Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S83-01.html
Timestamp: 2018-10-19 16:37:33
Document Index: 385550027

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 92', 'artículo 1969', 'artículo 58', 'artículo 35', 'artículo 47', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 92']

Zulema Tarazona Arriate et al v. Peru, Caso 11.581, Informe No. 83/01, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser./L/V/II.114 Doc. 5 rev. 1 en 265 (2001).
INFORME Nº 83/01
ZULEMA TARAZONA ARRIATE, NORMA TERESA PÉREZ CHÁVEZ Y
1. Mediante petición de fecha 22 de enero de 1996, presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión”, la “Comisión Interamericana” o “CIDH”) por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y por los señores Víctor Tarazona Hinostroza y Santiago Pérez Vela (en adelante “los peticionarios”), se denunció a la República del Perú (en adelante “Perú, el " Estado” o el “Estado peruano”) en relación con el asesinato de Zulema Tarazona Arriate y Norma Teresa Pérez Chávez, y por las lesiones personales ocasionadas al señor Luis Alberto Bejarano Laura, por miembros del ejército peruano, en hechos ocurridos el 9 de agosto de 1994. Los peticionarios alegan que estos hechos constituyen violación por el Estado peruano a los derechos a la vida, a la integridad personal, a garantías judiciales y a protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), así como a su obligación de respetar los derechos a que se refiere el artículo 1(1) de dicho tratado.
2. El Estado peruano alegó falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.
3. La CIDH, de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, decide admitir la petición, en lo que respecta a eventuales violaciones a los artículos 1(1), 4, 5, 8, 25 y 2 de la Convención Americana, e iniciar el procedimiento sobre el fondo de la cuestión. La Comisión decide igualmente notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
4. El 20 de febrero de 1996, la Comisión transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le solicitó responder dentro de un plazo de 90 días, conforme al Reglamento de la CIDH vigente para la época. El Estado respondió el 1° de julio de 1996. El 1 de octubre de 1996 los peticionarios presentaron observaciones a la respuesta del Estado, y el 18 de julio de 1997 presentaron información adicional. El Estado presentó escrito el 21 de mayo de 1998. El 26 de abril de 1999 la CIDH se puso a disposición de las partes para tratar de llegar a una solución amistosa. El Estado respondió el 25 de junio de 1999, y señaló que se abstenía de responder a la oferta de solución amistosa mientras la CIDH no se pronunciara sobre la admisibilidad del caso. El 4 de septiembre de 2000 los peticionarios presentaron información adicional. Ambas partes presentaron escritos adicionales en diferentes oportunidades.
5. Señalan que el 9 de agosto de 1994, las señoras Zulema Tarazona Arriate y Norma Teresa Pérez Chávez, y el señor Luis Alberto Bejarano Laura, se dirigían a sus respectivos domicilios en Chosica, a bordo de un vehículo de transporte público perteneciente a la línea 165 (ruta Lima-Chosica).
6. Alegan que aproximadamente a las 8:30 p.m., el vehículo paró a la altura del Km. 7.8 de la Carretera Central, en el paradero conocido como “La Esperanza” (distrito de Ate-Vitarte), para que uno de los pasajeros bajara. Refieren que cuando el vehículo reinició su marcha, se acercaron por detrás dos soldados del ejército peruano, quienes intentaron que el vehículo se detuviera. Señalan que el chofer del vehículo no se percató de la presencia de los soldados, y prosiguió su marcha.
7. Indican que uno de los soldados, a quien identifican como el Sgto. 2da. EP Antonio Mauricio Evangelista Pinedo, procedió a disparar directamente contra el vehículo, ocasionando la muerte a las señoras Zulema Tarazona Arriate y Norma Teresa Pérez Chávez, y lesiones al señor Luis Alberto Bejarano Laura. Agregan que los soldados, lejos de prestar auxilio a las víctimas, se dieron a la fuga.
8. Refieren que en relación a los hechos mencionados se iniciaron dos procesos judiciales. Uno en el Poder Judicial, ante el 27° Juzgado Penal de Lima, por delito de homicidio y lesiones, contra el Sgto. 2° EP Antonio Mauricio Evangelista Pinedo; y otro en el fuero militar, ante el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Policial del Ejército, por delito de homicidio por negligencia, contra la misma persona.
9. Señalan que el 20 de junio de 1995 el Consejo Supremo de Justicia Militar, en aplicación de las leyes de amnistía Nos. 26479 y 26492, promulgadas por el Congreso peruano el 14 y 28 de junio de 1995, respectivamente, concedió la amnistía al procesado, y dispuso el archivo definitivo del proceso judicial y la libertad del detenido.
10. Agregan que en fecha 11 de septiembre de 1995, el 27° Juzgado Penal de Lima archivó definitivamente a su vez el proceso judicial que venía conociendo, en atención a una excepción de cosa juzgada que se interpuso con fundamento en la mencionada decisión pronunciada el 20 de junio de 1995 por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
11. En relación al alegato de falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna efectuado por el Estado respecto a no haberse intentado acciones judiciales para que se indemnizara a las víctimas o a sus familiares por los hechos ocurridos, los peticionarios aducen que su petición se centra en la falta de investigación y sanción al responsable por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal, entre otros, en perjuicio de las víctimas.
12. Agregan que sin perjuicio de lo anterior, los familiares de las víctimas se apersonaron en el proceso penal para reclamar la indemnización civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92° del Código Penal peruano y lo contemplado en los artículos 54 y siguientes del Código de Procedimientos Penales, pero que su actuación se vio frustrada por el archivo del proceso derivado de las leyes de amnistía. Señalan finalmente que dichas leyes impiden cualquier tipo de investigación sobre los hechos alegados, con miras a obtener reparación civil.
13. En su primera respuesta, de fecha 1 de julio de 1996, el Estado no aceptó expresamente los hechos alegados por los peticionarios, ni los contradijo tampoco. La respuesta textual del Estado es la siguiente:
La Representación Permanente del Perú saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ocasión de referirse al Caso N° 11.581 y a ese respecto acompañar a la presente Nota, copia de las principales resoluciones expedidas por el Poder Judicial en contra del ciudadano Evangelista Pinedo Antonio, procesado por delito de homicidio por negligencia, en agravio de Zulema Tarazona Arriarte y otros (Exp. 431-94-EDT). Dicha información ha sido remitida por el Consejo Nacional de Derechos Humanos mediante oficio Nro. 405-96-JUS/CNDH, del 10 de junio del año en curso.
14. En comunicación de fecha 21 de mayo de 1998 Perú expresa lo siguiente:
El Estado peruano reitera las consideraciones expresadas en su respuesta a las partes pertinentes de la denuncia, en el sentido que los peticionarios no han hecho uso de los recursos que provee la jurisdicción interna, específicamente no han promovido la acción de indemnización, que corresponde ejercitar a quienes desean obtener un reparación civil por el daño causado, según lo dispuesto por el artículo 1969 del Código Civil Peruano.
15. Agrega que el Tribunal Constitucional peruano interpretó, con respecto a la Ley N° 26479 (Ley de Amnistía), que “en lo que se refiere al derecho a la reparación civil, el artículo 58° del Código de Justicia Militar establece que la amnistía y el indulto dejan subsistentes las acciones de reparación civil. En consecuencia, los que se sintieron agraviados por hechos delictivos objeto de la amnistía, pudieron hacer valer sus derechos a la debida reparación civil contra los autores de esos delitos o contra el Estado, por estar obligado como consecuencia de su responsabilidad subsidiaria (…). Si eventualmente quedaran algunos agraviados que no han obtenido esa reparación pueden hacerla valer ante las autoridades competentes”.
16. Expresa al finalizar su mencionada comunicación remitida a la Comisión Interamericana el 21 de mayo de 1998, que
Por las consideraciones expuestas que ratifican los argumentos contenidos en su respuesta anterior, el Estado peruano solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que proceda con el examen del caso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35° literal a) del Reglamento de la CIDH, decidiendo sobre la inadmisibilidad de la Denuncia N° 11.581-Zulema Tarazona Arriate y Otros, deducida en los informes peruanos al amparo de lo dispuesto por el artículo 47° literal a) concordante con el artículo 46°.1.a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 32°d), 37°.1 y 41°.a) del acotado Reglamento.
17. La Comisión pasa a analizar los requisitos de admisibilidad de una petición establecidos en la Convención Americana.
18. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto a quienes Perú se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado la Comisión señala que Perú es un Estado parte en la Convención Americana, desde el 28 de julio de 1978, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
19. La Comisión tienen competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado.
20. La CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana, ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición.
22. La Comisión observa que la petición se refiere al asesinato de dos personas, y a las lesiones ocasionadas a otra, que se imputan a un agente del Estado peruano. Las partes concuerdan en que en relación a los hechos denunciados ante la CIDH se iniciaron dos investigaciones, una en la jurisdicción penal ordinaria, y otra en la jurisdicción militar, en las cuales se investigaban tales hechos. En ambos procesos se estaba procesando al mismo integrante del ejército peruano como presunto responsable, y ambos fueron archivados como consecuencia de las leyes de amnistía.
23. El Estado peruano no ha controvertido los alegatos de los peticionarios respecto al inicio y conclusión de los procesos que se iniciaron en la jurisdicción civil y militar en relación con los hechos denunciados. Sin embargo, Perú alega que la petición es inadmisible por no haberse agotado los recursos de la jurisdicción interna respecto a la indemnización a las víctimas de los hechos o a sus familiares.
24. Para decidir sobre la excepción opuesta por el Estado, la Comisión debe establecer cuáles son los recursos internos que deben ser agotados en relación con los hechos alegados en la petición bajo estudio. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que sólo deben ser agotados los recursos adecuados para subsanar las violaciones presuntamente cometidas, y ha clarificado que lo adecuado de los recursos significa que
la función de esos recursos dentro del sistema de derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo.[1]
25. La Comisión Interamericana ha señalado que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias[2] y que, en esos casos, ésta constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario.
26. La interpretación anterior es consistente con la explicación que ha efectuado la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se señala que “los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Al respecto, la Corte Interamericana ha explicado que la referida obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a que se refiere el artículo antes transcrito implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Ello comprende la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención; procurar el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, reparar los daños producidos por la violación de los derechos humanos.[3]
27. La obligación internacional que tiene el Estado de indemnizar a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por sus agentes constituye entonces una responsabilidad directa y principal, es decir, que corresponde directamente al Estado y no está sujeta a que las víctimas intenten previamente acciones personales en contra de tales agentes, independientemente de lo que pueda disponer al efecto la legislación interna.
28. En situaciones como la planteada en la petición bajo estudio, en la que se denuncia el asesinato de dos personas y las lesiones causadas a otra, los recursos internos que deben tomarse en cuenta a los efectos de la admisibilidad de la petición, son los relacionados con la investigación y sanción a los responsables por dichos hechos.[4] [5]
29. La Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios en la denuncia bajo estudio involucran la presunta vulneración de derechos fundamentales, como la vida y la integridad personal, que se traducen en la legislación interna en delitos perseguibles de oficio. Por tanto, el proceso por delito de homicidio y lesiones que inició en la jurisdicción civil el 27° Juzgado Penal de Lima contra el Sgto. 2° EP Antonio Mauricio Evangelista Pinedo, es el que debe ser considerado a los efectos de determinar el agotamiento de los recursos internos respecto a la presente petición.
30. Comoquiera que dicho proceso judicial concluyó con una decisión de fecha 11 de septiembre de 1995, mediante la cual el 27° Juzgado Penal de Lima acordó archivar de manera definitiva dicho proceso, la CIDH considera que tal decisión agotó los recursos de la jurisdicción interna.
31. Por tanto, la Comisión desestima el argumento del Estado respecto a la falta de agotamiento de los recursos internos relacionada con la reclamación judicial de la indemnización por los hechos denunciados.
32. La Comisión observa que la decisión que agotó los recursos internos, como explicado supra, se produjo el 11 de septiembre de 1995, mientras que la denuncia fue presentada el 20 de febrero de 1996. Por tanto, se encuentra satisfecho el requisito establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana.
33. La Comisión entiende que la materia de la petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni reproduce una petición ya examinada por este u otro organismo internacional. Por lo tanto, los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención se encuentran satisfechos.
34. La Comisión considera que la exposición de los peticionarios se refiere a hechos que de ser comprobados podrían caracterizar una violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a garantías judiciales y a protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, así como a la obligación de respetar los derechos a que se refiere el artículo 1(1) de dicho tratado. La Comisión observa asimismo que los procesos penales de la legislación interna fueron archivados con base en las leyes de amnistía Nos. 26479 y 25492. Al respecto, haciendo uso de sus facultades derivadas del principio iura novit curia, la Comisión decide de oficio estudiar si los hechos denunciados podrían configurar una violación por el Estado peruano a lo establecido en el artículo 2 de la Convención Americana.
35. La Comisión concluye que tiene competencia para conocer de esta petición y que ésta es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
1. Declarar admisible la petición, en lo que respecta a las eventuales violaciones a los artículos 1(1), 4, 5, 8, 25 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2001. Firmado por Claudio Grossman, Presidente; Juan Méndez, Primer Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta; Comisionados: Hélio Bicudo, Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.
[1] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 63.
[2] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 1997, Informe Nº 52/97 - Arges Sequeira Mangas, Caso 11.218, (Nicaragua), párrafos 96 y 97.
[3] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 166.
[4] No obstante ello, en la petición bajo estudio las presuntas víctimas se hicieron parte civil en el referido proceso penal ante el 27° Juzgado Penal de Lima, conforme a las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales peruanos, pero no pudieron obtener ninguna reparación por haberse archivado el proceso. Al respecto, el artículo 92° del Código Penal peruano establece que “la reparación civil se determina conjuntamente con la pena”, mientras que los artículos 54° y 57° del Código de Procedimientos Penales contemplan que: “el agraviado, ascendientes o descendientes, su cónyuge, sus parientes colaterales y afines dentro del segundo grado… pueden constituirse en parte civil [y]…ofrecer las pruebas que crean convenientes para esclarecer el delito…”.
[5] En casos en que se ha alegado a la Comisión que un determinado recurso contencioso administrativo disponible en la legislación interna de otro Estado parte de la Convención Americana ha debido agotarse como parte de los recursos de la jurisdicción interna, la CIDH ha señalado reiteradamente que: “En cuanto al agotamiento de la jurisdicción contencioso administrativa, la Comisión ya ha señalado que este tipo de proceso constituye exclusivamente un mecanismo de supervisión de la actividad administrativa del Estado encaminado a obtener indemnización por daños y perjuicios causados por abuso de autoridad. En general, este proceso no constituye un mecanismo adecuado, por sí solo, para reparar casos de violaciones a los derechos humanos, por lo cual no es necesario que sea agotado en un caso como el presente cuando existe otra vía para lograr tanto la reparación del daño como el juzgamiento y sanciones exigidos”. CIDH, Informe Anual 2000, Informe N° 57/00 – La Granja, Ituango, Caso 12.050 (Colombia). pár. 41. Véase también: CIDH, Informe Anual 1995, Informe N° 15/95, párrafo 71; Informe Anual 1999, Informe N° 61/99, párrafo 51; Informe Anual 1997, Informe N° 5/98, párrafo 63.