Source: http://composi.info/informe-integrado-proyecto-de-ley-ley-para-la-investigaci.html?page=9
Timestamp: 2019-02-16 19:32:31
Document Index: 267311803

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8.2.2. Capítulo II. Administración - Informe integrado proyecto de ley ley para la investigaci
8.2.3. Capítulo III. Títulos habilitantes
8.2.3.2. Las concesiones y sus tipos
8.2.3.3. Procedimiento concursal
8.2.3.4. Las licencias
8.2.3.5. Permisos de transporte
8.2.3.6. El carnet para pacientes consumidores de cannabis medicinal
8.2.4. Capítulo IV. Registros
8.2.2. Capítulo II. Administración
El artículo 13 lo que hace es listar, lo que sería la estructura básica del Instituto, con cuatro órganos, como lo son la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, un Consejo Técnico Honorario (copia de la ley uruguaya), y una Unidad de Auditoría Interna.
En relación con el artículo 14, que integra el número y origen de los miembros de la Junta Directiva del Instituto, a esta asesoría le ha llamado la atención la ausencia, en dicha Junta, de miembros o representantes del IAFA, del ICD o de la misma Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud. Por otro lado, hay algunos párrafos cortos de dicho numeral que merecen observaciones.
El primero, es el párrafo que dice “Dentro de los miembros de la Junta Directiva deberán estar al menos un profesional en toxicología, uno en biología, uno en bioquímica y uno en medicina”. Pareciera obvio decir, que si en la Junta hay representantes de dos colegios profesionales (médicos y farmacéuticos) quienes los representen sean profesionales en esas disciplinas, por lo que sobraría incluir “uno en medicina”. Por otro lado hay mucha proximidad entre biología y bioquímica, podría quedar bioquímica y en su lugar un profesional en ingenierías o tecnologías alimentarias que no tiene presencia en la Junta.
Otro comentario y sugerencia es modificar el párrafo que dice “Los miembros de la Junta percibieran una remuneración adecuada que será fijada por la propia Junta.” Este tipo de redacción no se estila, por la tendencia de los miembros de Juntas a auto elevarse sus dietas, sin parámetros de comparación. Lo que se suele hacer, en estos casos, es aplicar un nexo o porcentaje de dieta (25%, 50%, etc.) respecto del monto de las dietas que devengan los miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
Tampoco se suele poner en la ley, que la Junta Directiva fijará su régimen de sesiones, puesto que por lo general, en la ley se autorizan cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias con fijación de rangos máximos.
Otro numeral importante es el artículo 15 “Atribuciones de la Junta Directiva” que, como órgano superior de la administración, en el inciso b) prepara y aprueba el reglamento de agricultura bajo ambientes controlados, para la siembra y producción de cannabis y cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial. Volvemos a recordar que el “lircaa” vendría a ser un órgano del sector salud, pero no del sector agropecuario, en ese sentido la competencia de éste inciso es propia del Ministerio de Agricultura, que podría estar perfectamente actuando en asocio con la nueva Institución.
Asimismo, el inciso d) otorga como atributo al “Iircaa”, fijar el costo de cada uno de los títulos habilitantes. Esto ni más ni menos es absolutamente contradictorio con lo expuesto en el artículo 35 del Proyecto de Ley que establece directamente los costos de cada una de las licencias disponibles según categoría. Aquí aprovechamos para decir que la técnica de vitrificar precios en una ley, al cabo del tiempo, quedan obsoletos.
El inciso e) había sido comentado, en el sentido de que la Junta Directiva no eleva el presupuesto al Ministerio de Salud, sino que lo pasa directamente al Poder Ejecutivo, dígase Ministerio de Hacienda, aunque hay cierta ambigüedad en la redacción.
El inciso f) podríamos decir, a priori, es restrictivo de la libertad de comercio, aunque por el tipo controlado de sustancia base o extracto de una materia prima contemplada como droga, según los Convenios internacionales referenciados líneas arriba, podría ser razonable el filtro autorizante para cada una de las exportaciones que realicen particulares. El control estatal es clave, no solo en el comercio interno de ese tipo de bienes (fármacos medicinales y alimentos), sino de cara al comercio internacional.
El inciso h) no establece ante quien se eleva la memoria y el balance anual del Iircaa. Habría que aclarar que lo hacen ante los jerarcas del Ministerio de Salud –rector del sector-, aunque la Constitución Política, igualmente, exige en el artículo 144 que “Los Ministros de Gobierno presentarán a la Asamblea Legislativa cada año, dentro de los primeros quince días del primer período de sesiones ordinarias, una memoria sobre los asuntos de su dependencia.”
La atribución del inciso k) merece ser revisada puesto no es posible a una Junta Directiva contar con titulo autorizante en una ley para delegar las atribuciones que motu proprio estime convenientes, aunque se haga por resolución fundada. Las señoras y señores diputados deben observar lo dispuesto en el artículo 66.1 de la Ley General de Administración Pública, Nº 6227: “Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles.”, en el sentido, el texto sub exmine confiere potestades de imperio al “Iircaa” (regulatoria, sancionatoria, de fiscalización y control), que de ninguna manera son delegables a otros órganos o entes de la administración y mucho menos a organizaciones privadas.
En el inciso o) hay un error, es cierto que la Junta Directiva de la nueva Institución podría nombrar al auditor, pero no es posible acordar su remoción, pues aquí aplican las reglas del artículo 31 de la Ley de Control Interno, Ley Nº 8292, de 31 de julio de 2002 y sus reformas, en relación con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Nº 7428, del 7 de septiembre de 1994, y sus reformas.70
Finalmente, el inciso t) está mal redactado, la Caja Costarricense de Seguro Social es una Institución Autónoma constitucionalizada en el artículo 73 de la Carta fundamental, que tiene su propia ley constitutiva y potestad de fiscalizar todos los dispensarios o farmacias en los niveles de atención I, II o III que ofrece al público. Dicho esto, podría ser eventualmente violatorio de su autonomía y su independencia, que el Colegio de Farmacéuticos (ente público no estatal) o el Ministerio de Salud, por medio del “Iircaa”, que se estaría creando, fiscalizaran sus procesos de expendio de medicamentos. Aquí podríamos estar ante una posible inconstitucionalidad, aun cuando se rebaje la intervención con palabras como “coordinación” o “colaboración”. La sugerencia se orienta a indicar que: El “Iircaa” del Ministerio de Salud… a solicitud de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrá colaborar con criterios técnicos cuando se trate del expendio de medicamentos derivados de cannabis o cáñamo.
OMISION. Esta asesoría ha observado en las competencias y atribuciones del “Iircaa”, así como de su Junta Directiva, una importante omisión, cual es, el tema de las decisiones y los recursos administrativos disponibles (revocatoria, apelación) y ante las instancias que se presentan. Tal laguna es de una proporción importante, en virtud de los actos autorizantes o las negativas, o bien, en temas como las adjudicaciones, solo por citar un par de situaciones susceptibles de impugnación.
Sobre el artículo 16, se tiene reparo sobre el párrafo que dice “El Director Ejecutivo estará sujeto a la obligación establecida en el artículo 4 de la Ley Nº 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”, la explicación radica en que dicho numeral 4, es una disposición general para cualquier tipo de funcionario, independientemente de la categoría de puesto, pues dice: “Artículo 4º-Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.” Cuestión distinta seria que se incluya al Director Ejecutivo dentro de la obligación impuesta en el artículo 21 de esa misma ley, que se refiere a la “Declaración jurada sobre la situación patrimonial”, que dicho sea de paso, cubre a todo miembro de Junta Directiva o, incluso, a empleados que tramiten licitaciones públicas, o que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos.
En lo atinente al artículo 17, que crea un Consejo Técnico Honorario (lo mismo aparece en la ley uruguaya71), con tres representantes de licenciatarios y concesionarios; tres representantes institucionales (IAFA, ICD y Vigilancia de Drogas y Estupefacientes), y luego un séptimo representante, cuyo integrante o integrantes –podría ser una lista más extensa- no se especifica(n), puesto que dice “Cualquier otro miembro que autorice la Junta Directiva del Iircaa”. Esta frase es absolutamente incorrecta, no es admisible, ni por técnica legislativa ni por fondo. La ley, en todo órgano colegiado, aun honorario, tiene que cerrar y especificar las representaciones. Cuando comentamos líneas arriba, la extrañeza de la omisión, de incluir en la Junta Directiva del nuevo Instituto al ICD, IAFA y Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes, por su afinidad en la materia, la respuesta está en ese artículo. Esos órganos fueron situados en un Consejo Honorario, sin poder decisorio, cuestión que deberá ser ponderada por las y los señores legisladores.
El artículo 18 introduce actuaciones asesoras del Consejo Técnico Honorario, disposición que está asociada al artículo 17 que crea esa figura. Habría que preguntarse la necesidad de la existencia de un órgano de esa naturaleza, cuando, se supone; la Junta Directiva, su Director Ejecutivo y el funcionariado que se contrate darán contenido a las funciones y actos administrativos autorizados por ley. Entonces, da la impresión que las funciones asesoras listadas, son responsabilidad propia del Director Ejecutivo y el personal subalterno que tuviere a cargo. Además, se estarían incorporando funciones asesoras, como funciones atípicas, para representantes del IAFA, ICD y la Junta de Vigilancia de Drogas, que tienen en sus respectivas leyes y reglamentos sus ajustadas funciones.
En relación con el artículo 19, la auditoria no solo ejerce funciones de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, sino, y sobre todo, en concordancia con la Ley de Control Interno, Ley Nº 8292, del 31 de julio de 2002, misma que no se indica (véase tercer párrafo del artículo).
En el artículo 20 reiteramos que, cuando se nombra el auditor (potestad de Junta Directiva), tiene permanencia; es decir, tiene un fuero especial cubierto por la Ley Orgánica de la Contraloría (art. 15) en relación con la Ley de Control Interno (art. 31). A la sazón, el nombramiento no se hace a plazo (6 años) sino permanente. Por otro lado, la destitución no se libra por decisión reservada de la Junta Directiva, sino siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación vigente.
El artículo 21 inciso d) tiene una redacción confusa, cuando se refiere a asesorar “… a los órganos pasivos que fiscalicen, sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”. Comentarios: Primero, no hay claridad sobre qué se entiende por “órganos pasivos”, es un concepto indeterminado; segundo, un auditor no asesora a supuestos infractores o eventuales autores de actos o hechos irregulares, sino que levanta investigación e informes con recomendaciones a los jerarcas. Se recomienda replantear todo el inciso.
El artículo 22 puede quedar totalmente fundido con el artículo 21, no hay razón para tener dos artículos que tratan lo mismo. De todos modos, el contenido que subyace en los incisos del artículo 22, no son potestades sino competencias ordinarias, corrientes de un auditor, que, por cierto, ya existen en el ordenamiento jurídico nacional.
Cuando se lee el artículo 23, tiene graves problemas de concepción del papel de la auditoria. Establece que si la administración discrepa de las recomendaciones de la auditoria, deberá emitir el órgano fiscalizador, por escrito un acuerdo fundamentado, en un plazo de treinta días hábiles, el cual contendrá una solución alternativa, y de mantenerse la divergencia de criterio entre la administración y la Unidad de Auditoría Interna, corresponderá a la Contraloría General de la República aclarar las divergencias, a solicitud de las partes interesadas.
Visto esto, lo que corresponde a todas luces es aplicar sin mayor contratiempo el artículo 12.c de la Ley de Control Interno que indica que los jerarcas y titulares subordinados en el sistema de control interno deberán “c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” Adicionalmente, dentro de las competencias de la auditoría interna de un órgano o institución, está la que determina el artículo 2272 inciso g) que dice: “Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo ameriten.”
8.2.3.1. Las concesiones. Aspectos generales
La figura de la concesión se puede emplear por acto o por contrato administrativo, aunque algunos administrativistas afirman que tiene parte de acto y parte de contrato. Es un régimen jurídico exorbitante, en cuya virtud compete a la Administración Pública decidir unilateralmente, si la producción de un bien o de un servicio, en este caso, bienes medicinales, industriales y alimentarios, producidos a partir del cannabis y cáñamo, se le otorga a particulares. La administración a partir de la ley autorizante, definiría las condiciones, el plazo, el costo y los alcances, como la calidad, la fiscalización, la aplicación de sanciones, etc.
La Administración podrá poner término a la concesión, cuando lo estime necesario para la mejor satisfacción del interés público. Lo hará mediante resolución motivada, previo aviso al concesionario, dentro del plazo establecido en el cartel y en su defecto, con al menos tres meses de anticipación. Cuando las causas de la terminación del contrato no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados que reclame y demuestre haber sufrido.
El concesionario actúa en sustitución de la Administración cubriendo, se supone, un interés general de satisfacción o necesidad colectiva, cuya gestión práctica y directa sería, en principio, competencia de la Administración Pública, de acuerdo al régimen constitucional de distribución de funciones. Solo que la administración queda sustituida por un particular, que actúa en nombre de ella, haciendo negocio con su producto. Sin embargo, la concesión en nuestro sistema jurídico no tiene la forma de perpetua. Inicia mediante un acto administrativo discrecional, por medio del cual la autoridad administrativa, en este caso, el Iircaa, faculta a un particular para cultivar, producir, industrializar, transportar y comercializar bienes a partir de la planta cannabis y cáñamo, haciéndose el énfasis que, con fines medicinales.
Lo llamativo en este caso es, que el Estado no otorga ninguna titularidad de bienes estatales, es decir, bienes cabeza del Estado, sino que cada concesionario, a su cuenta y riesgo, con sus propios bienes y capital, asume los pliegos de condiciones del contrato respectivo, las obligaciones y los planes de inversión.
Dentro de lo normal, siempre se consideran los siguientes elementos:
Limites del concesionario
En cuanto a las formas de extinción:
La falta, perdida del objeto materia de la concesión
La caducidad73
El rescate74
La quiebra del concesionario
Hecha la introducción anterior y al observar el artículo 24 de la propuesta de ley, no se indica con claridad en esta disposición, cuántas concesiones se adjudicaría a una persona, aunque es el artículo 26.VI. el numeral que lo aclara; no obstante, se permite, la cesión de las concesiones en el artículo 33, asunto que luego se abordará.
No hay restricción para las personas físicas ni para las jurídicas poder participar. En consecuencia, el articulado proyecta la posibilidad que una sola persona o consorcio a través del mecanismo del contrato de cesión, pueda apropiarse de varias concesiones. El Proyecto no tiene rangos ni límites, salvo el límite del número de concesiones por tipo.
Otro aspecto relevante en este artículo, se refiere a que “La concesión se otorgará para un área de cobertura determinada, local, regional o nacional…”. No se observan límites controlados en metros cuadrados o hectáreas, no hay un rango razonable, ni proporcionado. Según el Ing. Agr. Juan Delgado en ambientes controlados, o sea, invernaderos protegidos, en solo 800m2 se podría producir una tonelada de cannabis. Ciertamente, en las concesiones para cultivo de cannabis medicinal no hay una determinación, mientras que para las variedades –licencias- de cáñamo industrial y alimentario sí se prevé número de hectáreas (rangos en categoría E y F), aunque luego veremos que no hay límite de hectáreas de cultivo, cuando la licencia es categoría D, asunto que se puntualizará más adelante.
Tal parece que el proyecto de ley tiene posibilitaría una producción masiva de cannabis, en todas las provincias, desde el ámbito local, pasando por lo regional y nacional.
El párrafo segundo del artículo 25 “Procedimiento concursal”, tiene problemas de definición, si bien es común que en doctrina administrativa se entienda que un oferente debe tener capacidad o solvencia económica, lo cierto es, que en términos jurídicos una ley no puede expresarlo así. La Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494, de 24 de abril de 1995, muy claramente indica que hay dos tipos de garantías:
garantía de participación (La administración estará facultada para solicitar, a los oferentes, una garantía de participación entre un uno por ciento (1%) y un cinco por ciento (5%) del monto de la propuesta, el cual se definirá en el respectivo cartel o pliego de condiciones, de acuerdo con la complejidad del contrato.) Vid. Art. 33.1 LCA.
garantía de cumplimiento (La Administración exigirá una garantía de cumplimiento, entre un cinco por ciento (5%) y un diez por ciento (10%) del monto de la contratación. Este monto se definirá en el cartel o en el pliego de condiciones respectivo, de acuerdo con la complejidad del contrato, para asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el adjudicatario.) Se otorga cuando se adjudica el negocio, y se ingresa por parte de la administración el monto cuando se formaliza el contrato). Vid. Art. 34.1 LCA.
En el caso que nos ocupa, este último tipo de garantía –cumplimiento- pareciera no aplicaría, según se observa en la propuesta, pues, cada concesión tiene un precio o costo a abonar, según sea categoría A $150.000,00 US, categoría B $75.000,00 US, o categoría C $35.000,00 US.
La última observación a esta disposición, va en sentido que, la Ley Nº 8402 no tiene ningún vínculo ni asociación con una filosofía de empresa. Es una ley coercitiva, de naturaleza represivo-policial, por lo que hay que eliminar esa referencia.
Sobre el artículo 26, en primer término, diremos que es carente de técnica por el tamaño o dimensión, por la cantidad de información, de ideas que comprende; ciertamente, abarca 2 y ½ páginas a un espacio. Se recomienda que se diseccione, de modo que un artículo se refiera a las condiciones y tipos de concesiones y que por cada categoría de concesión se diseñen artículos separados.
Otro aspecto de técnica, va en relación con la numeración de los incisos en mayúsculas romanos, cuando se ha venido utilizando en otros artículos ordinales a, b, c, …
Aquí tenemos el problema de técnica legislativa, que, sin ser un artículo, la Categoría A, la Categoría B o la Categoría C, tienen lista de incisos I, II, III….etc.; vale decir, el artículo 26 repite en cuatro ocasiones inciso I, el inciso II, el inciso III, etc. Esto hay que corregirlo.
El artículo 26.II., indica la disponibilidad de cuarenta y dos (42) concesiones para cultivadores en todo el país, un numerus clausus, que esta asesoría no tiene documentación que explique cuál fue el motivo o fundamento de dicho número, puesto que la exposición de motivos no desarrolla o explica justificadamente ese azaroso guarismo, que sin ser un monopolio, se asemeja a esa figura, por virtud de que nadie más podría optar a la firma de un contrato de ese tipo e, incluso, la concentración se acrecienta, pues solo ocho (8) concesionarios acapararían el 50% de la producción nacional, como lo indica el artículo 26.XI. Categoría A.
Salvando este asunto, se agrega: “Sin embargo, el Iirca estará autorizado para que, en la circunstancia de que la producción autorizada de cannabis o cáñamo medicinal no sea suficiente en razón de la demanda de medicamentos, aumente la producción autorizada o el número de concesiones.” El legislador estaría otorgando una especie de habilitación o delegación en abstracto, para que el Instituto aumente, por decisión de Junta Directiva, el volumen de producto y cantidad de concesionarios, asunto que deben valorar las y los señores diputados.
Se obliga en el artículo 26.IV. a que los concesionarios y sus empleados deban cumplir con la verificación de antecedentes, suponemos que antecedentes penales, por la fragilidad o peligrosidad de la materia prima de que se trata. Entonces, aclarar adjetivando “antecedentes” y añadir “penales”. También está el tema de antecedentes clínicos, crediticios, financieros, etc., asunto que se tendría que concordar con las leyes respectivas como la Nº 8968, Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.
El 26.VI. indica “Solo está permitida una concesión por persona física o jurídica”, podría ser contradictorio respecto del artículo 33 “Cesión”, ya que en ese otro numeral, no se manifiesta la prohibición para que la cesión se haga entre concesionarios, con lo cual, un concesionario podría adquirir dos o más concesiones por la vía de la cesión.
El 26.VII. lo que hace es otorgarle a los cuarenta y dos (42) concesionarios del cultivo de cannabis, ser elegibles automáticamente para obtener una licencia para el cultivo de cáñamo industrial (omite si es para categoría D, E o F), previo pago de la tarifa respectiva. Si hay pago de la tarifa respectiva, por adelantado, significaría otorgar tácitamente la licencia (esto se reproduce en el Transitorio I), esto nos lleva a afirmar que del número de 178 licencias para cáñamo industrial que aparecen en el artículo 35.3.I., 42 de ellas, estarían siendo ocupadas eventualmente por los concesionarios del cultivo del cannabis.
En el 26.IX. dice: “Todos los concesionarios estarán obligados a venderle, prioritariamente, al Iirca la totalidad de las existencias del cannabis o cáñamo para uso medicinal al precio establecido en la presente ley, para cubrir la demanda de medicamentos acordada con la CCSS y en las presentaciones autorizadas.” Ergo, los concesionarios pueden negociar sus productos entre sí y frente a terceras personas nacionales o extranjeras –exportar- ya que la palabra “prioritariamente” no es obligante.
En un determinado caso, todos o casi todos los concesionarios podrían negarse a vender su producto al Ilirca, sin que tengan ningún problema, sanción, o reparo al respecto. Entonces, una cuestión es que estarán obligados a venderle… y otra distinta a venderle “prioritariamente”, evidentemente, son términos de negociación incompatibles. En lo concerniente a fijar el precio en dólares establecido por ley, esta asesoría hará las observaciones cuando se analice el artículo 47 del Proyecto de Ley.
Lo recién comentado queda en evidencia en el artículo 26.X., al manifestar “Cualquier concesionario podrá exportar cannabis o cáñamo para uso medicinal o alimentario de conformidad con lo que esté autorizado para cada categoría previa autorización otorgada por el Iirca y una vez que hayan previsto el abastecimiento adecuado para el país.” Al menos en este inciso se preceptúa el tema del abastecimiento de productos medicinales o alimentarios en el país, aunque como se está concurriendo en un mercado económico, por principio de libre empresa o comercio, este inciso podría ser cuestionado en estrados judiciales. El abastecimiento medicinal y alimentario es estratégico para la salud y nutrición de los habitantes, así, el artículo 82 de la Ley General de Salud Nº 5395, en lo que atañe a abastecimiento de medicamentos, inquiere:
“ARTICULO 82.- La producción, abastecimiento y suministro adecuado y oportuno de medicamentos de pureza, potencia, eficacia y seguridad técnicamente requeridas, así como la validez de los análisis y la bondad de artefactos e instrumentos de uso médico, son elementos básicos para una prevención y terapia eficaz de las enfermedades y para la rehabilitación del paciente. En consecuencia, las personas naturales o jurídicas que se ocupen de tales actividades deberán poner la mayor acuciosidad en sus tareas y el máximo de su diligencia en evitar omisiones en el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes o de las órdenes que el Poder Ejecutivo dicte regulando tales actividades en resguardo del interés público.”
Establece un costo de concesión de $150.000,00, monto que esta asesoría desconoce de donde sale, por ende, podría ser un monto sujeto a la liberalidad del autor de la iniciativa de ley. No obstante, queda poco claro si, en caso de renovación, vencido el período de cuatro años, el concesionario tiene que volver a abonar dicho monto, o si ese monto se paga una sola vez cuando se le adjudica inicialmente la concesión.
Acto seguido establece que la concesión le permite al cultivador contar con una licencia de dispensario dentro de sus propias instalaciones, cuyo costo estaría incluido en la tarifa pagada. Eso significa que habrá dispensarios en fincas de cultivo, lo cual pareciera no ser conveniente. Por otro lado, establece que estas licencias de dispensario se descuentan del número de licencias dispuestas en la ley, para los dispensarios regulares, lo que quiere decir que no son 55 licencias de dispensario en todo el país (art. 35.2.III), sino 63 licencias, tomando en cuenta que las grandes concesiones de cultivadores (8 en total) tendrían aneja por ley, la licencia de dispensario.
Según la categoría de comentario, el concesionario podría producir hasta una tonelada por año, con el sistema de agricultura bajo ambiente controlado, llámese invernadero. Para el Ingeniero Agrónomo Juan Delgado75, como se adelantó, en un área de 800 m2 en invernadero, se podría eventualmente producir, por método sexual y asexual, dicha tonelada de plantas, donde hay un alto rendimiento y seguridad, por ser un perímetro cerrado.
Aquí la pregunta es ¿Tonelada de qué material? Nótese que se indica “…una tonelada por año...” a secas, sin adjetivarse si es picadura, flor, raíces, extracción de aceite, entre otros. Se tiene que establecer bien en el texto, el parámetro. Según el experto Delgado, lo que se pesa usualmente con valor en el mercado (aunque el resto de la planta también tiene valor) es el gramo u onza de flor seca, que se guarda en recipientes herméticos para que no se humedezca. Y de paso indicar, que actualmente, ni el MAG ni las Escuelas de Agronomía del país brindan cursos sobre cultivo cannabis y cáñamo, cuyo lapso, entre siembra y cosecha, es de aproximadamente 4 a 6 meses, cultivado, generalmente, en forma escalonada .
En el inciso IV de la categoría A, se obliga al concesionario a tener dos tipos de laboratorio, uno de característica agronómica y otro de tipo farmacéutico. El primero es el laboratorio típico de fitomejoramiento, reproducción e investigación de las semillas, cuya implantación y costo es relativamente bajo. El alto costo, por el tipo de tecnología requerida, es el laboratorio para el procesamiento y la preparación de los medicamentos en las distintas presentaciones y vías autorizadas por esta iniciativa de ley. Este otro tipo de laboratorio podría estar por encima de un millón de dólares en equipo como planta básica. Salvo que sean personas o empresas con un capital apreciable, si esto no queda claro en la ley, podrían convertirse, esos ocho concesionarios, en simples productores de materia prima de cannabis, sin producir una sola medicina manufacturada para uso humano.
Tenemos que esta categoría A concentra cerca del 50% de la producción nacional, al tiempo que representa tan solo el 19% del total de concesiones otorgadas para el cultivo y producción del cannabis y el cáñamo con uso medicinal.
Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, los ingresos por ventas para esta categoría ( 8 concesionarios ) generarían anualmente a los concesionarios US$ 48 millones de dólares, y para finales del período (5 años) , proyectan ingresos por un monto total de US$ 240 millones, para un promedio de ingresos de ventas por productor de US$ 30 millones.76
Cuadro Nº 2: Ingresos por ventas “Concesiones A”
Esta categoría reúne a trece concesionarios, siendo que la concesión tiene un precio de $75.000,00, válida también por cuatro años, omitiendo el texto, si la misma suma ha de ser cancelada al cabo de ese período o por cada prórroga efectiva.
La producción máxima es de hasta 450 kilogramos por año, en ambiente controlado, autorizándose el procesamiento de flores y aceites de cannabis. A esta categoría se le niega contar con:
Un laboratorio para el fitomejoramiento, reproducción e investigación de las semillas.
Un laboratorio para la industrialización, procesamiento o preparación de medicamentos farmacéuticos.
Podemos apreciar en cuadro siguiente que los ingresos anuales de esta categoría B ascienden a US$35.1 millones anuales, para un total al final del período de US$ 175.5 millones. 77
Esta categoría de concesión concentra el 36% de la producción nacional, y representa el 30.9% de un total de 42 concesiones otorgadas para el cultivo y producción de cannabis y cáñamo con uso medicinal.
La categoría acoge a veintiún (21) concesionarios cultivadores, cuya concesión tiene un costo de $35.000,00, válida también por cuatro años, con prórrogas de períodos iguales, sin que se especifique, como el caso anterior, la cuantía de los montos sucesivos a abonar.
El requerimiento de producción es de hasta 120 kilogramos por año, siempre en ambiente controlado. Se les niega, al igual que la categoría B, contar con laboratorio de fitomejoramiento, reproducción e investigación de las semillas. Sin embargo, hay una laguna respecto del laboratorio para la industrialización, procesamiento o preparación de medicamentos terapéuticos, que debería ser añadida, pues no tendría sentido que se le prohíba a la categoría B y sea autorizado por omisión a la categoría C, que es inferior a la anterior.
El punto IV no deja duda al prescribir que “Los concesionarios bajo esta categoría solo podrán producir cannabis para uso medicinal en las formas de aceite y flor.”, es decir, solo son productores de materia prima.
Esta asesoría encuentra que, los concesionarios de las categorías B y C se convierten, a fin de cuenta, en clientes cautivos o dependientes de los ocho (8) concesionarios de la categoría A, debido a que, son éstos los que tienen todas las herramientas tecnológicas, en cualesquiera fase de producción. Lo que no se comprende es, por qué se le niega a las categorías B y C contar con laboratorios de fitomejoramiento de semillas, cuya infraestructura e inversión es baja, habida cuenta de la existencia de empresas certificadoras de semillas o de agricultura orgánica.
Los ingresos proyectados, para esta categoría ascienden a US$ 15.1 millones anuales, con un acumulado para el período de US$ 75.6 millones , para un promedio por productor de US$ 3.6 por productor. 78
Previo al análisis del articulado siguiente, hay que decir, en primera instancia, que los artículos 27 al 33 son una especie de procedimiento concursal especial que estaría al margen de la Ley de Contratación Administrativa, Ley Nº 7494, puesto que el Proyecto ni siquiera considera ese cuerpo normativo como de aplicación supletoria.
Se instaura un régimen jurídico de contratación administrativa que podríamos pensar es configurado en la iniciativa de ley de rito, pero lejos de lo que sería la licitación pública, la contratación abreviada o la contratación directa. Se asemeja a un tipo abierto, pero reglado en la ley, distinto de los usuales preestablecidos en el ordenamiento jurídico administrativo.
Adicionalmente se advierte, de antemano, que el procedimiento carece de los siguientes elementos esenciales:
No hay un régimen de incompatibilidades para contratar, similar a los artículos 22 o 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.
No hay un régimen recursivo claro, salvo el recurso de objeción, que veremos está mal planteado, pues se presentaría ante la Contraloría General de la República. En la legislación actual, eso procede solo, cuando se trata de licitación pública, puesto que en los otros casos, la impugnación se hace ante la administración concedente.
El sistema de garantías es de reserva y discreción de la Junta Directiva del Iircaa, lo cual lo hace poco objetivo.
No hay referencia, en lo atinente a sanción, de funcionarios que cometan irregularidades en el procedimiento concursal, ni referencia a normas de ese tipo vigentes.
Aun cuando fuese un procedimiento especial concursal, deberá respetar todos los principios constitucionales y legales de la contratación administrativa, en particular lo relativo a la formación de la voluntad administrativa.
El artículo 27 de la iniciativa de ley, abre con el tema del “Cartel del concurso”, estableciendo un mínimo de requisitos. Solamente vamos a comentar dos de ellos. El inciso h) que ya establecimos es privativo de Junta Directiva, haciéndolo subjetivo en lo que atañe a porcentajes, cuando hemos visto líneas arriba, que la Ley de Contratación Administrativa indica prescriptivamente los rangos. El otro es el inciso j), que señala el proyecto de contrato que se suscribiría con el concesionario, mismo que vemos como garantía de transparencia, aunque en el fondo podría estar sujeto a objeciones.
Sobre el artículo 28 “Objeción del Cartel” está planteado en términos similares al artículo 81y al artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, ya dijimos que el recurso de objeción interpuesto ante la CGR es para el caso de licitación pública, puesto que en los demás casos, se hace ante la administración contratante.
En lo concerniente a los artículos 29 y 30 no se tienen comentarios, salvo en el numeral 30, cuando establece que el acuerdo de adjudicación deberá ser publicado en el diario Oficial La Gaceta. En realidad la publicación debería darse una vez que quede en firme la adjudicación, sin que queden pendientes recursos por resolver como el de apelación.
El artículo 31 tiene serios problemas de concepción. Establece que contra el acto de adjudicación podrá interponerse apelación, dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del acuerdo de adjudicación en el diario La Gaceta. Al igual que en el recurso de objeción, se vuelve a utilizar a la Contraloría para que resuelva las apelaciones.
Si es la CGR la que resuelve el recurso de apelación sobre el acto de adjudicación, debería ser presentado el recurso ante ese ente, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación, no después de la publicación en La Gaceta (por cierto, este plazo se utiliza en la licitación pública), o bien presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación (término aplicado en los otros tipos de contratación). Lo que no tiene lógica jurídica es que se haga dentro de los diez días posteriores a la publicación en La Gaceta, puesto que da la impresión que el concesionario consolida su derecho al publicitarse el acuerdo (recordar que es sin firmeza) de adjudicación.
El artículo 31, asimismo, omite la posibilidad del rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta del recurso. Tampoco hay referencia a los temas impugnados (sustanciales o esenciales), pues si se trata de análisis técnicos o estudios, en que se basa la administración para adoptar la decisión, los recurrentes deberán aportar dictámenes y/o estudios emitidos por profesionales calificados.
El párrafo tercero del artículo 31 reproduce contenido del artículo 89 de la Ley de Contratación Administrativa, siempre dentro de la equivalencia de plazos como si fuese una licitación pública. Asimismo, los párrafo cinco y seis del artículo 31 son copia del artículo 90 de la mentada Ley de Contratación Administrativa, por lo cual no se tienen comentarios.
El artículo 32 tiene como contenido los alcances del “Contrato de concesión”. Se implementa cuando quede firme el acto de adjudicación, con acuerdo de Junta Directiva y con autorización al Director Ejecutivo para que lo suscriba, siendo obligatorio en refrendo de la CGR. No obstante, para que las y los diputados tengan una idea de lo dispuesto en la normativa vigente, el artículo 32 de la Ley 7494 dice:
“Artículo 32.- Validez, perfeccionamiento y formalización.
La Administración deberá girar la orden de inicio, dentro del plazo fijado en el cartel y, a falta de estipulación especial, lo hará dentro de los quince días hábiles contados a partir de la notificación del refrendo o de la aprobación interna, según corresponda, salvo resolución motivada en la cual se resuelva extender el plazo por razones calificadas, resolución que deberá emitirse dentro del plazo inicial previsto.”
La cesión del artículo 33 está sujeta a un mínimo de requisitos, como que el cesionario reúna los mismos requisitos del cedente, que se comprometa a cumplir las mismas obligaciones, que hubiese explotado la concesión por al menos dos años, y que no afecte la competencia efectiva en el mercado, siempre previa autorización de la Junta Directiva del Iircaa. Precisamente el inciso d) es el que brinda luz acerca de la posibilidad de romper el tope de una concesión, puesto que por cesión se abre el camino a dos o más concesiones, siempre que “no afecte la competencia efectiva del mercado”. Ahora bien ¿Qué pasa cuando son personas jurídicas y se realiza cesión de acciones? Estos actos mercantiles no pasan por el control del Iircaa, cambiándose evidentemente la propiedad de las acciones, y por ende, el control de las concesiones. Esta situación no está prevista en el Proyecto de Ley.
De seguido se va a analizar el artículo 37 de la iniciativa de ley, que dicho sea de paso, está mal ubicado, debería estar colocado inmediatamente después del artículo 32, puesto que cierra el ciclo del procedimiento concursal. Dicho de otra manera, enviaron el numeral 37 a un lugar que no corresponde en orden y lógica sistemática, en virtud que desarrolla la revocación y extinción de las concesiones79.
El artículo 37.1.c., viene a aclarar que los cobros o tarifas son diferenciados, no solo por tipo de contrato, sino por lapsos espaciales diferenciados. En el caso de las tarifas para concesiones y para licencias, el Proyecto de Ley impone precios por tipo, empero, para el caso de los permisos, como en el caso del permiso para el transporte, no hay un monto o quantum establecido. Se sugiere incluir el monto, puesto que por Reglamento carecería de competencia el Poder Ejecutivo para establecer una tasa vía Decreto Ejecutivo.
El artículo 37.1.d) tiene problemas de concreción. Señala que, no cooperar con una autoridad pública competente (sin indicar qué tipo de autoridad) hace que se aplique la resolución del contrato. Para esta asesoría el inciso no tiene contenido, pues la mención genérica a “autoridad” y “la no cooperación” son elementos de interpretación altamente subjetiva no deseables en una ley. Quedaría a discreción de la Junta Directiva del Iircaa quitar la concesión sin justificación tasada, aun cuando el párrafo siguiente a los incisos establezca la necesidad de las reglas del debido proceso.
En lo que atañe al artículo 37.1.e), la referencia o concordancia al artículo 51 está mal direccionada, ya que dicho numeral no se refiere a faltas graves, sino a contribuyentes del impuesto al cannabis. Dicho esto, el artículo 57 es el que toca el tema de las infracciones y sanciones.
En lo concerniente al artículo 37.2.b, la extinción de la licencia aplica por “La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por los Poderes del Estado”. En este supuesto, cuando la resolución sea imputable a la administración, esta reconocerá los daños y perjuicios causados al concesionario, tal y como lo prevé el párrafo final del artículo de comentario.
El artículo adolece de la causal de resolución o extinción del contrato cuando se produzca la cesión de la concesión sin estar autorizada previamente por la administración, aspecto éste que debería estar integrado en la lista de causales.
Observando el artículo 34, presenta una redacción muy particular, muy sui generis que no tiene asidero en el Derecho Administrativos, aparecen los siguientes elementos:
Transparencia en el origen de sus capitales
Un llamado de expresión de interés para seleccionar.
En los concursos o procedimientos de contratación administrativa, la solvencia económica se puede constatar por dos vía, un proceso de precalificación o por la vía del depósito de garantía de participación.
En el caso de la transparencia de los capitales, esto significa, suponemos, la autorización del levantamiento del velo bancario y societario, a los efectos de indagar los antecedentes financieros. Habría que indicar que esta sería una excepción al artículo 9 de la Ley Nº 8968 Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales; ello por cuanto las operaciones bancarias o financieras no son datos de acceso irrestricto. Adicionalmente, los datos referentes al comportamiento crediticio, se rigen por las normas que regulan el Sistema Financiero Nacional, asunto que no vamos a desarrollar aquí.
Finalmente, el llamado a expresión de interés para seleccionar, se aparta de las reglas y principios de la contratación administrativa, salvo que sea un llamado público y general (principio de publicidad y conocimiento). Para tales efectos, podrá recurrirse a la publicación en el Diario Oficial o a otros medios idóneos, tales como la página electrónica oficial del órgano o entidad. De utilizarse medios distintos de la publicación en La Gaceta, el respectivo órgano o entidad, por lo menos deberá informar, en el citado diario, o en dos diarios de circulación nacional (vid. Art. 6 principio de publicidad de la Ley de Contratación Administrativa) sobre la pretensión de la Administración.
Ahora bien, para comenzar el procedimiento concursal, la Administración deberá acreditar, en el expediente respectivo, que dispone o llegará a disponer, en el momento oportuno, de los recursos humanos y la infraestructura administrativa suficiente, para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación, tanto cuantitativa como cualitativamente. Esto lo afirmamos en virtud de que el Iircaa se constituiría como un órgano totalmente nuevo en el engranaje de la Administración Pública.
El artículo 35 tiene de contenido dos páginas y media. A este respecto, como técnica legislativa no debe ser viable. Se puede partir perfectamente en tres artículos separados, uno para la licencia de importación de semillas, otro para la licencia de dispensario, y el otro para la licencia de cáñamo industrial y alimentario.
El artículo 35.1. “semillas”, confirma algo que ya se había adelantado, consiste en que los ocho (8) grandes concesionarios Clase A, son los que absorben o concentran todos los derechos de investigación fitogenética o de importación de semillas cannabis y cáñamo para siembra y reproducción. Todos los demás tipos de concesión co-dependen de éstos pocos que tendrían ese privilegio. Sería bueno que este artículo haga referencia al artículo 4 sobre la regulación estatal en la importación de semillas, y al artículo 6 sobre rangos permitidos de THC o THCA.
El numeral de análisis también confirma indirectamente, que cualquier otro particular, que no sean los ocho (8) grandes concesionarios, le recae la prohibición del artículo 8.b. del Proyecto de Ley. Incluso, el artículo 57.c.II, impone una multa de veinte (20) salarios base a quien venda semillas de plantas de cannabis sin estar autorizado.
Sobre el artículo 35.2, esta asesoría no tiene dato acerca de cómo se propuso en la ley el costo de $10.000,00 (para 4 años), por cada licencia para dispensario. Sin embargo, si el dispensario va a coincidir con una droguería o farmacia previamente establecida, el precio es relativamente alto para un farmacéutico o dueño de ese tipo de negocio o comercio. Sería un equivalente a $2.500,00 al año, es decir, $208.3 al mes (poco más de 100.000.00 colones mensuales). Esto quiere decir, que se especula un volumen de venta de productos cannabicos medicinales significativo.
Los dispensarios tienen ingresos anuales brutos por US$ 130.9 millones, tomando en cuenta que el margen de utilidad bruta es de US$ 1.5 por gramo.80
El 35.2.III, establece un número cerrado de cincuenta y cinco (55) licencias, no obstante, ya dijimos son 63, puesto que se suman las 8 licencias que se le otorgan automáticamente a los concesionarios clase A. Se recomienda eliminar la frase “Esto basada en un promedio de mercado de 70.000 personas, en el que cada negocio tiene un potencial de 1500 pacientes.” La frase es producto de especulaciones, cálculos o estimaciones que no tienen constatación en la realidad, parten, aparentemente, de un albur no científico.
En el art. 35.2.IV., volvemos al comentario de la investigación de antecedentes: cómo y de qué tipo es la investigación, criminal, penal, bancaria, sanitaria, financiera, etc. Hay una especie de laguna, o más bien, una referencia general que, por tratarse de datos personales o sensibles (en el caso de personas físicas tocaría derechos fundamentales), no podría ser desarrollada por la vía del Reglamento. El tema del tipo de antecedentes a indagar, debería quedar diáfanamente establecido en la ley.
El art. 35.2.V. , tiene problema en el término “licenciados”, se sugiere cambiar a “licenciatarios”. Por otro lado, este inciso es un poco extraño, pues si se trata de medicinas y alimentos, adopta un parámetro similar a la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, Ley Nº 9047 en lo que atañe al rango de 500 metros a la redonda de un centro educativo. Justamente en esa ley de licores (vid. Artículo 9.a) son 400 metros para licencias clases A y B. Este parámetro deja mucho que pensar en cuanto a la intención del proyecto de ley, por lo que se va a sumar a los comentarios, respecto del tema de la posibilidad del uso crudo de cannabis, que a nuestro juicio está latente en la iniciativa de ley.
Cáñamo industrial y alimentario
Cuando se analizó el artículo 2 de la presente iniciativa de ley, líneas arriba, se incluyó una lista de Reglamentos que aplica el país en la producción y comercialización de alimentos. Esto lo indicamos a razón de que el artículo 35.3.III. señala que, para la elaboración de alimentos se deben cumplir los requisitos de salud establecidos en la normativa, se refiere justamente a esa normativa vigente. Ciertamente, el cannabis (variedad cáñamo) tiene un alto contenido en fibra, poca flor y buena biomasa, por lo que sirve para su industrialización, y hasta para la producción de harina y otros productos alimenticios. Sin embargo, es difícil encontrar una variedad de cáñamo con menos de 0.5% de THC, puesto que la mayoría exceden ese porcentaje (opinión del Ing. Agr. Juan Delgado), ello en referencia a la obligación del art. 35.3.VII que establece el techo en las semillas a registrar.
Otro aspecto relevante a comentar está asociado al artículo 35.3.VIII, que permite la comercialización a todo tipo de público (venta usuario final), de semillas procesadas, siempre que no puedan germinar. En términos de controles, sería difícil que el Estado, el Instituto que se crea, pueda controlar las semillas de cannabis (venta o trasiego a lo largo y ancho del país) en lo que concierne a si germinan o no germinan. Aquí la seguridad y la fiscalización tendría que ser exhaustiva, absoluta, perfecta, cuestión que no se avizora fácilmente.
Cultivo cáñamo categoría D:
Algo que observamos grave, explícito en la redacción, es el rango (cantidad) de hectáreas posibles de siembra autorizadas. La propuesta dice 10 hectáreas o más, o sea, pueden ser 100, 1.000, 10.000, etc. hectáreas, pues hay un piso pero no un techo para producir cáñamo para la categoría D. En las categorías E y F, se tienen rangos cerrados de 3.1 a 9.9 hectáreas y de 1 a 3 hectáreas respectivamente. Entonces, se advierte a las y los señores diputados, sobre el alcance que ello tiene en la materialidad de lo que se estaría autorizando.
La pista sobre este polémico rango nos la brinda el inciso iii, al indicar “Es requerimiento obligatorio contar con al menos diez (10) hectáreas disponibles para el cultivo del cáñamo.” Ergo, de ahí en adelante, cualquier cantidad de hectáreas son habilitadas, sin límite alguno. Sobre el precio de $30.000,00, esta asesoría no tienen parámetro, estudio o idea de por qué ese monto, el cual se abonaría (clarificar en el proyecto) cada dos años, que es el plazo de la licencia, el cual es prorrogable.
Podemos notar en cuadro siguiente, que los ingresos brutos anuales para este tipo de licencia ascienden a US$ 48 millones para un total del período ( 5 años ) de US$ 240 millones. 81
Cultivo cáñamo categoría E:
A un precio por la mitad de $15.000,00, se cobraría a los productores de cáñamo de 3.1 a 9.9. hectáreas. En proporción con los de categoría D, sería un monto, de alguna forma antojadizo, en virtud de que aquellos (categoría D) no tienen límite de superficie de cultivo, y solo se les cobra el doble del precio.
Los ingresos anuales para este tipo de licencia ascienden a US$ 35.1 millones para un total del período de US$ 175.5 - 82
Cultivo cáñamo categoría F:
La categoría F es para pequeños parceleros o productores que no sobrepasen 3 hectáreas de cultivo de cáñamo, con una hectárea mínima plantada, por el precio de licencia de $5.000,00 para dos años de plazo.
Tenemos entonces que los ingresos anuales para esta categoría de licencia asciende a US$ 15.1. 83
UTILIDAD NETA PARA EL SECTOR PRIVADO
De conformidad con la información recabada , (ingresos que percibiría el sector privado por concepto de ventas de cannabis medicinal (concesiones A, B, C, Dispensarios) y por ventas de cáñamo industrial y alimentario ( licencias D,Ey F ), VS los egresos probables que incurriría el sector privado por concepto de costos fijos de cannabis medicinal y de cáñamo industrial y alimentario, los costos variables e impuestos )84 podría afirmarse que la utilidad neta para el sector privado derivaría en el primer año un aproximadamente US$ 81,9 millones y un total del período en análisis ( 5 años ) de US$ 419.3 millones.
El artículo 36 pareciera ser un numeral inocuo, pero en realidad es un tema de suma importancia, por lo delicado y riesgoso de la actividad del transporte de material que podría tener precios muy elevados en el mercado negro o ilícito.
Una droga no tiene el mismo valor en un sitio físico (plantaciones), el valor aumenta, si la misma es procesada, pero continúa aumentando significativamente su valor si es transportada de un punto a otro, y de ese al siguiente, y así sucesivamente. El transporte, por ejemplo, de litros de aceite de cannabis, puede costar en el mercado legal, y también en el ilegal, varios millones de dólares. Igual la flor seca, o bien las partes de la planta, que trasegada para otros propósitos no medicinales, sino como estupefaciente, tendría un valor significativo. Aquí entra el tema de los asaltos, robos, o en el argot policial, “tumbonazos”, cuestión que el legislador debería sopesar o calibrar muy bien en esta iniciativa de ley.
Por lo anterior, la lacónica normativa que presenta el Proyecto de Ley sobre el depósito del material cannábico y el transporte del mismo, llama la atención por su débil aprovisionamiento, pues son los puntos de mayor riesgo que tiene el proceso en los niveles agroindustriales y farmacéuticos. Tómese en cuenta que el cannabis sirve como ingrediente para la elaboración de drogas sintéticas.
El numeral dice que son los concesionarios y los licenciatarios quienes deben solicitar un permiso especial para el transporte. Esto quiere decir, que son ellos directamente los responsables de esos productos. Además, según se ve en la letra, descarta que terceros sean contratados para realizar los “fletes”, es decir, los traslados de un punto a otro. Lo que quiere decir, es que la norma no está clara en cuanto a prohibir a los concesionarios y licenciatarios subcontratar a otras personas, sino que deben ser ellos directamente los que se encarguen de esa labor, para que el ciclo de control, fiscalización y seguridad sea lo más estricto posible.
Si el proyecto de ley señala que hay 42 concesionarios de cannabis, 155 licenciatarios de cáñamo y 63 licencias de dispensario (55+8), se está ante un universo posible de transportistas de 260, número que podría desbordar los controles, la supervisión y fiscalización del “Iircaa”, y donde a todas luces deberían participar las autoridades del ICD, la policía de control de drogas, la policía judicial, entre otras autoridades.
Aparece el carnet como uno, entre los títulos habilitantes. Por supuesto que el carnet tiene una naturaleza distinta. Los otros tipos, concesión, licencia y permiso son de característica administrativa, mientras el carnet depende de una decisión médica, “acto médico”; es decir, a juicio nuestro, el artículo 38 no debería estar en el Título II, Capítulo III relativo a Títulos Habilitantes, sino en el Título III, Capítulo I que trata sobre “Deberes de los Pacientes”.
Hecha esa observación, sobre el fondo de lo propuesto en el artículo 38, no se tienen más comentarios, está bien ponderado su contenido.
El artículo 39 del Proyecto de Ley está bien intencionado, puesto que remite a la Ley General de Salud No. 5395 en lo concerniente al registro de medicamentos, aunque por tratarse de un producto que está en las listas I y IV del Convenio de 1961 y también mencionado en el Convenio de 1971 (véase parte II de este Informe: Fiscalización internacional: Convenciones suscritas y ratificadas por Costa Rica en materia de estupefacientes). En otras palabras debería incluirse la referencia a las leyes que en esta materia se ha obligado nuestro país.
En lo relativo al artículo 40 de la iniciativa “Registro de pacientes” se establece apropiadamente que es de carácter informático y confidencial, ello a tono con los datos sensibles de la Ley Nº 8968 de previa cita (Protección de datos personales). Como apropiado también es que la venta de medicamentos se restringida con receta médica solo en dispensarios autorizados por el Iircaa.
Ahora bien, el hecho que el artículo 40 autorice a oficiales sanitarios y agentes de policía ingresar al registro o la base de datos, que es de naturaleza confidencial, se convierte en una excepción al artículo 24 de la Constitución Política, por lo que abona al tipo de mayoría que requiere el proyecto de ley que es de mayoría calificada.
En el numeral 40.II, dice in genero que “…Para ser atendido por la CCSS deberá estar debidamente asegurado y al día en sus obligaciones;”. Como principio está bien pues así se halla en el artículo 4º en relación con el artículo 3885 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas. Sin embargo, la Caja debe atender a las personas independientemente si están morosas en los servicios de emergencias cuando lo ameriten. Evidentemente, de acuerdo con la sentencia 2014-8680, de la Sala Constitucional, el centro médico puede negar la prestación del servicio, salvo la excepción dicha.
En este interregno hacemos una observación de técnica legislativa en el artículo sub examine, que es la doble o repetida numeración de los incisos, es decir, hay dos incisos I, dos incisos II, dos incisos III y dos incisos IV. Ello crea confusión, no solo para mocionar, sino como referencia en la eventual ley.
Asimismo, el grueso del contenido del artículo 40 es de normativa reglamentaria. Es innecesario en la ley todo el detalle dispuesto, excepto en el caso de la negativa de expedición de la tarjeta de identificación, en donde se legitima impugnar. Otros aspectos importantes son el mal uso de la tarjeta y el procesamiento en Tribunales del infractor, cuando sea requerido por autoridades de policía, tema que no podría quedar a reglamento.