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Timestamp: 2019-11-13 13:07:20
Document Index: 341252066

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 134', 'artículo 98', 'artículo 245', 'artículo 6', 'artículo 42']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 462, de 14/03/2018
cve: DSCD-12-CO-462
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 462
- Sobre la limitación de sueldos en empresas con participación pública. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001350) ... (Página2)
- Sobre la implementación de distintas medidas fiscales para la mejora de la calidad del aire de las conurbaciones urbanas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002213) ... (Página6)
- Sobre cesión de derechos de pago único. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002896) ... (Página11)
- Sobre la extensión del acuerdo de convalidación de interinos en las administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002923) ... (Página16)
- Relativa al establecimiento de una tributación efectiva mínima en España sobre los beneficios de las grandes multinacionales tecnológicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002996) ... (Página20)
- Sobre la discriminación fiscal que sufre el colectivo de emigrantes retornados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003001) ... (Página26)
Corrección de error ... (Página32)
- SOBRE LA LIMITACIÓN DE SUELDOS EN EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN PÚBLICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001350).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de esta Comisión de Hacienda y Función Pública. Tenemos seis puntos en el orden del día, todos son proposiciones no de ley. La primera de ellas es sobre la limitación de sueldos en empresas con participación pública, del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre, tiene la palabra el señor Vendrell. El tiempo, como otras veces, es de siete minutos para el portavoz que expone, y cinco minutos para la defensa de enmiendas y las demás intervenciones.
Buenas tardes, señorías. Esta PNL se refiere a una de las dimensiones de la desigualdad social, en concreto a la desigualdad salarial; a la brecha salarial dentro de las grandes empresas y específicamente en el sector público. El contexto es el siguiente: España es uno de los países de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad en la distribución de la renta, por detrás de algunos países como Bulgaria, Lituania o Letonia. En el ámbito laboral también ha crecido esta desigualdad entre el personal directivo y los trabajadores y trabajadoras, hasta tal punto que tenemos un problema social, pero también económico; un salario mínimo y un salario medio bajo que, junto a un sistema de bienestar débil, explican la baja redistribución de la riqueza en España. Según la encuesta anual de estructura salarial, cuyos últimos datos son de 2015, el salario medio bruto anual más habitual se sitúa en torno a los 16 500 euros, que dividido por catorce pagas da un sueldo neto mensual inferior a los 1000 euros; una parte de los trabajadores y trabajadoras de este país no son ni tan siquiera mileuristas; a pesar del crecimiento económico de los últimos años, los salarios siguen estancados. Decía que se produce una creciente brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras y el personal directivo que, a nuestro parecer, es uno de los problemas de gobierno corporativo que se produce en las empresas en España. Si analizamos los datos de 2016, según distintos informes, los trabajadores han perdido un 0,21 de su poder adquisitivo, en cambio los salarios de directivos y mandos intermedios han crecido respecto a años anteriores; los primeros los incrementaron un 0,28 % y los segundos un 2,72 %. Es decir, los trabajadores perdieron 3,6 puntos de poder adquisitivo, mientras que los directivos han visto aumentar sus sueldos una media del 13,8 % desde 2008. Intermón Oxfam también ha señalado esta disfunción o desigualdad, en un informe señala que los altos directivos del IBEX 35 cobran 207 veces el sueldo mínimo de sus empresas y sus salarios aumentaron un 50 % entre 2015 y 2016, mientras la retribución media creció solo el 0,3 %.
Este es el contexto general, pero nuestra PNL se refiere al ámbito público. Las retribuciones en el sector público estatal están recogidas en el Real Decreto 451/2012, por el que se regula el régimen retributivo de los 409 entes del inventario del sector público empresarial. En este real decreto se establecen tres niveles retributivos, en el primero de ellos la retribución máxima no podrá exceder de 105 000 euros. Lo que ocurre es que con diferentes mecanismos, con distintos complementos normalmente explicitados en órdenes ministeriales, esta cantidad se puede doblar hasta los 210 000 euros. Por ejemplo, en el caso de una sociedad con participación pública como Red Eléctrica de España, es cierto que los sueldos se deciden por la Junta de Accionistas, pero sus principales directivos son nombrados por el Gobierno y las retribuciones pueden oscilar entre los 500 000 y 800 000 euros al año. Además, se da una elevada concentración porque de los 21 altos cargos que tienen las retribuciones más elevadas en este sector público empresarial, el 62 % pertenecen al grupo de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales; es decir, 13 de los 21 altos cargos que más cobran son pagados por la SEPI o por una empresa participada por la SEPI. Los directivos -y digo directivos porque normalmente son hombres- con las remuneraciones más elevadas son los de la propia SEPI, los de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación o los de Enusa, Empresa Nacional del Uranio, que tienen unas remuneraciones que superan los 210 000 euros. No hace falta que les cuente la situación social que, a pesar del crecimiento del PIB, se produce en España de creciente desigualdad, de grave injusticia social, de precariedad laboral, de exclusión social, de riesgo de pobreza, que contrasta con estas elevadas remuneraciones tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
Además, esta problemática viene acompañada de otra, la falta de transparencia, a la que también hemos querido responder con una autoenmienda de nuestro grupo parlamentario porque es difícil conocer exactamente la clasificación de los regímenes retributivos de esos 409 entes. En el ámbito estricto no ya de las empresas públicas, sino del propio Gobierno, tenemos al personal eventual de los distintos ministerios. Nos encontramos con una negativa sistemática por parte del Gobierno a hacer públicos estos sueldos en el portal de la transparencia; conocer quiénes son, sus currículos, cuáles son sus retribuciones salariales, su formación o sus capacidades. Por tanto, ahí tenemos un problema grave de transparencia, y lo mismo se puede decir en el ámbito de las empresas que antes mencionaba, en las que es muy difícil conocer con transparencia cuáles son las retribuciones de los altos cargos o personal directivo, cuando creemos que esto es un derecho de la ciudadanía. Es una cuestión básica de transparencia pública que nos parece elemental.
¿Qué es lo que proponemos? De una parte, que se establezca en el marco de las empresas públicas una limitación en las retribuciones de sus presidentes o presidentas, y que el elemento de referencia sea el salario del presidente del Gobierno, que se supone que es la autoridad con más responsabilidad en España porque nos parece un límite razonable. Y lo mismo en el caso de los miembros de los consejos de administración, para los que la referencia serán las retribuciones ministeriales. En materia de transparencia, proponemos que, de acuerdo con la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se publiquen en el portal de la transparencia de forma clara los cargos, formación y funciones del personal eventual contratado por el Gobierno; así como la publicación, de forma agrupada en una misma categoría del portal de la transparencia, de la información sobre las retribuciones de los máximos responsables de todos los entes del inventario del sector público estatal de manera clara y desglosada. Seguramente podríamos tratar otros temas relacionados con las retribuciones, pero nos hemos querido ceñir a estos aspectos concretos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.
Como bien ha dicho el ponente, a esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas: dos son autoenmiendas del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos y la otra es del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra su portavoz.
El señor Vendrell nos ha hablado esta tarde de precariedad, de derecho salarial, de desigualdad, de pobreza. Si bien es cierto que en los medios de comunicación hemos visto repetidas noticias sobre las retribuciones de los altos cargos de la Administración que, desde luego, ganan mucho más que el presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, y el ponente ha descrito numerosos cargos, como los presidentes de ADIF, Iberia o Renfe; nosotros pensamos que se quedan un poco cortos en la exposición de motivos, lo explicaré con más detalle. La proposición no de ley de Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos se centra en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, que es un instrumento del Gobierno central para la aplicación de su política en el sector público empresarial; sin embargo, conviene recordar que hay muchísimas retribuciones tremendamente elevadas y no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Le puedo poner como ejemplo las alcaldías de Barcelona o Madrid, con unas retribuciones que superan con creces el sueldo del presidente del Gobierno, están rondando los 100 000 euros. Tampoco he escuchado hablar al señor Vendrell, por ejemplo, de los quinientos expolíticos que cobran sobresueldos discriminatorios de Hacienda. En una reciente sentencia, el tribunal consideraba un gasto irracional el complemento vitalicio de funcionarios que pasaron por la política. Es lo que se conoce como el nivel 33, un máximo escalón con un sobresueldo -por supuesto, por encima del nivel 30-, con base en el artículo 33 de una ley de 1990, que establecía que los funcionarios que pasaran dos años por la política cobrarían este sobresueldo o complemento anual. Se lo está diciendo una persona que es funcionario de carrera del Estado. Evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Como tampoco estamos de acuerdo con las retribuciones de diputaciones como, por ejemplo, la de Valencia. Son sueldos que rondan los 70 000 euros aproximadamente, por lo que un diputado provincial o un concejal está cobrando como el presidente del Gobierno. Asimismo, nuestro grupo tampoco está de acuerdo con los sueldos que están cobrando algunos cargos electos como, por ejemplo, el presidente de la Generalidad de Cataluña, que superan con creces estos importes.
Bien, creo que este asunto requiere un debate mucho más sereno, más sosegado, y hemos presentado una enmienda en la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular de forma coherente y
racional los sueldos o salarios del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado, por supuesto, incluido todo el sector público empresarial. Los grupos parlamentarios deberíamos hacer un esfuerzo y elaborar unas tablas retributivas para dar ejemplo a los ciudadanos, porque es cierto que hay mucha gente que lo está pasando mal y no llega a final de mes; muchas personas que, como comentaba el señor Vendrell, están incursos en una situación de pobreza, de exclusión social, y nosotros no podemos obviar o dejar de lado toda esta problemática de las retribuciones, deberíamos plantear la elaboración de una tabla salarial. Espero que el señor Vendrell incorpore esta enmienda a su proposición no de ley, en caso contrario, nos abstendremos.
No está presente el señor Bel, del Grupo Parlamentario Mixto, y tampoco la señora Jordà ni la señora Sagastizabal. En cualquier caso, si vinieran para intervenir en los siguientes puntos que me lo digan, por si no lo advirtiera, y seguimos el orden. Pasamos, por tanto, al Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Merchán.
La señora MERCHÁN MESÓN: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta hoy a debate un tema de alta sensibilidad social. En un país en el que los salarios han bajado, en el que ser mileurista se ha convertido, desgraciadamente, casi en una aspiración, sobre todo para los jóvenes, en el que se pretende tener una economía competitiva a costa de bajos salarios; la posibilidad de limitar los salarios, sin duda, genera una alta sensibilidad social. En el debate de limitación de salarios que nos presentan se mezclan sueldos reales de puestos de alta dirección, jubilaciones multimillonarias de altos directivos de empresa y hasta algunos bulos relacionados con cargos públicos, y todo en el mismo plano. Como decía, en un país en el que los investigadores y titulados universitarios desarrollan su profesión por salarios inferiores a mil euros, en el que el salario mínimo interprofesional es de los más bajos de la Unión Europea, debemos ser muy escrupulosos y rigurosos al debatir cuestiones como la que nos traen hoy. Lamento decir que la proposición no de ley que hoy debatimos precisa serias mejoras y mayor rigor. Toca diferentes temas que, a nuestro entender, hilvana de una manera poco consistente y que, finalmente, traduce en unas peticiones en las que incorporan nuevas cuestiones vía autoenmienda, que siendo muy valiosas quedan desconectadas de la lógica de la exposición de motivos. Una exposición de motivos en la que se habla de participación pública en empresas energéticas, de los salarios en estas empresas, de la relación de estos salarios con la pobreza energética, para pedir finalmente que los presidentes o presidentas de empresas con participación pública y los miembros de los consejos de administración de las mismas no perciban salarios superiores a los del presidente y los ministros del Gobierno de España respectivamente. Es cierto que la exposición de motivos no se vota, pero debe recoger los elementos que sostienen las peticiones que se realizan desde esta Cámara al Gobierno, para las que se nos solicita el apoyo a los grupos parlamentarios. He de sugerirle que relea el texto y piense realmente si trata con el rigor que cabe esperar un tema de tanto calado.
No entendemos la correlación que se hace en el texto entre los salarios elevados en las empresas energéticas y la pobreza energética que sufren miles de familias en este país porque, fíjese, aunque no hubiese pobreza energética hay salarios que pueden ser calificados, sin ninguna duda, como desmesurados. Del mismo modo, nos parece poco riguroso no especificar el porcentaje de participación pública que tendrían que tener las empresas; ¿todas las empresas en las que haya participación pública, con cualquier porcentaje?, ¿solo las energéticas? Y nos surgen otras preguntas, ¿por qué la referencia es el salario del presidente del Gobierno?, ¿por qué no el de un secretario de Estado o el de un presidente o presidenta de comunidad autónoma? Tenemos desde la retribución del presidente de la Generalidad de Cataluña, que duplica la del presidente del Gobierno del país, a la de la presidenta de la Junta de Andalucía que es menos de la mitad de la del presidente de la Generalidad. Ciertamente es un tema que hay que abordar con rigor y profundidad. El Real Decreto 451/2012 es insuficiente porque deja totalmente abierto el tema de los complementos que, como ha dicho muy bien el proponente, es donde está el meollo de la cuestión, especialmente en el componente variable.
Nosotros hemos abordado la limitación de salarios con Gobiernos autonómicos en los que gobernamos, en algunos casos con su apoyo, pero ciertamente su propuesta nos parece poco sólida, poco argumentada, que puede caber en un tuit, pero cuando abordamos una cuestión de tanto calado y sensibilidad social, realmente esperamos algo más. Los nuevos puntos que presentan en su enmienda
nos parecen de suma relevancia porque apelan precisamente a la transparencia, al derecho a tener la información para hacer una propuesta sostenida con el rigor de las cifras; de qué empresas estamos hablando, cuántas personas, qué puestos, qué complementos cobran, etcétera. Por lo tanto, solicitamos una votación separada por puntos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Marí Bosó.
Como el señor Vendrell ha iniciado su exposición intentando situarnos en un contexto general respecto a la proposición no de ley que presenta que es el de la desigualdad, me permitirá, con todo el respeto, corregirle y señalar que en nuestro país la desigualdad ya se está reduciendo desde hace dos años. El índice de Gini empezó a bajar ya en 2014, ha ido descendiendo hasta 2016 que es el último dato, y la previsión es que va a seguir bajando. ¿Por qué va a seguir bajando? Es lógico que la desigualdad baje porque el principal factor de inclusión en nuestro país es el empleo; cuando se genera empleo la desigualdad se reduce; cuando se destruye empleo la desigualdad crece, que es lo que pasó en este país a partir de 2007-2008, cuando se empezó a destruir empleo y, por lo tanto, la desigualdad creció. Permítame señalar que, aunque usted quiera situarlo en ese contexto de la desigualdad, parte de una premisa errónea porque la desigualdad no está creciendo, sino que se está reduciendo en nuestro país.
Por otro lado, señorías, hubiera sido conveniente que debatiéramos esta tarde seriamente sobre los sueldos públicos, hubiera sido deseable escuchar propuestas mínimamente consistentes sobre el nivel de retribución de nuestros empleados públicos, de los cargos políticos, de los altos cargos tanto de la Administración central como del conjunto de administraciones y del sector público instrumental. Hubiera sido conveniente, hubiera sido deseable, hubiera sido pertinente, pero nos encontramos -y confesaré que un poco sorprendido porque usted, señor Vendrell, normalmente es serio en los planteamientos- con una proposición no de ley de aliño, trufada de tópicos, cuya gran propuesta es que los directivos de las empresas del sector público no cobren más que el presidente del Gobierno y sus consejeros no cobren más que los ministros. La proposición no de ley presentada es tan de aliño, que el propio grupo parlamentario ha tenido que enmendarla de arriba a abajo, suponemos que porque se dio cuenta de que en Red Eléctrica de España el Estado a través de la SEPI tiene una participación minoritaria y, por tanto, no puede determinar el nivel retributivo en esa sociedad. Si se pretende pasar de puntillas sobre el debate de fondo de los sueldos públicos y, al mismo tiempo, hacer en esta Comisión una intervención de cara a la galería, pues es posible que la proposición no de ley presentada sirva. Sin embargo, en el Grupo Parlamentario Popular creemos que los representantes públicos hemos de hacer algo más que eso, y en este tema se puede actuar de cara a la galería o se puede ser eficaz en el control de los sueldos públicos. El Partido Popular ha optado siempre por lo segundo, apartarse de la demagogia y adoptar decisiones eficaces. Lo hicimos así con el Real Decreto-ley 3/2012 y el Real Decreto 451/2012, que vinieron a regular de forma estricta, pormenorizada, tanto los contratos mercantiles de alta dirección como el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial; el régimen retributivo que es de aplicación en todas las sociedades mercantiles estatales en que existe una participación superior al 50 %. Además, en estas normas se establecieron limitaciones máximas de retribución y las correspondientes autorizaciones necesarias del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con dichas normas se regularizaron los contratos mercantiles de alta dirección que estaban vigentes. Por otra parte, señorías, este fue el Gobierno que limitó las retribuciones en los consejos de administración de las cajas de ahorros que hubieran obtenido ayudas públicas. Y este fue el Gobierno que acordó limitar a 105 000 euros la retribución máxima del sueldo base de los directivos de las empresas públicas, lo que supuso una bajada de entre el 25 y el 30 % en todas sus retribuciones, añadiéndose además, por primera vez, la necesidad de ligar el complemento en función del puesto a los objetivos conseguidos.
Por tanto, como les decía, señorías, si apreciáramos la conveniencia de volver a plantear la cuestión de los sueldos públicos, resultaría raro que se presentara una proposición no de ley por cualquier grupo pidiendo que el sueldo del presidente o de la presidenta del Gobierno, en su caso, fuera acorde con la dignidad del cargo, con las competencias que tiene atribuidas y las obligaciones que asume. Igual sí que sería conveniente plantearlo en ese debate más amplio. Por todo ello, señorías, expresamos nuestro criterio desfavorable respecto a esta proposición no de ley. (Aplausos).
- SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE DISTINTAS MEDIDAS FISCALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LAS CONURBACIONES URBANAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002213).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día: Proposición no de ley sobre la implementación de distintas medidas fiscales para la mejora de la calidad del aire de las conurbaciones urbanas. Su autor es el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Bel, que ya se ha incorporado.
Efectivamente, es una proposición no de ley a la que se han presentado muchas enmiendas, nueve, y desde mi grupo lo interpretamos como un interés que ha suscitado a todos los grupos posicionarse sobre una cuestión que no es la primera vez que se aborda en diferentes comisiones, no sé si es la primera vez que se aborda en esta Comisión, pero que es importante. Vaya por delante que aunque con tantas enmiendas es difícil, vamos a intentar consensuar de aquí al final de la Comisión un texto transaccionado para que poder someterlo a votación con las máximas garantías de aprobación. Por tanto, con aquellos grupos con los que todavía no me he puesto en contacto, voy a hacerlo a lo largo de esta Comisión, teniendo en cuenta que estamos en dos comisiones más de forma simultánea y no es fácil.
En todo caso, lo que plantea la PNL es desde el ámbito fiscal, afrontar una cuestión que obviamente se tiene que soportar desde diferentes niveles en el ámbito legislativo. Pero la constatación es de que efectivamente en determinadas conurbaciones urbanas -nosotros aquí lo planteamos específicamente en torno al área metropolitana de Barcelona, Barcelona ciudad y algunas de las comarcas limítrofes- tenemos un problema grave de contaminación atmosférica y un reto, que es mejorar la calidad del aire. En varias ocasiones la Comisión Europea ha instado al Estado español, a través de diferentes fórmulas, a cumplir con algunos límites. Recientemente hubo una observación por parte de la Comisión Europea al Gobierno español para que se cumplieran los objetivos de los límites de dióxido de nitrógeno en Barcelona y las comarcas. También el Estado tiene otros expedientes abiertos en diferentes ámbitos. Por ello, desde el Govern de la Generalitat se han desarrollado diferentes iniciativas. Se da la circunstancia de que se produce en otros ámbitos, de que la competencia exclusiva en regulación del ambiente atmosférico corresponde a la Generalitat de Catalunya, pero en cambio hay muchas medidas que se deberían tomar, algunas en el ámbito fiscal donde la competencia es estatal. En este sentido el conseller Rull durante el año pasado envió tres cartas al ministro de la Serna, al ministro Zoido y otra al ministro Montoro a efectos de poder coordinar una acción conjunta que desgraciadamente a día de hoy no se ha podido materializar. Es por ello por lo que nosotros presentamos esta PNL. Hemos intentado redactarla de la forma más genérica, más suave, para dejarlo lo más abierto posible y generar un consenso. No concretamos medidas muy específicas que puedan incomodar a nadie. Queremos abrir el debate e iniciar el procedimiento al respecto. Proponemos impulsar modificaciones en el impuesto de matriculación de los vehículos a efectos de incentivar la compra de vehículos menos contaminantes. Como ven, es un planteamiento muy genérico. Asimismo, revisar e impulsar la revisión de un impuesto, como es el impuesto especial sobre carburantes para vehículos de tipo turismo, con el objetivo de no continuar favoreciendo la compra de vehículos diésel. A la vez pretendemos articular la convocatoria de ayudas económicas para la renovación de los parques de vehículos más contaminantes y su sustitución por vehículos de bajas emisiones teniendo en cuenta criterios sociales. Aunque se están dando ayudas, se deberían incrementar aquellas dirigidas a la adquisición de vehículos eléctricos y a la construcción de más y mejores infraestructuras para favorecer su implantación. Somos conscientes de que en el ministerio ha habido líneas de subvención para fomentar esta nueva intromisión de las nuevas infraestructuras.
Finalmente, una cuestión que nos llega por petición expresa en las diferentes autoridades portuarias de modificar la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante a efectos de que la autoridad portuaria pueda aplicar bonificaciones en cada uno de los puertos y de acuerdo con su criterio. En estos momentos son del 5 %, pero proponíamos aumentarla al 40 %. No tenemos inconveniente alguno en no cerrar los porcentajes a efectos de que se puedan bonificar las tasas de actividad y la utilización con el mismo objetivo: incentivar mejores prácticas ambientales y reducir la contaminación. Hay dos puertos en Cataluña que serían beneficiarios y que tienen voluntad de aplicarlos, como son los de Tarragona y de Barcelona. Quiero agradecerles a todos los que han presentado enmiendas y vamos a ver si somos capaces de poder consensuar un texto con el que todo el mundo se sienta cómodo y se inste al Gobierno a empezar a trabajar en este conjunto de medidas fiscales. Muchísimas gracias.
Como les decía el propio portavoz hay nueve enmiendas a esta iniciativa. Empezamos de menor a mayor por todos los grupos enmendantes que son cuatro. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo de Ciudadanos, el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.
Creo recordar que esta es la segunda proposición no de ley que se presenta sobre calidad de aire, del PDeCAT. Algo que aplaudimos, señor Bel, ya que es un tema preocupante, especialmente en ciudades como Barcelona o Madrid. Nuestro país -y usted lo ha comentado- mira a la Comisión Europea y las sanciones. El incumplimiento reiterado de las normas de calidad del aire por parte de nuestras administraciones podría terminar con una multa europea. Es un problema urgente ya que según el nuevo informe de la Agencia Europea de Medioambiente, AEMA, 39 000 personas mueren prematuramente cada año en España debido a problemas relacionados con la contaminación que provocan sobre todo los coches en las grandes ciudades. Nuestro grupo Ciudadanos ya trajo el pasado mes de diciembre una proposición no de ley similar a la que debatimos hoy para el fomento de la movilidad sostenible y además les recuerdo, señorías, que fue aprobada con algunas modificaciones por unanimidad aquí en la Cámara. La movilidad con fuentes alternativas sostenibles, en particular la eléctrica, resulta una solución muy interesante para mejorar la calidad del aire de nuestras grandes ciudades. También vemos la necesidad de revisar la fiscalidad medioambiental en nuestro país y es que no cumple con los objetivos extrafiscales ni son eficaces para cumplir el principio de que el que contamine más que lo pague. Sin embargo, esta revisión fiscal no puede tener un afán recaudatorio. No debe quedarse en aumentar la carga sobre la espalda de los contribuyentes que bien lo han sufrido durante la crisis, idealmente sería una revisión integral y en la reforma en el marco de la tan codiciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética que deberíamos de abordar. Para que todo esto no quede, desde luego, en meras declaraciones y en buenas intenciones, es necesario tener unos presupuestos. Quisiera detenerme brevemente en esto. Es decir, yo creo que hay dos premisas básicas para que haya unos presupuestos.
En primer lugar, el Partido Popular -así lo ha dicho el presidente del Gobierno esta mañana- debería de cumplir la Constitución y el artículo 134.3. El Gobierno debe presentar, no podrá, no, debe presentar al Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración. La expiración del año ya ha pasado y espero que cumpla su palabra y a final de mes tengamos los presupuestos en el Congreso.
La segunda premisa básica desde luego es negociar y apoyarlos, cosa que el resto de partidos -y ahora me dirijo al Grupo Socialista, siguen el no es no. Al PDeCAT, al señor Bel, le animo a que siga por esa línea incluso podría volver a hablar de estos problemas reales y sentarse a negociar.
Señor Bel, usted es reflejo del sentido común, de la lealtad a las instituciones, de la lealtad a los procedimientos y, por supuesto, a la normativa.
Para terminar, como comentábamos, hemos intentado mejorar el texto, espero que se acoja y tenga impregnado en este texto de la transaccional nuestra enmienda. Queríamos impulsar esa revisión integral de la fiscalidad ambiental en el marco de esa Ley de Cambio Climático y Transición Energética que les he comentado al principio y, en segundo lugar, queríamos elaborar una ley de financiación para la movilidad urbana nacional que apoye decididamente al transporte público, impulse infraestructuras y desde luego generalice el uso del abono del transporte público. Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
La señora RAMOS JORDÁN: Muchas gracias, presidente.
Agradecemos a Ferran Bel la presentación de esta PNL que sin duda va a ayudar a mejorar la calidad del aire. No estamos de acuerdo en su idea de que sea suave y que no moleste a la mayoría de la gente. Creo que la contaminación sí molesta y debemos hacer algo en contra de ella. Efectivamente la conservación del medio ambiente y la prevención de la contaminación han venido adquiriendo mucha importancia en las administraciones europeas. Sin embargo, en España los instrumentos económicos y fiscales que han sido reconocidos por instituciones y expertos como herramientas eficaces de la política ambiental han sido aplicados solamente de manera marginal. El principio de quien contamina paga, adoptado por la Unión Europea como una de las estrategias fundamentales de la política ambiental ha
sido apenas considerado en esta política en la normativa interna. Consideramos que la contaminación es una cuestión de Estado y el Gobierno del Partido Popular ha incumplido los niveles máximos permitidos de contaminación. Es el segundo país con una fiscalidad más baja sobre el diesel, después de Grecia, y la Comisión Europea, como han comentado algunos de los compañeros, ha reclamado al Estado español un nuevo plan para afrontar los altos niveles de contaminación. Las ciudades del cambio, como Barcelona y Madrid, ya han reclamado al Estado políticas estatales y también el incremento de la financiación del transporte público.
Los principales focos de contaminación se sitúan entorno a las áreas industriales y las grandes centrales termoeléctricas y las áreas urbanas, donde la principal fuente de contaminación es el tráfico rodado. Por eso sí creemos que es muy importante reducir el uso de los vehículos diésel, como han hecho muchos países europeos. Una de las medidas adoptadas que creo que es muy adecuada y se introduce en esta PNL es el impuesto de la matriculación que tendría un papel muy importante a la hora de la toma de decisión en la compra de vehículos menos contaminantes.
Aquí, como indica nuestra enmienda, debería aplicarse una modificación del impuesto de matriculación, ya que los tipos aplicables dependen de las emisiones de CO2 y según las modificaciones de la Ley 37/2007 ha sufrido muy pocas modificaciones. De esta manera el porcentaje de vehículos que están exentos alcanza actualmente el 80 % de los vehículos vendidos en este año. Por eso también proponemos que la sección sea solo para los vehículos con emisión cero.
Por otro lado, a pesar de estar regido por la Ley de Calidad del Aire estos epígrafes vienen definidos únicamente por las emisiones de CO2 sin que haya penalizaciones por emisión de sustancias que inciden en la calidad del aire como son los óxidos de nitrógeno. Por eso también introducimos la enmienda de sustitución para la modificación del impuesto de matriculación. Junto con esta reforma entendemos también que es muy importante que el impuesto de circulación funciones como un impuesto ambiental y tener en cuenta que existen diferencias significativas a nivel municipal por la aplicación de coeficientes muy distintos. En este aspecto consideramos muy importante que haya un mínimo y no un máximo.
Otra medida impulsada que también está en la PNL es la aproximación progresiva de las tarifas de gasolina sin plomo y gasóleos de automoción, ya que sería el primer paso para eliminar los vehículos diesel. Se debería de tener en cuenta en esta regulación y se debería especificar que la bonificación de la devolución parcial por los gasóleos de uso profesional establecida por la Orden HAP/290/2013, que beneficia a los titulares de vehículos de transporte de mercancías por carretera, transporte de pasajeros o taxis. Esto supone la devolución de la práctica totalidad del tipo general, lo que indica que una equiparación de estos dos combustibles debería tener en cuenta estas devoluciones.
En el punto e) me parece muy curioso que el partido demócrata haya optado por bonificar en lugar de la regla general de medio ambiente que es el que contamina paga. No me explico porque en esta incorporación lo más lógico sería que se pidiera una revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación eliminando los máximos existentes y no una bonificación. En este caso, nosotros si no se nos aceptase nuestra enmienda pediríamos una votación separada de las enmiendas.
Finalmente, otra de las enmiendas que queríamos incorporar es que consideramos que los impuestos ambientales deben servir para introducir mejoras sociales y realizar inversiones en la transacción hacia una sociedad con menores impactos ambientales. Puesto que el objetivo que se plantea con estos impuestos es mejorar la calidad del aire, una posibilidad obvia es utilizar la recaudación para invertir en mejoras que permitan un transporte más sostenible, menos gasto energético y menos emisiones, tanto de gases gi, como de sustancias contaminantes. Es decir que la recaudación debería ser finalista, lo que de modo implicaría una mejor aceptación social a su implementación. Consideramos que la incorporación de esta enmienda además ayudaría mucho a conseguir los puntos propuestos por la PNL en las letras c) y d) en relación con la renovación del parque de vehículos más contaminantes. Muchas gracias.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista compartimos el objetivo del grupo proponente de establecer medidas que mejoren la calidad del aire. De hecho, tal y como han dicho los miembros que me han precedido, la Comisión Europea ha instado en numerosas ocasiones a España a la reducción inmediata de emisiones contaminantes ante los elevados niveles de polución del aire por dióxido de
nitrógeno, así como acelerar el proceso de transición de una economía de bajo carbono. Desde luego, un buen instrumento para conseguir reducir la contaminación es la fiscalidad. La fiscalidad ambiental española es muy mejorable y la Comisión Europea y otras instituciones, como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, se han pronunciado también en este sentido. Los impuestos medioambientales en España están muy por debajo de la media europea y la tendencia internacional es incrementar los impuestos medioambientales para que graven las actividades más contaminantes y que recojan el coste ambiental en el que se incurre. Es necesario afrontar una reforma de fiscalidad ambiental, dentro del proceso de transición energética en el que estamos inmersos. Pero la PNL que debatimos hoy solo se centra en medidas para favorecer la adquisición de vehículos menos contaminantes, una cuestión que desde luego no es menor. Para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire es fundamental el impulso del uso del vehículo menos contaminante. Tengamos en cuenta que el 75 % de las partículas en una ciudad es el resultado de las actividades humanas fundamentalmente del tráfico. Según un estudio de la Escuela Nacional de Sanidad la contaminación de partículas en el aire ha provocado la muerte prematura de más de 26 000 personas en España a lo largo de una década, anteriormente decían que 31 000, las dos cifras son muy elevadas. Se trata pues de un problema de salud pública y debe tratarse con prioridad.
Sin duda estamos a favor de impulsar medidas que incentiven la compra de vehículos menos contaminantes y no podemos ser neutrales al respecto. En 2017 un 75,2 % de los vehículos que se matricularon quedaron exentos del impuesto de matriculación, a pesar de que la mayoría de ellos realizan emisiones contaminantes. Tengamos en cuenta que la última modificación del impuesto de matriculación es de hace diez años y la tecnología ha ido evolucionando, por lo que es razonable que la normativa también se adapte a la nueva realidad. Por cierto, una realidad que también ha perjudicado la recaudación de este impuesto que se ha reducido en un 80 % en estos diez años afectando también a la financiación de las comunidades autónomas. Pasando de 1933 millones a 390.
Por otra parte, tal como recoge la propia asociación de fabricantes de automóviles, Anfac, uno de los principales problemas de la contaminación es que contamos con un parque móvil con una antigüedad media de más de diez años, según la Dirección General de Tráfico, y un turismo matriculado hace diez años emite un 30 % más de CO2, un 85 % más de óxido nitrógeno y un 99 % más de partículas que uno nuevo. Por tanto, es importante que se incentive la renovación del parque español de vehículos con ayudas que permitan sustituirlos por vehículos menos contaminantes. Es muy oportuno que en esas convocatorias se incluyan criterios sociales, incluso criterios de renta para facilitar la renovación de quienes más dificultades económicas tienen para ello, porque si no es así difícilmente se va a conseguir incentivar la renovación del parque móvil. También es necesaria e imprescindible una apuesta decidida por el vehículo eléctrico que el Gobierno no ha demostrado. En el marco de la acción nacional de energías alternativas en el transporte se estimaba razonable que en el año 2020 se llegase a 150 000 vehículos eléctricos matriculados. Una estimación que corrige a la baja incluso el propio ministerio en declaraciones públicas. De hecho solo se calculan algo más de 30 000 vehículos eléctricos en España a finales de 2017 y siendo generosos en las estadísticas. Se necesitarían un incremento de 40 000 nuevas matriculaciones al año para llegar al objetivo del marco de acción nacional. Según informaciones recientes el 2017 cerró con un total de 13 000 matriculaciones de vehículos eléctricos, 9671 puros y 3350 híbridos y aunque es un dato que mejora el de los años anteriores se aleja del objetivo. Desde luego, la tibieza del Gobierno para alcanzar este objetivo ha sido más que evidente.
Por último, y para finalizar, consideramos interesante analizar y ver la posibilidad de aumentar las bonificaciones en los puertos para conseguir que se reduzca la contaminación en los mismos, pero también dotarlos de infraestructura necesaria, de puntos de conexión eléctrica, tal y como ya aprobamos en la Comisión de Economía a propuesta de nuestro grupo. Para impulsar la modificación de la Ley de Puertos, tal y como establece la proposición que nos plantea, nosotros consideramos que debe realizarse dentro de un proceso dialogado, negociado y pactado con todas las autoridades portuarias del mismo modo que se realizó en el año 2010. Lo que hemos propuesto en una enmienda y que esperemos que acepte el grupo proponente. A lo largo de la Comisión esperamos que nos diga el grupo proponente si admite nuestra enmienda y el resto de enmiendas. Gracias.
Pasamos a la última enmienda, en este caso, del Grupo Parlamentario Popular, en su nombre tiene la palabra el señor Píriz.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero que mis palabras sean no para hablar de la iniciativa en sí, sino para hablar de los proponentes. Tenemos la suerte de compartir Comisión con una de las personas de más talento de este Congreso de los Diputados como es el diputado Ferran Bel. Que hoy viene aquí a proponer algo con carácter constructivo olvidándose del procés y poniendo su talento al servicio del proyecto común de todos que es España es un gran paso adelante. Es un paso adelante para él para su partido, pero sobre todo para nuestro país que necesita a los mejores tratando de aportar, tratando de impulsar mejoras legislativas para nuestro país y no perdidos en absurdas derivas obsoletas y trasnochadas. Para mí es un placer poder debatir una iniciativa como esta, hablar de fiscalidad, de medioambiente, de vehículo eléctrico, no hablar de procés ni de Waterloo. En ese camino le garantizo que nos encontrará siempre con la mano tendida.
Entrando en el fondo de la propuesta con el poco tiempo del que disponemos voy a tratar de ir punto a punto tratando de exponer el por qué de nuestra enmienda para tratar de conseguir un acuerdo en esta proposición no de ley. No sin antes recordar el apoyo decidido de nuestro grupo político y del Gobierno del Partido Popular a los transportistas de este país, a su profesionalización, crecimiento y competitividad para lo que no se está escatimando en ningún sentido. Ellos son parte importante de nuestro país y quiero que aquí y ahora tengan el apoyo de nuestro grupo.
En cuanto al apartado a) de su propuesta, respecto al impuesto especial sobre determinados medios de transportes, Iedmt, cabe recordar que el tipo impositivo está fijado en función de las emisiones de CO2 para cumplir los compromisos adquiridos en materia de gases de efecto invernadero. Por otra parte, la proposición no de ley no especifica las modificaciones que se deben abordar en este impuesto para incentivar, entre comillas, la compra de vehículos menos contaminantes. A este respecto cabe reiterar que el Iedmt penaliza la compra de vehículos que mayores emisiones tienen de CO2. Luego a través de dicho instrumento fiscal ya se está incentivando la compra de vehículos menos contaminantes. Si a lo que se refiere la proposición es que el Iedmt se tenga en cuenta las emisiones de NO2 señalar que a nivel regional las comunidades autónomas pueden crear sus propios tributos de acuerdo a lo establecido en los artículos 133.2, 156 y 157 de la Constitución española. Aprovechando el listado de tales preceptos las comunidades autónomas han introducido en nuestro ordenamiento jurídico diversos tributos de naturaleza medioambiental fundamentalmente por haber considerado que en esta materia podrían encontrarse espacios no gravados por los tributos estatales. Así la Comunidad Autónoma de Cataluña, con efectos 1 de noviembre de 2014, ha establecido un impuesto autonómico que grava la emisión de óxido de nitrógeno a la atmósfera, si bien ha considerado oportuno limitar el gravamen de dichas emisiones a las que son producidas únicamente por la aviación comercial y por la industria. Con el mismo objetivo de limitar las emisiones de CO2 la Comunidad Autónoma de Cataluña mediante la Ley 5/2007 de medidas fiscales sobre estancia en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas, etcétera, ha creado con efecto de 1 de enero de 2018, salvo en el caso de las motocicletas en que será exigible a partir del 1 de enero de 2019, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Se trata de un impuesto que únicamente grava las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos aptos para circular por las vías públicas. Al igual que hace el Iemdt, se centra en las emisiones de CO2 en ningún caso hace referencia a las emisiones de NO2.
Respecto al punto b) el impulsar la revisión del impuesto especial sobre carburantes para vehículos tipo turismo en la proposición no de ley no se especifica las medidas que el Estado debería abordar en el impuesto sobre hidrocarburos para no continuar favoreciendo la compra de vehículos diesel. Por lo que nos es complicado posicionarnos en este punto. No obstante, si está pensando en minorar la diferencia de tributación de la gasolina respecto al diesel señalar que desde el 1 de enero de 2013 las comunidades autónomas tienen la posibilidad de establecer diferencias de 0 hasta 48 euros por cada 1000 litros en el tipo impositivo máximo que pueden exigirse sobre las gasolinas y gasóleos puestos a consumo en las comunidades autónomas en cuestión. En este sentido cabe destacar que la Comunidad Autónoma de Cataluña viene aplicando desde 2013 un tipo impositivo autonómico de 48 euros por cada 1000 litros, tanto en gasóleo como en la gasolina.
La recaudación del impuesto de hidrocarburos está cedida a las comunidades autónomas de modo que cualquier modificación normativa que pudiera representar un menor ingreso para aquellas debería de ser sometida a la consideración de las mismas de acuerdo con el principio de lealtad institucional.
Respecto al apartado c) articular la convocatoria de ayudas económicas para la renovación del parque de vehículos más contaminantes y su sustitución por vehículos de bajas emisiones en el ámbito del
impuesto del IRPF se debe señalar que ya se han adoptado medidas que intentan mejorar la fiscalidad aplicable a los vehículos menos contaminantes y, por tanto, ya existen en el ámbito de este impuesto medidas concretas que pretenden mejorar la fiscalidad de los vehículos menos contaminantes, medidas que se consideran adecuadas y suficientes y que no resulta oportuno y conveniente la adopción de medidas adicionales.
El penúltimo apartado, el d), incrementar las ayudas destinadas a la adquisición del vehículo eléctrico en la construcción de más y mejores infraestructuras para favorecer su implantación. En relación con la posibilidad de establecer una reducción de los tipos impositivos aplicables a la entrega de los vehículos eléctricos, debe tenerse en cuenta que la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA supone la trasposición del derecho interno de las previsiones de la Directiva 2006/112/CE del Consejo. El artículo 98 de la directiva citada prevé la posibilidad de que los Estados miembros establezcan tipos reducidos para los supuestos tasados en el anexo III. En este caso como en el anexo III no aparece tendría que ser un acuerdo de los países de la Unión Europea para poder incorporarlo.
Respecto al apartado e) impulsar las modificaciones de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, la verdad que durante la lectura de la PNL no aparece prácticamente citado y sorprende su aparición. La aparición de este punto es confusa ya que conforme al artículo 245 del Texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante en vigor la alusión al 5 % de bonificación por incentivo a las mejores prácticas ambientales se corresponde con la tasa del buque y no con la tasa de actividad.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Diez segundos. En este mismo artículo también se establece una bonificación para la tasa de actividad del 15 o del 20 % con base a efectos mencionado, si se refiere a graneles, cuya cuantía se considera suficiente incentivo para las buenas prácticas ambientales por parte de las empresas radicada en el puerto. Sin más y buscando un acuerdo al que espero lleguemos y podamos concluir todos. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Entiendo que van a trabajar en las enmiendas. No hay ninguna decisión en relación con ellas.
El señor BEL ACCENSI: Efectivamente, tal y como les he avanzado, vamos a intentar transaccionar y en todo caso aprovechar este turno para agradecer las amables palabras, que sé que son de corazón, de los diferentes portavoces que han intervenido. Muchísimas gracias.
- SOBRE CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO ÚNICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002896).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día que es una proposición no de ley sobre cesión de derechos de pago único. Es una proposición del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene un par de enmiendas. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pérez.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, presidente.
La agencia estatal de administración tributaria está reclamando a los agricultores y ganaderos la liquidación y pago de la cuota tributaria correspondiente en el IRPF por los cambios de titularidad de los derechos de pago único que ahora se llaman derechos de pago básico. Hacienda entiende que existe una transmisión de la que se deriva una ganancia patrimonial por la que deben tributar sobre la base de los artículos 36 y siguientes del IRPF. Los derechos que son objeto de esta actuación por parte de la agencia tributaria son los adquiridos por los agricultores y ganaderos en virtud del Real Decreto 1617/2005, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión de derechos a los agricultores dentro del régimen de derechos de pago básico. Consideramos que esta exigencia de tributación en muchos casos no es correcta por diversas razones. No hay transmisión real. La cesión de los derechos suele hacerse junto con el cambio de titularidad administrativa de la explotación agraria en su conjunto, normalmente como consecuencia del cese de la actividad por su titular por incapacidad, jubilación, etcétera. La mayor parte de los casos esta cesión se hace a favor de un miembro de la unidad familiar y se produce un mero cambio de la titularidad administrativa,...
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señora Pérez.
Entiendo señorías que hoy especialmente con tantas enmiendas va a haber mucho diálogo, pero les aseguro, porque alguna vez me he visto al otro lado de la Comisión que es muy difícil hablar así, hay un murmullo que no lo notamos cuando estamos hablando entre nosotros, pero desde luego para la oradora en este caso es muy complicado. Les pido que se pongan en un rincón o se salgan fuera y lo hablen en un momento. Muchas gracias.
La señora PÉREZ HERRAIZ: ... tanto de la explotación, como de los derechos de pago básico, sin que suponga ningún beneficio para la explotación ni para las personas afectadas. Es muy común la cesión de derechos entre cónyuges con régimen de gananciales, a pesar de que tanto la explotación como los derechos de pago básico tienen carácter ganancial y continúan perteneciendo a la sociedad de gananciales con independencia del cambio de titularidad administrativa. Sin embargo, la Agencia Tributaria entiende que existe transmisión y exige el pago por una ganancia patrimonial que no se ha producido. Sucede algo similar con las aportaciones a sociedades, normalmente sociedades civiles en las que continúa participando el mismo titular de los derechos en origen.
También la consideramos incorrecta por la propia naturaleza de los derechos de pago básico, ya que consideramos que no son un activo intangible. La Agencia Tributaria sí considera que los derechos de pago básico son un activo intangible, los trata como si fueran un derecho de propiedad industrial o intelectual. Algunas de las posibles definiciones de activo intangible, de naturaleza inmaterial, son por ejemplo el valor de una marca, ya que no puede ser medido de manera física. Se tiene en cuenta la contabilidad porque posee la capacidad de generar beneficios económicos futuros, que pueden ser controlados por la entidad económica. Los activos intangibles son bienes que posee la empresa y que no pueden ser percibidos físicamente. Sin embargo, se consideran activos porque ayudan a que la empresa produzca un rendimiento económico a través de ellos. Ejemplos de activos intangibles pueden ser el valor de una marca, el conocimiento de metodologías de trabajo o las patentes. Los derechos de pago básico no ayudan a que la empresa produzca un rendimiento económico a través de ellos; compensa a sus destinatarios por la actividad que desarrollan para mantener el entorno en el que trabajan y viven.
La política agraria común ha ido cambiando, inicialmente tenía como primer objetivo producir alimentos de calidad a precios asequibles para la población europea, y ahora tiene como primer objetivo el mantenimiento y cuidado del medio ambiente. Para cobrar los derechos que tiene cada explotación hay que reunir una serie de requisitos como mantener una actividad agraria y tener buenas condiciones agronómicas, o que la superficie declarada haya producido unos alimentos que la Unión Europea entendía necesario incentivar. Nosotros -y creo que la Unión Europea- consideramos que las ayudas de la PAC en su conjunto son ayudas compensatorias por realizar una serie de actividades, fundamentalmente relacionadas con el cuidado del medio ambiente, mientras que Hacienda entiende que se trata de un activo intangible y que el cambio de perceptor da lugar a un incremento patrimonial para quien los transmite, independientemente de si la explotación sigue siendo la misma o no, de si la transmisión se produce entre cónyuges en régimen de gananciales o no, o de si esa explotación era una persona física y pasa a ser una persona jurídica.
Hay que tener en cuenta también que los derechos de pago son parte de la política agraria común, pero esta se define periódicamente y por tanto puede variar y donde hoy hay un pequeño ingreso es posible que mañana no lo haya. Por tanto, no parece correcto gravar la transmisión de algo que puede no existir. La compensación por el cuidado del medio ambiente vinculado a una explotación agraria es la misma estando la explotación a nombre del marido o de la mujer, o si la sociedad cambia de denominación. El cambio en la titularidad no aporta beneficio a la actividad agraria, ya que lo que percibía la explotación por esos cuidados sigue siendo lo mismo.
A título de ejemplo el sector primario ocupa en Galicia al 6,22 % de las personas ocupadas, pero con un análisis más profundo en función del grado de urbanización de los municipios vemos que en las zonas intermedias de población el sector primario emplea al 34,1 % de las personas ocupadas y en las zonas poco pobladas ocupa al 58,9 %. Por tanto, las explotaciones agrícolas son la principal fuente de empleo en el medio rural, constituyen el motor económico de estas áreas, son la base para la fijación de la población en el territorio y gestionan la conservación del medio natural. Una hectárea de pactos o tierra de cultivo equivale a una hectárea de cortafuegos natural, que de no ser gestionada por las explotaciones agrarias supondría un gasto público superior a 300 euros/año en gestión de desbroce. La transmisión de la titularidad de explotaciones agrícolas y la cesión de derechos de pago de ayudas directas de la política
agraria común es un trámite administrativo en el procedimiento de relevo generacional de las granjas, que no debe verse penalizado fiscalmente, pues dificulta la entrada en el sector agrario de jóvenes y tiene consecuencias negativas en la modernización, innovación y competitividad del sector agrario español. En muchos casos también la transmisión se hace entre el titular de la explotación, mayoritariamente hombres y de más edad, y su mujer, por lo que este impuesto también incide en la incorporación de las mujeres, no a la actividad en la que siempre estuvieron, pero sí a la titularidad de la explotación.
Consideramos que hay que beneficiar el mantenimiento de la población en el medio rural y, por tanto, gravámenes como este no tienen justificación e inciden negativamente en la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que presenta en este caso las dos enmiendas, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MATAS: Muchas gracias.
Bona tarda. Estamos básicamente de acuerdo con el texto de la proposición no de ley propuesta por el Grupo Socialista, pero queremos añadir una serie de matices que es importante tratar en esta materia.
El objeto de la proposición no de ley es mucho más profundo que la liquidación de IRPF por los derechos de pago básico. De hecho, la cuestión hunde sus raíces en la reforma de la PAC del año 2007, que supuso una reforma de los derechos a percibir estas importantes ayudas agrarias. Se trata de una reforma que supuso un desacoplamiento entre la verdadera producción agraria y la superficie, de manera que se actualizó el cálculo de estas ayudas en función de la máxima superficie y de unos parámetros de productividad de la zona. Aunque generó unos efectos positivos, también generó una serie de efectos perversos como por ejemplo privilegiar a los privilegiados, es decir, privilegió sobre todo a los grandes terratenientes, a los grandes tenedores de superficies agrarias. Por otro lado, también se generó otro problema con la creación de los denominados derechos históricos, lo que en argot se denomina "la mochila de derechos". Esto generó la acumulación a la explotación agraria, el intangible del derecho a percibir unos ingresos, en función del cálculo de una producción histórica, de una zonificación y sobre todo de la superficie.
Todo ello vino a complicarse más en el año 2013, cuando la Comisión Europea tuvo la gran ocurrencia de regular las ayudas directas de la PAC con la posibilidad de la transferencia de estos derechos de pago. Frente a esta ocurrencia de la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura del Estado español, siempre tan dispuesto a sus medidas liberalizadoras, vino a desarrollar en su Real Decreto 1076/2014 la efectiva posibilidad de transferencia de estos derechos desvinculados de la titularidad de la tierra. En realidad todo esto no ha ayudado a los grandes objetivos de desarrollo agrario de producción, sino que estas restricciones y previsiones de la Unión Europea han generado una cantidad de casuística, que en realidad alteran e incluso impiden el buen funcionamiento del sector agrario. De manera que tenemos un montón de posibilidad en la transferencia de las tierras: que se venda la tierra, pero que no se vendan los derechos; o al contrario, que se vendan los derechos y se mantenga la titularidad de la tierra; o que se arriende la tierra, sin arrendar los derechos; o que se arrienden los derechos, sin arriendar la tierra, etcétera. Todo ello también mezclado con todos los regímenes de titularidad real: transferencias, herencias, legados, usufructos, etcétera.
Con todo ello se ha generado una disfunción en el sistema de la PAC y, por ende, también la creación de un mercado de derechos de la PAC. Así que hoy podemos ver incluso en Internet a una serie de empresas dedicadas especialmente a facilitar este mercadeo de derechos, lo que viene a desvirtuar absolutamente el objetivo de la PAC; ese objetivo de ayudas públicas al mundo rural, de cohesión y futuro para el mundo rural a través de la patrimonialización de estos derechos. Todo esto ha supuesto una reciente circular del Fondo Español de Garantía Agraria que ha intentado establecer una serie de criterios para evitar estas situaciones perversas, pero a día de hoy vemos que sin gran éxito, porque -insisto- si entramos en Internet podemos ver cómo hay empresas que especulan con estos derechos de pago.
Aceptamos evidentemente la exención fiscal cuando las transferencias de los derechos vienen vinculadas necesariamente a la transmisión de la explotación agropecuaria en supuestos, como se han enunciando, de jubilaciones o relevos generacionales, en supuestos de cotitularidad entre cónyuges de la explotación agraria o de la aportación de la explotación agraria para formar también una sociedad de agricultores y agricultoras que aporten tierras y derechos a un proyecto empresarial común. Dentro de
toda esta casuística sería necesario identificar dentro de esta exclusión la tributación del IRPF, como herramienta de reactivación del sector agrario. Sin embargo, sí que es necesario excluir entre estas posibilidades toda esta red de negocios, de compra de venta de derechos porque lo que hace es especular y crear anomalías en el buen funcionamiento del sector agrario.
En conclusión hemos presentado unas enmiendas, aunque sin duda vamos a transigir y nuestro voto será favorable a la proposición no de ley. Estas enmiendas básicamente defienden acabar con este sistema de derechos históricos, de manera que se pueda replantear la percepción de los derechos vinculados a una auténtica compensación de la renta agraria y a la actividad profesional agraria y ganadera y, sobre todo, también destinada a acabar con este mercado paralelo especulativo de los derechos de pago básico, de manera que estos derechos siempre vengan vinculados necesariamente a la actividad profesional agraria y ganadera. Hay que ser conscientes de la necesidad auténtica de regular de forma rigurosa y justa toda esta cesión de derechos, siempre vinculándolos -insisto- a la transmisión efectiva de la tierra o explotación de la tierra. Por eso, nuestra enmienda de adición dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la modificación de este Real Decreto 1076/2014 para que se regule de manera adecuada los supuestos permitidos de cesión de derechos, de manera que esta cesión de derechos siempre esté vinculada a la titularidad de la tierra y no sea un simple producto de especulación financiera.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Es indudable que según la legislación vigente las ayudas compensatorias de la PAC por realizar una serie de actividades, fundamentalmente relacionadas con el cuidado del medio ambiente, son un elemento patrimonial y constituyen un activo intangible. Así lo certificó la resolución vinculante de la Dirección General de Tributos en diciembre de 2016, que dice que los derechos de pago único derivados de la PAC pueden calificarse como activos intangibles. Esto va a generar una ganancia patrimonial que estará sujeta por la Ley 35/2006, en los artículos 34 y 35, y evidentemente tributará en renta.
Esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Socialista creemos que está bienintencionada y puede ser vital para que muchas explotaciones agrarias, que ven cómo las administraciones les ponen muchas trabas para poder continuar abiertas, no cierren, a pesar de que luego en otras comunidades autónomas en las que gobiernan, en este caso, en mi Comunidad Autónoma Valenciana, se empeñan en subir el impuesto sobre sucesiones. Hoy salía un artículo en prensa que decía que el Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana formado por PSOE, Podemos y sus socios de Compromís ha aplicado una reducción de la bonificación, del 75 al 55 %, para los herederos hijos mayores de veintiún años, es decir, casi 4000 valencianos se vieron obligados a renunciar a las herencias, a sus derechos, de sus familiares fallecidos.
También nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos está preocupado por el proceso de despoblación del mundo rural. De hecho hemos defendido en el Pleno, ayer precisamente se votó, una moción sobre políticas para revertir el proceso de despoblación en España. Sin embargo, el resto de grupos se abstuvo, es más el Partido Popular votó en contra. Además, en el compromiso 18 del acuerdo de investidura que firmamos con el Partido Popular desarrollamos varias líneas para la defensa del medio ambiente, del medio rural y del sector agroalimentario de la industria pesquera. Esperamos que cumplan con su palabra. Desde luego es conocida la prioridad de nuestro partido por evitar esa superposición de figuras impositivas que ahoguen a la clase media y trabajadora, como lo hemos puesto en evidencia en distintas comunidades autónomas, donde hemos tenido que llegar a pactos de investidura. Así lo hemos hecho y lo han bajado en Andalucía, de lo cual nos alegramos; así lo hemos hecho en Murcia con el Partido Popular, y doblemente nos alegramos; además, nos alegramos de que en la Comunidad de Madrid (en el acuerdo de investidura con Cristina Cifuentes así lo exigimos, aunque ella nos dijo en su día que éramos unos oportunistas políticos) se vaya a rebajar también los impuestos a la clase media y trabajadora.
Termino, presidente. Respecto a los derechos de pago único creemos que hay margen para evitar una doble imposición: una primera tributación en el momento de una transmisión no lucrativa necesaria para mantener esa explotación en marcha y otra tributación en el momento, además, del cobro de la propia ayuda. Por todo ello creemos que el Gobierno debería de estudiar y pensar en eliminar esta obligación de
tributar estas transmisiones no lucrativas, para así poder garantizar la continuidad de explotaciones familiares ya que suponen los ingresos de esa clase media y trabajadora. Esos autónomos están dependiendo de un negocio familiar y están esperando poder heredarlos en este caso o poder transmitirlos, para que puedan seguir ejerciendo esa actividad económica que además genera empleo en este país.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ruano García.
Buenas tardes, señorías. En este asunto de los derechos de pago básico se ha hecho referencia, tanto por la interviniente del Partido Socialista como por el portavoz de Podemos, a la consideración de activos intangibles por parte de la Agencia Tributaria, cuando en realidad esta consideración ha sido tomada por parte de la propia Comisión Europea en sus documentos de trabajo número 630, de 9 de septiembre de 2009. Asimismo, fue la Comisión Europea la que estableció que el titular de los derechos de pago único podía transmitirse. Es precisamente esta consideración, unido al hecho de que no garantiza automáticamente un derecho a recibir un dinero, y que para activar los derechos se requiere que su titular tenga un número de hectáreas concretas, lo que hizo a la propia Comisión Europea, y no a la Agencia Tributaria, que esos elementos se considerasen como activos intangibles.
Comentaba antes de la intervención con la portavoz del Partido Socialista la confusión que existe porque estos derechos de pago, tal y como se dice en el petitum de la proposición no de ley, hacen referencia a estas transmisiones de pago único cuando pertenezcan a una explotación y no exista beneficio o ingresos derivados de la explotación. Sin embargo, yo he interpretado que si no existe beneficio o ingreso derivado de la explotación, evidentemente no existe beneficio y por tanto no existiría tributación, en cuanto que el beneficio se calcula como el valor de transición menos el valor neto contable, lo cual daría cero. Por tanto, el incremento de patrimonio sería cero y no existiría esa tributación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si a sensu contrario lo consideramos como una donación, es la propia Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas la que establece en su artículo 6 que no estarán sujetos a este impuesto, es decir, al impuesto sobre la renta de las personas físicas, las rentas que se encuentren sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ahí la confusión existente. Además, la propia Ley General Tributaria establece, como todos sabemos, en sus artículos 134 y 135, un procedimiento de tasación pericial contradictoria, que es accesible para cualquier persona que considere que el valor que da la Administración no coincide con el valor que considera el contribuyente a la hora de este tipo de operaciones. Evidentemente, solo tributarían la readmisión en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en aquellos casos donde se produce un incremento patrimonial para el transmitente. Esto ocurre en todas las transmisiones y no sería normal cambiar las normas de juego.
Por todo ello consideramos que esta proposición no de ley cabría calificarla, aunque bienintencionada, de indeterminada, por lo cual el voto de mi grupo va a ser desfavorable. Además, aquí consideramos que existen beneficios en la operación para el contribuyente, quedando un tanto confuso por lo que decía antes. No parece que tenga sentido instar al Gobierno a que no se tribute por el impuesto sobre la renta de las personas físicas cuando existe un cambio de titularidad de derechos de pago básico si no existen beneficios o ingresos derivados de la operación, dado que así ya lo prevé la normativa como anteriormente he mencionado, ya que la ganancia derivada sería igual a cero. No obstante, sí que estamos abiertos a proponer un beneficio fiscal para estas situaciones concretas, con las que existe una demanda y con las cuales hay que tener una cierta sensibilidad, por supuesto. La propuesta sería pensar en proponer un beneficio fiscal y para ello tenemos una gran herramienta, como son los Presupuestos Generales del Estado que se van a presentar en las próximas semanas. También hay que tener en cuenta -como bien ha indicado el interviniente de Podemos- que la propia Comisión Europea, en respuesta a una pregunta que se realizó por una parlamentaria, avisó de los peligros de la mercantilización de esta ayuda. Por eso deberíamos -en eso estoy de acuerdo con el compañero de Podemos- limitar el riesgo especulativo. Como he dicho antes, vamos a votar en contra por todos los argumentos que he mencionado anteriormente.
- SOBRE LA EXTENSIÓN DEL ACUERDO DE CONVALIDACIÓN DE INTERINOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002923).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 4.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre la extensión del acuerdo de convalidación de interinos en las administraciones públicas, presentada por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ MELERO: Buenas tardes. Gracias, presidente.
Esta no es la primera vez que el Grupo de Unidos Podemos trae a esta Comisión una proposición que habla de interinidad, y es que todavía queda mucho por hacer para cambiar la precarización del empleo que se vive en nuestras administraciones públicas, no solo provocado por las condiciones de crisis sino también -y fundamentalmente- por una cierta apuesta ideológica del Partido Popular, antigestión que empieza a ser incomprensible. A pesar de que esta proposición está presentada con fecha anterior, somos conscientes de que se han firmado recientemente unos acuerdos entres las tres centrales sindicales mayoritarias y la Administración pública que incorporan algunas cuestiones relativas a la estabilidad en el empleo y a la reducción de la interinidad o temporalidad. Si bien consideramos aún insuficientes estas medidas, algunos elementos sucedidos en el último debate presupuestario que tuvo esta Cámara nos han animado a mantener esta proposición e incluso a realizar algunas autoenmiendas. Estamos trabajando para llegar a una transaccional entre las enmiendas presentadas. Yo confío en que sea posible llegar a un acuerdo.
En relación con el acuerdo de los sindicatos y el Gobierno no podemos más que felicitarnos por ello. Hay que felicitar a los sindicatos por su trabajo porque no tenemos ninguna duda de que si no fuera por ellos las perspectivas de nuestros empleados y empleadas públicas serían tan negras como hace dos años, puesto que es el mismo Gobierno, es el mismo partido e incluso es el mismo ministro, que por cierto hoy llega a acuerdos pero antes se negaba a dialogar con las organizaciones sociales que representan a uno de los sectores que más ha perdido en los años de crisis.
Este tema hace imposible no pensar en el reciente y tristemente fallecido Forges, en ese retrato popular de los funcionarios públicos que se había hecho hace muchos años. Durante la crisis creo que ha quedado absolutamente desdibujada esa imagen de la Función pública como trabajadores poco comprometidos con el sistema colectivo y con el bienestar de nuestra ciudadanía. Ha sido por el empeño y el trabajo de nuestros empleados públicos por los que hemos soportado una crisis que se ha llevado por delante el 15 % de su capacidad adquisitiva y que nos ha llevado a tasas de temporalidad de entre el 25 y el 30 %, todavía muy lejos de ese 8 % de temporalidad al que se comprometieron ya en el acuerdo entre sindicatos y Gobierno el año pasado. Por eso tratábamos de trasladar de manera previa al acuerdo en esta proposición no de ley, que fue registrada hace un mes, ese compromiso firmado por el Gobierno en el año 2017 adonde realmente importa, que es a la consignación presupuestaria. Nuestra propuesta plantea llevar a esos presupuestos ese compromiso por la estabilidad en el empleo, tratando además de ampliar el mismo a todos los ámbitos de la Administración y a todos los tipos de empleo, pues sigue incluso en el acuerdo recientemente adaptado el 9 de marzo restringido a unos pocos ámbitos de la Administración y a determinados puestos de trabajo. Aun así, saludamos que el reciente acuerdo recoja explícitamente incorporar al conjunto del sector público al proceso de reducción de temporalidad hasta ese máximo del 8 %. Nos felicitamos también de que el acuerdo establezca los mismos términos que nuestra proposición no de ley, para que en todas las administraciones públicas se disponga de una tasa adicional de reposición extra para la estabilización del empleo.
Sin embargo, no podemos estar de acuerdo en que los objetivos de reducción de temporalidad se circunscriban exclusivamente a una serie de ámbitos que establezca el Gobierno central. Si queremos de verdad que la temporalidad se ajuste a ese 8 % comprometido, deberán aplicarse medidas en todas las administraciones, pero también en todos los ámbitos y capítulos presupuestarios. De igual forma hemos incorporado una enmienda tras conocer el acuerdo que trata de evitar algunas triquiñuelas, que nos hemos acostumbrado a ver en la tramitación presupuestaria del Gobierno, ya que además de debilitar el contenido de los acuerdos alcanzados generan caos y confusión entre los empleados públicos. Creo que no tengo que extenderme en esta cuestión, pues todos recordamos lo sucedido en los presupuestos de 2017, en relación con los últimos tres años de trabajo.
Estoy segura de que cuando el Partido Popular intervenga utilizará algún recurso para situarnos como demagogos o como irresponsables y querrán transmitir que no sabemos lo difícil que es llevar a la práctica lo que proponemos, que gobernar es otra cosa, que una cosa es hablar y otra dar trigo, y todo eso. Sin embargo, sabemos que no es verdad y no lo sabemos porque tengamos una fe ciega eutópica, sino porque nos lo han enseñado ustedes. Cuando llegamos a este Parlamento nos decían que era una locura sentarse a dialogar con los sindicatos de estos asuntos porque la crisis acechaba y porque eran unos irresponsables en sus exigencias. Un año después el Tribunal Superior de Justicia de Europa les decía que su Administración abusa de la contratación temporal, que nuestras leyes deberían incluir más elementos disuasorios de la temporalidad y que las personas a las que ustedes han obligado a encadenar contratos de interinos, que sin duda son fraudulentos, debían ser consideradas personal fijo. No se ha tardado, una vez que les obligan y la presión de los tribunales europeos acecha, en solventar estas cuestiones.
De igual forma cuando el año pasado les dijimos que el acuerdo de reducción de la temporalidad debía llevarse a todas las administraciones públicas e hicimos enmiendas presupuestarias en ese sentido, también nos llamaron locos. Hoy el acuerdo firmado entre Gobierno y sindicatos asume esa necesidad, pero se empecina en reducir los ámbitos a los que se refiere. Por eso esta proposición no de ley adelanta, una vez más, lo que confiamos que al año acabarán admitiendo porque ustedes, señores del Partido Popular, no toman decisiones por el bien del país y sus servicios públicos, sino por pura ideología, pues siguen convencidos de que los servicios públicos están demás. Por suerte, entre los sindicatos, los trabajadores públicos, nuestra oposición y la ciudadanía les vamos llevando al sentido común. Sin servicios públicos no hay Estado de derecho, y sin condiciones dignas para los empleados públicos, no hay servicios públicos.
Para terminar, quiero insistir en nuestra felicitación a los sindicatos por el acuerdo, pero no podemos evitar hacer dos comentarios, a los que sin duda nos dirán que estamos locos aunque pronto, quizás en un año, cambien de opinión y comprometan su cumplimiento. En primer lugar, ese 8,79 % de subida salarial comprometido para los próximos años, en nuestra opinión, es insuficiente si miramos ese 15 % de salario que han perdido nuestros funcionarios en estos años de crisis. Por último, la tan llevada y tan traída tasa de reposición, en nuestra opinión, si seguimos retorciendo dónde se aplica, cuándo no, qué suma, qué resta, al final acabamos realizando un modelo de cálculo complejo y casi nos atrevemos a llamar absurdo. Les insistimos una vez más para que eliminen la tasa de reposición y vinculen la capacidad de cada Administración de creación de empleo a su disponibilidad presupuestaria. Así ahorrarán tiempo a todos los funcionarios públicos y a todos los Gobiernos de los diferentes niveles institucionales. Sabemos que defienden la tasa de reposición casi por empeño de no reconocer lo que siempre dijeron los trabajadores de la Administración y sus sindicatos y muchos partidos políticos: la tasa de reposición es una herramienta inútil que tiene que ser eliminada.
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez, tiene que terminar.
La señora SÁNCHEZ MELERO: Sin más, insistimos en darnos la enhorabuena colectivamente por ese acuerdo alcanzado. Seguiremos trabajando para que de verdad avancemos y recuperemos la calidad en el empleo de nuestros empleados públicos.
Con relación a esta proposición no de ley han quedado vivas cuatro enmiendas, después de la retirada de la quinta enmienda del Grupo Popular. Por tanto, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.
En nuestra opinión la estabilización y la consolidación del empleo público es una cuestión particularmente relevante. En este sentido, valoramos positivamente la propuesta que trae el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Hay que recordar aquí que el 14 de septiembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró no conforme al derecho comunitario y discriminatoria la norma española que regula el contrato temporal de interinidad. En este sentido, el Gobierno anunció un acuerdo con los sindicatos para mejorar la calidad en el empleo. En Ciudadanos creemos que hay que acabar con la enorme y gravísima dualidad
que existe en nuestro mercado laboral y, evidentemente también, en el de las administraciones públicas. Tenemos un reto muy importante en nuestro mercado laboral, tanto por el nivel de desempleo, que es el primer problema para los españoles según dicen sistemáticamente todas las encuestas, como por el nivel de dualidad y de temporalidad, que impide que muchas personas, en este caso muchos funcionarios interinos, no puedan tener un proyecto vital. Este sistema genera un problema grave de sustitución y rotación de empleados y funcionarios que hace que no tengan la buena productividad que deberían tener.
Creemos que el acuerdo del Gobierno del año pasado es positivo, pero que para materializarse necesita unos presupuestos. Por tanto, creo que todos los partidos, empezando por el propio Gobierno, que debería traerlos, deberíamos ser constructivos en la tramitación de los presupuestos. Hemos presentado una enmienda para que en los Presupuestos Generales del Estado se consignen los recursos necesarios para extender esta consolidación del empleo temporal en todos los ámbitos de la Administración. Estamos negociando y esperamos llegar a una transacción con el grupo proponente y con otros que sea coherente con otra limitación que, evidentemente, existe en el caso de los Presupuestos Generales del Estado -y en general en cualquier proceso-, que es que no se puede crear empleo indefinido que luego no sea sostenible. Estamos a la espera de saber cómo termina la negociación. Agradecemos al grupo proponente que se haya interesado por una cuestión que para nuestro partido es fundamental en su proyecto de país.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante una iniciativa que, efectivamente, pretende resolver la problemática de la temporalidad del empleo público y cuyo objetivo es la estabilidad del mismo. El Grupo Parlamentario Socialista siempre ha defendido la estabilidad del empleo público, porque creemos en los servicios públicos y en la necesidad de los empleados públicos para el mantenimiento de dichos servicios. Defender los derechos de los empleados públicos es lo mismo que defender los servicios públicos, y esta tenía que ser una máxima de todos los responsables públicos. Lamentablemente no es así, y los años de mayoría absoluta de Gobierno del Partido Popular han sido nefastos para los empleados públicos, puesto que se han acometido recortes de gasto público, arrebatando derechos a la ciudadanía, encogiendo los servicios públicos y adelgazando las plantillas mediante el establecimiento de tasas de reposición que han ido menguando poco a poco los efectivos con los que cuenta la Administración para atender como es debido a quien necesita sus servicios.
Es verdad que la situación económica ha sido muy dura y que, lógicamente, el Partido Popular echará la culpa de esta situación al Partido Socialista y a la herencia recibida, pero la realidad es que el actual Gobierno de España y el Partido Popular no creen en los servicios públicos, no tienen modelo de Estado, no tienen modelo de Gobierno basado en la apuesta por los servicios públicos y sus prioridades políticas no son ni los servicios públicos ni el Estado del bienestar. A los datos me remito. Durante cuatro años, desde el año 2012 hasta el año 2015, la situación del empleo público se agravó hasta unos límites nunca antes conocidos, consecuencia directa de la aplicación de la legislación básica del Estado que impuso una tasa de reposición del 0 %, con carácter general, y tan solo del 10 % en los sectores prioritarios hasta el año 2014, elevándose en el año 2015 solo en dichos sectores, pero de manera insuficiente, al 50 %. Todo ello en una época en la que se venía produciendo una media de bajas tasadas en más de 5000 empleos públicos anuales, debido únicamente al envejecimiento de las plantillas. Como consecuencia de estas políticas implantadas por el Partido Popular, tenemos un incremento insostenible de la tasa de temporalidad, en torno al 20 %, porque las contrataciones temporales han sido la única vía que han podido utilizar los Gobiernos para no desmantelar los servicios públicos, y no solo para mantener su prestación, sino también para hacerlo con la menor merma posible de los niveles de calidad.
Debido a su falta de mayoría absoluta, el Gobierno del Partido Popular ha aceptado negociar con las comunidades autónomas, y comenzó con la Conferencia de Presidentes, celebrada en enero de 2017. Sobre todo, ha aceptado volver al diálogo social, más por necesidad que por convicción, como ya sabemos y he manifestado en otras ocasiones. También le asustaba un tema del que ya se ha hablado aquí, que es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con esas cuestiones sobre la mesa y con ese contexto político, llega la firma del acuerdo para la mejora del empleo público a nivel estatal, en el que se recoge la previsión de realizar procesos extraordinarios para la estabilidad del empleo público temporal y
la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 incluyeran dicha posibilidad, como se recogió finalmente, pero con limitaciones de sobra conocidas, porque no abarcaban todos los sectores ni todas las administraciones públicas.
El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con la medida que hoy trae aquí el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por lo que, como no puede ser de otra forma, aceptamos la iniciativa, si bien proponemos una enmienda de sustitución que entendemos que hace que quede más clara la posición que el Grupo Parlamentario Socialista tiene en relación con este asunto. Estamos intentando alcanzar una transacción con el Grupo Confederal y con los demás grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, para llegar a una postura conjunta que recoja la filosofía que tenemos todos en relación con la estabilidad del empleo público. Seguro que llegaremos a un buen acuerdo.
No quiero terminar sin antes agradecer a las organizaciones sindicales el trabajo realizado, porque han conseguido firmar el actual acuerdo con el Gobierno de España, del pasado 9 de marzo. También gracias a ellas se ha conseguido mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos para que puedan empezar a recuperar ese poder adquisitivo que perdieron durante los años de la crisis, ya que fueron los más castigados y los más damnificados por los recortes y las políticas que se han aplicado. Si la economía se está recuperando, ya es hora de que los empleados públicos recuperen los derechos que perdieron, porque ellos no tenían la culpa de esa situación de crisis y, sin embargo, la han pagado con sus derechos y con sus salarios.
Queremos recriminar una cosa al Gobierno. Cuando tenga que volver a negociar cuestiones que afectan a las distintas administraciones, cuente con las comunidades autónomas y con la Administración local. Nos parece muy bien que se siente a negociar con las organizaciones sindicales y que acuerde todas esas mejoras para los empleados públicos que, como digo, habían pagado por algo de lo que no tenían culpa, pero exigimos al Gobierno -termino ya, señor presidente- que también cuente con las administraciones públicas afectadas, como son los ayuntamientos y la administración autonómica.
Vamos a ver si acordamos la transaccional. Aceptamos de buen grado esta iniciativa, porque es necesario consolidar el empleo público y no tener niveles de temporalidad como los que tenemos ahora mismo.
El señor Bel estaba aquí hace un momento, pero como no se está quieto ya no está.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martín-Toledano.
Esta proposición no de ley -no quiero ser muy duro- es un poco un monumento a la frivolidad. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes deberían haber retirado su proposición no de ley, que estaba referida al acuerdo de marzo de 2017. Incluso la autoenmienda a su proposición, que presentaron en plazo, hace un día, mencionaba los datos del acuerdo del año 2017. Decían que se superara la posibilidad de cubrir el 90 % de las plazas de interinos. Pero es que el acuerdo que se cerró el 9 de marzo llega al 100 %. Las enmiendas de todos los grupos -lo digo con todo respeto- se refieren al acuerdo de marzo de 2017. El acuerdo de 9 de marzo de 2018 hay que ponerlo en valor. Cuando el Gobierno alcanza un acuerdo con las centrales sindicales hay que felicitar a las centrales, y nosotros las felicitamos, pero también habrá que felicitar al Gobierno. Se ha llegado a un buen acuerdo. Les pediría que respeten ese acuerdo, porque si es tan bueno, por qué intentan presentar algo que no lo mejora. Todo lo que ustedes están pidiendo está reflejado en el acuerdo del 9 de marzo. Deberían haberse leído nuestra enmienda, que la he retirado porque ni la ponente de Podemos conocía que la habíamos presentado. Se lo he preguntado y ha dicho: No sabía que teníais presentada una enmienda, y me ha entregado un modelo de transaccional en el que está copiada gran parte de la enmienda del Grupo Popular. Uno de los argumentos de la iniciativa es que se exige que se amplíe a la totalidad del ámbito de las diferentes administraciones públicas. Pues nuestra enmienda, porque lo dice el acuerdo, dice: ampliando a la totalidad de los ámbitos de las diferentes administraciones públicas. Lo dice nuestra enmienda. Su proposición no de ley se quedaba en el 90 %; que se exija al Gobierno llegar a cubrir hasta el 90 % de las plazas de interinos. Es que el acuerdo establece la posibilidad de llegar al 100 %. Se extiende a todas las administraciones y a todos los sectores. (La señora Sánchez Melero hace gestos negativos). Sí, lo extiende. Además, nuestra enmienda propone que sea así. Léala. Incluso el problema que planteaba el Grupo Socialista sobre el tema de que
no hubiera interrupción en las plazas ocupadas durante tres años por personal con vinculación de carácter temporal, ni el acuerdo ni la propuesta del Grupo Popular establecía eso que a ustedes les preocupaba, que era la interrupción. Eso figuraba en el acuerdo de 2017, pero en el de 2018 no figura.
El 9 de febrero presentan la PNL, cuando todavía -se lo reconozco- no estaba firmado el acuerdo del 9 de marzo. Pero una vez que tienen conocimiento de la firma de dicho acuerdo, retírenla o enmiéndenla al menos conforme a lo que figura en ese acuerdo. La autoenmienda de Unidos Podemos habla de hasta el 90 %, que al menos se incluya hasta el 90 % de las plazas. (La señora Sánchez Melero: Al menos hasta el 90 %. Al menos). Al menos, bien. Pero es que el acuerdo llega hasta el 100 %.
El señor PRESIDENTE: Por favor, no entren en diálogos, porque no acabamos.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Encima su enmienda dice: Presentamos enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos a favor de la extensión del acuerdo. No sé si ahora esta PNL es de Ciudadanos; yo creo que no, que es de Unidos Podemos.
Hay muchos errores. Por favor, les pido que reconozcan que ha habido un gran acuerdo. La enmienda del Grupo Popular, que ustedes ni se han leído, aunque sus técnicos sí y por eso la han intentado incorporar a la transaccional, lo que propone es cumplir al 100 % el acuerdo con los sindicatos. Además, clarifica cualquier duda que ustedes tengan, porque se extiende a todos los servicios de todas las administraciones. Todos los interinos se verán afectados, hasta el 100 %.
Quiero hacer una precisión al Grupo Ciudadanos. Piden que estén presupuestadas las plazas que se cubran reglamentariamente. Lógicamente, pero es que estaban ya presupuestadas. No hay que presupuestarlas porque las plazas que se sacan son las que están ocupadas y tienen presupuesto. No se preocupe, porque no se pueden presupuestar dos veces. Ya están presupuestadas como interinos y se ofertan para cubrirlas reglamentariamente, es decir, con el mismo dinero, no cuestan más. No se preocupe, porque las administraciones lo tienen presupuestado.
Han quedado vivas las enmiendas de Ciudadanos y del Grupo Socialista. ¿Hay alguna decisión o pregunto al final?
La señora SÁNCHEZ MELERO: Al final.
El señor PRESIDENTE: Perfecto.
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UNA TRIBUTACIÓN EFECTIVA MÍNIMA EN ESPAÑA SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS GRANDES MULTINACIONALES TECNOLÓGICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002996).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día, proposición no de ley relativa al establecimiento de una tributación efectiva mínima en España sobre los beneficios de las grandes multinacionales tecnológicas, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Tiene la palabra el señor De la Torre.
Muchos ciudadanos de buena parte del mundo están muy preocupados porque las empresas que más dinero ganan del mundo, las grandes multinacionales tecnológicas son, paradójicamente, las que a nivel mundial menos impuestos pagan. Parece que estamos ante una fiscalidad para engañarnos a todos. Cuando yo, como inspector de Hacienda, he tenido que inspeccionar multinacionales, he llegado a la terrible conclusión de que, como se ha demostrado últimamente, en muchos casos solo pagan impuestos en la matriz, muy a menudo en Estados Unidos, y que luego cuando hacen negocios, como ellos dicen, over the sea, allí apenas pagan impuestos. Incluso como inspector de Hacienda, uno tiene la sensación de que se juega en unas condiciones terribles de desigualdad. Ante esto, Ciudadanos cree que hay que cambiar las leyes. Estamos hablando de las leyes y de los convenios internacionales, porque todo esto se hace a través de triangulación de beneficios en otros países, utilizando regímenes preferenciales dentro
de la Unión Europea, fundamentalmente en el caso de España, y luego se desvía ese dinero hacia lugares de baja tributación, más conocidos como paraísos fiscales.
Para hacer frente a todo esto, tenemos que establecer una fiscalidad del siglo XXI, porque si queremos que estas grandes multinacionales paguen la cuota que les corresponde para hacer frente al gasto público y que no todo recaiga en las pequeñas y medianas empresas y en los asalariados, es evidente que hay que cambiar las normas y adaptarlas al momento actual, porque si seguimos teniendo una fiscalidad del siglo XIX esto no va a ser posible. Buena parte del problema es internacional, pero creemos que se pueden impulsar medidas desde el ámbito interno para que la posición de España sea más activa y más agresiva.
Traíamos una proposición con cuatro puntos que hemos modificado, porque hemos alcanzado una transacción con el Grupo Socialista, que ya tienen todos ustedes, basada, en primer lugar, en que hay adoptar las medidas necesarias para evitar el desvío de beneficios de estas grandes multinacionales tecnológicas y trabajar para que estas empresas, como todas, paguen en España por los beneficios obtenidos aquí; es decir, que se cumpla el principio fundamental en tributación de que se tribute allí donde se obtienen los beneficios y no que se desvíen hacia paraísos fiscales, hacia el país de Nunca Jamás, como ocurre ahora. De esta manera no nos encontraremos casos como el de Apple, que estaba pagando en Irlanda por todos sus beneficios en Europa. Sin embargo, todo este beneficio se desviaba hacia paraísos fiscales y ahora, con la amnistía fiscal de Trump -mucho más efectiva que la que realizó en su momento el Partido Popular-, ha pagado nada menos que 31 000 millones de euros para repatriar beneficios hacia Estados Unidos, beneficios que no han tributado en Europa. Esto lo ha estado persiguiendo la Comisaría de Competencia, que lidera Margrethe Vestager, que es liberal, como todos ustedes saben. Se ofreció a todos los países de la Unión Europea ejercitar acciones, pero hemos preguntado por el tema y no sabemos en qué ha terminado. Estamos hablando de la empresa que más dinero gana del mundo.
Creemos que hay que adoptar más medidas ante todo esto. También hay que liderar en todos los foros europeos e internacionales los esfuerzos para crear un balanced level playfield, es decir, un campo de juego equilibrado para que todas las empresas puedan competir en condiciones de igualdad, tanto si operan online como si lo hacen con presencia física. Asimismo, que es muy importante, hay que tener una lista actualizada de paraísos fiscales basada en criterios objetivos y, sobre todo, volver a introducir en la lista española de paraísos fiscales, y en su caso europea, aquellos territorios que no cooperan efectivamente en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. También hay que acabar con la opacidad estableciendo registros públicos que se puedan consultar de beneficiarios reales en estos paraísos fiscales.
Por último, y esto, en nuestra opinión, es lo más relevante de lo que traemos aquí, respetando los convenios de doble imposición y mientras no se llega a una solución definitiva, como han recomendado varios expertos en política fiscal y ahora se está discutiendo en la Unión Europea como una posible política de cooperación reforzada, impulsar un impuesto sobre ventas de compensación al impuesto sobre sociedades, aplicable sobre el volumen de negocios de las multinacionales tecnológicas en España, tanto el volumen de operaciones que directamente hagan las filiales españolas como el que indirectamente se realice desde otros Estados de la Unión Europea, para que todas las empresas que actúan y obtienen beneficios en España tengan una carga fiscal similar. Esto se puede complementar con una retención final sobre determinados pagos hechos a proveedores no residentes, además de con un impuesto especial, en su caso, sobre ingresos de publicidad.
Pediría a todos los grupos parlamentarios, si consideran que es un escándalo que haya grandes empresas que apenas pagan, que tienen miles de millones de euros de beneficios también en España y que apenas tributan, que apoyen esta proposición como un indicativo de orientación política del Gobierno para que se haga realidad esta política de cooperación reforzada y esto que se está estudiando en el seno del propio Ministerio de Hacienda de establecer una tributación equilibrada y uniforme para todas las empresas que operan en España. Creemos que es una cuestión de justicia.
Esta iniciativa también ha sido ampliamente enmendada. Hay tres grupos que han presentado enmiendas. Comenzamos dando la palabra de menor a mayor.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ha presentado tres enmiendas, tiene la palabra el señor González.
En el año 2016 conocíamos los resultados de la investigación de la Comisión Europea a la multinacional tecnológica Apple, que derivó en una multa de 13 000 millones de euros a esta empresa por impuestos impagados. Según la Comisión, entre 2003 y 2014 Apple pagó una tasa efectiva del 0,005 % del impuesto sobre sociedades por beneficios. El sistema de ingeniería fiscal que utilizaba esta compañía tecnológica consistía en registrar todas sus ventas en Irlanda, en lugar de hacerlo en los países en los que se producían, lo que les permitía pagar un impuesto sobre sociedades menor, más cuando esta empresa había llegado a un acuerdo con Irlanda por el cual acababa pagando una tasa efectiva, como he dicho, del 0,005 %, es decir, acabó pagando 10 millones por 17 000 millones de euros de beneficio. Un auténtico chollo. Esto lo comentamos el año pasado en esta Comisión, pero ha habido novedades al respecto. A finales del año pasado conocimos que Irlanda no había tomado ninguna medida para cobrar esta multa que le puso la Comisión Europea a Apple y que la Comisión Europea estaba denunciando a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora sabemos que Apple se ha acogido a la amnistía fiscal de Trump para pagar estos 38 000 millones en Estados Unidos.
Lo que hacen estas empresas multinacionales, especialmente las tecnológicas -pero no solo ellas-, es plantear un pulso a los Estados del bienestar y agujerear nuestro sistema impositivo. En su momento, la Comisión Europea también señaló a otras compañías que podrían estar incurriendo en infracciones similares, como Google, Starbucks, McDonald's, Fiat o Amazon, entre otras. Sin embargo, esta acción de la Comisión fue un oasis en un desierto de inacción contra la elusión fiscal por parte de los organismos internacionales.
Esta semana, Financial Times, que no es el manifiesto comunista precisamente, publicaba un informe en el que señalaba que las multinacionales están pagando un 9 % menos de impuestos que antes de la crisis -lo reflejaba en este gráfico- (Muestra un gráfico) y un 30 % menos que en el año 2000. Esto es la refundación del capitalismo de la que hablaba Sarkozy después del año 2008. La desregulación fue la que provocó la crisis, y la respuesta a la desregulación es más desregulación y permitir que estas empresas multinacionales pongan en jaque nuestros Estados del bienestar.
De la Unión Europea y de los organismos internacionales, más allá de la acción contra Apple, no se puede esperar mucho, y mientras tanto las multinacionales siguen engrosando el agujero negro de los paraísos fiscales, 144 000 millones de euros, esa cifra que siempre damos aquí, reflejada en el informe de Gabriel Zucman. Aún estamos a la espera de que la Comisión Europea proponga este gravamen igualador que anunció y que ha dejado para la reunión de septiembre en Tallin. Parece que podemos esperar sentados a que se tomen medidas eficaces contra la elusión fiscal de las grandes empresas.
En el año 2016 la Comisión Europea puso a disposición de las administraciones tributarias de los Estados miembros la documentación relativa a los beneficios generados por Apple y a los impuestos que no estaba pagando. No tenemos información de que el Gobierno español haya hecho nada al respecto. El mes pasado, el ministro Montoro avanzó que, a la espera de alcanzar un pacto global en España, podría establecerse algún tipo de impuesto temporal para gravar a estas empresas de la economía digital. La verdad es que muy poco podemos esperar de este Gobierno, ya que parece que estas propuestas, estos anuncios son puro humo. La verdad es que no se puede esperar absolutamente nada de un Gobierno que hace amnistías fiscales para sus amigos y que permite que las grandes empresas paguen un impuesto de sociedades efectivo que es la mitad del que se paga de media en la Unión Europea.
Un estudio del Parlamento Europeo -que se cita en esta PNL- dice precisamente que los impuestos declarados a los beneficios en el Estado español son del 9 %, que es lo que estamos debatiendo aquí. Estamos hablando de que las grandes empresas, especialmente las tecnológicas, no pagan prácticamente impuestos, mientras que las pymes y los autónomos pagan de media un 25 %. Eso hace que España tenga un déficit de ingresos, como siempre recordamos en esta Comisión, de ocho puntos respecto a la media europea. Eso es pura voluntad política. En lo que se ampara el Gobierno, y también Ciudadanos, a la hora de poner los vetos a las propuestas parlamentarias que se presentan en esta Cámara, como puede ser la revalorización de las pensiones, es en que tienen afectación presupuestaria y que no se puede gastar más. Tampoco aceptan propuestas para aumentar estos ingresos y reducir la brecha fiscal.
Creemos que hay que ir más allá, que hay que combatir el fraude y la elusión, pero también que hay que reformar el impuesto sobre sociedades en este país para que las grandes empresas paguen lo que
tienen que pagar y dejen de profundizar en el agujero del queso gruyere que es nuestro sistema fiscal. Por eso hemos presentado unas enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Ciudadanos. Algunas tienen un carácter técnico, y son aquellas que buscan eliminar referencias que nos parecen vagas o que no tienen ningún sentido, como las relativas al pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos para formar Gobierno. Ese pacto es una quimera y pensamos que no tiene ningún sentido que se refleje en una proposición no de ley. Tampoco creemos que ustedes sean muy creíbles en materia de lucha contra el fraude, la elusión y la recaudación del impuesto sobre sociedades cuando están sosteniendo con sus votos en la Comunidad de Madrid a un Gobierno que se comporta como la Irlanda española, porque es un auténtico paraíso fiscal en materia impositiva.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.
Las enmiendas que planteamos en cuanto al contenido son aquellas orientadas a reformar el impuesto sobre sociedades. En total hemos planteado tres enmiendas. Esperamos que acepten alguna de ellas y que nos podamos poner de acuerdo. En caso contrario, les deseo mucha suerte pactando con los cómplices de la evasión fiscal.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.
Señorías, los impuestos están en el corazón del contrato social de nuestra sociedades, ese contrato que los socialistas consideramos que sufre una profunda crisis en la actualidad, y que posiblemente está en el origen de la desafección hacia las instituciones y los que las habitamos. Un contrato -por cierto, diferente al que tenga firmado el Partido Popular con Ciudadanos, que Ciudadanos esquiva al plantear este tipo de iniciativas expresando un cierto desapego- que todavía tiene plena vigencia en la legislatura en la que nos movemos. Señorías, creo que es común la percepción de que el objetivo primigenio de los impuestos es permitir una redistribución justa y equitativa de la riqueza que reduzca la desigualdad y, como consecuencia, module y proporcione servicios públicos accesibles y de calidad. Deben ser un pincel que dibujé el modelo de bienestar social al que aspiramos. Por eso para el Grupo Parlamentario Socialista es muy importante el debate que hoy se nos presenta.
Con respecto a la tributación, en este caso de las empresas multinacionales, que presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos, mucho se ha hablado aquí, en el Parlamento, de este tema y, por cierto, a iniciativa y bajo el liderazgo inequívoco e ineludible del Grupo Parlamentario Socialista. Nos referimos, por ejemplo, a junio del año 2015 -sí, señorías, podríamos decir al año uno, no antes de Cristo, antes de Ciudadanos-, hablábamos entonces de la creación de un impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho -una proposición no de ley que presentamos hace dos legislaturas-, un tributo diferente al impuesto sobre sociedades o al IRPF, que gravara aquellos beneficios derivados de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza realizadas en abuso de derecho. Volvimos a presentar, señorías, en esta misma Comisión de Hacienda una PNL al hilo de lo que también se ha hablado aquí ya por parte de otro portavoz sobre Apple, Irlanda y los recordados 13 000 millones. También en esta misma Comisión presentamos una iniciativa socialista sobre una estrategia internacional contra los paraísos fiscales. Por tanto, señorías, se trata de una batería de iniciativas lo suficientemente importantes, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, como para mostrar ese liderazgo del Grupo Parlamentario Socialista en esta materia.
Volviendo a la PNL, señorías, no nos deja de sorprender -y creo que esto ya preocupa en la sociedad y es objeto de claro rechazo- que algunas grandes empresas multinacionales, especialmente dentro del sector relacionado con la nueva economía digital, como han mencionado anteriormente los portavoces que me han precedido, ingresen cantidades muy pequeñas en concepto de impuesto sobre sociedades no acordes seguramente con la actividad económica real generada en este caso en nuestro país, en España. Esta tributación basada en mecanismos de planificación fiscal agresiva no es un fenómeno aislado de nuestro país. Lo tenemos claro, y de ahí la implicación de la propia Unión Europea y, en su caso, de la OCDE, porque estas fórmulas de elusión fiscal sofisticadas al margen de las consecuencias de reducción de ingresos en nuestras arcas nacionales, y no es que vayamos sobrados, generan además
consecuencias negativas respecto de la competitividad de nuestro tejido empresarial y, asimismo, provocan un gran daño en la conciencia colectiva de nuestra ciudadanía -no sé si a la altura de las amnistías fiscales, pero en esa línea- atacando esos cimientos del contrato social del que hablaba con anterioridad.
En este contexto y a la espera de las decisiones que se tomen en los organismos internacionales en ese deseable y necesario marco de armonización y cooperación fiscal, España puede -y por lo que aquí parece y estamos debatiendo- y debe acometer la implantación de determinadas medidas de forma unilateral, en el mismo sentido que se ha realizado en otros países de nuestro entorno como Francia, Inglaterra, Italia, y no tanto en nuestro entorno como es el caso de Australia. Con nuestras enmiendas también apoyamos el impulso de iniciativas dentro de la llamada estrategia internacional contra los paraísos fiscales, que también ha mencionado el portavoz de Ciudadanos. Por tanto, señorías, no tengan dudas de que contarán con nuestro apoyo incondicional en este asunto, tras lograr esa enmienda transaccional que hemos acordado, para liderar evitar ese tipo de prácticas. Contarán con el voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista al ser recogidas las enmiendas que hemos propuesto.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Popular nos enfrentamos a esta proposición no de ley de Ciudadanos sin querer dudar de sus buenas intenciones a la hora de presentarla, porque como digo muchas veces, creo que todos los grupos de esta Cámara compartimos objetivos en la necesidad de luchar contra el fraude fiscal internacional y contra los paraísos fiscales. Pero la sociedad española no es ingenua, y no es creíble que pretendemos acabar aquí, con una proposición no de ley, con un tema tan complejo, tan difícil de solucionar, y hagamos desaparecer como con una varita mágica los problemas que existen en un mundo cada vez más globalizado, más interconectado y, sobre todo, más digitalizado gracias al uso de Internet y de las nuevas tecnologías. No es fácil y lo saben. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular vamos a defender una enmienda con un texto más razonable, más realista, en el contexto de una economía, como decía, mucho más globalizada y digitalizada, que nos exige, sin ninguna duda, mayor cooperación y coordinación a nivel internacional. Por eso en nuestra enmienda hablamos de seguir impulsando en los foros internacionales, la Unión Europea, la OCDE, medidas contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales porque todos nosotros y todos los países de la Unión Europea compartimos ese objetivo común; trabajar en el marco de la OCDE para conseguir un acuerdo internacional que permita gravar el beneficio de las grandes multinacionales tecnológicas, y estudiar la posibilidad de establecer una nueva fiscalidad en España para las empresas multinacionales de la economía digital.
Señorías, el propio presidente, el señor Rajoy, manifestó recientemente que las grandes empresas tecnológicas deben pagar sus impuestos allí donde obtienen sus beneficios. En eso estamos completamente de acuerdo. Las grandes empresas tecnológicas están en el punto de mira del Gobierno desde hace tiempo, y lo saben porque supongo que leen la prensa, pero a nadie se nos escapa que el impuesto sobre sociedades es una de las armas principales que manejan los Estados miembros de la Unión Europea para competir unos con otros. La mayoría de los países han ido reduciendo la tasa impositiva durante los últimos años en aras de atraer inversión extranjera. Esto lo sabemos todos. Y Bruselas lleva tiempo criticando este desajuste impositivo dentro de la Unión Europea. La Comisión propone una tasa mínima que ningún país pueda rebajar, estamos hablando de la base común consolidada del impuesto sobre sociedades en la que sigue trabajando la Unión Europea desde hace tiempo. Por tanto, los retos de la hacienda del siglo XXI pasan porque las grandes empresas tecnológicas, en eso estamos totalmente de acuerdo, paguen los impuestos que les corresponden; el problema reside en cómo gravar a unas empresas que cuentan, como saben, con complejos entramados societarios, mientras que cada vez se venden más servicios a través de Internet en lugar de productos. Es una tarea compleja y de eso tenemos que hacernos eco y ser conscientes en esta Comisión.
Por tanto, hoy no vamos a inventar la pólvora ni a solucionar el problema de la fiscalidad y de la elusión fiscal internacional con esta PNL, porque además esta ofensiva ya está instalada la Unión Europea y tendrá su punto de inflexión de manera inminente; el próximo 21 marzo la Comisión Europea va a mover ficha, no sé si saben ese dato, y va a desvelar sus planes para gravar a los gigantes de Internet allí donde crean valor. El 21 de marzo es la semana que viene, entonces no entiendo las prisas por introducir
esta PNL cuando estamos pendientes de ver qué decisión adopta la Comisión Europea porque esto es un interés de todos los Estados y no solo del Estado español. La propuesta legislativa sobre la que trabaja el Ejecutivo comunitario plantea una vía de acción urgente, un impuesto temporal a los ingresos de las grandes compañías como Google, Twitter, Instagram y Facebook, que es de lo que estamos hablando aquí.
Por tanto, señorías, creemos que en materia de lucha contra la elusión fiscal internacional hay que ser más serios, más rigurosos, más responsables, y no pretender plantear soluciones que, a la postre, realmente no van a aportar más allá de lo que ya están aportando estos organismos internacionales. En cuanto a la lucha contra los paraísos fiscales, saben que también en la Unión Europea se está trabajando en una lista común. Incluso recientemente, ayer, 13 de marzo, se ha aprobado una lista negra de paraísos fiscales elaborada por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. El nuevo ministro de Economía de España, a quien damos la enhorabuena por su nombramiento desde el Grupo Parlamentario Popular, ha estado ya en esa reunión para la lucha contra los paraísos fiscales. En definitiva, el Gobierno ha hecho cosas y está haciendo muchas más para avanzar en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal internacional. Y hablar, señores de Ciudadanos, está muy bien, pero hay que actuar y tomar decisiones y medidas eficaces. El Gobierno del Partido Popular ha trabajado intensamente en reformas del impuesto sobre sociedades, y la normativa española ya recoge muchas medidas antiabuso, antielusión, que precisamente pretenden localizar en territorio español la tributación de estas grandes multinacionales. Por otro lado, en materia de control, la planificación fiscal internacional en sus distintas manifestaciones constituye una de las líneas prioritarias de actuación de la Agencia Tributaria en materia de prevención y control del fraude. El Grupo Parlamentario Popular quiere dejar muy claro que España mantiene una posición muy firme en la lucha contra el fraude fiscal internacional en general y, en particular, contra el que se canaliza a través de paraísos fiscales, para lo cual participa muy activamente desde hace tiempo en los grupos de trabajo internacionales tales como el G-20, la OCDE o la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Y en materia de intercambio de información, también hemos dado pasos muy importantes con la firma de múltiples convenios de doble imposición, con cláusula de intercambio de información, o la firma de acuerdos de intercambio de información.
Como conclusión -voy terminando, señor presidente-, sin perjuicio del mantenimiento de la firme posición española de lucha contra el fraude fiscal internacional, teniendo en consideración lo señalado anteriormente, desde nuestro punto de vista parece más apropiado esperar a los resultados de los trabajos de la Unión Europea y de la OCDE porque son inminentes, para el estudio y la adopción por parte de España de medidas coherentes con los nuevos estándares internacionales que resulten de esos trabajos. Y en esa línea está redactada nuestra enmienda.
El señor Bel ahora sí está aquí. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
En todo caso, entendemos y comprendemos la iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Consideramos que, efectivamente, hay que tomar medidas para conseguir una tributación efectiva dentro del Estado español de los beneficios de estas empresas multinacionales tecnológicas. Y la verdad es que no es una cuestión fácil de resolver porque si lo fuera, seguramente ya se habría resuelto. Nosotros entendemos que sería conveniente hacerlo en un marco más global porque, si no, puede provocar ciertas distorsiones. Tal y como afirmó el comisario Moscovici, y ustedes lo recogen en su propuesta, lo ideal sería crear este campo de juego dentro del marco de la Unión Europea, para que todas estas empresas supieran que es el mismo campo de juego en el que se van a mover a efectos fiscales y de tributación de sus beneficios en el conjunto de los países de la Unión Europea. Pero también es verdad que hace tiempo que se está trabajando en ello y no termina de llegar.
Por tanto, podríamos estar y, de hecho, estamos de acuerdo con la mayoría de los planteamientos de la moción, pero, claro, nos sorprende -perdón al proponente- un aspecto especialmente que es el punto tercero. Fíjense, acuden a esta Comisión de Hacienda pidiendo amparo para que sus socios les cumplan
el acuerdo de investidura. Esto es como aquel matrimonio que tiene desavenencias y va al vecino del rellano, al vecino de arriba o de abajo, y le pide que le diga a su esposo o esposa que cumpla con los acuerdos de gananciales o de separación de bienes. Señorías, pónganse de acuerdo ustedes y no busquen el amparo porque las cosas no van así; cuando uno tiene que ir a buscar el amparo de los otros para que se cumplan los acuerdos de investidura, seguramente es que las cosas no funcionan, pero no nos hagan responsables. A nosotros, al menos al Partit Demòcrata, no sé si al resto de los grupos, nos pidieron opinión sobre el acuerdo de investidura...
El señor PRESIDENTE: Señor Bel, perdone, creo que no ha pulsado el micrófono. (Risas).
El señor BEL ACCENSI: Perdón, no se preocupen que lo repito todo otra vez. (Risas). Yo creo que sí lo había pulsado, pero algún vecino me lo habrá desconectado. (Risas).
Bromas aparte, lo que nos genera dudas a la hora de apoyar la PNL es precisamente que acudan aquí para resolver sus desavenencias. (El señor De la Torre Díaz: Está transaccionado). Está transaccionado, entonces, si quitan de la transacción su apelación al cumplimiento de los acuerdos para hacer presidente al señor Mariano Rajoy, quizás nos será más fácil votar a favor.
¿Tampoco hay todavía ninguna decisión tomada en relación con las enmiendas?
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Hemos transaccionado con el Grupo Parlamentario Socialista y parte del contenido de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, así como la opinión del señor Bel, se incluyen en la transacción que ya tienen y que hacemos llegar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Es decir, que al final se someterá a votación con la transacción.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Se someterá a votación en los términos de la transacción entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
- SOBRE LA DISCRIMINACIÓN FISCAL QUE SUFRE EL COLECTIVO DE EMIGRANTES RETORNADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003001).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, entonces, al punto 6.º del orden del día: Proposición no de ley sobre la discriminación fiscal que sufre el colectivo de emigrantes retornados. Es una proposición del Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo diría que esta legislatura es frustrante, las proposiciones legislativas las veta el Gobierno con lo cual no se pueden debatir, aparte de la inactividad o pasividad completa de este Gobierno durante esta legislatura. Pero es que las proposiciones no de ley se aprueban y el Gobierno demuestra una enorme desconsideración que, desde luego, denuncio en mi intervención en esta proposición. Es una enorme desconsideración y hago memoria al respecto. En junio de 2017 del año pasado se aprobó en esta Cámara y en esta Comisión una iniciativa que trataba de abordar y, sobre todo, evitar que no se volviese a repetir el acoso fiscal que se produjo en el año 2013 a los emigrantes retornados. Estamos hablando de un colectivo de aproximadamente un millón de personas con sus respectivas familias, que emigraron a países fundamentalmente a países de Centroeuropa, y que retornaron no solamente en paz, sino continuando aportando divisas a este país, y a los que todos debemos nuestro agradecimiento y, desde luego, el reconocimiento de una honorabilidad que, de forma inaudita, ha tratado de perjudicar el Ministerio de Hacienda con la política fiscal que desarrolla a través de la Agencia Tributaria. En 2013 se empieza a acosar a los emigrantes retornados, se hacen notificaciones en masa y liquidaciones imponiendo sanciones e intereses de demora. La movilización social impidió continuar con ese acoso. Y después de las iniciativas legislativas y no legislativas que se tramitaron en la Cámara, el Gobierno toma la decisión de crear un procedimiento extraordinario de regularización durante el primer semestre de 2015.
A ese procedimiento se acogieron aproximadamente un 20 % de los emigrantes retornados afectados, 160 000 personas. Se recaudaron más de 107 millones de euros. Y en ese procedimiento de regularización, el Gobierno se comprometía a devolver, previa solicitud en este caso de los emigrantes, los intereses de demora y sanciones recaudados; de 20 millones se devolvieron 13 millones y siete millones se han quedado en las arcas de la Hacienda Pública.
Pues bien, en junio nosotros presentamos la iniciativa, la debatimos y se aprueba en esta Comisión para que no se volviese a repetir lo ocurrido. Queríamos poner remedio y solución para que la situación de acoso fiscal a los emigrantes retornados no se volviese a repetir. El Gobierno ha tenido tiempo de cumplir con lo aprobado en esta Comisión, una serie de puntos que en concreto significaban un tratamiento fiscal singular a los emigrantes retornados, la devolución de oficio de los recargos y sanciones recaudadas, la aportación de un borrador, al igual que a cualquier contribuyente, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, acatar y hacer extensibles los criterios de la sentencia del Tribunal Supremo con relación al Convenio Bilateral con Alemania que afectaba a los emigrantes retornados y, por último, la homologación de las pensiones del exterior, sobre todo de aquellas que pudiesen ser catalogadas de invalidez absoluta y permanente o gran invalidez porque están exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Era una encomienda al Gobierno para tomar medidas e, insisto, para que no se volviese a repetir el acoso fiscal. Pues bien, recientemente, hace aproximadamente dos meses, el señor Montoro ha vuelto a las andadas, ha vuelto a notificar requerimientos masivos a los emigrantes retornados, sin haber adoptado ninguna de las medidas encomendadas por el propio Congreso de los Diputados. Esto significa volver al acoso fiscal a estos emigrantes. Y lo que pedimos en esta proposición, ante la inactividad, la inoperancia, la negligencia y la insensibilidad de este Gobierno, es tomar de nuevo cartas en el asunto y exigir mediante un nuevo acuerdo de esta Cámara, en primer lugar, que se lleven a cabo y se hagan realidad los acuerdos de junio de 2017 para evitar el acoso. En segundo lugar, que se paralice cualquier tipo de requerimiento de los que se están practicando en estos momentos hasta que no se ejecuten en su totalidad los acuerdos de esta Cámara. Y en tercer lugar, homologar de una vez por todas las pensiones del extranjero con relación a la calificación y catalogación de las pensiones de la Seguridad Social. Es inadmisible que en los países de la Unión Europea que se están homologando los títulos académicos, los carnés de conducir, cualquier tipo de cuestión que signifique derechos o licencias sobre algo y, sin embargo, las pensiones todavía estén sin homologar, cuando las pensiones tienen no solamente un efecto fiscal porque gran parte de ellas, las que son de gran invalidez, están exentas, sino que, además, tras el convenio de todas las haciendas públicas de los países de la Unión Europea y la transferencia de información se está liquidando como rentas no declaradas una serie de pensiones que seguro que en gran parte van a estar exentas. Estamos creando un malestar, un daño moral, estamos asustando causándoles un auténtico temor a personas de muy avanzada edad, que han sido siempre extraordinariamente cumplidoras con la Hacienda Pública, que han requerido información, y a las que siempre se les ha dicho que no tienen que tributar. Y ahora, en vez de ser sensibles, hacer una campaña informativa, aclarar los criterios de declaración y homologar las pensiones con respecto al extranjero, el señor Montoro vuelve al acoso fiscal, al requerimiento masivo y a la liquidación. Es inadmisible, intolerable, y espero que esta iniciativa sea aprobada por unanimidad, y que la desconsideración que ha demostrado el Gobierno no se vuelva a repetir.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor presidente.
Vaya por delante nuestro máximo apoyo, incluso diré más, nuestra máxima comprensión con lo que usted ha expuesto. Estamos completamente de acuerdo. Creo que hay que recordar dos cosas posteriores a la Guerra Civil, fueron los españoles los que liberaron a París del fascismo, también fueron los españoles que emigraron los que ayudaron a reconstruir Europa, y fueron ellos también los que con sus remesas ayudaron junto con el turismo a la reconstrucción y al crecimiento económico de este país. Y lo digo fundamentalmente por una cuestión, toda sociedad y todo país se fundamenta al final en el trabajo, son los trabajadores y su trabajo los que desarrollan un país. Y también digo esto porque en este país ha habido siempre algo que se expresa ahora en lo que estamos viendo: una contradicción entre el trabajo y los rentistas. ¿Por qué digo esto? ¿Qué mensaje se les da, en este caso a los emigrantes pensionistas, cuando se les persigue fiscalmente, como bien ha definido el compañero socialista, y en cambio para los
que viven del cuento se hacen amnistías fiscales? Y digo esto porque ha habido dos frases en el debate de esta mañana que creo que marcan un antes y un después. Se ha reconocido el trabajo de todos los pensionistas en la construcción de este país, pero al mismo tiempo se ha afirmado que la indexación al IPC no funciona. Y la traducción de eso es que mantener el nivel de vida de los que cobran una pensión, sea o no del extranjero, no funciona. Eso es lo que se ha dicho. Me parece una manifestación de un Gobierno que ha renunciado al fin último de la política que es proteger a sus ciudadanos, está renunciando cada vez más a proteger a crecientes capas de la sociedad, un problema que explica la actual situación.
Termino. Nosotros estamos completamente de acuerdo con la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y la vamos a apoyar. Un Gobierno más allá de establecer leyes, más allá de la cuestión burocrática o técnica, creo que tiene que honrar a su pasado no solo con palabras, sino con hechos. Y perseguir fiscalmente a la gente que ayudó a reconstruir Europa y a reconstruir este país es, como mínimo, y perdónenme la expresión, de sinvergüenzas.
En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tien la palabra la señora Jordà. (Denegación). Renuncia a su turno. Pasamos, por tanto, al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra el señor De la Torre.
Como bien han relatado los anteriores portavoces, efectivamente hubo un problema con las pensiones de estos emigrantes retornados y esta misma Comisión por 22 votos a favor y 14 abstenciones aprobó una proposición no de ley instando a que esta tributación tuviese un tratamiento fiscal específico, se procediese a la devolución de los importes cobrados indebidamente, se hiciese caso a los tribunales de justicia, por ejemplo, cuando de acuerdo con el convenio decían que las rentas alemanas derivadas de estos rendimientos del trabajo y de los organismos de pensiones respetando los convenios bilaterales estaban exentas, y se hiciese el máximo esfuerzo para que estos emigrantes retornados recibiesen en su borrador de la declaración de Hacienda todos los ingresos, un procedimiento de homologación y la no aplicación de sanciones ni recargos a posteriores requerimientos. El Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria no han cumplido con la totalidad de esta proposición y ahora el Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que con muy buen criterio, insta a que se cumpla en todos los términos el acuerdo del Congreso, que se a que se paralicen estos requerimientos hasta que no se cumpla, y luego establecer con carácter de urgencia una cuestión que es de sentido común de un procedimiento de homologación de pensiones en el extranjero con las pensiones de la Seguridad Social, para que las que sean por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez estén exentas de IRPF. Esto es de sentido común y además es coherente con la normativa comunitaria, porque si las pensiones internas por estos conceptos están exentas, lo que se puede admitir es que si esta pensión procedente de otro Estado miembro la cobra un residente español tenga que tributar, porque esto afecta negativamente a la libertad de circulación de personas y de capitales y a la libertad de establecimiento.
En consecuencia, estamos plenamente de acuerdo en que esta situación es intolerable. Además, conviene recordar que esta misma Comisión y posteriormente el Pleno del Congreso aprobaron con los votos del Grupo Popular que los defraudadores de la amnistía fiscal, en lugar de pagar el 3 % que indebidamente pagaron por una amnistía fiscal que luego se declaró inconstitucional, pagasen el 10 %, y que el Gobierno no hizo ni caso. Parece absolutamente intolerable que a los beneficiarios defraudadores -como ha dicho antes otro portavoz, el problema no es que sean rentistas o dejen de serlo- se les haya dado un trato más favorable que a gente que cumple con las normas o que, no cumpliéndolas, no lo hace por propia intención sino por razones de olvido, que es infinitamente más justificable que el señor que tiene varios millones de dólares en Suiza, como hemos conocido, por ejemplo, con casos de la amnistía fiscal. Pues bien, a esta gente de la amnistía no se le hizo nada, no se cumplió el mandato parlamentario, no se cumplió con el propio decreto ley inconstitucional de amnistía, y pagaron menos de un 3 % efectivo, en lugar del 10 % que como mínimo tendrían que haber pagado, y, sin embargo, a unos pobres emigrantes retornados se les quiere exigir todo el peso de la ley, a veces, como he explicado antes, contra la normativa comunitaria, como es en el caso de las pensiones de gran invalidez e incapacidad.
En consecuencia, mi grupo valora muy positivamente esta proposición no de ley del Grupo Socialista, nos solidarizamos con estos emigrantes retornados y, por supuesto, votaremos a favor.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ MELERO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.
De nuevo, nuestro grupo votará a favor, porque, como no puede ser menos y como se ha dicho en varias de las intervenciones que me han precedido, no podemos estar en desacuerdo con el fondo de esta cuestión. Desde luego, es sorprendente que alguien pudiese estar en desacuerdo. Es incluso sorprendente que los autoproclamados constitucionalistas, que nos excluyen al resto del honor de defender los principios básicos de nuestra Constitución, gobiernen recurrentemente contra los derechos que la misma establece. Para nosotras este es un caso especialmente grave. El artículo 42 de nuestra Constitución establece entre los elementos rectores de la política social y económica que el Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de las personas trabajadoras de nacionalidad española que han trabajado en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. No es de extrañar, coincidiendo con la historia de nuestro país, que nos haya preocupado y aún hoy nos preocupe la situación de nuestros emigrados, hasta el punto de llevarla a una premisa que debe orientar la acción en nuestra Constitución. Queremos que retornen y, especialmente, deseamos que nuestros mayores puedan retornar en la última etapa de su vida y disfrutar de los derechos que han conquistado trabajando, aunque ese trabajo se hayan visto obligados a desempeñarlo en otros países.
En el año 2014, en pleno ajuste económico poscrisis, cuando nuestros jóvenes emigraban en masa del país por sus nefastas políticas económicas ante esa crisis, cuando dejábamos de ser un país receptor de emigrantes porque se había hundido aquel milagro español de la economía de los que hoy merecen o están en cárcel y una vez más en nuestra historia volvíamos a ser un país emisor de emigrantes, ustedes modificaban la Ley sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, seguramente contándonos que iban a regular la situación de impago de impuestos de nuestros emigrantes y tratando de dibujar, como hacen habitualmente, una realidad que no existía: hordas de jubilados que retornaban para chupar del bote en sus últimos años, cuando no habían contribuido con sus aportaciones impositivas; como siempre, ustedes una vez más con la irresponsabilidad de enfrentar a ciudadanía humilde con ciudadanía aún más humilde, en lugar de garantizar desde el Ejecutivo los derechos fundamentales de toda una vida de trabajo, en este caso larga porque son generaciones que comenzaron a trabajar muy jóvenes, y dura porque muchas de ellas son personas que tuvieron que huir del país en el momento más negro de nuestra historia.
Si ya era dudosa la premisa con la que hacían esta modificación legislativa, la aplicación ha sido directamente desastrosa y ha supuesto graves perjuicios a las personas mayores que no tenían más voluntad que terminar sus días en su patria, de la que ustedes tanto presumen y a la que tan poco defienden. Y no son pocos, estamos hablando de 800 000 pensionistas retornados, y ustedes no tuvieron en cuenta la edad ni las condiciones de estas personas en la aplicación de la norma. No les han informado adecuadamente, no les han atendido en el proceso de regulación y en algunos casos ni siquiera han reconocido de forma homóloga condiciones de incapacidad que ya habían sido reconocidas por los países en los que habían trabajado toda su vida. Ni siquiera les han reconocido muchos de los motivos por los que podrían haber estado exentos de los mismos impuestos que ustedes les reclamaban. En definitiva, han provocado una grave discriminación entre españoles: de un lado, pensionistas que han trabajado en España y que tienen reconocidas las exenciones por sus condiciones, y, de otro, los que han trabajado en el extranjero y a los que no se les reconocen dichas exenciones porque se han sacado una ley de la manga que han aplicado de una manera absolutamente irracional y abusiva. Ustedes mandaron 600 000 cartas que solo pueden ser calificadas de amenazantes, cartas enviadas incluso a pensionistas retornados que no tenían obligación de pagar y a quienes les han hecho pagar. Pero esta chapuza no era una sorpresa. Ustedes mismos regulaban preventivamente en su norma el mecanismo de devolución de recargos, intereses y sanciones, lo que constituye un reconocimiento implícito de que la Agencia Tributaria estaba realizando una interpretación abusiva de las disposiciones legales. Además, la ausencia de orientación e información -esa que sí tuvieron los defraudadores de la amnistía fiscal que hicieron a la vez-, esa ausencia de orientación ha hecho que muchos pensionistas, además del miedo que han pasado, del susto por la pérdida de recursos económicos, hayan tenido que recurrir a orientación y ayuda legal privada, sumando un coste más a los abusos que ustedes han cometido.
Ustedes preveían cobrar grandes cantidades de dinero. Lo cierto es que han cobrado 309 millones, cantidad que no llega al 20 % de lo que esperaban recaudar. Además, 20 de ellos son recaudados de forma irregular; ya han devuelto 7 millones, pero todavía quedan 13 por resolver. ¿De verdad merecía la pena someter a nuestros pensionistas retornados a esta situación, a personas de avanzada edad que han tenido que vivir en otro país en los peores momentos de España y han querido retornar a su patria para disfrutar de la jubilación que se han ganado trabajando? Se han visto en una situación económica gravísima. En algunos casos han tenido que retornar al lugar del que procedían, donde habían desarrollado sus trabajos, por la situación económica que les ha generado la abusiva medida que adoptó el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ MELERO: Termino.
Esperamos que se apruebe esta proposición no de ley, pero, sobre todo, que el Partido Popular deje de ignorar las recomendaciones al Gobierno que realiza este Parlamento, que aunque se hagan en forma de proposición no de ley deberían ser tomadas en consideración por sus señorías y el Ejecutivo. Les pediría que respaldaran y se tomaran en serio resolver una situación que es vergonzante para todos los que hemos conocido el caso que estas personas estaban sufriendo.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fole.
Señor Hurtado, no es la primera vez que escucho sus intervenciones en distintas comisiones en las que coincidimos, y reconozco que las hace de una forma apasionada y, en principio, parece que con formación e información de lo que habla, y créame que a veces incluso empieza a convencerme, pero, cuando entro un poco en el fondo de la cuestión, mucha pasión pero poca razón. No le tomo a usted -le tengo en estima y aprecio- como un trapadeiro, tiene información y formación tributaria, así como experiencia en esta Cámara para saber lo que es y lo que se hizo en materia de pensiones. Pero su grupo vuelve a traer esta moción para tratar lo mismo, lo mismo que en el pasado mes de junio, como usted decía, pidiendo exactamente lo mismo.
Estamos de acuerdo con lo que dijeron todos los grupos sobre el fondo: ayudar a los emigrantes retornados, pero no sobre las formas: engañar a los emigrantes retornados, que es lo que están haciendo ustedes. Lo traen en un momento en el que en su partido está adquiriendo un matiz y un cariz importante el tema de la pensiones y en un momento en el que su partido rompe con los compromisos que dieron tantos resultados en el pasado, como es saltarse el Pacto de Toledo y presentar mociones en todos los ayuntamientos de España o en casi todos para abordar el tema de las pensiones con el fin de sacar rédito electoral. Ustedes proponen cosas para desgastar al Gobierno de cualquier forma. Si no se suben las pensiones, porque no se suben y entonces culpan al Gobierno; y si se suben todas las cosas que están en marcha y se pone en riesgo el Estado del bienestar, también la culpa será del Gobierno, con lo cual objetivo conseguido: desgastar al Gobierno engañando a la gente. Y hacen lo mismo con los emigrantes retornados: muchas palabras bonitas, mucho sentimiento sobre su importancia y sacrificio, para luego engañarlos. Créame que esto no es lo que merecen.
Conclusión. ¿Qué quieren con esta PNL, ayudar a los emigrantes retornados o sacar unos cuantos votos de ellos? Vamos a explicar -o a intentarlo, resumidamente- el porqué de los puntos de estas tres mociones, que son los mismos que ya habíamos planteado, defendido y explicado con bastante lujo de detalle en el pasado mes de junio.
El primer punto que solicitan es cumplir todos los acuerdos de la Comisión del 14 de junio de 2017. Ya hemos explicado -y volveré a resumirlo- las complejidades que puede suponer paralizar todos los requerimientos realizados a los emigrantes hasta que se cumpla el punto anterior. ¿Ustedes son los que hablan de inacción? Están obligando a la inacción. Si hay cosas que no se pueden cumplir, están pidiendo paralizar expedientes mientras que no se cumpla lo que no se puede cumplir. Es un absurdo.
Y en segundo lugar, proceso de homologación de las pensiones. Señor Hurtado, no por el hecho de decir a alguien lo que quiere y necesita oír se tiene más razón ni se es más responsable. Usted conoce perfectamente las complejidades y dificultades para evitar la doble imposición y aprobar una norma
específica, pues habría que cambiar multitud de convenios y tratados internacionales que se verían afectados por el modelo de convenio de la OCDE. Además, de optarse por esta vía, habría que hacerlo para todo tipo de situaciones de similares complejidades, lo que daría lugar a un modelo y un marco normativo de IRPF extremadamente confuso y complejo. Usted sabe también que el borrador de la declaración depende de la información que la Agencia Tributaria tenga de los obligados tributarios en ese momento y que a veces no se recaba en tiempo y forma para ello. Y sabe usted también o debería saber en cuanto a la devolución de oficio por sanciones y recargos que no todos los perceptores se encuentran en el mismo punto del procedimiento administrativo de regularización de su situación, y conoce los medios necesarios que ha dispuesto la Agencia Tributaria, que habilitó en todas sus delegaciones especiales medios específicos para prestar sus servicios, informar al contribuyente y prestarle todo tipo de aclaraciones. Es posible que en algún momento pudieran resultar insuficientes, pero se hizo y se han aclarado las diferentes posturas y dudas que tenían sobre el tema.
Con respecto a la homologación de las pensiones, también sabe que, en el ámbito de la coordinación internacional de los sistemas de seguridad social, el Reglamento 883/04 de la Unión Europea dispone que, en referencia a una persona que ha realizado actividad laboral en distintos países de la zona euro, las instituciones competentes de cada uno de esos países efectúa su propia evaluación, de acuerdo con su legislación, y para ello tiene en cuenta los informes emitidos por otros países, informes no vinculantes pero que se tienen en cuenta a la hora de valorar y coordinar esas homologaciones. El propio reglamento establece la necesidad de coordinar estos informes para respetar las características especiales de las distintas legislaciones de los diferentes Estados, aun no siendo vinculantes los informes de un Estado en la legislación de otro Estado miembro. Por tanto, se ve claro que no se puede incidir y exigir a otro Estado las homologaciones en función de la legislación que tengamos en nuestro país.
Por último, en las normas internacionales de seguridad social adoptadas por el Consejo de Europa: la Carta Social Europea, el Código Europeo de Seguridad Social, y en la Organización Internacional del Trabajo no se prevé ninguna disposición encaminada a homogeneizar las legislaciones nacionales relativas a determinar los grados de invalidez. No se trata de coordinar u homologar dos rentas que ya están exentas, estamos hablando de homologar los informes para conocer qué tipo de invalidez puede tener una persona u otra. Entonces, aclaremos las cosas.
Aun así, creo que tenemos que seguir trabajando. Estaremos con los emigrantes retornados, como hemos estado siempre, ayudando en todo lo que sea posible y sea realizable, informando de todo lo que necesiten aclaración, pero, sobre todo, no engañando y proponiendo imposibles. Lo que se podía hacer se hizo: exonerar sanciones, recargos, intereses de demora, abrir plazo de seis meses para que pudiesen regularizar su situación. Desde la Xunta de Galicia, donde tenemos muchísimos emigrantes retornados, por acuerdo unánime del Parlamento de Galicia se hicieron unas peticiones al Gobierno que provocaron algunas modificaciones y la puesta en marcha de alguna de estas medidas. Pero ¿se ha dicho a los emigrantes que no tienen que tributar? ¿Quién se lo ha dicho, el Partido Socialista?, ¿que no tenían que tributar por sus rentas? ¿O es que quieren que todas estas rentas sean exentas y entonces crear una discriminación negativa sobre el resto de los pensionistas españoles?
Señor Hurtado -acabo ya, señor presidente, y gracias por el tiempo-, parece que no acaban de entenderlo, lo que ustedes piden no se hace en seis meses. Eso sí, lo que hay que hacer es desgastar al Gobierno siempre en el menor tiempo posible. Señorías, para ayudar a alguien hay que decir aquello que le solucione el problema, no solo aquello que quiere escuchar.
Terminamos así el orden del día.
En tres minutos estamos votando, por si falta algún integrante de los grupos. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la votación del punto 1.º, sobre la limitación de sueldos en empresas con participación pública, que se vota con la transacción de Ciudadanos y las autoenmiendas del propio Grupo de Unidos Podemos.
Pasamos al punto 2.º, sobre la implementación de distintas medidas fiscales para la mejora de la calidad del aire de las conurbaciones urbanas. Se vota con la transacción de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Socialista y PDeCAT.
Punto 3.º, iniciativa sobre cesión de derechos de pago único. Se vota con la segunda enmienda de Unidos Podemos, que presentó dos, y se aceptó la segunda.
Punto 4.º, sobre la extensión del acuerdo de convalidación de interinos en las administraciones públicas. La votamos con la transacción de Ciudadanos y Grupo Parlamentario Socialista.
Punto 5.º, relativo al establecimiento de una tributación efectiva mínima en España sobre los beneficios de las grandes multinacionales tecnológicas, que se vota con la transacción del Grupo Parlamentario Socialista.
Último punto del orden del día, sobre la discriminación fiscal que sufre el colectivo de emigrantes retornados, que votamos en sus términos.
Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.
En el Diario de Sesiones número 429, correspondiente a la Comisión de Hacienda y Función Pública, sesión número 15, celebrada el miércoles 14 de febrero de 2018, en la página 38, el resultado de la votación de la proposición no de ley sobre el tratamiento del impuesto sobre el valor añadido en las subvenciones públicas fue el siguiente: votos a favor, 22; abstenciones, 14.