Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=50815&legiid=485
Timestamp: 2018-03-23 17:06:16
Document Index: 234535764

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 71', 'artículo 77', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 55', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 707', 'artículo 386', 'artículo 191', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 11', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 2', 'artículo 374', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 343', 'artículo 313', 'artículo 343', 'artículo 343', 'artículo 11', 'artículo 9']

AUMENTO DE BONIFICACIÓN POR CALIDAD DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN REGISTRO CIVIL
CONDICIONES ESPECIALES PARA RETIRO DE PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
PROTESTA DIPLOMÁTICA POR PROGRAMA JAPONÉS DE CAZA DE BALLENAS MINKE Y COMUNICACIÓN A COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL. PROYECTO DE ACUERDO
RECURSOS PARA FINANCIAR PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, ESTRATEGIA 2014-2018. PROYECTO DE ACUERDO
ACLARACIÓN DE PRECEPTO DE LEY N° 19.143, PARA PERMITIR INVERSIÓN DE COMUNAS BENEFICIADAS CON PAGO DE PATENTES MINERAS. PROYECTO DE ACUERDO
URGENCIA PARA PROYECTO SOBRE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN PENITENCIARIA EN GENDARMERÍA DE CHILE. PROYECTO DE ACUERDO
Sesión 19ª, en martes 20 de mayo de 2014
(De 16:15 a 19:35)
Concurrió, además, el Ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez Urrutia. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de esa Cartera, señor Marcelo Albornoz Serrano.
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 13 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Las actas de las sesiones 16ª, ordinaria, en 13 de mayo, 17ª, especial, y 18ª, ordinaria, ambas en 14 de mayo, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Ocho de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los cuatro primeros retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley atinente a comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).
3.- Proyecto de ley que establece el nuevo Código Procesal Civil (boletín N° 8.197-07).
4.- Proyecto de ley que aumenta la bonificación por calidad de satisfacción al usuario para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, establecida en la ley N° 20.342 (boletín N° 9.288-05).
Con el siguiente hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que adecúa la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (boletín N° 8.886-11).
Con los tres últimos retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
Con los tres primeros comunica que aprobó las iniciativas que se enuncian a continuación:
1.- Proyecto de ley de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario (boletín N° 9.290-05) (con urgencia calificada de "simple").
2.- Proyecto de ley que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios (boletín N° 8.069-14).
3.- Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de polifuncionalidad (boletín N° 8.417-13).
Con el cuarto informa que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que establece condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley N° 19.479 y faculta para otorgar el bono compensatorio que indica (boletín N° 9.113-05).
Con el siguiente refiere que prestó su aprobación a la observación formulada por el entonces Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique al proyecto de ley que crea el Día Nacional del Trabajador Forestal (boletín N° 6.462-24).
Con el sexto remite la nómina de los señores Diputados que concurrirán a la Comisión Mixta que, conforme al artículo 71 de la Constitución Política de la República, debe proponer la forma y el modo de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos (boletines Nos 4.595-15 y 4.764-15, refundidos).
Con el último comunica los nombres de los Honorables Diputados que, en representación de la Cámara Baja, integrarán las Comisiones de Reja y Pórtico que recibirán el día 21 de mayo a Su Excelencia la Presidenta de la República con ocasión de la sesión de Congreso Pleno en que se dará cuenta al país del estado político y administrativo de la nación.
Expide copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el ejercicio del control de constitucionalidad acerca del proyecto de ley que regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas (boletín N° 5.579-03).
Remite copia del informe final sobre auditoría efectuada en la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, intendencias, gobernaciones y otros entes integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.
Contesta acuerdo adoptado por la Corporación, a sugerencia de los Senadores señores Navarro, Araya y Guillier, relativo a la suspensión por el plazo de un año de las subastas públicas, los juicios hipotecarios y los lanzamientos tras el acaecimiento de los sismos o catástrofes a que se refiere la ley N° 16.282 (boletín Nº S 1.649-12).
Da respuesta a solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, relativa al catastro de relaves mineros existentes en la zona norte del país y a las fiscalizaciones realizadas en materia de medidas de seguridad, especialmente para el evento de sismos.
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, en materia de dotación de personal y construcción de recintos policiales en la Región de Los Ríos.
De la señora Jefa de División de Educación General, Ministerio de Educación:
Remite, ante petición formulada por el Senador señor De Urresti, nómina de los treinta y cinco establecimientos educacionales con los que la Secretaría de Educación Ministerial de la Región de Los Ríos suscribió convenios en el marco del Programa de Educación Intercultural Bilingüe y, por ser todos de similar tenor, copia de uno de ellos.
De los señores Alcaldes de las Ilustres Municipalidades de Chillán, Laja, San Pedro de la Paz y Talcahuano y del señor Director de Obras Municipales de Chiguayante:
Remiten sendas respuestas a la consulta, cursada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la existencia en esas comunas de ordenanzas municipales que determinen zonas preferentes para la instalación de antenas de telefonía móvil.
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo concepto de "empresa" (boletín N° 4.456-13) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta la bonificación por calidad de satisfacción al usuario para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, establecida en la ley N° 20.342 (boletín N° 9.288-05) (con urgencia calificada de "suma").
De los Senadores señores Horvath, Bianchi y De Urresti, con la que inician un proyecto de ley general sobre derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile (boletín N° 9.363-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema para el efecto de lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Constitucional.
Moción del Senador señor Bianchi con la que propone un proyecto de ley que elimina las condiciones exigidas para el aumento del feriado anual respecto de los funcionarios públicos y de los municipales.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, conforme lo disponen los incisos tercero y cuarto, número 4°, del artículo 65 de la Constitución Política.
Moción del Senador señor Navarro con la que propone un proyecto que modifica la ley Nº 20.599, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.
--Se declara inadmisible por comprender materias de la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política.
Del Senador señor Bianchi, con el que le solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que elimine las condiciones exigidas para el aumento de feriado anual en los artículos 106, inciso segundo, del Estatuto Administrativo y 105, inciso segundo, del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales (boletín Nº S 1.665-12).
De los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Horvath, Prokurica, Quinteros y Rossi, con el que le solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto modificatorio del artículo 55 ter de la Ley de Impuesto a la Renta al objeto de ampliar el beneficio concedido a los contribuyentes personas naturales por sus hijos no mayores de 25 años de edad matriculados en instituciones de educación que realicen estudios complementarios o de perfeccionamiento (boletín N° S 1.666-12).
Del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador señor Letelier, con la que informa que, por iniciarse un nuevo período legislativo, es necesario conformar los Grupos de Amistad que esta Corporación mantiene con otros Parlamentos y señala que los señores Senadores que deseen inscribirse en alguno de ellos podrán hacerlo mediante nota dirigida al Secretario de la referida Comisión, hasta el miércoles 11 de junio próximo.
1.- Tratar en la presente sesión, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley que aumenta la bonificación por calidad de satisfacción al usuario para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, establecida en la ley N° 20.342, y
2.- Colocar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 3 de junio próximo el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo concepto de "empresa" y tratarlo hasta su total despacho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señoras y señores Senadores, conforme al artículo 18 del Reglamento del Personal del Senado, tomaré juramento o promesa a los funcionarios que aún no han cumplido esa formalidad, quienes para tal efecto fueron ordenados en tres grupos.
Saludo tanto a los familiares y amigos de dichos funcionarios como a los representantes de las asociaciones a las que se encuentran adscritos, todos los cuales se hallan en las tribunas.
Les ruego a Sus Señorías y a las demás personas ponerse de pie, pues voy a iniciar la ceremonia.
¿Juráis o prometéis cumplir lealmente con vuestras funciones y guardar sigilo acerca de los asuntos secretos o reservados de que toméis conocimiento en razón de vuestro cargo?
Señora Ximena Cecilia Amigo López, señor Jorge Gonzalo Taborga Molina, señorita María Teresa Romero Celedón y señores Patricio Donoso Velasco y Mario Madrid Pizarro.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Juráis o prometéis cumplir lealmente con vuestras funciones y guardar sigilo acerca de los asuntos secretos o reservados de que toméis conocimiento en razón de vuestro cargo?
Señorita Carmen Gloria Abarca Allendes, señores Luis Díaz González y Jorge Enrique Vera Soto, señora Juana Stuardo Castillo y señor Germán Toro Arancibia.
Señorita Ángela Lorena Martínez Meneses y señores Cristian Chávez Cortés, Cristian Lezaeta Cabrera, Rodrigo Bazaes Herrera y Hugo Opazo González.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Agradezco a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que estuvieron presentes en esta ceremonia y saludo una vez más a quienes acompañaron a sus familiares desde las tribunas.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, como Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, solicito en nombre de este órgano fijar un nuevo plazo, hasta las 12 horas del lunes 2 de junio, para presentar indicaciones al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos (boletín N° 7.908-12).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, se acaba de declarar inadmisible una moción que presenté para iniciar un proyecto modificatorio de la ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.
Mi propósito es fijar zonas de exclusión absoluta para las llamadas "antenas de celulares", dados los múltiples problemas que están provocando en todo el país.
En tal virtud, solicito que se pida el patrocinio de la señora Presidenta de la República.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Les parece a Sus Señorías oficiar en nombre del Honorable señor Navarro, con la adhesión del Senado?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme a lo acordado por los Comités, atendiendo una solicitud que nos hizo nuestro excolega y actual Ministro de Justicia, don José Antonio Gómez, quien a menudo viene a visitarnos en esta Sala -¡hasta ahora es muy bien recibido...!-, trataremos en el Orden del Día, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto contenido en el boletín N° 9.288-05.
Boletín N° 9288-05
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que aumenta la bonificación por calidad de satisfacción al usuario para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, establecida en la ley N° 20.342, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9288-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 13 de mayo de 2014.
Hacienda: sesión 19ª, en 20 de mayo de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de este proyecto y la calificó de "suma".
El objetivo de la iniciativa es aumentar el monto anual del beneficio dispuesto en la ley N° 20.342, que crea una bonificación por calidad de satisfacción al usuario y establece normas que indica para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 6 del informe pertinente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la discusión general, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).- Señora Presidenta, solo haré una breve mención en el sentido de que se trata de un bono por calidad de satisfacción al usuario, beneficio surgido de la ley N° 20.342, que se publicó el 27 de abril de 2009.
Al efecto, se dispone que en septiembre de cada año debe realizarse una encuesta, la cual se encarga a una empresa externa que analiza cómo ha sido el proceso del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Mediante el proyecto en debate, simplemente, se cambia el guarismo "$813.600", fijado al 31 de enero de 2009 -en esa época (el Senador Lagos hizo la conversión) equivalía a 38,8 unidades de fomento-, por "$1.050.000", o sea, al día de hoy, 45,04 UF.
Le pido al Honorable Senado aprobar esta iniciativa, que emana de un acuerdo a que se llegó luego de una movilización realizada por los funcionarios del Registro Civil.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, tal como dijo el señor Ministro de Justicia, se trata de un proyecto muy sencillo, que busca reajustar en aproximadamente 15 por ciento el bono que se otorga a los funcionarios del Registro Civil en función de la calificación que hacen los propios usuarios respecto a la calidad de los servicios y la atención que reciben.
Por lo tanto, nuestra sugerencia es que la Sala lo apruebe en los términos en que lo despachó la Comisión de Hacienda, por unanimidad.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, me sumo al planteamiento que hizo el Honorable señor García.
Efectivamente, se trata de un tema que se tocó con motivo del conflicto en que estuvieron los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, quienes durante él vinieron al Senado a conversar con nosotros. Y se acordó que uno de los puntos a resolver era la bonificación por calidad de satisfacción al público, la que se mide mediante una encuesta.
Es efectivo lo que dijo el señor Ministro: se sube el monto del beneficio de 38 a 45 unidades de fomento, aproximadamente.
Insisto: solo se trata de cumplir un compromiso contraído.
Por lo tanto, creo que debemos aprobar este proyecto sin más trámite.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Debo recordar que estamos tratando esta iniciativa como si fuera de Fácil Despacho y que, por ende, corresponde que hablen solo dos Senadores.
En consecuencia, les pido a Sus Señorías ser extraordinariamente breves.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, únicamente quiero decir que aquí estamos haciendo un esfuerzo común y que hay que entender la situación.
Cuando uno habla de "bonificación por calidad de satisfacción al usuario" trata precisamente de buscar mecanismos y elementos que les permitan a las instituciones funcionar mejor.
El Registro Civil, que presta un servicio muy importante a la comunidad, requiere una modernización. Y lo ha planteado el Ministro de Justicia.
Este es un paso que se viene dando desde el período anterior. Y lo que estamos haciendo es cumplir un compromiso que se contrajo.
Señora Presidenta, yo quiero sencillamente agregar que, más que el simple aumento de 38 a 45 unidades de fomento -el significado del cambio no es más que ese-, ello tiene que ser parte de un proceso de modernización en el cual los funcionarios se sientan más cómodos, y los usuarios, mejor atendidos. El anterior es el círculo virtuoso que se trata de generar. Más allá de una cifra más, una cifra menos, esto es parte de un proceso que no termina con la presente iniciativa. Y lo ha dicho el señor Ministro de Justicia: la idea es seguir progresando.
En esa lógica, los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente obviamente vamos a pronunciarnos a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe, sobre la misma base de resultar deseable la brevedad, porque el tratamiento del asunto es como si fuera de Fácil Despacho.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, solo deseo ratificar el compromiso del Comité Partido por la Democracia con la aprobación del proyecto de ley, que va a beneficiar a varios cientos de funcionarios del Registro Civil.
Ese Servicio cumple una función fundamental a lo largo del país, lo que se ha observado sobre todo en épocas en que las decisiones de autoridad no siempre han sido las adecuadas y han significado inversiones generadoras de un mayor desgaste en el nivel de funcionamiento y atención de público. Por eso, creo que se trata de un reconocimiento a los trabajadores.
Vamos a concurrir, entonces, con nuestro voto a favor.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, en esta Corporación usan de la palabra todos los miembros de la Comisión y no podía quedarme atrás. ¡Estoy aprendiendo una modalidad¿!
Únicamente deseo consignar que este fue un acuerdo del Gobierno anterior para resolver el conflicto. Nosotros asumimos el convenio y acogemos la solución, sobre la base de que para la aprobación se requiere una encuesta. Esta última se llevó a cabo cinco días después del paro y reveló que la atención era muy buena.
Junto con pedir el informe de la muestra, para obtener más antecedentes, también le solicitamos al señor Ministro que nos entregara el plan de modernización, porque el incentivo, además de superar la dificultad, apunta a que funcione mejor el Servicio, y queremos tener la certeza de que eso se está cumpliendo.
La bancada socialista va a votar a favor.
--Por 23 votos a favor, se aprueba en general el proyecto, y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Van Rysselberghe, y los señores Allamand, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Larraín, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Quinteros, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Los Honorables señora Lily Pérez y señores Prokurica y Girardi dejan constancia de su intención de voto a favor.
El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).- Deseo agradecerles a usted, señora Presidenta, y a los señores Senadores el despacho de la iniciativa.
Efectivamente, este es un bono importante para el Registro Civil, cuyos trabajadores han realizado un tremendo esfuerzo por mejorar las condiciones del Servicio y superar las dificultades existentes.
El informe que la Comisión me pidió lo haré llegar, como lo acordamos, el 15 de junio próximo.
Boletín N° 9245-07
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje del anterior Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, en primer trámite constitucional, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9245-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 89ª, en 22 de enero de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objeto de la iniciativa es mejorar la forma en que un menor de edad que ha sido víctima de un delito sexual se relaciona con el sistema procesal penal, de manera de minimizar la victimización secundaria que puede afectarle y darle un más efectivo resguardo a sus derechos.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Espina, Larraín (don Hernán), Walker (don Patricio) y el entonces Senador señor Larraín (don Carlos), aprobó la idea de legislar.
Cabe consignar que el artículo 15, contenido en el Artículo Primero del texto, es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere 22 votos para ser acogido.
La normativa que se propone sancionar en general se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión general.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, la iniciativa que nos ocupa es bastante relevante: regula, esencialmente, la entrevista videograbada al menor víctima del delito de abuso sexual.
Se recibió una propuesta al respecto de la Fundación Amparo y Justicia, entregada por el señor Ramón Suárez y otro abogado que lo acompañó. Asimismo trabajó en la materia el Ministerio de Justicia del Gobierno anterior.
Al Senador que habla le tocó participar en algunas reuniones.
Básicamente se apunta a reducir la victimización secundaria de los niños abusados sexualmente. En promedio, uno de ellos presta entre seis y diez declaraciones, en total -ante un psicólogo, un policía, un perito, un fiscal, un juez de garantía, un tribunal oral en lo penal-, en un juicio. Y eso provoca, junto al daño principal, otro secundario, adicional, que es el de tener que recordar varias veces, ante distintas personas, la experiencia traumática, lo que resulta tremendo. Ello da lugar a que muchos padres afirmen: "Si hubiera sabido por lo que iba a pasar mi hijo, jamás hubiese hecho la denuncia", lo que es muy grave, porque se trata, obviamente, de la antesala de la impunidad.
Además, se originan problemas de prueba, porque un niño abusado sexualmente tiene que esperar hoy día entre seis meses a un año, por ejemplo, para que se le haga un examen de credibilidad o un peritaje. ¿Por qué? Porque el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) o el Instituto Médico Legal no cuentan con los psicólogos o los peritos suficientes para poder tomar la declaración y practicar los test. En consecuencia, el menor muchas veces olvida los detalles del hecho ocurrido y se afecta la calidad de la prueba. A ello se suma que ese lapso de tiempo da espacio a las presiones, que provocan con frecuencia la retractación.
Entonces, ¿cuál es la idea del proyecto de ley? Que el niño no declare en los juicios orales, sino que sea interrogado únicamente en dos oportunidades antes del juicio, grabadas en video y con la intervención de un entrevistador especializado: la primera vez ante el fiscal, ya verificada la denuncia, y la segunda, bajo la forma de prueba anticipada, con la conducción de un juez de garantía.
En concreto, el fiscal deberá instruir la primera entrevista videograbada dentro de un plazo de 72 horas desde que se haya tomado conocimiento del delito, salvo que exista un impedimento grave y manifiesto, caso en el cual empezará a correr desde que este cese. Y, naturalmente, ella va a servir para el juicio.
¿Cuáles son las principales ventajas de una declaración temprana para la prueba?
Primero, se debe tener presente -y lo decía recién- que el tiempo para los menores es distinto que el tiempo para los adultos. Así, un año probablemente constituye, para un niño de 6 años, la tercera parte de su vida, desde que tiene recuerdos, de manera que ese lapso es más largo que para un adulto. Si a un adulto se le dificulta rememorar lo que le ocurrió hace un año, a un menor le cuesta mucho más.
Segundo, una declaración más temprana, por lo mismo, permite que el menor recuerde mejor. Lo anterior, sin perjuicio de que detalles que posteriormente le vengan a la memoria puedan ser incorporados a través de una nueva declaración, como la judicial, o de la prestada por testigos.
Tercero, es posible obtener un relato más espontáneo y se evita que la relación pueda contaminarse por presiones o por el hecho de repetir muchas veces lo mismo. En estos casos, la narración generalmente tiende a transformarse en algo casi automatizado, con empleo de palabras que no parecen pertenecer al vocabulario de la persona y que mellan la credibilidad.
Cuarto, también se previene un fenómeno propio de estos delitos, asociado a contextos intrafamiliares, consistente en que la cónyuge del agresor u otros parientes cercanos de la víctima comienzan a presionar para que esta se retracte de su declaración, sobre la base de que el sujeto se encuentra privado de libertad y la economía familiar se ha visto mermada. Esta situación, muy frecuente en la práctica, sin duda profundiza el daño psicológico.
¿Cuáles son las principales ventajas para el menor?
Naturalmente, disminuye la victimización secundaria, como lo expresaba antes.
En seguida, se le puede sacar rápidamente del proceso penal, para que pueda seguir con su vida e iniciar su proceso reparatorio.
Está comprobado, además, que mientras más rápida sea esa salida, el daño asociado al abuso disminuye, pues permite trabajar antes en la reparación psicológica.
Finalmente, cada vez que el menor cuenta lo sucedido a una persona distinta, ello representa una nueva agresión que lo afecta.
Tomando en consideración las ventajas de una declaración temprana, es necesario analizar la forma en que debe llevarse a cabo. Para estos efectos, el proyecto propone dos instancias: la investigativa y la judicial.
Al respecto, es necesario señalar que al menos la declaración judicial propuesta es muy similar a la institución hoy día existente y recogida en el artículo 191 bis del Código Procesal Penal. Se trata del relato anticipado de menores de edad víctimas de delitos sexuales y en salas especialmente acondicionadas al efecto. Es una alternativa sumamente útil y trae ventajas considerables tanto para el menor como para el proceso mismo.
Lo que pasa es que, muchas veces, no se utiliza el sistema, como lo decía la profesora María Elena Santibáñez, básicamente porque la declaración se toma por un juez de garantía y se utiliza generalmente un circuito cerrado de televisión, con varios intervinientes, etcétera.
El problema del artículo 191 bis radica en que la norma no es obligatoria, de manera que deja abierta la posibilidad de que el menor vuelva a ser llevado a declarar a juicio, lo que revierte todas las ventajas tenidas en vista al crearse la institución.
Por otro lado, muchas veces los fiscales prefieren llevar a los niños a juicio para que los jueces los vean personalmente, dada la emocionalidad que ello conlleva y considerando, además, lo señalado antes.
Asimismo, tomando en cuenta que los equipos audiovisuales deben ser llevados por el Ministerio Público, pues los tribunales no cuentan con ellos, a menudo la calidad de la reproducción de la videograbación no es buena, no se puede escuchar el audio o quedan difusos los detalles. El riesgo también se toma en cuenta a la hora de decidir si se hace uso de la prueba anticipada o si se lleva al menor a un juicio.
Sé que es preciso efectuar correcciones. El proyecto exhibe algunos defectos y algunas normas tienen que ser mejoradas. De hecho, el Gobierno está pidiendo un plazo. Propongo que sea de 40 días, para que pueda presentar una indicación que perfeccione el texto. Pero es muy importante que exista la voluntad de avanzar en la materia.
Un video que con frecuencia me toca llevar a algunas charlas que me invitan a dar sobre el abuso sexual a menores expone cómo se afecta a aquel que tiene que prestar una declaración, por ejemplo, ante una profesora que empieza a hablar por teléfono, que se distrae, que está fumando, que come chocolate. Y el niño víctima del delito tiene que aceptar una situación denigrante.
Por eso, queremos limitar la intervención penal frente a este daño y considerar la entrevista videograbada realizada por especialistas, bajo la dirección de fiscales y de jueces de garantía. Todas las partes podrán intervenir -los defensores del acusado, etcétera- a través de la persona especializada y de una sala Gesell o espejo, sin que el menor vea quiénes están detrás del vidrio. Es un paso muy importante para que nuestros niños no sigan viviendo el trauma o victimización secundarios, muchas veces más brutal que el abuso físico y sexual propiamente tal.
Sin perjuicio de esperar las indicaciones del Gobierno -por mi parte, también quiero presentar algunas, al igual que otros señores Senadores-, invito a mis colegas a pronunciarse por la aprobación en general de la iniciativa, tan importante para los niños de Chile, quienes no marchan, no protestan, no sufragan, pero cuya voz esperamos que se escuche fuerte y clara hoy día en esta Corporación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, no hay duda de que vamos a votar a favor luego de las expresiones del Honorable señor Patricio Walker, porque si una persona ha tenido autoridad en la materia ha sido Su Señoría, desde la época en que nos tocó trabajar juntos, en la Cámara de Diputados, respecto de asuntos de esta naturaleza.
Solo quisiera precisar que el proyecto fue iniciado -y lo valoro- por la Administración del Presidente Sebastián Piñera Echenique y que tiene por objeto reforzar, como bien se ha señalado aquí, la protección de menores y adolescentes víctimas de las agresiones más fuertes y dramáticas que pueden llegar a sufrir, como son la violencia y el abuso sexual.
Además, claramente perfecciona las herramientas procesales, para que sea posible contar con mejores antecedentes que puedan obtener los especialistas de la declaración del niño y así alcanzar una mayor certeza en las sentencias condenatorias o absolutorias.
Nuestra legislación actual da pie para que los menores de edad víctimas de tales atrocidades puedan sufrir una revictimización, por cuanto son expuestos a largos interrogatorios en forma reiterada, lo que los obliga a recordar y revivir la dramática experiencia del abuso sexual vivido.
Es nuestro deber adoptar todas las medidas legislativas necesarias para proteger a nuestros niños de las distintas formas de abuso físico o mental, de descuido o trato negligente, de maltrato o explotación, especialmente cuando ello se origina en algún exceso o agresión sexual. De esta manera se dará plena efectividad a la Convención de Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990.
Desde que ratificamos dicho instrumento, asumimos un compromiso con la comunidad internacional y con las niñas y niños de nuestro país, de asegurar que nuestra legislación contemplará los derechos y principios que la mencionada Convención establece, sobre la base de cuatro ejes fundamentales: el interés superior del niño; su supervivencia; su desarrollo y protección, y la no discriminación.
En cuanto al contenido particular de este proyecto, quisiera expresar, señora Presidenta, que, no obstante la correcta orientación de sus normas en orden a la protección de los menores, admite, sin embargo, algunas mejoras que, desde otro punto de vista, garanticen también el adecuado ejercicio del derecho a la defensa de los imputados.
Tan importante como velar por el cuidado de nuestros niños es asegurar la legitimidad y credibilidad del sistema judicial, especialmente en materia de delitos sexuales, donde la experiencia durante la vigencia de la reforma procesal penal ha demostrado que se trata de un ámbito extraordinariamente complejo y delicado, que puede prestarse para un abuso del derecho por parte de algunos que inescrupulosamente acusan a personas inocentes de esta clase de delitos.
Es por lo anterior que llamo a todos los parlamentarios, en forma transversal, a continuar la tramitación de este proyecto de ley con la mayor rapidez y agilidad posible. ¡Con la mayor agilidad posible!
Nuestra responsabilidad de resguardar el interés superior de nuestros niños no termina con la aprobación de esta iniciativa. Todavía tenemos mucho por avanzar para mejorar nuestra legislación y nuestras instituciones y así otorgar un adecuado tratamiento psíquico a los menores víctimas de agresiones sexuales, así como también para crear políticas públicas más eficaces en la prevención de este tipo de delitos.
Por eso y mucho más, voy a votar que sí.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, durante el año pasado hubo un incremento en el número de delitos sexuales cometidos contra menores de 14 años. Según cifras del Ministerio Público, el 2013 se produjeron 4.945 denuncias por abuso sexual con contacto, lo que significó un aumento respecto del año anterior.
Algunos afirman que en nuestro país se abusa de un menor cada 33 minutos.
UNICEF estableció a través de un estudio que el 8,7 por ciento de niños, niñas y adolescentes ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual. Tres de cada cuatro de ellos son de sexo femenino, mientras que la edad promedio de la primera vez que se sufre abuso sexual es de ocho años y medio.
Asimismo, cuando uno ve las cifras internacionales, comprueba que este no es un fenómeno que solo se dé en Chile.
Un estudio del mismo organismo indica que en el contexto occidental una de cada tres niñas y uno de cada siete niños sufren abuso sexual antes de cumplir los 18 años, cifra extremadamente alta.
¿Cuántos de ellos deciden recurrir a la justicia? Un porcentaje minoritario. Es decir, en este tipo de delitos la cifra negra aumenta considerablemente.
Delito que no se denuncia es delito que no se investiga y es impunidad que se va asentando.
Una de las razones que tienen en vista los tutores, curadores, padres o apoderados de los menores para eludir la acción de la persecución penal contra los agresores es justamente lo que aquí ya se señaló: la denominada "revictimización" o "victimización secundaria", que es el procedimiento en virtud del cual se expone a un menor de edad al relato constante de su trauma de abuso sexual ante las autoridades investigativas.
Tal como manifestó el Senador Patricio Walker, un menor que ha sido objeto de un abuso sexual puede ser llevado a declarar entre cuatro y diez veces, situación que incrementa considerablemente los niveles de exposición, de trauma psicológico, de estigmatización social y también, por qué no decirlo, de revictimización. Tal como advierten los médicos, el dolor, el trauma psicológico vuelve a estar presente una y otra vez en ese menor de edad.
Si aquello fuera indispensable, uno podría decir: "Bueno, se requiere para contar con un mecanismo eficiente". Pero ni aun así se justifica, puesto que la experiencia internacional revela que no son necesarias más de dos declaraciones de un menor de edad para que haya plena prueba.
¿Cuál es el objetivo que han tenido en vista tanto el legislador internacional como el que funda este proyecto de ley? Lograr compatibilizar, en primer lugar, la protección de la integridad psicológica de una víctima menor de edad; en segundo lugar, el éxito de la investigación, que obviamente debe fundarse en pruebas sólidas que establezcan la responsabilidad del imputado más allá de toda duda razonable, y, finalmente, el respeto de las garantías fundamentales del imputado.
Por lo tanto, las normas de nuestro ordenamiento jurídico deben ser capaces de complementar esos tres elementos y de compatibilizarlos entre sí. La plena observancia del debido proceso es fundamental.
Este es el trasfondo del debate que esconde esta iniciativa legal, porque debe entenderse que la revictimización del menor no tiene como causa la actividad de la defensa del imputado, que es legítima, sino más bien un problema procesal que no hemos sido capaces de resolver, consistente en la intervención de dos, tres o cuatro autoridades interrogando al menor respecto de los mismos hechos.
Por eso, señora Presidenta, es fundamental observar lo que ha ocurrido en el derecho comparado.
Yo no me voy a referir ahora a los aspectos particulares del proyecto, porque entiendo que estamos en la discusión general. Ya tendremos oportunidad en la Comisión de Constitución, una vez aprobada la idea de legislar por esta Sala -es lo que espero-, de discutir cada uno de los preceptos de la iniciativa, para perfeccionarlos.
Sin embargo, cuando uno observa la experiencia comparada, ve que países como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, Alemania, España e Israel han adoptado normas, en diferentes momentos de su historia, destinadas a proteger a los menores.
Por ejemplo, en el Reino Unido existe un mecanismo para proteger a menores víctimas de delitos graves desde 1991. El juez evalúa, con anterioridad al juicio, si el menor está o no en condiciones de declarar, no permitiendo su declaración en caso negativo. Además, la declaración del menor es grabada y luego exhibida.
En España, la Ley de Enjuiciamiento Criminal también contempla, en su artículo 707, un procedimiento en virtud del cual se establece la entrevista grabada como mecanismo para evitar la revictimización.
Por estas razones, señora Presidenta, considero fundamental que la Sala del Senado apruebe en general el proyecto con el objetivo de avanzar en la disminución de la referida revictimización.
Lo anterior se logra a través de la utilización de sistemas tecnológicos que hoy permiten tomar la declaración, al menor que ha sido víctima, en condiciones adecuadas para que su relato corresponda a lo que efectivamente ocurrió: ante personal competente, profesional y debidamente capacitado para la interrogación de menores de edad, la que es muy distinta de la que se practica a adultos.
En segundo lugar, se requiere que durante el desarrollo del proceso judicial no se deba solicitar nuevamente la declaración si ello no es estrictamente necesario.
El proyecto habla de "delitos sexuales" y, por lo tanto, deja circunscrita la aplicación de sus normas a aquellos comprendidos en el Título VII del Libro II del Código Penal.
Luego define, en una medida bastante audaz, lo que se entenderá por "victimización secundaria".
En seguida establece criterios o principios que el juez deberá tener en consideración al estar en presencia de un menor de edad.
En definitiva, señora Presidenta, creo que la iniciativa constituye un avance que, en la práctica, permitirá dar protección a aquellos menores que no hemos sido capaces de tutelar, para evitarles mayor sufrimiento frente a un abuso sexual.
No está en manos del Parlamento poder evitar que este se produzca, salvo en cuanto instituir normas disuasivas y sanciones adecuadas, pero sí está corregir un problema serio que en la actualidad se está produciendo en el marco de los procedimientos investigativos.
Si nosotros adoptamos medidas que efectivamente tiendan a proteger al menor cuyos padres han decidido, de manera valiente, hacer la respectiva denuncia para perseguir a los responsables, vamos a aportar a la disminución de esta tremenda cifra negra que significa hoy el no denunciar por temor a la revictimización secundaria y a la sobreexposición.
En materia de videograbación, el proyecto contempla dos tipos: la entrevista investigativa, que tiene por objeto tener celeridad en la investigación y en la obtención de la declaración de la víctima, la cual debe realizarse dentro de las 72 horas siguientes a la interposición de la denuncia; y una segunda entrevista, de carácter judicial, solicitada por el fiscal, que se realizará en una audiencia especial de prueba anticipada, a la que podrá comparecer el menor mayor de 14 años si este o sus apoderados lo estiman pertinente.
La importancia de esta iniciativa es que evita una situación que hoy genera una nueva victimización, de modo que si el juicio, de conformidad con las normas previstas en el artículo 386 del Código Procesal Penal, es declarado nulo, no sea necesaria una nueva declaración del menor. Ello, porque la nulidad dice relación con aspectos procesales. Y obviamente, si ya se cuenta con el relato del menor como un elemento fundamental de la prueba, no debiera rendirse otra vez ni aunque se aceptara la nulidad del juicio.
Por las razones esgrimidas anteriormente, señora Presidenta, me parece esencial que el Senado apruebe en general el proyecto de ley, a fin de poder introducirle algunas modificaciones en la Comisión de Constitución destinadas a lograr compatibilizar, como ya dije, tres elementos: la integridad psicológica del menor abusado; el éxito de la investigación, y el pleno respeto de las garantías de los imputados en un proceso judicial.
Además, junto con anunciar mi voto favorable a la idea de legislar, señora Presidenta, aprovecho de pedir la apertura de la votación.
Antes de seguir ofreciendo la palabra, quiero pedir autorización para que ingrese a la Sala el señor Subsecretario de Justicia, Marcelo Albornoz.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Y, si no hay inconveniente, también se abrirá la votación.
Hay un artículo de quórum especial, por lo que solo sería necesario realizar una votación.
El señor LARRAÍN.- Sin cambiar los tiempos, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Está bien, pero les pido encarecidamente a los Senadores y Senadoras que acorten sus discursos. Si lo logran, mejor.
Entonces, si no hay objeción, se abrirá la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, hace unos días, cuando estaba revisando los antecedentes de este proyecto y otra información relevante, escuché al Senador Patricio Walker hablar de un término que ahora ha reiterado el colega Harboe, que me parece superacertado para este caso, y que es el de "revictimización".
Este término tiene una connotación muy importante, porque es innegable que pocos atentados o transgresiones en contra de una persona generan tanto daño físico y psicológico como una violación u otros delitos de carácter sexual. Pero cuando, según el caso que estamos viendo, la víctima es menor de edad, el sufrimiento y el daño son, sin duda, aún mayores.
Algo tan importante e íntimo como la dimensión sexual de la persona se ve violentamente trastocada por una experiencia traumática, inhumana y humillante. Para un menor de edad, este tipo de agresión es absolutamente devastador, ya que afecta a sus aspectos afectivos y conductuales interpersonales debido a que a tan temprana edad no se cuenta con las herramientas adecuadas para responder y menos enfrentar dicha realidad. La asociación entre el desarrollo de la sexualidad y lo que implica la connotación sexual queda absolutamente desdibujada producto de esta experiencia.
Considerando hechos como los descritos, no resulta extraño que el abuso sexual contra niñas y niños haya sido considerado por la opinión pública como el delito más grave que puede afectar a una persona, según lo reflejó la Encuesta Nacional de Opinión Pública efectuada por la Universidad Diego Portales el año 2011.
Ahora bien, volviendo al término que enuncié anteriormente, quiero decir que la revictimización obedece a hechos constatados. También conocida como "victimización secundaria", ella consiste en el sufrimiento que experimenta la víctima en su paso por las diferentes instancias que debe recorrer en el sistema procesal penal, es decir, en la toma repetida de declaraciones, en el sometimiento a múltiples peritajes, en la duda sobre la veracidad del relato de niños y niñas y adolescentes, en la falta de información.
Esto -me gustaría aclararlo- no es una simple suposición.
Las Naciones Unidas, en 1999, reconocieron la revictimización como uno de los procesos más nocivos que puede experimentar un ser humano.
Necesario resulta recalcar, además, que la condición de los niños como sujetos de derecho quedó consagrada a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la que constituye el marco normativo internacional en el cual debemos movernos para los temas de infancia.
Este proyecto, señora Presidenta, se encarga muy bien de esos temas, y de buena manera. La implementación de un sistema de entrevistas videograbadas, que limite el número de veces que un menor de edad víctima pueda ser entrevistado en el marco de la investigación penal, protege la integridad psíquica del menor de edad, a la vez que garantiza la imparcialidad de la entrevista y le ofrece al menor las condiciones necesarias para que su declaración pueda realizarse sin la presencia de elementos intimidantes, en un ambiente no hostil, entregando la mayor cantidad de información útil al proceso en un lapso de tiempo acotado.
Asimismo, de acuerdo a la normativa contemplada en el proyecto de ley, los intervinientes podrán presenciar la entrevista y comunicarse con el menor de edad afectado a través del entrevistador, con lo cual se articulan adecuadamente los fines del proceso con las necesidades de reparación y las posibilidades afectivas y cognitivas del menor de edad afectado por un delito de carácter sexual.
Es por esto que doy todo mi respaldo a la iniciativa. Este es un proyecto que apunta no solo a hacer más eficientes y efectivas las entrevistas a los menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales, sino que tiene por fin velar por el bien superior del niño o la niña, protegiendo su integridad y aportando, en lo posible, para que el proceso por el cual debe pasar sea lo menos traumático que se pueda.
Espero que, tomando en cuenta las altas y lamentables cifras de violaciones y abusos infantiles de carácter sexual que se registran en nuestro país, podamos legislar de manera pronta, pero prolija, en esta materia.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, Honorable Senado, voy a concurrir a aprobar la idea de legislar, porque creo que este es un proyecto de enorme trascendencia, vinculado con los menores y el ámbito judicial. Me hace mucha fuerza principalmente que haya sido respaldado y promovido por la Fundación Amparo y Justicia.
Esta institución se ha dedicado, a lo largo de toda su existencia, a la defensa de las víctimas, especialmente de menores. Tiene un doble conocimiento, que se ha constituido en un aporte para el proyecto: por un lado, la constatación del daño que provoca la victimización secundaria, en particular en los menores, y por el otro, su experiencia judicial en la defensa de menores durante todo el proceso.
Por lo tanto, señora Presidenta, creo que la contribución de la Fundación a la iniciativa es tremendamente valiosa.
Deseo agregar que se ha ido avanzando en el mundo en el tema de la victimización secundaria y no solo respecto de los menores. En estos, por supuesto, adquiere una dimensión más dramática, porque lo único que hace la revictimización en niños abusados es profundizar el daño provocado por los abusos, muchas veces marcándolos de por vida.
Eso es lo que se trata de evitar a través del proyecto de ley que se somete a consideración del Senado.
Y este camino ha sido recorrido por muchos países, particularmente en lo referido a los menores.
Las normas que se proponen han sido probadas con éxito en otros sistemas judiciales. Aquí no se trata de establecer ciertos elementos vinculados con la menor defensa del imputado o con la impunidad. En lo absoluto. Se trata de metodologías ya probadas, que buscan dilucidar la verdad, pero sin provocar una victimización secundaria.
Indudablemente, esta iniciativa debe ser perfeccionada. No obstante, pienso que va en la línea correcta, en especial tratándose de menores, sobre todo por el tremendo aporte realizado por la Fundación Amparo y Justicia -como lo acabo de señalar-, en una doble dimensión: haber defendido a numerosos menores víctimas y tener una experiencia muy valiosa en el sistema judicial, en el estudio del Derecho Comparado. Esto llevó a sus integrantes a efectuar un aporte importante en este proyecto de ley al proponer en la Comisión la aprobación de ciertas normas tendientes a evitar la victimización secundaria de quizás los más inocentes, los menores, pero sin impedir la investigación de los delitos ni que el imputado ejerza sus derechos, con el fin de esclarecer la verdad respecto de un delito específico y determinar sus culpables.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Senado, el proyecto de ley para cuyo debate se nos convoca en esta sesión, que tuvo su origen en un mensaje del ex Presidente Sebastián Piñera, recoge una anhelada aspiración del sistema judicial que debe conocer de los delitos sexuales cometidos contra menores en vigencia actualmente, y también la necesidad de que este guarde concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos.
Es relevante hacer notar el tratamiento que el SENAME da a los casos de abuso sexual.
Según algunas cifras, el 95,4 por ciento de los ingresos de menores tuvo como causa la vulneración de los derechos en este ámbito; y el 4,6, el maltrato físico grave.
El abuso sexual es principalmente intrafamiliar: 84,7 por ciento.
En los agresores sexuales al interior de la familia se destaca la figura del padre: 18,1 por ciento de los casos; del conviviente de la madre: 13,2; del tío: 9,1; del hermano: 3,9; del abuelo: 3,4; y de ambos padres: 0,6.
Por tanto, el 48,3 por ciento de los agresores intrafamiliares son figuras altamente cercanas a los niños y las niñas víctimas de delitos sexuales, y el resto lo conforman los parientes antes señalados.
Para elaborar las disposiciones de este proyecto se tuvieron como base las conclusiones a que llegó la mesa de trabajo constituida por decisión del Gobierno del Presidente Piñera, integrada por representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de académicos y expertos en la materia, como asimismo la Fundación Amparo y Justicia. Esta, tal como señaló el Senador Orpis, se ha dedicado justamente a la defensa de las víctimas de atentados sexuales y tiene vasta experiencia en la representación de menores.
Todo ello hace que esta iniciativa constituya una herramienta muy adecuada para los fines planteados.
Sin lugar a dudas, hay que buscar fórmulas para evitar, por supuesto, la revictimización de los menores que han sido objeto de este tipo de maltrato. Pero también es deber de nuestro Congreso Nacional velar adecuadamente por los derechos del imputado.
En tal sentido, soy partidario de aprobar este proyecto en general. Sin embargo, debemos introducirle correcciones en cuanto al procedimiento que se incorpora en su texto. Porque, tal como se señala en los fundamentos del mensaje legislativo, los menores víctimas de estos ilícitos, además de pasar a tener esa calidad, son objetos de la llamada "victimización secundaria", que se produce precisamente por deber participar tanto en la etapa indagatoria de los hechos sufridos por ellos como en la etapa judicial propiamente tal.
Con ese propósito, la presente iniciativa establece que el menor que haya sido víctima de estos delitos será interrogado únicamente en dos oportunidades previas al juicio, en entrevistas videograbadas y realizadas por entrevistadores especializados. La primera entrevista se hará ante el fiscal en cuanto se presente la respectiva denuncia, en un plazo máximo de 72 horas, y la segunda se llevará a cabo bajo la forma de la audiencia de prueba anticipada conducida por el juez de garantía.
No cabe duda de que hay que generar garantías para que el menor vulnerado en sus derechos sea periciado por ambas partes. No obstante, también debemos velar por la defensa del imputado, en términos de controlar el desarrollo de la investigación a fin de que se enmarque dentro del margen de la pericia respectiva.
Como señalé anteriormente, es muy importante además que el relato sea periciado por ambas partes. De lo contrario, no habrá oportunidad adicional para efectos de que el imputado pueda ejercer su derecho a la legítima defensa.
Por su parte, el interrogatorio debe ser prestado en un lugar que permita evitar la inducción en el primer relato de la víctima.
Hasta ahora, la segunda entrevista se efectúa como una especie de prueba anticipada, conforme lo dispone el artículo 191 bis del Código de Procedimiento Penal, que busca derogar este proyecto.
El mensaje presidencial que dio origen a esta iniciativa habla de que siempre debe tenerse en consideración el interés superior del menor de edad, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, principio que se consagra explícitamente en el artículo 2° del texto, por lo cual debe estimarse que constituye su idea inspiradora.
Sin embargo, tal como se señaló en la discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, dicho principio debe conciliarse con las normas del debido proceso, de manera de no cometer arbitrariedades con las personas a quienes se impute este delito, considerando que la comprobación de tal conducta conlleva una difícil recolección de medios probatorios.
De todos modos, se requiere una mayor regulación, por ejemplo, en caso de la anulación del primer proceso, como lo contemplan algunos artículos de esta iniciativa.
Asimismo, hay materias que me parece relevante destacar.
Primero, el contenido de la entrevista debe ser efectivamente reservado, para evitar una victimización secundaria, como establece el artículo 13 del proyecto.
Además, un auto acordado de la Corte Suprema deberá fijar el procedimiento para el uso expedito de las instalaciones en las cuales deban efectuarse estas interrogaciones.
Y, por último, los estándares de las entrevistas deberán determinarse mediante un reglamento dictado en conjunto entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Hacienda.
Esos temas son especialmente significativos para evitar la inducción en un primer testimonio. Hemos sabido de casos en que, luego de un tercer, un cuarto o un quinto testimonio de un menor finalmente se llega a establecer la verdad procesal de los hechos, y debemos procurar el debido cuidado de que personas inocentes no sean imputadas arbitrariamente.
Por otra parte, también debe considerarse la posibilidad de que los defensores penales tengan acceso a entrevistas realizadas durante la investigación del Ministerio Público, tal como lo consagra la normativa en proyecto. Y hemos de resguardar que esto se realice en condiciones que permitan efectivamente la existencia de un debido proceso.
En suma, estimamos que la iniciativa en análisis debe ser perfeccionada, mediante la presentación de las respectivas indicaciones, para que cumpla plenamente su finalidad. No obstante, en lo fundamental compartimos plenamente el espíritu que la anima.
Por tanto, voto a favor de la idea de legislar, sin perjuicio de que, como ya señalé, se formulen indicaciones en cuanto a los procedimientos, a fin de conjugar adecuadamente el impedir la victimización secundaria en materia de abuso sexual, en particular tratándose de menores, pero velando siempre por el resguardo del debido proceso y de los derechos del imputado frente a una denuncia de esta naturaleza.
Voto favorablemente la idea de legislar, señora Presidenta. Pero, obviamente, anuncio que presentaremos todas las indicaciones necesarias para que exista un correcto procedimiento en esta materia.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, los juicios penales tienen una finalidad y deben respetar dos principios.
Su finalidad es investigar los delitos con el objeto de descubrir quién es su autor y, por supuesto, aplicarle la sanción determinada por la sociedad, según el reproche que tenga esa conducta.
Y los principios que deben respetar son los siguientes.
Uno, la protección a la víctima del delito, lo cual muchas veces se olvida. Recuerdo que en el Senado aprobamos una reforma constitucional que establece el derecho, por ejemplo, de que la víctima reciba defensa jurídica gratuita cuando carezca de medios personales para proveérsela por sí misma.
Dos, dar a quien se le impute un delito el derecho a su adecuada defensa.
Este proyecto busca, fundamentalmente, garantizar de mejor forma la protección a las víctimas. Ello, por diferentes razones.
Porque son menores de edad y enfrentan con un grado de indefensión mucho mayor un delito. Si, por regla general, cometer un delito es un acto de cobardía, hacerlo contra un menor de edad es bastante más grave, pues sus posibilidades de defensa son más reducidas.
Y, en el caso de los delitos sexuales, las cifras son muy fuertes en Chile. Entre los años 2000 y 2013 hubo más de 177 mil denuncias por estos delitos, según los datos del Ministerio Público. El SENAME indica que el ingreso por estas causas alcanza a más de 30 mil niños y adolescentes. Y, según una publicación del diario La Tercera, de 39 mil 639 agresiones sexuales contra menores, entre el 2011 y el 2013, solo 12 por ciento -4 mil 900- resultaron finalmente en condena.
Entonces, ¿esta iniciativa tiene una buena inspiración? No cabe la menor duda: proteger a los menores.
Pero cabe preguntarse si la forma como lo hace es adecuada. Yo pienso que la iniciativa se halla bien orientada, aunque requiere diversas modificaciones. Es una buena idea. Pero con muchos vacíos, que hay que arreglar, porque una buena idea mal elaborada puede transformarse en un mal proyecto.
Por cierto, cómo podríamos los Senadores de Renovación Nacional y todos los aquí presentes no ser partidarios de que los niños fueran lo menos revictimizados posible. Pensemos que esto ocurre cuando, frente a un hecho que los marca para toda su vida, como un abuso sexual (cuyo autor, en la mayoría de los casos, es un pariente), se les tienen que preguntar detalles. Entonces, el drama que enfrenta un menor es muy violento, muy fuerte. De manera que se debe hacer todo lo posible por intentar minimizar su daño. Pero en forma inteligente y bien hecha, y sin cometer el error de generar expectativas que después no se cumplen.
Y quiero señalar algunas objeciones a algunos puntos, en el ánimo -por supuesto- de corregirlos. Si ustedes leen el informe, se darán cuenta de que todos quienes hablaron en la Comisión de Constitución, sus integrantes e invitados, manifestaron que la idea de legislar les parecía bien, pero que tenían serios reparos respecto de la forma como el proyecto se desarrollaba.
Debo decir que yo también los tengo. Y voy a nombrar algunos.
En primer lugar, en la iniciativa se señala que el menor debe ser interrogado dentro de las 72 horas siguientes a que se cometa el delito. ¿Y qué ocurre si se lo interroga después de las 72 horas? ¿Será nula la declaración, en circunstancias de que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño dice que los menores siempre deben ser oídos?
¡Cuidado! Si el día de mañana un fiscal no pudo interrogar a un niño dentro de 72 horas, porque llegó después, ¿vamos a decir que su testimonio no vale?
En segundo término, en cuanto al procedimiento de interrogación, aquí hay parlamentarios de regiones y he de decir con toda franqueza que se debe tener cuidado con los procedimientos que se establecen, ya que es posible que funcionen en la teoría, pero si no lo hacen en la práctica, la decepción de la gente puede ser tremenda y generar impunidad.
Fíjense, Sus Señorías, que se dispone que el menor debe ser interrogado en una pieza "especialmente habilitada al efecto" en el tribunal correspondiente, la cual debe estar conectada a otra habitación, donde permanece el fiscal, con un sistema de monitoreo, con cámaras de televisión que graban la declaración del menor.
Y quiero preguntar, ¿en cuántos lugares de Chile contamos con esa infraestructura? ¿Y si no la hay, eso significará que los juicios deban postergarse y esperar meses y meses hasta llegar a algún centro de justicia donde se reúnan esas condiciones? ¿Tendremos el financiamiento suficiente en este proyecto para realmente hacer realidad aquello que prometemos? Lo peor que nos podría ocurrir sería elaborar un muy buen proyecto que finalmente se transformara en una ilusión porque no existen los medios materiales para ponerlo en práctica.
Tampoco podemos permitir que exista la discriminación que significa que niños, por ejemplo, de Purén, de Lumaco, de Los Sauces, de Traiguén, de alguna de mis comunas, en particular las más rurales -que todos los Senadores tienen-, no puedan ser interrogados en esos lugares cuando sean víctimas de estos delitos y deban ser trasladados a un centro de justicia donde existen estas condiciones, que son escasísimos en Chile.
Entonces, debemos avanzar en este tema. Pero en forma inteligente. Porque si no, estaremos sembrando la ilusión y la esperanza de que los niños serán objeto de un procedimiento que, en la práctica, después no les podremos dar.
Quiero recordar a los parlamentarios, sobre todo a los que entraron en el último período, que cuando nosotros aprobamos la creación de los tribunales de familia elaboramos una legislación, que en el papel, ¡créanme que funcionaba perfecto! Pero cuando la pusimos en práctica llegaron cientos de personas a los tribunales creyendo que se les solucionarían rápidamente sus conflictos familiares y se produjo una crisis total, porque generamos una expectativa enorme. Y tuvimos que hacer un cambio radical.
El señor PIZARRO.- ¡Fue el Ministro Gómez¿!
El señor ESPINA.- No. Es más: el Ministro Gómez fue de aquellos que nos hicieron ver que la fórmula que estábamos diseñando no se condecía con la realidad. Lo recuerdo perfectamente.
Así que, Senador Pizarro, ¡no trate de romper el frente interno entre Renovación Nacional y el Partido Radical...!
Como decía, ahí hay un punto que se debe estudiar más, y le digo al Ministro de Justicia -esta vez hablando en serio con él- que debiera analizarlo, pues está generando expectativas.
Otro tema dice relación con los llamados "entrevistadores". Estos son quienes entrevistan al menor que ha sido víctima de un abuso sexual. Pero en el texto no se dice qué condiciones, requisitos ni capacidades deben tener. Solo se dice que serán nombrados por la Policía de Investigaciones, a través de un reglamento.
¡Que alguien me explique cómo no vamos a establecer en la ley las condiciones y características que debe tener un entrevistador!
Y, además, ¿por qué los va a nombrar la Policía de Investigaciones si se trata de atribuciones de quien lleva adelante la investigación: el fiscal?
Estos no son asuntos menores. Porque, si el día de mañana el entrevistador no se encuentra adecuadamente capacitado y preparado, la entrevista será incorrecta y puede que el niño diga algo distinto de lo que realmente piensa. Y, por lo tanto, en vez de un caso de administración de justicia, tendremos un caso de denegación de justicia.
Después, se impide, por ejemplo, que el fiscal pueda entrevistar al menor. A mí me parece que eso, aparte de ser inconstitucional, es absurdo. No es posible impedirle a un fiscal que lleva adelante una investigación que en un momento determinado entreviste al menor. Alguien dirá que para eso existe un entrevistador preparado. Pero el fiscal podrá capacitarse adecuadamente. No se puede evitar a alguien que debe guiar la investigación por mandato constitucional que interrogue a un niño de manera prudente, criteriosa, bien hecha, a fin de descubrir la verdad detrás de su versión.
Entonces, he querido hacer este comentario, no con el propósito de afirmar que esta iniciativa no es buena (obviamente, se halla bien orientada en términos de proteger a los menores de edad), sino de manifestar que le falta mucho por mejorar. ¡Muchísimo! Y así lo dijeron todos quienes intervinieron.
Por último, porque una sola cosa enseñan los años transcurridos en el Parlamento, quiero expresar que no cuesta nada entusiasmarse y elaborar proyectos entre puros teóricos, brillantes académicos, pensadores, los cuales, llevadas a la práctica, al terreno, a la batalla, al día a día, no operan.
Por eso, creo que deberemos invitar a la Comisión de Constitución a un juez de familia, a un fiscal, a un defensor, a quienes realmente viven en el día a día, para que nuestras normas digan relación con cómo protegemos mejor a los niños de verdad. Ello, para que no ocurra que finalmente salga una ley que en el futuro -por bien inspirada que esté- no produzca los efectos que perseguimos: lograr que los niños sean resguardados cuando son víctimas de delitos tan brutales como un abuso sexual.
En consecuencia, por las consideraciones y prevenciones antes señaladas, los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor de la idea de legislar de esta iniciativa.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, sobre la base del lema "No me pregunten más", se levantó una campaña para proteger a quienes han sufrido la revictimización.
Con la consigna "No me pregunten más", que la presente iniciativa legal interpreta, se pone en evidencia el fenómeno de revictimización que miles de niños y niñas han padecido por parte del Estado, a través del proceso que existe para investigar denuncias de abusos sexuales.
Con la consigna "No me pregunten más", se busca evitar tragedias como las que afectan a menores que han tenido que declarar en juicios orales, no una ni dos veces, sino en tres ocasiones frente al padre acusado de violación sistemática, y todo para que después los procesos judiciales queden nulos por razones de procedimiento, lo que causa no solo un daño irreparable a quienes fueron víctimas de los abusos, a la estructura psicológica de esas niñas y esos niños, sino también una revictimización horrible para la familia.
En este proyecto de ley está en juego el interés superior de los menores de edad que son víctimas de delitos sexuales.
El objetivo es evitar la revictimización. Siendo así -y argumentaré sobre la base de lo que hoy existe y hacia dónde queremos ir-, sin duda, votar a favor de la idea de legislar es nuestra obligación no solamente ética y moral, sino también política y social.
Las cifras sobre la cantidad de niños y niñas que son abusados sexualmente en nuestro país las mencionó, si no me equivoco, el Senador Harboe. ¡Y son escandalosas! El 70 por ciento de los delitos sexuales se cometen contra menores, y el 70 por ciento de los responsables en estos casos son personas conocidas (parientes o cercanos de las víctimas).
¡Por eso les resulta tan difícil y tan traumático a las niñas, a los niños y a los adolescentes denunciar el hecho! Porque, en la mayor parte de los casos, se acusa a alguien conocido, con quien muchas veces había una relación de confianza, de cuidado. Por tanto, es una situación doblemente traumática.
Es cierto, como se ha dicho aquí, que el proyecto de ley abre espacios para su mejoramiento.
No cabe duda de que, más allá de la definición de "revictimización"; más allá de los objetivos, resguardos y testimonios que se consideran; más allá de los mecanismos que rigen la entrevista videograbada de investigación judicial; más allá de ciertas disposiciones comunes que entregan al Ministerio del Interior algunas atribuciones -en mi opinión, habría que revisar si ello es positivo para condicionar la infraestructura del sistema-; más allá de las observaciones para mejorar el texto propuesto; en fin, creo que los argumentos que a veces escuchamos y que solo dan cuenta de las dificultades -no estoy refiriéndome a nadie de la Sala, pero suelen oírse opiniones de tal naturaleza respecto de este tipo de iniciativas- llevan a que no hagamos nada.
La agrupación No Más Abusos Infantiles, que ha levantado la voz a lo largo del país para defender a sus hijas e hijos que han sido víctimas de delitos sexuales, ha iniciado la campaña "No me pregunten más". Ha sido esa entidad la que ha propuesto con mucha fuerza este tema desde hace años.
A mi juicio, las sociedades son desarrolladas no por el ingreso per cápita que tengan, no por la cantidad de exportaciones que realicen, no por el número de tratados de libre comercio que hayan firmado. Las sociedades son desarrolladas por los valores que existen en su interior y por el tipo de relaciones sociales que se constituyen en su seno, donde se definen las prioridades que el país necesita.
Las sociedades desarrolladas defienden a sus niños; los consideran su primera preocupación; los tratan como sujetos de Derecho, y les aseguran una institucionalidad que los cuida, los acoge y los acompaña cuando son víctimas de algún trauma.
Por ello, señora Presidenta, voy a votar a favor de la idea de legislar.
Creo que este proyecto tiene muchas imperfecciones. Probablemente, en unos cinco años más, despachada ya esta normativa, deberemos revisar su contenido para perfeccionarlo, porque descubriremos que su implementación muestra insuficiencias.
Con todo, nuestra responsabilidad principal ahora es aprobar la iniciativa en general y apoyar a la Comisión que ha estado trabajando en esta materia.
Además, hago presente que, junto a varios colegas, hemos constituido el Grupo de Parlamentarios por la Infancia, porque creemos que estos temas son de primera importancia para la sociedad.
Queremos que se busque ser un país desarrollado en función de estas cosas, que son las relevantes. No se puede alcanzar el desarrollo si los niños son maltratados, si los adultos mayores no son considerados, si los discapacitados son discriminados. Sí se logra cuando se respeta la diversidad y cuando se protege a los débiles frente a una sociedad que a veces es bastante dura y cruel. Ello ha de darse, en especial, en la administración de justicia, sobre todo, tratándose de casos de delitos de abuso sexual, en los que las pruebas son muy complejas.
Con este último punto quiero terminar mi reflexión, señora Presidenta.
El segundo Senador que intervino en esta tarde habló del problema de las pruebas y advirtió que a veces se hacen acusaciones infundadas respecto de este tipo de delitos con otros fines.
Cabe recoger la inquietud planteada. En el proyecto de ley debe perfeccionarse lo concerniente a la prueba.
El texto propuesto dispone que bastará con una videograbación. Eso tendrá que ser la base para todo el peritaje. Creo que los especialistas (psicólogos forenses y psiquiatras forenses) saben que, probablemente, se necesiten otros parámetros y no solo uno.
La revictimización no se produce cuando la víctima debe hablar con más de una persona, sino cuando se la carea con el hechor (el imputado), o cuando se expone al niño o a la niña a un medio agresivo, como es un espacio donde hay adultos, cámaras y sobreexposición.
Ante ello, necesitamos atenernos a la definición de "revictimización". La idea es tratar de evitar los efectos psicológicos y sociales adversos que experimente el menor como consecuencia de sus participaciones y actuaciones en el proceso penal. Por tanto, la protección que se debe brindar implica acoger. En ese sentido, una entrevista videograbada no necesariamente va a ser suficiente para contar con una prueba firme.
Por lo tanto, me sumo a lo que otros plantearon antes. Debiera ser objeto de la ley la calificación de quiénes serán los que realizan las entrevistas, de qué tipo de especialistas hará los peritajes, en lugar de indicar solamente la definición de "entrevistador", ya que ello puede prestarse para una decisión que es muy dura.
Digo lo anterior, porque el Servicio Médico Legal, que es la entidad que a veces proporciona a los peritos, no tiene recursos para efectuar los peritajes -es la realidad de hoy-, y no cuenta con profesionales calificados -es la realidad de hoy-; por ende, el Estado revictimiza no por exceso de entrevistas, sino por carecer de especialistas adecuados en forma oportuna para tomar las declaraciones a los afectados.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, de los delitos que más consecuencias generan en las víctimas, quizás uno de los más brutales sea el de abuso sexual, porque no solamente causa un daño físico o inmediato a la persona que es objeto de él, sino que también deja una huella psicológica, psíquica, que se prolonga en el tiempo y que muchas veces va creciendo, por la indefensión, por la impotencia, por la humillación, por el hecho de haber sido violentada en su intimidad de una manera realmente inconcebible.
Por eso, los esfuerzos que se hacen para evitar que tales abusos ocurran o para sancionarlos muy drásticamente son absolutamente necesarios.
Sin embargo, en la persecución de este delito, existe una circunstancia que, curiosamente, agrava la situación de la cual ya fue víctima el menor. Me refiero a que, en el proceso judicial (a través de las investigaciones, a través de las entrevistas, a través de las declaraciones, a través de las referencias y del impacto público que muchas veces estos delitos conllevan), el menor vuelve a ser objeto de victimización.
En realidad, ni siquiera se trata de una victimización secundaria, sino de una doble victimización: la primera, por haber sido objeto del delito, y la segunda, porque, al investigarlo, se revive la situación. En efecto, el menor vuelve a ser objeto de cuestionamiento y de análisis e, incluso, de todo tipo de manipulaciones, en un sentido y en otro, pues la defensa siempre buscará una manera de reducir la responsabilidad del imputado.
La iniciativa que nos ocupa, como se ha recordado, es fruto del trabajo que la Fundación Amparo y Justicia y el Ministerio del Interior del Gobierno pasado propiciaron al convocar a una comisión de expertos de muy variada índole y de muchas instituciones, con el objetivo de lograr una solución que, inspirada en proteger el interés superior del niño, aplique un esquema de participación de los menores en el proceso judicial que ha sido exitoso en alguna experiencia del Derecho Comparado: las entrevistas videograbadas, que permiten reducir el número de actuaciones de las víctimas en este tipo de casos.
Ello facilita la protección del menor, sin perjuicio de avanzar en la investigación de la verdad.
La reducción del número de entrevistas, las exigencias para asegurar que el entrevistador posea cualidades idóneas para hacer un buen trabajo -y, por tanto, para un buen esclarecimiento de los hechos- y la existencia de espacios e infraestructura adecuados permitirán cumplir el objetivo de encontrar la verdad.
El proyecto, en la búsqueda del interés superior del niño, intenta proteger la integridad psíquica de la víctima, propósito que se alcanza de alguna manera al garantizar la imparcialidad de la entrevista, al evitar los elementos intimidantes que normalmente rodean estos hechos y, finalmente, al procurar que el menor esté lo menos presente en el proceso (ojalá dejara de participar lo más temprano posible en el avance de la investigación).
El efecto que producirá esta propuesta legislativa nos parece extraordinariamente valioso. Por tanto, los Senadores de nuestro Comité, también en forma unánime, consideramos absolutamente necesario -no solo conveniente, sino también necesario- legislar en esta materia.
Por cierto, en la discusión que hubo en la Comisión, pudimos advertir que el texto de la iniciativa presenta algunas dificultades. Nada tan grave como para rechazar la idea de legislar, ni mucho menos. Más bien, son señales, alertas, que nos permitirán mejor legislar. En su momento se verá cómo corregir el proyecto mediante indicaciones.
Aquí ya se han manifestado algunas de esas inquietudes.
Se planteó, por ejemplo, la necesidad de evitar la manipulación de que puede ser objeto el menor, para asegurar que la verdad y la credibilidad de sus declaraciones sean reales.
Muchas veces los niños son manipulados por sus padres o por personas interesadas en causarle daño a un tercero, quienes se ven en la indefensión, porque una declaración de un menor puede ser simplemente brutal. Ante ello, muchos alientan a decir que los menores mienten. No creemos eso. Sin embargo, debemos asegurar que en el proceso judicial habrá tranquilidad para que el niño pueda decir realmente lo que piensa y no ser objeto de presiones externas.
Algunos consideran que dos entrevistas, como propone la iniciativa, pueden no ser suficientes. Se dice que, más que el número de entrevistas, lo importante es la forma en que estas se realizan, la garantía que se da para que el menor entregue declaraciones adecuadas. Algunos señalan que dicha cantidad incluso puede ser una limitación injustificada, desde el punto de vista del propio derecho del niño a ser oído en una situación de esta naturaleza.
Habrá que ver si lo que se plantea es o no suficiente.
Enseguida, algunos todavía estiman que las exigencias que establece el proyecto para determinar la experticia del entrevistador son insuficientes; que habría que ser más rigurosos y exigentes.
Sin embargo, también hay un cuestionamiento al rol del entrevistador: él aparece haciéndose cargo de la persecución del delito y no el fiscal, lo que llevó a algunos en la Comisión a señalar que podría presentarse un problema de constitucionalidad. El entrevistador estaría asumiendo funciones que no le corresponden, que son propias del Ministerio Público.
Finalmente, se ha hecho hincapié en que los derechos del imputado podrían verse minimizados. La Defensoría Penal Pública hizo un largo alegato sobre puntos específicos en esta materia -algunos también fueron recogidos por el Ministerio Público-, que deberán precisarse en su momento. El sentido de ello es que no podemos, por proteger el interés superior del niño, debilitar o limitar la defensa del imputado.
Ciertamente, la prueba que se busca conseguir a través de las declaraciones del menor ha de estimarse una prueba protegida, lo cual podría limitar al imputado en la búsqueda de una mayor certeza en la verdad.
En consecuencia, un gran objetivo, un muy noble propósito, nos hace votar favorablemente la idea de legislar.
No obstante, hay aspectos que tendremos que revisar durante la discusión en particular del proyecto. A través de indicaciones, buscaremos resolver las inquietudes planteadas y, por sobre todo, avanzar en evitarle al menor que sufrió un brutal daño por haber sido objeto de abuso sexual, un nuevo dolor que agrave su situación, procurando que el proceso judicial mediante el cual se busca responsabilizar al autor del delito no le vaya a significar una nueva pesadilla a la víctima.
Por esas consideraciones, votamos que sí.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, ya se ha hablado bastante sobre el tema. Por ello, me referiré solo a tres puntos.
El primero es que efectivamente este proyecto nació de una comisión interinstitucional en la que participó la Fundación Amparo y Justicia, con la cual tuve la posibilidad de trabajar en sus inicios, cuando se fundó.
Probablemente, por una cuestión profesional -yo soy médico psiquiatra-, me hace mucho sentido esta propuesta.
De los crímenes contra los niños, uno de los más brutales, sin duda, es el abuso sexual. Por lo tanto, me parece que es de suma pertinencia tratar de evitar daños adicionales al menor durante el proceso judicial, que busca sancionar al culpable de la agresión.
Como dije, soy médico, no abogado. En esa perspectiva, luego de revisar el proyecto, opino que la Comisión debiera poner especial atención en las características del entrevistador. Dado que estamos hablando de menores, no da lo mismo quién haga la entrevista. No basta un técnico o un médico cualquiera del Servicio Médico Legal. Acá se requiere un profesional que entienda, con competencias, con capacidad de acercarse, con empatía con los niños y, además, con conocimientos legales, cualidades todas que no son fáciles de encontrar en una sola persona.
Por eso debiera quedar relativamente normado el punto para que no sea cualquier entrevistador. De lo contrario, es muy posible que esa entrevista no sirva de mucho, porque el niño bien puede negarse a responder o contestar una cosa distinta de la verdad, producto del mismo trauma y dolor que sintió a raíz de los hechos que le tocó vivir.
En segundo lugar -no es necesario ser psiquiatra para saberlo-, puede ser que dos entrevistas no sean suficientes, conociendo el comportamiento de los niños y la forma en que se dan estos procesos. Habrá situaciones calificadas en la que se recomendará otra entrevista. Por tanto, creo que no es conveniente dejar restringido por ley el procedimiento a solo dos entrevistas. Tiene un desafío la Comisión de Constitución en cuanto a ver en qué casos -para que no se abuse del sistema- es factible autorizar una nueva entrevista. Porque si se fijan tres, siempre serán tres.
Me parece que debe quedar abierta la posibilidad para que en casos calificados, al objeto de resguardar la legítima defensa del imputado, haya una tercera entrevista.
Por último, deseo señalar -lo dijo el Senador Espina- que Santiago no es Chile.
En regiones muy probablemente no existen las condiciones necesarias para televisar las entrevistas. Por ende, si se establece un sistema de tal naturaleza, tiene que hacerse de la mano de recursos que permitan su implementación de forma progresiva. Y, además, ello debiera quedar estipulado en la ley en proyecto.
Señora Presidenta, voy a votar a favor, porque me parece que acá estamos entre dos bienes muy preciados: la integridad del niño, pero también la legítima defensa de los imputados.
Desde esa perspectiva, la Comisión de Constitución habrá de realizar un trabajo bastante interesante con el fin de buscar el justo equilibrio entre aquellos dos bienes. Y espero que sus miembros tengan la inteligencia, las luces y las asesorías indispensables para resguardar verdaderamente la integridad del niño y al mismo tiempo salvaguardar la legítima defensa de los imputados.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, hemos avanzado mucho en la discusión, y, claramente, hay consenso para aprobar el proyecto.
Quiero saludar a los señores Ministro y Subsecretario de Justicia -se encuentran presentes en la Sala-, quienes sin duda sacarán adelante esta iniciativa.
Creo que, más allá de ratificar la absoluta convicción de apoyar el texto sometido a nuestra resolución, que apunta a proteger a los menores, a evitar la victimización secundaria -al efecto se consigna un sistema adecuado para la grabación en video de su testimonio-, debemos establecer -y por eso agradezco la presencia de las máximas autoridades de la referida Cartera- protocolos básicos y homogéneos a lo largo de todo Chile, para hacer plenamente utilizable la tecnología en comento y el nuevo procedimiento destinado a la protección de los menores.
Como lo señaló muy bien el señor Ministro de Justicia, en la primera entrevista, además del fiscal y del encargado de efectuarla, tiene que estar el defensor.
Es clave en esa instancia, en la que al menor se lo va a someter a interrogatorio por única vez, la presencia del fiscal, quien deberá dirigir la investigación, establecer el pleno conocimiento de los hechos y determinar las responsabilidades. Pero reitero que también ha de concurrir el defensor. De lo contrario, de una u otra manera tendremos que reproducir ese tipo de interrogatorios.
Ahora, sumándome a lo ya dicho durante este debate, quiero puntualizar que hay un aspecto importante de dilucidar con relación al formato de la entrevista investigativa: saber quién es y qué formación tiene el sujeto que va a realizar aquella.
El proyecto original establecía principalmente que ello se iba a determinar en un reglamento dictado por el Ministerio del Interior.
¡De ninguna manera, señora Presidenta! El entrevistador debe depender del Ministerio de Justicia. Y ha de exhibir un alto estándar de preparación, de conocimiento del protocolo de entrevista, de tal modo que absolutamente todos (los ciudadanos, la fiscalía, la defensoría, los padres o los tutores de un menor víctima de abuso sexual) sepamos quién efectuará aquella.
En el proyecto se habla de un "entrevistador", a quien se aplicarán "las causales de inhabilitación de los fiscales establecidas en los números 1°, 2°, 8°, 11, 12 y 14 del artículo 55 de la ley N° 19.640, y lo establecido en el artículo 56 de la misma ley" (artículo 11).
Esa referencia es demasiado genérica. Correspondería que el profesional asignado tuviera una formación específica, definida en el protocolo de entrevista, y que estuviera aprobado y certificado para utilizar el protocolo.
Eso es fundamental. Y también, que el protocolo se encuentre extendido a lo largo de los juzgados de todas las ciudades de nuestro país, para que tengamos el mismo estándar y el día de mañana no sea susceptible de nulidad.
Debería constituirse una junta calificadora de expertos autorizados para utilizar el protocolo, como sucede en otros países. La junta es la que reconoce la experticia de alguien para realizar ese tipo de entrevista y vela por la neutralidad del experto. Y el examen de neutralidad debe hacerlo el juez o el tribunal.
Entonces, primero tendría que haber un programa de formación y entrenamiento para el uso del protocolo, y luego, una junta calificadora que certifique que el profesional cuenta con la experticia necesaria para utilizarlo.
En todo ese contexto, el registro de la entrevista realizada por el profesional debe hacerse mediante videograbación. No caben transcripciones, declaraciones escritas o grabaciones de audio. Si la entrevista investigativa será única o reducida en número, el nivel de registro tiene que ser el más completo: el videograbado.
Se trata, pues, de algo fundamental.
Hay consenso absoluto en que aprobaremos la ley en proyecto; así lo han manifestado todas las bancadas. Pero es imprescindible establecer un protocolo, determinar el formato de la entrevista. No puede haber dos criterios al respecto; no puede haber vulneración de derechos; no puede dejar de estar el personal capacitado.
Por consiguiente, presentaremos en la Comisión de Constitución las indicaciones que correspondan. Debemos contar con el acuerdo del Ejecutivo en lo concerniente a la formación de los entrevistadores, a la confección del protocolo, al logro del máximo estándar de eficiencia y protección para los menores sometidos a entrevistas.
Reitero que votaré a favor de este proyecto y que espero generar debate en aquel órgano técnico respecto de los puntos que mencioné
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, voy a votar a favor de la idea de legislar, tras escuchar a algunos especialistas y fiscales que plantean -tal como se ha dicho de distintas formas en la Sala- que este proyecto minimiza la victimización secundaria que experimenta el menor que ha sido víctima de un delito sexual.
La victimización secundaria -indican dichos expertos- es muchas veces un freno a la denuncia de ilícitos que comprometen gravemente la inocencia de los niños.
Todo lo que tienda a disminuir a ese respecto será siempre valorable.
También sostienen los referidos especialistas que esta iniciativa apunta a combatir el fenómeno de la retractación, ya que se prohíbe la citación del menor a un juicio oral.
Sin embargo, plantean que es necesario señalar algunos aspectos negativos que contiene el proyecto en debate y que deben corregirse en la Comisión.
Según la experiencia de los fiscales a los que escuché, esta iniciativa es demasiado rígida en la prohibición absoluta de llevar a los menores al juicio oral y también en el afán totalizante de la entrevista videograbada.
Afirman que hay casos fundados en los que será necesario volver a preguntar cosas que no estén en la entrevista. Por ejemplo, cuando aparecen antecedentes nuevos y posteriores, o también en lo relativo a los peritajes de credibilidad y de daño.
Existen casos -dicen aquellos expertos- en los que lamentablemente se debe "perturbar" a la víctima otra vez con la búsqueda de una prueba para condenar al autor. La condena muchas veces representa la mejor terapia reparatoria a la que se puede acceder, pues constituye lo que en definitiva la víctima (aunque sea menor de edad) busca siempre: la justicia.
Por todo lo expuesto, reitero mi apoyo a este proyecto, pero sobre la base de que deben introducirse las correcciones necesarias para evitar que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Porque, a juicio de algunos penalistas, el noble propósito de proteger a los niños de los rigores del proceso penal puede entorpecer la obtención de los medios de prueba indispensables para condenar al culpable.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, queda claro que el objetivo del proyecto que nos ocupa es loable, necesario: minimizar la victimización secundaria en los menores de edad que sufren abusos sexuales.
Si bien es cierto que ya existe una excepcionalidad en el artículo 191 bis del Código Procesal Penal, que permite la toma de declaración anticipada a los menores de edad víctimas de delitos sexuales -ello puede resultar de mucha utilidad en determinados casos-, no lo es menos que la legislación no ha entrado en el análisis del efecto secundario perverso, el cual constituye una externalidad negativa que violenta al niño. Y puede vulnerar sus derechos muchas veces: no solo al momento del acto, sino en cada oportunidad en que preste declaración.
Si avanzamos en aquella dirección, podemos decir que estamos caminando de manera positiva.
El Presidente de la Fundación Amparo y Justicia manifestó que en la actualidad un niño ultrajado repite su declaración entre cuatro y siete veces en el mismo proceso, ante personas distintas, las cuales no siempre cuentan con preparación adecuada o excepcional para acogerla.
Sobre el particular, señaló que el tomar declaración a un niño abusado sexualmente envuelve una función altamente delicada, que debe ser especializada.
Y ahí aparece la figura del entrevistador, que es nueva.
Señora Presidenta, el Fiscal Nacional, señor Sabas Chahuán, ha hecho observaciones que vale la pena tener en cuenta.
En tal sentido, recojo parte de los reparos que efectuó el Ministerio Público acerca de algunas normas del proyecto. Por ejemplo, la relativa al caso de prefijar la manera como se interroga al menor agredido o las veces que esta diligencia puede realizarse.
También señaló que la iniciativa en discusión no contempla ciertas figuras delictivas, como el maltrato contra menores, la violencia intrafamiliar y la pornografía infantil, que debieran incluirse.
Respecto del funcionario que realiza la diligencia investigativa en el contexto del proceso penal, indicó que la dependencia se fija en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y no en el Ministerio Público, que, por mandato constitucional expreso, es el órgano prosecutor.
Asimismo, recordó que sobre esta materia hay varios proyectos en tramitación en la Cámara de Diputados y planteó que debiera verse la manera de refundirlos.
Por eso, el trabajo de la Comisión de Constitución será esencial.
Señora Presidenta, este proyecto debiera servirnos para, como lo señaló el Senador Larraín en dicho órgano técnico, evitar que se manipulen las declaraciones de los niños.
Quiero señalar, tal como lo han hecho ver muchas agrupaciones que persiguen la tuición de los niños para el padre -Amor de Papá y otras-, que cada vez es más recurrente que uno de los progenitores formule una acusación contra el otro -ello provoca un daño inmenso a la familia- solo con el objetivo de impedir que el demandado obtenga la tuición -valga la redundancia- del menor.
Se desarrolla, entonces, un proceso judicial muy complejo, en el cual hay una manipulación evidente al niño, pues se hacen acusaciones falsas o se induce al menor.
Por consiguiente, debe cautelarse que la ley en proyecto no contribuya a que exista manipulación y a que a veces se realicen acusaciones injustificadas con el solo objetivo de impedirle a uno de los miembros de la pareja ver a sus hijos.
En tal sentido, hay que tomar los debidos resguardos para que la utilización de esa artimaña se sancione fuertemente. De lo contrario, van a proliferar, como lamentablemente ocurre ahora, acusaciones infundadas derivadas de conflictos propios de la pareja.
Señora Presidenta, la formación de quien va a cumplir el papel de entrevistador -lo señaló la Directora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, señora Patricia Muñoz- es clara. El entrevistador no puede ser un funcionario que esté por encima de la Constitución en lo que respecta a la dirección de la investigación. Y, por otro lado, hay una infraestructura material y funcionaria que se desarrolló y debiera utilizarse.
El lugar de la entrevista es un aspecto que habrá de aclararse. Porque ese espacio debe cumplir las condiciones que establece el proyecto; pero, a la vez, ello no puede dar pie a una disputa por hegemonía o jurisdicción entre quienes intervienen en el proceso.
De otro lado, este proyecto nos brindará la posibilidad de verificar si lo obrado ahora es lo más adecuado. ¡Creo que nos encontraremos con muchas sorpresas¿!
La iniciativa en debate permite fortalecer un mecanismo innovador. Tanto es así que, según el informe de la Comisión de Constitución, la propia Defensoría Penal Pública, órgano que debe proporcionar defensa al imputado, señala claramente que en este caso hay que proteger a los niños contra la revictimización o doble victimización.
Entonces, sin perjuicio de los derechos del imputado, este proyecto ha de garantizar lo primero y más importante: el bien supremo del menor; pero, al mismo tiempo, no debe incluir elementos que puedan contribuir a debilitar la legítima defensa.
No hablo de los casos en que existe de modo manifiesto abuso o violencia sexual contra niños, sino de aquellos a cuyo respecto el historial procesal familiar da cuenta cierta de que hay un problema de pareja y de que uno de sus miembros procura evitar que el padre o la madre (generalmente el padre) visite a sus hijos.
Siento pues que esta iniciativa, que constituye un instrumento adecuado, puede perfeccionarse.
Reitero que la figura de la declaración anticipada y grabada ante el juez de garantía existe. Aquí se generan condiciones más bien especiales para llevarla a cabo.
La duda que se me presenta es en sentido de que a veces se requerirá doble interrogatorio.
La experiencia internacional -de Francia, de España y de otros países, y en particular de Estados Unidos- habla de la necesidad de velar por que tanto el juez como la defensa también puedan interrogar. Eso posibilita la realización de un juicio más transparente y justo.
Quiero mencionar un caso que Sus Señorías deben de conocer, porque es de mucho renombre y ha tenido gran difusión: el de un funcionario del Banco Central. ¡Ya va en la tercera instancia judicial!
Es potente la señal en el sentido de que se trata de situaciones delicadas, que requieren bastante preocupación. Y ha habido fallos diversos de los tribunales en torno a acusaciones de abuso sexual.
Por tanto, la ley en proyecto no puede sino contener normas claras, precisas, lo más cercanas a la búsqueda de la verdad. Y, en este sentido, consultar con los especialistas, examinar la manera como se llevan adelante los juicios en la práctica y cómo cautelar mejor los derechos del niño pueden ser algo muy muy importante.
Queda de manifiesto que los especialistas han concurrido a la Comisión. Sin embargo, de todas las voces emana un conjunto de observaciones.
Yo voy a votar a favor porque creo que este proyecto está bien orientado. Pero estimo que las observaciones hechas tanto por las instituciones (Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, en fin) cuanto por los Senadores que han participado en la Comisión especializada deben recogerse junto con otras que señalé para evitar que haya abusos en la forma como debe realizarse la declaración de los niños violentados sexualmente.
Voy a presentar las indicaciones del caso.
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, los atentados de índole sexual son de los ilícitos que más pueden afectar a una persona desde los puntos de vista físico y psicológico, más aún si se trata de menores de edad.
Muchas veces el daño se ve agravado debido a las malas reacciones que se registran en el entorno del niño. Es la denominada "victimización secundaria", que consiste en el sufrimiento que experimenta la víctima en su paso por las diferentes instancias del sistema procesal penal y ante las reacciones de su entorno social.
La victimización secundaria se manifiesta en la toma repetida de declaraciones; en el sometimiento a múltiples peritajes; en la duda sobre la veracidad del relato de niños, niñas y adolescentes; en la falta de información; en la hostilidad de algunos funcionarios, y en las inadecuadas instalaciones en que muchas veces deben prestarse las declaraciones, entre otros factores.
Por otra parte, hay que señalar que nuestra legislación solo contiene como norma especial en esta materia el artículo 191 bis del Código Procesal Penal, que permite la toma de declaración anticipada a los menores de edad víctimas de esos delitos. Empero, si bien ello puede ser útil en determinadas situaciones, resulta del todo insuficiente para superar los problemas adicionales que se plantean respecto de esos menores.
Es por eso que este proyecto busca reducir el impacto negativo que importa el proceso penal para los menores de edad víctimas de delitos sexuales adecuando las normas que lo rigen a las especiales circunstancias de -valga la redundancia- esos menores.
Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en cuenta que la idea central de la iniciativa -esto es, la limitación del número de entrevistas a los menores- constituye en sí una restricción a las herramientas de persecución penal y a la defensa de los imputados, pues implica una morigeración de los principios de oralidad, inmediación y publicidad, lo que obliga a encontrar un justo equilibrio entre el interés superior del menor y los derechos de los demás intervinientes.
Un aspecto destacable del proyecto lo constituye el artículo 2°, que señala que en toda intervención que deba realizar el menor de edad se tendrá en consideración la etapa evolutiva en que se encuentra, así como sus circunstancias personales y emocionales, cognitivas, físicas, idiomáticas, étnicas, culturales y de género, de manera que toda acción o interacción con él se adecúe a ellas.
Además, como objetivo general, se establece que el menor no debe reiterar su declaración sobre los delitos de que fue víctima.
Se dispone, asimismo, que las declaraciones se podrán prestar en un máximo de dos entrevistas: una en la instancia investigativa y otra en la instancia de juicio. Ambas deben ser realizadas por un entrevistador, en salas acondicionadas al efecto.
Se hace referencia también a la implementación de las salas donde se llevarán a cabo las entrevistas y a los requisitos tecnológicos del registro audiovisual.
Adicionalmente, se establece que el contenido de las entrevistas será reservado, regulándose quiénes pueden acceder a él y sancionándose la vulneración de la reserva.
La iniciativa que nos ocupa encarga a un reglamento, dictado en conjunto por los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda, la definición de la forma y los estándares conforme a los cuales han de llevarse a cabo las entrevistas.
Sobre el particular, debo subrayar que no se ve razón alguna para que en una cuestión netamente técnica se excluya al Ministerio de Justicia, y eventualmente, al de Salud, pero sí se considere al Ministerio de Hacienda.
Uno podría inferir que se está pensando, más que en tener un buen parámetro técnico, en cuánto va a costar el sistema.
Creo que eso constituye un error.
En cuanto a las primeras medidas que tiene que adoptar la autoridad al momento de tomar contacto con un menor de edad que ha sido objeto de un delito sexual, el proyecto dispone que el Ministerio Público debe establecer las medidas y protocolos necesarios para regular la recepción de la denuncia, procurando impedir que quienes la reciban soliciten la declaración de la víctima sobre los hechos constitutivos de ella, entre otras medidas.
Tocante a la primera entrevista videograbada, el fiscal deberá instruir su práctica dentro del plazo de 72 horas desde que toma conocimiento de la existencia del hecho presumiblemente constitutivo de delito, salvo que el menor de edad tenga un impedimento grave y manifiesto, caso en el cual el plazo comenzará a correr cuando este haya cesado.
La entrevista será registrada íntegramente, transcrita y adjuntada a la investigación que se lleve adelante. Además, se establecen normas sobre la suspensión de ella.
Por otra parte, se dispone que el fiscal puede prescindir de la declaración del menor de edad si lo estima conveniente. Asimismo, para evitar la reiteración innecesaria de las declaraciones, será factible solicitar la entrega de los registros audiovisuales y otros antecedentes de que dispongan los tribunales de familia y que digan relación con los mismos hechos.
De más está decir que esta iniciativa introduce modificaciones a la Ley de Tribunales de Familia para evitar que se reiteren las declaraciones realizadas en sede penal, a fin de dejar concordantes ambas normas.
Dicho lo bueno que tiene el proyecto que nos ocupa, debo hacer presente la necesidad de que en la discusión que habrá en la Comisión de Constitución con motivo del segundo informe se resuelvan algunos problemas que no están atendidos suficientemente en el articulado.
El primero se relaciona con el experto entrevistador, quien debiera tener una mayor regulación en cuanto a su experiencia, a su dependencia orgánica y a su forma de operar en estas materias.
En segundo lugar, no se hace aplicable esta iniciativa de ley respecto de otros delitos, como la comercialización y almacenamiento de pornografía infantil, contenido en el artículo 374 bis del Código Penal. Tampoco se incluye el delito de maltrato infantil, ni el de violencia intrafamiliar.
Otro problema dice relación con el artículo 3°, letra a), que se propone, pues, a mi juicio, está en pugna con la necesidad del médico o del equipo médico de un establecimiento asistencial de disponer de un relato del menor sobre lo sucedido al objeto de brindarle el mejor tratamiento y determinar los pasos clínicos a seguir.
Por otra parte, el artículo 6° del texto que nos ocupa considera que todo peritaje sobre la credibilidad del relato del menor debe hacerse a partir únicamente de la información proveniente de la videograbación de la declaración, lo que cierra la puerta a todas las demás fuentes de datos para tales pericias: por ejemplo, a la posibilidad de entrevistar a terceros.
También es conflictivo el artículo 7° de la iniciativa, ya que impide que el menor sea citado en el juicio oral, lo que puede suponer una nueva limitación injustificada a su derecho de ser oído en instancias judiciales. Ello es particularmente grave en caso de que el menor quiera prestar su testimonio voluntariamente ante el tribunal.
Por último, es del caso puntualizar que esta iniciativa limitaría las medidas especiales de resguardo a la declaración que presta un menor víctima de una agresión sexual, sin dar cabida alguna a los niños o menores de edad que han sido testigos del ilícito y que en esa calidad deban prestar declaración tanto en el procedimiento investigativo que lleva adelante el Ministerio Público cuanto en el proceso penal posterior.
Sería conveniente, entonces, considerar la posibilidad de que los menores que han sido testigos también declaren a través de videograbación.
Voy a votar a favor de este proyecto, señora Presidenta.
--Se aprueba en general el proyecto (37 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Para los efectos de la presentación de indicaciones, el Senador señor Patricio Walker pidió fijar un plazo amplio, que permita trabajar adecuadamente el proyecto.
¿Le parece a la Sala el lunes 30 de junio, a las 12?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento llegaron a la Mesa, como Cuenta agregada, diversos asuntos.
Primero, un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República con el que comunica que retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", acerca del proyecto de ley que establece un nuevo concepto de "empresa" (boletín N° 4.456-13).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Les recuerdo a Sus Señorías que, por acuerdo de Comités -ya se dio cuenta de él-, el proyecto individualizado se tratará en la sesión del martes 3 de junio próximo hasta su total despacho.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por último, hay dos solicitudes de permiso constitucional: una del Senador señor De Urresti, para ausentarse del país a contar del 22 de mayo, y una del Senador señor Navarro, para ausentarse del territorio nacional a contar del 31 del mismo mes.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, quiero formular dos peticiones.
Primero, que el proyecto, iniciado en moción de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, que establece el Día Mundial del Refugiado y el Día Mundial de los Inmigrantes, que por acuerdo de la Sala se envió a la Comisión de Derechos Humanos, pase a la de Relaciones Exteriores para su aprobación y despacho.
Y segundo, que el informe de Comisión Mixta recaído en la iniciativa que fija condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley N° 19.479 y faculta para otorgar un incentivo al retiro a funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas se discuta sobre tabla en esta sesión.
Se trata de una materia de fácil despacho; hay unanimidad en torno de ella, y el personal de dicho Servicio espera su aprobación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, me acaban de informar que el Honorable señor Chahuán está de cumpleaños.
¡Muchas felicidades, Su Señoría, en nombre del Senado!
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡La torta, después...!
El señor LARRAÍN.- ¡Esperemos que madure...!
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡No nos pida que le cantemos, señor Senador, pues eso ya sería un exceso...!
¡Tampoco le vamos a preguntar cuántos años cumple...!
Ahora bien, si entendí correctamente, Su Señoría solicitó, primero, tratar sobre tabla en esta sesión el informe de Comisión Mixta (hoy se dio cuenta de su aprobación por la Cámara de Diputados) recaído en el proyecto mediante el cual se otorga un incentivo para el retiro de trabajadores del Servicio Nacional de Aduanas, que a su juicio es de fácil despacho.
El señor CHAHUÁN.- Así es, señora Presidenta. Y, segundo, que la iniciativa que establece la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados y del Día Mundial de los Inmigrantes pase a la Comisión de Relaciones Exteriores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- O sea, que además de ser analizada por la Comisión de Derechos Humanos pase a la de Relaciones Exteriores.
Imagino que en la Sala habría acuerdo para ello.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, algunos señores Senadores que deseaban formular indicaciones al proyecto de ley que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban publicarse en periódicos de circulación nacional, regional o local necesitan la fijación de un nuevo plazo para ese efecto, pues el original venció la semana pasada y no alcanzaron a presentarlas.
Ahora, como solo tenemos una semana regional, creo que bien podría determinarse un nuevo plazo, hasta el lunes siguiente a ella. Eso no retrasaría la tramitación del proyecto y permitiría que aquellos colegas formularan sus indicaciones.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Le parece a la Sala el lunes 2 de junio, a las 12?
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, quiero sumarme a la petición que hizo el Senador Chahuán con relación al informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que otorga un incentivo al retiro a funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas.
Tal como señaló Su Señoría, se trata de una iniciativa muy sencilla. En el fondo, extiende a aquellos trabajadores el mismo beneficio que hemos estado entregando a otros servidores públicos.
Según recuerdo, el informe de la Comisión Mixta se aprobó por unanimidad.
Por lo tanto, ponerlo en tabla en esta sesión sería muy muy beneficioso.
El señor BIANCHI.- Que se trate sobre tabla, señora Presidenta.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Sobre tabla.
El señor PROKURICA.- Me parece bien. Y también podría ser sin discusión.
El señor GARCÍA.- Sobre tabla y sin discusión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que hay acuerdo para tratar sobre tabla en esta sesión el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto individualizado.
En la Cuenta de hoy se comunicó que la Cámara de Diputados ya lo aprobó.
¿Hay acuerdo para proceder de la forma señalada?
El señor PIZARRO.- Yo no tengo objeciones para tratar sobre tabla el informe de la Comisión Mixta. Pero necesitamos al menos una información mínima a su respecto. Porque, aparte los integrantes de la Comisión de Hacienda, los demás Senadores no conocemos con exactitud su contenido.
Está en la Sala el Presidente de la Comisión de Hacienda, quien puede informarnos al respecto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Primero el señor Secretario General debería hacer la relación del proyecto y luego el señor Presidente de la Comisión de Hacienda podría dar una explicación.
Pero antes debo preguntar si hay acuerdo para tratar sobre tabla el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto a que se refirió el Senador señor Chahuán
El señor LABBÉ (Secretario General).- Perdón, señora Presidenta.
Le consulto al Senador señor Chahuán, para tener claridad sobre la solicitud relativa al proyecto que establece el Día Mundial del Refugiado y el Día Mundial de los Inmigrantes, si la idea es que pase, además de la Comisión de Derechos Humanos, a la de Relaciones Exteriores, o derechamente, que lo vea solo esta última.
La señora ALLENDE (Presidenta).- No: además.
El señor CHAHUÁN.- No, señora Presidenta: que vaya derechamente a la Comisión de Relaciones Exteriores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Yo entendí que la petición era en el sentido de que vieran esa iniciativa la Comisión de Derechos Humanos y la de Relaciones Exteriores.
El señor CHAHUÁN.- La idea es cambiarla de Comisión: de Derechos Humanos a Relaciones Exteriores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Yo entendí que la idea era que el proyecto pasara además a la Comisión de Relaciones Exteriores.
En ese caso, resolvamos el punto con posterioridad, pues la aclaración de Su Señoría cambia los términos de la solicitud.
Boletín N° 9113-05
La señora ALLENDE (Presidenta).- De acuerdo a lo resuelto por la Sala, corresponde tratar sobre tabla el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que establece condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley Nº 19.479 y faculta para otorgar el bono compensatorio que indica.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9113-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 63ª, en 15 de octubre de 2013.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 14ª, en 6 de mayo de 2014.
Hacienda (segundo): sesión 89ª, en 22 de enero de 2014.
Mixta: sesión 19ª, en 20 de mayo de 2014.
Sesiones 85ª, en 14 de enero de 2014 (se aprueba en general); 89ª, en 22 de enero de 2014 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por la de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de las enmiendas aprobadas por el Senado en el segundo trámite, consistentes en la sustitución de los artículos 1º a 5º aprobados por la Cámara Baja por otros diez artículos, numerados del 1º al 10.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las discrepancias, plantea aprobar una proposición formulada por el Ejecutivo, la cual contiene ciertos beneficios para un universo acotado de funcionarios que habían abandonado el Servicio de Aduanas sin acceder a ellos y contempla aspectos relativos a incentivos al retiro para los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas; facultad al Director Nacional para solicitar la renuncia a los funcionarios; bonos especiales para exfuncionarios; bono compensatorio, y plazo máximo para que cesen en sus funciones los trabajadores afectos a la ley Nº 20.734 (incentivo ANEF) a quienes el jefe de servicio respectivo les hubiera solicitado la renuncia a sus cargos.
La Comisión Mixta aprobó esa proposición por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar y Diputados señores Auth, Ortiz, Santana y Schilling.
La Cámara Baja, en sesión de 15 de mayo de 2014, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
En la cuarta columna del boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figura la proposición de este órgano técnico.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión el informe de la Comisión Mixta, aun cuando tengo la impresión de que el boletín comparado aún no se encuentra en los escritorios de los señores Senadores.
De todas maneras, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, para que nos ilumine sobre los acuerdos a que arribó la Comisión Mixta y aclare las dudas que puedan existir, aunque entiendo que el texto sugerido se encuadra dentro del estándar de otros proyectos que hemos aprobado para otorgar incentivos al retiro.
El señor LAGOS.- No sé si voy a poder iluminarlos del todo, señora Presidenta.
Como Su Señoría acaba de decir, el texto sugerido es muy similar al de proyectos que hemos despachado con antelación.
Sin embargo, este establece el incentivo al retiro para una cantidad muy acotada de funcionarios -creo que no excede de 14- que, por diversas consideraciones, no se acogieron a los beneficios otorgados oportunamente.
Esta materia la vimos en la Comisión Mixta la semana anterior.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, le agradezco su clara explicación, en nombre de la Sala.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, habitualmente, distintos gremios y agrupaciones de funcionarios le han solicitado al Ejecutivo la entrega de un bono especial de incentivo al retiro, el que se ha concedido.
Yo quiero reiterar que cada vez que se trata de conceder este tipo de bonos confirmamos el fracaso del sistema de administradoras de fondos de pensiones. Y el propio Superintendente señaló recientemente que el modelo no resiste más.
Las utilidades de las AFP están por sobre las de los fondos donde se depositan los recursos de los trabajadores: esas administradoras obtienen para ellas una rentabilidad promedio de entre 20 y 30 por ciento (hablemos de 25 por ciento); sin embargo, las acciones que adquieren con los dineros de sus afiliados rentan solo 5, 6, 7 por ciento.
Entonces, el Superintendente pregunta, legítimamente, cómo las AFP no invierten los fondos de los trabajadores en la forma como lo hacen con las platas de ellas.
Al respecto existe una irregularidad desde el punto de vista de que se diseñó un sistema haciendo creer que era de previsión, en circunstancias de que apenas es un mecanismo de cotización forzosa en favor de grupos económicos que logran para ellos una rentabilidad muy superior a la obtenida con los dineros de los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones.
Cuando las AFP invierten en empresas como accionistas minoritarias se encuentran con que en estas se toman decisiones que van contra los intereses de los trabajadores que imponen en ellas. Así ha ocurrido en distintas inversiones fracasadas: La Polar, caso "Cascadas" y otras.
En tales circunstancias, vuelvo a citar al Superintendente, quien manifestó que el modelo es para los cotizantes un verdadero "corralito".
Entonces, en este caso voy a aprobar con entusiasmo el bono propuesto, porque ayuda a que funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas se acojan a retiro. Empero, ello confirma una vez más que el sistema previsional está absolutamente fracasado.
Celebro, pues, la decisión de la Presidenta Bachelet de nombrar una comisión para que proponga las reformas sustantivas requeridas por nuestro sistema previsional.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, en primer lugar, agradezco que se haya acordado tratar sobre tabla este informe de Comisión Mixta, pues recae en un proyecto que es largamente esperado por el personal de Aduanas.
Se trata de un proceso que comenzó durante la Administración anterior y que concluye hoy día. La iniciativa efectivamente ayuda a reparar en algo el daño previsional y, sin lugar a duda, representa una oportunidad para que quienes anteriormente no pudieron hacer uso del beneficio accedan al incentivo al retiro.
Cabe reconocer la disposición de la Mesa y de la señora Presidenta para que la Sala se ocupara en el asunto, y estoy seguro de que ello merecerá la gratitud de los funcionarios.
Espero que nos pronunciemos a favor.
--Por 24 votos a favor, se aprueba el informe de la Comisión Mixta.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Los Honorables señores Montes, Horvath y Ossandón consignan su intención de voto a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que suprime el feriado judicial para los tribunales que indica, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9155-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal que se persigue es suprimir el feriado judicial del mes de febrero, cuidando el texto de asegurar la continuidad del servicio de administración de justicia en todos los tribunales ordinarios y de cautelar el descanso anual a que tienen derecho sus funcionarios.
La Comisión discutió la iniciativa solo en general y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, Harboe y Larraín, aprobó la idea de legislar.
Cabe subrayar que el artículo 1° incide en normas orgánicas constitucionales, por lo que su aprobación requiere 22 votos.
El proyecto que se propone aprobar se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, la iniciativa tuvo su origen en un mensaje del anterior Primer Mandatario, presentado en la Cámara de Diputados.
Su objetivo central es eliminar la institución del denominado "feriado judicial" en el mes de febrero, de manera de asegurar la continuidad del servicio de administración de justicia en todos los tribunales ordinarios.
Entre sus fundamentos se destacó el significativo avance experimentado por el proceso de modernización de nuestra justicia en los últimos 20 años, iniciado con la reforma procesal penal y seguido por una completa transformación en los ámbitos de familia, laboral, tributario y del medio ambiente. Ello ha significado un importante mejoramiento en la calidad y oportunidad de la obtención de justicia por los ciudadanos, lo que también se refleja en que los nuevos tribunales creados al amparo de las reformas están excluidos actualmente del receso de verano.
En la realidad, los juzgados civiles y los tribunales superiores son prácticamente los únicos que suspenden su funcionamiento durante febrero. A lo anterior se suma que, revisadas las materias y los procedimientos a cargo de los organismos jurisdiccionales con competencia en lo civil, se advierte que un considerable número de ellos no se ve afectado por el feriado judicial.
En consecuencia, queda de manifiesto que esta última institución corresponde a una realidad social, jurídica y comercial diferente y que a estas alturas constituye más bien un obstáculo en el acceso a la justicia, además de provocar un impacto muy reducido en el universo de materias de que conocen nuestros tribunales.
Cabe destacar que la iniciativa representa un asunto de interés prioritario tanto para el Ministro del ramo, el ex Senador señor José Antonio Gómez, como para la Corte Suprema, representada por su Presidente, el Ministro señor Sergio Muñoz, según ambos lo expresaron ante la Comisión de Constitución.
Sobre la base de las razones antes explicadas, la unanimidad de los miembros presentes del órgano técnico, Senadores señores Araya, Larraín y quien habla, aprobaron en general el proyecto, que, en líneas generales, propone lo siguiente:
Primero, se excluyen los tribunales ordinarios con competencia civil y los superiores de justicia del feriado establecido en el Título X del Código Orgánico de Tribunales. Para estos efectos, se introduce un conjunto de modificaciones destinadas a asegurar la provisión del servicio judicial durante todo el año, sin generarse problemas de continuidad a raíz del descanso anual a que tienen derecho sus empleados.
En segundo lugar, los funcionarios respectivos se incorporan al estatuto general sobre vacaciones establecido en el artículo 343 del Código y se dispone que les corresponderá un feriado anual de un mes, sin que una de las fracciones pueda ser inferior a 15 días. No podrán hacer uso simultáneo del feriado judicial el juez y el Secretario de un mismo tribunal.
Y tercero, complementariamente se introducen algunas modificaciones adecuatorias a otros cuerpos legales que hacen referencia a la materia y se contempla una norma que deroga toda otra mención que nuestro ordenamiento jurídico efectúe con relación al feriado judicial que se está eliminando.
Durante la discusión en la Comisión llegamos a un acuerdo con el Ejecutivo -y a propuesta también del señor Presidente de la Corte Suprema- en el sentido de introducir algunas indicaciones, lo que haremos en la discusión particular.
Por lo anteriormente expuesto, pido a la Honorable Sala que acoja la idea de legislar.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Se puede abrir la votación, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay objeciones.
El señor BIANCHI.- Pero que se disponga del mismo tiempo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Acordado.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, ya lo manifestó el Honorable señor Harboe, quien me antecedió en el uso de la palabra, pero a lo mejor no está de más reiterar brevemente el objetivo del proyecto propuesto y que se encuentra en votación. Se trata de suprimir el feriado judicial del mes de febrero, cuidando de asegurar la continuidad del servicio de administración de justicia en todos los tribunales ordinarios y de cautelar el descanso anual a que tiene derecho su personal.
Actualmente -y en general-, los juzgados civiles y los tribunales superiores de justicia aplican el tradicional feriado judicial, no así los tribunales de familia, los del trabajo, los de juicio oral en lo penal, los de garantía, los tributarios y aduaneros y los ambientales.
Por lo tanto, en la materia se ha originado una dualidad que afecta a algunos funcionarios, que son los menos, y hace recomendable coordinar la situación de todos ellos.
Resulta al menos inadecuado que dentro del Poder Judicial se fuerce a parte del personal a ejercer su derecho a descanso anual en un determinado mes del año, en especial cuando se interrumpe y entraba el buen y continuo funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, sumado a que dicha limitación no existe para otros tribunales.
Si consideramos que la judicatura civil es la que enfrenta los mayores recarga de trabajo y atraso acumulado en su despacho, es lógico y necesario asegurar una continuidad en la función jurisdiccional.
El proyecto recoge, además, una preocupación que ya hace varios años vienen manifestando los integrantes del Poder Judicial. En ese sentido, nuestra misión es atender a la necesidad de modificar y completar la legislación, para facilitar el trabajo y desempeño de los tribunales, así como también de sus auxiliares y personal.
Destaca también el hecho de que la iniciativa haya recogido la preocupación de las organizaciones de trabajadores en torno al fraccionamiento y permita dividir el feriado anual, pero asegurando siempre un mínimo de 15 días continuos.
Finalmente, apruebo el proyecto, pues no solo subsana las diferencias, sino que además flexibiliza el sistema. Ello trae como consecuencia un mejoramiento en la gestión y un fortalecimiento en el acceso a la justicia.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, seré muy breve.
Solo deseo reafirmar lo que aquí se ha expresado. El que nos ocupa es un antiguo anhelo de la judicatura, que responde al hecho de que las demandas sociales por respuestas jurisdiccionales son permanentes durante todo el año. No se detienen en un mes determinado. Por lo tanto, el servicio que prestan los tribunales debe ser otorgado en forma continua.
Desde luego, muchos procedimientos ya se han ido adaptando a la situación, como el proceso penal, que no enfrenta este tipo de interrupción.
En definitiva, se trata de buscar la forma de regular el feriado judicial, al que tiene derecho anualmente, de todas maneras, cada uno de los integrantes de ese Poder del Estado, hoy día sometidos al régimen de hacerlo efectivo durante el mes de febrero.
A nuestro juicio, se trata de un buen proyecto. Hemos recibido el apoyo del Presidente de la Corte Suprema y del Ejecutivo. Y creemos que la norma abunda en la modernización, en la puesta al día del Poder Judicial, ante la posibilidad de ofrecer un servicio muy requerido por la ciudadanía, de manera ininterrumpida, durante los 365 días del año. Ello, sin perjuicio de establecerse el procedimiento para que el derecho a feriado que tienen todos sus empleados opere anualmente en forma de que no altere el funcionamiento de estos tribunales.
¡Feliz cumpleaños, don Francisco!
El señor CHAHUÁN.- Muchas gracias, señor Presidente.
Considero totalmente acertado el proyecto de ley que se somete a nuestra consideración en esta oportunidad, mediante el cual se suprime el feriado judicial, cuestión que por lo demás ha sido impulsada en los últimos años por ese mismo Poder del Estado, a través de los distintos Presidentes de la Corte Suprema.
En la actualidad, la justicia laboral, la penal, la de familia, e incluso los tribunales de Policía Local, no suspenden sus actividades durante el mes de febrero. Entonces, el que ocurra lo contrario en el ámbito de los tribunales de jurisdicción civil configura una discriminación y un anacronismo que no se justifican.
Por otra parte, cabe tener presente que casi 90 por ciento de las causas que estos últimos tramitan están constituidas por juicios ejecutivos de cobranza y que, en muchas oportunidades, los demandantes solicitan habilitación de feriado a los juzgados que han de quedar de turno. En la mayoría de los casos, ello se concede, pero en otros no, por lo cual no existe uniformidad de criterio para que opere esta regla excepcional.
Así las cosas, se hace necesario, en nuestro concepto, que se ponga término a tal situación con la aprobación de este proyecto de ley del anterior Presidente de la República, Sebastián Piñera, considerando, por otra parte, que la justicia civil experimentará una agilización en el futuro mediante la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento, proyecto que ya se encuentra ingresado en esta Corporación para su tramitación legal.
Por estas razones, me pronuncio a favor de la iniciativa en debate, la cual soluciona una realidad que se ha arrastrado por mucho tiempo y que ya es hora de resolver. Repito que ella ha sido impulsada desde el propio Poder Judicial.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la ciudadanía se ha hecho más consciente de sus derechos y de las oportunidades que el sistema de administración de justicia le provee. La demanda por servicios judiciales ha experimentado un significativo incremento en los últimos años -llegó a 3 millones 3 mil 271 ingresos en 2012-, al punto de duplicarse en la última década.
El avance en el proceso de modernización en dicho ámbito, en los últimos veinte años, iniciado por la reforma procesal penal y seguido de los cambios en las justicias de familia, laboral, tributaria y de medio ambiente, a lo que se suma el diseño en discusión acerca del nuevo sistema de justicia civil y comercial, ha significado importantes mejoramientos en los índices de efectividad en la tutela judicial de los derechos. Ello ha provocado que la administración de justicia sea concebida como un servicio público de excelencia y orientado a las personas, a través del cual se ejerce la jurisdicción y se resuelven las controversias de relevancia jurídica con un estándar acorde a un moderno Estado de Derecho democrático.
Los objetivos del proyecto de ley son eliminar el feriado judicial en los tribunales superiores y los juzgados de letras con competencia civil, así como asegurar la continuidad del servicio de administración de justicia en todos los organismos jurisdiccionales ordinarios. Para tal efecto, se lleva a cabo la debida adecuación normativa del artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales.
De esta manera, se asegura la provisión del servicio judicial durante todo el año, sin generarse problemas de continuidad a raíz del descanso anual al que todo trabajador tiene derecho, garantía que la iniciativa salvaguarda adecuadamente.
Durante la discusión general en la Cámara de Diputados, el entonces Subsecretario de Justicia, señor Juan Ignacio Piña, explicó que la iniciativa no solo se justifica porque la Corte Suprema manifestó, en 2009 y 2010, la necesidad de suprimir el feriado judicial, sino también porque resulta cada vez más difícil sostener que este último resulta compatible con los avances de los ordenamientos procesales en las últimas dos décadas.
En el país, 133 tribunales con competencia común -eso significa que conocen de asuntos civiles, penales, laborales y de familia- no suspenden su trabajo durante el mes de febrero, en tanto que los tribunales civiles suman 85. Con el proyecto no se estaría obligando a los funcionarios judiciales a tomar vacaciones en un mes determinado, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, en que se les impide que ello ocurra durante el resto del año. En la práctica, en Regiones distintas de la Metropolitana, abogados y tribunales no paralizan sus actividades en febrero, precisamente porque la mayoría de estos últimos son -repito- de competencia común.
El Presidente de la Corte Suprema, señor Sergio Muñoz, sostuvo que el feriado judicial en los términos actualmente establecidos debe suprimirse, con el fin de velar por un adecuado uso de los recursos públicos.
La iniciativa en estudio, solicitada por todos, pone fin a un anacrónico sistema de feriado judicial, durante febrero, que afecta a los litigios civiles, mientras las causas penales, laborales y de familia, entre otras, continúan su tramitación, sin interrupciones, durante ese mes.
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, voy a respaldar la idea de legislar.
Ya lo han explicado latamente quienes intervinieron con anterioridad: el feriado judicial en las causas civiles no se justifica. Es un anacronismo que viene de tiempos inmemoriales, pero que en la actualidad no tiene ninguna razón de ser. La modernización en general de nuestra judicatura penal, laboral, de familia -y hoy día de la civil, a través del nuevo Código Procesal que ya se está discutiendo en esta Corporación- da cuenta de que la institución mencionada no responde a las necesidades de los justiciables.
Solo deseo destacar un aspecto que hice presente en la Comisión de Constitución. El artículo 343 del Código Orgánico, disposición cuya enmienda propone el proyecto, hará posible en adelante algo no permitido en este momento. Los funcionarios judiciales cuentan ahora, en promedio, con 30 días de vacaciones, salvo la acumulación y algunas otras situaciones muy particulares, y la norma vigente deja que los dividan en dos períodos de 15 días, como mínimo. Pues bien, el proyecto constituye un avance importante, porque establece que el fraccionamiento deberá comprender al menos un período de 15 días, y el saldo -es decir, otros 15 días o más con que se pueda contar- podrá parcializarse sin unidad de tiempo. Eso lleva a que se puedan distribuir días sueltos, a diferencia de lo que sucede en la actualidad.
Creo que el punto es bastante importante, porque se traducirá en una mejor planificación del tribunal en cuanto a quiénes van a estar tomando sus vacaciones y, también, en un mejor acceso a la justicia.
Dicho eso, señora Presidenta, voto a favor.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, sin duda, el objetivo y el contenido del presente proyecto son muy positivos, sobre todo para la modernización de la justicia.
Yo valoro el hecho de que estén en la Sala el Ministro y el Subsecretario de Justicia preocupados por que la iniciativa sea despachada hoy.
Lo conversaba hace poco con el Presidente de la Corte Suprema -el proyecto fue solicitado también por el Máximo Tribunal-, con quien coincidimos en que resulta fundamental que podamos tramitar el texto legal con la rapidez necesaria, de modo que el año que viene no tengamos más feriado judicial. Eso es lo que estamos planteando.
El objetivo del proyecto es, justamente, suprimir el feriado judicial del mes de febrero, para asegurar la continuidad del servicio de administración de justicia en todos los tribunales ordinarios, cautelando, eso sí, el descanso a que tienen derecho sus funcionarios.
Para estos efectos, se introducen un conjunto de modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, que excluyen del receso a los juzgados ordinarios con competencia civil y también a los tribunales superiores de justicia, y que incorporan a su personal al estatuto general de vacaciones establecido en el artículo 343 del mismo Código, correspondiéndoles un feriado anual de un mes.
El proyecto contempla, además, una serie de adecuaciones a otros cuerpos legales que hacen referencia al feriado.
El mensaje señala que la iniciativa significa una respuesta a la demanda por servicios judiciales, que ha experimentado un notable aumento en los últimos años. El 2002 ingresaron 1 millón 676 mil causas, mientras que en 2012 se llegó a los 3 millones. Por lo tanto, los servicios judiciales deben adecuarse a las necesidades actuales del país.
Señora Presidenta, como las causas se han duplicado y se necesita un mayor servicio, lo único que estaba quedando era aplicar esta medida, porque el resto de los tribunales, de distintas competencias, ya no tienen feriado judicial; es decir, implementan turnos.
Por eso, también había que adecuarse a las necesidades del país en esta materia.
En atención a ello, tal como ya lo manifestó el Senador Larraín, la bancada de la UDI va a aprobar el proyecto.
Le pido al señor Secretario que consulte a la Sala.
El señor QUINTEROS.- Pido la palabra, señora Presidenta.
El señor QUINTEROS.- Quiero inhabilitarme para votar este proyecto de ley por tener una hija que trabaja en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dejará la constancia respectiva.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 2 de junio.
Votaron las señoras Allende, Goic, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia, además, de la intención de voto favorable del Senador señor Horvath.
Ha pedido la palabra el señor Ministro.
El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).- Señora Presidenta, para la historia de la ley, es importante señalar que el proyecto acoge una petición reiterada por la Corte Suprema y los jueces. Desde el año 2009 que vienen dando su opinión en cuanto a cómo enfrentar el feriado judicial.
Digo lo anterior porque muchas veces se critica al Poder Judicial y se señala que muestra una actitud pasiva en ciertas materias. En este caso particular, está terminando con el feriado judicial que favorece a la Corte Suprema, a las Cortes de Apelaciones y a 85 juzgados del ámbito civil, porque todos los demás tribunales funcionan con la norma común.
Por lo tanto, resulta relevante destacar que esta idea fue impulsada por el Poder Judicial, recogida por el Gobierno anterior y continuada por nosotros.
Termino expresando que vamos a presentar las indicaciones en el período establecido a fin de contar lo más pronto posible con la normativa legal en estudio.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El siguiente asunto en tabla es el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un fondo concursable de apoyo directo al adulto mayor, con informe de la Comisión de Hacienda.
Sesión 18ª, en 14 de mayo 2014 (queda para segunda discusión).
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la sesión del 14 de mayo se solicitó segunda discusión para el proyecto.
Cabe recordar que la Comisión de Hacienda discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores Coloma, García, Lagos y Zaldívar y la abstención del Senador señor De Urresti.
El texto que se propone acoger en general se transcribe en las páginas 14 a 21 del primer informe del mencionado órgano técnico y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, en la sesión anterior discutimos largamente sobre el proyecto y algunos argumentos apuntaron al cambio en las autoridades, tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Asimismo, se convino en que hay ciertos aspectos que deben ser revisados, sobre todo respecto de los montos que se especifican en el texto. El programa se encuentra financiado, así que no hay problema con una posible demora en la provisión de fondos para instituciones que trabajan con adultos mayores (como el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas), a las cuales les interesa que el proyecto salga adelante.
Entonces, habíamos visto la posibilidad de que la iniciativa volviera a Comisión para un nuevo primer informe, a fin de escuchar la postura de las actuales autoridades del SENAMA antes de que la Sala emitiera un pronunciamiento. Ello nos parece razonable, por los cambios que pudiera haber al respecto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Habría que someter a la consideración de la Sala la petición planteada por la Senadora señora Goic en el sentido de que el proyecto vuelva a Comisión.
El señor PIZARRO.- Pongámosle un plazo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Claro, podríamos fijarle un plazo razonable.
¿Alguna sugerencia sobre el particular?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Treinta días, señora Presidenta.
La señora GOIC.- Perfecto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo, entonces, en que el proyecto fuera reenviado a la Comisión de Hacienda, para un nuevo primer informe, por un plazo de 30 días?
El señor GARCÍA.- Pido la palabra.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, yo no tengo inconveniente en que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda, pero ahí ya lo vimos. Solo está en juego la idea de legislar. Si nos dan un plazo de 30 días, debe tenerse en consideración que el 2 de junio partimos con el análisis de la reforma tributaria. Y todos comprenderán que ella nos significará un trabajo bastante intensivo.
Por lo tanto, le pediría a la Senadora Carolina Goic que, de ser posible, la Sala aprobara la idea de legislar ahora.
Yo comparto con ella que tenemos que revisar los montos. Desde mi punto de vista, resultan bajos, pero son una ayuda tanto para los hogares de larga estadía como para aquellos que reciben a adultos mayores por una sola jornada. Además, en el proyecto se incorpora una nueva atención, que significa apoyar a las familias que tienen a un adulto mayor, probablemente en calidad de postrado. Ahora se las ayudará a través de cuidadores, de personas que colaboren en esa atención, no en un hogar, sino en sus propias casas.
Por eso, pienso que, si se reenvía la iniciativa a la Comisión de Hacienda para volver a discutir la idea de legislar, en definitiva no vamos a estar haciendo buen uso del tiempo de que disponemos.
Cabe señalar que en la discusión de la Comisión de Hacienda participó la Directora Nacional del SENAMA, señora Rayén Inglés, quien estuvo de acuerdo en votar la idea de legislar. Pero -reitero- tenemos clara conciencia de que en el debate en particular habrá que mejorar sustantivamente el proyecto y de que los perfeccionamientos tendrán que venir precisamente del propio Ejecutivo, considerando que los incrementos de montos o aportes para el cumplimiento de los programas son de su iniciativa exclusiva.
En virtud de ello, me permito sugerir a la Senadora Goic que la Sala apruebe la idea de legislar y se fije un plazo para presentar indicaciones, de tal manera de permitir que el Gobierno estudie la materia y, sobre todo, haga nuevas proposiciones.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, aunque se acaba de tomar el acuerdo de reenviar el proyecto a la Comisión de Hacienda, voy a consultar a la Sala si hay disposición para revisar lo resuelto.
Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Goic, quien fue la que hizo ese planteamiento, para que diga cuál es su opinión al respecto.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, insisto en que la iniciativa vuelva a Comisión para su revisión. Creo que vale la pena porque incluso se han hecho anuncios relacionados con los centros de larga estadía, donde existe una lógica distinta para abordar el tema. De ahí que solicito mantener el acuerdo, con un plazo acotado.
Todos compartimos el objetivo de resolver el problema y avanzar en una política efectiva en materia de cuidado del adulto mayor y por eso me parecen razonables los treinta días.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Además de establecer un plazo de treinta días, Senador García, se podría autorizar a la Comisión para discutir el proyecto en general y en particular. Creo que así se podrían conciliar las posiciones y sería una forma de avanzar.
¿Habría inconveniente para proceder en esa forma?
--Se reenvía el proyecto a la Comisión de Hacienda por un plazo de treinta días para su discusión general y particular.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, no ofreció la palabra.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Lo que pasa, Su Señoría, es que primero teníamos que resolver temas de gestión antes de conceder la palabra sobre el contenido de la iniciativa.
Puede hacer uso de ella ahora, señor Senador.
Este es un proyecto muy interesante si uno toma en cuenta las cifras que ha establecido el INE para la gente de la tercera edad. Según las estimaciones de esa entidad, los chilenos de 60 y más años representan hoy el 16,8 por ciento de la población (2 millones 553 mil 352 personas). Para el año 2020 se calcula en un 20,9 por ciento ese segmento (3 millones 307 mil 729 personas). Además, el número de adultos mayores se ha duplicado en los últimos veinte años.
Ese es un mensaje claro de lo importante que es dicho sector etario.
Conjuntamente con lo anterior, la esperanza de vida al nacer en Chile es de 79,02 años, según cifras del Banco Mundial, lo que nos ubica por sobre nuestros vecinos de Argentina, donde es de 75,80, y de Perú, donde es de 73,98.
En la actualidad, una de cada cuatro personas de 60 o más años requiere de la ayuda de otra persona para realizar las actividades de la vida diaria, ya que no pueden hacerlo solas. Este porcentaje podría llegar hasta el 30 por ciento en los siguientes diez años si no se toman medidas oportunas de prevención y de vida saludable, siendo el grupo de población de 80 años y más el que tiene mayor probabilidad de sufrir dependencia. Ello generará un aumento en la demanda por cuidados especiales para aquel grupo etario.
Este es un proyecto de ley orientado a que los adultos mayores más vulnerables de nuestro país -es decir, aquellos que se encuentran en situación de pobreza o menoscabo en su calidad de vida o en riesgo concreto o potencial de ello y que están en una situación de dependencia- puedan asistir a centros diurnos donde les sea posible desarrollarse, recrearse y compartir con otros, o contar con cuidadores habilitados psicológica y físicamente para atenderlos, así como, en aquellos casos en los cuales su dependencia sea mayor, se encuentren en situación de vulnerabilidad o hayan sido víctimas de violencia o maltrato, puedan residir en lugares en los que se les brinden cuidados de largo plazo acorde a sus necesidades y a lo que se han ganado en la vida, porque han entregado todo para poder llegar a esa edad.
El principal objetivo del proyecto es contribuir a la consolidación de la Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile, mediante la creación de un fondo concursable de apoyo directo al adulto mayor que permita financiar iniciativas públicas o privadas a través de una subvención para la mantención de establecimientos de larga estadía, centros diurnos y cuidados domiciliarios, cuyo objetivo común es proteger el derecho a la salud funcional del adulto mayor, mejorar su integración en los distintos ámbitos de la sociedad e incrementar sus niveles de bienestar.
Dicho fondo financiará establecimientos de larga estadía para adultos mayores, que son iniciativas de apoyo directo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad o dependencia o sean víctimas de violencia o maltrato; centros diurnos, que son iniciativas de apoyo directo para adultos mayores en situación de vulnerabilidad y dependencia leve, que consistirán en servicios integrales de prevención de deterioro funcional, promoción del envejecimiento activo y de la autonomía del adulto mayor, así como prestación de servicios de apoyo a su grupo familiar y cuidadores, y cuidados domiciliarios, que son iniciativas de apoyo directo para adultos mayores en situación de vulnerabilidad y dependencia moderada o severa, cuyo objetivo será contribuir a mejorar su calidad de vida a través de la entrega de servicios sociosanitarios de apoyo al adulto mayor y respiro a su cuidador o cuidadores.
El proyecto, señora Presidenta, cumple con el objetivo final de entregar una mejor calidad de vida a la gente de la tercera edad, y además da cumplimiento a los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido en la materia, especialmente en el contexto de Latinoamérica y el Caribe, donde se ha trabajado la temática de envejecimiento y vejez. Es así como el año 2012 Chile participó en la III Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe, ocasión en la que se suscribió la denominada "Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe".
Por todo lo anterior, voy a votar a favor de esta iniciativa legal.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero recordar a Sus Señorías que el acuerdo adoptado por la Sala es que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda para su análisis en general y en particular. Por lo tanto, las indicaciones se podrán presentar directamente en dicho organismo, sin que sea necesario fijar plazo para ese efecto, atendido el hecho de que habrá treinta días para que se emita el informe respectivo.
Tiene la palabra al Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, a mi juicio, aquí no hay involucrada solo una cuestión de montos, como algunos colegas han planteado. Detrás de esto hay una discusión sobre política para el adulto mayor en el país. Por consiguiente, podemos asumir el problema, o bien seguir con un parche parcial que no lo resuelva.
La política de fondos concursables puede ser útil en muchas cosas, pero hay que partir viendo cuál es la envergadura de la situación.
Según he leído, hoy cerca de 20 mil o 25 mil adultos mayores requieren establecimientos de larga estadía. Otros tantos necesitan centros diurnos o cuidados domiciliarios. Y la verdad es que esto se resuelve por la vía de un Fondo Concursable. Este -hasta donde yo entiendo, porque participé del debate en la Cámara de Diputados- alcanza para 5 mil adultos mayores. Sin embargo, desde el punto de vista del subsidio, el costo mínimo para cubrir las necesidades de un adulto mayor es de 425 mil pesos y el monto más elevado que se otorgaría, mediante una subvención para la mantención de Establecimientos de Larga Estadía, es de 120 mil pesos.
Entonces, ¿qué es esto? ¿Acerca de qué legislamos acá?
Estamos avanzando en una política que da cuenta de un asunto muy postergado en nuestra política de protección social. Si no fuera por el Hogar de Cristo y la Fundación Las Rosas, nos hallaríamos completamente en el aire, pues todo el sistema descansa en esas instituciones, las cuales, a mi juicio, son importantísimas colaboradoras en este gran desafío social. No obstante, creo que el debate debe ser más global.
¿Cómo vamos a asumirlo?
Hay una posibilidad. En muchos países existe una red pública y una privada, y ambas se hacen cargo de la envergadura total de la situación.
La cobertura que otorga el proyecto que nos ocupa es bajísima. Asimismo, los montos que asigna también son reducidos. No obstante, yo objeto principalmente la ausencia de definición de políticas con respecto a qué vamos a hacer.
Felicito al Hogar de Cristo y a la Fundación Las Rosas, pero no basta con su actuación. Y es necesario hacerse cargo de esto de una vez por todas.
Los parlamentarios sabemos que, como ha aumentado la expectativa de vida de numerosas personas en todos los segmentos sociales -así lo hemos podido ver-, en aquellas zonas donde la gente habita en viviendas sociales resulta dramático convivir con personas mayores, sobre todo cuando padecen alzhéimer o demencia senil. En casas de 40 a 45 metros cuadrados es imposible cohabitar con un individuo que sufre una enfermedad de esas características u otra patología de distinta naturaleza.
Entonces, tenemos que abordar ese problema.
La reivindicación que más se repite hoy día en la gente de muchas poblaciones es: "Creemos un Centro Diurno; creemos un Establecimiento de Larga Estadía". Hay una demanda cada vez más fuerte por ellos.
En consecuencia, no hay relación entre esta iniciativa y la realidad. Por eso, es bueno que vuelva a la Comisión para repensar un poco más globalmente la situación de protección social que tenemos pendiente.
Pienso que el hecho de darnos un tiempo mayor no afecta el objetivo que se persigue, porque, como todos saben, en la Ley de Presupuestos para este año ya se halla cubierto. De tal modo, se destinan 6.337 millones de pesos para Establecimientos de Larga Estadía; 363 millones de pesos para Cuidados Domiciliarios; 757 millones de pesos para Centros Diurnos del Adulto Mayor. Y, hasta donde entiendo, ya se firmaron convenios con la Fundación Las Rosas o con el Hogar de Cristo, y creo que también con alguna otra institución. ¡Ya se firmaron! O sea, esta iniciativa ya se encuentra financiada y, en el mismo sentido, también existe un compromiso para el año venidero.
De ahí que por lo menos tenemos la certeza de que durante el 2014 esto se halla resuelto. Tomémonos un tiempo para discutir una política más amplia, que dé cuenta de la naturaleza, de la envergadura y de la profundidad del problema. No sigamos postergando la situación colocándole algunos parches; abordémosla en forma más global.
Por eso, comparto la solicitud de la Senadora Goic, y creo que sería muy importante que el Gobierno llegara con una propuesta un poquito más amplia y global.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tengo una larga lista de inscritos. Y recuerdo a las señoras y a los señores Senadores que el Orden del Día de esta sesión termina a las 19:35, y después tenemos que votar los proyectos de acuerdo del Tiempo de Votaciones.
Con relación a esta iniciativa, ya se acordó que el proyecto vuelva a Comisión, donde se verá en general y en particular a la vez y Sus Señorías podrán presentar indicaciones sin necesidad de fijar un plazo.
Aún resta tiempo para ofrecer la palabra.
A continuación, se halla inscrito el Senador señor Rabindranath Quinteros.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, ¿me permite una moción de orden?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, este proyecto reviste gran importancia, por lo que intervenir durante dos o tres minutos resulta insuficiente.
Por ello, quienes estamos inscritos podríamos postergar nuestras intervenciones, a fin de ocuparnos en los proyectos de acuerdo. Después -lo antes posible-, podríamos analizar este proyecto en general y en particular, como lo hará la Comisión.
Como digo, no vamos a poder intervenir todos los Senadores, por lo que reitero mi petición de que dejemos hasta aquí la discusión.
Lo otro sería que continuáramos el debate de esta iniciativa en la próxima sesión e intervinieran quienes nos hallamos inscritos, para que vuelva a Comisión y se le puedan efectuar las enmiendas correspondientes.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Podríamos terminar las intervenciones con la del Senador señor Quinteros. En realidad, hay una lista bastante larga de oradores, y es imposible que todos hablen, porque el Orden del Día culmina a las 19:35.
Lo que no nos es posible es dejar pendiente el proyecto para una siguiente oportunidad, pues ya se acordó que vuelva a Comisión, donde se verá en general y en particular.
Por supuesto, invito a Sus Señorías a que lleven sus indicaciones directamente a la Comisión. No hay más plazo para tal efecto, salvo los 30 días de discusión que se fijaron.
Luego de que intervenga el Senador señor Quinteros, si no alcanza a hacerlo otro orador, daremos por concluido el Orden del Día.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, debo manifestar, en primer término, que estoy absolutamente de acuerdo con toda iniciativa que vaya en apoyo de los adultos mayores. Porque, según el mensaje del Ejecutivo, ellos conforman alrededor del 15 por ciento de la población nacional y, naturalmente -como acá se ha dicho-, esta materia le interesa a toda la comunidad.
Sin embargo, me parece que el proyecto presenta omisiones, y por eso concuerdo con la Senadora Goic en cuanto a que regrese a la Comisión.
En primer lugar, considero que es hora de revisar el mecanismo de los fondos concursables. Estos son instrumentos que aplica el Gobierno central en diferentes programas sociales, como mecanismo de transferencia a instituciones públicas o privadas.
Al respecto, debo señalar que no soy partidario de la competencia entre el sector privado y el público en materia de prestaciones sociales. Las instituciones públicas son permanentes; por lo tanto, sus presupuestos deben ser permanentes, no pueden quedar sujetos en su acción a una postulación anual.
Tampoco es conveniente la competencia entre instituciones públicas. Son conocidas las diferentes capacidades de los municipios, dependiendo de sus niveles de ingresos, para formular o cofinanciar proyectos. De esa manera consolidamos las condiciones de desigualdad, que en materia de atención de adultos mayores son particularmente ostensibles.
¿Qué hace una institución que acoge a un anciano si pierde la postulación a un proyecto? Muchas veces el rechazo se produce por razones formales, no obstante, puede interrumpirse un programa social si la institución no cuenta con otra fuente de financiamiento.
Ello es muy recurrente en los municipios.
En segundo lugar, hay que hacerse cargo de la situación de los adultos mayores que se encuentran en zonas geográficas aisladas, de difícil acceso o rurales.
Sobre esta materia el proyecto de ley contempla en su artículo 11 una tabla de valores que señala rangos de subvención. Con todo, se echa de menos que no se refiera específicamente a la situación de los adultos mayores de sectores rurales apartados, de pequeños poblados, de comunas con menos de 5 mil habitantes.
Con el texto actual de la iniciativa, las actuaciones del SENAMA respecto de esos lugares se verán constreñidas por el hecho de no contar con el número suficiente de adultos mayores para hacer viable un proyecto, desde el punto de vista económico, para los prestadores del servicio. De modo tal que se hace imprescindible que se contemple una normativa especial destinada a los beneficiarios de la presente iniciativa que se encuentren en las situaciones aludidas.
Finalmente, hago presente una falencia que afecta a la mayoría de los proyectos de este tipo: su excesiva centralización. El artículo 9° permite la asignación directa de recursos con resolución fundada y razonada del Director Nacional del SENAMA, con informe previo y favorable del Ministerio de Desarrollo Social.
Esto no da cuenta del proceso de descentralización que requiere el país. No se contemplan atribuciones para las Direcciones Regionales del SENAMA, las que en conjunto con los municipios, a través de sus Direcciones de Desarrollo Comunitario, debieran tener un papel protagónico en la implementación de las acciones que incluye esta iniciativa.
Por consiguiente, soy del parecer de enviar este proyecto nuevamente a la Comisión respectiva.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, tiene la palabra el Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, ¡nadie se salva de la vejez! Y como nadie se salva de la vejez, creo que ella se hace cada día más importante.
Independiente de este proyecto de ley, que crea un fondo concursable de apoyo directo al adulto mayor, tenemos que contar con políticas, institucionalizar lo que significa la vejez, el adulto mayor, como en otros países, en donde el Estado se preocupa de tener verdaderos beneficios.
Debemos aprender de las experiencias en Europa y en el mundo entero. Incluso, a pesar de sus dificultades en materia económica, en Argentina existe una verdadera institucionalidad, una política de Estado orientada al adulto mayor.
Hace apenas unos días, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer sus estadísticas anuales sobre expectativa de vida en los 194 países que monitorea.
De acuerdo con ese informe, la esperanza de vida de los varones chilenos aumentó de 69 años, en 1990, a 77 años en 2012; en tanto que la de las mujeres subió de 76 a 83 años. Es decir, hubo un incremento de 10 y 7 por ciento, respectivamente; y la esperanza de vida en nuestro país creció de 73 años, en 1990, a 80, en 2012.
Desde la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor, en septiembre de 2002, Chile ha adoptado una serie de medidas para reconocer el rol de los adultos mayores en nuestra sociedad y apoyar iniciativas para su bienestar e inserción plena en la vida social.
Además del Fondo Nacional del Adulto Mayor y del convenio celebrado en 2007 entre el Ministerio de Vivienda y el SENAMA para el desarrollo del Programa de Viviendas Protegidas, el Gobierno anterior logró materializar un anhelo largamente acariciado por este grupo etario: eliminar la cotización obligatoria de 7 por ciento en salud para los adultos mayores más vulnerables y reducirla a 5 por ciento para los que perciben ingresos medios.
¡Es un buen testimonio de preocupación del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera por la gente de la tercera edad!
A lo anterior se suma el hecho de que se restituyó a más de 600 mil pensionados asegurados en el FONASA y titulares de la Pensión Básica Solidaria la posibilidad de acceder a la modalidad de libre elección, lo cual les permitirá escoger dónde y con quién atenderse.
El "bono bodas de oro" (270 mil pesos) para premiar a las parejas que cumplen 50 o más años de matrimonio juntos es otro reconocimiento al aumento de este grupo etario en nuestra sociedad.
Este proyecto de ley va en la misma dirección, pues crea subvenciones especiales para financiar los Cuidados Domiciliarios, los Centros Diurnos y los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores que no pueden valerse por sí mismos y viven, por ejemplo, en la Fundación Las Rosas y en el Hogar de Cristo, a fin de contar con ingresos adicionales, ampliar su cobertura y brindar un mejor servicio a estas personas, quienes se merecen todo el respeto y cuidado de nuestra parte.
¡Nuestra sociedad debe resguardar los derechos del adulto mayor!
Con todo, nuestra gran deuda sobre el particular consiste en el fortalecimiento de la fiscalización de las condiciones en que se prestan los servicios, especialmente en Establecimientos de Larga Estadía.
En tal sentido, estimamos urgente elevar a rango de ley materias actualmente reguladas por reglamento, como todo lo referido a la dotación de personal y a las condiciones sanitarias de este tipo de recintos.
Por ello, no pudiendo menos que apoyar una iniciativa como esta, concuerdo con lo planteado por el Senador García en orden a la necesidad de introducir mejoras relevantes al proyecto, muchas de las cuales dependen exclusivamente del Ejecutivo.
No es una frase cliché: los adultos mayores no pueden seguir esperando. Porque, como dije, nadie se salva de la vejez. Y hay personas que la viven en forma tormentosa e indigna.
Como Parlamento, debemos llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios, con el Gobierno de turno o con quien sea, para buscar más beneficios que permitan a todos estos chilenos vivir sus últimos años con verdadera dignidad.
Boletín N° s1659-12
El señor TUMA (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Prokurica, señora Goic y señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Orpis y Quinteros.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1659-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 16ª, en 13 de mayo de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que se envíe una nota de protesta diplomática contra el programa japonés de caza científica de ballenas minke en el Pacífico y se comunique dicha medida a la Comisión Ballenera Internacional, con el propósito de conservar y proteger a estos mamíferos marinos.
Boletín N° s1660-12
El señor TUMA (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores De Urresti, Harboe, Horvath, Navarro y Quinteros.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1660-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El fin de este proyecto de acuerdo es solicitar a la Primera Mandataria que instruya a las autoridades competentes para consultar recursos presupuestarios en el año 2015, a efectos de financiar diversas acciones y medidas inherentes al Plan de Descontaminación Atmosférica, Estrategia 2014-2018.
Su objetivo es facilitar la adopción de las medidas necesarias para favorecer la salud de las personas ante situaciones críticas de contaminación.
El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarlo?
Boletín N° s1661-12
El señor TUMA (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por la Senadora señora Allende.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1661-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es pedir a Su Excelencia la Presidenta de la República que tenga a bien disponer el envío de una norma aclaratoria del precepto contenido en la letra b) del artículo único de la ley N° 19.143, que permita a las comunas que se benefician con el pago de patentes mineras invertir en distintos ámbitos.
Su intención es permitir que los ingresos provenientes de las patentes de amparo de concesiones mineras se utilicen, sin reparos administrativos o judiciales, en aspectos del quehacer comunal, como sedes comunitarias, plazas, etcétera.
Boletín N° s1664-12
El señor TUMA (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Prokurica, Chahuán, Espina, García, Horvath, Navarro y Ossandón.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1664-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- La finalidad del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que otorgue urgencia a la iniciativa, actualmente en la Cámara de Diputados, que establece una asignación de función penitenciaria para el personal de Gendarmería de Chile.
Su objetivo es agilizar la tramitación del referido proyecto, por su importancia para la correcta aplicación de la política penitenciaria en el país.
El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Habría unanimidad para aprobar el proyecto de acuerdo?
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, pido que se vote.
Votaron las señoras Goic y Muñoz y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Navarro, Prokurica, Quinteros y Tuma.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a los oficios que han llegado a Secretaría.
A la señora Ministra de Minería, para que informe sobre NECESIDAD DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO DE PROFESIONAL A CARGO DE VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS DE CODELCO.
Al señor Contralor General de la República, consultando sobre APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO DE REGIÓN DE ATACAMA; a la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, para que se informe sobre ASPECTOS DE TRASPASO DE DERECHOS DE AGUA DESALADA, DESDE EMPRESA CASERONES A CALDERA, y al señor Vicepresidente Ejecutivo de COCHILCO, a fin de que entregue información acerca de PROYECTOS FORMULADOS Y NO EJECUTADOS DESDE AÑO 2000 A LA FECHA, CON INDICACIÓN DE RECURSOS INVOLUCRADOS EN CADA UNO DE ELLOS.
Al señor Director Nacional de Vialidad, solicitándole antecedentes respecto de ESTADO DE CAMINO DE ACCESO A COMUNA DE CORRAL, Y SU PLAN DE CONSERVACIÓN, y al señor Director Nacional de Obras Hidráulicas, requiriéndole información sobre ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL PARA CERRO MILAGROS EN COMUNA DE CORRAL (ambos de la Región de Los Ríos).
--Se levantó la sesión a las 19:35.