Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-23657-de-septiembre-29-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920421310f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-19 02:42:14
Document Index: 50774710

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 195', 'artículo 145', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 52', 'artículo 1579', 'artículo 1', 'artículo 65', 'artículo 34', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 1577', 'artículo 65', 'artículo 1577', 'artículo 65', 'artículo 34']

﻿ SENTENCIA 23657 DE SEPTIEMBRE 29 DE 2005
SENTENCIA 23657 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:SANCIONES IMPONIBLES AL EMPLEADOR QUE NO PAGA A LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. EL TERCERO QUE ASUME EL PAGO DE UNA OBLIGACIÓN LABORAL NO PUEDE ALEGAR RAZONES PROPIAS PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN MORATORIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIONES AL EMPLEADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, LIQUIDACIÓN LABORAL, OBLIGACIONES LABORALES, SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DEL SALARIO
Sentencia 23657 de septiembre 29 de 2005
Radicación 23657 de 2005
Importa en primer término a la Corte decir que, como lo asentara en sentencia de 11 de febrero de 1994 (rad. 6043), el ‘error evidente, ostensible o manifiesto de hecho’ es aquel que “se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida”; precisión esta que sirve para determinar que los atribuidos por el recurrente al tribunal como errores de hecho en el primer cargo en verdad no lo son, puesto que inferir si algunos conceptos laborales devengados por el trabajador “deben ‘incluirse también como factores salariales para la liquidación de la cesantía definitiva” (fl. 17 cdno. 3); o si “debió tenerse en cuenta el salario promedio mensual de lo devengado por todos los demandante en sus (sic) último año de servicio, y no hacerlo sobre la base del sueldo básico mensual” (fl. 19 cdno. 3), que son los dos únicos errores de hecho que se atribuyen en el primer cargo, requiere de análisis jurídicos extraños en un todo a la vía escogida en el ataque o, a lo sumo, estructuran, en la forma como los plantea el recurrente, las posibles conclusiones a las que se podría arribar en el fallo pero, se reitera, no desaciertos al apreciar o dejar de apreciar determinados medios probatorios. Por manera que, al no constituir los indicados yerros, que son en los que exclusivamente se soporta el primer ataque, errores de valoración sobre los medios de convicción que autorizan discutir las normas de la casación del trabajo, este resulta en un todo fallido. Más aún, si se observa que, no obstante indicar como indebidamente apreciados ciertos medios de convicción, al desarrollar el cargo no se ocupa de demostrar uno a uno qué es lo que objetivamente prueban distinto a lo apreciado de ellos por el juzgador, pues, como se anotó, lo que hace es simplemente enlistarlos como documentales erróneamente apreciadas por el tribunal, para de allí afirmar que ‘si se analiza cada una de las documentales indicadas’ se pueden inferir hechos; o que los valores devengados, ‘aunque explícitamente el cuadro liquidatorio no indica el año, debe entenderse que corresponden...’ a cierta anualidad, con lo cual, además de quedarse corto en la demostración de lo que prueban esos medios de convicción, plantea apenas una apreciación subjetiva de los mismos que se apoya en conjeturas e indicios que, como es sabido, no son susceptibles de estudio en la casación del trabajo por la restricción de que trata el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
En segundo lugar, cabe recordar que el saldo por pagar de las prestaciones sociales lo desestimó el juez de la alzada y, por ende, revocó lo decidido por su inferior, por no aparecer “en forma clara y expresa la suma cancelada y menos cuál es el excedente o saldo que quedó adeudando el fondo” (fl. 47 cdno. 2), dado que, “de los hechos de la demanda —los cuales resaltó en lo del caso— ... no se deduce que el reclamo es por el no pago total de las acreencias laborales” (ibíd.). El argumento lo reforzó aludiendo a que si bien era cierto que quien fue representante legal de la empleadora reconoció en diligencia anticipada y solicitada por los mismos actores que a estos se les adeudaban unas obligaciones laborales, también lo era que en esa diligencia afirmó que las sumas que se le mostraron no eran las reales por habérseles efectuado ya algunos pagos parciales. Sobre la claridad que debe revestir ese pedimento mencionó el contenido de la sentencia de la Corte de 12 de noviembre de 1997 (rad. 10.185).
De suerte que, aun cuando los documentos que aparecen a folios 183 a 202 del expediente hubieran sido expresamente mencionados por el juzgador, lo cierto es que su observación no resulta trascendente en la decisión, pues, como lo anota en el segundo cargo el recurrente, “se está verificando en la actualidad cuáles son los reales saldos existentes por salarios y prestaciones adeudados para cada uno de los trabajadores demandantes, una vez descargados todos los pagos correspondientes” (fls. 23 a 24 cdno. 3), lo que es tanto como decir que de los mismos no es posible concluir con total acierto, qué fue lo que objetó el juzgador de los aportados al proceso que sí expresamente reseñó, ‘la suma cancelada y menos cuál es el excedente o saldo que quedó adeudando el fondo’ por concepto de salarios y prestaciones sociales. De tal forma que, no existiendo claridad en el recurrente sobre cuál en verdad es el saldo insoluto de las obligaciones laborales que para este momento le adeuda el fondo de pasivos de las Empresas Públicas Municipales de Buenaventura, la conclusión probatoria del tribunal sobre tal hecho no es dable calificarla de errónea o, por lo menos, que constituya un error de hecho ‘manifiesto, ostensible o protuberante’ que imponga el quebrantamiento del fallo.
Con todo, es bueno señalar que los referidos valores en los folios observados se atribuyen a diferentes conceptos, entre ellos, a ‘créditos judiciales’ y a ‘DEMAN.PREST.SOCIALES.EEPPMM’, con lo cual, la aseveración del juzgador de la falta de claridad en el monto insoluto de tales obligaciones resulta fundada, por poderse entender que pueden referirse a las pretensiones de los demandantes pero no exactamente a lo debido por la empleadora, dado que, su destinatario está en el proceso de reestructuración empresarial previsto en la Ley 550 de 1990 —fl. 183—. Así, la incertidumbre es mayor y el posible yerro del juzgador en su apreciación se esfuma, resultando infructuoso el propósito perseguido por el recurrente en el segundo de sus ataques.
Ahora bien, el tribunal no desconoció, como se afirma en el tercer cargo, que existieran obligaciones insolutas a favor de los trabajadores, y entre ellos el demandante, por concepto de salarios y prestaciones sociales, pues, como ya se ha dicho, lo que concluyó fue que existiendo estas, su petición debía revestir total claridad, tal y como lo había asentado la sentencia de la Corte de 12 de noviembre de 1997 (rad. 10.185), de la cual trascribió lo pertinente. Así, el cargo surge sin fundamento, dado que el error de hecho que endilga al juez de la alzada de “no dar por demostrado estándolo que probatoriamente si (sic) existen saldos pendientes por pagar de salarios y prestaciones sociales para todos los demandantes...” (fls. 35 a 36 cdno. 3), que es su soporte esencial, no lo cometió el tribunal. Cosa distinta es que para el recurrente ese saldo sea dable obtenerlo de lo que llama su propia ‘confesión’, contenida según dice en la demanda, así como de los “folios 155 a 160 y 225 a 230 del cuaderno primero” (fl. 26), de los cuales, fuera de simplemente señalarlos, no se ocupa en analizar, tal y como corresponde al ataque en casación.
En cuanto a que lo expresado en la demanda constituye confesión “a favor” del aquí recurrente, basta decir que ello no es cierto, pues, solo es dado hablar de confesión cuando quiera que la manifestación versa sobre hechos que producen consecuencias jurídica adversas al confesante o favorecen a la parte contraria, como paladinamente lo consigna el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Por manera que, confesado un hecho por alguna de las partes del proceso —salvo que la ley exija cierta solemnidad para su prueba— el hecho se tendrá por probado pero, obviamente, en contra de que quien confiesa o en beneficio de su contraparte, no al contrario, como lo entiende el recurrente. En suma, el mero hecho de afirmarse en la demanda que un determinado valor es el insoluto de una obligación no tiene la entidad de ‘confesión’ a favor de quien así lo afirma, y no acreditándose yerro en la aseveración del tribunal de que ese valor no emerge claro de la prueba documental, amén de reconocerse en el mismo recurso que está por precisarse, no es posible concluir que el juzgador se equivocó en su apreciación y, por supuesto, que ese error lo fue en el grado de ostensible, manifiesto o protuberante.
Para desestimar el cuarto cargo es suficiente decir que el recurrente no demuestra un verdadero error de apreciación del tribunal respecto de los medios de convicción que indica como erróneamente apreciados sino, cuestión diferente, sugiere que al coincidir la fecha de su renuncia con la de sus compañeros, “antes que mostrar una renuncia colectiva, donde todos de una manera insólita e inconcebible se hubieren puesto de acuerdo en abandonar sus trabajos en perjuicio de sus propias necesidades familiares y económicas, se vislumbra como el reflejo injustificado de una política anómala, arbitraria y a conveniencia de la misma entidad administrativa” (fl. 30 cdno. 3), es decir, que lo que se gestó en la empresa fue “un ‘despido colectivo’ prescindiendo del personal de la entidad para contratar con una empresa la prestación de los servicios de aseo con otro personal completamente diferente” (ibíd.), tal sugerencia no obstante observar que la terminación de su contrato de trabajo “en una misma fecha no dice nada aparentemente” (fl. 30 cdno. 3). Al rompe se advierte, entonces, que la afirmación del impugnante parece más una alegación de instancia que la demostración de un yerro de apreciación probatoria en el grado de ostensible, protuberante o manifiesto. A lo más que se podría llegar, siguiendo el razonamiento del impugnante, es a construir sobre tal hecho conjeturas o indicios que, como es sabido y se ha destacado líneas atrás, no es posible someter a estudio en la casación del trabajo por la limitante que al respecto consigna el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
Adicionalmente, cabe decir que aunque es cierto que la declaración de quien fuera representante legal de la empleadora, por no estar ejerciendo esas funciones al momento de la declaración —y la cual al parecer solicitaron los mismos demandantes como prueba anticipada para efectos de constituir ‘confesión’—, no es posible tenerla más que como un ‘testimonio’, también lo es que, fuera de no ser materia de estudio en el recurso extraordinario por la socorrida restricción legal, no la discute el recurrente en lo que de ella el tribunal concluyó, esto es, que “no hizo mención que dentro de los despidos se encontraban los demandantes antes relacionados” (fl. 58 cdno. 2), pues, la inferencia que sugiere, de que por la necesidad de contratar con una nueva empresa la prestación del servicio de aseo, junto con sus compañeros de demanda, “fueron ‘despedidos’ colectivamente por determinación unilateral del patrono oficial, ‘despido’ que se tornó en ‘injusto’ al no haber argumentado y comprobado la entidad demandada alguna causa de terminación” (fl. 31 cdno. 3), no fue un hecho que aseverara en la demanda, por cuanto allí lo que sostuvo fue que el rompimiento de los vínculos laborales de los trabajadores se produjo “en forma unilateral y sin justa causa en diferentes fechas” (fl. 87).
De todo lo que viene de decirse, entonces, los cargos no prosperan.
Sexto y séptimo cargos
El sexto ataque lo dirige el recurrente por la vía directa de violación de la ley a causa de la interpretación errónea de los artículos 1º del Decreto-Ley 797 de 1949, “relacionado con el artículo 11 de la Ley 6ª de 1945, artículo 6º del Decreto Reglamentario 1160 de 1947 relacionado con el artículo 2º de la Ley 65 de 1946 como violación de fin; y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 como violación medio” (fl. 36 cdno. 3).
La demostración se contrae, básicamente, a la aseveración de que el tribunal erró al sostener que la indemnización moratoria quedaba limitada a la fecha de asunción del pasivo por parte del municipio demandado, por cuanto dicha limitación, de acuerdo con las disposiciones que cita y la jurisprudencia de la Corte (sents., jul. 14/59, jun. 17/67 y oct. 2/69), solo puede hacerse frente a la buena fe patronal, al plazo de 90 días con el cual cuenta la administración pública para el pago y, obviamente, cuando se han cumplido las obligaciones. De tal suerte que, “independientemente, sea cual sea la situación que se dé, como cuando se trasladó un pasivo de una entidad a otra” (fl. 39 cdno. 3), no puede limitarse de otra manera el efecto de la mora, por esta garantizar el pago de las obligaciones laborales, porque, por ficción legal, mientras no se paguen las acreencias laborales, el contrato de trabajo sigue vigente.
Agrega que no es entendible que haya cesado el efecto moratorio al asumir el municipio demandado las obligaciones de la empleadora, cuando quiera que, no habiéndose cumplido la obligación principal, lo que le es accesorio, como la indemnización moratoria, sigue su misma suerte. Y si el municipio tenía que pagar la obligación principal, también debía la mora en que se seguía ante ese no pago. Además, el acuerdo municipal que ordenó la asunción del pasivo no estableció límites a la responsabilidad del municipio.
Alega que el yerro jurídico del juzgador se extiende al monto del salario, pues, lo devengado, como lo ordena la ficción legal, es su salario promedio y no el básico que se tomó.
En el séptimo y último de los ataques al fallo lo acusa de infringir directamente los artículos 53 y 54 del Decreto-Ley 127 de 1945, “relacionado con el artículo 8º de la Ley 6ª de 1945 (modificado por L. 64/46, art. 2º), como violación de fin; y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, 8º de la Ley 153 de 1887, artículos 1568 y 1694 del Código Civil como violación de normas medio” (fl. 42 cdno. 3).
El yerro jurídico que le atribuye lo explica en el sentido de que al haber asumido el municipio demandado el pasivo prestacional y salarial de la empleadora, en los términos de la Ley 136 de 1994, que tampoco estableció limitaciones sobre los conceptos que se asumirían, se produjo por la liquidación de la entidad una figura que “se asimila mucho ... a una ‘sustitución patronal’” (fl. 43 cdno. 3), y, por tanto, el municipio sustituto responde solidariamente por el pasivo de la empresa sustituida, tal y como lo conciben las normas civiles en materia de novación de obligaciones.
La discrepancia del recurrente en estas dos últimas acusaciones se dirige a la conclusión del tribunal de que la sanción moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, que había ordenado pagar la primera instancia, debía modificarse en las sumas que allí calculó y limitó “hasta el momento en que el municipio demandado asumió la deuda laboral del extinguido Fondo de Pasivo de las Empresas Públicas Municipales de Buenaventura, por decisión del concejo municipal de ese ente territorial (...), limitación que deviene a que el demandado en ningún momento fue empleador de los actores, por el contrario fue un tercero frente a estos, y el hecho de asumir la carga laboral no le impone el deber de asumir una sanción que por un acto de mala fe incurrió el extinguido fondo” (fl. 28 cdno. 2), pues, en su decir, esa no es una circunstancia de orden legal que concluya la generación de la mentada sanción.
El anterior planteamiento impone a la Corte precisar su criterio sobre la viabilidad de la sanción moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, que sustituyó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6ª de 1945, frente a los terceros que asumen los pasivos laborales del empleador público, conforme a los siguientes razonamientos:
Posición similar se ha planteado cuando quiera que es un tercero, llámese beneficiario de la obra, deudor solidario, etc., quien, por disposición legal, acto administrativo o particular asume las obligaciones laborales del empleador, caso en el cual la jurisprudencia venía considerando que, en últimas, por tenérsele como un sustituto del empleador, debía permitírsele alegar su buena fe a efectos de liberarse de ese gravamen laboral. Por ese camino, se había sostenido que le era posible al tercero alegar su propia buena fe.
Recientemente, en providencia mayoritaria (Sent., mayo 6/2005, rad. 22.905), la Corte concluyó al respecto que “... es la buena o mala fe del empleador, o sea del contratista, la que debe analizarse para efectos de imponer la sanción moratoria y no la de su obligado solidario”, sobre el supuesto de que “... la culpa que genera la obligación de indemnizar es exclusiva del empleador, lo que ocurre es que, por virtud de la ley, el dueño de la obra se convierte en garante del pago de la indemnización correspondiente, no porque se le haga extensiva la culpa, sino por el fenómeno de la solidaridad, que, a su vez, le permite a este una vez cancele la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil...” (ibíd.).
De acuerdo a lo discurrido, en este caso, incurrió el tribunal en los yerros jurídicos que le endilgan los dos últimos cargos de la demanda de casación, pues, a pesar de no ser motivo de discusión en el proceso que: 1. el municipio de Buenaventura asumió el pasivo laboral del Fondo de Pasivos de las Empresas Públicas Municipales de Buenaventura ‘sin restricción alguna’ —Acuerdo 85 de 29 de diciembre de 2000, folios 70 a 72 y 288 a 290—; 2. a los demandantes, entre ellos al aquí recurrente, se les adeudaba a ese momento, amén de salarios y prestaciones sociales, el auxilio de cesantía en los montos que en la sentencia indicó —numeral 1º del fallo—; 3. y no se probaron en el proceso circunstancias atendibles que le hubieran permitido al empleador sustraerse al pago de dichos conceptos, limitó la condena al pago de la sanción moratoria “hasta el momento en que el municipio demandado asumió la deuda laboral del extinguido Fondo de Pasivo de las Empresas Públicas Municipales de Buenaventura, por decisión del concejo municipal de ese ente territorial…” (fl. 28 cdno. 2).
En consecuencia, se casará el fallo en este particular aspecto, sin que en instancia se requieran consideraciones adicionales a las expuestas al resolver los cargos, con la observación de que se confirmará en el mismo sentido la sentencia del juzgado a quo, con la precisión de que los valores allí establecidos serán los que se acojan, como quiera que la reliquidación de salarios solicitada en la demanda y sobre la cual se insistió en el recurso de apelación, no salió avante en la alzada ni en el recurso extraordinario y sobre ella gravitaba la discrepancia en el monto de la indemnización moratoria diaria del aquí recurrente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2003 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso que Guillermo de Jesús Velásquez Gómez y otros promovieron contra el municipio de Buenaventura, en cuanto revocó la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura de 26 de julio de 2002 en lo atinente a la condena al pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 y en relación exclusivamente con el aquí recurrente Guillermo de Jesús Velásquez Gómez y, en su lugar, en sede de instancia, CONFIRMA la sentencia del juzgado en este particular aspecto. NO LA CASA EN LO DEMÁS.
Debo aclarar mi voto frente a algunos razonamientos hechos al resolver los cargos sexto y séptimo, particularmente en lo que concierne a la invocación del criterio jurisprudencial consignado en la sentencia de 6 de mayo de 2005 (rad. 22.905) como apoyo para darle prosperidad a dichos cargos, pues aunque comparto la decisión adoptada, me parece que ese criterio es equivocado, por las razones que más adelante expondré en detalle.
Como se sabe, en la citada sentencia, aprobada por mayoría, se procedió a rectificar la doctrina que con anterioridad había expuesto la Sala en el sentido de que el dueño de la obra o contratante puede liberarse de la sanción moratoria derivada del impago de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones por parte de un contratista independiente, siempre que acredite que su conducta estuvo revestida de buena fe, para sostener, por el contrario, que en la reseñada hipótesis únicamente es posible examinar la conducta del empleador directo, esto es el contratista independiente, pero de ninguna manera la del dueño de la obra, puesto que este actúa como garante y en tal condición debe responder por la obligación no porque se le haga extensiva la culpa sino por el fenómeno de la solidaridad.
Debo aclarar que en el presente caso no se está ante el supuesto de un contratista independiente que incumplió con el pago a sus trabajadores de acreencias sociales, sino ante la sustitución de una entidad oficial por otra que asumió el pasivo laboral de aquella, pero esa diferencia no impide la aplicación de las tesis inicialmente sostenida por la Sala y con la que me muestro en total acuerdo, porque al fin y al cabo se trata de examinar las consecuencias de la conducta de un tercero que no fue parte directa en la relación laboral pero que por mandato legal o de cualquier otra índole debe salir a responder por las obligaciones derivadas de tal relación.
A mi modo de ver en ambos supuestos se hace menester examinar de manera independiente la conducta del empleador y del obligado solidario o del simplemente obligado cuando no se trate de solidaridad, porque es posible que en algunos casos particulares la actitud del segundo pueda estar revestida de buena fe.
Para ilustrar mayormente mi pensamiento sobre este punto, estimo necesario traer a colación los razonamientos consignados en la sentencia del 22 de abril de 2004 (rad. 21074), donde se dijo:
“El tribunal entendió que en el presente caso para aplicar el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no correspondía examinar la conducta del dueño de la obra o beneficiario del trabajo, esto es de las Empresas Públicas de Neiva, por cuanto las obligaciones laborales pendientes de pago están referidas a acreencias adeudadas en virtud del desarrollo del contrato de obra celebrado entre las demandadas. Dejó entrever pues que en los eventos de solidaridad a que alude el artículo 34 ejusdem la imposición de la sanción moratoria al dueño de la obra es automática, una consecuencia forzosa en los eventos en que se le haya impuesto al contratista independiente. Según la exégesis implícita del ad quem, que el opositor recoge y expone abiertamente, si el contratista independiente resulta gravado con la sanción moratoria, el dueño de la obra debe ser afectado también inexorablemente con esa misma condena, en términos similares”.
“El entendimiento subyacente en el razonamiento del juzgador de segundo grado es a todas luces equivocado, porque cuando el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo alude “al patrono” no está refiriéndose exclusivamente al empleador propiamente dicho sino en general al obligado al pago de los salarios y prestaciones el cual si bien es el empleador la mayoría de las veces, no siempre ocurre así puesto que hay ocasiones en que en algunos eventos, como el que ahora se examina, existe un tercero que resulta vinculado también al pago de los reseñados derechos, hipótesis en la que este tercero termina equiparándose al empleador para efectos de la norma en cuestión.
Como la aplicación de la sanción consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no es en ningún caso automática conforme ha tenido oportunidad de precisarlo esta Sala, resultaría absurdo que solamente pueda intentar exonerarse de ella el propio empleador alegando que su conducta estuvo revestida de buena fe, pero no pueda hacer lo mismo el deudor solidario que en su calidad de dueño de la obra o beneficiario del trabajo debe salir a responder por el monto de las obligaciones laborales contraídas por aquel. Constituye un tratamiento asimétrico con el deudor solidario que se le obligue en virtud de un mandato legal al cubrimiento de las cargas laborales dejadas por el contratista independiente, pero al mismo tiempo se limite su derecho de defensa y se le cercene la posibilidad de poder alegar que su conducta es de buena fe cuando demuestre que estuvo presto a pagar o canceló lo que honestamente creyó deber. Sería tanto como poner en el mismo plano la conducta de quien nada adujo ni mostró ningún interés en satisfacer las obligaciones a su cargo directamente, y la del que pretendió cumplir en lo que estimó le correspondía pagar solidariamente, lo cual no cabe en el espíritu y la teleología ínsitos en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo”.
“No puede perderse de vista, adicionalmente, que en los términos del artículo 1577 del Código Civil “El deudor demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y además todas las personales suyas”, norma que proscribe cualquier limitación a la defensa que puede desplegar el deudor solidario y que resulta ilustrativa para reafirmar el criterio que arriba se dejó expuesto.
“Así las cosas, incurrió el ad quem en el yerro jurídico denunciado al considerar que en el evento de obligaciones solidarias entre el contratista independiente y el dueño de la obra o beneficiario del trabajo como consecuencia del no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores del primero, corren a cargo del segundo, automáticamente, los salarios moratorios, toda vez que se trata de acreencias “adeudadas en vigencia del desarrollo del contrato de obra celebrado entre las demandadas”, sin que le sea dado aducir que estuvo incurso en conducta de buena fe”.
De haber seguido estos derroteros, la Corte no habría dicho a título general que en todas las situaciones en que se configuren hechos similares a los señalados en esta aclaración, el tercero, sea contratante o simplemente garante u obligado por acto propio, debe responder necesariamente de la indemnización moratoria en los mismos términos en que lo haga el obligado principal, que es el segmento de la sentencia del que respetuosamente me aparto.
Naturalmente que en el presente caso no se vislumbra la buena fe del municipio demandado por ningún lado, ni ella fue alegada en forma oportuna en el proceso, por lo que este aspecto era suficiente para casar el fallo del tribunal en cuanto limitó la sanción moratoria hasta la fecha en que el municipio asumió el pago de los derechos laborales del demandante.
En los anteriores términos dejo consignada mi aclaración.
Aunque comparto la decisión mayoritaria, con el debido respeto, me propongo aclarar el voto en relación con algunos razonamientos realizados al resolver los dos últimos cargos, específicamente en lo referente al criterio jurisprudencial plasmado en la sentencia con radicación 22905 de mayo 6 de 2005, frente a la que tuve la oportunidad de salvar mi voto, por considerar los fundamentos equivocados, en los que ahora vuelve y se apoya la mayoría para darle prosperidad a los aludidos cargos.
En realidad debo considerar que la llamada indemnización moratoria, antes que la reparación obligada de un daño, es una sanción en el sentido estricto de esta expresión, es decir, un castigo para quien incurre en una acción mala. Tan ello es así, que toda la jurisprudencia tanto del extinguido Tribunal Supremo del Trabajo como de la Corte Suprema de Justicia, se ha construido precisamente, sobre la buena o la mala fe del empleador renuente al pago de salarios y prestaciones adeudadas a la terminación del contrato de trabajo, como elemento determinante que en últimas causa su imposición o su exoneración.
En el anterior entendimiento, la responsabilidad solidaria que regula el ordenamiento positivo laboral, comprende los derechos relativos a salarios, prestaciones o indemnizaciones, pero no a las sanciones. Y como ya quedó dicho que en realidad la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, es una sanción, su extensión no cabe de manera ilimitada.
Es que no se ajusta a derecho el criterio, según el cual solo es posible analizar la conducta de buena o de mala fe del empleador directo o contratista independiente y de ninguna manera la del dueño de la obra o de un tercero que se obliga como en este caso, sosteniendo que este actúa como garante y que en tal virtud debe responder por la obligación no por extensión de la culpa, sino por la figura de la solidaridad.
Ha de entenderse que, un garante es simplemente una persona que responde por la obligación de otra que la contrae y que no la satisface en su oportunidad, estando a su cargo hacerlo, mientras que el deudor solidario, por su voluntad, testamento o ley, siempre será deudor, pues en esa clase de obligaciones el total de la deuda puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores, de ahí que el artículo 1577 le confiera al deudor demandado la facultad de proponer todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, incluidas todas las personales suyas.
Ahora, si bien es cierto en esta oportunidad no se está en relación con un contratista independiente que ha incumplido con el descargo de las obligaciones sociales, también lo es, que se trata de la sustitución de una entidad oficial a otra que asumió el pasivo laboral de aquella, lo que no impide que se aplique la doctrina inicialmente sostenida por la Sala en la cual he estado de acuerdo; pues se trata de averiguar por la conducta de un tercero que no fue parte original del contrato, pero que al fin de cuentas debe responder por las obligaciones conforme a la ley, haciendo que se deba examinar por separado la conducta asumida por el obligado, aunque no se esté vinculado por la solidaridad, porque de todas maneras es importante indagar por su mala fe en el cumplimiento tardío de sus obligaciones.
Para apoyar la precedente argumentación, es suficiente traer a colación lo expuesto por esta corporación en sentencia del 22 de abril de 2004, radicación 21074, en la cual, en armonía con la jurisprudencia entonces vigente y que nuevamente es revaluada en la providencia de la que me aparto en este escrito, se dijo:
“El tribunal entendió que en el presente caso para aplicar el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no correspondía examinar la conducta del dueño de la obra o beneficiario del trabajo, esto es de las Empresas Públicas de Neiva, por cuanto las obligaciones laborales pendientes de pago están referidas a acreencias adeudadas en virtud del desarrollo del contrato de obra celebrado entre las demandadas. Dejó entrever pues que en los eventos de solidaridad a que alude el artículo 34 ejusdem la imposición de la sanción moratoria al dueño de la obra es automática, una consecuencia forzosa en los eventos en que se le haya impuesto al contratista independiente. Según la exégesis implícita del ad quem, que el opositor recoge y expone abiertamente, si el contratista independiente resulta gravado con la sanción moratoria, el dueño de la obra debe ser afectado también inexorablemente con esa misma condena, en términos similares.
Así las cosas, incurrió el ad quem en el yerro jurídico denunciado al considerar que en el evento de obligaciones solidarias entre el contratista independiente y el dueño de la obra o beneficiario del trabajo como consecuencia del no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores del primero, corren a cargo del segundo, automáticamente, los salarios moratorios, toda vez que se trata de acreencias “adeudadas en vigencia del desarrollo del contrato de obra celebrado entre las demandadas”, sin que le sea dado aducir que estuvo incurso en conducta de buena fe”.
Consecuente con lo anterior, estribo mi discrepancia en que no se puede sentar, que en todas las situaciones en que se configuren hechos similares a los señalados, el tercero, bien sea contratante, garante u obligado, deba responder ineludiblemente de la sanción moratoria, en los mismos términos del obligado principal, aparte del fallo que no comparto.
Desde luego que, debo advertir que en este asunto el municipio no demostró su buena fe, ni tampoco la alegó en los autos; lo que era suficiente para casar el fallo en cuanto limitó la condena hasta la fecha en que el municipio asumió el pago de los derechos del subordinado.
De esta manera dejo aclarado mi voto.