Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00030-de-septiembre-22-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b0eeb1bd4950018ee0430a010151018e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-17 00:55:32
Document Index: 292105368

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 6', 'artículo 122', 'artículo 23', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 122']

﻿ Sentencia 2010-00030 de septiembre 22 de 2011
SENTENCIA 2010-00030 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:LAS CAUSALES DE INHABILIDAD CONSTITUYEN LIMITACIONES AL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL A SER ELEGIDO Y A ACCEDER A FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS. SERÁ INHÁBIL, QUIEN HAYA DADO LUGAR, EN CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO, CON SU CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA, ASÍ CALIFICADA POR SENTENCIA EJECUTORIADA, A QUE EL ESTADO SEA CONDENADO A UNA REPARACIÓN PATRIMONIAL, SALVO QUE ASUMA CON CARGO A SU PATRIMONIO EL VALOR DEL DAÑO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, PROCESO ELECTORAL, DERECHOS POLÍTICOS, INHABILIDAD ELECTORAL
Sentencia 2010-00030 de septiembre 22 de 2011
Rad. 2010-0030, 2010-0039, 2010-0042 y 2010-0052
Demandantes: César Andrés Rubio y otros
En los folios 39 al 44 del cuaderno principal del Expediente 2010-0030 reposa copia auténtica de la Resolución 1490 de 2010 expedida por el Consejo Nacional Electoral, que declaró la elección del señor Rafael Romero Piñeros como Representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá para el periodo 2010-2014.
El apoderado judicial propuso las excepciones que denomina “Inexistencia de la inhabilidad para la inscripción del señor Rafael Romero Piñeros como candidato a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014 y para su elección”; y “Carácter restrictivo de las inhabilidades”.
• Copia auténtica de la Resolución 1490 de 2010 expedida por el Consejo Nacional Electoral, que declaró la elección del señor Rafael Romero Piñeros como Representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá para el periodo 2010 - 2014 (fls. 39 al 44 del cuaderno principal del expediente 2010-0030).
El monto de la condena fue de $ 92.866.741,06, que debía ser pagado a la ESE Hospital San Rafael de Tunja (fls. 11 al 28 del anexo 01 con radicado 2010-00052).
• Copia auténtica de la constancia suscrita por el Secretario del Tribunal Administrativo de Boyacá, donde aparece que la sentencia del 3 de marzo de 2005 “cobró ejecutoria el día 1º de julio de la hora de las cinco de la tarde (5:00 p.m.)” (fl. 33 del anexo 01 con rad. 2010-00052)
• Copia auténtica de volantes de consignación del Banco Davivienda, donde constan los pagos efectuados los días 12, 13 y 14 de junio de 2007 por el señor Rafael Romero, con ocasión del proceso de repetición 2010-2016 (fls. 35 al 37 del anexo 01 con Rad. 2010-00052)
• Copia auténtica de la demanda ejecutiva singular presentada por la apoderada judicial del Hospital San Rafael de Tunja, en la que pretende que se libre mandamiento de pago por los intereses moratorios causados desde la fecha de ejecutoria del fallo (fls. 38 al 40 del anexo 01 con radicado 2010-00052)
• Copia auténtica del auto del 12 de noviembre de 2008, mediante el cual el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja libró orden de pago a favor del Hospital contra el señor Romero Piñeros, “Por el valor de los intereses de mora causados entre el 1º de junio de 2005 y el 14 de junio de 2007, sobre la suma de $ 92.866.741.06, liquidados a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia” (fls. 52 y 53 del anexo 01 con Rad. 2010-00052)
Vladimiro Naranjo Mesa en su obra “Teoría constitucional e instituciones políticas” enfatiza que esta clase de derechos provienen de los denominados por la doctrina “de primera generación”, que en su decir “está conformada por el catálogo de derechos individuales de inspiración liberal, que fueron consagrados a lo largo de las constituciones del siglo XIX y parte del siglo XX. Su fuente directa de inspiración fue, ante todo, la declaración francesa de 1.789, así como las declaraciones de derechos norteamericanos y aun el Bill of Rights inglés de 1689. Su objetivo esencial fue el reconocimiento de aquellos derechos inherentes a la persona humana frente a los posibles abusos del poder público”.
Los derechos políticos han sido reiteradamente considerados por la jurisprudencia constitucional como fundamentales en una democracia representativa, y en tal condición “poseen un plus”(2), como que son de aplicación inmediata (C.P., art 85), se regulan mediante leyes estatutarias (C.P., art 152) y las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso que los afecten, deberán ser sometidas a Referendo (C.P., art. 377).
“En primer lugar, el ordenamiento constitucional consagra dentro de sus fines “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (art. 2º), lo que bien puede calificarse de democracia participativa en tanto propugna porque las personas, individualmente consideradas o a través de asociaciones, tomen partido en las decisiones que de alguna manera puedan afectarlos, lo que además asegura, de cierto modo, que esas decisiones consulten en mayor medida el interés general y el bien común, a El (sic) mismo postulado se constituye en la esencia del derecho fundamental consagrado en el artículo 40 Constitucional que reconoce a “todo ciudadano [el] derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” a través de acciones como “elegir y ser elegido” (1), “tomar parte en elecciones” (2) y “acceder al desempeño de funciones y cargos públicos” (7), en fin todas aquellas actuaciones connaturales al ejercicio de la democracia, cuya manifestación más importante es al momento de escoger por voto popular los dignatarios que accederán al poder político ...” (resalta la Sala).
No sobra señalar que el imperativo de interpretar restrictivamente las normas que establecen inhabilidades constituye una aplicación del principio del Estado liberal de derecho establecido en el artículo 6º de la Constitución, según el cual “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes” que se traduce en que pueden hacer todo aquello que no les está expresamente prohibido, de donde se infiere, como regla general, que todos los ciudadanos pueden acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y que, excepcionalmente, no podrán hacerlo aquellos a quienes se los prohíbe expresamente la ley(5).
1) El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 3 de marzo de 2005, consideró que al declarar insubsistente a un funcionario de la ESE Hospital San Rafael de Tunja incurrió en conducta dolosa o gravemente culposa y lo declaró patrimonialmente responsable, condenándolo a pagar a favor de la ESE Hospital San Rafael de Tunja la suma de $ 92.866.741,06, y
2) Según la demanda el señor Rafael Romero Piñeros no cumplió con la obligación de pagar la condena, pues con el pago de la suma de $ 92.866.741,06 en el año 2007, no cubrió el monto adeudado, debido a la causación de intereses desde el 1º de junio de 2005 hasta la fecha de pago.
La inhabilidad prevista en el inciso final del artículo 122 de la Constitución
Sí [ ] No [ ] Voto en blanco [ ]”.
“El argumento de los ciudadanos de que este numeral podría llegar a ser interpretado como incompatible con el artículo 23 del Pacto de San José, a primera vista, parece acertado, pues la segunda frase del numeral no parece referirse a condenas penales, por la comisión de hechos punibles, ya que la primera parte de la pregunta del inciso propuesto regula la hipótesis de la condena por delitos que afecten el patrimonio del Estado. Por ende, esta segunda parte, para que tenga una eficacia normativa propia, parecería referirse a sentencias ejecutoriadas en procesos que no son penales. Sin embargo, ello no es obligatoriamente así, puesto que la primera frase hace referencia exclusivamente a ciertos delitos, esto es, a aquellos que “afecten el patrimonio del Estado”, por lo cual bien puede entenderse que la segunda parte del numeral hace referencia a otros hechos punibles, por los que puede resultar condenado el Estado a una reparación patrimonial. Para ello basta pensar en el evento en que un servidor público, dotado de un arma oficial, lesiona a una persona. Sin lugar a dudas, el Estado puede resultar condenado a reparar patrimonialmente al afectado, por haber ocasionado un daño antijurídico (C.P., art. 90), y la conducta del servidor público puede ser delictiva, si este actuó con dolo o culpa. Por ende, esta segunda frase del numeral 1º puede ser armonizada con la Convención Interamericana, si se entiende que también hace referencia a sentencias en procesos de naturaleza penal. Y como, en virtud del principio Pacta Sunt Servanda, las normas de derecho interno deben ser interpretadas de manera que armonicen con las obligaciones internacionales del Estado Colombiano (CP art. 9), tal y como esta Corte lo ha señalado, entonces entre dos interpretaciones posibles de una norma debe preferirse aquella que armonice con los tratados ratificados por Colombia(7). Esto es aún más claro en materia de derechos constitucionales, puesto que la Carta expresamente establece que estos deben ser interpretados de conformidad con los tratados ratificados por Colombia (CP art. 93), por lo que entre dos interpretaciones posibles de una disposición constitucional relativa a derechos de la persona, debe preferirse aquella que mejor armonice con los tratados de derechos humanos, dentro del respeto del principio de favorabilidad o pro hominem, según el cual, deben privilegiarse aquellas hermenéuticas que sean más favorables a la vigencia de los derechos de la persona” (subraya fuera del texto).
Finalmente concluyó “que, de ser aprobado el numeral 1º, debe entenderse que la segunda frase del mismo hace referencia a que la culpa grave o el dolo del servidor público fue establecida por una sentencia judicial ejecutoriada en un proceso penal” (se subraya). No obstante nada se dispuso al respecto en la parte resolutiva.
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño” (subraya la Sala).
Se desprende entonces, que el texto sometido a consideración del pueblo en el referendo celebrado el día 25 de octubre de 2003, estuvo condicionado a la interpretación de la Corte Constitucional en el sentido de que el último inciso del artículo 122 de la C.P. “hace referencia a que la culpa grave o el dolo del servidor público fue establecida por una sentencia judicial ejecutoriada en un proceso penal”.
Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño” (subraya fuera del texto).
Así lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C - 541 de 2010:
“... se concluye que el inciso ahora demandado fue introducido por el Acto Legislativo 1º de 2004 y de la confrontación del texto incorporado en dicho año con el que surge del Acto Legislativo 1 de 2009 claramente se desprenden dos diferencias, consistentes en que (i) en el nuevo texto se cambia la expresión 'servidor público' que ahora aparece en plural y (ii) se elimina la expresión 'judicial' que en el texto anterior estaba referida a la sentencia.
La Corte observa, a partir del cotejo de los dos enunciados, que el objeto de la disposición es el mismo, pues la introducción de un plural y la eliminación irrelevante de una palabra frente al evidente sentido de la expresión no impiden que se configure la causal de inhabilidad cuyo establecimiento es la finalidad primordial del inciso demandado, que ahora es el sexto del artículo 122 de la Carta, causal de inhabilidad que, además, es el motivo de los reparos formulados por el actor” (subraya la Sala).
(...) la disposición demandada desconoce abiertamente el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, según el cual, solo por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en proceso penal, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos” (se subraya).
Finalmente, se llama la atención sobre que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 1 de septiembre de 2011, a propósito de “dos sanciones inhabilitantes” impuestas por el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela que le impidieron a un ciudadano de ese país presentarse como candidato para la Alcaldía del Estado Mayor de Caracas, consideró:
La Corte estima pertinente reiterar que “el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la convención(9) y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no solo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos(10). En el presente caso, si bien el señor López Mendoza ha podido ejercer otros derechos políticos (supra párr. 94), está plenamente probado que se le ha privado del sufragio pasivo, es decir, del derecho a ser elegido.
En virtud de lo que antecede, la Corte determina que el Estado violó los artículos 23.1.b y 23.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Leopoldo López Mendoza” (resalta la Sala).
El Estado debe dejar sin efecto las Resoluciones 01-00-000206 de 24 de agosto de 2005 y 01-00-000235 de 26 de septiembre de 2005 emitidas por el Contralor General de la República...”.
El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia del 3 de marzo de 2005 con ocasión del proceso de repetición 2000-2016 declaró patrimonialmente responsable al señor Rafael Romero Piñeros y lo condenó a pagar la suma de $ 92.866.741,06.
1º Que en este caso, el Representante demandado, en efecto, fue condenado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en acción de repetición, al pago de $92.866.741.06 porque cuando fue director declaró insubsistente en contra de la ley a un empleado de la ESE Hospital San Rafael de Tunja; es decir fue un hecho totalmente ajeno a cualquier ilícito penal.
2º Que según la jurisprudencia constitucional analizada, que constituye cosa juzgada erga omnes, la segunda frase del inciso final del artículo 122 constitucional, de acuerdo con pactos internacionales, la inhabilidad allí establecida solo es predicable cuando el daño patrimonial al Estado se declara en proceso de carácter penal; por lo cual no procede por razón de sentencias de carácter administrativo. En tal virtud no se configura uno de los elementos de esta, al no ser una sentencia proferida en un proceso penal la que declaró la culpa grave o el dolo.
1. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de “Inexistencia de la inhabilidad para la inscripción del señor Rafael Romero Piñeros como candidato a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014 y para su elección”; y “Carácter restrictivo de las inhabilidades”.
(2) Ver entre otras: Corte Constitucional, sentencia T 469 de 1992.
(3) Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 17 de julio de 2008 Expediente:2008-00009.
(5) Ver: Sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 26 de febrero de 2009, radicación interna 2007-1107.
(6) Ver: Sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 13 de diciembre de 2010, radicación 2009- 00077.
(7) Ver sentencia C-400 de 1998, fundamentos 40 y 48, y sentencia C-358 de 1997, Fundamento 15.5
(8) Cfr. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrs. 195 a 200, y Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 144.