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Timestamp: 2017-06-27 10:42:23
Document Index: 90663136

Matched Legal Cases: ['artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 112', 'e contrario', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 100', 'artículo 112', 'artículo 100', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 8', 'artículo 47', 'artículo 100', 'artículo 39', 'artículo 8', 'Artículo 69', 'artículo 112', 'artículo 20', 'artículo 47', 'artículo 112', 'artículo 47', 'artículo 112', 'artículo 47', 'artículo 112', 'artículo 3', 'artículo 100', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 7', 'artículo 186', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 38', 'ARTÍCULO 17']

José Ángel Ortíz Ávila
1 SENTENCIA TC/0163/13 República Dominicana EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Referencia: Expediente número TC , relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por José Francisco Cárdenas García, contra el artículo 112 del Código Procesal Penal. En el municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil trece (2013). El Tribunal Constitucional regularmente integrado por los Magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Samuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, Jueces, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 185 de la Constitución, 9 y 36 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la disposición impugnada 1.1. La disposición legal objeto de la presente acción directa de inconstitucionalidad es el artículo 112 del Código Procesal Penal, el cual dispone: Página 1 de 202 Art Capacidad. Solo pueden ser defensores los abogados matriculados en el Colegio de Abogados de la República Dominicana y debidamente juramentados ante la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las reglas especiales de la representación en los casos de cooperación judicial internacional. 2. Pretensiones del accionante El señor José Francisco Cárdenas García, mediante instancia regularmente recibida el dos (2) de diciembre de dos mil nueve (2009), interpuso ante la Suprema Corte de Justicia en atribuciones constitucionales, una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 112 del Código Procesal Penal, que exige la inscripción en el Colegio de Abogados de la República Dominicana para el ejercicio de la abogacía ante los tribunales dominicanos En este sentido, el accionante pretende lo siguiente: PRIMERO: Que se declare contrario a la Constitución el artículo 112 del Código Procesal Penal, en cuanto a compeler a los abogados a estar matriculados en el ilustre CARD, por atentar esto a la libertad de asociación que consagra la Carta Magna. SEGUNDO: Declarar esa conducta, es decir, la de exigirle a los abogados el carnet de ADOMA como formalismo para comprobar los requisitos exigidos que establece la legislación para ejercer la profesión de abogado como injusta y atentatoria al ejercicio profesional, al derecho de defensa y a la libertad de asociación. Página 2 de 203 2.2. Infracciones constitucionales alegadas El accionante invoca la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Procesal Penal, contra el cual se formula alegada violación a los artículos 8, numeral 7 y 11 literal a), y el artículo 100 de la Constitución de la República, cuyos textos prescriben lo siguiente: ART. 8. Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas: 7) La libertad de asociación y de reunión sin armas, con fines políticos, económicos, sociales, culturales o de cualquier otra índole, siempre que por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres. 11) La libertad de trabajo. La ley podrá, según lo requiera el interés general, establecer la jornada máxima de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los sueldos y salarios mínimos y sus formas de pago, los seguros sociales, la participación de los nacionales en todo trabajo, y en general, todas las providencias de protección y asistencia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores, ya sean manuales o intelectuales. a. La organización sindical es libre, siempre que los sindicatos, gremios u otras asociaciones de la misma índole se ajusten en sus estatutos y en su conducta a una organización democrática compatible con los principios consagrados en esta Constitución y para fines estrictamente laborales y pacíficos. Página 3 de 204 ART La República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes y en consecuencia, ninguna entidad de la República podrá conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias. 3. Hechos y argumentos jurídicos de la accionante 3.1. El accionante fundamenta su recurso de inconstitucionalidad, entre otros motivos, en los siguientes: a. El mandato contenido en el artículo 112 del Código Procesal Penal obliga a los abogados a estar inscritos en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, situación que violenta el derecho de asociarse a otra entidad de igual naturaleza y que ha permitido una interpretación de los honorables jueces de los diferentes tribunales en el sentido de no darle aquiescencia a otro documento de identificación para comprobar si se ha cumplido con las formalidades que establece la ley para postular la sagrada investidura de la abogacía. b. Darle solo validez a un organismo para acreditar a los abogados del país, constituye un acto de discriminación que trasgrede el derecho de igualdad contenido en el artículo 100 de la Constitución dominicana, pues existen otras instituciones, como la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), que también garantizan el ejercicio profesional del abogado, al exigir los mismos requisitos del Colegio de Abogados de la República Dominicana para matricularse y recibir el carnet que los acredita como abogados. Página 4 de 205 c. Si para ser miembro de la Asociación Dominicana de Abogados se han de cumplir los mismos requisitos que para pertenecer al Colegio de Abogados de la República Dominicana, la formalidad para dar validez a los requisitos que establece la Ley de Organización Judicial núm. 821, del veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos veinte y siente (1927), queda satisfecha con la presentación de la identificación correspondiente a estas instituciones, indistintamente. d. Esta práctica de solo darle crédito al carné del Colegio de Abogados de la República Dominicana viola el derecho de defensa a cualquier ciudadano que elija un defensor que por causa ajena o fortuita no porte en ese momento el carné de la entidad señalada y presente el de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA). 4. Intervenciones oficiales 4.1. En la especie, solo intervino el Procurador General de la República de la forma que se consigna más adelante Opinión del Procurador General de la República Mediante Oficio núm del veintidós (22) de enero de dos mil diez (2010), el Procurador General de la República presenta su opinión sobre el caso, señalando en síntesis, lo siguiente: que la disposición objetada mediante la presente acción directa de inconstitucionalidad es cónsona con lo consignado a tal efecto por la Ley No que instituye el Colegio Dominicano de Abogados como una entidad de derecho público, llamada a garantizar la función social y moral del ejercicio de las profesiones jurídicas, lo que compromete el interés público y justifica la obligación de acogerse a Página 5 de 206 su mandato como condición para el ejercicio de la profesión de abogado en la República Dominicana, lo cual es totalmente diferente e independiente del derecho de todo abogado a asociarse en cualquier otra entidad gremial que, como tal, defienda el interés de sus miembros, a lo que no se opone en modo alguno la norma objetada En ese sentido, el Ministerio Público opina: ÚNICO: Que procede declarar inadmisible la presente acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 112 del Código Procesal Penal. 5. Pruebas Documentales 5.1. En el expediente, la parte accionante no aportó pruebas documentales para sustentar su acción directa de inconstitucionalidad. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 6. Competencia 6.1. Este tribunal tiene competencia para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad, en virtud de lo que disponen los artículos de la Constitución política del Estado, así como el 9 y el 36 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales La propia Constitución de la República establece en su artículo que el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia de las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancias del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Página 6 de 207 Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. 7. Legitimación activa o calidad de la accionante 7.1. Al tratarse de un asunto formulado en el año dos mil nueve (2009), la procedencia o admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad estaba sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución de dos mil dos (2002), que admitía las acciones formuladas por aquellos que probasen su calidad de parte interesada En virtud de lo expuesto anteriormente, la parte accionante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad al ser una parte interesada, por cuanto al resultar la calidad o legitimación activa una cuestión de naturaleza procesal constitucional, la misma constituye una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo, razón por la cual el accionante Cárdenas García se encontraba revestido de la debida calidad al momento de interponerse la acción en inconstitucionalidad por vía principal, al ser una parte interesada El accionante, en su recurso, ha exhibido la condición de parte interesada en la presente acción, ya que el mismo cuestiona las disposiciones del artículo 112 del Código Procesal Penal dominicano, que dispone la obligación de la matriculación en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, para poder ser defensor; en tal virtud, y en consecuencia, ostenta la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa. 8. Procedimiento aplicable en la presente acción directa en inconstitucionalidad 8.1. La Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), modificada en mil novecientos noventa y cuatro (1994) y en el año dos mil dos (2002), fue Página 7 de 208 reformada el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), siendo esta última la norma constitucional aplicable al presente caso, por efecto del principio de la aplicación inmediata de la Constitución, subsistiendo en la nueva Constitución, los mismos derechos y principios fundamentales que invoca el accionante: a) la libertad de asociación, establecida en el artículo 8, numeral 7, de la Constitución de dos mil dos (2002), que está previsto en el artículo 47, de la Constitución de dos mil diez (2010); b) el derecho a la igualdad, previsto en el artículo 100 de la Constitución de dos mil dos (2002), contenido en el artículo 39, de la Constitución de dos mil diez (2010); C) el derecho de defensa, contenido en el artículo 8.2 letra J de la Constitución de (2002 (Artículo 69.4 de la vigente Constitución) Por las motivaciones previamente citadas, y en virtud de la aplicación inmediata de las normas constitucionales en el tiempo, el presente proceso será fallado de conformidad con lo dispuesto en la actual reforma constitucional del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). 9. Del rechazo de la acción 9.1. En el presente caso, el accionante demanda la inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Procesal Penal, para lo cual arguye que la referida disposición legal violenta el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la igualdad y el derecho de defensa Sobre la alegada violación a la libertad de asociación En lo que respecta a la libertad de asociación, esta es considerada como un derecho civil y político esencial, garantizado por el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un derecho humano que consiste en la facultad de que disponen los seres humanos de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones libremente, con objetivos de concreción Página 8 de 209 lícitos, la libertad de retirarse de las mismas en caso de así decidirlo. También comprende el derecho a no ser obligado a pertenecer a una asociación Pero en el contexto de la facultad de libre asociación que está configurada en el artículo 47 de nuestra Constitución, se hace preciso determinar si estamos ante una corporación de derecho público o de derecho privado. Las corporaciones de derecho público están definidas como aquellas entidades autónomas que representan los intereses de ciertos sectores sociales ante los poderes públicos y desempeñan funciones públicas de ordenación de dicho sector 1 ; mientras que las corporaciones de derecho privado son consideradas como establecimientos fundados y regidos por particulares, que actúan a veces bajo la vigilancia y con el permiso de la administración, pero sin ninguna delegación del poder público En lo atinente a las corporaciones de derecho público, cabe destacar que la definición dada en el párrafo anterior le otorga a estas entidades una doble dimensión, las cuales, por un lado, tienen base privada, al estar constituidas con el fin de representar y defender los intereses de un determinado colectivo; y, por el otro, tienen al mismo tiempo una dimensión pública determinada por el ejercicio de funciones públicas administrativas, las cuales le otorgan una naturaleza propia similar a los órganos de la Administración Pública, por el ámbito propio de su actividad, la cual lo acerca a la esfera del derecho administrativo. En este concepto entrarían los colegios profesionales y las federaciones deportivas, entre otras Producto de las definiciones y características expresadas en los párrafos anteriores, resulta posible determinar la cualidad de corporación de derecho público del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). Es la 1 Zambonino Pulito Maria. Apuntes de Derecho Administrativo I. Universidad de Cádiz, pp Ibídem. Zambonino Pulito, María. Apuntes de Derecho Administrativo I. Universidad de Cádiz. Información obtenida de la página web: Página 9 de 2010 propia Ley núm. 91, del tres (3) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), que en su Art. 1 dispone lo siguiente: Por la presente Ley se instituye el Colegio de Abogados de la República como corporación de derecho público interno de carácter autónomo y con personalidad jurídica propia, el cual tendrá su sede y domicilio principal en la ciudad de Santo Domingo Cabe destacar que la referida ley, en los artículos 2 y 3, le otorga a dicho colegio de abogados las siguientes prerrogativas: organizar a todos los abogados de República Dominicana, defender los derechos de los abogados, adoptar un código de ética de los profesionales del Derecho, impulsar el perfeccionamiento de los abogados a través de estudio de la ciencia jurídica, mantener relaciones con las demás entidades del orden profesional, asistir y orientar a los abogados recién graduados, promover y obtener ayuda mutua de sus miembros, dentro de las que incluye dotar a los mismos de seguro médico en caso de invalidez o cualquier otro riesgo, establecer un servicio de asistencia legal gratuita para las personas de escasos recursos económicos, prestar asesoría a los órganos del Congreso de manera espontánea o cuando estos lo requieran, investigar las quejas que se formulen contra los abogados en el ejercicio de su profesión, pudiendo sancionar disciplinariamente a dichos miembros si encontrare causa fundada; así como crear un centro de capacitación y especialización para todos los miembros del Colegio de Abogados De tales atribuciones se desprende que el Colegio de Abogados de la República Dominicana no es una asociación que se integra con la adición libre y espontánea de cada uno de sus miembros, sino que, como bien lo dispone la ley que lo crea, es una corporación con fines públicos, que originalmente pertenecen al Estado, y que este, por delegación circunstanciada, transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matriculación y el régimen disciplinario de todos los abogados de la República. Página 10 de 2011 En el contexto de su instancia, el accionante arguye que el artículo 112 del Código Procesal Penal es contrario a lo que dispone el artículo 47 de la Constitución de la República, en el sentido de que el primero impone, como requisito, para poder ser defensores, la matriculación obligatoria de los abogados en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que a juicio de este, es contrario a la libertad de asociación que consagra en el segundo articulado antes citado Sobre este planteamiento, cabe precisar que el Colegio de Abogados de la República Dominicana, como bien se dijo en los párrafos anteriores, tiene una función pública, y que las normas imperativas de derecho público, que obligan a los individuos a asociarse en colegios profesionales es válida, y no puede considerarse contraria a la libertad de asociación que dispone el texto constitucional, cuando los referidos colegios cumplen fines que trascienden el interés privado, por cuanto el Estado delega en estos fines que procuran el bien común, además tal colegiación obligatoria no impide asociarse a otro u otros gremios de abogados. La eliminación de la colegiación obligatoria supondría la facilitación del intrusismo y el deterioro de la calidad de los servicios de la abogacía en la que convergen valores constitucionales como la libertad y el patrimonio de las personas Además, la eliminación de la colegiatura obligatoria favorecería la desprotección de los usuarios del servicio abogadil y el desprestigio social de una actividad profesional que requiere de controles institucionales. Así, el régimen disciplinario interno, el servicio de asistencia legal gratuita para las personas de escasos recursos económicos, el servicio de asesoría a los órganos del Congreso de manera espontánea o cuando estos lo requieran; así como la creación de un centro de capacitación y especialización para todos los miembros del Colegio de Abogados. De ahí que no deba permanecer ajeno a ningún tipo de control en su desempeño. Página 11 de 2012 En consecuencia, la colegiación constituye una necesidad para lograr un verdadero control sobre el ejercicio profesional, específicamente en profesiones de libre ejercicio como es la abogacía. Sobre este punto han resuelto otros tribunales constitucionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y han determinado que la obligatoriedad de la colegiación no es violatoria de los derechos de libre asociación ni de libertad de trabajo. En efecto, el principal objeto de la colegiación debe ser garantizar el acceso efectivo a la justicia para los individuos, específicamente en cuanto a la labor que corresponde a los abogados encargados de representar a las partes en conflicto ante el tribunal, dado que estos profesionales cumplen con la importante misión de plantear el conflicto ante el juez y alegarle los elementos necesarios para que pueda tomar una decisión. Por ello, de su buen actuar pudiera depender que el juez imparta justicia. La consecución de los fines que han sido delegados en el Colegio de Abogados de la República Dominicana dependerá de que este desempeñe, efectivamente, las funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo integran A tono con lo anterior, se precisa señalar que los colegios profesionales constituyen una típica especie de corporación, reconocida por el Estado, dirigida no solo a la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión, lo cual constituye un servicio al común de indudable interés público, se ajuste a las normas o reglas que aseguren, tanto la eficacia, como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, que, por otra parte, ya ha garantizado en principio el Estado con la expedición del exequátur En ese sentido, el derecho de libertad de asociación es aplicable a las asociaciones que tienen un carácter privado, por lo que cuando las entidades tienen tal naturaleza, a nadie se le puede obligar a formar parte de las mismas Página 12 de 2013 sin que medie su voluntad, por no tener estas un fin de carácter público de delegación de facultades estatales que dimanen de una ley De las argumentaciones antes indicadas se puede colegir que la obligación de matricularse en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, como dispone el artículo 112 del Código Procesal Penal, acusado de inconstitucional, no es contrario a las disposiciones del artículo 47 de la Constitución En lo referente a la alegada violación al derecho de defensa La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Dominicano, mediante Ley núm , trajo consigo una estructura procesal penal distinta a la que contemplaba el Código de Instrucción Criminal de mil ochocientos cuarenta y cuatro (1884). Este último no exigía con tanto rigor la procuración de un profesional del Derecho para la defensa de una persona sindicada de un ilícito penal, pues era permitido, conforme a la Ley núm. 91 antes citada, que estudiantes de Derecho, asistidos por abogados de profesión, asumieran la defensa de los imputados. En cambio, el Código Procesal Penal vigente, en procura de hacer más efectivo el derecho de defensa de las personas que concurran a los tribunales, por cuanto poseen la formación y destrezas que se requieren para garantizar a todo justiciable la tutela judicial efectiva y el debido proceso, exige la calidad de abogado para asumir la defensa de un acusado, razones que tuvo el legislador para concebir en el artículo 112 del Código Procesal Penal la necesaria matriculación obligatoria en el Colegio de Abogados de la República Dominicana Como previamente se expresó, entre las funciones del Colegio de Abogados está la capacitación de sus miembros, como lo indica el artículo 3, letra h, de la Ley núm. 91 que lo instituye. Es por ello que, contrario a lo alegado por el accionante, la colegiación obligatoria no violenta el derecho de Página 13 de 2014 defensa, más bien preserva la adecuada tutela de la referida garantía, pues no ha bastado al Estado expedir el correspondiente título habilitante a través del exequátur, sino que, además, delega en el referido colegio la vigilancia y capacitación de los abogados de la República En lo relativo a la alegada violación al derecho de igualdad Otro de los medios invocados por el accionante es la violación del derecho a la igualdad. Alega el accionante que darle solo validez a un organismo para acreditar a los abogados del país, constituye un acto de discriminación que trasgrede el derecho de igualdad contenido en el artículo 100 de la Constitución dominicana, pues existen otras instituciones, como la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), que también garantizan el ejercicio profesional del abogado En este punto es preciso reiterar que las funciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana son públicas, y que ello obedece a una delegación pública estatal. Tal carácter no lo tienen otros gremios de abogados existentes en el país, los cuales están concebidos como entidades de carácter privado, las que pueden lograr la consecución de sus fines sin necesidad de estar investidas del carácter de corporaciones de derecho público. De manera que no estamos frente a situaciones análogas El principio de igualdad en la ley se traduce para la autoridad legislativa en la obligación de tratar idénticamente situaciones análogas, y solo hacerlo de forma diferente cuando no se asimilen, situación que queda expresada en el apotegma tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. De ahí que, en la especie, no se verifica la alegada violación al principio de igualdad, dado que no se está frente a instituciones que cumplen funciones similares, por cuanto los fines del Colegio de Abogados de la República Dominicana son de interés público, y no meramente corporativo. Página 14 de 2015 En base a ello, debemos precisar que no se violenta el derecho a la igualdad que señala el accionante, rechazando por vía de consecuencia el argumento de la parte accionante. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, al cual se adhirió el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano. DECIDE: PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Dr. José Francisco Cárdenas García contra el artículo 112 del Código Procesal Penal Dominicano (Ley Núm ). SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Dr. José Francisco Cárdenas García, y DECLARAR conforme con la Constitución de la República el artículo 112 de la Ley Núm que crea el Código Procesal Penal dominicano, por no haberse verificado que dicha disposición sea contraria a los Arts. 39, 47 y 69.4 de la Constitución. TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. Página 15 de 2016 CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, señor José Francisco Cárdenas García, al Colegio de Abogados de la República Dominicana y al Procurador General de la República. QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente, Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS, AL CUAL SE ADHIERE EL MAGISTRADO VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS PIZANO. 1. Con el debido respeto al criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, haremos constar un voto salvado en el presente caso, amparado en el derecho consagrado en el artículo 186 de la Constitución. 2. En el presente expediente el Tribunal Constitucional ha decidido rechazar la acción en inconstitucionalidad y declarar conforme con la Constitución de la República el artículo 112 de la Ley núm que crea el Código Procesal Penal Dominicano, en el entendido de que la misma no viola los artículos 39, 47 y 69.4 de la Constitución. Estamos de acuerdo con lo Página 16 de 2017 decidido, sin embargo, salvamos el voto en los aspectos que se indican en los párrafos que siguen. 3. La acción en inconstitucionalidad que nos ocupa fue incoada durante la vigencia de la Constitución del año dos mil dos (2002) y dado el hecho de que desde el veintiséis (26) de enero del año dos mil diez(2010) rige una nueva Constitución, se plantea el problema de determinar cuál de las normativas constitucionales se aplica. 4. En torno a la cuestión planteada en el párrafo anterior, en el número 7 de la sentencia se consigna el título siguiente: Legitimación activa o calidad de la accionante. En este orden, en la sentencia se desarrollan los argumentos siguientes: 7.1. Al tratarse de un asunto formulado en el año 2009, la procedencia o admisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución de 2002, que admitía las acciones formuladas por aquellos que probasen su calidad de parte interesada En virtud de lo expuesto anteriormente, la parte accionante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad al ser una parte interesada, por cuanto al resultar la calidad o legitimación activa una cuestión de naturaleza procesal-constitucional, la misma constituye una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo, razón por la cual el accionante Cárdenas García se encontraba revestido de la debida calidad al momento de interponerse la acción en inconstitucionalidad por vía principal, en el caso que nos ocupa, al ser una parte interesada El accionante, en su recurso, ha exhibido la condición de parte interesada en la presente acción, ya que el mismo cuestiona las disposiciones del artículo 112 del Código Procesal Penal Dominicano, que dispone la obligación de la matriculación en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, para poder ser defensor; en tal virtud, y en consecuencia, ostenta la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa. Página 17 de 2018 5. Según consta en el párrafo anterior en la sentencia se afirma que ( ) al resultar la calidad o legitimación activa una cuestión de naturaleza procesalconstitucional, la misma constituye una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo. Las afirmaciones anteriores ameritan que hagamos algunas precisiones y consideraciones. 6. Lo primero que nos parece oportuno destacar es que el contenido de las constituciones normalmente es heterogéneo, en la medida de que regula cuestiones procesales y cuestiones normativas. En la especie, los aspectos sustantivos abordarían la legitimación, el objeto y las formalidades de la acción en inconstitucionalidad; mientras que los sustantivos se refieren a los derechos fundamentales, los principios y los valores constitucionales. 7. En la Constitución anterior, el texto destinado al proceso era el 67.1, en el cual se establecía que la Suprema Corte de Justicia tenía competencia para conocer de las acciones en inconstitucionalidad contra las leyes a instancia del Presidente de la República, el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y cualquier parte interesada. En dicho texto se consagraban tres elementos de orden procesal: la competencia para conocer la acción, el objeto de la acción y la legitimación. Sin embargo, no se previeron los requisitos que debía reunir la instancia contentiva de la acción, los cuales, en ausencia de una ley sobre la jurisdicción constitucional, la Suprema Corte de Justicia se encargó de desarrollarlos de manera pretoriana. 8. La Constitución vigente también contiene previsiones de carácter procesal. En efecto, en el artículo se consagran, en lo que interesa en la especie, que el Tribunal Constitucional conocerá de las acciones en inconstitucionalidad contra las leyes, los decretos, los reglamentos, las resoluciones y las ordenanza, a requerimiento del Presidente de la República, una tercera parte de los senadores o los diputados y de cualquier persona con Página 18 de 2019 interés legítimo y jurídicamente protegido. En esta ocasión, también el constituyente obvió referirse a los requisitos de forma que debe cumplir la acción, delegando dicho aspecto en el legislador adjetivo. En este sentido, en el artículo 38 de la Ley No , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 13 de junio de 2011, se establece que: Acto introductivo. El escrito en que se interponga la acción será ante la Secretaria del Tribunal Constitucional y debe exponer sus fundamentos en forma clara y precisa, con citas concretas de las disposiciones constitucionales que se consideren vulneradas. 9. Hecha las disquisiciones anteriores, nos permitimos afirmar que decir que la Constitución es de aplicación inmediata puede crear confusión, ya que existe el conocido principio de aplicación inmediata de las leyes de orden procesal. Por esta razón, consideramos que lo correcto es establecer que la Constitución aplicable es la que esté vigente en el momento en que se vaya a decidir la acción en inconstitucionalidad, pero solo en lo que respecta a la parte sustantiva de la misma. 10. En lo que concierne a las leyes procesales, las mismas son de aplicación inmediata, lo cual implica que pueden invocarse en procesos que iniciaron antes de su puesta en vigencia, pero, según la doctrina y la jurisprudencia, solo en relación a aquellos actos cumplidos en el mismo proceso con posterioridad a la entrada en vigencia de esta. Lo anterior supone considerar la individualidad lógica de dichos actos, aunque se refieran a un único proceso. De esta manera, cada acto se sujeta en su integralidad a las normas procesales vigentes en el lugar y en el momento en que se realizan, en razón de que a nadie se le puede exigir la observancia de disposiciones que no se conocen o que aún no han entrado en vigor, en este sentido, la ley procesal nueva no puede alterar los actos procesales materializados antes de su puesta en vigencia. Página 19 de 2020 11. Respetamos el tratamiento dado en el presente caso al principio que nos ocupa, pero no lo compartimos, ya que consideramos que aplicar una ley derogada al momento de dictar sentencia, en relación a actos procesales cumplidos durante su vigencia, constituye la regla y no la excepción como se afirma en esta sentencia. Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez. La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 20 de 20 Mostrar más
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