Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-28-octubre-2015-587862290
Timestamp: 2020-04-01 02:00:32
Document Index: 293307829

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 51', 'artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 33', 'artículo 36', 'artículo 24']

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Saldaña que deniega la inscripción de una escritura de compraventa. - Doctrina Administrativa - VLEX 587862290
Publicado en: BOE, 23 de Noviembre de 2015
ENAJENACION POR UN EXTRANJERO CASADO: Será necesario que en la escritura conste determinado el régimen económico matrimonial de modo que el registrador pueda dar debido cumplimiento a las previsiones establecidas en el citado artículo 18 de la Ley Hipotecaria.
Contra la anterior nota de calificación, don Juan Carlos Villamuza Rodríguez, Notario autorizante de la escritura calificada, interpuso recurso el día 4 de agosto de 2015 en lo relativo al segundo de los defectos de la citada nota en el que, resumidamente indica que «no podemos estar de acuerdo las argumentaciones de los registradores en sus calificaciones. Entendemos que el artículo 51.9.a se refiere a datos de inscripción de titularidad, en cuanto a la necesidad de hacer constar el régimen económico del matrimonio, así como el nombre y apellidos del cónyuge, cuando el acto o contrato pudiera afectar en el futuro a las consecuencias del matrimonio, y en el acto calificado no puede haber efectos futuros para el transmitente, es un problema de juicio de capacidad del vendedor extranjero, en la que puede influir tanto su ley personal como la de su matrimonio, artículo 9, 1.º y 2.º del Código Civil. Sí que es cierto, por ello, que "el Notario en el ejercicio del control de la legalidad y el registrador al calificar, deben conocer el régimen matrimonial del vendedor, al objeto de determinar si goza por sí sólo de facultades dispositivasˮ, pero no es menos cierto que en las adquisiciones "mortis causaˮ ha de partirse de que las mismas no afectan, por regla general, a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, que el determinar el régimen económico matrimonial de un extranjero, por las múltiples conexiones posibles y la autonomía de la voluntad, puede ser una labor casi de imposible resolución, su exigencia, y con ello, el conocimiento de la regulación específica, entorpecer y dificultar el tráfico cuando una de las partes es extranjero. Además, no se puede discriminar al extranjero del español y (...) se debe entender cumplido el deber de control de legalidad dentro del juicio de capacidad general, emitido en este caso por el apoderado, en el sentido de que no ha variado la juzgada, en su día, por el Notario autorizante de la escritura de poder, y, en sentido negativo, sí se tenía que haber dejado constancia del régimen económico matrimonial si existiera, por ley o por pacto, una comunidad de tipo universal».
Se discute en el presente expediente si es inscribible una escritura de compraventa en la que uno de los vendedores es un extranjero, concretamente de nacionalidad estadounidense, que si bien manifiesta que su estado civil es de casado nada indica en relación a cuál es el régimen económico que rige las relaciones patrimoniales surgidas en el seno de su matrimonio.
En primer lugar debe determinarse la posible influencia de la cuestión dirimida en el negocio jurídico en concreto, contrato de compraventa, y por tanto la necesidad de constancia en el título notarial y su posterior calificación registral. Resulta que, según doctrina reiterada de este Centro Directivo, el poder de disposición es un elemento esencial del negocio jurídico cuyo vicio genera la ineficacia del mismo en cualquiera de sus modalidades en función de las circunstancias del caso. Dicha importancia es reconocida por el legislador de manera expresa al extender la calificación registral de manera absoluta a tal aspecto en el propio artículo 18 de la Ley Hipotecaria al disponer que «los registradores calificarán...la validez de los actos dispositivos...». Por tanto debe concluirse que si el régimen económico matrimonial del cónyuge vendedor pudiera afectar a su poder de disposición y, en consecuencia, a la validez del acto dispositivo es pertinente la calificación del mismo.
Efectivamente la celebración del matrimonio lleva aparejada una serie de efectos para los cónyuges, efectos que pueden clasificarse en efectos personales y efectos patrimoniales. En relación a los segundos cabe afirmar que el matrimonio implica una comunidad de vida que deberá regirse por el régimen paccionado que los propios cónyuges hayan elegido o por el régimen legal supletorio reconocido por la legislación correspondiente reguladora de los efectos del matrimonio. Es, sin duda, una cuestión en la que la determinación del régimen económico matrimonial influye sobre el poder de disposición que cada cónyuge ostenta respecto de los bienes integrantes del patrimonio, bien sea privativo de alguno de ellos o común. Por tanto, será necesario que en la escritura calificada conste determinado el régimen económico matrimonial de modo que el registrador pueda dar debido cumplimiento a las previsiones establecidas en el citado artículo 18 de la Ley Hipotecaria.
Tratándose de bienes adquiridos por cónyuges extranjeros, la cuestión es determinar el momento en que tal régimen debe ser acreditado por los medios legalmente previstos al registrador, bien en el momento de la adquisición del bien cuando ingresa en su patrimonio o bien en el momento de su disposición. A tal cuestión se ha referido de manera uniforme este Centro Directivo al reconocer que «cuando un bien esté inscrito a nombre de un extranjero casado conforme a la legislación de su país en el momento de su enajenación debe acreditarse el régimen matrimonial, al efecto de determinar la legitimación para disponer, tal acreditación no es necesaria cuando quienes disponen agotan todos los derechos sobre el mismo, y, de la misma manera que, si enajenaran ambos cónyuges, no será necesaria acreditar el régimen» (Resolución de 16 de diciembre de 2002).
En relación a la prueba del Derecho extranjero, sobre la que no existe un instrumento en vigor ni en la Unión Europea ni en la Conferencia de La Haya, pese a los intentos realizados al efecto, ha sido objeto de nueva regulación en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (en vigor desde el 20 de agosto de 2015). Debe tenerse en cuenta que el régimen de la prueba del Derecho extranjero por órganos jurisdiccionales queda regulado en el artículo 33 de dicha Ley, que no modifica ni afecta a las reglas específicas sobre aplicación extrajudicial, en particular al artículo 36 del Reglamento Hipotecario. Conviene destacar, que los artículos 34 a 36 de dicha Ley, que establecen el régimen común de solicitudes de auxilio internacional para la información del derecho extranjero, son aplicables tanto a la aplicación del Derecho extranjero por autoridades jurisdiccionales, como por Notarios y registradores.
Esta ley es de carácter general pero subsidiaria a la ley especial, entre las que se encuentra la legislación hipotecaria [disposición adicional primera , letra f), de la Ley 29/2015, de 30 de julio], en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley. Pero entre sus principios inspiradores, fundados en el artículo 24 de la Constitución Española, se encuentra un principio común, el de tutela efectiva que no sólo conduce a los tribunales de Justicia sino que deberá amparar a quien busque la tutela de los registros públicos.
Por último no puede este Centro Directivo no contestar ciertos argumentos esgrimidos por el Notario recurrente en su escrito de recurso. En primer lugar debe recordarse que la mayor o menor dificultad en acreditar extremos que puedan afectar a la validez del negocio jurídico, si bien es cierto que puede conllevar una mayor complejidad en la titulación y calificación registral del mismo, no puede ser alegado como motivo para incumplir las obligaciones de tales operadores jurídicos en la seguridad jurídica preventiva. Por tanto las exigencias prevenidas en la legislación hipotecaria deberán aplicarse con igual celo independientemente de la facilidad en obtener tal conocimiento, sin que pueda alegarse el principio de no discriminación del extranjero, ya que es efectivamente el principio contrario el que impera al aplicar con el mismo rigor la normativa vigente. También debemos rechazar el argumento del Notario cuando afirma que en las adquisiciones «mortis causa» ha de partirse de que las mismas no afectan, por regla general, a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal en el sentido de que como el vendedor adquirió por herencia no es necesario acreditar ahora en la venta su régimen económico matrimonial, porque hay legislaciones en las que los bienes adquiridos a título gratuito están sujetos un régimen especial de disposición (p.ej. Noruega, Suecia, etc.). Por último debe recordarse que el juicio de capacidad general emitido por el Notario al otorgar el título en ningún caso supone una privación al registrador competente en sus funciones calificadoras, debiendo incluir en el título los elementos imprescindibles para que éste pueda cumplir su función en los términos legalmente previstos.
Resolución nº 00/9637/2015 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 21 de Enero de 2016
Resolución nº SNC/DE/0059/14, de July 9, 2015, de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia