Source: http://radiodifusiondata.com.ar/2016/fallos.htm
Timestamp: 2017-07-21 14:43:46
Document Index: 185445843

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 39', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 11']

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LLEGA A LA CORTE EL DNU DE MACRI QUE MODIFICO LA LEY DE S.C.A.
14-JUL/2017
La Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por Mauricio Macri apenas dos semanas después de asumir que modificó los artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). A través del DNU 267 --y a pesar de no existir real necesidad ni urgencia-- Macri redujo los límites a la concentración de las licencias de radiodifusión, extendió por 10 años las ya concedidas y derogó la limitación para la transferencia de licencias.
Antes había intervenido a través de dos decretos las autoridades de aplicación tanto de la LSCA como de la ley Argentina Digital: la Afsca y la Aftic y puso sus funciones bajo el entonces flamante Ministerio de Comunicaciones. También fue disuelto el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) integrado por representantes de las provincias, las universidades y de los sectores público, privado sin fines de lucro y privado con fines de lucro. Luego, a través del DNU 267 se creó un nuevo órgano --el Enacom-- en el que el Ejecutivo puede designar a cinco de los siete directores y tiene la posibilidad de desplazarlos a su gusto.
La causa que llega a la Corte fue iniciada por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona desde hace 30 años la radio comunitaria FM En Tránsito. La Cooperativa tenía un lugar en el COFECA y ante la pérdida de ese asiento hizo un planteo junto al CELS ante los tribunales de San Martín. En primera instancia la jueza federal Martina Fons dio la razón al medio comunitario y dictó una cautelar el 11 de enero de 2016 para suspender los efectos de los decretos.
Ante la apelación del Ejecutivo contra la competencia del juzgado de San Martín, la causa se derivó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 8 de la Capital Federal, donde se había presentado una acción judicial similar. Pocos meses después, tanto el Juzgado Número 8 como la Sala 1 de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo rechazaron el amparo “por abstracto”, al considerar que el DNU fue avalado por la Cámara de Diputados y la autoridad intervenida ya estaba disuelta.
“La sentencia de la Sala 1 es arbitraria y una forma de denegación de justicia y no atiende a los argumentos planteados. No se pronuncia ni por el contenido regresivo de los decretos, ni por la figura utilizada para modificar la ley: el Decreto de Necesidad y Urgencia, regulado por la ley 26.122, que pedimos que sea declarada inconstitucional”, expresó el CELS al pedir que el planteo llegue a la Corte Suprema de Justicia a través de un Recurso Extraordinario Federal. La Cámara aceptó ese pedido y ahora el máximo tribunal del país tendrá que resolver si se pronuncia sobre el decreto.
En octubre de 2013 la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de los artículos de la LSCA que marcaban los límites antimonopólicos para los medios audiovisuales y que eran cuestionados por el Grupo Clarín, que estuvo beneficiado por una larga medida cautelar para evitar su cumplimiento.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi descartaron por completo el planteo del multimedios, mientras Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay avalaron los límites antimonopólicos pero consideraron que una vez concedidas las licencias éstas conllevan un derecho adquirido hasta su vencimiento. Carlos Fayt votó en contra de la constitucionalidad de la norma. Lorenzetti, Highton y Maqueda permanecen en la Corte junto a los dos magistrados que añadió el macrismo: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
fallo ordena incluir en directv 4 canales mendocinos
La Justicia Federal de Mendoza hizo lugar a una presentación hecha por la ONG Protectora (dedicada a la defensa de consumidor) para que la empresa de televisión satelital DirecTV incorpore en su grilla de canales a las señales mendocinas de aire. Se trató de una medida autosatisfactiva que buscaba defender el derecho que tienen los mendocinos abonados a este sistema de acceder a las pantallas de origen local.
El planteo de la ONG apuntaba a la democratización y a darle a los consumidores la posibilidad de acceder a la programación originada en estas señales (Canal 9 Televida, Canal 7, Señal U y Acequia).
ESCRIBANA LE GANO JUICIO POR DIFAMACION A TELEARTE-CANAL 9
02-MAY/2017
La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil elevó una indemnización a favor de una escribana por los daños y perjuicios que le ocasionó un informe periodístico en el programa “La Tarde Que Vos Querés”, que se emitía por la pantalla de Canal 9. La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente al pedido y condenó a los demandados a abonar a la actora la suma de 30 mil pesos, en el marco de los autos “M. M. C. c/ Telearte S.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios” a raíz de una demanda impulsada por una escribana contra el canal de aire y una productora.
La mujer relató que recibió una consulta sobre la posibilidad de llevarse a cabo una certificación de firmas en un contrato de locación. De este modo, las partes suscribieron el contrato de alquiler y ella procedió a certificar las firmas, pero luego la locataria le informó que "no pudo acceder al inmueble con las llaves que recibiera de la locadora”.
Al día siguiente, se enteró que en el programa televisivo “La tarde que vos querés”, que se emitía por Canal 9, realizaron un informe sobre una presunta “estafa” que habría sufrido la mujer, quien luego de residir en Miami, pretendía alquilar un departamento.
Así, la demandante afirmó que "se trató de involucrarla en presuntas maniobras delictivas”, y que “directa o indirectamente fue la única persona a la que constantemente se involucró en el relato del ´cuento del tío´, habiéndosela identificado en el programa con su nombre, apellido, domicilio y profesión”.
La escribana remarcó que “en ninguna oportunidad se pusieron en contacto con la accionante para chequear la información”, y que “el accionar de los demandados tuvo consecuencias dañosas en su honor, reputación profesional, buen nombre e imagen, causándole el daño moral”.
Tras analizar el caso, el Tribunal de Alzada manifestó que "fue la locataria quien se presenta ante la producción del canal relatando lo acontecido", por lo que consideraron que “la producción tomó conocimiento minutos antes de iniciar la transmisión y decidió dar a conocer los hechos sin hacerse de otros elementos de mayor relevancia como ser la causa penal en trámite”.
“Resulta evidente que al haberse presentado la locataria en el horario de comienzo del programa mal pudo llevarse adelante una diligente corroboración o chequeo de la información con otras fuentes”, continuó el fallo.
Al respecto, los jueces entendieron que “los conductores como la producción del programa contaban con la posibilidad de comunicarse telefónicamente con la escribana o bien interiorizarse de los actuados en sede penal”.
En definitiva, los magistrados concluyeron que “la demandada no cumplió con ninguno de los estándares de comportamiento debido fijados en la doctrina ‘Campillay’”, dado que “identificó a la accionante con nombre y apellido, no utilizó el modo potencial y omitió citar una fuente idónea y pertinente”.
LUCHADOR DE CATCH LE GANA JUICIO A TELEFE Y ENDEMOL
28-FEB/2017
El juez Raffaghelli, que lideró el acuerdo, opinó que “la conjunción de las circunstancias mencionadas convirtió al trabajo que estaba cumpliendo el trabajador en la cosa riesgosa o viciosa prevista por el Código Civil”, a ese criterio se adhirió luego la jueza Craig.
tribunal supremo de chubut avala el cobro de tasa a cableoperadora de rawson por uso de espacios publicos
29-DIC/2016
En los autos “S., S.A. s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad- Ordenanza Municipal N° 7.491/14 - Rawson”, una empresa interpuso una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal de la ciudad de Rawson N° 7491/14, que establece una tarifa para la ocupación o utilización de los espacios del dominio público para las empresas proveedoras de circuitos cerrados de televisión por cable.
La defensa consideró que la disposición contraviene lo legislado por los arts. 14, 16, 17, 31, 75 inc. 30 de la Constitución Nacional, como también los concordantes de la ley fundamental de la provincia. Solicitó que se anule la referida Ordenanza, con costas al municipio de Rawson.
Ante ello, los integrantes del Tribunal expresaron que para declarar la inconstitucionalidad de una norma municipal se requiere "atisbo de buen derecho, peligro en la demora y contracautela. Debe darse, asimismo, que resulte irreparable el perjuicio o el daño infligido por la situación de hecho o de derecho que se pretende innovar".
En este caso, no coincide exactamente con el objeto del juicio sino que además no se denuncia la existencia de un daño ya producido o de inminente acaecimiento, sino que esa situación se lo vislumbra en un plano conjetural y futuro, explicaron los jueces. Por lo tanto, resulta insuficiente.
Los magistrados resaltaron que "no hay, siquiera, alguna determinación de oficio del tributo o intimación para su pago que pudiera amenazar de manera inminente el patrimonio de la actora, caso en el que el perjuicio invocado se subsumiría en las mismas opciones argumentativas que aquí expone. Mucho menos se advierte la existencia de daños graves e irreparables que con el dictado de la cautelar solicitada se pretendan precaver".
En ese sentido, explicaron que para dictar medidas precautorias cuando se demanda la inconstitucionalidad de normas, debe seguirse un criterio de interpretación sumamente restrictivo que no se demuestra en este caso.
Por todo lo expuesto, los jueces resolvieron no hacer lugar a la medida cautelar solicitada en autos.
el estado nacional no podra usar una marca para el canal de deportes
El Ministerio de Educación de la Nación (NdR: desde hace unos días pasó al control de Contenidos Públicos S.E.) no podrá usar el nombre "DXTV" para el canal deportivo de televisión del Estado por orden de la Justicia. La marca fue objetaba por un programa de televisión de Chubut que se llama de la misma manera y reclamó su exclusividad.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Cámara en lo Civil y Comercial Federal le dio la razón al programa deportivo "DXTV", que se emite por el canal Madryn TV, e hizo lugar a un planteo para que el Ministerio de Educación deje de usar el nombre.
"DXTV" o "Deportv" –usa ambos nombres– es un canal de televisión que depende del Ministerio de Educación y que fue creado durante el último gobierno de Cristina Kirchner junto a otras señales como "Encuentro" y "Pakapaka".
Pero el nombre fue objetado este año por el programa "DXTV" de Puerto Madryn cuyo conductor, Marcelo González, presentó un amparo por infracción a la ley de marcas para pedir el uso exclusivo del nombre.
En la demanda, González explicó que usan la marca hace 20 años y que en febrero de 2007 lograron el registro del nombre para la clase de telecomunicaciones y pidió que el Gobierno deje de usar los nombres "DXTV" y "Deportv".
Por su parte, los abogados del Ministerio de Educación pidieron que la acción judicial sea rechazada porque señalaron que el organismo es el titular de la marca "Deportv" y que entre 2013 y 2015 también pidió el registro de los nombres "DXTV" y "DX TV DEPORTV".
En primera instancia le dieron la razón al Gobierno. El juez sostuvo que el programa de televisión tiene registrado el nombre "DXTV" que es distinto al "Deportv" del Ministerio de Educación. Y agregó que el Estado también pidió el registro del nombre "DXTV" y el trámite administrativo todavía no terminó.
La postura fue apoyada por la Fiscalía de la Cámara Civil y Comercial Federal que además sostuvo que mientras que el programa es de alcance provincial, la señal del Ministerio de Educación tiene llegada a todo el país.
Pero los jueces de la Sala II de la Cámara, Ricardo Guarignoni, Alfredo Gusman y Graciela Medina, le dieron la razón al programa de Puerto Madryn.
"La actora (NdA: el programa de Chubut) tiene registrada la marca DXTV en la clase 38 (Telecomunicaciones), y por eso es propietaria del signo y tiene la exclusividad de uso (art. 4 de la ley 22.632), en y sobre todo el territorio", señalaron los camaristas.
"La verosimilitud del derecho es incuestionable y nada tiene que ver dónde y cómo la use, siquiera si la usa, pues no se encentra controvertida la caducidad o la nulidad de la marca en cuestión", agregaron.
Pero no aceptaron el reclamo respecto de "Deportv", que el Ministerio podrá usar. Y no hay dudas que entre uno y otro (DXTV) y (DEPORTV) no hay confundibilidad en ninguno de los campos de confronte (fonético, ideológico y visual)", sostuvieron los camaristas.
PROCESARON AL HOMBRE QUE EMBISTIO CON SU AUTO AL RELATOR VICTOR HUGO MORALES
24-OCT/2016
La Justicia procesó a un hombre por "amenazas coactivas" al haber atropellado con su automóvil al periodista uruguayo Víctor Hugo Morales en momentos en que éste realizaba una nota en televisión.
Fuentes judiciales informaron que el imputado, Claudio Daniel González, fue procesado por haber atropellado el 15 de abril de 2015 a Morales en la calle Ascasubi, barrio porteño de Barracas, y en momentos en que el periodista realizaba una nota para su programa "Bajada de Línea".
Según entendió la Justicia, el periodista fue increpado por el acusado de lo que quedó constancias en una filmación incorporada al expediente.
"Ustedes no vinieron a hablar con ninguno de acá para esto, tómatelas. Vos baja esa grabadora, tomátelas, dale, tomátelas, váyase, váyase, váyase, no quiero que me explique nada, váyase, no quiero hablar con nadie, váyanse, tómensela, dale, no, no le vamos a explicar nada. Váyanse, váyanse, vos también, bajá la cámara maricón. Bueno dale, llevátelo a este chabón boludo, dale, vamos llévenselo, dale", fue el momento en que el acusado increpó a Morales y que recordó la Cámara del Crimen.
Es que la Sala VII del Tribunal confirmó el procesamiento contra González por amenazas coactivas tal cual se le fijó en primera instancia.
Para los camaristas Juan Cicciaro y Mariano Scotto están "acreditadas las amenazas que el causante formulara al equipo de trabajo del programa 'Bajada de línea', tal como parte de ellos refirieron".
"El imputado se hizo presente en un vehículo de color blanco con el que rozó las piernas de Morales, sin hacerlo caer", relataron los jueces.
"Las frases intimidantes que González habría proferido habrían tenido el propósito de obligar a los damnificados a realizar algo contra su voluntad, en el caso, que se retiraran del lugar", concluyeron.
embargan por $2,5 millones a pop radio de cristobal lopez 02-SEP/2016
Se trata de Pop Radio; lo determinó la Justicia, a pedido de la Fiscalía de la Ciudad, por la "apropiación indebida del impuesto sobre los ingresos brutos" por 1.135.156 pesos.
La sociedad D.H. COM S.A., del Grupo Indalo Media, del que participa Cristóbal López, fue embargada por la Justicia a pedido de una fiscalía de la Ciudad de Buenos aires, por "apropiación indebida del impuesto sobre los ingresos brutos [porteños] por un total 1.135.156 de pesos".
La sociedad es licenciataria de Pop Radio 101.5 (NdR: en verdad la licencia pertenece a LR5, pero siempre fue alquilada por distintos grupos, desde Clarín, pasando por Hadad-Zocco y ahora Indalo Media) y miembro del conglomerado Grupo Indalo, donde participan los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López, a su vez investigados por evasión de impuestos a nivel naciona -acumularon una deuda por más de $ 8000 millones con la AFIP-.
La Fiscalía de la Ciudad comenzó a investigar a la empresa D.H. COM S.A. a raíz de varias denuncias de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGIP). Surgió que obtuvo ingresos totales por ventas, servicios y locaciones durante el año 2012 por la suma de 27.678.193 de pesos, el año 2013 por 43.971.201 de pesos y 63.817.363 de pesos en 2014.
"Esto comprueba que en sus cuentas bancarias tenía dinero de sobra para afrontar el pago de ingresos brutos, tributo que la empresa retuvo pero que no pagó a la AGIP", informaron los fiscales en un comunicado.
La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 40, a cargo de Matías Michenzi, con el apoyo de la Unidad de Investigaciones Penal Tributario del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal (C.I.J.).
El fiscal Michenzi requirió a juicio a los responsables de la empresa, Mariano Frutos y José Luis Rodríguez Pagano, por presunta apropiación indebida de tributos. "Asimismo, toda vez que a pesar de la gran capacidad económica que tenía, no sólo la empresa, sino el grupo Indalo, no se había pagado un solo centavo, también se solicitó al juez interviniente el embargo de las cuentas bancarias de la contribuyente por la suma de 2.500.000 en concepto de capital e intereses", detallaron.
Ante la presentación de la Fiscalía de la Ciudad, la jueza María Araceli Martínez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, ordenó ayer "embargar los fondos y valores existentes así como los que ingresen en el futuro en cualquiera de las cuentas u operaciones en todo el sistema financiero hasta cubrir la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) de la firma en concepto de capital e intereses".
CANAL 13 Y LA PRODUCTORA DE "CHICHE" GELBLUNG VIOLARON LA INTIMIDAD DE ZULMA LOBATO
31-AGO/2016
La Cámara Civil confirmó una sentencia de grado que condenó a la productora de TV de "Chiche" Gelblung por la emisión del informe "la vida secreta de Zulma Lobato". A pesar de la exposición pública de la accionante, los jueces explicaron que el programa resultó una "clara invasión en su vida privada". ‌‌La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó los agravios expresados por una productora de contenidos televisivos y, en consecuencia, confirmó la resolución de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta por una figura mediática a raíz de un el informe emitido por el programa "70-20-10".
La causa se inició en los autos “D. Z. N. c/ B. Producciones SRL y Otro s/Daños y Perjuicios”, luego de que la accionante -quien se hizo popular por sus participaciones en el programa de Anabela Ascar en Crónica TV- se presentara ante la Justicia a raíz de un informe donde se mostraban "intimidades de su vida diaria".
En primer lugar, los jueces destacaron que a pesar del "carácter mediático que le cabe a la accionante, la intimidad nunca puede ser considerada como algo superfluo, no resulta patrimonio de alguna clase social en particular, ni es reducto de egoísmo o individualismo extremo que contradigan un sano espíritu comunitario”.
“El reconocimiento y respeto de la intimidad que encierra la lucha contra intromisiones, abusos e indiscreciones, supone la madurez y plenitud de la persona humana. Todos tienen derecho a preservar su intimidad, y por tanto la accionante también, aún cuando esta elija tener una fuerte exposición pública (…)”, añadió el fallo.
Para los vocales, “el derecho a la intimidad no tiende a prevenir o a remediar hechos extraordinarios, y su reconocimiento significa acordarle ‘juridicidad’ pues corresponde al campo del derecho y no solamente al de las relaciones sociales o morales, revelando la madurez del ordenamiento jurídico que denota un estadio de evolución muy avanzado”.
Según consta en la causa, el programa emitió un informe sobre “la historia secreta y la vida secreta de Z. L.”, donde se expusieron diferentes aspectos de la vida íntima de la accionante. Refiriéndose al lugar donde vive, el informe aseveró: “No tiene baño, no tiene nada. Hace sus necesidades en un tacho y al tacho lo va a tirar a veces en la placita. (…) En frente de la casa de ella tiene un supermercado adonde a veces tiran la basura, va ella y revisa la basura”.
Así, los jueces advirtieron que “el producto televisivo emitido objeto de cuestionado, se realizó en base a testimonios de personas que no fueron identificadas con precisión, eran ‘vecinos’, fuente vaga o genérica de la información que se suministraba”.
Sobre este punto, los camaristas consideraron que “la demandada ha difundido un informe de la accionante en el que se detallan diferentes características, todas y cada una indignas, ultrajantes, con las que llevaría adelante su vida, se la presentó al público de manera descarnada, una vida miserable, absolutamente penosa, abyecta, calificativos extremos que denotan una clara invasión en su vida privada, avanzándose sobre el último reducto de la privacidad, sin duda el más sensible y que por tanto merece la protección que aquí se procura”.
Y agregaron: “Aún en el mejor de los casos para la accionada, en la hipótesis de resultar veraz lo atestiguado por los vecinos, lo cierto es que se trata de hechos que no eran conocidos por los integrantes de su comunidad, ni por la sociedad toda”.
Por último, el tribunal explicó que “no enerva lo expuesto el hecho que la accionado haya participado personalmente de una segunda emisión del mismo programa, pues además que en esta oportunidad se mostró ofendida –y así lo desliza la demandada- en definitiva no significa aceptación o consentimiento, ni menos aún renuncia a la acción que luego habría de entablar y que fundamenta el caso”.
TEVEZ LE GANO UN JUICIO A PETTINATO Y GP MEDIA
Tevez, representado por la abogada Ana Rosenfeld, demandó a Pettinato y a la productora de Gastón Portal por el programa “Un mundo perfecto” del 1ro. de abril de 2011, en el que se lo “caricaturizó junto a su novia, adjudicándoles un diálogo en el que no sólo se lo ridiculizó, sino que además se le atribuyeron expresiones de desprecio hacia sus orígenes”.
“En el marco de una suerte de telenovela animada y titulada ‘Carlitos feo’ se presentó el personaje en cuestión, imitando las facciones del actor y destacando múltiples defectos como dientes torcidos, gestos torpes y groseros”, sostuvo el fallo.
Asimismo, mencionó que el futbolista fue presentado como “un ser insensible e ignorante, haciendo el propio conductor afirmaciones subjetivas con humor bufonesco en su peor aspecto”, destacó el texto publicado en el sitio web especializado en jurisprudencia Eldial.com.
“Una de las frases más ofensivas fue ‘en Fuerte Apache, cuando no había agua, hervíamos el meo y lo tomábamos’, en discriminación al barrio en que nació y vivió el actor“, resumió el fallo de primera instancia, dictado por el juez Eduardo Caruso.
La Sala E de la Cámara confirmó con su fallo la sentencia del magistrado, que obliga a los responsables del hecho a pagar 200 mil pesos más intereses a Tevez, aunque rechazó una condena extensiva a favor de todos los habitantes del barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache.
“Los demandados insultan, y encima ganan con el insulto”, manifestaron los jueces Juan Carlos Dupuis, Fernando Racimo y Mario Calatayud.
RECHAZAN QUERELLA DE TINELLI CONTRA TRABAJADORES DESPEDIDOS QUE IRRUMPIERON EN EL ESTUDIO
22-JUL/2016
La Cámara del Crimen rechazó una querella del conductor de TV Marcelo Tinelli contra trabajadores despedidos de una empresa de su socio, Cristóbal López, quienes irrumpieron en cámara durante una emisión del programa Showmatch.
El tribunal desvinculó de cualquier delito a los trabajadores que, el 31 de agosto del año pasado, invadieron la pista del "Bailando por un Sueño" portando una camiseta alusiva al conflicto laboral.
"Cristóbal López -Grupo Indalo-40 familias despedidas", sostenía la vestimenta de los manifestantes, quienes efectuaban "un reclamo laboral".
Los trabajadores acusaban al empresario kirchnerista López porque "compró la empresa 'La Salamandra' y después la cerró, por lo que todos quedaron sin Trabajo".
Los trabajadores Néstor Barbosa, Ricardo Barilari, Marcelo Ledesma, Santiago Gotta, Leonardo Ruiz, Lucio Vargas Vera, Jonathan Hazi y Julio César Sigales irrumpieron en la escena de TV mientras bailaba el actor turco Ergün Demir.
El juez de instrucción Jorge López, primero, y los camaristas Luis Bunge Campos y Jorge Rimondi, ahora, entendieron que "se trató de un reclamo enmarcado dentro de una acción gremial de los trabajadores".
"De las imágenes no se logra advertir el amedrentamiento a título personal (de Tinelli) que se denuncia", añadió el fallo, al que accedió DyN. "Le dijeron que si no mostraban el reclamo iban a volver, extremo que a nuestro juicio impide recrear cuál sería el mal grave e inminente anunciado para intentar torcer la voluntad del sujeto pasivo", añadieron.
Los jueces también descartaron la figura de la "intimidación pública" porque "únicamente la exhibición de la remera no se puede considerar que pudiera generar temor o intimidar a un número indeterminado de personas, o suscitar tumultos o desordenes de multitudes".
"Las palabras utilizadas en dicha leyenda en nada atemorizan o tienen potencial para generar motines, trastornos, desconcierto", resumió el fallo.
CANAL 9 DEBE INDEMNIZAR A UNA MUJER A LA QUE CONFUNDIO CON UNA BAILARINA FALLECIDA
En los autos “R., G. C. c/ Telearte S.A. s/ daños y perjuicios”, la Sala “I” de la Cámara Civil confirmó la sentencia de grado, mediante la cual se admitió parcialmente la demanda y condenó a la empresa Telearte S.A. (Canal 9) a pagar a la demandante la suma de $30.000 en concepto de daño moral.
La actora relató que "el 6 de octubre de 2009 se informó del fallecimiento de N. G., odalisca conocida por su nombre artístico Salomé". No obstante, al brindar dicha información se ilustró la nota con un video que reproducía la imagen de la demandante.
La mujer afirmó que "ello motivó que sus allegados y personas de su ambiente de trabajo entendieran que el deceso se refería a ella", y que las circunstancias aludidas "afectaron a la demandante en lo emocional, profesional y artístico y condujeron a la frustración de su fuente de trabajo en el ámbito de las danzas árabes".
La demandada reconoció el hecho al que calificó como “atendible” y que habría sido inducido por “la actitud de la demandante quien promocionaba su actividad en el portal de internet en el que se utiliza el nombre de odalisca salomé”.
La magistrada de grado sostuvo que “el medio televisivo debió conducirse con mayor prudencia y cuidado en la verificación de las imágenes que se relacionaban con la noticia policial del deceso, sobre todo por tratarse de una difusión que llega a miles de espectadores”, y por ello consideró que “la buena fe no era suficiente para liberar de responsabilidad a la demandada”.
Asimismo, la jueza consignó que “aunque la búsqueda en internet pudo conducir a la página de la demandante, puede verse que aunque se la llama Salomé, cuando se accede al sitio web bajo la foto puede leerse que la profesora a cargo era la demandante, lo que era suficiente para disipar cualquier confusión”.
Por último, la magistrada tuvo en cuenta que “el canal de la accionada difundió la rectificación de la información en reiteradas oportunidades, lo que aunque no suprimiría el daño, seguramente disminuyó su impacto”.
En este marco, el tribunal aseveró que “puede verse que estuvo al alcance del medio televisivo evitar el error y el consecuente daño (…) aún cuando la mera búsqueda en internet del nombre de la odalisca fallecida –Salomé- pudo remitir al sitio web de la demandante porque ésta se denomina bailasalomé y la accionante se hacía llamar del mismo modo que la difunta, de la misma página surgían los elementos que permitían despejar la confusión”.
“Máxime cuando el tenor de la noticia no imponía una rapidez en darla a conocimiento que justificara la ausencia de las diligencias mínimas para poder chequear la correspondencia entre las imágenes y los datos que se pretendía ilustrar”, añadió el fallo.
Para los camaristas, “no hay elementos para sostener -como pretende la demandada- que fue la propia damnificada la que generó el error al nombrarse de la misma manera que otra persona, ni se ha acreditado que se hubiera tratado de generar confusión con el uso del mismo nombre que utilizaba demandada”.
En definitiva, los vocales concluyeron que “no puede soslayarse que se trata de un nombre de los que en general podrían remitir al mundo árabe en el que se pretendía insertar la actividad de la actora”.
DOCENTE LE GANA JUICIO A C5N POR INVOLUCRARLA DE MANERA ERRONEA EN UN ILICITO
Sobre este punto, los jueces alegaron que el canal “demuestra un total desapego a las normas de convivencia social y al sentido común”, y añadieron: “No puede ser que para completar un informe de televisión se agreguen imágenes que nada tienen que ver con el caso”. Fuente: Diario Judicial
CONDENAN A CABLEVISION A CUMPLIR INTEGRAMENTE LA OBLIGACION DE INFORMAR A SUS CLIENTES
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro con sede en General Roca y/o Fiske Menuko, condenó a una empresa de servicios de televisión por cable a adecuar su facturación para garantizar el derecho a la información de todos sus clientes domiciliados en la provincia de Río Negro. La sentencia -que no está firme- fue en el marco de una acción civil iniciada en 2012 por la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de General Roca contra la firma Cablevisión S.A. del grupo Clarin.
Luego de un extenso proceso que incluyó recursos de apelación y casación, la Cámara roquense, integrada por las juezas subrogantes María del Carmen Vicente, Paula Bisogni y Gabriela Gadano (esta última con voto en abstención) confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia que había ordenado a la empresa “cesar (…) en su conducta lesiva a los intereses de cada uno de los usuarios y consumidores de la provincia” patagónica.
Al respecto, la Cámara concluyó que “la Asociación ha demostrado el deficiente cumplimiento o incumplimiento de la normativa”, acreditando que la empresa “no ha brindado al consumidor la información 'en forma cierta, clara y detallada' como exige el art. 4° de la ley de Defensa del Consumidor, ni 'adecuada y veraz', como exige el art. 42 de la Constitución Nacional”.
El art. 34 de la Ley de Defensa del Consumidor dice: “Revocación de aceptación. En los casos previstos en los artículos 32 y33 de la presente ley, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de 10 (diez) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo documento que con motivo de venta le sea presentado al consumidor. Tal información debe ser incluida en forma clara y notoria...”.
En este caso, la omisión que se le reprochó a la empresa es “el incumplimiento de transcripción del segundo y tercer párrafo de la norma en las facturas emitidas y recibidas por los usuarios”.
En tanto que el art. 10ter establece: “Modos de rescisión. Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las 72 horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario”.
En ese punto, la empresa alegó en su defensa que en el reverso de las facturas se detalla el procedimiento a seguir en el caso de que el cliente solicite la baja, contando además con un servicio telefónico a tal fin. Sin embargo esa información fue declarada insuficiente y no ajustada a la manda legal.
LA CORTE CONFIRMO FALLO QUE ORDENA OTORGARLE PUBLICIDAD OFICIAL A LA CORNISA PRODUCCIONES
13-ABR/2016
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se pronunció se martes en una causa promovida el 13 de octubre de 2011 por la productora de contenidos “La Cornisa Producciones S.A.”, cuyo socio mayoritario es el periodista Luis Majul, con el objeto de que el Estado Nacional volviera a adjudicarle publicidad oficial para los programas radiales, televisivos y de internet que producía, que había sido interrumpida en el año 2011, de hecho y en forma abrupta e injustificada.
En la demanda se alegó que esa conducta del Estado Nacional importaba la utilización del poder y de los fondos públicos para castigar una línea editorial determinada, por lo que resultaba violatoria tanto del derecho constitucional a la libertad de expresión como de las normas y estándares internacionales que obligan a nuestro país en materia de distribución de publicidad oficial.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al revocar la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la acción de amparo y condenó al Estado Nacional a realizar -en el plazo de 30 días- un esquema de distribución de pauta oficial, “donde se contemple –en medida razonable- la asignación de publicidad a los productos de la actora”.
Para decidir de ese modo, la Cámara consideró que el caso guardaba sustancial analogía con los precedentes de esta Corte “Editorial Río Negro” (Fallos: 330:3908) y “Editorial Perfil” (Fallos: 334:109), en los que se había reconocido la existencia de “un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos”.
Al respecto, la Cámara explicó que la “premisa decisiva” de los citados fallos de la Corte reposaba en la idea de condenar cualquier conducta discriminatoria por parte del Estado en el manejo de la publicidad oficial, que constituyera una forma de presión sobre la línea editorial del perjudicado y, por ende, una violación indirecta de la libertad de expresión.
Contra este pronunciamiento, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario federal.
La Corte rechazó dicho recurso haciendo uso de la facultad que le reconoce el art. 280 del Código Procesal, sin abordar ni definir los planteos sostenidas por el Estado Nacional, dejando firme por ende la sentencia que había condenado formular un esquema de distribución de la publicidad oficial que la reestableciera en medida razonable a la productora.
justicia de salta confirma reubicacion de antenas fuera de zona urbana
En los autos “Telefónica Móviles Argentina S.A. - Telefónica Argentina S.A. c/ M. de Gral. Guemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, la Cámara Federal de Salta rechazó el recurso de apelación y así confirmó la resolución impugnada, en cuanto “desestimó la acción meramente declarativa de certeza deducida en contra de la ordenanza 299/2010 de la Municipalidad de General Güemes, cuyo art. 6 dispone la relocalización, en el término de 60 días, de las estructuras y antenas radioeléctricas cuyo emplazamiento incumpla la distancia mínima requerida respecto de la zona urbana (500 metros)”.
En el caso, el juez de la instancia anterior rechazó la acción meramente declarativa de certeza deducida a fin de que “se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ordenanza municipal 299/2010 (…) por la cual la Municipalidad de General Güemes dispuso, entre otras medidas, la erradicación en un plazo de 60 días de las estructuras y antenas de telefonía móvil de la zona urbana o lugares donde se desarrollen actividades educativas, deportivas o sociales”.
De esta manera, el juez de grado explicó que “del informe estudio de impacto ambiental, se confirma que las estructuras emplazadas no superan el límite permitido por la resolución 202/95 del Ministerio de Salud Pública y Acción Social de la Nación de fecha 6 de junio de 1995, expresamente se recomendó en función del principio precautorio monitorear el nivel de radiaciones no ionizantes de manera sistemática a fin de garantizar la seguridad jurídica”.
“La sola circunstancia de que se hayan establecido límites es susceptible de poner en crisis la alegada inocuidad para la salud humana de la exposición a campos de radiofrecuencia como los emitidos por las antenas de telefonía móvil, por lo que la población -que ha percibido el peligro- no puede permanecer en la incertidumbre de que en algún momento tales límites sean sobrepasados”, indicó el fallo.
Respecto del informe pericial, el a quo expresó que “se concluye que las antenas de telefonía móvil satisfacen el límite de exposición poblacional que es de 6,2%, pues el máximo nivel de irradiación que se observó en el terreno es de 3,2%, con lo cual se da cumplimiento con la citada resolución 202/95”.
En este marco, la apelante criticó “la aplicación del principio precautorio previsto en la normativa ambiental, al no existir duda científica ni daño ambiental, actuando el a quo con absoluta abstracción de los elementos condicionantes del ambiente en la zona y sin analizar la prueba acompañada respecto a las mediciones efectuadas sobre la antena”.
Respecto del máximo de exposición a radiación a que puede estar sometida una persona sin dañar de inmediato su salud, que es de 27,5 v/m, la empresa manifestó que “en la zona donde se realizó el informe pericial, con la antena en funcionamiento, solamente se está expuesto al 0,5% del límite referido, mientras que el total detectado fue de 1,70 v/m al tener en consideración las otras fuentes”.
Por ello, la apelante consideró acreditado que “no existe peligro a la salud respecto de la antena en cuestión y a su funcionamiento, ni existe ninguna factibilidad científica actual que demuestre lo contrario, y consecuentemente, quedó también garantizada la falta de causalidad entre el estado de salud de los vecinos y la exposición”.
En este contexto, los camaristas consignaron que “la decisión no cambia por el informe pericial, pues la conclusión a la que allí se arriba es que la antena sita en la calle Gorriti no supera el límite de exposición poblacional más restrictivo, cumpliendo por ello con la resolución N° 202/95 del Ministerio de Salud Pública y Acción Social de la Nación”.
“Más ello no significa negar de manera terminante la posibilidad de que eventualmente exista una relación entre la antena de telefonía móvil y sus emisiones y los graves padecimientos en la salud de algunos pobladores de las zonas aledañas, todo lo cual evidencia un estado de incerteza que convalida la aplicación del principio precautorio ante la posibilidad de que se irrogue un daño grave e irreversible a la población, permanentemente expuesta a las radiaciones no ionizantes de las antenas instaladas en el ejido urbano”, concluyeron los vocales.
lo procesan por retransmitir la señal de telefe a traves de paginas web
18-MAR/2016
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, hizo lugar al recurso presentado por Telefé y anuló el sobreseimiento de un hombre imputado por reproducir ilegalmente por internet la programación del canal.
El canal de televisión, querellante en autos “S.A. s/ recurso de casación”, había imputado a S. el haber utilizado, sin autorización de su titular, la marca ‘TELEFE’, mediante sitios web en los cuales reproducía por internet, la programación en vivo correspondiente a la emisora.
La Justicia de Instrucción le había dictado la falta de mérito, a la espera de informes de inteligencia en domicilios informados por la División Apoyo Tecnológico de la P.F.A. y en recibirle declaración testimonial al gerente de la firma donde S. tenía registrado un sitio el juez de instrucción, luego de los informes, se dictó su sobreseimiento al entender que el hecho denunciado no se cometió.
El fallo luego fue confirmado por la Cámara del Crimen, que reiteró que en la computadora que fuera secuestrada en el domicilio del imputado “no fue detectado un programa profesional para generar todo un sistema de presentación, selección de opciones y que permita ver una señal de TV determinada por el usuario externo vía Internet”.
Es decir, que lo que se probó es que se podía ver televisión a través de la computadora, pero no que por ese medio reprodujere ilegalmente, lo que llevó a concluir a ese Tribunal que no se pudo acreditar que el denunciado “hubiera concretado una maniobra defraudatoria mediante el ofrecimiento de la visualización en vivo de la programación”.
La querella volvió a recurrir el fallo, argumentando que, si bien era cierto “que existe una manera rudimentaria de ver televisión en un ordenador”, como la incorporación al equipo de una ‘placa de televisión’, y visualizar televisión en el mismo monitor del aparato. Señaló que si además se cuenta con hardware suficiente “ello podría servir para retransmitir esa señal a otras personas, mediante la conexión a un sitio web”.
Telefé argumentó que la conducta que denunciaba en el expediente era que el imputado S., “utilizando hipervínculos (links) correspondientes a otros sitios que emitían ilegalmente la señal de Telefé, los incorporó a los sitios web que -nadie lo discute en la causa-él administraba, dando por resultado final que sus páginas en tiempo real y sin necesidad de añadidos (plug-in, etc.) emitían en forma ilícita la señal”.
La Cámara hizo lugar al planteo, pues estimó que en el caso no estaba controvertido que desde las distintas páginas de internet que el imputado operaba se reproducían los contenidos de Telefé S.A., “sin que se cuente con autorización para llevar adelante tal propósito” y que “se probó debidamente que la computadora secuestrada al imputado tenía una placa sintonizadora de televisión conectada a la misma; que se contaba también con una conexión a internet; así como también que el manejo de dichas páginas de internet”.
Sobre esa plexo probatorio, la Cámara de Casación juzgó que no había impedimento alguno para encuadrar la conducta del encartado en la figura de defraudación a los derechos de propiedad intelectual, que castiga al que “de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley”, que además establece como caso especial de este delito al que “edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes”.
RECHAZAN UN "BOZAL LEGAL" CONTRA DOS ANIMADORES Y TRES EMPRESAS DE TV
El titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 32, Eduardo Caruso, rechazó una medida cautelar autosatisfactiva solicitada por el médico Aníbal Lotecki contra los periodistas Jorge Rial, Fabián Doman y tres canales de televisión (América TV, Artear y Endemol Argentina) para que “se abstengan de difundir, exhibir, reproducir, hacer referencia y/o facilitar el medio o su programación a terceros para hacerlo tanto como figura invitada o panelista o a través de cualquier medio gráfico, radial o televisivo, páginas web y redes sociales, información falsas y/o expresiones peyorativas, descalificativas, injuriantes, falsas, burlonas, o juicios de valor respecto de su persona”.
la JUSTICIA RATIFICO MULTA A ARTEAR APLICADA POR LA SECRETARIA DE COMERCIO DURANTE EL KIRCHNERISMO
23-FEB/2016
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una multa de $20.000 a Arte que Radiotelevisivo Argentino por una publicidad aparecida en el diario Clarín, en la que se ofertaron entradas para el avant premiere de una película, pero no se aclararon cuántos cupos había.
El aviso en cuestión señalaba que que había que pasar a retirar las entradas por una dirección y que había “stock limitado”, pero no aclaraba de cuánto.
La Secretaría de Comercio abrió el sumario, porque entendió que se trataba de una infracción formal, ya que la publicidad “había limitado cuantitativamente la oferta”. Además, rechazó la defensa de la sumariada, que alegó que sólo fue el auspiciante del avant premiere y quien abonó los gastos de la publicación, pero no el oferente de las entradas, y además precisó que, técnicamente, no se trató de una oferta.
El organismo consideró “inatendible” esa postura, “porque los deberes que imponen las normas reglamentarias deben ser soportados por quien, como en su caso, publicó el aviso”.
La Sala IV del Tribunal, integrada por los jueces Jorge Moran, Rogelio Vincenti y Marcelo Duffy, rechazó la apelación de la multada en autos “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. c/ DNCI”, ratificando el criterio de la sumariante.
El Tribunal consideró que hubo un incumplimiento en los términos del artículo 7º del decreto 1798/94, reglamentario de la Ley de Defensa del Consumidor, que dispone q “la oferta realizada fuera del lugar de comercialización deberá contener siempre el plazo de su vigencia. Cuando el proveedor limite cuantitativamente su oferta de productos y servicios, deberá informar la cantidad con que cuenta para cubrirla”.
Los magistrados, en ese punto, recordaron que las leyes del Consumidor y Defensa de la Competencia “junto con las normas complementarias dictadas al efecto -entre ellas, el decreto 1798/94- conforman un plexo normativo a través del cual el Estado busca direccionar el actuar de los agentes económicos, con el propósito de tutelar los derechos de los usuarios y consumidores; recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos los vínculos entre comerciantes y consumidores o usuarios -afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida cotidiana-, así como la relación entre los mismos comerciantes, que compiten entre sí”.
Sobre la base de esos principios, y por estimar que la recurrente se limitó “a reiterar los argumentos que ya han sido rechazados por la autoridad de aplicación, sin aportar nuevos elementos de convicción”, los magistrados desestimaron el recurso.
tenia un contrato de locacion de servicios, pero la radio la debe indemnizar por despido
09-FEB/2016
La Cámara en lo CAyT de la Ciudad elevó el resarcimiento otorgado a un periodista en concepto de indemnización por despido, en virtud de su vinculación con el GCBA a través de contratos de locación de servicio. "La contratación de servicios personales que un ente público llevare a cabo en forma irregular (...) no determina la aplicabilidad a esa relación de las normas del contrato de trabajo”, aseveró el fallo.
En los autos “V., M. R. contra GCBA sobre cobro de pesos”, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad resolvió modificar la sentencia de grado, y en consecuencia, elevar el resarcimiento otorgado a favor de la actora en concepto de indemnización por despido.
La actora interpuso una demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) con el objeto de reclamar "la indemnización por despido en los términos del Estatuto del Periodista Profesional (ley 12908), el convenio colectivo 301/75 y las leyes de Contrato de Trabajo y de Empleo".
En los antecedentes, la mujer relató que “había ingresado a trabajar en LS1 Radio de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2000 como encargada de la difusión de las actividades de la radio”, y precisó que “su vinculación con el GCBA fue a través de contratos de locación de servicio que se firmaban en forma trimestral hasta enero de 2006 y luego anual hasta diciembre de 2007, cuando se le informó que no se renovaría su contratación”.
La jueza de grado hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenó al GCBA a “abonar a la actora una indemnización consistente en la suma que surja de la liquidación a practicarse oportunamente de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 2182/03, más los intereses calculados”.
La magistrada sostuvo que de la prueba producida surgía que “la figura contractual utilizada por el GCBA había sido empleada para violar la estabilidad en el empleo público que correspondía a la actora a tenor del artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
Asimismo, remarcó que “si bien el artículo 39 de la ley 471 prevé las contrataciones temporarias, la demandada no había alegado tal circunstancia, lo que impedía su aplicación”. Y agregó: “Tanto la Constitución de la Ciudad como la ley 471 imponen que el ingreso de los agentes sea por concurso, ello no podía interpretarse ni cumplirse en desmedro de otras partes de su articulado en las que se asegura la estabilidad del empleado”.
En cuanto a la norma aplicable para calcular la indemnización, indicó que “la Ley de Contrato de Trabajo resultaba inaplicable en virtud de lo establecido por su artículo 2° (…) la actora tenía derecho a ser indemnizada en función del quebrantamiento de la estabilidad que le correspondía en los términos del artículo 14 bis de la CN y 43 de la Constitución de la Ciudad, correspondía resarcir a la actora en base al imperativo constitucional y no en base a las leyes laborales”.
En cuanto a quien fuera el empleador, los vocales señalaron que “LS 1 Radio de la Ciudad, es un organismo sin personería jurídica dependiente del GCBA, cuyos agentes -por tanto-, en principio, se encuentran alcanzados por el régimen de empleo público local”.
Así, los jueces determinaron que “en las presentes actuaciones no se ha acreditado que el Estatuto del Periodista Profesional se encontrara vigente como estatuto particular para el personal que desarrolla sus labores en LS 1 Radio de la Ciudad, en los términos de los artículos 50 y 66 de la ley 471 (…) no se probó que el GCBA incorporara al derecho público local las disposiciones de la ley nacional 12908 o disposiciones análogas derivadas de un convenio colectivo suscripto para el ámbito en cuestión”.
En consecuencia, los magistrados entendieron que “no corresponde la aplicación de las indemnizaciones establecidas en el Estatuto del Periodista Profesional ni tampoco las precisadas en los artículos 231 y 245 de la ley nacional 20744, toda vez que sus previsiones la excluyen en forma expresa (…) tampoco resultan aplicables otras indemnizaciones previstas en normas cuyo alcance sólo abarca a los trabajadores amparados por la Ley de Contrato de Trabajo”.
Para los jueces, "la aplicación aislada de las previsiones del artículo 11 del Decreto N° 2182/03 no constituye una medida equitativa que repare debidamente los perjuicios sufridos por la actora en este caso toda vez que, al brindar una respuesta parcial e incompleta a la cuestión, la colocaría en una situación comparativamente peor que los trabajadores de la Ciudad en disponibilidad, cuya baja se dispone legítimamente en virtud de no haber sido posible su reubicación (...) si la actora hubiese cumplido los recaudos necesarios para pasar al régimen de agentes en disponibilidad habría percibido su sueldo durante otros seis meses, antes de cobrar la indemnización en cuestión".
“La contratación de servicios personales que un ente público llevare a cabo en forma irregular, es decir, sin respetar las normas propias del derecho administrativo inherentes a este tipo de contratación, no determina la aplicabilidad a esa relación de las normas del contrato de trabajo”, indicó el fallo.
Para dar un tratamiento adecuado a una situación que resulta distinta de aquella para la que fue prevista, los jueces consignaron que “deberá otorgarse a la actora una indemnización consistente en un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, reducida en un cincuenta por ciento y tomando como base la remuneración normal, regular y permanente del nivel escalafonario, incluidos los adicionales particulares que le correspondieran según la última situación de revista (…) a ella deberá adicionársele una suma equivalente a la que se seguiría de percibir el haber de disponibilidad durante el período correspondiente a la antigüedad a la fecha de la extinción del vínculo”.
condenan a telefe y cris morena group por usar sin autorizacion imagen de una niña
04-DIC/2015
Respecto al daño moral, los jueces concluyeron: “Teniendo en cuenta las especiales características de este evento, donde la niña fue a un casting esperanzada en ser seleccionada para integrar un elenco de una telenovela juvenil, y al final se encontró en forma inesperada frente a su imagen en un portarretrato que la asociaba con su muerte, juzgo que la suma para enjugar este ítem resulta adecuada”.