Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-747-de-octubre-5-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b65c0c596519018ee0430a010151018e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-14 05:06:55
Document Index: 296756722

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 14', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 130', 'artículo 341', 'artículo 12', 'artículo 151', 'artículo 352', 'artículo 36', 'artículo 350', 'artículo 346', 'artículo 47', 'artículo 130', 'artículo 3', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 14', 'artículo 40', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 40', 'artículo 14']

﻿ Sentencia C-747 de octubre 5 de 2011
SENTENCIA C-747 DE 05 DE OCTUBRE DE 2011
CONTENIDO:COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. LA AUTONOMÍA NO SE DESCONOCE POR SU CLASIFICACIÓN EN LA LEY DEL PRESUPUESTO NACIONAL. LA EXIGENCIA DE UN CERTIFICADO DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA ABRIR UN CONCURSO DE MÉRITOS, SI DESCONOCE EL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA AUTONOMÍA DE DICHA COMISIÓN. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 14 Y EXEQUIBLES LOS SEGMENTOS DEMANDADOS DE LOS ARTÍCULOS 1º Y 3º DE LA LEY 1420 DE 2010, “POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011”.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PRESUPUESTO DE LA NACIÓN
Sentencia C-747 de octubre 5 de 2011
Ref.: Expediente D-8441
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º, 3º y 14 parcial de la Ley 1420 de 2010, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011”.
Bogotá, D.C., cinco de octubre dos mil once.
“Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011”.
ART. 1º—Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2011, en la suma de ciento cuarenta y siete billones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y dos millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y seis pesos ($ 147.255.252.549.186) moneda legal, según el detalle del presupuesto de rentas y recursos de capital para el 2011, así:
A. Ingresos corrientes 23,325,300,000
B. Recursos de capital 20,878,837,000
ART. 3º—Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del presupuesto general de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011 una suma por valor de: ciento cuarenta y siete billones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y dos millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y seis pesos ($ 147.255.252.549.186) moneda legal, según el detalle que se encuentra a continuación:
Presupuesto de funcionamiento 4,108,000,000 22,204,137,000 26,312,137,000
C. Presupuesto de inversión 500,000,000 22,000,000,000 22,500,000,000
122 Adquisición de infraestructura administrativa 500,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000
1302 Bienestar social a trabajadores 500,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000
221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 18,000,000,000 18,000,000,000
1000 Intersubsectorial gobierno 18,000,000,000 18,000,000,000
Total presupuesto sección 4,608,000,000 44,204,137,000 48,812,137,000
ART. 14.—Para proveer empleos vacantes se requerirá el certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2011. Por medio de este, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 5º, de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer esta demanda, pues se trata de la acusación contra segmentos de una ley.
Esta corporación se ha referido a su naturaleza jurídica, para destacar que la carta política (art. 113) contempló como estructura del poder público no solo las tres ramas tradicionales, en ejercicio de la separación de poderes, sino otros órganos estatales, autónomos e independientes, destinados a cumplir funciones no ligadas al legislador, al ejecutivo ni a los jueces, pero vitales para los fines del Estado y su organización política.
En Sentencia C-372 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 443 de 1998 que regulaban su organización y funcionamiento, explicó:
Se trata en realidad de un ente autónomo, de carácter permanente y de nivel nacional, de la más alta jerarquía en lo referente al manejo y control del sistema de carrera de los servidores públicos, cuya integración, período, organización y funcionamiento deben ser determinados por la ley. No hace parte del Ejecutivo ni de otras ramas u órganos del poder público y debe ser dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, para que pueda cumplir con eficiencia los cometidos constitucionales que le corresponden”(1).
Teniendo en cuenta lo anterior, fue expedida la Ley 909 de 2004, para indicar que la Comisión Nacional del Servicio Civil se erige como “un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio”, en virtud de lo cual cumple dos tareas bien definidas y diferenciadas, una dirigida a administrar la carrera administrativa de los servidores públicos, salvo de carácter especial (art. 11) y otra a vigilar la aplicación de las normas sobre ingreso, ascenso y retiro de la función pública (art. 12).
En punto a esa autonomía e independencia y a las específicas funciones constitucionales asignadas, desarrolladas por la ley, ha expuesto esta Corte adicionalmente(2):
Dentro de ese contexto, atendiendo al mandato contenido en el artículo 130 de la Constitución Política, esta Corporación se ha referido a la Comisión Nacional del Servicio Civil definiéndola como un ente estatal único, autónomo, de carácter permanente y del nivel nacional, que como tal no hace parte de ninguna de las ramas del poder público, ni tampoco tiene el alcance de cuerpo asesor o consultivo del gobierno, ni de junta o consejo directivo de composición paritaria o con mayoría prevalente de los organismos estatales o de los trabajadores, ni de las entidades territoriales en cabeza de sus autoridades(3).
La autonomía que la Carta Política le reconoce a determinadas entidades estatales, lo ha dicho la Corte, conlleva esencialmente: (i) su no pertenencia a las ramas del poder público, (ii) una clara independencia funcional de dichas ramas para actuar por fuera de ellas y, finalmente, (iii) la titularidad de una potestad reguladora o normativa orientada a ordenar su propio funcionamiento y el cumplimiento de la misión constitucional que las ha sido encomendada(4); con lo cual la referida autonomía termina por marcar un límite a la acción de los órganos de las Ramas del Poder sobre los organismos definidos constitucionalmente como autónomos e independientes.
Si de acuerdo con la regulación legal vigente, la rama ejecutiva del poder público tiene a su cargo el nombramiento de los servidores públicos que hacen parte de los órganos que la integran —teniendo en cuenta para el efecto los resultados del concurso de méritos—, resultaría contrario a la filosofía que inspira el régimen de carrera, que también fuera de su resorte exclusivo la función de organizarla, desarrollarla y controlarla, o lo que es igual, de administrarla y vigilarla, pues ello conllevaría a la existencia de un monopolio sobre el sistema de carrera en manos de la rama ejecutiva, rompiendo con ello el criterio de imparcialidad y neutralidad que el constituyente, a través de los artículos 125 y 130 de la Carta, quiso reconocerle al mecanismo general de provisión de cargos en el sector estatal.
En distintos pronunciamientos, este tribunal se ha referido a los objetivos centrales del sistema de carrera administrativa y a la obligatoriedad de sus postulados, que por lo demás vincula en iguales condiciones a las distintas entidades del Estado, salvo las excepciones que prevé la Carta, aclarando que su “manejo debe ser ajeno a motivaciones de carácter político y aun al interés que, como patrono, pueda tener el Estado mismo en la selección, promoción y remoción del personal a su servicio(5).
De esta manera, fue entonces clara la voluntad del Constituyente del 91, de crear un órgano autónomo e independiente y de encargarle, como regla general, la función específica de administrar y vigilar los regímenes de carrera —la Comisión Nacional del Servicio Civil—, ajeno a las influencias de las ramas del poder y en particular de la Rama Ejecutiva, a través del cual se asegure que el sistema de concurso de méritos para la provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado, para el ascenso dentro de los mismos y para el retiro del servicio, se lleve a cabo de forma transparente, idónea e imparcial, conforme con los postulaos constitucionales y legales que regulan la materia, sin presiones de ninguna clase y apartado de intereses políticos o burocráticos.
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil y las especiales funciones que le han sido asignadas, ha expresado la Corte que se trata, entonces, de un órgano de la más alta jerarquía en lo que tiene que ver con el manejo del sistema de carrera de los servidores públicos, cuya integración, periodo, organización y funcionamiento le corresponde determinar al legislador, el cual a su vez está en la obligación de dotarla de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio para que pueda cumplir con independencia y eficacia las funciones constitucionales que le han sido asignadas”.
La decisión del constituyente de establecer la carrera administrativa como regla general para la provisión de empleos en los órganos y entidades del Estado (art. 125 superior), en consonancia con el derecho ciudadano de acceder a los cargos públicos (art. 40 ib.), aparejó necesariamente la consagración constitucional de un órgano único a nivel nacional, autónomo, que de manera organizada, técnica y ágil garantizara la efectividad del sistema impuesto, sin la dependencia de las ramas del poder público, “aunque bajo los criterios y directrices trazadas por el legislador”(6).
3.2. El presupuesto , mecanismo de racionalización de la actividad estatal, se encuentra indefectiblemente supeditado a una serie de principios, directrices y condicionamientos establecidos tanto por la Constitución como por la ley orgánica, cuya aplicación garantiza una adecuada y legítima política presupuestal, de tal manera que la estimación anticipada de ingresos y autorización de gastos, al momento de su elaboración y ejecución, sea el resultado de una política macroeconómica y de la planificación del desarrollo buscado para la realización de los objetivos del Estado social de derecho(7).
Sobre tal mecanismo y su proyección financiera, que incide y traza las tareas de los organismos y entidades públicas, esta Corte ha indicado(8):
“…para efectos de la elaboración del presupuesto la Constitución le señala al Gobierno i) que no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos (C.P., art. 345); ii) que el presupuesto debe corresponder al plan nacional de desarrollo (C.P., art. 346); iii) que en la ley de apropiaciones no se puede incluir partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme a ley anterior, a uno propuesto por el gobierno para atender el funcionamiento de las ramas del poder público, al servicio de la deuda, o a dar cumplimiento al plan nacional de desarrollo (C.P., art. 346); iv) que el proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Y que si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno deberá proponer, en forma separada, ante las comisiones encargadas de estudiar el proyecto de presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados (C.P., art. 347); v) que la ley de apropiaciones debe contener un componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de esa naturaleza y que excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación (C.P., art. 350); vi) que en la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley (C.P., art. 350); vii) que el presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones (C.P., art. 350); viii) que el Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos propuestas por el Gobierno ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo (C.P., art. 351); ix) que el Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere el artículo 341 superior (C.P., art. 351).
… respecto de los principios presupuestales establecidos en la ley orgánica de presupuesto, a los que se ha referido la Corte en múltiples pronunciamientos(9), cabe recordar que el artículo 12 del Decreto 111 de 1996 —Estatuto Orgánico de Presupuesto—, señala lo siguiente:
‘ART. 12.—(L. 38/89, art. 8º, L. 179/94, art. 4º) Los principios del sistema presupuestal son la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis’”.
En este mismo orden, ha expresado(10) (no está en negrilla en el original):
“El artículo 151 de la Constitución atribuye al Congreso de la República la facultad de expedir leyes orgánicas a las cuales se sujetará el ejercicio de la actividad legislativa, y, entre otros casos, para la expedición de normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. Así las cosas, como sucede en materia de planeación, en esta materia (presupuestal) el órgano legislativo expidió la ley orgánica de presupuesto(11). Esta ley se encuentra en armonía con lo preceptuado por el artículo 352 de la Carta, que dispone que además de las disposiciones de orden superior que rigen la materia presupuestal, lo relacionado con la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales y los entes descentralizados se regularan por las disposiciones en ella contenidas.
Por su parte el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones (C.P., art. 347), se compone de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión, cada uno de los cuales se presentará clasificado en diferentes secciones, según lo dispone el artículo 36 del estatuto orgánico de presupuesto. Adicionalmente, según lo dispuesto por el artículo 350 superior, la ley de apropiaciones deberá contener un componente denominado “gasto público social” que tendrá prioridad por mandato constitucional, sobre cualquier otra asignación, excepción hecha en casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional.
Las disposiciones generales según la ley orgánica, son normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación, las cuales solamente rigen para el período fiscal para el que hayan sido expedidas, y respecto de las cuales la jurisprudencia constitucional ha manifestado que ‘estas disposiciones generales tienen un contenido puramente instrumental pues su finalidad no es otra que permitir una adecuada ejecución del presupuesto (Sent. C-685/96, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero), lo que quiere decir que esas ‘disposiciones generales’ tienen por objeto facilitar y agilizar la ejecución del presupuesto durante la respectiva vigencia fiscal, sin que al amparo de las mismas pueda el legislador expedir ‘mandatos en sentido material’ o ‘modificar o derogar normas de carácter sustantivo’ ni desconocer o modificar normas de superior jerarquía como lo son las del estatuto orgánico de presupuesto’ según lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-201 de 13 de mayo de 1998...’(12).
Según el artículo 346 de la Constitución, el gobierno anualmente formulará el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y lo presentará al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura, a quien corresponde discutirlo y aprobarlo durante los tres primeros meses de cada legislatura (C.P., art. 349), con estricta sujeción a las reglas de la Ley Orgánica, la cual a su vez establece en el artículo 47 que: ‘corresponde al gobierno preparar anualmente el proyecto de presupuesto general de la Nación con base en los anteproyectos que le presenten los órganos que conforman este presupuesto. El gobierno tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos y los principios presupuestales para la determinación de los gastos que se pretendan incluir en el proyecto de presupuesto’.
‘(s)egún tal principio corresponde al Congreso, como órgano de representación plural, decretar y autorizar los gastos del Estado, pues ello se considera un mecanismo necesario de control al ejecutivo y una expresión inevitable del principio democrático y de la forma republicana de gobierno (C.P., art. 1º). En el constitucionalismo colombiano la legalidad del gasto opera en dos momentos diferenciados, pues en general las erogaciones no sólo deben ser previamente decretadas por la ley (C.P., art. 346) sino que, además, deben ser apropiadas por la ley de presupuesto (C.P., art. 345) para poder ser efectivamente realizadas’(13)”.
3.3. Realizado el cotejo de los fundamentos expuestos en los anteriores acápites con los segmentos normativos de la Ley 1420 de 2010 demandados, analiza esta corporación que la naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil y las funciones dispuestas por el artículo 130 de la carta política, en punto a la clasificación o encuadramiento en el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, como “establecimiento público”, (Sección 3801), constituyen elementos separados e independientes de la estructura dispuesta en tal instrumento de finanzas públicas, lo cual obedece al diseño de la ley orgánica del presupuesto, en función de los principios orientadores del sistema presupuestal, con el único propósito de distribuir técnicamente los ingresos y gastos de todo el aparato estatal.
Adicionalmente, la circunstancia de que la comisión no sea mencionada como órgano autónomo en el artículo 3º del Decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y a Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”(14), sino encuadrada, en la cobertura que allí se indica (establecimiento público), no provoca per se inconstitucionalidad alguna; bien sabido es que por el contenido “puramente instrumental”, el presupuesto anual, en este caso la Ley 1420 de 2010, componente del presupuesto general de la Nación, por los fines estrictos de ejecución, mal puede establecer, expresa ni tácitamente, un obstáculo o una limitante a la naturaleza jurídica ni a las funciones asignadas a los entes públicos allí agrupados.
En conclusión, no es real que la clasificación dada a la Comisión Nacional del Servicio Civil en el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, (i) ignore la calidad de ente autónomo e independiente emanada de la Constitución y la ley, (ii) cercene o limite las facultades plenas de comprometer y ordenar el gasto de los recursos que le fueron apropiados, ni (iii) desencadene una intromisión de la rama ejecutiva, con menoscabo de su naturaleza jurídica y de las facultades asignadas. De tal forma, de lo analizado y expuesto tampoco se colige fractura del principio de separación de los poderes públicos, ni variación del espíritu constitucional de 1991.
Por lo indicado, la Corte declarará exequibles los segmentos demandados de los artículos 1º y 3º de la Ley 1420 de 2010, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011”.
4.1. La Carta Política de 1991, en su artículo 125, consagró, como regla general, la carrera administrativa para “los empleos en los órganos y entidades del Estado”, con precisas salvedades, y difirió a la ley la determinación de los cargos que no estarían sujetos al sistema, administrado y vigilado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (art. 130, Const.).
La Corte Constitucional ha dispuesto, alrededor de esta materia(15):
“De conformidad con la interpretación que de las disposiciones superiores ha realizado la Corte Constitucional, la carrera administrativa ‘se fundamenta única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público’, mérito que, en tanto elemento destacado de la carrera administrativa, comparte el carácter de regla general que a ésta le corresponde. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los principios generales de la carrera administrativa se enfocan ‘todos ellos a la eficacia del criterio del mérito como factor definitorio para el acceso, permanencia y retiro del empleo público’(16) y, en esa medida, el artículo 125 superior establece el criterio del mérito como regla general(17).
Estrechamente vinculado al mérito se encuentra el concurso público, pues el Constituyente lo previó como un mecanismo para establecer el mérito y evitar que criterios diferentes a él sean los factores determinantes del ingreso, la permanencia y el ascenso en carrera administrativa(18). Así pues, el sistema de concurso ‘como regla general regula el ingreso y el ascenso’ dentro de la carrera(19) y, por ello, ‘el proceso de selección entero se dirige a comprobar las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos’, pues sólo de esta manera ‘se da cumplimiento al precepto superior conforme al cual ‘el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes’(20).
El concurso es así un instrumento que garantiza la selección fundada en la evaluación y la determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades propias de un cargo, e impide que prevalezca la arbitrariedad del nominador y que, en lugar del mérito, favorezca criterios ‘subjetivos e irrazonables, tales como la filiación política del aspirante, su lugar de origen (…), motivos ocultos, preferencias personales, animadversión o criterios tales como el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, o la opinión pública o filosófica, para descalificar al aspirante’(21).
A propósito del mérito y del concurso, importa poner de manifiesto que, de conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional, el concurso ha de evaluar ‘todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública’, incluidos aquellos factores en los cuales ‘la calificación meramente objetiva es imposible’, pues ‘aparece un elemento subjetivo que, en ciertas ocasiones podría determinar la selección, como sería, por ejemplo, el análisis de las condiciones morales del aspirante, su capacidad para relacionarse con el público, su comportamiento social, etc.’(22).
La inclusión de los factores dotados de un componente subjetivo dentro de la evaluación propia del concurso tiene la finalidad de evitar eventuales abusos, dado que, sin desconocer el matiz subjetivo que caracteriza a la solvencia moral, la aptitud física o el sentido social, lo cierto es que del ámbito de la carrera administrativa “es preciso desterrar la arbitrariedad y, justamente, para ese propósito se ha ideado el concurso”(23).
La evaluación de factores objetivos y subjetivos, tiene, a juicio de la Corte, una consecuencia adicional que es la designación de quien ocupe el primer lugar. En efecto, de acuerdo con la corporación, ‘cuando se fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y se establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos y una vez apreciados éstos quien ocupará el cargo será quien haya obtenido mayor puntuación’, pues de nada serviría el concurso si, a pesar de haberse realizado, ‘el nominador puede elegir al candidato de sus preferencias”(24).
4.2. Por otro lado, en consonancia, el artículo 130 ibídem, estatuyó como herramienta institucional de implementación de la carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil, responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, salvo las de carácter especial, competencia analizada y reconocida así por esta corporación(25) (está subrayado en el texto original):
“…ha encontrado esta Corte que el artículo 130 Superior se refiere a la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil desde dos aspectos puntuales: (i) el primero, hace referencia a la competencia de la comisión respecto de “las carreras de los servidores públicos”, disposición que tiene un alcance general, razón por la cual no se agota en la carrera administrativa general sino que se proyecta sobre otras carreras especiales, excepción hecha de las carreras especiales por voluntad del constituyente. El segundo aspecto, hace referencia a que las funciones asignadas a la comisión para administrar y vigilar las carreras son indivisibles, razón por la cual dichas atribuciones no pueden compartirse o radicarse en otros organismos por voluntad del legislador(26).
‘Cabe destacar que, aun cuando es cierto que el legislador goza de un amplio margen de configuración política para desarrollar lo concerniente a la implementación del sistema de la carrera, tratándose de la carrera general y de los sistemas especiales de carrera de origen legal, dicha habilitación no comprende ni compromete la definición de competencia sobre las funciones de administración y vigilancia de las carreras, por ser éste un asunto del que se ha ocupado directamente la Constitución Política, precisamente, al asignarle a través del artículo 130 las dos funciones a la Comisión Nacional del Servicio Civil’(27)”.
No obstante, aparece claro que el establecimiento del certificado de vigencia presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adicional al certificado de disponibilidad presupuestal emanado del órgano o la entidad interesada en adelantar concurso ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, que garantiza financieramente los propósitos del sistema de carrera, constituye un obstáculo innecesario y contradictorio frente a lo previsto en el inciso 1º del artículo 14 mencionado, que, paralelamente, tampoco se aviene al derecho ciudadano de acceso a los cargos públicos, previsto en el artículo 40 superior, como expresión viva de la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Agregar una exigencia más a aquella de la certificación de disponibilidad presupuestal que regula el control del gasto de la entidad, conforme a las normas de presupuesto, siendo que con ésta se satisface y viabiliza la convocatoria a concurso, entorpece el cumplimiento del mandato contenido en el referido inciso 1º y de las funciones públicas en cabeza del ente generador de los cargos a proveer, afectación que, de paso, conlleva una restricción más allá de lo razonable al acceso del ciudadano a la función pública y al cumplimiento de ésta, en la medida que no tendría lugar tal restricción únicamente con el certificado de disponibilidad presupuestal, de ser procedente, al abrirse espacio el trámite a concurso y, consecuencialmente, la potencial participación ciudadana, previo cumplimiento de los requisitos del empleo a cubrir.
4.5. También aduce la demandante que el referido inciso 2º del artículo 14 de la Ley 1420 de 2010, vulnera el principio constitucional de unidad de materia, contemplado en el precepto 158 de la carta política.
La Corte pone de presente que, no obstante enunciar la norma un asunto ligado a la provisión de cargos públicos, su sola mención no puede mirarse de manera desviada o aislada, dado que se evidencia en ella un tratamiento presupuestal en consonancia con el contenido único de la ley, dentro del propósito del legislador de asegurar la correcta ejecución de los recursos en esta materia, que por pertenecer al sistema de carrera administrativa, involucra necesariamente la atención de factores presupuestales, en tanto el trámite de concurso público requiere el aseguramiento de dineros del tesoro de la nación, repartidos a los órganos o entidades de acuerdo con las leyes de presupuesto explicadas, lo que además se percibe en el inciso 1º no demandado del artículo estudiado.
Así las cosas, por ser opuesto el inciso 2º del artículo 14 de la Ley 1420 de 2010 a los mandatos del artículo 40-7 constitucional, la Corte procederá a declarar su inexequibilidad, acogiendo en este aspecto el pensamiento expresado por el Procurador General de la Nación.
1. Declarar EXEQUIBLES los segmentos demandados de los artículos 1º y 3º de la Ley 1420 de 2010, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011”.
2. Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 14 de la Ley 1420 de 2010, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011”.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.»
(1) Cfr. C-1265 de 2005 (dic. 5), M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Ver además C-1230/05 (nov. 29), M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(2) C-1230 de 2005, precitada.
(3) “Sobre el particular se pueden consultar las Sentencias C-372 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y C-749 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra)”.
(4) “Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-167 de 1995 (M.P., Fabio Morón Díaz), C-373 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-189 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-832 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis)”.
(5) “Sentencia C-372 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). En esa misma línea de interpretación se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-479 de 1992 (Ms. Ps. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero), C-195 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-030 de 1997 (M.P. Jorge Arango Mejía), C-406 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-563 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz) y C-942 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra)”.
(6) C-1230/2005 citada.
(7) C-1645/2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-442/2001 y C-177/2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1064/2001, Ms. Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño; C-1065/2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(8) C-935/2004 (sep. 29), M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(9) “Ver, entre otras las sentencias C-478 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 546 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero 423 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz, C-442 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-793 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño”.
(10) C-1065 de 2001 (oct. 10), M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(11) “Leyes orgánicas de presupuesto 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1994”.
(12) “Sentencia C-562 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra”.
(13) “Sentencia C-685 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero”.
(14) “ART. 3º—Cobertura del estatuto. Consta de dos (2) niveles: un primer nivel corresponde al presupuesto general de la Nación, compuesto por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional. //El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta //Un segundo nivel, que incluye la fijación de metas financieras a todo el sector público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado, y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga.//A las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, se les aplicarán las normas que expresamente las mencione (L. 38/89, art. 2º; L. 179/94, art. 1º)”.
(15) C-588 de 2009 citada.
(16) “Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-315 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño”
(17) “Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-349 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra”.
(18) “Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-901 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo.”
(19) “Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-349 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra”.
(20) “Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1122 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra”.
(21) “Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-211 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis”.
(22) “Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-040 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz”.
(23) “Ibídem”.
(24) “Ibídem”.
(25) C-753 de 2008 (jul. 30), M.P. Jaime Araújo Rentería.
(26) “Sentencia C-1230 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
(27) “Sentencia C-1230 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.