Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg2795-1980.html
Timestamp: 2019-05-20 10:46:30
Document Index: 1079509

Matched Legal Cases: ['Artículo 40', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 4', 'Artículo 13', 'Artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 37']

Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de bases sobre procedimiento económico-administrativo (Vigente hasta el 01 de Julio de 2004).
Vigencia desde 19 de Enero de 1981. Esta revisión vigente desde 14 de Diciembre de 1998 hasta 01 de Julio de 2004
TITULO I. Organización
TITULO II. Conflictos jurisdiccionales
TITULO III. Interesados
TITULO IV. Actos impugnables
TITULO V. Extensión de la revisión
TITULO VI. Actuaciones
TITULO VII. Suspensión del acto impugnado
TITULO VIII. Procedimiento
TITULO IX. Recursos
L 29/1998 de 13 Jul. (jurisdicción contencioso-administrativa)
Artículo 40 redactado por la Disposición Adicional 6ª de la Ley 29/1998, 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa («B.O.E.» 14 julio).
Téngase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 8ª octava de la Ley 33/1987, 23 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 («B.O.E» 24 diciembre), todas las menciones a Tribunales Económico-Administrativos Provinciales que aparecen en el presente Real Decreto Legislativo, se entenderán referidas a los nuevos Tribunales Económico-Administrativos Regionales o Locales, según proceda.
Artículo 5 redactado por la Disposición Final 2ª de la Ley 1/1998, 26 febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes («B.O.E.» 27 febrero). Número 1 del artículo 6 redactado por la Disposición Final 2ª de la Ley 1/1998, 26 febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes («B.O.E.» 27 febrero).
L 25/1995 de 20 Jul. (modificación LGT)
Letra e) del número 1 del artículo 11 introducida por la Disposición Adicional Unica de la Ley 25/1995, 20 julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria («B.O.E.» 22 julio). Número 3 del artículo 21 introducido por la Disposición Adicional Unica de la Ley 25/1995, 20 julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria («B.O.E.» 22 julio). Artículo 22 redactado por la Disposición Adicional Unica de la Ley 25/1995, 20 julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria («B.O.E.» 22 julio). Número 3 del artículo 29 introducido por la Disposición Adicional Unica de la Ley 25/1995, 20 julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria («B.O.E.» 22 julio). Número 2 del artículo 30 redactado por la Disposición Adicional Unica de la Ley 25/1995, 20 julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria («B.O.E.» 22 julio). Letra 2.º del número 1 del artículo 4 derogada por la Disposición Derogatoria 2ª de la Ley 25/1995, 20 julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria («B.O.E.» 22 julio). Artículo 13 derogado por la Disposición Derogatoria 2ª de la Ley 25/1995, 20 julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria («B.O.E.» 22 julio).
Artículo 2 derogado por el apartado nueve de la Disposición Adicional 8ª de la Ley 33/1987, 23 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 («B.O.E.» 24 diciembre). Número 1 del artículo 6 derogado por el apartado nueve de la Disposición Adicional 8ª de la Ley 33/1987, 23 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 («B.O.E.» 24 diciembre). Números 1, 2 y 3 del artículo 8 derogados por el apartado nueve de la Disposición Adicional 8ª de la Ley 33/1987, 23 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 («B.O.E.» 24 diciembre).
20/1/1982
RD 3183/1981 de 29 Dic. (tabla de preceptos vigentes y derogados como consecuencia de la L 40/1981 de 28 Oct., sobre régimen jurídico de las Corporaciones Locales)
Tengase en cuenta, que el apartado 25 del artículo 3 del R.D. 3183/1981, 29 diciembre, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los preceptos afectados por Ley 40/1981, de 28 de octubre por la que se aprueban determinadas medidas sobre régimen jurídico de las Corporaciones Locales («B.O.E.» 31 diciembre), deroga el número 1 del artículo 37 del R.D. 2795/1980, de12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de bases sobre procedimiento económico-administrativo, en cuanto suprime el recurso de alzada en la materia a que se refiere el artículo veintiséis de la Ley cuarenta/mil novecientos ochenta y uno.
R.D. Leg. 2795/1980, 12 diciembre, derogada por la letra e) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria («B.O.E.» 18 diciembre), el 1 de julio de 2004. Téngase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 8ª octava de la Ley 33/1987, 23 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 («B.O.E» 24 diciembre), todas las menciones a Tribunales Económico-Administrativos Provinciales que aparecen en el presente Real Decreto Legislativo, se entenderán referidas a los nuevos Tribunales Económico-Administrativos Regionales o Locales, según proceda.
El artículo primero de la Ley treinta y nueve/mil novecientos ochenta, de 5 de julio, autoriza al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, a propuesta del Ministro de Hacienda, publique un Decreto legislativo con el texto articulado que estructure los Tribunales y regule el procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas de acuerdo con los criterios fijados en las bases que la propia Ley establece.
En uso de dicha autorización el presente Decreto legislativo contiene cuarenta artículos, distribuidos en un título preliminar y nueve títulos más, una disposición transitoria, que delinean el esquema orgánico y funcional del procedimiento económico-administrativo, de acuerdo con las previsiones del legislador.
El título preliminar se refiere al «Ambito de aplicación» y en él se determinan las materias en las que se podrán deducir reclamaciones económico-administrativas, para lo que, principalmente, se han tenido presente las Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria, la Ley treinta y cuatro/mil novecientos ochenta, de 21 de junio de Reforma del Procedimiento Tributario y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
El título primero, dedicado a la «Organización» regula las disposiciones generales sobre los órganos, su respectiva competencia, composición y funcionamiento. Es de subrayar que se recoge de manera expresa la importante novedad de la base segunda de la Ley treinta y nueve/mil novecientos ochenta, relativa a la posibilidad de que la composición y división en Secciones de los Tribunales Económico-Administrativos se determinen en función del número y naturaleza de las reclamaciones económico administrativas.
El título segundo, bajo la rúbrica de «Conflictos Jurisdiccionales» se refiere a los conflictos que se susciten entre los órganos económico-administrativos y los Jueces y Tribunales y los restantes órganos de la Administración, que reenvía a la legislación específica sobre la materia, y a los conflictos de atribuciones entre Tribunales Económico administrativos Provinciales.
El título tercero, con la denominación de «Interesados» contiene el precepto sobre capacidad de obrar de la Ley de Procedimiento Administrativo, con la adaptación impuesta por la modificación de la capacidad de obrar de la mujer casada; determina quiénes están legitimados para promover reclamaciones económico-administrativas, regula la representación y especifica los supuestos de intervención necesaria de Abogado, que se amplían, sobre los previstos en la normativa vigente, a los casos de recurso extraordinario de revisión y determinados recursos de alzada, por la especial índole de los mismos.
El título cuarto destinado a los «Actos impugnables», se hace eco de la situación surgida de las profundas modificaciones de nuestro sistema tributario desde la fecha del vigente Reglamento de 26 de noviembre de 1959 y, particularmente, de la reciente Reforma Fiscal y, en consecuencia, abre la posibilidad de la reclamación económico-administrativa en relación a las autoliquidaciones practicadas por los contribuyentes, los actos de repercusión tributaria y las retenciones efectuadas por el sustituto del contribuyente o por las personas obligadas por la Ley a practicar retención.
El título quinto, bajo el epígrafe de «Extensión de la revisión» recoge la regla consagrada por la legislación vigente en la materia y el título sexto, que lleva la rúbrica de «Actuaciones» recuerda la gratuidad del procedimiento, preceptúa la obligatoriedad de los términos y plazos y posibilita su prórroga cuando las circunstancias lo aconsejen y enumera los actos que deben ser motivados.
El título séptimo articula la "Suspensión del Acto impugnado", a tenor de lo establecido en la Ley de Bases sin perjuicio, en otro caso, del lógico despliegue de la ejecutoriedad del acto recurrido, con las consecuencias legales consiguientes.
El título octavo se dedica al «Procedimiento» y sigue las pautas de la Ley de Procedimiento Administrativo con las peculiaridades propias de la materia regulada. El procedimiento se acomoda a los principios de legalidad, inmediación, rapidez y economía procesal y el título contempla los actos fundamentales de iniciación, desarrollo y terminación procedimentales, con especial referencia a las prescripciones de la Ley de Bases sobre duración máxima de las reclamaciones, silencio e intereses de demora a favor del Tesoro y de los interesados.
El título noveno se refiere a los «Recursos» tanto en la vía administrativa, recursos de alzada y extraordinario de revisión, como en la esfera contencioso-administrativa, concretando los supuestos de recurso ante la Audiencia Nacional y las Audiencias Territoriales.
Finalmente, la disposición adicional establece el modo de aplicación del Decreto legislativo a los llamados territorios forales y la disposición transitoria atiende a la singularidad de la materia de contrabando.
Por todo lo cual, en virtud de lo preceptuado en la Ley treinta y nueve/mil novecientos ochenta de 5 de julio de Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo, a propuesta del Ministro de Hacienda, con aprobación de la Presidencia del Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre de 1980, dispongo:
Se publica el Decreto legislativo por el que se articula la Ley treinta y nueve/mil novecientos ochenta, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo.