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Timestamp: 2019-02-17 06:28:10
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BOE.es - Documento BOE-A-2018-3647
Documento BOE-A-2018-3647
«BOE» núm. 65, de 15 de marzo de 2018, páginas 30235 a 30254 (20 págs.)
BOE-A-2018-3647
En el recurso interpuesto por doña A. M. O., abogada, en nombre y representación de la entidad «Ahorramás, S.A.», contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Madrid número 20, doña María Luisa Moreno-Torres Camy, por la que se suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva destinada a actividad comercial.
Mediante escritura, otorgada ante el notario de Madrid, don Ignacio Ramos Covarrubias, el día 29 de junio de 2017, con el número 2.751 de protocolo, la sociedad «Ahorramás, S.A.», dueña del solar de la finca registral número 16.919 del Registro de la Propiedad de Madrid número 20, declaró la obra nueva de un edificio destinado a comercio alimenticio desarrollado en planta sótano, planta de acceso y planta primera.
Presentada el día 17 de julio de 2017 copia de dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Madrid número 20, motivando el asiento 801 del Diario 74 de ese Registro, fue objeto de nota de calificación, de fecha 24 de julio de 2017, por la que se suspendía la inscripción solicitada. Con fecha 25 de septiembre de 2017, el presentante aportó al Registro de la Propiedad de Madrid número 20 informe favorable de declaración responsable y de comprobación material expedido el día 19 de septiembre de 2017 por «Verificálitas, S.L.», entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid, siendo objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad número veinte de Madrid Entrada n.º 2750 Asiento n.º 801 del Diario 74 Presentado el 17-7-17 por Ahorramás, S.A. Notario de Madrid: Ignacio Ramos Covarrubias Protocolo: 2751/2017 de fecha 20-6-2017 Calificación negativa del precedente documento verificada conforme a lo ordenado en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria. Hechos: I. Situación registral: es que resulta de la nota anterior de fecha de 24 de julio de 2017 a la que me remito. II. Documento presentado a inscripción: Escritura pública, cuyos datos constan en el encabezamiento ya reseñada en dicha nota, a la que igualmente me remito; si bien en esta nueva presentación se aporta informe favorable de declaración responsable y de comprobación material expedido el 19 de septiembre de 2017 por Verificálitas, entidad urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Respecto al citado informe es de destacar que, si bien se manifiesta que es favorable en su página 1, en la 2 se sujeta al cumplimiento de tres condiciones. III. Defecto apreciado: El señalado en la anterior nota, al que nuevamente me remito, sin que se considere subsanado por la aportación del informe reseñado, en base a los siguientes Fundamentos de Derecho Ante todo me remito a los ya expuestos. El documento aportado completa los requisitos que, para inscribir con declaración responsable, establece la Ordenanza para la apertura de actividades económicas de la ciudad de Madrid de fecha 18 de febrero de 2014 (que deroga la anterior de 2009 declarada nula por el TS). Y ello siempre que se subsanen las deficiencias a que se condiciona, en la página 2.ª, por aplicación de los arts. 21 y 24 de la mencionada Ordenanza. Pero ello solo ha de aplicarse con carácter subsidiario si se estima en un recurso ante esta calificación, no estar ajustado a derecho el defecto apreciado, a saber: no se estima acreditado el cumplimento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso permitido en la ordenación urbanística aplicable, en este caso con la declaración responsable y su certificado de conformidad, porque, aunque la Ordenanza municipal no limita el uso de la declaración responsable en atención a los metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público, y admite la utilización de declaración responsable aún en los supuestos de obras de construcción que exijan proyecto técnico, conforme al art. 2.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación, dichos dos requisitos están impuestos: 1º.–La no posibilidad de utilizar la declaración responsable cuando se requiere redacción de un proyecto de obra, conforme al art. 3.3 de la Ley estatal 12/2012, de 26 de diciembre. “1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, realizadas a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados”. 2º.–No posibilidad de utilizar la declaración responsable cuando se requiere redacción de un proyecto de obra conforme al art. 3.3 de la ley estatal 12/2012, de 26 de diciembre y en remisión al art. 2.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación: Ley 12/2012, de 26 de diciembre “Artículo 3. Inexigiblidad de licencia. […] 3. No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. ‘Artículo 2. Ámbito de aplicación. […] 2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total a las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulado a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas obras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección’. Y esta normativa estatal resulta de aplicación por la remisión que a ella hace la legislación autonómica de Madrid, concretamente en su ley 2/2012, de 12 de junio, en cuyo art. 2 bis establece: “El régimen jurídico aplicable a la inexigibilidad de licencias será el establecido con carácter básico en la normativa estatal en la materia y el regulado en el presente Capítulo de esta ley”. Y en la ley autonómica no se regulan ni se excluyen dichos dos requisitos. En conclusión lo permitido por la ordenanza de la ciudad de Madrid entra en contradicción con la ley autonómica (que se remite a la ley estatal) siendo de aplicación esta sobre aquella en atención a su mayor rango normativo y al principio constitucional de reserva de ley. En apoyo del argumento de que la necesidad de licencia en determinados supuestos y habida cuenta de que el art. 2 bis de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de la Comunidad de Madrid, se remite a “la normativa estatal en la materia” con carácter general y no específicamente a la ley 12/2012, de 26 de noviembre, pueden ser citados los siguientes textos legales: 1º.–Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, art. 17: “Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. 1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización: 2º.–Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y concretamente su art. 84 bis: ‘Artículo 84 bis. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas: a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado. 2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes: a) La potencia eléctrica o energética de la instalación. b) La capacidad o aforo de la instalación. c) La contaminación acústica. d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración. e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes. f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico. Trasladándose estos requisitos al caso que nos ocupa, encontramos un nuevo argumento a favor de la necesidad de licencia: el aforo. En la documentación presentada, concretamente en el informe favorable de declaración responsable y de comprobación material, consta que el aforo de la nave se establece en más de 500 personas, concretamente en 546 personas. De donde se deduce que la declaración responsable se configura por el legislador como una solución para obras de escasa entidad constructiva (poco aforo, poca potencia eléctrica, poca contaminación acústica, pocos m2…) y accesorias o necesarias para el ejercicio de una actividad comercial (por ejemplo, pequeñas obras de adaptación de comercio minorista). Por todo ello ha resuelto suspender la inscripción solicitada. Los defectos se califican de subsanables. No se toma anotación de suspensión por no haberse solicitado. El asiento de presentación queda prorrogado por sesenta días contados desde la recepción de la notificación de la calificación que precede. En atención a la aportación de nueva documentación, se emite esta nueva calificación y se da nuevo plazo de recurso. Contra esta calificación, los interesados podrán: (…) Madrid, cuatro de octubre del año dos mil diecisiete La registrador. Fdo. María Luisa Moreno-Torres Camy (firma ilegible)».
Solicitada calificación sustitutoria, correspondió esta a la registradora de la Propiedad de Majadahonda número 2, doña María de las Mercedes Jorge García, quien confirmó la anterior nota de calificación en los siguientes términos: «(…) A la vista de la calificación negativa emitida, la cuestión a resolver si la declaración responsable prevista en la Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid de fecha 18 de febrero de 2014 es suficiente para obtener la inscripción en el Registro de la Propiedad de una obra nueva consistente en un edificio destinado a Comercio Alimentario.Como en reiteradas ocasiones ha señalado la DGRN, corresponde a la ley estatal determinar los requisitos necesarios para la documentación pública e inscripción en el Registro de la Propiedad de las obras nuevas sin perjuicio de la remisión a autorizaciones o licencias que establezca la normativa autonómica. Estos requisitos aparecen establecidos en el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, aprobado por R.D. Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, conforme al cual “1. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo. Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de esta conforme a la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo. Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de esta conforme a la descripción del proyecto, los documentos que acrediten los siguientes extremos: a) el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de esta a sus usuarios y b) el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la ordenación urbanística aplicable y los requisitos de eficiencia energética tal y como se demandan por la normativa vigente, salvo que la legislación urbanística sujetase tales actuaciones a un régimen de comunicación previa o declaración responsable, en cuyo caso aquellas amortizaciones se sustituirán por los documentos que acrediten que la comunicación ha sido realizada y que ha transcurrido el plazo establecido para que pueda iniciarse la correspondiente actividad, sin que del Registro de la Propiedad resulte la exigencia de resolución obstativa alguna. 2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración de obra nueva, los Registradores de la Propiedad exigirán el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior. A la vista de este precepto, en lo que aquí interesa, cabe distinguir dos tipos de autorizaciones administrativas: 1) El acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística 2) Las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la ordenación urbanística aplicable, salvo que la legislación urbanística sujetase tales actuaciones a un régimen de comunicación previa o declaración responsable. Es decir, la propia norma distingue entre la autorización de la obra y la autorización de la obra y la autorización relativa al uso o actividad y, solo en el segundo caso, admite que la autorización sea sustituida por la declaración responsable (ver RR DGRN 28 de junio de 2016 y de 7 de noviembre de 2016). Debe, por tanto, examinarse cuál es el “acto de conformidad, aprobación o autorización administrativo” de la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable, a la que remite la letra a) del número 1 del art. 28 arriba transcrito, y para ello, ha de acudirse a la legislación autonómica sobre ordenación territorial y urbanística. En la Comunidad de Madrid la norma sectorial es la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que en el Capítulo III del Título IV, regula la intervención municipal en los actos de uso del suelo, construcción y edificación, sujetando a licencia urbanística, todos los actos de uso del suelo, construcción y edificación para la implantación y desarrollo de actividades y, en particular, las obras de edificación, así como las de construcción e implantación de las instalaciones de toda clase de nueva planta (art. 151), distinguiendo después entre los actos no precisados de proyecto técnico de obras de edificación según la legislación general de ordenación de la edificación (art. 153) y los que sí precisan de dicho proyecto (art. 154). Debe analizarse, por otro lado, si la exigencia de licencia urbanística para las obras de edificación establecida por la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid se ve afectada, en el caso de los edificios comerciales, por la Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la Actividad comercial en la Comunidad de Madrid que en su Disposición Adicional Final añade una disposición adicional segunda a la Ley 9/2001 del Suelo con la siguiente redacción en su apartado 1: “El régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas que amparen actividades de comercio minorista y de determinados servicios será el previsto en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la aplicación del resto de legislación sectorial aplicable en función de la naturaleza de las actuaciones a realizar y de los inmuebles en los que las mismas se ejecuten.” Entrando a examinar la citada ley autonómica 2/2012, sobre dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid, resulta que su artículo 2 bis dispone que “El régimen jurídico aplicable a la inexigibilidad de licencias será el establecido con carácter básico en la normativa estatal en la materia y el regulado en el presente Capítulo de esta ley”. Y la norma estatal en la materia está constituida por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios que en su artículo 3 dispone: “Artículo 3. Inexigibilidad de licencia 1. Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en el artículo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector público la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente. 2. Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios. En estos casos será exigible comunicación previa a la administración competente a los solos efectos informativos. 3. No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 3 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 4. La inexigibilidad de licencia que por este artículo se determina no regirá respecto de las obras de edificación que fuesen precisas conforme al ordenamiento vigente, las cuales se seguirán regulando, en cuanto a la exigencia de licencia previa, requisitos generales y competencia para su otorgamiento, por su normativa correspondiente” Y conforme al art. 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre al que se remite el artículo transcrito, “Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta”. Es decir, conforme a la normativa estatal, a la que remite la normativa autonómica, en materia de liberalización y dinamización de la actividad comercial, la inexigilidad de licencia no es aplicable a la realización de las obras que exijan la redacción de un proyecto de obra conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación. En definitiva, ha de concluirse que para la inscripción de las obras nuevas de edificios comerciales que requieren proyecto, es necesario, conforme al artículo 28.1, párrafo primero, del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, aportar la licencia de obra exigida por la legislación urbanística autonómica cuya exigibilidad no ha sido suprimida por la normativa sobre liberalización de la actividad comercial. No será necesaria, sin embargo, la autorización administrativa que garantice que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la ordenación urbanística aplicable a que se refiere la letra b) del párrafo segundo del mismo art. 28.1, comúnmente denominada licencia de actividad, porque la misma sí ha sido suprimida por el art. 3 de la Ley estatal 12/2012, de 26 de noviembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, a que remite la Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la Actividad comercial en la Comunidad de Madrid quedando sustituida por una declaración responsable, tal y como, por otro lado, admite el citado art. 28.1 de la Ley del Suelo estatal. De acuerdo con lo anterior, la registradora que suscribe considera que la declaración responsable realizada al amparo de la Ordenanza para la apertura de actividades económicas de la ciudad de Madrid de 18 de febrero de 2014, que no puede derogar ni contradecir normas de rango superior, solo sustituye la licencia de uso o actividad pero no la licencia de obras, que es requisito necesario para la inscripción de la obra nueva declarada. Resolución En atención a los hechos y fundamentos de derecho que preceden se acuerda: Primero: Desestimar la solicitud y confirmar la calificación de la Registradora de la Propiedad de Madrid n.º 20. Segundo: (…) Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Mercedes Jorge García registrador/a de Registro Propiedad de Majadahonda 2 a día treinta de Octubre del año dos mil diecisiete».
Contra la anterior nota de calificación, doña A. M. O., abogada, en nombre y representación de la entidad «Ahorramás, S.A.», interpuso recurso el día 30 de noviembre de 2017 sobre la base de los siguientes fundamentos de Derecho: «Fundamentos de Derecho I.–Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid de 28 de febrero de 2014. A) Ámbito de aplicación de la norma La citada norma tiene por objeto regular los procedimientos de intervención municipal en la apertura y funcionamiento de actividades económicas en la ciudad de Madrid, resultando de aplicación a cualquier actividad económica, incluidas las de prestación de servicios, y las obras que sean precisas para su implantación o modificación, según lo establecido en los artículos 1 y 3 de la misma. B) Ámbito de aplicación de la Declaración Responsable Dicha Ordenanza establece en su artículo 25 apartado 1 las actuaciones que están sujetas a licencia del siguiente modo: «Estarán sujetas a licencia previa las siguientes actuaciones: La realización de obras que requieran proyecto técnico de obras de edificación de acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, salvo en los casos indicados en el artículo 14.2, apartado a)». En el mencionado artículo 14.2 a) se establece el ámbito de aplicación de la declaración responsable del siguiente modo: «Se incluye en el régimen de declaración responsable: la implantación, modificación y el ejercicio de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid con la ejecución de cualquier tipo de obras, incluidas las que requieren proyecto técnico de obra de edificación de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o sin obras». C) Conclusión. En base a articulado expuesto, las actuaciones realizadas por Ahorramas S.A. consistente en la implantación de un supermercado de alimentación en la calle (…) de Madrid junto con la ejecución de las obras para su puesta en funcionamiento, se regula en dicha Ordenanza como una excepción a la solicitud de licencia, debiendo únicamente utilizarse la declaración responsable. II.–Ley 2/2012, de 12 de junio de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid. A) Ámbito de aplicación de la norma El artículo 2 apartado 1 establece: «La presente ley será de aplicación a las actividades comerciales minoristas y de servicios, en los términos de los artículos 2 y 4.1 de la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, así como a aquellas actividades que se realicen en oficinas, incluidas en el Anexo, y sean realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid». Asimismo, describe la norma en su Anexo las actividades identificadas según el Impuesto de Actividades Económicas que se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de la norma. La referida Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio interior de la Comunidad de Madrid en su artículo 2 dispone que «las actividades comerciales minoristas realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, por los propios comerciantes o por quienes actúan por cuenta de ellos. Quedan excluidas del ámbito de la presente Ley aquellas actividades que, en razón de su objeto o naturaleza, se encuentran reguladas por una legislación específica». Asimismo, en su artículo 4.1 establece que «se considera actividad comercial minorista la que tiene como destinatario al consumidor final, teniendo como objetivo el situar u ofrecer en el mercado, por cuenta propia o ajena, productos y mercancías, así como ofrecer determinados servicios que constituyan un acto de comercio, independientemente de la modalidad o soporte empleado para ello». B) Ámbito de aplicación de la Declaración Responsable. El Artículo 2 bis de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid establece que: «El régimen jurídico aplicable a la inexigilidad de licencias será el establecido con carácter básico en la normativa estatal en la materia y el regulado en el presente Capítulo de esta ley». El artículo 3 de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, señalada que «La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad, en el ámbito de aplicación de esta ley, se iniciarán con la simple presentación de los siguientes documentos: a) Declaración responsable, en la que el interesado manifieste que cumple con la legislación vigente. b) Proyecto técnico que en cada caos proceda. c) Liquidación de la tasa, o precio, o contraprestación económica que, en su caso, corresponda». C) Conclusión Dado que la sociedad Ahorramas S.A. es una entidad dedicada al comercio al por menor de productos de alimentación, destinados al consumidor final, y ello a través de explotación de supermercados, cuya actividad se encuentra incluida en el epígrafe 647.4 del Impuesto de Actividades Económicas (Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a 400 metros cuadrados), resulta de aplicación al presente supuesto la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid. Asimismo y conforme se indica en el artículo 3 anteriormente señalado, para el interesado que desee ejecutar unas obras junto con el ejercicio de una actividad no resulta exigible licencia, siendo necesario para el inicio de las mismas la declaración responsable. Por tanto, la interpretación técnica efectuada en la calificación impugnada del artículo 2 bis de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, resulta errónea, dicho sea en estricto sentido de defensa, por cuanto del tenor literal de dicho artículo se establece que el régimen jurídico de la inexigibilidad de licencias será el regulado por el Capítulo II de dicha Ley; En consecuencia, interpretar que resultaría de aplicación la ley estatal, dejaría vacío de contenido al artículo 3 y siguientes del capítulo II de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid. Lo cual además sería contrario al propio espíritu de dicha norma, conforme consta en el Preámbulo III de la misma donde se establece: «En el Capítulo II se suprimen las hasta ahora preceptivas licencias urbanísticas, de manera que la ejecución de obras y el ejercicio de actividades podrán iniciarse con la simple presentación de la documentación prevista en el mismo: Declaración responsable manifestando que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para ejecución de ese acto, proyecto técnico correspondiente y liquidación de la tasa municipal que proceda.» En conclusión, el procedimiento llevado a cabo por Ahorramas S.A. para la implantación de un supermercado de alimentación en la calle (…) de Madrid junto con la ejecución de las obras para su puesta en funcionamiento, a través de declaración responsable es conforme a Derecho. III.–Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios. Ámbito de aplicación de la norma El Artículo 2 apartado 1 establece que «Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados». El Anexo de dicha norma «Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley», comprende, en otros el «Epígrafe 647.4. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a 400 metros cuadrados». No obstante lo anterior, tanto en el Preámbulo I de dicha norma como en la Disposición fina décima denominada «Ampliación por las Comunidades Autónomas del umbral de superficie, del catálogo de actividades y otros supuestos de inexigibilidad de licencia», se establece lo siguiente: «Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar el umbral de superficie y el catálogo de actividades comerciales y servicios, previstos en el Título I y en el anexo de esta Ley, así como determinar cualesquiera otros supuestos de inexigibilidad de licencias. Asimismo, podrán establecer regulaciones sobre estas mismas actividades con menor intervención administrativa, incluyendo la declaración de inocuidad». El artículo 148.1, apartado 3.º, de la Constitución Española, establece que: «Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.» Asimismo, la Comunidad de Madrid, y en el artículo 26.1.4 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, señala lo siguiente: «La Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el presente Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: 1.4. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda». B) Ámbito de aplicación de la Declaración Responsable El artículo 3 apartado 1 establece que no será exigible licencia: «Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en el artículo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector público la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente»; asimismo, en su apartado 3 recoge «No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2. de la Ley 38/19999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación» El artículo 4 apartado 1 establece respecto a la declaración responsable o comunicación previa lo siguiente: «Las licencias previas que, de acuerdo con los artículos anteriores, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, o bien por comunicaciones previas, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo». C) Conclusión En la normativa estatal, Ley 12/2012 de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, se habilita a las Comunidades Autónomas que tengan competencia exclusiva en la materia, a ampliar y determinar los supuestos de inexigibilidad de licencias distintos a los establecidos en la citada norma estatal. En base a ello, la Comunidad de Madrid, ha ampliado los supuestos de inexigilidad de licencia distintos a los establecidos en la citada normativa estatal y, en concreto, ha dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2012 de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, que no será exigible licencia y sí declaración responsable, en aquellos supuestos en los que tenga lugar la ejecución de obras junto con la implantación de una actividad: «La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad, en el ámbito de aplicación de esta ley, se iniciarán con la simple presentación de los siguientes documentos: a) Declaración responsable, en la que el interesado manifieste que cumple con la legislación vigente. b) Proyecto técnico que en cada caso proceda. c) Liquidación de la tasa, o precio, o contraprestación económica que, en su caso, corresponda». Es por tanto conforme a derecho la declaración responsable presentada por Ahorramas S.A. para la implantación de un supermercado de alimentación en la calle (…) de Madrid junto con la ejecución de las obras para su puesta en funcionamiento, cuya copia se acompaña. No obstante lo anterior, y a mayor abundamiento, Ahorramas S.A. ha llevado a cabo controles administrativos tanto previos como posteriores a la declaración responsable indicada, y está en posesión, de la siguiente documentación: (…) Conforme con todo lo anteriormente expuesto y así resulta acreditado, la escritura de declaración de obra nueva construida de 29 de junio de 2017, otorgada ante el Notario de Madrid, D. Ignacio Ramos Covarrubias, con el número 2.751 de orden de protocolo, ha de inscribirse en el Registro de la Propiedad (…)».
Vistos los artículos 11 y 28.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; 45 y 46 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística; la disposición adicional segunda Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid; los artículos 2 y 3 y la disposición final décima Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios; los artículos 2, 2 bis y 3 de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid; la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, el día 28 de febrero de 2014; los artículos 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; las Sentencias del Tribunal Constitucional número 61/1997, de 20 de marzo, 79/2017, de 22 de junio, y 143/2017, de 14 de diciembre, y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 17 de febrero de 2011, 18 de noviembre de 2015, 27 de abril y 18 de mayo de 2016 y 14 de junio y 31 de octubre de 2017.
1. En el presente expediente se plantea la inscripción de una escritura pública de declaración de obra nueva terminada en la que concurren las siguientes circunstancias:
– Se presenta en el Registro de la Propiedad escritura de declaración de obra nueva construida, otorgada con fecha de 29 de junio de 2017 por la entidad «Ahorramás, S.A.», en la que se declara una obra nueva terminada sobre la finca registral con C.R.U 28101000271028, descrita como parcela urbana con uso característico comercial, con edificabilidad máxima de 2.300 metros cuadrados, todos ellos con destino a uso comercial.
– Se describe la obra terminada como edificio destinado a comercio alimentario en tres plantes, sótano, acceso y primera, la superficie construida total es de 4.123,28 metros cuadrados.
– Se incorpora certificado técnico final de obra de edificio para comercio alimentario y aparcamiento, visado y con firmas legitimadas, en el que se certifica la terminación de las obras en fecha de 7 de junio de 2017, de conformidad con el proyecto técnico y la licencia concedida que, como se hace constar en el certificado se trata en este caso de declaración responsable con referencia 1061016003833.
– Se incorpora declaración responsable para actividades económicas, con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de Madrid (Gestión Licencias), el día 15 de junio de 2016. En este documento, que se presenta en el modelo normalizado previsto para las actividades u obras del artículo 14 de la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid, se hace constar que se trata de la implantación de una actividad nueva del epígrafe correspondiente en el Impuesto de Actividades Económicas 471901, describiéndose las obra de nueva planta para uso terciario comercial, clasificándose conforme a dicho modelo como obras de nueva edificación o ampliación (solo posible en el ámbito de la Ley 2/2012 de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid). Se incorpora informe previo favorable de declaración responsable de fecha 24 de mayo de 2016, emitida por la Entidad Colaboradora Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, «Verificálitas S.L.».
– Asimismo se incorpora certificado de conformidad comprobación formal declaración responsable con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de Madrid el día 15 de junio de 2016, emitido por la Entidad Colaboradora Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, «Verificálitas, S.L.», al amparo del artículo 23 de la Ordenanza municipal citada anteriormente. En el mismo se informa favorablemente de que la declaración responsable de referencia 1061016003833, cumple los requisitos de los artículos 16 y 17 de la Ordenanza, que la actuación descrita está en el ámbito de aplicación de la declaración responsable conforme al artículo 14.2 de la Ordenanza y que tanto el uso como las obras resultan admisibles conforme a la norma zonal o Área de Planeamiento correspondiente, sin perjuicio de la comprobación posterior que proceda, en su caso. De conformidad con el artículo 7.3 de la Ordenanza el certificado tiene efectos equiparables al informe técnico municipal previsto en la legislación urbanística.
– Con fecha 25 de septiembre de 2017 el presentante aporta informe favorable de declaración responsable y de comprobación material expedido el 19 de septiembre de 2017 por «Verificálitas, S.L.», entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid, respecto al expediente de declaración responsable con referencia 1061016003833.
– Con fecha 4 de octubre de 2017, y tras la aportación el informe anteriormente reseñado, fue nuevamente calificado el documento, manteniéndose la nota de calificación ya expresada, que fue objeto de calificación sustitutoria siendo confirmada por la Registradora de la Propiedad de Majadahonda número 2.
La registradora suspende la inscripción por considerar que, si bien el documento aportado completa los requisitos que, para inscribir con declaración responsable, establece la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas de la Ciudad de Madrid, y ello siempre que se subsanen las deficiencias a que se condiciona, en la página 2ª, por aplicación de los artículos 21 y 24 de la mencionada Ordenanza, ello solo ha de aplicarse con carácter subsidiario si se estima en un recurso ante esta calificación, no estar ajustado a derecho el defecto apreciado, a saber: no se estima acreditado el cumplimento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso permitido en la ordenación urbanística aplicable.
En su nota de calificación defiende que lo permitido por la Ordenanza de la ciudad de Madrid entra en contradicción con la ley autonómica (que se remite a la ley estatal) siendo de aplicación esta sobre aquella en atención a su mayor rango normativo y al principio constitucional de reserva de ley. Añadiendo que la declaración responsable se configura por el legislador como una solución para obras de escasa entidad constructiva (poco aforo, poca potencia eléctrica, poca contaminación acústica, pocos metros cuadrados,…) y accesorias o necesarias para el ejercicio de una actividad comercial (por ejemplo, pequeñas obras de adaptación de comercio minorista), con base en diversos preceptos.
La anterior calificación es confirmada por la registradora sustituta, que considera que la declaración responsable realizada al amparo de la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas de la Ciudad de Madrid de 18 de febrero de 2014, que no puede derogar ni contradecir normas de rango superior, solo sustituye la licencia de uso o actividad pero no la licencia de obras, que es requisito necesario para la inscripción de la obra nueva declarada, pues la inexigilidad de licencia no es aplicable a la realización de las obras que exijan la redacción de un proyecto de obra conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación.
2. Se plantea en el presente expediente la cuestión de determinar el tipo de intervención administrativa que es exigible a efectos de permitir la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva terminada con destino a edificio de uso comercial alimentario, en la ciudad de Madrid.
El estudio de tal cuestión debe partir en primer lugar del complejo régimen competencial en los diferentes ámbitos materiales implicados.
En segundo lugar, es conocido que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencia exclusiva en las materias de «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda» (Sentencias del Tribunal Constitucional número 61/1997, de 20 de marzo, fundamento jurídico 5, y 164/2001, de 11 de julio, fundamento jurídico 4).
Sin embargo, la asunción por la Comunidad Autónoma de competencias exclusivas en materia de urbanismo no autoriza a desconocer las que asisten al Estado en virtud del artículo 149.1 de la Constitución Española. Por ello la competencia autonómica coexiste con las que ostenta el Estado, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la que las Comunidades Autónomas ostentan sobre ese sector material (sentencias del Tribunal Constitucional número 164/2011, de 11 de julio, fundamento jurídico 4, y Sentencias en ella citadas).
El propio Tribunal Constitucional ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre la competencia que asistía al Estado, ex artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, para imponer la exigencia de licencia municipal para cualquier acto de edificación (Sentencias del Tribunal Constitucional número 61/1997, de 20 de marzo, fundamento jurídico 34.a). El argumento desarrollado en la citada Sentencia toma como punto de partida la consideración, en el texto refundido de la Ley de suelo de 1992, del derecho a edificar como una de las facultades que integran el contenido del derecho de propiedad del suelo, por lo que el exigir «con carácter preceptivo la licencia para “todo acto de edificación” responde a la lógica interna de la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos de la propiedad urbana (derecho a edificar), regulación que al Estado compete en virtud del artículo 149.1.1 C.E.».
Sin embargo, dice ahora la Sentencia número 143/2017: «(…) la doctrina expuesta en la citada STC 61/1997 no resulta totalmente aplicable al enjuiciamiento del presente caso por dos razones: en primer lugar, el derecho a edificar no se integra ya en el contenido del derecho de propiedad del suelo, por lo que su patrimonialización “se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística” (art. 7.2 del texto refundido de la Ley de suelo de 2008; y su equivalente art. 11.2 del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana); y, en segundo lugar, la intervención administrativa de control prevista no se limita, en el caso de la autorización, a los actos de edificación. En conclusión, la finalidad de los apartados séptimo y octavo del artículo 9 del texto refundido de la Ley de suelo de 2008 no es definir las condiciones básicas del estatuto de la propiedad, sino exigir y, en su caso, regular el tipo de intervención administrativa de control que resulta preceptiva para determinados usos. En consecuencia no encuentran amparo en el título competencial del artículo 149.1.1 CE». Es decir, el título relativo a las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Para a continuación señalar, «la exigencia de una intervención administrativa de control puede ser calificada de un modo natural como norma básica del régimen jurídico de las Administraciones públicas. La competencia sobre bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas del artículo 149.1.18 CE comprende, entre otros aspectos, la determinación del régimen general de potestades administrativas que se les atribuyen (STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 24), o su funcionamiento, entendiendo por tal “las actividades jurídicas típicas a través de las cuales las Administraciones públicas desarrollan su función constitucional de satisfacción de los intereses generales (art. 103.1 CE)” (STC 130/2013, de 4 de junio, FJ 6)».
3. En el caso del presente expediente, la discusión versa sobre el régimen y el alcance de la normativa estatal, autonómica y local, a los efectos de concretar el título administrativo habilitante exigido a efectos de inscripción por el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación, en el caso de una edificación destinada a uso comercial.
En el ámbito de la normativa estatal sustantiva, que estudian tanto la registradora que califica como la sustituta, por considerarla directamente aplicable, si bien por remisión de la norma autonómica, debe atenderse a la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Así puede comprenderse los artículos primero a quinto, cuya aplicabilidad se plantea en el presente expediente. Se trata de preceptos de carácter básico, que se dictan al amparo de lo dispuesto en las reglas 1.ª, 13.ª y 18.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española –cfr. disposición final decimoprimera–.
4. La Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, se dicta al amparo de las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid en materia de comercio interior, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, previstas en los términos establecidos en los artículos 26.3.1.2 y 26.1.4 de su Estatuto de Autonomía –cfr. disposición final cuarta–.
5. Partiendo de la aplicación al presente supuesto de la ley autonómica, la Ley 2/2012, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, procede analizar la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid cuya aplicabilidad se cuestiona en la nota de calificación.
Tal petición es desestimada por el Tribunal por considerar que «la legalidad del proceso de edificación queda salvaguardada y regulada por completo en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, sin que el art. 14.2.a) infrinja la misma por cuanto no aborda modificando, como no podía ser de otra manera, las obras que requieren proyecto técnico, que son y siguen siendo las referidas en el art. 2.2 de dicho texto legal. Y es que como se afirma por el demandado, una cosa es la legalidad edificatoria en el aspecto de qué obras requieren proyecto técnico y otra la legalidad urbanística, que la LOE no regula, estableciendo su art. 5 que “La construcción de edificios, la realización de las obras que en ellos se ejecuten y su ocupación precisará las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes, de conformidad con la normativa aplicable”».
6. En el presente caso, se declara una obra nueva terminada sobre finca descrita como parcela urbana con uso característico comercial. Se describe la obra terminada como edificio destinado a comercio alimentario en tres plantas, sótano, acceso y primera, la superficie construida total es de 4.123,28 metros cuadrados.
Se incorpora certificado técnico de final de obra de edificio para comercio alimentario y aparcamiento, en el que se certifica la terminación de las obras en fecha de 7 de junio de 2017, de conformidad con el proyecto técnico y la licencia concedida que, como se hace constar en el certificado se trata en este caso de declaración responsable con referencia 1061016003833.
Se incorpora la correspondiente Declaración responsable para actividades económicas, con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de Madrid (Gestión Licencias), el día 15 de junio de 2016. En este documento, que se presenta en el modelo normalizado previsto para las actividades u obras del artículo 14 de la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid, se hace constar que se trata de la implantación de una actividad nueva del epígrafe correspondiente en el Impuesto de Actividades Económicas 471901, describiéndose las obra de nueva planta para uso terciario comercial, clasificándose conforme a dicho modelo como obras de nueva edificación o ampliación (solo posible en el ámbito de la Ley 2/2012 de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid). Se incorpora informe previo favorable de declaración responsable de fecha 24 de mayo de 2016, emitida por la Entidad Colaboradora Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, «Verificálitas, S.L.».
7. Resulta obligado proceder a la interpretación de los preceptos estatales que regulan los requisitos de inscripción de declaraciones obra nueva, en particular el artículo 28 de la vigente Ley de Suelo estatal, en relación con la normativa de aplicación.
Pero respecto de las que están fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación el silencio negativo es inconstitucional cuando se desarrollan en suelo urbano o urbanizable, y, constitucional cuando se desarrollan en medio rural cuya transformación urbanística no esté prevista o permitida, afirmando el Tribunal Constitucional «(…) no cabe llegar, sin embargo, a la misma conclusión en lo que se refiere a otras construcciones e instalaciones que carecen del carácter de edificación, excluidas, en consecuencia, de la Ley de ordenación de la edificación. En estos casos, cuando la construcción o implantación tiene lugar en suelo urbano o urbanizable, la autorización se limitará a verificar la adecuación del proyecto al planeamiento urbanístico vigente. En el caso del suelo rural, además de la verificación de la legalidad, concurre la finalidad prevista en la legislación de preservar sus valores medioambientales. Es, por ello, que la regulación del silencio negativo no será inconstitucional, con base en el título competencial del artículo 149.1.23 CE, en los supuestos de “construcción e implantación de instalaciones” contemplado en el apartado b) pero solamente cuando las actividades y usos urbanísticos cuya autorización se solicita se lleven a cabo en suelo rural cuya transformación urbanística no esté prevista o permitida. Esta interpretación de conformidad se llevará al fallo. Interpretación de conformidad que debe extenderse también al artículo 11.4 b) del texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana».
Por lo que, expuestos estos argumentos sobre la interpretación que debe prevalecer desde el punto de vista de la normativa estatal sobre requisitos de inscripción, debe confirmarse el defecto opuesto por la registradora en el sentido de exigir un acto administrativo municipal expreso de autorización, conformidad o aprobación relativo a la edificación que es objeto de declaración en la escritura presentada.