Source: https://www.pozuelodealarcon.org/hacienda/tribunal-economico-administrativo-municipal-teampa/consulta-publica-de-resoluciones-del-teampa/impuesto-sobre-el-incremento-de-valor-de-los-terrenos-de-naturaleza-urbana
Timestamp: 2020-07-13 01:02:12
Document Index: 391770688

Matched Legal Cases: ['artículo 235', 'artículo 110', 'artículo 31', 'artículo 45', 'artículo 40', 'artículo 93', 'artículo 107', 'artículo 31', 'artículo 104', 'artículo 221', 'artículo 9', 'artículo 66', 'artículo 106', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 24']

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
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Resolución nºHI IIVTNU 2019 06.
RESUMEN: Aportación de escrituras e Informe pericial como indicios probatorios sobre el decremento del valor del terreno y comprobación administrativa de los valores escriturados. Se impugna en la presente reclamación económico-administrativa la Resolución del Titular del Órgano de Gestión Tributaria desestimatoria de la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones nº---- por importe de 3.856,50 Euros, correspondiente a la finca citada en el primer Antecedente de hecho de esta resolución.
En cuanto al fondo de la controversia, la reclamante alega en síntesis la improcedencia de las liquidaciones impugnadas en base a la falta de realización del hecho imponible del IVTNU por existencia de decremento de valor de los terrenos, habida cuenta de que hubo una diferencia entre el precio de adquisición del inmueble derivado de la escritura originaria de fecha 13-03-2006 por valor de 400.000,00 euros, y el precio de la transmisión final por escritura de venta de fecha 16-07-2012 por importe de 290.000,00 Euros.
El TS en Sentencia de 9-7-2018 considera que, una vez, “…aportada por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía. “Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial”.
Llegados a este punto, y aplicada la doctrina expuesta al caso concreto que nos ocupa resulta que el reclamante alega inexistencia de incremento del valor del terreno objeto de transmisión habida cuenta de que, de las escrituras aportadas obrantes en el expediente se deduce que el precio de adquisición originaria fue de 400.000, y el precio de la ulterior transmisión fue de 290.000 Euros.
A lo anterior, y en aplicación de la doctrina antes expuesta sobre la comprobación administrativa, consta incorporado al expediente Informe Técnico pericial según el cual hubo un decremento del valor del suelo referido al inmueble sito en la c/Peñalara nº0008 B 01 02 (Referencia Catastral nº2292704VK3729S0012J), entre el año de adquisición en 2006 y el año de la venta en 2012.
A la vista de dichos elementos probatorios aportados a instancia del interesado, la Administración procedió a comprobar dichos valores y datos aportados como indicio probatorio mediante Informe emitido por el Arquitecto Jefe del Catastro y por el órgano de gestión tributaria cuyo resultado consta en el expediente administrativo, incorporado en virtud de lo establecido en el artículo 235.3 de la LGT.
La conclusión en cuanto a la evolución de los precios de mercado del inmueble objeto de análisis (vivienda) e función de su localización en el Polígono 46 y en el tramo de valoración catastral “RC3.26.1. Residencial colectiva bloque abierto”, resulta que:
“De acuerdo con lo anteriormente expuesto y el valor real, de mercado o comprobado del inmueble objeto de análisis, se puede concluir que no se ha producido un incremento del valor del terreno de naturaleza urbana, entre los años de su adquisición y enajenación y, por tanto, no se genera el supuesto de hecho determinante del nacimiento de la obligación tributaria por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana”.
Por tanto, tras la comprobación de los valores aportados instada por la Administración Tributaria, a quien corresponde la gestión de los impuestos que gravan la transmisión del inmueble, y en aplicación de la doctrina actualmente vigente en la materia hay que entender que no se ha producido el hecho imponible al tratarse de un supuesto de no sujeción al IIVTNU, procediendo pues a estimar la presente reclamación. ESTIMACIÓN.
Resolución nºHI IIVTNU 2018 05.
RESUMEN: Inaplicación de la declaración de inconstitucionalidad de la STC de 11-5-2017 de forma genérica al caso concreto por falta de acreditación del inexistencia de incremento de valor del terreno: Doctrina del Tribunal Supremo en interés de ley por Sentencia 1163/2018 de 9 Jul. 2018. Se invoca la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC antes citada para extender la solicitud de devolución de ingresos indebidos a la totalidad del importe de la autoliquidación abonada por nulidad de pleno derecho ya que la base imponible se calculó en base a normas no válidas al haber sido declaradas inconstitucionales.
Partiendo del contenido del fallo de la STC 59/2017, debemos dejar claro que la valoración de la alegación fundamental esgrimida en la Reclamación que ahora se resuelve, ha sido desvirtuada en su totalidad por el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, en Sentencia 1163/2018 de 9 Jul. 2018, que resuelve la cuestión nuclear sobre la procedencia de la interpretación del fallo de la STC 59/2017 efectuada por algunos Tribunales Superiores de Justicia, entre los que destaca la postura del TSJ de Madrid por Sentencia de 19 de julio de 2017 (Rec. apelación 783/2016), y que es la utilizada como fundamento de la reclamación presentada. Según dicha doctrina procedería la nulidad de pleno derecho de la deuda autoliquidada ya que la base imponible se calculó aplicando normas no válidas al haber sido declaradas inconstitucionales. Sin embargo, el TS procede a fijar la interpretación y el alcance de la declaración de inconstitucionalidad de forma contraria a la doctrina expuesta:
1-) Dicha postura, (la del TSJ de Madrid con la Sentencia de 19-07-2017), parece no tener en cuenta la declaración de inconstitucionalidad total del artículo 110.4, precisamente porque impide en toda circunstancia a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica.
De esta forma, anulada y expulsada definitivamente del ordenamiento jurídico la prohibición que hasta la fecha de dictarse la Sentencia tenían los sujetos pasivos del impuesto de probar la inexistencia de incrementos de valor en la transmisión onerosa de terrenos de naturaleza urbana, prohibición de la que indirectamente derivaba la quiebra del principio de capacidad económica del artículo 31.1 CE, queda expedita la vía para llevar a cabo esta prueba.
Por tanto, el obligado tributario puede y debe demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor. En este sentido existe suficiente base legal en el ordenamiento tributario, tanto la prueba por el contribuyente como para la valoración por el aplicador del Derecho de la inexistencia de un incremento de valor del terreno o de una regla positiva de cálculo para cuantificarla.
2-) Una vez demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución).
3-) A sensu contrario, si no se demuestra la inexistencia de plusvalía, habrá de girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 2 a) del TRLHL (que, según hemos dicho, han quedado en vigor para los casos de existencia de incremento de valor).
Todo ello viene a refutar la alegación del reclamante basada en una postura rechazada de plano por el TS, como es la pretensión de la declaración de inconstitucionalidad radical y absoluta de los mencionados preceptos, que motivaría que, en tanto se produjera la reforma legal del IIVTNU, no podría girarse liquidación alguna en aplicación de los mismos.
A pesar de crear ya Jurisprudencia por ser un recurso de casación en interés de ley, la doctrina legal fijada en la materia ha sido reiterada en Sentencia nº1300/2018 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de fecha de 18 Jul. 2018, que resuelve el Recurso de casación 4777/2017. En dicho pronunciamiento, además de remitirse en su integridad a la doctrina ya fijada por esa misma Sala, acaba por desestimar el recurso contencioso-administrativo contra la liquidación impugnada en concepto de IIVTNU, ya que “...la sentencia parte de la premisa de que el recurrente ni siquiera aporta ni solicita prueba de la inexistencia de plusvalía gravable”. Asimismo cabe referirnos a la Sentencia nº1248/2018 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de fecha de 17 Jul. 2018, que resuelve el Recurso de casación 5664/2017, que reitera la doctrina legal expuesta.
Por último, y aplicando la doctrina al caso concreto, se otorga al contribuyente la facultad de probar la inexistencia de plusvalía, reconociendo una distribución de la carga de la prueba, que en un primer momento debe correr a cargo del particular.
Sin embargo, nada ha aportado el reclamante en defensa de la inexistencia de incremento de valor, por lo que difícilmente puede concurrir el supuesto de no sujeción al impuesto que plantea la STC 59/2017. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºHI IIVTNU 2015 04.
RESUMEN. Aportación de rama de actividad a efectos de la sujeción al IVTNU: en el inmueble aportado no se desarrollaba actividad económica. Ante la alegación de la no sujeción del negocio jurídico al IIVTNU, por encontrarnos ante la aportación de una rama de actividad, en la ampliación de capital de una entidad mercantil, el Tribunal considera que desde la compra del inmueble en (2001), hasta su aportación a la entidad referida (2011), e incluso con posterioridad a dicha aportación, el inmueble es domicilio del reclamante, como ha sido manifestado en las mencionadas escrituras, no pudiendo por tanto constituir, como la norma exige, un local destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad de manera exclusiva. Además, el alta reclamante en el epígrafe 861.2 "alquiler de locales industriales", se realiza un día antes de la escritura de aportación. Por lo que no se estaba desarrollando previamente una actividad económica, y por tanto la aportación del referido inmueble no podría fiscalmente estar afecto a la misma, ya que la referida actividad no cumplía con los requisitos fiscales para que la misma existiera previamente. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºHI IIVTNU 2014 03.
RESUMEN: Aportación de rama de actividad a efectos de la sujeción al IVTNU. La reclamante alega la no sujeción del negocio jurídico al IIVTNU, por encontrarnos ante la aportación de una rama de actividad, pero la Administración acredita que la transmisión del inmueble no constituye rama de actividad: No consta que realizara previamente dicha actividad de arrendamiento de inmuebles aun cuando figure como objeto social en sus Estatutos, ni consta siquiera el alta en el Impuesto de actividades Económicas en dicho Epígrafe, ni se aporta prueba alguna, como podría ser su propia contabilidad que está obligada a llevar según las normas del Código de Comercio, y lo que es más importante, no ha acreditado que el inmueble cuya transmisión es objeto de controversia constituyera un conjunto de elementos de activo y de pasivo de una división de una sociedad que constituyen desde el punto de vista de la organización una explotación autónoma. En el presente caso no se ha demostrado que la aportación de los inmuebles a la entidad de nueva constitución viniera determinada por motivos claramente económicos, apreciación que en el presente caso descansa en la ausencia de una prueba solvente tendente a acreditar esa motivación económica. Operación sujeta al impuesto y liquidación procedente. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºHI IIVTNU 2014 02.
RESUMEN: El retracto legal a efectos de la sujeción al IVTNU. El retracto legal es el derecho a subrogarse, con las mismas condiciones establecidas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago, por lo que su naturaleza es claramente subrogatoria, no existiendo dos transmisiones, sino una sola: la operada entre el primigenio transmitente y el retrayente, que pasa a ocupar la misma posición en el contrato que el adquirente retraído. En consecuencia, en la fecha en que se otorga la escritura pública de ejercicio de retracto legal no se produce transmisión alguna de la propiedad del inmueble que ponga de manifiesto incremento de valor alguno. Liquidación improcedente. ESTIMACIÓN.
Resolución nºHI IIVTNU 2012 01.
RESUMEN: No sujeción de la extinción del condominio. La disolución de una comunidad de bienes constituida sobre un inmueble de forma voluntaria por las partes y en virtud de la cual uno de los comuneros se adjudica el pleno dominio de la finca compensando al otro en metálico, es un supuesto sujeto o no al IIVTNU, ya que tiene un efecto meramente declarativo y no traslativo, no existiendo, pues, en un caso así, transmisión sujeta al IIVTNU. En tales supuestos como el que nos ocupa en la reclamación de adjudicación a un comunero del único bien común, cuando éste sea de naturaleza indivisible (o desmerezca mucho por la división) con compensación en metálico a los otros comuneros, no existe una verdadera transmisión. ESTIMACIÓN.
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Resolución nºBF IIVTNU 2018 05.
RESUMEN: Falta de presentación en plazo reglamentario de la solicitud prórroga en la presentación de la autoliquidación y de la solicitud de bonificación por transmisión de vivienda habitual. Tal y como se argumenta en la resolución impugnada, no consta solicitada prórroga ni bonificación por el Impuesto municipal controvertido, toda vez que según la documentación aportada se comprueba que lo que solicitó fue la prórroga en el Impuesto sobre Sucesiones cuya exacción corresponde a la Comunidad de Madrid con efectos únicamente para dicho tributo. Así se especifica además en la propia concesión de la prórroga emitida por la Oficina liquidadora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que lo es a los solos efectos de la liquidación de dicho tributo, cuya gestión tributaria por lo demás resulta de competencia de una Administración Territorial distinta a la Administración Local titular de la potestad tributaria sobre el impuesto ahora exaccionado.
Por tanto, subsumiendo la normativa tributaria antes citada a los antecedentes de hecho resulta que, desde la muerte de la causante el 13-01-2017, ha transcurrido el plazo de seis meses fijado en la ley y en la Ordenanza Fiscal hasta la fecha de 19 de septiembre de 2017 cuando se procede a presentar y abonar la autoliquidación en concepto del IVTNU. Por lo que, estando fuera de plazo, tanto la presentación y abono de la cuota impositiva como la solicitud de concesión del beneficio fiscal, no procede su reconocimiento en la cuota autoliquidada. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºBF IITNU 2016 04.
RESUMEN: Aplicación de la bonificación por vivienda habitual contemplada en la Ordenanza reguladora del impuesto. La cuestión objeto de debate versa sobre el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos fijados en la Ordenanza fiscal en cuya aplicación la propia reclamante pretende amparar sus pretensiones, en concreto, la acreditación de que el causante estaba empadronado formalmente en el municipio de Pozuelo de Alarcón. Por tanto, las vicisitudes habidas en cuanto a una inscripción de un alta de Padrón en el municipio de Madrid que determina automáticamente la baja en Pozuelo de Alarcón, tal y como consta en el expediente, son cuestiones ajenas al fondo del asunto. La única consecuencia que podría afectar al sentido último de la resolución de este procedimiento sería la acreditación de que dicho alta padronal en Madrid y baja simultánea en Pozuelo de Alarcón se debieran a un error administrativo, lo cual, aparte de no constar en el expediente que así fuera, en todo caso correspondería al particular la prueba de dicha circunstancia, y no a este Tribunal. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºBF IIVTNU 2016 03.
RESUMEN: Exención a favor de Fundaciones religiosas. Tras la doctrina legal fijada en Sentencia del Tribunal Supremo de 4-4-2014 y reafirmada en Sentencia de 10-12-2015 no existe duda de que la exacción en concepto del Ibi, y por ende también respecto al IVTNU sobre los inmuebles exaccionados no es compatible con la doctrina legal fijada anteriormente, la cual no discrimina el beneficio fiscal cuando las fincas no tengan uso alguno, sino que extiende la exención a cualesquiera de que sean titulares catastrales y sujetos pasivos estas entidades religiosas, siempre que no estén afectos a explotaciones económicas y los que estén afectos a explotaciones económicas cuyas rentas se encuentren exentas Sociedades en virtud del art. 7 de la ley 49/2002. ESTIMACIÓN.
Resolución nºBF IIVTNU 2015 02.
RESUMEN: Requisitos de la bonificación por vivienda habitual contemplada en la Ordenanza reguladora. Para poder disfrutar de la bonificación, será imprescindible que se trate de transmisión de la vivienda habitual, y tendrá este carácter aquélla que lo haya sido hasta la fecha del devengo del impuesto y, al menos, durante los dos últimos años, lo que se acreditará mediante el certificado de empadronamiento. De la valoración de las pruebas aportadas a efectos de acreditar que es residencia habitual nos e desprende dicha circunstancia. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºBF IIVTNU 2013 01.
RESUMEN: Efectos del carácter rogado de la bonificación por transmisión de vivienda habitual. La bonificación establecida en la Ordenanza Fiscal respecto a la transmisión de vivienda habitual del causante a favor de descendientes en línea directa a favor del cónyuge supérstice es de carácter rogado y debe ser solicitada por el contribuyente o su representante al presentar la declaración del impuesto dentro del plazo señalado de seis meses desde el fallecimiento y deberá acompañarse de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se hace referencia en este precepto. Aplicando la normativa tributaria antes citada al caso concreto resulta que, a pesar de haber transcurrido el plazo de seis meses desde la muerte del causante y no constar en el expediente solicitud de prórroga ante el Ayuntamiento dentro del plazo de los seis primeros meses desde esa fecha, el escrito presentado está fuera de plazo y la solicitud es extemporánea a efectos de la prórroga y bonificación a solicitarla antes del vencimiento del plazo antes señalado. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºSP IIVTNU 2013 03.
RESUMEN: La herencia yacente como sujeto pasivo del tributo: frente a lo alegado por al reclamante es indiferente que esté pendiente la adjudicación de las cuotas y el reparto posterior entre los herederos para que el Ayuntamiento pueda practicar las liquidaciones correspondientes en concepto del IVTNU. El devengo del IIVTNU sigue teniendo lugar en la fecha del fallecimiento del causante, ya que la partición de la herencia no representa otra cosa que la cesación de la comunidad incidental que se opera en toda sucesión en que hay pluralidad de herederos, teniendo la misma como única finalidad el transformar en cuota individualizada, la abstracta e indivisa transmitida al fallecimiento del causante. Asimismo no procede conceder la bonificación por vivienda habitual al presentarse la declaración-liquidación fuera del plazo previsto en la Ordenanza.
Procedimiento sancionador: Procedencia de la sanción por falta de diligencia culpable en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºSP IVTNU 2013 02.
RESUMEN: División de cuotas improcedente por existir sociedad de gananciales. La alegación deducida por la reclamante en cuanto a la obligación de la Corporación Local de notificar a cada cónyuge liquidaciones referidas al 50% de la deuda tributaria, no puede prosperar, toda vez que siendo sujeto pasivo, a título de contribuyente, la sociedad legal de gananciales transmitente de los inmuebles descritos en los antecedentes de hecho, la notificación efectuada a cualquiera de sus miembros o partícipes se entiende efectuada a aquélla, por entenderse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.3 de la LGT, que en caso de no haberse designado representante y no constando el ejercicio de la gestión o dirección por ninguno de los comuneros, la representación legal de la citada sociedad corresponde a cualquiera de sus integrantes, quienes quedan solidariamente obligados frente a la Hacienda Pública. Liquidación procedente. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºSP IIVTNU 2011 01.
RESUMEN: No concurren los requisitos previstos en el artículo 40.1 de la LGT que permitan fundamentar la transmisión de las deudas tributarias pendientes a los accionistas de la entidad, ya que, tratándose de una sociedad que limita la responsabilidad de los socios, éstos deberán responder sólo hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda, habiéndose acreditado que tal cuota no existe, al no haberse cubierto siquiera el pasivo exigible con el activo de la entidad. Liquidación improcedente. ESTIMACIÓN.
D.-) Base Imponible.
Resolución nºBI IIVTNU 2019 03.
RESUMEN: Improcedencia de aplicar fórmula alternativa a la legal para la cuantificación de la base imponible. Doctrina del Tribunal Supremo. A estos efectos, la reclamante alega en síntesis la improcedencia de la fórmula aplicada en el programa informático de ayuda de la plusvalía del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón al partir del valor catastral considerado por el Ayuntamiento en el momento del devengo del impuesto, es decir en el momento de la transmisión, y aplicando unos porcentajes de incremento sobre dicho valor en función del número de años de tenencia. Por lo anterior considera que en ningún caso se está calculando el incremento de valor experimentado por el terreno desde su adquisición, sino una plusvalía futura no real que no se ha producido. Únicamente se cuestiona la fórmula aplicada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para la cuantificación de la cuota de IVTNU al partir el valor catastral considerado por el Ayuntamiento en el momento del devengo del impuesto.
La Sentencia de 09-07-2018 del Tribunal Supremo considera que:
“La resolución judicial recurrida en casación ha interpretado, pues, de manera correcta el ordenamiento jurídico al considerar que la STC 59/2017 permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL resultan plenamente constitucionales y, por consiguiente, los ingresos realizados por el contribuyente, debidos.”
A este respecto, debemos referirnos en primer lugar a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2018, Recurso 6148/2017, que respalda la decisión del Juzgador de la instancia y se rechazan las alegaciones relacionadas con la fórmula de cálculo del impuesto ante la falta de toda prueba pericial técnica.
El Tribunal Supremo declara en este supuesto concreto que “Sin embargo, lo que propone la apelante es una alteración del procedimiento de cálculo que desconoce directamente el mandato legal del art. 107.4 TRLHL cuando dispone que, sobre el valor del terreno en el momento del devengo, se aplicará el porcentaje anual determinado por el Ayuntamiento respectivo, dentro de los límites que establece el precepto, en función del número de años transcurrido. La decisión del Juzgador de instancia de rechazar esta alegación, ante la falta de toda prueba pericial técnica, o de otro tipo, que correspondía aportar a la demandante, que evidenciase la inadecuación del método de cálculo al mandato legal del art. 107 TRLHL, resulta plenamente fundada y razonable, y hace inviable el planteamiento del recurso de apelación, que se limita a reiterar las mismas cuestiones suscitadas en su escrito de demanda, que fueron rechazadas por el Juzgador de instancia con argumentos que no se desvirtúan por la actora.
Y finalmente la STS de 06-03-2019 (Recurso de Casación nº2815/2017) resuelve de forma específica la cuestión relativa a la admisión de fórmulas alternativas de cuantificación de la base imponible del IIVTNU. Y en su fundamento nº3 y 4 considera que:
“TERCERO.- Contenido interpretativo de esta sentencia.
Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA , procede, en función de todo lo razonado precedentemente, responder a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión, lo que debemos hacer necesariamente por remisión a la interpretación plasmada en el fundamento séptimo de la sentencia de 9 de julio último. Así, a la cuestión formulada por el auto de admisión como necesitada de esclarecimiento, consistente en
"[D]eterminar si la interpretación conjunta de los artículos 104.1 y 107, apartados 1 y 4, TRLHL permite concluir que el importe de la base imponible del IIVTNU puede no ser el resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el número de años de generación del incremento y por el porcentaje anual que corresponda", hemos de efectuar una remisión total a lo que al respecto señala dicho fundamento séptimo.
No se ha discutido, en la presente ocasión, la realización del hecho imponible; se admite que ha habido un incremento del valor de los terrenos transmitidos. El debate queda reducido a la determinación de la base imponible por considerar la parte actora que es inferior a la calculada por el Ayuntamiento de Santiago del Teide, y, por tanto, resulta una cuota a ingresar sensiblemente inferior a 1.256.565,59 euros que, recuérdese, es la que resulta de la liquidación practicada. El Ayuntamiento, aplicando el mandato legal previsto en el artículo 107.4 TRLRHL, concluye que la base imponible asciende a 5.026.262.37 euros. En cambio, la parte actora opta por otro mecanismo diferente sin aportar una prueba pericial técnica o de otro tipo que evidencie la inadecuación del método de cálculo legalmente establecido con el principio de capacidad económica del artículo 31.1. No es nuevo este planteamiento; de hecho, este Tribunal ya ha abordado esta cuestión anteriormente (Cfr. S. 1845/2018, de 20 de diciembre de 2018 (ref . cas. núm. 4980/2017)”.
Aplicado lo anterior al caso que nos ocupa, ciertamente el interesado no aporta estudio o valoración alguna que permita sustentar que haya existido una minusvalía o disminución de valor que haya afectado de forma concreta y específica al terreno objeto de transmisión, entre la fecha de adquisición y la fecha de transmisión del mismo.
En este sentido, hemos de referirnos al Informe pericial aportado a instancias de parte sobre el método de cálculo alternativo al legal propuesto a efecto de la cuantificación de la base imponible a efectos del IIVTNU emitido por un matemático y Licenciado de Ciencias Económicas. Dicho Informe tiene como objeto emitir una opinión científica sobre la base de la experiencia, formación y conocimiento sobre si la forma en que se calcula la base imponible del IIVTNU se ajusta a la literalidad de la norma la contradice. En definitiva, el objeto del Informe es analizar el fondo matemático que subyace en la discrepancia del Ayuntamiento y el contribuyente en la interpretación de la norma.
Como se acaba admitiendo, “Las opiniones manifestadas en el presente Informe son de carácter..., no pretenden analizar desde un punto de vista jurídico los hechos”.
A mayor abundamiento, de la lectura de las conclusiones del citado Informe se deduce claramente que el objeto del mismo no es demostrar la inadecuación del método de cálculo derivado del mandato legal del art. 107 del TRLHL al principio de capacidad económica del art. 31.1 de la Constitución Española, tal y como considera las SSTS de 12-12-2018, 20-12-2018 y más específicamente la reciente STS de 06-03-2019 antes citadas.
Más bien y así se dice de forma expresa, intenta acreditar que la fórmula utilizada por los Ayuntamientos contradice a la norma legal ya que da lugar a una base imponible superior a la que se indica en la norma, al utilizar un porcentaje de incremento mayor al indicado en las Ordenanzas Fiscales. Lo cual desde luego no se ajusta a la realidad en el sentido de que precisamente no es la aplicación correcta de la norma legal por el Ayuntamiento lo que es debe ser objeto de controversia, sino si dicha fórmula de cuantificación puede ser sustituida por otra que se ajuste al principio de capacidad económica.
Es evidente que no es labor de este Tribunal valorar la procedencia o no de su sustitución por un método alternativo puramente científico extra legal, a efectos de la inaplicación de una norma legal de carácter tributario, por muy fundamentado que pudiera estar desde el punto de vista matemático. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºBI IIVTNU 2016 02
RESUMEN: Eficacia retroactiva del valor catastral rectificado como base imponible del tributo. Una cuestión es la fecha de incorporación al catastro de la nueva titularidad catastral a nombre del reclamante con efectos desde 31-12-2014, es decir al día siguiente de la fecha de la alteración jurídica de la escritura pública de transmisión por donación, y otra cuestión es la efectividad de la valoración catastral a partir del momento de la alteración física económica y que se aplica a la fecha de devengo del impuesto el 30-12-2014, y que no tiene eficacia o resulta inaplicable en tanto no se notifique ese nuevo valor catastral al particular con carácter previo a la liquidación del IVTNU que lo incorpora como base imponible del tributo, lo cual consta cumplido debidamente en 09-03-2015 fecha de la notificación efectiva del nuevo valor catastral al reclamante. Por tanto, en fecha muy anterior a la práctica y notificación de las liquidaciones por parte del OGT y ahora objeto de impugnación. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºBI IIVTNU 2012 01.
RESUMEN: Falta de valoración catastral en el momento del devengo. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. Por ello la falta de valoración catastral en el momento del devengo del tributo, como es el presente caso, no impide la práctica de la liquidación de IVTNU y posteriormente se notifique el valor catastral resultante de la alteración producida procediendo a los ajustes que correspondan. Liquidación procedente. DESESTIMACIÓN.
E.-) Devengo y período impositivo.
Resolución nºDEV IIVTNU 2018 04.
RESUMEN: Fijación del dies ad quo en caso de la aportación del inmueble a la sociedad de gananciales. Inaplicación de la declaración de inconstitucionalidad de la STC de 11-5-2017 de forma genérica al caso concreto por falta de acreditación del inexistencia de incremento de valor del terreno: Doctrina del Tribunal Supremo en interés de ley por Sentencia 1163/2018 de 9 Jul. 2018.
En primer lugar, se invoca la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC antes citada para extender la solicitud de devolución de ingresos indebidos a la totalidad del importe de la autoliquidación abonada por nulidad de pleno derecho ya que la base imponible se calculó en base a normas no válidas al haber sido declaradas inconstitucionales.
Partiendo del contenido del fallo de la STC 59/2017, debemos dejar claro que la valoración de la alegación fundamental esgrimida en la Reclamación que ahora se resuelve, ha sido desvirtuada en su totalidad por el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, en Sentencia 1163/2018 de 9 Jul. 2018, que resuelve la cuestión nuclear sobre la procedencia de la interpretación del fallo de la STC 59/2017 efectuada por algunos Tribunales Superiores de Justicia, entre los que destaca la postura del TSJ de Madrid por Sentencia de 19 de julio de 2017 (Rec. apelación 783/2016), y que es la utilizada como fundamento de la reclamación presentada.
Se alega en segundo lugar la ilegalidad de la determinación del momento a quo para calcular el incremento del valor, ya que se debía tomar como dies ad quo el de la aportación del inmueble a la sociedad de gananciales, en lugar del momento de la adjudicación del 100% del inmueble tras la disolución de la sociedad de gananciales el 18 de junio de 2012. Además no se ha tenido en cuenta que la finca se adquirió en dos momentos diferentes: el primero desde 29-06-1998 fecha de la adquisición del 50% del inmueble hasta la transmisión definitiva el 13-10-2017; y el segundo por el 50% restante desde el 18-06-2012 en que se le adjudica la vivienda al 100% por la disolución de gananciales hasta la transmisión definitiva el 13-10-2017.
Sin embargo la Consulta nº V3108/2013 de 18 octubre 2013 de la DGT indica que la aportación que en su caso realice cualquiera de los cónyuges a la sociedad conyugal no se encuentra sujeta al IIVTNU en virtud de lo establecido en el artículo 104.3 del TRLRHL. No obstante, a efectos de futuras transmisiones de los inmuebles, para el cálculo de la base imponible del IIVTNU, habrá que tener en cuenta que el período de puesta de manifiesto en esa transmisión, del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, será el comprendido entre la fecha del devengo del impuesto que se liquide y la del devengo de la anterior transmisión de la propiedad de la vivienda que haya estado sujeta al IIVTNU. Es decir, la fecha de inicio de dicho período de generación será la fecha en la que la consultante adquirió la vivienda. El hecho de que no se produzca la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes, implica que dichas operaciones no suponen transmisión a efectos del impuesto.
Por tanto tampoco se produce el hecho imponible y, por consiguiente no se puede considerar interrumpido en momento alguno del período de generación de la plusvalía, tal y como acertadamente se apunta en la resolución ahora impugnada.
Por tanto, no es posible considerar dos momentos diferentes de adquisición como pretende el reclamante a efectos de liquidar el tributo ni considerar tantas bases imponibles como fechas de adquisición ya que el período de generación de la plusvalía nunca se ha interrumpido.
En segundo lugar, se invoca la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC antes citada para extender la solicitud de devolución de ingresos indebidos a la totalidad del importe de la autoliquidación abonada por nulidad de pleno derecho ya que la base imponible se calculó en base a normas no válidas al haber sido declaradas inconstitucionales.
Partiendo del contenido del fallo de la STC 59/2017, debemos dejar claro que la valoración de la alegación fundamental esgrimida en la Reclamación que ahora se resuelve, ha sido desvirtuada en su totalidad por el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, en Sentencia 1163/2018 de 9 Jul. 2018, que resuelve la cuestión nuclear sobre la procedencia de la interpretación del fallo de la STC 59/2017 efectuada por algunos Tribunales Superiores de Justicia, entre los que destaca la postura del TSJ de Madrid por Sentencia de 19 de julio de 2017 (Rec. apelación 783/2016), y que es la utilizada como fundamento de la reclamación presentada. Según dicha doctrina procedería la nulidad de pleno derecho de la deuda autoliquidada ya que la base imponible se calculó aplicando normas no válidas al haber sido declaradas inconstitucionales. Sin embargo, el TS procede a fijar la interpretación y el alcance de la declaración de inconstitucionalidad de forma contraria a la doctrina expuesta. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºDEV IIVTNU 2014 03.
RESUMEN: Devengo del impuesto y período de generación de la plusvalía. En el IIVTNU resulta inoperante la alegación formulada por la reclamante sobre la situación de los terrenos rústicos en el inicio del período impositivo o incluso durante el mismo, ya que lo decisivo es que, en el momento de la transmisión determinante del devengo, tengan la condición de urbanos, en los términos prevenidos para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o con arreglo a las disposiciones e instrumentos urbanísticos aplicables. Las aportaciones de la Junta de Compensación y las adjudicaciones que posteriormente se produzcan a favor de los propietarios no tienen la consideración de transmisiones de dominio a efectos del IIVTNU, por lo que en la posterior enajenación de dichos terrenos la fecha inicial del período de generación del incremento de valor será la de la adquisición de los terrenos que fueron aportados y sin que se interrumpa el cómputo del plazo de generación de la plusvalía, remitiéndose a la fecha de la inicial adquisición de la propiedad o del derecho sobre el
Resolución nº DEV IIVTNU 2013 02.
RESUMEN: Devengo del impuesto y período de generación de la plusvalía. No procede la alegación de la reclamante sobre la ausencia de obligación de presentar autoliquidaciones por no considerarse obligados, habida cuenta de que según la normativa tributaria aplicable, el período máximo de computo de generación de la Plusvalía es de 20, años, cuando en este caso han transcurrido 25 años, ya que el período de puesta de manifiesto del incremento de valor del terreno es el comprendido entre la fecha de devengo del impuesto que se liquida y la del devengo de la anterior transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título, sin que ello signifique que los supuestos de períodos superiores queden fuera de la obligación de tributar.
Procedimiento sancionador. Los requisitos jurisprudenciales para excluir la culpabilidad por una interpretación razonable de las normas no concurren en este caso ya que no se declaró incorrectamente ni se manifestaron la totalidad de las bases o elementos del hecho imponible, sino que directamente dejó de presentarse declaración o autoliquidación alguna considerándose sin más la no sujeción al impuesto por traspasar el período de veinte años, lo cual no puede constituir, como ya se ha argumentado, un criterio jurídico razonable y razonado. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºDEV IIVTNU 2011 01.
RESUMEN: Devengo del impuesto a efectos de la prescripción. Se alega que el plazo de prescripción de la acción liquidatoria del IVTNU comenzó a correr como consecuencia de la adjudicación de bienes como consecuencia de la disolución de la sociedad a la que se había aportado el inmueble, y que la fecha de adquisición del inmueble que debía haberse tenido en cuenta para la comprobación limitada no era la de la aportación del inmueble a la sociedad mercantil sino la de la disolución de la sociedad y adjudicación de bienes. Sin embargo la última transmisión del inmueble formalizada en escritura es la operación que determina la obligación tributaria que aquí se discute. En cuanto a la fecha de inicio del período impositivo no se devengará el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza urbana. En la posterior transmisión de los mencionados inmuebles se entenderá que éstos fueron adquiridos en la fecha en que lo fueron por la sociedad que se extinga, es decir, la no sujeción fiscal implica la ausencia de transmisión, de modo que el período impositivo ha de iniciarse en el momento de la previa adquisición. Deudas procedentes por ausencia de prescripción. DESESTIMACIÓN.
F.-) Notificaciones.
Resolución nºNOT IIVTNU 2014 02.
Fecha: 06 de febrero de 2014.
RESUMEN: Eficacia de presentación de escritos por medios electrónicos. Solicitud de prórroga para la presentación de la autoliquidación e ingreso de la cuota en concepto del IVTNU presentada vía Fax: según la Ley 30/92 las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. El TC ha avalado la eficacia de las comunicaciones por fax siempre que quede garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción del momento en que se haga, lo que resulta acreditado mediante el “reporte de actividad” incorporado al expediente. Inadmisión de la solicitud improcedente. ESTIMACIÓN.
Resolución nº NOT IIVTNU 2010 01.
RESUMEN: Eficacia de las notificaciones por rehúse del destinatario. Conformidad a Derecho de la notificación de las actuaciones de comprobación e inspección por rehúse de la notificación por el destinatario: El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma. La Administración ha aportado en el expediente los acuses de recibo cumplimentados por el funcionario de correos en donde se consigna el rehúse de las notificaciones realizadas en el domicilio correcto. Es por ello que una vez acreditada dicha circunstancia es la propia reclamante sobre quien pesa la presunción iuris tantum de aportar prueba en contrario a dicha prueba documental y no al revés. Deuda procedente. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºPRESC IIVTNU 2019 04.
RESUMEN: Preclusión del derecho de defensa al no utilizarse los cauces procesales ofrecidos. Se impugna en el presente procedimiento económico-administrativo la resolución del titular del órgano de gestión tributaria por la que se inadmite el escrito interpuesto de rectificación de autoliquidaciones tributarias en concepto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de las fincas arriba indicadas y solicitud de devolución de ingresos indebidos correspondiente.
Los reclamantes alegan que al no haber prescrito el derecho a la devolución de ingresos indebidos se puede reiniciar de nuevo el procedimiento.
Con carácter previo hay que examinar la procedencia de dicha declaración y para ello, de los antecedentes expuestos y que derivan del expediente conviene extraer lo siguiente:
- Tras la práctica e ingreso de las autoliquidaciones en concepto del IIVTNU se solicitó la rectificación de las mismas y la correspondiente devolución de ingresos indebidos, escrito que fue desestimado mediante resolución del órgano de gestión tributaria de fecha 27-12-2017 y debidamente notificada a los reclamantes en fecha de 26-01-2018.
- En dichas resoluciones administrativas se abrió cauce para la impugnación en vía de reposición y/o alternativamente económico-administrativa en el plazo de un mes desde la notificación de la anterior resolución citada.
Dichas vías de revisión no consta que fueran utilizadas en tiempo y forma, ya que el recurso de reposición presentado lo fue en fecha de 06-03-2018, siendo indiferente a estos efectos la alegación de los recurrentes de que fueran notificada el 7/02/2018, ya que habría ya transcurrido el plazo de impugnación de un mes, tanto para la reposición como para la vía económico-administrativa.
- La reclamante no sólo no procedió al pago de las deudas sino que tampoco ejerció su derecho de defensa en los cauces ofrecidos, limitándose a interponer de nuevo los mismos recursos de reposición en base a las mismas alegaciones y fundamentos que ya habían sido desestimados con anterioridad.
- La reclamante dejó precluir su derecho de defensa al no utilizar los cauces procesales ofrecidos.
Sentado lo anterior, y a la vista de los antecedentes expuestos la pretensión de los reclamantes de que, al no haber prescrito el derecho a la devolución de ingresos indebidos se pueda reiniciar de nuevo el procedimiento no puede prosperar porque una cosa es el plazo de prescripción del derecho a solicitar y obtener la devolución de un ingreso indebido de naturaleza tributaria, y otra cosa es que una vez solicitado y denegado, se deban cumplir los plazos procesales legalmente fijados para continuar la vía de impugnación contra ese acto desestimatorio de la solicitud.
De esta forma, el artículo 221.6 de la LGT dispone sobre las resoluciones que se dicten en el procedimiento de devolución de ingresos indebidos que, “6. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición y de reclamación económico-administrativa”. El plazo para interponer uno u otra es de un mes desde que se notificó la resolución denegatoria de la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones y de devolución de ingresos indebidos. Y según los antecedentes de hecho expuestos y que obran en el expediente dicha notificación se produjo el 26-01-2018, presentándose ya de forma extemporánea el recurso de reposición el 06-03-2018.
Además, contra la correspondiente resolución de inadmisión se volvió a presentar escrito de rectificación de las autoliquidaciones y de devolución de ingresos indebidos, que, de admitirse supondría abrir una permanente vía de recurso que vulneraría la seguridad jurídica, principio consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, privando a las actuaciones administrativas de la necesaria certeza, una vez que se hubieran garantizado suficientemente los derechos de defensa de los particulares. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºPRESC IIVTNU 2015 03.
RESUMEN: Acreditación del inicio del cómputo de la prescripción del derecho a liquidar mediante documento privado. Un documento privado da fe de su fecha desde el fallecimiento del firmante o la concurrencia de las demás circunstancias previstas en el mismo, ya que desde este momento goza de verosimilitud y se entiende que ha sido firmado con anterioridad al hecho que determina la fuerza ´´erga omnes´´ de su realidad. Por todo lo anterior, y por lo que se refiere al caso que nos ocupa, a efectos de prescripción, hay que entender que la fecha de la transmisión a través de un documento privado es fehaciente desde el fallecimiento del causante. En este caso, del expediente resulta que con fecha 28 de enero de 2010, se presenta, ante la AEAT, declaración a efectos del ISD, a la que se acompañaba el preceptivo certificado de defunción, notificándose la propuesta de liquidación correspondiente con fecha 14 de junio de 2013. En consecuencia, reconocido por un organismo público perteneciente a la Administración Tributaria, la existencia de un fallecimiento del que resulta el devengo del ISD, no cabe negar el mismo, circunstancia por otra parte incuestionable e incontestable, para declarar no prescrito el derecho a liquidar el IVTNU. En el momento de elevación a público del documento privado de compraventa había transcurrido el plazo de prescripción del derecho de la Administración municipal para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. ESTIMACIÓN.
Resolución nºPRESC IIVTNU 2013 02.
RESUMEN: El plazo de prescripción comenzó a computarse al día siguiente de la finalización del plazo para presentar la correspondiente autoliquidación o declaración a efectos del impuesto, esto es, treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la transmisión del inmueble (22 de febrero de 2006), por lo que a fecha de 16 de marzo de 2010 en que se incoa el procedimiento de comprobación limitada y primer acto interruptivo del plazo de prescripción, no había transcurrido el plazo de cuatro años previsto en el artículo 66 de la LGT.
Del expediente administrativo no resulta acreditada la práctica o realización de ninguna acción o actuación anterior con eficacia interruptiva del plazo de prescripción. Prescripción consumada y liquidaciones improcedentes. ESTIMACIÓN.
Resolución nºPRESC IIVTNU 2012 01.
Fecha: 1 de febrero de 2012.
RESUMEN: Eficacia interruptiva de los requerimientos. El requerimiento efectuado a la reclamante por el Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con el objeto de que por aquélla se confirmara la configuración gráfica de los inmuebles para la resolución de los recursos interpuestos contra los valores catastrales de los inmuebles que componían la finca, carece de eficacia interruptiva del plazo de prescripción, pues su objeto no era, en ningún caso, el reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación del impuesto devengado por la transmisión de la vivienda, sino que el mismo se produjo en un expediente ajeno totalmente al citado impuesto, concretamente en el incoado con objeto de la resolución de los recursos interpuestos por la Comunidad reclamante contra los nuevos valores catastrales asignados a la finca a efectos de la liquidación del IBI. Prescripción consumada. ESTIMACIÓN.
H.-) Inspección: Procedimiento sancionador.
Resolución nºINSP SANC IIVTNU 2018 02.
RESUMEN: Alegación de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones firmes y consentidas en las que se basan las sanciones tributarias por la declaración de inconstitucionalidad ex orígene, y nulidad de las sanciones por no sujeción al impuesto y falta de motivación de la sanción. Respecto a la primera alegación, estamos ante liquidaciones firmes y consentidas por no haber sido impugnadas en tiempo y forma, tanto en vía administrativa como judicial. En consecuencia, las situaciones consolidadas, entre las que se incluyen no solo las decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada sino también las actuaciones administrativas firmes, no son susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la declaración de nulidad que implica la inconstitucionalidad apreciada en la sentencia del Tribunal Constitucional.
Sobre la motivación de la culpabilidad en la comisión de la infracción por conocimiento del deber de tributar, en este caso, considerando que el obligado tributario tenía pleno conocimiento de que estaba incumpliendo sus obligaciones al ser advertido de ello por el notario autorizante de la escritura de compraventa. A la vista de la normativa antes citada, el interesado en tanto que sujeto pasivo de esta transmisión de acuerdo con el artículo 106.1 b) del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, debía haber presentado, cuanto menos la autoliquidación (que implica declaración e ingreso) y la copia simple de la escritura pública de compraventa referenciada anteriormente en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de la transmisión, sin embargo, no lo hizo, según consta en el expediente. Esta obligación legal fue advertida expresamente por el Notario en la escritura pública, consta las advertencias para presentar la liquidación por este tributo. Por lo tanto, no puede ni tan siquiera alegar desconocimiento de la norma.
Pero además, de acuerdo con el artículo 25 de la ordenanza fiscal del impuesto del año 2015, si el sujeto pasivo considera que la transmisión no está sujeta al impuesto, debe presentar declaración ante esta Administración en los plazos establecidos en el artículo 23, junto con los requisitos expresados en el artículo 24, junto con documentación que fundamente su pretensión. Luego si el interesado consideraba que no se había producido el hecho imponible, tenía, lógicamente, la obligación de declarar la transmisión, expresar los motivos que le llevan a considerar que no está sujeta y acreditarlo documentalmente. Tampoco cumplió la reclamante con esta obligación legal.
En consecuencia, la reclamante, no sólo no presenta la autoliquidación por este hecho imponible a que estaba obligado a pesar de haber sido advertido por el Notario, sino que tampoco declaró el hecho imponible al Ayuntamiento ni puso en su conocimiento su consideración de depreciación del valor de los terrenos transmitidos junto con su acreditación documental. Su pretensión se ha conocido una vez la Administración tributaria ha actuado de oficio regularizando el hecho imponible a través de un procedimiento de comprobación limitada. DESESTIMACIÓN.
Resolución nºINSP SANC IIVTNU 2015 01.
RESUMEN: Concurrencia del elemento subjetivo de la culpabilidad. Existencia de Ocultación. Con carácter general, la simple negligencia, como actuación contraria al deber de respeto y cuidado de la norma puede plantear problemas de apreciación en algunas figuras tributarias, en el caso del IVTNU cuando la transmisión ha operado mediante documento público no, pues el notario está obligado, y así lo hace constar en las escrituras, a indicar las obligaciones fiscales que incumben a las partes como consecuencia del otorgamiento del citado instrumento. Por tanto, lo que es un hecho irrefutable, es que, el obligado tributario no realizó la presentación de la declaración, ni el pago del impuesto,- aun habiendo sido advertido por el Notario de tales obligaciones y las posibles consecuencias-, hecho que, por sí solo, conlleva entender que ha habido ocultación de datos a la Administración actuante. Queda probado que la conducta del obligado tributario fue voluntaria, en el sentido de que le era exigible una actuación diferente respecto a dichas obligaciones, en función de las circunstancias concurrentes, por lo que se aprecia el concurso de dolo, culpa o, cuando menos, negligencia. Sanción procedente. DESESTIMACIÓN.