Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0076_ES.html
Timestamp: 2019-11-14 01:05:29
Document Index: 410428529

Matched Legal Cases: ['artículo 99', 'artículo 3', 'artículo 192', 'artículo 100', 'artículo 218', 'artículo 100', 'artículo 192', 'artículo 218']

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la adhesión al mismo por parte de los Estados miembros en interés de la Unión Europea, a excepción de los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia civil
– Vista su Resolución provisional, de 8 de junio de 2016(3) sobre el proyecto de Decisión,
– Visto el seguimiento realizado por la Comisión de la Resolución provisional de 4 de octubre de 2016,
DO L 337 de 13.12.2002, p. 55.
Dictamen del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0259.
El Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas de 1996 aborda las cuestiones relacionadas con la responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, incluido el gas natural licuado (GNL) y el gas licuado de petróleo (GLP). El Protocolo de 2010 al Convenio SNP de 1996 contenía modificaciones para abordar los problemas detectados en el Convenio SNP de 1996 y debe leerse, interpretarse y aplicarse de manera conjunta con las disposiciones del Convenio, como un único instrumento, que se denomina «Convenio SNP de 2010». Ni el Convenio SNP de 1996 ni su Protocolo de 2010 han entrado aún en vigor.
El Convenio SNP de 2010 establece la responsabilidad objetiva del propietario del buque que transporta SNP respecto a cualquier daño ocasionado por un suceso en relación con el transporte de SNP por mar a bordo de dicho buque. Contempla un número limitado de excepciones a la responsabilidad objetiva del propietario, asociada a la obligación del propietario de contraer un seguro u otra garantía financiera para cubrir su responsabilidad por los daños contemplados por el Convenio Más importante aún, se crea un fondo de indemnización con el fin de indemnizar a toda persona que haya sufrido daños en relación con el transporte de SNP por mar, en la medida en que esa persona no haya podido obtener una indemnización plena y adecuada del propietario y su asegurador por los daños sufridos. La cuantía total de indemnización disponible es de 250 millones de unidades de cuenta (aproximadamente 310 millones de euros a los tipos de cambio monetarios actuales), basada en un complejo sistema de contribuciones al Fondo SNP pagaderas por las personas que reciben las SNP en cada Estado Parte.
Tanto el Convenio SNP de 1996 como el de 2010 se solapan en cuanto a su ámbito de aplicación con la Directiva 2004/35/CE en materia de responsabilidad de los operadores que realizan actividades profesionales, (1) incluido el transporte marítimo, por cuanto concierne a (i) los daños medioambientales causados en el territorio, incluidas las aguas territoriales, de un Estado Parte, (ii) los daños por contaminación del medio ambiente en la zona económica exclusiva o zona equivalente (hasta 200 millas náuticas desde las líneas de base) de un Estado parte, y iii) «las medidas preventivas, dondequiera que se tomen, para prevenir o reducir al mínimo tales daños».
Sin embargo, la Directiva no cuenta con ningún mecanismo que prevea la indemnización a las víctimas de la contaminación por SNP en el mar más allá de los límites de responsabilidad del propietario del buque y, por otra parte, no establece ningún tipo de obligaciones en materia de seguro obligatorio. Además, la Directiva 2004/35/CE hace referencia explícitamente al Convenio SNP de 1996 y excluye de su ámbito de aplicación los daños medioambientales que surjan de un incidente regulado por dicho Convenio, incluidas sus eventuales enmiendas futuras, siempre y cuando el Convenio esté en vigor en el Estado miembro de que se trate. Con ello se pretende permitir que los regímenes internacionales especializados que regulan la responsabilidad civil respecto a determinadas actividades profesionales prevalezcan sobre la Directiva, ya que se consideran más efectivos para otorgar una indemnización rápida y adecuada por el daño medioambiental y más acordes con la naturaleza de tales actividades profesionales.
El 17 de diciembre de 2015 el Parlamento recibió un escrito en el que se solicitaba que concediera su aprobación a la propuesta de Decisión del Consejo sobre la ratificación del Protocolo SNP. Habida cuenta de las importantes discrepancias entre el proyecto de Decisión del Consejo y la propuesta inicial de la Comisión, y después de haber escuchado a la Comisión y al Consejo (28 de enero de 2016) y de haber consultado al Servicio Jurídico del Parlamento (15 de marzo de 2016), la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió recurrir al apartado cinco, artículo 99, del Reglamento y elaborar un informe provisional con recomendaciones relativas a la modificación de dicho proyecto de Decisión del Consejo
Las principales discrepancias entre el proyecto de Decisión del Consejo y la propuesta de la Comisión se referían al ámbito en cuestión del ámbito de la competencia exclusiva de la Unión con arreglo al artículo 3, apartado 2, del TFUE la necesidad de imponer a los Estados miembros la obligación de ratificar el Convenio en el plazo estipulado; y el fundamento jurídico adecuado para la Decisión del Consejo, a excepción de los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia civil, es decir, o bien el artículo 192 del TFUE, que constituye la principal disposición en materia de responsabilidad ambiental, o el artículo 100, apartado 2, en combinación con el artículo 218, apartado 6, del TFUE.
La Comisión considero opinión que, teniendo en cuenta el solapamiento entre el Convenio SNP de 2010, por un lado, y la Directiva sobre responsabilidad ambiental, por el otro, junto a la ausencia en la propuesta de Decisión del Consejo de plazos vinculantes y obligaciones claras para la ratificación o adhesión al Convenio por parte de los Estados miembros, podría generarse una desventaja competitiva en relación para aquellos Estados que estén dispuestos a adherirse al Convenio SNP, frente a aquellos que demorarán este proceso.
Además, mientras la totalidad de los 28 Estados miembros no haya ratificado el Convenio, no puede garantizarse la aplicación mutualmente exclusiva de la Directiva sobre responsabilidad ambiental y del Convenio SNP y, por consiguiente, se corre el riesgo de que el sector esté sujeto a dos regímenes diferentes al mismo tiempo (uno de la Unión y otro internacional), lo que podría generar una disparidad en el trato dado a las víctimas de la contaminación (por ejemplo, las comunidades costeras, los pescadores, etc.);
Por último, el 17 de febrero la Comisión de Asuntos Jurídicos examinó, por iniciativa propia, la modificación del fundamento jurídico del proyecto de Decisión del Consejo, a excepción de los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia civil, y llegó a la conclusión de que la solución más adecuada era un fundamento jurídico triple:
«dado que la propuesta de Decisión del Consejo tiene por objeto autorizar a los Estados miembros a ratificar el Protocolo SNP de 2010 o a adherirse a este en nombre de la Unión, y, como consecuencia de ello, a que estos queden obligados por las disposiciones del Convenio SNP de 2010, y teniendo en cuenta que dicho Convenio abarca no solo los casos de daños medioambientales (para los que establece el principio de adopción de medidas preventivas y de quien contamina paga), sino también los casos de daños no medioambientales, ocasionados ambos por el transporte por mar de determinadas sustancias, los artículos que constituyen los fundamentos jurídicos adecuados para esta propuesta son el artículo 100, apartado 2, el artículo 192, apartado 1, y el artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del TFUE».
En este contexto, el ponente propuso un informe provisional para intentar obtener un resultado positivo con el Consejo y la Comisión que garantizaría la uniformidad, la integridad y la eficacia del Derecho de la Unión, así como el principio fundamental de atribución de competencias de la Unión. La Comisión acogió con satisfacción la adopción por parte del Parlamento de esta Resolución y confirmó que estaba dispuesto a aceptar una solución de compromiso en relación con el fundamento jurídico de la propuesta y un plazo ampliado razonable para la ratificación del Convenio SNP de 2010.
El Consejo tomó nota de la Resolución del Parlamento en el Grupo «Navegación» en su reunión del 15 de julio y llegó a la conclusión de que no cabía la posibilidad de reabrir el debate sobre el texto del proyecto de Decisión del Consejo, dado que se inscribía en el marco del procedimiento de aprobación y no del de codecisión.
Habida cuenta de la negativa categórica del Consejo para iniciar un diálogo con el Parlamento y la Comisión, y teniendo en cuenta la necesidad de impulsar un régimen a escala internacional, en vez de soluciones regionales, para garantizar una aplicación uniforme de las normas sobre responsabilidad e indemnización en relación con accidentes causados por buques que transportan sustancias nocivas y potencialmente peligrosas por mar en la Unión, el ponente recomienda que el Parlamento conceda su aprobación a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y a la adhesión al mismo por parte de los Estados miembros en interés de la Unión Europea, a excepción de los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia civil.
Ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la adhesión al mismo por parte de los Estados miembros en nombre de la Unión Europea, a excepción de los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia civil