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Timestamp: 2020-06-03 02:32:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 6']

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L. A. GABINETE JURÍDICO LEGAL Tus Derechos "Erga Omnes"
SENTECIA SOBRE EL IRPH DEL TRIBULA DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA (TJUE)
!!!ULTIMA HORA¡¡¡
Con la necesaria prudencia, debido a que se debe de analizar la sentencia con total detalle, nos llegan buenas y esperadas noticias desde el TJUE. Han publicado una nota de prensa y luego Sentencia que es favorable a los intereses de los afectados por I.R.P.H., en el sentido de suponer una protección de los consumidores y usuarios amparada en los criterios europeos que contradicen al Tribunal Supremo que se ha pronunciado en la consideración del I.R.P.H. como un índice perfectamente válido.
¡FELICITACIONES a todos los afectados!
La sentencia del TJUE sobre la cláusula IRPH ¿Resuelve el problema?
En respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona en el marco de un litigio de nulidad por abusividad de la cláusula IRPH, entre un consumidor y Bankia, la sentencia establece las siguientes conclusiones:
La cláusula IRPH está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Los Tribunales españoles está obligados a examinar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual que se refiera al objeto principal del contrato independientemente de la trasposición del art 4. apartado 2 de la Directiva al ordenamiento jurídico.
La cláusula IRPH cumplirá la exigencia de transparencia si es comprensible formal y gramaticalmente y si permite que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pueda comprender el funcionamiento del modo de cálculo y de valorar sus consecuencias económicas. El Juez nacional considerará si los elementos principales para el cálculo del tipo de interés son fácilmente asequibles a cualquier persona, y, por otro lado, si se proporcionó información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo de ese mismo tipo de interés (este punto concreto ha sido objeto de gran polémica).
La Directiva 93/13 no se opone a que, en caso de declaración de nulidad de la cláusula IRPH, el juez nacional lo sustituya por un índice legal aplicable a falta de acuerdo en contrario de las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario no pudiera subsistir tras la supresión de la cláusula abusiva y que la anulación del contrato en su totalidad dejara al consumidor expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales.
Veamos a continuación y de un modo resumido cuáles han sido los razonamientos que han permitido al Tribunal europeo decidir sobre las cuestiones.
Respecto al primero de los puntos, hemos de considerar que ha sido objeto de gran debate en España la postura de los bancos sobre que el índice IRPH al estar previsto en una norma administrativa, escapaba del control de abusividad. A este respecto, la sentencia aclara que la referencia al IRPH de las cajas de ahorros no es el resultado de una disposición legal o reglamentaria imperativa. Es decir, que los bancos no estaban obligados a incluirlo en sus préstamos hipotecarios. Por ello, sin perjuicio de que el juzgado remitente compruebe este extremo, la cláusula sí está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13.
En torno al punto segundo, el Tribunal nos recuerda que el art 5 de la Directiva 93/13 recoge también la misma exigencia de redacción clara y comprensible que el art 4 y que de ello se deduce que esta exigencia se aplica, en cualquier caso, incluso cuando una cláusula esté comprendida en el ámbito de aplicación del art 4, apartado 2, de la Directiva y aun cuando el Estado miembro de que se trate no haya transpuesto esta disposición.
En el caso de la cláusula IRPH que incluye una referencia a un tipo de interés variable cuyo valor exacto no puede determinarse en un contrato de préstamo para toda la vigencia del contrato, los elementos principales relativos al cálculo del IRPH de las cajas de ahorros deben ser fácilmente asequibles a cualquier persona, puesto que figuraban en la Circular 8/1990, publicada a su vez en el BOE. Esta circunstancia permitía al consumidor comprender que el índice se calculaba según el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda, incluyendo así los diferenciales y gastos aplicados por tales entidades, y que, en el contrato de préstamo hipotecario en cuestión, ese índice se redondeaba por exceso a un cuarto de punto porcentual, incrementado en el 0,25 %.
También es pertinente para evaluar la transparencia que, según la normativa nacional vigente en la fecha de celebración del contrato, las entidades de crédito estaban obligadas a informar a los consumidores de cuál había sido la evolución del IRPH de las cajas de ahorros durante los dos años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamo y del último valor disponible. Esta información proporcionaría al consumidor una indicación objetiva sobre las consecuencias económicas de la aplicación del índice y hubiera sido un término útil de comparación entre el cálculo del IRPH de las cajas de ahorros y otras fórmulas de cálculo del tipo de interés. Este punto ha sido reiteradamente negado por las entidades de crédito que se han manifestado en el sentido de considerar que no estaban obligadas a proporcionar información sobre ello.
Por consiguiente, el juzgado remitente deberá comprobar si en el contexto de la celebración del contrato sobre el que versa el litigio principal Bankia cumplió efectivamente con todas las obligaciones de información establecidas por la normativa nacional.
Sobre el punto tres, la sentencia considera, a pesar de la prohibición general de integración de los contratos, que cuando un contrato entre profesional y consumidor no puede subsistir, el art 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se opone a que el juez nacional, suprima la cláusula abusiva sustituyéndola por una disposición supletoria de Derecho nacional cuando la declaración de nulidad obligue al juez a anular el contrato en su totalidad y deje expuesto al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales.
El Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que la sustitución de una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional está plenamente justificada a la luz de la finalidad de la Directiva 93/13 porque pretende reemplazar el equilibrio formal entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad, y no anular todos los contratos que contengan cláusulas abusivas.
Si no se permitiera sustituir una cláusula abusiva y se obligara al juez a anular el contrato, el consumidor podría quedar expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse. En el caso de préstamos, la anulación conllevaría hacer inmediatamente exigible el pago del importe del préstamo pendiente de devolución, en una cuantía que puede exceder de la capacidad económica del consumidor, y, por esa razón, penalizaría a este más que al prestamista, a quien, como consecuencia, no se disuadiría de insertar cláusulas de ese tipo en los contratos que ofrezca.
Y finalmente sobre el último de los puntos, al que también son aplicables los razonamientos incluidos en el punto anterior, en la sentencia se valora que el índice IRPH, previsto por la Circular 8/1990, fue reemplazado, en virtud de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de 2013, por un índice sustitutivo que el Gobierno español calificó de “supletorio”. Por ello, sin perjuicio de la comprobación que realice el juzgado remitente, la disposición establece que se aplicará dicho índice sustitutorio en defecto de otro acuerdo diferente entre las partes del contrato.
En este contexto, en el supuesto de que el juzgado remitente constatara, en primer lugar, el carácter abusivo de la cláusula controvertida; en segundo lugar, que el contrato de préstamo hipotecario sobre el que versa el litigio principal no podría sobrevivir sin tal cláusula, y, en tercer lugar, que debido a la anulación del contrato el demandante en el litigio principal quedaría expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, podría reemplazar la cláusula controvertida por el índice sustitutivo contemplado en la Ley 14/2013, siempre que pueda considerarse que con arreglo al Derecho nacional el referido índice tiene carácter supletorio.
En conclusión, consideramos que esta sentencia abre la puerta a un aluvión de demandas de nulidad por abusividad y no descartamos que se deban tomar medidas para evitar un nuevo colapso de los Juzgados especializados en cláusulas abusivas.
Fuente Adela del Olmo
Directora de Mercantil, Concursal y Reclamaciones Bancarias (SEPIN)
Situación actual sobre la devolución de los gastos de formalización de hipotecas (notario, registro, gestoría, tasación) y la comisión de apertura. Diciembre 2019
PRECAUCIONES AL CAMBIAR DE TRABAJO
Hay quien dice que la tarea más importante que todo trabajador tiene que hacer en su empleo actual es ir buscando el siguiente empleo sin esperar al despido o fin de contrato temporal. Esta forma de proceder quizá no sería la que más le conviniera a la empresa, pero sería difícil negar que sí que sería la que más podría convenir al trabajador. En muchos casos puede que fuera la única forma o al menos la más plausible para mejorar sus condiciones laborales, tanto las económicas como las de conciliación familiar. ¿Acaso la empresa no piensa en su futuro por encima del futuro del trabajador? ¿Acaso no dicen que la competencia es sana y que gane el mejor? Pues a ver quién puede impedirle al trabajador que se aplique el cuento a sí mismo.
Los problemas podrían surgir cuando el trabajador creyera haber encontrado ese nuevo empleo que mejorara su empleo actual y presentara su dimisión (la popular y mal llamada "baja voluntaria"). Son muchos los casos que se han conocido en los que el trabajador tuvo problemas al cambiar voluntariamente de empleo, al menos en principio, por no haber tomado las mínimas precauciones que pudieran ser necesarias. Los problemas más habituales podrían ser los siguientes:
1. Que después de dimitir, la nueva empresa no te quisiera contratar o pretendiera que firmaras un contrato con condiciones mucho peores que las que pactaste verbalmente. En el 2º caso, la nueva empresa podría tener planeada la maniobra desde el principio. Por ejemplo, verbalmente te ofrecen 40.000€ anuales y jornada de 35h de lunes a viernes, tú aceptas y dimites; pero el día que tienes que empezar a trabajar, si no después, te ponen delante un contrato de 20.000€ con jornada de 40h de lunes a domingo. Con la idea de que si no lo firmaras probablemente no podrías volver a tu empleo anterior y tampoco tendrías paro porque habrías dimitido. Obviamente esto podría ser un delito de estafa.
2. Que sí que firmaras un contrato con las condiciones pactadas verbalmente, pero cuando empezaras a trabajar te dijeran que las condiciones reales que tuvieras que cumplir fueran mucho peores. Esto es más habitual cuando la mejora que te hace cambiar de empleo no es salarial sino en la jornada. Por ejemplo, te ofrecen un salario parecido al actual pero una jornada mucho mejor, por ser de 35h de lunes a viernes, aceptas, dimites y el primer día te dicen que la jornada real es de 45h semanales de lunes a domingo diga lo que diga el contrato y que si no te gusta te echan, teniendo en cuenta que la indemnización sería diminuta por tu baja antigüedad. Igual que en el caso anterior, con toda la mala idea del mundo desde el principio.
3. Que sí que se respetaran realmente las condiciones pactadas, pero luego el empleo fuera una p... mierda por otras razones. Porque te pagaran tarde, porque la empresa no vendiera una escoba, por gestión desastrosa, por malas relaciones con los nuevos jefes o compañeros... Al final probablemente te echarían en poco tiempo y te habrías quedado sin empleo. No habría posible delito de estafa como en los dos casos anteriores; pero tú te quedarías sin empleo igual y seguramente también con una indemnización menor de la que te hubiera correspondido en la empresa anterior.
Incluso es posible que se den todos los problemas a la vez. Es decir que el contrato escrito no respetara lo pactado verbalmente, aún así lo firmaras (qué remedio), luego las condiciones reales fueran aún peores que las escritas y encima el empleo nuevo fuera Catalina la Grande pinchá en un palo. Dice el refrán que más vale perro viejo conocido que nuevo por conocer o que más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero respetando esos refranes estrictamente quizá tengas pocas oportunidades en tu vida para mejorar tus condiciones de trabajo. Seguramente la empresa no le va a ofrecer lo mismo al que no tiene trabajo y le quedan 2m de paro que al que sí que tiene un empleo aceptable en ese momento, sobre todo si es en la competencia. No hay que olvidar que cuando el Real Madrid fichó a Cristiano Ronaldo no solo fichó a un buen jugador sino que además le quitó un buen jugador al Manchester United.
Por ello, vamos a ver las que podrían ser unas precauciones mínimas para intentar reducir los posibles problemas descritos anteriormente. Como es obvio, en todo momento estaremos hablando de un supuesto de hecho de un buen profesional de un puesto que exigiera una formación real, por así decirlo, y que ya tuviera empleo. Es decir de un trabajador que una empresa quisiera "quitarle" a otra empresa. Ese fichaje se tendría que pagar más caro que un contrato cualquiera, por la misma razón que no costó lo mismo el fichaje de Figo por el Madrid que lo que costaría el fichaje de Marianito, que no tiene equipo, por el Arenas de Getxo. Esto ya lo saben los trabajadores de este tipo, pero suelen cometer el error de creer que su fichaje se paga solo con un salario más alto y/o con unas mejores condiciones de jornada. Si solo te ofrecieran eso, estarías expuesto a todos los problemas relatados anteriormente.
Podrías exigir que se firmara un precontrato u oferta vinculante de empleo indefinido con las condiciones que se hubieran pactado. La única razón lógica de negarse a hacerlo sería que tuvieran pensado metértela doblada de las formas 1 y/o 2 enumeradas anteriormente, o al menos que quisieran tener esa bala en la recámara. Esta precaución es obvia e incluso se podría calificar de imprescindible.
El siguiente peldaño podría ser exigir que la empresa te reconociera en el precontrato y a todos los efectos la misma antigüedad que en tu empresa anterior. Para que echarte les costara al menos lo mismo que si te echaran de tu empleo actual. Porque si no, estarías expuesto a que te la metieran doblada de las formas 2 y/o 3 del listado anterior por mucho que firmaras un precontrato.
Solo para los inmortales masters del universo, there can be only one, estaría el que pudiera ser el peldaño más alto de la escalera, que sería exigir que en el precontrato la empresa renunciara al periodo de prueba. Pero esto seguramente que ninguna empresa te lo quisiera aceptar porque después de todo aún no saben cómo funcionaría el tema si empezaras a trabajar. Otra cosa podría ser reducir este periodo de prueba lo máximo posible, por ejemplo a 15d o un par de meses como mucho, pero nunca los 6m disparatados que ponen en algunos convenios. Aunque si la empresa aceptara la firma del precontrato con reconocimiento de antigüedad previa, probablemente cabría suponer que no tuvieran "planes ocultos" y que pudieras aceptar el riesgo del periodo de prueba. Sin olvidar que el periodo de prueba es para las dos partes y quizá en el caso 3 del listado anterior a ti te podría interesar ejercerlo para marcharte sin preaviso.
Por supuesto cabe recordar que las grabaciones ocultas son admisibles y admitidas como prueba en las demandas laborales, aunque más de un vividor y/o ignorante siga diciendo lo contrario. Por lo que otra precaución podría ser grabar las reuniones en las que se formalizara la oferta que te hiciera abandonar tu empleo anterior.
Laboro. Octubre 2019
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ULTIMA HORA SOBRE EL TAN ESPERADO I.R.P.H. BANCARIO
El abogado general del TJUE considera que el IRPH no es transparente y puede declararse abusivo por los jueces
El Abogado General del TJUE, Szpunar, ha presentado sus conclusiones en el asunto C-125/18, Marc Gómez del Moral Guasch c. Bankia S.A.; en ellas propone al TJUE que, en su futura sentencia, declare, en primer lugar, que una cláusula contractual pactada entre un consumidor y un profesional, como la controvertida, que fija un tipo de interés tomando como valor de referencia uno de los seis índices de referencia oficiales legales que pueden ser aplicados por las entidades de crédito a los préstamos hipotecarios con tipo de interés variable, no está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.El Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona lanzó una cuestión prejudicial al TJUE sobre la interpretación de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La petición de decisión prejudicial fue planteada en el marco de un litigio entre el Sr. Marc Gómez del Moral Guasch y la entidad bancaria Bankia, S.A., en relación con el carácter supuestamente abusivo de una cláusula contenida en un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre estas dos partes y que fija el tipo de interés variable del préstamo tomando como valor de referencia uno de los índices de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) oficiales («cláusula controvertida»): el IRPH Cajas (IRPH de las cajas de ahorro).Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, un índice legal, como el IRPH, no puede someterse a control judicial porque se considera que no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva. El Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona, sin embargo, considera que cabe aplicar la Directiva 93/13/CEE al caso, puesto que el IRPH no debía aplicarse ni imperativa ni supletoriamente, de modo que la entidad habría podido escoger entre diferentes índices de referencia (por ejemplo el euríbor). Además, estima que el consumidor no fue suficientemente informado del contenido de la cláusula, por lo que ésta no sería ni clara ni transparente, incumpliendo así lo dispuesto en la Directiva.Por otra parte, el Juzgado desea saber cuál debe ser la información que el profesional ha de facilitar al celebrar con los consumidores contratos de préstamo hipotecario a tipo variable tomando como valor de referencia un índice legal como el IRPH, cuya fórmula de cálculo resulta compleja y poco transparente para un consumidor medio.En sus conclusiones, el Abogado General Szpunar, propone al TJUE que, en su futura sentencia, declare, en primer lugar, que una cláusula contractual pactada entre un consumidor y un profesional, como la controvertida, que fija un tipo de interés tomando como valor de referencia uno de los seis índices de referencia oficiales legales que pueden ser aplicados por las entidades de crédito a los préstamos hipotecarios con tipo de interés variable, no está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva.El Abogado General expone que, si la cláusula contractual refleja una disposición legal o reglamentaria imperativa o supletoria, dicha cláusula no está sujeta a las disposiciones de la Directiva 93/13/CEE. En cambio, si el juez nacional considera que la disposición en cuestión no obliga a la entidad bancaria a elegir un índice de referencia oficial entre los previstos por esta disposición, sino que permite recurrir a otros índices de referencia, es evidente que una cláusula de este tipo estaría comprendida en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.El Abogado General añade por otra parte que, en su opinión, queda fuera de toda duda que la citada excepción no puede aplicarse a una cláusula contractual que refleja una disposición legal o reglamentaria que restringe o limita la autonomía de la voluntad de las partes sin por ello eliminarla, y que no ve cómo un Estado miembro podría afirmar que una cláusula contractual no es abusiva en la medida en que esta cláusula refleja una disposición imperativa cuyo contenido es contrario al efecto útil de la Directiva.En cuanto a la segunda cuestión prejudicial, la Directiva 93/13/CEE establece que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. Como expone el Juzgado, esta excepción no ha sido transpuesta en Derecho español, a fin de garantizar un nivel de protección del consumidor más elevado que el previsto por la Directiva. Al respecto, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que declare que la Directiva se opone a que un órgano jurisdiccional nacional pueda aplicar esa excepción para abstenerse de apreciar el carácter eventualmente abusivo de una cláusula como la controvertida, redactada de manera clara y comprensible y referida al objeto principal del contrato, si dicha excepción no ha sido transpuesta en su ordenamiento jurídico por el legislador nacional.Por último, el Abogado General precisa los requisitos que debe reunir la información que el profesional debe facilitar al consumidor para cumplir con la exigencia de transparencia de una cláusula contractual que fija un tipo de interés tomando como valor de referencia un índice de referencia legal como el IRPH Cajas, cuya fórmula matemática de cálculo resulta compleja y poco transparente para un consumidor medio. Así, considera que esta información debe, por una parte, ser suficiente para que el consumidor pueda tomar una decisión prudente y con pleno conocimiento de causa en lo que se refiere al método de cálculo del tipo de interés aplicable al contrato de préstamo hipotecario y a los elementos que lo componen, especificando no sólo la definición completa del índice de referencia empleado por este método de cálculo, sino también las disposiciones de la normativa nacional pertinentes que determinan dicho índice, y por otra parte, referirse a la evolución en el pasado del índice de referencia escogido. Al efectuar el control de la transparencia de la cláusula controvertida, el juez nacional debe comprobar, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, por una parte, si éste exponía de manera transparente el método de cálculo del tipo de interés, de manera que el consumidor estuviera en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que del mismo se derivaban para él y, por otra parte, si el citado contrato cumplía con todas las obligaciones de información previstas en la normativa nacional.
Situación actual del índice IRPH en los Tribunales
Son numerosísimas las sentencias que se han pronunciado, a favor y en contra, de la nulidad de la cláusula. El asunto llegó al Tribunal Supremo, que en sentencia 669/2017 de 14 de diciembre de 2017, dio la razón a la entidad prestamista. A su juicio la cláusula supera el control de inclusión pues es clara y comprensible, y no cabe considerar que el consumidor no se apercibiera de su importancia económica y jurídica, ni era exigible a la entidad prestamista una explicación pormenorizada del modo en que se determina el índice de referencia, porque su elaboración estaba bajo la supervisión del Banco de España. Tampoco era exigible que se ofreciera al prestatario la opción de contratar con otros índices de referencia. El consumidor puede conocer de manera sencilla que tendrá que pagar el resultado de sumar el índice y el diferencial. Añade que la transparencia no implica que la entidad prestamista tenga que informar al cliente sobre el comportamiento futuro del IRPH, ya que por definición es imposible.
Sentencias como las dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona 18/2019 de 8 de enero de 2019, o de la Audiencia Provincial de Salamanca de 11 de abril de 2018 , entre otras muchas, han concluido la validez de la cláusula controvertida. A su entender, que la cláusula predispuesta no sea transparente no significa que sea abusiva. No basta con que la entidad bancaria no haya informado debidamente de la estipulación contractual, sino es necesario que además esta sea abusiva. El IRPH es un índice definido y regulado legalmente, y no es nulo solo porque se incorpore a un contrato de préstamo a interés variable mediante la predisposición por la entidad financiera prestamista de una condición general de la contratación.
En sentido contrario, sentencias como la dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N°. 2 de San Fernando de 7 de febrero de 2018 , han dado la razón al consumidor y han considerado nula, por abusiva, la cláusula de interés variable referenciada al índice IRPH. Otras, como la Audiencia Provincial de Gerona y un Juzgado de Primera Instancia del País Vasco han fallado a favor del consumidor, si bien la primera asume la doctrina del Alto Tribunal de que el IRPH Cajas es legal, pero consideran que la estipulación por la que el préstamo pasa a tipo fijo no supera el control de transparencia.
Es cierto que tras la sentencia del Supremo, la mayoría de Audiencias Provinciales siguen su estela acerca de la validez de la cláusula revocando las sentencias favorables de los juzgados. Será por tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que con su sentencia pueda establecer un criterio claro al respecto.
Fuente: Noticias Jurídicas (05/02/2019)
Es el banco y no el cliente quién debe pagar el impuesto de las hipotecas.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia número 1505/2018, de 16 de octubre, ha señalado que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.
En la sentencia, el Supremo modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.
Fuente: Noticias Jurídicas (18/10/2018)
Nueva y última Sentencia favorable para nuestro cliente. NULIDAD de cláusulas abusivas de préstamo hipotecario
LA GABINETE JURIDICO LEGAL
" Tus Derechos Erga Omnes "
SENTENCIA estimatoria declaración de abusividad de cláusula de Gastos, Comisión de Apertura, Comisión por posiciones deudoras e Intereses de demora.
RECIENTE Sentencia, lograda por nuestro Gabinete Jurídico, donde se estima completamente la demanda interpuesta en favor de nuestro cliente declarando abusiva y, por ende, obligando a la devolución de los gastos hipotecarios correspondientes a Registro, Notaría, Gestoría, Comisión de Apertura, del pacto que atribuye los mismos al prestatario y además es declarada , con proyección futura y expresa, la abusividad de la Comisión impuesta por Posiciones Deudoras en la devolución de cada uno de los recibos impagados y la nulidad de los Intereses de Demora por considerarse, igualmente abusivos.
ST 413:2018.pdf
(Mundojurídico.info)
La cláusula IRPH de las hipotecas puede ser declarada abusiva según la Comisión Europea en el informe previo a la sentencia que se espera del TJUE.
Aunque todavía no se ha pronunciado el TJUE en sentencia, la Comisión Europea ha emitido sus conclusiones sobre la posibilidad de declarar abusiva la cláusula IRPH de las hipotecas al considerar una práctica engañosa para el consumidor.
Actualmente el IRPH de las hipotecas ha sido declarado válido por el Tribunal Supremo y por tanto aquellos consumidores que firmaron sus hipotecas con dichos índice de cálculo de los intereses a pagar en sus cuotas, se están viendo perjudicados en sus economía si se hubiese establecido otro índice diferente como el euribor.
Los consumidores sujetos al IRPH en sus hipotecas han considerado que se trataba de una práctica bancaria desleal al no haber sido informados cuando las firmaron de la existencia de otros índices, que con el tiempo han resultado bastantes más beneficiosos.
El Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre la Sentencia del Tribunal Supremo que fijo doctrina sobre el IRPH declarándolo válido, cuestión que a día de hoy sigue pendiente de resolverse.
Aunque las conclusiones emitidas por la Comisión Europea NO SON VINCULANTES para el TJUE y aún faltan las conclusiones del Abogado General, empieza a despuntar la posibilidad de que se declare abusiva la cláusula del IRPH.
Veamos algunas de estas conclusiones:
A LA PRIMERA CUESTION:
El artículo 4, apartado 2, en concordancia con el artículo 5 de la Directiva 93/13, no se oponen a que un órgano jurisdiccional nacional examine si las cláusulas incorporadas por un profesional en un contrato con consumidores, incluidas las que afectan al objeto principal del contrato, están redactadas de manera clara y comprensible, aunque el legislador no haya incorporado dicho precepto a su ordenamiento jurídico nacional, siempre y cuando, en este último caso, dicho examen abarque también la abusividad de dichas cláusulas, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva.”
El deber de transparencia consagrado en los artículos 4, apartado 2 y 5 de la Directiva 93/13 en relación con una cláusula esencial del contrato como es la cláusula controvertida, que fija el tipo de interés de un préstamo hipotecario con base en el índice IRPH-Cajas, comprende, en particular, la obligación para el profesional de explicar al consumidor, antes de la firma del contrato, cómo se configura el tipo de referencia, cuál ha sido la evolución de dicho tipo en el pasado así como su posible evolución futura, comparado con otros tipos empleados en el mercado.
Una práctica comercial consistente en omitir información sobre cómo se configura el tipo de referencia, cuál ha sido la evolución de dicho tipo en el pasado así como su posible evolución futura, comparado con otros tipos empleados en el mercado, DEGE CALIFICARSE DE ENGAÑOSA en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2005/29/CE, siempre que haga o pueda hacer tomar al consumidor una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado.
Corresponde al juez nacional comprobar si tal es el caso en el asunto principal. La comprobación del carácter desleal de una práctica comercial constituye un elemento entre otros en los que el juez nacional puede basar, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, su apreciación del carácter abusivo de las cláusulas del contrato relativas al coste del crédito concedido al consumidor. Ahora bien, dicha comprobación no incide directamente en la apreciación, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, de la validez del contrato de crédito celebrado.
A LA TERCERA CUESTION:
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación una cláusula contractual como la controvertida, caso de estimarla abusiva, manteniendo el resto del contrato si el mismo puede subsistir sin dicha cláusula. Corresponde en todo caso a dicho juez nacional valorar de forma objetiva y a la luz del Derecho nacional si el contrato en cuestión puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva.
En el caso de que el contrato no pueda subsistir tras la supresión de la cláusula abusiva, si la nulidad del contrato en su conjunto es perjudicial para los intereses del consumidor, y si en el Derecho nacional aplicable no existe una disposición supletoria aplicable que pudiera permitir la subsistencia del contrato, el juez competente debe dar al consumidor la posibilidad de declarar su intención de que el contrato se mantenga. En ese caso, dicho juez dará un plazo razonable al profesional y al consumidor para que se pongan de acuerdo de buena fe sobre un índice sustitutivo, respetando el principio de transparencia, y con la PLENA RESTITUCIÓN, EN SU CASO DE LAS CANTIDADES de las cantidades indebidamente abonadas.
A falta de acuerdo en el plazo concedido, el juez podrá proceder a integrar el contrato con un índice de su elección, entre los usuales en el mercado”.
La cláusula IRPH de las hipotecas puede ser abusiva según la Comisión Europea en el informe que ha emitido con carácter previo a que se pronuncie el TJUE sobre dicha cuestión.
Entrevista al letrado D. Alberto Bacallado, miembro fundador de "LA GABINETE JURIDICOLEGAL", sobre la situación actual del caso "El Pequeño Nicolás Canario"
Entrevista a uno de los letrados fundadores de nuestro Gabinete LA GABINETE JURIDICO LEGAL sobre la actualidad del caso "El Pequeño Nicolás Canario".
SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y EL INDICE IRPH
Dos sentencias posteriores al pronunciamiento del Tribunal Supremo el 14 de diciembre de 2017, han dado la razón a los consumidores en la cláusula de IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), aunque con planteamientos y fallos desiguales.
La primera de ellas se dictó el 15 de enero de 2018, hace muy, muy poco tiempo, y es del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Amurrio (Álava). En esta Sentencia el juez falla contra Caja Rural de Navarra y anula el IRPH por abusivo y no transparente y todo ello fundamentado en la aplicación de la jurisprudencia europea. En este fallo, S.S. haciendo una correcta aplicación de nuestro Código Civil, acertadamente desde el punto de vista de este Gabinete Jurídico, condena a la entidad a dejar el préstamo sin interès.
La segunda Sentencia es de la Sección 2º de la Audiencia Provincial de Girona, dictada el 11 de enero de 2018, contra Caixabank, y en ella la cláusula predispuesta por el banco estipulaba que al desaparecer el índice de referencia cajas y el sustitutivo, el CECA, la cuota quedaba fija a partir del último valor del IRPH Cajas. Los Magistrados de la Audiencia asumen la doctrina del TS sobre IRPH, en el sentido de su legalidad, pero consideran que la estipulación por la que el préstamo pasa a tipo fijo no supera el control de transparencia exigible, por lo que falla a favor de la devolución de los intereses abonados de más. En este caso, mantiene la aplicación del índice de referencia IRPH Entidades.
Esto supone un inicio, por parte de los juzgados, de discrepancias sobre esta cuestión y una actitud que denota que han comenzado a rebelarse contra la Sentencia del Tribunal Supremo, lo que es muy positivo de cara al futuro de este índice, el IRPH, que como también ocurrió con las cláusulas suelo, debe considerarse abusivo y por ello, nulo, por no ser ajustado al criteri doctrinal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está por encima de nuestras normas, en este caso en materia de transparencia.
Los expertos apuntan a que, por prudencia, y coincide con el criterio ya expresado por nuestro departamento de Derecho Bancario en LA GABINETE JURIDICO LEGAL, los jueces deberían elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
La inclusión en préstamos del IRPH no supone falta de transparencia ni abusividad.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado en estos términos en su sentencia, cuyo fallo adelantó el pasado 22 de noviembre, donde estimaba el recurso interpuesto por Kutxabank contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que decretaba la nulidad de la cláusula IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios).
AHORA EL TJUE TIENE LA ULTIMA PALABRA Y LA COHERENCIA NOS DICE QUE ESTA INSTANCIA, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, RECTIFICARÁ, UNA VEZ MÁS, EL CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPREMO.
Esperamos que la decisión del TJUE sea favorable a este criterio, vuelva a dar un toque de atención al Tribunal Supremo y rectifique este primer camino sobre IRPH, ya que se están aplicando motivos que van en contra, no solo de numerosas senetencias del TJUE, sino de los propios criterios marcados por el TS en sus sentencias sobre cláusulas suelo e hipotecas multidivisas.
Mientras, esta firma, recomienda a sus clientes y a los afectados poir IRPH, por prudencia, esperar unos meses hasta que el TJUE rectifique al TS, para evitar quebrantos por una situación de posible desestimación de nuestra demanda, condena en costas y, lo más grave, "cosa juzgada", figura clave de cierre para futuras reclamaciones.
Quien tenga ya un proceso abierto sobre IRPH pendiente en Primera Instancia o en Apelación, entendemos debería interponer solicitud de "elevación de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea", porque sería la manera formal más adecuada para prevenir la situación perjudicial de sus intereses descrita anteriormente.
Area de Derecho Bancario de "LA GABINETE JURÍDICO LEGAL".
Nueva sentencia favorable para nuestro cliente: Nulidad de cláusulas abusivas de préstamo bancario
"Tus Derechos Erga Omnes"
SENTENCIA estimatoria declaración de abusividad de cláusula y devolución gastos de Notaría, Registro, IAJD y Gestoría
463:2017 Gtos Hipoteca.pdf
Recientemente recibimos una sentencia donde el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santa Cruz de Tenerife declara la nulidad de la cláusula en la que impone los gastos de constitución de la hipoteca al cliente en el contrato de préstamo hipotecario por parte de la entidad BANCO SANTANDER. Concretamente, se declaró nula por abusiva la cláusula que impone los gastos de Notaría, gastos de Registro de propiedad, gastos de Tasación del inmueble, gastos de Gestoría y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) al Prestatario-Consumidor.
En este sentido, la sentencia se basa en varios aspectos, siendo uno de los fundamentales la Sentencia del TS de 23 de diciembre de 2015. Si existe una cláusula redactada unilateralmente y previamente por una entidad bancaria, debe ser calificada de abusiva si no refleja un reparto equitativo de los gastos que se generan en la formalización de una hipoteca en claro perjuicio del consumidor-comprador, todo ello en base a la TRLGDCU (Texto Refundido de la Ley General sobre la DEfensa de los Consumidores y Usuarios).
En el concepto legal actual, se dan por abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente.
Como consecuencia de lo anterior, el juez declara nulas por abusivas la cláusula de asunción por parte del consumidor del pago de los gastos de constitución de hipoteca.
Respecto a la imposición de los gastos de constitución de hipoteca, en la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas, la normativa actual atribuye la obligación del pago al solicitante del servicio o a cuyo favor se inscriba. Y quien tiene el interés principal en esta inscripción de la escritura de préstamos con garantía hipotecaria, es el propio prestamista, en este caso, BANCO SANTANDER. Por ello, la nulidad se produce al imponer la entidad bancaria al cliente la asunción de unos gastos que por ley no ha de asumir.
Como resultado de esta sentencia, la entidad bancaria está obligada al abono de las cantidades devengadas por estos conceptos a favor de los demandantes, con imposición de los intereses legales sobre dichas cantidades desde la fecha de la interposición de la demanda, así como las costas procesales.
El joven tinerfeño fundador del partido Juntos por Canarias, Santiago González, emula hazañas del archiconocido Francisco Nicolás Gómez Iglesias y termina arrestado por la Policía Nacional, acusado de cometer una estafa y de hacerse pasar por el director en funciones del CNI
Proceso que lleva el letrado D. ALBERTO J. BACALLADO, socio fundador de nuestro gabinete LA GABINETE JURIDICO LEGAL
Video Tele 5
El TJUE concede la "Retroactividad Total" en las Cláusulas Suelo
Como reclamar tu Cláusula Suelo con el nuevo sistema. CLICA foto
El TJUE CONCEDE LA RETROACTIVIDAD TOTAL EN LAS CLAUSULAS SUELO
Sentencia C-0154-2015.pdf
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Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de clausula suelo
Norma aprobada por el Consejo de Ministros reguladora del proceso de devolución de lo indebidamente pagado en las clausulas suelo de las hipotecas
RDL-suelo.pdf
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Derecho Administrativo: Intervención en procedimientos administrativos, confección de alegaciones, recursos, protección letrada en procesos contencioso-administrativos.
EDJ 2016:13476.pdf
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sentencia_del_tribunal_de_justicia_-_res[...]
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compilación toda la normativa española sobre ciberseguridad, además de reseñas a la normativa internacional y comunitaria.
BOE-173_Codigo_de_Derecho__de_la_Ciberse[...]
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STS 4620/2014."Los gastos de desplazamiento de los menores" tienen que ser compartidos siguiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo.
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Ley 15/2015 de 2 de julio sobre la Jurisdicción Voluntaria
De la Jurisdicción Voluntaria.pdf
Ley Orgánica 7/2015, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
boe_lopj.pdf
Asesoramiento fiscal general o específico
Preparación de recursos y reclamaciones ante todo tipo de instancias
Representación ante la Administración Tributaria
Planificación fiscal en operaciones de reestructuración empresarial
Separaciones y divorcios, pensiones y rentas
Delitos contra la intimidad el honor y la propia imagen
Delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente
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