Source: http://www.scribd.com/doc/93073099/BIENES-DE-USO-PUBLICO
Timestamp: 2014-03-09 19:59:20
Document Index: 83241937

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 84', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7']

P. 1BIENES DE USO PÚBLICOBIENES DE USO PÚBLICORatings: (0)|Views: 699|Likes: 0Published by Jorge Eliecer Quiroga SánchezMore info: categoriesTypes, ResearchPublished by: Jorge Eliecer Quiroga Sánchez on May 10, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Free download as PDF, DOC, TXT or read online for free from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee MoreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/93073099/BIENES-DE-USO-PUBLICO05/10/2012pdftextoriginal BIENES DE USO PÚBLICO - Características y variación del régimen dedestino / BIENES FISCALES - Concepto
Reitera sentencia 5805 del 6 de abril de 2000 C.P. Olga Inés Navarrete B.
BIENES DE USO PUBLICO - Destinación a servicios comunales / BIENESFISCALES - No pierden su connotación por su destinación a servicioscomunales
Si bien es cierto que en la cesión que se hizo a través de la escritura pública núm.1713 de 30 de junio de 1988, se expresó que el inmueble objeto de la misma seríadestinado a zonas verdes y parques, que pueden tener la naturaleza de bienes deuso público, no lo es menos que también se previó, entre otras destinaciones, laconstrucción de servicios comunales tales como guarderías, puestos de salud yestablecimientos públicos, lo que impide considerarlo exclusivamente como biende uso público; y, por lo mismo, no está comprendido dentro de la preceptiva delartículo 6º, inciso 1º, de la Ley 9ª de 1989, pues dichas construcciones le sirven alMunicipio como instrumento material para la prestación de los servicios públicos,razón por la cual, atendiendo las características que poseen los bienes del Estado,de acuerdo con los apartes de la sentencia reseñados precedentemente, seconcluye que se trata de bienes fiscales, lo que descarta la violación de dichoprecepto legal. Ahora, conforme lo advirtió el a quo, en la exposición de motivosdel acto acusado se manifiesta que las personas residentes en el sector del BarrioCampestre A solicitaron a la Administración la construcción de un parqueaderocomunitario, que garantice la protección de su patrimonio económico, su seguridady su bienestar, lo cual encuadra dentro de la responsabilidad que tienen losMunicipios de desarrollar y apoyar los servicios comunales, a que aluden tanto laescritura de cesión como el artículo 7º de la Ley 9ª de 1989, servicios éstos que nopierden su connotación de tales por el hecho de que sólo beneficien un sector dela población.Ver el Fallo del Consejo de Estado 6171 de 2000 CONSEJO DE ESTADOSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCION PRIMERAConsejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELOBogotá, D.C., doce (12) de octubre del dos mil (2000).Radicación número: 6107Actor: PROCURADOR JUDICIAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS NÚM. 37
Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el actor contra lasentencia de 14 de enero del 2000, proferida por el Tribunal Administrativo deRisaralda, que denegó las pretensiones de la demanda.
I-. ANTECEDENTESI.1-
. El señor PROCURADOR JUDICIAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,núm. 37, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción de nulidadconsagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del Acuerdo núm. 058 de 17 de noviembre de 1998 "
POR EL CUAL SE DETERMINALA DESTINACION DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO YSE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
, expedido por el Concejo Municipal deDosquebradas (Risaralda).
I.2-.
En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, el siguiente cargode violación:Que el artículo 6º, inciso 1º, de la Ley 9ª de 1989, modificada por la Ley 388 de1997, prevé:"El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de lasáreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los Concejos, JuntasMetropolitanas o por el Concejo Intendencial, por iniciativa del Alcalde oIntendente de San Andrés y Providencia, siempre y cuando sean canjeados por otros de características equivalentes".Que según la Escritura Pública núm. 1713 de 30 de junio de 1988, de la NotaríaSegunda del Círculo de Pereira, las áreas correspondientes a la urbanización"Ciudadela El Campestre" cedidas en favor del Municipio de Dosquebradas, estándestinadas exclusivamente a zonas verdes y a la construcción de servicios talescomo parques, guarderías, puestos de salud, establecimientos públicos, etc.Que el Acuerdo acusado viola dicha disposición legal, pues en él no se hicieronconstar los predios por los cuales se canjearían las áreas de cesión, que fueronsustraídas del uso público.Que, por la misma razón, también se violaron los artículos 6º y 121 de la CartaPolítica.
Para denegar las pretensiones de la demanda el a quo consideró, en síntesis, losiguiente:
Que el Acuerdo acusado dispuso autorizar el funcionamiento de un parqueaderocomunal en el inmueble ubicado en el sector del Barrio Campestre A deDosquebradas, que fue cedido por el Instituto de Crédito Territorial a dichoMunicipio y que hace parte de la Escritura Pública núm. 1713 de 1988.Que cuando se habla de bienes de uso público surge la idea del disfrute por partede toda la colectividad, o buena parte de ella, en forma gratuita; sin limitación, por lo general, distinta de aquellas que están llamadas a ser adoptadas comoconsecuencia del poder de policía, que aparece en cabeza de la Administración,para conservar el orden público.Que dentro de esa óptica no pueden encajar los bienes enunciados en la escriturade cesión, tales como guarderías u otros establecimientos públicos, los que, unavez construidos y puestos en funcionamiento, bien pueden ser objeto de laconnotación de bienes fiscales no destinados, por supuesto, al uso común.Que no puede decirse, entonces, que el terreno objeto del acuerdo acusado es unbien de uso público, por lo que no se violó el artículo 6º, inciso 1º, de la Ley 9ª de1989, pues frente a él no se requería del canje que reclama la demanda.Que aceptando que el bien es de uso público, la destinación adoptadatransitoriamente no contraría dicha norma, pues el artículo 7º de la Ley 9ª permiteque los Municipios puedan, como ocurrió en este caso, contratar con entidadesprivadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico delespacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatorias paravías, zonas verdes y servicios comunales.Que la comunidad le solicitó a la Administración Municipal el funcionamiento de unparqueadero comunitario, con fundamento en la protección de su patrimonioeconómico, su seguridad y bienestar, para dejar en forma segura y confiable susvehículos, lo cual encuadra dentro del concepto de servicio comunitario.
El actor adujo como motivos de inconformidad, en esencia, los siguientes:Que el Acuerdo acusado interpretó erróneamente la Ley 9ª de 1989 y el contratode cesión contenido en la Escritura Pública núm. 1713 de 1988 al entender que lalocución "etc." le permite a la Administración dar una destinación diferente a unbien de uso público al cederlo para la atención de intereses particulares, como loes el parqueadero que solo beneficia a unas cuantas personas del barrio, es decir,a quienes tienen vehículo.Que si se le hubiera dado a dicho bien la destinación para la cual fue cedido, sehabría elevado el nivel de vida de la comunidad, asegurando la autoridadadministrativa el cumplimiento de los fines del Estado.
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