Source: http://www.franciscosantana.net/2013/01/improcedente-in-limine-litis-accion-de.html
Timestamp: 2018-04-20 04:57:25
Document Index: 372212616

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 133', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 230', 'Artículo 231']

Improcedente "in limine litis" acción de amparo interpuesta en contra del Vicepresidente Ejecutivo de la República (Sala Constitucional)
El solicitante alega que el Vicepresidente de la República, al haber declarado que “no hace falta que el presidente Hugo Chávez se juramente el 10 de enero para seguir ejerciendo su cargo”: tergiversa el contenido y alcance de los artículos 231, primer aparte del 233 y 241 de la Constitución; desnaturaliza el texto constitucional, con lo cual pone en riesgo la estabilidad democrática del país; contradice la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; contradice lo que han declarado al respecto varios conocidos constitucionalistas; no está siendo responsable de sus actos; genera intranquilidad en el país; usurpa funciones de la Sala Constitucional, pues dichas normas no necesitan aclaración alguna; interpreta incorrectamente la Constitución; anuncia una ilegítima continuidad de la Presidencia de la República, un golpe constitucional o una sucesión de gobierno no establecida en la Constitución y es una declaración errónea.
Esta Sala considera que lo expuesto por el solicitante no podría encuadrarse en el supuesto en que consistiría una posible violación de un derecho fundamental. Es decir, no se trata de que la presente solicitud sea admisible o no, pues a tales circunstancias se refiere el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable a las demandas interpuestas ante dicho Alto Tribunal. Este caso es distinto, pues lo expresado por el solicitante no hace referencia a ninguna situación en la cual dicho ciudadano hubiese sufrido o sea inminente que sufra una lesión o agravio que afecte a alguno de los derechos fundamentales que consagra la Constitución o que los jueces pudiesen considerar que se asemeja a los mismos.
Como es sabido, tanto los individuos como los colectivos en los que éstos se integran necesitan disfrutar de una serie de bienes, servicios y situaciones que les permitan vivir dignamente y desarrollar sus potencialidades. Con el fin de garantizar la satisfacción de tales necesidades, se han consagrado en las constituciones un conjunto de reglas y principios en los que se expresa el contenido mínimo de dichas necesidades, el modo en que serán satisfechas, su alcance y sus delimitaciones. A tales reglas se les ha denominado de diversos modos: libertades públicas, derechos constitucionales, derechos morales, derechos del hombre, derechos fundamentales, etc. Nuestra Constitución se refiere a tales disposiciones como “Derechos Humanos”.
Para garantizar el goce y ejercicio de dichos Derechos Humanos se han dispuesto, tanto constitucional como legalmente, una serie de mecanismos. Entre ellos se encuentra el medio procesal llamado “Amparo constitucional”, el cual consagra el artículo 27 de la Constitución, según el cual:
“Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales…”.
La propia Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales hace referencia a los derechos, cuando, por ejemplo, en su artículo 6°, cardinal 1, se refiere a la inadmisibilidad de la pretensión cuando hubiese cesado la violación o amenaza “de algún derecho o garantía constitucionales”.
Es decir, que la demanda de amparo constitucional debe referirse a una situación personal del solicitante que consista en la afectación directa y real, o futura e inminente, de un bien propio o colectivo, y que dicho bien esté referido en la Constitución (o que pudiera estarlo debido a su naturaleza) en una norma que consagre un derecho humano.
En el caso planteado, lo que afirma el solicitante es que el Vicepresidente de la República opinó respecto a la esencia, al tiempo y al modo en que podría llevarse a cabo un acto referido en el artículo 231 de la Constitución; expresa, además, su desacuerdo respecto al contenido de dicha opinión y a la preocupación que la misma suscita en su ánimo, así como las consecuencias que, según su parecer, se seguirían de que los acontecimientos sigan el curso que habría señalado dicho funcionario.
Es decir, en la referida solicitud no se observa ninguna referencia concreta respecto a una situación que afecte algún derecho fundamental y en la cual se encuentre o pudiera encontrarse el solicitante. Y siendo que, tal como se expuso anteriormente, el medio procesal en que consiste el amparo constitucional pretende impedir que se siga cometiendo o que se llegue a cometer una violación contra el contenido de un derecho humano, y visto que un derecho humano, a la luz de nuestra Constitución, consiste en una regla o principio que consagra la protección de un bien jurídico necesario para que la vida de las personas sea digna, no basta para que se le dé trámite a una solicitud de amparo el que se haga una mera mención a que una declaración de un alto funcionario público intranquiliza al solicitante o al colectivo, que es errónea, que amenaza la estabilidad o la paz social, o que usurpa una función pública, pues éstos son términos, o muy generales y ambiguos y, como tales, podrían referirse a hechos, juicios o reacciones que no necesariamente sucedan, se expresen o se den en la realidad, o se refieren a posturas respecto de las cuales otros miembros de la sociedad pudiesen mantener posiciones diversas y hasta opuestas a la expuesta por el solicitante (con lo cual la controversia parece ser de aquéllas que se ventilan en foros de diversa naturaleza, a través de los medios de comunicación social o en el seno de los órganos en los cuales la discusión y el debate es de la esencia de su funcionamiento, siempre que así lo acuerden sus miembros con arreglo a las normas de debate aplicables).
En definitiva, parece que el solicitante sólo manifiesta su desacuerdo con la opinión que fue emitida, ya que no se observa de lo expuesto que exista o pudiera darse una violación real o factible de alguno de sus derechos fundamentales, y ni siquiera alega que dicha opinión afectó, o pudiere afectar, alguno de sus derechos humanos. Así se establece.
3.- Por otra parte, debe tenerse en cuenta que esta Sala mediante su sentencia núm. 2, del 9 de enero de 2013, fijó el sentido y alcance del artículo 231 constitucional (respecto del cual hace referencia en varias oportunidades el accionante), y, con tal propósito, señaló los escenarios derivados del diferimiento de la juramentación del Presidente reelecto de la República Hugo Chávez Frías. Con el fin de dar cuenta del contenido de dicha decisión, la Sala se permite citar extensamente la parte motiva de dicha decisión:
“La disposición constitucional cuya interpretación es requerida estipula lo siguiente:
Agréguese que en el caso de una autoridad reelecta y, por tanto, relegitimada por la voluntad del soberano, implicaría un contrasentido mayúsculo considerar que, en tal supuesto, existe una indebida prórroga de un mandato en perjuicio del sucesor, pues la persona en la que recae el mandato por fenecer coincide con la persona que habrá de asumir el cargo. Tampoco existe alteración alguna del período constitucional pues el Texto Fundamental señala una oportunidad precisa para su comienzo y fin: el 10 de enero siguiente a las elecciones presidenciales, por una duración de seis años (artículo 230eiusdem).
Cualquier pretensión de anular una elección y/o de desproclamar a un funcionario electo por parte de algún poder constituido, al margen de una disposición constitucional expresa y desconociendo “el preponderante rol del cuerpo electoral una vez que ha sido manifestada su voluntad en un proceso comicial”, implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad popular a una “técnica operativa, tomando en consideración –además- los traumatismos políticos e institucionales que supone la forzosa desincorporación de un funcionario electo…”, como expresara esta Sala en el fallo citadosupra.
Queda, en los términos expuestos, resuelta la interpretación constitucional solicitada en esta causa. Así, finalmente, se decide”.
4.- Por las razones anteriormente expuestas, la pretensión planteada debe ser declarada improcedente in limine litis. Así se establece.
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la solicitud de SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano Otoniel Pautt Andrade en contra del VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ciudadano Nicolás Maduro Moros, por la presunta amenaza de violación de las normas contenidas en los artículos 231, 233, primer aparte, y 241 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de que habría declarado que “no hace falta que el presidente Hugo Chávez se juramente el 10 de enero para seguir ejerciendo su cargo”.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de enero de dos mil trece. Años: 202º de la Independencia y 153ºde la Federación.
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/04-16113-2013-13-0002.html
Etiquetas: Artículo 231 CRBV