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Timestamp: 2016-10-21 20:32:45
Document Index: 222634703

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 148', 'artículo 10', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 31', 'artículo 42']

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2002, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Ministerio de Fomento, sobre actuaciones de vivienda y suelo (Plan de Vivienda 2002-2005)
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2002, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Ministerio de Fomento, sobre actuaciones de vivienda y suelo (Plan de Vivienda 2002-2005) Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2002, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Ministerio de Fomento, sobre actuaciones de vivienda y suelo (Plan de Vivienda 2002-2005) Estado	:
MINISTERIO DE FOMENTO	RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 200., de da Dirección, General de la Vivienda, La Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda. y Transportes de la Comunidad Autónoma de las Illes Batears y el Ministerio de Fomento, sobre actuaciones de vivienda y suelo (Plana de Vivienda 2002 2005).
Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Ministerio de Fomento, el día 21 de mayo de 2002, un Convenio de colaboración sobre actuaciones de vivienda y suelo (Plan de Vivienda 2002-2005), y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Convenio entre la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Ministerio de Fomento sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda
y suelo del Plan 2002-2005
En Madrid, a 21 de mayo de 2002.
De otra parte, el Honorable señor don Francisco Quetglas Rosanes, Conseller de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, facultado para este acto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de día 17 de mayo de 2002.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3 ff de la Constitución española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, en su artículo 10.
Fomento del acceso a la vivienda por los sectores de población de las Islas Baleares con más dificultad para ejercer el derecho a su disfrute. Velar por la consecución de este fin es una indiscutible competencia del Gobierno de esta Comunidad Autónoma que, en materia de vivienda y en el contexto social y económico en que vivimos, debe ser especialmente activo y protagonista, contrarrestando los efectos negativos de un mercado laboral marcado por una flexibilidad que proyecta una inseguridad que dificulta el acceso a una vivienda, y una realidad social significada por un importante aumento del precio de la vivienda provocado por la demanda generada por una coyuntura económica favorable y también, en nuestra Comunidad Autónoma, por un no menos destacado incremento del interés de ciudadanos nacionales y comunitarios no residentes de establecerse en nuestras islas.
En los últimos años, se ha producido en las Islas Baleares, un aumento espectacular del precio de la vivienda. En el mismo periodo de tiempo, los precios máximos de venta legales que se fijan por la Administración Estatal para el sector de la vivienda protegida, no han experimentado una subida proporcional, lo que ha motivado, junto con otras premisas del mercado, un vertiginoso descenso de la construcción de este tipo de viviendas. Así, mientras la construcción de vivienda a precio libre ha sufrido un incremento espectacular, las viviendas de protección oficial tienen un carácter residual, lo que está dejando alejados del marcado inmobiliario a una gran parte de población que no puede hacer frente a las inversiones necesarias para la adquisición de una vivienda libre.
La construcción de viviendas de protección pública, especialmente la dirigida a familias con ingresos inferiores a 2.5 veces el salario mínimo interprofesional, suficientes para satisfacer la demanda en el próximo cuatrienio.
Incentivación a la adquisición de vivienda ya construida como alternativa a la nueva construcción dado el limitado territorio y favoreciendo la limitación en el crecimiento del suelo urbanizable.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito e110 de noviembre de 1998, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 4.2.g) de este Convenio), acordados con el Ministerio de Fomento, en las cifras de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas, correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se supere el importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por anualidades, autorizados por el Consejo de Ministros para el Plan de Vivienda 20022005.
Préstamos cualificados para actuaciones protegidas que supongan un máximo de 1.760 viviendas de nueva construcción, para venta o adjudicación, que figuran en el anexo I, incluyendo las resultantes de las actuaciones de rehabilitación a que se refiere el artículo 31.1, a) del Real Decreto, así como un máximo de 200 viviendas de las especificadas en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto 1/2002, de 11 de enero; y para un máximo de 300 viviendas calificadas o declaradas protegidas para arrendamiento tipo a veinticinco años que figuran, asimismo, en el anexo I, incluyendo los alojamientos a los que se refiere el artículo 1.2 del Real Decreto citado, las viviendas existentes destinadas a arrendamiento cuya
financiación determina el artículo 20.7 de aquel y las resultantes de las actuaciones de rehabilitación mencionadas en el artículo 31.1, a), del mismo Real Decreto, cuando se destinen a arrendamiento.
Préstamos cualificados para la adquisición protegida a título oneroso de viviendas existentes, a las que se refiere el capítulo N del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, que figuran en el anexo I, a un máximo de 630 adquirentes.
3.1 El reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la financiación cualificada a que se refiere el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, para un máximo de 5.220 viviendas financiables con subvención y un máximo de 1.200 viviendas en Áreas de rehabilitación.
3.2 Las Áreas de rehabilitación se tramitarán con sujeción a lo dis puesto en los artículos 29 y 30 del citado Real Decreto.
4.1 El reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a las ayudas económicas estatales que en cada caso procedan para urbanización de suelo necesario a efectos de promover 200 viviendas, cuando la ayuda estatal consista exclusivamente en una subvención.
4.3 El abono de las subvenciones estatales, se atendrá a las pautas marcadas para las Áreas de rehabilitación en el apartado 3.2.2. de esta misma cláusula.
Viviendas protegidas de nueva construcción:
a) Coeficiente 1,125.
1. Subvención del 10 por 100 del precio máximo de venta con ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI, con un máximo de 8.415 euros.
2. Subvención del 12 por 100 del precio máximo de venta a los jóvenes (dieciocho treinta y cinco años) con ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI, con máximo de 9.617 euros.
3. Subvención de un 10 por 100 del precio máximo de venta a las familias numerosas con ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI, con un máximo de 8.415 euros incompatible con los apartados 1 y 2. Superficie máxima de la vivienda 120 metros cuadrados.
b) Coeficiente 1,40.
1. Subvención del 10 por 100 del precio máximo de venta con ingresos inferiores a 3,5 veces el SMI, con un máximo de 8.415 euros.
2. Subvención del 12 por 100 del precio máximo de venta a los jóvenes (dieciocho treinta y cinco años) con ingresos inferiores a 3,5 veces el SMI, con máximo de 9.617 euros.
3. Subvención de un 10 por 100 del precio máximo de venta a las familias numerosas con ingresos inferiores a 3,5 veces el SMI, con un máximo de 8.415 euros incompatible con los apartados 1 y 2. Superficie máxima de la vivienda 120 metros cuadrados.
c) Coeficiente 1,56.
1. Familias numerosas subvención del 8 por 100 del precio máximo de venta con ingresos inferiores a 3,5 veces el SMI, con un máximo de 8.415 euros. Superficie máxima de la vivienda 120 metros cuadrados.
Adquisición de viviendas existentes:
1. Subvención de110por100delpreciomáximodeventaalasfamilias con ingresos inferiores a 3,5 veces el SMI, con un máximo de 8.415 euros.
2. Subvención del 12 por 100 del precio máximo de venta a los jóvenes (dieciocho treinta y cinco años) con ingresos inferiores a 3,5 veces el SMI, con máximo de 9.617 euros. Incompatible con la subvención del apartado 1.
3. Familias numerosas subvención del 10 por 100 del precio máximo de venta con ingresos inferiores a 3,5 veces el SMI, con un máximo de 8.415 euros. Superficie máxima de la vivienda 120 metros cuadrados.
1. Se concederán las ayudas complementarias reguladas en el Decreto Autonómico 76/2000, de 5 de mayo, de ayudas a la rehabilitación de viviendas y declaración de Áreas de Rehabilitación Integrada en las Illes Balears.
1. Una subvención adicional del 10 por 100 de la cuantía máxima del préstamo que hubiera podido obtener para la adquisición y urbanización de suelo residencial para la formación del patrimonio público en las concisiones establecidas en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.
A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados [incluidos los reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 4.2 g) de este Convenio]. Los correspondientes incrementos de objetivos serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
b) Con carácter mensual: Relación del reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación y para actuaciones protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el Minis terio de Fomento, y que, según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios, procediera ir reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
g) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de otra u otras, adecuando dichos objetivos en función de la evolución de las circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y gastos estatales autorizados, según el artículo 42.1 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero. Se acordarán, asimismo, en su caso, los sobre pasamientos de objetivos con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la base para la determinación de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Fomento, entendiéndose que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en concepto de la financiación cualificada de actuaciones que excedan en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción. El presente Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.-El Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos Fernández. El Conseller de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Francisco Querglas Rosanes.Ver ANEXO 1