Source: https://www.scribd.com/document/134703788/Septimo-Informe-Observatorio-ACIV-Version-Final
Timestamp: 2018-12-16 09:21:58
Document Index: 64241285

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 27', 'artículo 63', 'artículo 4', 'artículo 73', 'artículo 73']

SÉPTIMO INFORME EJECUTIVO DEL CONSEJO
Diciembre-febrero 2013
Cobertura de la violencia a la baja pág. 5 Recomendaciones a los medios de comunicación pág. 8 Recomendaciones a las fuentes gubernamentales pág. 8
Estrategia de comunicación sobre violencia y delincuencia pág. 10
Nuevas facultades de Gobernación en materia de comunicación social pág. 10 Instrucciones al cuerpo diplomático para “hablar bien de México” pág. 10 Peña Nieto habla de violencia y narcotráfico en el extranjero pág. 11 Exhibición de personas detenidas ante los medios y apología del delito pág. 11 Caso Florence Cassez pág. 12 Difusión de estadísticas oficiales pág. 13
Coordinación de la estrategia de comunicación con los estados pág. 14
Práctica de identificar a los grupos criminales pág. 14 La PGJDF suspende la exhibición de personas detenidas pág. 15 Filtración de documentos e identificación de testigos en caso de los generales pág. 16 Práctica de presentar avances como sentencias en violación de seis españolas pág. 17 Asesinato de un niño que fue exhibido como homicida múltiple pág. 19
Cobertura general de la violencia por los medios pág. 21
Tratamiento informativo de la violencia en el DF pág. 21 Cobertura de la violencia en las portadas de la prensa estatal pág. 23 Cobertura informativa de la violencia en La Laguna pág. 24
Cuestionamientos a la estrategia de seguridad pág. 25
“La violencia no se ha ido”: Primero Noticias y Registro de homicidios de Milenio Diario pág. 25 The New York Times cuestiona falta de resultados de Peña Nieto pág. 27 CAPÍTULO II
Violencia contra periodistas y medios de comunicación pág. 28
Ataques a El Siglo de Torreón pág. 28 Asesinato del periodista Jaime Guadalupe Domínguez González pág. 30 1
Ataques a El Diario de Juárez y a Canal 44 de Ciudad Juárez pág. 30
Definición de criterios editoriales a causa de la violencia pág. 31
Imagen de Zacatecas anuncia que “no publicará en su portada notas rojas” pág. 31 Zócalo publicará información sobre crimen organizado por falta de garantías pág. 32
Papel del Estado pág. 33
Cambios al Mecanismo de Protección propuestos en el Pacto por México pág. 33 El Congreso incumple el plazo para reglamentar la reforma Constitucional sobre delitos contra periodistas pág. 34 Comisión Especial de seguimiento a agresiones a periodistas (Cámara de Senadores) pág. 34 CAPÍTULO III Agenda informativa pág. 36
INTRODUCCIÓN A partir del 1 de diciembre de 2012, la mayoría de los medios de comunicación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México disminuyeron notoriamente la cobertura informativa de la violencia asociada con el crimen organizado en sus principales espacios. Las críticas a las acciones de gobierno bajaron en la misma proporción, salvo excepciones. La tendencia, visible en las portadas de la prensa y los titulares de medios audiovisuales, comenzó a observarse desde el inicio del periodo de transición en el gobierno federal. Durante los tres primeros meses de gestión del presidente Enrique Peña Nieto, la agenda de los medios privilegió información relacionada con la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, la designación de integrantes del gabinete federal, la firma del Pacto por México y el seguimiento a los acuerdos entre los partidos políticos firmantes. De igual forma siguió el proceso legislativo relacionado con reformas como la educativa, entre otros temas relevantes. En cambio, la prensa y los medios audiovisuales de los estados del país no han dejado de considerar entre sus titulares principales el tema de la violencia relacionada con el crimen organizado, particularmente en las regiones en las que se ha registrado una escalada. En otras palabras, salvo excepciones, la mayoría de medios del país no ha dejado de publicar temas de violencia en sus titulares principales. Al mismo tiempo se observa un evidente cambio en la narrativa del discurso presidencial relacionado con el tema de la seguridad, la violencia y la delincuencia organizada. A diferencia del sexenio de Felipe Calderón, el eje del discurso del presidente Peña Nieto no incluye esos temas, los cuales ha sustituido por un manejo del concepto “México en paz”. Es decir, el cambio en la agenda gubernamental modificó la cobertura de los medios respecto a los hechos relacionados con delincuencia organizada y violencia. Ello evidencia, como se ha venido señalando en informes anteriores, que la fuente principal de los medios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en torno a estos temas era el propio gobierno federal. A dos años de la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, se han constatado resultados positivos en torno a uno de los objetivos centrales de este ejercicio de autorregulación: el cierre gradual de espacios a la propaganda del crimen organizado. Esta tendencia se ha mantenido durante el periodo de análisis del presente informe. En este escenario, se presentan nuevos retos, particularmente para los medios con influencia nacional, que exigen deliberar y compartir criterios para cumplir con su función social de mantener a la sociedad informada respecto a los hechos relacionados con la delincuencia organizada, conforme a su impacto social, sin constituirse en caja de resonancia de las estrategias de comunicación de estos grupos. Los medios del centro deben reflexionar respecto a la dimensión que están dando a la violencia en el país y replantear los criterios que determinan si los acontecimientos trascienden o no el ámbito informativo local para ocupar un lugar en sus agendas. Ello resulta particularmente relevante dado que continúan registrándose eventos violentos en los que la delincuencia busca de forma deliberada transmitir mensajes a través de los medios de comunicación. 3
El cambio en la narrativa sobre la violencia está relacionado con el control que ahora ejerce la Secretaría de Gobernación en la materia, al concentrar el manejo de la información oficial. Una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorgó nuevas facultades en la conducción de la política de comunicación del gobierno federal, las cuales incluyen el registro y procesamiento de datos en materia criminal y “para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos”. El gobierno federal inició la aplicación de un plan que incluye no citar el nombre con el que son conocidos los grupos criminales y promueve acuerdos con los gobiernos estatales para hacer lo propio. Pero en la práctica, la mayoría de procuradurías y fiscalías estatales mantiene la política de exhibir ante los medios a las personas detenidas y la de difundir el nombre de los grupos. El gobierno federal suspendió la práctica de presentar a personas detenidas, lo cual ha sido aceptado tácitamente por los medios de todo el país (no se observan cuestionamientos al respecto). Sin embargo, los gobiernos estatales continúan ejerciendo esa práctica y los medios la reproducen sin establecer un criterio respecto a su tratamiento. En ese contexto, se observa una falta de sintonía entre las estrategias de comunicación del orden federal con las estatales para informar sobre los temas relacionados con delincuencia organizada y la política de presentación de personas detenidas. Se considera que estas acciones en materia de comunicación social emprendidas por el gobierno federal se inscriben en el marco de las recomendaciones que el Observatorio ha venido formulando con miras a mejorar el proceso integral de comunicación sobre seguridad y justicia. Sin embargo, resulta indispensable garantizar que la nueva estrategia gubernamental no dé lugar a la opacidad o al ocultamiento de información. Es necesario que el gobierno federal y los gobiernos locales transparenten los criterios de sus políticas de comunicación para informar de manera adecuada, los cuales deben homologarse entre los niveles de gobierno a partir de los más altos estándares de protección de los derechos humanos y rendición de cuentas. El Observatorio advierte que el gobierno federal y los gobiernos estatales, en los casos documentados, mantienen la práctica de presentar avances de investigaciones para generar la percepción de que se trata de sentencias condenatorias o de casos resueltos, aún cuando no hayan imputado cargos formales a las personas detenidas. En cuanto a violencia contra periodistas y medios, en el periodo analizado se concentró en los estados fronterizos del norte del país. El Observatorio advierte la existencia de una escalada de agravios a medios de comunicación en el norte del país, particularmente los que se encuentran en los estados de Coahuila y Chihuahua, sin que se observen acciones precisas del Estado mexicano para disminuir las condiciones de riesgo que padecen. 4
También se observa que durante los primeros tres meses de gestión del actual gobierno federal, los medios se ocuparon poco de dar seguimiento al desempeño del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la propuesta de fortalecimiento incluida en los acuerdos del Pacto por México. De igual forma, la mayoría de los medios tampoco dio una cobertura visible a los asuntos pendientes en el Congreso de la Unión respecto a la reglamentación del artículo 73 constitucional, en materia de delitos contra periodistas y para definir las facultades del Ministerio Público federal. El Observatorio advierte que no existen mecanismos de rendición de cuentas ante la sociedad por parte de las instituciones que deben investigar los delitos contra periodistas y la libertad de expresión. No se observan avances para abatir la impunidad en los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en los últimos dos sexenios. Tampoco para castigar a los responsables de ataques a medios de comunicación. Las instancias creadas por el Estado, como la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, así como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, han resultado insuficientes e inoperantes para atender la grave crisis de inseguridad que ha puesto en jaque las libertades informativas en el país. El Observatorio considera que el castigo a los responsables de los asesinatos, agresiones y amenazas contra medios y periodistas representa la mejor medida de protección para los comunicadores y las empresas informativas.
Cobertura de la violencia a la baja El Observatorio monitoreó algunas palabras clave para medir cuantitativamente la cobertura informativa de la violencia en la prensa y en la televisión abierta durante los primeros tres meses de gestión del presidente Enrique Peña Nieto en comparación con el mismo periodo del año anterior, correspondiente a la gestión Felipe Calderón. También se incluyen los últimos tres meses del gobierno anterior.
Portadas (prensa del DF)
Dic 2011-feb 2012 Sept 2012-nov 2012 Dic 2012-feb 2013 % Dif.
Asesinatos Homicidios Ejecuciones Crimen organizado Narcotráfico Cártel Violencia
234 281 141 943 593 419 1,228
106 155 97 601 409 370 937
117 147 81 469 269 194 805
50 47.7 42.5 50.2 54.6 53.6 34.4
Los datos muestran una disminución del 50 por ciento en el uso de la palabra “asesinato” en las notas de portada de la prensa del Distrito Federal, entre diciembre de 2011-febrero 2012 y diciembre de 2012-febrero de 2013. La tendencia es similar en la frecuencia de la frase “crimen organizado” y un poco más alta en las palabras “narcotráfico” (54.6%) y “cártel” (53.6). La palabra “violencia” se dejó de utilizar en más de una tercera parte (34.4%). La columna de en medio, que mide el periodo de septiembre a noviembre de 2012, muestra cómo durante los últimos noventa días del gobierno de Felipe Calderón las palabras relacionadas con la violencia y el crimen organizado comenzaron a tener un menor uso en la prensa del DF. Notas informativas en TV abierta
73 134 30 686 156 285 467
49 78 9 397 132 414 421
62 104 22 204 87 107 449
15 22.3 26.6 70.2 44.2 62.4 3.8
A diferencia de las portadas de los medios impresos, en los noticiarios de televisión el uso de las palabras asociadas con la violencia tuvo un comportamiento desigual, aunque también a la baja. La palabra “asesinatos” redujo su presencia en los noticiarios un 15%, “homicidios” un 22.3% y “ejecuciones” un 26.6%. En cambio, la frase “crimen organizado” dejó de utilizarse en más de dos terceras partes, el 70.2%. La palabra “narcotráfico” dejó de usarse un 44.2% y “cártel” un 62.4%. La frecuencia de la palabra “violencia” se redujo apenas un 3.8%. Teasers en noticiarios de TV abierta
9 23 3 71 23 42 81
7 3 4 62 12 84 85
5 22 3 24 4 21 83
44.4 4.3 0 66.1 82.6 50 83
El uso de las mismas palabras en los adelantos de los noticiarios de televisión abierta también permite medir el tratamiento informativo de la violencia. La palabra “asesinatos” dejó de aparecer en un 44% de los titulares, a diferencia de la de “homicidios” (4.3%).
En contraste, la frase “crimen organizado” dejó de utilizarse un 66.1%, la palabra “narcotráfico” un 82.6%, “cártel” un 50% y “violencia” un 83%, lo cual muestra una reducción sustancial. TV de paga
118 167 105 1072 307 359 756
80 133 76 809 353 686 914
118 166 89 375 181 218 653
0 0.59 15.2 65 41 39.2 13.6
En el caso de los noticiarios de televisión de paga la tendencia en cuanto al uso de las palabras “crimen organizado”, “narcotráfico” y “cártel”, es similar a lo que sucedió en televisión abierta. Su frecuencia se redujo 65, 41 y 39%, respectivamente. El uso de “ejecuciones” bajó 15.2%. En cambio, la utilización de las palabras “asesinatos” y “homicidios” se mantiene igual entre un periodo y otro. El uso de la palabra “violencia” disminuyó sólo 13.6%. El monitoreo incluyó la revisión de las portadas de 24 periódicos de la Ciudad de México, en los siguientes periodos: del 1 de diciembre de 2011 al 29 de febrero de 2012; del 1 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012; y, del 1 de diciembre de 2012 al 28 de febrero de 2013. Los periodos de observación corresponden a los tres primeros meses de gestión de la administración de Enrique Peña Nieto (diciembre, enero y febrero), así como el mismo periodo del año anterior, correspondiente al gobierno de Felipe Calderón. De igual forma se incluyen los tres últimos meses de la gestión calderonista, como una forma de medir la cobertura mediática. Los periódicos monitoreados, entre firmantes y no del Acuerdo, son: El Economista, El Financiero, El Gráfico, El Sol de México, El Universal, Excélsior, La Crónica de Hoy, La Prensa, La Razón, Milenio Diario, Publimetro, 24 Horas, El Día, El Nuevo Mexicano, Edomex El Día, Impacto Diario, La Jornada, Ovaciones, máspormás, Metro, Punto Crítico, Reforma, Reporte Índigo y unomásuno. Los noticiarios de televisión abierta revisados corresponden a Canal 2, Foro TV, Canal 7, Canal 9, Once TV, Canal 13, Canal 40, Canal 22, Cadena Tres, Canal 34 y Milenio TV. Los canales de TV de paga son Milenio TV, Canal 52, Tele Fórmula, Canal del Congreso, Canal Judicial, Efekto TV, TV UNAM, TVC.
RECOMENDACIONES A los medios de comunicación 1. Mantener la publicación de información relacionada con la violencia asociada con delitos de delincuencia organizada, acorde con su impacto social, en un contexto que permita a las audiencias la comprensión del fenómeno y la atención por parte del Estado. La no publicación de notas sobre el tema abona a la impunidad, pero no desaparece la violencia. 2. Los medios de la Zona Metropolitana del Distrito Federal deben replantear los criterios que determinan cuándo los hechos de violencia deben trascender o no el ámbito informativo local para ocupar un lugar en sus agendas, conforme a los criterios de relevancia e interés público. 3. Dar seguimiento periodístico a los temas relacionados con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de la violencia, el castigo a los perpetradores y la responsabilidad del Estado para lograrlo. El cambio de titulares en la administración pública no exime de responsabilidad a las instituciones. 4. Evitar dar difusión a la exhibición de personas detenidas por las autoridades preventivas y ministeriales (antes de que un juez dicte auto de formal prisión o de vinculación a proceso), práctica que convierte a los medios de comunicación en agente activo en la comisión de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos.
A las fuentes gubernamentales 1.El gobierno federal y los gobiernos locales deben transparentar su política de comunicación social en materia de seguridad y justicia. El objetivo de dicha política debe ser mantener un flujo informativo que permita a la sociedad conocer los hechos relacionados con delitos de delincuencia organizado en toda su complejidad, en su adecuada dimensión, de manera oportuna. 2. La Presidencia de la República y los gobiernos estatales deben homologar las políticas de comunicación social en materia de seguridad, a partir de los más altos estándares de protección de los derechos humanos y rendición de cuentas. 3. En el contexto de la nueva política de comunicación social del Gobierno Federal, el Ministerio Público y los voceros de las fuentes de seguridad deben dar a conocer la etapa en la que se encuentra el proceso penal en el momento de emitir un comunicado de prensa o una declaración pública sobre una persona detenida. Deben evitar dar por resuelto un caso cuando las personas detenidas no han sido consignadas ante un juzgado penal. 4. El Poder Judicial debe informar sistemáticamente del inicio de procesos penales, a partir de la etapa del auto de formal prisión o de vinculación a proceso, así como de los delitos imputados, a fin de garantizar el principio de máxima publicidad.
5. El Poder Judicial debe informar de las resoluciones de los jueces penales, en los casos de sentencias condenatorias, absolutorias o amparos, así como las causas. También cuando determina auto de formal prisión o de libertad con reservas. 6. Las procuradurías y fiscalías deben proteger los derechos de las y los menores de edad involucrados en hechos de violencia y evitar criminalizarlos. 7. Las procuradurías y fiscalías estatales deben evitar exhibir a las personas detenidas ante los medios de comunicación generando juicios paralelos. 8. En cuanto a los casos de agresiones contra medios de comunicación y periodistas, recomendamos un manejo responsable de la comunicación por parte de todos los funcionarios involucrados. Las autoridades deben poner el ejemplo de respeto por la labor periodística.
CAPÍTULO I ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOBRE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA Nuevas facultades de Gobernación en materia de comunicación social El cambio en la estrategia de comunicación de la Presidencia de la República se fundamenta en ajustes al marco jurídico, que dan a la Secretaría de Gobernación el control de esa política, así como la de seguridad. El 2 de enero de 2013, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que incluye diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Secretaría de Gobernación tiene las siguientes facultades, de acuerdo con la fracción XXVII del artículo 27: Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal; desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes; y establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos. Según la fracción XXXIX: Formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector Público Federal; Según el numeral XL: Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público. Además de presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en ausencia del presidente de la República, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le asignaron a la Secretaría de Gobernación las funciones que antes tenía la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que desapareció con los cambios. Instrucciones al cuerpo diplomático para “hablar bien de México” El martes 8 de enero, el presidente Peña Nieto solicitó al cuerpo diplomático hablar bien de México. Mientras hay países con dificultades financieras, incluso algunos han estado al borde del colapso, México ha tenido fortaleza y certidumbre económica, además de que cuenta con sólidas instituciones y una democracia que sirve al cumplimiento de mayores resultados. “Para el cuerpo 10
diplomático, estoy seguro, será una gran oportunidad de servir a su país, porque tiene en sus manos la responsabilidad de prestigiar a México en el mundo”, dijo. Por ello, ser embajador o cónsul en este gran momento que está viviendo el país debe ser una gran oportunidad de vida de poder representar a México ante distintos países y que “mediante su testimonio se reposicione a México como la gran nación que es”. Peña Nieto habla de violencia y narcotráfico en el extranjero, en México no Durante una visita a Santiago de Chile, donde participó en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente Peña Nieto habló sobre la estrategia de su gobierno contra la violencia y dijo que legalizar las drogas no es la solución al problema del narcotráfico. Las declaraciones las formuló durante una entrevista con la revista Qué Pasa, citada por los medios mexicanos el viernes 25 de enero.1 El jueves 7 de febrero, los medios mexicanos citaron una entrevista del presidente Peña Nieto con el semanario alemán Der Spiegel, a quien declaró: “debemos aplastar a la mafia”. Aunque en México prácticamente no alude a la violencia y al narcotráfico, en esa entrevista Peña Nieto reiteró que la máxima prioridad de su gobierno es la de reducir los asesinatos y los secuestros. “Pero también debemos aplastar a la mafia. Muchos asesinatos suceden, porque los criminales están luchando entre sí por los mercados”, dijo. La misma declaración se reproduce en otros medios como “tenemos que aplastar a los criminales”.2 Exhibición de personas detenidas ante los medios y apología del delito A partir de sus nuevas facultades, la Secretaría de Gobernación asumió el manejo de la estrategia de comunicación del gobierno federal. Hasta el cierre del informe se enfocó en el tratamiento de la información sobre personas detenidas, en evitar hacer apología del delito y en la difusión de estadísticas relacionadas con la incidencia delictiva y las tareas realizadas.
Peña Nieto dijo en esa entrevista lo siguiente:“El verdadero problema de México es la violencia. La legalización de algunas drogas no es la solución. Sin embargo, estoy abierto a que se debata. La violencia está relacionada con la falta de oportunidades y con instituciones de seguridad y justicia débiles. Cualquier debate debe darse de manera seria a nivel internacional, o por lo menos hemisférico, incluyendo necesariamente a Estados Unidos. México no puede tomar esta medida de manera unilateral porque resultaría contraproducente”. Sobre las metas para abatir los problemas de inseguridad y narcotráfico, y cómo espera alcanzarlas, Peña Nieto dijo: “Uno de los principales problemas que enfrenta México es devolver a sus ciudadanos la paz y la libertad que les han sido arrebatadas por la violencia. El objetivo de la Política de Estado por la Seguridad y Justicia de los Mexicanos –firmada en diciembre pasado– es reducir los crímenes que más afectan a la sociedad mexicana: los homicidios, el secuestro y la extorsión”. 2 La versión al inglés de la entrevista fue distribuida por el servicio sindicado de The New York Times. El autor le preguntó a Peña Nieto: “¿Qué es más importante: reducir la violencia o atrapar a los jefes del narco?” El presidente respondió: “Nuestra prioridad es reducir el número de asesinatos y secuestros, pero también debemos aplastar al crimen organizado. Muchos de los asesinatos ocurren por la competencia que hay entre los criminales por ganarse los mercados”.
El gobierno federal no ha dado a conocer oficialmente un protocolo de comunicación para el manejo informativo relacionado con la detención de personas, pero se advierte que a partir del 1 de diciembre de 2012, la Policía Federal, el Ejército y la Marina dejaron de exhibir a personas detenidas ante los medios. En varias ocasiones, los medios han publicado que la Secretaría de Gobernación prepara una estrategia de comunicación para dar a conocer información sobre personas detenidas, en el marco del respeto a los derechos humanos pero también para evitar la apología del delito, además de hacer énfasis en la prevención y en la participación ciudadana. “Con ello se busca dejar atrás la presentación de narcotraficantes ante los medios de comunicación, la mención de sus ‘alias’, el nombre del grupo criminal, su antagónico, las escisión o ramificaciones a las que pertenecen, informaron fuentes gubernamentales”. También, las ganancias que obtienen y las propiedades con que cuentan, pero sin dejar de informar.3 Además, no se tiene contemplado utilizar los tiempos oficiales de radio y televisión para difundir las detenciones o presentaciones de los presuntos delincuentes, ya que ello contraviene el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que entre otras cosas prohíbe “...la apología de la violencia o del crimen...” “La información va a ser oportuna, veraz, y deberá contener datos duros que nos permitan formar un criterio o un juicio a partir de lo que como ciudadanos se nos proporciona”, dijo el subsecretario de Normatividad y Medios de Gobernación, Eduardo Sánchez Hernández. La presentación de esa información no debe constituir, en sí misma, una exaltación de la delincuencia o una apología del delito, dijo. “Que no sea un buen pretexto para exaltar la personalidad de los delincuentes y que constituyan un paradigma, un ejemplo a seguir por parte de los jóvenes”, explicó. En el mismo sentido se pronunció la delegación del Estado Mexicano que participó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 14 de marzo,4 en la que los peticionarios y el Comisionado Rodrigo Escobar Gil señalaron los diversos derechos que la exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación violenta. El gobierno mexicano hizo énfasis en que está trabajando en la elaboración de lineamientos para una nueva política de comunicación social en la materia y en que desde la toma de posesión se ha erradicado la mencionada práctica. Caso Florence Cassez La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 23 de enero, de liberar de la cárcel de forma inmediata a Florence Cassez fijó un precedente determinante respecto a los efectos de la exhibición ante los medios de comunicación de personas detenidas, el cual se inscribe en el
Notimex, 22 de enero de 2013 Si bien este evento tuvo lugar afuera del periodo específico que cubre este informe, dada su relevancia y pertinencia se decidió incluirlo en el presente reporte.
sentido de los objetivos del Acuerdo para la Cobertura informativa de la Violencia, que contempla en su punto 5 “no prejuzgar culpabilidades”. La ponencia inicial del Amparo Directo en Revisión 517/2011 presentada en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte de un análisis de la transmisión por televisión en vivo de la recreación ilegal de la detención de Florence Cassez. El análisis “La escenificación ajena a la realidad” detalla los videos de lo que salió al aire el 9 de diciembre de 2005 por las dos principales cadenas de televisión del país como parte fundamental para la comprensión de los hechos y la resolución a la que llegaron los ministros.5 De acuerdo con el documento, “esta Primera Sala considera que claramente se observa un efecto corruptor en el presente caso como consecuencia de la conducta indebida y arbitraria de los miembros de la Agencia Federal de Investigación al exponer a la quejosa ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros”. Además, “el hecho de que las autoridades orquestaran un montaje mediático generó un efecto corruptor de todo el proceso porque, además de que la sociedad entera fue sugestionada, también lo fueron las personas involucradas en el proceso, viciándose la fiabilidad de sus declaraciones. Esta situación resulta inadmisible y peligrosa en un estado democrático de derecho, pues la probabilidad de ocasionar una identificación errónea e irreparable en contra de la quejosa estuvo latente desde ese momento. Este peligro aumentó considerablemente, cuando, como se ha establecido en la presente sentencia, la escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir hechos ajenos a la realidad, situación que produjo, desde un inicio, la manipulación de las circunstancias y hechos que constituyen el objeto de la investigación”. “Por todo lo anterior –se agrega–, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el efecto corruptor imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio incriminatorio, el cual es la base de todo proceso penal y que en este caso se tradujo, esencialmente, en el testimonio de personas que fueron parte de la escenificación ajena a la realidad y que pudieron verse influenciadas por aquélla. Al respecto, es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, el efecto corruptor, al haber subvertido el material probatorio, impide determinar la culpabilidad de la quejosa en los términos ordenados por nuestra Constitución”.
Difusión de estadísticas oficiales Los medios han reportado los datos preliminares sobre indicadores en materia de seguridad, difundidos por la Secretaría de Gobernación. Las estadísticas incluyen el número de “presuntos delincuentes abatidos” por rivalidad delincuencial, detención de personas y decomisos realizados por diferentes corporaciones federales y las Fuerzas Armadas.
Ver: “Acta Amparo Directo en Revisión 517/2011”
“En lo que respecta a los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada, se registró una disminución de 35 casos, al pasar de 1,139 en diciembre pasado a 1,104 en enero. De estos últimos, 1,068 son presuntos delincuentes abatidos, 30 servidores públicos caídos en el cumplimiento de su deber y 6 personas presumiblemente ajenas a los hechos”. Los comunicados de prensa son emitidos por la Secretaría de Gobernación e incluyen datos preliminares sobre indicadores en materia de seguridad, elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Procuraduría General de la República (a partir de la información reportada por la misma PGR y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como por la Policía Federal). El domingo 17 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que en los dos primeros meses de la presente administración federal, el Ejército detuvo a mil 157 personas como resultado de las diversas acciones emprendidas contra el crimen organizado (552 en diciembre y 605 en enero). Se observa que en la difusión de estadísticas no se informa cuántas personas fueron remitidas al Ministerio Público de la Federación, o al Ministerio Público del fuero común, según corresponda. De acuerdo con lo publicado en los medios, tampoco se dio a conocer si las detenciones se realizaron en flagrancia o en apoyo a las corporaciones para la cumplimentación de órdenes de aprehensión obsequiadas por jueces. COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LOS ESTADOS El subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez Hernández, anunció que, en la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal propondrá a los gobernadores y jefe del Gobierno del DF una serie de lineamientos en el manejo informativo, para uniformar la estrategia de comunicación. La propuesta no se ha presentado formalmente. Entre tanto, se observa una falta de sintonía entre las estrategias de comunicación del orden federal con las estatales para informar sobre los temas relacionados con delitos de delincuencia organizada. Se observa que la mayoría de los gobiernos estatales continúa con la práctica de exhibir ante los medios a las personas detenidas aún cuando se trate de delitos del orden federal, en dar a conocer sus alias e identificar a los grupos criminales a los que supuestamente pertenecen. Práctica de identificar a los grupos criminales El lunes 28 de enero, en el contexto de la reunión del gabinete de seguridad federal en Toluca, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo por televisión el nombre de los supuestos grupos criminales que se disputan el centro del país. Algunos medios nacionales colocaron la declaración del mandatario entre las notas principales de su portal esa mañana.6
Ver: “Guerreros Unidos y Familia, en guerra por Edomex: Eruviel”
En un noticiario matutino de televisión se preguntó al gobernador del Estado de México qué pasa en la entidad, en relación a los asesinatos recientes. Eruviel Ávila respondió: “–Se ha dado en los días recientes un conflicto entre bandas de delincuentes, de la delincuencia organizada que están peleándose la plaza…” “–¿Qué bandas?” “–Hablamos de la Familia Michoacana, hablamos de los Guerreros Unidos, así se les conoce, que operan no únicamente en el Estado de México sino en la región centro de la entidad, lo mismo en Michoacán que en Guerrero, DF por ejemplo, y desde luego Estado de México. Reconozco que, efectivamente, se incrementó estos días esta circunstancia, se están peleando entre ellos pero como dije hace unos días, no voy a permitir que el Estado de México sea un escenario, sea una arena en el conflicto de estas bandas. Hemos actuado, lo más importante es que no haya impunidad. La semana pasada detuvimos a diez implicados con estos hechos, ya están siendo consignados ante la autoridad judicial”.7 A diferencia de la estrategia del gobierno federal (de no identificar a los grupos criminales), el gobierno del Estado de México difunde el nombre de los que presuntamente se disputan la región, así como el nombre y apodos de los presuntos líderes. El mismo lunes 28, un medio publicó detalles de la estrategia para abatir la violencia en la región. En su nota y encabezado principal señala: Los líderes de la organización criminal “La Familia Michoacana” identificados como “El Tuzo” y “El Pez” son la prioridad para áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y miembros de las fuerzas castrenses, ya que han sido reconocidos como los principales operadores materiales e intelectuales de las ejecuciones registradas durante las últimas dos semanas en la ZMVT.8 La PGJDF suspende la exhibición de personas detenidas El martes 2 de abril de 2013, la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó una serie de modi caciones al Protocolo para la Presentación ante los Medios de Comunicación de Personas Puestas a Disposición del Ministerio Público. En suma, anunció la suspensión de la práctica de exhibir ante los medios a las personas detenidas.9 Sin embargo, el protocolo permite dar a conocer fotografías de los detenidos, excepto de menores de edad. El documento establece que: Serán presentadas las fotografías ante los medios de comunicación, de las personas que se encuentren puestas a disposición del Ministerio Público, cuando hayan sido detenidas en flagrancia o caso urgente, en los supuestos siguientes:
Ver: “La Familia y Guerreros Unidos, responsables de violencia en Edomex” Ver: Fuerzas armadas van por líderes de “La Familia Michoacana” 9 El acuerdo pueden consultarse en este link: Gaceta Oficial del Distrito Federal. Su publicación está fuera del periodo del reporte, pero su relevancia por su relevancia lo incluimos en esta ocasión.
a) Que se trate de delitos graves así considerados por la Ley y se presuma que el probable responsable pudiera estar relacionado con otras conductas delictivas en razón del modus operandi, la estadística criminal de la coordinación territorial, y que de la presentación de las fotografías pudiera derivar que sea identificado por otras víctimas del delito; o, b) Que se trate de delitos considerados como de alto impacto social, que son aquellos que por su naturaleza, riesgo social, circunstancias personales de las víctimas y probables responsables, bien jurídico tutelado, monto tratándose de delitos patrimoniales y todos aquellos casos que sea tras cendente informar a la ciuda danía de la detención del probable responsable. Apenas el miércoles 6 de febrero de 2013, la Gaceta Oficial del Distrito Federal había publicado un Acuerdo firmado por el procurador General de Justicia del DF, Rodolfo Fernando Ríos Garza, mediante el cual se agregan un par de cambios a su mecanismo para la exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación. Ese contraste, entre la política de comunicación que impulsa el Gobierno Federal y la del gobierno capitalino, se habíe hecho evidente en la audiencia ante la CIDH celebrada el 14 de marzo. La procuraduría del DF, representada por el subprocurador Jorge Antonio Mirón Reyes, había dejado ver que el gobierno capitalino continuaría con las presentaciones y enfatizó que el protocolo no ha sido calificado como violatorio de derechos humanos por ningún juez federal ni como inconstitucional por la SCJN. El funcionario hizo énfasis en los “resultados positivos” de la exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación, entre los que se encuentran el fortalecimiento de las acusaciones, así como de la cultura de la denuncia y el derecho a la información. Sin embargo, finalmente la Procuraduría de Justicia del DF optó por suspender la presentación de personas detenidas ante los medios, en el contexto de anuncios similares realizados por las autoridades de Nuevo León y Chihuahua, de eliminar esa práctica, aunque esas entidades no habían emitido un protocolo formal al cierre de este informe. Según lo difundido en los medios, también darán a conocer a personas detenidas mediante fotografías en casos relevantes. El Observatorio considera que la suspensión de la práctica de exhibir ante los medios a las personas detenidas representa un avance fundamental para garantizar el principio de presunción de inocencia. No obstante, la opción de dar a conocer fotografías de detenidos cuando “se trate de delitos considerados de alto impacto social” puede prestarse a prácticas violatorias de los derechos humanos y del debido proceso. Filtración de documentos e identificación de testigos protegidos en caso de los generales A pesar de que la Secretaría de Gobernación es la responsable de la comunicación social del gobierno federal, el Observatorio ha detectado que aún persiste la práctica de filtrar información reservada y documentos oficiales a los medios de comunicación.
El martes 22 de enero de 2013, diversos medios difundieron un oficio mediante el cual la Procuraduría General de la República admite ante un juez federal que no ha podido corroborar los dichos de “Jennifer” y “Mateo”, los testigos colaboradores que presuntamente involucraron al general Tomás Ángeles Dauahare y otros militares con el crimen organizado. En medios se publicó que “Jennifer es Roberto López Nájera, un abogado que sirvió a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, operador de los Beltrán Leyva, mientras Mateo es Sergio Villarreal, El Grande, segundo al mando en ese cártel hasta que la Marina lo detuvo en 2010”. 10 Al día siguiente, 23 de febrero, se publicó que otras fuentes “señalaron que la PGR no ha interpuesto ningún recurso para desistirse de las acusaciones en contra de Ángeles Dauahare, así que el juicio que inició hace cinco meses se mantiene en curso”. 11 En contexto, la mayoría de los noticiarios de radio y televisión citan el dato de que la PGR reconoció que no existen pruebas contra los militares que son procesados por delitos relacionados con delincuencia organizada, excepto el dicho de los testigos colaboradores. Un medio publicó en su portada el siguiente titular: “Jennifer, acusador de Generales a sueldo de la PGR”. Señala, además, que “con declaración de Roberto López Nájera, del cártel de Los Beltrán Leyva, se sustentó el caso contra Tomás Ángeles y Roberto Dawe, que ya se cayó”. Práctica de presentar avances como sentencias, en violación de seis españolas El caso de la violación de seis turistas de origen español que pasaban el fin de semana en Acapulco acaparó la agenda de los medios durante varios días, a partir de la agresión cometida durante la madrugada del 4 de febrero de 2013. La prensa internacional, particularmente los medios de España, dieron una amplia cobertura al seguimiento que dieron las autoridades de Guerrero. El miércoles 13, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, encabezó una conferencia de prensa junto con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, para dar a conocer que el caso se había resuelto. El jueves 14 de febrero, la mayoría de los medios impresos y audiovisuales publicó la versión de que hay “seis detenidos confesos” de la violación de seis españolas. El procurador Murillo Karam dijo que: “Este caso está con toda seguridad resuelto” y que falta de capturar a uno de los agresores.12 Sin embargo, en las notas informativas se omitió aclarar que las personas detenidas no habían sido consignadas ante un juez al momento de realizarse la conferencia de prensa el miércoles 13 de febrero por la tarde. Tampoco se informó en manos de qué autoridades se encontraban.
Ver: “Nada corrobora dichos contra general Ángeles Ver: “Firmes, las acusaciones contra generales: PGR” 12 Notas: La Crónica de Hoy (1), El Financiero (1), El Sol de México (2), El Universal (1), La Prensa (1), La Razón de México (1), Excélsior (1), Milenio Diario (2), Universal Gráfico (2), Cadena Tres Canal 28 (1), Canal 13 (2), Canal 2 (2), Canal 34 (2), Canal 4 Foro TV (6), Canal 9 (1), Canal40 (1), Efekto TV (1), Milenio TV (8).
El procurador Murillo Karam dijo en la conferencia de prensa: “tenemos seis detenidos confesos, con el relato pleno de lo que sucedió. Faltaría por tener solo a uno de los identificados en este proceso (…) Este caso está con toda seguridad resuelto, pero no es el único”.13 Los servidores públicos federales y estatales negaron la versión de que hubo detenciones ilegales y que los detenidos fueron torturados, como lo señalaron algunos familiares que participaron en manifestaciones por considerar que sus parientes son inocentes. Vidal Diazleal Ochoa, comisionado de la Policía Federal Ministerial, presente en la conferencia de prensa, dijo que todo se basó en un “trabajo de inteligencia” y aseguró que “no hay lugar a dudas” de que se trata de los responsables de la violación. “Los que no tengan absolutamente nada que ver, quedarán libres”, dijo Murillo Karam, quien reiteró que el caso fue “un éxito rotundo de investigación policial y de inteligencia”. Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre Rivero negó que se pretenda fabricar cargos, como denunciaron familiares de los detenidos en los bloqueos de la Costera del puerto el martes y el Bulevar de las Naciones el miércoles. “No pretendemos en ningún momento llevar a la cárcel a chivos expiatorios ni a inocentes”, dijo. Aunque los voceros del gobierno federal han reiterado que no darán a conocer datos personales de las personas detenidas, en este caso el nombre y apellidos de los presuntos responsables del delito de violación fueron filtrados a los medios de comunicación (incluyendo los de un menor de 16 años) y, en algunos casos, publicados.14 Para el viernes 15 de febrero, la cobertura informativa sobre el caso de violación de seis turistas españolas en Acapulco prácticamente desapareció de los principales titulares de los medios audiovisuales y de las portadas de la prensa. Algunos medios no publicaron ninguna nota sobre la cobertura del caso y otros citaron cables de agencias españolas que dan seguimiento al mismo. En ese contexto se divulgó que los presuntos violadores serían trasladados a Ciudad de México para el careo con las víctimas, según declaró el comisionado de la Policía Federal Ministerial, Vidal Diazleal Ochoa, en el noticiario de radio Imagen Informativa. El servidor público federal dijo que los seis detenidos y un séptimo que está prófugo no forman parte de un grupo del crimen organizado, sino que “son delincuencia común”. “Son asaltantes que entraron a la casa (rentada por el grupo de españoles) para robar”, pero termina en “los lamentables hechos que ya conocemos”, dijo Vidal Diazleal Ochoa. 15
Ver: “PGR: seis confiesan violar a españolas Ver: “PGR: ‘caso resuelto’, la violación de españolas” y “PGR informa que hay 6 detenidos confesos por caso de españolas” y “Caen violadores de españolas” 15 Ver: “Violadores de españolas llegarán hoy al DF para careo”
Se observa que la declaración del procurador General de la República y su reproducción en los medios –sin contexto– puede contribuir a la realización de juicios paralelos, considerando que al momento de la conferencia de prensa no se habían imputado cargos en contra de los detenidos ante un juez. El procurador Murillo Karam tampoco aclaró si el Agente del Ministerio Público de la Federación actúa sólo como coadyuvante en el caso, o si fue ejercida la facultad de atracción del expediente de investigación por el orden federal. El Observatorio reitera la necesidad de señalar la etapa en la que se encuentra un proceso judicial para no generar confusión en las audiencias. En cualquier momento debe recordarse que los tiempos mediáticos no se corresponden con los tiempos judiciales y que no todo avance investigativo es una sentencia definitiva que cierre el caso. En este contexto el Observatorio recuerda que el Quinto punto del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, relativo a los criterios editoriales, recomienda el establecimiento del principio de “No prejuzgar culpables”. Las autoridades a veces tratan de mostrar eficacia en la lucha contra el crimen presentando ante los medios a detenidos en condiciones que cancelan su presunción de inocencia. Si bien, de acuerdo con las autoridades, los seis detenidos en Acapulco están confesos, son inocentes en tanto no cuenten con una sentencia condenatoria. Asimismo, los medios deben exigir información oportuna y veraz sobre las detenciones y, en general, sobre la actuación del gobierno en sus acciones e investigaciones. Asesinato de un niño que fue exhibido como homicida múltiple El viernes 1 de marzo de 2013, algunos medios difundieron que durante la madrugada del jueves 28 de febrero fueron localizados seis cadáveres en una terracería a 30 kilómetros de la capital de Zacatecas, cuatro mujeres y dos hombres, con señas de haber sido torturados y asesinados a balazos. Entre las víctimas se encontró a un adolescente de 13 años. El menor había sido detenido el 4 de febrero junto con ocho personas, presuntamente por vínculos con el crimen organizado. Las autoridades lo señalaron como responsable confeso de al menos 10 homicidios y lo dejaron en libertad, por tener entonces 13 años con seis meses. El menor fue puesto en libertad y bajo vigilancia de su madre, mientras se seguía una investigación, según informó el procurador Arturo Nahle García. Después, la mamá se presentó a una audiencia, pero el adolescente no. Las autoridades de Zacatecas identificaron al menor como Armando M. pero algunos medios lo bautizaron como “el niño sicario”. Otros publicaron su nombre completo. Se observa que el texto
de las notas informativas no alude a ese adjetivo, pero sí algunos titulares que dan cuenta del asesinato que se difunde en el contexto de un enfrentamiento entre grupos criminales.16 El Observatorio considera que la presentación de la información relacionada con el adolescente, desde su detención, puesta en libertad y asesinato, por parte de algunos medios, constituye la realización de un juicio paralelo que viola los derechos humanos del menor, al igual que el uso de la frase “niño sicario”. Las autoridades no antepusieron los derechos del menor al exhibirlo como responsable confeso de varios homicidios, a sabiendas de que era inimputable, a fin de generar la percepción de que esos casos ya están resueltos aunque no exista ninguna evidencia para demostrarlo. Si bien el procurador de Zacatecas argumentó que el menor era inimputable en términos de la Ley de Justicia para Adolescentes, lo cual fue reproducido por los medios, se advierte que el Gobierno del Estado fue omiso en su responsabilidad constitucional de velar por los derechos del menor, así como en el cumplimiento de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde mayo de 2000. Se observa que los medios tampoco ofrecieron un contexto para dimensionar las declaraciones del procurador de Zacatecas y ubicarlas en el marco jurídico vigente para garantizar el pleno desarrollo del menor, que es responsabilidad del Estado. El Estado es responsable de permitir la permanencia del menor en un entorno no adecuado para su sano esparcimiento y desarrollo infantil, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. (…) “El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.
Ver: “Hallan con tiro de gracia a niño sicario en Zacatecas”; “Asesinan a 'niño sicario' que fue liberado en Zacatecas”; “Ejecutan a "niño sicario" en Zacatecas”; “Asesinan al niño sicario y su mamá”; “Asesinan a ‘niño sicario’ en Zacatecas”; “Torturan y matan a un niño sicario en Zacatecas”; “Asesinan al "Niño sicario" en Zacatecas”“El ‘niño sicario’ entre las víctimas encontradas en Morelos, Zacatecas”.
COBERTURA GENERAL DE LA VIOLENCIA POR LOS MEDIOS Tratamiento informativo de la violencia en el DF El domingo 13 de enero de 2013, por primera vez desde 2006, la violencia en el Distrito Federal ocupó un espacio relevante en la agenda de los medios, tras el asesinato de al menos 22 personas. Los hechos causaron una crisis de comunicación en el Gobierno del DF, pues durante tres días se difundió información de distintas dependencias con cifras diferentes. Las autoridades dieron a conocer que, en su mayoría, no existía conexión entre los asesinatos con la delincuencia organizada, pero los medios publicaron encabezados y notas que se refieren a “ejecuciones”, palabra que tiene una connotación que remite a homicidios relacionados con el crimen organizado. El lunes 14 se observó una inusual cobertura de la violencia en el DF por parte de los medios audiovisuales.17 Adicionalmente, la mayoría de los medios destacó el martes 15 de enero el asesinato de 16 personas en el Estado de México y las declaraciones del jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, quien habla de garantizar la seguridad en la capital del país y afirma que no habrá impunidad. También dice que no operan grupos criminales en la Ciudad de México.18 Algunos medios utilizaron la palabra “ejecuciones”, atribuida al procurador de Justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, en relación a los asesinatos cometidos el fin de semana: “Son hechos aislados y tampoco están relacionados a ejecuciones o la delincuencia organizada”, dijo. Se detectaron periódicos que incluyen recuentos de “ejecuciones”. En ese contexto, el martes 16 de enero, la mayoría de los medios impresos se ocupó en forma relevante de la violencia en el Distrito Federal y la Zona Metropolitana, aunque a partir de enfoques distintos.19 En la cobertura sobresale un reportaje del periodista Víctor Hugo Michel, quien mediante solicitudes de acceso a la información a diversas dependencias del DF documentó que, en los últimos seis años, 43 presuntos delincuentes y 16 policías perdieron la vida durante enfrentamientos en las calles del DF.20 De igual forma, documentó que entre 2006 y junio de 2012 se cometieron 4,948 asesinatos en la Ciudad de México.
Notas: 104.1 Radio Fórmula (3), 690 La 69 (1), 790 Formato 21 (3), 90.5 Imagen (2), 96.9 WFM (3), Cadena Tres Canal 28 (3), Canal 2 (4), Canal 4 ForoTV (3), Canal 52 (1), Milenio TV (2) 18 Ver: “Mancera: el DF, libre de cárteles” 19 Ver: “Ejecutan a 16 personas en municipios de Edomex”; “Mancera ofrece parar ola violenta; en cinco días, 25 asesinatos”; “GDF: atípicos, los 23 asesinatos en 3 días” 20 Ver: Entre 2011 y 2012 hubo 95 balaceras en el DF
Los datos también fueron expuestos en el noticiario de televisión Milenio Noticias, donde se enfatizó –al igual que en el periódico– que tales cifras “ponen en duda la idea de que el Distrito Federal vive un pico atípico de violencia” y sugieren que la Policía del DF ha incrementado el uso de la fuerza para repeler la delincuencia. El domingo 13 de enero de 2013, la prensa del DF manejó un número de asesinatos diferente, al sumar los cometidos entre viernes y sábado o sólo el sábado. En ninguno de los casos la información fue atribuida a una oficina de comunicación social. Las notas citaron fuentes anónimas de la Procuraduría General de Justicia del DF y de la Secretaría de Seguridad Pública. La del sábado 12, fue “la jornada más violenta en la capital en el último sexenio y de lo que va de la actual administración; en 2010 y 2012, 6 homicidios en un día”. Además: “Sobre los homicidios de ayer, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga, en algunos casos, la vinculación de las ejecuciones con grupos del narcotráfico”.21 Otros periódicos citaron fuentes de la Secretaría Pública del DF para sustentar el contenido de sumarios de portada como el siguiente: “Autoridades de la capital del país investigan probables ajustes de cuentas e intentos de robo”.22 “Los crímenes, según autoridades de la procuraduría capitalina, son hechos aislados, sin relación entre ellos, pues la mayoría fueron cometidos en el marco de riñas”.23 Entre viernes 11 y sábado 12 de enero, la Procuraduría del DF emitió 9 comunicados de prensa sobre diversos asuntos. Sólo en uno de ellos informa que la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio “atrajo la investigación del triple homicidio perpetrado esta madrugada en un inmueble ubicado en la colonia Las Águilas, Sección Hornos, perímetro de la delegación Álvaro Obregón”. Sólo hasta que varios medios publicaron en primera plana el número de asesinatos cometidos, el domingo 13, la Procuraduría del DF emitió un comunicado de prensa para dar a conocer que se cometieron “13 homicidios dolosos en la Ciudad de México derivados de riñas, agresiones, asaltos, entre otros hechos. En uno de los casos, donde fallecieron dos personas por riña, fue esclarecido y consignado uno de los probables responsables”.24 El vacío informativo fue atendido en forma personal hasta el lunes 14 (cuando el tema no fue incluido en las portadas). Ese día, el procurador del DF, Rodolfo Ríos, ofreció diversas entrevistas en noticiarios de radio y televisión para fijar un posicionamiento en el sentido de que los asesinatos cometidos el fin de no tienen relación con el crimen organizado. La violencia del fin de semana fue “atípica e inusual”, dijo. La escalada criminal en la zona conurbada del DF también se ha atribuido a una confrontación entre grupos criminales. El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, ha declarado que esta
Ver: “Ejecutan a 11 en la Ciudad de México” y “En dos días, asesinan a 19 personas en el DF” Ver: “Día violento, asesinan a 12 en el DF” 23 Ver: “En dos días, asesinan a 19 personas en el DF” 24 Ver comunicado: “Investiga PGJDF homicidios ocurridos en las últimas horas en el Distrito Federal”
ola de violencia se debe a un pleito entre La Familia Michoacana y otras organizaciones delictivas que se disputan el control del territorio mexiquense.25 Cobertura de la violencia en las portadas de la prensa estatal El miércoles 6 de febrero de 2013, los medios del centro del país ocuparon buena parte de su atención en temas de la agenda política y al seguimiento al caso de la explosión en un edificio de Pemex. En cambio, en varios estados, las portadas de la prensa local son acaparadas por titulares que muestran la violencia relacionada con la delincuencia organizada y el fuero común en esas regiones. Las primeras planas de los diarios de Durango, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sonora, Guanajuato y Quintana Roo, reportan diversos hechos de violencia, la mayoría vinculados con delincuencia organizada y su impacto en esas regiones. En resumen, las notas y titulares registraron hechos como los siguientes: El martes por la noche, la presidenta municipal de Gómez Palacio, Durango, Rocío Rebollo, fue víctima de un atentado, después de que un grupo de personas disparó al menos en 15 ocasiones contra la fachada de la casa donde vive. La vivienda estaba sola en el momento del ataque, que también alcanzó la residencia de un empresario.26 La violencia en la zona, que incluye el ataque de grupos criminales a las sedes de las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, ha generado una situación de crisis en las autoridades estatales. El personal de la Vicefiscalía de la Región Laguna-Durango, se encuentra “ante una situación tensa, las renuncias se siguen presentando e incluso ya no hay médico legista de planta, lo cual dificulta los trabajos de esa institución y ante esa situación, ahora es más el personal proveniente de Durango capital, que el que reside en la Comarca Lagunera”.27 También en Durango, tres sacerdotes católicos que fueron privados ilegalmente de su libertad el lunes en el municipio de San Juan de Guadalupe fueron localizados ilesos por las autoridades, después de que fueron abandonados en sus captores, uno de los cuales murió al volcar la camioneta que habían despojado a los religiosos.28 De igual forma, los medios de Chihuahua reportaron en sus titulares de portada los más recientes hechos de violencia, relacionados con los homicidios de los dueños de un lote de venta de autos y de centros nocturnos.29 En Tijuana hubo un tiroteo en el que perdieron la vida un policía estatal y un presunto agresor. Del hecho se ocupa la prensa estatal en sus portadas.
Ver: “Ola de homicidios bordean la capital y zona conurbada” Ver: “Atacan viviendas de edil de Gómez Palacio y Carlos Herrera” (El Siglo de Durango); “Balean casa de alcaldesa” (El Siglo de Torreón); “Balean la vivienda de alcaldesa de Gómez” (Milenio Laguna). 27 Ver: “Sufre crisis Vicefiscalía” (El Siglo de Torreón) 28 Ver: “Mata a PEP 1 delincuente y es abatido” 29 Ver: “Asesinan con ‘cuerno de chivo’ a comerciante” “Muere a tiros el dirigente estatal de bares y antros”
En Hermosillo, los diarios locales dieron cuenta en sus primeras planas del hallazgo del cuerpo de un hombre cuyos restos fueron arrojados en al menos dos puntos de la ciudad.30 En el encabezado principal de un diario se leía: “Sicarios en motocicleta balean a poli”. En la nota se agrega: “Al menos cuatro hombres a bordo de motocicletas intentaron levantar a un eleme nto de la Policía Municipal de León la noche de ayer luego de que había concluido su jornada laboral. Y al resistirse resulto herido por dos impactos de bala”.31 En el mismo sentido, en un encabezado principal se advirtió sobre el impacto de la violencia en Cancún. En el titular se leía: “Inseguridad derriba las inversiones”; y en el sumario: “La percepción de violencia que se tiene de ciertas regiones de México en otros países provocó pérdidas por 300 millones de dólares a Cancún, en el sector inmobiliario turístico en 2012”.32 Cobertura informativa de la violencia en La Laguna La cobertura informativa de la violencia en la Comarca Lagunera ha ocupado espacios relevantes en los primeros tres meses de gestión del presidente Peña Nieto. La región se ha calificado como una de las más violentas del país, junto con Acapulco, por el número de asesinatos cometidos y diferentes ataques a las autoridades, a medios de comunicación y a corporaciones de los tres órdenes de gobierno. El fin de semana previo al lunes 21 de enero de 2013, la detención de 158 policías municipales de Gómez Palacio y Lerdo, a los que la Fiscalía General de Durango vinculó con delincuencia organizada, ocupó los principales titulares de los medios de comunicación del centro del país. Sin embargo, el lunes el seguimiento al tema prácticamente desapareció de la agenda mediática del DF, no así en la región.33 Los medios locales publicaron que elementos del Ejército y de la Policía Federal se sumaron a las tareas de vigilancia en La Laguna, donde se han cometido más de 140 asesinatos en un mes. Gómez Palacio y Lerdo se encuentran “sin ley”, según El Siglo de Torreón. El viernes 18 de enero, con apoyo del Ejército, fueron detenidos 158 trabajadores de las direcciones de Seguridad Pública de Gómez Palacio y Lerdo. Se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión, dos de ellas en contra de los titulares de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Gómez Palacio, Víctor Hugo Cordero Giorgana, y el director Operativo de Seguridad Pública de Lerdo, Andrés Balderas Pérez.34 El sábado 19 de enero fueron liberados 30 trabajadores administrativos y 50 cadetes, según informó la Fiscalía estatal. Los 158 policías municipales (110 de Lerdo y 48 de Gómez Palacio) permanecen detenidos.
Ver: “Hallan partes mutiladas de un hombre en 2 puntos de Hermosillo” Ver: “Desde moto balean a poli” 32 Ver: “La inseguridad inhibe inversiones en Cancún” 33 Notas: El Sol de México (1), El Universal (1), Excélsior (1), La Crónica de Hoy (1), La Prensa (1), La Razón (1), Milenio Diario (1). 34 Ver: Detienen a 158 Policías; servían al narco: fiscal
La detención colectiva se registró en el contexto de una escalada de violencia en la Comarca Lagunera. La situación es parte de una crisis en las instituciones de seguridad, de procuración y de administración de justicia, asociada por las autoridades a una confrontación entre grupos criminales y la corrupción en las diversas corporaciones. De acuerdo con El Siglo de Torreón, “las instituciones de seguridad y justicia en Gómez Palacio y Lerdo se encuentran desmanteladas, sin cuerpos policiacos para prevenir delitos, agencias del Ministerio Público para recibir denuncias y un centro penitenciario para castigar delincuentes”. “En el último mes –según el rotativo– tras el cierre del Centro de Readaptación Social y los ataques contra la Vicefiscalía para La Laguna de Durango, la estructura de seguridad pública y procuración de justicia en la región ha sido debilitada y la crisis se agravó en la última semana”.35 El martes 19 de febrero, el diario Vanguardia consideró en un titular que el crimen “secuestra la actividad política” en la Laguna. Según el periódico, “a medida que se intensifica la actividad política en la Comarca Lagunera, ante la inminencia de los procesos electorales locales, crece también la violencia que tiene como objetivo a políticos de la zona conurbada de Torreón”.36 Días después, las autoridades de Durango detuvieron a los presuntos integrantes de un grupo criminal a los que atribuyó prácticamente todos los hechos delictivos de alto impacto que se han cometido en La Laguna en lo que va del año. Cuestionamientos a la estrategia de seguridad El Observatorio notó que en términos generales, el escrutinio a la estrategia de seguridad instrumentada durante los primeros 100 días de gobierno se registró en espacios de opinión y no a través de la cobertura informativa, salvo algunas excepciones entre las que se encuentran: “La violencia no se ha ido”: Primero Noticias y Registro de homicidios de Milenio Diario El martes 22 de enero de 2013, el noticiario Primero Noticias transmitió una cobertura especial intitulada “La violencia no se ha ido”, en la que se abordó el impacto de la violencia en ocho regiones del país en el contexto del cambio de gobierno en el orden federal. Los reportajes mostraron un aumento en los asesinatos relacionados con delincuencia organizada, principalmente en La Laguna, así como delitos conexos como el secuestro, la extorsión, el cobro ilegal por derecho de piso, además del asesinato y desaparición de mujeres. Durante la cobertura especial desde Torreón, Coahuila, el conductor comparó la estrategia del actual gobierno con la de Felipe Calderón, que se dedicó a destacar el combate al crimen organizado en su comunicación gubernamental: “llegó el gobierno encabezado por el presidente
Ver Están GP y Lerdo 'sin ley' Ver: “En la Laguna ‘secuestra’ crimen actividad política”
Peña Nieto y su primera estrategia contra el crimen fue una estrategia de comunicación. Sacar al narcotráfico del discurso. Pero que ya no hablen de violencia no quiere decir que la violencia se ha ido”, dijo. En noviembre de 2012, el último mes de la gestión de Felipe Calderón, se cometieron 949 homicidios, según el conteo del diario Milenio, explicó (en las gráficas y en los reportajes se utilizaron indistintamente las palabras “ejecuciones”, homicidios y asesinatos). En cambio, en diciembre, en el primer mes de gobierno de Peña Nieto, se registraron 982 homicidios. Según los datos difundidos por el conductor, el promedio de asesinatos durante la administración de Calderón fue de 27 al día, mientras que en lo que va de la gestión de Peña Nieto se cometen 29 homicidios diarios. Después de los ocho reportajes transmitidos,37 con una duración en conjunto de 49 minutos con 31 segundos, el conductor dijo que para saber “qué piensa hacer el gobierno del presidente Peña Nieto más allá de dejar de hablar del asunto en los discursos oficiales, buscamos una entrevista con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero no tuvimos respuesta, él es el encargado federal de estos asuntos”. “Hasta ahora lo único –dijo– que se sabe del plan Peña contra el crimen son generalidades. Seis líneas de acción que estableció: planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos, coordinación, transformación institucional donde se incluye cambio estructural de la policía, y la integración de las funciones de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación y finalmente evaluación”. Loret recordó que antes del inicio de su mandato Peña Nieto dijo que establecería un plan para disminuir los índices de violencia a corto plazo, “incluso su equipo de transición difundió un documento donde se planteaba reducir al menos en un 50% la tasa de homicidios y secuestros durante el primer año de gobierno”. “Ya como presidente Peña Nieto, matizó y admitió que no habría resultados tan pronto, ni tantos, como lo hemos presentado a lo largo de esta emisión especial de primero noticias desde luego que los resultados no han llegado”, dijo el titular de Primero Noticias. El Observatorio considera positiva la transmisión de este tipo de coberturas especiales porque favorece el derecho de la sociedad a saber. La difusión de los reportajes cumple con los criterios del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, en el sentido de dimensionar adecuadamente la información para explicar el tamaño y dimensión real del problema, cómo afecta a la sociedad y cómo se compara en relación con lo hecho por el gobierno federal anterior.
“La violencia y la inseguridad en Tamaulipas” (07:07 minutos); “La Laguna, la zona más violenta del sexenio” (14:02); “La ola de asesinatos en el DF” (03:47); “Edomex, quinto lugar en homicidios dolosos” (04:59); “La violencia en Jalisco no desciende” (03:21); “Regresa violencia contra mujeres a Ciudad Juárez” (05:12); “Inseguridad en Monterrey alcanza a una guardería” (05:42); “La autodefensa en la Costa Chica de Guerrero” (05:21)
No obstante, también es necesario señalar que, en dos de los reportajes, no se cuidó la imagen de quienes ofrecieron un testimonio en una zona de alto riesgo y se realizaron señalamientos que pueden poner en riesgo la integridad de los aludidos. En el reportaje sobre la violencia en Tamaulipas se transmitieron imágenes de personas en la vía pública que son señaladas con las siguientes palabras: “… a plena luz del día se pueden observar a los halcones de la delincuencia”. En el caso de Torreón se presentan los testimonios de residentes y menores de edad, sin cuidar su identidad, considerando que se refieren a temas de delincuencia organizada. También se cita un mensaje anónimo pintado en una pared con la sangre de un cadáver y en el que se observa la letra “Z”, con lo que el trabajo periodístico pudo convertirse en vehículo para la difusión de voces del crimen organizado. The New York Times cuestiona falta de resultados de Peña Nieto El miércoles 5 de febrero, la mayoría de los medios reprodujo un texto de The New York Times con la versión de que un general presuntamente fue vetado por el gobierno de Estados Unidos para ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional, por la sospecha de que tenía vínculos con la delincuencia organizada. No obstante, la especie fue desmentida por los gobiernos de ambos países. La Secretaría de Gobernación respondió mediante un comunicado de prensa que el presidente de la República “valoró en su oportunidad los perfiles de los generales de división en activo del Ejército Mexicano para seleccionar al secretario de la Defensa Nacional, cargo que recayó en el general Salvador Cienfuegos Zepeda”. En cambio, un nuevo texto publicado en The New York Times el 18 de febrero en el cual se cuestiona la estrategia de seguridad del presidente Peña Nieto, encontró un escaso eco en los titulares de la prensa y de los medios audiovisuales. Para la mayoría pasó inadvertido. El diario neoyorkino publicó que el presidente prometió en campaña disminuir la violencia desatada por los cárteles de la droga y cambiar la estrategia, pero los asesinatos no han cesado. En el reportaje se pregunta si Peña Nieto logrará contener esta situación sin caer en la mano dura de su antecesor, así como cambiar el foco de la discusión nacional a otros asuntos, como la economía. El texto cuestiona al presidente por los resultados que, al momento, ha tenido su administración en materia de combate a la violencia.
CAPÍTULO II VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Ataques a El Siglo de Torreón La Comarca Lagunera se ha convertido en una de las regiones más violentas del país, según lo documentado por los medios. En ese contexto, el periódico El Siglo de Torreón ha sido objeto de un acoso criminal que se ha traducido en el ataque a sus instalaciones y la privación de la libertad de cinco de sus empleados. El jueves 7 de febrero de 2013 cinco empleados del rotativo fueron privados ilegalmente de la libertad durante varias horas. Tras la liberación de los trabajadores, el viernes 8, la empresa determinó que: “Por seguridad de todos los trabajadores, y protección de las víctimas, no informaremos detalles sobre la forma en que ocurrieron estos hechos”.38 La agresión “puso otra vez en relieve las nulas condiciones de seguridad para los medios de comunicación ante la ola de violencia”, según el comunicado difundido en la mayoría de los medios. Prácticamente todos los medios impresos y audiovisuales monitoreados por el Observatorio dieron cobertura al caso y, salvo algunas excepciones, atendieron la petición de no divulgar detalles de los hechos para no poner en riesgo la integridad del personal que fue víctima de privación ilegal de libertad por espacio de seis horas entre jueves y viernes. El secuestro colectivo se registró en días en las que las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno eran objeto de diversas agresiones. La fiscal de Durango dijo que fue víctima de amenazas y, el domingo 10, un vehículo en el que viajaban escoltas del secretario de Seguridad Pública de Coahuila fue atacado a balazos y con granadas. De acuerdo a las autoridades locales, la región Laguna de Durango y Coahuila, “es clasificada zona de guerra por la disputa del territorio” entre al menos dos grupos criminales, lo que provocó el cierre definitivo del penal de Gómez Palacio y un reforzamiento al operativo Laguna Segura, operación que busca combatir al crimen en la región.39 No había pasado un mes después del secuestro de los cinco empleados, cuando el periódico fue víctima de una serie de ataques, en forma directa en indirecta. El martes 26 de febrero al filo de las 18:30 horas, un grupo armado disparó contra las instalaciones de El Siglo de Torreón y contra policías federales que se encontraban vigilando el edificio. El edificio recibió 30 impactos de bala AK-47. Los agresores dispararon desde un vehículo.
Ver: “Postura de El Siglo de Torreón ante la agresión contra 5 trabajadores” Ver: “El Siglo de Torreón decide no dar detalles del secuestro de 5 empleados”
El lunes 25 de febrero por la tarde y el miércoles 27 poco antes de las 13:00 horas, agentes federales que resguardaban las instalaciones del mismo diario fueron atacados por hombres armados. Los agentes permanecen fuera de las instalaciones desde el pasado 8 de febrero, después de que cinco colaboradores del rotativo fueron secuestrados por varias horas. La mayoría de los medios de comunicación expresó su solidaridad con El Siglo de Torreón. Las instalaciones del periódico habían sido atacadas en 2009 y 2011. El jueves 28 de febrero, en un editorial sobre su aniversario 91, El Siglo de Torreón denunció la “ineficacia de las medidas de protección” de las autoridades. “A 91 años de su creación, El Siglo de Torreón, denunció la falta de garantías para el ejercicio periodístico, pero mantiene su compromiso de informar”, se publica.40 El jueves 7 de marzo de 2013, los medios publicaron que la Fiscalía General del Estado de Durango dio a conocer la detención de 21 presuntos integrantes de un grupo criminal a los que atribuye la privación ilegal de la libertad de los cinco empleados de El Siglo de Torreón, los ataques a las instalaciones del periódico y a policías federales que lo resguardan, así como diversos asesinatos, secuestros, asaltos bancarios y los ataques recientes a varias autoridades. Los detenidos, 17 hombres y 4 mujeres, fueron exhibidos ante los medios de comunicación por la Fiscalía General de Durango. Aunque no habían sido presentados ante un juez ni se les habían imputado cargos formalmente, las autoridades dieron a conocer sus datos personales y los señalaron como responsables de casi todos los delitos de alto impacto que se han cometido en la región en lo que va del año.41 De acuerdo con las autoridades, los detenidos son presuntamente responsables de los ataques a la presidenta municipal de Gómez Palacio, Rocío Rebollo (disparos en su domicilio y al edificio de la alcaldía, así como el incendio de varios negocios familiares). Otros delitos que se les atribuye son las agresiones y asesinato de seis agentes de vialidad, el asesinato de una familia (cuatro adultos y un menor) el 24 de febrero, así como varios atentados y homicidios contra servidores públicos de la Policía Federal, de la PGR y de las corporaciones estatales. El Observatorio considera que los nuevos ataques a El Siglo de Torreón representan la máxima expresión de la ineficacia del Estado para proteger a la prensa. Los medios firmantes del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia demandaron voluntad política al gobierno federal y a los estatales para abatir la impunidad en los ataques a medios, asesinatos y agresiones contra periodistas. 42
Ver: “91 años” Ver: “Caen 21 por ataques a El Siglo de Torreón y homicidio de precandidato” 42 Ver: “Nuevo ataque contra El Siglo de Torreón: máxima expresión de la ineficacia del Estado para proteger a la prensa”
Asesinato del periodista Jaime Guadalupe Domínguez González El domingo 3 de marzo de 2013, Jaime Guadalupe González Domínguez, reportero y director del sitio de noticias Ojinaga Noticias, murió tras recibir 17 impactos de bala calibre 5.27×38, conocidas como “mata policías” (porque pueden atravesar un chaleco antibalas). Los medios difundieron que se trata del primer periodista asesinado en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. En el portal de Ojinaga Noticias se publicó que la muerte de su director será la última noticia que saquen, pues “ha sido un atentado contra el periodismo”. 43 El vocero de la Fiscalía General del Estado, Carlos González, dijo a la agencia The Associated Press que el periodista fue acribillado mientras comía tacos y que aún no se ha determinado la identidad de los asesinos ni el móvil del crimen, además de que no tenía información sobre si González Domínguez había recibido amenazas previas.44 Ojinaga, Chihuahua, colinda con Presidio, Texas. Ambas poblaciones sólo están separadas por el Río Bravo.
Ataques a El Diario de Juárez y a Canal 44 de Ciudad Juárez El miércoles 6 de marzo de 2013, durante la madrugada, las instalaciones de El Diario y Canal 44 de Ciudad Juárez fueron atacadas a balazos. Tripulantes a bordo de una camioneta Caravan color gris con vidrios polarizados dispararon en varias ocasiones y con armas de fuego de grueso calibre, contra las instalaciones del periódico y la televisora, que recibieron al menos 7 y 10 veces respectivamente. El doble ataque, del que se reportaron daños materiales, se cometió sólo dos días después del asesinato cometido en Ojinaga, Chihuahua, el domingo 3 de marzo de 2013. El Diario de Juárez es uno de los medios del país que más ha resentido los embates de la violencia. El 13 de noviembre de 2008 fue asesinado el periodista Armando Rodríguez Carreón, y el 16 de septiembre de 2010, el fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco también fue víctima de homicidio. Los dos crímenes permanecen impunes. En el caso del ataque con arma de fuego a las instalaciones de El Diario y de Canal 44, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que presentó a nueve personas ante el Ministerio Público, para que ofrecieran una declaración respecto a los hechos. Se identificó que varios medios de comunicación reportaron que se había detenido a los “responsables del ataque”, información que no se corresponde con los hechos. Asimismo, cabe señalar que la Fiscalía dejó en la libertad a estas nueve personas la tarde de ese mismo día, al no encontrar elementos de prueba en su contra. Las pruebas de radisonato para determinar si
Ver: “González Domínguez, el primer periodista asesinado del nuevo sexenio Ver: “Asesinan a periodista en el norte de México”
dispararon un arma de fuego, los exámenes de células de descamación y los de huellas dactilares resultaron negativos, según las autoridades. A pesar de que en los medios se dio amplia difusión a la presentación para declaración, ello no sucedió con la liberación. El viernes 8 de marzo, El Diario de Juárez fijó una postura tras el ataque con arma de fuego a sus instalaciones. También informó que fueron liberadas las nueve personas que estaban en calidad de “presentadas” ante el Ministerio Público, al no comprobarse su participación en los hechos. “Si bien exigimos –como lo hemos hecho en anteriores embates que hemos padecido– que se aplique una justicia expedita, también planteamos a las autoridades encargadas que realicen su trabajo con detenimiento y seriedad hasta que descubran y capturen a los que, sin lugar a dudas, sean los autores del atentado”. “No aceptaremos que por el apremio de reflejar una simulada imagen de rapidez en la aplicación de la justicia ante los reclamos de dentro y fuera del país, se pudiera llegar al extremo de fabricar falsos culpables”, se agrega en el editorial. 45 Los medios firmantes del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia emitieron un posicionamiento para solidarizarse con los colegas de ambos medios y exigir a las autoridades una rápida investigación de los hechos y castigo a los responsables, además de varias demandas específicas para restablecer las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa.
DEFINICIÓN DE CRITERIOS EDITORIALES A CAUSA DE LA VIOLENCIA Imagen de Zacatecas anuncia que “no publicará en su portada notas rojas” El martes 12 de febrero de 2013, el diario Imagen de Zacatecas anunció que “ya no publicará en primera plana noticias y fotografías alusivas a actos delictivos y enfrentamientos entre grupos delincuenciales, con la finalidad de darles su justa dimensión y tratamiento”. Se trata del primer medio que de manera explícita determina no publicar en su portada información sobre la violencia asociada con el crimen organizado. En su caso, a diferencia de otros medios, la decisión sobre el tratamiento informativo no está relacionada con amenazas o ataques a sus periodistas e instalaciones. “La percepción sobre Zacatecas es que somos un estado dominado por la violencia, las balaceras, los asaltos y secuestros y esa imagen nos perjudica a todos los zacatecanos porque muchos inversionistas no quieren venir al estado y muchos turistas tampoco, por la imagen falsa que existe sobre la entidad”, dijo el presidente y director de Imagen, Luis Enrique Mercado Sánchez. “Esa no es la realidad de Zacatecas, ya que no es cierto que no se puede circular por las carreteras zacatecanas, ni que nuestros pueblos y ciudades están tomados por la delincuencia”, dijo Mercado Sánchez.
Ver: “Juárez, bajo el escrutinio mundial
En el encabezado respectivo de su edición impresa, el periódico anuncia: “Imagen no publicará en su portada notas rojas”. En la nota se explica: Para contribuir a revertir esta falsa percepción del estado, el periódico Imagen ya no publicará en primera plana noticias y fotografías alusivas a actos delictivos y enfrentamientos entre grupos delincuenciales, con la finalidad de darles su justa dimensión y tratamiento, ya que, aseveró, ‘difundir y resaltar los delitos de alto impacto alimentan una imagen violenta de la entidad’. La iniciativa “Por Nuestra Imagen” fue presentada el lunes 11 de febrero, con el propósito de apoyar los esfuerzos de gobierno y sociedad civil por mejorar la percepción que se tiene sobre Zacatecas dentro y fuera del estado. La propuesta fue presentada por el presidente y director general de Imagen, Luis Enrique Mercado Sánchez, teniendo como testigo de honor al gobernador Miguel Alonso Reyes. Zócalo anuncia que no publicará información sobre crimen organizado por falta de garantías El lunes 11 de marzo de 2013, la cadena de periódicos Zócalo de Coahuila (con ediciones en Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Acuña) anunció que a partir de esa fecha se abstendrá de publicar información relacionada con el crimen organizado. “En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo”, señala en un editorial se publica en la portada de las ediciones impresas. Es el segundo periódico del país que anuncia la decisión editorial de no publicar información relacionada con el crimen organizado por motivos de seguridad, tras una serie de agravios cometidos en los últimos cuatro años, incluido el asesinato del periodista Valentín Valdes. El primer periódico en hacerlo fue El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tras ser víctima en sus instalaciones de un ataque a balazos y con un artefacto explosivo, anunció el domingo 13 de mayo de 2012 que “se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufre nuestra ciudad y otras regiones del país”. El martes 12 de febrero de 2013, el diario Imagen de Zacatecas anunció que “ya no publicará en primera plana noticias y fotografías alusivas a actos delictivos y enfrentamientos entre grupos delincuenciales, con la finalidad de darles su justa dimensión y tratamiento”. A diferencia de El Mañana y Zócalo (que lo hicieron por motivos de seguridad) el propósito del periódico Imagen es el de no alimentar la percepción negativa sobre el estado. En ese contexto, Zócalo anunció el lunes 11 de marzo de 2013:46
: Ver: “Editorial”
En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado. Nuestro compromiso es redoblar esfuerzos para superar la calidad informativa y mantener una línea de objetividad e imparcialidad. La decisión de suspender toda información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores, sus familias y la nuestra. El periódico Zócalo ha sido blanco de diversos agravios en los cuatro años recientes. El 7 de enero de 2010 fue asesinado el periodista Valentín Valdés Espinosa y, el 18 de junio de 2010, un artefacto explotó en el estacionamiento de las instalaciones del diario en Piedras Negras. El viernes 8 de junio de 2012, la reportera de Zócalo Saltillo, Stephanía Rodríguez Cardoso, fue vista por última vez tras asistir a una fiesta con motivo del Día de la Libertad de Prensa. Su familia reportó su ausencia y, el 15 de junio, la periodista dio a conocer en un noticiario que se encontraba con vida junto con su hijo de dos años y solicitó la protección de las autoridades. En su cuenta de Twitter, escribió: “Mi vida y la de mi bebé corren peligro”. El entonces presidente Felipe Calderón dijo que se le otorgarían medidas de seguridad a través de la PGR. Hasta la fecha, el asesinato de Valentín Valdés Espinosa y el ataque con explosivos permanecen impunes. Las autoridades no han informado sobre la situación de Rodríguez Cardoso.
PAPEL DEL ESTADO Cambios al Mecanismo de Protección propuestos en el Pacto por México El tema del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (creado a partir de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente desde el 26 de junio de 2012) se encuentra incluido entre los cinco acuerdos del Pacto por México, firmado por el PRI, PAN, PRD y PVEM. 47 En el documento oficial se plantea la creación de “una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil organizada, que se aboque a establecer los mecanismos de protección acordes con las actuales circunstancias”, aunque no se fija un plazo para su cumplimiento. El tema está incluido en el apartado “Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades”.48
Ver: Pacto por México El punto “1.5. Defender los derechos humanos como política de Estado”, que establece el “Fort alecimiento los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas”, señala lo siguiente: “Los ataques del crimen organizado en contra de defensores de los derechos humanos y de periodistas, requiere de una solución de
El Congreso incumple el plazo para reglamentar la reforma Constitucional sobre delitos contra la libertad de expresión Las reformas a diversas leyes secundarias, para armonizar la adición al párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 Constitucional, en materia de delitos contra la libertad de expresión y el derecho a la información, son una asignatura pendiente del Congreso de la Unión. Desde el 26 de diciembre de 2012, el Poder Legislativo falta a un mandato constitucional, tras vencerse el plazo de seis meses para realizar los cambios al marco jurídico. El 25 de junio de 2012, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto mediante el cual se adicionó el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual quedó redactado de la siguiente manera:Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. El decreto también fijó un plazo de seis meses para ajustar las leyes secundarias. El artículo transitorio Segundo establece que “el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto”. De igual forma, el artículo transitorio Tercero señala: “Las autoridades federales podrán ejercer la facultad de atracción a que se refiere el presente Decreto, después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria, que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión”. En el orden federal, deben modificarse al menos las siguientes leyes: el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El martes 5 de febrero, durante la ceremonia para conmemorar el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que están pendientes de reglamentar algunas reformas a la Carta Magna, entre ellas la relacionada con delitos contra periodistas. 49 Comisión Especial de seguimiento a agresiones a periodistas y medios, de la Cámara de Senadores El jueves 7 de febrero de 2013, en la Cámara de Senadores, se instaló formalmente la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, que preside el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Partido del Trabajo.
mucho mayor alcance que el actual mecanismo creado en la Secretaría de Gobernación. Por ello, se creará una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil organizada, que se aboque a establecer los mecanismos de protección acordes con las actuales circunstancias. (Compromiso 29)”. 49 Ver: “Muchos de los preceptos constitucionales no se han cumplido: EPN”
En la sesión de instalación, el presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, urgió a los legisladores a aprobar la ley reglamentaria a la reforma constitucional que permite a la PGR atraer los delitos del fuero común contra periodistas y medios de comunicación. “El Senado cuenta ya con una iniciativa para reglamentar este reforma, con todo respeto, pero también con firmeza, urgimos a los señores senadores y diputados, de todos los partidos, para avanzar en su dictamen”, dijo Ealy Ortiz.50 Se observa que los medios no realizan una cobertura frecuente sobre el desempeño de esta comisión especial y las actividades que realiza en relación al seguimiento de las agresiones a periodistas y medios, como una forma de transparentar su funcionamiento y establecer un mecanismo de rendición de cuentas.
Ver: “Instalan Comisión de Seguimiento a agresiones a prensa”
AGENDA INFORMATIVA Durante la primera quincena de diciembre, sin contar los temas políticos relacionados con el inicio del actual gobierno federal, la agenda de los medios estuvo dominada por la cobertura de los disturbios del 1 de diciembre en el Distrito Federal. El 23% de las notas publicadas en la prensa durante ese periodo fue dedicado a temas relacionados con violencia y crimen organizado (1,067 de 4,625). De 1,067 notas publicadas sobre temas de violencia y crimen organizado, 819 corresponden al tema de los disturbios (76.75%) y 66 al tema de las sentencias de entre 75 y 100 años de prisión a los responsables del incendio en el Casino Royale (6.18%). Otros temas se distribuyeron en menor medida los espacios en los medios: el hallazgo de una fosa clandestina en Zacatecas, la detención de un presunto líder del grupo criminal identificado como Los Zetas, el ataque a balazos contra dos mujeres en el DF y el inicio de un juicio contra 18 mexicanos en Nicaragua. En la segunda quincena de diciembre se publicaron 857 notas relacionadas con violencia y crimen organizado (19.8%, de un total de 4,321 notas difundidas en la prensa). La cobertura mayor la ocupó el asesinato de un presunto delincuente en el Hospital Medica Sur del DF (234 notas, 5.4% del total), además del ataque al medallista olímpico Noé Hernández en un bar (59 notas, 1.36%). Los siguientes temas se distribuyen la cobertura mediática: el asesinato de 20 personas y los enfrentamientos entre grupos criminales en Jalisco y Michoacán; la captura de un presunto líder del grupo criminal Los Zetas, en Juárez, Nuevo León; el asesinato del supuesto líder de Los Zetas en Veracruz; así como el asesinato de nueves personas en Sinaloa. Durante la primera quincena de enero, el 20% del total de notas publicadas en la prensa corresponde a temas de violencia y crimen organizado (608 de 2,928). Entre el número total de notas relacionadas con temas de violencia sobresale la cobertura de la firma del decreto de la Ley General de Víctimas por el presidente Peña Nieto (el 38%). El 8.8% de las notas se ocupa de un ataque a dos bares en Torreón y un porcentaje similar al asesinato de una familia de comerciantes en el Estado de México. Otros temas destacados en la cobertura son: el seguimiento al caso del presunto líder de un grupo criminal asesinado en el Hospital Médica Sur del DF, los 22 homicidios durante un fin de semana en la Ciudad de México, el asesinato de seis personas en Sinaloa, el abatimiento de 11 personas por el Ejército en Zacatecas, el crimen de 13 personas en Jalisco en menos de 24 horas, entre otros. 36
En la segunda quincena de enero de 2013, la agenda mediática relacionada con temas de violencia ocupó el 22.16% del total de notas publicadas en la prensa (1,636 de 7,381). Del total de notas relacionadas con temas de delincuencia organizada, 39% estuvieron relacionadas con la liberación de Florence Cassez. Otro 14.5% se refirió al asesinato de los integrantes del grupo Kombo Kolombia, en Nuevo León. Un 8.8% fue en relación con el número de asesinatos en el Estado de México y 8.6% sobre el juicio al general Tomás Ángeles Dauahare. El resto de temas que fueron resaltados, aunque con menor intensidad, son los de la detención de 158 policías y empleados de Seguridad Pública en Durango por presuntos nexos con la delincuencia organizada, la sentencia de 30 años de cárcel a un grupo de mexicanos en Nicaragua por narcotráfico, así como un enfrentamiento que dejó siete víctimas de homicidio en Jalisco. Durante la primera quincena de febrero, 21.98% de las notas publicadas en la prensa estuvo vinculada con temas de violencia y crimen organizado (1,376 de 6,258). El 29.86% de las notas en relación con la violencia estuvo enfocada en la violación de seis turistas españolas en Acapulco. El 20.93% se dedicó al enfrentamiento entre policías estatales y escoltas del procurador de Morelos; un 12.71% se refirió a la presentación del programa de prevención del delito y 11.99% a un motín en el penal de las Islas Marías. Otros temas relevantes fueron el del secuestro de cinco empleados de El Siglo de Torreón, la detención de un presunto lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, así como el asesinato del alcalde de Nahuatzen, Michoacán. Durante la segunda quincena de febrero, el 22.89% de las notas publicadas en los medios impresos tuvo relación con la violencia (903 de 3,944). El 27% de las notas estuvo relacionada con el tema de los llamados “grupos de autodefensa”, el 21% se trató sobre el supuesto asesinato de Joaquín Guzmán Loera en Guatemala y el 6.75% con la participación de corporaciones de seguridad en la desaparición forzada de personas. Diversos temas también ocuparon espacios en la agenda mediática, como el asalto a 100 alumnos de la UNAM por un grupo armado en Cuernavaca, la liberación de reos por parte de un grupo armado en un penal de Tamaulipas, la desaparición del director de la policía municipal de Nuevo Laredo y el seguimiento al caso de violación de seis españolas en Acapulco.
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