Source: https://issuu.com/jbarturen/docs/easse_suplemento_diciembre_2008
Timestamp: 2017-01-21 19:06:17
Document Index: 103165566

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo\n13', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo\n2', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 14', 'artículo 81', 'artículo 115', 'artículo 121', 'artículo\n115', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 81', 'artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 53', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 53', 'artículo 81', 'artículo 53', 'artículo 24', 'artículo 53', 'Artículo 24', 'Artículo 53', 'Artículo 27', 'Artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo\n26']

EASSE Newsletter Diciembre 2008 by Joseba Barturen - issuu
SUPLEMENTO N 1 - DICIEMBRE DE 2008
LEGALIDAD VIGENTE Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES FIRMES EN MATERIA DE EDUCACIÓN DIFERENCIADA
I. LEGALIDAD VIGENTE
La legalidad vigente en materia de educación diferenciada viene determinada en la actualidad en España por
las siguientes normas, que se relacionan según su orden
de prelación respectiva:
1. Constitución Española de 1978, artículo 27,
que, en su apartado 1, garantiza la libertad de enseñanza en el derecho a la educación, con el consiguiente
derecho a elegir centro (como ha declarado el TC desde
su sentencia 5/1981), y que, consecuentemente, en su
apartado 6, reconoce a las personas físicas y jurídicas la
libertad de creación de centros docentes, lo que, según
STC 5/1981 (FJ 8), comporta principalmente el derecho
a conformarlos con un “carácter u orientación propios”,
con arreglo a un “ideario no (…) limitado a los aspectos
religiosos y morales de la actividad educativa”, que puede, obviamente, “extenderse a los distintos aspectos” de
ésta, y, por lo tanto, a determinadas preferencias peda-
la legalidad de la ED viene
determinada por la CE y la
Convención de la UNESCO, y
gógicas, dentro naturalmente del debido respecto a “los
principios constitucionales”; y que incluye, asimismo,
como tiene declarado la STC 77/1985, por unanimidad
del Tribunal, la libertad de dirigir esos mismos centros,
tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo
13.4 del Pacto Internacional de derechos económicos,
sociales y culturales de la ONU, de 1966, ratificado por
España en 1977, y dotado de valor interpretativo constitucional por el artículo 10.2 de la propia Constitución.
Debe añadirse que, de lo dispuesto en los artículos 27.4 y 9, 14 y 9.2 de la propia Constitución y de
los principios generales sobre la asistencia o ayuda de los Poderes públicos al ejercicio de derechos
fundamentales con contenido de libertad pública,
se desprende asimismo una prohibición de condicionar dicha asistencia o ayuda públicas de modo
que se restringa de hecho injustificadamente el
ejercicio de tales derechos, so capa de favorecer
la igualdad de oportunidades para su efectividad.
2. Convención de la UNESCO sobre lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, de 1960, que,
si en su artículo 1º incluye el sexo, como no podría ser
de otra forma, entre las causas de diferencia de trato en
la educación considerables como discriminación pro-
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LAS SENTENCIAS Y LAS LEYES DE
hibida –ya lo hace también el artículo 14 de
la Constitución Española de manera general
con respecto a la actuación de los Poderes públicos, y, para todos los derechos humanos, el
artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948-, aclara en su artículo 2 que, sin embargo, no tiene tal carácter
discriminatorio la organización de sistemas
o de centros educativos “separados para los
alumnos de sexo masculino y para los de sexo
femenino”, siempre que “ofrezcan facilidades
equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente
cualificado, así como de locales escolares y de
un equipo de igual calidad y permitan seguir
los mismos programas de estudio o programas equivalentes”. Aclaración ésta, además,
que, por el contexto de todo el citado artículo
2º, no sólo se refiere a establecimientos de
enseñanza privados sino también a los públicos, ya que para los privados este mismo artículo, en su letra c), salvaguarda más amplia
y específicamente, en cualquier caso, “la creación o el mantenimiento de establecimientos
de enseñanza privados, siempre que la finalidad de esos establecimientos no sea la de
lograr la exclusión de cualquier grupo, sino la
de añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, y
siempre que funcionen de conformidad con
esa finalidad”.
3. Convención sobre eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, de
1979, cuyo artículo 10.c) obliga a los Estados
Parte a adoptar las medidas apropiadas para
“la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino
en todos los niveles y en todas las formas de
enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación
que constituyan a lograr este objetivo, y, en
EASSE NEWSLETTER
particular, mediante la modificación
de los libros y programas escolares
y la adaptación de los métodos de
enseñanza”. Como ha dicho el TS (SS
de 16.04.2006, FJ 8, y de 11.07.2008,
FJ 2), no hay contradicción entre lo
dispuesto por este precepto y por el
2º de la Convención de la UNESCO
de 1960, puesto que, mientras éste
“afirma tajantemente que en las
condiciones indicadas la enseñanza
separada no discrimina por razón
de sexo”, en aquél “se dice que la
enseñanza mixta es un medio, no el
único, de promover la eliminación
de aspectos de la desigualdad por
razón de sexo”. Es evidente incluso
que entre los otros tipos de educación distintos al de la educación
mixta habrá de incluirse la separada
o diferenciada, que puede acreditarse incluso quizás como eventualmente más eficiente para la finalidad buscada. Se notará además
en todo caso que la Convención de
1979 no quiere en ningún caso imponer la educación mixta, pues sólo
habla de estimularla en su caso.
públicos”, y
b) En el artículo 21 reconoce la libertad de toda persona física o jurídica de carácter privado y de nacionalidad española “para la creación y
dirección de centros docentes privados, dentro del respeto a la Constitución y a lo establecido en la presente ley”. Los requisitos imponibles
para la autorización de los centros
serán los mínimos a que se refiere
su artículo 14 (artículo 23).
4.2. LOE (Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo):
4.1. LODE (Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación,
8/1985, de 3 de julio, en su redacción actualmente vigente, tras sus
diversas modificaciones):
a) Entre los principios del sistema
educativo proclamados en su artículo 1º figura el de “la flexibilidad para
adecuar la educación a la diversidad
de aptitudes, intereses, expectativas
y necesidades del alumnado” [letra
e)] y el de “autonomía” (de o en los
centros) “para establecer y adecuar
las actuaciones organizativas” [letra i)], así como, desde luego, el de
“equidad, que garantice la igualdad
de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe
como elemento compensador de
las desigualdades” [letra b)] o el de
“desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”[letra l)];
a) En el artículo 4.1.b) proclama el
derecho de los padres o tutores, en
relación con el la educación de sus
hijos o tutores, “a escoger centro
docente tanto público como distinto de los creados por los poderes
b) Conforme a su artículo 84, “las
Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en
centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el
derecho a la educación, el acceso en
4. Leyes orgánicas educativas:
SUPLEMENTO DE DICIEMBRE DE 2008
Las leyes educativas españolas no imponen la educación mixta, y permiten la
financiación de la Diferenciada
condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres y tutores” (ap. 1), sin que en ningún caso
pueda haber “discriminación por razón de nacimiento,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (ap.3, lo que, obviamente,
debe ser entendido de conformidad con lo dispuesto al
respecto por la Convención de la UNESCO sobre lucha
contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, de
1960, cuyo texto aclara, como ya se hizo notar, lo que es
discriminación en la enseñanza por razón de sexo y lo
que no lo es (así como también, por cierto, en razón de
la religión o de la lengua), además de proclamar las más
amplias posibilidades que, en cualquier caso, deben reconocerse a los centros privados, siempre que no tengan por finalidad excluir sino aportar –o intentar aportar- nuevas posibilidades a una enseñanza más efectiva,
por lo que, en modo alguno puede entenderse que se
está prohibiendo la separación de alumnos y alumnas
en unidades docentes o en centros distintos si con ello
tratan de obtenerse con igual o mayor eficacia pedagógica las finalidades propias del sistema educativo,
incluida por supuesto la de una mayor igualdad entre
ambos sexos; y hay que advertir que, aunque este artículo 84, se refiere sólo a la admisión en centros públicos
y privados concertados, aquella prohibición de discriminaciones propiamente tales –que no incluye la separación por sexo- debe entenderse aplicable también –ni
más ni menos- a los centros privados no concertados,
ya que está establecida, incluso más ampliamente y no
sólo para la admisión, por la ya citada Convención de la
UNESCO y deriva del artículo 14 de la Constitución.
c) En su disposición adicional vigesimoquinta, “con el
fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres”, establece que “los centros que desarrollen el
principio de coeducación en todas las etapas educativas, serán objeto de atención preferente y prioritaria en
la aplicación de las previsiones recogidas” en la propia
LOE, “sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España”, que ya hemos visto
lo que dicen. De lo que ante todo se deduce que la LOE
no impone ni permite exigir que para ser centro concertado un centro privado haya de ser mixto ni en todas
las etapas educativas en la que imparta educación ni
en las que concretamente sean objeto de concierto, ya
que es evidente que algo sólo puede ser contemplado
legalmente como objeto de posible trato preferencial y
prioritario si no viene ya impuesto como preceptivo legalmente. Además, esta disposición no tiene rango de
ley orgánica sino de ley ordinaria (en virtud de lo dicho
en la disposición final séptima de la misma LOE) ni carácter básico (por lo establecido en la disposición final
quinta de la LOE), por lo que cualquier ley autonómica
puede suprimir su aplicación para el ámbito territorial
correspondiente, sin que, por otra parte, ninguna ley
autonómica puede introducir imposiciones limitativas
de las libertades educativas no contempladas en leyes
orgánicas estatales (por lo dispuesto en el artículo 81
en relación con el 27 de la Constitución). Estaría, en fin,
la cuestión de interpretar qué signifique el tal principio
de coeducación y si se identifica sin más con la escolarización mixta o no plantea unos objetivos que puedan
lograrse con mayor eficacia mediante cualquiera de las
formas que puede adoptar una educación diferenciada
adaptada a las reales diferencias de chicos y chicas, que
EASSE NEWSLETTER SUPLEMENTO DE DICIEMBRE DE 2008
Los Titulares de los centros tienen
derecho a establecer su carácter propio
aproveche las ventajas pedagógicas que puede comportar la dinámica de
grupo de unidades escolares del mismo sexo en los años de la educación
d) El artículo 115 reitera el derecho de los titulares de los centros privados
a establecer su carácter propio, respetando obviamente los derechos constitucionales y legales de profesores, padres y alumnos, y dispone que la matriculación de un alumno supondrá el (deber de) respeto de este carácter
propio del centro. Y ya se dijo que el TC entiende que este carácter propio
puede extenderse a los más diversos aspectos pedagógicos, incluidos naturalmente los más básicos sobre el modo de organizar la enseñanza.
e) El artículo 121.6, confirmando lo que es esencial a cualquier centro
privado, dispone que “el proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso deberá hacerse público, será dispuesto por su
respectivo titular e incorporará el carácter propio al que se refiere el artículo
115 de esta Ley.
5. Leyes autonómicas (o de las Comunidades Autónomas).
5.1. La Ley de educación de Andalucía 17/2007, de 10 de diciembre
(BOJA, del 26), dice en su artículo 4.1.f) que entre los principios del sistema
educativo se encuentra el de “convivencia como meta y condición necesaria
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que
no se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo,
orientación sexual, etnia o situación económica y social”. La dicción literal
de este principio general debe ser interpretada de forma que no contradiga las disposiciones superiores antes examinadas. Si eso no fuera posible,
querría decir que estamos ante un precepto inconstitucional –y así podría
aducirse al recurrir contra los actos de la Administración educativa que lo
aplicasen de ese modo, suscitando cuestión de inconstitucionalidad en el proceso
correspondiente-, pues una
ley autonómica educativa
no puede ir contra las leyes orgánicas ni contra los
tratados y convenios internacionales ratificados por
España y menos aún contra
la Constitución. La noción
de segregación connota no
sólo separación sino marginación de una persona o
grupo de personas, según
nos dice expresamente el
Diccionario de la Lengua Española de al Real Academia
Español, y es eso efectivamente lo que debe considerarse
ya prohibido por la Convención de la UNESCO de 1960,
pero no la organización de centros o de unidades docentes dentro de ellos que agrupen solo a alumnos de uno u
otro sexo, respectivamente, con finalidades pedagógicas
razonables, incluida la consecución efectiva de una más
efectiva igualdad entre los sexos, una mejor educación
para la convivencia y un más pleno respeto a la diversidad y las diferencias, siempre que se cumplan las condiciones que fija el artículo 2 de la citada Convención de la
UNESCO, con las que se trata de evitar precisamente la
discriminación marginadora y excluyente prohibida en su
artículo 1º. El artículo 4.1.f) de esta Ley andaluza de Educación no puede amparar la imposición de la educación
mixta en ningún caso a los centros privados, ni siquiera
como requisito para su concertación, pues esta exigencia
sólo podría imponerse –si es que constitucionalmente
pudiera hacerlo- una ley orgánica estatal.
5.2. No hay por ahora más leyes autonómicas, aunque
se conozcan algunos anteproyectos en estado más o menos avanzado de elaboración, sobre los cuales, digan lo
que digan en su día, si se convierten en leyes, habría que
hacer las mismas observaciones que acaban de hacerse.
6. Disposiciones reglamentarias sobre admisión de
No hay, en España, ninguna norma
válida que exija que la escuela sea
mixta para recibir financiación
o interesados en concertarse incurriría en ilegalidad e inconstitucionalidad, por imponer exigencias que, como se ha dicho, no se contienen
las leyes orgánicas estatales y están reservadas a ellas (si es que incluso
ellas pueden llegar a imponer tal exigencia). Puede afirmarse, pues, que
no hay Decretos autonómicos en vigor que impongan la coeducación y
que si los hubiera, podría instarse su anulación judicial directamente o
cuando pretendieran aplicarse.
1.	En el ordenamiento jurídico-educativo vigente en toda España, no existe (ni ha existido nunca, puede añadirse) norma alguna con
rango de ley orgánica y carácter básico que exija o permita exigir la escolarización mixta para ser o seguir siendo centro privado concertado, y
ni siquiera que la establezca como necesaria en los centros públicos.
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos.
6.1. El Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, por el
que se regula el régimen de elección de centro educativo, que sigue constituyendo una norma de aplicación general, pero sólo de carácter supletorio con
respecto a las regulaciones autonómicas, aplicándose, en consecuencia, únicamente de forma directa y
plena en Ceuta y Melilla y en los centros educativos
estatales en el extranjero, no contiene norma alguna
que pueda entenderse como impositiva de educación
mixta en ningún tipo de centro.
6.2. La generalidad de las Comunidades Autónomas
han ido aprobando Decretos de sus respectivos Consejos de Gobierno estableciendo las normas reglamentarias sobre la admisión, particularmente, por lo
común, en centros públicos y privados concertados.
Es muy común que reiteren la prohibición de discriminación por razón del sexo que hoy, como vimos, se
contiene ya en la LOE, pero sin añadir determinaciones que obliguen a entender que con ello se exige en
todos esos centros la educación mixta. Algunos sí que
han querido explicitar, sin embargo, su pretensión de
imponer una escolarización mixta en cualquier centro
concertado (Decreto 77/2004, de Andalucía, Decreto
22/2004 de Castilla La-Mancha), pero han sido luego
anulados por los Tribunales de Justicia, como no podía
ser de otra manera. En efecto, cualquier disposición reglamentaria autonómica que imponga tal escolarización como obligatoria a todos los centros concertados
2.	La igualdad en el derecho a la educación en libertad, requerida
por la Constitución, es contraria a cuanto comporte discriminación en
el sentido establecido por la Convención de la UNESCO de 1960, que
expresamente excluye de ella la separación escolar por el sexo que cumpla la condición de que todas las personas, sea cual sea su sexo, puedan
satisfacer su derecho a la educación en condiciones equivalentes.
3.	La Constitución garantiza el derecho a elegir el centro educativo que se considere preferible de entre los que cumplan las mínimas
condiciones legales que deben fijarse, y a hacerlo con financiación pública en la enseñanza obligatoria sin otras condiciones adicionales que
las que requiera garantizar el buen fin de esa financiación. Los padres
tienen derecho a preferir, con todas las consecuencias, centros de educación diferenciada.
4.	La Constitución garantiza la libertad de crear y dirigir centros
docentes sin más límites, en cuanto a su configuración, que los justificadamente establecidos por ley orgánica. Forma parte hoy de esta libertad el conformar los centros docentes con alguna de las modalidades
de la educación diferenciada, de suerte que sean sólo para chicos o sólo
para chicas, o la enseñanza se organice en ellos en todo o en parte en
unidades distintas para alumnos y alumnas.
La Constitución garantiza la libertad de crear y dirigir centros
5.	Toda norma legislativa o reglamentaria autonómica que no pueda interpretarse de conformidad
con todo lo anterior, debe considerarse ilegítima, inválida y susceptible, en suma, de anulación por el Tribunal
Constitucional (mediante, al menos, la pertinente cuestión judicial de inconstitucionalidad, si se trata de una
ley) o por los órganos de la Jurisdicción contenciosoadministrativa (si se trata de normas reglamentarias).
II. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES FIRMES
Se exponen a continuación los criterios sostenidos por los Tribunales de lo contencioso-administrativo, competentes en la materia, en relación con el
derecho a la escolarización diferenciada, separada o
especializada por razón del sexo en centros privados
concertados. No se ha generado jurisprudencia explícita sobre el derecho a ese mismo tipo de escolarización en centros públicos, ni tampoco en relación con
los centros privados no concertados. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado aún directamente de
Todos los pronunciamientos que hasta ahora
han hecho estos Tribunales han recaído en litigios suscitados con anterioridad a la entrada en vigor de la LOE,
que es la primera ley orgánica educativa que ha prohibido expresamente la discriminación por razón del
sexo en la admisión en centros educativos sostenidos
con fondos públicos. Aunque ya se ha dicho más arriba la interpretación que debe hacerse de esto, que, en
realidad, no permite en rigor afirmar que con ello haya
cambiado en nada nuestro ordenamiento jurídico básico en la materia.
1. Los Tribunales Superiores de Justicia, situados en varias Comunidades Autónomas, han coincidido en afirmar en múltiples sentencias que las
Comunidades Autónomas no pueden condicionar los
conciertos escolares a que los centros privados interesados practiquen la coeducación, ni obligar en consecuencia a admitir en todo centro concertado, sin
atención a su carácter propio, a alumnos de uno y otro
sexo: Se han pronunciado en este sentido los Tribunales
Superiores de La Rioja, (sentencia de 25.11.2002), Cataluña (auto de 8.10.2004), Castilla La-Mancha (sentencias
de 10.11.2004, que anulan el Decreto 22/2004), Galicia
(sentencia de 31.05.2006, que anula una Orden de la
Consellería de Educación que obligaba a matricular a
un varón en una escuela de restauración femenina) y
Andalucía (sentencias de 11.05.2006 –que anuló el Decreto 77/2004- y de 7.09.2006). Lo han hecho las más
de las veces invocando expresamente el artículo 2 de la
Convención de la UNESCO de 1960.
Una última sentencia de 28.01.2008 del Tribu-
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El Supremo ya ha dado el visto bueno a
la Educación Diferenciada en el 2006
de Justicia de Valencia, en sentencia de 11.02.2003, siguiendo un criterio
ya sostenido anteriormente por el de La Rioja, denegó legitimación activa al sindicato recurrente para pretender la anulación de una Orden de la
correspondiente Consejería valenciana relativa a conciertos con centros
que practican la educación diferenciada. Veremos que ya hay sentencia
del Supremo confirmándola.
2. La Audiencia Nacional fue, en realidad, la que inauguró esta
jurisprudencia, con su sentencia de 20.12.1999, proclamando la plena legalidad de los conciertos concedidos en su día por el Ministerio de Educación a varios colegios asturianos dedicados únicamente a alumnos o
nal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha vuelto a anular el Decreto castellanomanchego 22/2004, así como la Orden que
lo desarrollaba y aplicaba, en cuanto exijan
la coeducación mixta en todos los centros
concertados. Lo ha hecho ahora en un proceso contencioso-administrativo ordinario (las
sentencia de 2004 fueron dictadas en sendos
procedimientos especiales de protección de
derechos fundamentales) y por la razón que
expone en su FD 6º de no haberse respetado
la reserva de la cuestión a ley orgánica conforme al artículo 81.1 de la Constitución.
Parece que esta última sentencia ha
sido recurrida ante el Supremo por la Comunidad de Castilla-La Mancha, y si es así no es
firme. Veremos que también fueron recurridas las sentencias de 2004 del mismo Tribunal
Superior de Justicia de esta región, lo que ha
dado lugar a las sentencias del Supremo que
se recogen más abajo. De las resoluciones
citadas de los demás Tribunales Superiores
de Justicia parece que es firme el auto del de
Cataluña y la sentencia del de La Rioja, y no
se dispone en este momento por el autor de
esta nota de datos seguros sobre si han sido
recurridos ante el Supremo las sentencias de
los de Andalucía y Galicia.
3. El Tribunal Supremo (Sección 7ª de su Sala 3ª) en sentencia de
26.06.2006, de particular trascendencia, confirmó la sentencia de 1999
de la Audiencia Nacional y estableció con rotundidad que a la vista de
los textos internacionales ratificados por España relativos al asunto, “que,
ciertamente –afirma textualmente el FD 8º de la Sentencia-, por mandato del artículo 10.2 de la Constitución, han de informar la interpretación
de las normas sobre los derechos y libertades en ella reconocidas, no se
puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de
sexo”. Dijo expresamente que la enseñanza mixta es “una opción que no
puede ser impuesta. Especialmente, cuando la Constitución reconoce a
los padres el derecho a elegir la educación que desean para sus hijos, garantiza la libertad de creación de centros docentes y a partir de las previsiones de sus artículos 16 y 27, la LODE ampara el derecho de los titulares
de los centros privados a definir su carácter”. Los pronunciamientos de
este FD 8º de la mencionada sentencia de 2006 han sido íntegramente confirmados y reproducidos más recientemente en sentencia de la
misma Sala y Sección, de 11.07.2008, a la que nos referimos de nuevo
más adelante. No hay constancia de que la sentencia de 2006 haya sido
impugnada ante el Tribunal Constitucional, por lo que sería firme y marcaría un criterio del más alto Tribunal del Poder Judicial que ya ha sido
reiterado como válido por segunda vez en esa otra sentencia de 2008.
La Sección 4ª de la misma Sala 3ª , por sentencia de 27.02.2008
Por otra parte, el Tribunal Superior
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Últimas actuaciones del TS
El TS adoptó recientemente una
posición desconcertante, que
CECE el 1.07.2008 ante la misma Sala 3ª del Supremo en
la forma del denominado incidente de nulidad de actuaciones, conforme a su nueva regulación por la Ley Orgánica 6/2007 que lo ha establecido como requisito previo
a la interposición de recursos de amparo ante el Tribunal
Constitucional, y la segunda ha sido directamente recurrida en amparo ante este alto Tribunal por CIFASA. El 4
de noviembre de 2008 se ha notificado a CECE un auto
del 30 de septiembre anterior, de la sección 7ª de la sala
3ª del Supremo, que desestima la nulidad de actuaciones
por ella solicitada, pero se está en plazo para interponer
ahora recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Sólo si no se interpusiera cobraría firmeza la sentencia de
16.04.2008 y este mismo nuevo auto.
ha confirmado por su parte la sentencia del Tribunal
Superior de Valencia de 2003 afirmando la falta de legitimación activa de un sindicato como el entonces recurrente para cuestiona judicialmente el otorgamiento
de conciertos a centros de educación diferenciada. No
sabemos con certeza si el sindicato ha recurrido contra
esta sentencia, pues podría intentar llegar al Tribunal
Constitucional. Si lo hubiera hecho no sería aún un criterio firme
III. NUEVA POSICIÓN DESCONCERTANTE DEL
TRIBUNAL SUPREMO, AÚN NO FIRME.
1. Dos sentencias, sustancialmente coincidentes de 2008 (16.04 y 11.07, ya citada), de la misma sección 7ª de la sala 3ª del Tribunal Supremo que dictó la de
26.06.2006, han removido aparentemente la seguridad
jurídica que habían contribuido a asentar todas las sentencias antes mencionadas, sin excepción. Las dos se han
dictado en recursos de casación del Gobierno autonómico contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha de 2004, que han sido revocadas.
Pero hay que tener claro que ninguna de ellas tiene aún
el efecto de cosa juzgada, pues ninguna de ellas ha adquirido firmeza. Sus pronunciamientos siguen aún pendientes de la resolución de los recursos que se han interpuesto contra ellas. La primera fue objeto de recurso por
2. Parte importante de la argumentación del
Supremo en estas dos nuevas sentencias fue asimismo
aplicada ya en otra sentencia del año anterior (2007),
recaída asimismo en casación contra una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre
el mismo Decreto 22/2004, que lo anuló por sustraer a
los titulares de los centros la facultad de decidir sobre la
admisión en los centros privados concertados para asignarla a las Comisiones administrativas de escolarización.
Esa sentencia de 2007 ha sido impugnada por FERE y
Educación y Gestión ante el Tribunal Constitucional en
amparo, por violación del artículo 27.6 de la Constitución principalmente.
3. Las tres sentencias se resienten de un grueso defecto de enfoque procesal por parte de la Sala juzgadora, que ha mantenido un criterio arbitrariamente
Las sentencias sobre el asunto
manchego tienen un defecto
de enfoque procesal
reductivo del alcance de su propia competencia y de
la de los Tribunales Superiores de Justicia (la sala de lo
contencioso-administrativo de Albacete, del Tribunal
de Castilla La-Mancha, en este caso) al resolver recursos
contencioso-administrativos tramitados por el procedimiento especial de derechos fundamentales. Viene este
procedimiento exigido por el artículo 53.2 de la Constitución y se caracteriza por su preferencia y sumariedad
como modo de protección más rápido y efectivo de los
derechos fundamentales considerados más importantes por la Constitución, entre los que se encuentran los
relativos a la educación de su artículo 27. La Sala juzgadora ha mantenido su equivocado criterio invocando
una jurisprudencia ya antigua, contra la que se estableció precisamente la regulación legal hoy vigente de ese
procedimiento especial, contenida en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, y muy especialmente
lo que se dispone en sus artículos 114.2 (pueden hacerse valer en este procedimiento las mismas pretensiones
que en el procedimiento ordinario, siempre que tengan
por objeto restablecer o preservar los derechos y libertades fundamentales a los que se refiera el recurso) y 121.1
(la sentencia estimará el recurso cualquiera que sea la
infracción jurídica en que hubiera incurrido la actuación
recurrida, violando con ello en una u otra medida el derecho o libertad de que se trate). Y ha identificado, sin
razón justificada alguna, el contenido protegible de un
derecho o libertad fundamental con sólo su contenido
esencial. Como si lo que, aunque no sea esencial, resulte
reconocido por el ordenamiento jurídico con respecto a
ese derecho o libertad, no pudiera protegerse por este
procedimiento especial más rápido. Por eso esas sentencias han acabado cifrando su fallo en la consideración de
si organizar centros diferenciados por razón del sexo o
sólo para alumnos de uno u otro sexo (o de si la admisión
por el titular de los centros concertados) constituye o no
parte del contenido esencial de la libertad de crear y dirigir centros docentes que la Constitución reconoce en su
artículo 27.6. El auto de 30.09.2008 se reitera en esa posición, aunque no contesta a la argumentación expuesta
en el planteamiento del incidente de nulidad sobre lo
que debería comprenderse en la tutela judicial efectiva
solicitada frente a un Decreto autonómico que condiciona los conciertos escolares con exigencias limitativas de
dicha libertad no previstas en las leyes orgánicas reguladoras de los conciertos escolares y de las libertades y
derechos educativos.
4. Confunden luego esas sentencias contenido
esencial de un derecho o libertad fundamental con contenido regulado en las leyes orgánicas, cuando, para la
Constitución (artículo 53.1), es contenido esencial solamente el núcleo duro del contenido de un derecho o libertad de los comprendidos en sus artículos 15 a 38, que
no puede ser desconocido, conculcado o desprotegido
por las leyes (orgánicas, para los derechos y libertades de
los artículos 15 a 29, y ordinarias, particularmente para los
demás), y que en último extremo toca reconocer al Tribunal
5. Invirtiendo principios firmemente asentados
sobre el sentido y alcance de las libertades, consideran expresamente que, en materia de libertades educativas, lo
que no se contempla expresamente en las leyes orgánicas
como facultad o “competencia” integrante de una libertad
pública no forma parte de aquel “contenido esencial”, que
el auto identifica con el que contenido sin más de esa libertad, cuando lo que es esencial a toda libertad es que pueda
ejercerse sin más límites precisamente que los establecidos
por las leyes (orgánicas, en el caso de las libertades educativas), por muy afectada que pueda estar por derechos fundamentales. Es decir toda restricción de una libertad pública
no impuesta o permitida por una ley orgánica, es pura y simplemente ilícita, inconstitucional. Las libertades se someten
negativamente, no positivamente, al ordenamiento júrídico:
éste fija sus límites extrínsecos, pero no puede conformarlas
intrínsecamente de forma exhaustiva: quae non prohibita,
permissa intelliguntur.
6. Las dos sentencias y el auto de 2008 parecen dar
a entender (y lo mismo la de 2007 con respecto al aspecto
específico de que se ocupa) que las facultades del titular de
una libertad educativa que no están especificadas en ley
orgánica (o en sentencias del Tribunal Constitucional), como
no forman parte de su contenido esencial, pueden ser excluidas o suprimidas por la Administración como condición
para recibir la financiación pública que se instrumenta en los
conciertos. Pero la financiación pública del derecho a elegir
educación –particularmente la básica, declarada constitucionalmente obligatoria y gratuita (art. 27.4 CE)- y, reflejamente, de la libertad de dirección de los centros que la imparten
mediante conciertos, no puede acompañarse sino de las
restricciones o limitaciones de las libertades implicadas que
establezcan las mismas leyes orgánicas que regulan dicha financiación y su instrumentación por conciertos. Sólo la ley
orgánica puede determinar las restricciones o limitaciones de
la dimensión de libertad de los derechos fundamentales a los
que se destine una financiación pública. Sólo la ley orgánica
esta constitucionalmente legitimada (artículo 81.1) para hacer la valoración pertinente de su justificación, aunque luego,
lógicamente, su aplicación concreta haya de asignarse a la
7. Resulta arbitraria e inconstitucional -además de
contradecir a la Ley 29/1998- la distinción entre cuestiones de
legalidad ordinaria y de orden constitucional cuando se trata
de la tutela efectiva de un derecho o libertad fundamental
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El TS lesiona el derecho
a la tutela judicial
como cualquiera de los educativos. La determinación del alcance
de estos derechos y libertades se produce progresivamente por la
norma constitucional y luego por las normas legislativas competentes, que incluso en algunos aspectos menores, siempre sobre
la base de lo dispuesto en éstas, pueden tener aún algunos complementos reglamentarios. Ninguna norma inferior puede desconocer o violar la dispuesto en una superior y si lo hace en relación
con un derecho o libertad fundamental, es evidente que está lesionando a éste. Y toda norma o decisión administrativa que imponga restricciones o límites a un derecho o libertad fundamental
no contemplados ni en la Constitución ni en las leyes, sea cual sea
la razón que se invoque, no sólo infringe el ordenamiento jurídico,
sino que a la vez inexorablemente lesiona dicho derecho o libertad fundamental, incluso aunque hipotéticamente no lesionase el
supuesto contenido esencial sino otros elementos o aspectos determinados expresa o implícitamente por el ordenamiento constitucional o legal como propios de dicho derecho o libertad. Por eso
los Tribunales de Justicia del orden contencioso-administrativo tienen que tutelar de modo efectivo a cualquiera que vea lesionado
uno de sus derechos o libertades fundamentales, por infringirse
el ordenamiento jurídico que los determina y tutela en cualquiera de sus aspectos. Y lo tienen que hacer con especial rapidez y
cuidado precisamente en el procedimiento especial establecido
cabalmente para la protección de tales derechos fundamentales,
por imperativo constitucional (artículo 53.2). La distinción entre
legalidad ordinaria y orden constitucional sólo tiene sentido en la
actuación del Tribunal Constitucional, al que le corresponde velar
por el respeto de éste pero no de aquélla. Lo que es no es, desde
luego, el caso del Supremo ni de ningún tribunal contenciosoadministrativo. El Supremo está lesionando con ello el derecho a
la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), que es especialmente
intenso en materia de derechos fundamentales (artículo 53.2 CE).
Valladolid, 6 de noviembre de 2008
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Mientras tanto, desde las diferentes organizaciones afectadas por las actuaciones del
TS, se han ido llevando a cabo actuaciones
En lo que mira a la ED, tanto las EFAS como
la patronal CECE han interpuesto recursos
de amparo ante el Tribunal Constitucional,
reclamando su derecho.
Los recursos presentados se basan en los siguientes
preceptos de la Constitución Española:
1.	Artículo 24, que garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos.
2.	Artículo 53.2, que asegura esa tutela judicial
efectiva, por un procedimiento judicial preferente y sumario, cuando se trata de proteger
derechos y libertades fundamentales como los
relativos a la educación.
3.	Artículo 27.1 y 6, que garantizan la libertad de
enseñanza para crear y dirigir centros educativos con un carácter propio sin otras limitaciones que las que se establezcan por ley orgánica
4.	Artículo 14 de la Constitución, que garantiza la
Es de especial aplicación, con los efectos establecidos
por el artículo 10.2 de la misma Constitución, el artículo 2 de la Convención de la UNESCO de 14 de diciembre de 1960, relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza y el artículo 14.4 del
y culturales, hecho en Nueva York el 19 de diciembre
de 1966, por el que los Estados Partes reconocen que
nada de lo dispuesto sobre el derecho a la educación
“se interpretará como una restricción de la libertad
de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza a condición de que se
respeten los principios” sobre los objetivos que deben
alcanzarse y “la educación dada en esas instituciones
se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”. Una libertad que, indudablemente, está al servicio del derecho preferente de los padres a determinar
la educación de sus hijos, proclamado por el artículo
26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y especialmente en relación con sus propias
convicciones religiosas y morales y sus preferencias
pedagógicas, como han particularizado el mismo Pacto Internacional de 1966 y otros textos internacionales.
EASSE Newsletter Diciembre 2008
Boletín de EASSE. Jurisprudencia sobre Eduación Diferenciada.