Source: https://red.novagob.org/la-accion-publica-en-urbanismo-en-la-jurisprudencia/
Timestamp: 2020-08-06 12:26:58
Document Index: 181348416

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 304', 'artículo 235', 'artículo 28', 'artículo 235', 'artículo 304']

La acción pública en Urbanismo en la jurisprudencia – NovaGob
(El original de este artículo ha sido publicado en el número «8998, de 12 de junio de 2017» de «Diario LA LEY» (ISSN Electrónico: 1989-6913), editada por Wolters Kluwer, a quienes agradezco públicamente la deferencia. Podéis ver el original AQUÍ).
Después de la explicación de la regla general, el Tribunal Supremo introduce la excepción cuando añade que: “Sin embargo y como excepción, en determinadas ocasiones, ese concreto y especifico interés legítimo que vincula al recurrente con la actividad objeto de impugnación, no resulta exigible. Ese requisito legitimador no resulta de aplicación en algunos ámbitos sectoriales de la actividad administrativa, en los que cualquiera puede interponer un recurso sin ninguna exigencia adicional. Es lo que se denomina «acción popular» en el artículo 19.1.h) de la Ley de esta jurisdicción, y que la mayor parte de nuestras leyes sectoriales denominan «acción pública» concurrente, por ejemplo, en el ámbito del urbanismo o en determinados aspectos relacionados con el medio ambiente”.
La STS de 24 de enero de 2001 (Casación núm. 9481/1995) aclara que es perfectamente posible y compatible disponer de los dos tipos de legitimación, la derivada del interés directo en el asunto y la popular otorgada por las leyes para determinados sectores como es el del urbanismo: “En las sentencias de esta Sala de 5 de julio de 1999 y de 21 de febrero de 2000 hemos declarado que es compatible la legitimación por acción pública reconocida en el artículo 304 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992, equivalente al antiguo artículo 235 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976, con la posesión en quien la ejercita de un interés que le legitime por interés directo y legítimo, conforme al artículo 28.1 a) de la LJCA.
La STS de 4 de mayo de 2016 (Casación núm. 13/2015) nos dice: “Según la recurrente, la acción pública no pueda amparar pretensiones basadas en intereses destinados exclusivamente a dañar los derechos de un tercero, como ocurre en el presente caso, en el que los actores no son propietarios de parcelas en los ámbitos afectados por la modificación puntual n° 11 y solamente ejercitan la acción pública, porque no se haya aplicado también a las urbanizaciones donde la entidad demandante tiene intereses.
La STS de 3 de octubre de 1996 (Recurso núm. 9204/1991) nos decía que: “Consagrada la acción pública en el artículo 235 del TRLS, la especial relación entre el titular de la acción y el objeto del proceso en que la legitimación consiste viene automáticamente reconocida, sin necesidad de que concurra otro requisito. Las motivaciones de los demandantes pasan a segundo plano, ante los intereses públicos que se pretenden salvaguardar mediante el reconocimiento del carácter público de la acción para exigir el cumplimiento de las normas y planes urbanísticos. Otra cosa sería si los actores ejercitasen pretensiones indemnizatorias, pues éstas al ser independientes de las urbanísticas requerirían la legitimación general exigida en la Ley Jurisdiccional”.
No sucede lo mismo, por ejemplo, con la impugnación de un convenio urbanístico, ya que, pese a que pueda afectar a intereses privados, tiene una indudable naturaleza pública y provoca además la modificación del planeamiento, como ha dicho la STS de 9 de julio de 2013 (Casación núm. 4335/2010) cuando señala “que la acción pública ejercitada por ésta abarca legítimamente tanto el convenio urbanístico de permuta de los inmuebles, que, debido a su trascendencia real, ha sido base, fundamento y condición indispensable de la modificación del planeamiento general definitivamente aprobada, como ésta misma, según se desprende de lo dispuesto en el entonces vigente artículo 304.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y hoy en los artículos 4.f y 48.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.”.
La STS de 24 de enero de 2001 nos decía que: “La legitimación es un requisito procesal que puede examinarse, incluso de oficio, por el órgano jurisdiccional quien tampoco está vinculado por las normas alegadas por las partes («da mihi factum, dabo tibi ius») siendo manifiestamente infundada la censura de incongruencia que se formula, cuando además la supuesta falta de legitimación se opuso como excepción en el proceso «a quo». No hay apariencia alguna de abuso de Derecho en el ejercicio de la acción, siendo de precisar, para despejar en fin cualquier duda sobre la cuestión suscitada, que no se ha afirmado siquiera que se hayan incumplido los requisitos de ejercicio de la acción popular. Es claro que quien acude al proceso contencioso-administrativo legitimado al amparo de esta acción pública resulta obligado a cumplir los requisitos procesales y de tiempo necesarios para que se pueda examinar en cuanto al fondo la pretensión que formula (sentencia citada de 5 de julio de 1999).”
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