Source: https://www.scribd.com/document/29074549/AMPARO-BONO
Timestamp: 2018-04-19 10:06:04
Document Index: 21641397

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 34', 'artículo 16', 'artículo 75', 'artículo 13', 'artículo 60', 'artículo 89', 'artículo 16', 'artículo 75', 'artículo 31']

Description: AMPARO PRESENTADO ANTE LA JUSTICIA FEDERAL POR DISCRIMINACIÓN POR EL CONSEJERO DE ALDE CON RESPECTO AL BONO
AMPARO PRESENTADO ANTE LA JUSTICIA FEDERAL POR DISCRIMINACIÓN POR EL CONSEJERO DE ALDE CON RESPECTO AL BONO
PROMUEVO ACCIÓN DE AMPARO SOLICITO MEDIDA CAUTELAR
ASUNTO: DENUNCIO DISCRIMINACIÓN. PIDO DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE RESOLUCIÓN Nº 0013-2010 QUE IMPIDE REINSCRIPCIÓN ANUAL E INSCRIPCIÓN AL CURSADO EN IGUALDAD DE CONDICIONES.
SR. JUEZ FEDERAL DE TURNO
JUCIO: JUAN EMILIO ABRAHAM MUSI vs FACULTAD DE DERECHO Y Cs. SOCIALES UNT
JUAN EMILIO ABRAHAM MUSI, DNI 32462072, Argentino, mayor de edad, soltero, estudiante regular de la carrera de Abogacía, número de libreta 06-1460/7, facultad de Derecho y Cs. Sociales de la UNT, de domicilio real Mendoza 1051 7b y constituyendo domicilio legal en 9 de Julio 485 segnundo piso departamento “E”, correspondiente al Estudio Jurídico de mi abogado patrocinante Dra. Silvina Beatriz Medrano Matricula
Profesional 5119a Vs. Respetuosamente vengo a decir
Que con arraigo en la letra del artículo 43 de la Constitución Nacional, vengo a promover acción de amparo constitucional y medida cautelar de no innovar hasta sean resueltas las cuestiones de fondo en contra de la Facultad de derecho y Cs. Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán con sede en calle 25 de mayo Nº471, San Miguel de Tucumán, a los fines de que se me permita la reinscripción anual e inscripción al cursado en igualdad de condiciones con aquellos que paga un bono de ingreso. Ordénese a tal efecto que se
quite como requisito previo de acceso al sistema el tipeo del código del bono en el sistema informático. Declárese
inconstitucional la resolución 0013-2010 en oncordancia con expediente administrativo 72.001-S-09, Ya que el cumplimiento de estas, la Facultad de Derecho de la UNT,l ya que es vejatoria a la constitución nacional, a sus pactos, a la ley de educación superior, y a los estatutos universitarios.
jurisdiccional, por la presente se solicitará a V.E. disponga una medida cautelar de no innovar de modo que pueda inscribirme el mismo día que aquellos que han abonado el bono.
Finalmente, se haga lugar a la pretensión con expresa condena al demandado y se me otorgue el beneficio de litigar sin gastos por ser esta cuestión novedosa y por tratarse de mi condición de estudiante.
Que soy estudiante regular de la facultad de Derecho y Cs. Sociales de la UNT, que para poder renovar tal condición es necesario a principio de cada año poder realizar la “reinscripción anual” a lo que sigue inmediata inscripción al cursado, dónde el estudiante de acuerdo a los postulados reformistas tiene libertad de elección de cátedra. El perjuicio deviene que tanto la inscripción supeditadas anual al como de la un elección bono de cátedra quedan que es
administrado por la “cooperadora” de la facultad y cobrado en el
correo argentino, el monto actual es de cincuenta pesos. El bono cuenta con un código de autogestión que debe ser introducido en el sistema informático para poder ingresar al sistema y desde allí recién poder realizar la reinscripción anual y al cursado. Pongo en evidencia, además, que si bien existen días de reinscripción gratuita, esperar hasta esos días, significa una verdadera
discriminación en cuanto a la seguridad jurídica que implica la diferencia entre estar inscripto y no. Discriminación infundada sobre todo si se entiende el carácter voluntario del bono, siendo que puesto como requisito para el ingreso, se traduce en una situación de incertidumbre que termina actuando de manera coercitiva y compeliendo a la compra de aquél. Los días de reinscripción gratuita son después de que se ha iniciado la inscripción para cursado y que, además, las comisiones tienen cupo y por más que estos se renueven diariamente, las
posibilidades de inscribirse en tal o cual comisión se ve reducida con respecto a los que pagaron que tienen más oportunidades de inscribirse y cursar en la cátedra que ellos elijen a través del sistema informático. No deja de ser cierto y se debe reconocer, que es política de la Secretaría Académica atender a quienes quedaron fuera del cursado, pero para que aquello se realice, debe presentarse una nota con algún documento que certifique
incompatibilidad horaria, se sabe, que al solo hecho de requerir un procedimiento adicional, se incrementa las desventajas bajo aquellos que tuvieron más días para inscribirse en la comisión deseada sin más requerimiento que sentarse ante un monitor, debo disentir que se trate solamente de una cuestión de horarios, ya que la libertad de cátedra reformista concebida en un sentido amplio se refiere no solo al profesor sino también al alumno por optar entre las opciones que le brinda la facultad según sea más acorde al modo de dictado de clases, y sobre todo al contenido adherido a alguna u otra escuela científica.
Reclamos administrativos previos
Que contra esta diferenciación he realizado de manera personal incansables actuaciones sin tener respuesta alguna: Expediente 70.342-A-09 de fecha del seis de marzo de 2009 ofrecido como prueba documental, me dirijo al decano pidiéndole que “me exima del pago como requisito para la reinscripción anual sin que haya ningún tipo de diferencia temporal ni de trámite entre el que ha pagado y yo. Y análogamente, se simplifique la tramitación para todo aquél que requiera lo mismo” y agrego “Por todo lo expuesto se deduce
que el carácter voluntario con el que se caratula el bono no es tal, que resulta contrario a los postulados reformistas
universitarios, a los pactos internacionales, y por lo tanto es vejatorio a la misma constitución que proclama políticas tendientes a aumentar la gratuidad de la educación” Tiempo después, tengo lo oportunidad de asumir como consejero directivo de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la UNT en representación al estamento estudiantil con lo que conformo el co-gobierno universitario formado por estudiantes,
docentes, no docentes y egresados, aún así, ni siquiera bajo la investidura de autoridad universitaria, logro que los expedientes que ingreso como tal tengan respuesta alguna, e inicio una serie de presentaciones con el fin del que el consejo, cuerpo máximo de gobierno de la facultad, se expida sobre el tema; En Expediente 71.156. – C-09 cuya copia ofrezco como prueba documental, presento proyecto resolución que cita el Expediente 70.342-A-09 con fundamentos para que no se cobre el bono para realizar trámites en sección alumno, ese bono también es cobrado por cooperadora y no puede realizarse ningún trámite administrativo sin que sea pagado, cito este expediente a los fines de clarificar aún más el ubicuo modus operandi de la Facultad contra la que acciono.
Expediente 71.992- C- O9 proyecto resolución para que se elimine como requisito para la inscripción el pago de bono, dónde en resumidas cuentas, alego, que la facultad debe eliminar como requisito para la inscripción el pago del bono, el proyecto busca afianzar la gratuidad de la educación según los principios reformistas y lo ordenado por la constitución nacional y los tratados del 75 inc 22, allí fundamento; que debe ser política de esa facultad afianzar el acceso a la universidad de modo gratuito y sin restricciones más que las académicas, que las comisiones tienen cupo y por más que estos se renueven diariamente, las posibilidades de inscribirse en tal o cual comisión se ve reducida con respecto a los que pagaron y propongo además que la facultad se comprometa en tomar
políticas que impliquen reducir el costo de estudios por parte de los estudiantes. .. digo que La inscripción anual a nuestra facultad debe ser gratuita y bajo ninguna circunstancia se exigirá como requisito constancia de bono/arancel o cualquier otra denominación que implique pago por parte del alumno. Que en reunión de fecha quince de marzo de dos mil diez del Honorable Consejo Directivo de la facultad, según consta en el video que ofrezco a prueba y poniendo en conocimiento al cuerpo, que es la máxima autoridad
dentro de la facultad, sobre la inminencia del cobro del bono y sobre los derechos que éste lesiona, el cuerpo sin dar razones, se niega al tratamiento de la cuestión. Que he intentado conocer la composición de la cooperadora que cobra el bono, así también las fechas de la asamblea, el monto recaudado, tal como lo muestra el documento que ofrezco con fecha del diecinueve de junio de 2009 presentado en cooperadora sin tener respuesta alguna, en igual sentido e intentado vía facultad mediante expediente 71.174 –c- 09 que también ofrezco como prueba documental. Que en contradicción a la Ley de Educación superior (Ley Nº 24.521) los fondos recaudados por la cooperadora no se destinan al pago de becas, sino por lo contrario a gastos comunes de administración, e incluso al pago de personal para que realice tareas de limpieza, refacción, compra de libros, pago de personal que realiza tarea de limpieza, hechos notorios que no necesitan acreditación de prueba. Que como consejero y por lo dispuesto en el artículo 34 del Honorable Consejo Directivo de mi facultad, estoy habilitado a requerir informes, así lo hice según consta en Expediente 71.171 –c- 09 que ofrezco como prueba a
documental, en esa oportunidad requerí a la secretaría de Hacienda y Presupuesto, balance de entrada y salida sobre todas las erogaciones correspondientes a esta casa.. en especial interés a la cooperadora en lo que concierne al bono de ingreso y a los bonos trámites.
Que tal como consta en las pruebas fotográficas, y de video que ofrezco, contra el cobro coactivo del bono por parte de la cooperadora se ha alzado toda voz que tuvo vez de pronunciarse, que de un tiempo a esta parte, cada comienzo de años los estudiantes peticionan de manera activa contra las autoridades en busca de igualdad entre el que paga y el que no. Que es de público y notorio conocimiento la diversidad política de los movimientos estudiantiles, que a pesar de esta
heterogeneidad, todos los sectores del estudiantado se han aunado para peticionar contra esta discriminación, de las más diversas maneras; petitorios, asambleas,, cortes de calles, notas, grupos sociales en internet, sin que ninguna de ellas obtuviere verdadera contestación, que a decir verdad, muchas veces el legítimo derecho de peticionar se ve obstruido por “agentes de seguridad” del rectorado, tal como consta en los videos . Que dadas las circunstancias, resulta evidente de que no
resta medio más idóneo que el presente para garantizar el pleno goce de mi derecho de acceso sin restricciones al sistema académico, garantizados en la constitución nacional, ley de educación superior, y estatutos universitarios, derecho seria e inminentemente amenazado y que da motivo al presente recurso de amparo y medida de no innovar.
III.- MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR
De acuerdo fue expresado en el apartado I.- , de manera previa a que se corra traslado de la demanda (inaudita parte), se disponga a mi favor una medida cautelar de no innovar, en virtud de la cual, sin que signifique prejuzgamiento alguno y con la finalidad de prevenir agravios irreparables, se ordene a la Universidad Nacional de Tucumán (en la persona del sr. Decano) se abstenga de requerirme como requisito para la reinscripción anual el tipeo del código de autogestión que se adquiere mediante el pago de cincuenta pesos en el correo argentino hasta que recaiga sentencia de fondo en estos actuados.
La tutela judicial efectiva a través de la protección
precautoria o cautelar solicitada resulta indispensable porque, caso contrario, el lunes 29 de Marzo de 2010, quedaría, a pesar de cumplir con todos los requisitos curriculares exigidos a un buen estudiante de derecho, fuera del sistema de la facultad, esperando recién para poder ingresar el jueves santo primero de abril, por lo que la facultad estará cerrada y me veré compilado a alquilar un sistema de acceso a internet para poder
inscribirme, consumándose en los hechos el agravio de manera injustificada y discriminatoria.
Formalmente, se encuentran cumplidos los extremos que habilitan la presente instancia cautelar:
III.a.-
manifiestos: A través de los argumentos jurídicos expuestos en la demanda se desprende a simple vista la arbitrariedad, ilegalidad e inconstitucionalidad contenida en la resolución nº0013-2010 que requiere el código de autogestión para la reinscripción anual e inscripción a cursdao. III.b.- Razones de Interés Público: Con el avenimiento del Estado Social de Derecho, la máxima esperada en las actuaciones estatales es que éstas se encuentren sometidas a
facultades para custodiar y exigir que los poderes públicos actúen con juridicidad y con oportunidad, con observancia de la máxima de no discriminar.
III.c.- Graves perjuicios al interesado, como lo es la imposibilidad de ingresar al sistema educativo en igualdad de condiciones de aquel que ha pagado el bono.
III.d.-Fumus bonis iuris: Lo peticionado tiene más que suficiente “humo” de buen derecho, el cual tal se ha establecido pretorianamente solo debe presumirse y no estar
fehacientemente probado, extremo que sin embargo en el particular se cumple acabadamente.
En tal sentido la jurisprudencia ha dicho: “Las medidas cautelares deben otorgarse en virtud de la similitud del derecho que se pretende asegurar, el cual no es cierto ni consolidado, sino por el contrario eventual, incierto y hasta innoto; una exigencia mayor a ésta desvirtuaría el instituto en cuestión cuya ratio legis consiste precisamente en precaver el derecho, que es aún dudoso e incierto y suya procedencia ha quedado a la
decisión del poder jurisdiccional” (El Derecho tomo 138, pág. 601).
Verosimilitud del derecho, que apunta a la posibilidad de que el derecho invocado por la parte peticionante, cuya protección y conservación precautoria requiere muestre al menos una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy
cuestionable. Esa posibilidad no equivale a la certeza ni a la existencia del derecho que sólo se logrará al agotarse el trámite con el dictado de la sentencia.
III.e.- Peligro de la demora: El periculum in mora, está suficientemente alegado y acreditado en los hechos señalados en la presente medida. Tal es una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro en mis derechos.
III.f.- El otorgamiento de la medida no significa prejuzgar sino evitar graves daños al actor: Debe igualmente V.E. considerar que el otorgamiento de la medida cautelar solicitada en modo alguno se confunde, ni significa prejuzgar, respecto al fondo del asunto que constituye el objeto de la acción judicial de
III.g.- Contracautela o garantía del particular: Ofrezco la prestación de una caución juratoria o real si estima necesario V.S., a fin de asegurar la reparación de los eventuales daños que podría ocasionar al afectado la medida ordenada por V.S.
IV.- LA NORMATIVA QUE CORRESPONDE AL CASO
Que la constitución en su
artículo 16 establece que
Todos sus habitantes son iguales ante la ley. El principio de igualdad es inconciliable con cualquier discriminación arbitraria basada en religión, etnia, clase social o posición económica, el artículo precedente agrega que cualquier tipo de diferencia debe fundarse en la “idoneidad” de los sujetos comparados y excluye cualquier otra posibilidad. A lo que detallo en apartado V Que la constitución en su artículo 75 inc 18 y 19 asegura la el acceso a la educación en igualdad de
oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades
nacionales. Que en reciente fallo (Ministerio de Cultura y Educación - Estado Nacional s/art. 34 de la ley 24.521) la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que La consagración constitucional de los principios de gratuidad y equidad para la educación pública estatal obliga a preservar los criterios de armonización entre ambos, y para entender cómo se conjugan dichos términos, citan al constituyente Rodriguez quién al referirse a los artículos arriba citados dijo; "La reforma que
estamos proponiendo, al decir que la legislación sobre educación debe garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y agrega; “Estamos estableciendo
expresamente en la Constitución el derecho a recibir en condiciones igualitarias una educación de alta calidad en cualquiera de los niveles, garantizando el principio de equidad, estableciendo políticas socio educativas que eviten la
discriminación económica social en el acceso y permanencia en los distintos niveles del sistema educativo” Otorgar ciertos beneficios a quién paga el bono con respecto al acceso configura una violación a la conjugación de los principios de gratuidad y equidad, como reza el fallo citado; "La gratuidad y la equidad no son conceptos que puedan
combinarse parcialmente. Para su aplicación en la práctica deben ser sumados uno al otro; son conceptos que no admiten contradicción entre ellos por su naturaleza de principios...El principio de equidad, que se suma a la gratuidad, cumple una función que deriva de su significado: la justicia; y consiste en una directiva, en aquellos casos en que la gratuidad no alcance por sí sola garantizar la igualdad de oportunidades”,… “a los efectos de evitar que una interpretación absoluta.. conduzca en la práctica a una suerte de discriminación en perjuicio de aquellos que efectivamente no cuentan con las posibilidades mínimas para acceder al servicio educativo”… A su vez, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de jerarquía constitucional por medio del art. 75 inc. 22 C.N.; en su art. 2, establece que Toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita, los estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en el se enuncian, sin
discriminación alguna por motivos de origen nacional o social, posición económica... o cualquier otra condición social. Lo suyo reza el Pacto internacional de los Derechos económicos y sociales. Art. 13 inc “c” La enseñanza superior debe ser igualmente accesible a todos, sobre la capacidad de cada uno,
por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implementación progresiva de la enseñanza gratuita” por implementación progresiva de la enseñanza gratuita debe entenderse de que todos los actos relacionados con la educación deben orientarse a librar de erogaciones a los estudiantes que en lo que se refiere al acceso, permanencia y egreso de los institutos universiatrios. La corte también tuvo oportunidad de pronunciarse sobre estos pactos y dijo; que “El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de San
Salvador, consagra el derecho a la educación en similares términos en el art. 13. A su vez, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre cuya jerarquía constitucional también recepta el art. 75, inc. 22C establece el derecho a la educación en el art. 12 y expresa que deberá estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. En el párrafo tercero dispone que El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado", agregando en el último párrafo que Toda persona tiene
derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos". En ese contexto normativo, y en concordancia con el resto de los derechos fundamentales, es que debe ponderarse la relación entre gratuidad y equidad especialmente cuando nos encontramos en el ámbito de la enseñanza superior.” Por su parte, la Ley de educación superior Nº24521, indica que en su artículo 13 que . — Los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho: a) Al acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza. Queda en evidencia aquí que el legislador ha querido ampliar la facilidad al ingreso al sistema universitario, lo que no toleraría una extensión de derechos para aquellos que tengan posibilidades de pago en desmedro de quienes no lo pudiesen o quisiensen hacer. Que es cierto que la ley 24.521 establece que
Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales mediante tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier titulo o actividad. Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de grado,
subsidios o créditos u otro tipo ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes. Los sistemas de becas, préstamos u otro tipo de ayuda estarán fundamentalmente destinados a aquellos estudiantes que demuestren aptitud suficiente y
respondan adecuadamente a las exigencias académicas de la institución y que por razones económicas no pudieran acceder o continuar los estudios universitarios, de forma tal que nadie se vea imposibilitado por ese motivo de cursar tales estudio. A lo que se suma el artículo 60 de la misma ley que establece que pueden generarse asociaciones civiles con el fin de
cumplimentar tal labor, es decir, la de recaudar recursos con el fin de obtener becas. Del análisis de este artículo, bien se
desprende, como dijo Irina Hauser de Página Doce en el comentario del fallo citando, evocando los votos de Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni que se podría aplicar el
arancelamiento a ciertos servicios o actividades, pero “nunca constituirse en una retribución por la enseñanza de grado, la que debe ser gratuita por expreso mandato constitucional”. Es por esto que se conjuga una doble
transgresión al juego de estos artículos, por un lado el cobro para
el ingreso al sistema de grado lo que configura un arancel toda vez que se entiende este, según el diccionario de la real academia española como una “tarifa para adquirir
derechos”, derechos de grados que consisten en un mejor posicionamiento de cara a las inscripciones al cursado. Que para interpretar los actos de la UNT, hay que hacerlo en vistas a los postulados reformistas ya que
adhiere a éstos de manera pública y notoria, sobre todo en mira a la gratuidad y equidad. En coincidencia a todo lo dicho, la Universidad nacional de Tucumán, en el ejercicio de su autonomía, establece en su estatuto en su artículo 89 que la condición de estudiante se adquiere con la sola inscripción de acuerdo a los requisitos de admisión que establezca cada casa de estudios. Los requisitos de admisión, o su dilación temporal, no puede nunca, según lo establece el artículo noventa, establecer una diferencia de oportunidades y como corolario el artículo noventa y dos reza que La Universidad Nacional de Tucumán garantiza la gratuidad y equidad de la enseñanza de grado y ningún estudiante podrá ser obligado al pago de contribuciones por tales estudios. En conclusión, el cobro de bono constituye una verdadera discriminación inconciliable con el artículo 16 de
nuestra constitución, es contrario a los principios de gratuidad y equidad, y resulta incompatible con los artículos 75, inc 18,19 y de la constitución nacional, a los pactos con jerarquía
constitucional derivados del artículo 75 inc 22 de la constitución nacional; a saber; con la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, al Pacto internacional de los Derechos económicos y Sociales, a los artículos 59, y 60 de la ley de educación superior (24521), y a los artículos 89,90,91 del estatuto universitario de la UNT. V.- EL DERECHO A LA IGUALDAD
El art. 16 de la Constitución Nacional consagra el derecho a la igualdad en los siguientes términos: “Todos sus habitantes son iguales ante la ley” Como lo enseña Joaquín V. González en su sentido más positivo, o sea del punto de vista de su aplicación o de los fines protectores de la sociedad, y según la ciencia y el espíritu de la Constitución, la igualdad de todas las personas ante la ley no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos, de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, Ángel Estrada y Cía. editores, Buenos
Aires, pág. 110).
La máxima de la igualdad perfecciona su aplicación práctica en postular una “igualdad real”, esto es: “igualdad entre los iguales”. De ahí que se entiendan bien aceptadas las categorizaciones o diferencias en cuanto criterios
diferenciadores. Ésta es el límite que sirve en los hechos para distinguir una situación prejuiciosa de la que no lo es.
De ahí, deviene la tradición del más alto Tribunal de la Nación de entender que “la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias”. Con lo cual ha examinado la categoría normativa hacia adentro, para evaluar si a alguno de los integrantes de aquella se los excluye del goce de los derechos que se reconocen a los otros (María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, La Ley, segunda edición ampliada y actualizada, pág. 136)
La ley Nº25.592 (Publicada en Boletín Oficial el 5 de Mayo de 1988) establece que “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”.
Al respecto, los tratados internacionales incorporados operativamente a nuestra ordenamiento jurídico interno
consagran este derecho. A saber: Art. II de la
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”. Art 7º de la Declaración Universal de Derechos Humanos “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. Art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
IX.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Bidart Campos explica que la noción de supremacía constitucional formal, revestida de superlegalidad, obliga a que las normas y los actos estatales y privados se ajusten a ella, la supremacía constitucional supone una graduación jerárquica del orden jurídico derivado, cuando esta relación de coherencia se rompe, hay un vicio o defecto que llamamos anticonstitucional, tal como lo manifiesta, por todo lo ante expuesto, discriminar mediante el cobro de un bono arancel.
Frente a las circunstancias particulares del caso, los derechos inminentemente vulnerados a mi persona y al trato notoriamente discriminatorio esgrimidos por las autoridades de
la Facultad de Derecho y Cs. Sociales, la acción de amparo resulta la vía procesal más adecuada para una adecuada protección jurisdiccional.
Amparar es tutelar, o valerse del apoyo de alguien o de algo para lograr cierta protección. A partir de la reforma constitucional del año 1994, el amparo ha sido receptado en el art. 43 de la Constitución Nacional como un derecho y como una garantía. Ha dejado de ser una figura procesal para constituirse en un derecho o garantía específica. (Conf. Marta González de Aguirre y Estela Bernales de Ruiz Vega, El Amparo contra actos de la Administración Pública, en obra colectiva Estudios de Derecho Administrativo –VI- ediciones Dike, Mendoza, 2001, pág. 35).
El art. 43 de la Constitución Nacional establece que “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un
tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra
cualquier forma de discriminación…”. En consecuencia, en virtud del enfoque del planteo discriminatorio esbozado en esta demanda, la acción de amparo constituye una acción propia como adecuada. Por tanto, la vía incoada resulta procedente.
Asimismo, desde cualquier otra perspectiva de análisis se observa que se encuentran reunidos los presupuestos de idoneidad de la acción establecidos en la disposición
constitucional transcripta.
Acción de una autoridad pública: Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. En lo referente al cobro del bono, cuyo código de autogestión es requerido para la inscripción al cursado mediante
resolución 0013-2010 en concordancia con el expediente nº 72001-s-09
manifiesta: Al
respecto la doctrina entiende que no se trata de un grado de evidencia que deba reunir requisitos extraordinarios, basta con que el propio juez luego de analizados los documentos y pruebas aportados en el amparo pueda libremente arribar a la conclusión de que el acto es ilegítimo (Ver Agustín Gordillo, Un día en la justicia: los amparos de los artículos 45 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, La Ley 1995-E,139).
constitucionales: Arts. 16, 75 inc. 18,19 y 22 (en los pactos señalados)de la Constitución
Nacional. Y violentando el orden de jerarquía establecido en el artículo 31 de la CN en lo que se refiere a la ley de educación superior y el estatuto universitario en los artículos señalados en IV
Discriminación: dado que las prerrogativas y derechos que adquieren aquellos que pagan el
bono con respecto a mi persona e) Necesidad de la vía expedita, ya que a la fecha de iniciación del presente proceso judicial la finalización mis las tareas docentes es
administrativo y/o judicial más idóneo o con igual eficacia que el amparo para tutelar los derechos vulnerados.
X.- OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DOCUMENTALES
1º) Copia de Expediente 70.342-A09 de fecha de nueve de marzo 2009 dónde pido se me exceptúe del pago del bono 2º) Copia de Expediente 71.992-C-09 Proyecto
resolución sobre que no se exija el pago del bono de fecha de 27 de octubre de 2009 3º)Copia de Expediente 71.156-C-09 Proyecto de
eximición del pago del bono trámite, de fecha del 16 de junio de 2009 4º) Copia de Expediente 71.473-C-09 de pronto
despacho con fecha del 13 de agosto del 2009 5º) Copia de Expediente 71.171-C-09 con fecha del 19 de junio del 2209, dónde pido balance de entrada y salida en especial interés al aporte efectuado por la cooperadora en lo que concierne al bono de ingreso y bonos trámites 6º) Copia de Expediente 71.174-C-09 dónde pido estatuto de la cooperadora, autoridades, que las conforman y balance sobre lo recaudado del bono 7º) Recibo de nota por mesa de entrada de
cooperadora, firmada y sellada, de fecha del 19-06-09 dónde pido estatuto de la cooperadora, autoridades, que las conforman y balance sobre lo recaudado del bono 8º) Copia de EXPEDIENTE Nº 72.001-S-09 académica, dónde fija los días de inscripción 9º) Copia del calendario de inscripción correspondiente a expedinete de la página web dónde se detallan que los primeros días de reisncripción anual e inscripción al cursdado deben hacerse mediante código de atuogestión 10º) Copia de mi estado académico de 0013-2010 la página web de la facultad dónde certifica mi condición de alumno regular. 11º) Copia de la tirilla de inscripción a la facultad, de secretaría
12º) Copia de pago trámite de libreta universitaria y biblioteca 13º) Copia de citación en carácter de consejero.
PRUEBA FOTOGRÁFICAS
1º) Fotografía sobre la existencia del bono, publicidad oficial. 2º) Fotografías pertenecientes a la asamblea de marzo de 2009 3º) Fotografías pertenecientes a la asamblea de marzo de 2008 4º) Fotografías pertenecientes a la asamblea de marzo de 2010 5º) Fotografía del grupo social de facebook “yo no pago el bono” 3º) Fotografías de las cartelería de las agrupaciones
NOTAS DE FACEBOOK (www.facebook.com/aldeunt)
1º) Resultado de la asamblea de marzo de 2010 2º) La universidad pública no tiene precio, para lo demás existe la UNSTA 3º) Desigual régimen de inscripción – materia por materia 4º) Siete mentiras y Diez razones para no pagar el bono
1º) Contrapunto- Comunicado de Alde – Marzo de 2009 2º) Contrapunto – Estudiantes de Derecho Cortaron la calle en contra de un bono de ingreso. Marzo de 2008 3º) Tucumán hoy – ALDE se pronuncia en contra del bono voluntario en la Facultad de Derecho. Marzo de 2008 4º) Tucumán hoy – Estudiantes de Derecho de la UNT cuestionan por ilegal el pago del bono voluntario. Marzo de 2008 5º) Contrapunto – Estudiantes de Derecho cortaron la calle contra el cobro de un bono “voluntario” Marzo de 2009 6º) Contrapunto – Comunicado de Prensa de ALDE – 20 de Marzo de 2008 7º) Contrapunto – Comunicado de Prensa ALDE – 18 de Marzo de 2008 8º) La Gaceta – Alumnos de Derechos anuncian que se discrimina a quienes no pagan un bono. Marzo de 2008
PRUEBA MULTIMÉDICA – VIDEO- (para ser reproducido en pc) 1º) Video dónde el consejo se niega a tratar el tema 2º)Video reportaje sobre la asamblea 3º) Videos invitando a las asambleas.
XI.- PETITUM
1º) Se me otorgue la intervención que por ley corresponde como parte actora y con el domicilio procesal constituido.-
2º) De modo preliminar se resuelva -inaudita parte- el pedido de medida cautelar de no innovar ordenando a la demandada Facultdad de Derecho y Cs. Sociales se abstenga de requerirme como acceso a la reinscripción anual y al cursado el tipeo del código de autogestión que se obtiene mediante la compra del bono.
3º) Se corra traslado de la demanda.-
4º) Oportunamente, se haga lugar a la acción de amparo por discriminación en todas sus partes, a saber; A) Se obligue a la facultad a que no requiera como requisito a la reinscripción anual e inscripción al cursado del tipeo del código de autogestión del bono ni cualquier otra manera que implique una “discriminación de acceso al sistema”. B) Declárese inconstitucional resolución 0013-2010 en
concordancia con72.001.-s-09 C) Se exhorte a la facultad que de tome políticas
tendientes a aumentar la gratuidad y equidad de la carrera de grado. D) Se exhorte a la facultad a dar tratamiento según sus órganos de gobiernos a todos los proyectos que versen sobre el cobro del bono, gratuidad, equidad, ingreso, cooperadora, E) Cualquier otra medida que Vs. considere pertinente
5º) Se apliquen costas judiciales y honorarios profesionales a la contraria.
Juan Emilio Abraham Musi DNI Nº32.461.072
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