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Timestamp: 2018-06-21 23:51:28
Document Index: 285623564

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Sesión 71ª, en jueves 22 de noviembre de 2012
(De 15:18 a 19:13)
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán; Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau y de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes. Asimismo, se encontraban presentes, el Subsecretario de Pesca, señor Pablo Galilea Carrillo; la Jefa de la División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca, señora Edith Saa Collantes; la Asesora de la Subsecretaría de Pesca, señora María Alicia Baltierra, y el Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca, señor Felipe Palacio Rives.
--Se abrió la sesión a las 15:18, en presencia de 15 señores Senadores.
Antes de entrar en el Orden del Día, saludo a los estudiantes del Colegio Terraustral, de Maipú, Región Metropolitana, quienes se encuentran en las tribunas. Bienvenidos al Senado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, Certificado de la Comisión de Hacienda y Certificado de las Comisiones de Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, unidas, y urgencia calificada de "suma".
Sesiones 55ª, en 16 de octubre de 2012 (queda pendiente la discusión general); 56ª, en 17 de octubre de 2012 (se aprueba en general); 58ª, en 31 de octubre de 2012 (nuevo plazo para presentar indicaciones); 62ª, 64ª y 65ª, en 20 de noviembre de 2012; 66ª, 67ª y 68ª, en 21 de noviembre de 2012; 69ª y 70a, en 22 de noviembre de 2012 (queda pendiente la discusión particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, el Honorable señor Coloma planteó una situación formal en el artículo 1º A, ya aprobado. Los incisos segundo y tercero empiezan con expresiones casi iguales: "En conformidad" y "De conformidad".
Solicito que se autorice a la Secretaría para que el inciso tercero comience con "De acuerdo", a fin de que la norma quede formalmente perfeccionada.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se autorizará a la Secretaría para efectuar el mencionado cambio.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en la página 4 del comparado de las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda se deja una constancia respecto de la indicación Nº 27 -propone agregar al artículo 1º, numeral 2), en la letra l), un numeral nuevo sobre pueblos originarios, cuyo texto está en la columna tres-, del siguiente tenor: "Cabe consignar que las Comisiones unidas, unánimemente, acordaron dejar pendiente la votación de esta indicación para resolución de la Sala del Senado. Al efecto, el Ejecutivo comprometió la presentación de una nueva redacción que aborde la misma materia de la indicación número 27, para ser debatida en la siguiente sesión de la Sala de la Corporación.".
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, tal cual señaló el Secretario, las Comisiones unidas dejaron pendiente esta votación para que el Ejecutivo presentara una redacción. Entiendo que no lo ha hecho. Y mientras eso no ocurra sugiero que continuemos con el siguiente punto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Lo que sucede es que hay dos maneras de comprender esta misma redacción: que es posible pasar por alto el compromiso o que este se debe hacer efectivo.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, en las Comisiones unidas se planteó que hay un compromiso de que el Ejecutivo presente la propuesta en este trámite en el Senado. En ello estamos trabajando.
A la vez, quiero advertir que el acuerdo implica que pueda ser en este proyecto y eventualmente en la "Ley Lafquenche". Quedaron las dos opciones. El Senador Frei y todos fueron parte de este acuerdo.
Entonces, los equipos jurídicos están analizando redacciones. Sé que la tenemos que ingresar en este trámite. Y cuando se encuentre lista, lo vamos a hacer. Hemos estado consultando con algunos para ver si existe una mirada común, que fue el espíritu que hubo en las Comisiones unidas al abordar esta materia.
El señor TUMA.- Señor Presidente, el acuerdo de las Comisiones unidas apuntaba a que se iba a hacer un debate aquí, en la Sala, y ojalá a partir de alguna propuesta que el Ministro haría respecto del modo en que se iban a incorporar los derechos de los pueblos originarios en la Ley de Pesca.
Entonces, no me quedó claro el planteamiento del Secretario de Estado, en cuanto a si esperamos una redacción para incorporarla a la ley en proyecto o a si se hará una propuesta distinta.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, el acuerdo de las Comisiones unidas, que fue unánime, era que podíamos presentar las dos opciones. Estamos trabajando en ellas. Porque este punto no fue el de los de mayoría. No sé si estaba presente el señor Senador cuando se discutió.
Esto respondió a un planteamiento que formuló el Senador Frei, que lo recogimos y fue parte del espíritu de las Comisiones unidas. Y tenemos que redactar el texto de la indicación. Quedamos con esas dos opciones, que estamos evaluando. Obviamente, antes de que la presente, la haré correr para que entreguen una opinión quienes presentaron la indicación y aquellos que suscribieron el acuerdo unánime en las Comisiones unidas en orden a que lo viéramos en el trámite del Senado. Y la vamos a presentar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Aprovechamos también de saludar a los estudiantes del Instituto Simón Bolívar de Santiago, quienes nos acompañan en las tribunas. Bienvenidos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, en el comparado de las Comisiones unidas, se formula una proposición respecto de la letra c) del número 4). Esta letra señala: "c) Fijación de cuotas anuales de captura por especie en un área determinada o cuotas globales de captura. Estas cuotas globales de captura se podrán determinar", etcétera.
La única diferencia está en la letra c), aun cuando se reproduce toda la norma, que es de quórum calificado.
Las Comisiones unidas proponen, en el numeral 4), eliminar, en el párrafo primero de la letra c), en el apartado que comienza con la frase "Cuota de reserva para consumo humano", las palabras "pelágicas pequeñas".
La Secretaría tiene la obligación de señalar que la norma en cuestión fue votada en la Sala en una sesión anterior y aprobada con quórum calificado.
Ahora bien, yo entiendo que lo sugerido se relaciona con el conjunto de las otras disposiciones, pero naturalmente tengo el deber de informarlo por cuanto ya se había producido la respectiva votación, lo que no impide la reapertura del debate y el pronunciamiento sobre lo que ahora se propone.
La diferencia radica en que solo se saca la expresión "pelágicas pequeñas" mediante la sugerencia que se formula, el resto del apartado sigue exactamente igual.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, resuelto el tema reglamentario sobre el punto, debo agregar que este numeral fue materia del acuerdo, y con él se busca volver a la situación original planteada en su minuto, en el sentido de que se podrá reservar hasta un 1 por ciento de la cuota global de captura -que no proviene de la cuota de los pescadores artesanales o industriales, sino del 2 por ciento que se reserva el Estado para imprevistos, el cual permite liberar, por así decirlo, ese 1 por ciento- para destinarlo a garantizar el abastecimiento de la pequeña y mediana industria de productos que serán procesados para consumo humano. Desde luego, los abastecedores serán preferentemente los pescadores artesanales o, en caso de que no puedan hacerlo, los pescadores industriales.
Esa es la idea matriz. La norma aprobada en la Comisión de Pesca restringía esto a cuatro especies pelágicas: la sardina, la anchoveta, el jurel de menor tamaño y la caballa. En el fondo, lo que se pretende es revitalizar la pequeña y mediana industria en todas las Regiones de Chile.
Ahora, como Presidente de la Comisión de Pesca, quiero dar testimonio de lo que presenciamos en la zona de Queule, junto con el Senador García, algunos integrantes del Ejecutivo, los especialistas de la Biblioteca y los Secretarios de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura que nos acompañaron. Allí, los mismos pescadores artesanales generan sus propias pequeñas y medianas empresas, con líneas completas que permiten asegurar la trazabilidad de sus productos para llegar a los mercados no solo internos, sino también externos.
Por lo tanto, lo propuesto debe entenderse como una medida de fomento.
Por otra parte, algunos pescadores artesanales nos han señalado -no quiero especificar si muchos o pocos, pero desde luego representan una parte de nuestra realidad- que no les atrae trabajar con algunas pequeñas y medianas empresas en Regiones por cuanto no les pagan bien o a tiempo por sus productos. En todo caso, no están obligados a venderles el recurso a ellas.
Reitero que se trata de una medida de fomento para que ese estrato del emprendimiento en nuestra sociedad se acreciente; para que también se incorporen otros actores, como los pescadores artesanales, entregándose una señal clara -contemplada igualmente en otros puntos de la iniciativa legal- a las empresas de menor tamaño para que tales especies sean destinadas exclusivamente a la elaboración de productos para consumo humano.
He dicho. El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, excúseme que le consulte a usted, como Presidente de la Comisión de Pesca, pero deseo saber, en cuanto a esta afirmación casi de deseo, cómo se implementa, quién la fiscaliza o quién es el responsable. Porque muchas veces en las leyes hemos puesto afirmaciones del mismo tipo, comenzando por el lucro en la educación, que después se transforman en letra muerta, toda vez que no hay modo de materializar tal criterio. El señor HORVATH.- Señor Presidente, la misma norma establece que la adjudicación de la cuota se efectuará mediante subasta pública, cada cierto período, y que podrán acceder a ella las pequeñas y medianas empresas. De esa forma, se abre un poder comprador al respecto.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, creo que el Senador señor Horvath hizo un muy buen resumen de la disposición, como lo ha hecho durante toda la jornada sobre los distintos temas que hemos analizado.
Sin embargo, falta agregar que la primera discusión fue acerca de un porcentaje de reserva del 5 por ciento, bastante mayor al 1 por ciento. Luego, el Ejecutivo bajó al 0,5 por ciento y, con posterioridad, en este acuerdo se llegó al 1 por ciento, cuya destinación tiene como objetivo principal la elaboración de productos para el consumo humano.
Sin embargo, siento que el Estado de Chile debiera jugar un rol más relevante en esta materia.
Dado que la orientación que se le quiere dar a dicho porcentaje es el consumo humano, muchas veces no les resulta conveniente a los pescadores artesanales vender tales productos, porque simplemente el poder comprador paga los precios que quiere y, en múltiples ocasiones, muy por debajo de lo que cuesta la propia captura.
Por tal razón, sugerimos en las Comisiones unidas que los gobiernos regionales de todo el país pudieran destinar un ítem para financiar el consumo, fundamentalmente, en los colegios públicos y los adultos mayores, que necesitan ingerir esos productos y que muchas veces no pueden acceder a ellos.
En consecuencia, debiera haber una política de Estado respecto de ese tipo de alimentación, que sin a lugar a dudas produce un gran beneficio a nuestra población.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, quería explicar en qué consistía el acuerdo y por qué este punto se incluyó, por petición expresa, cuando la Sala resolvió enviar algunas materias a Comisiones unidas.
En cuanto a lo último, es efectivo que a algunos sectores de la pesca artesanal o industrial a lo mejor no les gustará nada este planteamiento. Pero yo, al menos, puedo decir que en mi Región las plantas procesadoras son pymes de verdad, que no siempre tienen asegurado el acceso a productos que puedan ser procesados para el consumo humano ya sea en los mercados internos o de exportación.
Por lo tanto, consideramos justo introducir este elemento para garantizar el que esas plantas procesadoras puedan tener acceso a recursos que les permitan su normal funcionamiento.
Así que me parece importante respaldar el punto, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, quiero manifestar mi profundo agrado por esta cuota de reserva para consumo humano, correspondiente al 1 por ciento de la cuota global de captura, la cual se va a destinar a las empresas de menor tamaño, de conformidad con la ley Nº 20.416.
Todas esas pequeñas empresas se abastecen comprándoles a los pescadores artesanales. Ellas no tienen cuota. Sin embargo la totalidad de sus productos se destinan al consumo humano. Por eso, creo que la reservación del 1 por ciento para tal objeto les dará, por lo menos, la posibilidad de contar con dicho suministro.
Aquí lo importante es facilitar al máximo a empresas de menor tamaño la obtención del beneficio, porque si se concentra la licitación en unas pocas, igual se generaran problemas, ya que son bastantes las pequeñas empresas a lo largo del país que no disponen de abastecimiento seguro.
Por eso quiero llamar la atención del Ejecutivo en el sentido de que se debe ser muy equitativo y que, ojalá, todas las pequeñas y medianas empresas de este rubro puedan acceder proporcionalmente a dicho porcentaje de reserva.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, debo expresar que si este punto es parte del acuerdo lo voy a apoyar.
Sin embargo, como dije el lunes -me parece-, en mi Región, donde hay pescadores de verdad -así como en otras hay industriales de verdad-, varias agrupaciones de esos trabajadores me señalaron que están disconformes con la posibilidad planteada -así lo manifestaron también en la Comisión, donde nos hallábamos con el señor Presidente y los Senadores Bianchi, Muñoz Aburto, Horvath, quien presidía- y que no son partidarias de la reserva del uno por ciento (ni de ninguna otra) para las pymes, por cuanto su experiencia con algunas de ellas no ha sido buena, sino todo lo contrario.
Algunos industriales sí la apoyan.
Yo voy a acatar el acuerdo a que se llegó -repito que hay pescadores a quienes no les parece adecuado lo que se plantea-, pero considero difícil concretar el sistema y hacerlo operativo. No se me ocurre cómo se van a verificar las cuotas; cómo se va a garantizar que ello funcione; cómo se van a organizar los cupos; cómo será la distribución entre las distintas empresas, entre las diversas caletas proveedoras, en fin.
Veo complicado llevar a la práctica ese mecanismo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Les hago presente a Sus Señorías que esta norma es de quórum calificado.
El señor COLOMA.- ¿Se requieren 19 votos para aprobarla?
--Se aprueba la propuesta de las Comisiones unidas recaída en la letra c) del numeral 4) del artículo 1° (21 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Alvear y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde ocuparse en la enmienda introducida por las Comisiones unidas en el artículo 26 A, contenido en el N° 20) del artículo 1° del proyecto (páginas 6, 7 y 8, en parte, del boletín comparado).
El objetivo de la modificación es agregar, en la segunda oración del inciso primero, entre las palabras "licencias" y "se otorgarán", el término "temporales".
Respecto al artículo 26, se renovó la siguiente indicación:
"a) En la segunda parte del inciso primero intercálase entre las palabras "licencias" y "se otorgarán" la palabra "temporales" y elimínese la palabra "renovables".
"b) En el artículo 26 A), en el inciso primero, sustitúyese el guarismo 20 por 15.
"c) Incorpórese el siguiente inciso final al artículo 26 A: Las licencias de pesca que establece la ley y otorga la autoridad, son autorizaciones temporales para la explotación de los recursos pesqueros y no constituirán derecho de propiedad alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro".
El señor ESCALONA (Presidente).- Como todos sabemos, este es el nudo de la discusión.
Ello coincide con el hecho de que, por la conmemoración del 200° aniversario del Senado, deberé inaugurar dos placas instaladas en el hall de entrada al Hemiciclo.
Por tal razón, suspenderé la sesión, para luego entrar de lleno al debate de las propuestas explicitadas por el señor Secretario.
--Se suspendió a las 15:40.
--Se reanudó a las 16:00.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, corresponde discutir el artículo 26 A.
Hay una proposición de las Comisiones unidas que guarda relación con la indicación renovada a que hice referencia antes de suspenderse la sesión -recae en el artículo 26 A-, la cual tiene las letras a), b) y c).
Tocante a la letra a), la propuesta de las Comisiones unidas es coincidente en cuanto a que se agregue, entre las palabras "licencias" y "se otorgarán", el término "temporales".
Pero, además, la indicación renovada plantea eliminar en la letra a) la expresión "renovables" que figura en el inciso primero del artículo 26 A.
Después, la letra b) propone -también en el inciso primero- sustituir el guarismo "20" por "15".
Por último, la letra c) incorpora al artículo 26 A un inciso final, nuevo, del siguiente tenor: "Las licencias de pesca que establece la ley y otorga la autoridad, son autorizaciones temporales para la explotación de los recursos pesqueros, y no constituirán derecho de propiedad alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro.".
Sobre esos puntos debe pronunciarse la Sala.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa para una cuestión de Reglamento.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, solo deseo hacer una proposición.
Si aprobamos el artículo propuesto por las Comisiones unidas, se entiende que quedan el guarismo "20" y la expresión "renovables".
Después habría que votar la letra c), que agrega un inciso final al artículo 26 A.
Ello, para no votar las proposiciones contenidas en la indicación renovada y luego, otra vez, el artículo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, pido que esta indicación renovada se vote separadamente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrito el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Como se pidió votación separada, voy a argumentar en general, señor Presidente.
El señor NOVOA.- ¿Vamos a votar la indicación renovada?
El señor LARRAÍN.- ¿Qué votaremos? ¿La indicación?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Si a Sus Señorías les parece, puedo hacer una sugerencia.
Si bien se solicitó votación separada, hay una parte en que coinciden tanto la indicación renovada como lo aprobado por las Comisiones unidas. O sea, lo que leí en el sentido de agregar, entre las expresiones "licencias" y "se otorgarán", la palabra "temporales".
El señor NOVOA.- ¿Qué vamos a votar en definitiva?
El señor COLOMA.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Eso sería lo primero que habría que votar, salvo que se dijera que por unanimidad aquello queda aprobado.
Siempre se vota primero la proposición de las Comisiones.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, no sé si alguno de los aquí presentes vendería la gallina de los huevos de oro.
¡Estoy seguro de que nadie lo haría!
Se votó el artículo 30, que permite que las licencias sean transables, transferibles, susceptibles de todo negocio jurídico.
Ahora estamos agregando que hay un negocio en que se da una garantía absoluta, a todo evento, por un mínimo de 20 años, renovables -y voy a explicar por qué renovables- y no temporales, contrariamente a lo que se ha pretendido señalar mediante el acuerdo.
Reitero: estoy seguro de que ninguno de los aquí presentes o de quienes nos están viendo por la televisión tendrían disposición a vender la gallina de los huevos de oro.
Las licencias de pesca van a ser para siempre, de por vida. Y habrá una temporalidad mínima -¡que el país lo sepa!- de 20 años renovables.
Respecto a las licencias, conforme a lo que establece el acuerdo a que llegaron algunos y que yo no comparto, se incorpora la palabra "transitorias".
De la redacción pareciera que no son a perpetuidad. Pero continúan siendo renovables. La renovación se hace por decreto supremo. Y la única exigencia para denegarla es, en el período de 10 años, no haber incurrido en alguna de las causales establecidas. O sea, tratándose de un decreto supremo, en la práctica, la renovación será automática.
¿Cuáles son las causales para que las empresas pierdan las licencias otorgadas por 20 años?
El artículo 26 B dice:
"Antes del vencimiento de las licencias transables de pesca clase A, a solicitud del titular, arrendatario o mero tenedor de las licencias transables de pesca, mediante decreto supremo fundado se asignarán según la legislación vigente, siempre que el solicitante o los titulares previos no hayan incurrido en un lapso de 10 años en uno o más de los siguientes hechos:
"a) Haber sido sancionado con más de cuatro infracciones de las contempladas en los artículos 40 B y 40 C de esta ley, en una misma pesquería." (¡en una misma pesquería!).
"b) Haber sido sancionado con más de tres caducidades parciales en una misma pesquería...".
Resulta imposible, pues, no entender que las licencias son a perpetuidad, para siempre. Y la temporalidad, que, según entiendo, es parte del acuerdo que logró una mayoría en este Congreso, dura mínimo 20 años. Pero la licencia se renueva cada 20 y de manera permanente.
Entonces, los industriales, quienes según el artículo 30 que se aprobó, con mi voto en contra, gozarán de licencias transables, transferibles, susceptibles de todo negocio jurídico, ahora tendrán en la mano un negocio con un una duración mínima de 20 años.
¿Alguien vendería la gallina de los huevos de oro?
Lo más probable -y el sector laboral de la industria deberá estar atento- es que se formen sociedades menores para prestar servicios o contratar a determinados trabajadores de la pesca industrial.
Señor Presidente, cuando señalamos que queríamos defender a los trabajadores de la industria pesquera, lo dijimos en serio. Porque, desgraciadamente, el hecho de que las licencias duren 20 años no les garantiza, desde ningún punto de vista, una labor permanente.
Así las cosas, cualquier empresa tendrá en sus manos un negocio con un mínimo de 20 años y con todas las otras ventajas explicitadas.
Por supuesto, no estoy para respaldar el acuerdo en comento, del cual no soy parte.
En consecuencia, señor Presidente, votaré en contra.
El señor ESCALONA (Presidente).- Varios señores Senadores han solicitado que el Secretario General reitere en qué momento legislativo nos hallamos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Sala está debatiendo el artículo 26 A, el que fue enviado a las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda, las cuales formularon una proposición, que figura en la página 6 del boletín comparado específico.
De otro lado, se renovó una indicación recaída en dicho artículo, la que en la primera parte de su letra a) coincide con lo propuesto por las Comisiones unidas.
A su vez, el Senador señor Muñoz Aburto pidió votación separada para la segunda parte de la referida letra a), que dice "elimínese la palabra "renovables".".
No sé si estoy equivocado, pero entiendo que la proposición de las Comisiones unidas y la primera parte de la indicación renovada son idénticas.
El señor NOVOA.- Da lo mismo.
¿Qué vamos a votar? ¿La indicación o el artículo?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se vota siempre primero la proposición de la Comisión.
El señor WALKER (don Ignacio).- Pensábamos que era la indicación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Pero la Sala está todavía en el debate de la materia.
El señor ESCALONA (Presidente).- El señor Secretario ha reiterado varias veces su explicación.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que se deben votar las indicaciones al texto. Ese ha sido siempre el procedimiento.
La situación en que nos encontramos es muy inusual: a los dos informes de que disponemos se agregó un tercero. Es algo poco frecuente en el trabajo legislativo. Este último no reemplaza la totalidad de los otros. La situación es peculiar.
Pero lo cierto es que siempre, cuando hay una indicación, se vota esta primero y después el texto sobrante. Me parece que, en este caso, el orden de los factores no va a alterar el resultado.
Algunos señores Senadores desean que la disposición quede como aparece en la cuarta columna del comparado; otros, que se elimine el concepto "renovables".
Creo que esta es la primera votación que se verificará. Después veremos las letras b) y c) del número 1) de la indicación.
Sugiero que, independientemente del orden, se considere que ya existe consenso en cuanto a que la palabra "temporales" figure en esta parte del texto -no se encuentra en el articulado original- y a que podamos hacer una votación más económica, sin tocar los timbres, para ver quiénes son partidarios de que quede el concepto "renovables" y quiénes no.
¿Cuál es el alcance de este último? El de si existe o no algún derecho adquirido al cumplirse equis años. Ello se vincula con el artículo siguiente, por lo cual el debate resulta complejo. Porque algunos señores Senadores, como mi Honorable colega Bianchi, quien me antecedió en el uso de la palabra, se refirieron a si los requisitos eran o no correctos.
En lo personal, soy partidario de que se vote el término "renovables", de que no quede en la norma, de que las licencias sean del plazo que fuere y de que todos los que lo deseen puedan volver a postular después de que este se cumpla.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Debo puntualizar que el artículo 124 del Reglamento, inciso segundo, dice lo siguiente, haciendo referencia al señor Presidente: "En seguida pondrá en discusión, en el orden del contexto del proyecto, los acuerdos de la Comisión y las indicaciones que, rechazadas en el segundo informe, sean renovadas por escrito", etcétera.
Por consiguiente, la secuencia es la de contemplar primero lo determinado por el órgano técnico -llámense acuerdos, proposiciones o modificaciones- y después las indicaciones renovadas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Ignacio Walker para referirse a una cuestión de Reglamento.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, de ser como lo ha dicho el señor Secretario, se aclara la situación.
Solo pido que así quede establecido, porque quienes somos parte del acuerdo y queremos votar en consonancia, sabemos a qué atenernos, obviamente, si se vota el artículo.
En el caso de la indicación, donde las tres letras son contradictorias con el acuerdo, hay otro tipo de pronunciamiento, salvo la separación en la primera parte.
Entonces, si votaremos el artículo, la cuestión queda aclarada.
El señor ESCALONA (Presidente).- Así lo dijo el señor Secretario desde el inicio.
El señor WALKER (don Ignacio).- No estaba muy claro, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación la proposición de la Comisión.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, en cuanto al acuerdo suscrito, al que no he concurrido, debo precisar que se trata, nada más ni nada menos, de una prolongación del actual sistema, implementado el año 2002 y prorrogado por diez años, el cual termina el 31 de diciembre próximo.
Sin embargo, en la disposición que nos ocupa se propone una extensión mucho mayor, de 20 años, y se cambia la expresión "renovables" por "temporales", lo que, a mi juicio, sigue siendo lo mismo.
Cualquier análisis serio de una norma legal cuya prórroga se pretende implica considerar si ha cumplido su objetivo y si es o no realmente necesaria.
En el año 2002 se dijo que las cuotas individuales recuperarían las pesquerías, evitarían la sobreexplotación y darían más estabilidad al empleo al terminar con la "carrera olímpica". Algunos Diputados de la época nos opusimos, porque entendimos que asignar cuotas individuales significaba, de alguna manera, entregarles a privados bienes de todos los chilenos, como ya se ha señalado en este largo debate. Advertimos, además, que ello no solucionaría las dificultades.
¿Qué pasó? La historia, lamentablemente, nos dio la razón: diez años después, la captura del jurel, por ejemplo, que era el ícono del problema en el año 2000, ha caído de un millón 400 mil toneladas, en 2002, a cerca de 200 mil este año.
La actividad, en general, como ya se ha expuesto en otras intervenciones, se halla absolutamente deteriorada. Se propone, sin embargo, continuar con un sistema que ha fracasado claramente.
¿Por qué habría de perpetuarse un mecanismo que no cumplió sus objetivos? Para explicarlo, se han sembrado muchos mitos.
Se afirma que se asegura la sustentabilidad. ¿Cuál? ¿La misma de los últimos diez años? ¿La casi extinción del jurel?
¡Señores, han fracasado!
Los mismos que sobreexplotaron los recursos nos aseguran que ahora sí que los van a cuidar.
Hacen presente que solo cuotas de gran extensión en el tiempo aseguran la inversión. La gran mayoría de las inversiones están hechas. Más aún, todos los señores Senadores saben que cualquiera de ellas se amortiza, tributariamente, en un período inferior a diez años. Y esta es la razón que hemos venido dando en relación con todas las demás disposiciones que se han discutido y que están relacionadas con el artículo 26 A.
Sostienen desear la mantención del empleo. Entonces, ¿para qué quieren una cuota transable? Si se vende, se requieren menos trabajadores y los actuales quedan cesantes.
Lo que pretenden -no me cabe la menor duda de ello, señor Presidente-, es respaldar financieramente el negocio con la cuota. ¡Así de simple, tal como en la acuicultura!
No estoy de acuerdo al respecto. Votaré en contra y apoyaré la indicación que fija un plazo de diez años.
Reitero que el sistema fracasó. Si se quiere darle otra oportunidad, con reglas distintas de determinación de cuota, hagámoslo, pero por diez años y no prorrogables. Y no disfracemos con la palabra "temporales". El señalado es un plazo prudente para que sea posible evaluar y asegurar la inversión ya hecha. Más tiempo sería un riesgo y, además, una entrega casi perpetua de un patrimonio público a un sector que demostró su irresponsabilidad.
Esto no solo lo afirma el Senador que habla, sino también todas las organizaciones sociales a través de las redes y los Senadores que me ha precedido.
Ojalá que no se aplique la prórroga y que el plazo solo se extienda por diez años.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como se está votando el artículo 26 A, deseo manifestar que la única proposición en el informe de las Comisiones unidas apunta a establecer que las licencias son temporales. Y eso formó parte del acuerdo que adoptamos ayer.
La razón de ello, como lo han señalado también incluso colegas que discrepan del acuerdo, la reitero: se trata, en lo fundamental, de terminar con las licencias indefinidas o a perpetuidad -o para siempre, como se dice- y de fijarles un término. Y aquí es donde en la Comisión hubo una coincidencia. Porque si queremos que no sean indefinidas, es preciso colocarles un plazo.
Ese es el motivo por el cual hemos concurrido al acuerdo.
La indicación ha sido objeto de un debate reiterado. El ideal para nosotros era establecer un plazo de 15 años, no de 20. En un momento determinado, el Gobierno planteó 25 años. Finalmente, llegó a un acuerdo de 20 años con los miembros de la Comisión de Pesca, que es el que aceptamos finalmente.
Lo importante es establecer la temporalidad, porque eso indica que las licencias tienen inicio y fin. Ello es de la esencia de tal concepto.
Esta es la razón por la cual vamos a votar a favor de la proposición de las Comisiones unidas sobre el artículo 26 A, adoptada el día de ayer.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, quisiera entregar algunos antecedentes sobre el acuerdo de las Comisiones de Pesca y de Hacienda, unidas
Efectivamente, se incorporó la palabra "temporales" y se mantuvo el plazo de 20 años, renovables, pero se aumentaron las causales de caducidad o de no renovación.
Antes se hacía referencia a "Haber sido sancionado con cinco infracciones" y ahora se contemplan más de cuatro.
En cuanto al período que el titular de la licencia debe cumplir sin sentencias condenatorias o resoluciones ejecutoriadas, se aumentó de cinco a diez años. Por lo tanto, la posibilidad de no renovación es mayor.
Ahora, para entender el sistema en su contexto, es preciso agregar otros puntos.
Uno de ellos es el fraccionamiento entre industriales y artesanales, en el que algunas pesquerías se acrecientan, en su gran mayoría, en favor de estos últimos. Por tanto, este es otro "recorte", por decirlo así, al sector industrial.
Se contemplan -lo veremos a continuación- dos fórmulas de licitación de hasta un 15 por ciento de la fracción industrial: una, vinculada a la plena explotación o rendimiento máximo sostenido, y otra, a todo evento en los períodos que se indican.
Producto de los acuerdos y del trabajo desarrollado en el Senado, los pescadores artesanales pueden entrar al fraccionamiento a través del procedimiento de licitación, y no en forma teórica, sino real, por la vía de establecer cortes, de modo que puedan participar. Por ejemplo, ello queda determinado claramente, en el caso del bacalao, desde el paralelo 47 al sur o en las cuotas para el langostino y el camarón en la Cuarta Región.
La materia, entonces, debe ser considerada en su conjunto. Por lo tanto, se entiende que si estamos acotando el plazo a 20 años es porque llegó un proyecto en que la vigencia era indefinida o a perpetuidad.
Es decir, se ha avanzado en todos los frentes para acotar de manera equilibrada un acrecentamiento de la pesca artesanal y de la actividad pesquera, porque no solo se va a propender a la recuperación de las distintas pesquerías, los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, sino también a trabajar efectivamente por ello.
Además, existe un mecanismo -no forma parte del acuerdo, porque se va a debatir en su minuto- por medio del cual se establece un impuesto específico según la cuota que se capture y no solo sobre la base de las naves hoy día autorizadas. Dice relación con las embarcaciones en funcionamiento.
Si, adicionalmente, se revisan las cifras, podremos darnos cuenta de que el sector pesquero no solo cancela la patente establecida en el proyecto, la cual se va a acrecentar con un impuesto específico, sino que también se encuentra comprendido en el resto de los tributos. Por IVA, paga del orden de 28 mil 500 millones de pesos anuales; por el empleo que genera para cerca de 45 mil personas, solo las remuneraciones representan, en promedio, 324 mil millones de pesos anuales, lo que al Estado le reporta, por la vía de los impuestos, mil 900 millones; por patentes, la cifra asciende a 16 mil 500 millones, y por las certificaciones, mil 500 millones, sin considerar los efectos económicos indirectos que genera la industria.
Soy testigo, por ejemplo, de las buenas relaciones entre tres empresas y el sector artesanal en la zona austral. No digo que son de pololeo, pero funcionan bien. Media una relación de responsabilidad social y una incorporación al desarrollo de la Región, lo que genera un encadenamiento: se han abierto escuelas; se han instalado policlínicas, se aplican sistemas de prevención de riesgos, se desarrolla el comercio; se construyen viviendas, en fin. Se incorporan personas al quehacer regional de una manera importante.
Entonces, la situación se tiene que considerar en un contexto amplio.
Tampoco podemos cerrar los ojos ante el hecho de que, muchas veces, la industria ha habilitado a la pesca artesanal, si bien también tiene que asegurar la provisión, obviamente, a las plantas de proceso. Pero existe un encadenamiento y, en casos excepcionales, transferencias mutuas de cuotas.
Tenemos que propender, en este sentido, a no satanizar a un sector de la sociedad que funciona sobre la base de reglas que nosotros mismos le imponemos. Una vez establecidas, ellos tienen que ser eficientes, evidentemente, en el sentido de maximizar beneficios y minimizar costos, pero sin externalizar estos últimos a la sociedad.
El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, Su Señoría.
Desde ese punto de vista, estimamos que se ha avanzado en todos los frentes de manera simultánea para armonizar a este importante sector con los demás de nuestra sociedad. Por tanto, se trata de un acuerdo positivo en relación con el proyecto de nueva ley de pesca propuesto a la Sala del Senado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, entiendo que al artículo 26 A, en relación con el cual ha llegado a acuerdo la Democracia Cristiana con el Gobierno, se le agrega la palabra "temporales" en su primer inciso, que expresa, en lo pertinente: "Estas licencias temporales se otorgarán por un plazo de 20 años renovables".
Entiendo que eso es lo que estamos votando en este minuto.
Según la explicación que hemos escuchado, ello provoca un efecto importante en lo que hemos debatido durante estos días, en el sentido de que la existencia de licencias por 20 años, renovables, no resuelve lo que para nosotros es relevante: que se abran un poco más las posibilidades de explotación del mar y no se mantenga el antecedente histórico que permite que hoy, mañana, por 20 años y a perpetuidad las industrias dedicadas al rubro -son cuatro las más significativas- conserven licencias por 20 años.
Opino que poner la palabra "temporales" no agrega ni quita nada. Y voy a explicar por qué.
Hay que unir la disposición al artículo siguiente: el 26 B,- que dice:
"Una vez vencido el plazo de las licencias transables de pesca clase A, éstas se renovarán por el plazo de 20 años si el titular, arrendatario o mero tenedor de las licencias transables de pesca de una determinada pesquería no ha incurrido en uno o más de los siguientes hechos:
"a) Haber sido sancionado con cinco infracciones de las contempladas en los artículos 40 B y 40 C de esta ley, en una misma pesquería, en períodos de tres años consecutivos contados desde la vigencia de la licencia".
Después se expresa:
"b) Haber sido sancionado con tres caducidades parciales en una misma pesquería, declaradas mediante resolución firme y ejecutoriada, en periodos de 2 años consecutivos a contar de la vigencia de la licencia"...
El señor WALKER (don Ignacio).- El que nos ocupa es el texto que aparece en la cuarta columna del informe comparado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego no interrumpir al señor Senador.
El señor GÓMEZ.- Estoy leyendo el artículo que se refiere, precisamente, a la posibilidad de...
El señor PIZARRO.- No es esa la modificación.
El señor WALKER (don Ignacio).- Hay un artículo nuevo.
El señor GÓMEZ.- Lo sé. Y estoy enterado de cuál es la diferencia a la que ustedes llegaron en ese texto.
Lo que estoy señalando es que la supuesta temporalidad no es tal, porque para que se pueda caducar realmente una licencia se requiere acumular una serie de infracciones que son casi imposibles de cometer.
Por lo tanto, si bien es cierto que no se mantiene la renovación automática, no cabe ninguna duda de que el agregado del término "temporales" no produce ningún cambio respecto de lo que nosotros hemos señalado.
Nuestra propuesta es, y ha sido, que las licencias se mantengan por diez años y que sean temporales y no renovables automáticamente, de modo que el Estado, a través de los mecanismos de que dispone, pueda regular un sistema distinto.
En consecuencia, esta enmienda no agrega absolutamente nada distinto de lo que ya había planteado el Gobierno, excepto una frase que, desde nuestra perspectiva, no genera efectos finales para entender que estas licencias no van a ser renovadas por más de veinte años.
Por esa razón, señor Presidente, nosotros insistiremos en nuestra propuesta de diez años.
El señor TUMA.- Señor Presidente, en esta materia queremos reiterar la posición de los Senadores del PPD en orden a insistir en que, si bien es cierto se dispuso que las licencias son temporales, no podemos acoger un eufemismo que las convierte en indefinidas a través de renovarlas cada 20 años.
En verdad, creemos que no se sincera este debate cuando se dice: "Mire, las licencias son temporales y caducan". ¡No es así! ¡No caducan por el vencimiento del plazo, sino por condiciones que muy difícilmente se van a cumplir!
Entonces, a nuestro juicio, debería reducirse el plazo a diez años y establecerse una opción para que quienes cumplan con la ley -la idea es que las licencias no se renueven automáticamente- estén en condiciones de postular en un nuevo proceso de licitación compitiendo con otros actores. Se trata, por una parte, de otorgar seguridad jurídica por diez años y, por otra, de crear condiciones de competencia, instancia en que el Estado se reserva el derecho de establecer las bases para garantizar la sustentabilidad del recurso hidrobiológico, el incremento del valor agregado en los productos y la sanidad en el manejo de recursos que son de todos los chilenos.
Para nosotros -insisto- es muy, muy importante que este articulo contenga un mecanismo distinto de la renovación automática. Aunque se diga que se deberán cumplir determinadas condiciones para no perder la renovación, sabemos que es muy difícil que ello ocurra.
Por lo tanto, vamos a votar en contra de la disposición propuesta, para que quede claro nuestro punto de vista.
No nos oponemos a los acuerdos; estamos a favor de ellos, pero siempre que permitan garantizar los derechos del Estado y de los chilenos a preservar los recursos en favor de todos.
Buena parte de los Senadores de la Concertación, legítimamente, puede llegar a acuerdo con el Gobierno y con la Derecha para consolidar una iniciativa, que a nosotros no nos gusta. Esa es la verdad. No nos gusta ese acuerdo,...
El señor PROKURICA.- ¡Está bien! ¡Por algo no lo firmaron!
El señor TUMA.- ... ni el proyecto como está planteado. Y por eso vamos a votar en contra.
Sin embargo, presentamos indicaciones, aunque las perdamos, para dejar constancia del modo en que quisiéramos nosotros defender los derechos del Estado y de los chilenos.
--Se aprueba la proposición de las Comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y de Hacienda, unidas, respecto del artículo 26 A (24 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, García, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron la señora Rincón y los señores Bianchi, Gómez y Lagos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el mismo inciso primero del artículo 26 A, la indicación renovada plantea dos situaciones para las cuales se pidió votación separada. Una de ellas es la eliminación de la palabra "renovables", que está después de la expresión "20 años", y la otra es la sustitución del guarismo "20" por "15".
Sus Señorías determinarán en qué orden se votan o si se votan juntas.
El señor PIZARRO.- ¿Sobre cuál indicación?
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Secretario, parece que no había mucha atención. Por favor, reitere la relación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la indicación renovada Nº 19, se sugieren dos cambios en la segunda parte del inciso primero, proposiciones que dos señores Senadores pidieron votar de forma separada. Una es que se elimine la palabra "renovables" y la otra, que se sustituya el guarismo "20" por "15".
Según decidan Sus Señorías, se puede realizar una sola votación o dos.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Hay acuerdo para votar?
Partiríamos por la letra b), en la que se sustituye el guarismo "20" por "15".
El señor TUMA.- Veamos primero la letra a), señor Presidente.
El señor LARRAÍN.- ¡Deben entenderse rechazadas la a) y la b), por lógica!
¡Y la disposición recién aprobada es de quórum especial!
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las normas del artículo 26 A no son de quórum especial, señores Senadores.
El señor NOVOA.- Necesito que me aclare ese punto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente propone votar la sustitución de "20" por "15".
El señor ESCALONA (Presidente).- Perdón, se ha solicitado una precisión reglamentaria.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, acabamos de aprobar un artículo con rango de quórum especial, y lo que se quiere votar ahora es contradictorio con ello.
Entonces, se entiende rechazado. ¡No puede ser de otra forma!
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador Novoa, se votó la proposición de las Comisiones unidas, no el artículo.
El señor NOVOA.- Exactamente. Se votó como norma de quórum calificado. Y ahora se dice que no requiere quórum especial la sustitución de una palabra en esa norma.
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador Novoa, no es exacto lo que señala.
Señor Secretario, precisemos.
El señor NOVOA.- Y no corresponde, además, señor Presidente, porque lo que se está votando ahora es contradictorio con lo que se acaba de aprobar. ¡Es contradictorio!
El señor COLOMA.- Ese es el problema.
El señor ESCALONA (Presidente).- Vamos a precisar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Lo que se votó como norma de quórum calificado, Su Señoría, fue lo que se refería a lo propuesto por las Comisiones unidas en el sentido de eliminar la expresión "pelágicas pequeñas" de una disposición anterior.
En cuanto al punto que nos ocupa, yo nunca he dicho que el artículo 26 A o el 26 B sean de quórum especial, y tampoco se señala eso en los informes de las Comisiones.
El señor NOVOA.- ¡Ah, bueno! Entonces, perdón. Yo entendí que estábamos votando una norma de quórum especial.
Pero el problema es que acabamos de aprobar una disposición, y se pretende poner en votación ahora una cosa contraria. Y eso no creo que corresponda. ¡Así podemos estar hasta mañana!
El señor ESCALONA (Presidente).- Es una indicación renovada, señor Senador.
La Mesa no puede eliminarlas, por propia decisión.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el Senador Novoa tiene toda la razón. La Ley Orgánica Constitucional del Congreso señala que, cuando se produce una votación, todas las normas posteriores o colindantes que sean contrarias a ella se entenderán rechazadas. Por lo tanto, no es necesario votarlas.
Esta indicación renovada contiene aspectos que son contradictorios con lo que acabamos de aprobar. Por coherencia, no podríamos tener votaciones contradictorias. Por eso, habiéndose acogido una disposición, las que sean contrarias a ella se entienden rechazadas. Y espero que así lo declare la Mesa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, la Mesa hace plenamente suyo el criterio de la Secretaría en el sentido de que no cabe entender como sinónimos los conceptos "temporales" y "renovables". Una concesión puede ser temporal y no renovable.
El señor LARRAÍN.- Así es, pero no la letra b), Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Me permito recordarle, Su Señoría, que hace escasos minutos hemos aprobado una enmienda de las Comisiones unidas que incorporó el concepto "temporales". Respecto del concepto "renovables", que es distinto, no ha habido pronunciamiento de la Sala.
El señor LARRAÍN.- ¿Me permite?
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en esa parte usted tiene razón, pero no fue lo que propuso someter a votación. Usted sometió a consideración de la Sala cambiar el guarismo 20 por 15. Y eso ya se votó.
El señor ESCALONA (Presidente).- No, señor Senador.
El señor LARRAÍN.- Usted lo dijo así.
Usted, lamentablemente, fue un paso adelante.
Cuando el Senador Pizarro, quien está de acuerdo con usted en el acuerdo que se suscribió, me preguntó cuál de las dos propuestas se votaba primero: si la de la eliminación del concepto "renovables" o la del cambio del guarismo de 20 por 15, en ese momento respondí que, siguiendo el orden, podíamos pronunciarnos por la letra b), relativa a la sustitución del guarismo. Ella no dice relación con los conceptos "temporales" versus "renovables".
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, lo que quedó claro es que usted sometió a votación el acuerdo de las Comisiones unidas. Entiendo que el señor Secretario lo aclaró. O sea, la propuesta del artículo 26 A, que ya se votó.
Y en trabajo de los órganos técnicos, hubo acuerdo para que en ese precepto se incorporara la palabra "temporales" y se mantuviera la expresión "renovables", como aparece en el comparado.
Eso es lo que discutimos y respecto de lo cual argumentaron los señores Senadores.
Por lo tanto, está aprobado el artículo 26 A,...
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Señor Ministro, me permite?
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- ... que fue lo que usted sometió a votación.
La Sala ya se manifestó sobre el concepto "renovables".
En consecuencia, tal como han manifestado los señores Senadores, la indicación renovada se cae por lo que ya se acogió.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Ministro, quien preside soy yo.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Sí, lo sé.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Presidente de la Corporación es el que interpreta el Reglamento, sobre la base del criterio del señor Secretario, naturalmente.
Ha sido de pública evidencia, y figuraba en la pizarra electrónica, que lo que se sometió a consideración de la Sala fue la indicación de las Comisiones unidas para intercalar el término "temporales" entre las expresiones "licencias" y "se otorgarán".
Respecto del concepto "renovables" la Sala todavía no se pronuncia.
El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente? Es para una cuestión de Reglamento.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, yo quiero acompañar a la Mesa en este impasse de tipo reglamentario.
Se le preguntó al señor Secretario si se votaba primero la indicación renovada o el artículo. En ese momento -lo digo fraternalmente, porque creo que nos estamos haciendo un problema de más- el señor Secretario dijo: "Lo que va primero es la propuesta de las Comisiones unidas y luego, la indicación renovada".
Con ello, entendimos que votamos la propuesta de los órganos técnicos y que después íbamos a tratar la indicación renovada.
¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque, si no lo hiciéramos así, nunca se podrían ver las indicaciones en su mérito.
Ayer planteamos en Comités, apelando a su buena voluntad, que era necesario tener la posibilidad de discutir las indicaciones en las que existía diferencias, aunque no estuviéramos de acuerdo con ellas. Y, en este caso, la controversia radica en si las licencias son renovables o no.
Ello fue parte de la discusión. No llegamos a acuerdo en esa materia con el Gobierno. Nosotros lo aceptamos. Pero ha sido parte de la argumentación que hemos defendido todos, por lo menos desde las bancadas de la Oposición. Yo firmé esas indicaciones renovadas, justamente para que se produjera el debate.
En consecuencia, quiero solicitar algo es muy sencillo -el debate ya lo hemos hecho largamente-: que someta a votación la indicación. Y les pido a los colegas disposición para que podamos avanzar.
Creo que ahí se produjo el malentendido, señor Presidente, y en eso usted tiene razón.
Yo, por lo menos, entendí que primero se votaba el artículo y después, de todas maneras, se veía la indicación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, el Secretario fue sumamente claro en señalar que lo que se sometía a votación era la proposición de las Comisiones unidas, no la indicación renovada. Por eso fue factible intercalar el concepto "temporales".
Ahora, en consecuencia, corresponde asumir la propuesta de votación separada respecto de la indicación renovada, para decidir si se mantiene o no en el texto el concepto "renovables".
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, no quiero hacer cuestión de lo que usted está decidiendo.
Solamente quiero recordar -nada más que para dejar constancia- que, aun a riesgo de ser majadero, cuando pedí la palabra por razones reglamentarias para preguntar qué es lo que estábamos votando, se dijo: "Primero el artículo, después las indicaciones". De hecho, el señor Secretario en ese momento leyó el artículo pertinente del Reglamento en que se estipula ese orden.
Lo señalo solo como una constancia. No deseo hacer cuestión de lo que decide la Mesa.
Así fue la pregunta, esa fue respuesta.
No quiero hacer problemas.
Hay dos visiones enteramente distintas con relación al tema.
Ya se votó la inclusión del concepto "temporales". Ahora procede la votación sobre la eliminación del término "renovables", pues no hubo acuerdo en votar primero el cambio del guarismo de 20 por 15.
El señor NOVOA.- ¡Eso ya está votado, señor Presidente!
La intercalación de la expresión "temporales" que aparece en la indicación no se votó, porque eso ya está incluido en el artículo ya aprobado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Lo relativo al término "temporales" se aprobó.
Señor Secretario, precise lo que vamos a votar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Dentro de la indicación renovada hay dos proposiciones que se refieren al inciso primero del artículo 26 A. Una es que se elimine la palabra "renovables" y la otra, que se sustituya el guarismo 20 por 15 (se refiere al número de años).
La Mesa decide cuál de las dos pone en votación primero.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Votemos las dos juntas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, haremos una sola votación.
Pido que se voten separadamente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, seguiremos el orden en que aparecen en la indicación renovada.
Nos hemos pronunciado sobre el concepto "temporales". Ahora hay que hacerlo respecto de la expresión "renovables".
En votación la propuesta de eliminar la palabras "renovables" del inciso primero del artículo 26 A.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo con la eliminación votan que sí; los que estén en desacuerdo votan que no, sin perjuicio de las abstenciones.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, sé que a algunos les molesta que uno insista en el punto, pero les pido a mis colegas que usemos el máximo de respeto en nuestras diferencias.
Quiero expresar, una vez más en el Senado, por qué presentamos esta indicación.
Acordado que las licencias son temporales -este tema ya estaba consensuado por nosotros-, algunos pedíamos que se eliminara en esta parte de la discusión la palabra "renovables". ¿Por qué? Porque creemos que, por esencia, las licencias deben tener un acotamiento en el tiempo, y que, tal cual está descrita la figura jurídica, su renovación automática las transforma, como decía el Senador Lagos, en algo ad aeternum. Y, por tanto, el día de mañana se podría alegar que el fraccionamiento futuro no puede cambiarse, al igual que este acuerdo que hoy se transforma en ley será para siempre en el caso de los industriales hacia delante.
¿Cuál es el problema? Que con ello resulta imposible mejorar la cuota de los pescadores artesanales.
Por eso personalmente -hablo solo por mí- estimo tan importante sacar de donde está la palabra "renovables" y dejarla ubicada en otra parte de la disposición. Fue algo que pedí, y es una de las razones por las cuales yo no suscribí el acuerdo.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, era para referirme a un aspecto que ya se votó.
En todo caso, quiero decir que mis colegas saben que no soy partidario del plazo de 20 años. Pensé que eso era lo que se estaba votando cuando me pronuncié en contra del artículo. Hubo mucha quisquillosidad y se me dijo que estaba actuando al revés de los cristianos; pero entiendo -y quiero pedir que se me ratifique si es correcto- que la primera votación se refería al artículo. De ser así, entonces, tendría razón.
Lo que se está votando ahora es la palabra "renovables" y luego lo de los 20 años, específicamente.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, algunos colegas tienden a repetir los argumentos, según me lo han comentado de manera simpática e informal.
Lo que pasa es que la futura ley contiene materias muy centrales. Y ahora me encuentro en el mismo dilema de Richard Burton cuando pretendía casarse por tercera vez con Elizabeth Taylor. Sabía lo que tenía que hacer, pero no cómo llevarlo a cabo, para que pareciera diferente de las dos primeras.
Es el mismo desafío que tenemos acá: volver a explicar por qué lo de la renovación de las licencias es importante. Algo ya señaló la Senadora señora Rincón. Si se mantiene el término "renovables", no va a faltar quien interprete que lo que debe renovarse no es la autorización de pesca, que es indefinida, sino la licencia. Y esto hay que concatenarlo con el artículo 26 B, que es muy taxativo. Dice textualmente que "...se asignarán según la legislación vigente". ¡Se asignarán! No hay alternativa, salvo que el solicitante haya incurrido en una causal de cesación gravísima.
De ahí que la indicación que hemos patrocinado algunos Senadores persigue, entre otras cosas, eliminar el término "renovables" y apoyar que las licencias sean temporales, junto con establecer una reducción de la cuota.
El señor GÓMEZ.- No voy a redundar en los argumentos, porque no quiero aparecer como reiterativo.
Lo que sí quiero decir a la Senadora señora Rincón es que no se sienta sola, pues somos varios los que votamos igual que ella.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Me podría reemplazar en la testera el Honorable señor Gómez para yo hacer uso de la palabra?
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Gómez.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, como muchos colegas ya lo han hecho en este debate en un sentido o en otro, quiero simplemente dejar consignada mi opinión.
Lo que se está proponiendo con la indicación, independientemente de que ella vaya a ser rechazada, es un criterio elemental. Porque la exigencia para la renovación es el simple cumplimiento de la ley. O sea, se pide que las personas naturales y jurídicas -en este caso, las empresas- tengan la posibilidad de contar con otros 20 años, y otros 20, y así sucesivamente, siempre que cumplan sus deberes laborales y sus obligaciones tributarias; es decir, las exigencias que el Estado pide a todo chileno. Por ende, es de suyo evidente que los requisitos para conseguir la renovación de las licencias están claramente preestablecidos.
En consecuencia, desde el punto de vista legal, aquí se confecciona un traje a la medida para los controladores monopólicos de este sector productivo del país.
Cuando a las personas se les pide el cumplimiento de la ley para renovarles una licencia de estas características, en el fondo no se les está colocando condición alguna. Ese es el profundo defecto constitucional y legal que presenta la construcción, que hoy, lamentablemente, va a sancionar el Congreso Nacional.
A un modesto dueño de kiosco, le cierran su pequeña propiedad por haber contraído una reducida deuda al no pagar a la municipalidad el costo de su patente. Pero al gran operador industrial, al que opera sobre la base de decenas o centenares de millones de dólares -este es un negocio enorme y gigantesco-, simplemente se le solicita cumplir con una obligación elemental, como es respetar la ley. Hecho eso, se le renovará su licencia.
¿Qué otro concepto puede haber en relación con esta decisión sino el de un oligopolio legal, un traje hecho a la medida para que los mismos controladores se puedan reproducir perpetuamente en el control de este sector productivo del país?
--Se rechaza la eliminación de la palabra "renovables" en el inciso primero del artículo 26 A (21 votos negativos y 10 a favor).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Quintana, Ruiz-Esquide y Tuma.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, habría que votar la letra b de la indicación renovada, por la cual se propone sustituir, en el artículo 26 A, el guarismo "20" por "15".
El señor LARRAÍN.- Eso ya está votado.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, eso ya está resuelto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, para mí el ministro de fe es el señor Secretario.
El señor NOVOA.- ¡Votemos, no más!
El señor ESCALONA (Presidente).- Se solicitó votar la indicación en conjunto y no hubo acuerdo para ello.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, creo que la modificación al artículo 26 A es la prueba de la blancura.
El país será testigo, en este momento, de quiénes están por los 20 años y quiénes por menos de ese tiempo.
Varios colegas dijeron que se llegó a un acuerdo, porque no había otra opción que los 20 años. Pero aquí está la alternativa: 15 años.
Entonces, es bueno que esta no se vea como una simple votación. No, señor Presidente.
Hemos señalado insistentemente que pedimos 10 años, para revisar cómo ha operado la industria. No lo logramos. Pero ahora podemos aprobar 15.
Por lo tanto, lo que hoy el país va a presenciar en esta votación es quiénes quieren que la industria tenga licencias por 20 por años y quiénes están por 15.
¡Yo quiero 15 años!
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, considero bueno hacer una pequeña historia del proyecto.
Cuando ingresó establecía un plazo indefinido. Después, en posteriores conversaciones en la Cámara de Diputados, se habló de 25 años.
Ahora, quienes negociaron el referido acuerdo lograron 20 años en forma temporal.
Nosotros éramos partidarios de dar un plazo de 10 años -lo he señalado en varias de mis intervenciones-, por entender que ese tiempo era suficiente para evaluar si el sistema había funcionado bien o mal.
No cabe la menor duda de que la administración pesquera no funcionó bien, porque ya no hay peces.
Pero aun así, quienes han querido mejorar, supuestamente, la administración pesquera o el negocio de algunos industriales, plantearon primero un plazo indefinido, que después fue cambiado a 25 años y posteriormente a 20.
Lo único que se logrará con ese lapso -ya lo señalé- es asegurar el negocio de unos pocos en perjuicio de la gran mayoría de los chilenos.
Nosotros queríamos 10 años. Porque, al fijarse las cuotas anuales en 2002, creíamos que diez años era un plazo más que suficiente para recuperar inversiones y ver si el sistema había funcionado. Pero falló.
Ahora nos inclinamos por 15 años. Porque si bien que es más que 10, es bastante menor que 20 años, con las condiciones fijadas.
La fuerza de los hechos no lo ha querido así.
Vamos a insistir en 15 años. Porque queremos que el país, por lo menos, sepa que hay Senadores preocupados de los recursos pertenecientes a todos los chilenos.
--Se rechaza la letra b) de la indicación renovada para sustituir en el artículo 26 A, inciso primero, el guarismo 20 por 15 (21 votos contrarios, 10 a favor y una abstención).
Votaron por la negativa las señoras Alvear, Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana, Ruiz-Esquide y Tuma.
Se abstuvo el señor Cantero.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, pido consigne mi voto favorable.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia de la intención del voto de Su Señoría.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Falta todavía votar una última parte de la indicación renovada.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que la norma de la Cámara de Diputados, establece permiso de pesca indefinido.
Tuve una discrepancia con el Secretario -quizás es mi error- en cuanto a cómo se vota.
Entonces, después de la votación de la letra la letra c), debemos pronunciarnos sobre el artículo en su conjunto.
El señor NOVOA.- ¡Ya lo votamos!
El señor LETELIER.- El artículo en su conjunto, no.
El señor COLOMA.- ¡Se votó ayer!
El señor LETELIER.- Pregunté al Secretario, y dijo que la primera votación se refería a lo consignado en la tercera columna del boletín comparado. Ahí se discutía -insisto en el punto- si las licencias eran temporales o renovables. En ningún caso, deseo que sean indefinidas. Que eso quede muy claro.
Quiero que se reitere el procedimiento. Porque no es lo que se votó en general. Tenemos tres informes. Consulté al señor Secretario por el orden en que se ha votado. Manifestó que en la primera votación se votó lo consignado en la tercera columna; en la segunda, si las licencias eran renovables o temporales, y en la tercera los guarismos.
En algún momento hay que votar el texto en su conjunto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La opinión de la Secretaría es la siguiente: esta norma -ya aprobada por la Comisión de Pesca- venía en un artículo que se incorporó al proyecto en las Comisiones unidas. Aparte de las indicaciones renovadas, fue la única proposición hecha.
De aprobarse la sugerencia de las Comisiones unidas, quedaría aprobado el artículo, salvo en aquellas partes en que la indicación renovada lo contradiga. Si no, sería incongruente.
Se pondrá después en votación el artículo. Si se rechazara, ¿también lo sería la proposición de las Comisiones unidas? No tendría lógica.
Es mi opinión, señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se entiende aprobado el artículo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Habría que poner en votación la letra c) de la indicación renovada, mediante la cual se incorpora el siguiente inciso final al artículo 26 A:
"Las licencias de pesca que establece la ley y otorga la autoridad, son autorizaciones temporales para la explotación de los recursos pesqueros, y no constituirán derecho de propiedad alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro.".
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la indicación renovada, en esta parte, simplemente repite lo que la ley N° 19.713 consigna en su artículo 14, relativo al límite máximo de captura.
¿Qué dice literalmente dicha norma?
"Artículo 14.- El establecimiento del límite máximo de captura por armador a que se refiere este título no constituirá derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro.".
En este caso, hablamos de licencias.
Lamento sinceramente que no estemos incorporando esa norma en la iniciativa. Porque terminaremos con una legislación mejorada en muchos aspectos, pero este caso, que es de la esencia, lo obviamos.
Es uno de los puntos adicionales que me llevó a no concurrir al referido acuerdo.
Por eso, votaré a favor de la letra c) de la indicación renovada.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa, que no intervendrá.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Pido abrir la votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha solicitado que se vote.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, esta es una de las materias centrales que tiene que ver con la doctrina que ilumina a cada uno de los que estamos acá respecto a cómo se ejerce soberanía; de quién son los recursos naturales de nuestro país; a quién le pertenece el agua; a quién los peces; a quién el aire.
Con ese mismo predicamento, seguramente a futuro nos dirán que hay que privatizar el aire y otros bienes públicos.
Cuando uno sale fuera de Chile y comenta que aquí el agua constituye propiedad privada, no lo pueden creer. Somos el único lugar del planeta donde dejó de ser un bien nacional de uso público y se privatizaron los derechos de agua. Y acá ello se toma con toda normalidad.
Si uno manifiesta cómo se genera en Chile la propiedad sobre los recursos naturales, lo consideran algo también inédito. En la mayoría de los países los peces le pertenecen a la sociedad en su conjunto.
Y lo anterior tiene que ver con otros temas: con el borde costero, por ejemplo. En nuestro país no existe el libre acceso a las playas. Quienes son dueños ribereños le usurparon a la mayoría ciudadana el derecho de poder transitar por sus propias playas, el borde de río, la orilla de mar.
Aquí hay algunos a quienes no les gusta que los expropien pero que son grandes expropiadores del derecho de todos. ¡Si está muy bien que los chilenos dejen de ser poseedores de derechos...!
Y eso se halla aquí en cuestión.
De ahí que sea un tema de fondo, yo diría casi valórico-: cómo se entiende el rol de cada cual y qué se va a defender.
Y digo que me parece una de las cuestiones centrales porque justamente hoy está emergiendo en el mundo entero una sociedad que quiere recuperar bienes públicos, que no desea que la educación, que la salud, que el agua, que el aire se privaticen.
Por ende, aquí analizamos un asunto, para mí, emblemático, y aparentemente lo vamos a perder. Porque una parte de la Oposición está cometiendo, a mi juicio, un grave error al sumarse, en especial en este punto, a la Derecha. Esta visión es propia de la Derecha, de la concepción neoliberal. No hago un juicio de valor sobre ello, pero no lo considero propio de nuestro pensamiento, de lo que la mayoría ciudadana quiere.
Además, aquí subyace una situación más de fondo.
Cuando se habla de temporalidad de la licencia, de establecerla como propiedad, por último, que su entrega se halle asociada a ciertas situaciones que incentiven el tipo de desarrollo que queremos.
En la mañana planteaba que no tengo ningún problema en aumentar la duración de la licencia a aquellas empresas que le agreguen valor, que manifiesten mayor preocupación por el medio ambiente, por la sustentabilidad. Estimo que debiéramos disponer de criterios diferenciados, a fin de que aquellos que quieran valorizarla, crear proyectos país, generar empleos, aumentar ingresos o producir progreso integral para la nación, puedan obtener licencias por mayor tiempo.
Pero ninguna de esas cosas se menciona con la fuerza requerida.
Señor Presidente, quiero insistir en algo que hoy en la mañana el propio Ministro Longueira expresaba: la inauguración de una empresa elaboradora de Omega 3. Este es uno de los nutrientes más fundamentales del futuro, y va a ser usado, a través de la farmacopea, por millones y millones de habitantes del planeta para disminuir los riesgos de infarto, de cáncer, de accidentes vasculares. Las proteínas de pescado excedentes al fabricar Omega 3 son en la actualidad los mejores aminoácidos, y van a parar a los animales. A futuro, ello supondrá un inmenso negocio, una gran oportunidad para el país.
Pero eso requiere leyes que vayan en el sentido que menciono.
Lamentablemente -insisto-, acá hay algunos que quieren expropiar el derecho de todos los chilenos a ser codueños, a que esto siga siendo un bien nacional de uso público.
En tal sentido, la discusión que nos ocupa es muy relevante, y espero que algún día podamos recuperar nuestro derecho a ser dueños de sus aguas, como sucede en todos los rincones del mundo -será el recurso más escaso del futuro-, y que ello impida que se siga avanzando en esta espiral, porque así como ya han privatizado parte de la educación, de la salud, mañana van a hacer lo mismo con otros bienes públicos -el acceso a las playas, por ejemplo- de nuestra sociedad.
Por eso que la presente discusión es emblemática y la considero uno de los elementos centrales del debate.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, esta parte de la indicación ha cruzado el debate respecto de si la entrega de licencias constituye o no derecho de propiedad.
Y el temor que todos abrigamos -algunos lo han planteado con más claridad que otros- radica en que pueda existir el riesgo de que se entreguen licencias por un plazo determinado, y que al término de este -independiente de su extensión-, aquellos a los que se les acaba o se les caduca planteen que disponen de un derecho de propiedad hacia el futuro.
Esa es la diferencia y el matiz que se ha mantenido durante el debate. Porque nosotros entendemos que mientras dure la licencia -por el plazo de uno, diez, cincuenta años o indefinidamente- es evidente que constituye un derecho. Y así se reconoce en la legislación. Por eso se puede transferir, arrendar, en fin.
De allí que resulte tan importante fijarle un plazo, independiente de los años que sean. Porque la temporalidad significa que tiene un inicio y un término.
Y lo relativo a la renovación no es lo complicado. ¿Por qué no vamos a renovar la licencia de alguien que ha cumplido bien, que ha hecho bien las cosas, que se ha adecuado a todas las normas de la ley vigente, que ha efectuado una pesquería sustentable, que ha desarrollado una industria, que le paga bien a sus trabajadores? ¿Dónde está la dificultad? Porque entiendo que no hay el prejuicio de que aquí lisa y llanamente a la gente se le va a entregar por 5 años y nunca más. Si alguien lo hace bien, ¿por qué no puede seguir haciéndolo?
Y el problema no estriba en que el Estado vaya a remplazar a ese particular, a ese pescador artesanal o semiindustrial o industrial, como quiera que se llame. Porque a mí el Estado no me garantiza, tampoco, que va a ser eficiente en el cuidado de la sustentabilidad de los recursos. Si no, es cosa de ir a ver a los chinos.
El gran inconveniente de la sustentabilidad de los recursos es que hay industrias estatales, en grandes países, que han depredado. No solo en sus territorios; en el mundo entero. ¿Quién me garantiza que el Estado hará una pesquería sustentable?
Entonces, el tema se halla radicado en que no se pueda constituir derecho de propiedad hacia delante una vez caducada la licencia.
Este asunto lo conversamos en Comisiones unidas. Se lo planteamos al Ministro y quedó de analizar el problema, porque nos damos cuenta de que alguien puede pretender que la licencia le otorga un derecho hacia el futuro, si se le caduca o no se le renueva.
Y eso se halla establecido en la ley vigente.
En tal sentido, frente a la situación descrita y formando parte del acuerdo, nosotros decimos que la temporalidad planteada ahí constituye derecho mientras existe la licencia y dentro del plazo de ella, sea cual sea. Pero no puede implicar derechos a futuro, porque aquella termina, caduca.
Ese es el tema presente aquí.
El señor Ministro ha accedido, porque entiende de qué estamos hablando. Sería injusto que aquellos que han obtenido licencias, sabiendo que la ley les da un plazo determinado, pretendieran que fueran indefinidas. Y se adoptó el compromiso de buscar una fórmula legislativa en la Comisión Mixta -porque tendremos esa instancia- que pueda precaver la situación en comento, para que no haya frescos que, una vez caducadas sus licencias, pretendan poseer derecho de propiedad hacia el futuro.
Eso es lo que planteamos. Y si el señor Ministro lo tuviera a bien, podría ratificar lo que conversamos en las Comisiones unidas, a fin de que se entienda que debe ser un asunto que se discuta en la Comisión Mixta, a efectos de buscar una buena alternativa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa
El señor NOVOA.- Señor Presidente, el que nos ocupa es un tema netamente jurídico. Y al contrario de lo que se ha dicho, en materia legal muchas veces lo que abunda daña, porque confunde.
Aquí no cabe la menor duda de que una licencia temporal no puede constituir derecho para asignaciones futuras. Y si en cada ley uno tuviera que poner todo lo que ella no significa, tendríamos normas eternas. Además, sería posible argumentar que como en la ley equis no se dijo "que no significaba tal cosa", se podría interpretar de una manera distinta.
Entonces, yo sería muy cuidadoso cuando se vea este punto. Porque aquí no cabe la menor duda de que el único derecho de propiedad que existe es el derecho sobre la licencia que se otorga. Pero de qué es dueño uno: de una licencia, que durará diez, quince, veinte años, con determinadas características. No se es dueño de nada más que eso.
Entonces, no encuentro pertinente especificar que no es un derecho de propiedad respecto de asignaciones futuras. Tampoco es derecho de propiedad en cuanto a las cuotas: habría que ponerlo. Tampoco, respecto de otras especies: habría que agregarlo. Tampoco, en cuanto a derechos que posean terceros: habría que colocarlo.
Por consiguiente, lo que abunda daña.
Yo creo que está muy claro en la ley que las licencias son temporales, que constituyen un derecho que tiene la persona para ejercer una actividad. Ella no es propietaria de los peces, sino de una licencia. Y esta última solo le da autorización para pescar la cuota que año a año, o cada dos, le fije la autoridad.
Desde ese punto de vista, yo preferiría que esta norma no se aprobara, sin perjuicio del compromiso de que en la Comisión Mixta se busque otra redacción.
Pero sugiero que no pongamos en las leyes lo que las cosas no significan. Porque tendríamos que entrar en enumeraciones eternas. Y cada vez que no incluyamos lo que no signifique alguien va a decir: "Entonces yo puedo hacer esto, porque no dice que no significa".
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, no es atingente al proyecto, pero este asunto del agua me tiene un poquito hasta no sé dónde.
En los cuatro días que llevamos discutiendo este proyecto parece que las cámaras, las luces nos hacen decir muchas cosas.
Yo voy a señalar una sola: en pocas áreas Chile está entre los cinco mejores países del mundo.
En agua potable, existe 100 por ciento de cobertura en concentraciones urbanas, y más del 90 por ciento en los sectores rurales. En alcantarillado, sobre 96 por ciento. Y lo más importante, con la última inversión en la Región Metropolitana llegaremos en nuestro país a un porcentaje de entre 93 y 95 por ciento de aguas servidas tratadas.
Sumados esos tres factores, todos los organismos internacionales -se está elaborando una publicación ahora en la Corporación Andina de Fomento, en el Banco Mundial- sostienen que Chile está clasificado entre los cinco mejores países del mundo en su manejo en este aspecto del agua.
Una cosa es ser dueño del agua, otra cosa es su uso.
Y quiero añadir otra cifra.
La Organización Mundial de la Salud señala que por cada dólar invertido en tratamiento de aguas servidas el país se ahorra 2,5 dólares en salud. Como nosotros hemos destinado sobre 3 mil millones de dólares en los últimos doce años en materia de aguas servidas, el ahorro del país supera los 5 mil millones de dólares. Y por eso en Chile no padecemos ninguna de las pestes grandes ni entéricas presentes en todo el planeta.
Entonces, pido un poco de rigurosidad al decir las cosas. Defendamos nuestros argumentos. Pero no sigamos hablando del agua en un aspecto en que Chile está bien clasificado. Y el Banco Mundial recomienda usar en todas las naciones la fórmula que nuestro país ha utilizado para limpiar sus aguas.
Por eso quería realizar esta intervención, que no tiene que ver con los peces. Podríamos hablar del agua en muchas oportunidades.
El problema del agua es otro. Radica en que nunca hemos modificado el Código de Aguas. Y tenemos que hacerlo. Por eso existen problemas en el norte y en otros lugares. Debemos hacer manejo de cuencas, como han dicho todos los expertos nacionales e internacionales.
Pero manifestar que en materia de agua este país no ha avanzado es un profundo error y significa desconocer lo que está a la vista de todo el mundo.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, el tema que estamos tratando es de vital importancia.
Si uno lo analiza con relación a lo que votamos anteriormente, que se refiere a la alternativa de haber dejado los años de licencia en 15 y no en 20, y unido a la discusión respecto de si existen o no derechos para quienes tienen la licencia o las cuotas de captura, el no establecer ese criterio dará pábulo a que se produzca la discusión jurídica. Hará que los abogados tengamos más trabajo, que esta materia se discuta en los tribunales. Porque finalmente estaremos haciendo algo muy grave.
En la ley Nº 19.713, de 2001, por alguna razón los legisladores de esa época, los que estaban acá, no sé quiénes -por lo menos yo no estaba-, decidieron incorporar el artículo 14, que dispone: "El establecimiento del límite máximo de captura por armador a que se refiere este título no constituirá derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro". Aquí decidieron abundar en la propuesta, precisamente -imagino- para evitar lo que aquí se puede producir.
Yo escuché a un señor Senador decir "Entre diez, quince y veinte da lo mismo". No da lo mismo. Y por varias razones. Pero voy a colocar solo una, la económica. En 20 años, si estimamos que se reciben mil 200 millones de dólares anualmente, son 24 mil millones de dólares los que están sobre la mesa, que se les entregan a determinadas industrias, y esas las van a poder mantener en el futuro.
Por eso, a pesar de que es molesto para algunos que uno lo reitere, para nosotros resulta importante que esto quede en la historia de la ley.
Porque estos son momentos de discusión política.
Nosotros pretendemos ser una coalición de Gobierno, elegir un próximo Presidente o Presidenta, nos asiste la convicción de que somos una alternativa.
Pero en los temas de fondo no tenemos acuerdo. Y esta era una materia de fondo, en que nosotros debíamos mostrarle al país que teníamos la convicción de que sobre esto íbamos a hacer un esfuerzo por que la Ley de Pesca, sus artículos y condiciones, fuera considerada un asunto en el cual esta coalición tenía acuerdo político. Y no lo tenemos. Una parte de la coalición, la Democracia Cristiana, tomó la decisión de llegar a acuerdos con el Gobierno que permiten lo que exactamente, por lo menos desde nuestra perspectiva, no es correcto.
Entonces, es importante dejar claro en la ley lo que se señala en la letra c) e incorporar un inciso final en el artículo 26 A que disponga: "Las licencias de pesca que establece la ley y otorga la autoridad, son autorizaciones temporales para la explotación de los recursos pesqueros, y no constituirán derecho de propiedad alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro".
Porque les estamos entregando 24 mil millones de dólares. Porque, además, les estamos rebajando los impuestos (cuando lleguemos a discutir que hoy pagan 30 millones de dólares, lo más probable es que con la fórmula planteada tributen menos). Porque les estamos permitiendo mantener las cuotas, absolutamente todo.
En consecuencia, me parece que en estos temas debemos manifestar nuestras diferencias, nuestras opiniones, y decirlo con claridad y honestidad: en esta coalición, en esta circunstancia, no tenemos ninguna posibilidad de lograr un acuerdo político, y así queda demostrado en esta votación.
Pudiendo haber sido uno de los elementos centrales de diferenciación de lo que es el futuro en estas materias, no fuimos capaces. Y el Gobierno alcanzó un acuerdo y conseguirá sacar adelante la primera ley que logrará el Ministro Longueira, quien no pudo hacerlo durante 20 años, mientras fue parlamentario, porque los parlamentarios valen bastante poco si no cuentan con el patrocinio del Ejecutivo. Y logró llegar al Gobierno, ser Ministro, y sacará su ley, una mala ley, pero lo conseguirá, y, desgraciadamente, con ayuda de parte de nuestra coalición.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, este proyecto de ley, la nueva Ley de Pesca que se discute, cuenta en lo grueso con tremendo apoyo acá adentro.
Son dos los temas que nos dividen.
En el primer caso, una mayoría está por que no haya precisión respecto a la propiedad de los recursos pesqueros, que forma parte del acuerdo que se ha conformado en este Senado.
Y en segundo lugar, una mayoría de Senadores quiere darle perpetuidad de derechos de pesca a un sector limitado de chilenos.
Esas son las diferencias que tenemos.
La citada norma y la indicación en debate abordan el primer punto sobre el cual discrepamos: la propiedad de los recursos.
Les quiero recordar a algunos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, entre ellos al colega Novoa, que cuando se dice que lo que abunda no daña, claro que daña.
En el año 2001, se aprobó la ley sobre límite máximo de captura -no estoy seguro si el Honorable señor Novoa era Senador en esa fecha; yo hacía acuerdos de libre comercio en esa época-, cuyo artículo 14 señala textualmente "El establecimiento del límite máximo de captura por armador" -la cuota de hoy, la licencia- "a que se refiere este título no constituirá derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro".
El señor NOVOA.- ¡No es lo mismo...!
El señor LAGOS.- ¡Eso dice!
El señor NOVOA.- ¡Una cosa es la cuota, y otra, la licencia!
El señor LAGOS.- ¡No importa, eso dice!
El señor ESCALONA (Presidente).- Por favor, señores Senadores, se ruega no interrumpir a quien hace uso de la palabra.
El señor LAGOS.- Y eso se introdujo acá. ¿Saben por qué? Porque hubo una discusión en esta misma Sala respecto de si constituía o no derecho de propiedad una asignación.
Además, en el debate habido en la Cámara sobre dicha normativa, el otrora Diputado Galilea, hoy Subsecretario de Pesca, que nos acompaña -para no citar a alguno de mi coalición-, anunció en esa oportunidad su voto favorable, porque, entre otras cosas, "no constituye derechos adquiridos".
Eso fue lo que sostuvo el actual Subsecretario de Pesca.
Y acá hay un patrón.
Escuchen lo que voy a decir.
Hace 10 años hubo una discrepancia, porque se dijo que eran derechos adquiridos los que tenían algunos, ya que las cuotas se asignaron en función de lo que habían pescado antes. Entonces, legítimamente, porque eso lo puedo entender desde el punto de vista del dueño, del que está en la actividad pesquera, se expresaba: "Quiero retener lo que tengo, démelo en el tiempo y garantícemelo". Pero un sector se opuso. Y se llegó a la siguiente solución: "Diez años, mi amigo, y al cabo de ese lapso una nueva ley determinará qué ocurre". Ya pasaron esos diez años.
¿Cuál es el patrón ahora? ¿Qué envió el Gobierno? Un proyecto de ley con plazo indefinido. ¡Indefinido!
Hoy día leí -lo dijo el Presidente de la UDI, Diputado Longueira en esa época- que era eso lo que quería, tal como manifestó el colega Bianchi en la Comisión de Pesca. De ahí que la iniciativa fijara un plazo "indefinido", para siempre, no en vida.
El señor LARRAÍN.- Ya lo señaló como diez veces, señor Senador.
El señor LAGOS.- Así es, Su Señoría.
Después, producto de la discusión acá, se bajó a 25 años, y ahora estamos en 20 años.
Segundo patrón: "renovable".
Yo no me opongo a que la gente que tiene un permiso lo pueda renovar después. Pero sí me opongo a que no se permita a otros competir por ese espacio. Y eso hace la norma en debate, que se encadena con el artículo siguiente, es decir, "Si usted cumple con la ley -como dijo el Senador Escalona-, le van a dar de nuevo 20 años, y si continúa portándose bien, otros 20".
El problema es que puede haber otros que deseen participar del negocio y, tal vez, hacerlo mejor. Se lo digo al colega Walker, por su intermedio, señor Presidente.
Escuché a un Senador acá expresar: "Es que si lo han hecho bien, por qué no pueden seguir en la actividad". Pregunta para la tele: ¿lo habrán hecho bien en estos diez años si ya no quedan ni recursos pesqueros como para renovarles las autorizaciones ahora por 20 años?
Entonces, de acuerdo a la lógica del Senador Pizarro que dijo -me parece que fue él-: "Si lo hacen bien, que sigan haciéndolo". Sin embargo, yo creo lo contrario, pues.
Por eso me rebelo ante los 20 años y, sobre todo -eso pasa cuando uno no marca la diferencia-, a que sea para siempre. Eso es lo que echa a perder el diálogo acá adentro. Porque ¿qué significa para siempre? Significa no entender lo que ocurre afuera. Ya no están las cosas para hacerlas como antes. Nos están mirando, evaluando. Todos hemos sentido la presión de todas partes, porque nos están viendo.
Entonces, no me parece justo que, para llegar a un acuerdo, se acepte que es para siempre. Porque podríamos haber hecho lo mismo que hace diez años: "Te doy los 15 años o 20 años, tenemos una mejor legislación, introducimos las cuotas gradualmente,...
El señor ESCALONA (Presidente).- Dispone de un minuto adicional, señor Senador.
El señor LAGOS.- ... y una nueva ley en 15 años más determinará que pasa".
Pero no veo la necesidad de que, por una mayoría en este Senado, que básicamente va de aquí para allá, se haya manifestado: "Saben que más, esto lo dirimimos hoy", cuando no fuimos capaces de solucionarlo el 2001.
Lo encuentro lamentable, señor Presidente.
Por eso espero que, como todavía hay diálogo, haya capacidad para reponer esto. Porque así como era indefinido y estamos en 20 años, perfectamente podemos llegar a un acuerdo distinto.
No quiero matar la industria. No se trata de eso, sino de mejorarla. Pero lo ocurrido, a mi juicio, es inentendible para afuera.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en verdad me motivé a fundamentar el voto por la intervención de un Senador que, lamentablemente no se encuentra en la Sala: el señor Girardi, quien ha vuelto a reiterar que por esta vía se está privatizando el mar.
Al respecto, debo señalar que ese es un error conceptual demasiado grave para cualquier persona, pero es más grave que lo reitere un Senador, porque nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico tienen el problema resuelto: son bienes nacionales, son de dominio de la nación, todo lo que corresponde al mar adyacente.
Lo dice la Constitución, expresamente en el artículo 19, número 23º, y nuestro ordenamiento jurídico. Hoy día en la mañana manifesté que en el Código Civil, Libro Segundo, Título III, DE LOS BIENES NACIONALES, se dice que "Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda.". Y describe y regula cada uno de tales aspectos, entre otros los del mar adyacente, estipulando que todo lo que se encuentra ahí es de ejercicio soberano de Chile, no susceptible de apropiación privada.
Quien insista en confundir a la opinión pública sobre la materia, está causando un daño, pero, además, demostrando que desconoce lo esencial de nuestro ordenamiento jurídico.
Aquí se ha señalado -y lo reitero- que la norma propuesta es confusa, porque está mal redactada. Sin embargo, también es innecesaria, porque resulta evidente que solo puede ser sujeto de derecho de propiedad la autorización de pesca -no los recursos susceptibles de ser utilizados-, mientras se ejerza, pues en ese minuto el pez se convierte en pescado, y, tal cual lo decíamos, sobre él hay derecho de propiedad.
Pero reitero que lo que hay es un derecho de propiedad sobre una autorización de pesca, mientras la ley así lo establezca y en la forma que señale, y se pierde en el caso de no cumplirse con los requisitos estipulados en la normativa. No es cualquier cosa decir: "Tendrá este derecho mientras la ley así lo permita". Así ocurre en general. Todos nuestros derechos se ejercen en la medida en que se respete su funcionamiento en conformidad a la ley.
De manera que no estamos alegando algo extraordinario, pero tampoco es menor. Es de la esencia que el ejercicio de los derechos es así, posible y válido mientras se respete la normativa. Y el problema surge cuando no se respeta la ley, porque se pierde el derecho.
En consecuencia, aquí no estamos hablando de derechos perpetuos ni indefinidos, sino de un derecho de propiedad sobre una cosa incorporal, como la autorización de pesca, que se regula por ley, cuya duración se encuentra establecida por esta y su terminación no produce efectos futuros, porque la ley así lo determinó.
Por lo tanto, el régimen jurídico vigente en Chile, en la Constitución y en las leyes, establece el dominio de la nación, del Estado, y el ejercicio jurisdiccional de la soberanía chilena sobre todo lo que dice relación con el mar adyacente, y, por ende, con los recursos hidrobiológicos o de cualquier otro tipo dentro de esa zona. No es necesario reiterarlo, es una majadería, y conduce a error, porque se hace de manera débil, que no ayuda a la precisión de los derechos que el Estado de Chile tiene, en este caso, sobre el mar adyacente.
En cuanto al derecho de propiedad, puedo señalar que se encuentra claramente regulado. Se sabe exactamente lo que se puede y no se puede hacer al respecto, por lo menos para un estudiante de Derecho. Por eso la norma planteada es equívoca e inconveniente de incorporar en los términos aquí señalados.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, seré muy breve, porque creo que se han dado todos los argumentos.
En primer lugar, debo expresar mi absoluto respaldo a lo manifestado por el Senador Frei. A mi juicio, uno de los grandes legados del Gobierno de Eduardo Frei será el haber tenido el coraje y la valentía de enfrentar un problema, que no era fácil de resolver: permitir el ingreso de capitales para la distribución del agua a través de empresas sanitarias, que tienen distintas modalidades. Ello ha ubicado a Chile -como él señaló- entre los países con mayor cobertura de agua tanto en el mundo urbano como en el rural
Por lo tanto, resulta muy fuerte que quien fue parte de su coalición política; quien respaldó esas medidas y lo apoyó, a la hora undécima esgrima una crítica que es absolutamente infundada, pues no se basa en ningún antecedente empírico.
A mi juicio, esa es una pésima manera de hacer política. Y lo peor es que cuando el Senador Frei quiere contestarle, Su Señoría no se encuentra en la Sala. Entonces, es como un diálogo de sordos.
En segundo término, quiero referirme a algo que dijo el Senador Pizarro, quien seguramente está en negociaciones o en conversaciones en este instante. No lo critico. Pero eso constituye una dificultad, ya que cuando intentamos responder ciertas afirmaciones, el colega que las hizo no se halla presente para oír la otra argumentación.
Yo escuché atentamente sus razonamientos. Creo que él tiene una aprensión del todo equivocada sobre el particular. Y las intervenciones de los Senadores Novoa y Hernán Larraín lo han precisado con exactitud desde el punto de vista legal.
Porque así como hay temas médicos, medioambientales, económicos, hay temas legales que están regulados en la ley o por los principios generales, y en este caso, expresamente por la ley.
Para que exista el derecho a la licencia es necesario que haya un título. Sin título no hay derecho de dominio sobre nada.
El título de dominio puede ser la sucesión por causa de muerte. Por ejemplo, en virtud de la muerte de un pariente, el título que me posibilita recibir esa herencia no es el aire, sino la sucesión por causa de muerte.
Sí hay -como acota el Senador Prokurica- modos de adquirir, que son los que otorgan el título para comprar algo.
La tradición es otro título. Por ejemplo, si yo le transfiero a alguien un bien mueble, le estoy dando un título, que es la compraventa, la cual es un contrato en virtud de un modo de transferir el dominio, y le entrego el dominio.
La prescripción. El transcurso del tiempo me permite adquirir bienes o perder bienes.
En el caso de la licencia, no cabe ninguna duda, desde el punto de vista jurídico -y es un principio general del Derecho que no requiere artículo alguno-, de que si una persona no tiene licencia, ciertamente no tiene dominio sobre la cuota cuya licencia le permite sacar peces, para ponerlo en Castellano.
Por tanto, si se acaba la licencia, se acaba también el dominio que tenía sobre esa licencia. ¡Se acaba!, porque no tiene título. Y en ningún tribunal del mundo occidental, en que existe un Estado de Derecho, le van a poder decir: "Mire, usted sigue siendo dueño de una cuota, pese a no tener título".
Si insiste, le dirán: "¿Pero de qué va a ser dueño?". Y ante la respuesta de que antes tuvo una licencia, le contestarán: "Pero, señor, no la tiene ahora".
¡Cómo va a pretender tener dominio sobre una licencia que expiró!
Por consiguiente, la cuestión está completamente resuelta.
Pero, además, esa norma no solo es innecesaria, sino que contiene un profundo error. Porque en la segunda parte expresa: "y no constituirán derecho de propiedad alguna en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro".
Yo pregunto: si una persona tiene hoy día una licencia y compra -porque son transferibles- parte de la licencia de otra persona, que es una nueva licencia, según esta norma, por el hecho de comprarla no va a tener nunca título sobre ella, y tampoco garantía de que la va a poder utilizar regularmente.
Por lo tanto, a través de la indicación se está matando, definitivamente, la idea de que las licencias puedan transferirse.
¡Inmenso favor a las grandes empresas, que tienen la mayoría de las licencias!
¡Todas esas empresas van a aplaudir esta disposición! Porque dice que si el día de mañana alguien quiere comprarles una licencia transferible, no van a poder vendérsela. Porque, ¿quién va a comprar una licencia, si quiere aumentar la cuota que le otorga la propia, si le dicen que no va a poder venderla?
Señor Presidente, se me termina el tiempo.
Solicito 30 segundos más, para concluir.
Esa norma produce un daño enorme. ¡Cómo no nos damos cuenta!
Aquí hay miembros de la Comisión de Constitución. Podemos tener diferencias, pero los colegas pueden consultarle al respecto a cualquiera de ellos. Y no lo digo porque sepan más que otros. En problemas de salud, por ejemplo, los integrantes de la Comisión de Salud quizás tienen más experiencia y conocimientos que muchos de nosotros.
No creo que haya un miembro de la Comisión de Constitución que sustente una tesis distinta acerca de la interpretación jurídica que acabo de señalar, que no es mía. Es una interpretación transversal del Derecho en la doctrina.
En consecuencia, debemos rechazar la disposición propuesta, ya que favorece a las grandes empresas y perjudica las transferencias y, fundamentalmente, a los trabajadores de aquellas empresas que quieran comprar nuevos derechos para ir creciendo de a poco.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, como democratacristiano, yo creo en el principio del destino universal de los bienes.
Ese es mi principio. Ese es el principio rector que guía nuestra acción como Partido desde hace 70 años en materia de bienes: que los bienes han sido dados para todos y no para unos pocos.
Ese es el principio rector de la tradición católica en cuanto a los bienes.
¿Y cómo se explica la propiedad privada? (perdonen que tenga que hacer esta digresión para el argumento que voy a entregar) Porque es la forma práctica más eficaz, a través de la historia, que se ha discurrido o inventado para dar a los bienes un destino universal.
Tomás de Aquino, invocando la razón práctica y no la razón filosófica, decía que uno cuida más aquello que le pertenece.
Ese es el fundamento de la propiedad privada, pero siempre gravada por un fin social, por una hipoteca social, porque el principio es el destino universal de los bienes.
Aterricemos en esta discusión legislativa, que es lenta, tediosa, pero interesante.
¿Cómo resuelve nuestro orden constitucional esta aparente contradicción entre, por un lado, el destino universal de los bienes, y por otro, la propiedad privada y el rol del mundo privado, del negocio privado, del negocio jurídico privado, como aquí se ha dicho?
¿Cuál es la definición más drástica de nuestra Constitución Política? ¡Por lejos, las minas! Establece que "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de las minas".
¡El Estado es dueño de las minas! ¿Y cómo resuelve en forma práctica, el Estado de Chile, el tema del desarrollo minero? Mediante la concesión minera.
O sea, no es incompatible que el Estado sea dueño de las minas, con que haya una concesión al sector privado para que explote la minería, sin perjuicio de que el propio Estado también lo haga, a través de Codelco (reforma constitucional, nacionalización del cobre, unanimidad del Parlamento). En ese caso, la Gran Minería del cobre reserva directamente una mina.
¡Así resuelve el Estado el tema de la minería!
Segundo ejemplo. Me alegro de lo expresado por el ex Presidente de la República y actual Senador señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En su momento, tomó una decisión histórica.
¡Qué más propio del dominio de un bien nacional de uso público que las aguas!
¿Y qué hizo sobre el punto el Presidente Frei, con lucidez y visión de estadista? Fortaleció el régimen de concesión. Las sanitarias no son dueñas de las aguas. Tienen una concesión. Y él ha dado cifras en los tres órdenes. Chile ostenta ahí récord mundial: en cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
Y cuando uno revisa las cifras de los últimos 15 años desde la dictación de esa ley histórica del ex Presidente, observa que hemos tenido un desarrollo espectacular, con gran protagonismo del sector privado.
Y las aguas son bien nacional de uso público, sin perjuicio de que hay que fortalecer ese estatuto jurídico.
Tercer ejemplo: televisión.
El señor ORPIS.- El espectro radioeléctrico.
El señor WALKER (don Ignacio).- Pero ¡por favor! Hay concesionarias de televisión y de radio.
¿Cuál es el plazo de concesión de los canales de televisión? ¡Veinte años! ¿De qué forma? Renovables -¡pero si lo acabamos de aprobar!- cumpliendo ciertos requisitos.
¡No estamos inventando la rueda en este proyecto!
El señor ORPIS.- Las radios también.
El señor WALKER (don Ignacio).- El Senador Orpis agrega las radios también.
Quinto ejemplo: la infraestructura.
La infraestructura de Chile siempre fue de dominio público (Ministerio de Obras Públicas), desde el Gobierno de Manuel Montt en adelante.
Y así como el Presidente Frei Ruiz-Tagle innovó en materia de aguas, el Presidente Aylwin innovó en materia de infraestructura: con su Ministro de Obras Públicas, Carlos Hurtado, las concesiones.
¡Y cómo se ha desarrollado el país!
Yo siempre hablo -perdónenme- de "las carreteras de la Concertación".
Bueno: ¡es un poquito de chauvinismo!
Inventamos un sistema de concesión para invitar al sector privado a construir puentes, caminos, puertos, aeropuertos. ¿Con qué objeto? Para que el Estado designara y destinara sus recursos a Educación, Salud, Vivienda, Previsión.
¿Está abjurando el Estado de su rol como garante del bien común? No. Entendemos que está ese principio.
El señor ESCALONA (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.
Y lo mismo ocurre en la pesca, señor Presidente. La misma lógica de los 20 años de la Concertación, coalición de Centro-Izquierda de la que formo parte a toda honra.
Artículo 1°: soberanía del Estado; jurisdicción del Estado; el Estado regula y administra la exploración y la explotación. ¿Y cómo lo hace? Invitando en forma práctica al sector privado a participar. Veremos cuánto de cuota, de licitación, de plazos. Todo eso es discutible
Pero el sistema chileno -minería, agua, televisión, radio, infraestructura, pesca- está construido de aquella manera.
Por lo tanto, no existe ninguna contradicción entre lo que estamos haciendo y la doctrina constitucional de nuestro país.
--Se rechaza la indicación renovada N° 17, letra c) (17 votos en contra y 13 a favor).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Uriarte y Walker (don Ignacio).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide y Tuma.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Vamos avanzando, pero quedamos donde mismo...!
Más bien, creo que vamos para atrás.
Tiene la palabra, para plantear una cuestión de Reglamento, el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, esta mañana en las Comisiones unidas se declaró inadmisible una indicación recaída en el artículo 26 A, que establece límites a la concentración de la industria pesquera.
Solicito que el punto se vea en la Sala, pues tengo argumentos a favor de la admisibilidad.
El señor ESCALONA (Presidente).- No me cabe duda de que los argumentos de Su Señoría serán poderosos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta mañana la indicación a que se refiere el Senador señor Muñoz Aburto fue declarada inadmisible en las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda.
La autorización que se dio a dichos órganos comprendía cinco indicaciones.
Entre ellas figuraba la N° 19, que en el número 1 dice: "Ninguna persona natural o jurídica, ni personas vinculadas a ellas en los términos del inciso undécimo del artículo 81 bis, podrá disponer, en aquellas pesquerías declaradas en plena explotación, de derechos de extracción o licencias representativas de éstos, que signifiquen más del 30% del total de la fracción industrial de la cuota global de cada pesquería.".
Esa indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de las Comisiones unidas. Solicitada votación, la inadmisibilidad se aprobó por 6 votos a favor (Senadores señores Horvath, García, García-Huidobro, Orpis, Pérez Varela y Sabag), 2 en contra (Senadores señores Muñoz Aburto y Lagos) y una abstención (Senadora señora Rincón).
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿El Senador señor Muñoz Aburto puede solicitar el pronunciamiento de la Sala, señor Secretario?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Sí, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Antes, si me lo permite el Honorable señor Muñoz Aburto, le daré la palabra al Senador señor Pizarro, quien la pidió para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en cuanto al proyecto de Ley de Presupuestos, en las Partidas que Su Señoría señaló, habíamos establecido plazo para presentar indicaciones hasta las 6 de la tarde.
Hay conversaciones con el Ejecutivo a los efectos de ver si se puede avanzar hacia algunos puntos de acuerdo y establecer un mecanismo de votación.
Al efecto, se nos solicitó ver la factibilidad de ampliar el referido plazo hasta las 21, que entiendo es la hora de término de la sesión que estamos celebrando en este momento. Y entretanto podemos seguir despachando la iniciativa modificatoria de la Ley de Pesca.
Esa es la solicitud que quiero hacer.
--Se aprueba la solicitud, en los términos en que la formuló el Senador señor Pizarro.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Novoa para plantear un punto de Reglamento.
El señor NOVOA.- Deseo saber cuál es la indicación declarada inadmisible en las Comisiones unidas.
Dicen que la que figura en pantalla está incompleta.
¿Nos pueden entregar copia?
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicitaremos copias, porque se trata de una hoja entera.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, la indicación tiene dos puntos.
Ya leí el N° 1.
Mediante el N° 2 se incorpora un artículo transitorio que dice:
"Las personas naturales o jurídicas que a la fecha de publicación de la presente ley tuvieran derechos de extracción derivadas del régimen de límite máximo de captura por armador que superen el porcentaje establecido en el inciso final del artículo 26 A tendrán un plazo de 5 años para ajustarse al nivel máximo de concentración permitido.
"La venta del exceso deberá realizarse en porciones no superiores al 20% de éste, a través de ofertas y subastas públicas que serán informadas en medios de comunicación de alcance nacional.
"La infracción a lo anterior y la subdivisión fraudulenta de entidades con el propósito de burlar el límite de concentración señalado será sancionado como un acto que restringe o entorpece la libre competencia, de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) del artículo 3° y en el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211 de 1973.
"En caso de vencer el plazo sin que el armador respectivo se haya desprendido del exceso, se ajustará su participación al porcentaje respectivo y se licitará el sobrante en forma pública, en porciones que se ajusten a lo señalado en el inciso segundo precedente.".
El señor ESCALONA (Presidente).- Conocida la indicación declarada inadmisible en las Comisiones unidas, le ofrezco la palabra al Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, para que no haya contradicción entre las normas que se aprueban en esta Corporación, quiero referirme específicamente al número 1 de la indicación, que habla de fijar un límite a la concentración de la industria pesquera.
Quiero recordarles a los Honorables colegas que la ley N° 20.434 modificó la Ley General de Pesca en materia de acuicultura.
En su segundo informe, la Comisión de Pesca (boletín 6365-21) aprobó una indicación de mi autoría que preceptuaba: "No se podrá otorgar a una misma persona natural o jurídica, ni a personas vinculadas a ella, en los términos del inciso undécimo del artículo 81 bis, concesiones de acuicultura que representen más del 20 por ciento del total de la superficie concesionada de una región.".
¿Quiénes integraban esa Comisión? Los Honorables Senadores señores Ávila, Bianchi, Escalona y Horvath.
Esa indicación fue objeto posteriormente de una nueva redacción y quedó de esta manera: "Artículo 75 bis.- Ninguna persona natural o jurídica ni personas vinculadas a ella, en los términos del inciso decimoprimero del artículo 81 bis, podrá solicitar concesiones de acuicultura que representen más del 20 por ciento del total de la superficie concesible de una región," -el cambio de "concesionada" por "concesible" emanó de una propuesta del Senador Horvath, "con el objeto" (según expresó) "de que se limite la concentración de la propiedad en lo futuro según las áreas apropiadas y lo que se defina en la zonificación, es decir, en las nuevas concesiones que se entreguen"- "entendiendo por tal las áreas apropiadas para la acuicultura descontada la superficie ya otorgada en concesión o destinación, la que haya sido objeto de una declaración oficial para una finalidad distinta de la acuicultura y las distancias entre centros de cultivos exigidas por los reglamentos a que se refieren los artículos 86 y 87.".
Por tanto, si, en materia de acuicultura, en la misma Ley de Pesca se permite limitar la concentración de la propiedad, igual razón existe para que se aplique la limitación de la concentración de la industria pesquera de acuerdo a lo señalado en el número 1 de la indicación formulada ahora.
Por eso yo sostengo que la indicación N° 19 es absolutamente admisible.
El señor ESCALONA (Presidente).- No solo es admisible, Senador.
Desgraciadamente, no puedo abundar en su mérito.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, los argumentos que acaba de señalar el Senador Muñoz Aburto no se entregaron en su oportunidad.
De todas maneras, antes de pronunciarme sobre la admisibilidad, debo expresar que, a mi entender, la idea de fondo en el sentido de evitar una concentración por sobre el 30 por ciento es positiva. De hecho, ello tendría que aplicarse a otras áreas, como la de la energía,...
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- La de las radios.
El señor HORVATH.- ... la de las radios, etcétera.
Si uno revisa la indicación completa observa que hay un efecto inmediato sobre quienes tienen más que el porcentaje citado. Por lo tanto, esas personas deberían entrar en un sistema de subasta para llegar al 30 por ciento.
Ahora, aquí hay puntos en los cuales se irrogan gastos para el Estado. "La venta del exceso deberá realizarse en porciones no superiores al 20 por ciento de este" -desde luego, son mecanismos que deberá elaborar el propio Estado; pero ahí se verá- "a través de ofertas y subastas públicas que serán informadas en medios de comunicación de alcance nacional".
¿Quién va a financiar eso?
Estoy de acuerdo con el fondo, pero no podemos soslayar que entra por un lado en lo concerniente a gasto público y por otro en lo relativo a administración del Estado.
En todo caso, prefiero que el Presidente de las Comisiones unidas complemente el pronunciamiento que emitió en dicho órgano.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero recordar que, de acuerdo con el artículo 24 de nuestra Constitución Política, "El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.".
La indicación en comento, a mi entender -y fue la opinión mayoritaria de quienes integramos las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda-, establece normas de administración pesquera, lo que es, sin duda, administración del Estado. Si estamos diciendo que los recursos hidrobiológicos pertenecen al Estado, las normas sobre administración pesquera son, por supuesto, administración del Estado.
Entonces, expresar que el límite máximo de cuota global de cada pesquería no podrá superar el 30 por ciento -es lo que hace el inciso final que se sugiere incorporar al artículo 26 A-, en mi concepto -y (repito) es la opinión mayoritaria de quienes integramos las Comisiones unidas-, es administración del Estado, no administración financiera.
En el inciso primero del artículo transitorio que se plantea se habla de que quienes estén por sobre dicho 30 por ciento "tendrán un plazo de 5 años para ajustarse al nivel máximo de concentración permitido".
¿Por qué 5 años? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 2?
Eso es administración del Estado.
Establecer un plazo (repito que debería ser por indicación del Ejecutivo) para ajustarse a ese nivel máximo de concentración es también una materia propia de administración del Estado.
Y qué decir del inciso segundo del referido artículo transitorio, que señala que "La venta del exceso" -ya se está ordenando vender- "deberá realizarse en porciones no superiores al 20 por ciento de éste," (administración del Estado) "a través de ofertas y subastas públicas que serán informadas en medios de comunicación de alcance nacional.".
Ahora, no se establece quién deberá realizar la subasta. ¿Tendrá que hacerla directamente el industrial afectado? ¿Deberá efectuarla el Estado? Porque, si la hace el Estado, son gastos que, obviamente, solo pueden disponerse mediante indicación del Ejecutivo.
Por último, señor Presidente, el inciso final del artículo transitorio sugerido dice: "En caso de vencer el plazo sin que el armador respectivo se haya desprendido del exceso, se ajustará su participación al porcentaje respectivo y se licitará el sobrante en forma pública, en porciones que se ajusten a lo señalado en el inciso segundo precedente.".
En mi opinión -reitero-, todas estas son normas de administración del Estado, la que solo le corresponde al Presidente de la República, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional.
Todo esto se puede hacer, pero vía indicación del Ejecutivo.
Tales son, señor Presidente, los argumentos que tuvo la Presidencia de las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda -funcionó esta mañana- para declarar inadmisible la indicación número 19.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, hay una máxima que no podemos romper: donde existe una situación igual no puede haber una decisión distinta.
Porque puede tener razón el Presidente de las Comisiones unidas en que es factible que alguna propuesta contenida en el artículo pertinente incida en las atribuciones del Presidente de la República. Pero está clara la admisibilidad, por lo que expresó el propio Senador Horvath, quien votó a favor la vez anterior y ahora casi se pronunció en contra.
Entonces, pareciera ser claro que la indicación no es inadmisible, por varias razones.
Primero, según lo que dijimos en las Comisiones unidas en su momento, no se le impone una obligación al Ejecutivo; tampoco se le otorga una facultad ni se le dan órdenes. Estamos hablando del establecimiento de un sistema para entregarles licencias, concesiones y cuotas pesqueras a los privados.
El Presidente de la República tiene miles de facultades en la Constitución del 80. ¿Y nosotros vamos a cercenarnos las pocas que tenemos, como la de establecer criterios por ley?
Puede haber mayorías o minorías, como ha ocurrido aquí, pero eso no significa que un Senador no tenga la posibilidad de decir: "Respecto de esta materia, usted debe cumplir con tales y tales características".
De ninguna manera se está entregando aquí una atribución, ni imponiendo una obligación o decisión respecto de las facultades del Primer Mandatario. Lo que se expresa es que deben cumplirse ciertos propósitos, que perfectamente puede fijar la ley.
Creo que se equivocaron las Comisiones unidas en su votación.
Me parece que lo que se debe hacer es votar la disposición. Dependerá de cada uno estar a favor o en contra.
El señor PROKURICA.- No hay inconveniente.
El señor GÓMEZ.- Pero no puede ser inadmisible si se declaró admisible y se votó -imagino que ya será ley, según lo que se mencionó acuciosamente- una indicación idéntica presentada un tiempo atrás en la misma Comisión por el Senador señor Muñoz Aburto.
En consecuencia, señor Presidente, creo que la indicación debería declararse admisible y votarse.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, tal como lo manifesté en las Comisiones unidas y se confirmó, creo que los argumentos dados por el Honorable señor García han sido muy claros. Pero quiero agregar otros.
Es tan evidente que se trata de una facultad del Ejecutivo, que, con una indicación como la que nos ocupa, nos exponemos a demandas muy importantes. Precisamente por revestir ese carácter, se licitó, por poner un ejemplo, la pesquería del bacalao.
Deseo recordar que el Estado solo recauda por el sector industrial. No existe ninguna entrada por concepto de los artesanales. Porque, como ya lo señalamos en las Comisiones unidas, las patentes se descuentan y la recaudación es cero en el informe financiero. Únicamente se registra un ingreso a través de la política de administración en el área.
Entonces, las compañías que han licitado el bacalao al sur del paralelo 47 son titulares de derechos constituidos, al haber pagado por ellos al Estado, y de porcentajes de sucesivas licitaciones, ya que para cada año se contempla el 10 por ciento. Por de pronto, nos exponemos a demandas de aquellas que tienen más de un 30 por ciento de esa pesquería. Y hay otras, por cierto.
Independientemente del efecto financiero y de las facultades administrativas, es el Estado el que decide si subasta, cómo subasta, cuánto se termina pagando y los mínimos. Hay toda una forma de administrar los recursos y lo que el sector le paga al Estado, no solo porque es preciso cumplir, obviamente, con el impuesto a la renta y todos los correspondientes a una actividad económica, sino también por la captura que se le está entregando.
Por lo tanto, quiero decirles a quienes argumentan que esta no es una facultad exclusiva del Ejecutivo que nos exponen a demandas. ¡Así de simple! Hay compañías que han pagado y tienen porcentajes de licitaciones. No es llegar y decir: "Usted, que tiene un treinta por ciento, ajústese así". Median contratos con el Estado, que es el que ha dado las condiciones.
Con prescindencia de la pasión manifestada con ocasión de muchas de las materias, pido resguardar, por lo menos, algo esencial y mantener un punto de vista común en relación con lo que le corresponde exclusivamente al Ejecutivo.
En las Comisiones Unidas se presentó una indicación paralela -como el punto fue parte del acuerdo, estaba la del Ejecutivo- para el efecto de solucionar el caso de los crustáceos en la Cuarta Región, lo que se encuentra en una disposición transitoria sobre el fraccionamiento.
Este último es de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario: se transfieren recursos del sector industrial al artesanal. Pero el Fisco recibe solo por el primero. Por eso, he tenido que entregar en el informe financiero el antecedente de cuánto menos va a recaudar el Estado por este concepto.
Las transferencias gratuitas tienen efectos administrativos.
Y, por de pronto, decirle al titular de más del 30 por ciento que perdió esa proporción nos expone a demandas, porque es el Estado el que ha convocado, licitado y entregado derechos por diez años para la extracción en una pesquería incipiente, como es el caso que menciono.
En consecuencia, no solo comparto el criterio aplicado, sino que también solicito formalmente que la Mesa lo ratifique, porque creo que todos debemos ser cuidadosos de compartir y defender normas más que evidentes y claras.
Pido, por favor, que no involucremos estas decisiones en el conflicto o la pasión registrados con motivo de la discusión de la iniciativa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Quisiera aclararle al señor Ministro que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en su artículo 25, inciso quinto, dispone lo siguiente:
"La cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de indicaciones resuelta en comisiones no obsta a la facultad de la Sala de la Cámara respectiva para hacer la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad de tales indicaciones.".
Si le parece a la Sala, se colocará en votación la admisibilidad de la indicación.
El señor GÓMEZ.- Que se toquen los timbres, señor Presidente.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa para una cuestión de Reglamento.
El señor NOVOA.- Más que eso, señor Presidente, pido una información.
La declaración de inadmisibilidad dice relación con dos números. ¿Vamos a votar respecto de ambos o solo del primero?
El señor WALKER (don Ignacio).- De ambos.
El señor WALKER (don Patricio).- De los dos.
El señor NOVOA.- En ese caso, quiero dar un argumento adicional.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, si leemos la segunda parte de la indicación, observaremos que se establecen obligaciones en orden a que la Administración debe licitar bajo ciertas condiciones. Evidentemente, ello se incluye en la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En consecuencia, existe una razón más para la inadmisibilidad al considerarse el conjunto, que es lo lógico. Porque la primera parte origina efectos transitorios que están incluidos en la segunda y, para poder solucionarlos, es preciso establecer que la Administración tiene que realizar una cantidad de actos.
A mi juicio, no se contempla una facultad parlamentaria para establecer esas normas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, como lo expresé con anterioridad, un viejo adagio jurídico dice que "donde existe la misma razón debe existir la misma disposición". Expliqué, con bastante fundamento, lo que ocurrió con motivo de haber sido modificada la Ley de Pesca en lo relativo a la acuicultura y aprobarse una indicación en cuanto al límite de concentración.
No voy a repetir esos argumentos. Los mantengo y votaré a favor de la admisibilidad.
Sin embargo, sí quiero referirme a algunas afirmaciones que no son efectivas.
¿Qué tiene que ver la Administración del Estado con la subasta? Esta última es financiada por los particulares, no por el Estado.
¿O no se ha estudiado bien el proyecto? ¡Porque aquí, cuando se comete algún error, se afirma que el texto no se ha leído!
Los que participan son los privados. Se llama a subasta pública, sí, para que, supuestamente, no haya arreglines entre ellos, para que haya transparencia en el proceso. Pero el Estado no interviene en el mecanismo señalado en la indicación.
Por eso, no observo dónde está la inadmisibilidad, sinceramente, ya que no media ninguna intervención -reitero- de este último.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para aclarar cómo se hará la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las Comisiones unidas consideraron la indicación número 19 como un todo, declarándola inadmisible en una determinada votación.
Lo que corresponde, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional, es votar la admisibilidad pedida por su autor.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Y votar a favor significa...?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Votar que sí es votar a favor de la admisibilidad. Votar que no es votar en contra de la admisibilidad.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero fundamentar ojalá con la menor pasión posible y, especialmente, intentar persuadir a mi Honorable colega Gómez. Su Señoría fue Ministro de Justicia y me tocó muchas veces apoyarlo cuando pedía la inadmisibilidad de disposiciones y hacer un conjunto de otras maniobras para aprobar proyectos en un día, como le consta. Por lo tanto, no necesito demostrarle que, lejos de mantener algún tipo de rivalidad, tiendo a una coincidencia.
Este caso es de los pocos que conozco en que la inadmisibilidad de una norma es tan clara y categórica.
También me interesa desvirtuar el ejemplo que se ha dado y aclarar lo que ocurrió en el caso de las concesiones de acuicultura. Porque se ha argumentado que en la Ley de Pesca se habría establecido que solo se podía tener un porcentaje de las que han sido otorgadas. Y la verdad es que eso no es así.
El artículo 75 bis de esa normativa señala: "Ninguna persona natural o jurídica, ni personas vinculadas a ella en los términos del inciso undécimo del artículo 81 bis, podrá solicitar concesiones de acuicultura que representen más del 20% del total de la superficie concesible de una región, entendiendo por tal las áreas apropiadas para la acuicultura descontada la superficie ya otorgada en concesión o destinación", etcétera.
La disposición se refiere a lo que no está otorgado en concesión. Pero la indicación de mi distinguido colega Muñoz Aburto pretende afectar aquello ya concesionado, lo que es totalmente distinto de la situación de la acuicultura.
Además, para demostrar que el asunto corresponde a la Administración del Estado, cabe recordar que esa norma fue patrocinada por la Presidenta Bachelet precisamente para permitir que fuera constitucional en una realidad completamente distinta. Uno, fue patrocinada -repito- por el Gobierno, y dos, se refiere a qué se va a hacer con las futuras concesiones, no con las que se tienen.
Y el artículo 24 de la Constitución es absolutamente categórico: "El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado".
Le reconozco mucho mérito al Senador señor Muñoz Aburto, pero no es el Presidente de la República. Y la indicación solo puede ser presentada por este último.
Quiero, antes de terminar, aportar otro argumento. Recuerdo que, al debatirse un proyecto de Ley de Presupuestos, parlamentarios de mi coalición política intentaban aprobar una serie de glosas que eran inconstitucionales. Y algunos de nosotros tuvimos fuertes controversias con nuestro propio sector, porque considerábamos que había algo que estaba por encima de la legítima pasión política, que era respetar las reglas del juego que establecen la Constitución y la ley, sobre las cuales descansa un Estado de Derecho.
Por eso, les hago presente a los parlamentarios que, más allá de que este sea un legítimo anhelo que ellos podrán plantear en el momento que corresponda, no pueden concretarlo sin el patrocinio del Gobierno. Porque esta norma, claramente, solo puede proceder si media ese requisito.
Además, significa, en el hecho, un acto expropiatorio respecto de aquellas personas que libremente se ganaron una concesión. Y quiero saber quién va a responder, si una disposición así se aprobara, ante las demandas que le van a tocar al Estado por quienes digan: "El Estado me otorgó una concesión por un porcentaje determinado y, no obstante haber hecho las inversiones necesarias y haber llevado adelante el negocio, se me dice de la noche a la mañana que me quitan mi dominio sobre ella". Esto último carácter ha sido reconocido por todos. En Chile, la situación descrita significa que hay que indemnizar.
Estamos hablando de una controversia jurídica que va a paralizar el sector pesquero, porque va a generar un conflicto enorme, y además, un daño a los propios trabajadores, porque la inestabilidad de esas empresas va a ser muy grande. Lo primero que van a hacer es reducir personal, porque, si no saben si van a poder el día de mañana contar con la certeza de la concesión, disminuirán su producción.
En consecuencia, esta norma es, a mi juicio, completa y absolutamente inconstitucional, por las razones que he señalado.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, le quiero contestar cariñosamente a mi amigo el Senador Espina.
Aquí hay una indicación que tiene un punto 1 y un punto 2. Este último dice que las personas, naturales o jurídicas, "tendrán un plazo de 5 años para ajustarse al nivel máximo de concentración permitido", situación en la que concuerdo en que se trata de concesiones ya entregadas. Pero, en el punto 1 se hace referencia al futuro: "Ninguna persona natural o jurídica, ni personas vinculadas a ellas en los términos del inciso undécimo del artículo 81 bis, podrá disponer, en aquéllas pesquerías declaradas en plena explotación, de derechos de extracción o licencias representativas de éstos, que signifiquen más del 30% del total de la fracción industrial de la cuota global de cada pesquería".
¡Ojo! Estamos hablando del artículo 26 A de una nueva ley en virtud de la cual se darán en el futuro determinadas situaciones. Y, en la forma en que ello está planteado, se señala un porcentaje. No se están afectando derechos, porque no se supone que son automáticos, sino que se van a entregar.
Por lo tanto, creo que el número 1 no es inadmisible. Por eso expresaba, con motivo de la intervención del señor Presidente de las Comisiones unidas, que hay normas probablemente inadmisibles, pero que aquí se está votando respecto de una situación en general. No se trata de facultades que no tengan los parlamentarios en cuanto a fijar este tipo de cuotas, porque no se obliga de ninguna manera, ni económicamente ni desde el punto de vista de la Administración.
Además, esta misma indicación fue aprobada de la forma que estoy señalando: hacia el futuro, no hacia atrás. Y esa es la parte que considero admisible.
El señor NOVOA.- Seré muy breve, señor Presidente.
Al exponer que la indicación le establecía obligaciones a la Administración, me refería al inciso final, que dice que "En caso de vencer el plazo sin que el armador respectivo se haya desprendido del exceso, se ajustará su participación al porcentaje respectivo y se licitará el sobrante en forma pública", etcétera.
¿Quién licita? Licita la Administración. No puede hacerlo cualquier persona.
Por lo tanto, ese es el punto.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Senador señor Horvath también se ha incorporado a los fundamentadores de voto.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, es solo para precisar que lo propuesto por el Senador Pedro Muñoz, en lo que a acuicultura se refiere, busca evitar la concentración a futuro, pero no en forma retroactiva.
El señor ESCALONA (Presidente).- Pero fue de iniciativa parlamentaria, en todo caso, señor Senador.
El señor ESPINA.- ¡Fue una indicación de la Presidenta Bachelet!
El señor ESCALONA (Presidente).- No. Fue iniciativa parlamentaria.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Pido que se vote separadamente la indicación, señor Presidente.
El señor PÉREZ VARELA.- No.
El señor WALKER (don Ignacio).- No.
El señor GÓMEZ.- ¡La nueva mayoría lo impide, señor Presidente...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Lo consulto formalmente de nuevo, más allá de las bromas: ¿Hay acuerdo para acceder a la solicitud del Senador Muñoz Aburto para separar la votación respecto de los puntos 1 y 2 de la indicación?
El señor NOVOA.- No, señor Presidente.
--Se rechaza la admisibilidad de la indicación N° 19 (17 votos en contra, 6 a favor, 1 abstención y 2 pareos).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Quintana y Tuma.
No votaron, por estar pareados, los señores Letelier y Escalona.
El señor ESCALONA (Presidente).- Debo informar a la Sala que el Senador señor Coloma me solicitó un pareo. Sin embargo, a la Secretaría se le informó que comenzaba a regir después de la votación del artículo 26. Por eso se contabilizó mi voto en una primera instancia.
En todo caso, dado que el Senador Coloma no está presente, ya pedí al señor Secretario que en esta votación me consignara pareado.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, solamente quiero dejar una constancia.
Esta indicación, de haber sido declarada admisible, era de aquellas disposiciones que requerirían quórum calificado, de acuerdo con las normas constitucionales. Por tanto, no cabía la menor duda de que igual no habría sido posible aprobarla, pues no cuenta con dicho quórum en la Sala.
Yo insistí en declarar la inadmisibilidad por un problema más bien de tipo reglamentario y formal.
La indicación -insisto-, por intentar establecer limitaciones o restricciones al acceso de un derecho, precisaba quórum calificado para ser acogida.
Está muy bien realizar el debate, pero no correspondía hacerlo ahora, dado que se había declarado la inadmisibilidad.
Solo eso, señor Presidente.
¡No ganamos por Secretaría...!
El señor GÓMEZ.- Pero coincide en que la primera parte es admisible.
El señor NOVOA.- La primera parte sí.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde ver las proposiciones que las Comisiones unidas formulan en el artículo 26 B.
Las leeré todas para que después se decida cómo se va a proceder, por cuanto también hay indicación renovada sobre la materia.
La primera sugerencia es sustituir el inciso primero por el siguiente: "Antes del vencimiento de las licencias transables de pesca clase A, a solicitud del titular, arrendatario o mero tenedor de las licencias transables de pesca, mediante decreto supremo fundado se asignarán según la legislación vigente, siempre que el solicitante o los titulares previos no hayan incurrido en un lapso de 10 años en uno o más de los siguientes hechos:
"a) Haber sido sancionado con más de cuatro infracciones de las contempladas en los artículos 40 B y 40 C de esta ley, en una misma pesquería, no existiendo por parte del armador recursos administrativos ni judiciales pendientes.
"b) Haber sido sancionado con más de tres caducidades parciales en una misma pesquería, declaradas mediante resolución firme y ejecutoriada.".
En el inciso segundo, se propone reemplazar el guarismo "5" por "10". Las Comisiones unidas dejan constancia de que tal sugerencia fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 2 en contra.
Luego se plantea sustituir el inciso tercero por el siguiente: "El acto administrativo que niegue la solicitud del inciso primero, deberá ser notificado al peticionario por carta certificada. Este último dispondrá de un plazo de 30 días contados desde la fecha del despacho de la notificación, para reclamar de esa resolución ante el Ministro, el que resolverá dentro de igual plazo. Esta última decisión no es susceptible de recurso administrativo alguno.".
Esta proposición también se aprobó con mayoría de 8 votos a favor y 2 en contra.
Después se sugiere suprimir el inciso cuarto, pasando el inciso quinto a ser cuarto. Esto se aprobó con igual mayoría.
Todas las normas del artículo 26 B, a las cuales las Comisiones unidas hicieron referencia, de acuerdo con lo señalado por la Comisión de Pesca en su momento, son de rango de quórum calificado.
Ahora bien, se ha renovado la indicación Nº 18, que plantea cambios al artículo 26 B, en cuatro letras. Dice:
"a. Sustitúyase el inciso primero por el siguiente: "Antes del vencimiento de las licencias transables de pesca clase A, a solicitud del titular, arrendatario o mero tenedor de las licencias transables de pesca mediante decreto supremo fundado, se podrá asignar al solicitante una nueva licencia de acuerdo a la legislación vigente al momento de la solicitud, siempre que el solicitante o los titulares previos no hayan incurrido en un lapso de 10 años en uno o más de los siguientes hechos:".".
Cabe consignar que en esta parte hay variaciones con el texto despachado por las Comisiones unidas.
La indicación continúa de la siguiente manera:
"b. Reemplácense las letras a), b) y c) por las letras:
"b) Haber sido sancionado con más de tres caducidades parciales en una misma pesquería declaradas mediante resolución firme y ejecutoriada".".
Ambas letras son coincidentes con lo propuesto por las Comisiones unidas.
"c) El reiterado incumplimiento grave de las normas laborales y de seguridad social con sus trabajadores. Se tendrán como vulneraciones de este tipo la existencia de más de tres condenas ejecutoriadas por infracciones a los derechos fundamentales del trabajador o a las normas sobre jornadas de trabajo, remuneraciones, feriados, protección a la maternidad, sindicalización o prácticas antisindicales.".
Este cambio no figura en el texto propuesto por las Comisiones unidas.
Y la indicación termina con las letras c y d:
"c. Reemplázase en el inciso segundo la expresión "5" por "10".
"d. Suprímase el inciso cuarto.".
Esto último también corresponde a lo despachado por las Comisiones unidas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se me han planteado dos temas de Reglamento. Uno lo formuló el Senador Letelier y el otro, el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, los artículos 26 A y 26 B están contenido en el numeral 20 del artículo 1º del proyecto, pero sus normas se han votado en forma diferenciada. Aunque los resultados sean los mismos, sugiero que se voten todos de una sola vez.
El señor ESCALONA (Presidente).- Okay.
Senadora señora Rincón, ¿quiere plantear otro punto de Reglamento?
Es lo mismo que planteará el Honorable señor Letelier.
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador señor Pizarro, ¿también desea referirse a una cuestión reglamentaria?
El señor PIZARRO.- Tengo una consulta para el señor Ministro.
El señor ESCALONA (Presidente).- Veamos el planteamiento del Senador Letelier primero, y luego le doy la palabra.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en la forma como nos han entregado el comparado, me gustaría que nos clarificaran una situación.
En el texto que aprobó la Comisión de Hacienda, se contemplaban cláusulas laborales, por así llamarlas. Se establecía como requisito el cumplimiento de normas laborales y de seguridad social, igual que las que se observan en el ámbito medioambiental, para que una empresa equis pueda recibir la renovación de su licencia.
Eso es algo que incluso existe en la Ley de Presupuestos: ninguna empresa puede contratar con el Estado si registra prácticas antisindicales o no cumple las leyes sociales. Otro ejemplo está en la Ley de Subcontratación: el mandante tiene responsabilidad.
Entonces, por el modo en que se entregó el informe -lo primero es lo formal-, no se sabe si la letra c) aprobada por la Comisión de Hacienda fue eliminada en el acuerdo con el Ejecutivo y si este está en contra de que existan cláusulas laborales en esta materia. Por eso hago la consulta.
Llama la atención el asunto, porque aquella es una norma evidente, que se halla incluso en la Ley de Presupuestos. De ahí que primero quiero preguntar si está o no está considerada, pues, por la forma como se encuentra presentado el texto, parece que el Ejecutivo desea eliminar como condición el cumplimiento de las cláusulas laborales. Solamente quiero tener claro si eso es cierto o no. Si lo fuera, el tipo de debate que deberíamos efectuar respecto de esa letra sería distinto.
Hago la consulta -repito-, ya que, por la forma de presentación, pareciera que el Gobierno pidió eliminarlo. Como no participé en esas reuniones, solicito que se precise el punto.
El señor ORPIS.- Eso está en otro artículo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Le pido al Senador Pizarro que formule su consulta de inmediato. Luego le daré la palabra al señor Ministro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, efectivamente, en las conversaciones realizadas para buscar un acuerdo que significara colocar un nivel de exigencia más alto para autorizar la renovación de licencias el día de mañana, se indicó que una de ellas era, obviamente, cumplir con todo lo relativo a garantizar la sustentabilidad de las pesquerías, etcétera. Pero se entendió que, en el artículo 40 C, quedaba incluido el aspecto laboral en la forma planteada por la indicación. Incluso lo consultamos, porque el Ejecutivo nunca nos pidió sacar la letra c), nunca nos dijo que era un problema. Tal vez por equivocación nuestra o de nuestros asesores, asumimos que ello estaba dentro del 40 C. No obstante, luego de revisar dicha norma, veo que en ella solo está lo relativo a las prácticas antisindicales. No aparece el incumplimiento de las normativas laborales y previsionales.
Entonces, mi pregunta es muy sencilla.
Yo no podría decir que lo señalado está en el acuerdo, porque no lo está, pero tampoco podría afirmar que está fuera de él. Más bien, fue una omisión de parte nuestra. Yo no escuché al Ejecutivo expresar que no estaba de acuerdo con ese tipo de exigencias. Y me parece de toda lógica que lo pudiéramos incorporar.
Si se aclara el punto, creo que se soluciona el problema.
Nosotros entendíamos que el mencionado requisito estaba en el 40 C, pero ahí solo aparece lo relativo a lo antisindical.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para aclarar las consultas, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, quiero precisar esta materia, pues da la impresión de que, en la negociación, hubiese existido la intencionalidad del Gobierno de modificar las exigencias laborales. Y ello no ha sido tema. Estas se mantienen.
El señor LETELIER.- Por eso lo pregunto.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- En el proyecto, la letra k) del artículo 143 se mantiene a firme. Si hay algo que no quedó incorporado, nadie lo advirtió.
Estamos frente a modificaciones introducidas en virtud de un acuerdo suscrito en la Comisión de Pesca. En dicha instancia se establecieron condiciones para la renovación, y el acuerdo las hizo más estrictas.
Aprovecho la ocasión, señor Presidente, para manifestar que me llama la atención la pasión que genera el sector pesca. He sido testigo de ello este año, durante la tramitación de la iniciativa.
Pero, como indicó el Senador Ignacio Walker, el Estado entrega numerosas concesiones, algunas de las cuales son muchísimo más simples de cumplir que las de pesca. Por ejemplo, para la renovación automática del espectro radioeléctrico -las radios-, basta demostrar buenas prácticas, cumplir con la ley. Algo similar ocurre con los canales de televisión, en fin.
Condiciones de ese tipo son esenciales para que haya innovación y más inversión, como señaló el Senador Frei.
Me gustaría tener más tiempo para mostrarles a Sus Señorías las diferencias que hay entre las concesiones de plazo indefinido y las de plazo acotado. Lamentablemente, estas últimas corresponden, respecto del agua, a las entregadas en el norte. Si se compara, se puede ver la merma de agua que existe allí versus la que se registra en el sur o en la Región Metropolitana, donde las concesiones son indefinidas, razón por la cual las empresas disponen de tiempos adecuados para realizar sus inversiones. En el caso del norte, las inversiones necesarias no se alcanzan a efectuar en los plazos que quedan. Y se da el absurdo de que hay más merma de agua en zonas de Chile donde la escasez es mayor. Todo, porque no se puede amortizar una inversión en plantas desalinizadoras en una concesión de plazo limitado.
Les podemos entregar todos los antecedentes para que ustedes vean que se puede prestar un mejor servicio y usar de manera más eficiente los recursos escasos cuando los plazos son indefinidos. Estos han sido muy criticados, pero son tremendamente importantes.
En definitiva, en el acuerdo se acogieron exigencias más altas para la renovación.
Sin embargo, no me cierro a introducir perfeccionamientos en alguna materia. Muy por el contrario, agradezco el espíritu con que se ha actuado, que ha permitido votar el punto tal vez más duro y complejo. Es factible incorporar algún cambio en los trámites posteriores...
El señor MUÑOZ ABURTO.- ¡Ahora mejor!
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- ... o en el siguiente, ¡si ya se desconfía tanto...! Da lo mismo. Porque aún quedan varios días de debate.
El señor LETELIER.- ¡Ahora se puede incorporar, Ministro!
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- No, porque se requiere el patrocinio del Ejecutivo, y no lo tengo. Yo no voy a presentar ninguna indicación para la cual no tenga el patrocinio formal. Voy a ser muy riguroso en eso.
Si quieren, dejamos pendiente esta materia y la resolvemos más adelante, cuando lo acordemos. Quiero saber exactamente lo que se está proponiendo. Pero no me cierro a nada. Si hay una mirada compartida, quisiera recoger la voluntad que han manifestado los señores Senadores.
Ahora, si se precisa el patrocinio del Ejecutivo, denme el plazo para presentar la indicación. En todo caso, Senador Pizarro, aun sin conocerla, está firmada.
El señor GÓMEZ.- ¡Qué acuerdo este...!
El señor PIZARRO.- ¡A buen entendedor, pocas palabras...!
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, yo no soy el Senador Pizarro.
Este tema fue planteado en la Comisión de Hacienda para ser incorporado en el acuerdo. Lamentablemente, no quedó refrendado. Y, al parecer, lo que no fue parte del acuerdo no tiene justificación moral ni política.
Ayer en las Comisiones unidas pedimos incorporar una norma como causal de caducidad. ¿Por qué? Porque en el proyecto la única disposición de este tipo asociada a incumplimientos laborales es la letra k) del artículo 143, que dice: "Acumular tres sanciones judicialmente ejecutoriadas por prácticas desleales o antisindicales ocurridas en un período de dos años". No voy a leer el resto.
Este punto lo planteó el Senador Letelier, y al colega Lagos y a mí nos pareció conveniente recogerlo.
¿Qué planteamos? Que también se considerara causal de caducidad la siguiente: "El reiterado incumplimiento grave de las normas laborales y de seguridad social con sus trabajadores. Se tendrán como vulneraciones de este tipo los atrasos u omisiones en el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales o de salud que excedan dos períodos mensuales; o la existencia de más de dos condenas ejecutoriadas por infracciones a los derechos fundamentales del trabajador o a las normas sobre jornadas de trabajo, remuneraciones, feriados, protección a la maternidad, sindicalización o prácticas antisindicales en un período de cinco años".
Señor Presidente, si hay algo que este Senado debe resguardar, es la protección y el cuidado de los trabajadores.
En realidad, me parece increíble que nos neguemos a revisar estas materias por no formar parte de un acuerdo.
El señor ESPINA.- ¡Pero quién se ha negado!
La señora RINCÓN.- Eso fue lo que motivó la discusión.
¿Qué pedimos ayer? Que el punto fuera revisado. Desde ayer a hoy, ha transcurrido un tiempo suficiente como para haber realizado las consultas pertinentes.
Por cierto, esta no es una materia de seguridad social. Se trata de establecer una obligación no cumplida para caducar una licencia o no aprobar su renovación a una persona o a una empresa que la posee por no acatar normas legales vigentes.
Eso es lo que solicitamos.
Creo que debemos preocuparnos por que estas materias formen parte de nuestra legislación.
Es más, cuando negociamos hace casi tres años con el Ministro de Transportes de la época las platas para el Transantiago, una de las obligaciones que se impusieron a quienes participaban en las licitaciones era que estuvieran al día en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social. Esto se ha ido incorporando en las contrataciones del Estado, en las licitaciones públicas y en las nuevas normativas. Es solo adecuar la legislación a la realidad actual.
Por eso, planteamos dicha solicitud, con el respeto de quien no forma parte del acuerdo, pero que cree tener tanto derecho a proponerla como quienes concurrieron a él.
El señor ESCALONA (Presidente).- La Mesa estima que la indicación es enteramente admisible. Porque establece normas de caducidad y no laborales ni de seguridad social. Se refiere a preceptos ya existentes, que establecen una caducidad en relación con violaciones de normas vigentes. De manera que de ninguna manera es inadmisible.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación está referida al inciso primero del artículo 26 B.
La Secretaría entiende que se votaría la norma propuesta por las Comisiones unidas. Si se acepta, habría que agregarle la letra c) de la indicación renovada. Porque ahí radica la diferencia.
Le daré lectura.
El señor ESCALONA (Presidente).- La norma es de quórum calificado.
Tiene la palabra al Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, en general, todas las causales de caducidad en estas letras tienen un plazo.
Entonces, quiero preguntar si respecto de esta causal, se fija plazo o no. De lo contrario, ocurrirá que, de manera absolutamente indefinida, se puede incurrir en incumplimiento, lo cual no parece conveniente.
Las causales de caducidad deben tener plazo. De no ser así, pueden provocar un efecto no deseado.
El señor GÓMEZ.- Dentro de 10 años.
El señor ORPIS.- Eso no se consigna en la indicación que concretamente estamos votando ahora.
Todas las causales de caducidad señalan un plazo. Esta no lo trae.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, me alegro de que pueda complementarse esta causal de caducidad, cosa que siempre estuvo latente.
Vuelvo a reconocer que quienes avanzamos en el acuerdo pensábamos que ello estaba consignado en el artículo 40 C, pero en este solo se establece lo relativo a las prácticas antisindicales.
Entonces, lamentablemente no incluimos dicha causal. El Ejecutivo nunca dijo si había algún problema en relación con esta materia. Pero ya formaba parte de las causales de caducidad.
En consecuencia, no consideramos que haya problema con la aprobación de la letra c) de la indicación renovada. Pero, en mi opinión, hay que agregar una causal, la cual podría ser el tener más de tres condenas. Es lo lógico, y se halla en el encabezado de la norma propuesta. Con ello se adecua al resto del artículo.
Una cosa es la cantidad y otra el transcurso de tiempo en que se incurre en la falta. Todas las letras establecen diez años. También hay acuerdo para esos efectos.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, comparto el principio. Pero pido que no se apruebe la norma todavía y que se redacte bien, por lo siguiente: estamos señalando que caducaremos el derecho, que dura 20 años, a una empresa que tiene 5 mil o 6 mil trabajadores y solo tres condenas laborales en el período, o en un año.
La primera parte de la norma dice: "...el reiterado incumplimiento", lo cual me parece bien. Pero se agrega que se entiende que lo hay cuando una empresa con 2 mil, 3 mil o 4 mil trabajadores que en un período largo de tiempo ha sufrido tres condenas por hechos que pueden ser controvertibles, por lo cual se le caducaría su licencia.
Entiendo que debemos buscar una norma adecuada, pero no podemos hacerlo en este instante.
Reitero que estoy de acuerdo en el principio, en el sentido de que, si alguien tiene una concesión y resulta que en forma reiterada, abusiva y sin respeto por los derechos laborales, es evidente que debe ser sancionado.
Se ponen tres condenas, sin especificar por qué. Por ejemplo, puede que en una oportunidad tres trabajadores demanden a la empresa porque un gerente cometió graves errores, se equivocó o no cumplió la legislación laboral. O que la demanda sea de 20 trabajadores y que se acojan tres. ¿Le quitan la concesión?
Entonces, concuerdo con el principio, pero quiero que la norma se redacte de manera que se configure la causal de reiterada infracción a los derechos laborales. Puede ser una, pero frente a un gran caso; o cinco. No obstante, como viene planteada, me parece muy abierta. Sería como una ley penal en blanco.
Por eso pido que no se vote ahora. Que aprobemos la idea que todos queremos, pero que se redacte adecuadamente, para que la norma sea operable. Si no le quitarán la concesión a una empresa por el error de un gerente o de un jefe de una división,
Me parece que no está bien logrado el propósito que inspira esta indicación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Veo que se ha suscitado una gran inquietud en relación con esta materia.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, entiendo que tenemos acuerdo en incluir una norma de esta naturaleza.
La redacción que aparece en pantalla no es la misma que discutimos en su minuto.
Propongo que no la votemos, para los efectos de elaborar un texto más adecuado. Una vez concordada su redacción, nos podríamos pronunciar. en la Sala.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿La letra c)?
La señora RINCÓN.- Exactamente.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo en dejar pendiente la letra c)?
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, doy el acuerdo en el entendido de que vamos a trabajar con el Ministerio una redacción adecuada para la letra c), y partiendo de la base de que hay apoyo a la idea general.
El nuevo texto lo someteremos a la consideración de la Sala apenas lo tengamos.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, en lo que respecta a esta norma, debiéramos conocer también cuál es el comportamiento estadístico de las empresas, porque el sector pesca se halla sometido a ciclos climáticos que determinan la llegada o el retiro de los cardúmenes y la condición de los productos que se extraen. Por eso, la industria, en general, enfrenta etapas de verdaderas crisis, que luego pasan. Y podríamos encontrarnos con que. en un momento dado, caduquemos las licencias pesqueras de la totalidad de las empresas del país por una situación de fuerza mayor, como es el cambio climático.
Advierto que sobre el particular nos faltan antecedentes.
Me gustaría conocer la realidad a largo plazo de la industria. Sabemos de su evolución gracias a la información que nos entregó el Senador señor Horvath en un cuadro. Al comienzo, se aprecia bastante bien, pero luego se produce un declive.
Estadísticamente, tendrían que haberse caducado todas las concesiones, porque, después de que se alcanza el peak, decae la extracción industrial. Y sigue aumentando, sin embargo, la captura artesanal. Si se repitiera esa historia, habríamos de rescindir el total de las licencias de la industria pesquera.
Señor Presidente, deberíamos contar con más antecedentes.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha sugerido que la redacción de la letra c) quede pendiente.
El señor ORPIS.- Votemos el resto y dejemos pendiente la letra c)
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Juan Segura vivió muchos años...!
Se entiende que hay el compromiso de resolver este punto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, quedará pendiente la letra c).
El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, habría que pronunciarse sobre el resto de la proposición.
Es de quórum calificado.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Todo lo demás?
El señor ESCALONA (Presidente).- El señor Secretario va a precisarlo, para que no haya confusión.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las Comisiones unidas proponen en el artículo 26 B: sustituir el inciso primero; sustituir en el inciso segundo el guarismo "5" por "10"; sustituir el inciso tercero, y suprimir el inciso cuarto, pasando el inciso quinto a ser cuarto.
Es una norma de quórum calificado.
El señor LETELIER.- Quiero intervenir antes de emitir mi pronunciamiento.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría para fundar el voto.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, nos hallábamos analizando una indicación para la letra c). Y, al leer el texto propuesto por la mayoría, me he percatado que aquí se plantean causales del posible rechazo a una licencia y las condiciones mínimas necesarias para una petición de renovación.
Quiero precisar -como lo indicó el Senador Bianchi- que en las letras a) y b) de la proposición se usa una redacción que puede ser inadecuada.
Me explico: la norma, en su inicio -comparto el criterio-, incorpora un principio precautorio y, en segundo término, uno de defensa de los ecosistemas. Algunos actores de la industria participan no de una, sino de varias pesquerías. Y expresar que "en una misma pesquería" no haya habido infracciones o abusos a las normas existentes, resulta una redacción que hará muy difícil, probablemente, que algún actor industrial no caiga en dichas causales. Porque dice: "haber sido sancionado con más de tres caducidades parciales en una misma pesquería" o "cuatro infracciones de las contempladas en los artículos 40 B y 40 C de esta ley en una misma pesquería". Pero, como algunos actores participan en varias, debería insinuarse que "no tengan más de equis cantidad de sanciones de este tipo", independientemente de las empresas en que concurran.
Tengo discrepancias con la redacción y me gustaría solicitar que, antes del pronunciamiento general, se vote separada la frase "en una misma pesquería". También podría dejarse en forma genérica las sanciones que pudiesen aplicarse. Son dos matices, dos visiones.
Por lo tanto, solicito votar por separado cada una de las letras.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, lamentablemente, Su Señoría se percató de la inconveniencia cuando la norma ya estaba en votación
El señor LETELIER.- Pedí la palabra antes de que se abriera.
El señor ESCALONA (Presidente).- No me di cuenta de su solicitud, seguramente debido a que el proceso, aparte de espinudo, ha sido muy largo.
Desde el punto de vista de la Secretaría, nos encontramos en votación.
El señor LETELIER.- Recabe el asentimiento de la Sala para proceder en la forma señalada por mí.
El señor ESCALONA (Presidente).- Como el Ministro ha solicitado intervenir, solicito el acuerdo de la Sala para concederle la palabra estando en votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿No quiere que hable el Ministro?
El señor LETELIER.- Pido que primero aplique el Reglamento respecto de mi solicitud.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador le solicito que deje intervenir al señor Ministro.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, lo propuesto no puede ocurrir, porque las licencias son por cada pesquería.
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador Letelier, ¿insiste en su petición?
El señor ESCALONA (Presidente).- Si Su Señoría quiere interrumpir la votación, tendría que mediar acuerdo unánime en la sala.
¿Hay acuerdo unánime de la Sala?
El señor LETELIER.- ¡Nadie está obligado a lo imposible...!
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 18 votos a favor, 7 abstenciones y un pareo.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Senador señor Cantero solicita agregar su voto a favor.
El señor WALKER (don Ignacio).- Y también el del Senador Zaldívar.
El señor GÓMEZ.- Ya no votó, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Les ruego que nos pongamos serios, porque la votación no ha alcanzado el quórum exigido, por lo que ha sido rechazada la norma.
El señor CHAHUÁN.- Se agregan dos votos, señor Presidente, de los Senadores Cantero y Zaldívar.
El señor ESPINA.- Un asunto reglamentario, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador señor Cantero, ¿vota a favor?
El señor CANTERO.- A favor.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, su voto influye en el resultado.
El señor WALKER (don Ignacio).- Y el del Senador Zaldívar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Pero el Senador señor Zaldívar estaba fuera de la Sala.
Señor Secretario, habría que contabilizar el voto del Senador señor Cantero.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, eso se ha hecho reiteradamente.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Algún señor Senador objeta agregar el voto del Senador señor Cantero?
No hay objeción, por lo que se agregará el voto del señor Senador.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo no sé si no escuché al señor Secretario. Pero el acuerdo era que en cada votación de quórum especial él lo indicaría previamente. Yo consulté y me señalaron que no era de quórum especial. Ahora entiendo que sí lo es. Lo planteo porque yo tengo un pareo. Independientemente de ello, pienso que el no saber que requería quórum especial pudo haber incidido en como se votó. Y yo creo que sería adecuado repetir la votación.
El señor CANTERO.- Repítala.
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador señor Letelier, yo comprendo que esté molesto porque, lamentablemente, Su Señoría intervino cuando ya se hallaba abierta la votación. Pero le solicito formalmente que revise la grabación. Porque el Secretario, al momento de iniciarse la votación, señaló que era de quórum especial.
Si la Sala no objeta el voto del Senador señor Cantero, entonces se alcanza el quórum especial. Ya recabé la unanimidad en tal sentido y no hubo objeciones, por lo que se agregará el voto del Senador señor Cantero.
--Por 19 votos a favor, 7 abstenciones y un pareo, se aprueba la proposición de las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda respecto del artículo 26 B, dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvieron la señora Rincón y los señores Girardi, Gómez, Kuschel, Lagos, Muñoz Aburto y Tuma.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Conforme a lo acordado por la Sala, queda pendiente la consideración de la letra c) de esta disposición, respecto de la que se hará llegar una redacción en su oportunidad.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un oficio del Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia, para todos sus trámites constitucionales, con el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura (boletín N° 8.091-21).
El señor ESCALONA (Presidente).- De acuerdo con el oficio del Ejecutivo recién mencionado, hay plazo para despachar el proyecto de aquí hasta el miércoles.
Como la reciente votación lo ha demostrado, el cansancio ya es sumamente elevado. En virtud de ello, recabo el acuerdo de la Sala para levantar la sesión y adelantar para las 20:30 el comienzo de la que está citada para analizar el proyecto de Ley de Presupuestos.
--Se levantó a las 19:13.