Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG_D_10_565_3814.CODI.%29
Timestamp: 2020-04-05 07:46:29
Document Index: 321822666

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 144', 'artículo 25', 'artículo 107', 'Artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 107', 'Artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 107', 'Artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 107', 'Artículo 56', 'artículo 56', 'Artículo 56', 'artículo 107', 'Artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 328', 'artículo 328', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 11', 'artículo 107', 'Artículo 25', 'artículo 107', 'Artículo 27', 'artículo 107', 'Artículo 33', 'artículo 107', 'Artículo 35', 'artículo 107', 'Artículo 56', 'artículo 107', 'Artículo 59', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 543', 'artículo 107', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 107', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 107', 'Artículo 12', 'artículo 107', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 107', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 107', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 12', 'artículo 162', 'artículo 107', 'Artículo 18', 'artículo 107', 'Artículo 18', 'artículo 107', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 241', 'artículo 107', 'Artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 107', 'Artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 107', 'Artículo 25', 'artículo 25']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 565-3814, de 17/07/2015
cve: BOCG_D_10_565_3814
﻿El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 8 enmiendas al Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.
El Grupo ﻿Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.
De﻿ sustitución.
Se propone la sustitución de la redacción al artículo 11 del proyecto de ley en los siguientes términos:
«Artículo 11. Idioma.
1. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional, y sus documentos adjuntos, que se dirijan a una autoridad extranjera deberán acompañarse de una traducción a una lengua que el destinatario entienda, o en una oficial del Estado requerido, aceptada por este.
2. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional dirigidas a las autoridades españolas, y sus documentos adjuntos, deberán acompañarse de una traducción con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o a una lengua que el destinatario entienda.»
En coherencia con la previsiones del artículo 25, que admite que los documentos pueden ser realizadas en una lengua que el destinatario entienda, por lo que creemos que debería también tenerse en cuenta en las solicitudes esta posibilidad, aunque se dirija dicha petición entre estados o tribunales.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25. Apartado nuevo.
Se propone la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 25 del proyecto de ley con la siguiente redacción:
«3. Los documentos objeto de notificación o traslado a que se refieren los apartados anteriores y que vayan traducidos en una lengua distinta de la oficial que el destinatario entienda, deberán contener una motivación expresa de tal decisión. Así mismo, el destinatario podrá rechazar el documento transmitido si no se dan razones precisas que garanticen que el destinatario conoce la lengua empleada.»
Necesidad de establecer cautelas para el supuesto en que el destinatario no conozca la lengua en que está redactado el documento y además permitir que se rechace tal comunicación. Dicha previsión es demandad tanto por el Consejo General del Poder Judicial, como por el Consejo de Estado.
Se propone la modificación de la redacción dada al apartado 2 del artículo 27 del proyecto de ley en los siguientes términos:
«2. Los órganos jurisdiccionales españoles comunicarán al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través del Ministerio de Justicia, la existencia de cualquier procedimiento contra un Estado extranjero a los solos efectos de que aquel emita informe en relación con las cuestiones relativas a la inmunidad de jurisdicción y ejecución, del que dará traslado al órgano jurisdiccional competente por la misma vía.»
Aunque pareciera que requerir la intervención del Ministerio de Justicia incrementa trámites, creemos que la propuesta incrementa la seguridad jurídica ya que aunque las comunicaciones en estos casos se hagan por vía diplomática la Autoridad central es quien tiene la experiencia en materia de cooperación jurídica internacional.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 33. Apartado nuevo.
Se propone la adición de un nuevo apartado 5 al artículo 33 del proyecto de ley con la siguiente redacción:
«5. A los efectos de inscripción de documentos otorgados en país extranjero será de aplicación, además de lo dispuesto en la legislación hipotecaria, lo dispuesto en los apartado 2 y 3, pudiendo de este modo el Registrador valorar el alcance probatorio de la prueba practicada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.»
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 35. 5.
Se propone la modificación de la redacción dada al apartado 5 del artículo 35 del proyecto de ley en los siguientes términos:
«5. Cuando se solicite un elemento probatorio que suponga coste, este deberá ser sufragado por la parte que lo interese y si la solicitud fuere de quien tiene reconocida asistencia jurídica gratuita, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, el coste será asumido por quien tenga competencias asumidas en materia de provisión de medios materiales a la administración de justicia.»
Resulta imprescindible determinar quién debe asumir los costes y no solamente como hace el Proyecto excluir que los asuma la autoridad central, para de este modo concluir lo que luego propone en la Disposición adicional tercera, que esta Ley tendrá coste cero, como el resto de las que ha traído el Gobierno a la Cámara.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 56.
Se propone la sustitución de la redacción al artículo 56 del proyecto de ley en los siguientes términos:
«Artículo 56. Ejecución de documentos público extranjeros.
1. Los documentos público expedidos o autorizados por autoridades y notarios de la Unión Europea serán ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden público.
2. Respecto de los documentos públicos otorgados en otros países, a efectos de su ejecutabilidad en España deberán tener, al menos la misma o equivalente eficacia que los expedidos o autorizados por autoridades españolas.»
De otra parte, la inclusión expresa de los notarios, añade seguridad jurídica al texto.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 59. 2.
Se propone la modificación de la redacción dada al apartado 2 del artículo 59 del proyecto de ley en los siguientes términos:
«2. Para la inscripción de las resoluciones judiciales extranjeras a que se refiere el apartado anterior, con carácter previo a la calificación del título inscribible, el registrador verificará la regularidad y la autenticidad formal de los documentos presentados y la inexistencia de las causas de denegación de reconocimiento previstas en el capítulo II del presente título, debiendo notificar su decisión, por correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar constancia de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado al presentante y a la parte frente a la que se pretende hacer valer la resolución extranjera, en el domicilio que conste en el Registro o en la resolución presentada. El presentante a quien se haya denegado la inscripción podrá oponerse a tal decisión por los trámites previstos en el artículo 328 de la Ley Hipotecaria para las calificaciones negativas.
En caso de procedimiento judicial el trámite a seguir será el del juicio verbal con las especialidades que se deriven de las previsiones del artículo 328 de la Ley Hipotecaria.»
Tal y como acertadamente recoge el informe del Consejo General del Poder Judicial deben mantenerse los principio básicos del procedimiento registral español por lo que atribuir alguna consecuencia a la imposibilidad de notificación al eventual perjudicado no garantiza en absoluto la seguridad jurídica que la inscripción promueve.
Se justifica esta Disposición en la Memoria de impacto económico, cuando se afirma que los medios existentes en la actualidad son suficientes para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Proyecto y que por tanto no comportará gasto adicional alguno. Pero hemos de señalar que el informe del Consejo General del Poder Judicial advierte que si no se dota de medios materiales y personales a la Autoridad central para atender el incremento de la demanda y las nuevas competencias que se le atribuye, como atender a las solicitudes de información de Derecho español, existe riesgo de no poder cumplir la función y de colapso administrativo; advertencia esta que también realiza el informe del Consejo Fiscal al recoger que el riesgo de que las funciones asumidas, unidas a la amplitud de deberes derivados del cumplimiento de la normativa europea, no pueden ser atendidas por los escasos recursos humanos con los que cuenta la Subdirección General de Cooperación, la cual ya ha sido objeto de quejas a nivel internacional por retrasos injustificados en la tramitación de asuntos.
﻿El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 8 enmiendas al Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.
El Grupo ﻿Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.
D﻿e sustitución.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25. Apartado nuevo.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 27. 2.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 33. Apartado nuevo.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 35. 5.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 56.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 59. 2.
Se justicia esta Disposición en la Memoria de impacto económico, cuando se afirma que los medios existentes en la actualidad son suficientes para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Proyecto y que por tanto no comportará gasto adicional alguno. Pero hemos de señalar que el informe del Consejo General del Poder Judicial advierte que si no se dota de medios materiales y personales a la Autoridad central para atender el incremento de la demanda y las nuevas competencias que se le atribuye, como atender a las solicitudes de información de Derecho español, existe riesgo de no poder cumplir la función y de colapso administrativo; advertencia esta que también realiza el informe del Consejo Fiscal al recoger que el riesgo de que las funciones asumidas, unidas a la amplitud de deberes derivados del cumplimiento de la normativa europea, no pueden ser atendidas por los escasos recursos humanos con los que cuenta la Subdirección General de Cooperación, la cual ya ha sido objeto de quejas a nivel internacional por retrasos injustificados en la tramitación de asuntos.
﻿El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 16 enmiendas al Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.
El Grupo Parlam﻿entario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4.
«Artículo 4. Comunicaciones judiciales directas.
Los órganos jurisdiccionales españoles así como las instituciones que colaboran con la Administración de Justicia como los procuradores de los Tribunales y sus colegios profesionales, estarán habilitados para el establecimiento de comunicaciones judiciales directas, respetando en todo caso la legislación en vigor en cada Estado. Se entiende por comunicaciones judiciales directas aquéllas que tienen lugar entre órganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros sin intermediación alguna. Tales comunicaciones no afectarán ni comprometerán la independencia de los órganos jurisdiccionales involucrados ni los derechos de defensa de las partes.»
En la medida de que los procuradores de los Tribunales se consideran cooperadores de la justicia según el título II del Libro VII de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es conveniente que se incluyan como habilitados en el establecimiento de comunicaciones judiciales. Más teniendo en cuenta que el mismo artículo 543 de la misma LEC les reconoce la facultad exclusiva de representación así como la facultad de realizar actos de comunicación.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.
Un nuevo apartado al artículo 7.
«En las funciones de auxilio judicial internacional de notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, también tendrán consideración de autoridad española competentes los procuradores de los Tribunales.»
En coherencia con la enmienda anterior, es conveniente que se incluyan a los procuradores como habilitados en el establecimiento de comunicaciones judiciales.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 9. Letra nueva.
«e) Por conducto de los respectivos representantes procesales, huissier de justice o agentes de ejecución, si estuviera previsto en el ordenamiento jurídico de ambos estados.»
«f) Entre los profesionales de representación y comunicación, así como los correspondientes Colegios profesionales, los cuales podrán suscribir convenios de colaboración entre ellos.»
«Artículo 12. Tramitación.
1. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por las autoridades españolas se podrán enviar mediante oficio ya sea a la autoridad central española o, cuando los convenios internacionales lo permitan, a los procuradores de los Tribunales, como colaboradores de la Administración de Justicia, que las transmitirán a las autoridades competentes del Estado requerido bien por vía diplomática o consular bien a través de la autoridad central de dicho Estado si existiere y a ello no se opusiere su legislación. Podrán asimismo remitirse directamente a las autoridades competentes del Estado requerido por cualquiera de las vías previstas en el artículo 9, si ello estuviere previsto en su legislación.»
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12. 2.
«2. Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, las solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por autoridades extranjeras se transmitirán a la autoridad central española que las remitirá a las autoridades españolas o cooperadores de la Administración de Justicia competentes para su ejecución. Así mismo se podrán habilitar los colegios de procuradores, a través de su órgano de notificaciones, para que lleven a cabo dicha función.»
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15.
«Artículo 15. Ejercicio por funcionarios diplomáticos y consulares españoles y otros colaboradores de la Administración de Justicia de diligencias procesales.
1. Las diligencias que resulten de un procedimiento tramitado ante la autoridad judicial española podrán ser ejecutadas en el extranjero ya sea por funcionario diplomático o consular español o bien por parte de los procuradores de los Tribunales como colaboradores de la Administración de Justicia, de forma individual o a través de sus colegios profesionales, siempre que no impliquen coacción, la ley española no requiera de modo inexcusable la presencia de autoridad judicial, hayan de realizarse en la demarcación consular y a ello no se oponga la legislación del Estado receptor.
2. En estos casos la autoridad judicial española podrá elevar oficio a la autoridad central española para que esta traslade la solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que la hará llegar al funcionario diplomático o consular español encargado de su ejecución. Así mismo, la autoridad judicial española podrá también elevar oficio al colegio de procuradores de su correspondiente partido judicial para que traslade la solicitud a los órganos análogos competentes para la ejecución de las diligencias procesales en el Estado correspondiente.»
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16.
«Artículo 16. Desplazamiento al extranjero de Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de colaboradores de la Administración de Justicia y de otro personal.
Las autoridades españolas están habilitadas, con carácter general, para desplazarse a un Estado extranjero con el fin de llevar a cabo o intervenir en las diligencias procesales que deban practicar en dicho Estado. También estarán habilitados los procuradores de los Tribunales en el caso de que la parte lo solicite. Estos desplazamientos se ajustarán, en todo caso, a lo previsto por la legislación específica.»
Se introduce la facultad de que sean los mismos procuradores de los Tribunales los que también puedan intervenir o llevar a cabo las diligencias procesales en el extranjero. Como colaboradores de la Administración de Justicia y como representantes de las partes en un procedimiento, en el caso de que éstas lo requieran, es conveniente facultar o prever la posibilidad de que intervengan directamente también en el extranjero para este tipo de actuación judicial.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. 1.
Artículo 17. Medios técnicos.
1. Podrá solicitarse la utilización de cualesquiera medios técnicos y electrónicos de comunicación, para la práctica de las diligencias de cooperación jurídica internacional que hayan de llevarse a cabo en el territorio de otro Estado, de tal forma que esté garantizada la autenticidad de la comunicación, su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción integras y del momento en que se hicieron.
En consonancia y como desarrollo de las previsiones del apartado 3 del artículo 12 del Proyecto de Ley. Esta previsión ya se contempla en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 162) siendo posible su aplicación en todos los órdenes jurisdiccionales. Las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil no solo se encuentran reforzadas sino que se convierten en necesarias y obligatorias con la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Asimismo, debe tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de actos de comunicación, fundamentalmente en lo que se refiere a citaciones y emplazamientos, que exige la debida constitución de la relación jurídica procesal para así garantizar el derecho de defensa.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18. 2.
«2. Respecto a las actuaciones procesales que se realicen por autoridades españolas, el interesado podrá solicitar las prestaciones que pudieran corresponderle conforme a la normativa de asistencia jurídica gratuita, incluida la asistencia letrada y la representación por medio de procurador, si la intervención de ambos profesionales fuere preceptiva.»
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18. 3.
«3. La autoridad central española no estará obligada a asumir gasto alguno en relación con las solicitudes presentadas en virtud de lo dispuesto en este título ni, dado el caso, por los gastos derivados de la participación de un abogado, procurador u otro profesional requerido. La autoridad central española podrá solicitar una provisión de fondos, en cuyo caso se trasladará, en la parte que se corresponda, al abogado, procurador o profesional cuya participación se reclame.»
En la medida de que se prevé la posibilidad de intervención de procuradores y otros colaboradores de la Administración de Justicia, es necesario incluir la previsión de que, en el caso de que se solicite una provisión de fondos a las partes, éstos se trasladen en la parte que corresponda a los procuradores y abogados que intervengan.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18. Apartado nuevo.
«4. En el caso de que, al final del procedimiento existiere una condena en costas para alguna de las partes, las provisiones adelantadas u honorarios profesionales que se hayan devengado en el correspondiente procedimiento, se incluirán como costas del mismo.»
Para dar una mayor coherencia a la redacción del artículo 18 y de acuerdo con lo previsto con la legislación procesal vigente, en concreto el artículo 241 de la LEC, es positivo prever el caso que se propone en la presente enmienda en el sentido de que se especifique los gastos incurridos en el procedimiento en la intervención de los profesionales correspondientes, formen parte de las costas procesales en el caso de que existiere condena para alguna de las partes.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 21. 1. Letra nueva.
«c) A través de los representantes procesales de las partes, bajo la dirección del Secretario Judicial, cuando la parte lo solicite y a su costa o cuando en interés de la parte lo acuerde el secretario judicial de conformidad con lo previsto en la leyes procesales.»
La propuesta de modificación se justifica de igual modo que la justificación señalada como propuesta de modificación a la enmienda de adición de una letra e) al artículo 9. Además tratándose de actos de comunicación, notificación y traslado al extranjero debemos y podemos utilizar todos los mecanismos o instrumentos de los que dispone el ordenamiento jurídico español para la práctica de los referidos actos entre los que se encuentran los que vienen realizando los procuradores.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 22.
Para la práctica de notificación y traslado de documentos judiciales en España que provengan de una autoridad extranjera, serán aceptables las vías previstas en el apartado uno del artículo anterior. Se admite también la comunicación directa al destinatario a través de procurador, por correo postal certificado, medio equivalente con acuse de recibo u otra garantía que permita dejar constancia de su recepción o por los medios técnicos y con las formalidades previstas en el artículo 17 de la presente Ley.
En consonancia con la propuesta de modificación y justificación que se contiene en la enmienda número 4 al artículo 17 del Proyecto de Ley y al artículo 21 , así como por razones de técnica legislativa.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25. 2.
2. Si la comunicación proviene de autoridades extranjeras y se dirige a un destinatario en España, los documentos deberán ir acompañados de una traducción al castellano o, en su caso, a la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, o a una lengua que el destinatario entienda en los términos establecidos en el apartado anterior.
Modificar el primer párrafo de la Disposición final cuarta.
«Reglamentariamente se determinaran los requisitos para que las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano o, en su caso, a la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, o a una lengua que el destinatario entienda en los términos establecidos en el artículo 25 de la Ley .../... de cooperación jurídica internacional en materia civil, y viceversa, tengan carácter oficial.»