Source: http://contadoresbc.org/revistas/diciembre-2008/la-jurisprudencia-en-m%C3%A9xico
Timestamp: 2020-02-17 16:04:00
Document Index: 403826256

Matched Legal Cases: ['artículo 192', 'artículo 94', 'artículo 192', 'artículo 99', 'artículo 14', 'artículo 94', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 76', 'ARTÍCULO 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 197', 'artículo 193', 'artículo 192', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 94', 'artículo 14', 'artículo 197', 'artículo 196', 'artículo 197']

La jurisprudencia en México - Colegio de Contadores Públicos de Baja California
Escrito por Lic. Alejandra Jaime de la Peña
La primera exigencia de un Estado democrático de Derecho, es asegurar una protección jurisdiccional adecuada para los sujetos, incluso frente a la Administración Pública; así se perfila dentro de la actividad jurisdiccional la solución de controversias mediante la interpretación y aplicación de la legislación, debiéndose tomar en cuenta que dicha interpretación puede variar de juzgador en juzgador, ya que la verdad jurídica en el proceso no puede ser absoluta, toda vez que, estamos ante una ciencia social y humana, no exacta; por lo que, para normar los criterios, cuando las leyes no son claras o adolecen de lagunas, se ha creado la figura de la Jurisprudencia, la cual es el resultado de la interpretación en un sentido uniforme e ininterrumpido de las leyes que hace una autoridad jurisdiccional; pudiendo ser obligatoria o no para otros órganos jurisdiccionales, dependiendo del emisor de dicha jurisprudencia.
En estas condiciones, resulta importante conocer como se conforman, sistematizan y aplican, las tesis y las jurisprudencias; sobre todo cuando las mismas son frecuentemente utilizadas e invocadas en la materia fiscal.
ASCEPCIONES DE LA PALABRA JURISPRUDENCIA Y SU FUNCIÓN EN LA CIENCIA DEL DERECHO.
La palabra “jurisprudencia” se deriva de las raíces latinas Ius y prudentia, que significan respectivamente derecho y conocimiento o sabiduría. Siendo definida por Ulpiano como “Divinarum atque humanarum rerum notitia, justi injustique scientia”, es decir, “el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo e injusto”; relacionándolo con la interpretación de la ley que realizan los tribunales a los cuales se les considera peritos en derecho y poseedores de la verdad legal, que reconocen la necesidad de estabilizar un orden jurídico, mediante la unificación de criterios reiterados y de observancia obligatoria.
En base a lo anterior, la jurisprudencia se puede conceptuar como la interpretación y expresión de consideraciones jurídicas que respecto a la ley hace el órgano jurisdiccional al pronunciar sus resoluciones y aplicar las normas jurídicas a los casos sometidos a su competencia; en efecto el juzgador está interpretando las disposiciones legales, precisando el contenido de la misma, por lo tanto, si no existe una ley clara y precisa en cuanto a su aplicación, tiene que hacer una interpretación correcta de lo que el legislador quería que se entendiera, o en su caso, velar por que no se violenten las garantías individuales, buscando que la ley no contradiga lo dispuesto por nuestra Constitución, aunado a la necesidad que tiene el Estado de Derecho de dar certeza jurídica de la aplicación del derecho que hacen los tribunales y jueces vía establecimiento de criterios de observancia obligatoria.
En efecto, se puede sostener que dentro de la función jurisdiccional, en un principio el Juez se encuentra obligado a aplicar la ley, por consiguiente debe considerarse que le corresponde interpretar el texto legislativo y adaptarlo a las situaciones que se le plantean. En este sentido la jurisprudencia va encaminada a cumplir con la garantía de seguridad jurídica, cubriendo la necesidad y conveniencia de establecer un mínimo de uniformidad, que permita tanto a particulares como a las autoridades conocer los criterios interpretativos que deben ser aplicados al momento de resolver una controversia; estableciendo una regla estricta de aplicación jurídica (artículo 192 de la Ley de Amparo) a diversas autoridades jurisdiccionales, con el objeto de que utilicen en sus resoluciones dicho criterio y no conformen una diversidad de criterios que puedan resultar erróneos y contradictorios.
Así la jurisprudencia dentro de la ciencia del derecho, se convierte en fuente de nuevas reglas que cubren las lagunas o antinomias existentes en la ley, que precisa el alcance de una norma jurídica, y se erige como guía en la interpretación de normas existentes, realizando una función integradora de ordenamientos legales, moldeando la conducta y criterio de los órganos jurisdiccionales en el dictado de sus resoluciones, buscando con ello una mayor certidumbre jurídica.
En este sentido, la jurisprudencia es vista por el Poder Judicial como la interpretación de la ley, de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito. De este modo doctrinariamente la jurisprudencia puede ser confirmatoria de la ley, supletoria e interpretativa. Mediante la primera, las sentencias ratifican lo preceptuado por la ley; la supletoria colma los vacíos de la ley, creando una norma que la complementa; mientras que la interpretativa explica el sentido del precepto legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador, Considerándose por lo tanto, que la jurisprudencia tiene una función reguladora consistente en mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación, y como tal, es decir, en tanto constituye la interpretación de la ley, la jurisprudencia será válida mientras esté vigente la norma que interpreta.
CREACION DE LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO.
El artículo 94 Constitucional prevé que la ley fijará los términos en que será obligatoria la jurisprudencia; en este sentido la Ley de Amparo en su titulo cuarto, fija las reglas para la creación de la jurisprudencia, constituyéndose esta como la interpretación de la ley, firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las tesis pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, así como por los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciéndose en los artículos 192,193 y 194 de la Ley de Amparo para su nacimiento dos métodos denominados “por reiteración” y “por contradicción”.
En este sentido el método de reiteración representa la ratificación continuada del criterio sustentado en tesis aisladas, (entendiéndose por éstas últimas aquellas tesis que no reúnen los requisitos para tener una aplicación obligatoria); es decir, se crea una jurisprudencia por reiteración cuando se confirma en cinco ejecutorias, no interrumpidas por una en contrario, la interpretación de la norma aplicada al caso, aprobadas por ocho ministros por lo menos, si se trata de resoluciones del Tribunal en Pleno, por cuatro en el caso de las Salas y por unanimidad de votos si corresponde a un tribunal colegiado.
El requisito de la reiteración, es una exigencia que tiene su razón en la medida que se busca un mayor acierto en la interpretación, presumiéndose que dicha reiteración es la garantía de una correcta aplicación de la ley, que es lo suficientemente laudable como para ser obligatoria.
Por su parte una jurisprudencia por contradicción, nace cuando se sustentan dos criterios diversos por distintos órganos jurisdiccionales, criterios que se contraponen o contradicen, la resolución a dicho conflicto es resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que se haga la denuncia de dicha contradicción, estando facultado para ello las Salas o los Ministros que las conformen, los Tribunales o los Magistrados, alguna de las partes que intervinieron en los juicios que dieron lugar a las tesis jurisprudenciales encontradas o el procurador General de la Republica. Siendo así y conforme a los artículos 197 y 197-A, de la Ley de Amparo, la resolución dictada deberá decidir cual tesis debe prevalecer, remitiéndose a los Tribunales para que sea acatado y a la vez se publica para efecto de que exista unanimidad y coherencia en los juicios que se resuelvan posteriormente por todos los órganos jurisdiccionales; toda vez que la resolución que se dicta no afecta las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiese aplicado el criterio contrario con anterioridad, en virtud del principio de Cosa Juzgada.
Ahora bien dentro de la ley, también se prevé la interrupción o modificación de la jurisprudencia, en este sentido la Suprema Corte ha estimado que la jurisprudencia como institución constitucional y jurídica, tiene como un primer efecto, la interpretación de las leyes que regulan el marco de actuación de las autoridades y las relaciones entre particulares, y entre éstos con los órganos del Estado; y como una segunda consecuencia, de igual trascendencia, el dar certeza jurídica a través del establecimiento de un criterio obligatorio que vincula de manera general a su observancia. De ello se sigue que, frente a lo estático de las disposiciones normativas y ante la necesidad de adecuar a las circunstancias actuales la interpretación de las leyes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplísimas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificación, sin mayor limitación que la de interpretar la ley, estableciendo la regla jurídica a aplicar y de manera fundamental, que dicha alteración tenga como finalidad que su aplicación a situaciones jurídicas concretas permita, por un lado, cumplir con la observancia de la misma, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y, por otro, que el cambio de alguno de sus elementos actualice la vigencia del criterio, generando certeza jurídica.
Lo anterior significa que si el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifican una jurisprudencia, los cambios de criterio serán válidos para resolver exclusivamente casos aún no fallados, sin que puedan afectarse las situaciones concretas decididas en los precedentes, ya que por seguridad jurídica y en virtud de la cosa juzgada, el nuevo criterio no puede cambiar los casos ya resueltos; sin embargo, los asuntos que aún no han sido fallados por el órgano jurisdiccional competente, sí deben ser ajustados al nuevo criterio jurisprudencial, independientemente de que en la época en que surgió la problemática a resolver y de que en la fecha en que se valora un hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha sido superado.
En efecto la interrupción de la Jurisprudencia implica la cesación de su vigencia, dejando de ser obligatoria, siendo motivación para que una jurisprudencia se interrumpa, el que sea modificada la norma de manera que la jurisprudencia apoyada en dicha norma tenga que modificarse también en los términos conducentes, o bien, que se estime necesario corregir el criterio, por parte del juzgador al tomar en cuenta nuevas consideraciones, que evidencian que se ha equivocado al interpretar la norma jurídica, por último se puede modificar la jurisprudencia con el fin de hacer precisiones o complementaciones a efecto de corregir y plasmar con mayor exactitud la interpretación de la norma.
LA OBLIGATORIEDAD Y VIGENCIA DE LA JURISPRUDENCIA.
La obligatoriedad de la jurisprudencia que se emita por el Poder Judicial Federal, esta establecida en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, preceptuando que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ser acatada por: Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales y federales, Tribunales Militares y Judiciales del Fuero Común de los Estados y del D.F.
Así mismo, la Jurisprudencia que establezca los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para: Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del Fuero Común de los Estados y del D.F., Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales y federales.
Es importante destacar también, que otros órganos jurisdiccionales están facultados a crear su propia jurisprudencia, tal es el caso del Tribunal Electoral (artículo 99, fracción IX, CPEUM), y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (artículos 75 al 79 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo).
Respecto a la vigencia de la Jurisprudencia, como se mencionó anteriormente, la jurisprudencia tiene una función reguladora consistente en mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación, y como tal, es decir, en tanto constituye la interpretación de la ley, la jurisprudencia será válida mientras esté vigente la norma que interpreta.
Sin embargo respecto a la retroactividad de la Jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, han estimado que al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo octavo de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Siendo así y tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional.
En efecto, si se aplica la jurisprudencia formada con posterioridad a la fecha del acto reclamado en el juicio de amparo, es decir en una época en la que existía distinta jurisprudencia, que interpreta la ley que rige a dicho acto, tal aplicación sería retroactiva; empero, si por lo que hace a la ley, la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han admitido su aplicación retroactiva, cuando ésta se hace en beneficio de persona alguna, así también han estimado que la jurisprudencia puede aplicarse retroactivamente si se hace dicha aplicación en beneficio y no en perjuicio de una persona, al tenor de que, lo que se afecta no es la vigencia de la ley, sino sólo la interpretación que de ella se hace.
Ahora bien si una jurisprudencia declara la inconstitucionalidad de una ley, y se concede el amparo contra dicho precepto legal al quejoso, y con posterioridad se abroga o reforma esa ley, substituyéndose por una de contenido similar o igual, puede surgir la duda de si es necesario interponer un nuevo juicio de amparo por tratarse de un acto legislativo distinto, o bien si el amparo sigue protegiendo al particular, de tal forma que su aplicación se traduciría en un incumplimiento a la sentencia de Amparo. En este sentido, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel, en su libro Introducción al Juicio de Amparo, al respecto nos comenta:
“Cuando se ha solicitado el amparo contra un acto de aplicación de determinada ley, y también contra esa determinada ley considerándola en sí misma, no podría sostenerse que la sentencia protege contra cualquier futura ley que sea de contenido similar a la ley reclamada, dado que la sentencia debe ajustarse al imperativo constitucional de que el fallo tiene que limitarse rigurosamente al caso especial sobre el que versa la demanda y resultaría ilógico suponer que la sentencia que concedió el amparo contra determinada ley, también protege al promovente contra actos en aplicación de otra ley, aunque ésta pudiera contener normas similares a la ley abrogada o derogada.”
“Si se concede la protección federal contra determinada ley fiscal, mientras ésta subsiste, es decir mientras tenga vigencia, el quejoso esta protegido contra cualquier acto que se realice en ejecución o aplicación de esa misma ley, sin que para ello entrañe impedimento alguno la circunstancia de que exista otra ley que ratifique o convalide anualmente las leyes fiscales anteriores, y sin que por lo tanto, haya necesidad alguna de que se interponga un nuevo juicio de amparo cada año, mientras como ya se dijo, subsista la misma ley contra la cual se concedió la protección constitucional.
Pero en cambio, si hay necesidad de nueva demanda de amparo contra cobros diversos que pretendan realizarse en aplicación o en ejecución de una nueva ley, aunque se alegue que ésta es, de modo substancial o prácticamente idéntica o muy similar a la ley declarada inconstitucional.”
“… La protección otorgada contra una determinada ley comprende todos los actos futuros en aplicación o en ejecución de esa misma ley (sin la restricción, cabe aclarar, de la anualidad de las leyes fiscales pues no es necesario promover, por razón de esa anualidad, un nuevo juicio de amparo cada año); sin embargo, dentro de esa protección no se incluye que el quejoso está automáticamente exento o inmune respecto de cobros que se hagan en ejecución de futuras leyes, mientras no se analicen directamente la estructura, la sistemática y el contenido de dichas leyes, y esto aunque se alegue que las mismas reproducen de modo sustancial, o de una manera casi íntegramente literal, la ley cuya inconstitucionalidad se declaró en el juicio de garantías.”
Lo anterior es reiterado por los criterios que se han sustentado en las siguientes tesis jurisprudenciales:
Tesis: P./J. 89/97, Rubro: “LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO”.
Tesis: P. CXXXVIII/96, Rubro: “LEYES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA SOLO PROTEGE AL QUEJOSO MIENTRAS EL TEXTO EN QUE SE CONTIENEN NO SEA REFORMADO O SUBSTITUIDO POR OTRO”.
Tesis: P. CXXXVII/96, Rubro: “LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION”.
Tesis: P. CXL/96, Rubro: “LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA TRATANDOSE DE SOCIEDADES CONTROLADORAS CON ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS”.
Tesis: P. CXLI/96, Rubro: “REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO LA AUTORIDAD LEGISLATIVA CREA UNA NORMA IGUAL O SEMEJANTE A LA DECLARADA INCONSTITUCIONAL”.
Tesis: 2a. CXLIV/97, Rubro: “LEYES, AMPARO CONTRA. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODO EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, SINO SÓLO EL PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO DEL LEGISLADOR Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS”.
En base a las anteriores tesis podemos considerar que, cuando se obtenga el amparo de la justicia federal en contra de una ley fiscal declarada inconstitucional por Jurisprudencia, se debe recordar que esos efectos hacia el futuro se mantendrán mientras el legislador no modifique el precepto legal que contiene la regulación declarada inconstitucional, ya que basta que se modifique cualquiera de los preceptos que norman sus elementos esenciales (sujeto, objeto, base, tasa, o exenciones) para que el particular se vea conminado a interponer un nuevo juicio, al considerarse que se esta ante un acto legislativo diverso, que en aras de que prevalezca la certeza jurídica debe el órgano jurisdiccional federal ser quien aprecie si el texto reformado o substituido respeta las garantías constitucionales, para evitar que esta cuestión quede librada a la interpretación subjetiva de las partes.
Por consiguiente, el Pleno de la Suprema Corte estima que, un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el pronunciamiento específico del legislador y, además, los preceptos que con el mismo acto que se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a un mismo cuerpo normativo guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian.
SISTEMATIZACION DE LA JURISPRUDENCIA.
Es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sus artículos 178 y 179, donde se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuidara la publicación, distribución y difusión de las tesis y Jurisprudencias a través del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, lo cual se realiza a través de la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, que es el órgano competente para compilar, sistematizar y publicar las tesis aisladas y jurisprudencias dictadas por el Poder Judicial Federal; el cual para el cumplimiento de sus funciones se sujeta al acuerdo 5/1996, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis, acuerdo que fue suscrito por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 18 de Noviembre de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Noviembre de 1996.
En Dicho acuerdo se establece que para su sistematización, las tesis aisladas y jurisprudencias deberán ser la expresión por escrito, en forma abstracta, de un criterio jurídico, establecido al resolver un caso en concreto, estructurado o compuesto por:
a) Localización: El cual esta constituido por datos y claves de control que permiten su rápida ubicación expresando: Época, Instancia, Fuente, Tomo, Tesis, Pagina y número de Registro.
b) Un Rubro: El cual representa el enunciado gramatical que identifica al criterio interpretativo plasmado en la tesis, y que tiene por objeto reflejar con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar su localización, proporcionando una idea cierta del mismo.
c) El Texto: Es la expresión abstracta del criterio de interpretación de la norma. En consecuencia no es un extracto o síntesis de una resolución.
d) Precedentes: Se forma con los datos de identificación de las ejecutorias, señalándose su orden, y en su caso el tipo de asunto, el número de expediente, el nombre del promoverte del juicio, la fecha de resolución, la votación, el ponente y el secretario.
Respecto las Claves de Control que se deben establecer en el apartado denominado Localización, las mismas son un conjunto de letras y números que sirve para identificar una tesis.
En el caso de tesis aisladas de los Tribunales Colegiados la clave de control para su publicación se integra de la siguiente manera: El circuito que se expresa con número romano seguido de un punto; el número de tribunal, que se expresa en número arábigo ordinal, seguido también de un punto; La sigla o siglas que expresan la materia del tribunal, que en el caso de los Tribunales en Materia Administrativa es la letra “A”; el número secuencial que corresponda a la tesis en cuestión, señalándolo en arábigo cardinal; y por último la materia que corresponde a la materia de la tesis, según sea Administrativa (A), penal (P), civil (C), Laboral (L) o (T), común (K). Ejemplo:
Tesis: III.2º.A.178.K
En este caso se nos referiría a una tesis aislada del Tercer Circuito, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, tesis 178, con un criterio en materia común.
Cuando se trate de tesis jurisprudenciales de los Tribunales Colegiados, la clave de control se inicia con un número romano que indica el circuito, seguido de un punto, continuando con un número arábigo ordinal que señala el tribunal de dicho Circuito(cuando sea tribunal único no se hará señalamiento alguno); después puede aparecer la letra inicial de la materia del tribunal con un punto; luego se señala la letra “J” que significa jurisprudencia, una diagonal y el número arábigo de la tesis que corresponda. Ejemplo:
Tesis: III.2º.P.J/6
En esta ocasión se nos indica que es una Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Materia Penal Con número de tesis jurisprudencial 6.
Cuando se refiere a tesis aisladas de la Suprema Corte, se identifican con la letra de la instancia, seguida de números romanos que corresponden al número asignado a la tesis, una diagonal y las dos últimas cifras del año en que fueron aprobadas. Ejemplo:
Tesis: P.XV/01
En este caso se nos indica que es una tesis aislada del Pleno, con número asignado15, del año 2001.
Tratándose de Jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia se identifica con la letra de la instancia, seguida de la letra “J”, dividiéndolas una diagonal, los números arábigos que corresponden al asignado a la tesis y las dos últimas cifras del año en que fueron aprobadas, divididas estas cifras por una diagonal. Ejemplo:
Tesis: 2a./J. 6/2005
En este caso se referiría a una Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de tesis 6, aprobada en el año 2005.
Utilizando este sistema de claves de control resulta más fácil ubicar una tesis jurisprudencial, así como obtener la fuente de la cual emana para poder determinar su obligatoriedad.
LAS ÉPOCAS DE LA JURIPRUDENCIA.
Desde la creación del Semanario Judicial de la Federación, por decreto de 8 de diciembre de 1870, siendo presidente de los Estados Unidos Mexicanos el licenciado Benito Juárez, las tesis de jurisprudencia y precedentes han sido publicadas por épocas, todas ellas de diversa duración, de las cuales se han concluido ocho y actualmente se integra la novena. Dichas épocas van cambiando en relación a acontecimientos que se consideren importantes dentro del Poder Judicial.
Las Épocas pueden dividirse en dos grandes periodos constitucionales: antes y después de 1917; dicha división obedece a que las tesis de jurisprudencia que fueron publicadas en las épocas Primera a la Cuarta, antes de 1917, hoy son inaplicables (no vigentes), y por ello se agrupan dentro de lo que se ha dado en llamar "jurisprudencia histórica". Las épocas Quinta a la Novena, de 1917 a la fecha, comprenden lo que se considera el catálogo de la "jurisprudencia aplicable" o vigente.
Primer Periodo. Jurisprudencia Histórica:
Primera Época: Va de 1871 a 1875 y se integra por 7 tomos.
Suspensión Editorial de 1876 a 1880
Segunda Época: Es ala que va de 1881 a 1889 y se integra por 17 tomos.
Tercera Época: Abarca de 1890 a 1897, se integra por 12 tomos.
Cuarta Época: Es a partir de 1898 hasta 1914 se integra por 52 Tomos
Segunda Suspensión Editorial de agosto de 1914 a Marzo de 1918.
Quinta Época: Del 1º de Junio de 1917 al 30 de Junio de 1957, se integra por 132 tomos
Sexta Época: Del 1º de Julio de 1957 al 15 de Diciembre de 1968, se integra por 138 volúmenes.
Séptima Época: Del 1º de Enero de 1969 al 14 de Enero de 1988, con 228 tomos.
Octava Época: Del 15 de Enero de 1988 al 3 de Febrero de 1995, integrado por 15 volúmenes.
Novena Época: Del 4 de Febrero de 1995 a la fecha
LA JURISPRUDENCIA Y SU APLICACION POR ORGANOS JURISDICCIONALES.
En base a los diferentes criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que respecta a la aplicabilidad de la Jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes por parte de las autoridades jurisdiccionales y las autoridades administrativas, la misma, lo resume de la siguiente manera:
1.- Respecto de las autoridades administrativas:
a) No están obligadas a aplicar la jurisprudencia que sobre inconstitucionalidad de leyes establezca la Suprema Corte, al cumplir con la garantía de fundar y motivar sus actos, ya que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo disponen con precisión que la jurisprudencia sólo obliga a los órganos jurisdiccionales:
b) Sin embargo, las autoridades administrativas sí deben cumplir las sentencias en las que, con base en dicha jurisprudencia, los órganos jurisdiccionales declaren la nulidad de los actos o resoluciones impugnados, ya que al dictar la resolución de cumplimiento no están acatando propiamente la jurisprudencia, ni se les está obligando a someterse a ella, sino a la sentencia en que se aplicó.
2.- Respecto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:
a) Está obligado a aplicar la jurisprudencia que sobre inconstitucionalidad de leyes establezca la Suprema Corte, siempre que sea procedente, en términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo octavo, constitucional y 192 de la Ley de Amparo, ya que este último artículo no hace ningún distingo sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia atendiendo a la materia sobre la que versa.
b) Los tribunales que no conforman el Poder Judicial de la Federación, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, carecen de facultades competenciales para analizar la procedencia de la impugnación de la ley, así como para juzgar sobre su constitucionalidad; sin embargo, al aplicar la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes su actuación se limita a realizar un estudio de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetan el artículo 16 de la Ley Suprema, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se funda en un precepto declarado jurisprudencialmente inconstitucional, sin que al realizar este estudio se vulnere el principio de relatividad de las sentencias de amparo, ya que éste señala que en las mismas no se podrá hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, mientras que el referido tribunal administrativo, al aplicar la jurisprudencia, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta.
c) La aplicación que debe realizar el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una ley no es irrestricta, sino que está condicionada a que el juicio de nulidad sea procedente, lo que no ocurre cuando los actos impugnados fueron consentidos por el actor, lo que no impide la aplicación de la jurisprudencia en ulteriores juicios de nulidad que sean procedentes, ya que al igual que en el juicio de amparo directo, la sentencia dictada en los juicios de nulidad produce efectos sólo contra la resolución impugnada, mas no contra la ley que le sirve de fundamento.
3.- Respecto de los Órganos del Poder Judicial de la Federación al conocer de los juicios de amparo directo:
a) La suplencia de la queja deficiente cuando el acto reclamado se funda en ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte, que contempla el artículo 76-bis, fracción I, de la Ley de Amparo, se instituyó para lograr un eficaz control de la constitucionalidad de las leyes a fin de hacer prevalecer la Constitución como Ley Suprema, lo que hace imprescindible superar los factores y cuestiones técnicas o de índole procesal que sean incompatibles con los propósitos apuntados, lo que supone que los juzgadores de amparo suplan la queja deficiente en forma absoluta para hacer efectiva la declaratoria de inconstitucionalidad.
b) La suplencia de la queja deficiente cuando el acto reclamado se funda en ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte opera aun cuando no se haga valer concepto de violación en contra de la ley y sin que obste que se reclame el primero o ulteriores actos de aplicación, ya que resulta procedente aun cuando haya operado el consentimiento tácito de la ley por falta de impugnación del primer acto de aplicación, pues ello no debe impedir que ulteriores actos sean declarados insubsistentes al fundarse en ley declarada inconstitucional.
c) La jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes tiene aplicación a casos diversos a los que motivaron su emisión, sin que ello implique darle efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de la ley, dado que sólo producirá su inaplicación a los casos concretos que se controviertan.
d) En el amparo directo en que se plantea la inconstitucionalidad de una ley, debe suplirse la queja deficiente aun cuando se trate de ulteriores actos de aplicación, si la ley en que se fundan fue declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte, ya que la impugnación de una norma legal en el amparo uniinstancial no excluye la posibilidad de que el mismo quejoso al que se le haya otorgado la protección constitucional contra el primer acto de aplicación de la ley declarada inconstitucional, esté en posibilidad de impugnarla nuevamente en amparo directo, al aplicársele en un segundo o ulterior acto de aplicación, ya que la sentencia que se emite en este tipo de juicios produce efectos directos en relación únicamente con la resolución reclamada, mas no con respecto a la ley impugnada, observándose así el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues la declaración de inconstitucionalidad no da lugar a la anulación de la ley con efectos erga omnes.
LA DOCTRINA DE LOS PRECEDENTES.
Por último es importante tocar lo referente a la doctrina de los precedentes, y la complejidad para obtener lo que sería una “regla de derecho y sus limites”, para guiar a los tribunales sobre el sentido en el que se ha de resolver por autoridades jurisdiccionales a casos análogos, a partir de una decisión particular tomada por un juez, estableciéndose para el efecto lo que es conocido como la ratio decidendi de una sentencia, que puede ser conceptualizada como la regla general o el principio que sirve de fundamento al fallo, es decir lo que vincula como precedente obligatorio, es el argumento que regula el caso en estudio, el argumento que motiva la sentencia y se convierte en el núcleo central de la decisión o la razón de la decisión.
Por otro lado se encuentra, todo aquello que por exclusión no constituya la ratio decidendi y que será la obiter dictum, es decir, serán aquellas consideraciones a que se hace referencia en el razonamiento jurídico de cuestiones colaterales que fueron considerablemente debatidas, que no son propiamente esenciales para la decisión del caso, aunque pueden robustecer la decisión al estar muy cerca de ser parte de la ratio; por lo que en atención a su esencia no pueden tener un efecto vinculante, aunque sí llegan a tener eficacia persuasiva atendiendo al órgano del cual provienen.
Ahora bien al decidir las obiter, el pronunciamiento puede tener gran relevancia, incluso casi tan importante como el que decide la ratio, mereciendo el nombre de judicial dicta, que en el caso de algunas decisiones puede ser más destacada que la decisión principal, ya que llegan a representar anticipaciones de próximas rationes, lo que puede llevar a juzgadores a considerar incluir o excluir cuando quieren utilizar en su decisión las obiter por la influencia de la ejecutoria que sentó el precedente, o bien restringir su alcance dejándola fuera del caso a decidir, adoptando consideraciones propias.
La importancia de los precedentes como fuente para motivar sentencias, se ha reiterado en tesis jurisprudenciales como las siguientes:
Tesis: 3a./J. 22/91, Rubro:“SENTENCIAS DE AMPARO. NO SÓLO ES POSIBLE SINO CONVENIENTE QUE SE ACUDA A PRECEDENTES DE LA SUPREMA CORTE PARA FUNDAR LAS.”
“TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA QUE NO HAN INTEGRADO JURISPRUDENCIA. TIENEN FUERZA JURÍDICA PARA NORMAR EL CRITERIO DE TRIBUNALES INFERIORES.”
“Sexta Época
Tomo: Primera Parte, LXXIX
“EJECUTORIAS DE LA SUPREMA CORTE, APLICADAS POR LOS JUECES DE DISTRITO.”
“Quinta Época
Tomo: CXXIII
“SENTENCIAS, APLICACIÓN DE PRECEDENTES JUDICIALES EN LAS.”
Tomo: 80 Primera Parte
“TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA QUE NO CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA, LA APLICACIÓN DE LAS, POR LOS JUECES, NO VIOLA EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO.”
Tomo: Primera Parte, LXXIII
“EJECUTORIAS DE LA SUPREMA CORTE QUE NO CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA.”
PROBLEMAS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
1. Prelación en la aplicación de la jurisprudencia y tesis aisladas.
2. Aplicación de jurisprudencia genérica, la referida a otra legislación y por analogía.
3. Aplicación de la jurisprudencia en el tiempo. El problema de la retroactividad.
4. Tesis confusa o incompleta.
5. Falta de publicación de la tesis.
a) PRELACIÓN EN LA APLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADAS.
• Si sobre un tema existe jurisprudencia en un sentido y tesis aisladas en el otro, deberá aplicarse la primera.
• La jurisprudencia de la Suprema Corte es de aplicación preferente a la de los Tribunales Colegiados, como lo sostiene la tesis siguiente:
No. Registro: 189,673
Materia (s): Común
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Mayo de 2001
Tesis: XXII.1o.27 K
Página: 1171
JURISPRUDENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, OBLIGATORIEDAD Y APLICACIÓN PREFERENTE DE LA. De una recta interpretación de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son de mayor importancia y obligatoriedad preferente, para las autoridades responsables, que las establecidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, aun también para los propios Tribunales Colegiados.
Amparo directo 841/2000. Contfis, S.C. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Alfredo Echavarría García.
Deberán preferirse los criterios más recientes (novena u octava épocas), tal como lo sostiene el siguiente precedente:
Registro: 204, 047
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO.
Tesis: X.2o.2 K
JURISPRUDENCIA, OBLIGACIÓN DE APLICAR LA ACTUAL. La circunstancia de que un asunto idéntico al planteado se haya resuelto en un sentido determinado, no obliga al juzgador a sostener o reiterar el criterio en que se apoyó cuando éste ya ha sido superado, pues la obligatoriedad de la jurisprudencia es tan imperativa que sujeta a todos los tribunales del país a su debido acatamiento, por encima de criterios en desuso o incluso del propio, siempre que la norma que se interpreta, no haya sufrido modificaciones.
Debe optarse por los precedentes de la Suprema Corte en contraposición a los de Tribunal Colegiado.
Si sobre un tema existen tesis aisladas de los Tribunales Colegiados del Circuito al que se pertenece en un sentido y de otros en diverso, debe optarse por las primeras.
Cuando sobre un tema existan tesis de jurisprudencia con criterios contradictorios, es posible invocar el que contenga el que se estime acertado, como lo sostienen los precedentes reproducidos a continuación:
Registro: 224, 557
JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SU OBLIGATORIEDAD PARA LOS JUECES DE DISTRITO CUANDO EXISTE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ENTRE DICHOS TRIBUNALES. En los términos del artículo 193, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria, entre otros, para los Juzgados de Distrito. Pero la hipótesis contenida en este numeral, sólo se actualiza cuando no existe un criterio contrario sustentado por diverso Tribunal Colegiado, porque en este evento el a quo debe aplicar la tesis que más se adecue con su opinión jurídica, ya que siéndole ambas obligatorias de conformidad con el artículo indicado y no pudiendo aplicarlas en forma simultánea dada su contradicción, es incuestionable que su fallo debe ajustarse al criterio más acorde con su opinión. Estimar lo contrario implicaría obligar a lo imposible al juzgador, ya que cualquiera que fuese la tesis que aplicara, incurriría fatalmente, en violación al artículo 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior no significa inseguridad jurídica permanente para el justiciable ya que el legislador previendo esa situación, estableció en el artículo 197 de la ley de la materia, el sistema conforme al cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir cuál tesis ha de prevalecer, resolución que se estimará obligatoria para todos los Tribunales Colegiados de Circuito, juzgados de Distrito y demás juzgadores del fuero federal y local.
Registro: 225, 786
Tomo: V Segunda Parte-1
JURISPRUDENCIA, TESIS DE. CONTRADICCIÓN ENTRE LAS SUSTENTADAS POR DOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE LA MISMA ESPECIALIDAD. SU OBLIGATORIEDAD. Por disposición expresa del texto del artículo 193 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los tribunales administrativos (federales y locales), pero cuando sobre un mismo punto litigioso hayan (sic) dos o más criterios jurisprudenciales entre sí, sustentados por diversos Tribunales Colegiados de Circuito de la misma especialidad, y dicha contradicción de tesis no haya sido denunciada y resuelta, no debe estimarse infringido el dispositivo legal citado, por el hecho de que, para fundar su sentencia, la Sala responsable de la misma se haya apoyado en el criterio jurisprudencial adverso a los intereses de la parte quejosa.
b) APLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA GENÉRICA, LA REFERIDA A OTRA LEGISLACIÓN Y POR ANALOGÍA.
Registro: 181, 940
Página: 1572
Tesis: XVII.2o.C.T.7 K
JURISPRUDENCIA. PARA DETERMINAR SU APLICABILIDAD ES NECESARIO ANALIZAR LOS ELEMENTOS COMUNES DE LOS CONCEPTOS O PRECEPTOS JURÍDICOS INTERPRETADOS. Para determinar si es o no aplicable una jurisprudencia al caso concreto, como fuente de interpretación legal, deben identificarse primero los elementos de los conceptos jurídicos contenidos en los preceptos legales a interpretar. De modo que si los artículos analizados provienen de diferentes legislaciones y no contienen elementos comunes, aunque aludan a la misma institución jurídica, la jurisprudencia que surja de la interpretación de uno de ellos no será aplicable para ambos en cuanto a que exigen diferentes requisitos.
Registro: 181, 939
Página: 1573
Tesis: VI.2o.C.205 K
JURISPRUDENCIA. PARA QUE LA EMITIDA CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SEA APLICABLE EN OTRA, DEBEN EXISTIR EN AMBOS ESTADOS DISPOSICIONES LEGALES CON SIMILAR CONTENIDO. Si bien los Tribunales Colegiados de Circuito en la resolución de los asuntos de su competencia están facultados para emitir criterios interpretativos de la legislación de las entidades federativas, y al hacerlo colman los posibles vacíos legislativos que pudieran advertirse, esta atribución no puede llegar al extremo de integrar una aparente laguna normativa a partir de la existencia de una tesis aislada o jurisprudencial referida a una legislación de un Estado de la Federación distinto al en que se suscita el conflicto, si en la legislación aplicable no existe una disposición con contenido análogo al ya interpretado por un diverso tribunal, pues sostener lo contrario implicaría extender el contenido de aquél a cuestiones inherentes a la ley expedida por otra soberanía legislativa, sin considerar el ámbito territorial de aplicación de la norma vigente en cada demarcación federal, provocando así el desconocimiento de la soberanía de cada Estado miembro de la Federación.
Registro: 205, 472
Tomo: 77, Mayo de 1994
Tesis: P. XVI/94
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. VALIDEZ DE LA SUSTENTADA RESPECTO DE TEMAS O CRITERIOS GENÉRICOS. El Pleno del más Alto Tribunal del país, en sesión privada celebrada el veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, acordó lo siguiente: "... en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede establecer jurisprudencia referida a temas o criterios genéricos, sin que sea necesario que en los cinco precedentes respectivos aparezcan las mismas autoridades, ni que se hayan reclamado el mismo precepto legal o la misma ley...". Lo anterior evidencia que lo determinante para la integración de la jurisprudencia de la Suprema Corte, es el criterio sostenido en las cincos ejecutorias correspondientes no interrumpidas por otra en contrario, razón por la cual en el caso de que se trate de la misma disposición reclamada, aun cuando la vigencia de las leyes, el número de los artículos y/o el número de los párrafos en cuestión varíen, puede válidamente constituirse jurisprudencia en el tema común a todos y cada uno de ellos
Registro: 193,841
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Tomo: IX, Junio de 1999
Tesis: VIII.2o. J/26
Página: 837
ANALOGÍA, PROCEDE LA APLICACIÓN POR, DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Es infundado que las tesis o jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sus Salas, no puedan ser aplicadas por analogía o equiparación, ya que el artículo 14 constitucional, únicamente lo prohíbe en relación a juicios del orden criminal, pero cuando el juzgador para la solución de un conflicto aplica por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en una tesis o jurisprudencia, es procedente si el punto jurídico es exactamente igual en el caso a resolver que en la tesis, máxime que las características de la jurisprudencia son su generalidad, abstracción e impersonalidad del criterio jurídico que contiene.
c) APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN EL TIEMPO. EL PROBLEMA DE LA RETROACTIVIDAD:
Tesis: P./J. 145/2000
JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional.
Registro: 187, 495
Tesis: 2a. XIV/2002
JURISPRUDENCIA. LOS NUEVOS CRITERIOS SON APLICABLES A LOS CASOS AÚN NO DECIDIDOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE. El artículo 197, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, sustancialmente contiene una regla general de aplicación de la jurisprudencia para casos en que existan modificaciones a los criterios judiciales, al establecer que: "... El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. ...". Lo anterior significa que si el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifican una jurisprudencia, los cambios de criterio serán válidos para resolver exclusivamente casos aún no fallados, sin que puedan afectarse las situaciones concretas decididas en los precedentes, pues por seguridad jurídica de la cosa juzgada el nuevo criterio no puede cambiar los casos ya resueltos; sin embargo, los asuntos que aún no han sido fallados por el órgano jurisdiccional competente, sí deben ser ajustados al nuevo criterio jurisprudencial, independientemente de que en la época en que surgió la problemática a resolver y de que en la fecha en que se valora un hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha sido superado. Así, conforme al criterio del Tribunal Pleno contenido en la jurisprudencia P./J. 145/2000 que se publica en la página 16 del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la jurisprudencia no está sujeta a los principios de retroactividad típicos en las leyes; además, si no se hiciera la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial, se contravendría la regla de obligatoriedad que deriva de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la cual vincula a todas las autoridades que desarrollan actividades jurisdiccionales.
d) TESIS CONFUSA O INCOMPLETA.
Registro 190,204
Tomo: XIII, Marzo de 2001
Tesis: 1a./J. 1/2001
CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO UNA DE LAS TESIS CONTENDIENTES ES CONFUSA O INCOMPLETA DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA. Si del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierte que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano que resuelve se encuentra en las consideraciones de la propia resolución. e) Falta de publicación de la tesis.
No. Registro: 185,722
Tesis: 2a./J. 107/2002
JURISPRUDENCIA. FORMA EN QUE DEBEN PROCEDER LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA SUSTENTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTE LA FALTA DE TESIS FORMALMENTE PUBLICADA. Cuando la jurisprudencia sustentada por ese Alto Tribunal no se encuentre reflejada en una tesis aprobada y publicada formalmente, y el Tribunal Colegiado de Circuito no pueda valerse del Semanario Judicial de la Federación para establecer la existencia y aplicabilidad de la que le hagan valer las partes, tendrá que comprobar, por los conductos pertinentes, la existencia del criterio jurídico invocado y que, además, reúna los requisitos legales exigidos para ser considerado como jurisprudencial y, por ende, obligatorio. Para tal efecto, con apoyo en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía y mayoría de razón, en principio el órgano colegiado deberá verificar: a) La existencia del criterio jurídico; b) Que haya sido reiterado en cinco ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario (en el caso de la jurisprudencia por reiteración), o bien, que haya dilucidado una contradicción de tesis (tratándose de la jurisprudencia por unificación o por modificación en los términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo); c) Si se trata de jurisprudencia por reiteración, que las resoluciones que la integran hayan sido aprobadas por lo menos por el voto de ocho Ministros si aquéllas fueron emitidas por el Tribunal Pleno y por cuatro Ministros tratándose de las pronunciadas por las Salas; d) En el caso de la jurisprudencia por unificación, que el criterio jurídico haya sido el que resolvió el punto de contradicción entre las tesis contendientes y no otro que, aun cuando esté contenido en la resolución, se refiera a un aspecto relacionado, pero diverso al tema de fondo; y e) Que el criterio jurisprudencial se encuentra vigente, es decir, que no haya sido interrumpido, modificado o que exista otra jurisprudencia posterior en sentido diverso. Una vez agotadas las fases anteriores, de acuerdo con el precepto citado, el Tribunal Colegiado de Circuito determinará, con base en sus facultades y conforme a su arbitrio, la aplicabilidad de la jurisprudencia al caso concreto sometido a su conocimiento
No. Registro: 185,721
Tesis: 2a./J. 106/2002
JURISPRUDENCIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SÓLO PUEDEN ANALIZAR SI UN CRITERIO JURÍDICO TIENE O NO TAL CARÁCTER, SI NO ESTÁ REDACTADO COMO TESIS CON RUBRO, TEXTO Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Cuando el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de los artículos 192 y 195 de la Ley de Amparo, 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos 9 y 10, sección primera, capítulo primero, título tercero del Acuerdo 5/1996, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, dictan resoluciones cuyos criterios integran jurisprudencia, a partir de la cual elaboran un proyecto de tesis (con rubro, texto y datos de identificación), lo listan para su análisis en la sesión correspondiente, lo aprueban mediante una resolución administrativa irrecurrible con el carácter de jurisprudencia, y le dan difusión a través del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, los Tribunales Colegiados de Circuito se encuentran obligados a acatar tal jurisprudencia en sus términos, de manera que dichos órganos se encuentran legalmente imposibilitados para cuestionar el carácter, contenido y proceso de integración de la jurisprudencia, independientemente del motivo que pretendan aducir, por lo que una vez que han tenido conocimiento de ella, al actualizarse su aplicación a un caso concreto deben acatar aquel criterio forzosa e ineludiblemente, ya que de lo contrario se le desnaturalizaría al privársele de un atributo, que además de derivar de la propia norma constitucional, la justifica como una fuente formal del derecho. En cambio, cuando alguna de las partes invoque ante un Tribunal Colegiado de Circuito un criterio jurídico, anunciando que se trata de jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del cual no existe una tesis redactada, aprobada y publicada formalmente, dicho órgano colegiado estará facultado para verificar la existencia de tal criterio, y si éste constituye jurisprudencia.