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Timestamp: 2018-02-25 19:33:00
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Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 50']

Sentencia T.S.J. Aragón 513/2013 de 6 de noviembre. Derechos laborales. Incidente concursal laboral. Requisitos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Aragón 513/2013 de 6 de noviembre
Incidente concursal laboral: De extinción de contrato de trabajo. Posibilidad de declarar judicialmente la extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador, por grave incumplimiento empresarial de sus obligaciones contractuales, si la relación ya no estaba en vigor porque había finalizado y después de que, es el marco concursal, se hubiera alcanzado un acuerdo con los representantes de los trabajadores.
SENTENCIA: 00513/2013
T.S.J ARAGON SALA SOCIAL
NIG: 50297 34 4 2013 0102249 N22000
RECURSO DE SUPLICACION CONCURSAL 0000514 /2013
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PIEZA INCIDENTE CONCURSAL-LABORAL 4/2013 JDO. DE LO MERCANTIL n.º 2 de ZARAGOZA
En Zaragoza, a seis de noviembre de dos mil trece.
En el recurso de suplicación núm. 514 de 2013 (autos núm. 4/2013), interpuesto por la parte demandante D. Juan Miguel, D. Alonso, D. Baldomero y D. Ceferino, siendo demandados TRANSPORTES OCHOA, S.A., y la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, sobre incidente concursal de extinción contrato de trabajo. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ.
Primero.—Según consta en autos, se presentó demanda por D. Juan Miguel y otros ya nombrados contra Transportes Ochoa, S.A., y la Administración Concursal sobre incidente concursal extinción contrato de trabajo, y en su día se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, de fecha 31 de mayo de 2013, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
"Que debía acordar y acordaba desestimar la demanda incidental interpuesta por el procurador Sr. Tartón Ramírez, en nombre y representación de Juan Miguel, Alonso, Baldomero y Ceferino contra la mercantil concursada TRANSPORTES OCHOA, SA, representada por el procuradora Sr. Angulo Sainz de Varanda y contra la administración concursal en las personas de don Feliciano y Don Gumersindo, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales".
Segundo.—En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del siguiente tenor literal:
" 1.º- Que Juan Miguel, Alonso, Baldomero y Ceferino han venido prestando sus servicios por cuenta y orden de la concursada TRANSPORTES OCHOA, SA.
2.º- Por auto de fecha 5 de julio de 2012 se declaró a TRANSPORTES OCHOA, SA en concurso voluntario de acreedores acordándose nombrar administración concursal resultando nombrados Don Feliciano y Don Gumersindo.
3.º- Por la concursada, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, se presentó solicitud de extinción de 300 contratos de trabajo. Tras concluir el periodo de consultas con acuerdo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce se recabó de la autoridad laboral el correspondiente informe en el que concluyó que: "En consecuencia, al no apreciarse la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del pacto alcanzado, procede a juicio de este Servicio, la extinción de los 243 contratos de trabajo de los trabajadores relacionados en los términos del acuerdo suscrito. Por ello, este Juzgado el doce de diciembre de dos mil doce dictó auto autorizando, por causas económicas, la extinción de la relación laboral entre la concursada TRANSPORTES OCHOA, SA y los trabajadores afectados en los términos del acuerdo suscrito con un plazo de meses para la ejecución de la medida desde la fecha del auto acordándose, respecto de los mismos y en tal consideración, una indemnización de 23 días de salario por año de trabajo, con el límite de 12 mensualidades. Dicho auto no ha sido recurrido en suplicación.
4°.- El día veintiuno de febrero de dos mil trece por Juan Miguel, Alonso, Baldomero y Ceferino se formula incidente concursal en materia laboral contra la extinción del contrato de trabajo acordada en el auto de doce de diciembre de dos mil doce ante este Juzgado de lo Mercantil número Dos de Zaragoza solicitando que este Juzgado declare que el competente para conocer del incidente es el Juzgado de lo Social.
5°.- El veinte de marzo de dos mil trece por el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid se ha dictado sentencia n° 134/13 frente a la demanda formulada por Juan Miguel, Alonso, Baldomero y Ceferino en la que se aprecia que esa jurisdicción no es competente para conocer de la misma al ser competencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Zaragoza en el que se tramita el concurso de acreedores.".
Tercero.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandada Transportes Ochoa S.A.
Primero.—El escrito iniciador del incidente concursal a que se refiere el presente rollo de suplicación incurre en un cierto grado de contradicción interna. Lo que sus promotores pretenden es quedar al margen del alcance extintivo de su relación laboral con la demandada "Transportes Ochoa, S.A." que despliega el auto del Juzgado de lo Mercantil ante el que se sigue el concurso de acreedores de esta sociedad, fechado el 12.12.2012. Esta resolución expresamente los incluye en la relación de trabajadores afectados por dicha medida, pero ellos consideran que al ser su solicitud de resolución contractual "ex" artículo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) anterior en el tiempo a la promoción del proceso concursal, la competencia para el conocimiento de esta su pretensión no corresponde a dicho orden jurisdiccional sino al orden social. Y, en efecto, presentaron demanda reclamando la resolución contractual por incumplimiento de la obligación empresarial de darles ocupación efectiva; demanda que ha sido desestimada por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid en sentencia, cuya firmeza no consta, de 20.3.2013 (procedimiento núm. 717/2012), la cual aprecia la excepción de incompetencia de jurisdicción y la atribuye al Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza, conocedor del mencionado concurso de acreedores.
Segundo.—A la vista de estos antecedentes, carece de sentido propio que el escrito iniciador del expediente, cuando se refiere en el expositivo 5.º al "fondo del asunto" diga que "por consiguiente entendemos que no procede incluir en el ERE a nuestros representados y debe dictarse auto acordando la inhibición a favor del Juzgado de lo Social"; y que el "suplico" del escrito mezcle ambos temas al dirigirse directamente contra el auto ya mencionado de 22.12.2013 reclamando que se excluya a los cuatro demandantes de su ámbito por haber iniciado proceso de extinción de sus contratos con anterioridad a la solicitud de concurso voluntario y "ser competente el Juzgado de lo Social".
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil aquí recurrida, examina y admite su competencia para el conocimiento de la pretensión de fondo planteada, rechazando la misma, y a ese aspecto concreto debe quedar ceñida la presente resolución para resolver el recurso de suplicación interpuesto contra la misma, en el cual, tras un primer motivo suplicatorio carente de sentido, pues aunque se dice amparado en el artículo 193 b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, no pretende en realidad revisión alguna de los hechos probados de la sentencia de instancia (por lo demás, pacíficos), se formula otro segundo de censura jurídica, con cobertura procesal en el apartado c) del mencionado artículo 193, con cita como infringido, por aplicación indebida, del artículo 64.10 de la Ley Concursal.
Tercero.—Lo que se discute, en definitiva, es si cabe resolver "ex" art. 50 del Estatuto de los Trabajadores un contrato de trabajo a instancia del trabajador, si ya se ha extinguido esa relación laboral en un proceso concursal, y a esa cuestión la Sala ha dado ya respuesta negativa en sus sentencias de 3.10.2007 (r. 790/2007), 7.12.2011 (r. 781/2011), que cuentan con el apoyo de la doctrina jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Supremo de 26.10.2010 (r. 471/2010), 13.4.2011 (r. 2149/10) y 11.7.2011 (r. 3334/2010). La última de estas resoluciones recoge la doctrina de las anteriores, argumentando:
"La principal cuestión litigiosa que se plantea se reduce a la posibilidad de declarar judicialmente la extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador, por grave incumplimiento empresarial de sus obligaciones contractuales, si la relación ya no estaba en vigor porque había finalizado mediante un Auto del Juzgado de lo Mercantil ante el que se tramitaba el concurso de acreedores de la empleadora y después de que, en ese marco concursal, se hubiera alcanzado un acuerdo en tal sentido con los representantes de los trabajadores. Y, como se deduce de la jurisprudencia de esta Sala, representada, como más recientes, por las SSTS de 26-10-2010 (con voto particular ) y 13-4-2011 ( R. 471/10 y 2149/10 ), la respuesta ha de ser negativa, tal como decidió la resolución impugnada, por más que en ella se opte por la formula procesal de negar la existencia de acción a los demandantes --lo que en el caso supone, obviamente, como antes dijimos, la desestimación de su pretensión resolutoria-- en lugar de, como probablemente hubiera sido más correcto, desestimarla sin más. Ello es así porque, siendo también doctrina jurisprudencial consolidada ( SSTS 14-2-83 , 23-6-83 , 12-12-84 , 28-2-85 , 2-4-85 , 18-11-85 , 2-7-85 , 4-2-86 , 22-10-86 , 26-11 - 86, 19-5-88 , 12-7-89 , 18-7-90 , 18/09/89 , 29-12-89 , 11-4-90 , 22-5-00 ) que " el éxito de la acción basada en el art. 50 ET exige que el contrato esté vivo en el momento de dictarse la sentencia, porque la sentencia tiene en estos supuestos carácter constitutivo y -de prosperar la acción- declara extinguido el contrato en la misma fecha en la que se dicta " ( SSTS 26-10-2010 citada), y aunque sea posible ejercitar la acción resolutoria pese a que se haya iniciado un ERE que esté pendiente de decisión ( STS 5-4-2001, R. 2194/00 ), lo verdaderamente cierto y relevante a los efectos que aquí interesan no es sino que, como concluye de modo literal nuestra repetida sentencia de 26-10-2010 al analizar un caso en el que el ERE ya había concluido, "Mal se puede declarar que un contrato se extingue desde la fecha de la sentencia y con derecho a determinada indemnización [45 días por año de servicio], si el mismo ya había fenecido anteriormente por mor de una legítima decisión administrativa y con otra indemnización [20 días por año de servicio]; por definición, sólo cabe «extinguir» lo que esté «vivo» (...) la extinción será factible siempre que en el momento de dictarse la sentencia la relación laboral siga viva, dado el carácter constitutivo y ex nunc de la resolución judicial " (FJ 3.º)".
Posteriormente ha reiterado esta doctrina el auto del Tribunal Supremo de 13.9.2011 (r. 27/2011).
Tercero.—La aplicación de la citada doctrina jurisprudencial al presente caso, en el que el juicio oral se celebró con posterioridad a la extinción del contrato de trabajo de los actores en el proceso concursal, obliga a desestimar el motivo, confirmando la sentencia de instancia.
Así lo ha entendido también esta Sala en la sentencia de 5/11/2012 (r. 619/2012), que aborda el otro tema suscitado en el recurso, relativo a la anterioridad de la demanda de resolución con respecto a la promoción del concurso. Dice la comentada sentencia: « El hecho de que la papeleta de conciliación previa a la demanda individual de resolución contractual se presentara en el correspondiente servicio administrativo unos días antes [...] del inicio del correspondiente expediente de regulación de empleo, es, contra lo que se afirma en el recurso, irrelevante, pues, como antes quedó dicho, lo trascendente a estos efectos es la necesidad de que la relación laboral esté viva en el momento del juicio, dada la naturaleza constitutiva que es de atribuir a la sentencia por dictar. Así lo ratifica la nueva redacción del artículo 64.10 de la Ley Concursal (procedente de la reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre), cuando, para evitar cualquier diferencia que quisiera procurarse entre los trabajadores que piden la extinción de su contrato y los que se aquietan con el resultado del ERE concursal, aclara que "las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursado tendrán la consideración de extinciones de carácter colectivo, desde que se acuerde la iniciación del expediente previsto en este artículo para la extinción de los contratos. Acordada la iniciación del expediente previsto en este artículo, la totalidad de los procesos individuales seguidos frente a la concursada posteriores a la solicitud de concurso pendientes de resolución firme se suspenderán hasta que adquiera firmeza el auto que ponga fin al expediente de extinción colectiva. La resolución que acuerde la suspensión se comunicará a la administración concursal, a los efectos del reconocimiento como contingente del crédito que pueda resultar de la sentencia que en su día se dicte, una vez alzada la suspensión. El auto que acuerde la extinción colectiva producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales suspendidos" ».
Desestimamos el recurso de suplicación núm. 514 de 2013, ya identificado antes y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.
Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que:
- Contra la misma pueden preparar recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo por conducto de esta Sala de lo Social en el plazo de diez días desde la notificación de esta sentencia.
- El recurso se preparará mediante escrito, firmado por Letrado y dirigido a esta Sala, con tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a efectos de notificaciones.
- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de preparar el recurso y en el plazo de diez días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de formalizar el recurso de casación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 600 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto), debiendo hacer constar en el campo "observaciones" la indicación de "depósito para la interposición de recurso de casación".