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Timestamp: 2019-10-18 21:40:07
Document Index: 176273909

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 850', 'artículo 241', 'artículo 187', 'artículo 90', 'artículo 177', 'Artículo 850', 'artículo 49', 'artículo 2536', 'Artículo 11', 'artículo 2536', 'Artículo 21', 'artículo 11']

﻿ SENTENCIA 2003-00173/26689 DE MAYO 10 DE 2017
SENTENCIA 2003-00173 DE 10 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA APLICACIÓN DE NORMAS QUE FUERON DECLARADAS INEXEQUIBLES. TASA ESPECIAL DE SERVICIOS ADUANEROS QUE ESTABLECÍA LA RESOLUCIÓN 29 DE 2001, DECLARADA INCONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA C-992 DE 2001. PARA LOGRAR QUE SE INDEMNICE EL PAGO DE LO NO DEBIDO SE DEBE PROBAR EL DAÑO ANTIJURÍDICO QUE SE OCASIONA CON LA APLICACIÓN DE LA NORMA DECLARADAS INCONSTITUCIONAL. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 850 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO EL PLAZO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN ES DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE EFECTÚA EL PAGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, DAÑO ANTIJURIDICO, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, CLASES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Sentencia 2003-00173/26689 de mayo 10 de 2017
Rad.: 25000232600020030017301 (26.689)
Demandante: Industria de ejes y transmisiones S.A. Transejes S.A.
Demandado: La Nación – Congreso de la República
1. Cuestión previa. La independencia y autonomía funcional del juez de la responsabilidad estatal
“Es cierto que el pago de los impuestos podría constituir hipotéticamente un daño o lesión(15), en cuanto implica la disminución del patrimonio de los contribuyentes. Empero, ese daño no puede catalogarse como antijurídico, pues los impuestos dan o confieren una dimensión económica real a la obligación de solidaridad que existe entre los miembros de la comunidad, al ideal de la justicia social y al disfrute masivo de los derechos. Los impuestos son una carga que así empieza, pero que se supone regresa convertida en beneficios de otro tipo: salud, educación, vivienda, etcétera.
“A juicio de la Sala, en la sentencia objeto de tutela se está confundiendo la actividad de servicio público que en un momento dado puede asumir el Estado con la función pública legislativa. Si falla el servicio de transporte, el hospitalario, el de vigilancia que presta la policía, en fin, si fallan los servicios y eso produce daños antijurídicos el Estado debe responder e indemnizar los perjuicios. Empero, la función pública de dictar las leyes, de conceder el derecho, no es ningún servicio público que pueda fallar o no fallar. Una cosa son las necesidades básicas de la gente que deben ser satisfechas por empresas de servicio público, ora a cargo del Estado ora a cargo de los particulares, y otra cosa es la función pública legislativa, que claro que tiene control, pero es un control normativo que no puede asimilarse al control de calidad o de oportunidad o de mérito, que es el control propio de los servicios públicos. Las leyes se controlan mediante la acción de inconstitucionalidad, cuya competencia es de la Corte Constitucional (artículo 241-3 CP).
“[…] las divergencias en la interpretación de las normas legales, en principio, no son materia que pueda ser objeto de acción de tutela, sobre todo en presencia de recursos ordinarios, diseñados precisamente para lograr ‘la superación de las diferencias de interpretación de las normas y promover, a su vez, la unificación de criterios entre los funcionarios judiciales, con vista a una aplicación uniforme de la ley’. Por lo tanto, cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser ‘cuestionada, ni menos de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será improcedente’ (...) En suma, el juez de tutela no puede controvertir la interpretación que de las situaciones de hecho o de derecho realice el juez de la causa en el respectivo proceso, salvo que esta hermenéutica sea arbitraria e irrazonable y, por ende, vulnere los derechos fundamentales de la persona que acude a la acción de tutela” (se resalta).
Posteriormente, la misma Corte Constitucional -en reiteración de jurisprudencia- consignada en la sentencia T-1263 de 2008, señaló:
“8. De este modo, para efectos de armonizar las garantías constitucionales a la autonomía e independencia judicial, eficacia de los derechos fundamentales y supremacía constitucional, que resultan tan importantes para la estructura del Estado Social de Derecho, sin que se sacrifiquen unas a costa de las otras, la jurisprudencia constitucional ha señalado algunas premisas con base en las cuales debe analizarse la procedencia de la acción de tutela contra sentencias cuando se reprochan interpretaciones judiciales, a saber: i) el juez constitucional no puede suplantar al juez ordinario; ii) el juez de conocimiento tiene amplia libertad interpretativa en materia de valoración probatoria (artículo 187 del Código de Procedimiento Civil) y en el análisis y determinación de los efectos de las normas jurídicas aplicables al caso concreto ; iii) la discrecionalidad judicial nunca puede confundirse con la arbitrariedad judicial y, iv) las interpretaciones razonables y proporcionadas del juez de conocimiento deben primar sobre las que consideraría viables el juez de tutela .
“En este orden de ideas, en sentencia SU-120 de 2003, la Corte Constitucional dijo que una decisión judicial constituye una vía de hecho que hace procedente la acción de tutela por defectos graves en la interpretación judicial cuando: “el juez elige la norma aplicable o determina su manera de aplicación (i) contraviniendo o haciendo caso omiso de los postulados, principios y valores constitucionales , (ii) imponiendo criterios irracionales o desproporcionados , (iii) sin respetar el principio de igualdad , y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio ”.
2. La competencia de la Sala
La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que la demanda se presentó el 13 de enero de 2003 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $146’886.093 por concepto de perjuicios materiales, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación para aquella época, esto es $36’950.000(16).
• Certificado de existencia y representación de la sociedad Industria de Ejes y Transmisiones S.A. – Transejes S.A., emitido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el 3 de febrero de 2003(17).
• Copia del certificado del 16 de abril de 2002, emitido por la Secretaría General de la Corte Constitucional, mediante el cual se hizo constar:
“La mencionada sentencia se notificó por edicto No. 494, que se fijó en esta Secretaría a las 8:00 a.m., del día veintitrés (23) de octubre de 2001 y se desfijó el día veinticinco (25) de octubre de 2001, a las 4:00 p.m.” (18).
• Copia de 1.393 formularios correspondientes a Declaraciones de Importación que realizó la sociedad Industria de Ejes y Transmisiones S.A. – Transejes S.A., entre el 1 de enero de 2001 y el 25 de octubre del mismo año, en los cuales aparece en la casilla identificada con el número 72 el espacio correspondiente a la liquidación de la Tasa Especial de Servicios Aduaneros(19).
La Sala advierte, como lo hizo el Tribunal a quo, que los documentos contentivos de las declaraciones de importación que adjuntó la parte demandante como anexos de su demanda fueron aportados en copia simple, lo cual llevó, entre otras razones, al fallador de primera instancia a desestimar las pretensiones resarcitorias puesto que esa posición correspondía a la tesis jurisprudencial vigente para entonces; sin embargo, tales documentos hoy en día son susceptibles de valoración, al tenor de la postura unificada de la Sección Tercera en cuanto al valor probatorio de las copias desprovistas de autenticidad que han obrado a lo largo del proceso sin cuestionamiento alguno de las partes(20).
4. Los hechos probados y lo que se debate
La parte actora formuló demanda de reparación directa en contra de la Nación – Congreso de la República alegando la existencia de una falla del servicio del legislador por la expedición de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, mediante los cuales se creó la Tasa Especial de Servicios Aduaneros, disposiciones normativas que fueron declaradas inexequibles mediante la sentencia C-992 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, por lo cual sostuvo que se configuró un daño antijurídico cierto al haberse realizado los pagos correspondientes al referido tributo entre el 1º de enero y el 25 de octubre de 2001; la parte demandada, a su turno, alegó la inexistencia del deber de reparar, en atención a que, en su criterio, la actuación del Congreso de la República se habría cumplido en el marco de la buena fe exenta de culpa grave o de dolo.
El Tribunal a quo resolvió desfavorablemente las pretensiones de la parte actora, por cuanto consideró que la sociedad demandante no cumplió con la carga probatoria puesto que: i) no arrimó al expediente copia auténtica de la sentencia mediante la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000; ii) allegó los comprobantes de pago en copia simple; y, iii) presentó unos documentos en los que no se encuentra de manera clara y concreta el pago que realizó la empresa Transejes S.A., por concepto de Tasa Especial de Servicios Aduaneros.
Frente a los argumentos que esbozó el Tribunal a quo en torno al incumplimiento de la carga probatoria por parte de la sociedad demandante, al haber omitido allegar al expediente la copia auténtica de la sentencia C-992 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, la Sala debe reiterar que dicho documento se encuentra publicado en la página web de esa Corporación(21), de manera que, en aplicación de lo dispuesto en las Leyes 527 de 1999 y 962 de 2005 no es necesario probar su existencia o contenido(22), pues corresponde al juez de la causa conocer y aplicar las fuentes de derecho que resulten pertinentes al caso concreto(23), de manera que la existencia y el contenido de la referida sentencia de constitucionalidad se encuentran exentos de prueba.
En estas condiciones, en el expediente se encuentra acreditado, aun cuando no se hubiera allegado copia auténtica de la sentencia C-992 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, que dicho Alto Tribunal, en la aludida providencia, declaró la inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000; de la misma manera se probó, mediante las declaraciones de importación correspondientes, que la sociedad Transejes S.A., en el período comprendido entre enero de 2001 y el 25 de octubre del mismo año, realizó pagos concernientes a la Tasa Especial de Servicios Aduaneros.
Teniendo en consideración que la causa petendi(24) que sustenta la responsabilidad administrativa que se demanda tiene asiento en la causación de un supuesto daño antijurídico derivado de haber efectuado los pagos correspondientes a la Tasa Especial de Servicios Aduaneros entre el 1º de enero y el 25 de octubre de 2001, —tributo que fue declarado inexequible mediante la sentencia C-992 de 2001 proferida por la Corte Constitucional—, resulta necesario verificar la demostración de los elementos de la responsabilidad, comoquiera que se trata de unos presupuestos inexcusables que deben estar suficientemente reunidos, previo a resolver sobre la eventual reparación de los perjuicios invocados en la demanda.
El daño antijurídico, comprendido como el primer elemento en un juicio de responsabilidad(25), en el caso objeto de estudio se afirma consistente en el menoscabo patrimonial causado a la sociedad demandante como consecuencia de los pagos efectuados por concepto de la Tasa Especial de Servicios Aduaneros, durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 25 de octubre de 2001, pagos que considera como no debidos, en vista de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, mediante los cuales se creó dicho tributo, decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C-992 de 2001.
De conformidad con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. En relación con el contenido de la mencionada norma constitucional, esta Corporación ha sostenido que aunque el ordenamiento jurídico no contiene una disposición que consagre una definición de daño antijurídico, éste se refiere a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(26), de ahí que para que proceda declarar la responsabilidad del Estado, se ha de probar inicialmente la existencia del daño antijurídico, el cual debe ser cierto(27) -“es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas”(28)-, y determinado o determinable.
Superado lo anterior, corresponderá adentrarse en el estudio de la imputación, en aras de establecer si el daño antijurídico le resulta atribuible a la entidad pública demandada y, en consecuencia, surge a su cargo el deber de reparar los perjuicios causados.
Respecto del primer elemento anotado, es decir, la existencia de un daño antijurídico, se ha de precisar que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, aquél constituye el fundamento mismo de la responsabilidad, de suerte que “si no hay daño no hay responsabilidad” y “sólo ante su acreditación, hay lugar a explorar la imputación del mismo al Estado”(29).
En este sentido, es claro que a la luz del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a la parte demandante probar los supuestos de hecho sobre los que fundamenta su pretensión de reparación, para lo cual, como ya se indicó, en primer lugar habrá de demostrarse la existencia del daño y su carácter de antijurídico(30).
“… la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se recuerda que de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el daño no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo”(31) (se destaca).
En este orden de ideas, en lo atinente a la demostración del primer elemento de la responsabilidad, esto es, la ocurrencia de un daño antijurídico, la Sala estima que no se encuentra acreditado en el proceso, toda vez dicho carácter no depende, per se, del pago realizado por la entidad demandante y de la declaración de inexequibilidad dispuesta por la Corte Constitucional respecto de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000(32).
“Artículo 850. Devolución de saldos a favor. <Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su devolución.
Vale anotar que, ante la declaración de inexequibilidad dispuesta a través de la sentencia C-992 de 2001, la sociedad actora todavía contaba con la posibilidad de acudir al mencionado procedimiento en el término de cinco años a partir del pago -toda vez que la TESA sólo se recaudó durante 10 meses, aproximadamente-, aspecto que ha sido objeto de reiterados pronunciamientos por parte de la Sección Cuarta de esta Corporación, de conformidad con los siguientes argumentos:
“Así, la jurisprudencia de esta Sección(33) ha sido unánime en afirmar que si con la solicitud de devolución no se pretende establecer un mayor saldo a favor sino probar la inexistencia legal para realizar un pago, el trámite pertinente no es el previsto en los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario, que limitan la petición de devolución a dos años, sino que por expresa disposición de los artículos 11(34) y 21(35) del Decreto 1000 de 1997 las solicitudes de devolución o compensación por pagos en exceso o de lo no debido deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva establecido en el artículo 2536 del Código Civil, esto es, en el término de cinco años, contados a partir del pago efectivo” (Resaltado del texto original).
Así las cosas, se impone confirmar el fallo de primera instancia, pero en atención a las razones aquí expuestas; sin embargo, también debe señalarse que las anteriores consideraciones no excluyen la posibilidad de establecer la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, comoquiera que la misma debe ser valorada frente a cada caso concreto.
1: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el día 4 de diciembre de 2003, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2: Sin costas.
3: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
14. Radicación número 11001-03-15-000-2016-01875-01, Consejero Ponente. Carlos Enrique Moreno Rubio.
15. Nota original de la sentencia citada “Daño o lesión en sentido civil, esto es, el detrimento, perjuicio o menoscabo que una persona sufre por la acción u omisión de otra y que afecta sus bienes, derechos o intereses”.
16. D. 597 de 1988.
17. Fls. 3 a 5 del cuaderno No. 1.
18. Fl. 12 del cuaderno No. 3.
19. Cdnos. No. 2, 3 y 4.
20. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.
21. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-992-01.htm
22. En efecto, para la Sala: “Respecto de la aplicación del citado Acuerdo en este proceso, la Sala considera necesario aclarar que al tratarse de una norma de alcance local debe probarse mediante copia auténtica del respectivo texto legal que las contenga, pues tal exigencia aparece contenida en los artículos 188 del CPC y 141 del C.C.A., sin que en el caso concreto tal requisito, a la luz de las citadas normas, aparezca cumplido.
23. En igual dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 6 de diciembre de 2012, Exp. 45679, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
24. El concepto de causa petendi ha sido entendido por la doctrina como “la razón por la cual se demanda; los motivos que se tienen para pedir al Estado determinada sentencia”; dichos motivos están contenidos en los hechos de la demanda, pues son éstos, los que dan origen a su interposición y a la formulación de las pretensiones. Lopez Blanco Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá 2002. Pág. 643.
25. René Chapus. Responsabilité publique et responsabilité privée. París, Librairie genérale de droit et de jurisprudence R. Pichon et R. Durand – Auzias, 1957. p. 349.
26. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11.945, Magistrada Ponente: María Elena Giraldo Gómez.
27. Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 1991, expediente 6.608, Magistrado Ponente: Julio César Uribe Acosta: “[p]ara que las personas en quienes repercute el daño, causado a otra, puedan demandar indemnización, es indispensable que invoquen un interés legítimo y que el perjuicio que reclaman sea cierto y no eventual”.
28. Henao Pérez, Juan Carlos (1998), El Daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, página 130.
29. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia .de 21 de marzo de 2012, expediente 23.478, Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Igualmente, se puede consultar la sentencia dictada por la Sección Tercera el 10 de septiembre de 1993, expediente 6.144, Magistrado Ponente: Juan de Dios Montes.
30. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 23.126. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
31. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 23.478, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En igual sentido se puede consultar lo expuesto por la misma Subsección en sentencia de 2 de septiembre de 2013, expediente 26.589, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón.
32. Este criterio fue expuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 27 de abril de 2017, proferida en el expediente 28.846, con ocasión de un caso similar al presente, en donde se reclamaba la declaración de responsabilidad patrimonial de la Nación-Congreso de la República, derivada de la inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, mediante la cual se estableció la Tasa Especial de Servicios aduaneros.
33. Nota original de la providencia en cita: “Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta: 24 de Julio de 2008, Exp. 16816, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa.; 24 de Septiembre de 2008, Exp. 16163, C.P. Dra. María Inés Ortiz B.; 16 de Julio de 2009, Exp. 16655, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño.; 6 de Agosto de 2009, Exp. 17403, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo.; 13 de Agosto de 2009, Exp. 16569, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño; 3 de Septiembre de 2009, Exp. 16347, C.P. Dr. Hugo Bastidas Bárcenas. ; 5 de Noviembre de 2009, Exp. 16591, C.P. Dr. Hugo Bastidas Bárcenas.; 11 de Noviembre de 2009, Exp. 16567, C.P. Dr. Hugo Bastidas Bárcenas.; 12 de Noviembre de 2004, Exp. 11604, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio H.; 31 de Julio de 2009, Exp. 16577, C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz”.
34. Nota original de la providencia en cita: “Artículo 11. Término para solicitar la devolución por pagos en exceso. Las solicitudes devolución o compensación por pagos en exceso, deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil. (Ver Fallo Consejo de Estado 18301 de 2012).
35. Nota original de la providencia en cita: “Artículo 21. Término para solicitar y efectuar la devolución de pagos de lo no debido. Habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos efectuados a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, para lo cual deberá presentarse solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas donde se efectuó el pago, dentro del término establecido en el artículo 11 del presente Decreto. La Administración para resolver la solicitud contará con el término establecido en el mismo artículo”.