Source: https://tc.vlex.es/vid/736441337
Timestamp: 2019-01-23 05:15:44
Document Index: 256171492

Matched Legal Cases: ['artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 795', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 37']

ATC 81/2018, 17 de Julio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 736441337
Número de Recurso: 2796-2018
Pleno. Auto 81/2018, de 17 de julio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 2796-2018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2796-2018, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo en relación con el artículo 384 del Código penal.
El 21 de mayo de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un oficio del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo por el que se remite testimonio de las actuaciones correspondientes al procedimiento abreviado núm. 511-2012, y del Auto de fecha 1 de marzo de 2018 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 del Código penal (CP) por “posible vulneración del principio de legalidad, o su interpretación integradora, como presunción de puesta en peligro cuando quien maneja el vehículo a motor no ha demostrado nunca las capacidades mínimas para realizar tal actividad, a resolver caso a caso en legalidad ordinaria”.
El 20 de agosto de 2009, con ocasión de un accidente de circulación con daños materiales, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil detuvo a doña Z.P., conductora de un turismo, por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y por hacerlo careciendo de permiso de conducir.
Recibido el atestado el 21 de agosto de 2009, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Toledo, al amparo de lo previsto en el artículo 795 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), incoó procedimiento de diligencias urgentes/juicio rápido núm. 58-2009, acordando al tiempo la práctica de las diligencias de investigación que consideró necesarias para esclarecer la responsabilidad penal que pudiera derivarse de tal conducta.
El 21 de agosto de 2009 se tomó declaración a la conductora del turismo y, tras oír a las partes personadas, al ser necesaria la práctica de nuevas diligencias, por Auto de 25 de agosto de 2009 el juez acordó continuar el procedimiento por los trámites de las diligencias previas del procedimiento abreviado (art. 798.2 LECrim.). Practicadas cuantas diligencias se consideraron necesarias, por Auto de 10 de octubre de 2011 se dio traslado al Ministerio Fiscal a fin de que formulara escrito de acusación, lo que hizo imputando a la conductora la comisión de dos delitos contra la seguridad vial, previstos y penados en los artículos 379.2 y 384.2 CP, e interesando la apertura de juicio oral, lo que fue acordado por Auto de 3 de octubre de 2012.
Las actuaciones fueron remitidas y recibidas por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo, que el 5 de diciembre de 2012 declaró pertinentes las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal (salvo la prueba anticipada solicitada) y no pertinentes las propuestas por la defensa. El procedimiento quedó pendiente de señalamiento, que tras diversos aplazamientos quedó fijado al 30 de noviembre de 2017, fecha en la que se celebró la vista oral.
El 14 de diciembre de 2017, el juez de lo penal dictó providencia en la que acordó dar traslado al Ministerio Fiscal y a la defensa de la acusada para formular alegaciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad con respecto del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 CP, por posible vulneración del principio de legalidad penal, en cuanto coexisten en el ordenamiento jurídico “conductas en el ámbito de la circulación vial que son sancionadas por la legislación administrativa y por la legislación penal sin que el legislador haya establecido una nítida separación, sin desplazamiento del orden penal por su previsión administrativa ni al contrario”.
La acusada no se opone al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, manifestando su adhesión al contenido de la providencia citada. En sus alegaciones, el Ministerio Fiscal puso de relieve que, después de haber aplicado durante años —desde 2012— el precepto cuestionado en un determinado sentido, propugnando una solución absolutoria, el juez plantea ahora la duda de constitucionalidad una vez que el Tribunal Supremo, a instancias del Ministerio Fiscal, ha dictado en 2017 varias sentencias fijando una interpretación del precepto penal cuestionado distinta de la propugnada por el juez de lo penal y la Audiencia Provincial de Toledo. En ellas, valorándolo como un delito de riesgo abstracto, no exige la inferencia de que en cada caso analizado se hubiera producido un peligro concreto para la seguridad vial para entender subsumida la conducta en el precepto penal. Por lo expuesto, el Ministerio Fiscal “considera improcedente que el Juez promueva la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 384.2 del Código penal por haberlo aplicado dictando numerosas sentencias anteriormente, sin haber albergado dudas, hasta ahora, de su constitucionalidad. Porque las sentencias absolutorias dictadas por el Juez fueron confirmadas por la Audiencia Provincial de Toledo, Tribunal que no ha discutido la constitucionalidad de tal precepto legal. Y porque el Tribunal Supremo tampoco apreció síntomas de inconstitucionalidad del artículo, al resolver los recursos de casación”.
Por providencia de 19 de junio de 2018, el Pleno de este Tribunal, a los efectos que determina el artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, alegase lo que considerara conveniente acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por si fuere notoriamente infundada.
STS 594/1997, 1 de Julio de 1997