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Timestamp: 2019-05-21 08:56:31
Document Index: 256205706

Matched Legal Cases: ['Artículo 165', 'artículo 165', 'artículo 127', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49']

GACETA OFICIAL N° 37319 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2001
La noción de costa y ribera, entendidas éstas, para los efectos del presente Decreto Ley, como las zonas costeras del espacio geográfico nacional, que constituye la continuidad y el vínculo natural entre el ámbito terrestre y el acuático, el cual permite la inseparable influencia entre uno y otro. En su conjunto, integran a los diversos ecosistemas y los elementos geográficos que los componen, conformando una unidad geográfica y física de especial importancia para el desarrollo sustentable del País.
Se evidencia la importancia que sus costas y riberas representan para el país, al señalar su longitud: La fachada Caribe, 2.394 kilómetros desde Castilletes a Punta Peñas; la fachada atlántica, 814 kilómetros desde Punta Peñas a Punta Playa en el Estado Delta Amacuro; La zona en reclamación, 291 kilómetros desde Delta Amacuro al río Esequibo; El espacio lacustre del Lago de Maracaibo, 728 kilómetros; el Lago de Valencia 143 kilómetros y el lago del Gurí, con sus características especiales, 2.210 kilómetros; El espacio insular 762 kilómetros, y como ejemplo de riberas fluviales, el río Orinoco que genera, desde Puerto Ayacucho a Boca Grande, 2.430 kilómetros.
Tal zona representa un recurso limitado, que permite múltiples usos, en algunos casos exclusivos y excluyentes, y en otros, compatibles entre sí, lo cual genera la necesidad de conservar y proteger dichos recursos, garantizando aspectos como el derecho constitucional de todos los venezolanos a disfrutar de un ambiente sano, de una educación ambiental y la conservación de los espacios naturales y sitios de valor escénico y paisajístico, para ser destinados al uso público y la recreación, así como el acceso libre a las playas; obligando ello a elevar el nivel de calidad de la zona y la protección de la vida y el ambiente costero y ribereño.
El nuevo modelo de Estado reclama la necesidad de establecer un mecanismo jurídico-político-administrativo que permita normar las actividades en las zonas costeras e iniciar en el País un acercamiento sistemático, coordinado e institucional a la problemática que constituye la congestión demográfica de las zonas costeras y sus proximidades, y la necesidad de adecuar y mejorar la legislación existente para la regular el uso, manejo y protección de los espacios geográficos, que comprendan a los espacios continentales, insulares y acuáticos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de modo que se integren todos los aspectos necesarios para su adecuada gestión ambiental y el cumplimiento eficaz de tales propósitos.
Todo ello, mediante un marco legal específico que permita el mejor aprovechamiento de las zonas costeras, donde se concilien el respeto a los derechos de los particulares, sus intereses y las necesidades de la comunidad y del País.
Se hace relevante la importancia de establecer una Política de Estado para el uso de las zonas costeras, que conlleve al mejor empleo de los recursos, a fin de procurar un aprovechamiento sustentable y cónsono con los recursos, riquezas y potencialidades que contiene y genera; que permita mantener sus orientaciones fundamentales y que se desarrolle de manera tal que se concilien, multidisciplinariamente, los diversos intereses regionales y locales, en atención a la diversidad de usos y actores involucrados, y que sistemáticamente cumpla interinstitucionalmente con los procesos de coordinación públicos y privados.
Ubicado dentro de las políticas ambientales nacionales y el Plan de Desarrollo del Sector Acuático, constituye hoy, uno de los capítulos prioritarios que el Estado debe emprender, el establecimiento de un marco rector que regule las actividades de entes públicos y privados y de los particulares, que convergen en las zonas costeras.
El resultado ha sido la redacción de este Decreto Ley, enmarcado y vinculado dentro de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, que se ha denominado Decreto Ley de Zonas Costeras.
Este tiene por objeto establecer las disposiciones que regirán la administración, uso y manejo de las costas y riberas, a objeto de su conservación y aprovechamiento sustentable, como elementos de especial importancia para el desarrollo nacional. Entre sus principales innovaciones se hallan: la definición integral de las costas y riberas de la República como las zonas costeras y el señalamiento de los ecosistemas, elementos geomorfológicos y geográficos que la integran.
Se establece que el Plan de Ordenación y Gestión Integrada de la Zona Costera, estará sujeto a las normas que rigen el Sistema Nacional de Planificación, y al mismo, los particulares y organismos de la Administración Pública Nacional deberán ajustar su actuación. El Plan se debe elaborar mediante un proceso de coordinación interinstitucional entre los diversos niveles del Poder Público; multidisciplinario y permanente que incluya a los órganos de participación y consulta previstos en la ley, desarrollándose cabalmente el principio Constitucional incluido en el Artículo 165 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo referente a materias objeto de competencias concurrentes, que incluya, entre otros, a la Comisión Nacional para la Ordenación del Territorio, Comisiones Estadales para la Ordenación del Territorio, los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, los Consejos Locales de Planificación Pública y las Comisiones Locales para la Facilitación del Sistema Buque-Puerto, los Consejos Consultivos y Comités Locales de Seguimiento Pesquero, el Consejo Nacional de Diversidad Biológica, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como las universidades e institutos de investigación, que permitan la participación efectiva de representantes de las comunidades, gremios profesionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, privadas y demás personas interesadas.
Se delimitan de manera clara, las responsabilidades en los respectivos ámbitos de competencias de los entes político territoriales, ello basado igualmente en el principio Constitucional incluido en el artículo 165 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando la competencia particular de los entes del Estado con inherencia en la zona costera, evitando el solapamiento de atribuciones.
Se desarrolla el principio conservacionista indicado en el artículo 127 de la Constitución sobre la protección especial a las costas como una obligación fundamental del Estado y con la activa participación de la sociedad, para garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, por lo que las personas naturales o jurídicas responsables de las actividades que impliquen riesgos de contaminación u otras formas de degradar el ambiente y los recursos de las Zonas Costeras, deberán contar y mantener medios, sistemas y procedimientos para la prevención, tratamiento y eliminación de cualquier elemento contaminante que pudiera afectar a dicha zona.
Así mismo se establece un mecanismo expedito de revisión anual, o cuando las circunstancias lo exijan, que defina las playas aptas para el uso público, el cual debe incluir la opinión de los órganos de consulta y participación pública, previstos en la ley.
Se crea la Unidad Técnica de las zonas costeras, dependiente del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, la cual asesorará y apoyará a los organismos públicos nacionales, estadales y municipales en el cumplimiento e implementación de las disposiciones establecidas en este Decreto Ley, la cual tendrá como función primordial, el servir como ente coordinador del Comité de Asesoramiento y Participación de Costas del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos, promoviendo permanentemente programas de investigación y monitoreo de las zonas costeras, desarrollando metodologías para su adecuado manejo, manteniendo una base de datos actualizada con la información disponible sobre esta; así mismo, elaborará un informe anual con los resultados nacionales y regionales de la gestión desarrollada en materia de manejo de las zonas costeras, que incluya las recomendaciones para superar los problemas más relevantes que se hayan detectado.
Decreto Nº 1.468 27 de septiembre de 2001
Artículo 1°. Este Decreto Ley tiene por objeto establecer las disposiciones que regirán la administración, uso y manejo de las Zonas Costeras, a objeto de su conservación y aprovechamiento sustentable, como parte integrante del espacio geográfico venezolano.
Artículo 2°. A los efectos de este Decreto Ley, se entiende por zonas costeras, la unidad geográfica de ancho variable, conformada por una franja terrestre, el espacio acuático adyacente y sus recursos, en la cual se interrelacionan los diversos ecosistemas, procesos y usos presentes en el espacio continental e insular.
Artículo 3°. Constituyen parte integral de las zonas costeras:
Artículo 4°. Los límites de las zonas costeras se establecerán en el Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras, tomando en consideración:
La franja terrestre de las zonas costeras tendrá un ancho no menor de quinientos metros (500 m) medidos perpendicularmente desde la proyección vertical de la línea de más alta marea, hacia la costa y la franja acuática con un ancho no menor de tres millas náuticas (3Mn), y en ningún caso podrá exceder los límites del mar territorial.
Ambas franjas serán determinadas por la ley y desarrolladas en el Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras. En los lagos y ríos, ambas franjas serán determinadas en la ley, y desarrolladas en el Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras, tomando en cuenta las características particulares de éstos.
Artículo 5°. La administración, uso y manejo de las zonas costeras se desarrollará a través de un proceso dinámico de gestión integrada, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional, la optimización de la planificación y coordinación de competencias concurrentes entre los órganos del Poder Público, con la activa participación de la comunidad organizada, a fin de lograr la mayor eficiencia en el ejercicio de las responsabilidades que cada uno tiene encomendadas para la conservación y desarrollo sustentable de dicho espacio.
Artículo 6°. La Gestión Integrada de las zonas costeras se regirá por los siguientes lineamientos y directrices:
10.Protección de playas. Se protegerán y conservarán las playas para garantizar su aprovechamiento sustentable y el disfrute público de las mismas.
11.Recursos naturales. Se garantizará la protección, conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
12.Hidrocarburos. Se garantizará que la exploración, extracción, transporte, comercialización, uso y disposición final de los hidrocarburos y sus derivados, se realicen de manera ambientalmente segura y sustentable.
13.Investigación científica. Se estimulará, orientará y promoverá la investigación científica y tecnológica dirigida a la administración de los recursos naturales y el desarrollo sustentable de las zonas costeras.
14.Manejo de cuencas. Se garantizará que su manejo, protección, conservación y aprovechamiento sustentable, se orienten a controlar y mitigar los efectos de la erosión; así como a controlar el aporte de sedimentos, nutrientes y contaminantes a las zonas costeras.
15.Supervisión ambiental. Se asegurará el control y vigilancia permanente en materia ambiental y sanitaria.
Artículo 7°. La conservación y el aprovechamiento sustentable de las zonas costeras comprende:
10.El manejo de las cuencas hidrográficas que drenen hacia las zonas costeras, el control de la calidad de sus aguas y el aporte de sedimentos.
11.La recuperación y reordenación de los espacios ocupados por actividades y usos no conformes.
12.La educación ambiental formal y no formal.
13.La incorporación de los valores paisajísticos de las zonas costeras en los planes y proyectos de desarrollo.
14.La valoración económica de los recursos naturales.
15.La protección y conservación de los recursos históricos, culturales, arqueológicos y paleontológicos, incluido el patrimonio arqueológico subacuático.
16.Cualquier otra medida dirigida al cumplimiento del objeto del presente Decreto Ley.
Artículo 8°. Se declara de utilidad pública e interés social la conservación y aprovechamiento sustentable de las zonas costeras.
Artículo 9°. Son del dominio público de la República, sin perjuicio de los derechos legalmente adquiridos por los particulares, todo el espacio acuático adyacente a las zonas costeras y la franja terrestre comprendida desde la línea de más alta marea hasta una distancia no menor de ochenta metros (80m), medidos perpendicularmente desde la proyección vertical de esa línea, hacia tierra, en el caso de las costas marinas. En los lagos y ríos, la franja terrestre sobre la cual se ejerce el dominio público, la determinará la ley y la desarrollará el Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras y en ningún caso será menor de ochenta metros (80m).
Formarán parte del dominio público de las Zonas Costeras, en los límites que se fijen en el Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras, los ecosistemas y elementos geomorfológicos, marval.tripod.com.ve tales como arrecifes coralinos, praderas de fanerógamas marinas, manglares, estuarios, deltas, lagunas costeras, humedales costeros, salinas, playas, dunas, restingas, acantilados, costas rocosas, ensenadas, cabos, puntas y los terrenos ganados al mar. En los lagos y ríos, los ecosistemas y elementos geomorfológicos que forman parte del dominio público de las zonas costeras, los determinará la ley y los desarrollará en el Plan de Ordenación y Gestión Integrada de la las Zonas Costeras.
Artículo 10. Las autoridades competentes podrán restringir el acceso y uso al dominio público de las zonas costeras, por razones sanitarias, de conservación, de seguridad y defensa nacional, de seguridad de los usuarios ante la inminencia de determinados fenómenos naturales, así como por cualquier otra de interés público.
En este último caso, será necesaria la opinión de la comunidad mediante la consulta y participación pública previstos en la ley.
Artículo 11. Las personas naturales o jurídicas responsables de las actividades que impliquen riesgos de contaminación o cualquier otra forma de degradar el ambiente y los recursos de las zonas costeras, dispondrán de medios, sistemas y procedimientos para su prevención, tratamiento y eliminación.
DEL PLAN DE ORDENACION Y GESTION INTEGRADA DE LAS ZONAS COSTERAS
Artículo 14. El Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras estará sujeto a las normas que rijan la planificación y ordenación del territorio, los organismos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como los particulares deberán ajustar su actuación al mismo.
Artículo 17. El Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras se elaborará mediante un proceso de coordinación interinstitucional, multidisciplinario y permanente, que incluya a los medios de consulta y participación pública previstos en la ley.
DE LA CONSERVACION DE LAS ZONAS COSTERAS
Artículo 19. En el dominio público de la franja terrestre de las zonas costeras quedan restringidas las siguientes actividades:
Artículo 20. En las zonas costeras de dominio público queda prohibido:
4. Las demás actividades que prevea la ley.
Artículo 21. La ley regulará la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de las zonas costeras.
Artículo 22. Los organismos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, son responsables de la aplicación y consecución de los objetivos de este Decreto Ley en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 23. En las zonas costeras, al Poder Público Nacional le compete:
5. Definir y declarar las áreas que deban someterse a un régimen de administración especial, una vez oída la opinión conforme a los mecanismos de consulta y participación pública previstos en la ley.
6. Elaborar los planes de ordenamiento y reglamentos de uso de las Areas bajo Régimen de Administración Especial, oída la opinión conforme a los mecanismos de consulta y participación pública previstos en la ley.
Artículo 24. En las zonas costeras al Poder Público Estadal le compete:
4. Recomendar al Poder Público Nacional, una vez oída la opinión conforme a los medio de consulta y participación pública previstos en la ley, las áreas y recursos que deban someterse a un régimen de administración especial.
5. Colaborar en la implementación de programas de saneamiento ambiental, incluyendo la caracterización y señalización de las playas aptas o no, involucrando a los medios de consulta y participación pública previstos en la ley.
Artículo 25. En las zonas costeras, al Poder Público Municipal le compete:
2. Recomendar al Poder Público Nacional, una vez oída la opinión conforme a los medios de consulta y participación pública previstos en la ley, las áreas y recursos que deban someterse a un régimen de administración especial.
3. Colaborar en la implementación de programas de saneamiento ambiental, incluyendo la caracterización y señalización de las playas aptas o no, conforme a los medios de consulta y participación pública previstos en la ley.
Artículo 26. Los estados y los municipios dictarán sus leyes y ordenanzas de desarrollo del presente Decreto Ley, de acuerdo con los siguientes lineamientos:
6. Participación efectiva de los diferentes medios de consulta y participación pública previstos en la ley.
Artículo 27. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales asesorará y apoyará a los organismos públicos nacionales, estadales y municipales en el cumplimiento e implementación de las disposiciones establecidas en este Decreto Ley. A tales efectos:
6. Coordinará conjuntamente con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y las autoridades estadales y municipales, los programas de saneamiento ambiental de las playas. Se establecerá un mecanismo expedito de revisión anual o cuando las circunstancias así lo exijan, que defina aquellas playas aptas para el uso público, que incluya la participación de los medios de consulta y participación pública previstos en la ley.
7. Elaborará conjuntamente con los demás órganos competentes del Estado, el proyecto del Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras, y una vez oída la opinión de los medios de consulta y participación pública previstos en la ley, lo elevará al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para su aprobación en Consejo de Ministros.
Artículo 28. Se crea la Unidad Técnica de las Zonas Costeras, dependiente del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, con el fin de cumplir con lo señalado en el artículo anterior. Tendrá como función entre otras, el servir como ente coordinador del Comité de Asesoramiento y Participación de Costas del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos.
Artículo 29. La instalación de infraestructuras y la realización de actividades comerciales o de otra índole en las zonas costeras, estarán sujetas a la tramitación de una concesión u autorización, según sea el caso, otorgada por el organismo competente.
Artículo 30. Se requerirá la evaluación ambiental y socio-cultural de toda actividad a desarrollar dentro de las zonas costeras conforme a las disposiciones establecidas en la ley.
Artículo 31. Las autoridades competentes para autorizar los espectáculos públicos en las zonas costeras, requerirán la constitución de fianza proporcional a la actividad a realizar, emitida por una institución bancaria o empresa de seguro de reconocida solvencia.
Artículo 32. Los organismos públicos quedan igualmente sujetos al cumplimiento de las normas contenidas en este Título.
Artículo 33. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, actuando en el ámbito de sus competencias, ordenará al infractor la recuperación del ambiente o la restitución de éste a su estado original, y adicionalmente sancionará la violación a las disposiciones del presente Decreto Ley, en proporción a la gravedad de la infracción y del daño causado, con alguna o algunas de las siguientes sanciones administrativas:
Artículo 34. Los montos provenientes por concepto de imposición de las multas a que se refiere este Decreto Ley, ingresarán al Tesoro Nacional.
Artículo 35. En los casos de reincidencia en la comisión de infracciones al presente Decreto Ley, los infractores se sancionarán con multa equivalente a la que originalmente les haya sido impuesta, más un recargo del ciento por ciento (100%) de la misma.
Artículo 36. La declaratoria de inhabilitación procede en los siguientes casos:
Artículo 37. Se podrán incrementar las sanciones pecuniarias previstas en la ley, entre cien (100) y cinco mil (5000) unidades tributarias, cuando la comisión de las infracciones contempladas en ellas, causen daños ambientales a las zonas costeras.
Artículo 38. El procedimiento para sustanciar la comisión de infracciones al presente Decreto Ley y su normativa, podrá iniciarse:
Artículo 39. La autoridad competente practicará todas las diligencias tendentes a investigar y a hacer constar la presunta comisión de la infracción, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y en la responsabilidad del presunto infractor, así como al aseguramiento de los objetos relacionados con la presunta comisión del hecho, teniendo un lapso de hasta quince (15) días continuos para su realización, contados a partir del conocimiento del hecho. Excepcionalmente, este lapso podrá extenderse por causas plenamente justificadas a criterio de la autoridad competente, de lo cual deberá quedar constancia en el expediente.
Artículo 40. Los funcionarios del órgano competente, que sorprendan en forma flagrante a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en ejercicio de actividades contrarias al presente Decreto Ley, ordenarán la inmediata suspensión de dichas actividades, y podrán dictar las medidas preventivas administrativas prudenciales para evitar que se produzca algún daño.
Artículo 41. Cuando se inicie un procedimiento por la presunta comisión de una infracción al presente Decreto Ley, la autoridad competente, deberá iniciar el correspondiente procedimiento administrativo levantando un acta, la cual deberá contener la siguiente información:
Artículo 42. Los bienes involucrados en la presunta comisión de una infracción, quedarán a la orden y bajo la custodia de la autoridad competente, quien impedirá su disposición hasta que se produzca la respectiva decisión.
Artículo 43. Una vez levantada el acta que inicia el procedimiento, el órgano competente expedirá la respectiva citación al presunto infractor para que comparezca por ante la autoridad competente, a objeto de sustanciar el expediente. En dicha citación deberá constar el plazo de comparecencia, el cual se establece en tres (3) días hábiles, contados a partir de haber sido practicada la misma.
Artículo 44. Al momento que el presunto infractor comparezca ante la autoridad competente, se le informará:
Artículo 45. La autoridad competente, previo estudio y análisis del expediente administrativo debidamente sustanciado, procederá a valorar aquellas actuaciones que consten en el mismo, y podrá hacer evacuar u ordenar cualquier otra actuación que considere necesaria, para lo cual contará con un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la última actuación que conste en el expediente.
Artículo 46. La autoridad competente adoptará la decisión dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir de la terminación de la sustanciación del expediente. Excepcionalmente, este lapso podrá extenderse hasta por un máximo de tres (3) días hábiles, cuando la complejidad del caso así lo amerite, de lo cual deberá quedar constancia motivada en el expediente.
Artículo 47. Una vez adoptada la decisión, la autoridad competente deberá notificarla al administrado, indicándole expresamente los recursos que proceden contra la misma.
Artículo 48. Todo recurso mineral obtenido sin la autorización correspondiente, no da derecho alguno al infractor.
Artículo 49. Los titulares de las concesiones o autorizaciones señaladas en el presente Decreto Ley, que hayan sido objeto de la imposición de sanciones por infracciones al mismo, no podrán continuar ejerciendo la actividad para la cual han sido concesionados o autorizados, hasta tanto no se agote el procedimiento administrativo.
Primera. Se deroga la Ley de Conservación y Saneamiento de Playas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.976 de fecha 20 de junio de 2000.
Segunda. Se deroga el Decreto N° 623, de fecha 7 de diciembre de 1989, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.158 Extraordinario de fecha 25 de enero de 1990.
Primera. En un plazo de dos (2) años, contados a partir de la publicación de este Decreto Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales debe presentar a consideración del Consejo de Ministros, el proyecto del Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras, oída la opinión de los órganos de participación y consulta previstos en la ley.
Unica. El presente Decreto Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado, en Caracas, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil uno. Años 191° de la Independencia y 142° de la Federación.