Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-5681-de-2005-resolucion-organica-5681-de?documento=legcol&contexto=legcol_759920420b4cf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-16 21:33:55
Document Index: 34590392

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 267', 'artículo 268', 'artículo 128', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 128', 'artículo 211', 'artículo 9', 'artículo 128', 'artículo 2']

﻿ RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5681 DE 2005
RESOLUCIÓN 5681 DE 19 DE JULIO DE 2005
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. RESOLUCIÓN 5586 DE 2004. SE DELEGA EN EL DIRECTOR DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA FUNCIÓN DE ORDENAR EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS O ACTUACIONES DENTRO DE LOS PROCESOS POR RECIBIR MÁS DE UNA ASIGNACIÓN PROVENIENTE DEL TESORO PÚBLICO.
RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5681 DE 2005
(Julio19)
“Por la cual se modifica el artículo 2º de la Resolución Orgánica 5586 de 8 de junio de 2004 y se delega la función de ordenar el archivo de las diligencias o actuaciones dentro del proceso por recibir más de una asignación proveniente del tesoro público”.
en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en los artículos 26 y 27 del Decreto-Ley 267 de 2000, y
Que el inciso 1º del artículo 267 de la Constitución Política, establece que “el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación”;
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 268 de la Constitución Política, es atribución del Contralor General de la República “dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial”;
Que el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia de 1991 consagra la prohibición de percibir más de una asignación que provenga del tesoro público en los siguientes términos: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”;
Que el Decreto-Ley 1713 de 1960, expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de facultades extraordinarias, en su artículo 10 señala: “Facúltase al Contralor General de la República para que, por medio de resoluciones, ordene el reintegro, a favor de la Nación, de las sumas que se perciban por violación de los límites fijados en el presente decreto; las resoluciones que se dicten en estos casos, una vez agotados los recursos legales para hacer tránsito a la cosa juzgada, constituyen título ejecutivo a favor de la Nación, y se hará efectivo ante el Juzgado Nacional de Ejecuciones Fiscales”;
Que el artículo 11 del mismo Decreto-Ley 1713 de 1960 prescribe: “El Contralor General de la República, como suprema autoridad fiscal de la Nación, queda facultado, igualmente, para prescribir lo concerniente a la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones de este decreto”;
Que la Resolución Orgánica 5586 de 8 de junio de 2004, establece el trámite que se debe seguir en la Contraloría General de la República dentro del proceso por percibir más de una asignación proveniente del tesoro público, en su artículo 2º, contempla la facultad que tiene el Contralor General de la República para ordenar el reintegro de las sumas percibidas con desconocimiento de la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Política o para ordenar el archivo de las respectivas diligencias o actuaciones;
Que el artículo 211 de la Constitución Política, establece la figura jurídica de la delegación, defiriendo a la ley, la regulación de las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar sus funciones en los subalternos o en otras autoridades;
Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, dispone que las autoridades administrativas en virtud de lo ordenado en la Constitución Política y de conformidad con esta ley, podrán mediante acto de delegación transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias;
Que la competencia es entendida como la manera de distribución del conocimiento de los procesos en los diferentes órganos jurisdiccionales, y en el caso que nos ocupa, en las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República, lo cual, puede realizarse a través de la figura jurídica de la delegación;
Que una vez suscrito el acto administrativo de delegación, la competencia debe ser asumida en forma inmediata por el delegatario;
Que los artículos 26 y 27 del Decreto-Ley 267 de 2000, le confieren al Contralor General de la República la atribución para delegar facultades y otorgar competencias en asuntos administrativos, técnicos, jurídicos y funciones de control fiscal, en los servidores públicos del nivel directivo y asesor de la Contraloría General de la República;
Que atendiendo las precisas facultades otorgadas en los artículos 26 y 27 del Decreto-Ley 267 de 2000, y por necesidades del servicio, para dar cumplimiento a los principios de celeridad y eficacia dentro de los procesos por percibir más de una asignación proveniente del tesoro público, se hace necesario delegar en el director de la oficina jurídica, la función de ordenar el archivo de las diligencias o actuaciones dentro de los procesos por violación al artículo 128 constitucional, que debe conocer el Contralor General de la República, al igual que, adelantar las demás actuaciones administrativas propias de dicho trámite;
Que con fundamento en las consideraciones anteriores, el Contralor General de la República,
ART. 1º—Delegar en el director de la oficina jurídica de la Contraloría General de la República, la función de ordenar el archivo de las diligencias o actuaciones dentro de los procesos por recibir más de una asignación proveniente del tesoro público, y de adelantar los demás trámites administrativos propios de dicho procedimiento.
ART. 2º—El presente acto administrativo modifica en lo pertinente el artículo 2º de la Resolución Orgánica 5586 de 8 de junio de 2004.