Source: https://es.scribd.com/document/50111974/CSJ-CAS-CIV-7-DE-OCTUBRE-DE-2009-ENRIQUECIMIENTO-SIN-CAUSA-PRINCIPIOS-GENRALES-DEL-DERECHO
Timestamp: 2016-07-30 13:54:48
Document Index: 198753666

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Ref: Exp. No 05360-31-03-001-2003-00164-01 (Discutido y aprobado en sesión de doce de mayo de dos mil nueve)
Se resuelve el recurso de casación formulado por Óscar Adrián Loaiza Arias, contra la sentencia proferida el 18 de octubre de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, epílogo del proceso ordinario que Bancolombia S.A. promovió contra el recurrente.
ANTECEDENTES 1. Bancolombia S.A. demandó a Óscar Adrián Loaiza
Arias para que fuera condenado a restituir la suma de $158’833.290,00, que de manera equivocada fue consignada en la cuenta del demandado y de la cual éste dispuso indebidamente. Aparejada a la anterior pretensión, el demandante reclamó los intereses corrientes causados desde que se realizó ese depósito hasta cuando reconvino al demandado para que hiciera el reintegro, así como los intereses moratorios causados de ahí en adelante. En defecto de los intereses, y de manera subsidiaria, pidió el reconocimiento de la corrección monetaria.
Para sustentar tales pedimentos, se adujo que por error involuntario en uno de los sistemas internos del Banco, los dineros que correspondían a las captaciones destinadas al Centro Recreativo y Turístico Cortur S.A., que se pagaron por el sistema ‘datáfono’ y con tarjetas débito y crédito, se abonaron a la cuenta corriente del demandado, todo lo cual ocurrió durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2000 y el 6 de diciembre de 2001. Entonces, “el pago que debió hacer Bancolombia a Cortur, lo hizo erradamente a Óscar Loaiza Arias”, a pesar de que ninguna causa había para que el demandado recibiera y retuviera esos dineros, lo que constituye obviamente demandante. Añade que en respuesta a la reclamación que el 18 de diciembre de 2001 hizo el Centro Recreativo y Turístico Cortur S.A., el Banco inició varias investigaciones que permitieron esclarecer lo sucedido; por esta razón, requirió al demandado para que restituyera el dinero y le envió la documentación respectiva. Sin embargo, Óscar Adrián Loaiza, luego de hacer expresa su intención de conciliar, se abstuvo de reintegrar lo recibido y desatendió los reclamos realizados mediante las misivas de 12 de abril y 10 de mayo de 2002. Recuerda el demandante que en la audiencia de para un él un enriquecimiento injustificado, para y el empobrecimiento correlativo
conciliación celebrada el 9 de diciembre de 2002 ante la Cámara de Comercio -para dar cumplimiento al requisito de procedibilidad establecido por la Ley 640 de 2001-, el demandado ofreció al Banco un inmueble a título de dación en pago, propuesta que no pudo ser aceptada porque el valor del predio era irrisorio frente a la suma debida.
E.V.P. Exp. No. 05360-31-03-001-2003-00164-01
Finalmente, explica que el 14 de marzo de 2002, el Banco suscribió un contrato de transacción con el Centro Recreativo y Turístico Cortur S.A. en virtud del cual “acreditó” a esa sociedad “las sumas de su propiedad”. 2. El a quo accedió a las súplicas de la demanda, por
ende, declaró que hubo un enriquecimiento sin causa en beneficio de Óscar Adrián Loaiza Arias, a quien condenó a pagar a favor del demandante la suma de $158’378.690,00. La parte demandada apeló esa decisión; en su
oportunidad, Bancolombia S.A. adhirió a la alzada.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL El ad quem modificó la decisión del juzgado, pues si bien confirmó la condena, también ordenó al demandante pagar la indexación que corresponde al capital debido “conforme a la pérdida de poder adquisitivo del peso ocurrida desde el 9 de diciembre de 2002”. Para arribar a esa decisión, el Tribunal delimitó primero su propia competencia, resaltando que en vista de la “apelación adhesiva” presentada por Bancolombia S.A., podía decidir sin restricción el asunto en segunda instancia, conforme dispone el artículo 357 del C. de P. C. Asimismo, aclaró cómo a pesar de cierta ambigüedad de las pretensiones de la demanda, tanto la descripción de los hechos, como el entendimiento que dio el propio demandado al proponer su defensa, permitían inferir que se alegaba un “enriquecimiento sin causa”, más aun, cuando el “pago de lo no debido es una manifestación de la más general conocida
P. No.República de Colombia
como ‘actio in rem verso’…”. el empobrecimiento del Banco se produjo “por derivación”. explicó que. “por intermedio de otro patrimonio”. además. de manera equivocada.”. “aun dejando de lado lo que viene de exponerse”. sí sufrió directamente un empobrecimiento correlativo frente al enriquecimiento del último”. Exp. fue Bancolombia S. Echó de menos el Tribunal la causa que justificara ese desplazamiento patrimonial.V. siendo así que el realmente empobrecido por derivación de la situación de ventaja que tuvo el accionado. medió el patrimonio de la persona jurídica titular de la cuenta de ahorros a la cual han debido abonarse los dineros”. llevó a la cuenta corriente del primero-”. agregó. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. el juzgador de segundo grado esbozó los requisitos del enriquecimiento sin causa y pasó a confrontarlos con los supuestos fácticos alegados por el demandante. el Banco demandante “hubo de responder frente a la sociedad titular de la cuenta de ahorros -a la que realmente estaban destinados los dineros que. pues no se derivaba del contrato E. el Banco padeció un empobrecimiento correlativo. Para abundar en razones. pues teniendo en cuenta las normas del contrato de “deposito irregular” aplicable a este tipo de transacciones. Después de ello. situación que fue superada “al serle reconocida y cubierta por la entidad bancaria la suma correspondiente. por ende. examen que le llevó a colegir que efectivamente el demandado obtuvo una ventaja patrimonial y que. Por ende. toda vez que “entre la situación de ventaja del demandado y la de desventaja del accionante. o sea.A. por lo que estimó que sobre ese punto era innecesario realizar otros análisis. dicha entidad financiera pasó a ser dueña de los dineros depositados que luego fueron “equivocadamente abonados a la cuenta corriente del demandado y.
por el contrario.A. ningún precepto autoriza sino que. Sobre ese particular. No. “ilícito es lo prohibido por la ley.. no podía acudir a las acciones contractuales para el resarcimiento. descartó la ilicitud que Óscar Adrián Loaiza atribuía al Banco.A. y 971 C.)”. Como colofón de la sentencia. la ley no prohíbe equivocarse”. lo cual se acompasa -dijocon el carácter residual de la acción in rem verso.República de Colombia
celebrado entre las partes. el Tribunal aclaró que si bien la conducta del Banco pudo constituir un incumplimiento contractual respecto del Centro Recreativo y Turístico Cortur S. y a decir verdad. delito o cuasidelito. Por ende. 1603 C. máxime entre contratantes. ordenó a Óscar Adrián Loaiza Arias pagar al demandante. sí abría paso a que la restitución se dispusiera en términos reales. tomando en consideración el innegable y continuo envilecimiento de la moneda. “y menos en frente del aquí demandado.. rechaza el aprovechamiento del error ajeno. circunstancia que a pesar de no generar el cobro de intereses remuneratorios o moratorios. acotó que en vista de las circunstancias del caso. pues según estimó. el Tribunal se refirió a la apelación adhesiva presentada por Bancolombia S. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. Exp. quienes deben actuar de buena fe en sus relaciones (arts.P. Bancolombia S. tampoco de disposición legal alguna. ni de un cuasicontrato.A. dicho comportamiento no reflejaba una ilicitud. de Co. De otro lado. ya que “obviamente. siendo éste quien en una actitud bien alejada de la buena fe dispuso de los dineros que equivocadamente abonó el banco a su cuenta y no ha restituido a pesar de estar suficientemente enterado y haber sido requerido repetidamente…”. para hacer énfasis en que el demandado había tenido en su poder los dineros que fueron indebidamente consignados.
E.V.C. Adicionalmente.
la indexación correspondiente desde “la fecha en que se celebró infructuosamente la audiencia de conciliación ante la Cámara de Comercio. No. Exp.A. dice.
LA DEMANDA DE CASACIÓN Cuatro cargos formuló el recurrente contra la sentencia del Tribunal.
CUARTO CARGO Se acusa que el Tribunal hizo más gravosa la situación del demandado. de modo que como Óscar Adrián Loaiza Arias no atacó el antedicho numeral mediante la apelación principal. Precisamente por eso. C. frente al numeral 3º de la sentencia de primer grado -que negó los intereses y la indexación reclamados. el cuarto y el tercero se resolverán delanteramente por versar sobre yerros in procedendo. pues al hacerlo vulneró el artículo 357 del C. el ad quem no podía abordarlo para aumentar la condena impuesta.fue adhesiva.P. mientras que los dos primeros se decidirán al final.era “apelante único”.V. expresa el recurrente que la apelación propuesta por Bancolombia S.República de Colombia
además de la suma impuesta por el a quo. pues para entonces suficiente informado estaba el demandado sobre lo sucedido y había recibido la documentación que acreditaba el yerro del banco”. a pesar de que -en criterio del censor. el Tribunal debió advertir que “la apelación adhesiva… debe limitarse al ámbito de la principal”.
E. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. de P. En apoyo de ese planteamiento.
Según aduce. “bajo la apariencia de una adhesión al recurso de alzada se formuló una nueva y autónoma apelación de la demandante de manera contraria a derecho”. el recurrente acusa que en la sentencia el Tribunal violó el principio de la no reformatio in pejus. pues el ámbito de la decisión queda confinado. ni era posible que el ad quem ampliara su competencia para asuntos que no fueron impugnados ni sometidos a su conocimiento por el principal”. quien por virtud del aludido mandato carece de una competencia total.V. No. en la medida en que “el recurso de apelación adhesiva se debe circunscribir a las decisiones objeto de la apelación principal”. lo cual resultaba inadmisible.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE Como acaba de verse. establece una restricción para el juez de segundo grado. incluida en el capítulo de los Derechos Fundamentales. en tanto la providencia no acoge totalmente sus pretensiones o excepciones. a lo cual agregó que “no es posible por la vía adhesiva que el no apelante ataque decisiones que no fueron objeto del recurso principal. partiendo de la premisa de que en algunos eventos ambos litigantes tendrían interés para recurrir. a pesar de que apenas hubo un recurso de alzada: el suyo. en segunda instancia se hizo más gravosa su situación. Ahora bien. de modo general. Exp. el silencio de uno de ellos no puede ser suplido por el ad quem.P. toda vez que -según explica-. El artículo 31 de la Constitución Política establece para el ad quem la prohibición de hacer más gravosa la situación del apelante único. Esta norma. 05360-31-03-001-2003-00164-01 7
. a la estricta protesta que formule el recurrente. por lo que la ausencia de impugnación torna E.
Exp. Ahora bien. cuando una de las partes es apelante en solitario. ya porque ambas pasan en silencio frente a algunas de las resoluciones. porque tal forma de proceder inhibiría el uso del recurso y colocaría al juez como gestor inconsulto de la posibilidad de impugnar que fue abandonada por propio el agraviado. 05360-31-03-001-2003-00164-01
.República de Colombia
intangible la decisión en aquella zona del litigio que no es disputada en el recurso -para el vencedor porque carece de interés y para el perdidoso porque la consiente-. así haya doble impugnación no siempre la competencia del superior es plena o panorámica. sin ruego y a despecho del silencio del propio afectado. En suma. pues hay casos en los cuales existen zonas de la sentencia que ninguna de las partes impugna. según ha recalcado la Corte. recuperando una causa perdida. o porque expresamente consienten en su vigencia y su fuerza vinculante. además de comprometer severamente el principio de imparcialidad. que ya en parte estuvo acompañada de la desventura. tolerancia esta que deja al juzgador al margen de ese segmento del debate. es indispensable: haya litigante vencido.P. sin haber tenido ocasión de rebatir los argumentos que inconvenientemente tendría que abonar el juez en sustitución de quien no recurrió.
excluyéndose por ende cuando se trata de la apelación de
E. atendido el principio dispositivo que gobierna el proceso civil y que en particular informa al recurso en sí mismo. De este modo. pueda ser peor si opugna la decisión. No. sorprendería al recurrente con una inusitada modificación de la providencia en aquello que es pacífico.V. para que se configure el fenómeno “a) que de la reformatio un in pejus. no podría ser amenazada con que su suerte. tarea que.
como es conocido. Sent. Con todo. pues. y d) que la enmienda no obedezca a una necesidad impuesta por razones de carácter lógico o jurídico atinentes a la consistencia misma del pronunciamiento jurisdiccional y a su completa efectividad inmediata. el Código de Procedimiento Civil tiene instituido el recurso de apelación para impugnar determinados autos interlocutorios y las sentencias de primera instancia. no solo interés para recurrir y oportunidad para proponerlo. conforme a lo establecido por el artículo 351 de ese estatuto. además. Cas.P. 357. se tiene por establecido que ningún litigante apela para que la decisión objeto de la alzada le haga mas gravosa la situación en que se encontraba hasta entonces (Art. Exp. 4915). c) que con su decisión. la posición procesal que para el apelante creó el proveído en cuestión. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. el ad-quem haya modificado. Exp. Doctrina que reiteró al señalar que “para hacer efectiva la garantía constitucional del debido proceso y el principio de las dos instancias. de manera excepcional puede el superior modificar la parte no apelada de una decisión jurisdiccional.). … Ahora bien. No. puesto que la restricción en examen cede cuando la parte contraria formula también recurso o adhiere al inicialmente promovido.P. sino. con fundamento en la razón de ser de este recurso.V.C. Civ. C. como ocurre cuando en razón de la reforma de la resolución
E. el principio prohibitivo de la reformatio in pejus no es absoluto. de 2 de diciembre de 1997.República de Colombia
fallos meramente formales: b) que sólo dicho litigante apele. desmejorándola. el recurso de apelación exige. No. evitando tener que remitirse a nuevas actuaciones posteriores" (subrayados ajenos al texto. que se respete por el juzgador de segundo grado el derecho a que la providencia impugnada por el apelante único no sea reformada en perjuicio de éste. como quiera que.
o cuando ambas partes han hecho uso del recurso de apelación. Civil. 5095).P. conforme al cual ‘la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante. 353 y 357. Civ. hoy tiene el rango de principio constitucional al tenor de lo dispuesto por el art. Según lo tiene averiguado la doctrina de la Corporación. Civil.)” (Sent.República de Colombia
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso. 368 del C.V. la del num. de P. y a su vez determina el thema de decisión del ad quem como actividad de parte en el curso y al interior del proceso.P. b) apelación de una sola de las partes. se erige el principio prohibitivo de la reformatio in pejus. Exp. Y luego insistió en que “como una limitante del poder de decisión del juez de segunda instancia. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. porque la otra no lo hizo ni principal ni adhesivamente. hallando su justificación en el sistema dispositivo y su concreción en los principios legales de la personalidad del recurso y la congruencia de la sentencia. el principio en comentario resulta vulnerado cuando se presentan las siguientes circunstancias: a) vencimiento parcial de un litigante. Exp. P. para dar así lugar a una causal de casación específica. de 6 de mayo de 1998. en tanto se impugna lo perjudicial y es ese agravio el que mide el interés para recurrir.C. 31 de la C.. salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla…’ Dicho postulado que desde antaño había consagrado el art. No. de P. 4 del art. C. Cas. No. o cuando se interpone la apelación adhesiva (arts. c) que el juez
E. 357 del C.
En el caso que hace tránsito por la Corte. porque a decir verdad. prevé que “cuando ambas partes
E. y d) que la reforma no verse sobre puntos íntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelación” (sublíneas fuera de texto. 5405). de P. conforme permite el artículo 353 del C. in fine. descartada como está la existencia de un apelante único. despoja a éste de todo interés para recurrir sobre esa parte de la sentencia. Civ. Sent. por lo que no podía quedar limitado a los mismos aspectos de que se ocupó la impugnación inicial. si bien es cierto la entidad demandante adhirió a la alzada interpuesta por su antagonista. Exp.tenía autonomía y personalidad propias. de P. su recurso -al no verse frustrado por desistimiento o deserción del principal.V. esa es la razón por la que el inciso primero del artículo 357 del C. cada una de las partes busca lo suyo en segunda instancia y. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. dado que ese tópico no estaba en la agenda del recurso principal. Exp. por simple sindéresis. esa decisión beneficiaba al primer apelante y. ninguna dependencia hay entre los recursos. Por lo dicho. No.República de Colombia
de segundo grado haya empeorado con su decisión la situación del único recurrente. en la medida en que aquello que agravia al apelante principal. No. por manera que la aspiración del apelante adhesivo resulta esencialmente distinta de la que puede plantear el apelante principal. Cas. C. según el cual la apelación adhesiva no podía comprender el tema de la corrección monetaria. se cierra la posibilidad de que se hubiera violado la prohibición de reformatio in pejus. es errado el planteamiento del recurrente en casación. además.P. C. De hecho. no podía estar dentro de sus reproches al fallo de primer grado. en cuanto beneficia al apelante adhesivo. En estas condiciones.. de 19 de septiembre de 2000.. En síntesis.
hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso. Luego.V. el superior resolverá sin imitaciones” (sublíneas ajenas al texto original).
empobrecimiento de esa entidad financiera no se correspondía con un enriquecimiento correlativo del demandado. cuando
predicarse esta posición procesal”. como la acusación viene montada sobre una incorrección interpretativa. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. Además. haya tenido que pagar a dicha sociedad acotó los valores que el consignados erradamente..P. Exp. no podía reclamar el pago de ninguna indemnización.
E. cabe concluir que no puede abrirse paso. No. la censura recordó apartes de la demanda.A. toda vez que “se desconocieron por completo hechos probados en el proceso y la excepción de falta de legitimación en la causa formulada desde la contestación de la demanda”. así sea que por la violación de sus deberes.A. para reiterar que el empobrecimiento en este caso lo sufrió el Centro Recreativo y Turístico Cortur S.
TERCER CARGO Este cargo se fundó en que la sentencia del Tribunal no está “en consonancia con los hechos ni con las excepciones propuestas por el demandado”. En consecuencia. razón por la cual Bancolombia S. Para el recurrente. el Tribunal reconoció “legitimación activa a Bancolombia sin las calidades para entablar en la esa acción entidad de no para enriquecimiento concurrían causa.
es decir que lo que se busca a través de esa forma de impugnación es corregir la exorbitancia en que incurre el juez.República de Colombia
En fin. consiste en que el juzgador afecta la continencia de la causa. se endilga a la sentencia una falta de congruencia basada en que el Tribunal no halló probada la “excepción de falta de legitimación en la causa por activa”. 05360-31-03-001-2003-00164-01
CONSIDERACIONES DE LA CORTE En esta censura.contra la decisión por la cual se declaró no probada la excepción de falta de legitimación por pasiva. lo cual lejos está de ser una falta de correspondencia entre los medios de defensa oportunamente alegados y el contenido del fallo acusado.
E. Téngase en cuenta que la hipótesis de la causal segunda de casación. cuando en esa entidad no concurrían las calidades sustanciales necesarias para predicarse esta posición procesal”.V. pero nunca protestar por el sentido adverso en que fueron resueltas las pretensiones o las excepciones. Como fácil se advierte. o enjugar la carencia que se expresa en la falta de decisión. para involucrar de su propia inventiva asuntos ajenos a las pretensiones y excepciones.P. esto es. que para el recurrente la sentencia no está en consonancia con sus excepciones. indica que “el error que se imputa a la sentencia de segunda instancia fue haber desatendido por completo esta excepción de falta de legitimación en la causa por activa”. el recurrente apenas eleva una crítica -por cierto tácita. porque Tribunal las desechó y “reconoció legitimación activa a Bancolombia para entablar la acción de enriquecimiento sin causa. Exp.
de 28 de junio de 2000. No. Cas. la de ser deficiente por dejar de proveer. o porque se falló más allá de lo pedido (ultra petita). 05360-31-03-001-2003-00164-01
. Así las cosas. de P. a un a lo sumo. la inconformidad del
casacionista no es porque alguna materia quedó sin resolución (citra petita). Civ. la de ser la resolución excesiva por proveer a más de lo que el demandante pide (ultra petita). No.V. sino porque -en su criterio. positiva o negativamente. esto pues es. 022 del 16 de junio de 1999)” (Sent.
E. acerca de puntos integrantes de la demanda o sobre las excepciones que. el postulado de la congruencia supone “una labor comparativa indispensable entre el contenido de fondo de la relación jurídico procesal y lo resuelto por el juzgador en el respectivo fallo. además de aparecer probadas.. y en fin. En cuanto aquí concierne. de ser cierto. acorde con el principio dispositivo que informa el Código de Procedimiento Civil. debido a su equivocado planteamiento. con el fin de establecer una de las tres causas de ocurrencia de la anomalía en cuestión: La de ser la resolución impertinente por ocuparse con alcance dispositivo de extremos no comprendidos en la relación jurídico-procesal (extra petita). Exp. Exp. lejos estaría de configurar alguna forma de incongruencia. lo cual. primera. esa circunstancia. hayan sido alegadas por el demandado cuando así lo exija la ley (citra petita) (Sent.el Tribunal en forma equivocada halló acreditada la legitimación del Banco para ejercer la acción de enriquecimiento sin causa.P. que representaría un yerro susceptible de exponerse por la causal equivaldría desacierto hipotéticamente vulneraría la ley sustancial. 5348). o porque la sentencia se remontó a aspectos ajenos al debate (extra petita). este cargo tampoco está llamado a tener éxito.República de Colombia
Según se desprende del artículo 305 del C. C.
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. Para desarrollar la censura. y por haber dejado de aplicar los artículos 4 del Código de Comercio y haber violado norma probatoria al haberse desconocido por completo el documento contractual que regula la relación entre las partes”. No. agregó. cuando en verdad lo que se presentaba era un “contrato financiero de adhesión y afiliación al sistema de tarjeta crédito y débito”. por haber aplicado indebidamente el artículo 831 del Código de Comercio. su desvío a las cuentas de Loaiza sí lo había empobrecido”. es violatorio.A. En el umbral del cargo. originada en que el Tribunal adujo que Bancolombia S. al no haber significado disminución de su patrimonio”. Para que en el depósito se restituyan cosas de la misma especie. 1. ese “dinero jamás fue de Bancolombia y por ende su desvío nunca le causó empobrecimiento de ningún tipo. alegó que hubo indebida
aplicación de los artículos 2246 del Código Civil y 1179 del Código de Comercio. se requería del acuerdo expreso de las partes.República de Colombia
PRIMER CARGO El censor afirma que el fallo de segundo grado. porque. celebró con sus clientes un “depósito irregular”. por tanto. a decir verdad. “por vía indirecta de una norma de derecho sustancial al haber aplicado indebidamente los artículos 2246 del Código Civil y 1179 del Código de Comercio. Exp. de donde se sigue que hubo error al declarar que los dineros que se consignaron indebidamente eran propiedad del Banco “y que. el cual no existe en este asunto.V. el recurrente presenta cuatro secciones que intentan clarificar su disenso.P.
se debió a la transacción que hizo con el Centro Recreativo y Turístico Cortur S..A. De otro lado.V. de modo que a “falta de este elemento esencial para la configuración del enriquecimiento sin causa… se debieron haber negado las pretensiones de la demanda”. Asimismo. 05360-31-03-001-2003-00164-01 16
. sin ser jamás propietario”. aceptaron que el dinero indebidamente consignado pertenecía al Centro Recreativo y Turístico Cortur S.A. que “Bancolombia sólo servía de canalizador. y la confesión contenida en la demanda. Al respecto. Para respaldar esas afirmaciones. aseguró que el empobrecimiento de
Bancolombia S.P. No. en el caso “faltan por lo menos tres”. el empobrecimiento y el enriquecimiento no están relacionados. el casacionista citó las declaraciones del representante legal del Banco. causa que -en su criterio.no es imputable al demandado.A. del abogado interno de esa entidad y de un testigo.. esto es.República de Colombia
En criterio del censor. el Tribunal aplicó las reglas del contrato de depósito irregular a una relación financiera compleja. como quiera que de los cinco elementos que esa norma exige para que se configure el enriquecimiento sin causa. por lo cual insistió en que “ese desvío jamás causó disminución patrimonial al demandante ni empobrecimiento ninguno”. quienes. a su juicio. en el mismo cargo el recurrente halló
violado de manera “indirecta” el artículo 831 del Código de Comercio. las cuales demuestran que. 2. También criticó al Tribunal por acudir a figuras
inexistentes como el denominado “empobrecimiento por E. invocó nuevamente las declaraciones del representante legal de Bancolombia S. en su criterio.A. Exp.
En apoyo de lo anterior. el censor esbozó que el demérito
patrimonial del demandante provenía de una actividad ilícita. “pues la situación del empobrecimiento no fue cedida ni transferida por este último ni podría hacerlo porque su merma patrimonial fue plenamente indemnizada por el infractor…”. o sea. 05360-31-03-001-2003-00164-01
.A.A.A. De otro lado. por haber “violado su deber de prudencia bancaria”. la censura
planteó la existencia de una violación de norma sustancial “por haberse dejado de aplicar el artículo 4 del Código de Comercio y por violación de norma probatoria al no considerar el documento contractual que verdaderamente rige la relación entre las partes”. 3. por ende. no pudo subrogarse en los derechos del Centro Recreativo y Turístico Cortur S. En un tercer acápite de este cargo. Exp. “el error del Tribunal fue desconocer las pruebas de la verdadera causa de la erogación de la demandante a pesar de encontrarse patente e incluso confesada desde la misma demanda”. dijo. No.A. el cual es el resultado de “violar y retorcer la norma contenida en el artículo 831 del Código de Comercio para procurar su aplicación indebida a este caso que claramente no corresponde a su supuesto de hecho”... el recurrente reprocha al ad quem porque desconoció la prueba documental que acreditaba la transacción celebrada entre Bancolombia S.República de Colombia
derivación”. misma que demuestra que el pago realizado por aquél obedecía a su “ilegítimo actuar” frente al cliente. Finalmente. señaló que Bancolombia S.V.
E. y el Centro Recreativo y Turístico Cortur S.P.
a cambio de su servicio. en el presente asunto. Para el censor. en la medida en que “sólo movilizaba dinero ajeno y nunca recursos propios”. 4.oo.439.A. Indica.P. dado que esa norma asigna al Banco la responsabilidad de rembolsar sumas depositadas a persona distinta del titular de la cuenta. lo
E. se rigen por las estipulaciones contractuales.. prueba a partir de la cual se podía concluir que Bancolombia S. se acusa el fallo
del Tribunal por “no aplicar el artículo 1398 del Código de Comercio. concluye. el accionante afirma que las complejas relaciones de las partes en los contratos atípicos que regulan los sistemas de tarjetas de crédito y débito. ascendió a $9’694. En el último aparte de este cargo.República de Colombia
Al abrigo de ese rótulo.A. en ese sentido. que establece la ilicitud del actuar de Bancolombia al desviar fondos”. dice. Sobre ese particular. cobraba una comisión que. es contrario a derecho y hace que sea calificado como ilícito. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. No. que no se valoró el documento que hace memoria del vínculo existente entre las partes con ocasión de las consignaciones electrónicas.V. el recurrente anota que el Banco pretende transferir las consecuencias de sus actos ilegales a Óscar Adrián Loaiza Arias. Exp. razón por la cual no había necesidad de acudir a normas impertinentes como las del depósito civil o comercial. ello demuestra que el Banco demandante no se empobreció en este caso por la desviación de los fondos de la cuenta del Centro Recreativo y Turístico Cortur S. era un simple canalizador de los dineros que recibía por esa vía y. De haberse tenido en cuenta lo anterior. comportamiento que. porque “su patrimonio no se afectaba en las transacciones de tarjeta débito crédito”. se habrían denegado las súplicas de la demanda.
de P. a partir de ahí. porque como dijo el Tribunal.V.República de Colombia
cual impide que se configure el enriquecimiento sin causa. citando a la Corte. y en particular. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. y como colofón precisó: “todos los errores que se mencionaron anteriormente son determinantes y se advierten simplemente con la verificación de los medios de prueba obrantes en el expediente y con la aplicación de las normas pertinentes a una relación financiera compleja…”. advirtió que si el Tribunal no hubiera cometido ese error. C. en el fallo atacado no se tuvo en cuenta que en este caso se presentaba una relación jurídica compleja regulada por las estipulaciones contractuales convenidas por las partes. que se produjo una “sentencia violatoria de las normas sustantivas y de las normas probatorias. es decir. “habría evidenciado la ausencia de uno más de los elementos del enriquecimiento sin causa”. En la perspectiva del casacionista. que el dinero erróneamente consignado era de propiedad del Banco. por la “vía indirecta”.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Para cerrar.
E. el recurrente se quejó porque el Tribunal aplicó a este asunto las normas del “depósito irregular” para deducir.P. es que se enderezó por la causal primera del artículo 368 del C. que por tanto debe ser objeto de casación. “la acción in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley”. reconociéndose en sede de instancia que no concurren elementos propios del enriquecimiento sin causa y negando las pretensiones de la demanda”. Exp. al desarrollar el cargo.. que se desdobla en cuatro segmentos. Sin embargo. Lo primero que hay que decir respecto de esta
acusación. No.
No. sin que para arribar a esa idea se hubiera servido del caudal probatorio.. atacable sólo por la “vía directa”. constituiría eventualmente un error meramente hermenéutico.República de Colombia
Valga resaltar a este propósito. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. C. pues en este caso la selección del tipo contractual que hizo el ad quem.V. pues -se insiste. si el Tribunal concluyó como premisa abstracta y general. de modo que la forma como se atacó esa inferencia. luce desatinada. tal actividad sería un juicio de razonamiento susceptible de ser denunciado por la “vía directa” prevista en la causal primera del artículo 368 del C. De otro lado.para su construcción en nada incidieron los elementos demostrativos arrimados al proceso. con el fin de determinar de quién era el dinero indebidamente consignado en las cuentas del demandado. que el censor no se percató de que la discrepancia en torno a la normatividad que aplicó el ad quem. se debió a un ejercicio puramente intelectivo. Exp. que los depósitos realizados en cuentas bancarias tienen el carácter de irregulares y por ende aplicó indebidamente los preceptos que disciplinan ese contrato y dejó de hacer operar otros. Nótese que en ese sentido el Tribunal aseguró que la relación de las partes se gobernaba por las reglas del depósito irregular porque “tal es la naturaleza del depósito de dinero en entidades bancarias habida cuenta del carácter esencialmente fungible de dicha clase de bienes.del “empobrecimiento por derivación” y así
E. y no a una inferencia derivada del análisis probatorio. de P.P. es decir. siendo así que la obligación del depositario es simplemente devolver igual cantidad de dinero”. Dicho con otras palabras. en el mismo cargo el casacionista también reprocha al Tribunal por acudir a la figura -según él inexistente. por la “vía indirecta”.
. la discrepancia en torno a esos aspectos obedece a un debate eminentemente jurídico. por la “vía indirecta” de la causal primera del artículo 368 del C. pues tuvo que indemnizar al Centro Recreativo y Turístico Cortur S. como describe el propio casacionista. ajeno a la contemplación probatoria y. En últimas.. por el error ocasionado al consignar los supradichos dineros en la cuenta del demandado. porque de haber existido las deficiencias.República de Colombia
“violar y retorcer la norma contenida en el artículo 831 del Código de Comercio”.el error cometido no tendría génesis en la apreciación probatoria. Añádese a ello que cuando el censor emprendió sus críticas contra la labor probatoria del Tribunal y le atribuyó no tener en cuenta las confesiones contenidas en la demanda. esa conclusión también corresponde a un juicio abstracto de legalidad. en esa medida. así como las declaraciones del representante legal. los documentos allegados. igualmente ha debido controvertirse por la vía directa.A. consistentes según se dice en dejar de aplicar las normas citadas y aplicar indebidamente otras.P. del abogado interno y de los testigos del Banco que demostraban las relaciones jurídicas suscitadas entre las partes y la ilicitud en el comportamiento de
E. de P. en tanto que -se recalca. ello depararía la violación directa de la ley sustancial. Desde luego que. no podía ser sometida al estudio de la Corte por la vía planteada.V. de modo que la existencia de “esos errores esenciales que encuadran en la primera de las causales de casación al aplicar indebidamente las normas jurídicas al caso sub lite”. Exp. C. No. lo cual le sirvió a ese despacho -dicepara corroborar que el Banco sí sufrió un perjuicio económico. ajeno por tanto al campo de los hechos. esto es. conforme puede advertirse con facilidad.
como el que se mencionó en comienzo. pertinente precisar que la acción de
que frustran la prosperidad de la acusación. tiene como propósito remediar aquellos desplazamientos patrimoniales que pueden existir cuando quiera que la ventaja que una parte obtiene. sin que existiera una razón que explicara esa alteración.A. que la jurisprudencia fundacional de lo que hoy es el querer de la ley. lo que deja ver que incurrió en un entremezclamiento de vías. consagrada en el artículo 831 del Código de Comercio. Hay que precisar.V. el recurrente tampoco dijo qué tipo de error se cometió para que se hubiera producido la violación “indirecta” de la ley sustancial. se orientaba a corregir las situaciones en las cuales el patrimonio de un sujeto de derecho sufría mengua. Exp. No. la Corte enriquecimiento sin causa. mientras otro acrecía sus haberes en la misma medida. caso en el cual se imponía al juez el
E. en la medida en que tales reproches obedecen a hipótesis diferentes que no pueden coexistir en una misma acusación. 2.. puesto que resulta reñido con la técnica de casación plantear en la misma censura un debate estrictamente jurídico. carece de un fundamento jurídico que la preceda y justifique. Por si lo anterior fuera poco. o dicho de otro modo. con uno fáctico. si el Tribunal se equivocó al apreciar materialmente las pruebas.P. a ese respecto. lo hizo en ese mismo cargo. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. o si transgredió las normas probatorias que permitían precisar su alcance y valor. esto es. encuentra Ahora bien. no obstante esos errores de técnica. si la trasgresión de las normas sustanciales enunciadas sería producto de un error de hecho o de derecho.República de Colombia
Bancolombia S.
en modo alguno. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. como se acotó.República de Colombia
deber de adoptar los correctivos necesarios en procura de que se restableciera la equidad. El deberá sufrir las consecuencias subsidiario de de su imprudencia la acción o de negligencia». No. «que el demandante. pues como lo realzó esta corporación hace un
E. … la… pretensión planteada en el recurso extraordinario relativa al enriquecimiento sin causa. a fuer de «extraordinario» y. Exp. tal y como ha sido estructurada por la jurisprudencia nacional e internacional. acerca de esta materia. doctrina ésta que no hace más que reiterar el anunciado carácter enriquecimiento sin causa -o injustificado-.V. constituye una pretensión en sí misma considerada. no solamente con arraigo en la esfera patria. que requiere su encausamiento por medio de una demanda que da origen al proceso jurisdiccional correspondiente. a fin de recuperar el bien. conforme lo tiene sentado la jurisprudencia. la Corte ha
destacado que “el enriquecimiento sin causa. un cuasidelito. en general. carece igualmente de la acción in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho.P. Justamente.los recursos y los procedimientos fijados con antelación por el ordenamiento jurídico. carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato. reclama como uno de sus elementos definitorios e integradores. sino también en el Derecho Comparado. Por lo tanto. Y mucho menos un camino expedito para corregir los errores o las omisiones en que incurrió el demandante con antelación. un cuasicontrato. en el que se tiene establecido que la acción en comento es un típico «remedio supletorio». un delito. o de las que brotan de los derechos absolutos. una vía paralela encaminada a suplir -o a subvertir.
a lo expresado «…hay que añadir que la acción de ‘in rem verso’ se rehúsa también a quien perdió. hizo que se le incluyese como fuente obligacional al lado de las que tradicionalmente se definían en las leyes. cual es la de la subsidiariedad. «…carece igualmente de la acción el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho» (Sent. Civ. II. la vida de esta acción depende por entero de la ausencia de toda otra alternativa. por su culpa o por su hecho. Vol. No. producto de la investigación científica del derecho. en el punto no es de recibo la coexistencia de acciones” (Sent.
E. otro medio de derecho. No. 460)” (Sent. Todo el mundo conoce que dicha acción se abre paso sólo en la medida en que no haya otro remedio que venga en pos del empobrecido. Exp. de Cas. de 11 de enero de 2000. En otros términos. la doctrina ciertamente es elocuente. A este respecto. Edit.República de Colombia
apreciable número de lustros. pág. no pretende otra cosa que conjurar un hundimiento del orden jurídico que hubiera podido asegurarse bajo el égida de otra acción. Subsecuentemente. puntualizó que. No. Luego.P.V. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. este deberá sufrir las consecuencias de su negligencia o de su imprudencia. Cas. Cas. Civ. Exp. T. En este sentido. 5208). I. 1. tuvo la oportunidad de precisar que “…la
estructuración doctrinal del enriquecimiento injusto. 5294). Bosch.… la acción de in rem verso. el Profesor LUIS JOSSERAND. Exp. de 10 de diciembre de 1999.950. lo que sin duda da trazas visibles de una cierta soberanía. Con posterioridad reiteró “…la más notable de las características de la acción de enriquecimiento incausado. Barcelona.…» (Derecho Civil. del 1º de noviembre de 1918).
La Corte en relación con este tema ha dicho de tiempo atrás que «para que sea legitimada en la causa la acción in rem verso. de modo -que ha. como lo señaló el mismo recurrente. 5744). … Por otra parte.de establecerse una conexión indubitable entre el enriquecimiento y el empobrecimiento correlativos. de 25 de octubre de 2000. No. se requiere que el demandante.República de Colombia
La independencia y autonomía descritas arrojan la fúlgida conclusión de que en esta especial acción es de la incumbencia del actor demostrar que el patrimonio del demandado obtuvo «algo». esta Corporación ha sostenido que la acción in rem verso a que da origen el enriquecimiento injusto únicamente procede cuando el demandante carece de cualquier otra acción. Y más recientemente recalcó que “en jurisprudencia reiterada desde tiempo atrás ha sostenido esta Corporación que la acción de enriquecimiento sin causa tiene cabida siempre que se den ciertas condiciones. y que esa obtención de la ventaja ha costado «algo» en el patrimonio suyo. Exp. un empobrecimiento correlativo. Estas son: que se haya producido un enriquecimiento. como en el caso en estudio. sin que pueda impetrarse en los eventos en que. No. Más elípticamente.V. dada su naturaleza subsidiaria o residual. Exp.P. que ese enriquecimiento carezca de una causa justa y que no tenga el afectado ningún otro medio para obtener la satisfacción de su pretensión por cuanto la acción in rem verso tiene carácter subsidiario. a fin de recuperar
E. Civ. Cas. existe de por medio un contrato que sirve de título al desequilibrio patrimonial entre las partes. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. probar que la ventaja del demandado derivó de la desventaja del actor” (Sent.
son aumento que patrimonio tal empobrecimiento correlativo. pág. factores estos entre los cuales. de obligaciones. No. o las que brotan de los derechos absolutos». XLVIII. fuente que es.V. 27 de marzo de 1939.
E.P. un cuasidelito. un delito. carezca de cualquier otra acción originada por un contrato. no aquella a que se refiere el artículo 1524 del código civil. amén de la carencia de causa o fundamento jurídico justifique desplazamiento patrimonial. pág. a lo que ha de agregarse que para estos efectos debe entenderse por causa.053 de 22 de febrero de 1991). Tomo XLIV. 29 y Sent.República de Colombia
el bien. Exp. sino la preexistencia de una relación o vínculo jurídico entre el enriquecedor y el empobrecido que justifique el movimiento patrimonial. y que tiene lugar cuando independientemente de toda causa jurídica se presenta el desplazamiento o disminución de un patrimonio a expensas cuales de otro. puesto que la acción de in rem verso tiene un carácter esencialmente subsidiario». (G. Exp. de 28 de agosto de 2001. 9 de junio de 1971. el de largo de tiempo un atrás doctrina y y un jurisprudencia han determinado sus elementos integrantes. 6673). XLV. (Cas. No. Civ. También ha dicho “en cuanto al enriquecimiento injusto. 474. En el mismo sentido se pronunció la Corte en sentencia 124 de 10 de diciembre de 1999” (Sent. un cuasicontrato. y que «…es preciso que el enriquecimiento no haya tenido ningún otro medio para obtener satisfacción. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. es el último de los enunciados el que informa la figura y recoge el principio general de que nadie puede enriquecerse torticeramente a costa de los demás. Cas.y asunto es por cierto que salta a la vista-. como bien se sabe.J. 26 de marzo de 1958).
E. es bueno recordar que “sobre la acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso. Esto es. Exp. Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido. la desventaja de éste derivar de la ventaja de aquél”. de 21 de mayo de 2002. No. y por lo tanto todos deben estar presentes para que esa acción pueda resultar exitosa. dado su carácter netamente subsidiario. que más que componentes de la figura son requisitos para ejercer la acción a que da origen el fenómeno del enriquecimiento ilícito. a la inversa. es decir. Exp. o. no se haya contado con otro medio para obtener satisfacción por la lesión injusta que le ha sido ocasionada” (Sent. la cual puede ser positiva o negativa. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. No. a los elementos atrás enunciados han sido incorporadas aún otras dos condiciones. como son: que ella no se intente contra disposición imperativa de la ley y que. e invariablemente los ha considerado bajo la idea de que son acumulativos o concurrentes. no sólo en el sentido de adición de algo sino también en el de evitar el menoscabo de un patrimonio”. que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial.República de Colombia
Por lo demás. “2) Que haya un empobrecimiento correlativo.V.P. de antaño la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado los requisitos que la estructuran. 7061). En el mismo sentido. Tales son: “ 1) Que exista un enriquecimiento. lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido. o sea que a expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento. de Cas.
No. por cuyo motivo la ausencia de causa o falta de justificación en el enriquecimiento. “El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión de enriquecimiento. “4) Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso.V. se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasi-contrato. como tampoco por una disposición expresa de la ley”. a fin de recuperar el bien carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato. se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica”. “En el enriquecimiento torticero. un cuasi-delito. o de las que brotan de los derechos absolutos”. se requiere que el demandante. lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la pérdida sea una y sea la misma”. como consecuencia del enriquecimiento del demandado. Exp. pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse también por intermedio de otro patrimonio”. causa y título son sinónimos. un cuasi-contrato. “Por lo tanto. sea injusto. un delito o un cuasi-delito.República de Colombia
“Lo común es que el cambio de la situación patrimonial se opere mediante una prestación hecha por el empobrecido al enriquecido. “3) Para que el empobrecimiento sufrido por el
demandante. un delito.P. carece igualmente de la acción de in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdió
cuando no existe ningún fundamento jurídico que lo justifique. de Cas. que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no tenga una causa jurídica y. que el demandante para recuperar su bien carezca de cualquier otra acción originada por las fuentes legales” (Sent.
E. Exp. En tal acción. El debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia”. entre otras. “5) La acción de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley” (G. T. debiendo concurrir todos para el éxito de la acción y dentro de las exigencias está la de que el envilecimiento patrimonial del demandante.República de Colombia
cualquiera de las otras vías de derecho.). 05360-31-03-001-2003-00164-01
. pues. 124 de 10 de diciembre de 1999 y en la sentencia de 28 de agosto de 2001. No. como que el ordenamiento jurídico no quiere patrocinar el acrecimiento económico de un sujeto a expensas de otro. 474 y 474. subyace un imperativo moral.V. de 18 de julio de 2005. más recientemente en la sentencia No. 7360). XLIV. J. págs. es decir. de Cas. Todo para hacer hincapié en que “desde el año 1935 esta Corporación en forma coincidente ha dicho que los requisitos estructurales de la actio in rem verso son acumulativos. No. la Gacetas Judiciales XLVIII Pág. 1999-0335-01). y en el mismo sentido pero especialmente en torno al carácter subsidiario de la acción. además. No. 731. Dicha jurisprudencia ha sido reiterada en múltiples oportunidades como dan cuenta.P. 40 y LXXXI Pág. Exp. L Pág. Exp. nacido del enriquecimiento del demandado sea injustificado. 130. de 7 de Junio de 2002. expediente 6673” (Sent.
A. 3. por contera. fue de provecho para Óscar Adrián Loaiza Arias.P. correlativamente. le empobreció. A ese respecto. desde luego. téngase en cuenta que obra en autos (fls. es de concluir que como el Banco no pudo recuperar esos dineros. sumas que éste no devolvió pese a los diversos requerimientos que se le hicieron. En últimas. sin que en esa operación mediara una causa jurídica que justificara tal desplazamiento patrimonial. esa entidad financiera sufrió un detrimento económico que terminó por beneficiar al demandado. en tanto que. esto es. Exp. 2) el documento que recogió la transacción que Bancolombia S.. en virtud de la cual la entidad bancaria tuvo que restituir a dicha sociedad los dineros que por error consignó en la cuenta del demandado. ciertamente. desequilibrio que por su obviedad no merece mayor abundamiento.
E. lo que verdaderamente le corresponde de acuerdo con los principios de justicia y equidad.V. Por lo demás. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. 17 a 19 cd.A. experimentó una mengua patrimonial que carece de justificación y que. celebró con el Centro Recreativo y Turístico Cortur S. No. al concluir que se produjo un enriquecimiento sin causa en perjuicio del Banco demandante. con la necesidad de dar a cada quien lo suyo. lo que repercutió negativamente en los activos del Banco demandante y.República de Colombia
postulado que encaja. independientemente de quién fuera el propietario de los dineros que se consignaron indebidamente. Y es atendiendo esos parámetros que la Corte
entiende que en el presente caso no podría achacarse al Tribunal haber vulnerado normas de derecho sustancial.
lo cierto es que esa explicación fue puramente marginal y a la manera de una obiter dicta.V. que no hay protesta acerca de que dicho sujeto se enriqueció a expensas de otro y sin que se sirviera de una causa jurídica para ello. Aunado a ello. soportarían el fallo del Tribunal. de donde emerge que si bien Óscar Adrián Loaiza Arias no intervino en la relación contractual en virtud de la cual Bancolombia S.República de Colombia
el detrimento económico que sufrió el Banco fue el resultado de la torticera conducta del demandado. o sea. ni acertada. esa transacción se hizo necesaria por la negativa del demandado a reintegrar los dineros recibidos en franco aprovechamiento indebido del error ajeno. No. ninguno de los embates que se hacen a la sentencia cuestiona el hecho de que el demandado recibió dineros ajenos. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. Así. No necesarioaludidos.A. repuso los dineros dejados de consignar al Centro Recreativo y Turístico Cortur S. que y el la conducta del
demandado es el origen directo -y a su vez el conector enriquecimiento empobrecimiento
E. cabe del duda. Y si bien pudiera ser discutible la referencia al depósito irregular que hizo el Tribunal para explicar la razón por la cual el Banco había perdido los dineros consignados erróneamente en la cuenta del demandado. las reflexiones aludidas en el párrafo anterior sobre el cumplimiento de las condiciones de la actio in rem verso quedarían indemnes y. por sí solas..A. Por lo dicho. la ajenidad de los dineros es asunto no debatido y por sí sostiene la justicia que hay en ordenar la devolución. aunque la mención de una modalidad de depósito no fuera ni necesaria.P. Exp. entonces.
pues no hay norma que así lo prevea. confirma que la
legitimación en la causa del Banco en este asunto no debía venir de una eventual subrogación -como ahora quiere hacer ver el casacionista-. ni los allí contratantes convinieron que el primero se haría titular de los derechos de su cliente o de las acciones que a éste pudieran corresponder. lo cual la facultaba para ejercitar la acción in rem verso. precisamente. Entonces. visto lo anterior. No.A. ni en la labor de ponderación probatoria que emprendió para verificar la presencia de los supuestos de la acción prevista en el artículo 831 del Código de Comercio. para entender que el demandante ocupaba alguna posición contractual que inhibiera la aplicación de la actio in rem verso. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. hay que destacar que -según reconoce el propio recurrente. sino del hecho de que fue la entidad financiera quien finalmente sufrió la merma patrimonial que tuvo como contrapartida el incuestionable enriquecimiento sin causa del demandado.. lo que permite corroborar que se satisfacían las exigencias para la prosperidad de la acción in rem verso.República de Colombia
Tampoco se controvierte en esta sede la conclusión según la cual al demandante no le quedaba otra acción diferente a la de enriquecimiento sin causa. Exp. de donde se sigue que no se presenta ninguna de las hipótesis del artículo 1667 del Código Civil. ni en su aplicación. ningún desacierto puede endilgarse al Tribunal en la escogencia de las normas que utilizó para sentenciar la controversia. De otro lado.P. Esa circunstancia.V. como quiera que
E.en este caso no hubo subrogación cuando el Banco celebró la transacción en comento con el Centro Recreativo y Turístico Cortur S.
Exp. ordinaria o ingenua.República de Colombia
según evidencian las pruebas que obran en el proceso. pese a ello. salió “indemne y hasta remunerada con el fallo objeto de este recurso de casación”.
SEGUNDO CARGO El recurrente censura que en su fallo. argumentó que Bancolombia S.P. se conjugaban todos los presupuestos para declarar el enriquecimiento injusto alegado por el demandante. el Banco demandante no es una persona cualquiera. No. el Banco violó normas “financieras que son de orden público y que protegen a la sociedad en
E. prosigue. Por ende. confesó en la demanda y en el interrogatorio rendido por su representante legal. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. En ese sentido. Tribunal violó “por vía directa una norma de derecho sustancial como es -elprincipio general del derecho” según el cual “nadie puede derivar derechos de su propia ilicitud”. y. pues se le reconoció lo que tuvo que indemnizar a la referida sociedad por los daños que ella recibió y “adicionalmente se le otorga el beneficio de la corrección monetaria”. En consecuencia. la pericia y la prudencia que demanda el manejo del ahorro del público”.V. tal acusación no puede prosperar. sino un profesional del comercio calificado a quien debe exigirse “toda la diligencia.A.A. A juicio del recurrente. que incumplió sus deberes como entidad financiera al desviar culposamente unos dineros que pertenecían al Centro Recreativo y Turístico Cortur S.
general”, proceder que no puede ser génesis del derecho a recibir una compensación, ni es posible que las consecuencias de su ilicitud se trasladen al demandado, porque ello desconoce el principio según el cual nadie puede medrar de su propia ilicitud.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE En relación con el cargo antes memorado, en el que se pregona la violación directa de un principio general de derecho, la Corte encuentra oportuno hacer algún balbuceo teórico que resulta de recibo para la decisión. 1. Según hoy se tiene por establecido, el concepto de
norma rebasa el de regla en sentido restringido, pues conforme ha dicho la doctrina autorizada “con la palabra norma se alude a que algo deba ser o producirse; en particular, a que un hombre deba comportarse de determinada manera. Sin embargo, de cara al significado de la separación de la ley respecto de los derechos y de la justicia, dentro de una noción genérica de norma de este tipo es importante diferenciar lo que podría denominarse «regla» de lo que podría, por el contrario, denominarse «principio»…”
. Una de las maneras de distinguir las reglas de los
principios es que los métodos tradicionales de interpretación sólo se aplican a las reglas y no a los principios, pues el significado lingüístico de éstos es autoevidente2. Según
Zagrebelsky, Gustavo. Il Diritto mitte. Legge diritti giustizia. Traducido por Marina Gascón como El derecho dúctil. Ley, derechos justicia. Valladolid, 1995, Pág. 109.
Zagrevelsky, Ob. Cit., Pág. 113.
Zagrebelsky, los principios remiten a tradiciones históricas y deben ser entendidos en su ethos; mientras que a la regla se obedece, a los principios se adhiere, circunstancia que está vinculada a la comprensión de los valores inherentes a la cultura jurídica y al contexto histórico. Las reglas ordenan, prohíben o permiten; los principios proporcionan criterios para una toma de posición ante situaciones concretas que a priori parecen indeterminadas. Los principios carecen de una estructura basada en un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, razón por la cual sólo generan reacciones ante determinadas situaciones de hecho. Si la “aplicación” del derecho se tomara limitadamente como la subsunción, bastante difícil sería esa operación lógica a la hora de adoptar decisiones judiciales para casos concretos tomando como base únicamente los principios. Según se observa, los principios jurídicos son un acumulado de saber práctico, que sirve de guía a las acciones humanas. En su estructura lingüística son enunciados normativos, prescriptivos, del deber ser, deontológicos. Hay en ellos mandatos, prohibiciones, permisiones o valoraciones implícitas que no tienen como función describir la realidad, sino ser guías para las acciones humanas o exhortaciones al logro de metas social e individualmente deseables. Las reglas, por su parte, tienen un supuesto de hecho y esa característica permite incluir y excluir personas, eventos o cosas, lo cual hace que tengan un mayor grado de determinación que los principios. Baste ver, por ejemplo, que enunciados como la «buena fe» carecen de supuesto de hecho; por el contrario la prohibición del homicidio o del robo,
aluden a hechos y acciones concretas, que por tal condición a la vez que incluyen unos hechos, excluyen otros. Las reglas expresan un carácter dicotómico, de todo o nada, esto es, que operan a la manera de una disyuntiva, pues ese es el propósito en su proceso de construcción, regular unos hechos claramente delimitados para dejar otros por fuera, esto es, no comprendidos en el supuesto de hecho. La regla puede consistir en la inclusión de una población con diversos criterios, como mujer, hombre, mayor, menor, nacional, extranjero, capaz, incapaz, abogado, médico o militar. La diferencia entre principios y reglas, genera como secuela una distinta lectura de unos y otras, pues la representación que se hace el interprete para insuflar sentido a ellas es bien diferente. A la larga, la vaguedad de los principios, su indeterminación y la ausencia de un supuesto de hecho concreto, otorga al lector un mayor margen en la tarea de adscribir significado o desentrañar su alcance, sin perjuicio de que se acuda a ejercicios de ponderación cuando son varios los que están en pugna para su aplicación al caso. Sobre la validez formal de las reglas y de los principios, conviene decir que como los principios no son promulgados por ninguna autoridad concreta, carecen de fuente legitimadora, lo que lleva a que no sea posible predicar de ellos validez formal, en el sentido de haber sido establecidos de conformidad con algunas reglas de producción o de reconocimiento. En verdad los principios ingresan al torrente jurídico como lo hacen las palabras al idioma, es decir, surgen en la
Transpuesto a los principios. o de mala fe. 2. pues su fuente y existencia es puramente axiológica. ni el legislador. su existencia no puede quedar subordinada a ese reconocimiento y. por ejemplo. cuando las Academias de la Lengua intervienen lo hacen para reconocer un hecho: el uso. el retiro posterior de la Carta Política o de apartes de ella.se produce apenas la verificación de una existencia irrebatible. su existencia depende del uso y de la adhesión de los hablantes. la consagración legal o constitucional de un principio en nada altera su esencia. si el principio de «buena fe» toma lugar en una Constitución. pudo tener origen en las E. No.P. allende las fronteras se avecinaba la hecatombe de la segunda guerra mundial y la crisis del derecho positivo.V. Así. sería una muestra de adhesión política. como anuncio del regreso del iusnaturalismo. La presencia de un principio en un cuerpo legal o constitucional. ni el propio constituyente. Exp. en todo caso. jamás podría tener como efecto normativo la autorización para obrar impunemente. se ha positivizado. El punto de inflexión que llevó a verdaderas
disquisiciones sobre los principios. pero este acto de reconocimiento nada añade en su validez formal. Así. pero jamás podría decirse que en ese momento comienza la existencia del principio. cuando el legislador o los jueces aplican el principio o este ha sido consagrado en fórmulas legales o constitucionales -es decir.República de Colombia
práctica común. 05360-31-03-001-2003-00164-01 37
. En esta recensión resulta del todo pertinente ver
que mientras en Colombia la reforma constitucional de 1936 suprimió de la Carta Política la referencia a los derechos naturales. pues sin negar la fuerza simbólica y retórica que tiene la recepción positiva en un ordenamiento. podrían simplemente aniquilarlos. Por ello.
E. como aconteció. en tanto que agredían sentimientos mínimos de justicia. que impiden comprimir todos sus grises y penumbras en unos cuantos enunciados legales. por su textura abierta. Se clamó. conspira contra la complejidad de la vida moderna y la verdadera dimensión de las cosas. carecían de validez axiológica. dejan un campo feraz para la creación judicial. pues ellas. se dijo. a pesar de ser válidamente expedidas. Exp. obedeció a la llamada por algunos “miseria del derecho”.A. así. hay que agregar que la posibilidad de que el legislador cubra con reglas la realidad entera. No. en el régimen nazi. los cuales.República de Colombia
leyes que establecieron la solución final y permitieron el holocausto.V. desde el punto de vista formal. en especial si falló el concepto puramente formal de la ley. La noción de injusticia legal en el Nacional Socialismo y sus repercusiones durante la posguerra en la R. no obstante. por los principios generales. no merecían reparo en cuanto a su expedición. entonces. El renacimiento de un derecho natural distinto. se produce una asociación explícita o implícita entre el derecho natural y el derecho por principios.D.. al punto que quienes las ejecutaron han sido condenados por tribunales contemporáneos. Por ello. Pero además de la circunstancia política vinculada a un periodo oscuro de la historia de la humanidad. mostraron el caso de leyes que. según se insinuó. la crisis del derecho positivo se expresó en que muchos crímenes se cometieron al amparo de leyes expedidas mediante el procedimiento previamente establecido y por los órganos competentes. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. Esta es en esencia la fórmula Radbruch o del entuerto.P. no sería justo obedecer una ley que ordenaba disparar a las personas que cruzaban el muro de Berlín.
del mismo modo. para el ciudadano que no recibe una respuesta del juez.
Bueno es recordar. ya que como es sabido. el ordenamiento estaba saturado y era menester depurarlo de aquellas reglas que fueran contradictorias. La existencia simultánea de las dos normas contradictorias implicaba incoherencia. la plenitud -o completitud.resultaba impensable un caso que no pudiera ser resuelto acudiendo a una norma perteneciente a dicho ordenamiento o que no fuera producto del mismo. cómo los defensores
del positivismo preconizaban la coherencia y plenitud del sistema. una prohibitiva y otra permisiva. podía entenderse bajo la idea de que sobre el mismo hecho no podían existir dos normas. Desde luego que la eliminación de una de las normas que saturan el sistema y que se considera contradictoria.necesaria para disipar la incertidumbre.significaba que por lo menos una de las dos debía pertenecer al sistema.
E. de modo que -para ellos. el juez debía suplir el faltante creando la norma -subregla. además. creación a la que accede no por capricho o como un acto de poder. sino por la necesidad de proveer una decisión. En el primer caso. es una tarea expuesta al error y necesita de una justificación teórica y política. Ésta se lograba por la vía negativa excluyendo la contradicción. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. Para Savigny coherencia y plenitud se podían fundir en una sola característica: la unidad. Exp. No. y positivamente colmando la laguna. por tanto. La coherencia del ordenamiento. quedaría liberado del deber de obediencia al Derecho. cuando hay déficit normativo para resolver un caso.P. no existe el ordenamiento y.República de Colombia
3. la ausencia de ambas conducía a la falta de completitud. a su paso.V.
en las grandes codificaciones y en la exégesis de los textos legales. el lugar que inicialmente ocupó el corpus iuris fue tomado por el Derecho estatal. Así. Exp. El vórtice que en su momento generó la revolución industrial. y la confianza. surgieron algunas tesis como la del espacio jurídico vacío.P. aceleraron el deterioro natural de la confianza en el positivismo. Y claro. conforme a la cual no hay lagunas porque los casos de ausencia de regulación. aún actual. representan
E.República de Colombia
El paradigma de la plenitud del ordenamiento jurídico parece ser una de las características más discutibles del positivismo jurídico y se halla asociada al renacer del derecho romano y a la excesiva confianza en el corpus iuris como una obra que proveía todas las respuestas a los problemas que la realidad planteaba. No. que como un signo de poder político desembocó en la reafirmación del monopolio de la producción del Derecho. todo lo cual llevó a una sobreestimación fetichista del legislador. entre Estado y sociedad civil. producido por la pronta senescencia de los códigos.V. y que viene luego aumentado por las distintas revoluciones tecnológicas y lo vertiginoso de los cambios sociales. ante la crisis del derecho positivo y el renacer de un nuevo derecho natural. así como por el debate. que imposibilitan el olvido de las corrientes incontenibles de la vida que transitan por los huidizos intersticios de la realidad estatal. tal vez excesiva. Todo ello vino potenciado por el surgimiento de la sociología y una filosofía social irreverente contra el estatalismo. sin dejarse confinar por ella. empujada por la velocidad de los cambios sociales y la revolución del conocimiento científico y la tecnología. 05360-31-03-001-2003-00164-01
Carnelutti sugería acudir a las herramientas de auto-integración y hetero-integración. Exp.y subjetivas -o sea. No.República de Colombia
zonas excluidas de la legislación. planteó la necesidad de integrar el ordenamiento jurídico para suplir la falta de completitud. situaciones ajenas al derecho. Aunado a ello. es decir no sobre la norma que es. se comenzó a plantear la existencia de lagunas propias (reales) y lagunas impropias (ideales). el reconocimiento de la existencia de lagunas.V. No obstante lo anterior. los críticos del positivismo en su momento denunciaron la existencia de lagunas ideológicas o axiológicas. sino la que debería ser. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. lagunas voluntarias por rehuir de la complejidad o involuntarias por inadvertencia. esto es. En el primer caso. resultantes de comparar un sistema real con un sistema ideal. las que vienen de las deficiencias o imprevisiones del legislador-.
E. lagunas objetivas -o sobrevinientes de los cambios sociales.P. En la hetero-integración las lagunas del derecho positivo se colman migrando hacia fuentes externas. del que -según él. para concluir que solo un sistema de derecho natural carecería de lagunas ideológicas o axiológicas. pero que tal sistema no ha sido concebido. lagunas de iure condito (reales) y de iure condendo (axiológicas). se eluden en lo posible las fuentes externas y se disuelven las lagunas con herramientas del ordenamiento.viene todo derecho positivo y el que por tener una mayor comprensión valorativa se permite iluminar las zonas de penumbra del ordenamiento. En todo caso. Para llenar las lagunas. al derecho natural. como enfatiza el positivismo jurídico.
P. se puede valer el juez de los derechos naturales innatos. todo. mandaba acudir en su orden a Papiniano. se vale del sintagma “principio generales del ordenamiento jurídico del Estado”. que es más restrictiva. Ulpiano. en el esfuerzo de completar el ordenamiento. Modestito y Gayo. Para otros. El artículo 3º del Código Civil Italiano de 1865 acude a la expresión. de esa manera. según el cual. establece que en caso de dudas el juez pude decidir como si fuera el propio legislador. jerarquizó los escritos de los juristas como referente para el trabajo de integración necesario.República de Colombia
Son ejemplos de ello el código civil austriaco de 1812. las dudas se resuelven acudiendo al derecho natural. artículo 1º. más general y difusa. ora de manera implícita porque aparezcan manifestaciones visibles de ellos. pues privilegia el derecho Estatal y remite más estrechamente a los principios que hayan sido acogidos en el ordenamiento. Y para suplir el déficit normativo. puede igualmente acudirse a distintos modelos de hetero-integración basados en el recurso al derecho judicial (arduamente defendida por la escuela del derecho libre). ya de manera explícita. en el pasado la ley de citas de Teodosio II y Valentiniano III.
. de principios generales del derecho. así como acontece cómodamente en el sistema anglosajón. reza el artículo 17 que en caso de silentium legis. No.V. en el modelo italiano la forma de integrar y completar el sistema jurídico. El código civil suizo. Paulo. pero muy poco uso se hace de esa prerrogativa. Sin embargo. Exp. así.
Edit.. 1994. Teoría del ordenamiento jurídico. la analogía. el artículo 12 del Código Civil Italiano establece que “si una controversia no puede decidirse con una disposición precisa. Temis.3).V. no ya por la regla que se refiere a un caso individual. procedimiento general inclusivo. se hará de conformidad con disposiciones que regulen casos similares o materias análogas. como sucede en la analogía legis. y en el derecho medieval se identificó como argumentum a simili (extensio legis). 05360-31-03-001-2003-00164-01
. Trd. en la temprana independencia. Así. II. (Analitici priores.República de Colombia
En cuanto a la auto-integración. es decir que este procedimiento no difiere del que se emplea cuando se recurre a los principios generales del derecho…”. el artículo 5º del Decreto de 17 de noviembre de 1828 previó que “todo juez o
Bobbio Norberto. la doctrina y la jurisprudencia.236. se decidirá según los principios generales del ordenamiento jurídico del Estado”. si el caso aún presenta dudas..en busca de llenar el vacío que deja la falta de ley escrita para solucionar un caso en conflicto. En lo que a Colombia concierne.P. 1. de leg. También aparece en Aristóteles en el órganon. sino por todo el sistema o por una parte del sistema. a lo largo de la
historia jurídica han sido diversas las soluciones planteadas -en la legislación. y en cada solución se asoma el matiz propio del transitar filosófico. Como se recuerda. pág. Sobre las distintas formas de analogía valga citar a Norberto Bobbio: “…por analogía iuris se entiende el procedimiento con el cual se obtiene una nueva regla para un caso no previsto. sirve para expandir el ordenamiento.3 4. No. viene desde el Digesto (10 D. 24). Bogotá.
E. Jorge Guerrero y Eduardo Rozo A. político y social de cada época. Exp.
los tribunales y
Fondo Quijano 261 de la Biblioteca Nacional de Colombia. bajo pretesto de silencio. por fundamentos tomados del derecho natural.P. 220. Presidente de la República de Colombia. Se respeta en la trascripción. se expidió la Ley 1ª de 10 de mayo de 1834. Lino. 116. con el pretexto de ausencia de norma. de la justicia universal i de la razón… En consecuencia. La costumbre no tiene fuerza de lei en ningún caso. en ningún caso suspenderán el curso i determinación de la causa. Simón Bolívar. Documento a disposición en microfilmación. esa sería una manera de excluirlo del ordenamiento jurídico.V. febrero de 1845. Exp. la forma original de escritura de la época. el Código Civil del Magdalena -Ley de 17 de diciembre de 1857. Imprenta de Zoilo Salazar. por Valentín Martínez.
De Pombo. Recopilación de Leyes de la Nueva Granada. en defecto. No. insuficiencia u oscuridad de la lei. debiendo en tal evento los tribunales i jueces continuar el proceso i determinar el caso ocurrido. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. En tránsito al sistema de Estado Federal. quizá bajo la concepción de que si el ciudadano no recibe respuesta para su pretensión. de oscuridad ó insuficiencia de la lei. Libertador. orgánica de los tribunales y juzgados.
E. puede ser perseguido como culpable de denegación de justicia” 5. pág.República de Colombia
tribunal debe pronunciar sus sentencias con expresión de la lei ó fundamento aplicable al caso” 4. Bogotá. pág.dispuso: “IV. Formada y publicada en cumplimiento de la Ley de 4 de mayo de 1843 por comisión del poder ejecutivo. que en su artículo 125 dispuso que “las consultas que hagan los tribunales i juzgados sobre la inteligencia de alguna lei. A falta de lei o cuando esta sea oscura o deficiente. En tiempo de la República de la Nueva Granada. el juez que rehusare juzgar. Nótese cómo ha sido constante eso de que el juez no puede eludir el deber de decidir.
La que es conforme a la lei. con normas constitucionales y
Editado por el Doctor Rafael Martínez Sarmiento. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. explicó la razón de esta norma en el informe para el segundo debate de este proyecto: “…la cuarta de las disposiciones preliminares sin dar de un modo explícito fuerza obligatoria a la costumbre. La comisión ha creído que. Colombia nació como una República unitaria. sólo prohíbe aducirla en juicio cuando es contraria a la lei. Exp. En ningún caso debe reconocerse como obligatoria la costumbre. A finales del siglo XIX y después de un proceso incesante de ajustes en la forma del Estado. Tal es.P. no es costumbre sino lei: la que le es contraria no podrá reconocerse jamás sin trastornar los más obvios principios de lejislación i sin abrir la puerta a la arbitrariedad i a la anarquía …que fuera de la lei. págs. Justo Arosemena. además. propios de una época de acomodamiento posterior a la independencia. Vicente Herrera y Justo Arosemena. en este particular. debe ser más terminante el Código. el principio consignado de tiempo atrás en nuestro código vigente de organización judicial reconocido también en el proyecto sobre la misma materia que existe en segundo debate en ésta Cámara. Imprenta del Neogranadino.
E. protagonista en la elaboración del proyecto del Código Civil del Magdalena. 05360-31-03-001-2003-00164-01
.V. la razón i la justicia sean los únicos principios que gobiernen las relaciones sociales. R.2. Zenón Solano. En Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. La Comisión los propone pues.República de Colombia
juzgados apoyarán sus decisiones en los principios de la justicia universal y de la razón” 6. No.
Informe que para el 2º debate del proyecto de código civil presentó la comisión conformada por Manuel José González. Pág. Antonio Martínez. la variación que bajo el número 1º se encuentra en el pliego adjunto” 7. Salvador Camacho Roldán. 1855. 8 y 9.
solo es poderosa y santa cuando su origen es respetable y respetado. que se refleja en la tesis de que “la ley escrita. 40.
legales provenientes de un Consejo Nacional de Delegatarios. constituye derecho. ineficaz. i a falta
Caro. 05360-31-03-001-2003-00164-01
.V. en Estudios constitucionales. manteniendo la tesis autoritaria y confesional del Estado y el fundamento divino de la ley humana. tal precepto reza que “en materias civiles. cuando en los grandes acontecimientos de la historia se reconoce la acción de un poder divino. porque se apoya en el orden moral y en la fe religiosa de la sociedad” 8 . En este entorno. Biblioteca Popular de la Cultura Colombiana. autorizando en el artículo 8º la aplicación de la analogía. la costumbre. la doctrina constitucional y las “reglas generales del derecho”. por sí sola. Bogotá. Esquema de la historia constitucional colombiana. que adoctrina. Entonces el orden legal es sólido. Miguel Antonio. No. el Consejo Nacional de Delegatarios con facultades legislativas. castiga y premia a las naciones. fallará el juez conforme a lo que dispongan las leyes para objetos análogos. a falta de lei escrita o de costumbre que tenga fuerza de lei. y en su defecto.P. Exp. y les concede situaciones extraordinarias para constituirse y engrandecerse. expidió la Ley 153 de 1887 en la que determinó que a falta de legislación. en las condiciones establecidas por el artículo 13º. 1951. es. Entre los propósitos de Caro. estaba el de restaurar la tradición jurídica española que se había implantado en América a partir de la Conquista. Este enunciado normativo es de similar textura al contenido en el artículo 4º del Proyecto de Código Civil de Chile de 1853 que fue presentado por Andrés Bello. pág. cuyo pensamiento estaba inspirado por la influencia de Miguel Antonio Caro.
Andrés Bello. Tomo I de Droit Civil de Delvincourt. En
Obras completas de Andrés Bello. Sin embargo. haya adquirido fuerza de ley. estaba vigente el numeral 4º del artículo 3º de la Ley de 12 de septiembre de 1851. Franklin. se recurre entonces a la costumbre. si se presenta algún caso sobre el cual no haya alguna disposición expresa. dijo en sesión de 31 de julio de 1850 que “por esta enmienda no se hace más que agregar una regla con la que siempre se conforman los tribunales al sentenciar las causas.al exponer ante el Senado los argumentos para su aprobación.V. 22. Imprenta Universitaria. Edición hecha bajo los auspicios de la Universidad de Chile. que. Santiago de Chile. porque es sabido que todo juzgamiento se decide primero por las leyes vigentes del país. el artículo 4º del proyecto de Bello que se ha citado. por tener todos los requisitos necesarios. norma adoptada tiempo después por el Código de Procedimiento Civil Chileno de 1902. más raro aún que aquél en que falte ley expresa. las razones de equidad natural que sirvan de fundamento a la sentencia” (subrayas ajenas al texto original). preceptuaba que toda sentencia debía contener “los hechos i las disposiciones legales. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. en defecto de éstas la costumbre que tenga fuerza de lei. en el numeral 5º del artículo 19310.P. pág. No.
Otero E. Tomo IV. uno en que no haya tampoco esa costumbre con fuerza de ley. no hizo parte del Código Civil Chileno de 1855. 1906. conforme a los principios jenerales de derecho i de equidad natural 9”. Editorial Nacimiento Santiago de Chile.República de Colombia
de éstas. a saber. Exp. debido a que allá. i a falta de una i otra. y que. Pero puede ofrecerse otro caso. 87. en ese momento. pág. Código de Procedimiento Civil de la República de Chile. En tal caso. no habría más arbitrio que fallar según los principios de la razón natural. Esta disposición.
E. -autor del proyecto de la Ley Chilena de 12 de septiembre de 1851. En la nota de concordancia del citado artículo se referencian el artículo 21 del Código de Luisiana y la página 8º.
P. como manda el artículo 4º. XLVI. Tomo XX. según se sabe. o sea para ilustrar la Constitución en casos dudosos. el Derecho Civil Chileno -conforme lo expresa la doctrina extranjera-. al caso controvertido. no obstante. Sardo. Codicis. la Ley Chilena carece de reglas semejantes a las previstas en los artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887.República de Colombia
el proyecto original. Cuerpo del Derecho Civil Romano. que. 1889 pág. Sobre los antecedentes de la Ley 153 de 1887. la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”. de Prusia. el Código Civil Francés. sirven como criterio hermenéutico a fin de fijar el pensamiento del legislador.V. se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes. he creído necesario hacer esta agregación para determinar la regla a que deben sujetarse los tribunales en sus procedimientos” 11. acudiendo a “los principios del derecho natural”. los códigos de Luisiana. del Cantón Vaud. 18447-1850. es decir. ciertas leyes españolas derivadas de las Siete Partidas. pág. hay que remarcar una clara identidad entre ella y la ley expedida en Chile el 7 de octubre de 1861. o lograr la plenitud del ordenamiento jurídico. de Austria. Libro Tercero. “tuvo como fuentes de inspiración el Derecho Romano12.
E. pues según reza la norma. La Novísima Recopilación y el Fuero Real. No. Labor en el Senado de Chile. como ésta puede faltar en muchos casos. “cuando no haya ley exactamente aplicable. 313. A su vez. de las Dos Sicilias. Barcelona. pero. como el Alemán Savigny. Holandés y Bávaro… A las anteriores fuentes de legislación positiva se unen otras doctrinarias. obras de autores de distinta nacionalidad.
García del Corral Ildefonso. Exp.536. y en su defecto. los
Obras completas de Andrés Bello. se dice que debe resolverse según una disposición legal. 05360-31-03-001-2003-00164-01
Antonio. Gutiérrez y. y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. la alusión “a los derechos naturales” despareció de la Carta Política en la reforma constitucional de 1936. Así el artículo 19 de la Carta Política de 1886 establecía que “las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida honra y bienes y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales. el nuevo tenor de esa disposición estableció que “las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida honra y bienes y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. pág. Gómez. 93. esta versión primigenia de la norma fue
modificada por la reforma de 1936. muy especialmente. algunos juristas ingleses (muy pocos). Florencio García Goyena”
. bienes. varios españoles. Tomo I. estableció que “las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida honra. se ajustaba a la Constitución de 1886.
E. Rogron. que en su versión original aludía a los “derechos naturales”. Molina.República de Colombia
comentaristas franceses de su Código Civil (Delvincourt. Matienzo. Como se aprecia.P. No. Somarriva U. como Gregorio López. Arturo.V. Editorial Jurídica de Chile. Posteriormente. Por
Alessandri R. previniendo y castigando los delitos” (Subrayas no originales). Mourlon). el inciso 2º del artículo 2º de la Carta Política de 1991. y Vodanovic H. Tratado de Derecho Civil.
La consagración de los principios del derecho natural y de las reglas generales del derecho en la Ley 153 de 1887. Partes Preliminar y General. Tapia. Exp. Luego. creencias. 05360-31-03-001-2003-00164-01
que pueden valerse de ellas según su propio criterio.
Código Civil concordado y Leyes adicionales concordadas y comentadas por Manuel J. y que.República de Colombia
su parte el artículo 230 de la Carta establece que “la equidad. pág. y en Baudry.P. -representante del Estado de Panamá-. Bogotá. cuando al concordar y comentar en 1888. Bogotá. -en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887. Tomo VII.
En el mismo sentido se pronunció Manuel J. con no poca frecuencia. en el Consejo Nacional de Delegatarios. MCMXLII. con soporte en la doctrina romana. hizo la recepción de la regla en la Ley 153 de 1887. refiere como cita la de un autor chileno en la que afirma que “en las legislaciones romana y española estaba mandado que se aplicaran estas reglas en los casos no resueltos por una ley contraria. el artículo 8 de la Ley 153 de 1887. Obras Completas. No. 25. 498. septiembre de 1889. que pervive en nuestro ordenamiento jurídico.Lacantineire.
E. Labores Legislativas y Estudios Jurídicos. Miguel Antonio. Paris 1888
. Angarita. la jurisprudencia. Edición de 1888. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. No sobra añadir que el término “reglas generales
del derecho”. las aducen en apoyo de sus decisiones. pág.fue considerado desde su origen. Précis de droit civil.V. Puede verse la enumeración de algunas de esas reglas en Escriche. los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”. nuestro Código deja a este respecto en completa libertad á los jueces. Angarita. acogida en la tradición jurídica española. Miguel Antonio Caro.
Caro. Imprenta Nacional. artículo «Reglas del Derecho»…”
. 5. equivalente al de “principios generales del derecho”. Librería Colombiana. Exp.
En el mismo sentido las ediciones de 1931 y 1977. del tít. princ. Bogotá. Por su parte. part. y que se fundan en la equidad” 17. el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. 7.
Tomo I. 462 a 464. del Magistrado Honorario de la Audiencia de Madrid Joaquín Escriche. en el del derecho natural. y de la de MURILLO” 16. y las reglas de la
artículo 4º de la Ley 153 de 1887.República de Colombia
Justamente. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. 6. en el derecho colombiano. 1977. singularmente Don Fernando Vélez. principios Como se ve. Paris.V. et est quasi causae conjectio. La explicación de su sentido y algunos ejemplos de sus aplicaciones. Paris. y tienen fuerza de ley en los casos que no están decididos por alguna ley contraria: Regula est quaerem quae rem quae est breviter enarrat. 1926. 1920. y varias que se proponen como ejemplo… El derecho romano contiene además otras muchas reglas muy trascendentales (1): también son muy importantes y de frecuente uso las once reglas del 5º de las Decretales y las ochenta y ocho del 6º. Exp. Hay muchas reglas esparcidas en el cuerpo del derecho. pueden verse al fin de la obra de VALLENSIS O DEL VAULX. la doctrina nacional.’. 34. M-Z. -obra consultada por los juristas chilenos y colombianos de la época-.P. Editorial Temis. confirmó la referida similitud. mandados aplicar por las legislaciones romana y española. se alude a que “los jurisprudencia servirán para ilustrar las Constitución en casos
Librería de la Vda. Tomo IV. tales como ‘donde la ley no distingue no es dado distinguir al hombre etc. informa que “reglas de derecho” son “ciertos axiomas o principios que en breves y generales palabras demuestran luego la cosa de que hablan. 49.
E. Boulevard Poissonniere. No. Bouret. Imprenta Paris América 145. págs. al precisar que “las reglas de derecho son ciertos axiomas o principios generales. de C. pág. en su estudio sobre el Derecho Civil Colombiano.
7. sin limitarlas a las previstas en el ordenamiento jurídico del Estado. que “cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido. anida un modelo de heterointegración. alude a “los principios del derecho natural”. el modelo o sistema colombiano consagra en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887. Exp. incluso. la forma de colmar las lagunas debe acompasarse con lo que manda ese cuerpo normativo centenario. no ha existido duda sobre que las reglas generales del
E. es decir.P. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”. con lo cual no queda duda que en la legislación patria. como describe Norberto Bobbio para el sistema italiano. a los principios generales del ordenamiento “del Estado”. y en su defecto. a los principios del derecho natural. No. tendría que concluirse que en Colombia quedó consagrado un modelo de hetero-integración. Pero además de remitir a los principios del derecho natural. en una forma singular de integración del ordenamiento jurídico.V. pero si ello no fuera bastante para hallar la fisonomía del sistema colombiano. que la remisión a los principios generales del derecho es excesivamente amplia y que por ello fue deliberadamente restringida. pues el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 remite a las “reglas generales del derecho”. hay En la añeja jurisprudencia de la Sala de Casación verdaderos ejemplos anticipatorios sobre la hacia los principios
aplicación de las reglas generales de derecho. En todo caso. recuérdese que el artículo 4º de la Ley 153 de 1887. por todo ello.República de Colombia
dudosos”. Civil. se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes. Si se entendiese. con apertura generales y al derecho natural. abierto.
a falta de una disposición exactamente aplicable al caso controvertido podrá el juez recurrir a los principios generales del derecho. en virtud del cual. de la consignada en el artículo 8. La resurrección de estas reglas y.1. La Nueva Jurisprudencia de la Corte. 30 de octubre de 1935 y 5 de octubre de 1939. fue desarrollado entre otros. en particular. No. normas que le permitieron aplicar con muchos años de anticipación los métodos de interpretación formulados por Geny y la Escuela Científica del Derecho. Así. 244). señala el punto de arranque de la nueva jurisprudencia de casación civil” (Taffur Morales. Valga hacer memoria de algunos ejemplos. residente ahora en el artículo 95 de la Carta Política. 7. “la nueva sensibilidad insospechada de la Corte ha en encontrado las reglas una base de consistencia hermenéuticas
formuladas magistralmente por el legislador de 1887.P. normas de tan auténtico valor científico que sus principios coinciden maravillosamente con los que años después informaron el programa de la que ha venido a llamarse Escuela Científica del Derecho. en lo que respecta al principio que dispone no abusar de los derechos. Exp. en fallos de 19 de agosto de 1935. Y esa antañona teórica en muchas materias. pág. La sala de casación ha descubierto o resucitado en la Ley 153 de ese año. lo cual no impidió que la Corte acudiera a los artículos 13 y 8° de la Ley 153 de 1887.República de Colombia
derecho son los principios generales del derecho y que ellos hacen parte del ordenamiento jurídico.V. se hizo porque el Código Civil carecía de preceptos específicos. Como en su momento anotó la doctrina autorizada. 05360-31-03-001-2003-00164-01
E. Ed. Francisco. Óptima.
7. la Corte sentó como doctrina que las reglas generales del derecho son verdaderos principios y que éstos hacen parte del ordenamiento jurídico. Exp. la realidad de esos dogmas consuetudinarios es tan cierta como puede serlo la de los principios consignados en los términos más expresos e imperativos. En sentencia de 20 de mayo de 1936. Más aún: aquellos dogmas consuetudinarios están por encima de estos principios. socialmente. la del abuso del derecho: aunque ningún texto de derecho positivo las enuncie en su forma general. sobre todo. de. la teoría del enriquecimiento sin causa y. No. que no podría desconocer esas verdades superiores.V. Los derechos que éste reglamenta no se realizan abstractamente y en el vacío: funcionan en un medio social. se recuerda cómo antes de que ella fuera recogida en el artículo 868 del Código
E. de directivas y de standars. alrededor del derecho escrito. XLIII. Civ. puesto que escapan a la arbitrariedad del legislador. vive y hierve todo un mundo de principios.J. ya que no emanan de él. G.2. Cas.3.República de Colombia
7.todo el derecho no está encerrado dentro de la legalidad. y como una especie de super-legalidad… Entre esas directivas pueden citarse… la regla error communis facit jus. a las cuales él mismo está subordinado. en los cuales distingue muy justamente Hauriou los principios constitucionales del comercio jurídico. En ese fallo se lee que “…‘según la expresión de Geny -anota Josserand. no en una dirección cualquiera sino en vista de fines determinados. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. 47-48). en un abuso que acarrearía una sanción” (Sent.P. al rededor de la regla formal. desempeñan un papel en ese medio. su misión es la de realizar la justicia y ellos no podrían rebelarse contra ésta sin que se incurriera en un contrasentido jurídico. De la misma manera y en lo que atañe al principio que recoge la teoría de la imprevisión.
474). 8. sin que sufran una grave lesión en sus intereses”. o sea que hay que suponer que las partes han entendido mantener el contrato si las circunstancias en que se celebró no cambian. y la doctrina se han encargado de establecer su fundamento.República de Colombia
de Comercio. por cuanto que las aludidas normas de aquella obra divergen sólo en las particularidades de esos casos” (Sent. El enriquecimiento sin causa estriba en el principio general de derecho de que nadie puede enriquecerse E. XLIV. que se encamina a darle al juez el poder de modificar la ejecución de un contrato cuando han variado de tal manera las circunstancias que se hace imposible para una de las partes. En otro de los pronunciamientos la Sala precisó que “…a falta de una fórmula dogmática en nuestro C.4. Consúltense las sentencias de 19 de agosto y 19 de septiembre de 1935.V. la jurisprudencia (entre nosotros con apoyo en los artículos 5. recibió abrigo en la sentencia de 29 de octubre de 1936. Exp. fuente de las obligaciones. donde se evocó “el aforismo de los glosadores del Derecho Romano.5. se ha fundado la teoría de la imprevisión. las cuales contienen esta misma teoría). Civ. Y en punto de que no es lícito romper sin medida el equilibrio. 7.P. cumplir lo pactado. fuente de obligaciones. Cas. «rebus sic stantibus». delimitando el ámbito de su dominio y aplicación y precisando sus elementos constitutivos. notoriamente en lo referente al pago de lo no debido. ha enseñado la Sala que “…los casos especiales de enriquecimiento sin causa contenidos en nuestro Código Civil. 05360-31-03-001-2003-00164-01 55
. relativa al enriquecimiento sin causa. como existe. Civil. y 48 de la ley (1) 53 de 1887. no destruyen la unidad de esta noción de derecho. de 19 de noviembre de 1936. 7. No. tanto en las legislaciones suiza y alemana como en las posteriores a éstas. G.J.
como la de que trata el presente fallo. G. Pág.República de Colombia
torticeramente a costa de otro” (Sent. Cas. 474. G. 1923. que a falta de una disposición legal recibió desarrollo de la Corte con fundamento en los artículos 5°. No.J. 1930. también. XLIV. Sent. Cas. 39). No. sin que la magistratura pueda negarse a fallar porque ello le implica una grave responsabilidad cuando el precepto escrito le dice que los jueces y magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio. el enriquecimiento sin causa y aquéllas que. obscuridad o insuficiencia de la ley. 7. No.J. La creación del derecho se expresó. y teniendo de presente los avances que en esta materia ha realizado la legislación foránea. G. incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia. Pág. tenía que acudir a principios inspirados en normas de equidad y de buena fe que la doctrina. En armonía con los conceptos antes expuestos. deben resolverse por analogía con otras disposiciones y sobre la base de la equidad y de la
E.J. en el enriquecimiento torticero.J.J. G.6. ha fundamentado la acción originada en el abuso de los derechos. de 6 de septiembre de 1940. 7. 803.7. No. Civ. 8° y 48 de la Ley 53 de 1887 (G. cfrm. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. En el mismo sentido la Sala afirmó: “…el fallador para desatar esa oposición de intereses. 1949). de 19 de noviembre de 1936. a falta de una norma positiva expresa. 25. Cas.V. de 11 de julio de 1939. Exp. Civ. L. el artículo 8o de la ley 153 de 1887 expresa:…’Sobre el espíritu de esta disposición la doctrina y la jurisprudencia colombiana. Civ. Sent. la jurisprudencia y la ley misma se han encargado de hacer prevalecer con fuerza coercitiva para restablecer el equilibrio jurídico. inspirada en normas reguladoras de una normal convivencia social.P.
No. principio enunciado mediante la máxima de los latinos «Nemo auditur propriam turpitudinem allegans».8. Y en sentencia posterior se explicó que “…el ordenamiento jurídico no está constituido por una suma mecánica de textos legales. desacertado el fallador de instancia al resolver en la forma en que lo hizo tanto la demanda principal como la de reconvención. Cas. No es como muchos pudieran creerlo.P. muchos de ellos no enunciados concretamente por el Código Civil. Todo orden jurídico está integrado por ciertos principios generales.V. de 12 de mayo de 1955. deberán aplicarse las reglas generales del derecho. una masa amorfa de leyes. 7. Civ. pues. Entre los principios generales vigentes en el derecho positivo deben recordarse dos de importancia capital para fallar el presente negocio: el que prohíbe a una persona fundarse en su propia torpeza o inmoralidad para obtener beneficios a su favor.J. 05360-31-03-001-2003-00164-01 57
. Ya el artículo 8º. Exp. 232). 322). Civ. LXXX. se han hecho aplicaciones concretas en casos singulares. y el principio de la buena fé exenta de culpa: «Error communis facit jus» (Sent. la lectura del fallo pone de presente su esfuerzo para liquidar el conflicto en forma clara sin que pueda razonablemente fundarse contra él una tacha por desconocimiento de legítimos derechos que aparecen compensados para buscar una solución inspirada en la justicia” (Sent. de 23 de junio de 1958. prescribe que a falta de leyes aplicables a los casos controvertidos. de la ley 153 de 1887. que el intérprete debía E.J. sin duda. Cas. G. pero de los cuales.República de Colombia
moral. G. LXXXVIII. En esa misma providencia se señaló que “…los métodos antiguos de interpretación enseñaron que en el Código Civil se encontraba todo el derecho civil. No anduvo.
. son expresiones que no tienen cabida dentro de una concepción exegética del derecho civil. ha sido rota definitivamente en nuestra época y reemplazada por una metódica distinción entre derecho y ley escrita. que habla de las reglas generales del derecho. principios generales del derecho.República de Colombia
aplicarlo sin poder extender los casos previstos por el legislador a otros casos y siéndole prohibido investigar la existencia de ciertas reglas o principios generales tradicionalmente reconocidos por las naciones civilizadas. reglas de la jurisprudencia. el artículo 32 del Código Civil que ordena interpretar los pasajes oscuros o contradictorios de la ley del modo que más conforme aparezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. espíritu general de la legislación. es decir. sino que es una ciencia de principios generales. No. la más importante desde luego. es un sistema compuesto no de casos empíricos. pero no la única. La ley escrita es apenas una de las fuentes formales del derecho. principios de la equidad. dentro de aquella idea que enseña que el derecho civil no se compone de casos aislados o empíricos. Pero esta identificación del derecho civil con el Código Civil. El derecho en general. Exp.P. Todas esas expresiones. el mismo artículo 4º de tal ley que habla de los principios de derecho natural y las reglas de la jurisprudencia. o más exactamente. Esta concepción se encuentra vigente en nuestro derecho por mandato expreso del ya citado artículo 8º de la Ley 153 de 1887. sino integrado por verdaderas instituciones y principios generales. sino dentro de una concepción sistemática.
E. entre el derecho y la ley escrita. el artículo 5º de la misma ley que se refiere a la equidad natural.V.
G. concluyó que “las reglas generales de
derecho hacen parte del ordenamiento jurídico. a la hora de proveerse el derecho -lo que supone haberse superado el problema de competencia-. y así lo consagran disposiciones varias. Entre esos principios o reglas generales de derecho.P. 7. afirmó la Sala que “…esas reglas generales de derecho se hallan así por disposición expresa de la ley. Otra cosa es que se discuta acerca de aplicabilidad de tales principios ya dentro del juicio.10. dentro de las cuales cabe mencionar el artículo 8º de la ley 153 de 1887 y el 32 del código civil. se sale de órbita y se arroja a terrenos extraños. Luego. No.República de Colombia
El juzgador debe pues.J. 143).V. erigidas en normas reguladoras de la vida jurídica. De la misma manera. Civ. Y carece de sentido sostener que cuando el juzgador las aplica. en cada caso concreto.9. de 27 de octubre de 1961. a cualquier controversia sobre la competencia de los jueces” (Sent. ajeno en un todo. Es justo por derecho natural que nadie se haga más rico con detrimento e injuria de otro” (Sent. XCVII. los conceptos generales y con su ayuda extraer el sentido propio de los textos legales” (sublíneas ajenas al texto). Cas. Civ. Cas. naturalmente. investigar los principios. renegando de su competencia. de 24 de noviembre de 2000. Exp. evento en el que el asunto habría de ser situado en el ámbito del vicio in judicando. se halla el consabido jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri lucupletiorem. Expediente 5365).
Exp. Ha precisado la Sala. no puede cerrar el paso a la merecida indemnización. Cas.V. que las reglas generales del derecho pueden aplicarse bien sea por analogía juris o de manera directa: “…en efecto. de 19 de noviembre de 2001. como lo ha precisado de antaño esta Corporación” (Sent. los perjuicios morales de tan inasible
E. o hagan en extremo difícil deducir un equivalente exacto entre el monto de la indemnización y el daño material padecido por las víctimas y por cuanto ‘dicho monto no viene a desempeñar. civ.12. ya que sólo en defecto de ella podrá el juzgador señalarla. 7. enfrente de los beneficiarios.11. corresponde antes que todo verificar si el legislador. claro está que con sujeción a los principios generales del derecho. No. per se. 107 y 321). pues al margen de las cláusulas que -según el caso.ciertas obligaciones que se ven afectadas por la inflación (cas. ante la configuración de excepcionales circunstancias fácticas que imposibiliten. entre otras.P. sino la función de satisfacer. ha establecido una metodología especial que deba seguirse para preservar la capacidad de compra del dinero. Civ. que la simple dificultad de tipo probatorio. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. Exp. a dicho reconocimiento no se le apareja que los Jueces puedan determinar libre y espontáneamente la manera como ese ajuste debe hacerse. pues ‘si ello fuere así. 6094). No.República de Colombia
7. aun cuando no consagre expresamente el deber de corregir monetariamente determinada obligación. además.
También recalcó que “…aunque la Corte ha
registrado de tiempo atrás la necesidad de indexar –actualizar o revaluar. se colige. en la generalidad de los casos. CLIX. págs. cierto bienestar que reemplace al que fue arrebatado por la muerte de una persona’. siguiendo otros precedentes jurisprudenciales. de 24 de abril y noviembre 19 de 1979.las partes válidamente pueden acordar con ese específico cometido.
No. No. 05360-31-03-001-2003-00164-01
.13. de modo que no es posible determinar con antelación los casos en los que serán aplicados. en el entendido de que ‘la ley no dice cuál es el criterio adoptable para tales justiprecios’. de 14 de agosto de 2007. y que.V. en las que sí es posible fijar escrupulosamente los supuestos de hecho de su aplicación. para distinguirlas de las reglas legales llamadas cerradas. 7. entre ellos el que proscribe el enriquecimiento sin derecho en perjuicio de otro” (Sent. ora porque no evidencian de manera explícita un supuesto fáctico o lo presentan de manera fragmentaria. También reiteró la Sala que “el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 como norma sustancial violada… abre el camino para la aplicación de los principios generales del derecho. tratándose de daños ciertos que se proyectan en el futuro. lo que. como es. Recientemente. 7. Cas. o
E. la Corte precisó que los principios generales del derecho “se caracterizan por un alto grado de abstracción. Cas. no podrían jamás representarse en cantidades pecuniarias’. siendo. No. admitiendo que ‘el juez está dotado de alguna relativa libertad para llegar a conclusiones que consulten la equidad.República de Colombia
evaluación.P. págs. Civ. irrealizable a todas luces una justicia de exactitud matemática’.14. razón por la cual suelen calificarse de normas abiertas. Civ. lleva ineluctablemente indispensable a concluir a que las ‘en esta labor es del acudir reglas generales
derecho’. Exp. Exp. 6975). Exp. de 5 de octubre de 2004. ‘la prestación de la indemnización debe consultar una compensación equitativa que ponga a los damnificados en una situación patrimonial más o menos equivalente a la que tenían antes del acontecimiento que les causó el menoscabo (XLVI. 1997-01846-01). 689 y 690)’…” (Sent.
simplemente. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. que en caso de colisión. Aquellas señalan cómo
E. son justiciables y. de aplicación usual por los jueces.República de Colombia
porque. Sea cual fuere su estructura. En cambio. las reglas legales son obedecidas. dependiendo de las condiciones reales o jurídicas en las que se encuentre el agente. no hay duda que en los principios se halla una nota descollante que no se evidencia en las otras reglas jurídicas y es su peso o importancia. los segundos aluden a intereses y son propios de la política y la legislación. motivo por el cual se les conoce como “mandatos de optimización” (u optimación. Exp.
otros. por ende. ambos siguen siendo válidos a pesar de que en el caso concreto uno de ellos se prefiera al otro. En todo caso unos y otros tienen un significado lingüístico autoevidente. Mientras que los primeros se caracterizan porque expresan derechos. se adhiere. ni comporta de manera definitiva e ineludible una cláusula de excepción. quizás). en virtud del cual su genuino sentido y alcance no puede ser esclarecido a partir del significado de las palabras. en tratándose de las reglas legales no es posible aseverar que una sea más importante que otra. se establece entre ellos una “relación de preferencia condicionada”. Ahora. mientras que a los principios. se impone un proceso de ponderación. en la medida en que pueden ser cabalmente cumplidos en diferente grado. uno de ellos no deja de ser válido. en cambio.P. de manera que cuando dos principios entran en conflicto.
indefinición en la consecuencia jurídica. al cabo del cual.V. de modo que si entran en conflicto la solución es de todo o nada: o una de ellas no es válida. o siempre cederá en presencia de la otra. No. o sea. dependiendo de las circunstancias del caso.
solamente adquieren relevancia operativa haciéndolos obrar frente algún caso concreto. Allí. Exp. 2ª edición. la Corte Suprema de Justicia cumplió en su momento con el desarrollo vanguardista de los principios generales del derecho. determinar su significado de manera abstracta. No. Librería Americana. como tampoco pueden ser utilizados en operaciones lógicojurídicas. Como éstos. era una necesidad ontológica. explicó que el deber de decidir sin excusarse por el vacío o la oscuridad de la legislación. Según se constata en la anterior recensión. así. pero proporcionan criterios adecuados para fijar un punto de vista ante situaciones concretas que a priori aparecen indeterminadas. a partir de 1935 la jurisprudencia fue favorable a las tendencias de la Corte de Casación Francesa. a juicio de alguno de sus partícipes. directamente. en la sentencia C-083 de 1º de marzo de 1995. además. en determinadas situaciones específicas por ellas previstas. de 16 de agosto de 2007. y reiteró aquello de que no hay lagunas porque hay jueces. Civ.P. Cas. Exp. cuando no son mandatos de optimización. pág. en un proceso histórico según el cual.República de Colombia
debe actuar la persona. se dejó sentado que en el recurso a la analogía juris.
E. la Corte de Casación ha dejado de estar al servicio de la ley para hacer justicia al Derecho” (Pérez Vives Álvaro. 25875 31 84 001 1994 00200 01). o no hacerlo. Casación Civil.V. no es posible. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. No. a ese respecto. 8. la Corte Constitucional declaró
ajustado a la Carta Política el artículo 8º de la Ley 153 de 1887. 17). los principios. en particular en procesos de subsunción” (Sent. carecen de supuesto fáctico específico. Por su parte. 1946. “en tales circunstancias. al paso que los principios nada dicen. entonces.
en el mejor de los supuestos. la Corte Constitucional tomó partido por una de las visiones posibles de lo que constituye el sistema jurídico. regularidad y carácter normativo suficientes como para considerar que las pautas aplicadas son normas jurisprudenciales en vigor’. en el contexto del artículo 230 de la Constitución Política. el rango de candidatos a integrar el sistema. por una suerte de inducción.República de Colombia
es decir en la búsqueda de una norma en la cual “a partir de diversas disposiciones del ordenamiento. como aconteció con el abuso del derecho E. Exp. y se aplican a casos o situaciones no previstas de modo expreso en una norma determinada” no hay abandono alguno del ordenamiento sino justamente la consulta del mismo. al reducir todo a la idea de regla de reconocimiento como método para identificar el parecido de familia de un determinado principio y así indagar sobre si su estirpe pertenece al ordenamiento. A pesar de ello y aunque la Sala considera relevante en grado sumo que haya la consagración expresa de principios en la Carta Política. no hacen parte del ordenamiento pues no son materialmente reductibles a la Constitución.por disposición del legislador”. No. “equidad” y “derecho natural” son. por ende. una vez que ese uso adquiera consistencia. 05360-31-03-001-2003-00164-01 64
. se extraen los principios generales que las informan. cosa que de antaño estaba dicha. Para la Corte Constitucional las expresiones “principios generales del derecho”. No obstante. o se incorporen al ordenamiento -agrega la Corte.P. Según expresión afortunada de Carrió ‘pueden ser llamados ‘principios jurídicos’ en cuanto se refieren a aquél (el derecho) pero no en cuanto partes de él’ Y añade : ‘el uso judicial de ellos puede conferirles. principios generales extrasistemáticos que “no satisfacen las condiciones de la regla de reconocimiento y.V.
Si “hay exigencias de justicia general.P. con ello no se agotaría el ordenamiento.N.
Así. Pág. la pertenencia del principio al ordenamiento no puede depender de un acto o de una autoridad contingente. No. como si dejara de ser parte del espíritu general de la legislación. aunque se ampliara la parte dogmática de las constituciones modernas y se transformaran los principios en normas positivas. de los dictámenes del propio tribunal de la razón humana.) y la buena fe (artículo 83 C. la tarea de definir qué otras reglas pertenecen al ordenamiento. para derivar en últimas su esencia.). y que trascienden alguna mecánica de identificación. cómo confiar a un test. Así las cosas.cit. un orden que debe ser perseguido como tal”
. Exp. o a una regla difusa como la de reconocimiento. 05360-31-03-001-2003-00164-01
Zagrebelsky Ob.República de Colombia
(artículo 95 C. la abolición del procedimiento. 94
E. sino que en él subyacen las condiciones para la salvaguarda de aquellos intereses materiales que forman parte de la esfera de inmunidades del individuo. o el cambio del test o de la norma aplicable. pues ello implicaría que la desaparición de la autoridad que hizo el reconocimiento. que en un momento fundante decida la inclusión mediante una herramienta como el test que sugiere la Corte Constitucional.V.N. arrojarían el principio fuera del sistema. que por lo tanto no están disponibles para las mayorías. olvidando que el Derecho no es el espacio para la transacción coyuntural de los intereses transitorios. existe un orden que está por encima tanto de las voluntades individuales particularmente consideradas. cuanto del acuerdo de las mismas que se expresa a través del principio de la mayoría. ni estaría completo de una vez y para siempre.
9. ora porque se interpretan de manera errónea. el 29 de septiembre de 1935. para abrir el espacio al recurso de casación. asimismo. la doctrina revela que “la Corte hizo en la década de 1930 aplicación de la tesis según la cual basta la invocación de un principio como norma de derecho sustancial para que se abra el espacio de la casación.V. por sí mismos. No. para la Corte de antaño los principios eran parte del ordenamiento y el recurso de casación no estaba instituido para la defensa de la ley -en sentido formal-. para la máxima «nadie puede enriquecerse sin causa»…” (Pérez Vives Álvaro. 17). 2ª edición.P. 1946. modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas. Como se recordará. XLIV. de
Ahora bien. 129 1ª y 19 de noviembre de 1936. Cabe agregar que dichos principios. en la labor decidir transgredidas reglas positivas. poseen la idoneidad para crear. tienen el carácter de normas de derecho sustancial en aquellos eventos en los cuales. tomó como soporte el principio «error comunis facit ius». pág. Librería Americana. Así en las sentencias de 20 de mayo de 1936. sino que también es factible la infracción de los principios generales del Derecho. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. lo cierto es que en la práctica. basta con invocar una regla general de derecho -en tanto sea la base del fallo o haya debido serlo-. bien porque se hacen operar indebidamente. XLIII. no sólo pueden verse
que genera el tema. Exp. XLIII. sino en resguardo de todo el ordenamiento.s. Por ende. más allá de las discusiones teóricas una controversia. pues los principios hacen parte del ordenamiento jurídico que el recurso debe salvaguardar. Casación Civil. En ese mismo sentido. ya sea porque dejan de aplicarse. 44 y s. Entonces. págs. también se dijo que “los principios generales del derecho por sí solos también sirven
y aplica la regla general del derecho. esto es. porque si la tiene debe fundarse en él. Así. 05360-31-03-001-2003-00164-01
consagrados expresamente en una ley. hay necesidad entonces de aplicar. se requiere que el demandante carezca de toda otra acción para que pueda ejercitar la fundada en este principio. Entonces el fallo es acusable por violación de la ley que el sentenciador se abstuvo de aplicar siendo aplicable. Los casos que pueden ocurrir. conforme al artículo 8º de la Ley 153. porque hay normas jurisprudenciales sobre la correcta aplicación de esta regla. pero aplica mal. a falta de ley o doctrina constitucional.República de Colombia
recurso. b) El sentenciador resuelve aplicar una ley que considera aplicable. los resume Alberto Zuleta Ángel así: a) Dice el sentenciador que no hay regla aplicable.P. delito o cuasidelito. No. Pero sí hay ley aplicable. La acción originada del enriquecimiento injusto es subsidiaria. c) El sentenciador considera que en realidad no hay ley aplicable. no es admisible la acción fundada en el enriquecimiento sin causa cuando el demandante tiene acción fundada en un contrato. El fallo es entonces acusable por violación de las disposiciones que se aplicaron siendo inaplicables. bien sea directamente o bien por analogía. Pero en realidad tal ley es inaplicable al caso controvertido. resuelve entonces aplicar una regla general del derecho. Exp. cuasicontrato. las reglas generales del derecho.V. expresa o analógicamente. pues el juez debe aplicarlos según el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 que ordena que se apliquen las reglas generales del derecho.
Ediciones Rosaristas. Exp. se han admitido como norma de derecho sustancial cuya violación es susceptible de ser acusada a través del recurso extraordinario de casación. de recurrir en casación por falta de aplicación judicial de los principios generales del derecho. señala que el Tribunal no advirtió que Bancolombia S.A. dejan ver nítidamente que ellos como parte fundamental del ordenamiento jurídico pueden operar y. hay una indebida aplicación de esta regla general. págs.P. en nota: ‘De ahí la posibilidad. con esa fórmula tan ampliamente comprensiva. un reconocimiento especial y una propia y verdadera sanción de orden positivo’. 1983. Las referidas circunstancias. 117 y 118). Dicho lo anterior y de cara al asunto en tránsito por el estrado de la Corte. Técnica Casación Civil. aunadas a al conjunto nutrido de fallos en que la Corte desarrolló los principios generales del derecho. precisamente sobre la base del artículo 3º de las de disposiciones preliminares’ (Los Principios Generales del Derecho. porque no se han llenado todas las condiciones para poder ejercitarla. No. comúnmente reconocida. que en la actualidad es derecho sustancial y base para el recurso además de de casación.
E. Bogotá. 10. dando a éstos. el casacionista alude el desconocimiento del principio según el cual “nadie puede derivar derechos de su actuar ilegal ni alegar su propia ilicitud”. y en el desarrollo del cargo. incurrió en un proceder ilícito y. la Del Vecchio. Y advierte.República de Colombia
Si el sentenciador ha aplicado mal la regla de derecho.V. Hernando. 15)” (Morales Molina. refiriéndose los a los mencionados principios observa que ‘la misma ley ha acogido interpretación analógica. de hecho. principios generales del derecho. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. pág. Segunda Edición.
Exp. aunque debió plantearse la infracción del artículo 831 del Código de Comercio. confesó su incumplimiento contractual “desde la demanda y en el interrogatorio de parte”. sino un profesional del comercio calificado.A. precisamente. T. Igualmente. XLIV.). pues al paso que alega la
E. Por consiguiente. el recurrente entremezcla asuntos propios de la vía directa y de la indirecta del numeral 1º del artículo 368 del C. en estricto sentido. C. J. pero.. este último fenómeno requiere que el supuesto empobrecido no pretenda “soslayar una disposición imperativa de la ley” (G. lo que al fin de cuentas controvierte el recurrente. No. ha de tenerse en cuenta que el censor aduce aquí una violación directa de normas sustanciales. 474 y 474.V. para más adelante señalar que dicha entidad financiera no es un ciudadano cualquiera. se interpela claramente a la norma legal. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. pues al invocar el principio. a renglón seguido. expresa que Bancolombia S. 11. págs. de P. y ese preciso fenómeno tiene desarrollo legal en el artículo 831 del Código de Comercio. no podía predicarse un enriquecimiento sin causa. tal omisión no constituiría una deficiencia que lleve al fracaso del recurso. De esta manera. en tanto que ella no fue más allá de lo que el enunciado normativo del principio contiene. Según puede verse.República de Colombia
por lo mismo. pues. son las conclusiones que permitieron al Tribunal dar por cumplidos los elementos axiológicos del enriquecimiento sin causa. en la medida en que esa norma era la que regulaba en forma específica la problemática planteada -cosa que no hizo el recurrente en este cargo-.P.
. en nada se asimila a un hecho “no permitido legal o moralmente” dudar que hubo
. como pretende hacer creer el recurrente. la Corte estima necesario advertir que es equivocado el planteamiento del recurrente según el cual Bancolombia S. lo cual descarta tajantemente que el Banco obtenga un beneficio. el propósito de este juicio es el de restablecer las cosas al estado anterior a la irrupción del desequilibrio.P. obró de manera ilícita. Así. Tampoco puede admitirse que Bancolombia S. En definitiva.
E. persiga obtener provecho de sus propios errores.A.A.V. No.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 12. No obstante los defectos del cargo. 22ª Edición. equivocarse e incurrir en una desviación de fondos no es sinónimo de “soslayar una disposición imperativa de la ley”.República de Colombia
trasgresión de un principio general del derecho debido a un error de intelecto. Es cierto. porque contrariamente a lo que sugiere el casacionista. plantea asimismo que el Tribunal no valoró las pruebas que demostrarían esa violación. hay mucho trecho. circunstancia que representaría un error de hecho. C. de P. no puede afirmarse que esa entidad bancaria incurrió en un proceder ilícito en la medida en que su error en la captación de los dineros. todo lo cual riñe con la autonomía que se reconoce a cada una de las vías contempladas en el numeral 1º del artículo 368 del C. nadie podría internas en los
procedimientos mediante los cuales se aplicaron los pagos hechos a favor de los clientes. y tampoco es cierto que haya pretendido derivar provecho de sus propios errores. pero de ahí a decir que ese es un proceder ilícito. Exp.
Es bueno anotar. pues apenas si se intenta recaudar.P. sino que su aspiración consiste en remediar un desequilibrio que la conducta ilegítima del demandado causó.A. los cuales se vieron menoscabados por la indemnización que debió pagar al Centro Recreativo y Turístico Cortur S.P. y menos teñir de ilicitud al demandante por intentar restañar el daño recibido de manos de aquél. En perseguir lo que al sujeto le pertenece. no hay provecho o ventaja. hay que decir que en el caso de ahora no puede afirmarse que el Banco pretenda obtener provecho de sus propios errores. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. sin los cuales la convivencia cae en el peligro de la disolución y la barbarie. por ello. que el principio constitucional de buena fe hunde sus raíces en la exigencia de aquellos mínimos éticos fundamentales.República de Colombia
Dicho de otro modo. cuando al retener lo ajeno se benefició ladinamente de dichas equivocaciones. sino de conseguir el restablecimiento de los derechos del demandante. a consecuencia del aprovechamiento del error ajeno del cual se favoreció el demandado. lo que a él estaba destinado y pasó a manos de otro. realidad normativa que puede asociarse al reclamo de buena fe en la conducta contractual que hacen los Códigos Civil y de Comercio. no quedaba excluida la acción in
E. de donde se sigue que en ese preciso supuesto. lo que ha sido sustraído de la esfera de custodia del demandante. el aprovechamiento del error ajeno es objeto de reproche punitivo en el artículo 361 del C. En suma. expresiones que no dejan duda acerca de que el demandado no podía retener las sumas que indebidamente recibió. No. así sea tarde.. no hay en las pretensiones la búsqueda de una utilidad. además.V. Exp.
rem verso. NO CASA la sentencia de 18 de octubre de 2006. pues en el contrato entre ellos suscrito no estaba previsto qué conducta debía seguir el demandado si recibía consignaciones por error. ya que la relación que ligaba al Banco con el usuario o cliente.
DECISIÓN En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. No cometió. proferida por la Sala Civil del
E. no tiene la fuerza para eclipsar el fundamento capital de la demanda y de la sentencia acusada: la acción de enriquecimiento sin causa. no era impedimento para acoger las pretensiones.P. Se añade que la mención marginal que el Tribunal hiciera del depósito irregular -argumento puesto al desgaire o a la manera de un obiter dicta-. Por supuesto que en tal estado de cosas. Exp.V. Síguese de todo cuanto viene de decirse que ninguno de los cargos está llamado a salir avante. quedaba el camino abierto a la actio in rem verso. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. el que entre el demandante y el demandado hubiere una relación contractual. en la cual se alude a un contrato. el Tribunal el desafuero
interpretativo que se le enrostra y por consiguiente el cargo resulta infructuoso. No. por impertinente no obsta la actio in rem verso. esa coda del fallo del Tribunal. resulta ser ajena a los hechos aquí denunciados. A la larga. en Sala de Casación Civil. entonces. sino que por el contrario se cumplieron cabalmente las condiciones para su prosperidad. Por lo demás. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA (En comisión de servicios)
E.P.República de Colombia
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Exp. promovió contra Óscar Adrián Loaiza Arias. No. dentro del proceso ordinario que Bancolombia S.A. 05360-31-03-001-2003-00164-01
. Se condena en costas al recurrente.
CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE (Con ausencia justificada)
E. No.V.P. Exp.
CSJ CAS CIV 7 DE OCTUBRE DE 2009. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. PRINCIPIOS GENRALES DEL DERECHO by Cesar Alberto Pedroza762 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
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