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Timestamp: 2019-06-26 14:15:26
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Matched Legal Cases: ['artículo 148', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 73', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 812', 'artículo 812']

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EFECTOS RETROACTIVOS DE ALIMENTOS EN PROCESOS DE DIVORCIOS
Efectos retroactivos de alimentos desde la interposición de la demanda de divorcio
La Sentencia del Tribunal Supremo, de Unificación de Doctrina, de fecha 27/11/13, dice en su Fundamento de Derecho segundo apartado 4:
“4. Sobre la base de esta razón de compatibilidad cabe plantearse si lo dispuesto para la obligación de alimentos entre parientes respecto del momento para el abono de dicha pensión, esto es, desde la fecha en que se interponga la demanda, artículo 148, párrafo primero del Código Civil , como norma general, resulta aplicable a los supuestos de obligación de alimentos a los hijos. De lo anteriormente expuesto se comprende que el fundamento de la posible respuesta descansa en valorar si la efectividad del derecho a la pensión reclamada judicialmente se integra ya en el núcleo conceptual de la naturaleza propia y diferenciada de la obligación de alimentos de los hijos, o en la esfera de su diferenciación básica, o por el contrario, participa de la caracterización general de la acción de prestar alimentos.
La opción por esta última consideración, conforme al elemento condicional que subyace en este tipo de obligaciones, a la exigencia de intimación al deudor, o a razones prácticas de respuesta a las necesidades presentes y futuras del alimentista, también ha sido resaltada por esta Sala en sentencias de 8 de abril de 1995 , 5 de octubre de 1995 (núm. 328/1995 ), 3 de octubre de 2008 (núm. 917/2008 ), 14 de junio de 2011 (núm. 402/2011 ) y 26 de octubre de 2011 (núm. 721/2010 ), destacándose que para la efectividad de este tipo de obligaciones legales conviene diferenciar entre el tiempo o momento de nacimiento de la obligación, propiamente dicho, y el tiempo o momento de la exigibilidad de dicha obligación, siendo la reclamación judicial el cauce por el que se concreta la prestación debida (cuantía y modo de pago) y su exigibilidad desde la fecha en que se interpuso la demanda.”
CLAUSULA LIMITATIVA DE LAS ASEGURADORAS EN LOS CASOS DE ALCOHOLEMIA
Una vez citada la normativa aplicable, especialmente el art. 3 y 7 de la Ley de Contrato de Seguros, y teniendo en consideración que la cláusula del contrato de seguro de la sentencia comentada incluía una limitación, por parte de la aseguradora de responder e indemnizar al tomador y asegurado del mismo en virtud de la condición general de la póliza contemplada en el art. 4-c, cabe preguntarse si estamos, o no, ante una cláusula limitativa de derechos del asegurado.
La primera vez que el Tribunal Supremo se pronunció sobre una cuestión semejante, a la planteada en la Sentencia comentada, fue en la de la Sala de lo Civil de 15 de julio de 1993:
“Finalmente, en el ap. b) del motivo se alega la infracción de los arts. 2.o y 3.o de la Ley 50/1980, de 8 octubre, en el sentido -según parece, pues la formulación no es clara- de que las normas de tal Ley tienen carácter imperativo, cual señala el art. 2.o y que las condiciones generales han de ser suscritas por el asegurado, al igual que las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito, y tales cláusulas limitativas -las establecidas en el art. 2 b) de las Condiciones Generales del Seguro de Ocupantes y en el art. 24 d) de las Condiciones Generales del Seguro Voluntario- no están aceptadas por compromiso expreso pues, tal como señala la sentencia de primera instancia en su cuarto fundamento de derecho (…)”
En los mismos términos se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11a, de 29 de diciembre de 2000:
“Llegados a este punto, la única cuestión que resta por examinar es la referente a la existencia y operatividad de la condición general 24, esto es de la cláusula de exclusión que se contiene en el condicionado del contrato. Existe una consolidada jurisprudencia sobre el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro y los requisitos que han de reunir las cláusulas limitativas del riesgo, indicando la STS. de 21 de mayo de 1996, que el citado precepto tiene la finalidad de “llamar la atención del tomador del seguro, aceptante ordinario por simple adhesión, a fin de que quede advertido de la inclusión de semejantes cláusulas cercenadoras de sus normales derechos y al conocerlas de manera efectiva pueda entenderse que las asume con plenitud de conocimiento”, encontrándonos ante una norma de carácter imperativo (SSTS. de 28 de julio y 9 de noviembre de 1990 y 21 de mayo de 1996), siendo doctrina reiterada que tales cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados han de ser específicamente aceptadas por el tomador del seguro (STS de 14 de junio de 1994), y que los riesgos excluidos de la cobertura de la póliza habrán de ser expresadas de manera clara y precisa, habrán de destacarse en la póliza o en documento complementario suscrito por el asegurado (STS. de 21 de mayo de 1996, ya citada), ya que solo la suscripción y aceptación expresa de dichas condiciones determina su valor normativo y la vinculación para el tomador.”
La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008, vuelve a considerar como limitativa de los derechos del asegurado, la exclusión, en la póliza del contrato de seguro, de indemnización en los casos de embriaguez. Por ello, en los contratos de seguro, para determinar si estamos o no ante cláusulas que tengan un sentido limitativo, debemos acudir al art. 100 de la Ley de Contrato de Seguros, sobre el accidente como riesgo asegurado “Sin perjuicio de la delimitación del riesgo que las partes efectúen en el contrato, se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte”, entre otros la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2002). Determinándose esta delimitación legal, que se trata de una norma imperativa (Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de julio y 9 de noviembre de 1990 y 21 de mayo de 1996), como suficiente para concretar cualquier limitación de los derechos del asegurado en la póliza del contrato de seguro. En ese mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de julio de 2006, considerando como cláusula limitativa los accidentes ocurridos en situación de embriaguez, porque dicha situación no constituye por sí misma concurrencia de intencionalidad del asegurado en la producción del accidente.
“Repetimos, la jurisprudencia de forma cansina, reitera hasta la saciedad que la descripción y exclusión del riesgo asegurado debe aceptarse específicamente por escrito, no cabe tampoco recurrir a disquisiciones semánticas, pues como ya se pronunció la STS de 27 de febrero de 1990, decir que la exclusión del riesgo no es una cláusula limitativa es negar la mayor, no tiene sentido, pues la cláusula repercute en el derecho del asegurado y, en este caso, en el del beneficiario designado o llamado por la Ley, en cuanto excluyente del riesgo (…)”
“El motivo se funda, en síntesis, en que la Ley y la jurisprudencia imponen que las condiciones generales se redacten en forma clara y precisa, y que se destaquen de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados.”
De todo ello se deduce que las cláusulas limitativas de derechos de los asegurados deben cumplir, para su validez, el principio de transparencia, es decir:
* Debe destacarse de modo especial.
* Ser específicamente aceptadas por escrito.
Además, el Tribunal Supremo destaca que conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de Contrato de Seguros, el ejemplar y en su caso el documento separado (si se otorgase), deberán estar firmados por el asegurado, y las cláusulas limitativas de derechos aceptadas expresamente, lo que conlleva que las pólizas de seguro no sólo deban ser aceptadas (firmadas) en el momento final (normalmente en la última hoja) sino también al lado de la condición limitativa de derechos del asegurado (además de quedar destacada la misma, utilizando mayoritariamente la letra negrita).
Puede resultar que la cláusula contemple, dentro de la embriaguez, la estipulación “de forma habitual” o “habitualmente”, para esos supuestos la carga probatoria deberá ceñirse en demostrar el estado de carácter habitual de la embriaguez (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008).
Por último, debemos hacer mención a si existe o no la posibilidad de pactar, dentro de la póliza la exclusión de responsabilidad por parte de la aseguradora en los supuestos de embriaguez. Cuestión que se admite, con excepciones, por nuestro Tribunal Supremo, entre otras la Sentencia de 7 de abril de 2003, al reconocer la exclusión del accidente padecido en embriaguez, al constar firmada por el asegurado y quedar suficientemente resaltada y aceptada, la exclusión en la póliza de seguro contratada.
CLAUSULAS LIMITATIVAS DE LAS ASEGURADORAS
CLAUSULA LIMITATIVA DE LAS ASEGURADORAS:
El art. 3 conectado con el párrafo segundo del art. 73 de la Ley de Contrato de Seguros, y teniendo en consideración al contenido del mismo (expuesto ad supra), cabe preguntarse si estamos, o no, ante una cláusula limitativa de derechos del asegurado.
“Finalmente, en el ap. b) del motivo se alega la infracción de los arts. 2.º y 3.º de la Ley 50/1980, de 8 octubre, en el sentido -según parece, pues la formulación no es clara- de que las normas de tal Ley tienen carácter imperativo, cual señala el art. 2.º y que las condiciones generales han de ser suscritas por el asegurado, al igual que las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito, y tales cláusulas limitativas -las establecidas en el art. 2 b) de las Condiciones Generales del Seguro de Ocupantes y en el art. 24 d) de las Condiciones Generales del Seguro Voluntario- no están aceptadas por compromiso expreso pues, tal como señala la sentencia de primera instancia en su cuarto fundamento de derecho (…)” (siendo la negrita nuestra)
En los mismos términos se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª, de 29 de diciembre de 2000:
“Llegados a este punto, la única cuestión que resta por examinar es la referente a la existencia y operatividad de la condición general 24, esto es de la cláusula de exclusión que se contiene en el condicionado del contrato. Existe una consolidada jurisprudencia sobre el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro y los requisitos que han de reunir las cláusulas limitativas del riesgo, indicando la STS. de 21 de mayo de 1996, que el citado precepto tiene la finalidad de “llamar la atención del tomador del seguro, aceptante ordinario por simple adhesión, a fin de que quede advertido de la inclusión de semejantes cláusulas cercenadoras de sus normales derechos y al conocerlas de manera efectiva pueda entenderse que las asume con plenitud de conocimiento”, encontrándonos ante una norma de carácter imperativo (SSTS. de 28 de julio y 9 de noviembre de 1990 y 21 de mayo de 1996), siendo doctrina reiterada que tales cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados han de ser específicamente aceptadas por el tomador del seguro (STS de 14 de junio de 1994), y que los riesgos excluidos de la cobertura de la póliza habrán de ser expresadas de manera clara y precisa, habrán de destacarse en la póliza o en documento complementario suscrito por el asegurado (STS. de 21 de mayo de 1996, ya citada), ya que solo la suscripción y aceptación expresa de dichas condiciones determina su valor normativo y la vinculación para el tomador.” (siendo la negrita nuestra)
Debe destacarse de modo especial.
Ser específicamente aceptadas por escrito.
De este modo, las cláusulas que tienen por objeto prescindir del hecho causante y circunscribir la cobertura del seguro de responsabilidad civil a los supuestos en que la reclamación del perjudicado se hace y notifica a la compañía aseguradora dentro del periodo de vigencia del contrato, lo que implican es una restricción de los derechos del asegurado y del perjudicado, razón por la que su validez, tanto bajo la vigencia del artículo 73 LCS anterior a la reforma operada por la Ley de 1995, como a partir de la entrada en vigor de ésta, se encuentre condicionada al cumplimiento de los requisitos que contempla el artículo 3 LCS y que hemos mencionado anteriormente.
CLÁUSULAS SUELO ASTURIAS
El Tribunal Supremo dictó la sentencia 241/2013, de 9 de mayo pronunciándose sobre la legalidad de ciertas cláusulas abusivas contenidas en préstamos a interés variable. Contra esa sentencia las entidades de crédito demandas interpusieron un incidente de nulidad de actuaciones que ha sido desestimado mediante auto por el pleno de la Sala de lo Civil en fecha de 6 de noviembre de 2013. En cuanto a la sentencia declara la nulidad de las cláusulas cuando tienen lugar una serie de circunstancias:
La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero.
La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.
Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.
Por ello, es posible solicitar la nulidad de dicha cláusula contractual, manteniendo el resto de cláusulas contractuales.
Además y en contra del criterio erróneo seguido por el Tribunal Supremo y rechazado por Juzgados y Audiencias Provinciales, es posible solicitar la restitución del capital pagado con motivo de esas cláusulas abusivas por constituir un claro ejemplo de enriquecimiento injusto por parte de las entidades de crédito.
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A la hora de determinar la figura jurídica del ENRIQUECIMIENTO INJUSTO, es óbice mencionar la SAP de Barcelona (Sección 11a) de fecha 23 de julio de 2009, que dice en su fundamento jurídico segundo:
“Pues bien, por lo que respecta a la existencia de causa,es conveniente aludir a la conocida STS de 28 enero 1956, conforme a la cual la doctrina jurisprudencial que veda el enriquecimiento injusto, va encaminada a evitar un lucro contrario a la equidad y se refiere a adquisiciones patrimoniales que no se corresponden con una causa válida de atribución, siendo la noción «sin causa» de la atribución, la primordial, definitiva y básica para corregir adjudicaciones patrimoniales antijurídicas con base en el presupuesto de una situación objetivamente injusta.Además en el supuesto de autos es propio aludir también a la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal sobre el enriquecimiento injusto, siendo destacable la STS de 25 de septiembre de 1997, conforme a la cual, “El enriquecimiento injusto, figura jurídica de antigua raigambre en nuestro derecho (Las Partidas 7-34-17 ya la recogía), y que sin embargo no aparece regulada directamente en nuestra legislación, salvo de una manera colateral en el artículo 10.9 del Código Civil, que prevé una norma de Derecho Internacional privado relativa al enriquecimiento injusto, y en el art. 508 de la Compilación Civil Foral de Navarra de 1 de marzo de 1973. Pues bien, dicha teoría del enriquecimiento injusto es una creación totalmente jurisprudencial, que a través de numerosas sentencias, no sólo las citadas por la parte recurrente, sino por muchas otras más, ha construido dicha figura como una atribución patrimonial sin causa y que debe reunir ineludiblemente los siguientes requisitos:
a) un enriquecimiento por parte de una persona, representado por un aumento de su patrimonio o una no disminución del mismo,
b) un empobrecimiento de otra persona, como consecuencia de lo anterior, constituido por un daño positivo o por un lucro cesante,
c) la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación de este principio del derecho (SS. 19 mayo 1993 y 30 septiembre 1993, como compendio de lo antedicho).”
En STS de 29 de mayo de 2002 quedan expuestos nuevamente los requisitos del enriquecimiento sin causa como: “: a) Un aumento en el patrimonio o una disminución del mismo con relación al demandado; b) Un empobrecimiento del actor representado por un daño positivo o por un lucro frustrado; y c) Inexistencia de una causa justa, entendiéndose por tal, aquella situación jurídica que autorice al beneficiario de un bien a recibirle, sea porque existe una expresa disposición legal en este sentido, o sea porque se ha dado un negocio jurídico válido y eficaz -sentencias de 23 de mayo y 23 de noviembre de 1989, 21 de enero, 5 y 23 de febrero, 7 de marzo, 23 de abril, 22 de octubre y 13 de diciembre de 1991 , 23 de febrero de 1992, 30 de septiembre de 1993, 31 de octubre de 1994 y 19 de diciembre de 1996, entre otras muchas-.”
Aclara también la esencia del enriquecimiento injusto STS de 6/02/06 , en la que se alude al enriquecimiento injusto, como principio general del Derecho, proveniente del Derecho romano (dos textos de Pomponio incluidos en el Digesto), recogido en Las Partidas (7a.34.17) y desarrollado por copiosa jurisprudencia. expresando que “Las sentencias de, entre otras, 23 de marzo de 1992, 8 de junio de 1995, 7 de febrero de 1997 y 31 de octubre de 2001 destacan la idea de que los hechos, no ilícitos, que provoquen un enriquecimiento sin causa de una persona y el empobrecimiento de otra, dan lugar a la obligación de reparar el perjuicio; la esencia es, pues, la atribución patrimonial sin causa, por lo que el enriquecido sin causa debe restituir al empobrecido aquello en que se enriqueció y así lo expresan las recientes sentencias, entre otras muchas anteriores, de 31 de octubre de 2001 y 8 de julio de 2003. “Resolución que además alude al presupuesto del principio del enriquecimiento injusto, cual es la subsidiariedad, en el sentido de que se aplica al caso cuando no hay norma legal -por ejemplo la que regula un contrato- que lo contemple, expresando que “y así lo han declarado, entre otras, las sentencias de 18 de diciembre de 1996 y, rotundamente, la de 19 de febrero de 1999 .
Lo que significa que si la Ley prevé una determinada acción, como la derivada de un contrato, no puede alegarse este principio general: así, sentencias de 19 de abril de 1990 (un caso de compraventa), 15 de diciembre de 1992 (relación jurídica derivada de un «convenio válido») 20 de abril de 1993 (una compraventa), 8 de junio de 1995 (contrato válido y eficaz).”
Por su parte la STS de 30 de septiembre de 2005, en línea con lo expuesto, deja sentado que “El éxito de dicha acción presupone la demostración de un desplazamiento patrimonial sin precedente causal, determinante de un incremento del valor de un patrimonio y del correlativo empobrecimiento de otro (sentencias de 18 de mayo de 1982, 24 de febrero de 1988, 13 de diciembre de 1991, 31 de diciembre de 1991 y 1 de junio de 2005).”
La STS de 04/06/07 incide en lo expuesto al referir que “Por otra parte, la pretensión por enriquecimiento injusto, según jurisprudencia consolidada, es inviable cuando el desplazamiento patrimonial viene justificado por una norma o por un negocio jurídico válido y eficaz, como ocurre en el caso (Sentencias de 8 de julio de 2003, 12 de julio de 2000, entre las más recientes) y la acción correspondiente tiene carácter subsidiario, de modo que no puede prosperar cuando se conceden acciones específicas, y ni su fracaso ni su falta de ejercicio legitiman para interponerla (Sentencias de 19 de febrero de 1999, 12 de julio de 2000, 28 de febrero de 2003, etc.).”
RECLAMACION DEUDAS, PROCEDIMIENTO MONITORIO
Será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el Tribunal, salvo que se trate de la reclamación de deuda a que se refiere el número 2.º del apartado 2 del artículo 812, en cuyo caso será también competente el Juzgado del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante.
1. Si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el apartado 2 del artículo 812 o constituyeren un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se exponga en aquélla, el Secretario judicial requerirá al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el Tribunal, o comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. En caso contrario dará cuenta al Juez para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la petición inicial.