Source: http://www.revistadehumanidades.com/articulos/101-derechos-de-ciudadania-de-las-mujeres-extranjeras-victimas-de-violencia-de-genero-en-situacion-irregular
Timestamp: 2019-12-12 22:48:16
Document Index: 317162031

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 31', 'artículo 59', 'artículo 31', 'artículo 53', 'artículo 17', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 18', 'artículo 53', 'artículo 12']

Derechos de ciudadanía de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, en situación irregular - Artículos - Revista de Humanidades
Citizenship rights of gender violence foreign women victims, in an irregular situation
Grupo de Investigación SEJ468.
antyugue[at]hotmail.com
La Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (LO 10/2011; LO 4/2000), supone un avance en la consolidación de derechos de ciudadanía de las mujeres extranjeras en situación irregular, víctimas de violencia de género en las relaciones de pareja o expareja. Con este trabajo se pretende realizar un análisis diferenciado entre la actual Ley y las anteriores que regulaban la situación legal de estas mujeres, así como exponer los derechos que tienen concedidos en las diversas disposiciones legales actuales.
Fecha de recepción: 27/2/2015
Fecha de aceptación: 12/5/2015
Palabras clave: Mujer; Extranjería; Derechos; Violencia; Información
Para citar este artículo: Yugueros García, Antonio Jesús (2015). Derechos de ciudadanía de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, en situación irregular. Revista de Humanidades [en línea], n. 26, artículo 7, ISSN 2340-8995. Disponible en http://www.revistadehumanidades.com/articulos/101-derechos-de-ciudadania-de-las-mujeres-extranjeras-victimas-de-violencia-de-genero-en-situacion-irregular [Consulta: Jueves, 12 de Diciembre de 2019].
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/rdh.26.2015.16343
Keywords: Woman; Foreign; Rights; Violence; Information
1. Síntesis metodológica. 2. Justificación. 3. Análisis de la Ley 4/2000 antes de ser reformada por la Ley 10/2011. 4. Avance substancial en derechos tras la reforma.- 5. Información de derechos. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.
El presente trabajo, desde el punto de vista metodológico, es eminentemente descriptivo, estando encuadrado dentro de las ciencias sociales y jurídicas, aportando una prolija información en materia de derechos de ciudadanía concedidos a las mujeres extranjeras, víctimas de violencia de género, en situación irregular en nuestro país, en un período corto de tiempo, paliando de alguna forma el estado de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas al coincidir las variables de: mujer, extranjera, víctima de violencia de género y estancia irregular que las hacen propicias para encontrase, en la mayoría de los casos, en situaciones muy adversas.
En este trabajo se va a analizar solamente la modificación del artículo 31 bis de la Ley de Extranjería, no siendo objeto de este trabajo el estudio de la modificación del artículo 59 bis del mismo precepto legal, que también era modificado por la Ley 10/2011, que posteriormente se estudiará.
Para lograr este objetivo se han estudiado las últimas leyes aprobadas en esta materia, con el fin de facilitar una detallada información, y también se han analizado estadísticas del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
La razón de ser de este estudio no es otra que informar de las modificaciones llevadas a cabo en la Ley de Extranjería, y en otras disposiciones legales de reciente aprobación, que afectan positivamente a las mujeres referidas en este artículo.
La aportación substancial de este artículo es tener un acceso fácil a la información que se facilita en el mismo, ya que se ha realizado con carácter unificador, y pueda tener importancia para las personas que se encuentran en las situaciones descritas en el punto anterior, o para los operadores sociales que trabajan con ellas.
3. Análisis de la Ley 4/2000 antes de ser reformada por la Ley 10/2011
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, disponía en su artículo 31 bis, apartado dos, que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que se encontraran en situación irregular y denunciaren a su agresor se les incoaría expediente administrativo sancionador, por la infracción, considerada de carácter grave, contenida en el artículo 53.1.a de la invocada Ley, que enuncia:
"encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente".
Como indican los artículos 55.1.b y 57.1 de esta misma Ley, esta infracción grave, puede ser sancionada con multa de 501 hasta 10.000 euros, o la expulsión del territorio español.
Como se colige de lo expuesto, a estas señoras no se les daba la protección jurídica que ahora sí tienen concedida, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.
Esta circunstancia suponía un recelo para las mujeres que se encontraban en esta situación, por lo que en muchas ocasiones preferían sufrir en silencio la violencia a la que estaban siendo sometidas, y no denunciaban a sus agresores, parejas o exparejas, porque inexorablemente, suponía la incoación de expediente administrativo sancionador que en el mejor de los casos se substanciaba con la imposición de una multa. (Sibony, 2011).
La Ley de Extranjería en vigor antes de la reforma, se contraponía claramente con lo indicado en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO 1/2004), en cuyo artículo 17 se garantizan los derechos reconocidos en la misma a todas las mujeres víctimas de violencia de género en estas relaciones de afectividad, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, por lo que el artículo 31 bis de la Ley de Extranjería anterior a esta reforma, sesgaba los derechos de las mujeres extranjeras en situación irregular, víctimas de este tipo de agresiones.
Esta inquietud se observaba también tras la lectura de la Instrucción número 14/2005, de la Secretaría de Estado de Seguridad (Instrucción 14/2005), que era el protocolo policial de actuación en relación con estas mujeres víctimas, donde se observa la dicotomía de la obligación que tenía el funcionario policial de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Extranjería de incoar expediente sancionador, por un lado, y la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la L.O. 1/2004 sobre protección y atención a las víctimas por otro.
Se entiende que uno de los acicates más acuciantes que ha incidido en la modificación de la Ley de Extranjería ha sido como consecuencia del alto índice de feminicidios ocurridos en estos últimos años en España de mujeres extranjeras, víctimas de la violencia en las relaciones de pareja o expareja.
En el cuadro 1 se observan los datos extraídos de las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondientes a los años 2013 y 2014, donde las mujeres extranjeras asesinadas en el ámbito de la pareja, ascienden en el primer año enunciado al 29,60% del total, y en el segundo año citado al 31,50%, por lo tanto, estos datos nada baladíes precisaban una intervención legal que tuviera su impronta sobre el ámbito socio jurídico de estas señoras, para que se visibilice el estado de vulnerabilidad en el que se encontraban, ya que se estaban denostando los derechos humanos de las mismas. Es conveniente precisar que aunque se ha avanzado considerablemente en esta materia, actualmente continúa siendo un colectivo muy vulnerable.
Cuadro 1. Mujeres extranjeras asesinadas por sus parejas o exparejas
País nac. España
País nac. otros
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014-2013) Consulta: 7 mayo de 2015
4. Avance substancial en derechos tras la reforma
La LO.10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la LO.4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, fue publicada en el BOE número 33, del 9 de agosto de 2011, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
Consecuente con la entrada en vigor de esta Ley, la Dirección General de Inmigración, desarrolló y publicó la Instrucción número DGI/SGRJ/6/2011, de fecha 30 de septiembre de 2011, que disponía la forma de llevar a cabo los preceptos contenidos en la nueva disposición legal (DGI, 2011). También, la Subdirección General de Inmigración, publicó la hoja informativa número 42 (SGI, 2011) sobre autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.
En el apartado 1º del artículo 31 bis actualizado, indica que las mujeres objeto de este estudio, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente.
En los apartados 2º y 3º de este mismo artículo, con respecto a la denuncia de una situación de violencia de género contra una mujer extranjera en situación irregular, enuncia:
No se le incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a).
Si con anterioridad a la denuncia tuviere un expediente sancionador en trámite, por comisión de infracción del mismo artículo indicado quedará suspendido.
No se ejecutarán las órdenes de expulsión ni de devolución eventualmente acordadas.
Podrá solicitar autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor, o en su defecto Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Esta autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal.
Tiene derecho a solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, o una autorización de residencia y trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el momento de la denuncia.
Dispone igualmente esta Ley, que la autoridad competente para otorgar la autorización por circunstancias excepcionales, concederá una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones de residencia provisionales a favor de sus hijos menores de edad o con discapacidad, o de residencia y trabajo si fueran mayores de 16 años, previstas en el párrafo anterior, que se encuentren en España en el momento de la denuncia.
Las autorizaciones provisionales eventualmente concedidas concluirán en el momento en que se concedan o denieguen definitivamente las autorizaciones por situaciones excepcionales.
Una vez concluido el procedimiento penal, por cualquiera de las causas que a continuación se detallan, se le concederá a la interesada las autorizaciones solicitadas y, si no lo hubiera hecho, se le informará de la posibilidad de concedérselas:
Resolución Judicial en la que conste que la mujer ha sido víctima de violencia de género.
Archivo de la causa por encontrase el imputado en paradero desconocido.
Sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado.
Sin embargo, si en el procedimiento penal finalizado no pudiera deducirse la situación de violencia por razón de género se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a) o se continuará el mismo en el supuesto de que se hubiera suspendido al inicio.
5. Información de derechos
5.1. Con carácter general se levantará acta de ofrecimiento de acciones, con arreglo a lo dispuesto en los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal números: 109, 110, 771.1 y 964.1 (LECrim, 1882; Marchal, 2010).
El acta referida deberá contener como mínimo los siguientes apartados:
Como víctima tiene derecho a mostrarse parte en el proceso, mediante el nombramiento de abogado y procurador o, en su caso, que le sea nombrado de oficio, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, o solamente unas y otras, según le convenga. Este derecho deberá ejercitarse de forma inmediata y, en todo caso, antes de la calificación del delito.
Se le comunicará que aunque no haga uso del anterior derecho, el Ministerio Fiscal ejercitará las actuaciones civiles que correspondan salvo renuncia expresa por su parte.
Derecho a renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daños e indemnización del perjuicio (Art. 109 LECrim.).
Si el hecho que motiva la presente actuación fuere ocasionado por imprudencia o negligencia, ha de saber que el Código Penal exige para la iniciación del procedimiento su denuncia en el plazo de seis meses, cuando el resultado producido sea de daños a la propiedad. En el mismo plazo, deberá presentarse denuncia, o de sus herederos o perjudicados, si el hecho causare un mal a las personas, con la excepción de que la imprudencia fuera calificada como grave.
5.2. Como víctima de violencia de género en el ámbito de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, se levantará acta de instrucción de derechos, como previene el artículo 18 y siguientes de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género:
"Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral".(Art. 18 de la Ley 1/2004).
Derecho a la información:Tiene derecho a recibir información y asesoramiento adecuado a su situación personal a través de los servicios, organismos u oficinas que dispongan las Administraciones Públicas.
Derecho a solicitar orden de protección. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.
Derecho a la asistencia jurídica: Si acredita insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, tiene derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos, una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. En todo caso, la ley garantiza la defensa jurídica gratuita y especializada, de forma inmediata, a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten.
Derecho a la asistencia social integral:Tiene derecho a la asistencia de los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La asistencia implicará especialmente: a) información, b) atención psicológica, c) apoyo social, d) seguimiento de las reclamaciones de sus derechos, e) apoyo educativo a la unidad familiar, f) formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos, g) apoyo a la formación e inserción laboral. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico correspondiente, y podrán solicitar al Juez las medidas urgentes que consideren necesarias. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida.
Derecho a la percepción de ayudas sociales: Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos y contra la Libertad Sexual.
Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores:Las mujeres víctimas de violencia de género será consideradas dentro de los colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos previstos en la legislación aplicable.
Derechos concedidos por la Ley de extranjería:En el momento de la presentación para formular denuncia, se le informará que tiene derecho a que no se le instruya expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a de la vigente Ley de Extranjería, hasta la finalización del proceso penal.
En caso de tener expediente incoado será suspendido inmediatamente hasta la culminación del procedimiento penal. (Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, artículos 131 al 134; Hoja informativa número 42). A tal efecto, el Instructor de las diligencias, ya sea en sede policial o judicial, o el Ministerio Fiscal, pondrá las circunstancias de la víctima en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, que tiene atribuidas las competencias en materia de extranjería, como previene el artículo 12.3 de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y por ende le corresponde la tramitación de los expedientes en este ámbito.
Si se ha dictado orden de protección a favor o emitido informe del Ministerio Fiscal en el que se aprecie la existencia de indicios de violencia de género, la denunciante tendrá derecho a solicitar, ante la Oficina de Extranjería correspondiente, autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, también podrá solicitar autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos e hijas menores de edad, o de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales en caso de hijos e hijas mayores de dieciséis años, que se encuentren en España en el momento de la denuncia.
Ante la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo, el Delegado o Subdelegado del Gobierno concederá de oficio una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales a favor de sus hijos e hijas menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.
Una vez concluido el proceso penal, con sentencia condenatoria o resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrase el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, tiene derecho a lo siguiente:
Si ha solicitado autorización de residencia o trabajo: la autorización le será concedida, y se le notificará en el plazo de 20 días, desde la Oficina de Extranjería más próxima a su domicilio. A tal efecto, el Ministerio Fiscal una vez concluido el proceso penal lo pondrá en conocimiento de esta Oficina. Este derecho se hará extensivo, en su caso, a las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos e hijas menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.
Si no tenía solicitada autorización de residencia o trabajo: se le informará de que tiene la posibilidad de solicitarla a su favor y a favor de sus hijos e hijas en las circunstancias y del modo expuesto en el párrafo anterior.
5.3. Como víctima de delito violento o contra la libertad sexual, dispuesto en los artículos 109 y 110 de la LECrim., y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (PJ, 2005), que serán las siguientes:
a) Información y asistencia jurídica
b) Ayudas económicas
b.1) Procedimiento de solicitud de ayudas: han de solicitarse en el plazo de un año, y se conceden por el Ministerio de Hacienda.
b.2) Información adicional: Los Jueces y Magistrados, Fiscales, Autoridades y Funcionarios que intervengan en el caso, podrán informarle adicionalmente sobre la posibilidad y procedimiento para solicitar ayudas.
b.3) Incompatibilidades:Las ayudas económicas no incluyen a víctimas de otra clase de delitos distintos a los violentos o sexuales, ni a los derivados de accidentes u otras causas.
b.4) Dichas ayudas son incompatibles con los resarcimientos por daños a las víctimas de bandas armadas y elementos terroristas, cuyo sistema, cuantías y regulación legal es otra. También son incompatibles con las indemnizaciones que en su día fije la sentencia, con las de seguros privados y con subsidios de incapacidad temporal de la Seguridad Social.
5.4. Estatuto de la víctima del delito(BOE núm. 101, de 28 de abril de 2015. A las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género le serán de aplicación los derechos prevenidos en la Ley Orgánica 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima (LO 4/20015), de reciente aprobación.
La protección e información a las víctimas es un elemento esencial en un estado de derecho como España, máxime si esta persona es mujer, de otro país, víctima de violencia de género en el ámbito de la pareja, y además, no se encuentra regularizada su situación legal; por ello, se hace necesario arbitrar medidas legales para resolver las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas. Las disposiciones legales estudiadas, como se ha podido constatar, vienen a establecer un marco socio jurídico importante que debería incidir de manera positiva en la vida de estas mujeres.
Es de vital importancia proporcionar a las víctimas la asistencia personal, inmediata y adecuada a su situación de desamparo, e informar de cuantas acciones legales pueda ejercer, así como las ayudas públicas a las que tienen derecho, este precisamente ha sido el objeto de este artículo.
Creo que este estudio puede ser una herramienta válida para las mujeres que se encuentran en esta situación y para los operadores sociales que trabajan con ellas.
Hoja informativa número 42, de septiembre de 2011, del Ministerio de Trabajo e Inmigración Subdirección General de la Gestión de la Inmigración, sobre autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. (SGI, 2011).