Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sobre-la-fase-administrativa-del-procedimiento-de?documento=rpenal&contexto=rpenal_b75e14a48dea01bae0430a01015101ba&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 18:42:44
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﻿ SOBRE LA FASE ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE LA LEY 975 DE 2005 O DE “JUSTICIA Y PAZ” (LJP)
CONTENIDO:EN ESTE ARTÍCULO SE PRETENDE ESTABLECER POR QUÉ LOS PROCESOS DE DESMOVILIZACIÓN, DESARME Y REINSERCIÓN LLEVADOS A CABO POR GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY DE CORTE PARAMILITAR, EN LA FASE ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, LLEGAN A SER EN SU ESTADO ACTUAL PARCIALMENTE EFICACES PARA DETERMINAR EL CESE DE LA VIOLENCIA PARAMILITAR. DESDE NUESTRA PERSPECTIVA, MIENTRAS LA VIOLENCIA SIGA SIENDO UNA PRÁCTICA SOCIAL INTERIORIZADA POR DETERMINADOS AGENTES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE REPRODUCCIÓN, LOS PROCESOS DE DESMOVILIZACIÓN, DESARME Y REINSERCIÓN LLEVADOS A CABO EN LA FASE ADMINISTRATIVA Y, CON ELLO, EL DE LA LEY 975, TENDRÁN EL CARÁCTER DE DISFUNCIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY DE JUSTICIA Y PAZ, PROGRAMAS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
TÍTULO:SOBRE LA FASE ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE LA LEY 975 DE 2005 O DE “JUSTICIA Y PAZ” (LJP)
AUTOR:JOHN E. ZULUAGA TABORDA Y MANFREDO KOESSL
REVISTA DERECHO PENAL N°:37, OCT.-DIC./2011, PAGS. 5-64.
Sobre la fase administrativa del procedimiento de la Ley 975 del 2005 o de ‘Justicia y Paz’ (LJP)
Revista Nº 37 Oct.-Dic. 2011
Doctorandos de las universidades Georg August Universität Göttingen y Hamburg respectivamente
(Colombia-Argentina)
En este artículo se pretende establecer por qué los procesos de desmovilización, desarme y reinserción llevados a cabo por grupos armados organizados al margen de la ley de corte paramilitar, en la fase administrativa del proceso de la ley de justicia y paz, llegan a ser en su estado actual parcialmente eficaces para determinar el cese de la violencia paramilitar. Desde nuestra perspectiva, mientras la violencia siga siendo una práctica social interiorizada por determinados agentes sociales como estrategia de reproducción, los procesos de desmovilización, desarme y reinserción llevados a cabo en la fase administrativa y, con ello, el de la Ley 975, tendrán el carácter de disfuncionales.
Fase administrativa; desmovilización; desarme; reinserción; proceso de paz en Colombia; paramilitarismo-violencia.
El surgimiento de la Ley 975 del 2005 se da ante la imposibilidad establecida en el derecho penal internacional —en adelante, DPI— de otorgar un perdón total a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley —en adelante, GAOML— como autores de graves crímenes internacionales y, a la vez, la necesidad de dar continuidad a los procesos de desmovilización de numerosos grupos y líderes paramilitares que desde antes del 2003 habían dado comienzo a tales procesos. La ley aprobada ha establecido la judicialización de los GAOML a fin de sostener la desarticulación de estructuras armadas irregulares y con ello facilitar el proceso de paz y reincorporación a la vida civil de integrantes de GAOML. Para ello, el procedimiento de la Ley 975 del 2005 ha previsto la disolución de GAOML(1), ya sea de manera colectiva o individual (desmovilización)(2), y la dejación de armas(3) como actos iniciales y previos a la investigación y judicialización de los integrantes de dichos grupos postulados al proceso de justicia y paz(4). Estos actos se llevan a cabo en la llamada fase administrativa(5) y propician la activación de la jurisdicción penal de “Justicia y Paz” por medio de la determinación de los integrantes del GAOML que aspiran al régimen especial de pena que consagra la Ley 975 —LJP—(6). Dicha fase resulta determinante para el procedimiento de justicia y paz, pues, por un lado, en ella se concreta el cese de hostilidades del GAOML o de uno(s) de sus miembros por medio de la desmovilización y dejación de armas y, por otro lado, en consecuencia, se determinan aquellos desmovilizados a partir de los cuales se intenta la realización de los mandatos de verdad, justicia y reparación que prevé la Ley 975 y se activa la competencia de la Fiscalía para el inicio de la investigación(7).
A propósito de la desmovilización de una gran parte de las Autodefensas Unidas de Colombia —en adelante, AUC— la fase administrativa ha sido permanentemente observada y discutida por múltiples organizaciones oficiales y no gubernamentales(8). Entre los aspectos críticos se ha resaltado especialmente la ineficacia del rompimiento militar o cese de hostilidades de un GAOML o uno(s) de sus integrantes en el escenario de dicha fase para determinar el alejamiento de las actividades armadas y el cese de vulneraciones a los derechos humanos(9). El rearme de desmovilizados(10) y la continuidad en las infracciones al derecho internacional humanitario(11) han sido las repercusiones críticas más destacadas de los procesos de desmovilización, desarme y reinserción —en adelante, DDR— llevados a cabo con los grupos paramilitares en la fase administrativa previa al trámite judicial de la Ley 975(12). Así mismo en los ámbitos jurídicos y operativos se han resaltado falencias(13) que han tenido un papel determinante en la puesta en marcha del procedimiento judicial previsto en dicha ley(14).
Con los grupos paramilitares, el cese de hostilidades que suponen los procesos de DDR parece ser disfuncional frente a las (continuas) prácticas de violencia que se desarrollan en algunas regiones de Colombia(15). Las explicaciones a dicha problemática han estado inclinadas a entender que el cese de hostilidades de estos grupos (desmovilizaciones) en escenarios de conflicto como el colombiano no pueden llegar a determinar la neutralización de las prácticas violentas al tener estas múltiples fuentes/intereses de producción y reproducción(16).
Se afirma reiteradamente que los procesos de DDR con los grupos paramilitares han sido peculiares en tanto se llevan a cabo en un contexto marcado por la persistencia en el conflicto, la presencia del fenómeno del narcotráfico, de diversas maneras ilegales de economía y diferentes controles locales de procesos políticos y sociales realizados por agentes sociales sustentados en la presencia armada(17). En este último sentido, la eficacia parcial de los rompimientos militares frente a la reproducción de prácticas violentas de los exintegrantes de grupos paramilitares desmovilizados puede estar vinculada al hecho de que la violencia, entre ellas la paramilitar, es parte del modus vivendi de agentes sociales específicos y, a su vez, una estrategia que asegura la continuidad del equilibrio de campo(18). Según este punto de vista, mientras la violencia siga siendo una práctica social interiorizada por determinados agentes sociales como estrategia de reproducción, los procesos de DDR llevados a cabo en la fase administrativa y, con ello, el de la Ley 975, tendrán el carácter de disfuncionales.
A partir de esta perspectiva, no discutida suficientemente en la doctrina sobre el proceso de justicia y paz orientado por la Ley 975 del 2005, este artículo pretende establecer por qué los procesos de DDR llevados a cabo por GAOML de corte paramilitar, en la fase administrativa antes aludida, llegan a ser en su estado actual parcialmente eficaces para determinar el cese de la violencia paramilitar. A esos fines, primero, se hará una descripción general de la regulación y desarrollo de la fase administrativa. Segundo, se expondrán los aspectos más problemáticos de la ejecución de dicha fase. Por último, se desarrollará un análisis de las razones por las que la violencia en el sentido antes mencionado determina las irregularidades de dicha fase y la eficacia parcial del proceso de justicia y paz. Con ello se parte de que la fase administrativa y el tipo de proceso de DDR que en ella se ejecuta y, más allá, el trámite judicial de la Ley 975 no pueden ser escenarios exclusivos para el desarrollo del proceso de transición colombiano.
1. Fase administrativa
1.1. Concepto
Una definición legal directa del término fase administrativa no ha sido incorporada a la Ley 975 del 2005. Este término fue utilizado en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en alusión a lo previsto en el artículo 3.º del Decreto 4760 del 2005 y en los artículos 9.º, 10 y 11 de la Ley 975, refiriéndose a un momento previo del trámite judicial de la Ley 975 en el que compete al Gobierno Nacional la elaboración de la lista de desmovilizados que se postulan a los beneficios de dicha ley(19). Aunque de estas primeras referencias normativas se deja ver la necesaria existencia de un momento previo al estrictamente judicial en el que se asegure la postulación de desmovilizados, no se desprende de las mismas una directa conceptualización ni un marco explícito de propósitos para esta etapa(20). De dichos artículos solo queda claro que el trámite de conducción (judicial) a la determinación de pena alternativa(21) requiere del licenciamiento formal(22), hecho ante autoridades competentes, de un GAOML o alguno(s) de sus integrantes, como actos preparatorios. Ello se desprende no solo de lo definido como desmovilización en el artículo 9.º, sino especialmente de los artículos 10.1 y 11.3 de la LJP que prevén esos mismos ejercicios como requisitos de elegibilidad para acceder a los beneficios de la ley(23).
De estos presupuestos se infiere una noción general según la cual la fase administrativa es una “etapa durante la cual el GAOML o un miembro de este, manifiesta su voluntad de desmovilizarse y suministra información necesaria para acceder a los beneficios económicos y sociales e iniciar su proceso de reintegración”(24). Elementos esenciales de esta primera noción llegan a ser, entonces, la desmovilización y la entrega de información que conduzca al desmantelamiento del GAOML(25). Si bien se trata de una primera aproximación conceptual, la noción es aún indeterminada tanto para enunciar los elementos genéricos y diferenciales de la fase administrativa como para exponer los componentes teleológicos de dicha etapa respecto al procedimiento de la Ley 975. En aquella definición se encuentran ausentes asuntos centrales de esta fase, no solo aquellos relativos al inicio con el acuerdo de paz o entrega voluntaria y al desenlace en el licenciamiento formal de los desmovilizados, sino también los que tienen que ver con la postulación de los mismos(26).
En ese sentido, es posible llegar a determinar una noción específica. Para ello es de distinguir que, en el caso de la Ley 975, la fase administrativa no se restringe a los ejercicios de desmovilización, a pesar de que son los actos más importantes de dicha etapa(27). Los acuerdos, la concentración de combatientes, el registro, el desarme y el licenciamiento de integrantes del GAOML son pasos fundamentales de la desmovilización(28).
Sin embargo, la fase administrativa como presupuesto del trámite judicial de la Ley 975 se caracteriza, también, por ser el escenario que soporta la postulación de desmovilizados, es decir, la elaboración de la lista en la que se presentan a los desmovilizados como elegibles al procedimiento y beneficios de la Ley 975(29). En ese sentido desmovilización y postulación son los momentos centrales de la fase administrativa y delimitan el significado y marco de propósitos de dicha etapa. A partir de ello es posible llegar a definir dicho momento como aquel en el que: sobre la base de un acuerdo de paz o entrega personal y voluntaria, se desarrolla la desmovilización de integrantes de GAOML (paramilitares o guerrilleros) de manera colectiva o individual, su desarme y licenciamiento para habilitar la postulación de los mismos al trámite judicial de la Ley 975 que determina la concesión del beneficio de pena alternativa.
La fase administrativa tiene lugar a partir de un acuerdo del GAOML (LJP, art. 10.1) o un acta de compromiso del desmovilizado con el Gobierno Nacional (LJP, art. 11.2). El objeto central de esta etapa son las desmovilizaciones, que se pueden realizar de manera colectiva o individual(30). El propósito de las desmovilizaciones es esencialmente la reducción o disolución de un GAOML(31), es decir, “el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa o integral de los mismos como bloque, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trata la Ley 782 del 2002” (LJP, art. 1.º, inc. 2.º)(32). En la fase administrativa se determina la postulación de los desmovilizados por parte del Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación —en adelante, FGN—(33). Por medio de ello, se informa a la FGN quiénes optarán por acceder al régimen especial de pena que consagra la Ley 975, al delimitarse los sujetos para los que regirá el ámbito de aplicación personal, material y funcional de dicho trámite judicial(34). A nivel de aplicación personal, con la fase administrativa se determinan los integrantes de GAOML desmovilizados colectiva o individualmente que hayan dejado las armas y abandonado el respectivo grupo ante autoridad competente(35). Funcionalmente, dicha fase define el momento en el que se abandona el GAOML. Este asunto es fundamental, pues la LJP se aplica solamente por delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al GAOML. Esto quiere decir que los actos a investigar y juzgar tienen que haber sido cometidos por el desmovilizado en su condición de integrante de un GAOML específico y en el lugar de operación de este grupo en el territorio nacional; delitos cometidos fuera de este contexto, quedan excluidos(36).
1.2. Estructura
La fase administrativa está diseñada para canalizar aquellas desmovilizaciones realizadas en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional o como consecuencia de una entrega voluntaria. Esto quiere decir que dicha etapa parte del consenso o consentimiento del GAOML o uno(s) de sus miembros frente a la desmovilización. La posibilidad de acuerdos llega a ser regulada por el artículo 2.º del Decreto 1000 del 2003 y las entregas voluntarias por el artículo 3.º del Decreto 128 del 2003. Dichas opciones suponen a la vez actos de concentración o agrupamiento de desmovilizados, para lo cual se llegó a regular “circuitos judiciales” que tienen por objeto la identificación de quienes se desmovilizan, el registro de su pertenencia a la estructura armada ilegal y la verificación de su pasado judicial(37). Solo luego de la certificación de la pertenencia al GAOML y del cumplimiento de los demás requisitos de elegibilidad, se procede a la inclusión en la lista de postulados(38). Dicha lista es el soporte de la postulación, es decir, de la pretensión de acceso al procedimiento y beneficios de la LJP.
El desarrollo de la fase administrativa llega a estar determinado por la modalidad de desmovilización. La ley diferencia dos formas fundamentales: colectiva e individual. La primera está sujeta a las condiciones de elegibilidad del artículo 10(39) y la segunda exige el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11(40). Los procesos colectivos se mantienen bajo responsabilidad directa del Alto Comisionado para la Paz. En las desmovilizaciones individuales, la desmovilización y dejación de armas es certificada por el Comité de dejación de armas —en adelante, CODA—; respecto de la entrega de información o colaboración relacionada con el desmantelamiento del GAOML, la certificación la realiza el Programa de atención humanitaria al desmovilizado —en adelante, PAHD— del Ministerio de Defensa(41). Se destaca en el marco normativo la posibilidad que tienen los privados de libertad para, de manera individual o colectiva, postular al procedimiento de la Ley 975(42). La misma facultad se extiende también a los miembros de grupos guerrilleros(43).
1.3. Desmovilizaciones
Las desmovilizaciones colectivas(44) consisten en la presentación grupal de un GAOML o de una parte del mismo(45) para abandonar las actividades bélicas, previo acuerdo con el Gobierno Nacional y el concomitante cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 de la LJP(46). Dichos acuerdos son gestionados por el Alto Comisionado para la Paz(47), con quien se definen las condiciones del proceso. En un primer momento, previo a la desmovilización, los integrantes del GAOML reciben una introducción sobre el desarrollo del proceso y sus alcances. Luego, dichos integrantes se concentran en zonas de ubicación(48) temporales para su desmovilización y verificación, con la cual se clarifica la situación jurídica del desmovilizado para determinar el marco normativo al cual se acogerá. Para la verificación de la pertenencia al GAOML, los voceros del grupo entregan un listado, que se confecciona de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 3360 del 2003(49), con el nombre de las personas desmovilizadas colectivamente. Este texto propone como forma de comprobar la calidad de miembro de un GAOML, entre otros, “el reconocimiento expreso de los voceros o representantes del mismo”. En ese sentido, los líderes de los bloques identifican en el listado a los miembros de la estructura que ellos comandan, para luego entregarlo al Alto Comisionado para la Paz, y ser remitido posteriormente a la FGN por medio del Ministerio del Interior y de Justicia(50).
Por medio de las desmovilizaciones individuales se intenta desarticular dichos grupos a partir de deserciones. Para ello, se ofrece una serie de beneficios socioeconómicos y jurídicos que estimulan la decisión de los combatientes a romper filas. En el fondo, se promueve la desarticulación de GAOML desde su base, provocando una afectación moral y militar ante la colaboración que uno o más de sus integrantes prestan al Ministerio de Defensa y del Interior(51). La desmovilización y el acceso a los primeros beneficios(52) supone como momento inicial y fundamental la presentación personal de guerrilleros o paramilitares ante autoridad civil o militar(53). En dicha presentación deberá entregarse el material de guerra, así como la información de las actividades del grupo al que se pertenecía. Además, se redacta un acta de entrega voluntaria, a partir de la cual se tiene derecho a alojamiento, comida y a permanecer en el sitio de entrega mientras se define su ubicación definitiva(54).
En una categoría intermedia entre las modalidades individual y colectiva, existe la posibilidad de la desmovilización de privados (legalmente) de la libertad(55). Se trata de un acto mediante el cual una o varias personas pertenecientes a un GAOML toman la decisión de abandonarlo, encontrándose fuera del mismo y privados de libertad, en razón de una medida cautelar personal o de la ejecución de una pena impuesta(56). Para ello se exigía la certificación del CODA(57), dirigiendo la solicitud al Ministerio del Interior, el cual clasifica la información para luego, a través del CODA, verificar tanto la pertenencia al GAOML como los otros requisitos exigidos para acceder al proceso de justicia y paz en calidad de desmovilizado. Así mismo, por medio de los decretos 880 del 2008 y 614 del 2009, se dio facultad al Alto Comisionado para solicitar la suspensión condicional de la pena(58) y de las órdenes de captura(59) en favor de miembros de GAOML con el fin de facilitar acuerdos humanitarios con grupos armados ilegales, previstos en el artículo 61 de la LJP. Con la expedición del Decreto 4719 del 2008, se permitió el acceso a la LJP de miembros de grupos paramilitares privados de la libertad en el momento de la desmovilización del respectivo grupo que no se encontraban certificados por el comandante del grupo, como lo exigía el artículo 7.º del Decreto 3391 del 2006(60).
Efectuada la desmovilización de los miembros del GAOML, se realiza la comprobación de la calidad de integrante de dicho grupo y el acogimiento institucional para la posterior entrega de beneficios. La lista con los nombres(61) es entregada al Alto Comisionado para la Paz, el cual certifica el cumplimiento de los requisitos de la desmovilización. Desde el momento en que el alto comisionado reconoce formalmente la desmovilización del GAOML, se adquiere la calidad de desmovilizado. Tratándose de desmovilizaciones individuales, se inicia la habilitación para acceder al proceso de reincorporación con la recepción formal hecha por el Ministerio de Defensa Nacional. De dicha recepción, se sigue la entrega física del desmovilizado al Ministerio del Interior para la posterior investigación y definición de su situación jurídica, con la concurrencia de la FGN y del Consejo Superior de la Judicatura(62). Los privados de libertad no comprendidos en la lista entregada por el representante del GAOML, pueden presentar una solicitud de acogimiento a los beneficios de la LJP indicando “el nombre del bloque o frente al que pertenecían, adjuntando copia íntegra de la providencia judicial donde conste su pertenencia al respectivo grupo armado organizado al margen de la ley”(63). Dichos reconocimientos, ya sea a través de la lista de desmovilizados o por medio de la recepción del Ministerio de Defensa, activan las competencias administrativas, en el primer caso, de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y, en el segundo, del CODA y del PAHD del Ministerio de Defensa. Estos organismos se encargan de brindar todas las condiciones necesarias para el otorgamiento de los beneficios que respaldan el proceso de reinserción.
1.4. Postulación
La postulación es el momento en el cual se da constancia del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Dicha constancia se deja con la inserción en la lista de postulados que el Ministerio del Interior y de Justicia remite a la Unidad Nacional de la Fiscalía para Justicia y Paz. Esta lista contiene fundamentalmente la identificación del desmovilizado y del grupo al que perteneció. A manera de anexo, se entregan los escritos donde el desmovilizado manifiesta la voluntad de acogerse al trámite de la LJP y el compromiso de cumplir los requisitos de elegibilidad(64). De acuerdo con la jurisprudencia de la CSJ(65), el inicio del proceso está determinado por el arribo de la lista de postulados a la FGN(66). Con ello se activan unas competencias para el inicio de la investigación tendientes a establecer los presupuestos que sustentarán la formulación de cargos. Las actividades relativas al esclarecimiento de la verdad material, la determinación de autores y partícipes y la identificación de bienes destinados fundamentalmente a la reparación son de competencia de la FGN, que actúa a través de un fiscal delegado. Si bien tanto la determinación de autores intelectuales y partícipes como el esclarecimiento de las circunstancias del hecho punible constituyen un propósito de la investigación, la individualización del postulado ya debe estar determinada en la respectiva lista que arriba a la Fiscalía después del ejercicio de desmovilización y desarme.
2. Limitaciones y problemas de la fase administrativa
La ejecución de la fase administrativa que precede el trámite judicial de la LJP ha repercutido de diferentes maneras, no solo en el balance de la confrontación a GAOML, sino, también, en los rendimientos de dicho procedimiento para la judicialización de desmovilizados postulados. El desenvolvimiento de la fase administrativa y los rendimientos de esta en lo referente a los procesos de DDR y postulación de desmovilizados a la LJP ha estado a su vez determinado por múltiples fenómenos que han hecho de la misma una fase limitada y disfuncional en el proceso de gestión de verdad, justicia y reparación. Dichas limitaciones se han centrado en su concepción normativa y en su desarrollo práctico, es decir, en su planificación y ejecución. Por un lado, las restricciones se vinculan al planteamiento de propósitos de dicha fase y a las regulaciones que fundamentan su desarrollo. Por otro lado, la ejecución de dicha fase da cuenta de sendos obstáculos en el desarrollo de los programas de desmovilización, ineficacia de los ejercicios de reintegración, con las consecuentes reapariciones de GAOML, y otras limitaciones relativas a la intervención (judicial) institucional.
2.1. Ambigüedad del marco legal
Desde el punto de vista jurídico, el desarrollo de los procesos de DDR se caracterizó por la ausencia de referentes normativos claros y precisos(67). Una vez iniciados estos, y solo un tiempo después, se concertaron criterios para la concentración(68). La Ley 782 del 2002, que en su momento fuera el soporte jurídico exclusivo de las desmovilizaciones, después de las negociaciones entre el gobierno y las AUC, presentó evidentes vacíos en la regulación de dichos procesos. Constancia de ello deja la subsiguiente expedición de los decretos 128 del 2003 (con posteriores modificaciones a través del D. 395/2007) y 3360 del 2003, en los que se intenta fijar condiciones de procedimiento específicas para facilitar la desmovilización individual y colectiva. Dichas reglamentaciones, en medio o de manera posterior a las desmovilizaciones, advierten una seria falta de planificación frente a la ejecución de estos procesos y, así mismo, dan cuenta de que faltaron parámetros claros para, por un lado, controlar o supervisar el proceso de DDR desde su inicio y, por otro, determinar el alcance de la intervención de desmovilizados en el mismo, así como los beneficios a manera de contraprestación(69).
A la ausencia inicial de referentes normativos claros, se suma la posterior producción de un considerable número de reglamentaciones y condicionamientos jurisprudenciales, fundamentalmente con el propósito de adecuar aquella a estándares internacionales en materia de justicia transicional(70). Al ritmo de estas discusiones se ha venido (re)definiendo el ámbito original de aplicación personal, material, funcional y temporal de la LJP(71). Con el amplio número de directrices legales, reglamentarias y jurisprudenciales parece generarse una cierta concurrencia entre los presupuestos de orientación del proceso de justicia y paz y, con ello, también, una falta de claridad sobre los presupuestos normativos fundamentales de la fase administrativa y del proceso de la LJP(72).
Este fenómeno, en razón de la dinámica reglamentaria, terminó definiendo y desarrollando, por un lado, múltiples excepciones a algunas normas que imponen especiales compromisos a los intervinientes, como en el caso de los procesos de DDR(73) y ha estimulado cierta flexibilización de garantías judiciales fundamentales(74). Fue polémica, por ejemplo, la falta de debida publicidad de algunas etapas de dichos procesos, con la consecuente desinformación de múltiples sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional(75). Incluso, al interior de las filas de las AUC la participación de las bases no fue significativa ni activa(76). A su vez, una gran parte del trámite y contenido de las negociaciones entre gobierno y jefes paramilitares fue secreta para los mismos integrantes de GAOML y terceros observadores(77). Esta situación moldeó la sustanciación del procedimiento de una manera no independiente o imparcial, sino ligada a criterios de decisión basados en la “oportunidad y pertinencia” (política)(78), con lo que parece haberse gestado entonces un escenario con variables discrecionales de decisión para el cumplimiento de los propósitos fundamentales del proceso de justicia y paz.
2.2. Conducción residual de desmovilizados a la LJP
Esta discrecionalidad en la participación de integrantes de GAOML de corte paramilitar, además, parece concretarse en la LJP por medio de la conceptualización que la misma ha hecho de la noción GAOML. En la LJP la estructura paramilitar (también de guerrillas) ha sido reducida al concepto de GAOML, es decir, a un “grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa o integral de los mismos como bloque, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trata la Ley 782 del 2002” (LJP, art. 1.º, inc. 2.º)(79). Dicha conceptualización es criticable pues se circunscribe exclusivamente a los combatientes, dejando a un lado otros componentes de su estructura-contexto, como las redes de apoyo civiles, políticas y económicas(80), elemento clave para el éxito del proceso, como se verá más adelante. Ello es aún más impertinente, pues se asimila la organización militar de grupos guerrilleros y paramilitares diciendo que estos se estructuran a partir de bloques o frentes, a pesar de que al final del inciso se hable de otras modalidades tratadas por la Ley 782(81). Especialmente, la dinámica reorganización de grupos guerrilleros hace pensar que ello no es constantemente así.
Por otro lado, debido al diverso marco normativo, se habla de la conducción residual de desmovilizados al trámite de la LJP en razón del tratamiento paralelo que tuvo un importante número de paramilitares con la Ley 782 del 2002. Del número total de desmovilizados de los grupos paramilitares (véase supra 1.3), al 31 de octubre del 2010 se habían postulado a la LJP 4046 miembros de estos grupos(82). De estos no todos han sido efectivamente procesados por los delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo(83). El círculo de sujetos procesales en el trámite de la Ley 975 queda resignadamente reducido, además, por lo dispuesto en la Ley 1424 del 2010 por medio de la cual cerca de 25.000 desmovilizados podrán aclarar su situación jurídica sin postularse a la LJP. Bajo la aludida ley, las órdenes de captura o la ejecución de la condena se podrán suspender si las personas que han dejado las armas están cumpliendo con el programa para la reintegración, es decir, una persona desmovilizada debe estar activa o culminar formalmente el proceso de reintegración, no haber incurrido en delitos con posterioridad a su desmovilización, firmar un formato en el que se compromete a contribuir con la verdad histórica y la reparación, participar de las actividades de servicio social y reparación que establezca la Alta Consejería para la Reintegración y firmar el Acuerdo de contribución a la verdad histórica y a la reparación (L. 1424/2010, arts. 6.º y 7.º). Esto es particularmente discutible si se tienen en cuenta las múltiples críticas al proceso de reintegración del que se hace depender los beneficios aludidos (véase infra 2.4).
2.3. Enfoque individualista de las modalidades de desmovilización
El proceso de DDR ha dejado ver en su implementación una especial inclinación por la modalidad individual de desmovilización. Esto se ha dado en tanto dichos procesos no se desarrollan como parte de una política estatal de paz, sino, al contrario, tienen el propósito de obtener ventaja militar siendo estas desarrolladas en una lógica de guerra, es decir, bajo el sometimiento militar del GAOML(84). Como actos insertos en la política de lucha contra organizaciones insurgentes, los ejercicios de desmovilización, desarme y reinserción dejan ver una especial inclinación por un desenvolvimiento tendencialmente individualista de este primer trámite, asociando el recorrido de excombatientes como un transcurrir basado en la autonomía de los mismos(85). En ese sentido, destaca en el modelo de DDR utilizado por la LJP la importancia de desmovilizaciones individuales, como también de colectivas de solo ciertas cuadrillas o agrupamientos de GAOML (LJP, art. 1.º, inc. 2.º). De ahí que el interés fundamental continúe siendo la desmovilización individual, pues la misma está supeditada a la cooperación en información por medio de las entrevistas militares(86). Así vistas las cosas, las desmovilizaciones y, en general, la fase administrativa, parecen concebirse como estrategia de guerra, es decir, un recurso jurídico-político para reducir la capacidad de combate de los GAOML(87).
Esto explica también que los controles judiciales a dicha fase no hayan sido los debidos(88) y que los ejercicios de resocialización no hayan tenido el mejor acompañamiento estatal (véase infra 2.4). De esto último da cuenta, en el proceso de reintegración, la fragilidad de los desmovilizados para asumir su “transición” a la vida civil, debido a dificultades emocionales, psicológicas, asistenciales y económicas. “En ningún momento del proceso se valoran o se tienen en cuenta las particularidades del proceso de socialización de los hombres y mujeres que lo conforman, por el contrario, se rechazan o no se buscan respuestas a él, proponiendo simplemente olvidar la experiencia en el grupo armado”(89). El proceso de DDR ha descuidado el modus vivendi de los desmovilizados y se ha planteado como una ruptura, un escenario de cierto carácter represivo frente al pasado de los desmovilizados, alejando la posibilidad de tratar esas experiencias de una manera más pertinente(90). De esta manera, queda en entredicho la idea de la fase administrativa como un escenario de transición ya a la reinserción o al trámite de la LJP.
2.4. Ineficacia en la reintegración
Esta última crítica ha sido acentuada, además, por la desatención a las particularidades del proceso de reincorporación de los desmovilizados(91). En ese sentido, parece ser que el desmovilizado se enfrenta, con su entrega, a más dificultades que ventajas. En las desmovilizaciones individuales se destacan falencias en la aceptación de desertores de GAOML por parte de las autoridades administrativas y en el tratamiento que intenta conducir a la reincorporación civil de los desmovilizados. En gran medida, las unidades militares oficiales se han ocupado de la recepción de desertores; sin embargo, las primeras asistencias otorgadas han sido deficientes, al punto de negarse su concesión en algunos casos debido a la falta de presupuesto(92). Junto a ello, los programas de reincorporación no han funcionado en las mejores condiciones ni estimulado una correcta rehabilitación del desertor(93).
2.5. De la intervención de organismos judiciales
A lo anterior se ha sumado la falta de preparación de los organismos judiciales que actúan en la primera etapa de la fase administrativa, especialmente la de aquellos responsables de la orientación de las zonas de concentración(94). Por un lado se advirtieron serias limitaciones en las tareas de recolección de información durante las entrevistas con los desmovilizados y, por otro lado, se dejaron ver deficiencias especiales en la recolección de armamento de estos(95). Con la orientación de las zonas de concentración, se dio constancia de la falta de herramientas de control y la falta de sistematización de los mecanismos destinados a identificar a los desmovilizados y de recolección de los primeros elementos probatorios que contribuyan a determinar la responsabilidad penal de los mismos(96).
2.6. Acerca de la verificación de identidad y confección de lista de postulados
Los ejercicios de verificación de identidades de integrantes de GAOML en los procesos colectivos de desmovilización(97) fueron fuertemente cuestionados. Por una parte, las identificaciones hechas solo a partir del “alias” no permitieron conocer los antecedentes penales de los desmovilizados, produciendo una potencial falta de judicialización respecto de algunas personas del grupo. Por otra parte, faltó una debida constatación de la información suministrada por los voceros de los grupos junto con el listado de integrantes del GAOML por la oficina del Alto Comisionado para la Paz. La elaboración de la lista de postulados aludida mostró en la práctica dificultades en la determinación de los nombres a incluir. En razón de la dinámica del proceso de concentración —que antecede a la desmovilización y entrega de armas— la confección de la lista se realizó en las zonas de ubicación(98), paralelamente con la llegada de los sujetos que se iban a desmovilizar. Con la elaboración del listado de manera concomitante a la concentración de paramilitares, hubo en tales zonas cierta discrecionalidad en la inclusión o exclusión de nombres, lo que facilitó que personas no integrantes del grupo accedieran a la desmovilización, en especial narcotraficantes que así podían obtener un estatus político y evitar su extradición a los Estados Unidos(99).
2.7. De los rendimientos (pre)judiciales
La fase administrativa no se ha configurado ni desarrollado como una etapa preparatoria del procedimiento judicial de la LJP. Dicha fase y la operatividad que ha llevado a cabo han dispuesto el aludido procedimiento a la discrecionalidad de los postulados, especialmente por medio de un ejercicio no claramente controlado de desmovilización y un descubrimiento personalizado de hechos a través de las narraciones de los desmovilizados. La dejación de las armas, el abandono del GAOML(100) —como momentos que fijan el inició de la fase administrativa— y la posterior postulación al proceso de la LJP son recogidos en el marco legal que soporta las desmovilizaciones casi como un reducto privado, estrechamente vinculado a la discrecionalidad de los integrantes de GAOML, es decir, márgenes donde la jurisdicción penal se desvincula. En este sentido, la fase administrativa se configura como un momento en el que confluyen, para la constatación de legalidad de dicho trámite y posterior acceso a la alternatividad penal, primordialmente la disponibilidad y autónoma colaboración de los desmovilizados.
3. (Dis)funcionalidad del proceso de DDR
Adicional al análisis sobre las limitaciones de la configuración (normativa) y desenvolvimiento (práctico) de la fase administrativa, los cuestionamientos sobre la ineficacia de dicha fase en la determinación del cese de hostilidades de GAOML deben ser discutidos también en una perspectiva “compleja” (estructural). Los problemas de dicha fase, exactamente los relativos a los procesos de DDR con GAOML de corte paramilitar, se explican en la forma en la que la violencia se ha incorporado al habitus(101). A ello ha prestado un servicio especial el paramilitarismo, configurándose en los esquemas de percepción y de acción de específicos agentes sociales en Colombia como una de las prácticas más eficaces de control social, adquisición de capital social y económico que determinan, también, la resolución de conflictos, entre ellos los procesos de DDR(102). Esto permite entender no solo la evolución actual de la violencia en Colombia, de la que continúa siendo parte el paramilitarismo, sino también el fracaso en el propósito central de la fase administrativa de la LJP, es decir, el proceso de DDR de integrantes de GAOML.
3.1. De la violencia en Colombia como estrategia
La violencia ha sido una práctica continua en el espacio social colombiano. Ella se convirtió en una parte de la vida cotidiana en Colombia y ha determinado estrategias de específicos agentes sociales para mantener y/o incrementar sus capitales sociales, políticos o económicos, logrando nuevas posiciones en el espacio social colombiano. Este uso de la violencia como recurso primario de gestión ha generado una economía de la violencia que soluciona —individual o colectivamente— diversos problemas socioeconómicos y políticos que, a su vez, son producidos por esa misma violencia(103). En este marco, ya sea directa o indirectamente, en la percepción dominante se impone la idea de que la violencia es la manera de solucionar problemas y, por ello, se ha convertido en una de las principales estrategias de las prácticas sociales(104).
Los actores sociales, entre los cuales se debe incluir al Estado como uno más en el campo(105), la han sostenido como un recurso para intervenir en la gestión del control social. Esta especial apropiación de la violencia como una práctica durable y, además, su carácter determinante de percepciones y acciones de múltiples agentes frente a diversos problemas, coyunturas o acontecimientos, la convierten en un elemento central del habitus de la sociedad colombiana(106). La exclusión social y económica, fortalecida por un fuerte localismo, conservadurismo y aislamiento, un Estado muy debilitado(107), incluso cuestionado, cooptado por las elites económicas y que se encuentra en relación sinérgica con la debilidad de un sistema político faccioso son debilidades y problemas de una sociedad que observa a la violencia como una de las alternativas más eficientes de solución a los mismos(108). Estas debilidades se extienden a la economía, de base agraria e industrialización restringida(109), además, amparada y desvirtuada en los grandes flujos de dineros ilegales provenientes del narcotráfico(110).
Como práctica, la violencia ofrece oportunidades a los grupos sociales para mantener y aumentar su capital en el campo político y económico, hostil a los actores dominados, en tanto la marcada homología entre los poseedores del capital, político y económico, genera constantes callejones sin salida en los que la violencia es el recurso más práctico para romper o mantener esta estructura.Agentes y grupos sociales vislumbran en ella la oportunidad —a veces única— de lograr que sus demandas sean escuchadas y puedan discutirse en una mesa de negociación(111). Mientras que, por otro lado, las elites utilizan habitualmente la violencia para mantener, fortalecer y ampliar su poder social, económico y político(112). A esta dinámica de la violencia también se vincula la práctica histórica de las reinserciones, que incorporan una particularidad en la conformación del habitus de los agentes, en tanto se proyectan como un recurso para limitar y reducir la violencia sin por ello resolver los problemas que la producen, ya que el Estado no cumple, salvo parcialmente, con sus promesas de reinserción individual y la implementación de los cambios estructurales necesarios en Colombia para evitar la reaparición de la violencia(113). De esta manera, la aparición de nuevos agentes violentos o la reaparición de los antiguos resulta un fenómeno reiterado en la trayectoria del espacio social colombiano(114).
3.2. Sobre el fenómeno paramilitar
Esta dinámica de la violencia hace de la lucha armada un modo de vida para crecer económicamente y socialmente. La obtención de estos capitales económicos y sociales puede explicar la dinámica y el sistema de posiciones relativas dentro del campo paramilitar que ofrece reconocimiento social, coartadas para la represión y para el narcotráfico, defensa de los valores tradicionales y, especialmente, empleo y crecimiento económico para las clases bajas y control social para las élites(115). Los paramilitares han sido, en sus diversas variantes y heterogéneos bloques, uno de los protagonistas de la violenta realidad política colombiana. Estos son una parte fundamental en la ejecución de la violencia como recurso de gestión. Ellos no viven aislados de la realidad colombiana, ni han surgido por imposición externa, son “jugadores” del campo construido históricamente en el que nacen y —a la vez— contribuyen a conformar(116).
En este contexto debe enmarcarse la creación y actuación del paramilitarismo, ellos encajan perfectamente en la estructura del campo, juegan con las reglas de juego del mismo, a la vez que permiten la reproducción de otros agentes y la estabilidad del espacio social construido de esta manera. Un punto central en su pensamiento y en la determinación de sus “reglas de juego” es que en su lucha antiguerrillera “ellos fueron solicitados y fueron efectivos”, en tanto que las herramientas utilizadas —masacres, torturas, desapariciones, etc.— no solo eran bien conocidas históricamente, sino también resultaron efectivas, por lo que el proceso de paz es percibido, por ellos, como la “recompensa” por sus servicios(117).
Algo similar sucede en su relación con el narcotráfico. Este y el paramilitarismo no son ni causa ni consecuencia entre sí, ambos agentes son complementarios y mutuamente funcionales en el espacio social(118). Se necesitan entre sí, y el paramilitarismo no puede, al igual que otros agentes colombianos, prescindir de los recursos que el narcotráfico ofrece. Ambos elementos se deben tener en cuenta cuando se quieren analizar las posibilidades de una mesa de negociación con estos agentes: el flujo de capital del narcotráfico los hace más autónomos y, por ende, más resistentes a las presiones para obligarlos a una mesa de negociaciones, y aumenta la percepción del paramilitar que el proceso de paz es un merecido premio por haber salvado al país de la guerrilla(119).
3.3. Violencia paramilitar y procesos de DDR
Ninguno de los procesos de paz en Colombia ha podido determinar ni el cese de la violencia ni de la reproducción de GAOML. Los protagonistas de la violencia entran y salen en la dinámica de la misma, pero esta se mantiene(120). Ese mismo marco envuelve el actual proceso de DDR y de judicialización de paramilitares bajo la Ley 975 del 2005. Ello explica por qué el proceso de DDR se inicia con un éxito inmediato en la desmovilización(121), un avance muy relativo en lo referido al desarme ya que las relaciones entre los grupos armados y el narcotráfico permiten a estos grupos rearmarse rápidamente y, lo más importante, un fracaso en el mediano y largo plazo en el aspecto de la reinserción ya que, pese a algunos éxitos particulares, el crónico incumplimiento del Estado en la historia colombiana, sumado al hecho que, excepto en algunos aspectos del campo político, en el resto del espacio social colombiano no se producen los cambios necesarios para evitar un retorno a las armas.
Las acciones parciales pueden aportar a los intentos de solucionar el problema de la violencia en Colombia, y en tal sentido resultan importantes los aportes de Europa y Estados Unidos en apoyo de una mayor institucionalización(122), o de sanciones para los violentos, pero no pueden evitar el resurgimiento de la misma. La insistencia en soluciones parciales, que no tienen en cuenta la estructura y la trayectoria del espacio social colombiano, continuará con una dinámica —no solo con relación a los paramilitares, sino también a otros agentes armados— de altísimos costos económicos, sociales y políticos para lograr resultados parciales, limitados en el tiempo y muy frustrantes para todos los involucrados. Esto debido a las falencias en la legislación pertinente, como no considerar que el habitus inscripto en los actores, en especial en los paramilitares, implica la práctica de la violencia y el silencio respecto a sus socios.
La fase administrativa resulta determinante para el procedimiento de justicia y paz, por un lado, por cuanto en ella se concreta el cese de hostilidades del GAOML o uno(s) de sus miembros por medio de la desmovilización y dejación de armas y, por otro lado, en consecuencia, se determinan aquellos desmovilizados a partir de los cuales se intenta la realización de los mandatos de verdad, justicia y reparación que prevé la Ley 975 del 2005, activando la competencia de la Fiscalía para el inicio de la investigación. Del desarrollo de dicha fase se ha cuestionado especialmente la ineficacia del rompimiento militar o cese de hostilidades de un GAOML o uno(s) de sus integrantes, en el escenario de dicha etapa, para estimular el alejamiento de las actividades armadas y el cese de vulneraciones a los derechos humanos. El rearme de desmovilizados ha sido la repercusión crítica más destacada de los procesos de DDR llevados a cabo con los grupos paramilitares. Así mismo, en los ámbitos jurídicos y operativos se han resaltado falencias que han tenido un papel determinante en la puesta en marcha del procedimiento judicial previsto en dicha ley.
Los rompimientos militares realizados por un GAOML o sus integrantes, especialmente de corte paramilitar, para seguir el procedimiento de la Ley 975 del 2005 han dejado ver una eficacia parcial como ejercicio de licenciamiento de dichos integrantes frente a actividades hostiles o delictivas. Con los grupos paramilitares, el cese de hostilidades que suponen los procesos de DDR parece ser disfuncional frente a las (continuas) prácticas de violencia que se desarrollan en algunas regiones de Colombia. Las explicaciones a dicha problemática han resaltado, por un lado, una serie de limitaciones vinculadas a la concepción normativa y desarrollo práctico de dicha fase, es decir, en su planificación y ejecución. Por otro lado, los análisis han estado inclinados a explicar que el cese de hostilidades de estos grupos (desmovilizaciones) en escenarios de conflicto como el colombiano no pueden llegar a determinar la neutralización de las prácticas violentas al tener estas múltiples fuentes/intereses de producción y reproducción.
Sobre la concepción normativa y ejecución de la fase administrativa, se advierten fundamentalmente limitaciones del marco legal, aplicación residual del mismo, desarmonía de las modalidades de desmovilización, ineficacia de los programas de reintegración, deficiencias en la orientación de las zonas de concentración y falencias en la verificación de la identidad de integrantes de GAOML desmovilizados así como en la confección de la lista de postulados. Acerca de la continuidad de las prácticas violentas, se afirma reiteradamente que los procesos de DDR con los grupos paramilitares han sido peculiares en tanto se llevan a cabo en un contexto marcado por la persistencia en el conflicto, la presencia del fenómeno del narcotráfico, de diversas maneras ilegales de economía y diferentes controles locales de procesos políticos y sociales realizados por agentes sociales sustentados en la presencia armada. En términos más generales, se dice que la eficacia parcial de los rompimientos militares frente a la reproducción de prácticas violentas de los exintegrantes de grupos paramilitares desmovilizados puede estar vinculada al hecho de que la violencia paramilitar es parte del habitus de específicos actores sociales y, a su vez, una estrategia que asegura la continuidad del equilibrio de su estatus. Con este enfoque se destaca que en el resto del espacio social colombiano no se producen los cambios necesarios para evitar un retorno a las armas, mejor es decir, aún se conserva la violencia como factor de orden.
Esto advierte, además, la necesidad de que los balances sobre la fase administrativa y los procesos de DDR y, en general, sobre el procedimiento de la LJP que se soporta en aquellos, tengan en cuenta variables de análisis más complejas para medir sus rendimientos, específicamente aquellas que llegan a considerar la estructura y la trayectoria de ese espacio social(123). Una concepción parcializada de los propósitos y de los desarrollos de dichos procesos causará que se continúe con una dinámica —no sólo en relación a los paramilitares, sino también con respecto a otros agentes armados— de altísimos costos económicos, sociales y políticos y, a su vez, de resultados parciales y limitados en el tiempo, frustración que termina realimentando el conflicto.
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(1) Véase Ley 975 del 2005, artículo 1.º, inciso 2.º: “Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 del 2002”.
(2) Ley 975 del 2005, artículo 9.º: “Desmovilización. Se entiende por desmovilización el acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley, realizado ante autoridad competente. La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la Ley se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 del 2002”.
(3) El marco normativo del proceso de “justicia y paz” no prevé una definición expresa del significado de desarme. La dejación de armas esta prevista como un requisito de elegibilidad para el acceso a los beneficios de la Ley 975 del 2005 (arts. 10.1 y 11.3). La certificación de este momento está a cargo del Comité Operativo para la Dejación de Armas —CODA— regulado fundamentalmente por los decretos 1385 de 1994 y 128 del 2003, artículos 11 y 12. En Colombia, la recolección y almacenamiento de armas en los procesos de DDR está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. El depósito del material de guerra lo realiza el departamento de control de comercio de armas del comando general de las Fuerzas Militares —FF. MM.—, brigada logística.
(4) El soporte jurídico de este primer momento está constituido fundamentalmente por las leyes 418 de 1997, 782 del 2002 y los decretos 128 del 2003, 3360 del 2003, 4760 del 2005, 880 del 2008 y 1059 del 2008. Especialmente el Decreto 128 del 2003, modificado por el Decreto 395 del 2007 artículos 1-6, delimita los pasos del proceso de desmovilización y de reincorporación a la vida civil, estableciendo los beneficios preliminares correspondientes y los propios del momento de reincorporación.
(5) Si bien el trámite de carácter administrativo que tiene como presupuestos la desmovilización, desarme y reinserción está regulado en el marco jurídico del proceso de “justicia y paz” el término “fase administrativa” ha sido introducido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia aludiendo a una etapa en la que compete al Gobierno Nacional la elaboración de la lista de desmovilizados que se postulan a los beneficios de la Ley 975. (Véase S. de Cas. Penal, auto de ago. 27/2007, Rad. 27873, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, sección 2.1. “Naturaleza jurídica y estructura del trámite previsto por la Ley 975 del 2005”; auto de ago. 23/2007, Rad. 28040, M.P. María del Rosario González de Lemus, sección 2, consideraciones de la Corte, cuestión previa; auto de sep. 25/2007, Rad. 28040, M.P. María del Rosario González de Lemus, consideraciones de la Corte, “Estructura del proceso de justicia y paz.”; auto de jul. 1.º/2009, Rad. 31789, M.P. José Leónidas Bustos Martínez, Consideraciones de la Corte; auto de jul. 31/2009, Rad. 31539, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán, consideraciones de la Corte).
(6) Dicha determinación se concreta con la postulación de los desmovilizados al procedimiento de la Ley 975, la cual se hace por medio de un listado especial (véase D. 4760/2005, art. 3.º).
(7) El inicio judicial del procedimiento está determinado por el arribo de la lista de postulados a la Fiscalía General de la Nación, con lo cual se activan legalmente las competencias de esta en el procedimiento para iniciar las actividades relativas al esclarecimiento de la verdad material, la determinación de autores y partícipes y la identificación de bienes destinados fundamentalmente a la reparación (véase L. 975/2005, art. 16).
(8) Sobre el proceso de desmovilización en Colombia véase Amnistía Internacional. “Déjenos en Paz. La población civil, víctima del conflicto armado interno en Colombia”, 2008, pp. 22-27. Disponible en: http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/colombia-paz-conflicto-armado-datos-cifras-20081028 (última consulta 18 de julio del 2011); Beck, Katharina. Der. Demobilisierungsprozess der Paramilitärs in Kolumbien unter Álvaro Uribe, Saarbrücken, VDM Verlag Dr. Müller, 2008, pp. 39-48; Cárdenas Sarrias, José Armando. Los parias de la guerra: análisis del proceso de desmovilización individual. Ediciones Aurora, Bogotá: 2005; Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Colombia: el espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la Ley 975 de 2005. El Autor, Bogotá: 2008, pp. 21-57; Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia”, Washington, 13 de diciembre del 2004, párrs. 75-108. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Colombia04sp/indice.htm (última consulta 18 de julio del 2011); “Informe sobre la implementación de la Ley de justicia y paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales”, Washington, 2 de octubre del 2007, pp. 3-11. Disponible en: http://www.cidh.org/pdf%20files/III%20Informe%20proceso%20desmovilizacion%20Colombia%20final.pdf (última consulta 18 de julio del 2011); “Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al proceso de desmovilización de las AUC en Colombia. Compendio de documentos publicados (2004-2007). Disponible en: http://www.cidh.org/pdf%20files/COLOMBIA%20COMPILACION.pdf (última consulta 18 de julio del 2011); Sobre la evolución del proceso de desmovilización véase MAPP-OEA informes trimestrales del “primero” al “sexto”. Sobre rearmes y problemas de reinserción de desmovilizados véanse los informes trimestrales “séptimo” al “décimo cuarto”. Disponibles en: http://www.mapp-oea.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=74 (última consulta 18 de julio del 2011); Human Rights Watch. Smoke and Mirrors. Colombia’s demobilization of paramilitary groups, Washington, agosto del 2005, pp. 22-35. Disponible en: http://www.hrw.org/en/reports/2005/07/31/smoke-and-mirrors-0 (última consulta 18 de julio del 2011); Observatorio Internacional DDR - Ley de Justicia y Paz. Informe primera fase, Madrid, CITpax, diciembre del 2008, pp. 77-108; Segundo informe. Madrid, CITpax, noviembre del 2009, pp. 89-136; Tercer Informe. Madrid, CITpax, pp. 59-129. Disponibles en: http://www.toledopax.org/es/proyecto/60/alternativas-al-conflicto-colombiano (última consulta 18 de julio del 2011); PNUD. “Los 10 temores sobre la desmovilización”. En: Hechos del Callejón, n.º 8, octubre, 2005, pp. 2-4; Procuraduría General de la Nación (PGN). Seguimiento a políticas públicas en materia de desmovilización y reinserción. Derecho a la verdad, memoria histórica y protección de archivos. USAID, Bogotá: 2008, tomos I, II, II, IV, (véase también tomos 1 y 2, ed. 2005); Sobre desmovilización en ámbitos locales véase Alonso Espinal, Manuel y Valencia Agudelo, Germán Darío et ál. Estudio sobre el proceso de desmovilización, desarme y reinserción en Antioquia: anotaciones desde lo local, Medellín, Comisión Departamental de seguimiento y acompañamiento al Proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción en Antioquia, 2007, pp. 15-50; artículos en revistas/libros véase entre otros Fundación Ideas para la Paz (FIP) “Reintegración y seguridad ciudadana en Medellín: un balance del programa de paz y reconciliación (2004-2008)”. En: Serie de informes n.º 8, junio, Bogotá: 2009, pp. 14-27. Disponible en: http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_publicaciones/reintegracion_seguridad_final_version_web.pdf (última consulta 18 de julio del 2011); Bastidas, William. “Demobilisierung: Das Ende des Paramilitarismus in Kolumbien?”. En: Autoritärer Staat und paramilitärische machtnahme in Kolumbien. Die Regierung Uribe und der Krieg gegen die soziale Bewegung, Berlín, FDCL e.V. & Kolumbienkampagne Berlin (ed.), 2007, pp. 22-29; Pérez Toro, William Fredy. “Orden Jurídico, negociación, paz y reinserción: la constante imbricación entre guerra, política y derecho en Colombia”. En: Estudios Políticos n.º 27, Medellín, jul.-dic., 2005, pp. 67-100; Vargas, Alejo y Rubio, Rocío. “Desmovilización y reinserción de ex - combatientes=¿transición hacia...?”. En: Conflicto y Seguridad Democrática. Temas Críticos y propuestas, Fundación Social, Fescol, Embajada de la República Alemana en Colombia, Bogotá: 2004, pp. 189-258; Theidon, Kimberly. “Transitional Subjects? The Disarmament, Demobilization and Reintegration of Former Combatants in Colombia”. En: International Journal of Transitional Justice, volume 1, n.º 1, 2007, pp. 66-90.
(9) Así por ejemplo Amnistía Internacional (supra nota 8), pp. 22-28; Beck (supra nota 8), pp. 69 y ss.; CIDH “Informe sobre la implementación de la Ley de justicia y paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales” (supra nota 8), párrs. 106-108; MAPP-OEA, informes trimestrales “sexto” a “décimo cuarto” (supra nota 8); Human Rigths Watch (supra nota 8), pp. 28-35; CCJ (supra nota 8), pp. 18-27; Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) et ál. Sin justicia y sin paz. Verdad fragmentada, reparación ausente. El Autor, Bogotá: 2009, pp. 24-36; Observatorio CTIpax (supra nota 8) primer informe, p. 91, segundo informe, pp. 114-115, tercer informe, pp. 78-81, 94-97 y 113-116; Procuraduría (supra nota 8), tomo IV, pp. 228-229; Alonso Espinal et ál. (supra nota 8), pp. 51 y ss.; FIP (supra nota 8), p. 33; Bastidas (supra nota 8), p. 27.
(10) Sobre el rearme puede verse una interesante compilación bibliográfica en http://www.verdadabierta.com/archivos-para-descargar/category/8-documentos-sobre-rearme (última consulta 18 de julio del 2011); véase también Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar? CNRR, Bogotá: 2007, pp. 13 y ss.; FIP. ¿Para dónde va el paramilitarismo en Colombia? En: Siguiendo el conflicto: hechos y análisis n.º 58, Bogotá, enero, 2010, p. 1. Disponible en: http://www.ideaspaz.org/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=52&Itemid=55&limitstart=60 (última consulta 18 de julio del 2011); Human Rigths Watch. Herederos de los paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia, Washington, 2010, pp. 20 y ss. Disponible en: http://www.hrw.org/es/reports/2010/02/03/herederos-de-los-paramilitares-0 (última consulta 18 de julio del 2011); Pizarro, Eduardo. “Reparar el bote en alta mar”. En: Ley de justicia y paz. Grupo Editorial Norma-Semana, Bogotá: 2009, pp. 127-133; según la MAPP-OEA en su informe décimo tercero del 21 de octubre del 2009 (supra nota 8), advierte que “se ha verificado que en algunas zonas del país ha reaparecido la modalidad de masacres y amenazas, ligadas a la denominada ‘limpieza social’ contra algunas poblaciones vulnerables. Estas últimas son generalmente atribuidas a las denominadas bandas emergentes. También se aprecia que en algunas ciudades capitales y municipios, se ha recrudecido la práctica de delitos de alto impacto como los homicidios, generalmente ejecutados mediante la modalidad de sicariato. Esta situación de inseguridad afecta a víctimas, funcionarios judiciales y participantes del programa de reintegración. En ciertos lugares, las víctimas son amenazadas por intervenir en las versiones libres o por liderar procesos de restitución de tierras. Algunos funcionarios judiciales han sido objeto de intimidaciones en el desempeño de sus labores y de otro lado, desmovilizados han sido hostigados y presionados por los grupos emergentes con el fin de reclutarlos. En determinados casos, estos incidentes han desembocado en la muerte de los afectados”.
(11) Véase ONU, Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero del 2011, pp. 4 y ss. Disponible en: http://www.nacionesunidas.org.co/img_upload/29e3d3aa1b87e476b58e75187297599e/Informe2010_esp.pdf (última consulta 18 de julio del 2011).
(12) Véase Indepaz. “Informe comparativo de nuevos grupos narcoparamilitares 2008-2009”. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/attachments/382_Informe%20comparativo%20nuevos%20grupos%202008%20-%202009%20INDEPAZ.pdf (última consulta 18 de julio del 2011); Human Rigths Watch (supra nota 8), pp. 35-40 citando otras fuentes; sobre la tipología y carácter de estos nuevos grupos CNRR (supra nota 8), pp. 55-63; un mapa de expresiones delincuenciales postdesmovilización en http://www.semana.com/wf_Documentos.aspx?Tag=BACRIM (última consulta 18 de julio del 2011); véase también Fundación Seguridad y Democracia. “El rearme paramilitar. Un informe especial”. Disponible en: http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/especiales/informeEspecial16-2.pdf (última consulta 18 de julio del 2011).
(13) Véase infra 2. Limitaciones de la fase administrativa.
(14) Véase Ambos, Kai et ál. Procedimiento de la ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005) y derecho penal internacional. Estudio sobre la facultad de intervención complementaria a la luz del denominado proceso de “justicia y paz” en Colombia. Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bogotá: 2010, párr. 136-138; enfáticamente crítico del trámite judicial de la Ley 975 basado en desmovilizaciones CCJ. Anotaciones sobre la ley de justicia y paz. Una mirada desde los derechos de las víctimas. El Autor, Bogotá: 2007, pp. 13-27.
(15) Véase entre otros Alonso Espinal et ál. (supra nota 8), pp. 51 y ss.; Chernick, Marc. Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano. Ediciones Aurora, Bogotá: 2008, p. 184; CNRR (supra nota 8), p. 5; CCJ (supra nota 8), pp. 18-21; FIP. “Para dónde va el paramilitarismo en Colombia”. En: Siguiendo el conflicto: hechos y análisis, n.º 58, El Autor, enero, Bogotá: 2010, p. 1; Human Rights Watch (supra nota 8), pp. 31-35; ObservatorioCITpax (supra nota 8 2008), p. 91; Sobre la desmovilización solo como transformación de medios y fines de poder Duncan, Gustavo. Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Planeta, Bogotá, pp. 356-363; Orozco Abad, Iván. Justicia transicional en tiempos del deber de memoria. Ed. Temis S.A., Bogotá: 2009, p. 171.
(16) Véase Fidel Boada, Fidel. “La negociación con los paramilitares desde la teoría de los juegos”. En: Rangel, Alfredo (Ed.) El poder paramilitar. Fundación Seguridad y Democracia-Planeta, Bogotá: 2005 pp. 322 y ss.; Pardo Rueda, Rafael. Fin del paramilitarismo. ¿Es posible su desmonte? Bogotá, Ediciones B, 2007, pp. 171 y ss.; sobre la inviabilidad de pretensiones de justicia transicional en el contexto del conflicto armado colombiano Arango Rivadeneira, Rodolfo. Derechos humanos como límite a la democracia. Análisis de la ley de justicia y paz. Universidad de los Andes-Grupo editorial Norma, Bogotá: 2008, pp. 138-140.
(17) Alonso Espinal et ál. (supra nota 8), pp. 51 y ss.; CNRR (supra nota 10), pp. 52-53; Duncan (supra nota 15), p. 357; Fundación Seguridad y Democracia. “Los grupos armados emergentes en Colombia”. En: Boletín Coyuntura de Seguridad. El Autor, Bogotá, p. 4. Disponible en: http://www.seguridadydemocracia.org/allConflicto.asp (última consulta 18 de julio del 2011); Romero, Mauricio. Paramilitares y autodefensas 1982-2003. IEPRI/Planeta, Bogotá: 2003, p. 10.
(18) Véase in extenso Koessl, Manfredo. Habitus und Gewalt. Paramilitarismus in Kolumbien. Tesis doctoral presentada en la Universidad de Hamburgo, Alemania, 2011. En ese sentido Duncan (supra nota 15), pp. 364-368; también Theidon, Kimberly (supra nota 8), p. 77, quien califica el contexto social de los procesos de DDR como no preparado para la transición.
(19) Véase supra nota 5.
(20) Ejercicios de conceptualización sobre la fase administrativa así como sistematización de su marco normativo pueden verse sin embargo en GIZ-Proyecto Profis, Embajada de la RFA en Colombia y Fiscalía General de la Nación. Guía de procedimientos de la unidad nacional de Fiscalías para justicia y paz. Ley 975 de 2005. Los Autores, Bogotá: 2009, p. C3; Ambos (supra nota 14), p. 54 y ss.; Huber, Florian. La Ley de justicia y paz. Desafíos y temas de debate. Fescol-CNRR-GIZ- Cerec, Bogotá: 2007, pp. 173 y ss.; GIZ-Proyecto Profis. Manual de procedimientos para Ley de justicia y paz. GIZ-Embajada de la República Federal de Alemania en Colombia, Bogotá: 2009, pp. 120 y ss., 226 y ss.
(21) Ley 975 del 2005, artículo 3.º “Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley”.
(22) El término licenciamiento indica la parte conclusiva del proceso de desmovilización, en ese sentido Gleichmann, Odenwald, Steenken y Wilkinson. Desarme, Desmovilización y Reintegración. Guía teórica y práctica, Alemania, GIZ/FSS/PPC/FHS, 2004, pp. 53, 65 y ss.
(23) Ello es en todo caso necesario en los proceso de reinserción véase Gleichmann et ál. (supra nota 22), pp. 15, 49 y ss.; ONU. Disarmament, Demobilization and Reintegration of excombatants in a peacekeeping environment. Principles and Guidelines, Nueva York, ONU, 1999, pp. 15 y ss.
(24) GIZ-Proyecto Profis, Embajada de la RFA en Colombia y Fiscalía General de la Nación, p. C 3.
(25) Elementos que coinciden con lo estipulado en los artículos 10.1, 11.1 y ss. de la Ley 975 como requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva e individual respectivamente. Véase GIZ-Proyecto Profis, Embajada de la RFA en Colombia y Fiscalía General de la Nación (supra nota 20), p. C 3; GIZ-Proyecto Profis, Manual (supra nota 20), p. 226.
(26) Decreto 4760 del 2005, artículo 3.º.
(27) En la literatura es frecuente encontrar que la totalidad de un proceso de DDR se sintetiza con la palabra “desmovilización” (Beck, supra nota 8, p. 18).
(28) Véase Gleichmann et ál. (supra nota 22), p. 49; ONU (supra nota 23), p. 15.
(29) GIZ-Proyecto Profis, Embajada de la RFA en Colombia y Fiscalía General de la Nación (supra nota 20), p. C14; GIZ-Proyecto Profis, Manual (supra nota 20), p. 229 y ss.; Ambos (supra nota 14), p. 62; Huber (supra nota 20), pp. 183 y ss.
(30) Véase infra 1.3. Desmovilizaciones.
(31) Así mismo Gleichmann et ál. (supra nota 22), p. 49. La reducción o disolución de dichos grupos se inscribe a su vez en una más general “política de defensa y seguridad democrática”, con la que se busca fundamentalmente el debilitamiento de organizaciones al margen de la ley —PGN, tomo 2 (2005) supra nota 8, p. 53—. Sobre la desmovilización como estrategia de guerra véase Vargas, Alejo y Rubio, Rocío (supra nota 8), pp. 218 y ss.
(32) Esta noción debe interpretarse en concordancia con el Decreto 100 del 2003, artículo 2.º, parágrafo 1.º, según el cual “De conformidad con las normas del derecho internacional humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”; una crítica a dicho concepto véase infra 2.2.
(33) Véase infra 1.4. Postulación.
(34) Véase artículo 2.º de la LJP, reglamentado por el Decreto 4760 del 2005 en los artículos 1.º, 2.º y 26, y el Decreto 3391 del 2006 en su artículo 1.º. Sobre los ámbitos de aplicación de la LJP véase Ambos (supra nota 14), pp. 21 y ss.; Proyecto Profis. Manual (supra nota 20), pp. 133 y ss.; así mismo Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 11 de julio del 2007, Radicación 26945, M.P. Yesid Ramírez Bastidas y Julio E. Socha Salamanca, consideraciones; auto del 28 de junio del 2007, Radicación 28713, M.P. Alfredo Gómez Quintero, consideraciones; auto del 5 de diciembre del 2007, Radicación 27955, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, consideraciones; auto del 23 de mayo del 2007, Radicación 27213, M.P. Javier Zapata Ortiz, consideraciones; auto del 31 de julio del 2009, Radicación 31539, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán, consideraciones; auto del 12 de febrero del 2009, Radicación 30998, M.P. Sigifredo Espinoza Pérez, consideraciones; auto del 16 de julio del 2008, Radicación 30022, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, consideraciones; auto del 18 de noviembre del 2008, Radicación 30744, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez, consideraciones.
(35) De ello se deduce, que la ley no se aplica a los servidores públicos que en calidad de determinadores, autores materiales o cómplices hayan sido parte de los delitos imputados a integrantes de GAOML.
(36) Artículos 2.º, 10, 11 de la Ley 975 del 2002; artículo 1.º de los decretos 4760 del 2005 y 3391 del 2006; véase también Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto del 12 de febrero del 2009, Radicación 30998, M.P. Sigifredo Espinoza Pérez. En términos de la Corte Constitucional; Sentencia C-370 del 18 de mayo del 2006; magistrados ponentes Cepeda Espinosa, Córdoba Triviño, Escobar Gil, Monroy Cabra, Tafur Galvis, Vargas Hernández, parágrafo 6.2.4.4.7: “Lo anterior conduce a señalar que para la ley bajo examen resulta particularmente relevante la causalidad existente entre los hechos punibles judicializados y la actividad de los grupos armados específicos que después de haberse organizado para cometer delitos decidan desmovilizarse. Esta relación entre la actividad de los individuos que se desmovilizan y su pertenencia al grupo específico dentro del cual delinquieron, genera un nexo de causalidad entre la actividad del grupo específico y los daños ocasionados individual o colectivamente por ese grupo específico dentro del cual realizaron las actividades delictivas” (énfasis del autor).
(37) Sobre la planificación y manejo de zonas de concentración véase Gleichmann et ál. (supra nota 22), pp. 56 y ss.
(38) Véase infra 1.4 Postulación.
(39) Ley 975, artículo 10 “Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. a) Que sea en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional; b) Que se encuentren en listado que el Gobierno remita a la Fiscalía General de la Nación; c) Que entreguen los bienes producto de la actividad ilegal; d) Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados; e) Que el grupo cese toda actividad ilícita e interferencias frente a los derechos políticos y libertades públicas; f) Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o enriquecimiento ilícito; g) Que liberen las personas que tengan secuestradas” —en la Sentencia C-370 del 2006, este aparte fue declarado condicionalmente exequible, “en el entendido de que también debe informar en cada caso sobre la suerte de las personas desaparecidas”—.
(40) Ley 975, artículo 11 “Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual a) La entrega de información o colaboración con el desmantelamiento del grupo, b) Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional, c) Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto; d) Que cese toda actividad ilícita; y e) Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima”.
(41) Véase Decreto 128 del 2003, artículo 4.º, y Decreto 423 del 2007, artículo 2.º.
(42) Véase Decreto 3391 del 2006, artículo 6.º, y Decreto 4719 del 2008, artículo 1.º.
(43) Véase Decreto 1059 del 2008, artículos 1.º y ss.
(44) Las desmovilizaciones de los miembros de GAOML son procedentes dentro del marco de la Ley 1106 del 2006 hasta el 21 de diciembre del 2010, pero los hechos cobijados por la alternatividad penal consagrada en la Ley 975 deben haber tenido ocurrencia antes del 25 de julio del 2005. Desde noviembre del 2003 hasta enero del 2010 se han desmovilizado colectivamente 31.671 miembros de las autodefensas. Se destaca que hasta la fecha no existe ninguna desmovilización de bloques o frentes de las FARC-EP, ni del ELN o disidencias. De la cifra total a 2010, el 94% correspondió a hombres y 6% a mujeres —Véase FIP. “Estadísticas sobre reinserción en Colombia”. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/la-historia/periodo4/desmovilizacion-y-desarme (última consulta 18 de julio del 2011)—.
(45) Según la Ley 975, artículo 1.º, inciso 2.º, entiéndase como parte del mismo a los “bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 del 2002”.
(46) Véase supra nota 39.
(47) Decreto 3391 del 2006, artículo 1.º, parágrafo 1.º “Para todos los efectos procesales, el Alto Comisionado para la Paz certificará la fecha de iniciación del proceso de paz con miras a la desmovilización y reinserción del respectivo grupo en concordancia con lo dispuesto por la Ley 782 del 2002. Tratándose de desmovilización individual la certificación corresponderá al Comité Operativo para la dejación de Armas, CODA”.
(48) El artículo 8.º de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por el artículo 3.º de la Ley 782 del 2002, faculta al gobierno para acordar, de considerarlo conveniente, la ubicación temporal de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, con los que se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos, en zonas precisas y determinadas del territorio nacional o internacional.
(49) Decreto 3360 del 2003, artículo 1.º: “Cuando se trate de desmovilización colectiva en el marco de acuerdos con el Gobierno Nacional, la calidad de miembro del grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate, se acreditará mediante una lista de desmovilizados suscrita por los voceros o miembros representantes de dicho grupo, en la que se reconozca expresamente tal calidad.
Esta lista debe ser recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz.
La lista de que trata el presente artículo habilita al desmovilizado para acceder al proceso de reincorporación y sustituye, para todos los efectos, la certificación expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA”.
(50) En el caso de las desmovilizaciones colectivas, a partir del Decreto 3360 del 2003, la lista de desmovilizados suscrita por los voceros o representantes del GAOML habilita al desmovilizado para acceder al proceso de reincorporación, sustituyendo para todos los efectos la certificación del CODA.
(51) Desde agosto del 2002 a enero del 2010 se han presentado voluntariamente un total de 20.732 integrantes de GAOML, lo que ha representado un 40% de la cifra global de desmovilizados. El número más alto corresponde a las FARC-EP con 13.681, AUC con 3.682, ELN con 2.883 y disidencias con 486.
(52) Según el artículo 2.º del Decreto 128 del 2003, se entienden como beneficios las ayudas humanitarias y los incentivos económicos, jurídicos y sociales que se otorgan a los desmovilizados para su reintegración a la vida civil. La LJP regula exactamente, como se ha dicho, el beneficio de alternatividad, correspondiendo su concesión a la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial, exclusivamente a quienes cumplan las exigencias previstas en los artículos 1.º, 3.º, 10, 11, 24, 29, 42 y 44 LJP y demás contempladas en la misma.
(53) Decreto 128 del 2003, artículo 3.º “Desmovilización. Las personas que pretendan acceder a los beneficios previstos en este decreto deberán presentarse ante jueces, fiscales, autoridades militares o de policía, representantes del Procurador, representantes del Defensor del Pueblo o autoridades territoriales, quienes informarán inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación y a la guarnición militar más cercana al lugar de la entrega”. Véase también Directiva 25 del Ministerio de Defensa.
(54) Véase Decreto 128 del 2003, artículo 4.º.
(55) Sobre la posibilidad de una desmovilización de un miembro de un grupo armado ilegal privado de la libertad, véase también Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 1.º de noviembre del 2008, Radicación 28393, M.P. Javier Zapata Ortiz, consideraciones.
(56) En principio, a través del Decreto 1059 del 2008, fue regulada dicha situación para el caso de guerrilleros. Decreto 1059 del 2008, artículo 1.º: “Procedencia. Los miembros de los grupos de guerrilla de que tratan el parágrafo 1.º del artículo 3.º de la Ley 782 del 2002, prorrogada por la Ley 1106 del 2006, y el inciso 2.º del artículo 1.º de la Ley 975 del 2005, que se encuentren privados de la libertad mediante decisión judicial en cualquier estadio de la actuación procesal, podrán desmovilizarse de manera individual y recibir los beneficios previstos en las leyes citadas, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos contemplados en el presente decreto”.
(57) Véase Decreto 1059 del 2008, artículo 2.º.
(58) Véase Decreto 880 del 2008, artículos 2.º y 3.º.
(59) Véase Decreto 614 del 2009, artículo 1.º.
(60) Véase Decreto 4719 del 2008, artículo 1.º.
(61) Véase Decreto 3360 del 2003, Decreto 423 del 2008 y Decreto 1364 del 2008.
(62) Véase Decreto 128 del 2003, Decreto 395 del 2007, Decreto 423 del 2007 y Decreto 1364 del 2008.
(63) Véase Decreto 4719 del 2008.
(64) Véase GIZ-Proyecto Profis, Embajada de la RFA en Colombia y Fiscalía General de la Nación (supra nota 20), p. C 14.
(65) Véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación 27873 (supra nota 5), sección 2.1. “Naturaleza jurídica y estructura del trámite previsto por la Ley 975 del 2005”; Radicación 28040 (supra nota 5), consideraciones de la Corte, cuestión previa, sección 2; Radicación 28040 (supra nota 5), consideraciones de la Corte, estructura del proceso de justicia y paz.
(66) Ley 975 del 2005, artículo 16: “Competencia. Recibido por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal delegado que corresponda, asumirá de manera inmediata la competencia para: 16.1 Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. 16.2 Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros. 16.3 Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización. (...)”.
(67) Así mismo Ambos (supra nota 14), p. 68; Beck (supra nota 8) p. 64; CCJ (supra nota 8) p. 209; CIDH 2004 (supra nota 8), párr. 91.
(68) Alonso Espinal (supra nota 8), p. 21, según el cual solo hasta mayo del 2004, solo luego de que fue evidente el problema de la falta de normas, se concertaron criterios para la concentración en Tierra Alta, departamento de Córdoba.
(69) Ibídem, pp. 21 y ss.; Cárdenas Sarrias (supra nota 8), p. 255.
(70) Véase Human Rights Watch. ¿Rompiendo el control? Obstáculos a la justicia en las investigaciones de la mafia paramilitar en Colombia. El Autor, Nueva York: 2008, p. 34. Disponible en: http://www.hrw.org/es/reports/2008/10/16/rompiendo-el-control (última consulta 18 de julio del 2011). Una compilación de las fuentes normativas y jurisprudenciales puede verse en Ambos (supra nota 14), anexos 1 y 2; GIZ-Proyecto Profis, Embajada de la RFA en Colombia y Fiscalía General de la Nación (supra nota 20) K3-K8; una compilación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia puede verse en Centro Internacional para la Justicia Transicional (CITJ). El proceso penal de Justicia y Paz. Compilación de autos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. CIJT/Asdi, Bogotá: 2009.
(71) Sobre ello véase Ambos (supra nota 14), párr. 41-49; GIZ-Proyecto Profis (supra nota 20), pp. 133-150; PGN/CIJT. El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del ministerio público. PGN/CITJ, Bogotá: 2010, pp. 127-139.
(72) Así mismo Ambos (supra nota 14), p. 35; CCJ (supra nota 8), p. 209; De la Calle Lombana, Humberto. “Castigo y Perdón en el proceso de justicia y paz con los paramilitares en Colombia”. En: Rangel Suarez (ed.) Justicia y paz ¿cuál es el precio que debemos pagar? Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá: 2009, p. 109; CIDH 2007 (supra nota 8), párr. 38 y ss. Además, con ello, se generaron ciertos inconvenientes del aparato institucional vinculado a los asuntos de justicia y paz con la maniobrabilidad del marco jurídico, debido a la exigencia, a su vez, de una especial formación en el manejo de la normatividad respectiva (véase Fundación Social. Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Fundación Social, Bogotá: 2009, pp. 108 y ss., quienes resaltan la incapacidad de muchos funcionarios en el manejo del marco jurídico).
(73) Véase Movice et ál. (supra nota 9), pp. 26 y ss.; en ese sentido también Beck (supra nota 8), p. 66; CCJ (supra nota 8), p. 28.
(74) Así mismo CCJ (supra nota 8), pp. 19-21; Ambos (supra nota 14), párr. 66.
(75) Alonso Espinal (supra nota 8), p. 21; Pax Christi. DDR en el contexto colombiano, p. 2. Disponible en: http://www.ikvpaxchristi.nl/files/Documenten/Veiligheid%20en%20Ontwapening/DDR_en_el_contexto_colombiano-FINAL.pdf (última consulta 18 de julio del 2011).
(76) Alonso Espinal (supra nota 8), p. 22; CCJ (supra nota 8), p. 27.
(77) Ambos (supra nota 14), p. 68; Orozco Abad (supra nota 15), p. 169.
(78) Para comentarios adicionales sobre el tema véase Ambos (supra nota 14), párr. 64 y ss.
(79) Esta noción debe interpretarse en concordancia con el parágrafo 1.º, artículo 2.º del Decreto 100 del 2003, según el cual “De conformidad con las normas del derecho internacional humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
(80) En ese sentido Duncan (supra nota 15), p. 358; sobre la red política del paramilitarismo véase Corporación Nuevo Arco Iris. Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Ed. Intermedio, 2007, pp. 13 y ss. A pesar de que el artículo 150 de la Ley 1448 del 2011 estipula la adopción de “medidas conducentes a lograr el desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que se han beneficiado y que han dado sustento a los GAOML...”, dicha crítica es de sostenerse, pues el propósito de dicho “desmantelamiento”, además de indeterminado, se enmarca en el aseguramiento de las prescripciones de no repetición que se tratan en el artículo 149 de dicha ley, de tal manera que equipara la no repetición de violaciones a derechos humanos con el cese de la violencia como factor de control social por parte de determinados agentes sociales, siendo este último un problema estructuralmente más profundo (véase infra 3.1).
(81) En ese sentido también Guáqueta, Alexandra y Arias, Gerson. Transicional DDR in Colombia: useful or counterproductive? FIP, Bogota: 2008, p. 28. Disponible en: http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_publicaciones/transitional_DDR_Colombia_useful_counterproductive.pdf (última consulta 18 de julio del 2011), según los cuales la dificultad más grande en el caso de los paramilitares en su estructura no convencional como grupo armado ilegal, sin control ni mando centralizado.