Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64609
Timestamp: 2017-11-18 17:45:32
Document Index: 401232339

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 30', 'artículo 116', 'artículo 241', 'artículo 12', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 29', 'artículo 79', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 12', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 116', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 116', 'artículo 12', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 30', 'artículo 147', 'artículo 146', 'artículo 147', 'artículo 147', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 38', 'artículo 163', 'artículo 72', 'artículo 230', 'artículo 147', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 12', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 30', 'artículo 29', 'artículo 147']

Sentencia C-765 de 2013 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 06/11/2013
La determinación que realiza el centro de arbitraje hace referencia a la competencia para desarrollar las labores administrativas que le asignan, entre otros, los artículos 14, 20 y 23 de la propia ley 1563 de 2012 -determinación que implica la verificación de las reglas de competencia previstas en el artículo 12 de la misma ley-. Se concluye que las tareas desarrolladas por el centro de arbitraje tienen esta naturaleza por cuanto i) con las mismas no se decide el acceso a la administración de justicia de quien presenta la demanda; ii) no implican habilitación o limitación de la competencia o la labor que cumplen los árbitros; y, finalmente, iii) no están reguladas por disposiciones del Código de Procedimiento Civil –que regulan el ejercicio de funciones jurisdiccionales-. En concordancia con lo anterior, la ley 1563 de 2012 asigna a los miembros del tribunal arbitral las funciones que, al inicio del proceso, pueden implicar el ejercicio de jurisdicción como son i) la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda –artículo 20-; ii) dar la orden para realizar el traslado de la demanda –artículo 21-; o iii) la determinación de la competencia para conocer de las pretensiones de las partes involucradas en el proceso –artículo 30-. En este sentido, la Corte Constitucional encuentra que el aparte acusado, al no asignar funciones jurisdiccionales al centro de arbitraje, lejos está de trasgredir el contenido del artículo 116 de la Constitución, por lo que lo declarará exequible.
Con fundamento en la facultad consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el 15 de abril de 2013, el ciudadano Carlos Alberto Paz Russi presentó acción de inconstitucionalidad contra el artículo 12 (parcial) de la Ley 1563 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones".
ARTÍCULO 12. INICIACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL. El proceso arbitral comenzará con la presentación de la demanda, que deberá reunir todos los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil, acompañada del pacto arbitral y dirigida al centro de arbitraje acordado por las partes. En su defecto, a uno del lugar del domicilio de la demandada, y si esta fuere plural, en el de cualquiera de sus integrantes. El centro de arbitraje que no fuere competente, remitirá la demanda al que lo fuere. Los conflictos de competencia que se susciten entre centros de arbitraje serán resueltos por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Ahora bien, si partimos de la redacción errada de los apartes de la ley 1563 de 2012, cuya inexequibilidad se solicita, ‘el proceso arbitral comenzará con la presentación de la demanda’, debemos entonces aplicar el principio de preclusión procesal, en cuanto a que si el centro de arbitraje no indica que no es competente, quedará subsanado, o cercenará la facultad de los Árbitros que sí tienen jurisdicción por mandato constitucional para pronunciarse sobre el tema.
Y siguiendo esta definición de ‘proceso’ si ya empezó, por qué el Centro de Arbitraje interviene en el ‘proceso’ y decide si es competente o no, si éste no dicta providencias judiciales, pues no tiene jurisdicción, y qué puede hacer el solicitante ante la negativa del Centro, nada, se le está conculcando el derecho a la defensa, pues le está definiendo la competencia una entidad carente de jurisdicción, y no un juez, como ordena el artículo 29 de la Constitución Nacional, que nos da la garantía del juez competente.
Esa definición exótica por demás, pues desborda toda comprensión que sobre la definición de ‘proceso’ se había tenido, cual es que, éste existe cuando se notifica a la parte demandada, y se traba la relación jurídica procesal" –folio 2-
Luego de describir etapas de la formación de la ley 1563 de 2012 y aspectos generales del trámite arbitral, la apoderada del Ministerio sostuvo que, de acuerdo con el artículo 79 de la ley 1563 de 2012, el "tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia" –folio 53-.
Por esta razón, para la apoderada del Ministerio "[e]s claro que el demandante no interpreta integralmente el texto de la norma, de acuerdo con el espíritu del legislador, por cuanto hace una apreciación aislada de dos apartes del artículo 12 de la Ley 1563 de 2012 y no toma en cuenta la Ley en su totalidad" –folio 54-.
En su criterio, el trámite arbitral es un proceso, de manera que la demanda debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos ser presentada ante el centro de arbitraje acordado por las partes, por lo que el artículo 12 de la ley 1563 de 2012 no vulnera el artículo 116 de la Constitución –folio 54-.
En primer lugar, sostiene que el demandante "no precisa los motivos por los cuales estima contrario a la constitución que el proceso arbitral comience con la presentación de la demanda –puesto que al respecto se limita a plantear lo que a su juicio debe entenderse por ‘proceso’-, por lo que no existiría motivo para considerar vulnerado el artículo 116 de la Constitución –folio 29-.
En relación con el argumento según el cual el artículo 12 otorga facultades jurisdiccionales a los centros de arbitraje al prever que éstos determinarán su competencia, el interviniente lo considera "desacertado pues proviene de una errónea interpretación" –folio 30-. En este sentido manifiesta "la recta interpretación del artículo 12 de la ley 1563 de 2012, conduce necesariamente a la conclusión de que la expresión ‘competencia’ empleada en su texto, nada tiene que ver con la facultad de administrar justicia, sino con el cumplimiento de ciertas funciones administrativas y de organización, previas muchas de ellas a la integración e instalación del tribunal" –folio 30-.
De esta forma concluye que "el centro de arbitraje en el que debe presentarse la demanda, según los parámetros señalados, es el competente para el cumplimiento de las mencionadas funciones, no jurisdiccionales, que le señala el legislador" –folio 31-
Respecto del primer cargo señaló la docente que el artículo 116 de la Constitución no dispone aspectos relacionados con el inicio del proceso arbitral, por lo que "respecto del primer aparte demandado considero que la demanda carece de fundamento. Es cierto que tradicionalmente se ha entendido que el procedimiento comienza cuando se le notifica la demanda al demandado, sin embargo, el cambio de criterio en torno a cuando se entiende iniciado el proceso no es argumento válido para decretar la inconstitucionalidad de una norma. Con el aparatado acusado de inconstitucionalidad el artículo 116 de la Constitución Política se mantiene incólume" –folio 33-.
Finaliza al manifestar que "[l]o que el Estatuto pretende con esta disposición es precisamente ordenarle a dichos centros cómo actuar al momento de recibir una demanda arbitral que da lugar a un arbitraje que ellos no deben administrar. (…) Con la hoja de ruta que el apartado demandado ha trazado, no existe el riesgo de que los Centros de Arbitraje al momento de recibir una demanda arbitral se extralimiten en sus funciones de administración" –folio 34-.
En concepto del Coordinador del Observatorio los argumentos de la demanda son claras, ni específicas, ni suficientes en la medida en que los argumentos del demandante "no guardan relación, con la exposición de todos los elementos de juicio 9 función jurisdiccional y determinación de competencia por el mismo juez) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del concepto objeto de reproche", por lo que solicita que la Corte se inhiba de realizar pronunciamiento alguno –folio 39-.
Luego de mencionar las clases de arbitraje y de hacer una recapitulación de la regulación acerca del lugar de presentación de las demandas arbitrales y la determinación de competencia por parte del centro de arbitraje, el Coordinador del Observatorio afirma que esta actuación por parte del centro de arbitraje no activa el ejercicio de funciones jurisdiccionales –folio 42-. En este sentido, afirma que lo "debatido es una actuación administrativa", tal y como determinó la sentencia C-1038 de 2002 de forma tácita al no enlistar la determinación de la competencia del centro de arbitraje como una labor jurisdiccional –folio 43-.
Igualmente, para el Coordinador del Observatorio, de una lectura de las disposiciones posteriores en armonía con el artículo cuestionado es claro que, no obstante el leguaje impreciso del legislador, el proceso arbitral inicia luego de que los árbitros se han declarado competentes para conocer de las pretensiones de la demanda, de acuerdo con los artículos 20 y 30 de la misma ley –folio 45-.
Interpretar el artículo 12 de otra forma, implicaría atribuir funciones jurisdiccionales al centro de arbitraje, lo cual es contrario a la institución de cosa juzgada, al principio de juez natural y al concepto técnico de inicio del proceso arbitral –folio 46-.
De acuerdo con el concepto del Instituto la afirmación del accionante, según la cual al determinar su competencia el centro de arbitraje desempeña funciones jurisdiccionales, "no es cierta, pues la norma no autoriza al centro de arbitraje a pronunciarse frente a la admisión o inadmisión de la demanda arbitral ni sobre la competencia de los árbitros que deberá atender el mencionado proceso. La norma demandada otorga funciones administrativas al centro de arbitraje como es verificar que la demanda arbitral haya sido presentada ante el centro de arbitraje que haya sido consignado expresamente en el pacto arbitral o que sea competente en virtud de las normas que regulan la materia" –folio 61-.
Por esta razón, no se cumplen funciones jurisdiccionales cuando se determina si la demanda cumple con lo acordado respecto del centro de arbitraje que servirá de sede del proceso. Reitera que esta función no otorga la posibilidad al centro de arbitraje de suplantar a los árbitros respecto del rechazo de la demanda o la determinación de la competencia del tribunal de arbitramento –folio 61-.
Sostuvo que el arbitraje tiene una etapa previa, en la que se resuelven problemas administrativos, por lo que esta fase se ajustaría al artículo 29 de la Constitución y demás preceptos del bloque de constitucionalidad que prevén el contenido del derecho al debido proceso –folios 67 y 68-.
En criterio del Semillero la interpretación del accionante no da cuenta del verdadero sentido de la norma, pues no la interpreta en armonía con otras disposiciones de la misma ley. En este sentido, señala que el artículo 2º prevé que los centros de arbitraje administran el proceso arbitral en caso de arbitraje institucional, en el entendido que "llevan a cabo todas las gestiones pertinentes para que se integre el tribunal, se escojan los árbitros, se determine el lugar de reunión de estos, etcétera, actos estos que no involucran a la administración de justicia" –folio 73-.
Igualmente, de acuerdo con el semillero, una lectura del artículo 30 de la propia ley 1563 de 2012 deja ver que en ningún momento lo consagrado en el artículo 12 cercena la "facultad que tienen los árbitros para pronunciarse sobre su propia competencia" –folio 74-.
Adiciona que "la palabra competencia, tal como se encuentra contenida en el artículo 12 de la ley 1563 de 2012, no denota la ‘aptitud para el conocimiento y resolución de determinados asuntos en una instancia jurisdiccional’ (agudelo Ramírez, 2007, pág. 131), o facultad para decidir un determinado asunto, que es la competencia que implica el ejercicio de jurisdicción; por el contrario, la competencia a que hace referencia el artículo es una simple facultad o atribución para administrar, como ya se dijo, el arbitraje" –folio 74-.
Con base en estas apreciaciones, concluyen que el artículo 12 de la ley 1563 de 2012 no riñe con el artículo 116 de la Constitución. Por tanto solicitan condicionar su exequibilidad, "bajo el entendido de que, como ya se ha indicado anteriormente, la competencia a que se refiere el artículo 12 de la ley 1563 de 2012, no involucra el ejercicio de la función de administración de justicia" –folio 75-.
En su concepto señala que "[e]n relación con el artículo 12 de la ley 1563 de 2012, es del caso señalar que el sentido de esta disposición no está dirigido a atender funciones jurisdiccionales del Estado, como equivocadamente lo interpreta el accionante, pues el alcance del precepto impugnado es el establecimiento de la actividad administrativa que da inicio al proceso arbitral, que comienza con la presentación de la demanda que deberá contener todos los requisitos señalados en el Código de Procedimiento Civil. Igualmente la normativa prevé el procedimiento en el evento en que se presenten faltas de competencia que se susciten al interior del centro de arbitraje, señalando también cómo deberán ser resueltas para continuar el proceso arbitral, sin que de ninguna manera en la disposición acusada se esté habilitando al centro de arbitraje o a su director de –sic- las atribuciones judiciales para administrar justicia, por cuanto esta designación únicamente se puede presentar cuando las partes lo han autorizado previa y expresamente" –negrilla ausente en texto original, folio 79-.
Con base en las razones expuestas al inicio de su concepto, el Procurador General considera que las actuaciones previas al proceso arbitral "corresponden a una actividad meramente administrativa y no jurisdiccionales –sic- como lo plantea erróneamente el accionante", por lo que solicita se declare la exequibilidad de los apartes acusados –folio 81-.
Por su parte el concepto del Procurador General señala que ninguno de los apartes acusados habilita "al centro de arbitraje o a su director de –sic- las atribuciones judiciales para administrar justicia, por cuanto esta designación únicamente se puede presentar cuando las partes lo han autorizado previa y expresamente" -folio 79-, razón por la cual solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la disposición acusada.
Siendo estos los cargos formulados la Sala Plena de la Corte Constitucional hará referencia a i) los criterios para determinar la naturaleza jurisdiccional de las actuaciones realizadas en desarrollo de un proceso arbitral; posteriormente reiterará ii) el contenido del principio competencia –competencia en materia de tribunales de arbitramento; y, finalmente, iii) dará solución al cargo formulado.
Sostiene el actor que cuando en el artículo 12 de la ley 1563 de 2012 se consagra que "el proceso arbitral comenzará con la presentación de la demanda", se introduce un contenido contrario al artículo 116 de la Constitución, en tanto que este aparte estaría otorgando facultades jurisdiccionales al centro de arbitraje para tomar determinaciones una vez iniciado el proceso. Adicionalmente, el actor considera que "esta definición [resulta] exótica por demás, pues desborda toda comprensión que sobre la definición de ‘proceso’ se había tenido, cual es que, éste existe cuando se notifica a la parte demandada, y se traba la relación jurídica procesal" –folio 2-.
Entiende la Sala que el reproche planteado surge de considerar que a partir del inicio del proceso arbitral se realizan actos que implican ejercicio de jurisdicción. Esto es lo que se extrae del apartado en que el actor sostiene que si el proceso arbitral inicia con la presentación de la demanda "debemos aplicar el principio de preclusión procesal, en cuanto a que si el Centro de Arbitraje no indica que no es competente, quedará subsanado, o cercenará la facultad de los Árbitros que sí tienen jurisdicción por mandato Constitucional para pronunciarse sobre el tema" –folio 2-.
Como resaltaron las intervenciones de la universidades Javeriana y Libre de Bogotá, una lectura sistemática y coherente de las disposiciones de la ley 1563 de 2012 deja ver que, si bien el artículo 12 de este cuerpo normativo emplea la expresión "el proceso arbitral comenzará con la presentación de la demanda", esta no implica atribución alguna de competencias jurisdiccionales al centro de arbitraje.
En efecto, ni el actor señala expresamente, ni de la lectura del artículo acusado se hace evidente, cuáles son las funciones jurisdiccionales que supuestamente se derivarían para los centros de arbitraje a partir de considerar que el proceso arbitral inicia con la presentación de la demanda. Por el contrario, las primeras actuaciones que de forma evidente implican ejercicio de competencias jurisdiccionales dentro del proceso arbitral1 son:
i) La admisión, inadmisión o rechazo de la demanda por parte de los árbitros en la audiencia de instalación del tribunal de arbitramento –artículo 20 de la ley 1563 de 2012-;
ii) El traslado de la demanda luego de que la misma haya sido admitida por el tribunal de arbitramento –artículo 21 de la ley 1563 de 2012-; y
iii) La decisión sobre si el tribunal es competente para decidir de fondo sobre las pretensiones en controversia, decisión que tiene lugar en la primera audiencia de trámite –artículo 30 de la ley 1563 de 2012-.
"De un lado, existen criterios formales, en torno a los cuales parece existir un cierto consenso académico y jurisprudencial2. Así, en primer término, es de la esencia de los actos judiciales su fuerza de cosa juzgada, mientras que los actos administrativos suelen ser revocables. Esto significa que una decisión judicial es irrevocable una vez resueltos los recursos ordinarios y, excepcionalmente, los extraordinarios, mientras que un acto administrativo puede ser revocado, incluso estando ejecutoriado, a menos que exista una situación jurídica consolidada. En segundo término, la función judicial es en principio desplegada por funcionarios que deben ser jueces, o al menos tener las características de predeterminación, autonomía, independencia e inamovilidad propia de los jueces. Finalmente, y ligado a lo anterior, el ejercicio de funciones judiciales se desarrolla preferentemente en el marco de los procesos judiciales. Por consiguiente, conforme a esos tres criterios formales, se presumen judiciales aquellas (i) funciones que se materializan en actos con fuerza de cosa juzgada, o (ii) son desplegadas por jueces, o al menos por funcionarios que gozan de los atributos propios de los jueces, o (iii) se desarrollan en el marco de procesos judiciales, o se encuentran indisolublemente ligadas a un proceso judicial.
De otro lado, aunque resultan más polémicos, también es posible adelantar algunos criterios materiales. Así, la Constitución establece una reserva judicial para la restricción concreta de ciertos derechos, como la libertad (CP art. 28), y por ende, se entiende que dichas limitaciones sólo pueden ser desarrolladas en ejercicio de funciones judiciales. Igualmente, la Constitución establece el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia (CP art. 229). Por consiguiente, en principio no sería admisible que una autoridad, en ejercicio de una función no judicial, pueda limitar el acceso a la administración de justicia. Por ende, debe entenderse que en principio una decisión que restrinja el acceso a la administración de justicia, debe a su vez, ser ejercicio de una función judicial."3
En aquella ocasión –sentencia C-1038 de 2002- se concluyó que se desarrollaban funciones jurisdiccionales cuando:
En este sentido la regulación anterior a la ley 1563 de 2012, es decir, el decreto 1818 de 1998 consagró en el numeral 2º de su artículo 147 que "el tribunal resolverá sobre su propia competencia mediante auto que sólo es susceptible de recurso de reposición". Como complemento a esta disposición el artículo 146 del mismo decreto señaló lo siguiente: "Si del asunto objeto de arbitraje, estuviere conociendo la justicia ordinaria, el Tribunal solicitará al respectivo despacho judicial, copia del expediente. Al aceptar su propia competencia, el Tribunal informará, enviando las copias correspondientes y, en cuanto lo exija el alcance del pacto arbitral de que se trate, el juez procederá a disponer la suspensión. El proceso judicial se reanudará si la actuación de la justicia arbitral no concluye con laudo ejecutoriado. Para este efecto, el Presidente del Tribunal comunicará al despacho respectivo el resultado de la actuación" -subrayado ausente en texto original-.
Al respecto, en sentencia SU 174 de 2007 la Sala Plena de la Corte Constitucional, al resolver una acción de tutela contra un laudo arbitral en la que uno de los puntos de controversia era, precisamente, un presunto defecto orgánico, determinó "[a]l inicio del proceso arbitral, en la primera audiencia de trámite, y siguiendo el principio de "kompetenz-kompetenz", el Tribunal de Arbitramento decide acerca de su "propia competencia" y determina si de acuerdo con la Constitución, las leyes vigentes, la cláusula compromisoria y/o el compromiso arbitral suscrito por las partes, es competente para conocer de las pretensiones que le fueron formuladas en la demanda arbitral y precisa el contenido de las mismas. Contra la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento es procedente el recurso de reposición, el cual es decidido previamente a continuar con el trámite arbitral4. (…) El principio kompetenz-kompetenz, según el cual los árbitros tienen competencia para decidir sobre su propia competencia está expresamente plasmado en la legislación colombiana (artículo 147, numeral 2 del Decreto 1818 de 1998) y goza de reconocimiento prácticamente uniforme a nivel del derecho comparado5, las convenciones internacionales que regulan temas de arbitramento6, las reglas de los principales centros de arbitraje internacional7, las reglas uniformes establecidas en el ámbito internacional para el desarrollo de procesos arbitrales8 y la doctrina especializada en la materia9, así como decisiones judiciales adoptadas por tribunales internacionales10. En virtud de este principio, los árbitros tienen la potestad, legalmente conferida, de determinar si tiene[n] competencia para conocer de una determinada pretensión relativa a una disputa entre las partes, en virtud del pacto arbitral que le ha dado fundamento" –negrilla ausente en texto original-.
Al profundizar sobre el contexto en que se debía interpretar esta función de los tribunales de arbitramento la misma sentencia SU-174 de 2007 consagró "[e]ste principio cuenta con un claro reconocimiento en el ordenamiento jurídico colombiano. En efecto, el numeral 2 del artículo 147 del Decreto 1818 de 1998, que reprodujo el texto del artículo 124 de la Ley 446 de 1998, dispone que en la primera audiencia de trámite, ‘el Tribunal resolverá sobre su propia competencia mediante auto que sólo es susceptible de recurso de reposición’. Si los árbitros se declaran incompetentes, el efecto previsto en la ley es que ‘se extinguen definitivamente los efectos del pacto arbitral’ (artículo 124 de la Ley 446 de 1998). Esta competencia básica no implica, por supuesto, que los árbitros sean los únicos jueces con potestad para establecer el alcance de su propia competencia. Las decisiones del tribunal arbitral sobre su propia competencia también pueden ser objeto de recursos judiciales como el de anulación, con base en la causal contenida en el numeral 8 del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 (el cual fue compilado en el numeral 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998) y en el numeral 4 del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 (el cual fue compilado en el numeral 4 del artículo 230 del Decreto 1818 de 1998). Sin embargo, el principio kompetenz-kompetenz les confiere a los árbitros un margen interpretativo autónomo para definir el alcance de su propia competencia, y se deriva de la proposición según la cual no ha de descartarse prima facie que las partes habilitantes han confiado en la capacidad de los árbitros de adoptar decisiones definitivas en relación con los conflictos que se someten a su conocimiento; el principio kompetenz-kompetenz permite, así, que los árbitros sean los primeros jueces de su propia competencia, con anterioridad a cualquier instancia judicial activada por las partes".
En la sentencia T-288 de 2013, al solucionar un conflicto respecto de la competencia del tribunal de arbitramento para pronunciarse sobre la restitución de un bien que una de las partes había arrendado a la otra, se ratificó que "[e]n Colombia, el principio de Kompetenz-Kompetenz en lo que respecta a su efecto positivo, fue consagrado en el numeral 2° del artículo 147 del Decreto 1818 de 1998, el cual establecía ‘el tribunal resolverá sobre su propia competencia mediante auto que sólo es susceptible de recurso de reposición’. En Sentencia SU-174 de 2007, la Corte Constitucional se refirió a este principio en el ámbito internacional y concluyó que el mismo estaba vigente en la práctica del arbitraje en Colombia".
Concluida la audiencia, comenzará a contarse el término de duración del proceso." –negrilla y cursivas ausentes en texto original-
3. Solución al segundo cargo formulado, de acuerdo con el cual el aparte "[e]l centro de arbitraje que no fuere competente, remitirá la demanda al que lo fuere" –del artículo 12 de la ley 1563 de 2012- otorga funciones jurisdiccionales a los centros de arbitraje.
Observa la Sala que esta determinación –si se es o no competente por parte del centro de arbitraje- no tiene naturaleza jurisdiccional por parte de estas instituciones. En efecto, de acuerdo con el principio establecido en la sentencia C-1038 de 2002 –que fue mencionado en la consideración número 1. del aparte parte B. de esta providencia-, se observa que la misma:
ii) No determina impulso o estancamiento del proceso arbitral, en cuanto desde un punto de vista procesal la decisión del centro de arbitraje no puede considerarse como habilitante o limitante, en forma alguna, la competencia de los encargados de administrar justicia, estos son, los árbitros que integrarán el tribunal de arbitramento –cuya competencia, como se verá, es decidida exclusivamente por ellos mismos-; y
2) Competencia exclusivamente para realizar las labores de tipo administrativo que son encomendadas por la ley a los centros de arbitraje en desarrollo del proceso arbitral –en cumplimiento de lo previsto por el artículo 2º de la ley 1563 de 2012-; en acuerdo con la anterior, no será el centro de arbitraje el que determine en ningún caso si tiene o no competencia para desarrollar función jurisdiccional alguna, como equivocadamente sostiene el demandante, pues, se reitera, las funciones que desarrollan en cumplimiento de lo establecido en los artículos de la ley 1563 de 2012 no tienen esta naturaleza.
Adicionalmente, la interpretación propuesta por el actor ignora que el artículo 30 del mismo cuerpo normativo, en concreción del principio competencia-competencia –de larga existencia y constante aplicación en el orden jurídico colombiano-, determina que será en la primera audiencia de trámite cuando los árbitros determinen si son competentes para conocer de las pretensiones en controversia dentro del proceso, es decir si son competentes para administrar justicia en el caso a ellos sometido. La respuesta del tribunal se dará por medio de Auto que será susceptible de recurso de reposición. Tan significativa es para el proceso arbitral la respuesta que sea dada en esta audiencia respecto de la competencia del tribunal, que es sólo a partir de esta audiencia que se tendrá por iniciado el término de duración del proceso arbitral. La mencionada disposición consagra:
La anterior conclusión se sustenta en que la determinación que realiza el centro de arbitraje hace referencia a la competencia para desarrollar las labores administrativas que le asignan, entre otros, los artículos 14, 20 y 23 de la propia ley 1563 de 2012 -determinación que implica la verificación de las reglas de competencia previstas en el artículo 12 de la misma ley-. Se concluye que las tareas desarrolladas por el centro de arbitraje tienen esta naturaleza por cuanto i) con las mismas no se decide el acceso a la administración de justicia de quien presenta la demanda; ii) no implican habilitación o limitación de la competencia o la labor que cumplen los árbitros; y, finalmente, iii) no están reguladas por disposiciones del Código de Procedimiento Civil –que regulan el ejercicio de funciones jurisdiccionales-.
En concordancia con lo anterior, la ley 1563 de 2012 asigna a los miembros del tribunal arbitral las funciones que, al inicio del proceso, pueden implicar el ejercicio de jurisdicción como son i) la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda –artículo 20-; ii) dar la orden para realizar el traslado de la demanda –artículo 21-; o iii) la determinación de la competencia para conocer de las pretensiones de las partes involucradas en el proceso –artículo 30-.
1 La jurisprudencia constitucional ha concluido que el trámite arbitral es un verdadero proceso y que, por consiguiente, está sometido a las exigencias y contenidos garantizados por el artículo 29 de la Constitución. En este sentido se consagró en la sentencia C-330 de 2000 "El arbitramento es un verdadero procedimiento judicial -en sentido material- y, como tal, está sometido en todas sus etapas a la estricta aplicación de las normas que regulan este tipo de actuaciones tanto desde el punto de vista formal como material. Se trata de un mecanismo en el que han de aplicarse con rigor las garantías del debido proceso aplicables a toda actuación judicial, pues de nada sirve la inclusión de mecanismos de solución de litigios, adicionales y alternativos al sistema ordinario contemplado en la legislación, si su aplicación se traduce en el desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales". Dicha conclusión ha sido reiterada, entre otras, en sentencias C-1038 de 2002 y C-330 de 2012.
2 Al respecto, ver, entre otras, la sentencia C-189 de 1998.
3 Sentencia C-1038 de 2002.
4 Al respecto, el artículo 147 del Decreto 1818 de 1998 establece lo siguiente:
5 Art. 1466, Código de Procedimiento Civil de Francia; Art. 186.1, Ley de Derecho Internacional Privado de Suiza, 1987; Art. 8-1 del Concordato Suizo; Art. 1697 del Código Judicial de Bélgica, 1972; Art. 1052(1) del Código de Procedimiento Civil de Países Bajos, 1986; Art. 23(3) de la Ley 36 de 1988 de España; Art. 21(1) de la Ley 31/86 de Portugal, sobre arbitraje voluntario; Sección 30 de la Ley de Arbitraje de Inglaterra, 1996; Art. 1040 del ZPO Alemán, 1997.
6 Ver el art. V-3 del Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional; el art. 41 de la Convención de Washington que creó el CIADI; y la Ley Modelo de UNCITRAL, Art. 16-3.
7 Art. 15.1 de las Reglas de la American Arbitration Association; Art. 8.3. de las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional; Art. 14.1 de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA).
8 Art. 21.1 de las Reglas de UNCITRAL
9 Ver a este respecto: Emmanuel Gaillard y John Savage (eds.): Fouchard Gaillard Goldman "On International Commercial Arbitration". Kluwer Law International, 1999. También se puede consultar: Bühring-Uhle, Christian: "Arbitration and Mediation in International Business". Kluwer Law International, 1996, p. 42-44; Caivano, Roque: "Arbitraje", Villela Editor, Buenos Aires, 2000; Várady, Tibor, Barceló, John y von Mehren, Arthur: "International Comercial Arbitration". American Casebook Series – West Group, St. Paul, 1999, p. 111.
10 Ver el caso Nottebohm (1953) y el caso relativo al Laudo Arbitral adoptado por el Rey de España el 23 de diciembre de 1906 (1960), ambos de la Corte Internacional de Justicia.