Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl14278-2017-57145-de-agosto-16-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_83b44c818cff4b25850cfd3981eb7f81&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-19 02:39:40
Document Index: 195709288

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 7', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 36', 'artículo 20', 'artículo 53', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 21', 'artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'artículo 189', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7']

﻿ SENTENCIA SL14278-2017/57145 DE AGOSTO 16 DE 2017
SENTENCIA SL14278-2017 DE 16 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LOS TIEMPOS SERVIDOS A ENTIDADES ESTATALES. SE HA ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 71 DE 1988, SEGÚN EL CUAL LOS TIEMPOS SERVIDOS A ENTIDADES ESTATALES, DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO PENSIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE SI HAN SIDO O NO OBJETO DE APORTES A UNA ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIALELLO POR CUANTO SE TRATA DE UNA CIRCUNSTANCIA QUE NO ES ATRIBUIBLE AL AFILIADO Y POR TAL RAZÓN NO PUEDE GENERAR UNA AFECTACIÓN AL MISMO, EN TANTO QUE ESTOS TIEMPOS DEBEN COMPUTARSE A LA HORA DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTO LEGALES. DE IGUAL FORMA, EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 EL LEGISLADOR NO DESCONOCIÓ LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA LLAMADA PENSIÓN POR APORTES, DE MODO QUE AL ESTABLECER EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES DE LA LEY 100 DE 1993, IGUALMENTE CONSAGRÓ LA POSIBILIDAD DE ACUMULAR PARA EFECTOS PENSIONALES LOS TIEMPOS DE SERVICIOS Y DE COTIZACIONES ACUMULADOS EN UNO Y OTRO SECTOR, TANTO EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA ASÍ COMO EN EL DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, ENTIDAD PÚBLICA, RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, DERECHO LABORAL, PENSIÓN
Sentencia SL14278-2017/57145 de agosto 16 de 2017
Rad.: 57145
SL14278-2017
Interpuesto por el apoderado del demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, y en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, que fueron oportunamente replicados y que pasan a ser examinados.
“Denuncia en la sentencia grabada, por la vía directa. Aplicación indebida del artículo 7º de la Ley 71 de 1988 y el 5º del Decreto 2709 de 1994, e interpretación errónea de los artículos 7º, 10, 13 literales c), f), h), 33, 34, 36 inciso 2º, 50, 141, 142 de la Ley 100 de 1993 y la consecuente aplicación indebida del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, artículos 25, 48, y 53 de la Constitucional Nacional”.
En el desarrollo de la acusación, la recurrente aduce que, si bien el tribunal consideró la improcedencia de la sumatoria de tiempos laborados en sector público y privado para aplicar la Ley 71 de 1988, cuando los aportes de dichos interregnos no se efectuaron a cajas o fondos, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, contempló la posibilidad de contabilizarlos para acceder a una pensión de vejez, en aplicación del régimen de transición, “por tanto al ser la Ley 100 de 1993 un sistema integral, se entiende que derogó cualquier otra norma que le fuere contraria a la Ley 71 de 1988 a más de ser restringida en su alcance y aplicación (aplica solo cuando existe aporte a caja o fondo)”.
El censor plantea la indebida aplicación de la Ley 100 de 1993, argumentando que conforme a lo expuesto lo que ocurrió fue la derogatoria tacita. Como argumento final se esgrime, la aplicación del principio de favorabilidad, conforme a lo preceptuado por el artículo 20 y 21 del CST y el artículo 53 de la Constitución Política, dando prevalencia a la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho”.
Denuncio en la sentencia gravada, por la vía directa, infracción directa de los artículo 7º, 10 13, literales c), f), h), 33, 36 inciso 2º, 50, 141, 142 de la leu (sic) 100 de 1993 y la aplicación indebida del artículo 7º de la Ley 71 de 1988 y el 5º del Decreto 2709 de 1994 artículos 25, 48, y 53 de la Constitución Nacional”.
“como se advierte de la lectura de la decisión de segunda instancia, el tribunal niega la prestación porque considera que no es procedente la suma de tiempos en sector público y privado para aplicar el régimen de transición”, consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Manifestó que en el caso en concreto debía aplicarse la normativa que reglamenta y complementa el transito legislativo en el régimen privado y reconocer, así, la pensión en todos los tiempos”.
Aduce que el tribunal se rebeló contra los preceptos legales relacionados en la acusación, en tanto resulta evidente que la Ley 100 de 1993, permite sumar tiempos servidos antes de la vigencia de la citada ley. Por ello considera que se incurrió en las infracciones legales denunciadas, y debe casarse la sentencia, para en sede de instancia acceder a las pretensiones incoadas.
Manifiesta que “a través de los dos cargos se pretendió que la situación fáctica de la actora se regulara de acuerdo con la Ley 100 de 1993. Pero todo el proceso giró en torno a las pretensiones y hechos de la demanda inicial, donde se solicitó el reconocimiento y pago de la pensión por aportes de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 (fl. 1 al 3, del primer cdno. del exp.).
Resaltó además como falencias jurídicas, el no ser posible variar “las pretensiones en este momento procesal, y estándole prohibido al tribunal y a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia los fallos ultra y extra patita , la decisión de segunda inst6ancia (sic) que negó la pretensión respecto de la pensión de jubilación por aportes no puede ser casada , ya que el debate respecto de la aplicación o no de la Ley 100 de 1993 es ajeno a este caso cuyo campo de estudio se estableció insistimos, mediante la demanda inicial”.
Se estudian conjuntamente los cargos propuestos, en consideración a que ambos están planteados por la vía directa, se hallan soportados en el quebrantamiento de la misma normatividad, y comportan una identidad en su argumentación.
Descendiendo al caso objeto de estudio, es claro para la sala que conforme a la modalidad de violación seleccionada, el censor admite las conclusiones fácticas a las que arribó tribunal, esto es el natalicio del actor el 24 de septiembre de 1949, razón por la cual en la actualidad tiene más de 60 años de edad y, el espacio temporal en el que prestó sus servicios a entidades estatales, comprendido entre 11 de octubre de 1975 - 25 de octubre de 1982, 22 de enero de 1970 - 31 de agosto de 1972, 18 de junio de 1973 - 5 de marzo de 1974, 22 de enero de 1968 - 30 diciembre 1969.
Ahora bien, lo que genera distanciamiento del censor con la sentencia cuestionada, es la viabilidad jurídica, para efectuar la sumatoria de los tiempos de servicios prestados por el accionante a la gobernación de Córdoba, Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, espacios temporales que no fueron objeto de cotización a una caja de previsión social, lo que a criterio del juez plural impide el computo con las semanas cotizadas al ISS, para cumplir los presupuestos legales deprecados, a fin de obtener una pensión de jubilación en el marco de la Ley 71 de 1988, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Visto lo precedente, es menester hacer alusión a la intelección efectuada por el tribunal respecto del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, ello por cuanto, fundó su decisión en el desconocimiento de los tiempos públicos de servicio que ostentaba el demandante, al no encontrar acreditado en el plenario las cajas de previsión destinatarias de los aportes con anterioridad a su afiliación al Instituto de Seguros Sociales.
Así mismo, concluye que solamente podían tenerse en cuenta los aportes efectuados por el demandante a la caja de previsión DIS (sic) y las semanas aportadas al ISS, que a su vez generaban el computo de 12 años, 6 meses y 11 días, temporalidad que es insuficiente para obtener el reconocimiento del derecho pensional pretendido; para tales efectos el juzgador de segundo grado determinó exclusivamente como tiempo computable el comprendido como trabajador del sector público frente al cual se hubiesen efectuado cotizaciones con destino a una caja de previsión social.
En este punto, resulta procedente hacer mención al criterio desarrollado por la sala, en torno al artículo 7º de la Ley 71 de 1988, según el cual los tiempos servidos a entidades estatales, deben ser tenidos en cuenta para la consolidación del derecho pensional, independientemente de si han sido o no objeto de aportes a una entidad de previsión social; ello por cuanto se trata de una circunstancia que no es atribuible al afiliado y por tal razón no puede generar una afectación al mismo, en tanto que estos tiempos deben computarse a la hora de evaluar el cumplimiento de los presupuesto legales establecidos en la normatividad debatida.
Respecto de la presente controversia, la sala en Sentencia CSJ SL8538-2017, reitera el pronunciamiento efectuado mediante providencia CSJ SL13260-2015, en los siguientes términos:
“En efecto, desde la sentencia de 7 de mayo de 2008 rad. 32615, se ha reiterado en múltiples oportunidades que el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 “no se refirió para nada (…) a la posibilidad de que los aportes pudieran ser reemplazados por tiempos de servicios en los cuales no hubo cotización o pago de aportes”, tesis que se apoyó también en el artículo 21 del Decreto 1160 de 1989 cuyo contenido y alcance se repitió en el artículo 5º del Decreto 2709 de 1994.
“Artículo 7º: A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
“Artículo 5º. Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege.
No obstante, tal disposición fue declarada nula por el Consejo de Estado, corporación que al revisar el tema en sentencia de la Sección Segunda del 28 de febrero de 2013, expediente 11001-03-25-000-2008-00133-00 (2793-08), estimó que el Presidente de la República excedió las facultades reglamentarias que le otorga en numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.
En síntesis, de acuerdo con lo expuesto el marco normativo que regula la pensión deprecada en la demanda, es el previsto en art. 7º de la Ley 71 de 1988, por manera que el recurso prospera y habrá de casarse la sentencia”.
Así las cosas, conforme al criterio expuesto, se evidencia la existencia del yerro atribuible al juez de apelación, en tanto, mal pudo excluir el tiempo se servicios en el sector público, al amparo del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, por no acreditar los aportes a una caja de previsión o al Instituto de Seguros Sociales, cuando lo cierto era que dicho espacio temporal debía computarse con las cotizaciones efectuadas al ISS.
En este orden de ideas, si el tribunal no hubiese desarrollado un entendimiento adverso al artículo 7º de la Ley 71 de 1988, su determinación habría sido la adecuada, en el sentido de reconocer el derecho pensional que le asiste al demandante para acceder a la prestación pensional por aportes solicitada, toda vez que con el cálculo de sus semanas de cotización y el tiempo total de servicios en el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá y gobernación de Córdoba acreditaba 22 años 2 meses 23 días o 1143.29 semanas, es decir, más de veinte (20) años de servicios, tal como se ve reflejado en el siguiente diagrama:
Certificación laboral de empleadores para bono pensional proferida por el Ministerio de Defensa Nacional (fl. 28, cdno. 1) 22 enero 1968 30 diciembre 1969 1 año 11 meses 8 días
Días: 698
Años: 1.94
Certificación - Policía Nacional
(fl. 27, cdno. 1)
18 junio 1973 5 de marzo 1974 8 meses 18 días
Días 258.00
Años:0.72
Certificación - Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá (fl. (sic), cdno. 1) 22 enero 1970 31 agosto 1972 2 años 7 meses 9 días
Días: 939
Años: 2.61
Certificación - gobernación de Córdoba (fls. 21-23, cdno. 1) 11 julio 1975 25 octubre 1982 7 años 3 meses 15 días
Días: 2.625
Años: 7.29
Cotización ISS
Total 9 años, 8 meses, 3 días
tiempo de servicio y semanas cotizadas
22 años 2 meses 23 días
Semanas: 1143.29
Días 8803
Por todo lo anterior, se advierte la prosperidad de los cargos formulados y en consecuencia se casará la sentencia impugnada.
En sede de instancia, encuentra procedente la sala hacer alusión a que la accionada en su escrito de apelación, planteó la improcedencia de la condena contra el Instituto de Seguros Sociales, impartida por el juzgador de primera instancia, considerando que los tiempos laborados por el recurrente al servicio del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y gobernación de Córdoba, no fueron objeto de cotización a cajas o fondos, y por tanto no comportan una validez, que permita tenerlo en cuenta para el reconocimiento de la prestación.
Igualmente manifiesta, que en virtud de la Ley 71 de 1988 para acceder al derecho pretendido, es requisito indispensable que el asegurado se encuentre cotizando a una caja de previsión social o fondo; y en el caso en concreto se evidencia el incumplimiento del deber legal de efectuar las cotizaciones a favor del trabajador por parte del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la gobernación de Córdoba, por lo cual el reconocimiento del derecho no puede ser atribuible a la entidad demandada.
Frente a los planteamientos contentivos del recurso de apelación, esbozados con anterioridad, bastan las consideraciones efectuadas en sede del recurso extraordinario, para resaltar el valor preponderante que tiene el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 por parte del recurrente, en tanto ostenta la densidad de semanas conforme a tal normatividad.
En consecuencia, se confirmará en todas sus partes la providencia emitida por el juez de primer grado, mediante la cual condenó a la entidad accionada al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a favor del demandante a partir del 24 de septiembre de 2009, en cuantía igual al salario mínimo legal mensual vigente, con los incrementos de ley, mesadas adicionales a que hubiere lugar.
Costas en las instancias a cargo de la entidad demandada. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario de casación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería - Sala Civil - Familia - Laboral del 30 de marzo de 2012, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Abigail Negrete Hernández contra el Instituto de Seguros Sociales.
En sede de instancia, se CONFIRMA en todas sus partes la sentencia de primer grado emitida por el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Montería, en cuanto condenó a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a favor del actor, a partir del 24 de septiembre de 2009, en cuantía igual al salario mínimo legal mensual vigente, con los incrementos de ley, mesadas adicionales a que hubiere lugar; así como al declarar no probadas las excepciones de mérito de cobro de lo no debido, prescripción de la acción judicial, buena fe del demandado y las genéricas.
Costas como se dejó visto en la parte motiva.