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Timestamp: 2019-05-19 09:37:26
Document Index: 405407196

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 70', 'artículo 204']

Audiencia caliente en la causa contra Cresto: Petit pidió que también imputen a las máximas autoridades provinciales – Portal de noticias del litoral Argentino
31 marzo, 2019 ale_mon
El cronograma de actividades del viernes 29 de Marzo en los tribunales de Concordia, difundido por el Servicio de Información del STJ, mencionaba que a las 12 estaba previsto que comenzara una audiencia ante el Juez de Garantías Darío Mautone, para tratar el pedido de recusación contra el Fiscal José Arias, en la causa caratulada “Cresto, Enrique Tomás / Francolini, Alfredo Daniel, etc. S/Peculado”.
Petit llegó al extremo de pedir que Fiscalía también impute y llame a declarar al gobernador Gustavo Bordet; al Secretario de la Gobernación, Edgardo Kueider; y al vicegobernador Adán Bahl. En otro pasaje de su discurso, la abogada sacó a la luz una presunta visita de Eduardo Asueta a Enrique Cresto, en la que le habría ido a pedir un arreglo político horas antes del cierre de las listas. Por último, la letrada protagonizó un momento extremadamente tenso de la audiencia, cuando amenazó con denunciar a Arias por “violencia de género”, algo que el Juez Darío Mautone desestimó sin titubeos.
El Fiscal José Arias no se quedó atrás al responder la andanada de cuestionamientos a su trabajo. Por caso, no dudó en afirmar que el intendente Enrique Cresto “mintió descaradamente” al sostener en un escrito que se enteró de la imputación en su contra por un artículo periodístico del 3 de marzo publicado por El Entre Ríos, cuando en realidad -dijo Arias- “tuvo conocimiento de las imputaciones formuladas el mismo día en que se dictó la resolución”, es decir, el 28 de febrero. Para respaldar su afirmación, Arias reveló mensajes de WhatsApp que recibió de Cresto, con los cuales el presidente municipal habría ejercido una implícita presión, procurando influir en la marcha de la investigación a través de carriles no institucionales, lo que derivó en que el fiscal lo instara a conducirse con “decoro”.
Que el fiscal también “impute e investigue” a Bordet, Kueider y Bahl
Tras algo más de 40 minutos de discurso, la abogada, que es a su vez funcionaria del municipio, expresó a modo de síntesis: “Creo que existen razones válidas para la recusación, existen razones objetivas como la falta de conocimiento y de investigación que son obligaciones que tiene el Fiscal para asegurar la transparencia del proceso penal, y máxime cuando se trata de delitos contra la administración pública. Creo que existen razones subjetivas pero llamativas y fundadas en las relaciones personales, profesionales y familiares del fiscal con personas públicas que se ven beneficiadas por su accionar”, en obvia alusión a dos competidores de Cresto en las PASO, Eduardo Asueta -primo de Arias- y Alejandro Bahler, cuyo hijo comparte estudio jurídico con un hermano del fiscal.
Petit solicitó “que se aparte a Arias de esta causa en forma inmediata, se declare nula toda la indagatoria realizada y el procedimiento de requisa sobre el celular de mi defendido, que solicito le sea entregado de forma inmediata”.
“Nosotros estamos a disposición de una Justicia ágil, eficiente, transparente, con conocimiento, con esas ansias de investigar y de conocer verdaderamente cómo son los hechos, que investigue toda la causa, que se impute y se llame a declarar a todas las personas que son nombradas en la denuncia por González, a todas, incluyendo al gobernador de la provincia, el secretario general de la gobernación y el vicegobernador de la provincia, que son acusados por este señor González, que a mi entender debería hacérsele un examen psicológico y debería tenerse en cuenta todo el daño que está produciendo a la familia de mi defendido y de los otros imputados con su accionar, amenazas de muerte, persecuciones por la calle”.
Minutos antes, María de los Ángeles Petit había hecho notar que en la denuncia escrita, el denunciante González habría hecho alusión a otros delitos: “Dice expresamente ‘quiero denunciar que hay irregularidades en licitaciones de las que participé con mi empresa Cotu Construcciones SRL, que me hizo el abogado Julio Larrocca. También me anoté en la AFIP con esta empresa. Yo he ganado lícitamente y luego me la han sacado. Esto pasó el último año de Bordet como intendente y estaba Benedetto a cargo de todo’. No se ve en el expediente y de hecho el fiscal no ha requerido a la Municipalidad la información relativa a esa licitación que se menciona y que el imputado denuncia, lo cual también para mí es llamativo”.
Petit siguió reprochando a Arias que no tuviera en cuenta cuando el denunciante habló de hechos que involucrarían a autoridades provinciales: “Tampoco considera -y esto es muy importante y me gustaría que se escuche- cómo el denunciante en la declaración que hace el 21 de marzo efectúa dos menciones que realmente deberían ser consideradas por el Fiscal, porque configuran delitos graves a nuestro entender. Uno es en el minuto 7,16 hasta el 8,30 de la declaración, donde explica que, al no pagarle la municipalidad, se le paga en negro con fondos que le trae alguna persona, un tercero interesado, y que le es remitido por el Secretario General de la Gobernación, el señor Kueider. Y también, entre los minutos 39 a 39,40 denuncia amenazas de muerte recibidas por el vicegobernador de la provincia Adán Bahl en ocasión de bajarles políticamente los afiches”.
“También hay una parte, al principio de su declaración, donde González dice haber coaccionado al gobernador para que le pague lo que él considera que le debe pagar por su trabajo político. ¿Por qué el fiscal no investiga estos hechos? ¿Por qué no solicita la documentación de la licitación mencionada como irregular? ¿Por qué no plantea la posible comisión de otros delitos, ya no contra la administración pública pero que están dentro de los dichos del denunciante? Parecería que el Fiscal tiene una animosidad en dirigir su imputación solamente hacia las autoridades municipales y no hacia las autoridades provinciales, que están nombradas en la misma declaración que él toma como base para imputar”, disparó Petit.
“Con fecha 19 de marzo -explicó Petit- el juzgado a su cargo me remite una notificación donde explica que el teléfono será abierto el 9 de abril y dice ‘estando a lo dispuesto a lo resuelto en fecha 12 de marzo”. Esa resolución de fecha 12 de marzo a fin de la investigación preparatoria en trámite, tendría que determinar las circunstancias en que falleciera Mario Alberto Ledesma’. ¿Quién es Ledesma? No sé. Dos días después hay una nueva resolución de su juzgado donde expresa que por un error involuntario de tipeo se consigna esa causa, rectificando la resolución de fecha 12 de marzo. El error de tipeo podría ser pasado por alto, si hubiese sido corregido inmediatamente pero evidentemente tampoco el Fiscal leyó la resolución de fecha 12 de marzo donde se apoya para hacer la requisa ese mismo día y entregarme el oficio”.
Petit argumentó que se realizó “un procedimiento de requisa con base en una resolución viciada de total nulidad. Ese error de tipeo causó un daño, un perjuicio, un atropello a mi cliente, cuando el Fiscal le quitó el teléfono”.
“El día viernes 22 de febrero a las 19 horas el señor Asueta, primo del Fiscal, se presenta en la oficina de Mitre 96, donde hay imagen de entrada y salida, a pedir un arreglo político al precandidato Enrique Cresto, cosa que no es aceptada. El 23 de febrero se cierran las listas. El 25 de febrero se cita a Jonathan Moreira, el 26 de febrero se cita a María Agustina González y a Carla Micaela González, el 27 se prepara la imputación y tengo dudas si no estaba hecha antes, el 28 se firma la imputación, el 29 nosotros tenemos noticias de periodistas que tienen acceso a esa imputación, donde primariamente -y tengo copias- las audiencias se preveían hasta el 4 de abril de 2019, diez días antes de la elección”.
“Evidentemente tanto Asueta como Bahler son interesados en la publicidad negativa y mediática de esta causa”, insistió.
La palabra que más molestó a Petit: “Sustraer”
La doctora Petit se detuvo a hacer un análisis semántico de la palabra “sustraer”: “El Fiscal, no sé si consciente o inconscientemente, en la imputación dice que los imputados sustrajeron. La palabra sustraer, en una de sus acepciones, se define como robar algo sin violencia y generalmente de forma oculta o fraudulenta. Creo que la utilización de ese término es inapropiada y ofensiva para mi defendido y los demás imputados. Yo no sé si tuvo la idea de ser mediáticamente llamativa. Poner la palabra sustraer para nosotros implica un perjuicio que yo diría excede lo penal”.
El abogado invocó el artículo 38 inciso d del Código Procesal Penal, donde establece que “el Juez, en este caso sería el fiscal, debería excusarse o podrá ser recusado si mediaran en la causa circunstancias que por su objetiva gravedad afectaren su imparcialidad. Y el artículo dice que podrán invocarse como motivos de separación los siguientes: si él o algún pariente tuvieran interés en el proceso. Está probado -dijo Romero- que Arias es pariente en tercer grado de consanguinidad con el señor Eduardo Asueta, quien es pre candidato a intendente para las elecciones primarias del 14 de abril”.
El abogado de Cresto también planteó que “todo lo hecho por Arias desde que fue interpuesto el pedido de recusación debe ser declarado nulo. Es más, la ley según Romero prevé que el Ministerio Público Fiscal pueda designar a otro fiscal para actos que deban ser ejecutados mientras tramita la recusación del fiscal titular de la causa. No podía seguir investigando y tomando declaraciones indagatorias habiendo sido recusado el doctor Arias y debía cumplir con el artículo 60 el fiscal coordinador. Tendría que haber suspendido a Arias provisoriamente hasta que se resuelva el trámite de la recusación”.
Arias citó como precedente a la causa “contratos de la legislatura”
En principio, se apoyó en la ley 10407 del Ministerio Público Fiscal, “en tanto determina que las presentaciones de recusación serán resueltas por el fiscal coordinador o por el procurador general. Esa ley viene a modificar, por ser posterior y específica, el tan invocado artículo 60 del código procesal, que regula las causales de recusación de los fiscales y jueces, estableciendo que el único motivo de recusación es cuando hay una falta de objetividad manifiesta”. Sobre esa base, Arias remató: “Todo lo que se ha dicho respecto de los interesados, cuando no afecten la objetividad, no tienen cabida”.
En respaldo a su argumentación, citó el legajo “Beckman Flavia Marcela y otros -la causa de los contratos en la legislatura-“, donde la Justicia de esa jurisdicción (Paraná) decidió que el artículo 60 del Código Procesal Penal de Entre Ríos perdió vigencia con la sanción de la ley 10407.
De inmediato, agregó: “Esta jurisprudencia de Paraná ya se replicó en Concordia, en el legajo 9038/18 autos Ministerio Pupilar en representación de la menor GA sobre su denuncia, se resolvió en idéntico sentido, imposibilitando esa aplicación analógica del artículo 60 del CPP”.
“El defendido de la doctora Petit se negó a hacerse la ficha dactiloscópica en un primer momento, impidiendo que la Fiscalía pueda corroborar si tiene algún antecedente penal, porque es un extremo que se debe acreditar porque es parte de la determinación final de la pena, se negó a realizarse el examen médico obligatorio del artículo 70, lo que es insustituible porque hace a la capacidad psíquica del imputado no solamente respecto del hecho sino también respecto de la posibilidad de defenderse cuando la pena que aparece en expectativa puede superar los 10 años de prisión, como es casualmente este caso. Tuve que sacar expresamente una resolución intimándolo a realizar tales actividades, bajo apercibimiento de pedir la detención ante vuestra señoría. Recién ahí el imputado accedió. También en esa oportunidad, y luego de la requisa, el imputado, aunque no tiene obligación de hacerlo pero demuestra falta de colaboración, se negó a aportar la clave del celular que se le había secuestrado”.
Otro momento fuerte de la audiencia se vivió cuando el Fiscal José Arias puso en evidencia una contradicción en la que habría incurrido el Intendente Enrique Cresto, entre los hechos y lo que luego esgrimió como argumento al formalizar un pedido de recusación. Para el fiscal, directamente el presidente municipal “mintió descaradamente”.
En el escrito con el que Cresto intentó apartar a Arias dijo haber “tomado conocimiento de la imputación” en su contra a través de un artículo periodístico en “la página digital El Entre Ríos, fecha 3 de Marzo de 2019, bajo el título ‘Armas de doble filo: Los argumentos para justificar un presunto complot preocupan al poder político'”.
Pero Arias tiene por absolutamente seguro que no fue así y que Cresto supo mucho antes de la imputación: “El intendente Enrique Tomás Cresto tuvo conocimiento de las imputaciones formuladas el mismo día en que se dictó la resolución. Esto es, el 28 de febrero de 2019, y no como dijo él por medio de la prensa el 3 de marzo”, enfatizó.
“A tal punto eso fue así -contó Arias- que el mismo 28 de febrero a las 12,39 recibo un mensaje de WhatsApp en mi celular personal que decía ‘José, soy Enrique Cresto, cuando puedas te llamo’. No le contesté nada. A las 12,55 recibo una llamada telefónica del mismo abonado y era Enrique Cresto. Me dijo que ya tenía conocimiento de la imputación, me pidió mayores detalles, le dije que tenía derecho a presentarse con su defensor, que podía venir a la tarde. Esa llamada duró 10 minutos 39 segundos. El día primero de marzo, me vuelve a contactar por WhatsApp Cresto mandándome una publicación de Facebook relacionada con un robo que habría cometido Juan González, el denunciante y me envió dos archivos de audio y luego me escribió ‘estos audios son de González'”.
“Por supuesto que además de rechazarle la recusación -remató Arias- lo exhorté a conducirse con respeto, lo que, atento a lo que está sucediendo en esta audiencia, no está haciendo mucho caso”.
“Son dos las conductas de Von Zellheim con todas las negativas que expliqué y de Cresto mintiendo descaradamente al recusarme que ponen en evidencia que lo que están tratando es de armar incidencias, desviar la discusión tal como solicitar que se investigue todo lo que dijo González. Están queriendo que no hablemos de lo central”, concluyó el Fiscal.
Expedientes que dan “pavor”
“Si a los expedientes (de los pagos a la hija de González) uno los analiza fríamente da pavor porque no es como expresa la doctora Petit de que es un trámite que va desde el funcionario menor hasta el último que da el pago, sino que se advierte con claridad la orden de Cresto en la confección de esos expedientes. Los funcionarios certifican servicios que no estaban hechos, que no se hicieron. González presenta un listado de empleados que trabajarían para ella y está en lápiz una cruz diciendo ‘firmá acá’. Se lo habían hecho en la municipalidad. Desde la propia municipalidad le estaban armando el expediente para efectivizar el pago”, expuso Arias.
El representante del Ministerio Público Fiscal prosiguió: “Imagínese que esta chica se inscribe en AFIP en octubre y ya cobra por septiembre los primeros 100 mil y luego 25 mil por mes con el mismo concepto. Es decir, cobraba por limpieza y desmalezamiento del barrio Almirante Brown 100 mil pesos en septiembre, pero 25 mil pesos en octubre, 25 mil en noviembre, 25 mil pesos en diciembre, con lo cual se advierte claramente que no le estaban pagando eso sino que le estaban dando la plata”.
Arias explicó por qué se “apuró” y no investigó “otros temas”
Arias contó que lo filmó a Juan Adolfo González -el denunciante- en la declaración testimonial “donde habla de muchos temas, es cierto, pero la investigación de otros temas no puede venir a obstaculizar el presente caso, que es de muy sencilla presentación, acreditación, y por eso en los próximos días ya va a estar la causa elevada a juicio”, disparó como al pasar.
En seguida, se preguntó: “¿Y por qué dicen que me apuro a imputar a Cresto? Me apuro porque hay una norma, que es el artículo 204 del CPP que dice que la investigación penal preparatoria tendrá por objeto, y el primero, el punto a), es ‘impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores’. Es decir, yo no puedo, porque Cresto está en campaña, esperar que desapoderen a la municipalidad de los 300 mil pesos que estaban pactados en el plan inicial. No puedo esperar eso. Tengo un deber que me llama y ese deber lo ejercí concretamente imputándolos a todos. Esa actuación entiendo que es objetiva, que cualquier funcionario así lo haría, porque es el imperio de la ley lo que regula mi conducta y no las artimañas que pretenden adjudicarme”.
Respecto de su parentesco con Asueta, Arias se apoyó en normativa que, a su entender, define quiénes serían los “interesados”. “Al interés de Eduardo Asueta y al de Bahler lo desconozco pero debe ser el mismo interés que tiene la vecina de enfrente o el almacenero de la esquina, son interesados que no pueden de ninguna manera asumir ni el rol de fiscal, ni de querellante, ni imputado, ni ofendido, ni damnificado ni tercero civilmente demandado. Por eso la norma que se invoca es absolutamente inaplicable” argumentó.
“Con ambos -insistió Arias- carezco del nivel de relación personal que se indica para pergeñar la maniobra ilegal. Porque eso sería ilegal -remarcó-, que yo haga una falsa imputación contra una persona porque soy pariente de quien tuviera un interés. Eso sería un delito” enfatizó.
Agotando la cuestión del parentesco, concluyó: “Quiero también marcar que Von Zellheim tampoco es candidato a nada, con lo cual no tiene conflicto de campaña política ni con Asueta ni con Bahler. Si estamos hoy acá es por el recurso de él y por eso cabe hacer esa mención”.
Por último, respecto del error de tipeo cometido por el juzgado de Mautone, Arias aclaró que no afectó la resolución que autorizó la requisa del celular de Guillermo Von Zellheim. El yerro, según el fiscal, se produjo en una segunda resolución que disponía a futuro la pericia del teléfono móvil del funcionario, que aún no fue realizada. “La nulidad invocada es improcedente” concluyó. Y agregó: “Entiendo que ese teléfono nos va a dar mucha información del caso y por eso están desesperados”.
Petit amenazó con bajar al primer piso y denunciar violencia de género
El momento más complicado ocurrió cuando, a minutos del cierre de la audiencia, María de los Ángeles Petit interpretó que algunas expresiones del Fiscal José Arias habían ejercido sobre ella “violencia de género”, algo que el Juez Darío Mautone desechó de plano.
Se escuchó decir a Petit: “El fiscal habló de impotencia de mi parte, habló de desesperación de mi parte, habló de una artimaña en mi presentación, y mire que soy una experta en esto: podríamos bajar al primer piso y hacer una denuncia por violencia de género institucional por parte del Fiscal ante mi persona”.
Mautone, ya culminando la audiencia, aclaró a Petit: “En el debate entre ambas partes, no he visto ningún atisbo que haya tenido que ver con una cuestión de género, doctora. De haberlo visto, lo hubiese transmitido inmediatamente al doctor Arias. Pero no vi ningún atisbo y menos de violencia de género doctora”.
La resolución la adoptó este lunes 22 la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3,...