Source: https://blog.erreius.com/2017/09/26/ordenan-inscribir-preventivamente-como-progenitores-a-quienes-expresaron-su-voluntad-procreacional/
Timestamp: 2018-12-11 12:18:28
Document Index: 18122576

Matched Legal Cases: ['artículo 562', 'in fine', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 129', 'in Fine', 'artículo 562', 'artículo 2', 'artículo 78', 'artículo 81', 'artículo 35']

Ordenan inscribir como progenitores a quienes expresaron su voluntad procreacional
Ordenan inscribir preventivamente como progenitores a quienes expresaron su voluntad procreacional
Se revoca la sentencia que había rechazado “in limine” la acción de amparo deducida, y se hace lugar a la tutela preventiva ordenando que el Registro inscriba en términos preventivos a los menores nacidos por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, denominada gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por los progenitores con voluntad procreacional, sin emplazar como progenitor a la persona gestante cuando -previa y fehacientemente- hubiera expresado no tener voluntad procreacional.
Asimismo, se ordena que sean debidamente incorporados los datos de la gestante en el legajo base, a fin de respetar el derecho a la identidad de los niños y niñas pertenecientes a dicho colectivo. Ello así, a efectos de resguardar acabadamente -durante el tiempo que demande la sustanciación de esta causa- los derechos de los menores alcanzados por la medida cautelar, en particular, el derecho a la identidad y todos los derechos que por añadidura les competen.
Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros c/GCBA y otros s/amparo – otros
Ciudad de Buenos Aires, 17 de agosto de 2017.
Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por los coactores Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y M. R., en su carácter de Secretaria General de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) a fs. 98/108, contra la sentencia obrante a fs. 82/84 vta., a través de la cual la magistrada de grado rechazó in limine la acción de amparo deducida.
I. A fs. 1/39, dedujeron acción de amparo colectivo e individual el Defensor del Pueblo de la C.A.B.A., la FALGBT, y los señores D. R. y G. G. S. M.
El objeto del amparo colectivo persigue que se ordene al GCBA que “…inscriba a los niños y niñas nacidos/as por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, denominada gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por él/la, los/as comitente/s con voluntad procreacional, SIN emplazar como progenitor/a a la persona gestante SIN voluntad procreacional, y declarar la inconstitucionalidad de toda norma que impida o vulnere el derecho a la identidad de niños y niñas pertenecientes a dicho universo colecti vo” (fs. 2). Por su parte, la pretensión individual de los co- actores R. y S. M. consiste en que se mande “…al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Capital Federal, proceda a la inscripción del nacimiento de nuestrxs hijxs D. y T…. quienes fueron concebidos mediante el método de gestación solidaria (subrogación, gestión por sustitución); reconociendo y garantizando la copaternidad registral igualitaria de Diego y Gabriel, conforme lo prescribe la legislación vigente (en especial el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, art. 42 Ley 26618, art. 3 Ley 26061, Resolución n° 38-SSJU-2012), los principios generales del derecho, el interés superior del niño y la protección integral de la familia; advirtiendo que una interpretación en contrario importaría una flagrante violación de los principios y derechos citados; toda vez que D. y T. fueron concebidos únicamente por nuestra voluntad procreacional y es esa la realidad familiar que debe reconocer el Estado” (fs. 2 y vta.).
Para así decidir, por un lado, sostuvo que el amparo colectivo pretende “…en abstracto, hacer un control de legalidad de la normativa involucrada y/o de la omisión del Estado Nacional -Poder Legislativo- de legislar casos como los aquí planteados”. Sobre el particular agregó que “ese control podría canalizarse a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad, pero única y exclusivamente cuando ella versa sobre la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad (conf. art. 17 de la ley 402), circunstancia que no ocurre en este caso por tratarse de la interpretación y aplicación de normas relativas al derecho de familia contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación”.
Por el otro y “…con relación a la pretensión deducida… por los restantes coactores (puntos b y c del objeto de la demanda)”, invocó el precedente del Tribunal Superior de Justicia “X., T. S. y otros s/ información sumaria s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” (expte. N° 11927/15). En dicho fallo, el TSJ confirmó las sentencias de las instancias judiciales previas que declararon la incompetencia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario local por hallarse en juego la dilucidación de cuestiones esenciales de la relación filial, que exigen a los operadores jurídicos efectuar una valoración de los extremos probatorios arrimados y la interpretación de distintas normas del plexo jurídico; para lo cual se debe contar con una especial versación en la materia. Con tales fundamentos, reconoció la competencia de la Justicia nacional en lo Civil de la Capital Federal (fs. 83 vta.).
A ello agregó que “la presente acción, tal y como ella fue planteada, aun cuando ella pudiera llegar a tramitarse ante estos tribunales, ella no podría prosperar contra el GCBA por cuanto no advierto en su postura una acción u omisión arbitraria o manifiestamente ilegítima que la instituya como legitimada pasiva en esta acción”. Señaló que “el proceder del Registro de Estado Civil y de Capacidad de las Personas en casos como el de autos, no fue sino la consecuencia de hacer cumplir la ley civil en los términos en los que ella ha sido dictada”. Más aún, sostuvo que “no es el GCBA el que estaría impidiendo la inscripción de los menores D. y T. como se pretende, sino que ello es la consecuencia derivada de una decisión tomada ex professo, por el Estado Nacional -Poder Legislativo- al momento de sancionar… el artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación” (fs. 84).
Adujo que “…aun cuando se llegase a decidir la inconstitucionalidad de aquella norma, queda por establecer la filiación de los menores con los padres, circunstancia que -valga remarcar- resulta ajena a toda actividad que pueda realizar el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas” (fs. 84).
Frente a esa decisión, los actores dedujeron recurso de apelación (ver fs. 98/108), el que fuera concedido exclusivamente respecto del Defensor del Pueblo de la C.A.B.A. y la FALGBT -apartado I.1., fs. 110-, conforme las circunstancias que se desprenden de fs. 110 y vta., punto I.3. y II.1.
b. No obstante lo anterior, cabe recordar que la competencia es una cuestión de orden público, tal como lo establece expresamente el art. 2°, in fine, de la ley 189. De allí que sea revisable incluso de oficio y, además, su estudio no queda circunscripto por los términos de la sentencia ni por los agravios de la parte. Por ello, la decisión sobre el particular -competencia del Tribunal- abarcará ambas pretensiones de alcance individual y colectivo.
c. Sentado lo anterior, cabe recordar que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la competencia de los tribunales locales está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad (ley 7), cuyo artículo 48 establece que la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario entiende en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. Concordantemente, el ya mencionado art. 2°, en su primera parte, establece que “Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado…”.
En otras palabras, de los dos presupuestos -objetivo y subjetivo– que normalmente se encuentran presentes en todo proceso de esta naturaleza (conf. Diez, op. cit., pág. 69), únicamente el subjetivo es tenido en cuenta por la ley local a efectos de determinar la competencia de este fuero.
Como consecuencia de ello, cabe afirmar que para establecer la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad en un caso concreto, el juez no debe atenderse a la materia sobre la que versa el litigio o la naturaleza de las cuestiones debatidas -con excepción de los hechos que han sido expresamente atribuidos por el legislador de la Ciudad al conocimiento de otros tribunales locales, sino a la circunstancia de que sea o no parte en el proceso alguna de las autoridades administrativas que enumera el artículo 1 del CCBA.
No resulta sobreabundante poner de resalto que la atribución de competencia que queda así establecida es perfectamente compatible con las disposiciones de los artículos 81 inc. 2 y 106 de la Constitución de la Ciudad, y con las facultades propias de legislación y jurisdicción que el artículo 129 de la Constitución Nacional reconoce a la Ciudad de Buenos Aires.
Por un lado, tal como surge del escrito inicial, la acción deducida -tanto en su aspecto colectivo como individual- persigue la obtención de una orden judicial dirigida al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Capital Federal, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que “inscriba” a los niños y niñas “nacidos/as por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, denominada gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por él/la, los/as comitente/s con voluntad procreacional, SIN emplazar como progenitor/a a la persona gestante SIN voluntad procreacional”.
Se desprende entonces que la parte demandada es el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el cual -conforme surge del ordenamiento jurídico vigente- debe ser organizado “por los gobiernos locales” (art. 2, ley 26.413). Pues bien, dado que el mencionado Registro es un órgano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los autos deben continuar tramitando ante este fuero local, según el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, el sujeto demandado es una autoridad administrativa en los términos del Código Procesal local.
Cabe aquí recordar que la Corte Suprema -más allá de las particularidades propias de la causa- falló a favor de la competencia local en un caso en el cual se debatían derechos civiles (CSJN, “Lamuedra, Ernesto Ricardo c/ Bernath, Damián Ariel y otro s/ nulidad de matrimonio”, sentencia del 27/09/2011, con remisión al dictamen de la señora Procuradora Fiscal).
Así pues, a diferencia de lo sostenido por la a quo, debo concluir que la interpretación armónica del ordenamiento jurídico aplicable a la especie y los términos en que fue planteada la demanda (que se refiere al reclamo sobre el registro de los nacimientos), conducen a afirmar la competencia de la justicia local para entender en estos actuados, pues no debe perderse de vista que se trata del ejercicio de funciones administrativas propias (locales) por parte de una autoridad administrativa local, a lo que cabe agregar que configura una obligación de los jueces resguardar la competencia local, no sólo porque garantiza la intervención del juez natural (art. 18, CN y 13, inc. 3, CCBA), sino porque, además, se trata de una cuestión de orden público (cf. esta Sala, in re, “Sosa Jonatan Rafael contra GCBA sobre Amparo”, Expte. N° EXP 39474/0, 14 de febrero de 2012).
e. Más aún, advierto que, en autos, el objeto de la acción no persigue, en principio, despejar una cuestión de filiación de los menores en relación con sus progenitores, sino meramente registral, esto es, el modo en que corresponde anotar a los menores nacidos por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad, denominada gestación solidaria, en el respectivo registro y con el debido resguardo de sus derechos.
Tampoco advierto -al menos en este estado inicial de la causa- controversia entre partes sobre derechos filiatorios no reconocidos o -en su caso- impugnaciones a registros filiales ya existentes, en particular, a partir de lo expuesto en el “OTROSI DIGO” suscripto por la gestante (fs. 38 vta./39) en donde manifiesta su “…expresa y libre voluntad de haber simplemente gestado en favor de D. y G., sin voluntad procreacional, sin haber aportado mis gametos” y, en igual sentido, su petición de “no ser emplazada como madre”.
f. En síntesis, se trata, a mi entender -y más allá de la solución de fondo que corresponda adoptar a partir de las constancias adjuntadas a la causa, la prueba producida y el derecho vigente-, de obtener una inscripción en el registro civil local de los nacimientos precedidos por las técnicas descriptas.
No obstante ello, si aun por hipótesis, la cuestión residiera en la interpretación que dicho organismo registral debiera hacer de las reglas del Código Civil y Comercial de la Nación, la competencia seguiría siendo local, pues la interpretación de tales normas e, incluso, el análisis de su constitucionalidad en vinculación con las conductas omisivas de una autoridad administrativa local no son cuestiones ajenas a los jueces de este fuero. En efecto, no debe omitirse que el art. 2° de la ley 189, explícitamente, advierte que son causas contenciosas administrativas aquéllas donde se demande a una autoridad administrativa “…cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado”.
IV.2. Improcedencia formal de la vía del amparo. Ausencia de acción u omisión arbitraria y manifiestamente ilegítima de la demandada. Imposibilidad de perseguir el control abstracto de legalidad o la omisión del Estado nacional de legislar.
a. Esta Sala ha sostenido de manera constante que el amparo resulta idóneo siempre que, conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso, la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta y, asimismo, ocasione -en forma actual o inminente- una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales, y destacó, asimismo, que una interpretación diferente importaría limitar indebidamente el carácter operativo de la garantía constitucional.
Asimismo, este Tribunal ha señalado anteriormente que el examen de admisibilidad de la acción consiste en la verificación previa de los recaudos pertinentes, sin que resulte menester para ello juzgar sobre la procedencia sustancial de la pretensión y, a su vez, permite desestimarla ante la constatación de defectos ostensibles (esta Sala in re “Vera, Miguel A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo”, expte. n° 51/00).
En tal orden de ideas esta Cámara puntualizó, sin embargo, que el rechazo de la acción de amparo sin sustanciación debe reservarse para casos de manifiesta inadmisibilidad y ha de recibir interpretación restrictiva, en virtud de la consagración constitucional de la garantía de obtener una rápida respuesta judicial a los casos de probable ilegalidad (Sala II in re “Fundación Ciudad c/ G.C.B.A. s/ Amparo”; id., “Rebollo de Solaberrieta, Elsa c/ G.C.B.A. s/ Amparo”; Sala I in re “Asesoría Tutelar CAYT Nª2 c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” , expte.: EXP 41373/0, 6 de febrero de 2012, entre otros).
Toda vez que la acción de amparo constituye una garantía otorgada a los particulares para tutelar de manera rápida y eficaz sus derechos, su admisibilidad debe ser apreciada con criterio amplio, más aún luego de su incorporación al art. 14, CCABA, que en su cuarto párrafo establece que “el procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad…”, circunstancia que pone en evidencia una clara intención del legislador constituyente de crear un remedio amplio, expedito y rápido, privilegiando la procedencia de la acción sobre su rechazo liminar (esta Sala in re “Gerpe, Adriana Beatriz c/ G.C.B.A.-Secretaria de Educación s/ Amparo”, expte. n° 49/00, entre otros).
Más aún, el art. 5 de la ley 2145 establece expresamente que “El/la Juez/a puede rechazar la acción por auto fundado, sin necesidad de sustanciación alguna, cuando resulte manifiesto que ésta no cumple con los requisitos de admisibilidad de la acción” (énfasis añadido).
b. Siendo la presente una acción de amparo, cabe recordar que conforme el art. 43, CN, “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley…Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de organización…”.
En sentido aún más amplio, el art. 14 de la Constitución de la Ciudad establece que “Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo … Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos e intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor”.
En ambos supuestos, la acción se dirige contra el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Capital Federal, por haber omitido -en principio- y a la luz de las reformas en materia de filiación conforme el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el dictado de las regulaciones complementarias sobre la registración de los nacimientos ocurridos por las técnicas de reproducción humana asistida de “gestación solidaria”. Los actores asocian este concepto con las gestaciones por sustitución o subrogación, y citan el Proyecto de Ley n° 5700-D-2016 de Gestación Solidaria. El art. 2° de dicho proyecto la define como “un tipo de técnica de reproducción médicamente asistida de alta complejidad, que consiste en el compromiso que asume una persona, llamada ‘gestante’, de llevar a cabo la gestación a favor de una persona o pareja, denominada/s ‘comitente/s’; sin que se produzca vínculo de filiación alguna con la ‘gestante’, sino únicamente y de pleno derecho con él/la o los/as ‘comitente/s’” (www1.hcdn.gov.ar).
d. Como ya se dijo anteriormente, la presente acción persigue resolver la inscripción registral de los menores en el marco de esta técnica de gestación en particular. En efecto, los actores no pretenden -como sostuvo la magistrada- un control abstracto de legalidad ni obtener una condena que ordene al Estado nacional a legislar sobre cuestiones -en principio- omitidas. Nótese que los propios actores pusieron de resalto que es preciso legislar sobre este método de concepción, en particular (fs. 30 vta.), y que existe “…en el Congreso Nacional el Proyecto N° 5700- D-2006 de Gestación Solidaria…”, al cual desde sus respectivos espacios, le darán “impulso y seguimiento” (fs. 31), de modo que no persiguen sustituir la voluntad del legislador por medio del presente proceso judicial.
f. La ley 114 -de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes- establece que se entiende por interés superior de éstos “…el sistema integral que conforman todos y cada uno de los derechos a ellos reconocidos y los que en el futuro pudieran reconocérseles” (art. 2), aclarando -a los fines de la aplicación e interpretación de sus disposiciones- que en todas las medidas que tomen los órganos legislativos, judiciales o administrativos dicho interés ha de constituir la consideración primordial (art. 3).
Por otro lado, prescribe que la familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad tienen el deber de asegurar a niñas, niños y adolescentes, con absoluta prioridad, la efectivización de los derechos a la vida, a la libertad, a la identidad, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la cultura, al deporte, a la recreación, a la formación integral, al respeto, a la convivencia familiar y comunitaria, y en general, a procurar su desarrollo integral. (art. 6).
a. Con este fundamento, la jueza de primera instancia rechazó la legitimación de los actores. Cabe destacar que -conforme las circunstancias particulares de estos actuados- el análisis de dicho instituto necesariamente debe abordarse desde la legitimación del Defensor del Pueblo de la Ciudad y de la FALGBT
b. Cabe recordar sucintamente que la legitimación para obrar es “aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa” (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, t° I, 2da. ed. Abeledo-Perrot, 1990, p. 406). Su configuración hace a la existencia del caso.
c. Así, pues, en primer lugar, se advierte que la acción -en sus dos aspectos: individual y colectivo- se basa en una omisión de reglamentar una cuestión registral; más precisamente, la inscripción de los nacimientos por el método de gestación solidaria.
De igual modo, afecta -en particular- a los menores D. y T. que nacieron por tal procedimiento médico y a los actores R. y S. M. que reclaman la copaternidad registral igualitaria de los niños.
Por su parte, el art. 14 de la CCABA dispone -en cuanto aquí interesa- que están legitimados para interponer el amparo “…cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos e intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor” (énfasis agregado).
e. A partir de las normas constitucionales transcriptas y los términos en que se fundó el objeto de la demanda es posible advertir que el derecho afectado -esto es, el derecho a la no discriminación- se encuentra receptado expresamente por los textos constitucionales como un supuesto habilitante de las acciones individuales y, a su vez, de las acciones colectivas.
g. En el caso del Defensor del Pueblo, y a la luz del derecho afectado, nos debemos remitir al texto de las normas vigentes (interpretación literal). En efecto, la interpretación literal y conjunta de los arts. 43, CN; y 14 y 137, CCABA, permite concluir que se encuentra legitimado para representar al colectivo afectado (menores y progenitores vinculados con la técnica de reproducción bajo análisis). A su vez, la ley de la Defensoría del Pueblo (ley 3) consagra como su misión “… la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración…” (art. 2°). Asimismo, entre sus atribuciones se cuenta la legitimación para promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros (art. 13.h).
h. En cuanto a la FALGBT, surge expresamente de la demanda (fs. 3 y vta.) y de su sitio de internet http://www.lgbt.org.ar/02-objetivos.php- que entre sus objetivos se encuentran -y en particular en lo que respecta a este proceso-: “…1. Promover la aceptación de la diversidad y el respeto a ser diferente y luchar contra todo tipo de discriminaciones que tiendan a la segregación, o menoscabo de algún derecho (salud, educación, trabajo, etc.), por razones o pretexto de orientación sexual, identidad de género y/o sexo, raza, etnia, edad, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción, o menoscabo; 2. Trabajar por el acceso de la Comunidad LGBT a todos los derechos humanos y civiles que le corresponden…. 5. Articular nuestras demandas y propuestas con otras organizaciones de la sociedad civil, y proponer y fomentar el desarrollo de políticas públicas para la Comunidad LGBT, y particularmente para sus sectores más vulnerables: pobres, mujeres, trans, juventud y personas mayores, entre otros”.
Así, por ejemplo, en la causa, “Mujeres por la Vida -Asociación Civil sin Fines de Lucro – filial Córdoba c. Poder Ejecutivo nacional- M.S. y A.S.”, la Corte -por mayoría- reconoció legitimación a la actora en una acción de amparo cuyo objeto era la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.673 y, consecuentemente, la suspensión en todo el país del “Programa Nacional de Salud Social y Procreación Responsable”, destinado principalmente a la prevención de embarazos no deseados.
Según mi criterio, “en el caso de lesión de los derechos llamados colectivos por el convencional… debe tenerse siempre por configurado un ‘caso judicial de incidencia colectiva’” (conf. mi Tratado de Derecho Administrativo, T. III, 1ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2010, pág. 433). Más aún, es dable recordar que definir cuándo se produce una afectación a un bien colectivo es una tarea de interpretación que queda en manos del operador jurídico, salvo en aquellos supuestos previstos expresamente por la norma constitucional -vgr. arts. 43, CN y 14, CCABA- (“Tratado…”cit., pág. 434) como ocurre en el caso (supuestos de discriminación).
Debe resaltarse que la Constitución local en su art. 14 enuncia explícitamente que están legitimados para interponer la acción de amparo “cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación…”. Cierto es, además, que en el caso de los derechos colectivos -analizados conforme las circunstancias propias de cada situación jurídica-, siempre se verifica un perjuicio relevante en el plano colectivo (esta Sala en “Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Bs. As. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, EXP 36.251/0, 13/7/2012 y mi “Tratado…” cit., pág. 436).
Llegados a este punto, es pertinente recordar que la Corte Suprema ha distinguido entre los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y los que comprenden intereses individuales homogéneos (conf. “Halabi, Ernesto c/ PEN – Ley 25.873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986”, 24/2/09, Fallos 332:111). Estas categorías no son asimilables porque, como ha señalado la Corte en el fallo citado y otros posteriores (Fallos 336:1236, 337:762 y 338:1492), la presencia de intereses individuales homogéneos exige la concurrencia de requisitos específicos para que la pretensión pueda ser debatida a través de un proceso colectivo. En particular, debe existir un hecho único o complejo que lesione a una pluralidad relevante de derechos individuales; a su vez, la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes; y, finalmente, debe constatarse una afectación del acceso a la justicia en tanto el interés, considerado aisladamente, no justificaría la promoción de un proceso judicial.
Así las cosas, en caso de prosperar la demanda, el GCBA deberá modificar una conducta que los actores reputan discriminatoria, no sólo respecto de los coactores R. y S. M., sus hijos menores, y la gestante, sino que se proyectará sobre todo el universo de afectados, en resguardo de la no discriminación como bien colectivo. Es que “… en este tipo de contiendas, por sus características propias, los institutos procesales deben ser revisados, a saber y entre otros, la legitimación, el principio de la congruencia y los efectos de las sentencias. Así, de nada sirve, por ejemplo, ampliar la legitimación si no se reconocen luego los efectos generales de los mandatos judiciales” (conf. mi disidencia en “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, EXP 28.696, 5/6/2014).
j. Resta referirse a la faz individual del presente amparo como consecuencia del cauce que siguió la presente demanda. En efecto, la magistrada de grado, en virtud de la omisión en que incurrieron los señores R. y S. M. de suscribir la apelación, les rechazó el recurso (fs. 110, punto I.3). Ellos actuaban por sí y en representación de D. y T. Así las cosas, dedujeron el recurso de queja que se halla lógicamente radicado ante esta Alzada.
Por su parte, la señora Asesora Tutelar de primera instancia -en representación de D. y T.- dedujo recurso de apelación que también fue denegado por la a quo con sustento en que la intervención del Ministerio Público Tutelar es complementaria y los coactores R. y S. M. -al haber omitido suscribir el escrito recursivo- consintieron el rechazo de la acción.
No obstante lo señalado y toda vez que -en este estado embrionario del expediente- he reconocido la competencia de este fuero, considerado procedente la vía procesal escogida y admitido la legitimación colectiva de los coactores (Defensoría del Pueblo y FALGBT), es dable concluir que los menores y los progenitores -más allá de cómo se resuelva el recurso de queja- no han quedado en estado de indefensión pues forman parte del colectivo afectado.
Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto cabe agregar que corresponde también al Defensor del Pueblo-conforme los términos del art. 137, CCABA-la defensa “… de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos” (énfasis agregado).
A partir de esa premisa, es necesario determinar si el hecho de que la apelación deducida por el Defensor del Pueblo no haya sido suscripta por los coactores R. y S. M. conduce a tener por consentida la sentencia de grado en lo que se refiere a la pretensión individual. Por las razones que a continuación expondré, considero que -dadas las especiales circunstancias del caso- dicha omisión no constituye un obstáculo justamente por la intervención del Defensor como más adelante explicaré.
Debe ponerse de resalto que los intereses individuales concernidos no son sólo los de los señores R. y S. M., sino también los propios de los menores D. y T. Ahora bien, al apelar, el Defensor del Pueblo invocó “el ejercicio de los deberes constitucionales que [le] son propios” (fs. 98) y, como ya se mencionó, se agravió tanto de lo decidido en punto a la pretensión colectiva como a la individual. Por su parte, la a quo concedió el recurso del Defensor sin efectuar distinción alguna. Asimismo, rechazó la apelación “sólo respecto de los coactores mencionados en el párrafo que antecede”, esto es, R. y S. M. (conf. punto I.3 de la resolución de fs. 110).
Por todo ello, tratándose de un acto procesal inserto en un trámite judicial de estas características, es plausible encuadrar la presentación suscripta por el Defensor del Pueblo y la letrada patrocinante -en lo que respecta a los menores- en el art. 42 del CCAyT. En esa inteligencia, la queja deducida posteriormente por los señores R. y S. M. ratifica el recurso de apelación de fs. 98/107.
La sentencia cuestionada fue apelada por el Asesor Tutelar de Primera Instancia. Dicho recurso fue denegado por la jueza de grado, quien entendió que la intervención del Ministerio Público Tutelar se encontraba supeditada a la ausencia o defecto de la adecuada representación por parte de los padres; circunstancia que no podía presumirse sólo por el hecho de que los coactores no hayan recurrido la sentencia (fs. 110 vta.). A mi juicio, en atención a la naturaleza de los derechos debatidos y el tenor de la sentencia de grado, la falta de apelación por parte de los coactores R. y S. M. faculta al Asesor Tutelar para deducir el recurso, conforme lo previsto en el art. 103 del Código Civil y Comercial. Por otra parte, la decisión de la a quo de denegar este recurso por no configurarse la ausencia o inadecuada representación de los menores resulta difícil de conciliar con lo que sostuviera la magistrada al rechazar in limine la acción, oportunidad en la que sostuvo que “… no es el GCBA el que estaría impidiendo la inscripción de los menores D. y T. como se pretende, sino que ello es la consecuencia derivada de una decisión tomada ex professo por el Estado Nacional -Poder Legislativo- al momento de sancionar, tal como se lo hizo, el artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación (…) aun cuando se llegase a decidir la inconstitucionalidad de aquella norma, queda por establecer la filiación de los menores con los padres, circunstancia que -valga remarcar- resulta ajena a toda actividad que pueda realizar el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas” (fs. 84).
Si bien el rechazo de la apelación fue objeto de una queja por parte del Ministerio Público Tutelar, este recurso fue luego desistido por el Asesor Tutelar ante esta Cámara (fs. 126/127 del incidente INC J-01-00007867-7/2017-1).
Finalmente, en cuanto a los coactores R. y S. M., no es posible pasar por alto que esta acción persigue, entre otras cosas, la inscripción de D. y T. en el Registro Civil “garantizando [su] copaternidad registral igualitaria” (fs. 38). Como explica Lino Palacio, “[e]l litisconsorcio es necesario en aquellos casos en que la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica controvertida en el proceso, cuya eficacia requiere, por tal motivo, la obligada citación de aquéllos” (“El litisconsorcio necesario”, Lecciones y Ensayos n° 23, Bs. As., 1963, p. 7). Adviértase que la inscripción pretendida, en caso de admitirse, producirá efectos tanto respecto de los señores R. y S. M. como de los menores D. y T. En consecuencia, debe concluirse que entre estos accionantes existe procesalmente un litisconsorcio necesario en los términos del art. 83 del CCAyT.
Cabe advertir que tampoco se desconoce que la Corte Suprema en los autos “The Coca Cola Company y otros s/ medidas cautelares”, sentencia del 12 de septiembre de 1995, señaló que “…la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos que determinan el ámbito de su competencia decisoria…” y que “…la cámara no tenía facultades para decidir -como lo hizo- la traba de una medida cautelar que había sido requerida ante el juez de primera instancia y sobre la que éste no se había expedido”; ello por considerar que “…la doble instancia no tiene jerarquía constitucional, salvo cuando las leyes específicamente la establecen (Fallos: 310:1424 y sus citas)”, circunstancia que se constata cuando “…existe un régimen legal que prevé la existencia de doble instancia judicial (art. 198 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)”.
Sin embargo, considero que el dictado de este tipo de medidas por el tribunal de Alzada -cuando la petición cautelar no fue analizada por el tribunal de primer grado con motivo del rechazo de la acción sin sustanciación, situación que siempre debe ser excepcional- dependerá de la urgencia que involucre el planteo en relación con los derechos vulnerados, máxime cuando por el carácter provisional que reviste el instituto permite al deudor requerir en cualquier momento su levantamiento (cf. art. 182, CCAyT) si las circunstancias sobre las que se sustentan se modifican, o se exhiben planteos que no pudieron ser oportunamente considerados.
VII.2. En su petición, los actores solicitaron una medida cautelar innovativa colectiva (fs. 36) “…ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que inscriba a los niños y niñas nacidos/as por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, denominada gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por él/la, los/as comitente/s con voluntad procreacional, SIN emplazar como progenitor/a a la persona gestante que expresó previa y fehacientemente no tener voluntad procreacional, respetando el derecho a la identidad de los niños y niñas pertenecientes a dicho universo colectivo” .
VII.3. Con respecto a las medidas cautelares la doctrina, la jurisprudencia y la legislación tradicionalmente han exigido como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complementaria fijación de una contracautela. Estos recaudos coinciden con los que actualmente prevé la ley n° 2145 (art. 14).
En efecto, la verosimilitud del derecho sólo requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el actor (esta sala, in re “García Mira, José Francisco c/ Consejo de la Magistratura s/ impugnación de actos administrativos”, expte. n° 8569/0, pronunciamiento del 03/03/04).
Estos requisitos se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe atemperar (esta sala, in re “Ticketek Argentina SA c/ GCBA”, expte. n° 1075, resolución del 17/07/01 y sala II in re “Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos”, expte. n° 322/0, del 23/05/01, entre muchos otros precedentes).
Es pertinente destacar, por otra parte, que las medidas cautelares no causan estado. Por el contrario, éstas pueden cesar, ser sustituidas por otras más prácticas y menos gravosas, ampliadas o disminuidas. Es decir, tienen carácter provisional (confr. Fenochietto, Carlos E., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales”, Ed. Astrea, 1999, t. 1, pág. 700). De allí que la firmeza de la resolución que concede una medida cautelar no impide examinar su eventual prolongación, modificación o extinción a pedido de parte.
a. Así, es dable recordar, por un lado, que el Código Civil y Comercial (ley 26.944), prevé que la filiación puede tener lugar, entre otros casos, a través de técnicas de reproducción humana asistida (art. 558). A su vez, ordena que los certificados de nacimiento expedidos por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas sean redactados de manera que no resulte de ellos “…si la persona ha nacido…por técnicas de reproducción humana asistida…” (art. 559).
Más aún, dicho cuerpo normativo establece la obligación de los centros de salud intervinientes de “…recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida” (art. 560) y advierte que dicho consentimiento “…es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión” (art. 561).
b. Por su parte, la Resolución n° 38/GCBA/2012 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece, en sus arts. 1 y 2, que el Registro Civil debe inscribir a los niños/as, cuyos progenitores resulten ser del mismo sexo, respetando la ley 26.618, equiparando las partidas (es decir, sin establecer diferencias ni referencias a la orientación sexual de sus progenitores/as) y dejando constancia que el solicitante no biológico procede en los términos del art. 42 de dicha ley (norma que expresamente dispone que todas las referencias a la institución del matrimonio del ordenamiento jurídico se entienden aplicables a los constituidos por personas del mismo o de diferente sexo, reconociéndoles iguales derechos y obligaciones y sin que las reglas previstas en el ordenamiento jurídico puedan ser interpretadas o aplicadas en el sentido de limitar, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones en cualquiera de los casos de matrimonio).
c. Finalmente, cabe recordar que la Convención de los Derechos del Niño (aprobada por ley 23.849) establece, en su art. 2°, inc. 2°, que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares” e impone que todas las medidas que a su respecto se adopten deben estar guiadas por el “interés superior del niño” (art. 3°, inc. 1°). También señala, en su art. 7°, inc. 1°, que los menores deben ser inscriptos inmediatamente después de su nacimiento y que tendrán derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, respetando y preservando su identidad “…incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas; y obligando al Estado a adoptar las medidas necesarias para restablecer rápidamente su identidad (inc. 2°, art. 8°).
d. Transcriptas las normas que considero aplicables, en el marco inicial de este proceso, entiendo que -más allá de la literalidad del art. 562, CCyC- y de que, como menciona el Sr. Fiscal de primera instancia, se habría excluido del debate legislativo de la ley 26.944 el caso puntual que se plantea en estos actuados-, lo cierto es que a la luz del principio de legalidad previsto en el art. 19, CN y de los derechos que asisten a los menores (que fueron enunciados precedentemente, en especial, el derecho a la identidad, la igualdad y a la familia), corresponde tener por configurada la verosimilitud del derecho. Es decir, todo aquello que no está prohibido, está permitido. Es más, el legislador permite la donación de gametos y, por tanto, el reemplazo -en ciertos casos– del vínculo biológico por la voluntad de las partes. Ciertamente esta permisión (uso del vientre de un tercero sin voluntad procreacional) está limitada por dos consideraciones que surgen de otras reglas o principios del ordenamiento jurídico, a saber: a) el interés del menor y su no vulneración (en particular, el derecho a su identidad y a su entorno familiar); y b) el consentimiento libre de los adultos (los donantes, la mujer gestante y quienes ostentan voluntad procreacional).
Desde el punto de vista finalista (esto es, el fin perseguido por el legislador) el único modo -en el presente caso- de satisfacer el derecho del menor es inscribiéndolo como hijo de ambos hombres. Adviértase que la mujer gestante manifestó carecer de voluntad procreacional y, en los hechos, serían los co-actores R. y S. M. quienes ejercen el rol de padres cuya inscripción reclaman al Registro.
Por otra parte, no es posible soslayar que la legislación permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Asimismo, la resolución 38/SSJ/2012 admite la posibilidad de la comaternidad, y de su correspondiente registración. Cabe preguntarse, entonces, si una interpretación plausible del marco normativo conduce a vedar la registración de la copaternidad en casos como el de autos. En mi opinión -a los efectos de evaluar la verosimilitud del derecho invocado- esa distinción no es razonable a la luz del art. 16 de la Constitución Nacional.
Tampoco se advierten, prima facie, razones de orden público que obsten a la concesión de la medida cautelar. El Código Civil y Comercial admite la filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida en el caso de parejas conformadas por dos mujeres (conf. el art. 562 y el comentario de Marisa Herrera en Caramelo, Gustavo; Herrera, Marisa y Picasso, Sebastián (dirs.), “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Bs. As., Infojus, 2015, págs.. 283/284). Incluso antes de la sanción de dicho Código, se dictaron normas que contemplaban la filiación en esos términos y la correspondiente inscripción registral (conf. la ley 26.618 y el decreto 1006/2012). Como ya fue dicho, incluso en el ámbito local se reguló ese supuesto mediante la resolución 38/SSJ/2012. Ahora bien, si no existen razones de orden público que impidan reconocer la filiación en el caso de parejas conformadas por dos mujeres, cabe inferir que tampoco las hay cuando se trate de parejas de hombres. El interés superior del niño debe primar en cualquiera de los casos y, a la luz de ese principio, no encuentro motivos para hacer distinciones sobre la base del género de los cónyuges.
VII.6. Por último, la ley 2145 exige que la tutela preventiva no afecte el interés público. En el presente caso, los daños que podrían afrontar los menores que conforman el colectivo afectado o sus progenitores -frente a la posible restricción o no disfrute de los derechos fundamentales de los que gozan otros menores y padres– evidencian -prima facie- una situación de desigualdad injustificada y arbitraria que no sólo no altera el interés público, sino que -en verdad– éste no debe tolerar. Es más, no se advierte cuáles son los otros derechos que pudiesen verse alterados por el decisorio cautelar. En conclusión, se afectaría el interés público si no se concediese la tutela y se consintiese la situación de desventaja y de inseguridad en que se encuentra el colectivo afectado.
A partir de tales facultades, cabe admitir la tutela preventiva con el siguiente alcance: ordenar al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que inscriba provisionalmente a los niños y niñas nacidos/as por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizados en el país, denominados de gestación solidaria, a favor de los comitentes con voluntad procreacional, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por éstos, y sin emplazar como progenitora a la gestante que expresó previa y fehacientemente no tener voluntad procreacional. Asimismo, se ordena que sean debidamente incorporados los datos de la gestante en el legajo base -juntamente con la información que determina el art. 563, CCyC- a fin de respetar el derecho a la identidad de los niños y niñas pertenecientes a dicho colectivo.
VIII. Las costas se imponen por su orden en atención a la ausencia de controversia (arts. 62 y 63, ley 189 y 28, ley 2145).
a. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la competencia de los tribunales locales está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad (ley 7), cuyo art. 48 establece que la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario entiende en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. Concordantemente, el artículo 2 del CCAyT dispone: “Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado”.
Ahora bien, a fin de dilucidar qué sede judicial es la competente, resulta necesario recordar también que la ley 26.413 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (del año 2008) establece, en lo que aquí interesa, que dichos organismos (donde se registran todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas) son organizados por los gobiernos provinciales y de la Ciudad (cf. arts. 1° y 2°).
Por otro lado, en el artículo 78 se dispone que “Todas las resoluciones judiciales que den origen, alteren o modifiquen el estado civil o la capacidad de las personas, deberán ser remitidas al Registro de origen de la inscripción para su registro…” y en el artículo 81 que “A los efectos de la inscripción del nacimiento fuera de término y de la confección del acta respectiva, el juez deberá comunicar mediante oficio al registro correspondiente, con transcripción del auto que ordene la medida los datos establecidos en el artículo 35 de la presente, en cuanto sea posible”.
Por último, en la ley 23.637, se establece la competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas a los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil (arts. 4° y 43).
c. En los autos “Morelli Carla Karina y otros s/ información sumaria”, Expte. F 71068-2013/0, sentencia del 11/06/2014, los presentantes -padres biológicos de dos menores nacidos por el método de “maternidad subrogada” realizada por la hermana de la coactora- reclamaron la inscripción registral de los niños a su nombre (en lugar de indicar como madre a la gestante).
En tal entendimiento, concluí que resultaba competente el fuero civil con versación en asuntos de familia (arts. 4° y 43 de la ley 23.637).
Pues bien, advierto, en este estado inicial del proceso, que la acción colectiva versa sobre supuestos donde la gestante expresamente manifiesta su “voluntad no procreacional”, es decir, casos en los cuales no se cuestionan vínculos filiatorios ya registrados o por registrarse a pesar de ser resistidos por una de las partes intervinientes. Entonces, el caso se refiere -en esencia- a una cuestión registral (y, por ende, local) consistente en la forma en que deben anotarse los nacimientos de menores acaecidos por el procedimiento de “maternidad subrogada” y no filiatoria (propia de los juzgados nacionales en lo civil conforme la ley 23.637).
a. La legitimación para obrar, o legitimatio ad causam, es la cualidad que tiene una persona para reclamar ante otra por una pretensión en el proceso judicial (Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado y comentado, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, t. III, pág. 347). Así pues, la existencia de legitimación es presupuesto de la configuración del caso judicial que es el cauce a través del cual el juez debe intervenir.
Siendo la presente una acción de amparo, cabe recordar que conforme el art. 43, CN, “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley… Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de organización…”.
El análisis inicial de la cuestión permite constatar -a partir de las normas transcriptas- que cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, se encuentran legitimados para interponerla, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a tales fines (art. 43, CN) y, expresamente, en el ámbito local, cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos (art. 14, CCABA).
En virtud de lo precedentemente expuesto, es dable concluir a esta altura del razonamiento y siempre en el marco de análisis del recurso de apelación deducido frente al rechazo in limine del amparo, que tanto el Sr. Defensor del Pueblo de la Ciudad como la FALGBT constituyen, en principio, organismos defensores del derecho colectivo a la no “discriminación”, cuya protección -en su faz registral- reclaman en el presente caso y, por tanto, resultan legitimados.
Dicho lo anterior, se advierte la omisión en que incurriría el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires al no reglamentar el trámite de inscripción de los menores “nacidos/as por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, denominada gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por él/la, los/as comitente/s con voluntad procreacional, SIN emplazar como progenitor/a a la persona gestante SIN voluntad procreacional”, tras las reformas operadas a partir de la sanción de la ley 26.994.
Tal omisión, ab initio, colocaría al colectivo afectado en una situación de desigualdad injustificada (y, por tanto, discriminatoria) frente al resto de los menores que al nacer obtienen una inscripción que refleja su identidad parental (incluyendo los supuestos de comaternidad; maternidad; y casos de paternidad y maternidad, advirtiendo que, en principio, seguiría rigiendo en materia registral -pese a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial y la vigencia de los tratados internacionales con jerarquía constitucional- el principio “madre es la que pare”).
b. La doctrina, la jurisprudencia y la legislación tradicionalmente han exigido como recaudos de admisibilidad de las medidas cautelares la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complementaria fijación de una contracautela. Estos recaudos coinciden con los que actualmente prevé la ley n° 2145 (art. 14).
En lo que respecta al primero de los requisitos, corresponde señalar que el dictado de las providencias precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido; aún más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto, que supone atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (Fallos:316:2060, entre otros precedentes).
c. En cuanto al fumus bonis iuris, se advierte que la resolución n° 38/GCBA/SSJUS/12, en su art. 1°, instruye “…a la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, para que en lo sucesivo admita y proceda a la inscripción de niños/as, cuyos progenitores resulten ser del mismo sexo respetando los términos de la ley 26.618, evitando adicionar constancias lesivas o discriminatorias; y equiparando las mismas sin establecer diferencias entre las partidas de niños/as, ni referencias a la orientación sexual de sus progenitores/as”.
Por su parte, el art. 2° establece que “…en lo sucesivo la Dirección General del Registro del estado Civil y capacidad de las Personas, dejará constancia de los casos previstos en el artículo primero respecto del solicitante no biológico, que proceda en los términos del art. 42 de la ley 26.618, la ley 23849 y de la ley 26061”.
Además, se advierte -en este estado embrionario del proceso- que nada impediría que la resolución referida sea interpretada a la luz de los arts. 558 y 559, CCyC, y sujetándola a los recaudos a las que hacen referencia los arts. 560, 561 y 563. Ello, a fin de suplir la falta de recepción legal expresa de la situación particular planteada en autos y en la necesidad de garantizar el interés superior del niño (art. 1°, ley 26.061) y el respeto de sus derechos a la identidad (art. 12, CCABA), la familia (arts. 37 y 39, CCABA, entre otros) y la protección del Estado (art. 1°, ley 26.061), todos ellos enmarcados por el principio de igualdad ante la ley (art. 11, CCABA).
En efecto, a fin de resguardar acabadamente -durante el tiempo que demande la sustanciación de esta causa- los derechos de los menores alcanzados por la medida cautelar, en particular, el derecho a la identidad y todos los derechos que por añadidura les competen, cabe hacer lugar a la tutela preventiva ordenando que el Registro inscriba en términos preventivos a los menores nacidos por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, denominada gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por los progenitores con voluntad procreacional, sin emplazar como progenitor a la persona gestante cuando -previa y fehacientemente- hubiera expresado no tener voluntad procreacional.
No obstante lo expuesto, se ordena provisionalmente -con sustento en el art. 184, CCAyT- que los datos de la gestante sean debidamente asentados -a fin de respetar el derecho a la identidad de los niños y niñas pertenecientes a dicho universo – en el legajo perteneciente a cada uno de ellos (cf. art. 563, CCyCom).
IX. Resta señalar, a mayor abundamiento, que sin perjuicio de la suerte que corra la queja que tramita por incidente n° INC 1861/2017-2, la solución aquí dispuesta abarca a los actores individuales, señores R. y S. M., que se han presentado por derecho propio y en representación de sus hijos menores T. y D., tanto debido a su calidad de parte del colectivo involucrado como de afectados individuales, del derecho a la no discriminación.
XI Las costas se imponen por su orden en atención a la ausencia de controversia (arts. 62 y 63, ley 189 y 28, ley 2145).
a. En tal sentido, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, remito a la descripción del marco normativo, del objeto de este proceso y del precedente “Morelli Carla Karina y otros s/ Información sumaria”, efectuada por mi colega Fabiana H. Schafrik de Núñez en el punto IV, apartados a, b, y c de su voto.
b. Sentado lo anterior, cabe señalar que -en oportunidad de expedirme en los ya mencionados autos “Morelli”- sostuve que este fuero no resultaba competente pues conforme el ordenamiento jurídico aplicable rige el principio según el cual quien da a luz en el parto es reputada madre del nacido; principio que, valga resaltar, pervive tras la reforma operada por la ley 26.994.
Esa pretensión -el reemplazo de una mujer (gestante) por otra (madre biológica) en la partida de nacimiento- conllevaba una revisión y, en su caso, modificación del vínculo filial, toda vez que ambas podían presentarse como madres de los menores y dependiendo de la valoración de la prueba aportada y a producirse debería determinarse si correspondía o no acceder a lo solicitado por la madre biológica.
En síntesis, cuando la pretensión esgrimida importa la impugnación de la maternidad de la gestante -más allá del acuerdo de voluntades que pudiera existir entre ellas y su disponibilidad al respecto- la cuestión requiere de la intervención del fuero judicial competente para que defina a quien le asiste la razón en cuanto al vínculo maternal.
Nótese que, en dicha causa, intervino el TSJ con fecha 04/11/2015 -es decir, una vez operada la reforma del CCyCom-, advirtiendo el voto de la mayoría que “En cuanto a los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida, el art. 562… establece, como regla general, que son hijos de (i) quien dio a luz y (ii) el hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento para someterse al uso de estas técnicas, con independencia de quien haya aportado los gametos”. Asimismo, allí se señaló que “…la atribución de maternidad en el supuesto de ‘gestación por sustitución’ o ‘maternidad subrogada’ -en el que la persona que dio a luz no es la mujer que ha tenido la voluntad de procrear y asumir el rol de madre- merecería una solución legal específica, que se encuentra ausente en el ordenamiento jurídico -la paternidad, en principio, no ofrecería mayores inconvenientes-. Por lo tanto, ante el vacío legal, resulta indispensable la intervención judicial para determinar, en primer lugar, quién es la madre de los menores, para luego realizar la inscripción en el Registro correspondiente” (voto de la jueza Ana María Conde, énfasis añadido).
Se observa, entonces, que en aquel supuesto, no se trató de una mera cuestión registral “…pues primero debe determinarse si se aplica en el caso la pauta general del art. 562 CCyCN u otra como la propuesta de los actores (que reclama el reconocimiento de la maternidad para quien brindó el sustento genético y la voluntad procreacional, y no para quien dio a luz a los menores)” (voto de la jueza Ana María Conde); decisión que no puede ser adoptada por el Registro sino que amerita, tal como concluí en aquella oportunidad, la intervención del poder judicial a través del fuero con idoneidad técnica en la materia, esto es, el fuero nacional en lo Civil con versación en asuntos de familia (arts. 4° y 43 de la ley 23.637).
Por la otra, en la pretensión individual, no se presenta -como en aquel precedente- una situación de comaternidad y como consecuencia de ello, tampoco necesariamente se aplica la solución allí adoptada.
Entonces, en este caso, el planteo se refiere “… a cómo la autoridad administrativa involucrada debe ejercer una competencia, en parte, reglada”. En efecto, “…cualquiera sea la viabilidad de la pretensión, ésta consiste en obtener una inscripción en el Registro, esto es que… tome nota del hecho que denuncian, no que se resuelva una controversia acerca de cuál es la filiación de una persona cuyo nacimiento piden registrar…” (TSJ, “X.,T.S. y otros s/ información sumaria s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, 4/11/2015, voto del juez Francisco Lozano).
e. En suma, las características del caso planteado involucra la decisión de una cuestión registral (y, por ende, local) consistente en la forma en que deben anotarse los nacimientos de menores acaecidos por el procedimiento de “maternidad subrogada” y no filiatoria (esta última propia de los juzgados nacionales en lo civil conforme la ley 23.637).
Bajo ese postulado, la pretensión está enfocada en el daño común que los integrantes del colectivo imputan al demandado cuyo accionar, además, configuraría la causa común de la lesión denunciada y, finalmente para lo que ahora importa, la homogeneidad de la situación jurídica planteada justifica la comunidad del pleito – tornando innecesaria la exigencia del pleito individual- en la medida que los efectos de la sentencia, eventualmente, beneficiarían al colectivo sin que, a esta altura del pleito conforme los elementos de juicio disponibles, pueda advertirse que al quedar integrada la litis el debate comprometería derechos de terceros ajenos a la controversia.
Los caracteres enunciados dan cumplimiento a los presupuestos exigibles para admitir la viabilidad formal de un proceso colectivo tal como surge de los precedentes jurisprudenciales aplicables en la materia a los que remito (cf. CSJN, “Halabi, Ernesto c/ PEN – Ley 25873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16986, Fallos: 332:111, 24/02/2009; y CACAyT, Sala I, “Rachid, María c/ GCBA s/ amparo”, expte. A20-2013/0, 9/5/2016; y “Esquivel Elizabeth Graciel y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA), expte. N° 42955/0, 18/8/2017).
b.2. En cuanto a los actores R. y S. M., más allá de la suerte que corran los planteos efectuados en el incidente 1861/2017-2, su calidad de progenitores con voluntad procreacional de los menores a cuyo respecto se reclama una inscripción registral que refleje su derecho a la identidad, los erige en afectados y, por tanto, legitimados como actor colectivo y también individual.
Cabe recordar que “el rechazo in limine de la acción de amparo sólo es conducente cuando su improcedencia es manifiesta, debiéndose adoptar un criterio estricto y restringido para disponer su archivo sin sustanciación” (CSJN, Fallos:316:2997, voto en disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Enrique S. Petracchi).
Por tanto, a fin de resguardar acabadamente -durante el tiempo que demande la sustanciación de esta causa- los derechos de los menores alcanzados por la medida cautelar, en particular, el derecho a la identidad y todos los derechos que por añadidura les competen, cabe hacer lugar a la tutela preventiva ordenando que el Registro inscriba en términos preventivos a los menores nacidos por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, denominada gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por los progenitores con voluntad procreacional, sin emplazar como progenitor a la persona gestante cuando -previa y fehacientemente- hubiera expresado no tener voluntad procreacional.
XI. Las costas se imponen por su orden en atención a la ausencia de controversia (arts. 62 y 63, ley 189 y 28, ley 2145).
Por ello, oída la Sra. Fiscal ante la Cámara, el tribunal
1. Hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia dejar sin efecto el rechazo in linime del amparo.
2. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada con el alcance dispuesto en la presente sentencia.
3. Las costas se imponen por su orden en atención a la ausencia de controversia (arts. 62 y 63, ley 189 y 28, ley 2145).
4. Remitir los autos a la Secretaría General a efectos de que por sorteo se asigne nueva radicación a las actuaciones para la continuación de su trámite.
5. Encomendar al magistrado de primera instancia el cumplimiento del Reglamento de Procesos Colectivos del Fuero Contencioso Administrativa y Tributario de la CABA (Acuerdo Plenario N° 5/2005, modificado por el Acuerdo Plenario N° 4/2016).
Carlos F. BALBÍN – Juez de Cámara Contencioso Administrativo y Tributario
Fabiana H. SCHAFRIK de NÚÑEZ – Jueza de Cámara Contencioso Administrativo y Tributario
Mariana DIAZ – Jueza de Cámara Contencioso Administrativo y Tributario
Protocolo de Estudios Obligatorios Mínimos para la Valoración del Daño Corporal y para la Determinación de la IncapacidadReglamento de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal