Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10680
Timestamp: 2017-11-24 02:04:59
Document Index: 370614665

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Sentencia C-781 de 2003 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 10/09/2003
Fecha de Entrada en Vigencia: 10/09/2003
Referencia: expedientes D- 4502
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 29, parcial, de la Ley 789 de 2002, "Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo".
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre dos mil tres (2003).
Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-038 de 2004
En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, la ciudadana Ada Luz Hernández Montoya presentó demanda contra el artículo 29 parcial de la Ley 789 de 2002,"Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo".
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente."
A su juicio, la expresión "sólo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un(1) salario mínimo mensual vigente", del parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, contiene un trato desigual y degradante para trabajadores que por su esfuerzo y calidad de trabajo, devenguen más de un salario mínimo legal vigente, el cual riñe con el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política.
Sostiene que las expresiones "…hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación…", contradicen claramente el citado precepto constitucional porque deja desprotegido al trabajador y merma sus posibilidades, cuando aún intentado el cobro judicial, lo somete a la morosidad de los despachos judiciales y recorta su oportunidad de recuperar lo que en justicia se le debe. En su parecer, la norma así redactada, se convierte en estímulo a la morosidad del empleador.
Antes de proceder al análisis de fondo, la Corte considera oportuno pronunciarse sobre la solicitud que ha hecho la Jefe (E) del Ministerio Público, en el sentido de analizar el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 en su totalidad, y no sólo los apartes normativos que fueron impugnados por el demandante "a efectos de hacer el estudio racional de estos".
"Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa por esta última causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente inconstitucionales. A este respecto, la Corporación ha señalado que "es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad". (Sentencia C-320/97 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
"Salvo los tres casos mencionados, no es conducente, de ninguna manera, la integración de la unidad normativa."1
Además advierte la Corte que el parágrafo 1° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, -en relación con el cual el Ministerio Público también pretende que se integre unidad normativa-, no está intrínsecamente relacionado con los mandatos que fueron objeto de censura, pues su contenido normativo se refiere a la obligación que tiene el empleador, para los efectos de la terminación del contrato establecido en el artículo 64 del CST, de informar por escrito al trabajador sobre el estado de pago de las cotizaciones de Seguridad Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, y los efectos que produce el incumplimiento de tal deber, lo cual corresponde a un asunto totalmente distinto al de la indemnización por falta de pago previsto en el numeral 1° del mencionado precepto legal.
 Si el parágrafo segundo de la citada disposición, al limitar la aplicación del nuevo régimen de indemnización por falta de pago "a los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente", establece un trato discriminatorio frente a los trabajadores que devenguen menos de dicha suma, vulnerando con ello el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 Superior.
 Si el numeral primero de la norma acusada, al modificar el régimen de indemnización por falta de pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del contrato de trabajo, desconoce los derechos adquiridos de los trabajadores -que venía regulando el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo-, viola los principios mínimos fundamentales que en materia laboral consagra el artículo 53 de la Constitución, y permite que éstos sean burlados por los empleadores morosos, infringiendo el artículo 25 de la Carta, que consagra la especial protección al trabajo por parte del Estado.
 Si el segmento normativo del numeral primero de la disposición impugnada, al disponer que "Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria", somete al trabajador a la morosidad de los despachos judiciales, recorta su oportunidad de recuperar lo que en justicia se le debe, y se convierte en estímulo a la negligencia del empleador, infringiendo de esta manera los artículos 13 y 25 de la Constitución.
"Artículo 65.- Indemnización por falta de pago. 1. Si a la terminación del contrato el patrono no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo.
3. En la misma sanción incurre el patrono cuando no haga practicar al trabajador el examen médico y no le expida el correspondiente certificado de salud de que trata el ordinal 7º del artículo 57."
Así pues, esta indemnización no sólo exige para su procedencia el incumplimiento consistente en el no pago por parte del empleador de los salarios y prestaciones debidas al trabajador, sino además que la relación laboral haya concluido por cualquier causa, y consiste al tenor del artículo en comento en el pago de una suma igual al último día de salario por cada día de retraso hasta cuando el pago se verifique, sin que haya alguna otra exigencia adicional para el trabajador, circunstancia que ha significado en la práctica que el empleador siga cancelando los salarios que devengaba el trabajador como si estuviese a su servicio, y de ahí el nombre que se le ha dado de "salarios caídos".
"Artículo 29. Indemnización por falta de pago. El artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así:
La modificación que introduce el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 al artículo 65 del CST consiste en establecer que "Si transcurridos (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique".
En otras palabras, si el trabajador no ha presentado demanda por la vía judicial ordinaria dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la terminación de su vínculo laboral, o si la misma no ha sido resuelta definitivamente por la autoridad judicial, ya no se continúa haciendo exigible el pago de la indemnización moratoria –un día de salario por cada día de retardo-, sino únicamente el pago de intereses moratorios.
El mencionado cambio obedeció, en opinión del legislador, a que se había constituido una "...forma de enriquecimiento de los trabajadores debido a la lentitud de la justicia cuando el trámite de un proceso laboral de primera instancia, si se cumplieran los términos no debería durar, incluida la apelación, más de seis (6) meses" pues "la manera como está prevista la indemnización por falta de pago ha dado lugar a que los trabajadores esperen para presentar sus demandas cuando están para cumplirse los tres (3) años, término de prescripción y le juegan a una cuantiosa indemnización moratoria a veces injusta ya que, de acuerdo con la jurisprudencia, en este caso se presume la mala fe del empleador"2. (Subrayado no original).
Finalmente, el segmento normativo acusado del parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 203 dispone que el nuevo régimen de indemnización por falta de pago se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo, dejando incólume la aplicación del antiguo régimen del artículo 65 del CST "para los demás", es decir, para aquellos que no devengan más del salario mínimo legal mensual vigente.
El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 145 define el salario mínimo como "el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural", mandato que está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta que consagra como uno de los principios mínimos fundamentales en materia laboral el de la "remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo", e igualmente, con los Convenios Nos. 26 de 1928 y 99 de 1948, y la Recomendación No. 89 de la Organización Internacional del Trabajo, en los cuales se propugna por un salario mínimo que asegure al trabajador "un nivel de vida adecuado".
La Corte ha señalado que el establecimiento del salario mínimo vital y móvil "expresa una forma específica a través de la cual se concreta la protección especial que el trabajo debe recibir del Estado y de la sociedad. Si la remuneración que el trabajador obtiene no le permite satisfacer las necesidades - materiales, sociales y culturales - que se reputan indispensables para reponer sus energías y, además, llevar una vida social y familiar normal, ella no estará a la altura de la persona humana y no podrá ser reputada digna, pues, dejará de servir como instrumento para construir una existencia libre y valiosa"3.
También ha manifestado que la institución del salario mínimo se enmarca dentro de aquellas políticas destinadas a lograr una justicia social, pues constituye una medida especial de protección a quienes por su condición económica se encuentran en situación de vulnerabilidad manifiesta. "Busca así el legislador menguar la desigualdad y de esta manera cumplir con el propósito señalado por el constituyente en el artículo 13 de la Carta, que ordena al Estado promover las condiciones requeridas para que la igualdad sea real y efectiva, mediante la adopción de medidas en favor de grupos discriminados o marginados, como también proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica o física se encuentran en situación de debilidad manifiesta"4.
Es así como, para proteger al trabajador que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, el Legislador ha configurado ciertas cautelas orientadas a proteger la importante institución laboral del salario mínimo. De esta manera, ha dispuesto que para fijarlo deben tomarse en cuenta el costo de la vida, las modalidades del trabajo, la capacidad económica de las empresas y patronos y las condiciones de cada región y actividad; y, tratándose de los trabajadores del campo, la ley ordena que el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el patrono proporciona a sus trabajadores, en lo que se refiere a habitación, cultivos, combustibles y circunstancias análogas que disminuyen el costo de la vida5.
Con la misma finalidad tuitiva, el Legislador ha establecido el procedimiento de fijación del salario mínimo, el cual comprende varias opciones: la primera, resultante de la actividad particular, en virtud de la cual el salario mínimo puede ser fijado por medio de pacto o convención colectiva; la segunda, por medio de un fallo arbitral; y la tercera, en forma concertada, consistente en que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales6, en la cual tienen asiento el Gobierno y representantes de los empleadores y trabajadores, fija el salario mínimo de carácter general teniendo en cuenta "que se debe garantizar una vida digna para el trabajador y su familia"7.
En relación con el procedimiento concertado de fijación del salario mínimo, la ley, con un revelado espíritu proteccionista, dispone que si definitivamente no se logra consenso en la fijación del salario mínimo para el año inmediatamente siguiente, el Gobierno, a más tardar el 30 de diciembre de cada año, lo determinará por decreto motivado, "atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos"8.
Otro mecanismo de protección del salario mínimo y con ello a quienes lo perciben, consiste en su carácter irrenunciable e inembargable9. En cuanto a lo primero, se tiene que la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en los que se haya estipulado un salario inferior10. Y en cuanto a lo segundo, se trata de una medida que armoniza con la Constitución, "no sólo en lo que hace al artículo 53, el cual garantiza una remuneración mínima, vital y móvil (salario mínimo), sino en relación con el artículo 42, pues la protección del salario no sólo se erige como una garantía para el trabajador, sino para su núcleo familiar11.
Para la Corte todas estas medidas son trasunto de la protección reforzada de que goza el salario mínimo en el Estado Social de Derecho, pero en últimas del trabajador que cuenta con ese nivel de ingreso, ya que no sólo están orientadas a evitar que su determinación quede librada a las fuerzas de la oferta y la demanda, como si fuese una mercancía o un simple factor de la producción12, sino que también pueda llegar a afectar su núcleo esencial, atentándose de esta manera contra los derechos fundamentales de los trabajadores que reciben esta clase de remuneración.
No quiere significar lo anterior que los trabajadores que perciben una asignación superior al salario mínimo hayan quedado desprotegidos en el evento en que a la terminación del vínculo su empleador no les pague los salarios y prestaciones adeudados, lo cual si resultaría desproporcionado, pues de todas formas tienen derecho a la indemnización por falta de pago. Sin embargo, en los términos del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, para que a partir del mes veinticinco (25) de mora continúen con el derecho a la indemnización, es preciso que hayan acudido ante la jurisdicción ordinaria, pues de lo contrario sólo podrán reclamar intereses moratorios "a la tasa máxima" para los créditos de libre asignación que certifique la Superintendencia Bancaria, exigencia que se justifica plenamente porque, como fue explicado en el seno del propio Congreso, la anterior regulación dio lugar a que algunos trabajadores esperaran mucho tiempo para presentar sus demandas, casi llegado el día de la prescripción, obteniendo así cuantiosas indemnizaciones por este concepto.
La Corte estima que las consideraciones presentadas son suficientes para corroborar la constitucionalidad de la medida enjuiciada, pues como bien lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, tratándose de materias donde el legislador cuenta con una razonable facultad de configuración -como es el caso del ámbito laboral y particularmente en cuanto a las indemnizaciones-, basta con constatar que la decisión del Legislador está inspirada en un mínimo de racionalidad, tal como acontece en el asunto baso revisión, donde se ha establecido que el trato diferente instituido en favor de los trabajadores que reciben hasta un salario mínimo mensual vigente está fundado en una finalidad plausible y que no resulta desproporcionada desde el punto de vista constitucional, ante la necesidad de brindarles la protección a la que constitucionalmente tienen derecho, pues se hallan en una situación vulnerable.
"...en materia de regulación de los efectos del tránsito de legislación, la Constitución solo impone como límites el respeto de los derechos adquiridos, y el principio de favorabilidad y de legalidad penal. Por fuera de ellos, opera la libertad de configuración legislativa. Con base en ello, el legislador ha desarrollado una reglamentación general sobre el efecto de las leyes en el tiempo, contenida en la Ley 153 de 1887, según la cual en principio las leyes rigen hacia el futuro, pero pueden tener efecto inmediato sobre situaciones jurídicas en curso. Tal es el caso de las leyes procesales, pues ellas regulan actuaciones que en sí mismas no constituyen derechos adquiridos, sino formas para reclamar aquellos.
"No obstante lo anterior, la regla general que se acaba de exponer según la cual las leyes procesales son de efecto general inmediato, si bien es la acogida como norma general por la legislación y también por la doctrina contemporánea, no emana de la Constitución, la cual, respecto de la regulación de los efectos de la ley en el tiempo, lo único que dispone categóricamente, como antes se dijo, es la garantía de los derechos adquiridos conforme a las leyes anteriores, los mencionados principios de legalidad y favorabilidad de la ley penal, y la constitucionalidad de la retroactividad de la ley expedida por razones de utilidad pública o interés social. Por lo tanto, en relación con los efectos del tránsito de legislación procesal, el legislador puede adoptar una fórmula diferente a la del efecto general inmediato y prescribir para algunas situaciones especiales la aplicación ultraactiva de la ley antigua a todos los procesos en curso, pues, salvo los límites comentados, ninguna disposición superior se lo impide. Así como el legislador tiene competencia para mantener en el ordenamiento las leyes hasta el momento en que encuentra conveniente derogarlas, modificarlas o subrogarlas, de igual manera puede determinar el momento hasta el cual va a producir efectos una disposición legal antigua, a pesar de haber proferido otra nueva que regula de manera diferente la misma materia. La aplicación ultraactiva, entendida como la determinación legal según la cual una ley antigua debe surtir efectos después de su derogación, tiene fundamento constitucional en la cláusula general de competencia del legislador para mantener la legislación, modificarla o subrogarla por los motivos de conveniencia que estime razonables. Ahora bien, a pesar de lo anterior, la competencia aludida del legislador no puede ejercerse desconociendo las normas superiores relativas a los derechos a la igualdad y al debido proceso, pues ellos en sí mismos constituyen limites generales a la libertad de configuración legislativa". 13
El artículo 25 de la Constitución dispone que "el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado", y agrega que "toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas". Es decir, que la ley debe rodear el trabajo humano de especiales condiciones de cuidado, estímulo, garantía y respeto. Acorde con este imperativo, la ley laboral (art. 16 del CST) ha desarrollado como una de sus normas rectoras el que sus disposiciones son de orden público, por lo que tienen "efecto general e inmediato" y por tanto afectan los contratos de trabajo vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, "pero no tienen efecto retroactivo, esto es no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores".
Por su parte, el artículo 53 del Ordenamiento Superior dispone que la ley no puede menoscabar los derechos de los trabajadores. Y en el mismo sentido se orienta el artículo 58 ibídem al señalar que "se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores". De modo que una vez se ha consumado la situación jurídica e individual, y constituido así el derecho concreto, los derechos laborales entran al patrimonio de la persona y son intangibles frente a la nueva legislación.
"Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. Ante la necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la protección del orden social, la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales. De este modo se construye el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e incólumes frente a aquélla, cuando ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes"14. (Subrayado fuera de texto).
"La noción de derecho adquirido ha sido ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin de distinguirla de las meras expectativas, pues mientras el primero no puede ser desconocido por las leyes ulteriores, por el contrario las segundas no gozan de esa protección. Esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo y la prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, pero en cambio la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho. A su vez, esta prohibición de la retroactividad es consustancial a la idea misma del derecho en una sociedad democrática, pues la regulación social a través de normas jurídicas pretende dirigir la conducta de personas libres, por lo cual es necesario que los individuos conozcan previamente las normas para que puedan adecuar sus comportamientos a las mismas. Una aplicación retroactiva de una ley rompe entonces no sólo la confianza de las personas en el derecho, con lo cual se afecta la buena fe sino que, además, desconoce la libertad y autonomía de los destinatarios de las normas, con lo cual se vulnera su dignidad".15 (Subrayado fuera de texto).
También debe señalarse que la intangibilidad de los derechos adquiridos no significa que la legislación deba permanecer petrificada indefinidamente y que no pueda sufrir cambios o alteraciones, y tampoco que toda modificación normativa per se desconozca derechos adquiridos, "pues nadie tiene derecho a una cierta y eterna reglamentación de sus derechos y obligaciones, ni aún en materia laboral en la cual la regla general, que participa de la definición general de este fenómeno jurídico, en principio hace aplicable la nueva ley a todo contrato en curso, aun si se tiene en cuenta aspectos pasados que aún no están consumados, y tiene por lo tanto efectos retrospectivos, de un lado, y pro futuro, del otro"16.
El actor se equivoca cuando afirma que el cambio legislativo operado con el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 desconoce los derechos adquiridos de los trabajadores en relación con el régimen de indemnización por falta de pago consagrado en el artículo 65 del CST, pues está claro que en ejercicio de su competencia constitucional el legislador, atendiendo a las condiciones económicas y sociales del momento, puede introducir enmiendas a la legislación laboral, sin más límites que los que le imponga la misma Constitución y los derechos fundamentales de las personas17. Así lo hizo al modificar mediante el precepto censurado la indemnización por falta de pago, sin que en manera alguna pueda afirmarse que por esta sola circunstancia haya violado derechos adquiridos, pues, se repite, la ley rige hacia el futuro y nadie tiene derecho a una eterna reglamentación de sus eventuales derechos y obligaciones. Además, la norma debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el artículo 52 de la misma Ley, que señaló como fecha de entrada en vigencia de las modificaciones la de la publicación de la ley.18
"Sin embargo, cabe preguntarse si este principio –igualdad- debe aplicarse de manera tal que toda mutación normativa, a través de la cual se pretenda cambiar la regulación legal preexistente, debe predicarse inconstitucional si permite la subsistencia temporal del régimen anterior, o no se retrotrae a regular situaciones consolidadas a su amparo. Este cuestionamiento se revela particularmente importante aplicado al ámbito de los derechos sociales y económicos, pues corresponde a su esencia, admitir un desarrollo progresivo, con arreglo a las posiciones políticas dominantes en las cámaras legislativas y, por supuesto, a la disponibilidad de recursos públicos.
Una respuesta positiva a este interrogante llevaría a la Corte a adoptar una de dos alternativas: (1) la petrificación del ordenamiento vigente en un determinado momento histórico, con menoscabo del principio democrático (C.P. art. 1, 2, 3, 40 y 150) y de la naturaleza misma del sistema jurídico o, (2) la aplicación retroactiva de toda ley posterior, en abierta contradicción con principios como el de la seguridad jurídica de tanta importancia para el desarrollo pacífico de una sociedad, en tanto condición de posibilidad para la realización de los derechos constitucionales fundamentales y para la progresiva evolución de una economía social de mercado (C.P. arts. 1, 2, 22, 333)."19
Dicho en otros términos, el trabajador pierde el derecho a recibir la indemnización moratoria desde el mes veinticinco (25) de no pago, cuando a pesar de haber promovido demanda ante la jurisdicción ordinaria la autoridad encargada de conocer de su caso no ha adoptado una decisión. Ello se traduce, en últimas, en que el sujeto más débil de la relación laboral –el trabajador-, se ve afectado como consecuencia directa de la tardanza de la administración de justicia en resolver sus demandas.
Las razones expuestas son, pues, suficientes para desestimar los cargos por violación de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, salvo en el caso de la expresión "o presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial", contenida en el inciso 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que será declarada inexequible.
Varias razones llevan a la Corte a considerar improcedente tal solicitud. De un lado, el hecho de que esta misma Corporación al estudiar una demanda contra las expresiones "a la terminación del contrato" del artículo 65 del CST, haya considerado que el mecanismo de la indemnización moratoria allí consagrado está orientado precisamente a compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero en manos del empleador. Se dijo entonces:
"...el artículo 65 del C.S.T., en el numeral 1o. acusado, establece la indemnización moratoria - también llamada en el lenguaje corriente "salarios caídos" - en la forma de una reparación a cargo del empleador que retarda el pago de los salarios y prestaciones sociales que se le adeudan al trabajador al momento de la terminación del respectivo contrato de trabajo, consistente en una suma igual al último salario diario por cada día de demora en la cancelación de lo adeudado. Se presenta así un mecanismo de apremio al empleador que demora dichos pagos cuando ya no existe una acción con origen contractual para hacerlos exigibles pero que permite compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero del trabajador, por permanecer en manos del empleador"20(Subraya la Corte)
De otro lado, también milita la circunstancia de que en relación con el pago simultáneo de intereses moratorios e indexación la jurisprudencia de esta Corporación21 haya señalado que el pago de intereses moratorios busca que el salario y las prestaciones sociales, conserven su valor real, por lo cual resulta incompatible el pago de esos dos conceptos al mismo tiempo pues ambos persiguen la idéntica finalidad que es compensar la pérdida del valor adquisitivo del dinero. Por ello, de proceder el pago concurrente de los mismos se tornaría desproporcionada la sanción moratoria consagrada en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.22
Además se equivoca la Procuradora (E) al sostener que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral con anterioridad había reconocido la procedencia del pago coetáneo de la indemnización moratoria y la indexación, pues, por el contrario, lo que ese Alto Tribunal ha expresado es que "cuando no sea pertinente en una sentencia la condena de indemnización moratoria por el pago oportuno de prestaciones sociales, por cuanto no se trata de una indemnización automática, es viable aplicar entonces la indexación o corrección moratoria en relación con aquellas prestaciones que no tengan otro tipo de compensación de perjuicios por la mora, o que no reciban reajuste con el costo de vida..." 23.
Finalmente, la Corte no se pronunciará respecto del reclamo del actor de que el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 fomenta la morosidad de la justicia y de los empleadores, pues evidentemente se trata de reparos que no se derivan del contenido normativo del precepto impugnado sino de su aplicación práctica. Al respecto, no sobra recordar que en forma reiterada la jurisprudencia ha señalado que para que la Corte pueda analizar una acusación contra un precepto que es objeto de su control, es menester que el actor cumpla con la carga mínima de presentar argumentos de índole constitucional que pongan de presente la existencia de una contradicción entre lo impugnado y los dictados del Ordenamiento Superior24.
Primero. Declarar EXEQUIBLE, en lo acusado, el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2003, salvo la expresión "o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial", que se declara INEXEQUIBLE.
1. Sentencia C-539 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido, ver Sentencias C-266 de 2002, C-204 de 2001, C-173 de 2001, C-010 de 2001 entre otras.
2. Ponencia para primer debate en el Senado de la República. Publicada en la Gaceta del Congreso No.444 de 2002.
3. Sentencia C-252 de 1995
4. Sentencia C-387 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz
5. CST art. 146
6. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tiene fundamento en el artículo 56 de la Constitución y su composición y funciones están determinadas en la Ley 278 de 1996.
7. Ley 278 de 1996 artículo 2ª literal d)
8. Sentencia C-815 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo
9. CST art.154
10. CST art.148
11. Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. En esta sentencia se declaró la exequibilidad del artículo 154 del CST. Cabe precisar que según lo dispuesto en el artículo 156 del CST excepcionalmente el salario mínimo puede ser embargado hasta en un 50% a favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil.
12. Sentencia C-252 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
13. Sentencia C-619 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
14. Sentencia C-147 de 1997. M.P. Antonio barrera Carbonell
15. Sentencia C-478 de 1998
16. CSJ Sala Plena. Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991. M.P. Jaime Sanin Greiffestein
17. Sentencia C-252 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz
18. "Artículo 52.- Derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias".
19. Corte Constitucional, Sentencia C-613 de 1996 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido puede consultarse la sentencia C-789 de 2002 MP. Rodrigo Escobar Gil.
20. Sentencia C-079 de 1999. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
21. Sentencia T-531 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell
22. Sobre la incompatibilidad entre el pago de intereses moratorios e indexación también se puede consultar la Sentencia C-231 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet
23. CSJ Sala de casación Laboral. Sentencia del 20 de mayo de 1992. Rad. 4645.
24. Sobre este punto se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-712 de 1998, C-645 de 2000, C-955 de 2000, C-1052 de 2001.