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Timestamp: 2020-02-20 21:37:42
Document Index: 375353813

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 184', 'artículo 177', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1077']

﻿ Sentencia 17000 de abril 22 de 2009
SENTENCIA 17000 DE 22 DE ABRIL DE 2009
Sentencia 17000 de abril 22 de 2009
Rad.: 05001-23-24-000-1992-00231-01(17000)
Actor: Gabriel Ángel Echeverry y María Esneda Mora
Demandado: Empresas Públicas de Medellín y Empresas Varias de Medellín
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo la Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante respecto de una providencia proferida en proceso de doble instancia (1) , que accedió a las pretensiones de la demanda.
En este caso, la competencia de la Sala es restringida, en consideración a que la parte demandante es apelante único, y a que el grado jurisdiccional de consulta no es procedente.
En efecto, si bien el artículo 184 del Decreto 1 de 1984 señalaba que las sentencias dictadas en primera instancia, que impusieran una obligación a cargo de cualquier entidad pública, serían consultables cuando no fueran apeladas por la administración, siempre que la condena impuesta fuera superior a la cuantía exigida para que el proceso fuera de doble instancia (2) , lo cierto es que, al momento en que se profirió la sentencia de primera instancia, ya había entrado a regir la Ley 446 de 1998 que reformó la anterior disposición, en el sentido de exigir un requisito adicional, como es la cuantía de la condena para dicho trámite.
Con fundamento en lo anterior, la Sala se limitará a estudiar los puntos objeto de la apelación: (i) responsabilidad de Empresas Varias de Medellín; (ii) incremento de los perjuicios materiales; y (iii) reconocimiento de perjuicios morales.
1. Responsabilidad de Empresas Varias de Medellín.
El Tribunal Administrativo de Antioquia encontró acreditado el daño que sufrieron los demandantes, y concluyó que el mismo era imputable a Empresas Públicas de Medellín, en consideración a que estaba a cargo del mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad. Señaló además que Empresas Varias de Medellín no estaba obligada a responder patrimonialmente, toda vez que la posible omisión en la labor de recolección de basuras, no fue la causa jurídica del daño.
Los demandantes insistieron en el recurso de apelación, que se debe declarar la responsabilidad patrimonial de Empresas Varias de Medellín, por cuanto la omisión en la recolección de las basuras generó el taponamiento del alcantarillado y, por lo tanto, dicha conducta pasiva es concausa del daño.
Para resolver el asunto, la Sala entrará a analizar el material probatorio.
1.1. Lo probado en el caso concreto.
— Mediante el Acuerdo 59 del 11 de septiembre de 1964, el Concejo Municipal de Medellín creó Empresas Varias de Medellín, entidad de carácter municipal y de servicio público, con personería jurídica y patrimonio propio, a cargo del servicio público de aseo, incluida la recolección y disposición de basuras (fls. 139 a 175, cdno. 1).
— El 5 de marzo de 1991, el señor Gabriel Echeverri radicó ante Empresas Públicas de Medellín, escrito mediante el cual solicitó la reparación de los daños causados a su vivienda, con ocasión de la inundación del domingo 3 de marzo anterior. Afirmó que la inundación obedeció a “un taco en los manjoles que llevan las aguas negras. Este taco se encontraba desde el sábado en horas de la mañana en la esquina de la calle 113 A con carrera 64, barrio las Brisas”; que los trabajadores de Empresas Públicas de Medellín acudieron al lugar a solucionar el problema y sacaron el taco del manjol (fls. 9 a 10, cdno. 1).
— El 17 de abril de 1991, el Departamento de Mantenimiento de Alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín informó a la división jurídica de dicha empresa sobre los daños causados con ocasión de la inundación, así:
“Por la acción de piedras y palos se formó en la red (08’’) una obstrucción que impidió el libre paso del agua; en consecuencia el flujo se represó y buscó salida a través de las domiciliarias de las casas conectadas a la tubería obstruida. Estas redes de desagüe (cruzan bajo las casas hasta llegar a sus patios, inodoros, baños y pocetas), por acción de la presión del agua, permiten su paso hasta brotar a través del piso deteriorándolo, como ocurrió en las residencias 64-C-68 y 74,
(…) La obstrucción se origina normalmente, porque la gente no hace uso adecuado de las redes.
La información disponible no permite imputar las causas del fenómeno a usuarios o a terceros (…)” (fls. 228 a 229, cdno. 1).
— El 26 de abril de 1991, la División Jurídica de Empresas Públicas de Medellín respondió la reclamación efectuada por el señor Echeverri de forma negativa. Explicó que los ingenieros de Empresas Públicas de Medellín realizaron un estudio técnico mediante el cual se advirtió que el daño no es imputable a empresas, sino que se debió al mal uso de las redes de alcantarillado por parte de los usuarios. Señaló:
“El estudio técnico realizado por los ingenieros de las empresas arrojó los siguientes resultados:
La obstrucción de la tubería (08’’) que impidió el libre paso de las aguas negras se formó por el cúmulo de piedras, palos, basuras, etc. Al represarsen (sic) dichas aguas tuvieron que buscar salida por las domiciliarias de las diferentes casas conectadas a la tubería obstruida hasta brotar por los pisos, baños y patios de las mismas. (…).
Por lo anteriormente expuesto la causa del daño no es imputable a la falla del servicio por parte de las empresas sino al uso inadecuado de las redes de alcantarillado por parte de la comunidad. En consecuencia consideramos que no es procedente su reclamación” (fls. 22 a 23, cdno. 1).
— El 8 de mayo de 1991, la División Jurídica de Empresas Públicas de Medellín solicitó al departamento de alcantarillado de dicha empresa, informar la entidad a cargo del mantenimiento del alcantarillado, así como la causa del daño (fl. 234, cdno. 1).
— El 21 de mayo de 1991, el Departamento de Alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín respondió a la División Jurídica que Empresas Públicas de Medellín está a cargo del mantenimiento de las redes de alcantarillado y que “la tubería en cuestión no se había detectado y por lo tanto no fue lavada o revisada últimamente” (fl. 236, cdno. 1).
— El 16 de julio de 1991, la División Jurídica de Empresas Públicas de Medellín informó al señor Gabriel Echeverri que, si bien su función consiste en velar por el mantenimiento y buen estado de las tuberías del alcantarillado, ante eventos de fugas por rompimiento de dichas tuberías, lo cierto es que la causa principal del daño se debió a la “indisciplina social”, toda vez que los usuarios usaron inadecuadamente las redes de alcantarillado, por cuanto arrojan permanente basuras y desechos de construcción a los desagües, cuya acumulación generó la obstrucción que ocasionó la inundación (fls. 20 a 21, cdno. 1).
— El 24 de febrero de 1993, el Jefe del Departamento Jurídico de Empresas Varias de Medellín informó que el servicio de aseo consiste en la recolección de basuras mediante los sistemas de barrido mecánico y manual en los principales sectores de la ciudad, así como la disposición y tratamiento técnico de las basuras mediante relleno sanitario (fl. 176, cdno. 1).
— El 31 de agosto de 1993, el Gerente de Aseo de Empresas Varias de Medellín informó que el servicio de recolección de basuras se presta con una frecuencia de dos veces por semana en toda la ciudad y, concretamente, en el barrio “Las Brisas” la recolección y disposición de basuras de realiza dos días por semana, esto es, miércoles y sábados (fl. 262, cdno. 1).
— Los días 26 y 31 de agosto de 1993, los señores Evelio de Jesús Ruíz Ortega (3) , Rosa Elena Betancur Castaño (4) y María Luz Dary Montoya Tabares (5) , rindieron testimonio ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Manifestaron que Empresas Varias de Medellín recolecta frecuentemente las basuras domiciliaras, es decir, las de las casas, dos o tres veces por semana, pero nunca recoge los desechos de las calles (fls. 255, 261, 264).
El Jefe de Mantenimiento de Alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín, señor Julio Alberto Asuad Mesa, también declaró ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Frente a la causa del daño y la solución ofrecida por los técnicos, explicó:
“La obstrucción fue causada por un taco compuesto por basuras, palos, etc., que arrojan los vecinos a la red de alcantarillado que la empresas, como es apelas obvio no puede controlar (…). En horas de la tarde se presentó un fuerte aguacero que pudo haber bajado más basuras arrojadas por los vecinos y se produjo la nueva obstrucción que causó los daños (…). El taco se saca con un sistema de varilla que tienen un tirabuzón parecido a un sacacorchos en la punta (…). En trabajo se hace por la primera cámara situada aguas abajo del taco. De la varilla salieron pegados unos plásticos y cuando se viene el taco, se ven pasar (bajar) las basuras. Agregó: (como comentario) Es que el sistema de alcantarillado en el área es una tubería diseñada para aguas negras y las lluvias de la urbanización deberían botar a la calzada. Sin embargo los usuarios, como se pudo observar en nuestras visitas, han conectado varias de sus domiciliarias de aguas lluvias al sistema de aguas negras, este es el motivo por el que este alcantarillado se crece cuando llueve. La empresa trata de ejercer algún control sobre estos hechos pero la gente no avisa cuando hace sus reformas y es casi imposible detectar estas conexiones erradas” (fls. 256 a 257, cdno. 1).
El señor Iván Darío Tabares, trabajador de Empresas Públicas de Medellín declaró ante el tribunal a quo que estuvo a cargo de solucionar el problema de la inundación de las viviendas. Señaló que la obstrucción se debió a la falta de cultura de la gente, porque barren las basuras hacia la calle y cuando llueve, esa basura se introduce al colector a través de las rejillas de las alcantarillas; que el día de la inundación, luego de solucionar el problema, informaron a la comunidad que ellos pasarían la relación de los daños causados al ingeniero jefe de la zona, quien los visitaría junto con el empleado de la aseguradora (fls. 258 a 259, cdno. 1).
La Sala advierte que la inundación que ocasionó el daño a los demandantes se generó por la obstrucción de la red de alcantarillado, con piedras, palos y basuras. Se observa igualmente que Empresas Públicas de Medellín, entidad que estaba a cargo del mantenimiento de la red de alcantarillado, omitió revisar la tubería que resultó afectada, en consideración a que no la había detectado.
Está igualmente demostrado que Empresas Varias de Medellín estaba a cargo del servicio de aseo en el barrio Las Brisas y que recolectaba las basuras domiciliarias dos días a la semana, pero no prestaba el servicio de limpieza de las vías públicas, omisión que los apelantes también consideran determinante en la producción del daño.
Para determinar si Empresas Varias de Medellín debe responder patrimonialmente, es necesario revisar el contenido obligacional al cual estaba sujeta.
El Decreto-Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974 (6) , contentivo del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, atribuyó a los municipios la organización de los servicios de recolección, transporte y disposición final de basuras, que podía prestarse a través de personas naturales o jurídicas (art. 37).
La Ley 9ª del 24 de enero de 1979 (7) , por la cual se dictaron medidas sanitarias, impuso a las empresas de aseo, la obligación de ejecutar la recolección de las basuras con una frecuencia tal que impida la acumulación o descomposición en el lugar (art. 27) y que el Ministerio de Salud estaría a cargo de reglamentar todo lo relacionado con la recolección, transporte y disposición final de basuras en el territorio colombiano (art. 35).
En cumplimiento de las anteriores disposiciones, el Decreto 2104 del 26 de julio de 1983 (8) reglamentó el Decreto-Ley 2811 de 1974 y la Ley 9ª de 1979, en lo referente a los residuos sólidos. Estableció que el servicio público de aseo comprende las actividades de almacenamiento, presentación, recolección, transporte, transferencia, tratamiento, disposición sanitaria, barrido y limpieza de las vías y áreas públicas y recuperación (art. 3).
En cuanto a la actividad de barrido y limpieza de las vías y áreas públicas, preceptuó que está a cargo de las entidades de aseo (9) y que debe realizarse con tal frecuencia, que garantice que las vías y áreas públicas estén siempre limpias y aseadas (art. 77).
Como se advierte de las anteriores disposiciones, Empresas Varias de Medellín estaba obligada a prestar el servicio público de aseo en el barrio Las Brisas, que comprende la recolección de la basura domiciliaria y la actividad de barrido y limpieza de las vías y áreas públicas.
La Sala encuentra plenamente acreditada la omisión de Empresas Varias de Medellín en la actividad de barrido y limpieza de las vías y áreas públicas, lo que constituye una falla del servicio, que además fue determinante en la producción del daño.
En efecto, la inundación en el barrio Las Brisas obedeció a la obstrucción de la red de alcantarillado, producida por palos, piedras y basuras, tal como lo determinaron los técnicos de Empresas Públicas de Medellín quienes afirmaron además que la tubería afectada no fue detectada y, por lo tanto, no se le realizó el mantenimiento requerido.
Por consiguiente, es dable concluir que la falta de mantenimiento de la red de alcantarillado y la falta de aseo de las vías públicas constituyen las conductas omisivas eficientes y determinantes en la producción del daño.
En materia de causalidad, la Sala ha explicado en varias ocasiones (10) que se debe diferenciar la causa física de la causa jurídica. Así, en sentencia del 17 de junio de 2004, se dijo:
“En el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, el análisis que debe hacerse para determinar la obligación de la administración de reparar o indemnizar un daño, según el caso, no puede quedarse en el simple terreno de la fenomenología física, ya que existen otras causas no necesariamente materiales, las cuales se relacionan con el incumplimiento o extralimitación de las autoridades públicas a su carga obligacional y que pueden constituirse en un momento determinado en causas eficientes en la producción de un daño; estas causas son las denominadas “causas jurídicas”. Por lo tanto y como lo ha expresado la Sala en anteriores oportunidades de no haberse omitido por el Estado el deber u obligación que le era exigible y previsible se habría interrumpido, con su acción, el proceso causal impidiendo la producción de la lesión, o de haberse producido a pesar del cumplimiento de la obligación por parte de la administración, no le sería imputable porque la culpa se trasladaría a quien no acata las señales preventivas (11) ”.
En este caso, Empresas Públicas de Medellín y Empresas Varias de Medellín incumplieron el contenido obligacional que les era exigible, omisiones que constituyen la causa idónea, eficiente y preponderante cuya consecuencia directa e inmediata es el daño.
Cabe resaltar que de no haberse omitido por parte de las demandadas la obligación que les era exigible, se habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción del daño. De una parte, si Empresas Varias de Medellín hubiera efectuado el barrido de las vías públicas, la red de alcantarillado no se habría taponado con palos, piedras y basuras; y de otra, si Empresas Públicas de Medellín hubiera realizado el mantenimiento de la tubería, habría detectado la presencia de palos, piedras y basuras, y la habría lavado, evitando la producción del daño.
Todo lo anterior conlleva a concluir que el daño es imputable tanto a Empresas Públicas de Medellín como a Empresas Varias de Medellín, quienes deberán responder solidariamente por los perjuicios causados a los demandantes.
2. Los perjuicios materiales.
En la demanda, los actores solicitaron el reconocimiento del daño emergente, en los siguientes términos:
“II. Que en consecuencia de la anterior declaración, se condene a las Empresas Públicas de Medellín y Empresas Varias de Medellín, a pagar a los demandantes la suma de dos millones quinientos mil pesos ($ 2’500.000) o lo que se acredite dentro del proceso por medio de peritazgo, si fuere mayor, a título de perjuicios materiales por los daños relacionados en el hecho cuarto de esta demanda, como daño emergente” (fl. 28, cdno. 1).
En el capítulo de la demanda denominado “cuantía”, los actores señalaron:
“Como daño emergente, se debe tener en cuenta los presupuestos obtenidos por los demandantes y los cuales son aportados a este proceso que nos dan una proporción del costo de reparación del bien inmueble objeto de este proceso, presupuestos que no incluyeron algunos enseres de servicio de la propiedad como son: sanitario, lavamanos y poceta y lavaplatos y es por ello que estiman los perjuicios como daño emergente en la cantidad de 2’500.000 pesos, la cual quedaría distribuida de acuerdo con los insumos que establece el presupuesto expedido por el señor Óscar Muñoz Berrio quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 8’258.097 de Medellín, de la siguiente manera:
Costo de materiales sin incluir sanitario, lavamanos y poceta lavaplatos un total de $ 1’241.545.
Costo mano de obra $ 680.000.
Costo administración de la obra $ 200.000.
Costo calculado de los demás accesorios faltantes es de $ 378’455.
Así las cosas, le corresponde a cada uno de los poderdantes por perjuicios en calidad de daño emergente de a $ 1’250.000” (fls. 31 y 32, cdno. 1).
En la sentencia de primera instancia, para efecto de la cuantificación del perjuicio, el tribunal encontró sustento en el dictamen pericial practicado en primera instancia —que no fue objetado por ninguna de las partes—, y concluyó:
“Y en dicho dictamen, después de enumerarse y cuantificarse las distintas obras de reconstrucción al inmueble de los demandantes, se tasaron los perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente, en la suma de $1’709.000. En cuanto al lucro cesante, representado por el valor de arrendamiento de la casa durante cinco meses, se fijó en la suma de $ 350.000 para un total de perjuicios materiales de $ 1’709.000 a septiembre de 1993”.
En el recurso de apelación, los demandantes consideraron que la suma reconocida a título de daño emergente es irrisoria, toda vez que el dictamen pericial y la inspección judicial se realizaron después de que se hicieron las reparaciones, sin que el tribunal hubiera tenido en cuenta las cotizaciones presentadas con la demanda, ni la prueba testimonial, de la cual se advierte que los gastos en que incurrieron los actores son mayores a los reconocidos en la providencia impugnada.
Para establecer si hay lugar a aumentar la condena por daño emergente, es necesario analizar los hechos probados:
— Los señores Gabriel Ángel Echeverri y María Esneda Mora son propietarios del inmueble ubicado en la calle 113 Nº 64 C-68 (folio de matrícula inmobiliaria, fl. 7, cdno. 1).
— El 4 de marzo de 1991, el Jefe de Departamento de Alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín, remitió a la división jurídica de esa empresa, el informe sobre los perjuicios ocasionados a la casa del señor al señor Gabriel Echeverri, ubicada en la calle 113 Nº 64 C-68, barrio Las Brisas, con ocasión del daño causado en ese sector, consistente en la obstrucción del alcantarillado, con derrame a través de los sifones de la casa, debido a la presencia de piedras y palos en la red de alcantarillado. Al describir los perjuicios que sufrió el señor Echeverri, encontró que “se deterioraron 15 M2 de baldosa, 2 vidrios puerta garaje” (fl. 219, cdno. 1).
— El 11 de abril de 1991, el señor Gabriel Echeverri Moreno radicó ante Empresas Públicas de Medellín, escrito mediante el cual solicitó el reconocimiento de los gastos en que incurrió para reparar los daños ocasionados en su residencia, con ocasión del taponamiento del alcantarillado. Para tal efecto, anexó dos cotizaciones, de 5 de abril de 1991, efectuada por la empresa Tecnoasociados Ltda.; y de 8 de abril de ese mismo año, realizada por el señor Óscar Muñoz Berrío:
• Cotización del 5 de abril de 1991, de Tecnoasociados Ltda.:
Descripción UN Cantidad Vr. Unit. Vr. total
Demolición de pisos en general, incluye acarreo interno cargue y botada de escombros M2 72 985 70.920
Excavación a mano en cualquier material, incluye cargue y bogada de tierra M3 9 7.840 70.560
Acometida principal para alcantarillado en tubería Ø 4’’, incluye accesorios en general Sanitaria ML 17 6.875 116.875
Aguas lluvias ML 19 5.820 110.580
Salidas sanitarias (bocas) en PVC Un 7 10.480 73.360
Cajas empalme de 0,40x0,40 incluye cañuela mesa tapa y esmalte Un 5 14.500 72.500
Retiro y nueva instalación de sanitario y lavamanos existentes GL 16.240
Llenos en arenilla compactados a mano para tapada brechas y reemplazo de material malo M3 14 8.905 124.670
Piedra para entresuelo, incluye recebo M2 72 2.850 205.200
Pisos en general Cerámica de 0,20x0,20 para baño, incluye encharque ducha M2 2,50 9.840 24.600
Vitrificado en ranuras en arenón M2 16 9.230 147.680
Baldosa en granito, incluye repulida y brillada M2 55 9.300 511.500
Zócalo en granito pulido ML 65 3.650 237.250
Peldaños para escalas, acabado en granito pulido Un 3 9.200 27.600
Pintura general de muros y cielos, incluye resanes M2 180 780 140.400
Acarreos de equipo, mantenimiento general de aseo y limpieza GL 30.000
Valor total 1’979.935
(fls. 18 a 19, cdno. 1).
• Cotización del 8 de abril de 1991, de Óscar Muñoz Berrio:
Materiales Tubería Ø 4’’ sanitaria Un 7 13.440 94.080
Tubería Ø 3’’ de A. LL Un 4 5.635 22.540
Accesorios de Ø 4’’ Un 35 1.500 52.500
Accesorios de Ø 3’’ Un 6 600 3.600
Arenilla M3 18 3.000 54.000
Piedra M3 15 4.000 60.000
Recebo M3 4 4.000 16.000
Arena de revoque M3 2 4.500 9.000
Arena de pega M3 3 4.500 13.500
Arena de concreto M3 2 4.500 9.000
Agregado ¾’’ M3 2 4.500 9.000
Cerámica 20x20 M2 3 4.015 12.045
Vitrificados 30x30 M2 16 3.080 49.280
Baldosa granito 30x30 M2 57 7.000 399.000
Arenón Kl 160 600 96.000
Grano Kl 180 750 135.000
Pintura GL 9 8.000 72.000
Viajes, botada tierra, escombros y acarreo en general Vj 18 7.500 135.000
Subtotal materiales 1’241.545
Mano de obra 680.000
Administración y utilidad 200.000
Valor total obra 2’121.545
(fls. 16 a 17, cdno. 1).
— El 17 de abril de 1991, el Jefe de Daños de Empresas Públicas de Medellín, presentó a la división jurídica de la empresa, un informe detallado de los daños ocasionados a la propiedad 64-C-68 del señor Gabriel Echeverri, así:
“(…). El agua levantó 10 cm el piso en baldosa común de un salón de 8.5 x 2.8 mts (23.8 M2); aunque solamente se reventó el 50% de las baldosas del salón deberá revisarse todo el piso de la casa pues el usuario sostiene que aunque el piso de 2 alcobas se ve normal, cuando la inundación, este se movió hacia arriba.
Además el agua al salir movió la puerta del garaje, rompiendo en la acción 2 vidrios de 0,8 x 0,8 mts. c/u.
Valor aproximado: $150.000” (fls. 228 a 229, cdno. 1).
— El 24 de agosto de 1993, se realizó la diligencia e inspección judicial con intervención de peritos a solicitud de la parte demandante, a la que acudieron el magistrado de primera instancia, los auxiliares de la justicia y las partes. En ella, se constató la existencia del inmueble ubicado en la Calle 113 A Nº 64 C-68, de propiedad del señor Gabriel Echeverri, y se describieron los daños advertidos, así:
“La casa, en la planta baja muestra tajaduras en el muro lateral derecho en partes cercanas al comedor y a la cocina. Se observa huella de haber existido un muro separador de la cocina y el comedor que al decir del accionante, se cayó y hubo necesidad de levantar otro como formando escala, con una altura de unos dos metros. En la cocina hubo deterioro en el poyo, pues hubo necesidad de cambiar toda la mesa: en la parte de atrás, contiguo a la cocina, se aprecia un patio en el cual se ven agrietamientos en el piso, que es de cemento esmaltado, color rojo y en una de las paredes también se observa otra tajadura; dando la vuelta y ya por el lado izquierdo y contiguo al patio, se encuentra el lugar destinado para baño, lavamanos e inodoro en donde, según el demandante, fue afectado seriamente, pues por allí salía el agua que se devolvía de la calle y la otra que provenía de las casas contiguas, de la parte alta y, como consecuencia de ello, hubo necesidad de cambiar lavamanos, inodoro, piso, pintura, etc. Encima del lugar antes descrito, se halla la alcoba principal de los demandantes, la cual se afectó tanto en pintura como por haberse reventado uno de los muros debido a la humedad proveniente de la casa de enseguida. También en este sitio se deterioraron las otras paredes y el piso. Manifiesta, además, el accionante que los cimientos de la construcción sufrieron por causa de las aguas lluvias y negras a causa de la obstrucción presentada en un manhole de la calle, lugar por el que se devolvía el agua, mejor se entraba el agua, pues al no tener curso libre por las tuberías, debido a la obstrucción por escombros, basuras, palos, etc., el agua entraba a su casa como formando una especie de río. El despacho en la parte de afuera aprecia que en la parte de abajo del inmueble visitado, existe una tapa de un mahole, pero como el asunto es materia pericial, queda sometido a estos (…)” (fls. 251 a 252, cdno. 1).
— Los días 26 y 31 de agosto de 1993, los señores Evelio de Jesús Ruíz Ortega (12) , Julio Alberto Asuad Mesa (13) , Rosa Elena Betancur Castaño (14) , María Luz Dary Montoya Tabares (15) y Pedro Obed Montoya Tabares (16) , rindieron testimonio ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
El señor Evelio de Jesús Ruíz Ortega, señaló que la inundación causó el levantamiento del piso de la casa, puesto que el agua salía por los sanitarios y los lavamanos, razón por la cual, debió arreglar el piso, cambiar el sanitario y “destaquiar todo lo que había dañado” (fls. 254 a 255, cdno. 1). El señor Julio Alberto Asuad Mesa, afirmó que los daños consistieron en el levantamiento de 15 a 20 metros de baldosa común, el rompimiento de vidrios de la puerta del garaje, tal como lo señaló en el informe que presentó a la Oficina Jurídica de Empresas Públicas de Medellín (fls. 256 a 257, cdno. 1). La señora Rosa Elena Betancur Castaño dijo que la inundación dañó la baldosa, el ladrillo vitrificado del patio, el antejardín, el lavamanos, el sanitario, el piso del baño, el fogón, el lavaplatos y la pintura de la parte baja de la casa; que el costo de dichas reparaciones ascendió aproximadamente a $ 3’500.000 y agregó que se enteró del gasto “porque yo fui una de las que le presté” (fls. 260 a 261, cdno. 1). La señora María Luz Dary Montoya Tabares, indicó que la reparación de los daños costó entre $ 3’500.000 y $ 4’000.000 (fls. 263 a 265, cdno. 1). El señor Pedro Obed Montoya Tabares afirmó que la reparación de los daños costó entre $ 2’500.000 y $ 3’000.000 (fls. 265 a 266, cdno. 1).
— El 14 de septiembre de 1993, los auxiliares de la justicia (17) presentaron el dictamen pericial encomendado, con el fin de avaluar los perjuicios materiales ocasionados a los demandantes. Los peritos emitieron el dictamen con fundamento en la inspección judicial realizada el 24 de agosto de 1993, las mediciones y observaciones de la casa de los demandantes, efectuadas del 10 de septiembre de 1993 con la presencia del ingeniero de Empresas Públicas de Medellín y de los propietarios del inmueble, y los documentos que obran en el expediente. En relación con el daño emergente, concluyeron:
“De acuerdo con las mediciones y observaciones practicadas los daños ocasionados en la casa 64C-68 de la calle 113ª por la inundación con aguas provenientes del alcantarillado obstruido fueron los siguientes:
1. La red del alcantarillado interior de la casa se reventó y fue necesario reconstruirla casi en su totalidad.
2. Los pisos en baldosa común de la sala - comedor, cocina, alcoba Nº 3, pasillo de circulación y baño se levantaron y deterioraron. Estos pisos que fue necesario demoler y reconstruir tienen las siguientes áreas:
Sala - comedor 6,oo x 2,80 16,80 M2
Cocina 2,80 x 2,80 7,84‘’
Alcoba Nº 3 2,70 x 2,85 7,69‘’
Pasillo 1,20 x 1,oo 1,20‘’
Baño 1,20 x 1,80 2,16‘’
Menos área ocupada por poyo y lavaplatos 1,80 x 0,65 1,17 M2
Los pisos deteriorados y que hubo que reconstruir aparecen pintados en color amarillo en el plano Nº 2 que se adjunta.
3. Deterioro general de pintura en muros y cielo.
4. Dos (2) vidrios grabados de 0,60 x 0,70 m cada uno, pertenecientes a la puerta de entrada que se reventaron con la presión a que fue sometida.
Nota: En concepto de los peritos, el poyo, lavaplatos, el sanitario, el lavamanos y los baldosines de las paredes del baño, no pudieron haber sufrido daños durante la inundación a causa de encontrarse a un nivel superior al alcanzado por las aguas, en consecuencia no avaluamos estos ítems.
Valor de las reconstrucciones:
El valor de las reconstrucciones a precios de actualidad es el siguiente:
“Demoliciones
Este ítem incluye la levantada de la red deteriorada de alcantarillado y pisos dañados, sacada y apilada de escombros en el exterior.
Tiene un valor de ………………………………………………$ 96.000
Construcción de nuevo alcantarillado
a) Excavación de zanjas y cajas de empalme, incluye sacada de tierra a la calle…………………………..$ 72.000
b) Tubería sanitaria de PVC de 4’’, incluye accesorios, tendida y colocación……………………………$ 120.000
c) Salidas sanitarias en PVC, incluyen instalación………………………………………………………$ 75.000
d) Cajas de empalme, cuatro, incluyen materiales y mano de obra………………………..…………$ 80.000
e) Lleno y compactada con arenilla, incluye materiales y mano de obra………………………..…………$ 60.000
Construcción pisos
a) Emparejada y conformada del piso con relleno de gravilla……………………….……………….$ 87.000
b) Baldosa común, incluye colocación pulida y brillada…………………………………………………….….$ 317.200
c) Cerámica de 0,20 x 0,20 para baño, incluye colocación………………………………………..…..$ 43.200
Pintura general de la casa, materiales y mano de obra……………………………………………$ 235.000
Botada de tierra y escombros
Incluye cargue y acarreo…………………………………$ 120.000
Materiales y mano de obra………………………………..$ 40.000
Vidrios de la puerta principal
Incluye transporte y colocación…………………………..$ 13.600
Total………………………………………………..….$ 1’359.000”
(fls. 267 a 270, cdno. 1).
La parte demandante solicitó oportunamente la adición y aclaración del anterior dictamen (fls. 275 a 276, cdno. 1), peticiones que fueron resueltas por los auxiliares de la justicia el 25 de octubre de 1993:
“Respecto de su concepto sobre la no destrucción del ‘lavamanos…’, que digan si para la reparación del piso y paredes era necesario remover dichos elementos y si como consecuencia de su remoción pueden ser deteriorados o destruidos. En caso afirmativo y dado que desde la demanda se incluyó en las pretensiones el daño a estos bienes, que los peritos se sirvan incluir su valor y adicionarlo al avalúo del daño” (fl. 275, cdno. 1).
Auxiliares de la justicia:
“Del baño sólo hubo que reparar el piso, las paredes no; y para reparar el piso no se requiere remover ni el lavamanos ni el sanitario. Este concepto quedó claramente expresado en la respectiva nota del dictamen” (fl. 278, cdno. 1).
“Como la puerta - garaje del inmueble fue presionada por el levantamiento del piso al presentarse la inundación, fue necesario repararla, los peritos no tuvieron en cuenta este concepto relacionado en la demanda y por lo tanto deberán incluir su valor” (fl. 275, cdno. 1).
“De las inspecciones practicadas por los suscritos peritos, de los interrogatorios efectuados y de la comunicación de marzo 4 de 1991(fl. 9 del expediente) se desprende que el único daño sufrido por la puerta - garaje fue la reventada de los vidrios y esto fue incluido en el avalúo” (fls. 278 y 279, cdno. 1).
“No fue incluido por los peritos en su dictamen el valor de reconstrucción del muro relacionado con la demanda en el hecho cuarto, por lo cual deberán incluir el valor de construcción” (fl. 275, cdno. 1).
“Se trata del muro que separa la cocina y la sala - comedor; no es un muro soportante, su función es meramente divisoria. De acuerdo con los elementos de juicio citados en el numeral anterior este muro no sufrió deterioro con el daño del alcantarillado, véase, por ejemplo, la comunicación de marzo 4 de 1991 (fl. 9 del expediente) donde dice ‘no se ha reventado ningún muro’. Por lo visto dicho muro fue demolido y reconstruido más corrido hacia la sala, y no se reconstruyó parejo y hasta el techo, como estaba, sino escalonado y más bajo, con el propósito de darle a la cocina amplitud, ambiente y claridad, pero no por deterioro, porque no lo tuvo, durante la falla del alcantarillado” (fl. 279, cdno. 1).
“Igualmente que manifiesten si se tuvieron en cuenta las cotizaciones presentadas con la demanda en la cual se incluyen para el año 1991 un valor por mano de obra de $ 680.000 y la administración de esta $ 200.000. En caso afirmativo, por qué no se tuvo en cuenta este valor para el peritazgo” (fls. 275 y 276, cdno. 1).
“Los suscritos peritos estudiamos las cotizaciones presentadas, como todo el expediente, pero nuestro avalúo de perjuicios es independiente de dichas cotizaciones y se fundamenta en nuestro conocimiento y amplia experiencia en la materia, que de no tenerlos no hubiésemos aceptado el encargo, e incluye materiales, transporte, mano de obra y administración, es decir costos directos e indirectos” (fl. 279, cdno. 1).
“Teniendo en cuenta las cotizaciones mencionadas en el punto anterior, que los señores peritos adicionen el dictamen para igualar la mano de obra con los mencionados valores” (fl. 276, cdno. 1).
“Como lo expresamos en el numeral anterior nuestro avalúo incluye costos directos e indirectos, es independiente de las aludidas cotizaciones e incluye el lucro cesante que en estas no se contemplaron” (fl. 279, cdno. 1).
Del material probatorio analizado, la Sala advierte que las cotizaciones presentadas con la demanda, incluyen materiales y reparaciones locativas que no están claramente probadas dentro del proceso, ni corresponden a los daños efectivamente acreditados.
En efecto, de acuerdo con el informe del 4 de marzo de 1991, elaborado por el Jefe del Departamento de Alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín, los daños consistieron en el deterioro de 15 M2 de baldosa y la destrucción de 2 vidrios de la puerta del garaje (fl. 219, cdno. 1). La anterior información la corroboró el Jefe de Daños de Empresas Públicas de Medellín, mediante oficio del 17 de abril de 1991, por medio del cual, luego de visitar personalmente la casa del señor Echeverri, estableció que efectivamente la inundación levantó 10 cms el piso de baldosa común, en un espacio de 23,8 M2 y reventó el 50% de las baldosas, razón por la cual, era necesario reparar todo el piso. Encontró igualmente que la inundación rompió 2 vidrios de la puerta del garaje (fls. 228 a 229, cdno. 1).
Si bien en la diligencia de inspección judicial del 24 de agosto de 1993, se describieron daños diferentes, lo cierto es que se dejó constancia de que estos se señalaban según las afirmaciones de los demandantes, sin que existiera certeza de que tales anomalías tuvieron causa en la inundación.
Los testimonios también corroboran lo expuesto en el informe del 4 de marzo de 1991. En efecto, el señor Evelio de Jesús Ruiz Ortega afirmó que la inundación generó daños en el piso de la casa, y el señor Julio Alberto Asuad Mesa agregó que también se rompieron los vidrios de la puerta del garaje.
Para la Sala, el dictamen pericial elaborado por los auxiliares de la justicia ofrece certeza sobre los daños efectivamente ocasionados a la vivienda, así como los costos de las reparaciones, para lo cual, tuvieron en cuenta los precios vigentes al momento de la elaboración del dictamen.
La anterior prueba pericial encontró sustento en la inspección judicial, las mediciones y observaciones realizadas a la casa del señor Echeverri y en las demás pruebas que obran en el proceso. Por consiguiente, dicho análisis ofrece certeza y, por consiguiente, al igual que lo consideró el a quo, se tendrá en cuenta para el reconocimiento del daño emergente.
Cabe precisar que la parte demandante solicitó la adición y aclaración del dictamen, petición que fue resuelta por los auxiliares de la justicia, sin que los actores lo hubieran objetado. Resulta igualmente necesario destacar, que las inquietudes formuladas por los demandantes al momento de pedir la aclaración y adición, corresponden a los mismos argumentos que cuestionaron en el recurso de apelación para el aumento de dicho perjuicio, sin que esta sea la oportunidad para alegar puntos que no fueron debatidos oportunamente, durante el traslado de la adición del dictamen, etapa procesal en la cual pudieron objetarlo por error grave y no lo hicieron.
Por consiguiente, el daño emergente asciende a $ 1’359.000, suma de dinero que será indexada desde el momento en que se produjo el detrimento al patrimonio de los demandantes, es decir, la fecha del daño —mar. 3/91— hasta la fecha de esta sentencia (18) , con base en los reportes oficiales del IPC que mensualmente publica el DANE:
Los demandantes alegaron en el recurso de apelación que la actualización del lucro cesante se efectuó desde la fecha del daño, hasta el mes de diciembre de 1998, cuando en realidad debió indexarse a la fecha de la sentencia que se profirió en marzo de 1999.
La Sala advierte que el tribunal utilizó el último reporte publicado por el DANE, que en ese momento correspondió al de diciembre de 1998, en consideración a dicha fecha el DANE se encontraba en proceso de empalme.
En esta oportunidad, la Sala procederá a actualizar el lucro cesante desde el momento en que se produjo el daño hasta la fecha de la presente sentencia; sin embargo, es importante precisar que al momento en que el tribunal realizó la liquidación en primera instancia, el DANE se encontraba en proceso de empalme, que tiene lugar cada diez años. No obstante lo anterior, la entidad pública condenada debe efectuar en todos los casos la respectiva liquidación de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo con base en los datos del momento del pago efectivo, a fin de garantizar de forma plena el derecho de crédito de los demandantes.
El material probatorio muestra que el dictamen pericial concluyó que el lucro cesante solicitado por concepto del dinero que dejó de ingresar al patrimonio de los demandantes con ocasión del arrendamiento del inmueble asciende a $ 350.000, así:
El lucro cesante equivale al valor del arrendamiento de la casa durante cinco (5) meses, a razón de setenta mil pesos ($ 70.000) mensuales. Total $ 350.000. Actualmente la casa está arrendada y el canon de arrendamiento es de $70.000” (fl. 270, cdno. 1).
La conclusión a la que llegaron los auxiliares de la justicia, coincide con lo afirmado por los testigos, quienes señalaron que los demandantes arrendaban el inmueble. En efecto, el señor Evelio de Jesús Ruíz Ortega dijo que el arrendamiento mensual de la casa del señor Echeverri ascendía, aproximadamente, a $ 80.000 (fls. 254 a 255, cdno. 1). La señora Rosa Elena Betancur Castaño señaló que el canon de arrendamiento era de $ 50.000 a $ 60.000 (fls. 260 a 261, cdno. 1). La señora María Luz Dary Montoya Tabares, expresó que era entre $ 60.000 a $ 70.000 mensuales (fls. 263 a 265, cdno. 1), y el señor Pedro Obed Montoya Tabares afirmó que era entre $ 50.000, $ 60.000 o $ 70.000 mensuales (fls. 265 a 266, cdno. 1).
Rh = Renta histórica - $ 70.000 que corresponden al canon mensual de arrendamiento.
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 101,94, que es el correspondiente a marzo de 2009 (19)
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 11,97 que es el que correspondió al mes de marzo de 1991.
— Número de meses en los que el inmueble no se arrendó: 5 meses.
— Canon de arrendamiento mensual actualizado $ 596.140,35.
— Para el cálculo del valor dejado de percibir se aplicará la fórmula de indemnización debida, en la que n es igual al número de meses que duró el inmueble sin arrendar.
La parte demandante solicitó en el recurso de apelación el reconocimiento de los perjuicios morales, en consideración a que se demostró el dolor y aflicción que padecieron los demandantes, al ver su único patrimonio destruido.
Revisado el expediente, la Sala encuentra que las señores Rosa Betancur y María Luz Dary Montoya, vecinas de los demandantes, declararon que la casa quedó inhabitable, pues los lavamanos e inodoros botaban aguas negras, excremento y ratas, hechos que desesperaron a los demandantes, quienes lloraban por el horror; que por ello, debieron irse a otra casa que aún no era apta para vivir, donde tuvieron que acondicionar la cocina (fls. 260 a 261, cdno. 1).
La señora María Luz Dary Montoya Tabares, expresó además que los señores Gabriel Echeverri y María Esneda Mora Rojo sufrieron mucho por los daños causados, “nos tocó ver que todos ellos eran desesperados debido a la tragedia que hubo porque salían ratas, de todo, cuanta cochinada salía por allí”; dijo que los demandantes se vieron obligados a salir de su casa, para irse a otra, incómoda, toda vez que no tenía cocina, ni baño y les tocó improvisar (fls. 263 a 265, cdno. 1).
En materia de perjuicios morales ocasionados por el daño de bienes, la Sala ha reconocido este tipo de perjuicio inmaterial, siempre que el mismo se encuentre probado. En sentencia del 5 de octubre de 1989, explicó:
“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por estos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume (20) ”.
Y en sentencia del 13 de abril de 2000, la Sala dijo:
“El desarrollo del tema en la jurisprudencial nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume (21) ” (22) .
En este caso, a pesar de que los demandantes lograron demostrar la incomodad que padecieron con ocasión del daño, lo cierto es que ese sentimiento no es de tal envergadura que justifique su reparación.
En efecto, el daño moral es un perjuicio inmaterial que comprende el aspecto interno del individuo, la afección directa a los sentimientos del ser humano, como la congoja, la tristeza, etc., y para que haya lugar a su indemnización, es necesario que la afectación sea intensa, pues no cualquier contratiempo o contrariedad puede ser moralmente compensado, máxime si se tiene en cuenta que el único patrimonio de los demandantes no se destruyó ni se perdió, sino que, por el contrario, los daños generados al inmueble se repararon.
En consideración a lo anterior, en esta oportunidad la Sala negará el reconocimiento del perjuicio moral solicitado, sin que con ello se pretenda desconocer el impacto emocional de los demandantes.
Empresas Varias de Medellín llamó en garantía a la Compañía de Seguros Universal S.A., con sustento en que el 4 de diciembre de 1990, la Aseguradora llamada en garantía expidió la póliza de responsabilidad civil extracontractual 14200, cuyo tomador y beneficiario es Empresas Varias de Medellín, con vigencia del 31 de julio de 1990 al 31 de julio de 1991 y límite asegurado de $ 100’000.000, cuyo objeto consistió: “se indemnizará al asegurado las sumas que debiere pagar por haber incurrido en responsabilidad civil extracotractual por lesiones personales o daños causados a propiedades de terceros” por “actos u operaciones que ejecute” en cumplimiento de la actividad (fls. 78 y 79, cdno. 1).
Dentro de las cláusulas que rigen el contrato, se resaltan las siguientes:
“Cláusula quinta. Límites de responsabilidad de la compañía. Las sumas que respecto de la cobertura de responsabilidad civil se estipulan como límite de responsabilidad, se entenderán aplicables en la siguiente forma:
(…) b) Daños a propiedades
1) Cada siniestro: suma máxima que la compañía pagará en razón de la responsabilidad civil del asegurado, derivada de daños a propiedades de terceros en un solo evento.
2) Agregado: suma máxima que la compañía pagará en razón de la responsabilidad civil del asegurado derivada de daños a propiedades de terceros durante el período de vigencia de la póliza.
(...). Cláusula doce. Pago de reclamaciones. La compañía estará legalmente obligada a pagar las reclamaciones correspondientes a siniestros amparados bajo la presente póliza, únicamente en los siguientes casos: a) Cuando se le presente sentencia debidamente ejecutoriada que preste mérito ejecutivo contra el asegurado.
(…) Cláusula dieciséis. Pago total. La compañía podrá exonerarse en cualquier momento de toda responsabilidad de un siniestro amparado bajo la presente póliza, mediante el pago al asegurado de la suma estipulada como límite máximo de responsabilidad respecto de dicho siniestro, más los gastos adicionales que con arreglo a la ley corresponde asumir” (fls. 80 a 83, cdno. 1).
La llamada en garantía reconoció la existencia de la póliza de seguro y solicitó que, en caso de una eventual condena a cargo de Empresas Varias de Medellín, “se disponga que la responsabilidad del asegurador se circunscriba a los términos, condiciones y limitaciones de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracotractual” (fl. 107, cdno. 1).
La Sala encontró acreditado el daño que padecieron los demandantes, que acaeció el 3 de marzo de 1991, esto es, dentro de la vigencia de la póliza de responsabilidad extracontractual.
En consecuencia, se condenará a la aseguradora llamada en garantía a reembolsar a Empresas Varias de Medellín la condena que esta última deba pagar con ocasión de esta providencia, sin que dicha suma supere el límite de responsabilidad asegurado ($ 100’000.000), conforme a lo dispuesto en el artículo 1.089 (23) del Código de Comercio y, sin perjuicio del ejercicio por parte de la aseguradora del derecho de subrogación legal frente al agente del daño (24) ; dicho reembolso se hará exigible al día siguiente en el cual el demandado haya indemnizado totalmente a los demandantes, en la forma indicada en el artículo 1.080 (25) del Código de Comercio.
MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Decisión, el 4 de marzo de 1999, la cual quedará así:
1. DECLARAR patrimonial y solidariamente responsables a Empresas Públicas de Medellín y a Empresas Varias de Medellín, por el daño causado a los señores Gabriel Ángel Echeverri Moreno y María Esneda Mora Rojo.
2. CONDENAR patrimonial y solidariamente a Empresas Públicas de Medellín y a Empresas Varias de Medellín a pagar, por concepto de daño emergente, a favor de los señores Gabriel Ángel Echeverri Moreno y María Esneda Mora Rojo, la suma de once millones quinientos setenta y tres mil seiscientos treinta y nueve pesos con nueve centavos ($ 11’573.639,09).
3. CONDENAR patrimonial y solidariamente a Empresas Públicas de Medellín y a Empresas Varias de Medellín a pagar, por concepto de lucro cesante, a favor de los señores Gabriel Ángel Echeverri Moreno y María Esneda Mora Rojo, la suma de tres millones nueve mil ochocientos cincuenta y siete pesos con cuarenta y cinco centavos ($ 3’009.857,45).
5. CONDENAR a la Compañía de Seguros Universal S.A. en liquidación, a reembolsar a Empresas Varias de Medellín los valores que esta tenga que pagar en razón de este fallo, sin que estos superen el límite máximo de responsabilidad asegurado. El reembolso será exigible al día siguiente de que Empresas Varias de Medellín haya indemnizado totalmente a los demandantes. La mora ocasionará intereses moratorios.
(1) La pretensión mayor de la demanda fue por concepto de perjuicios morales, estimados en 1.000 gramos oro, que para la fecha de presentación de la demanda (mar. 19/92) equivalían a $ 7''234.500, cifra superior a la exigida por la ley para que un proceso de reparación directa iniciado en ese año, tuviera vocación de doble instancia ($ 6''860.000).
(2) Así lo ha precisado la Sala, entre otras, en las siguientes providencias: 18 de noviembre de 1994. Exp: 10.221. Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández; 27 de noviembre de 2006. Exp: 12.371. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. 24 de abril de 2008. Exp: 14.944. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.
(3) Habitante del barrio Las Brisas.
(4) Habitante del barrio Las Brisas.
(5) Habitante del barrio Las Brisas.
(6) Publicado en el Diario Oficial 34.243.
(7) Publicada en el Diario Oficial 35.308.
(8) Publicado en el Diario Oficial 36.320.
(9) En el artículo 1º, numeral 23, definió “entidades de aseo”, en los siguientes términos: “23. Entidad de aseo: Se entiende por entidad de aseo la persona natural o jurídica, pública o privada, encargada o responsable en un Municipio de la prestación del servicio de aseo, como empresas, organismos, asociaciones, o Municipios directamente”.
(10) Sentencias del 27 de noviembre de 2002. Exp: 13.774; 23 de agosto de 2001. Exp: 12.975; 21 de febrero de 2002. Exp: 12.789; 2 de mayo de 2002. Exp: 1995-3251.
(11) Sentencia del 17 de junio de 2004. Exp: 14.452. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.
(12) Habitante del barrio Las Brisas.
(13) Jefe de la Sección de Mantenimiento de Alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín.
(14) Habitante del barrio Las Brisas.
(15) Habitante del barrio Las Brisas.
(16) Habitante del barrio Las Brisas.
(17) La abogada Margarita Duarte Balthazar y el ingeniero Pablo Agudelo Alzate.
(18) Último reporte publicado por el DANE.
(19) Último reporte publicado por el DANE.
(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del cinco de octubre de 1989, Expediente 5.320, actora: Martha Cecilia Klinker de Jaramillo.
(21) Sentencias del 5 de octubre de 1989, Exp: 5320, del 7 de abril de 1994, Exp: 9367 y del 11 de noviembre de 1999, Exp: 12.652, entre otras.
(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, Expediente: 11.892, actor: Franklyn Liévano Fernández
(23) “ART. 1.089.—Dentro de los límites indicados, en el artículo 1.079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario”.
(24) Exp: 13.110. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.
(25) “ART. 1080.—El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad ( )”.