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Timestamp: 2018-02-19 07:01:21
Document Index: 40564182

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 45', 'artículo 93', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'artículo 45', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 49', 'Artículo 64', 'Artículo 68', 'Artículo 64', 'ARTÍCULO 91', 'ARTÍCULO 91', 'Artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 36']

Ley de protección civil para el estado de tamaulipas by Ricardo Sánchez S - issuu
Ley de Protecci贸n Civil para el Estado de Tamaulipas
Documento de consulta Ultima reforma aplicada del 16 de diciembre de 2010.
Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: DE C R E T O No. 427 LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. TITULO PRIMERO DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1°.- La presente ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto regular las acciones que en materia de protección civil se lleven a cabo en el Estado de Tamaulipas, siendo su observancia de carácter obligatorio para las autoridades, organismos, dependencias e instituciones de carácter público, social o privado, grupos voluntarios y, en general, para todas las personas que por cualquier motivo residan, habiten o transiten en la Entidad. Cuando en la presente ley se haga referencia a las palabras “Ley o Reglamento”, se referirá a la Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas o a su propio Reglamento, según corresponda. ARTICULO 2°.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: I.- Agentes Destructivos.- A los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, químicotecnológico, sanitario-ecológico, y socio-organizativo que pueden producir riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre; II.- Alto Riesgo.- Al inminente o muy probable ocurrencia de una emergencia o desastre; III.- Apoyo.- Al conjunto de actividades administrativas destinadas a la prevención, el auxilio y la recuperación de la población ante situaciones de emergencia o desastre; IV.- Auxilio.- Las acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida, salud y bienes de las personas; la planta productiva; y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de desastres. Estas acciones son de: alertamiento; comunicación social de la emergencia; coordinación de la emergencia; planes de emergencia; evacuación, búsqueda y rescate; seguridad pública; asistencia LXI Legislatura
social y refugios temporales; servicios aprovisionamiento; y, evaluación de daños;
bienes;
V.- Damnificado.- A la persona que sufre en su integridad física o en sus bienes daños de consideración, provocados directamente por los efectos de un desastre; también se considerarán damnificados a sus dependientes económicos. Es aplicable este concepto, a la persona que por la misma causa haya perdido su ocupación o empleo, requiriendo consecuentemente del apoyo gubernamental para sobrevivir en condiciones dignas; VI.- Desastre.- Al evento determinado en tiempo y espacio en el cual, la sociedad o una parte de ella, sufre daños severos tales como: pérdida de vidas humanas, lesiones a la integridad física de las personas, daño a la salud, afectación de la planta productiva, daños materiales, daños al medio ambiente, imposibilidad para la prestación de servicios públicos; de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. También se les considera calamidades públicas; VII.- Emergencia.- La situación derivada de fenómenos naturales, actividades humanas o desarrollo tecnológico que pueden afectar la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente, cuya atención debe ser inmediata; VIII.- Establecimientos.- A las escuelas, oficinas, empresas, fábricas, industrias, o comercios, así como a cualquier otro local público o privado y, en general, a cualquier instalación, construcción, servicio u obra, en los que debido a su propia naturaleza, al uso a que se destine, o a la concurrencia masiva de personas, pueda existir riesgo. Para los efectos de esta ley, existen establecimientos de competencia Estatal, y de competencia Municipal; IX.- Fenómeno geológico.- Calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos o terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o maremotos y la inestabilidad de suelos, también conocido como movimientos de tierra, los que pueden adoptar diferentes formas: arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento;
X.- Fenómeno hidrometeorológico.- Calamidad que se genera por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como: huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas y gélidas;
XI.- Fenómeno químico-tecnológico.- Calamidad que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones;
XII.- Fenómeno sanitario-ecológico.- Calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos;
XIII.- Fenómeno socio-organizativo.- Calamidad generada por motivo de errores o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población;
XIV.- Grupos Voluntarios.- A las organizaciones y asociaciones legalmente constituidos y que cuentan con el reconocimiento oficial, cuyo objeto social sea prestar sus servicios en acciones de protección civil de manera comprometida y altruista, sin recibir remuneración alguna, y que para tal efecto cuentan con los conocimientos, preparación y equipos necesarios e idóneos; XV- Prevención.- A las acciones, principios, normas, políticas y procedimientos, tendientes a disminuir o eliminar riesgos o altos riesgos, así como para evitar desastres y mitigar su impacto destructivo sobre la vida, la salud, bienes de las personas, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente; XVI.- Protección Civil.- Al conjunto de acciones, principios, normas, políticas y procedimientos preventivos o de auxilio, recuperación, y apoyo, tendientes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente; realizadas ante los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres; que sean producidos por causas de origen natural, artificial o humano, llevados a cabo por las autoridades, organismos, dependencias e instituciones de carácter público, social o privado, grupos voluntarios y, en general, por todas las personas que por cualquier motivo residan, habiten, o transiten en la Entidad; XVII.- Recuperación.- Al proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado (población y entorno), así como a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros. Se logra con base en la evaluación de los daños ocurridos, en el análisis y la prevención de riesgos y en los planes de desarrollo establecidos; y XVIII.- Riesgo.- La probabilidad de peligro o contingencia de que se produzca un desastre. XIX.- Zona de desastre.- Espacio territorial determinado en el tiempo para la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad; y
XX.- Zona de salvaguarda.- Espacio territorial comprendido entre el área en la cual se realizan las actividades altamente riesgosas o riesgosas, con objeto de amortiguar las eventuales consecuencias para la población de la presencia de una contingencia o emergencia derivada de dichas actividades.
ARTICULO 3°.- Para los efectos de esta ley, se considera de orden público e interés social: I.- El establecimiento y consecución de la protección civil en el Estado de Tamaulipas; II.- La elaboración, aplicación, evaluación y difusión del Programa Estatal y Municipal de Protección Civil, según corresponda; y III.- Las acciones de capacitación, prevención, auxilio, recuperación, y apoyo que para el cumplimiento de la presente ley se realicen. ARTICULO 4°.- Para los efectos de esta ley, se consideran autoridades de protección civil en el Estado, a: I.- El Gobernador del Estado; II.- El Secretario General de Gobierno; III.- Los Presidentes Municipales; IV.- El Director General de Protección Civil; y V.- Los Titulares de las Unidades Administrativas de Protección Civil de los Municipios.
ARTICULO 5°.- Corresponde al Ejecutivo del Estado y a los Presidentes Municipales dentro de sus respectivas competencias: I.- La aplicación de la presente ley y de los ordenamientos que de ella se deriven, en el ámbito de sus respectivas competencias; II.- La elaboración, aplicación, evaluación y difusión del Programa Estatal o Municipal de Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias; III.- Promover la participación de la sociedad en la protección civil; IV.- Crear los Fondos de Desastres Estatal o Municipal según sea el caso, para la atención de emergencias originadas por riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres. La aplicación de estos Fondos, se hará conforme a las disposiciones presupuestales y legales aplicables; V.- Incluir acciones y programas sobre la materia, en los Planes de Desarrollo Estatal y Municipal, según corresponda; y VI.- Celebrar convenios de colaboración y coordinación en materia de esta ley.
ARTICULO 6°.- Las autoridades estatales y municipales, promoverán la creación de órganos especializados de emergencia, según sea la mayor presencia de riesgos ocasionados en una determinada zona por cualquiera de los cinco tipos de agentes destructivos. ARTICULO 7°.- Es obligación de todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado y de los Municipios, así como de cualquier persona que resida o transite en la Entidad, el cooperar de manera coordinada con las autoridades competentes, en la consecución de la protección civil. Las autoridades que no proporcionen la cooperación y las facilidades a las unidades y personal de protección civil, incurrirán en las responsabilidades que fije la ley en la materia. ARTICULO 8°.- El Gobierno del Estado y el de los Municipios contemplarán dentro de sus respectivos, Presupuestos de Egresos, las partidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y acciones que se establecen en la presente ley. Dichas Partidas no podrán ser reducidas o transferidas a otras acciones de Gobierno. CAPITULO II DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
ARTICULO 9°.- Se crea el Sistema Estatal de Protección Civil, como parte integrante del Sistema Nacional, el cual comprenderá las instancias, lineamientos y objetivos establecidos en la Entidad, para la materialización de la protección civil. ARTICULO 10.- El Sistema Estatal de Protección Civil tendrá como objetivo fundamental ser el instrumento de información, en materia de protección civil, que reúna en conjunto los principios, normas, políticas, procedimientos y acciones, que en esa materia se hayan vertido, así como la información relativa a la estructura orgánica de los cuerpos de protección civil de los sectores público, privado o social, que operen en la Entidad, su rango de operación, personal, equipo y capacidad de auxilio que permita prevenir riesgos, y altos riesgos, así como desarrollar mecanismos de respuesta a desastres o emergencias, y planificar la logística operativa y de respuesta a ellos. Reglamentariamente se establecerán las bases de operación del Sistema Estatal de Protección Civil. ARTICULO 11.- El Sistema Estatal de Protección Civil se integrará enunciativamente con la información de: I.- El Consejo Estatal de Protección Civil; II.- El Centro Estatal de Operaciones; III.- La Dirección General de Protección Civil; IV.- Los Sistemas Municipales de Protección Civil; LXI Legislatura
V.- Las Dependencias o Unidades Administrativas Municipales, cuyo objeto sea la protección civil; VI.- Los Grupos Voluntarios; VII.- Las Unidades de Respuesta en los Establecimientos; y VIII.- En general, la información relativa a las Unidades de Protección Civil, cualesquiera que sea su denominación, de los sectores público, social y privado, que operen en el Estado de Tamaulipas.
ARTICULO 12.- Debe integrarse además al Sistema Estatal de Protección Civil, la información aportada por las Delegaciones, Representaciones y Dependencias de la Administración Pública Federal que desarrollen actividades en el Estado, tendientes a la ejecución de programas de prevención, auxilio y apoyo de la población o que atiendan asuntos relacionados con el ramo.
CAPITULO III DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TAMULIPAS
ARTICULO 13.- El Consejo de Protección Civil del Estado de Tamaulipas es la institución de coordinación, planeación y supervisión del Sistema Estatal de Protección Civil, así como de colaboración y participación, que tiene como fin proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas; la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente; ante los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres producidos por causas de origen natural o humano. El Consejo de Protección Civil del Estado ejercerá todas las acciones necesarias para garantizar la salud y seguridad de los habitantes del Estado ante la amenaza de cualquier peligro inminente, sin importar su tipo u origen. ARTICULO 14.- El Consejo de Protección Civil del Estado de Tamaulipas, se integra por: I.- Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; II.- Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario General de Gobierno; III.- Un Secretario Técnico, que será el Director General de Protección Civil del Estado; IV.- Un Diputado, representante del Congreso del Estado, quien asistirá con carácter de vocal; V.- El Secretario de Desarrollo Social, Cultura y Deporte del Estado, quien asistirá con carácter de vocal; VI.- El Secretario de Educación, del Estado, quien asistirá con carácter de vocal; VII.- Los Delegados en el Estado de las Dependencias o Entidades Federales relacionadas con el ramo, quienes tendrán el carácter de vocales; VIII.- Un representante por cada uno de los Sistemas Municipales de Protección Civil, quienes tendrán el carácter de vocales; y
IX.- Los representantes de los grupos voluntarios que operen en el Estado, quienes tendrán carácter de vocales. Con excepción del Secretario Técnico, cada Consejero propietario nombrará a un suplente. A convocatoria del Consejo, se invitará a participar a los representantes de las organizaciones del sector social y privado, y de las instituciones de educación superior del Estado, interviniendo en las sesiones con voz pero sin voto. Los cargos de Consejeros serán honoríficos. ARTICULO 15.- El Consejo de Protección Civil del Estado de Tamaulipas tendrá las siguientes atribuciones: I.- Conducir y operar el Sistema Estatal de Protección Civil; II.- Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del Gobierno del Estado para integrar, concertar e inducir las actividades de los diversos participantes e interesados en la protección civil, con la finalidad de garantizar el objetivo fundamental del Sistema Estatal de Protección Civil; III.- Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a su autonomía, la participación de los Municipios y la de los diversos grupos sociales del Estado en la definición y ejecución de las acciones que se convenga realizar en la materia; IV.- Fomentar la participación comprometida y responsable de todos los sectores de la sociedad en la formulación y ejecución del Programa Estatal de Protección Civil y de los programas especiales destinados a satisfacer las necesidades de protección civil del Estado; V.- Vigilar el adecuado uso y aplicación de los recursos que se asignen a la prevención, apoyo, auxilio y recuperación a la población ante un desastre; VI.- Fomentar la creación de los Sistemas Municipales de Protección Civil; VII.- Constituir las Comisiones o Comités que estime necesarios para la realización de su objetivo, delegando las facultades o atribuciones correspondientes, sin perjuicio de su ejercicio directo; VIII.- Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protección civil; IX.- Aprobar los programas para la generación de una cultura de protección civil, gestionando ante las autoridades correspondientes su incorporación en el Sistema Educativo Estatal; X.- Elaborar, publicar y distribuir material informativo de protección civil, a efecto de difundirlo con fines de prevención y orientación; LXI Legislatura
XI.- Convocar y coordinar, con pleno respeto a sus respectivas atribuciones, la participación de las Dependencias Federales establecidas en la Entidad; XII.- Recibir, estudiar y, en su caso, aprobar, el informe anual de los trabajos del Consejo; y XIII.- Las demás atribuciones afines a estas, que le sean encomendadas por el Gobernador del Estado, o que establezcan las leyes y sus reglamentos. ARTICULO 16.- El Consejo de Protección Civil del Estado de Tamaulipas celebrará, en los términos de su reglamento interior, por lo menos dos sesiones ordinarias al año y las sesiones extraordinarias que se requieran, a convocatoria de su Presidente. Para que las sesiones sean válidas, se requiere la asistencia de cuando menos la mitad más uno de los integrantes del Consejo. ARTICULO 17.- Para la aprobación de los asuntos planteados al Consejo, se requiere el voto de la mitad más uno de los asistentes a la sesión. Una vez realizada la votación, y aprobado el asunto planteado, se emitirá la resolución o el acuerdo respectivo. ARTICULO 18.- Las convocatorias para las sesiones contendrán referencia expresa de la fecha y lugar en que se celebrarán, naturaleza de la sesión y el orden del día que contendrá, por lo menos, los siguientes puntos: I.- Verificación del quórum para declarar la apertura de la sesión; II.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; y III.- Los asuntos determinados a tratar. De cada sesión se levantará acta que contenga las resoluciones y acuerdos tomados.
ARTICULO 19.- Corresponde al Presidente del Consejo; I.- Presidir las sesiones del Consejo; II.- Ordenar se convoque a sesiones ordinarias y extraordinarias; III.- Proponer el orden del día a que se sujetará la sesión; IV.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos; V.- Contar con voto de calidad en caso de empate, en las sesiones;
VI.- Aprobar y evaluar el Programa Estatal de Protección Civil, procurando además su más amplia difusión en el Estado; VII.- Expedir el reglamento de operación del Sistema Estatal de Protección Civil; VIII.- Vincular, coordinar y, en su caso, solicitar apoyo al Sistema Nacional de Protección Civil, para garantizar mediante una adecuada planeación, la seguridad, auxilio y rehabilitación de la población civil y su entorno ante algún riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre; IX.- Coordinar acciones con las dependencias federales y con las instituciones privadas y del sector social, en la aplicación y distribución de la ayuda nacional e internacional que se reciba en caso de alto riesgo, emergencia o desastre; X.- Evaluar, ante una situación de emergencia o desastre, la capacidad de respuesta del Estado y, en su caso, la pertinencia de solicitar apoyo al Gobierno Federal, debiendo tomar las medidas preventivas inminentes para evitar cualquier daño a la población; XI.- Proponer al Consejo la integración de los comités o comisiones de trabajo que se estimen necesarias; XII.- Ordenar la integración y coordinación de los equipos de trabajo para dar respuesta frente a emergencias, y desastres, especialmente para asegurar el mantenimiento y pronto restablecimiento de los servicios fundamentales; XIII.- Hacer la declaratoria formal de emergencia; XIV.- Autorizar: a).- La puesta en operación de los programas de emergencia para los diversos factores de riesgo; y b).- La difusión de los avisos y alertas respectivas; XV.- Convocar al Centro Estatal de Operaciones; y XVI.- Las demás que le confiera la ley y las que le otorgue el Consejo;
ARTICULO 20. Corresponde al Secretario Ejecutivo: I.- En ausencia del Presidente propietario, presidir las sesiones del Consejo, y realizar las declaratorias formales de emergencia; II.- Dar seguimiento a las disposiciones y acuerdos del Consejo;
III.- Presentar al Consejo, para su aprobación, el Anteproyecto del Programa Estatal de Protección Civil; IV.- Ejercer la representación legal del Consejo; y V.- Las demás que le confieran la presente ley, sus reglamentos, y las que provengan de acuerdos del Consejo, o del Gobernador del Estado.
ARTICULO 21.- Corresponde al Secretario Técnico: I.- Elaborar y someter a la consideración del Secretario Ejecutivo el programa de trabajo del Consejo; II.- Previo acuerdo del Presidente del Consejo, formular el orden del día para cada sesión; III.- Convocar, por escrito, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, cuando su Presidente así lo determine; IV.- Verificar que el quórum legal para cada sesión del Consejo, se encuentre reunido y comunicarlo al Presidente del Consejo; V.- Elaborar y certificar las actas del Consejo, y dar fe de su contenido; VI.- Registrar las resoluciones y acuerdos del Consejo, y sistematizarlos para su seguimiento; VII.- Informar al Consejo sobre el estado que guarde el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones; VIII.- Rendir un informe anual de los trabajos del Consejo; IX.- Previo acuerdo del Secretario Ejecutivo, ejercer la representación legal del Consejo; X.- Conducir operativamente al Sistema Estatal de Protección Civil; XI.- Reunir, introducir y mantener actualizada la información del Sistema Estatal de Protección Civil; XII.- Rendir cuenta al Consejo del estado operativo del Sistema Estatal de Protección Civil; XIII.- Llevar el registro de los recursos disponibles para casos de emergencias y desastres; y XIV.- Los demás que les confieran las leyes, sus reglamentos, el Consejo, su Presidente o su Secretario Ejecutivo.
CAPITULO IV DEL CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES ARTICULO 22.- La Dirección General contará de manera permanente un Centro Estatal de Operaciones, responsable de atender operativamente los riesgos, emergencias o desastres que afecten al Estado. El Centro podrá integrar a los responsables de las dependencias de la administración pública estatal, municipal y, en su caso, de las federales que se encuentren establecidas en la entidad, así como representantes de los sectores social y privado y grupos voluntarios, cuya participación sea necesaria para el auxilio y recuperación de la población de la zona afectada. ARTICULO 23.- Compete al Centro Estatal de Operaciones: I.- Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención del alto riesgo, emergencia o desastre; II.- Realizar la planeación táctica, logística y operativa, de los recursos necesarios, su aplicación, y las acciones a seguir; III.- Aplicar el plan de emergencia o los programas aprobados por el Consejo, y asegurar la adecuada coordinación de las acciones que realicen los grupos voluntarios; y IV.- Establecer la operación de redes de comunicación disponibles en situaciones de normalidad para asegurar la eficacia de las mismas en situaciones de emergencia.
CAPITULO V DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL ARTICULO 24.- La Dirección General de Protección Civil es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, con autonomía técnica y operativa, jerárquicamente subordinada a la Secretaría General de Gobierno, la cual tendrá por objeto ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en la entidad con el fin de salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno, así como lo relativo a los servicios vitales y estratégicos, en casos de riesgo, emergencia, siniestro o desastre. ARTICULO 25.- La Dirección General de Protección Civil se integrará por: I.- Un Director General; II.- Un Centro Estatal de Operaciones; III.- Los Centros Regionales que se establezcan, conforme al Plan Estatal de Protección Civil; y IV.- El personal técnico, administrativo u operativo que sea necesario y el presupuesto permita. Esta Ley y su Reglamento determinarán la
estructura orgánica, atribuciones específicas y
procedimientos de operación de la Dirección General, del Centro Estatal de Operaciones Centros Regionales. LXI Legislatura
ARTÍCULO 25 bis.- Los Centros Regionales de Protección Civil son la estructura operativa del Sistema Estatal de Protección Civil, dependientes de la Dirección General. Sus acciones las desplegarán en coordinación con las dependencias, entidades, instituciones y organismos del sector público, y la debida concertación con los sectores social y privado, con los grupos voluntarios y la población en general, en el ámbito de la competencia y jurisdicción territorial que le correspondan.
Los Centros Regionales de Protección Civil contarán con un Director y el personal técnico, administrativo y operativo necesario para el ejercicio de sus funciones, en los términos del Reglamento.
En el caso de situaciones de emergencia, el Centro Regional recibirá en sus instalaciones a los miembros del Consejo Estatal de Protección Civil en sesión permanente, quienes, agrupados en sus comisiones particulares, se abocarán a la atención de los asuntos específicos de su área de competencia. ARTICULO 26.- La Dirección General de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones: I.- Elaborar y presentar para su aprobación, al Presidente del Consejo de Protección Civil del Estado, por conducto de su Secretario Ejecutivo, el anteproyecto del Programa Estatal de Protección Civil, así como sus subprogramas, planes y programas especiales; II.- Elaborar el inventario de recursos humanos y materiales disponibles en la Entidad, para hacer frente a un riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre; vigilar su existencia y coordinar su manejo; III.- Proponer, coordinar y ejecutar las acciones de auxilio y recuperación para hacer frente a las consecuencias de un riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre, procurando el mantenimiento o pronto restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados; IV.- Establecer y operar los centros de acopio de recursos y abastecimientos, para recibir y brindar ayuda a la población afectada por un riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre; V.- Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la sociedad en materia de protección civil; VI.- Coadyuvar en la promoción de la cultura de protección civil, promoviendo lo conducente ante las autoridades del sector educativo; VII.- Proponer las medidas y los instrumentos que permitan el establecimiento de eficientes y oportunos canales de colaboración entre la Federación, el Estado y los Municipios en materia de protección civil; VIII.- Identificar los altos riesgos que se presenten en el Estado de Tamaulipas, integrando el atlas correspondiente y apoyar a las Unidades Municipales de Protección Civil para la elaboración de sus mapas de riesgos; IX.- Promover la integración de las Unidades Internas de Protección Civil en las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal y de la Federal establecidas en la Entidad y de manera supletoria en las municipales; LXI Legislatura
X.- Proporcionar información y dar asesoría a los establecimientos, sean empresas, instituciones, organismos, asociaciones privadas y del sector social, para integrar sus unidades internas de respuesta y promover su participación en las acciones de protección civil; XI.- Llevar el registro, validar, capacitar y coordinar la participación de los grupos voluntarios; XII.- Establecer el subsistema de información de cobertura estatal en la materia, el cual deberá contar con mapas de riesgos y archivos históricos sobre emergencias y desastres ocurridos en el Estado; XIII.- En caso de alto riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación inicial de la magnitud de la contingencia, presentando de inmediato esta información al Presidente del Consejo de Protección Civil del Estado de Tamaulipas y al Secretario Ejecutivo; XIV.- Proponer un programa de premios y estímulos a ciudadanos u organizaciones gubernamentales, sociales, privadas y grupos voluntarios que realicen acciones relevantes en materia de protección civil; XV.- Fomentar la participación de los medios de comunicación masiva electrónicos o escritos, a fin de llevar a cabo campañas permanentes de difusión; XVI.- Promover la protección civil en sus aspectos normativo, operativo, de coordinación y de participación, buscando el beneficio de la población del Estado; XVII.- Realizar acciones de auxilio y recuperación para atender las consecuencias de los efectos destructivos de un desastre; XVIII.- Coordinarse con las autoridades federales y municipales, así como con Instituciones y grupos voluntarios para prevenir y controlar riesgos, altos riesgos, emergencias, y desastres; XIX.- Ejercer la inspección, control y vigilancia, de los establecimientos de competencia estatal siguientes: a).- Viviendas para diez familias o más y edificaciones con habitaciones colectivas para más de veinte personas, como asilos, conventos, internados, fraternidades, hoteles, moteles, campamentos turísticos y centros vacacionales; b).- Universidades, Tecnológicos y centros de estudios superiores en general; c).- Hospitales, maternidades, centros médicos, clínicas y puestos de socorro; d).- Cinemas, teatros, auditorios, gimnasios, estadios, arenas, autódromos, plazas de toros, hipódromos y velódromos; e).- Centros o clubes sociales o deportivos y balnearios; f).- Casinos, centros nocturnos, discotecas o salones de baile; g).- Museos, galerías de arte, centros de exposición, salas de conferencias y bibliotecas; h).- Templos y demás edificios destinados al culto; i).- Centros comerciales, supermercados, tiendas de departamentos y mercados;
j).- Oficinas de la Administración Pública Estatal, incluyendo las correspondientes a organismos descentralizados y concesionarios de servicios públicos, así como las dedicadas a oficinas de administración privada, de profesionales, de la industria, de la banca y del comercio; k).- Centrales y delegaciones de policía, penitenciarias, y demás edificios e instalaciones destinados a proporcionar y preservar la seguridad pública; l).- Industrias, talleres o bodegas sobre terrenos con superficies iguales o mayores a dos mil metros cuadrados; m).- Rastros de semovientes y aves, empacadoras, granjas para ganadería, porcicultura, avicultura, cunicultura y apicultura; n).- Centrales de correos, de teléfonos, estaciones y torres de radio, televisión y sistemas de microondas; o).- Terminales y estaciones de ferrocarriles, de transportes de carga, de transporte de pasajeros urbanos y foráneos, y aeropuertos; p).- Edificios para estacionamientos de vehículos; q).- Otros establecimientos que por sus características y magnitud sean similares a los mencionados en los incisos anteriores y ocupen un área mayor de mil quinientos metros cuadrados; r).- Edificaciones para almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburos y otros combustibles, así como las instalaciones para estos fines; y s).- Otros establecimientos que por sus características y magnitud sean similares a los mencionados en los incisos anteriores y ocupen un área mayor a los mil quinientos metros cuadrados; XX.- Determinar la existencia de riesgos en los establecimientos, así como dictar las medidas para prevenir o controlarlos; XXI.- Señalar las medidas de seguridad necesarias e imponer las sanciones correspondientes conforme a la presente ley; XXII.- Coadyuvar, con el Consejo de Protección Civil del Estado de Tamaulipas, en la conducción y operación del Sistema Estatal de Protección Civil, así como en la reunión, introducción y actualización de la información del mismo; y XXIII.- Las demás que le confiera el Ejecutivo del Estado, el Secretario General de Gobierno, la presente ley, y otros ordenamientos legales, así como las que se determinen por acuerdos y resoluciones del Consejo de Protección Civil del Estado de Tamaulipas. El Reglamento de la Ley, determinará las respectivas competencias de vigilancia y aplicación de los órganos de la Dirección General de Protección Civil.
ARTICULO 27.- La Dirección General de Protección Civil promoverá que los establecimientos a que se refiere esta ley, instalen sus propias unidades internas de respuesta, asesorándolos y coordinando sus acciones directamente o a través de las Unidades Municipales. Los establecimientos deberán realizar, asistidos por la Dirección General de Protección Civil o de la unidad municipal, según corresponda, cuando menos dos veces al año, simulacros para hacer frente a altos riesgos, emergencias o desastres. ARTICULO 28.- Corresponde al Director General de Protección Civil: I.- Coordinar, supervisar, y evaluar todas las acciones que se realicen en el desarrollo de las atribuciones de la Dirección; II.- Coordinar las acciones de la Dirección con las autoridades Federales, Estatal y Municipales, así como con los sectores social y privado, para organizar la prevención y control de altos riesgos, emergencias y desastres; III.- Administrar los recursos humanos, materiales y financieros a cargo de la Dirección; IV.- Designar al personal que fungirá como inspector, en las inspecciones que se realicen en los establecimientos de competencia estatal; V.- Ordenar la práctica de inspecciones a los establecimientos de competencia estatal, en la forma y términos que establece esta ley, así como, en su caso, aplicar y ejecutar las sanciones que correspondan; y VI.- Las demás que le confieran los ordenamientos legales aplicables, las que le confiera el Secretario General de Gobierno, o las que autorice el Consejo de Protección Civil del Estado de Tamaulipas.
CAPITULO VI DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL
ARTICULO 29.- En cada uno de los Municipios del Estado se establecerán Sistemas de Protección Civil, con la finalidad de organizar los planes y programas de prevención, auxilio y apoyo a la población ante situaciones de emergencia o desastre. Al frente de cada Sistema, estará el Presidente Municipal. ARTICULO 30.- Corresponde a los Ayuntamientos de la Entidad, dentro de sus respectivos Municipios: I.- Formular los reglamentos de protección civil municipal, en congruencia con lo establecido en el orden federal y estatal; así como conducir la política en esta materia; II.- Prevenir y controlar las emergencias y contingencias que pudieran presentarse en el ámbito de su competencia; III.- Dar respuesta ante la situaciones de riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre que se presenten en el Municipio, sin perjuicio de solicitar apoyo a las autoridades de protección civil; y LXI Legislatura
IV.- Concertar acciones con los sectores público, social y privado en materia de protección civil conforme a la ley. V.- Establecer y mantener, a través de sus Sistemas Municipales de Protección Civil, un registro de riesgos de siniestros en los establecimientos comerciales, industriales y de servicios que operen en su Municipio, clasificándolos de la siguiente manera: 1.- Alto Riesgo 2.- Medio Riesgo 3.- Bajo Riesgo ARTÍCULO 31.- Los Ayuntamientos regularán la organización y operación de los Sistemas de Protección Civil municipales, en los términos establecidos en esta Ley y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, así como con base en la probabilidad de riesgos y desastres, incorporando a su organización a los sectores representativos del Municipio, tomando como referencia las bases que establece esta ley para integrar el Consejo Estatal y la Dirección General de Protección Civil. ARTÍCULO 32.- La estructura y operación de los Sistemas Municipales de Protección Civil será determinada en los reglamentos respectivos, debiendo contar por lo menos, con una unidad de protección civil de carácter operativo, considerando en su constitución y conformación lo siguiente: I.- La población residente en el Municipio; II.- Los antecedentes de los riesgos, altos riesgo, emergencias, siniestros y desastres que ha sido afectado el Municipio; y III.- La infraestructura o instalaciones industriales, agrícolas y comerciales que puedan ser factores de afectación a la población. ARTICULO 33.- Los Municipios, por conducto de sus Sistemas Municipales de Protección Civil, elaborarán planes de prevención de riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, los que deberán ser dados a conocer a la población, mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor circulación en la localidad. ARTICULO 34.- Los Sistemas Municipales, a través de la unidad correspondiente, estudiarán las formas para prevenir los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, así como reducir y mitigar sus efectos, debiendo desarrollar sus programas en coordinación con la Dirección General de Protección Civil. ARTICULO 35.- En caso de que los efectos de un alto riesgo, emergencia o desastre rebasen la capacidad de respuesta del correspondiente Sistema Municipal, el Presidente Municipal solicitará de inmediato el apoyo del Sistema Estatal, quien deberá prestar la ayuda respectiva en forma expedita.
ARTICULO 36.- Los Sistemas Municipales, sin importar la forma de organización que haya adoptado, deberán cumplir con los siguientes objetivos: I.- Poner a la consideración del Ayuntamiento y, en su caso, ejecutar el Programa Municipal; II.- Promover la cultura de protección civil, desarrollando acciones de educación y capacitación a la población, en coordinación con las autoridades de la materia; III.- Fomentar la participación activa y responsable de todos los habitantes del Municipio; IV.- Prestar y coordinar el auxilio a la población en caso de que acontezca un alto riesgo, emergencia o desastre; V.- Realizar la inspección, control y vigilancia de los establecimientos e instalaciones de competencia municipal siguientes: a).- Viviendas para hasta diez familias y edificaciones con habitaciones colectivas para menos de cuarenta personas, como asilos, conventos, internados, hoteles, moteles, internados o casas de asistencia, campamentos turísticos, centros vacacionales; b).- Edificios destinados a jardines de niños, escuelas de educación básica y media superior, escuelas de artes y educación especial, en general; c).- Guarderías, dispensarios, consultorios médicos o dentales y capillas de velación; d).- Edificios destinados a oficinas y servicios públicos de la administración pública municipal; e).- Mercados o Centrales de abasto; f).- Agua potable; g).- Alcantarillado; h).- Comunicaciones; i).- Desarrollo Urbano; j).- Electricidad; k).- Salud; l).- Seguridad Pública; m).- Transporte;
n).- Industrias, talleres o bodegas sobre terrenos con superficies iguales o mayores hasta dos mil metros cuadrados; o).- Terrenos para estacionamiento de servicios y vehículos; p).- Lienzos charros, circos o ferias eventuales; q).- Actividades o establecimientos con una superficie menor de dos mil metros cuadrados de construcción; r).- Destino final de desechos sólidos; s).- Edificaciones para el almacenamiento, distribución y expendio de hidrocarburos y otros combustibles, así como las instalaciones para estos fines; y t).- Otros establecimientos que por sus características y magnitud sean similares a los mencionados en los incisos anteriores y ocupen un área hasta de mil quinientos metros cuadrados VI.- Diseñar y llevar a cabo campañas masivas de divulgación en materia de protección civil; VII.- Elaborar el respectivo Mapa Municipal de Riesgos; VIII.- Convocar a funcionarios públicos y a representantes de los sectores social, privado y grupos voluntarios para integrar el Centro Municipal de Operaciones; IX.- Promover el equipamiento de los cuerpos de respuesta; y X.- Las demás que acuerde el propio Sistema Municipal. ARTICULO 37. Los Sistemas Municipales, a través de sus Presidentes, con aprobación del Ayuntamiento, podrán suscribir convenios de colaboración. CAPITULO VII DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS ARTICULO 38. Esta ley reconocerá como grupos voluntarios a las instituciones, organizaciones y asociaciones a que se refiere la fracción IX del artículo 2 de este ordenamiento, que cuenten con su respectivo registro ante la Unidad Municipal de Protección Civil, quien a su vez hará llegar dichos registros a la Dirección General de Protección Civil. ARTICULO 39. Los grupos voluntarios deberán organizarse conforme a las siguientes bases: I.- Territoriales: Formados por los habitantes de una colonia, de una zona, de un centro de población, de uno o varios Municipios del Estado; LXI Legislatura
II.- Profesionales o de Oficios: Constituidos de acuerdo a la profesión u oficio que tengan; y III.- De Actividades Especificas: Atendiendo a la función de auxilio que desempeñen, constituidos por personas dedicadas a realizar acciones especificas de auxilio. ARTICULO 40.- A fin de que los grupos voluntarios internacionales nacionales, o regionales que deseen participar en las acciones de protección civil, obtengan el registro que las acredite como tales, deberán inscribirse previa solicitud ante la Unidad Municipal de Protección Civil. ARTICULO 41.- La solicitud a que hace referencia el artículo anterior contendrá cuando menos: I.- Acta constitutiva y, en su caso, domicilio del grupo en el Estado; II.- Bases de organización del grupo; III.- Relación del equipo con el que cuenta; y IV.- Programa de capacitación y adiestramiento. ARTICULO 42.- Las personas que deseen desempeñar labores de rescate y auxilio, deberán constituirse en grupos voluntarios organizados o integrarse a uno ya registrado, a fin de recibir información, capacitación y realizar en forma coordinada las acciones de protección civil. ARTICULO 43.- La preparación específica de los grupos voluntarios deberá complementarse con la ejecución de ejercicios y simulacros, coordinados por la Unidad Municipal y, en su caso, por la Dirección General de Protección Civil. ARTICULO 44.- Corresponde a los grupos voluntarios: I.- Gozar del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro en la Unidad de Protección Civil; II.- Participar en los programas de capacitación a la población o brigadas de auxilio; III.- Solicitar el auxilio de las autoridades de protección civil, para el desarrollo de sus actividades; IV.- Coordinarse bajo el mando de las autoridades de protección civil, ante la presencia de un alto riesgo, emergencia o desastre; V.- Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil; VI.- Coadyuvar en actividades de monitoreo, pronóstico y aviso a la Unidad Municipal de Protección Civil, de la presencia de cualquier riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre; VII.- Realizar los trámites ante las autoridades competentes, para obtener la autorización de recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta para sus donantes; VIII.- Aplicar los donativos que se obtengan, para los fines inherentes a la prestación de sus servicios; LXI Legislatura
IX.- Refrendar anualmente su registro ante la Unidad Municipal y, en su caso, ante la Dirección General de Protección Civil; X.- Participar en todas aquellas actividades del Programa Estatal o Municipal, que estén en posibilidades de realizar; y XI.- Las demás que les confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables.
(REFORMADA LA DENOMINACION DEL CAPITULO VIII, DECRETO LX-1493, P.O. NO. 150, 16 DE DICIEMBRE DE 2010). CAPITULO VIII OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL ARTÍCULO 45.- Las personas físicas o morales que desarrollen actividades permanentes o transitorias que puedan ocasionar riesgos a la población en general, o a grupos especiales en particular, quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y deberán:
I.- Informar a las autoridades competentes de cualquier acto u omisión que cause o pueda causar una situación de emergencia o desastre; II.- Cooperar con las autoridades correspondientes en la ejecución de acciones en casos de emergencias o desastres; III.- Colaborar con las autoridades estatales y los municipales para el debido cumplimiento de los programas de protección civil; y IV.- Participar, previa solicitud de la autoridad competente, en la difusión del Plan Estatal de Protección Civil y los programas de la materia, principalmente en aquellos relacionados con riesgos que se presenten en su barrio, colonia, zona o centro de población.
ARTICULO 45 bis.- Para los efectos del presente capítulo, los patrones, propietarios o administradores de los establecimientos deberán capacitar a sus empleados y dotarlos del equipo necesario de respuesta, así como solicitar la asesoría de la Dirección General de Protección Civil o de la Unidad Municipal que corresponda, tanto para su capacitación, como para el desarrollo de la logística de respuesta a las contingencias.
Los organizadores de eventos especiales y transitorios, en los que se reúnan masivamente personas que eventualmente puedan correr riesgos por eventos emergentes, estarán obligados a contar con la unidad que atienda su plan de contingencias y, en todo caso, se obligarán a proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para realizar una eficaz labor de protección civil. En este caso se observará lo dispuesto por el artículo 93 de esta ley.
Cuando los efectos de los altos riesgos, emergencias o desastres rebasen la capacidad de repuesta de las unidades internas, sus titulares, sin perjuicio de que cualquier otra persona pueda hacerlo, solicitarán de inmediato la asistencia de las Unidades Municipales de Protección Civil o de la Dirección General de Protección Civil según la magnitud de la contingencia, sin perjuicio de que la respuesta sea proporcionada por ambas autoridades simultáneamente.
ARTÍCULO 46.- Las personas físicas o morales, que desarrollen cualquier actividad que implique un riesgo a las personas, sus bienes o al medio ambiente, tienen el deber de contar con un programa específico de protección civil o plan de contingencias, el cual deberá estar autorizado y supervisado por la Dirección General de Protección Civil o la Unidad Municipal según corresponda y además tendrán las siguientes obligaciones:
I.- Elaborar y presentar ante las autoridades competentes y, a más tardar dentro de los quince días posteriores al inicio de sus actividades, los programas de prevención de accidentes internos y externos, conforme a las deposiciones que establezcan los ordenamientos aplicables; II.- Elaborar y presentar anualmente, dentro de los dos primeros meses del año de que se trate y ante la Dirección General o la Unidad de Protección Civil Municipal, la auto- declaratoria de cumplimiento de obligaciones en materia de protección civil; III.- Formular las acciones de protección civil, de contingencias, simulacros, rutas de evacuación y demás que sean necesarias para la prevención de situaciones de riesgo, así como aquellos que conforme a las disposiciones aplicables, les requieran para tal efecto las autoridades competentes; IV.- Permitir a las autoridades en materia de protección civil el acceso a sus instalaciones, a efecto de que practiquen las actividades de inspección, supervisión y verificación que establecen la presente ley y otras disposiciones aplicables; V.- Observar y, en su caso, aplicar las normas técnicas y demás medidas de prevención y protección civil que legalmente procedan; VI.- Establecer y organizar las unidades internas de protección civil que se requiera para la prevención de accidentes, así como para responder ante la eventualidad de una emergencia o desastre;
VII.- Cumplir las medidas correctivas y sanciones que establezcan la autoridades competentes, como resultado de la inspección, supervisión y verificación que se realice en las instalaciones y procesos correspondientes; VIII.- Proporcionar la información que les sea requerida por las autoridades competentes para la integración de planes y programas tendientes a la prevención de accidentes y desastres; IX.- Prestar apoyo en caso de desastre en cualquier parte del Estado, cuando así se les requiera por parte de las autoridades de protección civil, con el personal y equipo especializado de que dispongan y que deberá estar registrado en el Atlas Estatal de Riesgos; y X.- La demás que determinen la presente ley, las autoridades competentes y otras disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 47.- Los programas de prevención de accidentes de nivel interno que deberán ser presentados ante las autoridades competentes por las personas físicas o morales a que se refiere el presente capítulo, contendrán cuando menos los siguientes aspectos:
I.- La organización para la prevención de accidentes en la empresa, planta o establecimiento de que se trate; II.- La descripción de los equipos y servicios de emergencia con que cuenten a nivel interno; III.-El plan de emergencia en que se determinen los procedimientos de respuesta ante la presencia de desastres; IV.- La descripción de los sistemas de comunicación y alarma, con que cuenten, incluyendo los canales de comunicación, claves, señales y mensajes concretos; V.- Los procedimientos para el retorno a condiciones normales de operación y de recuperación una vez declarada la conclusión de la emergencia; VI.- Los programas y constancias de capacitación y entrenamiento, dirigidos a personas de la empresa, planta o establecimiento; VII.- El programa de simulacros en el que participe exclusivamente el personal correspondiente; VIII.- La actualización del programa para la prevención de accidentes de nivel interno; y IX.- Los demás que determinen la presente ley, su reglamento, las autoridades competentes y otras disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 48.- Los programas de prevención de accidentes de nivel externo que deberán ser presentados ante las autoridades competentes por las personas físicas o morales a que se refiere el artículo 45, contendrán cuando menos los siguientes aspectos:
I.- La organización local para la prevención de accidentes en la que participará la empresa, planta o establecimiento, para coordinar las actividades relacionadas con el nivel externo; II.- Los equipos y servicios de emergencia con que cuenten, para su posible aplicación en el exterior de la empresa, planta o establecimiento; III.- El plan de emergencia con capacidad de respuesta a desastres, incluyendo acciones de alarma, comunicación, atención, control, retorno y recuperación de los sectores externos de la comunidad afectados por aquellos causados por la empresa, planta o establecimiento; IV.- Los sistemas de comunicación y alarma necesarias para atender siniestros que rebasen o puedan rebasar los límites de la empresa, planta o establecimiento; V.- Los procedimientos para el retorno a condiciones normales y de recuperación de la población expuesta o afectada por los desastres producidos; VI.- Los programas y constancias de capacitación y entrenamiento dirigidos a los organismos, instituciones y población local expuesta a riesgos o desastres; VII.-Los programas de simulacros en los que participen autoridades, organismos, instituciones y la población; VIII.- La orientación necesaria para la prevención y acciones en caso de desastres dirigido a la comunidad local;
IX.- La actualización del programa para la prevención de accidentes de nivel externo; y X.- Los demás que determinen la presente ley, su reglamento, las autoridades competentes y otras disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 49.- Toda persona que realice instalaciones físicas permanentes o transitorias en un lugar sujeto a restricciones especiales, conforme a criterios de las autoridades en materia de protección civil, previo conocimiento de dicha circunstancia, se considera que acepta el riesgo, sin derecho a exigir indemnizaciones o restituciones a la autoridad correspondiente. Tal presunción no podrá ser invocada por autoridad, si ésta autorizó la instalación en el lugar sin informar a la persona del riesgo. Esto no implica que la autoridad deje de prestar el auxilio correspondiente en caso de emergencia o desastre. LXI Legislatura
ARTÍCULO 49 bis.- En los establecimientos deberá colocarse, en sitios visibles, equipos de seguridad, señales preventivas e informativas y equipo reglamentario. ARTICULO 50- Cuando los efectos de los altos riesgos, emergencias o desastres rebasen la capacidad de repuesta de las unidades internas, sus titulares, sin perjuicio de que cualquier otra persona pueda hacerlo, solicitarán de inmediato la asistencia de las Unidades Municipales de Protección Civil o de la Dirección General de Protección Civil según la magnitud de la contingencia, sin perjuicio de que la respuesta sea proporcionada por ambas autoridades simultáneamente.
TITULO SEGUNDO DE LA OPERACION DE LA PROTECCION CIVIL CAPITULO I DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
ARTICULO 51.- El Programa Estatal de Protección Civil es el instrumento de ejecución de los planes de protección en la Entidad; en él se precisan las acciones a realizar, se determinaran los responsables y se establecerán los plazos para su cumplimiento, de conformidad con los recursos y medios disponibles. Este programa deberá, en su caso, ajustarse a los procedimientos de programación, presupuestación y control correspondientes y a las bases establecidas en la materia, en convenios de coordinación. ARTICULO 52.- El Programa Estatal de Protección Civil, así como los subprogramas, programas institucionales, específicos y operativos anuales que se deriven de los mismos, se expedirán, ejecutarán y revisarán conforme las normas generales vigentes en materia de planeación y las disposiciones especificas de esta ley, así como a los lineamientos del Programa Nacional de Protección Civil. ARTICULO 53.- El Programa Estatal de Protección Civil contará con los siguientes Subprogramas: I.- De Prevención; II.- De Auxilio; y III.- De Recuperación y Vuelta a la Normalidad. ARTICULO 54.- El Programa Estatal de Protección Civil deberá contener cuando menos: I.- Los antecedentes históricos de los altos riesgos, emergencias o desastres en el Estado; II.- La identificación de los riesgos a que esta expuesto el Estado; III.- La identificación de los objetivos del Programa; IV.- Los Subprogramas de Prevención, de Auxilio, y de Recuperación y Vuelta a la Normalidad, con sus respectivas metas, estrategias y líneas de acción; LXI Legislatura
V.- La estimación de los recursos financieros; y VI.- Los mecanismos para el control y evaluación. ARTICULO 55.- El Subprograma de Prevención agrupará las acciones tendientes a evitar o mitigar los efectos o a disminuir la ocurrencia de altos riesgos, emergencias o desastres; y a promover el desarrollo de la cultura de la protección civil en la comunidad. ARTICULO 56.- El Subprograma de Prevención deberá contener: I.- Los estudios, investigaciones y proyectos de protección civil a ser realizados; II.- Los criterios para integrar el mapa de riesgo; III.- Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios públicos que deben ofrecerse a la población; IV.- Las acciones que la Dirección General de Protección Civil deberá ejecutar para proteger a las personas y sus bienes; V.- El inventario de los recursos disponibles; VI.- La política de comunicación social; y VII.- Los criterios y bases para la realización de simulacros. ARTICULO 57.- El Subprograma de Auxilio integrará las acciones previstas a fin de rescatar y salvaguardar, en caso de alto riesgo, emergencia o desastre, la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente. Para realizar las acciones de auxilio se establecerán las bases regionales que se requieran, atendiendo a los riesgos detectados en las acciones de prevención. ARTICULO 58.- El Subprograma de Auxilio contendrá, entre otros, los siguientes criterios: I.- Los establecidos o estipulados en acciones que desarrollen las dependencias y organismos de la Administración Publica del Estado; II.- Los establecidos en mecanismos de concentración y coordinación con los sectores social y privado; y III.- Los establecidos en coordinación con los grupos voluntarios. ARTICULO 59.- El Subprograma de Recuperación y Vuelta a la Normalidad determinará las estrategias necesarias para la recuperación de la normalidad una vez ocurrida la emergencia o desastre. ARTICULO 60.- En el caso de que se identifiquen riesgos o altos riesgos que puedan afectar de manera grave a la población de una determinada localidad o región, se podrán elaborar programas especiales de protección civil.
ARTICULO 61.- A fin de que la comunidad conozca el Programa Estatal de Protección Civil, éste al igual que sus Subprogramas, deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la Entidad. ARTICULO 62.- En lo conducente, cada uno de los Municipios del Estado deberá elaborar y publicar su propio Programa Municipal de Protección Civil, de manera similar al del Estado, de conformidad con los lineamientos de esta ley. ARTICULO 63.- Cuando debido a la magnitud de los altos riesgos, emergencias o desastres sea necesaria la concurrencia simultánea de las autoridades estatales y municipales de protección civil, la Dirección General de Protección Civil será quien coordine las trabajos de respuesta ante la contingencia, en el lugar de los hechos. CAPITULO II DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA
ARTICULO 64.- El Gobernador del Estado, en su carácter de Presidente del Consejo de Protección Civil del Estado de Tamaulipas, en los casos de alto riesgo, emergencia o desastre podrá emitir una declaratoria de emergencia, la que comunicara de inmediato al Consejo de Protección Civil del Estado, mandando se publique en el Periódico Oficial del Estado, y se difundirá a través de los medios de comunicación masiva. En ausencia del Presidente del Consejo, el Secretario Ejecutivo podrá realizar la declaratoria a que se refiere el artículo anterior. ARTICULO 65.- La declaratoria de emergencia hará mención expresa, entre otros, de los siguientes aspectos: I.- Identificación del alto riesgo, emergencia o desastre; II.- Infraestructura, bienes y sistemas afectables; III.- Determinación de las acciones de prevención y auxilio; IV.- Suspensión de actividades públicas que así lo ameriten; V.- Instrucciones dirigidas a la población de acuerdo al Programa Estatal; y VI.- Con base en los lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil, así como las Unidades Municipales de Protección Civil, son las autoridades competentes para definir donde habrá de establecerse un refugio temporal. Dicha definición y los procedimientos subsecuentes deben estar enmarcados en los planes de protección civil de cada Municipio y Entidad, de manera que exista un registro de instalaciones susceptibles de ser transformadas en refugios, en el que LXI Legislatura
se señale la capacidad de alojamiento, y a partir de ese dato establecer las necesidades de todo tipo para la operación de cada refugio. Los requisitos para establecer un refugio temporal son: a).-
Estar alejados de las zonas de peligro;
Tener un grado de vulnerabilidad bajo;
Contar con espacio suficiente para ofrecer los servicios básicos;
Situarse en lugares accesibles;
Contar con sistemas de comunicación externa;
Contar con agua potable suficiente;
Contar con servicios sanitarios;
Tener espacio para dormitorio;
Ofrecer los alimentos requeridos por día a cada persona; y
j).-
Los que se requieran para el bienestar de las personas.
ARTICULO 66.- El Presidente del Consejo o, en su ausencia, el Secretario Ejecutivo, una vez que la situación de emergencia haya terminado, lo comunicará formalmente, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 64 de esta ley. ARTICULO 67.- En lo conducente, se aplicarán a nivel municipal las disposiciones de este capítulo, siendo el responsable de llevar a cabo la declaratoria formal de emergencia, el Presidente Municipal. CAPITULO III DE LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE ARTICULO 68.- Se considerará zona de desastre de aplicación de recursos del Estado, aquella en la que para hacer frente a las consecuencias de un agente o fenómeno perturbador, sean insuficientes los recursos del o los municipios afectados, requiriéndose en consecuencia la ayuda del Gobierno Estatal. En estos casos, el Gobernador del Estado emitirá la declaratoria de zona de desastre, y pondrá en marcha las acciones necesarias, por conducto de la Dirección General de Protección Civil. ARTICULO 69.- Se considerará zona de desastre de nivel municipal, aquella en la que para hacer frente a las consecuencias de un agente o fenómeno perturbador, no se requiera de la ayuda estatal.
ARTICULO 70.- Para que el Gobernador del Estado formule la declaratoria a que se refiere el Artículo 68 de esta ley, deberá agotarse el siguiente procedimiento: I.- Que sea solicitada por el o los Presidentes Municipales de los Municipios afectados; II.- Que las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal encabezadas por la Dirección General de Protección Civil, realicen una evaluación de los daños causados; y III.- Que de la evaluación resulte necesaria la ayuda del Gobierno Estatal a que se refiere el artículo anterior. ARTICULO 71.- Las medidas que el Gobierno del Estado podrá adoptar, cuando se haya declarado formalmente zona de desastre de aplicación de recursos estatales, son las siguientes: I.- Atención medica inmediata y gratuita; II.- Alojamiento, alimentación y recreación; III.- Restablecimiento de los servicios públicos afectados; IV.- Suspensión temporal de las relaciones laborales, sin perjuicio para el trabajador; V.- Suspensión de las actividades escolares en tanto se vuelve a la normalidad; y VI.- Las demás que determine el Consejo de Protección Civil del Estado de Tamaulipas. ARTICULO 72.- La declaratoria formal de zona de desastre de aplicación de recursos estatales se hará siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 64 de esta ley, y concluirá cuando así se comunique por el Gobernador del Estado. ARTICULO 73.- Para el caso de que la zona de desastre se declare a nivel municipal, se aplicarán en lo conducente, las disposiciones de este capítulo.
CAPITULO IV DE LA ACCIÓN POPULAR ARTICULO 74.- Todas las personas tienen el derecho y la obligación de denunciar, ante la autoridad estatal o municipal, todo hecho, acto u omisión que cause o pueda causar riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre para la población. ARTICULO 75.- La denuncia popular es el instrumento jurídico que tiene el pueblo de Tamaulipas para hacer del conocimiento de la autoridad los actos u omisiones que contravengan las disposiciones de la presente ley. ARTICULO 76.- Para que la acción popular proceda bastará que la persona que la ejercite aporte los datos necesarios para su identificación y una relación de los hechos que se denuncian.
ARTICULO 77.- Recibida la denuncia, la autoridad ante quien se formuló, la turnará de inmediato a la Dirección General de Protección Civil, o a la unidad municipal que corresponda, quienes procederán en su caso, conforme a esta ley. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad receptora tome las medidas de urgencia necesarias para evitar que se ponga en riesgo la salud pública, la integridad o patrimonio de las personas ARTICULO 78.- Las autoridades del Estado y las municipales en los términos de esta ley, atenderán de manera permanente al público en general, en el ejercicio de la denuncia popular. Para ello, difundirán ampliamente domicilios y números telefónicos destinados a recibir las denuncias. CAPITULO V DE LA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA ARTICULO 79.- La Dirección General de Protección Civil y las Unidades Municipales, vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella, y aplicarán las medidas de seguridad que correspondan. En caso de ser necesaria la aplicación de sanciones, las mismas se realizarán previa audiencia del interesado. ARTICULO 80.- Las inspecciones de protección civil tienen el carácter de visitas domiciliarias, por lo que los establecimientos señalados por esta ley, están obligados a permitirlas, así como a proporcionar toda clase de información necesaria para el desahogo de las mismas. ARTICULO 81.- La persona o personas designadas para practicar visitas de inspección o ejecutar medidas de seguridad, deberán estar provistas de identificación, orden escrita expedida por la autoridad competente, en la que se deberá precisar el lugar o zona en que se efectuará la inspección, el objeto de la visita, y las disposiciones legales que la fundamenten. ARTICULO 82.- Es obligación de los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de los inmuebles, obras o establecimientos permitir el acceso y dar facilidades a las personas mencionadas en el artículo anterior, para el desarrollo de la inspección, así como proporcionar la información que conduzca a la verificación de las normas de esta ley y sus reglamentos. ARTICULO 83.- En la diligencia de inspección se deberán observar las siguientes reglas: I.- La persona o personas a quienes se haya encomendado la inspección, deberán exhibir su nombramiento o designación expedida por la autoridad competente, así como el oficio de comisión que los acredite legalmente para desempeñar su función. La anterior circunstancia deberá asentarse en el acta correspondiente; y
II.- En el acta que se levante con motivo de la inspección, se harán constar las circunstancias de la diligencia, las deficiencias o irregularidades observadas y, en su caso, las medidas de seguridad que se ejecuten. ARTICULO 84.- Se considerarán medidas de seguridad las disposiciones de inmediata ejecución que dicte la autoridad competente, de conformidad con esta ley y demás ordenamientos aplicables, para proteger el interés publico, o evitar los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres que puedan ocurrir en los establecimientos a que se refiere esta ley. Las medidas de seguridad, si no se trata de un caso de alto riesgo, emergencia o desastre, se notificarán antes de su aplicación al interesado, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondieran. ARTICULO 85.- Son medidas de seguridad las siguientes: I.- La suspensión de trabajos y servicios; II.- La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos o, en general, de cualquier inmueble; III.- La demolición de construcciones o el retiro de instalaciones; IV.- El aseguramiento y secuestro de objetos materiales; V.- La clausura temporal o definitiva, total o parcial, de establecimientos, construcciones, instalaciones u obras; VI.- La realización de actos, en rebeldía de los que están obligados a ejecutarlos; VII.- El auxilio de la fuerza publica; y VIII.- La emisión de mensajes de alerta. ARTICULO 86.- Para los efectos de esta ley serán responsables: I.- Los propietarios, poseedores, administradores, representantes, organizadores y demás responsables, involucrados en las violaciones a esta ley; y II.- Quienes ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones u omisiones constitutivas de una infracción, y los servidores públicos que intervengan o faciliten la comisión de una infracción. ARTICULO 87.- Son conductas constitutivas de infracción las que se lleven a cabo para: I.- Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las acciones de prevención, auxilio o apoyo a la población en caso de desastre; II.- Impedir u obstaculizar al personal autorizado al realizar inspecciones o actuaciones en los términos de esta ley; III.- No dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad competente; IV.- No dar cumplimiento a las resoluciones de la autoridad competente que impongan cualquier medida de seguridad en los términos de esta ley; y V.- En general, cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente ley. LXI Legislatura
ARTICULO 88.- Las sanciones que podrán aplicarse consistirán en: I.- Amonestación; II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de los establecimientos; III.- Multa equivalente al monto de 20 a 1,000 días de salario mínimo vigente en la zona donde se cometió la infracción. En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser incrementado sin exceder de 2,000 días de salario mínimo, así como la clausura definitiva; IV.- Suspensión de obras, instalaciones o servicios; y V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas. ARTICULO 89.- La imposición de sanciones se hará sin perjuicio de la responsabilidad que conforme a otras leyes corresponda al infractor. ARTICULO 90.- Al imponerse una sanción se tomara en cuenta: I.- El daño o peligro que se ocasione o pueda ocasionarse a la salud o a la seguridad de la población o a su entorno; II.- La gravedad de la infracción; III.- Las condiciones socioeconómicas del infractor; y IV.- La reincidencia, en su caso. ARTICULO 91.- Son autoridades competentes para imponer las sanciones a que se refiere el presente capítulo, el Director General de Protección Civil, y en los Municipios el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil. ARTÍCULO 91 bis.- Las multas que se impongan por concepto de violación a lo previsto en la presente ley, podrán ser sustituidas por: la adquisición e instalación de equipos que tengan por objeto evitar mayores daños o atenuar lo que se hubiesen cometido; o, en su caso, la aportación de bienes en especie que contribuyan a reparar el daño cometido o
la prestación de mejores servicios por parte de la
autoridad, siempre y cuando se garanticen las obligaciones a que se sujetará el infractor. La sustitución a que se refiere este artículo sólo procederá previa solicitud escrita del infractor y una vez que se haya celebrado el convenio correspondiente con la autoridad que impuso la multa.
ARTÍCULO 91 ter.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta ley, su reglamento o demás disposiciones que de ella se deriven, se destinarán a la integración de fondos de protección civil para el desarrollo de programas vinculados con la protección civil de la población.
ARTICULO 92.- Cuando en los establecimientos se realicen actos que constituyan riesgo a juicio de la Dirección General de Protección Civil, o de las Unidades Municipales, según corresponda, estas autoridades, en el ámbito de su competencia, procederán como sigue: I.- Se procederá a la suspensión de la construcción, servicios, o de las obras o actos relativos; II.- Se amonestará al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento, para que se apliquen las recomendaciones de las autoridades de protección civil, a fin de que se evite o extinga el riesgo; III.- En caso de que el riesgo se hubiera producido por la negligencia o irresponsabilidad del propietario, responsable, encargado u ocupante, en el manejo o uso de materiales, de personas, o por no haber sido atendidas las recomendaciones de la autoridad competente, las autoridades de protección civil, sin perjuicio de que se apliquen las medidas de seguridad o sanciones que se establezcan en este u otro ordenamiento, impondrán multa a quien resultase responsable; y IV.- Cuando no obstante la aplicación de las medidas a que se refieren las tres fracciones anteriores, no se hubiera evitado o extinguido el riesgo, las autoridades de protección civil, y previa audiencia del interesado, procederán, en su caso, a la clausura de los establecimientos, hasta en tanto no se demuestre que dicho riesgo ha sido definitivamente superado. En caso de que las autoridades de protección civil determinen, que por motivos de su naturaleza resulte imposible la suspensión de la construcción, obra, o actos relativos, o la clausura de los establecimientos, se publicarán avisos, a cuenta del propietario o responsable, en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad de que se trate, advirtiendo a la población de los riesgos.
ARTICULO 93.- Cuando en los establecimientos se realicen actos o servicios que constituyan alto riesgo a juicio de la Dirección General de Protección Civil o de las Unidades Municipales, según corresponda, estas autoridades, en el ámbito de su competencia, procederán de inmediato a suspender dichas actividades, a ordenar el desalojo del inmueble, y a aplicar las demás medidas de seguridad que resulten procedentes enunciadas en los Artículos 84 y 85 de este ordenamiento, además de las sanciones que en su caso correspondan. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen las demás medidas de seguridad y sanciones señaladas en otros ordenamientos. ARTICULO 94.- Cuando en los establecimientos se presenten emergencias o desastres, inherentes a los actos, servicios o funcionamiento de los mismos, las autoridades de protección civil procederán de inmediato a la desocupación del inmueble, a la suspensión de las actividades, y a clausurar los lugares en donde se realicen, imponiendo además cualquier otra medida de seguridad y sanción que resulte aplicable de acuerdo a este ordenamiento. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen las demás medidas de seguridad y sanciones que establezcan las demás leyes o reglamentos.
ARTICULO 95.- Las obras que se ordenen por parte de las autoridades de protección civil para evitar, extinguir, disminuir o prevenir riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, así como las que se realicen para superarlos, serán a cargo del propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento, sin perjuicio de que sea la propia autoridad quien las realice en rebeldía del obligado. En este ultimo caso, además del cobro de las cantidades correspondientes, se aplicaran las sanciones económicas que correspondan. Tanto las sanciones económicas, como en su caso, las cantidades por concepto de cobros por obras realizadas en rebeldía de los obligados, se consideran créditos fiscales, y serán cobrados mediante el procedimiento de ejecución, por la autoridad fiscal competente. ARTICULO 96.- Los responsables de actos que generen daños en el medio ambiente serán sancionados en los términos de la legislación en materia de salud pública, equilibrio ecológico y protección al ambiente, los reglamentos de policía y buen gobierno y demás disposiciones aplicables. ARTICULO 97.- La responsabilidad por daños o perjuicios derivados de acciones u omisiones que devengan en siniestros o desastres, se determinará y hará efectiva, conforme las disposiciones de la legislación aplicable. CAPITULO VI DE LAS NOTIFICACIONES Y RECURSOS ARTICULO 98.- Los acuerdos que tomen las autoridades de protección civil en cualquier sentido, se notificarán a los interesados atendiendo en lo conducente, a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. ARTICULO 99.- Contra las resoluciones, determinaciones y acuerdos dictados por las autoridades de protección civil procede el recurso de revisión. ARTICULO 100.- El recurso de revisión tiene por objeto que el superior jerárquico examine el acto o acuerdo que se reclama a fin de constatar si existe violación al respecto, pudiendo confirmarlo, modificarlo o revocarlo. ARTICULO 101.- El recurso de revisión se interpondrá por escrito ante el superior jerárquico de la autoridad que dictó el acto que se impugna, en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación o conocimiento. ARTICULO 102.- El escrito de revisión deberá contener el nombre y domicilio del recurrente, el proveído, acto o resolución que se impugna, autoridad que lo emitió, fecha de notificación o conocimiento, exposición sucinta de hechos, preceptos legales violados, pruebas y demás elementos de convicción que estime el recurrente.
ARTICULO 103.- Si el escrito por el cual se interpone el recurso fuere obscuro o irregular, la autoridad receptora prevendrá al recurrente, por una sola vez, a efecto de que lo aclare, corrija o complete de acuerdo con la presente ley, señalándose en concreto sus defectos, con el apercibimiento de que si no cumple dentro del plazo de cinco días hábiles se tendrá por no interpuesto el recurso. ARTICULO 104.- En la substanciación del recurso se admitirán toda clase de pruebas, con excepción de la confesional, así como aquellas que tengan el carácter de supervinientes; en su desahogo y valoración, se aplicara supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado. ARTICULO 105.- La autoridad que tramite el recurso, con base en la documentación, pruebas y demás elementos existentes dictara la resolución en un termino de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que fue interpuesto. TRANSITORIOS ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento de la Dirección General de Protección Civil en un plazo no mayor de noventa días contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente ordenamiento. ARTICULO TERCERO.- Se abroga la Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas, expedida por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, mediante Decreto número 24, de fecha 31 de marzo de 1993 y publicada en el Periódico Oficial del Estado número 34, de fecha 28 de abril del mismo año, así como las reformas realizadas a la misma, mediante Decreto número 297, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el 31 de enero de 1998 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 14 del 18 de febrero del mismo año. ARTICULO CUARTO.- El término que tienen los establecimientos públicos o privados a que se refiere el Artículo 48, para crear la Unidad Interna de Protección Civil es de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente Ley. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 23 de Mayo del Año 2001. DIPUTADO PRESIDENTE C. OSCAR ALBERTO HINOJOSA.- Rúbrica SÁNCHEZ.- DIPUTADO SECRETARIO LIC. JUAN JOSÉ ANTONIO BRAÑA CARRANZA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.C. BERNARDO GÓMEZ VILLAGOMEZ.- Rúbrica. Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de debido cumplimiento. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas a los veintiocho días del mes de mayo del año de dos mil uno.
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. Decreto No. 427, del 23 de mayo del 2001. P.O. No. 67, del 5 de junio del 2001. Se abroga en su Artículo Tercero Transitorio la Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas, expedida por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, mediante Decreto número 24, de fecha 31 de marzo de 1993 y publicada en el Periódico Oficial del Estado número 34, de fecha 28 de abril del mismo año, así como las reformas realizadas a la misma, mediante Decreto número 297, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el 31 de enero de 1998 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 14 del 18 de febrero del mismo año; y en su Artículo Segundo Transitorio establece que el Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento de la Dirección General de Protección Civil en un plazo no mayor de noventa días contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente ordenamiento.
R E F O R M A S: 1.
Decreto No. LIX- 563, del 08 de agosto de 2006. Anexo al P.O. No. 107, del 6 de septiembre de 2006. Se reforman diversas disposiciones de la presente Ley, para adecuarla a la LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; publicada en el anexo al P.O. No. 152 del 21 de diciembre de 2004.
Decreto No. LX- 26, del 2 de junio de 2008. P.O. No. 69, del 5 de junio de 2008. Se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 2, la fracción X del artículo 19 y la fracción XIX, inciso l) del artículo 26; y se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII y XIII, recorriéndose en su orden las actuales para ser fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, y las fracciones XIX y XX del artículo 2; un segundo párrafo al artículo 13 y la fracción VII al artículo 14, recorriéndose en su orden las actuales.
Decreto No. LX-64, del 18 de septiembre de 2008. P.O. No. 154, del 23 de diciembre de 2008. Se adiciona la fracción V al artículo 30.
Decreto No. LX-1493, del 17 de noviembre de 2010. P.O. No. 150, del 16 de diciembre de 2010. ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 8; 22; 23, primer párrafo; 24; 25; 26, fracción XIX, incisos a), b), e), l), m), n), o), p) y q); 31; 32; 36, fracción V; 45; 46; 47; 48; 49; y la denominación del Capítulo VIII; se adicionan los artículos 1, segundo párrafo; 25 bis; 26, segundo párrafo; los incisos k), l), m), n), o), p), q), r), s) y t) de la fracción V del artículo 36; 45 bis; 49 bis; 91 bis; y 91 ter.
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