Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/acuerdo-325-de-enero-3-de-2014?documento=legcol&contexto=legcol_f57af5256eb202cce0430a01015102cc&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 06:12:26
Document Index: 249783198

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 29', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 65', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 40']

ACUERDO 325 DE 03 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:MODIFICA EL ACUERDO 308 DE 2013, EN LO CONCERNIENTE AL PROGRAMA DE COFINANCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER.
ACUERDO 325 DE 2013 (sic)
“Por el cual se modifica el Acuerdo 308 de fecha 17 de abril de 2013, modificado parcialmente por el Acuerdo 311 de fecha 16 de julio de 2013”.
Que el consejo directivo del instituto, mediante Acuerdo 308 de fecha 17 de abril de 2013, reglamentó el programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del Incoder. Acuerdo que fue modificado parcialmente por el Acuerdo 311 del 16 de julio de 2013, adicionando a la tipología de proyectos, aquella relacionada con familias y predios pertenecientes a comunidades étnicas, y precisando que en los proyectos de estas comunidades, la cofinanciación otorgada podrá ser utilizada, en beneficio de toda la comunidad, según lo establezca la asamblea general de sus miembros;
Que el Acuerdo 308 de 2013, estableció, entre otros, como requisitos para acceder al programa que el beneficiario esté inscrito en el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (Sisbén), en las áreas y puntos de corte indicados (arts. 7º y 9º), los cuales, se aplican también a los aspirantes a la cofinanciación a proyectos de fomento de la pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados, AREL (art. 40);
Que el requisito descrito anteriormente, se aplica a campesinos, desplazados y grupos étnicos sin ninguna excepción, es decir, sin atender las especialísimas circunstancias fácticas y disposiciones jurídicas que regulan la situación de unos y otros;
Que el Sisbén es un instrumento de focalización individual del gasto social que, como tal, busca dirigir dicho gasto hacia la población que más lo necesita con el fin de maximizar su impacto social. Empero, las tareas de focalización no se limitan a la aplicación del Sisbén, en tanto, existen otros instrumentos para tales propósitos, como aquellos que atienden circunstancias especialísimas de la población a beneficiar;
Que los instrumentos de focalización categórica son aquellos aplicados a grupos vulnerables como población desplazada, grupos étnicos, madres cabeza de familia, etc. Dentro de tales instrumentos se encuentran el registro único de población desplazada (RUPD) hoy registro único de víctimas (RUV), y el listado censal que las autoridades tradicionales de cada grupo étnico consolida internamente y oficializa ante la autoridad competente;
Que por lo anterior, resulta adecuado, razonable y proporcional excluir a las personas víctimas del desplazamiento forzado o que pertenecen a grupos étnicos de la aplicación del instrumento de focalización individual Sisbén, con el propósito de aplicarles un instrumento de focalización categórica que resulta acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan sus condiciones especialísimas;
Que el Acuerdo 308 de 2013, así mismo, estableció, como requisito para el acceso al programa que el beneficiario acredite ostentar la condición de propietario, sin limitaciones de dominio jurídicas, administrativas o ambientales que impidan la ejecución del proceso productivo (arts. 9º y 10). Tal exigencia se dirige a garantizar que los recursos desembolsados, efectivamente permitan el desarrollo total del proyecto productivo, sin contingencias mayores que le impidan al beneficiario abortarlo, por acciones de recuperación del predio o en general frente a hechos que impliquen que este no continúe ejerciendo la ocupación del predio en el que se implementó el proyecto productivo;
Que en el marco de las reuniones con líderes campesinos a nivel nacional, se ha evidenciado que una de sus principales problemáticas para acceder a la oferta institucional, es el alto porcentaje de la población rural que se encuentra en situación de informalidad, lo cual dificulta la superación de la pobreza extrema y la marginalidad económica y productiva de la población campesina que por diferentes causas no tiene formalizada la propiedad de los predios rurales que explotan agropecuariamente;
Que lo anterior, aconseja establecer situaciones en las que el programa de cofinanciación pueda apoyar la implementación de proyectos productivos a personas diferentes a aquellas que ostenten la condición de propietarios, sin que tal amplificación, implique necesariamente aumentar riesgos que amenacen la culminación del proyecto productivo;
Que para tales efectos, se ha considerado oportuno señalar como excepciones al requisito de acreditar propiedad privada, para aquellos aspirantes que ejerzan la ocupación regular y legitima sobre terrenos baldíos, respecto de los cuales el Instituto, a través de alguno de los procedimientos administrativos a su cargo, haya comprobado la naturaleza de los predios y se tenga claridad que estos pueden ser adjudicados. La misma situación se contempla respecto de terrenos baldíos que sobre los que se disponga la sustracción de reservas forestal y adquieran la calidad de adjudicables;
Que en la misma línea se propone ampliar el programa para aquellos ocupantes de áreas —privadas o baldías— respecto de las cuales acredite haber ejercido la ocupación por un término no inferior a 10 años. Con tal medida, se considera que se encuentran minimizados los riesgos de ejecución del proyecto productivo, en tanto el poseedor u ocupante, en tratándose de áreas privadas o baldías, potencialmente podrá acceder a la propiedad, bien sea a través de procesos de prescripción adquisitiva, o bien el de titulación de baldíos;
Que el Decreto 1465 de 2013, regula, entre otros, el procedimiento de deslinde mediante el cual el Incoder delimita la propiedad de la Nación respecto de la propiedad privada. Una vez surtido el citado procedimiento, corresponde adelantar la reglamentación del uso y manejo de las sabanas y playones comunales conforme al Acuerdo 114 de 2007;
Que el carácter reservado de las sabanas y playones obedece a su rango constitucional de bien colectivo, razón por la que no puede ser apropiado por particulares, sin embargo, el uso y manejo de estos terrenos es susceptible de ser reglamentado y asignado a comunidades para su explotación a partir de los reglamentos que sobre el suelo autoricen las corporaciones autónomas;
Que por lo anterior, se propone establecer como excepción dentro del Programa de Cofinanciación, que se permita la participación de la población rural que resulte reconocida como beneficiaria de los reglamentos de uso y manejo de las sabanas y playones comunales;
Que finalmente se establece como excepción al requisito de la propiedad, para aquellos aspirantes que se encuentren inscritos en el programa de formalización del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que tengan concepto técnico favorable. Lo anterior, en tanto, se identifica de una parte, que los objetivos de promover el acceso a la propiedad y mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales, trazados por el programa de formalización, pueden verse apoyados a través de la implementación técnica de proyectos productivos, y de otro, que el apoyo de tales objetivos, no constituye un alto riesgo, para aquellos casos en los que el programa de formalización ya identificó la ruta para superar el estado de informalidad;
Que los jueces civiles del circuito especializados en restitución de tierras, en la parte resolutiva de sus sentencias, están ordenando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o al Incoder, diseñar e implementar proyectos productivos a favor de las víctimas reconocidas en sus providencias, teniendo en cuenta el uso potencial del suelo de los predios restituidos. Por tal motivo, para dar cumplimiento a dichas órdenes judiciales es necesario incluir a las víctimas favorecidas con una sentencia de restitución de tierras, como beneficiarias del programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del Incoder;
Que la dirección y orientación técnica para la operación del Programa de Cofinanciación e Implementación de Proyectos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en las Áreas de Actuación del Incoder, se encuentra a cargo de la Subgerencia de Gestión y Desarrollo Productivo como dependencia misional a cargo del proceso de Implementación de Proyectos de Desarrollo Rural a nivel nacional, por tanto, cuando se presente la necesidad de adoptar decisiones sobre la operación de dicho programa, se emitirán los documentos técnicos respectivos para unificar criterios;
Que para las distintas fases del proceso de producción, transformación primaria y/o comercialización de bienes en la explotación de actividades agropecuarias, la mano de obra constituye uno de los rubros de mayor importancia en la estructura de costos directos de los proyectos. En consecuencia, si el programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del Incoder, permite la financiación parcial de los requerimientos de mano de obra no calificada, se mejorarían las condiciones de los beneficiarios para obtener mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de los proyectos(1);
ART. 1º—Modificar el artículo 8º del Acuerdo 308 de abril 17 de 2013, el cual quedará así:
“ART. 8º—Documentos técnicos de focalización y priorización. La focalización y la priorización de áreas deben constar en un documento técnico que será elaborado por la subgerencia de gestión y desarrollo productivo en cada vigencia presupuestal, el cual será avalado por parte de la gerencia general del Incoder. En este documento se especificarán las razones técnicas que se tuvieron en cuenta para intervenir un determinado territorio, bien sea en el contexto de programas especiales del Gobierno Nacional o en la priorización territorial que establezca el Incoder, junto con la ponderación de los aspectos necesarios para priorizar el territorio focalizado.
PAR.—La subgerencia de gestión y desarrollo productivo expedirá los documentos técnicos, manuales y/o protocolos necesarios para la dirección y orientación de la operación del programa reglamentado por el presente acuerdo.
En la elaboración de los documentos técnicos deberán atenderse las condiciones especiales en las que se encuentran las comunidades étnicas, incluyendo la definición de los parámetros específicos para la estructuración del componente financiero en la formulación de los proyectos”.
ART. 2º—Modificar el artículo 9º del Acuerdo 308 de fecha 17 de abril de 2013, el cual quedará así:
“ART. 9º—Calidades de los beneficiarios. Pan acceder al programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural, los beneficiarios deben ostentar las siguientes calidades:
a) Estar inscrito en el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (Sisbén), en las áreas y puntos de corte indicados en el presente acuerdo.
Este requisito no se aplicará a las personas víctimas del desplazamiento forzado o que pertenecen a grupos étnicos;
b) Ser propietario de un predio rural sin limitaciones de dominio jurídicas, administrativas o ambientales que impidan la ejecución del proceso productivo, salvo las excepciones contempladas en el presente acuerdo;
c) En caso de encontrarse en condición de desplazamiento, estar inscrito en el registro único de víctimas (RUV) (L. 1448/2011, art. 154);
d) No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme. No se configurará la prohibición en aquellos casos en los que el postulante, pese a ser objeto de una sentencia condenatoria, goce de algún tipo de subrogado penal que le permita ejercer directamente la explotación de la parcela. Esta excepción no será aplicable cuando los delitos por los cuales se juzgó estén relacionados con las circunstancias asociadas al desplazamiento y al despojo;
f) En caso de que el beneficiario integre grupos étnicos, debe ser miembro de una comunidad legalmente constituida;
g) Declarar bajo la gravedad de juramento que no posee un patrimonio superior a doscientos setenta y un (271) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).
PAR. 1º—La subgerencia de gestión y desarrollo productivo, verificará las calidades de los posibles beneficiarios con el apoyo de las direcciones territoriales.
PAR. 2º—Las víctimas favorecidas con una sentencia de restitución de tierras que contenga una orden dirigida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o al Incoder, referida a la implementación de proyectos productivos, por ese único hecho, podrán acceder al programa reglamentado por el Acuerdo 308 de 2013.
Esta situación constituye una excepción al parágrafo del artículo 29 del Acuerdo 308 de 2013.
PAR. 3º—El acto administrativo mediante el cual se adjudica la cofinanciación, deberá contener la expresa obligación a cargo de los beneficiarios de no enajenar o transferir los derechos que ostentan sobre el predio en el que se desarrollará el proyecto productivo, hasta tanto su ejecución no concluya.
PAR. 4º—Podrán acceder al programa reglamentado por el Acuerdo 308 de 2013, los propietarios de predios comprendidos dentro de áreas de reserva forestal y otras áreas protegidas, que hagan parte de un proyecto o programa de restauración ecológica impulsado o debidamente autorizado por la autoridad ambiental”.
ART. 3º—Adicionar al Acuerdo 308 de 2013, el artículo 9A, el cual quedará así:
“ART. 9A.—Excepciones al requisito de propiedad. El requisito contemplado en el literal b) del artículo 9º no se aplicará a los pobladores rurales que se encuentren en cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Ocupantes regulares y legítimos de baldíos adjudicables que demuestren una relación productiva mínima de un año con el predio sobre el cual se haya adelantado un procedimiento agrario de aquellos previstos en los capítulos X, XI y XII de la Ley 160 de 1994, que indique que su naturaleza jurídica es la de terreno baldío de la Nación.
Igual tratamiento se dará a quienes se les hubiere adelantado procedimientos de titulación de baldíos adjudicables, que hubiesen sido negados, exclusivamente, por no haber acreditado la explotación económica en los términos exigidos para la titulación.
También lo serán los ocupantes regulares y legítimos de terrenos baldíos adjudicables respecto de los cuales se haya aperturado un folio de matrícula para su identificación conforme al artículo 57 de la Ley 1579 de 2012;
b) Ocupantes regulares y legítimos de terrenos baldíos adjudicables que hayan sido objeto de sustracción de zona de reserva forestal;
c) Ocupantes o poseedores de terrenos baldíos o privados, comprendidos dentro de áreas de reserva forestal, y otras áreas protegidas, que hagan parte de un proyecto o programa de restauración ecológica que genere ingresos, debidamente autorizado y/o impulsada por la autoridad ambiental, conforme al literal d) del artículo 2º de la Resolución 1527 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
d) Ocupantes o poseedores de áreas respecto de las cuales puedan acreditar su permanencia pública, pacífica e ininterrumpida por un periodo no inferior a diez (10) años. Para tales efectos el aspirante podrá acreditar dicho supuesto a través de los medios probatorios previstos en el Código General del Proceso o a través de declaraciones extrajuicio;
e) Sujetos autorizados por los reglamentos de uso y manejo de sabanas y playones comunales que se expidan conforme a la normatividad vigente;
f) Inscritos en el programa de formalización de la propiedad rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que aún no han formalizado su propiedad, pero obtuvieron concepto favorable del informe técnico jurídico que realiza el citado programa o quien haga sus veces.
PAR. 1º—Para todos los casos señalados en el presente artículo, será causal para no adjudicar la cofinanciación, identificar que las áreas ocupadas hacen parte de las tierras comunales de grupos étnicos y/o las tierras de resguardo.
PAR. 2º—Para todos los casos señalados en el presente artículo, será causal para no adjudicar la cofinanciación, el hecho de que las áreas ocupadas o poseídas sean requeridas para efectos de restitución y/o tengan medidas de protección individual (Rupta) no solicitadas por el aspirante.
PAR. 3º—Conforme con el inciso tercero del artículo 65 de la Ley 160 de 1994, el Instituto adelantará de oficio los procedimientos de titulación de baldíos en aquellos casos en los que identifique que se cumplieron con los requisitos para dicha titulación, aun cuando tal situación, se configure con posterioridad a la adjudicación de la cofinanciación”.
ART. 4º—Modificar el artículo 10 del Acuerdo 308 de fecha 17 de abril de 2013, el cual quedará así:
“ART. 10.—Prohibiciones para ser beneficiarios de la cofinanciación. No podrá ser beneficiario de la cofinanciación, los incursos en las siguientes causales:
a) Haber sido beneficiario de cofinanciación del programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial;
b) Quienes tengan la calidad de servidores públicos;
c) Aquellas familias a las que se les esté adelantando proceso de condición resolutoria, caducidad administrativa o cualquier trámite sancionatorio por incumplir las obligaciones adquiridas en calidad de beneficiario de reforma agraria;
d) Quienes destinen el predio a la explotación de cultivos de uso ilícito;
e) Quienes suministren información inexacta o que no corresponda a la realidad;
f) Quienes sean propietarios de predios que presenten alguna restricción o prohibición de carácter ambiental debidamente certificada por la autoridad ambiental competente. Se entenderán excluidos de dicha prohibición los casos expresamente consignados en el presente acuerdo, en los que se permite excepcionalmente el adelantamiento de actividades productivas.
PAR.—Podrán presentarse al programa los propietarios, poseedores u ocupantes de predios que hayan suscrito un acuerdo de erradicación total de los cultivos ilícitos con la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT), independientemente de que la reubicación se haya previsto o no en dicho acuerdo. En todo caso, la adjudicación y desembolso de la cofinanciación únicamente procederá una vez se tenga certeza de dicha erradicación total”.
ART. 5º—Modificar el artículo 19 del Acuerdo 308 de 2013, el cual quedará así:
“ART. 19.—Componentes de la formulación. Los proyectos productivos deben contener como mínimo los siguientes componentes:
Debe incluirse información clara sobre: áreas de implementación y estructura de costos de la propuesta, volúmenes de producción desde el primer año en que se ponga en marcha el proyecto hasta la fase de pleno desarrollo, según las proyecciones; determinación del horizonte del proyecto para cálculos de egresos e ingresos, requerimientos de mano de obra, y disponibilidad de esta en la unidad familiar, requerimientos y disponibilidad de equipos y maquinaria.
2. Componente técnico: debe contemplar de manera integrada las condiciones biofísicas, identificación del sistema de producción, infraestructura requerida y estrategias de comercialización de los productos objeto del proyecto, estos aspectos deben contener la información que corresponda dependiendo del tipo de proyecto propuesto, Además debe presentar la estructura operativa que desde el punto de vista técnico se implementará para cumplir con los objetivos del proyecto, indicando actividades y responsables, garantizar un manejo idóneo del proyecto productivo planteado y señalando el soporte de asistencia que recibirá, Igualmente contendrá la estructura de costos del proyecto a implementar con precios reales en región de una fuente oficial objetiva.
6. Componente financiero: de acuerdo con las actividades a ejecutar en el desarrollo del proyecto, se deberá elaborar un presupuesto detallado; este presupuesto debe tener carácter de plan o flujo de inversión, el cual será la guía para el manejo e inversión de los recursos. Con el fin de determinar la factibilidad financiera, el proyecto se evaluará a precios de mercado, teniendo en cuenta los componentes antes citados, mediante la preparación de un flujo de caja, que de ser necesario, incluirá fuentes de financiación adicionales, tales como crédito, para que la propuesta presentada en un horizonte de evaluación mínimo de diez (10) años, genere una tasa interna de retorno (TIR) no inferior al 3%. La proyección de ingresos posterior a la implementación del proyecto, debe generar un monto neto igual o superior a dos (2) smmlv por familia y contener una relación beneficio costo superior a uno (1), que asegure su sostenibilidad.
8. Cronograma del proyecto (actividades e inversión): Deberá elaborarse un plan operativo y un plan de inversión del proyecto, que contendrá la relación de todas las actividades que se desarrollarán en la ejecución y su inversión de acuerdo al tiempo de inicio y terminación del mismo”.
ART. 6º—Modificar el artículo 20 del Acuerdo 308 de 2013, el cual quedará así:
“ART. 20.—Gastos elegibles. Los gastos elegibles para la cofinanciación en la implementación del proyecto productivo son:
2. Obras de infraestructura física: destinadas a la producción, procesamiento o comercialización del producto. Comprende la construcción o mejoramiento de instalaciones, bodegas, espacios de producción etc.
5. Asistencia técnica: este rubro se denominará acompañamiento integral; este rubro se debe cuantificar pero no afecta el flujo de caja en los dos primeros años (se suma y se resta en el modelo); luego de ese periodo, si el proyecto lo evidencia necesario, se incluye el costo pero lo debe asumir el proyecto, otra entidad o el mismo beneficiario (dependiendo del proyecto, la lógica de este costo debería tener descenso gradual).
PAR.—El proyecto podrá contemplar la inclusión de mano de obra no calificada como gasto elegible. Sin embargo, este aporte de cofinanciación deberá ser programado en las actividades del plan de inversiones de manera gradual hasta su agotamiento, atendiendo los requerimientos de la fase de establecimiento. En caso que en los proyectos se incluya el establecimiento de cultivos transitorios, la cofinanciación de la mano de obra no calificada se debe hacer gradualmente hasta la entrada en producción de los cultivos.
En todo caso, el valor máximo de cofinanciación para mano de obra no calificada no podrá ser superior al 20% de los recursos otorgados por el Instituto y no podrá ser entregado durante la etapa de producción”.
ART. 7º—Modificar el artículo 40 del Acuerdo 308 de fecha 17 de abril de 2013, el cual quedará así:
“ART. 40.—Calidades de los beneficiarios. Las calidades mínimas que deben ostentar los pobladores rurales que pretendan ser beneficiados con la cofinanciación a proyectos de fomento de la pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados, AREL, son:
El requisito relacionado con la inscripción en el Sisbén no se aplicará a las personas víctimas del desplazamiento forzado o que pertenecen a grupos étnicos. En consecuencia, cuando se trate de beneficiarios en condición de desplazamiento, deben estar inscritos en el registro único de víctimas (RUV) (L. 1448/2011, art. 154), y cuando se trate de beneficiarios que pertenecen a grupos étnicos, deben ser miembros de una comunidad legalmente constituida.
Los cónyuges o compañeras permanentes de los pescadores artesanales o acuicultores de recursos limitados, podrán ser beneficiarias de la cofinanciación.
2. Ser propietario, poseedor, arrendatario o comodatario de un bien inmueble que no presente limitaciones jurídicas, técnicas, ambientales o administrativas que impidan la implementación y ejecución del proyecto productivo. Este requisito se deberá acreditar cuando la ejecución del proyecto así lo requiera.
3. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme. No se configurará la prohibición en aquellos casos en los que el postulante, pese a ser objeto de una sentencia condenatoria, goce de algún tipo de subrogado penal que le permita ejercer directamente la explotación de la parcela. Esta excepción no será aplicable cuando los delitos por los cuales se juzgó estén relacionados con las circunstancias asociadas al desplazamiento y al despojo.
5. Declarar bajo la gravedad de juramento que no posee un patrimonio superior a doscientos setenta y un (271) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).
PAR. 1º—La subgerencia de gestión y desarrollo productivo, con apoyo en las direcciones territoriales, verificará los requisitos mínimos mediante la obtención de documentos idóneos, diligenciamiento de formularios, visitas en campo, estudios de títulos, cruces de las bases de datos administradas por las autoridades del subsector pesquero y acuícola, por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), por la Policía Nacional, por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entre otras.
PAR. 2º—Los aspectos referidos al proyecto productivo, a los predios (en lo que no concierne al estudio de títulos) y a las familias, estarán detallados en los manuales, documento técnico, protocolo y/o procedimiento que elabore para tal efecto la subgerencia de gestión y desarrollo productivo”.
ART. 8º—Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en Bogotá, D.C., a 3 de enero de 2013(sic).
(1) El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), establece la mano de obra como rubro elegible para financiación a través de líneas de crédito de fomento agropecuario de proyectos productivos.