Source: http://ley.com.es/regularizacion_extranjeros/ley_reguladora_extranjeros_2005.php
Timestamp: 2020-02-27 10:40:16
Document Index: 161496703

Matched Legal Cases: ['Artículo 60', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 94', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 117', 'Artículo 131', 'Artículo 146', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'artículo 50', 'artículo 53', 'artículo 67', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 45']

Regulacion de extranjeros en Espana, 2005 legislacion y documentacion necesaria
Artículo 60. Efectos del visado de residencia y trabajo por cuenta propia.
TÍTULO V. CONTINGENTE.
Artículo 77. Contingente de trabajadores extranjeros.
Artículo 78. Contenido del contingente.
Artículo 79. Elaboración del contingente.
Artículo 81. Visados para la búsqueda de empleo.
Artículo 82. Visados para la búsqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de español de origen.
Artículo 83. Visados para búsqueda de empleo para determinados sectores de actividad u ocupaciones.
TÍTULO VI. TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS.
TÍTULO VII. AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS.
Artículo 94. Residencia del hijo de residente legal.
TÍTULO X. DOCUMENTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS.
CAPÍTULO I. DERECHOS Y OBLIGACIONES RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN.
Artículo 112. . Normativa aplicable.
Artículo 113. Modalidades del procedimiento sancionador.
Artículo 117. Colaboración contra redes organizadas.
Artículo 131. Iniciación y tramitación del procedimiento preferente.
Artículo 146. Medidas cautelares en el procedimiento para imposición de sanción de multa.
TÍTULO XII. RETORNO, DEVOLUCIÓN Y SALIDAS OBLIGATORIAS.
Artículo 156. Retorno.
Artículo 157. Devoluciones.
Artículo 158. Salidas obligatorias.
La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, por la que se reforma la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece en su disposición adicional tercera el mandato al Gobierno para que adapte a sus previsiones el Reglamento de ejecución de la citada Ley Orgánica 4/2000.
En cumplimiento del mencionado mandato, este Real Decreto se aprueba, en primer lugar, con un altísimo grado de concertación entre diferentes fuerzas políticas, agentes sociales y organizaciones no gubernamentales.
En segundo lugar, el texto normativo es coherente en su forma y en su fondo con el marco jurídico de referencia, que no se limita a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sino que incorpora al ordenamiento jurídico español tanto el acervo de la Unión Europea sobre la materia, como el nuevo reparto de competencias resultante de la asunción, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del desarrollo de las políticas del Gobierno en materia de extranjería e inmigración, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. En tercer lugar, el Reglamento es fruto del esfuerzo por priorizar la inmigración legal, a lo que se añaden nuevos instrumentos para perseguir más eficazmente la inmigración irregular.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2004, dispongo:
2. Las normas del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se aplicarán con carácter supletorio, o a los efectos que pudieran ser más favorables, a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y a las demás personas incluidas en el ámbito del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Asimismo, las normas del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se aplicarán con carácter supletorio a quienes sea de aplicación la Ley 5/1984 reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
1. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los empresarios o empleadores que pretendan contratar a un extranjero podrán solicitar que se le otorgue una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para el otorgamiento de una autorización para trabajar, con excepción de lo dispuesto en sus párrafos a, b y g.
2. Con sujeción a los requisitos establecidos en los párrafos a y c del apartado anterior, y en idéntico plazo al establecido en éste, podrán solicitar igualmente la concesión de una autorización inicial de residencia y trabajo los extranjeros que pretendan desarrollar su actividad en el ámbito del servicio del hogar familiar, trabajando parcialmente y de manera simultánea para más de un titular del hogar familiar. Para ello deberán acreditar que reúnen los requisitos previstos por la legislación aplicable a los efectos del alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social como empleados del hogar discontinuos y que van a realizar un número de horas de trabajo semanales no inferior a treinta, en el cómputo global. Las prestaciones laborales concertadas a estos efectos deberán de abarcar un período mínimo de actividad de seis meses.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000 y la disposición adicional cuarta de su Reglamento, el Ministerio de Administraciones Públicas podrá habilitar, mediante instrumentos adecuados previstos en la legislación vigente, otras oficinas públicas para la presentación de las solicitudes.
8. La concesión de la autorización determinará el archivo de los expedientes de expulsión pendientes de resolución, así como la revocación de oficio de las órdenes de expulsión que hayan recaído sobre el extranjero titular de la autorización, cuando el expediente o la orden de expulsión correspondiente esté basada en las causas previstas en el artículo 53.a y b de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La denegación de la autorización implicará la continuación de los expedientes de expulsión y la ejecución de las órdenes de expulsión dictadas.
La introducción y modificación de datos e informes por parte de cada departamento ministerial competente, en los exclusivos ámbitos de su competencia, en cada fase de la tramitación de los expedientes de extranjería.
La obtención de datos actualizados para el cumplimiento de las funciones de observación permanente de las magnitudes y características más significativas del fenómeno inmigratorio, para analizar su impacto en la sociedad española y facilitar información objetiva y contrastada que evite o dificulte la aparición de corrientes xenófobas o racistas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y el Real Decreto 345/2001, de 4 de abril, por el que se regula el Observatorio Permanente de la Inmigración.
Uno. Se modifica el párrafo c del artículo 2.3, que queda redactado como sigue:
c. Elevar al Ministro del Interior las propuestas de autorización de permanencia en España acordadas en el ámbito del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, de conformidad con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 31 de este Reglamento.
Dos. Se modifica el párrafo g del artículo 3, que queda redactado como sigue:
Cuando proceda y, en todo caso, en los supuestos del apartado 3 de este artículo, la autoridad competente para ello solicitará informe a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio sobre dicha vigencia.
Transcurridos tres meses desde la fecha de solicitud de renovación sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá concedida la renovación por silencio positivo.
El presente Real Decreto y el Reglamento que por él se aprueba entrarán en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado , excepto lo dispuesto en el artículo 45.2.a del Reglamento, que entrará en vigor a los seis meses de la entrada en vigor del propio Reglamento. Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2004.