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Timestamp: 2019-11-19 14:49:47
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Matched Legal Cases: ['artículo 63', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1']

La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo: 1979-2004
Varios autores, La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo: 1979-2004
Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2005, 1228 pp.
En el curso de los años han aparecido diversos libros que contienen abundantes estudios acerca de la Corte Interamericana, así como monografías en español e inglés. Esta creciente bibliografía, a la que han concurrido destacados especialistas de numerosos países, constituye una excelente aportación al conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y de sus mecanismos de aplicación en el ámbito americano. En la relación de obras publicadas se hallan, asimismo, las destinadas a difundir la jurisprudencia de la Corte. Sobre este último asunto sólo mencionaré ahora la obra en dos volúmenes que tuve oportunidad de coordinar —y cuya elaboración se debe a la Secretaría de la Corte Interamericana, por medio del eficiente equipo de abogados con que cuenta— coeditada por la Corte Interamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México: La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la. ed, 2001; 2a. ed., 2006).
El libro que aquí comento recoge un prólogo introductorio a la obra misma, como es natural, y al desarrollo de la Corte Interamericana. En seguida figuran ocho estudios a los que me referiré en el orden en que aparecen en el libro y cuyos autores —mencionados en ese mismo orden— somos el suscrito, Alirio Abreu Burelli, Oliver Jackman, Antonio Augusto Caneado Trindade, Cecilia Medina Quiroga, Manuel E. Ventura Robles y Diego García Sayán, todos ellos jueces integrantes del Tribunal (los doctores Abreu, Caneado y Jackman concluyen su desempeño al final de 2006), y Pablo Saavedra Alessandri, Secretario del órgano judicial. Tras los artículos se reproducen, como antes dije, los documentos que constan en la citada Memoria de instalación. En seguida figura un amplio conjunto de cuadros estadísticos que informa sobre el desenvolvimiento de la Corte en la atención de los temas de su competencia. A continuación se despliega la jurisprudencia, bajo el rubro "Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1979-2004)", que constituye la mayor parte del libro, con mucho: páginas 517 a 1220. Cierra la publicación una lista de sentencias emitidas por la Corte, de las que provienen los criterios jurisprudenciales indicados, que también tienen fuente en opiniones consultivas.
En el mismo prólogo se plantea el campo de atribuciones de la Corte y se alude a los temas que ésta ha debido abordar en el des empeño de aquéllas, así como a los desarrollos obtenidos a través de una intensa actividad normativa que se ha traducido en cuatro reglamentos, cada uno de los cuales ha contribuido significativamente al avance del enjuiciamiento y, por esta vía, a la mejor protección de los derechos humanos. En las líneas introductorias que ahora invoco hago nota que la publicación de este libro contribuye a una tarea sugerida por la propia Corte, en 2004, en los foros políticos de la Organización de los Estados Americanos. Se resume en la propuesta de "emprender un esfuerzo amplio de reflexión compartida, en el que concurrieran —cada quien desde su propia perspectiva— los órganos de la OEA, la Corte y la Comisión, los Estados, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, instituciones y grupos de la sociedad civil, observadores externos y académicos". De este proceso podrían surgir "sugerencias útiles para rectificar, reformar, avanzar y consolidar. Un examen amplio, serio y sereno, practicado con buena voluntad, pudiera ser un excelente paso dentro de la nueva etapa que ahora estamos iniciando" (p. IX).
El primer artículo que aparece en la escena, del que soy autor, se refiere a "La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones" (pp. 1 y ss.). Esta es una proyección del sistema de protección de derechos humanos que ha conseguido notable desarrollo. Se ha podido afirmar que constituye uno de los sectores con mayor progreso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El largo trecho recorrido en esta materia se aprecia al tomar en cuenta que las primeras decisiones reparatorias dictadas por el Tribunal en los "casos hondureños" se contrajeron a "indemnizaciones compensatorias", como se indicaba en la denominación misma de las sentencias respectivas. Ahora, en cambio —siempre a partir de la interpretación evolutiva del artículo 63 de la Convención Americana— el tema de las reparaciones —género en el que se inscribe la especie de las indemnizaciones— abarca mucho más que eso: desde reformas constitucionales —así, en el Caso Olmedo Bus tos ("La Ultima Tentación de Cristo") vs. Chile— y derogación de leyes o reformas legislativas de diverso alcance, hasta satisfacciones honoríficas y programas de formación en derechos humanos y desarrollo social en el seno de comunidades cuyos miembros han sido afectados por violaciones a derechos humanos.
La diferencia de tradiciones y formaciones —que convergen, sin embargo, en una cultura común y finalidades compartidas— se proyecta sobre lo que pudiésemos llamar el "estilo" judicial de los integrantes del colegio de juzgadores. Más directo, sucinto, pragmática es el enfoque de quienes provienen del mundo del common law, a cambio de que sea más discursivo, académico, doctrinal, el de quienes proceden de la tradición del civil law (pp. 156y 157). Al final de su artículo, Jackman se refiere a la naciente Corte de Justicia del Caribe (Caribbean Court of Justice), llamada a relevar en la instancia de apelación al Privy Council —que durante mucho tiempo ha conocido, como órgano de segundo grado, las causas que en primera instancia resuelven los tribunales caribeños—, y con jurisdicción origina para resolver las controversias que surjan en el marco del Tratado de Chaguaramas, instrumento generador de la Comunidad del Caribe (Caricom) (p. 157).
La obra comentada recoge el estudio "The Emancipation of the Individual from his Ows State: the Historical Recovery of the Human Person as Subject of the Law of Nations", cuyo autor es el doctor Antonio Caneado Trindade, quien fuera vicepresidente y presidente de la Corte Interamericana. Este trabajo se informa en las conferencias dictadas por el autor en diversas instituciones profesionales y académicas de Japón —Kyoto, Hiroshima, Tokyo—, en las que se refirió a la presencia del individuo en el orden jurídico internacional, que constituye el progreso más relevante de la doctrina internacional en la segunda mitad del siglo XX y el principio del siglo XXI. A este respecto, el profesor Caneado reflexiona sobre la pertinencia y posibilidad de que también Asia construya, como se ha hecho en otras regiones del planeta, un sistema propio de protección internacional de los derechos humanos (pp. 162-164).
El documentado trabajo del doctor Caneado Trindade se ocupa, en primer término, de la aparición del individuo en el emergente derecho internacional. Para exponer este punto, se refiere a las señeras contribuciones de los teólogos españoles —así, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez— y al concepto de jus gentium de Hugo Grocio. Revisa, igualmente, la materia examinada a la luz del pensamiento de Samuel Puffendorf y Christian Wolff. Establecida la presencia del ser humano —no sólo del Estado— en esa etapa clásica del derecho internacional, se analiza en seguida la corriente posterior que excluyó al individuo de este escenario y cultivó la dominante presencia de los Estados, bajo el impulso de ideas derivadas de la filosofía hegeliana (pp. 164 y ss.).
En el desarrollo de su trabajo, Caneado Trindad examina la personalidad y capacidad del individuo para los fines de acceso a la justicia internacional. A esta cuestión se ha referido en numerosos trabajos previos y en la evolución del Reglamento de la Corte Interamericana, que hoy día ofrece una más amplia legitimación a la víctima en el enjuiciamiento internacional sobre derechos humanos. Como ejemplo de progresos estimables, de diverso carácter —pero cifrados, todos ellos, en el reconocimiento del ser humano como titular de derechos sustantivos que deben reflejarse en el ejercicio de derechos procesales— invoca varios pronunciamientos relevantes de la Corte Interamericana, así como votos personales en casos resueltos por ésta: cita, entre otras decisiones, las relativas al Caso Niños de la Calle (Vitlagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Opinión Consultiva OC-17/2002, sobre Condición Jurídica y Derechos Humanos de los Niños, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua y OC-18/2003, sobre Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (pp. 199y ss.).
En este trabajo se examina la interpretación de las normas que consagran derechos humanos, utilizando las reglas que al respecto ha acuñado el derecho internacional. Esto conduce al estudio de las disposiciones contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. La autora destaca que "la interpretación pro persona es... una característica importante de la interpretación de las normas sobre derechos humanos, que constituye el norte que debe guiar al intérprete en todo momento" (p. 220). En seguida examina los derechos protegidos por la CADH: civiles y políticos, en la mayoría de los supuestos cubiertos por el tratado, y económicos, sociales y culturales, considerados en el artículo 26. La autora indaga las obligaciones de los Estados tanto en relación con los derechos de la primera categoría como a propósito de los derechos correspondientes a la segunda. Plantea y desarrolla algunas interrogantes acerca de dichas obligaciones en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales. "A lo que se obligan los Estados —manifiesta— es a respetar y garantizar un estándar mínimo" (p. 228), y plantea la necesidad de llevar adelante mayores estudios sobre las cuestiones que esta obligación suscita, así como en torno a las atribuciones de la Comisión y de la Corte Interamericanas como órganos de protección de tales derechos.
Un apartado del trabajo de la doctora Medina Quiroga se destina al examen de la atribución de responsabilidad al Estado (pp. 235 y ss.), bajo normas de derecho internacional. A continuación analiza, dentro de los conceptos recogidos en el artículo 1.1 CADH, el alcance del término "jurisdicción", que determina la obligación del Estado con respecto a las personas: "toda persona —dice el precepto— que esté sujeta a su jurisdicción". Asimismo, examina el contenido de las obligaciones, señaladas en esa norma, de respetar y garantizar, tema que la Corte ha debido desarrollar en su más temprana jurisprudencia. Posteriormente se refiere a la obligación de adoptar medidas, consignada en el artículo 2o., cuya presencia en la CADH es cuestionable. "Dado el desarrollo que han tenido los derechos en la Convención Americana. se hace cada día más tenue la línea que separa el artículo 2o. de la obligación de garantizar del artículo 1.1" (p. 255).
El juez Ventura Robles formula diversas conclusiones acerca de los temas que deben considerar los Estados miembros de la OEA para fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Aun cuando el propósito del artículo es "mostrar la necesidad urgente de allegar fondos a la Corte Interamericana para que pueda cumplir satisfactoriamente con sus altas funciones convencionales, en razón del demostrado incremento del número de casos sometidos al Tribunal" (p. 301), la parte de conclusiones del trabajo comentado menciona otras cuestiones importantes; así: acceso directo del individuo a la Corte, papel de la Comisión Interamericana una vez que el caso ha sido sometido al conocí miento jurisdiccional, incremento observado en el número de jueces ad-hoc y "necesidad de establecer un órgano de la propia OEA, para supervisar el cumplimiento de las sentencias que dicta la Corte" (p. 302).
El doctor Diego García Sayán aportó a la obra colectiva el estudio "Una viva interacción: Corte Interamericana y Tribunales Internos". En el proemio de este trabajo, que ilustra acerca del desarrollo que ha tenido la recepción jurisprudencial nacional de los criterios adoptados por la Corte Interamericana como intérprete de la CADH —recepción que constituye, hay que subrayarlo, uno de los objetivos mayores del sistema interamericano de protección, considerado en forma integral y con sentido práctico—, el doctor García Sayán observa que "importantes tribunales latinoamericanos vienen nutriéndose de la jurisprudencia de la Corte en un proceso que podríamos llamar de <<nacionalización>> del derecho internacional de los derechos humanos" (p. 325). Advierte el autor que el panorama que proporciona acerca de esta materia se ha hecho "en torno a una rápida selección de la jurisprudencia nacional que se ha considerado más destacada". No obstante esta limitación, el trabajo comentado contribuye muy significativamente al conocimiento del estado que guarda esta materia en el Continente Americano, del que deriva una alentadora imagen sobre los progresos alcanzados en una etapa relativamente breve.
Abunda el autor en su comentario sobre el carácter y el significado de esa recepción nacional cuando observa la relevancia del proceso de aplicación de normas "a la luz de las dinámicas del conjunto de instituciones públicas y, en particular, de los tribunales nacionales". Éstos han de "cumplir un papel singular como uno de los vehículos principal es para que el Estado pueda efectivamente guiarse por los tratados internacionales sobre derechos humanos y aplicarlos en su jurisprudencia y accionar cotidianos". Hace ver que "crecientemente altos tribunales de varios países de la región se nutren de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en asuntos sustantivos muy complejos y críticos" (p. 330). La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre cuestiones de la mayor relevancia para el régimen de tutela de los derechos humanos en los países de nuestro Continente. Esto confiere a las decisiones de ese tribunal —señala García Sayán— "una relevancia cualitativa que, naturalmente, lo será cuantitativa en la medida en que los tribunales nacionales actúen en concordancia con los criterios de la Corte para casos semejantes que ésta no ha conocido ni podrá conocer" (p. 332).
El secretario de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra Alessandri, es autor del artículo relativo a "La respuesta de la jurisprudencia de la Corte Interamericana a las diversas formas de impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y sus consecuencias", en el que vuelve sobre un tema que analizó previamente como ponente en el Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2004. En la introducción a este trabajo se alude al proceso de democratización en países americanos a partir de la década de los ochenta y a ciertos dilemas que ese proceso ha planteado; por ejemplo, la "disyuntiva entre <<reconciliación nacional>> e <<investigación y sanción de los responsables>> de graves violaciones a los derechos humanos, situación que ha provocado una variada gama de <<soluciones>> y a su vez problemas" (p. 387).
En este trabajo se examina el deber de respeto y garantía de los derechos humanos a la luz del denominado deber de justicia penal, así como la persistencia de la impunidad entendida como "no-punibilidad", "ausencia de castigo" o "ausencia de pena". Sobre este último fenómeno existen —señala el autor— dos vertientes sujetas a consideración: impunidad normativa o legal, en un extremo, e impunidad estructural, en el otro, expresiones que Saavedra toma de una obra de Kai Ambos. La impunidad normativa tiene su fuente en una norma jurídica que "conlleva una renuncia expresa o extinción por parte del Estado del ejercicio de su potestad punitiva en cuanto a su pretensión o sanción". Bajo esta categoría, se lleva a cabo el examen de las leyes de autoamnistía, ampliamente consideradas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana a partir del Caso Castitlo Páez vs. Perú, en 1997; y de la prescripción y ciertas eximentes de responsabilidad penal.
En la sección de conclusiones, Saavedra Alessandri llama la atención sobre la necesidad, producto del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, de "replantearnos conceptos tradicionales del derecho procesal penal arraigados en los sistemas jurídicos internos y a mirar desde una óptica diferente su aplicación a fin de conjugarlos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, su evolución y los vatores que lo inspiran" (p. 412). El autor pone de manifiesto las respuestas aportadas por la Corte Interamericana a diversas cuestiones del derecho penal y del enjuiciamiento criminal y subraya la gravedad que reviste, para el sistema de protección de los derechos humanos en su conjunto, la persistencia de una impunidad que constituye —señala— "un factor agravante de afectación a la dignidad humana" (id.).
Como señalé, la segunda parte de la obra analizada, que es la más extensa, contiene los "Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1979-2004)". Es ésta la primera vez que se lleva a cabo un trabajo de concentración de la doctrina del Tribunal, en la forma que aquí figura, llamada a difundir la jurisprudencia sustentada en el curso de un cuarto de siglo sobre una gran variedad de temas. Para ello se contó con la colaboración de la licenciada Paula Lizano, ex funcionaría del Tribunal. Los textos contenidos en esta segunda parte abarcan los criterios adoptados entre septiembre de 1979 y julio de 2005, fecha de cierre de la recopilación. Los criterios han sido clasificados conforme al orden alfabético de los conceptos sobre los que versan y en orden cronológico inverso: primero aparece el pronunciamiento más reciente, cuando existen varios en torno al mismo asunto. Entre comillas se recogen los textos que reproducen literalmente las expresiones de la Corte; no figuran entre comillas aquéllos en los que se presenta el sentido del pronunciamiento, sin reproducirlo literalmente. La evolución de la jurisprudencia queda a la vista a través de epígrafes que anuncian los cambios: tras el criterio actual figuran "Redacción anterior", "Redacción similar" u "Otra redacción". En suma, se trata de un trabajo —siempre sujeto a mejoramiento y actualización— que informa, con apreciable despliegue de datos y referencias que permiten acceder a ellos, acerca del desarrollo de la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos, que es, en fin de cuentas, el instrumento con el que el Tribunal contribuye, sirviendo a su competencia, al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.