Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/33329/ley-12-2010-de-12-de-noviembre-de-modificacion-de-diversas-leyes-para-la-transposicion-en-las-ille
Timestamp: 2018-07-19 05:38:49
Document Index: 158468767

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 31', 'artículo 84', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'artículo 36', 'Artículo 2', 'artículo 37', 'Artículo 45', 'Artículo 3', 'artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 15', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 1', 'Artículo 31', 'artículo 21', 'artículo 71', 'Artículo 48', 'Artículo 6', 'artículo 49', 'Artículo 7', 'artículo 84', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 43', 'artículo 23', 'artículo 17', 'artículo 2']

Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las...
LEY 12/2010, DE 12 DE NOVIEMBRE, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA LA TRANSPOSICIÓN EN LAS ILLES BALEARS DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE, DE 12 DE DICIEMBRE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR (BOIB DEL 25)
Título I. Medidas Generales (Arts. 1 a 4)
Capítulo I. Administración pública (Arts. 1 a 3)
Art. 1. Modificación de la Ley 4/2001, de 14 de marzo
Art. 2. Modificación de la Ley 3/2003, de 26 de marzo
Art. 3. Modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre
Capítulo II. Servicios profesionales (Art. 4)
Art. 4. Modificación de la Ley 10/1998, de 14 de diciembre
Título II. Servicios turísticos (Art. 5)
Art. 5. Modificación de la Ley 2/1999, de 24 de marzo (derogado)
Título III. Servicios a la juventud (Art. 6)
Art. 6. Modificación de la Ley 10/2006, de 26 de julio
Título IV. Servicios sociales (Art. 7)
Art. 7. Modificación de la Ley 4/2009, de 11 de junio
Título V. Servicios portuarios (Art. 8)
Art. 8. Modificación de la Ley 10/2005, de 2 de julio
Primera. De las actividades de servicios
Segunda. De los procedimientos administrativos relativos a autorizaciones, licencias y permisos
Cuarta. Razones de interés general
Quinta. Competencia
Sexta. Modificación de la Ley 4/2010
Séptima. Derecho transitorio (Derogada)
Octava. Del régimen de autorización del régimen de autorización previa regulado en el Decreto 40/2007
Novena. Modificación de la Ley 11/2001, de 15 de junio (Derogada)
Primera. Régimen jurídico de licencias (Derogada)
Segunda. Competencia autonómica
LEY 12/2010, DE 12 DE NOVIEMBRE, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA LA TRANSPOSICIÓN EN LAS ILLES BALEARS DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE, DE 12 DE DICIEMBRE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR (BOIB DEL 25; BOE DE 20 DE DICIEMBRE)
Corrección de errores BOIB de 21 de julio de 2011
En relación con la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios, la directiva establece la eliminación de los procedimientos de autorización que afecten al acceso o al ejercicio de una actividad de servicios, siempre que el mencionado procedimiento no cumpla determinados requisitos, como el de necesidad —vinculado a la necesaria concurrencia de razones de orden público, seguridad pública, salud pública o de protección del medio ambiente—, proporcionalidad y no discriminación. Los requisitos prohibidos se encuentran enumerados en el artículo 14 de la directiva, y la necesidad de justificar los otros, en el artículo 15.
Es indudable que la simplificación y la mejora de los procedimientos administrativos tienen que ser una aspiración continúa de las administraciones públicas que están obligadas ex lege a conseguir un mejor servicio al ciudadano —más ágil, coordinado, transparente, eficaz y eficiente—, que implique la introducción y el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de los procedimientos administrativos. Este marco general se ha visto agravado por la crisis económica, y la administración se tiene que esforzar en crear instrumentos que generen confianza a los ciudadanos y ayuden a impulsar la actividad privada que se mueve mayoritariamente en el sector de servicios. El Decreto Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears, constituyó un punto de inflexión en este escenario en tanto que dedicaba el título I a regular un conjunto de disposiciones generales encaminadas a simplificar los procedimientos administrativos reforzando el impulso de oficio y la tramitación de urgencia de determinados expedientes de contratación, a la vez que creaba el concepto de inversión de interés autonómico e insular. Más vinculado todavía al objetivo de esta disposición está el contenido del título II del decreto ley, que tenía como finalidad facilitar la implantación de nuevas actividades empresariales y profesionales, para lo cual introdujo a la normativa autónoma el concepto de declaración responsable de inicio de actividad, que se tiene que entender afectado por la normativa básica estatal de transposición de la Directiva de servicios.
3. En la medida en que la Ley 20/2006 es fruto del ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo que, en materia de régimen local y en el marco de la legislación básica del Estado, tiene la comunidad autónoma de las Illes Balears (artículo 31.13 del Estatuto de Autonomía), y que determinados preceptos incluyen, en parte, el contenido de aquella legislación básica, como los artículos 178.1 y 179 —que prácticamente transcriben, respectivamente, el artículo 84 de la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, y el artículo 8 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955—, la modificación operada en la Ley 7/1985 determina la necesidad de adaptar a la legislación básica los preceptos mencionados.
— Evaluación de la compatibilidad de la normativa colegial con la directiva de servicios.
— Informatización de sus procedimientos y participación en la puesta en marcha de la ventanilla única.
— Incorporación a los mecanismos de cooperación administrativa previstos por la directiva.
— Protección de los derechos de los consumidores y usuarios en relación con la actividad colegial.
— Ejercicio profesional en forma societaria.
— Nueva regulación del visado: sólo se visarán los trabajos profesionales cuando se solicite expresamente por el cliente o así lo establezca el Gobierno estatal mediante un real decreto. En ningún caso los colegios podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales.
— Regulación de las obligaciones de los colegios: elaboración de una memoria anual con el contenido que establece el artículo 13.1 de la ley, prohibición de establecer baremos orientativos sobre honorarios profesionales, delimitación cuantitativa de la cuota de colegiación, y regulación de la información y documentación que se tiene que poder obtener mediante la implantación de la ventanilla única.
— Obligación de colegiación sólo en los casos que prevea una ley estatal.
En cuanto al régimen de autorizaciones establecido en la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, se prevén diferentes tipos, que, en la práctica, suponen la diferenciación entre una autorización previa —para crear, construir y modificar sustancialmente los centros donde se tengan que prestar servicios sociales—, y una autorización definitiva —para el funcionamiento de los servicios y para los cambios de titularidad o modificación de las funciones y los objetivos.
En efecto, la Directiva de servicios determina que las administraciones públicas sólo pueden supeditar el acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio a un régimen de autorización cuando se cumplan los requisitos de no discriminación, necesidad —por razones imperiosas de interés general— y proporcionalidad. Estos regímenes respetan el principio de no discriminación, ya que recaen sobre todos los operadores que quieran actuar en las Illes Balears, con independencia de su nacionalidad. Asimismo, se encuentran justificados por razones imperiosas de interés general, recogidas en el artículo 4 de la propia Directiva de servicios. El orden público y la seguridad pública, los objetivos de la política social y, concretamente, la protección de los destinatarios de los servicios, justifican el mantenimiento de este régimen de autorizaciones. Finalmente, no pueden ser sustituidos por medidas menos restrictivas ya que la incidencia de los servicios sobre los usuarios es inmediata y un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz.
8. En materia de puertos, si bien existe una clara exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE —concretamente en su artículo 2.1.d)— de los servicios de transporte, y, en particular, de los de navegación marítima, incluidos los servicios portuarios, se considera necesario efectuar diversas modificaciones de la Ley 10/2005, de 2 de julio, de puertos de las Illes Balears, aprobada al amparo de los títulos competenciales previstos en los artículos 30.5, 30.6 y 30.21 del Estatuto de Autonomía, con el objeto de simplificar procedimientos, de conformidad con el mandato de la directiva y, en concreto, los relativos a los requisitos que tienen que reunir las solicitudes para la ocupación del dominio público portuario (artículos 46, 47, 60 y 70).
En la disposición adicional quinta se prevé la comunicación de cualquier proyecto legal, reglamentario o administrativo que contenga alguno de los requisitos previstos en los artículos 11.1 ó 12.2 de la Ley 17/2009, de 23 de diciembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que tendrá que incluir la motivación exigida por la directiva que se transpone.
La disposición adicional octava contempla la justificación de los requisitos y el régimen de autorización regulados en la normativa sectorial, de carácter reglamentario, relativa al ámbito del buceo deportivo y recreativo, competencia de esta comunidad autónoma en virtud del artículo 30.12 del Estatuto de Autonomía. Así, se considera adecuado mantener la autorización previa regulada en el Decreto 40/2007, de 13 de abril, por el cual se regula el buceo deportivo y recreativo en la comunidad autónoma de las Illes Balears, ya que el mantenimiento de este régimen está justificado por las razones imperiosas de interés general siguientes: salud pública y protección de los consumidores, de conformidad con el artículo 9.1.b) en relación con el artículo 4.8 de la Directiva 2006/123/CE. Se cumple así con la exigencia prevista en el artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, relativa a la necesidad de que la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no imponga a los prestadores un régimen de autorización, exceptuando los casos excepcionales en que concurran las condiciones de no discriminación, proporcionalidad y necesidad —justificada por una razón imperiosa de interés general—, que deberán motivarse suficientemente en la ley que establece dicho régimen. Dada la inexistencia de una ley específica en materia de buceo deportivo y recreativo, resulta adecuado y justificado recoger la anterior previsión en la presente ley.
Igualmente relevante es la disposición transitoria primera, que se ocupa del régimen de aplicación a los procedimientos de concesión de las autorizaciones y licencias en materia de actividades clasificadas, donde el efecto directo de la directiva y la entrada en vigor de la normativa básica estatal —en particular de la disposición derogatoria de la Ley 25/2009, del 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio, así como del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por el Decreto de día 17 de junio de 1955— plantean numerosas dudas sobre el régimen aplicable en la actualidad a esta comunidad autónoma. Por este motivo, en tanto se lleva a cabo la adaptación de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, para la transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior, se estima oportuno, con el fin de favorecer la seguridad jurídica, dictar una normativa procedimental que afecta a determinados procedimientos, que están clasificados a la Ley 16/2006 por parámetros técnicos y no por sectores económicos o empresariales.
En segundo lugar, en relación con la autorización de inicio y el ejercicio de las actividades permanentes, la licencia de apertura y funcionamiento, la autorización queda sustituida por la declaración responsable y las referencias a la licencia contenidas en la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, se han de entender sustituidas por ''declaración responsable'.
Artículo 1. Modificación de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears.—1. Se introduce en el apartado 1 del artículo 36 el párrafo siguiente:
Artículo 2. Modificación de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.—1. Se añade un nuevo párrafo al artículo 37 con el siguiente contenido:
«Artículo 45. Del inicio del procedimiento, la declaración responsable y la comunicación previa.—1. Los procedimientos se inician de oficio o a solicitud de la persona interesada, y se les tiene que asignar un código de identificación indicativo del tipo de expediente de que se trata, y del número correlativo dentro del año de inicio, que también tiene que constar.
9. La persona interesada tiene que informar a la administración de cualquier cambio en los datos incluidos en la comunicación previa o la declaración responsable desde el momento que se presenten hasta que acabe la actividad».
«b) Los procedimientos previstos en una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o en una norma de derecho comunitario».
Artículo 3. Modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.—1. El apartado 1 del artículo 178 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, queda modificado de la manera siguiente:
f) Potestad sancionadora».
«Artículo 179. Sujeción a autorizaciones y licencias.—En aquellos supuestos en los cuales, de acuerdo con el marco legalmente establecido, las entidades locales puedan intervenir la actividad de la ciudadanía mediante la sumisión a licencia y a otros actos de control preventivo, así como cuando se requieran licencias o autorizaciones de otras administraciones públicas, el otorgamiento de estos actos se tiene que ajustar a las reglas siguientes:
e) No obstante, sin perjuicio de lo que disponga la normativa sectorial, no se entenderán otorgadas por falta de resolución expresa las solicitudes de autorización o licencia relativas a la utilización o la ocupación de bienes del dominio público local».
Artículo 4. Modificación de la Ley 10/1998, de 14 de diciembre, de colegios profesionales de las Illes Balears.—1. Se introduce un nuevo apartado 4 al artículo 2, y, en consecuencia, queda redactado de la siguiente forma:
5. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios profesionales deben ser democráticos».
Finalidades, funciones y obligaciones de los colegios profesionales».
6. La representación institucional de los colegiados en los casos de colegiación obligatoria».
b) Velar por la ética profesional, haciendo cumplir las normas de ontológicas y colaborando en la protección de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales. Los estatutos de los colegios o los códigos de ontológicos que aprueben los colegios profesionales podrán incluir previsiones expresas dirigidas a exigir a los profesionales colegiados que su conducta en materia de comunicaciones comerciales se ajuste a lo que disponga la ley, con la finalidad de salvaguardar la independencia e integridad de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional».
«i) Visar los trabajos profesionales de los colegiados en el términos establecidos en los apartados 2 y 3 de este artículo».
En caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el colegio en el que éste resulte responsable, el colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que se tendrían que haber puesto de manifiesto por el colegio a la hora de visar el trabajo profesional y que guarden relación directa con los elementos que se han visado en el trabajo en concreto».
e) El contenido de los códigos deontológicos».
3. Los colegios profesionales, mediante este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverán sobre la queja o reclamación de la forma más adecuada, bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien con el envío del expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los expedientes informativos o disciplinarios, o bien archivando o adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho».
3. Los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más profesiones serán sólo los que se establezcan mediante una ley».
«2. El Gobierno de las Illes Balears promoverá que las delegaciones o demarcaciones en las Illes Balears de colegios de ámbito supraautonómico adopten las medidas necesarias para la prestación de atención a los consumidores y usuarios prevista en el artículo 15 de esta ley».
2. Los colegios profesionales regulados a esta ley tendrán, en los consejos generales de sus respectivas profesiones, la intervención que la legislación del Estado les asigne».
«En todo aquello que no esté previsto a esta ley, se aplicará la normativa estatal sobre colegios profesionales».
Artículo 5. Modificación de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears.— [...]
VIGENTE DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 A 21 DE JULIO DE 2012.
Artículo 5. Modificación de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears.—1. Se añade al artículo 1.3 de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística, un nuevo punto:
«g) La reducción de trámites y simplificación de procedimientos como eje de la actuación de las administraciones turísticas».
«Artículo 31. Concepto y clasificación.—1. Las agencias de viajes que quieran ejercer actividades con carácter permanente en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears serán objeto de inscripción a los registros insulares correspondientes y en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, mediante la declaración responsable de inicio de actividad turística.
5. Asimismo, las agencias de viajes deberán de afianzar su responsabilidad mediante la suscripción de una póliza de seguro que garantice los posibles riesgos de su responsabilidad. La póliza de seguro deberá cubrir la responsabilidad civil de la explotación del negocio, la civil indirecta o subsidiaria y la responsabilidad por daños patrimoniales primarios».
4. De conformidad con lo que establece el artículo 21 del Real Decreto1837/2008, las personas que aporten un certificado de competencia o un título de formación exigido por otro estado de la Unión Europea válido para acceder a la profesión de guía turístico o para ejercerla, o que se encuentren en las situaciones que se regulan en los puntos 3, 4 ó 6 del artículo mencionado, pueden acceder a la profesión de guía turístico en las Illes Balears y ejercerla.
De acuerdo con el artículo 71 del Real Decreto 1837/2008, los beneficiarios del reconocimiento de sus calificaciones profesionales deberán poseer los necesarios conocimientos lingüísticos de las lenguas catalana y castellana para el ejercicio de la profesión en las Illes Balears».
«Artículo 48. Declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) y comunicación previa.—1. Se entiende por declaración responsable de inicio de la actividad turística el documento suscrito por una persona interesada donde manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para iniciar el ejercicio de una actividad turística de las previstas en esta ley, a través de alguna de las modalidades previstas en el artículo siguiente, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el plazo de tiempo inherente a dicho ejercicio.
5. Las administraciones competentes en materia turística tendrán permanentemente publicados y actualizados los correspondientes modelos de declaración responsable y de comunicación previa que, en todo caso, se podrán presentar por vía electrónica».
«21. La no presentación de la declaración responsable y/o de la comunicación, o la falsedad en cualquier dato, siempre que cumpla todos los requisitos necesarios que establece la normativa turística».
«j) La no presentación de la declaración responsable».
«Disposición adicional sexta.—Los establecimientos turísticos que al ponerse en funcionamiento estuvieran sometidos a la autorización de la Consejería de Turismo del Gobierno de las Illes Balears, abiertos al público día 1 de enero de 1998, estarán exentos, en caso de que no la tengan, de obtener la licencia de apertura municipal siempre que se den los requisitos siguientes:
La no exigibilidad, en su caso, de la referida licencia de apertura en ningún ámbito administrativo no supondrá en ningún momento la exención de la sujeción a la normativa aplicable a los establecimientos turísticos».
Artículo 6. Modificación de la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud.—1. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 49 de la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, y se añaden los apartados 5, 6 y 7, de manera que quedan redactados con el siguiente contenido:
7. En todo caso, es imprescindible, en el desarrollo de una actividad, disponer del personal titulado o calificado en materia de tiempo libre en la proporción que se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta el número de participantes de la actividad, además de los medios materiales necesarios para llevarla a cabo».
«2. La administración competente en la materia inscribirá de oficio las escuelas de tiempo libre infantil y juvenil en el Censo de escuelas de educación de tiempo libre infantil y juvenil de las Illes Balears, con el informe previo de la Inspección de escuelas de educadores de tiempo libre infantil y juvenil, que tiene por objeto verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para iniciar la actividad».
La inscripción de las instalaciones de titularidad pública en el censo de la Red de Instalaciones Juveniles de las Illes Balears se llevará a cabo con el informe previo de la administración competente en materia de instalaciones juveniles, que tiene por objeto la verificación del cumplimiento del contenido de la declaración mencionada en el apartado segundo de este artículo».
«d) La no presentación de la declaración responsable y/o de la comunicación, o la falsedad en cualquier dato, siempre que se cumplan todos los requisitos necesarios que establece la normativa».
«h) No presentar la declaración responsable y/o no cumplir los requisitos necesarios establecidos en la normativa».
Artículo 7. Modificación de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.—1. Se da una nueva redacción al título del capítulo II del título VII de la ley y a la sección 1.ª del citado capítulo, que quedan redactados, respectivamente, en los siguientes términos:
SECCIÓN 1.ª DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS».
«Régimen de la autorización administrativa y de la presentación de la declaración responsable».
«2. Para poder prestar servicios sociales en las Illes Balears es necesario, además de estar inscritos en el registro que establece el artículo 84 de esta ley, obtener y mantener la declaración responsable y las autorizaciones administrativas que fija el artículo siguiente, que tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de unos requisitos y de unos estándares mínimos de calidad».
«Declaración responsable y clases de autorizaciones administrativas».
e) Cualquier otra autorización que se determine reglamentariamente según el tipo de actividad, centro o servicio social».
d) La presentación de una memoria y un plan de actuación en que se especifiquen el régimen de intervención, la forma de desarrollar los programas de atención y la metodología y los procedimientos de ejecución».
«Procedimiento de presentación de la declaración responsable y de la concesión de las autorizaciones».
3. Transcurrido el plazo establecido reglamentariamente para resolver y notificar sobre la solicitud presentada, las personas interesadas tienen que entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes».
«m) No presentar la declaración responsable y/o la comunicación, o la falsedad en cualquier dato, siempre que cumpla todos los requisitos necesarios que establece la normativa».
«z) No presentar la declaración responsable y/o no cumplir los requisitos necesarios establecidos en la normativa».
Artículo 8. Modificación de la Ley 10/2005, de 2 de julio, de puertos de las Illes Balears.—1. Se modifica el artículo 8, apartado 3.b), que pasa a tener la siguiente redacción:
«b) La asignación de usos en el ámbito portuario y la justificación de su necesidad o conveniencia, de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios; las medidas dirigidas a satisfacer adecuadamente la prestación de los servicios portuarios y a garantizar su seguridad».
«2. Los servicios comerciales se prestan en régimen de competencia. La administración portuaria adoptará medidas dirigidas a fomentar la competencia en la prestación de estos servicios».
f) Otras condiciones que se consideren pertinentes y estén justificadas por razones imperiosas de interés general».
«Se podrá proceder de igual manera en los casos en que su otorgamiento pudiera originar dentro del puerto situaciones de dominio del mercado susceptibles de afectar a la libre competencia en la prestación de los servicios portuarios básicos o a las actividades y los servicios comerciales directamente relacionados con la actividad portuaria».
g) Otros documentos y justificaciones que sean pertinentes y cuya exigencia esté justificada por razón imperiosa de interés general».
Disposición adicional primera.—1. En la comunidad autónoma de las Illes Balears, las actividades de servicios en las cuales es de aplicación la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio, que se prestan en el ámbito de la agricultura y la sanidad animal, están sometidas, excepto las excepciones que se puedan establecer a la normativa sectorial, a los requisitos y regímenes de autorización previstos a la normativa sectorial, con la finalidad de proteger la sanidad animal y pública.
Disposición adicional segunda.—En los procedimientos administrativos relativos a autorizaciones, licencias y permisos, así como en los procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, cuando se haya suprimido la obligación de aportar documentación que afecte a datos de carácter personal, se entenderá que la persona interesada, cuando presenta su solicitud, presta el consentimiento para el acceso por vía electrónica a los mencionados datos de carácter personal por parte de los órganos administrativos competentes.
Disposición adicional tercera.—El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a cabo bajo el criterio de simplificación y racionalización normativa y de los procedimientos administrativos.
Disposición adicional cuarta.—A los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común, de acuerdo con la redacción otorgada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears se entenderá que concurren razones imperiosas de interés general en aquellos procedimientos que estaban regulados a la entrada en vigor de esta ley por normas con rango de ley o de derecho comunitario que prevean efectos desestimatorios ante la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto.
Disposición adicional quinta.—El órgano administrativo competente comunicará a la consejería competente en materia de asuntos europeos, antes de su aprobación, cualquier proyecto legal, reglamentario o administrativo que contenga requisitos de los previstos en los artículos 11.1 ó 12.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, a los que se acompañará memoria justificativa de los criterios establecidos en los artículos 11.2 ó 12.3, respectivamente, para su posterior notificación a la Comisión Europea, de acuerdo con aquello que establece la disposición adicional cuarta de la ley básica estatal mencionada.
Disposición adicional sexta.—Se añade una nueva disposición adicional (décima) a la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears, con el siguiente texto:
«Disposición adicional décima. Concordancia de la licencia de edificación y uso del suelo y del permiso de instalación.—Como excepción a lo que se prevé en el artículo 23 de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, los proyectos relativos a solicitudes de mejora de establecimientos turísticos a que se refiere el artículo 17 de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears, podrán obtener licencia municipal de edificación y uso del suelo con anterioridad al permiso de instalación, siempre que se incorpore al procedimiento certificación acreditativa del hecho de que, según la normativa territorial y urbanística, el uso turístico resulta admitido en la parcela».
Disposición adicional séptima.—1. Las explotaciones agrarias o ganaderas que estén en activo con anterioridad a día 17 de octubre de 2006 y no tengan permiso de instalación y de licencia de apertura y funcionamiento, estarán exentas de su obtención. La no exigibilidad del permiso de instalación y de la licencia de apertura y funcionamiento no supondrá la exención del cumplimiento de la normativa aplicable. Las actividades iniciadas con posterioridad a la fecha anteriormente indicada se regirán por el Decreto 76/2008, de 4 de julio.
2. Se añade un apartado c) al número 2 del artículo 2 del Decreto 76/2008,de 4 de julio, con el siguiente texto:
Igualmente, tendrá la misma consideración la producción anteriormente descrita si se transforma o se comercializa por cooperativas o agrupaciones de explotaciones».
Disposición adicional octava.—1. Se mantiene el régimen de autorización previa regulado en el Decreto 40/2007, de 13 de abril, por el que se regula el buceo deportivo y recreativo en la comunidad autónoma de las Illes Balears, siempre que esté justificado por las siguientes razones imperiosas de interés general: salud pública, protección de los consumidores y protección de los destinatarios de servicios.
— Los datos identificativos del titular del centro de buceo.
— El documento acreditativo del seguro de la actividad.
— El documento acreditativo de estar inscrito como empresa cargadora de botellas.
— El plan de emergencia y evacuación.
Disposición adicional novena.—Se modifica la disposición adicional sexta de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, que queda de la siguiente manera:
«Disposición adicional sexta.—Los establecimientos comerciales con superficie de venta inferior a 700 m2 en la isla de Mallorca, a 400 m2 en las islas de Eivissa y de Menorca y a 200 m2 en la isla de Formentera abiertos al público, estarán exentos, en caso de que no la tengan, de obtener la licencia de instalación y de apertura municipal siempre que concurran los siguientes requisitos:
La no exigibilidad del permiso de instalación y de la licencia de apertura y funcionamiento no supondrá la exención del cumplimiento de la normativa aplicable».
Disposición transitoria primera.— El régimen jurídico de licencias integradas de actividades de las Illes Balears queda sometido a las siguientes disposiciones:
VIGENTE DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 A 21 DE JUNIO DE 2012.
Disposición transitoria primera.—El régimen jurídico de licencias integradas de actividades de las Illes Balears queda sometido a las siguientes disposiciones:
Disposición transitoria segunda.—Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. No obstante, la persona interesada podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y optar por la aplicación de la nueva normativa.
— La Ley 2/1984, de 12 de abril, de alojamientos turísticos extrahoteleros.
— La Ley 7/1988, de 1 de junio, de medidas transitorias de ordenación de establecimientos hoteleros y de alojamientos turísticos.
— La Ley 3/1990, de 30 de mayo, por la que se crea y regula el Plan de modernización de alojamientos turísticos existentes a Baleares.
— La Ley 6/1996, de 18 de diciembre, por la que se crea y regula el Plan de modernización de la oferta turística complementaria de las Illes Balears.
— El Decreto 17/2006, de 17 de febrero, por el cual se desarrolla la Ley 2/2005, de comercialización de estancias turísticas en viviendas.
— La Orden del consejero de Turismo de 27 de noviembre de 1997, por la que se desarrolla la Ley 6/1996, de 18 de diciembre, que crea y regula el Plan de modernización de la oferta turística complementaria.
— La Orden del consejero de Turismo de 28 de octubre de 1998, por la que se modifica la Orden núm. 21678, del consejero de Turismo de 5 de noviembre de 1997, que regula la concesión y utilización de las denominaciones y distintivos de restaurante modernizado, cafetería modernizada o bar modernizado.
Disposición final primera.—Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de esta ley.
Disposición final segunda.—En las materias que son competencia de la comunidad autónoma de las Illes Balears de acuerdo con aquello que prevé el Estatuto de Autonomía, mediante esta ley se cumplen la disposición final tercera, apartado 1, de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio, y la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Disposición final tercera.—Esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.