Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-208097567
Timestamp: 2020-06-05 03:23:45
Document Index: 174901189

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 239', 'artículo 27', 'artículo 8', 'artículo 53', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 239']

Sentencia de Tutela nº 069/10 de Corte Constitucional, 4 de Febrero de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 208097567
Sentencia de Tutela nº 069/10 de Corte Constitucional, 4 de Febrero de 2010
Mínimo vital, trabajo, estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes se encontraban vinculadas a las entidades accionadas, mediante distintos tipos de contratos de trabajo y fueron despedidas luego de haber informado a sus jefes sobre su estado de embarazo. La corte realiza reiteración de jurisprudencia sobre, la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, se pronuncia sobre la ausencia de aviso sobre el estado de embarazo y su no habilitación al empleador para desvincular a la mujer gestante, el fuero de maternidad el cual opera independientemente del tipo de vinculación, la aplicación directa del principio constitucional de solidaridad en los casos de desvinculación laboral de la mujer embarazada, derecho a la no discriminación por razón de género, se concluye que los derechos de las accionantes fueron vulnerados y por lo tanto se decide amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante, se ordenan las respectivas reincorporaciones, y su afiliación y a sus hijos por el primer año de vida al sistema integral de seguridad social en salud. Concedida.
T-069-10 Sentencia T-069/10 Sentencia T-069/10
Referencia: expedientes T-2.426.390  T- 2.422.019  T- 2.417.622  T- 2.422.761 y T- 2.420.047
Acciones de Tutela instauradas por Z.H.M. en contra de la Secretaría del Espacio Público del Municipio de Medellín y la Empresa Metropolitana para la Seguridad  Metroseguridad-; C.G.V. en contra de Servi-autos P.; O.M. de Lima Caballero en contra de la Universidad del M.; M.D.F. en contra de Colsalud E.P.S. Clínica Mar Caribe y D.C.M.R. en contra de la Corporación El Minuto de D..
Bogotá D.C., 4 de febrero de dos mil diez (2010)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados J.I.P.C. -quien la preside-, H.A.S.P. y L.E.V.S., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente
En el proceso de revisión de los fallos proferidos por: (i) el Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín, en el trámite de la acción de tutela incoada por Z.H.M. contra la Secretaria del Espacio Público de Medellín y otro; (ii) el Juzgado Cuarto Civil Municipal de P., en el trámite de la acción de tutela incoada por C.G.V. contra Servi-Autos P.; (iii) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M. Sala Civil y Familia, en el trámite de la acción de tutela incoada por O.M. de Lima caballero contra la Universidad del M.; (iv) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de S.M., en el trámite de la acción de tutela incoada por M.D.F. contra Colsalud EPS y, (v) el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por D.C.M.R. contra la Corporación Minuto de D..
Los expedientes T- 2.426.390  T- 2.422.019  T- 2.417.622  T- 2.422.761 y T- 2.420.047 fueron seleccionados y acumulados por presentar unidad de materia relacionada con la protección de la trabajadora embarazada, en el Auto de la Sala de Selección número Diez de la Corte Constitucional, de 22 de octubre de 2009, para ser fallados en una sola sentencia.
La peticionaria Z.H.M. interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la dignidad humana y a la protección de las mujeres en embarazo, vulnerados por la Secretaría del Espacio Público de Medellín y la Empresa Metropolitana para la Seguridad  Metroseguridad - , según los hechos que a continuación son resumidos:
Admitida la solicitud de tutela, el Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín corrió traslado de la misma a la Secretaría del Espacio Público de Medellín y a la Empresa Metropolitana para la Seguridad  Metroseguridad -.
1.1.5.1. Copia de la cédula de ciudadanía de Z.H.M..
1.1.5.3. Escrito proferido por la Subsecretaría de la Defensoría del Espacio Público de Medellín, donde se notifica a la señora Z.H. la terminación del contrato de prestación de servicios suscrito con la Empresa Metropolitana para la Seguridad  Metroseguridad-, a partir de el día 30 de julio del 2009.
La señora C.G.V. solicita al juez de tutela el amparo a sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, vulnerados por la Empresa SERVI-AUTOS PEREIRA. La acción de tutela se funda en los siguientes:
1.2.2.1. Señala la peticionaria que se vinculó laboralmente desde el 1° de enero de 2009 a la Empresa SERVI-AUTOS PEREIRA, en virtud de un contrato de trabajo a seis meses, suscrito con la señora E.M.C., quien en ese momento era la propietaria de la mencionada empresa.
1.2.2.2. Indica que la Empresa SERVI-AUTOS PEREIRA fue vendida el 23 de junio de 2009 al señor S.S.L., quien a su vez la vendió el 16 de julio de 2009 al señor J.F.P..
1.2.2.3. Sostiene que el señor J.F.P., días antes de comprar la Empresa, le manifestó verbalmente que no le renovaría el contrato de trabajo debido a su estado de embarazo. Por este motivo, la accionante laboró hasta el 18 de julio de 2009.
El señor J.F.P., en su condición de nuevo propietario de la Empresa SERVI-AUTOS PEREIRA, respondió la acción de amparo y se opuso a su prosperidad.
Consideró que no hay legitimación en la causa por pasiva, toda vez que entre la demandante y él no ha existido vínculo laboral alguno, teniendo en cuenta que la peticionaria no suscribió con él contrato laboral, sino con la señora E.M.C..
El Juzgado Cuarto Civil Municipal de P., en fallo del dieciocho (18) de agosto de dos mil nueve (2009), denegó el amparo solicitado.
Consideró que no es procedente ordenar el reintegro de la accionante a la Empresa SERVI-AUTOS PEREIRA, toda vez que entre el actual propietario de la misma y la peticionaria no existe ningún vínculo laboral, en el entendido de que el contrato de trabajo se suscribió con la señora E.M.C., el cual se cumplió en su integridad por el término estipulado.
1.2.5.2. Constancia expedida por E.M.C., en la cual certifica que C.G.V. se desempeña como tesorera de SERVI-AUTOS PEREIRA, desde el día 01 de enero hasta el 30 de junio de 2009.
Mediante apoderado judicial, la señora O.M. de Lima Caballero interpuso acción de tutela contra la Universidad del M.. Pretende se amparen sus derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la dignidad humana, al trabajo y a la protección de la maternidad, en su parecer vulnerados por la Universidad del M., con fundamento en los siguientes:
1.3.2.1. Relata la accionante que fue vinculada a la Universidad del M. en calidad de contratista a través de órdenes de servicio, desde el 16 de septiembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2008.
1.3.2.2. Indica que el día 13 de enero de 2009, el Dr. J.M.C., Decano de la facultad en la cual prestaba sus servicios, le informó que para este año no seguiría vinculada con la Universidad, debido a que el R. delA.M. había decidido realizar una restructuración en la facultad, lo cual implicaba un cambio en la planta del personal.
1.3.2.3. Explica que ante esta situación, dirigió un oficio al Rector de la Universidad, solicitando reconsiderar dicha determinación, toda vez que durante su vinculación había tenido un excelente desempeño laboral y, adicionalmente, se encontraba en estado de embarazo, del cual había informado en forma verbal al Dr. J.M. y a su jefe inmediato A.D.C..
1.3.2.4. Como respuesta, el Rector de la Universidad del M., Dr. P.E.E., le manifestó que la razón para no prorrogar la orden de servicios era el vencimiento de la misma y la inexistencia de las causas que habían dado origen a su vinculación, mas no su estado de gravidez.
1.3.2.5. Afirma que las causas y motivaciones que originaron su contrato aún persisten, prueba de ello es que las funciones que desempeñaba fueron asignadas a otras personas, por lo que considera que su desvinculación de la Universidad del M. se debió a su estado de embarazo.
El Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, Dr. J.A.M.C., indicó que en el acto de desvinculación con el cual resultó afectada la accionante, también se despidió a siete coordinadores académicos, un auxiliar administrativo y tres directores de programas, lo cual demuestra la trasparencia y objetividad de la restructuración de la nueva administración y desvirtúa que el despido hubiese sido provocado por el estado de embarazo de la demandante.
En el mismo sentido, se pronunció el apoderado de la Universidad del M., Dr. Á.A. de los R.B., quien instó al juez de tutela a declarar la improcedencia de la acción por no existir violación alguna de los derechos fundamentales de la accionante y por no ser la vía idónea para obtener la vinculación contractual de la petente.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de S.M. admitió la demanda y ordenó la vinculación del Coordinador Académico del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del M. y del Decano de la misma facultad. En fallo del trece (13) de marzo de dos mil nueve (2009), decidió no tutelar los derechos fundamentales invocados por la peticionaria.
En el caso particular, el juez consideró que no es posible concluir que la Universidad accionada tuviera pleno conocimiento sobre el estado de embarazo de la actora, toda vez que O.M. de Lima Caballero comunicó su estado en forma verbal a las personas vinculadas a la acción, quienes no eran los llamados a recibir la información. En su criterio, la actora debió dirigirse a la Oficina de Recursos Humanos y Laborales de la entidad accionada.
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M., el veintiuno (21) de abril de dos mil nueve (2009), decretó la nulidad de lo actuado por no haberse vinculado a personas con interés en las resultas del proceso.
Lo anterior, teniendo en cuenta que en el escrito de tutela, el apoderado de la accionante advirtió deseo aclarar que actualmente existen dos personas (Eder Pineda y Y.C., ejerciendo las labores que mi mandante y el señor D.M. (a quien ya mencioné) venían desempeñando en el programa de Administración de Empresas. Por ello, al pretender la actora su reintegro a la Universidad y, en el entendido de que algunas de las personas mencionadas tendrían que enfrentar una eventual desvinculación de la entidad educativa, ordenó el Tribunal vincular a dichas personas al trámite de la acción.
1.3.7.1. Copia de la cédula de ciudadanía de O.M. de Lima Caballero.
1.3.7.2. Oficio suscrito por la peticionaria y dirigido al Rector de la Universidad de M., en el cual solicita se reconsidere la decisión de prescindir de sus servicios y le pone de presente su estado de embarazo.
1.3.7.3. Historia clínica de O.M. de Lima Caballero, en la que se certifica su estado de gravidez.
La señora M.D.F. interpuso acción de tutela contra COLSALUD S.A. CLÍNICA MAR CARIBE, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, al haber sido despedida encontrándose en estado de embarazo. La acción interpuesta se fundamenta en los siguientes:
Señaló que en el presente caso no se satisfacen dichos requisitos, pues al momento de comunicarle a la señora M.D.F. la decisión de no prorrogar su contrato, la entidad no tenía conocimiento sobre su estado de embarazo.
El Juzgado Tercero Civil Municipal de S.M., en fallo del tres (3) de julio de dos mil nueve (2009), decidió conceder transitoriamente el amparo deprecado.
Revisado el caso, el a quo precisó que la carta de preaviso en la que se le indicaba a la accionante que su contrato no sería prorrogado, no corresponde a la terminación de la relación laboral, pues ésta se produce en términos efectivos el día 25 de mayo de 2009, es decir, cuando la entidad accionada ya tenía conocimiento del estado de embarazo de la peticionaria; por lo tanto es procedente aplicar el principio jurisprudencial de presunción de despido por maternidad o lactancia, máxime cuando tampoco se cumplió con el requisito legal de obtener autorización del inspector de trabajo para despedir a una trabajadora en embarazo.
Con base en ello, el juez de instancia amparó de manera transitoria los derechos fundamentales de la señora M.D.F. y, en consecuencia, ordenó a COLSALUD S.A. CLÍNICA MAR CARIBE su reintegro. Por otra parte, advirtió a la accionante el deber de iniciar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del fallo, el proceso laboral pertinente para resolver su situación laboral frente a COLSALUD S.A.
El apoderado judicial de COLSALUD S.A. CLÍNICA MAR CARIBE impugnó el fallo por considerar que la conducta de la accionada se ajustó a la reciente jurisprudencia constitucional, no tenida en cuenta por el a quo.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de S.M., en fallo del doce (12) de agosto de dos mil nueve (2009), revocó la sentencia de primera instancia.
Concluyó señalando que no se acreditaron los requisitos para conceder el amparo a los derechos invocados, ni siquiera como mecanismo transitorio, toda vez que no se probó que la desvinculación haya sido producto del embarazo de la peticionaria, ni tampoco que la accionada hubiera tenido conocimiento del embarazo de la señora M.D..
1.4.7.4. Copias de los llamados de atención realizados a la señora M.D.F..
La señora D.C.M.R. interpuso acción de tutela contra la Corporación Minuto de D., por considerar que vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo vital, al haberla despedido en estado de embarazo. La acción interpuesta se fundamenta en los siguientes:
1.5.2.1. Manifiesta la peticionaria que desde el 1° de noviembre de 2007, se vinculó laboralmente mediante contrato a término fijo inferior a un año a la Corporación Minuto de D., específicamente en el Proyecto Programa Generación de Ingresos en el municipio de Soacha, como asesora empresarial. Dicho contrato se extendió hasta el 25 de septiembre de 2008.
1.5.2.3. Sostiene que el 12 de febrero de 2009, envió un derecho de petición al Minuto de D., en cuya respuesta se le indicó que el fenecimiento del vínculo laboral no se dio por razón del embarazo sino con motivo de la expiración del plazo fijado.
1.5.2.4. Señala que, si bien el proyecto en el cual se encontraba vinculada debía finalizar, éste se prorrogó un poco más con ocasión del cierre y liquidación del mismo. Además estima que la Corporación Minuto de D. pudo haberla ubicado en otra dependencia.
El representante legal de la Corporación El Minuto de D. argumentó que no se trató de un despido atribuible al embarazo de la señora D.C.M., sino por la expiración del plazo del contrato, el cual fue debidamente preavisado. Agregó, que la materia objeto del contrato dejó de existir, motivo por el cual, la Corporación no podía reubicarla en otro cargo.
Igualmente, precisó que la Corporación El Minuto de D. en la misma época, notificó a los demás compañeros de trabajo de la demandante, que se encontraban en la misma condición laboral, que sus contratos expiraban el día 25 de septiembre de 2008, lo cual desvirtúa un tratamiento discriminatorio hacia la accionante.
En consecuencia, declaró la improcedencia de la acción y denegó las pretensiones formuladas por D.C.M.R..
Para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o los tres meses posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del Inspector del Trabajo, o del A.M. en los lugares en donde no existiere aquel funcionario. / El permiso de que trata este artículo sólo puede concederse con el fundamento en alguna de las causas que tiene para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los artículos 62 y 63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes. 3. Cuando sea un A.M. quien conozca de la solicitud de permiso, su providencia tiene carácter provisional y debe ser revisada por el Inspector del Trabajo residente en el lugar más cercano.
i) Que el despido se ocasione durante el período amparado por el fuero de maternidad, esto es, que se produzca en la época del embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto;
v) que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del niño que está por nacer[6]
En relación con el segundo requisito según el cual, el empleador debía tener conocimiento sobre el estado de embarazo de la trabajadora, este Tribunal en Sentencia T-095 del 7 de febrero de 2008, Magistrado Ponente H.A.S.P., tras considerar dicha exigencia como una carga que restringe la protección otorgada por la Constitución y al estimar que el legislador no contempló precepto alguno que exija que el estado de gravidez haya sido conocido por el empleador antes de la terminación del contrato sino que el despido se haya efectuado dentro del período del embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, amplió el ámbito de protección y concluyó que () un despido de la trabajadora embarazada  es decir  dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto  se presume que fue por causa o en razón del embarazo a menos que quepa aplicar las causales de despido con justa causa, asunto en el cual, se debe cumplir con las exigencias previstas en la legislación. Esta presunción opera también en relación con los contratos a término fijo que por prorrogarse de modo consecutivo se equiparan a contratos a término indefinido.
En tanto exista una relación laboral, cualquiera que ella sea, es predicable de la mujer embarazada el derecho a una estabilidad laboral reforzada, como una consecuencia del principio de igualdad, y por ende, su relación laboral no puede quedar ni suspendida ni anulada al punto de que se afecte su condición de mujer en estado de embarazo, toda vez que al margen del tipo de relación laboral que este operando, durante el período de embarazo la mujer es acreedora de un derecho especial de asistencia y estabilidad reforzada, que obliga, en el evento de ser despedida, a apelar a una presunción de despido por discriminación en razón del embarazo, siendo el empleador quien asuma la carga de la prueba que sustente el factor objetivo que le permita su despido de manera legal. [7]
Igualmente, manifiesta la Corte que si al momento de la expiración del contrato, las causas que le dieron origen subsisten, y si la trabajadora cumplió a cabalidad sus obligaciones, resulta preciso garantizar su renovación.[9]
En este orden de ideas, no solamente el Estado es responsable de proteger la vida y la salud de los asociados; estas garantías, como todos los derechos fundamentales, deben también ser resguardadas por los particulares, y se convierten por ello en su responsabilidad constitucional. Puede decirse entonces, que la protección a la persona humana se concreta frente a los actos u omisiones tanto del estado como de los particulares[1].
Como consecuencia de esta protección constitucional al nasciturue y a los niños menores de un año, las Empresas Promotoras de Salud deberán prestar el servicio independientemente de la afiliación o no directa del niño, pues, justamente, por su situación de indefensión y vulnerabilidad tienen derecho a una atención gratuita.
En el caso particular del periodo de gestación, desde el punto de vista biológico, sólo es posible atribuirlo a la mujer. Por ello, existe una protección constitucional reforzada[11] para el disfrute pleno de la maternidad, sin olvidar que el hombre y la mujer están en igualdad de condiciones y pueden gozar de las mismas oportunidades. Así, cualquier discriminación causada por el estado de embarazo, es una violación al derecho a la igualdad por razón del género. El mismo artículo 53 de la Constitución ordena que en el Estatuto del Trabajo se dé protección especial a la mujer y a la maternidad.
Según los hechos establecidos dentro del expediente, la accionante Z.H.M. se encontraba vinculada mediante contrato de prestación de servicios a la Empresa Metropolitana para la Seguridad  Metroseguridad-. Durante el desarrollo del contrato la peticionaria comunicó por escrito a su empleador su estado de embarazo, no obstante, al vencimiento del contrato le fue notificada la decisión de que el mismo no se renovaría.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional[12] ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se desconoce el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades en las relaciones de trabajo, es decir, corresponde al juez constitucional determinar si la relación de carácter civil puede asimilarse a un vínculo laboral, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) el trabajador desempeña una actividad por sí mismo (actividad personal), (ii) la cual realiza de manera subordinada o dependiente del empleador, lo que se refleja en el cumplimiento de órdenes impartidas por éste, relativas al modo, tiempo o cantidad de trabajo y (iii) recibe un salario como retribución del servicio prestado (Art. 23 del CST). Y finalmente, una vez demostrada la existencia de un vínculo de carácter laboral, se debe evaluar la procedencia de la protección a la estabilidad laboral reforzada.
A partir de lo expuesto, concluye la Corte que entre la peticionaria Z.H.M. y la Empresa Metropolitana para la Seguridad  Metroseguridad- se configuro una relación laboral, teniendo en cuenta que: (i) la accionante desempeñaba una actividad personal desarrollando actividades de control y vigilancia del espacio público; (ii) la labor realizada estaba subordinada a las ordenes impartidas por la empresa Metroseguridad y eran supervisadas por la Subsecretaria del Espacio Público de Medellín; y (iii) los servicios personales prestados por la peticionaria eran remunerados. En consecuencia, en el presente caso existe una relación laboral en virtud de los lineamientos jurisprudenciales descritos.
Bajo este entendido, la señora Z.H.M. se encuentra amparada por la presunción según la cual el motivo de la terminación del contrato fue su estado de embarazo, debiendo el empleador haber acreditado ante la autoridad de trabajo competente la existencia de una justa causa para dar por terminado el vínculo contractual.
En virtud de lo anterior, la Corte revocará la sentencia de instancia para en su lugar amparar el derecho de la accionante a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante y, en consecuencia, ordenará a la Empresa Metropolitana para la Seguridad  Metroseguridad- que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la señora Z.H.M. al cargo que venía desempeñando o a uno de semejante jerarquía, la afilie a ella y a su hijo por el primer año desde el nacimiento al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud así como le cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y la licencia de maternidad a que tiene derecho.
La accionante C.G.V. celebró desde el 1° de enero de 2009 contrato de trabajo a seis meses con la señora E.M.C. propietaria de la empresa SERVI-AUTOS PEREIRA. Dicha empresa fue vendida el 23 de junio de 2009 al señor J.F.P., quien le expresó a la peticionaria que no renovaría su contrato de trabajo.
De los hechos establecidos dentro del expediente, se desprende que a la fecha de la terminación del contrato de trabajo, es decir, al 30 de junio de 2009, C.G.V. tenía aproximadamente 5 meses de gestación, circunstancia que en concepto de la accionante fue la que llevó al nuevo propietario de la empresa a tomar la decisión de no prorrogar el contrato de trabajo.
En el presente caso, estima la Corte pertinente precisar el concepto y elementos de la sustitución patronal, para así determinar si en virtud de esta figura surgió una relación laboral entre la C.G. y J.F.P., configurándose de esta manera su derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada.
Al respecto ha dicho la Corte[13] que la sustitución patronal es un fenómeno jurídico tendiente a amparar a los trabajadores contra una terminación intempestiva de los contratos de trabajo, a raíz del traspaso o mutación del dominio de una empresa. En ese sentido, es una relación que parte de la premisa según la cual al constatarse: (i) un cambio de empleador, (ii) la continuidad de la empresa, y (iii) la continuidad del trabajador deberá asegurarse la estabilidad laboral de éste último, claro está, en ausencia de causa jurídica que motive su despido.
En la legislación colombiana, se estableció la sustitución patronal desde 1935 (artículo 27 del decreto 652 de tal año), reglamentario de la ley 10 de 1934, que dijo: Para los efectos de la ley que se reglamenta, se considerará como una misma empresa, la que haya conservado en sus líneas generales el mismo giro del negocio u ocupaciones con las variaciones naturales del progreso, ensanche o disminución, aun cuando hubiere cambiado de nombre, patrono o dueño. Posteriormente, el inciso 3° del artículo 8° de la ley 6ª de 1945 estatuyó que la sola sustitución del patrono no extingue los contratos de trabajo. Esta ley fue desarrollada por el decreto 2127 de 1945 que en su artículo 53 definió la sustitución de patronos como toda mutación del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración sea por muerte del primitivo dueño, o por enajenación a cualquier título, o por transformación de la sociedad empresaria o por contrato de administración delegada o por otras causas análogas. Posteriormente se expidió la ley 64 de 1946 en el mismo sentido. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 67 indicó que Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones en el giro de sus actividades o negocios, y es perentoria la determinación del artículo 68: La sola sustitución de patronos no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes. El profesor G.G.C. al comentar este artículo dice que El artículo 68 establece, siguiendo este criterio, que la sola sustitución de patronos no extingue, suspende o modifica los contratos de trabajo existentes; es decir, que lo que se ha querido establecer es una desconexión completa entre la suerte de los trabajadores y las operaciones financieras o mercantiles que puedan ocurrir en relación con la empresa. No siendo parte en la negociación, los trabajadores tampoco pueden ser sus víctimas. (Derecho del Trabajo, p. 231).
Finalmente, advertirá a la C.C.G.V., que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del presente fallo debe instaurar acción ordinaria con el fin de establecer y reconocer la figura de la sustitución patronal respecto de la empresa demandada.
En el caso objeto de análisis, encuentra la Sala que la accionante se encontraba vinculada mediante órdenes de servicio con la Universidad del M., desde el 16 de septiembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2008. Afirma la demandante haber comunicado su estado de gravidez con anterioridad a la terminación de la orden de servicios. No obstante, la Universidad accionada le comunicó con posterioridad a ello la decisión de no prorrogar la orden de servicios por el vencimiento de la misma y la inexistencia de las causas que dieron origen a su vinculación.
Esta Sala reitera que de acuerdo con la formulación de la presunción legal sobre el despido de la mujer embarazada, la misma opera o tiene lugar cuando la terminación del contrato se hubiera presentado durante la gestación o en los tres meses posteriores al parto. Bajo tales circunstancias, el presente caso de la señora O.M. de Lima Caballero se encuentra amparado por la presunción según la cual el motivo de la terminación de su vínculo de trabajo fue su estado de embarazo, y en esa medida, corresponde al empleador acreditar ante la autoridad de trabajo competente la existencia de una justa causa para terminar la vinculación.
Al respecto, la Universidad del M. argumentó que el retiro de la asociada se produjo como consecuencia de una restructuración al interior de la Facultad a la que prestaba sus servicios la accionante. Sin embargo, la Universidad no demostró que hubieran cesado las causas que le dieron origen al contrato. Así las cosas, para la Corte la Universidad demandada desconoció la garantía constitucional y legal que ampara el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la madre. Esto, porque no existió una justa causa para la terminación del vínculo contractual ni se solicitó la previa autorización la autoridad laboral competente para que avalara la existencia de una justa causa.
En virtud de lo expuesto, la Corte revocará las sentencias de instancia para, en su lugar, amparar el derecho de la accionante a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante y, en consecuencia, ordenará a la Universidad del M. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la señora Z.H.M. al cargo que venía desempeñando o a uno de semejante jerarquía; la afilie a ella y a su hijo por el primer año de nacimiento al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud; así como le cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y la licencia de maternidad a que tiene derecho.
La accionante M.D.F. interpuso acción de tutela para la protección de la estabilidad laboral de la mujer embarazada, que según afirma, le fueron vulnerados por COLSALUD S.A. CLÍNICA MAR CARIBE, al terminar su contrato laboral a término indefinido sin tener en cuenta su estado de embarazo.
En relación con los contratos pactados a término fijo estima la Sala pertinente recordar que el cumplimento del plazo en un contrato con tales características no puede entenderse siempre como una terminación con justa causa de la relación laboral. Ha insistido la Corte en que si en el momento fijado para la expiración del contrato llegaren a subsistir las causas que le dieron lugar así como la materia objeto del mismo, resulta preciso garantizar su renovación[14]. De ahí que para efectos de establecer si es posible dar por terminado un contrato de trabajo a término fijo por vencimiento del plazo, debe tenerse en cuenta que cuando la mujer trabajadora comprueba que su estado de gravidez se presentó durante la vigencia del contrato, es necesario garantizar su renovación.
Ahora bien, respecto al presupuesto según el cual se exigía que al momento del despido, el empleador supiera del estado de embarazo de la trabajadora porque ella se lo comunicó con anterioridad, la Sala considera que de conformidad con la jurisprudencia que se analizó, cumplir con la notificación del estado de embarazo ya no es necesario, puesto que esta corporación determinó que resultaba ser una exigencia probatoria, la cual coloca a las mujeres en una condición de inferioridad frente al empleador, porque se utiliza el argumento de no saber del embarazo y que el despido obedece a causas objetivas. Por esa razón, este tribunal Constitucional determinó que lo importante no es la comunicación al empleador sino la prueba de que el embarazo tuvo lugar encontrándose el contrato de trabajo vigente.[15] Y frente a los contratos a término fijo señaló: La madre gestante debe comprobar que quedó embarazada antes del vencimiento del contrato a término fijo o por obra pero no resulta indispensable que lo haga con antelación al preaviso[16]. (N. fuera del texto original)
Pese a que COLSALUD S.A. CLÍNICA MAR CARIBE sostuvo que a la fecha de haber preavisado la terminación del contrato no tenía conocimiento del embarazo de M.D.F., como se indicó en la citada jurisprudencia, en los contratos a término fijo, así la trabajadora anuncie con posterioridad al preaviso su embarazo, es obligación del empleador renovar el contrato.
En virtud de lo anterior, la Corte revocará la sentencia de segunda instancia para, en su lugar, amparar el derecho de la accionante a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante y, en consecuencia, ordenará a COLSALUD S.A. CLÍNICA MAR CARIBE que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia; reintegre a la señora M.D.F. al cargo que venía desempeñando o a uno de semejante jerarquía; la afilie a ella y a su hijo por el primer año de nacimiento al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud así como le cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y la licencia de maternidad a que tiene derecho.
La accionante D.C.M.R. se vinculó mediante contrato de trabajo a término fijo inferior a un año con la Corporación El Minuto de D.. Dicho contrato se renovó varias veces hasta el 25 de septiembre de 2008, fecha en la cual tenía 4 meses y medio de embarazo. Sostiene la Corporación accionada que el contrato se terminó por la expiración del término pactado y que la materia objeto del mismo dejo de existir, razón por la cual, no podía reubicarse en otro cargo a la peticionaria.
En el presente asunto si bien la Corporación accionada alega que el proyecto para el cual fue vinculada la peticionaria se concluyó y liquidó, es decir, se agotó el objeto contractual, es apropiado precisar que la terminación del contrato se dio teniéndose conocimiento del estado de embarazo de la trabajadora y adicionalmente, aunque pueda pensarse que al no haber continuidad del proyecto se está frente a una causal objetiva de terminación del contrato, no debe perderse de vista que la Corporación Minuto de D. no acudió ante la autoridad de trabajo competente para que avalara esta causal y procediera a autorizar la correspondiente desvinculación.
En consecuencia, al no haberse tramitado en correcta forma la terminación del contrato laboral que nos ocupa, opera la presunción de despido por el embarazo de la trabajadora. Igualmente debe tenerse en cuenta que la Corporación El Minuto de D. es una organización que aún existe y que continúa desarrollando diferentes proyectos en los cuales pudo haber reubicado a la accionante en un cargo de similares funciones o acorde con su perfil profesional.
Por las consideraciones expuestas, esta Sala revocará el fallo proferido por el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, y en su lugar tutelará el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada de la señora D.C.M.. En consecuencia ordenará a la Corporación El Minuto de D. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reubique a la señora D.C.M. en un cargo de semejante jerarquía al que venía desempeñando; la afilie a ella y a su hijo por el primer año de nacimiento al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud; así como le cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y la licencia de maternidad a que tiene derecho.
PRIMERO. En el expediente T-2.426.390, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín, en el proceso de tutela adelantado por Z.H.M. contra la Empresa Metropolitana para la Seguridad Metroseguridad-, para en su lugar CONCEDER la tutela del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada de la demandante.
SEGUNDO. ORDENAR a la Empresa Metropolitana para la Seguridad Metroseguridad- que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la señora Z.H.M. al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
TERCERO. ORDENAR a la Empresa Metropolitana para la Seguridad Metroseguridad- que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia:
a) Afilie a la señora Z.H.M. y a su hijo durante el primer año de vida al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud.
b) Cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y la licencia de maternidad a que la ciudadana Z.H.M. tiene derecho.
CUARTO. En el expediente T-2.422.019, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de P., en el proceso de tutela adelantado por C.G.V. contra la empresa SERVI-AUTOS PEREIRA, para en su lugar CONCEDER la tutela del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada de la demandante.
QUINTO. ORDENAR a la empresa SERVI-AUTOS PEREIRA que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la señora C.G.V. al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
a) Afilie a la señora C.G.V. y a su hijo durante el primer año de vida al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud.
b) Cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y la licencia de maternidad a que la ciudadana C.G.V. tiene derecho.
SEPTIMO. ADVERTIR a C.G.V. para que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del presente fallo debe instaurar acción ordinaria con el fin de establecer y reconocer la figura de la sustitución patronal respecto de la empresa demandada.
OCTAVO. En el expediente T-2.417.622, REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de S.M. y la Sala Civil  Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M., en el proceso de tutela adelantado por O.M. de Lima Caballero contra la Universidad del M., para en su lugar CONCEDER la tutela del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada de la demandante.
NOVENO. ORDENAR a la Universidad del M. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la señora O.M. de Lima Caballero al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
DÉCIMO. ORDENAR a la Universidad del M. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia:
a) Afilie a la señora O.M. de Lima Caballero y a su hijo durante el primer año de vida al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud.
b) Cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y la licencia de maternidad a que la ciudadana O.M. de Lima Caballero tiene derecho.
DÉCIMOPRIMERO. En el expediente T-2.422.761, REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Civil Municipal de S.M. y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de S.M., en el proceso de tutela adelantado por M.D.F. contra COLSALUD S.A. CLÍNICA MAR CARIBE, para en su lugar CONCEDER la tutela del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada de la demandante.
DÉCIMOSEGUNDO. ORDENAR a COLSALUD S.A. CLÍNICA MAR CARIBE que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la señora M.D.F. al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
a) Afilie a la señora M.D.F. y a su hijo durante el primer año de vida al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud.
b) Cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y la licencia de maternidad a que la ciudadana M.D.F. tiene derecho.
DÉCIMOCUARTO. En el expediente T-2.420.047, REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, en el proceso de tutela adelantado por D.C.M. contra la Corporación El Minuto de D., para en su lugar CONCEDER la tutela del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada de la demandante.
DÉCIMOQUINTO. ORDENAR a la Corporación El Minuto de D. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reubique a la señora D.C.M. en un cargo de semejante jerarquía al que venía desempeñando.
DECIMOSEXTO. ORDENAR a la Corporación El Minuto de D. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia:
a) Afilie a la señora D.C.M. y a su hijo durante el primer año de vida al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud.
b) Cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y la licencia de maternidad a que la ciudadana D.C.M. tiene derecho.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO H.A.S. PORTO A LA SENTENCIA T-069 DE 2010
Acción de tutela instaurada por Z.H.M. VS Secretaría del Espacio Público del Municipio de Medellín; C.G.V.S.P.; O.M. de Lima Caballero VS Universidad de M.; M.D.F. VS Colsalud E.P.S., Clínica Mar Caribe; D.C.M.V. Corporación el Minuto de D..
[7] Sentencia T-549 del 29 de mayo de 2008. M.P.C.I.V.H..
[8] Sentencia T -440 del 8 de mayo de 2008. M.P.N.P.P..
[9] Sentencia T-992 del 29 de septiembre de 2005. M.P.H.A.S.P..
[10] Sentencia T-458 del 9 de julio de 2009. M.P.L.E.V.S.
[12] Entre otras Sentencias T-992 del 29 de septiembre de 2005. M.P.H.A.S.P., T-291 del 31 de marzo de 2005. M.P.M.J.C.E., T-1138 del 27 de noviembre de 2003. M.P.R.E.G. , T-501 del 20 de mayo de 2004. M.P.C.I.V.H..
[13] Sentencia T-768 del 25 de julio de 2005. M.P.J.A.R..
[14] Sentencia T-992 del 29 de septiembre de 2005.M.P.H.A.S.P..
[15] Sentencia T-095 del 7 de febrero de 2008 M.P.H.A.S.P.
Sentencia de Constitucionalidad nº 715/03 de Corte Constitucional, 19 de Agosto de 2003