Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-616-13.htm
Timestamp: 2018-12-18 10:24:58
Document Index: 167037187

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 330', 'artículo 53', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 39', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 238', 'artículo 217', 'artículo 53', 'artículo 19', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 129', 'artículo 1', 'artículo 129', 'artículo 133', 'artículo 129', 'artículo 1', 'artículo 129', 'artículo 160', 'artículo 241', 'artículo 25', 'artículo 53', 'artículo 162', 'artículo 43', 'artículo 162', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 39', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 39', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 53', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 100', 'artículo 8', 'artículo 100', 'artículo 9', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 53', 'artículo 10', 'artículo 48', 'artículo 17', 'artículo 28', 'Artículo 19', 'Artículo 1']

C-616-13
Sentencia C-616/13
CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE “TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS”-Se ajusta a la Constitución tanto por su aspecto formal como en su contenido normativo
Luego de los argumentos expuestos, la Sala Plena evidencia que la ley aprobatoria del Convenio 189 estuvo precedida de un trámite legislativo ajustado a las reglas previstas en la Carta Política para el efecto. De otro lado, en lo que respecta al ámbito material del tratado, está conformado por reglas dirigidas a la protección de los derechos constitucionales de las trabajadoras y trabajadores domésticos, circunstancia que avala su exequibilidad.
CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES EN CONTROL CONSTITUCIONAL DE TRATADOS INTERNACIONALES-Jurisprudencia constitucional
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Naturaleza del control constitucional/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite legislativo
De conformidad con lo previsto en el artículo 241-10 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación es previo a la ratificación del tratado y de carácter completo, automático y versa tanto sobre el contenido material del Convenio y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables. En relación con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado, al igual que la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley sujeta a análisis. De otro lado, también se ha considerado por la jurisprudencia constitucional que el control de constitucionalidad de los tratados internacionales incorpora, como requisito previo del procedimiento legislativo, la acreditación acerca de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre el contenido material del instrumento internacional, exclusivamente en los casos en que este regule asuntos propios de la identidad de esas comunidades. Esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 330 C.P., al igual que los compromisos asumidos por el Estado colombiano al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En cuanto al análisis de trámite de las leyes aprobatorias de tratados, esta Corporación advierte que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para el efecto, de tal manera que debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. No obstante, esta previsión opera salvo las obligaciones particulares de procedimiento que la Carta sí prevé para este escenario, relacionadas con (i) la iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) la remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.P.). Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario; (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.), acreditándose en cada una de esta etapas la votación nominal y pública del proyecto de ley (Art. 133 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (Art. 241-10 C.P.). Por último, frente al aspecto material o de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de determinar si son compatibles con la Carta Política.
LEY APROBATORIA DE TRATADO SOBRE TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Control formal
CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE “TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Contenido/ADOPCION DE CONVENIOS DE LA OIT-Jurisprudencia constitucional
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento de requisitos constitucionales
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de votación/PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Anuncio previo de votación/VOTACION NOMINAL Y PUBLICA Y ADMISIBILIDAD DE LA EXCEPCION DE VOTACION ORDINARIA-Jurisprudencia constitucional
LEY QUE APRUEBA CONVENIO 189 SOBRE TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Impertinencia de consulta previa en trámite legislativo
La Corte advierte que el Convenio 189, tiene como objetivo principal la determinación de derechos, garantías y estándares mínimos de protección a favor de las trabajadoras y trabajadores domésticos. Estas materias, en virtud de su generalidad, no inciden de forma directa en asuntos propios de la identidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes, de modo que el tratado internacional objeto de examen no está sometido al requisito de consulta previa a dichos grupos tradicionales. Esta conclusión resulta acertada incluso ante la evidencia empírica existente acerca que, en el caso colombiano, muchos trabajadores y trabajadoras domésticos pertenecen a minorías étnicas. Esto debido a que los contenidos del tratado internacional ingresan al ordenamiento jurídico nacional en tanto norma general, cuyo propósito regulatorio no versa sobre la conformación de aquellos asuntos que, como el territorio o el aprovechamiento de recursos naturales, están en el centro de la construcción de la identidad diferenciada de las comunidades étnicas. Por ende, es claro que aquellos integrantes de las mencionadas minorías serán beneficiados por las categorías de protección que contiene el Convenio, de forma paritaria y homogénea con los trabajadores pertenecientes a la comunidad mayoritaria, lo que implica la ausencia de necesidad de consulta previa.
DERECHOS LABORALES MINIMOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO DOMESTICO-Contenido y alcance/DERECHO AL TRABAJO-Principios mínimos fundamentales/DERECHO AL TRABAJO-Reglas constitucionales/JORNADA LABORAL PARA SERVICIO DOMESTICO-Jurisprudencia constitucional/RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE MUJER ADULTA EN LABORES DE SERVICIO DOMESTICO-Jurisprudencia constitucional/ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA QUE SE DESEMPEÑA EN LABORES DE SERVICIO DOMESTICO-Jurisprudencia constitucional/PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LOS TRABAJADORES DOMESTICOS-Jurisprudencia constitucional/TRABAJO DOMESTICO-Elementos definitorios
La Corte encuentra que en relación con la garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticos, la jurisprudencia constitucional ha fijado reglas definidas sobre el particular, las cuales versan en sus aspectos esenciales acerca de (i) la existencia de un mandato constitucional de equiparación, en lo que respecta al goce y ejercicio de los principios mínimos del trabajo, de que trata el artículo 53 C.P. entre los trabajadores y trabajadoras domésticos y los demás trabajadores. Esto en los diferentes planos de la protección laboral, entre los que se destacan los aspectos salariales y prestacionales, de la seguridad social, las condiciones físicas del empleo compatibles con la dignidad de la persona; la protección de la estabilidad laboral de la mujer embarazada, etc. (ii) el reconocimiento que la relación laboral de los trabajadores y particularmente los trabajadores domésticos está signada por una particular forma de subordinación jurídica hacia el empleador, merced de la labor efectuada y las condiciones en que se desarrolla, sumado al hecho que el servicio es usualmente prestado por mujeres de escasos recursos e instrucción; en consecuencia (iii) la necesidad de otorgar a las relaciones laborales en comento un marco reforzado de protección de los derechos del trabajador, lo cual incluso permite fijar discriminaciones a su favor, compatibles con la condición de vulnerabilidad en que suelen encontrarse las trabajadoras y trabajadores domésticos.
CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE “TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Ambito de aplicación/CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE “TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Prevé reglas diferenciadas compatibles con la Constitución/CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE “TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Medidas que impone al Estado para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos/CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Libertad de asociación y libertad sindical/CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio/CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Abolición efectiva del trabajo infantil/CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Eliminación de discriminación en materia de empleo y ocupación
CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE “TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS-Interpretación sistemática de la Constitución, lo que hace innecesario que el Gobierno formule declaración interpretativa
Referencia: expediente LAT-405
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1595 del 21 de diciembre de 2012, “por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (Número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011.”
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil trece (2013).
Dentro del proceso de revisión de constitucionalidad del “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (Número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011.” , y de la Ley 1595 del 21 de diciembre de 2012, por medio de la cual fue aprobado.
1.1. Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio fechado el 26 de diciembre de 2012 y radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 11 de enero de 2013, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de la Ley 1595 de 2012, para efectos de su revisión constitucional.
1.2. El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 7 de febrero de 2013, avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas estas, a través de providencia del 20 de marzo del mismo año, se ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, así como a los Ministros de Interior, de Relaciones Exteriores, de Trabajo, y de Salud y Protección Social.
De igual modo, se invitó a participar en el proceso de constitucionalidad, a través de concepto técnico sobre la exequibilidad del instrumento internacional y su ley aprobatoria, a las Facultades de Derecho de las Universidades Nacional de Colombia, de los Andes, Libre, Javeriana, de Antioquia, del Rosario, de Ibagué y Externado de Colombia; al igual que a la Confederación General del Trabajo – CGT y la Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC
El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores presentó intervención en la que solicita a la Corte que declare la exequibilidad del Convenio objeto de examen y de su ley aprobatoria.
Resalta el interviniente que el Convenio analizado se enfoca en el propósito de la OIT de garantizar que grupos de trabajadores tradicionalmente sometidos a condiciones laborales desfavorables, como sucede con los trabajadores domésticos, les sean garantizados los estándares propios de los principios y derechos fundamentales del trabajo. Por ende, debe tenerse en cuenta que el instrumento internacional fue concebido “… en aras de generar un marco de protección para los trabajadores domésticos y con el fin de evitar condiciones infrahumanas en el desarrollo del trabajo en el hogar, a saber: jornadas de trabajo nocturnas; tareas que exceden la capacidad física del ejecutante; salarios ínfimos; ausencia de cotización en los sistemas de seguridad social; ausencia de protección en situaciones de indefensión; falta de control por parte de las autoridades laborales, entre otros.” Por lo tanto, resulta claro que estos objetivos se ajustan por completo a las previsiones que sobre derecho de los trabajadores dispone la Constitución.
La intervención expone, de otro lado, la información relativa a la representación del Estado colombiano para la suscripción del Convenio. Esta información será sintetizada en el aparte correspondiente de la parte motiva de este fallo.
El señor Ministro de Trabajo interviene ante la Corte con el fin de defender la exequibilidad del instrumento internacional y su ley aprobatoria. Para ello, parte de señalar que Colombia es un Estado fundador de la Organización Internacional del Trabajo, por lo cual ha ratificado 60 convenios de esa institución internacional, entre ellos el Convenio 144, cuyos artículos 2° y 3° estipulan la necesidad de contar con procedimientos que aseguren consultas efectivas entre representantes del Gobierno, de los empleadores y los trabajadores. Estas consultas fueron realizadas para el caso de la adopción del Convenio 189 objeto de estudio en esta sentencia.
Expresa el Ministerio que esta conformación tripartita llegó a la conclusión que era necesario ratificar el Convenio, puesto que sus prescripciones están dirigidas a proteger a los trabajadores y trabajadoras domésticos, los cuales conforman un grupo laboral tradicionalmente sometido a abusos y violaciones de sus derechos laborales. Agrega, en ese sentido, que el Estado colombiano es “… conocedor de las dificultades y condiciones adversas que a nivel mundial enfrenta esta población, entendiendo que por décadas en muchos países han sido notorios los eventos de trato discriminatorio y de explotación hacia personas contratadas para cumplir labores domésticas como aseo, cocina, lavado y planchado de ropa y demás actividades propias de un hogar, que habían encontrado tradicional materialización, connivencia e indiferencia, en un rezago de la esclavitud y la servidumbre del pasado a través del mantenimiento de la segregación social y las diferencias en las condiciones laborales”. En ese sentido, la ratificación del Convenio se muestra útil para insertar a dichos trabajadores en los estándares internacionales del trabajo decente. Esto, a su vez, tendría un impacto significativo en la población laboral colombiana, pues los trabajadores y trabajadores domésticos ascienden a 500.000 personas en el país.
El Ministerio insiste, en línea con lo expuesto, que el Convenio 189 es un instrumento particular para las necesidades de los trabajadores y trabajadoras domésticos, para lo cual garantiza su protección laboral mínima, de manera equitativa con los demás trabajadores y en un escenario flexible, a fin que sea adaptable a cada legislación.
El interviniente reconoce, del mismo modo, que los contenidos del Convenio objeto de análisis guardan unidad de sentido con las reglas que sobre protección de los derechos laborales de los mencionados trabajadores, ha fijado la Constitución y, particularmente, ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte. Pone de presente, de cara a los derechos previstos en el ordenamiento interno y su relación con los contenidos del instrumento internacional, que “[l]a legislación colombiana garantiza, en igualdad de condiciones frente a los demás trabajadores, una remuneración y prestaciones sociales, tales como seguridad social, licencia de maternidad y enfermedad, descanso semanal y vacaciones pagadas. || Al realizar un comparativo entre las normas contenidas en el Convenio y nuestra legislación interna (en las que se incluyen los convenios ratificados por Colombia) estas últimas superan las garantías mínimas en materias específicas tales como: seguridad social en salud como en pensiones, forma de contratación, regulación de jornadas, estipulación salarial, modalidades del pago de salario, prohibición de retención de salarios, fuero especial de maternidad, protección especial de la maternidad, y protección para los casos de acoso laboral, lo que indica que no existe exclusión sistemática y discriminada para esta población en materia de aseguramiento de las condiciones laborales.”
Por ende, el Ministerio concluye que buena parte de los contenidos del Convenio, relacionados con las garantías laborales de los trabajadores y trabajadoras domésticos, están actualmente previstos en el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, señala que a partir del Convenio 189 se fijarían nuevas obligaciones materia de desarrollo posterior, entre ellas “… la no privación del derecho de la escolaridad o formación profesional a los trabajadores menores de 18 años y el no obstaculizar o comprometer sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a la formación técnica adecuada.”
Indica, en el mismo sentido, que una futura reglamentación de los contenidos del Convenio 189 tendría en cuenta algunos derechos laborales que no son predicables de los trabajadores domésticos, en tanto no están adscritos a una unidad económica empresarial, como sucede con la prima de servicios y la negociación colectiva.
3.3. Universidad Libre
El profesor Jorge Kenneth Burbano Villamarín, Coordinador del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, formula escrito justificativo de la constitucionalidad del Convenio objeto de examen.
Para el efecto indica, de manera coincidente con el Ministerio interviniente, que el Convenio es constitucional en tanto pretende hacer eficaces los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras domésticos, quienes son sometidos a tradicional discriminación en cuanto a la satisfacción de tales garantías. Este objetivo se muestra particularmente vinculado con la vigencia de la Constitución, puesto que (i) el trabajo doméstico es una modalidad de vinculación laboral muy extendida en las familias colombianas; y (ii) esa actividad es generalmente desarrollada por mujeres jóvenes, de origen campesino, con escasa formación académica y provenientes de sectores vulnerables, lo que las hace particularmente sensibles a la afectación de sus garantías laborales.
La Universidad recuerda que, como lo ha señalado la OIT, el trabajo doméstico es una relación laboral atípica, lo que implica la necesidad de una regulación particular. Además, se trata de una actividad sometida a riesgos igualmente precisos, como son la invisibilidad y la diferencia fáctica de poder del empleador y el trabajador. En cuanto a lo primero señala que “[e]ste tipo de relación laboral escapa a la mirada del mundo exterior, muchas veces no ha sido declarada y no se rige por un contrato escrito firmado y además de ello, gran cantidad de trabajadoras infantiles dedicadas a estas tareas son más proclives a la explotación, ya que es poco probable que reclamen sus derechos en tanto no se resuelva esta invisibilidad.” Respecto a lo segundo, indica que la trabajadora doméstica generalmente presta sus servicios a varios empleadores, quienes conforman la familia, lo que aumenta el dominio del patrono. Además, dichos empleadores suelen considerar que la vinculación de la trabajadora doméstica, antes que una relación laboral formal, se explica como un favor o un tratamiento generoso.
El interviniente concluye señalando que el Convenio es compatible con la Constitución, en la medida en que fija reglas dirigidas a la protección de los derechos laborales de un grupo tradicionalmente discriminado, en los términos explicados. Así, el instrumento internacional “… busca que las trabajadoras y trabajadores domésticos, actuando conforme a una legislación nacional que respete la igualdad y la dignidad humana, adopte las medidas para que los trabajadores mencionados disfruten de condiciones no menos favorables de las que gozan los trabajadores en general con respecto a la salud, la seguridad social, la maternidad, el descanso, la definición y regulación contractual específica, para contrarrestar las prácticas abusivas hacia las trabajadoras y trabajadores domésticos contratados directamente o por agencias de empleo privadas, amparando especialmente a los niños, niñas y migrantes que puedan prestar el servicio doméstico.”
El profesor Jorge Eliécer Manrique Villanueva, Director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, y Juan Sebastián Encinales Ayarza, investigador del Centro de Investigaciones Laborales – CILA, de la misma Universidad, solicitan mediante intervención que se declare la constitucionalidad del instrumento internacional.
En primer lugar, la intervención se refiere brevemente al trámite legislativo del proyecto de ley que dio lugar a la norma analizada, estudio a partir del cual concluye que dicho procedimiento se ajustó a los cánones constitucionales.
La Universidad advierte, en segundo término, que el Convenio es un desarrollo del fomento de lo que la OIT ha denominado como Trabajo Decente, programa global de promoción de los derechos de los trabajadores que gravita alrededor de cuatro ejes fundamentales: (i) crear trabajo; (ii) garantizar los derechos de los trabajadores; (iii) extender la protección social; y (iii) promover el diálogo social. Por ende, el objetivo general del tratado no es otro que extender cada uno estos tópicos para el caso particular de las trabajadoras y trabajadores domésticos, quienes están por lo general vinculados a través de mecanismos informales que no garantizan las condiciones laborales mínimas.
Agrega que las garantías del Convenio son particularmente importantes para los trabajadores latinoamericanos, pues es esta región la que más aporta trabajadoras y trabajadores domésticos y, por lo tanto, sus ciudadanos están en una situación más vulnerable en razón de las condiciones en que se desarrollan tales empleos.
A reglón seguido, la intervención hace un comparativo entre varias de las disposiciones del Convenio, otros convenios de la OIT ratificados por Colombia y la legislación interna, particularmente la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y las normas legales sobre seguridad social. Esto con el fin de demostrar que varias disposiciones del tratado han sido desarrolladas por el ordenamiento nacional, lo que a su juicio explica la constitucionalidad del Convenio.
3.5. Universidad de Ibagué
La señora Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué presenta intervención preparada por las investigadoras Edna Margarita Quiñonez y Rosa Helena Lozano Castro, la cual sustenta la exequibilidad del Convenio y su ley aprobatoria.
Para sustentar esta petición, los intervinientes analizan cada uno de los artículos del Convenio, con el fin de evidenciar su compatibilidad con las previsiones constitucionales y legales que regulan los derechos de los trabajadores, todas ellas aplicables a quienes ejercen actividades domésticas. En ese sentido, destaca que el Convenio contiene preceptos que desarrollan reglas y principios propios del derecho laboral colombiano, como son (i) el principio de primacía de la realidad sobre las formas; (ii) la garantía de la negociación colectiva; (iii) la obligatoriedad de tomar medidas estatales en materia de eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; (iv) el principio de acceso al empleo en condiciones equitativas; (v) la equivalencia salarial y prestacional entre los trabajadores domésticos y los demás empleados; (vi) la obligatoriedad del pago de salario; (vii) la irrenunciabilidad de la seguridad social; (viii) la naturaleza vinculante de las normas laborales frente a las agencias de empleo; (ix) la protección reforzada de la maternidad; (x) la promoción de la participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores; (xi) el principio de favorabilidad en materia laboral.
Sin embargo, la Universidad interviniente advierte dos aspectos en que el Convenio se opondría a la Constitución. En primer lugar, frente al artículo 7° del instrumento internacional, señalan que el Estado no solo tiene la obligación que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo, preferiblemente a través de contratos escritos, el Convenio omite imponer el deber, previsto en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, consistente en entregar al trabajador copia del contrato respectivo. Por lo tanto, solicitan a la Corte que condicione la exequibilidad de la norma mencionada en tal sentido.
En segundo término, consideran que el artículo 8°, en cuanto (i) no contiene una cláusula de estabilidad laboral reforzada, a pesar de las particulares condiciones de los trabajadores migrantes, quienes están de suyo separados de su país de origen; (ii) excluye a los trabajadores que tengan libertad de movimiento con fines de empleo, en virtud de acuerdos internacionales, de la obligación prevista en el numeral 1° del citado artículo 8°, vulnera el principio de igualdad. Esto debido a que crea categorías injustificadas entre los trabajadores migrantes, a pesar que todos ellos, a juicio de los intervinientes, deben ser acreedores de idéntico tratamiento jurídico.
3.6. Confederación General del Trabajo
El Presidente y la Secretaría General de la Confederación General del Trabajo solicitaron a la Corte la declaratoria de exequibilidad del instrumento internacional objeto de examen.
Señala que la Confederación hizo parte de las negociaciones tripartitas que dieron lugar al Convenio, así como de las discusiones del instrumento internacional al interior de la OIT. Por ende, considera que la aprobación del tratado por parte del Congreso es muestra del cumplimiento del Gobierno en comprometer al Estado colombiano con las previsiones del Convenio, del modo como se pactó al momento de su discusión y aprobación en el ámbito internacional.
3.7. Confederación de Trabajadores de Colombia
La Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de Colombia indica a la Corte que dicha institución “… no tiene ninguna objeción al respecto, para que se continúe con su trámite de revisión…” del instrumento internacional por parte de esta Corporación.
El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del trámite de la referencia, en el que solicitó a la Corte declarar exequible el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (Número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011.” , al igual que la Ley 1595 del 21 de diciembre de 2012, por medio del cual fue aprobado el citado instrumento internacional.
4.1. En lo que tiene que ver con la revisión formal del procedimiento legislativo que dio lugar a la Ley 1595/12, el Ministerio Público hace una descripción del trámite impartido, para concluir que el mismo cumplió con las reglas previstas para el efecto por la Constitución y por la normatividad orgánica. Del mismo modo, encontró adecuadamente conformada la representación internacional del Estado colombiano para suscribir el instrumento objeto de análisis, actuación que se comprobó a través de la figura de la Aprobación Ejecutiva.
Acerca del análisis material, el Procurador General expone diferentes argumentos sobre los diferentes artículos que conforman el Convenio, para lo cual señala la siguiente.
4.2. La Vista Fiscal concuerda con los intervinientes en el sentido de considerar la pertinencia del Convenio, frente a las condiciones de vulnerabilidad de las trabajadoras y trabajadores domésticos. Así, pone de presente que los distintos artículos del instrumento internacional apuntan, bien a garantizar a todos los trabajadores, en pie de igualdad, los derechos laborales mínimos, o bien a desarrollar derechos de los trabajadores ya previstos en el ordenamiento interno, incluso en la Constitución.
4.4. En relación concreta con el artículo 4° sobre la edad mínima de los trabajadores domésticos, el Ministerio Público hizo una exposición particular en la que pone de presente que “[t]al norma se ajusta a lo dispuesto en el artículo 44 superior que consagra como derechos fundamentales de los niños la educación, la cultura y la recreación, estableciendo que los menores “serán protegidos contra toda forma de…explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.” De igual manera, tal disposición impone a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos e indica que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de otras personas. El artículo 45, por su parte, establece que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. || Por su parte, el artículo 238 del Código del Menor, derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006, señala que los menores de dieciocho (18) años para poder trabajar necesitan autorización escrita del Inspector del Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de éstos, del Defensor de Familia. Tal norma prohíbe el trabajo de los menores de 14 años y establece el deber de los padres de disponer que acudan a los centros de enseñanza. Sin embargo, “excepcionalmente y en atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12) años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este artículo”. || La expresión “Prohíbese el trabajo de los menores de catorce (14) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los centros de enseñanza”, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-170-04, “... siempre y cuando se entienda que la prestación subordinada de servicios por parte de menores de quince (15) años y mayores de catorce (14), se encuentra sujeta a las condiciones previstas en los Convenios Nos. 138 “sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo” y 182 “sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil” de la OIT…” ||En la misma sentencia la Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible el párrafo “Excepcionalmente y en atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12) años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este artículo”, en el entendido que los mayores de 12 años podrán trabajar, siempre y cuando se le de estricto cumplimiento a las edades mínimas y a los requisitos contenidos en el Convenio No. 138 de la OIT, declarado exequible por la sentencia C-350-00 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), y que no podrán hacerlo en las actividades a que se refiere el Convenio 183 de la OIT, declarado exequible por la sentencia C-535-02 de 2002 M.P. Jaime Araújo Rentería)…Además, la constitucionalidad de la norma reseñada, se sujeta a que Colombia continúe acogiéndose a la edad de 14 años.” || Por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño, emanada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada por la Ley 12 de 1991, la cual forma parte del bloque de constitucionalidad, reconoce que, si bien los niños deben ser protegidos contra el ejercicio de labores riesgosas o la explotación laboral que obstaculice su educación y desarrollo, determina que los Estados Partes deben fijar una edad o edades mínimas para trabajar y dispondrán la reglamentación de los horarios y las condiciones de trabajo.”
4.5. El concepto hace una exposición del contenido de los artículos 5 a 14 del Convenio 189, para concluir que los mismos son exequibles, en tanto son desarrollos de los principios mínimos del trabajo de que trata el artículo 53 C.P., así como del derecho de igualdad entre las diversas clases de trabajadores. En ese mismo sentido pone de presente que tanto el Código Sustantivo del Trabajo como la Ley 100 de 1993 prevén disposiciones particulares para las trabajadoras y trabajadores domésticos, que en varias de sus previsiones conforman desarrollos del Convenio 189. Además, indica que estas garantías son identificadas por la jurisprudencia constitucional, para lo cual trae a colación el estudio realizado por la Corte en las sentencias C-310/07 y C-372/98.
4.6. Finalmente, en lo que respecta a las demás garantías previstas en el Convenio a favor de los trabajadores domésticos, el Procurador General insiste en que no solo son compatibles con la Constitución, sino que encuentran desarrollo específico en leyes nacionales. Particularmente, hace referencia a la Ley 1010 de 2006, sobre prevención y sanción del acoso laboral, así como a la Ley 1610 de 2013, que regula asuntos concernientes a las inspecciones de trabajo y los acuerdos de formalización laboral.
En cuanto al análisis de trámite de las leyes aprobatorias de tratados, esta Corporación advierte que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para el efecto, de tal manera que debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. No obstante, esta previsión opera salvo las obligaciones particulares de procedimiento que la Carta sí prevé para este escenario, relacionadas con (i) la iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) la remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.P.).
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó[2] a esta Corporación que el Convenio 189 fue adoptado de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.[3] En consecuencia, señala que los convenios que adopta la Conferencia Internacional del Trabajo de dicha Organización no requieren de suscripción por parte del Gobierno colombiano. En cambio, solo precisan de su adopción, en votación final, por la mayoría de los dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes y de la respectiva autenticación por parte del Presidente de la citada Conferencia, así como del Director General de la OIT.
Por lo tanto, señala el Ministerio que no era necesaria la concesión de plenos poderes para la mencionada adopción, conforme la regulación prevista en el artículo 7° de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados.
Adicionalmente indica que, en los términos del artículo 19-2 C.P., el Presidente le impartió al Convenio adoptado Aprobación Ejecutiva del 4 de abril, en la cual autorizó y ordenó someter a la consideración del Congreso dicho instrumento internacional.
De otro lado, también debe resaltarse que la jurisprudencia constitucional ha reconocido esta modalidad de adopción de los Convenios de la OIT, como compatible tanto con los cánones superiores, como con las normas de derecho internacional público. En ese sentido, la sentencia C-535/02 que efectuó el control de constitucionalidad del Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, así como su ley aprobatoria, señaló que “[e]n reiterada jurisprudencia esta Corporación ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del ejecutivo respecto de la negociación y la celebración del instrumento internacional respectivo. || No obstante, cuando el instrumento internacional es un convenio internacional del trabajo, de conformidad con lo dispuesto por los parágrafos 2°, 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo - O.I.T., el mismo se adopta mediante votación en la Conferencia Internacional del Trabajo y se autentica mediante las firmas del Presidente de la Conferencia y el Director General de la Organización, por lo cual no tiene lugar la suscripción del documento. Así, por sustracción de materia, el examen de constitucionalidad no incluye el aspecto de las facultades del ejecutivo para la suscripción del convenio, pues los Estados miembros quedan obligados a someterlo a la autoridad competente para su aprobación, en el término de un año contado a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia General en la que fue adoptado.”
El expediente legislativo enviado a la Corte por el Congreso de la República demuestra que el proyecto de ley n.° 230/12 Senado, 144/12 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1495 del 21 de diciembre de 2012 “por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (Número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011.”, surtió el siguiente trámite:
2.2.1.2. Su texto fue publicado en la Gaceta del Congreso 176 del 25 de abril de 2012.[4]
2.2.1.3. La ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por la senadora Alexandra Moreno Piraquive y fue publicada en la Gaceta del Congreso 278 del 28 de mayo de 2012.[5]
2.2.1.4. Según certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República,[6] el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del 29 de mayo de 2012, según consta en el Acta n.° 28 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 549 del 23 de agosto de 2012. Sobre esta actuación, en el acta mencionada se advierte lo siguiente:
6. Proyecto de ley número 230 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011. Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y del Trabajo. Ponente: honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive. Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 176 de 2012. Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 278 de 2012.
El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, informa que se cita para el día mañana miércoles a las 10:00 a. m. en este recinto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Gracias a todos por su asistencia.
Se levanta la sesión.”[7]
2.2.1.5. Según la certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República, citada en el numeral anterior, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 30 de mayo de 2012, sesión contenida en el Acta n.° 12 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 549 del 23 de agosto de 2012. El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión mediante votación ordinaria. Además, de acuerdo con lo indicado en la mencionada certificación, “[l]a proposición final, la omisión de la lectura del articulado, el articulado propuesto, el título del proyecto y el querer que este tenga segundo debate y se convierta en Ley de la República fueron aprobados conforme al artículo 129 del Reglamento del Congreso y/o artículo 1° de la Ley 1431 de 2011 || En relación al quórum se informa que este quedó integrado por doce (12) de los trece (13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma”. En el acta correspondiente se acredita dicha actuación del siguiente modo:
Con base en las anteriores consideraciones presentamos ponencia favorable y en consecuencia solicitamos dar primer debate al Proyecto de ley número 230 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el convenio número 189, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos; adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011, tal como fue radicado por el gobierno nacional. Publicado en la Gaceta 176 de 2012. Firma, honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive Presidenta Comisión Segunda.
Procede con la lectura del título del Proyecto de ley número 230 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011. Está leído el Título del Proyecto, señor Presidente.
El señor Secretario, Diego Alejandro González González: Informa que sí lo aprueban señor Presidente, el título del Proyecto de ley número 230 de 2012 Senado.
Se nombra como ponente par el segundo debate a la Senadora Alexandra Moreno Piraquive. Continúe señor Secretario con el Orden del Día.”[8]
2.2.1.6. La ponencia para segundo debate fue presentada por la senadora Alexandra Moreno Piraquive y fue publicada en la Gaceta del Congreso 544 del 23 de agosto de 2012.[9]
2.2.1.7 Según certificación suscrita por el Subsecretario General del Senado de la República,[10] el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 4 de septiembre de 2012, según consta en el Acta n.° 12 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 797 del 9 de noviembre de 2012. Estudiado el texto de la referida acta, se encuentra sobre esta actuación lo siguiente:
Proyecto de ley número 230 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre trabajo Docente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, 2011 (número 189)", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Confederación Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011.
Proyecto de ley número 246 de 2012 Senado, por medio de la cual se crean estímulos para el fomento de la práctica de fútbol femenino en Colombia y se dictan otras disposiciones.
Están anunciados los proyectos señor Presidente.”[11]
En cuanto a la convocatoria para la siguiente sesión de la plenaria del Senado, al finalizar la reunión en comento la mesa directiva indicó que “[s]iendo las 6:50 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 11 de septiembre de 2012, a las 3:00 p. m.”
2.2.1.8. Igualmente, la certificación citada hace constar que el proyecto de ley fue considerado en segundo debate el 11 de septiembre de 2012, sesión documentada en el Acta n° 13 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 798 del 9 de noviembre de 2012. El Secretario General del Senado hace constar que “[e]l mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5 de 1992, y un quórum de 92 votos afirmativos, cero negativos y centro abstenciones de 100 senadores”.[12] Sobre el particular, en el acta mencionada se encuentra lo siguiente:
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 230 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, 2011 (número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª Reunión de la Confederación Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto del Orden del Día.”[13]
2.2.2.1. Para primer debate rindió ponencia el representante Iván Darío Sandoval Perilla, cuya publicación se llevó a cabo en la Gaceta del Congreso 729 del 25 de octubre de 2012.[14]
2.2.2.2. Según certificación expedida por la Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,[15] en sesión del 30 de octubre de 2012 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley. Ello de acuerdo con lo contenido en el Acta n.° 18 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 17 del 6 de febrero de 2013. Acerca de este procedimiento, en el acta mencionada se lee:
Proyecto de ley número 144 de 2012 Cámara, 230 de 12 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (N° 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a. Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011.
Esos son los 8 proyectos de ley señor Presidente, que ha ordenado usted que se anuncien para la próxima sesión donde se debatan y voten proyectos de ley señor Presidente.”[16]
Adicionalmente, finalizada la sesión en comento, el Presidente de la Comisión señaló que “[a]gotado el Orden del Día se cita para el próximo miércoles 7 de noviembre a las 9 de la mañana.”[17]
2.2.2.3. Como consta en la certificación citada en el numeral anterior, el proyecto de ley fue considerado y aprobado por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 7 de noviembre de 2012, por unanimidad y a través de votación ordinaria. Esto conforme lo expuesto en el Acta n.° 19 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 222 del 22 de abril de 2013. Acerca de la aprobación de la iniciativa, en el acta mencionada se verifica lo siguiente:
Sí señor Presidente, siguiente proyecto el segundo del Orden del Día Proyecto de ley número 144 de 2012 Cámara, 230 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (N° 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011. Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar y Ministro del Trabajo, doctor Rafael Pardo Rueda
“por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (N° 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011”, leído el título del proyecto señor Presidente.
Así se hará señor Presidente.”[18]
2.2.2.4. Para segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Iván Darío Sandoval Perilla, publicándose en la Gaceta del Congreso 834 del 23 de noviembre de 2012.[19]
2.2.5. De acuerdo con lo certificado por el Secretario General de la Cámara de Representantes,[20] en sesión plenaria del 26 de noviembre de 2012 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley. Esta actuación está contenida en el Acta n.° 176 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 26 de 2013.
Proyecto de ley número 144 de 2012 Cámara, 230 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (número 189)", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011.
Señor Presidente han sido anunciados los proyectos de ley.”[21]
2.2.2.6. Según la certificación antes citada, en sesión plenaria del 28 de noviembre de 2012, a la cual se hicieron presentes 152 Representantes, se consideró y aprobó por unanimidad y en votación ordinaria, el informe de ponencia para segundo debate, como el título y articulado del proyecto de ley, decisión consignada en el Acta n.° 177 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 83 del 12 de marzo de 2013. En el acta correspondiente se comprueba dicha aprobación del siguiente modo:
Proyecto de ley número 144 de 2012 Cámara, 230 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011”. Informe con que termina la ponencia señor Presidente.
Con base en las anteriores consideraciones, presento ponencia positiva y, en consecuencia, solicito a los miembros de la Plenaria de la Cámara de Representantes, dar segundo debate al Proyecto de ley número 144 de 2012 Cámara, 230 de 2012 Senado, ¿por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (número 189)¿, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011”. Discutido y aprobado por unanimidad sin objeción alguna por los miembros de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el día miércoles 7 de noviembre de 2012.
El título. “Por medio del cual se aprueba el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011”. Señor Presidente ha sido leído el título.
Sí señor Presidente han sido aprobados el título y la pregunta.”[22]
Gaceta 176 del 25 de abril de 2012
Gaceta 278 del 28 de mayo de 2012
Gaceta 544 del 23 de agosto de 2012
Gaceta 729 del 25 de octubre de 2012
Gaceta 834 del 23 de noviembre de 2012
2.3.3. La iniciativa fue aprobada en cada uno los debates, tanto en comisiones como en plenarias. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que en cada una de las etapas del trámite legislativo el proyecto fue aprobado por unanimidad y a través de votación ordinaria. Así, aunque el artículo 133 C.P. prescribe que las votaciones de las corporaciones públicas serán nominales y públicas, difirió las excepciones a la Ley. En tal sentido, el artículo 129 R.C., modificado por el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011 estipula en su numeral 16 que no se requerirá votación nominal y pública “cuando en el trámite del proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros.”
Estas circunstancias, sumadas al hecho que al tratarse de un proyecto de ley ordinaria no hay lugar a la exigencia de mayoría cualificada, llevan a la Corte a concluir la validez de la excepción a la votación nominal prevista en el artículo 129-16 R.C. A este respecto, debe indicarse que la jurisprudencia constitucional ha considerado que las circunstancias planteadas son indicativas de la existencia de unanimidad en la aprobación. Así, en la reciente sentencia C-360/13 se expresó lo siguiente:
2.3.4. De igual forma, el requisito de anuncio previo a la votación de que trata el artículo 160 C.P. se cumplió a cabalidad. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, tanto en comisiones y plenarias la discusión y aprobación del proyecto de ley fueron anunciadas para un fecha determinada, en la que efectivamente se llevó a cabo tal procedimiento. Por ende, no se mostró ni ruptura en la cadena de anuncios, ni menos la falta de certeza sobre la sesión en que sería llevada a cabo la votación respectiva, acreditándose con ello la exigencia constitucional.
La Ley 1595 fue sancionada por el Presidente de la República el 21 de diciembre de 2012, remitiéndose para su estudio a la Corte el 26 del mismo mes, a través de oficio suscrito por la Secretaria Jurídica de la Presidencia,[23] cumpliéndose con ello el término de seis días al que refiere el artículo 241-10 de la Constitución.
3.1. Los derechos laborales mínimos de los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico
3.1.1. El artículo 25 C.P. determina que el trabajo es un derecho y una obligación social, el cual goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. De igual modo, la misma norma prescribe que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Del mismo modo, el artículo 53 C.P. identifica los principios mínimos fundamentales del trabajo, que operan como condiciones indispensables para el desarrollo legislativo ulterior. Estos principios versan sobre (i) igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil; (ii) proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; (iii) estabilidad en el empleo; (iv) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; (v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; (vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; (vi) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; (vii) garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; y (viii) protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
3.1.3. Ejemplo de la aplicación de esta premisa es la sentencia C-372/98. En esa oportunidad, la Corte consideró que si bien resultaba acorde con la Constitución que el legislador fijara algunas excepciones a la aplicación de la jornada laboral ordinaria, esta potestad debe mostrarse compatible con el mandato constitucional de garantizar a todos los trabajadores el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Tales condiciones se verían desconocidas si se impusiesen jornadas extensas, incompatibles con la dignidad humana del trabajador, situación en la que usualmente están comprometidos los trabajadores domésticos.
Ya esta Corte estimó que “por las características propias de esta modalidad de trabajo” es “razonable la disposición del literal b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, que excluye de la regulación sobre jornada máxima legal a los trabajadores del servicio doméstico”.[24]
Sólo en las anteriores condiciones la norma acusada puede ser exequible, de modo que aún cuando sea posible la exigencia de laborar durante un período de tiempo superior a la jornada máxima fijada legalmente, para la Corte lo razonable es que, en ningún caso, los trabajadores del servicio doméstico laboren más de 10 horas diarias, y en el evento de que se requiera el servicio más allá de tal límite, procederá entonces, el reconocimiento y pago de horas extras, en los términos de la legislación laboral.
En lo que toca con los trabajadores del servicio doméstico que no viven con el patrono en forma permanente, la Corte estima que para ellos rigen las normas ordinarias en materia de garantías salariales y prestaciones sociales.”
3.1.4. En la sentencia SU-062/99, la Sala Plena estudió el caso de una mujer adulta mayor, quien por cerca de dos décadas se dedicó a las labores de servicio doméstico, sin que le fueran reconocidos sus prestaciones sociales, ni fuera afiliada al sistema general de seguridad social, circunstancias que motivaron que impetrara acción de tutela contra su empleador. En esta decisión, la Corte consideró que dicha omisión afectaba tanto el derecho a la dignidad humana de la trabajadora, como sus derechos laborales mínimos de estirpe constitucional. Agregó que la situación vulneradora de sus derechos fundamentales se mostraba particularmente intensa, puesto que era un sujeto de especial protección constitucional, a quien en virtud de la supuesta diferenciación entre el trabajo doméstico y otras modalidades de labor, era sometida a condiciones de empleo contrarias a la Constitución.
Para la Corte, “… la actora no sólo estuvo devengando un salario muy inferior al legalmente establecido por la legislación laboral colombiana, sino que, además, durante el período que estuvo empleada (…) nunca fue vinculada a una institución prestadora de servicio de salud, ni tampoco a una institución de seguridad social en pensiones. Circunstancias que hacen que hoy carezca del reconocimiento efectivo del conjunto de derechos que se derivan de la seguridad social que para ella revisten el carácter de fundamentales, y que no tenga la posibilidad de llevar una vida en condiciones dignas, por haberse desconocido su mínimo vital.” Por ende, se ordenó que los empleadores procedieran a pagar las sumas adeudadas y afiliar a la actora al sistema de seguridad social.
3.1.5. Más recientemente, en la sentencia T-303/07 la Corte estudió el caso de una mujer en estado embarazo que, por esa condición, fue despedida del empleo que desempeñaba en labores de servicio doméstico. En esta decisión y apoyado en el precedente existente en la materia, este Tribunal ordenó al empleador que pagara a la actora las acreencias debidas y que reconociera la licencia de maternidad a la que tenía derecho.
En dicha sentencia, se puso de presente que las trabajadoras que estaban en la situación de la accionante se encontraban en un particular estado de indefensión, que las hacía acreedoras de la especial protección del Estado, lo que también imponía deberes concretos para el empleador. Así, se indicó que “[s]egún la jurisprudencia, las empleadas de servicio doméstico son personas que se encuentran en estado de indefensión y, especialmente, de subordinación en relación con sus empleadores, por el hecho de estar bajo sus órdenes, aunado a la carencia de los medios mínimos requeridos para repeler la eventual violación o amenaza a sus derechos fundamentales.[25] || Así mismo[26], que una mujer trabajadora se encuentre en estado de gravidez ratifica que se halla en “circunstancia de debilidad manifiesta” (art. 13 Const.) y hace presumir gran vulnerabilidad, requiriendo un ingreso que asegure la subsistencia propia y la del hijo que está por nacer, según está también garantizado en el artículo 43 de la Constitución, según el cual la mujer “durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”.”
3.1.6. Una síntesis comprehensiva de la naturaleza de la protección constitucional de los trabajadores domésticos fue realizada por la Corte en la sentencia C-310/07, en donde la Sala Plena se pronunció sobre la norma que limitaba el reconocimiento del auxilio de cesantía solo respecto de las sumas devengada en dinero, excluyéndose los montos en especie, usuales en la relación laboral con los mencionados trabajadores.
En esta decisión, la Sala Plena centró su análisis en considerar que la relación laboral de las trabajadoras y trabajadores domésticos configuraba una particular subordinación jurídica, habida cuenta que generalmente era adelantada por mujeres, con escasa instrucción y, por ende, acreedoras de especial protección por parte del Estado. Así, debía tenerse en cuenta que en ese escenario concurría un deber jurídico de raigambre constitucional, predicable tanto de los empleadores como de las autoridades públicas, referido a la garantía de la plena vigencia de los garantías laborales mínimas, en igualdad de condiciones que los demás trabajadores. Sólo de esa manera podría superarse la tradicional estigmatización de la actividad en comento, que muchas veces es erróneamente vinculada con rezagos históricos de prácticas serviles, del todo incompatibles con el Estado Constitucional.
Para llegar a esta conclusión, la Corte hizo un análisis sistemático de su jurisprudencia sobre el particular, que en razón de la importancia para el presente estudio, la Sala considera pertinente reiterar in extenso. Además, debe igualmente tenerse en cuenta que la importancia del análisis siguiente también se explica en que ha sido utilizado para fallar casos posteriores, en sede de revisión de acciones de tutela, en donde se ha concluido la vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras domésticas:[27]
“Tradicionalmente al servicio doméstico se le ha restado importancia jurídica, económica y social, al estar destinado a remplazar o complementar la labor del ama de casa que, como tal, es considerada económicamente inactiva. Se trata, como lo han hecho ver estudios especializados[28], de una actividad “invisible” para el resto de la sociedad.
Las condiciones laborales de los trabajadores del servicio doméstico son en la mayoría de los casos desfavorables, pues se los explota en circunstancias que equivalen a las de esclavitud y el trabajo forzoso. [29]
Ciertamente, a menudo la jornada del personal del servicio doméstico es larga o incluso excesiva, sin días de descanso ni compensación por las horas extraordinarias y su salario suele ser muy bajo y tienen una cobertura insuficiente en lo que atañe al seguro médico, lo anterior dado que, en no pocas ocasiones, los empleadores prefieren mantener el vínculo laboral en la informalidad para así ahorrar costos. [30]
Teniendo en cuenta que esa actividad se desarrolla en un espacio reservado como es el hogar, los trabajadores domésticos también están expuestos a que se les someta a acoso físico o sexual, violencia y abusos y, en algunos casos, se les impide salir de la casa del empleador recurriendo a amenazas o a la violencia, a la retención del pago de los salarios o de sus documentos de identidad. [31]
Al efecto, la ley ha definido al trabajador doméstico como “la persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa de manera habitual, bajo continuada subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar de trabajo, a una o varias personas naturales, en la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, vigilancia de niños, y demás labores inherentes al hogar”. Así mismo, denomina “internos” los trabajadores domésticos que residan en el lugar o sitio de trabajo y a los demás “por días”.[32]
Al analizar esas disposiciones, desde un primer pronunciamiento la Corte Constitucional precisó que el hogar o la familia “no es una empresa y no genera utilidades”[33], y por consiguiente, no tiene las características de un empleador corriente o regular, “pues es evidente que la economía doméstica y la labor desempeñada en la misma poseen unos rasgos particulares que implican una disponibilidad de tiempo diferente y adecuada a actividades familiares, que no son asimilables a las desplegadas en otros ámbitos del quehacer doméstico y económico o social.”[34]
También la Corte se ha pronunciado sobre la jornada laboral de dichos trabajadores, señalando que los que residen en la casa del empleador no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias. Al declarar exequible con ese condicionamiento el literal b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, en sentencia C-372 de 1998 (julio 21), M. P. Fabio Morón Díaz, esta corporación expresó al respecto
No sobra mencionar que en el ámbito del control concreto, la Corte en múltiples oportunidades ha amparado los derechos fundamentales de trabajadoras domésticas ante situaciones de maltrato o discriminación por causa de embarazo.[35]
En suma: el trabajo doméstico, por sus especiales características y la situación de vulnerabilidad de quienes lo ejecutan, demanda la protección del Estado a fin de que sea reconocido legal y socialmente como una actividad laboral, merecedora equitativamente de los derechos respectivos.”
3.1.7. De acuerdo con lo planteado, la Corte encuentra que en relación con la garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticos, la jurisprudencia constitucional ha fijado reglas definidas sobre el particular, las cuales versan en sus aspectos esenciales acerca de (i) la existencia de un mandato constitucional de equiparación, en lo que respecta al goce y ejercicio de los principios mínimos del trabajo, de que trata el artículo 53 C.P. entre los trabajadores y trabajadoras domésticos y los demás trabajadores. Esto en los diferentes planos de la protección laboral, entre los que se destacan los aspectos salariales y prestacionales, de la seguridad social, las condiciones físicas del empleo compatibles con la dignidad de la persona; la protección de la estabilidad laboral de la mujer embarazada, etc. (ii) el reconocimiento que la relación laboral de los trabajadores y particularmente los trabajadores domésticos está signada por una particular forma de subordinación jurídica hacia el empleador, merced de la labor efectuada y las condiciones en que se desarrolla, sumado al hecho que el servicio es usualmente prestado por mujeres de escasos recursos e instrucción; en consecuencia (iii) la necesidad de otorgar a las relaciones laborales en comento un marco reforzado de protección de los derechos del trabajador, lo cual incluso permite fijar discriminaciones a su favor, compatibles con la condición de vulnerabilidad en que suelen encontrarse las trabajadoras y trabajadores domésticos.
3.2. La exequibilidad del Convenio objeto de revisión de constitucionalidad
3.2.1. En lo que respecta al preámbulo del Convenio 189, la Corte advierte que cada uno de sus contenidos parte de premisas análogas a las explicadas anteriormente respecto de la invisibilidad y vulnerabilidad del trabajo doméstico y la necesidad correlativa de protección reforzada en lo que refiere a los derechos de las personas que lo ejercen. A su vez, el preámbulo del instrumento internacional acoge otros Convenios del Trabajo, ratificados por Colombia y que, en los términos del artículo 53 C.P., hacen parte de la legislación interna, lo que otorga un marco de constitucionalidad suficientemente preciso.
3.2.2. El artículo 1° del Convenio ofrece las definiciones de trabajo doméstico, así como de trabajador doméstico. En cada una de ellas se vincula la labor con el hecho que sea realizada por toda persona en un hogar u hogares para los mismos y que, por ende, conforme una relación de trabajo. La Corte encuentra que esa definición es compatible con la Constitución, particularmente con el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las relaciones laborales de que trata el artículo 53 C.P. Ello debido a que define la relación de trabajo a partir de la materialidad del servicio personal prestado por el trabajo y no la sujeta a una solemnidad particular.
3.2.3. El artículo 2° del Convenio prevé su ámbito de aplicación, dirigida a todos los trabajadores domésticos, lo que entra en plena consonancia con el principio de igualdad ante la ley, en este caso ante la norma internacional. Igualmente, las excepciones de aplicación que también contempla el precepto son constitucionales, en la medida en que (i) su definición está precedida de la participación de las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores, lo que impide que la medida resulte inconsulta; (ii) la excepción es residual y no incide en los derechos de los empleados, puesto que es aplicable solamente cuando la categoría de trabajadores sujeto de exclusión tenga un grado de protección equivalente al previsto en el instrumento internacional o en relación con categorías limitadas de trabajadores frente a los cuales se planteen problemas especiales de carácter sustantivo; y (iii) el Estado está obligado a, en cumplimiento del principio de publicidad, informar a la OIT sobre las categorías excluidas.
3.2.4. El artículo 3° prevé tres reglas diferenciadas, todas ellas compatibles con la Constitución. La primera determina que los Estados deben adoptar las medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, de conformidad con las disposiciones del Convenio, cláusula que reitera el carácter vinculante del instrumento internacional.
Como se observa, cada una de estos principios encuentra consonancia con normas constitucionales. En cuanto a la libertad de asociación sindical, el artículo 39 C.P. prevé un mandato en idéntico sentido, aplicable a la generalidad de los trabajadores, entre ellos la categoría protegida por el Convenio. Respecto a la prohibición de trabajo forzoso, se trata de una cláusula análoga a la restricción de que trata el artículo 17 C.P., lo que justifica su exequibilidad.
En cuanto al trabajo infantil, la Corte ha tenido la oportunidad de establecer la exequibilidad de aquellas normas que disponen prohibiciones de esa naturaleza. Al respecto la sentencia C-170/04, que analizó varias normas legales en materia de autorización excepcional del trabajo por menores de edad, puso de presente cómo desde el derecho internacional de los derechos humanos concurren mandatos precisos, vinculantes para el Estado colombiano, referidos tanto a la progresiva eliminación del trabajo infantil, como a su validación excepcional, sometida a estrictas condiciones, tanto en lo relativo a qué labores pueden desempeñarse, como de edad mínima. Sobre este particular, la mencionada decisión indicó lo siguiente:
“24. Son muchos los niños colombianos que trabajan en condiciones que ponen en peligro su vida, integridad física y personal, su salud, su formación, su educación, desarrollo y porvenir. Algunos de ellos están sometidos a las peores formas de trabajo infantil, lo que - en no pocas ocasiones- les generan daños físicos y psicológicos irreversibles e impiden su adaptación social. En atención a dicha problemática, las normas constitucionales como las disposiciones internacionales propenden por la abolición del trabajo infantil, precisamente, porque perpetúa la pobreza y compromete el crecimiento económico y el desarrollo equitativo del país.
Así, por ejemplo, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en marzo de 1995, señaló claramente que la eliminación del trabajo infantil es un elemento clave para el desarrollo social sostenible y la reducción de la pobreza[36]. Y, en el mismo sentido, en la 58ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, al proferirse el Convenio No. 138 “sobre la Edad Mínima de Admisión de Empleo”, se confirmó que la abolición efectiva del trabajo infantil constituye uno de los principios relativos a los derechos fundamentales que deben respetar los Estados Partes de la OIT, incluso si no han ratificado los convenios fundamentales.
25. En desarrollo de dicho propósito, el principal instrumento que tienen las normas nacionales e internacionales para abolir el trabajo infantil, ha sido y sigue siendo, la determinación de una edad mínima para ingresar a la vida productiva[37].
Recuérdese que de conformidad con el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 1° de la Ley 27 de 1977, se entiende por niño, “todo ser humano menor de dieciocho años”. De suerte que, el señalamiento de una edad mínima para ingresar al empleo, supone una reducción de los dieciocho (18) años, como límite en la capacidad para contratar. Precisamente, los menores de dicha edad bajo las reglas generales previstas en el Código Civil, son incapaces absolutos o relativos para prestar su consentimiento en la celebración de un contrato (artículos 1503 y 1504).
“(...) Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil, requiere una acción inmediata y general que tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades de su familia (...)
Reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y la educación universal (....)”
27. En este orden de ideas, los parámetros de validez del trabajo infantil y, por ende, la normatividad referente al señalamiento de la edad mínima para acceder a la vida productiva, tienen su determinación en un marco constitucional compuesto por el preámbulo y los artículos 44, 45, 67, 93 y 94 del Texto Superior, en armonía con las disposiciones previstas en la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991) y en los Convenios No. 138 sobre la “Edad Mínima de Admisión de Empleo” (Ley 515 de 1999) y No. 182 sobre la “Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación” (Ley 704 de 2001), ambos proferidos por la O.I.T.
Del análisis de dicha normatividad, se puede deducir que ni la Constitución, ni los tratados internacionales proscriben el trabajo infantil. Sin embargo, el ordenamiento superior, en atención a la realidad social y económica que involucra tempranamente a los menores en el mundo laboral, regula su prestación, con el objetivo de velar por la efectiva protección del menor y humanizar las condiciones laborales. De todos modos, dicha regulación se enmarca, en primer lugar, en el reconocimiento de un catálogo amplio y riguroso de condiciones orientadas a velar por la efectiva defensa del menor y, en segundo término, en el compromiso de una vigencia temporal y excepcional, en razón a la obligación de los Estados de adoptar políticas públicas encaminadas a su total abolición (art. 1° Convenio No. 138 de la O.I.T).”
Ahora bien, en lo que respecta al deber de eliminación de discriminación en materia de empleo y ocupación, se trata de una regla constitucional que desarrolla el principio mínimo del trabajo de igualdad de oportunidades, previsto en el artículo 53 C.P.
Esta regla es compatible con la Constitución, en tanto reitera el derecho a la libertad sindical, en los términos previstos en el artículo 39 C.P. Ahora bien, es claro que en la legislación nacional no se encuentra una regla separada para el ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores domésticos, de lo que se infiere que estos trabajadores están cubiertos por las normas generales, contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y demás preceptos relacionados, que les permiten ejercen sus derechos a la asociación sindical y a la negociación colectiva. Sin embargo, la existencia de estas previsiones legales no impide que, precisamente en desarrollo de lo previsto en el artículo 3°, numeral 3 del Convenio 189, el Estado colombiano proceda a regular la materia mencionada y de forma particular para los trabajadores domésticos, ámbito donde deberá tenerse en cuenta el carácter no empresarial de los empleadores de dichos trabajadores.
3.2.5. El artículo 4° determina que los Estados miembros del Convenio están obligados a fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos, la cual sea compatible con el Convenio 138 sobre edad mínima, así como con el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Este mínimo (i) no podrá ser inferir a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general; y (ii) no podrá interferir con la escolaridad obligatoria del trabajador, ni comprometer sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional.
Estas normas protectoras de los derechos a la educación y la integridad física de los menores de edad no se oponen a la Constitución. Además, debe tenerse en cuenta que los Convenios 138 y 182 fueron ratificados por Colombia y, en consecuencia, hacen parte de su derecho interno,[38] de modo que no se está ante obligaciones nuevas para el Estado. Adicionalmente, en lo que respecta a la obligatoriedad de hacer compatibles el empleo de menores de edad y la efectividad del derecho a la educación, es claro que se está ante una previsión que desarrolla el artículo 44 C.P., en cuanto al derecho fundamental a la educación de los niños y niñas. Además, esta misma conclusión fue planteada por la Corte en la sentencia C-170/04, antes reseñada, la cual estipuló que “[l]a Constitución Política impone una medida de protección acorde a la prevista en los tratados internacionales que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad strictu sensu (Convención sobre los Derechos del Niño y Convenios Nos. 138 y 182 de la OIT), conforme a los cuales, por regla general, la edad de admisión al empleo, es aquella en que cesa la obligación de garantizar la escolaridad mínima, es decir, los quince (15) años. Sin embargo, es posible ingresar al mundo laboral a partir de los catorce (14) años, de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio No. 138 de la OIT, edad a la cual se acogió Colombia por ser un país cuya educación está insuficientemente desarrollada (Ratificación del citado Convenio, visible a folio 64 del expediente de constitucionalidad). Así mismo, también se encuentra ajustado al Texto Superior que de manera excepcional y bajo estrictas condiciones las autoridades respectivas autoricen a niños mayores de doce (12) años y menores de catorce (14) para ejecutar trabajos ligeros, siempre que no afecten la salud, el desarrollo integral y la educación del menor. Por ello, es inconstitucional que el legislador desconozca los citados mandatos, permitiendo el acceso a la vida laboral a una edad inferior, con las perversas consecuencias que ello genera para la educación, el desarrollo y el porvenir de los niños, en los términos previstos por los artículos 44 y 67 del Texto Superior.” Como se observa, estas razones resultan plenamente aplicables al presente asunto, a fin de concluir la exequibilidad del precepto objeto de análisis.
3.2.6. El artículo 5° es compatible con la Constitución, particularmente con el principio de la dignidad humana de los trabajadores domésticos, cuando determina que los Estados deben adoptar medidas para asegurar que dichos empleados gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. De la misma forma, el artículo 6° del Convenio reitera los principios fundamentales del trabajo, previstos en el artículo 53 C.P., en cuanto dispone que los Estados están compelidos a adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, un entorno que respete su privacidad.
3.2.7. El artículo 7° del Convenio determina la obligación de los Estados de adoptar medidas para que los trabajadores domésticos conozcan las condiciones del empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, preferente a través de contratos escritos de conformidad con la legislación nacional o los convenios colectivos. La misma disposición determina los contenidos mínimos de dichos contratos, a saber (a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección respectiva; (b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales; (c) la fecha de inicio del contrato y, cuando este se suscriba para un período específico, su duración; (d) el tipo de trabajo por realizar; (e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos; (f) las horas normales de trabajo; (g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diario y semanal; (h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; (i) el período de prueba, cuando proceda; (j) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y (k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que han de respetar el trabajador doméstico o el empleador.
3.2.8. El artículo 8° del Convenio determina que la obligación antes indicada, relativa a la necesidad de contar con una oferta de trabajo con las condiciones anotadas, también es predicable de los trabajadores domésticos migrantes. Esta condición en nada se opone a la Constitución, pues tiene fundamento en la cláusula contenida en el artículo 100 C.P., que otorga a los extranjeros los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos.
Igualmente, no debe perderse de vista que los trabajadores migrantes son un grupo que, desde el derecho internacional de los derechos humanos, ha sido acreedor de la especial protección de los Estados, en virtud de la situación de vulnerabilidad a la que generalmente están abocados. Esta fue la conclusión que planteó la Corte en la sentencia C-288/09, al analizar el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador. En esa decisión se puso de presente que desde la jurisprudencia en el ámbito interamericano, resultaba claro que “[l]os asuntos de migración no han sido extraños a las decisiones de órganos internacionales. A propósito de la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Opinión Consultiva OC-18/03, resaltó la obligación general de los Estados de respetar los derechos fundamentales del migrante con independencia de la situación de irregularidad en que se encuentren, garantizando, entre otros, el principio de igualdad y no discriminación, los derechos laborales y el debido proceso. Las conclusiones a las que llegó fueron las siguientes: (…)4.Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. (…). Que la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral. El migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados, independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral. || 9. Que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador). El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales. || 10.Que los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben contar con todos los medios adecuados para ejercerlos. Los trabajadores migrantes indocumentados poseen los mismos derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores del Estado de empleo, y este último debe tomar todas las medidas necesarias para que así se reconozca y se cumpla en la práctica.”.
Esta conclusión es también predicable del numeral 2 del artículo 8°, que exceptúa de la aplicación del deber de contar con una oferta de empleo a favor del trabajador migrante, respecto de los trabajadores que tengan libertad de movimiento con fines de empleo en virtud de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales o en el marco de organizaciones de integración económica regional. Esto debido a que tales acuerdos deberán contar con las garantías laborales adecuadas para proteger los derechos de los trabajadores migrantes. Así, en cualquier caso, si estas obligaciones no llegasen a concurrir o fuesen menos garantistas que las previstas en el tratado, los trabajadores domésticos migrantes que laboran en Colombia tienen, en virtud del Convenio 189, el artículo 100 C.P. y la legislación nacional, los mismos derechos laborales que los trabajadores colombianos.
3.2.9. El artículo 9° prevé tres tipos de disposiciones que desarrollan la cláusula general de libertad de la que son titulares los trabajadores domésticos. Así, impone a los Estados la obligación de adoptar medidas que aseguren que dichos trabajadores puedan acordar libremente con el empleador si residirán o no en el sitio de empleo, así como si estarán o no obligados a permanecer en el hogar. De la misma manera determina que dichas medidas deben garantizar que el trabajador tenga derecho a conservar sus documentos de viaje e identidad.
3.2.10. De acuerdo con el artículo 53 C.P., uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo es la protección del descanso necesario del trabajador, por lo que la imposición de jornadas excesivas o que supongan la permanente disponibilidad del empleado son asuntos contrarios a sus garantías superiores. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha determinado que “[l]a protección al trabajo establecida por mandato del artículo 25 constitucional, incluye la fijación de jornadas máximas, dentro de las cuales los trabajadores presten los servicios propios de la relación laboral y estén sometidos a las órdenes del patrono. La jornada permanente, indefinida e ininterrumpida, sin períodos de descanso razonable previamente estipulados, atenta contra la dignidad del trabajador, cercena su libertad, pone en peligro sus derechos a la salud y a la vida, y causa daño a su familia, por lo que resulta contraria al ordenamiento superior. || En efecto, el artículo 1o. de la Carta Fundamental señala los principios constitucionales, dentro de los cuales están el respeto a la dignidad humana y el trabajo. Por su parte, el artículo 5o. del mismo ordenamiento señala que el Estado colombiano reconoce sin discriminación, los derechos inalienables de la persona y protege a la familia como institución básica de la sociedad. || A su vez, el artículo 25 constitucional establece que el Estado garantiza el trabajo en todas sus modalidades, en condiciones dignas y justas. E igualmente, el artículo 53 superior dispone que el legislador deberá expedir el estatuto del trabajo, el cual deberá contener una serie de principios y garantías mínimos fundamentales, entre ellos, “la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario”. || Así pues, toda relación laboral establecida por empleadores particulares, o por el Estado o entidades públicas en su condición de patronos, exige a la luz del ordenamiento jurídico, jornadas máximas y los períodos de descanso a ellas correspondientes.”[39]
En ese orden de ideas, el artículo 10 del Convenio desarrolla el derecho al descanso remunerado de los trabajadores domésticos, a partir de diversas cláusulas, entre ellas (i) la equivalencia entre los mencionados empleados y los trabajadores en general frente a la duración de las jornadas; (ii) la obligación de pago del trabajo suplementario; (iii) el carácter vinculante de los periodos de descanso obligatorio, entre ellos uno semanal de al menos 24 horas consecutivas; y (iv) la contabilización del periodo de disponibilidad del trabajador como parte de su jornada laboral.
Preceptos de esta naturaleza no plantean mayores debates sobre su exequibilidad, pues están intrínsecamente relacionadas tanto como la libertad del trabajador, como con el principio constitucional de remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. De otro lado, la Sala considera pertinente recordar que la jurisprudencia ha fijado reglas particulares en materia de salario de los trabajadores domésticos, específicamente en lo que respecta a la posibilidad de pagar una porción del mismo en especie. Así, en la sentencia C-310/07, a la cual se hizo extensa referencia en apartado anterior de esta decisión, se estableció por la Corte que la posibilidad de pago en especie para los trabajadores domésticos no podía equivaler a una disminución del monto de cotización respecto del cálculo del auxilio de cesantía. A su vez, en la sentencia C-967/03 esta Corporación avaló la constitucionalidad de la norma que obligaba a que las cotizaciones a la seguridad social se hicieran con base en el salario mínimo legal, incluso en los casos en que parte del salario fuera pagado en especie. Ello precisamente porque una previsión en ese sentido favorecía los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores domésticos.
Esta previsión es compatible con la Constitución, pues parte de la base del carácter universal e irrenunciable de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 48 C.P. Tales condiciones implican que, desde la Carta Política, el Estado está obligado a configurar las políticas y acciones tendientes a que los trabajadores domésticos accedan, en pie de igualdad, a las diferentes prestaciones del sistema de seguridad social, en sus distintas modalidades de riesgos.
Tales disposiciones desarrollan derechos fundamentales previstos en la Constitución, comprobación que por si sola valida su exequibilidad. Con todo, la Corte considera importante detenerse en la previsión de contenida en el numeral 3° del artículo 17, la cual prevé que en el marco de los mencionados procesos administrativos y en la medida en que sea compatible con la legislación nacional, se deberán especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá autorizar el acceso al domicilio del hogar, en el debido respeto a la privacidad. A juicio de la Sala, esta previsión es compatible con la Constitución, a condición que se cumpla con los requisitos previstos en la Carta para la protección del domicilio, de que trata el artículo 28 C.P. Por ende, la posibilidad prevista en el Convenio solo será viable cuando exista mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley.
Primero.- DECLÁRASE EXEQUIBLE el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (Número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011.”
Segundo.- DECLÁRASE EXEQUIBLE la Ley 1595 del 21 de diciembre de 2012, aprobatoria del instrumento internacional mencionado en el numeral anterior.
[2] Comunicación del 13 de febrero de 2013, suscrita por la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales. Folios 17 a 22 del cuaderno principal (CPpal).
[3] Artículo 19
[4] Documento aportado en medio electrónico por la Secretaría General del Senado de la República.
[6] Folios 350 a 351 del cuaderno de pruebas (CP).
[7] Folio 369 CP.
[8] Folio 374 anverso y reverso CP.
[9] Archivo electrónico supra 4
[10] Folios 3 CP.
[11] Archivo electrónico supra 4
[12] Folio 3 CP.
[13] Archivo electrónico supra 4.
[14] Folios 34 a 40 (reverso) CPpal.
[15] Folios 28 a 29 CPpal.
[16] Folio 68 CPpal.
[17] Folio 69 (reverso) CCpal.
[18] Folios 388 a 389 (reverso) CP.
[19] Archivo electrónico remitido por el Secretario General de la Cámara de Representantes.
[20] Folio 25 CPpal.
[21] Folio 109 (reverso) CPpal.
[22] Folios 134 (reverso) a 135 CPpal.
[23] Folio 1 CPpal.
[24] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia NO. C-051 de 1995. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.
[25] Ssentencias T-1008 de 1999 (diciembre 9), M. P. José Gregorio Hernández y T-495 de 1999 (julio 9), M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[26] Sentencias T-426 de 1998 (agosto 18), M. P. Alejandro Martínez Caballero y T-1084 de 2002 (diciembre 5), M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[27] Corte Constitucional, sentencias T-704/09 y T-387/11.
[28] Colectivo Ioé. “El servicio doméstico en España. Entre el trabajo invisible y la economía sumergida”. Informe de investigación, editado y financiado por Juventud Obrera Cristiana de España. Madrid, 1990.
[29] OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 92ª reunión, 2004. Informe VI. Página 67.
[30] OIT, ib.
[31] OIT, ib.
[32] Artículo 1° del Decreto 824 de 1988 (abril 29).
[33] C-051 de 1995 (16 de febrero), M. P. Jorge Arango Mejía.
[34] Sentencia C-372 de 1998 (julio 21), M.P. Fabio Morón Díaz.
[35] Cfr. sentencias T-1008 de 1999 (diciembre 9), M. P. José Gregorio Hernández; T-495 de 1999 (julio 9), M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-868 de 2000 (julio 11), M. P. Alejandro Martínez Caballero, entre muchas otras.
[36] Documentos denominado “un futuro sin trabajo infantil”, visible en la página de Internet: www.ilo.org/public/declaration.
[37] Ver, entre otros, Convenio sobre la edad mínima de 1919 (núm. 5) y Convenio sobre la edad mínima de 1973 (núm. 138), ambos proferidos por la OIT.
[38] El Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo fue incorporado a la legislación colombiana por la Ley 515/99, norma declarada exequible por la sentencia C-353/00. De otro lado, el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil fue aprobado por Colombia mediante la Ley 704/01, declarada exequible en la sentencia C-535/02.
[39] Corte Constitucional, sentencia C-024/98.