Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20181017s00365231794.html
Timestamp: 2019-02-18 10:32:20
Document Index: 400276178

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 97', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 412', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 97', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 79', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 44']

36ª Sesión Ordinaria del 17 de octubre de 2018
N.º 36 - TOMO 587 - 17 DE OCTUBRE DE 2018
36.ª SESIÓN ORDINARIA
ACTÚAN EN SECRETARÍA: EL TITULAR HEBERT PAGUAS Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE
4)	Inasistencias anteriores
5), 9), 18) y 20) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Mieres, Xavier, Payssé, Delgado, Larrañaga y Otheguy.
–	Quedan convocados los señores senadores Ramos, Pardiñas, Gomori, Draper, Lafluf, Lústemberg y Aristimuño.
6)	Trabajadores de la empresa Loryser S. A
–	Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, hasta el 31 de diciembre de 2019, el subsidio por desempleo de sus trabajadores.
7)	Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos
8), 10) y 12) Promoción del trabajo de personas con discapacidad
–	Proyecto de ley por el que se establece su ámbito de aplicación.
•	Aprobado. Se comunicará urgente a la Cámara de Representantes.
11)	Prórroga de la hora de finalización de la sesión
13)	Actividad agropecuaria nacional
–	Proyecto de ley por el que se promueven medidas de apoyo a ciertos sectores.
14)	Luminarias led para alumbrado público
–	Proyecto de ley por el que se otorgan beneficios tributarios a la producción nacional.
15)	Reconocimiento y protección al apátrida
–	Proyecto de ley por el que se establecen normas.
16)	Protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel primario/fundamental/básico y medio/secundario entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados
17)	Señores Omar Mesa González y Aníbal Cabral Segalerba. Designación como embajadores
–	Solicitudes de acuerdo del Poder Ejecutivo para designarlos en calidad de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la república ante los Gobiernos de Rumania y de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.
19) Desarrollo con equidad de género
–	Proyecto de ley por el que se establecen normas para su promoción.
21) Levantamiento de la sesión
«Montevideo, 16 de octubre de 2018
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 17 de octubre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, hasta el 31 de diciembre de 2019, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la empresa Loryser S. A.;
Carp. n.º 1190/2018 - rep. n.º 728/18
2.º) por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, hasta el 31 de diciembre de 2019, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos;
Carp. n.º 1189/2018 - rep. n.º 729/18
3.º) por el que se promueve el trabajo para personas con discapacidad;
Carp. n.º 1084/2018 - rep. n.º 730/18 y anexo I
4.º) por el que se aprueban medidas de apoyo a ciertos sectores de la actividad agropecuaria nacional;
Carp. n.º 1178/2018 - rep. n.º 736/18
5.º) por el que se otorgan beneficios tributarios a la producción nacional de luminarias led para alumbrado público;
Carp. n.º 1196/2018 - rep. n.º 737/18
6.º) por el que se establecen normas para el reconocimiento y protección al apátrida;
Carp. n.º 1160/2018 - rep. n.º 734/18
7.º) por el que se aprueba el Protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel primario/fundamental/básico y medio/secundario entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados, suscrito en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010.
Carp. n.º 1114/2018 - rep. n.º 731/18
8.º) Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:
– en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Rumania, al señor Omar Mesa González;
Carp. n.º 1171/18 - rep. n.º 732/18
– en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, al señor Aníbal Cabral Segalerba.
Carp. n.º 1180/2018 - rep. n.º 733/18
9.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se establecen normas para la promoción del desarrollo con equidad de género.
Carp. n.º 1159/2018 - rep. n.º 735/18 y anexo I
Silvana Charlone Prosecretaria - Hebert Paguas Secretario».
ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Berterreche, Bianchi, Bordaberry, Carrera, Castaingdebat, Castillo, Coutinho, De León, Delgado, Ferreira, García (Graciela), Garín, Iturralde, Larrañaga, López Villalba, Michelini, Moreira, Otheguy, Payssé, Pintado, Ramos, Reyes, Saravia, Silveira, Tourné y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Besozzi, Camy, Cardoso, García (Javier), Heber, Lacalle Pou, Martínez Huelmo, Mieres, Passada, y, a partir de las 13:45, el señor senador Otheghy; y, con aviso, el señor senador Aristimuño.
(Son las 09:36).
SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se designa Doctor Samuel Bertón el nuevo hospital departamental, en construcción, de la ciudad de Colonia del Sacramento, departamento de Colonia;
•	por el que se modifican normas del proceso de resolución bancaria;
•	por el que se dictan normas para la designación y funcionamiento de los Centros o Servicios de Referencia en Salud que garanticen la equidad en el acceso a la atención de calidad de patologías complejas;
•	por el que se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 12 de diciembre de 2016.
La Cámara de Representantes remite nota por la cual comunica una fe de erratas al proyecto de ley aprobado por dicho Cuerpo, por el que se establece y regula un Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.
La Suprema Corte de Justicia remite un mensaje, en el marco de la solicitud de venia remitida para la designación en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones a la doctora Mónica Mariella Bórtoli Porro, en respuesta a lo solicitado oportunamente por la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores.
–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS».
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- En la sesión ordinaria del 16 de octubre no se registraron inasistencias.
5) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 17 de octubre de 2018
Por la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004 –por razones particulares–, para el día de la fecha.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Pablo Mieres. Senador».
–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Se comunica que el señor Iván Posada ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Conrado Ramos, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 16 de octubre de 2018
Sra. Lucía Topolansky
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia del 22 al 24 de octubre, al amparo del literal D) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004.
Motiva la solicitud la invitación recibida del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de la Asociación Canadiense de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo (CAPPD) y del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo (GPI), a la Séptima Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del Programa de Acción de la CIPD (IPCI/CIPD), que tendrá lugar en Ottawa, Canadá, los días 22 y 23 de octubre de 2018.
Se adjunta invitación.
Mónica Xavier. Senadora».
Se comunica que los señores Daniel Olesker, Julio Bango y Viviana Piñeiro han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Yerú Pardiñas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, inciso D), de setiembre de 2004.
Los días en que haré uso de la misma serán el 24, el 25 y el 26 de octubre, y el motivo es asistir a la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, que se realizará en Panamá los días 25 y 26 de octubre de 2018.
Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.
Daniela Payssé. Senadora».
–17 en 19. Afirmativa.
Se comunica que el señor Miguel Vasallo ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Eva Gomori, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
6) TRABAJADORES DE LA EMPRESA LORYSER S. A.
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, hasta el 31 de diciembre de 2019, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la empresa Loryser S. A. (Carp. n.º 1190/2018 - rep. n.º 728/18)».
SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: este, efectivamente, es uno de los proyectos de ley enviados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al Senado que analizamos en la última sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. En el caso de esta iniciativa, relacionada con la empresa Loryser S. A., estamos hablando de una plantilla total de trescientos veinte trabajadores que están pasando por una situación laboral complicada en Minas de Corrales. Ante la finalización de una de las etapas de envío al seguro de paro se presentó un proyecto de ley especial. Aproximadamente ochenta trabajadores están en uso de la prórroga, al amparo del artículo 10 de la Ley n.º 15180; otros trabajadores todavía están con el seguro de paro común, y hay una porción muy minoritaria que todavía no ha accedido a él.
Dimos la información sobre la cantidad de trabajadores, el período de tiempo y los costos, porque normalmente es lo que solicitan saber los señores senadores. También queríamos señalar que, por lo que sabemos, de estos ochenta trabajadores hay varios a los que les queda un saldo de prórroga del seguro de paro. Se estima que el subsidio es del orden de los $ 39.000 –es la cifra promedio del bimestre anterior–, por lo que esta iniciativa tendría un costo aproximado de $ 3:000.000 mensuales, por no más de un año.
Resumiendo: aproximadamente ochenta trabajadores quedarán amparados por este proyecto de ley que envió el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que estaríamos aprobando, y el costo sería del orden de los $ 3:000.000, según la información de que disponemos.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: soy oriundo de Minas de Corrales y tengo familiares que están en esta situación. Comunico esto al Cuerpo y pido la autorización correspondiente, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 97 del Reglamento del Senado.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se autorice al señor senador a permanecer en sala.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la autorización para que el señor senador Carrera permanezca en sala.
–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2019 como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de Loryser S.A. en los términos y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión».
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 6º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley Nº 18.399, de 24 de octubre de 2008).
La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio, en todos los casos».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, hasta el 31 de diciembre de 2019, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos. (Carp. n.º 1189/2018 - rep. n.º 729/18)».
SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: los trabajadores y las trabajadoras de cerámicas Olmos –de Empalme Olmos, precisamente– continúan con las dificultades que arrastran desde hace algún tiempo. La plantilla, que en la oportunidad anterior en que consideramos este tema oscilaba en los ciento veinte trabajadores y trabajadoras, hoy es de noventa y tres, algunos de los cuales están sin cobertura desde el mes pasado. De aprobarse este proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo, estaríamos facultando a que se les dé cobertura durante diecisiete meses: desde agosto de 2018 a diciembre de 2019, con un costo mensual de $ 1:700.000, ya que el subsidio que cobran los trabajadores de esta cooperativa es de $ 17.000 por mes, en promedio.
Por estas razonas y por la situación que están atravesando las familias de la Cooperativa de Trabajadores de Cerámicos Olmos, solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.
–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2019 como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos en los términos y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión».
8) PROMOCIÓN DEL TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se promueve el trabajo para personas con discapacidad. (Carp. n.º 1084/2018 - rep. n.º 730/18 y anexo I)».
SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores me ha conferido la responsabilidad de informar al Cuerpo respecto del proyecto de ley que fuera remitido por el Poder Ejecutivo con mensaje de fecha 7 de mayo de 2018. En consecuencia, a partir de este momento se somete a la consideración del pleno de esta cámara el proyecto de ley referido a la promoción del trabajo para personas con discapacidad.
Es preciso hacer notar que antes de votar, al final del debate, vamos a incorporar algunas modificaciones. Vamos a proponer algunos textos sustitutivos, con los que pretendemos mejorar la redacción sugerida. Además, como hay algunos señores senadores que integran la comisión a los que les hicimos llegar recién en la tarde de la jornada de ayer algunas de las propuestas, nos parece importante tener el gesto de darles el tiempo suficiente para acordar y tomar una decisión con todos los elementos arriba de la mesa. Por tanto, es factible que antes de pasar a votar, solicitemos un breve cuarto intermedio.
Quiero hacer una segunda anotación ante el temor de olvidar hacerla al final de la argumentación. Saludo el trabajo con el que los funcionarios han preparado el Palacio Legislativo y todo su entorno para el debate de la jornada de hoy, poniendo a disposición pantallas, diversos servicios, intérpretes de lengua de señas, y previendo la accesibilidad a los distintos ámbitos, para que las personas que así lo requieren por su discapacidad también puedan participar del debate. Nos parece oportuno saludar esta labor.
A modo de introducción, corresponde efectuar un breve repaso de la conducta asumida por el Estado uruguayo, desde el punto de vista normativo, ante la problemática de la discapacidad. En tal sentido, debemos señalar que Uruguay ha aprobado normas nacionales e internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidades, tendientes a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, sin distinción.
Para comenzar, podemos destacar la ratificación de la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, a través de la Ley n.º 17330, de 9 de mayo de 2001.
Posteriormente, el Estado uruguayo ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de la promulgación de la Ley n.º 18418, de 4 de diciembre de 2008. En agosto de 2011, por la Ley n.º 18776 se aprobó la adhesión al protocolo facultativo de esta convención. La ratificación de la convención –junto a otras medidas– ha permitido dar mayor visibilidad en Uruguay a una temática históricamente postergada en el país.
Por su parte, la Ley n.º 18651, de 19 de febrero de 2010, constituye un nuevo paso hacia el establecimiento de un sistema de protección integral de las personas con discapacidad, asegurando su atención médica; su educación; su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional; y su cobertura de seguridad social, así como el otorgamiento de los beneficios, las prestaciones y los estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca.
Finalmente, en materia laboral, el Convenio Internacional n.º 159 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1983, relativo a la readaptación profesional y al empleo para personas inválidas, fue ratificado por la Ley n.º 15878, de 12 de agosto de 1987.
En términos estrictamente políticos, cabe destacar que el Frente Amplio ha abordado la cuestión de la discapacidad a todo nivel, tanto mediante sus bases programáticas como a través de distintas políticas públicas ejecutadas desde 2004 a la fecha en el marco de una política transversal para la igualdad.
Precisamente en cumplimiento de ese mandato, comprometido ante la ciudadanía por el Gobierno, estamos hoy aquí sometiendo a consideración del Cuerpo el proyecto de ley que consagra la inserción de personas con discapacidad en el ámbito laboral.
La inserción de personas en situación de discapacidad en el mundo del trabajo es uno de los objetivos que impulsa la OIT. Con base en estudios elaborados por la propia organización, las personas con discapacidad tienen un bajo índice de participación en ámbitos tales como los relacionados con el empleo, la educación y la salud. En los pocos casos en que efectivamente logran acceder a un puesto de trabajo, resulta una fuerza laboral reducida, lo que pone de manifiesto índices de pobreza más elevados que el resto de la población.
Paso a leer textualmente parte del mensaje de Juan Somavia, director general de la OIT, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre de 2011: «Según las estimaciones mundiales más recientes, el número de personas con discapacidad es más elevado de lo que se había supuesto anteriormente, ya que se eleva a alrededor de mil millones de personas, o un 15 por ciento de la población mundial» –que en el caso de Uruguay es el 15,9 %–; «estas personas constituyen así la minoría más grande del planeta. En la vida cotidiana de las personas con discapacidad, la estigmatización, la discriminación y la falta de cuidados suelen implicar que estas tengan más problemas de salud, un nivel de educación más bajo, unas tasas de participación en el empleo y en la fuerza de trabajo más reducidas y unos índices de pobreza más elevados que los del resto de la población.
Estos datos concretos, junto con los estudios de la OIT que demuestran que la exclusión laboral de las personas con discapacidad redunda en pérdidas económicas de hasta el 7 por ciento del PIB, deberían suscitar amplias iniciativas destinadas a asegurar que las personas con discapacidad se incorporen de forma activa a los procesos de desarrollo de los que todos nos beneficiamos».
En Uruguay, señora presidenta, las personas con discapacidad alcanzan aproximadamente el 15,9 % –como ya dijimos–, siendo su tasa de desocupación elevada y estimada en un 80 %, según surge del informe elaborado por la Comisión de Legislación del Trabajo y los datos del último censo de población.
En relación con el sector público, la Ley n.º 18651, de Protección Integral de Personas con Discapacidad, de 19 de febrero de 2010, consagró la obligación de los entes estatales de ocupar en una proporción no menor al 4 % de sus vacantes a personas en situación de discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el ejercicio de los cargos.
Buscando extender al ámbito privado la estrategia de fomentar el empleo de personas con discapacidad, el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de ley que, con las modificaciones establecidas en el seno de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, se somete a consideración de este Cuerpo.
Como se ha señalado oportunamente, el proyecto refiere a la promoción, a las condiciones y los estímulos para la inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector privado.
La iniciativa a consideración del pleno de la cámara plantea que los empleadores de la actividad privada que cuenten con veinticinco o más trabajadores permanentes incorporen de modo obligatorio a personas con discapacidad. Las empresas en cuestión –según datos que recogimos del registro del Banco de Previsión Social– son alrededor de 5411 y cuentan con 359.186 trabajadores en su plantilla formal actual.
A todos los efectos, la iniciativa incorpora en el artículo 2.º y a texto expreso el reconocimiento de que las personas con discapacidad empleadas de conformidad con lo dispuesto en el proyecto de ley gozan de todos los derechos y las obligaciones previstos por la normativa laboral.
Desde el punto de vista sancionatorio, cabe señalar que aquellos empleadores que incumplan con las disposiciones de la presente ley, serán pasibles de las sanciones previstas ya en los artículos 289 de la Ley n.º 15903, de 10 de noviembre de 1987, y en el artículo 412 de la Ley n.º 16736, de 5 de enero de 1996.
No obstante, atendiendo a aquellas situaciones en las que los empleadores no pudieren cumplir con lo dispuesto en la ley, se consagra un plazo no superior a los doce meses a fin de que informen a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social con respecto a las medidas que se proponen llevar a cabo con el fin de dar cumplimiento a las condiciones de accesibilidad. Vencido dicho plazo y constatado el incumplimiento, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social procederá de conformidad con lo dispuesto en el Decreto n.º 186/2004.
Asimismo, por primera vez se incorporan dos conceptos novedosos en materia laboral en lo que tiene que ver con la viabilidad de la inserción de las personas con discapacidad. Nos referimos concretamente a las definiciones de «empleo con apoyo» y de la figura del operador laboral. La primera se define como la metodología dirigida a la prestación de apoyos a las personas con discapacidad para asegurar y mantener un empleo en el mercado laboral. En caso de que el trabajador con discapacidad requiera apoyo para el cumplimiento de las obligaciones laborales, la norma prevé la figura del técnico en empleo con apoyo, y establece que a este le compete preparar al trabajador con discapacidad para que desempeñe su tarea con efectividad, asesorar en materia de accesibilidad y brindar preparación previa al equipo de trabajo, así como detectar apoyos naturales que faciliten el desempeño del trabajador hasta tanto pueda trabajar en forma independiente.
En materia de accesibilidad, la iniciativa prevé que el empleador deberá generar las condiciones adecuadas de accesibilidad en el puesto de trabajo, ejecutando las adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones del trabajador.
Por otra parte, se prevé que las personas que presenten discapacidad y quieran acogerse a los beneficios previstos en la ley, se inscriban en el registro de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.
En lo atinente al régimen de despido, si bien se recogen los principios generales relativos a dicho instituto, se prevé que el empleador deberá, dentro del término de tres meses a contar desde dicho despido, contratar a otra persona con discapacidad en sustitución del empleado cesado, en las condiciones previstas en el inciso primero del artículo 1.º del proyecto de ley, salvo en aquellos casos en los que el despido hubiere obedecido a la supresión del puesto de trabajo por reestructuras de la empresa.
Por su parte, el artículo 10 consagra una licencia extraordinaria sin goce de sueldo para los trabajadores comprendidos en esta ley. Dicha licencia se establece por un período de hasta tres meses continuos o discontinuos al año, adicional al período de la licencia anual y a la licencia por enfermedad que le correspondiere, siempre que el motivo esté directamente relacionado con su discapacidad. Para acceder a los beneficios e incentivos que habilita la ley, los empleadores deberán inscribirse en el registro que funcionará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a estos efectos.
En materia de aportes a la seguridad social, el proyecto establece un régimen especial en relación con los aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión Social, correspondientes a las personas con discapacidad. En tal sentido y con la misma lógica gradual que inspira la aplicación de esta ley, el primer año aportarán el 25 %, llegando al 100 % recién al tercer año de estar contratado dicho trabajador.
A su vez, se destacan otros incentivos en la consideración de este proyecto, como por ejemplo los beneficios por la realización de obras de accesibilidad o adaptación de los lugares de trabajo, la facultad conferida al Poder Ejecutivo para establecer incentivos y beneficios para las empresas que contraten producción derivada de los talleres de producción protegida o cooperativas sociales integradas por personas con discapacidad.
A fin de garantizar un adecuado cumplimiento de la ley, se crea la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, que funcionará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y será la responsable de realizar el seguimiento y proponer medidas para la aplicación de la presente ley. Dicha comisión constará de siete integrantes: un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; uno del Ministerio de Desarrollo Social, que lo presidirá conjuntamente con el anterior –sin perjuicio de contar cada uno con un voto–; un representante del Ministerio de Salud Pública; uno del Banco de Previsión Social; uno del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores –PIT-CNT–; uno de las cámaras empresariales y uno de las organizaciones de la sociedad civil del área de las personas con discapacidad.
En síntesis, señora presidenta, estamos ante un proyecto que, de aprobarse, no va a resolver todos los problemas ni terminará con algunas cosas injustas para las personas con discapacidad, pero continúa en la línea y el objetivo de construir una sociedad más justa, con más valores y oportunidades de inclusión. Como decíamos, la idea es construir una sociedad más justa para el conjunto de los compatriotas.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: antes de hacer uso de la palabra para referirme a la posición que el Partido Nacional adoptó en la comisión y que va a tomar en el plenario en relación con este tema tan complejo y tan sensible, como recién pudimos acceder a algunas de las modificaciones propuestas en el día de ayer a última hora –lo hablábamos con el señor senador Castillo que preside la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social–, para poder evaluarlas y hablar sobre la totalidad del proyecto –el actual y el que quieren modificar–, vamos a pedir un cuarto intermedio de quince minutos.
El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.
(Así se hace. Son las 10:09).
(Son las 10:44).
SEÑORA ALONSO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑORA ALONSO.- Señora presidenta: solicitamos un cuarto intermedio de diez minutos.
(Así se hace. Son las 10:45).
(Son las 10:57).
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: en virtud de que este proyecto de ley se está votando en el límite del plazo constitucional y de que hay algunas propuestas para mejorar su redacción, para las cuales estamos haciendo las consultas pertinentes, solicitamos nuevamente un cuarto intermedio de quince minutos.
(Así se hace. Son las 10:58).
(Son las 11:25).
9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 28 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 18 de octubre del corriente.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «17 de octubre de 2018
Por la presente solicito al Cuerpo, por motivos personales, se me otorgue el 1.º de noviembre un día de licencia.
Jorge Larrañaga. Senador».
Se comunica que los señores Eber da Rosa, Jorge Gandini y Ana Lía Piñeyrúa han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Omar Lafluf, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
10)	PROMOCIÓN DEL TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado continúa con la discusión del tercer punto del orden del día.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: antes de comenzar, pedimos disculpas al Cuerpo por la demora, pero estábamos haciendo consultas sobre temas de redacción y, más que nada, sobre algunas propuestas de modificación que el senador Juan Castillo, presidente de la comisión, nos hizo llegar en la tarde de ayer.
En primer lugar, creemos que esta es una iniciativa justa, y debemos enmarcarla en ese punto. Es un proyecto de ley que abarca situaciones personales de 560.000 personas y su entorno.
Entonces, lo primero que tenemos que decir es que es una iniciativa justa que tiene como antecedente un proyecto de ley que se votó en la Cámara de Representantes. Luego, el Poder Ejecutivo remitió una nueva iniciativa que ingresó por el Senado y se envió a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social hace unos meses, en mayo de 2018. Quiero destacar el trabajo de los compañeros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, de su presidente –que ha sido muy tolerante y comprensivo en muchos aspectos y con quien hemos dialogado mucho– y de los funcionarios, porque no es fácil condensar la cantidad de propuestas y modificaciones que proponía cada una de las delegaciones, con sus diferentes miradas. Entre otras delegaciones, se recibió al ministro de Trabajo y Seguridad Social –como es obvio–, al PIT-CNT, a la Cámara de Industrias del Uruguay, a la Cámara de la Construcción del Uruguay, a la Asociación Down del Uruguay, a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Red Temática de la UdelaR, que hizo un trabajo bien interesante.
Una cuestión muy buena a resaltar es que todos coincidieron en que este es un proyecto de ley necesario, justo y loable, y que tiene una intención más que destacable, pero obviamente cada delegación hizo aportes diferentes. Hubo algunas críticas y propuestas de modificación sobre aspectos que atañen a la realidad de cada sector de actividad y al impacto que tendría la aplicación de una ley de estas características. Quiero enmarcarlo en esto. En la Cámara de Representantes fue más que elocuente que acá hay una mirada transversal de todos los partidos políticos en el tratamiento de un tema sensible y necesario, con el que el Uruguay está en deuda.
Para no extender el debate en una sesión que ya se prolongó bastante, voy a entrar de lleno en el proyecto de ley, pero no voy a hablar de cada artículo, porque ya los detalló el senador Juan Castillo. Acá lo que se establece es un porcentaje del 4 % para personas con discapacidad en la actividad privada; después hay distintos mecanismos, pero en definitiva termina siendo eso.
Una de las críticas que se hicieron al proyecto de ley original era que no establecía sobre qué plantilla, sobre qué vacantes, sobre qué total de trabajadores se iba a aplicar. En ese sentido, la comisión incorporó un concepto que me parece que da garantía y certeza jurídica al decir que se va a aplicar sobre los trabajadores permanentes, excluyendo los zafrales y temporales, porque en algunas actividades fluctuaban demasiado y era muy difícil determinar sobre qué y sobre cuánto se aplicaba el porcentaje.
Asimismo, se suprimieron los artículos 11 y 12 del texto original, referidos a algunas licencias especiales, no porque no fueran justas ni porque no hubiera sensibilidad sobre ese aspecto, sino porque la comisión entendió que era un tema al que había que darle un abordaje mucho más integral y pausado; no nos olvidemos que estamos en los límites del plazo constitucional del 27 de octubre. Entonces, como es atendible el tema de las licencias especiales para quienes adopten un hijo con discapacidad, todos entendimos que sería bueno abordarlo en un proyecto de ley que, además, no tiene la premura de la restricción constitucional.
Sin perjuicio de lo que estamos diciendo sobre los beneficios que otorga este proyecto de ley, establece fundamentalmente un gradiente en cantidad de trabajadores; establece franjas –por decirlo de alguna manera– de 25, 50, 150 y 500 trabajadores. En ese sentido, este texto aplica porcentajes y gradualidad, en función de la cantidad de trabajadores permanentes de la empresa, para la contratación de trabajadores con discapacidad.
También es verdad que otorga algunos beneficios en los aportes patronales, que están relacionados con este gradiente o gradualidad al que hacíamos referencia en cuanto a la contratación. Al respecto, se van generando mayores beneficios o exoneraciones de aportes patronales por año, hasta terminar en el aporte completo cuando se llegue al porcentaje que está estipulado del 4 %.
Paralelamente se establecen las condiciones de adaptabilidad para hacer posible que trabajadores con discapacidad tengan la infraestructura y la accesibilidad necesarias. Para aquellos que contraten, se dispone el mecanismo previsto en las exoneraciones de la ley de inversiones para las inversiones que tengan que ver con este tema, cosa que nosotros compartimos.
Entre las modificaciones que nos hicieron llegar en el día de ayer, había una que tenía que ver con un sustitutivo del artículo 3.º, que me parece que le da mucho pragmatismo y además genera la posibilidad de ver y atender una casuística diferente. En este tema la casuística es muy importante. Este artículo dice que aquellos empleadores que deban incorporar a su plantilla de trabajo personal al amparo de la presente ley y que al momento de la contratación no puedan cumplir con lo previsto en el artículo 7.º, dispondrán de un plazo y deberán comunicar dicho extremo a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. Junto con esa comunicación, el empleador deberá presentar un plan de acción en donde consten las medidas a adoptar a fin de dar cumplimiento a las condiciones de accesibilidad. El plazo de doce meses referidos se computará a partir del ingreso del trabajador. Y obviamente habla también de sanciones por incumplimiento, que también están previstas en la ley. En algunos casos las empresas podrán solicitar a través de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social la extensión del plazo para poder cumplir con las exigencias que fija la ley. Quizás debería agregarse que la reglamentación dispondrá criterios objetivos para otorgar el plazo. De esta forma, se da seguridad jurídica; se asegura que esta medida no sea discrecional, es decir que se otorgue a unos sí y a otros no.
Obviamente, con este proyecto de ley que tiene que ver con una situación muy sensible, uno tiene que ser muy cauto, porque en realidad nos abarca a todos o nos puede llegar a abarcar a todos. Por eso tenemos que mirarlo en términos de justicia y en términos humanos.
En lo personal –no comprometo a nadie– tengo mucho miedo de generar normas que terminen siendo muy lindas en el papel, aprobadas y aplaudidas, pero que después en los hechos no se cumplan, lo cual generaría una frustración adicional. Es un tema bien complejo. La referencia más inmediata es una ley que acaba de cumplir diez años, o sea, la Ley n.º 18651, que establece que el Estado deberá cubrir el 4 % de sus vacantes con personas que tengan algún grado de discapacidad. Le ha sido imposible cumplir con esta ley que, además, tiene reglamentados solo cuatro artículos. Por eso, aquello de «haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago» hay que tenerlo arriba de la mesa cuando discutimos estos temas. Hay que ser muy serios y, sobre todo, muy responsables cuando los asuntos son tan sensibles. A pedido del senador Mieres, concurrió a la comisión, en representación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el director, doctor Scavarelli. Informó que el Estado no llega al mínimo del 4 % establecido en el artículo 49 de la Ley n.º 18651, de 9 de marzo de 2010. En ese artículo se disponen los mínimos requeridos para estas contrataciones. Para que los senadores tengan en cuenta algunas cifras, señalo que en el año 2017 deberían haber ingresado al Estado –son cifras que estuvieron en discusión en la comisión; no las estoy inventando– 261 personas con discapacidad, pero solamente lo hicieron 85. Esto significa que tan solo 1,3 % de las vacantes se cubrieron con trabajadores con algún grado de discapacidad, lo cual está muy lejos del 4 % establecido por la Ley n.º 18651.
Fueron más eficientes –de acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional del Servicio Civil– los Gobiernos departamentales, que de las 1638 vacantes del 2017, cubrieron 51 con trabajadores con algún tipo de discapacidad, lo que representa un 3,3 %.
Entonces, el cumplimiento del Estado central fue del 1,3 % y el de los Gobiernos departamentales, el 3,3 %. Estoy hablando en términos promedio, pero la realidad es que ninguno llegó al 4 %.
Abundando en los detalles podemos agregar que en el Gobierno nacional, para 3983 vacantes, tan solo ingresaron 33 personas con discapacidad, cuando tenían que haber ingresado 159. Esto da un déficit de 126 trabajadores, e implica que en la Administración central solo se cubrieron 0,8 % de las vacantes con personas con discapacidad. En el resto de los organismos del Estado, de las 899 vacantes generadas, tan solo uno cubrió todos los requisitos establecidos en la Ley n.º 18651, mientras que el resto no lo hizo. El porcentaje fue 0,1 %.
En conclusión, en todo el Estado, en términos promedios, en 2017 se deberían haber contratado 261 personas con algún tipo de discapacidad para alcanzar el 4 %, pero se contrataron 85, o sea, el 1,3 %. Esto significa que 176 personas quedaron sin la posibilidad de acceder al trabajo por los beneficios que la ley les otorgaba.
Obviamente, en este caso no hay sanción, porque el Estado no se sanciona a sí mismo; lo que este proyecto de ley fija para la actividad privada, que son sanciones por incumplimiento, no rige para el Estado, que no cumple y no recibe ninguna sanción. Hay una clausulita en la ley, pero, reitero, el Estado no se sanciona a sí mismo.
Me parece que en esto también tenemos que ser muy autocríticos: en el Parlamento se ha cubierto el 1,2 % de vacantes con personas con algún tipo de discapacidad. Estoy hablando de esta casa. La Cámara de Senadores está más cerca del cumplimiento que otras reparticiones, pero ninguna cumple con la ley.
Por eso, considero que se debe tener mucho cuidado al generar expectativas tratándose de un tema tan sensible, pues de la mano de ellas vienen las frustraciones cuando no se cumple con la norma.
El 21 de agosto de 2013 se votó la Ley n.º 19122, relativa a la promoción laboral de la población afro, en la que se establece que los poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatal están obligados a destinar el 8 % de los puestos de trabajo a ser llenados en el año, para ser ocupados por personas afrodescendientes mediante un llamado público. ¿Saben cuántos cargos se llenaron en 2017 en cumplimiento de esta norma? De acuerdo con la información reportada por los organismos –uno no envió la información requerida, tres enviaron información incompleta y 119, información completa, según los datos mencionados por el doctor Scavarelli– ingresaron 361 personas afrodescendientes al Estado y a las personas jurídicas de derecho público no estatal durante el año 2017, lo que representa 2,06 %, cuando la ley preveía el 8 %. Por supuesto que tampoco hay sanciones, pues como dije antes, el Estado no se sanciona a sí mismo.
Además, más allá de la oportunidad laboral, hay como una displicencia en lo que tiene que ver con la capacitación y la formación. El doctor Scavarelli –hablo de él ahora que el senador Heber no está– nos informó en la comisión algo que nos llamó poderosamente la atención; nos impactaron las cifras mencionadas, no por los números, sino por la falta de conciencia sobre la importancia de este tema y por la sensibilidad que debe existir. En 2017 –que son los números más recientes–, el 83 % de los organismos dijo que no realizó capacitaciones o trabajos de sensibilización sobre el tema y el 42 % afirmó que necesitaba asesoramiento sobre el asunto.
Es obvio que tenemos que abordar el tema de la capacitación y la formación. Sé que hay organismos, por ejemplo, las intendencias, que trabajan en la capacitación y logran la inserción laboral de personas con discapacidad, no en las comunas, sino en el sector privado. Al respecto, me gustaría referirme al Inefop que tiene algunos programas –aunque a nuestro juicio muy escasos– y destina $ 83:000.000 al Fondo de Reconversión Laboral, que me parece clave para preparar a la gente, y no solo para cumplir con la cuota, porque sin dudas tiene que existir voluntad política del Estado para cumplir con ese porcentaje; pero también es bueno que los trabajadores reciban formación para capacitarse e insertarse en el mercado laboral.
Nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, pero nos parece importante señalar estas salvedades –pensamos que es el momento adecuado para ello– relativas al grave incumplimiento del Estado de las leyes que aprueba en relación con las cuotas laborales. Estos datos, que son oficiales –no son caprichosos, sino que fueron aportados por el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil– y no generaron ninguna sanción, nos tienen que interpelar a todos. Y en esto no estoy adjudicando responsabilidad a nadie.
SEÑOR OTHEGUY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑOR DELGADO.- Enseguida se la concedo, señor senador.
Dicho de otro modo, nos tiene que interpelar a todos la idea de si se debe avanzar en temas que son justos, pero que luego, en la realidad, no se cumplen.
En ese sentido, quiero señalar que nosotros creemos en la obligación, pero también en el estímulo. Al respecto tenemos para presentar una propuesta –que nos parece muy razonable–, con el mismo espíritu y en el mismo rumbo de lo que quiere la ley. Quizás habría que ir corriendo las franjas –todos conocemos la realidad y las situaciones del Uruguay– y que el mínimo exigible para obligar a llenar el 4 % de las vacantes de personal permanente con personas con discapacidad sea para aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, en lugar de 25, pero con un adicional: que el estímulo sí se establezca a partir de los 25 trabajadores permanentes. O sea, que el estímulo se aplique a las empresas que, a partir de 25 trabajadores permanentes, contraten el porcentaje establecido por la ley hasta llegar al 4 %, en una gradualidad como allí se dispone; esas empresas obtendrían el beneficio relacionado con el aporte patronal, el cual va a ir aumentando hasta llegar al 4 %. Eso solamente en la franja de las microempresas, con entre 25 y 50 trabajadores. Consideramos que esta medida, sumada a la capacitación, nos va a permitir darle aplicabilidad a la ley. Además, a partir de 50 trabajadores nos parece correcto el gradiente y las incorporaciones que se hicieron en la comisión atendiendo muchas de las propuestas que allí se plantearon por parte de todas las delegaciones que nos visitaron.
Aquí tengo el artículo sustitutivo que vamos a presentar, que tiene la misma orientación, pero que quizás cambia un poco las franjas, sin olvidar los estímulos, que deberían ser permanentes.
Esta disposición tendría un agregado que me parece interesante: que las empresas que deben generar las condiciones de accesibilidad para poder contratar personas con discapacidad cuando así lo requieran, sean incorporadas a los beneficios fiscales establecidos, sabiamente, por la ley de promoción y protección de inversiones. Eso está bien. Pero también tenemos que ser muy honestos intelectualmente y admitir que es probable que a muchas de las empresas que se ubican en ese perfil, que tienen entre veinticinco y cincuenta trabajadores, les cueste mucho acceder, ya no a los beneficios, sino a todos los procedimientos que generan el derecho a pelear por esos beneficios.
Por eso, me parece que esta solución, que es intermedia, que va en el mismo sentido y seguramente tenga iguales objetivos –sin duda los tiene–, con un gradiente un poquito mayor y estímulos para hacer que las cosas pasen, es más adecuada, en tanto a todos nos interesa que gente con discapacidad pueda, primero capacitarse –el Estado dispone de mecanismos a esos efectos– y después ingresar al mercado de trabajo de manera efectiva. De lo contrario, corremos el riesgo de votar leyes que nos pueden gustar más o menos, pero que después, en los hechos, agregan una frustración.
Asimismo, pienso que debemos hacer una autocrítica sobre por qué no se cumplió con la ley anterior. No lo sé, pero pienso que no es por falta de voluntad política –y esto no es una crítica al Gobierno ni a nadie en particular–, por lo que habría que analizar si está bien redactada, porque en muchos casos lo que ocurre es que no se generan las vacantes necesarias para llegar al porcentaje exigido. Entonces, después de tanto tiempo de haber sido aprobada una ley y puesto que solamente se han reglamentado cuatro artículos, considero que es un buen momento para hacer una autocrítica y examinar por qué no funciona como debería, habida cuenta del porcentaje de personas con discapacidad que cumplen tareas en el sector privado, en el Gobierno central, en los entes autónomos, en los servicios descentralizados y en las intendencias.
En definitiva, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley.
SEÑOR DELGADO.- Con mucho gusto.
SEÑORA PRESIDENTE.- Antes de dar la palabra al señor senador Otheguy, se va a votar una moción llegada a la Mesa para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.
Puede interrumpir el señor senador Otheguy.
SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: voy a hacer una pequeña puntualización.
En primer lugar, me parece muy bueno que se esté anunciando que se va a acompañar el proyecto de ley; por lo tanto, no voy a incurrir en esa práctica que se da a veces en el Senado, que es discutir mucho más cuando decimos que estamos de acuerdo que cuando no lo estamos. Esa no es mi intención.
Junto con el señor senador Delgado integramos la comisión y manifestamos la misma preocupación con respecto al incumplimiento del Estado de las cuotas establecidas en las leyes vigentes. Creo que todos nos comprometimos a abordar ese tema integralmente en comisión. Ensayamos posibles propuestas, algunas que van por el lado de incorporar sanciones y otras por el de incorporar estímulos. Tuvimos un breve intercambio al respecto. Por supuesto, es algo que hay que asumir; sin duda es necesario hacer la autocrítica y corregir hacia adelante, pues es inaceptable que el Estado no cumpla.
Los datos manejados por el señor senador, que son los que la Oficina Nacional del Servicio Civil publica anualmente, son correctos, pero también es de ley manifestar que, según lo declarado por el director de este organismo en la comisión, este año, por primera vez, el Estado estaría cumpliendo con la cuota del 4 %.
Simplemente, quería hacer esta puntualización, porque me parece de orden.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: en el mismo sentido de lo manifestado por el señor senador Otheguy, pienso que hacemos las reglas para los demás y las excepciones para nosotros. Estamos estableciendo sanciones muy graves para quienes incumplen la ley y, al mismo tiempo, el Estado incumple en forma flagrante una que está vigente desde hace muchos años, relativa al llenado de las vacantes. Tengo información respecto de los años 2016 y 2017, en los que no se cumplió. ¡Ojalá que este año se cumpla! Es lo que todos esperamos.
Es bueno destacar que quien más se acercó al cumplimiento de esta ley fue la Cámara de Representantes, con el 3,9 % de las vacantes provistas, pero hay una cantidad de entes y organismos del Estado que ni siquiera se acercan, y habría que plantearse cuál será la sanción para ellos, porque si vamos a ser tan estrictos con el sector privado, aplicándole multas, etcétera, ¿qué hacemos con los jerarcas del Estado que no cumplen? Algo tendríamos que agregar; las sanciones deberían alcanzar a todos, incluido el Estado central y los Gobiernos departamentales.
Si bien esta ley está dirigida al sector privado, creo que le vendría bien una ampliación de sanciones a ser aplicadas al sector público, para que cumpla con las mismas exigencias que el sector privado.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Delgado.
SEÑOR DELGADO.- Coincido con lo que dijeron los señores senadores Otheguy y Bordaberry. Este intercambio lo tuvimos en comisión y me consta que el señor senador Otheguy opinó lo mismo que dijo en sala: que es una barbaridad llegar a estas cifras, cuando vamos a reclamar de los demás cosas que el Estado debería cumplir, no ahora, sino desde hace mucho tiempo. ¡Ojalá que en el 2018 se cumplan!, lo que veremos el año que viene. Muchas veces sentimos lo mismo: vemos lo grave del incumplimiento año por año, y observamos que en algunos casos hemos retrocedido y no avanzado. Estas son las cifras de la Oficina Nacional del Servicio Civil con respecto al Estado.
En síntesis, señora presidenta, queremos dejar en claro que vamos a votar en general el proyecto de ley –como lo hicimos en comisión–, porque la compartimos y creemos que es justa. Es una ley que viene a intentar lograr soluciones en una situación que necesita apoyos –¡vaya si el Estado en algunas situaciones tiene que brindar apoyo!– porque estamos hablando de más de 560.000 personas.
Ayer recibí una carta de una persona con discapacidad a la que conozco mucho, y voy a referirme a esto porque ella lo hizo públicamente. Se trata de una diputada suplente de mi partido, que el día que tenga que asumir en la Cámara de Representantes no va a poder hacerlo porque ese ámbito no cuenta con las condiciones adecuadas, porque esta persona es sorda y el Reglamento prevé que se dé la palabra a un legislador y no a un asesor ni a un traductor, y porque a las comisiones no puede entrar nadie que no sea un legislador. Este tipo de situaciones son las que tenemos que plantearnos introspectivamente antes de avanzar y de generar expectativas. Son leyes necesarias, es cierto, pero lo peor que podemos hacer es crear una norma que después no podamos cumplir. Este es un dato concreto: es primera suplente en una lista del Partido Nacional a la Cámara de Representantes, y el día que tengan que convocarla tendrán que cambiar hasta el Reglamento y gran parte de la logística de funcionamiento porque, de lo contrario, no podrá asumir. No podrá cumplir su función porque no se lo permite el Reglamento. Acá no hay falta de voluntad, ¡no se lo permite el Reglamento! ¡Vaya si tendremos que trabajar nosotros en el Estado antes de avanzar en otra serie de condiciones!
Esta carta que me envía la señora Camila Ramírez, menciona varias veces la necesidad de dar cursos de capacitación laboral para acceder al empleo, y termina con una frase que me gustó mucho, que dice: «Nada de nosotros sin nosotros». Esto se vincula con el aporte de las agrupaciones o de las propias personas que sufren la discapacidad –sufrimiento que se hace extensivo al sistema familiar–, que debe formar parte de la solución.
Algunos eran más críticos respecto de este proyecto de ley, de cómo se abordaba y de qué perfil tenía, pero todos se sentían frustrados por el incumplimiento del Estado y eran sumamente críticos en eso. Ojalá esto sirva para pensar en el avance normativo, pero también para reflexionar sobre el poco cumplimiento de las disposiciones que generamos porque, lamentablemente, en temas tan sensibles, si las normas no son pragmáticas y posibles de cumplir, generamos una enorme frustración.
Como dije, vamos a votar en general este proyecto de ley, pero proponemos un texto sustitutivo para el artículo 1.º en lo que tiene que ver con las franjas, a los efectos de que el gradiente empiece a aplicarse a empresas con cincuenta personas. Asimismo, sugerimos un artículo aditivo que plantea otorgar beneficios fiscales a las empresas con entre veinticinco y cincuenta personas, con el fin de estimular la contratación de personas con algún tipo de discapacidad. También intentaremos que en el artículo 3.º se mantenga que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con causa justificada, genere ciertos plazos para que algunas empresas puedan adaptarse al cumplimiento de la norma.
SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.
SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: según el artículo 97 del Reglamento, que prohíbe a todo senador intervenir en asuntos que refieren a su interés individual, yo no podría estar en sala en este momento porque mi hija es miembro de la Asociación de Sordos del Uruguay.
Por lo tanto, solicito el permiso correspondiente a la Cámara de Senadores para permanecer en este recinto.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se autoriza que la señora senadora Aviaga permanezca en sala.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: la verdad es que esta ha sido una semana de logros y de conquistas, pues en el día de ayer se dio media sanción al proyecto de ley integral para personas trans, hoy estamos tratando el proyecto de ley de promoción del trabajo de personas con discapacidad y seguramente también aprobaremos el proyecto de ley sobre desarrollo con equidad de género para la producción familiar agropecuaria, que figura en el orden del día de esta sesión.
¡Qué suerte que el plazo constitucional nos ha impulsado a densificar la agenda de estas semanas con todos estos proyectos de ley! No tendríamos por qué tener plazos constitucionales próximos a vencer que nos ayuden a aprobar proyectos; de todas maneras, la productividad parlamentaria que hemos tenido en estos días y que seguramente continuará la semana que viene, creo que es muy saludable, tanto política como politológicamente, para aquellos a quienes les extraña y descreen de la actividad parlamentaria.
Celebro votar este proyecto de ley por un fundamento político último. Es cierto que contamos con una ley anterior, que tiene ocho años –la Ley n.º 18651–, que obliga al Estado y a los organismos públicos a incorporar cierto porcentaje de personas con discapacidad. Eso está muy bien porque el Estado debe ser ejemplar, debe cumplir la función de ejemplaridad con relación a los derechos para con el resto de la sociedad. ¡Está muy bien! ¡Es por el Estado por donde deben empezar a hacerse las cosas!, pero después deben seguir por el ámbito privado, porque la participación del Estado en el empleo es pequeña, la mayor parte está en el sector privado. Lo que hace el Estado es dar una señal ejemplar, pero es, justamente «ejemplar» porque el impacto no sería igual si eso sucediera en la actividad privada.
Además, es necesario solidarizar a los privados con relación a este tema, no solo a los públicos; todos debemos estar solidarizados con una población que constituye el 15 % del Uruguay, y que representa el 10 % de la población económicamente activa.
El señor senador Otheguy mencionaba que en el registro figuran 8000 personas, pero cuando se miran los datos de la población con discapacidad se puede apreciar que se trata de medio millón de uruguayos y de 50.000 niños. ¡Medio millón de uruguayos y 50.000 niños!, según los datos del informe de Unicef de 2011. Y en los resultados que observo en la serie de fotocopias que tengo en mi poder –que luego citaré para la versión taquigráfica– aparece que, efectivamente, el 10 % de la población en edad de trabajar tiene alguna discapacidad. Se trata de muchas personas, ¡muchas!
Sobre lo expuesto deseo hacer dos consideraciones.
En primer lugar, el señor senador Delgado hablaba del mercado de trabajo, pero el término «mercado» tiene que estar entre comillas, porque debe estar regulado. Y esto es parte de la regulación del mercado de trabajo, así como lo son los consejos de salarios y los planes de calidad con equidad de género para las empresas, ya que el hecho de que sea un mercado no obsta para que en él haya derechos. Así que, como decía, defiendo este proyecto de ley con un criterio político último, porque creo que cuando trasladamos las políticas de derechos del sector público al sector privado las universalizamos –mientras forman parte del sector público no son universales, lo son cuando permean al resto de la sociedad–, y confío plenamente en la regulación del mercado de trabajo a los efectos de que los derechos se produzcan y estén vigentes.
La segunda consideración que quiero hacer con respecto a lo que manifestaba el señor senador Delgado es que el hecho de que las leyes no funcionen no obsta para que las aprobemos. Voy a citar un ejemplo por el absurdo: como la cuota femenina no funciona porque después obligan a las mujeres a renunciar, entonces, mejor no la tenemos. ¡No! ¡Lo que debemos hacer es lograr que las leyes se apliquen efectivamente, pero no dejar de conquistar avances legislativos porque por la vía de los hechos cuesta mucho que se consagren!
Hace ocho años que se aprobó la ley que establece la obligación de reservar un cupo en los organismos estatales para personas con discapacidad, y un poco menos en lo que refiere al cupo para la población afrodescendiente. Luego de aprobar estas leyes, son muchas las cosas que hay que hacer para lograr que la reglamentación exista, responda y sea efectiva. Si se realizan concursos para todos los cargos del Estado sería más fácil reservar vacantes, pero en muchos lugares esto no es así, como en buena parte de los Gobiernos departamentales, donde las designaciones son directas. Obviamente, esto tiene una especie de control de resultados, porque luego se toma el bolsón y se ve si se llega o no al 4 %. Pero, insisto: si tuviéramos mecanismos formalizados de acceso a todos los cargos públicos, sería mucho más fácil hacer cumplir las leyes que cuando tenemos un mercado de lo público absolutamente fragmentado con relación a los criterios de ingreso y de acceso a los lugares de trabajo.
De cualquier manera, tanto el señor senador Castillo como el señor senador Otheguy me dicen que en el año 2018 se estaría llegando a esos números. ¡Estamos hablando de ocho años después de aprobada la ley! La Oficina Nacional del Servicio Civil es la que brinda la información, y hay que agradecerle que cada vez que vamos a votar el presupuesto aparezca un renglón sobre cómo se llenan los cupos para personas afrodescendientes o con discapacidad. ¡Por suerte tenemos los datos que nos permiten medir la distancia que hay entre la ley y la realidad!
Las leyes son una condición necesaria pero no suficiente para la vigencia del derecho. Eso no obsta para que nosotros, como legisladores, elaboremos leyes; esa es nuestra función. Además de parlamentar, hacemos leyes.
Hay una tesis que se usó durante muchísimos años –y miro a mi colega, Conrado Ramos, porque no sé si se sigue utilizando– sobre el famoso gradualismo uruguayo. Estamos hablando de la teoría de que Uruguay va avanzando en su política pública de un modo gradual, es decir, evitando transformaciones estructurales hechas de un día para el otro, porque las claves de la sociedad uruguaya son la amortiguación del conflicto y tomarse su tiempo para hacer las cosas. Yo también pienso: «¡Cómo demoramos para todo!». Suponiendo que el gradualismo –y, reitero, miro a Conrado Ramos– es una virtud del Uruguay, ¿cómo se expresa ese gradualismo? ¿Haciendo primero una ley para el sector público y luego otra para el sector privado? Esto me parece muy acertado; dadas las dificultades en la implementación de la Ley n.º 18651, estaremos bastante más prevenidos respecto de la ley que hoy aprobaremos.
Cuando uno lee el artículo 1.º –referido al ámbito de aplicación–, advierte que más gradualismo no puede haber. Allí hay frases como «durante el primer año de vigencia de la ley», «durante el segundo año de vigencia de la ley», «durante el tercer año de vigencia de la ley» y «cumplidos tres años desde la entrada en vigencia de la presente ley». Esta es la clave del gradualismo uruguayo llevada a este sistema de cuotificación.
En el orden de las consideraciones generales –luego voy a hacer algunas más específicas– debo decir que ayer escuché algunas críticas a nuestro sistema de cuotificación, a propósito del proyecto de ley integral para personas trans. Fueron muchas las críticas que escuché; algunas no me parecieron atendibles, pero hubo una que sí, aunque no voy a mencionar quién la hizo para evitar alusiones. Aquí, en el Senado, alguien dijo que el Uruguay se caracterizó por integrar; no por diferenciar o hacer leyes específicas para grupos específicos, sino por una integración universal. Como el argumento me parece atendible y, en todo caso, honorable, voy a comentar algo al respecto. En lo personal, estoy a favor de la cuotificación en todo. Demoraría mucho tiempo en explicar por qué, así que lo tiro de brocha gorda para no generar problemas.
¿Por qué el Uruguay integrador de la Constitución de principios del siglo xx no funciona bien ahora? Porque las sociedades complejas requieren soluciones complejas. ¡No somos el Uruguay de la primera mitad del siglo xx! Además, hoy la integración implica el reconocimiento de las diferencias: de las diferencias de género, de las diferencias étnico-raciales; implica el reconocimiento de todas las diferencias. Y eso, señora presidenta –para mostrar cómo hemos superado el optimismo del Uruguay de principios del siglo xx y hoy estamos en el Uruguay complejo del siglo xxi–, es el reconocimiento de que la igualdad de oportunidades no alcanza.
Toda la política de gasto público está sostenida sobre el principio de la igualdad de oportunidades. Si doy educación de buena calidad para ricos y para pobres, si doy salud de buena calidad para ricos y para pobres, entonces, los ricos y los pobres van a tener el mismo nivel de atención pública y, por tanto, la misma salud y el mismo nivel educativo; pero a la vista está que no es así. Los resultados educativos son los que más muestran esto, porque la brecha que separa los aprendizajes de los niños se encuentran entre los estratos socioeconómicamente pobres y aquellos estratos socioeconómicamente ricos: implica algo así como que el 80 % de los niños de los estratos medios altos terminan el liceo, mientras que en los estratos medios bajos solo lo hacen el 25 % de los niños. Entonces, está más que demostrado que no es suficiente solo con la igualdad de oportunidades en que se basa el gasto público –y doy por zanjada esta discusión porque sin gasto público ni siquiera habrá igualdad de oportunidades; digo esto para quienes cuestionan el gasto público–, ya que los resultados, al final, son muy desiguales. Si doy igualdad de oportunidades, pero resulta que al final los resultados son muy desiguales, es porque hay algo que pasó por el camino, y tiene que ver estrictamente con el tema de la discapacidad.
Los colectivos con discapacidad se han visto segregados y excluidos, y no estoy hablando de experiencias que nadie haya tenido en esta sala. Si alguien tuvo alguna vez que trasladar a un amigo o un familiar en una silla de ruedas, sabrá de lo que estoy hablando, de lo poco amigables que son las ciudades con las personas que sufren discapacidad.
¿Por qué me refiero a que con la persona que sufre discapacidad no tenemos ningún grado de separación, según la teoría de los grados de separación? No solo porque tenemos familiares y amigos con discapacidad, sino porque todos vamos a terminar con discapacidades. Si vivimos lo suficiente, vamos a terminar sordos, medio ciegos y con enormes dificultades motoras, así que la discapacidad es lo que nos espera a todos, repito, si vivimos suficientes años. Que nadie sienta que es algo que a uno no le va a pasar. ¡No! Y, por supuesto, también aumentan las discapacidades a medida que va transcurriendo la vida; algunos ya las sienten. Entonces, por eso digo que no estamos hablando de un colectivo que nos es ajeno, sino de nosotros mismos.
Transcurrieron muchos años para que en este país existieran políticas públicas que atendieran la discapacidad. Recuerdo que en Italia, en 1993, hubo una campaña que decía: «¡Sono qui, sono qui!» y yo me preguntaba qué quería decir eso. Eran las grandes campañas que se estaban dando en los países europeos, que llamaban la atención sobre el fenómeno de la discapacidad. ¡Hace un cuarto de siglo!
Hay una relación entre discapacidad y pobreza, señora presidenta. Tengo aquí el Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por el Banco Mundial en 2011, que dice que la prevalencia de la discapacidad es mayor entre los grupos más pobres de la población, y que las malas condiciones de vida hacen más frecuente la discapacidad como consecuencia de mala nutrición, enfermedades, accidentes y problemáticas sociales que empeoran las condiciones de crecimiento y desarrollo de los niños. Según los datos de este informe, un alto porcentaje de las personas con discapacidad en América Latina viven en situación de pobreza.
Y ya que estamos hablando de empleo –no encontré el dato pertinente, pero habría que producirlo–, quiero manifestar que los accidentes de trabajo, señora presidenta, son una gran causa de discapacidad; son una verdadera crónica roja de la que no habla el informativo emitido por televisión. ¡Los accidentes de trabajo en este país son una crónica roja! Esto lo vimos cuando discutimos la ley de responsabilidad penal empresarial; hablo de que el trabajo causa un montón de discapacidades. Esta iniciativa tendría que alcanzar, como principio de justicia retributiva, a aquellos que se ven imposibilitados de conseguir un ingreso porque han sufrido accidentes de trabajo; tendríamos que asegurarles de alguna manera las condiciones para que puedan tener ese ingreso. Solo con políticas públicas, solo con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados o con pensiones por discapacidad no resolvemos el tema. Los ingresos genuinos todavía dependen del empleo; quiere decir que la sociedad y el mundo privado tendrán que hacer algo porque solamente con el gasto público y las políticas sociales no podemos avanzar.
El informe sobre la discapacidad del Banco Mundial también dice que esta situación no afecta solo a la persona, sino a todo el núcleo familiar. El impacto económico es sobre todo el grupo familiar y no podemos resolverlo solo con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Cuando se tiene a una persona con discapacidad la demanda de ingresos aumenta, y ni todas las políticas públicas del mundo permitirían resolver el problema si no acudiéramos al mercado de trabajo que, además –insisto–, es un gran productor de discapacidades. Y ni que hablar del impacto sobre las mujeres, sobre los cuidados, sobre la atención.
Quiero hacer un reconocimiento al movimiento sindical, porque en el año 2015 el PIT-CNT empezó a impulsar la extensión de la ley al sector privado. Como dije al principio, 500.000 uruguayos y 50.000 niños viven con discapacidad, según el censo de 2011. Estamos hablando del 16 % de la población total, de los cuales el 60 % está en edad de trabajar. Digo esto porque puede suponerse que la tasa de discapacidad es alta porque hay mucha gente grande en el Uruguay, pero no es así; la mayor parte de esa discapacidad afecta a personas en edad de trabajar.
Si observamos los números, podríamos decir que se trata de uno de cada diez. En este punto es preciso decir que hemos tenido una discusión y alguna conversación sobre el tamaño de las empresas. El 80 % de las empresas en el Uruguay son pymes; es algo de lo que poco se habla, pero son las pymes las que dan empleo en nuestro país. El 41 % de las empresas son unipersonales, el 43 % son microempresas –con uno a cuatro empleados– y las pequeñas –de cinco a diecinueve empleados– son el 13 %. Es decir que las empresas medianas o grandes son el 3 %, por lo que si nos volvemos muy exigentes con respecto a esto, la medida sería inefectiva.
La exigencia del registro, en el que son 8000 las personas inscriptas, le resta gravedad al problema que se deriva de consideraciones como las que hacen los empresarios, que dicen: «No vamos a poder con esto». Estamos hablando de 8000 personas. Por otro lado, las discapacidades son un mundo; hay discapacidades que pueden ser compatibles con determinados trabajos y otras no. Es un mundo muy diverso, que creo que permitiría la flexibilidad para que las empresas pudieran absorber esa demanda.
Repito que si no nos ponemos un poco exigentes con el tamaño de las empresas, la medida sería completamente inefectiva. Entiendo que en Brasil las empresas en las que se ha aplicado esto tienen cien trabajadores, pero ¿ustedes vieron el tamaño que tienen las empresas brasileñas o las argentinas? Esto tiene que ser a escala de las empresas uruguayas, y me parece, insisto, que el ámbito de aplicación –que está comprendido en el artículo 1.º– permitirá las flexibilidades suficientes.
Para terminar, quiero felicitar a quienes han trabajado durante este tiempo, al movimiento sindical, a las distintas comisiones honorarias por la discapacidad. También quiero felicitar la labor de mis compañeros y que este Senado esté tomando cartas en un asunto tan importante para la vida del país.
SEÑORA AVIAGA.- Muchas gracias, señora presidenta.
Agradezco al Cuerpo por permitirme hablar y ser parte de la discusión.
Este es un tema que me toca muy de cerca, porque desde muy joven me sumergí en el mundo de la discapacidad a través de Camila. Y hoy Camila está acá, en las barras. Yo trato de no ser su voz, porque ella tiene voz propia, y lo que más he intentado en la vida es que sea una persona independiente; como madre, ser solamente su plataforma para que ella pueda desarrollarse y ser feliz en la vida. Pero hoy acá, en este recinto, quiero decir algo que ella repite en su nombre pero también en nombre de aquellos a quienes representa: «Nada de nosotros sin nosotros». Esa es la consigna que creo que todos tenemos que entender cuando hablamos de estos temas: son sujetos de derecho; no son ni deben ser beneficiarios de las dádivas de nadie; tienen que ser los protagonistas en el diseño y ejecución de las políticas públicas que se hagan con respecto a la discapacidad en Uruguay.
Naciones Unidas hizo setenta y tres observaciones al Gobierno y a todos nosotros, a todos los uruguayos, acerca de la situación de la discapacidad en nuestro país. Hoy corresponde hablar del tema trabajo; otro día hablaremos de otras observaciones, que nos están diciendo que no se están contemplando debidamente los derechos humanos de las personas con discapacidad en Uruguay.
El artículo 27 de esas observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas dice textualmente: «Al Comité le preocupan los altos niveles de desempleo de las personas con discapacidad. También preocupa al Comité que no se cumpla la cuota para facilitar el empleo de las personas con discapacidad en la función pública. Preocupa también la falta de información sobre los puestos de trabajo y la pirámide salarial de las personas con discapacidad en el sector privado».
De los 3:500.000 uruguayos, 560.000 son personas con discapacidad. En 2008 se aprobó la Ley n.º 18651, con una gran expectativa de todos los que de una u otra manera estábamos inmersos en buscar oportunidades para la gente que amamos y para todos los demás que viven diversas problemáticas en este sentido. Esta ley llegaba a dar un impulso para que se cumplieran y respetaran los derechos de las personas con discapacidad. Hasta ese momento estaba vigente la Ley n.º 16095, que pasó casi veinte años sin reglamentarse. Entonces se dijo que la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad iba a hacer una diferencia, que se iban a acortar los tiempos de los que se hablaba acá hace un rato e íbamos a lograr que las personas con discapacidad, que son sujetos de derecho, comenzaran realmente a ser contemplados; que sus derechos se empezarían a cumplir. Lamentablemente, al día de hoy, diez años después de su aprobación, esa ley aún no se ha reglamentado en su gran mayoría. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando una ley no se reglamenta, no se cumple, y todas las expectativas que se generaron terminan causando más dolor a los que ya padecen dolor, y más injusticias.
El 19 de marzo de este año se cumplió el plazo establecido por el artículo 79 de la Ley n.º 18651 para adecuar las barreras urbanas y edilicias de uso público. Entre tantos aspectos que la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad tiene sin reglamentar están, por ejemplo, los artículos 76 y 78, que establecían que había que adecuar o eliminar las barreras arquitectónicas y urbanas, para que las personas con discapacidad motriz tuvieran accesibilidad. Es decir que los organismos públicos respectivos tenían que trabajar en pos de lograr esos objetivos; ya sé que no es fácil, pero se daban ocho años para que esas transformaciones en los espacios públicos y en los espacios privados de uso público se llevaran a cabo. Sin embargo, a pesar de que hay algún avance, esto realmente no se ha cumplido.
Lo mismo sucede en otros aspectos, y especialmente en lo que tiene que ver con las vacantes del Estado, a las que se refirió más temprano el señor senador Delgado. Cuando la Oficina Nacional del Servicio Civil concurre a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado nos informa acerca de los avances que se logran, pero lamentablemente estamos muy lejos del 4 % establecido. Si hay que rever alguna herramienta para lograr que se cumpla con esto, tendríamos que accionar en ese sentido.
Cabe destacar que esta Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad ya había generado herramientas en su articulado por si no se cumplía con los plazos. En el artículo 51 de esta ley –que está sin reglamentar– ya se establecían acciones para cuando se diera un incumplimiento en la provisión de vacantes en el Estado. Por ejemplo, en el literal E) de este artículo se establece: «El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales, deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación de la presente ley, en un plazo máximo de sesenta días…». Este plazo empezaba a correr a partir de haber sido aprobada la ley. Obviamente, no solo no existen los reglamentos, sino tampoco los protocolos, y no se cumple con nada de lo que se esperaba que se cumpliera a través de la aprobación de esta ley.
Pero, además, el propio artículo 51 establece que el organismo que tenía el deber de controlar que esto se cumpliera era la Oficina Nacional del Servicio Civil. En estos años, tanto la señora senadora Alonso como quien habla hemos solicitado, en más de una oportunidad y de diversas formas, la reglamentación de esta ley –en comisión y en distintos ámbitos–, pero no hemos tenido éxito hasta ahora. Quizás con la sensibilidad que se va creando logremos que la ley se reglamente.
Concretamente y al respecto, el artículo 51 dice: «C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiendo llegar a la destitución y cesantía del mismo por la causal de omisión de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, en las leyes y en los reglamentos respectivos». Es decir que en el año 2008 esta ley nos daba la seguridad de que si no se cumplía con lo allí establecido habría una sanción al Estado, que podía llegar a la destitución del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
¿Qué otra cosa tendría que haber hecho el entonces director –o el de ahora, porque la ley se sigue incumpliendo– de dicho organismo? El mismo artículo de esta ley, que está vigente y sin reglamentar –reitero–, dice: «D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley en el plazo de sesenta días a partir de su promulgación que elevará al Poder Ejecutivo, quien dispondrá de un plazo de treinta días para su aprobación». Esto fue en 2008, y estamos en 2018. Y continúa diciendo: «En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley será pasible de destitución o cesantía». ¡Acá está el cuello de botella por el que el 4 % en el Estado no se cumple! No hay que dar más vueltas; ¡esta es la causa! Estoy hablando, insisto, del artículo 51 de la Ley n.º 18651, y lo digo para que puedan buscar el artículo y leerlo. Tal vez después podamos empezar a solucionar los graves problemas sociales y las vulnerabilidades que tienen las personas con discapacidad en este país. Más de medio millón de uruguayos, reitero, son personas con discapacidad.
Por mi parte estoy muy de acuerdo con este proyecto de ley que se va a aprobar hoy, porque se ha construido con amplia participación, no solo de sindicalistas, sino también de personas con discapacidad. La aspiración que uno tiene es que no haya personas que trabajen en el tema de la discapacidad, sino que haya personas con discapacidad que estén elaborando sus propias normativas y herramientas para mejorar su vida. La idea es que ya no haya organismos gubernamentales que quieran tratarlos como beneficiarios, sino que las personas con discapacidad sean protagonistas en el Ministerio de Desarrollo Social o en los distintos órganos de representación. ¡Tiene que haber personas con discapacidad con poder de decisión! No solo incumple el Estado uruguayo con lo que correspondería en materia de empleo, conforme a la Ley n.º 18651, sino también las empresas tercerizadas que contrata el Estado –que son muchas–, en tanto no se les exige que cumplan con el 4 % establecido en dicha ley.
Si lográramos que el Gobierno dispusiera –aunque sea como aspiración– que el 4 % de los trabajadores de las empresas tercerizadas del Estado debe ser cubierto por personas con discapacidad, sin duda que la vida y la dignidad de estas personas tendría realmente un cambio.
¡Ojalá que todo lo sucedido en el día de hoy sea un puntapié inicial para generar, entre todos, esa fluidez necesaria para que las normas se cumplan a todo nivel!
SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: aún quedan oradores anotados para referirse al proyecto de ley que estamos tratando, así como muchos otros puntos por considerar. Por lo tanto, me veo obligada a plantear la prórroga de la hora de finalización de la sesión hasta agotar el orden del día.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va votar la moción formulada por la señora senadora.
12) PROMOCIÓN DEL TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del tema en discusión.
SEÑORA ALONSO.- Pido la palabra.
SEÑORA ALONSO.- Señora presidenta: realmente, no iba a hacer uso de la palabra porque me sentía más que contenida en las expresiones vertidas tanto por el señor senador Delgado en representación de nuestro partido, como por la señora senadora Aviaga hace unos minutos. Sin embargo, no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para hacer algunas consideraciones y reafirmar algo con respecto a lo que estamos en el debe. A riesgo de ser reiterativa, voy mencionar el debe moral en que hoy está el Estado, del cual somos parte como Poder Legislativo.
En primer lugar, quiero decir que acompañaremos con gusto este proyecto de ley, que tiene un valor importante: se construyó desde abajo, a partir de personas que conviven con la discapacidad día a día. Por eso, quiero expresar mi reconocimiento a aquellos que son luchadores, que han sido motor y pilar para poner este tema arriba de la mesa. Lo defienden desde hace mucho tiempo y, después de un largo trabajo, finalmente hoy se va a convertir en ley.
Como muchas veces hemos dicho aquí: una cosa es aprobar una ley y otra, muy distinta, es que se cumpla. No pretendo aguar el clima de alegría por la votación de este importante proyecto de ley, pero este día de alegría y de avance, señora presidenta, no puede hacernos olvidar algo que se mencionó en varias oportunidades: la irresponsabilidad –vuelvo a reafirmarlo– con la que está actuando el Estado.
¡Parece tener una doble moral! Esto pasa muchas veces y en repetidas oportunidades me ha generado una gran impotencia, que he confesado acá. Aprobamos leyes, decimos que consagramos derechos, pero en muchos casos después no pasa nada. Y lo más triste es que cuando se dan estos incumplimientos casi nadie hace nada, aun cuando el Estado tiene todos los recursos y todos los medios para hacerlo. Es más, desde que están vigentes estas leyes –la señora senadora Aviaga mencionó las Leyes n.º 16095 y n.º 18651– ingresaron cientos de miles de personas. En estos últimos años entraron más de 70.000 empleados públicos y no se ha cumplido con lo que corresponde respecto al ingreso de personas con discapacidad.
El señor senador Otheguy decía: «Este año se va a cumplir». Todos los años vengo escuchando eso, pero no se cumple, y ese incumplimiento genera una enorme irresponsabilidad por parte del Estado. El Estado, que es el mayor empleador del país, dice a los privados: «Vos tenés que hacer esto», pero él no lo cumple. Es más, además de no cumplir, no pasa nada; nadie pone una sola sanción. En particular, se hacía referencia al literal B) del artículo 51 de la Ley n.º 18651, pero todos miramos para el costado. Y digo «todos» porque los que estamos acá tenemos responsabilidades.
Entonces, escuchamos decir que es inadmisible que el Estado no cumpla. Hace unos minutos escuché a un senador expresarlo, como si al decir eso nos sacáramos la culpa. Pero ¿qué han hecho para que eso no pase?
Nosotros hemos denunciado hasta el cansancio, hemos realizado pedidos de informes e, incluso, fuimos hasta la propia institución de derechos humanos porque esto viola los derechos humanos de las personas con discapacidad. No puede dar lo mismo que se cumpla o no se cumpla, pero acá parecería que es todo lo mismo.
Esto nos tiene que ayudar a interpelarnos como sociedad –por eso aproveché la oportunidad de votar esta ley–, pero también a exigirnos y hacer la suficiente autocrítica. ¿Saben una cosa? La población se va cansando y va dejando de creer en los políticos –lo que todos, quienes pretendemos ser dignos representantes de los que nos colocaron en estos sillones, somos en esta casa–, termina perdiendo la confianza. Miremos los números de las encuestas –todos lo hacemos– y podremos ver esa enorme cantidad de desilusionados, que tiene que ver con estas cosas porque aprobamos algo lindo, aplaudimos, nos quedamos contentos, pero después miramos para el costado.
Por eso, además de aprobar esta ley, señora presidenta, ¡exijamos! Cambiemos lo que haya que cambiar. La señora senadora Aviaga decía algo que nos involucra a todos: «cambiemos», aprovechemos la oportunidad para cambiar aquellas cosas que debemos cambiar para que el Estado, que rezonga y exige a otros, no siga teniendo coronita.
En todos lados hablamos de incluir. Claro que debemos incluir –obvio que debemos hacerlo–, pero no solo en el papel sino en los hechos. Inclusiones de papel, de escritorio, hay muchísimas, pero hay que llevarlas adelante.
Descarto la buena voluntad, la buena disposición, y sé que es difícil lograrlo, pero no puede ser imposible. Lo difícil tiene que ser difícil, pero tienen que encontrarse caminos de solución y de salida. Y nosotros, que estamos acá, deberíamos encontrarlos.
Por eso, señora presidenta, otra vez aprovecho esta oportunidad para levantar mi voz frente a este grave incumplimiento y también para que sirva de reflexión, de autocrítica y de exigencia para que aquellos que no cumplen en el ámbito público sean sancionados. La ley lo establece en el literal B) del artículo 51 de la Ley n.º 18651. El Estado es el que tiene la responsabilidad ética de custodiar y de apoyar a los más vulnerables; es por eso que debemos dejar de mirar para el costado.
La peor discapacidad es la del alma, la de no entender que todos somos iguales ante la ley, y es desde ese lugar que vamos a seguir siendo fieles defensores de los derechos de los más vulnerables, para asegurar que esa inclusión social sea realmente tal y no una mera intención. Vamos a trabajar por esa cantidad de personas con discapacidad que hay en nuestro país y por sus familias, porque son ejemplo de lucha, de esperanza, de sacrificio y de dedicación. En todos estos años he conocido ejemplos increíbles de personas que son dignas de mi admiración, y no de lástima, como muchas veces se pretende mirar a la discapacidad.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si nadie más desea hacer uso de la palabra, le corresponde al miembro informante, en este caso el señor senador Castillo, hacer una intervención final.
SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: estamos culminando la discusión del proyecto de ley, al que se le han incorporado una cantidad de elementos. De todas maneras, recuerdo que estamos analizando una iniciativa que intenta promocionar el trabajo de personas con discapacidad en la actividad privada.
Se hizo mucho énfasis y se dedicó mucho tiempo a la discusión de la Ley n.º 18651, pero lo que estamos considerando es una nueva ley.
Luego del trabajo realizado en la comisión y de la comparecencia de las distintas organizaciones e instituciones, nos dimos cuenta de algunas cuestiones que hay que corregir y de errores que debemos asumir. A partir de esa experiencia, intentamos tener en cuenta algunos elementos para subsanar una carencia que tenemos, como Estado y como sociedad uruguaya, con respecto a las personas con discapacidad.
Ratifico que es cierto lo que han expresado muchos colegas en sala en cuanto al incumplimiento cabal del porcentaje previsto por ley para la actividad pública, pero en el informe que realizó la Oficina Nacional del Servicio Civil queda claro –y lo ha demostrado con documentación– que este año se ha cumplido con la cuota que se exige. Por lo tanto, luego de todo lo que se ha criticado, en este año se va a estar cumpliendo la meta.
Queremos señalar que, tanto para la ley anterior –que se trajo a colación– como para este proyecto de ley que estamos debatiendo, el objetivo que se está persiguiendo no es recaudar a través de multas por incumplimiento, sino elaborar una iniciativa que se cumpla para cubrir una necesidad que tienen personas con discapacidad en nuestra sociedad.
Como lo han expresado algunos colegas en sala, hay sectores de la sociedad que no están cien por ciento de acuerdo con este proyecto. Soy muy consciente de ello porque recibimos una cantidad importante de comisiones, de organizaciones, de delegaciones y de empresarios; algunos querían que la iniciativa tuviera menos contenido, menores porcentajes de ingreso y plazos mayores, y otros planteaban la necesidad de que la ley se aplicara el mes que viene, con doble cantidad de cupos y de salarios. Esta es la sociedad en la que vivimos y es parte del debate político que estamos realizando en sala y que tiene nuestra sociedad.
No estamos tratando de vender esta iniciativa como la mejor de las leyes, sino que la estamos presentando como lo que pudimos lograr después de la discusión que se realizó en la comisión y del debate que se está dando en el Senado, ya que también se le hará algunos cambios. Por tanto, se han tenido en cuenta varios beneficios y estímulos en función de lo que dijeron los empresarios que vinieron –a quienes les creemos– en cuanto a que estaban de acuerdo con el objetivo de la ley. Si esto es así, las obligaciones y las multas no serían necesarias, pero por las dudas también estamos estableciendo obligaciones y multas como resguardo por si no cumplieran. En este caso, se le estaría dando un rol a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social o a otros organismos del Estado y luego, en la reglamentación de la ley, se verá por dónde pasan los controles para que se efectivicen.
Además, dado el espíritu que han manifestado varios legisladores, si luego de la puesta en marcha de la ley se encontraran elementos para corregir, seguramente encontraremos la voluntad para hacerlo.
Finalmente, queremos dar cuenta de que hay algunos cambios en la redacción del repartido que tienen todos los colegas, porque hay algunos artículos aditivos y sustitutivos. En su momento, vamos a sugerir que se desglosen algunos artículos –al igual que lo harán otros sectores–, que se suprima la lectura, que se voten en bloque los artículos en los que hay consenso y, por último, que el proyecto de ley se envíe con carácter de urgente a la Cámara de Representantes.
Si ningún señor senador quiere fundar el voto, quiero dejar una constancia. De las tres unidades ejecutoras que tiene el Poder Legislativo, no tengo la información correspondiente a la Cámara de Representantes, pero en el Senado y en la Comisión Administrativa se cumple la proporción que exige la ley.
Corresponde votar el criterio propuesto para la votación en particular.
Se va a votar si se desglosan los artículos que se pretende modificar y el resto se vota en bloque, suprimiendo la lectura.
En consideración el articulado, excepto los artículos 1.º, 3.º, 4.º y 6.º, que quedarían desglosados.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos que no fueron desglosados.
En consideración el artículo 1.º, que tiene un sustitutivo en la página 4 de lo que se repartió.
SEÑOR DELGADO.- Solicito la rectificación de la votación.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 1.º.
Para este artículo hay un sustitutivo, que figura en la hoja 1 que fue repartida.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: en realidad, nosotros preferimos –lo hablamos con el señor senador Castillo– el artículo que aprobamos en comisión pues nos parece más garantista e, incluso, otorga un papel al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De acuerdo con la casuística que puede existir, repito, preferimos el artículo tal como vino de la comisión. No sé cuál es la justificación de la modificación; es medio rara porque da competencias, pero no del todo. Me parece que el artículo tal como vino de la comisión está bien logrado.
Quizá, en lugar de «Inspección General del Trabajo» se podría poner «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social» para lograr un ámbito más general. Obviamente, el ministerio derivaría a las unidades ejecutoras correspondientes o a las comisiones especiales que funcionan en esos ámbitos, pero le daríamos la potestad de evaluar el cumplimiento de todo lo vinculado con la infraestructura y la logística para la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Reitero: nosotros preferimos el artículo que viene de comisión.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal como vino de la comisión.
–14 en 30. Negativa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo.
–26 en 30. Afirmativa.
En consideración el artículo 4.º.
Para este artículo hay un sustitutivo, que figura en la hoja 2 que fue repartida.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal como vino de la comisión.
Para este artículo hay un sustitutivo, que figura en la hoja 3 que fue repartida.
–27 en 30. Afirmativa.
Fue presentado un artículo aditivo al proyecto de ley, que figura en la hoja 5 que fue repartida.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: al no haberse aprobado el sustitutivo al artículo 1.º que presentamos, este aditivo no tiene sentido. Por lo tanto, solicitamos que se retire.
SEÑORA PRESIDENTE.- Así se hace.
Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará urgente a la Cámara de Representantes.
SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: quiero dejar una constancia.
Insisto en el tema de la Ley n.º 18651. En los artículos del 62 al 65 de esta ley se habla del trabajo para las personas con discapacidad en el ámbito privado. Si estos artículos también tuvieran reglamentación y los estuviéramos haciendo cumplir, haría diez años que las personas con discapacidad tendrían la puerta abierta en el ámbito privado. Invito a los señores senadores a revisar estos artículos para ver cómo podemos hacer para que se reglamenten a fin de que las personas con discapacidad tengan más derechos y sean más contempladas.
SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: me siento totalmente compenetrado e identificado con las expresiones que han vertido tanto el señor senador Castillo como los demás integrantes de la bancada, así como también quienes hablaron a favor de la norma. Insisto en que las leyes no tienen un efecto mágico sobre las conductas de la sociedad, pero marcan hacia dónde vamos y qué es lo que queremos que opere en el mediano y corto plazo. Creo que el sentido de la votación de este proyecto de ley –y también del que fue aprobado en el día de ayer– es ir indicando un rumbo y un destino al que queremos llegar. Pero no sería justo ni honesto si no hiciera un reconocimiento. Hace poco propusimos una iniciativa para homenajear al PIT por el acto del 1.º de Mayo de 1983 y aunque a veces se nos critica porque nos hacemos eco de iniciativas que nacen en el movimiento sindical, quiero dejar sentado, con orgullo, que me siento totalmente gratificado por haber abierto todas las posibilidades para que la central sindical –que se hizo escuchar en el seno del Gobierno y de este Parlamento– pudiera lograr alguna de sus aspiraciones, como este proyecto de ley. No me avergüenzo, señora presidenta, de venir de donde vengo ni de coincidir con mis compañeros del movimiento sindical, y lo quiero manifestar con total orgullo. Fueron ellos los responsables –junto con todos los que se movilizaron– de que esta ley hoy sea realidad, y es justo reconocerlo.
13) ACTIVIDAD AGROPECUARIA NACIONAL
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueban medidas de apoyo a ciertos sectores de la actividad agropecuaria nacional. (Carp. n.º 1178/2018 - rep. n.º 736/18)».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Andrés Berterreche.
SEÑOR BERTERRECHE.- Señora presidenta: tenemos para informar un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y trabajado por el Poder Ejecutivo en los ámbitos que integran las gremiales agropecuarias.
Este es un proyecto que está compuesto por dos partes.
Los dos primeros artículos tienen que ver con la interpretación de lo dispuesto en la Ley n.º 19615, que establecía una reducción de la contribución inmobiliaria rural para ciertos tipos de productores, lo que, por problemas de interpretación, en algunas de las intendencias no se estaba pudiendo aplicar. Es por eso que, a pesar de que se consideraba que estaba claramente establecida, se realiza una mayor interpretación para que todos aquellos que puedan ser beneficiarios de esta reducción de la contribución inmobiliaria rural accedan a ella. Por su parte, el artículo 2.º extiende el período para realizar la notificación y ser beneficiario de tal descuento.
La segunda parte de este proyecto de ley tiene varios puntos interesantes. En realidad, constituye una promoción para el sector productivo, ya que plantea el acceso a los seguros por sequía, es decir, por déficit hídrico. Esto tiene que ver con el posible efecto del cambio climático, con los eventos extremos que están ocurriendo últimamente. En ese marco, se incluye el costo del seguro dentro de los incisos por los cuales se descuenta una vez y media el valor del costo para el IRAE. En el caso de los productores que tributan Imeba, se les da un crédito de un 12 %, que es equivalente al descuento que se aplica para los productores que tributan IRAE.
En este marco el proyecto nos parece particularmente importante, porque tiene dos aspectos. En primer lugar, hay un par de artículos que mejoran la adaptación al cambio climático por la vía del aumento de los seguros en el sector productivo y, en segundo lugar, porque atiende al sector que ha tenido problemas, principalmente productivos, a partir de ciertas situaciones. Recordemos que este proyecto de ley debería ser aprobado hoy para que pueda dar vía a los seguros que están en construcción, previo a la zafra de cultivos de verano que está por establecerse.
Es todo lo que tengo para informar, señora presidenta, y propongo al Cuerpo su aprobación.
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se otorgan beneficios tributarios a la producción nacional de luminarias led para alumbrado público. (Carp. n.º 1196/2018 - rep. n.º 737/18)».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Michelini.
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: la comisión me ha dado el honor de informar este proyecto de ley, que ha sido aprobado en la Cámara de Representantes. Consta de tres artículos y lo que hace es intentar la neutralidad impositiva. Todos sabemos que las luminarias led mejoran la calidad de la iluminación, bajan el costo de energía y, por lo tanto, no están gravadas. Las empresas pueden importarlas para las diferentes licitaciones, sobre todo las que hacen las intendencias y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero hay un detalle: si una empresa quiere comprar los componentes por separado y armar las led acá, los componentes tienen impuestos, algo que parece una locura. Si una empresa quiere traer las diferentes piezas por separado y crear puestos de trabajo en el país, queda en desventaja con quien las importa. Entonces, este proyecto de ley lo que hace es tener neutralidad impositiva, lo que en este caso se convierte en un estímulo porque si todavía hay, en forma embrionaria, gente que está armando las led acá, lo que estamos haciendo es darle un estímulo adicional. Si bien es neutro en términos teóricos, en la realidad termina generando un estímulo. Esta iniciativa, repito, se aprobó por unanimidad en la Cámara de Representantes. Espero que mis palabras hayan convencido al Cuerpo para que también se apruebe en el Senado por unanimidad.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas para el reconocimiento y protección al apátrida. (Carp. n.º 1160/2018 - rep. n.º 734/18)».
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: este proyecto de ley fue enviado a la Asamblea General el día 9 de octubre del año 2017. Ingresó en la cámara el 17 de octubre de dicho año y fue sancionado el 5 de setiembre del presente año.
En la exposición de motivos el Poder Ejecutivo define como apátrida a aquella persona que no es reconocida como nacional por ningún Estado y que, con frecuencia, no puede acceder a ninguno de los derechos fundamentales. Por eso es muy importante que completemos la sanción legislativa de este proyecto de ley en el día de hoy. Según Naciones Unidas, existen diez millones de personas apátridas y cada diez minutos nace un niño apátrida. Estos números son realmente impresionantes y nos deben mover a una rápida sanción de este proyecto de ley, que a su vez tiene otras normativas con las que genera sinergia respecto de esta problemática, que ha resurgido como problema de derecho internacional a partir de la Guerra Fría. Para nosotros este tema es coincidente con lo que Uruguay ratificó en la convención para reducir los casos de apátridas, que fue sancionada en el año 2001, aunque date de 1961.
A su vez, a través de la Ley n.º 17722, de 2003, se aprobó la adhesión de la república a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que había sido adoptada en 1964 en Nueva York.
En el marco de la conmemoración del sesenta aniversario de la Convención del Estatuto de Refugiados y del cincuenta aniversario de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, Uruguay anunció el compromiso de contar con un procedimiento de determinación formal de la condición de apátrida que conceda a las personas reconocidas como tales un estatuto consistente con los estándares internacionales. Cabe decir, señora presidenta, que Uruguay, con la aprobación que seguramente se dé en el día de hoy, estaría en condiciones de levantar una observación de la Cedaw. El comité en el año 2016 planteaba la necesidad de una legislación para la condición de las mujeres apátridas que no sean refugiadas. Esta es una condición específica que Uruguay no tenía cubierta y por lo cual nos complace mucho en el día de hoy estar cerrando estas dos realidades.
Se considera vital que los estados identifiquen a las personas en sus territorios para poder reconocer sus derechos y generar condiciones de dignidad en su vida. El objetivo de este proyecto es el reconocimiento y la protección al apátrida y consiste en regularizar y mejorar la condición de estas personas, asegurando el libre ejercicio de sus derechos y libertades conforme a la Carta de Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este proyecto tendrá resultado en la labor que cumple la Comisión de Refugiados, que en nuestro país fue creada por la Ley n.º 18076 y cuenta con el asesoramiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.
Finalmente, cabe recordar que la república ratificó la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de Naciones Unidas mediante la Ley n.º 13777 y sancionó, asimismo, la Ley n.º 18076 sobre refugiados. Ambos instrumentos están íntimamente relacionados con las convenciones internacionales en materia de apatridia, dado que la convención de refugiados regula el caso de los apátridas cuando estos tengan calidad de refugiados. Considerando la necesidad de regularizar la condición de aquellos apátridas a los que la convención de refugiados no alcanza, justifica la necesidad de la adopción del presente proyecto de ley de reconocimiento y protección a estas personas.
Corresponde señalar que el proyecto de ley consta de cinco títulos y cuarenta artículos.
El título I refiere a la definición de persona apátrida, al principio de la unidad familiar, al principio de no rechazo en frontera y de no devolución, a la expulsión de las personas que no reúnen las condiciones previstas para la definición de apátrida, a la cancelación, la revocación y el cese de la condición de persona apátrida cuando las condiciones no se reúnen.
El título II trata de los deberes y derechos de la persona apátrida, de los documentos de identidad y de viaje, del cambio de condición migratoria y de la asistencia administrativa.
El título III alude a los órganos competentes en materia de apátridas, a sus funciones y cometidos.
El título IV regula el procedimiento para la determinación de la condición de la persona apátrida.
El título V refiere a las disposiciones finales, a la normativa aplicable y a la posibilidad del Estado de solicitar cooperación y asistencia técnica al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la comunidad internacional para la asistencia directa de las personas apátridas. Asimismo, establece elementos de interpretación.
Creemos que es un instrumento muy importante y recomendamos al Cuerpo su aprobación.
SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
En consideración los artículos 1.º a 39 del proyecto de ley.
SEÑOR MICHELINI.- Falta el artículo 40.
SEÑORA PRESIDENTE.- He tenido una equivocación. En realidad, son cuarenta artículos.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar el artículo 40.
16) PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS, TÍTULOS Y ESTUDIOS DE NIVEL PRIMARIO/FUNDAMENTAL/BÁSICO Y MEDIO/SECUNDARIO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel primario/fundamental/básico y medio/secundario entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados, suscrito en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010. (Carp. n.º 1114/2018 - rep. n.º 731/18)».
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: hemos traído a consideración del Cuerpo el proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel primario/fundamental/básico y medio/secundario entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados, que fue enviado a la Asamblea General como mensaje del Poder Ejecutivo el 29 de enero de 2018 e ingresó a la Cámara de Representantes el 7 de febrero de 2018, que lo sancionó el 13 de junio de 2018.
El Codicén, en más de una oportunidad, ha exhortado al Parlamento que ratifique el protocolo. A este respecto, por resolución n.º 93, acta n.º 43, del 25 de julio de 2017, se nos hace saber «la necesidad de diligenciar con la mayor celeridad posible el proceso legislativo correspondiente».
El protocolo data de agosto de 2010 y fue aprobado en la XXXIX Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común. Tiene por finalidad garantizar la movilidad estudiantil entre las partes del Mercosur. En tal sentido, impulsa el intercambio de información y el establecimiento de las equivalencias correspondientes para cada uno de los sistemas educativos, esto es, primaria, secundaria básica, secundaria, etcétera.
Las partes refieren a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela.
El texto da cuenta de una concientización sobre la necesidad de que los procesos de integración regional promuevan una educación equitativa y de calidad, con miras a lograr un desarrollo creciente y armónico en los países de la región y consolidar democracias con menores desigualdades sociales.
El protocolo reconoce la relevancia de establecer mecanismos de intercambio que favorezcan el desarrollo educativo, cultural y científico-tecnológico de los Estados partes y asociados del Mercosur. La idea es que los estudiantes puedan continuar sus estudios en cualquiera de los países del bloque y garantizar una inserción educativa rápida y eficiente.
En cuanto al contenido del protocolo, el artículo 2.º prevé la constitución de una Comisión Técnica regional en el ámbito de la Reunión de Ministros de Educación del Mercosur, que tendrá entre sus objetivos establecer las equivalencias correspondientes a cada nivel educativo.
El artículo 3.º prevé que las partes reconocerán los estudios de nivel primario/fundamental/básico y medio/secundario a través de sus diplomas, títulos y certificados expedidos por las instituciones educativas. Como la idea es evitar que estas equivalencias se hagan para cada caso, se establece un sistema general para que estas puedan hacerse por parte de las instituciones. Esto es muy importante porque, más allá de que existe un Mercosur educativo, hoy en día trabajamos con el caso a caso.
El artículo 4.º establece el reconocimiento de los estudios incompletos realizados en cualquiera de las partes, para ser continuados en el país receptor. Supongamos alguien que se va con primaria o secundaria incompleta, puede terminar sus estudios; insisto, más allá del caso a caso y de que la institución educativa que lo recibe esté de acuerdo. Ello se encuentra establecido como mecanismo general.
En el artículo 8.º se incluye la cláusula de que serán de aplicación las disposiciones más favorables en la materia.
El artículo 10 señala que el protocolo estará abierto a la adhesión de otros Estados asociados.
Por último, el artículo 14 define que la Comisión Técnica Regional será el órgano encargado de continuar con las tareas desarrolladas por la Comisión Regional Técnica constituida –esto es lo más importante– en los Protocolos de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel primario y medio no técnico. Aclaro que esto no va a tener impacto alguno sobre el mercado de trabajo, en el sentido de que los países del Mercosur siguen haciendo reservas a sus mercados de trabajo que impiden el reconocimiento de títulos habilitantes para profesiones, pero sí va a permitir la continuidad educativa en todos los niveles en los países del Mercosur.
Para finalizar, quiero decir que en el día de ayer se le entregó el título doctora honoris causa a la señora Adela Pellegrino, demógrafa y experta en migraciones. Durante varios años de su vida se dedicó a la migración calificada y al fenómeno que llamamos de brain drain. Todos esos estudios constatan que hay un fenómeno de movilidad regional educativa impresionante y creciente, al cual llegamos con un poquito de retraso, pues se ve obstaculizado por las barreras burocráticas que existen para el reconocimiento de títulos y para la continuidad de los estudios. En lo personal, pasé muchas dificultades para revalidar aquí, en Uruguay, mi título obtenido en Brasil. Este es un problema de todos los días que afecta a la educación superior pero, especialmente, a la movilidad familiar y a los niveles más básicos.
Es con mucho entusiasmo que apoyo la aprobación de este protocolo de integración educativa entre los países del Mercosur que, como dije, admite la posibilidad de que se pueda extender a otros Estados.
Léase el artículo único.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Apruébase el Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario/Fundamental/Básico y Medio/Secundario entre los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010».
17) SEÑORES OMAR MESA GONZÁLEZ Y ANÍBAL CABRAL SEGALERBA. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADORES
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: «Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con la solicitud de acuerdo remitido por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:
(Carp. n.º 1171/2018 - rep. n.º 732/18);
(Carp. n.º 1180/2018 - rep. n.º 733/18)».
SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n.º 1171/18, correspondiente a la solicitud de acuerdo remitido por el Poder Ejecutivo para designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Rumania, al señor Omar Mesa González.
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: recientemente recibimos en la comisión de Asuntos Internacionales al embajador Mesa para conversar sobre su plan de gestión en la Embajada en la República de Rumania, si es que hoy conferimos el acuerdo que solicita el Poder Ejecutivo.
En cuanto a los antecedentes en materia de formación y de responsabilidades que el embajador Mesa ha asumido, todos tenemos el repartido sobre nuestro pupitre, por lo que no hay necesidad de abundar en ellos. Creo que lo importante, como siempre, es hacer un breve resumen de la propuesta de trabajo que traen a la Comisión de Asuntos Internacionales quienes son propuestos por el Poder Ejecutivo.
Con Rumania tenemos relaciones diplomáticas desde 1935. Obviamente, fue mucho después, en 1960, que procedimos a la apertura de un consulado que a partir de 1964 adquirió rango de embajada. En 2002, producto de la crisis, hubo una reducción en materia de dependencias del servicio exterior, la Embajada de Rumania fue cerrada –cuestión que se efectivizó al año siguiente– y en el año 2008 se procedió a su reapertura.
En cuanto al plan de gestión, las líneas de trabajo son las tradicionales de la diplomacia política, económica y cultural, pero también se agrega la diplomacia en materia de relacionamiento científico, área en la que –como decía la señora senadora Moreira– hay una enorme movilidad y va en ascenso la cantidad de personas que tienen que ver con la creación y el conocimiento. Sin duda, esta una de las preocupaciones que el embajador Omar Mesa siempre señala. Debemos recordar que en materia de francofonía trabajó mucho para que el país ingresara en la comunidad.
¿Qué cosas importantes tiene hoy Rumania? Se encuentra en un punto estratégico, en el límite entre oriente y occidente, situación que en esa región y desde muchos puntos de vista tiene importancia estratégica, tanto en lo político como en lo comercial. Sin duda que trabajar para estrechar lazos sigue siendo una prioridad para los países que tienen ventajas geopolíticas comparativas. Queda claro que a partir del año 2007, con una Rumania dentro de la Unión Europea, la mirada debió extenderse hacia todos estos países como una oportunidad para intensificar la tarea diplomática.
Queda a disposición el plan de trabajo presentado en comisión por el embajador Omar Mesa –que escuchamos con detenimiento–, en caso de que las señoras y señores senadores deseen profundizar en él. Pero a modo de conclusión, lo importante a destacar es que Rumania puede resultar –como otros países, pero no son muchos– una puerta de entrada a Europa Oriental con un papel relevante en el dominio geopolítico, que potencia, por tanto, el nivel de relaciones que debemos encarar. Rumania tiene un papel clave en la reducción de conflictos, ya que es una zona en la que hay varios territorios ocupados por otras naciones. Creemos que Uruguay, por ser reconocido en preservar la paz, debe tener siempre una tarea de esta naturaleza y buscando aliados.
Creemos que la próxima presidencia de Rumania de la Unión Europea, en setiembre de 2019, así como la propia elección del presidente de Rumania en el año 2020, sin duda traerán aparejados algunos cambios que, esperamos, sirvan para profundizar nuestras relaciones.
Debemos destacar que, aparentemente, en este país no tenemos compatriotas –o por lo menos, detectados hasta el momento–, pero sin duda que su enclave nos hace propicio, como siempre, ratificar la línea de trabajo de vínculo con nuestras colectividades de la diáspora en el mundo.
Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad, recomienda aprobar el acuerdo para la designación del señor embajador Omar Mesa González.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Rumania al señor Omar Mesa González».
SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: es con entusiasmo y con un profundo reconocimiento que voto esta venia.
Conocí a Omar Mesa antes de ser embajador de Francia, justamente por su preocupación por la francofonía, de la cual me enteré gracias a él. Además, se ocupó mucho tiempo –más allá de los vínculos comerciales con Francia– de los vínculos culturales y científicos con este país. Tuvo una carrera difícil, con problemas de reinserción a la salida de la cárcel. Fue un preso político sometido a las condiciones más duras. Lo superó y hoy está en la carrera diplomática. Conocí su trabajo como embajador en Francia, un trabajo intenso, sistemático, esforzado y dejó allí una acumulación importante.
Así que con los mejores deseos en su nuevo destino y con gran satisfacción es que votamos esta venia.
SEÑOR CASTAINGDEBAT.- Señora presidenta: conocimos a Omar cuando fue embajador en París y tuvo mucho que ver con algo que al departamento de Flores le está cambiando la vida. Me refiero al hecho de que hoy Flores tenga el segundo geoparque de América Latina y el único en el Uruguay. En ese momento, Santiago Wins era el representante frente a la Unesco; hoy creo que se han unificado las representaciones y los dos tuvieron mucho que ver en eso.
Asimismo, Omar tuvo mucho que ver con algo que escuché hoy de mañana –un poco inédito para el interior del país–: traer un grupo de personas con capacidades diferentes desde Francia a Uruguay y poder llevar a otro grupo de personas con capacidades diferentes de Uruguay a Francia. Estas personas estuvieron conviviendo, tanto acá como allá, y la experiencia marcó un antes y un después en nuestra región, ya que no solamente fue gente de Flores.
Hoy se señaló que, más allá de las leyes, Uruguay no está preparado para hacer frente a demandas en relación con capacidades diferentes. Entonces, vaya si tendremos que aprender de otros países, en particular, de muchos que han vivido guerras que determinaron que la discapacidad –sobre todo motriz– fuera parte de su vida cotidiana.
Casualmente, hoy nos tocó estar acá, de modo que adherimos al saludo a Omar y ¡ojalá que pueda repetir en Rumania todas las cosas lindas que hizo cuando fue embajador en París!
SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n.º 1180/2018, correspondiente a la solicitud de acuerdo remitido por el Poder Ejecutivo para designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, al señor Aníbal Cabral Segalerba.
Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Alonso.
SEÑORA ALONSO.- Señora presidenta: el señor embajador Aníbal Cabral estuvo en la comisión y presentó un vasto informe –cuya lectura recomiendo a los señores senadores– junto a un plan político, económico y comercial con México.
En este caso nos toca, no solo aprobar este acuerdo sino hacer referencia a los antecedentes del señor Aníbal Cabral.
Su currículo habla de su profesionalismo: es licenciado en Relaciones Internacionales por la UdelaR; en 1990 ingresó al Instituto Artigas del Servicio Exterior; actualmente es director general para Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuenta con una vasta trayectoria y experiencia por haber participado en múltiples misiones diplomáticas en países como Brasil, Bielorrusia, Luxemburgo, Bélgica y Rusia, entre otros.
En este caso, el destino es México, y el informe que el embajador entregó a la comisión contiene abundante información sobre ese país y su relación con el nuestro.
México y Uruguay mantienen un vínculo histórico. Sus relaciones diplomáticas comenzaron hace ya largo tiempo, en el año 1831. Los vínculos son estrechos y se comparten valores y posiciones sobre la actual situación de la sociedad internacional.
Más allá de los actuales e importantes intercambios entre ambos países, existe un amplio margen para intensificar aún más los lazos bilaterales, principalmente en el área económica. Si bien está vigente un tratado de libre comercio –uno de los más importantes, si no el más importante que tiene nuestro país–, igualmente hay un margen significativo para mejorar. El mercado mexicano resulta más que atractivo para los exportadores uruguayos, y mejorar las condiciones de acceso es un punto fundamental que fue mencionado por el señor Aníbal Cabral. Además, ese país es un importante emisor de inversiones extranjeras directas, particularmente en la región.
Actualmente México constituye el octavo destino de nuestras exportaciones. En el año 2017 las exportaciones uruguayas alcanzaron aproximadamente los USD 197:000.000 y presentaron un incremento del 17 % respecto al año anterior. Se destacan, particularmente, las ventas a ese país desde zonas francas, teniendo en cuenta que la empresa PepsiCo le exporta el 23 % del total de concentrados de bebidas, lo que representó cerca de USD 130:000.000 en 2017.
Además, México es el quinto país de origen de nuestras importaciones, que alcanzaron aproximadamente los USD 210:000.000 en 2017.
Por tanto, señora presidenta, ese país continúa consolidándose como un importante socio comercial del Uruguay, constituyendo uno de los diez principales destinos de nuestras exportaciones.
Además, Uruguay es el único país del Mercosur con el que México tiene un tratado comercial, pero no se trata solo de lo comercial ya que entre ambos países existe, también, diálogo político, cooperación técnica y científica, educativa y cultural. El embajador Aníbal Cabral referenciaba muy bien en su informe el desarrollo de programas de cooperación técnica y científica en sectores prioritarios para ambos países, como el medioambiente, el cambio climático, desarrollo social, gobernabilidad y fortalecimiento de las políticas públicas.
Por otro lado, las recientes elecciones en México y sus resultados auguran un período de cambios en el país latinoamericano, lo que puede hacer necesario un seguimiento de las condiciones políticas que allí se desarrollen, teniendo en cuenta que los vínculos de hermandad que unen a ambos países permiten explorar acercamientos de interés común como, por ejemplo, la estrategia para la regulación de los mercados de estupefacientes o la cooperación en temas relacionados con el combate a la pobreza.
Por lo tanto, señora presidenta, por estas razones de carácter estratégico entre ambos países y dados los antecedentes que avalan al señor Aníbal Cabral, proponemos al Cuerpo que dé su aprobación a esta solicitud en el día de hoy.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.º 1180/2018.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al señor Aníbal Cabral Segalerba».
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: muy brevemente, quiero señalar que vamos a tener un gran embajador. Es un orgullo que Aníbal Cabral nos esté representando. A su vez, lo vamos a extrañar acá, pues la Cancillería ha contado con él para varias de las acciones políticas que llevó adelante. El hecho de que va a estar representándonos en México también implicará su falta aquí, en la estructura del ministerio. De todos modos, estoy realmente orgulloso de esta designación.
SEÑORA PRESIDENTE.- Han quedado aprobados los proyectos de resolución.
18) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, a partir de las 13:45 del día de hoy, por motivos personales.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente muy atentamente.
Marcos Otheguy. Senador».
Queda convocada la señora Cristina Lústemberg, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas para la promoción del desarrollo con equidad de género. (Carp. n.º 1159/2018 - rep. n.º 735/18 y anexo I)».
SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: el proyecto de ley sobre promoción del desarrollo con equidad de género, que pasaré a informar a continuación, ya cuenta con media sanción. Es una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo introducir modificaciones en las disposiciones sobre contrataciones y adquisiciones de bienes, obras públicas y servicios, con la finalidad de promover el desarrollo con equidad de género.
La presente acción nace para dar cumplimiento a compromisos nacionales e internacionales asumidos por nuestro país, en particular los señalados por el comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –Cedaw–, la Estrategia de Montevideo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se procura realizar modificaciones a las Leyes n.os 19292 y 18362, para adecuarlas, constituirlas en herramientas para la equidad de género y contribuir a la transformación democrática del Estado y de la sociedad, de la mano de una mejora en la gestión.
Esta iniciativa es de carácter interinstitucional; en la investigación y en la elaboración de las propuestas contó con la participación de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería; del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Ministerio de Desarrollo Social, de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esta labor colectiva se conjuga en el Consejo Nacional de Género, que ha venido trabajando en este tema desde octubre de 2015. Se trata de otro espacio interinstitucional que busca que en el proceso de elaboración de las políticas públicas se promueva la igualdad entre mujeres y varones.
En esta iniciativa se incorporan las políticas públicas y la perspectiva de equidad de género para el desarrollo. La OPP, en el marco de la estrategia nacional para el desarrollo sostenible, entiende que este solo será alcanzado si se superan las barreras vinculadas a la desigualdad entre hombres y mujeres, ya que sin las mujeres el desarrollo del Uruguay no fue ni será posible. Por ello, hoy en día las políticas de género son componentes de la mirada integral que poseen las políticas de desarrollo. En el marco de la estrategia nacional de género 2030 se plantea, como eje fundamental, la promoción en autonomía económica de las mujeres, en el ejercicio de los derechos laborales y de su capacidad para desarrollar emprendimientos y empresas.
El proyecto de ley consta de tres artículos. El artículo 1.º sustituye al artículo 3.º de la Ley n.º 19292, sobre producción familiar agropecuaria y pesca artesanal. En concreto, se agrega un inciso segundo que establece que del mecanismo de reserva para las organizaciones habilitadas, un 50 % se destina a organizaciones habilitadas con igualdad de género. Este mecanismo permite que la mitad de la reserva se utilice para las organizaciones habilitadas con igualdad de género.
El artículo 2.º sustituye al artículo 5.º de la misma ley y refiere a las organizaciones habilitadas con igualdad de género como aquellas en las que se verifica al menos la participación de las mujeres en la gestión de la organización y del sistema productivo, estableciendo que el Poder Ejecutivo será el que definirá los criterios en la reglamentación. Esta reglamentación del Poder Ejecutivo permitirá la flexibilidad en la aplicación de los criterios que se determinen de acuerdo a los avances y a las nuevas posibilidades que enfrenten los productores y las productoras familiares.
La Ley n.º 19292 presenta tres objetivos muy claros: fortalecer la economía de la producción familiar, apuntalar la soberanía alimentaria y trabajar en ubicar las compras públicas como herramienta de desarrollo. Esta propuesta se realiza para responder a la problemática de la migración rural, que posee marcas de desigualdad de género muy claras. En las ciudades las mujeres somos el 52 % de la población; en el medio rural somos un 43 %. Al observarse las explotaciones agropecuarias, la cifra cae al 37 %. Se evidencia, de esta manera, la migración de las mujeres, que genera una masculinización del medio rural, proceso que se configura especialmente entre los quince y treinta y cinco años.
De acuerdo a un trabajo realizado por la licenciada Paula Florit en el año 2015, este proceso de masculinización se ha asociado al desigual acceso a recursos productivos y al empleo remunerado, así como a los procesos de invisibilización del trabajo de las mujeres en la producción agropecuaria y un reducido control de la producción y sus utilidades. Según datos del INE, en el medio rural únicamente el 32 % de las mujeres se declaran como ocupadas. El análisis de las explotaciones agropecuarias permite señalar que del total de los trabajadores permanentes solo un 26 % son mujeres, contemplando en esta cifra tanto a las asalariadas como a las integrantes de la producción familiar y concentrándose las mismas en las categorías ocupacionales de cocineras y peonas. Adicionalmente, se debe destacar que el 50 % de los trabajadores y las trabajadoras permanentes del medio rural no poseen remuneración. A su vez, el 63 % de ellos son mujeres, concentrándose en la categoría de productoras socias.
Estos números nos muestran la necesidad de continuar la elaboración de acciones afirmativas que colaboren en modificar la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha venido trabajando desde hace un tiempo y se ha comprobado, por ejemplo, un aumento del 10 % en el porcentaje de apoyo a la producción, captado por mujeres, en los últimos seis años.
El artículo 3.º va a sustituir al artículo 44 de la Ley n.º 18362, que refiere al Programa de Contratación Pública para el Desarrollo en lo relativo al fomento y apoyo de la mediana, pequeña y microempresa. Aquí se le agrega el literal D) que refiere al Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las mipymes introduciendo la perspectiva de género. La metodología de empresa mipymes es una de las más importantes actualmente en nuestro país. Hay 152.000 empresas de este tipo, lo que representa el 85 % del total. La señora senadora Moreira hizo referencia a este punto hace un rato.
En este ámbito también existe inequidad de género, reflejado principalmente en los cargos directivos que ocupan las mujeres, sus condiciones de trabajo y la sostenibilidad al desarrollar su actividad. Por ejemplo, las actividades que realizan las mujeres son vinculadas al ámbito local o barrial; solamente el 20 % de las empresas lideradas por mujeres vende sus productos al Estado. Mediante estas modificaciones, el Ministerio de Industria, Energía y Minería procura incorporar a los procesos de licitación de compras cláusulas de preferencia para aquellos proyectos que tengan un enfoque de género, tales como la división sexual del trabajo a la interna y el sistema de remuneración igualitaria, entre otros, permitiendo que sea un criterio de desempate. En el caso de que la oferta quedara en segundo lugar, se permitirá abrir una nueva instancia para igualar el precio de la mejora de oferta. Con ello se procura que el instrumento de compras públicas sea una herramienta para que las condiciones a valorar sean las más ventajosas para los objetivos de desarrollo social y de género en el Uruguay, además de contribuir a la autonomía de las mujeres y a la modificación en la lógica de la división sexual del trabajo que tenemos actualmente.
Considero importante también mencionar que esta iniciativa toma como referencia experiencias internacionales que dan cuenta de que las empresas que adoptan dentro de sus condiciones laborales pautas con equidad de género, han crecido. Su PBI per cápita es mayor, en términos generales, y el clima laboral se ve ampliamente favorecido, aumentando la creatividad y la competencia de la empresa.
Para finalizar, quiero agradecer y felicitar a todas las personas que han contribuido a la investigación y a la elaboración de este proyecto que, ciertamente, da respuesta a mucho de los planteos hechos por mujeres organizadas en los espacios de diálogo que existen desde el año 2015.
Hace pocos días se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres Rurales donde, además de visibilizarse los logros, se discutieron desafíos y objetivos nuevos que tienen como componente principal incluir la mirada y la perspectiva de género de cara a un cambio cultural, social y económico, en el marco del año por el empoderamiento de las mujeres, adolescentes y niñas rurales.
Ya que el lunes 15 de este mes se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Rurales, aprovecho la oportunidad para enviarles, desde acá, un abrazo a todas ellas.
Señora presidenta: la comisión sugiere al plenario la aprobación de este proyecto de ley.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: voy a ser breve porque la excelente exposición que realizó la señora senadora Ayala me inhibe de hacer cualquier consideración sobre los contenidos específicos de la normativa que se propone. Simplemente, diré que el proyecto de ley busca incentivar la autonomía económica de las mujeres a través de una reserva de mercado, en este caso el sistema de compras públicas, para aquellas organizaciones productoras de bienes alimenticios que tengan participación de mujeres en la gestión de la organización y del sistema productivo.
Señora presidenta: el sistema de compras públicas es un instrumento muy importante para el desarrollo. Es muy importante porque podemos direccionarlo. Ha sido fundamental para la economía social y también como orientador de política, algo que en este caso se hace de manera bastante original o –podríamos decir– imaginativa.
La autonomía económica de las mujeres es clave para el desarrollo con igualdad. A su vez, el desarrollo con igualdad es clave para la democracia. La democracia convive muy mal con las desigualdades.
La autonomía económica es bastante más difícil para las mujeres que para los hombres, porque hay muchas más mujeres sin ingresos que hombres sin ingresos, y en el medio rural esto es mucho peor. La disponibilidad de ingresos propios tiene que ver con la desigualdad estructural del mercado de trabajo. La discriminación salarial sigue existiendo y llega a ser el 25 %, es decir, una mujer gana un 25 % menos que los hombres en algunos estratos del mercado de trabajo.
La división sexual del trabajo hace que existan ramas superfeminizadas, donde el salario se deprime por la menor valoración social asociada al trabajo de las mujeres en relación con los hombres. La docencia es un caso y la limpieza de grandes superficies también; la división sexual del trabajo opera allí. Sin duda, ya hemos hablado bastante sobre la carga del trabajo no remunerado, tal como lo hizo la senadora Ayala.
En el Uruguay, para las mujeres con menores ingresos, menor educación y mayor número de hijos, las brechas de género en el mercado laboral se superagudizan; eso es lo que pasa con las mujeres rurales y con la agricultura familiar, que es el sostén de la producción de alimentos de este país.
La señora senadora Ayala mencionó la masculinización del medio rural. La mujer emigra del medio rural. No digo que con esta política vayamos a retener a las mujeres en el medio rural –soy muy cauta con respecto a las perspectivas generales de retener a la población en el medio rural–, pero en la medida en que las mujeres dispongan de ingresos, será posible.
En mi juventud trabajé con un proyecto de Manos del Uruguay que estaba orientado, justamente, a que las mujeres tuvieran autonomía económica e ingresos propios, y fue algo espectacular, que tuvo grandes impactos. Esto fue hace muchos años, en la primera etapa de Manos del Uruguay.
En la medida en que las mujeres dispongan de ingresos propios van a tener mayores incentivos para arraigarse. El arraigo de las mujeres conlleva el arraigo de las familias y colabora con la reducción de la masculinización en el medio rural.
En cuanto a los niveles de ocupación y remuneración, el informe señala que solo un 32 % de las mujeres se declararon ocupadas en el medio rural; y del total de trabajadores permanentes, el 26 % son mujeres. Entre los trabajadores que no obtienen remuneración la mayoría son mujeres, hasta por el tema de que se incorporan a la producción familiar sin remuneración.
Lo peor es que la mujer no tiene acceso al activo tierra, que es un capital. Ya no hablamos solamente de los ingresos y del mercado de trabajo, que son flujos, sino de la disponibilidad de cosas, de bienes tangibles. El activo tierra le es muy esquivo a la mujer. Menos del 20 % de la titularidad de la tierra recae en las mujeres, y en menos del 11 % de la superficie explotada las mujeres son titulares de los predios. A mayor tamaño de la empresa, menor titularidad femenina.
En el sistema de compras públicas, el 66 % de las empresas que le venden al Estado figuran bajo titularidad masculina.
Así que las mujeres no tienen la titularidad de la tierra, no tienen acceso al capital tierra, que sigue siendo central en el desarrollo capitalista, y ni siquiera disfrutan de preferencias en el sistema de compras públicas.
No digo que con este proyecto de ley vayamos a resolver estos problemas, que son estructurales de la condición de la mujer y de la forma en que se articulan los activos y el trabajo en el medio rural, pero creo que es una buena señal –sin duda va a honrar a la señora Margarita Percovich, siempre preocupada por estos temas– seguir trabajando en la titulación de la tierra para las mujeres; es un objetivo a alcanzar y tenemos que trabajar en él denodadamente. El activo no solamente refiere al capital humano, que es la educación, sino también al capital que sigue siendo central en el desarrollo económico, que es el capital tierra.
Junto con esto, señora presidenta, seguiría insistiendo en desarrollar más acciones tendientes a mejorar la titularidad de la tierra para las mujeres. No digo que eso vaya a revertir la masculinización, pero sí va a revertir la disponibilidad de activos por parte de hombres y mujeres, que es parte de la brecha de desigualdad de género que hoy se verifica en el Uruguay.
SEÑOR MICHELINI.- Esta es una ley ingeniosa, interesante, que ayuda a la igualdad porque conecta parte de las necesidades del Estado –lo que es su demanda de bienes– con la oferta dada por organizaciones y empresas lideradas o llevadas adelante por mujeres.
La verdad es que le encontraron un giro a este tema. Sé que esta ley va a pasar desapercibida hasta que prenda en la gente, sobre todo en las emprendedoras, pero es muy ingeniosa. Muchas veces hablamos sobre la igualdad de género y realizamos discursos, pero esto es pie en el suelo, en este caso pie en la tierra. Si esto se desarrolla bien, creo que estamos creando un instrumento efectivo para la igualdad.
Me siento muy orgulloso de estar votando este proyecto de ley. Ojalá concite la unanimidad del Senado. Esperamos que el Estado en su conjunto lo dé a conocer a todas aquellas emprendedoras que están vinculadas al tema del campo.
SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.
SEÑOR SARAVIA.- No voy a hablar directamente sobre el proyecto, porque comparto totalmente lo expresado por la señora senadora Ayala como miembro informante, que hizo un informe correcto y muy exhaustivo.
Vamos a votar este proyecto de ley porque creemos que es una herramienta más que puede colaborar con una vieja y larga discusión que tiene que ver con la participación de la mujer rural en el ámbito del trabajo y la empresa agropecuaria.
Los que tuvimos algo que ver con el tema de la dirigencia gremial –como es mi caso– y compartimos la lucha de las mujeres agropecuarias durante tantas décadas por el derecho al trabajo igualitario en el sector agropecuario, creemos que a este tipo de herramientas se tienen que sumar otras. El avance de las corporaciones transnacionales sobre la tierra ha desplazado a la mujer rural del alcance a la tierra y del gerenciamiento de las empresas. Si uno mira a las grandes corporaciones, estas no tienen un gran número de mujeres capacitadas o no las capacitan para el trabajo.
En realidad, la verdadera mujer rural, la que coparticipa en el trabajo de la tierra, es la que integra las pequeñas y medianas empresas agropecuarias familiares en el territorio nacional. Esa es la realidad. Si uno analiza el ámbito del tambo nacional, constatará que de 4000 empresas agropecuarias, algo más de 2000 son pequeños arrendatarios, y ahí hay una participación muy importante de la mujer en la tarea agropecuaria, diría que igualitaria con el hombre, porque la mujer rural trabaja de igual a igual en la tarea agropecuaria con el hombre; no es que esté discriminada.
Cuando las cifras indican que el 39 % de las mujeres rurales están ocupadas, en realidad hacen referencia a la ocupación como empleadas o patronas de trabajo, porque en general, en el ámbito de las empresas familiares agropecuarias, la mujer rural hasta trabaja mucho más que su propio compañero o esposo en ese establecimiento. No hay que olvidar que la mujer rural no solo se encarga de muchas de las tareas agropecuarias, sino también del acceso a la educación de sus hijos en los ámbitos rurales, cada vez más distante.
En cuanto al acceso a la tierra, hay que reclamar que las mujeres accedan a ella. La mujer siempre es la que tiene mayor dificultad en esto; no sé si eso se debe a que voluntariamente no se han presentado como aspirantes a colonos. Creo que aquí es adonde hay que apuntar con estas herramientas.
A veces, en las compras del Estado uno visualiza las dificultades que tienen determinadas herramientas –como estas– para llegar a ciertos sectores de la población que uno quiere incentivar con su remuneración.
¡Bienvenido este proyecto de ley, que creo que es bueno!
Hace mucho tiempo que el tema está arriba de la mesa; lo vienen planteando de larga data las mujeres rurales al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como lo hicieron en otro tiempo, hace muchos años. Creo que desde 2015 a la fecha se ha discutido este tema y me parece que hay otras herramientas a agregar que ayudarían a incentivar ese equilibrio.
Nuestro país siempre ha estado de espaldas al campo; es un país con mentalidad de hormigón, que toda la vida ha mirado hacia la palangana, hacia el sur, olvidando que en su mayor parte se explica por ser un país agropecuario. Y un país agropecuario sin trabajadores y sin empresarios, sobre todo mujeres, que son la inteligencia más relevante en el sector agropecuario para el desarrollo de una sociedad, está condenado a desaparecer, a menos que pretenda hacer desaparecer a las empresas familiares sustituyéndolas por cuatro o cinco corporaciones. Si apostamos al desarrollo agropecuario familiar tenemos que emplear determinadas herramientas que fortalezcan, justamente, el trabajo de la mujer y el desarrollo de la tecnología en el sector. Nadie va a ir a trabajar al campo sin el alcance económico necesario. Hay que desarrollar tecnología, capacitar y, sobre todo, dar a esas personas –en este caso las mujeres– lo que necesitan, que es el incentivo económico, tecnológico y cultural para desarrollarse ellas y sus hijos o hijas en el sector agropecuario, a fin de obtener el retorno de esa herramienta que viene a ser el capital humano que tiene el Uruguay en las mujeres del sector agropecuario.
Así que, ¡bienvenido este proyecto de ley! ¡Ojalá existan más proyectos de ley como este que vamos a acompañar!
SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra.
SEÑOR BERTERRECHE.- Señora presidenta: voy a ser breve porque mis palabras van a ir en el mismo sentido que las de los señores senadores que hicieron uso de la palabra con anterioridad.
La mujer en el campo recibe muchas veces el mote de «cónyuge colaboradora» y hasta ahí llega. Por eso, hace varios años el Instituto Nacional de Colonización definió la cotitularidad cuando las parejas ingresan al instituto. Ya no es más el colono con su cónyuge colaboradora, sino que ambos son cotitulares de la fracción; esto no es de ayer ni de anteayer, sino que hace cuatro años que se está haciendo con muchísimo éxito. De todas formas, al igual que este proyecto de ley, no creo que solucione el fondo del asunto, pero va a permitir que por esta vía, lenta pero inexorablemente, se llegue a la equidad y a la inclusión de género también en el ámbito rural.
Se va a votar la moción formulada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el articulado.
Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se comunica que, en virtud de la licencia concedida al señor senador Otheguy, y al haber presentado nota de desistimiento la señora Cristina Lústemberg, queda convocado el señor Saúl Aristimuño, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
21)	LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
(Así se hace, a las 14:14, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Ayala, Berterreche, Bianchi, Carrera, Castillo, De León, Ferreira, García (Graciela), Garín, López Villalba, Michelini, Moreira, Payssé, Pintado, Reyes, Saravia, Silveira, Tourné y Xavier).
Silvana Charlone Prosecretaria