Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Mexico.12287.htm
Timestamp: 2017-03-29 15:02:38
Document Index: 207981532

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 32', 'artículo 47', 'artículo 16']

1. El 16 de mayo de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (COSYDDHAC y CEJIL, en adelante, conjuntamente, “los peticionarios”), en la cual se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos (“el Estado”) por la privación arbitraria de libertad, tortura y desaparición forzada de Cruz Ávila Mondragón, hechos que habrían sucedido a partir del 1º de febrero de 1999. Los peticionarios imputan igualmente responsabilidad internacional al Estado mexicano por la falta de investigación y sanción de los hechos denunciados. 2. Los
peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana”): derecho a la vida (artículo 4); integridad personal (artículo 5); garantías judiciales (artículo 8); y protección judicial (artículo 25) en conexión con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento internacional y las correspondientes disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Alegan igualmente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana. El Estado mexicano sostiene que no se configuran violaciones de la Convención Americana, pues no se han demostrado los hechos de la denuncia; alega igualmente que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna. En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición. 3. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación en perjuicio de Cruz Ávila Mondragón de los derechos garantizados en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1(1) y 2 de dicho instrumento internacional; así como de los artículos I, III y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y de los artículos 1 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. II. TRÁMITE ANTE LA CIDH
12. El Estado mexicano sostiene que en el presente caso no se configuran violaciones de derechos humanos, ya que “según se desprende de las investigaciones practicadas hasta el momento, no existe indicio alguno de que en la presunta desaparición se encuentren involucrados servidores o funcionarios públicos”.[9] Por otra parte, el Estado sostiene que no se han agotado los recursos internos en México, a pesar de lo cual expresa en comunicaciones posteriores su voluntad de colaborar con la Comisión Interamericana mediante el suministro de información sobre el avance del caso. En consecuencia, el Estado mexicano solicita a la CIDH declare la inadmisibilidad de la petición, por falta de caracterización de posibles violaciones de derechos humanos y por falta de agotamiento de los recursos internos. IV. ANÁLISIS
En los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso. 26. La petición aquí analizada se presentó el 16 de mayo de 2000, poco más de un año después de haberse denunciado en México la desaparición forzada de Cruz Ávila Mondragón. De acuerdo a las constancias del expediente, durante el período transcurrido desde febrero de 1999 hasta la fecha de presentación de la denuncia ante la CIDH, los peticionarios hicieron varias gestiones para impulsar la investigación de dicho asunto. Asimismo, el 20 de julio de 1999 se presentó una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana para garantizar la vida e integridad física del señor Ávila Mondragón. Hasta la fecha de adopción del presente informe, no se tiene conocimiento que hubiera concluido el procedimiento en la jurisdicción interna. 27. A criterio de la CIDH, con base en lo expuesto supra, la petición fue presentada dentro de un plazo razonable en los términos del artículo 32(2) de su Reglamento.
30. No corresponde establecer en la presente etapa procesal si se violó efectivamente la Convención Americana. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe determinar si se exponen hechos que caracterizan una violación, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana. El parámetro de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Este es un análisis sumario, que no implica prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La distinción entre el estudio correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo. 31. Los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser ciertos, caracterizarían violaciones de varios derechos garantizados por la Convención Americana y otros instrumentos internacionales. A pesar de que el Estado mexicano alega que no hay violación alguna, la información que ha suministrado indica que no ha concluido de manera definitiva la investigación sobre la suerte corrida por el señor Cruz Ávila Mondragón luego de haber estado sometido a la custodia y control exclusivos de agentes de dicho Estado en febrero de 1999. La CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y completa de la petición en la etapa de fondo.
El Estado mexicano respondió por nota de 30 de agosto de 2000, cuyas partes pertinentes se transmitieron a los peticionarios el 19 de septiembre del mismo año. Con fecha 18 de octubre de 2000, los peticionarios solicitaron una prórroga, concedida por la Comisión Interamericana el 26 de octubre de 2000 por 15 días. El 22 de diciembre del mismo año los peticionarios solicitaron una nueva prórroga para “ampliar y complementar la información”; el 16 de enero de 2001 fue concedida la prórroga por 30 días adicionales. Con fecha 16 de febrero de 2001 se recibió la comunicación con las observaciones de los peticionarios, y se transmitió al Estado el 13 marzo del mismo año. Con fecha 11 de abril de 2001, el Estado solicitó prórroga, concedida el 23 de dicho mes y año por 30 días. El 22 de mayo de 2001 se recibió la información del Estado, que se puso en conocimiento de los peticionarios el 30 de mayo del mismo año. El 30 de junio de 2001 se recibieron las observaciones de los peticionarios, y la Comisión Interamericana los transmitió al Estado el 20 de julio de 2001. El 10 de agosto de 2001 los peticionarios solicitaron una reunión de trabajo durante el 113º período de sesiones de la CIDH. Con fecha 21 de agosto de 2001 se recibió información adicional del Estado, que se trasladó a los peticionarios el 27 del mismo mes y año. El 27 de septiembre de 2001 los peticionarios solicitaron una nueva prórroga para presentar sus observaciones; el 9 de octubre de 2001 presentaron dichas observaciones. El 14 de noviembre de 2001 tuvo lugar la reunión de trabajo sobre este caso en la sede de la CIDH, con los peticionarios y el Estado mexicano. Con fecha 21 de noviembre de 2001 se trasladó al Estado mexicano el documento con observaciones de los peticionarios. El 3 de enero de 2002 el Estado mexicano pidió prórroga para presentar información adicional, que se concedió hasta el 15 de enero de 2002 en carta de la CIDH del 5 de enero del mismo año.
Idem, págs. 3 y 4. [9]
Idem, pág. 4. El Estado mexicano afirma además que “los argumentos de los peticionarios son infundados, toda vez que no se cuenta con los elementos de prueba que lleven a determinar, sin lugar a dudas, la presunta responsabilidad que se imputa a agentes estatales” y que “ha demostrado su estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, por lo que no se acredita ninguna violación a derechos humanos”.
[13] El Estado mexicano afirma que “las actuaciones de las autoridades ministeriales del estado de Chihuahua dentro de la averiguación previa 11/99 se encuentran todas y cada una de ellas señaladas en autos, con el único fin de determinar la verdad histórica de los hechos, que es el objetivo y la obligación del Ministerio Público en la etapa de la averiguación previa”, debido a que hasta ese momento se consideraba que no se habían reunido los requisitos del artículo 16 de la Constitución para dictar la orden de aprehensión. Agrega el Estado que “en este caso, las indagatorias siguen vigentes y en búsqueda de nuevos elementos, debido a que en este momento no se cuenta con ningún medio probatorio que demuestre que el Sr. Cruz Ávila Mondragón haya sido violentado en su integridad física durante su estancia en los separos de Seguridad Pública Municipal”. Comunicación del Estado de 18 de enero de 2002, págs. 4 y 5. [14] Comunicación del Estado de 18 de marzo de 2002, pág. 3.
Llama la atención de este organismo, que no obstante haber recibido la denuncia la Representación Social desde el 23 de febrero del año próximo pasado hasta el diecisiete de septiembre se esté buscando el testimonio de los compañeros de celda del desaparecido Cruz Ávila Mondragón, esto es, siete meses después de que se denuncia su desaparición, incluso esta Comisión Estatal los escuchó primero en declaración (Evidencias 30.1, 30.2, 30.3 y 30.4). Todas estas deficiencias han llevado a un manejo lento de la indagatoria que dificulta el esclarecimiento de los hechos... Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Recomendación N° 70/99 de 17 de diciembre de 1999, Quinta Consideración, pág. 39.
Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párr 91. Ver, en el mismo sentido, Corte IDH, “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párr. 24.