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Timestamp: 2017-06-25 18:57:35
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 244', 'Artículo 95', 'artículo 19', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 70', 'artículo 5']

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[Sentencia C-0050-12] – Constitucionalidad Ley 1425 de 2010 – Derogan – Artículos de la Ley 472 1998
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Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1425 de 2010 “por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0472_1998.html – 1 de 1998 Acciones Populares y Grupo”. Actor: Jhon Fredy Segura Amórtegui
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA	Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil doce (2012).
Por medio de auto de dos (2) de agosto de dos mil once (2011), el magistrado sustanciador decidió admitir la demanda al considerar que reunía los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Como consecuencia de ello dispuso correr traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera su concepto de rigor; comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, para los fines previstos en el artículo 244 de la Carta; así como al Ministro del Interior y de Justicia y al Defensor del Pueblo. En la misma providencia, se invitó, con el propósito de que rindieran concepto técnico sobre las normas demandadas a los decanos de las facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, de los Andes, de la Sabana, Libre, Eafit de Medellín, Icesi de Cali, de Ibagué y del Rosario, al igual que a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas y al Centro de Estudios, Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia.
A continuación se transcribe el texto de la norma objeto de proceso, de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial No. 47.937 de veintinueve (29) de diciembre de dos mil diez (2010): “LEY 1425 DE 2010
Segundo: Violación de los artículos 1º, 49 y 95.2 de la Constitución Política. En concepto del actor los artículos de la Ley 1425 de 2011, al derogar los incentivos previstos en las acciones populares, vulneran el principio de solidaridad porque “El incentivo es necesario para que los actores se vean motivados; si no es así, no hay manera de obligar a los ciudadanos a actuar a favor de todos. El principio de solidaridad no puede esperarse del conglomerado a sus propias expensas; no puede confundirse solidaridad con gratuidad; necesariamente hay que promocionar y además estimular la actividad a favor de quienes lo necesiten; de mantenerse vigente la ley 1425 de 2010, con el desmonte de los incentivos continuaría la violación al principio de solidaridad por la falta de motivación (plenamente justa y válida) a los actores; ya descrita”. Tercero: Vulneración del Preámbulo y de los artículos 2º, 13 y 229 de la Constitución Política.
Para el demandante la derogatoria prevista en la Ley 1425 de 2010 viola los principios de igualdad y de acceso a la administración de justicia en tanto se permite un tratamiento diferente a los ciudadanos interesados en la garantía de derechos colectivos que no cuentan con recursos económicos para sufragar los gastos propios de un proceso judicial, en los siguientes términos: “(…) el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, desde el momento en el cual entró en vigencia la ley 1425 de2010 y resultaron derogados los incentivos, ya no cuenta con dineros para costear las necesidades que tenga un ciudadano al cual se le concedió el amparo de pobreza.”.
Del mismo modo, señala que la derogatoria prevista por las normas demandadas no desconoce el derecho a la igualdad, ni el principio de solidaridad en tanto no se afecta el ejercicio de las acciones para la protección de derechos colectivos sino que se limita a eliminar una prerrogativa económica al demandante. 1.2 Consejo de Estado
Del mismo modo, fundamenta la derogatoria de las normas demandadas en que es la misma Carta Política la que faculta al Congreso de la República para regular la materia en el marco de la libertad de configuración legislativa. En efecto, esa amplia facultad le permite establecer aspectos tales como el manejo de la carga de la prueba en el proceso, los términos procesales, la ausencia o presencia de estímulos para la instauración de la acción. 2. Intervenciones institucionales.
Ramiro Bejarano Guzmán y Fredy Hernando Toscano López, Director del Departamento de Derecho Procesal, y profesor de derecho de la Universidad Externado de Colombia, respectivamente, intervinieron a nombre de la citada institución educativa, para que la Corte declare la exequibilidad de las disposiciones demandadas. En primer término, solicitan a la Corte un pronunciamiento sobre el alcance de las normas demandadas en razón a un concepto del Ministerio Público que sostiene que con la derogatoria de los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 no se eliminan los incentivos en las acciones populares sino que únicamente se modifica su forma de tasación.
En tercer término, en cuanto a la vulneración del principio de solidaridad advierten que los incentivos se enmarcan dentro de la libertad de configuración legislativa, y por tanto, así como se promovieron se pueden desmontar sin vulnerar la Constitución Política. Y hacen énfasis: “Por el contrario, consideramos que al no existir ya un “incentivo económico”, se eleva a grado superlativo el mandato de la solidaridad, por cuanto quedará demostrado que quien obre como actor popular sin esperar lucro a cambio, lo hace por un fin verdaderamente altruista y no individual o pecuniario”.
2.2 Comisión Colombiana de Juristas La Comisión Colombiana de Juristas allegó a este expediente copia del escrito presentado en la demanda de inconstitucionalidad D-8392 por estimar que los planteamientos de los demandantes eran similares. En su intervención presentó argumentos a favor de la declaratoria de inexequibilidad de las normas demandadas.
Sobre el último de los citados principios, la Corte determinó en sentencia C-459 de 2004, que el estímulo evita que el ciudadano que asume la defensa de un interés colectivo, con los gastos y la diligencia que ello implica, deba enfrentar una carga desproporcionada por su actuación, y que ello no se opone al principio de solidaridad en un Estado que admite modelos éticos diversos y, por lo tanto, distintas motivaciones para el ejercicio de la solidaridad. En segundo término, propone que el control de constitucionalidad de una norma derogatoria debe realizarse evaluando si el efecto de la derogatoria en el orden jurídico es compatible con la Constitución Política, analizando en primer término (A) los requisitos de inconstitucionalidad del efecto de la derogatoria, dentro de los cuales se destaca: (i) que exista un efecto innovador en el orden jurídico; (ii) que ese efecto sea atribuible a la norma derogatoria; y (iii) que sea contrario a la Constitución; en segundo lugar (B) las condiciones para la declaratoria de la inexequibilidad, concretamente, que la norma derogada se ajustara a la Carta Política; y (iv) que su vigencia resultara necesaria para garantizar la supremacía constitucional; y, finalmente (C) la plausibilidad de que la derogatoria haya producido una omisión legislativa: “(…) la derogatoria de un régimen legal (X) resulta contraria a la Constitución cuando existe un imperativo constitucional (I) conforme al cual ese régimen (X) resulta obligado, al punto que su ausencia de lugar a una situación de omisión legislativa (O)” (Cita C-699 de 2007).
Todos los anteriores presupuestos, a juicio de los intervinientes, concurren en las normas derogatorias de la Ley 1425 de 2010 pues (A): (i) el efecto innovador se traduce en la ausencia de un aliciente subjetivo para el actor popular, y en el “desmejoramiento” de la acción popular como medio de defensa de derechos colectivos; (ii) el efecto puede atribuirse a las normas demandadas, pues antes de su entrada en vigencia no existía razón para que el actor popular no recibiera la recompensa por asumir la carga de defender los intereses colectivos y tampoco se había producido ese “desmejoramiento” de la acción popular; (iii) si bien no existe una norma constitucional que expresamente ordene la existencia del incentivo, este se desprende de diversos mandatos superiores entre los que se destaca el principio de igualdad en las cargas públicas (Artículo 95 CP), como lo indicó la Corte en sentencia C-459 de 2004; el desmejoramiento de la acción afecta, a su turno, el acceso a la administración de justicia, la participación, la efectividad de los derechos constitucionales y el principio de normatividad constitucional. Las condiciones para declarar la exequibilidad también concurren en esta oportunidad en tanto (iv) las normas derogadas fueron halladas exequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-459 de 2004 y (v) el incentivo garantizaba la superioridad de la Carta al hacer de la acción popular un mecanismo judicial efectivo para la protección de los derechos colectivos.
En cuanto a la plausibilidad de una omisión legislativa derivada de la derogatoria (C), afirma que la derogatoria del incentivo (X) es contraria a la Constitución en la medida en que existe un imperativo (I) derivado de la equidad ante las cargas públicas, el acceso a la administración de justicia y la promoción de los derechos constitucionales conforme al cual el incentivo resultaba obligatorio, de manera que su ausencia produce una omisión legislativa (O). 2.3. Academia Colombiana de Jurisprudencia
El señor Carlos Fradique-Mendez solicita la acumulación de la demanda, en los términos ordenados por la ley, de esta demanda con la que cursa en el Despacho del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, radicada bajo el número D-8504. Esto, por cuanto en ese expediente, la Academia Colombiana de Jurisprudencia rindió concepto apoyando la exequibilidad de las normas demandadas. No obstante, precisa que la derogatoria prevista por la ley acusada implica no sólo excluir del ordenamiento jurídico los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, sino las partes pertinentes de los artículos 34 de la misma ley y 1005 del Código Civil. 2.4 Universidad de los Andes
El docente del área de Derecho Público del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, Pablo Enrique Medrano Moreno, solicitó a la Corte declarar la ineptitud sustancial de la demanda dado que: “(…) los argumentos presentados por el actor para fundamentar su acción se fundamentan en suposiciones vagas e inciertas sobre las posibles consecuencias de la aplicación de la norma, sin realizar de manera concreta y específica una acusación del texto normativo que permita deducir que es contrario a una disposición constitucional”.
En su concepto tampoco se vulnera el derecho a la igualdad ni el acceso a la administración de justicia porque “(…) de la eliminación de los incentivos no se sigue la iliquidez del Fondo y la imposibilidad de las personas de escasos recursos de acceder al amparo de pobreza para llevar su caso en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.”.
Por último, concluye que las normas demandadas responden a la libertad de configuración del legislador para diseñar vías procesales destinadas a la defensa de los derechos, quien puede válidamente realizar modificaciones y cambios con el fin de lograr la efectividad de aquellos y asegurar la recta administración de justicia. 2.5. Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías – Asofondos.
En lo relacionado con el principio de progresividad considera que la eliminación de los incentivos no desmejora las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales: “Resultaría regresiva una medida legislativa encaminada a eliminar la posibilidad de ejercer la acción popular; a privar a los ciudadanos de los mecanismos judiciales para la protección de los derechos colectivos; o a restringir el acceso a las acciones populares, estableciendo para ello requisitos irrazonables. Empero, no contraviene la Carta una disposición que simplemente modifica las características accidentales del ejercicio de la acción. Es que, aún sin los incentivos derogados, todos los ciudadanos se encuentran en la posibilidad de interponer una acción popular, de manera que no se ha restringido ni dificultado el acceso a los mecanismos de protección de derechos colectivos. No se puede afirmar entonces que se ha tomado una decisión regresiva y contraria a la Carta Política.”.
Finalmente, frente al principio de eficacia concluye que no se ha alterado el mecanismo jurídico procesal para la protección de los derechos colectivos, ni los términos ni condiciones de acceso a éste, y en consecuencia, la inexistencia de los incentivos en nada afecta el ejercicio de la acción popular. 3. Intervenciones ciudadanas.
La Constitución Política consagra el deber de actuar conforme el principio de solidaridad, invocando la protección de derechos que no afectan solo al individuo sino a la comunidad. Por ello, el objetivo de la acción popular no es la entrega de un beneficio económico, sino la defensa de los derechos colectivos que requieran protección inmediata. La solidaridad es lo que debe motivar las acciones populares y no la expectativa de esa remuneración. Finalmente, no se presenta un desconocimiento del derecho a la igualdad, pues el ordenamiento establece mecanismos idóneos para el acceso a la justicia y para la práctica de pruebas. Por el contrario, la derogatoria del incentivo económico representa un restablecimiento de la igualdad pues este no se encontraba previsto en ninguna otra acción constitucional. Además, en el artículo 19 de la Ley 472 de 1998 se mantiene la posibilidad para el actor de solicitar el amparo de pobreza. En cualquier caso, debe recordarse que el incentivo solo procedía en caso de una decisión favorable a las pretensiones del actor y que, de no presentarse esa decisión, el demandante debía asumir todos los gastos del trámite.
3.2 Henry Sanabria Santos, ciudadano colombiano, intervino ante esta Corporación con el fin de oponerse a la prosperidad de la demanda. En su concepto, no se configura una lesión al principio de progresividad, pues si bien es cierto que este puede aplicarse a derechos colectivos, también lo es que su regulación puede ser modificada en aspectos accesorios, como los incentivos, que no hacen parte del “núcleo esencial” de estos derechos o sus garantías: “No puede entenderse que la eliminación del incentivo económico implique la derogatoria de las acciones populares o la desnaturalización de las mismas, como lo afirma el demandante, pues no son éstas instrumentos eficaces y “fuertes” por la exclusiva razón de otorgarse recompensas a los actores populares”.
3.4.1. Señala que la ley objeto de análisis desconoce el principio de igualdad en conexidad con los artículos 29 y 229 de la Constitución Política. En su criterio: “Al derogar los incentivos se genera una carga exagerada para el ciudadano, porque a pesar de que se derogaron los artículos que establecían los incentivos, se mantuvieron obligaciones para los accionantes que se traducen en tiempo, dinero y conocimiento jurídico, que pondrían en situación de desventaja a la mayoría de la población colombiana que carece de los medios culturales y económicos para poder adelantar una acción popular frente a los contumaces violadores de derechos colectivos, quienes generalmente obtiene un lucro directo y cuantificable de la violación de los derechos colectivos, menoscabando el derecho al acceso a la justicia y yendo en contravía de los principios de igualdad en el acceso a la justicia, obligatoriedad e igual de las partes.” 3.4.2. La supresión de los artículos que permitían los incentivos a los actores populares es regresiva frente a la protección de los derechos sociales, los cuales además de la garantía constitucional están consagrados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.
3.4.3. El proyecto se basó en argumentos de carácter fiscal sin reparar en que la derogatoria de tales artículos eliminó la carga de particulares responsables de violar derechos colectivos, lo que implica una violación o restricción irrazonable del principio de solidaridad. 4. La Universidad de Ibagué intervino extemporáneamente, con el propósito de defender la exequibilidad de las normas acusadas.
A través de escrito radicado en la Secretaría de la Corte Constitucional el 7 de septiembre de 2011, el Procurador General de la Nación rindió el concepto previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, en el que solicita a la Corte que se declare inhibida para decidir de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 1º y 2º de la Ley 1425 de 2010 por ineptitud sustantiva de la demanda con base en las consideraciones expuestas en el concepto 5136 de 4 de abril de 2011 dentro del expediente D-8392, a saber: En el presente trámite se demandan dos artículos de la Ley 1425 de 2010 por los cuales se derogan los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 en los que se regula “el tema de los incentivos a los actores en acciones populares”. El actor asume entonces que estos desaparecen del ordenamiento jurídico y sobre ese supuesto plantea su demanda de inconstitucionalidad.
“La expresión ‘fijará el monto del incentivo para el actor popular’, contenida en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, fue objeto de demanda de constitucionalidad” y declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-512 de 2004. La ratio de la decisión se encuentra en la compatibilidad entre el incentivo y el principio constitucional de solidaridad. El yerro del demandante es evidente, pues le da a la “derogatoria hecha de manera expresa por el artículo 1º de la Ley 1425 de 2010 un alcance que no tiene”. Para precisar la derogatoria (transcribe los dos artículos) debe tomarse en cuenta que los artículos derogados, el 39 y el 40 de la Ley 472 de 1998, establecían parámetros para la fijación de la cuantía del incentivo por parte del juez, de manera que lo que se elimina mediante la derogación son esos parámetros pero no la norma que permite al juez imponer el pago del estímulo. En ese orden de ideas, los jueces deben fijar de manera ponderada y razonable dichos incentivos. “La discusión sobre la cuantía de algo, no es una discusión sobre su existencia”. Al revisar la demanda presentada, así como la exposición de motivos de la Ley 472 de 1998, se advierte que existe una incompatibilidad de criterios sobre el contenido del principio de solidaridad que debe impulsar al actor y la posibilidad de recibir un estímulo económico por ello. “Ese debate que debería darse sobre la existencia de dichas compensaciones, se centra, de manera inadecuada, sobre la cuantía de la misma”. Por medio de la sentencia C-459 de 2004, la Corte encontró exequibles los artículos ahora derogados pues, de manera razonable y fundada, consideró que esa incompatibilidad no existe, toda vez que el incentivo compensa la carga que soporta el actor popular para defender los derechos e intereses colectivos. Después de transcribir la motivación del proyecto de ley que dio origen a la Ley 1425 de 2010 afirma el Jefe del Ministerio Público que “una lectura desprevenida de la anterior exposición de motivos, revela que el objeto de la censura no son las acciones populares, sino el ejercicio abusivo de las mismas en busca de un incentivo, por un grupo de personas”. Se advierte también en el proyecto citado que presentar una demanda de ese tipo es una tarea para personas con cierta formación profesional y, sobre esa base, se califica el ejercicio de tales acciones como un negocio para justificar la derogatoria de los incentivos por “razones de conveniencia y de interés general”.
Sin embargo, es precisamente por el hecho de que las acciones populares exigen de los actores determinadas condiciones de rigurosidad, que resulta razonable que la Corte haya establecido la necesidad de compensar la carga que asume el actor. “Y no es posible, ni razonable, exigirle a una persona que financia por su cuenta y de manera exclusiva, en dinero y en tiempo, la protección de los derechos e intereses colectivos”. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que si una acción popular prospera se debe a la vulneración de derecho colectivos imputable a la “conducta irregular o inadecuada de una entidad pública”. En ese orden de ideas, si bien es razonable establecer parámetros para determinar la cuantía de los incentivos económicos que generan la controversia, no es menos razonable dejar esa tasación en manos del juez, como lo hace la Ley 1425 de 2010, quien debe hacerlo “de manera ponderada y juiciosa, y sobre la base de un adecuado acervo probatorio”. Esto en tanto el juez, en comparación con el legislador, “tiene la ventaja de conocer de primera mano (…) el propósito que persigue el actor, su diligencia, sus gastos y los daños a los derechos o intereses colectivos que se previenen o mitigan cuando la acción prospera”.
En adición a lo expuesto, recuerda el Procurador que las entidades públicas están legitimadas para presentar acciones populares y, en caso de que sus pretensiones prosperen, los incentivos se destinan al Fondo de Protección de los Derechos y los Intereses Colectivos, el cual tiene trascendentales funciones en la difusión, promoción y defensa de los derechos colectivos, casos en los que no se advierte ningún negocio de por medio. Reitera entonces que los incentivos son una compensación a la carga desproporcionada que asume el actor para la defensa de derechos e intereses colectivos, “al punto que sin éste (el incentivo)” su ejercicio terminaría por desaparecer, con “graves consecuencias para dichos derechos”. Además, la relación entre derechos colectivos y derechos individuales se proyecta en materia de daños y responsabilidad. Por lo tanto, cuando una acción popular prospera, además de que se comprueba la violación a un derecho colectivo y se adoptan medidas para remediarlo, se previene o mitiga el daño que muchas personas podrían sufrir y que correspondería reparar al Estado. Por eso, en lugar de ver las acciones populares como un mecanismo contra las entidades públicas, deberían verse como un instrumento para prevenir daños por los que esas entidades deberían responder, evitando pagos posteriores, lo que comporta un enriquecimiento para el patrimonio público.
4. Asimismo, durante el trámite de la presente acción, el pleno de esta corporación ha proferido nueve sentencias relacionadas con distintos cargos de inconstitucionalidad atribuidos a la Ley 1425 de 2010, en esa medida, corresponde a la Sala definir si se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de las violaciones a la Carta Política que se alegan en esta oportunidad. En caso contrario, deberá abordar el estudio de cada uno de los cargos propuestos para establecer si la ley demandada desconoce alguno de los mandatos constitucionales señalados por el actor. Errada interpretación del Ministerio Público sobre la vigencia de los incentivos en las acciones populares.
5. La Corte advierte que no le asiste la razón al jefe del Ministerio Público respecto a la inhibición solicitada con base en la vigencia de los incentivos. En tal sentido, la Sala Plena reitera que la Ley 1425 de 2010 derogó el incentivo económico de las acciones populares como lo sostuvo en la sentencia C-630 de 2011, al menos por dos argumentos: i) el histórico en tanto era voluntad del legislador eliminarlos; y ii) el normativo de acuerdo con el cual concurren dos modalidades de derogatoria de los incentivos una expresa y otra tácita. Por consiguiente, la derogatoria de los incentivos fue reconocida por este Tribunal como parte de la potestad del legislativo para regular las acciones populares, y por ende, la interpretación de la Vista Fiscal carece de fundamento.
La sentencia C-630 de 2011 desestimó el cargo de regresividad de la medida derogatoria adoptada por la Ley 1425 de 2010. En tal sentido, consideró, luego de diferenciar entre la protección de los derechos sociales y los derechos colectivos, que con la supresión de los incentivos no se producía un desmejoramiento en su garantía:
Por tanto, es entendible que las acciones populares, al versar sobre derechos e intereses colectivos, pueden también servir de herramientas para la protección de los derechos sociales, en los casos en los que exista una clara relación entre la garantía de los unos y los otros. No obstante, ello no quiere decir que la acción popular, contemplada en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991, para proteger tales derechos e intereses colectivos, pueda ser entendida como el medio principal e idóneo para la defensa de los derechos sociales. Mucho menos como el medio necesario e indispensable para la protección de los derechos sociales. 9.10. La derogación del incentivo no es una norma por tanto, que defina o establezca un estándar de protección de algún derecho social. Como se indicó, se trata de la modificación de una medida legislativa establecida para estimular el ejercicio de un determinado derecho político: interponer acciones populares, en defensa de la Constitución y la ley. Es una medida que no puede ser considerada regresiva, por cuanto no recorta o limita de forma sustantiva el derecho de acceder a la protección de los derechos e intereses colectivos. Se trata de suprimir una herramienta que no formaba parte en sí del derecho, sino que constituía un medio para estimular su uso. No existe pues, en estricto sentido, un requisito o carga adicional que se imponga a las personas. Lo que se suprime es el incentivo, como medio para promover la interposición de las acciones populares. En otras palabras, es una herramienta que busca una finalidad constitucional, a saber: mejorar el desempeño de la acción popular y, con ello, la protección de los derechos e intereses colectivos. La medida no se toma bajo especulaciones o meras teorías, sino ante la evidencia del impacto que la acción ha tenido. El Congreso considera que el impacto de incentivar individualmente, mediante el lucro, la defensa de los asuntos públicos en cuestión, no era el medio más indicado para ello. La medida es adecuada para el fin propuesto, a saber: evitar la búsqueda del lucro individual como variante primordial para la decisión de la interposición de acciones populares. La limitación impuesta por la medida no compromete el goce efectivo del derecho. Las personas conservan la acción; lo que no pueden reclamar es la recompensa por emplearla. ”
7. En concepto del actor los artículos de la Ley 1425 de 2011, al derogar los incentivos previstos en las acciones populares, vulneran el principio de solidaridad, previsto en los artículos 1º, 49 y 95.2 de la Constitución Política, porque “El incentivo es necesario para que los actores se vean motivados; si no es así, no hay manera de obligar a los ciudadanos a actuar a favor de todos. El principio de solidaridad no puede esperarse del conglomerado a sus propias expensas; no puede confundirse solidaridad con gratuidad; necesariamente hay que promocionar y además estimular la actividad a favor de quienes lo necesiten; de mantenerse vigente la ley 1425 de 2010, con el desmonte de los incentivos continuaría la violación al principio de solidaridad por la falta de motivación (plenamente justa y válida) a los actores; ya descrita”. Por el contrario, en la sentencia C-630 de 2011 la Corte enmarcó la naturaleza de las acciones populares, entre otros, en el cumplimiento del principio de solidaridad, así:
“En síntesis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se concluye que la acción popular es un derecho político, constitucional y fundamental, basado en los principios de autogobierno democrático, libertad individual y solidaridad, que tiene como propósito principal asegurar el goce efectivo de los derechos e intereses colectivos”
8. Para el demandante la derogatoria prevista en la Ley 1425 de 2010 viola los principios de igualdad y de acceso a la administración de justicia, contenidos en el Preámbulo y en los artículos 2º, 13 y 229 de la Constitución Política, en tanto se permite un tratamiento diferente a los ciudadanos interesados en la garantía de derechos colectivos que no cuentan con recursos económicos para sufragar los gastos propios de un proceso judicial, en los siguientes términos: “(…) el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, desde el momento en el cual entró en vigencia la ley 1425 de 2010 y resultaron derogados los incentivos, ya no cuenta con dineros para costear las necesidades que tenga un ciudadano al cual se le concedió el amparo de pobreza.”.
En segundo lugar, recuerda este Tribunal que los incentivos son solo una de las fuentes de financiación del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. En efecto, el artículo 70 de la Ley 472 de 1998, establece: “ARTICULO 70. CREACION Y FUENTE DE RECURSOS. Créase el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, el cual contará con los siguientes recursos:
Así, se evidencia que el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos tiene otros recursos de financiación, pues únicamente los provenientes del literal f), es decir, los que son reconocidos en el trámite de las acciones populares cuando estas son promovidas por entidades públicas dejarían de ingresar. Adicionalmente, la sentencia C-630 de 2011, señaló al respecto lo siguiente:
En cuanto al cargo por violación del principio de eficacia, la Corte encuentra que carece de especificidad, en la medida que no se presentan argumentos para determinar cómo las normas acusadas desconocen cada uno de los artículos constitucionales reseñados. En efecto, no existe una confrontación entre las normas demandadas y el contenido de cada uno de los artículos de la Carta Polìtica que se alegan violados sino una manifestación genérica sobre la afectación de la efectividad de la acción popular en tanto ya no habría motivación para demandar.
Finalmente, el artículo 5º de la Ley 472 de 1998 no es un referente idóneo para realizar el juicio de constitucionalidad que le corresponde adelantar a esta corporación. En esa medida, resulta impertinente cualquier argumentación propuesta por el actor.