Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-116a-de-marzo-11-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d98fbe88d40e0082e0430a0101510082&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 22:29:30
Document Index: 135772921

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 26', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 13', 'Artículo 33', 'artículo 187']

SENTENCIA T-116A DE 11 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:POSIBILIDAD DE AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE TERAPIAS ALTERNATIVAS A MENORES DE EDAD EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. LA CORTE HA CONSIDERADO QUE LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS SON ÚTILES PARA QUE LOS NIÑOS ACCEDAN AL PLENO Y EFECTIVO GOCE DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, A PARTIR DE LO CUAL, EXISTEN RAZONES SUFICIENTES PARA QUE SE AUTORICE SU PRÁCTICA, CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y EN CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HA SEÑALADO LA JURISPRUDENCIA ANTE MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS E INTERVENCIONES MÉDICAS NO INCLUIDOS EN EL POS. POR LO TANTO, DEBE OFRECERSE AL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, LO QUE ESTÉ AL ALCANCE DE LAS EPS, A FIN DE OBTENER SU MÁXIMA REHABILITACIÓN POSIBLE, OBJETIVO QUE SEGÚN SE HA OBSERVADO, PUEDE LOGRARSE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ESTE TIPO DE TRATAMIENTOS Y TERAPIAS QUE LA MEDICINA CONTEMPORÁNEA HA DESARROLLADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:EPS, DERECHO A LA SALUD, PLAN OBLIGATORIO DE SALUD
REVISTA TUTELA N°:162 DE JUNIO DE 2013, PG.859
Sentencia T-116A de marzo 11 de 2013
Ref.: Expedientes T-3652051, T-3653343, T-3655791, T-3664057 y T-3666527, acumulados.
EXTRACTOS: « II. Consideraciones de la Corte Constitucional
En apropiado desarrollo de la preceptiva constitucional, el derecho a la salud ha sido definido como fundamental en sí mismo, lo cual es particularmente claro tratándose de niños, niñas y adolescentes, teniendo carácter prevalente respecto de los derechos de los demás, por expresa disposición de la carta(67), cuyo artículo 44 enumera como derechos fundamentales de los niños “la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social”, indicando que la familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de “asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”.
Adicionalmente, en cuanto a las personas en situación de discapacidad, el artículo 47 de la Constitución ordena al Estado adelantar “una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”, lo cual deja en evidencia el propósito concreto del constituyente de promover la recuperación y la protección especial de quienes padecen disminuciones, incentivando así el ejercicio real y efectivo de la igualdad, de la que también gozan por expreso reconocimiento en el artículo 13 de la carta(68).
Ahora bien, como respaldo al tratamiento especial del derecho fundamental per se a la salud de niños, niñas y adolescentes, existen varios instrumentos jurídicos internacionales que les otorgan estatus de sujetos de protección especial, entre los cuales se puede destacar(69):
1. La Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 24 reconoce “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho, y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: ... b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud”.
2. La Declaración de los Derechos del Niño, artículo 4º: “... el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, con este fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados”.
3. El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, algunos de cuyos parámetros también propenden por la protección de los derechos fundamentales de los niños, como el numeral 2º del artículo 12, “a) es obligación de los Estados firmantes adoptar medidas necesarias para la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños”, y el literal d) del mismo artículo, que dispone adoptar medidas necesarias para “la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
4. El Pacto internacional de derechos civiles y políticos, artículo 24: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.
6. La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.2: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
7. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 13 de 2006, aprobada por Colombia en la Ley 1346 de julio 31 de 2009, que fueron declaradas exequibles mediante Sentencia C-293 de abril 21 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, en su artículo 1º establece como propósito “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
Así mismo, el artículo 26 de esta Convención obliga a los Estados Parte a adoptar medidas efectivas y pertinentes, aún contando con “el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida”, organizando, intensificando y ampliando servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de salud, empleo, educación y los servicios sociales, comenzando “en la etapa más temprana posible”.
8. El Protocolo adicional a la convención americana de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales(70), en el literal e) del artículo 13 estatuye que “se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales” y en su artículo 18 indica que “toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”. Así, en procura de alcanzar los propósitos señalados, los estados parte deben “incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo”.
9. La convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad(71), en su artículo 3º dispone que es obligación de los estados parte adoptar “medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración”.
En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha señalado, sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en alguna circunstancia de discapacidad, que “la situación de indefensión propia de su edad y condición agrega la derivada de su defecto psíquico y, por consiguiente, plantea a la sociedad la máxima exigencia de protección. La Constitución impone, consciente de esta circunstancia, deberes concretos a los padres, docentes, miembros de la comunidad y autoridades públicas, que se enderezan a la ayuda y protección especial al menor disminuido físico o mental, de modo que se asegure su bienestar, rehabilitación y se estimule su incorporación a la vida social”(72).
Reunidas tales condiciones, la acción de tutela procede para la protección de la salud, derecho fundamental per se(73), que debe ampararse sin consideración a que los servicios médicos, las intervenciones o los fármacos que requiera el afectado se encuentren o no dentro del POS.
“El derecho al mínimo vital ‘no solo comprende un elemento cuantitativo de simple subsistencia, sino también un componente cualitativo relacionado con el respeto a la dignidad humana. Su valoración, pues, no será abstracta y dependerá de las condiciones concretas del accionante’(74). Teniendo en cuenta que el mínimo vital es de carácter cualitativo, no cuantitativo, se ha tutelado el derecho a la salud de personas con un ingreso anual y un patrimonio no insignificante, siempre y cuando el costo del servicio de salud requerido afecte desproporcionadamente la estabilidad económica de la persona”.
El Acuerdo 008 de 2009 expedido por la Comisión de Regulación en Salud, actualizó los planes obligatorios de salud, conforme a lo ordenado en el numeral decimoséptimo de la precitada Sentencia T-760 de 2008. En materia de transporte, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo, dispuso que “se incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre las instituciones prestadoras del servicio de salud dentro del territorio nacional de los pacientes remitidos”(75), y en un medio diferente a la ambulancia cuando el servicio que requiere el paciente no esté disponible en el municipio de su residencia, traslado que se cubrirá en el medio adecuado y disponible en el contorno geográfico en que se encuentre el paciente(76).
Con anterioridad a esta normatividad, la Corte ya se había apoyado en el principio constitucional de solidaridad, consagrado en los artículos 1º y 95 (num. 2º) de la Constitución, para ordenar la financiación de los gastos de desplazamiento y hospedaje de una persona, en orden a facilitarle el acceso a los servicios de salud que requiriera, principio que impone a toda persona el deber de responder “con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”(77).
Sobre el tema, esta Corte ha calificado como de carácter necesario apoyar el traslado y el alojamiento mientras se surte el diagnóstico y el tratamiento a ciertas enfermedades, pues “si bien el transporte y hospedaje del paciente no son servicios médicos, en ciertos eventos el acceso al servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los gastos de desplazamiento y estadía en el lugar donde se le pueda prestar atención médica... toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando estas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado”(78).
La jurisprudencia constitucional ha reiterado “que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud que requiera, lo cual puede implicar tener derecho a los medios de transporte y gastos de estadía para poder recibir la atención requerida”(79).
Bajo la vigencia del Acuerdo 008 de 2009, esta corporación ha destacado que la obligación de asumir el transporte medicalizado o gastos de traslado para el paciente con un acompañante y estadía, corresponde a las EPS; en otras palabras, “nace para el Estado la obligación de suministrarlos, sea directamente, o a través de la entidad prestadora del servicio de salud... Para los efectos de la obligación que se produce en cabeza del Estado, es indiferente que el afectado se encuentre en el régimen contributivo o subsidiado”(80).
En consecuencia, será procedente la acción de amparo para solicitar el traslado en ambulancia o subsidio de transporte, incluido el hospedaje para el paciente, cuando se acredite: “(i) que el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona(81); (ii) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario”(82).
Adicionalmente, esta corporación ha definido que procede la tutela para garantizar el pago del traslado y estadía del usuario con un acompañante en aquellos casos en los que: “(i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado”(83).
Así las cosas, “cuando se verifican los requisitos mencionados, el juez constitucional debe ordenar el desplazamiento medicalizado o el pago total del valor de transporte y estadía para acceder a servicios médicos que no revistan el carácter de urgencias médicas”(84).
Sexta. Posibilidad de autorizar la realización de terapias alternativas a menores de edad en situación de discapacidad.
Así, en Sentencia T-650 de septiembre 17 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, esta corporación ordenó a la EPS demandada hacer practicar en instituciones especializadas las terapias de este tipo que se hubieren ordenado a los pacientes menores de edad que se encontraran en esa situación, aun cuando dicha prescripción hubiere provenido de un profesional distinto al médico tratante adscrito a dicha empresa.
En esa línea esta corporación ha indicado que si bien los pagos adicionales que realizan los beneficiarios del sistema de salud cumplen el objetivo de complementar la financiación del POS(85), la persona que acredite encontrarse en una situación económica tan gravosa que le resulte un obstáculo para acceder al servicio de salud el pago de dicha erogación, tendrá derecho a que las EPS y las EPS-S le prestan la asistencia médica requerida sin que medie pago alguno(86).
Por ejemplo, en Sentencia T-225 de marzo 26 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte indicó que “cuando una persona se encuentra en condiciones de pobreza, y requiera un tratamiento o procedimiento médico que le proteja su derecho a la vida en condiciones de dignidad, no se podrá interponer obstáculos de carácter económico, debido a su imposibilidad económica para la no realización de dichos procedimientos”.
En Sentencia T-627 de agosto 19 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa, se expuso que la inopia, frente a un copago o una cuota moderadora, “no se puede convertir en una barrera de acceso de los usuarios para acceder a los servicios de salud”; aunado a ello, si lo requerido es para un niño o niña, “está prohibido que la entidad de salud aplique pagos moderadores, cuando sus familiares no tienen recursos económicos para cubrirlos”.
Octava. Los casos concretos.
Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si los entes demandados —una secretaría departamental y varias empresas particulares encargadas de prestar el servicio público de salud (D. 2591/91, art. 42.2)—, han vulnerado a Derek Smith Martínez Rivas, Valentina Estrada Echavarría, Yicel Córdoba Campo, Angie Vanessa Santander Hurtado y Laura Alexandra Polanía Rodríguez, derechos “de los niños, a la salud, a la seguridad social, a la integridad física, a la vida digna y a la dignidad humana”, al negarse a costear los gastos de traslado y alojamiento para atender citas médicas en ciudades distintas a su residencia, al igual que prestar una atención integral deficiente y no proveer ciertos elementos (pañales desechables, pediasure, entre otros).
a) Sobre el niño Derek Smith Martínez Rivas, de 5 años de edad, la unidad de atención ambulatoria de la propia EPS demandada Coomeva hizo constar: “Por medio de la presente certifico que el niño Derek Martínez Rivas presenta parálisis cerebral la cual compromete esfínteres y requiere uso permanente de pañal desechable”(87).
Se apreció además que la señora Ingris Johana Rivas Avilés y su hijo Derek Smith, en cuyo nombre demandó, residen en Apartadó, Antioquia y frecuentemente deben viajar a Medellín, para que al niño le practiquen las terapias que requiere, suministrando los pasajes aéreos, bajo la coordinación de Coomeva EPS, en cumplimiento de orden judicial emitida dentro de una tutela que promovió con anterioridad y que fue resuelta a su favor(88).
b) Respecto a la capacidad económica de la parte demandante, la señora Ingris Johana Rivas Avilés afirmó que “soy de escasos recursos y mi esposo trabaja como vigilante y no gana lo suficiente para cubrir los gastos de estadía, alimentación y transporte en taxi para las citas en la ciudad de Medellín”(89), aseveración que no ha sido rebatida por la empresa demandada.
Expediente T-3653343.
a) Se verificó que según la historia clínica de la menor de edad Valentina Estrada Echavarría, afiliada a Coomeva EPS en calidad de beneficiaria de su padre(90), padece “diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones no especificadas”, por lo que requiere tratamiento médico permanente, con monitoreo de los niveles de azúcar en la sangre y aplicación de insulina.
b) Así mismo, se constató que conforme a fórmulas emitidas por especialista adscrita a la empresa demandada, le prescribieron “glucómetro one touch” para “uso diario necesario”, al igual que “tirillas para glucómetro one touch”, a razón de 6 diarias (180 mensuales)(91) , implementos que la actora Edilsa Echavarría solicitó a Coomeva EPS, que ante concepto de mayo 3 de 2012, emitido por el comité técnico científico, dirigido al médico tratante de la menor, no aprobó por “justificación no pertinente o insuficiente”(92).
a) Yicel Córdoba Campo, de 13 años de edad, afiliada al régimen subsidiado a través de Asmet Salud EPS-S, padece “Leucemia Aguda Linfoblástica”(93); ella reside con su núcleo familiar en la vereda La Argentina del municipio de Acevedo, Huila y su tratamiento requiere quimioterapias, que periódicamente le realizan en la Unidad de Cancerología del Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” de Neiva(94), debiéndose trasladar a esa ciudad junto con su padre o madre, lo que implica gastos de transporte y alojamiento.
Ante ello, en abril 12 de 2012 se pidió a Asmet Salud EPS-S sufragar los costos respectivos, recibiéndose respuesta negativa por tratarse de servicios adicionales(95).
a) Angie Vanessa Santander Hurtado, de 15 años de edad, afiliada a la EPS Sura en calidad de beneficiaria, padece “retardo mental leve y trastorno del habla”(96); de acuerdo a una orden de servicios de fisiatría(97), emitida por especialista no adscrito a la EPS Sura, para mejorar la salud y el desempeño físico, social y familiar, debería practicarse “valoración fisiatra (1 sesión al mes); musicoterapia (21 sesiones al mes); miofuncional (21 sesiones al mes) y lenguaje (21 sesiones al mes)”.
c) Referente al aspecto económico, no fue controvertida la aseveración de la demandante Leney Hurtado Zamorano, madre de Angie Vanessa, en cuanto “las terapias que necesita mi hija menor son muy costosas, lo que gano no es suficiente para sufragar dichos costos”(98).
a) La niña Laura Alexandra Polanía Rodríguez, de 4 años, afiliada a Saludcoop EPS desde julio 25 de 2008 en calidad de beneficiaria, sufre convulsiones desde su nacimiento y padece “parálisis cerebral espástica, retardo psicomotor severo causado por meningitis neonatal”, siendo paciente “de alto costo caracterizada por epilepsia”(99). Inicialmente la niña recibía tratamiento farmacológico con “fenobarbital”, pero en septiembre de 2011 se encontró que dicho medicamento venía afectando su hígado y piezas dentarias, de lo cual se informó la actora Sandra Polanía Rodríguez en marzo de 2012, cuando su hija fue hospitalizada al presentar “episodio tónico-clónico generalizado, con evidencias en el tiraje subcostal, roncus bilaterales”(100).
Así mismo, a causa del diagnóstico tardío de la contraindicación del referido medicamento, no se le ha podido practicar a la niña cirugía correctiva en los miembros inferiores, con el fin de iniciar tratamiento fisioterapéutico para que pueda caminar; tampoco se ha acometido la corrección de las piezas dentarias, para mejorar el proceso de alimentación y desarrollo del habla(101).
Además de prescribirse el cambio en el tratamiento farmacológico a “topiramato”, con 3 dosis diarias (cada 8 horas), en julio de 2011, por intermedio de la oficina de Veeduría Ciudadana DISVER la actora elevó petición a la EPS accionada, solicitando el suministro de pañales, silla de ruedas y pediasure, al igual que autorización de terapias domiciliarias para su hija, pero no recibió respuesta(102).
1. REVOCAR la sentencia proferida en mayo 11 de 2012, por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Apartadó, Antioquia, mediante la cual denegó el amparo solicitado por Ingris Johana Rivas Avilés, en representación de su hijo Derek Smith Martínez Rivas (Exp. T-3652051).
2. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín en agosto 27 de 2012, mediante la cual revocó en parte la dictada por el Juzgado 25 Civil Municipal de Medellín en julio 30 del mismo año, frente al amparo pedido por Edilsa Echavarría a favor de su hija Valentina Estrada Echavarría, contra Coomeva EPS (Exp. T-3653343).
3. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 2º Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Neiva en agosto 8 de 2012, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por la Defensora Sexta de Familia de Neiva, a favor de la menor de edad Yicel Córdoba Campo (Exp. T-3655791).
4. REVOCAR el fallo proferido en julio 30 de 2012, por el Juzgado 9º Civil Municipal de Armenia, mediante el cual no concedió el amparo pedido por Leney Hurtado Zamorano a favor de su hija menor de edad Angie Vanessa Santander Hurtado, contra la EPS Sura (Exp. T-3664057).
En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos a la salud, la seguridad social y la vida digna de la mencionada joven, ordenando a la EPS Sura, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, autorice y haga practicar a Angie Vanessa Santander Hurtado, a través de instituciones idóneas, las terapias de valoración por fisiatria, musicoterapia, miofuncional y de lenguaje, según lo prescrito médicamente y atendiendo las condiciones especiales en las que se encuentra la paciente, a quien además la EPS accionada le seguirá prestando todo el tratamiento integral que requiera.
5. REVOCAR el fallo dictado en agosto 1º de 2012, por el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Neiva, que negó la solicitud de amparo promovida por Sandra Polanía Rodríguez a favor de su hija Laura Alexandra Polanía Rodríguez, contra Saludcoop EPS y otra (Exp. T-3666527).
(67) Cfr., entre otros fallos, T-397 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-943 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-864 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-550 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-765 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(68) Cabe recordar que el artículo 13 superior ordena al Estado la protección especial de las personas que por sus condiciones físicas o mentales se hallan en condiciones de debilidad manifiesta: “... El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
(69) Cfr. T-765 de octubre 10 de 2011, precitada.
(70) Aprobado por Ley 319 de 1996 y declarado exequible en Sentencia C-251 de mayo 28 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(71) Aprobada por la Ley 762 de 2002 y declarada exequible en sentencia C-401 de mayo 20 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(72) Cfr. T-298 de junio 30 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(73) Cfr. T-085 de febrero 9 de 2006 y T-523 de julio 7 de 2006, M.P., Clara Inés Vargas Hernández; T-305 y T-306, ambas de abril 19 de 2006, M.P., Humberto Antonio Sierra Porto y T-044 de febrero 1º de 2007, M.P., Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
(74) “Corte Constitucional, Sentencia T-391 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería). En este caso la Corte dijo: ‘(...) Las exculpaciones presentadas por la demandada no son de recibo, pues la doctrina constitucional de esta corporación ha señalado con palmaria claridad que el estado de liquidación de la empresa no es excusa para que esta deje de cumplir con obligaciones que, como las mesadas que les debe a sus pensionados, son de primerísimo orden y merecen prioridad en su pago. (...) Así las cosas, esta Sala considera que Aquantioquia S.A. ESP violó efectivamente el derecho al mínimo vital de la señora María Edilma Cuartas López’”.
(75) Artículo 33 del Acuerdo 008 de 2009, proferido por la Comisión de Regulación en Salud.
(76) Cfr. T-022 de enero 18 de 2011 y T-481 de junio 13 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(77) Cfr. T-019 de enero 22 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(78) Cfr. T-760 de 2008, T-022 de 2011 y T-481 de 2011, precitadas.
(79) Cfr. T-350 de 2003, T-022 de 2011 y T-481 de 2011.
(80) T-019 de enero 22 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(81) T-550 de agosto 6 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
(82) Cfr. T-745 de octubre 19 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-365 de mayo 22 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo; T-437 de junio 8 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-587 de julio 26 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-022 de enero 18 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-481 de junio 13 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(83) Cfr. T-246 de abril 8 de 2010 y T-481 de junio 13 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(84) T-481 de 2011, precitada.
(85) Cfr. artículo 187 de la Ley 100 de 1993.
(86) Cfr. T-1132 de 2001, T-617 de 2004, T-973 de 2006, T-026 de 2007, T-225 de 2007, T-462 de 2007 y T-890 de 2010.
(87) F. 6 cdno. inicial respectivo.
(88) Ib.
(89) Ib.
(90) Fl. 1 cdno. inicial respectivo.
(91) Fls. 27 y 28 ib.
(92) Fl. 12 ib.
(93) F. 3 cdno. inicial respectivo.
(94) Ib.
(95) Ib.
(96) Fl. 7 cdno. inicial respectivo.
(97) Fl. 3 ib.
(98) Fl. 7 ib.
(99) Fl. 2 cdno. inicial respectivo.
(101) Fl. 3 ib.