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Timestamp: 2018-03-24 11:36:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 318', 'artículo 15', 'artículo 32', 'artículo 71', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 281', 'artículo 282', 'artículo 318', 'artículo 12', 'artículo 282']

Published: 5 years, 9 months ago (06/01/2012)
Updated: 3 years, 6 months ago (09/08/2014)
Situación general del derecho al agua
Es un Estado democrático, unitario y descentralizado y pluricultural. Según censo de 2010 tiene 14.483.499 de habitantes.
La Constitución de 2008 introduce grandes novedades no sólo en el mundo jurídico sino en el mundo de la realidad real. El artículo 12 expresa que el “…el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida…”. La privatización está prohibida (artículo 318) y el artículo 15 que la soberanía energética no se tiene que lograr en perjuicio del agua. El artículo 32 vincula el derecho a la salud con el derecho al agua . Una muy buena y debería ser natural combinación: agua y salud. Por último el artículo 71 establece e imputa derechos a la naturaleza cuando expresa : “…que la Pacha Mama, la naturaleza tiene derecho a que se la respete, en su existencia y reproducción integral…”. Todo un avance y una transformación a favor de la naturaleza, consustancia del biocentrismo y ruptura del antropocentrismo.
En un informe de seguimiento de los ODM, la situación de Ecuador en el 2006 era: la cobertura de agua por tuberías era del 46%, que en los extremos sociales, el sector más pobre, la cobertura llevaba a 11% y el sector más rico la cobertura llega al 86%. El sector de alcantarillado se complica la información tomando en consideración que abarcan no sólo la red de cloacas sino también pozos ciegos y sépticos. En el período 2010-2012 ha mejorado el porcentaje de cobertura de agua y cloacas. Pero no se alcanza todavía los objetivos del milenio. Hay quejas por cortes de agua que han afectado por horas a 150.000 personas. Como así también mala calidad del agua y baja presión.
La problemática del agua en este país, encuentra su acogida en el debate de la Ley de Aguas. Descubre un panorama complicado de los actores que intervienen. Desde sectores de los pueblos originarios con posturas progresistas e integrales del agua como bien común alejada de todo planteo de acaparamiento y privatización. Por otro lado un gobierno progresista atravesado por contradicciones con la propia Constitución Nacional (que el agua es un derecho humano), que él mismo apoyó en el año 2008. Se complejiza aún más el mosaico, los sectores conservadores de la sociedad que ven el agua como recurso mercantilizable también se suma a la crítica. La postura de los mercantilizantes del agua, es lograr que se erosione el artículo 12 de la Constitución Ecuatoriana, para que se abra así, la puerta a las privatizaciones.
Corresponde remarcar que la Constitución fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de julio de 2008. Su aprobación fue sometida al referéndum constitucional el 28 de septiembre de 2008. Logrando su consagración. Es notable la legitimidad de la Carta Magna ecuatoriana.
El debate por la Ley de Aguas, es un proceso que continua y tuvo procesos álgidos de discrepancias en el 2010, de los pueblos originarios y populares de posicionar el respeto de la Constitución Nacional de que el agua es un bien común como derecho humano, inalienable e imprescriptible. Cuestión que evidentemente los ha llevado a tener confrontación con el gobierno de Ecuador. Así la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que contiene a muchas colectividades originarias y que ha apoyado en otro tiempo al gobierno, es uno de los actores opositores muy legitimados por su coherencia, el apoyo de los originarios y de diversos sectores populares.
La otra organización indígena Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Idígenas y Negras (FENOCIN), también se opone al gobierno de Correahttp://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95266.
He de remarcar que tanto la CONAIE como la FENOCIN, apoyaron al gobierno en la Asamblea como así también en la participación del referendúm constitucional.
Los pueblos originarios junto a otros actores del pueblo le cuestionan al gobierno, no respetar lo que establece la Constitución y que sus actos no comulgan con ella, en cuanto al agua. Ecuador es un país de más de trece millones de habitantes y presenta una riqueza hídrica que remite a 40 mil metros cúbicos por personas	FAO-ONU 2010.. Que evidentemente esto es una estadística, que en nada refleja la injusticia en que está repartida el agua. Pareciera, y así lo señalo, que el debate está dado no en la escasez, sino en la distribución y la autoridad del agua. También entre un modelo democrático originario-popular y un modelo anacrónico de escasa e ineficaz participación de la sociedad civil Así, CONAIE, reclama que se respete el artículo 12.
Los reclamos de las agrupaciones de las distintas “nacionalidades” indígenas del Ecuador han levantado su voz a través de marchas y la redacción de un Manifiesto llamado “Mandato Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos” aglutinado desde la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)Firmado por CONAIE - Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ECUARUNARI - Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Frente Popular (UNE FEUE FESE CUBE CUCOMITAE UGTE CONFEMEC UNAPE JRE UCAE), Asamblea de los Pueblos del Sur.. Este instrumento plantea un cambio de la matriz cultural, social y económica del agua. Ha sido la palanca para abrir un debate y consulta prelegislativos, en actual proceso, aún no cerrado ni cancelado. Ha servido asimismo como aglutinador de las energías de la sociedad para que se respete el espíritu y finalidad de la Constitución ecuatoriana (art. 12) y lo planteado en la Declaración de ONU sobre los Pueblos Indígenas. El período de consulta prelegislativa tuvo su apertura el 27 de febrero hasta el 1ero. de abril del presente año 2013 Hay cerca de 1600 organizaciones inscriptas desde los colectivos indígenas, afroecuatorianas y montubias. Todo un desafío para el gobierno, pues esta situación requiere construir consensos en la diversidad. Cuestión que aparece más como un déficit que como fortaleza en la gestión Correa. Lo podemos ver también en la dilación del tratamiento de la Ley de Aguas que desde 2010 está en agenda, atravesada asimismo por otros ejes como la Ley de Tierra y la minería. Estas temáticas ponen en jaque un modo de producción y distribución, que el Estado no está dando respuesta. Lo curioso e interesante es que la impugnación a un modo de producción y distribución que afecta al agua vida, no proviene de ningún documento político radicalizado sino de la propia Constitución Nacional del Ecuador. Se pone como puntos prioritarios la identidad y cultura en relación con el agua, conservación y protección del agua; uso, usufructo, administración y aprovechamiento del agua, jurisdicción indígena, derecho vigente y consuetudinario, se agrega al temario los consensos a lograrConsulta prelegislativa para la Ley de Aguas coincidirá con campaña, nota publicada en El UNIVERSO, 15/09/2012 http://www.eluniverso.com/2012/09/15/1/1355/consulta-prelegislativa-ley-aguas-coincidira-campana.html..
Los derechos al y del agua que se jaquean, son:
La contextualidad es compleja se da en vaivenes políticos, redefiniciones de alianzas y compromisos coyunturales . También por la situación puesta en discusión por las agrupaciones originarias frente al Proyecto de Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua. La CONAIE, canaliza en gran parte los puntos de vistas de varios actores de la sociedad civil, con una connotación ambientalista, política, social y étnica, tanto en la posesión como así también en la distribución del agua, sumando la cuestión del acceso y en contra de la privatización y acaparamiento. Como así también su posición contraria a la contaminación de la minería a cielo abierto en América Latina.
En Ecuador, la conmoción por esta Ley, es abismal. Porque como dije antes, pone al desnudo la contradicción entre ella y la Constitución. Haciendo un análisis jurídico y axiológico de la Carta Magna podemos señalizar: 1) La construcción innovadora y muy positiva de adjudicar derechos a la Pacha Mama o naturaleza (art. 71) . 2) El derecho a la reparación de la naturaleza (art.72). 3) Definir como derecho humano esencial el acceso al agua potable y de ejercer la soberanía alimentaria (artículos 12 y 13) siguiendo en ello la Constitución de Uruguay de 2004, asimismo construye el importante concepto de BUEN VIVIR que lo retoma la Constitución de Venezuela de 2009. 4) En el artículo 281 inc.4 el Estado debe promover políticas de redistribución que permitan el acceso al agua de los ciudadanos, 5) El artículo 282 prohíbe toda privatización y acaparamiento del agua. 6) El artículo 318 expresa que el agua pertenece al patrimonio nacional y 7) los artículos 83 inc.6, 85 inciso 1, 204 y 208 sostienen la participación ciudadana y el control social.
La existencia aun en manos privadas del servicio del Agua en Guayaquil, a cargo de INTERAGUA (multinacional integrada por Veolia, grupo español, colombianos y ecuatorianos) exacerban las contradicciones, donde conteste el artículo 12 y 281 de la Constitución Nacional, tendría que estar en manos del Estado. Si bien la cuestión es compleja, habida cuenta que la licitación en Guayaquil la gana en el 2001, hay un contrato, pero las distintas entidades reclaman que no hay política clara ya que el agua en dicha ciudad todavía está en manos privadas. Por ejemplo exigirle el cumplimiento a rajatablas del contrato licitatorio, que ante el incumplimiento de la empresa multinacional, permitiría la rescisión y republicización del agua en Guayaquil, cuestión de requisito que no se ha hecho. La CONAIE exhibe como planteo principal ante INTERAGUA lo antes dicho, es decir la no privatización del agua y su republicización tal como lo expresan los artículos 12 y 312 de la Carta Magna, a saber: “…Art. 12.-El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida… “Constitución del Ecuador, Capítulo Segundo, Derechos del buen vivir,Sección primera , Agua y alimentación, Art.12. y “…con el mandato constitucional que en su artículo 282 dice claramente que se prohíbe toda forma de privatización del agua…”22-M: Una marcha revolucionaria versus una contramarcha contrarevolucionaria, CONAIE, 25/03/2012.Otra exacerbación contradictoria que se da entre el texto de la Constitución y la realidad , es el de la concentración, uso y contaminación del agua en el país. Veamos algunos indicativos:
2011- “…El Estado a través de 64.300 concesiones ha entregado 2.240 m3/s de agua; un caudal superior en la realidad por la apropiación indebida del líquido vital. Las dos terceras partes de dicho caudal (74,28%) se registraron en el subsector eléctrico, con 147 concesiones. El riego con 31.519 concesiones representa el 49,03% del total; es decir 19,65% del caudal. Las concesiones para el uso doméstico del agua son numerosos, 21.281 (33,1%), pero representan apenas 1,22% del caudal concesionado…”Acosta Alberto, “Ecuador: El agua, un derecho humano no un negocio”, nota blog ECCO, Brigadas Ecológicas, 2011.
“La concentración del agua en el agro es notoria. La población campesina, sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 1 del caudal. Mientras que los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal”	Idem.
“…La concentración de agua y tierra constituye el principal problema que afecta la sobrevivencia de la pequeña producción campesina. En cuanto a agua, el 88% de los regantes-minifundistas dispone de entre el 6% y el 20% de los caudales totales de agua disponibles, mientras que el 1% a 4% del número de regantes-hacendados dispone del 50% a 60% de dichos caudales. Apenas el 14% de los lotes menores de 20 Has tienen algún tipo de riego….”Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, Objetivos para el Buen Vivir, Objetivo1, Gobierno Nacional de la República del Ecuador.
Uso y contaminación por industrias petroleras y mineras, puesto en evidencia a través de la firma del proyecto Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe ubicado en la Cordillera del Cóndor, en la zona sur del Ecuador que comprende 6 concesiones mineras representando una superficie total de 9928 hectáreas. Y que según la CONAIE “Del Proyecto Mirador (Zamora Chinchipe), que representaría aproximadamente veinte mil millones de dólares, sólo el 22% ingresará como renta al Estado mientras el 78% restante será para las transnacionales, pero nos dejará 681 mil millones de litros de agua contaminada.”Idem. Además es menester aclarar que no hubo Consulta previa a las poblaciones de la zona para aprobar el proyecto minero, situación que agudizó el conflicto.Otras entidades como la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos y de DDHH. Frente a la Ley del Agua y el Plan Minero, denuncian que dichas normas violan los derechos humanos al agua y los derechos de la naturaleza (artículos 12, 71, 72 y 73 de la CNE) y derecho al territorio (art. 57)Navas Roberto, La Extracción Minera a Gran Escala en el Ecuador, INREDH..
Corresponde reiterar las diferencias entre la ciudadanía y el gobierno. El Estado, sostiene la postura de no rescindir la privatización del agua en Guayaquil, mediante la multinacional INTERAGUA. Dejando las facultades de decisión al alcalde de dicha ciudad. Que dicho sea no tiene una postura a favor del agua como bien común y derecho humano. El gobierno plantea organizar una Autoridad Única del Agua, si bien hay un consejo, el poder estaría centrado en el funcionario que lo elige el Estado. El gobierno considera que dicha Autoridad del Agua debe estar en manos de las autoridades y no de los indígenas ni de sus entidades civiles.
Posición del presidente Rafael Correa
El gobierno le imputa también a las comunidades originarias de pretender dominar y apoderarse de la gestión y dirección del agua y que ellos o sea el Estado están para salvarguardar los intereses de todos. Así es importante connotar declaraciones del presidente Rafeael Correa, realizadas en su oportunidad y recogida de los medios, donde planteaba que vetaría la Ley de Aguas si el poder legislativo acogía las exigencias de los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para que sea un Consejo Plurinacional el que administre y regule el líquido, textualmente expresaba: “…Yo no voy a apoyar nunca ese consejo Plurinacional (planteada por las entidades indígenas) para que administre y regule el líquido. Yo no voy a apoyar nunca ese Consejo Plurinacional para que se adueñe del agua. Eso no va a pasar, se los anticipo y pierden el tiempo con movilizaciones…”Diario El Universo (Ecuador) 18-05-2010. Sección política.. El 3 de abril de 2013 en una entrevista en Telesur, el presidente Rafael Correa volvió a reiterar que la aprobación de la Ley de Aguas (2010) no se dio porque un sector de la dirigencia indígena “…pretendía manejar el agua y mientras yo sea presidente no lo voy a permitir, porque eso no es democrático…El agua, partrimonio de todos los ecuatorianos y no solo de ciertos grupos indígenas…” (confrontar también en www.infolatam.com/2013/02/18) Es clara su posición de que el agua debe ser manejada solamente por el Estado. En rigor las autoridades no le dan en la nueva regulación a sancionar sobre el agua un rol preponderante y de decisión a la sociedad civil en general y a los pueblos originarios en particular. Se podría conjeturar que hay dos modelos en conflictos: el del Estado y el de lo Público. El primero no subsume necesariamente al segundo. Mientras que el segundo si subsume al primero. El primer modelo implica que la estatalidad representa y decide por todos, en cambio el de la publicidad, es el Estado y la comunidad, que juntamente interactúan, si bien con preponderancia de los legítimos poderes de la democracia que tiene el Estado, pero que en la gestión del agua considera y en mucho la voz de los actores de la sociedad civil.
El Estado de Ecuador, con su proyecto de Ley de Aguas, no puede dar cuenta de lo que establece la Constitución Nacional de dicho país, es decir: que el agua es un derecho humano, es del bien común, no se puede privatizar ni acaparar. Para ello el gobierno ha entrado en contradicción con sus propios aliados de otrora como CONAIE y con el proyecto de un Estado plurinacional. Y, por consecuencia la postura en la que ha entrado, le quita poder para poder replantear la matriz de producción y distribución de bienes en su país. Que, dicho sea, fue y es la propia Constitución la que vino a cuestionar un sistema mercantil que depreda y es incapaz de dar un buen vivir del hombre con la naturaleza. El gobierno deberá construir puentes y grandes consensos con sus otroras aliados hoy distanciados, solo así, se empezará a dar cumplimiento a esa original y transformadora Constitución Nacional de Ecuador. Es imprescindible en el año de la cooperación con el agua, un gran Pacto Público del Agua en Ecuador, que destrabe la situación, el Estado debe abrir sus puertas para que se llene de ciudadanía del agua.
El problema de esta Ley del Agua viene de 2010, y aún actualmente no se ha logrado avanzar en su sanción. Correa en febrero de 2013 planteó que quería que este año se tratara y por ende sacar la Ley de Aguas de los “sueños” en el que está Cfr.http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/02/678-509768-9-correa-dara-prioridad-a-ley-de-comunicacion-tras-alcanzar-mayoria-oficialista-en.shtml.. Todo un desafío para este gobierno progresista que deberá acordar más con lo público que con la antigua estatalidad.