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Timestamp: 2019-04-20 20:32:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 318', 'artículo 118', 'artículo 351', 'artículo 356', 'artículo 356', 'artículo\n356', 'Artículo 370', 'Artículo 373']

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TEMA 5. - “GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LA INDEPENDENCIA”
El poder judicial aparece en la CE caracterizado por una serie de principios esenciales entre los que deben destacarse su independencia y autonomía respecto de los restantes poderes del estado.
Esta autonomía e independencia del Poder Judicial vienen garantizadas por 2 mecanismos:
La creación constitucional de un órgano de gobierno propio, el Consejo General del Poder Judicial.
Mediante la atribución en exclusiva del ejercicio de la potestad jurisdiccional.
I. AUTOGOBIERNO. CGPJ Y OTROS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS MAGISTRATURAS.
La atribución de la función de gobierno a un órgano propio del aparato de justicia supone uno de los pilares básicos de la independencia del Poder Judicial.
A pesar de lo cual la democracia representativa como modelo político de Estado que tenemos aconseja una cierta conexión con el depositario de la soberanía popular que son las Cortes Generales, razón por la cual la CE establece que en la composición del CGPJ han de participar abogados y otros juristas que no pertenezcan a la judicatura, elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado.
Del mismo modo el Ejecutivo ostenta competencias sobre los órganos de gobierno del Poder Judicial.
La LOPJ establece como órganos de gobierno del Poder Judicial en primer lugar al CGPJ y subordinados a este las salas de Gobierno, los presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, y los titulares de los demás órganos jurisdiccionales, así como los jueces decanos y las Juntas de jueces.
En todo caso, las funciones de estos órganos de gobierno deben ser absolutamente ajenas al momento de la jurisdicción, han de ser instrumentales a la función jurisdiccional para que esta funcione adecuadamente.
Es un órgano creado por la CE al cual le atribuye determinadas funciones en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario en su articulo 122.2.
El CGPJ esta integrado por el Presidente del TS que lo presidirá, y por veinte vocales nombrados por el Rey por un periodo de cinco años (articulo 122.3 CE y 111 LOPJ).
Los veinte vocales que integran el CGPJ serán propuestos por la Cortes Generales y nombrados por el Rey, diez por cada Cámara y por mayoría de tres quintos: seis de ellos se dividen en jueces y magistrados en activo de todas las categorías judiciales, propuestos de entre treinta y seis por las asociaciones profesionales o jueces no asociados mediante un sistema de avales. Los otros cuatro entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con mas de quince años en el ejercicio de su profesión, (art.122.3 CE y 112 y 113 LOPJ).
De acuerdo con el articulo 123 LOPJ tendrán lugar en la sesión constitutiva de este órgano la propuesta de nombramiento del Presidente del TS por los veinte vocales con mayoría de tres quintos, y presidirá también el CGPJ.
El CGPJ se articula del siguiente modo:
Presidente: es el Presidente del TS y es la primera autoridad judicial de la nación, con la categoría y honores correspondientes al titular de uno de los tres Poderes del Estado (art.105 LOPJ).
Convoca y preside el Pleno y la Comisión permanente, fijando el respectivo orden del dia y sometiéndole s cuantas materias considere oportunas, decidiendo los empates con su voto de calidad y autorizando con su firma los acuerdos que estos órganos adopten; propone el nombramiento de ponencias y ejerce la superior dirección de la actividad de los órganos técnicos del Consejo, y asume el ejercicio de las funciones económico-financieras. El Presidente estará asistido por un Secretario General.
Vicepresidente: sustituye al Presidente en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legitimo, de acuerdo al art. 124 LOPJ, y ejerce las funciones que le delegue el Presidente o le encomiende el Pleno.
Pleno: Formado por el Presidente y los veinte Vocales es el órgano mas importante del CGPJ, quedando validamente constituido cuando se encuentren presentes un mínimo de catorce miembros, con asistencia del Presidente
(Arts. 129 LOPJ y 30 y 31 ROFCGPJ).
Desempeña las funciones mas relevantes así como aquellas que no están expresamente atribuidas a otros órganos del Consejo
(art. 127 LOPJ y 32 y 33 ROFCGPJ).
Comisión Permanente: esta compuesta por el Presidente y cuatro Vocales, dos pertenecientes a la carrera judicial y otros dos que no forman parte de ella, debiendo designarse anualmente (art. 130 LOPJ).
Sus funciones están establecidas en el art. 131 LOPJ.
Comisión Disciplinaria: integrada por cinco Vocales, tres pertenecientes a la carrera judicial y otros dos que no forman parte de ella, su Presidente será elegido por sus propios miembros y deberá actuar en todo caso con la presencia de todos sus miembros, debiendo sustituirse el vocal que no pudiese asistir por otro de idéntica procedencia designado por la Comisión permanente.
Le corresponde la instrucción de expedientes e imposición de sanciones a jueces y magistrados (art. 133 LOPJ).
Comisión de Calificación: compuesta del mismo modo que la disciplinaria, y le corresponde informar los nombramientos de la competencia del Pleno, pudiendo recabar información de los distintos órganos del Poder Judicial
(Arts. 135 y 136 LOPJ).
Comisión de Estudios e Informes: compuesta de cinco miembros renovándose anualmente eligiendo de entre ellos a su Presidente, quedando validamente constituida con la asistencia de tres de sus miembros.
ORGANOS DE GOBIERNO SUBORDINADOS AL CGPJ (art. 142 LOPJ)
Salas de Gobierno: hay dos tipos: por un lado la del TS y AN y por otro lado las de los TSJ.
La de los primeros estará constituida por el presidente de dichos órganos, que las presidirá, por los presidentes de las Salas en ellos existentes y por un número de Magistrados igual al de estos (art.149.1 LOPJ).
Las salas de gobierno de los TSJ han sufrido una modificación en su composición por la LO. 19/2003, al establecer que estarán constituidas por el presidente del tribunal, que las presidirá, por los presidentes de las salas en ellos existentes, por los presidentes de las Audiencias Provinciales de la CCAA, siendo esta la novedad introducida por la ley, y por un número igual de Magistrados o Jueces, elegidos por todos los miembros de la carrera judicial destinados en ella.
Los componentes de las salas de gobierno se renuevan cada cinco años y son elegidos por los propios jueces y magistrados en servicio activo destinados en el órgano jurisdiccional o en los juzgados y tribunales radicados en la comunidad autónoma (art. 149 y 150 de LOPJ), por el sistema de votación previsto en articulo (151 de LOPJ).
Por lo que se refiere a las funciones, organización y funcionamiento de las salas de gobierno han sido modificados los artículos 152 y 153 LOPJ que los regula.
Los Presidentes de los Tribunales y de las Audiencias.
El presidente del TS, el de la AN y los de los correspondientes TSJ son nombrados por el Consejo por un periodo de 5 años (art.123, 335.2, y 336.1 LOPJ), estos últimos ostentan la representación del poder judicial en la comunidad autónoma correspondiente cuando no concurra el presidente del TS (art. 161 LOPJ).
Los Presidentes de las Audiencias Provinciales.
Les corresponde presidir las mismas, adoptar las medidas precisas para su funcionamiento y ejercen las demás funciones que les atribuye la ley, sin perjuicio, en todo caso, de la facultades de los órganos de gobierno del TSJ, nueva redacción del articulo 164 de LOPJ.
Presidentes de las Salas de Justicia y los Jueces.
Su regulación ha sido modificada con la nueva LOPJ en su articulo 165.
Los Decano y las Juntas de Jueces y Magistrados.
En aquellas poblaciones donde haya dos o mas juzgados del mismo orden jurisdiccional, uno de los jueces ejercerá funcione de Decano, para resolver los problemas administrativos como el reparto de asuntos (167 LOPJ).
Sus competencias han sido redactadas nuevamente por la LO. 19/2003.
Las juntas de jueces son los órganos de gobierno de tribunales, “de reuniones de jueces”, “juntas generales” y “juntas sectoriales”.
II. ESTATUTO DE JUECES Y MAGISTRADOS.
1. LA CARRERA JUDICIAL.
C) Nombramiento y posesión. Provisión de destinos.
Regulado en los artículos 316 a 323 LOPJ.
3. La presentación a Real Decreto se hará por el Ministro de Justicia que refrendará el nombramiento.
3 Cuando los Presidentes de la Sala y Sección o Jueces cesen en su destino, por ser nombrados para otro cargo, elaborarán un alarde o relación de los asuntos que queden pendientes en el respectivo órgano consignando la fecha de su iniciación y el estado en que hallen, remitiendo copia al Presidente del Tribunal o de la Audiencia.
4.Al tomar posesión, el nuevo titular del órgano, examinará el alarde elaborado por el anterior, suscribiéndolo en caso de conformidad.
«Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos».
2. El mismo juramento o promesa se prestará antes de posesionarse del primer destino que implique ascenso de categoría en la carrera.
2. Los Magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia que fuesen nombrados sin haber pertenecido con anterioridad a la Carrera Judicial, en mismo acto de su toma de posesión ante las Salas de Gobierno respectivas, prestaran el juramento o promesa en los términos previstos en el artículo 318.
El Presidente del Tribunal o Audiencia dará cuenta al Consejo General del jura-meato o promesa y posesión o, en su caso, del transcurso del tiempo sin hacerlo.
1. Si concurre justo impedimento en la falta de presentación, podrá ser rehabilitado el renunciante. La rehabilitación se acordará por el Consejo General, a solicitud del interesado.
3. Si la plaza a la que fuere destinado hubiere sido cubierta, será destinado a la que elija, de las correspondientes a su categoría y para la que reúna las condiciones legales que hubiere quedado desierta en concurso. En otro caso, será destinado forzoso.
2. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. (Arts. 348 - 369)
Estos artículos han sido modificados por la LO. 19/ 2003 de 23 de diciembre, siendo la nueva redacción la siguiente:
Los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes: a) Servicio activo b) Servicios especiales c) Excedencia voluntaria d) Suspensión defunciones.
2. Cuando se produzca la supresión o reconversión con cambio de orden jurisdiccional de una plaza de la que sea titular un juez o magistrado,
Éste quedará adscrito a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en los términos establecidos en el artículo 118.2 y 3.
1. El Consejo General del Poder Judicial podrá conferir comisión de servicio a los jueces y magistrados, que no podrá exceder de un año, prorrogable por otro: a) para prestar servicios en otro juzgado o tribunal, con o sin relevación de funciones; b) para prestar servicios en el Ministerio de Justicia, con o sin relevación de funciones; c) para participar en misiones de cooperación jurídica internacional, cuando no proceda la declaración de servicios especiales.
Los jueces y magistrados serán declarados en la situación de servicios especiales;
a) Cuando sean nombrados Presidente del Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo o sus Adjuntos, Consejero del Tribunal de Cuentas,
Consejero de Estado. Presidente o Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, Director de la Agencia de Protección de Datos o miembro de
Altos Tribunales Internacionales de Justicia, o titulares o miembros de los órganos equivalentes de las comunidades autónomas.
b) Cuando sean autorizados por el Consejo
General de! Poder Judicial para realizar una misión internacional por período determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
c)Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones Internacionales o de carácter supranacional.
d) Cuando sean nombrados Letrados al servicio del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Supremo, o
Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal
Supremo, o sean adscritos al servicio del Defensor del Pueblo u órgano equivalente de las comunidades autónomas.
Los Magistrados del Tribunal Supremo serán declarados en la situación de servicios especiales si fueran designados para desempeñar alguno de los cargos siguientes: a) Vocal del Consejo General del Poder Judicial. b) Magistrado del Tribunal Constitucional. c) Miembro de Altos Tribunales Internacionales de Justicia. d) Fiscal General del Estado.
La situación de servicios especiales se declarará de oficio por el Consejo General del Poder Judicial, o a instancia del interesado, una vez se verifique el supuesto que la determine, y con efectos desde el momento en que se produjo el nombramiento correspondiente.
a)Cuando se encuentre en situación de servicio activo en un cuerpo o escala de las Administraciones públicas o en la carrera fiscal.
b)Cuando pase a desempeñar cargos o prestar servicios en organismos o entidades del sector público, y no le corresponda quedar en otra situación. En este supuesto, producido el cese en el cargo o servicio, deberá solicitar el reingreso en el servicio activo en el plazo máximo de 10 días a contar desde e! siguiente al cese. De no hacerlo así se le declarará en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
La declaración de esta situación quedará subordinada a las necesidades de la Administración de
Justicia. No podrá declararse cuando al juez o magistrado se le instruya expediente disciplinario.
e)También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
f) Cuando sea nombrado para cargo político o de confianza, salvo los supuestos enunciados en el artículo 351, o cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas o corporaciones locales. De no resultar elegido, deberá optar, comunicándolo así al Consejo General de! Poder Judicial, en el plazo de treinta días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio activo.
Cuando un Magistrado del Tribunal Supremo solicitara la excedencia voluntaria y le fuere con-cedida, perderá su condición de tal, salvo en el supuesto previsto en el párrafo d) del artículo anterior. En los demás casos quedará integrado, en situación de excedencia voluntaria, dentro de la categoría de Magistrado.
1. La excedencia voluntaria, en sus distintas modalidades, no produce reserva de plaza. El juez o magistrado, mientras se encuentre en ella, no devengará retribuciones ni le será computado e! tiempo que haya permanecido en tal situación a efectos de ascensos, antigüedad y derechos pasivos, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo y lo que establece la normativa de clases pasivas.
2. Se exceptúan de lo previsto en el apartado anterior, las excedencias voluntarias para el cuidado de los hijos y para atender al cuidado de un familiar a que se refieren los párrafos d) y e) del artículo 356, en las que el período de permanencia en dichas situaciones será computable a efectos de trienios y derechos pasivos. Durante el primer año, se tendrá derecho a la reserva de la plaza en la que ejerciesen sus funciones y al cómputo de la antigüedad. Transcurrido este período, dicha reserva lo será a un puesto en la misma provincia y de igual categoría, debiendo solicitar, en el mes anterior a la finalización del período máximo de permanencia en la misma, el reingreso al servicio activo; de no hacerlo será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Los que se encuentren en la situación de excedencia a la que se refiere el párrafo f) del artículo 356, en caso de que soliciten el reingreso al servicio activo, quedarán adscritos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma de su último destino, teniendo preferencia para obtener puesto de su categoría en la provincia o, en su defecto. Comunidad Autónoma de dicho último destino.
Una vez reincorporado al servicio activo el juez o magistrado en situación de excedencia voluntaria por la causa prevista en el párrafo f) del artículo
356, no podrá acceder, durante los cinco años siguientes, a puesto de la carrera judicial que no sea de los que se proveen por estricta antigüedad.
1. El juez o magistrado suspenso definitiva-mente deberá solicitar el reingreso al servicio activo con un mes de antelación a la finalización del período de suspensión. El reingreso producirá efectos económicos y administrativos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.
2. Tras la declaración de aptitud, el juez o magistrado vendrá obligado a participar en todos los concursos que se anuncien para cubrir plazas de su categoría hasta obtener destino. De no hacerlo así, se le declarará en situación de excedencia voluntaria por interés particular, quedando sin efecto la declaración de aptitud.
3. LICENCIAS Y PERMISOS. (Arts. 370 - 377)
Artículo 370. (nueva redacción LO.19/2003)
3. No se considerarán ausencias a los efectos de este artículo los desplazamientos fuera de su sede que efectúen los magistrados o jueces que no sean únicos o no se encuentren de guardia, desde el final de las horas de audiencia de la víspera de día inhábil hasta el comienzo de la audiencia del primer día hábil siguiente.»
1. Los Jueces y Magistrados tendrán derecho a un permiso anual de un mes de vacaciones excepto los destinados en las Islas Canarias, que podrán acumular en un solo periodo las vacaciones correspondientes a dos años
El permiso anual de vacaciones podrá denegarse para el tiempo en que se solicite cuando por los asuntos pendientes en el Juzgado o Tribunal, por la acumulación de peticiones de licencias en el territorio o por otras circunstancias excepcionales, pudiera perjudicarse el regular funcionamiento de la Administración de Justicia.
Artículo 373. (nueva redacción LO.19/2003)
2. También tendrán derecho a una licencia en caso de parto, adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente, cuya duración y condiciones
se regularán por la legislación general en esta materia. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará dicha normativa a las particularidades de la carrera judicial.
Para su concesión, el peticionario deberá justificar
la necesidad a los superiores respectivos, de
quienes habrán de obtener autorización, quienes podrán denegarlos cuando coincidan con señalamientos, vistas o deliberaciones salvo que se justifique que la petición obedece a una causa imprevista o de urgencia.
El que por hallarse enfermo no pudiera asistir al despacho, lo comunicará al Presidente del que inmediatamente dependa, y de persistir la enfermedad más de cinco días, tendría que solicitar licencia acreditando aquélla y la previsión médica sobre el tiempo preciso para su restablecimiento.
Cuando circunstancias excepcionales lo impongan, podrá suspenderse o revocarse el disfrute de las licencias o de los permisos, ordenándose a los Jueces y Magistrados li incorporación al Juzgado o Tribunal.
Reglamentariamente se desarrollará el régimen jurídico de las licencias y permisos, determinando la autoridad a quien corresponde otorgarlos y su duración, y cuando no se halle establecido en la presente Ley.
4. INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES.
La incapacidad para ser Juez (Art. 303 de la LOPJ)
Están incapacitados los impedidos física o psíquicamente para ejercer la función judicial. También lo están los condenados por delitos dolosos que no estén rehabilitados. También están incapacitados los procesados hasta que sean absueltos o se dicte sobreseimiento; y también serán incapaces los que no se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Incompatibilidades para ser Juez (Arts. 389 - 397 de la LOPJ)
Según lo dispuesto en el art. 127.2 de la CE “la LOPJ establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos”
Tratan de aseguras, estas incompatibilidades, la plena independencia del Juez.
Son supuestos generales que se aplican en todos los casos y existen supuestos específicos que se refieren a la realización de funciones jurisdiccionales, y el desempeño de otras actividades, empleos, profesiones y en relación con los parientes o amistades en el lugar donde está ejerciendo como Juez.
La infracción de las incompatibilidades establecidas en la LOPJ constituye una falta disciplinaria muy grave, salvo en los casos en los que se determina que constituye solo una falta grave. (Arts. 417.y 418.) que han sido reformados.
Son limitaciones impuestas a los jueces y magistrados para el ejercicio de derechos reconocidos al resto de los ciudadanos, con el fin de preservar su independencia, fundamentalmente respecto de las fuerzas políticas y sociales. Así, no podrán jueces y magistrados en activo pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
(art. 127.1 CE)
Además, la LOPJ (art. 395) les impide dirigir felicitaciones o censuras a los poderes públicos corporaciones oficiales, ni a las autoridades o funcionarios, así como concurrir a actos o reuniones públicas en su calidad de miembros del poder judicial.
Tampoco podrán tomar parte en las elecciones legislativas o locales, la emisión de su voto.
La infracción de las prohibiciones se considera falta disciplinaria grave.
(art. 418 LOPJ)
5. LA INMUNIDAD JUDICIAL. (Arts. 398 y 399 LOPJ)
No pueden ser detenidos si no es por otro juez o por flagrante delito, con la necesidad de que sean inmediatamente puestos a disposición judicial.
De toda detención se dará cuenta, al presidente del Tribunal o de la Audiencia de que dependan con las respectivas prevenciones.
Las autoridades civiles o militares se abstendrán de intimar o citar a los Jueces o Magistrados.
Si estas autoridades precisan de datos que no se refieran a su cargo o función, deberán solicitarlas por escrito.
Por el contrario cuando se trate de datos con relación a su cargo se prestaran inmediatamente, salvo que el acto no este legalmente permitido o se perjudique su propia competencia. La denegación se comunicará a la autoridad peticionaria con la motivación suficiente para su justificación.
6. REGIMEN DE ASOCIACIÓN.
La LOPJ, reconociendo el derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados que dicta la CE en su articulo 127.1, dedica el articulo 401 a la regulación del régimen jurídico de estas asociaciones, que no podrán tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos, ni realizar actividades políticas, lo que debe entenderse estrictamente, como una prohibición.
1.- Asociaciones de Jueces para la Democracia, esta asociación de Jueces con una visión de centro-izquierda en la aplicación del derecho.
2.- Asociación Profesional de la Magistratura (APM.), esta es la asociación mayoritaria entre los Jueces españoles, con una visión más conservadora en la aplicación del derecho.
3.- Asociación Francisco de Victoria, esta asociación tiene un rasero más conservador que la anterior.
Estas asociaciones están integradas por Jueces y Magistrados en activo, que se afilian libremente en ellas.
La LOPJ les otorga personalidad jurídica, previa inscripción en el Registro que hay en el CGPJ.
Deberán tener ámbito nacional para evitar el territorialismo jurisdiccional.
Los fines que deben perseguir son: defender los intereses profesionales de sus miembros y realizar actividades encaminadas al servicio de la justicia.
III. IMPARCIALIDAD: ABSTENCIÓN Y RECUSACION.
El carácter de tercero que tiene el Juez ajeno al conflicto conlleva necesariamente la imparcialidad frente a los particulares y respecto de los demás poderes del estado, singularmente frente al ejecutivo para asegurar la plena sumisión del Juez al orden jurídico.
Esta garantía de independencia permite al Juzgador actuar con libre criterio en el ejercicio de la Potestad Jurisdiccional; ya que el Juez ha de estar al resguardo de presiones que se pudieran ejercer contra él, de cualquier forma que se produzcan y de cualquier lugar del que provengan.
Esta independencia es la libertad para el enjuiciamiento teniendo como único referente la Constitución y el ordenamiento jurídico.
Por este motivo la independencia ha de ser respetada por todos, como dispone el art. 13 de la LOPJ y se ha de garantizar frente a todos. El Ministerio Fiscal tiene atribuida la función de velar por esta independencia promoviendo las acciones correspondientes.
Igualmente si un Juez se ve perturbado en su independencia podrá solicitar amparo al órgano correspondiente para impedir que siga la perturbación, tal y como dispone el art. 14.1 de la LOPJ, puede solicitar igualmente este amparo al Consejo General del Poder Judicial.
Con relación a las partes y al objeto del proceso y teniendo en cuenta la necesidad de imparcialidad que significa la ausencia de todo interés en la resolución del litigio, bien sea con relación a las partes o bien sea con relación al objeto del proceso.
Por el legislador se ha establecido una relación de causas que pudieran influir en la decisión de los Jueces y que pueden dar lugar a parcialidad, cuando concurran estas causas se exige al Juzgado que se abstenga de conocer del asunto, en caso de que no se abstuviera se legítima a las partes para plantear la denominada Recusación, en todo tipo de procesos. Las causas de recusación están establecidas en los Arts. 219 y 220 de la LOPJ y se agrupan en 3 grandes conceptos:
1.- Razón de parentesco o situación asimilada. Se podrá recusar al Juez cuando se aprecie la existencia de vínculo matrimonial o parentesco hasta el cuarto grado con las partes o Abogados o sus Procuradores. En el caso de que en el procedimiento actuara la administración, será causa de recusación tener la misma situación antes dicha con el funcionario que actúe en nombre de dicha administración. Será causa de recusación igualmente el haber sido Defensor Judicial de alguna de las partes o haber estado bajo la tutela o custodia de ellas.
2.- Razón de amistad o enemistad. Dentro de estas causas se encuentran, haber sido el Juez denunciado o acusado por alguna de las partes; haber sido denunciante o acusador de alguna de las 'partes; tener pleitos pendientes con las partes del proceso o. tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes.
3.- Razones de interés, incompatibilidad o supremacía. Dentro de estas se encuentran, tener el Juez interés directo .o indirecto en el asunto; haber sido Defensor o Representante de alguna de las partes; haber emitido dictamen sobre el asunto o intervenido en el mismo como Fiscal, perito o testigo; haber actuado como instructor de la causa o haber resuelto el proceso en anterior instancia o hallarse alguna de las partes subordinadas al juzgador.
El acuerdo de abstención o el planteamiento de la recusación produce hasta ahora el efecto inmediato de apartar al Juez del conocimiento del asunto.
Cuando concurra alguna de las causas antes dichas, el Juez se apartará de oficio del conocimiento del asunto, lo comunicará a las partes y a la Sala de Gobierno del Tribunal correspondiente; cuando esta Sala no estime que la abstención es justificada, ordenará al Juez dentro de los cinco días siguientes que continúe en el conocimiento del asunto, sin perjuicio de que las partes puedan instar la recusación.
Para el caso de que la Sala no dé la orden al Juez de que siga conociendo del asunto el Juez quedará apartado del asunto y remitirán las actuaciones al Juez que le sustituya.
La recusación del Juez ha de ser propuesta inmediatamente de que se tenga conocimiento de la causa en que se vaya a fundar; de forma que si el conocimiento de esa causa es anterior al comienzo del proceso la recusación habrá de plantearse desde el inicio del mismo; si no se plantea así la recusación no se admite a trámite, ya que se trata de que no se especule con elementos coactivos que impidan la independencia del Juez, igualmente como arma procesal para proceder a una nulidad del procedimiento.
La recusación se formula por escrito firmado por el recusante y debe ratificarse a presencia judicial, para su Tramitación se nombrará un instructor que debe solicitar informe del recusado y sí este acepta la recusación se resuelve el incidente sin más trámites y se da traslado de la causa al Juez que sustituya al recusado.
Para el caso de que el Juez recusado no reconozca la recusación planteada se practicará la prueba propuesta por el recusante y se remitirá el expediente al órgano competente para resolver previa audiencia del Ministerio Fiscal, salvo, claro está, de que este sea el recusante. Cuando la resolución fuera desestimatoria se devolverán las actuaciones al recusado imponiendo las costas al recusante; en caso de que se estime la recusación el Juez recusado quedará apartado del procedimiento sin que haya recurso, salvo el de nulidad.
LA RECUSACIÓN EN LA NUEVA LEC
A pesar de estar contemplada en la LEC esta recusación se extenderá a los demás órdenes procesales. Esta regulada en los Arts. 99 a 128 de la nueva LEC.
Las causas de abstención y recusación son las mismas y su ámbito de aplicación se extiende no solo a Jueces y Magistrados sino también a Secretarios, Oficiales, Auxiliares, Agentes, Ministerio Fiscal o Perito de designación judicial (podría ser el Forense) , por tanto, la Ley pretende que se garantice la imparcialidad del Juez de todos los operadores de la oficina judicial evitando así la desviación del proceso.
Están legitimados para interponer la recusación, las partes o el Ministerio Fiscal, este último si se trata de un proceso en el que por su naturaleza deba actuar, el Ministerio Fiscal en asuntos civiles actúa en defensa de menores, incapacitados, etc.
El sistema de abstención viene siendo el mismo que regula la LOPJ ampliado eso sí a los funcionarios y al Ministerio Fiscal; tiene efectos suspensivos y se resolverá por el Tribunal competente en un plazo de diez días. Si el Tribunal considera que es justa la abstención el Juez abstenido dictará auto apartándose definitivamente del asunto, se nombrará sustituto que continúe las actuaciones y se notificará a las partes.
En cuanto a la recusación deberá formularse en el mismo momento en que se tenga conocimiento de la causa, si no se hace así no se admite a tramite y concretamente no se admitirá a trámite cuando no se proponga al inicio, existiendo la causa con anterioridad, o si pendiente el proceso no se interpone la recusación en el preciso momento en que se tenga conocimiento del motivo.
La recusación se formula por medio de escrito, expresando la causa legal, los motivos en los que se funda, y proponiendo la prueba (si se propone prueba documental, habrán de acompañarse los documentos que los que se sostenga su petición) . Este escrito de recusación, debe estar firmado por Abogado y Procurador cono poder especial para recusar en el supuesto de que sea necesaria la intervención de estos profesionales; en caso de no ser necesaria su intervención, la recusación se interpondrá por la misma parte que habrá de ratificarse en su escrito a presencia judicial. De este escrito de recusación se dará traslado a las demás partes del proceso, para que manifiesten en el plazo de tres días si se adhieren o se oponen a la recusación.
Los órganos competentes para instruir el expediente serán, cuando se recusa al Presidente del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia o Magistrados de la Audiencia el expediente será instruido por un Magistrado del mismo Tribunal que tenga mayor antigüedad por orden de escalafón en la carrera judicial; en el caso de que se recuse a todos 1os Magistrados de una Sala el instructor será el Magistrado de Mayor antigüedad en el escalafón de otra de las Salas del Tribunal. Para el caso de que se recuse al Juez de Primera Instancia el instructor será un Magistrado de La Audiencia con el mismo criterio de antigüedad en el escalafón; caso de que se recuse al Juez de Paz el instructor será el Juez de Primera Instancia de su Partido.
Una vez hayan transcurrido los tres días a los que antes se hacía referencia, el instructor solicita informe al Juez recusado, así como los documentos que se aporten con el escrito de recusación; si el Juez recusado acepta la recusación se resuelve el incidente sin más trámite; si por el contrario no se acepta la recusación el instructor practicará las pruebas propuestas y admitidas en el plazo de Diez días, remitiendo seguidamente el expediente al Tribunal competente para resolver, eme pedirá informe al Ministerio Fiscal, salvo que este fuera el recusante; una vez emitido dicho informe por el citado Ministerio el tribunal resolverá el incidente en un plazo de cinco días; la recusación no detiene el proceso principal y se sigue substanciando hasta la citación para Sentencia y en ese momento queda en suspenso hasta que se resuelva la recusación; esta medida evita que la recusación sirva como medio dilatorio.
Si bien antes hemos dicho quienes son los órganos competentes para instruir la recusación, será competente para resolver sobre la misma:
Cuando se recusa el Presidente del Tribunal Supremo, Presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ó a dos o más Magistrados de esta Sala será competente para resolver dicha recusación una Sala especial que está contemplada en el art. 61 de la LOPJ (Presidente del Tribunal Supremo y el Magistrado más antiguo).
Cuando la recusación se formule contra a un Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, será competente para resolver la propia Sala sin que intervenga, como es lógico, el recusado.
El art. 77 de la LOPJ recoge un Tribunal que es competente para resolver de la recusación de un Presidente de Sala del Tribunal Superior de Justicia; también contra el Presidente de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia", cuando se recusa a dos o más Magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia.
Es competente la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia cuando se recuse a un Magistrado de estos tribunales.
Es competente la Audiencia Provincial para resolver cuando el recusado fuere un Magistrado de dicha Audiencia y en caso de existir secciones en dicha Audiencia, sería competente la Sección a la que no pertenece el Magistrado recusado.
Es competente igualmente la Audiencia Provincial cuando el recusado es un Juez de Primera Instancia, si hay varias secciones en la Audiencia, sería competente la Sección a la que corresponda el Juzgado del que es titular el recusado.
Será competente para resolver la recusación de un Juez de Paz el Juez d e Primera Instancia de su Partido, siendo este Juez competente para instruir el expediente y para resolverlo.
El incidente se resuelve por Auto, si en este se desestima la recusación se devuelven las actuaciones al Juez recusado para continuar el trámite y contendrá expresa condena en costas para la parte recusante, si, además, se estima que la parte recusante ha actuado con "mala fe" se interpondrá una sanción de 200 a 6000 euros.
Si por el contrario se estima que hay motivos para la recusación se apartará al Juez recusado del conocimiento del procedimiento de manera definitiva y continuará tramitándose el procedimiento principal por el Juez que esté sustituyendo al recusado.
Contra este Auto no cabe recurso alguno, ahora bien se puede recurrir si se recurre el asunto principal, en caso de estimar este recurso por el Tribunal podrá declararse la nulidad de lo actuado. (Art.113 de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil).
RESPONSABILIDAD PERSONAL DE JUECES Y MAGISTRADOS
Esta responsabilidad es consecuencia ineludible de la independencia y garantía de sumisión del Juez a la Ley. La responsabilidad puede ser de tres tipos, civil, penal y disciplinaria.
La responsabilidad personal se exige a los Jueces en el cumplimiento de su cargo, cuando los Jueces tengan cuestiones de índole personal ajena a su actividad la responsabilidad se regirá en todo por las mismas normas y con idénticos efectos que la exigible para el resto de ciudadanos, salvo en el supuesto de detención, ya que a un Juez solo se le puede detener por orden expresa de otro Juez o por delito flagrante. (Art. 398 LOPJ)
Los Arts. 411 y 412 de la LOPJ prevén la posibilidad de reclamar por daños y perjuicios causados por dolo o culpa de los Jueces en el ejercicio de sus funciones. Están legitimados para reclamar, la parte perjudicada y sus causahabientes. La demanda se substanciará por vía ordinaria y no podrá formularse hasta que no sea firme la resolución que la provoque, además, no se debe haber formulado previamente una reclamación en el proceso donde se produjo el hecho dañoso. (Art.403 de la nueva LEC)
Proviene de los delitos o faltas cometidos por un Juez en el ejercicio de sus funciones, se puede iniciar esta acción por otro Juez que hubiera tenido noticias del comportamiento delictivo del Juez que incurre en responsabilidad y se dará Audiencia al Ministerio Fiscal, también se puede iniciar la acción penal por medio de querella de la parte perjudicada, o por el Ministerio Fiscal y también por personas que ejerzan la acusación popular.
Esta vista representa la reacción del ordenamiento jurídico ante actos u omisiones en el quehacer judicial y que escapan al derecho penal en el que rige el principio de intervención mínima y se refiere a infracciones graves.
No obstante, se puede incoar expediente disciplinario de forma paralela a un expediente penal, si bien no se dictará resolución hasta que no resuelva la jurisdicción penal.
Los hechos que se declaren probados en la vía penal, vincularán en el expediente disciplinario y se puede compatibilizar la dualidad de sanciones, penal y disciplinaria, cuando hubiera identidad de fundamento del bien jurídico protegido.
El art. 420 de la LOPJ. establece una serie e infracciones disciplinarias que se califican en muy graves, graves y leves, así como las sanciones que hay que imponer tras la instrucción del expediente entre otros puede mencionar la separación, el traslado forzoso, suspensión de hasta tres años, la multa y la advertencia.
Es competente para sancionar:
Las faltas muy graves el Pleno del CGPJ,
Las faltas graves la Comisión Disciplinaria del CGPJ.
Las faltas leves las sanciones que les corresponden las impondrán las Salas de Gobierno de las que dependa el Juez o Magistrado.
La Sanción de Advertencia por falta leve le corresponde al Presidente del TS, de la AN y de los TSJ, respecto de los jueces dependientes de los mismos.
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