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Timestamp: 2020-02-27 05:09:13
Document Index: 153378281

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48']

Declaraciones de presuntas víctimas y testigos, y prueba pericial ofrecida por los representantes
El escrito de sometimiento del caso presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 8 de diciembre de 2011, mediante el cual ofreció un dictamen pericial y solicitó el traslado de los peritajes “brindado[s] por las expertas Rhonda Copelon, Marcela Huaita y Roxana Arroyo en los casos [González y otras (‘Campo Algodonero’), Fernández Ortega y otras, y Rosendo Cantú y otras], respectivamente, todos contra México”.
El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante el “escrito de solicitudes y argumentos”) presentado por los representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”) el 26 de mayo de 2012, mediante el cual ofrecieron cuatro declaraciones de presuntas víctimas, dos declaraciones testimoniales y cuatro dictámenes periciales. Asimismo, el escrito de 14 de junio de 2012, mediante el cual los representantes informaron que la señoras Marlene y Miriam Gonzáles “no desean ser consideradas como [presuntas] víctimas” ante el Tribunal.
El escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación a los escritos de sometimiento del caso y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”) presentado por el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) el 28 de septiembre de 2012, mediante el cual ofreció una declaración testimonial y tres dictámenes periciales.
La Resolución del Presidente de la Corte en ejercicio de 21 de febrero de 2013 sobre el Fondo de Asistencia de Víctimas.
Los escritos de 5 y 6 de marzo de 2013, mediante los cuales la Comisión y los representantes, respectivamente, presentaron sus observaciones a las excepciones preliminares y al análisis preliminar de competencia interpuestos por el Estado.
Las notas de Secretaría de 28 de enero de 2014, mediante las cuales, de conformidad con el artículo 46.1 del Reglamento del Tribunal (en adelante “el Reglamento”), se solicitó al Estado, a los representantes y a la Comisión Interamericana que remitieran sus respectivas listas definitivas de declarantes (en adelante “listas definitivas”) y que por razones de economía procesal indicaran quiénes podrían rendir sus declaraciones ante fedatario público (affidávit) y quiénes deberían ser llamados a declarar en audiencia pública.
Los escritos de 31 de enero y 4 y 8 de febrero de 2014, mediante los cuales el Estado, los representantes y la Comisión remitieron, respectivamente, sus listas definitivas, e indicaron quienes podrían rendir declaración en la audiencia pública sobre excepciones preliminares y los eventuales fondo, reparaciones y costas. El Estado confirmó la declaración testimonial ofrecida y solicitó que sea rendida en audiencia pública. También confirmó los tres peritajes propuestos en el escrito de contestación y solicitó que dos de estos fuesen rendidos mediante affidávit y uno en audiencia pública. Los representantes solicitaron que una testigo y dos peritas sean llamadas a declarar en audiencia pública, e indicaron que dos declaraciones de presuntas víctimas, un testigo y dos peritajes podrían ser rendidos ante fedatario público (affidávit). Los representantes desistieron de la presentación de las declaraciones de las señoras Marlene y Miriam Gonzáles (supra Visto 2). La Comisión confirmó la prueba pericial anteriormente ofrecida y solicitó que fuese rendida en audiencia pública.
Las notas de Secretaría de 11 de febrero de 2014, mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal (en adelante “el Presidente”), se transmitieron las listas definitivas a las partes y a la Comisión Interamericana, otorgándoseles plazo hasta el 18 de febrero de 2014 para presentar las observaciones que estimaran pertinentes a las mismas.
Los escritos de 18 de febrero de 2014, mediante los cuales el Estado, los representantes y la Comisión presentaron sus observaciones a las listas definitivas. El Perú recusó a la perita propuesta por la Comisión, así como a dos peritas propuestas por los representantes. También formuló objeciones respecto de dos declaraciones de presuntas víctimas, dos declaraciones de testigos y dos peritajes, todos ellos ofrecidos por los representantes. Por otro lado, los representantes recusaron a un perito y presentaron una solicitud respecto de los otros dos peritajes ofrecidos por el Estado. La Comisión manifestó que “no [tenía] observaciones que formular a la[s] lista[s] definitiva[s] de declarante[s] efectuada[s] por el Estado peruano y los representantes”, sin embargo, solicitó formular preguntas a María Jennie Dador, propuesta como perita por los representantes.
Las notas de la Secretaría de 20 de febrero de 2014, mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente, se transmitieron las partes pertinentes de los referidos escritos de observaciones de los representantes y el Estado (supra Visto 9) a los peritos recusados u objetados, y se les otorgó plazo hasta el 24 de febrero de 2014 para que los mismos presentaran sus observaciones con respecto a las respectivas recusaciones en su contra.
Los escritos de 21 y 24 de febrero de 2014, mediante los cuales el señor Javier Llaque Moya, ofrecido como perito por el Estado, la señora Julissa Mantilla, ofrecida como perita por la Comisión, y las señoras Ana Deutsch, María Jennie Dador y Rebecca Cook, ofrecidas como peritas por los representantes, remitieron sus observaciones a las recusaciones u objeciones planteadas en su contra (supra Visto 9). María del Pilar Aguilar, ofrecida como perita por los representantes, no presentó observaciones a la recusación interpuesta en su contra por el Estado.
El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas, testigos y peritos, se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 42.2, 46, 47, 48, 49, 50, 52.3, 57 y 58 del Reglamento del Tribunal.
La Comisión ofreció como prueba un dictamen pericial y solicitó “el traslado del peritaje brindado [sic] por las expertas Rhonda Copelon, Marcela Huaita y Roxana Arroyo en los casos [González y otras (‘Campo Algodonero’), Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra], respectivamente, todos contra México”. Los representantes ofrecieron las declaraciones de cuatro personas presentadas como presuntas víctimas, de las cuales sólo dos fueron confirmadas, y de dos testigos y cuatro peritas. El Estado ofreció la declaración de un testigo y tres peritajes. Todo ello en la debida oportunidad procesal (supra Vistos 1 a 3).
El Estado se opuso al traslado de los peritajes brindados por las expertas Rhonda Copelon, Marcela Huaita y Roxana Arroyo en los casos mexicanos mencionados (supra Considerando 2). Asimismo, recusó a la perita propuesta por la Comisión, así como a dos peritas propuestas por los representantes. También presentó objeciones respecto de dos declaraciones de presuntas víctimas, dos declaraciones de testigos y dos peritajes, todos ellos ofrecidos por los representantes. Por otro lado, los representantes recusaron a un perito y presentaron una solicitud respecto de los otros dos peritajes ofrecidos por el Estado. Por su parte, la Comisión manifestó no tener observaciones que formular a las listas definitivas del Estado y los representantes, no obstante, solicitó la oportunidad de formular preguntas a una perita ofrecida por los representantes.
En cuanto a la declaración del señor Yony Efraín Soto Jiménez ofrecida por el Perú, la cual no ha sido objetada, el Presidente considera conveniente recabar dicha prueba, a efectos de que el Tribunal pueda apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. El objeto de esta declaración y la modalidad en que será recibida se determina en la parte resolutiva de esta decisión (infra punto resolutivo 5).
En la presente Resolución, el Presidente considerará los siguientes asuntos sobre los cuales existe controversia o alguna solicitud o cuestión particular que resolver: a) la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión Interamericana; b) la admisibilidad de las declaraciones de presuntas víctimas y testigos, y prueba pericial ofrecida por los representantes; c) la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por el Estado; d) la solicitud de la Comisión para formular preguntas a una perita ofrecida por los representantes; e) la solicitud realizada por la Comisión de que se trasladen determinados peritajes rendidos en los casos González y otras (“Campo Algodonero”), Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra, todos contra México; f) la modalidad de las declaraciones y dictámenes periciales por recibir; g) la aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, y h) los alegatos y observaciones finales orales y escritos.
Consideraciones sobre el orden público interamericano de los derechos humanos
De acuerdo a lo establecido en el artículo 35.1.f del Reglamento, la “eventual designación de peritos” podrá ser efectuada por la Comisión Interamericana “cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos”. Ese requisito no se cumple por el solo hecho de que la prueba que se procura producir tenga relación con una alegada violación de derechos humanos, pues esa relación existe en todos los casos sometidos a la Corte. Es necesario que en cada caso se sustente adecuadamente el fundamento y el objeto de la prueba pericial propuesta.
En el presente caso, la Comisión ofreció y ratificó el dictamen pericial de la señora Julissa Mantilla, a fin de que se refiera a “la aplicación de estándares y protocolos relevantes en casos de violencia sexual”, así como al “empleo de la violencia sexual como estrategia de guerra dentro de una situación de conflicto armado interno y, en especial, […] a la práctica de la violencia sexual por parte de agentes estatales durante detenciones e interrogatorios, tomando en cuenta el contexto del conflicto armado interno peruano”. En su escrito de sometimiento, la Comisión señaló que el peritaje propuesto se refiere a temas que afectan el orden público interamericano “en relación con la violencia sexual por parte de agentes estatales como estrategia de guerra en el marco de conflictos armados, y con la ineficacia de los sistemas de justicia para llevar a cabo una investigación diligente con la finalidad de juzgar y sancionar a los responsables de la comisión de actos de violencia contra las mujeres, en particular, cuando se trata de mujeres que se encuentran en custodia del Estado”. Asimismo, al presentar su lista definitiva de declarantes, la Comisión señaló que el peritaje ofrecido permitiría a la Corte “contar con elementos conceptuales y con información sobre el desarrollo que ha tenido en el derecho internacional de los derechos humanos el deber de investigar casos de violencia sexual por parte de agentes estatales”. También reiteró que el presente caso representa una oportunidad para que la Corte “se pronuncie sobre la problemática de la violencia sexual generalizada y sistemática como arma de guerra en el marco de un conflicto armado”. Tomando en cuenta esta caracterización del presente caso, sostuvo que el peritaje ofrecerá a la Corte “una perspectiva sobre el abordaje que debe tener una problemática de esta naturaleza después de la culminación del conflicto armado en que tuvo lugar, como medio para contribuir efectivamente a la reconciliación nacional y a la justicia de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas”.
Los representantes indicaron que no tenían observaciones que presentar al respecto. Por su parte, el Estado señaló a este respecto que la Corte ha conocido diversos casos relacionados a la violencia de género en un conflicto armado interno, y que “existe un importante desarrollo jurisprudencial al respecto, por lo que no se justificaría la presentación del presente peritaje en los términos señalados por la Comisión”. Añadió que “los temas a tratar por la abogada Mantilla son bastante amplios, no sólo porque hace referencia a varios puntos[,] sino también por la forma general en la que han sido indicados” y por ello, solicitó a la Corte que en caso de ser aceptado el peritaje, “precise el objeto del mismo y lo centre en temas relacionados con el orden público interamericano, para evitar que se extiendan a aspectos que no necesariamente se vinculan […] con esta perspectiva de análisis, a la vez de dificultar la formulación de preguntas concretas por parte del Estado”.
El objeto del peritaje propuesto a cargo de la señora Mantilla implica un análisis de la violencia sexual por parte de agentes estatales como estrategia de guerra en el marco de conflictos armados, así como del desarrollo de estándares a nivel internacional relativos a la investigación de este tipo de casos y al abordaje que debe darse a los mismos luego de la culminación de dicho conflicto. Esto trasciende los intereses específicos de las partes en el proceso y puede tener impacto sobre situaciones que se presentan en otros Estados Partes de la Convención1, lo cual hace que, a juicio de esta Presidencia, “se afecte de manera relevante el orden público interamericano de derechos humanos”2 en los términos del artículo 35.1.f del Reglamento. Por lo tanto, es procedente admitir el peritaje propuesto por la Comisión Interamericana.
Objeciones a la perita propuesta por la Comisión
Por otra parte, en relación con la perita propuesta el Estado formuló objeciones, a las que calificó como “recusación”. En primer lugar, señaló que “Julissa Mantilla ha incurrido en la causal de recusación de peritos consignada en el artículo 48°, inciso f) del Reglamento”, debido a que “ya ha intervenido en el presente caso, toda vez que existe un [i]nforme elaborado por ella en el punto referente a violencia sexual en un conflicto armado interno”, el cual fue presentado por los peticionarios ante la Comisión “en la [a]udiencia [p]rivada de fecha 23 de octubre del 2008 del [c]aso N° 11.157 – Gladys Carol Espinoza Gonzáles […]”. En este sentido, señaló que “[a]ceptar su peritaje […], sería duplicar el contenido de su informe […]”.
En segundo lugar, el Estado sostuvo que la señora Mantilla “ha trabajado como consultora para APRODEH, institución que en la presente controversia ante el sistema interamericano ejerce el patrocinio de las presuntas víctimas”. De este modo, el Perú objetó “que la Comisión presente como perito a una persona que ha tenido un vínculo estrecho o de subordinación funcional con los representantes de las presuntas víctimas”.
En sus observaciones a la recusación en su contra, Julissa Mantilla manifestó que “el informe que se menciona fue elaborado en [su] calidad de experta independiente y no como parte interesada en el caso en mención”. Adicionalmente, señaló que, “cuando la norma impide que el perito haya participado con anterioridad en relación con la misma causa, no puede entenderse que ese impedimento se refiere al trámite ante la Comisión, que constituye la primera fase en la presentación de un mismo caso”. Además, sostuvo que “elaborar un peritaje en los momentos actuales no puede […] considerarse una duplicación del informe anterior[, ya que,…] entre el año 2008 - fecha en que se presentó el Informe - y el momento actual, los estándares y referencias internacionales en la materia se han incrementado […]”. Por otro lado, la señora Mantilla señaló que su peritaje fue “presentado por la Comisión Interamericana [y…] no por APRODEH, y que con ninguna de estas instituciones h[a] tenido una relación de subordinación funcional, con lo cual [su] imparcialidad no se ve[ría] afectada”. Al respecto, resaltó que haber sido “consultora externa para APRODEH […] bajo ningún punto de vista […] implica una relación de subordinación” con dicha entidad.
Consta en el expediente que, durante la audiencia privada celebrada ante la Comisión Interamericana en el presente caso el 22 de octubre de 2008, los representantes remitieron a ésta un informe elaborado por la señora Julissa Mantilla, en el que “describ[ió] las circunstancias del contexto del Perú durante la época del período armado interno, enfocándose en cómo afectó a la mujer, durante las detenciones[, y además realizó] un análisis de las obligaciones del Estado en cuanto a las investigaciones que tuvo que haber realizado a través de los hechos”3. En dicho informe, la señora Mantilla también analizó “los hechos de violencia sexual alegados por Gladys Carol Espinoza Gonzáles”, a solicitud de “la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) que representa legalmente a la peticionaria […] ante la Comisión […]”4.
Ahora bien, el artículo 48 del Reglamento del Tribunal establece las posibles causales de recusación de peritos, sin embargo, dichas casuales no operan de forma automática sino que corresponde al Presidente o al Tribunal evaluarlas de acuerdo a las circunstancias del perito en cada caso concreto. Así, el artículo 48.1.f del Reglamento establece que los peritos podrán ser recusados cuando “ha[yan] intervenido con anterioridad, a cualquier título, y en cualquier instancia, nacional o internacional, en relación con la misma causa”. Al respecto, el Presidente estima necesario recordar que el proceso de tramitación de denuncias individuales que procure culminar con una decisión jurisdiccional de la Corte, requiere de la integridad institucional del sistema de protección consagrado en la Convención Americana. Así, el sometimiento de un caso contencioso ante el Tribunal requiere del desarrollo previo del procedimiento ante la Comisión5, el cual contempla garantías tanto para el Estado denunciado como para las presuntas víctimas o sus representantes6, dentro de las cuales cabe destacar las relacionadas con la presentación de prueba. Es en el procedimiento ante la Comisión que las partes suministran inicialmente la información, alegatos y prueba que estimen pertinentes en la relación con la denuncia, y aquella prueba rendida en procedimientos contradictorios podrá ser posteriormente incorporada en el expediente ante la Corte como prueba documental. De este modo, la Comisión Interamericana no puede ser considerada una “instancia” independiente para efectos de la regulación de la presentación de prueba ante el Tribunal.
En este caso, el Presidente considera pertinente que la señora Julissa Mantilla rinda un nuevo peritaje en observancia de las garantías del debido proceso, en particular, del derecho al contradictorio. En consecuencia, no prospera la solicitud de recusación formulada por el Estado por el hecho de que la señora Julissa Mantilla haya elaborado un informe que fue presentado por los representantes a la Comisión Interamericana en relación con el presente caso.
Por otro lado, en cuanto al alegato del Estado de que debe ser rechazado el peritaje de la señora Mantilla debido a que “ha trabajado como consultora para APRODEH”, el Presidente recuerda que, de conformidad con el artículo 48.1.c del Reglamento, para que una recusación sobre esa base resulte procedente, está condicionada a que concurran dos supuestos: un vínculo determinado del perito con la parte proponente y que, adicionalmente, esa relación, a criterio del Tribunal, afecte su imparcialidad7. En este caso, fue la Comisión Interamericana, y no los representantes, quien propuso el peritaje mencionado, por lo que el Estado no ha demostrado vínculo alguno entre la señora Mantilla y “la parte proponente”. Sin perjuicio de lo anterior, se desprende de la hoja de vida de la señora Mantilla que laboró como “consultora externa” para APRODEH en un proyecto que incluyó “actividades puntuales de capacitación en temas de género para magistrados y fiscales peruan[os y peruanas], la preparación de un [a]micus [c]uriae sobre [v]iolencia sexual como crimen de lesa humanidad y un [i]nforme como [e]xperta [i]nternacional para un caso sobre violencia sexual como tortura que fue presentado ante la Comisión Interamericana […]”. A juicio del Presidente, el cargo de consultora externa descrito no implica un vínculo estrecho u relación de subordinación con APRODEH que pueda afectar su imparcialidad. En consecuencia, también es improcedente la recusación formulada por este motivo en contra de la señora Julissa Mantilla.
En virtud de todo lo anterior, el Presidente estima procedente admitir la declaración pericial de la señora Julissa Mantilla, según el objeto y modalidad determinados en la parte dispositiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 5). El valor de tal dictamen pericial será apreciado en la debida oportunidad, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica.
En su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes ofrecieron cuatro declaraciones de personas presentadas como presuntas víctimas, a saber: Gladys Carol Espinoza Gonzáles8, Marlene Espinoza Gonzáles, Miriam Espinoza Gonzáles9 y Manuel Espinoza Gonzáles10. De igual forma, ofrecieron como prueba testimonial las declaraciones de Lili Cubas Rivas11 y de Félix Reategui Carrillo12. Asimismo, ofrecieron cuatro peritajes a ser rendidos por las siguientes personas: Rebecca Cook13, María del Pilar Aguilar14, Ana Deutsch15 y María Jennie Dador16. Posteriormente, los representantes remitieron un escrito indicando que las señoras Marlene y Miriam Gonzáles no desean ser consideradas como presuntas víctimas ante el Tribunal.
En su lista definitiva de declarantes, los representantes solicitaron que los peritajes de María Jennie Dador y Ana Deutsch, y que la declaración de Lili Cubas Rivas, fueran recibidos durante la audiencia pública del presente caso, y señalaron que las demás declaraciones y peritajes ofrecidos podían ser aportados mediante declaración rendida ante fedatario público (affidávit). Asimismo, desistieron de la presentación de las declaraciones de Marlene y Miriam Espinoza Gonzáles.