Source: http://www.ilustrados.com/tema/10698/posesion-procedimiento-inscripcion-derecho-posesion-predios.html
Timestamp: 2018-10-15 22:24:08
Document Index: 112574142

Matched Legal Cases: ['artículo 896', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 897', 'artículo 486', 'artículo 22', 'artículo 427', 'artículo 24', 'artículo 22', 'artículo 424', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 23']

La posesión y el procedimiento de inscripción del derecho de posesión de predios rurales y su eventual oposición - Ilustrados!
Resumen: La ley de Registro de Predios Rurales, D. Leg. 667, regula el procedimiento de inscripción de predios rurales de propiedad del Estado o de particulares, señalando los requisitos para ese objetivo para la consolidación de la propiedad rural.
32,421 visitas Rating:
Autor: Dr. Damian Rosas Torres
2. EL DERECHO DE POSESIÓN
2.1. Posesión
2.2. Usucapión
2.2.1. Posesión directa
2.2.2. Posesión contínua
2.2.3. Posesión pacífica
2.2.4. Posesión pública
2.2.5. Posesión como propietario
3. PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA
3.1. Competencia. Oficina Registral
3.2. Proceso de Oposición a la Inscripción del derecho de posesión
La ley de Registro de Predios Rurales, D. Leg. 667, regula el procedimiento de inscripción de predios rurales de propiedad del Estado o de particulares, señalando los requisitos para ese objetivo para la consolidación de la propiedad rural.
El Decreto Legislativo Nº 667 (en adelante la Ley, referida a la ley de Registro de Predios Rurales) regula, entre otros actos, el procedimiento para la inscripción del derecho de posesión de predios rurales, sean de propiedad estatal o de particulares, para luego lograr la inscripción de la propiedad. En la presente temática nos interesa abordar el tratamiento legal sobre el derecho real de posesión y sus formas prescritas como presupuestos para la mencionada inscripción del derecho de posesión de predios de propiedad de particulares en el procedimiento contenido en la mencionada Ley, desde la calificación para la inscripción del derecho por el Registrador, de la eventual oposición por parte de cualquier persona respecto a ese derecho inscrito, y hasta la ventilación de dicha oposición ante un Juzgado Especializado Civil o Mixto, dado que este derecho sustantivo es el que reviste suma importancia, no sólo por estar vinculado a proporcionar seguridad jurídica a sus titulares, sino también que este procedimiento se ha constituido en uno de los medios para consolidar la propiedad de los predios rurales, que en buena cuenta, cumple una función económico-social, de modo que permitirá su ingreso al mercado para cumplir esos fines. Ya Hernando De Soto advirtió en su El Misterio del Capital que “sin derechos adecuadamente documentados, estas posesiones resultan activos difíciles de convertir en capital, no pueden ser comercializados fuera de los estrechos círculos locales donde la gente se tiene confianza mutua, no sirven como garantía para un préstamo ni como participación en una inversión”[1]. De manera que la base documental que sustente la propiedad convertirá en capital activo, que es uno de los misterios, y que en palabras de dicho autor “El capital es la fuerza que eleva la productividad del trabajo y que crea riqueza de las naciones. El capital es la savia del sistema capitalista, el cimiento del progreso, e irónicamente es justo aquello que los países pobres del mundo parecen no poder producir, no importan con cuanto afán su gente practique todas las demás actividades que definen a una economía capitalista” [2].
De acuerdo a la mencionado Ley, pueden solicitar la inscripción de su derecho de posesión “Quien esté poseyendo y explotando económicamente un predio rural de propiedad de particulares en forma directa, continua, pacífica, pública y como propietario, por un plazo mayor de 5 años, ...” (Art. 22 primer párrafo de la Ley).
Corresponde entonces, analizar esta situación fáctica de la posesión, en su contenido y alcance, bajo las exigencias de la norma, por conllevar desde luego, la inscripción del derecho de posesión, y su consolidación ulterior como propietario, luego del tránsito por la vía registral.
La noción de posesión implica una relación existente entre una persona y una cosa, ello en la medida que la persona busca la satisfacción de sus múltiples necesidades sirviéndose del bien que posee, de ahí que el ordenamiento jurídico le brinda protección con independencia de si se tiene o no, derecho de poseer la cosa.
El artículo 896 del Código Civil preceptúa “La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”. Respecto a qué se entiende por el ejercicio de hecho de los poderes inherentes a la propiedad o uno más de ellos “conceptuamos que este ejercicio importa una dirección y un contacto eventual del sujeto sobre el bien, de manera más o menos estable, dentro de los cuales el sujeto puede hacer empleo de alguno o algunos de los atributos propios del dominio, como son el suelo, el disfrute y aun la disposición del objeto poseído” [3].
De esta normativa civil, se puede desprende dos connotaciones: que la posesión, se constituye, primero por la concurrencia de una relación de hecho entre la persona y la cosa, segundo, que esta relación implica un poder de hecho de la persona sobre la cosa, y tercero que esta persona ejerce determinados poderes que son inherentes a la propiedad; y en segundo lugar, el derecho brinda protección jurídica independientemente de si se tiene derecho o no, a ejercer ese poder de hecho. Pues, puede haber poseedores con derecho a ella o sin él, de ahí las diferentes formas cómo pueden ser ejercitadas la posesión.
El poder de hecho existente en virtud de la posesión ejercitada sobre la cosa permite afirmar su relevancia jurídica con independencia del derecho a su ejercicio. Diez-Picazo simplifica en unas líneas ejemplificando ello, el derecho “se fija en la situación jurídica con la cosa. La posesión sería la cara visible de una moneda cuya otra cara estaría representada por el derecho de donde emana aquella posesión. El ordenamiento jurídico, al contemplar la posesión, centra su atención en la cara visible, sin averiguar si la moneda tiene efectivamente otra cara (el derecho) o se halla en blanco (se posee sin derecho alguno de donde provenga nuestra posesión)” [4].
De esta aproximación y de lo consagrado por el Código Civil respecto a este instituto y de su defensa mediante los interdictos, se puede desprender las consecuencias importantes, bien precisadas por el autor citado: “a) quien se está comportando respecto de una cosa en forma tal que ejerce un señorío sobre ella, aun cuando en la realidad no tenga un genuino derecho sobre la misma, tiene el de ser amparado frente a cualquier perturbación o frente al despojo que provenga de un tercero, sin necesidad de alegar ni probar que él es el dueño o que tiene derecho sobre la cosa, sino simplemente que se encontraba en la tenencia de la misma; b) por la misma razón, el perturbado o despojado tiene derecho al amparo” [5].
La posesión estriba en la cuestión fáctica que se acaba de indicar, pues el ordenamiento jurídico brinda protección, pero este ejercicio no está del todo exento de cualquier cuestionamiento, pues puede haber terceros o el mismo propietario que puede considerarse afectados de no poder ejercitar la posesión, dado que “en la posesión, se toma en consideración sólo el ejercicio de un derecho real, pero sin investigar si este ejercicio corresponde a la titularidad de derecho” [6]; en consecuencia, quien se considere con derecho a la posesión, tenga que accionar de diferentes maneras, sea por medio de las acciones legales, o por medio de la perturbación o el despojo, y serán sometidos a la determinación de quien pueda tener mejor derecho o de quien tenga derecho a poseer, configurándose así, el ius possidendi, frente a quien posee la cosa, el ius possessionis; de tal manera que la mera posesión goza en principio de protección, pero cuando deba dilucidarse el derecho a la posesión, configuraría el derecho de quien la tenga o quien le venza frente al mero poseedor, por ello, como se dice, un sector de la doctrina ha calificado a la posesión como “derecho real, siquiera de energía limitada” [7].
Siendo que los bienes por su naturaleza sirven a la persona humana para la satisfacción de sus múltiples necesidades, de tal manera que como bien, su titular pueda conferirle una finalidad económica _en tanto interés perseguido se encuentra jurídicamente tutelado_, y por ende, pueda obtener una utilidad a su poseedor, no solamente aprovechando con su uso y disfrute, sino también que pueda cumplir una finalidad económica en el mercado. En esta óptica, esta posesión detentada no puede permanecer a perpetuidad sin que su titular pueda consolidarse como propietario con eficacia erga omnes, como tampoco el ordenamiento jurídico puede permanecer indiferente frente a un hecho fáctico, tanto más si quien posee un bien se comporta como propietario, sin que haya sido perturbado en su ejercicio además de realizar actos de explotación y aprovechamiento de los frutos del bien, públicamente y a través del tiempo. “Y es en función del interés de la propiedad que conviene que esta posesión _aun cuando carezca de vínculo con el dominio_ no sea perpetua, sino que por la misma acción del tiempo se convierta, a su vez, en propietario. Esta conversión trascedental se produce en virtud de la prescripción adquisitiva o usucapión, la cual constituye otro de los modos originarios de adquisición de la propiedad consagrado por la ley” [8]. Pero éste bien, en tanto su titular si bien conserva la posesión protegida por el ordenamiento jurídico, per se, no podría ingresar al mercado con seguridad jurídica _tanto para su titular como para los terceros y cumplir ese propósito económico_, dado que, como se dijo, es un derecho “de energía limitada”, en tanto si es vencido por otro que tenga mejor derecho, sino lo es hasta que su titular de la posesión se consolide y adquiera todos los poderes que son inherentes a un propietario. Es así que existe el instituto de la prescripción o usucapión, que es en buena cuenta, una de las instituciones que permite la consolidación como propietario con eficacia erga omnes.
Establecida la connotación jurídica de la posesión, centraremos la atención acerca de su relevancia jurídica en el marco de la Ley de Registro de Predios Rurales. Esto es, qué poseedores serían los que pueden válidamente ser amparados por el procedimiento de Prescripción adquisitiva contemplada en la Ley. El artículo 22 primer párrafo de la mencionada Ley, señala “Quien esté poseyendo y explotando económicamente un predio rural de propiedad de particulares en forma directa, continua, pacífica, pública y como propietario, por un plazo mayor de 5 años, podrá solicitar la inscripción de su derecho de posesión en el "Registro Predial".
Los requisitos materiales precisados respecto a la posesión y explotación económica el predio rural serán abordado posteriormente. Por ahora interesa precisar las nociones de posesión directa, continua, pacífica y pública y como propietario que exige la ley. La prescripción adquisitiva o usucapión, viene a ser uno de los efectos de la posesión, es “la posibilidad de su conversión en dominio o en el derecho real de que es manifestación exterior mediante la usucapión. La relación fáctica que ha durado el lapso de tiempo señalado por la ley es el soporte imprescindible de tal instituto, bien en su modalidad de usucapión extraordinaria, en la que no se necesita título alguno, bien en la de ordinaria, en la que se purga el vicio o defecto del título en cuya virtud hemos adquirido la propiedad o derecho real sobre una cosa” [9].
Como fundamento de la usucapión se tiene que “la usucapión sirve a la seguridad del derecho y sin ella nadie estaría a cubierto de pretensiones sin fundamento o extinguidas de antiguo, lo que exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas. En realidad, ejercitar tardíamente los derechos o resucitar pretensiones antiguas, aparte de la natural dificultad que puede tener el decidir sobre ellas, es bastante claro que coloca en una situación de indefensión al demandado, que es natural que con el transcurso del tiempo haya ido debilitando y aun perdiendo los medios probatorios y de defensa que en caso de un ejercicio en tiempo razonable hubiera podido disponer [10]. El fundamento de la prescripción adquisitiva reposa en un principio de puro derecho. Se trata de una institución establecida sobre la base de la equidad e interesa a la sociedad conservar el principio de la seguridad del dominio, como presupuesto necesario de la paz social, evitando conflictos en el área dominial [11].
2.2.1 POSESIÓN DIRECTA
La posesión directa se configura cuando el poseedor realiza actos posesorios en el predio, aun cuando pueda realizarlos valiéndose de otras personas. En este aspecto para la calificación del poseedor se deberá tener en cuenta al poseedor que reúna las exigencias previstas en la ley en su conjunto. Pues existen poseedores que no tienen derecho a usucapir, como también otros a quienes la ley civil no les confiere la calidad de poseedores, como el servidor de la posesión.
2.2.2 POSESIÓN CONTINUA
La posesión continua implica que los poderes de hecho sean realizados en el tiempo, “se entiende por posesión continua aquella que se presenta en el tiempo sin intermitencias ni lagunas. No es necesaria, empero, que el poseedor haya estado en permanente contacto con el bien y basta que se haya comportado como lo hace un dueño cuidadoso y diligente, que realiza sobre el bien los diversos actos de goce de acuerdo con su particular naturaleza” [12].
2.2.3 POSESIÓN PACÍFICA
La posesión debe ser pacífica, esto es, marginada de todo acto violento por parte del poseedor [13]. Como bien se ha precisado la protección jurídica de la posesión con independencia del derecho, así también puede presentarse el caso de la configuración pacífica en el tiempo de uno que la adquirió por la violencia. Así expone Alvarez Caperochipi “que el título de la posesión puede alterarse. El poseedor en nombre de otro puede presentarse como poseedor a título de dueño y la posesión violenta, clandestina o precarista puede transformarse en pacífica, pública y a título de dueña. Se trata de una inversión posesoria. Pero la inversión no se presume, sino que, al contrario, se presume que se continúa detentando con el mismo título con el que se adquiere. La inversión posesoria debe resultar de un acto expreso y final. El tiempo para la usucapión empezará a contarse desde entonces” [14].
2.2.4 POSESIÓN PÚBLICA
La posesión pública significa que los actos posesorios sean realizados a la vista de todos, tanto de sus colindantes como de los demás vecinos y la comunidad en general, lo que implica que el poseedor exterioriza su comportamiento mediante la explotación económica del predio.
2.2.5 POSESIÓN COMO PROPIETARIO
La posesión como propietario importa que ese ejercicio fáctico sobre el predio rural implique actos que conlleven un comportamiento como propietario, el que se ve exteriorizado a través de su posesión pública, es decir con el ánimus domini. Nuestro ordenamiento legal, en materia de prescripción se adhiere a la corriente del ánimus domini de Savigny, de poseer como propietario. Diez-Picazo afirma que “no basta la mera intención o el mero animus domini para cualificar la posesión como civil. La intención, el ánimo es un hecho interno, psíquico del poseedor, de muy difícil prueba. Con razón dijo IHERING que es la conducta del poseedor la que refleja el carácter con el que se posee. El animus se objetiviza así.
La objetivización del animus puede resultar del título por el que se adquiere la posesión (p. ej., poseerá como dueño el que ha comprado la cosa o la que ha recibido en donación). Pero no en todos los casos ocurrirá lo mismo. Se admite la posibilidad, … de que el poseedor cambie por su voluntad el título por el que posee, o que no tenga título alguno, pero se comporte como dueño por ejemplo. Así, v. gr., el que posee como arrendatario en un determinado momento empieza a poseer como propietario, haciendo actos de dominio. En cuanto a la posesión como dueño sin título, es un hecho reconocido por el legislador al regular la prescripción o usucapión extraordinaria como modo de adquirir el dominio que no requiere título” [15].
La inscripción del derecho de posesión de predios rurales, se inicia con la formación del expediente correspondiente a solicitud del titular del derecho, en la cual debe concurrir la documentación respectiva exigida por Ley.
1) LEGITIMIDAD DEL SOLICITANTE
La confiere la ley, “Quien esté poseyendo y explotando económicamente un predio rural de propiedad de particulares en forma directa, continua, pacífica, pública y como propietario, por un plazo mayor de 5 años, podrá solicitar la inscripción de su derecho de posesión en el "Registro Predial" (Art. 22 primer párrafo de la Ley).
2) REQUISTOS
La Ley de Registro de Predios Rurales ha previsto que un posesionario de un predio rural reúna y acredite una serie de requisitos para que su derecho sea inscrito, como previo a la inscripción de la propiedad por prescripción, pues no todo poseedor podría ser amparado con la inscripción del derecho de posesión. De ahí que la ley exige que el solicitante cumpla las exigencias previstas en la ley, los mismos que pueden ser configurados de fondo y forma (Art. 22 de la Ley), de la siguiente manera:
a. DE FONDO:
1) Que se apruebe el derecho de posesión y la explotación económica a través de la presentación de las pruebas señaladas en el artículo 26 [16], con excepción del referido en su literal i), y en el artículo 27 de la presente Ley. Dichas pruebas deberán acreditar la posesión y la explotación económica durante el plazo señalado en el párrafo anterior (más de 5 años).
PRUEBAS DE LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA
El solicitante debe acreditar, además de su derecho de posesión (con pruebas obligatorias referidas a los requisitos de forma _Formulario Registral_ y complementarias _Prueba documental de la posesión_ mencionadas en el artículo 26 de la Ley), pruebas de la explotación económica del predio rural, a través de la inspección ocular que efectúe el Ingeniero verificador. En dicha inspección el verificador deberá constatar: la existencia de cementeras de plantaciones de cultivo o de crianza de ganado de acuerdo a la capacidad de los pastos, o en su caso, de labores de preparación de suelos.
Se considera que también existe explotación económica en los predios rurales que se encuentran en período de descanso.
El amojonamiento, cercos, cortes de madera, construcciones de edificaciones u otros actos similares no constituyen por sí solos pruebas de la explotación económica (Art. 27 de la Ley).
2. Que no exista vínculo contractual entre el poseedor y el propietario del predio relativo a la posesión del mismo. Este hecho deberá constar en forma expresa en el texto del Formulario Registral; y
b. DE FORMA:
3. Que se presente el Formulario Registral, firmado por notario público o abogado colegiado y por verificador, acompañado de:
i. Las pruebas del derecho de posesión y de la explotación económica del predio rural; y
ii. Copia de los planos a que se refiere el Capítulo Quinto de la presente Ley, según sea el caso.
c) INSCRIPCIÓN DEL DERECHO DE POSESIÓN
Los registradores públicos por el solo mérito de una de las pruebas obligatorias y una prueba complementaria, inscriben el derecho de posesión invocado por el solicitante (Art. 26 de la Ley).
El poseedor puede sumar a su plazo de posesión, los plazos posesorios de los anteriores poseedores plenos. Para tal efecto debe acreditar la cadena ininterrumpida de los plazos posesorios anteriores al suyo, bajo la modalidad y con las pruebas establecidas en el presente artículo (Art. 26 de la Ley).
La suma de posesiones
Una vez que el Registrador califique positivamente e inscriba el derecho de posesión del solicitante, debe ordenar las notificaciones que ha previsto la ley, (art. 23 de la Ley). Así:
a) NOTIFICACIONES: La ley ha previsto la notificación mediante Carteles y en el Diario Oficial El Peruano.
CARTELES. A las siguientes personas e instituciones, respecto al derecho inscrito:
- al propietario.
- a los colindantes;
- a los vecinos del predio rural;
Mediante carteles que se colocarán:
- En el local del registro;
- En el predio rural materia de la inscripción;
- En el local del municipio;
- En el Juzgado de Paz;
- En el Juzgado Especializado en lo Civil más cercano;
- En la Dirección Regional o Subregional Agraria o la Oficina del Ministerio de Agricultura de la jurisdicción donde se ubique el predio;
- y la iglesia parroquial, si los hubiere.
En DIARIO OFICIAL EL PERUANO
Del mismo modo, estas notificaciones deberán ser publicadas por una sola vez y en forma gratuita en el Diario Oficial El Peruano. La presentación de la citada publicación en el Diario Oficial no será exigible por el Registro para efectos de la inscripción del derecho de propiedad (Art. 23 de la Ley).
b) CONTENIDO DEL EDICTO (Art. 23 último párrafo, de la Ley):
En las notificaciones mencionadas deberán consignarse:
- TITULARIDAD DEL DERECHO. SANEAMIENTO LEGAL: el nombre del poseedor con derecho inscrito en la oficina registral correspondiente.
- SANEAMIENTO FÍSICO: la ubicación, el área, linderos, perímetro, el código registral del predio rural y su código catastral si lo hubiere.
Asimismo, en la notificación se señalará que de no presentarse oposición alguna durante los 30 días siguientes a la fecha del primer día de su publicación, se procederá a la inscripción, en forma automática, del derecho de propiedad del solicitante, sin requerirse declaración judicial previa.
Las notificaciones permanecerán en los carteles durante un plazo de 30 días contados a partir del primer día de su publicación (Art. 23 de la Ley).
d) OPOSICION A LA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO DE OPOSICIÓN
Cualquier persona que se considere perjudicado o que considere que un titular con derecho inscrito de su derecho de posesión no reúna las exigencias de ley, puede formular su oposición ante el Registrador dentro del plazo legal establecido en el artículo 23 de la Ley, para lo cual la solicitud debe reunir los requisitos que establece el artículo 22 de la mencionada Ley, estos son:
- DE FORMA: La oposición deberá presentarse por escrito al "Registro Predial";
- DE FONDO: A la solicitud de oposición se debe acompañar: PRUEBAS instrumentales que tienda a acreditar lo siguiente:
i. Que el titular con derecho inscrito no se encuentra explotando económicamente el predio;
ii. Que, no se encuentra poseyéndolo de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo del artículo 22 (en forma directa, continua, pacífica y pública, como propietario, por más de cinco años).
iii. Que, el titular con derecho inscrito tiene relación contractual con el propietario del predio respecto a la posesión, es decir, bien puede desvirtuarse la declaración jurada formulada en el Formulario Registral efectuada por el solicitante, con lo cual además no podría ser considerado que posee un predio como propietario, que constituye además exigencia imperativa prevista en el artículo 22 de la Ley, para ser beneficiario por la prescripción.
Respecto a los dos primeros numerales, bien puede cuestionarse que el titular con derecho inscrito haya podido lograr inscribir su derecho de posesión, pero cuando no reunía los requisitos, esto es, que no se encontraba explotando económicamente el predio, es decir, no le ha dado un uso o disfrute que amerite configurarse como explotación económica, o cuando no se ejercía la posesión en las formas exigidas, directa, continua, pacífica y pública como propietario por más de cinco años.
Respecto al tercer numeral, se encuentran todos quienes tienen alguna relación contractual con el propietario, en cuya virtud se valen de un título que los legitima a poseer la cosa, ejm., el contrato de arrendamiento, comodato, etc. En estos casos, quienes poseen directamente la cosa, son los poseedores inmediatos, mientras que los mediatos serán quienes confirieron el título en virtud del cual se ejercita la posesión directa. “El poseedor mediato posee por medio del poseedor inmediato, que es la persona que por estar ligada con una relación jurídica a aquél se halla en una posesión directa con la cosa” [17]. En consecuencia, estos poseedores inmediatos no son los que la ley los legitima para solicitar el procedimiento de prescripción adquisitiva.
Otra figura jurídica es la del servidor de la posesión, quien tampoco podría ser amparado por la usucapión, y es quien no ejerce la potestad de hecho para sí, sino para otro, con quien tiene relación de subordinación o dependencia. El artículo 897 del Código Civil consagra esta figura “No es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas”. El servidor de la posesión supone que entre el que ejerce la potestad de hecho sobre la cosa y otra persona media una relación de dependencia o de subordinación, de tal manera que debe seguir las instrucciones u órdenes de éste referentes a la cosa. Ese servidor, se dice, posee en provecho exclusivo del poseedor. Así, por ejemplo, el trabajador respecto a los utensilios del empresario, que emplea en su trabajo; los criados, respecto a las cosas pertenecientes al dueño a quien sirven, etc. En suma, el servidor de la posesión es el ejecutor material de la posesión que otro tiene, pero nunca puede ser considerado jurídicamente como poseedor. Es un mero instrumento humano el servidor del poseedor.
El servidor de la posesión ejerce la misma en nombre de otro, que la tiene. Su estatuto jurídico es puramente negativo; nos dice sólo quién no es poseedor. Mientras las cosas estén en manos del servidor de la posesión se han de considerar a todos los efectos jurídicos como si estuvieran en las del poseedor [18]. Tanto el servidor de la posesión como el poseedor en nombre del posesorio de otro son detentadores que deben asimilarse a la posesión precaria; ambos, como todo detentador, son protegidos por interdictos frente a terceros, aunque no frente al titular efectivo, respecto del cual no corre el plazo de un año. Así por ejemplo el propietario de un coche no llega a perder su posesión _aunque se ausente indefinidamente_ mientras lo detente su chofer, servidor de la posesión; el chofer aunque no tiene tutela interdictal frente a su empleador y propietario, sí la tiene frente a cualquier tercero que perturbe su detentación [19].
2. TRÁMITE:
a) REMISIÓN DE LA OPOSICIÓN
El registrador deberá remitir la oposición al Juez de Tierras competente, con lo que se tendrá por presentada la demanda a efectos de expedirse el auto admisorio de la instancia (Art. 24 de la Ley).
b) INSCRIPCIÓN DE LA OPOSICIÓN
El registrador deberá de inscribir la oposición en la partida registral correspondiente (Art. 24 de la Ley).
Corresponde conocer este proceso judicial al Juez Especializado o Mixto del lugar de ubicación del predio.
b) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
El Juez Especializado o Mixto una vez recibida la oposición, deberá disponer la adecuación al trámite judicial, para efectos de la calificación de la demanda a los requisitos previstos (Arts. 424 y 425 del Código Procesal Civil), para lo cual el opositor debe comportarse diligentemente dado que es la oportunidad que confiere la ley para cuestionar el derecho de posesión inscrito [20] y la obtención de una resolución que funde su oposición que formuló dentro del plazo legal establecido, dado que el mencionado oponente persigue una resolución que funde su demanda de oposición el que tendrá como efecto, de ser fundada, la cancelación del derecho de posesión inscrito, por cuanto además, y en vía de interpretación contrario sensu de no recaer resolución de fondo que declara fundada dicha demanda no tendría el mencionado efecto perseguido por el demandante y conferido por Ley (art. 24, la cancelación del asiento registral) _dado que además no hay otro plazo que otorgue la Ley para una nueva solicitud de oposición_, con la cual consolidará el derecho del posesionario con derecho inscrito, y además esto guarda concordancia con el principio de Legitimación [21].
c) VIA PROCEDIMENTAL
Proceso Abreviado (Art. 24 de la Ley, concordante con el artículo 486 y sgts. C.P.C.).
d) CUESTIÓN CONTROVERTIDA
Por la naturaleza del derecho en controversia sometido al órgano jurisdiccional, los puntos controvertidos a ser ventilados en el proceso de Oposición a la Inscripción del derecho de posesión se puede desprender, además del derecho sustantivo protegido, de los que se encuentran delimitados en la previsión contenida en el artículo 22 de la Ley de Registro de Predios Rurales; es decir, el establecimiento que el titular del derecho de posesión inscrito no se encuentra explotando económicamente el predio; el establecimiento que dicho titular, no se encuentra poseyéndolo el predio en forma directa, continua, pacífica y pública como propietario por más de cinco años, y además acerca de la existencia de vínculo contractual del titular con derecho inscrito y el propietario (Art. 22 de la Ley).
e) RESOLUCIÓN JUDICIAL
i) FUNDADA
Si se declara fundada la demanda de Oposición a la inscripción del derecho de Posesión, el Juez deberá remitir una copia de la resolución consentida al Registrador, quien por ese mérito cancelará el asiento donde corre inscrito el derecho de posesión y cualquier otro asiento posterior que sea consecuencia del mismo (Art. 24 de la Ley).
ii) INFUNDADA
Por el contrario, si es desestimada la mencionada demanda, el registrador deberá inscribir la propiedad del predio rural a nombre del poseedor de dicho predio cuyo derecho se encuentra inscrito en el "Registro Predial" (Art. 24 de la Ley).
Si la oposición a que se refiere el artículo anterior (art. 24) versara sólo sobre parte del predio rural el derecho de posesión sobre la parte restante, se convertirá en derecho de propiedad (Art. 25 de la Ley).
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, el poseedor deberá solicitar la independización registral de la parte del predio rural materia de la oposición. Una vez efectuada la independización el registrador deberá inscribir el derecho de propiedad (Art. 25 de la Ley).
Puntualizados los asuntos materia de acreditación por parte de la persona posesionaria que lograr inscribir el derecho de posesión, en caso de eventual solicitud de oposición por terceros respecto a ese derecho inscrito, ésos presupuestos que dieron origen a la inscripción serán materia de dilucidación judicial en el proceso judicial de Oposición a la Inscripción del Derecho de Posesión; de lo que conlleva precisar tres supuestos fácticos de eventual cuestionamiento que ya se mencionaron, la posesión directa, continua, pacífica y pública y como propietario por más de cinco años, la existencia de vínculo contractual del poseedor con el propietario, y por último, la explotación económica en las formas previstas en la ley.
4.1 CALIFICACIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
Una vez recibida la solicitud de oposición por el Juzgado Especializado Civil o Mixto, será materia de calificación como cualquier demanda, no siendo exigencia de admisibilidad que el oponente ofrezca pruebas instrumentales de su oposición –aunque son necesarias para amparar la pretensión_, dado que la calificación será respecto de los llamados presupuestos procesales y condiciones de la acción, configurados en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, no debiendo encontrarse incurso en supuestos de improcedencia previstos en el artículo 427 del mismo Código. Así se encuentra establecido en la Casación Nº 958-2003, publicado el 30 de setiembre 2005, p. 14752, en el Sexto Considerando, “… el artículo 24 del Decreto Legislativo número 667, que regula la oposición a la inscripción, establece que ésta deberá presentarse por escrito al “Registro Predial”, acompañada de pruebas instrumentales que acrediten que el titular con derecho inscrito no se encuentra explotando económicamente el predio ni poseyéndolo de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo del artículo 22 del citado dispositivo, exigencia que por su naturaleza, se orienta a establecer su presupuesto de probanza que habrá de ser valorado por el juzgador en la sentencia a expedir ulteriormente, pero que de ninguna manera constituye un requisito de admisibilidad de la demanda, los cuales se hayan taxativamente previstos en el artículo 424 del Código Procesal Civil”; de manera que una calificación negativa por defectos formales en cuanto a la omisión en la presentación de las instrumentales, podría conllevar una afectación al Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, a lo que se debe agregar que el justiciable no encontraría una respuesta del órgano jurisdiccional acerca del conflicto.
Distinta es la situación cuando eventualmente se haya podido calificar negativamente la demanda y se le haya concedido la posibilidad de subsanar la misma, pero que ante la negligencia del actor no lo haya efectuado, en cuyo supuesto tiene como consecuencia el rechazo de la demanda. Este criterio se encuentra en la Casación Nº 642-02 CAJAMARCA, publicado el 28 de Febrero de 2005, p. 13627, en el Quinto Considerando, “al respecto del análisis de autos se aprecia que mediante resolución número veinte su fecha veintidos de diciembre del dos mil uno, anexa a fojas ciento noventiuno, se concedió a la parte demandante el plazo de tres días hábiles para que cumpla con subsanar las omisiones advertidas por el A quo, sin embargo, los demandante no cumplieron con subsanarlas, no obstante que, las formalidades previstas en el Ordenamiento Procesal son de carácter imperativo y de obligatorio cumplimiento, en virtud de lo dispuesto por el artículo noveno del Título Preliminar del Código Procesal Civil”; en cuyo caso se llega a establecer que no existe contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, afirmándose en el Sexto Considerando, “Que, en tal sentido, no puede el recurrente fundamentar su recurso de casación en una supuesta contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, cuando ésta deriva de su propia negligencia procesal, máxime que en autos se evidencia que en ningún momento se le ha privado a la parte demandante del ejercicio de su derecho de defensa, por ende, al no existir indefensión tampoco debe existir nulidad”.
4.2 DE LOS REQUISITOS DE LA POSESIÓN
Puede cuestionarse la posesión no ejercida en las formas exigidas por Ley, es decir, la que no se ostenta en forma directa, continua, pacífica y pública, como propietario por más de cinco años, o respecto a que no se realizó explotación económica del predio durante el tiempo exigido en la Ley con anterioridad a la solicitud de inscripción del derecho de posesión. En la Casación Nº 1598-2002 CHOTA/SANTA CRUZ/CAJAMARCA, publicado el 30 de Marzo 2005, p. 13817, se tiene precisado algunos aspectos cuando ha de entenderse la posesión no pacífica, en el Quinto Considerando, “Que, el artículo 22 del Decreto Legislativo seiscientos sesentisiete establece como requisitos para la inscripción del derecho de posesión, la posesión y explotación económica de un predio en forma directa, continua, pacífica y pública y como propietario durante un plazo de cinco años; advirtiéndose que en el caso de autos que no se ha cumplido con el requisito de la posesión pacífica por cuanto conforme lo refiere la misma Sala Superior la demandada tiene una sentencia penal en contra por el delito de usurpación, la misma que conlleva a la ausencia de la posesión pacífica; por lo que siendo así resulta amparable la demanda de oposición a la inscripción a que se refiere el artículo veinticuatro del Decreto Legislativo número seiscientos sesentisiete, correspondiendo en este sentido confirmar la sentencia apelada que declara fundada la demanda, ello en aplicación de la facultad conferida en el inciso primero del artículo trescientos novetiseis del Código Procesal Civil”. Otro supuesto de carencia de la pacificidad de la posesión se hace referencia en la Casación Nº 1624-2004, LA LIBERTAD, publicada el 4 de Enero de 2006, p. 15195, en el Considerando Tercero “Que la sentencia de vista, al asumir los fundamentos de la apelada y confirmarla, ha establecido que entre las partes existen controversias judiciales sobre la titularidad del predio sub litis, no concurriendo por tanto el requisito de posesión pacífica a que hace referencia el artículo 22 del Decreto Legislativo número 667, obtener el derecho de propiedad del bien por la vía de la prescripción administrativa”.
4.3 EXISTENCIA DE VINCULO CONTRACTUAL
La vinculación contractual del posesionario con el propietario desvirtúa ipso iure su condición de beneficiario para adquirir la propiedad por prescripción el predio rural, que en caso de acreditarse este vínculo, la persona solicitante que suscribió los Formularios registrales habría efectuado una falsa declaración, dado que en el contenido del mencionado Formulario expresamente contiene la mención que se es poseedor en forma directa, continua, pacífica y pública como propietario por más de cinco años, en cuya virtud solicita que se inscriba el derecho de posesión. Se tiene la Casación Nº 1096-03 SANTA, publicado el 28 de Febrero 2005, por la que se declara Infundado el recurso de Casación, que en el Séptimo Considerando dice: “(…) el Colegiado Superior ha tomado como punto esencial de su decisión la calidad de arrendatarios de los posesionarios y que la posesión que han ejercido no ha sido en forma pacífica, resultando irrelevante haber sido por más de cinco años conforme lo establece el artículo veintidos del Decreto Legislativo seiscientos sesentisiete”.
[1] De Soto, Hernando, El Misterio del Capital, Porqué el Capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo, Empresa Editora El Comercio, edición 2000, p. 32.
[2] Idem., p. 31.
[3] Max Arias Schreiber Pezet, EXEGESIS, del Código Civil Peruano de 1984, Tomo II, Gaceta Jurídica, primera edición mayo 2006, p. 93.
[4] Diez-Picazo, Luis, y Gullón, Antonio, “Sistema de Derecho Civil”, Volumen III, Editorial Tecnos, Sexta edición, reimpresión 1998, p. 97.
[5] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 98.
[6] Max Arias Schreiber Pezet, op., cit., p. 94.
[7] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 102.
[8] Max Arias Schreiber Pezet, op., cit., p. 258.
[9] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 98.
[10] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 146.
[11] Max Arias Schreiber Pezet, op., cit., p. 258.
[12] Idem., p. 260 y 261.
[13] Idem., p. 261.
[14] Max Arias Schreiber Pezet, op., cit., p. 261, citando a José Antonio Álvarez Caperochipi, “Curso de Derechos Reales”, tomo I, Ed. Civitas S.A. Madrid, 1986, p. 150.
[15] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 106 y 107.
[16] La posesión directa, continua, pacífica, pública y como propietario del predio rural, debe acreditarse a través de la presentación al Registro correspondiente de dos pruebas. Una de ellas es, necesariamente, cualesquiera de las tres declaraciones escritas siguientes:
a) De todos los colindantes o seis vecinos;
b) De los comités, fondos u organizaciones representativas de los productores agrarios de la zona; y,
c) De las Juntas de Usuarios o Comisiones de Regantes del respectivo Distrito de Riego.
La declaración correspondiente debe constar en Formulario Especial, debiendo acreditar los derechos del solicitante sobre el predio y, en su caso, los del cónyuge o conviviente. En adición a una de las pruebas obligatorias antes citadas, se debe acompañar cualesquiera de los documentos que a continuación se detallan, los mismos que constituyen pruebas complementarias (Art. 26 Ley de Registro de Predios Rurales). Las pruebas complementarias detalladas en el art. 26 (incisos 1 a 14) son adicionales para acreditar la posesión del predio rural.
[17] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 107.
[18] Idem., p. 109.
[19] Max Arias Schreiber Pezet, op., cit., p. 95, citando a José Antonio Alvarez Caperochipi, op., cit., p. 88.
[20] El artículo 23 de la Ley confiere el plazo de 30 días desde las notificaciones precisadas en el artículo de la misma ley.
[21] “El contenido de la inscripción de presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez” (art. 2013 del Código Civil).
Damián E. Rosas Torres
El Procedimiento Penal se integra por etapas y actividades. Deben estar previamente establecidas en la Constitución y en las leyes adjetivas Inician con una denuncia o q...
Particularidad de los Contratos Electrónicos. La oferta y la aceptación. Seguridad en los contratos electrónicos. Dinero Electrónico. Exigibilidad en caso de Incumplimiento.
Culpabilidad y multas sancionadoras en el derecho de la competencia (pdf)
En diversas resoluciones dictadas por la Comisión para Promover la Competencia (en adelante CPC), se advierte una distorsionada línea interpretativa que sumada a una prec...
Relaciones individuales de trabajo (20º a 34º). Duración de las relaciones de trabajo (35º a 41º). Suspensión de los efectos de la relación de trabajo (42º a 45º). Rescis...
El tema del “gobierno de los jueces” ha empezado a generar discusión en el ámbito mundial y no son poca las revistas y foros que en Europa y América se han organizada par...