Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-616-06.htm
Timestamp: 2018-01-19 22:52:21
Document Index: 4381949

Matched Legal Cases: ['artículo 209', 'artículo 3', 'artículo 142', 'artículo 131', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 139', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 209', 'artículo 209', 'ARTÍCULO 134', 'ARTÍCULO 135', 'ARTÍCULO 139', 'ARTÍCULO 142', 'artículo 142', 'artículo 82', 'artículo 140', 'artículo 48']

Sentencia T-616/06
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Fundamental/DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Impone el principio de publicidad
A la luz de las regulaciones de la Carta Fundamental (artículos 29 y 209), el debido proceso administrativo impone la publicidad como principio rector de las actuaciones administrativas (artículo 209 C.P. y 3º C.C.A.), de tal manera que la Administración resulta obligada a poner en conocimiento de sus destinatarios, todos aquellos actos que supongan una afectación directa de su situación jurídica. En estos términos, la Carta Política exige que, cuando se trata de definir o derivar la responsabilidad de las personas que pueden ser sujetos de una sanción, la actuación correspondiente se surta respetando el principio de la publicidad. Es decir, las autoridades administrativas resultan obligadas a dar a conocer sus actuaciones mediante las “comunicaciones o notificaciones”, que para el efecto plasme el ordenamiento jurídico (artículo 3º C.C.A).
PROCESO CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIONES DE TRANSITO-Regulación por ley 769 de 2002
PROCESO CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIONES DE TRANSITO-Etapas
PROCESO CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIONES DE TRANSITO-Orden de comparendo
PROCESO CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIONES DE TRANSITO-Audiencia de presentación del inculpado
PROCESO CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIONES DE TRANSITO-Audiencia de pruebas y alegatos
PROCESO CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIONES DE TRANSITO-Audiencia de fallo
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por omisión en la interposición de recursos/ACCION DE TUTELA-Improcedencia para revivir oportunidades jurídicas precluídas
Comparte la Corte las consideraciones expresadas por los jueces de instancia, por cuanto la entidad demandada obró conforme a Derecho al rechazar por extemporánea la apelación interpuesta por el peticionario contra la resolución Nº 65168 de noviembre 17 de 2005, al igual que su solicitud de reposición de su término de ejecutoria por cuanto, siguiendo lo dispuesto en el citado artículo 142, incisos 3º y 4º del C.N.T.T., no había lugar a ninguna determinación en otro sentido, en atención a que dicho recurso solo podía ser formulado y sustentado oralmente dentro de la misma audiencia de fallo, concluida la cual, la providencia adoptada en su interior quedó en firme y adquirió efectos vinculantes. Resulta claro para esta Sala que el actor incurrió en una conducta omisiva injustificada al eludir la carga procesal de acudir al despacho de la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá para enterarse de la nueva programación de la audiencia en cuestión, modificada por petición suya y en protección de sus intereses, de manera tal que se abandonó voluntariamente a las eventuales consecuencias adversas derivadas de su negligente proceder. Por ende, no es posible ahora revivir oportunidades jurídicas ya precluidas, de las que aquel no hizo uso por su propio descuido procesal, conducta que configura una de las hipótesis jurisprudenciales en las que la acción de tutela se torna improcedente, cual es la omisión en la interposición de los recursos o en la sustentación de los mismos dentro de los términos legalmente establecidos.
Referencia: expediente T-1327122
Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil seis (2006).
En noviembre 23 de 2004, el señor Bustamante recibió la orden de comparendo N° 10879770, por incurrir en la infracción consagrada en el literal “d”, inciso 2°, del artículo 131 de la ley 769 de 2002, por la que se dicta el Código Nacional de Tránsito Terrestre (en adelante, C.N.T.T.), a saber: “Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley”.
Llegada esta fecha, la entidad demandada se constituyó en audiencia de fallo, sin la presencia del señor Bustamante, y resolvió con base en las pruebas recaudadas, declararlo contraventor de los artículos 42 y 131, literal “d”, inciso 2º del C.N.T.T., según la orden de comparendo Nº 10879770, condenándolo, por ende, a la sanción prevista en las citadas normas jurídicas para la infracción de tránsito que cometió, esto es, el pago de una multa equivalente a Treinta (30) salarios mínimos diarios. Esta decisión no fue apelada en término, quedando en firme, debidamente ejecutoriada, al finalizar la diligencia.
Al día siguiente, el accionante presentó una petición ante el inspector de la causa, al amparo del artículo 23 superior, en el sentido de reponer todos los términos derivados de su condena, dando trámite al recurso de apelación que formuló en escrito anexo. Esta solicitud fue negada, mediante oficio Nº S.J.-11-07-12-634605 de enero 24 de 2006, argumentando que el recurso de apelación solo procede legalmente cuando es interpuesto y sustentado dentro de la misma audiencia en que se profiere la resolución contra la que se dirige, de manera tal que, al no haber sido así, en el presente caso solo procede su rechazo, por su carácter extemporáneo.
Asimismo, resaltó el Inspector Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá que la inasistencia del inculpado a la audiencia de fallo solo es atribuible a éste por su falta de cuidado y diligencia dentro del proceso contravencional en cuestión, en la medida en que no estuvo atento a informarse sobre la fecha y hora fijadas para su práctica, a pesar de haber sido él mismo quien reclamó y motivó su aplazamiento.
El accionante dentro del presente trámite de tutela exhorta a la autoridad judicial para que proteja sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa material y, en consecuencia, ordene a la autoridad demandada modificar su resolución S.J.-11-07-12-634605 en el sentido de conceder su petición de darle trámite a la apelación que formuló contra la resolución Nº 65168 que lo declaró contraventor de los artículos 42 y 131, literal “d”, inciso 2º de la ley 769 de 2002.
3.1 Mediante auto de diciembre catorce (14) de dos mil cinco (2005), el Juzgado Noveno (9) Civil del Circuito de Bogotá se declara incompetente para conocer, en primera instancia, la acción de tutela que se revisa por cuanto la entidad demandada corresponde a una autoridad del orden distrital. En consecuencia, conforme lo dispone el artículo 1º, numeral 1º, inciso 3º del decreto 1382 de 2000, ordenó su remisión a la Oficina judicial – Reparto de Bogotá para que verificara las diligencias respectivas ante los Jueces Civiles Municipales de la ciudad.
3.2 Surtido el trámite descrito, el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil Municipal de Bogotá asumió el conocimiento del asunto y dispuso su admisión, mediante auto de enero diecinueve (19) de dos mil seis (2006), en el que ordenó correr traslado a la entidad demandada con el fin de garantizar su derecho de contradicción.
ii) En la actuación adelantada contra el señor Bustamante, se respeto y protegió su derecho a la defensa material, siendo escuchado en versión libre sobre lo sucedido, aceptando las pruebas que aportó, practicando las que solicitó, atendiendo oportunamente sus peticiones y realizando una investigación integral de los hechos relevantes, favorables y desfavorables a sus intereses procesales.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía, licencia de conducción y licencia de tránsito del señor Bustamante (folio 8)
- Fotocopia de la orden de comparendo nacional Nº 10879770 (folio 9)
- Fotocopia del escrito del señor Bustamante dirigido a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, en el que niega la infracción que se le imputa en el comparendo (folio 10)
- Fotocopia de los carnés del SOAT del señor Bustamante con fechas de expedición de noviembre 21 de 2003 y noviembre 24 de 2004 (folio 11)
- Fotocopia de la versión libre rendida por el señor Bustamante ante la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá (folio 12)
- Fotocopias de los testimonios rendidos ante la Inspección Doce (12) de Tránsito de Bogotá por los testigos del Señor Bustamante y el Agente de tránsito que le realizó el comparendo (folios 16-20)
- Fotocopia del escrito del señor Bustamante en el que solicita al Inspector Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá, el aplazamiento de la audiencia de fallo programada para el 21 de octubre de 2005 (folio 21)
- Fotocopia de la notificación censal recibida por el señor Bustamante para ser visitado por el encuestador del DANE el 21 de octubre de 2005 (folio 22)
- Fotocopia del acta de la audiencia de 21 de octubre de 2005, en la que el Inspector Doce Distrital de Tránsito de Bogotá accede a la solicitud de aplazamiento del señor Bustamante y programa nueva audiencia de fallo para el 17 de noviembre de 2005 (folio 23)
- Fotocopia de la resolución N° 65168 de noviembre 17 de 2005 en la que se resuelve declarar contraventor al señor Bustamante de los artículos 42 y 131, literal “d”, inciso 2° del C.N.T.T. (folio 24)
- Fotocopia del escrito de petición de reposición de términos procesales y de recurso de apelación presentados por el señor Bustamante ante el Inspector Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá, en noviembre 18 de 2005 (folios 25 y 26)
- Fotocopia del oficio N° S.J.-11-07-12-634605 de noviembre 23 de 2005, en el que la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá, niega la petición formulada por el señor Bustamante, así como su recurso de apelación por improcedente y extemporáneo (folio 27)
i) En relación con la decisión del Inspector Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá de acceder a la solicitud de aplazamiento de la audiencia de fallo, formulada por el señor Bustamante con motivo del censo nacional 2006, consideró el a quo que la misma no debía ser notificada mediante escrito dirigido a la residencia del peticionario, ya que se trata de una determinación adoptada en el trámite de un proceso verbal dentro del cual todas las decisiones se dictan en audiencia pública y se notifican por estrados. Asimismo, agregó que jurídicamente no era viable atender aquella petición en los términos del artículo 23 superior por tratarse de una mera manifestación del ejercicio de su derecho de acción dentro de la causa seguida en su contra. En consecuencia, concluyó que correspondía al inculpado presentarse al despacho de la entidad demandada, con posterioridad al 21 de octubre de 2005, para tener conocimiento de las nuevas fecha y hora fijadas para la realización de dicha diligencia.
Inconforme con la decisión tomada por el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil Municipal de Bogotá, el peticionario decidió impugnarla argumentando que si bien son acertadas las consideraciones expuestas respecto a: i) la naturaleza y finalidad de la acción de tutela; y ii) la imposibilidad de tramitar y decidir, siguiendo el artículo 23 superior, su petición de reposición de términos y, consecuente concesión de su recurso de apelación, a partir de éstas no es lógico deducir la no violación de su derecho de defensa por parte de la entidad demandada, lesión que si se consumó por la razones que siguen:
i) El artículo 139 del C.N.T.T., ordena que las providencias dictadas en el trámite de un proceso por infracciones de tránsito, deben ser notificadas por estrados, en atención al carácter verbal que reviste este tipo de actuaciones. No obstante, la decisión de aceptar su solicitud de aplazamiento de la audiencia de fallo, fijando nueva fecha y hora para su realización, no puede ser catalogada como una providencia, con las consecuencias jurídicas que esto implica
Ello por cuanto no avizoró que la entidad demandada incurriera en apartamiento o transgresión alguna del ordenamiento jurídico que rige el procedimiento aplicable en la investigación de posibles infracciones de tránsito, habida consideración que este tipo de actuaciones esta regido por el principio de la oralidad y, en consecuencia, todas las decisiones que se gestan en su trámite, son adoptadas en audiencia pública y notificadas por estrados.
La presente controversia plantea como interrogante a resolver, a la luz de los postulados constitucionales vigentes, si dentro del trámite del proceso contravencional seguido por la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá contra el Señor Javier Francisco Bustamante Díaz por la presunta infracción de los artículos 42 y 131, literal d, inciso 2° del C.N.T.T. se vulneraron, o no, sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa material al: i) no haberle sido notificada personalmente la decisión de aceptar su solicitud de aplazamiento de la audiencia de fallo y de fijar, en consecuencia, nuevas fecha y hora para su realización; y ii) rechazarle, por extemporáneo, el recurso de apelación que contra la resolución N° 65168 de noviembre 17 de 2005 interpuso el día siguiente a la finalización de la diligencia en que aquella fue adoptada y notificada en estrados.
3. Carácter subsidiario de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia
3.1 En múltiples oportunidades esta Corporación se ha pronunciado en relación con el carácter residual de la acción de tutela. Al respecto, ha señalado enfáticamente su improcedencia ante la existencia de otros recursos judiciales adecuados y efectivos para la protección de los derechos fundamentales, que se alegan comprometidos. Al respecto, en la sentencia T-252 de 2005, con ponencia de la dra. Clara Inés Vargas, se lee:
La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela es un mecanismo de naturaleza subsidiaria y residual destinado a proteger los derechos fundamentales. Esa caracterización implica que si existe medio de defensa judicial a disposición del interesado, la tutela no puede ser utilizada para sustituirlo o para desplazar a los jueces ordinarios en el ejercicio de sus funciones propias[1]. El artículo 86 de la Constitución Política es claro al señalar que la tutela no procede cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que sea utilizada como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En efecto, si en el ordenamiento jurídico se prevé otro medio de defensa judicial para lograr la protección pretendida, la acción de tutela no puede desplazarlo, ya que no es el escenario propio para discutir cuestiones que deben ser debatidas ante los estrados de las jurisdicciones ordinarias. No obstante, la jurisprudencia ha señalado que el medio judicial de defensa ha de ser idóneo para alcanzar una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental amenazado o vulnerado, lo cual implica que tenga la aptitud suficiente para que a través de él se restablezca el derecho vulnerado o se proteja su amenaza[2]” (negritas fuera del texto).
“La función de la acción de tutela está claramente definida por el artículo 86 constitucional como procedimiento que no suple a las vías judiciales ordinarias, ya que ´sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial´, salvo la situación en la cual tiene carácter supletivo momentáneo, que es cuando ´aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.´” (negritas fuera del texto)
3.2 Se comprende, en consecuencia, que cuando se tiene o se ha tenido al alcance un mecanismo jurídico adecuado para la defensa de los derechos e intereses de las personas involucradas en un proceso legal y, más aún, cuando al interior de éste se han respetado las reglas aplicables, así como el libre acceso a la justicia, no se puede adicionar al trámite ya surtido una nueva etapa o instancia procesal, mediante la interposición de una acción de tutela, pues al tenor de la normativa vigente dicho recurso judicial es de naturaleza residual y subsidiaria.
En este sentido, bien puede reiterarse lo expresado por esta Corte respecto a que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio expedito es el respectivo procedimiento ordinario previsto en la ley para tal efecto. Así, quien ha sido vinculado a una causa litigiosa gozando de las debidas oportunidades para intervenir en ella, no puede denunciar la privación de su derecho de defensa, menos aún, cuando tuvo a su disposición los recursos y las oportunidades procesales idóneas para garantizar la vigencia de sus derechos fundamentales y, en particular, aquellas prerrogativas que hacen parte del debido proceso de ley. Sobre este tema, la sentencia C-543 de 1992, con ponencia del dr. José Gregorio Hernández Galindo[3], enfatiza:
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.”
4. Del debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia
De esta manera, el debido proceso se define como la regulación jurídica que, de manera previa, limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley[4].
En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional.”
Ahora bien, el debido proceso administrativo como derecho fundamental se manifiesta a través de un conjunto complejo de principios, reglas y mandatos que la ley le impone a la Administración para su ordenado funcionamiento (entre otros, se destacan las disposiciones previstas en el artículo 209 de la Constitución y en el capítulo I del Titulo I del C.C.A., referentes a los principios generales de las actuaciones administrativas), por virtud de los cuales, es necesario notificar a los administrados de las actuaciones que repercutan en sus derechos, otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones, y de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos. Actuaciones que, en todos los casos, deben ajustarse a la observancia plena de las disposiciones, los términos y etapas procesales descritas en la ley.
De esta manera, el debido proceso administrativo exige de la Administración el acatamiento pleno de la Constitución y la ley en el ejercicio de sus funciones (artículos 6º, 29 y 209 de la Constitución), so pena de desconocer los principios que regulan la actividad administrativa (igualdad, imparcialidad, publicidad, contradicción y moralidad)
“las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.” [5]
“Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que le ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado no puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal.”[6]
A la luz de las regulaciones de la Carta Fundamental (artículos 29 y 209), el debido proceso administrativo impone la publicidad como principio rector de las actuaciones administrativas (artículo 209 C.P. y 3º C.C.A.), de tal manera que la Administración resulta obligada a poner en conocimiento de sus destinatarios, todos aquellos actos que supongan una afectación directa de su situación jurídica.
Al respecto, esta Corte señaló en la sentencia C-096 de 2001, con ponencia del dr. Alvaro Tafur Gálvis, que:
Sobre este aspecto, la Corte sostuvo en la sentencia T-099 de 1995[7], que:
“Las decisiones que adopte la administración en cuya virtud se afecte a una o varias personas en concreto deben ser cierta y oportunamente notificadas a éstas, tal como lo disponen las normas legales correspondientes.
De todas maneras, de las exigencias constitucionales del debido proceso se deriva que ni los jueces ni la administración pública pueden actuar de espaldas a los interesados, ni fundar sus decisiones sobre la base de la ignorancia de ellos en torno a las decisiones que adoptan.”
En consecuencia, una actuación judicial o administrativa que no haya sido debidamente notificada, no sólo desconoce el principio de publicidad sino también los derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción causando como efecto, en términos generales, la ineficacia de las decisiones adoptadas en tales circunstancias[8].
· ARTÍCULO 134. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Los organismos de tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción, así: Las inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces en única instancia de las infracciones sancionadas con multas de hasta veinte (20) salarios, y en primera instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la segunda instancia su superior jerárquico.
· ARTÍCULO 135. PROCEDIMIENTO. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:
El Ministerio de Transporte determinará las características del formulario de comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En éste se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por éste (...)
· ARTÍCULO 139. NOTIFICACIÓN. La notificación de las providencias que se dicten dentro del proceso se hará en estrados.
· ARTÍCULO 142. RECURSOS. Contra las providencias que se dicten dentro del proceso procederán los recursos de reposición y apelación.
Por último conviene aclarar, en concordancia con lo expuesto por el Consejo de Estado, que: “...el comparendo no es un medio de prueba, por cuanto no constituye un documento idóneo para demostrar la ocurrencia de los hechos, ya que como lo dice la misma definición, es sencillamente una orden formal de citación al presunto contraventor y es en la audiencia pública realizada ante la autoridad de tránsito competente, que se decretan y se practican las pruebas que sean conducentes para determinar la verdad de los hechos...”[9].
Al respecto, el Consejo de Estado ha expuesto que: “Si bien es cierto que al darse la orden de comparendo al supuesto infractor este tiene o corre con la obligación de presentarse ante la autoridad competente en el término de tres días, ello es únicamente con el fin de que oiga la ‘notificación’ del auto con el cual se le cita o convoca a la ‘audiencia pública’ (…), so pena de incurrir en el incremento doble de la multa respectiva pero siempre con el deber de comparecer con el mismo propósito fin u objetivo, es decir, de que se le de a conocer la fecha y hora en que se realizará la audiencia, de lo cual, lógicamente, deberá quedar la constancia pertinente en el expediente...”[10].
Es ésta, también, la oportunidad para que el inspector de la causa decrete oficiosamente la práctica de las pruebas conducentes para establecer, con certeza, los hechos relevantes de la litis y la configuración, o no, a partir de éstos, de la infracción que se investiga.
iv) Audiencia de fallo
En esta etapa, el inculpado podrá interponer los recursos procedentes contra lo dispuesto en su contra, los cuales deberá formular y sustentar oralmente antes de finalizada la audiencia, así: Si se trata de una sanción de multa hasta de veinte (20) salarios mínimos legales diarios, procede únicamente el recurso de reposición, del cual conoce el inspector de la causa; si en cambio, se trata de una sanción de multa superior a veinte (20) salarios mínimos legales diarios, o de suspensión o cancelación de la licencia para conducir, procede de forma directa el recurso de apelación, siendo la segunda instancia el respectivo superior jerárquico (artículos 134 y 142 del C.N.T.T.).
En la presente controversia, el actor pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa material, presuntamente vulnerados por la entidad demandada al: i) No haberle notificado personalmente la decisión de aceptar su solicitud de aplazamiento de la audiencia de fallo y de fijar, en consecuencia, nuevas fecha y hora para su realización, y ii) rechazarle, por extemporáneo, el recurso de apelación que contra la resolución N° 65168 de noviembre 17 de 2005 interpuso el día siguiente a la finalización de la audiencia en que ésta fue adoptada.
Ahora, respecto a la segunda acusación, comparte la Corte las consideraciones expresadas por los jueces de instancia, por cuanto la entidad demandada obró conforme a Derecho al rechazar por extemporánea la apelación interpuesta por el peticionario contra la resolución Nº 65168 de noviembre 17 de 2005, al igual que su solicitud de reposición de su término de ejecutoria por cuanto, siguiendo lo dispuesto en el citado artículo 142, incisos 3º y 4º del C.N.T.T., no había lugar a ninguna determinación en otro sentido, en atención a que dicho recurso solo podía ser formulado y sustentado oralmente dentro de la misma audiencia de fallo, concluida la cual, la providencia adoptada en su interior quedó en firme y adquirió efectos vinculantes.
Finalmente, conviene reiterar que los juicios de policía han sido asimilados a controversias de naturaleza jurisdiccional y, por ende, la providencia que se dicta dentro de ellos para poner fin a la actuación tiene idéntica naturaleza, no siendo susceptible de recursos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 82 del C.C.A.[11]
Primero. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Treinta y Nueve (39) Civil del Circuito de Bogotá, en marzo diez (10) de dos mil seis (2006), que denegó el amparo deprecado. En su lugar RECHAZAR por improcedente la acción de tutela iniciada por el Señor Javier Francisco Bustamante Díaz contra la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá.
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-469 de mayo 2 de 2000 (M.P. Alvaro Tafur Galvis) y T-585 de julio 29 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.
[2] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 de 1993 (M.P. Vladimiro naranjo Mesa). En el mismo sentido se puede consultar, entre muchas otras, la sentencia T-1316 de diciembre 7 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[3] Jurisprudencia reiterada, entre otras, en las sentencias T-685 de 2005, T-1235, T-1203, T-329 y T-294, T-764, T-307, T-289, T-108 de 2003.
[4] Mirar entre otras, las Sentencias T-467 de 1995 y T-238 de 1996.
[5] Sentencia C-1512 de 2000. M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[6] Sentencia T-520 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[7] Reiterada, entre otras, en las sentencias T-238 de 1996 y T-324 de 1999.
[8] Algunos procedimientos ante la falta de notificación de una actuación consagran como sanción la nulidad (artículo 140 C.P.C) y otros la inoponibilidad (artículo 48 C.C.A.).
[9] Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 17 de septiembre de 1997. Consejero Ponente: Cesar Hoyos Salazar.
[10] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”. 5 de febrero de 1998. Consejero Ponente: Carlos A. Orjuela Gongora.
[11] Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-115 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba triviño), T-091 de 2003, (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-289 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), entre otras.