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Timestamp: 2017-05-23 08:24:36
Document Index: 30009828

Matched Legal Cases: ['artículo 695', 'artículo 225', 'artículo\n579', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 31', 'artículo 119', 'artículo 24', 'artículo 112', 'artículo 12', 'artículo 375']

Boletín 59 JpD by Fátima Jueces - issuu
BOLETÍN INFORMATIVO59
Mayo 2013Editado por el Secretariado de Jueces para la DemocraciaEDITORIALSUMARIONi callar ni otorgar
Resulta más sencillo aprobar cien leyes en el Parlamento que efectuar una sola aportación que
mejore sensiblemente la estructura de nuestro sistema judicial. Inspirado en esta máxima, el ministro
Gallardón se ha empeñado en llevar adelante las más variadas reformas. Algunas son meramente
sensacionalistas. Otras van a suponer un retroceso importante para los derechos fundamentales de la
ciudadanía, para las condiciones de trabajo de la Judicatura y para la independencia judicial. Todas esas Editorial
 Actualidad y Carrera Judicial
Ejecución hipotecaria y efectos de la sentencia del
TJUE de 14 de marzo de 2013La jurisdicción social y la prevención de los riesgos
laborales de los juecesLaSTJUEde22.11.12(“Elbal”):findelareformas tienen en común que se están llevando a cabo con la opinión contraria de todos los ámbitos dediscriminación indirecta por razón de sexo en lala administración de justicia y de los distintos sectores sociales. Y también tienen como rasgo compartidoregulación española de la seguridad social del tiempola evidencia de que el Gobierno no ha asumido la prioridad de modernizar el servicio público, porque
prefiere un sistema judicial débil, sin capacidad de respuesta adecuada y que se encuentre subordinado
al Poder político.parcial
del paro que mayor seguimiento ha registrado hasta ahora.
El resultado de estas protestas ha sido desigual. En lo que dependía de la propia Judicatura ha
sido innegable el éxito de participación. Se ha exteriorizado de manera clara el malestar judicial. Y la
sociedad ha captado más que nunca que, además de defender nuestros derechos profesionales, las
jueces y los jueces somos sensibles ante los graves problemas de la realidad actual, lo cual se ha
reflejado en una importante mejora de la valoración ciudadana. Sin embargo, la actitud poco dialoganteMínima non cura praetor? Criminalidad de bagatela y
Reforma del CP de 2012tiempo de nuestra historia. Entre ellas la huelga del pasado 20 de febrero, que fue secundada por una
amplia mayoría de la carrera judicial, hasta el extremo de que el propio CGPJ ha reconocido que se trataDe nuevo, entre Scila y Caribdispolítica criminal. A propósito del Anteproyecto deAnte semejante situación, las personas que integramos el Poder judicial no podíamos quedarnos
cruzadas de brazos. Se han convocado en la Judicatura las movilizaciones más intensas y largas en el¿Qué está haciendo, Sr. Ministro?Última modificación de las tasas judiciales: un parche
para un sistema injustoComité Permanente. Valladolid 2013 Jueces en primer destino
 Ventana abierta a las Secciones
Territoriales Comisiones JpD
 Tablón de anuncios
 Entrevistadel ministro Gallardón ha impedido que nuestra voz haya sido realmente escuchada. No se trata de un
hecho aislado. Nos encontramos ante un Gobierno con mayoría absoluta que está mostrando igualmente
su intransigencia en todas las áreas, a pesar de las protestas masivas de los sectores que se rebelanBOLETIN INFORMATIVOcontra los recortes en educación, sanidad o prestaciones sociales.
La Comisión Interasociativa debe seguir buscando instrumentos para expresar nuestraJUECES PARA LA DEMOCRACIAdisconformidad, a pesar de las dificultades. No ha sido sencilla la coordinación entre asociaciones con
puntos de vista a veces dispares. Pero donde hay una voluntad también hay un camino. Debemos
profundizar en los aspectos que unen a las distintas sensibilidades de la Judicatura. En el presente
contexto no se puede garantizar que las medidas de presión nos llevarán a impedir las referidas
reformas, a mejorar nuestras condiciones profesionales o a proteger la calidad del servicio público. No
obstante, la alternativa del silencio resultaría ignominiosa. Sería indigno callar y otorgar.
Etimológicamente, iudex es la persona que “dice el Derecho”, quien lo interpreta y declara. También
debe decir cuáles son las condiciones adecuadas para impartir justicia. Y recordar los principios del
Estado de Derecho, ante los ataques gubernamentales que intentan vaciar su contenido.Joaquim Bosch, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia1Redacción: Secretariado de JpD
Directora: Maria Calvo
Coordinación: Jose Rivas , Urko Giménez
y Fátima Mateos
Núñez Morgado 3, 4º B
www.juecesdemocracia.esACTUALIDAD Y CARRERA JUDICIAL
afectados que en el presente o en el pasado hayan sido parteEJECUCIÓN HIPOTECARIA Y EFECTOS DE LAejecutada en este tipo de procesos, sobre la base de unaSENTENCIA DEL TJUE DE 14 DE MARZO DE 2013normativa estatal vigente desde 2001 incompatible con una
normativa europea de 1993.GUILLEM SOLER, DIEGO GUTIÉRREZ Y SUSANA FERNÁNDEZ
Coordinadores de la Comisión de Derecho Privado de JpDRespecto del primer plano, la sentencia supone una clara
continuación de la línea jurisprudencial consolidada en cuanto a la
facultad del tribunal de apreciar de oficio la posible nulidad de unaPara comprender cuáles han sido o pueden ser los efectoscláusula contractual incluida en contratos de consumo, como yade la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),ha reconocido en varias ocasiones, de las más recientes, STJUE dede 14 de marzo de 2013 (asunto C 415/11), hay que diferenciar los21 de febrero de 2013 o de 14 de Junio de 2012. La novedad de lados aspectos principales que analiza, siempre en el ámbito desentencia de 13 de marzo de 2013 no reside tanto en la posición yprotección de consumo y vivienda:facultades del tribunal cuanto en las del ejecutado y su derecho de1) Que el régimen legal español de ejecución hipotecariadefensa.(en especial, los artículos 695 y 698 LEC y 131 LH) es
incompatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 deLa sentencia supone una clara continuación de la líneaabril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratosjurisprudencial consolidada en cuanto a la facultad del tribunalcelebrados con consumidores, por no permitir al ejecutadode apreciar de oficio la posible nulidad de una cláusulaoponer y alegar la posible nulidad y carácter abusivo de unacontractual incluida en contratos de consumocláusula contractual del préstamo hipotecario, cuestión queRespecto del segundo plano, el legislador español deberádeberá plantearse en otro procedimiento ordinario; igualmente,adaptar el régimen legal de tal manera que sea respetuoso con lapor no permitir que el juez que conoce este procedimientoDirectiva 93/13/CEE. Podríamos concluir que la LEC, vigente desdepueda adoptar medidas cautelares, como la suspensión de la2001, no ha sido respetuosa desde un inicio con esta normativaejecución hipotecaria que evite la subasta de la vivienda,europea, que data de 1993. Así, mientras que el Estado español hanecesarias para garantizar la eficacia de la decisión final sobre laaprobado numerosas leyes sustantivas en materia de consumonulidad.(principalmente, la Ley 26/1984, de 19 de julio, y el Real Decreto2) Reconoce de nuevo el TJUE la facultad del tribunal deLegislativo 1/2007, de 16 de noviembre), la normativa procesal deapreciar de oficio la posible nulidad de una cláusula contractuallaincluida en el contrato de préstamo o crédito garantizado por laLEChaconsagradounprocedimientodeejecución(especialmente el hipotecario, pero en buena medida también elhipoteca, incluso en una fase inicial del proceso de ejecución.general de título no judicial) extraordinariamente restrictivo tantoAsimismo, conviene diferenciar cuatro niveles o planosde las facultades procesales de la parte ejecutada como de las delen que pueden operar los efectos:propio tribunal. Dado que la mayoría de los acreedores acuden a1) El de la doctrina jurisprudencial del propio TJUE: ¿eneste tipo de procedimientos, dados los privilegios procesales dequé medida esta resolución ha supuesto una confirmación oque disponen, el resultado ha sido la plena ineficacia de la tutelacambio respecto de sus decisiones anteriores?;sustantiva en materia de consumo. No es necesario insistir en la2) El del legislativo español: ¿en qué medida está o nogravedad de estos efectos. De hecho, incluso podría plantearse siobligado a modificar el régimen legal vigente de ejecuciónlas limitaciones del derecho de defensa del ejecutado hipotecariohipotecaria?;puede tener alguna trascendencia constitucional en derechos3) El judicial español: ¿en qué medida los tribunalescomo el de defensa o la vivienda (artículos 24 y 47 CE), cuestiónespañoles que tramitan ejecuciones hipotecarias pueden extraerque fue planteada ante el TC español, máximo garante de losdirectamente algún efecto de la sentencia, no expresamentederechos fundamentales y constitucionales, si bien, por auto delrecogido en el actual régimen legal, o deben esperarPleno de 19 de julio de 2011, no consideró oportuno ni necesarionecesariamente a la entrada en vigor de una reforma legislativaentrar en el fondo de la problemática, por tratarse de unaque acomode este régimen a la sentencia?cuestión "notoriamente infundada ". Sin embargo, ante el criterio4) Las posibles peticiones o demandas de nulidad delfijado por el TJUE, el legislador español se ve, ahora sí, dos añosproceso de ejecución hipotecaria que puedan plantear losmás tarde, obligado a reformar la normativa. Dispone
2básicamente de dos alternativas: o bien introducir como unRespecto del cuarto plano (demandas o peticionesnuevo motivo de oposición a la ejecución hipotecaria la posibleposteriores de nulidad), se trata seguramente de la cuestión másnulidad de una cláusula por ser abusiva (quedaría afectado elcompleja. Si se enfoca desde la perspectiva de la nulidad, seartículo 695 LEC), o bien, sin modificar el régimen de oposición,deberá analizar si se han infringido las normas esenciales delpermitir que en el marco del procedimiento declarativo donde seprocedimiento, siempre que, por esa causa, se haya podidoinste la declaración de nulidad se puedan solicitar medidasgenerar indefensión (artículo 225.3 LEC). Mientras que lacautelares que garanticen la efectividad de una eventualindefensión es incuestionable, no es tan evidente que se hayasentencia estimatoria (en especial, la medida cautelar deproducido una infracción de las normas procesales, ya que,suspensión de la ejecución hipotecaria). Actualmente se estáprecisamente, la indefensión se habría producido por aplicarsetramitando la Proposición de Ley de medidas para reforzar laestrictamente las normas procesales españoles, contrarias a laprotección a los deudores hipotecarios, reestructuración de lanormativa comunitaria. Por tanto, la única vía sería entender pordeuda y alquiler social, en la que parece que el legislador optaránormas del procedimiento "aquellas establecidas por elpor la primera alternativa.legislador español, en la extensión que haya de atribuirse segúnRespecto del tercer plano, hay que admitir la disparidadla normativa europea, tal y como ha sido interpretada por elde criterios existentes entre los jueces españoles sobre quéTJUE".efectos concretos debe tener la STJUE en las ejecucionesAunque podemos hallar argumentos jurídicos sólidos parahipotecarias actualmente en trámite: ¿hay que esperar a quepermitir la alegación de la nulidad en todos aquellosentre en vigor la reforma legislativa que se está tramitando; o,
porelcontrario,ladeclaracióndelSTJUEsobreprocedimientos que al tiempo de la STJUE sigan en trámite, enlatodo caso parece razonable concluir que, como tutela mínimaincompatibilidad del régimen procesal español con la Directivaineludible, hay que habilitar esta posibilidad en aquellos93/13/CEE, entendida desde la perspectiva del principio deprocedimientos que se encuentren cerca de llegar a eseefecto directo y primacía del derecho europeo respecto delmomento procesal "crítico", el de la subasta como paso previoestatal, no sólo permite sino que aconseja que los tribunalesa la adjudicación y pérdida (definitiva e irrevocable) de laarticulen las medidas procesales necesarias para que losvivienda.derechos de defensa y alegación de los ejecutados hipotecariosDe todos modos, seguramente habría que diferenciar
aquellos casos en que la nulidad que se hubiera querido alegar y
que, dado el régimen legal, no se pudo alegar, habría implicado, de
ser estimada (siempre en un análisis previo e hipotético), la misma
improcedencia de la ejecución hipotecaria (por ejemplo, la cláusula
de vencimiento anticipado o la suelo, en determinados casos), de
aquellos otros que, en su caso, habrían implicado sólo una
reducción del importe por el que se hubiera tenido que continuar la
ejecución (por ejemplo, los intereses de demora). En este segundo
supuesto, se podría obtener la tutela oportuna sin necesidad de
acudir a la institución de la nulidad, interesante la rebaja
correspondiente del importe por el que se continúa la ejecución, ya
sea hipotecaria o incluso la ordinaria posterior, según el artículo
579 LEC (continuación de la ejecución por la deuda pendiente no
cubierta con el producto de la subasta). Este artículo no ha
quedado afectado por la STJUE, pero, sin embargo, parece que será
igualmente reformado en la actual proposición de ley, que prevé la
eventual extinción parcial de la deuda en caso de que se produzca
una milagrosa recuperación económica del ejecutado hipotecario.sean efectivos (principalmente, habilitando la oportunidad de
alegar la posible nulidad, ya sea en la fase inicial del
procedimiento o después de que haya precluido la fase de
oposición? Un argumento en contra de la segunda opción podría
ser que la misma proposición de ley que está en trámite
parlamentario prevé un régimen transitorio que permitirá la
apertura de un incidente de oposición después de que haya
precluido la fase ordinaria de oposición según la normativa
actualmente vigente. Sin embargo, la misma DT4 ª de la
proposición de ley establece un límite temporal de este régimen
transitorio: siempre que no se haya puesto a disposición el
inmueble subastado al adquirente. Por lo tanto, aunque
podemos hallar argumentos jurídicos sólidos para permitir la
alegación de la nulidad en todos aquellos procedimientos que al
tiempo de la STJUE sigan en trámite, en todo caso parece
razonable concluir que, como tutela mínima ineludible, hay que
habilitar esta posibilidad en aquellos procedimientos que se
encuentren cerca de llegar a ese momento procesal "crítico", el
de la subasta como paso previo a la adjudicación y pérdida
(definitiva e irrevocable) de la vivienda.3LA JURISDICCIÓN SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DE LOS JUECES
XAVIER GONZÁLEZ DE RIVERA I SERRA. Magistrado especialista. Juzgado de lo Social nº 3 de BarcelonaSobre lo último no me voy a detener más que para señalar
Una de las novedades más importantes incorporadas en laque la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de laLey 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicciónInspección de Trabajo y Seguridad Social, establece que la funciónsocial, pero que sin embargo, de momento ha tenido nulainspectora comprende entre otros cometidos, y respecto de laincidencia en los juzgados, es la competencia de este ordenprevención de riesgos laborales, la de vigilancia y exigencia deljurisdiccional en materia de prevención de riesgos laborales, ycumplimiento de las normas legales y reglamentarias, así como deconcretamente, según el tenor literal del artículo 2.e), “Paralas normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones degarantizar el cumplimiento de las obligaciones legales ytrabajo en dicha materia, pudiendo actuar frente a las personasconvencionales en materia de prevención de riesgos laborales,jurídicas públicas, en cuanto sujetos obligados o responsables deltanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligadoscumplimiento de las normas de orden social, pudiendo ejercerlolegal o convencionalmente, así como para conocer de laen los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuandoimpugnación de las actuaciones de las Administraciones públicasesténen dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstosAdministraciones públicas o por entidades de Derecho público confuncionarios, personal estatutario de los servicios de salud opersonalidad jurídica propia vinculadas o dependientes depersonal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, encualesquiera de ellas.directamenteregidosogestionadosporlasigualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena,Pues bien, si tenemos en cuenta que la Ley 31/1995, de 8incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los dañosde noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ya prevé quesufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa dese aplicará en el ámbito de las relaciones de carácterprevención de riesgos laborales que forma parte de la relaciónadministrativo o estatutario del personal al servicio de lasfuncionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de lasAdministraciones Públicas, excepción hecha de determinadoscompetencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridadcolectivos profesionales entre las cuales no se encuentra laSocial en el ejercicio de sus funciones”.carrera judicial, es claro que las obligaciones previstas en dichaSi tenemos en cuenta que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, denorma también afectan al colectivo judicial, pues la propia LeyPrevención de Riesgos Laborales, ya prevé que se aplicará en elseñala que cualquier referencia que en la misma se haga aámbito de las relaciones de carácter administrativo o estatutariotrabajadores y empresarios, debe comprender cualquier personadel personal al servicio de las Administraciones Públicas,que preste servicios, sea con carácter administrativo o estatutario,excepción hecha de determinados colectivos profesionales entrepara otra, incluida la Administración pública para la que se prestanlas cuales no se encuentra la carrera judicial, es claro que laslos servicios. Entre otras obligaciones legalmente previstas, comoobligaciones previstas en dicha norma también afectan almás relevantes, cabe destacar la de realizar un Plan de prevencióncolectivo judicialde riesgos laborales, o la evaluación de riesgos profesionales, o laDe esta atribución competencial, en la concreta materiade planificar la actividad preventiva, o incluso el deber de hacerobjeto de este limitado artículo, podemos extraer las siguientesformación a cargo del empleador, sea en horas de trabajo oconclusiones: a) los tribunales del orden social son losdescontándolo de las mismas, o simplemente, el deber decompetentes de manera exclusiva y excluyente para conocer degarantizar de manera específica la protección de quien sealas acciones que se puedan formular con el objetivo de garantizarespecialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo.las obligaciones legales en materia de prevención de riesgosNo se me oculta la dificultad de articular una acciónlaborales; b) es indiferente la naturaleza de la relación entre elconcreta ante los tribunales, tanto por lo que se refiere a ladeudor de seguridad y la persona acreedora de dicha obligaciónlegitimación -activa y pasiva-, como al contenido mismo de laque presta servicios retribuidos por cuenta de otra; c) la garantíapretensión –petitum-, pero no me cabe ninguna duda de que sede cumplimiento de las obligaciones se puede planteartrata de un terreno en el cual algún día deberemos entrar, aún areclamando el cumplimiento de esas obligaciones o bien comoriesgo de tropezar alguna vez, pero puede ser un buen comienzoresponsabilidaddelel propio documento elaborado por el Consejo General del Poderincumplimiento; d) quedan intactas las competencias de laJudicial sobre el estrés, el cual ya identifica un determinado riesgo,Inspección de Trabajo en esta materia.aunque no ofrece una verdadera actividad preventiva al respecto.pordañossufridosconsecuencia4LA STJUE DE 22.11.12 (“ELBAL”): FIN DE LA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE SEXO EN LA
REGULACIÓN ESPAÑOLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL TIEMPO PARCIAL
JOAN AGUSTÍ MARAGALL. Magistrado especialista. Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona
parcialidad de su jornada. Razona el Tribunal de Justicia –
asumiendo los razonamientos del juzgado promotor de la cuestión
A la Sra. Elbal, nacida en 1943, habiendo trabajado y-que concurre una situación de discriminación indirecta porcotizado 18 años a tiempo parcial como limpiadora de unacuanto la normativa cuestionada, a pesar de su “neutralidad”comunidad de propietarios, le fue denegada la pensión deaparente, dificulta -y en algunos casos, como el de la Sra. Elbal,jubilación -de solo 140€ al mes, en su caso- por no acreditar elimposibilita- el acceso a las pensiones de seguridad social deperíodo mínimo de 15 años de cotización “a tiempo completo”.aquel colectivo.Según las reglas específicas de equivalencia de lasComunicada dicha respuesta a su cuestión, y como nocotizaciones a tiempo parcial en días “teóricos” de cotizaciónpodía ser de otra manera, el juzgado de lo social nº 33 de(disposición adicional séptima de la Ley General de la SeguridadBarcelona, mediante su sentencia de 30.11.12, ha reconocido a laSocial, apartado 1º, regla 2ª), aquellos 18 años de cotización aSra. Elbal la pensión de jubilación, entendiendo que latiempo parcial sólo equivalían a 2,75 años de cotización “a tiempoconsecuencia obligada de la sentencia del TJUE y de lacompleto” por lo cual, según especificó el letrado del INSS en elinterpretación que efectúa del art. 4 de la Directiva 79/7acto del juicio, con aquel régimen de jornada debería cotizar 100solamente podía ser, por los principio de primacía y eficaciaaños para acceder a dicha pensión.
Razona el Tribunal de Justicia –asumiendo los razonamientos del
juzgado promotor de la cuestión- que concurre una situación de
discriminación indirecta por cuanto la normativa cuestionada, a
pesar de su “neutralidad” aparente, dificulta -y en algunos
casos, como el de la Sra. Elbal, imposibilita- el acceso a las
pensiones de seguridad social de aquel colectivo
El Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona que conoció del
asunto, discrepando del criterio del Tribunal Supremo (que había
validado reiteradamente la constitucionalidad de aquellas reglas),
considerando que tal norma suponía una doble “penalización”
para los trabajadores a tiempo parcial -por el menor importe de
la pensión, proporcional al inferior salario, y la mayor exigencia de
cotización, inversamente proporcional a la parcialidad de su
jornada- inició trámite de cuestión de constitucionalidad. Perodirecta del derecho comunitario, la inaplicación de las referidasuna vez constató que ya pendían ante el Tribunal Constitucionalreglas de equiparación de cotizaciones, en la disposición adicionalhasta cuatro cuestiones planteadas por diversos Tribunales7ª LGSS, que comportaban la discriminación indirecta por razónSuperiores de Justicia (la primera de ellas admitida a trámite en elde sexo prohibida por la norma comunitaria.año 2003 pero sin visos de resolución inmediata), optó porLa sentencia comunitaria, por otra parte, ha tenido laplantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de lavirtud de despertar al Tribunal Constitucional de su letargo yUnión Europea, que ha sido resuelta afirmativamente mediante lamediante su reciente sentencia de 14.3.13 (STC 61/13) hasentencia de 22.11.12.estimado la primera de las cuestiones planteadas sobre idénticoEn dicha sentencia, el TJUE, acogiendo la cuarta cuestióntema (admitida a trámite diez años antes, en 2003), y haplanteada por el juzgado promotor de la cuestión, declara que eldeclarado la nulidad, por inconstitucionalidad, de la referidaart. 4º de la Directiva 79/7 -relativa al principio de igualdad denormativa, fundamentándose, básicamente, en la referidatrato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social-sentencia del TJUE de 22.11.12. Ello obliga al legislador a rectificardebe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativade inmediato y a establecer una nueva normativa acorde a ambascomo la española que exige a los trabajadores a tiempo parcial, ensentencias, que trate de manera equitativa y proporcionada a lossu inmensa mayoría mujeres, un período de cotizacióntrabajadores a tiempo parcial, en su mayor parte, mujeres. Yproporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensiónhabrá que ver hasta que punto pueden ser revisadas lascontributiva en cuantía proporcionalmente reducida a ladenegaciones de prestaciones de jubilación e invalidez denegadas
5en los últimos años –que han apartado a muchas mujeres
trabajadoras del legítimo acceso a las prestaciones contributivas-Ello obliga al legislador a rectificar de inmediato yen base a unas reglas ahora anuladas por su caráctera establecer una nueva normativa acorde a ambasdiscriminatorio.sentencias, que trate de manera equitativa yAl margen de otras consideraciones, de este caso –comoproporcionada a los trabajadores a tiempo parcial,del reciente pronunciamiento del TJUE en materia de ejecuciónen su mayor parte, mujeres.hipotecaria- pueden extraerse varias conclusiones:
La primera, la mayor rapidez –y, por consiguiente, eficacia-Y, finalmente, el papel que podemos jugar los jueces dedel TJUE frente al TC en resolver las cuestiones planteadas y lainstancia en la adecuación de la normativa interna a los derechosgrave disfunción que supone, a mi juicio, que nuestro TC hayafundamentales básicos, quizás con mayor libertad que los órganostardado 10 años en apreciar algo que el TJUE solo necesitó 14colegiados, siempre más sujetos a la doctrina ya establecida y pormeses, y aún después de su previo pronunciamiento.consiguiente, a seguir los caminos trillados. Y en esta función de
control habrá que ser muy respetuoso con la propia percepción deLa segunda, la necesidad de tener siempre presente elaquello que nos parezca injusto (la intuición primaria de lamarco jurídico internacional y comunitario, donde tambiéninjusticia, si se me permite la expresión), por más que haya sidopodremos encontrar los derechos fundamentales indisponibles,proclamado por un parlamento y validado por los tribunalesque consideramos violentados por la norma interna.superiores.Jueces para la Democracia. Información y Debate
Publicación cuatrimestral de Jueces para la DemocraciaConsejo de Redacción: Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ (director), Jesús FERNÁNDEZ
ENTRALGO, Javier HERNÁNDEZ GARCÍA, Alberto JORGE BARREIRO, José Luis
RAMÍREZ ORTIZ, Ramón SÁEZ VALCÁRCEL. Secretario de redacción: José Rivas
Esteban.Suscripciones Maxipack S.L. Av. del Sistema Solar nº 3 A. Parque Tecnológico.
28830 San Fernando de Henares. Madrid.
Tel 91 677 53 60
Email: suscripciones@maxipack.es
Precio de este número: 10 € (IVA INCLUIDO)
Suscripción anual (nacional): 24 € (3 números).
Resto: 36 €6¿QUÉ ESTA HACIENDO, SR. MINISTRO?
MARGARITA ROBLES, FÉLIX AZÓN E INMACULADA MONTALBÁN. Publicado el 8 de abril de 2013 en El Periódico.com y prensa escritamateriales y personales. Más grave aún, se quiere modificar el
El Ministro Alberto Ruiz Gallardón ha emprendido unaEstatutoJudicialenclaravoluntaddemenoscabarsuserie de reformas que, de prosperar, supondrán un retroceso enindependencia. Por fin, otra reforma de la Ley Orgánica del Poderlos derechos de la ciudadanía y un ataque a la separación deJudicial "militariza" a Jueces y Magistrados y les quita derechospoderes desconocido en la historia de la democracia española.que tienen como ciudadanos.Atravesamos una de las etapas más delicadas desde 1978.El Ministro Alberto Ruiz Gallardón ha emprendido una serie deA la crisis económica dramática, se suma otra social de confianzareformas que, de prosperar, supondrán un retroceso en lospor los casos de corrupción que se descubren e investigan losderechos de la ciudadanía y un ataque a la separación deJuzgados. Además encuestas y estudios desvelan un reparto cadapoderes desconocido en la historia de la democracia española.vez más desigual de la crisis, donde la diferencia entre ricos yRuiz Gallardón reprocha a los jueces que critiquen suspobres se agranda hasta límites insoportables.proyectos y quiere imponer silencio y obediencia ciega, mientras"No puede ser que todos se equivoquen, jueces, fiscales,realiza sus reformas. Se equivoca: El debate entre la obedienciaabogados, funcionarios, usuarios", dicen las organizaciones dedebida y el silencio de los Jueces quedó simbolizado en los Juiciosestos colectivos, tras protagonizar la mayor huelga de la justicia ende Nuremberg y superado tras la II Guerra Mundial gracias alnuestra democracia, mientras el Ministro elude el diálogo.Derecho Constitucional y a códigos éticos.Veamos.Algo similar pretende cuando promueve la instrucción1. Dificultar acceso a la justicia: Tasas Judiciales. Con lapenal dependiente del Gobierno. El Ministro quiere pasar laexcusa de la eficacia ha levantado barreras, para que sólo los másinstrucción a la Fiscalía sin reformar su estatuto y favorecer supudientes puedan acceder a la justicia. Hay países con tasas, esautonomía. Recientes ejemplos existen.cierto, pero no se dice toda la verdad: en Francia la tasa por4. Cerrar el círculo: Indultos. En vez de reformar y adaptarapelación en Civil está sobre 100 euros mientras aqui la tasa fija esal siglo XXI la figura del indulto, aspira a introducir en el Códigode 800 euros. Tasas desproporcionadas. Se está creando unaPenal figuras de más que dudosa constitucionalidad como lajusticia para ricos. ¿Qué familia o autónomo puede apelar enprisión permanente revisable y la custodia de seguridad. Elnuestras circunstancias económicas?reciente indulto del kamikaze, condenado por sucesivos2. Reducir plantilla: ERE de 1.200 Jueces y Juezastribunales, colmó la paciencia de los ciudadanos. El indulto es unasustitutas. ¿Alguien cree que estos despidos agilizarán la justicia?herencia de ese ancien régime que evoca, nostálgico, esteJuzgados y Tribunales atraviesan desde 2008 por cifras jamásMinistro. Si hay algo arbitrario es indultar a una persona que havistas y en vez de agilizar los procesos, para ayudar a lasido juzgada con todas las garantías y que ha sido encontradarecuperación económica, se despide a 1.200 personas y seculpable.autoriza convocar una oposición de sólo 50 plazas entre Jueces yEste es el futuro que usted pretende. Nosotros, por elFiscales, después de un año en blanco.contrario, apostamos por una justicia independiente, ágil yEspaña está a la cola de Europa en cuanto a Jueces porcercana a la ciudadanía que contribuya a una salida más justa yhabitante: tiene 10,7 jueces por cada 100.000, cuando la media derápida de la crisis económica y social.Europa es de 20,9. Nuestro país ocupa el número 36 de laRuiz Gallardón reprocha a los jueces que critiquen sus proyectosclasificación europea de 49 sistemas judiciales. Ello cuando grany quiere imponer silencio y obediencia ciega, mientras realiza susparte de Juzgados están desbordados y con carencias de mediosreformas. Se equivoca: El debate entre la obediencia debida y elhumanos y materiales. Estas medidas provocarán retrasossilencio de los Jueces quedó simbolizado en los Juicios deinsoportables para la solución de los problemas de la sociedad.Nuremberg y superado tras la II Guerra Mundial gracias al3. Liquidar la independencia judicial. Se reformará elDerecho Constitucional y a códigos éticos.Consejo General del Poder Judicial para sustraerle competencias
que protegen la independencia de los jueces, tan necesaria para5. Epilogo: Forzar la Constitución y la ley. La reforma de lainvestigar los casos de corrupción; las competencias pasan alLOPJ que impulsa el Ministro no llegaba a tiempo para evitar elMinisterio y suponen una politización de la justicia sininicio del proceso de renovación del CGPJ y el Ministerio instó otraprecedentes, pues será el Ministerio quien controle los mediosmodificación para suspender los artículos que regulan este
7proceso: léase se trata de paralizar el proceso electoral entre
los Jueces para elegir a los 12 vocales que les representan
Tenemos un proceso electoral ya iniciado, según la ley
vigente y el Ministro no ha llegado a tiempo con su suspensión.
De aplicarse esa reforma al proceso electoral en marcha, sería
como cambiar la Ley Electoral, una vez convocadas Elecciones
Generales. Se trata de la elección de un órgano constitucional.
Sin duda la ley puede cambiar, pero la cuestión es si esa
modificación puede aplicarse a un proceso electoral ya iniciado.
Conteste cada cual a esa cuestión.DE NUEVO, ENTRE SCILA Y CARIBDIS. JESÚS FERNÁNDEZ ENTRALGO. Magistradodiscrecionalidad de persecución y
En el último cuarto del pasado siglo experimentó unse abrió la puerta a lasolución consensuada de los conflictos penales.progresivo deterioro la imagen del Juez de InstrucciónPortugal e Italia no tardaron en seguir el ejemplo. Enintroducido por el «Code d’Instruction Criminelle» francés del1988, en vísperas de la reforma italiana, un brillante1808 (de donde lo importó la Ley de Enjuiciamiento Criminalprocesalista, Ennio Amodio, concluyó que el cuadro delespañola del 1882), invocando la necesidad de que la actividadmodelo del proceso penal del futuro, de este lado delinvestigadora en el procedimiento penal correspondiera a unAtlántico estaría pintado con los colores de la banderaórgano caracterizado por su independencia institucional,americana.supuesta garantía de su ejercicio imparcial. Presentado comoPero la expansión alcanzó igualmente al centro y surheredero del Inquisidor del Antiguo Régimen se enfatizaba elde América (ahí están los nuevos Códigos Procesales Penales deriesgo de que terminara cediendo al sesgo heurístico hoyCosta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú yllamado «anclaje de confirmación» (orientando su actividad a laalgunos provinciales de Argentina), en sinto-nía con el Códigoverificación de su primera hipótesis de trabajo) cuánto más siProcesal Penal Modelo para Iberoamérica.entre sus poderes figuraba el de disponer medidas instructorasSe oculta piadosamente –eso sí- que, en una sociedady cautelares capaces de comprometer gravemente derechosalarmada por la incesante pleamar de descubrimientosfundamentales de la persona imputada y garantías procesalessucesivos de graves delitos socioeconómicos queque se consideran inherentes al ideal de proceso penalcomprometen a personas muy influyentes y poderosas, eldemocrático.Ministerio Fiscal está unido al Gobierno del Estado de formaEste torvo perfil empeoraba cuando se caía en laque este último tiene sobre aquél un control indirecto quecuenta de la chocante asimetría entre su posición y la delprovoca inevitables suspicacias.investigado y subía de tono si el mismo órgano que habíaE inevitablemente los nuevos vientos llegaron a España,dirigido la instrucción era competente para valorar ladando lugar a un animado y enconado debate.razonabilidad de abrir el juicio oral y aun para enjuiciar el caso.
En este clima se volvió la mirada al modelo procesalNo fue ajena a estas propuestas innovadoras lapenal norteamericano y así se promulgó la Primera Ley deorganización de las relaciones entre Ministerio Fiscal y Juez deReforma del Derecho Procesal Penal alemana, en 1974. LaInstrucción en las causas que se atribuyen al Tribunal delFiscalía se constituyó en «señora del procedimiento deJurado.
Y ahora la reforma definitiva está llamando ya a laaveriguación», en expresión que hizo fortuna entre los
puerta.procesalistas alemanes; fue dotada de un amplio margen de
8En el borrador de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal laY se pasa también por alto que el principio de igualdad dedirección de la instrucción queda en manos del Ministerio Fiscal,armas durante la instrucción dirigida por el Ministerio Fiscalnovedad que pone de relieve su «Exposición de Motivos». Susquiebra estrepitosamente a la vista de la desairada posición de laredactores, ya en su primer párrafo, se apresuran a afirmar queDefensa, reducida al papel de «suplicante» de diligencias depara conseguir cohonestar la aplicación de la ley penal y lainterés para el imputado y carente de un estatuto bien delimitadosalvaguardaesy garantista de su función procedimental. Los riesgos de «anclajeindispensable configurar «… un sistema de investigación yde confirmación» y la asimetría de oportunidades de intervenciónenjuiciamiento moderno, ágil y equilibrado, que se atreve aque lleva consigo la dirección de la investigación por la Fiscalía (enromper con la perniciosa tradición inquisitorial y atribuye ladefinitiva, la parte acusadora) resultan mucho mayores que losdirección de la investigación al Ministerio Fiscal, sin duda una deque suponía el viejo y denostado Juez de Instrucción.delosderechosdelosjusticiables,las novedades más sobresalientes. …».Añádase a lo anterior la introducción –con fórmulaAl Juez inquisidor –pintado con trazos un tanto siniestros ymanifiestamente mejorable- del principio de oportunidadque en ocasiones ya no se corresponden con la realidad presente–«reglada» y –reguladas muy desordenadamente- de ampliasse opone en esa «Exposición de Motivos» la figura de un Fiscalposibilidades de soluciones negociadas que pueden servir deque ha de dirigir la instrucción y en el que se integrará –comodisuasión de la resistencia de unos y de excelente ocasión paraeficaz auxiliar-. la Policía Judicial, lo que supondrá «… un radicalque otros aspiren a un trato beneficioso que contraste con lacambio de modelo que blinda la independencia de la investigacióndañosidad real de su delito y la alarma y la indignación provocadaspenal frente al Poder Ejecutivo …». No es poco. En otros países laen la opinión pública.investigación penal se confía directamente al aparato policial. LoPara contribuir al desescombro de un aparato judicialpropuso también en España hace años Emilio de Llera.penal saturado, se añade la posibilidad de solucionar el conflicto
por la vía de la mediación (la última moda) regulada de maneraLas prisas son malas consejeras. El borrador publicadomuypuede servir como punto de partida de un período deimprecisa.Comomuestrabastenestaspalabrassupuestamente explicativas de la «Exposición de Motivos»: «… Elinformación pública y de debate serenomodelo restaurativo que se implanta respeta el principio deNo podrá, por supuesto, practicar por propia iniciativalegalidad y el monopolio jurisdiccional. Supone únicamente laactos de indagación invasivos de los derechos fundamentales de laposibilidad de insertar en el proceso penal un mecanismopersona investigada, debiendo contar para ello con la autorizaciónautocompositivo voluntario para las partes, con todas lasdel correspondiente Tribunal de Garantías.garantías procesales y con unas consecuencias predeterminadasSe oculta piadosamente –eso sí- que, en una sociedadlegalmente pero que no se anudan necesariamente a laalarmada por la incesante pleamar de descubrimientos sucesivosmediación y que pueden ser muy dispares (desde el archivode graves delitos socioeconómicos que comprometen a personaspor razones de oportunidad, a la suspensión de condena,muy influyentes y poderosas, el Ministerio Fiscal está unido alapreciación de alguna atenuante, o incluso sin repercusiónGobierno del Estado de forma que este último tiene sobre aquélsustantiva alguna). La mediación no es un fin, sino unun control indirecto que provoca inevitables suspicacias.instrumento para alcanzar ciertos fines en los que ocupan unDesde otro punto de vista, aunque se regulan la
acusacionesparticularypopular,nosehaprimer lugar los intereses de la víctima. …».limitadoNo acaban, con lo anterior, los problemas. El austríacofuncionalmente la segunda pero sí la legitimación activa para suFranz Klein avisaba que las reformas procesales suelen exigir otrasejercicio, excluyendo radicalmente a «… los partidos políticos, losde carácter sustantivo y muchas más orgánicas. En un momentosindicatos, … [o] cualquiera otra persona jurídica pública otan delicado como el presente, habrá que preguntarse si se estáprivada …», salvo «… las … formalmente constituidas para laen condiciones –presupuestarias y de infraestructura- dedefensa de las víctimas del terrorismo en los procesos por delitoafrontarlas.de terrorismo. …», olvidando que, más allá de posibles abusos,expresiva denominación de López-Rey) cuando el Ministerio FiscalLas prisas son malas consejeras. El borrador publicado
puede servir como punto de partida de un período de información
pública y de debate sereno. Ya no es poco. Pero de momento eso
Corren malos tiempos para el arte de la legislación y parano se mostrada especialmente interesado o activo y se trata,la Ciencia del Derecho. Será prudente no olvidar las sensatascomo ocurre a menudo, de «delitos sin víctima» individualizada,palabras del de Loyola: «En tiempos de desolación, nunca haceren los que no hay lugar para la acusación particular.mudanza».muchas veces esas personas jurídicas –como se sabe muy bien en
el Reino Unido- se han revelado por demás útiles para la
persecución de los «crímenes de los poderosos» (por utilizar la9MINIMA NON CURA PRAETOR? CRIMINALIDAD DE BAGATELA Y POLÍTICA CRIMINAL. A PROPÓSITO DEL
ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE 2012
RAMÓN GARCÍA ALBERO. Catedrático de Derecho Penal. UdLprocesos de causalidad acumulada, y fundamentalmente la
desconfianza generalizada en otras instancias de control -civil
Suprimir las faltas del Código Penal ha sido una viejaperofundamentalmenteadministrativa-,parecíanhaberaspiración doctrinal. Sea por coherencia con los principios decondenado dicho proceso invirtiendo justamente la tendencia:fragmentariedad y ultima ratio, bien por consideracionesminima cura praetor.abiertamente utilitaristas -gestión de recursos escasos-, el libro III
del Código penal ha sido el banco de las propuestas deEn este contexto, la despenalización de las faltas en eldespenalización que de modo más o menos articulando se han idoAnteproyecto de Reforma del Código penal de 2012 parecería sersucediendo, y cristalizando normativamente, en nuestro paísel epígono de un movimiento de reforma que ya se habríadesde los años ochenta. En verdad, se trata de un fenómeno derevertido hace una década. Una propuesta que parece nadarlargo recorrido: históricamente confiada a las ordenanzas decontra corriente, si no fuera porque tiene, evidentemente, truco.policía y buen gobierno, la represión de múltiples hechosY vaya si lo tiene. La desaparición del Título III consiguebagatelarios fue paulatinamente desgajándose del derecho penaljustamente que lo que parezca una despenalización cohonestedurante los años ochenta mediante sucesivas reformas quecon los postulados del derecho penal mínimo sea en realidad laexpurgaron buena parte de las faltas previstas en el Libro III,coartada para la (plus-) penalización generalizada de lasconcretamente en su título II (las faltas “contra los interesesinfraccionesgenerales y el régimen de las poblaciones”). La Reforma llevada arelevantes las imprudencias leves con resultado de muerte ocabo por las LO 8/1983 de 25 de junio, pero fundamentalmentelesiones, que se reconducen sospechosamente a la justiciapor la LO 3/1989, de 21 de julio, acabó con buena parte de lastarifaria, o sea, al orden jurisdiccional civil (culpa extracontractualfaltas cuya represión se había encomendado al derecho penal, endel 1902 CC). Una despenalización que va a tensionarun proceso que se cierra definitivamente con el advenimiento delsobremanera el indeterminado concepto de imprudencia grave,nuevo Código penal de 1995.rebajando sus exigencias en ámbitos muy sensibles para laveniales.Ofreciendocomoúnicos"trofeos"opinión pública (seguridad vial). Acaso por la vía de los hechos
En el nuevo derecho penal postmoderno del riesgo, ya no seconsumados se consiga de la jurisprudencia lo que el legislador notrata de la deliberada reducción de lo penal a lo estrictamentese atrevió a hacer en 2007 (tipificar como delito todas lasimprescindible para asegurar la convivenciaimprudencias con resultado de muerte o lesiones muy graves en
el tráfico rodado). El tiempo dirá.Pero los grandes consensos que estaban en la base de
tal proceso empezaron a mutar en los años noventa, en el queA cambio, el grueso de las infracciones veniales pasa aasistimos a un cambio de paradigma en la forma de concebir elintegrarse, bien sin más matiz en las correspondientes categoríassistema penal. En el nuevo derecho penal postmoderno del riesgo,de delitos menos graves ya existentes (Lesiones leves del 617.1,ya no se trata de la deliberada reducción de lo penal a lopropiedad intelectual y en parte industrial, 623.5, atribución de cualidadestrictamente imprescindible para asegurar la convivencia, unaprofesional del 623.5 y defraudación Hacienda UE del 627),vez la seguridad de orientación (frente al Estado) ha sidoaparentemente en subtipos atenuados de carácter facultativo desustituida por la seguridad de protección (frente al potencialesos mismos delitos graves (este es el caso de las actuales faltas deagresor). El redescubrimiento y la obsesión por la pequeñahurto, estafa y apropiación indebida del art. 623 CP, usurpación dedelincuencia clásica que tanto incide en los indicadores del miedofunciones del art. 624 CP, daños del art. 625 CP y falsedad del 629). Elal delito (percepción subjetiva de inseguridad), que comprometeresto de faltas se configura como delitos leves, en la nuevaen las grandes ciudades el negocio del turismo (descuideros); laclasificación del art. 13 CP, bien como tipos sui generis osobreactuación de los poderes públicos respecto de los interesessimplemente atenuados de otros ya existentes (así, la falta de malosde las víctimas (directas o difusas); el uso y abuso intensivo deltratos (617.2) amenazas y coacciones leves (620), utilización de vehículos aespacio público como referencia compartida de la acción y losmotor (623.3), propiedad industrial (623.5), abandono de animales10bienpeligrosos (631.1), atentados leves contra la flora (632.1), maltrato depero indisimuladamente en este arsenal de medidas. Ahora, laanimales en espectáculos (632.2), permanencia no consentida en domiciliofrontera entre el delito menos grave y leve vendrá dada por lade persona jurídica (635) y uso indebido de uniforme (637). Para concluir,profesionalidad. En tal contexto, el nuevo valor umbral de milalgunas faltas relevantes salen por la puerta para entrareuros pierde importancia; en todo caso la elevación a delito deinmediatamente por la ventana: la de la ampliación de suscualquier sustracción permite la utilización del principalhomólogos tipos delictivos, lo que sucede abiertamente en losinstrumento disuasorio y materialmente represor: la detención.delitos contra el orden público, una de las preocupacionesUn incentivo oculto que quizás explique la técnica seguida.relevantes del prelegislador.
Ante una decisión político-criminal de tal calado, el
La desaparición del Título III consigue justamente que lo quehorizonte que se dibuja no podría ser más desalentador.Laparezca una despenalización cohoneste con los postulados delimplantación de una justicia contravencional -que incorporederecho penal mínimo sea en realidad la coartada para la (plus-)además infracciones de policía del derecho administrativopenalización generalizada de las infracciones veniales.sancionador- y de proximidad, en cualquiera de sus modelos más
contrastados, no parece haber merecido consideración alguna.Con esta pluspenalización encubierta, se pretende haberLos resultados de una descongestión del sistema penal desde elhallado por fin la solución a un problema mal resuelto desde lainterior de propio sistema no están en modo alguno asegurados,reforma de 2003: el tratamiento del hurto habitual, parapor mucho que se anuncie la implantación del principio desatisfacción de amplios sectores de una opinión públicaoportunidad y la mediación penal (con víctima directa e inclusoescandalizada por la supuesta impunidad de los reincidentes. Lasubrogatoria) en la futura ley procesal penal. De modo quereforma de 2010 perseveró en la errónea técnica de elevar a laprevisiblemente el saldo que arroje esta ingeniosa operación decategoría de delito la comisión de tres faltas cometidas durantemaquillaje sea sólo y únicamente más represión. Un episodio más,un año, siempre que la suma de las sustracciones excediese deen fin, de esta atolondrada estrategia de ensayo-error a la que400 euros. Una fórmula fracasada, o alternativamente, superflua,parece haberse reducido la política-criminal actual.por el juego combinado de tres factores: enjuiciamiento rápido,
cosa juzgada y continuidad delictiva. En parte, la tipificación
autónoma de la pertenencia a grupo criminal se inscribe oblicua11ÚLTIMA MODIFICACIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES: UN PARCHE PARA UN SISTEMA
RAQUEL BLÁZQUEZ MARTÍN Y LOURDES MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA . Magistradasante la ley del artículo 14, en relación con su artículo 9.2, en
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que secuanto corresponde a los poderes públicos promover lasregulan determinadas tasas en el ámbito de la Administracióncondiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y dede Justicia se vio modificada apenas semanas después de sulos grupos en que se integra sean reales y efectivas.entrada efectiva en vigor por el Real Decreto-ley 3/2013, norma
que iría dirigida a evitar aquellos casos en que la Ley 10/2012
podría lesionar el derecho reconocido por el artículo 24 de la
Constitución a la tutela judicial efectiva, que habían sido
señalados enseguida por amplísimos sectores de la comunidad
jurídica de nuestro país.
En el preámbulo del Real Decreto-ley se afirma que la
aplicación de la Ley había evidenciado que pese a que las tasas
no se consideraban en sí lesivas de derecho alguno, podrían
llegar a darse casos concretos en los que su cuantía resultara
excesiva. Por ello, partiendo de la legitimidad de la
configuración legal de la tasa y atendiendo parcialmente la
incompleta recomendación de la Defensora del Pueblo, el
Gobierno consideró necesario arbitrar mecanismos que
evitaran que la cuantía de las tasas generase efectos
indeseados.Es dudoso también que se haya respetado la necesidad
de regulación por ley orgánica de una cuestión que afecta al
ejercicio de un derecho fundamental y el ámbito posible para
un Real Decreto-ley. Y parece razonable que se pueda
cuestionar si la actual regulación respeta lo establecido en el
artículo 31.1 de la Constitución, en cuanto a la contribución al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la
capacidad económica de los ciudadanos; y asimismo la
gratuidad de la justicia del artículo 119 CE.
Además, el sistema impide al juez determinar si la
cuantía de la tasa en el caso concreto es un verdadero
obstáculo para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, sin que sea posible la acomodación de la
norma al ordenamiento constitucional por vía interpretativa,
dado que su tenor literal lo impide y exige un pronunciamiento
ineludible de inadmisión a trámite de la demanda si no se paga
la tasa.A pesar de la reforma, persisten serias dudas de vulneración
de derechos constitucionales. En primer lugar, del derecho a la
tutela judicial efectiva (…) Pero también del principio de
igualdad de todos los españoles ante la leyEl juez se ve imposibilitado legalmente, así, para poder
determinar si en el caso concreto las tasas son abusivas y el
ciudadano sin recursos (pero con salario mensual doble IPREM)
a priori no va a tener la certeza de poder acceder a losParecíaasíreconocerdemodoimplícitolatribunales cuando tenga un conflicto.inconstitucionalidad de la Ley 10/2012, al asumir expresamenteParece tristemente acreditado que el nuevo sistema deque el ciudadano tenía que pagar de forma desproporcionadatasas judiciales vuelve a compartir muchas características de lasen algunos casos, circunstancia claramente prohibida por latasas preconstitucionales creadas en 1956 y suprimidas en 1986doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo deprecisamente en defensa de los valores constitucionales deDerechos Humanos.justicia, libertad e igualdad que debieron importar más alAhora se trata de ver si la nueva regulación impide que
ni siquiera con carácter residual la cuantía de las tasas pueda
generar efectos indeseados, como eufemísticamente se
denomina a la vulneración del derecho de acceso a la Justicia, o
bien si esos posibles efectos permanecen. A pesar de la
reforma, persisten serias dudas de vulneración de derechos
En primer lugar, del derecho a la tutela judicial efectiva
del artículo 24 con la consiguiente interdicción de indefensión.
Pero también del principio de igualdad de todos los españoles
12legislador de entonces que al actual.COMITÉ PERMANENTE. VALLADOLID 2013
Los días 7 y 8 de febrero del presente año 2013 tuvo lugarSeguidamente y en la Mesa relativa a situación política,en Valladolid, el Comité Permanente anual de JpD. Se iniciaron lasreformas de la Justicia y del Poder Judicial, prevista con lasesiones con el debate y votación sobre el informe de gestión delparticipación de representantes de al menos dos SeccionesSecretariado, que mereció el voto en blanco de tres de susTerritoriales (Madrid y Cataluña), en la que finalmente sólomiembros, quienes presentaron al Comité su propio informe departicipó Cataluña, expuso Joan Francesc Uría, coordinador de lasituación, mostrándose en desacuerdo con la línea mayoritaria ySección, la propuesta unánime de tal Sección sobre la noexponiendo los motivos por los que reclamaban una mayorparticipación de JpD en la propuesta de candidatos a vocales, en laautocrítica y la modificación de los aspectos que a su juicio notesitura de que el proyecto finalmente aprobado fuera elestaban funcionando en el órgano de dirección. El informe fuedivulgado hasta ese momento por el MJU. Tras el debate lafinalmente aprobado por 27 votos a favor, 2 en contra y 8propuesta no fue aprobada por 21 votos en contra, 11 a favor y 9abstenciones.abstenciones.Tras ello, se abordaron las propuestas de la ComisiónEl Permanente siguió su desarrollo con la intervención, enSindical en materia de estrategias y reivindicaciones. Ella Mesa sobre Reformas Penales y Procesales, del Coordinador decoordinador de la misma, Carlos Preciado, expuso cuales serían ala Comisión Penal Salvador Camarena Grau, así como José Manuelsu juicio materias ineludibles de cara a la fijación de tales líneas deOrtega y José Luis Ramírez Ortiz, exponiendo todos ellos opinionesfuturo, citando la huelga, las sustituciones, la prevención deabsolutamente desfavorables sobre las proyectadas reformasriesgos en el seno de la carrera judicial, el asesoramiento aprocesales y penales en marcha, tras el correspondiente examenasociados/as y no asociados/as, proponiendo la contratación dede algunos de sus puntos centrales. Con ello se dio por terminadaun despacho externo para articular el eventual ejercicio dela sesión en el primer día.acciones judiciales (propuesta aprobada por el Comité) y el
enfoque general de la acción sindical asociativa. Al hilo de laEl segundo y último día de Permanente se abrió con latemática sobre el régimen de sustituciones interno en la carrera,mesa titulada “Respuestas de la Jurisdicción a los recortes y lase expuso, debatió y votó, aprobándose igualmente, la propuestacrisis”, en la que participaron Mar Mirón como coordinadora de lade la Sección Territorial de Cataluña sobre que el ComitéComisión Social, Diego Gutiérrez, coordinador de la Comisión dePermanente desaconsejara a los asociados/as el apuntarse a lasPrivado y Raquel Alastruey como miembro del Secretariado,listas de sustitución voluntaria.dando todos ellos los respectivos pareceres desde las perspectivas
de la Jurisdicción Social y Civil sobre lo que podrían ser respuestas
o líneas de reacción frente a una situación social y económica que13está destruyendo el tejido base del Estado. Raquel sometió apertinentes y legales para evitar dicha eventual situación. Lavotación del Permanente la propuesta de pedir explicacionespropuesta de Juan Romeo y otros/as asociados/as, defendida porpúblicas al Consejo, por el entonces reciente nombramiento de unCarlos Preciado era de aprobación de un manifiesto sobre laantiguo director jurídico de La Caixa, como Magistrado de la Salacorrupción, en la que se critican las declaraciones del presidente1ª del Tribunal Supremo, desafortunada elección desde ladel CGPJ que publicaba ese mismo día el periódico "El País". Trasperspectiva de la posible sensación de contaminación de laalgunas correcciones aceptadas por los promoventes y unJusticia Civil por los intereses de la banca, proposición aprobadaapasionado (y pasional, por parte de algunos) debate, latambién por el Comité.propuesta fue aprobada por el Permanente. Todos los textos
citados pueden consultarse en la página web de la asociación,Llegó tras ello el espacio reservado para las propuestas dewww.juecesdemocracia.eslas Comisiones y Secciones. La iniciativa de Miguel Escanilla,
coordinador de la Comisión de Contencioso y miembro de la SalaCon ello se dio por concluido el Comité cuyo resultado fuede Gobierno de La Rioja, sobre la creación de una lista de correoobjeto de la correspondiente rueda de prensa paralela, la mañanapara miembros electos o natos presentes o pasados de las Salasdel segundo día, a cargo del Portavoz Ximo Bosch.de Gobierno para coordinar la canalización de propuestas
asociativas en este tipo de órganos, haciendo posible el trasvaseC.R.territorial de información, fue asumida por el Secretariado.
Siguieron propuestas de la Comisión de Violencia de Género en
materia de crítica a la ausencia de atención a la perspectiva de
género y reformas del MJU en marcha, que fue aprobada; de la
Comisión de Igualdad en materia de reforma estatutaria,
anunciando que con 15 días de antelación al congreso la comisión
asumía la presentación de un texto de estatutos en lenguaje no
sexista; de la Sección Territorial de Cataluña, anunciando
igualmente propuesta de modificación estatutaria también a
presentar al próximo congreso; de Portavocía, instando de la
Defensora del Pueblo el recurso de inconstitucionalidad sobre la
Ley de Tasas, aprobada igualmente; de la Comisión de Igualdad a
través de su coordinadora, Nekane Sanmiguel, como propuesta de
modificación del Art. 14. 3 de los Estatutos en el sentido de que
el/la coordinador/a de cada comisión asistirá a los foros,
reuniones y convocatorias que se traten asuntos relativos a su
especial materia, que no fue asumida por el Permanente al perder
la votación por un solo voto y de la Sección Territorial de
Valencia, pidiendo explicaciones a los vocales del Consejo por la
situación de bloqueo a cualquier nombramiento progresista en
cargos judiciales para órganos de la Comunidad, propuesta que
también fue aprobada, dando los vocales presentes las
correspondientes explicaciones sobre cómo se habían producido
tales votaciones en el seno del consejo y el motivo de sus
Por último se debatieron y aprobaron dos propuestas de
Ester Erice, coordinadora de la Comisión de Violencia de Género
y de Juan Romeo y otros/as asociados/as. La primera versaba
sobre la censura a la eventual suspensión por ley orgánica de la
vigencia del artículo 112 de la LOPJ por el Poder Ejecutivo, hasta
tanto se apruebe la nueva LO de Reforma del CGPJ por el Poder
Comité Permanente. 7 y 8 de febrero de 2013. ValladolidLegislativo, instando del Consejo el que ponga los medios
14JUECES EN PRIMER DESTINO. ESTRELLA MONLEÓN HERRERA .Juzgado Mixto nº1 de Valverde (El Hierro)
funcionarios me miraban expectantes y curiosos, desde hacía seis
Cuando apruebas la oposición te quieres comer el mundo,años la plaza de juez se encontraba vacante y siempre la llegadasupone un gran cambio pasar de estar día tras día solo,de un Juez nuevo genera cierto temor, el mismo que tenía yo deestudiando, a tener tiempo para ti. Me imaginaba ser juez comoencontrarme con ellos. Sin embargo, hoy en día formamos unalgo maravilloso, como la posibilidad de contribuir a que elgran equipo. Durante los primeros meses tuve que enfrentarme amundo en el que vivimos fuera un poco mejor, y en eseprivaciones de patria potestad de 2007, expedientes de dominiomomento, después de tantos años de esfuerzo, quieres comenzarde 2004, reivindicatorias de 2008, reclamaciones de cantidad decuanto antes, aunque sabes que aún debes esperar. Un periodo2006, importantes asuntos de corrupción olvidados en el cajón…irrepetible en la Escuela Judicial de Barcelona y unos meses dees en ese momento cuando llegas a ser consciente de que lasprácticas junto a mi gran amigo Javier en los juzgados de Ávila, micosas no van a resultar tan fáciles como en la Escuela Judicial ociudad natal, debían completar mi formación.durante las prácticas, que no tienes ningún compañero cerca alLa estancia en Barcelona resulta una experienciaque poder consultar y que has de hacer el camino sola; teenriquecedora, pasas de estudiar entre ocho y diez horas cada díaencuentras ante tu gran reto, ante ese momento que desde quea relacionarte con mucha gente nueva, gente como tú, con tusaprobaste la oposición has estado esperando. Y lo másmismos miedos, ilusiones e inquietudes y que rápidamente lleganimportante, es que te das cuenta que te haces con ello.a ser tus amigos. Barcelona te cambia, o posiblemente seas túAnte momentos de dificultad, puedo contar con muchaquien cambias, mientras que el resto del mundo ha seguido sugente que he ido encontrando en mi camino hasta aquí, desde micamino, tu mundo lleva varios años parado, mientras estudiabas,preparador Ignacio hasta tutores y amigos que, aunque estény ahora de repente, empieza a moverse de nuevo, y lo mejor, eslejos, siempre están al otro lado del teléfono dispuestos aque tu puedes moverte con él.ayudarme.
En mi día a día, las guardias permanentes no me permitenEn mi día a día, las guardias permanentes no me permiten salirsalir de la isla a menudo, salvo esos fines de semana alternos ende la isla a menudo, salvo esos fines de semana alternos en loslos que solo puedo “saltar” al peñón de al lado en busca del ocioque solo puedo “saltar” al peñón de al lado en busca del ocioque en una isla con 8.000 habitantes no se puede encontrar. Porque en una isla con 8.000 habitantes no se puede encontrar.este motivo, visitar a la familia y a los amigos resulta un lujo difícil
de materializar dado el escaso número de permisos con los queEl periodo de prácticas tuteladas fue una gran experiencia,contamos en la actualidad y al alto coste de los billetes de avión.me permitió conocer a grandes profesionales que además deEl fiscal nos visita una vez al mes, para celebrar vistas detener una paciencia infinita y ser buenos profesores, finalmentefamilia y de faltas, el resto de los días el correo o el fax sonse convierten en grandes amigos que además, hoy me sirven denuestros aliados, alargándose las guardias toda la mañana a lagran apoyo en mi día a día.espera de su informe. Contamos con dos procuradores queCuando pensaba en mi primer destino, me imaginaba queasumen casi todos los pleitos del Juzgado, otros tantos abogadosestaría en un pueblo perdido en la montaña de no sé qué puntoprestan sus servicios en la isla aunque es habitual que sede España, pero jamás pensé que la ilusión y las ganas de tener midesplacen de Tenerife, debiendo adaptar los señalamientos a lapropio Juzgado me llevarían a miles de kilómetros de mi familia,escasa frecuencia de los vuelos que comunican las dos islas. Cadamiles de kilómetros y dos aviones. Nunca había visitado elsemana un letrado de oficio proviniente de Tenerife permanecearchipiélago canario con anterioridad pero la idea de conocer unen la isla para asistir en las guardias, siendo, en ocasiones, todalugar y costumbres diferentes me motivaba enormemente y enuna aventura encontrar un segundo abogado un domingo por lamarzo de 2012 tomé posesión en el Juzgado de Primera Instanciamañana cuando la guardia lo requiere.e Instrucción Único de Valverde (El Hierro), con una gran ilusión y
la convicción de que sería un lugar importante que siemprePero a pesar de algunas dificultades sin importancia,recordaría a lo largo de mi carrera profesional.estoy orgullosa y feliz de mi paso por el Hierro, lasAl llegar encontré un edificio amplio y luminoso, conparticularidades de la isla, la belleza de su entorno y la amabilidadbuenas instalaciones y una bonita sala de vistas. Secretario yde la gente lo hace un lugar con un encanto difícil de describir.
15VENTANA ABIERTA A LAS SECCIONES
de la mediación, que no puede traducirse en el ofrecimiento de
ventajas a los infractores por parte del Ministerio Fiscal ni de losMEDIACIÓN PENAL EN EL ÁMBITO DE LATribunales (olvida a los órganos unipersonales y por tanto laSECCIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA ORIENTALreferencia a Juzgados de Instrucción y de lo Penal), sin perjuicio de
los efectos procesales o materiales que puedan derivarse
conforme a la Ley del acuerdo con la víctima.ISABEL TOBEÑA SANTAMARÍA, coordinadora de la Sección
Territorial de Andalucía Oriental.
Como todos los juristas conocéis, la mediación penal no
está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. No es el caso de
países como Francia, Bélgica, Alemania e Italia y del norte de
Europa como Dinamarca, Noruega y determinados cantones de
Suiza. La institución se lleva mal con una concepción del derecho
penal basado en el principio de legalidad estricto, sin concesiones
al de oportunidad, ni siquiera para las infracciones penales leves.
Hasta ahora, la Ley Procesal de esta jurisdicción no ha
dado cumplimiento a, entre otros instrumentos normativos, la
Directiva europea 2012/29/UE de 14 de noviembre de 2012 sobre
el Estatuto a las Víctimas en los procesos penales, que sustituye a
la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de
marzo de 2001 (2001/220/JAI). Aquella, a los efectos que ahora
nos importan, sin utilizar casi la palabra mediación, define laDentro del territorio de la sección territorial de Andalucíajusticia reparadora y recoge el compromiso de los EstadosOriental de JpD, que yo tenga conocimiento, solo se estánmiembros a legislar según sus principios antes del 16 dellevando a cabo actividades de mediación penal en Jaén y ennoviembre de 2015.Málaga. Por lo que se refiere a Málaga, desde el año 2011, tres
Juzgados de Instrucción y otros tantos de lo Penal, junto con tresLos casos derivados a mediación por todos los Juzgados deasociaciones de Mediadores, hemos firmado un acuerdo con laMálaga a las tres asociaciones entre septiembre de 2011 yJunta de Andalucía en el que también ha intervenido el Decano yseptiembre de 2012, fueron 116.la Fiscalía para hacer posible la puesta en práctica de la mediación.El Código Procesal Penal que prepara el Ministerio deSomos los jueces de Instrucción quienes al inicio del proceso (vayaJusticia, dedica a la Mediación Penal cuatro artículos (143 a 146)a tramitarse como juicio de faltas o como diligencias previas deque integran el Título VI del Libro II. La regulación que los mismosprocedimiento abreviado) decidimos la derivación al servicio derealizan está muy lejos de los que consideramos que la mediaciónmediación. Cada uno de nosotros trabaja con una asociaciónes un magnífico instrumento para obtener la reparación del dañoconcreta, de tal forma que yo siempre remito mis asuntos a laa la víctima y la colaboración en la rehabilitación social delasociación Mediamos, que es con la que firme el convenio. Eldelincuente, fines últimos de la mediación. Así, después de definircatálogo de infracciones penales es, en principio, abierto aunquela mediación penal, prevé la aplicación a la misma de algunaslos temas que derivamos a mediación en faltas son las vejacionesdisposiciones de la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles ye injurias, las amenazas, las coacciones, las lesiones, lasmercantiles, parece limitar la solicitud de inicio al infractor ypatrimoniales que tengan un sujeto pasivo concreto y elcontempla la decisión de traslado de la petición a la víctima porincumplimiento de obligaciones familiares (especialmente el delparte del Ministerio Fiscal, que decide en razón a la naturaleza delrégimen de visitas a menores). Por lo que atañe a los delitoshecho si procede la utilización del recurso y finaliza con los efectostambién derivamos los patrimoniales de menor entidad, los
16impagos de pensiones, los delitos contra la intimidad y las lesiones
también de menor entidad. En el auto de incoación se acuerda la
remisión con envío de una carta a cada una de las partes,LA SECCIÓN TERRITORIAL DE GALICIA EN 300haciéndoles saber que han sido seleccionadas para un intento dePALABRASmediación, que se trata de un servicio gratuito y que no están
obligados a aceptar, debiendo presentarse en las dependencias deLUIS VILLARES Y XERMAN VARELA, MAGISTRADOS Yla Ciudad de la Justicia que ha cedido la Junta de Andalucía a lascoordinadores de la Sección Territorial de GaliciaAsociaciones para que desarrollen su labor, un día concreto de la
semana siguiente a la recepción. Al mismo tiempo y tras firmar
una diligencia de recepción (con el compromiso de destruir la
documentación una vez finalizado el proceso), se hace entrega aLa actividad asociativa en Galicia estuvo marcada estosalguno de los miembros de la Asociación de la documentación queúltimos meses por la incidencia social de las reformas de lanos conste (atestado o denuncia) y transcurrido un tiempo, nosAdministración de Justicia, que demandaron una continuainforman del resultado de la mediación. Los casos derivados arespuesta tanto en los medios de comunicación como en losmediación por todos los Juzgados de Málaga a las tresjuzgados, participando activamente los/as compañeros/as en lasasociaciones entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012,movilizaciones que desde el otoño se vienen produciendofueron 116. De ellos no fueron mediados 47 (19 por nocoordinadamente con el personal funcionario y los Colegioslocalización de alguna de las partes, 25 por no aceptar alguna deprofesionales y fueron motivo de un enriquecedor debate en lasellas y 3 por no ser susceptibles de mediación). De los casosreuniones de la Sección.mediados, que son 69, se alcanzaron acuerdos en 51 de ellos y
finalizaron sin acuerdo 18, es decir, se obtuvo acuerdo en elJD organizó conjuntamente con el ICA de Lugo una jornada73,91% de los casos y de ellos y aproximadamente en la mitadmonográfica el 1 de marzo sobre las garantías constitucionalessolo se realizó una sesión de mediación, siendo necesaria unaen el proceso penal centradas en la fase de instrucciónsegunda en la mitad de los restantes y más de dos en las demás. El
acuerdo con los fiscales permite que las faltas en las que seAl margen de lo anterior, JD organizó conjuntamente conobtiene un acuerdo se archiven, aunque sean perseguibles deel ICA de Lugo una jornada monográfica el 1 de marzo sobre lasoficio y en las diligencias previas se puede incluso llegar algarantías constitucionales en el proceso penal centradas en la fasesobreseimiento si las partes son al mismo tiempo denunciantes yde instrucción, tanto relativas a los aspectos más controvertidosdenunciadas (supuestos de lesiones recíprocas) o por lo menos, ade la detención como la limitación de derechos durante la fase dela apreciación de una atenuante muy cualificada.instrucción, que tuvieron un alto seguimiento e impacto entre la
abogacía lucense, y que corrieron a cargo de Xermán Varela
Castejón y José Luís Ramírez Ortiz, con la moderación yEspero que los datos que os traslado y que intentamospresentación a cargo del Decano, Félix Mondelo Santos. Algunosmejorar os animen a iniciar experiencias de mediación.de los casos de corrupción investigados en la ciudad y la forma de
llevar a cabo la instrucción centraron parte del coloquio posterior
en el que se subrayó la necesidad del escrupuloso respeto a los
plazos de privación de libertad y las actuaciones de los letrados en
los procedimientos declarados secretos en garantía de los
derechos de las personas imputadas.
En la misma fecha tenía lugar en Vigo la comida de
homenaje al compañero Ventura Pérez Mariño, recientemente
jubilado, que concertó a numerosas personas de la asociación, la
carrera judicial y de la vida jurídica y política de Galicia, que
quisieron acompañarlo en su despedida, mostrando así su cariño a
un juez comprometido con la democracia y la lucha contra las
desigualdades sociales desde su etapa como abogado hasta el
momento presente, y al que desde esta tribuna enviamos un
Ventura Pérez Mariño, durante un momento de su homenaje
17COMISIONES DE JPD
De la misma forma se ha emitido informe sobre elCOMISIÓN DE SINDICAL DE JUECES PARA LAproyecto de modificación del Reglamento de MutualismoDEMOCRACIAJudicial, aprobado por el Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio,
que modifica, para recortarla, la asistencia al jubilado, la cual seCuando se ha evidenciado que el futuro de la actuaciónenmarca dentro de las prestaciones sociales, concebidas como elconjunta en el seno de la carrera no es otro que el profundizar enconjunto de medidas protectoras del Régimen Especial dellas reclamaciones estatutarias, donde puede haber el mayorPersonal al Servicio de la Administración de Justicia, que atiendenvolumen de coincidencia, imprescindible para afrontar unasituaciones ordinarias de necesidad no cubiertas por otraseventual negociación (sin perjuicio de la participación asociativaprestaciones (art.102 RD 1026/11, en relación con el art.12.1e) delen otros foros donde otra clase de reivindicaciones, compartidasRDL 3/00 de 23 de junio). La modificación proyectada afecta alpor otros sectores de la sociedad, puedan tener su cauce), el papelsubsidio de jubilación de los mutualistas, que viene regulado en elde la Comisión Sindical de JPD toma un protagonismo indudable.art.103 del RD 1026/11.En estos meses del 2013, el esfuerzo de la Comisión y sus
coordinadores ha sido incansable y ha superado incluso lo relativoPor último se ha elaborado informe, igualmente, sobre elal ámbito estatutario.Proyecto de Real Decreto, por el que se modifica el Real Decreto
431/2004, de 12 de marzo, que desarrolla la ley 15/2003, de 26Además de mantener una información constante sobrede mayo reguladora del régimen retributivo de la Carrera judiciallos trabajos en el seno de la COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDADy fiscal. La reforma proyectada incide sobre las retribuciones queY SALUD y en el Consejo sobre aspectos de desarrolloel artículo 12 de la Ley 15/03 contempla como retribucionesreglamentario de nuestro estatuto orgánico, se han elaboradoespeciales por el desempeño de determinadas funciones, entre lasinformes sobre la Ley de Tasas y su impacto desde el punto deque se incluyen las correspondientes a la prestación de serviciosvista del acceso a la jurisdicción así como sobre el Anteproyectoextraordinarios sin relevación de funciones y las sustitucionesde Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poderque impliquen el desempeño conjunto de otra función,Judicial (CGPJ), por el que se modifica la LOPJ 6/85 de 1 de julio.previéndose en el art.12.3 Ley 15/03 que los requisitos de estas
retribuciones, su devengo y su cuantía se incluyan dentro de laIgualmente, ya en el ámbito estrictamente estatutario, sepotestad reglamentaria del Gobierno, en ejercicio de la cual sehizo y difundió entre el resto de la carrera a través del correohabía dictado el RD 431/04, que ahora se pretende modificar. Lacorporativo una propuesta, elaborada en colaboración con lareforma también incide en el régimen retributivo de juecesComisión Social de JpD, en la que se plasmaban las conclusionessustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos.en relación a los complementos económicos de la prestación por
Incapacidad temporal que fueron drásticamente recortados por laComo puede observarse las materias objeto de informeLO 8/12, apuntando lo que podrían ser situaciones a incluirseson trascendentales para nuestro presente y futuro profesionalentre los supuestos excepcionales y justificados del artículo 375.3desde el punto de vista de nuestros derechos salariales yLOPJ en los que, para el caso de contingencias profesionales, lacorporativos. El texto íntegro de tales informes puedenretribución a percibir (recortada al 50% como regla general en elconsultarse en la página web de Jueces para la Democracia y lasupuesto de contingencias comunes entre el primer y el tercer díaComisión Sindical está abierta y agradecerá las aportaciones dey al 75% desde el cuarto al vigésimo) podrá ser complementadaasociados/as y no asociados/as.desde el primer día, hasta alcanzar como máximo las retribuciones
que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anteriorSeguimos contando con vuestra colaboración ya lo seaal de causarse la incapacidad. Actualmente se está en fase depara los asociados/as a través de la lista de distribucióninforme a la Instrucción que prepara el Consejo en esta materia.comisionsindical@juecesdemocracia.es como a través del buzónEl plazo para la determinación de tales supuestos vence el 29 dedenuncia en sindical@juecesdemocracia.esjunio de 2013.
18TABLÓN DE ANUNCIOSGRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL
A las insuficiencias descritas se añade una carencia de
medios que se ha visto agravada recientemente por una
sustancial reducción de personal y una no menor reducción de los
efectivos policiales y de la Hacienda pública dedicados en
exclusiva a la persecución e investigación de la corrupción político
-económica. Todo ello favorece un caldo de cultivo de impunidad
material al dificultar sobremanera la adecuada y profunda
investigación que la corrupción requiere.
En fin, los cargos públicos encausados, equiparando la
responsabilidad penal a la política, cuando son esferas totalmente
diversas, pretenden escapar a la dación de cuentas hasta que no
haya una condena firme judicial, lo que reafirma los patrones de
conducta corruptos e irregulares.
Así, conviene hacer llegar a la opinión pública nuestra
alarma por la paupérrima situación de medios en la erradicación
de la corrupción. Pobreza instrumental no puede entenderse bajo
ningún concepto como fruto de una herencia recibida. El estado
actual de cosas es fruto del planteamiento deliberado de diseñar
un sistema tendencialmente incapaz de alcanzar los fines
institucionales a los que se debe. Ello sin olvidar la pasividad
social, cuando no complicidad cultural, ante este fenómeno”Los pasados días 10 y 11 de mayo de 2013 tuvo lugar en
Barcelona la última reunión del Grupo de ESTUDIOS DE POLÍTICA
CRIMINAL, constituido en el año 1989 como grupo permanente de
trabajo dedicado a desarrollar e impulsar investigación y
propuestas político-criminales a partir de presupuestos
progresistas y conformado por destacados miembros de la
comunidad universitaria, magistrados, jueces y fiscales. En la
celebrada se definieron las líneas de la propuesta de modificación
legislativa en materia de indulto que próximamente podrá
consultarse en la página web del grupo www.gepc.es y se aprobó
el siguiente comunicado en materia de corrupción política:
“La realidad de la corrupción se ha materializado con toda
su crudeza en España en relativamente muy poco tiempo. Junto al
número de procesos abiertos, más de 1600 y unos 1000
funcionarios, entre ellos altos cargos, la percepción social de la
corrupción representa en el último barómetro del CIS la segunda
preocupación de los españoles. Corrupción, no se olvide, es
impensable sin la intensa participación de significativos
corruptores particulares. La diaria avalancha de eventos pone de
manifiesto que no estamos ante casos más o menos graves, pero
aislados, sino ante una manifestación sistémica de un deficiente
funcionamiento de las instituciones públicas, pues estas se han
convertido en objeto de depredación.C.R.La falta de eficacia de los controles previos legalmente
previstos es alarmante: o nada controlan o lo hacen tarde, de
modo que se hace muy difícil exigir responsabilidades y modificar
pautas de conducta. Todo ello es causa de un diseño de la vida
pública española que pivota sobre las cúspides de los partidos
políticos, que a su vez copan los resortes institucionales de
control, haciéndolos ilusorios en la práctica.
Queda, a la postre, como única respuesta la judicial, que
por definición solo puede, llegado el caso, castigar, pero nunca
prevenir ni reparar las prácticas corruptas. Si bien la
Administración de Justicia dispone de una ley penal razonable, los
procedimientos son obsoletos, poco funcionales para la
investigación de estas complejas infracciones y cuando, tras
esfuerzo ímprobo se dicta una condena, esta corre el serio riesgo
de ser indultada.19HABLANDO CON…. CARLOS RAMOS RUBIO
Magistrado de la Sala de Lo Civil y Lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Fiscal de Carrera y asociado de Jueces para la
CR.- Creo que el cambio de modelo resulta a día de hoy
María Calvo.- La EM del Anteproyecto de Código Procesalinviable por varios motivos. En primer lugar, una reforma de estaPenal esgrime como el primero de los motivos para el cambio denaturaleza exigirá un importante estudio presupuestario y unamodelo, atribuyendo la Instrucción a los Fiscales, la necesidad defuerte inversión económica (incremento de plantillas delcombatir un sistema en el que al Juez de Instrucción, heredero delMinisterio Fiscal, formación, adecuación de infraestructuras,Inquisidor, le falta necesariamente neutralidad en la defensa dereasignación de medios personales y materiales) para que tengalos derechos del imputado al estar llamado por la ley a esclarecerunas mínimas garantías de éxito, por lo que en el actual estado dela verdad desde la sospecha sobre aquél. ¿Está de acuerdo conrecesión presupuestaria la conclusión sería que resulta inviable.que el cambio de modelo es necesario?Cualquier otra cosa será, simplemente, cambiar un culpable delCarlos Ramos.- La reforma del modelo procesal penalmal funcionamiento de la Administración de Justicia por otro.español me parece innecesaria, sin perjuicio de la conveniencia dePienso que la reforma, tal y como se plantea, esincorporar la regulación de ciertos medios tecnológicos de pruebaclaramente aplazable ya que una modificación de este caladoy de los efectos de la ilicitud de la prueba en la ley procesal. Lo es,exigirá un largo período de vacatio legis. Cuando menos, requeriráa mi juicio, porque: a) no viene impuesta ni por nuestrauna serie de Disposiciones Finales y en su caso Transitorias queConstitución ni por los Tratados Internacionales firmados porminimicen el inevitable impacto negativo de su inmediata entradaEspaña. De ninguna manera se advierte un “déficit en la calidaden vigor, lo que de todas maneras no augura un resultado positivodemocrática” en el sistema procesal actual, como sugiere lay permite aventurar un largo período de provisionalidad (nosExposición de Motivos del Borrador. La mejor manera desituará en un escenario parecido tal vez a lo que ha sucedido conconservar la neutralidad de la instrucción es la de mantener unala LEC y su DF 16ª todavía en vigor para el recurso de casaciónestructura que suscite las pretensiones frente al Juez. Ello sincivil, situación que no parece en absoluto recomendable)hacer mención a que en otros países, el cambio de modelo ya haMC.- ¿Cree injusta la desconfianza frente a los posiblesdemostrado que surgen graves problemas para asegurar laefectos perversos que los principios de unidad de actuación ypersecución de los delitos de corrupción política, como sucedió endependencia jerárquica pudieran ocasionar en el procedimiento?Alemania.CR.- Creo que el cambio de modelo resulta inconvenienteLa reforma sigue siendo innecesaria porque no vieneo cuando menos arriesgado desde ese punto de vista. La reformaexigida por la experiencia práctica de los países de nuestroprocesal penal –cualquier reforma de esta clase- no esentorno (Alemania, Francia, Portugal, Italia, Suecia…) ni supondrápolíticamente neutral y el mensaje que se está lanzando con éstaconvergencia hacia los sistemas procesales imperantes en Europa,(especialmente si se la enmarca en un paquete que conllevacon vistas a un hipotético modelo europeo único (cada país estátambién el importante cambio de designación de los integrantesorgulloso de conservar sus peculiaridades)del CGPJ) es que el Gobierno quiere controlar la instrucción de losLo es también por último, porque el hecho de que ladelitos, dada su vinculación con la FGE, con el viejo argumento deinstrucción (o la investigación) esté dirigida por el Ministerio Fiscalla legitimidad para dirigir la política criminal.no es algo esencial o definitorio, ni para diseñar un sistemaLa verdadera piedra de toque de la reforma del modeloacusatorio ni para proteger en mayor medida los derechos. No seprocesal penal español es la de la aptitud del modelo paratrata de quién dirija la instrucción, sino de cómo se configura y sienfrentar la instrucción de los delitos de corrupción política enasí se atiende suficientemente al respeto de las garantías quecondiciones de independencia y de eficacia, y con la que nos estáconforman el proceso debido.cayendo no parece que sea éste el mejor momento para cambiarMC.- ¿En la actual tesitura económica cómo piensa quelas reglas del juego.podría implantarse el cambio de sistema sin inversión ni gastoLa reforma por esto mismo, resulta tal y como ha sidopúblico o cree que ello no sería posible in implicar importantesplanteada,problemas organizativos y de eficacia?sustancial del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, bien parainsuficientepuesrequeriríaunamodificacióndistanciar al FGE del Ejecutivo de turno, bien para limitar las
20facultades de aquél en relación con los delitos que afectencontradictorio y rogado con un Juez sin facultades para actuar dedirectamente al partido político responsable de su designación y aoficio y con una neutralidad reforzada, que es lo que en lasus aliados parlamentarios. Deberían introducirse en el Estatutopráctica, se ha venido tendiendo tras las últimas reformasOrgánico del MF mecanismos más eficientes que garanticen mejorprocesales.el disenso razonado del individuo del MF encargado del casoY decía que era inútil la reforma planteada porque surespecto de las instrucciones de su superior jerárquico y queespíritu trasluce una desconfianza evidente en el MF (no tanto pordificulten la remoción (como ocurre con los funcionarios de lasu vinculación política coyuntural como por su condición dePolicía Judicial) y la avocación del asunto.parte), de modo que prácticamente se le obliga a instruir al
dictado y vigilado, limitando sus facultades (desaparecerá laMC.- ¿Qué otros apelativos cree que merece el proyecto?presunción de autenticidad de sus actuaciones) y pidiendo permisoCR.- Lo tildaría de ineficaz o incluso de contraproducente epara casi todo (hasta para el ejercicio del principio de oportunidadinútil. Me explico: convertir al MF en instructor por delegación dely para la conformidad) y a hacerlo además en un tiempo limitadoTribunal de Garantías en aquéllos casos en que las partes recurranque favorecerá la obstrucción de las partes y de cuantos tenganante éste y obtengan una resolución favorable para que aquélintereses contrapuestos con los fines de la investigación.realice diligencias de investigación de cuya procedencia no
participa, no favorece ni la celeridad ni la eficacia delMC.- Esgrime la EM que con el cambio de Juez por Fiscalprocedimiento y acabará provocando que se consolide unaen la instrucción de las causas se evitará que haya tendencia,práctica que abocará a la reproducción ante el Tribunal decomo hasta ahora, a confundir diligencias instructoras con prueba,Garantías de las diligencias practicadas ante el Fiscal con tal desalvando los supuestos de prueba preconstituida o anticipada.alegar un déficit de contradicción en éstas. Creo sinceramente que¿Cree que con este sistema veremos reforzado el principioel único que puede garantizar verdadera y eficazmente laacusatorio y ello, por ejemplo, será el fin de la valoración concontradicción en la instrucción es el Juez que, al no hallarsecarácter probatorio de las declaraciones prestadas ante el Fiscalimplicado en la acusación, no se encuentra condicionado paraen el plenario por parte del imputado o aún de las prestadas en laaveriguar y hacer constar cuanto favorezca al imputado, extremofase policial previa?que en la práctica es dudoso que vaya a hacer el Ministerio FiscalCR.- La reforma pretendida desconoce que ya la de 1988que culturalmente tenemos y conocemos.por la que se introduce el Procedimiento Abreviado produjo un
cambio sustancial, a raíz del cual, la instrucción en este
procedimiento –“las diligencias previas”- pasó a ser considerada
no tanto como la preparación del enjuiciamiento, sino como la
preparación de la acusación, que, en todo caso, implícitamente,
incluiría también las actividades encaminadas a preparar el juicio.
Si lo que se quiere es desterrar la costumbre de otorgar valor
probatorio a cierta parte del material sumarial, a condición de que
se haya respetado el principio de contradicción, la experiencia del
Fiscal de Menores demuestra a las claras que no será ni posible ni
MC.- No deja de ser curiosa la evolución en el sentirEn cambio, obligar al MF que pretende acusar ageneral de la carrera de los últimos años, favorable al cambio deautocontenerse, ofreciendo una verdadera igualdad de armas ymodelo y a caminar hacia la instrucción del Fiscal, ¿estamos todosoportunidades a la defensa es ir contra la lógica conductual y delequivocados sobre sus bondades pues?comportamiento humano y, desde luego, favorecerá lasCR.- No hay mala fe en el teórico que juzga un sistema de
entre los posibles. Utiliza criterios técnicos o de política criminal
para apoyar una u otra opción, sus motivos no son otros y en ese
plano los valora y se pronuncia, pero mientras estamos en esas
disquisiciones, el acuerdo de los principales partidos políticos
atiende a otra clase de motivaciones, de corte personalista.
Mientras teorizamos, otros persiguen esa clase de objetivos y
debemos ser conscientes de ello.declaraciones de nulidad. En cualquier caso supondrá establecer
diferencias inaceptables en función de la mayor o menor
experiencia y combatividad del Letrado defensor.
Teniendo en cuenta lo que se pretende, hubiera sido más
conveniente dimensionar en la medida de lo posible y aceptable la
fase preliminar de investigación por parte de la Policía con la
dirección del Fiscal y convertir la instrucción en un procedimiento
21All pages:123456789101112131415161718192021InfoSaveLikeShareDownloadMoreBoletín 59 JpD Published on May 17, 2013 Boletin Informativo 59
Jueces para la Democraciaboletin59jpdFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore