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Timestamp: 2018-10-16 00:22:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 380', 'e contrario', 'artículo 4', 'in casu', 'artículo 380', 'artículo 83']

﻿ Sentencia 2005-00251 de junio 25 de 2009
SENTENCIA 2005-00251 DE 25 DE JUNIO DE 2009
CONTENIDO:PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA GENERADA EN UN FALLO DE TUTELA. CUANDO LA TUTELA LEGITIMÓ AL RECURRENTE PARA PRESENTAR UN NUEVO RECURSO DE REVISIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD, TUTELA, RECURSO DE REVISIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:452 DE AGOSTO DE 2009, PG.1196
Sentencia 2005-00251 de junio 25 de 2009
• CORTE SUPREMA - SALA DE CASACIÓN CIVIL
PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA GENERADA EN UN FALLO DE TUTELA
Cuando la tutela legitimó al recurrente para presentar un nuevo recurso de revisión.
EXTRACTOS: «Se decide el recurso de revisión formulado por Benedicto Garavito Palacios frente a la sentencia proferida el 2 de abril de 1997, por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso de investigación de paternidad instaurado en su contra por Laura Vanessa Garavito Flórez.
1. En la demanda de investigación de la paternidad presentada el 6 de julio de 1994 por la Defensora Tercera de Familia de Boyacá, representando los intereses de la menor Laura Vanesa Flórez Chiquillo, solicitó declarar al impugnante como su padre extramatrimonial e imponerle la prestación alimentaria (cdno. 1, fls. 3-5).
2. En sustento del petitum, relató el conocimiento del demandado con la madre de la menor derivado de la vecindad, el noviazgo posterior y el viaje a San Andrés en septiembre de 1992, cuando iniciaron las relaciones sexuales, trato continuado con salidas los domingos y festivos, dándose el embarazo en enero de 1993 y el nacimiento de la niña en octubre siguiente.
3. El proceso se clausuró por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Tunja mediante sentencia de 23 de agosto de 1996, reconociendo a la niña como hija extramatrimonial del demandado e imponiéndole la obligación de suministrar alimentos (cdno.1, fls. 73 a 81).
4. Apelado el fallo anterior, el ad quem, en el suyo de 2 de abril de 1997, lo confirmó en todas sus partes, memorando el examen antropoheredobiológico conclusivo de la compatibilidad genética entre la niña y el demandado, su ausencia de objeción, la aceptación de las relaciones sexuales con la madre de la menor y las relaciones sentimentales probadas con declaraciones testimoniales.
1. Buscando invalidar la sentencia atacada, la impugnación se sustenta esta vez en la causal primera de revisión prevista en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, así:
a) En el proceso seguido en su contra se recaudaron testimonios dando fe de las relaciones sexuales, un estudio antropoheredobiológico del laboratorio del ICBF, concluyendo la compatibilidad genética y se profirió sentencia estimatoria de las pretensiones.
b) Teniendo certeza de no ser el padre de la menor, decidió practicarse otro examen con la niña y su progenitora en el laboratorio de genética de la Universidad Industrial de Santander, emitido el 17 de julio de 1998, concluyendo: “Análisis de la paternidad: Con los resultados obtenidos el presunto padre es excluido de ser el padre biológico del menor por los siguientes sistemas: Ss HLA-Dqalfa ( a )”.
c) Fundado en el resultado anterior, formuló denuncia penal contra la genetista directora del laboratorio del ICBF para la época del examen inicial.
d) En el proceso penal se ordenó la práctica de un examen de ADN por el Instituto de Medicina Legal, igualmente excluyendo la paternidad, seguido de lo cual presentó recurso extraordinario de revisión ante esta corporación por la causal 4ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, declarándose infundado mediante sentencia de 4 de diciembre de 2003 en virtud de la preclusión de la investigación penal por ausencia de dolo y porque los recursos tecnológicos para la época del dictamen arrojaron la impresión compatible de la paternidad, descartando el motivo invocado.
e) Acudió a la acción de tutela ante la Sala Laboral de la Corte y luego ante el Consejo de la Judicatura, seccional de Tunja y Superior, quienes la denegaron, decisión revocada en revisión por la Corte Constitucional según sentencia T-1226 del 7 de diciembre de 2004, para conceder el amparo como mecanismo transitorio habilitando el término para formular otro recurso de revisión por causales diferentes.
2. Admitida la demanda de revisión se ordenó su traslado a la menor Laura Vanesa Flórez Chiquillo, representada por Milene Claudia L. Flórez Chiquillo y a la Defensora Tercera de Familia de Tunja (fl. 89, cdno. Corte).
1. El ordenamiento jurídico disciplina el recurso extraordinario de revisión por causales taxativas, cerradas o preordenadas normativamente, en preservación de la justicia (pro iustitia, nums. 1º a 6º, art. 380 CPC), el debido proceso, el derecho de defensa (nums. 7º y 8º, ibíd.) y la cosa juzgada (num. 9º, ejusdem), estableciendo su pertinencia excepcional, oportunidad, motivos y finalidad reparadora del detrimento a los valores supremos en cuyo interés se instituye (CCXII, Nº 2451, pág. 311; sentencias de 29 de agosto de 2008, exp. 11001-0203-000-2004-00729-01 y 5 de diciembre de 2008, exp. 11001-0203-000-2005-00008-00).
Acrisolado está en la doctrina de la Corte, que el recurso de revisión, por su naturaleza extraordinaria, no es útil al querer de revivir el debate probatorio antecedente al fallo cuya invalidez se reclama ni es, por consiguiente, espacio para optimizar la prueba, pues se perfiló con la única finalidad de aniquilar los efectos de la cosa juzgada material predicada de una sentencia articulada de espalda al derecho de defensa, o con respaldo en medios irregulares o por causas sobrevenidas al proveído.
Con estos lineamientos, el recurso no sirve al propósito de revisar toda la cuestión litigiosa, revivir la controversia, mejorar la posición de parte, superar su desidia u omisiones (CXLVIII pág. 46), ni permite un análisis diverso del planteado (sentencias 029 del 25 de julio de 1997 y 13 de enero de 2004, exp. 0211-01, CXLVIII, pág. 187) y sus causas tienen “venero en circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta” (sent. 234 de dic. 1º/2000, exp. 7754), generando un “grave daño para la seguridad jurídica” (CCXLIX, pág. 121).
Con estas premisas, el recurso descarta el análisis general de la lid judicial, buscando esclarecer, por los precisos y taxativos motivos del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, si la providencia, se profirió con fundamento en situaciones lesivas del valor de la justicia, el debido proceso, el derecho de defensa o la ruptura de la cosa juzgada antecedente, “los errores de apreciación probatoria en que haya podido incurrir el juez al proferirlo, son aspectos ajenos al recurso de revisión” (CXLVIII, pág. 187) y “no constituye una tercera instancia en la que pueda replantearse el litigio” (sent. 076 de mar. 11/91).
2. El recurrente invocó la causal primera de revisión basado en la prueba pericial de ADN practicada en la investigación penal con posterioridad al proceso de paternidad excluyéndolo como padre biológico de Laura Vanessa.
Al tenor del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil,
“Son causales de revisión: 1. Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
El ante citado precepto, en forma expresa, clara y precisa, establece por presupuestos necesarios para la procedencia de la anotada causal: a) El descubrimiento o hallazgo ulterior a la sentencia de una prueba documental preexistente descartando todo otro elemento probatorio y aún los documentos elaborados o confeccionados después de la decisión; b) Su relevancia de tal magnitud que tenga aptitud para variar el pronunciamiento; y c) Su falta de aportación en las oportunidades procesales por una causa objetiva, extraña o ajena al recurrente o por obra de la otra parte.
Del motivo de revisión consagrado en el numeral primero del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, tiene dicho la Corte, que
“Dada la finalidad propia del recurso, no se trata, en el evento de esta causal de revisión, de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra después de pronunciado el fallo; se contrae el supuesto indicado a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible de oportuna aducción por el litigante interesado, profirió un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto” (CXLVIII, pág. 184); “no es lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla (…) la prueba de eficacia en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción (…) de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental —bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia— una auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esa resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido” (sent. 237 de jul. 1º/88); “debe tratarse de una prueba específica, la documental, que preexista en las oportunidades probatorias, no después, sólo que el recurrente no pudo aducirla por causas ajenas a su voluntad. El medio, dice la Corte, “debió existir desde el momento mismo en que se presentó la demanda, o por lo menos desde el vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar pruebas, no siendo admisible, en consecuencia, la que se encuentre o configure después de pronunciada la sentencia” (sent. de jun. 12/87, sin publicar) … el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisión combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisión” (sent. 047 de sep. 22/99, reiterando jurisprudencia (CCLXI-339)” (sent. S-063-2003, de jun. 26/2003, exp. 1100102030002002-0072-01 reiterada en sent. de feb. 11/2004, exp. 2002 0018201).
Según admite la Corte Constitucional en sentencia C-836 de agosto 1º de 2001, “corresponde a los jueces, y particularmente a la Corte Suprema, como autoridad encargada de unificar la jurisprudencia nacional, interpretar el ordenamiento jurídico”, su autoritas “para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas” y su valor proviene
“(1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y de su función como órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la realidad social que pretende regular”.
En este contexto, las exigencias normativas de la causal primera de revisión, estricto sensu, no se estructuran en el caso particular, por tratarse no de un documento sino de una prueba pericial, como bien puede observarse no solo de su decreto y la ritualidad surtida (fls. 133 a 135 y 235 a 236 del cdno. de la Corte), sino del mismo epígrafe de la experticia en la que claramente se lee “dictamen Nº 259-01 DNA-RB” (fls. 143 a 145), cuya existencia, además no es anterior al proceso de investigación de paternidad, sino muy posterior al emitirse el 27 de junio de 2002, esto es, su elaboración data de cinco años y dos meses después del fallo tachado (2 de abril de 1997), de donde, su entonces inexistencia, es la causa genuina de su no aportación oportuna al expediente.
Tampoco, el poder creador de la jurisprudencia, se extiende a modificar la norma jurídica; esta es función constitucional confiada al legislador y la seguridad jurídica exige respetar las competencias constitucionales de los distintos órganos del Estado.
Empero, los jueces, al aplicar e interpretar la ley, no son autómatas, sobre ellos gravita la delicada tarea axiológica de su sensible transformación evolutiva y su constante adaptación dinámica, racional y coherente, en procura de las garantías y derechos instituidos por el ordenamiento, la rectitud, eficacia y eficiencia de la administración de justicia, desde luego que son sus garantes primarios y genuinos.
Por ello la Sala, ha elaborado una línea jurisprudencial coherente con las directrices normativas, anotando que “no obstante el carácter limitado y excepcional del recurso de revisión, corresponde a la jurisprudencia percibir las señales originadas en las transformaciones del sistema jurídico, en especial, las derivadas del advenimiento de la nueva Constitución Política, atendiendo en nuestro caso a la especial circunstancia de que el recurso extraordinario de revisión, como casi todas las instituciones del procedimiento civil, son anteriores a la Constitución de 1991, característica que llama a darles una nueva significación para atemperarlas a los dictados del constituyente, consultando las exigencias de la evolución de las categorías conceptuales básicas, en especial al valor conocido como debido proceso” (sent. de ago. 29/2008, exp. 11001-0203-000-2004-00729-01), por supuesto, sin desconocer los mandatos legales a cuyo imperio está sujeta (art. 230 Constitución Política).
3. Bajo la precedente perspectiva legal y la inalterada doctrina de la Sala, es evidente la inadecuación de la situación al supuesto fáctico de la norma, lo cual, conduciría a la frustración del recurso.
No obstante, un factor ulterior a la sentencia proferida por esta Corte el 4 de diciembre de 2003 declarando infundado el primer recurso, impone la necesidad de proteger la confianza generatriz de una expectativa legítima, seria y fundada al recurrente para invocar la causal primera de revisión.
En efecto, la Corte Constitucional, en su sentencia T-1226 de 2004, tras desestimar la vía de hecho, “porque la sentencia de revisión aplicó el orden legal y la jurisprudencia civil, … si se atiende a las reglas que rigen el recurso de revisión civil, la Corte no podía partir de la prueba de ADN para quebrar la sentencia”, concluyó “que la situación que se analiza dentro de este proceso responde al orden legal vigente, que establece unos parámetros que restringen el alcance del recurso extraordinario de revisión”, anotó “que no le corresponde a la Corte modificar la legislación por vía de tutela. Esa es una tarea propia del Congreso de la República, máxime cuando se trata de una materia de esta naturaleza. Sin embargo, sí es deber del juez de tutela proteger los derechos fundamentales”, y concedió el amparo “como un mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción civil o la penal deciden lo de su competencia”, para lo cual, “dado que el señor Garavito demostró diligencia en la instauración e interposición de las acciones y recursos que tenía a su disposición”, dentro del ámbito de la jurisdicción civil habilitó
“un término de tres (3) meses para que él pueda interponer un nuevo recurso de revisión. (…) Y si el señor Garavito considera oportuno invocar la causal primera —que se aplica cuando después de pronunciarse la sentencia se encuentran documentos que “habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, habida cuenta de que era imposible para él aportar evidencias científicas que no estaban disponibles dado el avance de la ciencia en el momento del fallo—, el término de tres (3) meses se contará a partir de la notificación de esta sentencia de tutela” (resaltado ajeno al texto).
4. La problemática planteada, entonces, comprende: a) una providencia judicial proferida con sujeción a los elementos de convicción regular y oportunamente aportados al proceso, en particular, la prueba antropoheredobiológica que no excluía la paternidad investigada y por ello se declaró; b) una prueba genética de ADN posterior practicada en el curso de una investigación penal, por supuesto, más ajustada a los actuales avances científicos descartando la paternidad biológica del declarado judicialmente padre y c) una providencia judicial emanada del máximo tribunal constitucional del país, interpretando más allá del régimen normativo consagratorio de la causal primera del recurso extraordinario de revisión y de su entendimiento prístino por la jurisprudencia civil, única facultada constitucionalmente al efecto, creando una seria, legítima y fundada expectativa sobre la operancia de la causal primera, si bien con una hermenéutica contradictoria e incompatible con la preceptiva jurídica y la jurisprudencia de la Corte.
Así, el dictamen genético de ADN Nº 259-01 DNA-RB, 27 de junio de 2002 practicado con muestras de sangre del supuesto padre, la madre y la menor, todas “bajo permanente custodia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde su recepción” y del cual se surtió el traslado previsto en el artículo 4º de la Ley 721 de 2001 (fl. 152, cdno. Corte), de manera categórica concluye: “Benedicto Garavito Palacios se excluye como el padre biológico de la menor Laura Vanessa Flórez Chiquillo”.
5. Justamente, el principio de confianza legítima (Vertrauenschutz, legitímate expectations, legittimo affidamento, estoppel), reconocido como un parámetro constitucional relevante, protege de comportamientos ulteriores asimétricos, contradictorios o incompatibles con los anteriores y de cambios sobrevenidos, inesperados, súbitos e intempestivos (Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Auflage, München, Beck, 2009; P. Craig, Substantive Legitimate Expectations in Domestic and European Law, CLJ, 1996; Denis Mazeaud, La confiance légitime et l’estoppel, Revue Internationale de droit comparé, n° 2, París, 2006).
El principio está en indisociable conexión con la seguridad jurídica, la legalidad y la buena fe, sin confundirse con estas.
Implica que las autoridades no adopten medidas que aunque lícitas contraríen las expectativas legítimas creadas con sus actuaciones precedentes en función de las cuales adoptan sus decisiones, protegiendo la convicción proba, honesta y leal de su estabilidad y coherencia.
En cuanto a sus requisitos, presupone: a) un acto susceptible de infundir confianza y crear esperanzas fundadas; b) una situación preexistente generatriz de una expectativa verosímil, razonable y legítima basada en la confianza que inspira la autoridad con su conducta sobre su mantenimiento o estabilidad; y c) una actuación de buena fe del sujeto (S. Calmes, Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et français, Dalloz, Paris, 2001, pág. 496).
La confianza legítima se traduce en la protección de las expectativas de estabilidad generadas con las actuaciones previas ante la fundada creencia de su proyección en condiciones relativas de permanencia, coherencia y plenitud, partiendo de la premisa según la cual todo ciudadano tiene derecho a prever, disciplinar u ordenar su conducta con sujeción a las directrices normativas entonces vigentes, a su aplicación e interpretación por las autoridades, confiando razonablemente en que procederán de manera idéntica o similar en el futuro.
Se protege, la convicción íntima del ciudadano en la estabilidad normativa y las actuaciones del Estado, sin llegar al extremo de la petrificación del ordenamiento jurídico, ni a su preservación indefinida por cuanto el derecho se construye diariamente, vive en su interpretación y aplicación por los jueces como garantes primarios de los derechos, libertades y garantías ciudadanas (F. Castillo Blanco, La protección de confianza en el derecho administrativo, Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 108; Eduardo García De Enterría, “El principio de protección de la confianza legítima como supuesta tutela justificativa de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador”, en Estudios de derecho público económico. Libro homenaje al profesor Sebastián Martín Retortillo, Civitas, Madrid, 2003, págs. 33 y ss.).
En este contexto, el principio no solo es deseable, sino que se presenta como una exigencia social ineludible para garantizar la buena fe y las legítimas expectativas por situaciones derivadas del comportamiento anterior.
La buena fe, “hace relación a una conciencia honesta, es decir, a un sentimiento de honradez, tener la conciencia de que se obra decorosamente, la confianza legítima de que los demás obran honestamente …” (cas. civ. sentencia de junio 23 de 1958), es principio general del derecho (cas. civ., jul. 2/2001, exp. 6146), del sistema jurídico, el tráfico jurídico y la convivencia social, “va mucho más allá que, simplemente, la de generar normas en ausencia de reglas legales o consuetudinarias específicas” (cas. civ. sent. de ago. 16/2007, [SC-114-2007]), ostenta una particular connotación constitucional y se presume en todas las actuaciones de los particulares ante el Estado (art. 83, Constitución Política).
El principio aplica en cada situación concreta, se aprecia por el juzgador in casu, conforme al marco de circunstancias singular, considerando los distintos factores incidentes, la actuación de la autoridad, la confianza generada, las expectativas legítimas creadas, la buena fe de los particulares, sin existir un criterio absoluto, inflexible e inmediato. Es además, menester, ponderar los diferentes intereses eventualmente contrapuestos.
Naturalmente, no se restringe al ámbito de las relaciones ciudadanas con los órganos del Estado, por constituir un principio que irradia el ordenamiento.
En tratándose de la aplicación e interpretación de las normas jurídicas por los jueces, tiene relativa operancia, por cuanto las decisiones obedecen a situaciones fácticas, normativas y probatorias diversas, la jurisprudencia es dinámica y cambia en función de las necesidades sociales.
Empero, la uniformidad, coherencia y consistencia de la jurisprudencia concierne a la certidumbre del orden jurídico y, por tanto, desarrolla los principios liminares del Estado, lo que explica, de un lado su estabilidad y no su construcción caprichosa o conveniente y, de otro lado, la adopción de las modificaciones y adaptaciones en forma seria, serena y ponderada, desde luego que la confianza de los ciudadanos en los órganos de impulsión o aplicación normativa está articulada en la coherencia y en su mantenimiento, sin llegar al estatismo, en cuanto confía y espera una conducta serena y responsable.
Por ello, la seguridad jurídica, está estrechamente vinculada con la confianza legítima, sin confundirse con esta, protegiendo “la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes” (sent. del Tribunal Constitucional español Nº 147 de 1986, fundamento jurídico 4) y “esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme” (C. Const., sent. C-836/2001).
La protección de la confianza legítima también se impone en circunstancias como las del presente asunto, donde las decisiones de diferentes autoridades encargadas de administrar justicia son antinómicas.
En efecto, la Corte Constitucional en su propósito de proteger los derechos fundamentales del recurrente con una interpretación más allá del marco normativo de la causal primera y su entendimiento jurisprudencial por el órgano facultado constitucional y legalmente para tal efecto, infundió una expectativa legítima, seria y fundada habilitando un término para presentar el recurso por el mencionado motivo de revisión, siendo menester dispensar por las particularidades del caso la protección a la confianza.
Por tanto, la Sala, no puede desconocer la ostensible injusticia a que conduciría la absoluta indefensión del recurrente frente a la declaración judicial como padre de quien no lo es según la prueba genética de ADN practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ni la expectativa legítima infundida por la Corte Constitucional en la sentencia de revisión T-1226 de 2004 legitimando al recurrente para presentar un nuevo recurso de revisión por la causal primera consagrada en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.
Igualmente, la Corte en su carácter de máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y dentro del campo funcional de sus atribuciones constitucionales y legales, debe señalar la inconveniencia de determinaciones, por más loables que fueren, fundadas en interpretaciones que van más allá de los parámetros normativos, su prístino entendimiento, ratio e inteligencia, propugnando más exactamente por la protección de los derechos dentro del ámbito de las competencias de los juzgadores y el marco jurídico imperante, al cual están sujetos todos los jueces de la República.
La Sala, por consiguiente, estima imprescindible proteger la confianza legítima del recurrente bajo la perspectiva analizada y las particularidades que rodean el marco fáctico de la particular cuestión analizada.
No obstante, considera oportuno recordar la regulación legislativa del recurso extraordinario de revisión, su procedencia excepcional sujeta a requisitos, exigencias singulares y causales taxativas, cuya hermenéutica y aplicación coherente por los jueces en el ámbito de sus competencias, es garantía de la seguridad jurídica, la eficiencia y eficacia de la administración de justicia, su acceso, la buena fe y los derechos ciudadanos.
A dicho propósito, la propia Corte Constitucional, ha indicado que,
“… la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias. En estos casos, la actuación posterior es contraria al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento anterior frente a una misma situación. Esta garantía solo adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto del propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que, aunque tengan algún tipo de fundamento legal formal, sean irracionales, según la máxima latina venire contra factum proprium non valet. (…) El derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado...” (C. Const., sent. C-836/2001).
6. Como corolario de lo expuesto, en primacía del principio de confianza legítima, considerado la expectativa, sería, fundada y legítima generada al recurrente por la Corte Constitucional en su fallo de tutela en torno a la posibilidad de invocar la causal primera de revisión con fundamento en los resultados de la prueba genética de ADN practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con protección de la cadena de custodia (ADN Nº 259-01 DNA-RB, 27 de junio de 2002), excluyendo la paternidad biológica de quien fue declarado judicialmente padre, cuyo traslado se ordenó en este trámite transcurriendo en silencio, se declarará fundado el recurso y anulará la sentencia impugnada.
1. Por las precisas condiciones que dieron origen a su trámite y, en protección de la confianza legítima generada con la sentencia T-1226 del 7 de diciembre de 2004 proferida por la Corte Constitucional, declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Benedicto Garavito Palacios y, en consecuencia, anular la sentencia proferida el 2 de abril de 1997, por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso de investigación de paternidad instaurado en su contra por Laura Vanessa Garavito Flórez, para que en su lugar, profiera la que corresponda en derecho, previo decreto y práctica de las pruebas que considere menester, incluida una nueva prueba genética de ADN acorde con el estado actual de la ciencia y la ley, garantizado el derecho de defensa y contradicción.
2. Por la prosperidad del recurso, no condenar al recurrente a pagar los perjuicios y costas causadas con ocasión del presente recurso. Cancélese la caución prestada.
3. Devolver el expediente al tribunal de origen, salvo el cuaderno correspondiente a lo actuado en la Corte que se archivará en su oportunidad procesal, previa constancia del resultado final del recurso extraordinario surtido respecto del proceso allí contenido, o incorporación al mismo de copia de esta sentencia expedida por la secretaría.
(Sentencia de revisión, 25 de junio de 2009. Expediente 11001-02-03-000-2005-00251-01. Magistrado Ponente: Dr. William Namén Vargas).