Source: http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-14/legislacion/2359-legislacion-estatal-numero-14-0-6683212217579794
Timestamp: 2019-04-19 17:15:36
Document Index: 268046229

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 104', 'artículo 97', 'artículo 379', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 241', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 45', 'artículo 47', 'artículo 202', 'artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 3']

Legislación Estatal. Número 14
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. BOE 29-5-07. Ir a la Disposición.
Según su propia Exposición de Motivos, la nueva Ley del Suelo se fundamenta en los siguientes factores evolutivos:
En primer lugar, la Constitución de 1978 vino a establecer un nuevo marco de referencia para la materia, tanto en lo dogmático como en lo organizativo. La Constitución se ocupa de la regulación de los usos del suelo en su artículo 47, dentro del bloque normativo ambiental formado por sus artículos 45 a 47, de donde cabe inferir que las diversas competencias concurrentes en la materia deben contribuir de manera leal a la política de utilización racional de los recursos naturales y culturales, en particular el territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectónico. Pero además, del nuevo orden competencial instaurado por el bloque de la constitucionalidad, según ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta que a las Comunidades Autónomas les corresponde diseñar y desarrollar sus propias políticas en materia urbanística, mientras que al Estado le corresponde a su vez ejercer ciertas competencias que inciden sobre la materia, pero debiendo evitar condicionarla en lo posible.
Pues bien, en los últimos años, el Estado ha legislado de una manera un tanto accidentada. Así, desde que en 1992 se promulgara el último Texto Refundido Estatal de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, se han sucedido seis reformas de diverso calado, además de las dos operaciones de «legislación negativa» en sendas Sentencias Constitucionales, las número 61/1997 y 164/2001, sin que esta evolución pueda ser el marco idóneo en el que las Comunidades Autónomas han de ejercer sus propias competencias legislativas sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Para superar esta situación, se ha optado, no por añadir nuevos retoques y correcciones, sino por una renovación más profunda plenamente inspirada en los valores y principios constitucionales antes aludidos.
Para ello, se prescinde por primera vez de regular técnicas específicamente urbanísticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar un concreto modelo urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la comprensión de este marco común. No es ésta una Ley urbanística, sino una Ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en lo que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente encomendada al Estado. Una Ley que respete las competencias exclusivas atribuidas a las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y, en particular, sobre patrimonios públicos de suelo.
En segundo lugar, la Ley se propone garantizar en estas materias las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales de los ciudadanos. En este sentido, esta Ley abandona el criterio reduccionista con el que, hasta ahora y según la Exposición de Motivos, el legislador estatal venía abordando el estatuto de los derechos subjetivos afectados por el urbanismo. Hasta ahora se reservaba a la propiedad del suelo el derecho exclusivo de iniciativa privada en la actividad de urbanización, provocando la identificación de los derechos y deberes constitucionales con los de la propiedad. Pero los derechos constitucionales afectados son también otros, como el de participación ciudadana en los asuntos públicos, el de libre empresa, el derecho a un medio ambiente adecuado y, sobre todo, el derecho a una vivienda digna y adecuada.
En tercer y último lugar, el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto del necesario crecimiento urbano y apostando por la regeneración de la ciudad existente. Al respecto, la Unión Europea insiste claramente en ello, para lo que propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica. El suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable.
Con ello, pasamos al análisis del nuevo texto legal, compuesto por un Título Preliminar y cinco Títulos más.
El Título preliminar de la Ley se dedica a aspectos generales, tales como la definición de su objeto y la enunciación de algunos principios que la vertebran, de acuerdo con la filosofía expuesta anteriormente.
Así, según el artículo 1, el objeto de esta ley es regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal; y establecer las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia.
- Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes (art. 2).
- Y la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes (art. 3).
El Título primero se ocupa del estatuto de derechos y deberes de los sujetos afectados, los cuales inspiran todo el resto del articulado. Con este objeto, se definen tres estatutos subjetivos básicos que cabe percibir como tres círculos concéntricos:
1º.- El de la ciudadanía en general en relación con el suelo y la vivienda, que incluye derechos y deberes de orden socio-económico y medioambiental de toda persona con independencia de cuáles sean su actividad o su patrimonio.
2º.- El régimen de la iniciativa privada para la actividad urbanística, que es una actividad económica de interés general que afecta tanto al derecho de la propiedad como a la libertad de empresa..
3º.- El estatuto de la propiedad del suelo, definido -como es tradicional entre nosotros- como una combinación de facultades y deberes, entre los que ya no se cuenta el de urbanizar por las razones expuestas en el párrafo anterior, aunque sí el de participar en la actuación urbanizadora de iniciativa privada en un régimen de distribución equitativa de beneficios y cargas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 4 recoge los siguientes derechos del ciudadano:
a) Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible.
b) Acceder a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso público.
c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental.
d) Ser informados por la Administración competente del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada.
e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas.
f) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística.
Por otra parte, se establece que el régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda (art. 7).
El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación aplicable por razón de las características y situación del bien. Comprende asimismo la facultad de disposición, siempre que su ejercicio no infrinja el régimen de formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas establecido en el artículo 17 (art. 8)
El derecho de propiedad del suelo comprende, cualquiera que sea la situación en que éste se encuentre y sin perjuicio del régimen al que esté sometido por razón de su clasificación, los deberes de dedicarlo a usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística; conservarlo en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. En el suelo urbanizado que tenga atribuida edificabilidad, el deber de uso supone el de edificar en los plazos establecidos en la normativa aplicable. En el suelo rural o esté vacante de edificación, el deber de conservarlo supone mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, para la seguridad o salud públicas, daño o perjuicio a terceros o al interés general, incluido el ambiental (art. 9).
En el Título II se recogen las bases del régimen del suelo.
El artículo 10 recoge los criterios básicos de utilización del suelo, señalando los siguientes deberes de las Administraciones Públicas:
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública. Esta reserva, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 % de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización.
Según el artículo 12, todo el suelo se encuentra en una de las situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado.
Está en la situación de suelo rural:
a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización.
Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población.
Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su naturaleza. Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural, salvo los que hayan sido incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización. Desde que los terrenos queden incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización, únicamente podrán realizarse en ellos:
a) Con carácter excepcional, usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la sectorial.
b) Obras de urbanización cuando concurran los requisitos para ello exigidos en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como las de construcción o edificación que ésta permita realizar simultáneamente a la urbanización (art. 13).
Según el art. 14, se entiende por actuaciones de transformación urbanística: las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación
El art. 16 recoge los deberes de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística:
a. Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas.
b. Entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, que no podrá ser inferior al 5 % ni superior al 15 %.
c. Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes.
d. Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a que se refiere la letra anterior que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública.
e. Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él.
f. Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.
Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes del apartado anterior.
En cuanto a la formación de fincas y parcelas y relación entre ellas, el art. 17 distingue:
- Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral.
- Parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.
La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística.
La constitución de finca o fincas en régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola parcela, siempre que dentro del perímetro de ésta no quede superficie alguna que, conforme a la ordenación territorial y urbanística aplicable, deba tener la condición de dominio público, ser de uso público o servir de soporte a las obras de urbanización o pueda computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal a que se refiere la letra a del apartado 1 del artículo anterior.
Los instrumentos de distribución de beneficios y cargas producen el efecto de la subrogación de las fincas de origen por las de resultado y el reparto de su titularidad entre los propietarios, el promotor de la actuación, cuando sea retribuido mediante la adjudicación de parcelas incluidas en ella, y la Administración, a quien corresponde el pleno dominio libre de cargas de los terrenos a que se refieren las letras a y b del apartado 1 del artículo anterior.
La infracción de cualquiera de las disposiciones del apartado anterior faculta al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro años y exigir la indemnización que proceda conforme a la legislación civil.
Con ocasión de la autorización de escrituras públicas que afecten a la propiedad de fincas o parcelas, los notarios podrán solicitar de la Administración Pública competente información telemática o, en su defecto, cédula o informe escrito expresivo de su situación urbanística y los deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento estén afectas. Los notarios remitirán a la Administración competente, para su debido conocimiento, copia simple en papel o en soporte digital de las escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido información urbanística, dentro de los diez días siguientes a su otorgamiento. Esta copia no devengará arancel.
En los títulos por los que se transmitan terrenos a la Administración deberá especificarse, a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, el carácter demanial o patrimonial de los bienes y, en su caso, su incorporación al patrimonio público de suelo (art. 18).
El artículo 19 establece que para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo. Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de ésta conforme a la descripción del proyecto, la acreditación documental del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y el otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, de las autorizaciones administrativas que prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración de obra nueva, los registradores exigirán el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
El Título III aborda los criterios de valoración del suelo y las construcciones y edificaciones, a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Desde la Ley de 1956, la legislación del suelo ha establecido ininterrumpidamente un régimen de valoraciones especial que desplaza la aplicación de los criterios generales de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Lo ha hecho valorando el suelo a partir de cuál fuera su clasificación y categorización urbanísticas, esto es, partiendo de cuál fuera su destino y no su situación real.
Con la presente Ley, y para impedir la especulación, se cambia de criterio, desvinculando clasificación y valoración. Debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto. En consecuencia, y con independencia de las clases y categorías urbanísticas de suelo, se parte en la Ley de las dos situaciones básicas ya mencionadas: suelo rural y suelo urbanizado. Ambos se valoran conforme a su naturaleza, de forma que los criterios de valoración establecidos persiguen determinar el valor de sustitución del inmueble en el mercado por otro similar en su misma situación.
En el suelo rural, se abandona el método de comparación y se adopta el método de la capitalización de rentas, pero sin olvidar que, sin considerar las expectativas urbanísticas, la localización influye en el valor de este suelo, siendo la renta de posición un factor relevante en la formación tradicional del precio de la tierra. En el suelo urbanizado, los criterios de valoración que se establecen tratan de dar lugar a tasaciones siempre actualizadas de los inmuebles, distinguiéndose entre el suelo edificado y el que no lo está.
En materia de expropiación forzosa, se recogen sustancialmente las mismas reglas que ya contenía la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. A destacar que el acta de ocupación para cada finca o bien afectado por el procedimiento expropiatorio será título inscribible, siempre que incorpore su descripción, su identificación conforme a la legislación hipotecaria, su referencia catastral y su representación gráfica mediante un sistema de coordenadas y que se acompañe del acta de pago o justificante de la consignación del precio correspondiente.
En materia de reversión y de responsabilidad patrimonial, los supuestos de una y otra se adaptan a la concepción de esta Ley sobre los patrimonios públicos de suelo y las actuaciones urbanizadoras, respectivamente, manteniéndose en lo demás también los criterios de la Ley anterior. Se introduce, además, un derecho a la retasación cuando una modificación de la ordenación aumente el valor de los terrenos expropiados para ejecutar una actuación urbanizadora, de forma que se salvaguarde la integridad de la garantía indemnizatoria sin empeñar la eficacia de la gestión pública urbanizadora.
El Título V de la Ley contiene diversas medidas de garantía del cumplimiento de la función social de la propiedad inmobiliaria.
Los artículos 31 y 32 se refieren a la venta o sustitución forzosas, estableciendo que el incumplimiento de los deberes de edificación o rehabilitación previstos en esta Ley habilitará para la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad o la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas.
La venta o sustitución forzosas se iniciará de oficio o a instancia del interesado y se adjudicará mediante procedimiento con publicidad y concurrencia. Dictada resolución declaratoria del incumplimiento de deberes del régimen de la propiedad del suelo y acordada la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas, la Administración actuante remitirá al Registro de la Propiedad certificación del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la última inscripción de dominio. La situación de venta o sustitución forzosas se consignará en las certificaciones registrales que de la finca se expidan. Resuelto el procedimiento, la Administración actuante expedirá certificación de la adjudicación, que será título inscribible en el Registro de la Propiedad. En la inscripción registral se harán constar las condiciones y los plazos de edificación a que quede obligado el adquiriente en calidad de resolutorias de la adquisición.
Los artículos 33 y 34 regulan los llamados patrimonios públicos de suelo, integrados por los bienes, recursos y derechos que adquiera la Administración en virtud del deber a que se refiere la letra b del apartado 1 del artículo 16, y deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
Los terrenos adquiridos por una Administración en virtud del deber a que se refiere la letra b del apartado 1 del artículo 16, que estén destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, no podrán ser adjudicados, ni en dicha transmisión ni en las sucesivas, por un precio superior al valor máximo de repercusión del suelo sobre el tipo de vivienda de que se trate, conforme a su legislación reguladora. En el expediente administrativo y en el acto o contrato de la enajenación se hará constar esta limitación.
Las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino de las fincas integrantes de un patrimonio público de suelo que se hagan constar en las enajenaciones de dichas fincas son inscribibles en el Registro de la Propiedad, no obstante lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Hipotecaria y sin perjuicio de que su incumplimiento pueda dar lugar a la resolución de la enajenación.
El contenido del Título se cierra con una regulación del régimen del derecho de superficie (arts. 35 y 36) dirigida a superar la deficiente situación normativa actual de este derecho y favorecer su operatividad para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Destacamos lo siguiente:
El derecho de superficie puede constituirse a título oneroso o gratuito; y se rige por las disposiciones de este Capítulo, por la legislación civil en lo no previsto por él y por el título constitutivo del derecho.
El derecho de superficie es susceptible de transmisión y gravamen con las limitaciones fijadas al constituirlo. Cuando las características de la construcción o edificación lo permitan, el superficiario podrá constituir la propiedad superficiaria en régimen de propiedad horizontal con separación del terreno correspondiente al propietario, y podrá transmitir y gravar como fincas independientes las viviendas, los locales y los elementos privativos de la propiedad horizontal, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad del consentimiento del propietario del suelo.
El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la ordenación territorial y urbanística en el plazo previsto en el título de constitución y, en todo caso, por el transcurso del plazo de duración del derecho. A la extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado. Si por cualquier otra causa se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie.
Por último, la presente Ley deroga la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones; diversos artículos del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio; y los artículos 38 y 39 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Entra en vigor el 1 de julio del presente año.
Adaptación del Reglamento del Registro Mercantil a la Ley de Sociedades Anónimas Europeas
Real Decreto 659/2007, de 25 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, para su adaptación a las disposiciones de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. BOE 8-6-07. Ir a la Disposición.
La presente reforma del Reglamento del Registro Mercantil tiene por objeto su adaptación a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, que se aprobó para cumplir la obligación impuesta por el Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, de adoptar todas aquellas disposiciones que sean precisas para garantizar la efectividad en España de las normas de aplicación directa que en él se contienen.
Esta modificación reglamentaria, siguiendo el esquema marcado por la Ley, parte de la distinción entre los diferentes procedimientos constitutivos de una sociedad anónima europea, mediante fusión, por transformación de una sociedad anónima española y por constitución de una sociedad anónima europea filial o de una sociedad anónima europea holding; a lo que cabe añadir el traslado a España del domicilio de una sociedad anónima europea.
Por otro lado, la Ley 19/2005 también sirvió para introducir determinadas modificaciones en la Ley de Sociedades Anónimas, no vinculadas con el régimen de las sociedades anónimas europeas, pero que también han de tener su reflejo en el Reglamento del Registro Mercantil. A este propósito responde la modificación que se introduce en el artículo 104, que se adapta al nuevo artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, e incorpora a su contenido las especialidades de la publicación de un complemento a la convocatoria de una Junta. Así como las modificaciones de los artículos 163.1 y 170.3, que se adaptan a las modificaciones introducidas por la Ley 19/2005 para la reducción de costes de publicidad de determinados acuerdos sociales.
Reproducimos a continuación todos los artículos del Reglamento afectados con su nueva redacción:
1. En los Estatutos se consignará la denominación de la sociedad, con la indicación Sociedad Anónima o su abreviatura S. A.. Tratándose de sociedad anónima europea la sigla SE deberá constar delante o detrás de su denominación.
Traslado a un estado miembro de la UE
2. Cuando algún accionista hubiere ejercitado el derecho de separación dentro del plazo legal, los administradores de la sociedad, una vez transcurrido dicho plazo, publicarán el acuerdo de reducción del capital social en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de gran circulación en la provincia en que la sociedad tuviera su domicilio.
3. En la escritura se expresará, además, la fecha de publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y se presentará en el Registro Mercantil un ejemplar del diario en que se hubiera publicado dicho anuncio o copia del mismo.
El proyecto de fusión, salvo que se halle depositado en el mismo Registro.
Los ejemplares de los diarios en que se hubiesen publicado la convocatoria de la Junta y el acuerdo de fusión.
El informe de los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusión, explicando y justificando el proyecto.
El informe o informes del experto o expertos independientes sobre el proyecto de fusión y sobre el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen, cuando fueran obligatorios.
Dieciséis. Se añade un nuevo párrafo e al artículo 379, con la siguiente redacción:
8ª S.E., para la sociedad anónima europea.
El presente Real Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
Orden PRE/1282/2007, de 10 de mayo, sobre medios económicos cuya disposición habrán de acreditar los extranjeros para poder efectuar su entrada en España. BOE 11-5-07. Ir a la Disposición.
La presente Orden viene a desarrollar el artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que enuncia entre los requisitos para la entrada en territorio español de los extranjeros, el de acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretendan permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios; así como el artículo 8 del Reglamento 2393/2004, de 30 de diciembre, que añade que mediante Orden se determinará la cuantía de los medios de vida exigibles a estos efectos, así como el modo de acreditar su posesión. Sustituye a la antigua Orden de 22 de febrero de 1989.
Esta Orden será de aplicación a los extranjeros que se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 4/2000 que deseen efectuar su entrada en territorio español. No será aplicable a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de la Confederación Suiza o del Principado de Andorra, así como a sus familiares.
Los extranjeros incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Orden, deberán acreditar, si son requeridos para ello por los funcionarios encargados de efectuar el control de entrada de personas en territorio español, que disponen de recursos económicos, en la cuantía que, con el carácter de mínima, se indica a continuación:
En el caso de que se compruebe que un extranjero carece de recursos económicos suficientes para el tiempo que desea permanecer en España y para continuar su viaje al país de destino o para regresar al de procedencia, se denegará su entrada en territorio español. Excepcionalmente, los funcionarios responsables del control de entrada podrán permitir la entrada, reduciendo el tiempo de estancia en proporción a la cuantía de los recursos de que se dispongan.
No será necesaria la exigencia de cumplimiento de lo dispuesto anteriormente a los extranjeros comprendidos en el ámbito de aplicación de la Orden, que se encuentran incluidos en alguno de los apartados siguientes:
c) Que se presenten en el puesto fronterizo provistos de pasaporte en vigor y autorización de regreso expedida según lo previsto en los artículos 6.3 y 18.6 y 7 del Reglamento 2393/2004.
La exigencia de acreditación de recursos económicos se hará en modo sistemático y exhaustivo en las fronteras exteriores, en las entradas de transportes terrestres, marítimos y aéreos procedentes o con escala en terceros países, especialmente sobre nacionales de países estadísticamente más sensibles a la emigración irregular hacia España. La presente Orden entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Nueva regulación de las cartas de invitación
Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que se establecen los términos y requisitos para la expedición de la carta de invitación de particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional por motivos de carácter turístico o privado. BOE 11-5-07. Ir a la Disposición.
Entre los diversos requisitos que la normativa de extranjería establece para autorizar la entrada en el territorio español de los extranjeros nacionales de países que no formen parte de la Unión Europea o de aquellos otros a los que no sea de aplicación el régimen comunitario de extranjería, se encuentra el de presentar los documentos que justifiquen el objeto y condiciones de estancia en nuestro país. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Extranjería, en el artículo 25, aborda, de forma genérica, el cumplimiento de ese requisito, dejando su determinación al desarrollo reglamentario. Por su parte, el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre desarrolla la citada previsión legal en el artículo 7, que relaciona algunos de los documentos que pueden servir para justificar o establecer la verosimilitud del motivo de entrada invocado. Entre estos documentos se encuentra la carta de invitación de un particular para los viajes que tengan carácter turístico o privado, cuya presentación puede ser exigida por los funcionarios responsables del control de entrada, en el puesto fronterizo por el que pretenda efectuar la entrada cuando se trate de nacionales de terceros países no sujetos a la obligación de portar visado de estancia.
Pues bien, con la presente Orden se sustituye el sistema actualmente vigente de acta notarial de invitación por un procedimiento administrativo que se regula en la misma y que a continuación veremos.
La Exposición de Motivos justifica la promulgación de la presente norma por la cada vez mayor proliferación de invitaciones realizadas por particulares, tanto las que efectúan los nacionales españoles como los extranjeros residentes en España, las cuales deben ser objeto de un control efectivo, no sólo respecto de la declaración del particular invitante, en donde se contengan datos relativos a su identidad, relación o vínculo que mantiene con el extranjero, disponibilidad de medios económicos para sufragar los gastos de alojamiento derivados de esa invitación y de las responsabilidades en que pudiera llegar a incurrir ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones, sino también, de la propia carta de invitación, mediante la confección de un documento específico, establecido al efecto, que reúna determinadas medidas de seguridad que impidan su falsificación o el uso fraudulento del mismo. Y añade que la extensión de los efectos de esta carta de invitación queda limitada a justificar el requisito relativo al hospedaje.
Así, la presente Orden tiene por objeto:
En cuanto al procedimiento de obtención, el particular que pretenda obtener una carta de invitación a favor de un extranjero deberá dirigir su solicitud a la Comisaría de Policía de su lugar de residencia, que será la competente para su tramitación y expedición. La solicitud deberá contener los extremos señalados en el artículo 2 de la presente Orden.
La notificación de la resolución favorable de la solicitud surtirá efectos para que se proceda al abono de la tasa correspondiente. El abono de la tasa habrá de realizarse en el plazo de un mes desde la referida notificación, y el justificante de dicho abono deberá aportarse para recoger la Carta de invitación.
La denegación de la solicitud habrá de ser motivada y expresará los recursos que contra ella procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubiera de presentarlos y el plazo para interponerlos.
Por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, a través de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, y previo informe de la Dirección General de Inmigración, se elaborará y confeccionará el modelo oficial de la Carta de invitación. La presente Orden entrará en vigor a los treinta días de su publicación.
DEMARCACIONES NOTARIAL Y REGISTRAL.
Corrección de errores del Real Decreto 173/2007, de 9 de febrero, sobre demarcación Notarial. BOE 9-6-07. Ir a la Disposición.
Corrección de errores del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. BOE 9-6-07. Ir a la Disposición.
Publicadas las correcciones de errores de las demarcaciones registral y notarial. En cuanto a ésta última, se rectifica la clase de varias Notarías y se corrige la inclusión de algunas Notarías en sus correspondientes Distritos. Lo más destacable es la ampliación de cuatro a cinco Notarías en Marbella, si bien una de las allí demarcadas deberá trasladarse a San Pedro de Alcántara.
REGLAMENTO REGISTRO MERCANTIL: PUBLICIDAD DE RESOLUCIONES CONCURSALES.
Sentencia de 28 de marzo de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan los arts. 323.1, 2 y 3 y 324 del Reglamento del Registro Mercantil en la redacción dada por el artículo 10 del Real Decreto 685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales, el artículo 4.1, en el particular relativo a la Sección Segunda del portal referido a «liquidadores y apoderados inhabilitados», el artículo 9.1.b), último inciso desde las palabras «y que hayan de publicarse en el portal» hasta el final y el artículo 9.3, disposición adicional única, transitoria única y final segunda en cuanto se refieren al portal previsto en el art. 324 del Reglamento del Registro Mercantil. BOE 11-6-07. Ir a la Disposición.
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. BOE 25-5-07. Ir a la Disposición.
La presente reforma pretende reordenar la dedicación que el Tribunal Constitucional otorga a cada una de sus funciones para cumplir adecuadamente con su misión constitucional.
Así, en relación al recurso de amparo, destacan las siguientes modificaciones, dirigidas a solucionar el problema derivado del crecimiento del número de este tipo de recursos:
- El cambio en la configuración del trámite de admisión del recurso. Y es que frente al sistema anterior de causas de inadmisión tasadas, la reforma introduce un sistema en el que el recurrente debe alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional, dada su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución. Por tanto, se invierte el juicio de admisibilidad, ya que se pasa de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a la verificación de la existencia de una relevancia constitucional en el recurso de amparo formulado.
- Se atribuye potestad resolutoria a las Secciones.
- Y se introduce una nueva regulación de la cuestión interna de constitucionalidad para los casos en los que la estimación del amparo traiga causa de la aplicación de una ley lesiva de derechos o libertades públicas. En tales supuestos la nueva regulación ordena elevar la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia de amparo, de manera que la cuestión de inconstitucionalidad se resolverá por el Pleno en ulterior sentencia.
Por otra parte, la ley intensifica el papel de las partes litigantes del proceso judicial en el que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad, ya que no sólo se les permite realizar alegaciones sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, sino que también se permiten alegaciones sobre el fondo de la cuestión. Al tiempo, se introduce la posibilidad de personación de los litigantes del proceso judicial ante el Tribunal Constitucional en los 15 días siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la admisión a trámite de las cuestiones de inconstitucionalidad, para permitir la contradicción en este procedimiento de constitucionalidad.
Asimismo, se modifica el incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. De este modo se introduce una configuración del incidente mucho más amplia, porque se permite su solicitud con base en cualquier vulneración de alguno de los derechos fundamentales referidos en el artículo 53.2 de la Constitución en lugar de la alegación de indefensión o incongruencia prevista hasta el momento. Esta ampliación del incidente de nulidad de actuaciones previo al amparo busca otorgar a los tribunales ordinarios el papel de primeros garantes de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico.
Por último, se modifica el régimen interno y la organización del Tribunal.
Real Decreto 503/2007, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales. BOE 9-5-07. Ir a la Disposición.
El presente Real Decreto modifica los siguientes artículos del Reglamento Postal:
- El artículo 37, para establecer las condiciones específicas que faciliten la entrega de los envíos postales generales en ámbitos, en los que la baja densidad de población, el aislamiento de fincas o casas, la evolución del número de viviendas construidas, el grado de utilización o desocupación de las mismas y el índice de utilización del servicio postal, puedan crear inseguridad jurídica y problemas de funcionalidad en la distribución y reparto de correspondencia.
- El artículo 45, que determina los plazos de expedición y las normas de regularidad de los envíos postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal.
- Y el artículo 47, para incorporar al propio reglamento las fórmulas e importes de las minoraciones de la cuantía anual de financiación pública del servicio postal universal por incumplimiento de los parámetros de calidad, establecidos en el Plan de prestación del servicio postal universal para el operador que tiene encomendada esa prestación.
Recordemos que el nuevo artículo 202 del Reglamento Notarial establece que, en las actas de notificación y requerimiento, el notario, siempre que no pueda hacer entrega de la cédula, deberá enviar la misma por correo certificado con acuse de recibo, tal y como establece el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre.
Resolución de 20 de abril de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2007, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados concedidos en el marco de los Programas 1992 y 1995 (Plan de Vivienda 1992-1995), Programa 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999) y Plan de Vivienda 2002-2005. BOE 5-5-07. Ir a la Disposición.
El tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el programa 1992 del Plan de Vivienda 1992-1995, entre las entidades de crédito y el Ministerio de Vivienda, continuará siendo el 4,08 por 100 anual.
El tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos cualificados concedidos en el marco de los convenios suscritos para los programas 1995 (Plan de Vivienda 1992-1995) y 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999) será del 4,18 por 100 anual.
Y el nuevo tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos cualificados concedidos en el marco de los convenios suscritos para el Plan de Vivienda 2002-2005 será del 4,39 por 100 anual.
Resolución de 20 de abril de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2007, por el que se fija el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos convenidos que se concedan en el ámbito del Plan Estatal 2005-2008. BOE 5-5-07. Ir a la Disposición.
El tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos convenidos a conceder por las entidades de crédito que hayan suscrito con el Ministerio de Vivienda los correspondientes convenios de colaboración para la financiación de las actuaciones protegidas en el marco del Plan Estatal 2005-2008, será el 4,35 por 100. Dicho nuevo tipo de interés será de aplicación, asimismo, sin coste alguno de adecuación y tramitación para los prestatarios, a todos los préstamos convenidos ya concedidos por las entidades de crédito colaboradoras, correspondientes al citado Plan 2005-2008.
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11-5-07. Ir a la Disposición.
Las condiciones básicas que se establecen en el presente real decreto tienen por objeto garantizar a todas las personas la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. Para satisfacer este objetivo los edificios se proyectarán, construirán, reformarán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan, como mínimo, dichas condiciones básicas.
DERECHO MARITIMO: CAPITANÍAS Y DISTRITOS MARÍTIMOS.
Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos. BOE 2-6-07. Ir a la Disposición.
Este real decreto tiene por objeto regular la Administración marítima periférica española, mediante:
A estos efectos, la Administración marítima periférica se estructura en Capitanías Marítimas y Distritos Marítimos.
Deroga el Real Decreto 1246/1995, de 14 de julio, por el que se regula la constitución y creación de las Capitanías Marítimas.
DERECHO MARITIMO: BUQUES.
Real Decreto 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la Lista séptima del Registro de matrícula de buques. BOE 19-5-07. Ir a la Disposición.
A estos efectos se entenderá por «embarcación de recreo»: embarcación civil de cualquier tipo, con independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora comprendida entre 2,5 y 24 metros y esté destinada a la realización de actividades de recreo u ocio sin ánimo de lucro o para la pesca no profesional.
Orden JUS/1623/2007, de 4 de abril, por la que se aprueban los modelos de formularios de ingreso, de mandamientos de pago y de órdenes de transferencia, así como los requisitos que éstas han de reunir para su correcta recepción en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, reguladas por el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los pagos, depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. BOE 8-6-07. Ir a la Disposición.
Mediante la presente Orden se aprueban los modelos de formularios de ingreso, mandamientos de pago y órdenes de transferencia, así como los requisitos que éstas han de reunir para su correcta recepción, y de cuantos instrumentos de pago puedan ser admisibles en el futuro, dando cumplimiento así a la disposición final segunda del Real Decreto 467/2006, ya resumida en esta revista.
En cualquier caso, estos formularios tienen un carácter excepcional y residual, ya que el citado real decreto pretende la incorporación paulatina de las técnicas electrónica, informáticas y telemáticas en la actividad administrativa y judicial.
REGISTROS CIVILES: INFORMATIZACIÓN.
Orden JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre impulso a la informatización de los registros civiles y digitalización de sus archivos. BOE 29-5-07. Ir a la Disposición.
Esta Orden tiene por objeto impulsar la informatización de los Registros Civiles y para ello:
a. Se aprueba la versión de la aplicación informática Inforeg (4.0) de los Registros Civiles.
b. Se crea el Libro Complementario de Inscripciones Marginales que existirá respecto de las Secciones primera o «De nacimientos y general», segunda o «De matrimonios», tercera o «De defunciones» y cuarta o «De tutelas y representaciones legales».
c. Se regula el proceso de recuperación digital de los archivos manuscritos anteriores a la informatización de los Registros así como la gestión de las incidencias relativas a este proceso.
d. Se modifican las reglas por las que se rige la organización y llevanza de los libros que forman el archivo de los Registros Civiles Informatizados.
e. Se regula la posibilidad de la gestión informática de los expedientes tramitados en los Registros Civiles.
Orden JUS/1492/2007, de 21 de mayo, sobre organización de la Abogacía del Estado en el ámbito autonómico. BOE 30-5-07. Ir a la Disposición.
La presente Orden responde a la reciente modificación del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, a través del Real Decreto 3/2007, de 12 de enero, y viene a especificar y desarrollar las funciones y competencias de la nueva figura que se ha creado, los Abogados del Estado-Jefes en las Comunidades Autónomas, como instancia funcional de apoyo y coordinación de las Abogacías del Estado provinciales, de asesoramiento especial al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma y de auxilio a la propia Abogacía General del Estado.
EXTRANJERIA: EXIGENCIA DE VISADO A CIUDADANOS BOLIVIANOS.
Denuncia del Canje de Notas de 26 de marzo de 1962 entre España y Bolivia por el que suprimen los visados entre ambos países, hecho en La Paz el 26 de abril de 2007. BOE 7-6-07. Ir a la Disposición.
La aprobación del Reglamento del Consejo de la Unión Europea, el día 21 de diciembre de 2006, que modifica el Reglamento CE n.º 539/2001, de fecha 15 de marzo de 2001, incluye a Bolivia en las listas de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros. España para dar cumplimiento al citado Reglamento, por medio de la presente Nota denuncia el citado Canje de Notas de 26 de marzo de 1962. Esta denuncia surtirá efectos en el plazo de dos meses a partir de la fecha de esta Nota.
Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE 9-6-07. Ir a la Disposición.
IS E IRNR: MODELOS.
Orden EHA/1433/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. BOE 25-5-07. Ir a la Disposición.
CENSO DE PROFESIONALES.
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. BOE 10-5-07. Ir a la Disposición.
ASOCIACIONES: PRESENTACIÓN TELEMÁTICA.
Resolución de 8 de mayo de 2007, de la Subsecretaría, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de la tasa con código 017 «Tasas por inscripción y publicidad de asociaciones», previstas en el artículo 35 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. BOE 22-5-07. Ir a la Disposición.
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.
Autor: El Gobierno.
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. (121/000141)
Proyecto de ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Situación actual: Comisión de Medio Ambiente. Enmiendas.
Comentario: Esta Ley establecerá el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Igualmente, recogerá en su contenido las normas y recomendaciones internacionales que organismos como el Consejo de Europa o el Convenio de la Diversidad Biológica han ido estableciendo a lo largo de los últimos años.
La nueva norma derogará y sustituirá a la de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 27 de marzo de 1989 y a sus sucesivas modificaciones. Los pilares sobre los que descansa son los siguientes: prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística, incorporación del principio de precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres, en contribución al impulso de procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos y en la promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. Asimismo la integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales, y la garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
El Proyecto de Ley establece que las actividades encaminadas a la consecución de los fines que persigue podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos, y, en particular, a los efectos expropiatorios respecto de los bienes o derechos que pudieran resultar afectados.
El Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad definirá fines, criterios y acciones que promuevan la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad, incorporando un diagnóstico de la situación y de la evolución del patrimonio natural y de la biodiversidad española. También lo elaborará el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el resto de Ministerios y, muy particularmente, con el de Agricultura, Pesca y Alimentación, y contará con la participación de las Comunidades Autónomas. En su desarrollo podrán existir planes sectoriales de la Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias.
Se incorporan a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales o a la planificación autonómica que corresponda los corredores ecológicos entre espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, y las áreas de montaña, con independencia de que tengan la condición de espacios naturales protegidos.
Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un espacio de la Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar.
Otro de los instrumentos que incluye el Proyecto de Ley es la Catalogación de Hábitats en Peligro de Desaparición, que incluirá aquellos cuya conservación exija medidas específicas de protección y conservación y las áreas consideradas críticas en los Planes de Recuperación para las especies silvestres en peligro de extinción, incluidas en el Catálogo Nacional de
También recoge el régimen especial para la protección de los espacios naturales, partiendo de la definición de la Ley, de 27 de marzo de 1989, con la incorporación específica de las Áreas Marinas Protegidas, en línea con las directrices pretendidas por la Unión Europea, así como la posibilidad de crear espacios naturales protegidos transfronterizos. La Ley mantiene la figura, definición y regímenes de protección actuales de los Parques y de las Reservas Naturales, adapta la definición de los Paisajes Protegidos al Convenio del Paisaje del Consejo de Europa.
En el seno del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, se establece el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que incluirá, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones amenazadas, que se incluirán en las categorías de "en peligro de extinción" o "vulnerables", según el riesgo existente para su supervivencia.
Proyecto de ley de reforma del fondo de reserva de la seguridad social.
Comentario: La reforma de la "hucha" de las pensiones, acordada con las organizaciones CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, a consecuencia del Acuerdo para la Reforma de la Seguridad Social, firmado por el Gobierno y los agentes sociales el 13 de julio de 2006, venía demandada por el gran crecimiento del Fondo de Reserva (40.334,78 millones de euros, según datos de febrero), y persigue dotar a su gestión de mayor flexibilidad, para conseguir conjugar la seguridad en las inversiones con una mayor rentabilidad, mediante la diversificación de riesgos.
A través de su texto se regulan los principios de inversión que se concretarán en el desarrollo reglamentario; sigue la tendencia en el resto de los países de diversificación de inversiones y apertura a la renta variable. Mantiene el actual modelo de gestión de las inversiones en renta fija y externaliza la gestión de la renta variable estableciendo límites que garanticen la seguridad y la diversificación de riesgos.
Se insiste en que en ningún caso este cambio puede significar que, a través del Fondo, se pueda ejercer una influencia significativa en una entidad, y se tienen en cuenta los principios de responsabilidad social, económica y ambiental. Se amplían las facultades de los gestores y los mecanismos de control de los interlocutores sociales, y se prevé la fijación reglamentaria de límites para hacer efectiva la seguridad y la diversificación.
En el artículo cuarto del Proyecto de Ley se establece que el Ejecutivo sólo podrá disponer de activos del Fondo de Reserva para financiar un posible déficit en pensiones contributivas, pero no para otros fines dentro del presupuesto de la Seguridad Social.
Proyecto de ley del Cine
Presentado el 01/06/2007, calificado el 05/06/2007
Situación actual: Comisión de Cultura. Enmiendas.
Comentario: Basado en los artículos 14, 16 , 20 y 44.1 de la Constitución Española y se sustenta en los principios de libertad de expresión y pluralismo, en la promoción de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, en el apoyo a las versiones originales de las obras como protección básica de sus autores, en la difusión del cine europeo y del cine iberoamericano como referente natural de nuestra cinematografía e industria audiovisual, en la protección de los menores, en la accesibilidad y no discriminación por razón de discapacidad, así como en el respeto a la igualdad de género, siempre, y en todos los casos, en un marco de tutela de los poderes públicos.
La ordenación de la cinematografía y del audiovisual, comienza con una regulación de materias comunes a todos los sectores, como las relativas a la nacionalidad de las obras cinematográficas y audiovisuales y el Registro Administrativo de Empresas, continúa con una sección específica dedicada a la defensa de la competencia, para acabar regulando por secciones diferenciadas los aspectos concretos de ordenación de cada uno de los sectores audiovisuales.
Las medidas de fomento recogidas en esta Ley se desarrollan plenamente en un ámbito cultural, con absoluta adecuación a los objetivos y principios rectores de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO celebrada en París el 20 de octubre de 2005, siendo ratificada por España, de acuerdo con el instrumento de ratificación publicado en el Boletín Oficial del Estado de 12 de febrero de 2007. Las previsiones contenidas en esta ley, y su ulterior desarrollo reglamentario, forman parte del sistema estatal de apoyo, sin que ello obste para el establecimiento de diferentes disposiciones de estímulo y empuje por parte de las Comunidades Autónomas regidas por su propia normativa.
Sobresalen: las ayudas para la creación y desarrollo, para la producción, distribución, conservación y promoción, así como otras ayudas e incentivos relacionados con el acceso al crédito, el empleo de nuevas tecnologías y la promoción en el exterior. Se contemplan medidas de fomento para las salas de exhibición, dado su carácter de vehículo de acceso a la cultura, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
Los incentivos fiscales aplicables al sector de la cinematografía son acordes con la normativa tributaria. Para su mayor aprovechamiento, se ofrece la tendencia de elegir y utilizar figuras jurídicas ya existentes, al objeto de que el sector cinematográfico pueda beneficiarse del tratamiento fiscal que las mismas conllevan.
Se reduce a la mitad el plazo de contestación a las consultas tributarias vinculantes que el sector cinematográfico presente ante la Administración Tributaria. En este contexto, se dota de estabilidad a los incentivos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2011.
La disposición adicional primera contiene la transformación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en Agencia estatal, y la disposición adicional segunda se refiere a los órganos colegiados con participación en determinadas áreas e incluye la posibilidad de que los espectadores expresen sus opiniones como medio de obtención de información útil para posibles actuaciones que deban realizarse desde dicho Instituto de la Cinematografía.
Es destacable la modificación que efectúa la Disposición final primera en la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, cuyo objeto es la creación de una sección adicional destinada a la inscripción de las obras y grabaciones audiovisuales.
Proyecto de ley por la que se modifica la ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.
Comentario: En primer lugar, se modifica la rúbrica del Título II de dicha ley para adaptarlo mejor a su nuevo contenido. De este modo pasa de denominarse "Coeficiente de solvencia y limitaciones a la actividad de las entidades de crédito por razones de solvencia", a llamarse "Recursos propios mínimos y limitaciones a la actividad de las entidades de crédito por razones de solvencia". Con este cambio se refleja el hecho de que la nueva instrumentación del régimen de recursos propios mínimos exigidos va mucho más allá del establecimiento de un mero coeficiente.
En lo que concierne a los requerimientos mínimos de recursos propios de las entidades de crédito y frente a la anterior redacción de la ley, que dejaba al desarrollo reglamentario la determinación de las clases de riesgo a cubrir, el nuevo articulado pretende establecer, en sede legal, las grandes orientaciones previas al desarrollo reglamentario incluyendo, asimismo, un abanico más extenso de riesgos a cubrir. Se prevé, a su vez, el desarrollo reglamentario de los métodos de cálculo de esas exigencias de recursos propios. Concretamente, será el Banco de España quien determine las condiciones necesarias para poder utilizar los métodos más avanzados de medición del riesgo. Se permite, como relevante novedad, la utilización de calificaciones externas de crédito, para algunos de dichos métodos, efectuadas por empresas reconocidas por el Banco de España.
Asimismo, se obliga a las entidades a poner en marcha procedimientos internos de evaluación de la adecuación del capital.
En tercer lugar, se recoge el amplio conjunto de competencias que han de permitir al Banco de España ejecutar eficazmente la normativa de solvencia de las entidades de crédito contenida en la propia Ley 13/1985.
En especial, se hace alusión al funcionamiento de la supervisión en base consolidada comunitaria, tanto cuando esta corresponda al Banco de España, como cuando el Banco de España tenga la obligación de cooperar con el supervisor de la Unión Europea que ostente dicha categoría. Por último, se regulan las obligaciones de divulgación del propio Banco de España frente al público. Entre estas últimas, la más relevante es la obligación de divulgar periódicamente los criterios y metodologías que el propio Banco de España sigue en la aplicación de las nuevas competencias que le atribuye esta ley.
En cuarto lugar, se concretan las obligaciones de divulgación al público, especialmente a las partes interesadas del mercado financiero, que habrán de cumplir las entidades de crédito. Existirá el deber de publicación anual de un documento denominado "Información con relevancia prudencial".
Los contenidos mínimos de este documento los fijará el Banco de España para asegurar que son comparables entre entidades, pero cada una de estas deberá fijar una política formal de divulgación de información sobre su propia solvencia al público. El Banco de España tutelará el cumplimiento de estas obligaciones de divulgación de las entidades de crédito.
Motivos de cautela han conducido a introducir en esta ley una disposición transitoria que establece un límite inferior a las exigencias de recursos propios mínimos previstas en la ley, durante los dos años posteriores a su entrada en vigor. Con estos límites se pretende mantener cierta prudencia, pues la dificultad de evaluar los enormes cambios en los cálculos de los requisitos de recursos propios mínimos que conllevará esta ley y sus disposiciones de desarrollo, podría hacer peligrar el objetivo de estabilidad financiera si los recursos propios exigidos a las entidades cayeran drásticamente tras la entrada en vigor de la nueva regulación.
Esta ley cuenta adicionalmente con dos disposiciones finales destinadas a modificar respectivamente el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre Adaptación del Derecho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades Europeas, y la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades de crédito. En el primer caso, el objetivo es introducir las referencias relativas a la necesaria coordinación del Banco de España con otras autoridades competentes comunitarias y extracomunitarias. En particular, se concretan los términos que regirán el intercambio de información entre autoridades competentes en el marco de la supervisión en base consolidada. En el segundo caso, el objetivo es el de ajustar los tipos infractores, las obligaciones de las entidades y las facultades del Banco de España al conjunto de la nueva regulación sobre solvencia. En particular, destaca la nueva obligación para el ejercicio de las actividades de las entidades de crédito, de contar con una estructura organizativa adecuada, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, como la exigencia de dotarse de sólidos procedimientos de gobierno corporativo.
En cuanto a las infracciones, se crean nuevos tipos infractores muy graves y graves vinculados a incumplimientos de obligaciones relativos a: las exigencias de recursos propios, las deficiencias en las estructuras organizativas o en los mecanismos de control interno de las entidades, el quebrantamiento del deber de divulgación de información prudencial u otros incumplimientos de políticas específicas exigidas por el Banco de España.
Se cierra la ley con la disposición final que establece los títulos competenciales al amparo de los cuales se dicta la norma, la que habilita al Gobierno para su desarrollo, la que informa de la incorporación de derecho comunitario mediante esta ley, y la que fija su entrada en vigor en el día 1 de enero de 2008.
MEDIOS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
Proyecto de Ley sobre reutilización de la información del sector público. Presentado el 11/05/2007, calificado el 22/05/2007
Comentario: Traspone una Directiva comunitaria de 2003 la cual establece un marco general acerca de las condiciones de reutilización de los documentos del sector público dando paso al inicio del desarrollo de un mercado europeo de la información.
Como aspectos concretos de la regulación cabe destacar:
La Ley se aplica a un conjunto amplio de Administraciones (estatal, autonómica y local) y organismos del sector público.
La noción de documento reutilizable se emplea en su sentido más amplio y acorde con la evolución de la Sociedad de la Información, con las únicas excepciones que se contemplan en la propia Ley.
Las Administraciones y organismos pueden permitir la reutilización de documentos sin condiciones o a través de una serie de estipulaciones que estarán reguladas mediante el otorgamiento de una licencia. En cualquier caso, la Ley determina que las condiciones no podrán ser discriminatorias para categorías de interesados comparables, tendrán que ser claras, justas y transparentes y no podrán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.
La reutilización está abierta a todos los agentes potenciales del mercado Se prohíben con carácter general los acuerdos exclusivos como garantía del trato equitativo en las transacciones comerciales.
En el caso de que se apliquen tasas para la reutilización de determinada información, éstas serán proporcionadas a su coste y las tarifas serán transparentes.
Se prevén determinados aspectos prácticos, como la regulación del procedimiento que contempla plazos ágiles de respuesta a las solicitudes.
En cuanto a los formatos en los que se facilita la información, se fomentan los formatos electrónicos, los modelos de licencia en línea y los listados de documentos reutilizables, y se facilita el acceso para personas con discapacidad.
Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.
Comentario: Pretende mejorar las condiciones de vida de la población rural e incrementar su nivel de rentas. Beneficia al 90 por 100 del territorio, al 80 por 100 de los municipios y al 35 por 100 de la población, lo que equivale a más de catorce millones de personas.
Esta Ley viene a cubrir la ausencia de un texto legal que, respetando escrupulosamente los Reglamentos comunitarios y el marco competencial de las Comunidades Autónomas, permita tener una política de desarrollo rural propia.
Integra la actuación de doce Departamentos ministeriales con el fin de que todas las políticas del medio rural tengan un carácter coordinado y convergente.
Contempla la creación de tres órganos como son la Comisión Interministerial para el Medio Rural, el Consejo para el Medio Rural y la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.
El conjunto de iniciativas adoptadas en el seno de estos organismos derivará en la confección de un Programa para el Desarrollo Rural de carácter plurianual. El primero tendrá una duración de cinco años, que será sometido a informe del Consejo para el Medio Rural y deberá ser aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros mediante un Real Decreto.
La nueva normativa va a permitir establecer políticas de carácter horizontal en desarrollo rural en materias como la educación, cultura, sanidad, vivienda, transportes, comunicación entre territorios y seguridad en el medio rural, entre otras.
Un instrumento importante en su contenido es el contrato territorial, que permite una relación contractual entre las Administraciones públicas y los titulares de las explotaciones agrarias para orientar e incentivar su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible.
Contempla un tratamiento diferencial con los territorios, buscando la cohesión de los mismos. Para ello establece tres grandes grupos conceptuales de carácter territorial.
El primero de ellos serían las áreas a revitalizar, caracterizadas por su situación de gran despoblamiento, con bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico, que correspondería a más de 3.700 municipios y más de cuatro millones de personas, lo que significa, en términos de superficie, más de la mitad del territorio; en concreto, 257.000 kilómetros cuadrados.
Por otra parte, las zonas intermedias serían aquellas con una densidad de población baja o media y niveles de renta medios o bajos. Integran este segmento más de 3.200 municipios, más de cuatro millones de personas y cerca de 125.000 kilómetros cuadrados.
Por último, las áreas periurbanas serían las que cuentan con una población creciente y unos niveles de renta medios o altos, que beneficiarán a cerca de 1.700 municipios y, aproximadamente seis millones de personas, con una superficie de alrededor de 67.000 kilómetros cuadrados.
Se busca alcanzar unos elevados niveles de concertación con las Comunidades Autónomas que, en definitiva, serán gestoras del desarrollo de muchas de las medidas del Programa para el Desarrollo Rural que apruebe el Consejo de Ministros.
Situación actual: Comisión de Industria, Turismo, Comercio. Enmiendas.
Comentario: La presente ley, por una parte, contiene una serie de innovaciones normativas en materia de facturación electrónica y de refuerzo de los derechos de los usuarios y, por otra parte, acomete las modificaciones necesarias en el ordenamiento jurídico para promover el impulso de la sociedad de la información.
En este sentido, se introducen una serie de modificaciones tanto de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, como de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que constituyen dos piezas angulares del marco jurídico en el que se desenvuelve el desarrollo de la sociedad de la información. Tal revisión del ordenamiento jurídico se completa con otras modificaciones menores de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
En materia de facturación electrónica, el artículo 1 establece la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en el marco de la contratación con el sector público estatal en los términos que se precisen en el proyecto de Ley de contratos del sector público, define el concepto legal de factura electrónica y, asimismo, prevé actuaciones de complemento y profundización del uso de medios electrónicos en los procesos de contratación.
Se especifica que dicha interlocución telemática ha de facilitar al menos la realización de trámites tales como la contratación electrónica, modificación de condiciones contractuales, altas, bajas, quejas, histórico de facturación, sustitución de informaciones y datos en general, así como el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en materia de protección de datos. Asimismo, se prevé que dicho medio de interlocución telemática sirva para sustituir los trámites que actualmente se realicen por fax. No obstante, el citado precepto no impide que excepcionalmente las empresas obligadas por el mismo no faciliten la contratación de productos o servicios que por su naturaleza no sean susceptibles de comercialización por vía electrónica.
Esta obligación vendrá a complementar la garantía del derecho de una comunicación electrónica de los ciudadanos con las Administraciones Públicas que se incluirá en el anteproyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas en ejecución de uno de los mandatos normativos contenidos en el Plan Avanza. El artículo 3 tiene por finalidad establecer una regulación mínima de las subastas electrónicas entre empresarios (B2B) a fin de establecer un marco jurídico que dote a esta técnica de compra de la necesaria transparencia y seguridad jurídica.
El capítulo II de la ley engloba las modificaciones legislativas más arriba apuntadas que se han estimado necesarias para promover el impulso de la sociedad de la información y de las comunicaciones electrónicas.
La modificación se basa en las siguientes medidas:
1) Introducción de un modelo tipo u orientativo de estatutos en la sociedad de responsabilidad limitada;
2) Agilización de los trámites que implican la obtención de una denominación social como paso previo a la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, sin por ello restar importancia a la seguridad que aporta al tráfico mercantil el sistema vigente de denominaciones sociales, tutelado por el Registro Mercantil Central.
3) Facilitar la justificación y responsabilizar al notario en lo relativo al pago del Impuesto de Operaciones Societarias que grava la escritura de constitución eliminando la obligatoriedad de acreditar al registrador mercantil el pago del mismo.
4) Facultar a los administradores, desde el otorgamiento de la escritura fundacional, para el desarrollo del objeto social y para la realización de toda clase de actos y contratos relacionados con el mismo.
Proyecto de Ley por la que se regula la protección de los consumidores y usuarios en la contratación de bienes con oferta de restitución posterior de todo o parte del precio y, en su caso, con ofrecimiento de revalorización.
Presentado el 20/04/2007, calificado el 24/04/2007
Situación actual: Comisión de Sanidad y Consumo. Debate de totalidad.
Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
Situación actual: Comisión de Interior. Dictamen.
Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil.
Situación actual: Pleno. Aprobación.
Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental.
Proyecto de Ley de conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones.
Presentado el 09/03/2007, calificado el 13/03/2007
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
Comentario: En el número doce.
Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social.
Presentado el 16/02/2007, calificado el 20/02/2007
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.
Presentado el 02/02/2007, calificado el 06/02/2007
Proyecto de Ley de normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para el cuidado de los animales.
Situación actual: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Presentado el 24/01/2007, calificado el 29/01/2007
Situación actual: Comisión de Medio Ambiente.
Proyecto de Ley sobre el Control del comercio exterior material de defensa de doble uso.
Presentado el 29/12/2006, calificado el 09/01/2007.
Situación actual: Comisión de Defensa. Enmiendas. Comisión de Defensa. Informe.
Comentario: Número once
Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.
Presentado el 22/12/2006, calificado el 09/01/2007
Situación actual: Comisión de Fomento y Vivienda. Informe.
Comentario: En el número once.
Situación actual: Comisión de Justicia. Enmiendas. Comisión de Justicia. Debate de totalidad.
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Proyecto de Ley reguladora de la base de datos policiales sobre identificaciones obtenidas a partir del ADN.
Proyecto de Ley del acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas.
Proyecto del Estatuto del Trabajador Autónomo.
Proyecto de Ley de la Carrera Militar.
Situación actual: Comisión de Defensa. Aprobación con competencia legislativa plena.
Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y patrimonios protegidos y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.
Comentario: En el número diez.
Situación actual: Comisión de Administraciones Públicas. Aprobación con competencia legislativa plena.
Situación actual: Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Dictamen.