Source: https://elderecho.com/posibilidad-de-debatir-sobre-cual-es-el-regimen-economico-del-matrimonio-en-los-procesos-de-separacion-divorcio-o-nulidad
Timestamp: 2020-08-08 17:52:35
Document Index: 380336858

Matched Legal Cases: ['artículo 91', 'artículo 90', 'artículo 41', 'artículo 232', 'artículo 437', 'artículo 232', 'artículo 1', 'artículo 91', 'artículo 774', 'artículo 95', 'artículo 102', 'artículo 437', 'artículo 95', 'artículo 58']

Posibilidad de debatir sobre cuál es el régimen económico del matrimonio en los procesos de separación, divorcio o nulidad - El Derecho
Foro 30-01-2020 Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos
A Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga y Eladio Galán Cáceres, colaboradores de este Foro que han sido desde su inicio hace ya muchos, muchos años, en su nueva andadura por la vida que confiamos esté plagada de bendiciones. Bendición es haberles conocido y aprendido de su eximio conocimiento del Derecho de Familia; callado, prudente, ajeno a cualquier vana pretensión.
A Eduardo Hijas Fernández, que se jubila a su pesar dejando tras sí la senda iluminada, para que todos los que estamos entregados al Derecho de Familia podamos seguirla.
El art. 95 CC (EDL 1889/1) dispone que “la sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública que formalicen el convenio regulador, en su caso, producirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o extinción del régimen económico matrimonial y aprobará su liquidación si hubiera mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto”; y que “si la sentencia de nulidad declarara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que hubiere obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte”.
Es evidente que dicho precepto se refiere genéricamente al régimen económico que estuviere vigente en el matrimonio sin necesidad de otro tipo de especificación, pero lo cierto es que en la inmensa mayoría de los procedimientos contenciosos se hace mención a cuál es este régimen, tanto en las demandas como en las contestaciones, y las sentencias lo trasladan a su fallo con las consecuencias procesales de todo orden que tal pronunciamiento puede conllevar, aunque no hubiese habido un verdadero debate sobre ese particular.
Para algunos profesionales del Derecho de Familia, los procedimientos de separación, divorcio o nulidad no son el cauce adecuado para accionar pretensiones en relación a concretar el sistema que rija el matrimonio interesado en autos, puesto que el art. 95 CC no lo exige, mientras que para otros sí se podría entrar a debatir contradictoriamente esa cuestión en caso de plantearse y en evitación de ulteriores confusiones, al no impedirlo tampoco la literalidad del precepto.
¿Cabe la posibilidad jurídico-procesal de debatir y declarar expresamente en los procedimientos de separación, divorcio o nulidad cuál es el régimen económico vigente que rige el matrimonio?
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho de Familia", el 1 de diciembre de 2019.
Ya dije con ocasión del Foro Abierto “Disolución de la sociedad de gananciales por sentencia de divorcio. ¿Tiene fuerza de cosa juzgada frente a un proceso posterior instado para que se declare que el régimen realmente existente fue el de separación de bienes?” -EDO 2017/1000236-, de diciembre de 2016, que si la sentencia definitiva que se dicte en un proceso especial matrimonial de separación, divorcio o nulidad matrimonial se recoge en su parte dispositiva -fallo la disolución o extinción del régimen económico matrimonial vigente en el matrimonio, lo es, en aplicación de los arts. 95 y 1392 CC -EDL 1889/1-, es decir, automáticamente, ope legis, aun a pesar de que en el curso del procedimiento no se haya discutido acerca de dicho extremo, como normalmente sucede en la práctica.
Todo debate concerniente a la sociedad de gananciales, como por ejemplo, si hubo separación de hecho la fecha de inicio de su disolución, debe llevarse a cabo en el procedimiento posterior de formación de inventario. Es decir, en el procedimiento de divorcio, que podría considerarse matriz, no hay discusión posible sobre lo afectante al régimen económico y, de haberlo, el órgano judicial, casi con completa seguridad, rechazará cualquier elemento probatorio que se pretenda introducir, remitiendo a las partes a hacerlo en el posterior que previenen los arts. 806 y ss. LEC -EDL 2000/77463-, salvo para aquellos casos específicos en los que se pretenda aplicar la norma contenida en el art. 1438 CC y/o art. 232.5 CCCat -EDL 2010/149454-, ya que entonces la dinámica del debate cambia radicalmente al ser exigible la acreditación de que el régimen imperante durante el matrimonio era el de separación de bienes.
De esta manera, fuera de este supuesto concreto, la práctica diaria apunta a que toda discusión en torno a la clase de régimen económico que rija las relaciones económicas entre los cónyuges debe quedar fuera del marco del procedimiento principal -separación, divorcio, nulidad matrimonial-, sin que suponga dicha decisión indefensión de parte, pues bastará con la declaración, por imperativo legal, de declarar la disolución o extinción del régimen económico que conste en las actuaciones.
En contra de la conclusión expuesta se podría argumentar que esa falta de discusión podría llegar a generar error judicial en la decisión concreta adoptada, pero dicha incidencia, aunque la sentencia alcanzara el grado de firmeza, no llegaría a producir efectos de cosa juzgada en relación con el indicado pronunciamiento, ya que, como dije en su momento, si, posteriormente, se entablara un procedimiento en relación con el -real régimen económico matrimonial, en absoluto, cabría la posibilidad de apreciar excepción de cosa juzgada. Y ello porque supondría que en el fallo judicial -firme se contemplaba un régimen inexistente en el que no puede llevarse a efecto su liquidación, posibilitando con ello, caso de no haber sido utilizado el mecanismo de aclaración/rectificación que establece la LEC, el acudir a procedimiento en el que se pueda debatir acerca del régimen económico que reguló las relaciones económicas entre los cónyuges durante la vigencia del matrimonio y los efectos que del mismo deban derivar.
Este sería, a mi juicio, la escena a seguir. No obstante, ciertamente si el juzgador de instancia acepta que en el debate objeto de controversia se incluya cuál sea el régimen económico matrimonial, con ello no se produce indefensión alguna a las partes en contienda, pero, al final, el efecto práctico pasará a ser insustancial por cuanto el fallo judicial a emitir no pasará de una mera declaración de disolución o extinción del régimen económico que se considere de aplicación, quedando los efectos que de él deriven para ser resueltos en procedimiento posterior, es decir, al término del procedimiento se llegaría a la aplicación del art. 95 CC, sin más.
Además, conllevaría el inconveniente manifiesto de que un procedimiento especial que está previsto para que con la mayor celeridad se adopten las medidas personales y patrimoniales afectantes a cónyuges e hijos derivadas de una ruptura matrimonial, pase a enturbiarse con una actividad probatoria, a veces compleja, en relación a aspectos que perfectamente pueden quedar postergados a una fase procedimental posterior, con evitación de posibles recursos ante instancias superiores.
Se nos formula la pregunta ...
Se nos formula la pregunta de si en el procedimiento matrimonial de separación, divorcio o nulidad cabe la posibilidad jurídico-procesal de debatir y declarar expresamente cuál es el régimen económico que rige el matrimonio.
La controversia sobre cuál es el régimen económico del matrimonio se plantea con cierta frecuencia en los procedimientos de familia. La AP Barcelona, planteada la cuestión en el procedimiento de separación o divorcio, remitía a las partes al procedimiento ordinario en el que debía declararse previamente el régimen económico matrimonial que había regido constante el matrimonio para, posteriormente, proceder a su liquidación.
Así se sostuvo en numerosas resoluciones, entre otras la sentencia de AP Barcelona, Secc. 12ª, de 27 de septiembre de 2006 -EDJ 2006/426887 en la que se disponía que:
“La acción para determinar el régimen económico matrimonial aplicable, en los casos en los que exista contienda sobre este extremo, excede de lo que es propiamente el proceso de familia, y debe ser objeto de un juicio ordinario, o el que proceda, de acuerdo con la eventual cuantía de los bienes afectos al mismo, como ha tenido ocasión de señalar esta Sala -SAP Barcelona de 29 de julio de 2002-. Además del carácter netamente patrimonial de la pretensión, la conexión con los procesos de separación matrimonial, nulidad o divorcio es coyuntural, se realiza débilmente con base a lo que dispone el artículo 91 del Código Civil respecto a lo que ha de ser objeto del proceso de familia, que no menciona la determinación del régimen, sino únicamente las medidas sobre liquidación del régimen económico. Esta Sala ha señalado reiteradamente que las medidas sobre liquidación del régimen, tanto cuando se adoptan por mutuo acuerdo en el convenio regulador ex artículo 90.f del Código Civil, como cuando se someten a controversia ante el Tribunal, requieren como elemento de procedibilidad previo que sea pacífico el régimen económico matrimonial aplicable. Si existe controversia sobre este extremo, ha de remitirse a los litigantes al juicio declarativo correspondiente. En otro caso puede producirse a alguna de las partes indefensión, como ocurre en el caso de autos, en el que la esposa ha solicitado la indemnización del artículo 41 del Código de Familia, que hubiera podido corresponderle, por cuanto ha partido de la base de que no le era de aplicación tal derecho, al estar sometida al régimen del Código Civil.-.... Una vez resuelta la discrepancia sobre el régimen aplicable, la liquidación contenciosa también tiene su cauce especial, para que puedan realizarse razonablemente las actuaciones previas necesarias para la liquidación, de formación de inventario y sus posibles incidencias, y demás que han quedado netamente perfiladas y mejoradas en los procesos liquidatorios del Capítulo II, del Título II, del Libro IV de la LEC…”.
Esta cuestión ha quedado resuelta con la promulgación del Libro IV del Código Civil de Cataluña -CCCat -EDL 2010/149454 en cuyo art. 232-11 apartado 1º se establece que.
“Como cuestión previa, la sentencia matrimonial puede pronunciarse sobre el régimen vigente si las partes hacen cuestión de él”.
Y, si bien en la legislación común no existe un precepto paralelo al transcrito anteriormente, no recoge tampoco disposición alguna que impida el pronunciamiento en la sentencia matrimonial sobre cuál ha sido el régimen económico del matrimonio. El art. 95 CC -EDL 1889/1 dispone que “la sentencia firme producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial”. Lógicamente, el paso anterior a la disolución será determinar el régimen económico del matrimonio si existe controversia entre los cónyuges sobre cuál sea, y este precepto no impide esta tal determinación se realice en el procedimiento matrimonial.
Considero, por ello, que en el procedimiento matrimonial podrá determinarse el régimen económico por el que los cónyuges regían sus relaciones patrimoniales. Y ello por dos motivos. El primero de ellos por cuanto en función de cual sea el régimen económico podrá solicitarse diferentes medidas de tipo económico. Así, en el régimen de separación de bienes común puede solicitarse la indemnización prevista en el art. 1438 CC, o el en régimen de separación de bienes catalán puede reclamarse la compensación económica regulada en el art. 232-5 CCCat, indemnizaciones que no podrían reclamarse si el régimen económico del matrimonio fuera el de sociedad de gananciales. Si no pudiera determinarse en el procedimiento matrimonial el régimen económico del matrimonio irremediablemente se remitiría a las partes a otro procedimiento para declararlo y posteriormente a otro procedimiento, o tal vez en el mismo, para reclamar las indemnizaciones o compensaciones correspondientes.
Pero a este motivo debe añadirse otro, y éste es el de la economía procesal. Si existe controversia entre los cónyuges respecto a cuál es el régimen económico del matrimonio lo lógico es, en aras a evitar otro procedimiento a las partes, que en el procedimiento matrimonial quede determinado el régimen económico, y ello para que una vez dictada la sentencia de separación, nulidad o divorcio los cónyuges puedan acudir directamente al procedimiento previsto en los arts. 806 y ss LEC -EDL 2000/77463 para liquidar dicho régimen. Y ello sin necesidad de pasar previamente por un procedimiento declarativo en el que se dilucide cual era el régimen económico del matrimonio.
Lo que ya no puede realizarse en el procedimiento de separación o divorcio es la liquidación del régimen económico, salvo que existiera acuerdo de las partes sobre la división y adjudicación de los bienes, debiendo acudir al procedimiento liquidatorio señalado en el párrafo anterior. Así se dispone entre otras en la Sentencia de AP Barcelona de 21 de noviembre de 2019 en la que se remite a las partes al procedimiento previsto en los arts. 806 y ss LEC para la liquidación del régimen económico matrimonial. Se dispone en dicha resolución que:
“El artículo 232-12 del CCCat contempla la posibilidad de acumular al proceso especial de familia la acción de división de la cosa común-… Esta acumulación objetiva de acciones se contempla igualmente en el artículo 437.4 apartado cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acumulación que fue ejercitada y obtuvo la correspondiente declaración de disolución de la comunidad. Ahora bien, una cosa es tal declaración, que ha sido pacífica y aceptada por ambos cónyuges, y otra la adjudicación de activos y pasivos y la valoración de los diferentes bienes que componen el activo o la valoración de las deudas del pasivo que, por tratarse de operaciones complejas, se han de dejar para los trámites de los artículos 806 y ss. de la LEC -cuando son varias las partidas que integran el activo y pasivo-, salvo para el caso de que existiese acuerdo entre los litigantes. Al no existir acuerdo en cuanto a la valoración de los bienes de los que son copropietarios los litigantes, ni en el importe de la compensación que uno de los cónyuges debe abonar al otro a consecuencia de la valoración de los bienes adjudicados a cada uno de ellos, únicamente se habrá de tener por disuelta la comunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 232.12 del CCCat, quedando libres los comuneros para solicitar la liquidación del régimen económico matrimonial en cualquiera de las formas admitidas en derecho y, en cualquier caso, en venta en pública subasta en ejecución de sentencia si se procediera a la división separada de cada uno de los bienes, o el procedimiento liquidatorio de los artículos 806 y ss. de la LEC.”
En conclusión, en la sentencia que se dicte en el procedimiento matrimonial podrá determinarse el régimen económico del matrimonio, si así lo solicitan las partes por existir controversia entre ellos, debiendo remitir a los cónyuges a los trámites previstos en los arts. 806 y ss LEC para la liquidación de dicho régimen.
En mi opinión, au...
En mi opinión, aunque existen argumentos para sostener las dos posiciones a que alude al planteamiento de la pregunta que nos formula en esta ocasión nuestro Director, son más y de mayor consistencia jurídica las razones que avalan la tesis de que es factible, e incluso deseable, que en los procesos matrimoniales de nulidad, separación o divorcio, las partes puedan pedir, por vía de demanda o de reconvención, un pronunciamiento sobre cuál o cuáles sean los regímenes económico matrimoniales vigentes durante la vida conyugal de los litigantes, bien desde el inicio del matrimonio, bien desde un momento posterior, en el caso de existir controversia entre las partes sobre tal extremo, pues, aunque no sea muy frecuente en la práctica puede suceder que surjan discrepancias no solo sobre cuál ha de ser, ab initio, el régimen económico en vigor en aplicación de los diversos criterios establecidos en el art. 9.2 CC, sino también, aun no habiendo controversia sobre este punto, por las ulteriores modificaciones del régimen económico que hayan podido producirse a consecuencia de eventuales cambios de vecindad civil de los cónyuges, determinantes de la sujeción del matrimonio a un distinto régimen jurídico civil de los coexistentes en el territorio nacional.
En principio, la cuestión debe resolverse mediante la aplicación al caso de las reglas generales establecidas en la LEC para determinar el proceso correspondiente contenidas en el capítulo I del título I del Libro II de la misma -arts. 248 a 255-. El art. 248.1 dispone que “toda contienda judicial entre partes que no tenga señalada por la Ley otra tramitación, será ventilada y decidida en el proceso declarativo que corresponda”, señalando el apartado 3 del precepto que “las normas de determinación de la clase de juicio por razón de la cuantía sólo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia”. Si acudimos a los arts. 249 y 250, que contienen los criterios determinantes de la clase de juicio a seguir, el ordinario o el verbal, respectivamente, por razón de la materia, enseguida apreciamos que en las relaciones de concretas controversias de dichos preceptos no aparece expresamente contemplada la acción para dilucidar cuál deba ser régimen económico aplicable a un concreto matrimonio, lo que obliga, por imperativo de lo dispuesto en el art. 248.3 citado a indagar si existen normas sustantivas o procesales, referidas a la controversia señalada, que reenvían su resolución a un proceso especial distinto del declarativo que corresponda por razón de la cuantía.
Pues bien, mi respuesta a la pregunta que se nos formula por nuestro Director en este caso es positiva en base a las razones que siguen.
Cabe argüir en primer lugar, en defensa de esta tesis, que, si bien el tenor literal del art. 95 CC. no permite sostener que en el proceso matrimonial de separación divorcio o nulidad sea preceptivo hacer un pronunciamiento sobre cuál sea o haya sido el régimen económico matrimonial vigente en el matrimonio, no deja de ser asimismo cierto que el tenor literal de los arts. 806 a 811 LEC no contienen disposiciones que permitan sostener que la controversia sobre el régimen económico matrimonial aplicable al matrimonio pueda ventilarse en el proceso de liquidación del régimen económico matrimonial regulado en dichos preceptos. Es más, el art. 809.2 LEC, al delimitar indirectamente el objeto del juicio verbal de formación de inventario referido en tal precepto, mediante la alusión a las cuestiones que deben resolverse por la sentencia, no se refiere, como posible objeto del proceso, a la controversia sobre el régimen económico aplicable, aludiendo tan solo a las discrepancias sobre la inclusión o exclusión de partidas en el inventario del activo o pasivo consorcial, a la determinación del importe de cualquiera de las partidas o a las medidas que proceda adoptar para la administración o disposición de los bienes, no señalando expresamente la posibilidad de debatir en este proceso la discrepancia que nos ocupa. Es verdad que el inciso inicial del párrafo 2º del apartado 2 del art. 809 indica que “la sentencia resolverá sobre todas la cuestiones suscitadas”, pero no parece que esa locución dé cobertura legal, al menos explícita, a la posible formulación en ese proceso de formación de inventario de la pretensión de fijación del concreto régimen económico matrimonial vigente.
Por otra parte, si nos atenemos a lo dispuesto en el art. 770, párrafo 1º LEC, que delimita el ámbito objetivo del proceso matrimonial especial de separación, divorcio o nulidad, observamos que dicho proceso contrae su objeto a esas pretensiones y a “las demás que se formulen al amparo del título IV del Libro I del Código civil”, y que entre los preceptos contenidos en ese Título, no se encuentran los relativos a la determinación del régimen económico matrimonial aplicable, incluidos en el Título Preliminar del CC -arts. 9 y 13 a 16-.
Así pues, en una primera aproximación a la cuestión suscitada puede decirse que ni el art. 95 CC, ni los arts. 806 y ss LEC ofrecen base legal suficiente para sostener, de manera rotunda e indiscutible, que la controversia referida a la determinación del régimen económico aplicable pueda o deba debatirse y resolverse bien en el proceso especial matrimonial previsto y regulado en los arts. 770 y cc LEC o bien en el también especial de liquidación del régimen económico matrimonial regulado en los arts. 806 a 811 de la misma.
Y, ante la ausencia de una concreta norma que redirija a un concreto proceso especial u ordinario como el único adecuado procesalmente para que las partes debatan y el juez resuelva el régimen jurídico aplicable al matrimonio tras sus disolución, se impone buscar una solución legal a la cuestión que, partiendo de una interpretación sistemática y finalista de las normas sustantivas y procesales relacionadas con la cuestión, proporcione una respuesta adecuada a la misma desde el máximo respeto al principio de economía procesal, que, en definitiva, tiene su causa primigenia en el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin olvidar, claro está, que el principio general incorporado al art. 254.1 LEC, al establecer que el tribunal no estará vinculado por el tipo de juicio solicitado en la demanda y ordenar que se dé al asunto la tramitación que corresponda, elimina la disponibilidad de las partes sobre el proceso a seguir
Al respecto, la primera conclusión a la que debe llegarse, partiendo de una interpretación sistemática de las normas que deben manejarse para la resolución de la cuestión, y este sería el segundo argumento en pro de la tesis que defiendo, parece que lo más procedente y útil es que, antes del inicio del proceso de liquidación del régimen económico matrimonial regulado en los arts. 806 a 811 LEC, esté resuelta la posible controversia entre las partes sobre el régimen económico que se aplicó durante el matrimonio, que es el que debe liquidarse, lo cual aboca a excluir como proceso idóneo para la resolución de esta controversia tanto el proceso del art. 806 como el del 811 LEC.
Nótese que tanto el art. 806 como el art. 811 LEC parecen establecer como un prius lógico, necesario para acceder a tales procedimientos, la previa determinación de cuál sea el régimen económico matrimonial disuelto que debe liquidarse. La determinación, con carácter anterior al inicio del proceso de liquidación, de cuál o cuáles sean los regímenes económico matrimoniales que deben liquidarse es fundamental para determinar no sólo el específico procedimiento de liquidación a seguir -el del art. 806 y ss. o el del art. 811 LEC-, no coincidentes en cuanto a las pretensiones que pueden formularse en uno y otro, sino sobre todo, para determinar las concretas operaciones materiales precisas para efectuar la división del patrimonio común, completamente diferentes según cuál sea el régimen económico que deba liquidarse.
Por evidentes razones de economía procesal no es admisible permitir que pueda ventilarse en el juicio verbal del art. 809.2 o del art. 811 LEC la controversia relativa a si el régimen económico matrimonial que se está liquidando es uno de comunidad, uno de participación u otro distinto, porque, de aceptarse tal posibilidad, bien podría ocurrir que todas las actuaciones materiales de división realizadas hasta ese momento resultasen completamente baldías e inútiles, con grave quebranto económico y pérdida de tiempo para las partes, que verían cómo, por ejemplo, todas las alegaciones y pruebas practicadas para decidir si un bien es común o privativo, por ejemplo, resultan estériles, al establecerse posteriormente que el régimen a que estaba sujeto el matrimonio es no el de gananciales sino el de absoluta separación de bienes. Esas poderosas razones de economía procesal, basadas en el principio de conservación de validez de los actos procesales, nos deben llevar a descartar la apertura de un proceso de liquidación del régimen económico antes de que esté determinado, con plena seguridad jurídica, cuál es el régimen económico matrimonial que debe liquidarse.
Descartado como proceso idóneo para la resolución de esa controversia el proceso de liquidación del régimen económico matrimonial, las dos únicas opciones posibles son entender que debe dilucidarse en el proceso declarativo correspondiente a la cuantía, por aplicación de las normas generales antes expresadas, o en el propio proceso especial matrimonial. Nada se opone a que cualquiera de los cónyuges pueda acudir al proceso declarativo que corresponda para ventilar esa divergencia cuando el matrimonio no está en situación de crisis matrimonial. Lo que plantea dudas es si, producida la crisis matrimonial de separación, divorcio o nulidad, y surgida esa discrepancia, puede ventilarse la misma en el propio proceso especial matrimonial o debe acudirse también al proceso declarativo correspondiente. Me inclino por la conveniencia de ventilar la controversia que analizamos en el proceso especial matrimonial y no obligar a las partes a acudir a un juicio declarativo previo al especial de liquidación del régimen por las tres razones siguientes:
1ª. Una interpretación de las normas conforme al principio pro actione conduce a estimar admisible la pretensión de que se determinen el régimen económico en el proceso especial matrimonial de los litigantes en la medida en que entre los efectos comunes a la crisis matrimonial se comprende la disolución del régimen económico matrimonial y, por tanto, forma parte de la misma acción principal, relativa a la disolución del régimen, la determinación de cuál sea éste. En el peor de los casos, debería entenderse que tanto la acción de la disolución del régimen como la de su determinación, son acciones que se fundan en el mismo título o causa de pedir, y, por tanto, no prohibiendo la ley su acumulación, debe la misma permitirse, ex art. 73.1.1º LEC, en el proceso especial matrimonial de separación, divorcio o nulidad.
2ª. Desde una perspectiva práctica, el juez que conoce del proceso matrimonial es el que está en mejores condiciones para el conocimiento y resolución de la controversia relativa a la determinación del régimen económico matrimonial pues los hechos básicos en los que se fundan las normas que deben aplicarse para resolver la controversia, son, de ordinario, los mismos que fundamentan las medidas a adoptar en dichos procesos en relación con los hijos y los cónyuges -guarda y custodia, uso de la vivienda, pensión compensatoria, compensación del art. 1438 CC, etc.-, que se concretan en la prueba del domicilio o residencia que tuvieron los cónyuges tras la celebración del matrimonio o del lugar de domicilio o residencia habitual posteriores.
3ª. Por razones de economía procesal no es admisible obligar a las partes a dilucidar en dos procesos -el declarativo previo al procedimiento de liquidación, para determinar el régimen económico, y el de liquidación lo que perfectamente puede ventilarse y decidirse en uno solo -el especial matrimonial-, porque, como señala la Sentencia del TS 703/2015, de 21 de diciembre -EDJ 2015/264674-, deben evitarse los litigios sucesivos porque “pueden terminar perjudicando seriamente el derecho a la tutela judicial efectiva del que se encuentre en la posición más débil”.
Dª Rosario Hernández Hernández
En respuesta a la cuestión suscitada sobre la posibilidad de debatir y declarar expresamente en los procedimientos de separación, nulidad o divorcio cuál es el régimen económico que rigió el matrimonio en crisis y sin perjuicio de que corresponda su liquidación de conformidad con las disposiciones contenidas en el Libro IV, Titulo III, arts. 1.315 y ss CC -EDL 1889/1-, cauces procedimentales de los arts. 806 a 811 LEC -EDL 2000/77463-, entiendo que no integra el objeto propio del proceso, aun no excluyendo la posibilidad de razonamientos obiter dicta, de ser pacífica la vigencia de uno concreto o de resultar evidente, aun mediando controversia, que se ha regido el matrimonio por un determinado sistema, dejando en todo caso la cuestión imprejuzgada y reservando acciones que incumban a las partes respecto de los bienes del matrimonio para su ejercicio en el correspondiente proceso.
En esta línea, la Secc. 22ª de AP Madrid en sentencia de 16 de mayo de 2018 -nº rec. 1747/2016 -EDJ 2018/539735-, resolvió recurso interpuesto por el demandado con motivo de la declaración de disolución del régimen económico matrimonial de la sociedad legal de gananciales que se efectuó en la resolución recurrida, acogiendo la tesis de la parte actora, insistiendo en la alzada en que estuvo vigente el sistema de separación absoluta de bienes, subsidiario, pues no se otorgaron capitulaciones matrimoniales, disponiendo el art. 49 del Código de Familia Marroquí -EDL 2004/293484 -ambos litigantes ostentaban la nacionalidad marroquí y el matrimonio se contrajo en Marruecos-, que en ausencia de pacto cada consorte disponía de su patrimonio privativo.
Se razonaba en la sentencia recurrida que al no acreditar el demandado la vigencia del sistema económico matrimonial de separación de bienes, habría de presumirse que el matrimonio se rigió por el de sociedad legal de gananciales, que conforme el artículo 1.316 del Código Civil rige en derecho común por defecto, de no haberse otorgado capitulaciones matrimoniales.
La Sala consideró procedente la declaración de disolución del régimen económico del matrimonio como una consecuencia inherente al divorcio, con independencia de cuál fuera aquel, en términos del art. 95 CC, dejando imprejuzgada la cuestión referida a cual fuera el régimen y salvaguardando o reservando a las partes las acciones que pudieran incumbirles para su ejercicio en la vía correspondiente en orden a los bienes del matrimonio.
Hay que señalar q...
Hay que señalar que los efectos del art. 95 CC -EDL 1889/1 son declarativos, ya que señala que: “La sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública que formalicen el convenio regulador, en su caso, producirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o extinción del régimen económico matrimonial y aprobará su liquidación si hubiera mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto”.
Este efecto declarativo es con respecto al que existiera entre las partes, pero no es posible establecer o articular la contradicción y oposición en la determinación de cuál es el aplicable. Señala a estos efectos la AP Madrid, Secc. 22ª, en Sentencia 803/2016, de 11 de noviembre -EDJ 2016/231459 que: “Las previsiones contenidas en los artículos 91 y siguientes del Código Civil, en lo que concierne al régimen económico matrimonial, tan sólo contemplan, entre los efectos complementarios de la separación, el divorcio o la nulidad del matrimonio, la disolución del régimen económico vigente entre los esposos al tiempo de la sentencia, pero sin habilitar la posibilidad de declaraciones complementarias, en caso de discrepancia al efecto, sobre la naturaleza o clase de dicho régimen, lo que, en su caso, habrá de remitirse, en su planteamiento y resolución, al correspondiente procedimiento liquidatorio”.
Pero ello coarta o cercena la vía de poder discutir la referencia al régimen económico matrimonial que se vaya a disolver con la demanda. Así se pronuncia, por ejemplo, la AP Málaga, Secc. 6ª, en Sentencia 811/2018, de 3 de octubre -EDJ 2018/733596-, al señalar que:
“El artículo 91 del Código Civil, precepto este que viene a disponer como pronunciamientos que deben emitir las Sentencias de nulidad, separación o divorcio, los relativos a la adopción de determinadas medidas, entre las cuales, al margen de otras que no nos interesan a los efectos que nos ocupan, se contemplan las relativas a la liquidación del régimen económico matrimonial, que, obviamente, no tiene por qué ser el de sociedad de gananciales, lo que reitera la L.E.C en el artículo 774.4 y con el artículo 95 del Código Civil que establece que la Sentencia firme de divorcio, producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o extinción del régimen económico matrimonial, con lo cual la norma se refiere al régimen matrimonial por el que haya regido el matrimonio, que no tiene por qué ser necesariamente el de gananciales, lo que nos lleva a concluir que ninguno de los artículos expresados exige que el Fallo de las Sentencias que recaigan en los procedimientos de nulidad, separación y divorcio, se pronuncie expresamente sobre cuál haya sido el concreto régimen económico matrimonial que haya regulado las relaciones económicas entre los esposos, por lo tanto no es pronunciamiento que sea de exigible y necesaria emisión en los Fallos de las referidas Resoluciones”.
Para ello está el art. 806 LEC -EDL 2000/77463-, que señala que:
“La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y a las normas civiles que resulten aplicables”.
Mientras que el art. 807 LEC añade que:
“Será competente para conocer del procedimiento de liquidación el Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio, o aquél ante el que se sigan o se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial por alguna de las causas previstas en la legislación civil”.
Y, además, el art. 774.4 LEC añade que:
“En defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, el tribunal determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna.”
No existe, en consecuencia, la posibilidad de efectuar una contradicción y un planteamiento respecto al régimen económico matrimonial en el que el CC sólo prevé en estos supuestos la disolución del mismo, pero no la confrontación con la contradicción respecto a cuál sea el determinado. Esto sólo se puede plantear una vez se proceda a la liquidación del mismo régimen, pero los efectos de la disolución se fijan en sentencia sin la posibilidad de establecer una confrontación sobre su propio contenido, que queda postpuesto al momento de la propia liquidación del mismo. Y es el propio art. 807 LEC el que fija una vía opcional de acudir a “aquél ante el que se sigan o se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial por alguna de las causas previstas en la legislación civil”. Y ello como vía alternativa a la del procedimiento de nulidad, separación o divorcio.
En consecuencia, los límites existen y no es posible la amplitud de añadir el debate sobre esta cuestión en un procedimiento cuyo objeto y objetivo están tasados en una parte en la propia disolución del que hubiere, derivando a otro procedimiento la contradicción sobre el tema suscitado.
D. Isidro Niñerola Giménez
Entiendo que sí, porq...
Entiendo que sí, porque el propio Código Civil en los efectos del artículo 102 y 103 ya indica claramente que cesa la presunción de convivencia conyugal, y si lo ponemos en conexión con el apartado 4º, establece para los bienes gananciales o comunes, previo inventario las reglas de administración y de rendición de cuentas.
Considero que la resolución judicial, incluso la dictada en sede de Medidas Provisionales, podría ya indicar que se tiene por disuelto el régimen de gananciales, con carácter provisional a los efectos de que ese momento o incluso cuando hay separación prolongada en el tiempo y vivan separados de hecho, se tome como base para decidir acerca del momento de liquidación, pues es habitual que cuando hay sentencia definitiva, es bastante probable que haya podido haber disposiciones masivas sobre todo de cuentas y cualesquiera otros productos financieros.
En la actualidad, ya no es necesaria la firmeza del pronunciamiento de nulidad, separación o divorcio, sino que una vez admitida la demanda ya se puede solicitar la formación de inventario de los arts. 808 y 809 LEC.
Se sostiene con frecuencia que, en el régimen de separación de bienes, no existe esa masa común de bienes afecta al levantamiento de las cargas y bienes comunes, que pueden existir en un régimen de copropiedad romana, debiéndose llevar a cabo su liquidación a través del proceso declarativo que corresponda y no por el procedimiento de los arts. 806 a 811 LEC y, por tanto, la acción pertinente será la actio communi dividundo de los arts. 400 y ss CC.
Por ello, considero que fue muy acertada la modificación del artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, admitiendo en el apartado 4 la excepción 4ª, dado que no se admite la acumulación objetiva de acciones, salvo entre otros, en los procesos de separación, divorcio, nulidad y en los que tenga por objeto la eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas, ejercitándose simultáneamente la acción de división de cosa común respecto de los bienes que tengan comunidad ordinaria indivisa, el Tribunal tendrá la facultad de formar lotes y proceder a su adjudicación.
Desde mi punto de vista, todos estos procedimientos de liquidación se deberán tramitar en pieza separada, dado que en el proceso de divorcio se deberá dilucidar las medidas paternofiliales y económicas, y si se espera a que se realicen los avalúos periciales y otras pruebas inherentes a este tipo de procesos retardaría de gran manera la finalización del proceso matrimonial, al que se le ha querido dotar de mayor celeridad.
No obstante, la Ley no lo deja claro y por tanto lo lógico sería que el pronunciamiento de liquidación de los bienes en régimen de separación de bienes, formasen un todo con el resto de las medidas.
Considero interesante someter al foro la idea de que, igual que en pieza separada se tramitan la formación de inventario y la posterior liquidación en los procesos de liquidación de bienes gananciales, no habría óbice para que concluyese esa liquidación, independientemente del procedimiento principal, aunque considero que esta opinión es ciertamente arriesgada, a la vista del texto legal.
El art. 91 CC -<...
El art. 91 CC -EDL 1889/1 indica que en las sentencias de nulidad, separación o divorcio el Juez determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con -… la liquidación del régimen económico. Posteriormente en el art. 95 se preceptúa que -La sentencia firme, -… producirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o extinción del régimen económico matrimonial-. Por su parte, en el art. 774 LEC se contempla como medidas definitivas las relativas a la disolución del régimen económico.
Podría interpretarse que si el legislador ha incluido dentro de los pronunciamientos de la sentencia la disolución/liquidación del régimen económico matrimonial, parece lógico que el presupuesto previo, como es su determinación, también debería constituir el objeto del litigio.
Esta cuestión jurídica no está resuelta por el TS, ya que no ha constituido objeto de ningún recurso extraordinario por infracción procesal o casación. Esta circunstancia nos obliga acudir a las resoluciones de las Audiencia Provinciales para encontrar criterios que nos ayuden a encontrar una solución jurídica.
Pues bien, el criterio casi unánime de las Audiencias Provinciales se inclina por considerar que la determinación del régimen económico matrimonial no puede constituir el objeto de un procedimiento de divorcio, siendo una cuestión a resolver en un procedimiento ordinario o bien dentro del proceso de liquidación del régimen económico matrimonial. En este sentido podemos citar las siguientes resoluciones: AP Baleares, Secc. 4ª, Sentencia de 23 de enero de 2018 AP Barcelona, Sec. 12ª, Sentencia de 22 de abril de 2015 -EDJ 2015/96456 AP Tarragona, Secc. 1ª, Sentencia de 18 de julio de 2007 -EDJ 2007/156969 AP Madrid, Secc. 22ª, Sentencia de 25 de septiembre de 2001 -EDJ 2001/45132 y AP Murcia, Secc. 1ª, Sentencia de 22 de mayo de 2000. El Magistrado Pascual Ortuño razona la conveniencia de dilucidar el régimen económico en un procedimiento independiente dado que ha de tenerse en cuenta que la cuestión a enjuiciar es compleja, en muchas ocasiones con presencia de elementos de extranjería o de derecho interregional, con dicotomías en los presupuestos de escrituras públicas de adquisición de bienes, o con capitulaciones matrimoniales en el centro del debate litigioso. Son diversas las circunstancias que es necesario examinar en su dimensión precisa, por lo que requiere que las partes puedan alegar, reconvenir y probar ampliamente los presupuestos de hecho que determinan uno y otro régimen.
Como toda regla general, también en este caso contamos con excepciones y se permite la determinación del régimen económico matrimonial dentro del procedimiento de separación y divorcio en los siguientes casos:
1º. Cuando en el procedimiento de divorcio uno de los cónyuges solicita la fijación de la compensación por la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes. A tal efecto, señala el art. 232-11 CCCat -EDL 2010/149454 que:
-1. En caso de nulidad del matrimonio, separación o divorcio, la compensación económica por razón de trabajo debe reclamarse en el proceso que causa la extinción del régimen, y en el caso de resoluciones o decisiones eclesiásticas, en el proceso dirigido a obtener su eficacia civil. Como cuestión previa, la sentencia matrimonial puede pronunciarse sobre el régimen vigente si las partes hacen cuestión de él-.
La opción del legislador catalán ha sido resolver dentro del procedimiento de divorcio qué régimen económico estuvo vigente en el matrimonio, impidiendo la posibilidad de derivar la petición de esta compensación a un posterior procedimiento. Como señala la AP Barcelona, Secc. 12ª, en su Sentencia de 22 de abril de 2015 -EDJ 2015/96456-, -El legislador introdujo tal previsión para facilitar la resolución conjunta de todas las cuestiones típicas de la ruptura matrimonial en un solo proceso e impedir, al mismo tiempo, el uso fraudulento de las discrepancias sobre el régimen cuando en la demanda se solicitara la compensación catalana-.
2º. Cuando ambas partes estén de acuerdo en que la Sentencia se pronuncie sobre el régimen económico matrimonial vigente en el matrimonio. Como señala la AP Barcelona, Secc. 18.ª en Sentencia de 17 de abril de 2007 -EDJ 2007/130463-, “en los supuestos en que se hayan aportado por ambas partes los elementos de prueba pertinentes para resolver sobre la cuestión, no existe obstáculo legal alguno para entrar en el examen de la cuestión debatida y resolver sobre el tema. En el caso de autos, ambas partes están pidiendo un pronunciamiento al respecto, manteniendo cada uno de ellos una tesis distinta-. En el mismo sentido se pronunció la AP Huelva, Secc. 2ª en Sentencia de 1 de febrero de 2017 -EDJ 2017/108723-: -Siendo petición de las partes el de declaración de extinción del régimen, paso previo a un proceso ulterior liquidativo, diferente según sea dicho régimen, y habiéndose extendido los alegatos y los fundamentos de la sentencia a dicha cuestión, la sala ha de solventar la cuestión-.
He advertido que, en otras ocasiones, la Sentencia de divorcio introduce un obiter dicta en relación a la determinación del régimen económico matrimonial, pero el criterio de las Audiencias Provinciales es no conceder efectos de cosa juzgada permitiendo que, en un procedimiento posterior, pueda concretarse qué régimen económico concreto rigió entre las partes durante su convivencia matrimonial. La AP Barcelona, Secc. 18ª, en Sentencia de 25 de julio de 2013 analizó uno de estos supuestos llegando a la siguiente conclusión:
-La manifestación que se contiene en la sentencia de divorcio en cuanto a que el régimen económico del matrimonio fue la sociedad de gananciales no constituye un pronunciamiento con fuerza de cosa juzgada dado que no fue objeto de debate el régimen económico que regía entre los cónyuges dándose la circunstancia de que las partes alcanzaron un acuerdo sobre las medidas en la vista del juicio. Por tanto la referencia a la sociedad de gananciales carece de efecto alguno-.
Tradicionalmente, la dete...
Tradicionalmente, la determinación del régimen económico matrimonial aplicable cuando las partes no están de acuerdo se ha considerado una cuestión compleja que excede o desborda lo que es propiamente el objeto del proceso de ruptura y debe ser objeto de un juicio ordinario para su determinación. En esta línea, la Sentencia de AP Barcelona, Secc. 12ª, de 29 de julio de 2002 argumentaba que la determinación del régimen económico cuando es un hecho controvertido entre las partes es una cuestión que no puede ser resuelta en el limitado marco del procedimiento verbal de familia y exige un procedimiento específico en el que debatir con amplitud y plenitud de prueba sobre esta especifica controversia y con estricto respeto a los principios procesales de contradicción y defensa.
Con la entrada en vigor del Libro II del CCCat -EDL 2010/146454 la cuestión adquiere otra perspectiva a propósito de la compensación económica por razón del trabajo cuya regulación se ubica ahora en los artículos 232-5 y siguientes en la Sección I “El Régimen de Separación de bienes” del Capítulo II “Regímenes económicos matrimoniales”.
Conforme al art. 232-5.1 CCCat, esta compensación económica solo puede reclamarse y reconocerse en el régimen de separación de bienes.
El art. 232-11, cuando regula el ejercicio de este derecho, dispone que debe reclamarse en el proceso que causa la extinción del régimen y, en el caso de resoluciones o decisiones eclesiásticas, en el proceso dirigido a obtener su eficacia civil. Y, específicamente, indica que, como cuestión previa, la sentencia matrimonial puede pronunciarse sobre el régimen vigente si las partes hacen cuestión de él.
La normativa expuesta prevé pues, específicamente, que procede un pronunciamiento prejudicial en estas materias en aquellos casos en los que sea imprescindible para el enjuiciamiento tomar como base la existencia de un régimen determinado y siempre que se hayan formulado pretensiones concretas ligadas al proceso de liquidación -por vía de demanda o de reconvención y que no admitan demora.
La Sentencia de AP Barcelona, Secc. 18ª, de 5 de febrero de 2014 -EDJ 2014/31281-, con cita de la Sentencia del TSJ Cataluña de 22 de septiembre de 2008 -EDJ 2008/234468-, denegó una compensación económica por razón de trabajo al no ser el régimen económico del matrimonio el de separación de bienes. Y la Sentencia de AP Barcelona, Secc. 12ª, de 26 de junio de 2015 -EDJ 2015/127127-, se refiere a la necesidad de que se haya planteado controversia para que pueda realizarse el pronunciamiento.
El art. 95 CC -EDL 1889/1 se refiere genéricamente al régimen económico que estuviere vigente en el matrimonio sin más precisión pero, dado que la norma no lo prohíbe expresamente y en la medida en que su disolución o extinción es un efecto, entiendo que si se plantea la controversia por las partes cabe la posibilidad jurídico-procesal de debatirlo y determinar cuál es el régimen económico matrimonial que queda disuelto.
De hecho en la normativa catalana es necesario debatirlo y declararlo expresamente en el primer procedimiento de ruptura como “cuestión previa” cuando existe controversia sobre cuáles son las normas que regulan las relaciones económicas de los cónyuges entre sí y con terceros porque es premisa o conditio sine qua non para el reconocimiento de una compensación económica. De este modo se puede llegar a determinar que rige un régimen de gananciales o cualquier otro, en la medida en que se determine que no es el de separación.
D. Roberto Soto Sola
Dada la naturaleza “declarat...
Dada la naturaleza “declarativa” del proceso de separación o divorcio contencioso, de ser suscitada semejante cuestión por una o ambas partes, debería admitirse prueba al respecto y efectuarse un pronunciamiento siquiera accesorio a los restantes exigidos legalmente, aun cuando no haya previsión literal y expresa en el citado artículo 95 Código civil y ello por varios motivos:
- por razones obvias de economía procesal
por ausencia de expresa prohibición legal y, sobre todo,
- porque tales procesos aparecen “objetivamente” como más idóneos para dilucidar tal controversia en base al propio art. 95 CC -EDL 1889/1 y, asimismo, por aplicación de lo previsto en el art. 91 CC -“en las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución de las mismas, el Juez, -… determinará -… las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con -… liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas” y el art. 774 .4º LEC -EDL 2000/77463 -“…el tribunal determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación -… las cargas del matrimonio, disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas…”-.
Si el juzgador debe establecer medidas y cautelas referidas también al régimen económico matrimonial, parece razonable que, de ser controvertido éste, se requiera un pronunciamiento judicial específico al respecto del régimen vigente en cada momento.
No puede desconocerse además en este punto que la prueba que se practica en tales procesos para dilucidar las diferentes cuestiones que son objeto específico del mismo -no tanto las referidas a guarda y custodia y régimen de estancias y comunicación, como las relevantes para decidir sobre pensión de alimentos, pensión compensatoria, indemnización prevista en el art. 1438 CC, etc. pueden permitir al juzgador efectuar semejante pronunciamiento sin necesidad de que las partes acudan a ulteriores procesos, máxime cuando tal aspecto -determinación del tipo de régimen económico matrimonial vigente a su vez pueden tener incidencia en alguna de las cuestiones objeto específico del mismo proceso matrimonial -como la citada pensión compensatoria, ex art. 97 CC, apartados 1º y 9º, o la mencionada indemnización del art. 1438 CC-. En este sentido hay varias resoluciones de las Audiencias Provinciales que efectúan un expreso pronunciamiento sobre el régimen económico aplicable, como la Sentencia de AP Madrid, Sec. 24ª, nº 69/2019, de 23 de enero -EDJ 2019/568486-.
No resulta objetivamente extravagante la posibilidad de tal mención judicial en sede de sentencia de separación o de divorcio, cuando previamente al contraerse el matrimonio ya se contempla un pronunciamiento -y no solo judicial análogo y además en un simple expediente de Registro Civil , al señalar el art. 60 LRC -EDL que “junto a la inscripción de matrimonio se inscribirá el régimen económico matrimonial legal o pactado que rija el matrimonio y los pactos, resoluciones judiciales o demás hechos que puedan afectar al mismo” precisando el artículo 58 del mismo cuerpo legal que “ 6. Realizadas las anteriores diligencias, el letrado de la Administración de Justicia , el Notario o Encargado del Registro Civil que haya intervenido en el expediente finalizará el acta o dictará resolución haciendo constar -… la determinación del régimen económico matrimonial que resulte aplicable y, en su caso, la vecindad civil de los contrayentes…”, de modo que la determinación del régimen económico matrimonial que resulte aplicable debe hacerla constar el Instructor del expediente, quien debe asimismo hacer constar la vecindad civil de los contrayentes y con ello emitir un juicio sobre ambas cuestiones, régimen matrimonial y vecindad civil.
No obstante, el referido pronunciamiento judicial debería ceñirse a determinar el régimen económico matrimonial que se considera vigente y aplicable a fecha de sentencia mas no debe extenderse a otros aspectos, excluyéndose, por ejemplo, todo eventual pronunciamiento sobre el carácter ganancial o privativo tanto de bienes o derechos, como en su caso de deudas.
Cuestión diferente es si semejante pronunciamiento, de realizarse, tendría eficacia de cosa juzgada o si, por el contrario, podría suscitarse controversia en un ulterior proceso al respecto, como cuando la sentencia de separación o divorcio efectúa un pronunciamiento sobre la separación de hecho del matrimonio y posteriormente en sede de liquidación de la sociedad de gananciales -arts. 806 y ss LEC EDL 2000/77463 se discute si esa separación de hecho presentaba los caracteres precisos para tener virtualidad y eficacia para la disolución anticipada de la sociedad de gananciales.
Se pone sobre la mesa de debate de este foro una cuestión claramente controvertida a la luz del resultado del mismo. La posibilidad de debatir y obtener un pronunciamiento en los procesos de separación, divorcio o nulidad sobre el régimen económico que rige el matrimonio, cuestionada por algunos profesionales del derecho matrimonial que consideran estos procesos como un cauce no adecuado para ello, pese a resultar habitual en los procedimientos contenciosos, obtiene un resultado favorable muy ajustado, lleno de interesantes apreciaciones y matizaciones por parte de nuestros ponentes.
La opción mayoritaria, además de apuntar a razones de económica procesal y de no poder interpretarse de la legislación vigente lo contrario, consideran que la determinación del régimen económico es necesaria ya que el mismo incide en muchas de las medidas propias de estos procesos que se habrán solicitado y sobre las que deberá emitirse un pronunciamiento, especialmente aquellas de tipo económico, como la compensación del CC art.1438, o ante la necesidad de establecer medidas y cautelas referidas también al régimen económico matrimonial.
Sin embargo, también se alzan opiniones contrarias a esta práctica. DIEZ NUÑEZ señala que el proceso matrimonial está previsto para que con la mayor celeridad se adopten las medidas personales y patrimoniales afectantes a cónyuges e hijos derivadas de una ruptura, siendo conveniente no ser enturbiado con aspectos que perfectamente pueden quedar postergados a una fase procedimental posterior, con evitación de posibles recursos ante instancias superiores. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por su parte, entiende que dicho pronunciamiento no integra el objeto del proceso, aun no excluyendo la posibilidad de razonamientos obiter dicta, de ser pacífica la vigencia de uno concreto o de resultar evidente, aun mediando controversia, que se ha regido el matrimonio por un determinado sistema, dejando en todo caso la cuestión imprejuzgada y reservando acciones que incumban a las partes respecto de los bienes del matrimonio para su ejercicio en el correspondiente proceso. MAGRO SERVER aprecia límites legales y no ve posible ampliar el debate a una esta cuestión de cara a un procedimiento de objeto tasado, derivando a otro procedimiento la contradicción sobre el tema suscitado. PÉREZ MARTÍN se inclina por la que señala el criterio casi unánime de las Audiencias Provinciales; esto es, considerar que la determinación del régimen económico matrimonial no puede constituir el objeto de un procedimiento de divorcio, siendo una cuestión a resolver en un procedimiento ordinario o bien dentro del proceso de liquidación del régimen económico matrimonial.