Source: http://justiciaconadolescentes.com/archives/755
Timestamp: 2018-05-27 21:10:24
Document Index: 262616366

Matched Legal Cases: ['Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 213', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 24']

Artículo 11 Bis. Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal Reformado | Justicia Con Adolescentes
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Artículo 11 Bis. Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal Reformado
No existía el artículo 11 bis.
ARTÍCULO 11BIS. ENUNCIACIÓN NO LIMITATIVA.
Los derechos y garantías reconocidos en esta Ley se aplicarán a los adolescentes sin discriminación alguna por razones de orientación sexual, género, origen étnico, condición social o económica, religión o cualquier otro motivo semejante propio o de sus padres, familiares u otras personas responsables o que los tengan bajo su cuidado.
Durante todo el proceso se respetarán al adolescente sus creencias, su religión y sus prácticas culturales y morales.
Son derechos de los adolescentes para los efectos de esta Ley:
I. Ser considerados y tratados como inocentes hasta que, por los medios legalmente establecidos, se compruebe su responsabilidad en el hecho ilícito que se les atribuya mediante sentencia que cause ejecutoria;
II. No ser procesados ni sancionados por actos u omisiones que no estén previa y expresamente definidos como delitos en el Código Penal o leyes aplicables al Distrito Federal. Tampoco podrán ser objeto de una medida si su conducta no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado;
III. Cuando puedan aplicárseles dos leyes o normas diferentes, siempre se optará por la que resulte más favorable a sus derechos fundamentales;
IV. Todos los operadores, autoridades y funcionarios que intervengan en el proceso, singularmente el Ministerio Público en la fase de investigación, velarán dentro de los límites de su respectiva competencia, por la efectividad del derecho de defensa. El derecho de defensa comprende la libre designación de un abogado, garantizando una defensa adecuada, mediante la necesaria asistencia técnico-jurídica de un defensor, que podrá ser público o privado con cédula profesional que lo acredite como Licenciado en Derecho. No se recibirá declaración de los adolescentes sin la asistencia de su defensor, ni ante otra autoridad que no sea la judicial; debiendo igualmente estar asistidos en todos los actos del proceso y de ejecución de las medidas que se les impongan bajo pena de nulidad;
V. Reunirse oportunamente con su defensor en estricta confidencialidad. En caso de que no cuente con su propio defensor, el Tribunal le designará a un defensor público. Tiene derecho a conocer el contenido de la investigación, a presentar por sí o por su defensor, los datos, los medios de prueba y los argumentos necesarios para su defensa y a rebatir cuanto sea contrario a ella. No obstante, el defensor designado podrá ser separado de su función cuando existan indicios de la comisión de un delito directamente relacionado con el hecho investigado, incurra en obstrucción a la justicia o utilice las comunicaciones con el defendido para una finalidad contraria a lo dispuesto en la ley.
Solo el Juez o el Tribunal competente para conocer del proceso podrán acordar la exclusión del abogado, en resolución motivada y después de oír a todos los afectados;
VI. Inmediatamente después de su detención, tiene derecho a establecer una comunicación efectiva, por vía telefónica o por cualquier otro medio, con su familia, su defensor o con la persona a quien desee informar sobre su detención o privación de libertad;
VII. Ser presentado inmediatamente y sin demora ante el Ministerio Público o el Juez, siempre dentro de los plazos que establece esta Ley, así como a no ser detenido ni conducido en forma que dañe su dignidad o se le exponga al peligro;
VIII. Recibir información directamente, sin demora y en forma clara y precisa sobre la causa de su detención, la autoridad que la ordenó y a solicitar la presencia inmediata de sus padres u otro representante legal y su defensor.
Ser juzgados antes de cuatro meses, salvo que el adolescente y su defensa renuncien a dicho plazo, sin que en su caso exceda de seis meses;
IX. Ser oído en cualquier etapa del proceso, desde el inicio de la investigación hasta que cumpla con la medida que en su caso le sea impuesta y que su opinión y preferencias sean consideradas al momento de dictarse las determinaciones que incidan en su esfera jurídica. Todo adolescente que no comprenda ni pueda darse a entender en castellano deberá ser provisto de un traductor o intérprete idóneo en su idioma o lengua, a fin de que pueda expresarse.
Si el adolescente presentara dificultad o discapacidad para hablar, las preguntas se le harán oralmente y las responderá por escrito; si fuere sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si no supiere leer ni escribir se le nombrará intérprete idóneo;
X. Abstenerse de declarar y no autoincriminarse. Si consintiera en rendir declaración, deberá hacerlo ante el Juez en presencia de su defensor y previa entrevista con éste si así lo deseare.
En ningún caso se le exigirá protesta de decir verdad.
Queda prohibido el uso de cualquier medio para hacerle declarar en su contra, o en contra de otra persona; tampoco podrán formulársele cargos evidentemente improcedentes con el propósito de obtener una confesión;
XI. Que se respete su vida privada y la de su familia. Queda prohibido divulgar la identidad del adolescente investigado, sometido a proceso o sancionado, el nombre de sus padres o cualquier rasgo u otro dato que permita su identificación pública.
Los órganos especializados deberán garantizar que la información que brinden sobre estadísticas judiciales no contravenga el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad consagrado en esta Ley.
En caso de contravenir con lo dispuesto respecto de la privacidad en la identidad del adolescente o bien, que sustraiga documentación que contenga información del tratamiento del adolescente y se utilice dicha información en beneficio propio revelando un secreto, deberá dar aviso de inmediato a la autoridad ministerial correspondiente, a efecto de que se apliquen las sanciones previstas en el artículo 213, 220 y 223 fracción VIII del Código Penal para el Distrito Federal.
Los antecedentes y registros relacionados con adolescentes sometidos a proceso o sancionados conforme a esta Ley, en ningún caso, podrán ser utilizados en otro juicio, salvo para los fines estadísticos y administrativos procedentes;
XII. Que las medidas que se impongan a los adolescentes sujetos a esta Ley, serán racionales y proporcionales al delito cometido y sus peculiaridades.
Por ningún tipo de circunstancias pueden imponerse, medidas indeterminadas. Lo anterior no excluye la posibilidad de disponer el cumplimiento de la medida antes de tiempo ni de modificarla en beneficio del adolescente conforme las previsiones de esta Ley, pero en ningún caso la modificación o la disposición de la medida agravará la situación del adolescente;
XIII. No procesarlo nuevamente por el mismo hecho, cuando en contra del adolescente ya haya recaído sentencia ejecutoriada, aunque se modifique la calificación legal o se aporten nuevas evidencias;
XIV. No ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes ni a métodos o técnicas que induzcan o alteren su libre voluntad, su estado consciente o atenten contra su dignidad;
XV. Impugnar ante un Tribunal distinto del que emitió la decisión, en los supuestos previstos por esta Ley, cualquier resolución definitiva o provisional que le cause un agravio irreparable;
XVI. Que el órgano responsable de la aplicación, cumplimiento y seguimiento de la medida impuesta, garantice la educación básica obligatoria que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hasta educación media superior o superior, cuando se encuentren sujetos a cualquier tipo de medida, aún de carácter cautelar y de acuerdo a su edad y formación anterior o recibir información técnica y formación práctica sobre un oficio, arte o profesión, y
XVII. Los demás que legalmente sean procedentes.
El primer párrafo contiene un mandato de igualdad en general a través de una variante que es la “no discriminación” por medio de una lista de criterios que se consideran fundamentalmente violatorios de este principio estableciendo a las autoridades la obligación de una protección reforzada y especializada; extendiéndola a sus padres, familiares u otras personas responsables o que los tengan bajo su cuidado.
Internacionalmente dicho principio se prevé de manera muy similar en el artículo 2° de la Convención sobre los Derechos del Niño; así también en la regla 2 Alcance de las Reglas y definiciones utilizadas de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); además de lo contenido en el punto 4 de la regla I Perspectivas fundamentales de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad. Así como en la regla 2.2 concerniente al alcance de las medidas no privativas de la libertad de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio).
En la legislación Nacional de igual manera tal principio se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresado en la formula:
” Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Formula que se repite en las leyes mexicanas, pues la Ley para la protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en su artículo 3o apartado B lo reconoce; así también la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal lo prevé en su artículo 5 apartado A fracción II; finalmente la Ley de las y los Jóvenes en el Distrito Federal lo establece en el numeral 45 entre los derechos humanos de las y los jóvenes.
El párrafo segundo evidentemente refuerza el derecho a libre culto que establece el artículo 24 Constitucional y la composición pluricultural reconocida en el numeral 2° Constitucional .
Nota: Dada la amplitud de artículo en estudio, se realizara en varios comentarios.