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Timestamp: 2017-04-25 02:44:46
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Tiempos de Transparencia | LaSemanaAhora
Análisis, Tiempos de Transparencia
Arrancan oficialmente los trabajos en el SNT
Después de que el 23 de junio del presente año se instaló oficialmente el Sistema Nacional de Transparencia y el órgano de dirección que es el Consejo Nacional de Transparencia, CNT, los trabajos de construcción de la reglamentación correspondiente se llevaron a cabo.
Lo anterior se desprende de lo mandatado en la Ley General de Transparencia en el artículo 31 de la ley General, donde se señalan las funciones del SNT y una de ellas la primera dice entre otras la de, establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley.
Después de varios meses de trabajo del grupo de Enlace de los órganos garantes de la transparencia del país, representado por 9 comisionados finalmente el viernes 11 de septiembre, sesionó el CNT, donde se aprobaron dos documentos.
El Reglamento del Consejo Nacional, donde se señalan las bases de coordinación de sus integrantes encabezado por Ximena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI, los presidentes de los organismos de transparencia y los titulares de el Archivo General de la Nación, AGN; La Auditoría Superior de la Federación, ASF; y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
El otro documento son los Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En este segundo documento se sentaron las bases de coordinación de todos los organismo de la transparencia incluyendo la conformación de 4 regiones, comisiones temáticas y especiales, así como la elección de un coordinador, tal y como se venía trabajando en lo que se denominó Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, COMAIP, que no tenía una estructura legal pero que dio paso a muchas acciones y trabajos entre los comisionados el país.
La diferencia hoy, es que con los lineamientos la coordinación y colaboración se legalizan las tareas y trabajos a través de la Ley General y ello obliga a realizar acciones conjuntas, sistematizadas y de acuerdo a lo establecido en la citada legislación.
Con la aprobación del reglamento y lineamientos, oficialmente arrancan los trabajos del Sistema Nacional, de donde se desprenderán otros documentos para la implementación de manera paulatina de la Ley General de Transparencia.
Por lo pronto, ahora nos toca a las entidades federativas, armonizar nuestras leyes locales de transparencia con la Ley General, a fin de que sean homologadas las bases y principios del derecho de acceso a la información señalados en el artículo 6° constitucional y en la propia legislación general citada.
Vienen grandes retos por desarrollar, pero también compromisos que son necesarios empezar a cumplir, seguramente que en las próximas semanas a través del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP, se estará presentando una iniciativa de ley ante el Congreso local, para armonizar la ley de transparencia.
Ya existe una iniciativa en el congreso presentada por el PRI, por lo que los legisladores deberán analizar los documentos que sobre el particular ya existan y emitir una dictamen final y así tener una ley de transparencia de tercera generación.
Los primeros desafíos del Sistema Nacional de Transparencia
La semana anterior, fuimos testigos de un hecho trascendental para la transparencia en México, la instalación del Sistema Nacional de Transparencia, SNT, y en consecuencia del Consejo Nacional que forma parte de este nuevo modelo de cooperación y de coordinación.
La integración y conformación del SNT se deriva de lo establecido en la Ley General de Transparencia, publicada el pasado mes de mayo.
El Sistema tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la Ley General, así como en las normas aplicables.
Vale la pena hacer una retrospectiva de lo sucedido previo a la aprobación de la reforma constitucional al artículo 6° promulgada en febrero del 2014 y de la publicación de la Ley General de Transparencia, relacionada a las demandas y exigencias de la sociedad para el fortalecimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información, DAI.
Dentro de las demandas de diversos grupos involucrados en el tema de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, incluida la sociedad civil, los órganos garantes, investigadores y académico se registró una coincidencia: conformar un sistema que permitiera avanzar en el ejercicio del DAI donde se incluyera la máxima publicidad materializada en el ejercicio de la transparencia, un piso parejo para el país donde las asimetrías quedaran atrás, así como un verdadera rendición de cuentas.
Después de una ruta sinuosa y con algunos baches, estamos iniciando otra travesía: la implementación de la Ley General de Transparencia, incluida la integración del SNT y a su vez el Consejo Nacional.
El Sistema Nacional, ya en funciones representa un esfuerzo integral, articulado y coordinado de parte de todos sus integrantes incluidos no sólo los órganos garantes de la transparencia, sino también la Auditoría Superior de la Federación, ASF, el Archivo General de la Nación, AGN, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
El mismo miércoles pasado después de que quedó instalado el SNT, en una ceremonia específica encabezada Ximena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI; el presidente de la República, Enrique Peña Nieto; los integrantes de los órganos garantes el país; el INEGI, la ASF y el AGN, se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo General.
Dentro de los primeros desafíos que tendremos en el Consejo General y en consecuencia del SNT, es sin duda la aprobación del Reglamento de Operación y Funcionamiento del propio Sistema.
Para avanzar en la consecución de los objetivos, el organismo donde se integraban todos los órganos garantes de transparencia llamado Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, se transforma para darle paso al Consejo Nacional de Transparencia, CONAIP, donde estaremos todos los participantes del SNT.
Así la COMAIP, tuvo su última asamblea nacional en la ciudad de Querétaro el pasado 20 de Junio.
Ahí se validaron los nombres de los representantes de las 4 regiones de la COMAIP (2 por región) y un representante nacional, para dar un total de 9 integrantes del grupo redactor que participará en el SNT y el CONAIP para la aprobación del reglamento.
Dentro de la región norte, está la representación de Durango a través de mi persona, así como del vocal del Instituto de Transparencia de Sonora, Andrés Miranda, quienes tendremos la responsabilidad de trabajar junto con este grupo del SNT para llegar con un documento final de reglamento a la 2ª sesión de trabajo del Consejo Nacional para el 13 de agosto de año en curso.
Así es que el trabajo será arduo, pero con una gran responsabilidad y trascendencia.
La transición de la COMAIP y su transformación
Hace poco más de 10 años, se integró la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, COMAIP, que aglutina a los integrantes de todos los órganos garantes de transparencia en el país.
Los antecedentes de la COMAIP, se remonta a la Asociación Mexicana de Acceso a la Información llamada AMEPI, conformada solamente por algunas comisiones de transparencia del país.
Estamos a unos días de que se cumplan 11 años de la creación de la COMAIP, ya que la asamblea constitutiva fue el día 16 de Junio del 2004, hasta donde acudieron además del
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), los titulares de los estados de
Sinaloa, Colima, Distrito Federal, Morelos, Durango, Guanajuato, Michoacán,
Después de casi 11 años, la labor realizada en el seno de la COMAIP, no sólo se consolidó con la aportación de personas valiosas e inteligentes, sino que hay resultados concretos y reales del trabajo realizado.
Como lo apunto Miguel Castillo Martínez, expresidente de la COMAIP en el libro “COMAIP 10 años. Construyendo el derecho de acceso a la información pública en México”, el tiempo ha demostrado, que a pesar de las dificultades, egos, personalismos y coyunturas, la creación de la COMAIP ha sido uno de los pilares que ha permitido a lo largo y ancho del país, tener garantizado, aún de manera diferenciada, un derecho fundamental en tan solo 10 años.
Esta Conferencia se entendía como un espacio de cooperación, colaboración, promoción y difusión, integrado por la adhesión libre y voluntaria de los órganos y organismos de acceso a la información pública de las entidades federativas y del entonces IFAI hoy INAI.
En ese contexto, la COMAIP, no tenía una figura formal de funcionamiento ya que no tenía una base legal sino que sus acciones eran por voluntad de sus participantes.
Estamos prácticamente a unos cuantos días de ser testigos de la transformación de la COMAIP, ya que de acuerdo a la conformación del Sistema Nacional de Transparencia, SNT, que señala la ley general en la materia, forman parte de dicho SNT, todos los integrantes de los órganos garantes de la transparencia en el país.
Además dentro del nuevo SNT, se crea el consejo nacional que según el artículo 34 de la ley general de Transparencia podrá funcionar en Pleno o en comisiones. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente o la mitad más uno de sus integrantes. El convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar.
Ante estos nuevos tiempos, el próximo 23 de junio se instala el SNT, integrado por el INAI, los órganos garantes del país, el INEGI, el Archivo General de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación.
Previo a ello, los días 19 y 20 de junio, en la ciudad de Querétaro, está convocada la XVI Asamblea Nacional Ordinaria de la COMAIP, la última con las siglas “COMAIP”, donde habrán de surgir los acuerdos para que se establezca el grupo de “transición”, con dos representantes de cada región y uno general, dando un total de 9 integrantes quienes realizarán el trabajo coordinado con los demás integrantes del SNT, a fin de establecer todas las acciones necesarias para delimitar los alcances de la conformación de este nueva figura de sistema nacional, que permita realizar un trabajo articulado a favor del derecho de acceso a la información, la transparencia, la protección de datos, la rendición de cuentas y la protección de archivos.
De esta manera vienen grandes retos y expectativas para todos quienes participamos en la construcción de las acciones, que nos permitan avanzar en el camino del fortalecimiento del derecho a saber.
En Durango el 1er dialogo nacional de la ley general de Transparencia
A partir de la publicación de la ley General de Transparencia en nuestro país, que obliga a las tres instancias de gobierno y que establece las bases y principios del derecho de acceso a la información plasmado en el artículo 6° de la Constitución, ahora le corresponderá a cada una de las entidades federativas legislar sobre el tema.
En el caso de Durango, a través del Congreso del Estado, se tendrá que realizar un ejercicio abierto, democrático y transparente para tener la ley de tercera generación, escuchar a todas las voces interesadas e involucradas en el tema para tener el mejor documento posible.
Pese a que ya se haya presentado la semana pasado una iniciativa de ley por parte de la bancada priista en el congreso, se tendrá que abrir el ejercicio a la participación de la sociedad y de quienes integramos el órgano garante de transparencia, en este caso el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP, que dicho sea de paso, como institución ya tiene la facultad de presentar iniciativas como ya se hizo para reformar la ley de datos personales.
En este escenario, sería conveniente que los legisladores asistieran el próximo jueves 21 de mayo al evento organizado por el IDAIP, que se denomina “Diálogo nacional de organismos garantes: Alcances y perspectivas de la Ley General de Transparencia, desde lo local”.
A ese diálogo están convocadas comisionadas y comisionados de los órganos garantes del país, a fin de escuchar sus diferentes posturas sobre el impacto nacional que tendrá la ley en todo el país.
Los temas que se abordados son los relativos a: los retos del Sistema Nacional de Transparencia: Implementación de la Ley General de Transparencia: La Plataforma Nacional; Implicaciones de la Ley General de Transparencia en las entidades federativas; Papel de los órganos garantes estatales en el Sistema Nacional de Transparencia.
Donde participan comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos, INAI, encabezado por la comisionada presidenta Ximena Puente de la Mora, así como por Eugenio Monterrey Chepov y Oscar Guerra Ford.
Otros temas a abordar en este Diálogo Nacional, también son los relativos a escuchar las propuestas para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los órganos garantes de las entidades federativas y los sujetos obligados.
Así como la articulación y desarrollo del Sistema Nacional de Transparencia.
Sin duda que este será un ejercicio interesante, por lo que tengamos que decir quienes participamos en los órganos garantes y lo que impactará la aplicación de la Ley General de Transparencia.
De ahí la importancia que los representantes populares que tendrán en sus manos la dictaminación de la tercera Ley de Transparencia en Durango, escuchen los diferentes puntos de vista que darán los expertos y principales actores de la aplicación de la legislación, que son sin duda las comisionadas y comisionados del país quienes estarán en Durango para exponer sus puntos de vista y opiniones al respecto.
La cita es el jueves 21 de mayo a las 9:30 en las instalaciones de un céntrico hotel ubicado en la calle de 20 de Noviembre y Apartado, todos los interesados podrán acudir a escuchar interesantes opiniones sobre el impacto e implicaciones de la Ley General de Transparencia.
Articulación del Sistema Nacional de Transparencia: el gran reto
El lunes de la semana que recién concluyó quedó publicado finalmente el decreto que crea la Ley General de Transparencia.
Como lo apunté en una entrega anterior, el proyecto de decreto está integrado por ocho títulos, 216 artículos y 13 transitorios, cuyo objetivo es establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Sin duda esta legislación trasciende representar un reto de tamaño gigantesco, puesto que uno de sus apartados relevantes es la creación y por ende la articulación del Sistema Nacional de Transparencia, SNT.
Este SNT estará integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, antes IFAI, así como por los Organismos garantes de las Entidades Federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación, y El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El gran reto será sin duda la conformación del Sistema con el fin de establecer las bases de coordinación entre sus integrantes, para darle vigencia y funcionalidad a las bases y principios de la ley y sobre todo fortalecer el derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, la conservación y organización de los archivos.
Dentro de los propósitos también se señala que se desarrollarán y establecerán programas comunes de alcance nacional, para la promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y apertura gubernamental en el país.
La aplicación de esta ley general que obliga a las 3 instancias de gobierno, tendrá una revolución en materia del derecho a saber, ya que también se establece entre otras acciones la integración de una Plataforma Nacional.
De esta forma el artículo 49 de la citada ley general señala que: Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.
Por lo tanto la Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los siguientes sistemas:
De lo anterior se desprende que habrá una gran plataforma tecnológica que permitirá el avance en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información en la versión 3.0.
Precisamente para analizar las implicaciones de la ley, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP, será sede del Diálogo Nacional de órganos garantes para analizar el impacto de la ley, esto será el próximo 21 de mayo con la presencia de la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora.
La ley general de Transparencia, por fin
Después de poco más de dos meses de vencido el plazo para que el congreso de la Unión emitiera la Ley General de Transparencia, después de la reforma constitucional del 2013, finalmente el jueves de la semana pasada dicha legislación fue avalada por la cámara de diputados, luego de que el senado de la República aprobó el dictamen inicial.
En consecuencia, el documento final fue remitido al presidente de la República, para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación e inicie su vigencia.
Después de varias semanas de discusión sobre el documento definitivo sobre la Ley General de Transparencia, podría asegurarse que hay avances importantes que vienen a fortalecer el ejercicio del derecho a saber en el país.
El proyecto de decreto está integrado por ocho títulos, 216 artículos y 13 transitorios, cuyo objetivo es establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Entre los temas de mayor relevancia, por ejemplo destacan el aumento en el número de sujetos obligados, ya que la constitución incorporó a los partidos políticos, los sindicatos, los fondos y fideicomisos públicos, éstos últimos de gran importancia ya que estas figuras fueron utilizadas por las autoridades para no rendir cuentas o no transparentar su uso.
Otros temas relevantes, son las bases para homologar el ejercicio del derecho de acceso a la información, donde se establecen plazos de entrega de la información para todo el país, esto es, que todas las entidades deberán tener máximos de entrega de la información y no ampliar dicho plazo que son 15 días hábiles.
Se crea un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y la Plataforma Nacional de Transparencia, con el fin de que no haya más opacidad en el uso de los recursos públicos.
Y se establece la imposibilidad de invocar el carácter de reservado, cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o información relacionada con actos de corrupción.
Se incrementan las obligaciones de transparencia, que son denominadas común y se señalan específicas para sujetos obligados como los 3 poderes, organismos autónomos, partidos políticos, fondos y fideicomisos, sindicatos y personas físicas y morales que reciben recursos públicos.
De relevancia, es el apartado señalado como “medidas de apremio y sanciones”, esta es una novedad importante ya que en muchas leyes locales no establecen la posibilidad de sanción a quienes incumplan con el derecho de acceso a la información.
También se le da la posibilidad a la sociedad que interponga denuncias contra aquellos sujetos obligados que no cumplan con las obligaciones de transparencia.
Hay otros temas relevantes que en la siguiente entrega estaremos apuntando, lo que es una realidad es que constituye un gran reto para el país, para los órganos garantes, las autoridades y la sociedad la aplicación de esta nueva ley.
La ley general de Transparencia y la hora decisiva
El 7 de febrero pasado se venció el plazo para que el senado de la República, aprobara las reformas a la Constitución que se realizaron en materia de Transparencia y que quedaron asentadas en el artículo 6° de la Constitución.
De esa reforma, los propios senadores establecieron que en un plazo de un año se tendrían que emitir las leyes generales de Trasparencia, Protección de Datos Personales y muy probablemente la de Archivos.
Este mandato de los legisladores, colocaba un escenario para abrir al debate y la construcción de la ley general de Transparencia donde se establecieran las reglas de funcionamiento del derecho de acceso a la información, pero sobre todo para incorporar avances a fin de continuar en la edificación de las mejores prácticas en el ejercicio del derecho a saber.
El tránsito para alcanzar esos objetivos ha tenido obstáculos; unos se han logrado vencer, pero otros continúan en la ruta para impedir que el autobús de la transparencia logre llegar a buen puerto y por el contrario en este momento está detenido.
En el camino se lograron sortear esas dificultades, en el seno de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información, COMAIP, que aglutina a todos los integrantes de los órganos garantes del país, durante el 2013 se hicieron una serie de foros y consultas a fin de elaborar una propuesta donde se establecieran las nuevas reglas del juego de la transparencia, pero sobre todo que se incluyeran aspectos sustanciales que hoy tiene el pleno ejercicio del derecho a saber.
En otro carril del análisis, trabajaron las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, quienes hicieron lo propio. Ambas instancias, concluimos con la presentación ante el senado, de las propuestas que a juicio de cada una consideramos las más importantes para que nuestro país avanzara y fortaleciera el ejercicio del derecho a saber, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y la organización de los archivos.
En un ejercicio de apertura del Senado de la República y de las comisiones unidas para el análisis de las leyes, se integró una mesa de expertos en la materia para construir el documento final de la Ley General de Transparencia, además de incluir algunos de los aspectos más relevantes de la COMAIP y el IFAI.
El borrador final de la ley general, a juicio de las OSC, de los senadores y de los órganos garantes, contenía avances de la mayor trascendencia en el ejercicio del derecho a saber.
Sin embargo, este esfuerzo podría quedar diluido, ante la amenaza de la consejería del gobierno de la República al hacer sus “observaciones” que ponen en riesgo el efectivo de este derecho, pero que además podría representar retrocesos.
Este escenario llevó a la realización de una gran campaña contra esta intentona de retrocesos, donde participamos los órganos garantes, la sociedad civil, investigadores, expertos, académicos y algunos legisladores.
Los 8 puntos centrales de la preocupación son:
1.- Sanciones que limitan el derecho de acceso a la información.
2.- La desaparición de la obligación de generar la información. La propuesta de Ley obliga a generar la información y a documentar todos los actos de los sujetos obligados. Uno de los principales problemas del actual sistema es que los sujetos obligados niegan la información adjudicando su inexistencia. Con las modificaciones propuestas, basta con que la autoridad justifique que no ejerció las facultades que la ley le atribuye para declarar la información inexistente.
3.- Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Las propuestas de modificación ignoran disposiciones establecidas desde 2002 en la Ley Federal de Transparencia cuyo alcance ha sido desarrollado a través de criterios de la Corte y determinan que sólo se podría acceder a información de violaciones graves o delitos de lesa humanidad, si hay un pronunciamiento previo de autoridad competente.
4.- Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas.
5.- Eliminación de la prueba de daño. Se elimina la obligación para los Comités de Transparencia de fundar y motivar la clasificación de la información por medio de la aplicación de la prueba de daño.
6.- Intervención ampliada del Consejero Jurídico contraviene al principio de inatacabilidad de las resoluciones del IFAI.
7.- Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos.
8.- Se elimina la obligación de transparentar el listado de personas que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria
La hora decisiva está por llegar y esperemos que la iniciativa de Ley, sea la mejor y no represente retrocesos en nuestro país, en materia de derecho de acceso a la información.
Los avances a 10 años de la COMAIP. Durango presente
Este año se cumple una década de la conformación de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, que integra a todos los órganos garantes de la transparencia en el país.
A la distancia, se podría afirmar que desde esta Conferencia se han logrado avances significativas en el país, dado que desde este espacio se han impulsado las reformas a la Constitución en materia del derecho a saber, además del impulso decidido en las tareas inseparables a este derecho como lo es la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y la conservación de archivos.
La COMAIP se crea formalmente el 16 de Junio de 2004 con la participación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, así como los órganos garantes de Sinaloa, Colima, Distrito Federal, Morelos, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Querétaro.
La participación solamente de esos estados es comprensible, si se toma en consideración que era donde ya se tenían comisiones o institutos de transparencia legalmente constituidos y por consecuencia llevaban la delantera.
Destaca entonces la participación de Durango, con la primera comisión de transparencia, que dicho sea de paso, este año cumple también 10 años de haberse constituido como tal y transformándose el año pasado en Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP, por disposición de la nueva Constitución de Durango aprobada el año pasado.
A una década de la conformación de la COMAIP, los avances son notables, el nivel de cooperación de los órganos garantes del país creando proyectos comunes con alcance nacional.
De lo anterior hay evidencias y constancias como lo es el caso de las acciones emprendidas por los comisionados y consejeros del país agrupados en cada una de las comisiones temáticas.
En la Comisión de Comunicación Social de la COMAIP que me toca coordinar, se ha realizado un trabajo importante en la difusión y cultura del derecho a saber, elaborando hasta este momento dos cuadernillos el de Transparencia y el de Protección de Datos Personales.
Vamos por la elaboración del tercer cuadernillo, el de los archivos que es un tema fundamental para materializar el derecho de acceso a la información, vía la petición de documentos.
El fomento de la cultura de la transparencia y el derecho a saber se ha estimulado desde la Conferencia mediante la convocatoria de concursos, este año se premiará a los jóvenes mexicanos que participaron en la cuarta emisión del concurso nacional de spot de radio, promocionado desde la misma comisión de Comunicación Social.
La tarea en este tema no es menor, viene la construcción de la nueva Ley General de Transparencia, luego de la publicación de la reforma Constitucional federal, donde la COMAIP ya presentó un primer borrador de la visión desde los órganos garantes.
En breve se presentará el documento elaborado por la comisión jurídica y la comisión redactora nombrada por la asamblea nacional.
Vienen tiempos de mucho trabajo y de impulsar otras legislaciones adicionales como la de protección de datos y de archivos.
Una realidad la reforma de Transparencia
El viernes de la semana que recién concluyó finalmente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma en materia de transparencia aprobada por el Congreso federal y avalada por el constituyente permanente (los estados de la República Mexicana) en nuestro país.
Lo anterior significa que a partir del día siguiente en que se publique el decreto de la reforma constitucional, entran en vigencia las nuevas obligaciones en este renglón y corren los plazos para hacer las adecuaciones legislativas respectivas.
El camino para lograr finalmente esta reforma aprobada, fue un tanto sinuoso, si se toma en consideración que para hacer una realidad este nuevo marco constitucional, transcurrió un año y un mes para su publicación.
La agenda de esta reforma, que fue propuesta por el ejecutivo federal desde antes incluso que asumiera su mandato, tuvo algunos tropiezos, sobre todo en el tema de la definición en las resoluciones del órgano garante federal, (IFAI), ya que se incorporaron excepciones en dichas resoluciones.
La ruta que cubrió la reforma constitucional de transparencia inició en el año de 2012 en el mes de septiembre cuando los grupos parlamentarios del PRD, PRI y PAN, por separado presentaron las iniciativas de ley.
Después de sostener una serie de reuniones con organizaciones de la sociedad civil y con los integrantes de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, que aglutina a los comisión@dos y consejer@s del país, se logró la aprobación de la minuta por parte del senado de la República, que luego fue remitida a la cámara de diputados, donde se retrasó la aprobación unos meses.
La ruta fue la siguiente el 20 de diciembre de 2012 el Pleno del Senado aprobó el dictamen y se remitió a la Cámara de Diputados para ser aprobada el 22 de agosto de 2013. El 26 de noviembre de ese año se envió a las legislaturas estatales y el 22 de enero de 2014 se transfirió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Con la reforma en materia de transparencia “se crea el organismo encargado de la transparencia y el acceso a la información pública, como un ente autónomo, con facultades para emitir su normatividad interna”.
También serán sujetos obligados cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.”
Lo que sigue después de la promulgación del decreto, es la elaboración de las leyes secundarias, específicamente la de transparencia, protección de datos personales y archivos.
Este martes 11 de febrero, la comisión responsable del senado de la República, recibirá a la comisión de la COMAIP, encabezada por el presidente el comisionado Orlando Espinosa, para presentar un primer borrador de propuesta para la elaboración de la ley de transparencia, ya que se estima que en un plazo de dos semanas pueda ser aprobada.
Deberemos estar vigilantes de la letra chiquita que pudiera ser incorporada por la nueva legislación a fin de evitar retrocesos.
El IDAIP y el 4° sitio en medición del INOGDAI
La semana que recién concluyó dos organizaciones de la sociedad civil denominadas Artículo 19 y México Infórmate, dieron a conocer los resultados del Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información, INOGDAI.
Esta es una medición que tuvo como objetivo evaluar la labor que se desarrolla desde de los órganos garantes de la transparencia en el país, en nuestro caso el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, IDAIP.
Para explicar mejor esto, es necesario apuntar que la visión y metodología de las dos organizaciones de la sociedad civil, fue verificar las acciones que se realizan en los órganos de transparencia como sujetos obligados de las leyes respectivas.
La posible controversia en este tema del análisis a las comisiones e institutos del país, seguramente se podría derivar de los resultados dados a conocer que reflejan en apariencia una baja calificación.
Sin embargo, esto nos lleva a tener una reflexión profunda y no superficial o mediática como se ha expresado en muchas notas periodísticas a nivel nacional, donde se ha ubicado la labor de los órganos garantes del país como ineficiente.
En el caso de Durango, el INOGDAI, colocó al IDAIP en el 4° lugar general con una calificación aprobatoria de 63.3%, por debajo de Puebla, que alcanzó un 70.2%; Tlaxcala, que alcanzó un 66.5%; el Distrito Federal, con 66.1%.
Los aspectos evaluados fueron los siguientes aspectos como la Transparencia y Rendición de Cuentas de los órganos garantes (publicidad de la actuación de las y los titulares de los órganos garantes; disponibilidad de los informes de labores y revisiones legislativas; sistemas y procedimientos de archivos; evaluaciones externas y mecanismos de rendición de cuentas horizontales; presupuesto; nivel académico, nivel de especialización de las y los titulares e inconformidades por los nombramientos; quejas, y proceso de acceso a la información.
También se analizó la Promoción del Derecho de Acceso a la Información (promoción y capacitaciones; programas educativos; mecanismos de asistencia, y presupuesto para la promoción del DAI), y la Resolución de Controversias de los órganos de transparencia que se refiere a aspectos tales como criterios para la resolución de recursos de revisión, sentido y seguimiento de los mismos.
Lo que nos debe llevar estos resultados es analizarlos en un contexto más amplio y sobre todo tener la capacidad de reconocer que tenemos como parte de los órganos garantes que hay áreas de oportunidad para mejorar.
Pero también que es necesario señalar que no todo es negativo y que la medición tiene sus características y sesgos que se deben analizar a mayor profundidad.
En el caso del IDAIP también se debe señalar que se ocupa el lugar 28 en presupuesto asignado a los 33 órganos garantes del derecho de acceso a la información en el país, con 9 millones, 323 mil 606 pesos para el 2013, teniéndose este año 2014 una ampliación de sólo 300 mil pesos que en comparación con el INFODF, que tiene asignado un recurso de más de 111 millones, o del ICHITAIP, Chihuahua, el cuarto con mejor presupuesto del país, con 42 millones, realmente el de Durango sigue siendo marginal y pese a ello se han tenido avances en la labor que desde el IDAIP se llevan a cabo a favor de la transparencia.