Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2014-00414-22343-de-septiembre-6-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_3d40d9876f524a4f979f06426a462594&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-23 01:11:46
Document Index: 136601927

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 794', 'artículo 180', 'artículo 100', 'artículo 306', 'artículo 794', 'artículo 54', 'artículo 98', 'artículo 794', 'artículo 100']

﻿ AUTO 2014-00414/22343 DE SEPTIEMBRE 6 DE 2017
AUTO 2014-00414 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD DESPUÉS DE SU LIQUIDACIÓN. SE PRECISA QUE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN LIQUIDACIÓN CULMINA CON LA APROBACIÓN DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, TODA VEZ QUE, A PARTIR DE ESE MOMENTO, LA SOCIEDAD DESAPARECE COMO SUJETO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, POR ENDE, TAMBIÉN TERMINAN LAS FACULTADES OTORGADAS AL LIQUIDADOR. EN ESE SENTIDO SI UNA SOCIEDAD REALIZA LA INSCRIPCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL CORRESPONDIENTE REGISTRO MERCANTIL CARECE DE PERSONERÍA JURÍDICA, POR LO TANTO, NO PUEDE EL REPRESENTANTE LEGAL OTORGAR PODER EN NOMBRE DE UNA PERSONA INEXISTENTE PARA CUESTIONAR UNOS ACTOS PROFERIDOS CON POSTERIORIDAD A SU EXTINCIÓN FRENTE A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. ADICIONALMENTE, SE ACLARA QUE SI BIEN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PUEDE PERSEGUIR A LOS SOCIOS POR LAS DEUDAS DE LA SOCIEDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 794 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, TAL ASPECTO SE LIMITA A LA FACULTAD DEL COBRO COACTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LOGRAR EL RECAUDO DE LAS DEUDAS A SU FAVOR, MAS NO CON LA CAPACIDAD DE UNA SOCIEDAD DISUELTA Y LIQUIDADA PARA SER PARTE EN UN PROCESO JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DIAN, LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD, CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD EN LA LIQUIDACIÓN, DEUDAS POR TRIBUTO, SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN, COBRO COACTIVO
Auto 2014-00414 de septiembre 6 de 2017
Radicación: 41001-23-33-000-2014-00414-01 (22343)
Demandante: J.R. La Plata Ltda.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Primera Oral de Decisión, en la audiencia inicial celebrada el 21 de enero de 2016, que declaró probada la excepción previa de inexistencia del demandante, y dio por terminado el presente proceso.
La sociedad J.R. LA PLATA LTDA., a través de apoderado, interpuso ante el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Primera Oral de Decisión, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la liquidación oficial de revisión 13241201300000030 de 7 de marzo de 2013, proferida por la división gestión de liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Neiva, y su confirmatoria Resolución 900.097 de 7 de abril de 2014, proferida por la dirección de gestión jurídica de la DIAN, mediante las cuales se modificó la declaración de renta del año gravable de 2009.
Mediante auto de 24 de octubre de 2014, el a quo admitió la demanda.
El 11 de diciembre de 2015, el Tribunal Administrativo del Huila dio inicio a la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con el fin de determinar si se encontraba probada la excepción de inexistencia del demandante, ordenó oficiar a la “Cámara de Comercio para que allegara copia auténtica de los actos notariales, actas de juntas de socios de la sociedad demandante mediante los cuales se disolvió y liquidó J.R. LA PLATA LTDA.”.
El 21 de enero de 2016, en la continuación de la audiencia inicial, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Primera Oral de Decisión, declaró probada la excepción de inexistencia del demandante en los siguientes términos(1):
“2.2. Consideraciones. Advierte la Sala que la sociedad aquí demandante fue disuelta y liquidada antes de la presentación de la demanda, en virtud de lo cual se encuentra configurada la excepción previa de inexistencia del demandante contenida en el artículo 100-3 del GPC aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Nótese que mediante acta de asamblea extraordinaria 004 del 28 de noviembre de 2011 (fl. 164 vto. y 165), el gerente de la sociedad J.R la plata Ltda., propuso la disolución y liquidación de la misma, siendo aprobada y se nombró al señor Juan de la Rosa Gutiérrez como gerente liquidador, la cual fue protocolizada mediante escritura pública 077 de la Notaría Segunda del Círculo de Neiva del 24 de enero de 2012 (fl. 161 vto. y 162, cdno. 1) e inscrita ante la Cámara de Comercio de Neiva el 26 de enero de 2012, bajo el número 00031912 del libro IX (fl. 146, cdno. 1).
Adicionalmente mediante acta de liquidación sin número, de fecha 28 de septiembre de 2012 se efectuó la cancelación de todos los pasivos de la sociedad y se hizo la repartición entre sus socios de los activos de la misma (fl. 172 a 174, cdno. 1), decidiéndose que el nombre o razón social debería ser cancelado y que “ninguna de las personas que intervinieron en la sociedad podrá realizar actividad comercial o mercantil alguna o actuar a nombre de la firma Sociedad JR LA PLATA LTDA. NIT. 900.187.105-2”.
Dicha acta igualmente fue inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva el 2 de octubre de 2012 bajo los números 00033858 y 00293773 de los libros IX y XV, respectivamente (fl. 146 y 147, cdno. 1), concretándose la liquidación y cancelación del registro mercantil de la demandante y por ende configurándose su terminación como persona jurídica.
Resalta la Sala que en el acta de liquidación no se relacionó el pasivo por impuestos aquí demandado y que ha dado lugar al presente medio de control ni hicieron provisiones para su cubrimiento o cancelación y tampoco se otorgaron facultades al gerente liquidador para reclamarlo ante esta jurisdicción o para promover el presente proceso, pese a que para la fecha de dicha acta (sep. 28/2012) la DIAN ya había proferido el requerimiento ordinario 122382010000386 notificado a la sociedad el 6 de mayo de 2010 y se había emitido el emplazamiento para corregir 1323820100000030 que fue notificado a la misma el 30 de junio de 2010 y el requerimiento especial 132382012000097 notificado a la demandante el 9 de agosto de 2012 proponiéndose modificar la declaración de renta del año gravable 2009, conforme se desprende de los actos demandados (fl. 22 a 28 y 49 a 70, cdno. 1).
Así las cosas, la actora al momento de su liquidación tenía pendiente la definición del impuesto de renta del año 2009 y de ello era conocedora, sin que en el acta de liquidación se hubiera impartido instrucción alguna al respecto, en su lugar se prohibió a las personas que intervinieron en la sociedad actuar en su nombre, por lo que al haberse presentado demanda el 5 de septiembre de 2014 (ver fl. 74, cdno. 1) después de la disolución y liquidación se configura la excepción de inexistencia del demandante y así se declarará probada.
(…)” (Se resalta)
Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que la sociedad J.R. La Plata Ltda. se disolvió y liquidó por la terminación de su actividad económica y, que el requerimiento especial fue notificado por la DIAN un año después de que la sociedad fuera liquidada.
Indicó que la responsabilidad de los socios frente a las obligaciones tributarias está consagrada en el artículo 794 del estatuto tributario, el cual dispone que, en todos los casos, los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, responderán solidariamente por los impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes o participaciones en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravable.
Expresó que así la sociedad haya sido liquidada, la DIAN puede perseguir a sus socios judicialmente, ya que éstos responden de manera solidaria, a prorrata de sus aportes.
En los términos del recurso de apelación, la Sala debe determinar si en el presente caso era procedente declarar probada la excepción previa de inexistencia de la parte demandante.
La inconformidad del recurrente radica en que si bien la sociedad se encuentra liquidada, la administración tributaria puede perseguir judicialmente a los socios quienes responden solidariamente por las deudas de la sociedad a prorrata de sus aportes.
En el presente caso, la Sala observa que mediante escritura pública 0000077 de 24 de enero de 2012 de la Notaría Segunda de Neiva, inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva el 24 de enero de 2012 bajo el número 00031912 del libro IX, se protocolizó el acta de reunión extraordinaria 004 de 28 de noviembre de 2011, contentiva de la aprobación de la disolución y liquidación de la sociedad J.R. LA PLATA LTDA. y el nombramiento del gerente liquidador Juan de la Rosa Gutiérrez Castro.
El 9 de agosto de 2012, la división de gestión de fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva notificó a la sociedad demandante el requerimiento especial 132382012000097 de 6 de agosto del mismo año, en el cual propuso modificaciones a la declaración del impuesto sobre la renta del año 2009 (fls. 931-961, c.a.).
Por acta de “asamblea extraordinaria de accionistas” del 28 de septiembre de 2012, inscrita en el registro mercantil el 2 de octubre de 2012 bajo los números 00033858 del libro IX y 00293773 del libro XV, se concretó la liquidación de la sociedad y la cancelación del registro mercantil, como se desprende del certificado de Cámara de Comercio de 14 de diciembre de 2015, visible en los folios 146 y 147 del expediente.
El 31 de octubre de 2012, la demandante dio respuesta al requerimiento especial y, solicitó a la Administración de Impuestos que se declarara la firmeza de la declaración de renta del año 2009 (fls. 998-1007, c.a.).
El 7 de marzo de 2013, la división de gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, profirió la liquidación oficial de revisión 132412013000030, mediante la cual modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año 2009 presentada por la sociedad J.R. LA PLATA LTDA. (fls. 1027-1050, c.a.).
El representante legal de la sociedad J.R. LA PLATA LTDA., interpuso recurso de reconsideración contra la citada liquidación oficial (fls. 1058-1066, c.a.).
La dirección de gestión jurídica de la DIAN, expidió la Resolución 900.097 de 7 de abril de 2014, por la cual decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión, en el sentido de confirmarla (fls. 1078-1085, c.a.).
Frente a la comparecencia al proceso de las personas jurídicas, el artículo 54 del Código General del Proceso, dispone:
“ART. 54.—Comparecencia al proceso.
Según la norma transcrita, las personas jurídicas deberán acudir al proceso por medio de su representante legal, y en caso de que la persona jurídica o sociedad esté en proceso de liquidación, deberá actuar por intermedio de su liquidador.
La Sala advierte que la capacidad de la persona jurídica en liquidación culmina con la aprobación de la cuenta final de liquidación inscrita en el registro mercantil, toda vez que, a partir de ese momento, la sociedad desaparece como sujeto de derechos y obligaciones y, por ende, también terminan las facultades otorgadas al liquidador.
Sobre la materia, esta Sección precisó que(2):
“De acuerdo con el artículo 98 del Código de Comercio, una vez constituida legalmente, la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Así, la sociedad es una persona jurídica con capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, y, por consiguiente, para ser parte en un proceso, atributo que conserva hasta tanto se liquide definitivamente, esto es, se apruebe la cuenta final de su liquidación y se inscriba este acto en el registro mercantil, momento en el cual desaparece o se extingue la persona jurídica(3).
Sobre el momento en que se extingue o desaparece la persona jurídica, la Sala ha precisado lo siguiente(4):
“Refiriéndose a este tema, la Superintendencia de Sociedades indicó que con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación, “desaparece del mundo jurídico la sociedad, y por ende todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren, desapareciendo así del tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia no puede de ninguna manera seguir actuando ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones”, y “al ser inscrita la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, se extingue la vida jurídica de la sociedad, por tanto mal podría ser parte dentro de un proceso una persona jurídica que no existe”(5) (se resalta).
De acuerdo con la jurisprudencia trascrita, la sociedad J.R. LA PLATA LTDA. carecía de personería jurídica desde el 2 de octubre de 2012, fecha en que se realizó la inscripción de la liquidación y cancelación de la matrícula en el correspondiente registro mercantil y, por lo tanto, no podía el representante legal otorgar poder (sep. 5/2014) en nombre de una persona inexistente y para cuestionar unos actos proferidos con posterioridad a su extinción.
Por lo demás, tal como lo expuso el a quo, a pesar de que la sociedad J.R. LA PLATA LTDA. tenía conocimiento de la actuación administrativa iniciada por la DIAN en relación con el impuesto sobre la renta del año 2009, no se observa que en el acta de liquidación de la sociedad se haya ordenado la constitución de la reserva correspondiente para atender una posible erogación por este concepto, ni se otorgaron facultades al liquidador para que actuara en nombre de la sociedad en el proceso de determinación del impuesto.
Si bien el apoderado de la parte actora fundamenta el recurso de apelación en que la DIAN puede perseguir a los socios por las deudas de la sociedad de conformidad con el artículo 794 del estatuto tributario, tal aspecto se encuentra relacionado con la facultad de cobro coactivo de la administración para lograr el recaudo de las deudas a su favor, mas no con la capacidad de una sociedad disuelta y liquidada para ser parte en un proceso judicial.
En este orden de ideas, la Sala considera que le asiste razón al a quo al declarar probada la excepción previa de inexistencia del demandante, consagrada en el numeral 3º del artículo 100 del Código General del Proceso, razón por la cual se confirmará la providencia recurrida.
CONFÍRMASE la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Primera Oral de Decisión, en la audiencia inicial celebrada el 21 de enero de 2016, mediante la cual declaró probada la excepción de inexistencia del demandante, y dio por terminado el presente proceso.
1 Folios 176 vto.-177 vto.
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencia de 12 de noviembre de 2015, radicación 05001-23-33-000-2012-00040-01 (20083).
3 Sentencia del 11 de junio de 2009, expediente 16319, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
4 Sentencia del 30 de abril de 2014, expediente 19575, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
5 Oficio 220-036327 de 21 de mayo de 2008 de la Superintendencia de Sociedades.