Source: https://www.elderecho.com/foro_legal/mercantil/Efectos-nulidad-clausulas-abusivas_12_982185001.html
Timestamp: 2018-07-18 09:00:32
Document Index: 257579491

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 6', 'artículo 83', 'artículo 8', 'artículo 1303', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 82', 'artículo 89', 'artículo 1303', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 1303', 'artículo 1303', 'artículo 83']

El artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios -EDL 2007/205571- (TRLGCU) declara la nulidad de pleno derecho de las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en la propia Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva y los artículos 3 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo -EDL 1993/15910- y 82 TRLGCU -EDL 2007/205571- definen respectivamente las cláusulas abusivas como aquellas que, no negociadas individualmente, en contra de las exigencias de la buena fe, causan un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, perjudicando con dicho desequilibrio al consumidor.
Según la citada Sentencia dicha cláusula por la que se impone al consumidor todos los gastos derivados de la operación será contraria a lo dispuesto en el artículo 89 TRLGCU -EDL 2007/205571- en sus puntos 2º, 3º letras a) y c), 4º y 5º. En particular, el artículo 89.3 TRLGCU declara abusiva la cláusula por la que traslada al consumidor y usuario las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le son imputables así como la imposición a estos de los gastos de documentación y tramitación que por ley correspondan al empresario. El mismo precepto considera abusivas las cláusulas de compraventa de viviendas que carguen al consumidor con los gastos derivados de la preparación de la titulación y el pago de tributos que correspondan al empresario.
En particular, la STS de 23 de diciembre de 2015 -EDJ 2015/253610- refiere gasto por gasto las contravenciones contractuales, manifestando
c) En cuanto a los gastos pre-procesales, procesales o de otra naturaleza, derivados del incumplimiento por la parte prestataria de su obligación de pago, y los derechos de procurador y honorarios de abogado contratados por la entidad prestamista, están sometidos a normas imperativas (arts. 394 y 398 LEC -EDL 2000/77463- para los procesos declarativos y arts. 559 y 561 LEC para los procesos de ejecución), por lo que al infringir normas procesales de orden público introduciendo un desequilibrio entre las partes, se considera abusiva dicha cláusula.
En este mismo sentido pueden citarse la SAP de Madrid de 26 de julio de 2013 -EDJ 2013/170122- o las SSAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 14 de mayo de 2014 -EDJ 2014/73690-, de 4 de junio de 2014 o de 19 de enero de 2016 -EDJ 2016/25089-.
La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid de 8 de septiembre de 2011, había declarado entre los efectos de la nulidad de la cláusula de gastos que “será de cuenta del cliente aquellos gastos o tributos que por disposición legal o reglamentaria no sean de la entidad bancaria” y la SAP de Pontevedra de 14 de mayo de 2014 -EDJ 2014/73690- que “se estará a lo previsto en las leyes en defecto de pago”.
El artículo 6.1 de la Directiva 93/13 -EDL 1993/15910- y el artículo 83 TRLGCU -EDL 2007/205571- manifiestan que la apreciación del carácter abusivo de una cláusula comporta su nulidad de pleno derecho por lo que se tendrán como no puestas, no vinculando al consumidor (STJUE de 14 de junio de 2012 -EDJ 2012/109012-, de 30 de mayo de 2013 y de 3 de octubre de 2013) y sin que pueda el juez modificar su contenido (STJUE de 14 de junio de 2012, apartado 77 -EDJ 2012/109012-), sin perjuicio de prohibir su reiteración futura (art. 53 TRLGCU -EDL 2007/205571-).
En principio, por tanto, la declaración de abusividad implicará su nulidad de pleno derecho no vinculando al consumidor por lo que se tendrán por no puestas. Declarada la abusividad de una cláusula procedería la restitución de las obligaciones recíprocas entre las partes (art. 1303 Cc -EDL 1889/1-) tal como recoge la STS de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424-, si bien a su criterio limitando sus efectos retroactivos en base, entre otros argumentos, al principio de seguridad jurídica, buena fe de los círculos interesados o riesgo de trastornos graves (sobre la base de la STJUE de 21 de marzo de 2013). Igualmente el artículo 8 TRLGCU -EDL 2007/205571- declara como derecho irrenunciable de los consumidores la reparación de los perjuicios sufridos y, tal como declara, entre otras, la SAP de Valencia de 9 de junio de 2014 -EDJ 2014/98311- refiriéndose a los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo y recordando la STS de 8 de enero de 2007 y de 9 de noviembre de 1999, la restitución de lo indebidamente percibido no requiere una petición expresa, sino que resulta ser una consecuencia ineludible de la invalidez implícita en la misma.
En este sentido, la STS de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424- sobre los efectos de la nulidad reconoce como regla general la retroactividad en la restitución de las cantidades indebidamente percibidas al manifestar que “como regla, nuestro sistema parte de que la ineficacia de los contratos – o de alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste -, exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de los mismos se deriven efectos... así lo dispone el artículo 1303 Cc -EDL 1889/1-” (FJ 17º, párrafo 283) y, con fundamento en su anterior STS 118/2012, de 13 de marzo, que “se trata de una propia restitutio in integrum, como consecuencia de haber quedado sin validez el título de la atribución patrimonial a que dieron lugar, dado que ésta se queda sin causa que la justifique, al modo de lo que sucedía con la “condictio in debiti”. Se trata del resultado natural de la propia nulidad de la reglamentación negocial que impuso el cumplimiento de la prestación debida por el adherente” (FJ 17º, apartado 284).
Nos explicamos. De lo que se trata en este comentario es de ayudar a establecer qué consecuencias tiene la eventual declaración de nulidad por abusiva de una condición general de la contratación, normalmente inserta en un contrato de préstamo hipotecario, en la que con carácter genérico se atribuye al prestatario el pago de los gastos de todo tipo generados por la celebración de ese negocio jurídico. El supuesto se proyecta sobre el plano objetivo porque es necesario establecer esas consecuencias dentro de la regulación de los derechos y las obligaciones de las partes. Y afecta al plano subjetivo porque implica también determinar, primero, a qué sujeto o sujetos corresponderían los gastos tras la declaración de nulidad de la cláusula y, después, sobre qué sujeto o sujetos se podrían proyectar eventuales efectos restitutorios. Adicionalmente, no es ajeno a esta cuestión el plano temporal, porque aquí cabe también plantearse si sería posible aplicar la doctrina del Tribunal Supremo establecida en la Sentencia de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424- sobre la irretroactividad de los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula.
La llamada “cláusula de gastos” objeto de análisis es aquella que, en un contrato de préstamo hipotecario, atribuye al prestatario el pago de la práctica totalidad de los gastos de constitución del préstamo, que son principalmente los notariales, registrales y tributarios. Este tipo de cláusulas vienen siendo impugnadas con frecuencia en los procesos en que se ejercitan acciones individuales de nulidad o colectivas de cesación de condiciones generales de la contratación, de las reguladas en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación -EDL 1998/43305- (“LCGC”) y por las causas establecidas en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios -EDL 2007/205571- (“TRLCU”).
En esa Sentencia, el Alto Tribunal considera que la cláusula de gastos sometida a su examen debe reputarse abusiva en tanto que establece un régimen de atribución de gastos no recíproco y que, en algunos puntos, incluso llega a ir en contra de lo dispuesto en la normativa legal correspondiente. En lo que respecta a los gastos notariales y de registro, el Tribunal Supremo justifica la abusividad de la cláusula en que ésta obligaba al prestatario a asumir el pago de todos estos gastos pese a que -según su planteamiento- es el prestamista quien tiene principal interés en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, pues con ello obtiene un título ejecutivo y una garantía real en favor de su crédito. Por su parte, en lo relativo a los gastos tributarios que gravan el préstamo hipotecario, el Tribunal Supremo justifica la declaración de abusividad de la cláusula en que la entidad prestamista “no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil [la constitución del préstamo hipotecario], sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante”.
En nuestro ordenamiento, la regla general sobre efectos de la declaración de nulidad de un negocio jurídico o de una parte de éste, contemplada en el artículo 1.303 del Código Civil -EDL 1889/1- (“CC”), es la restitución de prestaciones, de modo que los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses.
La regla general, trasladada al ámbito de las condiciones generales de la contratación incluidas en contratos con consumidores y usuarios, implica la nulidad parcial del contrato en el que se halla inserta la cláusula. No determina per se y de forma automática la nulidad de todo el contrato. Nuestro Derecho, amparándose en el principio de conservación del negocio jurídico, establece como consecuencia de esta declaración de nulidad la “expulsión” de la cláusula abusiva. El resto de reglamentación contractual permanece vigente, siempre que el contrato pueda subsistir sin dicha cláusula. Así lo establecen expresamente los artículos 10 LCGC -EDL 1998/43305- y 83 TRLCU -EDL 2007/205571-. La finalidad que se persigue con esta consecuencia es doble: de un lado, se busca la protección de los intereses del consumidor, pues éste mantiene el bien o servicio objeto del contrato en unas condiciones más ventajosas que las previstas inicialmente (antes de la declaración de nulidad de la cláusula reputada abusiva); de otro, un efecto preventivo o disuasorio, que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores.
En el ámbito material, es necesario recordar que el efecto de restitución derivado de la declaración de nulidad del artículo 1.303 CC -EDL 1889/1- se refiere a la restitución recíproca de prestaciones entre las partes. Es necesario, por tanto, que se trate de prestaciones recibidas por las partes del contrato. En cambio, la aquí denominada cláusula de gastos alude a prestaciones no recibidas por el predisponente, sino realizadas en favor de terceros ajenos al contrato (el notario, el registrador o la Agencia Tributaria, en el caso de los gastos más comunes). He aquí un primer e insalvable obstáculo que impide atribuir efectos restitutorios a la declaración de nulidad de la cláusula. A ello ha de añadirse que, al tratarse de gastos necesarios y exigidos legalmente derivados de la celebración del negocio jurídico, no se advierten razones para reclamar de esos terceros, que han recibido un pago debido, la restitución de las cantidades abonadas por el prestamista.
Recordemos que, efectivamente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 -EDJ 2015/253610- desestima el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) de 26 de julio de 2013 -EDJ 2013/170122- que confirmó la nulidad, por abusiva, de la cláusula que atribuía todos los gastos del préstamo hipotecario al prestatario.
Señalemos también que, tal y como señaló el Tribunal Supremo en la famosa Sentencia de 9 de mayo de 2013, el carácter abusivo de la cláusula (que determina su nulidad, como condición general de contratación) se fundamenta (i) tanto en el artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios -EDL 2007/205571- (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), en adelante TRLCU, conforme al cual: “(s)e considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”; (II) como, especialmente, en el artículo 89.3 del TRLCU, que considera abusivas, en todo caso, las que impongan al consumidor los gastos de documentación y tramitación que por ley correspondan al empresario (es cierto, que este precepto sólo se refiere a la compraventa de viviendas, lo que se alegó por el recurrente ante el Tribunal Supremo, a lo que este responde que la financiación es sólo una faceta o fase de dicha adquisición, por lo que entiende que la aplicación de este precepto es correcta).
Respecto a la nulidad absoluta, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424-, ya indicaba que: como regla general nuestro sistema parte de que la ineficacia de los contratos (o de algunas de sus cláusulas, si el contrato subsiste), exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubieran existido, tal y como establece el artículo 1303 del Código Civil -EDL 1889/1- (de acuerdo con la regla clásica “quod nullum est nullum effectum producit”). Pese a lo anterior, el TS entendió en la citada sentencia que es posible limitar los efectos de la retroactividad, especialmente por aplicación de los principios generales del Derecho, y, de forma destacada, de la seguridad jurídica que consagra el artículo 9 de la Constitución. Partiendo de estos argumentos y, a la vista de que en el caso que se estaba enjuiciando, se consideraba que (i) las cláusulas suelo son válidas, (ii) se han incluido de forma generalizada y tolerada por el mercado, (iii) la condena al cese no se basa en la ilicitud intrínseca de sus efectos, sino en la falta de información (transparencia), (iv) todo ello unido a que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con transcendencia en el orden público económico; por estos motivos, la citada Sentencia declaró la irretroactividad de la sentencia “de tal forma que la nulidad de las cláusulas no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados a la fecha de publicación de la sentencia”.
Ahora bien, el Tribunal Supremo en la sentencia a la que nos referimos, va realizando un análisis de cada uno de los gastos que en la cláusula que se declara nula se atribuyen al prestatario. Así se puede observar que algunos se atribuyen legalmente al prestatario (i.e. el impuesto sobre actos jurídicos documentados) o se derivan de su condición de tomador del seguro, mientras que otros dependerán de lo que ocurra en el procedimiento judicial que, en su caso, se plantee con posterioridad (según haya o no condena en costas, conforme a los artículos 394, 398, 559 y 561 LEC -EDL 2000/77463-). De forma, que sólo los gastos derivados de la constitución e inscripción de la hipoteca podrían corresponder al prestamista, puesto que, como señala el Tribunal Supremo: “en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real) que tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o se solicite una certificación”. El alto Tribunal considera que el que tiene interés principal en la constitución es el prestamista, puesto que así obtiene un título ejecutivo (art.517 LEC), constituye la garantía real (art.1875 CC -EDL 1889/1- y 2.2 LH -EDL 1946/59-) y adquiere la posibilidad de una ejecución especial (art.685 LEC). Ahora bien, también reconoce que la constitución de la garantía real es accesoria respecto al préstamo, en el que el interesado sería el consumidor.
La razón genérica se encuentra en el hecho de que, como ha declarado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia STJUE de 30 de mayo de 2013, asunto C-397/11, Erika Jöros/Aegon, apart. 25 -EDJ), el art. 6, apartado 1 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores -EDL 1993/15910- (Directiva) constituye una disposición imperativa que trata de reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas, elemento éste, el de la imperatividad de las obligaciones de la Directiva, que, junto con la idea, también defendida por el Tribunal de Justicia (STJUE de 26 de octubre de 2006, asunto C-168/05, Elisa Mostaza/Centro Movil Milenium, apart 25 -EDJ 2006/281725-) de que el sistema de protección de la Directiva se basa en la situación de inferioridad en que se halla el consumidor frente al profesional, que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por éste sin poder influir en el contenido de las condiciones, forman la base del principio de “no vinculación” contenido en el ya citado artículo 6 apartado 1 de la Directiva, precepto de cuyo tenor literal no es dable interpretar a favor de restricciones, límites o exclusiones de los efectos restitutorios que la no vinculación de las cláusulas abusivas deben implicar, a lo que debe añadirse que los efectos de la obligación derivada de la “no vinculación” se producen ex tunc, es decir, desde la fecha de celebración del contrato ya que de lo contrario quedaría el consumidor vinculado en parte por las cláusulas abusivas. Decía al respecto el Abogado General en las conclusiones del asunto Invitel –apart 47- en relación a la interpretación del art. 6-1 de la Directiva que “(...) esta disposición impone con carácter vinculante a los Estados miembros la consecuencia jurídica derivada del carácter abusivo. El hecho de que una cláusula no vincule al consumidor significa en el sentido de la Directiva, que el consumidor no puede ser jurídicamente obligado al cumplimiento de la misma. Las cargas para el consumidor establecidas por una cláusula abusiva carecen ex tunc de eficacia vinculante. La falta de vinculatoriedad se produce, pues, ipso iure y no queda supeditada a una resolución judicial.”.
Pues bien, como se desprende además de la STJUE de 14 de junio de 2012, asunto C-618/10, Banco Español de Crédito/Joaquín Calderón -EDJ 2012/109012-, aunque los Estados tengan cierto margen para definir las consecuencias jurídicas que conlleva la declaración de abusividad de una cláusula, ese margen está limitado por el hecho de que tales cláusulas no vinculen al consumidor, habiéndose en este marco reconocido por el Tribunal de Justicia (STJUE de 26 de abril de 2012, asunto C-472/10, Nemzeti/Invintel, apart 39 y 40 -EDJ 2012/70166-) que la sanción de nulidad de pleno derecho de una cláusula abusiva cumple con las exigencias del art. 6.1 de la Directiva -EDL 1993/15910- en relación con los apartados 1 y 2 del art. 7 de la misma Directiva en cuanto garantiza que las cláusulas no desplegarán ningún efecto jurídico.
Como dice la referida Sentencia, “(...) la imputación en exclusiva al comprador/consumidor de los tributos derivados de la transmisión, era una cláusula abusiva por limitar los derechos que sobre distribución de la carga tributaria estaban previstos en la legislación fiscal, por lo que la condición general que contuviese dicha previsión debía ser reputada nula”, de donde cabe concluir, en aplicación del concepto dado de “no vinculación” del art. 6.1 de la Directiva -EDL 1993/15910- en relación al art. 1303 del Código Civil -EDL 1889/1-, que si como consecuencia de dicha cláusula el consumidor hubiera hecho abonos, se le deben restituir.
Por su parte, el artículo 8.2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación -EDL 1998/43305- (en adelante “LCGC”) dispone que “en particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el art. 10 bis y disp. adic. 1ª L 26/1984 de 19 julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”.
Pudiera decirse, como hacen muchas Sentencias, que el artículo 1303 CC -EDL 1889/1- persigue eliminar completamente los efectos de la relación jurídica declarada nula, como consecuencia de haber quedado sin validez el título de la atribución patrimonial que los produjo, en aplicación del aforismo "quod nullum est nullum producit effectum".
Sin embargo, la perspectiva del artículo 1303 CC -EDL 1889/1- parece ser más la de una nulidad de la relación jurídica completa que la de una ineficacia parcial, mientras que el régimen de la nulidad de las condiciones generales de la contratación, como hemos visto, impone la pervivencia del resto del contrato siempre que pueda subsistir sin las cláusulas declaradas nulas (artículo 83 TRLDCU -EDL 2007/205571-).
Este parece ser el sentido de la jurisprudencia, de la que citamos la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 13 de marzo de 2012 -EDJ 2012/66882-, según la cual “no obstante, la ‘restitutio’ no opera con el automatismo que le atribuye la recurrente. Antes bien, el fundamento de la regla de liquidación de la reglamentación contractual declarada nula que contienen los artículos identificados en los dos motivos y por la que se pretende conseguir que las partes afectadas vuelvan a la situación patrimonial anterior al contrato, no es otro que evitar que una de ellas se enriquezca sin causa a costa de la otra -sentencias 485/2000, de 16 de mayo -EDJ 2000/15173-, y 541/2008, de 23 de junio- y ésta es una consecuencia que no siempre se deriva de la nulidad. Es el caso, por ejemplo, de relaciones integradas por obligaciones recíprocas de ejecución continuada o sucesiva que han funcionado durante un tiempo sin desequilibrio económico para ninguna de las partes (sentencia 109/2009, de 26 de febrero -EDJ 2009/19048-), tanto más si la prestación de una de ellas no puede ser restituida.
En los últimos años hemos asistido a la publicación de importantes resoluciones judiciales que han determinado la declaración de nulidad de cláusulas incluidas en contratos celebrados entre entidades bancarias y sus clientes por considerar que las mismas son abusivas (las más relevantes, sin duda, han sido las relacionadas con la nulidad de las denominadas «cláusulas suelo» -vid., entre otras, las SSTS de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424-, 8 de septiembre de 2014 -EDJ 2014/180029-, 24 -EDJ 2015/44467- y 25 de marzo de 2015 -EDJ 2015/44468- y 29 de abril de 2015 -EDJ 2015/88069-). Entre ellas ha de incluirse la más reciente STS de 23 de diciembre de 2015, a través de la se pone punto final a un procedimiento iniciado a través de una acción colectiva declarando la nulidad de una variada tipología de cláusulas incluidas en el condicionado general de contratos de préstamo hipotecario concluidos por diferentes entidades de crédito (relativas, entre otras cuestiones, a la fijación de un límite mínimo a la variabilidad del tipo de interés -cláusula suelo-, al establecimiento de intereses moratorios, al vencimiento anticipado, al destino profesional o empresarial del bien hipotecado y a la imputación de gastos originados en la constitución y ejecución de la garantía así como derivados del incumplimiento del contrato).
En este sentido, con carácter general el art. 10 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación -EDL 1998/43305- (en adelante, LCGC) determina los efectos de la declaración de nulidad de una condición general de la contratación (o de su no incorporación al contrato), estableciendo a este respecto que la misma no determinará la ineficacia total del contrato si éste puede subsistir sin tal cláusula e, igualmente, que la parte del contrato afectada por la nulidad «se integrará con arreglo a lo dispuesto por el art. 1258 del Código civil -EDL 1889/1- y disposiciones en materia de interpretación contenidas en el mismo». Por su parte, en el ámbito de la contratación con consumidores, el art. 83 del Texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes reglamentarias (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre -EDL 2007/205571-; en adelante, TRLGCU) establece que las cláusulas abusivas «serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas» así como que el contrato «seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas». El tenor literal vigente del art. 83 TRLGCU proviene de la reforma introducida por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, que ha eliminado la referencia que en el mismo se contenía a la integración del contrato con arreglo a lo dispuesto en el art. 1258 CC y al principio de buena fe objetiva como consecuencia de la necesidad de dar cumplimiento a la STJUE de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito (a estos efectos, en el art. 83 TRLGCU se preveía que el juez que declarase la nulidad de las cláusulas integraría el contrato disponiendo para ello de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario). En esta Sentencia, el TJUE interpretó que el legislador español no adaptó correctamente la Directiva comunitaria 93/13/CE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores -EDL 1993/15910-, precisamente en lo que respecta al art. 83 TRLGCU al considerar que la facultad que dicho precepto atribuía al juez nacional podía poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el art. 7 de la citada Directiva -EDL 1993/15910-, pues contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen a los consumidores, en la medida en que dichos profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas abusivas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de los empresarios.
Con independencia, por tanto, de la supresión de la facultad del juez de integrar el contrato tras la declaración de nulidad de un cláusula por abusiva en un contrato con consumidores, las normas especiales sobre efectos de la nulidad de las condiciones generales de la contratación o de cláusulas abusivas no establecen regulación alguna en relación con el carácter o alcance de dichos efectos por lo que resultará de aplicación el régimen general civil. En este sentido, el art. 1303 Cc -EDL 1889/1- contiene la regla general aplicable en materia de nulidad de los contratos en cuya virtud «declarada la nulidad de una obligación, los contratantes debe restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia de contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses» y los arts. 1304 a 1306 Cc., las excepciones a dicha regla aplicables en los casos de nulidad por incapacidad de uno de los contratante o por ilicitud de la causa u objeto del contrato. Se consagra así, con carácter general, el carácter retroactivo de los efectos de la nulidad, según la aplicación del clásico principio de que quod nullum est nullum effectum producit, sin perjuicio de las excepciones en casos concretos.
Para responder a esta cuestión ha de tomarse en consideración, necesariamente, la causa que motiva el carácter abusivo de la cláusula contractual y, con ello, su declaración de nulidad así como al régimen que resultaría aplicable en defecto de la cláusula declarada nula. En este sentido, el propio Tribunal Supremo, en esa misma Sentencia de 23 de diciembre de 2015, ha matizado el alcance de la declaración de nulidad de una cláusula contractual por abusiva en relación, por ejemplo, con la cláusula de vencimiento anticipado. Así, según la interpretación del TS, la declaración de nulidad de dicha cláusula no implica que no quepa el vencimiento anticipado sino únicamente que no cabe en los términos y con los presupuestos establecidos en la cláusula abusiva anulada («la abusividad proviene de los términos en los que la condición general predispuesta permite el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es per se ilícita»). Por tanto, tras la anulación de la cláusula, subsiste la posibilidad de vencimiento anticipado si bien con arreglo a los requisitos establecidos en el art. 693.2 LEC -EDL 2000/77463- y según la interpretación que, en el caso concreto, hagan los tribunales sobre si dicha facultad está justificada en aplicación de los criterios establecidos en la STJUE de 14 de marzo de 2013 -EDJ 2013/21522-.
En relación específicamente con la cláusula que, en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, impone al prestatario el pago de la totalidad de los gastos derivados de la constitución y ejecución de la garantía así como del incumplimiento del contrato, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de diciembre de 2015 -EDJ 2015/253610- no ha considerado que su abusividad derive de que dichos gastos han de ser asumidos en exclusiva por el prestamista sino de que la misma contraviene normas legales con previsiones diferentes al respecto. Por ello, la declaración de nulidad, por abusiva, de esa cláusula contractual no puede tener como consecuencia necesaria que el prestatario pueda reclamar la devolución de todas las cantidades que haya podido abonar en aplicación de la misma.