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Timestamp: 2018-03-20 11:55:06
Document Index: 4459137

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 1196', 'artículo 1196', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 1', 'artículo 1196', 'artículo 140', 'artículo 6', 'artículo 1196', 'artículo 1', 'artículo 140']

Alcance de las acciones de daños y perjuicios contra empresas de transporte aéreo
"...A diferencia por lo sostenido por la sentencia cuya revisión se solicita en el extracto citado, el modelo de responsabilidad objetiva considerado por el Constituyente de 1999 no fue precisamente aquel en que se considerase que fuese un modelo apriorístico con los efectos de una presunción iure et de iure, ni que pueda equiparse a una noción absoluta de responsabilidad, libre de cualquier elemento exógeno; por el contrario, tal como lo establece la jurisprudencia constitucional, solamente aquellas situaciones en que se relacionen objetivamente el efecto pernicioso del daño con las consecuencias directas derivadas de la actividad administrativa derivan en responsabilidad, sin que el aludido carácter objetivo pueda desvincularse de la imputabilidad que debe establecerse entre el daño y la actividad administrativa..."
Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, el 18 de marzo de 2009, el abogado Juan Vicente Ardila, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 7691, actuando con la condición de apoderado judicial de AMERICAN AIRLINES, INC., constituida el 11 de abril de 1935 en Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, e inscrita en su momento en la República de Venezuela, ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Federal y Estado Miranda, el 15 de julio de 1987, bajo el número 1, Tomo 23-A Sgdo., solicitó la revisión constitucional de la sentencia dictada, el 25 de febrero de 2009, por el Juzgado Superior Marítimo con competencia Nacional y con sede en la ciudad de Caracas.
El 19 de marzo de 2009, se dio cuenta en esta Sala del escrito presentado, y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 20 de marzo de 2009, el abogado Juan Vicente Ardila, antes identificado, solicitó medida cautelar innominada, a los fines de suspender la ejecución de la sentencia objeto de revisión.
El 31 de marzo de 2009, el abogado Juan Vicente Ardila solicitó medida cautelar de suspensión de los efectos del fallo objeto de revisión.
1. El abogado Carlos Brender, actuando en nombre propio, demandó por daño moral a la sociedad mercantil American Airlines inc., por la suspensión de un vuelo con destino a la ciudad de Miami, Estado Unidos de Norteamérica.
2. El demandante señaló que el vuelo se suspendió porque “no tenían tripulación para dicho vuelo”. Asimismo, denunció que dicha aerolínea se limitó a informar a sus pasajeros que se devolvieran a Caracas y esperasen una llamada telefónica informándoles cuándo podían viajar.
3. En criterio del demandante, la cancelación del vuelo fue imprevista, sin posibilidad para los pasajeros de tomar las medidas necesarias ante esa situación, ni de informar a los familiares que algunos pudieran tener en la ciudad de Miami.
4. La cuantía de la demanda se estableció en cincuenta y cuatro mil bolívares fuertes (Bs.F.54.000,oo) por concepto de daño moral.
5. La sociedad mercantil American Airlines inc. señaló en la contestación de la demanda que el transporte aéreo se rige por una normativa especial que sustituye al derecho común y establece como normativa especial que la indemnización procede cuando la cancelación del vuelo es injustificada.
6. Asimismo, American Airlines Inc. señaló que la suspensión del vuelo obedeció a causas de fuerza mayor debido a una tormenta que asoló a los Estados Unidos de Norteamérica, el día 14 de febrero de 2007, obligando la suspensión de los vuelos tanto dentro como fuera de ese país.
7. El Tribunal de Primera Instancia Marítimo dictó el 12 de agosto de 2008, y publicó el 16 de septiembre de 2008, la sentencia que declaró con lugar la demanda por daño moral, y, en consecuencia, ordenó el pago de seis mil cuatrocientos cincuenta bolívares fuertes (Bs.F. 6.450, 00), y se le condenó en costas.
8. El Juzgado Superior Marítimo con competencia Nacional, actuando como tribunal de segunda instancia, condenó a American Airlines inc. a pagar a la parte demandante la cantidad de cuarenta mil bolívares fuertes (Bs.F. 40.000,oo).
b. Alegatos
1. La solicitante de la revisión denuncia que la sentencia impugnada incurrió en error jurídico inexcusable al declarar el daño moral sin determinar la existencia de un hecho ilícito, contraviniendo los supuestos establecidos en el artículo 1.196 del Código Civil.
2. A tal efecto, de conformidad con la jurisprudencia y la doctrina, denuncia que el daño moral solamente procede cuando ocurre un hecho ilícito. Si éste no existe, no procede acordar la condenatoria en los términos del artículo 1.196 del Código Civil.
3. Sostiene que el criterio empleado por el Juez Superior Marítimo cambió el sentido de la ley, contraviniendo la doctrina judicial establecida por la Casación Civil.
4. Afirma que “… la Honorable Sala deberá medir la calidad del error judicial en que incurrió el ad quem; es ostensible, carece de justificación en Derecho su aplicación abrupta por el Juez, además de que el argumento aquiles (sic) constituye el arma principal para declarar con lugar la demanda y condenar un daño moral, sin estorbo a que reconoció no se produjo un acto indebido de American, o que ésta haya procedido sin derecho, desconociendo el elemental conocimiento que se tiene del daño moral como una noción de extraña al daño contractual, en cuyo caso se trata de incumplimiento a relaciones obligatorias previamente pactadas”.
5. Por otra parte, alega contradicción entre los motivos de la decisión por cuanto afirma y niega a la vez la existencia del hecho ilícito, estableciendo razonamientos excluyentes que no fundamentan de manera alguna la decisión; luego, menciona que la suspensión del vuelo “trajo conductas desvaliosas”, y acarreó en la esfera extrapatrimonial del demandante un daño supuestamente relacionado con un hecho ilícito, cuando en realidad lo que hubo fue la imposibilidad de prestar el servicio por causas de fuerza mayor, ante lo cual, el mismo accionante, ciudadano Carlos Brender, afirma que “se les pagó el taxi de vuelta a Caracas, alojamiento en el Hotel Tamanaco, y el pago de la cena (15-02-2007) y el desayuno (16-02-2007)”.
6. Que la decisión en cuestión invocó dos instituciones distintas: la responsabilidad contractual y la aquiliana, por lo que no puede haber daño moral con ocasión al incumplimiento de un contrato. Sin embargo, la sentencia concatena ambos tipos de responsabilidad para dictar una decisión que es contradictoria en derecho.
7. Considera que la decisión adolece de inmotivación en cuanto a la condenatoria por daño moral, debido a la amplia discrecionalidad que tuvo el juez para determinar la indemnización, sin establecer para ello un debido razonamiento, por lo que solicita se extremen las reflexiones en consideración a la escala de los sufrimientos como criterio para la determinación de las cantidades monetarias que deban pagarse.
8. Que la decisión concluye de manera automática la existencia del daño moral, sin señalar las premisas que sirvieron de fundamento para arribar a esa determinación. Ignora el fundamento mediante el cual el sentenciador estableció la cantidad de cuarenta mil bolívares fuertes, por lo que alega el vicio de inmotivación.
9. También denuncia la incongruencia de la sentencia objeto de revisión. El fallo aporta como dato que “la cancelación del vuelo constituye una responsabilidad contractual”; y luego declara el daño moral a pesar de señalar que “en la presente causa no hay hecho ilícito”. Destaca que la pretensión deducida consistió en una reclamación por daño moral por abuso de derecho, conforme al artículo 1.185 del Código Civil; sin embargo, el Tribunal Superior Marítimo cambió la causa petendi al establecer la responsabilidad sobre la base de un incumplimiento contractual, como causa determinante del daño moral.
10. Por lo anterior, señala que la sentencia incurrió en el vicio de incongruencia, contrario al principio de tutela judicial efectiva en el sentido de obtener una sentencia fundada en derecho, al tergiversar la razón de pedir en que se apoyó la pretensión y su falta de relación con lo sentenciado, estableciendo una condena con base en razones distintas a las discutidas en la controversia.
11. La sentencia incurrió en un error judicial que calificó de inexcusable, y que viola el artículo 49.8 de la Constitución, al establecer el daño moral para la responsabilidad contractual: “… esa errática y disparatada interpretación arremete de forma inmediato (sic) y de bulto la garantía constitucional de acceso a la justicia en infracción al artículo 26 ídem, pues de admitirse la tesis del Superior Marítimo se introduce una jurisprudencia que combate la universal y pacífica posición que sobre el asunto ya se admite sin reparos”.
El Juzgado Superior Marítimo con competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas declaró, mediante sentencia dictada el 25 de febrero de 2009, con lugar la demanda por indemnización por daño moral, interpuesta por el ciudadano Carlos Brender contra la sociedad mercantil American Airlines Inc.
“En su escrito de conclusiones escritas el abogado JESÚS RAMÓN DELGADO SÁNCHEZ, apoderado judicial de la sociedad mercantil AMERICAN AIRLINES, INC, señaló que el presente caso hubo de ser resuelto de conformidad con las normas especiales contenidas, tanto en la Ley de Aeronáutica Civil, como en la Regulación parcial sobre las condiciones generales del transporte aéreo (G.O. No. 38.080, del 06/12/2004, en lo sucesivo, la ‘Regulación Parcial’) y añadió que los referidos instrumentos contienen la normativa que, por su especialidad, excluye la aplicación del derecho común y por ende no resulta válido, como lo hizo el a quo, aplicar las normas que sobre responsabilidad patrimonial general contiene el Código Civil, por cuanto la existencia de una normativa especialísima que regula este materia prohíbe esa indebida aplicación de las normas generales, máxime cuando con ello que (sic) se pretende es escapar de la consecuencia jurídica aplicable para condenar al demandado.
Con relación al párrafo anterior, este Tribunal Superior estima procedente destacar que la tormenta de nieve es un hecho notorio que no está en discusión, pero que la responsabilidad deviene del hecho de que la parte demandada no probó que la aeronave provenía de New York, ni tampoco demostró que le hubiese dado la información respectiva a la parte actora sobre la cancelación del vuelo, pormenores que serán explayados suficientemente con posterioridad en este dictamen (sic)”.
“Corresponde a esta Superioridad dictar decisión en la presente causa por cuanto el abogado ROBERTO SALAZAR, apoderado judicial del ciudadano CARLOS BRENDER, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.566.115, demandó a la sociedad mercantil AMERICAN AIRLINES, INC., por ante el Tribunal de Primera Instancia Marítimo con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas, en fecha 22 de abril de 2008, para que convenga al pago de la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 54.000,00), por concepto de daño moral que le causó la cancelación del vuelo signado con el Nº 936 previsto para el día 15 de febrero de 2007, a las 16:05 p.m.
Asimismo, corresponde conocer sobre la apelación ejercida por la apoderada judicial de la sociedad mercantil AMERICAN AIRLINES., INC., abogada MARÍA UXILIADORA RIERA BRICEÑO, de la sentencia dictada en fecha 12 de agosto de 2008 y publicada el 16 de septiembre de 2008 a través de la cual dicho Juzgado declaró CON LUGAR la demanda que por DAÑO MORAL interpuso el ciudadano CARLOS BRENDER contra la sociedad mercantil AMERICAN AIRLINES, INC., y en consecuencia ordenó pagar por la parte demandada a la parte actora por concepto de daño moral la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 6.450,00), y se condenó en costas a la parte demandada AMERICAN AIRLINES, INC.
El caso que ha sido presentado a consideración de este Tribunal Superior Marítimo, se contrae a determinar la procedencia o no de la indemnización por daños morales que reclama el ciudadano CARLOS BRENDER contra la empresa mercantil AMERICAN AIRLINES, INC., motivado a que el actor no pudo viajar en el vuelo No. 936 a la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, con embarque en el Aeropuerto de Maiquetía, Estado Vargas, habida cuenta de que el referido vuelo fue cancelado por la mencionada empresa de transporte aéreo.
Ahora bien, si bien es cierto que en la presente causa no hay hecho ilícito alguno que diese lugar al daño moral, tal como lo requiere el artículo 1.196 del Código Civil, este Tribunal Superior Marítimo considera que procede la indemnización por daño moral, en virtud de que trajo repercusiones disvaliosas anímicas y espirituales en la esfera extrapatrimonial de la parte actora ciudadano CARLOS BRENDER, ya que a raíz del incumplimiento contractual – como causa determinante del daño – sufrió molestias e incomodidades graves y serias. Éstas, que superan los meros inconvenientes, devienen de la razonable inquietud subjetiva por el impedimento de viajar a Miami a reunirse con sus familiares. En suma, se verificó en el actor un ‘cambio disvalioso o negativo del bienestar psicofísico por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado’. Así se decide.
Conviene enfatizar que el actor CARLOS BRENDER, adujo que el hecho de que no se le hubiese comunicado de las causas del retardo había causado una situación de irresolución e incertidumbre, que se tradujo en angustia y desespero, lo que a juicio de este Tribunal Superior Marítimo le provocó un daño que no dimanó precisamente de las condiciones meteorológicas a las que se ha hecho referencia, las cuales evidentemente hubiesen exonerado de responsabilidad a American Airlines, sino por la circunstancia colateral de no haber recibido información sobre los motivos de la cancelación del vuelo, obligación que recae en el transportista aéreo. Este alegato del actor no fue rechazado suficientemente en la contestación de la demanda y el hecho de que si fue informada la parte actora de las causas de la cancelación del vuelo No. 936, correspondía ser evidenciada por la parte demandada, en virtud de que el artículo 6, numeral 4 de la Regulación Parcial sobre las Condiciones Generales del Transporte Aéreo, estipula textualmente lo siguiente:
En sintonía con el espíritu de la referida decisión y con fundamento en los razonamientos expuestos anteriormente, corresponde a este Tribunal Superior Marítimo declarar la procedencia del daño moral, solamente en lo concerniente a la situación de angustia, congoja y ansiedad sufrida por la parte demandada originada por la ausencia de la debida información a que estaba obligada la línea aérea, de conformidad con el numeral 4° del artículo 6 de la Regulación Parcial sobre las Condiciones Generales del Transporte Aéreo, situación que sumió al actor CARLOS BRENDER en una situación de desespero e incertidumbre. Así se decide.
Como quiera que por este fallo quedó reconocida la pretensión del actor, corresponde referirse de seguida a la indemnización solicitada como resarcimiento del daño que se le causó. En particular, en la reforma de demanda se pide que la demandada sea condenada al pago, por daño moral, por: La suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 54.000). Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1.196 del Código Civil y en la jurisprudencia referida, este Tribunal Superior Marítimo estima el daño moral en la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 40.000). ASÍ SE DECIDE”.
Procede esta Sala al conocimiento de la revisión constitucional de la sentencia dictada, el 25 de febrero de 2009, por el Juzgado Superior Marítimo con competencia Nacional y con sede en la ciudad de Caracas, que declaró con lugar la demanda por daño moral interpuesta de conformidad con el artículo 1.196 del Código Civil, por el ciudadano Carlos Brender –antes identificado- contra la sociedad mercantil American Airlines, INC.
1. Naturaleza jurídica del transporte aéreo
En este sentido, la evolución asentada por el Constituyente tiene por objeto procurar un verdadero sistema integral y autónomo de derecho público que no dependa de las normas privadas, estructurado sobre una base propia, determinada por regulación especial. Así lo estableció esta Sala en el fallo núm. 2818, del 19 de noviembre de 2002 (caso: Gladys Josefina Jorge Saad) en los siguientes términos:
“Las anteriores consideraciones no impiden que por una ley regulatoria a la cual remite el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado venezolano pueda autolimitar la responsabilidad objetiva a la que sujeta la normativa constitucional el ejercicio de la función pública, ya que esta responsabilidad ni se rige por los principios establecidos en el Código Civil para la regulación de las relaciones horizontales de particular a particular, ni puede ser general o absoluta. Más aún, en aplicación de los principios de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública postulados en el artículo 141 de la Constitución vigente, la responsabilidad contractual y extracontractual del Estado debe tener sus reglas especiales que varían en función de las necesidades del servicio, y de la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados de los ciudadanos”.
4. Por demora o cancelación injustificada en el vuelo contratado, hasta cuatro mil ciento cincuenta Derechos Especiales de Giro” (subrayado del presente fallo).
Esta Sala, tal como lo estableció en la sentencia núm. 2818, del 19 de noviembre de 2002, (Caso: Gladys Josefina Jorge Saad), asentó que el régimen previsto en el artículo 140 de la Constitución es el de responsabilidad objetiva de la Administración que prescinde de cualquier elemento de la culpa con la cual pueda obrar el funcionario o del particular quien haga de sus veces en la prestación del servicio público, por lo que no puede hablarse en esta materia de la existencia del hecho ilícito, sino de responsabilidad por funcionamiento anormal como factor generador de la obligación de indemnizar por cuanto se está considerando a la prestación del servicio público en sentido abstracto y no por los elementos punitivos aplicables a la esfera personal de quien tenga encomendada su ejecución. Siendo improcedente un razonamiento que sustente la declaratoria del daño moral en el artículo 1196 del Código Civil, pues tal posibilidad no se encuentra prevista en la normativa especial; y, ante tal circunstancia, debe privar el principio de especialidad de la norma.
Ciertamente, en la sentencia N° 1542/2008 de 17 de octubre (caso: Ángel Navas), esta Sala señaló que: “…como regla general en nuestro ordenamiento jurídico la pauta hermenéutica que rige en materia de responsabilidad del Estado, indica que la indemnización o reparabilidad de los daños o perjuicios, deben cubrir o restablecer todas las pérdidas ciertas del demandante en su esfera jurídica -vgr. Daños materiales y morales-“; indicándose igualmente en esa oportunidad, en función de lo establecido en los artículos 2 y 140 constitucional, que: “…se concibe -al menos a nivel constitucional- la posibilidad [de] que el Estado pueda responder en materia de daño moral cabalmente, al margen de una indemnización pecuniaria…” De tal suerte que, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 1196 del Código Civil, la procedencia del daño moral no era facultativa del Juez, ya que “…si existe el daño el juez debe indemnizarlo y el carácter potestativo se limitaría a la facultad del juez de determinar el alcance y los medios de la indemnización o compensación del daño”.
En virtud de lo anterior, esta Sala determina que la decisión dictada por el Juzgado Superior Marítimo el 25 de febrero de 2009, cuando juzgó la demanda por daño moral interpuesta contra AMERICAN AIRLINES INC. con base en la normativa establecida en el Código Civil, contravino la jurisprudencia de esta Sala Constitucional establecida en materia de responsabilidad de la Administración asentada en el referido fallo núm. 2818, del 19 de noviembre de 2002 (caso: Gladys Josefina Jorge Saad); pues, para declarar con lugar la demanda se basó en un sistema de condena distinto al previsto en el artículo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil, que desarrolla la responsabilidad por la prestación del servicio público de transporte aéreo y que incluso establece de manera taxativa el monto indemnizatorio, negando la posibilidad de cálculos percibidos empíricamente para valorar el daño moral. Así se decide.
2. El sistema de responsabilidad objetiva establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
En ese sentido, en la sentencia núm. 2818, del 19 de noviembre de 2002 (caso: Gladys Josefina Jorge Saad) -ya citada-, esta Sala determinó que la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser considerada en su sentido objetivo, descartándose la culpa del funcionario como fundamento único del sistema indemnizatorio; sin embargo, se precisó que la responsabilidad objetiva no determina que de manera automática se comprometiera al Estado por cualquier hecho en el que estuviese tangencialmente involucrado, entendiéndose así que “… un régimen de responsabilidad objetiva del Estado no puede ser apriorístico y tener los efectos de una presunción iure et de iure a favor de los particulares”. Tal señalamiento se especificó con mayor detalle en la decisión núm. 1469 del 6 de agosto de 2004, recaída en el mismo caso, cuando se especificó lo siguiente:
“En tal sentido, la labor interpretativa que el juez constitucional practica a partir de la dogmática jurídica a los fines de decantar una solución ante posibles antinomias que la norma pudiese generar, esta Sala consideró necesario analizar desde la perspectiva lógico-deductiva, el carácter garantista de la responsabilidad extracontractual del Estado, considerando el valor de la integridad del individuo ante los posibles daños provenientes de la actividad estatal, lo que permite considerar el análisis de los derechos desde su perspectiva más amplia, atendiendo también a la finalidad de delimitar un sistema de responsabilidad del Estado que pueda resarcir al afectado sin enriquecerlo, y al Estado, obligarlo a un adecuado cumplimiento de sus responsabilidades; pero atendiendo siempre a las realidades bajo las cuales se desempeña y estableciendo una visión objetiva (la cual no debe confundirse con una noción absoluta) de responsabilidad, libre de cualquier elemento exógeno, sino solamente aquellos que se relacionen objetivamente con las consecuencias directas derivadas de su propia actividad. Todo ello atendiendo a la finalidad constitucional garantista para los particulares y de exigir al Estado prestaciones dentro de parámetros lógicos de calidad no atentatorios de las condiciones mínimas de convivencia (…)” (subrayado de este fallo).
“…la norma del artículo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil establece una responsabilidad objetiva en los casos de cancelación de vuelos, por cuanto se parte de la idea que todo daño debe ser reparado (daño material y moral), independientemente de que el transportista aéreo actúe o no con culpa en el momento de causarlo. No es necesaria ninguna actuación culposa –subjetiva del transporte aéreo-, basta con que el daño se ocasione para que deba repararse. En este sentido, nuestra legislación aérea no se ha quedado rezagada en la materia, pues adopta una responsabilidad objetiva de las líneas aéreas en los casos de cancelación de vuelo por el sólo hecho de ocurrir una situación perjudicial para el cliente que impide su viaje, y desecha el criterio subjetivo en que, por regla implica una larga tramitación y resultado incierto.
En cuanto a la falta de previsión de la línea aérea, este Tribunal Superior Marítimo estima que AMERICAN AIRLINES, INC., ha debido tomar las medidas correspondientes para solventar la situación que se presentó con la tormenta de nieve que azotó el noreste de los Estados Unidos de América, y en este sentido, observa que no constan en las actas procesales que dicha sociedad mercantil haya tomado las previsiones pertinentes del caso y en ese sentido se aprecia la falta de ponderación o estimación de las circunstancias en que actuó dicha línea aérea, lo que se aproxima a la noción de imprudencia o falta de cuidado en atención de sus obligaciones” (subrayado del presente fallo).
3. De la sentencia objeto de revisión
“Ahora bien, si bien es cierto que en la presente causa no hay hecho ilícito alguno que diese lugar al daño moral, tal como lo requiere el artículo 1.196 del Código Civil, este Tribunal Superior Marítimo considera que procede la indemnización por daño moral, en virtud de que trajo repercusiones disvaliosas anímicas y espirituales en el esfera patrimonial de la parte aclora (sic) ciudadano CARLOS BRENDER, ya que a raíz del incumplimiento contractual –como causa determinante del daño- sufrió molestias e incomodidades graves y serias. Éstas, que superan los meros inconvenientes, devienen de la razonable inquietud subjetiva por el impedimento de viajar a Miami a reunirse con sus familiares. En suma, se verificó en el actor un ‘cambio disvalioso o negativo del bienestar psicofísico por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado’. Así se decide”.
Finalmente, la sentencia objeto de revisión hace alusión a un criterio que no es correcto. Dentro de los postulados de la decisión se afirma la incompatibilidad del régimen de responsabilidad contractual y extracontractual en materia civil, lo cual no se corresponde con los criterios dictados por la Sala de Casación Civil en las sentencias núms. 72 del 5 de febrero de 2002 (caso: 23-21 Oficina Técnica de Construcciones C.A. contra Banco Unión S.A.C.A.); y RC-00324 del 27 de abril de 2004 (caso: Juan Pedro Pereira Meléndez contra Christian Herman Klager Bischoef Y Gerhardt Otto Klaeger Ritter), que determinan la coexistencia de ambas modalidades de responsabilidad civil siempre que surja un hecho ilícito con ocasión o en relación con un contrato que origine daños materiales y morales; situación que no acontece en el caso de autos debido a que la supuesta “falta de información” no puede asemejarse a un acto ilícito, en los términos del artículo 1196 del Código Civil. En este contexto, la sentencia revisada es errónea, tanto por la premisa mayor planteada en materia de responsabilidad civil, como por la finalidad de aplicar dicho criterio para declarar la existencia del daño moral por parte de la aerolínea demandada.
Siendo ello así, estima la Sala que la decisión dictada el 25 de febrero de 2009 por el Juzgado Superior Marítimo con competencia Nacional y con sede en la ciudad de Caracas, que declaró con lugar la demanda por daño moral interpuesta por el ciudadano Carlos Brender contra la sociedad Mercantil American Airlines, INC., desconoció los criterios vinculantes establecidos por esta Sala Constitucional en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, y realizó una errónea interpretación del artículo 140 constitucional, al establecer condenas ajenas al régimen de responsabilidad en la prestación del servicio público de transporte aéreo, los cuales merecen protección por parte de esta Sala Constitucional. Así se declara.
PRIMERO: HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional por el abogado Juan Vicente Ardilla, actuando con la condición de apoderado judicial de AMERICAN AIRLINES INC.
SEGUNDO: ANULA la sentencia dictada, el 25 de febrero de 2009, por el Juzgado Superior Marítimo con competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, y los actos dictados en ejecución de la misma.
TERCERO: ORDENA al referido Juzgado, constituido de manera accidental, dicte nueva decisión, conforme a lo estipulado en el presente fallo.
Quien suscribe, Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, salva su voto por disentir del fallo que antecede en el cual se declaró ha lugar la solicitud de revisión constitucional interpuesta por el abogado Juan Vicente Ardilla, actuando en su condición de representante judicial de American Airlines, Inc., contra la sentencia del Juzgado Superior Marítimo con competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas el 25 de febrero de 2009.
En tal sentido, del contenido de los artículos 3, 20 y 140 de la Carta Magna puede afirmarse como principio constitucional en el ámbito del ordenamiento jurídico público y privado, el derecho a la reparación de daños o responsabilidad, bajo el axioma alterum non laedere, en la medida que el sistema normativo no tutela a quien causa un daño a otro, sino que por el contrario hace nacer una obligación de dejar a esa persona, en una situación lo más parecida posible a como se encontraba antes de sufrir el daño; en la medida que tal como destaca Ricardo de Ángel Yágüez “el no causar daño a los demás es quizá, la más importante regla de las que gobiernan la convivencia humana” -Cfr. Ángel Yágúez, Ricardo de, La Responsabilidad Civil, 2ª ed. Universidad de Deusto, Bilbao, 1989, p. 21-.
Cuando la Constitución regula al Poder Judicial también norma el ejercicio de la jurisdicción (potestad de administrar justicia) y que las actuaciones judiciales estén dirigidas principalmente a resolver controversias entre partes que requieren la declaratoria de derechos, mediante el trámite de un debido proceso (Vid. Sentencia de esta Sala del 9 de marzo de 2000, caso: “José Alberto Zamora Quevedo”).
Con ello, debe abandonarse cualquier posición utilitarista, que bajo la corriente de Jeremías Bentham y John Stuart Mill, pretenda que “la norma principal de maximizar el bienestar social agregado (aggregate social welfare) se aplica al derecho de daños imponiéndole como fin la eficiente compensación y disuasión (compensation and deterrence). Para los utilitaristas el bienestar individual puede y debe ser sacrificado cuando haciéndolo se produzca una suma total de más alto bienestar agregado. El claro ejemplo de estas teorías lo encontramos en las limitaciones de responsabilidad para ciertas actividades sumamente riesgosas, p. ej. Navegación aeronáutica, en las que se realiza un cálculo según el cual quienes sufran daños por estas actividades deben percibir una indemnización no integral. De no ser así esas actividades directamente pueden no desarrollarse y esto trae aún mayores inconvenientes que la indemnización no integral. En estos casos la merma de indemnización que sufren estas personas se justifica solamente por la suma de bienestar general que se produce por los beneficios del desarrollo de estas actividades. Funciona en estos casos la responsabilidad civil como un instrumento de redistribución de riqueza, como un seguro” -Cfr. Edgardo López Herrera. Introducción a la Responsabilidad Civil. Abeledo Perrot, 2006-.
Es más que posible que la reparación del daño moral derivado de contrato no estuvo en la mente de Bello, empero, en cuanto a instrumento de protección de la persona, debemos darle la bienvenida sin temores al seno del sistema de responsabilidad civil contractual, pues como dice Larroumet a propósito de los que niegan la existencia general del estatuto de responsabilidad contractual, la misma ‘fue un progreso de la civilización jurídica’ (…)” -Cfr. Cardenas Villarreal, Hugo A. Daño Moral por Incumplimiento de Contrato: Un Réquiem por la Uniformidad Jurisprudencial: (Comentario a Sentencia de Corte de Apelaciones de Santiago, 5 de diciembre de 2005). Rev. Chilena de Derecho [online]. 2006, vol.33, n.3 [citado 2009-12-02], pp. 585-593. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000300007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-3437. doi: 10.4067/S0718-34372006000300007-.
1. La mayoría sentenciadora derivó de la declaración de servicio público que del transporte aéreo comercial hace la Ley de Aeronáutica Civil, la conclusión de que “tal carácter conlleva necesariamente entender que el régimen de responsabilidad patrimonial que le corresponde es de Derecho Público, y en específico, el previsto en las regulaciones especiales establecidas en la Ley de Aeronáutica Civil”.
Conviene enfatizar que el actor CARLOS BRENDER, adujo que el hecho de que no se le hubiese comunicado de las causas del retardo había causado una situación de irresolución e incertidumbre, que se tradujo en angustia y desespero, lo que a juicio de este Tribunal Superior Marítimo le provocó un daño que no dimanó precisamente de las condiciones meteorológicas a las que se ha hecho referencia, las cuales evidentemente hubiesen exonerado de responsabilidad a American Airlines, sino por la circunstancia colateral de no haber recibido información sobre los motivos de la cancelación del vuelo, obligación que recae en el transportista aéreo. Este alegato del actor no fue rechazado suficientemente en la contestación de la demanda y el hecho de que si fue informada la parte actora de las causas de la cancelación del vuelo No. 936, correspondía ser evidenciada por la parte demandada, en virtud de que el artículo 6, numeral 4 de la Regulación Parcial sobre las Condiciones Generales del Transporte Aéreo, estipula textualmente lo siguiente: / “La carga de la prueba de haber informado al pasajero de la cancelación del vuelo, como el momento en que se ha informado, corresponde al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo”.
2. Por otra parte, se dispuso que “sólo en caso de no mediar una normativa especial es que se aplicarían directamente los principios generales en materia de responsabilidad administrativa y, en última instancia, en la medida en que no se contraríen los mencionados principios, las disposiciones del Código Civil. / En otras palabras, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración siempre deben aplicarse las normas especiales que dicte el legislador; y serán únicamente éstas las que regulen los términos en que se determina la responsabilidad patrimonial de la Administración, vetando cualquier posibilidad de acudir a la normativa común (Código Civil) para determinarla, tal como sucede con la normativa sectorial del transporte aéreo”.
3. El salvante aprecia que, en unas consideraciones innecesarias a la luz de los parámetros de la responsabilidad en materia aeronáutica que, según la mayoría, excluyen el daño moral, en la sentencia se cuestionó la decisión que contiene el acto jurisdiccional objeto de revisión, por cuanto se afirmó que es incorrecto que el juzgador haya “equiparado el incumplimiento de la obligación establecida en el contrato a un acto ilícito, lo cual es de indebida subsunción,” a lo que se añade que “No puede considerarse que la falta de cumplimiento de un contrato de transporte, pueda equipararse a una conducta sancionable en derecho en los términos que establece el artículo 1196 del Código Civil”.
“Si bien el demandante en algún lugar de la narrativa afirma aisladamente que no le fue ofrecida información sobre los motivos de la cancelación del vuelo (folios 264 y 265), no hay en el escrito ninguna pretensión hecha valer ante nuestra mandante que se fundamente en ese supuesto – y negado – hecho”.
“La carga de la prueba de haber informado al pasajero de la cancelación del vuelo, como el momento en que se ha informado corresponde al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo”.
De las actas procesales no se evidencia de que el transportista aéreo haya informado al ciudadano CARLOS BRENDER de la cancelación del vuelo y del momento en que se le informó, imperativo del propio interés de AMERICAN AIRLINES, INC.
“Finalmente, permítasenos recordar que el actor no probó el daño moral que, por el alegado incumplimiento contractual, dice haber sufrido. En autos, insistimos en la idea, no hay elementos de prueba que, en justicia, permitan condenar a American al pago de indemnización alguna”.
“El que con intención o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho”.
“La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. El juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación o a los de su familia, o a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines o cónyuges, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima”.
“…El tratadista venezolano José Melich Orsini, -citado también por el formalizante,- enfoca el asunto desde otro ángulo. En efecto, para que la concurrencia de la responsabilidad contractual con la extracontractual pueda darse sería necesario que una culpa dañosa distinta se juntara a aquella que consiste en la mera violación de la obligación contractual. Esto supondría dos condiciones: 1) que el hecho implique la violación de un deber legal independiente del contrato y 2) que el daño causado por dicho hecho consista en la privación de un bien patrimonial o moral distinto del beneficio mismo que asegura el contrato. La primera condición excluye toda idea del concurso de acciones (por actividad contractual y por hecho ilícito), cuando el demandado no ha violado ningún deber distinto de sus deberes contractuales, aunque tales deberes violados no sean de los expresamente pactados sino de los que se refutan implícitos de acuerdo con el texto del artículo 1.160 del Código Civil, y esto aunque la violación sea dolosa. La segunda idea excluye toda aplicación de las normas que regulan la responsabilidad extracontractual, cuando el daño sufrido por la víctima se limita a la pérdida de las ventajas derivadas del contrato (Responsabilidad Contractual. Edición Marzo de 1975. pág 276 y ss)...
El juez de alzada excluyó de pleno derecho la posibilidad de que coexistan ambas responsabilidades, y por ese motivo, no procedió a fijar los hechos que el actor consideró ilícitos y causantes del daño moral reclamado, que de acuerdo con lo expuesto en la sentencia recurrida consisten en que se le impidió tener acceso no sólo al inmueble arrendado, sino a documentos que se encontraban en él, como son los relacionados con el ejercicio de su profesión de psicólogo, así como otros que son propiedad de la Universidad Yacambú, de la cual es representante legal, con lo cual le fue impedido el ejercicio de su profesión y fue lesionado su honor y reputación. (s. SCC nº. rc-00324 del 27.04.04 , caso: Juan Pedro Pereira Meléndez).
De acuerdo con ese criterio de Casación, la condena por daño ilícito, en el caso bajo análisis, era viable por cuanto se determinó la existencia de una culpa dañosa distinta de la cancelación, cual era la omisión del deber de información, que fue establecido por vía reglamentaria. Además, se determinó la existencia de un sufrimiento o angustia proveniente del desconocimiento de las razones de la cancelación del vuelo y las alternativas. De tal manera que la condena por daño moral sí se adaptó a los parámetros para tal condenatoria. En Refuerzo de este argumento se menciona que en el fallo n° rc.00114 del 12.03.09 caso: Alberto Colucci Cardozo v.s. IBERIA, la Sala de Casación Civil avaló la condenatoria por daño moral en materia aeronáutica pues, estableció como única objeción a la condena por daño moral en materia retrasos de vuelos, la falta de motivación en su cuantificación.
4. En conclusión, quien expresa su disconformidad considera que la decisión objeto de la solicitud de autos se ajusta a los parámetros constitucionales que preceptúa el artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los criterios previos de la Sala, en los que se admite la responsabilidad del Estado por todos los daños, incluso los morales que cause en su actividad, razón por la cual la revisión ha debido ser denegada.
Enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/189-8410-2010-09-0267.html
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