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Timestamp: 2019-01-17 17:39:05
Document Index: 66590162

Matched Legal Cases: ['artículo 112', 'artículo 59', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 29', 'artículo 98', 'artículo 99', 'Artículo 283']

﻿ Sentencia 2010-00081 de julio 21 de 2011
SENTENCIA 2010-00081 DE 21 DE JULIO DE 2011
CONTENIDO:FORMULACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS EN PROCESO DISCIPLINARIO. SI EN UNA INVETIGACIÓN DISCIPLINARIA NO SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS SE INCURRIRA EN LA NULIDAD DEL PROCESO LO QUE INVALIDA LA SANCIÓN IMPUESTA CON LA REDUCCIÓN POR COLABORACIÓN DEL PROCESADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA, PROCESO DISCIPLINARIO, PLIEGO DE CARGOS, NULIDAD PROCESAL, SANCIÓN
Sentencia 2010-00081 de julio 21 de 2011
Rad.: 110011102000201000081 01
Aprobado según acta de Sala 69 de la fecha
Registro de proyecto: diecinueve de julio de dos mil once
La Sala tiene competencia para conocer en el grado jurisdiccional de consulta, las sentencias sancionatorias que no son apeladas, emitidas por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 256 numeral 3º(8) de la Carta Política y artículo 112 numeral 4º(9) de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007(10).
No obstante lo anterior, como se dijo desde el principio la Sala no abordará el fondo del asunto, por cuanto se vislumbra una causal que vicia de nulidad la actuación.
Dicho derecho constitucional, establecido en el preámbulo de nuestra Constitución Política al asegurarle a sus integrantes, la justicia dentro de un marco jurídico, democrático y participativo y a su vez, límite material al “ius puniendi”, está reproducido como principio rector en el ámbito disciplinario, artículo 3º de la Ley 1123 de 2007 “(...) El abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este código o en las normas que lo modifiquen (...)”, en concordancia con el artículo 6º de la Ley 600 de 2000(11), el cual, implica básicamente que la ley debe ser escrita, estricta y preexistente al acto imputado y, por tanto, vigente al momento de la comisión del mismo y de elevar el juicio de reproche, para que el Estado pueda poner en marcha su aparato en pos de investigar y eventualmente sancionar al implicado.
Por las características reseñadas en precedencia, tal principio rector se debe materializar en el ejercicio del derecho disciplinario en dos sentidos: de una parte, la exigencia al legislador para que en la consagración normativa de prohibiciones se respete siempre el criterio de “Tipicidad inequívoca” y de otra al operador judicial para que de ningún modo, acuda a interpretaciones extensivas o analógicas en mala parte, para tratar de llenar los vacíos, inconsistencias e inclusive insistir en mantener en el mundo jurídico, una conducta que con el advenimiento una norma favorable, dejó de ser reprochable autónomamente para mutar su naturaleza a criterio de graduación de la sanción.
A ese respecto resulta importante resaltar, que para un hecho ser “Típico” no basta con que una ley lo prevea, sin importar la forma de hacerlo, pues coincidimos con la apreciación que presenta el profesor Juan Fernández Carrasquilla al exponer el principio de “Tipicidad inequívoca”: “(...) El principio de legalidad, entendido en tan amplio sentido formal, no significa mucho en el orden de las garantías individuales, pues ni autolimita sensiblemente el poder punitivo del Estado, ni estorba a la arbitriedad judicial, ni en realidad “determina” la conducta punible (...)”(12).
“... Según Luigi Ferrajoli(13)... Cuando la jurisdiccionalidad en estricto sentido se refiere de manera concreta a la garantía nullum iudicium sine accusatione (o, lo que es lo mismo, a “la garantía procesal de una acusación determinada contra el procesado como acto previo y de delimitación del juicio”(14) —se resalta—), ello implica que en las actuaciones penales la resolución de acusación (o su equivalente) no solo debe contener, en materia de lenguaje, la misma rigurosidad orientada hacia la definición y delimitación del caso concreto con la que, en un sentido general y abstracto, el legislador denota dentro de las normas jurídico penales las acciones que considera punibles, sino que además “debe formularse en términos unívocos y precisos, idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto del juicio y de la sentencia que le pondrá fin”(15).
En palabras más sencillas, la acusación, para efectos de su verificación y refutación durante la etapa del juicio, debe contener una clara e inequívoca delimitación tanto de los hechos jurídicamente relevantes del caso (imputación fáctica) como de los cargos que en razón de tales acontecimientos se formulan (imputación jurídica) en aras de respetar la estricta legalidad y jurisdiccionalidad del sistema. Y, así mismo, la acusación desde el punto de vista probatorio tiene que “ser completa, es decir, integrada por la información de todos los indicios que la justifican, de forma que el imputado tenga la posibilidad de refutarlos y nada le sea ‘escondido de cuanto se prepare para su daño o de cuanto se hace, o se hará, para reforzar el concepto de su culpabilidad y destruir la presunción de inocencia, que siempre le asiste’”(16)...”(17).
“... la descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de estos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación…”(18).
Culminado de esta forma la etapa investigativa y sirviendo de preámbulo a la audiencia de juzgamiento.
Por otro lado, en dicho procedimiento, también se encuentra consagrada la confesión, en la que una vez el abogado investigado acepta la comisión de la falta disciplinaria, se procede a dictar la sentencia correspondiente (art. 105, par.).
Consagrando dicha figura además como un criterio de atenuación, al momento de graduar la sanción, siempre y cuando se presente “antes de la formulación de los cargos”(19).
Sin embargo, el hecho de que el procesado acepte la comisión de la falta, no implica que el Estado le cercene sus garantías procesales, pues se renuncia a que se agoten los trámites normales del proceso, a la controversia de la acusación y de la prueba en que se funda, pero nunca a que el Estado le informe claramente los hechos y conductas por las cuales lo va a sancionar.
Adviértase que la diminuente de la sanción opera cuando la confesión se realice antes del pliego de cargos, pero ello no implica, se itera, que el magistrado instructor pretermita la formulación de los mismos.
En este sentido, es importante remitirnos al procedimiento penal, en el que se encuentra consagrada la figura de la “terminación anticipada”, la que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, establece dos oportunidades o términos dentro de los cuales el sindicado puede solicitar que se dicte sentencia anticipada. La primera de ellas va desde la diligencia de indagatoria hasta antes de la ejecutoria el cierre de investigación; y la segunda, desde cuando se profiere acusación y hasta antes de la ejecutoria del auto que convoca a la celebración de la audiencia pública, en cuyo caso la disminución de pena es de una octava parte.
Estando expresamente consagrado que si dicha figura se presenta en la etapa de investigación, esto es, antes de la resolución de acusación, el fiscal procederá a formular los cargos, los cuales serán consignados con la aceptación del procesado en un acta suscrita por los intervinientes, y se remitirá al juez competente para que proceda a emitir el fallo correspondiente.
Dicho precepto, señala que: “El acta que contiene los cargos aceptados por el procesado es equivalente a la resolución de acusación”.
Igual ocurre en el procedimiento regido por la Ley 906 de 2004, en el que existe la figura de la “Aceptación por el imputado”, que es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga(20).
Y en caso de que en el curso de la audiencia de formulación de imputación, el procesado acepte la imputación realizada previamente por el fiscal “lo actuado es suficiente como acusación...” y se convocará a audiencia de individualización de pena y sentencia(21).
En este orden de ideas, no puede concebirse un proceso sancionador sin la existencia de una formulación de cargos como requisito para emitir una condena, pues como se dijo, dicha figura no solamente delimita la etapa de juzgamiento, también garantiza al procesado que esté plena y previamente enterado de los hechos y conductas por las que será juzgado y posiblemente sancionado.
Desconocer tal figura, que a su vez constituye además una etapa procesal implica desconocer además, las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, toda vez que si el operador disciplinario omite cumplir su deber de respetar las fases o etapas procesales fijadas por la ley, como cuando se omite alguna de las ritualidades dentro de una de ellas, cuya única finalidad es garantizar la celeridad, la eficacia, la eficiencia y transparencia de la administración de justicia.
De lo dicho en precedencia, es claro que la consagración de etapas y ritualidades a cumplirse dentro del proceso, delimitadas por términos procesales, así como el cumplimiento de los mismos por parte de la autoridad encargada de administrarlos, constituyen la base procedimental fundamental para la efectividad del derecho al debido proceso y para el recto funcionamiento de la administración de justicia, determinando con ello el inicio de la etapa subsiguiente como requisito para la culminación del proceso, por lo tanto, resulta necesario que tanto las etapas del procedimiento como la formación de cada una de ellas se encuentren debidamente ejecutada, ofreciendo a sus titulares oportunidades ciertas para el ejercicio del derecho de defensa y por supuesto manteniendo el debido proceso que debe imperar en toda actuación judicial.
El debido proceso como principio universal se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política como una garantía más para la investigación, para no dejar al libre arbitrio del operador judicial la oportunidad y formas como deben agotarse las diferentes etapas procesales previstas por el legislador:
En consecuencia, y atendiendo lo anteriormente plasmado, es evidente que la Sala de primera instancia vulneró el derecho de defensa y debido proceso al abogado Hernández Mahecha al omitir formularle el pliego de cargos, una vez este aceptó la comisión de una falta, máxime que la aceptada fue la relativa a los dineros y no a la indiligencia.
Adviértase que si bien, una vez ocurrió ello, el magistrado decidió terminar las diligencias por la falta a la honradez y pasar el expediente al despacho para fallo, por la presunta indiligencia, pero en ningún momento le dijo al profesional del derecho cuál fue la falta que presuntamente cometió, sin que sea dado argumentar de forma genérica una presunta indiligencia por parte del profesional del derecho realizada de forma culposa, pues la Ley 1123 de 2007, claramente obligaba al funcionario instructor a realizar la imputación jurídica al momento de formular los cargos, concretando además las pruebas de las que se deducía dicha conducta y no simplemente a realizar la imputación fáctica.
Pliego de cargos, que además debía ser congruente con la confesión realizada por el profesional del derecho, circunstancia que tampoco se encuentra tan clara en las presentes diligencias, pues como se dijo, una vez el magistrado de primera instancia increpó al togado para que constatara si confesaba la falta, este textualmente dijo:
“... Si a doña Luz Edilma y a la majestad de la justicia representada por el magistrado Álvaro León Obando, al abogado, a todos, les quiero decir que si aceptó una falta mía a nivel de culpa y no de dolo porque seguramente no hice todo lo necesario para decirle doña Luz Edilma estos honorarios yo los tengo, están produciendo para mí y debieron estar en su bolsillo pero nunca con intención de apoderarme porque siempre pensaba que el día que ella solucionara el problema con su hijo se iba a adelantar este proceso y se lo iba a terminar. Eso es así…”.
Siendo evidente que el profesional del derecho investigado se refería más a una falta a la honradez y no a la indiligencia, que fue por la que finalmente, la Sala de primera instancia lo sancionó.
Aunado al hecho que después de esta presunta confesión, el defensor del encartado, solicitó su absolución.
Lo anterior, demuestra entonces la necesidad de que el magistrado de primera instancia hubiese procedido a realizar formalmente la formulación de cargos al procesado, a pesar de que este haya confesado una falta, no solo por respeto a su derecho de defensa, al enterarlo previamente de una forma completa y clara, los hechos y las faltas imputadas, sino como cumplimiento de una etapa procesal prevista en la ley y que constituye la pieza procesal más importante en el proceso disciplinario seguido en su contra.
Luego entonces, operó la causal de nulidad prevista en los numerales 2º y 3º del artículo 98 de la Ley 1123 de 2007(22), motivo por el cual, y en ejercicio de la facultad oficiosa consagrada en el artículo 99 de esa misma norma, se ordenará recomponer la actuación a partir de la audiencia celebrada el 10 de febrero de 2011, inclusive, para que el seccional de primera instancia proceda nuevamente a realizar toda la actuación surtida, dándole al profesional del derecho la oportunidad de confesar la falta, si así es su deseo y de hacerlo, proceda a realizar la formulación de los cargos de forma clara y completa, señalando específicamente el presupuesto fáctico, la falta imputada, el verbo rector, el grado de culpabilidad del cual va a defenderse el disciplinado, así como la afectación al deber previsto en la ley, el cual debe ser correlativo a la falta y sin perjuicio de la validez de los medios de prueba que han sido recaudados.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades legales y constitucionales,
1. DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado, por violación al debido proceso y al derecho de defensa, a partir de la audiencia de pruebas y calificación inclusive, realizada el 10 de febrero de 2011 inclusive, para que el seccional de primera instancia proceda nuevamente a realizar toda la actuación surtida, dándole al profesional del derecho la oportunidad de confesar la falta, si así es su deseo y de hacerlo, proceda a realizar la formulación de los cargos de forma clara y completa, señalando específicamente el presupuesto fáctico, la falta imputada, el verbo rector, el grado de culpabilidad del cual va a defenderse el disciplinado, así como la afectación al deber previsto en la ley, el cual debe ser correlativo a la falta y sin perjuicio de la validez de los medios de prueba que han sido recaudados. Conforme a lo motivado en este proveído; en consecuencia, REMÍTASE DE FORMA INMEDIATA el expediente a la colegiatura de instancia.
(8) ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: ... 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
(9) ART. 112.—Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: ... 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura.
(10) ART. 59.—De la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce: 1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código.
(11) ART. 6º—Legalidad. Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio.
(12) Derecho penal fundamental, Tomo II, Editorial Temis, pág. 27 (resaltado fuera del texto).
(13) Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, Madrid, 2001, pág. 96.
(14) Ibídem, pág. 606.
(15) Ibídem, pág. 606-607.
(16) Ibídem, pág. 607, citando a Carrara, o. c., tomo II, § 892, pág. 364.
(17) Sala de Casación Penal. Sentencia del 5 de diciembre de 2007, Rad. 26.513, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.
(18) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de junio 20 de 2005. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala.
(19) Art. 45, literal B, numeral 1º.
(20) Artículo 283.
(21) Art. 293.
(22) ART. 98.—Causales. Son causales de nulidad:
(23) ART. 99.—Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto.