Source: http://www.slideshare.net/rodriguezgustavo/ley-organica-sobre-el-derecho-de-la-mujer-a-una-vida-libre-de-violencia
Timestamp: 2016-05-02 09:11:04
Document Index: 388433775

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 44', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 65', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 70', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 43', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'artículo 71', 'Artículo 58', 'artículo 71', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'artículo 65', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86']

Ley organica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violenc…
Derecho Venezolano 2012
Don Miguelucho
La violencia no tiene genero, sea en contra de niños y adolescentes, o en contra de mujeres o en contra de hombres... En desacuerdo en contra de una ley inconstitucional, ya que, la constitución Venezolana habla de IGUALDAD, no dice entre comillas solo para mujeres o para hombres, o para pobres, o para ricos, entre otros. Ademas que algunas o muchas mujeres se estan aprovechando de esta ley para manipular o extorsionar al hombre, simpre bajo la amenaza de una denuncia real o no. Estoy de acuerdo con ciertos puntos de la ley, porque, es cierto que existe la violencia en contra de la mujer, pero, también existe la violencia en contra del hombre por parte de una mujer, chistoso pero es realidad y no hay que colocarse una venda en los ojos. Existen casos de violencia familiar fisica, psicologica, simbolica, moral entre otros, en contra del hombre en el hogar, en el trabajo, entre vecinos, acoso sexual, violencia simbólica, que también es propinada por la mujer hacia el hombre y para eso no hay ley. Si fuera una ley que su titulo fuera Ley Organica sobre el derecho a la convivencia y sin desigualdad de genero hacia una vida libre de violencia, deacuardo, pero mientras tanto, considero, que es inconstitucional. Disculpen si molesto al genero femenino con respecto a este comentario, pero violencia es violencia no hay necesidad de dividir los generos, aunque este es un gobierno que se dedica es a eso a la división. El COPP "Código Orgánico Procesal Penal" es claro.. Si quieren denunciar denuncien no hay necesidad de crear leyes discriminatorias, para que despues hagan otra ley que hable en contra de la discriminación
LIFE COACH-TERAPEUTA HOLISTICA.
Ley orgánicasobre elderechode las mujeresa una vidalibre deviolencia
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)Calle Chaguaramos con Avenida MohedanoCentro Gerencial MohedanoPiso 9, Oficina 9b.La Castellana, CaracasTeléfono: 2645545 / Fax: 2643773http://venezuela.unfpa.org
IntroducciónExposiciónde motivosLa lucha de las mujeres en el mundo para lograr el recono-cimiento de sus derechos humanos, sociales y políticos yel respeto a su dignidad, ha sido un esfuerzo de siglos, quetuvo una de sus expresiones más elevadas en la Declaraciónde los Derechos Humanos de la Mujer y la Ciudadana en1791. Su proponente, Olympe de Gouges, no logró que losrevolucionarios franceses aprobaran tal declaración, y alcontrario, su iniciativa fue una de las causas que determina-ron su muerte en la guillotina.Un gravísimo problema, contra el cual han luchado históri-camente las mujeres en el planeta entero es la violencia quese ejerce contra ellas por el solo hecho de serlo. La violenciade género encuentra sus raíces profundas en la caracterís-tica patriarcal de las sociedades en las que prevalecen es-tructuras de subordinación y discriminación hacia la mujerque consolidan la conformación de conceptos y valores quedescalifican sistemáticamente a la mujer, sus actividades ysus opiniones.Es así como cualquier negativa o rechazo al poder masculi-no es vivida por el hombre agresor como una trasgresión aun orden “natural” que “justifica” la violencia de su reacciónen contra de la mujer. Se trata, pues, de una violencia que sedirige sobre las mujeres por ser consideradas, por sus agre-sores, carentes de los derechos fundamentales de libertad,respeto, capacidad de decisión y del derecho a la vida. (( 3 ))
La violencia en contra de la mujer constituye un grave pro- blema de salud pública y de violación sistemática de sus derechos humanos, que muestra en forma dramática, los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de género en la sociedad. El ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en materia de violencia basada en género, se ha visto afectado significativamente también por las concepciones jurídicas tradicionales, basadas en paradigmas positivistas y sexistas. Hasta hace unas décadas se creía, desde una perspectiva generalista, que el maltrato a las mujeres era una forma más de violencia, con un añadido de excepcionalidad y con una causa posible en una patología del agresor o de la víctima. Desde los años setenta en el siglo veinte es reconocida su especificidad y el hecho de que sus causas están en las ca- racterísticas estructurales de la sociedad. La comprensión del tema, entonces, reclama unas claves explicativas que van desde la insistencia en su especificidad, comprensible sólo desde un análisis que incluya la perspectiva del género, hasta la implicación en ella de distintos ámbitos e instancias sociales, pasando por la denuncia de su frecuencia y su ca- rácter no excepcional, sino común. Todas las mujeres son víctimas potenciales del maltrato y la violencia basada en género pues, en todas las sociedades, ha pervivido la desigualdad entre los sexos. Además, las distintas formas de violencia contra las mujeres son tácticas de control con el objetivo de mantener y reproducir el poder patriarcal sobre las mujeres, para subyugarlas y descalificar- las, y ante ese poder que les niega el goce, disfrute y ejerci-(( 4 ))
cio de sus derechos, debe erigirse el Estado como garantede los derechos humanos, en particular aprobando leyes quedesarrollen las previsiones constitucionales.Desde el punto de vista internacional los instrumentos jurí-dicos más relevantes en materia de los derechos humanosde las mujeres y, especialmente, en materia de violenciacontra las mujeres son la Convención Interamericana paraPrevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-jeres (Convención Belem De Pará) y la Convención para laEliminación de Todas las Formas de Discriminación contrala Mujer (1979), conjuntamente con la Declaración de Na-ciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contrala Mujer (1993). En la IV Conferencia Mundial sobre lasMujeres, celebrada en Pekín en 1995 se reconoció que laviolencia contra las mujeres es un obstáculo para lograrlos objetivos de igualdad, desarrollo y paz, ya que viola ymenoscaba el disfrute de los derechos humanos y las liber-tades fundamentales de la mitad de la Humanidad. Ademásla define ampliamente como una manifestación de las rela-ciones de poder históricamente desiguales entre mujeres yhombres. De allí que en la presente Ley la violencia de géne-ro queda delimitada claramente por el sujeto que la padece:las mujeres.En América Latina diversos países han aprobado leyes oartículos de reforma a sus respectivos Códigos Penales parasancionar la violencia contra las mujeres: Bolivia, Colombia,Perú, México y Venezuela (1998); Nicaragua (1996); Pana-má (1995); Paraguay, Las Bahamas y República Dominicana(1997). (( 5 ))
La acción de las organizaciones de mujeres y de las institu- ciones oficiales y privadas que luchan contra la violencia de género ha logrado una mayor visibilización del problema, produciéndose un cambio en su percepción pública, dejando de ser un asunto exclusivamente privado. No obstante, ha tomado proporciones preocupantes en el mundo y nuestro país no es precisamente una excepción, constituyendo un problema de salud pública que alcanza cifras alarmantes. Tres ejemplos bastan: cada 10 días muere una mujer por violencia de género en Caracas. El Cuerpo de Investigacio- nes Científicas, Penales y Criminalísticas reporta aproxima- damente 3.000 casos anuales de violencia sexual, cifra que representa un porcentaje limitado de la realidad si se toma en cuenta que sólo un 10% de los casos son denunciados. Durante el año 2005 se atendieron 39.051 casos de violen- cia en el país por organizaciones especializadas públicas y privadas (Boletín en cifras: Violencia contra las mujeres. Las cifras del 2005”, elaborado por AVESA, FUNDAMUJER y CEM-UCV). Los Poderes Públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Es importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promueve la construcción de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la(( 6 ))
igualdad y, en general, la preeminencia de los derechoshumanos, lo cual constituye la base fundamental para eldesarrollo y elaboración de una nueva Ley que conlleve lamaterialización de los fines esenciales del Estado como sonla defensa, desarrollo y respeto a la dignidad de las perso-nas y la construcción de una sociedad justa y amante de lapaz. En el modelo político, expresado en el socialismo delsiglo XXI que estamos construyendo, es fundamental erradi-car los valores, creencias y prácticas que han mantenido ladesigualdad entre los sexos.Con esta Ley se pretende dar cumplimiento al mandatoconstitucional de garantizar, por parte del Estado, el gocey ejercicio irrenunciable e interdependiente de los dere-chos humanos de las mujeres, así como su derecho allibre desenvolvimiento de la personalidad, sin ningún tipode limitaciones. Por ello el Estado está obligado a brindarprotección frente a situaciones que constituyan amenazas,vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las mujeres, suspropiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimientode sus deberes, mediante el establecimiento de condicionesjurídicas y administrativas, así como la adopción de medidaspositivas a favor de éstas para que la igualdad ante la leysea real y efectiva. Estos principios constitucionales consti-tuyen el basamento fundamental de la Ley Orgánica sobre elDerecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.La presente Ley tiene como característica principal su ca-rácter orgánico con la finalidad de que sus disposicionesprevalezcan sobre otras leyes, ya que desarrolla principiosconstitucionales en materia de derechos humanos de las (( 7 ))
mujeres y recoge los tratados internacionales en la materia que Venezuela ha ratificado. En virtud de que es obligación del Estado atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, debiendo expedir las normas legales que sirvan para tales fines, se establecieron en esta Ley todas las acciones y ma- nifestaciones de la violencia, tanto en el ámbito intrafamiliar como fuera del mismo, dando paso a nuevas definiciones como la violencia institucional, mediática y laboral, entre otras, que afectan a las mujeres en diferentes espacios de su desempeño social. Con esta Ley se pretende crear conciencia en todos los sectores del país sobre el grave problema que constituye para la sociedad venezolana que se vulneren los derechos humanos de la mitad de su población, por ello es necesario trabajar en su instrumentación y garantizar el cumplimiento de la misma. A tal efecto, partiendo del principio de transversalidad y bajo la coordinación del Instituto Nacional de la Mujer, se concibe un plan integral de información, sensibilización y concientización, que involucra a todos los entes públicos y muy especialmente a los ministerios con competencia en materia de educación, de deporte, de educación superior, de participación y desarrollo social, de comunicación e información, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, alcaldías, gobernaciones, entre otros. La capacitación de los funcionarios encargados de la aplica- ción de la ley en el sector justicia, corresponderá, según sus respectivas competencias, al Tribunal Supremo de Justicia,(( 8 ))
al Ministerio Público, a los ministerios con competenciaen materia del interior y justicia, de salud y demás entesinvolucrados, lo que permitirá garantizar que el personaladscrito a los órganos receptores de denuncia, los y lasfiscales y los jueces y juezas, reconozcan las dimensiones ycaracterísticas de la problemática de la violencia de géneroy dispongan de herramientas adecuadas para su abordajeefectivo.La Ley consagra un catálogo de medidas de protección yseguridad de inmediata aplicación por parte de los órga-nos receptores de denuncias, así como medidas cautelaresque podrá solicitar al Ministerio Público y que permitirásalvaguardar la integridad física y psicológica de la mujery su entorno familiar, en forma expedita y efectiva. En esteaspecto, destaca el fortalecimiento del programa que prevéla creación de las Casas de Abrigo, a nivel nacional, estadaly municipal, como una alternativa de acogida para los casosde amenaza inminente a la integridad de la mujer.En materia penal se mantienen algunas de las conductascontenidas en la derogada Ley sobre Violencia Contra laMujer y la Familia incorporando modificaciones tendientesa superar la concepción doméstica que privó en este cuerponormativo, superando paradigmas y asumiendo una visiónmás amplia de la violencia basada en género.El Capítulo VI se inicia con el delito violencia psicológica,concebido como un tipo genérico que identifica aquellosactos capaces de atentar contra la estabilidad emocionaly psíquica de la víctima. Como modalidades agravadas deeste tipo penal se contemplan los delitos de acoso u hosti- (( 9 ))
gamiento y la amenaza, toda vez que constituyen acciones de carácter concreto y directo, que comportan una lesión del derecho de la víctima a actuar y decidir con libertad. La experiencia y las estadísticas en materia de violencia, muy especialmente en los casos de violencia doméstica e intrafamiliar, demuestran que en un importante número de casos las amenazas y las situaciones límites producto de acciones de acoso, coacción, chantajes, ofensas culminan en hechos de mayor entidad que derivan en atentados a la inte- gridad física e incluso la muerte de la víctima. Ello demanda, en el intérprete de la norma, una visión clara, objetiva y amplia del fenómeno de la violencia y el reconocimiento de las características particulares de las figuras delictivas que intentan desmembrar los diferentes ciclos que evolucionan en el tiempo, tanto en recurrencia como en intensidad. Se tipifica la violencia física en sus diferentes grados, la cual puede consistir en maltratos y agresiones de menor entidad, hasta las lesiones a que se refiere el Código Penal, instru- mento al cual deberá remitirse el intérprete para su cate- gorización. La violencia doméstica es concebida como una modalidad agravada de la violencia física, en virtud que la autoría del hecho corresponde a la pareja, ex pareja o a una persona perteneciente al ámbito doméstico o familiar de la mujer, dando lugar a una sanción de mayor entidad. Las manifestaciones de violencia psicológica, amenazas u hosti- gamientos, entendidas como formas de este tipo de violen- cia, quedan reguladas en los tipos genéricos establecidos, correspondiendo a los jueces y juezas, determinar la entidad de la sanción según las circunstancias que concurran.(( 10 ))
Debe destacarse que el delito de lesiones constituye una delas conductas emblemáticas y de mayor recurrencia en ma-teria de violencia de género, siendo éstas una de las razonesfundamentales consideradas para atribuir a los tribunalescon competencia especial en violencia contra la mujer quecrea esta Ley, su enjuiciamiento y sanción, con nuevos ran-gos de pena que deberá graduar el intérprete conforme acriterios de proporcionalidad y racionalidad.En los artículos 43 y siguientes se sancionan las transgre-siones de naturaleza sexual, consideradas un atentado abe-rrante contra la dignidad, integridad física y libertad sexualde la mujer. La violación, violación agravada, el acto carnalviolento, los actos lascivos y el acoso sexual, constituyenmodalidades tradicionales que ya se encontraban previstasen la legislación penal, consistiendo la novedad en concen-trar en la Ley Especial, su investigación, enjuiciamiento ysanción.Dentro de la categoría de delitos sexuales se incluyen dostipos penales: Prostitución Forzada y Esclavitud Sexual, tam-bién lesivos del derecho a la libertad sexual, que constituyentratos degradantes, anulando o limitando a su mínima ex-presión la libertad de autodeterminación y libre desenvolvi-miento de la mujer, cuya comisión comporta para el autor, elprocurarse u obtener beneficios económicos o de otra índolepara sí mismo o para un tercero.La innovación en materia de regulación de conductas pu-nibles, comprende los siguientes delitos: violencia laboral,para abordar prácticas lesivas del derecho de la mujer aacceder, ascender y mantenerse en el empleo, así como (( 11 ))
para preservar su derecho a igual salario por igual trabajo; violencia patrimonial, referida a los actos dolosos realizados en detrimento de sus bienes económicos; violencia obs- tétrica, consistente en determinadas formas de maltrato debidamente definidas en la norma, ejecutados en contra de la mujer antes y durante el parto o durante una emer- gencia obstétrica; esterilización forzada, concebida como un atentado a la capacidad reproductiva de la mujer; la ofensa pública en razón del género realizada a través de los medios de comunicación o difusión masiva; la violencia institucio- nal, ejecutada por los funcionarios o funcionarias públicos mediante acciones u omisiones que impiden u obstaculizan el acceso de la mujer a los derechos que le consagra la pre- sente Ley, y por último, los delitos vinculados a la delincuen- cia organizada, tales como trata de mujeres, niñas y ado- lescentes y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, cuya regulación constituía un compromiso del Estado al suscribir y ratificar las obligaciones contenidas en las Convenciones y Tratados Internacionales. Las sanciones son prisión, multas e incluso trabajo comuni- tario, previéndose una escala de penas que permite acceder a alternativas distintas a la prisión en casos de penas de menor entidad, en el entendido que el objetivo, propósito y razón de la Ley enfatiza en el aspecto preventivo, de edu- cación y orientación, garantizando un sistema integral de protección a la mujer víctima de violencia, donde el aspecto penal es solo un componente con fines propios del Derecho Penal en una sociedad democrática, enfatizando en medidas que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de la(( 12 ))
mujer en los distintos ámbitos de desarrollo.En materia procesal la principal innovación de la Ley loconstituye la creación de los Tribunales de Violencia Contrala Mujer, como órganos especializados en justicia de género,que tendrán la encomiable misión de desarrollar los princi-pios y propósitos de la presente Ley en materia penal y pro-cesal penal. Dicha estructura judicial está conformada porlos Juzgados de primera instancia en funciones de Control,Audiencia y Medidas; Juicio y Ejecución; en segunda instan-cia por una Corte de Apelaciones especializada. La organi-zación de este nuevo sistema de justicia penal corresponde-rá al Tribunal Supremo de Justicia, según los requerimientosde cada Circuito Judicial Penal.Atendiendo a las necesidades de celeridad y no impunidad,se establece un procedimiento penal especial que preservalos principios y la estructura del procedimiento ordinarioestablecido en el Código Orgánico Procesal Penal, ante unJuez o Jueza unipersonal para todos los casos, limitandolos lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridadpor parte del Fiscal del Ministerio Público en la fase deinvestigación para que dicte el acto conclusivo que corres-ponda, como una forma de materializar una justicia expeditaconforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimientoresguarda los derechos y garantías procesales de las perso-nas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción.Un aspecto a destacar en materia procesal es la concepcióndel supuesto de flagrancia que rompe con el paradigmatradicional y evoluciona hacia el reconocimiento que la (( 13 ))
violencia contra la mujer y específicamente la violencia doméstica asume formas y modalidades ocultas, con carac- terísticas propias referidas a la relación de poder y depen- dencia autor-víctima; habitualidad-reincidencia; lugar de comisión: intimidad del hogar; percepción de la comunidad como “problemas familiares o de pareja”, lo que excluye la intervención de “cualquier ciudadano” para efectuar la detención “in fraganti”; incremento gradual y progresivo de los niveles de violencia; miedo e inseguridad de la víctima de denunciar, entre otros que conducen a la necesidad de concebir determinadas situaciones como flagrantes dada la existencia inequívoca de elementos y circunstancias verifi- cables por la autoridad correspondiente que evidencien la comisión reciente del hecho y permitan la aprehensión del presunto agresor. Es importante enfatizar que en el marco de esta situación especialísima, se preservan el derecho al debido proceso de la persona detenida y primordialmente su derecho a comparecer ante la autoridad judicial y ser oído dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión, confor- me lo prevé el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este instrumento legislativo es el resultado del trabajo colec- tivo de las instituciones públicas responsables de atender la violencia de género, del aporte dado por las organizaciones no gubernamentales que tratan el problema y de todas las mujeres organizadas del país, y con su promulgación avan- zamos en la construcción de un modelo de país pionero en el mundo en el respeto y garantía de los derechos humanos.(( 14 ))
La Asamblea Nacional de la Repúblicade Venezuela DECRETA la siguiente,Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeresa una Vida Libre de ViolenciaCapítulo IDisposicionesgeneralesArtículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto garan-tizar y promover el derecho de las mujeres a una vida librede violencia, creando condiciones para prevenir, atender,sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres encualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsandocambios en los patrones socioculturales que sostienen ladesigualdad de género y las relaciones de poder sobre lasmujeres, para favorecer la construcción de una sociedadjusta democrática, participativa, paritaria y protagónica.Artículo 2. Principios rectores. A través de esta Ley searticula un conjunto integral de medidas para alcanzar lossiguientes fines:1.- Garantizar a todas las mujeres, el ejercicio efectivo de susderechos exigibles ante los órganos y entes de la Adminis-tración Pública, y asegurar un acceso rápido, transparente yeficaz a los servicios establecidos al efecto.2.- Fortalecer políticas públicas de prevención de la violencia (( 15 ))
contra las mujeres y de erradicación de la discriminación de género. Para ello, se dotarán a los Poderes Públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, laboral, de servicios sociales, sanitarios, publicitarios y mediáticos. 3.- Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegu- rar una protección integral a las mujeres víctimas de violen- cia desde las instancias jurisdiccionales. 4.- Coordinar los recursos presupuestarios e institucionales de los distintos Poderes Públicos para asegurar la atención, prevención y erradicación de los hechos de violencia contra las mujeres, así como la sanción adecuada a los culpables de los mismos y la implementación de medidas socioeduca- tivas que eviten su reincidencia. 5.- Promover la participación y colaboración de las entida- des, asociaciones y organizaciones que actúan contra la violencia hacia las mujeres. 6.- Garantizar el principio de transversalidad de las medi- das de sensibilización, prevención, detección, seguridad y protección, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta los derechos, necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género. 7.- Fomentar la especialización y la sensibilización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. 8.- Garantizar los recursos económicos, profesionales, tec- nológicos, científicos y de cualquier otra naturaleza, que permitan la sustentabilidad de los planes, proyectos, progra- mas, acciones, misiones y toda otra iniciativa orientada a la(( 16 ))
atención, prevención, sanción y erradicación de la violenciacontra las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos.9.- Establecer y fortalecer medidas de seguridad y protec-ción, y medidas cautelares que garanticen los derechosprotegidos en la presente Ley y la protección personal, físi-ca, emocional, laboral y patrimonial de la mujer víctima deviolencia de género.10.- Establecer un sistema integral de garantías para el ejer-cicio de los derechos desarrollados en esta Ley.Artículo 3. Derechos protegidos. Esta Ley abarca la protec-ción de los siguientes derechos:1.- El derecho a la vida.2.- La protección a la dignidad e integridad física, psicológi-ca, sexual, patrimonial y jurídica de las mujeres víctimas deviolencia, en los ámbitos público y privado.3.- La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.4.- La protección de las mujeres particularmente vulnerablesa la violencia basada en género.5.- El derecho de las mujeres víctimas de violencia a recibirplena información y asesoramiento adecuado a su situaciónpersonal, a través de los servicios, organismos u oficinasque están obligadas a crear la Administración Pública,Nacional, Estadal y Municipal. Dicha información compren-derá las medidas contempladas en esta Ley relativas a suprotección y seguridad, y los derechos y ayudas previstosen la misma, así como lo referente al lugar de prestación delos servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperaciónintegral.6.- Los demás consagrados en la Constitución de la Repúbli- (( 17 ))
ca Bolivariana de Venezuela y en todos los convenios y tra- tados internacionales en la materia, suscritos por la Repúbli- ca Bolivariana de Venezuela, tales como la Ley Aprobatoria de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Conven- ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).(( 18 ))
Capítulo IIDe las Garantíaspara el Ejerciciode los DerechosArtículo 4. De las garantías. Todas las mujeres con in-dependencia de su nacionalidad, origen étnico, religión ocualquier otra condición o circunstancia personal, jurídica osocial, dispondrán de los mecanismos necesarios para hacerefectivos los derechos reconocidos en esta Ley:1.- La información, la asistencia social integral y la asistenciajurídica a las mujeres en situación de violencia de géneroson responsabilidad del Estado venezolano.2.- En el caso de las mujeres que pertenezcan a los gruposespecialmente vulnerables, el Instituto Nacional de la Mujer,así como los institutos regionales y municipales, debe ase-gurarse de que la información que se brinde a los mismos seofrezca en formato accesible y comprensible, asegurándoseel uso del castellano y de los idiomas indígenas, de otrasmodalidades u opciones de comunicación, incluidos lossistemas alternativos y aumentativos. En fin, se articularánlos medios necesarios para que las mujeres en situación deviolencia de género que por sus circunstancias personales (( 19 ))
y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. 3.- Las mujeres víctimas de violencia de género tienen de- recho a servicios sociales de atención, de emergencia, de protección, de apoyo y acogida y de recuperación integral. En cada estado y municipio se crearán dichos servicios, con cargo al presupuesto anual. La atención que presten dichos servicios deberá ser: permanente, urgente, especializada y multidisciplinaria profesionalmente y los mismos serán financiados por el Estado. 4.- Los servicios enunciados en el numeral anterior actuarán coordinadamente y en colaboración con los órganos de se- guridad ciudadana, los jueces y las juezas, los y las fiscales, los servicios sanitarios y la Defensoría Nacional de los De- rechos de la Mujer. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo la potestad parental o responsabilidad de crianza de las mujeres vícti- mas de violencia. 5.- El ente rector de las políticas públicas dirigidas hacia las mujeres, los institutos regionales y municipales de la mujer, así como las otras organizaciones, asociaciones o formas comunitarias que luchan por los derechos de las mujeres, orientarán y evaluarán los planes, proyectos, programas y acciones que se ejecuten, y emitirán recomendaciones para su mejora y eficacia. 6.- La Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de la Mu- jer y los institutos estadales, metropolitanos y municipales,(( 20 ))
velarán por la correcta aplicación de la presente Ley y delos instrumentos cónsonos con la misma. Corresponderá ala Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer y a lasdefensorías estadales, metropolitanas y municipales velarpor el respeto y ejercicio efectivo del derecho a la justicia delas mujeres víctimas de violencia de género que acrediteninsuficiencia de recursos para litigar, teniendo éstas derechoa la representación judicial y extrajudicial, y a que se lesbrinde el patrocinio necesario para garantizar la efectividadde los derechos aquí consagrados. Este derecho asistirátambién a los y las causahabientes en caso de fallecimientode la mujer agredida.7.- Los colegios de abogados y abogadas, de médicos ymédicas, de psicólogos y psicólogas de enfermeros y enfer-meras de los distintos estados y distritos metropolitanos,deben establecer servicios gratuitos de asesoría especializa-da integral a las mujeres víctimas de violencia de género.8.- La trabajadora en situación de violencia de género ten-drá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempode trabajo, a ser movilizada geográficamente o al cambio desu centro de trabajo. Si su estado requiriere una suspensiónlaboral, la misma deberá ser acreditada con la orden de pro-tección del juez o de la jueza, previo informe y solicitud delMinisterio Público, bastando la acreditación de indicios.9.- El Estado desarrollará políticas públicas dirigidas a lasmujeres víctimas de violencia que carezcan de trabajo,pudiendo ser insertadas en los programas, misiones yproyectos de capacitación para el empleo, según lo permi-tan las condiciones físicas y psicológicas en las cuales se (( 21 ))
encuentre. Si la mujer agredida tuviera una discapacidad reconocida oficialmente que le impida u obstaculice el acce- so al empleo, recibirá una atención especial que permita su inserción laboral y su capacitación. Para ello se establecerán programas, proyectos y misiones. El Estado creará exencio- nes tributarias a las empresas, cooperativas y otros entes que promuevan el empleo, la inserción y reinserción en el mercado laboral y productivo de las mujeres víctimas de violencia de género. 10.- Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad para las ayudas y asistencias que cree la Adminis- tración Pública, Nacional, Estatal o Municipal. 11.- Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad en el acceso a la vivienda, a la tierra, al crédito y a la asistencia técnica en los planes gubernamentales. Artículo 5. Obligación del Estado. El Estado tiene la obliga- ción indeclinable de adoptar todas las medidas administra- tivas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley y garantizar los derechos humanos de las muje- res víctimas de violencia. Artículo 6. Participación de la sociedad. La sociedad tiene el derecho y el deber de participar de forma protagónica para lograr la vigencia plena y efectiva de la presente Ley, a través de las organizaciones comunitarias y sociales. Artículo 7. Educación y prevención. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar programas permanentes de educación y prevención sobre la violencia de género.(( 22 ))
Artículo 8. Principios procesales. En la aplicación e in-terpretación de esta Ley, deberán tenerse en cuenta lossiguientes principios y garantías procesales:1.- Gratuidad: Las solicitudes, pedimentos, demandas y de-más actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere estaLey, así como las copias certificadas que se expidan de lasmismas se harán en papel común y sin estampillas. Los fun-cionarios y las funcionarias de los Poderes Públicos que encualquier forma intervengan, los tramitarán con toda prefe-rencia y no podrán cobrar emolumento ni derecho alguno.2.- Celeridad: Los órganos receptores de denuncias, auxilia-res de la administración de justicia en los términos del artí-culo 111 del Código Orgánico Procesal Penal y los tribunalescompetentes, darán preferencia al conocimiento y trámitede los hechos previstos en esta Ley, sin dilación alguna, enlos lapsos previstos en ella, bajo apercibimiento de la me-dida administrativa que corresponda al funcionario o a lafuncionaria que haya recibido la denuncia.3.- Inmediación: El juez o la jueza que ha de pronunciar lasentencia, debe presenciar la audiencia y la incorporación delas pruebas de las cuales obtiene su convencimiento, salvoen los casos que la Ley permita la comisión judicial parala evacuación de algún medio probatorio necesario para lademostración de los hechos controvertidos, cuyas resultasserán debatidas en la audiencia de juicio. Se apreciarán laspruebas que consten en el expediente debidamente incorpo-radas en la audiencia.4.- Confidencialidad: Los funcionarios y las funcionariasde los órganos receptores de denuncias, de las unidades (( 23 ))
de atención y tratamiento, y de los tribunales competentes, deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se sometan a su consideración. 5.- Oralidad: Los procedimientos serán orales y sólo se admitirán las formas escritas previstas en esta Ley y en el Código Orgánico Procesal Penal. 6.- Concentración: Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si ello no fuere posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.- Publicidad: El juicio será público, salvo que a solicitud de la mujer víctima de violencia el tribunal decida que éste se celebre total o parcialmente a puerta cerrada, debiendo informársele previa y oportunamente a la mujer, que puede hacer uso de este derecho. 8.- Protección de las víctimas: Las víctimas de los hechos punibles aquí descritos tienen el derecho a acceder a los órganos especializados de justicia civil y penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos in- útiles, sin menoscabo de los derechos de las personas impu- tadas o acusadas. La protección de la víctima y la reparación del daño a las que tenga derecho serán también objetivo del procedimiento aquí previsto. Artículo 9. Medidas de Seguridad y Protección y Medidas Cautelares. Las medidas de seguridad y protección, y las medidas cautelares son aquellas que impone la autoridad competente señalada en esta Ley, para salvaguardar la vida, proteger la integridad física, emocional, psicológica y los bienes patrimoniales de las mujeres víctimas de violencia. Artículo 10. Supremacía de esta Ley. Las disposiciones de(( 24 ))
esta Ley serán de aplicación preferente por ser Ley Orgánica.Artículo 11. Fuero. En todos los delitos previstos en esta Leyno se reconocerá fuero especial, salvo los expresamentecontenidos en la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela y leyes de la República.Artículo 12. Preeminencia del Procedimiento Especial. Eljuzgamiento de los delitos de que trata esta Ley se seguirápor el procedimiento especial aquí previsto, salvo el supues-to especial contenido en el parágrafo Único del artículo 65,cuyo conocimiento corresponde a los tribunales penalesordinarios.Artículo 13. Intervención de equipo interdisciplinario. Enla recepción de las denuncias y en la investigación procesalde los hechos de que trata esta Ley, se utilizará personaldebidamente sensibilizado, concientizado y capacitado enviolencia de género. Los respectivos despachos estarándotados de salas de espera para personas imputadas, sepa-radas de las destinadas para las víctimas. (( 25 ))
Capítulo IIIDefinicióny Formas deViolencia contralas MujeresArtículo 14. Definición. La violencia contra las mujeres aque se refiere la presente Ley, comprende todo acto sexis-ta o conducta inadecuada que tenga o pueda tener comoresultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico,emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción ola privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza deejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito públi-co como en el privado.Artículo 15. Formas de violencia. Se consideran formas deviolencia de género en contra de las mujeres, las siguientes:1.- Violencia psicológica: Es toda conducta activa u omisivaejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor odignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilanciaconstante, aislamiento, marginalización, negligencia, aban-dono, celotipia, comparaciones destructivas, amenazas yactos que conllevan a las mujeres víctimas de violencia adisminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sanodesarrollo, a la depresión e incluso al suicidio.2.- Acoso u hostigamiento: Es toda conducta abusiva yespecialmente los comportamientos, palabras, actos, ges-tos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, (( 27 ))
intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que pue- dan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. 3.- Amenaza: Es el anuncio verbal o con actos de la ejecu- ción de un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patri- monial con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el contexto doméstico como fuera de él. 4.- Violencia física: Es toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o su- frimiento físico a la mujer, tales como: Lesiones internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física. 5.- Violencia doméstica: Es toda conducta activa u omisi- va, constante o no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, ascendientes, descendientes, parientes cola- terales, consanguíneos y afines. 6.- Violencia sexual: Es toda conducta que amenace o vul- nere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no sólo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos, actos lascivos violentos, acceso carnal violento o la violación propiamente dicha. 7.- Acceso carnal violento: Es una forma de violencia sexual, en la cual el hombre mediante violencias o amenazas, cons-(( 28 ))
triñe a la cónyuge, concubina, persona con quien hace vidamarital o mantenga unión estable de hecho o no, a un actocarnal por vía vaginal, anal u oral, o introduzca objetos seacual fuere su clase, por alguna de estas vías.8.- Prostitución forzada: Se entiende por prostitución for-zada la acción de obligar a una mujer a realizar uno o másactos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la ame-naza de la fuerza, o mediante coacción como la causada porel temor a la violencia, la intimidación, la opresión psicológi-ca o el abuso del poder, esperando obtener o haber obtenidoventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo, a cambio delos actos de naturaleza sexual de la mujer.9.- Esclavitud sexual: Se entiende por esclavitud sexual laprivación ilegítima de libertad de la mujer, para su venta,compra, préstamo o trueque con la obligación de realizaruno o más actos de naturaleza sexual.10.- Acoso sexual: Es la solicitud de cualquier acto o com-portamiento de contenido sexual, para sí o para un tercero,o el procurar cualquier tipo de acercamiento sexual no de-seado que realice un hombre prevaliéndose de una situaciónde superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión derelaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la ame-naza expresa o tácita de causarle a la mujer un daño relacio-nado con las legítimas expectativas que ésta pueda tener enel ámbito de dicha relación.11.- Violencia laboral: Es la discriminación hacia la mujer enlos centros de trabajo: públicos o privados que obstaculicensu acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo,tales como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la (( 29 ))
apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resul- tados de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo. 12.- Violencia patrimonial y económica: Se considera violencia patrimonial y económica toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente, en los ámbitos públi- co y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfa- cer sus necesidades; limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos; o la privación de los medios econó- micos indispensables para vivir. 13.- Violencia obstétrica: Se entiende por violencia obstétri- ca la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologi- zación de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la cali- dad de vida de las mujeres. 14.- Esterilización forzada: Se entiende por esterilización forzada, realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin(( 30 ))
brindarle la debida información, sin su consentimiento vo-luntario e informado y sin que la misma haya tenido justifi-cación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto quetenga como resultado su esterilización o la privación de sucapacidad biológica y reproductiva.15.- Violencia mediática: Se entiende por violencia mediá-tica la exposición, a través de cualquier medio de difusión,de la mujer, niña o adolescente, que de manera directa oindirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atentecontra su dignidad con fines económicos, sociales o de do-minación.16.- Violencia institucional: Son las acciones u omisionesque realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias,profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquierórgano u ente público que contrariamente al debido ejer-cicio de sus atribuciones, retarden, obstaculicen o impidanque las mujeres tengan acceso a las políticas públicas yejerzan los derechos previstos en esta Ley, para asegurarlesuna vida libre de violencia.17.- Violencia simbólica: Son mensajes, valores, iconos, sig-nos que transmiten y reproducen relaciones de dominación,desigualdad y discriminación en las relaciones sociales quese establecen entre las personas y naturalizan la subordina-ción de la mujer en la sociedad.18.- Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes: Son todoslos actos que implican su reclutamiento o transporte dentroo entre fronteras, empleando engaños, coerción o fuerza,con el propósito de obtener un beneficio de tipo financiero uotro de orden material de carácter ilícito. (( 31 ))
19.- Trata de mujeres, niñas y adolescentes: Es la capta- ción, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de mujeres, niñas y adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o bene- ficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres, niñas o adolescentes con fines de explotación, tales como prostitución, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácti- cas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.(( 32 ))
Capítulo IVDe las PolíticasPúblicas dePrevencióny AtenciónArtículo 16. Definición y contenido. Las políticas públicasde prevención y atención son el conjunto de orientacionesy directrices dictadas por los órganos competentes, a fin deguiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garan-tías consagrados en esta Ley.Artículo 17. Programas. Los programas son un conjuntoarticulado de acciones desarrolladas por personas naturaleso jurídicas de naturaleza pública o privada, con fines de pre-venir, detectar, monitorear, atender y erradicar la violenciaen contra de las mujeres.Artículo 18. Corresponsabilidad. El Estado y la sociedad soncorresponsables por la ejecución, seguimiento y control delas políticas de prevención y atención de la violencia contralas mujeres de conformidad con esta Ley. Corresponde alInstituto Nacional de la Mujer, como ente rector, formularlas políticas de prevención y atención de la violencia contralas mujeres.El Ejecutivo Nacional dispondrá de los recursos necesariospara financiar planes, programas, proyectos y acciones de (( 33 ))
prevención y atención de la violencia de género, promovidos por los Consejos Comunales, las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales de base. Artículo 19. Carácter vinculante. Las políticas públicas adoptadas conforme a esta Ley tienen carácter vinculante para todos los órganos de la Administración Pública, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Artículo 20. Clasificación de los programas. Con el objeto de desarrollar políticas públicas y permitir la ejecución de las medidas a que se refiere la presente Ley, se establecen con carácter indicativo, los siguientes programas: 1.- De prevención: para prevenir la ocurrencia de formas de violencia en contra de las mujeres, sensibilizando, formando y capacitando en derechos humanos e igualdad de género a la sociedad en su conjunto. 2.- De sensibilización, adiestramiento, formación y capa- citación: para satisfacer las necesidades de sensibilización y capacitación de las personas que se dediquen a la atención de las víctimas de violencia, así como las necesidades de adies- tramiento y formación de quienes trabajen con los agresores. 3.- De apoyo y orientación a las mujeres víctimas de vio- lencia y su familia: para informarla, apoyarla en la adopción de decisiones asertivas y acompañamiento en el proceso de desarrollo de sus habilidades, para superar las relaciones interpersonales de control y sumisión, actuales y futuras. 4.- De abrigo: para atender a las mujeres víctimas de vio- lencia de género u otros integrantes de su familia que lo necesiten, en caso de la existencia de peligro inminente o amenaza a su integridad física.(( 34 ))
5.- Comunicacionales: para la difusión del derecho de lamujer a vivir libre de violencia.6.- De orientación y atención a la persona agresora: parapromover cambios culturales e incentivar valores de respetoe igualdad entre hombres y mujeres que eviten la reinciden-cia de las personas agresoras.7.- Promoción y defensa: para permitir que las mujeres ylos demás integrantes de las familias conozcan su derecho avivir libres de violencia y de los medios para hacer efectivoeste derecho.8.- Culturales: para la formación y respeto de los valores yla cultura de igualdad de género.Artículo 21. Atribuciones del Instituto Nacional de la Mu-jer. El Instituto Nacional de la Mujer, como ente encargadode las políticas y programas de prevención y atención de laviolencia contra las mujeres, tendrá las siguientes atribu-ciones:1.- Orientar y ejecutar las políticas y programas de preven-ción y atención para ser implementadas en los diferentesórganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, alos fines de conformar y articular el sistema integral de pro-tección al que se refiere esta Ley.2.- Diseñar, conjuntamente con el ministerio con competen-cia en materia del interior y justicia y el Tribunal Supremo deJusticia, planes y programas de capacitación de los funcio-narios y las funcionarias pertenecientes a la administraciónde justicia y al sistema penitenciario, y demás entes queintervengan en el tratamiento de los hechos de violenciaque contempla esta Ley. (( 35 ))
3.- Diseñar, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, los planes de capacitación de los funcionarios y las funcionarias pertenecientes a la admi- nistración de justicia y de los demás que intervengan en el tratamiento de los hechos que contempla esta Ley. 4.- Diseñar, conjuntamente con los ministerios con com- petencia en materia de Educación, Deporte, de Educación Superior, de Salud, de Participación y Desarrollo Social, de Comunicación e Información y con proyectos y programas de prevención y educación dirigidos a formar para la igual- dad, exaltando los valores de la no-violencia, el respeto, la equidad de género y la preparación para la vida familiar con derechos y obligaciones compartidas y, en general, la igual- dad entre el hombre y la mujer en la sociedad. 5.- Promover la participación activa y protagónica de las organizaciones públicas y privadas dedicadas a la atención de la violencia contra las mujeres, así como de los Consejos Comunales y organizaciones sociales de base, en la defini- ción y ejecución de las políticas públicas relacionadas con la materia regulada por esta Ley. 6.- Llevar un registro de las organizaciones especializadas en la materia regulada por esta Ley, pudiendo celebrar con éstas convenios para la prevención, investigación y atención integral de las mujeres en situación de violencia y la orienta- ción de los agresores. 7.- Elaborar el proyecto de Reglamento de esta Ley. 8.- Las demás que le señalan otras leyes y reglamentos.(( 36 ))
Artículo 22. Planes, programas y proyectos de capacita-ción del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremode Justicia, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magis-tratura y de la Escuela de la Magistratura, proveerá lo con-ducente para la ejecución de planes, programas y proyectosde capacitación en justicia de género de los funcionariosy las funcionarias de la administración de justicia y de to-das aquellas personas que intervengan en el tratamientode los hechos que contempla esta Ley. La sensibilización,capacitación y formación la realizará el Tribunal Supremode Justicia en coordinación con el Instituto Nacional de laMujer, pudiendo suscribir convenios con las áreas de estu-dios de las mujeres y de género de las universidades. En losprocedimientos previstos en esta Ley, los jueces y las juezasde las distintas instancias y jerarquía, incluyendo al TribunalSupremo de Justicia, podrán solicitar la opinión de personasexpertas en justicia de género.Artículo 23. Planes, proyectos y programas de capacita-ción por el Ministerio Público. El Ministerio Público deberáejecutar planes, proyectos y programas especiales de for-mación en prevención y atención de la violencia de género,y transversalizar dichos programas con la perspectiva degénero, en consonancia con la visión de los derechos huma-nos que consagra la Constitución de la República Bolivarianade Venezuela.Artículo 24. Atribuciones de los ministerios con compe-tencia en materia de Educación y Deporte. Los ministerioscon competencia en materia de educación y deporte de-berán incorporar en los planes, proyectos y programas de (( 37 ))
estudio, en todos sus niveles y modalidades, contenidos, dirigidos a transmitir a los alumnos y alumnas, al profeso- rado y personal administrativo, los valores de la igualdad de género, el respeto, la mutua tolerancia, la autoestima, la comprensión, la solución pacífica de los conflictos y la preparación para la vida familiar y ciudadana, con derechos y obligaciones domésticas compartidas entre hombres y mujeres y, en general, la igualdad de condiciones entre los hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes. Asimismo, los ministerios con competencia en materia de educación y deporte, tomarán las medidas necesarias para excluir de los planes de estudio, textos y materiales de apoyo, todos aque- llos estereotipos, criterios o valores que expresen cualquier tipo de discriminación o violencia en contra de las mujeres. Artículo 25. Atribuciones del ministerio con competencia en materia de Educación Superior. El ministerio con compe- tencia en materia de educación superior, desarrollará accio­ nes para transversalizar los pensa con la perspectiva de género y tomará las medidas necesarias para eliminar de los planes de estudio, textos, títulos otorgados, documentos ofi- ciales y materiales de apoyo utilizados en las universidades, todos aquellos estereotipos, criterios o valores que expresen cualquier forma de discriminación. Así mismo, tomará las medidas necesarias para que las universidades incluyan en sus programas de pregrado y postgrado materias que abor- den el tema de la violencia basada en género y promoverá el desarrollo de líneas de investigación en la materia. Artículo 26. Atribuciones del ministerio en materia del interior y justicia. El ministerio con competencia en ma-(( 38 ))
teria del interior y justicia proveerá lo conducente para laejecución de los planes y programas de capacitación de losfuncionarios y las funcionarias directamente involucrados einvolucradas en la aplicación de la presente Ley. Dichos pla-nes y programas deberán formularse y realizarse en coordi-nación con el Instituto Nacional de la Mujer y deben garan-tizar el adecuado trato y asistencia a las mujeres víctimas deviolencia. Igualmente contemplará en sus planes, programasespeciales para la atención y orientación de las personasagresoras. Establecerá además programas dirigidos a ga-rantizar a las mujeres privadas de libertad el ejercicio de losderechos previstos en esta Ley.Artículo 27. Atribuciones del ministerio con competenciaen materia de salud. El ministerio con competencia en ma-teria de salud ejecutará los planes de capacitación e infor-mación, conjuntamente con el Instituto Nacional de la Mu-jer, para que el personal de salud que ejerce actividades deapoyo, de servicios y atención médica y psicosocial, actúeadecuadamente en la atención, investigación y prevenciónde los hechos previstos en esta Ley.Artículo 28. Programas de prevención en medios de difu-sión masiva. El ministerio con competencia en materia deinfraestructura y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones,de conformidad con la Ley de Responsabilidad Social en Ra-dio y Televisión, supervisarán la efectiva inclusión de mensa-jes y programas destinados a prevenir y eliminar la violenciacontra las mujeres en las programaciones de los medios dedifusión masiva, A tal efecto, podrá establecer a las emisorasradiales y televisivas un tiempo mínimo gratuito para la trans- (( 39 ))
misión de mensajes en contra de la violencia basada en géne- ro y de promoción de valores de igualdad entre los sexos. Artículo 29. Obligaciones de estados y municipios. Los estados y municipios, conforme a esta Ley, deberán coordi- nar con el Instituto Nacional de la Mujer y con los institutos regionales y municipales, las políticas, planes y programas a ejecutar para el desarrollo de las funciones de prevención y atención de la violencia contra la mujer en sus respectivas jurisdicciones. Artículo 30. Unidades de prevención, atención y trata- miento. El Ejecutivo Nacional, a través del órgano rector, coordinará con los órganos estadales y municipales el es- tablecimiento de unidades especializadas de prevención de la violencia, así como centros de atención y tratamiento de las mujeres víctimas. Igualmente desarrollarán unidades de orientación que cooperarán con los órganos jurisdiccionales para el seguimiento y control de las medidas que le sean impuestas a las personas agresoras. Artículo 31. Atribuciones del Instituto Nacional de Esta- dística. El Instituto Nacional de Estadística, conjuntamente con el Instituto Nacional de la Mujer, coordinará con los organismos de los Poderes Públicos, los censos, estadísticas y cualquier otro estudio, permanente o no, que permita re- coger datos desagregados de la violencia contra las mujeres en el territorio nacional. Artículo 32. Casas de abrigo. El Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, con el fin de hacer más efectiva la protección de las mujeres en situación de violencia, con la asistencia, asesoría y capacitación del Instituto Nacional de la Mujer(( 40 ))
y de los institutos regionales y municipales de la mujer,crearán en cada una de sus dependencias casas de abrigodestinadas al albergue de las mismas, en los casos en que lapermanencia en el domicilio o residencia implique amenazainminente a su integridad. (( 41 ))
Capítulo VDe las MujeresVíctimasde ViolenciaArtículo 33. Atención a las mujeres víctimas de violencia.Los órganos receptores de denuncias deberán otorgar alas mujeres víctimas de los hechos de violencia previstosen esta Ley, un trato digno de respeto y apoyo acorde a sucondición de afectada, procurando facilitar al máximo suparticipación en los trámites en que deba intervenir. En con-secuencia, deberán:1.- Asesorar a las mujeres víctimas de violencia sobre la im-portancia de preservar las evidencias.2.- Proveer a las mujeres agredidas información sobre losderechos que esta Ley le confiere y sobre los servicios gu-bernamentales o no gubernamentales disponibles para suatención y tratamiento.3.- Elaborar un informe de aquellas circunstancias que sir-van al esclarecimiento de los hechos, el cual deberá acom-pañar a la denuncia.4.- Cualquier otra información que los órganos receptoresconsideren importante señalarle a la mujer en situación deviolencia para su protección.Artículo 34. Derechos laborales. Las trabajadoras o fun-cionarias víctimas de violencia tendrán derecho, en lostérminos previstos en las leyes respectivas, a la reduccióno a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad (( 43 ))
geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen. Parágrafo Único. Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la condición física o psicológica derivada de la violencia de género sufridas por las trabajadoras o funcio- narias, se consideraran justificadas cuando así lo determi- nen los centros de atención de salud públicos o privados, en los términos previstos en la legislación respectiva. Artículo 35. Certificado Médico. A los fines de acreditar el estado físico de la mujer víctima de violencia, ésta podrá presentar un certificado médico expedido por profesionales de la salud que presten servicios en cualquier institución pública. De no ser posible, el certificado médico podrá ser expedido por una institución privada; en ambos casos, el mismo deberá ser conformado por un experto o una experta forense, previa solicitud del Ministerio Público. Artículo 36. Atención jurídica gratuita. En aquellos casos en que la víctima careciere de asistencia jurídica, podrá soli- citar al juez o jueza competente la designación de un profe- sional o una profesional del derecho, quien la orientará de- bidamente y ejercerá la defensa de sus derechos desde los actos iniciales de la investigación. A tales efectos, el tribunal hará la selección de los abogados o las abogadas existentes, provenientes de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, de las defensorías estadales y municipales, de los colegios de abogados y abogadas de cada jurisdicción o de cualquier organización pública o privada dedicada a la de- fensa de los derechos establecidos en esta Ley.(( 44 ))
Artículo 37. Intervención en el procedimiento. La personaagraviada, la Defensoría Nacional de los Derechos de laMujer y las organizaciones sociales a que se refiere el nu-meral sexto del artículo 70 de esta Ley, podrán interveniren el procedimiento aunque no se hayan constituido comoquerellantes.Artículo 38. De la solicitud de copias simples y certifica-das. La mujer víctima de violencia podrá solicitar ante cual-quier instancia copia simple o certificada de todas las ac-tuaciones contenidas en la causa que se instruya por uno delos delitos tipificados en esta Ley, las que se le otorgarán enforma expedita, salvo el supuesto de reserva de las actua-ciones a que se refiere el Código Orgánico Procesal Penal. (( 45 ))
Capítulo VIDe los DelitosArtículo 39. Violencia psicológica. Quien mediante tratoshumillantes y vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilanciapermanente, comparaciones destructivas o amenazas ge-néricas constantes, atente contra la estabilidad emocionalo psíquica de la mujer, será sancionado con pena de seis adieciocho meses.Artículo 40. Acoso u hostigamiento. La persona que me-diante comportamientos, expresiones verbales o escritas,o mensajes electrónicos ejecute actos de intimidación,chantaje, acoso u hostigamiento que atenten contra la esta-bilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativade la mujer, será sancionado con prisión de ocho a veintemeses.Artículo 41. Amenaza. La persona que mediante expresio-nes verbales, escritos o mensajes electrónicos amenace auna mujer con causarle un daño grave y probable de ca-rácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, serásancionado con prisión de diez a veintidós meses.Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilioo residencia de la mujer objeto de violencia, la pena se in-crementará de un tercio a la mitad. (( 47 ))
Si el autor del delito fuere un funcionario público pertene- ciente a algún cuerpo policial o militar, la pena se incremen- tará en la mitad. Si el hecho se cometiere con armas blancas o de fuego, la prisión será de dos a cuatro años. Artículo 42. Violencia física. El que mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve o levísimo, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses. Si en la ejecución del delito, la víctima sufriere lesiones graves o gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponda por la lesión infringida prevista en dicho Código, más un incremento de un tercio a la mitad. Si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurren en el ámbito doméstico, siendo el autor el cónyuge, concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantenga relación de afectividad, aun sin convivencia, ascen- diente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima, la pena se incrementará de un tercio a la mitad. La competencia para conocer el delito de lesiones conforme lo previsto en este artículo corresponderá a los tribunales de violencia contra la mujer, según el procedimiento especial previsto en esta Ley. Artículo 43. Violencia sexual. Quien mediante el empleo de violencias o amenazas constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, aun mediante la introducción(( 48 ))
de objetos de cualquier clase por alguna de estas vías, serásancionado con prisión de diez a quince años.Si el autor del delito es el cónyuge, concubino, ex cónyu-ge, ex concubino, persona con quien la víctima mantieneo mantuvo relación de afectividad, aun sin convivencia, lapena se incrementará de un cuarto a un tercio.El mismo incremento de pena se aplicará en los supuestosque el autor sea el ascendiente, descendiente, pariente cola-teral, consanguíneo o afín de la víctima.Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescen-te, la pena será de quince a veinte años de prisión.Si la víctima resultare ser una niña o adolescente, hija de lamujer con quien el autor mantiene una relación en condiciónde cónyuge, concubino, ex cónyuge, ex concubino, personacon quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, aún sinconvivencia, la pena se incrementará de un cuarto a un tercio.Artículo 44. Acto carnal con víctima especialmente vul-nerable. Incurre en el delito previsto en el artículo anteriory será sancionado con pena de quince a veinte años deprisión, quien ejecute el acto carnal, aun sin violencias oamenazas, en los siguientes supuestos:1.- En perjuicio de mujer vulnerable, en razón de su edad oen todo caso con edad inferior a trece años.2.- Cuando el autor se haya prevalido de su relación de su-perioridad o parentesco con la víctima, cuya edad sea infe-rior a los dieciséis años.3.- En el caso que la víctima se encuentre detenida o conde-nada y haya sido confiada a la custodia del agresor.4.- Cuando se tratare de una víctima con discapacidad física (( 49 ))
o mental o haya sido privada de la capacidad de discernir por el suministro de fármacos o sustancias psicotrópicas. Artículo 45. Actos lascivos. Quien mediante el empleo de violencias o amenazas y sin la intención de cometer el delito a que se refiere el artículo 43, constriña a una mujer a acce- der a un contacto sexual no deseado, afectando su derecho a decidir libremente su sexualidad, será sancionado con prisión de uno a cinco años. Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescen- te, la pena será de dos a seis años de prisión. En la misma pena incurrirá quien ejecute los actos lascivos en perjuicio de la niña o adolescente, aun sin violencias ni amenazas, prevaliéndose de su relación de autoridad o pa- rentesco. Artículo 46. Prostitución forzada. Quien mediante el uso de la fuerza física, la amenaza de violencia, la coacción psicológica o el abuso de poder, obligue a una mujer a rea- lizar uno o más actos de naturaleza sexual con el objeto de obtener a cambio ventajas de carácter pecuniario o de otra índole, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con pena de diez a quince años de prisión. Artículo 47. Esclavitud sexual. Quien prive ilegítimamente de su libertad a una mujer con fines de explotarla sexual- mente mediante la compra, venta, préstamo, trueque u otra negociación análoga, obligándola a realizar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionado con pena de quince a veinte años de prisión. Artículo 48. Acoso sexual. El que solicitare a una mujer un acto o comportamiento de contenido sexual para sí o para(( 50 ))
un tercero o procurare un acercamiento sexual no deseado,prevaliéndose de una situación de superioridad laboral odocente o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicioprofesional, con la amenaza de causarle un daño relacio-nado con las legítimas expectativas que pueda tener en elámbito de dicha relación, será sancionado con prisión deuno a tres años.Artículo 49. Violencia laboral. La persona que medianteel establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad,apariencia física, estado civil, condición de madre o no, so-metimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole paradescartar estado de embarazo, obstaculice o condicione elacceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las muje-res, será sancionado o sancionada con multa de cien (100U.T.) a mil unidades tributarias (1.000 U.T.), según la grave-dad del hecho.Si se trata de una política de empleo de una institución públi-ca o empresa del Estado, la sanción se impondrá a la máximaautoridad de la misma. En el supuesto de empresas privadas,franquicias o empresas transnacionales, la sanción se impon-drá a quien ejerza la máxima representación en el país.La misma sanción se aplicará cuando mediante prácticasadministrativas, engañosas o fraudulentas se afecte el dere-cho al salario legal y justo de la trabajadora o el derecho aigual salario por igual trabajo.Artículo 50. Violencia patrimonial y económica. El cónyugeseparado legalmente o el concubino en situación de sepa-ración de hecho debidamente comprobada, que sustraiga,deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de (( 51 ))
cuentas bancarias o realice actos capaces de afectar la co- munidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer, será sancionado con prisión de uno a tres años. La misma pena se aplicará en el supuesto de que no exista separación de derecho, pero el autor haya sido sometido a la medida de protección de salida del hogar por un órgano receptor de denuncia o a una medida cautelar similar por el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas competente. En el caso de que los actos a que se refiere el presente artículo estén dirigidos intencionalmente a privar a la mujer de los medios económicos indispensables para su subsistencia, o impedirle satisfacer sus necesidades y las del núcleo fami- liar, la pena se incrementará de un tercio a la mitad. Si el autor del delito a que se refiere el presente artículo, sin ser cónyuge ni concubino, mantiene o mantuvo relación de afectividad con la mujer, aun sin convivencia, la pena será de seis a doce meses de prisión. En los supuestos a que se refiere el presente artículo podrán celebrarse acuerdos reparatorios según lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal. Artículo 51. Violencia obstétrica. Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud, consistentes en: 1.- No atender oportuna y eficazmente las emergencias obs- tétricas. 2.- Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. 3.- Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su ma-(( 52 ))
dre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidadde cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inme-diatamente al nacer.4.- Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, me-diante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el con-sentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.5.- Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condi-ciones para el parto natural, sin obtener el consentimientovoluntario, expreso e informado de la mujer.En tales supuestos, el tribunal impondrá al responsable ola responsable, una multa de doscientas cincuenta (250U.T.) a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), debiendoremitir copia certificada de la sentencia condenatoria defi-nitivamente firme al respectivo colegio profesional o institu-ción gremial, a los fines del procedimiento disciplinario quecorresponda.Artículo 52. Esterilización forzada. Quien intencionalmenteprive a la mujer de su capacidad reproductiva, sin brindarlela debida información, ni obtener su consentimiento expreso,voluntario e informado, no existiendo razón medica o quirúr-gica debidamente comprobada que lo justifique, será sancio-nado o sancionada con pena de prisión de dos a cinco años.El tribunal sentenciador remitirá copia de la decisión conde-natoria definitivamente firme al colegio profesional o institu-ción gremial, a los fines del procedimiento disciplinario quecorresponda.Artículo 53. Ofensa pública por razones de género. El o laprofesional de la comunicación o que sin serlo, ejerza cual-quier oficio relacionado con esa disciplina, y en el ejercicio (( 53 ))
de ese oficio u ocupación, ofenda, injurie, denigre de una mujer por razones de género a través de un medio de comu- nicación, deberá indemnizar a la mujer víctima de violencia con el pago de una suma no menor a doscientas (200 U.T.) ni mayor de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) y hacer públicas sus disculpas por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio. Artículo 54. Violencia institucional. Quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su rango, retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual ésta acude, a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza la presente Ley, será sancionado o sancionada con multa de cincuenta (50 U.T.) a ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.). El tribunal competente remitirá copia certificada de la sentencia condenatoria definitivamente firme al órgano de adscripción del o la culpable, a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda. Artículo 55. Tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescen- tes. Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute la entrada o salida ilegal del país de mujeres, niñas o adolescentes, empleando engaños, coerción o fuerza con el fin de obtener un beneficio ilícito para sí o para un tercero, será sancionado o sancionada con pena de diez a quince años de prisión. Artículo 56. Trata de mujeres, niñas y adolescentes. Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute la captación, trans-(( 54 ))
porte, la acogida o la recepción de mujeres, niñas o ado-lescentes, mediante violencias, amenazas, engaño, rapto,coacción u otro medio fraudulento, con fines de explotaciónsexual, prostitución, trabajos forzados, esclavitud, adopciónirregular o extracción de órganos, será sancionado o sancio-nada con prisión de quince a veinte años.Artículo 57. Obligación de aviso. El personal de salud queatienda a las mujeres víctimas de los hechos de violenciaprevistos en esta Ley, deberá dar aviso a cualesquiera delos organismos indicados en el artículo 71 de la misma, enel término de las veinticuatro horas siguientes por cualquiermedio legalmente reconocido.Este plazo se extenderá a cuarenta y ocho horas, en el casoque no se pueda acceder a alguno de estos órganos pordificultades de comunicación.El incumplimiento de esta obligación se sancionará con mul-ta de cincuenta (50 U.T,) a cien unidades tributarias (100U.T,), por el tribunal a quien corresponda el conocimiento dela causa.Artículo 58. Obligación de tramitar debidamente la denun-cia. Serán sancionados o sancionadas con la multa previstaen el artículo anterior, los funcionarios y funcionarias de losorganismos a que se refiere el artículo 71 de esta Ley, que notramitaren debidamente la denuncia dentro de las cuarentay ocho horas siguientes a su recepción.En virtud de la gravedad de los hechos podrá imponersecomo sanción, la destitución del funcionario o la funcionaria.Artículo 59. Obligación de implementar correctivos. Todaautoridad jerárquica en centros de empleo, de educación o (( 55 ))
de cualquier otra índole, que en conocimiento de hechos de acoso sexual por parte de las personas que estén bajo su responsabilidad, no ejecute acciones adecuadas para co- rregir la situación y prevenir su repetición, será sancionada con multa de cincuenta (50 U.T.) a cien unidades tributarias (100 U.T.). El órgano jurisdiccional especializado compe- tente estimará a los efectos de la imposición de la multa, la gravedad de los hechos y la diligencia que se ponga en la corrección de los mismos. Artículo 60. Reincidencia. Se considerará que hay rein- cidencia cuando después de una sentencia condenatoria definitivamente firme o luego de haberse extinguido la con- dena, la persona cometiere un nuevo hecho punible de los previstos en esta Ley.(( 56 ))
Capítulo VIIDe laResponsabilidadCivilArtículo 61. Indemnización. Todos los hechos de violenciaprevistos en esta Ley acarrearán el pago de una indemniza-ción a las mujeres víctimas de violencia o a sus herederosy herederas en caso de que la mujer haya fallecido comoresultado de esos delitos, el monto de dicha indemnizaciónhabrá de ser fijado por el órgano jurisdiccional especializadocompetente, sin perjuicio de la obligación de pagar el trata-miento médico o psicológico que necesitare la víctima.Artículo 62. Reparación. Quien resultare condenado por loshechos punibles previstos en esta Ley, que haya ocasionadodaños patrimoniales en los bienes muebles e inmuebles delas mujeres víctimas de violencia, estará obligado a reparar-los con pago de los deterioros que hayan sufrido, los cualesserán determinados por el órgano jurisdiccional especiali-zado competente. Cuando no sea posible su reparación, seindemnizará su pérdida pagándose el valor de mercado dedichos bienes.Artículo 63. Indemnización por acoso sexual. Quien resul-tare responsable de acoso sexual deberá indemnizar a lamujer víctima de violencia en los términos siguientes:1.- Por una suma igual al doble del monto de los daños queel acto haya causado a la persona acosada en su acceso al (( 57 ))
empleo o posición que aspire, ascenso o desempeño de sus actividades. 2.- Por una suma no menor de cien (100 U.T.) ni mayor de quinientas unidades tributarias (500 U.T.), en aquellos casos en que no se puedan determinar daños pecuniarios. Cuando la indemnización no pudiere ser satisfecha por el condenado motivado por estado de insolvencia debidamen- te acreditada, el tribunal de ejecución competente podrá hacer la conversión en trabajo comunitario a razón de un día de trabajo por cada unidad tributaria.(( 58 ))
Capítulo VIIIDisposicionesComunesArtículo 64. Supletoriedad y complementariedad denormas. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones delCódigo Penal y Código Orgánico Procesal Penal, en cuantono se opongan a las aquí previstas.En los casos de homicidio intencional en todas sus califica-ciones, tipificados en el Código Penal y el supuesto especiala que se refiere el parágrafo único del artículo 65 de lapresente Ley, la competencia corresponde a los tribunalespenales ordinarios conforme al procedimiento establecidoen el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, los tri-bunales aplicarán las circunstancias agravantes aquí previs-tas cuando sean procedentes y, en general, observarán losprincipios y propósitos de la presente Ley.Artículo 65. Circunstancias agravantes. Serán circunstan-cias agravantes de los delitos previstos en esta Ley, las quese detallan a continuación, dando lugar a un incremento dela pena de un tercio a la mitad:1.- Penetrar en la residencia de la mujer agredida o en el lu-gar donde ésta habite, cuando la relación conyugal o maritalde la mujer víctima de violencia con el acusado se encuentreen situación de separación de hecho o de derecho, o cuando (( 59 ))
el matrimonio haya sido disuelto mediante sentencia firme. 2.- Penetrar en la residencia de la mujer víctima de violencia o en el lugar donde ésta habite, valiéndose del vínculo de consanguinidad o de afinidad. 3.- Ejecutarlo con armas, objetos o instrumentos. 4.- Ejecutarlo en perjuicio de una mujer embarazada. 5.- Ejecutarlo en gavilla o con grupo de personas. 6.- Si el autor del delito fuere un funcionario público en ejer- cicio de sus funciones. 7.- Perpetrarlo en perjuicio de personas especialmente vul- nerables, con discapacidad física o mental. 8.- Que el acusado haya sido sancionado con sentencia de- finitivamente firme por la comisión de alguno de los delitos previstos en esta Ley. 9.- Transmitir dolosamente a la mujer víctima de violencia infecciones o enfermedades que pongan en riesgo su salud. 10.- Realizar acciones que priven a la víctima de la capaci- dad de discernir a consecuencia del empleo de medios frau- dulentos o sustancias narcóticas o excitantes. Parágrafo Único: En los casos de homicidio intencional en todas sus calificaciones, tipificados en el Código Penal, cuando el autor del delito previsto en esta Ley sea el cónyu- ge, ex cónyuge, concubino, ex concubino, persona con quien la víctima mantuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad, con o sin convivencia, la pena a im- poner será de veintiocho a treinta años de presidio. Artículo 66. Penas accesorias. En la sentencia condenatoria se establecerán expresamente las penas accesorias que sean aplicables en cada caso, de acuerdo con la naturaleza(( 60 ))
de los hechos objeto de condena. Son penas accesorias:1.- La interdicción civil durante el tiempo de condena en loscasos de penas de presidio.2.- La inhabilitación política mientras dure la pena.3.- La sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quintaparte del tiempo de la condena, desde que esta termine, lacual se cumplirá ante la primera autoridad civil del munici-pio donde reside.4.- La privación definitiva del derecho a la tenencia y portede armas, sin perjuicio que su profesión, cargo u oficio seapolicial, militar o de seguridad.5.- La suspensión o separación temporal del cargo o ejerci-cio de la profesión, cuando el delito se hubiese cometido enejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, debiendoremitirse copia certificada de la sentencia al expediente ad-ministrativo laboral y al colegio gremial correspondiente, sifuera el caso.Artículo 67. Programas de orientación. Quienes resultenculpables de hechos de violencia en contra de las muje-res deberán participar obligatoriamente en programas deorientación, atención y prevención dirigidos a modificar susconductas violentas y evitar la reincidencia. La sentenciacondenatoria establecerá la modalidad y duración, conformelos límites de la pena impuesta.Artículo 68. Trabajo comunitario. Si la pena a imponer noexcede de dieciocho meses de prisión y la persona conde-nada no es reincidente, el órgano jurisdiccional en funcionesde ejecución, podrá sustituir la misma por trabajo o serviciocomunitario, entendiéndose como tal, aquellas tareas de (( 61 ))
interés general que la persona debe realizar en forma gratui- ta, por un período que no podrá ser menor al de la sanción impuesta, cuya regularidad podrá establecer el tribunal sin afectar la asistencia de la persona a su jornada normal de trabajo o estudio. Las tareas a que se refiere este artículo deberán ser asignadas según las aptitudes ocupacionales de la persona que cumple la condena, en servicios comunita- rios públicos, privados o mixtos. Si la persona condenada no cumple con el trabajo comunita- rio, el Tribunal de Ejecución, previa audiencia con las partes, podrá ordenar el cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia condenatoria. La ausencia de la mujer víctima de violencia en dicha audiencia no impedirá su realización. Artículo 69. Lugar de cumplimiento de la sanción. Los responsables por hechos de violencia cumplirán la sanción en el sitio de reclusión que designe el tribunal, el cual debe disponer de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los programas de tratamiento y orientación previstos en esta Ley.(( 62 ))
Capítulo IXDel iniciodel ProcesoSección Primerade la DenunciaArtículo 70. Legitimación para denunciar. Los delitos a quese refiere esta Ley podrán ser denunciados por:1.- La mujer agredida.2.- Los parientes consanguíneos o afines.3.- El personal de la salud de instituciones públicas y pri-vadas que tuviere conocimiento de los casos de violenciaprevistos en esta Ley.4.- Las defensorías de los derechos de la mujer a nivel na-cional, metropolitano, estadal y municipal, adscritas a losinstitutos nacionales, metropolitanos, regionales y munici-pales, respectivamente.5.- Los Consejos Comunales y otras organizaciones sociales.6.- Las organizaciones defensoras de los derechos de lasmujeres.7.- Cualquier otra persona o institución que tuviere conoci-miento de los hechos punibles previstos en esta Ley. (( 63 ))
Artículo 71. Órganos receptores de denuncia. La denuncia a que se refiere el artículo anterior podrá ser formulada en forma oral o escrita, con o sin la asistencia de un abogado o abogada, ante cualesquiera de los siguientes organismos: 1.- Ministerio Público. 2.- Juzgados de Paz. 3.- Prefecturas y jefaturas civiles. 4.- División de Protección en materia de niño, niña, adoles- cente, mujer y familia del cuerpo de investigación con com- petencia en la materia. 5-. Órganos de policía. 6.- Unidades de comando fronterizas. 7.- Tribunales de municipios en localidades donde no existan los órganos anteriormente nombrados. 8.- Cualquier otro que se le atribuya esta competencia. Cada uno de los órganos anteriormente señalados deberá crear oficinas con personal especializado para la recepción de denuncias de los hechos de violencia a que se refiere esta Ley. Parágrafo Único: Los pueblos y comunidades indígenas constituirán órganos receptores de denuncia, integrados por las autoridades legítimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, sin perjuicio de que la mujer agredida pueda acudir a los otros órganos indicados en el presente artículo. Artículo 72. Obligaciones del órgano receptor de la denun- cia. El órgano receptor de la denuncia deberá: 1.- Recibir la denuncia, la cual podrá ser presentada en for- ma oral o escrita. 2.- Ordenar las diligencias necesarias y urgentes, entre otras, la práctica de los exámenes médicos correspondien-(( 64 ))
tes a la mujer agredida en los centros de salud pública oprivada de la localidad.3.- Impartir orientación oportuna a la mujer en situación deviolencia de género.4.- Ordenar la comparecencia obligatoria del presunto agre-sor, a los fines de la declaración correspondiente y demásdiligencias necesarias que permitan el esclarecimiento delos hechos denunciados.5.- Imponer las medidas de protección y de seguridad perti-nentes establecidas en esta Ley.6.- Formar el respectivo expediente.7.- Elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvanal esclarecimiento de los hechos, el cual deberá acompañar ala denuncia, anexando cualquier otro dato o documento quesea necesario a juicio del órgano receptor de la denuncia.8.- Remitir el expediente al Ministerio Público.Artículo 73. Contenido del expediente. El expediente quese forme habrá de contar con una nomenclatura consecutivay deberá estar debidamente sellado y foliado, debiendo ade-más contener:1.- Acta de denuncia en la que se explique la forma en queocurrieron los hechos de violencia, haciendo mención ex-presa del lugar, hora y fecha en que fue agredida la personadenunciante, así como la fecha y hora en que interpone ladenuncia.2.- Datos de identidad de la persona señalada como agreso-ra y su vínculo con la mujer víctima de violencia.3.- Información sobre hechos de violencia que le hayan sidoatribuidos al presunto agresor, especificando si fuere posi- (( 65 ))
ble, la fecha en que ocurrieron, y si hubo denuncia formal ante un órgano receptor competente. 4.- Constancia del estado de los bienes muebles o inmue- bles afectados de propiedad de la mujer víctima, cuando se trate de violencia patrimonial. 5.- Boleta de notificación al presunto agresor. 6.- Constancias de cada uno de los actos celebrados, pu- diendo ser esto corroborado mediante las actas levantadas a tales efectos, debidamente firmadas por las partes y el funcionario o la funcionaria del órgano receptor. 7.- Constancia de remisión de la mujer agredida al examen médico pertinente. 8.- Resultado de las experticias, exámenes o evaluaciones practicadas a la mujer víctima de violencia y al presunto agresor. 9.- Especificación de las medidas de protección de la mujer víctima de violencia con su debida fundamentación. Artículo 74. Responsabilidad del funcionario receptor o de la funcionaria receptora. El funcionario o la funcionaria que actúe como órgano receptor iniciará y sustanciará el expe- diente, aun si faltare alguno de los recaudos, y responderá por su omisión o negligencia, civil, penal y administrativa- mente, según los casos, sin que les sirvan de excusa órde- nes superiores. Sección Segunda De la Investigación Artículo 75. Objeto. La investigación tiene por objeto hacer constar la comisión de un hecho punible, las circunstancias(( 66 ))
que incidan en su calificación, la recolección y preserva-ción de las evidencias relacionadas con su perpetración, laidentificación del presunto autor u autores del delito y loselementos que fundamentan su culpabilidad.Artículo 76. Competencia. El o la Fiscal del Ministerio Públi-co especializado o especializada dirigirá la investigación encasos de hechos punibles y será auxiliado o auxiliada por loscuerpos policiales. De la apertura de la investigación se no-tificará de inmediato al Tribunal de Violencia contra la Mujeren Funciones de Control, Audiencia y Medidas.Artículo 77. Alcance. El Ministerio Público debe investigar yhacer constar tanto los hechos y circunstancias útiles parael ejercicio de la acción, como aquellos que favorezcan a ladefensa del imputado o imputada.Artículo 78. Derechos del imputado. Durante la investi-gación, el imputado tendrá los derechos establecidos en laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, elCódigo Orgánico Procesal Penal y la presente Ley.Artículo 79. Lapso para la investigación. El MinisterioPúblico dará término a la investigación en un plazo que noexcederá de cuatro meses. Si la complejidad del caso loamerita, el Ministerio Público podrá solicitar fundadamenteante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer con funcionesde Control, Audiencia y Medidas, competente, con al menosdiez días de antelación al vencimiento de dicho lapso, unaprórroga que no podrá ser menor de quince ni mayor denoventa días.El Tribunal decidirá, mediante auto razonado, dentro de lostres días hábiles siguientes a la solicitud fiscal. (( 67 ))
La decisión que acuerde o niegue la prórroga podrá ser ape- lada en un solo efecto. Parágrafo Único: En el supuesto de que el Tribunal de Con- trol, Audiencia y Medidas haya decretado la privación de libertad en contra del imputado e imputada, el Ministerio Público presentará el acto conclusivo correspondiente den- tro de los treinta días siguientes a la decisión judicial. Este lapso podrá ser prorrogado por un máximo de quince días, previa solicitud fiscal debidamente fundada y presentada con al menos cinco días de anticipación a su vencimiento. El juez o la jueza decidirá lo procedente dentro de los tres días siguiente. Vencido el lapso sin que el o la fiscal presente el correspondiente acto conclusivo, el Tribunal acordará la libertad del imputado o imputada e impondrá una medida cautelar sustitutiva o alguna de las medidas de protección y seguridad a que se refiere la presente Ley. Artículo 80. Libertad de Prueba. Salvo prohibición de la ley, las partes pueden promover todas las pruebas conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos, las cuales serán valoradas según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de expe- riencia. La prueba de careo sólo podrá realizarse a petición de la víctima. Artículo 81. Juzgados de Control, Audiencia y Medidas. Los Juzgados de violencia contra la mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas son los competentes para autorizar y realizar pruebas anticipadas, acordar medidas de coerción personal, resolver incidencias, excepciones y peti- ciones de las partes durante esta fase y velar por el cumpli-(( 68 ))
miento de los derechos y garantías previstos en la Consti-tución de la República Bolivariana de Venezuela, el CódigoOrgánico Procesal Penal, la presente Ley y el ordenamientojurídico en general.Sección TerceraDe la querellaArtículo 82. Querella. Podrán promover querella las mu-jeres víctimas de violencia de cualesquiera de los hechosseñalados en esta Ley, o sus familiares hasta el cuarto gradode consanguinidad y segundo de afinidad, cuando ésta seencuentre legal o físicamente imposibilitada de ejercerla.Artículo 83. Formalidad. La querella se presentará por es-crito ante el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funcio-nes de Control, Audiencia y Medidas.Artículo 84. Contenido. La querella contendrá:1.- El nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilioo residencia de la persona querellante, y sus relaciones deparentesco con la persona querellada.2.- El nombre, apellido, edad, domicilio o residencia de lapersona querellada.3.- El delito que se le imputa, el lugar, día y hora aproximadade su perpetración.4.- Una relación especificada de todas las circunstanciasesenciales del hecho.Artículo 85. Diligencias del Querellante. La persona que-rellante podrá solicitar a el o a la fiscal las diligencias queestime necesarias para la investigación de los hechos.Artículo 86. Incidencias de la Querella. La admisibilidad, (( 69 ))