Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-2-septiembre-2019-821088361
Timestamp: 2019-12-08 19:06:13
Document Index: 146645194

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 99', 'artículo 18', 'Artículo 92', 'artículo 51', 'artículo 18', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 39', 'artículo 107', 'artículo 179', 'artículo 45', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 97', 'artículo 178', 'artículo 398', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 176', 'artículo 176', 'artículo 145']

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación dictada por la registradora de la propiedad de Alcázar de San Juan n.º 2, por la que se suspende la inscripción de la transmisión de una finca. - Doctrina Administrativa - VLEX 821088361
FINAL DEL CONCURSO DE UNA SOCIEDAD: concluido el concurso cesa la aplicación de los preceptos de la Ley Concursal, y cesa la prohibición de las ejecuciones aisladas, todo ello con sujeción al régimen de responsabilidad del 397 de la Ley de Sociedades de Capital y sin perjuicio de la posibilidad de que tanto los socios como los acreedores puedan conforme a las normas generales ejercitar cuantas acciones les asistan en defensa de sus intereses
Mediante una certificación del acta de adjudicación de bienes inmuebles, expedida el día 20 de febrero de 2019, dictada en expediente administrativo de apremio, se recogía el acuerdo de enajenación mediante subasta de una finca, procediéndose a su adjudicación directa, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación.
Presentada la referida certificación en el Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
Nota de calificación N.º 1605/219.
El día 21 de marzo de 2019 se presentó –Asiento 1605 Diario 219–, certificación del acta de adjudicación de bienes mediante adjudicación directa firmada electrónicamente el día 20 de febrero de 2019 por don J. L. P. M., Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación y por doña I. S. M. M., Técnica de Hacienda, dimanante de procedimiento administrativo de apremio seguido en la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación de Toledo de la AEAT por la que se declara adjudicatario de la finca registral 20.094 del término de Pedro Muñoz a la sociedad J.R. Sabater, S.A. complementada con diligencia de constancia de hechos firmada electrónicamente el 25 de febrero de 2019.
I. Esta nota de calificación se extiende por la Registradora titular de esta Oficina competente por razón del territorio donde radica la finca, en el ámbito de sus facultades de calificación previstas en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 y siguientes de su Reglamento.
II. En cuanto al fondo del asunto se acuerda no proceder al despacho del documento presentado por los siguientes defectos:
1. Siendo declarada desierta la subasta con posterioridad al 1 de enero de 2018 no cabe adjudicación directa sino que, por aplicación de la redacción vigente (operada por el Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre) de los artículos 107, 109 y 112 del RGR en relación con la DT 3.ª del citado RGR, ha de procederse a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración acuerde la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados al amparo de la letra c) del artículo 107 del RGR, es decir, en aquellos casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, justificando las razones que motivan dicha adjudicación directa de los bienes o derechos embargados en el expediente. Se cumple así la finalidad perseguida de «simplificar el procedimiento de enajenación para potencias la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad». DT 3.ª del RGR, artículos 107, 109 y 112 del RGR, artículo 99 del Reglamento Hipotecario que permite la calificación de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido. Puede asimismo citarse el Informe 1/319 de la Comisión de Consultas Doctrinales del Colegio de Registradores.
2. Necesidad de acreditar mediante la oportuna resolución del Juez Concursal que no se ha procedido a la reapertura del concurso, Artículos 178 y 179 de la Ley Concursal, artículo 18 de la Ley Hipotecaria.
3. Existe contradicción en cuanto al adjudicatario de finca toda vez que en la certificación figura como tal Don J. A. S. y en la diligencia de constancia de hechos consta J.R. Sabater, S.A. Artículo 92 de la Ley Hipotecaria, artículo 51 del Reglamento Hipotecario, artículo 18 de la Ley Hipotecaria y artículo 99 del Reglamento Hipotecario.
La Registradora (firma ilegible) Fdo. Eva Leal Colino.
Contra la anterior nota de calificación, don J. M. A. I., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, interpuso recurso el día 4 de junio de 2019 del siguiente tenor literal:
Único.–Presentado por D. F. F. M. V. a la inscripción del mandamiento de la Agencia Tributaria con fecha 7 de marzo de 2019 de mandamiento de adjudicación directa, habiéndose presentado autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el día 20 de marzo de dos mil diecinueve.
"2. Como cuestión previa, debe recordarse que esta Dirección General ha señalado que no obstante la presunción de legalidad. ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (cfr. art. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de este, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro, siendo el procedimiento de adjudicación elegido un trámite esencial susceptible de calificación por el registrador en cuanto a la observancia de los requisitos legales precisos para su elección" (cfr. por todas Resoluciones de 31 de julio de 2001 y 31 de marzo de 2005).
4. Así pues, la Sra. Registradora debe revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo. habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa") y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso-administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE).
5. Queremos concluir este fundamento señalando que, aun aceptado a efectos meramente dialécticos que ya no se pudiera acudir tras una subasta desierta al procedimiento de adjudicación directa, en modo alguno puede considerarse que su uso suponga una omisión total del procedimiento establecido generador de nulidad de pleno derecho. Para empezar, porque precisamente se ha seguido un procedimiento concreto, con respeto de todos sus trámites, esenciales y accesorios. Pero, fundamentalmente, porque no se ha usado un procedimiento derogado para el supuesto de hecho concreto, como erróneamente concluye la Sra. Registradora en su nota, esto es, aun cuando no se pueda acudir a la adjudicación directa por quedar desierta la subasta, se podría acudir a la misma en los supuestos del artículo 107 del RGR, y en lo que atañe al presente expediente, en los supuestos del apartado 1.b) y c) ("por razones de urgencia justificadas en el expediente", o "en otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente").
Segundo motivo.–Defecto por no acreditar mediante la oportuna resolución judicial que el Juez del Concurso no ha procedido a la reapertura del concurso - infracción de los artículos 176 bis 4.1, 178.2 y 3 y 179.2 y 3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal así como de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de diciembre de 2012 y de 14 de diciembre de 2016.
En el primer caso, por el motivo de extinción del art. 176.1.3.º LECO así como el art. 176 bis 2 LECO, tuvo lugar una tramitación judicial donde se sucedieron diversas fases del concurso o, el menos, la común, mientras que en este segundo caso del art. 176 bis 4 LECO, ni tan siquiera ha tenido lugar fase alguna del concurso, que se archiva, que es el caso del concurso exprés. Este último, que es del presente recurso, el Juez del Concurso ya ha verificado que, a la vista de activo declarado por el deudor que interesa el concurso, el mismo es tan reducido que, por razones de eficacia, eficiencia y seguridad jurídica, el Legislador opta porque no tenga lugar su realización en el seno del concurso, dejando la misma "extra muros" al margen de toda intervención del Juez del Concurso, como así pone de manifiesto la práctica judicial siendo dignos de mención el Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo de 13 de febrero de 2015 [Concurso 92/2014], el Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Palma de Mallorca de 2 de febrero de 2014 [Concurso 2/2012] así como el AAP de Palma de Mallorca -Sección 5.ª- no 84/2014, de 24 de abril de 2014 [Cendoj 07040370052014200003], si bien solo mantiene el pronunciamiento de la extinción, materialmente no es así por cuanto adelanta ya el concepto de personalidad latente, ya definitivamente zanjado tanto por el Tribunal Supremo (STS –Sala 1.ª; Pleno– n.º 324/2017, de 24 de mayo de 2017 [Cendoj 28079119912017100010]) como por ese Centro Directivo (RDGRN de 30 de agosto de 20171).
En consecuencia, una vez que el Juez del Concurso declara que la totalidad de los bienes y derechos realizables del activo del deudor cuyo concurso interesado es objeto del pronunciamiento de declaración y conclusión simultáneos del art. 176 bis 4 LECO, entendemos que no cabe exigir que el acreedor acuda al Juez del Concurso para reclamar un pronunciamiento que ya ha llevado a cabo, a saber, la insuficiencia del patrimonio para la tramitación del concurso (que son los créditos contra la masa aludidos en el art. 84.1.2.º LECO); este pronunciamiento se reserva para el activo sobrevenido, como así reclama la RRDGRN de 17 de diciembre de 2012, FD 3 en su antepenúltimo párrafo refiere «la aparición de activo sobrevenido produce el efecto de reanudar las operaciones liquidatorias en el ámbito del procedimiento concursal y bajo la dirección del mismo Juzgado que conoció anteriormente» y de 14 de diciembre de 2016 alude en el FD 6.4.º párrafo3 "Sólo si tras la finalización del concurso concluido por liquidación o insuficiencia de masa, se produjera la aparición de nuevos bienes o derechos, o se diesen los presupuestos precisos para el ejercicio de acciones de reintegración o la posible calificación de culpabilidad del concurso, habrá lugar a la reapertura del concurso en los términos del artículo 179.2 de la Ley Concursal. La existencia o no de tales requisitos debe apreciarse por el juez Mercantil que ha conocido el procedimiento concursal, ya que la reapertura del concurso no implica sino la continuación de/procedimiento inicial".
Tercer motivo.–Defecto por la aparente contradicción entre el adjudicatario de la finca y el identificado en la certificación de constancia de hechos - infracción del artículo 45.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
De los documentos aportados "ex" art. 327 LH.
De la práctica de la anotación preventiva "ex" art. 42.9 LH.
En su virtud, a ese Centro Directivo suplica, que tenga por presentado este escrito con su copia y documentos anejos, se sirva admitirlo y con él interpuesto el presente recurso gubernativo contra la calificación registral expuesto en el encabezamiento del presente escrito para que, tras la preceptiva tramitación, se dicte en su día resolución por la que, estimando las presentes alegaciones, se ordene la revocación de la calificación practicando la inscripción que resulta del título presentado.
La registradora de la Propiedad de Alcázar de San Juan número 2, doña Eva Leal Colino, emitió informe en defensa de la nota y elevó el expediente a este Centro Directivo el día 7 de junio de 2019.
El presente recurso tiene por objeto una certificación del acta de adjudicación de bienes mediante adjudicación directa dada por el jefe de la Dependencia Regional de Recaudación y por la Técnico de Hacienda, dimanante de procedimiento administrativo de apremio seguido en la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación de Toledo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se declara adjudicatario de la finca registral 2.0094 del término de Pedro Muñoz a la sociedad «J.R. Sabater, S.A.» complementada con diligencia de constancia de hechos firmada electrónicamente el día 25 de febrero de 2019.
Son tres los defectos alegados por la registradora, resumidamente: a) siendo declarada desierta la subasta con posterioridad al 1 de enero de 2018 no cabe adjudicación directa sino que, por aplicación de la redacción vigente (operada por el Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre) de los artículos 107, 109 y 112 del Reglamento General de Recaudación en relación con la disposición transitoria tercera del citado Reglamento, ha de procederse a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta; b) necesidad de acreditar mediante la oportuna resolución del juez concursal que no se ha procedido a la reapertura del concurso, artículos 178 y 179 de la Ley Concursal y 18 de la Ley Hipotecaria, y c) existe contradicción en cuanto al adjudicatario de finca toda vez que en la certificación figura como tal don J. A. S. y en la diligencia de constancia de hechos consta la sociedad «J.R. Sabater, S.A.».
– En el seno del procedimiento de apremio administrativo, se celebró subasta el día 18 de julio de 2018 y tras su celebración resultó desierta tanto en primera como en segunda licitación, anunciándose la iniciación del trámite de adjudicación directa.
– El bien adjudicado estaba valorado en 541.023,21 euros y fue adjudicado a por 60.000 euros.
En relación con el ámbito de las facultades del registrador para calificar la certificación del acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio administrativo, cuestionada por el recurrente, hay que comenzar recodando, conforme a reiteradísima doctrina de este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), que la calificación registral de los documentos administrativos que pretendan su acceso al Registro de la Propiedad se extiende en todo caso a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro (cfr. artículo 99 del Reglamento Hipotecario).
Como se ha dicho «supra», en los casos en que sea aplicable el artículo 99 del Reglamento Hipotecario, podrá discutirse en el seno de un recurso gubernativo contra una calificación registral si ésta fue o no acertada, si su juicio sobre las formalidades del documento, sobre la competencia del órgano, sobre la idoneidad del procedimiento, sobre la congruencia con el mismo de la resolución dictada, sobre los trámites esenciales de aquél, sus relaciones con el titular registral, o sobre los obstáculos del Registro, fue o no ajustado a Derecho, pero lo que no puede es negarse las facultades del registrador para calificar tales extremos, eludiendo el debate sobre su acierto o desacierto jurídico.
En primer lugar, y en relación con la afirmación de que la adjudicación directa se considera como un procedimiento de enajenación «equivalente a la subasta y al concurso», con apoyo en el hecho de su regulación en la Subsección Quinta («enajenación de los bienes embargados») de la Sección Segunda del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación, de cuya equivalencia se derivaría la inferencia de que la completa regulación de las modificaciones en los citados tres procedimientos de enajenación (y no sólo las normas de desarrollo de las subastas) entrarían en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018, pues no se compadece ni con el régimen transitorio de Derecho positivo incorporado en la referida disposición transitoria cuarta que sin ambigüedad ni anfibología alguna se refiere, no a la totalidad de los artículos comprendidos en la Subsección Quinta («enajenación de los bienes embargados») de la Sección Segunda («desarrollo del procedimiento de apremio») del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación -artículos 97 al 107-, ni siquiera a todas las normas relativas a la subasta (licitadores, depósitos obligatorios, mesa de la subasta, subastas por empresas o profesionales especializados, etc.), sino exclusivamente a «las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado», siendo así que existe un precepto concreto de entre los reformados, el artículo 104 del Reglamento, que lleva por epígrafe precisamente el de «Desarrollo de la subasta», en el que se contiene la nueva regulación sobre la celebración de la subasta en forma electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, cuya entrada en vigor queda aplazada hasta el 1 de septiembre de 2018.
En efecto, el hecho de que las nuevas subastas electrónicas puedan quedar desiertas está explícitamente previsto en una de las nuevas normas del Reglamento, en concreto en el nuevo artículo 104 bis (sobre «Adjudicación y pago») al disponer que «finalizada la fase de presentación de ofertas la Mesa se reunirá en el plazo máximo de 15 días naturales y se procederá a la adjudicación de los bienes o lotes conforme a las siguientes reglas: a) En caso de que la mejor oferta presentada fuera igual o superior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa adjudicará el bien o lote al licitador que hubiera presentado dicha postura. b) Cuando la mejor de las ofertas presentadas fuera inferior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa, atendiendo al interés público y sin que exista precio mínimo de adjudicación, decidirá si la oferta es suficiente, acordando la adjudicación del bien o lote o declarando desierta la subasta». Por tanto, en caso de que la mejor postura ofrecida no alcance el 50% del tipo de subasta del bien (tipo que, no existiendo cargas o gravámenes sobre la finca será como mínimo el importe de su valoración conforme al artículo 97.6 del Reglamento), la Mesa de la Subasta debe decidir si la oferta es suficiente, lo que en caso de decisión favorable dará lugar a un acuerdo de adjudicación del bien o lote al postor que presentó la mejor oferta, y en caso de decisión desfavorable conducirá a un acuerdo de declaración de subasta desierta. Por tanto, el razonamiento del recurrente de que la previsión de que tras una subasta desierta procedía la apertura del trámite de adjudicación directa desaparece con la reforma del Real Decreto 1071/2017 porque, con el nuevo régimen de subastas electrónicas, el Reglamento ya no contempla la posibilidad de subastas desiertas, carece de fundamento.
En este caso, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 541.023,21 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad de 60.000 euros, es decir el 11,09% de su valor de tasación. Este hecho avala la existencia de un perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda Pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe el crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien».
El segundo defecto de la nota hace referencia a la necesidad de acreditar mediante la oportuna resolución del juez concursal que no se ha procedido a la reapertura del concurso.
La regulación de lo que la doctrina ha venido en denominar «concursos sin masa», ha sido objeto de especial atención en Lay 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal.
Este supuesto es el que se ha producido en este caso ya que en el auto del Juzgado de lo Mercantil se acordó declarar en estado de concurso a la sociedad, así como la simultánea conclusión del mismo. Las consecuencias de tal declaración en el supuesto de que el deudor sea una persona jurídica, las establece el artículo 178.3 de la Ley Concursal, «la resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme».
Pero, como también ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, esto no significa que se produzca una extinción, vía condonación, de las deudas de la sociedad, ni que los bienes que permanezcan a nombre de la sociedad pasen a ser «res nullius». Esta postura ha sido así mismo seguida por este Centro Directivo (vid. Resolución de 14 de diciembre de 2016), manteniendo que incluso después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular, de forma que la cancelación de sus asientos no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas de la misma. La cancelación de los asientos registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de liquidación es que se considere terminada la liquidación. Por ello, no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e inscribirse la escritura pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidación (cfr. artículo 398 de la Ley de Sociedades de Capital).
Una vez concluido el concurso, la Ley Concursal, en el supuesto del deudor persona jurídica el artículo 178.3 de la Ley Concursal, dispone su extinción y la cancelación de su inscripción. Sin embargo, la práctica judicial ha determinado el ámbito de aplicación del artículo 178.3 de la Ley Concursal, en la dirección de asimilar la situación de la persona jurídica a la de la persona física haciendo extensible a la primera la posibilidad de que los acreedores puedan reclamar el pago de sus deudas, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de febrero de 2012 señala «la extinción de la personalidad jurídica que dispone el artículo 178.3 de la Ley Concursal en el supuesto de que se declare la conclusión del concurso por inexistencia de bienes, y el consiguiente cierre de la hoja registral, debe entenderse como una presunción de extinción de la sociedad a favor o en garantía de terceros de buena fe (evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el tráfico), pero, de un lado, resulta inoperante respecto de los acreedores subsistentes, ya que éstos, según dispone el mismo art. 178 en su apartado 2, podrán iniciar ejecuciones singulares contra el deudor persona jurídica (pese a la declaración de extinción y a la cancelación registral)».
En los casos de simultánea declaración y conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa, el denominado «concurso exprés» el juez habrá de limitarse a aplicar artículo 176.bis. de la Ley Concursal y «a partir de ahí, que sean los órganos sociales los que, conforme a la legislación societaria procedan a disolver y liquidar la mercantil, para posteriormente extinguir la misma», lo que además enlaza con el criterio jurisprudencial de continuación de la personalidad jurídica de la sociedad, si bien modalizada en los términos antes expuestos, hasta su liquidación material.
En el supuesto de este expediente, la registradora entiende que ha de acreditarse que no ha tenido lugar la reapertura del concurso, pero si eso hubiese ocurrido aparecería la sociedad como concursada en el Portal de Resoluciones Concursales y en el Registro Mercantil, además, tratándose de declaración de concurso y simultáneo cierre del procedimiento por falta de bienes, está claro que el juez de lo Mercantil ha entendido que lo procedente son las ejecuciones aisladas y que no concurren los presupuestos para la reapertura. Cuando la insuficiencia de masa se acredita en una fase más avanzada del concurso corresponderá a la administración concursal, como se regula en el artículo 176 bis.2 de la ley en relación con el artículo 145.3 de la misma ley cuando señala: «Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar aquéllos en la representación de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte». Sin embargo, nada señala la norma cuando la apertura y conclusión del concurso se producen de manera simultánea, de forma que no hay administración concursal designada.
Por lo que se refiere al tercer defecto de la nota de calificación, relativo a la existencia de discrepancias entre la certificación y la diligencia de constancia de hechos, en cuanto a las circunstancias personales del adjudicatario, está claro que en la certificación se le identifica como persona física, y en la diligencia como persona jurídica, sin que quede indubitado quien es el adjudicatario.
Resolución nº 15/1705/2016 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 29 de Noviembre de 2018
Resolución nº 08/12394/2014 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 12 de Febrero de 2018