Source: https://mediaciongarciavaldecasas.wordpress.com/2008/05/02/ley-12011-de-28-de-marzo-ley-de-mediacion-de-cantabria/
Timestamp: 2017-10-22 02:46:36
Document Index: 40606079

Matched Legal Cases: ['artículo 414', 'artículo 787', 'artículo 800', 'artículo 88', 'artículo 84', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 25', 'artículo 149', 'artículo 24', 'artículo 39']

Ley 1/2011, de 28 de marzo. Ley de Mediación de Cantabria | Escucha Activa 3.2
Inicio > Uncategorized	> Ley 1/2011, de 28 de marzo. Ley de Mediación de Cantabria
Ley 1/2011, de 28 de marzo. Ley de Mediación de Cantabria
mayo 2, 2008 Ceferino García Valdecasas	Deja un comentario Go to comments
En esta línea y a día de hoy, la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo , del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, señala claramente que «el principio de acceso a la justicia es fundamental y con vistas a facilitar y mejorar el acceso a la justicia, el Consejo Europeo, en su reunión de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, instó a los Estados miembros a que instauraran procedimientos alternativos de carácter extrajudicial».
El Estado Español, sensible a esa realidad social y normativa, ya en la Ley 1/2000, de 7 de enero , de Enjuiciamiento Civil, prevé, en su artículo 414 , dentro de la regulación del procedimiento ordinario, que la audiencia previa al juicio se lleve a efecto «para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso» y en el 770 , dentro de los procesos de separación y divorcio, que «las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso (…) para someterse a mediación».
En esta misma línea, la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé, en un ámbito tan poco propicio al principio dispositivo de las partes, la institución de la conformidad, no sólo al inicio del juicio oral – artículo 787 de la Ley-, sino incluso durante la instrucción en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos – artículo 800 del mismo texto legal-, afectando el posible acuerdo no sólo a cuestiones civiles accesorias al delito sino también a la propia pena a imponer al condenado.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tampoco es ajena a esta posibilidad de finalización convencional del procedimiento y así, su artículo 88 , bajo la rúbrica «terminación convencional» dispone que
«las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin».
El Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, también prevé esa posibilidad de finalización convencional del procedimiento cuando el artículo 84 , dentro de la regulación del Procedimiento Ordinario, establece, como primera misión del acto de conciliación la de intentar la conciliación entre las partes, advirtiéndolas de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles y sin prejuzgar el contenido de la sentencia, añadiendo que dicho acuerdo se llevará a cabo por los trámites de ejecución de las sentencias. Y, aunque estemos ante una institución diferente, el artículo 63 del mismo cuerpo legal establece, como requisito previo para la tramitación del proceso, un intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones con las excepciones que señala el artículo 64. Y todo ello sin perjuicio de la mediación desarrollada especialmente en el ámbito laboral por el Órgano de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria (ORECLA).
La presente Ley, en línea con esta última, pero tratando de superarla y dar un ámbito absolutamente integral a esta institución, al estar inspirada fundamentalmente en el deseo de fomentar la cultura del arreglo amistoso y de evitar el número de asuntos que llegan a los órganos judiciales de nuestra Comunidad Autónoma, se enmarca en la competencia autonómica plasmada en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía para Cantabria . Y se enmarca en lo relativo al desarrollo legislativo en materia de ejercicio de profesiones tituladas como será la de mediador regulada por la presente Ley, sin poder incidir ni en materias procesales ni en cuestiones de Derecho Civil, reservadas ambas en el artículo 149 de la Constitución Española , al Estado.
Además y en lo que afecte a la mediación en el ámbito familiar, se dicta la presente Ley al amparo del artículo 24.22 y 23 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, que atribuyen competencia a nuestra Comunidad Autónoma, respectivamente, en materia de «asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario incluida la política juvenil, para las personas mayores y de promoción de la igualdad de la mujer» y de «protección y tutela de menores», en aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Española, que dispone que
«1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil».
4. Quedan excluidos de la mediación cualquier asunto en el que exista violencia o maltrato sobre la pareja o expareja, hijos o cualquier miembro de la familia o del grupo convivencial; cualquier tipología de la violencia de género, según referencia de la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril , Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la protección a sus Víctimas; violencia familiar y violencia del grupo convivencial, o cualesquiera otras actuaciones que permitan presumir que el consentimiento para dicha mediación no será real y voluntario.
Debate contradictorio
Inmediatez y presencialidad
Incidencia en el cómputo de plazos
Competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Funciones de los colegios y asociaciones profesionales, organizaciones y entidades sociales
5. Lo dispuesto en este artículo se llevará a cabo cumpliendo con los preceptos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal.
Observatorio de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Potenciación del carácter integral de la mediación
Personas legitimadas para iniciar la mediación
Derechos de las partes en la mediación
Deberes de las partes en la mediación
Grupos de personas mediadoras
Clasificación de la persona mediadora
Del número de personas mediadoras
Procedimiento para la designación de la persona mediadora
Reunión inicial e información
Acta inicial de la reunión
Audiencia y participación de terceros
Contenido de los acuerdos adoptados durante la mediación
Efectos de los acuerdos adoptados durante la mediación
Responsabilidad de las personas intervinientes en un procedimiento de mediación
De la prescripción de las infracciones y de las sanciones
Competencia para la instrucción del procedimiento sancionador
Régimen aplicable a las personas mediadoras que hayan ejercido la mediación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
Mediación. Resolución de conflictos sin litigio de Folberg, Jay y Taylor, Alison ¿Qué es el conflicto?