Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A174-01.htm
Timestamp: 2017-11-22 05:45:55
Document Index: 166550150

Matched Legal Cases: ['artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 150', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 48', 'artículo 338', 'artículo 48', 'artículo 48']

A174-01
Auto 174/01
El efecto de cosa juzgada que ampara las sentencias proferidas por la Corte Constitucional tiene su fundamento en el artículo 243 de la Carta Política, e implica que tales providencias tienen carácter definitivo e incontrovertible, "de manera tal que sobre el tema tratado no puede volver a plantearse litigio alguno"; asimismo, trae como consecuencia que ningún funcionario u organismo podrá reproducir las normas declaradas inexequibles por la Corte por razones de fondo, siempre y cuando permanezcan en la Constitución los preceptos que fundamentaron dicha decisión.
COSA JUZGADA RELATIVA-Situaciones
Como se explicó en sentencia, la cosa juzgada relativa opera en dos tipos de situaciones: a) cuando el estudio de exequibilidad de una norma se ha hecho desde el punto de vista netamente formal; es decir, cuando sólo se ha analizado la constitucionalidad de su procedimiento de formación. La justificación de esta posibilidad radica en que, en el futuro, pueden existir nuevos cargos contra la misma disposición, por motivos de fondo, respecto de los cuales no ha existido un pronunciamiento de la Corte Constitucional; y b) cuando una determinada norma se ha declarado exequible a la luz de un número limitado de artículos de la Constitución, y posteriormente es demandada por violar disposiciones de la Carta distintas a las estudiadas. En casos como éste, sólo será procedente la nueva demanda cuando la Corte misma, en el texto de la providencia, haya restringido los efectos de su decisión, por no haberse adelantado el estudio de constitucionalidad frente a todas las normas de la Carta Política, sino sólo frente a algunas.
CORTE CONSTITUCIONAL-Presunción de control integral/COSA JUZGADA ABSOLUTA-Presunción de control integral
RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO PARCIAL DE DEMANDA
Recurso de súplica contra auto del dieciséis (16) de abril de 2001, mediante el cual se rechazó parcialmente la demanda contra algunos artículos de la Ley 546 de 1999.
1. El ciudadano Humberto de Jesús Longas Londoño presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 17, 18, 29, 39, 41, 44 y 48, parciales, y 38, total, de la Ley 546 de 1999, “por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones”.
2. En criterio del demandante, la Unidad de Valor Real -UVR-, que se creó en la ley acusada, es en realidad la misma Unidad de Poder Adquisitivo Constante - UPAC, cuyo sistema fue declarado inexequible en la sentencia C-700 de 1999. Como tal providencia se encuentra amparada por la cosa juzgada constitucional, la ley demandada, al reproducir materialmente lo que en esa oportunidad se consideró inconstitucional, vulnera el artículo 243 de la Carta.
Explica que esta petición se incluyó, como subsidiaria, en la demanda que se interpuso contra la Ley 546 de 1.999, radicada con el número D-2828; sin embargo, considera que en la sentencia C-955 de 2000, que resolvió dicho proceso, este punto no fue objeto de pronunciamiento, y que tampoco se tuvo en cuenta, ni al fallar el recurso extraordinario de revisión que se interpuso contra la citada sentencia, ni al decidir sobre la petición de nulidad elevada contra la misma.
Así, para el demandante, no existe aún un fallo de fondo sobre este cargo por violación del artículo 243 constitucional; en consecuencia, la Corte puede y debe abordar el estudio de la materia.
3. El Magistrado Sustanciador, Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, mediante auto de abril dieciséis (16) de 2001, rechazó la demanda contra los artículos 1, 3, 17, 18, 38, y 39 acusados, por existir respecto de ellos cosa juzgada constitucional a partir de la sentencia C-955 de 2000, y la admitió en lo relativo a los artículos 8, 9, 16, 29, 41, 44 y 48 de la Ley 546 de 1999.
En el auto de rechazo parcial, se explica que la declaratoria de exequibilidad de algunos artículos en la sentencia C-955 de 2000, a pesar de ser condicionada en algunos casos, no por ello deja de tener efectos absolutos; es decir que, respecto de las declaratorias de exequibilidad condicionada, opera la cosa juzgada absoluta, y no relativa.
4. Durante el término de ejecutoria, el demandante presentó recurso de súplica contra dicho auto, ya que, en su criterio, existe cosa juzgada relativa, y no absoluta, respecto de las normas contra las que se dirige la demanda rechazada.
Reitera que el cargo por violación del artículo 243 Superior ya se había formulado en la demanda contra la Ley 546 de 1999, que dio lugar a la sentencia C-955 de 2000, sin que en ésta providencia se haya abordado el estudio de tal argumento. En ese orden de ideas, expresa que “el hecho de que una norma fuere declarada exequible por la Corte Constitucional no indica necesariamente que tal norma se haya confrontado con todas las normas constitucionales; porque del contexto de la parte motiva se puede deducir fácilmente los cargos sobre los cuales fue soportada la resolución de exequibilidad”. Por esa razón, los efectos de la citada sentencia corresponden a la cosa juzgada relativa.
Señala que, si la Corte no estudia el fondo de este aspecto, ni se pronuncia expresamente, “nunca se sabría si operó el fenómeno de la cosa juzgada absoluta en contra de la UVR; y quedaría ésta ante una incertidumbre jurídica que nunca se dilucidaría, de si es el mismo UPAC con otro nombre o no lo es”.
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el recurso de súplica tiene por objeto que el ciudadano demandante cuente con una oportunidad para controvertir los argumentos que tuvo en cuenta el Magistrado al rechazar la demanda; es decir, “la función de la Sala Plena de la Corte, al conocer de la súplica, es justamente la de examinar los motivos expuestos” (Auto de Sala Plena No. 024, julio 29 de 1997).
En esta oportunidad, el recurrente controvierte la motivación del auto de abril 16 de 2001 del Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, ya que, en su criterio, la sentencia C-955 de 2000 generó efectos de cosa juzgada relativa, y no absoluta, en lo tocante a las normas respecto de las cuales se rechazó la demanda. En ese orden de ideas, corresponde a la Sala Plena determinar cuáles fueron los alcances del efecto de cosa juzgada que tuvo dicha providencia en cuanto a las citadas disposiciones.
El efecto de cosa juzgada que ampara las sentencias proferidas por la Corte Constitucional tiene su fundamento en el artículo 243 de la Carta Política, e implica que tales providencias tienen carácter definitivo e incontrovertible, "de manera tal que sobre el tema tratado no puede volver a plantearse litigio alguno" (sentencia C-397/95 -M.P. José Gregorio Hernández Galindo); asimismo, trae como consecuencia que ningún funcionario u organismo podrá reproducir las normas declaradas inexequibles por la Corte por razones de fondo, siempre y cuando permanezcan en la Constitución los preceptos que fundamentaron dicha decisión.
De allí se deriva la distinción, trazada por la jurisprudencia constitucional, entre la cosa juzgada absoluta y la cosa juzgada relativa. La primera es aquella que opera a plenitud, precluyendo por completo la posibilidad de interponer, con posterioridad a la sentencia, nuevas demandas de inconstitucionalidad contra las normas que han sido objeto de estudio, siempre que en la providencia no se indique lo contrario, y mientras subsistan las disposiciones constitucionales que fundamentaron la decisión. La segunda, por oposición, admite que, en el futuro, se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado. Ahora bien, tal y como se explicó en la sentencia C-004 de 1993, la cosa juzgada relativa opera en dos tipos de situaciones:
Por otra parte, tal y como se señala en el auto de rechazo parcial que es objeto del presente recurso de súplica, existe una clara diferencia entre una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada relativa, y una sentencia de constitucionalidad condicionada. La Sala hace suyos los siguientes argumentos, expuestos por el Magistrado Sustanciador en el auto que se suplica:
A la luz de lo anterior, debe ahora la Corte verificar si en el caso bajo estudio se presenta el fenómeno de la cosa juzgada relativa. Para ello, se procederá a constatar si en la sentencia C-955 de 2000 se efectuó alguna restricción en ese sentido.
"3. Con las excepciones previstas en esta Sentencia, declárase EXEQUIBLE la Ley 546 de 1999, en cuanto, al establecer el marco de la actividad financiera en materia de vivienda, se ajustó a las prescripciones del artículo 150, numeral 19, literal d) de la Constitución.
4. Declárase EXEQUIBLE el artículo 1 de la Ley 546 de 1999, pero en el entendido de que las entidades que otorguen créditos de vivienda deben hallarse sometidas al control, vigilancia e intervención por el Estado, y de que en los préstamos que otorguen debe garantizarse la democratización del crédito y la efectividad del derecho a una vivienda digna mediante sistemas adecuados de financiación a largo plazo. Bajo cualquiera otra interpretación, se declara INEXEQUIBLE.
(...) 6. Declárase EXEQUIBLE el artículo 3 de la Ley 546 de 1999, salvo las expresiones que a continuación se transcriben, las cuales se declaran INEXEQUIBLES:
"...cuyo valor se calculará de conformidad con la metodología que establezca el Consejo de Política Económica y Social, Conpes. Si el Conpes llegare a modificar la metodología de cálculo de la UVR, esta modificación no afectará los contratos ya suscritos, ni los bonos hipotecarios o títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria de vivienda ya colocados en el mercado.
El Gobierno Nacional determinará la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, así como el régimen de transición de la UPAC a la UVR".
La exequibilidad de este precepto se declara en el entendido de que la Junta Directiva del Banco de la República deberá proceder, una vez comunicada esta Sentencia, a establecer el valor de la UVR, de tal manera que ella incluya exclusiva y verdaderamente la inflación, como tope máximo, sin elemento ni factor adicional alguno, correspondiendo exactamente al IPC. Bajo cualquiera otra interpretación o aplicación, la norma se declara INEXEQUIBLE.
(...) 13. Declárase EXEQUIBLE, con las salvedades y condicionamientos aquí previstos, el artículo 17 de la Ley 546 de 1999.
- El numeral 2 sólo es EXEQUIBLE en el entendido de que la tasa de interés remuneratoria a que se refiere no incluirá el valor de la inflación, será siempre inferior a la menor tasa real que se esté cobrando en las demás operaciones crediticias en la actividad financiera, según certificación de la Superintendencia Bancaria, y su máximo será determinado por la Junta Directiva del Banco de la República, conforme a lo resuelto por la Corte Constitucional, en sentencias C-481 del 7 de julio de 1999 y C-208 del 1 de marzo de 2000.
- Una vez se comunique el presente fallo, y la Junta Directiva del Banco de la República proceda a fijar la tasa máxima de interés remuneratorio, la norma legal, con el condicionamiento que precede, se aplicará de manera obligatoria e inmediata tanto a los créditos nuevos como a los ya otorgados.
- Los intereses remuneratorios se calcularán sólo sobre los saldos insolutos del capital, actualizados con la inflación.
- El numeral 6 sólo es EXEQUIBLE en el entendido de que las expresiones "primera cuota" se refieren no solamente a la primera del préstamo, sino también a la primera que se pague luego de una reestructuración del crédito, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 546 de 1999.
- El numeral 7 se declara EXEQUIBLE únicamente si se entiende que la Superintendencia Bancaria no podrá aprobar ningún plan de amortización en materia de financiación de vivienda en cuya virtud en las cuotas mensuales sólo se paguen intereses. En todas las cuotas, desde la primera, tales planes deben contemplar amortización a capital, con el objeto de que el saldo vaya disminuyendo, sin que ello se pueda traducir en ningún caso en incremento de las cuotas que se vienen pagando, para lo cual, si es necesario, podrá ampliarse el plazo inicialmente pactado.
- En las cuotas mensuales, si así lo quiere el deudor, se irá pagando la corrección por inflación a medida que se causa.
14. Declárase EXEQUIBLE el artículo 18 de la Ley 546 de 1999.
(...) 21. Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, el artículo 38 de la Ley 546 de 1999, con excepción de las expresiones "según la equivalencia que determine el Gobierno Nacional", de su primer inciso, e "Igualmente, a elección del deudor, se podrán denominar las cuentas de ahorro y demás pasivos, en UVR o en pesos", de su parágrafo, que se declaran INEXEQUIBLES.
22. Declárase EXEQUIBLE el artículo 39 de la Ley 546 de 1999, con excepción de las expresiones "dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, y", del parágrafo 2, que se declaran INEXEQUIBLES."
Tal y como lo explica el Magistrado Sustanciador del auto que se recurre, las declaraciones arriba transcritas son, o bien de exequibilidad condicionada, o bien de exequibilidad o inexequibilidad plenas; en consecuencia, para la Sala resulta evidente que, en lo relativo a las normas objeto de la demanda rechazada, no se restringieron los efectos de cosa juzgada de esta sentencia. Cosa distinta ocurre con otras normas que también fueron objeto de control de constitucionalidad en la misma oportunidad; por ejemplo, el artículo 48-1 de la Ley 546 de 1.999, que no es objeto de controversia en este caso, pero fue demandado en idéntica oportunidad, y respecto del cual se dijo en la parte resolutiva de la antedicha sentencia C-955/00: "20. Declárase EXEQUIBLE, en lo relativo al cargo examinado, esto es, en cuanto no vulneró el artículo 338 de la Constitución, el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 546 de 1999". En ese sentido, es claro que, si hubiese sido voluntad de la Corte limitar el alcance de su fallo en lo tocante a los artículos 1, 3, 17, 18, 38 y 39 de la Ley 546 de 1999, habría adoptado respecto de ellos, en forma expresa, una determinación similar o comparable a la relacionada con el artículo 48-1.
CONFIRMAR el auto suplicado, por el cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Humberto de Jesús Longas Londoño contra los artículos 1, 3, 17, 18, 38 y 39 de la Ley 546 de 1999.
Que los H. Magistrados, Doctores Marco Gerardo Monroy Cabra y Clara Inés Vargas Hernández, no firman el presente auto; el primero por ser el ponente dentro de proceso y la segunda por encontrarse en comisión oficial.