Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2010/10/registro-oficial-no-294---miercoles-6-de-octubre-de-2010-primer-suplemento
Timestamp: 2019-04-26 03:50:12
Document Index: 42406499

Matched Legal Cases: ['artículo 419', 'artículo 419', 'artículo 419', 'artículo 419', 'artículo 148', 'artículo 130', 'artículo 101', 'artículo 168', 'artículo 167', 'Artículo 4', 'Artículo 9', 'Artículo 25', 'Artículo 1']

Registro Oficial No. 294 - Miércoles 6 de Octubre de 2010 PRIMER SUPLEMENTO
029-10-DTI-CC
Dictamínase que el “Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Gobierno de la República del Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, suscrito por el Estado Ecuatoriano con fecha 31 de mayo del 2001 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo Nº 2135 del 28 de noviembre del 2001, requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse inmerso dentro de los casos que establece el artículo 419, numeral 6 de la Constitución de la República y declárase la inconstitucionalidad de los artículos 8 y 9 del mencionado acuerdo
030-10-DTI-CC
Declárase que el “Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de inversiones entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Reino de los Países Bajos”, requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419, numeral 6 de la Constitución de la República y declárase la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 12 del mencionado convenio
031-10-DTI-CC
Dictamínase que el “Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Francesa para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones”, suscrito por el Estado Ecuatoriano con fecha 7 de septiembre de 1994 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo Nº 2996 del 21 de agosto de 1995, requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse inmerso dentro de los casos que establece el artículo 419, numeral 6 de la Constitución de la República y declárase la inconstitucionalidad de los artículos 9, 11 y 12 del mencionado convenio
033-10-DTI-CC
Dictamínase que el “Acuerdo de Complementación Económica Nro. 46, celebrado entre la República de Cuba y la República del Ecuador” (Segundo Protocolo Adicional), suscrito por los Plenipotenciarios, por parte del Gobierno de Cuba, Carmen Zilia Pérez Mazón, y por el Gobierno de la República del Ecuador, René Fernández Miño, en la ciudad de Montevideo el 10 de marzo de 2010, requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419, numeral 6 de la Constitución de la República
002-10-SIC-CC
Dispónese que la facultad de disolución de la Asamblea Nacional a cargo de la Presidenta o Presidente de la República en los supuestos previstos en el artículo 148 de la Constitución, así como la posibilidad de destitución de la Presidenta o Presidente de la República en los supuestos previstos en el artículo 130 de la Constitución, solo podrá ejercerse por una sola vez dentro de los tres primeros años del mandato presidencial en el un caso, y dentro de los tres primeros años del período legislativo en el otro, sin que pueda volver a ejercitarse este mecanismo en el período restante de ejercicio que resulte como consecuencia de la activación de la destitución del Presidente o Presidenta de la República y de la disolución de la Asamblea Nacional, puesto que, no se trata de un nuevo período o período regular, sino de la culminación de uno anterior
012-10-SIS-CC
Declárase el incumplimiento parcial de las sentencias dictadas dentro de la causa Nº 258-2009 del 15 de septiembre del 2009 y 7 de octubre de ese año, por el Juez (e) Décimo Séptimo de lo Civil de Loja con sede en Alamor; y por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia
020-10-SCN-CC
Declárase que el contenido del artículo 101 del Código Penal no contradice ningún precepto constitucional, ni de los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador; y, declárase la constitucionalidad de la norma, objeto de la presente consulta
024-10-SCN-CC
Declárase la inconstitucionalidad total por el fondo del inciso tercero del artículo 168; y, por conexidad y por el fondo, de la frase “y la del juicio” contenida en el inciso segundo del artículo 167 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 398 del 7 de agosto del 2008
035-10-SEP-CC
Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Pedro Manuel Durini Ramírez, por existir vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, consagrados en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República
041-10-SEP-CC
Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Julio Eduardo Guijarro Benítez, declárase la existencia de violación de los derechos a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la defensa, y déjase sin efecto el auto de 2 de mayo del 2006 emitido por la Primera Sala de lo Laboral y Social de la ex Corte Suprema de Justicia que inadmite el recurso de casación en el juicio Nº 413-05
042-10-SEP-CC
Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Sergio Augusto Viteri Acurio
- Cantón Espíndola: Que reforma a la Ordenanza que regula la determinación, administración y recaudación del impuesto de la propiedad urbana y rural para el bienio 2010-2011
Quito, D. M., 16 de septiembre del 2010
DICTAMEN N.º 029-10-DTI-CC
CASO N.º 0002-10-TI \n
CASO N.º 0002-10-TI
Juez Constitucional Ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie, MSc.
El Economista Rafael Correa Delgado, Presidente de la República, mediante Oficio N.º 4766-SNJ-10-21 de fecha 6 de enero del 2010, solicita a la Corte Constitucional, para el período de transición, dictamen favorable para la denuncia de los acuerdos bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones, suscritos por la República del Ecuador con distintos países, dentro de los cuales se encuentra el “Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Gobierno de la República del Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, suscrito el 31 de mayo del 2001 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo N.º 2135 del 28 de noviembre del 2001.
La Corte Constitucional, para el período de transición, en sesión ordinaria del día miércoles 13 de enero del 2010, procedió a sortear la causa N.º 0002-10-TI, relativa al “Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Gobierno de la República del Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, correspondiendo su conocimiento y trámite en calidad de Juez Sustanciador al Dr. Roberto Bhrunis Lemarie.
En sesión celebrada el día 11 de mayo del 2010, el Pleno de la Corte Constitucional aprobó el Informe Previo mediante el cual se establecía que requiere aprobación legislativa, y en consecuencia procede el control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.
Con fecha 21 de mayo del 2010, se dispone la publicación en el Registro Oficial del texto del “Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Gobierno de la República del Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, a fin de que cualquier ciudadano pueda intervenir defendiendo o impugnando la constitucionalidad total o parcial del respectivo Tratado Internacional, mismo que fue publicado el 2 de junio del 2010 en el Registro Oficial N.º 205.
II. TEXTO DEL TRATADO QUE SE EXAMINA
El Gobierno del Reino de Suecia y el Gobierno de la República del Ecuador,
Deseosos de intensificar la cooperación económica para mutuo beneficio de ambos países y mantener condiciones justas y equitativas para las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante,
Conscientes de la necesidad de establecer un marco jurídico adecuado que regule y garantice la promoción y protección recíproca de las inversiones entre ambos países,
Reconociendo que la promoción y la protección recíproca de tales inversiones favorecen la expansión de las relaciones económicas entre las dos Partes Contratantes y estimulan las iniciativas de inversión,
(1) "inversión" designará a todo tipo de activo de propiedad o bajo control, directa o indirectamente, por un inversionista de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, siempre que dicha inversión se haya efectuado de conformidad con las leyes y reglamentos de la otra Parte Contratante, e incluirá en particular, pero no exclusivamente:
(a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales, tales como hipotecas, prendas, usufructos y derechos similares;
(b) acciones, valores o derechos de participación en sociedades y cualquier otra forma de riesgo compartido en una empresa;
(c) títulos de crédito y derechos a prestaciones, que tengan un valor económico y que estén directamente vinculados a una inversión específica;
(d) derechos de propiedad intelectual e industrial, procesos técnicos, nombres comerciales, "know-how", crédito mercantil, derechos de obtentores de variedades vegetales y otros derechos similares;
(e) cualquier derecho conferido por ley o contrato o en virtud de licencias o permisos incluyendo concesiones económicas para la búsqueda, desarrollo, extracción o explotación de recursos naturales.
Cualquier alteración en la forma de la inversión no implicará un cambio en su carácter como tal.
(2) El término "inversionista", designa a:
a) personas naturales que tienen la nacionalidad de cualquiera de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación; y,
b) personas jurídicas, como sociedades, corporaciones, empresas, asociaciones comerciales, instituciones u otras entidades constituidas al tenor de las leyes y reglamentos de dicha Parte Contratante y que tengan su domicilio dentro de la jurisdicción de dicha Parte Contratante; y,
c) personas jurídicas no constituidas al tenor de las leyes y regulaciones de dicha Parte Contratante pero controladas directa o indirectamente por personas naturales o por personas jurídicas, tal como han sido definidas en los literales (a) y (b), respectivamente.
(3) "Ganancias" designará a las cantidades producidas por una inversión e incluirán en particular, aunque no exclusivamente, beneficios, intereses, utilidades, ganancias de capital, dividendos, regalías y otros ingresos corrientes.
(1) Cada una de las Partes Contratantes, de conformidad con sus leyes y reglamentos, promoverá y admitirá en su territorio las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante.
(2) Sujeto a las leyes y reglamentos relacionados con el ingreso y estadía de extranjeros, se permitirá el ingreso de las personas que trabajan para un inversionista de una Parte Contratante, así como de los miembros de su familia, en el territorio de la otra Parte Contratante, así como entrar y salir del mismo, con el objeto de llevar a cabo actividades asociadas con inversiones en el territorio de esta última Parte Contratante.
(3) Cada Parte Contratante deberá en todo momento asegurar un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y no deberá afectar a la administración, mantenimiento, uso, disfrute o enajenación de las mismas, así como la adquisición de bienes y servicios y la venta de su producción, a través de medidas injustificadas o discriminatorias.
(4) Las inversiones hechas de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio estas han sido efectuadas, gozarán de la total protección de este Acuerdo y en ningún caso dicha Parte Contratante otorgará un trato menos favorable que el requerido por el derecho internacional. Cada Parte contratante observará las obligaciones asumidas con el inversionista de la otra Parte Contratante con relación a su inversión.
(5) Las ganancias producidas por una inversión gozarán del mismo tratamiento y protección que las inversiones.
(6) Los bienes que bajo un contrato de arrendamiento con opción de compra son colocados a disposición de un arrendatario en el territorio de una Parte Contratante por un arrendador que es inversionista de la otra Parte Contratante no serán tratados en términos menos favorables que una inversión.
(7) Cada una de las Partes Contratantes publicará rápidamente o pondrá de otro modo a disposición del público sus leyes, reglamentos, procedimientos y decisiones administrativas de aplicación general, así como acuerdos internacionales que puedan afectar las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante.
Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida de las Inversiones
(1 ) Cada una de las Partes Contratantes aplicará a las inversiones efectuadas en su territorio por inversionistas de la otra Parte Contratante un tratamiento que no será menos favorable que el acordado a inversiones efectuadas por sus propios nacionales o por inversionistas de terceros Estados, cualquiera que sea el más favorable.
(2) Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo (1) de este Artículo, el tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que cada Parte Contratante acuerde a inversionistas de terceros Estados como consecuencia de su participación o asociación en una actual o futura área de libre comercio, unión aduanera o mercado común.
(3) Las disposiciones contenidas en el párrafo (1) de este Artículo no serán interpretadas en el sentido de obligar a una de las Partes Contratantes a acordar a los inversionistas de la otra Parte Contratante el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio derivado de cualquier acuerdo o arreglo internacional relacionado total o parcialmente con materias fiscales o cualquier legislación doméstica relacionada total o parcialmente con materias impositivas.
(1) Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas que despojen directa o indirectamente a un inversionista de la otra Parte Contratante de una inversión, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:
a) las medidas son tomadas en el interés público y bajo el debido proceso legal;
b) las medidas son claras y no discriminatorias; y
c) las medidas son acompañadas por disposiciones para el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva, la misma que será transferible sin demora en una divisa de libre conversión.
(2) Dicha compensación deberá cubrir el valor justo de mercado de la inversión expropiada al momento inmediatamente anterior a la expropiación o a que la inminente expropiación haya sido conocida de manera tal que afecte al valor de la inversión (en adelante, designada como "Fecha de Valoración").
Dicho valor justo de mercado, a petición del inversionista, será expresado en una divisa libremente convertible sobre la base del tipo de mercado de cambio existente para esa divisa en la Fecha de Valoración. La compensación deberá también incluir intereses a la tasa comercial establecida sobre la base del mercado, desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago.
(3) Lo dispuesto en los párrafos (1) y (2) de este Artículo también se aplicará a las rentas de una inversión así como, en el caso de liquidación, al producto de la misma.
(4) Los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante debido a una guerra u otro conflicto armado, un estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o motín, recibirán con respecto a restitución, indemnización, compensación u otro arreglo, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios inversionistas o a inversionistas de cualquier tercer Estado. Los pagos resultantes serán transferibles sin demora en una divisa de libre conversión.
(1) Cada una de las Partes Contratantes garantizarán que los pagos relacionados con inversiones en su territorio de inversionistas de la otra Parte Contratante puedan ser transferidos desde y hacia su territorio sin restricción ni demora. Dichas transferencias incluirán, en particular, aunque no exclusivamente:
(a) el capital inicial y cualquier fondo adicional necesario para el desarrollo de la inversión;
(i) para la adquisición de materia prima o auxiliar, productos semi-elaborados o terminados; o
(ii) para reponer activos de capital con el fin de salvaguardar la continuidad de una inversión;
(d) fondos provenientes de la venta total o parcial o de la liquidación de la inversión;
(f) pagos relacionados con lo dispuesto en el Artículo 4;
(g) remuneraciones de individuos que, sin ser sus nacionales, fueron autorizados a trabajar en conexión con la inversión efectuada en su territorio.
(2) Las transferencias serán efectuadas en moneda libremente convertible a la tasa de cambio comercial vigente en el día de la transferencia con respecto de transacciones al contado en la divisa de la transferencia. En ausencia de un mercado de divisas, el tipo de cambio usado será el más reciente aplicado a inversiones en el país o el tipo de cambio más reciente para la conversión de divisas en Derechos Especiales de Giro, cualquiera que sea el más favorable al inversionista.
Si una de las Partes Contratantes o su agencia designada hace un pago a cualquier inversionista bajo una garantía que ha entregado con respecto de una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante, esta Parte Contratante, sin perjuicio de los derechos de la primera Parte Contratante a tenor del Artículo 9, reconocerá la transferencia de cualquier derecho o título de dicho inversionista a la primera Parte Contratante o a su agencia designada y el derecho de subrogación, en todo su alcance, de la primera Parte Contratante o su agencia designada a cualquiera de dichos derechos o títulos.
Las Partes Contratantes se consultarán rápidamente, a solicitud de cualquiera de ellas, sobre cualquier tema relacionado con la interpretación o aplicación de este Acuerdo.
(1) Cualquier controversia relativa a una inversión entre un inversionista de una de las Partes Contratantes y la otra Parte Contratante será, en la medida de lo posible, resuelta de manera amigable.
(2) Si cualquier controversia no ha podido ser resuelta en un plazo de seis meses después de la fecha en la que la controversia fue planteada por el inversionista a través de notificación escrita a la Parte Contratante, cada una de las Partes Contratantes consiente por el presente a someter la solución de la controversia, a selección del inversionista, a resolución de un arbitraje internacional en uno de los siguientes foros:
i) el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas por Inversiones (CIADI) para el arreglo por conciliación o arbitraje al tenor de la Convención de Washington del 18 de marzo de 1965 sobre el Arreglo de Disputas de Inversión entre Estados y Nacionales de Otros Estados; o
ii) un tribunal ad-hoc constituido bajo las Reglas para el Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). La autoridad designadora bajo dichas reglas será el Secretario General de la CIADI.
Si las partes de dicha controversia tienen opiniones diferentes sobre si la conciliación o el arbitraje es el método de solución más apropiado, el inversionista tendrá derecho de decidir.
(3) Para fines de este Artículo y conforme al Artículo 25(2) (b) de la citada Convención de Washington, cualquier persona jurídica que esté constituida de conformidad con la legislación de una Parte Contratante y en la que, antes de producirse la controversia, un inversionista de la otra Parte Contratante tenía un interés predominante, será tratada como una persona jurídica de la otra Parte Contratante.
(4) Cualquier arbitraje se realizará en un Estado que sea parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Aplicación de Laudos Arbitrales Extranjeros, celebrada en Nueva York el 10 de Junio de 1958.
(5) El consentimiento acordado por cada Parte Contratante en el párrafo (2) y el sometimiento de la disputa por un inversionista a tenor de dicho párrafo constituirán el consentimiento escrito y el acuerdo escrito de las partes en la controversia de someterla para arreglo, para los propósitos del Capítulo II de la Convención de Washington (Jurisdicción del Centro), del Artículo 1 de las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL y del Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Aplicación de Laudos Arbitrales Extranjeros, celebrada en Nueva York el 10 de junio de 1958.
(6) En ninguna demanda relacionada con una controversia de inversiones, una Parte Contratante deberá alegar como defensa, reconvención, derecho de compensación