Source: http://encuentrojudicial.com.ar/?p=11728
Timestamp: 2018-04-26 13:17:33
Document Index: 273967980

Matched Legal Cases: ['artículo 161', 'artículo 43', 'artículo 20', 'artículo 7', 'artículo 43', 'artículo 20', 'in fine', 'artículo 686', 'artículo 43', 'artículo 20', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 46', 'artículo 120', 'artículo 121', 'artículo 122', 'artículo 21']

Una buena: la Corte tuvo por presentada la demanda por inconstitucionalidad que interpusieron trece gremios de la CTA de los Trabajadores, la CGT y la Corriente Federal de los Trabajadores respecto de la nueva Ley de Riesgos de Trabajo y la adhesión de la Provincia a la misma.
La Corte ordenó el traslado al asesor de gobierno por quince días y pasó al Acuerdo para resolver el carácter de la acción colectiva y la cautelar presentadas.
La presentación fue firmada, entre otros, por los compañeros Hugo Yasky (CTA Nacional), Roberto Baradel (SUTEBA), Raúl Calamante y Daniel Perez Guillen (CTA Pcia. de Bs. As.), Hector Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense FGB), Juan Carlos Cuyas (Sindicato Argentino de Docentes Particulares SADOP), Walter Correa (Sindicato de Obreros Curtidores SOC), Diego Salas (Federación de la Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina FESTIQYPRA), Roberto Pianelli (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro AGTSyP), Daniel Catalano (Asociación Trabajadores del Estado Seccional Capital Federal ATE CAPITAL FEDERAL), Hugo Medina (Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos SATSAID), Silvia Cárcamo (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Lanús, ADUNLA, y Federación de Docentes Universitarios FEDUN), Verónica Bethencourt (Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU), Guillermo Parodi (Unión de Trabajadores de la Educación UTE) y Edgardo Llano (Asociación del Personal Aeronáutico APA).
La demanda es continuidad de la lucha que empezó a comienzos de 2017 cuando se conformó el Espacio Intersindical, Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores. El fin era impedir que la Legislatura provincial sancionara la adhesión a la nueva LRT que a nivel nacional se había aprobado entre diciembre de 2016 y Febrero de 2017, con algún decreto de Mauricio Macri de por medio. Luego, a mediados de Mayo la adhesión provincial a la nueva LRT por parte de la Cámara de Diputados impulsó la ampliación del espacio constituyendose así el Foro Intersectorial que estuvo integrado por el Espacio Intersindical, el Bloque de senadores del partido Frente Para la Victoria, abogados laboralistas integrantes del Foro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia , el Grupo 14 bis y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Colproba). Dicho Foro realizó charlas debates masivas en toda la provincia y logró frenar la sanción completa de la adhesión hasta fines de diciembre de 2017 en donde el senado provincial, pasando por arriba de su propio reglamento, terminó por aprobar la adhesión a la ley nacional.
Por otra parte el Espacio Intersindical, Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores fue autor de un proyecto de ley de “Promoción de la salud de los/as Trabajadores/as”, que fue presentado el día 30 de agosto de 2017 por todos los integrantes del Bloque del Frente para la Victoria del Senado , el cual se encuentra en estado parlamentario.
Aquí, nuestros links a notas anteriores sobre el tema:
Jornada de discusión provincial sobre la nueva Ley de Riesgos de Trabajo
No a la adhesión de la LRT
“Si la Provincia adhiere a la Ley de ART, va a violar su propia Constitución”
Resistencia a la nueva ley de riesgo de trabajo
A continuación les dejamos pequeños fragmentos de la demanda presentada ante la Corte, la cual consta de 146 fojas. En los mismos hay un poco de historia de fallos que han favorecido a los trabajadores y el contexto en que se sancionó la adhesión, entre otras cosas. Ilustramos la nota con fotos del día en que presentó la demanda en las escalinatas de la Corte.
PROMUEVEN DEMANDA ORIGINARIA DE INCONSTITUCIONALIDAD. ACCIÓN COLECTIVA. SE DICTE MEDIDA CAUTELAR.
Que vienen en correcto tiempo y forma, a promover acción originaria de inconstitucionalidad, instituida en el artículo 161 inc. 1º de la Constitución Provincial, y reglada en los arts. 683 y subsiguientes del CPCC; solicitando se declare la inconstitucionalidad de la Ley 14.997, publicada en el Boletín Oficial en fecha 8 de enero de 2018, en vigencia desde fecha 17 de enero de 2018, en cuanto dispone la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional 27.348 Complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, toda vez que, en los aspectos que se detallarán más adelante, vulneran claros preceptos establecidos en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, afectando los derechos de los trabajadores accidentados y enfermos de las que son representantes los sindicatos firmantes.
Que solicita se aplique al presente trámite, las regulaciones de la acción colectiva (acción de clase), ello conforme lo establece el artículo 43 de la Constitución Nacional, el artículo 20 inciso 2 de la Constitución Provincial, y el artículo 7 de la ley 13.928 con las reformas introducidas por la ley 14.192…
Que los sindicatos firmantes integran el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores.
Si bien dicho Espacio no cuenta con personería jurídica propia, conforma un espacio en común que nuclea a más de 20 sindicatos que pertenecen a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Corriente Federal.
Todos tienen un objetivo en común, que es propiciar el análisis y discusión, de la problemática de la salud laboral de los trabajadores en nuestro país, fomentando herramientas de participación activa de los trabajadores y asociaciones sindicales, para el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
En dicho marco, se consideró que la Ley Nacional 27.348 y su reciente Adhesión Provincial mediante Ley 14.997, contradicen los objetivos y fines trazados por éste Espacio, en tanto vulneran derechos humanos básicos de los trabajadores accidentados y enfermos por causas vinculadas con el trabajo, conforme más adelante se explicitará.
La legitimación activa de las organizaciones sindicales que actúan, surge del ámbito de la actuación sindical, personal y territorial de las mismas, como entidades con personería gremial o simple inscripción, reconocida por la autoridad de aplicación, sus estatutos y mandatos vigentes.
Uno de los derechos de la asociaciones sindicales consiste en defender ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivo de los trabajadores (art. 23 inc. a) de la ley 23.551).
Esta legitimación de la actuación sindical, fue ampliada luego de la reforma introducida en la Constitución Nacional en el artículo 43, y en la Constitución Provincial en el artículo 20 inciso 2, en el año 1994, cuando establece expresamente que están legitimadas “las asociaciones que propendan a esos fines”, siendo evidentemente un fin sindical, la defensa de los derechos de los trabajadores…
…Esta SCBA ha señalado que “… cuando se halla comprometida la defensa de los bienes de interés público v.gr. los derechos de incidencia colectiva (…) la legitimación ofrece mayor amplitud sin llegar a derivarse de ello la adjudicación a cualquier persona de la aptitud para demandar, ni entronizar, en todas las materias, la vigencia de la acción popular (…)” (SCBA I- 73.296, 13/8/2014 “Comisión Provincial por la Memoria”
Ha reconocido esta SCBA la legitimación para accionar por cuestiones que si bien no las perjudica en forma directa, pero la afección atañe a sus miembros y a los fines encomendados, a las asociaciones estatutariamente afectadas a la defensa de los intereses en juego (ver SCBA B 66.095 “Cámara Argentina de Salas de Bingo” 7/03/2007).
En este caso, los sindicatos presentantes actúan en defensa de los derechos subjetivos lesionados y en tutela de los intereses colectivos, de las organizaciones gremiales y de los trabajadores que representan.
La personería gremial de la que goza la mayoría de las entidades sindicales firmantes les confiere, de conformidad con lo dispuesto por el art. 31 inc. a) Ley 23.551, el derecho exclusivo de “…defender y representar ante el Estado (…) los intereses (…) colectivos de los trabajadores…”; y su inc. c) el de “…intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral…”. Tal carácter confiere legitimación activa para interponer la presente acción.
La ley que motiva la acción que proponemos, afectan al colectivo de los trabajadores que son representados. Ello por cuanto la lesión a la seguridad jurídica y a la certidumbre de sus derechos que provoca la situación que impugnamos no se limitan a los trabajadores que están en actividad actualmente, sino que proyecta idénticos efectos a todos los trabajadores -actuales, futuros y potenciales- comprendidos en el ámbito de representación de los sindicatos, y a sus respectivas familias (derecho habientes).
Los actores son entidad sindical, que se encuentran legitimadas activamente para promover la presente demanda (conf. arts. 31 inc. a., ley 23.551 y 43 Constitución Nacional).
En esta directriz destacamos el reconocimiento de la facultad de las entidades sindicales para defender los intereses individuales y colectivos frente al Estado Provincial, conforme jurisprudencia en autos caratulados: “A.T.E. y otros c/Estado Nacional s/Acción de Amparo” Sent.: 88.466 del 15.09.00 CNAT, Sala II; idem.”Asociación Bancaria c/Estado Nacional s/acción de amparo; Sent.:30.06.00 Sala V; ídem misma Sala; autos “S.A.D.O.P. c/Estado Nacional s/acción de amparo” de fecha 14.03.00; Dictamen PGT N° 29.784 del 29.06.00.
La legitimación activa de las organizaciones sindicales ha sido ampliamente aceptada en acciones colectivas por la SCBA en los autos B.64.621 “Unión Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.) contra Provincia de Buenos Aires sobre Amparo”.
La SCBA ha reconocido legitimación activa a las organizaciones sindicales, cuando estableció que corresponde reconocer legitimación colectiva a las asociaciones sindicales inscriptas para la tutela de los intereses laborales de los empleados nucleados en su ámbito (ver SCBA B-62.986 “Quintana, Teodoro Carlos – Sec. Gral. UPCN” 5/12/2001).
Se admitió también la legitimación activa de una asociación sindical, actuando en la defensa de derechos difusos, en el puntual caso, aumento de tarifas, en los autos “CENTRAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS Y OTROS c/ EDELAP Y OTROS s/ ACCIÓN DE AMPARO” SCBA (Q-74600)…
…El carácter de asociación sindical delimita el objeto de actuación: “la defensa de los intereses de los trabajadores” (art. 2° Ley 23.551), encontrándose normativamente dispuesto el alcance de la expresión intereses de los trabajadores como “todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo” (art. 3° Ley 23.551).
A su vez, el objeto mencionado habilita la adopción de las medidas dirigidas a su concreción, cuya finalidad es “…remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador.” (art. 3° in fine Ley 23.551).
Que en tal sentido, y como se explicará a lo largo de la presente demanda, la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 27.348 le causa un indudable gravamen, afectando los derechos de los trabajadores afiliados.
Que desde dicha perspectiva esta parte se encuentra legitimada para actuar procesalmente impetrando la inconstitucionalidad de la norma que agravia sus derechos y los de sus representados.
Que en tal sentido tiene legitimación para interponer la presente acción declarativa de inconstitucionalidad.
Algunas de las asociaciones demandantes, tienen ámbito de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero muchos de sus afiliados se domicilian en la Provincia de Buenos Aires, con lo cual y ante la nueva reforma impuesta que modificaría las reglas de la competencia, siendo uno de los motivos de atribución de la misma, el domicilio del demandante (art. 1 Ley 27.348).
Que, además, siendo que los derechos que acá se representan tienen comunidad con los de todos los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires (que padezcan una enfermedad provocada por el trabajo o se hayan accidentado en él o in itinere y necesiten recurrir a la justicia del trabajo para que se le reconozcan sus derechos), determina que nos encontremos frente a un caso de intereses individuales homogéneos, por lo que se encuentra legitimada para reclamar que a la presente acción se le otorgue el carácter de acción colectiva o de clase. Sobre éste punto ahondaremos adelante.
Que la declaración de inconstitucionalidad que se persigue, es por la sanción de la Ley 14.997 por parte del Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, que consistió en haber aceptado la invitación a adherir a la Ley nacional 27.348 Complementaria de los Riesgos del Trabajo; con lo cual y conforme lo establece el artículo 686 CPCC, el legitimado pasivo es el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, debiéndose correr traslado de la presente acción al Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por el término de quince días, con domicilio en calle 9 nº 1.177 de La Plata.
IV. TRÁMITACIÓN COMO PROCESO COLECTIVO:
Que solicita se aplique al presente trámite, las regulaciones de la acción colectiva (acción de clase), ello conforme lo establece el artículo 43 de la Constitución Nacional, el artículo 20 inciso 2 de la Constitución Provincial, y el artículo 7 de la ley 13.928 con las reformas introducidas por la ley 14.192, ello en tanto la protección judicial efectiva y legitimación grupal, no se reducen a la acción de amparo y pueden ser válidamente invocadas y aplicadas en otros procesos, como la acción originaria de inconstitucionalidad (ver CSJN Considerando 19 de “Halabi”, y el mismo sentido SCBA C-91.576, 26/03/2014 “López, Rodolfo”)…
…b) INTEGRACIÓN DE LA CLASE AFECTADA. En tal sentido, los afectados directos, son todos los trabajadores domiciliados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, cuya representación invocan los sindicatos firmantes, que desde la entrada en vigencia de la Ley 14.997 se van a ver impedidos del acceso continuo e irrestricto al Fuero Laboral, teniendo que pasar previamente por organismos administrativos federales…
VIII. PREVIAS CONSIDERACIONES DEL CONTEXTO FÁCTICO EN QUE SE DICTÓ LA NORMA IMPUGNADA. AUSENCIA DE DEBATE EN COMISIÓN:
La Ley Nacional 27.348 Complementaria de los Riesgos del Trabajo, fue un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, ingresando a la Cámara Alta, siendo aprobado con media sanción en sesiones extraordinarias el día 21 de diciembre de 2016.
Cuando el Proyecto se encontraba aún con trámite parlamentario, con media sanción y ya había sido girado a la Cámara de Diputados; el Ejecutivo Nacional, dictó el DNU 54/2017 (BO 23/01/2017), demostrando un nuevo desapego a las instituciones democráticas, en tanto el parlamento se encontraba en receso, no fue convocado a sesiones extraordinarias, atribuyéndose el Ejecutivo inexplicablemente, facultades legislativas y argumentando necesidad y urgencia en la reforma de una ley que ya llevaba más de 20 años de vigencia en el país.
Finalmente, la Cámara Baja, el día 15 de febrero de 2017, dio su aprobación a la ley 27.348, por la cual en su artículo 4º, se invitaba a las provincias a adherir, importando dicha adhesión “la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° del presente y en el apartado 1 del artículo 46 de la ley 24.557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los Estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria.”
Así, la legislatura provincial, dio media sanción al proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 27.348 (Proyecto Nº D-329-17/18 del Diputado Julio Rubén Ledesma) en el pasado mes de mayo de 2017, sobre tablas y sin haber estado contemplada para su tratamiento, en forma previa, en el orden del día. Que ello significa que se le dio media sanción al proyecto sin haber pasado por comisión y sin discusión alguna.
Esta situación puso en alerta a varios sectores de abogados, sindicales y que presentan particular interés en el debate de la salud laboral y condiciones de trabajo en nuestro país.
En lo que respecta a la Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo, y a su adhesión provincial que aquí se cuestiona por inconstitucional; el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, se manifestó públicamente en oposición a las mismas, entre otras cuestiones, porque vulnera los derechos de los trabajadores accidentados y enfermos por causas laborales, no aborda el verdadero debate y problemática de la salud laboral en nuestro país, y sólo tiene como único objetivo, legislar sobre un viejo anhelo de las ARTs, que es reducir la litigiosidad sin analizar sus verdaderas causas, con el único objetivo de maximizar sus márgenes de ganancia.
Como estrategia de oposición a la adhesión provincial, una vez conocida la media sanción en mayo de 2017, se conformó un Foro Intersectorial que estuvo integrado por el Espacio Intersindical, Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, Bloque de senadores del partido Frente Para la Victoria, abogados laboralistas integrantes del Foro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia , el Grupo 14 bis, y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Colproba).
En dicho ámbito se expresó una clara oposición y crítica al proyecto de adhesión, realizándose foros de debates, producción de investigaciones y denuncia pública del perjuicio que traería para los trabajadores de la provincia la adhesión a la Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo.
También, y en el marco de la oposición a la adhesión, el Espacio Intersindical, Salud Trabajo y Participación de los Trabajadores, fue autor de un proyecto de ley de “Promoción de la salud de los/as Trabajadores/as”, que fue presentado por todos los integrantes del Bloque del Frente para la Victoria del Senado, el día 30 de agosto de 2017, el que actualmente se encuentra en estado parlamentario E-301/1718; por el cual se intenta un abordaje más integral de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores en la Provincia de Buenos Aires.
A pesar de no haber conseguido dictamen de Comisión, ni haberse podido tratar en sesiones ordinarias del año 2017, el proyecto de ley de adhesión obtuvo la media sanción que le faltaba, el día 14 de diciembre (de 2017), en una sesión especial, que fue realizada no sin graves denuncias de anomalías y de violación al trámite parlamentario.
Decimos esto, porque el proyecto, a pesar de ser una iniciativa del partido Frente Renovador, manifestó gran interés público su aprobación la Gobernadora María Eugenia Vidal y el partido de gobierno, solicitando incluso su tratamiento exprés, con lo cual y al no haber podido reunir el quórum de las comisiones, el Bloque Cambiemos solicitó su tratamiento directo en sesión especial sin debate en comisión ni seguirse la ruta legislativa.
Un proyecto de tal envergadura, con un impacto tan evidente sobre la vida y salud de los trabajadores bonaerenses que sufren accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, debe cumplir mínimamente con el estudio y debate que aseguren su pertinencia, siendo el único instrumento para ello, convocar a las comisiones.
Las sesiones especiales se encuentran reguladas en el Reglamento Interno de la Cámara en los artículos 120, 121 y 122.
El artículo 120 establece que son sesiones especiales las que el Senado puede celebrar para el tratamiento de algún asunto que por su índole requiera exclusividad, lo que llamó la atención, porque el proyecto no había sido iniciado con la referida exclusividad de las sesiones especiales, sino que se recurrió a ellas, por decisión del oficialismo, al no poder conseguir los dictámenes en comisión, y eludiendo todo debate legislativo.
A su vez el artículo 121 establece claramente que la petición de la sesión especial, debe consignar el asunto u objeto de la sesión, esto fue omitido en el trámite parlamentario, porque al momento de convocarse a la sesión del día 14 de diciembre de 2017, no se consignó en la petición que en dicha sesión especial se trataría la adhesión a la ley de riesgos del trabajo.
Por si esto fuera poco, el artículo 122 establece claramente que el trámite de la sesión especial, se sujetará a las disposiciones generales de ordenamiento de la sesión. Esto tampoco fue cumplido, porque el proyecto de ley de adhesión, no tuvo ruta cumplida, es decir no podía ser parte del orden del día de la sesión especial, y sólo debió haber sido tratado sobre tablas, o por moción de preferencia, requiriendo en todos los casos los dos tercios para su aprobación de votos del recinto. El reglamento es absolutamente claro al respecto.
El día 14 de diciembre de 2017, finalmente se le dio la sanción a la ley de adhesión, pero sin conseguirse los dos tercios de votos para su aprobación, lo que provocó fuertes denuncias y abandonos de las bancas de todo el arco opositor (Partido Justicialista), al haberse aprobado una ley en violación al Reglamento de la Cámara, atentando contra el procedimiento democrático de selección de proyectos, con gravedad institucional.
Pero, más allá de los avatares parlamentarios, es de señalar que la adhesión de la Provincia a la ley 27.348 implica, conforme el texto legal “la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 1, 2 y 3 del presente y en el apart. 1 del art. 46 de la Ley 24.557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los Estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria”.
A pesar de las trascendentes consecuencias prácticas que una adhesión de tal magnitud significa para la estructura constitucional de la Provincia y de la Nación misma, no se advierte que el proyecto sancionado las haya considerado siquiera mínimamente.
En él se señala, por ejemplo, “que de la doctrina del fallo ‘Castillo’ y similares se desprende que las falencias de la ley (refiere a la ley 24.557) en este aspecto están centradas en que, además de no contener una clara y justificada definición de la naturaleza federal del Sistema de Riesgos del Trabajo, tampoco contó con la indispensable adhesión de las provincias, cediendo competencias necesarias a tal finalidad”.
También sostiene el proyecto en su Exposición de Motivos “Que para revertir esta situación se estima necesario que se cumpla, precisamente con la doctrina del fallo ‘Castillo’, lo que habrá de concretarse una vez que las provincias que así lo decidan hayan encomendado a la Nación, mediante su expresa adhesión al sistema y delegando las competencias necesaria para asegurarlo, la intervención obligatoria y exclusiva de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, previstas en el artículo 21 de la ley 24.557 y sus modificatorias y el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central”.
Como se advierte, está más que claro que ninguna inquietud tuvo el legislador y el Legislativo en general respecto de las implicancias constitucionales que tenía, necesariamente, la delegación de facultades propias de los poderes constitucionales de la Provincia a un organismo federal.
En definitiva la ley sancionada se limita a disponer en su único artículo “La Provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional Nº 27.348, publicada en el Boletín Oficial del viernes 24 de febrero de 2017, denominada Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (24.557) y sus modificaciones”.
Esta norma de carácter general, colisiona gravemente con cláusulas constitucionales, afectando derechos a los trabajadores accidentados o enfermos por causas relacionadas con el trabajo.