Source: https://www.scribd.com/document/127074797/Elecciones-Autenticas
Timestamp: 2018-01-22 09:05:27
Document Index: 208473477

Matched Legal Cases: ['Artículo 21', 'Artículo 3', 'Artículo 113', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 63', 'artículo 294']

Description: Elecciones Auténticas: Única salida a la crisis constitucional que atraviesa Venezuela
Elecciones Auténticas: Única salida a la crisis constitucional que atraviesa Venezuela
Única salida a la crisis constitucional que atraviesa Venezuela
Caracas – 23 de Enero de 2013
www.VenezuelaSoberana.com – NoAlDominioCubano@gmail.com – @VSoberana
1. Introducción 2. El CNE: antes y después 3. Un Registro Electoral poco confiable 4. Cambios en la infraestructura electoral 5. Una plataforma tecnológica al servicio del PSUV 6. Escrutinio automatizado de dudosa verificación 7. Un CNE parcializado 8. Violencia y amenazas de guerra civil 9. Observación internacional sesgada 10. El fraude: un virus que muta y se perfecciona 11. Impugnan las elecciones del 7 de octubre 12. ¿Por qué la oposición reconoce los resultados? 13. Hacia un sistema electoral justo, libre, transparente y equilibrado 14. Conclusión
El pasado 10 de enero, un nutrido grupo de compatriotas venezolanos dio a conocer un manifiesto dirigido a todos los sectores democráticos y en especial a las Fuerzas Armadas Nacionales, el cual resalta la difícil situación que vive Venezuela. Se trata de una crisis nunca antes vista, porque combina simultáneamente tres factores: un presidente gravemente enfermo; un gobierno que viola sistemáticamente la Constitución; y, lo que es peor, una invasión por parte del régimen castro-comunista cubano, propiciada y amparada por altos funcionarios gubernamentales. El punto cuatro del manifiesto dice textualmente: “Para garantizar su control sobre Venezuela, el castro-comunismo ha diseñado un sistema electoral a su medida, que le permite tergiversar la voluntad de los electores, mediante el ventajismo, el abuso, la coacción, la compra de conciencias, y un sinnúmero de vicios e irregularidades”. Posteriormente, el 17 de enero, el Dr. Enrique Aristeguieta Gramcko, quien encabeza las firmas del manifiesto, ofreció una rueda de prensa, en la cual afirmó que los últimos comicios limpios que se realizaron en nuestro país fueron en 1998. “No hay nadie en Venezuela que no se haya dado cuenta del ventajismo del gobierno nacional… Nadie puede decir en Venezuela que el árbitro es imparcial, nadie puede decir que no se abusó del poder, que no se compraron consciencias, y creo que nadie, o muy pocas personas, tienen confianza en el sistema electrónico de votación; porque no es verdad que ese sistema está blindado, no hay sistema electrónico blindado, ni siquiera el del Pentágono”. Por eso, Aristeguieta Gramcko planteó que, para restablecer el hilo constitucional, se deben convocar a unas “elecciones verdaderamente libres, limpias y fiables”. Ciertamente, la única solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis que vive Venezuela pasa por unas elecciones, pero con una condición: deben ser auténticas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (Artículo 21) y la Carta Democrática Interamericana de la OEA (Artículo 3), indican que unas elecciones auténticas deben ser “universales, justas y libres”. A estos tres parámetros, nuestra Constitución añade dos más: debe haber “equilibrio y transparencia”. Un breve análisis de los comicios presidenciales realizados el pasado 7 de octubre, muestra que no se cumplieron al menos cuatro de las cinco condiciones requeridas para que unas elecciones sean auténticas: Podría afirmarse que el sufragio fue universal, porque todos los ciudadanos mayores de edad tuvieron la posibilidad de participar, pero ni siquiera esta aseveración es totalmente exacta, puesto que el Registro Electoral no ha sido sometido a una auditoría independiente desde hace años, y por tanto, es posible que hayan votado ciudadanos extranjeros o incluso inexistentes, o que algunos ciudadanos hayan votado más de una vez.
El proceso no fue justo, porque el candidato del gobierno contó con los recursos y medios del Estado para hacer campaña electoral, mientras que la oposición debió sufragar su propia campaña. No fue libre, porque los electores fueron coaccionados a votar por el candidato del gobierno. No fue equilibrado, porque el CNE mostró una clara parcialización a favor del oficialismo. Y no fue transparente, porque el elector no tuvo la posibilidad de comprobar, o incluso de entender, cómo funciona la compleja plataforma electrónica que caracteriza al sistema electoral venezolano. No es necesario demostrar que haya habido fraude electrónico o robo de votos para invalidar los comicios del 7 de octubre; basta con que se hayan incumplido los requisitos arriba mencionados para afirmar categóricamente que no hubo elecciones auténticas.
En las próximas páginas, analizaremos cuáles son las perversiones existentes en el sistema electoral venezolano, incluyendo los cambios que se han venido imponiendo en el árbitro, las irregularidades en el Registro Electoral, la modificación de la estructura de votación, y la incorporación de una plataforma electrónica sumamente dañina para la pulcritud y transparencia del sufragio. También analizaremos el ventajismo oficial que caracteriza a los comicios venezolanos y la parcialización del CNE, todo lo cual, tomado en su conjunto, invalida cualquier elección, y muy particularmente la del pasado 7 de octubre. Finalmente, presentaremos algunas propuestas para que, en el futuro cercano, podamos contar con un sistema electoral justo, libre, equilibrado y transparente, que permita restablecer el hilo constitucional y recuperar la independencia y la democracia.
2. El CNE: antes y después
Antes de la llegada de Chávez al poder, el sistema electoral venezolano no era perfecto. De hecho, privaba la consigna “acta mata voto”, porque donde no había testigos de todas las toldas, comúnmente los partidos más grandes se repartían los votos emitidos a favor de los pequeños. Sin embargo, ese tipo de fraude se cometía a pesar de las autoridades electorales y no con su aprobación. En cambio, en la actualidad, las irregularidades parten principalmente del árbitro electoral, que actúa abiertamente a favor del partido oficial. La Constitución de 1961, en su Artículo 113, establecía claramente que los organismos electorales estarían “integrados de manera que no predomine en ellos ningún partido o agrupación política” y que “los partidos políticos concurrentes tendrán derecho de vigilancia sobre el proceso electoral”. Con ello se garantizaba el equilibrio en el árbitro electoral, se le daba rango constitucional al derecho de
vigilancia de los partidos, el camino más expedito para garantizar transparencia e igualdad de condiciones. Inspirados en esta norma, el parlamento promulgó la legislación electoral contemplando la integración de directivas plurales en el extinto Consejo Supremo Electoral (CSE), conformadas por representantes de los cinco partidos más importantes (de acuerdo a los votos obtenidos en la última elección parlamentaria) y un número de independientes que varió, a lo largo del tiempo, de cuatro a seis miembros. Los partidos minoritarios también tuvieron representación en la directiva con voz y sin voto. Esta composición plural se propagó a todas los niveles operativos, de manera que el derecho de vigilancia, quedaba perfectamente garantizado y satisfecho. La Constitución de 1999 y la legislación ulterior impuso cambios que han lesionado severamente ese derecho de vigilancia y, consecuentemente, la
transparencia de sus actuaciones. En efecto: Se eliminó la presencia de los partidos en la directiva del CNE, con lo cual se anuló el ejercicio del derecho de vigilancia, hoy restringido a auditorías limitadas con condiciones que impone el propio auditado, es decir, el CNE. Y se eliminó de facto y luego de iure la Fiscalía de Cedulación, única garantía de un Registro Electoral depurado y controlado por las partes La ausencia de los partidos en la directiva del CNE permeó hacia toda su organización. Al no haber presencia de los partidos democráticos en las direcciones claves del CNE se evidencia la falta de transparencia del organismo electoral. Así se liquidó el principio de “justicia” y el derecho de vigilancia que tantos problemas evitó entre 1958-1998. Nunca como ahora cada elección se ha convertido en un acto sospechoso y cuestionado.
3. Un Registro Electoral poco confiable
El Registro Electoral (RE) lo componen todos los ciudadanos venezolanos y extranjeros mayores de 18 años, que hayan solicitado su inscripción en el RE. Sin embargo, para tener derecho a votar no basta con ser venezolano por nacimiento y mayor de edad, también es preciso haber manifestado la voluntad de hacerlo en un centro de votación de su residencia. Esa manifestación de voluntad es la única forma que tiene el CNE para conocer la parroquia de residencia, a los efectos de las elecciones parlamentarias, de gobernadores, alcaldes y concejales. Asimismo, tampoco basta ser “portador” de una cédula de identidad para poder registrarse en el RE (cualquier persona puede portar la cédula de un tercero), sino que es requisito sine qua non ser titular de ella, es decir, que esté amparada con una certificación de la ciudadanía, es decir, por una partida de
nacimiento (o, a falta de ella, una declaración jurada ante autoridad competente), o la Gaceta Oficial donde conste la naturalización del titular. Luego de años de experiencias y acuerdos políticos, y en aras de garantizar el equilibrio y el derecho de vigilancia en un área tan sensible, se acordó la creación de una Dirección dependiente del organismo electoral, cuyo personal era íntegramente postulado por los partidos de oposición, denominada Fiscalía General de Cedulación (FGC), cuya misión era verificar, caso a caso, el cumplimiento de los requisitos arriba mencionados. Esta Fiscalía cumplió ejemplarmente su papel hasta que en el 2004, a propósito de la activación del Referendo Revocatorio Presidencial, se la eliminó y se instauró la Misión Identidad. Con esa decisión ilegal y súbita, las organizaciones políticas opositoras perdieron todo control sobre el RE, y sobre el proceso de cedulación a cargo de la ONIDEX (hoy SAIME), al cual tenía total acceso la FGC. La pérdida de ese control tuvo efectos inmediatos. A partir del año 2004, el Registro Electoral comenzó a experimentar un crecimiento anómalo, el cual se ha visto reflejado en resultados electorales “sospechosos” que han sido objeto de debates crónicos en el sector opositor. Todas las personas que se han inscrito en el RE desde el 2004, no han pasado por los filtros necesarios de la FGC, y no han podido ser sometidas a una auditoría adecuada, profesional e independiente, que dé garantías debidas a todos los ciudadanos.
Paralelamente, comenzó incrementarse la presencia cubana en nuestro proceso de identificación civil, lo cual fue revelado cuando se hizo del conocimiento público un contrato donde la empresa ALBET S.A. funge de “integradora”, en el proceso de cedulación (Ver contrato de la empresa cubana ALBET, C.A. con la empresa GEMALTO aquí http://to.ly/iyV6). En el año 2005, en medio de una crisis política que llevó a la oposición a retirarse de las elecciones, el CNE admitió ser auditado de forma independiente por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) dependiente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con sede en Costa Rica. Esa auditoría previó un módulo de “Cotejo de Actas de Nacimiento” de una muestra representativa del RE; precisamente lo que hacía anteriormente, una a una, la Fiscalía de Cedulación. El resultado de ese “cotejo” lo describe CAPEL así: “Cuando se obtuvo el nuevo listado en forma individualizada por cada caso, con los datos provenientes de ONIDEX, se constató que del total de la muestra, 5.571 casos contaban con la información solicitada completa; 6.696 no la tenían o no era claro el lugar de inscripción del nacimiento y quedaban pendientes de entrega por parte del CNE 533 casos rezagados por el proceso de búsqueda de la información” Es decir, el CNE-ONIDEX no estuvo en capacidad de justificar 56,48 % de los casos de la muestra solicitada. A partir de ese momento no se ha realizado una sola auditoría independiente y exhaustiva del RE.
4. Cambios en la infraestructura electoral
La infraestructura electoral comprende todos los locales, públicos y privados (liceos, colegios, oficinas de correo, etc.), donde van a sufragar los electores. Esa infraestructura es previamente determinada y evaluada, para velar que los inscritos en el RE tengan acceso adecuado al acto de votación. Al predefinir en qué locales habrían de operar los Centros de Votación se persigue que, de antemano, los electores conozcan oportunamente dónde están ubicados, y que sean ellos quienes seleccionen dónde desean sufragar. Una de las medidas que ha tomado el CNE desde 2004 es incrementar (hasta duplicar) los Centros de Votación con la excusa de “acercar el voto al pueblo”. La experiencia ha demostrado que, por lo general, ese objetivo es falso, y que hay otro objetivo subyacente: hacer mucho más compleja la logística del control opositor, a la par de resultar extremadamente oneroso, sobre todo al considerar que los partidos políticos ya no tienen financiamiento público. Por su parte el gobierno se garantiza un absoluto control en todos los Centros de Votación gracias a la creación de cargos administrativos como el “Coordinador del Centro de Votación” y el “Operador de Máquina” (que no son más que funcionarios elegidos por el CNE, muchos de los cuales comprometidos con el PSUV); a la incorporación de la Milicia Bolivariana como parte del Plan República (todo miliciano es un civil ideologizado, comprometido con el “proceso revolucionario”, con entrenamiento militar, uniformado, armado y bajo órdenes superiores) y, como colofón, unos funcionarios electorales (miembros de mesa) seleccionados por un mecanismo diseñado y ejecutado por el organismo electoral. Los miembros de mesa (MM) son los funcionarios electorales que actúan en el acto de votación. Ellos se seleccionan de forma presuntamente aleatoria del Registro Electoral. De los análisis independientes practicados se ha determinado un sesgo notable de MM a favor del PSUV, lo cual trae consigo un desequilibrio de la directiva de la mesa electoral, que debe estar conformada por un Presidente, un Secretario y dos miembros Principales. Aparte de ellos se eligen también miembros suplentes. En el marco de la constitución de 1961, para ser MM era requisito ser docente (Presidente), estudiante (Secretario) o profesional o técnico (miembros principales o suplentes). Además, se previó que tres (3) miembros fuesen nombrados directamente por los partidos políticos más importantes en la parroquia. Con ello se equilibraba y respetaba el “derecho de vigilancia” de los partidos en todos los niveles político territoriales del país. Al derogar esta sabia disposición legal se incurrió en el error (¿deliberado?) de elegir ciudadanos analfabetas reales o funcionales, que no suelen presentarse para el cumplimiento de sus funciones.
5. Una plataforma tecnológica al servicio del PSUV
La plataforma tecnológica del CNE comprende: el Sistema de Autenticación Integrado (SAI) y las computadoras portátiles (“laptops”) para el “control de flujo de votantes”. El SAI no es más que la tradicional computadora de votación SmartMatic con un “capta huellas” conectada a la misma. Su presunta misión es: a) identificar al elector para “garantizar un elector un voto”, falacia con la cual se le ha justificado; y b) la activación de la máquina de votación una vez “identificado” el elector. Es preciso recordar que la forma clásica de minimizar la posibilidad del voto múltiple fue el uso de tinta indeleble con nitrato de plata. Este mecanismo es muy sencillo de entender y verificar, por el ciudadano común. Pero para que resulte eficaz, los mecanismos de fabricación, envase, auditoría de despacho (origen) y en el centro de votación (destino) deben ser tales que se garantice el uso de la tinta idónea, so pena de sanción. Tal como lo indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, para que unas elecciones sean consideradas auténticas, el voto debe ser secreto y libre. Pero con el Sistema de Autenticación Integrado (SAI) el voto no “parece” secreto, puesto que la capta huellas no sólo está visiblemente conectada a la máquina de votación, sino que además la activa. De acuerdo a estudios de campo realizados en distintos momentos, entre 40 y 60 por ciento de los electores venezolanos considera que su voto no es secreto. Resaltamos que no sólo es imperativo que el voto sea secreto, sino que también lo parezca, y ése no fue el caso en las elecciones del pasado 7 de octubre. La libertad del voto nace de la confianza que el elector tiene en que su voto es secreto. Si se somete al elector a mecanismos de votación que le impiden o dificultan entender, por sus propios medios y con base en sus propios conocimientos, que el voto es secreto, se introduce un elemento de desconfianza, de duda, que acaba con la libertad del voto. Para él, el secreto del voto pasa a ser, a lo sumo, un “acto de fe” en lo que afirmen dirigentes políticos o, aún peor, un técnico que él ni conoce ni sabe cómo se escogió. Dado que un alto porcentaje de los sectores sociales D, E y F dependen económicamente del Estado, ya sea por estar inscritos en los planes sociales denominados misiones, por pertenecer a la burocracia, o por cualquier otro motivo; muchos de los electores que se sentían identificados con la oposición, se vieron coaccionados a votar por el PSUV, por temor a perder beneficios, subsidios o sueldos. En este sentido, los pasados comicios presidenciales no pueden considerarse “libres”. Pero como si todo lo anterior fuera poco, en contravención a la normativa electoral, cinco semanas antes del día de la votación se aprobó la Implementación de la llamada “Estación de Identificación del Elector”, es decir, el uso de una o más computadoras portátiles para un supuesto
“control de flujo de votantes”. De esta forma, a la entrada del Centro de Votación, el elector debía entregar su cédula de identidad, se transcribía en la computadora portátil y seguidamente le entregaban un papel indicando la mesa, página y línea donde iba a sufragar. Los aparentemente inocentes “laptops” estaban en capacidad de informar al instante quienes habían votado y, por consiguiente, quienes no. Esto sirvió de instrumento clave para la movilización del PSUV a última hora. Aquí cabe un comentario especial: es inaceptable que en un acto tan delicado como es el de votación, se instalen dispositivos informáticos que estén técnicamente capacitados para transmitir información electoral (vía inalámbrica) desde y hacia los centros electorales, mientras los ciudadanos están votando. Así, mientras la oposición operaba a ciegas, “sin instrumentos”; los militantes del PSUV estaban en condiciones de saber a ciencia cierta quienes todavía no habían acudido a su centro de votación, lo cual los
capacitaba para movilizar a quienes estaban inscritos en misiones, o trabajaban en algún organismo público, para que fueran a votar, so pena de perder sus beneficios o sus empleos. Para las elecciones presidenciales de octubre, este mecanismo de presión incorporó un elemento más: el uso de efectivos militares de la Guardia Nacional para movilizar a los electores del PSUV. Esto violó la norma constitucional que dispone que ni los funcionarios públicos y, menos, la Fuerza Armada puede estar al servicio de persona o parcialidad política alguna. En todo caso, puede afirmarse que la impresionante movilización de última hora del oficialismo fue una sofisticada operación militar. Dicho de otra forma: el régimen contaba con un ejército, mientras la oposición contaba con unos voluntarios. Usando la metáfora de David contra Goliat, reiteradamente mencionada por el candidato opositor, a Goliat le dieron una ametralladora, mientras que a David le quitaron la honda.
6. Escrutinio automatizado de dudosa verificación
De acuerdo a la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (LOPRE) el escrutinio debe ser público (Artículo 110) y automatizado (Artículo 111). Lo cual resulta incoherente, porque mal puede ser público algo que se realiza en los circuitos electrónicos de un computador. Para subsanar esta incoherencia, se prevé un mecanismo de verificación ciudadana de los comprobantes emitidos por las máquinas de votación. De acuerdo a esta norma, una vez realizado el escrutinio en los circuitos electrónicos de la máquina de votación, y una vez impresa el acta de votación, se procede a la transmisión de los datos al centro de totalización para, de seguidas, proceder a la verificación ciudadana.
La verificación consiste en abrir un porcentaje de las cajas donde están depositadas las papeletas de votación, y comprobar que los resultados de las papeletas corresponden a los que se reflejan en el acta de escrutinio emitida por la máquina de votación correspondiente. Desafortunadamente, al momento de escribir este documento, contamos sólo con 5% de las actas de verificación de los comicios presidenciales realizados en octubre pasado, lo que puede deberse a múltiples motivos, entre ellos: Primero, no se hizo la verificación ciudadana; esto puede haber ocurrido: a) porque al conocer los resultados muchos abandonaron las mesas (igual ocurrió el 2006); b) porque no había un adiestramiento adecuado de los testigos de mesa; o c) porque los testigos fueron impedidos de hacerla por amenazas. Segundo, se hizo la verificación pero no se totalizaron los votos. Y tercero, se hizo pero no se entregaron las actas. En todo caso, no puede afirmarse que los comicios del 7 de octubre fueron “transparentes”, como exigen la Constitución y las normas internacionales,
porque resulta muy complicado para un elector inexperto entender cómo funciona el sistema de electrónico de votación, así como el escrutinio, la transmisión y la totalización. Para que una elección deje de ser auténtica, no es indispensable comprobar que las máquinas electrónicas cambien la voluntad del elector; basta con que el ciudadano no conozca en detalle el funcionamiento de las mismas; es decir, que constituyan un enigma para el elector. Países altamente tecnificados, como Alemania, han restringido y hasta prescindido del voto electrónico. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Alemania dictaminó en contra del voto automatizado, argumentando que éste violaba la Constitución germana, la cual establece que todos los pasos de la elección deben estar sometidos a la verificación por parte del público. Según el dictamen de la Corte, los aparatos electrónicos de votación no garantizan la comprobación confiable por parte del ciudadano que carece de conocimientos técnicos especiales.
7. Un CNE parcializado
Tal como se explicó en capítulos anteriores, para que una elección sea considerada auténtica, el árbitro comicial debe ser imparcial e independiente, pero ese no es el caso del CNE. Para ilustrar esta tesis, basta con recoger algunos episodios ocurridos durante la campaña electoral que culminó el 7 de octubre. Fue público y notorio el uso de los recursos del Estado por parte del candidato Hugo Chávez para hacer campaña electoral. Organismos burocráticos, como los son los ministerios y la empresa Petróleos de Venezuela, trabajaron abiertamente por la campaña oficialista. El 3 de octubre de 2012, la Mesa de la Unidad
Democrática, que agrupa los partidos opositores, entregó al CNE pruebas de órdenes giradas por funcionarios del gobierno a los empleados públicos para asistir obligatoriamente a los actos de campaña de Chávez. El CNE no puso coto a esas violaciones, pero en cambio prohibió al candidato opositor, Henrique Capriles, usar una gorra con los colores de la bandera de Venezuela, alegando que los partidos no pueden enarbolar los símbolos patrios para hacer campaña. El 22 de junio de 2012, el Consejo Nacional Electoral acordó que los candidatos presidenciales dispusieran de tres minutos diarios de anuncios televisivos para la campaña electoral, lo cual se hizo cumplir estrictamente en el caso del candidato Capriles; pero el CNE no puso coto alguno a las numerosas cadenas de radio y televisión que hizo Chávez. Durante la campaña, que se inició el 1 de julio y culminó el 4 de octubre, Chávez se encadenó 45 horas en total, un promedio de 28 minutos diarios, sin que el CNE reclamase. El CNE tampoco se opuso a que el Sistema Nacional de Medios Públicos estuviese dedicado casi las 24 horas al día a promover la candidatura de Chávez, mientras que a la vez criticaba al candidato opositor y a las organizaciones políticas que lo apoyaron. El Sistema Nacional de Medios Públicos es un conglomerado de medios estatales que incluye numerosos medios de radio, televisión, rotativos y multimedios, adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
El 16 de enero de 2012, Venezuela oficializó el cierre de su consulado en Miami, luego que Estados Unidos expulsara a la cónsul Livia Acosta. La funcionaria había sido acusada de participar en un supuesto complot iraní para realizar ciberataques en contra de EE.UU. El Consulado de Miami atendía a unos 200.000 venezolanos residentes en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Además, era el principal centro de votación fuera del país, con unos 20.000 ciudadanos aptos para votar. El CNE decidió migrar a estos ciudadanos al Consulado de Nueva Orleans, para que ejercieran allí su derecho al voto, pese a los mil cuatrocientos kilómetros que separan a las dos ciudades, causando así graves impedimentos a los electores, en su mayoría opositores. En cambio, a finales de octubre, el CNE decidió migrar de manera ilegal y extemporánea a los candidatos del PSUV a seis gobernaciones, junto con sus familiares, para facilitarles el derecho al voto. El 11 de septiembre de 2012, cuatro organizaciones políticas que apoyaban a Capriles, optaron por retirarle el respaldo o por participar con sus propios candidatos. El CNE decidió no modificar la boleta electoral, que se imprimió con la foto de Capriles en las tarjetas de esas organizaciones, lo cual confundió a los electores el 7 de octubre, perjudicando así al candidato Capriles con alrededor de 250 mil votos, según estima la MUD. En cambio, el pasado 31 de octubre, el CNE decidió modificar la boleta electoral del estado Trujillo, para permitir la
incorporación a última hora del candidato del PSUV a la gobernación de esa entidad, general Henry Rangel Silva. Podríamos continuar relatando muchos otros ejemplos que demuestran el comportamiento sesgado del árbitro
electoral, pero éstos son lo suficientemente ilustrativos para concluir que el CNE no se comportó de manera imparcial y que, por ende, las elecciones del 7 de octubre no fueron auténticas.
8. Violencia y amenazas de guerra civil
Para que unos comicios puedan considerarse válidos, el elector debe estar libre de cualquier forma de coacción, pero en el caso de Venezuela, todos los ciudadanos fueron coaccionados, no solo por las máquinas capta huellas mencionadas anteriormente, sino por la amenaza de violencia y hasta de guerra civil, en caso de que el CNE no proclamase el triunfo de Hugo Chávez. El 24 de agosto de 2012, Chávez advirtió públicamente que si la “burguesía” llegase a ganar los comicios del 7 de octubre, eliminaría las misiones de atención de la salud, la educación y alimentación.... “Esto llevaría a una guerra civil, porque ¿quién puede pensar que el pueblo se quedaría con los brazos cruzados si le quitan los derechos adquiridos? El pueblo no se quedaría de brazos cruzados. Comenzarían las persecuciones contra el pueblo, comenzaría la represión, como en el pasado”. Estas palabras, viniendo del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, fueron interpretadas por todos los venezolanos como una grave amenaza y una clara coacción para votar a favor de su opción. Ya durante las primarias de la oposición, que se realizaron en febrero de 2012, comenzaron a suscitarse hechos de violencia que empañaron el ambiente electoral. El 14 de febrero, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) interceptaron al vicepresidente de la Junta Regional de Primarias del estado Aragua, José Clavijos, y le arrebataron por la fuerza sobres con varias actas electorales de una mesa de votación. En medio de esta situación, el joven Arnaldo Espinoza murió tras ser arrollado por una grúa conducida por un funcionario policial que intentaba remolcar el vehículo de Clavijos. El 2 de septiembre, tres simpatizantes de la oposición fueron agredidos con armas de fuego en el estado Zulia, luego del simulacro realizado con fines a ajustar el proceso comicial del 7 de octubre. Freddy Gómez, diputado del Consejo Legislativo de esa entidad, denunció al alcalde chavista Luis Ruda de ordenar a sus escoltas arremeter contra un grupo opositor. Diego Armando Cuello, de 22 años, recibió un balazo que le atravesó el fémur; Yajaira Castillo, de 19 años, fue impactada en el brazo derecho; y Orangel
Urdaneta, de 30 años, fue herido en el abdomen. El 29 de septiembre, durante un acto de cierre de campaña del candidato opositor Henrique Capriles en el estado Barinas, tres dirigentes de oposición fueron asesinados por militantes del PSUV. Las víctimas, Omar Fernández, Antonio Valero, y Héctor Rojas, quisieron mediar entre quienes participaban en una caravana opositora y una barrera del oficialismo, y fueron recibidos a bala. Uno de los asesinos resultó ser Nelson Quintero, Director Regional del Ministerio del Ambiente. El jefe del comando de campaña opositor en la entidad, Julio César Reyes, responsabilizó de los hechos al hermano de Hugo Chávez, el gobernador Adán Chávez. En Venezuela, constituye un hecho notorio comunicacional la existencia de
grupos armados al margen de la institucionalidad, denominados “colectivos”, varios de ellos con sede muy cerca del Palacio Presidencial de Miraflores, que han manifestado públicamente no estar dispuestos a reconocer un triunfo electoral distinto al de Hugo Chávez. Estos grupos han declarado abiertamente que, para lograr sus fines, no dudarían en esgrimir sus armas y matar. No se trata de una amenaza vana, porque en el pasado ya lo han hecho en varias oportunidades. En medio de este ambiente de violencia y de coacción, muchos venezolanos decidieron, en contra de su voluntad, votar para mantener el status quo, a fin de evitar derramamiento de sangre
9. Observación internacional sesgada
Dado que las violaciones e irregularidades descritas en este documento no se encuentran ocultas sino que, por el contrario, saltan a la vista, el CNE necesitaba de una observación internacional complaciente, que avalase el proceso electoral de 2012. Para lograrlo, el árbitro comicial tomó tres medidas: Primero, eliminó la figura de “observación internacional”, y la sustituyo por una mucho más débil e inoperante: la de “acompañamiento”. Segundo, impidió la participación de observadores internacionales serios y experimentados, como los delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea. Y tercero, entregó el acompañamiento en manos de los aliados ideológicos del gobierno. El CNE decidió eliminar la observación internacional luego de las elecciones presidenciales de 2006, cuando las misiones electorales de la OEA y la Unión Europea emitieron un informe conjunto en el que criticaron el ventajismo del gobierno en la campaña. Según un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la
Información (MINCI), fechado el 14 de agosto de 2012, “Venezuela ya no depende de observadores internacionales para avalar los procesos internos de elección, porque cuenta con uno de los sistemas electorales más avanzados y confiables del mundo”. El 23 de agosto de 2012, el Consejo Nacional Electoral y la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) firmaron un acuerdo para que ese organismo multilateral –prácticamente el único– viniese al país en calidad de “acompañante” internacional con motivo de los comicios presidenciales del 7 de octubre. Pese a que UNASUR no tenía experiencia alguna en supervisar elecciones, la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, junto con el hoy vicepresidente Nicolás Maduro, calificó el convenio como una “victoria” de los organismos electorales del continente. “Hemos puesto de nuestra parte para crear una nueva forma de mirarnos, de cooperar y de fortalecer la democracia”, declaró. UNASUR está encabezada por el venezolano Alí Rodríguez Araque, quien desempeñó cargos importantes en el gobierno de Chávez, entre ellos, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Energía y Minas, Presidente de PDVSA, y Embajador de Venezuela en Cuba. Alí Rodríguez es además miembro fundador del Foro de Sao Paulo (FSP), organización internacional que apoya abiertamente al
comandante Chávez. El jefe de la misión de acompañamiento de UNASUR que fue el argentino Carlos “Chacho” Álvarez, quien también es miembro fundador del FSP. Hasta el Centro Carter, considerado por muchos opositores como complaciente con el gobierno de Chávez, se negó a enviar una misión de acompañamiento a Venezuela para las elecciones de 2012. El Centro Carter criticó que el propósito del “acompañamiento” es “invitar a extranjeros a observar las actividades realizadas durante día de la votación, mediante una presencia política mayormente simbólica”; mientras que el propósito de la “observación” es el de “evaluar el proceso electoral en su conjunto de manera sistemática”. El 24 de agosto de 2012, en una entrevista concedida a la agencia EFE, el candidato opositor, Henrique Capriles, acusó al Gobierno de hacer "todo" para que no hubiera observadores internacionales, y de sustituir esa figura por la de "acompañantes", para poder llevar a cabo sus "triquiñuelas". Capriles explicó que "este es un gobierno que siempre le gusta jugar sucio y, mientras menos ojos tenga viendo el proceso, probablemente bajo su perspectiva de las cosas, significa que a la hora de sus triquiñuelas no tenga nadie que las pueda observar".
10. El fraude: un virus que muta y se perfecciona
Luego de observar con detenimiento el sistema electoral venezolano desde el referendo de 2004 hasta los comicios del pasado 7 de octubre, podemos concluir que su comportamiento se asemeja al de un virus que muta, crece y se perfecciona, para tergiversar la voluntad popular con cada vez mayor eficiencia. En noviembre de 2011, la prestigiosa revista “Statistical Science” publicó un número dedicado a presentar las inconsistencias y anomalías encontradas en el referendo revocatorio de 2004. La revista incluyó seis estudios, los cuales fueron objeto de una profunda revisión y verificación antes de ser autorizada su publicación (ver http://esdata.info/papers). Entre otras muchas irregularidades, los estudios muestran las siguientes: primero, existe una palpable diferencia entre los resultados obtenidos en los centros de votación automatizados y los centros donde la votación se hizo manualmente; segundo, los resultados contradicen leyes estadísticas incontrovertibles; tercero, existen serias discrepancias entre las encuestas a boca de urna (exit polls) y los resultados oficiales; cuarto, la sospechosa transmisión de datos entre las máquinas de votación electrónicas y el CNE contravienen las normas electorales; y quinto, existen evidencias estadísticas de que los resultados de la votación fueron alterados a través de las máquinas. En resumen, en el referendo revocatorio de 2004 la tergiversación de la voluntad de los electores se dio básicamente a través de las máquinas electrónicas. Pero como las evidencias de las irregularidades fueron saliendo progresivamente a la luz pública, el “virus” mutó y encontró otras maneras de lograr sus objetivos; entre ellas, incorporando máquinas capta huellas que pusieran en duda el secreto del voto, para así coaccionar al elector. Increíblemente, las capta huellas no cumplen la supuesta función de garantizar un elector, un voto; por el contrario, es factible el voto de personas registradas en varias mesas con la misma huella y diferente numero de cédula de identidad, consolidando el voto múltiple (multicedulados). En los comicios de septiembre de 2010, destinados a elegir diputados a la Asamblea Nacional, el CNE recurrió a un nuevo esquema de manipulación, conocido en los Estados Unidos como “gerrymandering”. El término proviene del apellido de un gobernador del estado de Massachusetts, Elbridge Gerry, quien en 1812, preocupado porque su partido no lograba la victoria en los distritos del norte y el oeste del estado, decidió unificar todos esos distritos en uno solo, que de ese modo obtendrían menos escaños en la legislatura. Los periodistas que observaban el nuevo mapa electoral se percataron de que el distrito así creado tenía la forma de una salamandra (en inglés: salamander), a la que pusieron por nombre Gerry-mander. Tal como se explica en un videoinforme producido por Estada, disponible en el enlace
http://esdata.info/Salamandra-1, el CNE imitó el esquema implementado por el gobernador Gerry, y modificó los circuitos electorales para tergiversar los resultados de las elecciones parlamentarias de 2010. De esta forma, aunque la oposición alcanzó la mayoría de los votos (51% del total nacional) solo obtuvo 61 curules (40% del total de la Asamblea Nacional); mientras que el oficialismo, con la minoría de los votos (46,4%), obtuvo 95 curules. Esto constituye una evidente violación a la norma constitucional (Artículo 63) que reza así:
Es decir, que la ley debe garantizar, concurrentemente, dos cosas: el voto personalizado (por circuitos) y la representación proporcional. Ya en el pasado la legislación venezolana dio respuesta a esta doble exigencia constitucional, mediante un sistema mixto que permitía tanto el voto personalizado como la representación proporcional de los partidos, de acuerdo a sus votos.
Cuando el 27 de septiembre de 2010, la periodista Andreína Flores, de Radio Francia Internacional, preguntó a Hugo Chávez "¿Cómo se explica que con una diferencia de unos 100 mil votos, la oposición haya logrado 37 escaños menos que el oficialismo?”, el Presidente contestó, molesto e incómodo: “Ustedes transmiten mentiras, sin rubor. Allí es donde yo digo, reflexionen, tengamos vergüenza, tengamos ética… tú no conoces la Constitución, porque la respuesta está allí… tú haces una pregunta extraña, de manera configurada… ¿De dónde alguien puede pensar que la cantidad de diputados, de unas elecciones que son circuitales?… 110 diputados no tiene nada que ver con la votación nacional”. En las elecciones presidenciales de 2012, el “virus” mutó de nuevo, conectó las maquinas capta huellas directamente a las máquinas de votación, e incorporó las computadoras portátiles a la entrada de los centros de votación. Con este doble dispositivo se lograron dos objetivos esenciales: la eficacia de la coacción al elector y la eficacia de la movilización de votos oficialistas. Dos insuperables e inequitativas ventajas que el CNE brindó al oficialismo
11. Impugnan las elecciones del 7 de octubre
El 29 de octubre de 2012, un equipo de abogados acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a fin de introducir un recurso de nulidad a las elecciones presidenciales realizadas el 7 de octubre. Según explicaron los juristas, en el recurso se argumenta que en el evento comicial se registró “un fraude masivo y generalizado”, razón por la cual la victoria de Hugo Chávez carece en absoluto de legitimidad.
Adicionalmente, los accionantes solicitaron al TSJ la conservación del material electoral correspondiente al proceso, la depuración del Registro Electoral y la realización de nuevas elecciones. Entre otras violaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la impugnación señala: Primero, que Chávez no podía ser candidato por ser un militar activo; Segundo, la ilegalidad de un sistema de autenticación (capta huellas) combinado con un cuaderno electrónico de votación, conectado a la máquina de votación, lo cual puede afectar el secreto del voto; Tercero, la existencia de elevado número de electores cuya inscripción en el Registro Electoral debía ser excluida, revertida o suspendida, según correspondiese; Cuarto, la negativa de parte del Consejo Nacional Electoral a realizar auditorías independientes que soporten la condición de electores de los inscritos en el Registro Electoral; Quinto, amenazas proferidas y violencia ejercida contra el principal candidato opositor y contra el electorado, durante la campaña electoral; Sexto, existencia de grupos civiles armados, al margen de la ley y de la institucionalidad, que se proclamaban defensores electorales del candidato Chávez;
Séptimo, Implementación de la llamada “Estación de Identificación del Elector”; Octavo, intimidación al elector y violación del derecho al voto libre y secreto; Noveno, obstaculización por parte del gobierno de la votación de los venezolanos en el exterior (caso de la eliminación del Consulado de Miami); Décimo, ausencia de la gran mayoría de las actas de verificación ciudadana; y Undécimo, empleo de medios del Estado en campaña política a favor del candidato oficialista. Esa misma semana, un grupo de militares retirados solicitó al TSJ la nulidad de las elecciones del 7 de octubre. Los oficiales introdujeron el recurso debido a “la duda suscitada en la generalidad de los ciudadanos votantes correspondientes al sector democrático opositor acerca de la veracidad y justeza numérica del fallo del árbitro electoral”. En el recurso se afirma que con la implementación del sistema automatizado para la votación y del método computarizado de escrutinio se viola el artículo 294 de la Constitución, y se impide la verificación ciudadana. Los uniformados pidieron a la Sala Electoral del máximo tribunal de la República que “ordene al ente rector proceder a una verificación directa y material de la voluntad de los votantes, contenida de manera total e inequívoca en la papeleta depositada en las urnas electorales”.
12. ¿Por qué la oposición reconoce los resultados?
Cuando el Consejo Nacional Electoral tergiversa la voluntad de los electores, no lo hace a escondidas, sino que por el contrario actúa de manera abierta y descarada; por eso constituye un verdadero misterio que los partidos de oposición insistan en validar una y otra vez los resultados de las elecciones realizadas desde el año 2004 hasta la fecha. Pero resulta particularmente desconcertante la actitud de algunos líderes opositores durante el proceso comicial del pasado 7 de octubre, porque no solamente avalaron todas las irregularidades y aceptaron incondicionalmente los escrutinios oficiales, sino que condenaron a todo aquel que se atreviera a cuestionar al sistema electoral venezolano. El 12 de julio de 2012, durante una presentación realizada ante el Congreso de los Estados Unidos, la presidenta de la comisión electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Teresa Albanes, respaldó la transparencia del CNE y rechazó las críticas de quienes dudaban de la seguridad de nuestro sistema de votación. “Este tipo de comentarios de hecho alimentan las sospechas de que hay algo irregular en el sistema electoral… muchas veces las críticas, que señalan entre otras cosas que podría violarse el secreto al voto, vienen de sectores radicales”, dijo. El 27 de agosto de 2012, el prestigioso escritor Carlos Alberto Montaner publicó un artículo titulado “Chávez y la trampa que se avecina”, en el que fundamentó su tesis sobre el fraude electoral que estaba en marcha en Venezuela. Increíblemente, no fueron los funcionarios del gobierno chavista quienes lo refutaron, sino Vicente Díaz, único Rector considerado independiente dentro del Directorio del CNE, quien le respondió en una carta abierta en estos términos: “En Venezuela es imposible un fraude electrónico. No hay forma. Las máquinas no pueden alterar los votos porque luego se verifican contra los comprobantes en papel y contra la cantidad de electores firmantes del cuaderno de votación”. Luego de realizadas las elecciones del 7 de octubre, y como consecuencia de la avalancha de artículos y declaraciones en contra del CNE, algunos dirigentes de la MUD se vieron obligados a reconocer públicamente que el ente comicial avalaba el ventajismo oficial e incurría en “triquiñuelas”, pero siempre insistiendo en que no había habido fraude. El 9 de octubre, el propio candidato Capriles declaró: “Aquí no hubo fraude… si aquí hubiese habido algo que pusiese en duda (el proceso), yo sería el primero en decirlo”; y agregó: “generan mucha suspicacia esos foquitos (que protestan los resultados)… Me preocupa que sea algo montado para hacernos decaer e ir hacia la antipolítica”. Surge la pregunta obvia, planteada por muchos analistas venezolanos y extranjeros: ¿Por qué los líderes opositores son los principales defensores del sistema electoral venezolano, habiendo tantas evidencias de violaciones e irregularidades? Al respecto han circulado numerosas
hipótesis y especulaciones, pero pareciera que las más acertadas apuntan al temor que tiene la oposición de provocar un mal mayor si reconocen toda la verdad respecto al CNE. Esos temores tienen al menos tres niveles. El primero y más sencillo está relacionado a la tesis según la cual “hablar mal del CNE provoca abstención”. Los líderes opositores consideran que la abstención causa más daño a sus pretensiones que ceder a las manipulaciones del ente comicial. El segundo es el miedo a un baño de sangre. Chávez ha amenazado reiteradamente a los venezolanos diciendo que “esta revolución es pacífica, pero está armada”. El ex ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, hoy gobernador del Estado Trujillo, declaró públicamente que las Fuerzas Armadas no aceptarían un resultado electoral adverso a Chávez. Y además existen los grupos irregulares armados que impunemente amenazan con masacrar a la población si Chávez pierde el poder. Muchos dirigentes opositores prefieren participar en elecciones fraudulentas y aceptar los resultados, antes que desenmascarar al CNE y con ello provocar la ira del régimen. Finalmente está el temor a un “golpe militar de derecha”. Buena parte de
los dirigentes opositores, sobre todo aquellos de pensamiento socialista, consideran que decir la verdad sobre el esquema electoral venezolano desestabilizaría nuestro sistema democrático y abriría las puertas a una intervención militar de derecha, al estilo Pinochet. Por nuestra parte, estamos convencidos que revelar la verdad del sistema electoral ni genera abstención, ni provoca baños de sangre, ni abre las puertas a un golpe. Por el contrario, seguir escondiendo la realidad a los venezolanos y continuar tergiversando la voluntad de los electores, en medio de la creciente crisis que afecta al país, es la forma más expedita para avivar las tensiones y para provocar la violencia y la anarquía. Consideramos que si el gobierno venezolano, siguiendo la pauta que le impone el régimen cubano, ha puesto el sistema electoral a su favor y si además existen claros indicios de colaboración abierta o encubierta por parte de algunos sectores de la oposición para legitimarlo, a la sociedad civil consciente no le queda otra alternativa que ponerse de acuerdo para exigir públicamente que se establezca un sistema electoral honesto, justo, libre, transparente.
13. Hacia un sistema electoral justo, libre, transparente y equilibrado
A continuación presentamos las acciones necesarias para que se establezcan Elecciones Auténticas en Venezuela, de acuerdo a los estándares y normativas internacionales que se han suscrito en la materia y que podrían proporcionarle al pueblo venezolano un sistema electoral eficiente, confiable y transparente; y, de esta forma, devolver la credibilidad al ente comicial y al valor del voto. Primero, elegir una directiva equilibrada del CNE con dos rectores propuestos por el gobierno, dos por la oposición y uno de común acuerdo (Presidente). Segundo, llevar a cabo una reforma constitucional que restituya la presencia de los partidos en el CNE. Tercero, asegurar la presencia a tiempo completo de representantes de la oposición en todas las áreas operativas del CNE. Cuarto, reformar las Leyes Orgánicas del Poder Electoral y de Procesos Electorales (LOPE y LOPRE) para adecuarlas a los principios universales de elecciones auténticas. Quinto, restituir de facto la Fiscalía de Cedulación. Sexto, llevar a cabo una auditoría independiente del Registro Electoral y, de ser necesario, rehacerlo en su totalidad. Séptimo, eliminar la milicia como parte del Plan República. Octavo, establecer un mecanismo de selección equilibrada de funcionarios electorales (Juntas Electorales y Mesas de Votación) y administrativos, reevaluando sus funciones de acuerdo a un nuevo sistema de contabilizar los votos Noveno, eliminación inmediata de Maquinas de Votación para el ejercicio del sufragio en los Centros Electorales y cualquier maquinaría electrónica accesoria, volviendo al voto manual a través de papeletas electorales, con urna transparente y escrutinio público de la totalidad de los votos, con verificación ciudadana y testigos de los partidos participantes. Décimo, implementar los procedimientos técnicos necesarios para el envío de las Actas de Escrutinio al ente electoral, luego del cierre de cada Mesa, con el fin de garantizar la contabilización eficaz de los resultados electorales y su escrutinio público para el mismo día de la elección, tal como sucede en México, Colombia y otros países latinoamericanos.
En nuestro país las tensiones están incrementándose a pasos agigantados. El Gobierno, por una parte, insiste en subordinar los intereses sagrados de la Patria a las directrices de Cuba. Altos funcionarios gubernamentales no tienen recato en viajar a La Habana, cuantas veces sea necesario, para discutir nuestros asuntos internos con los hermanos Castro. Enceguecidos por la soberbia y la ambición, no son capaces de darse cuenta del malestar que están causando en todos los sectores de la sociedad, que ya está harta por la inseguridad, la corrupción, la inflación, el desabastecimiento, el colapso de los servicios y otros muchos males. Los dirigentes de los partidos políticos, por otra parte, están enfrascados única y exclusivamente en participar en comicios, sin siquiera cuestionar el sistema electoral amañado, y en conservar los pocos espacios que el Gobierno les permite ocupar. No parecen entender que la propia supervivencia de la nación está en juego, debido a la pretensión oficial de acabar con la democracia y de convertirnos en una colonia cubana. La falta de liderazgo, tanto del lado oficialista, como de lado opositor, ha generado un peligroso vacío de poder, que podría desembocar en mayor inestabilidad y anarquía, creando así condiciones para una situación de violencia que a nadie conviene. La solución a esta crisis sin precedentes consiste en unificar a todos los venezolanos en un objetivo primario: exigir y lograr el cese de la injerencia cubana en nuestro país. Y en segundo término, restablecer el hilo constitucional y legitimar las autoridades mediante la realización de unas elecciones generales; eso sí, justas, libres, transparentes y equilibradas. Confiamos plenamente en las capacidades del pueblo venezolano, y creemos sinceramente que existen soluciones razonables, pacíficas y constitucionales a los problemas que nos afectan; pero se requiere de un enorme esfuerzo conjunto y de una gran creatividad. Hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas del país, entre ellas, las universidades, academias, gremios, empresarios, sindicatos, ONGs, líderes religiosos, dirigentes regionales, estudiantes, intelectuales, comunicadores, militares retirados y demás sectores, a que se incorporen de manera activa y entusiasta, en la búsqueda de una solución. Para finalizar, queremos hacer llegar a todos nuestros compatriotas un mensaje de aliento y de esperanza. Tengan confianza en Dios; tengan confianza en los valores y principios que, pese a todo, todavía permanecen inalterados en nuestras instituciones nacionales; y tengan confianza en sí mismos. Con el favor de Dios y con nuestro propio esfuerzo, saldremos adelante y haremos de Venezuela una gran nación.
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