Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2015/07/
Timestamp: 2018-03-21 03:13:06
Document Index: 107125926

Matched Legal Cases: ['artículo 80', 'artículo 436', 'artículo 6', 'artículo 436', 'artículo 772', 'artículo 772', 'artículo 508', 'artículo 508', 'artículo 254', 'artículo 508', 'artículo 254']

Boletín Legal Venezuela: julio 2015
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/179683-0503-17715-2015-14-596.HTML
Mediante sentencia N° 503 del 17 de julio de 2015, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, afirmó que por el simple hecho de que un trabajador sea cambiado del espacio físico en donde ejercía habitualmente sus labores, no significa que exista un despido indirecto para el caso en que siga ejerciendo las mismas funciones. En concreto, se señaló que:
“Ahora bien, en el presente caso, se aprecia de las actas anteriormente analizadas, que aún cuando el ciudadano ALDO CLEMENTE insistió en que había sido cambiado del espacio físico en el que realizaba sus funciones con anterioridad, la mayoría de las funciones que el mismo señaló haber ejercido, corresponden a las que se realizan fuera de las oficinas administrativas; razón por la cual, en virtud del simple hecho, de encontrarse bien sea en “un nuevo lugar en la parte de abajo” o en el lugar denominado “patio”, no se puede considerar demostrado que se haya configurado alguna de las causas justificadas de retiro, previstas en los literales "h" y "j", del artículo 80 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y mucho menos que ello, pueda considerarse como despido indirecto por motivo de la conducta del empleador, siendo que no quedó comprobado la prestación de servicios por parte del ciudadano ALDO CLEMENTE, en condiciones de índole distintas que alteraran las condiciones del trabajo que realizaba. Así como tampoco quedó probado, la exigencia del patrono o patrona al trabajador para que realizara un trabajo de índole manifiestamente distinta de aquel al que estaba obligado, que fuera incompatible con la dignidad y capacidad profesional del mismo, que debiera prestar sus servicios en condiciones que le acarrearan un cambio de su residencia, o que la prestación de sus servicios le generare algún perjuicio a éste o ésta; la reducción del salario; el traslado del trabajador a un puesto inferior; el cambio arbitrario del horario de trabajo, y; ningún otro hecho semejante capaz de alterar las condiciones previas de prestación del servicio. Así se declara”.
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Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/162858-0405-9414-2014-12-1275.HTML
Mediante sentencia N° 405 del 09 de abril de 2014, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la sentencia N° 337 del 07 de marzo de 2006 (caso: Carlos Abelardo Sanabria Torres), según el cual el chófer que conduce un vehículo que no posee la propiedad del mismo (avance) no tiene relación de trabajo con la Asociación Civil a la que presta servicio, ya que en todo caso la relación de trabajo existente es entre el avance y el propietario del vehículo. En concreto, se señaló que:
“Así pues, conforme al criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, manifestado en reiteradas sentencias de esta Sala, entre otras en la N° 504 de fecha 10 de marzo de 2006 (caso: Rómulo Amado Delgado contra Cooperativa A.C. Mixta Los Tacariguas, R.L.) y en la N° 530 del 10 de julio de 2013 (caso: Rafael Marcano contra Unión de Conductores Palo Alto -Santa Rosa y otro); en el caso bajo estudio, cabe ratificar que en el supuesto de que una persona preste sus servicios como avance –y chofer que conduce un vehículo que presta servicios en el transporte público terrestre, sin tener la titularidad o propiedad del mismo– no se configura una relación de trabajo entre éste y la sociedad que preste servicios de transporte público, en todo caso habría una relación laboral entre el trabajador demandante y el propietario del vehículo”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 17:05 No hay comentarios:
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/178401-00689-11615-2015-2012-1251.HTML
Mediante sentencia N° 689 del 11 de junio de 2015, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la sentencia N° 2608 del 22 de noviembre de 2006 (caso: Minera Loma de Níquel, C.A.), según el cual para que se admita la prueba de exhibición de documentos deben cumplirse con los siguientes requisitos: acompañarse una copia del documento, o en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario. En concreto, se señaló que:
“Lo antes señalado permite a esta Sala concluir que la parte recurrente sí cumplió con los requisitos establecidos en la norma contenida en el citado artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, pues solicitó la exhibición del “Estudio de Impacto Ambiental y Socio Económico del Proyecto Nuevo Terminal de Contenedores La Salina”, el cual conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Nro. 1.257 del 13 de marzo de 1996, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.946 del 25 de abril del mismo año, contentivo de las “Normas sobre Evaluación de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente”, debió ser presentado ante el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para su evaluación preventiva y posterior aprobación, por tratarse de una obra para ser desarrollada sobre los componentes del ambiente natural y social del Noroeste del Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo, entre el Distribuidor El Palito y la Urbanización Cumboto.
Según la norma antes transcrita es competencia del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, en coordinación con los demás órganos y entes competentes de la Administración Central y Descentralizada, en materia de Planificación Nacional y Territorial, la Ordenación del Territorio y del Ambiente, formular y ejecutar políticas que permitan evaluar el sistema de transporte ferroviario nacional y los medios similares, dentro de los cuales se encuentran el “Plan Socialista Nacional de Desarrollo Ferroviario 2006-2030” y el “Proyecto del Sistema Ferroviario Nacional”; razón por la cual la prueba de exhibición promovida cumple los requisitos dispuestos para su admisión en el artículo 436 del Procedimiento Civil”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 15:04 No hay comentarios:
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/178288-RC.000334-8615-2015-14-797.HTML
Mediante sentencia N° 334 del 08 de junio de 2015, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la decisión N° 322 del 23 de mayo de 2006 (caso: Mireya Torres de Belisario), según el cual el testigo único es plena prueba cuando es idóneo y merece fe su declaración. Según esa postura, la declaración de un testigo único es plena prueba para demostrar en una causa de prescripción adquisitiva la intensión de tener la cosa como suya conforme a los requisitos señalados en el artículo 772 del Código Civil. Al respecto, se señaló que:
“De la decisión parcialmente transcrita, esta Sala observa que el juez de la recurrida al momento de analizar los requisitos exigidos por el artículo 772 del Código Civil para determinar la posesión legitima y con ello la procedencia de la acción por prescripción adquisitiva incoada, en especial el requisito concerniente a “la intención de tener la cosa como suya” por parte del poseedor accionante, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, esto es las reglas de la sana critica, le otorgó el carácter de plena prueba al testimonio rendido por el ciudadano HÉCTOR HERNÁNDEZ a fin de dar por cumplido tal requisito.
En atención, a la delación antes transcrita, se observa que el punto neurálgico de dicha denuncia se concentra en determinar sì, en efecto conforme a lo dispuesto en el artículo 508 eiusdem, el juez de la recurrida obró conforme a derecho al otorgarle pleno valor probatorio a un testimonio único respecto a uno de los hechos del controvertido, como lo es la verificación del requisito referente al ánimo de tener la cosa como propia, pues en criterio de la parte recurrente, el ad quem debió aplicar el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica establecida en el artículo 254 ibidem, es decir, que en caso de no existir plena prueba respecto de un hecho, el operador de justicia se encuentra en el deber de sentenciar a favor del demandado.
Ahora bien, es criterio de la Sala, que si bien es cierto que en el examen de la prueba testifical los jueces deben apreciar si las declaraciones concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y la confianza que le merezca el declarante por su edad, vida, costumbres, profesión y demás circunstancias, no lo es menos que en nuestro derecho el testigo único es idóneo para demostrar los hechos alegados en la demanda, siempre y cuando lo declarado le merezca fe y confianza al sentenciador y éste no sea inhábil para actuar en el proceso, lo que quiere decir que la valoración de la referida prueba queda al prudente arbitrio del juez.
La Sala acoge el criterio jurisprudencial citado, y discurre que al considerar el sentenciador de la recurrida en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, que la testimonial rendida por el ciudadano HÉCTOR HERNÁNDEZ resulta plena prueba a fin de evidenciar el requisito concerniente al ánimo de conservar la cosa litigiosa como suya, ello con el fin definitivo de demostrar la posesión legítima, no tenía la obligación de fundamentar su decisión en lo dispuesto en el artículo 254 eiusdem, pues el supuesto de hecho contenido en tal norma aplica cuando, no existe plena prueba de los hechos sobre los cuales se sustenta la demanda incoada”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 18:24 No hay comentarios: