Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-servicios-sociedad-electronico-172670?from_fbt=1&from_social=true
Timestamp: 2020-08-15 19:23:10
Document Index: 208439897

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 4', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 122', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'ARTÍCULO 9', 'Artículo 9', 'ARTÍCULO 10', 'Artículo 10', 'ARTÍCULO 11', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'ARTÍCULO 12', 'Artículo 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'ARTÍCULO 18', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'ARTÍCULO 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'ARTÍCULO 22', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'Artículo 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'Artículo 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'Artículo 33', 'ARTÍCULO 34', 'artículo 32', 'ARTÍCULO 35', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'artículo 38', 'Artículo 37', 'ARTÍCULO 38', 'artículo 21', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 10', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 39', 'artículo 40', 'Artículo 39', 'ARTÍCULO 40', 'artículo 18', 'Artículo 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 149', 'artículo 1']

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 172670
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio)
Publicado en: BOE Num. 166 (2002)
CAPÍTULO I. Objeto - art. 1
CAPÍTULO II. Ámbito de aplicación - arts. 2 a 5
CAPÍTULO I. Principio de libre prestación de servicios - arts. 6 a 8
SECCIÓN 1ª. Obligaciones - arts. 9 a 12.bis
SECCIÓN 2ª. Régimen de responsabilidad - arts. 13 a 17
CAPÍTULO III. Códigos de conducta - art. 18
TÍTULO III. Comunicaciones comerciales por vía electrónica - arts. 19 a 22
TÍTULO IV. Contratación por vía electrónica - arts. 23 a 29
CAPÍTULO I. Acción de cesación - arts. 30 y 31
CAPÍTULO II. Solución extrajudicial de conflictos - art. 32
TÍTULO VI. Información y control - arts. 33 a 36
TÍTULO VII. Infracciones y sanciones - arts. 37 a 45
PRIMERA. Significado de los términos empleados por esta Ley
SEGUNDA. Medicamentos y productos sanitarios
TERCERA. Sistema Arbitral de Consumo
CUARTA. Modificación de los Códigos Civil y de Comercio
QUINTA. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos
SEXTA. Sistema de asignación de nombres de dominio bajo el '.es'
SÉPTIMA. Fomento de la Sociedad de la Información
OCTAVA. Colaboración de los registros de nombres de dominio establecidos en España en la lucha contra actividades ilícitas
NOVENA. Gestión de incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Anotación en los correspondientes registros públicos de los nombres de dominio otorgados antes de la entrada en vigor de esta Ley
PRIMERA. Modificación del artículo 37 de la Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones
SEGUNDA. Modificación de la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones
TERCERA. Adición de una nueva disposición transitoria a la Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones
CUARTA. Modificación de la disposición derogatoria única de la Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones
QUINTA. Adecuación de la regulación reglamentaria sobre contratación telefónica o electrónica con condiciones generales a esta Ley
SEXTA. Fundamento constitucional
SÉPTIMA. Habilitación al Gobierno
OCTAVA. Distintivo de adhesión a códigos de conducta que incorporen determinadas garantías
Norma citada en: 970 sentencias, 898 artículos doctrinales, 10 temas prácticos, 13 formularios, 3020 resoluciones administrativas, 506 noticias
Texto modificado, por la Corrección de error de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
La presente Ley tiene como objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
Asimismo, incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa alas acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido en ella, una acción de cesación contra las conductas que contravengan lo dispuesto en esta Ley.
Lo que la Directiva 2000/31 /CE denomina 'sociedad de la información' viene determinado por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo de información.
Su incorporación a la vida económica y social ofrece innumerables ventajas, como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades de elección de los usuarios y la aparición de nuevas fuentes de empleo. Pero la implantación de Internet y las nuevas tecnologías tropieza con algunas incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar con el establecimiento de un marco jurídico adecuado, que genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de este nuevo medio.
Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de 'servicios de la sociedad de la información', que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el que efectúan los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio...), siempre que represente una actividad económica para el prestador.
Estos servicios son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales, los motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que realice alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio electrónico.
Desde un punto de vista subjetivo, la Ley se aplica, con carácter general, a los prestadores de servicios establecidos en España. Por 'establecimiento' se entiende el lugar desde el que se dirige y gestiona una actividad económica, definición esta que se inspira en el concepto de domicilio fiscal recogido en las normas tributarias españolas y que resulta compatible con la noción material de establecimiento predicada por el Derecho comunitario.
La Ley resulta igualmente aplicable a quienes sin ser residentes en España prestan servicios de la sociedad de la información a través de un 'establecimiento permanente' situado en España. En este último caso, la sujeción a la Ley es únicamente parcial, respecto a aquellos servicios que se presten desde España.
Por lo demás, sólo se permite restringir la libre prestación en España de servicios de la sociedad de la información procedentes de otros países pertenecientes al Espacio Económico Europeo en los supuestos previstos en la Directiva 2000/31/CE, que consisten en la producción de un daño o peligro graves contra ciertos valores fundamentales como el orden público, la salud pública ola protección de los menores.
Igualmente, podrá restringirse la prestación de servicios provenientes de dichos Estados cuando afecten a alguna de las materias excluidas del principio de país de origen, que la Ley concreta en su artículo 3, y se incumplan las disposiciones de la normativa española que, en su caso, resulte aplicable a las mismas.
Se prevé la anotación del nombre o nombres de dominio de Internet que correspondan al prestador de servicios en el registro público en que, en su caso, dicho prestador conste inscrito para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad, con el fin de garantizar que la vinculación entre el prestador, su establecimiento físico y su 'establecimiento' o localización en la red, que proporciona su dirección de Internet, sea fácilmente accesible para los ciudadanos y la Administración pública.
Destaca, por otra parte, en la Ley, su afán por proteger los intereses de los destinatarios de servicios, de forma que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la hora de contratar un servicio o bien por Internet.
Con esta finalidad, la Ley impone a los prestadores de servicios la obligación de facilitar el acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten su sitio en Internet, la de informar a los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus servicios y la de permitir a éstos visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta, en su caso, el contrato.
Cuando la contratación se efectúe con consumidores, el prestador de servicios deberá, además, guiarles durante el proceso de contratación, indicándoles los pasos que han de dar y la forma de corregir posibles errores en la introducción de datos, y confirmar la aceptación realizada una vez recibida.
En lo que se refiere alas comunicaciones comerciales, la Ley establece que éstas deban identificarse como tales, y prohíbe su envío por correo electrónico u otras vías de comunicación electrónica equivalente, salvo que el destinatario haya prestado su consentimiento.
Se favorece igualmente la celebración de contratos por vía electrónica, al afirmar la Ley, de acuerdo con el principio espiritualista que rige la perfección de los contratos en nuestro Derecho, la validez y eficacia del consentimiento prestado por vía electrónica, declarar que no es necesaria la admisión expresa de esta técnica para que el contrato surta efecto entre las partes, y asegurar la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los documentos electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito de 'forma escrita' que figura en diversas Leyes.
La Ley promueve la elaboración de códigos de conducta sobre las materias reguladas en esta Ley, al considerar que son un instrumento de autorregulación especialmente apto para adaptar los diversos preceptos de la Ley alas características específicas de cada sector.
CAPÍTULO I Objeto Artículo 1
Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
Artículo citado en: 27 sentencias, 16 artículos doctrinales, 97 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II Ámbito de aplicación Artículos 2 a 5
ARTÍCULO 2 Prestadores de servicios establecidos en España.
A los efectos previstos en este artículo, se presumirá que el prestador de servicios está establecido en España cuando el prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en el Registro Mercantil o en otro registro público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.
Artículo citado en: 14 sentencias, 22 artículos doctrinales, 711 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 3 Prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y 8, esta Ley se aplicará a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de los servicios radique en España y los servicios afecten a las materias siguientes:
Derechos de propiedad intelectual o industrial.
Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.
Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas físicas que tengan la condición de consumidores.
Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación aplicable a su contrato.
Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente no solicitadas.
En todo caso, la constitución, transmisión, modificación y extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles sitos en España se sujetará a los requisitos formales de validez y eficacia establecidos en el ordenamiento jurídico español.
Los prestadores de servicios a los que se refiere el apartado 1 quedarán igualmente sometidos a las normas del ordenamiento jurídico español que regulen las materias señaladas en dicho apartado.
No será aplicable lo dispuesto en los apartados anteriores a los supuestos en que, de conformidad con las normas reguladoras de las materias enumeradas en el apartado 1, no fuera de aplicación la Ley del país en que resida o esté establecido el destinatario del servicio.
Artículo citado en: 5 sentencias, 14 artículos doctrinales, 63 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 4 Prestadores establecidos en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
Artículo 4, primer párrafo, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo citado en: 60 sentencias, 9 artículos doctrinales, 351 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 5 Servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley.
Se regirán por su normativa específica las siguientes actividades y servicios de la sociedad de la información:
Los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas.
Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio.
Las disposiciones de la presente Ley, con la excepción de lo establecido en el artículo 7.1, serán aplicables a los servicios de la sociedad de la información relativos a juegos de azar que impliquen apuestas de valor económico, sin perjuicio de lo establecido en su legislación específica estatal o autonómica.
Artículo citado en: 22 sentencias, 10 artículos doctrinales
TÍTULO II Prestación de servicios de la sociedad de la información Artículos 6 a 18
CAPÍTULO I Principio de libre prestación de servicios Artículos 6 a 8
ARTÍCULO 6 No sujeción a autorización previa.
Artículo citado en: 12 sentencias, 9 artículos doctrinales, 76 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 7 Principio de libre prestación de servicios.
La prestación de servicios de la sociedad de la información que procedan de un prestador establecido en algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se realizará en régimen de libre prestación de servicios, sin que pueda establecerse ningún tipo de restricciones a los mismos por razones derivadas del ámbito normativo coordinado, excepto en los supuestos previstos en los artículos 3 y 8.
La aplicación del principio de libre prestación de servicios de la sociedad de la información a prestadores establecidos en Estados no miembros del Espacio Económico Europeo se atendrá a los acuerdos internacionales que resulten de aplicación.
Artículo citado en: 8 sentencias, 8 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 8 Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario.
En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a que alude este apartado son los siguientes:
La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y
Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación.
La adopción de restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información provenientes de prestadores establecidos en un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto a España deberá seguir el procedimiento de cooperación intracomunitario descrito en el siguiente apartado de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal y de cooperación judicial.
Cuando un órgano competente acuerde, en ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, establecer restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la información que proceda de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto de España, dicho órgano deberá seguir el siguiente procedimiento:
El órgano competente requerirá al Estado miembro en que esté establecido el prestador afectado para que adopte las medidas oportunas. En el caso de que no las adopte o resulten insuficientes, dicho órgano notificará, con carácter previo, a la Comisión Europea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo y al Estado miembro de que se trate las medidas que tiene intención de adoptar.
En los supuestos de urgencia, el órgano competente podrá adoptar las medidas oportunas, notificándolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisión Europea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo con la mayor brevedad y, en cualquier caso, como máximo, en el plazo de quince días desde su adopción. Así mismo, deberá indicar la causa de dicha urgencia.
Los órganos competentes de otros Estados Miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo podrán requerir la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 de esta Ley si lo estiman necesario para garantizar la eficacia de las medidas de restricción que adopten al amparo del apartado anterior.
Las medidas de restricción que se adopten al amparo de este artículo deberán, en todo caso, cumplir las garantías y los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 11 de esta Ley.
Artículo 8, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo 8, apartado 1, letra e) adicionada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo 8, apartado 2, adicionado, pasando los anteriores apartados 2, 3, 4 y 5 a ser apartados 3, 4, 5 y 6 respectivamente, por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo citado en: 110 sentencias, 49 artículos doctrinales, 4 temas prácticos, 335 resoluciones administrativas, 21 noticias
CAPÍTULO II Obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información Artículos 9 a 17
SECCIÓN 1ª Obligaciones Artículos 9 a 12.bis
ARTÍCULO 9 Constancia registral del nombre de dominio.
Artículo 9 derogado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo citado en: una sentencia, 21 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 10 Información general.
Artículo 10, apartado 1, letra f), modificado por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Artículo citado en: 16 sentencias, 47 artículos doctrinales, 2 formularios, 26 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 11 Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación.
Artículo 11 modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo citado en: 29 sentencias, 25 artículos doctrinales, 9 resoluciones administrativas, 25 noticias
Deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas.
Artículo 12, derogado por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Artículo 12, derogado por la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
Artículo citado en: 29 sentencias, 43 artículos doctrinales, 15 resoluciones administrativas, 3 noticias
ARTÍCULO 12 bis Obligaciones de información sobre seguridad.
Artículo 12 bis añadido por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo citado en: 9 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa, 10 resoluciones administrativas
SECCIÓN 2ª Régimen de responsabilidad Artículos 13 a 17
ARTÍCULO 13 Responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad de la información.
Artículo citado en: 44 sentencias, 31 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 14 Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso.
Artículo citado en: 34 sentencias, 36 artículos doctrinales, 26 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 15 Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios.
Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente.
Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o
Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.
Artículo citado en: 26 sentencias, 35 artículos doctrinales, 26 resoluciones administrativas, 4 noticias
ARTÍCULO 16 Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos.
Artículo citado en: 101 sentencias, 66 artículos doctrinales, 48 resoluciones administrativas, 6 noticias
ARTÍCULO 17 Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.
Artículo 17, apartado 2, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo citado en: 146 sentencias, 65 artículos doctrinales, 338 resoluciones administrativas, 28 noticias
CAPÍTULO III Códigos de conducta Artículo 18
ARTÍCULO 18 Códigos de conducta.
Las administraciones públicas impulsarán, a través de la coordinación y el asesoramiento, la elaboración y aplicación de códigos de conducta voluntarios, por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores, en las materias reguladas en esta Ley. La Administración General del Estado fomentará, en especial, la elaboración de códigos de conducta de ámbito comunitario o internacional.
Los códigos de conducta que afecten a los consumidores y usuarios estarán sujetos, además, al capítulo V de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
En la elaboración de dichos códigos, habrá de garantizarse la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones representativas de personas con discapacidades físicas o psíquicas, cuando afecten a sus respectivos intereses.
Los códigos de conducta a los que hacen referencia los apartados precedentes deberán ser accesibles por vía electrónica. Se fomentará su traducción a otras lenguas oficiales, en el Estado y de la Unión Europea, con objeto de darles mayor difusión.
Artículo 18, apartado 3, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo 18, apartado 1, modificado por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Artículo citado en: 5 sentencias, 18 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas, una noticia
TÍTULO III Comunicaciones comerciales por vía electrónica Artículos 19 a 22
ARTÍCULO 19 Régimen jurídico.
Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se regirán, además de por la presente Ley, por su normativa propia y la vigente en materia comercial y de publicidad.
Artículo citado en: 15 sentencias, 17 artículos doctrinales, 751 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 20 Información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.
Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable.
En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y en las normas de ordenación del comercio, que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación sean fácilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca.
Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan las normativas dictadas por las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas sobre consumo.
En todo caso, queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación o que contravengan lo dispuesto en este artículo, así como aquéllas en las que se incite a los destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan lo dispuesto en este artículo.
Artículo 20, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo 20, apartado 4, añadido por el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Marzo de 2012.
Artículo 20, apartados 1 y 3, modificados por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Artículo citado en: 3 sentencias, 16 artículos doctrinales, 19 resoluciones administrativas, 3 noticias
ARTÍCULO 21 Prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
Artículo 21 modificado por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Artículo 21, apartado 2, último párrafo añadido por el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Marzo de 2012.
Artículo 21, apartado 2, modificado por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Artículo citado en: 93 sentencias, 57 artículos doctrinales, 1742 resoluciones administrativas, 6 noticias
ARTÍCULO 22 Derechos de los destinatarios de servicios.
Artículo 22 modificado por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Artículo 22 modificado por el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Marzo de 2012.
Artículo 22 modificado por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Artículo citado en: 20 sentencias, 38 artículos doctrinales, 3 formularios, 582 resoluciones administrativas, 29 noticias
TÍTULO IV Contratación por vía electrónica Artículos 23 a 29
ARTÍCULO 23 Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica.
No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones.
Artículo citado en: 101 sentencias, 55 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario, 3 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 24 Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica.
Artículo 24, apartado 1, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo citado en: 46 sentencias, 37 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 25 Intervención de terceros de confianza.
Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. La intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar alas personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública.
El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años.
Artículo citado en: 24 sentencias, 21 artículos doctrinales, 12 resoluciones administrativas, 3 noticias
ARTÍCULO 26 Ley aplicable.
Artículo citado en: 6 sentencias, 16 artículos doctrinales, una resolución administrativa, una noticia
ARTÍCULO 27 Obligaciones previas a la contratación.
Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos:
Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y
La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.
El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información señalada en el apartado anterior cuando:
El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente.
Artículo 27, se da una nueva rúbrica, y los apartados 1 y 2 modificados por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo citado en: 15 sentencias, 43 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 28 Información posterior a la celebración del contrato.
El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios:
El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o
La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.
Artículo citado en: 11 sentencias, 31 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 29 Lugar de celebración del contrato.
Artículo citado en: 21 sentencias, 26 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas, una noticia
TÍTULO V Solución judicial y extrajudicial de conflictos Artículos 30 a 32
CAPÍTULO I Acción de cesación Artículos 30 y 31
ARTÍCULO 30 Acción de cesación.
Contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen intereses colectivos o difusos de los consumidores podrá interponerse acción de cesación.
La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inminente.
La acción de cesación se ejercerá conforme a las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil para esta clase de acciones.
ARTÍCULO 31 Legitimación activa.
Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo, incluidas aquéllas que pudieran verse perjudicadas por infracciones de las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 22, entre ellas, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que deseen proteger sus intereses comerciales legítimos o los intereses de sus clientes.
Los grupos de consumidores o usuarios afectados, en los casos y condiciones previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.
El Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes en materia de defensa de los consumidores.
Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores que estén habilitadas ante la Comisión Europea mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el 'Diario Oficial de las Comunidades Europeas'.
Artículo 31, letra a), modificado por el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Marzo de 2012.
Artículo citado en: una sentencia, 6 artículos doctrinales
CAPÍTULO II Solución extrajudicial de conflictos Artículo 32
ARTÍCULO 32 Solución extrajudicial de conflictos.
El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de conducta u otros instrumentos de autorregulación.
En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que hace referencia el apartado anterior, podrá hacerse uso de medios electrónicos, en los términos que establezca su normativa específica.
Artículo citado en: 18 artículos doctrinales, una resolución administrativa
TÍTULO VI Información y control Artículos 33 a 36
ARTÍCULO 33 Información a los destinatarios y prestadores de servicios.
Conseguir información general sobre sus derechos y obligaciones contractuales en el marco de la normativa aplicable a la contratación electrónica,
Informarse sobre los procedimientos de resolución judicial y extrajudicial de conflictos, y
Obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones que puedan facilitarles información adicional o asistencia práctica.
Artículo 33 modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
ARTÍCULO 34 Comunicación de resoluciones relevantes.
El Consejo General del Poder Judicial remitirá al Ministerio de Justicia, en la forma y con la periodicidad que se acuerde mediante Convenio entre ambos órganos, todas las resoluciones judiciales que contengan pronunciamientos relevantes sobre la validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica, sobre su utilización como prueba en juicio, o sobre los derechos, obligaciones y régimen de responsabilidad de los destinatarios y los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
Los órganos arbitrales y los responsables de los demás procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que se refiere el artículo 32.1 comunicarán al Ministerio de Justicia los laudos o decisiones que revistan importancia para la prestación de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico de acuerdo con los criterios indicados en el apartado anterior.
En la comunicación de las resoluciones, laudos y decisiones a que se refiere este artículo, se tomarán las precauciones necesarias para salvaguardar el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de las personas identificadas en ellos.
El Ministerio de Justicia remitirá a la Comisión Europea y facilitará el acceso de cualquier interesado a la información recibida de conformidad con este artículo.
ARTÍCULO 35 Supervisión y control.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad de la información.
Los órganos citados en el apartado 1 de este artículo podrán realizar las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su función de control.
En todo caso, y no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las conductas realizadas por los prestadores de servicios de la sociedad de la información estuvieran sujetas, por razón de la materia o del tipo de entidad de que se trate, a ámbitos competenciales, de tutela o de supervisión específicos, con independencia de que se lleven a cabo utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos, los órganos a los que la legislación sectorial atribuya competencias de control, supervisión, inspección o tutela específica ejercerán las funciones que les correspondan.
Artículo 35, apartados 1 y 2, modificados por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo 35, apartado 1, modificado por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
ARTÍCULO 36 Deber de colaboración.
Los prestadores de servicios de la sociedad de la información tienen la obligación de facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los demás órganos a que se refiere el artículo anterior toda la información y colaboración precisas para el ejercicio de sus funciones.
Cuando, como consecuencia de una actuación inspectora, se tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras Leyes, estatales o autonómicas, se dará cuenta de los mismos a los órganos u organismos competentes para su supervisión y sanción.
TÍTULO VII Infracciones y sanciones Artículos 37 a 45
ARTÍCULO 37 Responsables.
Cuando las infracciones previstas en el artículo 38.3 i) y 38.4 g) se deban a la instalación de dispositivos de almacenamiento y recuperación de la información como consecuencia de la cesión por parte del prestador del servicio de la sociedad de la información de espacios propios para mostrar publicidad, será responsable de la infracción, además del prestador del servicio de la sociedad de la información, la red publicitaria o agente que gestione directamente con aquel la colocación de anuncios en dichos espacios en caso de no haber adoptado medidas para exigirle el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario.
Artículo 37, modificado por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Artículo citado en: 80 sentencias, 4 artículos doctrinales, 444 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 38 Infracciones.
Las infracciones de los preceptos de esta Ley se calificarán como muy graves, graves y leves.
El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, o su envío insistente o sistemático a un mismo destinatario del servicio cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21.
La reincidencia en la comisión de la infracción leve prevista en el apartado 4 g) cuando así se hubiera declarado por resolución firme dictada en los tres años inmediatamente anteriores a la apertura del procedimiento sancionador.
El incumplimiento de lo previsto en el artículo 12 bis.
Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos cuando no se hubiera facilitado la información u obtenido el consentimiento del destinatario del servicio en los términos exigidos por el artículo 22.2.
El incumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10, cuando no constituya infracción grave.
Artículo 38, apartado 3, letra b) modificado por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Artículo 38, apartado 4, letra d) modificado por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Artículo 38, apartados 2, 3 y 4 modificados por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica.
Artículo 38, apartado 2, letra c) derogado por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Artículo 38, apartado 3, letra a) derogado por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Artículo 38, apartado 2, letras c) y d), y el apartado 3 letra a), derogados por la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
Artículo 38, apartados 2, letra a), derogado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo 38, apartados 4, letra a), modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo 38, apartado 3, letras c) e i) y apartado 4, letra g) modificadas por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Artículo citado en: 87 sentencias, 25 artículos doctrinales, 1297 resoluciones administrativas, 3 noticias
ARTÍCULO 39 Sanciones.
Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán las siguientes sanciones:
Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 1 50.001 hasta 600.000 euros.
Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la publicación, a costa del sancionado, de la resolución sancionadora en el 'Boletín Oficial del Estado', o en el diario oficial de la Administración pública que, en su caso, hubiera impuesto la sanción; en dos periódicos cuyo ámbito de difusión coincida con el de actuación de la citada Administración pública o en la página de inicio del sitio de Internet del prestador, una vez que aquélla tenga carácter firme.
Cuando las infracciones sancionables con arreglo a lo previsto en esta Ley hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquellos por un período máximo de dos años en el caso de infracciones muy graves, un año en el de infracciones graves y seis meses en el de infracciones leves.
Artículo modificado por la Corrección de errores de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, publicada en BOE nº 187, de 6 de agosto de 2002.
Artículo citado en: 49 sentencias, 8 artículos doctrinales, 1085 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 39 BIS Moderación de sanciones.
Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el artículo 40.
Los órganos con competencia sancionadora, atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior, podrán acordar no iniciar la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable, a fin de que en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que, en cada caso, resulten pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:
Que el órgano competente no hubiese sancionado o apercibido con anterioridad al infractor como consecuencia de la comisión de infracciones previstas en esta Ley.
Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera determinado, procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho incumplimiento.
Artículo 39 bis, añadido por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Artículo citado en: 6 sentencias, 369 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 40 Graduación de la cuantía de las sanciones.
Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
Los beneficios obtenidos por la infracción.
Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.
La adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria aplicable respecto a la infracción cometida, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 18 o en la disposición final octava y que haya sido informado favorablemente por el órgano u órganos competentes.
Artículo 40, modificado por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Artículo citado en: 35 sentencias, 5 artículos doctrinales, 657 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 41 Medidas de carácter provisional.
En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se podrán adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus normas de desarrollo, las medidas de carácter provisional previstas en dichas normas que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.
Suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su caso, cierre provisional de sus establecimientos.
Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación del expediente sancionador de que se trate, así como de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas.
En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refiere el apartado anterior, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.
En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, las medidas provisionales previstas en el presente artículo podrán ser acordadas antes de la iniciación del expediente sancionador. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
Artículo citado en: una sentencia, 6 artículos doctrinales, una resolución administrativa
ARTÍCULO 42 Multa coercitiva.
ARTÍCULO 43 Competencia sancionadora.
La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de Industria, Energía y Turismo, y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo. No obstante, el plazo máximo de duración del procedimiento simplificado será de tres meses.
Artículo 43, apartado 1, modificado por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Artículo 43, apartado 1 y 2 modificados por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Artículo 43 modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Artículo 43 modificado por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Artículo citado en: 8 sentencias, 12 artículos doctrinales, 1003 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 44 Concurrencia de infracciones y sanciones.
No podrá ejercerse la potestad sancionadora a que se refiere la presente Ley cuando haya recaído sanción penal, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
La imposición de una sanción prevista en esta Ley no impedirá la tramitación y resolución de otro procedimiento sancionador por los órganos u organismos competentes en cada caso cuando la conducta infractora se hubiera cometido utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos y resulte tipificada en otra Ley, siempre que no haya identidad del bien jurídico protegido.
No procederá la imposición de sanciones según lo previsto en esta Ley cuando los hechos constitutivos de infracción lo sean también de otra tipificada en la normativa sectorial a la que esté sujeto el prestador del servicio y exista identidad del bien jurídico protegido.
Artículo citado en: una sentencia, 4 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 45 Prescripción.
Artículo citado en: 6 sentencias, 3 artículos doctrinales, 196 resoluciones administrativas
PRIMERA Significado de los términos empleados por esta Ley
Disposición citada en: 6 sentencias, una resolución administrativa
SEGUNDA Medicamentos y productos sanitarios
TERCERA Sistema Arbitral de Consumo
Disposición adicional tercera, modificada por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Disposición citada en: una sentencia, 3 artículos doctrinales, una resolución administrativa
CUARTA Modificación de los Códigos Civil y de Comercio
'El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.'
'Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.
Disposición citada en: 9 sentencias, 19 artículos doctrinales
QUINTA Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos
Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005.
Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y 'software', para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales.
Las Administraciones Públicas promoverán medidas de sensibilización, educación y formación sobre accesibilidad con objeto de promover que los titulares de otras páginas de Internet incorporen progresivamente los criterios de accesibilidad.
Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad establecidas en esta Disposición adicional estarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Las páginas de Internet de las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, sometidas a la obligación establecida en el artículo 2 de la Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información, deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.
Disposición adicional quinta, apartado uno, segundo párrafo modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Disposición adicional quinta , apartado uno, párrafos tercero y cuarto añadidos por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Disposición adicional quinta , apartados tres, cuatro y cinco, añadidos por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Disposición adicional quinta, apartado seis, añadido por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
Disposición citada en: una sentencia, 3 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas
SEXTA Sistema de asignación de nombres de dominio bajo el '.es'
Esta disposición regula, en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los principios inspiradores del sistema de asignación de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España '.es'.
La entidad pública empresarial Red.es es la autoridad de asignación, a la que corresponde la gestión del registro de nombres de dominio de Internet bajo el '.es', de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 11 /1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
La asignación de nombres de dominio de Internet bajo el '.es' se realizará de conformidad con los criterios que se establecen en esta disposición, en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, en las demás normas específicas que se dicten en su desarrollo por la autoridad de asignación y, en la medida en que sean compatibles con ellos, con las prácticas generalmente aplicadas y las recomendaciones emanadas de las entidades y organismos internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la gestión del sistema de nombres de dominio de Internet.
Los criterios de asignación de nombres de dominio bajo el '.es' deberán garantizar un equilibrio adecuado entre la confianza y seguridad jurídica precisas para el desarrollo del comercio electrónico y de otros servicios y actividades por vía electrónica, y la flexibilidad y agilidad requeridas para posibilitar la satisfacción de la demanda de asignación de nombres de dominio bajo el '.es', contribuyendo, de esta manera, al desarrollo de la sociedad de la información en España.
Podrán crearse espacios diferenciados bajo el '.es', que faciliten la identificación de los contenidos que alberguen en función de su titular o del tipo de actividad que realicen.
Entre otros, podrán crearse indicativos relacionados con la educación, el entretenimiento y el adecuado desarrollo moral de la infancia y juventud.
Podrán solicitar la asignación de nombres de dominio bajo el '.es', en los términos que se prevean en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, todas las personas o entidades, con o sin personalidad jurídica, que tengan intereses o mantengan vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención de un nombre de dominio.
Los nombres de dominio bajo el '.es' se asignarán al primer solicitante que tenga derecho a ello, sin que pueda otorgarse, con carácter general, un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de dominio a los titulares de determinados derechos.
La verificación por parte de la autoridad de asignación del incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la cancelación del nombre de dominio, previa la tramitación del procedimiento que en cada caso se determine y que deberá garantizar la audiencia de los interesados.
Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el '.es' deberán respetar las reglas y condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignación para el adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el '.es'.
Cinco bis. La autoridad de asignación suspenderá cautelarmente o cancelará, de acuerdo con el correspondiente requerimiento judicial previo, los nombres de dominio mediante los cuales se esté cometiendo un delito o falta tipificado en el Código Penal. Del mismo modo procederá la autoridad de asignación cuando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se le dirija requerimiento de suspensión cautelar dictado como diligencia de prevención dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 11 y concordantes de esta Ley, la autoridad administrativa o judicial competente como medida para obtener la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de un contenido, podrá requerir a la autoridad de asignación para que suspenda cautelarmente o cancele un nombre de dominio.
De la misma forma se procederá en los demás supuestos previstos legalmente.
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, sólo podrá ordenarse la suspensión cautelar o la cancelación de un nombre de dominio cuando el prestador de servicios o persona responsable no hubiera atendido el requerimiento dictado para el cese de la actividad ilícita.
En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá requerir la suspensión cautelar o la cancelación. En particular, cuando dichas medidas afecten a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrán ser decididas por los órganos jurisdiccionales competentes.
La suspensión consistirá en la imposibilidad de utilizar el nombre de dominio a los efectos del direccionamiento en Internet y la prohibición de modificar la titularidad y los datos registrales del mismo, si bien podrá añadir nuevos datos de contacto. El titular del nombre de dominio únicamente podrá renovar el mismo o modificar la modalidad de renovación. La suspensión cautelar se mantendrá hasta que sea levantada o bien, confirmada en una resolución definitiva que ordene la cancelación del nombre de dominio.
La cancelación tendrá los mismos efectos que la suspensión hasta la expiración del período de registro y si el tiempo restante es inferior a un año, por un año adicional, transcurrido el cual el nombre de dominio podrá volver a asignarse.
La asignación de nombres de dominio se llevará a cabo por medios telemáticos que garanticen la agilidad y fiabilidad de los procedimientos de registro. La presentación de solicitudes y la práctica de notificaciones se realizarán por vía electrónica, salvo en los supuestos en que así esté previsto en los procedimientos de asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio.
En los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación podrá establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial. Este sistema, que asegurará a las partes afectadas las garantías procesales adecuadas, se aplicará sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar.
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la Administración electrónica, la entidad pública empresarial Red.es podrá prestar el servicio de notificaciones administrativas telemáticas y acreditar de forma fehaciente la fecha y hora de su recepción.
Disposición Adicional Sexta, apartado Cinco.bis, añadido por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Disposición citada en: 32 sentencias, 20 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, 266 resoluciones administrativas
SÉPTIMA Fomento de la Sociedad de la Información
Disposición Adicional Séptima añadida por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
OCTAVA Colaboración de los registros de nombres de dominio establecidos en España en la lucha contra actividades ilícitas
Los registros de nombres de dominio establecidos en España estarán sujetos a lo establecido en el apartado Cinco bis de la disposición adicional sexta, respecto de los nombres de dominio que asignen.
Las entidades de registro de nombres de dominio establecidas en España estarán obligadas a facilitar los datos relativos a los titulares de los nombres de dominio que soliciten las autoridades públicas para el ejercicio de sus competencias de inspección, control y sanción cuando las infracciones administrativas que se persigan tengan relación directa con la actividad de una página de Internet identificada con los nombres de dominio que asignen.
Tales datos se facilitarán así mismo, cuando sean necesarios para la investigación y mitigación de incidentes de ciberseguridad en los que estén involucrados equipos relacionados con un nombre de dominio de los encomendados a su gestión. Dicha información será proporcionada al órgano, organismo o entidad que se determine legal o reglamentariamente.
En ambos supuestos, la solicitud deberá formularse mediante escrito motivado en el que se especificarán los datos requeridos y la necesidad y proporcionalidad de los datos solicitados para el fin que se persigue. Si los datos demandados son datos personales, su cesión no precisará el consentimiento de su titular.
Disposición adicional octava, añadida por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
Disposición citada en: 4 artículos doctrinales
NOVENA Gestión de incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet
Los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, los registros de nombres de dominio y los agentes registradores que estén establecidos en España están obligados a prestar su colaboración con el CERT competente, en la resolución de incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet y actuar bajo las recomendaciones de seguridad indicadas o que sean establecidas en los códigos de conducta que de esta Ley se deriven.
Los órganos, organismos públicos o cualquier otra entidad del sector público que gestionen equipos de respuesta a incidentes de seguridad colaborarán con las autoridades competentes para la aportación de las evidencias técnicas necesarias para la persecución de los delitos derivados de dichos incidentes de ciberseguridad.
Para el ejercicio de las funciones y obligaciones anteriores, los prestadores de servicios de la Sociedad de la información, respetando el secreto de las comunicaciones, suministrarán la información necesaria al CERT competente, y a las autoridades competentes, para la adecuada gestión de los incidentes de ciberseguridad, incluyendo las direcciones IP que puedan hallarse comprometidas o implicadas en los mismos.
De la misma forma, los órganos, organismos públicos o cualquier otra entidad del sector público que gestionen equipos de respuesta a incidentes de seguridad podrán intercambiar información asociada a incidentes de ciberseguridad con otros CERTs o autoridades competentes a nivel nacional e internacional, siempre que dicha información sea necesaria para la prevención de incidentes en su ámbito de actuación.
El Gobierno pondrá en marcha, en el plazo de seis meses, un programa para impulsar un esquema de cooperación público-privada con el fin de identificar y mitigar los ataques e incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet en España. Para ello, se elaborarán códigos de conducta en materia de ciberseguridad aplicables a los diferentes prestadores de servicios de la sociedad de la información, y a los registros de nombres de dominio y agentes registradores establecidos en España.
Los códigos de conducta determinarán el conjunto de normas, medidas y recomendaciones a implementar que permitan garantizar una gestión eficiente y eficaz de dichos incidentes de ciberseguridad, el régimen de colaboración y condiciones de adhesión e implementación, así como los procedimientos de análisis y revisión de las iniciativas resultantes.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información coordinará las actuaciones que se pongan en marcha derivadas de estos códigos de conducta.
Conforme a los códigos de conducta que se definan en particular, los prestadores de servicios de la sociedad de la información deberán identificar a los usuarios afectados por los incidentes de ciberseguridad que les sean notificados por el CERT competente, e indicarles las acciones que deben llevar a cabo y que están bajo su responsabilidad, así como los tiempos de actuación. En todo caso, se les proporcionará información sobre los perjuicios que podrían sufrir u ocasionar a terceros si no colaboran en la resolución de los incidentes de ciberseguridad a que se refiere esta disposición.
En el caso de que los usuarios no ejerciesen en el plazo recomendado su responsabilidad en cuanto a la desinfección o eliminación de los elementos causantes del incidente de ciberseguridad, los prestadores de servicios deberán, bajo requerimiento del CERT competente, aislar dicho equipo o servicio de la red, evitando así efectos negativos a terceros hasta el cese de la actividad maliciosa.
El párrafo anterior será de aplicación a cualquier equipo o servicio geolocalizado en España o que esté operativo bajo un nombre de dominio «.es u otros cuyo Registro esté establecido en España.
Reglamentariamente se determinará los órganos, organismos públicos o cualquier otra entidad del sector público que ejercerán las funciones de equipo de respuesta a incidentes de seguridad o CERT competente a los efectos de lo previsto en la presente disposición.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información garantizará un intercambio fluido de información con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior sobre incidentes, amenazas y vulnerabilidades según lo contemplado en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la Protección de las Infraestructuras Críticas. En este sentido se establecerán mecanismos de coordinación entre ambos órganos para garantizar la provisión de una respuesta coordinada frente a incidentes en el marco de la presente Ley.
Disposición adicional novena, añadida por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de Mayo de 2014.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Anotación en los correspondientes registros públicos de los nombres de dominio otorgados antes de la entrada en vigor de esta Ley
PRIMERA Modificación del artículo 37 de la Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones
'a) Que los ciudadanos puedan recibir conexión a la red telefónica pública fija y acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el público. La conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionales e internacionales y permitir la transmisión de voz, fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet.
A estos efectos, se considerará que la velocidad suficiente a la que se refiere el párrafo anterior es la que se utiliza de manera generalizada para acceder a Internet por los abonados al servicio telefónico fijo disponible para el público con conexión a la red mediante pares de cobre y módem para banda vocal.'
Disposición citada en: 6 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
SEGUNDA Modificación de la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones
'10. Tasa por asignación del recurso limitado de nombres de dominio y direcciones de Internet.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado, en los supuestos de carácter excepcional en que así esté previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet y en los términos que en el mismo se fijen, con base en el especial valor de mercado del uso de determinados nombres y direcciones, la cuantía por asignación anual inicial podrá sustituirse por la que resulte de un procedimiento de licitación en el que se fijará un valor inicial de referencia estimado.
Si el valor de adjudicación de la licitación resultase superior a dicho valor de referencia, aquél constituirá el importe de la tasa.
En los supuestos en que se siga este procedimiento de licitación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología requerirá, con carácter previo a su convocatoria, a la autoridad competente para el Registro de Nombres de Dominio para que suspenda el otorgamiento de los nombres y direcciones que considere afectados por su especial valor económico.
Exacción y gestión recaudatoria.
El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se destinará a financiar los gastos de la entidad pública empresarial Red.es por las actividades realizadas en el cumplimiento de las funciones asignadas a la misma en los párrafos a), b), c) y d) del apartado 4 de esta disposición, ingresándose, en su caso, el excedente en el Tesoro Público, de acuerdo con la proporción y cuantía que se determine mediante resolución conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a propuesta de esta última.'
Disposición citada en: 2 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 48 resoluciones administrativas, una noticia
TERCERA Adición de una nueva disposición transitoria a la Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones
'Disposición transitoria duodécima. Criterios para el desarrollo del plan de actualización tecnológica de la red de acceso de la red telefónica pública fija.
Incluirá soluciones tecnológicas eficientes disponibles en el mercado para garantizar el derecho de los usuarios a disponer, previa solicitud a partir de la aprobación del plan, de la posibilidad de acceso funcional a Internet en el plazo máximo de sesenta días desde la fecha de dicha solicitud en las zonas con cobertura. Estas soluciones tecnológicas deberán prever su evolución a medio plazo hacia velocidades de banda ancha sin que ello conlleve necesariamente su sustitución.
La implantación en la red de acceso de las soluciones tecnológicas a las que se refiere el párrafo a) deberá alcanzar a los abonados al servicio telefónico fijo disponible al público que, en la fecha de aprobación del plan, no tienen la posibilidad
Al menos al 30 por 100 antes del 30 de junio de 2003.
Al menos al 70 por 100 antes del 31 de diciembre de 2003.
El 100 por 100 antes del 31 de diciembre de 2004.
En el plan de actuación deberá priorizarse el despliegue al que se refiere el párrafo b) con arreglo al criterio de mayor densidad de abonados afectados.
A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores y en caso de que sea necesario, el operador designado para la prestación del servicio universal podrá concluir con otros operadores titulares de concesiones de dominio público radioeléctrico, contratos de cesión de derechos de uso de las bandas de frecuencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta disposición. Dichos contratos deberán ser sometidos a la previa aprobación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que podrá establecer las condiciones de salvaguarda del interés público que estime necesarias.'
Disposición citada en: 2 artículos doctrinales, una disposición normativa
CUARTA Modificación de la disposición derogatoria única de la Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones
'Igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango a la presente Ley se opongan a lo dispuesto en ella y, en especial, a lo dispuesto en el artículo 37.1.a), en lo relativo a la velocidad de transmisión de datos.'
QUINTA Adecuación de la regulación reglamentaria sobre contratación telefónica o electrónica con condiciones generales a esta Ley
Disposición citada en: una sentencia, 8 artículos doctrinales
SEXTA Fundamento constitucional
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6.', 8.e y 21.e de la Constitución, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.
Disposición citada en: un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
SÉPTIMA Habilitación al Gobierno
OCTAVA Distintivo de adhesión a códigos de conducta que incorporen determinadas garantías
Disposición citada en: 3 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, una resolución administrativa
NOVENA Entrada en vigor
Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'.
No obstante, las disposiciones adicional sexta y finales primera, segunda, tercera y cuarta de esta Ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'.
ANEXO Definiciones
"Servicios de la sociedad de la información" o "servicios": todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.
La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
La gestión de compras en la red por grupos de personas.
El suministro de información por vía telemática.
"Servicio de intermediación": servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información.
"Prestador de servicios" o "prestador": persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información.
"Destinatario del servicio" o "destinatario": persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información.
"Consumidor": persona física o jurídica en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
"Comunicación comercial": toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.
"Profesión regulada": toda actividad profesional que requiera para su ejercicio la obtención de un título, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias.
"Contrato celebrado por vía electrónica" o "contrato electrónico": todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones.
"Ámbito normativo coordinado": todos los requisitos aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, ya vengan exigidos por la presente Ley u otras normas que regulen el ejercicio de actividades económicas por vía electrónica, o por las Leyes generales que les sean de aplicación, y que se refieran a los siguientes aspectos:
Comienzo de la actividad, como las titulaciones profesionales o cualificaciones requeridas, la publicidad registral, las autorizaciones administrativas o colegiales precisas, los regímenes de notificación a cualquier órgano u organismo público o privado, y
Posterior ejercicio de dicha actividad, como los requisitos referentes a la actuación del prestador de servicios, a la calidad, seguridad y contenido del servicio, o los que afectan a la publicidad y a la contratación por vía electrónica y a la responsabilidad del prestador de servicios.
"Órgano competente": todo órgano jurisdiccional o administrativo, ya sea de la Administración General del Estado, de las Administraciones Autonómicas, de las Entidades locales o de sus respectivos organismos o entes públicos dependientes, que actúe en el ejercicio de competencias legalmente atribuidas.
Anexo.a), punto 6º derogado por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 1 de abril de 2010.
Disposición citada en: 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
ORDRE IUE/613/2010, de 20 de desembre, per la qual s'autoritza l'adscripció del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia a la Universitat Politècnica de Catalunya i s'hi implanten dos estudis universitaris oficials de grau.
DECRETO 318/2004, de 22 de junio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de salud ambiental.
DECRETO 129/2016, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia por el de Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia.
REAL DECRETO 1945/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo autónomo Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
ORDRE EDU/302/2007, de 20 de juliol, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats, per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides.
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana (Decreto 120/2006, de 11 de agosto)
Orden Foral 325/2018, de 19 de noviembre, aprobación inicial del expediente de declaración de interés público para la ejecución de obras de canalización de instalación de banda ancha de fibra óptica paralela a la carretera A-3610 entre las localidades de Murgia y Zarate, en el municipio de Zuia