Source: http://iuristantums.blogspot.com/2011/07/procedimiento-de-queja-para-hacer.html
Timestamp: 2016-10-28 23:26:05
Document Index: 391975260

Matched Legal Cases: ['artículo 829', 'artículo 255', 'artículo 830', 'artículo 831', 'artículo 835', 'artículo 837', 'artículo 22', 'artículo 340', 'artículo 38', 'artículo 846']

Iuris Tantum: procedimiento de queja para hacer efectiva la responsabilidad civil de los jueces
SALA PLENAJUZGADO DE SUSTANCIACIÓN Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑOExpediente N° AA10-L-2011-000258IIIDE LA COMPETENCIAEn primer lugar, procede este Juzgado de Sustanciación a examinar su competencia para conocer y decidir acerca de la demanda de queja interpuesta por la empresa Molinos Venezolanos C.A. (MOLVENCA) contra el juez del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a fin de exigir la responsabilidad personal del mencionado administrador de justicia.
Actualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no contempla la forma en que ha de tramitarse las demandas de queja ante este alto Tribunal, y por lo tanto, tampoco precisa a cuál de sus Salas o Juzgados corresponde decidir si hay o no méritos para continuar el juicio. Ahora bien, visto que el artículo 829 del Código de Procedimiento Civil atribuye a este máximo Tribunal de la República, la competencia para conocer y decidir de las demandas de queja cuando se dirijan contra los jueces superiores, y tomando en cuenta el criterio establecido por la Sala Plena en su sentencia número 22/2005 del 27 de septiembre, en el sentido de atribuir a este Juzgado de Sustanciación, la decisión relativa a la existencia o no de mérito para continuar el juicio de queja; este Juzgado se declara competente para conocer de la presente demanda. Así se decide.
IVMOTIVACIÓN PARA DECIDIR
El procedimiento de queja tiene su fundamento constitucional en el último aparte del artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone:“Los jueces o juezas son personalmente responsables, en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”.
Por su parte, el Código de Procedimiento Civil en su Libro Cuarto, Título IX, regula el procedimiento especial de queja para hacer efectiva la responsabilidad civil de los jueces y demás funcionarios encargados de la administración de justicia, cuando por ignorancia o negligencia inexcusable, aún sin intención y sin dolo, libren decreto ilegal que no tenga apelación; abusen de autoridad; denieguen justicia; cometan faltas, omisiones indebidas o infracción de una disposición expresa de la ley; o, cuando el Superior no repare la falta del tribunal inferior; causándole al querellante un daño o perjuicio que deberá ser estimado en dinero a los efectos de su posible resarcimiento.
De acuerdo al procedimiento especial de queja establecido en el citado Código, la admisibilidad de la acción dependerá de que el libelo de la demanda cumpla con los requisitos impuestos por la Ley, y su procedencia de que se demuestren dos condiciones esenciales: a) el hecho culpable del funcionario, el cual debe subsumirse en alguno de los supuestos de hecho establecidos en el artículo 830 del Código de Procedimiento Civil; y, b) el daño irreparable que se causó al querellante.
En primer lugar, tenemos que la parte actora alega que el hecho culpable en que incurrió el juez del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy se “(…) configura con la indebida retención del instrumento poder en fecha 22 de enero de 2010 en la causa UH11-X-2009-000005, posteriormente y de manera deliberada, en fecha 25 de enero del año en curso, no se me permitió el ingreso a la audiencia de recusación pautada para esa fecha a las 10:00 a.m. en la causa UH 11-X-2009-000007, bajo el pretexto de que no constaba en autos la condición con que actuaba en la litispendencia.”. (Resaltado de este Juzgado).
Alega la parte accionante que “(…) de manera deliberada, en fecha 25 de enero del año en curso, no se me permitió el ingreso a la audiencia de recusación (…)” (resaltado de este Juzgado). Visto este alegato de la parte actora, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia número 1/2001 de 22 de mayo, en la cual se señaló que:
“De otro lado, se observa que al vuelto del folio uno (1) del libelo de demanda, la querellante expresa que la Jueza Provisoria y los Conjueces antes mencionados ‘en forma exprofesa están alterando los criterios sustentados por los Tribunales de Instancia y la Corte Suprema de Justicia...’, por lo que tal señalamiento hace presumir que ésta supone que la actuación y la conducta de los citados demandados en queja fue intencionada, es decir, con dolo, de mala fe.De acuerdo con lo establecido en el artículo 831 del Código de Procedimiento Civil, la acción de queja sólo puede admitirse cuando existe una falta por ignorancia o negligencia inexcusable, sin dolo, pues de considerarse que la actuación de los jueces demandados fue dolosa, ello llevaría a la conclusión de que los mismos están incursos en la comisión de un delito. Por tanto, si la querellante considera que la citada Jueza Provisoria y los Conjueces, están incursos en un delito por haber alterado de forma exprofesa criterios jurisprudenciales aplicables al caso resuelto por ellos, debió dirigirse ante un tribunal con competencia en lo penal y formular la respectiva acusación, pues la acción de queja es de naturaleza civil, y no admite planteamientos en los que se presuma conducta dolosa de los jueces demandados.”.
Por tanto, si la parte actora considera que el Juez contra quien se ejerce la demanda de queja, actuó de forma deliberada, -es decir- con dolo, debió dirigirse ante un tribunal con competencia en lo penal y formular la respectiva acusación, pues la acción de queja es de naturaleza civil, y no admite planteamientos en los que se presuma conducta dolosa de los jueces demandados.
Aunado a ello, el artículo 835 del Código de Procedimiento Civil dispone: “El término para intentar la queja será de cuatro meses, contados desde la fecha de la sentencia, auto o providencia firme que haya recaído en la causa y en que se funde la queja, o desde el día en que quede consumada la omisión irremediable que haya causado el agravio”. (Resaltado de este Juzgado).
Como puede observarse la demanda de queja se podrá ejercer una vez quede firme la sentencia, auto o providencia; y de acuerdo a ello, el accionante ha debido señalar la sentencia, auto o providencia que le pudo causar un agravio patrimonial, ya que la no comparecencia en una audiencia de recusación, no conduce, de forma directa, a causar una daño patrimonial a una parte en juicio.
Este requisito es de vital importancia si lo analizamos de forma concatenada con el segundo de los elementos esenciales en las demandas de queja, como lo es el daño irreparable que se causó al querellante por esa decisión, auto o providencia que dio fin al proceso. Sin embargo, la parte actora no señala cual es la decisión que supuestamente le causó ese daño patrimonial a la sociedad mercantil Molinos de Venezuela C.A. Aunado a ello, y de cara al análisis propio del segundo de los requisitos esenciales en las demandas de queja, debe advertirse que ésta se dirige fundamentalmente a resarcir los daños y perjuicios ocasionados, por tanto, debe quedar claro que, la finalidad de una demanda de esta naturaleza -estrictamente patrimonial- es el resarcimiento o compensación del perjuicio causado a la víctima producto de la conducta culposa de quien ejerce labores jurisdiccionales.
En el caso objeto de estudio, la parte actora alegó que las “(…) actuaciones desplegadas por el jurisdicente denunciado han causado un perjuicio grave al patrimonio de mi mandante, pues la pendencia de estos procesos insolutos puede ocasionar elevados costos a la empresa, en cuenta que los juicios seguidos contra mi poderdante ascienden a la suma de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES FUERTES (sic) (Bs. F. 800.000,).”. (Resaltado de este Juzgado).
Aduce la parte actora que existe la posibilidad, -es decir- puede ocasionársele elevados costos a la empresa, dada la conducta del juez del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, señalando más adelante que solicita “(…) sean resarcidos los daños y perjuicios causados a mi poderdante, los cuales estimo prudencialmente en un monto de ciento cincuenta mil bolívares fuertes (Bs. F. 150.000,00) (…)” sin hacer un señalamiento claro de las causas en función de los cuales alega que los referidos daños y perjuicios patrimoniales ascienden a ese monto. En tal sentido, la sentencia número 38/2001 del 25 de octubre, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia señaló que:
“En este sentido, es prudente resaltar que en el proceso de queja, al ser una acción dirigida a resarcir los daños y perjuicios sufridos por el querellante, el libelo de la demanda no sólo debe cumplir con los requisitos formales establecidos en el artículo 837 del Código de Procedimiento Civil, sino que por aplicación del artículo 22 del referido Código, el mismo también debe observar lo pautado en el artículo 340 ordinal 7° eiusdem, donde se establece que la demanda por daños y perjuicios deberá expresar “la especificación de estos y sus causas”, ello en virtud de que la simple estimación de los mismos no es suficiente.En tal sentido, al estar indeterminados los daños y perjuicios causados no le es posible a este Primer Vicepresidente constatar si los mismos son o no apreciables en dinero dado que la cosa objeto de la pretensión no consta en el libelo. Siendo así, la estimación efectuada por el querellante por la cantidad de quinientos mil millones de bolívares (Bs. 500.000.000.000,oo) resulta sustitutiva de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, supuesto éste que únicamente cobra vida en caso de que la cosa demandada no conste pero sea apreciable en dinero, lo cual es inexplicable en casos como el planteado donde lo que se pretende es una indemnización de daños materiales, por lo cual el querellante debió determinar en su oportunidad, es decir, en el libelo de la demanda cuáles fueron los supuestos daños y perjuicios causados y establecer la cuantía del juicio de acuerdo con el valor atribuido a los mismos.Asimismo, la falta de determinación de los daños y perjuicios alegados por el querellante acarrea las siguientes consecuencias: a) el querellante no puede pretender que dichos daños le sean indemnizados aun cuando el artículo 846 eiusdem le permite al juez fijar, según su prudente arbitrio, el monto a resarcir, ya que tal omisión impide conocerlos y, por ende, establecer la suma a ser condenado; b) aquello que no fue alegado en la demanda no puede ser probado durante el juicio; y, c) la acción ejercida carece de objeto porque no llena los extremos requeridos por los artículos 831 y 837 del Código de Procedimiento Civil.”.
Aunado a ello, la falta de determinación de los elementos que configuran el monto que se pretende sea resarcido mediante el proceso de queja, implicaría una afectación en el derecho a la defensa del juez del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, ya que la especificación de dichos daños y perjuicios y el señalamiento de sus causas tiene por objeto que la parte demandada conozca qué perjuicios se le atribuyen, a fin de poder formular sus alegaciones ante este Supremo Tribunal, pues de lo contrario su defensa estaría limitada a rebatir hechos no conocidos, lo cual violentaría su derecho de defensa.En virtud de los razonamientos anteriormente realizados, esta Sala evidenció que no están llenos los requisitos esenciales de admisibilidad previstos en los artículos 831 y 835 del Código de Procedimiento Civil, atinentes a la producción real del daño y la existencia de una sentencia firme que pueda ser identificada como la causante del mismo.
Por último, debe esta sala hacer referencia al escrito presentado el 24 de marzo de 2010 por la abogada Beatriz de Benítez, mediante el cual solicitó que se investiguen todos los asuntos en que se encuentre involucrada la empresa accionante “(…) en aras de reivindicar la justicia transparente que debe imperar en el procedimiento laboral principal, ordenar que se investiguen todos los asuntos donde se encuentra involucrada esta empresa, ya que existe un verdadero desastre en estas causas que cursan por ante el Circuito Laboral con sede en San Felipe del Estado Yaracuy, para que desde aquí se tomen los correctivos sobre todos los procedimientos que cursan en dicho circuito (…)” y que “[e]n virtud de lo expuesto que se sirva honorable magistrado, ordenar que le remitan todos los expedientes para que usted se imponga de los verdaderos hechos que cursan en ellos (…)”.
Al respecto, este Juzgado de sustanciación entiende que los planteamientos hechos por la abogada Beatriz de Benítez, obedecen a una pretensión que no puede ser evaluada en el marco de un procedimiento especial de queja seguido por ante este Juzgado de Sustanciaciónhttp://www.tsj.gov.ve/decisiones/jstplen/Julio/15-19711-2011-2010-000258.html