Source: http://blogs.unlp.edu.ar/gobiernoabierto/reglamentacion-aip-27-275/?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=eedcda68137349a5b8113f1203685fd6&uid=773865719591268352&nid=244+272699400
Timestamp: 2018-01-20 20:40:28
Document Index: 249208424

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 16', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 27', 'artículo 27']

Reglamentación Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (27.275) | Gobierno Abierto UNLP
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El 28 de marzo de este año, en el Boletín Oficial de la República Argentina fue publicada la Reglamentación del la Ley de AIP nacional (el texto de la ley, aquí). Les dejamos ahora el texto de la Reglamentación completo:
Decreto 206/2017,
Ciudad de Buenos Aires, 27/03/2017.
ARTÍCULO 6°.- Los sujetos obligados deberán entregar la información de forma totalmente gratuita, excepto en aquellos casos en que estuviesen autorizados expresamente por la normativa vigente a cobrar un arancel o equivalente en concepto de contraprestación por el servicio brindado. En caso de que los sujetos obligados posean una versión electrónica de la información solicitada, deberán enviarla al particular sin costo alguno o ponerla a su disposición, comunicándole a éste los datos que le permitan acceder a la misma. De no existir versión electrónica, podrán reproducir la información solicitada en copias simples, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales, holográficos u otros medios. En esos supuestos, los costos de reproducción correrán a cargo del solicitante, y el pago respectivo deberá hacerse previamente a la reproducción de la información. El costo de reproducción deberá ser establecido periódicamente por la Agencia de Acceso a la Información Pública.
a) El carácter reservado, confidencial o secreto de la información clasificada por razones de defensa, política exterior o seguridad interior debe ser dispuesto por normas que reglamenten el ejercicio de la actividad y por acto fundado de las respectivas autoridades competentes, de forma previa a la solicitud de información. En caso de no existir previsión en contrario, la información clasificada como reservada, confidencial o secreta mantendrá ese estado durante DIEZ (10) años desde su producción, transcurridos los cuales, el sujeto obligado deberá formular un nuevo análisis respecto de la viabilidad de desclasificar la información a fin de que alcance estado público.
ARTÍCULO 11.- El plazo se computará desde el momento en que la solicitud fuera recibida por el sujeto obligado que cuente con la información pública requerida. El responsable de acceso a la información pública deberá determinar por decisión fundada tanto el otorgamiento de la prórroga como la denegatoria de la reducción del plazo.
ARTÍCULO 13.- El acto denegatorio de la solicitud de información deberá ser puesto en conocimiento del solicitante en el lugar de contacto fijado al momento de realizar la solicitud, indicándose las vías de reclamo existentes contra dicho acto, los plazos para su interposición y los requisitos formales establecidos en el artículo 16 de la Ley Nº 27.275. Asimismo, se deberá indicar que no es necesario agotar la vía administrativa. Toda impugnación o planteo de nulidad deberá ser efectuado por las vías previstas en el artículo 14 de la Ley N° 27.275. Se entenderá como máxima autoridad a:
d. Rectores de las universidades nacionales y decanos de sus facultades. La máxima autoridad podrá delegar la emisión del acto de denegatoria de información en un funcionario cuyo cargo no sea inferior al de Director Nacional o equivalente según el sujeto obligado de que se trate.
ARTÍCULO 27.- Frente a una causal de remoción o de incompatibilidad o inhabilidad del Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá iniciar el procedimiento previsto para su remoción. Una vez iniciado el procedimiento, se correrá traslado al Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la causal de remoción que se le imputa para que en el término de DIEZ (10) días efectúe su descargo y ofrezca la prueba pertinente. Efectuado el descargo, o vencido el plazo, y producida en su caso la prueba, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dará intervención a la Comisión Bicameral del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN prevista en el artículo 27 de la Ley N° 27.275 para que dictamine sobre la remoción impulsada.
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