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Timestamp: 2018-06-23 09:56:02
Document Index: 52188930

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 154', 'artículo 49', 'artículo 41', 'artículo 49', 'artículo 154', 'artículo 8']

Informe no. 22/11
PETICIÓN 71-06 y Otras
GLORIA JOSÉ YAQUETTO PAREDES Y OTROS
El presente informe se refiere a 21 peticiones presentadas entre los años 2006 y 2007, a favor de jueces y fiscales (en adelante también “las presuntas víctimas”), quienes fueron cesados en sus cargos al no haber sido ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura del Perú (en adelante “el CNM”). En los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "Comisión Interamericana", "Comisión" o "CIDH") ha recibido una serie de peticiones relacionadas con la misma materia, las cuales han sido objeto, en su mayoría, de acuerdos de solución amistosa entre magistrados no ratificados y la República del Perú (en lo sucesivo “el Estado”, “el Estado peruano” o “Perú”).1
En líneas generales, las denuncias comprendidas en el presente informe señalaron que la ratificación de magistrados en el Perú no constituye un procedimiento disciplinario-sancionatorio y, según los peticionarios, sería incompatible con las garantías de inamovilidad e independencia de jueces y fiscales. Sostuvieron que las resoluciones del CNM que resultaron en la no ratificación de las presuntas víctimas en sus cargos, no contenían cualquier tipo de motivación. Se indica que tales resoluciones fueron impugnadas judicialmente, pero que incluso los magistrados que obtuvieron decisiones favorables y en última instancia no llegaron a ser reincorporados. Finalmente, en las peticiones se alegó, en general, que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8, 11, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o ”la Convención”).
El 24 de septiembre de 2010 el Estado peruano y las 21 presuntas víctimas suscribieron un acuerdo de solución amistosa. En el presente informe, aprobado de acuerdo al artículo 49 de la Convención Americana, la CIDH resume los hechos alegados por los peticionarios, refleja el acuerdo logrado por las partes y decide su publicación.
En los últimos años la CIDH ha recibido un número superior a 200 peticiones por parte de jueces y fiscales desvinculados de sus cargos luego de someterse a un proceso de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad con el artículo 154 de la Constitución Política del Perú. En la mayor parte de esas peticiones las presuntas víctimas y el Estado peruano han firmado acuerdos de solución amistosa, los cuales han sido homologados por la CIDH entre octubre de 2006 y marzo de 2008, en informes aprobados en los términos del artículo 49 de la Convención Americana.
El 30 de enero de 2009 la CIDH envió una comunicación al Estado en la cual le informó que desde el último informe de solución amistosa adoptado el 13 de marzo de 2008 había recibido un número superior a 30 nuevas peticiones sobre la misma materia. En esa ocasión, y a la luz de las facultades establecidas en el artículo 41 de la Convención, la CIDH solicitó información sobre la posibilidad de que se adoptara una solución integral a la situación de los magistrados no ratificados y se puso a la disposición de las partes para que dicha solución fuese convenida.
Mediante comunicación recibida el 6 de marzo de 2009, el Estado manifestó su voluntad de continuar con la suscripción de acuerdos de solución amistosa con relación a las nuevas peticiones relacionadas con magistrados no ratificados. Sin embargo, manifestó que “en el caso de las peticiones que aún no han sido notificadas al Estado peruano esto no es posible por cuanto no se cuenta con la información relacionada a sus datos personales, lo cual no permite realizar un análisis de su situación jurídica.”
El 16 de marzo de 2009 la CIDH remitió al Estado un listado de peticiones en etapa de estudio relacionadas con magistrados no ratificados y los datos personales de las presuntas víctimas, y reiteró la solicitud de que se encontrara una solución integral sobre esa materia. Mediante comunicación recibida el 21 de marzo de 2009, el Estado informó su disposición de solucionar la situación de un grupo de magistrados no ratificados, independiente de su petición ante la CIDH. Dichas observaciones fueron trasladadas a cada uno de los representantes de las presuntas víctimas, algunos de los cuales informaron que el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia había objetado la firma de acuerdos de solución amistosa con magistrados cuya denuncia ante la CIDH se encontraba pendiente de notificación al Estado.
En vista de esa situación, el 5 de marzo de 2010 la CIDH abrió a trámite 26 peticiones interpuestas por magistrados no ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura. De ese universo, 21 denuncias están comprendidas en el acuerdo de solución amistosa firmado el 24 de septiembre de 2010. A continuación se encuentra una relación de las presuntas víctimas que firmaron dicho acuerdo, el número bajo el cual sus peticiones fueron registradas y la fecha de recepción por parte de la CIDH:
Gloria José Yaquetto Paredes (P 71-06), recibida el 24 de enero de 2006.
Pedro Alberto Córdova Rojas (P 109-06), recibida el 2 de febrero de 2006.
Pedro Lucio Ramos Miranda (P 120-06), recibida el 7 de febrero de 2006.
Heriberto Hugo Lévano Torres (P 513-06), recibida el 25 de mayo de 2006.
Víctor Ladrón de Guevara De la Cruz (P 572-06), recibida el 5 de junio de 2006.
Carlos Felipe Linares Vera Portocarrero (P 594-06), recibida el 9 de junio de 2006.
Juan Nicanor Zúñiga Bocanegra (P 634-06), recibida el 16 de junio de 2006.
Javier Rolando Peralta Andía (P 834-06), recibida el 7 de agosto de 2006.
Edwin Elías Vásquez Puris (P 1066-06), recibida el 4 de octubre de 2006.
Genaro Nelson Lozano Alvarado (P 1160-06), recibida el 27 de octubre de 2006.
José Francisco Jurado Nájera (P 1285-06), recibida el 20 de noviembre de 2006.
Luís Rafael Callapiña Hurtado (P 184-07), recibida el 21 de febrero de 2007.
Ricardo Quispe Pérez (P 364-07), recibida el 26 de marzo de 2007.
Fidel Gregorio Quevedo Cajo (P 451-07), recibida el 13 de abril de 2007.
Aquiles Niño de Guzmán Feijoo (P 492-07), recibida el 19 de abril de 2007.
José Domingo Choquehuanca Calcina (P 627-07), recibida el 14 de mayo de 2007.
José Miguel La Rosa Gómez de la Torre (P 986-07), recibida el 29 de julio de 2007.
Rodolfo Kádagand Lovatón (P 1179-07), recibida el 13 de septiembre de 2007.
Simón Damacen Mori (P 1562-07), recibida el 11 de diciembre de 2007.
Carmen Encarnación Lajo Lazo (P 638-07), recibida el 17 de mayo de 2007.
Manuel Vicente Trujillo Meza (P 714-07), recibida el 5 de junio de 2007.
Las referidas peticiones fueron trasladadas al Estado el 5 de marzo de 2010, otorgándole el plazo de dos meses para que presentara respuesta, de conformidad con el Reglamento de la CIDH. Durante la tramitación de las denuncias, los peticionarios presentaron comunicaciones adicionales, las cuales fueron igualmente trasladadas al Estado.
El 30 de septiembre de 2010 el Estado peruano remitió el Oficio Nº 1820-2010-JUS/PPES, en el cual se adjuntó el acuerdo de solución amistosa suscrito el 24 de septiembre de 2010, y solicitó que dicho acuerdo fuese homologado por la CIDH en los términos del artículo 49 de la Convención. El Estado remitió asimismo la copia de la Resolución Suprema Nº 173-2010-JUS de 10 de septiembre de 2010, mediante la cual se autorizó a la Procuradora Pública Especializada Supranacional, Delia Muñoz Muñoz, suscribir acuerdos de solución amistosa con magistrados no ratificados.
En la primera semana de octubre de 2010 se trasladó el mencionado Oficio Nº 1820-2010-JUS/PPES a los representantes de cada una de las presuntas víctimas, indicando que la CIDH había tomado conocimiento del acuerdo de solución amistosa firmado el 24 de septiembre de 2010. Del universo de 21 presuntas víctimas, 12 han remitido escritos adicionales solicitando que la CIDH homologue el acuerdo de solución amistosa2. Los representantes de las demás presuntas víctimas no han presentado respuesta u objeción a que la CIDH homologue el acuerdo de solución amistosa por ellas suscrito.
Según el artículo 154 de la Constitución Política del Perú, son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:
Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme los dos tercios del número total de sus miembros.
Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles a cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.3
El proceso de ratificación consiste en una evaluación que el CNM realiza periódicamente, sobre el ejercicio profesional de cada juez y fiscal en ejercicio. Con la decisión de no ratificación se deja sin efecto el nombramiento del/a magistrado/a y se le inhabilita definitivamente para el ejercicio de la judicatura. Las vacantes que se originan en este proceso son cubiertas a través de un concurso público de mérito y evaluación.
En las peticiones comprendidas en el presente informe se alegó, en líneas generales, que el proceso de ratificación vulnera las garantías de inamovilidad e independencia con la que deben actuar los jueces y fiscales. Se adujo que para la fecha en que las presuntas víctimas fueron cesadas en sus cargos, el CNM estaba facultado a emitir decisiones de no-ratificación sin cualquier tipo de motivación y sin que existiera un recurso judicial efectivo e idóneo para impugnarlas. Asimismo, se afirmó que si bien la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional del Perú establece que el CNM debe motivar sus decisiones, el procedimiento de ratificación no contiene una doble instancia de revisión y continúa siendo incompatible con las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana.
Finalmente, los peticionarios solicitaron se deje sin efecto las resoluciones del CNM por medio de la cual fueron cesados en sus cargos. Asimismo, requirieron que se declarare la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8, 11, 23, 24 y 25 de la Convención Americana.
El 24 de septiembre de 2010 las presuntas víctimas y el Estado peruano, representado por la Procuradora Pública Especializada Supranacional, Delia Muñoz Muñoz, firmaron el siguiente acuerdo:
Acuerdo de Solución Amistosa de fecha 24 de septiembre de 2010 (R.S 173-2010-JUS)
(RESOLUCION SUPREMA N° 173-2001-JUS)
Conste por el presente documento el Acuerdo de Solución Amistosa, relativo a las peticiones que se indican luego y tramitadas ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (en adelante, la CIDH), celebrado, de una parte por
El Estado Peruano:
Debidamente representado, de conformidad con la Resolución Suprema N° 173-­2001-JUS, de fecha 10 de septiembre de 2010, por la Procuradora Publica Especializada Supranacional, Dra. Delia Muñoz Muñoz. Con domicilio legal en Scipión Llona N° 350, Miraflores, Lima, en adelante la representante del Estado Peruano, y por otra parte,
Los siguientes peticionarios, quienes suscriben personalmente por su propio derecho o a través de su{s} representante{s} debidamente acreditado{s}, en adelante, los peticionarios:
Gloria José Yaquetto Paredes (Petición N° 71-06),
Pedro Alberto Córdova Rojas (Petición N° 109-06),
Pedro Lucio Ramos Miranda (Petición N° 120-06)
Heriberto Hugo Levano Torres (Petición N° 513-06),
Víctor Ladrón de Guevara De la Cruz (Petición N° 572-06),
Carlos Felipe Linares Vera Portocarrero (Petición N° 594-06)
Juan Nicanor Zúñiga Bocanegra (Petición N° 634-06),
Javier Rolando Peralta Andía (Petición N° 834-06),
Edwin Elías Vásquez Puris (Petición N° 1066-06),
Genaro Nelson Lozano Alvarado (Petición N° 1160-06),
José Francisco Jurado Nájera (Petición N° 1285-06),
Luis Rafael Callapina Hurtado (Petición No 184-07),
Ricardo Quispe Pérez (Petición N° 364-07),
Fidel Gregorio Quevedo Cajo (Petición N° 451-07),
Aquiles Niño de Guzmán Feijoo (Petición N° 492-07),
José Domingo Choquehuanca Calcina (Petición N° 627-07),
José Miguel La Rosa Gómez de la Torre (Petición N° 986-07),
Rodolfo Kádagand Lovatón (Petición N° 1179-07),
Simon Damacen Mori (Petición N° 1562-07),
Carmen Encarnación Lajo Lazo (Petición N° 638-07),
Manuel Vicente Trujillo Meza (Petición N° 714-07)
El Estado reconoce que el proceso de ratificación de jueces y fiscales, tal como fue llevado al cabo antes de la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2005 del Código Procesal Constitucional (Ley No 28237), si bien estuvo conforme a la interpretación de las normas aplicables realizada por las instancias pertinentes, no incorporó ciertas garantías de la Tutela Procesal Efectiva, particularmente la exigencia de resolución motivada, que debe ser observada en todo tipo de procedimiento. Esto a la luz de lo expuesto en la Constitución Política del Perú, los tratados de derechos humanos que obligan al Estado peruano, la jurisprudencia vinculante de esta materia proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el Tribunal constitucional.
De conformidad con lo expresado en la Primera Cláusula del presente Acuerdo, ambas partes consideran que es conforme a derecho que, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos que obligan al Estado peruano y de conformidad con lo establecido por la Constitución Política del Perú, el Consejo Nacional de la Magistratura deja sin efecto las resoluciones que declararon la no ratificación de los magistrados comprendidos en la presente solución amistosa. En consecuencia, los magistrados recuperan su condición de tales para los siguientes efectos
2.1. Reincorporación en el Poder Judicial o en el Ministerio Publico
El Consejo Nacional de la Magistratura rehabilitará el título correspondiente de manera inmediata a la Homologación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del presente Acuerdo de Solución Amistosa.
El Poder Judicial o el Ministerio Publico, según corresponda, dispondrá la reincorporación de los magistrados que suscriben el presente Acuerdo a su plaza original dentro de los 15 (quince) días siguientes a la rehabilitación del título. De no estar disponible su plaza original, a solicitud de los magistrados, serán reincorporados en una plaza vacante de igual nivel en el mismo o en otro Distrito Judicial.
En este caso, dichos magistrados tendrán la primera opción para regresar a su plaza de origen apenas se produzca la vacante respectiva.
La reincorporación se llevara a cabo siempre y cuando no exista impedimento legal alguno, cuya verificación deberá estar a cargo del Poder Judicial o el Ministerio Público según sea el caso.
2.2. Otros derechos de los Magistrados reincorporados
2.2.1 Reconocimiento del tiempo de servicios
El Estado Peruano se compromete a reconocer el tiempo de servicios no laborados contados desde la fecha de la Resolución de no ratificación, para los efectos del cómputo de su tiempo de servicios, jubilación y demás beneficios laborales que les corresponden conforme a la ley peruana. La antigüedad de los servicios prestados por los magistrados acogidos al presente Acuerdo de Solución Amistosa, en caso fuera necesario, para cumplir con este, que se les traslade a otro Distrito Judicial, será reconocida para todos sus efectos en la nueva sede.
2.3. Indemnización total
El Estado Peruano reconoce al peticionario que se acoja a la presente Solución Amistosa el pago de la suma de US$ 5,000.00 (Cinco Mil Dólares Americanos y 00/100) por reparación, gastos, y por cualquier otro concepto, comprometiéndose el peticionario a no reclamar suma adicional alguna.
2.4. Nuevo proceso de evaluación y de ratificación
EI Estado Peruano llevará a cabo un nuevo procedimiento de evaluación y ratificación a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura respecto de los magistrados comprendidos en el presente acuerdo. Este nuevo procedimiento se llevará a cabo de conformidad con las normas y principios constitucionales (artículos 139 y 154 de la Constitución Política del Perú), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia vinculante que garantiza el debido proceso dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional.
Para dichos efectos, el Consejo Nacional de la Magistratura ha adecuado su Reglamento a las disposiciones normativas correspondientes que garantizan el debido proceso, de conformidad de las normas nacionales e internacionales y los principios constitucionales.
CEREMONIA DE DESAGRAVlO PUBLICO
El presente Acuerdo se suscribe de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2° (Derechos Fundamentales de la persona ), 44° (Deberes primordiales del Estado), 55° (Vigencia de los Tratados), 205° (Jurisdicción Supranacional) y de la Cuarta Disposición Final y Transitoria (Interpretación de los Derechos Fundamentales), de la Constitución Política del Perú; artículos 1° (Obligación de respetar los derechos), 2° (deber de adoptar, disposiciones de derecho Interno), 8 (Garantías Judiciales) y 48° (1) (f) (Solución Amistosa) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el articulo 41° del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El sentido y alcance del presente Acuerdo se Interpretan de conformidad con los artículos 29° y 30° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo que sea pertinente y al principio de buena fe. En caso de duda o desavenencia entre las partes sobre el contenido del presente Acuerdo, será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que decidirá sobre su Interpretación. También le corresponde verificar su cumplimiento, estando las partes obligadas a informar cada cuatro meses sobre su estado y cumplimiento.
HOMOLOGACION POR PARTE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
El presente Acuerdo de Solución Amistosa está sujeto a la homologación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado Peruano se compromete a solicitar esta homologación en el más breve plazo, y, obtenida esta, ponerla en conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a fin de que proceda con arreglo a la cláusula segunda y realice la reserva de las plazas correspondientes a los magistrados que participen en el Nuevo Proceso de Evaluación y Ratificación.
Las partes intervinientes en la suscripción del presente Acuerdo de Solución Amistosa expresan su libre y voluntaria conformidad y aceptación con el contenido de todas y cada una de sus cláusulas, dejando expresa constancia de que pone fin a la controversia y a cualquier reclamo contra el Estado peruano en relación a las otras peticiones materia del presente Acuerdo.
EXTENSION DEL ACUERDO A LO QUE RESULTE MAS FAVORABLE
Lima 24 de septiembre de 2010
(FIRMAS EN REPRESENTACION DEL ESTADO Y DE LOS PETICIONARIOS4)
La CIDH reitera que de acuerdo con los artículos 48.1.f) y 49 de la Convención, este procedimiento tiene como fin “llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención”. La aceptación de llevar a cabo este trámite, expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención, en virtud del principio pacta sunt servanda. También, desea reiterar que el procedimiento de solución amistosa contemplado en la Convención permite la terminación de los casos individuales en forma no contenciosa, y ha demostrado, en casos relativos a diversos países, ofrecer un vehículo importante y efectivo de solución, que puede ser utilizado por ambas partes.
La Comisión Interamericana ha seguido de cerca el desarrollo de la solución amistosa lograda en las peticiones comprendidas en el presente informe. La Comisión valora los esfuerzos desplegados por las partes para lograr esta solución y declara que el mismo resulta compatible con el objeto y fin de la Convención.
De acuerdo con la información proporcionada por las partes, previo a la suscripción del acuerdo de solución amistosa, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura emitió los Oficios Nºs 450-2010-P-CNM y 1553-2010-P-CNM, por medio de los cuales emitió opinión favorable a los compromisos reflejados en el aludido acuerdo.
El Estado se ha comprometido a dar cumplimiento a la cláusula 2.1 del acuerdo de solución amistosa de manera inmediata a su homologación por la CIDH. Según la información presentada por algunos peticionarios, el Ministerio de Justicia dispondría de una partida presupuestaria destinada al pago de parte de la indemnización regulada en la cláusula 2.3 del acuerdo.
La CIDH valora las medidas que el Estado viene desplegando para dar cumplimiento al acuerdo de solución amistosa, y se reserva la oportunidad de evaluar la información que las partes proporcionen para pronunciarse sobre los puntos que considera cumplidos.
Con base en las consideraciones que anteceden y en virtud del procedimiento previsto en los artículos 48.1.f) y 49 de la Convención Americana, la Comisión desea reiterar su profundo aprecio por los esfuerzos realizados por las partes y su satisfacción por el logro del acuerdo de solución amistosa en las 21 peticiones comprendidas en este informe, basado en el objeto y fin de la Convención Americana.
1. Aprobar los términos del acuerdo de solución amistosa firmado por las partes el 24 de septiembre de 2010.
2. Dar inicio al seguimiento y supervisión de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar a las partes, su compromiso de informar periódicamente a la CIDH sobre el cumplimiento del presente arreglo amistoso.
1 Tales acuerdos han sido homologados a través de los siguientes informes de solución amistosa adoptados por la CIDH: Informe Nº 109/06, Petición 33-03 y otras, Alejandro Espino y otros, Perú, 21 de octubre de 2006; Informe Nº 50/06, Petición 711-01 y otras, Miguel Grimaldo Castañeda Sánchez y otros, Perú, 15 de diciembre de 2006; Informe Nº 20/07, Petición 732-01 y otras, Eulogio Paz Melgarejo y otros, Perú, 9 de marzo de 2007; Informe Nº 71/07, Petición 758-01 y otras, Hernán Atilio Aguirre Moreno y otros, Perú, 27 de Julio de 2007 e Informe Nº 20/08, Petición 494-04, Romeo Edgardo Vargas Romero, Perú, 13 de marzo de 2008.
2 Tales personas son Gloria José Yaquetto Paredes (P 71-06), Pedro Alberto Córdova Rojas (P 109-06), Pedro Lucio Ramos Miranda (P 120-06), Víctor Ladrón de Guevara De la Cruz (P 572-06), Carlos Felipe Linares Vera Portocarrero (P 594-06), Juan Nicanor Zúñiga Bocanegra (P 634-06), Javier Rolando Peralta Andía (P 834-06), Luís Rafael Callapiña Hurtado (P 184-07), Fidel Gregorio Quevedo Cajo (P 451-07), Rodolfo Kádagand Lovatón (P 1179-07), Carmen Encarnación Lajo Lazo (P 638-07) y Manuel Vicente Trujillo Meza (P 714-07).
3 Constitución Política de la República del Perú, disponible en el portal de Internet del Congreso de la República: www.congreso.gob.pe/ntley/ConstitucionP.htm.
4 En la parte final del acuerdo de solución amistosa consta la siguiente nota relacionada con la firma del señor Luis Rafael Callapiña Hurtado:
En este acto se hace presente que por razones de fuerza mayor el Doctor LUIS RAFAEL CALLAPIÑA HURTADA (sic), conforme a la Constancia de atención médico (sic) de ESSALUD DE FECHA 22 setiembre de 2010, autoriza mediante poder personal y expreso a su hija Doña LUZ AMPARO CALLAPIÑA COSIO identificada con D.N.I. 23958232 para que suscriba el Acuerdo en su nombre y representación.