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Timestamp: 2017-08-22 15:10:32
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Matched Legal Cases: ['Artículo 57', 'Artículo 43', 'artículo 29', 'Artículo 102', 'Artículo 106', 'Artículo 35', 'Artículo 31', 'Artículo 68', 'Artículo 74', 'Artículo 78', 'Artículo 80', 'Artículo 82', 'Artículo 84', 'artículo 37', 'Artículo 87', 'Artículo 89', 'artículo 29', 'Artículo 90', 'Artículo 92', 'artículo 15']

TEMA I. LAS FUENTES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
I.1.- Concepto y tipos de fuentes.
Las fuentes del Derecho son los instrumentos de producción del Derecho, es decir, de donde emana el Derecho. Según el art. 1 del Código Civil, las fuentes (directas) del Derecho son:
La Ley es la máxima expresión de la voluntad popular, que se traduce en una norma jurídica de obligado cumplimiento para todos.
La costumbre se aplica en ausencia (o defecto) de ley y para ello, se deben cumplir dos requisitos:
Probar la existencia de esa costumbre.
Que esa costumbre no sea contraria a la moral o al orden públicos.
Los principios generales del derecho son valores, no escritos, que rigen en defecto de ley y en defecto de costumbre, que contienen valores interpretativos de las fuentes del Derecho (por ej. principio de equidad, de igualdad, de justicia...)
Escritas : La ley, tanto la Ley estricta como otros tipos de normas.
Fuentes del Derecho	No escritas: La costumbre y los principios generales del Derecho.
La PRELACIÓN o orden de preferencia de las fuentes del Derecho son (examen):
1º La Ley
3º Los principios generales del Derecho
Hay que considerar también, las fuentes indirectas del derecho, que serían:
La jurisprudencia es la doctrina reiterada en, al menos dos sentencias del Tribunal Supremo, que resuelven igual casos similares. El Código Civil reconoce que la jurisprudencia complementa el Ordenamiento Jurídico, pero que no es fuente de Derecho directa.
La doctrina científica son las opiniones, estudios o trabajos de los expertos del Derecho. Su valor se basa, fundamentalmente, en la ayuda que proporcionan para la comprensión e interpretación de las normas que pudieran resultar más complejas.
I.2.- La Constitución de 1978.
Como primera norma o ley de nuestro Ordenamiento Jurídico está la Constitución Española(C.E.). Es una norma jurídica que se considera incompleta porque, una parte significativa de su texto, necesita ser completado mediante leyes. Sus preceptos necesitan de leyes que los hagan cumplir. Lo que hace la Constitución es una “declaración de intenciones” sobre algunos temas, que son los que necesitarán ese refuerzo de las leyes para ser llevados a cabo. A pesar de tener partes “incompletas”, la Constitución Española es una LEY, por dos motivos:
Es de obligado cumplimiento para los poderes públicos y para los ciudadanos (art. 9 de la C.E.)
Porque una parte importante de la C.E. NO es incompleta, y esa parte es perfectamente clasificable como Ley, Ley Fundamental o Ley de Leyes.
El Tribunal Constitucional es el encargado de velar que no se dicten normas o leyes que sean contrarias a la Constitución.
Art. 9 de la C.E.:
Art. 1 de la C.E:
Un Estado social en el que se pretende promover las mejoras y cambios sociales (por ej. la igualdad). Un Estado democrático en el que hay partidos políticos, etc. y un Estado de derecho, en el que rige el imperio de la Ley.
Que la soberanía reside en el pueblo quiere decir que es una soberanía popular.
En la Monarquía parlamentaria, el Jefe del Estado es el Rey, pero el poder político reside en el Parlamento (Congreso y Senado).
Título Preliminar: los primeros nueve artículos (regula aspectos dogmáticos)
Título IV. Del Gobierno y de la Administración (el Poder Ejecutivo)
En lo referente al Derecho del Turismo, los títulos más importantes serían IV, VI y el VIII.
Respecto al Título X, para la reforma constitucional, se establecen dos procedimientos:
Procedimiento Ordinario: para aspectos que no son importantes de la C.E.
Procedimiento Excepcional: para aspectos esenciales de la C.E. como por ej. temas referentes a los derechos y deberes fundamentales o temas referentes a la Corona.
I.3.- La Ley.
La Ley es la principal fuente de Derecho escrita. Las leyes son normas jurídicas escritas, de obligado cumplimiento para todos y que suponen la expresión de la voluntad popular, porque son aprobadas por los representantes del pueblo, es decir, los parlamentarios (tanto de las Cortes Generales como de los parlamentos autonómicos, ya que las comunidades autónomas tienen poder legislativo).
Las leyes de los parlamentos autonómicos son las Leyes Autonómicas y tienen un ámbito de aplicación que es el de la propia Comunidad Autónoma. Hay materias sobre las que no puede haber leyes estatales y leyes autonómicas, pero hay otras en las que si pueden existir los dos tipos de leyes. Para determinar cuál de las dos es la aplicable, primero hay que saber si la ley estatal es BASICA o no. Una ley estatal BASICA regula unos mínimos comunes para todas las Comunidades Autónomas. Si existe una ley autonómica sobre esa misma materia, ésta deberá respetar esos mínimos que establece la ley estatal básica. En el caso de que la ley autonómica no respetara esos mínimos, se consideraría inconstitucional y no se podría aplicar.
La prelación de las fuentes legislativas sería:
1º La Ley Básica Estatal
2º Ley Autonómica
3º Ley NO Básica Estatal
Hay diversos tipos de Leyes Estatales, entre las que destacan las Leyes Orgánicas y las Leyes Ordinarias:
Las Leyes Orgánicas son aquellas leyes que afectan a determinadas materias establecidas en el art. 81 de la C.E. (“desarrollo de derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”) y para su aprobación requieren mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, que es una de las dos cámaras de las Cortes Generales (la otra sería el Senado). El Congreso está compuesto por 350 miembros. La mayoría absoluta sería más de la mitad del total de los congresistas, es decir, que para que se aprobara una Ley Orgánica, se necesitarían 176 votos a favor y esto sería así, aunque no estuvieran todos presentes en el momento de la votación.
Las Leyes Ordinarias son leyes de las Cortes Generales, por tanto, leyes estatales, para cuya aprobación es suficiente la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Si de los 350 diputados del Congreso, vota uno a favor de la nueva ley, ninguno en contra y hay 349 abstenciones, esa ley quedaría aprobada por mayoría simple.
Otros tipos de leyes estatales (examen):
Leyes Marco: estas leyes establecen un “marco”, unos límites para las leyes autonómicas.
Leyes de Armonización: armonizan las posibles diferencias de las leyes autonómicas con las estatales.
Leyes de Transferencia o de Delegación: leyes en las que se delegan competencias a las comunidades autónomas.
Todas estas leyes, tanto las autonómicas como las estatales, son LEYES FORMALES, porque han surgido de un órgano que constitucionalmente está autorizado para dictarlas, de un Poder Legislativo, ya sea estatal o autonómico.
I.4.- Leyes Materiales o Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley.
Las leyes materiales son leyes cuyo contenido es propio de una ley, pero que NO han sido aprobadas por un Poder Legislativo, sino por el Gobierno. Es decir, que son leyes aprobadas excepcionalmente por quien no tiene el poder de legislar, en este caso el Gobierno, que es el Poder Ejecutivo.
Esta excepción se permite en dos casos:
1º (Real) DECRETO-LEY (ver art. 86 de la C.E.): es una disposición del Gobierno con fuerza de Ley dictada en caso de extraordinaria y urgente necesidad (es el propio Gobierno quien decide si existe esa necesidad) y debe cumplir dos requisitos:
No puede afectar a determinadas materias, como por ejemplo las reservadas a Leyes Orgánicas.
Deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados (ojo, no por las Cortes) en el plazo de 30 días. Si no fuera convalidado al finalizar el plazo, ese decreto-ley dejaría de tener vigor a partir de ese momento.
2º (Real) DECRETO LEGISLATIVO (art. 82 de la C.E.): es una disposición del Gobierno con fuerza de Ley dictada en caso de que las Cortes Generales hayan delegado en el Gobierno la posibilidad de hacerlo. Son legislación delegada. Los decretos legislativos pueden adoptar dos formas:
TEXTOS REFUNDIDOS: son la unificación en un mismo texto, de normativas existentes referentes a un mismo tema, que hasta ese momento, estaban dispersas. No es, por tanto, legislación nueva, sino una recopilación de legislación ya existente.
TEXTOS ARTICULADOS: son textos ordenados en artículos, basados en una ley de bases (no confundir con ley básica) aprobada por las Cortes y que determinará los aspectos mínimos que esa ley debe regular. El Gobierno desarrollaría esa ley de bases a través de los artículos. En el caso de los Textos Articulados sí son nueva legislación. Cuando las Cortes delegan en el Gobierno para legislar sobre alguna materia, hay dos cautelas:
La delegación se hace por un plazo determinado, no de forma indefinida.
La delegación legislativa se agota por su uso. Esto quiere decir que una vez el Gobierno aprueba y publica (en el B.O.E.) una norma, esa delegación queda agotada. De esta forma, se evita que el Gobierno pueda modificar esos decretos legislativos una vez publicados, ya que no poseería la facultad de hacerlo porque supondría una suplantación del Poder Legislativo.
art. 82 de la C.E:
I.5.- Los Reglamentos
Un reglamento es toda norma jurídica con valor inferior a la una ley (Jerarquía de las leyes). Es una norma jurídica porque establece derechos y obligaciones a una pluralidad de personas (en este sentido, tiene la misma naturaleza que una ley) y tiene un valor inferior a la ley, es decir es jerárquicamente inferior. Los reglamentos son aprobados por el Gobierno, es decir, por el Poder Ejecutivo, y esa capacidad para hacer reglamentos está contemplada en la Constitución.(potestad reglamentaria)
En caso de contradicción de dos normas jurídicas, prevalece la de rango superior (Jerarquía en Derecho).
Reglamentos Ejecutivos o de Desarrollo: Son los reglamentos que se dedican al desarrollo de las leyes, a la parte específica y particular de su aplicación real de las leyes.
Reglamentos Independientes o Autoorganizativos: Son los reglamentos que establecen aspectos del funcionamiento y organización interna de la Administración (en nuestro caso, el de la Administración Turística).
Art. 97 de la C.E.:
Es decir, que el Gobierno tiene la función de hacer cumplir las leyes y la capacidad de aprobar reglamentos. Existen muchos reglamentos, ya que hay muchos órganos administrativos que pueden aprobarlos.
Los reglamentos adoptan su terminología, normalmente, en función de quien los aprueba:
REAL DECRETO (no confundir con Real Decreto-Ley): reglamento aprobado por el Gobierno de España.
ORDEN MINISTERIAL: reglamento aprobado por un ministro.
DECRETO AUTONÓMICO: reglamento aprobado por una Comunidad Autónoma (por ej. por el poder ejecutivo del Consell de Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears (CAIB)).
ORDEN DEL CONSEJERO: reglamento aprobado por un Conseller (por ej., el Conseller de Turisme de la CAIB).
ORDENANZA MUNICIPAL: reglamento aprobado por un ayuntamiento.
TEMA II. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL FENÓMENO TURÍSTICO
II.1. La situación de la Administración Pública dentro del Estado.
La Administración Pública queda regulada en el Título IV de la C.E., el Gobierno tiene la función de dirigir a la Administración (art. 97), es decir, que no son el mismo órgano y la diferencia radica en que el Gobierno es un órgano político mientras que la Administración es un órgano técnico. La C.E. obliga a la Administración a velar por los intereses generales (art. 103), es decir, que no puede ser partidista ni servir a un gobierno en particular.
Hay cinco principios que definen cómo debe ser la Administración Pública:
EFICACIA: debe conseguir resultados de forma rápida. (eficacia ≠ eficiencia)
JERARQUÍA: la Adm. es jerárquica. Los órganos superiores deben dirigir, controlar, supervisar, y sancionar a los órganos inferiores.
DESCENTRALIZACIÓN: Deben existir transferencias de competencias de una administración pública a otra distinta, sobre todo, con el fin de estar más próxima a los ciudadanos, como sería el caso de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad y educación.
DESCONCENTRACIÓN: esto consiste en atribuir competencias de un órgano administrativo a otro de la misma administración. Por ej. si el Conseller de turismo tiene una sobrecarga de trabajo, transferiría competencias al Director General de Planificación Turística.
COORDINACIÓN: la coordinación entre los órganos de la Adm. sirve para evitar las duplicidades administrativas o las repeticiones innecesarias.
II.2. La existencia de una pluralidad de Administraciones Públicas.
En España hay muchas administraciones públicas que se pueden clasificar en tres grupos:
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TERRITORIALES: son las que tienen por misión realizar una organización territorial del Estado y hay tres niveles:
Administración General del Estado. Hay sólo una de nivel estatal.
Administraciones de las Comunidades Autónomas. Hay 17 autonómicas, más Ceuta y Melilla.
Administraciones (o entes) Locales. Hay unas 8000.
ADMISNISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUACIONALES O INSTRUMENTALES: son entidades creadas por una Administración Pública Territorial con la finalidad de que se dediquen a determinado servicio público. Por ej. SOIB, IBSALUT, EMAYA y tienen personalidad jurídica propia. La Administración General del Estado funciona con personalidad jurídica única. Los ministerios son partes de esa Administración y por eso no tienen personalidad jurídica propia. De la misma forma, la CAIB (Comunitat Autonómica de les Illes Balears) tiene personalidad jurídica única, pero no las Conselleries. Sin embargo, cuando la Conselleria de Turisme crea el IBATUR, éste sí tiene personalidad jurídica.
ADMINSTRACIONES PÚBLICAS CORPORATIVAS:
Colegios profesionales: en sus funciones está la de funcionar como administración pública dentro de un determinado grupo profesional.
- Territoriales Administraciones de la Comunidades Autónomas
Administraciones	- Institucionales o Instrumentales
II.3. La Administración Turística Estatal.
Estructura de la Administración General del Estado:
(Secretarios de Estado)
(Secretarios Generales)
Directores Generales - Secretarios Generales Técnicos
Los Secretarios de Estado y Secretarios Generales son cargos que no tienen que estar obligatoriamente, de hecho sólo existen en algunos ministerios.
Estructura de la Administración Turística Estatal:
Secretaría General del Turismo
Instituto del Turismo de España (TURESPAÑA): es una administración institucional creada por el Estado, dependiente del Ministerio de Turismo y adscrita al Ministerios de Industria, Turismo y Comercio.
II.4. La Administración turística de la CAIB.
En la CAIB hay 14 Conselleries y en cada una hay un Secretario General y un número variable de Directores Generales.
Los Secretarios Generales se dedican a:
la gestión jurídica de la Conselleria
Cada Director General se dedica a los aspectos que se le hayan asignado dentro del sector de actividad de la Conselleria.
En la Administración Turística de la CAIB, está la Conselleria de Turisme, que tiene un Secretario General y dos Direcciones Generales, la de Ordenación y Planificación Turística (que se encarga por ej. de las normativas que deben cumplir los hoteles) y la de Promoción Turística.
Hay 3 entidades dependientes de la Conselleria de Turisme que son:
INESTUR (Instituto de Estrategia Turística)
IBATUR (Instituto Balear del Turismo)
- Secretaría General de Turismo
Conselleria de Turisme - Direcciones Generales:
- D.G. de Ordenación y Planificación Turística
- D.G. de Promoción Turística
II.5. La Administración de los Entes Locales.
Oficinas de información turística: están creadas por una corporación local.
Las administraciones locales tienen competencias en materias que inciden en la actividad turística:
que un ayuntamiento haga una ordenanza que prohíba hacer obras durante la temporada alta para evitar molestias a los turistas,
la limpieza de las playas,
la protección del medio ambiente por su relación con la actividad turística (tratamiento de residuos, etc.).
TEMA III. RÉGIMEN JURÍDICO DEL ACTO ADMINISTRATIVO
III.1. Principios básicos de actuación de las Administraciones Públicas.
Art. 103 de la C.E.:
Además de los cinco principios del art. 103, la actuación de las Administraciones Públicas debe cumplir también los principios de legalidad y de autotutela:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD: La Administración no es independiente, sino que depende del Gobierno y debe servir a los intereses generales. Por lo tanto no es imparcial, ya que observa sus propias competencias desde un punto de vista concreto. Aunque esto sea así, el celo por cumplir con sus intereses, nunca debe incumplir la Ley. La C.E. dice que la Administración debe asegurar que actúa siempre conforme a la Ley.
En el caso de que una administración incumpliera la Ley se le podrá exigir una responsabilidad :
Art. 106 de la C.E.:
PRINCIPIO DE AUTOTUTELA: La Administración Pública tiene la capacidad de proteger y salvaguardar sus propias decisiones administrativas debido a que puede tomar decisiones a favor o en contra de los ciudadanos. Por ej. la Adm. puede sancionar a un hotel por incumplir la normativa y ejecutar dicha sanción. Sin embargo, un particular no podría hacer tal cosa, o sea sancionar y hacer cumplir la sanción directamente, aunque el hotel le hubiera causado un perjuicio.
La Adm. Púb. actúa en beneficio y en defensa de los intereses generales y además en caso de conflicto, no es parte interesada, no le afecta directamente sobre lo que actúa. Si el caso fuera entre particulares, ambas partes serían interesadas y actuarían por su propio beneficio.
III.2. Concepto de acto administrativo.
Si la Conselleria de Turisme impone una sanción a un hotelero es un acto administrativo pero no se debe confundir con un reglamento. El acto administrativo está dirigido a una persona o colectividad concreta de personas.
El acto administrativo es aquella declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por una administración pública en el ejercicio de una facultad administrativa distinta de otra facultad administrativa (potestad reglamentaria).
Acto dictado por una administración pública
Es distinto a un reglamento
Es una declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo:
Declaración de voluntad: autoriza o deniega algo.
Declaración de juicio: emite una opinión sobre un tema.
Declaración de conocimiento: confirma un dato de forma oficial. Los certificados de residencia del Ayuntamiento son declaraciones de tener conocimiento de que ese ciudadano en concreto reside en el municipio x de las Islas Baleares.
Declaración de deseo: puede solicitar o manifestar cual es su deseo respecto a algo. Por ej. un ayuntamiento que solicite que en su municipio no se puedan construir hoteles de mas de 8 plantas.
III.3. Eficacia y validez de los actos administrativos.
La ley 30/1992 es la Ley de Régimen Jurídico del las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y es la que regula la eficacia y validez de los actos administrativos.
Si la Adm. sanciona a un hotel y éste no demuestra que es “inocente”, se presume que el hotel es sancionable. En principio, lo que dice la Adm. es lo correcto y le corresponde al perjudicado demostrar que el acto administrativo es inválido, es decir, en caso de sanción, el perjudicado deberá acatarla aunque no esté de acuerdo y posteriormente reclamar por el procedimiento que corresponda.
Artículo 57 de la ley 30/1992.
III.4. La técnica del silencio administrativo. 16/10/2007
Artículos 42, 43 y 44 de la Ley 30/1992 Régimen Jurídico del las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
El silencio administrativo se establece para proteger a los ciudadanos de la imposibilidad de la Administración de cumplir con su obligación de resolver y notificar establecida en el art. 42.1 de la Ley 30/1992. En el caso de que la Administración no pudiera cumplir con esa obligación, se produciría el nacimiento de un ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNTO. A este acto se le llama presunto por dos motivos:
para distinguirlo del acto administrativo normal (que es expreso, la Administración manifiesta su voluntad) y
porque presumimos que existe, ya que no hay ningún documento que acredite la decisión de la Administración.
El acto administrativo presunto nace cuando finaliza el plazo que tiene la Administración para resolver y notificar:
Este plazo será determinado por la norma que regule ese procedimiento en concreto y no podrá exceder de 6 meses, (incluidos los procedimientos anteriores a esta Ley con plazos superiores), salvo que exista otra norma con rango de ley que fijase un plazo superior.
Si la norma reguladora en cuestión no fija ningún plazo, éste será de tres meses.
Un procedimiento se puede iniciar de dos formas:
De oficio (cuando la Administración actúa sin que nadie lo solicite expresamente, por ej. la Adm. hace una revisión a un hotel y se percata de que el hotel incumple una normativa y lo sanciona)
A instancia de Parte (a solicitud de un ciudadano)
Si el procedimiento se inicia a instancia de parte y no se resuelve dentro del plazo que marca la norma reguladora, el silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, es decir, que el solicitante puede entender que le han concedido lo que ha solicitado, salvo en las excepciones que marca la ley, que son, entre otras, las que traten de recursos, peticiones, etc. Normalmente, si la Adm. resuelve un recurso por silencio administrativo, tendrá efectos desestimatorios, es decir, que se desestima el recurso y se reitera la negativa de la Adm. (art. 43 de la Ley 30/1922).
Si la Adm. inicia un procedimiento administrativo de oficio (art. 44), éste puede tener:
efectos favorables para los ciudadanos
efectos desfavorables para los ciudadanos
En el caso de procedimientos administrativos con efectos favorables, (por ej. una convocatoria de subvenciones para establecimientos turísticos que quiera acreditarse en normas de calidad) podría ocurrir que la Adm. lo conceda, que es lo que quiere el interesado, o bien que la deniegue, por lo que el solicitante se queda en la misma situación que estaba anteriormente. Si una vez pasado el plazo marcado por la norma reguladora para ese procedimiento administrativo, se produce un silencio administrativo, éste tendrá efectos desestimatorios, es decir, el solicitante debe entender que no se le ha concedido su solicitud.
En el caso de procedimientos administrativos con efectos desfavorables (por ej. una sanción contra un hotel porque incumple la normativa turística) podría ocurrir que no se resuelva el procedimiento y finalmente no se sancione al hotel, o bien que la sanción se haga efectiva, por lo que el hotel debe pagar la multa. Si una vez pasado el plazo marcado por la norma reguladora para ese procedimiento administrativo, se produce un silencio administrativo, éste tendrá efecto de caducidad y la sanción no se podrá aplicar.
Procedimientos a instancia de parte Efectos estimatorios
Favorables	Efectos desestimatorios
Desfavorables	Caducidad
Art. 42.Obligación de resolver.
En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.
b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serle comunicada.
6. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles. De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.
7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.
Modificado por art. 1.10 de Ley 4/1999, de 13 enero (RCL 1999, 114).
Artículo 43.Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
2. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. Quedan exceptuados de esta previsión los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución (RCL 1978, 2836) , aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.
3. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizado del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
5. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver.
Modificado por art. 1.11 de Ley 4/1999, de 13 enero (RCL 1999, 114)
Modificado por art. 1.12 de Ley 4/1999, de 13 enero (RCL 1999, 114).
III.5. La revisión de oficio.
Los actos administrativo SE PRESUMEN válidos, pero esto no significa que sean válidos. Hay dos procedimientos para la presunción de invalidez de los actos administrativos:
Que el perjudicado interponga un RECURSO. En caso de que le den la razón, se demostrará que el acto no era válido.
Que la propia Administración se dé cuenta de que el acto era incorrecto. En ese caso deberá corregirlo llevando a cabo un expediente de REVISIÓN DE OFICIO, es decir, que la Adm. se revisa a sí misma sin petición expresa de nadie. (art. 102-106 de la Ley 30/1992)
Los actos inválidos o ilegales pueden ser:
NULOS (nulidad absoluta o radical, nulo de pleno derecho): el error es tan grave que no se puede arreglar.
ANULABLE: el defecto del acto es subsanable.
Si la Adm. quiere revisar de oficio un acto NULO, necesitará el dictamen del Consejo de Estado (o en el caso de Baleares del Consell Consultiu), que es un organismo independiente para realizar informes jurídicos (art. 102)
Si la Adm. quiere revisar de oficio un acto ANULABLE, y se quiere anular (no subsanarlo) hay que distinguir primero si el acto es favorable para el ciudadano (art. 103)o desfavorable para el ciudadano (art. 104):
Si la Adm. quiere anular un acto favorable para el ciudadano (por ej una autorización para hacer algo, un permiso, una subvención ya concedida), debe:
Hacer una declaración de LESIVIDAD, es decir, redactar un informe que exprese cuál es la lesión provocada a los intereses públicos, debido ese acto favorable a un ciudadano en concreto.
Interponer un contencioso-administrativo (pleito): Los tribunales deberán decidir si la Adm. puede anular ese acto favorable. Los pleitos contra decisiones de la Administración se llaman contenciosos-administrativos. En este caso, es la Adm. quien se pone el pleito contra ella misma.
Si la Adm. quiere anular un acto desfavorable para el ciudadano (por ej. anular una sanción contra un hotelero porque la Adm. considera que la sanción no era correcta). En este caso, la Adm. suspenderá la ejecución del acto, es decir, revocará la sanción.
- Por el perjudicado Recurso
Presunción - Actos Nulos: Consejo de Estado
- Por la Adm. Revisión de Oficio
- Actos Anulables:
-Favorables:
-Decl. De Lesividad
-Contencioso- Adm.
-Desfavorables:
3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los
supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Artículo 102.Revisión de disposiciones y actos nulos.
4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las
circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde
su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
Modificado por art. 1.21 de Ley 4/1999, de 13 enero (RCL 1999, 114).
4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la
declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia.
Modificado por art. 1.22 de Ley 4/1999, de 13 enero (RCL 1999, 114).
Modificado por art. 1.23 de Ley 4/1999, de 13 enero (RCL 1999, 114).
Artículo 106.Límites de la revisión.
III.6. La ejecución forzosa de los actos administrativos.
Los actos administrativos, con frecuencia, establecen obligaciones a los ciudadanos y éstos pueden cumplir o no voluntariamente esas obligaciones. La ejecución forzosa es el estudio de los medios de los que dispone la Adm., para ejecutar sus propios actos, en caso de que el obligado a hacerlo no lo haga de forma voluntaria.
El medio que aplique la Adm. dependerá de la naturaleza de la obligación administrativa y son:
Cuando la naturaleza es PECUNIARIA (dinero) la Adm. utiliza la vía del APREMIO. Por ej. en el caso del impago de una multa de tráfico, la Adm. puede subastar tu vehículo para saldar la deuda o efectuar embargos preventivos, etc...
Si la obligación es NO PERSONALÍSIMA, es decir, que el acto no es llevado a cabo por el propio obligado y puede realizarlo otra persona en su lugar. Si la Adm. es quien ejecuta el acto se llama EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. Por ej. la Adm. obliga a un ciudadano a demoler una pared ilegal, pero el ciudadano no lo hace. La Adm. ejecutará la demolición contratando a una empresa especializada y abonará ese servicio. Como la Adm. ya ha ejecutado el acto, la obligación del ciudadano pasa a ser pecuniaria y la Adm. empleará el apremio como medio de ejecución forzosa.
La MULTA COERCITIVA es un medio de ejecución forzosa que consiste en provocar el cumplimiento de la obligación principal. Es aquella multa que se impone al obligado en el caso de que no cumpla la obligación principal. Por ej. si la sanción es demoler una pared antes de una fecha determinada, el obligado deberá pagar 100 €, por cada día de retraso a partir de esa fecha.
La COMPULSIÓN SOBRE LAS PERSONAS es un medio de ejecución forzosa en la que el Estado hace uso de la fuerza, sobre las personas físicas (por ej. detener a alguien por conducir borracho). El art. 25.3 de la C.E. dice que la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad, por lo que, para que pueda utilizarse la fuerza, necesita que sea permitida por una norma con rango de Ley.
1. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución
(RCL 1978, 2836).
IV.1. Concepto de procedimiento administrativo.
Es el cauce formal de la serie de actos administrativos encaminados a dictar una resolución que ponga fin a ese procedimiento administrativo.
IV.2. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública.
Artículo 35 de la Ley 30/1992.Derechos de los ciudadanos.
h) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución (RCL 1978, 2836) y en ésta u otras leyes.
i) A ser tratados, con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución (RCL 1978, 2836) y las leyes.
IV.3. Los interesados en un procedimiento administrativo.(examen)
Hay cuatro tipos de interesados:
Los que promueven el procedimiento administrativo por tener afectados derechos o intereses legítimos que son dignos de protección. Se consideraría derecho a algo exigible en base a un documento, una norma o una ley que así lo establece, como por ej. solicitar una licencia de obras. Los intereses se referirían a otro tipo de temas no establecidos, como por ej. solicitar que no se permita la construcción de un hotel de 20 plantas delante de tu casa y que va a taparte toda la luz.
Los que no lo promueven pero tienen derechos que pueden verse afectados por ese procedimiento administrativo. Por ej. una persona se presenta a una oposición para un puesto de trabajo en la Administración. Suspende el examen y solicita que se revise el procedimiento de esa oposición. Ese procedimiento administrativo también afectaría a los que la aprobaron y consiguieron los puestos de trabajo de esa oposición, ya que la revisión podría afectar a su situación y a esos derechos adquiridos. Estos interesados pueden elegir entre personarse o no, pero la adm. los considera como interesados directos y deberá notificarles la resolución del procedimiento.
Cualquiera que alega un interés legítimo y se persona, es decir que esté presente en el procedimiento. En este caso, los interesados tienen la obligación de personarse para ser considerados interesados.
Los grupos o asociaciones que defienden intereses colectivos se considerarán interesados en los términos que reconozca la ley. Por ej. si un hotel es sancionado por incumplir una normativa de consumo, la OCU (org. para la defensa de los consumidores) tiene derecho a personarse y participar para la defensa de los derechos de los consumidores.
Artículo 31 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
IV.4. Estructura del Procedimiento Administrativo.
La estructura del procedimiento administrativo está regulada en los arts. 68 y ss de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las principales fases de cualquier procedimiento son:
INICIO. Un procedimiento puede iniciarse de dos formas:
De oficio: Cuando es la propia Adm. quien lo inicia, sin que ningún interesado lo solicite expresamente. Podría ser, por ejemplo, a petición de un subordinado de la Adm. y también por la denuncia de un particular. Una denuncia consiste en poner en conocimiento de la Adm. unos hechos determinados. Ante esa denuncia la Adm. hará una primera averiguación para saber si la denuncia es infundada o no. En caso de que sea infundada, se archivaría sin más consecuencias, pero en caso contrario, la Adm. iniciaría un procedimiento administrativo que puede acabar o no, en un expediente sancionador (dependiendo si el denunciado es considerado culpable o no). Como ha sido la propia Adm. quien ha decidido iniciar ese procedimiento, en este caso, también se considera que el procedimiento se ha iniciado de oficio.
A instancia de parte: Cuando se inicia a solicitud del interesado, como por ej. solicitar una licencia municipal de actividades. Esta solicitud debe tener un contenido mínimo:
Debe identificar al solicitante
Debe concretar lo que se pide
Debe expresar el lugar y la fecha de la solicitud
Si la solicitud no cumple este contenido mínimo, la Adm. debe dar un plazo de 10 días hábiles al interesado, para que subsane esas deficiencias.
En el inicio del procedimiento administrativo se establece la posibilidad de que la Adm. apruebe medidas provisionales o cautelares, que son acuerdos de la Adm. encaminados a asegurar la efectividad de la resolución que se dictará (como por ejemplo el embargo preventivo sobre las pertenencias de alguien cuando la resolución podría determinar la obligación de pagar a la persona sancionada, evitando así que se niegue a pagar o que desaparezca para no hacerse cargo de esa deuda).
INSTRUCCIÓN: es el conjunto de actos de trámite que se llevan a cabo y tienen un doble objetivo: aportar datos e información para el procedimiento administrativo o comprobar datos e información del procedimiento administrativo, con la finalidad de asegurar la legalidad y la corrección del procedimiento y de la resolución. Estos actos de trámite son, entre otros:
Audiencia al interesado (MUY IMPORTANTE)
Las alegaciones son el derecho del interesado a aportar cuantos datos documentos quiera, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, pero siempre antes del trámite de audiencia.
Los informes son opiniones manifestadas por un órgano administrativo, en relación al objeto del procedimiento.(Por ej. en una solicitud de obras, el arquitecto municipal tendrá que hacer un informe sobre si se puede dar o no ese permiso, en función de la normativa vigente. Los informes son:
En función de su necesidad para resolver el procedimiento:
PRECEPTIVOS: en un informe necesario, sin el cual no se puede resolver el procedimiento. En este caso, lo importante es la existencia del informe, no su contenido.
FACULTATIVOS: es un informe que puede ser solicitado o no, por el órgano administrativo que ha de resolver el procedimiento. Sólo se solicita si se considera oportuno aportar más información.
Si no se especifica qué tipo de informe es, se sobreentiende que es facultativo.
En función de la obligatoriedad de acatar lo que dictan:
VINCULANTES: su contenido obliga a resolver en el mismo sentido que el informe. El órgano que ha de resolver el procedimiento debe respetar el contenido del informe.
NO VINCULANTES: El órgano que ha de resolver el procedimiento puede respetar o no el contenido del informe. Permite resolver en sentido contrario al informe.
Si no se especifica qué tipo de informe es, se sobreentiende que es no vinculante.
La prueba deberá realizarse en un período de entre 15 y 30 días. En los procedimientos administrativos se admite cualquier medio probatorio y las más frecuentes son las testificales, documentales y periciales. Las pruebas deben ser valoradas en su conjunto, y después decidir qué hechos se consideran probados y cuáles no.
La audiencia al interesado es aquel trámite por el cual se debe otorgar al interesado entre 10 y 15 días de plazo, para que, a la vista del expediente completo y cuya instrucción haya finalizado, pueda, si quiere, formular por última vez, alegaciones. La finalidad de este trámite es la de no causar indefensión al interesado y es un trámite fundamental del procedimiento.
El trámite de información pública es someter el procedimiento a una publicación en un diario oficial (BOE, BOIB...) para permitir que cualquier persona pueda formular alegaciones. El plazo es de 20 días.
En un procedimiento administrativo no tienen por qué estar necesariamente todos estos trámites y también pueden existir otros.
TERMINACIÓN: es la finalización del procedimiento administrativo y puede ser de dos formas:
NORMAL: es la resolución (expresa o presunta) del procedimiento administrativo, en la que se puede autorizar o no la solicitud, o determinar si se sanciona o no, etc...
ANORMAL : se produce cuando es procedimiento acaba por desestimiento, renuncia, caducidad o por convenio entre la Adm. y el particular. Este tipo de finalización del procedimiento es bastante excepcional.
Artículo 68.Clases de iniciación.
4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos.
Los modelos mencionados estarán a disposición de los ciudadanos en las dependencias administrativas.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar
del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
Modificado por art. 1.19 de Ley 4/1999, de 13 enero (RCL 1999, 114).
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma con rango de Ley. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
Modificado por art. 1.20 de Ley 4/1999, de 13 enero (RCL 1999, 114).
Artículo 74.Impulso.
Artículo 78.Actos de instrucción.
Artículo 80.Medios y período de prueba.
Artículo 82.Petición.
Artículo 84.Trámite de audiencia.
1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el
artículo 37.5.
2. A tal efecto, se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma, o en el de
la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.
Artículo 87.Terminación.
1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de
Artículo 89.Contenido.
4. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o
insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución (RCL 1978, 2836).
Artículo 90.Ejercicio.
1. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su
Artículo 92.Requisitos y efectos.
TEMA V. LOS RECURSOS
V.1. Los recursos administrativos.
Son los recursos que se interponen contra actos de la Administración y será ésta quien los resolverá.
R. Potestativo De Reposición.
R. de Alzada
R. de extraordinaria Revisión
Contra qué actos
Vía adm. agotada
Vía adm. NO agotada
El mismo que lo dictó
Qué órgano resuelve
1 mes, si el acto es expreso y 3 meses si es presunto
1 mes, si el acto es expreso y 3 meses si es presunto.
4 años o 3 meses
Desestimatorio / Excepciones
Hay tres tipos de recursos administrativos:
¿Contra qué actos se interponen? Se interponen contra actos que agotan la vía administrativa, es decir, contra actos dictados por un órgano que no tiene un superior jerárquico. Por ej. en una conselleria, el superior jerárquico es el conseller, o sea que contra el acto de un conseller, se interpondría este tipo de recurso.
¿Ante qué órgano se interpone? Se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución. Siguiendo con el ejemplo anterior, se interpondría contra el conseller.
¿Qué órgano lo resuelve? Lo resuelve el mismo órgano que dictó la resolución. Siguiendo con el ejemplo anterior, lo resolvería el conseller.
¿Cuál es el plazo para interponerlos? El plazo es de 1 o 3 meses, dependiendo de que el acto impugnado fuera expreso o presunto. Si el acto impugnado es expreso, 1 mes y si es presunto, 3 meses.
¿Cuál es el plazo para resolverlos? Siempre es de 1 mes.
¿Cuales son los motivos para interponerlos? Cualquier causa de invalidez del acto administrativo.
Efecto del silencio administrativo en el recurso. Si pasa el plazo para resolverlo (1 mes) y no se ha resuelto, el silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios.
Tanto si se han resuelto expresamente, como si ha habido silencio administrativo, y no se está de acuerdo con la resolución, quedará la vía judicial: el recurso contencioso-administrativo.
¿Contra qué actos se interponen? Se interpone contra actos que no agotan la vía administrativa, es decir actos dictados por un órgano que sí tiene superior jerárquico. Por ej. en el caso de un acto dictado por un Director General de una conselleria, el recurso pasaría a su superior, o sea, el conseller.
¿Ante qué órgano se interpone? Se puede interponer ante el mismo órgano que dictó la resolución, y éste deberá elevarlo a su superior jerárquico en el plazo de 10 días, o bien, se interpone directamente ante el órgano que ha de resolver, que es el superior jerárquico.
¿Qué órgano lo resuelve? Lo resuelve el órgano superior jerárquico.
¿Cuál es el plazo para interponerlos? El plazo es de 1 o 3 meses. Si el acto impugnado es expreso, 1 mes y si es presunto, 3 meses.
¿Cuál es el plazo para resolverlos? El plazo para resolver es de 3 meses, este plazo es más amplio debido a que quien tiene que resolver no ha tenido conocimiento del acto hasta el momento en que se le presenta el recurso.
Efecto del silencio administrativo en el recurso. Si pasa el plazo para resolverlo (3 meses) y no se ha resuelto, el silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios. Hay una excepción, en la que sí tendría efectos estimatorios y sería en el caso de que el recurso de alzada se hubiera interpuesto ante un acto presunto y no se hubiera resuelto el recurso en el plazo para resolver, es decir, que se hubiera producido silencio administrativo en las dos ocasiones.
Recurso de Extraordinaria Revisión
¿Contra qué actos se interponen? Se interpone contra actos firmes, es decir, actos irrecurribles y que ya no se pueden interponer ni el recurso potestativo de reposición ni el recurso de alzada. Este tipo de recurso sólo puede interponerse en situaciones excepcionales.
¿Ante qué órgano se interpone? Se interponen ante el mismo órgano que dictó la resolución.
¿Qué órgano lo resuelve? Lo resuelve el mismo órgano que dictó la resolución.
¿Cuál es el plazo para interponerlos? 4 años o 3 meses, según las causas.
¿Cuál es el plazo para resolverlos? El plazo para resolver es de 3 meses desde la interposición del recurso.
¿Cuales son los motivos para interponerlos? Sólo los motivos excepcionales justifican este tipo de recurso, por ej. que años después de una resolución, aparezca un documento que demuestre que la resolución estaba equivocada, o documentos nuevos, condenas por delitos a testigos o peritos que participaron en esos actos...(art. 107 y ss de la Ley de Procedimiento, art. 118-9)
Efecto del silencio administrativo en el recurso. El efecto del silencio siempre tendrá efectos desestimatorios.
V.2. El recurso contencioso-administrativo.
Si la Administración, tras los recursos pertinentes, sigue sin darnos la razón, se puede, o bien acatar su decisión o bien seguir recurriendo con el recurso contencioso-administrativo.
El recurso contencioso-administrativo es un pleito o demanda, contra la Administración, acudiendo al Juzgado de lo contencioso-administrativo.
El plazo para interponer este recurso es de 2 meses si la resolución fue expresa y 6 meses, si fue presunta.
El requisito previo para poder interponerlo es haber agotado la vía administrativa.
En el caso del recurso potestativo de reposición, sólo se interpone si se quiere, ya que como es contra actos que han agotado la vía administrativa, se puede interponer directamente el recurso contencioso-administrativo. Por ej. si la resolución es de un conseller, tanto se puede interponer el recurso potestativo de reposición como el contencioso-administrativo, pero si la resolución es de un director general, primero habrá de interponer el recurso de alzada y si no se está de acuerdo con la nueva resolución, después el contencioso-administrativo.
TEMA I. LA ORDENACIÓN JURÍDICA DE LAS EMPRESAS Y LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
I.1. Introducción y marco normativo del turismo. La legislación turística de la CAIB.
En el año 2007 se cambió el Estatuto de las IB (el anterior databa de 1983) .
Art. 30.11 del EAIB(Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares): Estatuto autonómico con competencias exclusivas en la CAIB, tiene la potestad reglamentaria (dicta reglamentos) y la potestad de gestión administrativa (dicta actos administrativos singulares de gestión como licencias, permisos o sanciones).Desde el estatuto de 1983, la CAIB asume las competencias exclusivas en materia de turismo (pág. 19 libro)
El Estado tiene competencia sobre la política económica en general (Art. 149.1.13 CE sobre bases dela planificación económica)y el Estado puede entrar en todos los sectores que tengan sentido económico. En cuanto al turismo, el Estado se encarga de la promoción exterior de España como destino turístico (al extranjero), acudiendo a ferias internacionales etc. Aunque cada CCAA hace promoción de ella misma, el Estado hace promoción de todas a la vez.
Cronología de las leyes de la CAIB:
1983: Estatuto de autonomía de las IB.
A)1984, Ley 2/1984 de 12 de abril sobre alojamientos extrahoteleros (pág.365, norma 36). (resumen de la exposición de motivos: el sector en ese momento es un caos y es necesario regular). Lo más importante de este norma es que dio un plazo para que se legalizaran los establecimientos que no fueran legales hasta ese momento y para ello, debían cumplir unos requisitos Deberán cumplir una serie de requisitos (Art. 2 y 6 de esta norma).
B)Decreto Cladera I- Decreto 30/1984 de 10 de mayo: fue dictado por Jaume Cladera (conseller de turisme en ese momento) y en este decreto se sientan las bases de la política turística de la CAIB. Se intenta restringir la cantidad en beneficio de la calidad, introduciendo límites para que el sector no crezca tanto (entonces ya había 200.000 plazas hoteleras legalizadas). Entre las medidas este decreto destaca:
la ratio turística (la medida más importante) por la que se obliga a que haya 30m2 de solar por cada plaza de alojamiento. Antes del decreto un hotel podía ocupar todo el solar, pero esta medida obliga a que hay zonas no edificadas en el solar. La zona que sobra del solar será para árboles, piscina y otras instalaciones. Esto es lo que se llama un estándar de densidad. Con esta fórmula el número máximo de habitaciones por solar queda limitado, que los edificios fueran de menos altura y que además hubiera una separación entre los edificios en forma de zonas verdes, etc.
Por ejemplo, en un solar de 600m2 ==> 600/30 = 200 plazas hoteleras
C)Decreto 13 de febrero 1986 ($45 del libro, par 471): este decreto restringe al máximo la instalación de campings por la competencia que supone para el sector hotelera, para lo que se impusieron requisitos muy restrictivos. En principio solo se permitían camping de lujo o de 1ª. El resultado de este decreto es que hoy en día no hay campings en Mallorca.
D)Decreto Cladera II (103/1987). El gobierno se da cuenta de que el Decreto Cladera I no es suficiente, y deciden aplicar una norma más restrictiva. La ratio turística pasa de 30 a 60 m2/plaza. Por ejemplo, en un solar de 600m2 ==> 600/60 = 100 plazas hoteleras
Esto no se aplica en las ciudades de Palma, Ibiza, Mahón y Ciutadella (queda así especificado en la norma), es decir, se deja fuera de esta norma a los cascos urbanos, pero en el resto de zonas sí debe acatarse la ratio. El decreto se consideró tan importante que se presentó en el Parlamento y se convirtió en la Ley 7/1988 de 1 de junio (norma 20, Pág. 249).LEER.
En el art. 2 de esta norma se habla de la autorización previa de la Conselleria de Turismo. Para hacer el edificio del establecimiento se necesita un permiso previo de la Conselleria y después el del ayuntamiento. Además la Conselleria será la que clasifique el hotel, en cuanto al número de estrellas. Otros art. Importantes: 3, 4, 9 (excepción de los cascos urbanos antiguos) y sobre todo el art. 6(EXAMEN). Lo que se busca con esta norma, es que haya menos turistas, que estén más cómodos. Se quiere evitar a toda costa la saturación. Se quiere incrementar la calidad para conseguir más ingresos con menos turistas. Hasta el Decreto Cladera I no era obligatoria la piscina en los hoteles.
E)Ley 12/1988 de Campos de Golf: Es una ley que promueve la aparición de campos de Golf. Se permitían en suelo no urbanizable y hacer además un hotel de 450 plazas de al menos 4 estrellas. Esta ley se ha modificado después. Hoy en día ya no se permite la construcción del hotel anexo al campo de golf. Norma 46, pág. 481).
F)Ley de la función inspectora y sancionadora 6/1989: La veremos más adelante. Define lo que son infracciones administrativas, sanciones administrativas…Esta ley está vigente en la actualidad. Contiene la tipificación de infracciones administrativas y determina las sanciones. La sanción más frecuente es la multa (sanción económica). Uno de los problemas más graves de las IB es la oferta ilegal, las plazas clandestinas.
G)Ley 3/1990 de modernización de alojamientos turísticos existentes en Baleares: en esos momentos, muchos hoteles eran ya muy viejos, estaban obsoletos (falta de mantenimiento, etc). Por esta ley, todos los hoteles de construcción anterior a 1984 debían renovarse. El problema fue que la ley no especificaba qué cambiar y que los inspectores indicarían qué hacer en cada caso. Si el hotelero no estaba de acuerdo, recurría el dictamen del inspector y entonces se hacía una comisión (un representante de la Conselleria, otro de la Federación Hotelera y otro de las Agencias de viajes). La decisión tomada por la Comisión era obligatoria para el hotelero. A pesar de los defectos técnicos de esta ley, el resultado fue bastante bueno. Los hoteleros llevaban a cabo las remodelaciones aunque es posible que la presión de los TTOO fuera más fuerte que la de la propia Ley. Como los TTOO sólo querían contratar hoteles modernizados, favorecieron el cumplimiento de esta norma. Gracias a ello, los hoteles mejoraron su aspecto, su seguridad, etc...
H)Decreto 30/1991 Turismo Rural y Agroturismo: posteriormente modificado.
I)POOT (Plan de ordenación de la Oferta Turística):examen
Decreto 54/1995 => POOT de Mallorca (ver norma 6, Pág. 73)
Decreto 42/1997 => POOT de Ibiza y Formentera
Menorca todavía no lo tiene.
Tanto los Decretos Cladera I y II como la Ley 7/1986 era generales para toda la CCAA, pero en el POOT se establecen diferencias entre las zonas. El POOT de Mallorca divide el litoral de la isla en 37 zonas y especifica cuántos hoteles hay, de qué tipo, de cuántas plazas, si hay playa o no.... Es un plan de Orden Territorial de las zonas costeras en base a criterios comunes pero no iguales. Las zonas más saturadas de una manera y las menos saturadas de otra. (Art. 6 de la norma 6, Pág. 77: zonas)
También se mantendrá la excepción de Palma ciudad.
Zona 1 Marivent, Cala Major, Ca's Català hasta la zona 37. Se hace un estudio de cada zona y aplicando unos criterios comunes regula las zonas pero no igual.
Norma 6, art 18:
la ratio turística pasa de 60 a 75 m2/ plaza depende de la zona.
Categorías de los hoteles: de 3 a 5 estrellas
Altura máxima: planta baja más tres alturas. La altura no se había regulado antes. Se mantiene la excepción en este caso, para los hoteles de ciudad.
Longitud máxima de fachada: 60 metros.
Volumen máximo: 30.000 m3
Piscina: 1 m2 de espejo de agua por plaza y un volumen mínimo por cada m2 de agua para que tengan una profundidad adecuada
La solución de los hoteleros para cumplir con estas limitaciones, es dividir el hotel en varios edificios.
En resumen, las leyes que buscan reducir la cantidad, aumentando la calidad son:
D. Cladera I
D. Cladera II
Ley 7/1988
Los POOT han respetado los proyectos anteriores de los municipios que ya estuvieran en desarrollo, para no lesionar los derechos adquiridos.
En el POOT hay un índice de ocupación de playa que es de 7m2 de playa por persona y es la medida que se usa de referencia para saber si está saturada o no. Se mide sumando las plazas hoteleras y residencias particulares que hay en zona de playa concreta.
J) Ley 3/1996: Se transfieren a los Consells Insulars de Menoría y Ibiza- Formentera las competencias en materia turística, entonces ya no los ejercitaba la “Conselleria de turismo”. Mallorca no lo hizo por problemas políticos. ( No quiso las competencias que se le atribuía porque no estaba lo suficientemente valorada).
K) Decret (Govern Balear) 9/1998 después se convierte en Ley 4/98, de 19 de mayo.
Para ampliar o hacer un nuevo hotel hay que esperar primero a que se clausure otro o dé de baja algunas plazas (dando igual la categoría)
Ej. 200 plazas viejas -- 340 plazas nuevas
Esta ley sigue funcionando y ha tenido un efecto contundente: Si en el 98 había 400000 camas en el 2007 había 422000, hubo una gran restricción, ha sido un frenazo.
M) Ley General Turística. Ley 2/99, 24 de marzo
Se adapta al Decreto 231/1965 “Estatuto ordenador de empresas/ actividades turísticas privadas”. Fue la primera norma que intentó ordenar el turismo en España, pero ahora ya está prácticamente en declive porque cada CC.AA tiene su ley turística propia.
Pag. 49/50 art. 51 y siguientes (Norma nº4 de LGT y siguientes), art. 52 (hay algunas excepciones).
I.3.Ordenación de las empresas y actividades turísticas (norma 4 Ley 2/99)
Normas del libro Legislación Turística del Govern de les Illes Balears, 2007
Actividad turística (art. 2): Serv. Alojamiento, restauración, etc., entretenimiento, el transporte. pág. 29.
Empresas (art. 6): Aquella que preste servicios en el ámbito turístico de forma profesional. Se clasifican en empresas de ALOJAMIENTO y las de NO ALOJAMIENTO.
Obligaciones de las empresas turísticas (art. 8)
Obtener las autorizaciones legalmente exigibles y previas.
Inscribirse en el registro ( son insulares, hay uno por isla)
Después de empezar:
Facilitar a la parte contratante las autorizaciones
Ofrecer en cualquiera de las 2 lenguas de las IB
Eximir la lista de precios en algún lugar visible
Derechos de las empresas turísticas:
Ejercer libremente su actividad dentro de la normativa
A ser incorporada la promoción autorizada por la administración
Derecho a la protección contra la competencia desleal.
Acceso a los establecimientos art. 10:
Se consideran públicas y de libre acceso para quienes hayan contratado los servicios. Hay restricciones pero sin aspecto discriminatorios. También se permite las expulsiones cuando no se respeten las normativas.
El Registro art. 11:
Existe el INSULAR Y EL CENTRALIZADO
Todos se inscriben en su isla y esta lo inscribe todo en el registro central.
En el registro insular es obligatorio para toda la empresa turística del art. 1
Es tb. Obligatorio para el titular y quien tenga la propiedad de la empresa (aunque no participe en la explotación)
Venta ambulante art. 13:
Está prohibida en todos los establecimientos turísticos. También las agencias serán responsables cuando realicen excursiones y procedan a pararse en comercios, mercados no legalizados.
Empresas de alojamiento: Aquellos que de manera profesional y habitual ofrecen alojamiento (mediante precio, norma 11 decreto 1965) en una establecimiento abierto al público con/ sin serv. complementarios.
Clases de empresas; Hoteles, apart. Turísticos, viviendas vacacionales, Camping turísticos, hoteles rurales o agroturismo.
Art. 16/17 Principio de unidad de explotación (Un único empresario se encargue de la explotación- gestión.) Principios de uso exclusivo, se refiere más, a que, donde haya un hotel todo el edificio tiene que ser un hotel no mitad de otro negocio y mitad hotel.
Empresas de NO alojamiento: art. 29 y siguientes
Agencias de viajes y oferta complementaria (Desde restauración hasta oferta de entretenimiento- art. 35 y 36)
I.4. Protección jurídica del usuario. Hojas de reclamación (art 44, LGT, pág 45)
Art.45.2 A que la administración garantice la efectividad de sus derechos como turista.
Ámbito privado :Turista ---- Prestador	//// Administración: Ámbito público
La Administración tiene aquí un carácter arbitral. Si el servicio se presta mal, el turista puede reclamar primero a la Administración y ésta puede sancionar por ello al prestador del servicio. La administración interviene en el caso específico del turismo, mientras que no lo hace en otros ámbitos, porque el turista es un usuario frágil porque no está en su entorno, no conoce la lengua, etc y se considera que necesita una protección especial. De estas posibles reclamaciones, pocas llegan a los tribunales, debido a la actuación previa de la Adm.
Art. 44.1: no es del todo cierto debido a que la administración pública no es quien da la información sino el propio servicio.
Art. 44.3 ver art 43, pág. 45 derecho del turista a formular quejas y reclamaciones si el servicio no es adecuado (o bien no se cumple con lo pactado o con lo que se considera exigible) y la obligación para las empresas de tener hojas de reclamación a disposición de los clientes. Art 43.2: hojas de reclamación (el anuncio de las hojas debe estar en 5 idiomas). Hoy en día hay nuevas formas de presentar las reclamaciones, que no son físicamente en papel y está regulado en un nuevo decreto
¿Y si no tienen hojas que pasa?
LGT Incumplimiento art. 71.2, 72.12
No es infracción sino está tipificada como tal en las infracciones recogidas, por lo tanto, tampoco se le puede dar sanción.
Si no hay hoja de reclamación es una infracción leve. El cliente tendrá que quejarse escribiendo una carta a la administración para informar.
Art. 72.12, Es una infracción grave negarse a ofrecer la hoja aún teniéndola.
Entre la negativa a entregar la hoja (grave) y no tenerla (leve), el prestador optará por decir que no la tiene porque así sólo comete una falta leve. Es una incongruencia en la propia ley.
Art. 74, pág. 60: clases de sanciones
Norma 73 Decreto 4/2007 del Govern Balear(pág. 755) Ver exposición de motivos
Art. 2: Una deficiencia puede ser algo objetivo (no cumplir con lo pactado) o algo subjetivo (no cumplir con lo que el turista personalmente considera exigible). La administración no se comportará de la misma manera si encuentra que la reclamación/ deficiencia es subjetivo u objetiva.
Art. 3: Hojas de reclamación: 3.2 pag 763 establecimientos que deben tener las hojas. 3.3 modelo. 3.5. ref al todo incluido.
Art. 4: el reclamante puede presentar la hoja en cualquier idioma.
Art. 5: 5.1: el plazo es de tres meses, pero si no ha prescrito, la Adm. puede sancionar aunque la queja se presentara fuera de plazo. 5.3: En Menorca, Ibiza y Formentera las competencias las tienen el Consell Insular y en Mallorca la Conselleria de Turismo.
Art. 7: Si la queja no tiene fundamento, se archiva y se avisa al reclamante. 7.3: se puede iniciar expediente sancionador, siempre que la conducta del empresario sea constitutiva de infracción, es decir que esté tipificada por la ley. Si no hay infracción, no se puede sancionar, aunque haya una conducta deficiente (ver Pág. 57, Art. 71.4 y 71.5 LGT )
Art. 8 Quejas a través de medios informáticos. Todavía no se puede utilizar, por lo que se deben seguir empleando las hojas de reclamación
TEMA II. NORMATIVA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS.
II.1. Requisitos de infraestructura.
Los requisitos específicos para los alojamientos turísticos están definidos en los POOT.
Norma 6 art. 18 POOT Mallorca (pág. 82): Los 60m2 o 70 o 75 según zona.
Norma 22 art. 21 (pág. 255): los alojamientos turísticos de más de 30 habitaciones deberán disponer de una unidad de alojamiento para personas con movilidad reducida, por cada 50 unidades de alojamiento o fracción y además todos los locales y zonas comunes deben ser accesibles para esas personas.
Norma 23: es de carácter técnico. No entra en examen.
II.2. La protección contra incendios. No entra en examen.
II.3. Procedimiento de autorización previa y apertura.
Antes, para abrir establecimientos hoteleros sólo se necesitaban dos licencias municipales.
La licencia de obras para construir
Licencia de actividades clasificadas (actividades molestas, nocivas, insalubres, peligrosas)
Actualmente los requisitos son licencias/ autorizaciones municipales más licencias de la administración turística (La previa + la de apertura) entonces en total se necesitan 4. está regulado en la LGT, art. 48 y 49, pág. 47. El orden es:
Autorización turística previa (por parte de la Conselleria en Mallorca y del Consell Insular en Menorca, Ibiza y Formentera).
Una vez construido el establecimiento:
Licencia municipal de apertura y funcionamiento
En la primera y la tercera si no hay respuesta por parte de la administración en 2 meses= SILENCIO NEGATIVO.
Debido a esta norma, no se puede construir sin tener la autorización turística previa.
En el caso de proyectos autorizados con anterioridad a esta norma, se hizo un decreto (pág. 279) por el que sólo se concedían 6 meses para utilizar las antiguas autorizaciones antiguas (evitando así que más adelante, quien tuviera esas autorizaciones, pudiera construir sin seguir la nueva norma).
El art. 48 de LGT otorga una validez de 3 años para la autorización turística previa, también se puede pedir una única prórroga de 1 año, que debe ser solicitada durante el plazo inicial de los 3 años.
II.4. Procedimiento de autorización previa y de apertura. norma 24, pág. 273
Solicitud o petición de la autorización turística previa ( En la Conselleria de Turismo o Consell de insular en las otras islas). Esta solicitud debe ir acompañada de la documentación necesaria. Art. 48 y 49 LGT, pág. 47. norma 24, art. 4. Plazos de Resolución por la administración Turística (la que proceda según la isla):
En el plazo de 2 meses art. 48 LGT (que deroga el art. 8 dela norma 24, que es de 45 días)
En el decreto, el silencio se considera positivo, pero a partir de la LGT si hay silencio administrativo será considerado negativo.
Si la resolución es positiva, entonces quiere decir que califica provisionalmente (si es hotel, apartamento, de 3 o 4*.
Solicitud de la licencia de obras/ edificación (al ayuntamiento): si el ayuntamiento resuelve de forma positiva, es que otorga la licencia de obras. La edificación tardará más o menos en función del tamaño de la obra. Una vez finalizada la obra, la Adm. turística y el ayuntamiento comprobarán si cumple con lo marcada en la ley y en las autorizaciones concedidas en su momento.
Solicitud de Licencia de apertura turística ( norma 24, art.9) y la Clasificación del establecimiento (art. 10 documentación) por la administración turística. Hasta que no se tiene esta licencia, el establecimiento no puede funcionar.
Solicitud de la Licencia de Apertura y funcionamiento al ayuntamiento.
Una vez completados y otorgados las 4 fases, el establecimiento ya puede empezar a funcionar. Antes el Estado, y ahora las CCAA intervienen en el tema de la actividades turísticas porque no quieren que los criterios a seguir dependas de cada municipio.
El tema de las autorizaciones es muy importante porque lo que está penalizado es abrir un establecimiento turístico sin tener las licencias necesarias. LGT art. 72 y 73, pág 58 y 59. 72.1 referida a las personas: infracción grave. 73.1a referida al establecimiento: infracción muy grave para todas las actividades turísticas, no sólo para las de alojamiento.
II.4. Precios y Reservas. Menores de edad. Norma 26bis (norma estatal) y norma 27 (examen)
Aclaraciones de la norma 26:
art. 1: Los precios son libres, no están regulados, pero hay que comunicar estos precios a la administración turística. Se habla de precios máximos y mínimos por la existencia de ofertas y sobre todo por la estacionalidad del turismo
Art. 3: Los precios tendrán una validez de un año y no podrán ser alterados durante ese período (Está en relación con el artículo 15: si no hay declaración, deben mantenerse los últimos declarados)
Art. 2, art. 5 y art. 6 (Se contradice con el todo incluido)
Art. 7: no se puede cobrar por los elementos comunes, aunque en el tema del parking no siempre se cumple, sobre todo en hoteles urbanos donde el parking puede ser reducido. No será lo mismo si el parking no pertenece al hotel.
art. 8: si no quedan habitaciones individuales, te pueden dar una doble de uso individual, pero no podrán cobrarte más del 80% del precio de la doble.
art. 9: no se refiere a menores, sólo a camas supletorias. Las cunas deben ser gratuitas. Las camas supletorias tienen requisitos. Aunque la norma lo indica, no se suelen pedir autorizaciones para las camas supletorias.
Art. 10: El precio de la unidad de alojamiento se contará por días o jornadas. Supone una prohibición para el hotel y un derecho para el cliente. El art. 10.3 es muy importante, porque es una norma legal, no una norma del hotel, sin perjuicio de que el hotelera decida no aplicarla.
Art. 11: RESERVA: Se puede exigir un prepago al cliente en función de los días de ocupación. En caso de cancelación antes de 7 días, el cliente recupera el dinero, en caso contrario, no se le devuelve nada. Referido a la relación entre el hotel y el cliente individual. En caso de reservas para agencias de viajes, hay que remitirse al Decreto 60/1997, norma 55.
Art. 12 : FACTURA: toda normativa tributaria obliga a hacer y entregar factura, por lo que este artículo debe completarse con la normativa actual. La factura debe ser por días y por conceptos.
Art. 13: OJO, con la normativa actual, se deben guardar las facturas durante 4 años a contar desde la declaración de la renta de esa factura.
Art 14: modificado por la normativa fiscal en vigor.
Norma 27, pág 291 sobre la publicidad de precios.
Menores de edad: norma 33, pág 315
Esta orden se dictó a petición de los hoteleros, ante la falta de una normativa aplicable.
El problema está en que un hotel tiene un número de plazas limitado. Según esta norma, en el caso de menores de 12/15 años, no hay que solicitar autorización para las camas supletorias.
Art. 3 a: sin necesidad de autorización previa, en todas las habitaciones dobles, puede haber, además un menor de 12/15 años. El precio de esas camas está fijado en la norma 26 y permite al hotelero aumentar sus ingresos sin necesidad de aumentar las plazas autorizadas.
Para pasar a ser considerados como menores a los de menos de 15 años se necesita la autorización de la Conselleria o Consells (Hay que hacer una solicitud) y ésta será previo informe de una comisión tripartita (representante administrativo, otro de agencias de viajes del sector y el otro representante de la asociación hotelera)
II.5. La Ley de modernización de establecimientos hoteleros. Norma 21, pág. 253
Según esta norma, los establecimientos cuya construcción o puesta en funcionamiento fuera anterior al 5 de junio de 1984, debían modernizarse. (Art. 1)
Cuando esta ley se presentó, había un largo anexo que especificaba los detalles de la modernización, pero este anexo desapareció por cuestiones políticas. Debido a eso, la ley parece poco concreta y poco detallada (art. 2).
Art. 4: se especifica el buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y en particular lo referente a:
Prevención de incendios. En los años 80, 90 personas fallecieron en el incendio del hotel Corona de Aragón en Zaragoza. Esto provocó que se hiciera una normativa de prevención de incendios: escaleras ignífugas exteriores, puestas corta - fuegos, etc...
Normativa sanitario - alimenticia.
En la práctica, los inspectores se fijaban en más cosas que las que señala la ley y determinaban las obras que consideraban necesarias para el embellecimiento y mejora de imagen del establecimiento. Si el hotelero hacía lo indicado, el conseller de turismo (o los Consells) dictaba una resolución acreditando que el hotel había sido modernizado, y le otorgaba la autorización para emplear el distintivo de Modernizado (art. 6).
En el caso de que no superara la inspección y hubiera discrepancias con el inspector, era una comisión tripartita la que decidía (un alto cargo o técnico de la Conselleria, un representante de la asociación de agencias de viajes del sector y otro representante de la federación hotelera). Art. 8 y 9.
Art. 10: el acta de la comisión es recurrible si no se está de acuerdo. En la resolución determinaba qué obras había que hacer y en qué plazos (Art. 12), aunque como se han concedido prórrogas, se considera que ha habido flexibilidad al respecto por parte de la Conselleria.
Art. 13: si persiste el retraso en las obras, se puede llegar a cerrar el hotel. Esto no ocurre por un problema legal. Para llevar a cabo esa sanción, hay que haber cometido una infracción tipificada. Como la No modernización no está contemplada como infracción, no se puede hacer un expediente sancionador de clausura, ya que en caso de recurso, la Administración tendría que anularla.
En general, la ley funcionó bien debido a las presiones del mercado (TTOO) que sólo querían contratar hoteles modernizados, por lo que los propios hoteleros eran los primeros interesados en cumplir esta normativa. Los hoteleros pueden hacer las reformas que consideren necesarias siempre y cuando no aumenten el número de plazas.
Esta ley ese de 1990, y actualmente se vuelve a plantear la necesidad de crear una nueva ley de modernización para los hoteles que han quedado anticuados o con ratios turísticas obsoletas.
TEMA III. Establecimientos hoteleros. (sólo hoteles)
Normas 34 y 35, pág. 317 y ss. Norma 34 y 35 examen
La norma 35 fue dictada por el ministro Manuel Fraga Iribarne y es una clasificación de los establecimientos hoteleros (LEER). Esta norma se aplicó durante mucho tiempo, hasta 1982 (ver exposición de motivos RD 3692/1982 de 15 de diciembre, que duró solo hasta el 15 de junio de 1983, en que se dictó otro decreto 1634/1983 de 15 de junio, norma 34).
El decreto del año 82 se derogó porque entraba en el tema de valorar la calidad de los servicios, mientras que el de 1983 no lo hace sino que fija los requisitos mínimos de infraestructuras, ver anexo II.
El del 82 incluye Requisitos técnicos + Calidad del servicio.: Esto es lo que debió sentar mal a los hoteleros y por eso se cambió al cabo de 7meses. La calidad de los servicios no están regulados en las normas. En cuanto a calidad solo hay sistemas de control establecidos por asociaciones hoteleras e institutos como IQT, ICTE. Estos controles son voluntarios. La ausencia de legislación sobre la calidad es un problema real en las IB, aunque otras CCAA sí lo establecen. Estos sistemas de control se pueden considerar deficientes por dos motivos: que son voluntarios y que quien hace las revisiones no tiene una acreditación legal real.Se podría decir que el decreto del 83 tiene un vacío legal en cuanto a la calidad del servicio.
Art. 1 y 2 sobre clasificación de establecimientos hoteleros: hoteles, hoteles- apartamento y moteles. No contempla ni los hostales, ni las fondas ni las casas de huéspedes. Ver disp. Trans. 1ª y 2ª para establecimientos no contemplados en esta ley (deberán optar por pertenecer al grupo de hoteles o de pensiones). En Mallorca no se puede solicitar permisos para abrir un hostal, porque es una categoría que la ley ya no contempla. Está pendiente ampliar el tema de la especialización de los hoteles (que sí se ha hecho en otras CCAA) y especificar sus características, ya que algunas características obligatorias según la categoría no son aplicables en otras situaciones.
Art. 3 : categorías de los establecimientos. Los hoteles y hotel-apartamento serán de 1 a 5 estrellas, y curiosamente no hay previstas otras categorías como Lujo y Gran lujo, lo que hace que esta clasificación sea muy rígida.
La clasificación por estrellas no es utilizada en todos los países y en algunos, es voluntaria. Sin embargo, estas clasificaciones son un beneficio para el cliente, una garantía de seguridad sobre algunos requisitos de los establecimientos.
Las categorías las otorga la Adm. Turística y el establecimiento que definitivamente clasificado con la licencia de apertura. examen
Estas clasificaciones se plasman en las placas distintivas de grupo y categoría que se ponen en la entrada principal del establecimiento. Pág 321 y también en esta página están los requisitos técnicos de estructura. También concreta el número de habitaciones individuales que tiene que haber .
Es importante no confundir entre hotel-apartamento (est. Hotelero) y apartamento turístico (est. Extrahotelero).
Norma 35: LEER, examen
Pág 327, pie de pág.. considerarla sólo derogada en lo que se oponga al RD 1634/1983 pero vigente en todo lo demás
TEMA IV. Establecimientos extrahoteleros.
IV.1. Concepto , denominación y clasificación
Norma 4, Pág. 38. Art. 15: clasificación de las empresas de alojamiento:
establecimientos de hotel rural, de turismo de interior y de agroturismo
IV. 2.Apartamentos turísticos:
LGT pág. 29 art. 18, 19 y 21 definiciones. Art. 22: categorías. Norma 37 RD 2877/1982 pág 375 (norma estatal, no autonómica). Art.: 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Ver nota al pie pág 378.
Norma 38 pág. 381 (parcialmente vigente): art. 9: composición. No da una superficie (como ocurre en los hoteles). Esta norma fue muy importante por lo detallada que es. Art. 10, 12 (categorías), Art. del 13 al 17: descripción de las categorías y mínimos de cada una. Art. 20: servicios comprendidos en el precio y servicios comunes. Art. 34, ocupación del alojamiento. Para precios y Reservas las norma actualmente en vigor es la norma 26bis pág 285.
TEMA V. Otros establecimientos de alojamiento.
V.2. Viviendas turísticas de vacaciones o viviendas vacacionales.
LGT, pág 29. Art. 23: concepto.
Norma 43, pág. 453 (decreto balar) Art.: 2, 3, 4, 5. Art. 6 y 7 :autorizaciones turísticas, Art. 9: no se puede cerrar un establecimiento turístico sin más, hay que seguir un procedimiento. Art. 10, 11 y 12: empresarios turísticos, marca los requisitos para el empresario para intentar acabar con el intrusismo y el fraude en este sector.
Norma 42: pág.443 Estancias turísticas en viviendas, NO son viviendas vacacionales. Hubo mucha presión para que se reconocieran ese tipo de estancias. Ver disp. Trans. I pág. 451: durante 6 meses se pudo solicitar la regulación, pero hoy en día ya no es posible. Sus propietarios no son empresarios turísticos (art.6 ) y no son viviendas turísticas. El título III de esta norma supuso la legalización de miles de viviendas (art. 11 y 12).
V.3. Los campamentos de turismo.
En Baleares hay un total de 7 campings (dato del año 2006) que suman unas 200 plazas por lo que se considera un sector poco representativo. Que haya tan pocos campings es el resultado de una política muy clara en contra del turismo barato: plazas grandes y legislación muy restrictiva.
Norma 45, pág. 471. fija los requisitos de infraestructuras, no la calidad del servicio. Art.: 1, 2, del 4 al 32. Procedimiento: Art. 33. Disp. Finales primera y segunda.
TEMA VI. LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MEDIO RURAL
VI. 1. Conceptos:
Hotel Rural: Norma 47, pág. 489: Art.: 1, 2, 3 a , b y c, 5, 6, 9, 11. Norma 48: anexo I: Art. 1 y 2. Anexo 2 y3.
Normativa general de turismo rural: norma 47, Art. 5, 6, 9 (se pueden otorgar dispensas porque se trata de edificios antiguos) y 11. Art. 9: informes obligatorios.
Vinculantes o no vinculantes
Preceptivos (obligatorios) o facultativos
Como en el Art. 9 no lo especifica, el informe no es vinculante, por lo que la Conselleria podría autorizarlo aunque la Comisión no lo hiciera. Estas dispensas no establecen mínimos, detalle muy importante.
Un establecimientos de turismo rural, necesitará la autorización turística previa, la autorización turística de apertura (siempre) y después las otras dos licencias municipales, aunque las más importantes son las 2 primeras.
VI. 3. Agroturismo.
Norma 47, pág 489, art. 2.2 (definición), 2.6, 2.7. La norma muestra desconfianza para evitar que se monte un hotel en cualquier sitio, y para ello exige determinados requisitos. Los agroturismos son el sector más importante del turismo rural aunque no suele haber cadenas que se dediquen a ello. En Baleares había 166 agroturismos en el año 2006 con más de 2200 plazas. Regulación: Art. 3.b.1, 2, 4, 5 (en caso de camas supletorias, se convierten en más de 24), 3.b.6. Ver anexo II de la norma 48, pág 510. Deben cumplir las condiciones de habitabilidad, pero no hay mínimos sobre sus medidas porque se trata de edificios bastante antiguos.
VI. 4. Turismo de interior
Los establecimientos no están, en este caso, en suelo rústico, sino en pueblos del interior de las islas.
Concepto: Norma 47, pág. 489, art. 2 (edificios de antes de 1940, para evitar que esas zonas se llenaran de hoteles de forma indiscriminada), Art. 3.c. puntos 3, 4, y 5.
Regulación: norma 48, anexo III, pág.510.
TEMA VII. LA PLANIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA
(ver artículo de Planificación y gestión del territorio turístico de las IB)
Hay un exceso de oferta de alojamiento. Hay que controlarla y de una manera adecuada para que no disminuya la calidad.
Varias normas han intentado regularlo y disminuir el ritmo de crecimiento. El sector del alojamiento está muy intervenido y limitado por parte de la Adm., cosa que no ocurre en otros sectores:
Decreto Cladera I (1984) 30m2/plaza + piscina+ zona verde
Decreto Cladera II (1987) 60m2/plaza + piscina+ zona verde. Este se convierte en ley 7/1988 (norma 20) pág. 249
Estos actúan como efectos limitadores y así salen menos plazas que si no lo aplicáramos, es decir se disminuye la densidad.
POOT En Mallorca 1995 y en Avisa y Formentera en 1997. Controla también la oferta de alojamiento.
Aunque la norma no lo ponga expresamente, va dirigida a controlar la oferta hotelera.
La norma 6 (pág. 73). El POOT divide en 37 las zonas turísticas en Mallorca y cada zona tiene una regulación particular. Art. 1, art. 6 (zonas), art. 14, art. 17 y art. 18 (muy imp)
El resto de artículos se refieren al plan urbanístico cuyo objetivo es limitar el crecimiento.
d) LGT 1999 Norma 4 (pág. 29) Título II: fomento de la calidad… , capítulo III: regula la oferta de alojamientos pero no dice en ningún momento que sea de esto.
Art. 51 Para dar de alta plazas primero hay que dar de baja.
N= ∑ (Ki x X) Ej: Si doy de baja 200 cuantas me autorizan 375:
X = plazas que se dan de baja = 200
Para las primeras 100 plazas, factor 2; Ki = 2
Para las plazas de la 101 a la 200: factor 1,75; Ki = 1,75
100 x 2= 200 y 100 x 1'75= 175 ==> 200 + 175 = 375
N = 375 plazas son nuevas plazas autorizadas
Las plazas para dar de baja hay que conseguirlas si queremos construir un hotel, las que se dan de baja y de alta no tienen por qué ser de la misma categoría, por lo que se pueden comprar plazas de hoteles cerrados o pequeños, de menor categoría.
Art. 52 están las excepciones.
TEMA VIII. LA OFERTA COMPLEMENTARIA
Norma 49, pág 515 Decreto 2/1992
Ordena y regula la oferta turística complementaria. Los art. 2 y 3 indican quiénes quedan sujetos a este decreto.
Art. 6 : competencias de la Adm. sobre la oferta turística.
Art. 6c potestad sancionadora
Art. del 7 al 10
Art. 19 y 20. Los precios son libres.
Norma 50 Decreto 54/2005, pág. 523 Oferta de la restauración específica. Regula el procedimiento para la inscripción de los restaurantes, bares y café.
Art. 2: modelo Anexo I, pág. 523.
NIF persona jurídica
NIE persona extranjera
CIF persona jurídica
Art. 3 y 4: sólo encabezamiento. Art. del 5 al 7
Norma 51, pág 539 Orden de 6 de julio 1992
Art. 2 Grupos y categorías IMP
Anexo I, pág. 550 Requisitos técnicos generales punto 1.
Licencia ≠ Concesión.
El uso del dominio público puede ser un uso común, especial (UE), o privativo (UP).
Uso común general: el que hacemos todos y para el que no necesitamos autorización.
Uso común Especial: no impide que los demás los usen, pero quien tiene ese uso especial obtiene un beneficio por ello (por ej. La terraza de un bar, kioscos en la calle, etc) y deben ser desmontables. Este tipo de uso está sujeto a licencia.
Uso común Privativo: Se impide o limita a los demás que lo usen (concesión de minas, de aguas). Por ej. Hay chiringuitos de playa que son fijos, restaurantes que tienen almacenes en un trozo de dominio público y ahí sólo puede entrar el dueño del local. Este tipo de uso está sujeto a concesión.
Se paga más por una concesión que por una licencia.
Norma 52, pág. 579 Es la mas importante de todas. Ley 6/1996, norma jurídica de más nivel.
Examen: pedirán las normas de mayor rango de este tema.
Desde julio de 2007 el Consell de Ibiza y Formentera se ha separado en Consell de Ibiza y Consell de Formentera. En el nuevo estatuto de autonomía del las IB, desde mayo de 2007, el turismo es competencia propia de cada consell insular. A pesar de ello, en el caso de Mallorca, la competencia la tiene la conselleria de turismo. Este estatuto tiene una disposición transitoria al respecto y está pendiente que Mallorca cumpla esta condición, que todavía debe pactarse con su Consell Insular y no con la Conselleria de turismo (especialmente los recursos económicos)
Art.1: Modernización de los establecimientos que tienen licencia de apertura de antes de 31 de enero de 1992
Art.2: Los Consells Insulars y la Conselleria de Turismo (Mallorca) se encargan de la oferta complementaria.
Art.3: Esencia del plan de modernización: Todos los establecimientos con licencia de apertura anterior al 31 de enero del 92 tienen que ser objeto de inspección y adaptarse a la normativa.
Art.4: Orden en que se tienen que hacer las inspecciones técnicas.(ojo no es cronológica en los dos primeros supuestos)
Art. Del 5 al 11 LEER por encima
Art. 12: Plazos para la mejora de establecimientos antes de inspección.
Anexo (pág. 585)examen
I. Norma de aplicación general. Algunas exigencias pueden ser eximidas por los Consells insulares o por la conselleria de turismo si están debidamente justificadas. Por ej un conflicto de normativa y la necesidad de reformas estándar para un restaurante que esté en un edifico considerado BIC que está sujeto a la Ley de Patrimonio Histórico. Los tratos de favor será denunciables ante la Administración
Se concentran los requisitos que tiene que pasar los establecimientos para superar el plazo de modernización.
II. Requisitos técnicos generales, pág 586
III. Requisitos técnicos para restaurantes pág. 586 y ss
V. Requisitos técnicos para cafeterías pág. 591
VI. Requisitos técnicos bares o cafés pág 592 y ss
Norma 53 pág 595: Ordenes para el desarrollo de la Ley de Modernización.
Regula la documentación a presentar para acreditar el cumplimiento de seguridad y prevención de incendios.
Licencia de Actividad (licencia de tracto sucesivo es otorgada por el ayuntamiento, y autoriza a una actividad y no caduca, por lo que permite la revisión y supervisión por parte de la Adm. De que se sigue haciendo la actividad. Si compras un local para 50 clientes y amplias para 80 clientes, necesitas una nueva licencia, porque de lo contrario, la actividad sería ilegal). La licencia de actividad engloba: Licencia de instalación (que se ha autorizado muchas veces con la licencia de obras) + Licencia de apertura y funcionamiento.
El tribunal Supremo ha dicho que sin la licencia de funcionamiento, el local no es legal, aunque durante mucho tiempo ha habido bastante tolerancia al respecto. El TS aclara que esa costumbre no es fuente del derecho.
Sin esa licencia no se puede abril el local al público (Ley 8/1995) del Parlamento Balear (Leer si se quiere ampliar info.) regulaba las licencias de actividades, pero fue derogada por la Ley 16/2006 de Licencia Integral de actividad.
Norma 54 pág 597 y ss. Orden pro la que se aprueban los distintivos de restaurante, bar o cafetería modernizado.
TEMA IX. OTRAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
IX. 1. El turismo deportivo. Concepto.
Las IB desarrolla con 3 decretos las distintas manifestaciones de turismo deportivo:
Norma 58 (pág. 637) Regula la pesca deportiva y recreativa a las aguas interiores del archipiélago balear . Decreto de la CAIB donde hay competencias de la Conselleria de agricultura y pesca y la de Turismo. Normativa sometida a la normativa estatal.
Art. 3: De lista 6ª, sujeta a una explotación empresarial, no es pesca profesional.
Art. 4: Nominal: por persona
Art. 5 i bis, art. 6 y art. 12
Norma 59 , pág. 647 Ha sido derogada en 2007, la nueva norma la tenemos en fotocopia “Decreto 40/2007 de 13 de abril”: Regula el buceo deportivo y recreativo en la Comunidad autónoma de las Islas Baleares. Este decreto no regula el buceo profesional.
Norma 60 (pág. 653) Centros lucrativos de actividades náuticas de piragüismo. Art. 1, 4, 5 y 6.
IX. 2. Los campos de golf
Norma 46 (pág. 481) Ley 12/1988 de las IB: en estos momentos, esta ley está en fase de tramitación de una nueva normativa de campos de golf en la que se prohibirá la oferta complementaria en los campos de golf. Aún no está aprobado (pedir antes del examen si ya lo está)
En la actualidad, la ley de campos de golf tiene suspendida su vigencia desde el año 2000, no rige desde ese año, en Ibiza y Formentera.
Art. 1: A la comisión insular de urbanismo (Consell Insular)
Art. 3: Para poder construir un campo de golf con oferta complementaria al menos tiene que tener 18 hoyos.
Art. 4!!: No está permitido utilizar acuíferos de agua dulce
Art. 6: No incluye oferta complementaria
Art. 11: Evitan la segregación de parcelas que evitan más urbanización.
TEMA X. LAS AGENCIAS DE VIAJES
26/02/2008 Y 04/03/2008
Diferentes tipos de contrato que hay entre dos entes/empresas privadas pero hay una regulación administrativa.
Norma 55 Decreto 60/1997 Reglamento de las Agencias de viaje de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (pág. 603)
Norma 55 Art. 13.5, 14, 15 y 16 y otros. capítulo VI sobre la protección pág. 613 , ver nueva norma Art. 163 de RDL 1/2007 de 16 nov.
Por lo tanto la regulación de cada Comunidad autónoma son parecidos pero no exactos y pueden variar en una cuantas cosas y/o condiciones (descentralización).
Art. 1.2: Mediación y/ o organización (paquetes turísticos) de servicios turísticos. Es intermediario entre el cliente y el prestador de servicios (hoteles, servicios, transportes…)
Título- licencia: Autorización administrativa (constitutiva). Permite que la empresa se constituya sino no, no puede existir aunque esté registrada al registro mercantil. (Es más que una autorización)
Este título- licencia es para controlar los fraudes que antes podían surgir.
Art. 2: Actividades de las agencias de viaje: Reserva, venta y excursiones.
b- La ley 21/1995 ha sido derogada por la “ley general de Defensa de Consumidores y Usuarios (2007: BOE 30 Nov. 07)” (fotocopia)
art. 2.2: Otras funciones de la agencia complementarios a las principales: Infor. Turística, cambio de divisas, seguros…
art. 2.3: Depende de la contratación privada ya no de la administrativa.
Art. 3: (Mirar norma 4 art. 31 pág. 41) Detallista = a antiguo minorista.
Art. 4: Título- licencia (tramitación administrativa)
Autorización Constitutiva: Le da la condición de agencia de viajes y si no la tiene no podrá ser reconocida como tal.
La póliza puede ser directa (error que pueda hacer esta) o subsidiarias/ indirectas (errores que puedan suceder en las empresas contratadas).
Art. 4.2 d: Durante el inicio basta la solicitud. No nos tenemos que aprender los requisitos.
Art. 6: 3 meses a partir de que la documentación está completa.
Art. 8 y 10
Art. 11: Revocación Acto administrativo que lleva a los derechos de la empresa que anteriormente le había concedido (normalmente por incumplimiento de alguna de las condiciones).
Art. 14: Criterios de publicidad (en el punto 3 no se incluye Internet)
Art. 15 y 16
Anulación de los servicios turísticos: Gastos de gestión + anulación
Entre 10 y 15 días antes Se pagará un 5% de anulación sobre el importe total
Entre 3 y 10 días Un 15%
Entre 1 y 2 días 25%
Art. 17: Ejercicio ilícito de la actividad
Art. 18: El punto 1 es la regla y en el punto 4 están las excepciones
XI. LAS PROFESIONES TURÍSTICAS
XI.1. La formación de los profesionales del turismo.
Hay 2 niveles de enseñanza- profesiones el Nivel Universitario y las FP.
En los 60's- 70's el título era Técnico en Empresas Turísticas (TET): No estaba en la universidad sino en una escuela oficial de turismo en Madrid y también había otras escuelas afiliadas que estaban en diferentes zonas de España.
En los 80's Técnico en Empresas y Actividades Turísticas (TEAT).
A finales de los 80's Diplomatura de Turismo como sustitutiva de la TEAT. Este ya era un título oficial. Las universidades tienen títulos oficiales y propios. La UIB tiene un título propio que es dirección hotelera internacional (4 años) y también tuvo el título superior de turismo que era como la licenciatura en Turismo pero no era oficial.
En el 96 salió un decreto en el que la diplomatura solo se podía dar en las universidades por lo tanto, todas las escuelas privadas tuvieron que adscribirse a una Universidad.
XI.2. Los directores de establecimientos: (Norma 17)
Pág. 229: (art. 1 es el más importante los otros sólo hay que leerlos).
Esta norma se incumple en su inmensa mayoría.
Art. 1 a,b,f,h
se superpone al apartado 1.
Art. 2 En la realidad no se aplica, además el TEAT ya no existe.
También lo pueden ser los licenciados en LADE, empresariales o cualquier otra persona aunque no esté titulada.
Art. 8.2 Registro ya no existe
Art. 13 Registro de las personas realmente capacitadas. (Este tampoco existe)
Art. 9 y 10.
XI.3. Los guías turísticos.
Norma 18, pág. 235, Art.: del 2 al 11. El art. 14 IMP
Existe un colegio de Guías.
En cuanto al art. 14 habría que saber qué ocurre si se incumplen las obligaciones. Hay que saber si el incumplimiento supone una infracción y si es sancionable. Para que una conducta sea sancionable debe estar tipificada. Principio de tipicidad.
Norma 18, Art. 15 y 16 y disp. Adicional 1ª y 2ª.
desarrollado también la norma 19.
XII. RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE TURISMO.
OJO, queda incluido en la LGT Norma 4, Art. 61
Titulo III de la inspección turística.
Función inspectora: función de la administración. En Mallorca, es la conselleria de turismo, en el resto de islas es el Consell Insular correspondiente.
Art. 61 y 62: carácter protector o tuitivo, art. 63
Art. 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común LPAC 30/1992 muy imp: las actas que levantan los funcionarios que se tengan en consideración de agente de la autoridad se presumirán ciertas, en principio, la carga de la prueba la tendrá la otra parte, el imputado.
Art. 64, 65 y 66
Actas de inspección MUY IMP:
La 2 y la 4 son las más importantes.
Un acta siempre son hechos tanto conformes con las normas o que contradigan las normas, de las que se puedan derivar sanciones administrativas o incluso penales. La obstrucción es, en realidad, una infracción también y puede suponer un expediente o procedimiento que derive en sanción.
Las actas de Conformidad, son en las que el inspector da la conformidad conforme a lo que ha visto, pero OJO, firmar un acta no es siempre dar la conformidad por parte del inspector.
La firma del representante de la empresa supone la notificación del acta pero no la aceptación del contenido.
XII.4. Infracciones y sanciones y XII.5. Procedimiento sancionador.
Norma 4, art. 67 y ss
Principio de tipicidad: Para que una conducta sea sancionable debe estar tipificada. Sólo es una infracción lo que esté prevista como tal en la Ley. Cualquier ilegalidad no tiene por qué ser una infracción.
Principio de Responsabilidad: sólo se sanciona a quien se considera responsable.
Principio de Proporcionalidad: debe haber proporcionalidad entre la sanción y la infracción.
Art. 68 y 69:
Infracción grave	La admin.. inicia procedimiento sancionador	Alegaciones
En este caso, no prescribe porque se ha iniciado el expediente antes de finalizar el plazo. Ese procedimiento puede acabar en sanción o no.
Principio de derecho: nadie puede ser condenado sin ser oído.
Clasificación de las infracciones: Norma 4: art. Del 70 al 74
Sanciones: Norma 4: art. Del 74 al 78
Art. 76 Competencias.
EXAMEN: preguntas cortas y conceptos: 5 líneas como máximo, por ejemplo: ¿qué es un guía?. Duración 1 hora y media.
El profesor quiere saber si conocemos los conceptos pero no hace falta saberlos de memoria, Tampoco es necesario saber los títulos de las leyes.
Derecho Público del Turismo (3º de Turismo) Pág. 1
Prof.:Avel.lí Blasco y Gabriel Payeras Curso 2007/2008