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Timestamp: 2017-07-20 14:45:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 330', 'artículo 15', 'artículo 44', 'artículo 76', 'artículo 7', 'artículo 330', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 35', 'artículo 44', 'artículo 76', 'artículo 330', 'artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 24']

Equipo Nizkor - Decreto 1320 sobre consulta previa a comunidades indígenas.
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Decreto reglamentando la consulta previa a las comunidades indígenas y negras por la explotación de recursos naturales en su territorio |*|
Diario Oficial No 43.340, del 15 de julio de 1998
Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para
la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 y el parágrafo del artículo 330 de la Constitución
Política, en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 2o. del artículo 15 de la Ley 21 de
1991, en el artículo 44 de la Ley 70 de 1993 y en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993,
Que el artículo 7o. de la Constitución Política señala que: "El Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana":
Que el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política establece: "La explotación de
los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad
cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se
adopten respecto de dicha explotación el gobierno propiciará la participación de los
representantes de las respectivas comunidades".
Que el numeral 3o. del artículo 7o. de la Ley 21 de 1991, por la cual se aprueba el Convenio
No. 169 de 1987 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, dispone que: "Los gobiernos
deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con
los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el
medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas".
Que igualmente, el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 21 de 1991 establece que: "En caso
de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o recursos del subsuelo, o tenga
derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras..".
Que el artículo 17 de la Ley 70 de 1993 preceptúa que a partir de su vigencia y hasta tanto no se haya adjudicado en debida forma la propiedad colectiva a una comunidad
negra que ocupe un terreno en los términos que la misma establece, no se adjudicarán las
tierras ocupadas por dicha comunidad ni se otorgarán autorizaciones para explotar en ella
recursos naturales, sin concepto previo de la Comisión conformada por el Instituto
Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y el
Que el artículo 35 del Decreto 1745 de 1995 sobre elementos básicos para el concepto
previo por parte de la Comisión Técnica, en su numeral 1o. establece que esta Comisión
verificará "si el proyecto objeto de la solicitud de otorgamiento de licencia ambiental,
concesión, permiso, autorización o de celebración de contratos de aprovechamiento y
explotación de los recursos naturales y genéticos (sic), se encuentra en zonas susceptibles
de ser tituladas como tierras de comunidades negras, a fin de hacer efectivo el derecho de
prelación de que trata la ley".
Que de igual forma, el artículo 44 de la Ley 70 de 1993 establece: "Como un mecanismo de
protección de la identidad cultural, las comunidades negras participarán en el diseño,
elaboración y evaluación de los estudios de impactos ambiental, socioeconómico y cultural,
que se realicen sobre los proyectos que se pretendan adelantar en las áreas a que se
refiere esta ley".
Que el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 estipula que: "La explotación de los recursos
naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las
comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el
artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán,
previa consulta a los representantes de tales comunidades".
Que se hace necesario reglamentar de manera especial la consulta previa a las
comunidades indígenas y negras tradicionales mediante un procedimiento específico que
permita a las autoridades ambientales ejercer su competencia en esa materia y cumplir el
mandato contenido en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993,
ARTICULO 1o. OBJETO. La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto
económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o
negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio, conforme a la
definición del artículo 2o. del presente decreto, y las medidas propuestas para proteger su
ARTICULO 2o. DETERMINACION DE TERRITORIO. La consulta previa se realizará cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de
resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a
comunidades negras. Igualmente, se realizará consulta previa cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular
y permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de conformidad con lo
establecido en el siguiente artículo.
ARTICULO 3o. IDENTIFICACION DE COMUNIDADES INDIGENAS Y NEGRAS. Cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda realizar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas con el proyecto, le corresponde al Ministerio del Interior certificar la presencia de dichas comunidades, el pueblo al que pertenecen, su representación y ubicación geográfica. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria - Incora, certificará sobre la existencia de territorio legalmente constituido.
Las anteriores entidades, expedirán dicha certificación dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la radicación de la solicitud que para el efecto haga el interesado en el
proyecto obra o actividad, la cual contendrá:
c) Identificación del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad, acompañada
de un mapa que precise su localización con coordenadas geográficas o con sistemas
PARAGRAFO 1o. De no expedirse las certificaciones por parte de la entidades previstas en
este artículo, en el término señalado, podrán iniciarse los estudios respectivos. No obstante, si durante la realización del estudio el interesado verifica la presencia de tales
comunidades indígenas o negras dentro del área de influencia directa de su proyecto, obra
o actividad, deberá integrarlas a los estudios correspondientes, en la forma y para los
efectos previstos en este decreto e informará al Ministerio del Interior para garantizar la
participación de tales comunidades en la elaboración de los respectivos estudios.
PARAGRAFO 2o. En caso de existir discrepancia en torno a la identificación del área de
influencia directa del proyecto, obra o actividad, serán las autoridades ambientales
competentes quienes lo deteminen.
PARAGRAFO 3o. Las certificaciones de que trata el presente artículo se expedirán
transitoriamente, mientras el Ministerio del Interior en coordinación con el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi-IGAG y el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria Incora,
elaboran una cartografía georeferenciada a escala apropiada respecto de las áreas donde
existan comunidades indígenas o negras de las que trata la Ley 70 de 1993, en los términos
de ocupación territorial de que tratan los artículos 2o. y 3o. del presente Decreto. Para este
efecto, dichas entidades dispondrán de un término de seis (6) meses contados a partir de la
expedición del presente decreto. La cartografía de que trata este parágrafo deberá ser
actualizada cada seis (6) meses.
ARTICULO 4o. EXTENSION DEL PROCEDIMIENTO. Cuando los estudios ambientales
determinen que de las actividades proyectadas se derivan impactos económicos, sociales o
culturales sobre las comunidades indígenas o negras, de conformidad con las definiciones
de este decreto y dentro del ámbito territorial de los artículos 2o. y 3o. del mismo, se
aplicará el procedimiento establecido en los artículos siguientes.
CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE LICENCIAS AMBIENTALES O
ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
ARTICULO 5o. PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y NEGRAS EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES. El responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar consulta previa, elaborará los
estudios ambientales con la participación de los representantes de las comunidades
indígenas o negras.
Para el caso de las comunidades indígenas con la participación de los representantes
legales o las autoridades tradicionales y frente a las comunidades negras con la
participación de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario o, en su defecto, con los
líderes reconocidos por la comunidad de base.
El responsable del proyecto, obra o actividad acreditará con la presentación de los estudios
ambientales, la forma y procedimiento en que vinculó a los representantes de las
comunidades indígenas y negras en la elaboración de los mismos, para lo cual deberá
enviarles invitación escrita.
Transcurridos veinte (20) días de enviada la invitación sin obtener respuesta de parte de los
pueblos indígenas o comunidades negras, el responsable del proyecto, obra o actividad
informará al Ministerio del Interior para que verifique dentro de los diez (10) días siguientes
al recibo de la comunicación, si existe voluntad de participación de los representantes de
dichas comunidades y lo informará al interesado.
En caso que los representantes de las comunidades indígenas y/o negras se nieguen a
participar, u omitan dar respuesta dentro de los términos antes previstos, el interesado
elaborará el estudio ambiental prescindiendo de tal participación.
ARTICULO 6o. TERMINOS DE REFERENCIA. Dentro de los términos de referencia que
expida la autoridad ambiental para la elaboración de los estudios ambientales se incluirán
los lineamientos necesarios para analizar el componente socioeconómico y cultural de las
comunidades indígenas o negras.
ARTICULO 7o. PROYECTOS QUE CUENTAN CON TERMINOS DE REFERENCIA
GENERICOS. Cuando el proyecto, obra o actividad, cuente con términos de referencia
genéricos expedidos por la autoridad ambiental respectiva, el interesado deberá informar al
Ministerio del Interior sobre la participación de las
comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas, en la elaboración de los
ARTICULO 8o. SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL O DE ESTABLECIMIENTO DEL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Cuando se
pretenda desarrollar un proyecto, obra o actividad dentro del ámbito territorial previsto en los
artículos 2o. y 3o. de este decreto, a la solicitud de licencia ambiental o de establecimiento
del Plan de Manejo Ambiental, se anexará las certificaciones de que trata el artículo 3o. del
ARTICULO 9o. PROYECTOS QUE NO CUENTAN CON TERMINOS DE REFERENCIA
GENERICOS. Recibida la solicitud de términos de referencia y establecida la necesidad de
hacer consulta previa, la autoridad ambiental competente al momento de expedirlos,
informará al Ministerio del Interior sobre la participación de las comunidades indígenas y/o
negras susceptibles de ser afectadas, en la elaboración de los estudios.
ARTICULO 10. CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES FRENTE AL COMPONENTE SOCIOECONOMICO Y CULTURAL. En relación con el componente socioeconómico y cultural, los estudios ambientales deberán contener por lo menos lo siguiente:
Características de la cultura de las comunidades indígenas y/o negras. Este elemento se
tendrá en cuenta por parte de la autoridad ambiental para escoger la alternativa para
desarrollar el estudio de impacto ambiental.
b) Los posibles impactos sociales, económicos y culturales que sufrirán las comunidades
indígenas y/o negras estudiadas, con la realización del proyecto, obra o actividad;
c) Las medidas que se adoptarán para prevenir, corregir, mitigar, controlar o compensar los
impactos que hayan de ocasionarse.
ARTICULO 11. COMUNICACION A LA COMISION TECNICA DE QUE TRATA LA LEY 70 DE 1993. Hasta cuando se adjudique en debida forma la propiedad colectiva de
las comunidades negras susceptibles de ser afectadas por el proyecto, obra o actividad, la
autoridad ambiental competente remitirá copia del auto de iniciación de trámite a la
Comisión Técnica de que trata el artículo 8o. de la Ley 70 de 1993, para que emita el
concepto exigido en el artículo 17 de la misma ley.
ARTICULO 12. REUNION DE CONSULTA. Dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de la solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del Plan de Manejo
Ambiental, la autoridad ambiental competente comprobará la participación de las
comunidades interesadas en la elaboración del estudio de Impacto Ambiental, o la no participación, y citará a la reunión de consulta previa que deberá
celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes al auto que así lo ordene
preferiblemente en la zona donde se encuentre el asentamiento.
Dicha reunión será presidida por la autoridad ambiental competente, y deberá contar con la
participación del Ministerio del Interior. En ella deberán participar el responsable del
proyecto, obra o actividad y los representantes de las comunidades indígenas y/o negras
involucradas en el estudio.
Sin perjuicio de sus facultades constitucionales y legales, podrán ser igualmente invitados la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las demás entidades del
Estado que posean interés en el asunto, de conformidad con la naturaleza del impacto
PARAGRAFO 1o. Cuando para un proyecto, obra o actividad hayan de consultarse varias
comunidades indígenas y negras se realizará una sola reunión de consulta, salvo cuando
no sea posible realizarla en conjunto por existir conflictos entre ellas.
PARAGRAFO 2o. La reunión se celebrará en idioma castellano, con traducción a las
lenguas de las comunidades indígenas y negras presentes, cuando sea del caso. De ella se
levantará un acta en la que conste el desarrollo de la misma,que será firmada por los
representantes de las comunidades indígenas y negras; Igualmente será firmada por los
representantes de la autoridad ambiental competente, del Ministerio del Interior y de las
autoridades de control que asistan a ella.
ARTICULO 13. DESARROLLO DE LA REUNION. En la reunión de consulta se seguirá el
a) Instalada la reunión y verificada la asistencia, el responsable del proyecto, obra o
actividad hará una exposición del contenido del estudio respectivo, conespecial énfasis en
la identificación de los posibles impactos frente a las comunidades indígenas y a las
comunidades negras, y la propuesta de manejo de los mismos;
b) Acto seguido, se escuchará a los representantes de las comunidades indígenas y negras
c) Si existe acuerdo en torno a la identificación de impactos y a las medidas propuestas
dentro del plan de manejo ambiental, y las demás a que hubiere lugar, según el caso, en lo
relacionado con las comunidades indígenas y negras, se levantará la reunión dejando en el
acta constancia expresa del hecho;
d) <Aparte tachado NULO> En caso de no existir acuerdo sobre las medidas propuestas
dentro del plan de manejo ambiental y las demás a que hubiere lugar, la autoridad
ambiental competente suspenderá la reunión por una sola vez, y por el término máximo
de 24 horas, con el fin de que las partes evalúen las propuestas. Si después de reanudada
la reunión, se llegare a un acuerdo deberá darse aplicación a lo establecido en el literal
anterior, en caso de que continúe el desacuerdo, se procederá de conformidad con el
siguiente literal del presente
e) En caso de no existir acuerdo respecto de las medidas contenidas en el Plan de Manejo
Ambiental, se dará por terminada la reunión dejando en el acta constancia expresa de tal
hecho y la autoridad ambiental competente decidirá sobre el particular en el acto que
otorgue o niegue la licencia ambiental;
f) Si cualquiera de las comunidades indígenas o negras involucradas no asiste a la reunión
de consulta, deberá justificar su inasistencia ante la autoridad ambiental, dentro de los ocho
(8) días siguientes a la fecha programada para su celebración. En caso de que no exista
justificación válida se entenderá que se encuentra de acuerdo con las medidas de
prevención, corrección, mitigación, control o compensación de los impactos que se le
puedan ocasionar;
g) Justificada la inasistencia, la autoridad ambiental, dentro de los quince (15) días
siguientes, citará a una nueva reunión para el efecto;
h) Agotado el objeto de la reunión, la autoridad ambiental competente, la dará por
terminada, dejando constancia de lo ocurrido en el acta y continuará con el trámite
establecido en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1753 de 1994 o normas que los
modifiquen o sustituyan, con el objeto de tomar una decisión sobre el otorgamiento o
negación de la licencia ambiental o del establecimiento del plan de manejo ambiental.
CONSULTA PREVIA FRENTE AL DOCUMENTO DE EVALUACION Y MANEJO
ARTICULO 14. DOCUMENTO DE EVALUACION Y MANEJO AMBIENTAL. Cuando quiera que se den los supuestos del artículo 2o. del presente decreto para los
proyectos, obras o actividades cobijados por lo dispuesto en el Decreto 883 de 1997, se
deberá realizar la consulta previa con las comunidades indígenas y negras.
En tal caso, el documento de evaluación y manejo ambiental deberá elaborarse de
conformidad con lo establecido en los artículos 5o. y 10 numeral 2 del presente decreto. El interesado antes de elaborar el documento de evaluación y manejo ambiental deberá informar al Ministerio del Interior para que constate la participación de las comunidades
indígenas o negras susceptibles de ser afectadas en la elaboración de los estudios.
La consulta previa se realizará una vez elaborado el documento de evaluación y manejo
ambiental y con anterioridad a la entrega ante la autoridad ambiental competente, en las
formas y condiciones establecidas en los artículos 11. y 12 del presente decreto. Para tal fin
se deberá dar aviso oportunamente a la autoridad ambiental competente.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación del documento de evaluación y
manejo ambiental, la autoridad ambiental competente se pronunciará indicando si es procedente o no dar inicio a las obras.
CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE PERMISOS DE USO, APROVECHAMIENTO O
AFECTACION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
ARTICULO 15. PERMISOS DE USO, APROVECHAMIENTO O AFECTACION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Cuando se pretenda desarrollar un proyecto, obra o actividad dentro del ámbito territorial previsto en los artículos 2o. y 30 de este decreto, a la solicitud presentada ante la autoridad ambiental competente para
acceder al uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables que no
vayan implícitos dentro de una licencia ambiental, se anexarán las certificaciones de que
trata el artículo 3o. del presente decreto.
Recibida la solicitud y establecida la necesidad de hacer consulta previa, la autoridad
ambiental competente informará al Ministerio del Interior para efectos de su coordinación.
Igualmente, la autoridad ambiental competente deberá dar aplicación a lo dispuesto en el
artículo 11 de este decreto cuando sea del caso.
ARTICULO 16. REUNION DE CONSULTA. Dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de recibo de la solicitud de aprovechamiento, uso o afectación de los recursos
naturales renovables, la autoridad ambiental competente citará a una reunión de consulta,
que deberá celebrarse dentro de los quince (15) días siguientes al auto que así lo ordena,
en el lugar que ella determine, preferiblemente en la zona en donde se encuentre el
Deberá participar en tal reunión, el interesado, los representantes de las comunidades
indígenas y negras involucradas y el Ministerio del Interior, igualmente serán invitados a
asistir la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Podrán asistir
también otras entidades del Estado que posean interés en el asunto.
ARTICULO 17. DESARROLLO DE LA REUNION DE CONSULTA. La reunión de consulta
a) Instalada la reunión y verificada la asistencia, el interesado expondrá las condiciones
técnicas en que pretende usar, aprovechar o afectar los recursos naturales renovables;
b) Acto seguido se escuchará a los representantes de las comunidades indígenas o negras
consultadas y se determinarán los impactos que se pueden generar con ocasión de la
actividad y las medidas necesarias para prevenirlos, corregirlos, mitigarlos controlarlos o
compensarlos;
c) En esta reunión se aplicará lo dispuesto en los literales f) y g) del artículo 13 del presente
d) Agotado el objeto de la reunión, la autoridad ambiental competente la dará por
establecido en las normas vigentes, con el objeto de tomar una decisión sobre el
otorgamiento o negación del permiso de uso, aprovechamiento o afectación de los recursos
ARTICULO 18. AMBITO DE APLICACION. Las disposiciones contenidas en los capítulos
III y IV del presente decreto no se aplicará cuando se trate de licencias ambientales que
contengan permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
ARTICULO 19. COMUNICACION DE LA DECISION. El acto administrativo que otorgue o
niegue la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental o el permiso
de uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables deberá ser
comunicado a los representantes de las comunidades indígenas y negras consultadas.
ARTICULO 20. REGIMEN TRANSITORIO. Las consultas previas con comunidades indígenas o negras cuyo trámite se hubiere iniciado con anterioridad a la
vigencia del presente decreto, continuarán su desarrollo en la forma acordada. No obstante,
el interesado en el proyecto, obra o actividad podrá optar por la sujeción al procedimiento
ARTICULO 21. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO. Sin perjuicio de la plena vigencia del
presente decreto a partir de la fecha de su publicación, dentro de los seis (6) meses
siguientes a ella, el Gobierno Nacional propiciará con las comunidades indígenas y negras
reuniones de participación para recibir de ellas las observaciones y correctivos que podrían
introducirse a los procesos de consulta previa establecidos en el presente decreto.
ARTICULO 22. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
PUBLIQUESE Y CUMPLASE Dado en Santa fe de Bogotá, D.C., a 13 de julio de 1998
El Viceministro del Medio Ambiente, encargado de las funciones del despacho del Ministro del Medio Ambiente
|*| El Decreto 1320 de 15 de julio de 1998, que sienta un marco para los procedimientos de consulta con los pueblos ind�genas, sigue siendo aplicado, aunque tanto la Corte Constitucional como la Organización Internacional del Trabajo han concluido, en múltiples ocasiones, que dicho decreto es incompatible con el Convenio N� 169 y han llamado a los ministerios competentes a revisarlo.
Ver en este sentido, las sentencias T-652 de 1998 y T-737 de 2005.
En cuanto a las conclusiones de la Organización Interncional del Trabajo, ver Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR): Solicitud directa individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Colombia (ratificación: 1991) Envío: 2009; CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Colombia (ratificación: 1991) Publicación: 2009; CEACR: Observación individual sobre el Convenio núm. 169, Pueblos indígenas y tribales, 1989 Colombia (ratificación: 1991) Publicación: 2004; CEACR: Reclamación (artículo 24) - 1999 - Colombia - C169, Informe del Comité establecido para examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Colombia del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS).
A su vez, la Corte Constitucional ha ordenado a varios ministerios �inaplicar el Decreto 1320 de 1998, pues resulta a todas luces contrario a la Constitución y a las normas incorporadas al derecho interno�. (ver Sentencia T-880/06) [Volver]
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