Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=636326
Timestamp: 2019-07-16 05:08:40
Document Index: 177250532

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 92', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 7', 'Artículo 206', 'artículo 8', 'artículo 92', 'artículo 81', 'artículo 57', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 17']

Diario de Sesión: Sesión Especial N°86
CREACIÓN DE CARGO DE FISCAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN MINISTERIO PÚBLICO
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORA ALLENDE Y SEÑOR TUMA, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO QUE REGULA LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO EN EL EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE EL ARTÍCULO 92, INCISO PRIMERO, LETRA B) DE LA CARTA FUNDAMENTAL CONFIERE A ESTA CORPORACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (S 1.793-09)
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES OSSANDÓN, GARCÍA-HUIDOBRO, GUILLIER Y QUINTEROS, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE IMPLEMENTE UNA POLÍTICA NACIONAL DE REBAJAS TARIFARIAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 65 Y MENORES DE 80 AÑOS, EQUIPARÁNDOLO AL QUE PAGAN LOS ESTUDIANTES, Y ESTABLEZCA LA GRATUIDAD PARA LOS MAYORES DE 80 AÑOS DE EDAD (S 1.792-12)
Sesión 86ª, en martes 20 de enero de 2015
(De 12:17 a 14:8)
III. CUENTA...................................................................................................................
Acuerdos de comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿......... IV. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de Su excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público (9.608-07) (se aprueba en general)....................................................................................................
Concurrieron, además, el Ministro de Relaciones Exteriores (s), señor Edgardo Riveros Marín, y el Ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez Urrutia. Asimismo, se encontraba presente, el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores , señor Claudio Troncoso Repetto.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
--Se abrió la sesión a las 12:17 en presencia de 15 señores Senadores.
Con el que da inicio a la tramitación de un proyecto de ley que amplía el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura (boletín N° 9.864-21).
Con el que informa su ausencia del territorio nacional entre los días 17 y 21 de enero para viajar a los Estados Unidos de América, conforme al itinerario que consulta para los días 18 y 19 del mismo mes una visita de Estado a la ciudad de Nueva York, con el objetivo de participar en el Consejo de Seguridad de la Organización de la Naciones Unidas, y para el día de hoy, una visita de trabajo a la ciudad de Filadelfia.
Hace presente, además, que durante su período de ausencia la subroga el señor Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Peñailillo Briceño, con el título de Vicepresidente de la República .
Con ellos informa que dio su aprobación a los asuntos que se indican a continuación:
1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio", suscrito en Santiago, Chile, el 30 de septiembre de 2013 (boletín N° 9.637-10).
2.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo de supresión del requisito de visas para los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Georgia", suscrito en Santiago, Chile, el 17 de septiembre de 2013 (boletín N° 9.638-10).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 5° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, contenido en el artículo 1° de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y del artículo 7° de la Ley General de Bancos.
Envía copia de resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los siguientes preceptos:
1.- Artículo 206 del Código Civil y 5° transitorio, inciso tercero, de la ley N° 19.585, que modifica el referido código y otros cuerpos legales en materia de filiación.
2.- Artículos 102 A al 102 N, de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia,
Atiende solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor De Urresti, sobre reevaluación de las dos vías proyectadas para la avenida Balmaceda, barrio Collico, en la ciudad de Valdivia.
Responde acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Senadores señores De Urresti, Girardi, Navarro, Quinteros, Rossi, Tuma y Patricio Walker, relativos a la evaluación de estudios científicos de diversos países sobre los masivos deshielos y el aumento del nivel del mar en la Antártica, para incorporarlos en las políticas sectoriales (boletines Nos. S 1.714-12 y S 1.722-12).
Contesta solicitud de antecedentes, hecha en nombre de la Senadora señora Goic, sobre la posibilidad de aplicar los programas de capacitación para la transferencia tecnológica, asociados a contratos especiales de operación petrolera, a proyectos de la Universidad de Magallanes.
Del señor Subsecretario de Hacienda :
Da respuesta a acuerdos de esta Corporación, relativos a las materias que se señalan en cada caso:
1.- El propuesto por los Senadores señores Quinteros, Bianchi y De Urresti, para que se otorgue a los profesores de la comuna de Cochamó el bono de zona extrema, en virtud del protocolo suscrito por el Gobierno el 23 de noviembre de 2013 y lo prescrito en la ley N° 20.717 (boletín N° S 1.712-12).
2.- El presentado por los Senadores señor Chahuán, señoras Pérez San Martín y Von Baer y señores Bianchi, Girardi, Hernán Larraín, Moreira, Ossandón y Pérez Varela, sobre provisión de recursos en el presupuesto del año 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, destinados a los deudores habitacionales que, no obstante cumplir con los requisitos exigidos en el decreto supremo N° 12, de 2011, no fueron beneficiados por falta de financiamiento (boletín N° S 1.717-12).
3.- El promovido por los Senadores señor Harboe, señora Muñoz y señores De Urresti y Tuma, relativo al fortalecimiento institucional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (boletín N° S 1.731-12).
Informa sobre requerimiento de antecedentes hecho al señor Subsecretario del Medio Ambiente , respecto al envío de un proyecto modificatorio del artículo 8° de la ley N° 18.985 que establezca incentivos tributarios para la conservación del patrimonio natural del país; consulta hecha en nombre del Senador señor Patricio Walker.
Del señor Secretario General de Carabineros :
Remite documento que atiende solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre protocolo de seguridad para el aterrizaje de helicópteros de esa institución.
Adjunta antecedentes, pedidos en nombre del Senador señor Horvath, relativos a la forma en que la institucionalidad pública vela por los derechos del niño y a las enmiendas que requieren el Servicio Nacional de Menores y la legislación en materia de filiación y adopciones.
Del señor Director (T y P) del Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente:
Da respuesta a solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los motivos por los que fue denegada la autorización pedida por la "Comunidad Doctor Elías de Jesús" para realizar trabajo social con niños pacientes oncológicos en ese establecimiento hospitalario.
De la señora Secretaria Ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización , Subsecretaría de Transportes:
Contesta solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Navarro, sobre permisos y evaluaciones de riesgo para transportar carga pesada por la ruta que une Cabrero y Yumbel con la industria Celulosa Arauco y sobre mecanismos de fijación de precios de transporte de pasajeros de buses interurbanos y líneas aéreas.
De los Senadores señora Allende y señor Tuma, con la que dan inicio a un proyecto de reforma al Reglamento del Senado que regula la actuación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en el ejercicio de la atribución que el artículo 92, inciso primero, letra b), de la Carta Fundamental confiere a esta Corporación en la designación de miembros del Tribunal Constitucional (boletín N° S 1.793-09).
De los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro, Guillier y Quinteros, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que implemente una política nacional de rebajas tarifarias en el transporte público para los adultos mayores de 65 años y menores de 80, equiparándolo al que pagan los estudiantes, y establezca la gratuidad para los mayores de 80 años (boletín Nº S 1.792-12).
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- En sesión de hoy en la mañana, los Comités adoptaron por unanimidad el siguiente acuerdo:
Convocar a sesiones para tratar asuntos legislativos los días martes 27 y miércoles 28 de enero del año en curso.
La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República , que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.608-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 50ª, en 30 de septiembre de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 62ª, en 11 de noviembre de 2014.
Sesiones 65ª, en 19 de noviembre de 2014 (queda pendiente la discusión en general); 85ª, en 14 de enero de 2015 (queda para segunda discusión).
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-Se hace presente que los distintos numerales del artículo único del proyecto inciden en los Capítulos V y VII de la Constitución Política de la República, razón por la cual requieren para su aprobación el voto favorable de las tres quintas partes de los señores Senadores en ejercicio, esto es 23 votos.
La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Doy la bienvenida al Ministro subrogante de Relaciones Exteriores , don Edgardo Riveros.
Y solicito autorización para que ingrese a la Sala don Claudio Troncoso, Director Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores .
La señora ALLENDE ( Presidenta ).- En la segunda discusión en general, tiene la palabra el Senador señor Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Señora Presidenta , este proyecto de reforma constitucional tuvo su origen en un mensaje de la señora Presidenta de la República presentado al Senado con fecha 30 de septiembre de 2014.
Su objetivo central es modificar la Carta Fundamental para crear una estructura dentro del Ministerio Público, que se denominará Fiscalía Especial de Alta Complejidad y se dedicará a la investigación y persecución de cierto tipo de delitos, cuya gravedad y repercusión social requieren una dedicación exclusiva y especializada.
En dicho mensaje se hace presente la necesidad de introducir algunas reformas a la organización del trabajo del Ministerio Público, de manera de reforzar los principios de eficiencia y eficacia que rigen su funcionamiento como órgano de la Administración del Estado, especialmente cuando el ejercicio de la acción penal se encamina a reprimir los actos de criminalidad más graves para nuestra sociedad.
Se espera que la creación de esta Fiscalía Especial también favorezca la descongestión de las fiscalías locales, dado que hoy los delitos altamente complejos deben ser investigados por fiscales adjuntos, quienes dedican la totalidad de su tiempo a tales investigaciones, suspendiendo su trabajo en los delitos menos complejos, que constituyen su mayor carga laboral y la mayor preocupación ciudadana.
Así, el Ministerio Público, obviamente, podrá contar con mejores condiciones para la persecución penal, con lo que se favorecerá la obtención de pruebas suficientes e idóneas para cumplir el estándar necesario y lograr la convicción de los tribunales y la condena por los delitos investigados.
Sobre la base de estas consideraciones, el proyecto propone un conjunto de modificaciones al Capítulo VII de la Constitución Política de la República, que regula el Ministerio Público, para consagrar la existencia de la Fiscalía Especial de Alta Complejidad.
Se dispone que ella tendrá competencia en todo el territorio de la nación, que ejercerá permanentemente las funciones propias del Ministerio Público y que será dirigida por un Fiscal Jefe Especial , designado por el Fiscal Nacional a propuesta en terna por las Cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana.
Se agrega que las funciones y atribuciones de esta Fiscalía serán determinadas en una ley orgánica constitucional, la que también fijará el modo en que su titular cesará en el cargo.
El proyecto regula también otros aspectos complementarios relativos al cargo de Fiscal Jefe Especial , tales como su participación en el proceso de formación de ternas para la designación de los fiscales adjuntos; la aplicación a su respecto del artículo 81 del Texto Constitucional, en cuanto a que un individuo no podrá ser aprehendido sin orden del tribunal competente, salvo en caso de delito flagrante, y también la aplicación del impedimento contemplado por el artículo 57 para ser candidato a un cargo parlamentario.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó esta iniciativa con la participación del señor Ministro de Justicia , don José Antonio Gómez , y del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público , don Sabas Chahuán .
El señor Ministro de Justicia señaló a dicha instancia que tanto la complejidad de los delitos que se cometen en nuestro medio como el espacio territorial que abarcan son cada vez mayores, lo que hace necesario el fortalecimiento de la institucionalidad investigativa.
Informó que el presente proyecto corresponde al inicio de un proceso que busca potenciar la labor investigativa del Ministerio Público, lo que no solamente favorecerá la investigación de los delitos de alta complejidad, sino también el trabajo de la Fiscalía en forma global.
Además, explicó que esa Secretaría de Estado está elaborando el proyecto de ley que regula el funcionamiento de la nueva Fiscalía Especial, el cual se presentará a tramitación legislativa una vez que se apruebe la presente reforma constitucional.
Adelantó que se ha pensado básicamente en tres áreas que pueden clasificarse como complejas: las organizaciones criminales, los delitos terroristas y el narcotráfico.
Por su parte, el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público sostuvo que la creación de la nueva Fiscalía no solucionará toda la sobrecarga de trabajo que el Ministerio Público tiene en este momento, pero contribuirá notablemente a focalizar y mejorar la persecución de ciertos ilícitos altamente complejos.
Informó que el trabajo que implica uno solo de estos casos equivale al que provocan entre 200 y 300 causas de mediana complejidad, y agregó que existen casos emblemáticos que han requerido de la dedicación exclusiva de tres o cuatro fiscales por un largo período, quienes deben restarse de ejercer ciertas funciones en desmedro de otras carpetas investigativas.
Hizo notar, sin embargo, que la labor derivada de tales situaciones altamente complejas tiene la virtud de permitir que se acumule un importante grado de especialización y de inteligencia investigativa.
Hubo consenso en la Comisión en cuanto a que el proyecto en discusión es de gran interés, pero también de gran complejidad. Por tal razón, pareció necesario conocer con mayor claridad aspectos tales como la forma en que se visualiza la Fiscalía Especial que se pretende crear, la composición básica que tendrá su presupuesto, la manera como se integrará con la actual estructura de la Fiscalía y los resultados que se espera obtener de su parte.
Igualmente, en la Comisión hubo interés por saber cómo se determinarán los asuntos que se entregarán al conocimiento de aquella, dada la dificultad que ofrece definir la calidad de complejo de un delito.
El señor Ministro de Justiciamanifestó su disposición a proporcionar a la Comisión todos los antecedentes de que dispone con relación al anteproyecto de ley que está en preparación.
En síntesis, la mencionada instancia prefirió pronunciarse solo sobre la idea de legislar -es decir, en general- para dar espacio a un mayor análisis de las modificaciones que se introducirán a la Ley Orgánica de la institución y conocer en la discusión en particular la regulación detallada de cada uno de los aspectos que la Comisión consideró más importantes.
Puesto en votación general, el proyecto en estudio fue aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes: Senadores señores De Urresti , Espina, Hernán Larraín y quien habla, los cuales recomendamos a esta Sala proceder de la misma manera, es decir, votar afirmativamente en general, a fin de que en el proceso de discusión en particular nos hagamos cargo de los detalles propios de este tema y de los debates que se han producido respecto del ámbito más orgánico.
La señora ALLENDE ( Presidenta ).-
Señora Presidenta , la creación de una Fiscalía Especial de Alta Complejidad pareciera ser una materia que tiene, sin lugar a dudas, explicación y justificación desde muchos puntos de vista.
Hay hechos que, por su complejidad, por su gravedad, por la repercusión y el impacto que provocan en la sociedad, requieren que los fiscales tengan, por una parte, una preparación especial que les permita acometer esos casos con mayor competencia, y por otra, una dedicación de tiempo también especial, probablemente dedicación exclusiva, para poder dedicarse en plenitud a resolver temas que a la sociedad le generan bastantes inquietudes e incertidumbre.
Por lo tanto, la sola idea de avanzar en la creación de una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, a mi juicio tiene explicación y justificación.
Sin embargo, esta iniciativa presenta varios problemas, o por lo menos despierta diversas dudas respecto a su alcance.
Primero, en cuanto a las materias a que dicha entidad se dedicará, estas no se encuentran fijadas ni definidas; se van determinando en forma periódica. Y, por consiguiente, queda sujeto ya no a la definición de la ley o de la Constitución, sino a lo que al interior del Ministerio Público se vaya resolviendo conforme al tiempo.
Segundo, la forma de nombramiento del Fiscal Especial queda entregada, al final, al Fiscal Nacional, quien resolverá su designación sobre la base de una terna que preparará la Corte de Apelaciones de la Región Metropolitana. Y, desde luego, ya se plantean dudas de por qué dicho organismo será el que determinará cuál va a ser la terna que incluirá al Fiscal Nacional de Alta Complejidad . Ello también genera cierta incertidumbre en cuanto a la coherencia de un proyecto, que es de carácter nacional pero cuyas decisiones quedan radicadas en Santiago.
Ahora bien, eso no garantiza lo que va a requerir un Fiscal de esta envergadura en lo atinente a la comprobación de sus atributos. Y, en consecuencia, no sería impensable la idea de que tal resolución pudiera ser objeto de una ratificación por el Senado.
Después de ello, se plantea una tercera inquietud, que apunta a lo siguiente.
El desarrollo de la actividad, como hemos podido apreciar en muchos casos que han tenido lugar en los últimos años, les ha dado a los fiscales determinada posición, cierto estatuto que les permite avanzar en sus investigaciones con gran fuerza y proyección pública, probablemente más allá de lo que corresponde. Se han visto experiencias en otros países en que los fiscales se convierten en verdaderos jueces de la ciudad, en algunas oportunidades. Y eso genera también amenazas a la tranquilidad o un exceso de poder frente a quienes están sujetos a sus investigaciones, o en general, en su rol social.
Por eso, el nombramiento y los asuntos a los cuales podrán dedicarse no es algo trivial o secundario. De ahí que, primero, sea muy importante fijarles su competencia; y segundo, por la proyección que pueden tener, es también necesario que la forma de su nominación quede entregada a una instancia que garantice precisamente la ecuanimidad y el modo en que ellos van a desarrollar su labor.
En tal sentido, la propuesta que viene en el proyecto no me satisface, y de ahí que pensamos que, si bien entendemos -como dije al inicio de mi intervención- la necesidad y conveniencia de avanzar a este respecto, creo posible aprobar la idea de legislar, pero sujetos a la incorporación de cambios muy radicales en los aspectos a que me referí.
En virtud de lo anterior, votaré que "sí" en el entendido de que los puntos a los cuales me he referido sean corregidos, porque, de lo contrario, podemos crear algo que vaya más allá de lo que queremos con mucha flexibilidad en materias delicadas y dándole una discrecionalidad a la Fiscalía que, a mi juicio, puede exceder de lo conveniente dentro de un Estado de Derecho.
Señora Presidenta , lo primero es preguntarse si es necesario o no crear una Fiscalía Especial de Alta Complejidad.
Yo pienso que sí, porque la investigación de los delitos de mayor reproche social, los más graves (narcotráfico, lavado de dinero, algunos de carácter económico), requiere la existencia de fiscales especializados y, sobre todo, con competencia para actuar en todo el territorio nacional.
Hoy ocurre una situación bastante absurda: muchas veces un delincuente comente un delito en una región y después, en otra, y los hechos son investigados por distintos fiscales. En el fondo, el Ministerio Público no sabe que ambos ilícitos están conectados. Nunca se unifican las investigaciones; de hecho, se duplican.
Por lo tanto, se debilita la posibilidad de identificar, detener y condenar a los responsables de los delitos de alta gravedad.
Aquel principio me parece bien. Nosotros lo compartimos. Debe haber una Fiscalía Especial de Alta Complejidad que investigue esos casos.
La segunda consulta es si, para ello, es preciso legislar.
Hemos visto que en la zona oriente de Santiago no ha sido necesario. Ahí existe una fiscalía de alta complejidad operando de hecho. El fiscal Gajardo es el jefe de esa unidad.
Pero yo prefiero que eso se institucionalice, así se sabe cuáles son sus atribuciones. Aclaro que no quiero personalizar. Solo estoy tratando de hacer una comparación con un caso donde esta idea podría funcionar sin modificar la Constitución.
Con todo, insisto en que es preferible que esto tenga un marco institucional definido.
Hago presente que este proyecto debe mejorar tres aspectos claves para que lo aprobemos en particular.
Algunos de nosotros vamos a votar a favor la iniciativa en general, porque, como dije, estamos de acuerdo con que exista una Fiscalía Especial de Alta Complejidad. En un país donde hay altísimos niveles delictuales es una buena idea contar con fiscales especializados que investiguen este tipo de delitos en todo el territorio.
¿Cuáles son las tres materias que se deben abordar?
La primera se refiere a cuáles serán los delitos que va a investigar la Fiscalía Especial.
Resulta clave que haya, a lo menos, un protocolo firmado para que en la ley orgánica -en la Constitución es difícil- se especifique qué se podrá investigar. Si no, vamos a transformar en delitos de alta complejidad aquellos que no lo son. Y eso sería obviamente un error.
En segundo lugar, habría que precisar quién elige al Fiscal Jefe Especial .
Hago presente que esta autoridad, de existir, sería tan o más poderoso como el Fiscal Nacional, porque tendría competencia para investigar los delitos más graves en todo el país.
Yo no estoy de acuerdo en que lo designe el Fiscal Nacional, de una terna presentada por las Cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana. Tratándose de un cargo de tal envergadura, debiera primar el mismo criterio utilizado para nombrar al Fiscal Nacional: la participación del Senado.
De esa manera, nos aseguremos de que quien llegue a un cargo de tal poder, de tal importancia sea una persona que haya pasado por un proceso de nombramiento que garantice que dicha función el día de mañana no será desfigurada o ejercida por alguien que carece de la idoneidad y la competencia para realizar bien su trabajo.
Por lo tanto, yo elevaría las exigencias para designar al Fiscal Jefe Especial.
El tercer punto, señor Presidente , se refiere a algo muy importante para nosotros: a la fiscalización del Ministerio Público.
Es verdad que este es un organismo autónomo. Pero cabe preguntarse: ¿qué autoridad le puede pedir al Ministerio Público que rinda cuenta de su labor?
¿Qué está ocurriendo hoy en Chile en materia de robos? De los 270 mil casos que hubo el año pasado, 255 mil terminaron sin lograr identificar a los responsables ni recuperar las especies robadas. Eso es el 94 por ciento del total.
Por lo tanto, me parece fundamental que en la Constitución se dispongan mecanismos para fiscalizar al Ministerio Público. No estoy hablando de un control de orden político, sino de gestión. ¿Quién fiscaliza la gestión de la Fiscalía?
Ese es un aspecto clave para exigirle a dicho organismo buenos resultados y explicación respecto de cómo está llevando a cabo las investigaciones.
Por esas razones, señor Presidente, algunos de nosotros, al menos, votaremos a favor de la idea de legislar.
Se deben introducir cambios de fondo al proyecto durante su discusión en particular. Si ello no se logra, no tendrá sentido respaldar una propuesta en el vacío.
Confío, porque es el compromiso asumido en la Comisión de Constitución -ya lo expresó su Presidente -, en que se incluirán indicaciones que regulen en mayor medida la Fiscalía Especial de Alta Complejidad, para hacerla más eficiente, para someterla a control y para conocer sus resultados.
En consecuencia, aprobaremos la iniciativa en general, dejando constancia de las consideraciones expuestas.
Señor Presidente , tal como lo señalé en la sesión anterior, para mí el tema central -por eso se propone modificar la Constitución- guarda relación con incorporar dentro del Ministerio Público un elemento adicional: el concepto de "alta complejidad".
Estoy de acuerdo en que se introduzca dicho concepto. Pero el problema radica en que el artículo 85 bis que se propone intercalar en la Carta no da ninguna luz respecto de lo que es "alta complejidad". El asunto queda entregado a lo que determine la ley orgánica respectiva.
No cabe duda de que hoy los delitos son cada vez más complejos. ¡La delincuencia común es cada vez más compleja! El grado de sofisticación en el delito común ha ido elevándose.
Por eso me preocupa que en esta reforma constitucional no se incorpore absolutamente ninguna disposición sobre los delitos de alta complejidad.
El día de mañana, al amparo del nuevo artículo 85 bis y dependiendo de lo que se legisle en la ley orgánica, podemos terminar calificando como de "alta complejidad" delitos que no tienen ese carácter.
Mi mirada en este asunto, como se señala en el informe de la Comisión, es que la alta complejidad debe tener un estándar adicional, el cual, a mi juicio, está dado por los delitos que afectan la integridad del Estado.
Ese es un punto de inflexión, que marca una diferencia.
¿Qué delitos son esos? Los cometidos por organizaciones criminales, el narcotráfico y el terrorismo.
En consecuencia, esta materia no debe quedar entregada al criterio que en su momento fije el propio Ministerio Público.
Dada la competencia de la Fiscalía Especial de Alta Complejidad, la determinación de ese tipo de delitos (los que afectan la integridad del Estado) debe quedar establecida en el artículo 85 bis de la Constitución y no en la ley orgánica.
Repito: el delito común hoy es cada vez más complejo. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de acciones delictivas, sino de delitos que dañan la integridad del Estado.
Por esa razón, la materia debe quedar regulada en el propio Texto Fundamental y no en la respectiva ley orgánica.
Por eso, señor Presidente , voy a presentar indicaciones en esa línea, por cuanto creo que la Constitución debe dar luces respecto de qué se entiende por "alta complejidad". Ahí cabe radicar la competencia de la Fiscalía Especial de Alta Complejidad y no en una ley de rango inferior.
Claramente, este Fiscal Especial tendrá un carácter excepcional y se dedicará a investigar delitos también de carácter excepcional.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Señor Presidente , no voy a repetir las cifras que ya entregaron los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, pero quiero dar a conocer un informe que pedí a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre las causas ingresadas a tramitación durante el año 2013.
Solo el 15 por ciento terminó en sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.
Me pregunto: ¿esto es lo que esperábamos de la reforma procesal penal?
El 30,6 por ciento concluyó en otra vía judicial: sobreseimiento, suspensión condicional, acuerdo reparatorio, etcétera.
Y el 54,4 por ciento restante se resolvió por la vía administrativa antes de llegar a una instancia judicial, siendo la gran mayoría de los casos archivados provisionalmente.
Cabe plantear las siguientes interrogantes: ¿Es la iniciativa propuesta la reforma que va a mejorar nuestro sistema judicial? ¿Acaso alguien cree que este cambio constitucional va a modificar el parecer de toda la opinión pública?
Si uno mira las encuestas, nota que en materia de aprobación ciudadana solo los jueces están más abajo que los políticos.
A mi juicio, la reforma procesal penal ha sido un plan fallido.
Si se analizan los resultados actuales y se los compara con lo que fue el sistema antiguo, que tenía un montón de defectos -no soy de los que quiere volver al modelo anterior-, se notará que no ha habido avance, pese a que hoy se cuenta con mayores recursos.
Como dije en la sesión pasada, para llevar adelante esta reforma se construyeron o adquirieron 200 edificios en todo el país y se entregaron mejores remuneraciones.
¡Y ahora se acaba de anunciar que pedirán 100 fiscales más!
¿Es esta reforma la que se requiere para mejorar la calidad de la justicia en Chile? Esa es la pregunta que hay que formularse, señor Presidente.
En mi modesta opinión, antes de votar este proyecto, debiéramos hacer un alto en el camino para conversar con el Ministro de Justicia , con la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y con los expertos. De hecho, recién me encontré con Jean Pierre Matus , profesor conocido y de prestigio en estas materias, quien ha hecho, por lo demás, una evaluación muy crítica a la reforma procesal penal.
¿Por qué no parar el debate de esta iniciativa y analizar lo que está pasando con la justicia en Chile?
El asunto no es menor. ¿No les resulta raro que la opinión pública califique tan mal a los jueces y a la justicia chilena?
Debiéramos detenernos a estudiar las causas por las cuales la reforma procesal penal presenta resultados tan modestos. Así podremos realizar las modificaciones pertinentes para evitar que esto continúe.
Señor Presidente, siento que hemos estado picando por todos lados sin dar con el problema central, pues los resultados han ido de mal en peor.
Yo no he inventado los datos que he entregado. Son de un informe de la Biblioteca del Congreso. En todo caso, también hay trabajos de universidades en esta materia, incluido un estudio del profesor Jean Pierre Matus que yo he puesto al día. Como sea, todos los resultados son modestísimos.
Por algo el parecer de la opinión pública es que la justicia no anda bien.
No estoy en contra de este proyecto, pero cabe reiterar la pregunta en voz alta: ¿este es el camino que debiéramos seguir para resolver el problema referido?
Quiero agregar un último comentario: si en algo la reforma procesal penal ha hecho bien la pega es, precisamente, en los delitos más graves, en los de connotación pública. En esos casos, ha habido más transparencia, menos tiempo para investigar los procesos y se ha podido saber la verdad y aplicar la ley.
Pero no ha operado igual la justicia en el resto de las causas; o sea, en los delitos de que es víctima la señora Juanita en la población, donde a las personas las asaltan una, dos, cinco, diez, quince veces. En ese ámbito -¡por favor!- los datos de los estudios no se equivocan: los resultados van de "malos" a "muy malos".
Por ello, le pido al señor Ministro , de quien tengo la mejor impresión porque ha trabajado con nosotros aquí, que hagamos un alto en el camino para abrirnos al análisis de lo que en algún minuto se llamó "la reforma de la reforma". Pónganle el nombre que quieran a esa iniciativa. Da igual. A veces, por definir la denominación de una materia o por tratarse de la propuesta de otro Gobierno, algunas personas no quieren seguir la línea del debate.
Sugiero que, antes de concretar una reforma de este nivel, veamos de qué adolece realmente el sistema procesal penal. Vamos a las causas de ello y no continuemos parchando la legislación. De lo contrario, el problema no se resolverá.
Señor Presidente , es relevante hacerse cargo de la reflexión expresada por el colega que me antecedió en el uso de la palabra.
A más de diez años de implementada la reforma procesal penal, es importante detenerse y observar cuáles han sido los efectos, las deficiencias y los aciertos que muestra el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.
Debemos realizar esa mirada, y sería bueno convocar al Senado para ese propósito.
Sin embargo, hoy estamos discutiendo algo completamente distinto. La reforma constitucional que nos ocupa busca crear un órgano especializado dentro del Ministerio Público.
¿Qué motivó a la Presidenta de la República para enviar un proyecto de esta naturaleza?
Una de las lecciones que se ha sacado en estos diez años de aplicación de la reforma procesal penal es que la investigación de ciertos delitos -en función de su complejidad, no de su importancia, porque todos los delitos deben ser considerados igualmente importantes- requiere una cantidad mayor de recursos institucionales en el Ministerio Público para el trabajo de los fiscales, de los funcionarios, de las policías y de los peritos.
La utilización en exceso de tales recursos humanos, de infraestructura y de logística afecta la investigación cotidiana de los delitos denominados "de mediana complejidad".
La experiencia nos está diciendo que hay delitos tan complejos de investigar (léase narcotráfico, crimen organizado, etcétera) que el Ministerio Público se ve obligado a ocupar durante muchos meses una cantidad significativa de fiscales, funcionarios, carabineros, policías de investigaciones y peritos, quienes en ese período descuidan las causas de mayor ocurrencia. Porque, en estricto rigor, los delitos de "alta complejidad" son de menor ocurrencia, todavía. Este es un hecho del que debemos congratularnos.
En consecuencia, esta reforma viene a hacerse cargo, precisamente, de una parte importante de la sobrecarga.
Me parece bueno que esta iniciativa se esté discutiendo hoy, considerando que el Gobierno ya ingresó las indicaciones al Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público.
Al respecto, algunos fiscales y funcionarios plantearon una duda: "¡Oiga, se va a aprobar esta Fiscalía Especial y nosotros quedaremos tal como siempre!". No. El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet cumplió lo prometido y mandó el proyecto que robustece el Ministerio Público.
Ello va a significar, como manifestó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, que los fiscales y funcionarios destinados a perseguir el delito de la señora Juanita sean más, dispongan de mejores normas de regulación y realicen su función con mayor eficiencia, que es lo que todos queremos.
Respecto de este punto, es fundamental señalar, tal como ha dicho el Fiscal Nacional, que el trabajo que implica un caso de alta complejidad puede equivaler al de doscientas a trescientas causas de delitos de menor complejidad. Es más, puede significar que cuatro o cinco fiscales y diez a veinte funcionarios estén dedicados cuatro a ochos meses a su investigación. Y no hay remplazo, pues no existe carrera funcionaria, cuestión que el Plan de Fortalecimiento ayuda a solucionar.
Entonces, las causas que esos fiscales ven de manera paralela o que llevaban con anterioridad quedan más bien de lado por la incapacidad física que tienen para hacerse cargo de todo ello.
De otro lado, la reforma propuesta no contempla ni el régimen orgánico, ni las competencias, ni las atribuciones. Y tampoco, los delitos.
Aquí me hago cargo de lo que señaló el Senador Orpis en una intervención anterior en cuanto a la necesidad de contener en la Constitución Política los tipos penales.
La verdad, señor Presidente, es que no hay texto constitucional que contemple tipos penales.
Durante la discusión particular, pues, debemos efectuar un debate muy profundo respecto de qué delitos se considerarán de alta complejidad y ello tendrá que quedar establecido en la ley. Es decir, que no sea el Ministerio Público el que defina aquello, pues puede prestarse para situaciones muy complejas, sino la ley orgánica, con el quórum especial respectivo.
En segundo lugar, el régimen de competencia, las atribuciones. Pero también, el sistema de nominación.
Yo no comparto el hecho de que un Fiscal Especial de Alta Complejidad, quien tendrá competencia en todo el territorio de la república, sea designado por el Fiscal Nacional a propuesta de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ello no me parece adecuado. Por eso, en el debate particular estudiaremos esta materia al objeto de mejorarla.
Por último, señor Presidente , en la discusión particular tenemos que entrar a analizar en profundidad -insisto- qué delitos vamos a considerar en la ley como complejos. Y será un debate profundo, no exento de polémica.
En seguida, hemos de definir cuál será el régimen de atribuciones que tendrá el Fiscal Especial de Alta Complejidad. ¿Va a pasar por encima de los otros fiscales regionales? Porque, conforme a la reforma constitucional que se nos propone, podrá integrar, como corresponde, el Consejo General; participará en la nominación de ternas, etcétera. Es decir, será un fiscal más, muy importante.
Pero, tal cual señaló el Senador Espina, cómo vamos a compatibilizar el trabajo de uno y otros.
Lo importante, a mi juicio, es que el Fiscal Especial de Alta Complejidad se pone por encima, no como verticalidad de mando, pero sí de manera investigativa, de los fiscales regionales para poder cruzar la información, la cual muchas veces se produce en uno y otro lado del territorio.
Por eso, señor Presidente, llamo a aprobar en general este proyecto y a presentar las indicaciones en el plazo que se fije al efecto para discutirlas en la Comisión de Constitución.
Señor Presidente , efectivamente, no estamos discutiendo sobre el mérito de la reforma procesal penal. Pero, al igual que muchos, creo que ese tendría que ser el tema que deberíamos estar discutiendo a diez años de su implementación, el cual evidentemente ha tenido éxito en algunos aspectos; fracasos, dudas, en otros.
Yo fui muy crítico -a mi juicio, con razón- cuando se estableció tal sistema básicamente por los recursos que podían implementarse contra las resoluciones en determinadas instancias y porque creo que la alternativa de haber tenido los mismos tribunales anteriores mejorados, por la gigantesca cantidad de recursos planteada, podría haber dado un resultado mejor.
Pero ello forma parte de un debate que no hemos efectuado y que debemos hacer. Me habría gustado, sí, que hubiera precedido a la ley en proyecto, que mal que mal reforma la Constitución.
Por eso creo que algunos Senadores que me antecedieron apuntaron bien en cuanto a la forma de plantear esta materia.
Está bien, no hagamos ese debate, pero cambiemos mientras tanto una cuestión urgente. En mi concepto, lejos lo más urgente debe ser la manera de enfrentar los delitos comunes.
Creo que ello debería ser la luz, el faro que alumbre hacia dónde han de apuntar los máximos esfuerzos del Gobierno, del Parlamento, por cuanto estamos de acuerdo en que hay que innovar en materia de seguridad, de delincuencia, que por algo parecen ser los problemas más complejos que hoy tiene nuestra nación.
Señor Presidente , sé que existen otros proyectos que van en esa línea posteriormente. Pero a mi juicio el orden de los factores sí altera el producto. Porque ese debería haber sido el eje a partir del cual uno pudiera después ir armando la estructura para enfrentar las materias vinculadas a los delitos.
Pero en particular quiero agregar un tercer tema que por lo menos a mí me lleva a no aprobar esta iniciativa (me voy a abstener).
Más allá de hacer presente que concuerdo con el Senador que me precedió en que debe innovarse en cuanto a la forma de nombramiento, quiero señalar que me complica esta especie -voy a decirlo de modo gráfico- de centralización al momento de entender qué es la alta complejidad.
En general, no he sido partidario en el ámbito público de las delegaciones presidenciales en determinados lugares. Porque ocurre que se produce un efecto bastante raro, que si bien aparece bien inspirado, en la práctica genera una especie de silenciamiento regional. Por ejemplo, cuando se nombra un delegado de aguas en la región que yo represento al final implica que nadie resuelve nada respecto del agua con las autoridades locales, porque teóricamente hay un encargado que se ocupará de ello.
Entonces, creo que eso sirve para una suerte de disminución de la función regional, a través de distintos cargos.
¿Por qué lo digo? Porque pienso que algo equivalente va a pasar si ello se aplica respecto de las regiones. O sea, cuando hay un caso relevante -no está fijado de qué tipo es; tendremos que mezclarlo-, se produce la sensación de que regionalmente, si se nombra a alguien, no hay capacidad técnica para poder resolverlo, en circunstancias de que muchas veces las facultades de los fiscales regionales o las condiciones de las fiscalías regionales son potentes.
Entiendo el concepto. Pero no me convence el hecho de que en algún momento un fiscal va a excluir de su conocimiento en equis región un caso por su alta complejidad (no sabemos todavía qué ámbitos contendrá).
Me parece que lo razonable es fortalecer las fiscalías regionales a través de todo el país y no generar esta especie de excepción, que estará siempre latiendo respecto de cualquier caso. En determinado momento el Fiscal Nacional podrá generar, en función de parámetros que no sabemos bien, la manera de enfrentar estas cuestiones.
Entiendo que se trata de un esfuerzo. Pero, desde mi perspectiva, el debate se halla planteado de modo distinto a como debería haberse presentado
Creo que las prioridades establecidas no son exactamente las que yo esperaría. Y, sobre todo, me genera gran duda sobre el efecto que tendría en las fiscalías regionales esta especie de capitis diminutio -voy a decirlo de esa manera- respecto de cierto tipo de delitos, que no pueden ser excluidos de su conocimiento. Ello me parece que no apunta en el mejor sentido.
Por todo lo expuesto, yo por lo menos me voy a abstener en este proyecto.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , la idea del Gobierno, y en particular de la Presidenta de la República , de dar inicio en el Senado a la discusión de un proyecto que se refiere al establecimiento de una fiscalía especializada tiene razones de fondo que en mi concepto son importantes de explicitar en esta Sala a raíz de las intervenciones precedentes.
En primer lugar, la creación de una Fiscalía Especial de Alta Complejidad requiere una reforma constitucional, pues resulta necesario incluir en la Carta al Fiscal Especial de Alta Complejidad dentro las inhabilidades para ser candidato a diputado y a senador, al objeto de evitar su participación en materia política. Tendrá también los mismos impedimentos establecidos a otros miembros de la Administración del Estado.
En segundo lugar, resulta indispensable la existencia de una institución dentro del Ministerio Público que se dedique a delitos de difícil investigación y que requiere capacidad indagatoria, de infraestructura y de tecnología que debe establecerse con criterios particulares.
Estamos hablando de delitos -mencionaré dos- como el narcotráfico y el terrorismo, que son complejos, de dificultosa investigación y que en mi opinión no pueden estar a cargo de un fiscal adjunto o local, por su posible connotación nacional, e incluso internacional.
Hoy el terrorismo posee una vinculación muy importante en distintas áreas y, por lo tanto, se necesitan esas especializaciones.
Por eso hablamos en particular de esos dos casos.
He escuchado también -y estamos de acuerdo con ello- que el debate se producirá durante la discusión particular.
Acá planteamos que se apruebe en general la creación de una fiscalía especializada y que en la discusión particular veremos las indicaciones que eventualmente deban presentarse para cumplir con los objetivos que esta iniciativa persigue.
El Presidente de la Comisión de Constitución , Honorable señor Harboe , señaló por qué son importantes -voy a referirme a lo manifestado por el Senador Prokurica, porque se trata de uno de los debates relevantes que debemos efectuar- las fiscalías de esta naturaleza.
El Fiscal Nacional manifestó en la Comisión de Constitución que el trabajo que implica cada uno de los casos de alta complejidad equivale más o menos al de 300 causas de mediana complejidad (instalación, formación, uso de recursos humanos, infraestructura y tecnología de mayor calidad y cantidad para investigarlos).
¿Qué significa eso? Que los delitos de menor complejidad se dejan de lado.
Por ello, establecer criterios, normas, infraestructura y personal dedicado exclusivamente a ellos nos permitirá una mejor focalización.
Lo tocante al sistema de nombramiento, a los delitos de alta complejidad será analizado durante la discusión particular. Allí estableceremos los controles y las medidas necesarios para que estas materias tengan el derrotero que corresponde, que es el de la investigación y, finalmente, de los tribunales. Es decir, todo lo que signifique desarrollo de la investigación también debe hallarse perfectamente establecido y controlado.
Desde esa lógica, le planteamos hoy a la Sala efectuar un debate en general respecto de ese punto.
Ahora me referiré al otro tema relevante que se ha señalado acá.
La Presidenta Bachelet y el Gobierno no solo están mirando lo relativo a la Fiscalía Especializada, sino que también han presentado un proyecto sobre fortalecimiento del Ministerio Público, con una inversión de cerca de 40 mil millones de pesos, que se traducen en más de 600 nuevos funcionarios, de los cuales 122 corresponde a fiscales, 203 a abogados ayudantes. Ello permitirá a la Fiscalía, que durante muchos años no ha tenido un cambio profundo en su organización, contar con mayor cantidad de personas que se dedicarán al desarrollo de la investigación y, finalmente, a sostener estas acciones ante los tribunales.
El Senador Prokurica se refirió a un informe que pidió a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre las causas ingresadas a tramitación durante el año 2013.
Su Señoría indicó que el 54,4 por ciento se archiva: aquellas causas de personas que denuncian determinada situación a una comisaría o a otro lugar y que no tienen posibilidad de que el problema que les afecta sea investigado.
¿Qué hacemos mediante la referida iniciativa?
Estamos generando Unidades de Análisis Criminal; estableciendo criterios de análisis sobre la forma en que las fiscalías deben llevar adelante sus procesos investigativos y evaluación de resultados finales.
En la Comisión de Constitución se discutió un proyecto en materia de delitos sexuales. Se hablaba de 24 mil denuncias. Y si uno analiza las estadísticas, verá que el resultado final es bastante bajo.
Por lo tanto, en nuestra opinión, resulta indispensable que este proyecto, que nos permitirá fortalecer al Ministerio Púbico, nos posibilite también determinar criterios de seguimiento, de eficacia y también de atención a las víctimas, a quien es objeto del delito.
Todos sabemos que el Ministerio Público representa el interés público. Por lo tanto, en su lógica a veces no se plantea continuar con una investigación porque no se halla dentro de ese marco. Pero, para el ciudadano, el hecho de que le hurten el teléfono u otra cosa es grave.
Entonces, a nuestro entender resulta fundamental que en los dos proyectos que mencioné establezcamos también el criterio -esa es nuestra preocupación- de que la reforma procesal penal tenga el sentido que la gente siempre ha esperado: el de protección, de no existencia de impunidad.
Bajo esa lógica, estamos integrando al proyecto que ahora nos ocupa, que tiene que ver con el fortalecimiento del Ministerio Público, la acción precisa con respecto a los delitos que son de menor connotación y que requieren de investigación.
Para el desarrollo de esa tarea ambas iniciativas son relevantes.
Yo lo dije, y lo repetiré aunque no les guste a los fiscales.
Siguiendo la línea del trabajo que se realiza en los casos que afectan a las personas, pongo el ejemplo de una mujer que va a realizar una denuncia a una comisaría y no recibe respuesta, y que, finalmente, dos semanas después le llega una carta en que se le señala que no seguirán con la investigación porque se ha decidido archivar su caso.
Eso, señor Presidente, produce un sentimiento de impunidad.
Nosotros esperamos que con los proyectos en comento quienes vayan a un recinto policial a denunciar un delito -por cierto, no será factible atenderlos todos, pero sí los casos de mayor connotación- reciban respuesta inmediata; que ahí se les indique lo que hará la Fiscalía, el desarrollo de la actividad investigativa, con policía destinada a tal efecto.
Eso, sin duda, producirá un cambio. Pero para ello necesitamos también modificar nuestra estrategia.
Por eso es indispensable que existan ambas iniciativas: fortalecimiento del Ministerio Público y Fiscalía Especializada. Esa es la razón por la cual estamos discutiendo ambos proyectos en paralelo. Creemos que habrá éxito en la medida que existan controles, eficacia y la factibilidad de que se rinda cuenta respecto de esta actividad.
Señor Presidente , felicito al Ministro por su vehemencia, especialmente en su última intervención.
Considero fundamental, al discutir este proyecto de reforma constitucional, que crea una Fiscalía de Alta Complejidad, ver qué delitos se investigarán y cuál es su ocurrencia.
No hay que olvidar que no más del 1 por ciento de los delitos investigados dicen relación con corrupción o son de alta connotación pública. Muchas veces se afecta, por ejemplo, a una mujer que fue abusada, que queda en la absoluta indefensión frente a un sistema que no permite investigar adecuadamente esa causa, o a alguien que sufre un robo, en fin. Entonces, no es bueno perder el foco con respecto a lo que queremos combatir.
Creo que los dos proyectos, Fiscalía de Alta Complejidad y fortalecimiento del Ministerio Público, deben ir en paralelo.
Hoy claramente tenemos una inequitativa distribución de causas a investigar en todo el territorio de nuestro país.
Existe la situación de fiscales unipersonales en distintas localidades, como la comuna de Panguipulli, en la Región que represento, en que el fiscal debe efectuar todo el trabajo. No cuenta con un equipo que lo apoye, ni con los implementos necesarios para realizar su tarea de mejor manera, y tiene una excesiva carga en materia de causas que debe investigar.
Entonces, debe haber un fortalecimiento institucional del Ministerio Público. Hay que terminar, señor Ministro , con las "sillitas musicales" de los fiscales regionales, quienes se van cambiando de Región en Región, cuando la Constitución señala expresamente que solo duran 8 años en el ejercicio de sus funciones.
Señor Presidente , seamos claros: aquí se ha vulnerado el espíritu de la ley, que era tener fiscales regionales por un solo período y no que al final de este, como ahora ocurre, se fueran cambiando de Región en Región.
También existe un sesgo investigativo de enorme relevancia. Hay un criterio en las fiscalías regionales y una situación distinta en algunas localidades que no son asiento regional, donde las investigaciones no están puestas suficientemente en el foco de atención.
En particular, sin perjuicio de la discusión que llevamos a cabo y que seguiremos realizando en la Comisión de Constitución, quisiera hacer un punto en relación con la Fiscalía Especial de Alta Complejidad, que no lo oí en la presentación del Ministro pero que considero relevante, especialmente para los Senadores que pertenecemos a regiones distintas de la Metropolitana.
Aquí hay un sesgo centralizador.
¿De qué manera se va a tratar un caso de corrupción, un caso grave que ocurra en una pequeña localidad de nuestro territorio? ¿Quién va a investigar? ¿Habrá desplazamiento de fiscales? ¿Existirá requerimiento de trabajo por parte de las fiscalías locales o regionales, lo cual genera una asimetría en materia de vocación del trabajo por parte de la Fiscalía Especial de Alta Complejidad?
Creo que eso debe resolverse.
Hoy existe capacidad en las regiones o en localidades fuera de Santiago. Se puede establecer, pues, una mejor regionalización y no simplemente complejizar a la Fiscalía Especial de Alta Complejidad única y exclusivamente en la Región Metropolitana.
Ahí hay un punto de peligro. En definitiva, solo serán causas muy mediáticas las que conocerá la Fiscalía de Alta Complejidad o va a enfrentar un problema de ejecución en la investigación en cada uno de los territorios, porque en definitiva se seguirá recurriendo a las fiscalías locales o regionales para llevar adelante la indagación.
Hago esas prevenciones sin perjuicio de estudiar las indicaciones y escuchar a los distintos actores durante la discusión particular del proyecto en la Comisión de Constitución.
En todo caso (insisto), espero que el Ministerio Público y las asociaciones que agrupan a sus funcionarios debatan y congenien adecuadamente en torno a la Fiscalía Especial de Alta Complejidad , con miras al fortalecimiento de aquel órgano.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Propongo a la Sala abrir la votación y que los Senadores inscritos -hay tres- fundamenten su voto.
La señora ALLENDE ( Presidenta ).- En votación general el proyecto.
Señora Presidenta , aprovecho la presencia del señor Ministro de Justicia para hacer una prevención sobre un tema que me parece tremendamente importante.
Por supuesto, voy a votar a favor, y espero que en la discusión particular se vayan dejando atrás las aprensiones de algunos colegas.
Pero, más allá del detalle con que los abogados han hablado sobre el significado jurídico de esta iniciativa, quiero abordar algo más simple, aunque no por ello menos relevante.
En efecto, creo que este proyecto de ley debería estipular de manera expresa algunas materias que tienen que ser de competencia del fiscal especial de alta complejidad.
Me parece que entre ellas debieran estar, por ejemplo, los crímenes y delitos que se han venido cometiendo en el sur de Chile a propósito del llamado "conflicto mapuche" o "conflicto indígena".
Para el día de hoy estaba fijada una sesión especial del Senado (en definitiva, se postergó) a fin de analizar los graves hechos de violencia acaecidos en las regiones del sur de nuestro país, especialmente en La Araucanía, Biobío , Los Ríos y Los Lagos. En esta última Región, concretamente en la provincia de Osorno, existen aprensiones y preocupación por la ola de violencia que ha llegado a la zona y que, de alguna manera, da cuenta de hechos que no son aislados. Estamos hablando de atentados contra personas, de incendios, de destrucción de vehículos y maquinaria, etcétera.
Por tanto, considero prudente que la ley en proyecto se analice en general y particular a la luz de casos concretos, para ver cómo resultaría su aplicación.
En los últimos años ha quedado de manifiesto que nuestra institucionalidad policial y judicial ha sido sobrepasada por los actos de violencia ocurridos en la zona sur de Chile a propósito de la causa indígena.
Entonces, estimo necesario que las iniciativas de esta naturaleza también sean un aporte para que nuestras instituciones y el ordenamiento jurídico en general puedan enfrentar y resolver de mejor manera los hechos de violencia que están ocurriendo en las regiones antes señaladas, donde existe una alta sensación de impunidad. Cada día conocemos de más víctimas pero de menos condenados por los actos terroristas que se perpetran en nombre de la causa mapuche.
En consecuencia, debemos aprovechar la discusión particular de este proyecto para avanzar en la solución de parte del problema que afecta a muchos compatriotas que están siendo víctimas de ataques perpetrados por grupos minoritarios del pueblo mapuche, del pueblo indígena, que actúan con total impunidad.
Por eso, señora Presidenta , reitero la necesidad de que la Fiscalía Especial de Alta Complejidad también tenga competencia en esos temas, que son muy relevantes para la seguridad de nuestros país, atendidos los efectos que los hechos descritos están provocando en las regiones involucradas y en toda la nación.
Tiene la palabra la Senadora señora Pérez.
Señora Presidenta , obviamente, concurro con mi voto favorable a la aprobación de este proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, quiero decir lo siguiente.
Yo soy de las personas que se sienten profundamente conmocionadas por los hechos acaecidos en Argentina, país vecino al nuestro: la muerte del fiscal que se hallaba investigando un acto de terrorismo contra la AMIA ocurrido hace veinte años y que culminó con el asesinato de cerca de cien miembros de la comunidad judía.
Cuando uno ve que los fiscales especiales tienen roles tan complejos no puede sino concluir que resulta tremendamente necesario que en Chile contemos con fiscales de alta complejidad -así se los denomina en este proyecto-, pues no estamos ajenos a ese tipo de situaciones, que todos, o muchos, desearíamos que nunca llegaran a nuestro territorio.
Cada día nos enteramos a través de los medios de comunicación de la investigación de casos muy complejos, a veces relacionados con narcotráfico o con actos de terrorismo.
Recordemos que a comienzos del año antepasado murió en La Araucanía el matrimonio Luchsinger-Mackay; hemos tenido atentados de carácter terrorista en el sur, y ha habido delitos económicos que involucran a empresas.
Es decir, existen delitos que deben investigarse. Para ello, es importante tener fiscales con competencia y jurisdicción nacional. Eso hace una gran diferencia con la competencia de los demás fiscales, que hoy está acotada jurisdiccionalmente.
Además, lo digo porque en mi experiencia personal observo que se habla mucho contra los fiscales y se los critica, a veces con razón. Pero no hay que olvidar que ellos deben atender una cantidad interminable de causas y no cuentan con los recursos indispensables.
Cada vez que se discute un proyecto de ley relacionado con el Ministerio Público una gran cantidad de fiscales hace el punto sobre la necesidad de refuerzos económicos, de mejoras en infraestructura, de modificaciones en planta funcionaria, en fin. Es decir, todavía hay todo un mundo para mejorar en materia del Ministerio Público.
Yo siento gran admiración por el trabajo que hacen en general el Ministerio Público y los fiscales. En nuestra Región han realizado una labor encomiable en un montón de materias muy relevantes, al menos para nosotros, como el derrame de petróleo o la persecución de delitos de gran connotación.
Por lo tanto, señora Presidenta, concurro con mi voto a la aprobación de este proyecto.
Señora Presidenta , quiero complementar muy brevemente la intervención que hice durante la discusión.
Básicamente, pienso que no basta con establecer en la Constitución una Fiscalía de Alta Complejidad, sino que, aun cuando el Texto Fundamental no mencione en forma explícita y expresa el tipo de delito de que se trata, sí debe dar alguna señal, pues los ilícitos son cada vez más complejos.
¿De qué complejidad estamos hablando? ¿De la de un delito común o de la de un ilícito de otra naturaleza?
Yo al menos creo que la Carta debe contener una clara señal de qué se entiende por "alta complejidad". A mi juicio, la alta complejidad está dada por todos los delitos que afectan a la integridad del Estado, por su alto grado de corrupción, de criminalidad, que al final termina perjudicando a las instituciones. Y eso ocurre con el terrorismo, con el narcotráfico y con las organizaciones criminales.
En tal sentido, me parece que al darse este paso la Constitución no puede ser neutra, sino que debe entregar luces o señales respecto a qué queremos decir con lo de alta complejidad. Y yo al menos creo que la alta complejidad de los delitos asociados que deberán determinarse en la ley orgánica tiene que ver con los ilícitos que afectan a la integridad del Estado.
Señor Presidente , sin duda, es una buena noticia todo lo que fundamente, fortalezca, desarrolle el combate al delito.
La ciudadanía tiene entre sus principales preocupaciones la delincuencia. Y, tal como se comprobó durante la Administración del Presidente Piñera, la lucha contra este flagelo no es fácil, sino muy compleja. Pero no es solo del gobierno, sino de este con los ciudadanos.
Cuando se ha intentado una hegemonía en los conceptos de seguridad y batalla contra la delincuencia se ha fracasado.
En todas las encuestas -entre ellas las de mi Región, la del Biobío- la principal preocupación ciudadana es por el problema de la seguridad.
En el proyecto que nos ocupa se habla de un fiscal para delitos de alta complejidad.
Yo quiero recordar que los fiscales tienen en promedio un abandono en 70 por ciento de las causas: no las investigan.
Al Ministro de Justicia , nuestro excolega José Antonio Gómez , debo manifestarle que existe lo que yo llamo "un incentivo un tanto perverso", pues solo se valoran las causas que llegan a resolución. Por tanto, el estímulo es a asumir solo las causas con viabilidad de aclaración. Pero muchos de los delitos que denuncian las personas y las familias (robos, asaltos y otro tipo de ilícitos) quedan sin investigar.
En consecuencia, ¡bienvenido un fiscal especial de alta complejidad!
Sin embargo, tenemos un problema abajo: no se investiga 70 por ciento de las denuncias. Ello va a provocar que a poco andar la gente, cuando le roben por tercera vez -la radio del auto, en fin-, a la cuarta no formule la denuncia. ¡Para qué hacer de nuevo un trámite infructuoso!
Entonces, vamos a tener estadísticas fallidas.
Mi amigo consejero regional Cristian Quiroz me informó el domingo último que por segunda vez entraron a robar a su casa. Le señalé que debía hacer la denuncia. Con sentido práctico, me respondió: "¡Para qué!". Al final fue a estamparla, por un imperativo de conciencia. Pero luego de la tercera vez el resto de los ciudadanos ya no hace nada, porque ni siquiera media una visita.
Pues bien, a propósito de la existencia de un fiscal especial de alta complejidad, nuestro mensaje para el Ministro es que en el caso del Ministerio Público debemos revisar qué está pasando con el 70 por ciento de causas que no se indagan, yo diría por falta de capacidad física de los fiscales -infraestructura, en fin-, no por carencia de vocación ni porque los hechos denunciados no tengan importancia.
También, pues, deberemos fortalecer la capacidad para investigar los delitos de menor complejidad. Porque, como dice el viejo aforismo, quien puede lo menos puede lo más.
Y si no podemos lo menos, ¡cómo vamos a poder lo más!
Aquí no estamos pudiendo lo menos: lo menos está siendo desdeñado.
Siento que la gente va a recibir de buena manera la noticia de este proyecto. Pero la persona que se siente vulnerable por haber sufrido reiterados robos -en su casa, en su propiedad, en su automóvil, en su oficina, en la calle-, tras reconocer que con él se fortalece la existencia de un fiscal especial de alta complejidad, preguntará "Qué está pasando aquí, abajo".
La definición de las funciones del nuevo fiscal es clara: las determinará una ley paralela.
Por supuesto, voy a aprobar esta iniciativa, que fue expuesta muy firme y vehementemente por el Ministro . Empero, se requerirá un debate mayor en torno a lo que he señalado.
Entiendo que el proyecto está financiado. Un fiscal especial sin los recursos necesarios -sin equipo adecuado, en fin- no tendría sentido.
No sé si la creación del fiscal especial de alta complejidad -no alcancé a escuchar toda la intervención del Ministro - trae aparejado un equipo ad hoc. Porque carecería de sentido que "el comandante en jefe de este proceso no tuviera tropas especiales": debe disponer de un equipo altamente especializado.
Señor Presidente, voto a favor de este proyecto, pero reitero que estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia en el nivel ciudadano: hemos retrocedido.
Es una exigencia y un deber moral, ético y político enfrentar dicho flagelo. Pero con los mecanismos actuales los fiscales no están en condiciones de hacerlo.
Señor Presidente , cuando observamos las cifras de victimización de nuestro país nos damos cuenta de que tenemos un problema.
Básicamente, uno le pediría al Gobierno no solo apurar el tranco para la creación del cargo de fiscal especial para delitos de alta complejidad, sino, en forma adicional, poner en discusión la agenda antidelincuencia, porque es del todo necesario.
Los Senadores de Renovación Nacional hemos presentado una serie de iniciativas sobre la materia, y esperamos que sean objeto de la urgencia legislativa necesaria para su despacho.
Consideramos perentoria una reforma a la reforma procesal penal. Y eso implica equilibrar en el sistema los derechos de los imputados con los de las víctimas.
Hace algún tiempo, un grupo de Senadores de nuestro partido le pedimos al Gobierno establecer como derecho de las víctimas la asistencia jurídica con cargo al erario, tal como sucede hoy en el caso de los imputados.
Pues bien, no se ha podido concretar la reforma constitucional pertinente, pues necesitamos leyes que la implementen.
De otro lado, debemos dotar de mayores facultades a las policías.
El cúmulo de iniciativas que hemos presentado los Senadores de Renovación Nacional, liderados por el colega Alberto Espina , van en aquella dirección. Pero, de alguna manera, nos hemos encontrado con la indolencia del Ejecutivo en términos de no agilizar la tramitación legislativa de los proyectos pertinentes, que se acumulan entre las materias pendientes de la Comisión de Constitución.
Por eso mismo, queremos pedirle al Ministro de Justicia , quien nos acompaña hoy, que se les ponga urgencia a dichas iniciativas, que responden a un clamor ciudadano.
Hace algunos días nos reunimos con los Consejos Vecinales de Seguridad (COVES) tanto de Viña del Mar cuanto de Valparaíso. En los ejercicios con ambos entes comprobamos la alarmante sensación de impunidad que existe hoy en la sociedad chilena.
La solución no pasa solo por mayores dotaciones policiales (hemos podido resolver esta situación a través de la acción directa con el General Director de Carabineros o con el Jefe de la V Zona), pues el problema surge del hecho de que los ciudadanos han perdido confianza en el sistema.
Las cifras negras de la delincuencia vinculadas con la ausencia de denuncias ciudadanas nacen de la circunstancia de que todo termina con causas archivadas, pues se trata de delitos respecto a los cuales, según la fiscalía, no se dispone de medios probatorios, o bien, de ilícitos de poca monta, de acuerdo a los criterios de aquella.
Entonces, el Gobierno debe hacerse cargo de la sensación de impunidad existente en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones.
Lamentablemente, lo veo más preocupado de reformas estructurales sobreideologizadas que de los problemas de la gente, cuya solución se relaciona en esencia con la reforma de la reforma procesal penal de modo de dar garantías a la gente, de devolver la confianza ciudadana en el sistema.
Hay cifras preocupantes.
Por ejemplo, Chile es entre los integrantes de la OCDE el país con mayores niveles de desconfianza interpersonal: solo 13 por ciento confía en sus vecinos.
Aquello se relaciona con una cuestión de fondo: los chilenos han creado una cultura de la individualidad y, adicionalmente, la inseguridad ha provocado un clima adverso a la generación de relaciones con los vecinos, al conocimiento de ellos y al hecho de enfrentar juntos el desafío compartido ante las cifras de inseguridad ciudadana.
Quiero hacerle al Ministro un llamado para que le ponga urgencia a la agenda contra la delincuencia puesta sobre la mesa por los Senadores de Renovación Nacional, encabezados por el Honorable señor Espina.
Esperamos que el Gobierno, en definitiva, tenga a bien resolver los problemas de la gente, más que abocarse a reformas sobreideologizadas, y considerar cambios estructurales vinculados con el desafío que enfrenta la ciudadanía.
Señor Presidente , sin duda, el proyecto puede ser necesario. Hemos escuchado la intervención del señor Ministro de Justicia . Existe la necesidad de contar con un Fiscal de Alta Complejidad.
La única señal que la reforma constitucional nos da acerca de este funcionario es que su competencia se extenderá por todo el territorio. Ninguna más. Por lo tanto, la discusión de fondo sobre sus atribuciones va a llevarse a cabo con motivo de la ley orgánica constitucional respectiva, que va a definir la alta complejidad, cuáles serán las facultades exactas y de qué va a estar dotado.
Comparto muchas de las críticas formuladas al sistema procesal penal, uno de cuyos elementos fundamentales es un alto nivel de la prueba, de modo que quien investiga tiene que disponer de muchas facultades, de mucha capacidad técnica, para poder presentar ante los tribunales de justicia la que pueda superar los estándares que están exigiendo. En casos emblemáticos, personas que se ha determinado que han puesto bombas han quedado absolutamente libres, al igual que otras a las que se les ha volado un brazo o una mano.
En consecuencia, en el Ministerio Público se enfrenta el problema de cómo lograr que las pruebas aportadas al proceso penal sean de la jerarquía necesaria para poder ser tomadas en consideración y cumplir un rol sustantivo en la condena de alguien que es investigado, que ha sido formalizado o a quien se está acusando.
Esta es una dificultad para el conjunto de los fiscales del Ministerio Público, que hoy día se ven sobrepasados y presentan una sobrecarga de trabajo. El efecto de ello es que en particular los robos cotidianos, los que se cometen con violencia, no son investigados, y nace la sensación de que existe impunidad. En cualquier barrio y en cualquier conversación con una unión comunal de juntas de vecinos o una víctima de un latrocinio o un asalto surge el hecho de que el fiscal no ha llamado o no ha estado presente. Y cuando se conversa con los fiscales, estos recurren a la estadística demostrativa de que realizan un esfuerzo muy importante.
Por eso, asumimos el desafío que plantea el titular de la Cartera y la necesidad de una Fiscalía de Alta Complejidad. Es preciso ver lo relativo a las atribuciones en el estudio de la ley orgánica constitucional respectiva. Pero la cuestión de fondo es que se tiene que dotar al Ministerio Público de la capacidad técnica e investigativa suficiente para que sus pruebas -repito- superen los estándares que los tribunales están colocando y no se experimenten los bochornos por los que ha pasado el sistema en los casos que acabo de mencionar.
Y la definición de "alta complejidad" va a ser fundamental, a mi juicio. Le hacemos presente al señor Ministro que ahí va a radicar la verdadera discusión en el proyecto de ley orgánica constitucional. Porque reitero que, al votarse la iniciativa que nos ocupa, solo la competencia en todo el territorio es la única novedad que el cargo de Fiscal Especial presenta.
La definición y las atribuciones van a ser relevantes para saber si verdaderamente estamos haciendo un aporte a fin de que la investigación de los delitos pase los estándares actuales y sea posible garantizarle al país que aquellos a quienes se investiga, a quienes la policía detiene, en definitiva van a ser condenados. El problema radica en que ello no ocurre. Esa es la dificultad que observa la gente y que da lugar a la sensación de impunidad: el delincuente asalta, roba, y tres días después aparece nuevamente en el barrio, en la población, en la villa. Eso es lo que tenemos que superar.
Cuando determinemos bien qué es la alta complejidad, qué tipo de delitos va a investigar el fiscal que se establece, con muchos criterios objetivos para que sean esos los que verdaderamente indague, creo que vamos a estar dando un paso adelante.
Mientras tanto, vamos a votar a favor y a esperar la llegada del proyecto de ley orgánica constitucional para precisar con exactitud nuestro apoyo.
Puede intervenir la Senadora señora Van Rysselberghe.
Señor Presidente , sin duda, la seguridad ciudadana preocupa enormemente a la comunidad, materia que comprende distintas aristas, una de las cuales dice relación con las fiscalías y las condenas a quienes cometen delitos.
Tal como lo expuso el Honorable señor Prokurica , me parece que las fiscalías dejan bastante que desear. Lo cierto es que a la mayoría de los chilenos que sufren delitos comunes les llega una notificación de que su causa se archiva hasta que ellos mismos aporten nuevos antecedentes.
También coincido en que justamente son los casos de alta connotación social, los seguidos por la prensa, los que generan conmoción pública aquellos en que se logran resultados, porque, de otro modo, el escándalo o la presión pública a la misma fiscalía, a través de los distintos medios, son tremendos.
Constituyendo la seguridad ciudadana un aspecto tan sensible para las familias comunes y corrientes, que experimentan miedo en cada una de las poblaciones, me parece que el punto tiene que ser evaluado adecuadamente y generarse políticas tendientes a disminuir la sensación general de inseguridad.
Ahora, en lo referente a la alta complejidad, efectivamente cabe considerar hechos específicos, como el terrorismo, los atentados y, eventualmente, distintos tipos de otros delitos.
Comparto la idea de que es necesario acotar. Hoy día, estos funcionarios no son fiscalizados por nadie. Si cometen un error -lo hemos visto a nivel nacional en distintos casos-, da exactamente lo mismo. No pueden ser acusados constitucionalmente. Su autonomía es bastante impresionante, en verdad. Entonces, desde esta perspectiva, me parece que el rol de la Fiscalía de Alta Complejidad tiene que ser extremadamente acotado y consensuado, y específicamente constituir un aporte al esclarecimiento de delitos que generan conmoción y expectación públicas.
En este momento no estoy convencida de que la medida en examen vaya a mejorar la sensación de seguridad ciudadana ni a ayudar a la población, en general. Estimo que los ilícitos de alta complejidad son los únicos que están siendo atendidos. Por lo tanto, voy a abstenerme en este pronunciamiento, a la espera de la regulación.
Si bien podría mediar un aspecto positivo, hubiera preferido la elaboración de una agenda en torno a la seguridad de los ciudadanos comunes y corrientes en cada una de las Regiones, quienes se encuentran asustados y temen salir de sus casas y se sienten en la indefensión más absoluta.
Señora Presidenta , en la primera discusión sobre el asunto manifesté observar con harta esperanza lo que puede significar la Fiscalía Especial de Alta Complejidad. Y ello es así porque en la Región de La Araucanía, durante ya varios años, se ha registrado una serie de hechos de violencia extrema, claramente terrorista, correspondiente a definiciones estratégicas que con seguridad cuentan con financiamiento y que, en la mayoría de los casos, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, han terminado en la más completa y absoluta impunidad. Eso no puede seguir ocurriendo.
También hay fiscales que han sido amenazados y otros que han tenido que abandonar el Ministerio Público fruto de una presión, porque cuando se les amenaza a ellos y a sus familias obviamente es muy difícil que puedan seguir investigando.
Al existir una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, caso en el cual estos delitos se considerarán por la vía de sumar la información en el ámbito nacional, pero también por la que se pueda obtener de países vecinos y, en general, de la comunidad internacional, estimo que finalmente ellos van a ser investigados con una mirada distinta, no tan local ni regional, sino mucho más integral. Y creo que esa puede ser una muy buena forma de encontrar a los responsables y de ponerlos a disposición de los tribunales.
En Chile se cometen ilícitos graves, gravísimos. Porque la Fiscalía Especial de Alta Complejidad no se va a crear para la investigación de los de carácter común, respecto de los cuales la Fiscalía del Ministerio Público mantendrá sus funciones y atribuciones. Como expresé, tienen lugar hechos de violencia tanto terrorista como extrema, lavado de dinero y narcotráfico, a menudo con conexiones internacionales o a lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que resulta mucho mejor un fiscal jefe de delitos de alta complejidad, con su propio equipo. Ello, de tal manera que se cumpla un gran objetivo, cual es terminar con la impunidad y darle seguridad y tranquilidad a la población víctima de estas graves acciones.
Por eso, abrigo la esperanza de que a través de la reforma de la Carta, primero, se vayan dando los pasos para poner en funcionamiento el organismo de que se trata, y de que luego la ley orgánica constitucional respectiva nos permita, por supuesto, establecer cuáles van a ser las funciones, las atribuciones y también los límites.
Entiendo que existen algunas aprensiones. Pero, la verdad sea dicha, quien nada hace nada teme. Y cuando hoy día se registra, como lo han manifestado varios señores Senadores, un verdadero clamor ciudadano por más seguridad, por más protección para toda la gente, creo que una institucionalidad como esta es válida, necesaria, y ojalá cumpla las expectativas que despierta.
Puede intervenir el Honorable señor Harboe.
Señora Presidenta , solo deseo precisar algunos aspectos que han salido en la discusión.
Una señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra hizo referencia a la necesidad de legislar primero respecto de la seguridad ciudadana. Ello es muy relevante, tal como lo planteó el Honorable señor Prokurica , pero, en esta ocasión, la única influencia de la reforma constitucional en las causas de mediana complejidad es desatorar a los fiscales que ejercen su función en diferentes materias.
El Senador señor Orpis exponía la conveniencia de que fuera la Constitución Política la que estableciese, si no los tipos penales, por lo menos las orientaciones generales. Al respecto, solo me permito consignar que en el derecho comparado, en general, las constituciones políticas solo establecen la creación de la institucionalidad, dejando a una ley orgánica justamente la determinación de los tipos penales, la regulación y el funcionamiento.
Ese es el caso de España, por ejemplo, donde existe una Fiscalía Especial para la represión de los delitos de naturaleza económica y la corrupción. Se compone de una Fiscalía antidroga y de otra contra la corrupción y la criminalidad organizada. La ley 10, de 24 de abril de 1995, regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y estableció la institución mencionada en primer término.
Suiza, a nivel de cantón, también cuenta con una fiscalía especializada en delitos de alta complejidad.
Y es más, la propia regulación europea deja entregada la conformación de las fiscalías especializadas en materias investigativas y formación a la normativa legal, de menor rango, en los Estados miembros.
Me parecen importantes estas aclaraciones, señora Presidenta , pero no tenemos que obviar la discusión de fondo. En algún minuto vamos a tener que abocarnos a ella, como Senado. Ya lo hemos hecho en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la gran cumbre que realizamos a principios de año, donde se analizaron muchos de los aspectos mencionados en la presente discusión, que dicen relación con modificaciones procesales, pero también de derecho sustantivo, como aquella en la que está trabajando el Gobierno en el nuevo Código Penal.
Señora Presidenta, voy a fundamentar mi voto, porque creo que este es un asunto de gran significación y con muchas aristas.
He escuchado con mucha atención las intervenciones y me ha llamado fuertemente la atención la del Senador señor Prokurica , que apunta a una cuestión bastante de fondo. No soy intérprete de sus expresiones, pero juzgo que representa una sensación ciudadana absolutamente cierta.
Nosotros efectuamos un cambio que estimo bien hecho con miras a la reforma procesal penal, en el convencimiento de que el sistema de investigación de los delitos iba a permitir que, cometido uno de ellos -lo que no es responsabilidad de los fiscales, por corresponder a una labor de prevención-, iba a ser posible contar con los instrumentos necesarios, sobre todo cuando se tratara de acciones de alto reproche social. Me refiero a robos, asaltos y, obviamente, los delitos de mayor gravedad, desde el punto de vista del país, en términos de narcotráfico, de lavado de dinero. Uno espera que la respuesta del ordenamiento permita aclararlos en un porcentaje relativamente razonable. Luego de observar el resultado y lo expresado por el señor Senador , estimo muy de fondo lo que destaca: "Algo está funcionando mal si lo que finalmente logra ser aclarado es una proporción muy baja".
A mi juicio, la Comisión de Seguridad Ciudadana, a raíz del informe que va a elaborar, tiene una gran oportunidad de meter el dedo en la llaga y decir qué está fallando. Ello está ocurriendo en numerosos aspectos. El proyecto, entonces, sirve también para hacer un análisis de por qué se registran tan pocos buenos resultados particularmente en los ilícitos de mayor gravedad o reproche social. Y ni hablar de los de más ocurrencia, de los que más afectan a la ciudadanía, donde ya los niveles de impunidad son groseros: los hurtos, los robos en bienes nacionales de uso público, en fin.
Me parece que la seguridad ciudadana en nuestro país presenta un defecto multisistémico, pues dice relación con todas las instituciones: la ley, los tribunales, los fiscales, las policías. Pero afirmarlo queda en el aire. Pienso que, al final, el Senado dispone de una tremenda oportunidad si somos capaces de elaborar un informe que meta el dedo en la llaga -creo que podemos hacerlo- para revertir la situación.
Respecto de la Fiscalía Especial, deseo hacer tres consideraciones, por lo cual intervengo para fundamentar mi voto.
En primer lugar, la entidad puede crearse sin necesidad de una reforma de la Carta. De acuerdo con la letra c) del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, le corresponderá al Fiscal Nacional "Crear, previo informe del Consejo General, unidades especializadas para colaborar con los fiscales a cargo de la investigación de determinados delitos".
Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse es por qué dar al asunto un rango constitucional. Lo que se intenta es que una Fiscalía de Alta Complejidad, con atribuciones para investigar determinado número de delitos de enorme reproche social, como lavado de dinero, tráfico de drogas, terrorismo u otros de esa envergadura, conforme una unidad especializada a lo largo de todo el territorio.
La reforma constitucional hace al final una mención genérica en cuanto a la creación de la Fiscalía Especial, pero no define cuáles son sus atribuciones, sus grados de competencia. Por eso es que hemos dicho que vamos a aprobar en general la iniciativa, pero, con la misma franqueza, quiero señalar que hay que acotar -ese fue el compromiso dentro de la Comisión- el grado de competencia de la nueva fiscalía, para que de verdad sea de alta complejidad y no se transforme en una más.
No debemos darle una falsa sensación a la gente diciéndole: "Mire, se crea la Fiscalía de Alta Complejidad", luego se firma la ley, todo el mundo queda muy contento y al final todo sigue igual.
A mi juicio, hay que cuidar mucho ese aspecto.
En segundo lugar, señora Presidenta , hay un punto que tampoco se señala: quién elige al fiscal.
Fíjese que el Fiscal de Alta Complejidad -quiero expresarlo- será tan o más poderoso que el Fiscal Nacional. Y en el proyecto aparece siendo elegido, de entre una terna constituida por las Cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana, por este último.
Me parece que un cargo de tal envergadura debe seguir el mismo procedimiento de elección del Fiscal Nacional: sobre la base de una quina propuesta por la Corte Suprema, ser designado por la Presidenta de la República con el acuerdo de los dos tercios de los miembros en ejercicio del Senado. Dicho procedimiento garantiza que vamos a tener una persona que pase todos los filtros políticos, de calidad y de excelencia, de modo de contar con un fiscal que haga bien su trabajo.
Y el tercer punto es el más importante.
En mi concepto, hoy día enfrentamos un problema muy serio en lo que respecta al control. Lo dijo el Ministro Gómez , a quien le encuentro toda la razón.
Existe un déficit: quién fiscaliza a la Fiscalía, no para entrometerse en sus investigaciones ni para afectarlas, sino para evaluar -no hay organismo que funcione bien si no existe un ente externo que lo fiscalice- cómo está efectuando su trabajo.
¿Qué pasa en muchos países del mundo? Las fiscalías deben rendir cuenta dos veces al año. Aquí, en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados o en una sesión especial del Senado, por ejemplo, se podría decir: "A ver, explíqueme cuál es la razón por la que durante este año se cerraron en nuestro país 270 mil causas por robo y 250 mil terminaron sin ningún esclarecimiento".
Nosotros vamos a votar a favor, pero tenemos muchas aprensiones en cuanto al contenido del proyecto. Y queremos dejar testimonio de que nuestra aprobación general se basa en la idea de que la Comisión de Constitución, con el aporte de todos los señores Senadores -para eso, señora Presidenta , hay que fijar un plazo de indicaciones hasta el 15 o 20 de marzo, cuestión que ya conversé con el señor Ministro , pues se nos viene el mes de febrero y este es un tema superdelicado-, perfeccione el texto de la iniciativa.
Esta Fiscalía Especial debe ser un organismo mucho más acotado, sujeto a medidas de fiscalización y con un mecanismo de nombramiento que garantice que vamos a elegir al mejor postulante. Eso es lo importante.
Por esa razón, votamos a favor, esperando que las propuestas mencionadas sean acogidas.
Señora Presidenta , he escuchado que varios señores Senadores se guían un poco por el mensaje del proyecto.
Y yo quiero leer parte del mensaje que creó la reforma procesal penal.
En él se decía, entre otras cosas, que los principales objetivos que se buscaban eran, primero, agilizar la persecución penal; segundo, evitar zonas de impunidad en la persecución criminal; tercero, mayor transparencia en los procesos judiciales y en los delitos de alta connotación pública.
Creo que algunos de estos objetivos se han logrado, pero, en términos generales, todo lo que se menciona en los mensajes al final -yo hago una evaluación propia- no siempre se cumple.
Las fallas y defectos de la reforma procesal penal han generado un efecto de impunidad que perciben no solo los colegas de mis bancadas, sino también los de las bancadas de enfrente. Y, además, provoca consecuencias negativas. Por ejemplo, la impunidad hace que muchas personas se dediquen a la delincuencia como si fuera una profesión.
El otro día vi en televisión un reportaje donde un grupo de periodistas realizaba una labor que más bien parecía policial, porque filmaban a los delincuentes cuando cartereaban o cuando abusaban o engañaban a la gente. Y cuando los iban a grabar, estos tipos les decían: "¡Déjennos trabajar!". O sea, ellos creen que la delincuencia es una profesión.
Si bien estos efectos son malos para quienes estamos en el Parlamento, para la opinión pública son peores, porque producen un desincentivo tremendo en las policías y se afecta la iniciativa de quienes muchas veces, arriesgando sus vidas y recibiendo sueldos muy bajos, persiguen a un delincuente, lo detienen y después ven que a los pocos días nuevamente está en la calle.
Además, se provoca un efecto negativo en la opinión pública que quiere colaborar en el combate contra la delincuencia. Los presidentes y dirigentes de juntas de vecinos que ayudan a que los delincuentes sean apresados en sus barrios dicen: "Mire, los de allá y los de acá trafican marihuana u otra droga", luego de ver que estos tipos quedan sueltos, nunca más van a cooperar a descubrir un ilícito.
Por lo mismo, no voy a votar a favor de este proyecto de reforma constitucional, sino que me voy a abstener, insistiendo al Ministro José Antonio Gómez que se haga un alto en el camino y se elabore un análisis de las causas de los pobres resultados que se han obtenido con la reforma procesal penal.
Aquí se han planteado diversas aristas sobre la materia. Yo, señora Presidenta , lo digo claramente: no creo que este sea el proyecto para resolver todos los problemas que hoy presenta la justicia chilena. Pienso que, antes de aprobar una iniciativa como esta, se debiera realizar un análisis profundo de lo que está pasando y de cuáles son las causas que nos han llevado a esta situación, para luego implementar un plan nacional que subsane las dificultades.
Los tres últimos gobiernos aumentaron considerablemente el número de funcionarios de Carabineros y de Investigaciones y ahora se ha generado el anuncio de más de cien fiscales de apoyo. ¿Y cuál es el resultado final -porque estos apoyos y estos recursos, que son de todos los chilenos, deben ir abrochados a un resultado final-? Uno extraordinariamente pobre.
Yo creo, señora Presidenta , que si, como Estado, como país, vamos a hacer un esfuerzo en esta materia, tenemos que exigir que él se traduzca en un resultado positivo, para que la gente sienta que el pago de sus impuestos y su esfuerzo tienen una retribución.
Finalmente, tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
Señora Presidenta , cuando uno lee los objetivos que enuncia el proyecto de ley que nos ocupa, tiende a compartir la razón por la cual se quiere generar esta nueva Fiscalía de Alta Complejidad. Porque, cuando se observa la realidad de la investigación y de la persecución de delitos graves -por ejemplo, actos de terrorismo, tanto en Santiago como en el sur de nuestro país-, nos damos cuenta de que los resultados no son los esperados. Por una parte, no se logra dar con los culpables, y por otra, si ellos son detenidos, la Fiscalía muchas veces no puede demostrar su culpabilidad ante los tribunales.
En tal sentido, puede que esta sea una solución interesante: un fiscal dedicado a la investigación y persecución de delitos de alta gravedad y repercusión social que requieren una dedicación exclusiva y también personal especializado en la materia.
Sin embargo, señora Presidenta , el proyecto es, por el momento, casi una declaración de intenciones. Entiendo que lo estemos votando en general, pero después hay que ver cómo se traduce en normas específicas. Habrá que determinar, por ejemplo, cuáles son los delitos a los que se va a dedicar este Fiscal Especial y, adicionalmente, definir el mecanismo para su nombramiento, como indicó el Senador Espina .
En principio, me parece una buena idea. Sin embargo, hay que ver cómo se traduce en la ley en materia de atribuciones y funciones y, adicionalmente, cuáles son los delitos a los que se va a dedicar este nuevo funcionario.
Un punto adicional, señora Presidenta , es una sugerencia que quizá el señor Ministro también puede tomar.
Se relaciona con los hechos de violencia que se viven en el sur, donde sería muy importante -y tal vez el Fiscal que se crea podría ayudar en este sentido- que no necesariamente se nombrara para la investigación de esos casos a los fiscales que normalmente se hallan en la zona, quienes -se lo hago presente al señor Ministro , por su intermedio, señora Presidenta - se encuentran sometidos a alta presión, en una situación compleja incluso muchas veces para sus familias.
Por lo tanto, quizás sería interesante -como se ha hecho en otros países cuando se trata de indagar hechos de terrorismo o de violencia como los que están ocurriendo hoy en el sur de Chile- que los fiscales y sus familias provinieran de otras zonas, de modo que tuvieran condiciones de seguridad mucho mayores que las que tienen en la actualidad, en que se ven sometidos a una situación tremendamente compleja, en especial si se considera que tanto ellos como sus parientes residen en el mismo lugar donde se están llevando a cabo las investigaciones.
Por consiguiente, para asegurar su tranquilidad y también para que puedan realizar su trabajo sin presiones, me parece que, cuando la creación de la Fiscalía Especial de Alta Complejidad se traduzca en normas específicas, se podría pensar en incorporar una disposición en tal sentido, lo cual, en mi opinión, ayudaría bastante en la investigación de los hechos de violencia que se están produciendo en el sur de nuestro país.
Señor Secretario , consulte.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 23 de marzo.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron la señora Van Rysselberghe y los señores Coloma y Prokurica.
De las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, segundo informe recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (boletín N° 9.366-04) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:8.
Dada la especialidad que posee la Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento del Senado, se hace necesario permitirle que intervenga en la revisión de los antecedentes de las personas que postulen a los cargos donde el Senado posea la facultad y mandato Constitucional de nombramiento.
Es imprescindible mejorar los procedimientos actuales, para adecuarlo a los estándares modernos, que se establecen para efectuar los nombramientos que debe efectuar el Senado de la República.
Y por último, lo preceptuado en el art. 227 del Reglamento del Senado.
En razón de lo anteriormente expuesto, vengo en proponer y en presentar a ustedes el siguiente,
"ARTÍCULO ÚNICO: Agréguese un nuevo inciso penúltimo y un nuevo inciso final al art. 27° del Reglamento del Senado, en los siguientes términos:
"Asimismo, corresponderá a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, intervenir en la nominación de los miembros del Tribunal Constitucional de conformidad con el art. 92° letra b) de la Constitución Política de la República, y con el art. 15° de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
Para ello, podrá realizar audiencias públicas, revisión de antecedentes, entrevistas personales con los postulantes, entre otras diligencias, y enviará a la Sala un informe motivado, para que se proceda a la votación de la elección de los miembros que serán designados para tales cargos"."
(Fdo.): Isabel Allende Bussi, Senadora.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.
1.- Que asegurar el desplazamiento de nuestros adultos mayores es fundamental para garantizar la autonomía e inclusión de estos. En especial, cuando acuden a los centros de salud, farmacias, supermercados, municipalidades, bancos, etc.
2.- Que según datos del Estudio Nacional de Dependencia en las Personas Mayores del Senama, 2009, en Chile el sistema de transporte más utilizado para desplazarse por los adultos mayores es el transporte público. Dicho estudio establece que un 60,6% de este rango etano de la población utiliza transporte público, esto es, micros y metro.
3.- Que según cifras de la Comisión Especial para el Estudio de Reformas al Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el monto promedio de las pensiones en Chile en 2013 fue de 183 mil pesos, por lo que es fundamental establecer medidas paliativas que suplan los escasos ingresos de gran parte de nuestra población de la tercera edad.
4.- Que el transporte público a nivel nacional representa una parte importante de los gastos del adulto mayor al disponer éste de menos ingresos en términos medios que la población activa. Esto se ve agudizado si se tiene en consideración el encarecimiento de su calidad vida atribuible a otros factores, principalmente a los costos en salud y a la compra de medicamentos.
5.- Qua haciéndose cargo de esta realidad en la ciudad de Santiago, la empresa de transporte Metro S.A. mantiene una política de subsidio a los adultos mayores, homologando la tarifa de su pasaje a la que pagan los estudiantes, esto es, $210 a la presente fecha. Sin embargo, existen tres aspectos que hacen insuficiente esta medida preferencial. Primero, la persona debe acreditar recibir una pensión o jubilación, por lo que un miembro de la tercera edad que continúe trabajando no es beneficiario de esta medida. Segundo, sólo se puede hacer efectivo este beneficio en ciertos horarios, no quedando comprendidas las horas punta. Y tercero, sólo se circunscribe al servicio de Metro, quedando excluida esta política en el uso de las micros, donde el pensionado debe pagar el pasaje completo.
6.- Que con el fin de asegurar la preservación de una tarificación adecuada acorde a la vulnerabilidad económica de los adultos mayores entre los 65 y 80 años de edad, es razonable que esta se vincule con la rebajo tarifaría del pasaje en el transporte que se encuentra establecida en favor de los estudiantes de cada región.
Asimismo, que es más razonable y conveniente todavía el establecer la gratuidad del transporte público para aquellos adultos mayores que superen los 80 años de edad, con el fin de fomentar su movilidad, autonomía e inclusión.
7.- Que la gratuidad para adultos mayores en el transporte público ya existe en ciudades como Sao Paulo, en Brasil, desde los 60 años para hombres y mujeres.
Por las razones antes expuestas,
EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República implementar una política nacional de rebajas tarifarías en el transporte público para los adultos mayores entre los 65 y los 80 años de edad, equiparando el precio del pasaje al que pagan los estudiantes, y establecer la gratuidad de este servicio para quienes sobrepasen los 80 años de edad.
(Fdo.): Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Alejandro Guillier Álvarez, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.