Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-autoridad-docente-region-murcia-424116849
Timestamp: 2019-10-17 00:20:57
Document Index: 367444642

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 105', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10']

Ley de Autoridad Docente de la Región de Murcia (Ley 1/2013, de 15 de febrero) - Normativa de Murcia - Legislación - VLEX 424116849
Ley de Autoridad Docente de la Región de Murcia (Ley 1/2013, de 15 de febrero)
TÍTULO II. Protección jurídica del docente - arts. 5 a 10
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Inspección educativa
Norma citada en: 14 sentencias, 4 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas
La presente ley será de aplicación en los centros educativos de la Región de Murcia que impartan alguna de las enseñanzas correspondientes a los niveles no universitarios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación.
Esta aplicación se extenderá tanto a la actividad docente como al resto de actividades complementarias o extraescolares que se desarrollan por parte de los centros, así como al conjunto de servicios complementarios que se prestan en los mismos.
El derecho de todos a la educación recogido en el artículo 27.1 de la Constitución española.
La educación y la formación de calidad como herramientas esenciales para el progreso individual de las personas y el futuro de la sociedad.
La institución educativa como pilar para el aprendizaje de los valores de convivencia, respeto, tolerancia y pluralismo.
La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la enseñanza y como imprescindible en la formación de ciudadanos responsables.
El docente como figura fundamental en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal del alumnado, con responsabilidad, autoridad y con la autonomía establecida para garantizarlo.
El respeto a las normas de convivencia de los centros educativos, con los medios adecuados para su cumplimiento como base para el desarrollo de la actividad educativa.
El respeto al ejercicio de todos los derechos y cumplimientos de deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, sin más límites que los establecidos por la ley y por el respeto a los derechos individuales y colectivos de los otros.
ARTÍCULO 4 Derechos en el ejercicio de la función docente.
Gozar del respeto y consideración hacia su persona por parte del alumnado, los padres o representantes legales y demás miembros de la comunidad educativa.
Desarrollar su tarea en un clima de orden, disciplina y convivencia que facilite el ejercicio de su labor docente, en el que sean respetados sus derechos y los del alumnado.
Contar con la colaboración de los padres o representantes legales para el cumplimiento de las normas de convivencia y para el reconocimiento de su autoridad.
Tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces en el marco de las normas de convivencia del centro, que le permitan mantener el ambiente adecuado tanto en las actividades lectivas como en el resto de actividades complementarias o extraescolares que se desarrollan por parte de los centros, así como para investigar los hechos que lo perturben.
Disfrutar de la adecuada protección jurídica en el desarrollo de sus funciones docentes.
Obtener apoyo por parte de la Administración educativa, que impulsará actuaciones para la dignificación social de la función docente y velará para que el docente reciba el trato, la consideración y el respeto que merece la labor que desempeña. Para ello se impulsarán programas y campañas de promoción y dignificación social del profesorado.
TÍTULO II Protección jurídica del docente Artículos 5 a 10
ARTÍCULO 5 Autoridad.
Los docentes, así como los directores y demás miembros de los equipos directivos tendrán en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas, la condición de autoridad docente.
Además, los docentes de centros públicos y privados concertados tendrán, en el ejercicio de esas mismas potestades de gobierno, docentes y disciplinarias, la condición de autoridad pública, gozando de la protección y asumiendo la responsabilidad atribuida a tal condición por el ordenamiento jurídico.
Artículo 5, modificado por la Ley 5/2014, de 13 de octubre, de modificación del artículo 5 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el 17 de Octubre de 2014.
ARTÍCULO 6 Presunción de veracidad.
ARTÍCULO 7 Asistencia jurídica.
La Administración educativa, respecto a los docentes de los centros educativos públicos, adoptará las medidas oportunas para garantizar su adecuada protección y asistencia jurídica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio de sus funciones, ya se realicen dentro o fuera del recinto educativo.
La responsabilidad civil derivada del ejercicio legítimo de las funciones del profesor, prevista en el artículo 105.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, quedará cubierta por una póliza de responsabilidad civil, defensa jurídica y asistencia extrajudicial para el personal docente que preste sus servicios en la consejería competente en materia de educación.
ARTÍCULO 9 Responsabilidad y reparación de daños.
El alumnado que, de forma individual o colectiva, cause, de forma intencionada o por negligencia, daños a las instalaciones, equipamientos o cualquier otro material del centro educativo, así como a los bienes de los miembros de la comunidad educativa, quedará obligado a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento. Asimismo, deberá restituir los bienes sustraídos o reparar económicamente el valor de éstos.
En los casos de agresión física o moral a docentes causada por el alumnado, se deberá reparar el daño moral causado mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que haya podido incurrir. La petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos por parte del agresor o su inexistencia serán consideradas como circunstancias atenuantes o agravantes, actuando en todo caso como un elemento de modulación de la responsabilidad disciplinaria del agresor.
Lo expuesto en los dos puntos anteriores no excluye la responsabilidad civil o patrimonial, en los términos previstos por la legislación vigente, de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad, así como los titulares de un centro de enseñanza no superior, respecto de los daños causados por sus alumnos menores de edad durante el tiempo en que se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro desarrollando actividades escolares, extraescolares o complementarias.
La dirección del centro educativo público o el titular del centro privado comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal y a la consejería competente en materia de educación, cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito o falta, según las leyes penales vigentes, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares oportunas recogidas en el reglamento de régimen interno del centro.
ARTÍCULO 10 Normas de convivencia.
Murcia, a 15 de febrero de 2013.
Ley de Autoridad del Profesorado de la Comunidad Valenciana (Ley 15/2010, de 3 de diciembre)
DECRETO 29/2001, de 22 de febrero, por el que se crean los ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Dirección General de Empleo de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid.