Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-126-de-marzo-9-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_51125d6ee63e4dd3bb65b0ed9925b653&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-23 11:03:03
Document Index: 272714295

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 311', 'artículo 242', 'artículo 278', 'artículo 6', 'artículo 241', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 103', 'artículo 38', 'Artículo 19', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 228', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 55', 'artículo 94', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'Artículo 2', 'artículo 13', 'Artículo 6', 'Artículo 23', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 6', 'Artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 12']

﻿ Sentencia C-126 de marzo 9 de 2016
SENTENCIA C-126 DE 09 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. SE PRECISA QUE LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIOS SOLIDARIOS ENTRE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y LOS ENTES DEPARTAMENTALES HASTA POR LA MÍNIMA CUANTÍA, CONSTITUYE UNA NUEVA MODALIDAD DE CONTRATO QUE LE OTORGA A DICHOS ORGANISMOS COMUNALES LA CERTEZA DE QUE NO SERÁN EXCLUIDOS DEL DEBATE NI DE LOS PROCESOS QUE COMPROMETEN A SU COMUNIDADADEMÁS LES OTORGA UNA VENTAJA CONTRACTUAL EN LA MEDIDA EN QUE NO DEBERÁN SOMETERSE A UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, POR LO QUE SE ENTIENDE COMO UNA DISPOSICIÓN PERMISIVA Y NO RESTRICTIVA DE DERECHOS. AUNADO A LO ANTERIOR, LA NORMA ES UN DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN EN ASUNTOS DE MÍNIMA CUANTÍA, LOS CUALES AL NO REQUERIR DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA MAXIMIZAN LA PARTICIPACIÓN DE LA JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE AFECTAN A SU COMUNIDAD. POR LO ANTERIOR, SE DECLARAR EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “HASTA POR LA MÍNIMA CUANTÍA” DEL PARÁGRAFO 4º DEL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 1551 DE 2012.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCESO ADMINISTRATIVO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LICITACIÓN PÚBLICA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
Sentencia C-126 de marzo 9 de 2016
Ref.: Expediente D-10894
Actor: Máximo José Noriega Rodríguez, representante legal del Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal, IDPAC, y Nixon Torres Carcamo.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa —quien la preside—, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia con fundamento en los siguientes:
En escrito presentado el día nueve (09) de julio de dos mil quince (2015), y en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, los ciudadanos Máximo José Noriega Rodríguez, actuando en calidad de representante legal del Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal —IDPAC—, y Nixon Torres Carcamo, demandaron la expresión “(…) hasta por la mínima cuantía” contenida en el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, al considerar que vulnera el artículo 1º de la Constitución Política.
Mediante Auto del seis (6) de agosto de dos mil quince (2015), el Magistrado Sustanciador decidió inadmitir la demanda de la referencia y conceder a los demandantes el término de tres (3) días para que procedieran a corregirla, en consideración a que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 2067 de 1991(1).
En este sentido, el día catorce (14) de agosto del dos mil quince (2015), se recibió por parte de los demandantes el escrito de subsanación de la demanda de inconstitucionalidad, por lo que en virtud del Auto del veintiocho (28) de agosto de dos mil quince (2015), esta Corporación procedió a: (i) admitir la demanda; (ii) disponer su fijación en lista; (iii) comunicar del proceso al Congreso de la República, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a la unidad administrativa para la consolidación territorial, a la dirección para la democracia, participación ciudadana y acción comunal del Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al municipio de Medellín, al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), a la Federación Colombiana de Municipios, a la Federación Colombiana de Departamentos, a la Confederación Nacional de Acción Comunal, a la Federación de Acción Comunal de Bogotá, a la Federación de Acción Comunal del Valle del Cauca, a la Federación de Acción Comunal de Medellín, a la Confederación de Veedurías de Colombia, a la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, a la Veeduría Distrital de Bogotá, a la Federación de Acción Comunal de Cartagena, a la Universidad del Rosario, a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, a la Pontificia Universidad Javeriana - sede Bogotá, a la Universidad del Sinú, a la Universidad Sergio Arboleda, a la Universidad Externado de Colombia, a la Universidad de la Sabana, a la Universidad del Norte, a la Universidad Libre de Bogotá, a la Universidad del Valle, a la Universidad de Caldas y a la Universidad Nacional de Colombia, para que participen en el debate jurídico que por este juicio se propicia; (iv) correr traslado de la demanda al señor Procurador General de la Nación para que rinda el concepto de su cargo en los términos que le concede la ley.
2.1.El texto demandado
A continuación se transcribe el texto del parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, según su publicación en el Diario Oficial 48483 del seis (6) de julio de dos mil doce (2012) y se subraya el aparte demandado:
“Artículo. 6º—El artículo 3º de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo. 3º—Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
Parágrafo. 4º—Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. Para la ejecución de estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad.
El organismo de acción comunal debe estar previamente legalizado y reconocido ante los organismos competentes” (destacado por fuera del texto).
“Vulnera el principio democrático de participación, como mandato de optimización de los bienes tutelados o protegidos en el orden jurídico constitucional, en materia democrática, cual es el derecho a la participación democrática de los ciudadanos y de sus organizaciones en las decisiones que los afectan, que hacen parte integral y se desprende del artículo 1º Superior, toda vez que al ser consustancial al Estado social de derecho, el principio democrático de participación, exige acciones que conduzcan a su realización, materialización y protección como mandato que irriga todo el orden jurídico, y del cual en el sistema escalonado, como una de las tesis que garantizan la aplicación del positivismo normativista y que va de la mano con la seguridad jurídica dentro de este modelo de interpretación como es el positivismo, establece claramente que las normas inferiores, deben sujeción y respeto a la norma superior constitucional, indicando ello, que al ser uno de los elementos o contenidos normativos constitucionales del principio democrático de participación, el compromiso es del Estado, en garantizar acciones que promuevan la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones que los afectan”.
Vencido el término de fijación en lista el día veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015), y en cumplimiento de lo ordenado en el Auto del veintiocho (28) de agosto de dos mil quince (2015), se recibieron por parte de la Secretaría General de esta Corporación, los escritos de intervención ciudadana de la Federación Colombiana de Municipios, de la Universidad del Rosario, del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio del Interior y de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial —UACT—, respectivamente.
3.2. Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial —UACT—.
María Carolina Carrillo Saltaren, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Apoderada General de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial —UACT—, señala que no estima pertinente participar en el debate jurídico que se llevará a cabo con el fin de determinar la constitucionalidad de la expresión demandada contenida en el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012, en atención a las siguientes consideraciones:
3.2.5. Teniendo en cuenta las funciones y misiones de la UACT, sostiene que no es pertinente participar en el debate jurídico que se llevará a cabo con el fin de determinar la constitucionalidad de la expresión demandada contenida en el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012.
3.3.8. Plantea que en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad, el rol de la Corte Constitucional es reactivo, mas “no es función de ésta actuar de oficio, suplir al demandante y pronunciarse sobre la exequibilidad de las disposiciones que no han sido acusadas, ni tienen cargos concretos y conceptos de violación constitucional reconocibles, pues de actuar así la Corte se estaría convirtiendo en juez y parte, suplantando al ciudadano y contrariando su función institucional de ser guardiana imparcial de la Carta”(2).
Consideran que la demanda adolece de graves inconsistencias, a pesar de haber sido subsanada en la oportunidad dispuesta por esta corporación, impidiendo cumplir de manera satisfactoria con los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia.
3.4.8. En relación con el fondo del asunto, plantean el siguiente problema jurídico: ¿es constitucional la limitación introducida por el artículo 6º parágrafo 4º de la Ley 1551 de 2012 en virtud de la cual se autoriza la celebración de convenios solidarios entre entidades territoriales y juntas de acción comunal para ejecutar obras hasta por la mínima cuantía?
3.4.12. Por otro lado, y en los términos del artículo 6º de la Ley 743 de 2002, definen las juntas de acción comunal como una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad.
3.4.13. En este sentido, sostienen que las juntas de acción comunal materializan el derecho fundamental de asociación en el marco de la participación democrática, con miras a generar progresos importantes en materia de trabajo y desarrollo local, donde para el caso objeto del presente análisis, estas entidades “han jugado un papel destacado en la promoción del desarrollo económico y en la realización de pequeñas y medianas obras públicas y actividades de mejora y ornato (pavimentación, construcción y mantenimiento de parques, escenarios deportivos y otros espacios públicos), especialmente en las comunidades con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas”(3).
3.5. Federación Colombiana de Municipios.
3.5.1. Considera que si la jurisprudencia constitucional ha señalado la aplicabilidad en Colombia del principio de no regresión en la generalidad de los derechos económicos y sociales, no se ve por qué el mismo no pueda igualmente hallar cumplida aplicación en un principio fundamental como es el de la participación, habida cuenta del gran valor constitucional que en él se anida y que ha sido subrayado por la jurisprudencia del Consejo de Estado(4); amén de que el artículo 311 de la Constitución obliga a los municipios a promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
Es decir que para el año en curso, no puede celebrarse convenio alguno cuya cuantía supere la suma de dieciocho millones treinta y dos mil pesos ($ 18.032.000); cifra que a su parecer resulta irrisoria, teniendo en cuenta el valor adquisitivo de la moneda.
Según lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 242 y en el numeral 5º del artículo 278 superiores, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, rindió concepto en relación con la demanda instaurada por los ciudadanos Máximo José Noriega Rodríguez y Nixon Torres Carcamo contra el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012, y solicitó a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD del aparte normativo demandado, de conformidad con los siguientes argumentos:
Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de la expresión “hasta por la mínima cuantía” del parágrafo 4º, artículo 6º de la Ley 1551 de 2012, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una expresión normativa contenida en una ley.
El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad(5). Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.
En este contexto, en Sentencia C-1052 de 2001(6), esta Corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, pues de no ser así, la decisión que adopte la Corte necesariamente debe ser inhibitoria(7). Al respecto sostuvo:
5.2.1.1. Los actores consideran que la expresión “(…) hasta por la mínima cuantía” contenida en el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, vulnera el principio democrático de participación que se desprende del artículo 1º Superior, toda vez que a su juicio, dicha norma exige acciones que conduzcan a su realización, materialización y protección como mandato que irriga todo el orden jurídico, además establece claramente que las normas inferiores, deben sujeción y respeto a la norma constitucional, indicando ello, que al ser el principio democrático de participación uno de los elementos o contenidos normativos constitucionales, el compromiso es del Estado, en garantizar acciones que promuevan la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones que los afectan; por lo tanto una forma de su desarrollo es a través de la implementación de acciones que promuevan la participación democrática de la población en las decisiones que los afectan.
5.2.1.2. La Sala encuentra que los ciudadanos no sólo señalaron la norma constitucional que consideraban infringida (art. 1º C.P.), sino que también explicaron las razones por las cuales estimaban que esta disposición estaba siendo desconocida por la norma cuestionada. En efecto, los actores cuestionan que el contenido normativo demandado vulnera el principio democrático participativo al limitar la celebración de convenios solidarios entre las juntas de acción comunal y los entes territoriales de orden departamental y municipal en obras de mínima cuantía.
Igualmente, esta corporación observa que el requisito de pertinencia se encuentra acreditado, pues el reproche formulado por los demandantes surge de la confrontación objetiva que realizan entre el contenido del artículo 1º superior y la expresión “hasta por la mínima cuantía” incluida en el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012, precepto demandado.
En este orden de ideas, los ciudadanos han expuesto una secuencia argumentativa atendible y coherente que plantea una problemática de orden constitucional, relacionada con la limitación al principio de participación comunitaria en el desarrollo económico de los entes territoriales, de lo cual es posible concluir que tales cuestionamientos están orientados a controvertir la potestad de configuración del Legislador para determinar los procedimientos administrativos y las normas de contratación pública. En esa medida, existe un cargo cierto, claro, suficiente y pertinente que permite contrastar las disposiciones demandadas con las normas constitucionales que regulan la materia. El cumplimiento de estos requisitos solamente tiene el efecto de activar la competencia de la Corte para abordar un análisis material del asunto, sin que implique que los reproches de inconstitucionalidad estén llamados, por ese solo hecho, a tener éxito(8).
5.3.1. Los ciudadanos consideran que el preceptivo objeto de censura constitucional, contenido en el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012 vulnera el principio democrático de participación que se desprende del artículo 1º superior, el cual implica la implementación de acciones que promuevan la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones que los afectan; en cuanto circunscribe la participación comunitaria, a través de los convenios sociales, a ciertos límites presupuestales.
El Pacto internacional de derechos civiles y políticos señala en su artículo 25 que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2º, y sin restricciones indebidas, del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos, a votar y ser elegido en elecciones públicas, y a tener acceso a las funciones públicas(9):
La Declaración americana de los derechos y deberes del hombre de la Organización de Estados Americanos consagra en sus artículos 13(10), 20(11), 21(12) y 22(13), los derechos a ser parte de las decisiones de quienes gobiernan, el derecho a reunirse y asociarse, y a presentar peticiones respetuosas.
La Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 6º, reconoce la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo en los siguientes términos: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”(14).
El artículo 23 de la Convención americana sobre derechos humanos consagra varios derechos políticos entre los cuales se encuentra el derecho de todo ciudadano a participar en los asuntos públicos(15).
Al respecto señaló esta Corte en la Sentencia T-383 de 1993(16):
“El tránsito de una democracia representativa a una participativa (CP art. 1) significa abandonar un sistema político y social restringido a la elección de los representantes del electorado y adoptar un nuevo modelo que incorpora junto a los mecanismos tradicionales, instituciones de democracia directa —plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocatoria del mandato, cabildo abierto, etc.—, y de participación en las decisiones que afectan a todos en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (CP art. 2º)”.
La Carta Magna sostiene expresamente que la soberanía reside en el pueblo y por ende es la fuente del poder público; además se incluye el principio participativo en aquellos preceptos que permiten no solo la elección directa de gobernantes, sino también la creación de los jueces de paz, el reconocimiento del derecho de petición y la creación de juntas administradoras locales y regionales, lo cual implica que los derechos de participación democrática no se limitan al poder político, pues se ven también en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales y de los colectivos(17).
En reiteradas oportunidades esta corporación(18) se ha pronunciado en cuanto al significado y alcance del postulado democrático que se consagra en la Carta Política de 1991. Así, en la revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria sobre partidos y movimientos políticos, la Corte Constitucional(19) al analizar a profundidad este principio, expresó:
“El fortalecimiento y la profundización de la democracia participativa fue el designio inequívoco de la Asamblea Nacional Constituyente, luego traducido en las disposiciones de la Carta Política que ahora rige el destino de Colombia y de las que se infiere el mandato de afianzar y extender la democracia tanto en el escenario electoral como en los demás procesos públicos y sociales en los que se adopten decisiones y concentren poderes que interesen a la comunidad por la influencia que puedan tener en la vida social y personal.
La democratización del Estado y de la sociedad que prescribe la Constitución no es independiente de un progresivo y constante esfuerzo de construcción histórica que compromete a los colombianos —en mayor grado, desde luego, a las instituciones públicas y a los sujetos privados que detentan posiciones de poder social o político— y de cuyo resultado se derivará la mayor o menor legitimidad de las instituciones, no menos que la vigencia material de la Carta y la consecución y consolidación de la paz pública”.
Asimismo, se ha sostenido(20) que el principio de participación democrática se refleja no solamente en la toma de decisiones, sino en un modelo de comportamiento político y social, que se basa en la tolerancia, el pluralismo y la responsabilidad que adquieren todos los ciudadanos al momento de adoptar determinaciones que afectan a la colectividad.
Por otra parte, el hecho de consagrarse en la Constitución Política de 1991 la participación como una característica esencial del Estado colombiano no implica que haya desaparecido del ordenamiento jurídico todo rastro de representación, pues es claro que “la complejidad de la vida social contemporánea impide la participación directa de las personas en todo aquello que les incumbe, haciéndose necesario acordar y consagrar mecanismos por los cuales sea posible expresar la voluntad del sujeto interesado o del titular de un derecho a través o por conducto de otro u otros”(21).
Ahora bien, esta Corte en Sentencia C-021 de 1996(22) fue enfática en señalar que el principio de participación no se extingue en el campo de las decisiones políticas, por el contrario se ve reflejado en otros escenarios, uno de ellos el del cooperativismo; tan es así que en los eventos en que la ley permite a los asociados de organizaciones con personería jurídica concurrir a las deliberaciones de las asambleas de socios por medio de representante, con facultades plenas para la toma de decisiones, no se desconoce su derecho a participar, por el contrario se facilita el mismo pero por intermedio de otros sujetos.
Lo anterior deja ver que la participación va estrechamente ligada al principio democrático, pues como se señaló en precedencia, la obligatoriedad de estos principios no está supeditada a expresiones netamente electorales, sino que resulta aplicable a todas relaciones sociales, pues “la concurrencia de las personas en las decisiones que los afectan no solo se inscribe en el ejercicio de las libertades públicas, sino que constituye una responsabilidad de los asociados en el marco del ejercicio democrático del poder político”(23).
Con coherencia argumentativa se pronunció recientemente la Corte en la Sentencia C-133 de 2014(24), al expresar:
“El derecho a que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones que, tanto en el ámbito público como privado, resultan relevantes para el desarrollo de la vida en comunidad tiene fundamento en el principio democrático —artículo 1º de la Constitución—, que a su vez nutre de contenido al carácter participativo del Estado colombiano, tal y como también es definido por el artículo 1º de la Constitución. A dichos parámetros de construcción e interpretación del ordenamiento jurídico debe sumarse el artículo 2º de la Constitución, que define como un fin esencial del Estado colombiano facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten”.
Respecto a las juntas de acción comunal, es necesario precisar la regulación legal que existe en nuestro ordenamiento jurídico; no sin antes hacer mención a la naturaleza y origen de estas agremiaciones; para lo cual se realizará una transcripción in extenso de la cronología histórica que al respecto realizó esta Corporación en la sentencia C-580 de 2001(25):
De este recorrido queda en claro que el desarrollo comunitario —del cual son expresión los organismos de acción comunal— , es un proceso social con acción participativa de la comunidad al tiempo que representa un medio de promoción humana, en tanto que impulsa al individuo a involucrarse en su contexto detectando necesidades y ayudando a solucionarlas. Por ello, para alcanzar sus metas el proceso requiere de la solidaridad entre los miembros constitutivos de la comunidad, pero ante todo, de la integración de la comunidad y el Estado permitiendo que los esfuerzos de la población se sumen a los del gobierno a fin de mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de la nación, en el entendimiento de que los organismos comunitarios deben gozar de la debida autonomía para iniciar, controlar, realizar y dirigir los programas de desarrollo comunitario”.
Así mismo, en el artículo 1º Superior, se previó la idea de una sociedad pluralista fundada en la solidaridad, facilitando la participación de todos en las decisiones que los afectan; por lo tanto no existe duda que la sociedad civil es uno de los actores principales en el proceso de participación democrática, principalmente a través de las organizaciones y entidades cívicas autónomas; es por ello que el Estado debe fomentar y promover la participación de la sociedad civil, ya sea actuando como veedor o en la toma de decisiones basadas en las necesidades de la colectividad a la que pertenece. Por otra parte, el artículo 103 de la Constitución Política permite afirmar que las organizaciones civiles previstas por el constituyente, no solamente son viables para ejercer una labor de vigilancia y control, sino que también se prevé su intervención en la actividad estatal(26).
Ahora bien, con el fin de desarrollar los preceptos normativos referenciados en precedencia, el Legislador expidió la Ley 743 de 2002 “Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal”. Dentro de este marco normativo se definió la junta de acción comunal como “una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad”(27); así mismo se estableció que “La junta de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa”(28).
Adicionalmente, esta Corte ha entendido que las juntas de acción comunal constituyen una gran oportunidad, para que sus miembros no solo puedan colaborar en la promoción del desarrollo económico y en la realización de pequeñas y medianas obras públicas; sino que además es una oportunidad para desarrollar habilidades administrativas y de gestión(29).
“Artículo 19.—Objetivos. Los organismos de acción comunal tienen los siguientes objetivos:
De conformidad con el artículo 150, numerales 1º y 2º de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República hacer, reformar y derogar las leyes y, por medio de ellas, expedir códigos en las distintas especialidades o ámbitos del derecho. Sin embargo, esa libertad de configuración normativa que la Carta Magna le otorga al legislador, aunque es amplia, tiene ciertos límites que se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales; en esta oportunidad esta Corte se centrará expresamente en el análisis de la libertad de configuración pero en los procesos administrativos y de contratación pública; no sin antes realizar un breve enfoque de lo que implica dicha potestad en su concepto más amplio.
En diversas oportunidades esta corporación ha analizado la razón de ser de la libertad de configuración política del Congreso y de los límites de la misma. Al respecto, ha indicado(30) que la sujeción y subordinación de la ley a la Constitución debe permitir cierto margen de acción en la labor de desarrollo de las normas superiores, de manera tal que las diversas alternativas se adopten dentro del marco del principio democrático y pluralista que orienta nuestro sistema constitucional. Las numerosas corrientes de pensamiento y opinión representadas en el legislativo, deben participar en el desarrollo e implementación de la Constitución, optando por las diferentes posibilidades dentro del principio de las mayorías.
Para establecer los alcances y límites de la libertad de configuración legislativa es preciso “tener en cuenta que, a nivel global y en materia de conceptos indeterminados, la relación del ejecutivo con la ley no es la misma que la del Congreso con la Constitución”(31); debido a que, por una parte, es obligación de la administración adoptar la solución que más se ajusta a la ley cuando advierta que existen concepciones jurídicas que generan duda en cuanto a su aplicación; por otra parte, la relación que existe entre el Legislador y la Constitución Política es de mayor complejidad pues no solo está subordinado a ella sino que además en virtud del pluralismo y la participación democrática que ella misma consagra, puede adoptar libremente diversas opciones, políticas y legislativas, dentro de su marco normativo; esto es lo que se ha denominado libertad de configuración política del legislador (32).
Así las cosas, la discrecionalidad del Legislador para la determinación de una vía, forma o actuación procesal o administrativa no es absoluta; es decir, debe ejercitarse dentro del respeto a valores fundantes de nuestra organización política y jurídica, tales como, la justicia, la igualdad y un orden justo (preámbulo) y de derechos fundamentales de las personas como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229). Igualmente, debe hacer vigente el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial(33) en controversia o definición; de lo contrario, la configuración legal se tornaría arbitraria(34).
Por lo anterior, el legislador debe asegurar la protección ponderada de todos los bienes jurídicos implicados(35), cumpliendo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas(36).
Por otra parte, el control constitucional a la libertad de configuración legislativa es ante todo un control de límites(37), toda vez que no es viable que esta corporación permita concepciones legales que vayan en contravía de la norma Superior o quebranten derechos y principios en ella consagrado; así como tampoco puede interpretarla desconociendo que en ella coexisten diversas visiones políticas que hacen de Colombia un Estado pluralista(38).
No obstante, el control ejercido por esta Corte a la libertad de configuración legislativa, varía su intensidad dependiendo de la complejidad del concepto que se analiza; por ejemplo, cuando su protección constitucional se despliega únicamente de algunos elementos que no delimitan de manera exacta la figura jurídica del asunto, el legislador cuenta con una amplia libertad de configuración, claro está, sin sobrepasar el marco constitucional, por lo tanto el control ejercido es flexible; pero si la determinación de los elementos estructurales de un concepto es compleja, el control que ejerza este tribunal deberá ser más estricto(39).
Se ha entendido, que el legislador en materia de procedimientos tiene una libertad de configuración no solo en los términos del artículo 150 constitucional, numeral 1 y 2, sino además en concordancia con los artículos 29, 86, 87, 228 y 229 constitucionales, entre otros, que lo facultan para establecer requisitos, tiempos, procedimientos, recursos, etc., que pueden limitar el derecho de acceso a la administración de justicia pero no hacerlo nugatorio, razón por la que se exige que las restricciones que en virtud de esa potestad legislativa se lleguen a imponer, deben ser proporcionales frente a este derecho fundamental y al principio constitucional consagrado en el artículo 228, según el cual lo sustancial debe primar sobre lo formal(40).
El siguiente aparte de la Sentencia C-204 de 2003(41), es muy ilustrativo sobre el particular.
“(…) la legitimidad de las normas procesales está dada en la medida de su proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”. Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización.
La Corte ha precisado específicamente que al legislador, dentro de las facultades de configuración legislativa que se derivan de las normas constitucionales ya mencionadas (arts. 29,150, 228 C.P.) también se le reconoce competencia para establecer dentro de los distintos trámites judiciales imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso, consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los referidos principios de razonabilidad y proporcionalidad”.
Igualmente, en Sentencia C-314 de 2002(42) se señaló que la potestad de configuración del Legislador es una competencia constitucional que debe ejercerse dentro de los límites impuestos por la Carta Política, justificada en un principio de razón suficiente, en donde si la decisión del legislador resulta arbitraria debe ser retirada del ordenamiento jurídico. Uno de esos límites es precisamente no hacer nugatorios derechos fundamentales tales como el de acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa. Por tanto, las decisiones legislativas que impidan el ejercicio de estos derechos fundamentales deben ser excluidas del ordenamiento constitucional.
En esa misma línea, en la Sentencia C-662 de 2004(43), se señaló que “al juez constitucional le corresponde garantizar al máximo la libertad de configuración que tiene el legislador; libertad, que sin embargo, no puede ser absoluta ni arbitraria, sino que debe desarrollarse conforme a los límites que impone la misma Carta”.
Esta postura fue reiterada en la Sentencia C-372 de 2011(44), en la que se sostuvo expresamente que la libertad de configuración del legislador además de estar limitada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, también lo está por los principios de progresividad y no regresión teniendo en cuenta que los derechos fundamentales también tienen una faceta prestacional que una vez alcanzada se convierte en un límite para aquella.
No obstante, esta competencia debe ser ejercida sin desconocer la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y los principios y valores constitucionales, como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y el de progresividad y no regresión, entre otros; estos principios constituyen entonces límites al ejercicio de su competencia”.
Esta corporación ha sido enfática en señalar que el legislador cuenta con una amplia facultad para establecer el régimen de los contratos públicos(45) y privados(46); sin embargo no está obligado a ofrecer un tratamiento semejante a cada materia contractual(47), puesto que la Constitución Política le impone el deber de tener presente ciertas características de cada contrato. Es así como en asuntos relacionados con la contratación pública se ha considerado:
“Dentro de la misma finalidad, el Estado cuenta con instrumentos apropiados para alcanzar esos fines a través del ejercicio de la autonomía para contratar que detenta. De esta forma, los contratos de la administración pública no constituyen por sí mismos una finalidad sino que representan un medio para “(...) la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz (...)”(48).
Dentro de la autonomía de la voluntad que tiene la administración para contratar, es necesario precisar que como función administrativa que ejerce, constituye una función reglada, lo que significa que debe someterse estrictamente a las estipulaciones legales sobre el particular, para la búsqueda del logro de las finalidades estatales mencionadas. Por consiguiente, el grado de autonomía que tiene la autoridad administrativa se ve ostensiblemente limitado frente a las reglas del derecho público, en materia de contratación”(49) (negrilla fuera del texto).
Ahora bien, dentro del margen de acción que en la materia le corresponde al Congreso, el mandato establecido en el artículo 150 de la Constitución “implica el reconocimiento de una amplia libertad de configuración del legislador para diseñar un régimen legal cuya finalidad sea la de propender al logro de los objetivos constitucionales del Estado social de derecho” (50), es así como el contrato de la administración se constituye en un medio “para la consecución de los objetivos del Estado”(51) y, en esa medida, “el Congreso quedó en libertad para regular los aspectos más significativos de la contratación pública”(52) Sin embargo, tan importante facultad no es ilimitada(53), por cuanto debe someterse a las disposiciones normativas consagradas en la Constitución.
Se advierte entonces dos conceptos, en primer lugar que la finalidad del contrato público es el interés general, y así lo había dicho esta Corte desde sus inicios en Sentencia C-400 de 1999(54)al establecer que “el interés público implícito en la contratación estatal, afecta de tal manera este instituto jurídico, que determina la especial posición de las partes contratantes y la relación entre ellas. Esta relación no se desenvuelve dentro de los mismos parámetros de igualdad en que lo hace la contratación entre particulares, sino que implica la preminencia de la posición estatal. La autorización de cláusulas exorbitantes, como la de caducidad o las de terminación o modificación e interpretación unilaterales por parte de la administración, son un claro ejemplo de esta situación. La ley dota a la administración de herramientas o mecanismos especiales, ausentes en las formas contractuales privadas, que están presentes para asegurar el cumplimiento de los fines estatales y del interés general”.
Dicha argumentación fue reiterada en la Sentencia C-128 de 2003(55):
“La Corte ha hecho énfasis en que ese principio de interés general guía y explica la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa. En particular la corporación ha recalcado que la teleología propia de toda la normatividad que propicia la escogencia objetiva de la mejor oferta formulada por los proponentes previamente calificados, cuyos antecedentes personales sean garantía de seriedad y cumplimiento, no es otra que la de asegurar la primacía de dicho interés. (…)”.
En segundo lugar, se advierte no solo que la contratación pública tiene como finalidad el interés general; sino que además existen criterios en cuanto a la configuración del Legislador, lo cuales esta Corporación ha establecido en diversas oportunidades y se sintetizan en la Sentencia C-713 de 2009(56), reiterados igualmente en la Sentencia C- 499 de 2015(57)así:
“(i) De la Constitución no es posible inferir la obligación para el legislador de incorporar en un solo cuerpo normativo toda la legislación existente en materia contractual, pues si ésta hubiera sido la voluntad del constituyente, en el artículo 150 fundamental se habría autorizado al Congreso de la República para expedir un estatuto único de contratación para el Estado y no un estatuto general como prevé la disposición constitucional(58).
(ii) El mandato otorgado al Congreso de la República, en el artículo 150 de la Carta, para que dicte un estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional, implica el reconocimiento de una amplia libertad de configuración del legislador para diseñar un régimen legal cuya finalidad sea la de propender por el logro de los objetivos constitucionales del Estado social de derecho, toda vez que el cumplimiento de estas metas requiere del aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. En este orden de ideas, es innegable el carácter instrumental que ostenta el contrato estatal, puesto que no es un fin en sí mismo sino un medio para la consecución de los altos objetivos del Estado(59).
(iii) En virtud de la potestad de configuración que se comenta el Congreso tiene libertad para regular los aspectos más significativos de la contratación pública como son los referentes a las cláusulas excepcionales, la clasificación de los contratos estatales, los deberes y derechos de las partes contratantes, la competencia y capacidad para contratar, principios fundamentales, nulidades, control de la gestión contractual, responsabilidad contractual, liquidación de los contratos y solución de las controversias contractuales, entre otros, todo dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad y con arreglo a los parámetros constitucionales”(60).
6. Análisis de la norma demandada
Los actores manifiestan que la expresión “hasta por la mínima cuantía” incluida en el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012 vulnera el artículo 1º de la Constitución Política, por cuanto limitaría el principio democrático participativo, al restringir la participación de las juntas de acción comunal en la celebración de convenios solidarios con los entes territoriales del orden departamental y municipal para la ejecución o construcción de obras, lo cual se analizará a continuación.
6.1. Alcance de la expresión demandada.
La Ley 1551 de 2012, dentro de la cual se encuentra la norma demandada, establece las funciones de los municipios y los derechos que sirven de pilar para la gestión ejercida por cada uno de ellos(61).
El parágrafo 4º del artículo 6º autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los habitantes de la comunidad que se encuentren previamente organizados y reconocidos como juntas de acción comunal, con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. Dichos convenios complementan esfuerzos para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades:
Parágrafo 3º—Convenios solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades”(62).
La expresión demandada fue incluida parcialmente en el primer debate legislativo(63), sin embargo, su versión definitiva se incorporó en el segundo y último debate(64), con el objeto de “revisar y replantear el papel del municipio como estructura administrativa y eje del gobierno local en el marco de la diversidad geográfica nacional y articular la condición esencial del municipio de servir como célula base de la estructura político administrativa, estableciendo sinergias con otros niveles de gobierno, como el departamento, en la misión de mantener cohesionada la democracia desde su nivel más básico y próximo al ciudadano, (...) gracias a los ejercicios de transparencia y participación ciudadana efectiva”(65) (negrilla fuera de texto).
Cabe resaltar que el proyecto de ley analizado en Senado es, según se expone en sus motivaciones, el resultado de un proceso de concertación y diálogo en el cual intervinieron un número importante de organizaciones que hicieron grandes aportes con el fin de mejorar las disposiciones contenidas en el mismo, entre ellas la Federación Colombiana de Municipios, quien en la presente acción intervino solicitando la declaratoria de inexequibilidad de la norma(66).
La expresión “hasta por la mínima cuantía” consagrada en el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012, no es contraria al artículo 1º de la Constitución Política, por cuanto, no restringe el derecho de las juntas de acción comunal a participar directa y frecuentemente en las actividades políticas y en la toma de decisiones que afecten a la comunidad que representa, por los siguientes motivos:
6.2.1. En primer lugar, la limitación pecuniaria incluida en el parágrafo demandado, no implica un impedimento absoluto a que dichas juntas lleven a cabo la ejecución de otro tipo de obras por medios distintos a los consagrados en la norma estudiada, pues el artículo 55 de la Ley 743 de 2002, establece que los organismos comunales pueden contratar con las entidades municipales para el mejoramiento del municipio sin limitación en la cuantía, sin perjuicio al cumplimiento de lo establecido en las normas que reglamentan la actividad contractual:
Los contratos o convenios que celebren los organismos comunales se regularán por el régimen vigente de contratación para organizaciones solidarias”(67).
“El principio de participación puede manifestarse a través de distintas vías que involucran a la ciudadanía en el proceso decisorio de los asuntos que les conciernen. Y es esta, precisamente, una de las características a tener en cuenta: en tanto la participación no es un principio, deber constitucional o derecho fundamental absoluto, su ejercicio deberá llevarse a cabo en los términos que haya determinado la regulación legislativa desarrollada por el Congreso de la República. Regulación que, en todo caso, deberá atender los límites propios de la libertad de configuración legislativa cuando se regula un principio fundamental, un deber constitucional o un derecho fundamental, verbigracia, el respeto al contenido deducido de la consagración constitucional y, de especial importancia, la prohibición de regresividad en las garantías reconocidas”(68).
En este orden de ideas se considera que para los convenios solidarios es razonable la limitación de la mínima cuantía por cuanto en el régimen general de la contratación estatal los contratos que tengan esta característica pueden celebrarse mediante un trámite preferencial que no requiere de licitación pública y así lo establece el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que adicionó el artículo 2º del Decreto 1150 de 2007(69)
7.1. Los accionantes consideran que la limitación introducida por el artículo 6º, parágrafo 4º de la Ley 1551 de 2012, en virtud de la cual se autoriza la celebración de convenios solidarios entre juntas de acción comunal y entidades territoriales de orden departamental y municipal para ejecutar obras hasta por la mínima cuantía, desconoce el principio de participación previsto en la Norma Superior.
7.3. En conclusión la expresión “hasta por la mínima cuantía” consagrada en el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012, es exequible por cuanto la misma no vulnera el principio de participación ciudadana previsto en el artículo 1º de la Constitución Política.
1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “hasta por la mínima cuantía” del parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012.
Magistrados: Luis Guillermo Guerrero Pérez—Alejandro Linares Cantillo—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva
1 “En primer lugar, en relación con el requisito de claridad y de especificidad, se observa que el actor no define con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política (…) En segundo lugar, en cuanto a la pertinencia, se observa que el accionante plantea una interpretación subjetiva de la disposición, que no es propia del juicio abstracto de constitucionalidad (…)” (auto del 6 de agosto de 2015).
2 Sentencia C-914 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
3 Sentencia C-520 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
4 “Para establecer el alcance de la normativa legal reguladora de la consulta popular y sus alcances, frente a la competencia constitucional de otros órganos del Estado, es necesario tener presente que la Constitución Política de 1991 tiene como rasgo esencial el de haber introducido el concepto de democracia participativa como uno de los elementos del Estado social de derecho. En efecto, desde el Preámbulo de la Constitución, que ha sido considerado como consagratorio de la concepción filosófico política que inspira el texto constitucional, se invoca un marco jurídico, democrático y participativo como garantía de un orden político, económico y social justo tendiente a asegurar la unidad nacional y los fines del Estado” (Sent. del 17 de mar. de 2000. C.E., Sección Primera, Rad. 5279).
1 “En primer lugar, en relación con el requisito de claridad y de especificidad, se observa que el actor no define con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política (…) En segundo lugar, en cuanto a la pertinencia, se observa que el accionante plantea una interpretación subjetiva de la disposición, que no es propia del juicio abstracto de constitucionalidad (…)”. (Auto del 6 de agosto de 2015)
4 “Para establecer el alcance de la normativa legal reguladora de la consulta popular y sus alcances, frente a la competencia constitucional de otros órganos del Estado, es necesario tener presente que la Constitución Política de 1991 tiene como rasgo esencial el de haber introducido el concepto de democracia participativa como uno de los elementos del Estado Social de Derecho. En efecto, desde el Preámbulo de la Constitución, que ha sido considerado como consagratorio de la concepción filosófico política que inspira el texto constitucional, se invoca un marco jurídico, democrático y participativo como garantía de un orden político, económico y social justo tendiente a asegurar la unidad nacional y los fines del Estado”. (Sentencia del 17 de marzo de 2000. Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación No. 5279)
5 Dice la citada norma: “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda".
7 Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Tomado de las Sentencias C-1052 y 1193 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
8 Sentencia C-782 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9 Entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13 sobre el derecho a la educación, la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humanos de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.
10 Artículo XIII. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.
11 Artículo XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuino, periódico y libre. Derecho de sufragio y de participación en el gobierno.
12 Artículo XXI. Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.
13 Artículo XXII. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.
14 Artículo 6º.
15 Artículo 23. Derechos Políticos
18 Sentencias T-439 de 1992, C-607 de 1992, T-469 de 1992, C-003 de 1993, T-03 de 1992, T-383 de 1993, T-200 de 1993, C-089 de 1994, y C-86A de 1994, entre otras.
19 Sentencia C-089 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
20 Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.
21 Sentencia C-021 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
23 Sentencia C-749 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24 M.P. Alberto Rojas Ríos
26 Sentencia C-580 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
27 Ley 743 de 2002. Artículo 6º.
28 Ley 743 de 2002. Artículo 8º.
29 Sentencia C-520 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
30 Sentencia C-531 de 1993. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
33 Sentencia T-323 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
34 Sentencia C-204 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis; Sentencia C-471 de 2006.
35 Sentencia C-736 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-296 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1075 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
36 Por ende, se decía en la sentencia C-520 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa, siguiendo el precedente (Sentencias C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis. y C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.): “‘la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización”.
37 Sentencia C-531 de 1993. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
40 Cfr. Sentencias C-562 de 1997; C-680 de 1998; C-1512 de 2000; C-131 de 2002; C-123 y C- 204 de 2003.
41 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
43 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
44 M.P. Jorge Pretelt Chaljub. Esta sentencia se declaró inexequible la norma que impuso una nueva cuantía en materia de casación laboral.
45 Ver, entre otras, sentencias C-772 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz y C-897 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
46 Ver, entre otras, sentencias C-232 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía y C-269 de 1999 M.P. Martha Sáchica Méndez.
47 Sentencia C-1514 de 2000. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
48 Sentencia C-449 de 1992, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
49 Sentencia C-154 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara.
50 Sentencia C-1514 de 2000. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
53 Sentencia C-555 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
55 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
56 M.P. María Victoria Calle Correa.
58 Sentencia C-949 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
59 “El contrato del Estado no es un fin en sí mismo, no agota su causa en el equilibrio de prestaciones determinadas, sino que todo el negocio se coloca en bloque al servicio de un interés público polifacético y móvil. Este fin es el verdadero fundamento del contrato del Estado, de tal forma que cuando aquel se desconecta de este, debe procederse a su modificación”, ha dicho José Ignacio Monedero Gil en “Doctrina del Contrato del Estado”. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 1977. Madrid. Citado en la Sentencia C-949 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
60 Sentencia C-949 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
61 Gaceta del Congreso 308 de 2012. “Las problemáticas que presentan los municipios en la actualidad abarcan múltiples formas y son varios los motivos, y es acá en donde encontramos que el espíritu del presente proyecto de ley puede solventar de una manera acertada las problemáticas que se vienen presentando, ya que con el actual marco jurídico, las normativas vigentes se tornan paquidérmicas y obsoletas.
62 Ley 1551 de 2012. Artículo 6, parágrafo 3º.
63 Gaceta del Congreso 73 del veinte (20) de marzo de dos mil doce (2012).
64 Gaceta del Congreso 308 del cinco (5) de junio de dos mil doce (2012).
65 Gaceta del Congreso 73 de 2011.
66 El Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, solicita que se declare la inconstitucionalidad del aparte demandando pues a su juicio resulta a todas luces contrario al principio de razonabilidad que estos convenios solidarios no puedan rebasar la mínima cuantía, la cual, en la mayoría de las entidades territoriales, no supera los 28 salarios mínimos legales mensuales. Es decir que para el año en curso, no puede celebrarse convenio alguno cuya cuantía supere la suma de dieciocho millones treinta y dos mil pesos ($18.032.000); cifra que a su parecer resulta irrisoria, teniendo en cuenta el valor adquisitivo de la moneda.
67 Artículo 55 de la Ley 743 de 2002.
68 Sentencia C-133 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos.
69 “Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral.
Parágrafo 2º. Reglamentado por el Decreto Nacional 2516 de 2011. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007”.