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Timestamp: 2018-07-23 08:06:30
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Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 106', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 8', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 566', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 24', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 1816', 'artículo 77', 'artículo 106', 'artículo 77', 'artículo 394', 'artículo 250', 'artículo 539', 'artículo 550', 'artículo 551', 'artículo 556', 'artículo 559', 'artículo 520', 'artículo 576', 'artículo 580']

HABLEMOS DE MEDIACION FAMILIAR: PROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES
La Administración de Justicia, pieza clave en el Estado de Derecho para la salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos, también juega un importante papel en relación con la seguridad jurídica y la confianza que exigen el tráfico económico y la circulación de bienes y servicios.
Por ello, la modernización de la Administración de Justicia no se circunscribe a la mejora de su organización o al perfeccionamiento y depuración de las normas procesales.
También es necesario abordar fórmulas válidas y aceptadas en el Estado de Derecho, orientadas a dimensionar el creciente volumen de asuntos que llegan a la jurisdicción favoreciendo un uso más racional de los recursos disponibles. En este sentido, desde hace ya algunos años se están potenciando fórmulas complementarias de resolución de conflictos, que permiten a los ciudadanos resolver sus controversias con altos niveles de satisfacción y, al tiempo, ayudan a la agilización y mejora de todo el sistema de justicia. Una de esas fórmulas es la mediación y, aunque existen experiencias importantes en este campo, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una norma que, con
carácter general, ponga en conexión la mediación con la jurisdicción lo que, en la práctica, limita la eficacia real de aquella. Este es el propósito principal de esta ley.
La presente ley apuesta por la mediación porque ve en ella un cauce con claros
beneficios para la Administración de Justicia y para los ciudadanos que podrán disponer, si voluntariamente así lo deciden, de un instrumento muy sencillo, ágil, eficaz y económico para la solución de sus conflictos, alcanzando por sí solos un acuerdo al que esta ley otorga fuerza de cosa juzgada, como si de una sentencia judicial se tratase.
El instituto de la mediación constituye un procedimiento de solución de diferencias de carácter informal y privado. Es una fórmula extraprocesal que se proyecta en conflictos de diversa índole. Esta ley engarza de manera instrumental la mediación con el derecho civil, mercantil y el derecho procesal, con el solo propósito de ofrecer una regulación mínima y común aplicable a todo el territorio del Estado.
El concepto de mediación que acoge esta ley se basa en la plena libertad de las
partes, y en la intervención de un mediador, del que se pretende una actitud positiva orientada a la solución de la controversia, a diferencia de otras figuras, como la conciliación, en la que la participación de un tercero se produce con una limitada implicación o capacidad de propuesta o, como el arbitraje, en el que ese tercero tiene capacidad resolutoria que se impone a la voluntad de las partes.
La mediación es una actividad neutral, independiente e imparcial que ayuda a dos o más personas a comprender el origen de sus diferencias, a conocer las causas y consecuencias de lo ocurrido, a confrontar sus visiones y a encontrar soluciones para resolverlas.
La ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, su regulación va más allá del contenido de esta norma de la Unión Europea, en línea con la previsión de la disposición adicional tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, en la que se encomienda al Gobierno la remisión a las
Cortes Generales de un proyecto de ley sobre mediación. Con la aprobación de esta ley también se da cumplimiento a ese mandato de la Ley 15/2005. La Directiva 2008/52/CE se limita a establecer unas normas mínimas para fomentar la mediación en los litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles. En cambio, la regulación de la Ley conforma un régimen general aplicable a toda mediación que tenga lugar en España, y que pretenda tener efectos jurídicos vinculantes, si bien circunscrita al ámbito de de los asuntos
civiles y mercantiles y con arreglo a un modelo que ha tenido en cuenta las previsiones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional del año 2002. Es importante señalar que la mediación regulada en esta ley y que puede concluir con un acuerdo que constituye un título ejecutivo y con efectos de cosa juzgada entre las partes, no condiciona ni impide la existencia de otros tipos de mediaciones, que podrán seguir
realizándose como hasta ahora y a las que no serán de aplicación los requisitos aquí establecidos.
Para impulsar la utilización de este instituto la ley exige acudir a la mediación en determinados casos como requisito necesario y previo al proceso o a otro procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos. En particular, así se hace en el ámbito de las reclamaciones de cantidad.
Asimismo, para eliminar posibles desincentivos y evitar efectos jurídicos no deseados la ley regula la suspensión de la prescripción frente a la regla general de su interrupción.
La pieza esencial del modelo es la figura del mediador, pues a él corresponde facilitar y encontrar una solución dialogada y voluntariamente aceptada por las partes. La actividad de mediación se despliega en múltiples ámbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. El mediador ha de tener, pues, una formación general que le permita desempeñar esa tarea y sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que
pudiese incurrir.
La ley utiliza el término mediador de manera genérica sin prejuzgar que sea uno o varios y tiene presente el papel muy relevante de los servicios e instituciones de mediación que desempeñan una tarea fundamental a la hora de ordenar y fomentar los procedimientos de mediación.
El objetivo último de esta regulación es el reconocimiento del acuerdo de mediación como título ejecutivo, cuya ejecución podrá instarse directamente ante los tribunales siempre que se cumplan los requisitos legalmente exigidos.
Por ello, la presente ley se circunscribe al ámbito de competencias del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, que permiten articular un marco para la vertiente jurisdiccional de la mediación, sin perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.
El éxito de la mediación depende en buena medida de si los ciudadanos encuentran en ella un procedimiento muy simplificado y de bajo coste, en el que disponen, en todo momento, de libertad y plena capacidad de decisión. Por eso la ley articula un procedimiento elemental, informal, y reducido en el tiempo, dando a las partes la oportunidad de que puedan solucionar por sí mismos sus controversias, y que al hacerlo liberen también a nuestros tribunales de justicia de una excesiva carga de trabajo, permitiéndoles atender con mayor celeridad aquellos otros asuntos que por su naturaleza o relevancia no son disponibles para las partes.
El primero de ellos contiene las disposiciones generales, donde se tratan cuestiones como el ámbito de la ley, su aplicación a los conflictos transfronterizos, los efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad, las instituciones de mediación y el Registro de mediadores e instituciones de mediación, cuya gestión corresponde al Ministerio de Justicia. El capítulo II se dedica a regular los principios informadores de la mediación, a saber: el principio de voluntariedad y libre disposición, el de imparcialidad, el de neutralidad y el de confidencialidad. A estos principios se añaden las reglas o directrices que han de guiar la actuación de las partes en la mediación, como son la buena fe y el respeto mutuo, así como su deber de colaboración y apoyo al mediador.
El capítulo III contiene el estatuto mínimo del mediador, al que se le exige al menos estar en posesión del título universitario de carácter oficial como garantía de la calidad que se pretende en la mediación, y cuya responsabilidad civil ha de estar siempre asegurada.
Además y para garantizar su imparcialidad se determinan las circunstancias que el mediador ha de comunicar a las partes, en sintonía con lo dispuesto en el modelo del Código de conducta europeo para mediadores.
El capítulo IV regula el procedimiento de mediación. Es un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediación los que determinen libremente sus líneas fundamentales. La ley se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, pues, a veces, como enseña la práctica, la mediación sirve para mejorar relaciones. Se regula también una acción de
anulación contra aquel acuerdo de mediación que incurra en determinados vicios.
previsiones que ya existen en el Derecho español, si bien con la importante novedad de reconocerlos como títulos que llevan aparejada ejecución, sin otras formalidades adicionales. La posibilidad de que el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, por el contrario, impone un control adicional de su validez, que se traduce en que su protocolización notarial sea un requisito para su consideración como título ejecutivo. Lo establecido en la ley no impide, como es lógico, la aplicación de las normas generales de los contratos, ni que las partes en cualquier momento acuerden elevar su acuerdo a escritura pública, siguiendo el régimen general establecido en el Código Civil.
Las disposiciones finales aseguran el encaje de la mediación con los procedimientos judiciales.
La proximidad del acuerdo de mediación con el contrato de transacción del Código Civil ha llevado a introducir en esta norma el ajuste correspondiente que se ha considerado necesario.
Se modifica, asimismo, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediación, y en la misma línea de buscar soluciones fuera del pleito judicial a los conflictos que pueden suscitarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, se da una nueva redacción al artículo 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, estableciendo la necesidad de que el juez o
tribunal sometan necesariamente a las partes la posibilidad de un acuerdo transaccional para buscar vías más eficaces que permitan alcanzar acuerdos en los recursos contencioso-administrativos. Una modificación que alcanza también al artículo 106 para incorporar esta forma de terminación del proceso contencioso-administrativa a las reglas de pago de cantidad líquida a que sea condenada la Administración.
También se llevan a cabo una serie de modificaciones que pretenden una mejor inserción de la mediación dentro del proceso civil. En este sentido, se regula la facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediación y se exige que con carácter previo al proceso las partes hayan intentado resolver su conflicto a través de la mediación en los juicios verbales de reclamación de cantidad.
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil comprende también la de los preceptos necesarios para la inclusión del acuerdo de mediación dentro de los títulos ejecutivos que permiten iniciar un proceso de ejecución.
Finalmente, mediante otras modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil se pretende reforzar la aplicación de la mediación que pueda acontecer una vez iniciado un proceso. En esa línea, con la convocatoria de las partes a la audiencia previa se les informará de la posibilidad de acudir al cauce de la mediación, de tal forma que en el trámite de audiencia indicarán la decisión que hubieran adoptado al respecto.
En definitiva, con este conjunto de modificaciones se articula la adecuada
interrelación entre la mediación y el proceso civil, reforzando la eficacia de esta institución.
Sólo las mediaciones desarrolladas con arreglo a esta ley producirán los efectos procesales que en ella se establecen.
1. Esta ley, con los efectos procesales que de ella derivan, es de aplicación a las
mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable.
b) La mediación laboral.
1. A los efectos de la mediación regulada en esta ley, se entiende por conflicto
transfronterizo aquel en el que al menos una las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aquél en que cualquiera de las otras partes a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable.
Artículo 4. Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad. El comienzo de la mediación suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones.
La suspensión se prolongará durante el tiempo que medie hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o, en su defecto, del acta final o se produzca la terminación de la mediación por alguna de las causas previstas en esta ley.
1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y organización de la misma, incluida la designación de mediadores. Deberán garantizar la transparencia en la designación de mediadores y asumirán solidariamente la responsabilidad derivada de su actuación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje adoptarán las medidas para asegurar la incompatibilidad entre
3. Los poderes públicos velarán porque las instituciones de mediación respeten en el ámbito de sus competencias los principios de la mediación establecidos en esta ley, así como por la buena actuación de los mediadores, en la forma que establezcan sus normas reguladoras.
1. El Ministerio de Justicia llevará un Registro de mediadores y de instituciones de mediación, que será de carácter electrónico y al que se podrá acceder a través de la sede electrónica de aquél, a los meros efectos de publicidad, en el que se inscribirán los mediadores e instituciones de mediación, en el que además podrán informar sobre su experiencia, formación y otras circunstancias que se determinen reglamentariamente.
2. Los mediadores e instituciones de mediación tendrán la obligación de comunicar al Ministerio de Justicia, directamente o a través de las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta ley y cualquier alteración de los mismos.
3. El Ministerio de Justicia verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos, que habilitarán para el ejercicio de esta actividad con los efectos procesales previstos en esta ley en todo el territorio nacional.
Artículo 7. Voluntariedad y libre disposición.
1. La mediación es voluntaria, sin perjuicio de la obligatoriedad de su inicio cuando lo prevea la legislación procesal.
2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a
mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste.
Artículo 8. Imparcialidad.
En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas. En la mediación familiar se debe tener presente el interés superior del menor.
Artículo 9. Neutralidad.
1. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es
confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador y a las partes intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento.
2. Se garantiza la confidencialidad de la mediación y de su contenido, de forma que ni los mediadores, ni las personas que participen en el procedimiento de mediación estarán obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la información derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo, excepto:
3. La infracción del deber de confidencialidad generará responsabilidad en los
términos previstos en el ordenamiento jurídico.
Artículo 11. Las partes en la mediación.
Artículo 12. Condiciones para ejercer de mediador.
Podrán ejercer la función de mediación prevista en esta ley las personas naturales que cumplan los siguientes requisitos:
b) Estar en posesión de título oficial universitario o de educación profesional superior.
Artículo 13. Calidad y autorregulación de la mediación.
Las Administraciones públicas competentes, en colaboración con las instituciones de mediación, fomentarán la adecuada formación inicial y continua de los mediadores, la elaboración de códigos de conducta voluntarios, así como la adhesión de aquéllos y de las instituciones de mediación a tales códigos.
Artículo 14. Actuación del mediador.
5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses.
Artículo 15. Responsabilidad de los mediadores y de las instituciones de mediación.
La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el
encargo, incurriendo, si no lo hiciere, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, la institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a ésta contra los mediadores.
Artículo 16. Coste de la mediación.
3. El coste del procedimiento de la mediación intentado se incluirá también en la indemnización prevista en el artículo 8.1 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.
Artículo 17. Solicitud de inicio.
1. El procedimiento podrá iniciarse:
a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la
designación del mediador, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las actuaciones.
b) Por una de las partes.
2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas. 3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un
proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal.
Artículo 18. Información y sesiones informativas
1. Recibida la solicitud, el mediador o la institución de mediación citarán a las partes para la celebración de la sesión informativa, advirtiendo de las consecuencias de su inasistencia.
En ella el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad, de las características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento, las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva.
2. En los supuestos de mediación obligatoria, se podrá tener por intentada la
mediación y cumplida la obligación legal justificando la asistencia de al menos una de las partes. En este caso el mediador documentará tal circunstancia, entregando copia a los comparecientes.
3. En los supuestos de mediación obligatoria la sesión informativa será gratuita.
4. Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones informativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este procedimiento, que en ningún caso sustituirán a la información prevista en el apartado primero.
Artículo 19. Pluralidad de mediadores
2. Si por la complejidad de la materia o por la conveniencia de las partes se produjera la actuación de varios mediadores en un mismo procedimiento, éstos actuarán de forma coordinada, sin que su participación conjunta en una misma sesión suponga aumento de su coste, sin perjuicio de lo que las partes puedan pactar en los supuestos de mediación voluntaria.
Artículo 20. Sesión constitutiva.
d) El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del procedimiento.
e) El coste total de la mediación o las bases para su determinación, con indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos.
2. De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten estos aspectos. En otro caso, dicha acta declarará que la mediación se considera intentada sin efecto.
La duración máxima del procedimiento será de dos meses a contar desde la fecha de la firma del acta de la sesión constitutiva, prorrogables con carácter excepcional y de común acuerdo de las partes por un mes más.
Artículo 22. Desarrollo de las actuaciones de mediación.
Artículo 23. Terminación del procedimiento.
Artículo 24. El acuerdo de mediación.
3. Del acuerdo de mediación se entregará un ejemplar a cada una de las partes, reservándose otro el mediador para su conservación. Dicho documento será título que lleva aparejada ejecución.
Cualquiera de las partes podrá protocolizar notarialmente el acuerdo de mediación a su costa.
Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado la
protocolización notarial será necesaria para su consideración como título ejecutivo, además de los requisitos que en su caso puedan exigir los Convenios internacionales en que España sea parte y las normas de la Unión Europea.
4. El acuerdo de mediación produce efectos de cosa juzgada para las partes y frente a él sólo podrá solicitarse la anulación.
La acción de anulación caducará a los treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la firma del acuerdo de mediación y sólo podrá fundarse en la infracción de los requisitos previstos en los apartados 1, 2 y 3 de este artículo.
Para el conocimiento de la acción de anulación del acuerdo de mediación será
competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del demandado o de cualquiera de ellos, si fueren varios, y se sustanciará por los cauces del juicio verbal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5. Se podrá solicitar la revisión de los acuerdos de mediación conforme a los
supuestos y procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes.
6. Si despachada ejecución se interpusiera y admitiera la demanda de acción de anulación o de revisión, se podrán hacer uso de los trámites de suspensión, sobreseimiento y reanudación de la ejecución previstos en el artículo 566 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 25. Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos.
Artículo 26. Formalización del título ejecutivo.
El acuerdo de mediación, formalizado conforme a lo dispuesto en el artículo 24, tendrá eficacia ejecutiva y será título suficiente para poder instar la ejecución forzosa en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que a la demanda ejecutiva se acompañe copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento.
Artículo 27. Tribunal competente para la ejecución de los acuerdos de mediación.
Artículo 28. Ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos.
Artículo 29. Denegación de ejecución de los acuerdos de mediación.
1. El artículo 1816 queda redactado de la siguiente forma:
«i) Desempeñar funciones de mediación y arbitraje mercantil, nacional e
internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.»
1. El artículo 77 queda redactado de la siguiente forma:
1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, someterá a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad. En este supuesto el juez o Tribunal podrá imponer a las partes el
sometimiento a las normas de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles relativas a los principios de la misma, el estatuto del mediador y el procedimiento.
2. El intento de conciliación o mediación, siempre que se sujete al procedimiento previsto en la ley o, en su caso, cuando todas las partes personadas lo soliciten suspenderá el curso de las actuaciones, a cuya terminación las partes informarán al tribunal del resultado del procedimiento que hubieren seguido. Aunque se reanude el proceso, el tribunal admitirá el acuerdo que se alcance posteriormente siempre que tenga lugar en
cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.
2. Se adiciona un nuevo apartado 7 al artículo 106, con la siguiente redacción:
«7. Este procedimiento será de aplicación cuando el crédito frente a la Administración se reconociera en un acuerdo alcanzado según lo previsto en el artículo 77 o estuviere impuesto por un laudo arbitral.»
5. Se añade un párrafo segundo nuevo al apartado 2 del artículo 394, con la siguiente redacción:
«Se entenderá que existe temeridad a efectos de imposición de costas la inasistencia de una parte a la sesión informativa de la mediación cuando sea obligatoria.»
«En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a la mediación para intentar solucionar el conflicto, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.
«2. En los casos del apartado 2 del artículo 250, no se admitirán las demandas en que se reclame una cantidad si no se acompañase acta u otro documento acreditativo del intento de mediación en los seis meses anteriores a su interposición.»
14. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 539, con la siguiente
«Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se
requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.»
17. Se añade un nuevo párrafo al ordinal 1º del apartado 1 del artículo 550, con la siguiente redacción:
«Cuando el título sea un acuerdo de mediación, se acompañará, además, copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento.»
18. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 551, con la siguiente
«Cuando se trate de una demanda ejecutiva, consecuencia del incumplimiento de un acuerdo de mediación, el Tribunal deberá verificar que su contenido no sea contrario a Derecho.»
19. Se modifica la rúbrica y el apartado 1 del artículo 556, que pasan a tener la
En el caso del acuerdo de mediación el ejecutado podrá oponer que su contenido es contrario a Derecho.»
20. Se da nueva redacción a los números 3º y 4º del apartado 1 del artículo 559:
«3.º Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, o porque el laudo o el acuerdo de mediación no cumpla los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520.
protocolizado notarialmente, la falta de autenticidad de éstos.»
21. El apartado 3 del artículo 576 queda redactado de la siguiente forma:
resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional, los laudos arbitrales y los acuerdos de mediación que impongan el pago de cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas.»
22. Se da nueva redacción al artículo 580, que queda redactado de la siguiente
Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario judicial,
resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso y acuerdos de mediación y conciliación, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes.»
Disposición final quinta. Procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos para reclamaciones de cantidad.
reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de mediación simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos. Las posiciones de las partes, que en ningún caso se referirán a argumentos de confrontación de derecho, quedarán reflejadas en los formularios de solicitud del procedimiento y su contestación que la institución de mediación facilitará a los interesados. El procedimiento tendrá una duración máxima improrrogable de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud por la institución de mediación.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
Madrid, a 8 de abril de 2011
Publicado por LUIS ALFONSO SECO MARTIN en 12:34