Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2010/08/
Timestamp: 2018-11-19 01:14:46
Document Index: 88045806

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 57', 'artículo 172', 'artículo 72', 'artículo 130', 'artículo 158', 'artículo 156', 'artículo 130', 'artículo 353', 'artículo 29', 'artículo 404']

POLITICA Y DERECHO: agosto 2010
Por vez primera, si la memoria no falla, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido una sentencia, definitiva e inatacable, que establece que, durante los procesos electorales de este año, el presidente de la República violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tal violación se cometió, por parte del presidente Felipe Calderón Hinojosa, respecto de lo dispuesto en el segundo párrafo del Apartado C de la Base III del artículo 41 de la Constitución, que a la letra determina: "Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público".
Por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala Superior confirmaron la resolución aprobada, por cerrada diferencia, en el IFE, conforme a la cual se consideró fundada la queja interpuesta por el PRI en contra del Ejecutivo Federal por la difusión, en cadena nacional, de un mensaje relativo a temas de seguridad pública, unos días antes de la jornada comicial local del primer domingo de julio pasado; pero además, los magistrados consideraron que igual violación se acreditó por la realización de conferencias de prensa, difundidas con amplitud en los medios de comunicación, que el propio Calderón realizó para dar a conocer supuestos logros de su gobierno, en materia de empleo y simplificación tributaria.
La resolución del IFE fue impugnada por el consejero jurídico de la Presidencia, que invocó en la defensa de su representado la inmunidad que al Ejecutivo otorga la propia Constitución, al disponer que durante su encargo solamente puede ser acusado por "traición a la patria o delitos graves del orden común"; además de rechazar que el mensaje y conferencias de prensa de Calderón fuesen propaganda electoral.
Los siete magistrados electorales han establecido un precedente de enorme trascendencia, pues no solamente han resuelto que el Presidente puede ser acusado y declarado culpable por infracciones a la Constitución y el Cofipe, a partir de la primacía y obligado cumplimiento, por parte de cualquier servidor público, del texto del artículo 41, y también del 134, de nuestra Carta Magna; sino que, además, han lanzado una señal para lo que viene.
En 2006 la conducta de Vicente Fox puso en riesgo la legitimidad de la elección de su sucesor, como quedó establecido en el debate del dictamen de declaración de validez y Presidente electo de aquel año; pero en ese entonces ni la Constitución ni el Cofipe contenían las normas que, a partir de 2007-2008, se incorporaron respecto a propaganda gubernamental. Se trata de una llamada de atención al presidente Calderón y a su gobierno, advirtiéndoles que son sujetos obligados de las normas al respecto, y que el Ejecutivo no pueden invocar la inmunidad, que no impunidad, que tiene conferida.
La tarjeta amarilla que la Sala Superior ha mostrado a Felipe Calderón se produce justo en el momento en que el Ejecutivo, pasando por encima del Cofipe, decidió iniciar, fuera de plazo, en radio y medios impresos, la propaganda de su próximo informe de gobierno. Se trata de otro desafiante reto del Ejecutivo a las autoridades electorales.
Ni su partido, ni el propio Presidente, impugnaron las nuevas reglas sobre propaganda gubernamental establecidas hace tres años; las acompañaron y por ellas votaron sus legisladores en ambas Cámaras. Que el abuso de los gobernadores, del jefe de Gobierno del DF y de algunos alcaldes, estén a la vista de todos, no puede ser invocado como pretexto para hacer lo mismo. Que muchos violen la ley no la deroga ni la deja sin efectos.
A pesar de ser culpable, Calderón no ha sido sancionado, ni siquiera con una amonestación pública; dicen el IFE y la Sala Superior que el Cofipe no contiene sanciones aplicables al Presidente. De tal interpretación discrepo, creo que se le debería haber amonestado; pero la prudencia también es virtud. El Presidente se queda con tarjeta amarilla. A otros ya les toca la roja.
En la semana nacional de la Transparencia, seminario de análisis y evaluación que organiza el IFAI, he puesto como ejemplo de la larga y compleja tarea que aún depara a la concreción del derecho de acceso a la información pública en México, así como de la hipocresía y la simulación de gran parte del entramado institucional frente a este derecho, la forma en que un órgano de la trascendencia de la Cofetel realiza sus sesiones, en privado, así como del ocultamiento de los criterios y razones por los que toma sus decisiones, como la resolución de las licitaciones de espectro radio-eléctrico. Mony De Swaan, instalado en el cinismo político —igual que su jefe Juan Molinar—, aún no publica el acta de la sesión en que se le regaló a la sociedad Televisa-Nextel, 30 MHz del espectro para servicios de telefonía móvil a precio de ganga. Es que en ella debe constar, según lo ha confirmado el propio comisionado Ernesto Gil Elourdy, los motivos de su abstención a votar la licitación 21, quizá por tener conocimiento de las medidas cautelares que dos distintos jueces federales habían ordenado y por lo cual lo suspendían. Consciente de las consecuencias jurídicas a las que lo conduciría el desacato, el comisionado no quiso ser parte de la comisión de un delito. Es por esto que, a siete años de haber entrado en vigor la ley de transparencia, no podemos asumir como una victoria cultural y política, lo que ha sido un triunfo en la legislación mexicana y que enfrenta las más variadas resistencias del aparato público. Parece que el espíritu de apertura está en proceso de retirada, sino es que en regresión. No es privativo del ámbito federal, e incluso la experiencia en varias entidades resulta más funesta, pero lo cierto es que en lugar de acrecentarse la cultura de transparencia, cada vez se inventan nuevos pretextos para no entregar los documentos que solicitan los ciudadanos. De acuerdo con el IFAI hay más de 250 amparos para no entregar la información solicitada y más de 30 juicios de nulidad presentados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de las sentencias emitidas por el Instituto. No por evitar abusos de particulares vayamos a dar más herramientas a una burocracia que, atrincherada en la información que posee como si fuera propia, resguarda su espacio de poder por encima del interés público. Fundamental recordar que el derecho a la información es la transparencia en el ejercicio gubernamental. El que los ciudadanos conozcan qué hace el gobierno, en qué le puede ayudar y qué se hace con los impuestos. En la Camara de Diputados, tenemos una Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, Función Pública y Justicia. Es muy probable que ésta sea una de las reformas a discutirse en el periodo ordinario de sesiones que inicia este 1 de septiembre. La minuta tiene avances como la inclusión de la prueba de daño, pero algunos artículos son ambiguos, como el 48, que indica que se podrán desechar solicitudes de información cuando cause un entorpecimiento extremo de las actividades del sujeto obligado. En este punto tendría que definirse qué se es entorpecimiento extremo. El artículo 57, fracción V, da oportunidad a que cualquier recurso de revisión que sea “ofensivo o frívolo” sea desechado. Hay que precisar, porque no sabemos qué criterios tendrá la autoridad para definir qué es frívolo. Insisto en incorporar nuevos sujetos obligados: transparentar la actuación de los partidos, como una auténtica acción de recuperación de la confianza ciudadana y, los sindicatos, llamados a ser parte de la democratización en su sentido más amplio y la transparencia de recursos públicos que les llegan, como cuotas de sus bases. Ni se diga del Congreso, que tanto debe a la rendición de cuentas. En la Cámara de Diputados no hay una ley en la materia y el reglamento es muy flexible, comparado con el rigor que el Legislativo exigió a otros poderes. El reglamento no define qué es información reservada, sino que ésta compete de forma individual a los titulares de los órganos de la Cámara, mantiene el periodo de reserva como indefinido, y no define sanciones para quienes incumplan la transparencia. Estos hechos, regresivos algunos, contradictorios otros, dan cuenta de la resistencia. Por supuesto, nadie dijo que la tarea sería fácil
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 14:50 No hay comentarios:
EL CONGRESO Y LA POLÍTICA BIPOLAR
La disputa por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados anticipa, más allá de cuál sea la solución que se encuentre, un ríspido periodo de sesiones. Es difícil sorprenderse. Los actores políticos han alineado, de manera más que anticipada, todo su accionar a la sucesión presidencial. Cuando aún no se rinde el IV Informe de Gobierno, nadie parece dejar de pensar en los comicios presidenciales de 2012. Los ánimos de cooperación ciertamente se ven mermados. Pero, además, los costos políticos de las alianzas electorales en los recientes comicios locales ya se empiezan a concretar. El pragmatismo en las elecciones según el cual el mejor candidato posible para frenar al PRI es el priista más recientemente agraviado, ya acusa reacciones. Difícil que fuera de otro modo. Así, el ríspido periodo que se avecina, para algunos confirmará la necesidad de revisar un diseño político que, al no ofrecer mayorías parlamentarias estables, genera una indeseable parálisis de gobierno. Bienvenido sea el debate. Pero conviene separar los diversos niveles del problema. En primer lugar, más allá del diseño institucional en el que se habite, parece de sentido común que, si una fuerza política, en este caso la del partido en el gobierno, muda sus afectos políticos a la mitad de su gestión, esta operación tendrá reacciones. No se puede esperar que se sostengan compromisos y acuerdos cuando el trato y las prioridades políticas del antiguo aliado apuntan hacia otra parte. He ahí un primer dato que parece independiente de cualquier diseño institucional. Un segundo plano del problema es en efecto qué incentivos se generan para la cooperación de las fuerzas políticas bajo el formato de un presidencialismo acotado por la pluralidad. Y ello nos invita a discutir, esquemáticamente, qué lado de la ecuación preferimos. Si optamos por reconstruir la eficacia del presidencialismo por encima de la pluralidad, existen diversas fórmulas para sacrificar la pluralidad en aras de la construcción de mayorías afines al partido del Presidente. Si el valor que se quiere preservar es la pluralidad, existen también diversos arreglos posibles para lograr que se conjugue la diversidad política con la eficiencia gubernamental. Ahora bien, lo que me parece que no se puede obviar es la calidad de los actores políticos. Cualquiera que sea el arreglo institucional al que se arribe, es necesario contar con partidos políticos instituidos, que le guarden respeto a las reglas, que sepan honrar los acuerdos formales e informales, que tengan un sentido de responsabilidad y que posean una disciplina interna que los haga confiables. Sin embargo, poco se puede esperar de cualquier diseño, si se cuenta con partidos con escasa institucionalidad, con un pragmatismo que los aleja de los principios, indisciplinados, y que apelan a la bipolaridad según la cual, "si yo te agredo, tú tienes que aguantar, si tú me agredes, te tienes que atener a las consecuencias". En fin, en la víspera del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, lo que se puede anticipar es que habrá muchas dificultades para procesar acuerdos mínimos y que lo que veremos será un torneo para repartir las culpas de la parálisis gubernamental y parlamentaria. Ojalá estemos atentos para alinear el debate en algún lugar alejado del simplismo.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 14:48 No hay comentarios:
LOS DIEZ MANDAMIENOS DEL CARDENAL SANDOVAL IÑIGUEZ
LOS PRIMEROS INSURGENTES Y SU DIPLOMACIA (III-V)
Los primeros insurgentes, Hidalgo, López Rayón y Morelos comprendieron la necesidad de celebrar tratados de alianza con otros países, en vista de la importancia que para ellos tenían las relaciones internacionales para allegarse armas y fomentar el comercio que anteriormente se hacía a través de la metrópoli. En diciembre de 1810, el cura de Dolores envía a Estados Unidos a Pascasio Ortiz de Letona, originario de Guatemala, como "plenipotenciario y embajador cerca del Supremo Congreso de los Estados Unidos de América, con la misión de negociar con el Congreso de aquel país una alianza ofensiva-defensiva, tratados de comercio útil y lucroso para ambas naciones...y cuanto más conviene a la felicidad de ambas". En el poder conferido por Hidalgo a Ortiz de Letona, se dice: "resolvimos a toda costa vivir en libertad de hombres o morir tomando satisfacción de los insultos hechos a la nación."
Por desgracia dicha misión no llegó a concretarse, ya que Letona, cuando se dirigía a Veracruz para embarcarse a Estados Unidos, fue aprehendido por parecer sospechoso, y al encontrarse las credenciales diplomáticas como agente de la revolución, fue enviado a la junta de seguridad para ser juzgado, y el optó por suicidarse en el camino. Es así que, desde el inicio de la guerra de Independencia, existía una intención de vincularse con el mundo exterior por parte de los insurgentes. Pero era evidente la limitación de conocimientos del derecho internacional de la época y del protocolo que le acompañaba:
"Los revolucionarios mexicanos no aprovecharon las discordias ni las simpatías que la causa de la libertad americana provocó en los europeos; no enviaron al viejo mundo agentes diplomáticos o propagandistas que los representaran, ni se sabe que tuvieran siquiera el pensamiento de hacerlo...los primeros caudillos insurgentes, Hidalgo, Allende, Aldama, Rayón, no pensaron sino en la ayuda que pudieron haberles dado (y no les dieron) los Estados Unidos."
Posteriormente, se intentaron nuevos contactos con las autoridades políticas en Washington, en busca de la solidaridad y ayuda material para alcanzar la independencia. El sustituto de Ortiz de Letona, el licenciado Ignacio Aldama, nombrado por Allende, fue enviado de igual forma a Estados Unidos con barras de plata, "con el propósito doble de que adquiriera armamento y hombres útiles a la campaña", acompañado por el franciscano Salazar, pero fue capturado en el camino y más tarde fusilado en Monclova por el ejército realista. Entonces Hidalgo dio nombramiento al coronel José Bernardo Gutiérrez de Lara con el mismo objetivo que había sido enviado Aldama. "Había que atravesar las vastas tierras de Texas, de Arkansas, de Tennessee, de Kentucky y de Virginia, escalar montañas, pasar ríos y pantanos, y tras de mil dificultades llegar a Washington".
Fue así como prosiguió su viaje para entrevistarse con James Monroe. En una conversación sostenida entre el coronel, tercer enviado mexicano, y James Monroe, entonces secretario de Guerra estadunidense, éste último argumentaba que su gobierno apoyaría "con toda su fuerza la revolución de las provincias mexicanas." Dicho apoyo consistiría en proveer armas, municiones y soldados a cambio de que los insurgentes mexicanos "establecieran una constitución similar a la estadunidense y sólo así se admitirían en la confederación estas repúblicas." De esta manera se le manifestaron también a Gutiérrez Lara las ambiciones expansionistas estadunidenses y su interés por adquirir los territorios que se segregasen de España.
El plan de "agregación" fue mal recibido por el enviado mexicano, quien al escuchar semejante propuesta, salió molesto del despacho de Monroe, consciente de que Estados Unidos "nunca darían nada por nada." Al regresar a México, Gutiérrez de Lara, seguro del fracaso que sería nuevamente tratar de pedir apoyo a Estados Unidos, dejó el campo de la política internacional para meterse de lleno en la lucha armada, convencido de que serían las armas las que más eficaces triunfos dieran a la causa de la emancipación nacional.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:20 No hay comentarios:
LA ASAMBLEA LEGUSLATIVA DEL DF Y LAS TARIFAS DE AGUA
El punto de partida del incremento exorbitante, desigual, dañino patrimonialmente, conculcador de derechos humanos y de preceptos constitucionales se halla en un ordenamiento que expidió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), V Legislatura, denominado Código Fiscal del Distrito Federal, mismo que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de diciembre del 2009 y que entró en vigor a partir del día 1 de enero del 2010.
En el mismo Código, en el Capítulo IX, relativo a los derechos por la prestación de servicios, en la sección I, se fijan los derechos por el suministro de agua, en los artículos del 172 al 178. En el artículo 172, fracción I, inciso a) se señala que el pago de los derechos por el suministro de agua se hará conforme a las tarifas que se establecen detalladamente en varias páginas, respecto de las cuales se detalla el tratamiento desigual de acuerdo con la manzana donde se ubique la toma de agua y las cantidades a pagar resultan distintas considerando las regiones y manzanas.
Es en esas disposiciones donde se establecen los tratamientos diferentes según la manzana de que se trate, fijándose inadecuado y desigual tratamiento tributario conforme a los tipos de manzana y aparecen: manzana tipo popular, manzana tipo baja, manzana tipo media y manzana tipo alta. Independientemente de los abundantes y complejos números que se comprenden en el inciso a) de la fracción I del artículo 72, en las doce tablas o cuadros que en esa disposición normativa aparecen. Lo cierto es que, el resultado de esos detalles numéricos ha sido de auténtica pesadilla viviente para aquellos consumidores que han sido colocados en manzanas de tipo alto, sin que de por medio haya la más mínima justificación y con caso omiso a su precaria capacidad pecuniaria, sin más motivo que la mala suerte de vivir en un lugar subjetiva y erróneamente considerado como manzana alta.
Ojalá que las personas físicas, en su carácter de asambleístas se percaten de la realidad lamentable que viven los usuarios de servicios de agua, cuyas propiedades están ubicadas en las zonas que no son de manzana de tipo popular o de manzana de tipo baja o de manzana de tipo medio y que sufren la desgracia de que sus propiedades estén ubicadas en el injusto y arbitrario ámbito de manzana de tipo alto. Es absolutamente infundado e improcedente cobrar cantidades diversas por el costo del servicio público de suministro de agua y constituye una auténtica desgracia establecer contraprestaciones tributarias desiguales cuando la prestación del servicio de agua debe tener como base el consumo y, de ninguna manera, la ubicación de los predios.
No hay razón alguna para que, si se han cometido errores de relevancia inaudita como son los consistentes en elevación desconsiderada en el costo del agua para unos sí y para otros no, permanezcan esos errores con todas sus consecuencias lacerantes, gravosas y casi inverosímiles en las elevadas afectaciones patrimoniales a quienes no tienen los recursos para pagar y que reciben el servicio público igual que otros que no resintieron la desgracia de que la manzana en la que habitan sea estimada como de tipo alto. Según su capacidad contributiva individual debieron haber sido colocados con el tratamiento de manzana de tipo popular. Así están, receptores del servicio de agua personas que son de la tercera edad, afectados algunos de invalidez, viudez, otros desempleados, unos más de bajos ingresos que viven al día y muchos otros que, hacían sacrificios para pagar anteriores tarifas y las nuevas, descabelladas para ellos, resultan simplemente impagables.
Que se informen los asambleístas de la realidad, consecuencia de sus decisiones, que no permanezcan impávidos y rectifiquen, lo que es absolutamente indispensable, además, de muy urgente. Ojalá se sensibilicen con el sufrimiento de los recipiendarios de sus aportaciones legislativas con consecuencias gravemente lesivas.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:19 No hay comentarios:
Lo sabíamos bien, pero los relatores de la OEA y la ONU lo han confirmado desde la solidez de su indagación institucional en México: “el vigor, la diversidad, la pluralidad en el debate democrático se encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les han asignado frecuencias de radio y televisión”. Es decir, hay una relación directa entre monopolios de los medios electrónicos y democracia pobre. Por eso, la batalla que desde hace más de una década libra Javier Corral en contra de la concentración de privilegios en ese campo es claramente una batalla por la democracia. No es contra Televisa, como asume ese consorcio que todo lo domina y todo lo recibe, sino contra la precariedad del debate democrático. Como diputado federal por segunda vez, Corral ha concentrado su esfuerzo reciente en explicar y tratar de impedir la entrega de una concesión de telefonía celular a Televisa, que ya reina en la televisión abierta, la satelital, la transmitida por cable, y acaba de adquirir nuevas frecuencias de televisión abierta (con las que dará alcance nacional al capitalino Canal 4), así como más de 20 kilómetros de fibra óptica a la Comisión Federal de Electricidad. Corral ha tratado de evitar que se consume la licitación 21 del espectro radioeléctrico, convocada desde el principio para favorecer al monopolio. Influyó centralmente en la solicitud aprobada por todas las fracciones en la Comisión Permanente para que el presidente de la República declarara desierta aquella licitación. No ha sido escuchado, por lo que promueve ahora que se finque juicio político a Mony de Swan y Gonzalo Martínez Pous, cuyos dos votos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fueron más poderosos que los de tres comisionados más. El procedimiento se extendería al secretario de Comunicaciones Juan Molinar Horcasitas, si como es de preverse confirma el irregular fallo de la Cofetel, ya infectada de ilegalidad por el nombramiento de un comisionado, De Swan, que no satisface el requisito de contar con “desempeño sobresaliente” en telecomunicaciones, no obstante lo cual en la misma sesión en que tomó posesión como comisionado fue elegido presidente del organismo. Corral imputa responsabilidades en el beneficio a Televisa no sólo a la Cofetel y la SCT, sino también a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), que “estableció barreras de entrada, entre ellas autorizar alianzas, pues no se favoreció la competencia; por el contrario, se disminuyó la posibilidad de que al menos hubiera dos competidores por el bloque de 30 mhz, en el que, finalmente, las dos empresas interesadas se unieron para obtener el espectro licitado… resulta contradictorio que la autoridad antimonopolios declare que la intencionalidad de las licitaciones no es recaudatoria, sino que se trata de fomentar la competencia, cuando (se) autorizó la alianza Televisa-Nextel, en lugar de dejar que ambas empresas pujaran por la asignación. “El momento de mayor cinismo fue cuando se hizo claro que en el bloque de 30 mhz dedicado a nuevos competidores, no habría puja alguna, pues la única propuesta era la de la alianza Televisa Nextel. Era de obligada conducta en el ejercicio público introducir una regla ‘de igualación de precios’, a efecto de que el precio final por mhz para nuevos incumbentes se sujetara al precio final resultante de las pujas en los otros bloques. De esa manera, además de asegurar las mejores condiciones para el Estado, se habría asegurado equidad en el proceso. “Pero la decisión de quién iba a ganar el segmento de 30 mhz y cuánto el monto a pagar de entrada estaba determinada desde antes que empezara la ahora famosa licitación que en el caso de Televisa-Nextel no tuvo subasta. Ese es el tamaño de la simulación que quieren envolver en el discurso de la competencia, cuando lo que hacen es reforzar el acaparamiento de espectro en manos de Televisa. Es una nueva claudicación” (El Universal, 24 de agosto). Ese mismo día adquirió concreción la campaña de mofa y difamación que se esparce entre los bajos fondos de la prensa para desprestigiar a Corral y con ello fortalecer la posición de Televisa. El martes 24 la propia empresa asumió el cuestionamiento a Corral, que sería enteramente lícito, en bien del debate democrático, si no estuviera encuadrado en antecedentes y prácticas de intimidación. El tocayo de Corral, Javier Tejado, cerebro jurídico de Televisa, presentado ahora como director de Información, atribuyó al diputado intenciones diferentes a las explícitas, tendientes al provecho propio del legislador. Tejado deforma los hechos con ánimo burlón. Dice que Corral trata de exhibir “el gran complot con el que supuestamente el gobierno federal (emanado de su propio partido) pretende favorecer al consorcio Nextel-Televisa al otorgarle una concesión para darle telefonía móvil. No he escuchado decir a Corral qué arreglo tendrá el gobierno federal con la empresa antes señalada. Sólo alcanza a hilar que es un abuso más de los poderes fácticos y señala que llevará a juicio político al secretario de Comunicaciones Juan Molinar y al presidente de la Cofetel, Mony de Swan, junto con no sé qué tantos funcionarios federales. Incluso, desliza todo tipo de insinuaciones contra el propio presidente de la República… “Uno pensaría que el diputado Corral sabe de lo que habla. Lleva siendo 10 años legislador e incluso dirigió la Conferencia Parlamentaria en Telecomunicaciones. Desafortunadamente no ha producido ninguna legislación en telecomunicaciones. Pero eso es seguramente imputable también a los poderes fácticos… O quizá el diputado Corral está en realidad preocupado por construir una coalición que le permita contender por la presidencia nacional del PAN, para lo que puede servir juntar al panismo tradicional (resentido históricamente con las televisoras) y a una parte del neopanismo que se siente desplazado por el presidente Calderón y los suyos. Bajo ese escenario, lo de menos serán los consumidores mexicanos y los ingresos que por licitación reciba la nación. Siempre el beneficio personal por delante. Lo demás puede esperar”. (Reforma, 24 de agosto.) Tejado concluye su mofa insidiosa dándose un tiro en el pie. Compara a Corral con el senador Joseph McCarthy, que no era otra cosa que un perseguidor de comunistas y no discutidor de políticas públicas. Y le recomienda ver una cinta con George Clooney, que los televidentes de los canales abiertos de Televisa no han visto ni verán jamás, porque está por encima de los estándares del monopolio. Por medio de campañas como la que está en curso, y de análisis tramposos como el de Tejado, Televisa busca linchar a quien juzga su adversario, para mitigar el daño que puede causar la exhibición de sus provechosos vínculos con el gobierno. En esa campaña se ha traído a cuento, una vez más, el garlito tendido por Televisa Chihuahua al diputado, al que judicialmente le exige el pago de un adeudo que no contrajo Corral sino el PAN y que ese partido está dispuesto a cubrir. La embestida de Televisa ha puesto en riesgo el patrimonio familiar del diputado, que en efecto no ha podido llevar adelante ninguna ley de telecomunicaciones porque, sí, se han opuesto los poderes fácticos, pero ha contribuido a impedir que el abuso de la Ley Televisa se consumara plenamente.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:16 No hay comentarios:
La Universidad Nacional Autónoma de México es nuestra primera casa de estudios. Realiza más de la mitad de la investigación que se hace en el país y proporciona educación en los niveles medio superior y superior a cerca de 300 mil jóvenes cada año. Su labor de difusión cultural es enorme y muy significativa. Los mayores centros de investigación de México están en su seno. Es algo innegable. Sin embargo, ponerse a ponderar sin medida esas características o alegar que la UNAM es una institución perfecta y ejemplar sería una tontería. La Universidad está plagada de vicios que se antojan insolubles. Su planta docente y de investigadores tiene muchos rezagos por encima de lo bueno que puede ofrecer. No es, pues, perfecta y deja mucho que desear en su funcionamiento. Yo llevo 43 años trabajando de tiempo completo en ella y, en ese tiempo, jamás he dejado de criticar sus vicios e imperfecciones. Entre esos vicios son evidentes su burocratismo desmedido que se disparó sobre todo desde el rectorado de Guillermo Soberón, un derechista y reaccionario (lo que no es lo mismo) cuya obsesión fue destruir el sindicalismo académico de la UNAM. Desde entonces empezamos a saber de altos funcionarios universitarios que ganaban salarios hasta siete u ocho veces el de un profesor de primer nivel. También resalta el desorden en que se desarrolla la enseñanza, con planes y programas de estudios que no sirven para nada. Para no hablar de la desarticulación y la dispersión en la investigación. En la Universidad nos la pasamos criticando lo que hacemos y formulando propuestas de mejoramiento. No es verdad que seamos críticos de nuestro entorno social y político y no de nosotros mismos. Sucede, empero, que lo hacemos del peor modo imaginable: peleándonos entre nosotros mismos y sin que nadie nos preste atención. Hay necesidad de mucho prestigio personal y de mucho valor para enfrentar a y ser escuchado por un director de facultad o de instituto y, más todavía, por el rector. Acostumbrados al debate, porque es lo que hacemos todo el tiempo, no tenemos, prácticamente, en donde debatir y tener la garantía de ser escuchados. No somos diferentes de todas las demás instituciones académicas del mundo. Por eso sorprende que, de vez en cuando, haya ciertos embates en contra de nuestra máxima casa de estudios de sectores derechistas o de intelectuales identificados con la derecha que tratan de presentarnos como una auténtica cueva de los cuarenta ladrones que, ¡oh maravilla!, de repente aparecemos como una institución millonaria y, desde luego, cerrada a la autocrítica. Ese es el propósito que Gabriel Zaid y Guillermo Sheridan plasman en el número del mes de julio de la revista Letras Libres. El primero es de aquellos que piensan que un intelectual pobre es un pobre intelectual; por eso se hizo empresario. El segundo, según dice, es investigador de la UNAM; debe saber, por tanto, de la precariedad en que vivimos los académicos universitarios. Afirmar, como lo hace Zaid en su artículo, que con Echeverría, las universidades empezaron a nadar en dinero , es muy poco serio. Es verdad que nunca estuvimos tan bien como entonces. Por primera vez, los académicos tuvimos un sueldo decente; pero eso nos duró muy poco. Con la devaluación de 1976 ese logro se vino abajo. Toda la argumentación de Zaid va en ese tono: la Universidad es demasiado costosa; poco le falta para decir que sería mejor cerrarla. Después se desvive por mostrar que enseñamos sólo carreras improductivas (contaduría y administración y, también, ciencias sociales). La mitad de nuestra matrícula va a ese renglón. Menos mal que el resto va a ciencias duras y otras como medicina y las ingenierías que son las que de verdad sirven. Que uno que pretende ser humanista diga esas cosas es lamentable. Desde luego que habla de la generalidad de las universidades, pero, muy en particular, se refiere a la UNAM. Su tesis, ciertamente, tiene mucho de verdad: la Universidad se burocratizó y su modelo educativo es también burocrático. Por lo que dice, empero, mucho me temo que ni siquiera entiende el problema y sus conclusiones son de verdad tontas y descabelladas. Mucho hay que hacer por reformar a la Universidad y ponerla a tono con las exigencias de nuestro tiempo. Pero pensar que se gasta mal y de más en ella es una felonía. Todos los datos existentes, de la OCDE y de la Cepal, por ejemplo, nos muestran que México está muy por debajo de otros países de América Latina en su gasto. Si Sheridan vive sólo de su sueldo en la UNAM, dudo que pueda estar de acuerdo con Zaid. Pero sabemos que la derecha es una religión y todo es posible. Lo que me queda claro es que es muy mal universitario, porque ni siquiera entiende lo que es su Universidad ni, en especial, su autonomía como institución académica. La detesta por su mal funcionamiento y, lo que parecería impensable, cree que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es una mejor institución. La UNAM, nos dice, registró sólo 17 patentes, mientras el ITESM registró 37 (aunque casi todas sean de las que llamamos patentes chatarra ). Éste tiene 100 mil estudiantes y la mitad de ellos becados. Su fuente es un discurso del rector Narro que saca de su contexto. Su obsesión es que en la UNAM el verdadero poder lo tiene su burocracia aliada con el PRD. Sabrá Dios de qué PRD habla, pero eso se lo dijo un tonto que escribió que después de la huelga de 2000 la Universidad decidió compartir el poder con ese partido. ¡La Universidad izquierdista y ahora perredista! Claro que no tiene futuro. Junto con Zaid comparte la idea de que la Universidad es reacia a evaluarse. Es una mentira. El 91.3 por ciento de sus carreras son certificadas por comités evaluadores externos y 85.5 de sus posgrados están en el padrón nacional de calidad y son evaluados periódicamente por el Conacyt. Sobre el ITESM que tanto admira y en el que no sé por qué no se mete a trabajar (por lo menos, ganaría mucho más), hay algo que vale la pena señalar. Yo sé que Sheridan ni loco, por poco que le falte, dejaría la UNAM para irse al Tec. En primer lugar, por el inmenso prestigio de nuestra casa de estudios. El Ranking Web de Universidades del mundo sitúa a la UNAM como la número 44 de 15 mil (la única iberoamericana). El de Shanghai Jiao Tong, de 12 mil, la coloca en el 152 mundial, en el 78 regional y en el primero nacional. El Times Higher Education la ubica como la 150 de las mejores 200 del mundo y siempre en primer lugar de Iberoamérica, España y Portugal. Al Tec ni siquiera se le menciona en las mejores clasificaciones. La derecha se rige por ideas fijas y por mitos de miedo. Zaid nos llama una Universidad millonaria; Sheridan, la Universidad PRD . ¡Qué cómodo! Así es facilísimo denigrarla y exhibirla como una mera burocracia despilfarradora y una organización que casi es un partido. Esa derecha obsesiva e ignorante da realmente pena y no hay ni siquiera modo de justificarla en sus prejuicios y su arrogancia.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:14 No hay comentarios:
El austeritarismo con que se quiso combatir las crisis financieras de los años 80 y luego cambiar la forma de desarrollo del país busca legitimarse de nuevo bajo las formas más barrocas. El secretario de Hacienda confunde la responsabilidad con la frivolidad y especula con la Ley de Ingresos para 2011, dejando como sin querer el tema de una reducción de impuestos sobre la mesa virtual del Congreso. Y por su parte, los priístas arremeten contra las alzas impositivas que nunca debieron admitir el año pasado, exigen una disminución de la carga tributaria, fintan con una rebelión de palacio y pasan a otra cosa, que en esta temporada quiere decir un infame reparto de las jugosas migajas entre sus gobernadores y algunos alcaldes consentidos. Lo mero principal, que hoy por hoy es el aumento del tamaño y una rigurosa reasignación del gasto público, como lo manda la coyuntura crítica que vive el país, quedará para mejores tiempos. Como bien sabemos, para la vetusta sabiduría convencional de Hacienda estos tiempos mejores siempre quedan en un horizonte al que nunca se llega en este mundo. Es en este escenario un tanto patético donde (re)surgirá la astucia fiscal de nuevos recortes y tijeretazos al presupuesto, tras cuya aprobación casi unánime los partidos de la verdadera coalición que gobierna al país desde hace 20 años reclamarán un reconocimiento a su sentido de responsabilidad republicana. Las urgentes tareas de rehabilitación del gasto, así como sus ingentes incrementos, no sólo serán postergadas sino estigmatizadas como populistas. La austeridad para los muchos ha sido una constante perniciosa de la vida nacional. Trátese de la salud o la educación, el lema del intervencionismo mexicano disfrazado de racionalidad liberal ha sido, como alguna vez lo dijera el doctor Rivero Serrano, para muchos poco y para pocos mucho, pero malo . Esta vernácula interpretación de la austeridad como mandato clasista se ha impuesto como una costumbre y parecería que la entente del desgobierno quiere volverla una cultura y hasta una virtud. Hacer más con menos fue la propuesta de Jesús Reyes Heroles desde la Secretaría de Educación del gobierno del presidente De la Madrid como fórmula transitoria para la emergencia y las crisis financieras de los años 80, cuando las cuentas no salían, entre otras cosas porque el Estado había decidido pagar la deuda al costo que fuera. Con la hipótesis ilusa de que esa dolorosa expiación nos sería reconocida por el mundo, y gracias a ello seríamos readmitidos en el sancta sanctorum de la alta finanza internacional, el gobierno en realidad hizo poco y malo y acabó ofreciendo saldos desastrosos en la economía y el bienestar, que desde entonces se enfiló a la constitución de un estado de malestar que hoy se va a pique con todo y su carga de remedos renovadores. En aquellos tiempos, los poderes de la Tierra apretaban el paso hacia la globalización enloquecida de Wall Street, y nadie o muy pocos advertían la aparición de una serie de burbujas que estallaría en 2008, para sumir al mundo en su primera gran recesión del milenio. Para los gobiernos que siguieron al de la contrición, de lo que se trataba más bien era de acelerar nuestra entrada a esos nuevos mundos, sin caer en la cuenta de los muchos deberes que tal precipitación implicaba. En lugar de esto, se hizo del mercado un demiurgo y arrancó la mistificación económica que con entusiasmo hicieron suya los gobiernos de la alternancia derechista. El reconocimiento buscado llegó a cuentagotas y bajo la peligrosa modalidad de capital especulativo, que más pronto que tarde reclamaría su inapelable retribución. Con el rescate de Clinton, el presidente Zedillo apuró la medicina de lo que él entendía como la normalización final del México agreste y gastador, y le impuso al Estado un cerrojo del que no ha podido ni querido liberarse incluso en la breve fase de bonanza petrolera que trajo consigo la dilapidadora pax foxiana, administrada con diligencia por el vicepresidente Gil Díaz y sus bien dispuestos aliados en el PRI y los gobiernos estatales. Es en este contexto que las principales fuerzas políticas del país se aprestan a una nueva prestidigitación presupuestaria. El saldo de tanta aventura está en los cuerpos policiacos mal pagados y en una tropa desanimada y sometida a peligros y desventuras para los que no fue preparada; en carreteras nunca concluidas y puertos a medio hacer y, ahora, en un servicio aéreo convertido en juego de salón para bochorno de la ciudadanía y desdoro del país todo; en una educación pública en harapos que, sin embargo, engorda las arcas de la banda que la controla, mientras en la salud se juega a la simulación de unos servicios universales que no llegan nunca en tanto que la diabetes avanza, la obesidad no respeta y los males del subdesarrollo se entronizan en regiones enteras. El austeritarismo en ciernes, sin embargo, no puede ser el mismo, porque el país ha cambiado aunque los que mandan se empeñen en no reconocerlo. Insistir en esa receta no puede sino llevarnos al borde de un nuevo autoritarismo, con las bayonetas exhaustas y la línea de mando y la obediencia maltrechas. Nos quedan unas semanas…
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:13 No hay comentarios:
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL CLERO
Las inaceptables declaraciones del cardenal Sandoval Íñiguez ante la resolución de la SCJN que declaró constitucionales los matrimonios entre personas de un mismo sexo y el consecuente derecho de adopción, así como las afirmaciones de Hugo Valdemar, vocero de la Aquidiócesis de México, en el sentido de que el PRD es el principal enemigo de la Iglesia católica, de una “sociedad con valores” y que “ha hecho más daño que el narco”, han vuelto a poner sobre la mesa el viejo debate sobre los límites a la libertad de expresión y el papel del clero en la vida política. Ante todo debemos recordar que en las democracias constitucionales no hay libertades absolutas. Por definición, la convivencia pacífica que subyace a las democracias implica que, en el ejercicio de su libertad, una persona encuentra un límite natural a la misma en las libertades y derechos de los demás individuos; ello constituye la premisa primera de una coexistencia democrática. La falta de límites al ejercicio de las libertades caracteriza al estado de naturaleza, mismo que se define por la falta de reglas mínimas de convivencia entre individuos y, por ende, en la confrontación real o potencial que el abuso del derecho de algún individuo supone frente a quien se ve lesionado o agredido por ese abuso. Lo anterior implica que para que la paz social sin la cual, se insiste, una democracia es impensable, todas las libertades tienen límites intrínsecos que suponen una frontera de licitud en su ejercicio. Se trata de límites que suponen el ejercicio responsable de las libertades. La libertad de expresión, cuya protección y garantía es condición sine qua non en todo régimen democrático que se precie de ser considerado tal, no es la excepción. El mismo artículo sexto constitucional en donde se reconoce y protege el derecho a la libre expresión de las ideas establece en el “ataque a la moral”, “los derechos de tercero”, “el provocar algún delito” y en la “perturbación del orden público”, límites naturales, consustanciales a ese derecho. Se trata de fronteras de ejercicio que acompañan a la libertad de expresión en toda circunstancia. En ese sentido, uno no puede ir por la vida acusando a otros de la comisión de algún delito, por ejemplo, sin presentar pruebas o sin interponer la denuncia correspondiente. Sandoval Íñiguez no puede pretender, aunque su moral y sus convicciones personales —y por ende privadas— se vean afectadas por la reciente decisión de la SCJN, acusar de corrupción a varios servidores públicos sin que a ello recaigan consecuencias jurídicas. Y no puede, simplemente, porque eso implica la afectación de derechos de terceros. Ni más ni menos. Pero además, el ejercicio de las libertades, en general, y de la libertad de expresión, en particular, tiene otros tipos de limitaciones legítimas en su ejercicio. Se trata de límites extrínsecos que dependen del contexto en el cual dichas libertades son ejercidas. Ello ocurre, por ejemplo, en el ámbito político-electoral, en donde la libertad de expresión se ve sometida a una serie de restricciones adicionales a las que les son propias, y que resultan del respeto a las reglas y de los principios fundamentales del régimen democrático. La misma SCJN así lo ha reconocido en su jurisprudencia (tesis 2/2004), al sostener que el ejercicio de los derechos fundamentales debe correlacionarse con los postulados que regulan la vida democrática, de donde se desprende la licitud de ciertas restricciones adicionales a las intrínsecas al derecho, siempre y cuando no lleguen a desnaturalizarlo. Eso justifica que la prohibición que el artículo 130 establece en el sentido de que los ministros de culto no pueden ser votados, ni asociarse políticamente, ni realizar proselitismo en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Esa restricción adicional, que se traduce en el caso específico de la libertad de expresión en la imposibilidad de hablar a favor o en contra de algún partido político, precisamente lo que irresponsablemente hizo Hugo Valdemar, se desprende de la posición de privilegio y la capacidad de influencia que el ministerio les proporciona a los sacerdotes sobre sus fieles. Lo que la Constitución procura es evitar la injerencia de los pastores de almas, los poseedores de la verdad religiosa frente a sus fieles, en materia política. Si eso no les gusta, la solución es muy sencilla: abandonen el hábito y ejerzan a plenitud sus derechos políticos.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 20:27 No hay comentarios:
LA JUSTICIA COMO HORROR
Por lo menos seis mujeres se encuentran en prisión en el estado de Guanajuato acusadas de "homicidio en razón de parentesco". Sus condenas oscilan alrededor de los 25 años cada una. Todas son mujeres pobres. Cuatro de ellas no terminaron la primaria y dos dejaron incompleta la secundaria. Dos de ellas habían sido violadas y cuatro habían resentido algún tipo de violencia sexual. Sólo dos tenían acceso al IMSS y cuatro carecían de cualquier tipo de cobertura de salud. Cuatro ingresaron a los Centros de Reclusión cuando tenían 18 y 19 años, una cuando había cumplido 23 y la última 35. Cuatro son madres y dos no. Y ninguna de ellas había recibido algún tipo de educación sexual.
Leamos dos breves testimonios: "Mi novio me abandonó cuando se enteró que estaba embarazada, nadie de mi familia sabía, mis papás son muy estrictos y tenía miedo de que se enteraran... ese día en la madrugada tenía ganas de ir al baño y fue cuando se me vino el producto, lo agarré y lo saqué, le pasé la mano para ver si respiraba... me di cuenta de que estaba muerto". La declarante tenía entonces 19 años, lleva seis años en prisión y su condena es de 25.
"Yo no sabía que estaba embarazada porque siempre tuve mi regla... Un día amanecí con vómito y dolor de estómago, tenía una semana de retraso; pensé que el malestar era porque ya venía mi regla... Por la tarde, cuando fui al baño, me di cuenta de que ya estaba reglando, sentí mucha sangre y coágulos, duró toda la semana. Mi mamá me llevó al Seguro para que me revisaran (y) la doctora me denunció: dijo que había tenido un aborto". Es el testimonio de otra joven de 19 años que lleva encarcelada cinco y cuya sentencia es de 26. El patrón de los otros casos es muy similar. Se conjugan pobreza, ignorancia, desinformación en materia de sexualidad, miedos, abusos, abandono. Todos los testimonios alegan que se trató de abortos naturales y por lo tanto no deberían ser punibles. Pero las autoridades (ministerios públicos y jueces) decidieron que se trataba de abortos inducidos, tipificados como delitos en el Código Penal del estado de Guanajuato.
Dicho Código establece en su artículo 158 que "aborto es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez", y en el artículo siguiente dice que la penalidad será de entre seis meses y tres años de cárcel. Lo cual permite la libertad provisional de las mujeres culpables.
Pero a las seis mujeres de las que hablamos no se les acusó de eso, sino de homicidio en razón de parentesco. Establece el artículo 156 que "al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubinario o concubina... se le sancionará con prisión de veinticinco a treinta y cinco años...", lo cual no admite el beneficio de la libertad provisional. Es decir, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que esas mujeres hubieran provocado sus respectivos abortos, los jueces no las sancionaron por ello, sino las consideraron asesinas, como si hubiesen matado a su pareja, a un hijo o a sus padres.
Una séptima mujer que purgaba una condena similar, luego de tres años de prisión, fue absuelta y puesta en libertad el pasado 9 de junio, de acuerdo a una resolución dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, gracias al trabajo de la agrupación Las Libres y la asesoría jurídica de la Clínica de Interés Público de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. (Vale asentar que toda la información de esta nota proviene de la organización feminista Las Libres). Esa resolución puede ser un antecedente y una vía de salida para el resto de las condenadas.
Pero mientras tanto, la situación de esas reclusas obliga a pensar en las varias dimensiones de un asunto de salud pública y convivencia social que no debe ser abordado como un tema criminal.
¿Cuántas de esas tragedias se hubieran podido evitar con una educación sexual básica y elemental que les permitiera a las mujeres ejercer su sexualidad de manera informada? ¿Cuántos de esos laberintos ominosos pudieron haberse evadido si además de información las mujeres hubiesen tenido acceso a los muy diversos métodos anticonceptivos que hoy existen en las instituciones de salud y en el mercado?
¿Cuántos dramas se hubieran sorteado si, como en el Distrito Federal, las mujeres con embarazos no deseados pudieran acudir a la interrupción de los mismos durante las primeras semanas de la gestación contando con asistencia médica especializada? Y ¿cuántas tragedias hoy serían inexistentes si los ministerios públicos y los jueces, con un mínimo de sensibilidad y empatía, no se hubieran orientado a sancionar aplicando la norma más draconiana e impertinente?
No resulta fácil construir consensos en esas materias, pero por lo menos es aconsejable que a las mujeres que abortan no se les trate como si fueran las peores delincuentes. Aquellos que han condenado a esas mujeres a más de 20 años de prisión deberían sentir vergüenza.
EL INFORME QUE PUDO SER (Y NO SERÁ)
Honorable Congreso de la Unión: Celebro poder acudir ante esta soberanía para presentar mi IV Informe de Gobierno. Creo en el diálogo republicano entre poderes y en la efectiva rendición de cuentas, por lo cual es un honor poder presentarme ante la máxima tribuna del país. Acudo ante el Congreso y ante la nación entera para reconocer que tenemos problemas muy serios en el país, pero que hemos trabajado duro para superarlos. Puedo manifestarles con orgullo que gracias al trabajo de todos hemos conseguido lo siguiente: 1. Desde hace tres años logramos concluir un modelo de homologación y capacitación policiaca que nos ha permitido recuperar la confianza en los funcionarios encargados de la seguridad pública en todos los niveles de gobierno. Gracias a eso, hoy tenemos policías mejor pagados, más entrenados y con acreditaciones completas de control de confianza. En este contexto, he ordenado el inmediato regreso a los cuarteles de todos los efectivos militares. 2. Gracias al concurso de voluntades de todos los partidos, hemos logrado una gran reforma fiscal que nos permite cerrar la brecha a la economía informal, evitar la práctica de la elusión y la evasión fiscal, y aumentar significativamente el presupuesto público dedicado a satisfacer las necesidades más apremiantes de la población. 3. Desde hace un par de años ordené una vigilancia exhaustiva de los pasos fronterizos con Estados Unidos, a fin de evitar que siguieran entrando armas que terminan en manos de la criminalidad organizada. Hoy podemos decir con satisfacción que las mafias delictivas nacionales no suponen un peligro ni para los ciudadanos ni para las autoridades. Sus líderes han sido detenidos, juzgados y encarcelados o extraditados. Su capacidad logística y financiera ha sido fuertemente menguada. 4. Gracias a las previsiones que tomamos al inicio de mi gestión, tenemos un avance de casi 100% en los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución. En unos días más estaremos inaugurando la gran estela de luz en el Paseo de la Reforma y las demás obras conmemorativas. Se trata de una celebración de todos los mexicanos, que saben honrar su pasado y avizorar con optimismo su futuro. 5. Prometí en mi campaña que iba a promover la completa autonomía a la Procuraduría General de la República. Gracias al poder reformador de la Constitución, se pudo lograr ese objetivo y, en uso de su autonomía, la PGR decidió no impugnar la reforma al Código Civil del DF por medio de la que se reconoce el matrimonio homosexual. Bienvenida esa reforma, que amplía derechos y termina con un factor de discriminación inaceptable. 6. Prometí en mi campaña ser el Presidente del empleo. Puedo informar con orgullo que hemos incorporado al mercado laboral a más de cuatro millones de trabajadores, gracias a los incentivos fiscales que se han otorgado a las empresas, a la captación de inversión extranjera directa y a la intensa gestión desarrollada por la Secretaría del Trabajo. 7. Hemos logrado avances impresionantes en el campo de la educación, ofreciendo a los jóvenes de México más oportunidades académicas y profesionales. Conseguimos aumen tar hasta en un 70% adicional la cobertura en educación media y media superior, mediante un intenso apoyo a la formación técnica en bachillerato; la ampliación de la matrícula en las universidades públicas del país y la creación de centros de desarrollo profesional para jóvenes que necesitan trabajar y buscar capacitarse. 8. Como consecuencia de la disminución de la criminalidad, la economía en los estados del norte de México ha sufrido una espectacular recuperación, gracias, en parte, a la llegada masiva de turistas y visitantes extranjeros. Esos mismos flujos y otros, provenientes de Europa y Canadá, han permitido mejorar sensiblemente el número total de turistas que visitan cada año nuestro gran país. El turismo es nuestro sector económico con un crecimiento más dinámico y con mayor proyección hacia el futuro. Distinguidos diputados y senadores: los problemas que tenemos en México son todavía mayúsculos, pero hemos trabajado de forma intensa para vencerlos uno a uno. Puedo decir con satisfacción que hoy, México es más seguro, más próspero y mejor en muchos sentidos que hace tres años. Hoy tenemos más jóvenes estudiando o trabajando, más seguridad en nuestras calles, una economía que ha recuperado el paso y un control estricto de las fronteras con menos contrabando y más llegadas de turistas. Tenemos mucho por hacer todavía, pero estoy seguro de que lo lograremos con el trabajo conjunto de todos los sectores sociales y políticos. Atentamente, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de todos los mexicanos
En las declaraciones y conductas que otros dignatarios de la Iglesia Católica han seguido ante las del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, se manifiesta el "huevo de la serpiente", el poderío acumulado por esa Iglesia y sus jerarcas en las últimas dos décadas. Estamos ante algo más que calumniosas expresiones; se trata de un embate contra la civilidad, la expansión de derechos individuales y colectivos y los principios del Estado laico.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, agraviados por las expresiones de Sandoval, aprobaron, por unanimidad, a propuesta del ministro Sergio Valls, un pronunciamiento de censura a las mismas; pero el embate del p(r)elado, y de otros como él, ha continuado, lo que lleva a preguntar por otras acciones desde la Corte. No sería justificable que quienes integran el máximo tribunal constitucional de México permanezcan impávidos ante lo que está ocurriendo, que se limiten a una censura simbólica, en lugar de utilizar los instrumentos legales a su alcance. El silencio de la Corte sería más fuerte que las palabras del cardenal.
Grave es el silencio de la Secretaría de Gobernación, omisa desde hace años en el ejercicio de las facultades que la ley le otorga en la vigilancia de su cumplimiento por las iglesias; fusionada a la que atiende los asuntos de población y migración, la Subsecretaría responsable lleva años ignorando las ilegales y desafiantes conductas y declaraciones en que incurren, una y otra vez, jerarcas de las iglesias.
En el IFE, los consejeros electorales han preferido dejar pasar el asunto, tres se van en octubre y de los otros seis que llegarán al 2012, nadie quiere tomar ese toro por los cuernos. Deberían actuar de oficio, sin esperar queja o denuncia, pues la gravedad del caso, y sus implicaciones directamente electorales, como lo son los llamados de voceros eclesiásticos a no votar por el PRD, así lo ameritan. Si la máxima autoridad electoral de nuestro país sigue siendo omisa en el cumplimiento de sus responsabilidades, que nadie se extrañe de ver y escuchar nuevas y más agresivas conductas y declaraciones en el futuro inmediato.
Solamente Marcelo Ebrard tomó la decisión de dar la pelea judicial; demandó por la vía civil al lenguaraz cardenal, exigiéndole disculpa pública y reparación del daño moral que le causa la temeraria acusación de que maiceó (sobornó) a los ministros de la Corte en la sentencia que causa llanto y crujir de dientes a los jerarcas de varias iglesias, no sólo de la Católica, sino también de otras confesiones.
Vista la demanda que ha interpuesto el jefe de Gobierno del DF, parece exigible que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sumen la propia; en tanto que la Secretaría de Gobernación y el IFE están obligados a instaurar procedimientos de oficio, conforme a las leyes aplicables, para investigar y, en su caso, sancionar, al cardenal de Guadalajara, y a otros prelados, por flagrante violación a la Constitución.
No se trata solamente de poner un alto a Sandoval, sino hacerlo respecto de la Iglesia Católica y otras, hoy unificadas y en pie de guerra en contra del avance de la civilidad y la expansión de nuevos derechos. Ésta no es una pelea de opiniones; es una batalla por la preservación del Estado laico, por las ideas y conquistas que Juárez y los liberales defendieron y ganaron en el siglo XIX.
La tolerancia del Estado, con la complicidad de legisladores y partidos, ha provocado retrocesos en varios ámbitos de la vida social, en particular en contra de las mujeres y de sectores que reclaman su derecho a la diferencia. Gobiernos de todo signo ideológico y color partidista han prohijado el retroceso ocurrido en 17 estados de la República, en donde se han endurecido las penas en contra de las mujeres que abortan, llegando a excesos como los que han sido denunciados en Guanajuato, donde gracias a la presión de la ONU y de algunos medios de comunicación, el gobernador se vio obligado a dar marcha atrás, al menos parcialmente.
No se trata sólo de reivindicar la historia, sino ante todo de mirar el futuro del Estado laico; defender lo que la Corte resolvió en materia del matrimonio entre personas del mismo sexo, y su derecho a la adopción, en el DF, es actuar en favor de los derechos de todos.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 20:19 1 comentario:
La guerra sucia rumbo a las elecciones presidenciales de 2012 ha iniciado ya y las autoridades federales una vez más demuestran su tibieza y parcialidad a la hora de imponer el estado de derecho. Van ocho días desde la abierta e ilegal intervención de la Iglesia católica en la esfera política-electoral y tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como la Secretaría de Gobernación (SG) se han hecho de la vista gorda, limitándose a emitir escuetos pronunciamientos burocráticos que no les comprometen a nada. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) también se ha quedado inmóvil. Tal como ocurrió en la antesala de las elecciones de 2006, hoy de nuevo se confirma que los poderes fácticos, y no las instituciones democráticas, son los que realmente mandan en el país. La ley no deja lugar a dudas. El artículo 130 de la Constitución explícitamente señala que los ministros de culto no podrán realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna . El artículo 353 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) prohíbe a las iglesias la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos . El artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público también castiga la realización por parte de la Iglesia de proselitismo o propaganda de cualquier tipo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna . Mientras tanto, el artículo 404 del Código Penal Federal impone una multa de hasta 500 días de salario mínimo a los ministros de culto que induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político . Al demonizar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y llamar explícitamente a los bautizados a votar en las próximas elecciones para evitar que algunos políticos y partidos sigan atentando contra la fe y la moral , el arzobispado primado de México anuncia el inicio de una nueva guerra cristera que, en su perversa redición de 2006, buscará impedir haiga sido como haiga sido la llegada a la Presidencia de la República de algún candidato de izquierda. Habría que celebrar la valentía de Marcelo Ebrard para defenderse públicamente de las acusaciones infundadas del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Compensa de manera importante el vacío de poder y la pasividad institucional a escala federal. Sin embargo, esta acción legal desafortunadamente también ha personalizado una lucha que debe ser institucional y colectiva. El conflicto central no es entre Ebrard y Sandoval, sino entre la Iglesia católica y las instituciones democráticas del país. Si bien la denuncia del jefe de Gobierno implica un importante hasta aquí en el terreno simbólico ante los abusos de la iglesia, el juez civil que conozca de la denuncia no abordará en absoluto el asunto de la defensa del Estado laico, sino únicamente el tema del posible daño moral a Ebrard. La acción legal de Ebrard también podría tener el efecto colateral de desalentar futuras denuncias en materia de corrupción de parte del ciudadano de a pie. Si bien no debemos permitir la descalificación de las instituciones sin sustento, y menos cuando viene de parte la Iglesia católica, tampoco deberíamos cerrarle la puerta a la expresión pública de sospechas fundadas respecto del desempeño de nuestras autoridades gubernamentales. La corrupción es uno de los delitos más difíciles de castigar, precisamente porque los que lo cometen normalmente cubren sus pasos de manera sumamente cuidadosa. De ninguna forma podemos exigir que el ciudadano tenga plenamente comprobada la existencia de un soborno antes de poder denunciar un posible desfalco al erario. Al contrario, habría que alentar por todas las vías posibles la presentación de denuncias, incluso de manera anónima, de posibles actos de corrupción. Las instituciones que tienen que actuar, y pronto, en el caso actual son el IFE, la SG y la Fepade. Gobernación, por ejemplo, puede multar tanto al cardenal como al arzobispado con hasta 20 mil días de salario mínimo e incluso ordenar la clausura de uno o varios templos de culto. La Fepade tiene facultades de multar con hasta 500 días de salario mínimo. Es cierto que el IFE actualmente se encuentra limitado en sus facultades de sanción directa en la materia. Este vacío legal debería corregirse en una eventual modificación correctiva a las reformas electorales de 2007-2008. Sin embargo, desde ahora los consejeros electorales tienen la obligación de señalar de manera contundente que la participación de la Iglesia en la política nacional podría llegar a poner en riesgo la validez de la elección presidencial de 2012. Una simple remisión burocrática del expediente a Gobernación sería una gran irresponsabilidad de parte de los consejeros electorales. Todos debemos tener muy claro que toda elección debe cumplir con los principios constitucionales básicos y desde luego la intervención indebida de la Iglesia podría llevar a la nulidad de los comicios. Si las instituciones no actúan de manera expedita y contundente ante este evidente ataque al estado de derecho por la Iglesia católica, el legado de impunidad e ilegalidad será muy difícil de borrar después. Podríamos estar seguros que las elecciones de 2012 serán aún más descarnadas y conflictivas que las de 2006, algo que nuestra incipiente democracia quizás simplemente no pueda soportar.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 20:15 No hay comentarios:
La licitación 21, en la que se adjudicó a precio de ganga a la sociedad Televisa-Nextel, 30 mhz del espectro radio eléctrico para servicios de telefonía celular, da cuenta del fracaso de la política de tres “C” (cobertura, convergencia y competencia) que anunció el Presidente al inicio de su gobierno y que, hace un año, relanzó con motivo de su tercer informe, en el que convocó a buscar los cambios de fondo. Varios, ingenuamente, como fue mi caso, creímos que se estaba dando una rectificación tras los duros, como aleccionadores resultados de las elecciones del 2009. Se quiere tapar el sol con un dedo, como si en la conciencia nacional no hubiere la mínima memoria de la vergonzosa historia que está detrás de esta decisión que se originó en la necesidad del gobierno de volver a pactar con Televisa su amor, y el odio obsesivo de la CFC hacia Telmex, más empeñada en crearle a éste un competidor que en regular la competencia, siguió con el diseño a modo de las bases de licitación para asegurarle a Televisa su entrada como único nuevo jugador, sin escenario posible de puja, y la redondeó la propia empresa al introducir en la Cámara de Diputados —a través de legisladores priístas— una iniciativa de estímulo fiscal para ahorrarse dos años en el pago de derechos, absurdo que fue aprobado por el Congreso a gestión directa del secretario de Comunicaciones, quien, a nombre del Presidente, pidió el voto a los senadores panistas. Ya echada a andar la licitación, la Cofeco estableció barreras de entrada, entre ellas, al autorizar alianzas, pues no se favoreció la competencia; por el contrario, se disminuyó la posibilidad de que al menos hubiera dos competidores por el bloque de 30 MHz, en el que, finalmente, las dos empresas interesadas se unieron para obtener el espectro licitado. Por eso a mí ya no me la pega Pérez Mota, porque resulta contradictorio que la autoridad antimonopolios declare que la intencionalidad de las licitaciones no es recaudatoria, sino que se trata de fomentar la competencia, cuando fue él quien autorizó la alianza Televisa-Nextel en lugar de dejar que ambas empresas pujaran por la asignación. El momento de mayor cinismo fue cuando se hizo claro que en el bloque de 30 MHz dedicado a nuevos competidores, no habría puja alguna, pues la única propuesta era la de la alianza Televisa-Nextel. Era de obligada conducta en el ejercicio público introducir una “regla de igualación de precio” a efecto de que el precio final por MHz para nuevos incumbentes se sujetara al precio final resultante de las pujas en los otros bloques. De esta manera, además de asegurar las mejores condiciones para el Estado, se habría asegurado equidad en el proceso. Pero la decisión de quién iba a ganar el segmento de 30 MHz nacionales y cuánto el monto a pagar de entrada, estaba determinada desde antes que empezara la ahora famosa licitación que en el caso de Televisa-Nextel, no tuvo subasta. Ese es el tamaño de la simulación que quieren envolver en el discurso de la competencia, cuando lo que hacen es reforzar el acaparamiento de espectro en manos de Televisa. Es una nueva claudicación. Y este hecho retrata la decadencia del régimen y el agotamiento de su clase política, tan a merced del manejo mediático, precisamente por su falta de valor, por la ausencia de ideas y propuestas relevantes, por sus faltas bien acreditadas en el cumplimiento de sus responsabilidades, todo lo cual necesita del disimulo o protección de los medios de comunicación electrónica. Confiados en el entramado de intereses que ya cruzan a buena parte de los medios impresos con los medios electrónicos —particularmente con Televisa—, la SCT apuesta al desdén informativo y a la ausencia de una discusión técnica profunda sobre el tema. No lo conseguirán porque habemos muchos mexicanos que, además de promover e impulsar leyes a favor de una auténtica competencia en las telecomunicaciones y los medios de comunicación, no estamos dispuestos a hacernos de la vista gorda ante estos multimillonarios negocios que se operan en las altas cúpulas del poder al mismo tiempo que se llama a la población a resistir la angustia y la zozobra del clima de violencia e inseguridad en nombre del Estado de derecho y del combate a la delincuencia. Congruencia, señores
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 20:12 No hay comentarios:
El crimen organizado es crimen porque es un gran negocio. La rentabilidad es tal que 28 mil mexicanos han arriesgado y perdido su vida. No hay mejor negocio en el mundo. Cada peso invertido se multiplica casi por cien mil. Además, no paga impuestos, no está sujeto a ninguna regulación y no respeta fronteras. El monto que manejan estas organizaciones en el país es de 30 a 35 mil millones de dólares por año, lo que representa alrededor de cuatro puntos del Producto Interno Bruto. No por nada la revista Forbes destaca que un capo mexicano está dentro de la lista de los más ricos y probablemente se queda corta, puesto que deben haber muchos más. Cuando se captura a un criminal esto no quiere decir que su red financiera se desmantele. Por el contrario, se reagrupa con otras, que son el soporte para la cooptación de las autoridades y para la compraventa de armas y precursores químicos. Además, esos recursos le dan trabajo a cuando menos medio millón de personas. Es por eso que la aprehensión de capos, lugartenientes o sicarios, así como la incautación de droga o el desmantelamiento de laboratorios o plantíos, sin duda ayuda, pero ciertamente no es suficiente. La lucha hasta ahora se ha hecho con esos fines. Sin embargo, el negocio prácticamente ha quedado intocado. Los montos de dinero que se le han quitado a estas organizaciones no representan ni siquiera el uno por ciento de lo que vale el negocio. Los criminales mueren en las refriegas o se les encarcela, pero el dinero queda a salvo. Es urgente otorgarle al gobierno los instrumentos que le permitan identificar y decomisar esos recursos ilícitos. En el Senado se han presentado diversas iniciativas. En los próximos días se someterán otras —incluyendo una de quien esto escribe—. Lo importante es que el tema sea el “tema de temas” en el Legislativo, pero también en el gobierno. Este nuevo enfoque puede dar los resultados que los ciudadanos están esperando. La nueva legislación debe tener por objeto combatir las “lavanderías de dinero” que el crimen organizado utiliza. Toda operación a partir de cierto monto, digamos 100 mil pesos, tiene que poder revisarse e investigarse en caso de ser necesario. También, para dejar huella o registro, tendrán que realizarse siempre a través del sistema de trasferencias o pagos bancarios. Sé que estos nuevos controles traerán aparejadas molestias a los gobernados, pero se convierten en indispensables para pegarle al motor de esta criminalidad. Lo ideal sería contar con un registro estatal, que le permitiera a la autoridad confrontar la información que tenga, con registros públicos, con declaraciones fiscales, con reportes financieros y con aquélla que se origine de la nueva ley que combata al lavado de dinero. La coordinación entre las distintas autoridades se vuelve un aspecto toral para que este enfoque tenga éxito. Se debe establecer una nueva relación entre la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República y las fuerzas federales, que se traduzca en una instancia gubernamental colegiada. Los recursos que se le incauten a las organizaciones criminales deben servir para financiar su combate. Esos mismos miles de millones de dólares serían el instrumento más poderoso para ganarles la partida, como en el judo, con sus propios recursos. Es decir, una sopa con su propio chocolate, que sirva para capacitar a las fuerzas policiales, para comprar armamento y equipo, para mejorar los sistemas de inteligencia y para pagarle mejor a las fuerzas del orden. Un obstáculo que habrá que superar es el de la economía informal. En ese sentido, la batalla por la formalidad es un esfuerzo que debe sumarse a la lucha en contra del crimen organizado. Aquí la reforma fiscal es insustituible, no sólo para que mejore la economía, sino también para que mejore la seguridad pública. Es preciso reiterar que el combate a la economía del crimen organizado no puede desvincularse de la discusión sobre la regulación del mercado de las drogas, particularmente el de la mariguana. Esa es otra forma de abordar el problema, aunque no sin riesgos en el aspecto de la salud pública. Sin embargo, a la luz de su posible legalización en el estado de California (novena economía del mundo) se debe valorar si a México le conviene o no adoptar esa medida. Otra vez, es el dinero la fuente de poder de los criminales organizados. Combatamos ese poder. En esta lucha no se pierden recursos, se ganan. Además, para incautar una cuenta millonaria no se requiere disparar una sola bala, ni tampoco poner en riesgo a la población
GOBIERNO DESFALLECENTE
El 1 de septiembre el presidente Calderón informará a la nación. Esperemos no repita el show televisivo que montó en Palacio hace un año para presentar un decálogo de promesas incumplidas. Es la última oportunidad de su desfalleciente gobierno. El Informe es ocasión para desplantes. La cúpula priísta exige que Calderón asista al Congreso cuando fueron ellos quienes, condescendientes, hicieron la reforma para que no asistiera. Sin recato denuncian: oculta el inminente colapso económico, la muerte de Petróleos Mexicanos, la ruina del Seguro y del Banco de México, habiendo sido ellos corresponsables en cada uno de estos nefastos resultados. Se acelera nuestra caída al vacío. La guerra de Calderón oculta la descomposición social, económica, política; oculta incluso la carencia en su guerra de “inteligencia” y acciones profundas. Buscaglia, consultor de la ONU, afirma literalmente que el problema de la droga está en la corrupción infiltrada en el Estado y el gobierno de Calderón que, de no eliminarse, no habrá solución. Pero la corrupción no se limita a la droga; infesta la estructura política y económica. Recientes declaraciones del anterior titular de la Auditoría Superior, González de Aragón, describen el saqueo a la nación —ejemplos de la familia Fox— del secretario Gil Díaz, del presidente Calderón, miles de millones en daños en la impunidad. La Cámara de Diputados contribuye —le corresponde fiscalizar los recursos del Estado— apoyada en la ASF, pero burocráticamente no genera acciones; así, esa trascendental función para el control del poder se diluye. Se multiplican acciones lesivas del Ejecutivo. El golpe al SME a costa de hundir a la zona metropolitana en un caos eléctrico, pero facilita al director de la CFE contratar sin licitar por miles de millones de pesos con privados para un desastroso mantenimiento. Grandes negocios. Pero la Secretaría de la Función Pública no se entera, como tampoco de procesos en Estados Unidos de corrupción contra el jefe de Operaciones de la CFE; ni de sanciones internacionales al gigante eléctrico alemán Siemens por corromper a funcionarios de la CFE; o del regalo a Televisa de miles de millones del espectro radioeléctrico para telefonía y su vergonzosa aprobación por la Cofetel con el voto de sólo dos comisionados, facilitado por ausencia y abstención de otros; cómplices. No importa el escándalo, nada pasa. ¿En dónde está el crimen organizado, adentro o afuera? Con el Informe inicia el periodo ordinario del Congreso, el mismo que ha contribuido con el Ejecutivo al desastre nacional; que no ha propuesto nada ajeno a la agenda de los intereses dominantes del país; conformado por esa partidocracia cuyas cúpulas coinciden con los intereses que representa Calderón. La clase política es justamente vituperada, es responsable, pero siendo todos políticos, unos mandan y los más obedecen. Quienes controlan antidemocráticamente partidos y cámaras, integran la oligarquía; los más esperan sus favores. Por eso nadie propone las medidas indispensables para detener la disolución nacional, porque afectarían los intereses que los sostienen. La IP empieza a alarmarse, no por resultados económicos que les favorecen, sino por su seguridad personal, pero sus exigencias no son sociales, demandan más armas; ejemplo, Nuevo León. Hoy, estos arreglos son insostenibles. Calderón debe plantear un auténtico rescate y llevarlo a cabo sin más compromiso que el interés nacional, so pena de sucumbir en la intrascendencia. Los diputados y senadores, por encima de tutelas cupulares deben legislar en verdad para salvar a la nación; tienen los instrumentos, empezando por el Presupuesto —ingresos y egresos— y el exigir al Ejecutivo acatarlo para dar el vuelco urgente. Si no, la descomposición arrastrará a todos, y las elecciones del 2012 serán en un panorama aterrador.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 20:08 No hay comentarios:
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