Source: https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-348-del-09-marzo-2013
Timestamp: 2019-07-24 04:38:47
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LEY No 348 del 09 de Marzo de 2013 » Derechoteca
Bolivia LEY No 348 del 09 de Marzo de 2013
Publicado en Gaceta Oficial de Bolivia: N° 0494
Fecha de gaceta: 09 de Marzo de 2013
Numero de la norma: 348
Fecha de la norma: 09 de Marzo de 2013
LEY No 348 del 09 de Marzo de 2013
CAPÍTULO ÚNICO MARCO CONSTITUCIONAL, OBJETO, FINALIDAD, ALCANCE Y APLICACIÓN
TÍTULO II POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALIDAD
CAPÍTULO I POLÍTICAS PÚBLICAS
CAPÍTULO II INSTITUCIONALIDAD
TÍTULO III PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
CAPÍTULO I PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
CAPÍTULO II ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
TÍTULO IV PERSECUCIÓN Y SANCIÓN PENAL
CAPÍTULO I DENUNCIA
CAPÍTULO III PERSECUCIÓN PENAL
CAPÍTULO IV JURISDICCIÓN ORDINARIA
TÍTULO V LEGISLACIÓN PENAL
CAPÍTULO I SANCIONES ALTERNATIVAS
CAPÍTULO II DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
CAPÍTULO III SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL PARA DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
ARTÍCULO 1. (MARCO CONSTITUCIONAL).-
La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad.
ARTÍCULO 2. (OBJETO Y FINALIDAD).-
ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).-
ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS Y VALORES).-
9.	Equidad de Género. Eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres.
10.	Cultura de Paz. Las mujeres y hombres rechazan la violencia contra las mujeres y resuelven los conflictos mediante el diálogo y el respeto entre las personas.
11.	Informalidad. En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.
12.	Despatriarcalización. A efectos de la presente Ley, la despatriarcalización consiste en la elaboración de políticas públicas desde la identidad plurinacional, para la visibilización, denuncia y erradicación del patriarcado, a través de la transformación de las estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos desiguales de poder, dominio, exclusión opresión y explotación de las mujeres por los hombres.
13.	Atención Diferenciada. Las mujeres deben recibir la atención que sus necesidades y circunstancias específicas demanden, con criterios diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.
14.	Especialidad. En todos los niveles de la administración pública y en especial aquellas de atención, protección y sanción en casos de violencia hacia las mujeres, las y los servidores públicos deberán contar con los conocimientos necesarios para garantizar a las mujeres un trato respetuoso, digno y eficaz.
ARTÍCULO 5. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).-
ARTÍCULO 7. (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES).-
ARTÍCULO 8. (POLÍTICAS PÚBLICAS).-
Es responsabilidad del Estado, con carácter intersectorial y presidido por el Ente Rector, adoptar y coordinar la ejecución de los mandatos de la presente Ley, en toda política pública y Plan Nacional que involucre la prevención de la violencia hacia las mujeres, su atención y protección.
ARTÍCULO 9. (APLICACIÓN).-
ARTÍCULO 10. (PLANIFICACIÓN).-
Los Órganos del Estado, las Instituciones Públicas y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus respetivas competencias, atribuciones, funciones y capacidades, incorporarán en sus estrategias, planificación operativa anual y presupuestaria, las acciones y los recursos suficientes y necesarios para la aplicación de la presente Ley, y contarán con el personal idóneo para su implementación. Centrarán sus acciones y recursos en la atención especial a las mujeres en situación de violencia y a las que estén en condiciones de vulnerabilidad, de manera prioritaria en el área rural.
ARTÍCULO 11. (SISTEMA INTEGRAL PLURINACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO – SIPPASE).-
ARTÍCULO 12. (FORMACIÓN).-
Los Órganos del Estado, el Ministerio Público e Instituto de Investigaciones Forenses, la Policía Boliviana, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General del Estado, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la Escuela de Jueces del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas y toda otra entidad pública o que preste servicios públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán y desarrollarán programas de formación específica relativos a la cultura contra la violencia, igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre equidad de género, entre otros, los cuales deberán ser permanentemente actualizados y serán aplicados a todo el personal, independientemente de su jerarquía, sin excepción y con carácter obligatorio.
ARTÍCULO 13. (ACCESO A CARGOS PÚBLICOS).-
ARTÍCULO 14. (POLÍTICAS SECTORIALES).-
2. De formación, especialización, sensibilización y capacitación de todas aquellas personas que realicen la atención a mujeres en situación de violencia.
ARTÍCULO 15. (PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL).-
Las organizaciones sociales y de mujeres de la sociedad civil, ejercerán la participación y control social en el marco de la Ley correspondiente, participando en el diseño, evaluación y gestión de las políticas públicas de prevención, atención y protección a las mujeres y la calidad de los servicios especializados, públicos y a los privados que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales en todos los niveles del Estado.
ARTÍCULO 16. (ENTE RECTOR).-
ARTÍCULO 17. (CRITERIOS DE PREVENCIÓN).-
ARTÍCULO 18. (PREVENCIÓN COMUNITARIA).-
Las autoridades indígena originario campesinas y afrobolivianas, adoptarán en las comunidades en las que ejercen sus funciones, las medidas de prevención que consideren más adecuadas bajo los tres criterios de acción establecidos para evitar todo acto de violencia hacia las mujeres, con la participación de éstas en su planificación, ejecución y seguimiento, respetando sus derechos. Ninguna norma o procedimiento propio de las naciones y pueblos indígena originario campesinas podrá vulnerar los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad.
ARTÍCULO 19. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO).-
2. Incorporar el enfoque de género, los principios y valores establecidos en esta Ley, el respeto pleno a los derechos humanos y la formación en resolución pacífica de conflictos en la currícula educativa en todos los niveles, incluidas las escuelas superiores de formación docente y universidades, para contribuir a una cultura de respeto en el ámbito familiar, comunitario, escolar, laboral y social, como una práctica diaria.
ARTÍCULO 20. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE SALUD).-
3. Diseñar y ejecutar planes de capacitación, información y sensibilización sobre promoción, prevención y tratamiento integral a mujeres que sufren violencia; al personal profesional, auxiliar y administrativo de los servicios de salud públicos, de los entes gestores de la seguridad social a corto plazo y de servicios privados, para garantizar su actuación oportuna y adecuada en la detección, prevención, atención y protección a las mujeres.
9. El personal médico del Sistema de Salud Público, seguro social a corto plazo y servicios privados, deberán extender de oficio, de forma obligatoria, gratuita y en papel corriente, un certificado médico a mujeres que requieran atención por daño físico o sexual emergente de actos de violencia, debiendo derivarse a las instancias competentes la respectiva valoración del daño psicológico. El médico forense con carácter prioritario deberá homologar los certificados médicos extendidos en casos de violencia contra las mujeres y establecer el grado de impedimento.
ARTÍCULO 21. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL).-
2. Adoptar medidas para evitar la imposición de requisitos para el acceso a un puesto de trabajo, ascenso, salario o estabilidad en el empleo, que generen discriminación por razones de sexo, edad, apariencia física, estado civil o condición de maternidad. Deberá prohibirse, de manera expresa, la presentación de pruebas de laboratorio, prueba de VIH/SIDA, de embarazo, entrevistas sobre decisiones o situaciones personales u otras de cualquier otra índole que afecte una decisión más allá de la idoneidad.
ARTÍCULO 22. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN).-
ARTÍCULO 23. (OBLIGACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN).-
ARTÍCULO 24. (SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).-
II. Los programas y servicios de atención serán organizados, coordinados y fortalecidos en cada municipio con cargo a su presupuesto anual, como instancias de apoyo permanente a los Servicios Legales Integrales Municipales y las Casas de Acogida y Refugio Temporal. La atención que presten dichos servicios deberá ser prioritaria, permanente, especializada y multidisciplinaria. Actuarán de manera coordinada con todas las instancias estatales de garantía, en especial con la Policía Boliviana, el Órgano Judicial e instituciones de salud.
Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y sostenibilidad financiera, tienen la responsabilidad de crear, equipar, mantener y atender Casas de Acogida y Refugio Temporal para mujeres en situación de violencia en el área urbana y rural. Deberán contar con personal multidisciplinario debidamente capacitado y especializado en atención a mujeres en situación de violencia; la administración deberá diseñar e implementar una estrategia de sostenibilidad. Para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, podrán establecerse acuerdos y convenios intergubernativos e interinstitucionales.
ARTÍCULO 26. (SERVICIOS).-
ARTÍCULO 27. (RESERVA).-
Las Casas de Acogida y Refugio Temporal se constituyen en refugio seguro para las mujeres en situación de violencia, por tanto su localización no podrá ser revelada, salvo a personas autorizadas para acudir a ellos. Se garantizará el anonimato y privacidad de las mujeres acogidas.
ARTÍCULO 28. (PERMANENCIA).-
Las mujeres que recurran a las Casas de Acogida y Refugio Temporal no podrán permanecer en ellas más de tres meses, a menos que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a condiciones especiales que así lo justifiquen por persistir su inestabilidad física, psicológica o una situación de riesgo, se requiera prolongar este tiempo. En este caso excepcional, previa evaluación conjunta del personal interdisciplinario conformado al menos por el personal médico, psicológico y jurídico asignado por los servicios de atención a la Casa de Acogida, podrá determinarse la permanencia de la mujer hasta su completo restablecimiento.
ARTÍCULO 29. (PROMOTORAS COMUNITARIAS).-
Las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación, generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos de atención. La Entidad Territorial Autónoma brindará a las promotoras capacitación en resolución pacífica de conflictos, nociones de psicología, consejería y cualquier otro tema de interés para este fin.
ARTÍCULO 30. (CASA COMUNITARIA DE LA MUJER).-
En el área rural, las mujeres organizadas podrán definir la creación de Casas Comunitarias de la Mujer, para lo cual el Gobierno Autónomo Municipal dotará de la infraestructura necesaria. Las que están articuladas a la red de promotoras comunitarias en las distintas comunidades que atenderán y realizarán las tareas de orientación, prevención y detección de casos de violencia, podrán suscribir convenios con autoridades públicas e instituciones privadas.
ARTICULO 31. (REHABILITACIÓN DE AGRESORES).-
III. Los responsables de estos servicios, deberán reportar el inicio, el cumplimiento o incumplimiento del programa o terapia por parte del agresor a la autoridad jurisdiccional competente y al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE.
ARTÍCULO 32. (FINALIDAD).-
ARTÍCULO 33. (REVICTIMIZACIÓN).-
Los procedimientos judiciales o administrativos de protección a mujeres en situación de violencia deberán aplicar el principio de trato digno contenido en la presente Ley, bajo responsabilidad en casos de inobservancia.
ARTÍCULO 34. (DENUNCIA EN PROCESO JUDICIAL).-
Si durante la tramitación de un proceso la jueza o el juez tuviera conocimiento de actos de violencia en contra de una mujer, tiene obligación, bajo responsabilidad, de remitir los antecedentes del hecho al Ministerio Público para su tramitación por la vía penal. Los jueces en materia familiar adoptarán las medidas de protección que considere adecuadas para garantizar la vida e integridad de la mujer, sus hijas e hijos que estuvieran en riesgo.
ARTÍCULO 35. (MEDIDAS DE PROTECCIÓN).-
ARTÍCULO 36. (PROTECCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS).-
Si a consecuencia de un delito de feminicidio cometido por el cónyuge o conviviente, quedaran hijas e hijos menores de edad huérfanos, éstos serán puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en tanto se establezca la guarda legal, debiendo acceder toda la familia al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y al sistema de atención que esta Ley prevee.
ARTÍCULO 37. (ALERTA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES).-
ARTÍCULO 38. (ATENCIÓN EN CASO DE ALERTA).-
Cuando se declare la alerta contra la violencia hacia las mujeres, el Ente Rector adoptará las siguientes medidas inmediatas y obligatorias:
3. Elaborar reportes especiales sobre los avances logrados, mediante un monitoreo permanente que permita determinar las condiciones de las mujeres respecto a la violencia y evaluar los mecanismos de atención y protección, así como el acceso de las mujeres a los mismos, que incluya recomendaciones para su fortalecimiento.
ARTÍCULO 39. (DURACIÓN).-
La alerta contra la violencia hacia las mujeres subsistirá en tanto prevalezcan las causas que dieron lugar a su declaratoria, pero no podrá prolongarse por más de un (1) año.
ARTÍCULO 40. (RESPONSABILIDAD).-
En caso de que al cabo de este tiempo no hubieran cambiado las condiciones de riesgo para las mujeres, se evaluarán las acciones de las entidades responsables de la aplicación de las medidas de emergencia determinadas a fin de establecer responsabilidades por omisión e incumplimiento de funciones en el marco de la normativa vigente, que determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales.
ARTÍCULO 41. (ATENCIÓN EN COMUNIDADES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS).-
I. Las autoridades de las comunidades indígena originario campesinas y afrobolivianas, adoptarán medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia, en el marco de sus competencias y de sus normas y procedimientos propios, con participación de las mujeres que ejercen cargos de autoridad, y con participación y control social comunitario.
ARTÍCULO 42. (DENUNCIA).-
ARTÍCULO 43. (OBLIGACIONES).-
ARTÍCULO 44. (PERSONAL INTERDISCIPLINARIO ESPECIALIZADO).-
El personal responsable de la recepción, investigación y tramitación de denuncias deberá ser especializado o tener experiencia laboral en derechos humanos, derechos de las mujeres o en atención a situaciones de violencia de género.
ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS).-
Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia:
9. Acceso a la atención que requieran para su recuperación física y psicológica, en los servicios públicos, seguro social a corto plazo y servicios privados, especialmente tratamiento profiláctico para prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y anticoncepción de emergencia, de forma inmediata y oportuna.
ARTÍCULO 46. (PROHIBICIÓN DE CONCILIAR).-
ARTÍCULO 47. (APLICACIÓN PREFERENTE DE DERECHO).-
En caso de conflicto o colisión entre derechos individuales y colectivos, se dará preferencia a los derechos para la dignidad de las mujeres, reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley.
ARTÍCULO 48. (SERVICIOS INTEGRADOS DE JUSTICIA PLURINACIONAL).-
ARTÍCULO 49. (SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA A LA VÍCTIMAS).-
El Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima, como institución descentralizada bajo tuición del Ministerio de Justicia, apoyará a mujeres en situación de violencia carentes de recursos económicos, mediante patrocinio legal gratuito y apoyo psicológico para garantizar su acceso a la administración de justicia y la sanción a los agresores. Para el cumplimiento de esta finalidad, este servicio ejercerá sus funciones en atención a lograr la solución más favorable a la víctima.
I. Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de organizar estos servicios o fortalecerlos si ya existen, con carácter permanente y gratuito, para la protección y defensa psicológica, social y legal de las mujeres en situación de violencia, para garantizar la vigencia y ejercicio pleno de sus derechos. Para su funcionamiento, asignarán el presupuesto, infraestructura y personal necesario y suficiente para brindar una atención adecuada, eficaz y especializada a toda la población, en especial aquella que vive en el área rural de su respectiva jurisdicción.
II. En el marco de sus competencias, los Gobiernos Autónomos Municipales, a través de los Servicios Legales Integrales Municipales, tendrán las siguientes responsabilidades respecto a las mujeres en situación de violencia:
ARTÍCULO 51. (CAPACITACIÓN).-
Los Gobiernos Autónomos Municipales adoptarán un sistema de capacitación permanente para su personal sobre Derechos Humanos, en especial de las mujeres, enfoque de género y medidas de acción positiva y, para quienes son responsables directos de su atención, incluirán además formación básica en psicología de la mujer maltratada.
ARTÍCULO 52. (AUTORIDADES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS).-
ARTÍCULO 53. (FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA).-
II. Se garantiza la permanencia de las y los investigadores especiales, conforme al Artículo 80 de la Ley del Ministerio Público.
ARTÍCULO 54. (PLATAFORMA DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS).-
ARTÍCULO 55. (UNIDADES MÓVILES CONTRA LA VIOLENCIA).-
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en su atención móvil, contará con equipo y personal especializado para la recepción de denuncias y el auxilio inmediato, en coordinación con las y los Fiscales de Materia, en el lugar donde se suscite el hecho, priorizando su acción en el área rural.
ARTÍCULO 56. (SERVICIOS DESCONCENTRADOS).-
ARTÍCULO 57. (DIVISIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA).-
ARTÍCULO 58. (MEDIDAS DE ACTUACIÓN).-
2. Respetar y proteger la dignidad, la intimidad y los derechos de las mujeres en situación de violencia.
ARTÍCULO 59. (INVESTIGACIÓN DE OFICIO).-
II. Cuando exista peligro inminente para la integridad física de las personas protegidas por la Ley, el cumplimiento de las formalidades no se convertirá en impedimento para la intervención oportuna de la policía.
ARTÍCULO 60. (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO).-
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en todos sus niveles de actuación, será provista, con prioridad, de personal especializado y multidisciplinario, infraestructura y equipamiento adecuados, en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”.
ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO).-
ARTÍCULO 62. (FISCALES DE MATERIA MÓVILES).-
En el área rural las y los Fiscales de Materia especializados contra la violencia hacia las mujeres deberán desplazarse de forma regular y permanente.
ARTÍCULO 63. (ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO).-
Las y los Fiscales de Materia contra la violencia hacia las mujeres contarán con personal de apoyo especializado, para proporcionar a cada mujer en situación de violencia una atención eficaz y adecuada. En cada Departamento el Ministerio Público contará con al menos un equipo de asesoras y asesores profesionales especializados para la investigación de casos de violencia hacia las mujeres, para lo cual podrán también solicitar la colaboración de organismos e instituciones de derechos humanos y de mujeres.
ARTÍCULO 64. (MÉDICOS FORENSES).-
Se designarán médicos forenses con especialidad en violencia de género, quienes deberán atender a las mujeres en situación de violencia con el máximo respeto, cuidado, calidez y comprensión. Los informes que emita, bajo responsabilidad, deberán ser expeditos y oportunos, debiendo evitar en lo posible revisiones médicas reiteradas e innecesarias.
ARTÍCULO 65. (CERTIFICADOS MÉDICOS).-
Para establecer el estado físico de la mujer que hubiera sufrido una agresión física o sexual, cualquier profesional de salud que preste servicios en instituciones públicas o privadas acreditadas deberá extender un certificado médico, de acuerdo al protocolo único de salud integrado al formulario único que se establezca. Para fines judiciales, este certificado médico se lo tendrá como un indicio respecto a los delitos establecidos en la presente Ley, una vez homologado, adquirirá valor probatorio. El certificado deberá ser homologado por un experto o una experta forense, quien deberá entrevistar en primera instancia a la o el profesional que extendió el certificado, y solamente en caso de que exista necesidad fundada e ineludible, podrá practicar otro examen médico a la mujer.
ARTÍCULO 66. (ACCESO A DOCUMENTACIÓN).-
Toda mujer agredida podrá solicitar copias simples o legalizadas de todas las actuaciones contenidas en la investigación, desde el momento de la denuncia, las cuales deberán ser otorgadas en forma expedita, sin notificación previa y sin costo adicional al de las fotocopias.
ARTÍCULO 67. (DIRECCIÓN FORENSE ESPECIALIZADA).-
La o el Fiscal General del Estado, en el marco de sus atribuciones, creará y reglamentará dentro el Instituto de Investigaciones Forenses, una dirección especializada en casos de violencia contra las mujeres, con el personal necesario para garantizar su eficaz funcionamiento.
ARTÍCULO 68. (JUZGADOS DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES).-
Artículo 72. (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES).-
Las juezas y los jueces de Instrucción contra la violencia hacia las mujeres tienen competencia para:
Artículo 72 bis (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES).-
Artículo 72 ter. (COMPETENCIA DE TRIBUNALES DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES).-
Los Tribunales de Sentencia contra la violencia hacia las mujeres tienen competencia para:
ARTÍCULO 69. (DESIGNACIÓN).-
Para ser jueza o juez y funcionarias o funcionarios auxiliares de estos juzgados, además de los requisitos señalados por Ley, se exigirá:
ARTÍCULO 70. (FORMACIÓN ESPECIALIZADA).-
La Escuela de Jueces del Estado suscribirá convenios con las universidades que puedan organizar cursos de post grado en las especialidades que se requieran para el ejercicio de la función judicial, para exigir que quienes aspiren a ser jueces de materia contra la violencia hacia las mujeres cuenten con una especialización en materia penal con enfoque de género y derechos humanos.
ARTÍCULO 71. (EQUIPO INTERDISCIPLINARIO).-
Los Juzgados y Tribunales Públicos de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres, contarán con un equipo interdisciplinario de las áreas social y psicológica especializados en derechos humanos y derechos de las mujeres o con experiencia laboral en la atención de violencia, emitiendo peritajes técnicos de carácter integral. Estos servicios podrán ser provistos, con igual valor legal, por profesionales, asignados por los Servicios de Atención Integral.
ARTÍCULO 72. (FUNCIONES).-
ARTÍCULO 73. (SERVICIOS AUXILIARES).-
Cuando el caso lo requiera, la jueza, el juez o el tribunal podrá ordenar peritajes y otros servicios de asistencia técnica en otras materias y profesiones que coadyuven a su labor.
ARTÍCULO 74. (REPORTE DE CAUSAS).-
El Consejo de la Magistratura, deberá reportar al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE, el movimiento de causas por violencia hacia las mujeres, con carácter trimestral, desglosando toda la información, además de los indicadores regulares, por género y edad de las partes, delito, estado del proceso.
ARTÍCULO 75. (ACCIÓN DE DEFENSA).-
Las acciones constitucionales de defensa podrán ser interpuestas por las mujeres, u otras personas en su nombre cuando corresponda, a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
ARTÍCULO 76. (APLICACIÓN DE SANCIONES ALTERNATIVAS).-
2. A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a tres años que hubiera cumplido al menos la mitad de ésta, las sanciones alternativas no podrán superar el tiempo de la pena principal impuesta.
ARTÍCULO 77. (MULTA).-
ARTÍCULO 78. (DETENCIÓN DE FIN DE SEMANA).-
Es una limitación de la libertad que se aplica desde el día viernes a horas 19:00 hasta el día lunes a horas 6:00. A fines de equivalencia, el día de privación de libertad corresponde a un día de detención de fin de semana. Podrá aplicarse también a los días feriados, bajo las mismas condiciones.
ARTÍCULO 79. (TRABAJOS COMUNITARIOS).-
ARTÍCULO 80. (MEDIDAS DE SEGURIDAD).-
La autoridad judicial en ejecución de sentencia, cuando se hayan dispuesto sanciones alternativas, aplicará las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, y a sus hijas e hijos o su núcleo familiar.
ARTÍCULO 81. (INHABILITACIÓN).-
Podrá aplicarse la sanción inhabilitación cuando quien fuera sancionado por delitos de violencia hacia las mujeres ejerza una profesión u ocupación relacionada con la educación, cuidado y atención de personas, independientemente de su edad o situación, atención médica, psicológica, consejería o asesoramiento, cargo administrativo en universidades o unidades educativas, instituciones deportivas, militares, policiales; suspensión temporal de autoridad paterna por el tiempo que dure la sanción, la clausura de locales y la pérdida de licencias. Tiene un límite temporal de doce años y no pueden imponerse todas las restricciones de esos derechos en una sola sentencia. Transcurrida la mitad del plazo impuesto, o un mínimo de cinco años, puede darse la rehabilitación.
ARTÍCULO 82. (CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES).-
La autoridad judicial podrá aplicar un plan de conducta al condenado cuando le sean aplicadas sanciones alternativas que impliquen su libertad total o parcial, en virtud del cual deberá cumplir con instrucciones que no podrán ser vejatorias o susceptibles de ofender la dignidad o la autoestima. Pueden modificarse durante la ejecución de sentencia y no pueden extenderse más allá del tiempo que dure la pena principal. Las instrucciones que se pueden imponer serán:
ARTÍCULO 83. (MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL).-
Se modifican los Artículos 246, 254, 256, 267 bis, 270, 271, 272, 308, 308 bis, 310, 312 y 313 del Código Penal, los cuales quedarán redactados con el siguiente texto:
Artículo 254. (HOMICIDIO POR EMOCIÓN VIOLENTA).-
Quien matare a otra u otro en estado de emoción violenta excusable, será sancionada(o) con reclusión de dos (2) a ocho (8) años.
Artículo 256. (HOMICIDIO-SUICIDIO).
La persona que instigare a otra al suicidio o le ayudare a cometerlo, si la muerte se hubiere intentado o consumado, incurrirá en reclusión de dos (2) a seis (6) años.
Artículo 267 bis. (ABORTO FORZADO).
Quien mediante violencia física, psicológica o sexual contra la mujer le causare un aborto, será sancionado con reclusión de cuatro (4) a ocho (8) años.
Artículo 270. (LESIONES GRAVÍSIMAS).
Se sancionará con privación de libertad de cinco (5) a doce (12) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona, una lesión de la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias:
Artículo 271. (LESIONES GRAVES Y LEVES).-
Se sancionará con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del Artículo anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de quince (15) hasta noventa (90) días.
Artículo 272. (AGRAVANTE).-
En los casos de los Artículos 267 bis, 270 y 271, la sanción será agravada en un tercio del máximo o mínimo, cuando mediaren las circunstancias enumeradas en el Artículo 252, exceptuando la prevista en el numeral 1.
Artículo 308. (VIOLACIÓN).-
Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte(20) años a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos; y quien, bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir.
Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de catorce (14) años, será sancionado con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento.
Artículo 310. (AGRAVANTE).
La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco (5) años cuando:
Artículo 312. (ABUSO SEXUAL).-
Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los Artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad. Se aplicarán las agravantes previstas en el Artículo 310, y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince (15) años.
Artículo 313. (RAPTO).-
Quien con fines lascivos y mediante violencia, amenazas graves o engaños, substrajere o retuviere a una persona, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena será agravada en un tercio tanto en el mínimo como en el máximo, cuando la víctima sea niña, niño o adolescente.”
ARTÍCULO 84. (NUEVOS TIPOS PENALES).-
Se incorpora al Código Penal los Artículos 154 bis, 252 bis, 271 bis, 272 bis, 312 bis, 312 ter, 312 quater, bajo el siguiente texto:
ARTÍCULO 85. (DELITOS CONTRA LA FAMILIA).-
Se modifica el Título VII del Código Penal “Delitos contra la familia”, incorporando el Capítulo III denominado “Delitos de violencia económica y patrimonial”.
Artículo 250 ter. (VIOLENCIA PATRIMONIAL).-
Quien por cualquier medio impida, limite o prohíba el uso, el disfrute, la administración, la transformación, o la disposición de uno o varios bienes propios de la mujer con quien mantenga una relación de matrimonio o unión libre, será sancionado con multa de cien (100) hasta trescientos sesenta y cinco (365) días.
Artículo 250 quater. (SUSTRACCIÓN DE UTILIDADES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS FAMILIARES).-
La persona que disponga unilateralmente de las ganancias derivadas de una actividad económica familiar o disponga de ellas para su exclusivo beneficio personal, en perjuicio de los derechos de su cónyuge o conviviente, será sancionada con pena de privación de libertad de seis (6) meses a un (1) año más multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del salario del sancionado hasta trescientos sesenta y cinco (365) días.”
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES).-
12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
ARTÍCULO 87 (DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO).-
ARTÍCULO 88. (ATENCIÓN PERMANENTE).-
Las y los jueces de Instrucción en materia de violencia hacia las mujeres, por turno, deberán estar disponibles las veinticuatro (24) horas para adoptar las medidas de protección y restricción necesarias.
ARTÍCULO 89. (RESERVA).-
El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia mujer, previa información, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad. En todos los casos se mantendrá en estricta reserva el nombre de la víctima.
ARTÍCULO 90. (DELITOS DE ORDEN PÚBLICO).-
Todos los delitos contemplados en la Presente Ley, son delitos de acción pública.
ARTÍCULO 91. (DECLARATORIA DE REBELDÍA).-
En los casos de delitos previstos en la presente Ley, se declarará rebelde al imputado cuando no se presente a la primera audiencia señalada por la autoridad jurisdiccional, después de haber sido notificado legalmente.
ARTÍCULO 92. (PRUEBA).-
Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica.
ARTÍCULO 93. (MEDIOS ALTERNATIVOS).-
ARTÍCULO 94. (RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO).-
ARTÍCULO 95. (PRUEBA DOCUMENTAL).-
ARTÍCULO 96. (VALORACIÓN DE ANTECEDENTES DE PERSONAS FALLECIDAS).-
Los antecedentes de víctimas o testigos que no puedan comparecer a la audiencia de juicio oral en razón de su fallecimiento, siempre y cuando consten en actas escritas y recibidas según procedimiento, serán valoradas como prueba por la autoridad judicial.
ARTÍCULO 97. (APRECIACIÓN DE LA PRUEBA).-
Las pruebas pueden ser presentadas junto a la denuncia, contestación, audiencia o antes de emitirse la resolución; la falta de prueba a tiempo de plantear la denuncia o demanda, no impedirá la admisión de la misma.
ARTÍCULO 98. (RESPONSABILIDAD CIVIL).-
Ejecutoriada la sentencia, la autoridad judicial procederá a la calificación y reparación del daño civil.
ARTÍCULO 99. (TERCERO COADYUVANTE).-
ARTÍCULO 100. (DENUNCIA O ACUSACIÓN FALSA).-
Quien hubiere sido falsamente denunciado o acusado como autor y/o participe en la comisión de un delito contemplado en la presente Ley, podrá iniciar la acción correspondiente, con la resolución fiscal de rechazo de la denuncia o de sobreseimiento, o concluido el proceso con sentencia absolutoria ejecutoriada.
Las instituciones públicas y privadas, cuando corresponda; responsables de la atención, protección y sanción en casos de violencia hacia las mujeres, deberán integrar sus respectivos protocolos específicos en un formulario único para la detección y atención de salud, recepción de denuncias, registro, tramitación y seguimiento, del cual cada una empleará la parte que le corresponda y constituirá documento legal válido durante el proceso judicial. Este instrumento deberá ser implementado en un plazo no mayor a tres (3) meses.
El Consejo de la Magistratura creará e implementará los juzgados públicos de materia contra la violencia hacia las mujeres, conforme a un orden de prioridades y necesidades definidas de acuerdo a la carga procesal.
La Fiscalía General del Estado, adoptará las medidas necesarias para la creación de las Fiscalías de Materia especializadas contra la violencia hacia las mujeres y la Dirección Forense Especializada, para que funcionen dentro de los tres (3) meses a partir de la promulgación de la presente Ley, dentro los cuales deberán aprobar todos los instrumentos y protocolos para el cumplimiento de sus funciones.
El nivel central del Estado adoptará las medidas necesarias para la creación, adaptación y funcionamiento de la institucionalidad prevista por esta Ley, en el plazo de tres (3) meses a partir de su promulgación. Las Entidades Territoriales Autónomas, podrán adoptar convenios intergubernativos para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. Los Municipios Tipo A, podrán aplicar de manera gradual las obligaciones que la Ley les asigna.
Todas las disposiciones que corresponden al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, serán incluidas sin modificaciones en ambas normas cuando se proceda a su modificación.
Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres.
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