Source: http://www.revistarap.com.ar/Derecho/administrativo/empleo_publico/quilaqueo_prudencio_y_otra_c_provincia_de_riacu.html
Timestamp: 2018-04-22 13:59:41
Document Index: 64864241

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'in fine', 'Artículo 4', 'Artículo 24', 'Artículo 14', 'Artículo 117']

Quilaqueo, Prudencio y otra c/ Provincia de Río Negro y otro s/ laboral
Competencia. Indemnización por accidente de trabajo. Empleado público provincial. Provincia demandada. Cuestión de derecho público local. Exclusión de la competencia originaria de la CSJN. Ley de empleo público. Competencia de la Justicia local.
Competencia N° 595. XXXIX. "Quilaqueo, Prudencio y otra c/ Provincia de Río Negro y otro s/ laboral".
Prudencio Quilaqueo y Aurora Colipi de Quilaqueo -en carácter de sucesores universales de su hijo, Sergio Daniel Quilaqueo-, quienes denuncian tener su domicilio en la Provincia de Río Negro, promovieron demanda, ante el Juzgado Federal de General Roca, contra dicho Estado local (Jefatura de Policía), a fin de obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la muerte de su hijo, mientras ejercía sus funciones como Oficial Ayudante en la Cárcel de Encausados de General Roca, ocasionada por un preso (v. fs. 66/70).
Fundaron su pretensión en la Ley nacional Nº 24.557 (de Riesgos de Trabajo), en su Decreto modificatorio Nº 1.278/00, en los Artículos 509, 512, 1113, 3567, 3568, 3569, 3279 del Código Civil y en la ley de empleo público de la Provincia de Río Negro.
Indicaron que -habiéndole negado Horizonte ART las prestaciones del sistema de la Ley Nº 24.557, en tanto la modificación al Artículo 18, que incluye a los ascendientes con derecho a pensión, fue incorporada posteriormente a este suceso- entablaron con anterioridad un proceso, con apoyo en los mismos hechos, ante la Cámara Laboral de General Roca -autos "Quilaqueo Prudencio y otra c/ Provincia de Río Negro s/ indemnización accidente de trabajo", expte. Nº 14967-CT-02-, en el cual dicha Cámara declaró su incompetencia por encuadrarse la pretensión en el marco de la Ley nacional Nº 24.557 (v. fs. 65).
Por otra parte, solicitaron como medida preliminar que se libre oficio a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro para que remita el expediente administrativo "Prudencio Quilaqueo y otra", Nº 10390-DGA-SLT y AL/1999.
A fs. 74/76, el Juez Federal se declaró incompetente. Para así decidir, consideró que los actores fundan su pretensión sustancialmente en normas de derecho común y son vecinos de la Provincia a la que demandan, motivo por el cual, además, descartó la competencia originaria de la Corte. Por lo expuesto, entendió que -a raíz de la decisión que ya había sido tomada por la Justicia local- se suscita en autos un conflicto negativo de competencia que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolver, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 24, inc. 7 del decreto Ley Nº 1.285/58.
A fs. 568, VE corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.
Ante todo, pienso que, al haberse declarado incompetente la Cámara Laboral de General Roca de la Provincia de Río Negro en el primer juicio deducido por los actores y haber adoptado igual postura el magistrado a cargo del Juzgado Federal de ese Estado local en el nuevo proceso, se ha configurado una situación de las previstas en el Artículo 24, inc. 7, in fine, del Decreto Ley Nº 1.285/58, que corresponde al Tribunal dirimir (Fallos: 312:944).
Cabe recordar que, si bien para dilucidar las cuestiones de competencia es preciso atender, de modo principal, a la exposición de los hechos de la demanda -Artículo 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- y, en la medida que se adecue a ellos, al derecho invocado como fundamento de la pretensión (Fallos: 305:1453; 306:1053 y 308:2230; 320:46; 324:4495), también se torna imprescindible examinar el origen de la acción, así como la relación de derecho existente entre las partes (Fallos: 311:1791 y 2065; 322:617, entre otros).
En el sub lite, según se desprende de los términos del escrito inicial, los actores -en su carácter de sucesores universales- reclaman una indemnización por accidente de trabajo, a raíz de la muerte de su hijo al momento de encontrarse en ejercicio de su función -empleado público que se desempeñaba como Oficial Ayudante en la Cárcel de Encausados de General Roca-, atribuyendo responsabilidad a la Provincia de Río Negro (Jefatura de Policía) en su condición de empleadora de aquél.
En primer lugar, dado que es demandada una Provincia argentina, es preciso determinar si en autos se dan los supuestos que suscitan la competencia originaria de la Corte.
Para que proceda dicha instancia -establecida en los Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, reglamentada por el Artículo 24, inc. 1º, del Decreto Ley Nº 1.285/58-, no basta que una provincia sea parte en un pleito pues es necesario, además, examinar la materia sobre la que éste versa, o sea, que se trate de una causa de manifiesto y exclusivo contenido federal o de una causa civil, en cuyo caso resulta esencial la distinta vecindad o nacionalidad de la contraria (Fallos: 322: 1514 y 3572; 323:1854; 324:533 y sus citas), quedando excluidos aquellos procesos que se rigen por el derecho público local.
En mérito a ello, es dable indicar que los actores, a pesar de fundar su pretensión en la Ley nacional Nº 24.557 -de carácter federal, según doctrina de Fallos: 323:3770- y en el Decreto Nº 1.278/00, se basan en artículos del Código Civil, así como también en normas de carácter local, en tanto invocan la ley de empleo público de la Provincia de Río Negro.
En consecuencia, de conformidad con una reiterada doctrina de VE, sostengo, previo a todo, que el sub examine no corresponde a la instancia originaria del Tribunal, pues no constituye una causa federal, ya que no se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 311:1812 y 2154; 313:98 y 548; 315:448; 318:992 y 2457; 322:1470; 323:2380 y 3279).
Tampoco reviste naturaleza civil, como sostiene el Juez Federal que intervino, dado que la relación jurídica que vinculó a Sergio Daniel Quilaqueo con la Provincia demandada, y sobre cuya base reposa el reclamo de autos, fue de empleo público -materia típicamente administrativa- (Fallos: 310:295; 311:1428; 312:450; 318:1205; 324:2388), por lo que entiendo que el litigio se encuentra directa e inmediatamente relacionado con la aplicación e interpretación de normas de derecho público local, como lo es la ley de empleo público en la que los actores también fundan su pretensión.
Por ser ello así, considero que el proceso deberá ser resuelto por la Justicia local (Fallos: 322:456), en razón del respeto que depara el sistema federal y las autonomías provinciales, puesto que requiere que sean los jueces locales los que intervengan en las causas en que se ventilen cuestiones de esa naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones federales que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado en el Artículo 14 de la Ley Nº 48 (Fallos: 311:1588 y 1597; 313:548; 323:3859 y sus citas).
En tales condiciones, y toda vez que las provincias sólo pueden ser demandadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con el Artículo 117 de la Constitución Nacional o, en su defecto, ante sus propios jueces, según lo establecen los Artículos 121, 122, 124 y concordantes de la Ley Fundamental (dictamen de este Ministerio Público in re O. 205. XXXVIII, Recurso de Hecho, "Olmedo, Heberto Darío y otro c/ Giudicate, Silvio Gustavo y otros", del 8 de agosto de 2002, que fue compartido por VE el 10 de abril de 2003), opino que el proceso debe tramitar ante la Justicia de la Provincia de Río Negro.
De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones la justicia de la Provincia de Río Negro. Remítanse las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de la mencionada provincia a los fines correspondientes y hágase saber al Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca.