Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-412-de-abril-25-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041b96cf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-18 20:27:28
Document Index: 382384665

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 259', 'artículo 259', 'artículo 1', 'artículo 259', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 1', 'artículo 11', 'Artículo 2', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA C-412 DE ABRIL 25 DE 2001
SENTENCIA C-412 DE 25 DE ABRIL DE 2001
CONTENIDO:DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. REQUISITOS PARA ASEGURAR QUE SON AUTÉNTICOS. SE DECLARAN EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES "LA FIRMA DEL CÓNSUL O AGENTE DIPLOMÁTICO SE ABONARÁ POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA", DEL ARTÍCULO 1, NUMERAL 118, DEL DECRETO 2282 DE 1989 QUE REFORMÓ EL ARTÍCULO 259 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓNSUL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO, DOCUMENTO AUTÉNTICO, DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTERIOR, DOCUMENTO EXTRANJERO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:355 DE JULIO DE 2001, PÁG.1312
Sentencia C-412 de abril 25 de 2001
REQUISITOS PARA ASEGURAR QUE SON AUTÉNTICOS
Sentencia C-412/2001
Ref.: Expediente D-3241
Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989.
Actor: Miguel Alvarado Cortés
Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil uno.
118. El artículo 259, quedará así:
Documentos otorgados en el extranjero. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una Nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano”.
Exequibilidad del precepto demandado. El legislador está facultado para exigir requisitos que aseguren la autenticidad de los documentos oficiales.
La disposición objeto de proceso, integrante del Código de Procedimiento Civil, alude a la autenticidad de los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, los cuales han de estar respaldados por el cónsul colombiano o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una Nación amiga.
El fragmento que se demanda dispone que la firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Colombia.
La Corte Constitucional ha sostenido, con apoyo en el artículo 83 de la Carta, que, en virtud del principio cardinal en éste plasmado, se presume la buena fe de las personas en todas las actuaciones que adelanten ante las autoridades, ya para el cumplimiento de sus deberes o para el ejercicio de sus obligaciones (1) .
(1) Ver sentencias C-540 del 23 de noviembre de 1995, C-023 del 11 de febrero de 1998 (M.P. Dr. Jorge Arango Mejía) y C-963 del 1º de diciembre de 1999 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
En concordancia con esa regla, el artículo 84 de la Constitución dispone que, cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
De todo ello se deduce que, mientras en los mandatos superiores en referencia se introduce un claro límite a las autoridades administrativas, judiciales y de control para agregar requisitos no previstos en la ley, ésta goza de expresa autorización constitucional para preverlos, cuando reglamenta de manera general derechos o actividades. Al estipular requisitos el legislador no viola el principio de la buena fe, pues no presume nada en contra de ella; no parte del supuesto de la mala fe del gobernado; simplemente se limita a cumplir su función de salvaguarda del interés general y de ordenamiento mínimo en lo que respecta al servicio público y al funcionamiento de los entes estatales.
Finalmente debe la Corte advertir que, mediante Sentencia C-164 del 17 de marzo de 1999, la Corte Constitucional declaró exequible la Ley 455 de 1998 “por medio de la cual se aprueba la convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros” y la convención misma. Dicha convención, según certificación expedida por la jefe de oficina asesora jurídica (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, entró en vigencia para Colombia el 30 de enero de 2001.
En efecto, si bien es cierto la referida convención establece la abolición del trámite de legalización diplomática y consular de aquellos documentos que, expedidos en uno de los Estados contratantes, se presenten en otro de la misma condición, ella sólo es aplicable a aquellos documentos públicos relacionados en el artículo 1º del referido instrumento. Además, hay que anotar que de acuerdo con los principios del derecho internacional, el referido instrumento internacional sólo obliga a los estados contratantes del mismo.
Los siguientes son considerados como documentos públicos a efectos de la presente convención (2) :
(2) De acuerdo con el artículo 11, la convención entró en vigor el 24 de enero de 1965, sexagésimo día después del depósito del tercer instrumento de ratificación, respecto de los siguientes Estados, en cuyo nombre se depositaron los instrumentos de ratificación en poder del gobierno de los Países Bajos en las fechas indicadas:
Yugoslavia ... 25 de septiembre de 1962
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (también aplicable a Jersey, el Bailiaje de Guernesey y la isla de Man) ... 21 de agosto de 1964.
Francia (también aplicable a los departamentos y territorios de Ultramar) ... 25 de noviembre de 1964
No sobra advertir que de acuerdo con lo señalado en el mismo instrumento internacional, la legalización significa “únicamente el trámite mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado certifican la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare” (3) .
(3) Artículo 2º de la Convención sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros.
b) a documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales o aduaneras”.
En los términos expuestos, la Corte declarará que las expresiones acusadas son exequibles.
Declarar EXEQUIBLES las expresiones “La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia”, del artículo 1º, numeral 118, del Decreto 2282 de 1989, que reformó el 259 del Código de Procedimiento Civil.