Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-3956-de-noviembre-20-de-1990?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414a75f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-20 19:00:56
Document Index: 316673951

Matched Legal Cases: ['artículo 769', 'artículo 769', 'artículo 65', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 65', 'artículo 65']

﻿ SENTENCIA 3956 DE NOVIEMBRE 20 DE 1990
SENTENCIA 3956 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1990
CONTENIDO:MORA DEL PATRONO, SE PRESUME MALA FE
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, MALA FE, MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EXISTENCIA DE MALA FE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:229 DE ENERO DE 1991, PÁG.14
Sentencia 3956 de noviembre 20 de 1990
MORA DEL PATRONO
SE PRESUME MALA FE
EXTRACTOS: «Quiere la Sala, por vía de doctrina, rectificar el error conceptual que observa en la sentencia del Tribunal para el cual, contrariamente a lo resuelto por esta corporación de tiempo atrás, la mala fe del patrono debe ser probada en el proceso por tenérsele que presumir de buena fe de conformidad con la regla general que trae el artículo 769 del Código Civil.
El artículo 769 del C.C. presume buena fe en el poseedor, es decir en quien tiene una cosa determinada con ánimo del señor y dueño, buena fe que consiste, según los propios términos de la ley, en la “conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio” (art. 768 ibídem).
Esta presunción ha sido ampliada por la doctrina y la jurisprudencia a otros campos del derecho diferentes al de la posesión, hasta el punto de considerarse como regla que quien es deudor en una relación jurídica entre iguales, salvo las excepciones legales, lo es de buena fe mientras no se le demuestre lo contrario. Sin embargo como pasa a verse, no es posible extender también esta presunción a quien tiene a su cargo deudas por salarios y prestaciones sociales.
Es sabido que en la relación sustancial de trabajo las partes no son iguales y que aquí el acreedor de los salarios y prestaciones sociales está en inferioridad de condiciones respecto de su deudor. El derecho del trabajo se ha propuesto desde siempre la compensación de ese desequilibrio estructural mediante la consagración y el perfeccionamiento de normas tuitivas e instituciones protectoras que buscan precisamente compensar la debilidad de quien normalmente está obligado a entregar a otro su fuerza de trabajo a cambio del pago del salario y las prestaciones sociales.
Es que el salario y las prestaciones sociales tienen para el trabajador un carácter vital. Su naturaleza alimentaria ha determinado la necesidad de que la ley los ampare con una serie de garantías tales que permitan que su titular efectivamente los reciba completos y a tiempo y que el deudor deba pagarlos asimismo total y oportunamente, de preferencia a otras obligaciones a su cargo que la ley supone menos urgentes de satisfacer.
De ahí precisamente que la misma Constitución Nacional rodea al trabajo y a los trabajadores de la especial protección del Estado (arts. 17, 32 y 122), protección que en tratándose del salario y las prestaciones sociales, tiene legalmente desarrollo eficaz en figuras como su irrenunciabilidad (CST 14, 142 y 340), la prohibición de cederlos (arts. 142 y 143), su inembargabilidad (arts. 154 y 344), su condición de créditos privilegiados (arts. 157-11 del Decreto 2351 de 1965 y 345) así como en la garantía de su pago oportuno e íntegro (arts. 59-1, 57-4, 65, 134, 136, 140 y 149).
La tutela minuciosa que la ley ha dado a los salarios y prestaciones sociales sería inoperante y sin sentido si el trabajador, además de tener que demostrar su acreencia tuviera que asumir también la carga de probar la mala fe del patrono que dejó de pagarla para obtener el reconocimiento judicial del derecho a la indemnización por mora. Aparte la dificultad práctica que semejante carga probatoria significaría para el trabajador, es evidente que todas las garantías legales que se han enunciado propenden a que el patrono sea en todo caso sumamente diligente y cuidadoso en la liquidación y pago de los salarios y prestaciones sociales que adeude a sus trabajadores, hasta el punto de que si a la finalización del contrato quedan a su cargo deudas insolutas por dichos conceptos, sea suya la carga de demostrar esa diligencia y cuidado que acreditarán su buena fe, exculpatoria de la indemnización por mora.
No es cierto entonces, como lo consideró equivocadamente el tribunal, que la aplicación positiva del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo requiera como presupuesto la demostración por el trabajador de que el patrono particular dejó de pagarle salarios o prestaciones de mala fe; ni que la del artículo 1º del Decreto 797 de 1949 exija al trabajador la demostración de que el patrono oficial dejó de pagarle, igualmente de mala fe, salarios, prestaciones o indemnizaciones. Al contrario, será el patrono particular quien deba acreditar su buena fe para exonerarse de la indemnización por mora cuando a la finalización del contrato haya dejado de pagarle al extrabajador salarios o prestaciones sociales y será el patrono oficial quien deba demostrar asimismo su buena fe para liberarse de la indemnización moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 cuando deje de pagar, dentro del plazo fijado en la norma, los salarios, prestaciones o indemnizaciones que haya quedado debiendo al trabajador a la finalización del contrato.
El Tribunal Supremo del Trabajo, al fijar el alcance del artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo, razonó así:
“Al trabajador corresponde demostrar solamente que al terminar el contrato no le fueron pagados sus derechos, porque es ésta la base objetiva que el art. 65 señala para que la sanción sea procedente. Será en la defensa que asuma el patrono y en los hechos probados en que la apoye, de donde habrá de decidirse en cada caso por el juez si aquella falta de pago es imputable o no a la mala fe y si, de consiguiente, debe o no responder por el valor de los salarios constitutivos de la indemnización moratoria” (sent 1º de junio 1955, “D. del T.”, Vol. XXlI, nums. 127129, pág. G2).
En fallo de 22 de febrero de 1968 dijo la Corte obre este mismo tema:
“El art. 65 del C.S.T. no hace sino introducir una excepción al principio consagrado con carácter general en el 7G9 del C.C., de que la buena fe se presume, salvo cuando la misma ley establece la presunción contraria”.
Precisando el punto para el sector oficial la Sección Primera de la Sala de Casación Laboral en sentencia de 23 de septiembre de 1982 se pronunció así:
“Tiene razón el censor, en principio, puesto que el Tribunal hizo al parecer una aplicación automática de la norma sancionatoria (Decreto 797 de 1949) ya que no se detuvo a examinar la conducta de la demandada, como era de rigor dentro de un recto entendimiento de la ley, como lo ha precisado la jurisprudencia a la que el casacionista alude.
Mas no puede olvidarse que de acuerdo con esa misma jurisprudencia, la carga de la prueba de la buena fe exonerante corresponde al patrono incumplido o moroso, puesto que la referida norma, al igual que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo equivale a una presunción de mala fe que favorece al trabajador perjudicado con el incumplimiento o la mora” (G. J. Nº 2410, pág. 953).
En fecha más reciente esta Sección reiteró esta antigua enseñanza del Tribunal Supremo del Trabajo y de la Sala de Casación Laboral, primero en auto de 24 de agosto de 1988 (Rad. Nº 2264, juicio de Antonia Iguarán contra Morrison Knudsen International Company Inc. ) y luego en sentencia de 15 de septiembre de ese mismo año (Rad. Nº 2390, juicio de Enrique Olea Carmona contra Santiago Heredia)».
(Sentencia de noviembre 20 de 1990. Radicación 3956. Magistrado Ponente: Dr.Hugo Suescún Pujols).