Source: https://notinet.com.co/Tributario/veropinion.php?id_editorial=127
Timestamp: 2019-10-19 09:38:08
Document Index: 141841398

Matched Legal Cases: ['artículo 703', 'artículo 712', 'artículo 779', 'artículo 782', 'artículo 710', 'artículo 703']

El Estatuto Tributario dispone el procedimiento de cobro de deudas fiscales a favor de la Nación el cual, si bien se caracteriza por ser bastante rígido también es necesario que garantice los espacios para el ejercicio del derecho a la defensa por parte del contribuyente requerido, como lo han manifestado en reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado y la Corte Constitucional; este procedimiento de cobro otorga a la administración de impuestos la facultad de modificar por una vez las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes.
Este proceso de modificación tiene lugar cuando antes de proferir la liquidación de revisión, se expide y envía al deudor por una sola vez un requerimiento especial indicando todos los puntos de la declaración que se propone modificar y las razones explicadas en las cuales se sustenta la decisión administrativa (artículo 703 del Estatuto Tributario); dicho requerimiento debe contener la cuantificación de los tributos que se pretenden adicionar a la liquidación privada que inicialmente presentó el declarante.
Una vez notificado del requerimiento especial el contribuyente tiene tres meses para contestar el mismo, bien sea subsanando las inconsistencias señaladas por la administración, objetando los fundamentos expresados o solicitando la práctica de las pruebas pertinentes cuando sea necesario, y la administración de impuestos dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o su respectiva ampliación, debe realizar la notificación de la liquidación oficial de revisión[1] si hay mérito para ello.
Cuando ha sido expedida la liquidación oficial de revisión es necesario cumplir con los requisitos del artículo 712 del Estatuto Tributario, referente al contenido de este acto administrativo: fecha, periodo gravable al cual corresponde, nombre o razón social del contribuyente, el Número de Identificación Tributaria (NIT) del mismo, bases para cuantificar el tributo, valor a pagar por concepto de impuestos y sanciones, explicación sumaria de las modificaciones efectuadas; es necesario que exista correspondencia entre la liquidación de revisión y el requerimiento especial, es decir que la liquidación debe referirse exclusivamente a la declaración del contribuyente, y a los hechos contemplados en el requerimiento.
El término para notificar la liquidación oficial de revisión, como se señaló de manera previa, debe ser dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial o su ampliación, pero existen eventos en los cuales se puede suspender dicho término:
1. Cuando se realiza inspección tributaria de oficio (artículo 779 del Estatuto Tributario), caso en el cual se suspende por tres meses contados desde la notificación del acto administrativo que decrete la inspección.
2. Inspección contable a solicitud de parte (artículo 782 del Estatuto Tributario), evento en el que la suspensión es de dos meses.
3. Si hay documentos que no reposan en el expediente (artículo 710 del Estatuto Tributario), el término de suspensión es de dos meses.
Pero es necesario señalar que la suspensión no puede ser ejercida de manera arbitraria por parte de la administración de impuestos, sino que se deben cumplir una serie de requisitos[2]:
· Debe realizarse dentro del plazo para la expedición de la liquidación oficial de revisión, es decir dentro de los seis meses.
· Se debe hacer mediante acto administrativo debidamente motivado.
· Referirse a documentos que no se encuentren en el expediente y que sean relevantes para el procedimiento de cobro.
· La suspensión debe ser debidamente notificada al contribuyente.
El incumplimiento de estos requisitos puede afectar los actos administrativos que hayan sido proferidos por la respectiva entidad, adicionalmente esto implica la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso y la defensa del contribuyente, ya que le niega la oportunidad de ser notificado y controvertir dentro del término legal los actos administrativos.
[1] Es necesario señalar que el requerimiento especial es un requisito previo para poder proferir la liquidación oficial de revisión, tal como lo señala el artículo 703 del Estatuto Tributario.
[2] Expediente 15001233100020110060701 (22033) del 30 de mayo de 2013. Consejo de Estado Sección cuarta.