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Timestamp: 2020-07-16 01:10:11
Document Index: 111269032

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 941', 'artículo 308', 'artículo 311', 'artículo 81', 'artículo 690', 'artículo 140']

Amparo directo 30/2008
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R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Antecedentes.
SEGUNDO. Demanda.
TERCERO. Trámite de la demanda en el Tribunal Colegiado del conocimiento.
CUARTO. Facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
QUINTO. Admisión del juicio de amparo.
C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO.
SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de garantías.
A. Consideraciones de la sentencia recurrida.
(RELACIONADO CON EL A.D. 29/2008)
JUICIO DE AMPARO DIRECTO 30/2008 (RELACIONADO CON EL A.D. 29/2008)
QUEJOSA: * * * * * * * * * *.
SECRETARIO: FERNANDO A. CASASOLA MENDOZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día once de marzo de dos mil nueve.
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo directo 30/2008, relacionado con el amparo directo 29/2008, promovido por * * * * * * * * * *, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos * * * * * * * * * *.
PRIMERO. Antecedentes. El presente asunto deriva de un juicio ordinario civil, en el que se reclamó: la disolución del vínculo matrimonial en la vía necesaria, la guarda y custodia de los menores procreados en matrimonio, la pérdida de la patria potestad, el pago de una pensión alimenticia y los daños y perjuicios, bajo el argumento de que el demandado ejerció en contra de la actora y de sus menores hijos violencia moral, lo que atentó en su integridad psíquica, económica y sexual.
El juez de primera instancia determinó acreditada la acción planteada, razón por la cual decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a las partes, condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia —a favor de su contraparte y de los hijos que procrearon—, a la pérdida de la patria potestad, así como a la reparación de daños y perjuicios causados a la actora y a sus hijos.
Inconforme con dicha determinación, el demandado interpuso recurso de apelación y la actora apelación adhesiva, de las cuales conoció una Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien al resolver modificó la sentencia de origen, por lo que: decretó la disolución del vínculo matrimonial; condenó al demandando al pago de una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos —consistente en un cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones—; absolvió al demandado de la pérdida de la patria potestad y del pago de los daños y perjuicios; decretó un régimen de visitas y convivencias entre el demandado y sus hijos y, ordenó tratamiento psicológico para las partes (incluyendo a los menores).
En contra de tal resolución, las partes promovieron sendos juicios de amparo, de los que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual resolvió conceder el amparo y la protección de la justicia de la unión, para el efecto de dejar insubsistente la resolución combatida y, con plenitud de jurisdicción, basándose en los hechos y pruebas que acontecieron con anterioridad a la fijación de la litis, se emitiera una nueva resolución, en la que se estudiaran los hechos de violencia narrados por la actora, así como las causas de divorcio hechas valer.
En cumplimiento a las determinaciones mencionadas, la Sala Familiar, dictó una nueva resolución en la que: declaró subsistente el vínculo matrimonial; absolvió al demandado de la pérdida de la patria potestad; condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos —consistente en un treinta por ciento del sueldo y demás prestaciones—; respecto de los hechos y pruebas supervenientes de violencia familiar que hizo valer la actora, se dejaron a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía que estimara conveniente; decretó un régimen de visitas y convivencias entre el demandado y sus hijos, en el Centro de Convivencias Familiar Supervisada y, ordenó tratamiento psicológico para las partes.
En contra de dicha resolución se promovió amparo directo en los términos que a continuación se exponen.
SEGUNDO. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil ocho en la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, * * * * * * * * * *, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de sus * * * * * * * * * *, promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada por el referido órgano judicial el veintisiete de marzo de dos mil ocho en el toca de apelación * * * * * * * * * *, la que revocó la sentencia emitida por el Juez Trigésimo Tercero de lo Familiar del Distrito Federal dentro del expediente * * * * * * * * * *.
La quejosa señaló como garantías violadas en su perjuicio, las de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. Trámite de la demanda en el Tribunal Colegiado del conocimiento. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil ocho, el Magistrado Presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, admitió la demanda de garantías, registrándose al efecto el expediente relativo con el número * * * * * * * * * *1.
CUARTO. Facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por escrito de primero de julio de dos mil ocho, presentado el ocho siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la quejosa * * * * * * * * * *, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos, solicitó al Ministro Presidente de esta Primera Sala, ejercer la facultad de atracción respecto del juicio de amparo precisado, así como de uno diverso presentado por su contraparte, por estimar que los mismos entrañaban la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional en lo tocante al tema de violencia intrafamiliar. Petición que fue reiterada por la solicitante, en un diverso escrito de siete de julio de dos mil ocho.
En proveído de diez de julio de dos mil ocho, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud de facultad de atracción planteada.
Ante tal circunstancia, los Ministros Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José de Jesús Gudiño Pelayo, decidieron hacer suya la solicitud, por lo cual, mediante acuerdo del quince de julio de dos mil ocho, el Presidente de la Primera Sala ordenó formar y registrar el expediente respectivo y requerir los autos de los juicios correspondientes al Presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Desahogado el requerimiento que antecede, en diverso proveído de siete de agosto de dos mil ocho, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de facultad de atracción en comento y ordenó turnarla a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para los efectos legales conducentes.
En sesión celebrada el quince de octubre de dos mil ocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del presente juicio de amparo por estimar que su resolución entraña la fijación de criterios de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, en tanto que se determinaría: a) si las periciales en materia psicológica son o no idóneas para demostrar la violencia intrafamiliar; b) si se debe dar valor a las manifestaciones de los menores en procedimientos jurisdiccionales que les atañan y cuál es su alcance; c) si es aplicable, y en su caso, hasta dónde llega la oficiosidad que rige las controversias familiares en juicios en los que se demanda la pérdida de patria potestad, cuando la causa que se invoque sea la violencia intrafamiliar; d) los criterios a seguir cuando en materia familiar en el mismo juicio se ejerzan dos acciones diferentes (divorcio necesario y pérdida de la patria potestad), y si aun cuando no prospere la principal puede prosperar la accesoria y, e) si el criterio de la Primera Sala, en donde se sostiene que deben de manifestarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuando se invoque la violencia como causa de divorcio, son o no aplicables a los juicios en los que se demanda la pérdida de la patria potestad.
QUINTO. Admisión del juicio de amparo. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil ocho, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del juicio de amparo directo, formándose al efecto el expediente relativo con el número 30/2008; asimismo, ordenó turnar el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto correspondiente.
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, en atención a que se ejerció la facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 182, fracción I, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de garantías. La resolución reclamada se notificó a la parte quejosa por medio del boletín judicial de veintiocho de marzo de dos mil ocho y surtió efectos el treinta y uno del mismo mes y año; por lo que el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para interponer la demanda de amparo2, transcurrió del primero al veintiuno de abril de dos mil ocho, descontándose de este cómputo los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte, por ser inhábiles, al ser sábados y domingos3.
Por lo que si la demanda de garantías se presentó el dieciséis de abril de dos mil ocho, puede concluirse que esa interposición fue oportuna.
TERCERO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el documento original, constante en el toca respectivo.
CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver. A fin de dar mayor claridad al presente asunto, es conveniente hacer una breve relatoría de los antecedentes que interesan para este juicio.
a) La aquí recurrente demandó de su contraparte en la vía ordinaria civil: i) el divorcio necesario; ii) la guarda y custodia de sus menores hijos; iii) la pérdida de la patria potestad; iv) el pago de una pensión alimenticia; y v) el pago de daños y perjuicios, bajo el argumento de que el demandado ejerció en su contra y de la de sus menores hijos violencia moral, lo que atentó en su integridad psíquica, económica y sexual, pues en su opinión, vivieron diversos acontecimientos que generaron ambiente o estado de vida en el seno familiar de continuo sometimiento, dominio y control, que ha mermado su salud mental y emocional, así como la de sus hijos.
b) Seguido el juicio en sus etapas, el Juez del conocimiento dictó sentencia definitiva en la que decretó la disolución del vínculo matrimonial; condenó a la parte demandada al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos, consistente en un cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones; de igual forma lo condenó a la pérdida de la patria potestad y a la reparación de daños y perjuicios causados en contra de la actora y de sus menores hijos.
Para llegar a las determinaciones reseñadas, el juez de primera instancia, realizó la valoración de las pruebas aportadas en el juicio de origen, dentro de las que destacaron los dictámenes periciales en materia de psicología realizados a las partes, las periciales en verificación de voz, informática y computación, las declaraciones de los menores al realizarse la audiencia de veintisiete de abril de dos mil seis, diversas grabaciones de conversaciones telefónicas, correos electrónicos, informes de Mexicana de Aviación, informes sobre llamadas telefónicas realizadas al número celular de la actora; así como las pruebas ofrecidas por el demandado y las defensas y excepciones que hizo valer.
c) En contra de tal determinación, el demandado interpuso recurso de apelación y la actora apelación adhesiva. De dichos medios de defensa conoció la Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien resolvió modificar la sentencia de origen, de la manera siguiente: i) decretó la disolución del vínculo matrimonial; ii) condenó al demandando al pago de una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, consistente en un cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones; iii) absolvió al demandado de la pérdida de la patria potestad y de los daños y perjuicios; iv) decretó un régimen de visitas y convivencias entre el demandado y sus hijos, en el Centro de Convivencias Familiar Supervisada; y, v) ordenó tratamiento psicológico para las partes, incluyendo a los menores.
d) Inconformes con la señalada resolución, las partes promovieron sendos juicios de amparo, de los que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo los expedientes D.C. * * * * * * * * * * y D.C. * * * * * * * * * *.
e) Respecto del primero de los juicios de amparo mencionados (D.C. * * * * * * * * * *), se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión solicitado, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución combatida y con plenitud de jurisdicción dictara una nueva, en la que se valoraran las pruebas desahogadas en el juicio y, en la que se avocara al estudio de los hechos narrados por la actora en los que adujó que fue objeto de violencia por parte de su cónyuge.
f) Por lo que hace al diverso juicio de garantías D.C. * * * * * * * * * *, se resolvió amparar a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable analizara las causas de divorcio hechas valer por la demandante natural, basándose únicamente en hechos y pruebas que acontecieron con anterioridad a la fijación de la litis.
g) En cumplimiento a los fallos aludidos, la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dictó una resolución en la que: i) declaró subsistente el vínculo matrimonial; ii) absolvió al demandado de la pérdida de la patria potestad y del pago de daños y perjuicios; iii) condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos —consistente en un treinta por ciento del sueldo y demás prestaciones—; iv) respecto de los hechos y pruebas supervenientes de violencia familiar que hizo valer la actora, se dejaron a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía que estimara conveniente; v) decretó un régimen de visitas y convivencias entre el demandado y sus hijos, en el Centro de Convivencias Familiar Supervisada y, vi) ordenó tratamiento psicológico para las partes.
1. La autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el amparo directo D.C. * * * * * * * * * *, con plenitud de jurisdicción consideró fundado el argumento del demandado en el sentido de que no quedó demostrada la violencia familiar en contra de la actora, pues de la lectura de los hechos 8, 29 y 30 de la demanda y su ampliación, se advierte que se omitió expresar el tiempo, lugar y circunstancias, en que ocurrió la violencia familiar alegada, por lo que se dejó en estado de indefensión al inconforme.
1.1. Asimismo, determinó que contrariamente a los sostenido por el apelante, en los hechos 32, 34, 42 y 52 de la demanda y su ampliación, sí quedó acreditado el lugar, fecha, hora y circunstancias de los eventos narrados, por lo que la sala responsable procedió a determinar si tales hechos quedaron probados con las pruebas ofrecidas.
1.2. El tribunal de alzada consideró que en relación a las tres unidades de memoria portátil ofrecidas por la actora, y que dice contienen correos electrónicos y conversaciones telefónicas, no se contiene memoria alguna de los hechos narrados en el numeral 34, según se aprecia en el folio adjunto, en el que literalmente la actora refiere que en esas unidades sólo hay archivos de los hechos 35 al 52 de su demanda inicial, por lo que se debe desestimar el hecho en cuestión, pues la misma no ofreció ningún otro medio adicional para acreditarlo, al haberse declarado desiertas las pruebas testimoniales de las personas que dice presenciaron esos hechos, y la prueba de confesión a cargo de su oferente no resultó favorable a sus intereses para acreditar esos hechos.
1.3. En relación a los hechos contenidos en el numeral 32, en los que se destacan la persecución en automóvil que dice la actora hizo el demandado a ésta y a sus hijos, los gritos e insultos que dice les profirió, la responsable consideró que las únicas pruebas ofrecidas por la actora para acreditar tales acontecimientos, fueron las testimoniales de las personas que dice presenciaron esos hechos, las cuales quedaron desiertas, y la confesión del demandado, que no le favoreció para acreditarlos; además, ningún otro medio de prueba de los que ordenó la ejecutoria fueran analizados tiene relación con tales hechos.
1.4. Asimismo, la ad quem sostuvo que los hechos expuestos en el numeral 32, son inverosímiles, pues la actora narra que la referida persecución se inició en su casa el domingo dieciocho de septiembre de dos mil cinco, como a las once cuarenta horas, que el demandado fue al hogar conyugal a entregar a los niños, y que para detener esa persecución ella se dirigió al restaurante * * * * * * * * * *, donde sus papás estaban desayunando, en tanto que * * * * * * * * * * refiere en la entrevista que tuvo con el perito en psicología propuesto por la actora, que esa persecución se inició en su escuela a la hora de la salida, y de autos no se advierten elementos para pensar que se trate de otra persecución, por lo que se debían desestimar tales hechos.
2. Para determinar si quedaron probados todos los hechos de la demanda, la responsable procedió al estudio de las pruebas ofrecidas por la actora.
En relación a la prueba de confesión a cargo del demandado, sostiene la autoridad responsable que en nada le favorece, por no haber confesado el absolvente conforme a las pretensiones de la oferente.
3. Por lo que hace a las testimoniales ofrecidas, la ad quem las desestimó por haber sido declaradas desiertas.
4. En cuanto a la documental privada consistente en los estados de cuenta del teléfono celular del demandado, la responsable afirma que no acreditan los hechos que hace valer la actora, pues sólo prueban los números telefónicos de las llamadas realizadas.
5. En relación a la documental pública consistente en el informe del CAVI, de las comparecencias de la actora para denunciar violencia familiar de su cónyuge, el tribunal de alzada consideró que no le favorecían, por tratarse de hechos ocurridos con posterioridad a la fijación de la litis.
6. Las comparecencias de veintiséis de septiembre y quince de octubre de dos mil cinco, narradas por la actora en la demanda y su ampliación, fueron desestimadas por la autoridad responsable, pues sostiene que constituyen manifestaciones unilaterales vertidas por la compareciente que no acreditó con prueba alguna, al haberse declarado desiertas sus pruebas testimoniales que ofreció para demostrar tales acontecimientos, incluso en su comparecencia de veintiséis de septiembre, refirió que no era su deseo proceder y que se reservaba su derecho, mientras que en la del quince de octubre, no continua con la averiguación y celebra convenio con el demandado, sin que haya ofrecido pruebas para acreditar tales hechos, pues se declararon desiertas las testimoniales que ofreció.
7. Por lo que toca a la pericial en materia de análisis y verificación de voz del contenido de las tres unidades de memoria portátil, la sala responsable sostuvo que era irrelevante para efectos de acreditar los hechos de violencia familiar, pues su objeto era determinar la autenticidad de la voz del demandado, la cual no fue objetada.
8. En relación a la prueba pericial en materia de informática y computación, el tribunal de alzada la desestimó por haberse ofrecido para los mismos efectos que la prueba anterior.
9. Los informes rendidos por el Centro de Convivencias fueron desestimados por la ad quem, al no ser aptos ni favorecer a la enjuiciante para acreditar la violencia familiar, pues según consta en los mismos, no se han verificado las convivencias, y aun cuando el demandado ha promovido manifestando que se ha presentado y que su oponente no le ha llevado a los infantes, dichos informes reportan que en ninguna ocasión se ha presentado la actora con sus hijos ni el demandado.
10. En cuanto a los correos electrónicos de quince de julio y doce de septiembre de dos mil cinco, la responsable consideró que sólo se desprende una conversación entre las partes pretendiendo resolver sus problemas familiares, pero no violencia familiar del demandado hacia la actora, y que de cualquier manera tales conversaciones deben desestimarse, pues no forman parte de los hechos que la ejecutoria dictada en el juicio de amparo * * * * * * * * * * consideró como aquéllos en los que la actora narró la violencia familiar que imputó al demandado, es decir, los hechos 8, 29, 30, 32, 34, 42 y 52, en los que narró eventos ocurridos los días trece, dieciocho y veintiuno de septiembre de dos mil cinco, pero en ninguna parte de su demanda y ampliación, narra los hechos contenidos en tales correos, y si se llegaran a considerar tales hechos, se conculcarían las garantías del enjuiciado, por no ser parte de la litis.
11. Por lo que hace a las conversaciones telefónicas de trece de septiembre de dos mil cinco, referidas en los hechos 42 y 52 de la demanda, la ad quem sostuvo que de la primera, sostenida entre el demandado y la actora, no se desprende violencia familiar del primero, sino un acto de molestia y preocupación por perder la patria potestad de sus hijos, y que ello no es suficiente para tener por probada dicha causal, y que de la segunda, sostenida entre la actora y la empleada domestica, no se advierte intervención del demandado, por lo que no es posible afirmar que haya llegado el demandado y desplegado la conducta que refiere la actora, más aún que le fue declarada desierta la prueba testimonial que ofreció la enjuiciante para acreditar esos extremos, y en los hechos de la demanda no se expresa si efectivamente el demandado desplegó o no esa conducta.
12. En cuanto a la prueba pericial en materia de psicología ofrecida por la parte actora, la autoridad responsable consideró que en ninguno de los dictámenes se prueban los hechos de violencia familiar narrados por la actora, pues no es la prueba idónea para acreditar los ataques que dice ha sufrido de su oponente, y porque dicha probanza sólo permite conocer la situación psicológica de las partes, para determinar, en función de las demás pruebas aportadas, el daño emocional provocado a los miembros de la familia, por lo que al efecto, procede el análisis del resultado de dicha prueba, como lo ordenó la autoridad federal.
13. La ad quem al valorar el dictamen del perito ofrecido por la actora, sostuvo que éste sólo se limitó a emitir sus conceptos sin explicar las razones que sustentaran el mismo, pues la enjuiciante no ofreció documentos idóneos ni testigos para acreditar la violencia familiar reclamada, tampoco apoyó sus estudios en documentos con eficacia demostrativa que los corroboraran, y no existe adecuación entre su dictamen y los hechos y documentos que lo respaldan, porque dicho perito refiere que los menores reciben maltrato del demandado y que la actora tiene síntomas que se presentan en las personas que son receptoras de violencia familiar, pero se abstiene de expresar los hechos en los que se basa para determinar que los pacientes han sido víctimas de dicha violencia.
13.1. En relación al dictamen psicológico realizado al demandado por el perito de la actora, la responsable afirmó que el perito funda su dictamen en el hecho narrado por el enjuiciado donde sostiene que “… una ocasión se colocó sobre su esposa que estaba acostada, sujetándole los brazos con las rodillas con la intención de demostrarle que si quisiera, podía hacerle mucho daño y someterla sin usar tanta fuerza, pero sin la intención de causarle daño…”, sin tomar en consideración que este hecho no se expuso en la demanda ni en su ampliación.
13.2. Asimismo, el tribunal de alzada consideró que el perito de la actora se abstiene de expresar los hechos que revelen al hombre violentador que determina en su dictamen, así como los de su frecuente ira, por lo que al no sustentar sus determinaciones debe desestimarse su estudio.
13.3. En cuanto al dictamen psicológico realizado a la actora por el mencionado perito, la sala determinó que en su contenido y conclusión, el perito se abstiene de expresar, describir y sustentar el maltrato psicoemocional que en su apreciación ha resentido la paciente, lo que lo hace dogmático, y por ello, no se le puede conceder eficacia probatoria.
13.4. Agregó la ad quem, que dicho perito sólo funda su dictamen en la evaluación psicológica practicada a la paciente, pero no sustenta sus determinaciones en documentos o pruebas, y afirma que el demandado le ha generado a la actora violencia familiar, pero se abstiene de describirla y sustentarla.
13.5. Por lo que hace al dictamen psicológico realizado a * * * * * * * * * *, la autoridad responsable lo desestimó por considerar que el perito se abstuvo de indagar la forma agresiva y mentirosa del padre que refiere el menor, y en qué han consistido sus mentiras, así como cuándo ocurrieron los hechos que narra de que su padre empujaba y tiraba a su madre al suelo, llevándose a su hermano * * * * * * * * * * en pañales, y si esa conducta está narrada en la demanda o en su ampliación, pues el perito debe limitar su dictamen a los hechos de la demanda.
13.6. Asimismo, sostuvo la responsable que el perito de la actora se abstuvo de describir los frecuentes actos de violencia en el hogar que sostiene ha presenciado el niño, ni las recriminaciones, críticas, burlas, condicionamientos, la hostilidad verbal crónica y constantes bloqueos que afirma ha recibido el menor de su padre, ni en qué han consistido, por lo que al no sustentar sus determinaciones se hacen dogmáticas, y omite valorar las contradicciones del paciente, pues por un lado expresa que ha visto como sus padres se pelean y se gritan, y acto seguido expresa que su papá grita y su mamá trata de calmarlo.
13.7. En cuanto al dictamen psicológico realizado a * * * * * * * *, la ad quem sostiene que el perito de la enjuiciante presenta las mismas irregularidades que el anterior dictamen, pues adolece de sustento y se hacen notar las contradicciones en que incurre la menor respecto de los hechos contenidos en el numeral 32 de la demanda.
13.8. Añadió la sala responsable que el daño que reciben los infantes, así como el que la actora sea receptora de violencia familiar, bien pudieran provenir de hechos actuales y, en consecuencia, ajenos a los que constituyen la litis, lo que no determinó el perito, por lo cual no deben ser considerados, y se deben dejar a salvo los derechos de la enjuiciante.
14. Por lo que hace a los dictámenes psicológicos realizados por la perito ofrecida por el demandado, el tribunal de alzada sostuvo que la misma se limitó a emitir sus conceptos sin explicar las razones que la condujeron a los mismos, absteniéndose de apoyar sus estudios en documentos con eficacia demostrativa que los corroboren, refiriéndose a hechos actuales ajenos a los que constituyen la litis, por lo que no deben ser considerados, y se deben dejar a salvo los derechos de la enjuiciante.
15. En relación a los dictámenes psicológicos realizados por la perito tercera en discordia, el tribunal de alzada consideró que la misma sólo se limitó a emitir sus conceptos sin explicar las razones que la condujeron a los mismos, absteniéndose de expresar a qué acontecimientos amenazantes se refiere del demandado en contra de la integridad personal de la actora y de sus hijos.
15.1. Agregó la ad quem, que dicho dictamen es contradictorio, pues por un lado cita que el demandado responde de manera abierta y agresiva hacia la provocación, y por otro, sostiene que es un violentador doméstico, y omite expresar los comentarios, las críticas en que se funda y en qué consistió el maltrato verbal actitudinal y psicológico que concluye le profiere el enjuiciado a su hijo * * * * * * * *, absteniéndose de precisar los gritos y las amenazas que considera hace el demandado a su hija * * * * * * * * * *, así como describir los maltratos que sostiene ha recibido dicha menor de su padre y citar los actos de violencia psicológica que considera ha habido por parte del padre hacia la menor, su esposa y familia de ésta, sin que apoyara sus estudios en documentos con eficacia demostrativa que los corroboren, por lo cual dicho dictamen resulta insuficiente para tener por acreditados los hechos de violencia familiar reclamados en la demanda y su ampliación.
15.2. Además, la autoridad responsable consideró que no estaba obligada a privilegiar el dictamen emitido por la perito tercera en discordia por el solo hecho de que sea acorde con el del perito ofrecido por la actora, en atención a las consideraciones que expuso, y citó como apoyo a dicho argumento, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: “PRUEBA PERICIAL. LA SOLA EXISTENCIA DE DOS DICTÁMENES ACORDES, NO OBLIGA A CONCEDERLES VALOR PROBATORIO.”
16. Por cuanto hace a los dictámenes periciales en materia de psicología emitidos por el Hospital Fray Bernardino Álvarez, el tribunal de alzada consideró que el practicado a la actora no reporta violencia familiar, y el realizado al demandado no fue concluido, por lo que no son aptos para acreditar los hechos de violencia familiar reclamada.
17. En relación a los dictámenes psiquiátricos realizados por el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” a los menores * * * * * * * * * *, el veinticuatro de julio de dos mil seis, la autoridad responsable los desestimó por considerar que los mismos hacen referencia a hechos ocurridos del quince de octubre al quince de diciembre de dos mil cinco, y treinta y uno de marzo de dos mil seis, refiriendo en consecuencia acontecimientos ajenos a los hechos de la demanda y de su ampliación, y por abstenerse de apoyar sus estudios en documentos o pruebas con eficacia demostrativa que los corroboren.
18. Agregó la ad quem, que todos los dictámenes deben desestimarse, pues omiten determinar si sus estudios se basan en hechos de la litis o en el cúmulo de aquéllos que se hicieron valer como supervenientes de violencia familiar, narrados como sobrevenidos con posterioridad, acaecidos sistemáticamente durante la secuela procesal, omisiones que impiden al demandado conocer los motivos y fundamentos de los dictámenes, y en consecuencia que pueda combatirlos, como lo ordenó la autoridad federal al sostener que los hechos y pruebas supervenientes no deben ser considerados para dictar sentencia y respecto a las cuales deben dejarse a salvo los derechos de la actora.
19. La sala responsable consideró que como consecuencia del análisis de todos los medios de prueba, con plenitud de jurisdicción estimaba que no se acreditaba la causal de divorcio consistente en la violencia familiar, pues las pruebas aportadas resultaron insuficientes para tener por acreditadas las pretensiones de la enjuiciante, por lo que al no haberse probado la violencia familiar en contra de la actora y de sus hijos, tampoco quedó probada la causal para decretar la pérdida de la patria potestad.
20. Por otra parte, el tribunal de alzada consideró que no le asiste razón al recurrente al sostener que no se hizo valer en la demanda que se haya generado violencia directa sobre sus hijos, pues de la demanda y su ampliación se advierte que la enjuiciada sí lo hizo valer, sin embargo ésta no quedó demostrada.
21. En relación a las visitas y convivencias entre el demandado con sus hijos, y sobre la necesidad de un tratamiento psicológico a las partes y a sus hijos considerando tanto los dictámenes periciales en psicología, como los reportes de trabajo social respecto a las visitas y convivencias ordenadas para llevarse a cabo en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, la sala responsable consideró que en relación a los referidos reportes, los mismos no aportan elementos para proveer sobre el establecimiento de un régimen de visitas y convivencias, pues aun cuando el demandado promovió manifestando que se presentó a dicho centro y que la actora no llevó a los menores, lo cierto es que no se han realizado las convivencias, porque dichos informes reportan que la actora no llevó a los niños ni el demandado se ha presentado.
21.1. Agregó el tribunal de alzada, que los dictámenes periciales sí permiten conocer la problemática familiar, pues aun cuando se encontraba impedida por la autoridad federal para considerar los hechos de violencia familiar suscitados después de fijada la litis para resolver sobre la causal de divorcio, las facultades de dicho tribunal le permiten tomar todas las medidas necesarias en todo lo concerniente a la seguridad y protección de los infantes, previstas en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles; por ello, con el objeto de no perjudicar a los menores ante la falta de convivencia con su padre, atendiendo a que de constancias de autos se desprende que no viven con él, en razón de que se encuentran bajo los cuidados de la actora, y porque en todo momento debe privilegiarse entre los derechos de los niños, lo relativo a la convivencia que deben tener con sus padres a efecto de preservar y proteger la familia y a su sano desarrollo psicológico y emocional para no romper el vínculo con uno de ellos, se decreta un régimen de visitas y convivencias supervisadas, en tanto se superan con las medidas adoptadas los problemas familiares que se acrecentaron durante la secuela procesal.
21.2. Asimismo, la ad quem sostuvo que la convivencia con los padres es un derecho fundamental de la niñez para conocer sus raíces, mantener relaciones personales y contacto directo de modo regular con sus padres, pues de ello depende la identidad del menor, así como su desarrollo integral y una vida digna, en la que con las condiciones materiales y afectivas, adecuadas, le permitirá al menor vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible, con la prioridad de que sea siempre el menor el beneficiado, lo cual constituye un interés superior a su favor, y de autos no se desprende que con las convivencias se ponga en riesgo a los infantes, análisis que realiza dicho tribunal, incluso en congruencia con la sentencia de amparo dictada por la Juez Tercera de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo * * * * * * * * * *, promovido por la actora contra actos emanados del juicio natural.
21.3. En relación a la necesidad de un tratamiento psicológico a las partes y a sus hijos, la autoridad responsable consideró que tomando en cuenta los dictámenes periciales en psicología, como los reportes de trabajo social, se debe imponer el mismo, a excepción del menor * * * * * * * * * *, porque de autos no se desprende que éste haya resentido esos problemas por su corta edad, pues dada la problemática familiar surgida al iniciar los trámites legales del juicio de divorcio necesario, así como que todos los dictámenes periciales fueron coincidentes en determinar la necesidad de dicho tratamiento, sin que los reportes de trabajo social aportaran elementos.
22. La responsable consideró aplicable la jurisprudencia hecha valer por el enjuiciado en el agravio décimo cuarto, pues éste argumentó que el juez natural aplicó el criterio de la Corte que refiere en contravención al criterio emitido en contradicción de tesis, que hace inaplicable el esgrimido por el juzgador; por ello, resultan aplicables los criterios del Máximo Tribunal del País que el demandado hizo valer en los agravios.
23. La autoridad responsable consideró fundados y suficientes para modificar el fallo combatido, los agravios del demandado en el sentido de que al haberse decretado que la actora carece de derecho para recibir alimentos, consideración que no fue combatida, la consecuencia inmediata es la reducción en el pago de la pensión alimenticia, porque la enjuiciante no ofreció prueba para acreditar que dicha pensión fuera insuficiente para los menores, y considerando la obligación que tiene esta última de contribuir a sus alimentos, lo que cumplirá al tenerlos incorporados consigo, se fija un porcentaje del 30% para el pago de alimentos, de las percepciones ordinarias y extraordinarias de los ingresos del demandado a favor de sus tres hijos, pues aun cuando no se decretó la disolución de vínculo matrimonial, de autos se desprende que no viven con el demandado, y tomando en cuenta que en términos del artículo 308 del Código Civil, los alimentos comprenden comida, vestido, habitación, asistencia en casos de enfermedad, gastos necesarios para su educación, aprendizaje de algún oficio, arte o profesión, así como el estado de necesidad del acreedor y las posibilidades del deudor, el medio social en que se desenvuelven y las circunstancias o características particulares que prevalecen en el caso concreto, lo que de acuerdo con el artículo 311 del mismo ordenamiento legal es justo y equitativo.
23.1. En apoyo a tales argumentos, la responsable citó las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyos rubros, respectivamente, son: “ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).” y “ALIMENTOS. EL PARÁMETRO ARITMÉTICO PARA FIJAR LA PENSIÓN RELATIVA, ES INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).”
24. La ad quem consideró, con plenitud de jurisdicción, que en relación a los aspectos que no fueron materia de concesión, no le asistía razón al demandado al argumentar que se dejó de tomar en cuenta que la enjuciante se desistió de diversas pruebas y que no se valoraron diversos aspectos de la prueba de confesión a cargo de la actora, pues dicha prueba produce efectos en lo que perjudique al oferente, y en la misma no se desprende que la absolvente haya negado la existencia de violencia familiar en su perjuicio.
25. Por otro lado, la autoridad responsable consideró fundado el argumento del demandado en el sentido de que se violó en su perjuicio el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, en razón de que la juez natural no realizó un estudio exhaustivo de las constancias, en relación a la reclamación del pago de daños y perjuicios, pues ni en los hechos de la demanda y su ampliación la enjuiciada hizo valer tal prestación, tampoco ofreció prueba alguna para acreditar que se le ocasionaron los mismos, máxime que la actora durante el procedimiento negó trabajar y obtener ingresos propios, por lo que su resolución es incongruente, y el hecho de que se haya tenido por demostrada la violencia familiar, no es suficiente para condenar a dicha prestación.
26. En relación al agravio décimo formulado por el enjuiciado, el tribunal de alzada declaró inoperante el mismo, pues los motivos de inconformidad expuestos ya fueron materia de estudio en la resolución de nueve de enero de dos mil ocho, emitida en el toca * * * * * * * * * * en cumplimiento de ejecutoria.
27. Por lo que hace a los agravios planteados por la actora en relación a que se tuviera por demostrada la violencia familiar, la sala responsable consideró infundados tales argumentos, en razón a lo resuelto por lo que hace al demandado, pues en términos del artículo 690, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles, se decreta que la apelación adhesiva sigue la misma suerte del recurso de apelación interpuesto por el enjuiciado.
28. La ad quem consideró inoperantes los argumentos de la actora en relación a los hechos supervenientes, pues ya fueron materia de estudio por la autoridad federal, dejándose a salvo los derechos de la actora para hacerlos valer en la vía y forma que estime conveniente.
29. Finalmente, la autoridad responsable no hizo condena en costas, pues no se actualizó alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles.