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Timestamp: 2020-07-07 23:35:31
Document Index: 188839230

Matched Legal Cases: ['artículo 160', 'artículo 161', 'artículo 160', 'artículo 23', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 162', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 163', 'artículo 168', 'artículo 160', 'artículo 73', 'artículo 163', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 173', 'artículo 63', 'artículo 168', 'artículo 27', 'artículo 1698', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 160', 'e contrario', 'artículo 172', 'artículo 172']

Jurisprudencia nueva justicia laboral: 17 de enero de 2010
TUTELA; SJL Antofagasta 28/12/2009; Se rechaza tutela; Se acoge despido indebido; RIT T-15-2009
Antofagasta, veintiocho de diciembre de dos mil nueve.-
PRIMERO: Que, ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, se inició esta causa R.I.T. T-15-2009, R.U.C. 09-4-0022830-K, seguida por despido discriminatorio solicitado en procedimiento de tutela laboral, mediante demanda entablada por ALEJANDRO ROJAS HENRÍQUEZ, cédula nacional de identidad N° 11.819.927-8, abogado y domiciliado para estos efectos en calle Balmaceda N° 2539, oficina 505 de la ciudad de Antofagasta seguida en contra de la CORPORACIÓN CULTURAL DE ANTOFAGASTA, domiciliada en Sucre N° 433 de esta ciudad y representada por doña MARCELA HERNANDO PÉREZ, del mismo domicilio.
SEGUNDO: Que el actor funda su demanda señalando que ingresó a prestar servicios para la institución demandada, como violinista de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, dependiente de la Corporación Cultural de Antofagasta, el año 1989, y que durante los años 2003 al 2006, prestó servicios paralelos a honorarios para la misma institución, en calidad de periodista. Agrega que en el mes de junio del año 2006, cambió contractualmente de funciones, pasando de violinista a abogado asesor de la institución. Posteriormente, desde el mes de agosto del año 2006 y hasta el mes de febrero del año 2007, se desempeñó paralelamente como ABOGADO ASESOR y SECRETARIO EJECUTIVO SUBROGANTE de la Corporación demandada, siendo designado en el mes de febrero del año 2007 por el Directorio de la Corporación, como SECRETARIO EJECUTIVO en propiedad de la institución. Expone que, el día 20 de Julio de 2009 y como corolario de una serie ininterrumpida de actos vulneratorios de sus derechos fundamentales, de hostigamiento y de discriminación laboral, emanados de la nueva administración de la Corporación, fue despedido por las causales "falta de probidad" y de "incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato", decisión que estima sólo obedeció a intereses políticos, liderados por la nueva administración. Prosigue realizando una extensa relación acerca de la Corporación Cultural de Antofagasta, en cuanto a sus orígenes y estatutos, y lo que éstos prescriben en relación a materias como directorio que la administra, quórum para sesionar y adoptar acuerdos, el cargo de "Secretario Ejecutivo" de la Corporación, etc.
Bajo el acápite “Conductas desplegadas por la nueva administración de la Corporación, bajo la presidencia de la actual alcaldesa, doña Marcela Hernando Pérez, que motivan la presente acción cautelar”, indica que la nueva autoridad de la ciudad asumió también en propiedad su cargo de Presidenta del Directorio de la Corporación y designó a los dos directores de su confianza, nombramiento que recayó en los señores Carlos Tarragó Cardonne y Juan Jusakos Calfa, siendo los otros dos directores elegidos por los socios activos de la Corporación, la señora Yolanda Tabilo Narbona y el señor Jaime Faúndez Silva. Señala que la primera semana de asumida la nueva Alcaldesa (9 de diciembre de 2008), desvinculó a todos los trabajadores con cargos de confianza de la anterior administración, siendo la única excepción el cargo que él detentaba, esto es, el de Secretario Ejecutivo de la Corporación Cultural, lo que atribuye a la existencia de una indemnización convencional que integraba su contrato, por todos los años de servicio, sin límite de años ni de remuneración, la que fue aprobada por el Directorio de la Corporación, en sesión de fecha 26 de febrero de 2007, junto con la modificación del cargo y función, e incorporada posteriormente y en virtud de un anexo al contrato de trabajo con fecha 01 de marzo de 2007. En razón de lo anterior, señala que el día 2 de enero de 2009, la Alcaldesa y Presidente de la Corporación Cultural le envió un oficio, desconociendo su cargo, y ordenándole la confección de un contrato de trabajo para una nueva funcionaria que ostentaría la misma función, sin que previamente el Directorio hubiere decidido su desvinculación ni acordado el nombramiento de una nueva Secretaria Ejecutiva, transgrediendo con tal decisión lo preceptuado en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos de la institución, que prescribe que "El Secretario General Ejecutivo de la Corporación es un funcionario designado por el Directorio, de su exclusiva confianza...", lo que motivó que el Concejal Robert Araya interpusiera una querella criminal contra la Alcaldesa y la nueva Secretaria Ejecutiva, Carla Corrales, por el delito de fraude al Fisco.
Agrega que en marzo de 2009, se reduce a escritura pública la Sesión de Directorio de fecha 7 de enero del mismo año, en la que, según su texto, el Directorio designa a doña Carla Corrales Guerra como nueva Secretaria Ejecutiva, sesión que ha sido objetada por dos de sus Directores, quienes han expresado que el Directorio nunca tomó tal decisión, prueba de lo que es el hecho de que el actor continuara firmando cheques junto a la Presidenta durante los meses de enero y febrero dado que la nueva Secretaria Ejecutiva, no obstante ejercer de hecho el cargo, carecía de poderes bancarios otorgados por el Directorio, añadiendo que en la sesión de fecha 20 de marzo de 2009, a la que asistió el Directorio en pleno, al tratar el punto Dos de la tabla, relativo a "Regularización de actas anteriores", la Directora, señora Yolanda Tabilo Narbona, formuló observación respecto a la incierta relación contractual laboral del actor. Continua exponiendo que no obstante contar con un formal nombramiento por parte del Directorio como Secretario Ejecutivo de la Corporación y con un contrato individual de trabajo que así lo consignaba, había sido despojado en el hecho del cargo, al nombrarse a otra persona para que lo ocupara sin ser desvinculado previamente del mismo, y sin siquiera planteársele alguna alternativa de solución para posibilitar jurídicamente tal situación, negando que hubiese aceptado retornar al cargo de "Asesor Jurídico" de la Corporación y que hubiese estado dispuesto a suscribir un anexo o modificación de su contrato en tal sentido, precisando que en su calidad de abogado y dado el compromiso de tantos años para con la Corporación, en el hecho asumió funciones jurídicas a fin de no dejar en descubierto a la institución en estas materias, en tanto se regularizaba su situación laboral con ella.
Dentro de las conductas desplegadas por la nueva administración con objeto de obtener una renuncia de parte del actor, destaca el haber sido desplazado de su cargo y de las condiciones mínimas de trabajo al asumir la nueva Secretaria Ejecutiva, en concreto, se le ordena entregar la oficina que ocupaba para servir el cargo de Secretario Ejecutivo, a la nueva persona que fue nombrada, sin otorgársele ningún lugar físico de trabajo al interior de los recintos de la Corporación hasta la fecha del despido; el haber sido excluido de participar de toda Sesión de Directorio de la institución, ni corno Secretario Ejecutivo ni como eventual Asesor Jurídico, de participar de todas las reuniones de trabajo con los directores de las instituciones artísticas del Teatro Municipal, de interactuar con los trabajadores del Teatro Municipal; y el habérsele disminuido unilateral y discrecionalmente sus remuneraciones.
En cuanto a la disminución de sus remuneraciones, indica que, desde el 01 de diciembre del año 2008 mediante anexo al contrato de trabajo, la remuneración mensual líquida quedó establecida en la suma de $2.750.000.- (dos millones setecientos cincuenta mil pesos), siendo reducida por la nueva administración de demandada, por decisión unilateral y arbitraria, a la suma de $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos), lo que se mantuvo hasta la fecha del despido. Agrega que, además, dentro de su remuneración y desde el 01 de agosto de 2006 mediante anexo al contrato de trabajo, su ex empleadora se obligó al pago de un bono denominado "gastos de representación", por la suma mensual de $300.000 líquidos no rendibles, cuyo pago no fue enterado desde el mes de marzo del año 2007 hasta la fecha de mi despido, prestación que fue autorizada por el Directorio de la Corporación, en sesión de fecha 12 de julio de 2006 y renovado posteriormente en sesión de fecha 27 de noviembre de 2007.
Asimismo, agrega que a partir de febrero y no obstante su forzada función de Asesor Jurídico, se le excluye de la revisión legal de los contratos del festival, de nuevas contrataciones de personal, y de ratificación de mandato judicial en causa tributaria en que se le apercibió en tal sentido; a partir de marzo, se le quitan los poderes bancarios, y a partir de abril, se le quitan las herramientas de trabajo, tales como notebooks y libros jurídicos.
Ante la descrita situación, indica que reclamó por dos vías:
a) A través de una denuncia anónima junto a otros trabajadores, fruto de lo cual la Corporación fue fiscalizada, como consta del Acta de Fiscalización Ng 567 de 24 abril de 2009 y luego multada, expresándose en el Acta de Constatación de Hechos lo siguiente: "No pago de remuneraciones, respecto de los meses enero, febrero y marzo de 2009 por Alejandro Rojas".
b) A través de cartas dirigidas al Directorio, de fechas 10 de febrero y 06 de marzo, sin respuestas positivas por parte de dicho organismo colegiado, salvo la Directora señora Yolanda Tabilo quien respondió sus cartas, señalándole en una primera respuesta que plantearía su situación en la próxima reunión de directorio, para que fuera resuelta, y en una segunda mediante la que le informa que tanto la nueva Secretaria Ejecutiva como la Alcaldesa aseguraron que él había cambiado voluntariamente de cargo y remuneraciones, quedando el directorio pendiente de adoptar alguna decisión al respecto al no haberse exhibido documentos que respaldaran las afirmaciones de Corrales y de la Alcaldesa.
Agrega que posteriormente, con fecha 02 de junio de 2009, la misma Directora dirige una comunicación escrita a la Alcaldesa y Presidenta de la Corporación, recepcionada el 05 de junio, manifestándole su preocupación respecto del funcionamiento y gestión de la Corporación, basándose en una serie de situaciones irregulares que expone, entre las que se cuenta la no aclaración de quien detenta el cargo de Secretario Ejecutivo, entendiendo que existen dos personas en ejercicio al no haber renunciado ni suscrito modificación de contrato el actor, comunicación reiterada más adelante en conjunto con el Director Sr. Jaime Faúndez Silva, mediante carta de fecha 09 de julio de 2009, solicitando agendar a la brevedad una reunión de directorio, a fin de abordar temas urgentes que tratar, en particular, la situación contractual del actor, precisando que no pudieron participar de la reunión realizada en Junio por cuanto no se informó con 48 horas de antelación, como es el acuerdo del Directorio.
Prosigue indicando que tal reunión se celebró con fecha 11 de junio, en las oficinas de la Municipalidad de Antofagasta, con la asistencia de su Presidenta, doña Marcela Hernando Pérez, y de los dos Directores de su confianza, señores Carlos Tarragó Cardonne y Juan Jusakos Calfa y se abordó precisamente la situación laboral del actor al interior de la Corporación, lo que se consignó en Acta reducida a escritura pública con fecha 25 de junio de 2009, remitiéndose sólo a dos aspectos: el primero, relativo a la situación contractual e indemnización a todo evento por término de contrato, y el segundo, relativo a la desvinculación del actor de la Corporación, acordándose en cuanto al primero dejar sin efecto dicha indemnización y, en lo tocante al segundo, poner término a la relación contractual del actor con la demandada por la causal que corresponda de acuerdo a la ley laboral vigente y en el más breve plazo, contrastando dicha decisión con aquélla adoptada a propósito de otro trabajador de la Corporación, el Contador señor Miguel Orlando Cuturrufo Palacios, respecto de quien se acordó, luego de exponerse algunas supuestas actuaciones irregulares en que habría incurrido aquél, poner término a su contrato a contar del día viernes doce de junio, aplicando para ello el artículo 160 del Código del Trabajo.
Relata que contrariamente a lo acordado por el Directorio de la Corporación, su desvinculación laboral no se verificó "en el más breve plazo" (contado desde el acuerdo adoptado el 11 de junio de 2009), si no que al mes y nueve días después de adoptado dicho acuerdo, esto es, con fecha 20 de julio de 2009, lo que se explica porque la nueva administración se habría dedicado a buscar resquicios para no desvincularlo "por la causal que corresponda de acuerdo a la Ley Laboral Vigente", como había sido acordado, cual es el "desahucio escrito" del artículo 161 inciso 2° del Código del Trabajo, aplicable precisamente a los trabajadores que desempeñan cargos de la confianza de su empleador, como era su caso.
Indica que, como consecuencia de lo anterior, la nueva administración interpuso una querella criminal en su contra, imputándole una serie de conductas supuestamente constitutivas de los delitos de fraude al Fisco y estafa, con fecha 06 de julio de 2009, aumentando así el agravio hacia sus derechos y persona. Seguidamente y con fecha 20 de julio de 2009, doña Carla Corrales Guerra, invocando su calidad de Secretaria Ejecutiva de la Corporación demandada, le dirigió una carta titulada "Carta de despido por las causales que indica", en la que se esgrimen una serie de hechos supuestamente irregulares, cuya autoría le imputa y que fundan también la querella criminal, haciendo efectivo el despido por las causales del artículo 160 Nº1, letra a) y Nº7 del Código del Trabajo, señalando como hechos constitutivos de las causales los siguientes:
1.-Por la responsabilidad que le cabe, en la falta de especies o bienes muebles, correspondiente al proyecto Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento del Teatro Municipal.
2.-Haber requerido a don Christian Rodrigo Baeza González, Director de la Orquesta Sinfónica, la suscripción de un contrato falso, el cual da cuenta de una prestación que nunca se realizó, por una suma líquida de $10.000.000.-, fondos que se pagaron con dineros de esta institución.
3.-Haber contratado o haber participado en la contratación de televisión por cable, en la empresa VTR, para canales fútbol y películas y/o canales eróticos, con fondos de la Corporación, sin justificación alguna.
4.- Haber contratado una suscripción al diario "El Mercurio", con cargo a los fondos de esta institución, para beneficio personal y familiar, toda vez que dichos pasquines llegaban a su domicilio.
5.-Haber utilizado para su uso personal, libros de Práctica Jurídica y Código Jurídicos, adquiridos con fondos de esta Corporación.
6.- Utilizar 2 Notebooks, para uso y beneficio personal y haberlos devuelto sin sus respectivos discos duros.
7.- Haber participado en el pago de la suma de $17.500.000.- al Contador de esta Corporación, don Miguel Cuturrufo Palacios, por servicios destinados a reconstruir la contabilidad, desde los años 2000 al 2006, no existiendo a la fecha dicha "reconstrucción", sino apenas un "informe", y además, haber contratado a don Luis Paz, para la realización de idéntico trabajo, erigiéndose un doble perjuicio a esta institución.
8.- Estar involucrado, en el pago de la suma de $13.494.600.- con cargo a fondos de esta institución, a la Consultora Ambiental y Servicios Varios, para el montaje y desmontaje de escenarios correspondiente al Verano Naranja 2007, servicios que jamás se llevaron a cabo, pues dichas acciones de montaje y desmontaje, se realizaron por funcionarios municipales.
9.- Haber utilizado fondos de la "caja chica", de esta institución para fines particulares, sin justificación alguna, por la suma de $3.200.000.
10.- Haber participado en la contratación de un "procurador judicial o tramitador judicial", en beneficio personal, sin justificación y con fondos de esta Corporación.
11.- No haber prestado servicios, para esta Corporación, durante los meses de junio y julio de 2008.
Junto con negar cada uno de los hechos en comento, precisa que tal comunicación está viciada de nulidad absoluta de derecho público, porque de conformidad con el artículo 23 de los estatutos de la Corporación a su Presidente le corresponde: "c) firmar los documentos oficiales de la entidad", debiendo en tal contexto la Alcaldesa y Presidente de la Corporación suscribir la carta aviso de término de contrato dirigida hacia su persona, por tratarse de un documento "oficial" de la institución, esto es, de documentos que materializan acuerdos de su organismo decisor, cual es, el Directorio de la misma, lo que sin embargo no ocurrió, siendo dicho instrumento firmado únicamente por doña Carla Corrales Guerra en su calidad de Secretaria Ejecutiva de la Corporación, sin que se le hubiera encomendado materializar tal decisión, en la sesión en que se adoptó tal acuerdo ni en otra posterior, razón por la que estima dicha carta de despido vulnera abiertamente el artículo 7° de la Constitución Política, siendo nula absolutamente.
Bajo el acápite “Derechos fundamentales afectados como consecuencia de los actos ya reseñados, y trato discriminatorio que estos conllevan”, el actor precisa cuáles han sido en concreto los derechos fundamentales vulnerados con los hechos expuestos, describiendo posteriormente los actos discriminatorios, a saber: 1.- El derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1, inciso primero de la Constitución Política; 2.- El respeto y protección a la honra y a la de su familia, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política; y 3.- El derecho a la libertad de trabajo y a la libre elección del mismo con una justa retribución, consagrados en el artículo 19 N916, incisos primero y segundo de la Constitución Política.
Precisa que a propósito de ser su cargo de la exclusiva confianza de la autoridad de turno, se encontraba consciente de que tal función podía cesar en el evento de cambiar la cabeza de la administración, de modo que ante tal eventualidad y debido a su trayectoria en la institución, es que un anterior Directorio acordó el pago de una indemnización por años de servicio a todo evento, sin los límites de monto ni de años de servicios que establece la ley, a fin de salvaguardar sus derechos y permitirle la tranquilidad laboral necesaria para enfrentar una eventual desvinculación laboral como la referida. Indica que, en tal contexto, al producirse el cambio organizacional ya referido, siguió prestando servicios con toda propiedad y sin sobresaltos, pero sin perder de vista que podría perder su fuente laboral por las razones ya analizadas. Expone que el directorio en vez de adoptar la decisión de desvincularlo por no ser de su confianza, buscó tangencialmente por la vía de las presiones indebidas y subterfugios, obtener su desvinculación, y durante casi 7 meses (desde enero de este año a la fecha del despido) la nueva administración de la Corporación lo sometió a todo tipo de vejámenes y humillaciones, en pos de una rebuscada salida alternativa a su desvinculación como en derecho correspondía. Como muestra de tales humillaciones refiere el nombramiento de una nueva Secretaria Ejecutiva estando aún vigente el anterior nombramiento y contrato como tal; la rebaja unilateral y arbitraria de sus remuneraciones, el despojo de que fue objeto tanto de su lugar como de los elementos y útiles de trabajo, y la total exclusión de las labores que eran propias en función de mi cargo, y la querella criminal presentada en su contra, para finalizar con el despido de que fue objeto a los pocos días después.
Refiere que tales actos han afectado tanto su integridad psíquica, la que se proyecta hacia todos los demás aspectos de la vida, particularmente en las relaciones de familia, al no poder desentenderse de tales pesares y desarrollar una vida normal con su señora e hijos, como asimismo la honra y la de su familia, al haber sido condenado de antemano con todas las imputaciones que se le realizaron.
En cuanto a su derecho a la libertad de trabajo y su libre elección con una justa retribución, relata haber decidido soberanamente, hace 20 años atrás, trabajar para la Corporación Cultural de Antofagasta, decisión que se proyectó en el tiempo a través de las distintas funciones y cargos desarrollados durante esa larga trayectoria, y materializada a través de los documentos respectivos, viéndose violentada tal libertad con el unilateral y arbitrario actuar de la actual administración de la Corporación demandada, que sin sujeción a las normas estatutarias y legales le privó en el hecho del ejercicio del cargo de Secretario Ejecutivo para el que se encontraba nombrado y contratado; le privó de una justa retribución, reduciéndola drásticamente e imponiéndole una función contra su voluntad.
Agrega que todos los actos discriminatorios descritos obedecieron a razones evidentemente políticas, toda vez que tales decisiones fueron lideradas por la nueva Alcaldesa de la ciudad, doña Marcela Hernando Pérez, al asumir el cargo de Presidente de la Corporación, que estatutariamente le corresponde por el hecho de ser Alcalde, indicando que sabido es que ésta es una connotada rival política del anterior Alcalde de la ciudad don Daniel Adaros Silva, con quien presume le vincularon políticamente por servir bajo su administración, lo que constituye un error ya que su trayectoria es anterior en el tiempo a la gestión de Adaros.
En cuanto a las pretensiones demandadas, éstas son las siguientes:
a) La indemnización sustitutiva del aviso previo consagrada en el artículo 162 inciso 49 del Código del Trabajo, equivalente a la última remuneración mensual devengada, ascendente ésta a la suma líquida de $2.750.000.- (dos millones setecientos cincuenta mil pesos), más las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social, al tenor de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, y según lo estipulado en el anexo de contrato de fecha 01 de diciembre de 2008, con el tope legal de 90 Unidades de Fomento consagrado en el inciso final del artículo 172 del mismo código.
b) La indemnización convencional por años de servicio consagrada en el inciso primero del artículo 163 del Código del Trabajo, equivalente a treinta días de la última remuneración mensual devengada, ascendente a la suma líquida de $2.750.000.- (dos millones setecientos cincuenta mil pesos), por cada uno de los 20 años de servicios ininterrumpidos prestados para la Corporación demandada, sin límite de años de servicio ni de monto de remuneración, conforme está estipulado en el anexo de contrato individual de trabajo de fecha 01 de marzo de 2007.
c) El recargo del 80% por sobre la indemnización convencional por años de servicio referida en la letra b) anterior, al amparo de lo prescrito en el artículo 168, inciso primero, letra c) del Código del Trabajo, por haberse dado término al contrato por aplicación de las causales del artículo 160 del mismo código.
d) Adicionalmente, una indemnización no inferior a seis (6) ni superior a once (11) meses, de la última remuneración mensual devengada, ascendente a la suma líquida de 2.750.000.- (dos millones setecientos cincuenta mil pesos), según el Tribunal estime de justicia otorgar.
e) La suma de $ 8.333.332.- (ocho millones trescientos treinta y tres mil, trescientos treinta y dos pesos) correspondiente a la diferencia existente en su favor entre la remuneración mensual que contractualmente le correspondía percibir, ascendente ésta a la suma líquida de $2.750.000.- (dos millones setecientos cincuenta mil pesos), según lo estipulado en anexo de contrato de fecha 01 de diciembre de 2008, y la suma que efectivamente percibió por tal concepto durante los meses de enero a julio del año 2009, ascendente a la suma líquida de $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos mensuales).
f) La compensación en dinero del feriado legal correspondiente al período 2007-2008 y al período 2008-2009, más la indemnización correspondiente el feriado proporcional del año 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Código del Trabajo.
g) En subsidio de la indemnización por años de servicio impetrada en la letra b) precedente, y para el evento que se diere valor a la revocación o anulación acordada por el actual Directorio de la Corporación
demandada en sesión de fecha 11 de junio de 2009, respecto del anterior acuerdo de Directorio de fecha 26 de febrero de 2007, que aprobó dicha indemnización, solicito la indemnización legal por años de servicio contemplada en el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, considerando para tal efecto como última remuneración mensual devengada la suma líquida de $2.750.000.- (dos millones setecientos cincuenta mil pesos), más las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social, al tenor de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, según lo estipulado en anexo de contrato de fecha 01 de diciembre de 2008, con el tope legal de 90 Unidades de Fomento consagrado en el inciso final del artículo 172 del mismo código, más el recargo legal pretendido en la letra c) precedente.
h) En subsidio de la última remuneración mensual devengada y reclamada para efectos indemnizatorios, ascendente a la suma líquida de $2.750.000.- (dos millones setecientos cincuenta mil pesos), según lo estipulado en anexo de contrato de fecha 01 de diciembre de 2008, y para el evento que se estimare que la última remuneración mensual devengada ascendió a la suma líquida de $1.500.000.- solicita establecer en dicha suma las indemnizaciones demandadas, más las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social, al tenor de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo.
i) La suma de $8.400.000.- (ocho millones cuatrocientos mil pesos), por concepto de meses impagos de bono denominado "gastos de representación", cuyo valor mensual fue pactado en la suma líquida no rendible de $300.000.- mensuales (trescientos mil pesos), quedando pendiente de pago desde el mes de abril de 2007 y hasta la fecha de mi despido, según lo estipulado en anexo de contrato de fecha 01 de agosto de 2006, y autorizado así por el Directorio de la Corporación, en Sesiones de fecha 12 de julio de 2006 y 27 de noviembre de 2007.
j) Las indemnizaciones referidas en las letras a), b) y d) precedentes, con el reajuste e interés previstos en el artículo 173 del Código del Trabajo.
k) Las prestaciones consignadas en las letras c), e), f) e i) precedentes, con el reajuste e interés consagrados en el artículo 63 del Código del Trabajo, más las costas de la causa.
TERCERO: En subsidio de la acción principal, demanda despido indebido y cobro de prestaciones, por los mismos fundamentos ya expuestos, controvirtiendo uno a uno los hechos invocados en la carta aviso de despido, en base a los siguientes argumentos:
1.- En cuanto a la responsabilidad que se le atribuye, en la falta de especies o bienes muebles, correspondiente al proyecto Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento del Teatro Municipal: Indica que éste se ha invocado con total imprecisión y superficialidad, sin hacerse cargo de ningún detalle y esbozando un hecho "indeterminado", sin pormenorizar los elementos a probar, ya que nada se dice respecto de qué especies o bienes muebles se trata, cuáles son sus especificaciones, cuántas son las supuestas especies faltantes, en qué ocasión se produce la pretendida falta, cuándo y dónde se advirtió el faltante, siendo un hecho carente de toda descripción y precisión temporal y espacial. Agrega que el único elemento que esboza es que se tratarían de especies recibidas por la Corporación, con ocasión del proyecto denominado Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento del Teatro Municipal, siendo dichas especies recepcionadas por una persona distinta, y fundada en un inventario elaborado en ausencia del actor
2.- Haber requerido a don Christian Rodrigo Baeza González, Director de la Orquesta Sinfónica, la suscripción de un contrato falso, el cual da cuenta de una prestación que nunca se realizó, por una suma líquida de $10.000.000.-, fondos que se pagaron con dineros de esta institución: Expone que tal contrato guarda relación con actividades de la Celebración del Aniversario de la ciudad —Festival Verano Naranja-, y como consta de las Sesiones de Directorio de la Corporación de fecha 10 de enero de 2008, 18 de enero de 2008, 03 de febrero de 2008 y 08 de febrero de 2008, el proceso de contratación y pago de los servicios prestados con ocasión de estas festividades, correspondía al Presidente de la Corporación —don Daniel Adaros Silva-, respecto de los pagos, a la Directora Tesorera del mismo, doña Graciela Zeballos Beizaga, y para la revisión de los contratos, según consta de Sesión de Directorio de fecha 18 de enero de 2008, el Directorio designa un "Coordinador" entre el Presidente y la Productora, quien fue el Abogado de ese entonces de la institución, don Aldo Duque Santos, sin que el actor tuviera facultades para las contrataciones del Festival, ni para fijar precios por servicios contratados, ni condiciones, por lo que resulta del todo imposible que éste requiriera a alguien para firmar un contrato, que no confeccionaba, contrataba, ni menos pagaba, por lo que reclama que aquella imputación es del toda falsa.
3.- Haber contratado o haber participado en la contratación de televisión por cable, en la empresa VTR, para canales fútbol y películas y/o canales eróticos, con fondos de la Corporación, sin justificación alguna: Precisa que el contrato fue celebrado por el Presidente del Directorio, y en él se consigna la contratación de tres servicios, más algunos canales ofrecidos, en los que no existe ni la más mínima mención de "canales eróticos", no correspondiendo los arriendos de películas de corte erótico, que aparecieron en la facturación del servicio algunos meses, al uso de ningún funcionario de la institución, como le fue consultado, y como además dan cuenta las horas de arriendo, que corresponde a horarios en que no se laboraba.
4.- Haber contratado una suscripción al diario "El Mercurio", con cargo a los fondos de la institución, para beneficio personal y familiar, toda vez que dichos pasquines llegaban a su domicilio: Indica que consta de la correspondiente solicitud de suscripción del diario El Mercurio de Antofagasta, de fecha 15 de abril de 2008, que aquélla se hizo a nombre y en interés de la Corporación demandada, fijándose como su domicilio para tales efectos, el de Calle Sucre 433, domicilio del Teatro Municipal y donde funciona la Corporación Cultural, lugar donde llegaban diariamente los ejemplares del diario, y quedaban a disposición de sus funcionarios, quienes tenían así la posibilidad de leer e informarse a través de cada periódico.
5.- Haber utilizado para su uso personal, libros de Práctica Jurídica y Código Jurídicos, adquiridos con fondos de esta Corporación: Relata que la adquisición de dicho material jurídico, fue solicitada por el Abogado de la institución —en aquélla época, don Aldo Duque Santos-, razón por la cual la demandada adquirió dicho material para una más acertada asesoría jurídica a los intereses de la Corporación, precisando que para el ejercicio de su profesión al margen del cargo de Secretario Ejecutivo, contaba con material bibliográfico propio en su oficina particular, de forma tal que no necesitó ocupar dicho material.
6.- Utilizar 2 Notebooks, para uso y beneficio personal y haberlos devueltos sin sus respectivos discos duros: Al igual que lo expuesto en el numeral anterior, indica que existía un notebook que estaba destinado para su uso laboral y otro que era de uso laboral del abogado Duque, sin que los equipos computacionales salieran de las dependencias del Teatro, sino que eran guardados bajo llave en un mueble especial.
7.- Haber participado en el pago de la suma de $17.500.000.-, al Contador de esta Corporación, don Miguel Cuturrufo Palacios, por servicios destinados a reconstruir la contabilidad, desde los años 2000 al 2006, no existiendo a la fecha dicha "reconstrucción", sino apenas un "informe", y además, haber contratado a don Luis Paz, para la realización de idéntico trabajo, erigiéndose un doble perjuicio a esta institución: Explica que el servicio lo contrató el Presidente de la Corporación a fines del año 2006, siendo efectuado por el señor Miguel Cuturrufo Palacios, y el pago de sus servicios autorizado por el Directorio de la Corporación, en Sesión de fecha 27 de noviembre de 2007, por lo que dicha cancelación obedece al cumplimiento de un acuerdo del Directorio.
8.- Estar involucrado, en el pago de la suma de $13.494.600.- con cargo a fondos de esta institución, a la Consultora Ambiental y Servicios varios, para el montaje y desmontaje de escenarios correspondiente al Verano Naranja 2007, servicios que jamás se llevaron a cabo, pues dichas acciones de montaje y desmontaje, se realizaron por funcionarios municipales: Controvierte dicha afirmación, indicando, en primer lugar, que con ocasión del Festival Verano Naranja 2007, no hubo ninguna contratación de este servicio y, en segundo lugar, porque las contrataciones de servicios del Festival obedecían a una decisión del Presidente del Directorio, por estar premunido él de facultades privativas para tal efecto, y tanto la decisión en las contrataciones, las condiciones y su posterior pago, son todas facultades del Presidente del Directorio, limitándose el Secretario Ejecutivo a su ejecución, resultando del todo imposible "estar involucrado en el pago" sin siquiera haber tenido participación del proceso de giro de cheques para pago.
9.- Haber utilizado fondos de la "caja chica", de esta institución para fines particulares, sin justificación alguna, por la suma de $3.200.000.-: Relata que el el Alcalde de la época, don Daniel Adaros Silva, por documento denominado "Autorización", reconoció un crédito a su favor (derivado del no pago del bono mensual de gastos de representación acordado en su favor por el Directorio de la Corporación en Sesión de fecha 12 de julio de 2006 y renovado posteriormente en Sesión de fecha 27 de noviembre de 2007) y contra dicho crédito, le fueron autorizados retiros de fondos de la caja chica, bajo la modalidad de "préstamos" a fin de poder cubrir con ellos requerimientos económicos personales inminentes, para posteriormente reintegrarlos y no afectar así el movimiento de dicha caja, precisando que tales retiros fueron íntegramente reintegrados, incluso antes del oficio que le dirigiera doña Carla Corrales consultándole sobre dicha materia.
10.- Haber participado en la contratación de un "procurador judicial o tramitador judicial", en beneficio personal, sin justificación y con fondos de esta Corporación: Señala que las contrataciones del personal de la institución, las celebraba el Presidente del Directorio y no el Secretario Ejecutivo, por carecer este último de facultades para ello, agregando que dicho procurador prestó siempre servicios a favor de la institución, toda vez que desde su contratación y hasta la fecha, la Corporación mantiene causas judiciales en trámite, razón por la que se hace necesario el servicio de un procurador.
11.- No haber prestado servicios, para esta Corporación, durante los meses de junio y julio de 2008: Indica que consta en cartas, oficios, documentos internos, sesiones de Directorios, y a todo el personal del Teatro Municipal, que durante los meses de junio y julio del año 2008, siempre prestó servicios para la demandada, señalando que para el evento que la demandada hubiere querido referirse a los meses de junio y julio del año 2009, lo que constituiría un nuevo hecho o un hecho distinto al invocado en la carta aviso de despido, ellos sí fueron prestados.
En subsidio de lo anterior, alega haber operado el perdón de la causal, o falta de inmediatez de los mismos para efectos del despido, toda vez que la totalidad de los hechos invocados sucedieron en el año 2007 y 2008, en circunstancias que la nueva administración asumió en diciembre de 2008, y la fecha del despido es 7 meses después -20 de julio de 2009-, es decir a más de 1 año y medio de los hechos alegados para configurar la causal de despido, lapso que deslegitima las causales de despido al carecer de la contemporaneidad que la magnitud, gravedad o significación de la causal exige para su aplicación inmediata, citando jurisprudencia al efecto.
En cuanto a las prestaciones demandadas, corresponden a las mismas demandadas en su pretensión principal excluidas las que dicen relación con el despido vulneratorio de garantías fundamentales, por los mismos fundamentos, excluidos, también los que dicen relación con el referido despido vulneratorio, demanda que interpone a fin que el demandado sea condenado a las indemnizaciones de falta de aviso previo, por años de servicio, recargo del 80 % del artículo 168 del Código del Trabajo y demás prestaciones de origen laboral referidas en el considerando primero, más, intereses, reajustes y costas.
CUARTO: Que, NELSON VALDES DAHMEN, abogado, por la demandada, CORPORACIÓN CULTURAL DE ANTOFAGASTA contesta la demanda por despido vulneratorio de derechos fundamentales en representación de la Presidente de la señalada Corporación, doña Marcela Hernando Pérez, solicitando su rechazo y negando los hechos que no reconoce expresamente, con costas, fundándose en las siguientes consideraciones: Que la Corporación demandada es una Corporación de Derecho Privado constituida con fecha 10 de Octubre del año 198, en conformidad a lo dispuesto en el Titulo XXXIII del Libro I del Código Civil, y cuyos estatutos fueron aprobados y reducidos a escritura pública con fecha 16 de Octubre de 1984 en la Notaría de doña Elvira Brady Roche, siendo la actual Secretaria Ejecutiva de La Corporación doña Carla Corrales Guerra, conforme acuerdo adoptado por unanimidad por el Directorio de La Corporación, y que consta del acta de Sesión Ordinaria celebrada con fecha 07 de enero del año 2009, habiéndose expresamente establecido, además, que a contar de esa misma fecha el Abogado Sr. Alejandro Rojas Henríquez dejaba de prestar las funciones que había desempeñado como Secretario Ejecutivo durante la administración del destituido Alcalde Daniel Adaros Silva, pasando a desarrollar funciones única y exclusivamente como Abogado Asesor de dicha Institución, y siendo el Acta de la referida Sesión debidamente reducida a escritura pública en el mes de marzo del año 2009. Agrega que tal decisión fue informada oportunamente al actor, quien se manifestó conforme con la misma, comprometiéndose a firmar y suscribir el correspondiente anexo de contrato de trabajo, de modo que pese a que el actor no firmó el mentado anexo de contrato, la referida modificación contractual surtió todos y cada uno de sus efectos propios, por cuanto el actor se desempeñó en esta calidad de abogado asesor desde esa fecha y hasta el día de su despido, percibiendo la remuneración conforme el cargo que ostentaba, sin formular o manifestar disconformidad alguna, tanto a la suscrita como a doña Carla Corrales o al Directorio, menos aún formulando el reclamo de que trata el Art. 12 del Código del Trabajo, precisando que en nada altera lo expuesto, la circunstancia de que el actor haya referido la existencia de reclamos ante doña Yolanda Tabilo, desde que por una parte no consta que ello efectivamente haya ocurrido en los términos que relata, y porque la aludida jamás informó al Directorio de la existencia del supuesto reclamo extraoficial hecho por el actor, salvo una observación en cuanto a que no obstante el tiempo transcurrido aún no se firmaba el anexo respectivo, circunstancia que constituye una señal inequívoca de su conformidad con la alteración de sus labores, a lo que adiciona el conocimiento que el actor debe tener de las normas laborales dada su profesión de abogado, resultando impensado alegar que no tenía conocimiento de la posibilidad de interponer un reclamo formal ante la autoridad administrativa respecto de la modificación unilateral por parte de su empleador de su contrato de trabajo. Adiciona que en virtud de lo anterior, los hechos que el actor refiere a continuación carecen de toda connotación vulneradora de derechos fundamentales, desde que ellas son la consecuencia lógica e ineludible de lo primero. Precisa que la oficina que el actor utilizaba, era sólo en virtud del cargo de Secretario Ejecutivo de la Corporación que detentaba, de manera que al haberse nombrado otra persona para aquél, solo correspondía a esta última su utilización, debiendo el actor utilizar dependencias propias del abogado asesor, inexistentes en el teatro municipal y como él mismo indica las realizaría en su oficina particular, agregando que el Abogado Asesor anterior, don Aldo Duque, jamás tuvo oficina en las dependencias de la Corporación.
Similar explicación otorga para restringir la participación del actor en las sesiones de Directorio, limitándose sólo a aquéllas en que éste compareció en calidad de abogado asesor, toda vez que en las mismas intervino como secretaria Ejecutiva doña Carla Corrales Guerra. Sostiene que lo tratado en la reunión de directorio de fecha 11 de junio de 2009 no constituye ni puede constituir vulneración a la honra del actor y su familia, ni un atentado contra su integridad física, ya que en dicha oportunidad sólo se trató la situación particular del anexo que se negó a firmar como a su vez la de la cuantiosa indemnización pactada a su respecto. Expone, en consecuencia, que hay ausencia de afectación de las garantías fundamentales del actor, entendiendo que las actuaciones vulneradoras de derechos, para ser calificadas de tal, deben ser debidamente comprobadas y de real envergadura, lo que no sucede en la especie, agregando que el legislador exige que las conductas desplegadas lo sean inequívocamente con la intencion o finalidad de limitar el pleno ejercicio de los derechos que señala, sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada o sin respeto a su contendido esencial, requisito que estima tampoco concurre.
En otra línea argumentativa, sostiene que el actor ha hecho un uso indebido de los presentes autos, toda vez que tanto con el ejercicio temerario de la presente acción como con la de despido injustificado, sólo busca presionar a la demandada para procurarse el pago de prestaciones y/o indemnizaciones que no le corresponden y solo constituyen un enriquecimiento ilícito.
Igualmente contesta la demanda subsidiaria solicitando su rechazo por fundamentos similares a los ya expresados precedentemente, reafirma la existencia de los hechos contenidos en la carta aviso de despido, todos los que estima constitutivos de las causales invocadas, solicitando se declare la improcedencia del perdón de la causal alegada por el actor, como asimismo la ineficacia de la indemnización a todo evento acordada en favor del actor, precisando que la Secretaria Ejecutiva se encontraba plenamente facultada para suscribir la carta aviso de despido en cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Directorio.
QUINTO: Que, llamadas las partes a conciliación, ésta no prosperó, fijándose, en la audiencia preparatoria, como hechos a probar, los siguientes: 1° Efectividad de haberse vulnerado derechos y garantías fundamentales del actor. Actos discriminatorios de que fue objeto. Hechos y circunstancias de los mismos; 2° Hechos y circunstancias del despido de que objeto el actor; 3° Remuneraciones convenidas por las partes durante la vigencia del Contrato de Trabajo del actor y monto de sus tres últimas liquidaciones de sueldo; 4° Efectividad de adeudarse al actor prestaciones laborales derivadas de la la relación laboral, cuales son indemnización por años de servicio convencional, o legal en su caso, gastos de representación de que pudiera ser acreedor el demandante, feriado legal y proporcional y diferencias remuneratorias derivadas de la rebaja de sus remuneraciones.
SEXTO: Que en la audiencia de juicio, la denunciada solicitó la exclusión de la prueba documental incorporada por la demandante y consistente en portadas del Diario La Estrella del Norte de los días 25 de febrero y 17 de marzo de 2009, atendido a que éstas no corresponden a la ofrecidas en la audiencia preparatoria, solicitud a la que el actor se allanó en caso de ser efectivo el error, el que fue constatado por el Tribunal, razón por la cual se acogerá la exclusión en comento, prescindiéndose de la valoración de dicha prueba.
SÉPTIMO: Que la parte denunciante rindió la siguiente prueba: Documental: Respecto de la acción de tutela: 1. Contrato de Trabajo suscrito entre las partes, de fecha 24 de Abril de 1989; 2. Dos anexos de contrato de trabajo, suscrito entre las partes, ambos de fecha 01 de Agosto de 2006, constando en el primero el acuerdo relativo al pago de bono por gastos de representación en favor del actor y, en el segundo, la modificación de funciones; 3. Dos anexos de contrato de trabajo, suscrito entre las partes, ambos de fecha 01 de Marzo de 2007; 4. Anexo de contrato de trabajo de fecha 01 de Diciembre de 2008; 5. Liquidaciones de sueldo del actor de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2008, por la suma de $2.750.000; 6. Escritura pública de fecha 16 de Octubre de 1984, otorgada ante la Notario Público de esta ciudad doña Elvira Brady Roche que contiene el acta constitutiva de los estatutos de la Corporación demandada; 7. Acta de sesión N° 7 de directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fecha 12 de Julio de 2006, reducida a escritura pública con fecha 15 de Diciembre de 2006 ante el Notario Público de Antofagasta don Héctor Basualto Bustamante; 8. Acta de sesión de directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fecha 26 de Febrero de 2007; 9. Acta de sesión de directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fecha 27 de Noviembre de 2007; 10. Acta de sesión de directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fecha 16 de Diciembre de 2008, reducida a escritura pública con fecha 17 de Diciembre de 2008; 11. Acta de sesión de directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta de fecha 07 de Enero de 2009, reducida a escritura pública con fecha 27 de Marzo de 2009; 12. Acta de sesión de directorio la Corporación Cultural de Antofagasta de fecha 14 de Enero de 2009, reducida a escritura pública con fecha 27 de Marzo de 2009; 13. Acta de sesión de directorio la Corporación Cultural de Antofagasta de fecha 20 de Marzo de 2009; 14. Acta de sesión de directorio la Corporación Cultural de Antofagasta de fecha 11 de Junio de 2009, reducida a escritura pública con fecha 25 de Junio de 2009; 15. Acta de sesión de directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, de fecha 11 de Junio de 2009, reducida a escritura pública con fecha 25 de Junio de 2009; 16. Oficio ordinario N° 01/2009, de fecha 02 de Enero de 2009 dirigido por la Alcaldesa de Antofagasta doña Marcela Hernando al actor; 17. Contrato de Trabajo de doña Carla Corrales Guerra de fecha 02 de Enero de 2009 con la Corporación Cultural de Antofagasta; 18. Oficio ordinario N° 068/2009, de fecha 01 de Abril de 2009 dirigido por doña Carla Corrales al actor; 19. Acta de entrega de elementos requeridos por el oficio anterior, de fecha 07 de Abril de 2009, firmada por doña Carla Corrales y por el actor; 20. Cartas dirigidas por el actor al directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fecha 10 de Febrero y 06 de Marzo de 2009; 21. Cartas dirigidas al actor por la directora de la Corporación Cultural de Antofagasta doña Yolanda Tabilo Narbona, de fechas 11 de Marzo y 06 de Abril de 2009; 22. Carta dirigida a doña Marcela Hernando Pérez por la Directora de la Corporación doña Yolanda Tabilo Narbona, de fecha 02 de Junio de 2009; 23. Carta dirigida a doña Marcela Hernando Pérez por los Directores de la Corporación Cultural de Antofagasta doña Yolanda Tabilo Narbona y don Jaime Faúndez Silva, de fecha 09 de Julio de 2009; 24. Acta de constatación de hechos, de fecha 24 de Abril de 2009, fiscalización N° 567 levantada por la Inspección del Trabajo de Antofagasta; 25. Copia de querella criminal interpuesta por doña Marcela Hernando Pérez en contra del actor con fecha 06 de Julio de 2009; 26. Certificación Notarial de fecha 21 de Octubre de 2009, emitida por doña María Soledad Lascar Merino respecto de nómina de funcionarios de la Corporación Cultural según página web de la Municipalidad de Antofagasta; 27. Copias de portadas de diario de El Mercurio Antofagasta, de fecha 08 y 19 de Diciembre de 2008, 05, 06, 09 y 11 de Enero de 2009; 04 y 05 de Febrero de 2009, y 09 de Abril de 2009; 28. Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios celebrado entre la Corporación Cultural de Antofagasta y el abogado Aldo Duque Santos, de fecha 01 de Marzo de 2007; 29. Oficios dirigidos a doña Carla Corrales por la Presidenta de la Corporación Cultural de Antofagasta, Ordinarios N° 01 y 03, ambos de fecha 14 de Enero de 2009, Ord. N° 05 de fecha 19 de Enero de 2009, Ord. N° 07 del año 2009; 30. Oficio N° 122-2009, de fecha 17 de Febrero de 2009, dirigido a la Corporación Cultural por don José Vargas Fritz, Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Antofagasta; 31. Carta de aviso de despido dirigida por la demandada al actor, de fecha 20 de Julio de 2009. Respecto del despido y en relación a cada uno de los hechos invocados en la carta aviso de despido: En relación al 1° hecho: 32. Acta de entrega y recepción de equipos por parte de don Juan Alliú Aguayo para el proyecto denominado “Mejoramiento y Equipamiento del Teatro Municipal de Antofagasta”, de fecha 23 de Diciembre de 2005; 33. Acta de entrega por parte del actor a don Miguel Cuturrufo Palacios de equipos menores en poder de Juan Alliú, de fecha 23 de Enero de 2008; 34. Parte denuncia ante Carabineros de Chile por robo en lugar no habitado efectuado en las bodegas del Teatro Municipal ubicadas en Sucre N° 433 con fecha 28 de Febrero de 2007, respecto de equipos de amplificación; 35. Acta de recepción de equipos de iluminación y sonido, guardados en el Teatro Municipal, de fecha 16 de Marzo de 2009; 36. Publicación de diario El Mercurio de Antofagasta, de fecha 18 de Marzo de 2009; 37. Comunicación Ordinario N° 121/2009 de fecha 03 de Junio de 2009, dirigido por doña Carla Corrales Guerra a la Dirección del Trabajo de Antofagasta, de fecha 01 de Junio de 2009; 38. Copia de Anexo a la carta de despido de don Miguel Cuturrufo Palacios, de fecha 12 de Junio de 2009; 39. Copia de sentencia judicial de fecha 24 de septiembre de 2009, en causa laboral caratulada “Cuturrufo Miguel con Corporación Cultural de Antofagasta” en causa Rit T-7-2009 del Juzgado de Letras de Antofagasta; 40. Declaración jurada notarial de la ex Secretaria Ejecutiva de la Corporación Cultural de Antofagasta, doña María Soledad Sánchez Molina, de fecha 29 de Julio de 2009; en relación al 2° hecho: 41. Texto del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre don Cristian Baeza González y la Corporación Cultural de Antofagasta, representada por don Daniel Adaros Silva, de fecha 16 de Enero de 2008; 42. Acta de sesiones de directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fechas 10 y 18 de Enero, 03 y 08 de Febrero del año 2008; 43. Publicación del diario El Mercurio de Antofagasta, de fecha 13 de Febrero de 2008; en relación al 3° hecho: 44. Formulario de Contrato de Servicios con empresa VTR N° 214757, de fecha 15 de Julio de 2008, suscrito por don Daniel Adaros Silva en su calidad de Presidente de la Corporación Cultural de Antofagasta; en relación al 4° hecho: 45. Formulario de Suscripción del diario El Mercurio de Santiago, N° 8260852 de fecha 15 de Abril de 2008; en relación al 5° hecho: 46. Copia de Factura N° 0229620 emitida por Lexis Nexis Chile Ltda. de fecha 30 de Diciembre de 2004, a nombre del actor; 47. Copia de Factura N° 095269 emitida por Lexis Nexis Chile Ltda. de fecha 31 de Marzo de 2006, a nombre del actor; en relación al 6° hecho: 48. Factura N° 003266 emitida por Andigraf Distribución Ltda. de fecha 24 de Diciembre de 2007 a nombre del actor; 49. Copia de acta de recepción de bienes muebles y accesorios, suscrita por doña Carla Corrales Guerra y el actor, de fecha 07 de Abril de 2009; en relación al 7° hecho: 50. Texto del Contrato de prestación de servicios a honorarios celebrado entre don Miguel Cuturrufo Palacios y la Corporación Cultural de Antofagasta, de fecha 27 de Julio de 2006; 51. Anexos al contrato anterior de fechas 01 de Diciembre de 2006 y 24 de Enero de 2007; 52. Carta dirigida por don Miguel Cuturrufo Palacios al señor Daniel Adaros Silva, Presidente del Directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fecha 15 de Junio de 2007; 53. Carta de fecha 14 de Septiembre de 2007 dirigida por el señor Cuturrufo Palacios al Presidente del Directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta; 54. Acta de sesión de directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fecha 27 de Noviembre de 2007; 55. Set de documentos emitidos por el Servicio de Impuestos Internos denominados “Actas de Recepción, Entrega y/o Acceso, Documentación” por parte de don Miguel Cuturrufo en representación de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fechas 01 de Febrero de 2007, 02 de Marzo de 2007, 09 de Mayo de 2007, 31 de Mayo de 2007, 04 de Julio de 2007 y 29 de Agosto de 2007; 56. Informe de gestión confeccionado por don Miguel Cuturrufo Palacios y dirigido a don Daniel Adaros Silva Silva, de fecha 06 de Septiembre de 2007; 57. Texto de Contrato de Trabajo de don Luis Paz Rivera, de fecha 01 de Diciembre de 2007 y anexo al mismo de fecha 28 de Julio de 2008, celebrado con la Corporación Cultural de Antofagasta; en relación al 9° hecho: 58. Autorización, emitida al actor, suscrita por el Presidente de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fecha Noviembre de 2007; 59. Oficio Ordinario N° 078/2009, de fecha 15 de Abril de 2009, dirigido por Carla Corrales al actor; 60. Comunicación respuesta del actor a doña Carla Corrales, respecto al oficio señalado en el punto anterior, de fecha 27 de Abril de 2009; en relación al 11° hecho: 61. Copia del acta de audiencia preparatoria celebrada en causa criminal Rit N° 5626-2006, de fecha 17 de Junio de 2009. Exhibición de documentos: Cumpliendo la denunciada con los siguientes documentos: 1. Libro de remuneraciones de la Corporación Cultural correspondiente a los meses de Enero a Agosto de 2008 (el número de listado del actor corresponde al N° 68) y de Enero a la fecha de 2009; 2. Rendición del Festival Verano Naranja año 2007 con sus respectivos contratos y comprobantes de pago de respaldo en que consta el Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la Consultora Ambiental y Servicios Varios Limitada y la Corporación Cultural de Antofagasta para el montaje y desmontaje de escenarios correspondientes al Verano Naranja 2007. En cuanto a los restantes documentos ordenados exhibir a la denunciada, esto es, comprobante de feriado legal anual del actor por los períodos de los años 2007-2008 y 2008-2009, comprobante de pago al actor del bono mensual de $ 300.000 desde Abril de 2007 al mes de Julio 2009, ambos meses inclusive por concepto de gastos de representación, y contrato de honorarios de don Jimmy Lau del año 2006 y carta de aviso de término de contrato de honorarios a su nombre de fecha Febrero 2009, la denunciada indica que éstos no existen, precisando e incorporando respecto de los últimos indicado boletas de honorarios que dan cuenta de la existencia de la relación laboral. Asimismo, se despachan e incorporan Oficios del Banco de Crédito e Inversiones BCI, de Distribuidora de Publicaciones HTB, Ministerio Público de Antofagasta. Confesional: Declarando ante el Tribunal, doña Marcela Ximena Hernando Pérez, Alcaldesa y Presidente del Directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, quien indica que al propio actor se le ordenó confeccionar el contrato de trabajo de la nueva Secretaria Ejecutiva de la Corporación, quien asumió con fecha 2 de enero de 2009, correspondiéndole al primero volver a desempeñar funciones de abogado asesor desde entonces, disminuyéndose su remuneración a la suma de $1.5000.000, siendo ratificado el acuerdo del Directorio en relación a estas modificaciones con fecha 7 de enero de 2009, las que además se consignaron en un anexo de contrato que éste debió firmar, no constándole si dicha suscripción tuvo lugar realmente. Agrega que no sabe si después de la modificación de funciones, al actor se le proporcionaron dependencias especiales para desempeñar sus funciones, precisando que, en todo caso, quienes cumplieron tales funciones con anterioridad, nunca contaron con oficinas especiales para desempeñar su trabajo. Precisa que a comienzos de su gestión, esto es, en diciembre de 2008, comienzan sus suspicacias respecto de las irregularidades cometidas por el actor, y que en el mes de junio de 2009 recién se adopta el acuerdo de desvincular al actor. Testimonial: Compareciendo y declarando ante el Tribunal, previamente juramentados Yolanda Alicia Tabilo Narbona, Jaime Alberto Faúndez Silva, Miguel Orlando Cuturrufo Palacios, Aldo Norberto Duque Santos, y Benjamín Isaac Araya Gallardo. Yolanda Tabilo Narbona, declara en su calidad de ex Directora del Directorio de la Corporación, cargo que cumplió entre los meses de enero de 2008 hasta noviembre de 2009, señalando que recibió dos cartas del actor manifestándole su preocupación respecto de su incierta situación laboral al existir dos personas ejerciendo el cargo de secretario ejecutivo de la institución, las que respondió comunicándole que lo plantearía en las reuniones de directorio, precisando que nunca obtuvo respuesta a dichas inquietudes; que no hubo sesión para designar a la nueva Secretaria Ejecutiva, no obstante lo cual firmó el acta de enero de 2009 ya que se le dijo que quedaría constancia del reparo efectuado por ella en el acta siguiente, y que no asistió a la reunión en que se acordó la desvinculación del actor porque no se encontraba en la ciudad y no fue citada con la antelación acordada que era de 48 horas. Jaime Alberto Faúndez Silva, también Director del Directorio de la Corporación, declaró que en el mes de enero de 2009 la Alcaldesa presentó a la Srta. Corrales como la nueva Secretaria Ejecutiva, sin que antes el Directorio adoptara algún acuerdo para cesar al actor en sus funciones; que el actor también le manifestó preocupación por la poca certeza que tenía acerca de su situación laboral, lo que plantea al Directorio en el mes de marzo, respondiéndole la Alcaldesa que la Secretaria Ejecutiva es la Srta. Corrales. Miguel Orlando Cuturrufo Palacios, quien conoce al actor por haber trabajado junto a él en la Corporación como contador, jefe administrativo y jefe de personal, siendo subordinado del actor. Explica que la Srta. Corrales fue designada en el cargo en el mes de enero de 2009, pasando a ocupar las dependencias del Señor Rojas, sin que a éste se le otorgara un nuevo lugar donde instalarse para cumplir sus funciones; que Corrales le comunica acerca de la disminución de remuneraciones del actor, frente a lo que el testigo requiere un respaldo como un acuerdo del directorio en tal sentido, sin obtener respuesta. Añade que por una serie de irregularidades solicitan junto a otros trabajadores, a través de una denuncia anónima, una fiscalización a la Inspección del Trabajo, la que se realizó en el mes de abril de 2009, y que advirtió un cambio en el ánimo del actor después de que se le cambiaran sus funciones, ya que además se le privó de ellas, siendo hostil en general el ambiente laboral por las amenazas de despido que existían. En cuanto a la desaparición de especies que estaban guardadas, luego de sufrir un robo en las dependencias de la Corporación, en el mes de enero de 2007 le comunicó a doña Gabriela Zeballos en su calidad de directora, que sólo habían llegado 2 cajas y no 4 como se habían denunciado. En cuanto al informe contable que realizó para la institución, explica que al ingresar a la misma, en el mes de agosto de 2006, advirtió que no se llevaban los registros contables exigidos por la ley, lo que informó al actor, siendo contratado posteriormente para reconstruir la contabilidad de los últimos 6 años, tarea que realizó fuera de su horario de trabajo, para lo que contrató a Luis Paz, contador, terminando dicha labor en el mes de septiembre de 2007, cobrando los honorarios correspondientes con posterioridad a esa fecha, recibiendo el último pago en abril de 2009, y entregando la documentación requerida por el Servicio de Impuestos Internos, circunstancia que consta en la respectiva acta de entrega. En cuanto a la situación laboral del actor después de la llegada de la nueva Secretaria Ejecutiva, indica que al principio la relación entre ambos era fluida, pero que cambió en el mes de marzo de 2009, precisando que el actor continuaba firmando cheques hasta que la Srta. Corrales tuviera autorización del Banco, y que el abogado asesor anterior, trabajaba en la oficina del periodista. Aldo Duque Santos, declara haber cumplido funciones de abogado asesor para la Corporación demandada entre marzo de 2007 y Junio de 2008, principalmente en litigación penal y laboral y, en tal calidad, haber participado en la actividad “Verano Naranja” del año 2008, la que se organiza durante el verano, dedicándose a la revisión de contratos que se suscribían con los distintos números artísticos, debiendo el Directorio aprobarlos, y suscribirlos el Presidente del mismo por delegación del Directorio, siendo además éste quien firmaba los cheques que se pagaban. Agrega que conoce a Cristian Baeza, quien celebró un contrato con la Corporación para el referido evento, precisando que tal documento no fue redactado por él, sino que venía desde la Municipalidad con la firma del alcalde del momento, Sr. Adaros, y que la productora contratada circunscribía sus tareas dentro del estadio, debiendo los músicos además salir a tocar. En cuanto a sus restantes funciones como abogado asesor, precisa que viajaba un par de veces a la semana desde Santiago, prestando sus servicios en una pequeña oficina que está en el Teatro Municipal, la que no sabe si está destinada especialmente para el cargo. Finalmente, Benjamín Araya Gallardo, quien conoce al actor porque pertenecen a la misma Comunidad Cristiana de esta ciudad, denominada Iglesia de Restauración, declara que desde el mes de enero de 2009 ha advertido un decaimiento en el estado de ánimo del actor, lo que ha implicado un deterioro en su autoestima, situación motivada por el cambio y posterior disminución de funciones que debió aceptar en su trabajo y por la querella criminal interpuesta en su contra, constándole tales circunstancias tanto por la conserjería espiritual que realiza a la esposa del actor, quien también se encuentra afectada por la referida situación, como por comentarios que le han realizado otras miembros de la comunidad que trabajan en la Municipalidad. OCTAVO: A su turno, la denunciada y demandada, rindió la siguiente prueba: Documental: 1. Carta de despido enviada al actor, registro de envío de dicha carta a la Inspección del Trabajo y comprobante envío de la carta al domicilio del actor; 2. Copia de Certificado N° 3479 del mes de Enero de 2008; 3. Querella presentada por la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y la Corporación Cultural de Antofagasta en contra del actor y ampliación de la misma presentada por don José Vargas Fritz; 4.-Actas de sesión de Directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fechas 07 de Enero de 2009, 14 de Enero de 2009 y 11 de Junio de 2009; 5. Ordinario N° 520/2008 emitido por la Directora de Control, Cecilia Aqueveque Sánchez y remitido al alcalde de la comuna suplente; 6. Contrato de Trabajo de fecha 24 de Abril de 1989, suscrito entre las partes y anexos de fechas de fecha 01 de Marzo de 2007, 01 de Agosto de 2006 y 01 de Diciembre de 2008; 7. Set de copias de 37 boletas de honorarios electrónicas emitidas por don Jimmy Sciaffi Adrián Lau Aliaga a la Corporación Municipal de Antofagasta; 8.- Rendición de cuentas por viaje a Santiago del actor, de fecha 07 al 10 de Mayo de 2008, correspondiente a reunión del Consejo Cultural Santiago; 9. Factura N° 99 emitidas a la Corporación Cultural de Antofagasta; 10. Comprobante de Ingreso N° 1.461 correspondiente a aportes por donaciones; 11. Contrato de prestación de servicios desarrollado por la Corporación Cultural de Antofagasta con la Consultora Ambiental y Servicios Varios; 12. Set de 24 boletas de honorarios electrónicas emitidas por don Luis Martín Paz Rivera a la Corporación Cultural de Antofagasta; 13. Set de 4 boletas de honorarios emitidas por don Miguel Orlando Cuturrufo Palacios; 14. Ordinario N° 92-2009 en cuya virtud la Secretaria Ejecutiva de la Corporación Cultural de Antofagasta informa a la Alcaldesa de esta ciudad los documentos en poder de don Alejandro Rojas Henríquez; 15.- Ordinario N° 068-2009 en cuya virtud doña Carla Corrales Guerra solicita a don Alejandro Rojas Henríquez la entrega de los artículos singularizados en el mismo; 16. Boleta que da cuenta del servicio de internet, tv-cable y teléfono, suscrito a nombre de la Corporación Cultural de Antofagasta; 17. Correo electrónico cuyo contenido da cuenta del cheque pagado por la Corporación Cultural de Antofagasta a don Cristian Baeza González y boletas de honorarios electrónicas emitidas por éste a la Corporación Cultural de Antofagasta; 18. Contrato de Prestación de servicios suscrito por don Cristian Baeza con la Corporación Cultural de Antofagasta, de fecha 16 de Enero de 2008; 19. Acta de Recepción de Equipos de iluminación y sonido, guardados en bodegas del Teatro Municipal según acta de la Municipal de Antofagasta, de fecha 23 de Diciembre de 2005, 20. Set de 16 correos electrónicos dirigidos por don Alejandro Rojas a doña Carla Corrales y respuestas de ésta al actor; 21.- Oficio dirigido por don Alejandro Rojas Henríquez en su calidad de abogado de la Corporación Cultural de Antofagasta a doña Carla Corrales Guerra, de fecha 02 de Febrero de 2009, informando lo requerido conforme Ord. N° 3/2009; 22.- Oficio emitido por el actor en calidad de abogado de la Corporación Cultural de Antofagasta, de fecha 15 de Mayo de 2009 y dirigido a doña Marcela Hernando Pérez; 23.- Copia de los estatutos de la Corporación demandada; 24.- Ordinario N° 78/2009 mediante el que doña Carla Corrales Guerra solicita a don Alejandro Rojas la rendición de cuenta por gastos que indica; 25. Set del Informe mensual de las boletas recibidas por la Corporación Cultural de Antofagasta; 26.- Ordinario N° 94/2009 mediante la que la Secretaria Ejecutiva de la Corporación Cultural solicita informe a don Alejandro Rojas respecto de gastos efectuados, y 27.- Impresión online de la página Inser Transfiel Services que da cuenta de la calidad del Gerente General don Héctor Espinoza. Testimonial: Compareciendo y declarando, Carla Corrales Guerra, Cristian Baeza González, Juan Patricio Alliú Aguayo y Jaime Cabrera Cossio. Carla Corrales Guerra, declara en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Directorio de la demandada, designada en el mes de enero de 2009, indicando que sabe que la Alcaldesa le pidió al actor que confeccionara su contrato de trabajo, y que éste la presentó al personal una vez asumida, precisando que en un principio hubo buena disposición del actor, que nunca hubo quejas de su parte, a excepción de la disminución de remuneración que éste experimentó cuando reasumió el cargo de abogado asesor, pero que en general el Sr. Rojas nunca manifestó molestia alguna. Agrega que éste respondía las consultas que ella le formulaba, revisaba contratos, y que su comunicación en general era muy cordial, vía correo electronico, cumpliendo el actor sus funciones desde su casa, sin que existiera una oficina especial para el cargo que éste cumplía. Precisa que lo anterior cambió en el mes de Abril aproximadamente, cuando el actor dejó de contestar sus correos, llamadas telefónicas, sin presentarse a las dependencias de la demandada. Señala que en esa misma fecha comenzó a percatarse de una serie de irregularidades administrativas anteriores a su llegada, tales como cuentas de teléfonos no rendidas a la Municipalidad, las que detallaban la contratación de películas eróticas y canales de fútbol, precisando que el decodificador para tener acceso a dichos servicios se encuentra sólo en la oficina del Secretario Ejecutivo, quien además es el único que tiene la clave de acceso; la existencia de una boleta de $10.000.000.- extendida a favor de Cristian Baeza, quien al ser consultado al respecto, responde que lo hizo como un favor a Rojas, a quien después de cambiar el cheque entregó el dinero en una bolsa; la existencia de una factura a nombre de la empresa Ambiente y Servicios Varios, correspondiente a servicios que habían sido realizados por funcionarios de la Municipalidad; la existencia de gastos de caja chica, por conceptos que no corresponden a la Corporación, por un total de $1.300.000; la falta de especies que estaban en bodega y que supuestamente fueron objeto de un robo. En cuanto al procurador Jimmy Lau, explica que nunca lo conoció porque en general la Corporación no contrata estos servicios ya que no son más de 5 las causas que están en tramitación actualmente. Cristian Baeza González, quien cumple funciones de Director de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal desde el mes de Octubre de 2005, y en tal calidad conoce al actor, declara que emitió boleta en favor de la Corporación en el mes de Febrero de 2008, lo que hizo porque el actor se lo pidió, entregándole el dinero luego de cambiarlo, sin haber prestado los servicios contratados e indicados en la cláusula quinta del contrato que se le exhibe, indicando que aquéllos son prestados normalmente por una productora. Precisa que desde que firmó el contrato supo que no iba a prestar los servicios, y que lo hizo porque confió en el actor, sin decir nada porque ignoraba que tales acciones podían ser delito, indicando que no ha recibido sanción alguna de parte de la Corporación por tales hechos. Juan Alliú Aguayo, declara en su calidad de Jefe de Operaciones del Teatro Municipal, cargo que desempeña desde el año 1982, época desde que conoce al actor, y señala que en enero de 2009 el actor presenta a todos los funcionarios a la Srta. Corrales como la nueva Secretaria Ejecutiva, pasando a desempeñar Rojas funciones de abogado asesor, cargo que no tiene asignada una oficina especial, al igual que los funcionarios contables. Indica que los equipos que estaban guardados en la oficina del Secretario Ejecutivo, en el tiempo de Rojas, fueron ocupados y prestados a personas ajenas al teatro, siendo además trasladados desde la bodega a la oficina del actor, por instrucciones de éste. Indica que en cuanto a los equipos faltantes sólo figuraban 2 amplificadores en la orden de compra, pero que en realidad recibieron cuatro, dos de los que eran obsequio por la compra. Agrega que durante la gestión del actor como Secretario Ejecutivo, la contabilidad la llevaba el Sr. Cuturrufo, además de Luis Paz, que también fue contratado para esos efectos, pero que aún así la Corporación tenía problemas de deudas con la Tesorería; que a Jimmy Lau lo vio en varias ocasiones en la oficina de Rojas; y que en los espectáculos, los montajes y desmontajes son pedidos a la Municipalidad, salvo que el evento sea muy grande y se requiera ayuda externa. Finalmente, Jaime Cabrera Cossio, en su calidad de Director de la Escuela de Bellas Artes desde del año 1991, declara que conoce al actor, con quien nunca tuvo ningún problema, y que sabe que desde la Corporación salió un cuadro de su propiedad y que había prestado a la demandada, el que se encontraba en un templo evangélico en calle Latorre, lugar desde donde decidió ir a recuperarlo al no obtener una respuesta de parte del actor. Oficios: Despachado por la Empresas Periodística El Mercurio de Santiago, Empresa Periodística del Norte de Antofagasta, Ministerio Público por la querella interpuesta por la demandada, Conservador de Bienes Raíces, Tesorería General de la República, e Inspección Provincial del Trabajo. Finalmente, el Tribunal incorpora Informe de Vulneración de Derechos emanado de la misma Inspección.
NOVENO: Que, en forma previa al análisis de la prueba rendida, y haciéndose cargo de la alegación del demandante en orden a que la carta aviso de despido emanada desde la empleadora se encontraría viciada de nulidad absoluta de derecho público por no haber sido suscrita por la Presidenta del Directorio, sino que por la Secretaria Ejecutiva del mismo, cabe señalar que de conformidad a las normas estatutarias que rigen a la Corporación demandada, dicho documento, desde un punto de vista formal, resulta plenamente válido por cuanto conforme al artículo 27 de los referidos estatutos a la Secretaria Ejecutiva le corresponde, entre otras funciones, la de “ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Socios y del Directorio que se le encomienden”, habiendo quedado establecido en el punto Tres del Acta de Sesión de Directorio Nº 7 de fecha 25 de junio de 2009, el acuerdo de dicho órgano para poner fin a la relación contractual del abogado Alejandro Rojas Henríquez, por la causal que corresponda de acuerdo a la ley laboral vigente y en el más breve plazo. Así las cosas, sólo cabe concluir que la Secretaria Ejecutiva, Srta. Carla Corrales, al suscribir la carta aviso de despido enviada al actor, lo hizo en ejecución del referido acuerdo adoptado por el Directorio, actuación que se ajusta plenamente al marco estatutario y legal vigente.
DÉCIMO: Que conforme a la prueba rendida y reseñada en los motivos sexto y séptimo precedentes, y de acuerdo a los dichos de las partes que son coincidentes, se tendrán por establecidos los siguientes hechos:
1.- Que el actor prestó servicios para la Corporación Cultural de Antofagasta, de manera ininterrumpida, desde el año 1989, cumpliendo funciones de violinista, periodista, abogado asesor, pasando a ser posteriormente Secretario Ejecutivo, cargo que desempeñó en forma paralela con el anterior, hasta el mes de febrero de 2007, cuando se le designa de manera exclusiva como Secretario Ejecutivo, el que ejerció hasta el 2 de enero de 2009, oportunidad en que la Presidenta del Directorio y cabeza de la nueva administración municipal designa a otra persona de su confianza, doña Carla Corrales, para que cumpla tales funciones.
2.- Que ante tal estado de cosas, el actor es asignado para desempeñar nuevamente el cargo de abogado asesor, con la correspondiente disminución de remuneraciones, lo que desarrolló hasta el día 20 de julio de 2009, oportunidad en que recibe la carta aviso de despido mediante la que se le comunica el término de su relación contractual con la demandada, sin derecho a indemnización alguna debido a las causales invocadas, cuales son, falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo.
3.- Que las modificaciones de funciones referidas en el numeral uno encuentran su correlato en los respectivos anexos contractuales que dan cuenta de cada una de ellas, con excepción de la última, la que sólo fue suscrita por la Presidenta del Directorio y no por el actor, quien no obstante ello igualmente cumplió dichas funciones hasta la fecha del despido.
4.- Que desde la fecha de la última modificación de funciones y respectiva disminución de remuneraciones experimentada por el actor, éste manifestó su disconformidad mediante una denuncia anónima ante la Inspección del Trabajo y junto a otros trabajadores afectados por el no pago de remuneraciones, y mediante cartas dirigidas al Directorio de la Corporación.
5.- Que tiempo antes de emitir la carta aviso de despido al actor, la demandada interpone en su contra querella criminal por los delitos de estafa y fraude al fisco, la que funda en los mismo hechos que invoca en la comunicación de despido.
DÉCIMOPRIMERO: Que una vez asentados los hechos anteriores, corresponde entrar al fondo de la acción de tutela interpuesta, debiendo determinar primeramente si el actor cumplió con su obligación probatoria consistente en proporcionar indicios de vulneración de derechos fundamentales y, en caso afirmativo, si la demandada ha podido, a satisfacción del Tribunal, justificar los fundamentos y la proporcionalidad de las medidas adoptadas y que han generado como consecuencia los actos vulneratorios que se denuncian.
DÉCIMOSEGUNDO: Que en cuanto a los indicios de vulneración que debía aportar el actor, de la prueba rendida ha quedado establecido que existen antecedentes suficientes para al menos estimar a priori que, eventualmente, el despido y las acciones denunciadas pudiesen afectar los derechos a la integridad síquica, a la honra y a la libertad de trabajo, ya que efectivamente se acreditó que tuvo lugar el nombramiento de una nueva Secretaria Ejecutiva estando aún vigente el nombramiento y contrato del actor, al no haber suscrito éste modificación de contrato alguna que validara el cambio que se estaba materializando, tal como lo declararon los testigos señores Yolanda Tabilo y Jaime Faúndez; que, asimismo, y consecuencialmente, el actor experimentó una disminución unilateral de sus remuneraciones, según da cuenta la declaración de los testigos Miguel Cuturrufo y Benjamín Araya, los dichos de la absolvente doña Marcela Hernando Pérez, y el libro de remuneración del año 2009 exhibido por la demandada; y que el actor debió además dejar la oficina que ocupaba al ejercer el cargo de Secretario Ejecutivo, según dichos de la ya referida absolvente, como así también los materiales de trabajo que ocupaba tales como notebooks y libros de literatura jurídica, lo que aparece de la copia del acta de recepción de bienes muebles y accesorios, suscrita por doña Carla Corrales Guerra y el actor, de fecha 07 de Abril de 2009; y que días antes del despido, la Corporación empleadora interpone querella criminal en su contra, por lo delitos de estafa y fraude al fisco, fundada en los mismos hechos invocados para justificar el despido, lo que aparece de la carta aviso de despido y de la copia de la aludida querella, debidamente incorporadas en audiencia.
DÉCIMOTERCERO: Que, en lo que concierne a la demandada, y las explicaciones que ésta ha proporcionado para justificar los fundamentos de cada una de las acciones detalladas en el motivo precedente, el Tribunal ha llegado a la convicción que éstas son suficientes para tal efecto, de manera tal que no se ha configurado la vulneración de derechos fundamentales al modo como lo ha planteado el actor. En efecto, en cuanto al nombramiento de la nueva Secretaria Ejecutiva, siendo este cargo de la exclusiva confianza del Presidente del Directorio de la Corporación demandada, resulta del todo lógico y esperable que una vez asumida la nueva administración, como ocurrió en la especie, ésta instara por posicionar funcionarios de su confianza en cargos de relevancia para su gestión, sin que tal cambio pueda estimarse como vulneratorio de algún derecho, especialmente, si se han incorporado documentos tales como las Actas de Sesiones de Directorio que avalan la nueva designación, y sin que la conclusión anterior obste a la decisión que el Tribunal emitirá más adelante respecto de la validez de dicha modificación y de la consecuencial disminución de remuneraciones que afectó al actor. Por otro lado, tanto la entrega de la oficina en que el actor desempeñaba el cargo de Secretario Ejecutivo como de los materiales de trabajo resultan ser también una consecuencia lógica del cambio de funciones experimentado por aquél, manifestación además del poder de dirección que el empleador tiene para dirigir y organizar los medios materiales y humanos dentro de su empresa, no advirtiéndose de qué forma dichas acciones puedan afectar la honra y la integridad psíquica de éste, máxime si se tiene presente que, de acuerdo a la declaración tanto de la absolvente, como de los testigos Aldo Duque y Juan Alliú, se encuentra acreditado que históricamente el cargo de abogado asesor no tenía asignada una oficina especial para el desempeño de sus funciones. Finalmente, tampoco puede considerarse que la querella criminal interpuesta en contra del actor sea atentatoria de sus derechos fundamentales, por cuanto ella obedeció al legítimo derecho que tiene todo ciudadano para instar por la activación de los órganos encargados de la persecución penal, dentro de un contexto de dudas razonables acerca de las irregularidades administrativas y financieras detectadas, siendo en todo caso facultad privativa de la justicia penal dirimir y resolver acerca de los hechos fundantes de tal acción, de la misma manera que este Tribunal goza de independencia para calificar esos mismos hechos como aptos o no para configurar las causales de despido invocadas.
DÉCIMOTERCERO: Que, desestimada la acción principal, corresponde a esta Sentenciadora emitir pronunciamiento respecto de la acción de despido indebido interpuesta subsidiariamente, circunscribiendo lo esencial de dicha controversia a establecer si efectivamente se configuraron las causales de caducidad esgrimidas por el empleador para poner término al contrato de trabajo del actor, es decir, si son efectivos los hechos en que funda el despido y, además, idóneos para configurar la causal mencionada, los que deben ser probados por el demandado de acuerdo a lo prescrito por el artículo 1698 del Código Civil, y en caso afirmativo, si procede el pago al actor de las prestaciones laborales detalladas en la demanda, por haber sido despedido indebidamente.
DÉCIMOCUARTO: Que antes de analizar los hechos que se han invocado para configurar las causales invocadas, conviene primeramente conceptualizarlas, a fin de acotar su contenido. En cuanto a la causal incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, existe consenso en la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, en el sentido de que la calificación de la gravedad de los hechos para configurar la causal de término contemplada en el artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo está entregada a la valoración que de ellos haga el juez de la causa y, que cualquier estipulación o aseveración que efectúen las partes en el sentido de asignar a ciertos hechos el carácter de constitutivos de la causal en comento, en nada alteran tal atribución privativa del órgano jurisdiccional. Así las cosas, se debe tener por grave la falta que sea de tal entidad o importancia que autorice el despido disciplinario, sin derecho a las indemnizaciones que la ley consagra, por cuanto el legislador ha reservado la aplicación de esta causal de terminación a sucesos que sean de tal magnitud que provoquen un perjuicio al empleador o que, en sí mismos, sean contradictorios a la naturaleza del contrato de trabajo pues, para los demás casos, la misma ley autoriza al empleador a tomar medidas de carácter disciplinario destinadas a corregir la conducta del trabajador. A su vez, en cuanto a la falta de probidad, establecida en el artículo 160 Nº 1 letra a) del Código del Trabajo, y que se encuentra referida a la falta de rectitud de ánimo, de integridad del trabajador, un proceder deshonesto, ésta debe necesariamente configurarse dentro de la jornada laboral de trabajo o con ocasión de actividades laborales, además de ser de naturaleza grave y encontrarse debidamente comprobada, pues, para los demás casos, que no revistan tal gravedad, la misma ley autoriza al empleador a tomar medidas de carácter disciplinario destinadas a corregir la conducta del trabajador, encontrándose la causal en comento estrechamente vinculada con el contenido ético del contrato de trabajo, el que supone que el trabajador debe cumplir no sólo aquello que se encuentra expresamente estipulado en el contrato de trabajo, sino que también todas aquellas obligaciones que emanan de la confianza que el empleador deposita en él al dejar bajo su responsabilidad parte de su capital de trabajo.
DÉCIMOQUINTO: Que al ponderar en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica la prueba reseñada en los motivos sexto y séptimo, esto es, con libertad, pero con respeto a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, y ponderada su gravedad, precisión, concordancia y conexión con los antecedentes del proceso, el Tribunal ha arribado a la convicción de que la demandada no ha cumplido satisfactoriamente con la obligación probatoria que sobre ella descansa en orden a acreditar cada uno de los hechos contenidos en la carta aviso de despido.
En efecto, en cuanto al hecho signado con el número 1 y consistente en la responsabilidad que le cabe al actor, en la falta de especies o bienes muebles, correspondiente al proyecto Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento del Teatro Municipal, la prueba rendida apuntó a establecer la pérdida de ciertas especies, las que sólo fueron singularizadas de manera específica en la audiencia respectiva, sin que de las declaraciones de Carla Corrales y Juan Alliú, pudiera desprenderse inequívocamente que la responsabilidad en la pérdida de las mismas haya sido del actor, especialmente si se considera que el acta de recepción de las especies fue levantada con fecha 16 de abril de 2009 en ausencia del actor. En cuanto a los cuadros de pintura que los testigos Corrales, Alliú y Cabrera indicaron que se encontraban fuera de las dependencias de la Corporación, en un templo evangélico al que fueron llevados por el actor, si bien tal hecho quedó establecido con los referidos testimonios, no será considerado dentro de la pérdida que se analiza por cuanto de la simple lectura no es posible entender lógicamente cuáles son las especies a las que se refiere, de manera que su inclusión coloca al actor en una situación de desventaja al desconocer tal imputación en forma previa, estimándose en todo caso que la sola participación del demandante en el traslado de dichas pinturas no tiene mérito suficiente por sí sólo para configurar ninguna de las dos causales invocadas, especialmente si tal conducta no fue reprochada previamente a través de una amonestación.
En lo tocante al hecho 3 y relativo a la participación que le cupo al actor en la contratación de televisión por cable, en la empresa VTR, para canales fútbol y películas y/o canales eróticos, con fondos de la Corporación, si bien se acreditó mediante la boleta emanada de la empresa VTR e incorporada por la demandada que los días domingo 17 de agosto de 2008, a las 15 horas aproximadamente, y martes 19 del mismo mes y año, a las 01:35 horas, fueron contratados los servicios de películas eróticas, no se aportó ningún elemento de convicción adicional en orden a establecer inequívocamente que haya sido el actor el responsable de tales acciones, sobretodo si se considera además que ello tuvo lugar fuera del horario habitual de trabajo, durante la tarde de un día domingo, y en la madrugada de un día martes.
En lo que concierne al cuarto hecho que se imputa al actor y consistente en haber contratado una suscripción del diario "El Mercurio", con cargo a los fondos de la demandada, para beneficio personal al llegar los ejemplares al domicilio particular de aquél, la única prueba aportada en este sentido, y consistente en oficio emanado de la empresa Distribuidora de Publicaciones HTV, sólo permite desvirtuar la referida afirmación toda vez que indica que el único domicilio en el que fueron entregados los periódicos durante el período abril 2008- abril 2009 fue el ubicado en Sucre 433 que corresponde a la institución contratante, y señalado al momento de contratar la suscripción.
En cuanto a los hechos signados con los numerales 5 y 6, y consistentes en la utilización que habría realizado el actor, para uso personal, de libros de Práctica Jurídica, Código Jurídicos, y 2 notebooks, los que habrían sido devueltos sin sus respectivos discos duros, y adquiridos todos con fondos de la Corporación, sólo se acreditó que efectivamente tales especies fueron utilizadas y devueltas por el actor, salvo los discos duros, según oficios que dan cuenta de la solicitud que le hizo la Srta. Corrales para proceder a la devolución de los mismos y la respectiva acta de recepción debidamente suscrita por ésta y el actor, y mediante la que se devuelven las mismas, sin que se haya rendido otra probanza que demuestre de manera indubitada que el actor utilizó tales herramientas de trabajo para uso personal, y sin que la falta de devolución de los discos duros sea tampoco idónea por sí misma para configurar las causales invocadas. Similar reflexión corresponde realizar en lo tocante a los hechos consignados en los números 10 y 11 de la carta en comento, cuales son, el haber participado en la contratación de un "procurador judicial o tramitador judicial", en beneficio personal, sin justificación y con fondos de la Corporación y el no haber prestado servicios, para la demandada durante los meses de junio y julio de 2008, por cuanto respecto del primero, si bien se acreditó la existencia de la relación contractual de la demandada con Jimmy Lau para cumplir servicios de tramitación judicial, lo que consta del contrato de prestación de servicios y de las respectivas boletas de honorarios emitidas por éste a la Corporación, los testigos de la demandada no fueron claros ni coincidentes en este punto, declarando la Srta. Corrales que nunca vio al Sr. Lau y que el número de causas en tramitación asciende sólo a cinco aproximadamente, circunstancia que tornaría en innecesarios tales servicios, mientras que el testigo Alliú declaró haberlo visto en numerosas oportunidades en la oficina del actor, dichos que no resultan suficientes ni contundentes para entender que el referido procurador haya sido contratado en beneficio personal del actor. En lo concerniente con la falta de prestación de servicios del actor durante los meses de junio y julio de 2008, ninguna probanza se incorporó en este sentido, salvo las declaraciones de la testigo Corrales, quien se refirió en todo caso, de manera indirecta, a los meses de junio y julio del 2009, al declarar que desde el mes de abril aproximadamente perdió contacto con el actor, no siendo suficiente tal deposición para tener por acreditada la falta que se le imputa, sobre todo si la carta consigna una fecha diferente a la que hace mención la testigo, debiendo precisarse en todo caso que existiendo una causal específica para la hipótesis en que un trabajador se ausenta de su trabajo sin causa justificada, cual es la contemplada en el numeral 3 del artículo 160 del Código del ramo, no es posible admitir que tal situación sea subsumida y utilizada para configurar otra causal de despido, como ha sucedido en la especie con ésta esgrimida por el empleador.
En lo tocante a la imputación contenida en el numeral 7 y relacionada con haber participado en el pago de la suma de $17.500.000.- al contador de la Corporación, don Miguel Cuturrufo Palacios, por servicios destinados a reconstruir la contabilidad, desde los años 2000 al 2006, sin que exista a la fecha dicha "reconstrucción", sino apenas un "informe", y además, haber contratado a don Luis Paz, para la realización de idéntico trabajo, ocasionándole un doble perjuicio a la institución, de la declaración del Señor Cuturrufo quedó establecido que el origen de la contratación fue motivada por el desorden administrativo y contable que él detectó al ingresar a prestar servicios a la institución, y que en caso alguno, la tarea podía ser abordada dentro de su horario de trabajo ya que correspondía a funciones que debieron desarrollar sus antecesores en el cargo, decidiendo el Directorio, según consta de sesión de fecha 27 de noviembre de 2007, encomendarle la confección de balances y libros contables de los períodos anteriores, acordando los honorarios ya señalados, apareciendo que Cuturrufo cumplió con la entrega de dicha documentación al Servicio de Impuestos Internos, según consta de las copias de actas de recepción de documentación emanadas del referido servicio, sin que por lo tanto pueda imputarse al actor responsabilidad alguna por una contratación que se ajustó a derecho y por el pago de un trabajo que efectivamente se realizó.
En lo concerniente a los hechos signados en los numerales 2 y 8 de la carta aviso de despido, cuales son, el haber requerido a don Christian Rodrigo Baeza González, Director de la Orquesta Sinfónica, la suscripción de un contrato falso, que da cuenta de una prestación de servicios que nunca se realizó, por una suma líquida de $10.000.000.-, pagados con fondos de la institución y el estar involucrado, en el pago de la suma de $13.494.600.-, con cargo a fondos de la demandada, a la Consultora Ambiental y Servicios Varios, para el montaje y desmontaje de escenarios correspondiente al Verano Naranja 2007, servicios que jamás se llevaron a cabo, habiendo sido dichas acciones de montaje y desmontaje, realizadas por funcionarios municipales, cabe precisar respecto del primero, que los dichos del testigo Christian Baeza González, quien declaró ser participante directo en los hechos, y en tal calidad haber suscrito el contrato a petición del actor y posteriormente entregado a éste el dinero, sin haber prestado los servicios, versión también dada por la testigo Corrales, quien indicó haber tomado conocimiento de la situación por los dichos del mismo Baeza, impresionaron al Tribunal como carentes de credibilidad y de convicción, especialmente, por la actitud temerosa e insegura del testigo al momento de prestar su declaración, quien al ser interrogado por esta Juez no dio razones satisfactorias para explicar el porqué había accedido a una conducta abiertamente ilícita, indicando que desconocía tal circunstancia y que sólo participó en la contratación en comento porque confió en el actor, señalando que además aún no ha recibido sanción alguna por tales acciones de parte de la Corporación demandada, contraviniendo tales declaraciones los principios de la lógica, todas razones por las cuales el referido testimonio será desestimado, considerándose por lo tanto como no acreditado este hecho. En cuanto a la segunda contratación aludida, si bien se acreditó por la demandada que habitualmente los servicios de montaje y desmontaje son realizados por funcionarios municipales, según declararon los testigos Alliú y Corrales, no fue establecida por la demandada la circunstancia de que haya sido el actor quien intervino en tal contratación, existiendo incluso declaración de contrario realizada por el testigo Aldo Duque, quien afirmó haber cumplido funciones de revisión de contratos durante el evento en que se contrataron los referidos servicios, denominado “Verano Naranja 2008” y correspondiendo en todo caso a los suscriptores de los respectivos contratos la responsabilidad, a lo menos civil, que emane de los mismos, no pudiendo ésta ser imputada a personas distintas de aquéllos.
Finalmente, y en relación al hecho 9, consistente en haber utilizado fondos de la "caja chica" de la Corporación para fines particulares, sin justificación alguna, por la suma de $3.200.000, si bien se encuentra acreditado que tales gastos se efectuaron por el actor, lo que consta de los oficios Ordinarios 74/2009 y 98/2009, dirigidos al actor por la Secretaria Ejecutiva, Srta. Corrales, adjuntando detalles de gastos que no corresponden a materias propias de la Corporación demandada, tales como inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces y publicaciones en el diario La Nación, resulta razonable y acreditada la explicación dada por el actor, quien justificó tales gastos y retiros en una autorización que al efecto otorgó el Presidente del Directorio de la época Sr. Daniel Adaros, que consta en documento de fecha Noviembre de 2007 intitulado “Autorización”, y mediante la que le faculta para “debitar préstamos personales contra los ingresos propios de la institución hasta por la suma de $1.500.000. , debiendo reintegrarlos en el plazo máximo de 90 días, lo que de no suceder implicaría la imputación de dicha suma a los gastos de representación que la Corporación le adeuda a la fecha”, encontrándose estos últimos debidamente acordados según Acta de Sesión de directorio de fecha 12 de junio de 2006 y anexo de contrato de fecha 1 de agosto de 2006, de manera tal que la utilización de los fondos de caja chica que se le imputa al actor, no resulta constitutiva de la causal falta de probidad alegada, por cuanto existía una autorización expresa de su superior jerárquico y que consta en los documentos reseñados que respaldaba el actuar del demandante.
DÉCIMOSEXTO: Que atendidas las consideraciones expresadas, no cabe sino acoger la demanda impetrada, como se dirá, declarando que el despido del actor es indebido, condenando al demandado al pago de las prestaciones en la forma que se indicará, todas las que son procedentes según el contrato de trabajo del actor.
DÉCIMOSÉPTIMO: Que para los efectos del cálculo de las prestaciones que se ordenaran pagar al demandante, se tendrá como remuneración mensual líquida la suma de $2.750.000, más las cotizaciones de seguridad social, lo que totaliza la cantidad de $3.002.926, por cuanto así ha quedado establecido del anexo de contrato de fecha 1 de diciembre de 2008, y de la liquidación de remuneraciones correspondiente al mismo mes, careciendo de valor la modificación unilateral que en la práctica experimentaron las remuneraciones del actor desde el mes de enero de 2009, por cuanto ello no se encuentra respaldado por acta de sesión de directorio alguna, ni existe modificación de contrato que haya sido firmada por ambas partes conviniendo en tal sentido, manteniendo entonces plena validez la estipulación contenida en el referido anexo de fecha 1 de diciembre de 2008. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal debe estarse al límite de 90 UF que el inciso tercero del artículo 172 del Código del Trabajo establece respecto de las remuneraciones superiores a tal cantidad, cual es el caso, debiendo limitar entonces a dicho monto la base de cálculo para los efectos de las indemnización sustitutiva del aviso previo demandada, según el valor fijada para la referida unidad de reajustabilidad al último día del mes de noviembre de 2009.
DÉCIMOOCTAVO: Que respecto a la indemnización a todo evento acordada a favor del actor, según consta de Acta de Sesión de Directorio de fecha 26 de febrero de 2007 y anexo de contrato individual de trabajo de fecha 01 de marzo de 2007, por implicar tal estipulación un mejoramiento de las condiciones mínimas que el Código del Trabajo garantiza a los trabajadores, no resulta lícito ni válido que la misma haya sido dejada sin efecto de manera unilateral por el empleador, ya que al haber ingresado tal condición al patrimonio del actor, desde el momento en que suscribió el referido anexo, la indemnización en comento pasó a tener la calidad de derecho adquirido, siendo en todo caso posible que un contrato de trabajo sea modificado sólo por mutuo consentimiento, en aquello que las partes han podido convenir libremente, tal como lo prescribe el inciso tercero del Código del Trabajo. Por lo anterior, sólo cabe privar de validez al acuerdo de Directorio que consta en sesión de fecha 25 de junio de 2009, ordenando el pago de la indemnización a todo evento pactada a favor del actor.
DÉCIMONOVENO: Que en cuanto al pago de los gastos de representación, encontrándose establecido que aquellos fueron objeto de acuerdo contractual, según acuerdo de directorio de fecha 12 de junio de 2006 y respectivo anexo de contrato de fecha agosto del mismo año, y no habiéndose acreditado su pago por la demandada, sólo cabe acceder a ello en la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo. Finalmente, y en lo relativo al feriado legal y proporcional reclamado, no constando que el actor haya hecho uso de él, también corresponde acceder a su pago en los montos que se señalarán.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5 a 11, 41, 42, 44, 54 a 58, 160, 162, 163, 168, 172,173, 420, 423, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462, 485 a 495 del Código del Trabajo;
I.- Que se acoge la exclusión de la prueba documental impetrada por la demandada, respecto de las portadas del diario “La Estrella del Norte”, de fechas 25 de febrero y 17 de marzo de 2009.
II.- Que se rechaza la denuncia de tutela laboral.
III.- Que se hace lugar a la demanda por despido indebido, debiendo la demandada Corporación Cultural de Antofagasta pagar a favor del actor, don Alejandro Rojas Henríquez, las siguientes sumas:
a) La suma de $1.891.575.- (un millón ochocientos noventa y un mil quinientos setenta y cinco pesos), correspondiente a la indemnización sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual devengada y percibida en su totalidad, considerando el límite de 90 UF que al efecto impone el inciso tercero del artículo 172 del Código del Trabajo.
b) La suma de $60.058.520.- (sesenta millones cincuenta y ocho mil quinientos veinte pesos) correspondiente a la indemnización convencional por años de servicio, equivalente a treinta días de la última remuneración mensual devengada, ascendente a la suma de $3.002.926.- (un millón ochocientos noventa y un mil quinientos setenta y cinco pesos), por cada uno de los 20 años de servicios ininterrumpidos prestados para la Corporación demandada, sin límite de años de servicio ni de monto de remuneración, conforme está estipulado en el anexo de contrato individual de trabajo de fecha 01 de marzo de 2007.
c) La suma de $48.046.816.- (cuarenta y ocho millones cuarenta y seis mil ochocientos dieciséis pesos) correspondiente al recargo del 80% de la indemnización convencional por años de servicio.
d) La suma de $8.333.332.- (ocho millones trescientos treinta y tres mil, trescientos treinta y dos pesos) correspondiente a la diferencia existente a favor del actor entre la remuneración mensual que contractualmente le correspondía percibir, ascendente ésta a la suma líquida de $2.750.000.- (dos millones setecientos cincuenta mil pesos), según lo estipulado en anexo de contrato de fecha 01 de diciembre de 2008, y la suma que efectivamente percibió por tal concepto durante los meses de enero a julio del año 2009, ascendente a la suma líquida de $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos mensuales).
e) La suma de $6.406.242.- (seis millones cuatrocientos seis mil doscientos cuarenta y dos pesos) por concepto de feriado legal correspondiente a los períodos 2007-2008 y período 2008-2009, y el correspondiente feriado proporcional del año 2009.
f) La suma de $8.400.000.- (ocho millones cuatrocientos mil pesos), por concepto de meses impagos de bono denominado "gastos de representación", cuyo valor mensual era de $300.000.- (trescientos mil pesos), concepto adeudado desde el mes de abril de 2007 y hasta la fecha del despido.
III.- Que las cantidades antes mencionadas deberán serle pagadas con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda.
IV.- Que no se condena en costas al demandado por no haber sido totalmente vencido.
RIT T- 15-2009
Pronunciada por doña Mariela Solange Rojas Saá, Juez Suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.
Publicado por César Toledo Corsi en 8:12 No hay comentarios:
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