Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170323-II.html
Timestamp: 2019-10-19 04:26:09
Document Index: 310731400

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Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4745-II, jueves 23 de marzo de 2017
De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de MORENA.
Esta Comisión dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa, con fundamento en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XX, y numeral 3; 45, numerales 1 y 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157, numeral 1, fracción I; y 158, numeral 1, fracción IV; y de más aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se menciona.
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que en el sentido del proyecto de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de ésta Comisión Legislativa, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:
A. En sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados, celebrada el 18 de octubre de 2016, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.
B. Con fecha 19 de octubre de 2016, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, la Iniciativa en comento para su estudio y dictamen correspondiente.
A. El objetivo de la presente iniciativa pretende reformar el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de eliminar la referencia puntual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas, naturaleza que ya le es reconocida a la Ciudad de México.
B. De acuerdo con la autora de la iniciativa, el 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México.
C. Menciona que con las reformas, el artículo 122 de la Constitución reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa con plena autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización social, política y administrativa; estipula que para su régimen interior adoptará la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico; además, menciona que para su ejercicio, su poder público se dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
D. Asimismo, que con respecto al cambio de naturaleza jurídica y por consiguiente cambio de denominación de la Ciudad de México, el artículo Décimo Cuarto Transitorio del decreto de mérito establece que a partir de la fecha de entrada en vigor, todas las referencias que la Constitución federal y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, sin embargo, tal expresión no se realiza en el mismo tenor tratándose de la Asamblea Legislativa.
E. La promovente señala que esta armonización legislativa corre a cargo del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales, derivado de su implementación se permite derogar leyes específicas, abogar cuerpos normativos, crear nueva legislación o reformar la existente, con la intención de hacer compatibles las normas del ordenamiento jurídico nacional, proveyendo certeza jurídica a quienes se ubican bajo sus supuestos.
F. Derivado de lo anterior, y en atención a que aún no ha sido promulgada la Constitución Política de la Ciudad de México, se estima prudente la presente reforma al artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de eliminar la referencia puntual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas, naturaleza que ya le es reconocida a la Ciudad de México.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:
PRIMERO: La iniciativa en estudio propone reformar el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, que para mayor claridad se transcribe incluyendo la reforma planteada, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Resulta menester mencionar que el principio constitucional federalista previsto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la base para el desarrollo social federal en México, estableciendo la concurrencia de Estados y la Ciudad de México, tanto en el diseño, acciones, estrategias y planeación de la política nacional del desarrollo social.
Asimismo, la propia Ley General de Desarrollo Social establece la competencia y la aplicación de la ley, señalando lo siguiente:
“Artículo 4. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que les competen, de acuerdo a sus atribuciones al Poder Legislativo”.
TERCERO: Es importante destacar, y como el propio autor de la iniciativa menciona en la exposición de motivos, el 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.
Aunado a ello, cabe mencionar que la base jurídica de la Ciudad de México, está contemplada en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El cual establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. De dicho artículo se desprende la forma de Gobierno, normas y garantías para el goce de los derechos humanos, el ejercicio del Poder Legislativo Local, facultades del jefe de Gobierno, el ejercicio del Poder Judicial, la división territorial de la Ciudad de México, la competencia y facultades de las alcaldías. Todo ello en relación a los términos establecidos a la Constitución Política de la Ciudad de México.
CUARTO: En razón de lo anterior, esta Comisión dictaminadora, considera que es de suma importancia que el Estado Mexicano actualice su marco jurídico constitucional y leyes secundarias. Por lo que concordamos con la exposición de motivos de la Iniciativa, en que resulta prudente eliminar la referencia de la figura Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas. Es por ello, que la reforma planteada por la promovente, dará mayor claridad y certeza jurídica, así como la comprensión en la lectura del artículo motivo de la reforma.
Finalmente y en virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, consideramos viable la reforma planteada en la iniciativa de mérito que busca reformar el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social; motivo por el cual, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Artículo Único. Se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta Ley las legislaturas de las entidades federativas y los municipios emitirán normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades.
A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII y XXIII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, y 45, numeral 6, inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:
En sesión celebrada el 11 de octubre de 2016 por la Cámara de Diputados durante la LXIII Legislatura, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma la fracción XII y XXIII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó turno el día 12 de octubre de 2016 para su análisis y dictamen a esta Comisión de Gobernación.
La iniciativa materia del presente dictamen tiene como objeto reconocer la pluralidad lingüística de México, reafirmando la atribución de la Secretaría de Cultura en la promoción de la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial, de temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad de las lenguas nacionales, mediante la reforma a las fracciones XII y XXIII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en congruencia con lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Para ello, el iniciante propone la siguiente modificación legislativa al artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Manifestando en favor de la iniciativa sustancialmente que para el mundo, las lenguas indígenas son de suma importancia pues aportan una gran riqueza plurilingüística, siendo este el caso de México.
Que el artículo 2o. de nuestra Carta Magna está dedicado a consagrar una serie de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y su fracción IV establece claramente el derecho a “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”.
Que la Constitución “reconoce la pluriculturalidad de nuestro país, y en tal sentido consagra el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas originarias”.
Que, derivado de lo anterior, se expidió la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, “con el objeto de regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas”.
Que dicha ley, en su artículo 4o. reconoce la composición plurilingüística de nuestro país y que en tal sentido reconoce tanto al castellano o español como a las lenguas indígenas, el carácter de nacionales.
Que en diciembre de 2015 fue creada la Secretaría de Cultura, como un organismo de la Administración Pública Federal encargada de garantizar el derecho al acceso a la cultura establecido por el artículo 4o. de nuestra Carta Magna.
Que, conforme a lo anterior, la nueva Secretaria de Cultura debe asumir el carácter constitucional de México como una nación pluricultural, y en esa medida no debe privilegiar la expresión, fomento o difusión de una cultura por sobre otra, pues ello representaría un ejercicio discriminatorio hacia una cultura en particular y por lo tanto una especie de censura.
Por ello y con la finalidad de evitar que otras disposiciones jurídicas que atenten contra la libertad de expresión y el reconocimiento de los derechos lingüísticos, se propone modificar el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para reconocer y proteger la pluralidad lingüística de México.
Después de haber realizado un estudio de la propuesta que se dictamina esta Comisión coincide con el proponente en la importancia de modificar el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para proteger la pluralidad lingüística mexicana, en los siguientes términos:
El sentido positivo del presente dictamen se produce en razón de que se comparte el reconocimiento a la existencia de una composición plurilingüística en nuestro país, misma que debe ser protegida y preservada como uno de los patrimonios históricos de nuestro pueblo, ya que son innegables las aportaciones culturales y el sentido de identidad que las lenguas indígenas plasman en México.
Coincidimos con el proponente en que “México cuenta con una inconmensurable riqueza lingüística” y dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos, la Nación Mexicana es única e indivisible y se basa en una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, estimamos necesario reconocer en el texto legal la composición pluricultural mexicana.
Así mismo coincidimos con el iniciante que diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establecen que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
De igual manera se estima procedente la modificación legal, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, el español y todas las lenguas indígenas que se reconozcan en dicha ley.
En consecuencia, cada lengua constituye un instrumento particularísimo para la expresión humana, insustituible e invaluable, y representa por lo tanto un patrimonio cultural de la humanidad que debe ser resguardado ante la amenaza de su desaparición al contar con 68 agrupaciones lingüísticas que podemos señalar a continuación:
Coincidimos con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el cual considera que las variantes lingüísticas deben ser tratadas como lenguas, al menos en las áreas educativas, de la impartición y la administración de justicia, de la salud, así como en los asuntos o trámites de carácter público y en el acceso pleno a la gestión, servicios e información pública1 .
Ahora bien, esta Comisión considera necesario modificar el texto propuesto por el iniciante debido a que la adición propuesta consistente en: “reconocidos por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”, debido a que el orden jurídico positivo debe guardar uniformidad entre las diversas leyes y éstas deben entenderse como aplicables sin necesidad de una referencia expresa entre sí.
Asimismo, es importante recordar que las lenguas indígenas preexisten a la Ley, por lo que en tanto procedan de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano o provengan de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación, en términos de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, serán reconocidas como lenguas nacionales.
De igual manera se considera que en el presente no es necesario incluir la modificación a la fracción XXIII, toda vez que la elaboración de traducciones, así como su difusión, implican una asignación de presupuesto al requerir de traductores y medios de comunicación audiovisual o escritos para la difusión de dichos textos, sin que en la iniciativa de mérito se incluya la manera en la que habrán de generarse nuevos recursos que hagan frente al gasto propuesto o en su caso, la manera en la que deberá de solventarse dicho problema.
Finalmente estimamos necesario señalar que, en concordancia con la modificación aquí propuesta, el pasado 29 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para reconocer el carácter nacional de las lenguas indígenas y en tal sentido, no restringir la utilización de las lenguas indígenas a las radiodifusoras de “uso social indígena”.
Enalteciendo así la composición plurilingüística de nuestro país y reafirmando el compromiso de esta Soberanía con el reconocimiento a la unidad e indivisibilidad de la Nación Mexicana.
Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Gobernación y para los efectos del artículo 72 Constitucional, someten a consideración de esta Soberanía el siguiente:
Artículo Único. se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para queda como sigue:
XII. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad de las lenguas nacionales, así como diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas producciones;
1 Disponible en: http://www.inali.gob.mx/clin-inali/ Última fecha de consulta 15 de noviembre de 2016
Palacio Legislativo, 15 de noviembre de 2016.
Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro, Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli, Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo, Juan Pablo Piña Kurczyn, Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).