Source: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38292
Timestamp: 2017-09-21 14:03:59
Document Index: 357794290

Matched Legal Cases: ['Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 1', 'Artículo 21', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 18']

Concepto 23 de 2010 Oficina Jurídica Nacional
Profesor Juan Camilo Restrepo Gutiérrez. Secretario Comité Nacional de Matrículas. Director Nacional de Bienestar
Oficio CNM - 021 del 07 de mayo de 2010 - Solicitudes de devolución de derechos de matrícula
En atención al oficio de la referencia a través del cual nos informa que el Comité Nacional de Matrículas en su sesión del 04 de mayo, Acta No. 05, resolvió remitir para revisión y concepto los casos de los estudiantes Juan Camilo Toro Giraldo y Luisa Fernanda Álvarez García, enviados por la Sede Medellín, en los cuales se solicita la devolución de derechos de matrícula, esta Oficina Jurídica emite concepto en los siguientes términos:
- Devolución de sumas de dinero pagadas por concepto de matrícula
- Acuerdo 100 de 1993 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se realizan ajustes al sistema de matrículas de estudiantes de pregrado"
- Resolución 2146 de 1993 de la Rectoría "Por el cual se reglamenta parcialmente el Acuerdo No. 100 de 1993 del Consejo Superior Universitario"
- Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones Académicas"
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera del 30 de marzo de 2006, Radicación número: 25000-23-26-000-1999-01968-01(25662)
- Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera del 7 de junio de dos 2007, Radicación número: 52001-23-31-000-1995-07018-01(14669)
- Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera CP María Elena Giraldo Gómez 2 De Mayo De 2.002 Radicación Número: 70001-23-31-000-1994-3477-01(13477)
- Sentencia T-755 de 2006 de la Corte Constitucional
1. La estudiante Luisa Fernanda Álvarez García, Estudiante de Historia en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Sede Medellín de la Universidad solicitó en escrito recibido el 02 de marzo del presente año la devolución de la matrícula del 01 semestre de 2010, manifestando que por razones de salud y económicas, es decir por fuerza mayor debió cancelar este semestre.
2. En escrito recibido el 05 de marzo del presente año, el señor Francisco Javier toro Gallego, actuando en calidad de padre y acudiente del estudiante Juan Camilo Toro Giraldo matriculado en el primer semestre de artes Plásticas de la Facultad de Arquitectura de la Sede Medellín, solicita la cancelación del 01 semestre de 2010 y la devolución del dinero pagado por concepto de matrícula el día 29 de diciembre de 2009 por un valor de $2.144.887, ya que por razones de salud dicho estudiante no puede continuar en la Universidad, anexando el recibo correspondiente.
3. El Comité de Matrícula de la Sede Medellín solicitó a la Oficina Jurídica de dicha sede concepto relacionado con la respuesta a las solicitudes de la devolución de dineros cancelados por concepto de matrículas, la cual concluye a través del Oficio OJMC-003 del 06 de abril de 2010:
"(...) cuando el estudiante una vez matriculado, argumente eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, el Consejo de respectiva Facultad podrá autorizar la cancelación del periodo académico, mas no la devolución de los dineros cancelados por concepto de matrícula.
El fin es que el estudiante, conserve el cupo en la Universidad Nacional y así conserve la calidad de estudiante para que se beneficie de las prerrogativas que ello conlleva."
4. Mediante Oficio CMM-015 del 19 de abril de 2010 el Comité de Matrícula de la Sede Medellín remitió al Comité Nacional de Matrículas, los casos de los estudiantes antes mencionados, que hicieron uso de la matrícula en el periodo académico 2010-01 y que por causas de fuerza mayor, se vieron en la necesidad de no seguir estudiando y por lo tanto solicitan la devolución del costo de su matricula, con el fin de que se efectúe un análisis más amplio.
¿ES PROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS SUMA DE DINERO PAGADA POR CONCEPTO DE DERECHOS DE MATRÍCULA SI EL ESTUDIANTE YA SE MATRICULÓ EN EL PERIODO ACADÉMICO PARA EL CUAL EFECTUÓ DICHO PAGO?
NO, EXCEPTO CUANDO LA CAUSA SEA, COMO EN LOS CASOS DE ESTUDIO, GRAVES PROBLEMAS DE SALUD, QUE LE IMPIDAN A LOS ESTUDIANTES CONTINUAR CON LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PERIODO ACADÉMICO PARA EL CUAL SE EFECTÚO EL PAGO.
ACUERDO 100 de 1993 del Consejo Superior Universitario
"Por el cual se realizan ajustes al sistema de matrículas para los estudiantes de pregrado
a) El procedimiento necesario para efectuar la clasificación socio-económica de los estudiantes y asignar el PBM correspondiente.
b) Los requisitos y procedimientos para el pago y para las devoluciones del derecho de matrícula.
c) La composición, funciones y procedimientos de los comités de matrícula encargados de velar por la correcta aplicación del sistema, de evaluar su funcionamiento y de resolver las situaciones especiales.
d) Los valores que deben pagar y los procedimientos que deben seguir los estudiantes de la carrera de Medicina que realicen internado en otra universidad o quienes siendo estudiantes de otra institución realicen el internado en la Universidad Nacional
"Por la cual se reglamenta parcialmente el Acuerdo No. 100 de 1993 del Consejo Superior Universitario".
"Artículo 9. El alumno que hubiere cancelado anticipadamente los derechos de matrícula para un período académico determinado y que no pueda matricularse en el mismo, tendrá derecho a la devolución del valor pagado.
Artículo 10. Con el fin de vigilar el cumplimiento de lo establecido en esta Resolución y en el Acuerdo 100 de 1993, de evaluar su aplicación, y de establecer los criterios y políticas para resolver las situaciones especiales relacionadas con la liquidación y el pago de los derechos de matrícula, créase el Comité Nacional de Matrículas, integrado por: (Modificado por Resolución 1231/03 de la Rectoría General, artículo 1.) Un Vicerrector designado por el Rector, quien lo presidirá; el Jefe de la Oficina Nacional de Planeación de la Universidad; los jefes de Registro y Matrícula de cada una de las Sedes; dos decanos designados por el Rector; el director de la Dirección Nacional de Bienestar UNIBIENESTAR, quien será el Secretario; el Director de la Oficina Jurídica Nacional o su delegado, el representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario.
Resolución 040 de 2001 de la Rectoría
"Artículo 21. Devolución de sumas por concepto de matrículas. Delégase en los Decanos de Facultad y en los Directores de Sede, la función de ordenar la devolución de sumas pagadas por concepto de matrículas por estudiantes de pregrado y postgrado, conforme a las reglas y según los procedimientos previstos en las normas internas vigentes. Para este efecto, se utilizarán los formatos únicos que preparará y distribuirá la Oficina Jurídica Nacional."
II DEVOLUCIÓN DE SUMAS POR CONCEPTO DE MATRÍCULA
Como primera medida se tiene que el Acuerdo 100 de 1993 del Consejo Superior Universitario que ajusta el sistema de Matrículas de la Universidad, le dio competencia al Rector para que reglamentara y estableciera entre otros aspectos lo relacionado con los requisitos y procedimientos para el pago y las devoluciones del derecho de matrículas.
Es así como la Rectoría a través de la Resolución 2146 de 1993, reglamento parcialmente el Acuerdo 100 de 1993 del consejo superior universitario determinado en su artículo 9 respecto a la devolución de dinero por conceptos de matrícula:
Parágrafo. Los estudiantes que se encuentren en alguna de las situaciones anotadas deberán presentar su solicitud ante el Vicedecano de Bienestar Universitario respectivo durante el período lectivo por el cual efectuaron el pago. Las devoluciones se harán por Resolución de la Dirección Administrativa de la respectiva Sede."
De conformidad con lo anterior se puede inferir que es procedente la devolución de las sumas pagadas por concepto de matrículas a los estudiantes que hubieren cancelado anticipadamente dichas sumas para un semestre determinado que no puedan matriculares, quienes deben presentar su solicitud ante el Vicedecano de Bienestar de la respectiva Sede durante el periodo electivo por el cual se efectuó el pago.
Así mismo, se considera pertinente mencionar que a través del articulo 21 de la Resolución 040 de 2001 de la Rectoría se delegó en los Decanos de Facultad y los Directores de Sede de Presencia Nacional la función de ordenar la devolución de sumas pagadas por concepto de matrículas para estudiantes de pregrado, conforme a las reglas y según los procedimientos previstos en las normas vigentes.
No obstante lo anterior, resulta necesario señalar que la Resolución 2146 de 1993 de la Rectoría, determina igualmente la creación del Comité Nacional de Matrículas asignándole como función principal, además de vigilar el cumplimiento de lo establecido en dicho acto administrativo y en el Acuerdo 100 de 1993 del Consejo Superior Universitario y evaluar su aplicación, la de establecer los criterios y políticas para resolver las situaciones especiales relacionadas con la liquidación y el pago de los derechos de matrícula.
Es así como, este Despacho considera que no obstante los estudiantes que se encuentren en las condiciones de los estudiantes que solicitaron la devolución de las sumas pagadas por concepto de matrículas, efectivamente se hubieran matriculado para el periodo que efectuaron dicho pago, resulta procedente a manera de excepción, acceder a su solicitud de conformidad con los argumentos que a continuación se exponen:
Enriquecimiento sin justa causa:
La figura del enriquecimiento sin justa causa como principio general del derecho la cual ha sido desarrollada por la Jurisprudencia, partiendo de la concepción de justicia como el fundamento de las relaciones reguladas por el Derecho, en donde no se concibe un traslado de un patrimonio de un sujeto a otro, sin que exista una causa eficiente, jurídica y justa que lo sustente, es decir el fundamento para que el equilibrio patrimonial existente en una relación jurídica, deba afectarse:
"TEORIA DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - Noción / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - Configuración / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - Elementos / ACTIO IN REM VERSO - Subsidariedad / ACCION IN REM VERSO - Enriquecimiento injustificado
Jurisprudencial y doctrinalmente, la teoría del "enriquecimiento sin causa" parte de la concepción de justicia como el fundamento de las relaciones reguladas por el Derecho, noción bajo la cual no se concibe un traslado patrimonial entre dos o más personas, sin que exista una causa eficiente y justa para ello. Por lo tanto, el equilibrio patrimonial existente en una determinada relación jurídica, debe afectarse - para que una persona se enriquezca, y otra se empobrezca - mediante una causa que se considere ajustada a derecho. Con base en lo anterior se advierte que para la configuración del "enriquecimiento sin causa", resulta esencial no advertir una razón que justifique un traslado patrimonial, es decir, se debe percibir un enriquecimiento correlativo a un empobrecimiento, sin que dicha situación tenga un sustento fáctico o jurídico que permita considerarla ajustada a derecho. (...). En este punto cabe aclarar entonces, que la figura del "enriquecimiento sin causa" es un elemento corrector de posibles situaciones injustas, cuya prevención y remedio han escapado de las previsiones jurídicas. De esta manera, el enriquecimiento sin causa nace y existe actualmente, como un elemento supletorio de las disposiciones normativas, que provee soluciones justas en los eventos de desequilibrios patrimoniales injustificados, no cubiertos por el Derecho."1 (Subrayado y negrilla fuera del texto)
De conformidad con lo anterior se tiene que para que se configure el enriquecimiento sin causa, es menester que no exista una razón que justifique un traslado patrimonial, es decir que se establezca un enriquecimiento correlativo a un empobrecimiento, sin que dicha situación tenga un sustento fáctico o jurídico que permita considerarla ajustada a derecho, por tanto debe ser entendido como un elemento correctivo de las posibles injusticias que se puedan presentar, el cual provee soluciones justas en los eventos en los que se presenten desequilibrios patrimoniales injustificados no estipulados o cubiertos por Derecho, en cuanto a la normatividad vigente.
En este punto se considera pertinente señalar los elementos que hacen parte de la figura del enriquecimiento sin causa y que han sido establecidos por el Consejo de Estado en los siguientes términos2:
- Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa, no solo en el sentido de adición de algo, sino también en el de evitar el menoscabo de un patrimonio.
- Que haya un empobrecimiento correlativo, es decir que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento. En este punto es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido, o a la inversa, la desventaja de éste derivar de la ventaja de aquél.
- Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica, es decir, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito, como tampoco por una disposición expresa de la ley.
- No se aplica cuando el empobrecimiento tiene por causa el hecho exclusivo del sujeto que lo padece, pues en estos casos debe soportar las consecuencias de sus acciones u omisiones, como lo impone la máxima según la cual a nadie le es dable alegar su culpa en beneficio propio.
-No puede utilizarse para regular situaciones derivadas de la violación del ordenamiento jurídico o para solucionar eventos determinados por la ineficiente gestión administrativa. De allí que su aplicación no conduzca a la indemnización del daño, sino a la correspondiente compensación, que se define en consideración al empobrecimiento sufrido por el demandante hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el demandado.
De conformidad con lo anteriormente expuesto y respecto al caso de estudio, se puede inferir que efectivamente hay un enriquecimiento por parte de la Universidad al recibir el valor de los derechos de matrícula y un empobrecimiento por parte de las familias de los estudiantes al hacer dicho pago con el fin de sus hijos ingresen a la universidad o continúen sus estudios, el cual en condiciones regulares, tiene como causa en cuanto a la contraprestación al pago de los derechos de matrícula, la prestación para el estudiante de los servicios y los recursos institucionales necesarios para el cumplimiento del plan de estudios en un periodo académico determinado, por parte de la Universidad.
Es así como se puede inferir que el estudiante que efectivamente realizó el pago de los derechos de matrícula para un periodo académico determinado, ya sea como admitido, realizando la matrícula inicial, entendida como el acto individual por el cual el admitido a la Universidad adquiere la calidad de estudiante, en donde además de pagar los costos establecidos, entrega la documentación exigida y efectúa la inscripción correspondiente; o renovando la matrícula, cancelando el valor correspondiente, encontrándose a paz y salvo por todo concepto y realizando la inscripción de las asignaturas o actividades académicas, y que por problemas graves de salud que les impiden continuar con sus actividades académicas, cancelen el periodo académico, habiendo pasado un mes luego de haberse efectuado la matrícula, no pudo disfrutar la contraprestación a la que tiene derecho por el pago de la matrícula correspondiente.
De conformidad con lo anterior se tiene que en el caso de estudio, la contraprestación a la carga pecuniaria adquirida por el estudiante (entendida como el pago de los derechos de matrícula) no fue efectivamente prestada, toda vez que por los graves problemas de salud que se presentaron y que fueron la causa para la cancelación del periodo académico, no sería posible la prestación efectiva por parte de la Universidad de los servicios y recursos institucionales a dichos estudiantes, por lo cual la causa de la afectación de el equilibrio económico de la relación entre la Universidad y los estudiantes que se encuentren en estas condiciones especiales, se convertiría en una causa injusta y sin una aparente solución jurídica, toda vez se trata de presupuestos que no se encuentran regulados por las normas de la universidad, económicamente hablando, toda vez que el aspecto académico fue regulado por el articulo 18 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario:
"ARTÍCULO 18. Cancelación del periodo académico. En casos de fuerza mayor, caso fortuito debidamente documentado o por traslado entre programas de la Universidad, el Consejo de Facultad podrá autorizar la cancelación del período académico, es decir de la totalidad de asignaturas o actividades académicas inscritas. En tal caso los créditos correspondientes se reintegrarán al cupo de créditos para inscripción"
Ahora bien en este punto resulta pertinente aclarar, en cuanto a la imposibilidad de los estudiantes de continuar en las actividades académicas, que la causa de dicha situación, es decir problemas graves de salud, no es un hecho exclusivo del sujeto que lo padece, por lo cual no existiría una justa causa para que deban pagar por un servicio que no será efectivamente prestado.
En desarrollo de lo anterior este Despacho considera procedente enmarcar la situación de los estudiantes en mención dentro de la fuerza mayor, la cual es entendida por la jurisprudencia del Consejo de Estado como3:
"(...)Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido permanecer oculto, y el la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño".
Sobre la imprevisibilidad la doctrina expresa:
"La noción de irresistibilidad o imposibilidad se detiene ante la comprobación del hecho, sin averiguar la causa del mismo. Por el contrario, la noción de imprevisibilidad requiere esa causa. Así, los dos caracteres son muy distintos. Puede haber irresistibilidad sin imprevisibilidad: tal es el caso de un comerciante que, de resultas de una prohibición de exportar, se encuentra en la imposibilidad de expedir las mercaderías vendidas, cuando conocía la inminencia de la prohibición: no existe fuerza mayor por ser el acontecimiento, aunque irresistible, previsible. A la inversa, puede haber imprevisibilidad sin irresistibilidad: una cantidad de acontecimientos que no cabía prever constituyen simples dificultades para el cumplimiento, pero no una verdadera imposibilidad.
...Decir que un acontecimiento era imprevisible significa que no había ninguna razón especial para pensar que se produciría ese acontecimiento. Una simple posibilidad vaga de realización no podría bastar para excluir la imprevisibilidad" (4)
En tal sentido se pronunció la Sala en sentencia de 15 de junio de 2000(5), evocando a la doctrina; dijo:
"la fuerza mayor sólo se demuestra: ...mediante la prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus consecuencias...En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle imputable desde ningún ámbito..."." (Subrayado y negrilla fuera del texto)
Adicionalmente y en cuanto a los derechos a la Salud y a la Educación de los estudiantes que se encuentren en las circunstancias especificas antes mencionadas, se podrían ver afectados, si las condiciones de salud que los aquejan son de una gravedad tal que afectan su capacidad para desarrollar las actividades académicas en el periodo correspondiente, es así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a los derechos fundamentales en mención en la Sentencia T-755 de 2006 en los siguientes términos:
"6.2. En cuanto al segundo aspecto, debe precisarse que justamente a partir de su grave estado de salud, la peticionaria se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta que la convierten en sujeto de especial protección, no solo del Estado, sino también de la sociedad en general, quienes con base en los principios de la igualdad material y la solidaridad social, respectivamente, deben brindarle un trato preferente que permita y facilite su inserción social con pleno acceso a todos sus beneficios en igualdad de oportunidades con las demás personas.
En este sentido, conviene reiterar que la educación es un atributo dignificante del ser humano lo mismo que un presupuesto básico para la realización y vigencia, no solo de los fines, valores y principios que orientan y justifican el accionar estatal, verbi gratia, la justicia social, la participación ciudadana, el pluralismo, la tolerancia y la paz, entre otros, sino también de los demás derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, puesto que se trata de una de las herramientas básicas más útiles para lograr el empoderamiento ciudadano de sus prerrogativas y libertades esenciales, como medio idóneo para su efectiva realización.[33]
De conformidad con lo anterior se puede inferir que los estudiantes cuyas condiciones de salud sean de una gravedad tal que afecten su capacidad para desarrollar las actividades académicas, deben ser considerados en circunstancias de debilidad manifiesta, por lo cual deben de gozar de la protección especial, tanto del Estado, como de la Universidad, materializada en este caso en el sentido de evitar que se violen los principios de igualdad material y solidaridad social, toda vez que no existe una causa justa que los obligue a soportar una carga pecuniaria como lo es el pago de los derechos de matrícula.
- La devolución de sumas pagadas por concepto de derechos de matrícula se encuentra establecida para los estudiantes que habiendo cancelado anticipadamente dichas sumas para un semestre determinado no puedan matricularse.
- La Resolución 2146 de 1993 de la Rectoría, determina como una de las funciones del Comité Nacional de Matrículas establecer los criterios y políticas para resolver las situaciones especiales relacionadas con la liquidación y el pago de los derechos de matrícula.
- Para el caso de estudiantes que presenten problemas graves de salud y que deban solicitar la cancelación del periodo académico y como consecuencia la devolución del dinero pagado por concepto de derechos de matrícula en dicho periodo, no obstante haberse matriculado, se puede concluir que la devolución solicitada se puede dar por vía de excepción teniendo en cuenta:
- Que hay un enriquecimiento por parte de la Universidad al recibir el valor de los derechos de matrícula y un empobrecimiento por parte de las familias de los estudiantes al hacer dicho pago con el fin de sus hijos ingresen a la universidad o continúen sus estudios, en donde la contraprestación a la carga pecuniaria adquirida por el estudiante, no fue efectivamente prestada, entendida como la prestación efectiva por parte de la Universidad de los servicios y recursos institucionales a dichos estudiantes, por lo cual la causa de la afectación de el equilibrio económico de la relación entre la Universidad y los estudiantes, se convertiría en una causa injusta y sin una aparente solución jurídica, toda vez se trata de presupuestos que no se encuentran regulados por las normas de la universidad, económicamente hablando, aclarando que el aspecto académico fue regulado por el articulo 18 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario.
-La causa de dicha desequilibrio económico son los graves problemas de salud de los estudiantes, que les hace imposible continuar con las actividades académicas, tratándose de una causa no atribuible a la culpa de los sujetos que la padecen, siendo irresistible e imprevisible.
-Se podrían ver afectados los derechos fundamentales de los estudiantes sujetos de este análisis, los cuales se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por sus condiciones de salud, siendo sujetos de la especial protección del Estado y a quienes al no poder recibir la educación por la cual cancelaron los derechos de matrícula en un periodo académico determinado, en pro del principio de igualdad material, no tendrían porque soportar dicha carga pecuniaria.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, CP Ramiro Saavedra Becerra, del 30 de marzo de 2006, Radicación número: 25000-23-26-000-1999-01968-01(25662).
2 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, CP Ramiro Saavedra Becerra, del 7 de junio de dos 2007, Radicación número: 52001-23-31-000-1995-07018-01(14669)
3 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera CP María Elena Giraldo Gómez 2 De Mayo De 2.002 Radicación Número: 70001-23-31-000-1994-3477-01(13477).
4 MAZEAUD. Henry y Leon. TUNC. André. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Tomo 2-II. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1963. Págs. 177 y 178.
5 Sección Tercera. Exp. 12.423. Actor: Ligia Felizzola Ahumada y otros.