Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005F0214&amp;from=DE
Timestamp: 2019-05-23 15:49:17
Document Index: 299029834

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 20', 'artículo 12', 'artículo 1']

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Vista la iniciativa del Reino Unido, de la República Francesa y del Reino de Suecia (1),
El Consejo Europeo, reunido en Tampere el 15 y 16 de octubre de 1999, respaldó el principio del reconocimiento mutuo, que debería convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial tanto en materia civil como penal en la Unión.
El principio del reconocimiento mutuo debe aplicarse a las sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades judiciales y administrativas, con el fin de facilitar la aplicación de dichas sanciones en un Estado miembro distinto de aquel en que se impusieron.
El 29 de noviembre de 2000 el Consejo adoptó, de conformidad con las conclusiones de Tampere, un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio del reconocimiento mutuo de resoluciones y sentencias judiciales en materia penal (3), dando prioridad a la adopción de un instrumento para la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (medida no 18).
La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado y reflejados en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (4), en particular en su capítulo VI. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión marco podrá interpretarse en el sentido de que impide la negativa a ejecutar una resolución cuando existan razones objetivas para suponer que dicha resolución ha sido dictada con fines de persecución o sanción a una persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones.
La presente Decisión marco no impedirá a ningún Estado miembro aplicar sus normas constitucionales relativas a la garantía jurisdiccional, la libertad de asociación, libertad de prensa y libertad de expresión en los demás medios.
«resolución», una resolución firme por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria a una persona física o jurídica cuando dicha resolución emane:
de un órgano jurisdiccional del Estado de emisión respecto de una infracción penal contemplada en la legislación del Estado de emisión,
de una autoridad del Estado de emisión distinta de un órgano jurisdiccional respecto de una infracción penal contemplada en la legislación del Estado de emisión, siempre que la persona interesada tenga la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales,
de una autoridad del Estado de emisión distinta de un órgano jurisdiccional respecto de hechos punibles con arreglo al Derecho nacional del Estado de emisión por constituir infracción a normas legales, siempre que la persona afectada haya tenido la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales,
de un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales, siempre que la resolución se dicte conforme a una resolución correspondiente a lo establecido en el inciso iii),
«sanción pecuniaria», la obligación de pagar:
una cantidad de dinero en virtud de una condena por una infracción, impuesta mediante una resolución,
una compensación impuesta en la misma resolución en beneficio de las víctimas, siempre que la víctima no pueda ser parte civil en el procedimiento y el órgano jurisdiccional actúe en el ejercicio de su competencia penal,
una cantidad de dinero en costas judiciales o gastos administrativos originados por los procedimientos que conducen a la resolución,
una cantidad de dinero a un fondo público o a una organización de apoyo a las víctimas, que imponga la misma resolución.
órdenes de confiscación de instrumentos o productos del delito,
resoluciones de carácter civil derivadas de una demanda por daños y perjuicios o una restitución y que deban ejecutarse de acuerdo con el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (5);
«Estado de emisión», el Estado miembro en el que se ha dictado la resolución en el sentido de la presente Decisión marco;
«Estado de ejecución», el Estado miembro al que se ha transmitido la resolución con vistas a su ejecución.
5. Si la autoridad competente del Estado de emisión no conoce la autoridad competente del Estado de ejecución, aquélla efectuará todas las investigaciones necesarias, incluso recurriendo a los puntos de contacto de la Red Judicial Europea (6) a fin de obtener información del Estado de ejecución.
homicidio voluntario y agresión con lesiones graves,
delitos incluidos en la competencia de la Corte Penal Internacional,
apoderamiento ilícito de aeronaves y buques,
conducta contraria a la legislación de tráfico, incluidas las infracciones a la legislación sobre tiempos de conducción y de descanso y a las normas reguladoras del transporte de mercancías peligrosas,
contrabando de mercancías,
infracciones a los derechos de propiedad intelectual e industrial,
amenazas y actos de violencia contra las personas, incluida la violencia durante los acontecimientos deportivos,
infracciones establecidas por el Estado de emisión e incluidas en las obligaciones de aplicación que se derivan de los instrumentos adoptados en virtud del Tratado de la CE (TCE) o del título VI del Tratado de la UE (TUE).
se ha dictado una resolución contra la misma persona respecto de los mismos hechos en el Estado de ejecución o en un Estado distinto del de emisión y del de ejecución, y, en este último caso, que dicha resolución ha sido ejecutada;
en uno de los supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo 5, la resolución se refiere a hechos no constitutivos de infracción en virtud del Derecho del Estado de ejecución;
la ejecución de la resolución ha prescrito con arreglo a la legislación del Estado de ejecución y la resolución se refiere a hechos que son competencia de dicho Estado según su propio Derecho;
la resolución se refiere a hechos que:
el Derecho del Estado de ejecución considere cometidos en su totalidad o en parte en el territorio del Estado de ejecución o en un lugar asimilado al mismo, o
se hayan cometido fuera del territorio del Estado emisor y el Derecho del Estado de ejecución no permita la persecución por las mismas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio;
existe inmunidad con arreglo a la legislación del Estado de ejecución que impida la ejecución de la resolución;
la resolución se ha impuesto a una persona física que, debido a su edad, no habría podido ser considerada responsable penal con arreglo a la legislación del Estado de ejecución por los hechos que hayan motivado la resolución;
con arreglo al certificado previsto en el artículo 4, el interesado:
en caso de procedimiento escrito, no hubiera sido informado, en virtud de la legislación del Estado miembro de emisión, personalmente o por medio de un representante competente con arreglo a la legislación nacional, de su derecho a impugnar la resolución y de los plazos para la interposición de dicho recurso, o
no compareciera en persona, salvo si el certificado indicara:
que, de conformidad con la legislación del Estado miembro de emisión, se ha notificado el procedimiento al interesado personalmente o a través de un representante competente con arreglo a la legislación nacional, o
que el interesado ha indicado que no impugna la resolución;
la sanción pecuniaria es inferior a 70 EUR o a un importe equivalente.
de la transmisión de la resolución a la autoridad competente, con arreglo al apartado 6 del artículo 4;
de cualquier resolución de no reconocer y ejecutar una resolución, con arreglo al artículo 7 o al apartado 3 del artículo 20, junto con los motivos de la resolución;
de la no ejecución total o parcial de la resolución por los motivos mencionados en el artículo 8, en los apartados 1 y 2 del artículo 9 y en el apartado 1 del artículo 11;
de la ejecución de la resolución tan pronto como haya finalizado la ejecución;
de la aplicación de una sanción alternativa con arreglo al artículo 10.
cuando el Estado de ejecución le informe de la no ejecución total o parcial de la resolución, o del no reconocimiento o la no ejecución en el caso del artículo 7, con la excepción de la letra a) del apartado 2 del artículo 7, en el caso del apartado 1 del artículo 11 y en el caso del apartado 3 del artículo 20, o bien
cuando el Estado de emisión haya informado al Estado de ejecución de que la resolución se ha retirado del Estado de ejecución en virtud del artículo 12.
a las resoluciones mencionadas en los incisos i) y iv) de la letra a) del artículo 1, y/o
respecto a las personas jurídicas, a las resoluciones relacionadas con conductas para las que los instrumentos comunitarios dispongan la aplicación del principio de responsabilidad de las personas jurídicas.
(1) DO C 278 de 2.10.2001, p. 4.
(2) DO C 271 E de 7.11.2002, p. 423.
(4) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
(5) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2245/2004 de la Comisión (DO L 381 de 28.12.2004, p. 10).
(6) Acción Común 98/428/JAI del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre la creación de una Red Judicial Europea (DO L 191 de 7.7.1998, p. 4).
Autoridad mencionada en la letra b):
Autoridad mencionada en la letra c):
Autoridad mencionada en la letra d):
Si el motivo de transmitir la resolución al Estado de ejecución es que la persona contra la que va dirigida reside habitualmente en el Estado de ejecución, añádase la siguiente información:
Si el motivo de transmitir la resolución al Estado de ejecución es que la persona contra la que va dirigida tiene bienes en el Estado de ejecución, añádase la siguiente información:
Si el motivo de transmitir la resolución al Estado de ejecución es que la persona contra la que va dirigida obtiene ingresos en el Estado de ejecución, añádase la siguiente información:
Número de registro (si lo tiene) (1):
Si el motivo de transmitir la resolución al Estado de ejecución es que la persona jurídica contra la que va dirigida tiene bienes en el Estado de ejecución, añádase la siguiente información:
Si el motivo de transmitir la resolución al Estado de ejecución es que la persona jurídica contra la que va dirigida obtiene ingresos en el Estado de ejecución, añádase la siguiente información:
Naturaleza de la resolución de imposición de sanción pecuniaria (márquese la casilla correspondiente):
Resolución de un órgano jurisdiccional del Estado de emisión respecto de una infracción penal contemplada en la legislación del Estado de emisión.
Resolución de una autoridad del Estado de emisión, distinta de un órgano jurisdiccional, respecto de una infracción penal tipificada en la legislación del Estado de emisión. Se confirma que el interesado ha tenido la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional competente en asuntos penales.
Resolución de una autoridad del Estado de emisión, distinta de un órgano jurisdiccional, respecto de hechos punibles con arreglo al Derecho nacional del Estado de emisión por constituir infracción a normas legales. Se confirma que el interesado ha tenido la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional competente en asuntos penales.
Resolución de un órgano jurisdiccional competente en asuntos penales, en relación con una resolución contemplada en el inciso iii).
Una cantidad de dinero en virtud de una condena por una infracción, impuesta mediante una resolución.
Una compensación impuesta en la misma resolución en beneficio de las víctimas, cuando la víctima no pueda ser parte civil en el procedimiento y el órgano jurisdiccional actúe en el ejercicio de su competencia penal.
Una cantidad de dinero en concepto de costas judiciales o gastos administrativos originados por los procedimientos que conducen a la resolución.
Resumen de los hechos y descripción de las circunstancias, incluidos lugar y tiempo, en que se cometieron el delito o delitos:
Si la infracción o infracciones señaladas en el punto 2 se corresponden con una o más de las enumeradas a continuación, márquense la casilla o casillas correspondientes:
infracciones establecidas por el Estado de emisión y destinadas a dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de instrumentos adoptados en virtud del Tratado CE o del título VI del Tratado UE.
En caso de que la infracción o infracciones señaladas en el punto 2 no figuren en el punto 3, descríbanse con precisión:
Confírmese lo siguiente (márquense las casillas correspondientes):
La resolución es firme.
La autoridad que expide el certificado no tiene conocimiento de que en el Estado de ejecución se haya dictado una resolución contra la misma persona por los mismos hechos ni de que se haya ejecutado una resolución de este tipo dictada en un Estado distinto del Estado de emisión o el Estado de ejecución.
Señálese si el caso ha sido objeto de un procedimiento escrito:
Sí lo ha sido. Se confirma que, de acuerdo con la legislación del Estado de emisión, se han notificado al interesado, personalmente o a través de su representante competente con arreglo a la legislación nacional, su derecho a impugnar la resolución y los plazos para ejercer ese derecho.
Señálese si el interesado compareció personalmente en la vista:
Sí compareció.
No compareció. Se confirma:
que el interesado ha sido informado personalmente, o a través de su representante competente con arreglo a la legislación nacional, del procedimiento de conformidad con la legislación del Estado de emisión,
Pago parcial de la sanción
Indicar si el Estado de emisión permite la aplicación por el Estado de ejecución de sanciones alternativas en el caso de que no sea posible ejecutar la resolución sancionadora, ya sea total o parcialmente:
En caso afirmativo, indicar las sanciones que es posible aplicar (su naturaleza y grado máximo):
Privación de libertad. Tiempo máximo:
Servicio comunitario (o equivalente). Tiempo máximo:
Otras sanciones. Descripción:
(1) Cuando la resolución es transmitida al Estado de ejecución, porque la persona jurídica contra la que va dirigida tiene su domicilio social en dicho Estado, entonces tendrán que completarse el número de registro y el domicilio social.