Source: https://jurisprudencia.vlex.cl/vid/673031653
Timestamp: 2020-05-30 04:53:47
Document Index: 12852676

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 19']

Sentencia nº Rol 3177-16 de Tribunal Constitucional, 27 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 673031653
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Nikolás Gutiérrez Ayala respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, en el proceso penal RIT 195-2016, RUC 1500824628-6, sobre delito de porte ilegal de municiones, seguidos ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, de que conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por recurso de... (ver resumen completo)
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En relación con la gestión judicial en que incide el requerimiento, el actor refiere que se siguió en su contra, ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, causa penal por delito de porte ilegal de municiones, prescrito en el artículo 9° en relación con el artículo 2°, de la Ley N° 17.798, de Control de Armas.
Comenta que con fecha 24 de junio de 2016, el anotado tribunal, dictó sentencia en su contra, condenándolo a las penas de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales, comiso del arma y costas, reconociendo las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal previstas en el artículo 11, numerales 6° y 9° del Código Penal, esto es, irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, respectivamente.
A dicho fallo condenatorio, el actor interpuso recurso de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, constituyendo la gestión pendiente de estos autos constitucionales.
A este respecto, el actor explica que el precepto reprochado genera una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. El tipo penal por el cual fue acusado el actor, tiene como bien jurídico protegido el orden público, figura estructurada como de peligro abstracto, existiendo en la legislación nacional diversos delitos que comparten dicha estructura dogmática, pero sólo las personas, como el requirente, acusadas y eventualmente condenadas por la mayoría de los ilícitos contemplados en la Ley de Control de Armas, se ven excluidos de optar a las penas sustitutivas previstas en la Ley N° 18.216.
A este respecto, el requirente señala que, a nivel comparado, es la reinserción social el fin primordial entregado a las penas. Si bien no es reconocido explícitamente en la Constitución chilena, ello puede entenderse incorporado en nuestro ordenamiento ya que, en virtud del artículo 5°, inciso segundo del Texto Fundamental, es aplicable en nuestro país la disposición del artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra dicho fin a la sanción penal, cuestión que se enlaza con lo prescrito en el artículo 1° de la Carta Política, en tanto sólo la reinserción social es compatible con la idea de dignidad humana y con una concepción del Estado en que éste se encuentre al servicio de la persona humana, valores reconocidos por el constituyente.
En segundo término, el requirente sostiene que, conforme el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución Política, las normas reprochadas contravienen el derecho de toda persona a obtener igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, que la Carta Fundamental mandató al legislador, al delegar a éste establecer las garantías de un procedimiento y una investigación racional y justa.
En esta formulación, el actor sostiene que no resulta cumplida dicha finalidad si el juez penal ve cercenada su capacidad jurisdiccional de actuar con justicia conforme las características de cada caso y del sujeto penalmente responsable.
En apoyo en doctrina, el requirente comenta que la individualización judicial de la pena no sólo, en sentido estricto, debe contemplar las reglas que establece la ley para su determinación, sino que también su eventual sustitución por una medida en el medio libre, de aquellas previstas, precisamente, en la Ley N° 18.216. Es la proporcionalidad, como garantía de un racional y justo procedimiento la que asegura que el juez no se vea limitado en su actuar de justicia, teniendo presente las particularidades del caso concreto, tanto en el quantum de la pena a decretar, como la posible concesión de penas sustitutivas.
De esta forma, la rigidez legal que los preceptos reprochados establecen, atenta contra la proporcionalidad como cálculo en el proceso de ponderación de aplicación de pena, generando un resultado contrario a la garantía constitucional en comento.
El requerimiento se acogió a trámite a través de resolución de la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional, de fecha 9 de agosto de 2016, a fojas 60, oportunidad procesal en que fue decretada la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente en que incide. Posteriormente, fue declarado admisible el día 30 de agosto de 2016, resolución rolante a fojas 143.
Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las partes de la gestión pendiente, fue evacuada presentación por el Ministerio Público, instando por el total rechazo del requerimiento de autos.