Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-11-de-1992-ley-11-de-1992?documento=legcol&contexto=legcol_7599204140d7f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-19 17:36:57
Document Index: 396229659

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﻿ LEY 11 DE 1992
LEY 11 DE 21 DE JULIO DE 1992
CONTENIDO:PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES, EL CONGRESO ADOPTÓ EL PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA
TEMAS ESPECÍFICOS:ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ORDEN PÚBLICO, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:957, AGOSTO 30 DE 1992, PG. 155
DIARIO OFICIAL N°:40510
VIGENCIA:DECLARADA INEXEQUIBLE POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA C-88 DE 1993
“Por medio de la cual se aprueba el Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), adoptado en Ginebra, el 8 de junio de 1977”.
(Nota: Declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-88 de 1993).
VISTO el texto del “Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I)”, que a la letra dice:
Proclamando su deseo ardiente de que la paz reine entre los pueblos;
Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todo Estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas;
Considerando que es necesario, sin embargo, reafirmar y desarrollar las disposiciones que protegen a las víctimas de los conflictos armados, así como completar las medidas para reforzar la aplicación de tales disposiciones;
Expresando su convicción de que ninguna disposición del presente protocolo ni de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 puede interpretarse en el sentido de que legitime o autorice cualquier acto de agresión u otro uso de la fuerza incompatible con la Carta de las Naciones Unidas;
ART. 1º—Principios generales y ámbito de aplicación. 1. Las partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente protocolo en toda circunstancia.
3. El presente protocolo, que completa los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, se aplicará en las situaciones previstas en el artículo 2º común a dichos convenios.
ART. 2º—Definiciones. Para los efectos del presente protocolo:
a) Se entiende por “I convenio” “II convenio”, “III convenio” y “IV convenio”, respectivamente, el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, del 12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, del 12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949; y el Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949; se entiende por “los convenios” los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;
b) Se entiende por “normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados” las contenidas en los acuerdos internacionales de los que son parte las partes en conflicto, así como los principios y normas generalmente reconocidos de derecho internacional aplicables en los conflictos armados;
c) Se entiende por “potencia protectora” un Estado neutral u otro Estado que no sea parte en el conflicto y que, habiendo sido designado por una parte en el conflicto y aceptado por la parte adversa, esté dispuesto a desempeñar las funciones asignadas a la potencia protectora por los convenios y por el presente protocolo, y
e) Se entiende por “sustituto” una organización que reemplaza a la potencia protectora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º.
ART. 3º—Principio y fin de la aplicación. Sin perjuicio de las disposiciones aplicables en todo momento:
a) Los convenios y el presente protocolo se aplicarán desde el comienzo de cualquiera de las situaciones a que se refiere el artículo 1º del presente protocolo, y
ART. 4º—Estatuto jurídico de las partes en conflicto. La aplicación de los convenios y del presente protocolo, así como la celebración de los acuerdos previstos en estos instrumentos, no afectarán al estatuto jurídico de las partes en conflicto. La ocupación de un territorio y la aplicación de los convenios y del presente protocolo no afectarán al estatuto jurídico del mismo.
ART. 5º—Designación de las potencias protectoras y de su sustituto. 1. Es deber de las partes en conflicto, desde el comienzo de este, asegurar la supervisión y la ejecución de los convenios y del presente protocolo mediante la aplicación del sistema de potencias protectoras, que incluye, entre otras cosas, la designación y la aceptación de esas potencias, conforme a lo dispuesto en los párrafos siguientes. Las potencias protectoras estarán encargadas de salvaguardar los intereses de las partes en conflicto.
2. Desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el artículo 1º, cada una de las partes en conflicto designará sin demora una potencia protectora con la finalidad de aplicar los convenios y el presente protocolo, y autorizará, también sin demora y con la misma finalidad, la actividad de una potencia protectora que, designada por la parte adversa, haya sido aceptada como tal por ella.
3. Si no ha habido designación o aceptación de potencia protectora desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el artículo 1º, el comité internacional de la Cruz Roja, sin perjuicio del derecho de cualquier otra organización humanitaria imparcial a hacerlo igualmente, ofrecerá sus buenos oficios a las partes en conflicto con miras a la designación sin demora de una potencia protectora que tenga el consentimiento de las partes en conflicto. Para ello, el comité podrá, interalia, pedir a cada parte que le remita una lista de por lo menos cinco estados que esa parte considere aceptables para actuar en su nombre como potencia protectora ante una parte adversa, y pedir a cada una de las partes adversas que le remita una lista de por lo menos cinco Estados que esté dispuesta a aceptar para desempeñar la función de potencia protectora de la otra parte; tales listas serán remitidas al comité dentro de las dos semanas siguientes al recibo de la petición; el comité las cotejará y solicitará el asentimiento de cualquier Estado cuyo nombre figure en las dos listas.
5. De conformidad con el artículo 4º, la designación y la aceptación de potencias protectoras con la finalidad de aplicar los convenios y el presente protocolo no afectarán al estatuto jurídico de las partes en conflicto ni al de ningún territorio, incluido un territorio ocupado.
ART. 6º—Personal calificado. 1. Las altas partes contratantes procurarán, ya en tiempo de paz, con la asistencia de la sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), formar personal calificado para facilitar la aplicación de los convenios y del presente protocolo y, en especial, las actividades de las potencias protectoras.
ART. 7º—Reuniones. El depositario del presente protocolo, a petición de una o varias altas partes contratantes y con la aprobación de la mayoría de ellas, convocará una reunión de las altas partes contratantes para estudiar los problemas generales relativos a la aplicación de los convenios y del protocolo.
ART. 8º—Terminología. Para los efectos del presente protocolo:
a) Se entiende por “heridos” y “enfermos” las personas, sean militares o civiles, que debido a un traumatismo, una enfermedad u otros trastornos o incapacidades de orden físico o mental, tengan necesidad de asistencia o cuidados médicos y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos términos son también aplicables a las parturientas, a los recién nacidos y a otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia o cuidados médicos inmediatos, como los inválidos y las mujeres encintas, y que se abstengan de todo acto de hostilidad;
b) Se entiende por “náufragos” las personas, sean militares o civiles, que se encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que las afecte o que afecte a la nave o aeronave que las transportaba, y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Estas personas, siempre que sigan absteniéndose de todo acto de hostilidad, continuarán considerándose náufragos durante su salvamento, hasta que adquieran otro estatuto de conformidad con los convenios o con el presente protocolo;
c) Se entiende por “personal sanitario” las personas destinadas por una parte en conflicto exclusivamente a los fines sanitarios enumerados en el apartado e), o a la administración de las unidades sanitarias o al funcionamiento o administración de los medios de transporte sanitario. El destino a tales servicios podrá tener carácter permanente o temporal. La expresión comprende:
iii) el personal sanitario de las unidades o los medios de transporte sanitarios mencionados en el párrafo 2º del artículo 9º;
d) Se entiende por “personal religioso” las personas, sean militares o civiles, tales como los capellanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio y adscritas:
i) a las fuerzas armadas de una parte en conflicto;
ii) a las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios de una parte en conflicto;
iii) a las unidades o medios de transporte sanitario mencionados en el párrafo 2º. del artículo 9º, o
e) Se entiende por “unidades sanitarias” los establecimientos y otras formaciones, militares o civiles, organizados con fines sanitarios, a saber: la búsqueda, recogida, transporte, diagnóstico o tratamiento (incluidos los primeros auxilios) de los heridos, enfermos y náufragos, así como la prevención de las enfermedades. La expresión comprende, entre otros, los hospitales y otras unidades similares, los centros de transfusión de sangre, los centros e institutos de medicina preventiva y los depósitos de material sanitario, así como los almacenes de material sanitario y de productos farmacéuticos de esas unidades. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles, permanentes o temporales;
f) Se entiende por “transporte sanitario” el transporte por tierra, por agua o por aire de los heridos, enfermos y náufragos, del personal sanitario o religioso o del equipo y material sanitarios protegidos por los convenios y por el presente protocolo;
g) Se entiende por “medio de transporte sanitario” todo medio de transporte, militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente al transporte sanitario, bajo la dirección de una autoridad competente de una parte en conflicto;
h) Se entiende por “vehículo sanitario” todo medio de transporte sanitario por tierra;
i) Se entiende por “buque y embarcación sanitarios” todo medio de transporte sanitario por agua;
j) Se entiende por “aeronave sanitaria” todo medio de transporte sanitario por aire;
k) Son “permanentes” el personal sanitario, las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios que se destinan exclusivamente a fines sanitarios por un período indeterminado. Son “temporales” el personal sanitario, las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios que se dedican exclusivamente a fines sanitarios por períodos limitados y durante la totalidad de dichos períodos. Mientras no se especifique otra cosa, las expresiones “personal sanitario”, “unidad sanitaria” y “medio de transporte sanitario” abarcan el personal, las unidades y los medios de transporte sanitarios tanto permanentes como temporales;
l) Se entiende por “signo distintivo” la cruz roja, la media luna roja o el león y sol rojos sobre fondo blanco, cuando se utilicen para la protección de unidades y medios de transporte sanitarios y del personal sanitario y religioso, su equipo y material, y
m) Se entiende por “señal distintiva” todo medio de señalización especificado en el Capítulo III del Anexo I del presente protocolo y destinado exclusivamente a la identificación de las unidades y de los medios de transporte sanitarios.
ART. 9º—Ámbito de aplicación. 1. El presente título, cuyas disposiciones tienen como fin mejorar la condición de los heridos, enfermos y náufragos, se aplicará a todos los afectados por una situación prevista en el artículo 1º., sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo.
2. Las disposiciones pertinentes de los artículos 27 y 32 del I convenio se aplicarán a las unidades sanitarias y a los medios de transporte sanitarios permanentes (salvo los buques hospitales, a los que se aplica el artículo 25 del II convenio), así como al personal de esas unidades o de esos medios de transporte, puestos a disposición de una parte en conflicto con fines humanitarios:
b) Por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal Estado, y
ART. 10.—Protección y asistencia. 1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, cualquiera que sea la parte a que pertenezcan, serán respetados y protegidos.
ART. 11.—Protección de la persona. 1. No se pondrán en peligro, mediante ninguna acción u omisión injustificada, la salud ni la integridad física o mental de las personas en poder de la parte adversa o que sean internadas, detenidas o privadas de libertad en cualquier otra forma a causa de una situación prevista en el artículo 1º. Por consiguiente, se prohíbe someter a las personas a que se refiere el presente artículo a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que se aplicarían en análogas circunstancias médicas a los nacionales no privados de libertad de la parte que realiza el acto.
b) Los experimentos médicos o científicos, y
c) Las extracciones de tejidos u órganos para trasplantes.
Salvo si estos actos están justificados en las condiciones previstas en el párrafo 1º.
3. Sólo podrán exceptuarse de la aplicación de la prohibición prevista en el apartado c) del párrafo 2º las donaciones de sangre para transfusiones o de piel para injertos, a condición de que se hagan voluntariamente y sin coacción o presión alguna, y únicamente para fines terapéuticos, en condiciones que correspondan a las normas médicas generalmente reconocidas y a los controles realizados en beneficio tanto del donante como del receptor.
4. Constituirá infracción grave del presente protocolo toda acción u omisión deliberada que ponga gravemente en peligro la salud o la integridad física o mental de toda persona en poder de una parte distinta de aquella de la que depende, sea que viole cualquiera de las prohibiciones señaladas en los párrafos 1º y 2º, sea que no cumpla las exigencias prescritas en el párrafo 3º.
ART. 12.—Protección de las unidades sanitarias. 1. Las unidades sanitarias serán respetadas y protegidas en todo momento y no serán objeto de ataque.
b) Estar reconocidas y autorizadas por la autoridad competente de una de las partes en conflicto, y
4. Las unidades sanitarias no serán utilizadas en ninguna circunstancia para tratar de poner objetivos militares a cubierto de los ataques. Siempre que sea posible, las partes en conflicto se asegurarán de que las unidades sanitarias no estén situadas de manera que los ataques contra objetivos militares las pongan en peligro.
ART. 13.—Cesación de la protección de las unidades sanitarias civiles. 1. La protección debida a las unidades sanitarias civiles solamente podrá cesar cuando se haga uso de ellas, al margen de sus fines humanitarios, con objeto de realizar actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.
c) El hecho de que en la unidad se encuentren armas portátiles y municiones recogidas a los heridos y enfermos, aún no entregadas al servicio competente, y
ART. 14.—Limitaciones a la requisa de unidades sanitarias civiles. 1. La potencia ocupante tiene la obligación de asegurar que las necesidades médicas de la población civil en el territorio ocupado sigan siendo satisfechas.
b) Que la requisa se mantenga únicamente mientras exista dicha necesidad, y
ART. 15.—Protección del personal sanitario y religioso civil. 1. El personal sanitario civil será respetado y protegido.
ART. 16.—Protección general de la misión médica. 1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontología, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.
3. Ninguna persona que ejerza una actividad médica podrá ser obligada a dar a nadie que pertenezca a una parte adversa, o a su propia parte, salvo lo que disponga la ley de esta última parte, información alguna sobre los heridos y los enfermos que estén o hayan estado asistidos por esa persona cuando, en su opinión, dicha información puediera ser perjudicial para los interesados o para sus familiares. No obstante, deberán respetarse las prescripciones sobre declaración obligatoria de enfermedades transmisibles.
ART. 17.—Cometido de la población civil y de las sociedades de socorro. 1. La población civil respetará a los heridos, enfermos y náufragos, aunque pertenezcan a la parte adversa, y no ejercerá ningún acto de violencia contra ellos. Se autorizará a la población civil y a las sociedades de socorro, tales como las sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), incluso por iniciativa propia, a recogerlos y prestarles cuidados, aun en las regiones invadidas u ocupadas. No se molestará, procesará, condenará ni castigará a nadie por tales actos humanitarios.
2. Las partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la población civil o a las sociedades de socorro mencionadas en el párrafo 1 para recoger y prestar cuidados a los heridos, enfermos y náufragos y para buscar a los muertos y comunicar dónde se encuentran; dichas partes concederán la protección y las facilidades necesarias a aquellos que respondan a tal llamamiento. Si la parte adversa adquiere o recupera el control de la región seguirá otorgando esta protección y las facilidades mencionadas mientras sean necesarias.
ART. 18.—Identificación. 1. Cada parte en conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario y religioso como las unidades y los medios de transporte sanitarios puedan ser identificados.
ART. 19.—Estados neutrales y otros estados que no sean partes en conflicto. Los estados neutrales y otros estados que no sean partes en conflicto observarán las disposiciones pertinentes del presente protocolo respecto de las personas protegidas por este título que pudieran ser recibidas o internadas en sus territorios, así como de los muertos de las partes en conflicto que recogieren.
ART. 20.—Prohibición de las represalias. Se prohíben las represalias contra las personas y los bienes protegidos por el presente título.
ART. 21.—Vehículos sanitarios. Los vehículos sanitarios serán respetados y protegidos del modo previsto en los convenios y el presente protocolo para las unidades sanitarias móviles.
ART. 22.—Buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento. 1. Las disposiciones de los convenios relativas:
a) A los buques descritos en los artículos 22, 24, 25 y 27 del II convenio;
b) A sus lanchas de salvamento y pequeñas embarcaciones;
a) Por un Estado neutral u otro Estado que no sea parte en ese conflicto, o
b) Por una organización internacional humanitaria imparcial, siempre que se cumplan en ambos casos los requisitos establecidos en el citado artículo.
ART. 23.—Otros buques y embarcaciones sanitarios. 1. Los buques y embarcaciones sanitarios distintos de los mencionados en el artículo 22 del presente protocolo y en el artículo 38 del II convenio, ya se encuentren en el mar o en otras aguas, serán respetados y protegidos del modo previsto en los convenios y en el presente protocolo para las unidades sanitarias móviles. Como esa protección sólo puede ser eficaz si es posible identificarlos y reconocerlos como buques y embarcaciones sanitarios, tales buques deberían llevar el signo distintivo y, en la medida de lo posible, dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 43 del II convenio.
2. Los buques y embarcaciones a que se refiere el párrafo I permanecerán sujetos a las leyes de la guerra. Todo buque de guerra que navegue en la superficie y que esté en condiciones de hacer cumplir inmediatamente su orden, podrá ordenarles que se detengan, que se alejen o que tomen una determinada ruta, y toda orden de esta índole deberá ser obedecida. Esos buques y embarcaciones no podrán ser desviados de ningún otro modo de su misión sanitaria mientras sean necesarios para los heridos, enfermos y náufragos que se encuentren a bordo.
3. La protección que otorga el párrafo I sólo cesará en las condiciones establecidas en los artículos 34 y 35 del II convenio. Toda negativa inequívoca a obedecer una orden dada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2º constituirá un acto perjudicial para el enemigo a los efectos del artículo 34 del II convenio.
5. Las disposiciones del artículo 37 del II convenio se aplicarán al personal sanitario y religioso de sus buques y embarcaciones.
ART. 24.—Protección de las aeronaves sanitarias. Las aeronaves sanitarias serán respetadas y protegidas de conformidad con las disposiciones del presente título.
ART. 25.—Aeronaves sanitarias en zonas no dominadas por la parte adversa. En las zonas terrestres dominadas de hecho por fuerzas amigas o en las marítimas no dominadas de hecho por una parte adversa, así como en su espacio aéreo, el respeto y la protección de las aeronaves sanitarias de una parte en conflicto no dependerán de acuerdo alguno con la parte adversa. No obstante, para mayor seguridad, la parte en conflicto que utilice sus aeronaves sanitarias en tales zonas podrá dar a cualquier parte adversa la notificación prevista en el artículo 29, especialmente cuando esas aeronaves efectúen vuelos que las pongan al alcance de los sistemas de armas superficie-aire de la parte adversa.
ART. 26.—Aeronaves sanitarias en zonas de contacto o similares. 1. En las partes de la zona de contacto que estén dominadas de hecho por fuerzas amigas y en las zonas cuyo dominio de hecho no esté claramente establecido, así como en su espacio aéreo, la protección de las aeronaves sanitarias sólo podrá ser plenamente eficaz si media un acuerdo previo entre las autoridades militares competentes de las partes en conflicto conforme a lo previsto en el artículo 29. Las aeronaves sanitarias que, a falta de tal acuerdo, operen por su cuenta y riesgo, deberán no obstante ser respetadas cuando hayan sido reconocidas como tales.
2. Se entiende por “zona de contacto” cualquier zona terrestre en que los elementos avanzados de las fuerzas opuestas estén en contacto unos con otros, en particular cuando estén expuestos a tiro directo desde tierra.
ART. 27.—Aeronaves sanitarias en zonas dominadas por la parte adversa. 1. Las aeronaves sanitarias de una parte en conflicto continuarán protegidas mientras sobrevuelen zonas marítimas o terrestres dominadas de hecho por una parte adversa, a condición de que para tales vuelos se haya obtenido previamente el acuerdo de la autoridad competente de dicha parte adversa.
2. La aeronave sanitaria que sobrevuele una zona dominada de hecho por la parte adversa sin el acuerdo previsto o en el párrafo 1º, o apartándose de lo convenido, debido a un error de navegación o a una situación de emergencia que comprometa la seguridad del vuelo, deberá hacer todo lo posible para identificarse e informar a la parte adversa acerca de las circunstancias en que se encuentra. Tan pronto como la parte adversa haya reconocido tal aeronave sanitaria, hará todo lo razonablemente posible para dar la orden de aterrizar o amarar a que se refiere el párrafo 1º del artículo 30 o para adoptar otras disposiciones con objeto de salvaguardar los intereses de esa parte y, en ambos casos, antes de recurrir a un ataque contra la aeronave, darle tiempo de obedecer.
ART. 28.—Restricciones relativas al uso de las aeronaves sanitarias. 1. Se prohíbe a las partes en conflicto utilizar sus aeronaves sanitarias para tratar de obtener una ventaja militar sobre una parte adversa. La presencia de aeronaves sanitarias no podrá utilizarse para tratar de poner objetivos militares a cubierto de un ataque.
2. Las aeronaves sanitarias no se utilizarán para recoger ni transmitir información militar y no transportarán equipo alguno destinado a esos fines. Se les prohíbe transportar personas o cargamento no comprendidos en la definición contenida en el apartado f) del artículo 8º. No se considerará prohibido el transporte a bordo de los efectos personales de los ocupantes o del equipo destinado exclusivamente a facilitar la navegación, las comunicaciones o la identificación.
ART. 29.—Notificaciones y acuerdos relativos a las aeronaves sanitarias. 1. Las notificaciones a que se refiere el artículo 25 y las solicitudes de acuerdo previo mencionadas en los artículos 26, 27, 28, párrafo 4º, y 31, deberán indicar el número previsto de aeronaves sanitarias, sus planes de vuelo y medios de identificación; tales notificaciones y solicitudes se interpretarán en el sentido de que los vuelos se efectuarán conforme a las disposiciones del artículo 28.
3. La parte que reciba una solicitud de acuerdo previo hecha en virtud de lo previsto en los artículos 26, 27, 28, párrafo 4º, o 31, notificará tan rápidamente como sea posible a la parte que haya hecho tal solicitud:
b) La denegación de la solicitud, o
ART. 30.—Aterrizaje e inspección de aeronaves sanitarias. 1. Las aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas dominadas de hecho por la parte adversa o zonas cuyo dominio no esté claramente establecido podrán ser intimadas a aterrizar o, en su caso, a amarar, a fin de que se proceda a la inspección prevista en los párrafos siguientes. Las aeronaves sanitarias obedecerán tal intimación.
2. Si una de tales aeronaves aterriza o amara, obedeciendo a una intimación o por cualquier otra circunstancia, sólo podrá ser objeto de inspección para comprobar los extremos a que hacen referencia los párrafos 3º y 4º de este artículo. La inspección será iniciada sin demora y efectuada rápidamente. La parte que proceda a la inspección no exigirá que sean desembarcados de la aeronave los heridos y enfermos, a menos que ello sea indispensable para la inspección. En todo caso esa parte cuidará de que esa inspección o ese desembarque no agrave el estado de los heridos y enfermos.
a) Es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8º;
c) No ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación del mismo cuando tal acuerdo se requiera, la aeronave y los ocupantes de la misma que pertenezcan a una parte adversa o a un Estado neutral o a otro Estado que no sea parte en el conflicto serán autorizados a proseguir el vuelo sin demora.
a) No es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8º;
ART. 31.—Estados neutrales u otros estados que no sean partes en conflicto. 1. Las aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea parte en el conflicto, ni aterrizar o amarar en él, salvo en virtud de acuerdo previo. Sin embargo, de mediar tal acuerdo, esas aeronaves serán respetadas mientras dure el vuelo y durante las eventuales escalas en tal territorio. No obstante, deberán obedecer toda intimación de aterrizar o, en su caso, amarar.
2. La aeronave sanitaria que, sin acuerdo previo o apartándose de lo estipulado en un acuerdo, sobrevuele el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea parte en conflicto, por error de navegación o a causa de una situación de emergencia que afecte a la seguridad del vuelo, hará todo lo posible para notificar su vuelo y hacerse identificar. Tan pronto como dicho Estado haya reconocido tal aeronave sanitaria, hará todo lo razonablemente posible por dar la orden de aterrizar o amarar a que se refiere el párrafo 1º. del artículo 30 o para adoptar otras disposiciones con objeto de salvaguardar los intereses de ese Estado y, en ambos casos, dar a la aeronave tiempo para obedecer, antes de recurrir a un ataque.
3. Si una aeronave sanitaria, con acuerdo previo o en las circunstancias mencionadas en el párrafo 2º, aterriza o amara en el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea parte en el conflicto, obedeciendo a una intimación o por cualquier otra circunstancia, quedará sujeta a inspección para determinar si se trata de una aeronave sanitaria. La inspección será iniciada sin demora y efectuada rápidamente. La parte que proceda a la inspección no exigirá que sean desembarcados de la aeronave los heridos y enfermos que dependen de la parte que utilice la aeronave a menos que ello sea indispensable para la inspección. En todo caso, esa parte cuidará de que tal inspección o desembarque no agrave el estado de los heridos y enfermos. Si la inspección revela que la aeronave es efectivamente una aeronave sanitaria, esa aeronave con sus ocupantes, salvo los que deban ser retenidos de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, será autorizada a proseguir su vuelo, y recibirá las facilidades apropiadas para ello. Si la inspección revela que esa aeronave no es una aeronave sanitaria, la aeronave será apresada y sus ocupantes serán tratados conforme a lo dispuesto en el párrafo 4º.
Personas desaparecidas y fallecidas
ART. 32.—Principio general. En la aplicación de la presente sección, las actividades de las altas partes contratantes, de las partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los convenios y en el presente protocolo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros.
ART. 33.—Desaparecidos. 1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin de las hostilidades activas, cada parte en conflicto buscará las personas cuya desaparición haya señalado una parte adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, esa parte adversa comunicará todas las informaciones pertinentes sobre las personas de que se trate.
a) Registrar en la forma dispuesta en el artículo 138 del IV convenio la información sobre tales personas, cuando hubieran sido detenidas, encarceladas o mantenidas en cualquier otra forma de cautiverio durante más de dos semanas como consecuencia de las hostilidades o de la ocupación o hubieran fallecido durante un período de detención, y
3. La información sobre las personas cuya desaparición se haya señalado, de conformidad con el párrafo 1º, y las solicitudes de dicha información serán transmitidas directamente o por conducto de la potencia protectora, de la agencia central de búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja, o de las sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos). Cuando la información no sea transmitida por conducto del Comité Internacional de la Cruz Roja y de su agencia central de búsqueda, cada parte en conflicto velará por que tal información sea también facilitada a esa agencia.
4. Las partes en conflicto se esforzarán por ponerse de acuerdo sobre disposiciones que permitan que grupos constituidos al efecto busquen, identifiquen y recuperen los muertos en las zonas del campo de batalla; esas disposiciones podrán prever, cuando proceda, que tales grupos vayan acompañados de personal de la parte adversa mientras lleven a cabo esas misiones en zonas controladas por ella. El personal de tales grupos deberá ser respetado y protegido mientras se dedique exclusivamente a tales misiones.
ART. 34.—Restos de las personas fallecidas. 1. Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la ocupación o mientras se hallaban detenidas por causa de la ocupación o de las hostilidades, y los de las personas que no fueren nacionales del país en que hayan fallecido a consecuencia de las hostilidades, deben ser respetados y las sepulturas de todas esas personas serán respetadas, conservadas y marcadas según lo previsto en el artículo 130 del IV convenio, en tanto que tales restos y sepulturas no se beneficien de condiciones más favorables en virtud de los convenios y del presente protocolo.
b) Asegurar la protección y el mantenimiento permanentes de tales sepulturas, y
ART. 35.—Normas fundamentales. 1. En todo conflicto armado, el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado.
ART. 36.—Armas nuevas. Cuando una alta parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el presente protocolo o por cualquier otra norma de derecho internacional aplicable a esa alta parte contratante.
ART. 37.—Prohibición de la perfidia. 1. Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Constituirán perfidia los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarla, den a entender a este que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. Son ejemplos de perfidia los actos siguientes:
c) Simular el estatuto de persona civil, no combatiente, y
ART. 38.—Emblemas reconocidos. 1. Queda prohibido hacer uso indebido del signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos o de otros emblemas, signos o señales establecidos en los convenios o en el presente protocolo. Queda prohibido también abusar deliberadamente, en un conflicto armado, de otros emblemas, signos o señales protectores internacionalmente reconocidos, incluidos la bandera de parlamento y el emblema protector de los bienes culturales.
ART. 39.—Signos de nacionalidad. 1. Queda prohibido hacer uso en un conflicto armado de las banderas o de los emblemas, insignias o uniformes militares de estados neutrales o de otros estados que no sean partes en el conflicto.
ART. 40.—Cuartel. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario o conducir las hostilidades en función de tal decisión.
ART. 41.—Salvaguardia del enemigo fuera de combate. 1. Ninguna persona podrá ser objeto de ataque cuando se reconozca o, atendidas las circunstancias, deba reconocerse que está fuera de combate.
b) Que exprese claramente su intención de rendirse, o
c) Que esté inconsciente o incapacitada en cualquier otra forma a causa de heridas o de enfermedad y sea, por consiguiente, incapaz de defenderse.
ART. 42.—Ocupantes de aeronaves. 1. Ninguna persona que se lance en paracaídas de una aeronave en peligro será atacada durante su descenso
ART. 43.—Fuerzas armadas. 1. Las fuerzas armadas de una parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa parte, aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por una parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir, interalia, las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.
ART. 44.—Combatientes y prisioneros de guerra. 1. Todo combatiente, tal como queda definido en el artículo 43, que caiga en poder de una parte adversa será prisionero de guerra.
a) Durante todo enfrentamiento militar, y
5. El combatiente que caiga en poder de una parte adversa mientras no participe en un ataque ni en una operación militar preparatoria de un ataque, no perderá, a consecuencia de sus actividades anteriores, el derecho a ser considerado como combatiente y prisionero de guerra.
ART. 45.—Protección de personas que han tomado parte en las hostilidades. 1. La persona que participe en las hostilidades y caiga en poder de una parte adversa se presumirá prisionero de guerra y, por consiguiente, estará protegida por el III convenio cuando reivindique el estatuto de prisionero de guerra, cuando parezca tener derecho al mismo, o cuando la parte de que dependa reivindique ese estatuto en su favor mediante una notificación a la potencia detenedora o a la potencia protectora. Si hubiere alguna duda respecto a su derecho al estatuto de prisionero de guerra, tal persona continuará beneficiándose de este estatuto y, en consecuencia, seguirá gozando de la protección del III convenio y del presente protocolo hasta que un tribunal competente haya decidido al respecto.
3. La persona que haya tomado parte en las hostilidades y no tenga derecho al estatuto de prisionero de guerra ni disfrute de un trato más favorable de conformidad con lo dispuesto en el IV convenio, tendrá derecho en todo momento a la protección del artículo 75 del presente protocolo. Tal persona, cuando se encuentre en territorio ocupado y siempre que no se halle detenida como espía, disfrutará también, no obstante lo establecido en el artículo 5º del IV convenio, de los derechos de comunicación previstos en ese convenio.
ART. 46.—Espías. 1. No obstante cualquier otra disposición de los convenios o del presente protocolo, el miembro de las fuerzas armadas de una parte en conflicto que caiga en poder de una parte adversa mientras realice actividades de espionaje no tendrá derecho al estatuto de prisionero de guerra y podrá ser tratado como espía.
ART. 47.—Mercenarios. 1. Los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra.
Protección general contra los efectos de las hostilidades
Norma fundamental y ámbito de aplicación
ART. 48.—Norma fundamental. A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil, las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares.
ART. 49.—Definición de ataques y ámbito de aplicación. 1. Se entiende por “ataques” los actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos.
Personas civiles y población civil
ART. 50.—Definición de personas civiles y de población civil. 1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3) y 6), del III convenio, y el artículo 43 del presente protocolo. En caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil.
ART. 51.—Protección de la población civil. 1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, además de las otras normas aplicables de derecho internacional, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.
b) Los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto, o
c) Los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido por el presente protocolo.
a) Los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, que traten como objetivo militar único varios objetivos militares precisos y claramente separados situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil, y
Bienes de carácter civil
ART. 52.—Protección general de los bienes de carácter civil. 1. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias. Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares en el sentido del párrafo 2.
ART. 53.—Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto. Sin perjuicio de las disposiciones de las Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y de otros instrumentos internacionales aplicables, queda prohibido:
b) Utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar, y
ART. 54.—Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. 1. Queda prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles.
a) Utilice tales bienes exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus fuerzas armadas, o
5. Habida cuenta de las exigencias vitales que para toda parte en conflicto supone la defensa de su territorio nacional contra la invasión, una parte en conflicto podrá dejar de observar las prohibiciones señaladas en el párrafo 2 dentro de este territorio que se encuentre bajo su control cuando lo exija una necesidad militar imperiosa.
ART. 55.—Protección del medio ambiente natural. 1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población.
ART. 56.—Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. 1. las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil. Los otros objetivos militares ubicados en esas obras o instalaciones, o en sus proximidades, no serán objeto de ataques cuando tales ataques puedan producir la liberación de fuerzas peligrosas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil.
ART. 57.—Precauciones en el ataque. 1. Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil.
b) Un ataque será suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no es militar o que goza de protección especial, o que es de prever que el ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista, y
ART. 58.—Precauciones contra los efectos de los ataques. Hasta donde sea factible, las partes en conflicto:
Localidades y zonas bajo protección especial
ART. 59.—Localidades no defendidas. 1. Queda prohibido a las partes en conflicto atacar, por cualquier medio que sea, localidades no defendidas.
2. Las autoridades competentes de una parte en conflicto pueden declarar localidad no defendida cualquier lugar habitado que se encuentre en la proximidad o en el interior de una zona donde las fuerzas armadas estén en contacto y que esté abierta a la ocupación de una parte adversa. Tal localidad habrá de reunir las condiciones siguientes:
c) Ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad, y
4. La declaración que se haga en virtud del párrafo 2º será dirigida a la parte adversa y definirá e indicará, con la mayor precisión posible, los límites de la localidad no definida. La parte en conflicto que reciba la declaración acusará recibo de ella y tratará a esa localidad como localidad no defendida a menos que no concurran efectivamente las condiciones señaladas en el párrafo 2º, en cuyo caso lo comunicará inmediatamente a la parte que haya hecho la declaración. Aunque no concurran las condiciones señaladas en el párrafo 2º, la localidad continuará gozando de la protección prevista en las demás disposiciones del presente protocolo y las otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.
5. Las partes en conflicto podrán ponerse de acuerdo para el establecimiento de localidades no defendidas, incluso si tales localidades no reúnen las condiciones señaladas en el párrafo 2º. El acuerdo debería definir e indicar, con la mayor precisión posible, los límites de la localidad no defendida; si fuere necesario, podrá fijar las modalidades de supervisión.
7. Una localidad perderá su estatuto de localidad no defendida cuando deje de reunir las condiciones señaladas en el párrafo 2º o en el acuerdo mencionado en le párrafo 5º. En tal caso, la localidad continuará gozando de la protección prevista en las demás disposiciones del presente protocolo y las otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.
ART. 60.—Zonas desmilitarizadas. 1. Queda prohibido a las partes en conflicto extender sus operaciones militares a las zonas a las que hayan conferido, mediante acuerdo, el estatuto de zona desmilitarizada, si tal extensión es contraria a lo estipulado en ese acuerdo.
Las partes en conflicto se pondrán de acuerdo sobre la interpretación que proceda dar a la condición señalada en el apartado d) y sobre las personas que, aparte las mencionadas en el párrafo 4º, puedan ser admitidas en la zona desmilitarizada.
4. La presencia en esa zona de personas especialmente protegidas por los convenios y por el presente protocolo, así como la de fuerzas de policía retenidas con la única finalidad de mantener el orden público, no se opone a las condiciones señaladas en el párrafo 3º.
7. La violación grave por una de las partes en conflicto de las disposiciones de los párrafos 3º ó 6º liberará a la otra parte de las obligaciones dimanantes del acuerdo por el que se confiere a la zona el estatuto de zona desmilitarizada. En tal caso, la zona perderá su estatuto pero continuará gozando de la protección prevista en las demás disposiciones del presente protocolo y en las otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.
ART. 61.—Definiciones y ámbito de aplicación. Para los efectos del presente protocolo:
x) Provisión de alojamiento y abastecimiento de urgencia;
c) Se entiende por “personal” de organismos de protección civil las personas asignadas por una parte en conflicto exclusivamente al desempeño de las tareas mencionadas en el apartado a), incluido el personal asignado exclusivamente a la administración de esos organismos por la autoridad competente de dicha parte, y
ART. 62.—Protección general. 1. Los organismos civiles de protección civil y su personal serán respetados y protegidos, de conformidad con las disposiciones del presente protocolo y en particular de la presente sección. Dichos organismos y su personal tendrán derecho a desempeñar sus tareas de protección civil, salvo en casos de imperiosa necesidad militar.
2. Las disposiciones del párrafo 1º se aplicarán así mismo a las personas civiles que, sin pertenecer a los organismos civiles de protección civil, respondan al llamamiento de las autoridades competentes y lleven a cabo bajo su control tareas de protección civil.
ART. 63.—Protección civil en los territorios ocupados. 1. En los territorios ocupados, los organismos civiles de protección civil recibirán de las autoridades todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus tareas. En ninguna circunstancia se obligará a su personal a llevar a cabo actividades que dificulten el cabal cumplimiento de sus tareas. La potencia ocupante no podrá introducir en la estructura ni en el personal de esos organismos ningún cambio que pueda perjudicar el cumplimiento eficaz de su misión. No se obligará a dichos organismos a que actúen con prioridad en favor de los nacionales o de los intereses de la potencia ocupante.
5. La potencia ocupante podrá requisar o destinar a otros fines los mencionados recursos siempre que continúe observando la regla general prevista en el párrafo 4º, bajo las condiciones particulares siguientes:
a) Que los edificios o el material sean necesarios para satisfacer otras necesidades de la población civil, y
ART. 64.—Organismos civiles de protección civil de los estados neutrales u otros estados que no sean partes en conflicto y organismos internacionales de protección civil. 1. Los artículos 62, 63, 65 y 66 se aplicarán también al personal y al material de los organismos civiles de protección civil de los estados neutrales u otros estados que no sean partes en conflicto y que lleven a cabo las tareas de protección mencionadas en el artículo 61 en el territorio de una parte en conflicto, con el consentimiento y bajo el control de esa parte. Esta asistencia será notificada a cada parte adversa interesada lo antes posible. En ninguna circunstancia se considerará esta actividad como una injerencia en el conflicto. Sin embargo, debería realizarse tomando debidamente en cuenta los intereses en materia de seguridad de las partes en conflicto afectadas.
2. Las partes en conflicto que reciban la asistencia mencionada en el párrafo 1º y las altas partes contratantes que la concedan deberían facilitar, si procede, la coordinación internacional de tales actividades de protección civil. En ese caso, las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a los organismos internacionales competentes.
ART. 65.—Cesación de la protección civil. 1. La protección a la cual tienen derecho los organismos civiles de protección civil, su personal, edificios, refugios y material, únicamente podrá cesar si cometen o son utilizados para cometer, al margen de sus legítimas tareas, actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.
b) El hecho de que el personal civil de los servicios de protección civil coopere con el personal militar en el cumplimiento de sus tareas o de que se agreguen algunos militares a los organismos civiles de protección civil, y
ART. 66.—Identificación. 1. Cada parte en conflicto procurará asegurar que tanto los organismos de protección civil, como su personal, edificios y material, mientras estén asignados exclusivamente al cumplimiento de tareas de protección civil, puedan ser identificados. Los refugios destinados a la población civil deberían ser identificables de la misma manera.
2. Cada una de las partes en conflicto procurará también adoptar y aplicar métodos y procedimientos que permitan identificar los refugios civiles, así como el personal, edificios y material de protección civil que utilizan el signo distintivo internacional de la protección civil.
6. La aplicación de las disposiciones previstas en los párrafos 1º a 4º se regirá por el Capítulo V del Anexo I del presente protocolo.
7. En tiempo de paz, el signo descrito en el párrafo 4º podrá utilizarse, con el consentimiento de las autoridades nacionales competentes, para identificar a los servicios de protección civil.
9. La identificación del personal sanitario y religioso, de las unidades sanitarias y de los medios de transporte sanitarios de la protección civil se regirá así mismo por el artículo 18.
ART. 67.—Miembros de las fuerzas armadas y unidades militares asignados a organismos de protección civil. 1. Los miembros de las fuerzas armadas y las unidades militares que se asignen a organismos de protección civil serán respetados y protegidos a condición de:
d) Que ese personal y esas unidades estén dotados sólo de armas individuales ligeras con el propósito de mantener el orden o para su propia defensa. Las disposiciones del párrafo 3º del artículo 65 se aplicarán también en este caso;
e) Que ese personal no participe directamente en las hostilidades, y que no cometa ni sea utilizado para cometer, al margen de sus tareas de protección civil, actos perjudiciales para la parte adversa, y
Queda prohibida la inobservancia de las condiciones establecidas en el apartado e) por parte de cualquier miembro de las fuerzas armadas que cumpla los requisitos establecidos en los apartados a) y b).
2. Si el personal militar que preste servicio que en organismos de protección civil cae en poder de una parte adversa, será considerado prisionero de guerra. En territorio ocupado se le podrá emplear, siempre que sea exclusivamente en interés de la población civil de ese territorio, para tareas de protección civil en la medida en que sea necesario, a condición, no obstante, de que, si esas tareas son peligrosas, se ofrezca voluntario para ellas.
4. El material y los edificios de las unidades militares asignadas permanentemente a organismos de protección civil y exclusivamente destinados al desempeño de las tareas de la protección civil seguirán estando sujetos a las leyes de la guerra si caen en poder de una parte adversa. Salvo en caso de imperiosa necesidad militar, no podrán ser destinados, sin embargo, a fines distintos de la protección civil mientras sean necesarios para el desempeño de tareas de protección civil, a no ser que se hayan adoptado previamente las disposiciones adecuadas para atender las necesidades de la población civil.
Socorros en favor de la población civil
ART. 68.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta sección se aplican a la población civil, entendida en el sentido de este protocolo, y completan los artículos 23, 55, 59, 60, 61 y 62 y demás disposiciones pertinentes del IV convenio.
ART. 69.—Necesidades esenciales en territorios ocupados. 1. Además de las obligaciones que, en relación con los víveres y productos médicos le impone el artículo 55 del IV convenio, la potencia ocupante asegurará también, en la medida de sus recursos y sin ninguna distinción de carácter desfavorable, la provisión de ropa de vestir y de cama, alojamientos de urgencia y otros su ministros que sean esenciales para la supervivencia de la población civil en territorio ocupado, así como de los objetos necesarios para el culto.
2. Las acciones de socorro en beneficio de la población civil de los territorios ocupados se rigen por los artículos 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 y 111 del IV Convenio, así como por lo dispuesto en el artículo 71 de este protocolo, y serán llevadas a cabo sin retraso.
ART. 70.—Acciones de socorro. 1. Cuando la población civil de cualquier territorio que, sin ser territorio ocupado, se halle bajo el control de una parte en conflicto esté insuficientemente dotada de los suministros mencionados en el artículo 69, se llevarán a cabo, con sujeción al acuerdo de las partes interesadas, acciones de socorro que tengan carácter humanitario e imparcial y sean realizadas sin ninguna distinción de carácter desfavorable. El ofrecimiento de tales socorros no será considerado como injerencia en el conflicto armado ni como acto hostil. En la distribución de los envíos de socorro se dará prioridad a aquellas personas que, como los niños, las mujeres encinta, las parturientas y las madres lactantes, gozan de trato privilegiado o de especial protección de acuerdo con el IV convenio o con el presente protocolo.
2. Las partes en conflicto y las altas partes contratantes permitirán y facilitarán el paso rápido y sin trabas de todos los envíos, materiales y personal de socorro suministrados de acuerdo on lo dispuesto en esta sección, incluso en el caso de que tal asistencia esté destinada a la población civil de la parte adversa.
3. Las partes en conflicto y las altas partes contratantes que permitan el paso de los envíos, materiales y personal de socorro de acuerdo con el párrafo 2º:
a) Tendrán derecho ha fijar las condiciones técnicas, incluida la investigación, bajo las que se permitirá dicho paso;
b) Podrán supeditar la concesión de ese permiso a la condición de que la distribución de la asistencia se haga bajo la supervisión local de una potencia protectora, y
4. Las partes en conflicto protegerán los envíos de socorro y facilitarán su rápida distribución.
5. Las partes en conflicto y las altas partes contratantes interesadas promoverán y facilitarán la coordinación internacional efectiva de las acciones de socorro a que se refiere el párrafo 1º.
ART. 71.—Personal que participa en las acciones de socorro. 1. Cuando sea necesario, podrá formar parte de la asistencia prestada en cualquier acción de socorro personal de socorro, en especial para el transporte y distribución de los envíos; la participación de tal personal quedará sometida a la aprobación de la parte en cuyo territorio haya de prestar sus servicios.
4. El personal de socorro no podrá en ninguna circunstancia, exceder los límites de su misión de acuerdo con lo dispuesto en este protocolo. Tendrá en cuenta, en especial, las exigencias de seguridad de la parte en cuyo territorio presta sus servicios. Podrá darse por terminada la misión de todo miembro del personal de socorro que no respete estas condiciones.
Trato a las personas en poder de una parte en conflicto
Ámbito de aplicación y protección de las personas y de los bienes
ART. 72.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta sección completan las normas relativas a la protección humanitaria de las personas civiles y de los bienes de carácter civil en poder de una parte en conflicto enunciadas en el IV convenio, en particular en sus títulos I y III, así como las demás normas aplicables de derecho internacional referentes a la protección de los derechos humanos fundamentales durante los conflictos armados de carácter internacional.
ART. 73.—Refugiados y apátridas. Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, fueren consideradas como apátridas o refugiadas en el sentido de los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por las partes interesadas o de la legislación nacional del estado que las haya acogido o en el que residan, lo serán, en todas las circunstancias y sin ninguna distinción de índole desfavorable, como personas protegidas en el sentido de los títulos I y III del IV convenio.
ART. 74.—Reunión de familias dispersas. Las altas partes contratantes y las partes en conflicto facilitarán en toda la medida de lo posible la reunión de las familias que estén dispersas a consecuencia de conflictos armados y alentarán en particular la labor de las organizaciones humanitarias que se dediquen a esta tarea conforme a las disposiciones de los convenios y del presente protocolo y de conformidad con sus respectivas normas de seguridad.
ART. 75.—Garantías fundamentales. 1. Cuando se encuentren en una de las situaciones a que hace referencia el artículo 1º del presente protocolo, las personas que estén en poder de una parte en conflicto y que no disfruten de un trato más favorable en virtud de los convenios o del presente protocolo serán tratadas en toda circunstancia con humanidad y se beneficiarán, como mínimo, de la protección prevista en el presente artículo sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión o las creencias, las opiniones políticas o de otro género, el origen nacional o social, la fortuna, el nacimiento u otra condición o cualesquiera otros criterios análogos. Cada parte respetará la persona, el honor, las convicciones y las prácticas religiosas de todas esas personas.
a) El procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora de los detalles de la infracción que se le atribuya y garantizará al acusado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de este, todos los derechos y medios de defensa necesarios;
a) Las personas acusadas de tales crímenes deberán ser sometidas a procedimiento y juzgadas de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional, y
8. Ninguna de las disposiciones del presente artículo podrá interpretarse de manera que pueda limitar o infringir cualquier otra disposición más favorable y que ofrezca a las personas comprendidas en el párrafo 1º una mayor protección en virtud de otras normas aplicables del derecho internacional.
Medidas en favor de las mujeres y de los niños
ART. 76.—Protección de las mujeres. 1. Las mujeres serán objeto de un respeto especial y protegidas en particular contra la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor.
2. Serán atendidos con prioridad absoluta los casos de mujeres encinta y de madres con niños de corta edad a su cargo, que sean arrestadas, detenidas o internadas por razones relacionadas con el conflicto armado.
3. En toda la medida de lo posible, las partes en conflicto procurarán evitar la imposición de la pena de muerte a las mujeres encinta o a las madres con niños de corta edad a su cargo por delitos relacionados con el conflicto armado. No se ejecutará la pena de muerte impuesta a esas mujeres por tales delitos.
ART. 77.—Protección de los niños. 1. Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razón.
2. Las partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar personas de más de 15 años pero menores de 18 años, las partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad.
3. Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del párrafo 2º, participarán directamente en las hostilidades niños menores de 15 años y cayeran en poder de la parte adversa, seguirán gozando de la protección especial concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros de guerra.
4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el conflicto armado, los niños serán mantenidos en lugares distintos de los destinados a los adultos, excepto en los casos de familias alojadas en unidades familiares en la forma prevista en el párrafo 5º del artículo 75.
5. No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción, fuesen menores de 18 años.
ART. 78.—Evacuación de los niños. 1. Ninguna parte en conflicto dispondrá la evacuación a un país extranjero de niños que no sean nacionales suyos, salvo en caso de evacuación temporal, cuando así lo requieran razones imperiosas relacionadas con la salud del niño, su tratamiento médico o, excepto en territorio ocupado, su seguridad. Cuando pueda encontrarse a los padres o tutores, se requerirá el consentimiento escrito de éstos para la evacuación. Si no se los puede encontrar, se requerirá para esa evacuación el consentimiento escrito de las personas que conforme a la ley o a la costumbre sean las principales responsables de la guarda de los niños. Toda evacuación de esa naturaleza será controlada por la potencia protectora de acuerdo con las partes interesadas, es decir, la parte que organice la evacuación, la parte que acoja a los niños y las partes cuyos nacionales sean evacuados. En todos los casos, todas las partes en el conflicto tomarán las máximas precauciones posibles para no poner en peligro la evacuación.
2. Cuando se realice una evacuación de conformidad con el párrafo 1º, la educación del niño, incluida la educación religiosa y moral que sus padres deseen, se proseguirá con la mayor continuidad posible mientras se halle en el país a donde haya sido evacuado.
ART. 79.—Medidas de protección de periodistas. 1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles en el sentido del párrafo 1 del artículo 50.
2. Serán protegidos como tales de conformidad con los convenios y el presente protocolo, a condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil y sin perjuicio del derecho que asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas armadas a gozar del estatuto que les reconoce el artículo 4º, A. 4) del III convenio.
3. Podrán obtener una tarjeta de identidad según el modelo del anexo II del presente protocolo. Esta tarjeta, que será expedida por el gobierno del estado del que sean nacionales o en cuyo territorio residan, o en que se encuentre la agencia de prensa u órgano informativo que emplee sus servicios, acreditará la condición de periodista de su titular.
Ejecución de los convenios y del presente protocolo
ART. 80.—Medidas de ejecución. 1. Las altas partes contratantes y las partes en conflicto adoptarán sin demora todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de los convenios y del presente protocolo.
2. Las altas partes contratantes y las partes en conflicto darán las órdenes e instrucciones oportunas para garantizar el respeto de los convenios y del presente protocolo y velarán por su aplicación.
ART. 81.—Actividades de la Cruz Roja y de otras organizaciones humanitarias. 1. Las partes en conflicto darán al Comité Internacional de la Cruz Roja todas las facilidades que esté en su poder otorgar para que pueda desempeñar las tareas humanitarias que se le atribuyen en los convenios y en el presente protocolo a fin de proporcionar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos; el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá ejercer también cualquier otra actividad humanitaria en favor de esas víctimas, con el consentimiento previo de las partes en conflicto interesadas.
4. Las altas partes contratantes y las partes en conflicto darán, en la medida de lo posible, facilidades análogas a las mencionadas en los párrafos 2 y 3 a las demás organizaciones humanitarias a que se refieren los convenios y el presente protocolo, que se hallen debidamente autorizadas por las respectivas partes en conflicto y que ejerzan sus actividades humanitarias con arreglo a las disposiciones de los convenios y del presente protocolo.
ART. 82.—Asesores jurídicos en las fuerzas armadas. Las altas partes contratantes en todo tiempo, y las partes en conflicto en tiempo de conflicto armado, cuidarán de que, cuando proceda, se disponga de asesores jurídicos que asesoren a los comandantes militares, al nivel apropiado, acerca de la aplicación de los convenios y del presente protocolo y de la enseñanza que deba darse al respecto a las fuerzas armadas.
ART. 83.—Difusión. 1. Las altas partes contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, los convenios y el presente protocolo en sus países respectivos y, especialmente, a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y a fomentar su estudio por parte de la población civil, de forma que esos instrumentos puedan ser conocidos por las fuerzas armadas y la población civil.
2. Las autoridades militares o civiles que, en tiempo de conflicto armado, asuman responsabilidades en cuanto a la aplicación de los convenios y del presente protocolo deberán estar plenamente al corriente de su texto.
ART. 84.—Leyes de aplicación. Las altas partes contratantes se comunicarán, lo más pronto posible, por mediación del depositario y, en su caso, por mediación de las potencias protectoras, sus traducciones oficiales del presente protocolo, así como las leyes y reglamentos que adopten para garantizar su aplicación.
Represión de las infracciones de los convenios o del presente protocolo
ART. 85.—Represión de las infracciones del presente protocolo. 1. Las disposiciones de los convenios relativas a la represión de las infracciones y de las infracciones graves, completadas por la presente sección, son aplicables a la represión de las infracciones y de las infracciones graves del presente protocolo.
b) Lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o a bienes de carácter civil o a sabiendas de que tal ataque causará muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil, que sean excesivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii);
c) Lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil, que sean excesivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii);
e) Hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que está fuera de combate, y
d) El hecho de dirigir un ataque a monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto claramente reconocidos que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y a los que se haya conferido protección especial en virtud de acuerdos especiales celebrados, por ejemplo, dentro del marco de una organización internacional competente, causando como consecuencia extensas destrucciones de los mismos, cuando no haya pruebas de violación por la parte adversa del apartado b) del artículo 53 y cuando tales monumentos históricos, lugares de culto u obras de arte no estén situados en la inmediata proximidad de objetivos militares, y
ART. 86.—Omisiones. 1. Las altas partes contratantes y las partes en conflicto deberán reprimir las infracciones graves y adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen todas las demás infracciones de los convenios o del presente protocolo que resulten del incumplimiento de un deber de actuar.
2. El hecho de que la infracción de los convenios o del presente protocolo haya sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinaria, según el caso, a sus superiores, si éstos sabían o poseían información que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal infracción y si no tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa infracción.
ART. 87.—Deberes de los jefes. 1. Las altas partes contratantes y las partes en conflicto exigirán que los jefes militares, en cuanto se refiere a los miembros de las fuerzas armadas que están a sus órdenes y a las demás personas que se encuentren bajo su autoridad, impidan las infracciones de los convenios y del presente protocolo y, en caso necesario, las repriman y denuncien a las autoridades competentes.
3. Las altas partes contratantes y las partes en conflicto obligarán a todo jefe que tenga conocimiento de que sus subordinados y otras personas bajo su autoridad van a cometer o han cometido una infracción de los convenios o del presente protocolo a que tome las medidas necesarias para impedir tales violaciones de los convenios o del presente protocolo y, en caso necesario, promueva una acción disciplinaria o penal contra los autores de las violaciones.
ART. 88.—Asistencia mutua judicial en materia penal. 1. Las altas partes contratantes se prestarán la mayor asistencia posible en lo que respecta a todo proceso penal relativo a las infracciones graves de los convenios o del presente protocolo.
3. En todos los casos, será aplicable la ley de la alta parte contratante requerida. No obstante, las disposiciones de los párrafos precedentes no afectarán a las obligaciones que emanen de las disposiciones contenidas en cualquier otro tratado de carácter bilateral o multilateral que rija o haya de regir, total o parcialmente, en el ámbito de la asistencia mutua judicial en materia penal.
ART. 89.—Cooperación. En situaciones de violaciones graves de los convenios o del presente protocolo, las altas partes contratantes se comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
ART. 90.—Comisión internacional de encuesta. 1. a) Se constituirá una comisión internacional de encuesta, en adelante llamada “la comisión”, integrada por quince miembros de alta reputación moral y de reconocida imparcialidad;
b) En el momento en que veinte altas partes contratantes por lo menos hayan convenidos en aceptar la competencia de la comisión de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, y ulteriormente a intervalos de cinco años, el depositario convocará una reunión de representantes de esas altas partes contratantes, con el fin de elegir a los miembros de la comisión. En dicha reunión, los representantes elegirán a los miembros de la comisión por votación secreta, de una lista de personas para la cual cada una de esas altas partes contratantes podrá proponer un nombre;
c) Los miembros de la comisión actuarán a título personal y ejercerán su mandato hasta la elección de nuevos miembros en la reunión siguiente;
d) Al proceder a la elección, las altas partes contratantes se asegurarán de que cada candidato posea las calificaciones necesarias y de que, en su conjunto, la comisión ofrezca una representación geográfica equitativa;
e) Si se produjera una vacante, la propia comisión elegirá un nuevo miembro tomando debidamente en cuenta las disposiciones de los apartados precedentes, y
2. a) En el momento de firmar, ratificar o adherirse al protocolo, o ulteriormente en cualquier otro momento, las altas partes contratantes podrán declarar que reconocen ipso facto y sin acuerdo especial, con relación a cualquier otra alta parte contratante que acepte la misma obligación, la competencia de la comisión para proceder a una investigación acerca de las denuncias formuladas por esa otra parte, tal como lo autoriza el presente artículo;
b) Las declaraciones antes mencionadas serán presentadas al depositario, que enviará copias de las mismas a las altas partes contratantes;
ii) Facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una actitud de respeto de los convenios y del presente protocolo;
d) En otros casos, la comisión procederá a una investigación a petición de una parte en conflicto únicamente con el consentimiento de la otra o las otras partes interesadas, y
ii) Dos miembros ad hoc que no sean nacionales de las partes en conflicto, nombrados cada uno respectivamente por cada una de ellas, y
4. a) La sala, constituida conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 para proceder a una investigación, invitará a las partes en conflicto a comparecer y a presentar pruebas. La sala procurará además obtener las demás pruebas que estime convenientes y efectuar una investigación in loco de la situación;
b) Todas las pruebas se darán a conocer íntegramente a las partes interesadas, las cuales tendrán derecho a hacer observaciones al respecto a la comisión, y
5. a) La comisión presentará a las partes interesadas un informe acerca de las conclusiones a que haya llegado la sala sobre los hechos, acompañado de las recomendaciones que considere oportunas;
b) Si la sala se viera en la imposibilidad de obtener pruebas suficientes para llegar a conclusiones objetivas e imparciales, la comisión dará a conocer las razones de tal imposibilidad, y
6. La comisión establecerá su propio reglamento, incluidas las normas relativas a las presidencias de la comisión y de la sala. Esas normas garantizarán que las funciones de presidente de la comisión sean ejercidas en todo momento y que, en caso de investigación, se ejerzan por persona que no sea nacional de las partes en conflicto.
7. Los gastos administrativos de la comisión serán sufragados mediante contribuciones de las altas partes contratantes que hayan hecho declaraciones de conformidad con el párrafo 2, y mediante contribuciones voluntarias. La parte o las partes en conflicto que pidan que se proceda a una investigación anticiparán los fondos necesarios para cubrir los gastos ocasionados por una sala y serán reembolsadas por la parte o las partes que hayan sido objeto de las denuncias hasta el cincuenta por ciento de tales gastos. En caso de presentarse denuncias recíprocas a la sala, cada una de las dos partes anticipará el cincuenta por ciento de los fondos necesarios.
ART. 91.—Responsabilidad. La parte en conflicto que violare las disposiciones de los convenios o del presente protocolo estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas.
ART. 92.—Firma. El presente protocolo quedará abierto a la firma de las partes en los convenios seis meses después de la firma del acta final y seguirá abierto durante un período de doce meses.
ART. 93.—Ratificación. El presente protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Consejo Federal Suizo, depositario de los convenios.
ART. 94.—Adhesión. El presente protocolo quedará abierto a la adhesión de toda parte en los convenios no signataria de este protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del depositario.
ART. 95.—Entrada en vigor. 1. El presente protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado dos instrumentos de ratificación o de adhesión.
ART. 96.—Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor del presente protocolo. 1. Cuando las partes en los convenios sean también partes en el presente protocolo, los convenios se aplicarán tal como quedan completados por este.
3. La autoridad que represente a un pueblo empeñado contra una alta parte contratante en un conflicto armado del tipo mencionado en el párrafo 4 del artículo 1º podrá comprometerse a aplicar los convenios y el presente protocolo en relación con ese conflicto por medio de una declaración unilateral dirigida al depositario. Esta declaración, cuando haya sido recibida por el depositario, surtirá en relación con tal conflicto los efectos siguientes:
b) La mencionada autoridad ejercerá los mismos derechos y asumirá las mismas obligaciones que las altas partes contratantes en los convenios y en el presente protocolo, y
ART. 97.—Enmiendas. 1. Toda alta parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente protocolo. El texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras celebrar consultas con todas las altas partes contratantes y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.
ART. 98.—Revisión del anexo I. 1. En el plazo máximo de cuatro años, a partir de la entrada en vigor del presente protocolo y, en los sucesivo, a intervalos de cuatro años por lo menos, el Comité Internacional de la Cruz Roja consultará a las altas partes contratantes con respecto al anexo I del presente protocolo y, si lo estima necesario, podrá proponer la celebración de una reunión de expertos técnicos para que revisen el anexo I y propongan las enmiendas al mismo que parezcan convenientes. A menos que, dentro de los seis meses siguientes a la comunicación a las altas partes contratantes de una propuesta para celebrar tal reunión, se oponga a ésta un tercio de ellas, el Comité Internacional de la Cruz Roja convocará la reunión e invitará también a ella a observadores de las organizaciones internacionales pertinentes. El Comité Internacional de la Cruz Roja convocará también tal reunión en cualquier momento a petición de un tercio de las altas partes contratantes.
6. El depositario notificará a las altas partes contratantes y a las partes en los convenios la entrada en vigor de toda enmienda, las partes por ella obligadas, la fecha de su entrada en vigor para cada una de las partes, las declaraciones de no aceptación hechas con arreglo al párrafo 4, así como los retiros de tales declaraciones.
ART. 99.—Denuncia. 1. En el caso de que una alta parte contratante denuncie el presente protocolo, la denuncia sólo surtirá efecto un año después de haberse recibido el instrumento de denuncia. No obstante, si al expirar ese año la parte denunciante se halla en una de las situaciones previstas en el artículo 1º., los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el final del conflicto armado o de la ocupación y, en todo caso, mientras no terminen las operaciones de liberación definitiva, repatriación o reasentamiento de las personas protegidas por los convenios o por el presente protocolo.
ART. 100.—Notificaciones. El depositario informará a las altas partes contratantes y a las partes en los convenios, sean o no signatarias del presente protocolo, sobre:
d) Las declaraciones recibidas de conformidad con el párrafo 3 del artículo 96, que serán comunicadas por el procedimiento más rápido posible, y
ART. 101.—Registro. 1. Una vez haya entrado en vigor el presente protocolo, el depositario lo transmitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
ART. 102.—Textos auténticos. El original del presente protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el cual enviará copias certificadas conformes a todas las partes en los convenios.
Bogotá, D. E., 17 de octubre de 1990
(Fdo.) Luis Fernando Jaramillo Correa,
ART. 1º—Apruébase el “Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I)”, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I)”, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional.
Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a 21 de julio de 1992.
NOTA: Este tratado trae unos anexos relativos a tarjetas de identidad, signos distintivos, señales distintivas, que se pueden consultar en la entidad de origen de la norma.