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Timestamp: 2019-01-24 12:31:32
Document Index: 175494796

Matched Legal Cases: ['artículo 133', 'artículo 2', 'artículo 14', 'Artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 50', 'artículo 117']

Nuevo Marco Legal del Mercado de Seguros Ley Nro. 19.678 – Fernandez Secco & Asociados – Propiedad Intelectual, Fiscal, Jurídico y Notarial
Nuevo Marco Legal del Mercado de Seguros Ley Nro. 19.678
Ponemos en su conocimiento que con fecha 08 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial, la Ley Nro. 19.678, la cual establece modificaciones en el marco legal del mercado de seguros (en adelante, la “Ley”). Es importante destacar que la Ley es aplicable con efecto ex nunc, es decir que será de aplicación a todas aquellas pólizas que se contraten desde su entrada en vigencia o a las pólizas que sean renovadas, luego de su entrada en vigencia.
El artículo 133 de la Ley dispone que quedarán derogadas todas las demás disposiciones referentes al mercado de seguros, que se opongan a la Ley, sin referencia específica a la normativa que pretende derogar. Con anterioridad, el mercado de seguros estaba regulado – en su mayoría – por el Código de Comercio.
La nueva Ley es de Orden Público, lo cual significa que las partes del contrato no tienen derecho a modificarla o pactar en su contra, salvo que la propia ley se los permita, y/o que las cláusulas sean más beneficiosas para el asegurado.
En ella se establecen disposiciones generales y disposiciones particulares sobre los contratos de seguros y sobre reaseguros, también se definen reglas de derecho internacional privado y particularidades que deben tener las empresas de seguros. La Ley discrimina este contenido en XII capítulos, en los cuales, detalla disposiciones generales sobre contratos particulares de seguro, como ser, el seguro de daños patrimoniales, de incendios, de responsabilidad civil, de hurto, de transporte y de riesgo agrícola. Asimismo, regula todo lo referente en materia de seguros para personas.
A continuación, detallamos las disposiciones que entendemos más relevantes de la nueva Ley.
El artículo 2 de la Ley, define al contrato de seguro como aquel por el cual una parte (el asegurador) se obliga a resarcir al asegurado (beneficiario o tercero), por los daños, pérdidas o por la privación de un lucro esperado, o a pagar un capital o servir una renta, en el caso de ocurrencia de un evento, cuyo riesgo es objeto de la cobertura por parte del asegurador. Este contrato, se perfeccionará mediante el mero consentimiento de las partes, incluso antes de la emisión de la póliza y del pago del premio por parte del asegurado; en el caso de oferta, el contrato se perfecciona con la aceptación de la oferta por parte del asegurado.
En cualquier caso, será nulo cualquier contrato que tenga por objeto asegurar operaciones ilícitas, o bienes que se encuentren en posesión ilícita.
Respecto del plazo, si no se expresa en la póliza, el período de vigencia del mismo será de un (1) año, salvo que por la naturaleza del riesgo corresponda una vigencia diferente. Es importante destacar, que la cobertura tendrá efecto a partir del perfeccionamiento del contrato hasta la hora veinticuatro (24) del último día del plazo establecido en el contrato.
En el contrato, se podrá convenir la renovación automática o la prórroga del seguro, bastando una constancia del asegurador en la póliza vencida, salvo que se pretenda modificar las condiciones vigentes, en cuyo caso deberá obtenerse el consentimiento expreso del asegurado. Si se pacta está prórroga, las partes deberán acordar la posibilidad de rescindir en cualquier momento, previo aviso de treinta (30) días contados respecto del vencimiento del seguro en curso o cualquiera de sus prórrogas.
Sin perjuicio, y si no se pactara la renovación del contrato, cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato, en cualquier momento y sin necesidad de expresión de causa, en tanto lo comunique fehacientemente a la otra parte con antelación de un (1) mes.
Por su parte, en el eventual caso de querer realizar un cambio en la titularidad del interés asegurado, el asegurado deberá notificar al asegurador con un plazo de diez (10) días corridos de anticipación. La falta de notificación en dicho plazo liberará al asegurador de su obligación de indemnizar, salvo causa extraña no imputable al asegurado. Los seguros de personas son intransferibles.
Otro de los factores sobre los que especifica la Ley es en el concepto de riesgo, al cual define como “[…] el acontecimiento futuro, posible e incierto en cuanto a su producción o en cuanto al momento de su ocurrencia” (artículo 14). Si el riesgo desaparece comenzada la cobertura, el contrato se rescinde a partir del momento en que esta circunstancia llegue a conocimiento del asegurador, por cualquier medio.
El riesgo asegurado por su parte, es definido como aquel descripto en la póliza, con las limitaciones y exclusiones que la misma disponga, por lo que la cobertura del riesgo no podrá extenderse a contingencias que ocasionen daños similares, sino los específicamente pactados. Sin perjuicio, los riesgos excluidos deberán ser informados al asegurado en forma clara, precisa y suficiente, estar destacada y ser fácilmente legible.
III. La Póliza.
La Sección III de la Ley, hace referencia a la póliza (que el asegurador debe entregar al asegurado), aclarando toda la información que la póliza debe contener.
La Póliza debe estar debidamente firmada, con redacción clara en idioma español y ser fácilmente legible. Además, deberá entregarse al asegurado dentro de los primeros treinta (30) días corridos de la celebración del contrato o cuando éste se modifique, y siempre por un medio que permita comprobar su recepción o acceso; puede ser un medio electrónico si el asegurado cuenta con uno. Todo esto, sin perjuicio de lo que disponga la reglamentación.
La póliza debe necesariamente tener el siguiente contenido, teniendo en cuenta la clase de seguro que se trate: (a) fecha y lugar de su emisión; (b) nombre y apellidos o denominación social de las partes contratantes y su domicilio (salvo que se trate de póliza al portador donde no se requieren los datos del asegurado, así como la designación del beneficiario si lo hubiera); (c) designación de los bienes asegurados y su ubicación; (d) el interés asegurable; (e) los riesgos asumidos y excluidos; (f) el monto total asegurado con mención a los importes asegurados en cada riesgo o el modo de determinarlos y el alcance de la cobertura; (g) vigencia del contrato con expresión del día y hora en que comienza y finaliza la cobertura de los riesgos; y (h) el importe del premio, modalidad de pago y la forma de determinarlo en los casos en que no proceda el pago total acordado.
Todo tipo de cláusula limitativa, como por ejemplo aquellas que limiten los derechos de los asegurados (o beneficiarios), restrinjan o limiten la cobertura en principio contratada, las que liberan al asegurador de su obligación por incumplimiento del asegurado, entre otras, se deben destacar de modo especial en la póliza.
Por último, es importante tener en cuenta que, cuando en la emisión de la póliza o su renovación interviniere un intermediario, debe constar, en la misma, su identificación.
Obligaciones del Asegurador y del Asegurado.
En el Artículo 32 del capítulo IV de la Ley se detallan las obligaciones del asegurador entre las cuales se destacan: (a) actuar de buena fe y no transgredir el deber de informar en la etapa precontractual, de perfeccionamiento y de ejecución del contrato de seguro; (b) indemnizar al asegurado o beneficiario en los términos, condiciones y alcances previstos en el contrato de seguro; y (c) tomar todas las providencias una vez denunciado un siniestro, para verificarlo y liquidar la presentación a que se encuentra obligado.
Sin perjuicio, en el artículo siguiente (artículo 33) se listan las obligaciones del asegurado o beneficiario, entre las que se encuentran: (a) actuar de buena fe y no transgredir el deber de informar en la etapa precontractual, de perfeccionamiento y de ejecución del contrato de seguro; (b) pagar al asegurador el premio, en la forma convenida en las condiciones de la póliza; (c) proporcionar al asegurador, antes de la celebración del contrato, no solo la información que figura en el cuestionario que este le suministre, sino todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo; y (d) comunicar al asegurador todas las circunstancias que agraven o disminuyan el riesgo.
Además, el asegurado tendrá la obligación, cuando ocurra un siniestro, de informar al asegurador de forma inmediata y de formalizar la denuncia dentro de los cinco (5) días corridos de ocurrido el siniestro o desde que tuvo conocimiento de la situación; salvo que se haya fijado un plazo más amplio en la póliza. El incumplimiento de estas cargas solo es excusable por causa extraña no imputable al asegurado. Asimismo, dentro de los quince (15) días corridos siguientes al siniestro, el asegurado proporcionará por escrito al asegurador, toda la información necesaria para verificar el siniestro, determinando su extensión y cuantía, así como también las circunstancias por las que considera está comprendido en la cobertura del seguro. En el caso que así no se procediera, el asegurado perderá el derecho a ser indemnizado.
Por su parte, el asegurador tendrá un plazo de treinta (30) días corridos a partir de la recepción de la denuncia, para comunicar al asegurado la aceptación o rechazo del siniestro. Pasado dicho período se considerará aceptado. El plazo para la liquidación del daño será de sesenta (60) días corridos, a contar de la comunicación al asegurado de la aceptación del siniestro por parte del asegurador, o una vez haya vencido el plazo de los treinta (30) días corridos antes reseñados, sin haber recibido el asegurado, noticias del asegurador.
En ningún caso el asegurador está obligado a hacerse responsable en los siniestros causados con dolo por parte del asegurado o por parte de las personas por las que aquellos deben responder, salvo pacto en contrario; siendo posible que el asegurador establezca en el contrato la culpa grave del asegurado como causa de exclusión de su responsabilidad.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50, las acciones derivadas de los contratos de seguro, prescriben en el plazo de dos (2) años, salvo en el caso del seguro de vida cuyo plazo es de cinco (5) años. Este plazo comenzará a correr desde que se comunica al asegurado la aceptación o el rechazo del siniestro, o una vez que hubiera vencido el plazo para que el asegurador acepte el siniestro.
La prescripción podrá suspenderse, por los actos de procedimiento, dispuestos en la Ley o en el contrato, para la liquidación del daño.
El artículo 117 de la Ley establece que, los contratos de seguros se rigen por la ley del Estado del lugar de cumplimiento de la prestación característica. Es decir, el domicilio de la sucursal, agencia u oficina de la empresa aseguradora que haya celebrado el contrato y emitido la póliza. Esto incluye todos los seguros de transporte sea marítimo, aéreo, terrestre o multimodal y también los contratos de seguro de vida, pensiones, retiro en todas sus variedades, los seguros de responsabilidad civil, cauciones, crédito a la exportación y similares.
En cuanto a los seguros de daños sobre bienes materiales inmuebles o accesorios a un inmueble, estos se rigen por la ley del Estado donde están situados los bienes objeto del seguro en la época de su celebración. Esta norma incluye los seguros de incendio, robo, explosión, caída de rayo, temporal, granizo, cristales y similares.
Por último, salvo pacto en contrario, los contratos de reaseguros se rigen por la ley del lugar de localización del riesgo, entendiéndose por tal el domicilio del asegurador cedente. En caso de existir varios reaseguros en escala se entenderá por lugar de localización del riesgo el del domicilio del primer asegurador reasegurado.
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