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Timestamp: 2016-12-09 05:47:46
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Las encomiendas de gestión ¿con IVA o sin IVA? – Comentarios sobre vivienda.
Las encomiendas de gestión ¿con IVA o sin IVA?	By J. A. RUIZ SAINZ-AJA on 3 abril, 2014	• ( Deja un comentario )
La encomienda de gestión es uno de los negocios jurídicos mas utilizados en estos momentos por las Administraciones Públicas dadas las posibilidades que presenta, en especial, en lo que se refiere a la huida de la legislación de materia de contratos públicos.
En estas líneas me propongo tratar un tema que está planteando dudas en su gestión: la sujeción a IVA.
En sentido estricto, la problemática que se plantea es la sujeción a IVA de las encomiendas de gestión reguladas por el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y excluidas de su ámbito de aplicación de acuerdo al artículo 4.1 n.
Artículo 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006.
Los Estados, las regiones, las provincias, los municipios y los demás organismos de Derecho público no tendrán la condición de sujetos pasivos en cuanto a las actividades u operaciones en las que actúen como autoridades públicas, ni siquiera en el caso de que con motivo de tales actividades u operaciones perciban derechos, rentas, cotizaciones o retribuciones.
Artículo 7.8 de la Ley de Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), por el que traspone al derecho nacional el artículo anterior de la Directiva comunitaria.
Por otro lado, para que se produzca la aplicación del artículo 13.1 de la Directiva es necesario, por un lado, que quien realice la actividad económica sea un ente u organismo de derecho público y, por otro, que dicha actividad se produzca en el ejercicio de una función pública.
Segunda. La interpretación del supuesto de no sujeción de los entes públicos del artículo 7.8º LIVA debe realizarse atendiendo al derecho y jurisprudencia comunitaria, aún cuando ello suponga en cierta medida una “interpretación correctiva” de la LIVA.
Tercera. A la hora de interpretar el supuesto de no sujeción del párrafo primero del artículo 7.8º lo determinante es la forma en la que se produce el ejercicio de las actividades por parte de los entes públicos.
El criterio que permite distinguir con certeza si la actividad económica se produce en ejercicio de una función pública es el régimen jurídico aplicable. Atendiendo a este criterio se consideraran no sujetas aquellas actividades realizadas de acuerdo al derecho administrativo y sujetas las realizadas de acuerdo al derecho privado.
Quinta. En todo caso, se consideran sujetas a IVA las entregas de bienes y prestaciones de servicios enumeradas en el párrafo tercero del artículo 7.8º de la LIVA.
Ahora bien, esta tesis ha sido objeto de revisión a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2011 en lo que se refiere a las sociedades mercantiles públicas. En ella el Tribunal entiende que la LIVA exige que cuando un ente público actúe a través de una sociedad mercantil deben quedar sujetas aquellas actividades que realice como empresario o profesional aún cuando ejercite funciones públicas de acuerdo al derecho administrativo. Esto supone interpretar en sentido literal el párrafo segundo del artículo 7.8º, superando la tesis del régimen jurídico de actuación en lo que se refiere a las sociedades mercantiles de capital público.
En los casos de prestación a través de personificación lo determinante, según el Informe del AEAT, es si el servicio se presta por el ente instrumental frente al destinatario en nombre propio (sujeta) o en nombre y por cuenta del ente público (no sujeta). Ahora bien, esta regla se aplica a las relaciones entre el ente público y los ciudadanos, quedando sujeta, por el contrario, la relación entre el ente público y la sociedad mercantil que presta el servicio en nombre y por cuenta del ente público. En lo que se refiere a esta relación, según el informe de la AEAT, el criterio determinante es la existencia de contraprestación por parte del ente público que guarde relación con el servicio, de manera que la actividad estará no sujeta cuando la sociedad mercantil reciba transferencias o dotaciones presupuestarias para su financiación que no tengan la naturaleza de contraprestación por el servicio prestado.
En cuanto a las condiciones para la configuración de las sociedades mercantiles públicas como órgano técnico-jurídico, la DGT viene exigiendo:
1) Que su creación se haya producido al amparo de lo dispuesto por la normativa propia de la Administración territorial de que se trate.
2) Que su capital sea propiedad íntegra del ente territorial, quien gobernará el proceso de toma de decisiones.
3) Que tenga como único y exclusivo destinatario de los bienes que entregan o servicios que prestan al ente territorial que la ha creado.
4) Que su financiación se lleve a cabo a través de la correspondiente consignación en los presupuestos de la entidad territorial.
5) Que no exista riesgo alguno de distorsión de la competencia provocada por la no sujeción.
6) Que la actividad ejercitada no sea de las enunciadas en el párrafo tercero del artículo 7.8º LIVA
Octava. En las encomiendas de gestión a las que se refiere el artículo 24.6 del TRLCSP se cumplen per se las dos condiciones exigidas por la Directiva: actividad realizada por un ente público en el ejercicio de una función pública.
No comparto esta consideración en cuanto en las encomiendas de gestión no existe intercambio de prestaciones, no existe alteridad sino mandato. En consecuencia, cualesquiera sea su contenido, no se produce el hecho imponible necesario: entrega de bienes o prestaciones de servicios. Al respecto debe tenerse en cuenta que el encargo objeto de la encomienda puede ser cualquier prestación (obras, suministros, servicios, etc). Coincido en este sentido con la tesis sostenida en la consulta de 7 de enero de 2014, referencia 1623, de la Administración Tributaria Canaria.
Dictamen de la Abogacía General del Estado de 25 de noviembre de 2010. Los servicios prestados por el CSIC a través de las encomiendas de gestión no se encuentran sujetos cuando el destinatario de la prestación es la Administración Pública de la que depende, de la que es medio propio y servicio técnico para la realización de actos de gestión relativos a programas de ayudas o actuaciones referidas a la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación por parte de los ministerios. En definitiva, el CSIC tiene la consideración de órgano técnico-jurídico de derecho público que ejerce una función pública que no se lleva a cabo en concurrencia con el sector privado.
V0795-10. Fundación perteneciente a una Comunidad Autónoma que suscribe convenios de encomienda de gestión y cuyo objeto es el fomento y promoción de los sectores productivos de la comunidad para la cual imparte formación para el empleo, diagnóstico e investigaciones relacionadas con el empleo, etc. En este caso la DGT concluye que deben valorarse los servicios prestados por la fundación dado que son análogos a los realizados por empresarios privados al objeto de comprobar si existe distorsión de la competencia.
V0348-10. Empresa pública que suscribe convenios de encomienda de gestión, que es propiedad de una Comunidad Autónoma y que tiene por objeto social el desarrollo de políticas en el ámbito del transporte mediante actuaciones de inspección y control complementarias a las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. En este caso la DGT concluye que dado que los servicios prestados por la empresa pública son análogos a los realizados por empresarios privados (empresas privadas de ITV) existe distorsión de la competencia, por lo que los servicios están sujetos y no exentos.
V0612-10. Entidad de derecho público, adscrita a una Consejería competente en materia de cultura, que tiene por objeto tutelar el patrimonio histórico, desarrollar investigaciones relativas al mismo, así como otras funciones que se le encomienden. En este caso se consideran no sujetos los servicios internos que se presten a la Consejería y sujetos aquellos que se presten a cualquier otra persona privada o pública distinta de la Consejería.
Acuerdo de encomienda de gestión entre el Estado Mayor del Aire e Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. para la realización de actividades de carácter técnico y de consultoría en ingeniería de sistemas y en el ámbito de la prevención de riesgos laborales (Boletín oficial del Ministerio de Defensa de 16 de noviembre de 2012).
Convenio de 20 de diciembre de 2013, de Encomienda de Gestión del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, al Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) (Boletín oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de enero de 2014).
Publicado en Administraciónpública.com el 3 de abril de 2014.
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