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Timestamp: 2018-09-25 15:51:03
Document Index: 333202599

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 85', 'artículo 13', 'artículo 40', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 71', 'artículo 69', 'artículo 35', 'artículo 152', 'artículo 3711', 'artículo 85', 'artículo 2']

﻿ Sentencia 2009-00086 de marzo 18 de 2010
SENTENCIA 2009-00086 DE 18 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:LA APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 1285 DE 2009, ESTABLECIÓ SU OBLIGATORIEDAD PARA LOS ASUNTOS QUE SEAN CONCILIABLES. POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 1285 DISPONE QUE DICHA EXIGENCIA RIGE A PARTIR DE SU PROMULGACIÓN. POR LO TANTO, AL SER UNA NORMA PROCESAL ES DE APLICACIÓN INMEDIATA, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 6º DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONCILIACIÓN JUDICIAL, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Sentencia 2009-00086 de marzo 18 de 2010
Rad.: 13001-23-31-000-2009-00086-01
Actor: Lesbia del Carmen Barranco Heras
Demandado: Empresa social del Estado, Hospital San Pablo de Cartagena en Liquidación
Referencia: Apelación auto
Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la actora, contra el proveído de 14 de mayo de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto rechazó la demanda.
I.1. La ciudadana Lesbia del Carmen Barranco Heras, por intermedio de apoderado, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones 204 de 29 de septiembre de 2008 y 319 de 5 de noviembre de 2008, expedidas por la empresa social del Estado, Hospital San Pablo de Cartagena —en liquidación—.
El tribunal rechazó la demanda por considerar que al tratarse de una acción de nulidad y restablecimiento, debía observarse lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, que exige como requisito de procedibilidad el intento de conciliación extrajudicial.
La actora estima que el acto acusado constituye una vía de hecho por defecto sustantivo, en síntesis, por lo siguiente:
Que el proveído impugnado desconoce el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual las exigencias para el inicio del juicio se rigen por la ley vigente al momento en que empiezan a correr los términos de la caducidad, que en el caso sub judice serían las normas vigentes a noviembre 18 de 2008, momento en que no existía como requisito de procedibilidad para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la obligación de agotar la conciliación extrajudicial.
Explica que al rechazar de plano la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sin tener en cuenta la solicitud de suspensión provisional del acto acusado, se configuró una vía de hecho por defecto sustantivo y de procedimiento, toda vez que cuando se solicita una medida cautelar, de conformidad con el inciso 5º del artículo 35 de la Ley 640 de 2001, la demanda puede interponerse sin necesidad de conciliación extrajudicial previa.
Así mismo, sostiene que la ley consagra de manera taxativa los casos en que puede ser rechazada de plano la demanda, y en ninguno de los eventos consagrados por la ley existe la posibilidad de hacerlo por no cumplir con el requisito de conciliación extrajudicial en las demandas de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
En el caso sub examine, la controversia gira en torno a resolver tres problemas jurídicos, a saber, determinar si la Ley 1285 de 2008 es aplicable en el caso objeto de estudio; establecer si el asunto de que tratan las resoluciones acusadas, es conciliable; y si la solicitud de suspensión provisional excusa a la parte actora de cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.
PAR. 2º—No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario” (resaltado y subrayado fuera de texto).
Así mismo, según se infiere del texto transcrito solo era viable para los asuntos de carácter particular y de contenido económico, pero nunca en asuntos de carácter tributario.
Solo fue a partir de la entrada en vigencia del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, tal como fue publicada en el Diario Oficial 44303 de 24 de enero de 2001 en cumplimiento del Decreto 131 de 2001 y según la corrección que le hizo el artículo 2º de este, que se dispuso la conciliación como requisito de procedibilidad en algunas acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo. Allí se estableció:
En dicho momento legislativo, la conciliación como requisito de procedibilidad solo era exigible en las acciones de reparación directa y de controversias contractuales (CCA, arts. 86 y 87).
“ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial” (resaltado fuera de texto).
Por su parte, el artículo 28 de la Ley 1285 dispone que dicha exigencia rige a partir de su promulgación. Por lo tanto, al ser una norma procesal es de aplicación inmediata, según lo dispone el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que para el caso objeto de estudio, es menester antes de proveer sobre la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, verificar si el asunto era conciliable, y en consecuencia, si era obligación de la parte actora, aportar constancia del intento de conciliación.
Para el efecto, reitera la Sala que dicho requisito se entenderá cumplido de acuerdo con lo previsto en la Ley 640 de 2001, cuando se efectúe la audiencia sin que se logre el acuerdo o cuando vencido el término de 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud, la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa. En este último evento, se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación.
Con todo, puede acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero.
Los asuntos conciliables en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, están entonces, guiados por la disposición que tenga la persona del bien jurídico, presuntamente afectado por el acto administrativo, es decir, al tenor de la Ley 446 de 1998, en los que sean susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley.
Ahora bien, considera la Sala que es necesario confirmar el auto apelado toda vez que los actos administrativos acusados son de contenido económico y es posible conciliar sus efectos económicos.
El contenido de los actos administrativos acusados hace referencia a la reclamación económica de doscientos cuarenta y seis millones doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete pesos $ 246.284.417, por concepto de servicios integrales prestados de laboratorio clínico a la entidad demandada.
En este sentido, resalta la Sala que el artículo 71 de la Ley 446 de 1998 dispone que todo acto administrativo podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, que para el caso concreto es la causal contenida en el numeral 3º del citado artículo, ya que con la decisión adoptada en el acto acusado de no reconocer unas acreencias de la actora, le causan a ella un agravio injustificado.
Lo anterior se evidencia a folio 35, donde la demandante reclama a la ESE Hospital San Pablo de Cartagena el pago de la suma de $ 246.284.417, dinero que considera debe ser incluido en la masa de liquidación de la entidad.
El asunto tratado envuelve la existencia de un derecho subjetivo en cabeza de la parte actora, derecho que envuelve una naturaleza económica y en consecuencia susceptible de transacción, desistimiento y allanamiento.
De igual forma se observa que no se trata de un asunto tributario y por lo mismo no resulta aplicable lo dispuesto en la Ley 640 de 2001, donde de manera expresa excluye la conciliación como requisito de procedibilidad, en dichos asuntos.
Lo anterior, permite concluir a la Sala que el asunto estudiado es de aquellos que son conciliables y por tanto, la actuación del juez de primera instancia, de exigir el cumplimiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad fue ajustada a derecho.
Por último, sobre si la solicitud de suspensión provisional excusa a la parte actora de cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, observa la Sala que el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 dispone:
ART. 35.—Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas.
PAR.—Cuando la conciliación extrajudicial en derecho sea requisito de procedibilidad y se instaure la demanda judicial, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 22 y 29 de esta ley el juez impondrá multa a la parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia. Esta multa se impondrá hasta por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura (resaltado y subrayado fuera de texto).
Estima la Sala que las medidas cautelares de que trata el citado artículo hacen referencia a aquellas previstas en el Código de Procedimiento Civil y que tienen como finalidad evitar que el deudor se insolvente.
Por su parte, la suspensión provisional prevista en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo suspende un acto administrativo, por manifiesta infracción entre las normas invocadas como vulneradas, cuando las entidades estatales o las particulares que cumplan funciones administrativas expiden un acto administrativo manifiestamente ilegal. De ello se sigue que al guardar una naturaleza y finalidad distintas, no pueden ser asimiladas.
En consecuencia, la solicitud de suspensión provisional no excusa a la parte actora de cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.
CONFÍRMASE el proveído recurrido.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de marzo de 2010.
Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—María Claudia Rojas Lasso—Marco Antonio Velilla Moreno.
(1) Expediente 2002-00493, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.
(2) El motivo de la corrección reseñada se presentó en la parte considerativa del citado Decreto 131 de 2001, así: “Que en el artículo 3711 de la Ley 640 de 2001 se incluyó una referencia al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la cual es errada toda vez que el legislador solo aprobó referenciar los artículos 86 y 87 del mismo código, tal como consta en el texto aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes y en el texto de la comisión accidental de conciliación, aprobado por las plenarias de las cámaras, ambos el 12 de diciembre de 2000”. El artículo 2º del mismo, que dispuso tal corrección, fue encontrado ajustado a derecho por esta Sala, en sentencia de 30 de enero de 2004, expediente 6914, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad que se interpuso contra el mismo.