Source: http://redibpdp.iijusticia.org/components.php?name=Categorias&pais_id=9
Timestamp: 2019-08-22 10:44:51
Document Index: 121210763

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo 73', 'artículo 324', 'artículo 319', 'artículo 2', 'artículo 115', 'artículo 116', 'artículo 115', 'artículo 116', 'artículo 211']

Inicio - Busquedas - Presentación - Ayuda - Recortes de prensa 22 de Agosto de 2019
- olvido (1)
- ambiente laboral (2)
Perú [ 06 Julio 2011 ] [Tribunal Constitucional - Sala Primera] Expediente N? 5060-2009-PHD/TC caché ES
La demanda tiene por finalidad que el emplazado informe si don C.E.V.P. tiene alguna requisitoria (orden de ubicación y captura), y que en caso de que así sea, se identifique al órgano jurisdiccional que emitió la orden, la fecha en que fue emitida y el número del expediente judicial del que proviene.
La recurrida ha desestimado la demanda argumentando que brindar la información solicitada por el recurrente supondría atentar contra el derecho a la intimidad de un tercero.
El Tribunal Constitucional discrepa de la Sala. Como se sabe, la requisitoria –es decir, la decisión judicial en virtud de la cual se ordena la ubicación, aprehensión y conducción de grado o fuerza de una persona– tiene como presupuesto una orden dictada en el marco de un proceso judicial que incide en algún grado en la libertad personal de un individuo y que no ha encontrado posibilidad de ejecución dada su condición de contumaz. En tal sentido, una decisión judicial de este carácter no está referida a aspectos íntimos vinculados con la persona sobre quien pesa la orden de aprehensión, sino, por el contrario, emana de un proceso judicial regido –salvo expresas y razonables excepciones previstas en la ley– por el principio constitucional de publicidad (artículo 139.°, inciso 4, de la Constitución).
Verdad es que el dictado de una orden judicial de las características aludidas normalmente ha tenido como preámbulo el desarrollo de actos de investigación relacionados con la probable comisión de un delito, y que el artículo 73.º del Código de Procedimientos Penales, tal como lo hace el artículo 324.º, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Penal, razonablemente establece que la investigación fiscal “tiene carácter reservado”. Una orden requisitorial, empero, en modo alguno revela el contenido o el sentido de los actos de investigación orientados a desvirtuar la inocencia presunta, limitándose a exigir la aprehensión de quien teniendo la condición de procesado no ha podido ser habido. Por ende, dicha decisión judicial escapa de los márgenes de la excepcional reserva judicial, para ingresar en de la regla constitucional imperante de la publicidad de los procesos. Por lo demás, solo así se entiende que el artículo 319.° del Código de Procedimientos Penales acepte la posibilidad de que las órdenes de aprehensión puedan también ser transmitidas vía edicto.
Así las cosas, se ha de concluir que la información contenida en la base de datos de un registro de requisitorias es pública y, por consiguiente, ingresa dentro del alcance del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 2.°, inciso 6, de la Constitución. En tal sentido, el emplazado, al negarse a brindar la información referida a si don Carlos Eduardo Valdizán Paredes tiene alguna requisitoria (orden de ubicación y captura), identificando (en caso de que así sea) al órgano jurisdiccional que emitió la orden, así como la fecha de su emisión y el número del expediente judicial del que proviene, con el costo que suponga el pedido, ha violado el derecho fundamental de acceso a la información pública del demandante, por lo que corresponde estimar la demanda.
Perú [ 30 Mayo 2011 ] [Tribunal Constitucional - Sala Primera] Expediente N? 04227-2009-PHD/TC caché ES
El almacenamiento de la información financiera destinada al cálculo del riesgo crediticio debe sujetarse a un límite temporal para satisfacer el requisito de veracidad de la información personal almacenada en bases de datos públicas o privadas, más aún cuando se trata de información negativa. Mientras no exista una ley que regule la central de riesgo de la SBS, ésta entidad debe tomar como referencia los límites de caducidad de la información aplicables a las centrales de riesgo privadas.
Perú [ 26 Abril 2011 ] [Tribunal Constitucional - Sala Primera] Expediente N? 00242-2011-PHD/TC caché ES
La información personal contenida en la base de datos de Essalud es pública y no puede eliminarse al no afectar dicho registro la intimidad personal o familiar.
Al respecto, además de las impresiones de las consultas de la base de datos de EsSalud presentes en autos, este Colegiado ha ingresado a dicha base de datos a través de internet http://ww4.essalud.gob.pe:7777/acredita/, apreciando que los datos de la recurrente registrados públicamente por el emplazado son: nombre, fecha de nacimiento, tipo de asegurado, número de Documento Nacional de Identidad, número de Autogenerado, Tipo de Seguro, Centro Asistencial, Dirección del Centro Asistencial y vigencia de la atención en EsSalud.
En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haber acreditado la recurrente que la información pública suministrada por el emplazado afecte su intimidad personal y familiar.
Perú [ 10 Enero 2011 ] [Tribunal Constitucional - Sala Primera] Expediente N? 00776-2010-PHD/TC caché ES
Las investigaciones de Control Interno son administrativas y por lo tanto no se les puede aplicar el mismo carácter de reserva que atañe a los procesos jurisdiccionales. En todos los casos es información accesible para el denunciate.
La demanda tiene por objeto que el emplazado le entregue: (1) copia de los descargos efectuados por los magistrados Ordóñez Alcántara, Niquen Peralta y Barrera Utano, correspondientes al Exp. Nº 936-2008-Lima, en investigación preliminar, de la Fiscalía Suprema de Control Interno; (2) copia de la resolución de 18 de diciembre de 2007, emitida por la Fiscalía de la Nación, Exp. Nº 936-2008-Lima.
Declarar FUNDADA la demanda
Perú [ 20 Febrero 2009 ] [Tribunal Constitucional - Sala Segunda] Expediente N.? 04670-2007-PHD/TC caché ES
El petitorio de la demanda consiste en ordenar al Ministerio de la Producción que se abstenga de suministrar a asociaciones, gremios pesqueros y/o cualquier tercero, sin previo permiso o autorización expresa, los datos, reportes e información proveniente del Sistema de Seguimiento Satelital relativos a sus embarcaciones pesqueras; así como declarar inaplicables el numeral 115.2 del artículo 115º, y el segundo párrafo del artículo 116º del Reglamento de la Ley General de Pesca.
Según el Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital, éste constituye un sistema encargado de recaudar información únicamente sobre la ubicación y desplazamiento de las embarcaciones pesqueras de mayor escala de bandera nacional o extranjera, a fin de obtener un control de las actividades extractivas que permitan adoptar las medidas necesarias orientadas al aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. Como es de verse, dicha información recabada no tiene el carácter de sensible ni reservada, por lo que puede ser objeto de difusión por parte del Ministerio de la Producción sin transgredir ninguna norma constitucional.
Como es de verse, la información recabada no tiene el carácter de sensible ni reservada, de manera que, en el caso de autos no se está violentando el derecho constitucional a la autodeterminación informativa de la recurrente, por cuanto los datos objeto de difusión por parte del Ministerio de la Producción no tienen el carácter de sensible ni privado, ni se encuentran referidos a algún mecanismo o procedimiento que afecte de manera alguna el secreto industrial o empresarial de la recurrente, ya que la información difundida sólo se refiere a la ubicación y desplazamiento de las embarcaciones pesqueras. En ese sentido, el Tribunal Constitucional estima que la revelación de dichos datos a terceros no afecta el derecho a la autodeterminación informativa de la recurrente.
Asimismo, no se puede invocar la inaplicabilidad del numeral 115.2 del artículo 115º ni del segundo párrafo del artículo 116º del Reglamento de la Ley General de Pesca toda vez que, si bien es cierto, dichas normas tienen el carácter de autoaplicativas, sin embargo, con su entrada en vigencia no han vulnerado ninguno de los derechos invocados por la recurrente, pues los datos, reportes e información objeto de difusión no pueden ser consideradas como de carácter reservado ya que no afectan de manera directa e inmediata su esfera particular.
Perú [ 14 Mayo 2008 ] [Corte Suprema - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente] Resoluci?n N?: 000763-2008 caché ES
El inciso 1 del artículo 211 del Código Procesal Penal —Decreto Legislativo número 957— establece: el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar un examen corporal del imputado para establecer hechos significativos de la investigación, siempre que el delito esté sancionado con pena privativa de la libertad mayor de cuatro años. Con esta finalidad, aún sin el consentimiento del imputado, pueden realizarse pruebas de análisis sanguíneos, genético-moleculares u otras intervenciones corporales, así como exploraciones radiológicas, siempre efectuadas por un médico u otro profesional especializado.
En razón de ello, si bien el Estado puede limitar ciertos derechos del imputado en aras de encontrar la verdad de los hechos, ello no significa contravenir sus demás derechos fundamentales o acaso constreñir el desarrollo de su personalidad, los cuales se encuentran vigentes e irrestrictos en el individuo por su sola condición de ser humano y ello dado que ningún derecho constitucional deviene en absoluto e ilimitado pues su ejercicio debe someterse a las restricciones consagradas expresamente en la constitución y en aquellas que resulten necesarias para preservar o proteger otros bienes, intereses y derechos constitucionales.
La exigencia de motivación aparece aquí como un requisito formal de la regla de proporcionalidad, según el cual en las resoluciones limitativas de los derechos fundamentales debe, el órgano jurisdiccional, plasmar el juicio de ponderación entre el derecho fundamental afectado y el interés constitucionalmente protegido y perseguido, del cual se evidencie la necesidad de la adopción de la medida. De tal balance, en que deben sopesarse los bienes en pugna, ha de evidenciarse la necesidad de la adopción de la medida de que se trate.
Principio de legalidad: ello significa que el interés público propio de la investigación de un delito, y, más en concreto, la determinación de hechos relevantes para el proceso penal deben ser causa legítima que puede justificar la realización de una intervención corporal, siempre y cuando dicha medida se encuentre prevista por la ley. De lo que se desprende que para la determinación de hechos relevantes relacionados con el proceso penal resultará ser causa legítima para la realización de un examen corporal que dicha medida esté regulada en la ley. De lo expuesto se llega a concluir que toda intervención corporal acordada en el curso de un proceso penal, por su afectación al derecho fundamental a la integridad física (y, en su caso, de la intimidad), no puede ser autorizada por la vía reglamentaria, sino que ha de estar prevista por la ley.
Dispusieron que el juez penal de la causa adopte las previsiones legales pertinentes sobre la base de los considerandos precedentemente expuestos a los efectos de efectivizar la diligencia de intervención corporal en el imputado