Source: http://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-457347254
Timestamp: 2016-08-31 04:17:04
Document Index: 72945280

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 137', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 53', 'Artículo 1']

Sentencia de Tutela nº 457/13 de Corte Constitucional, 15 de Julio de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 457347254
Actor:Wilson Roman Marin
Demandado:Empresa Prosegur y Otra
Expediente:T-3850235
El accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada, los cuales considera vulnerados por las empresas prosegur y teseval s.a.s. En cuanto fue despedido de su cargo a pesar de encontrarse incapacitado y sin que mediara una causa objetiva que motivara dicha decisión. . Solicita que las accionadas le den respuesta de fondo a los derechos de petición presentados y que lo afilien al sistema general de seguridad social con el fin de acceder a los servicios de un médico especialista en el manejo de su enfermedad. Se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en alguna circunstancia de debilidad manifiesta en razón a su estado de salud. 2º. La naturaleza jurídica de los contratos a término fijo. 3º. Análisis normativo del trámite de las incapacidades de origen laboral o común, y 4º. Procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de acreencias laborales. Se declara la improcedencia de la tutela debido a que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
T-457-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-45713
En el proceso de revisión de la providencia emitida el cuatro (4) de febrero de 2013, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia Quindío, que revocó el fallo proferido el doce (12) de marzo de 2013, por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Armenia, Quindío, que concedió el amparo invocado por la accionante. 1. ANTECEDENTES
El señor Wilson Román Marín, instauró acción de tutela para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas, ya que fue despedido de su cargo en situación de debilidad manifiesta por su estado de salud. En consecuencia, solicita que la Empresa Prosegur Transportadora de valores y Teseval S.A.S le den respuesta de fondo a los derechos de petición que ha presentado, y lo afilien al Sistema General de Seguridad Social con el fin de acceder a los servicios de un médico especialista.
1.1.1.2 Sostiene el peticionario que laboró para la Empresa Prosegur Transportadora de Valores Teseval S.A.S, desde el 01 de Septiembre de 2006 hasta el 26 de agosto de 2011, desempeñando el cargo de supervisor gestión efectivo, cuyas funciones consistían en cargar y descargar las bolsas de moneda del carro transportador a los bancos y supermercados, labor por la cual devengaba un salario de $729,500.oo pesos. 1.1.1.3 Indica que el 26 de Agosto de 2011, el Gerente General de la empresa dió por terminado unilateralmente el contrato de trabajo a término fijo, el cual era renovado anualmente desde el 31 de agosto de 2006.
1.1.1.4 En su sentir, se encuentra protegido por el derecho a la estabilidad laboral reforzada teniendo en cuenta que en ejecución de sus labores, desarrolló una enfermedad denominada Discopatia lumbosacra con radiculopatia, hernia discal L5-S1, infiltrante G2.
1.1.1.6 Relata que el día 14 de Agosto de 2012, radicó derecho de petición ante Prosegur Transportadora de Valores, para que le informara el motivo por el cual había sido despedido. Cuenta que el 4 de Septiembre de 2012, le respondió que después de una revisión a su base de datos, constató que el accionante no labora ni ha laborado en su empresa.
1.2 TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Armenia, Quindío, admitió la tutela y ordenó su notificación a la entidad accionada para que ejerciera el derecho de defensa y contradicción, asimismo ordenó correr traslado a Pensiones y Cesantías Porvenir, a la ARP Sura, a la AFP Protección S.A y a la EPS Comfenalco Antioquia.
1.2.1 Compañía Transportadora de Valores PROSEGUR DE COLOMBIA S.A.
1.2.2.1 Indica que la tutela no es procedente y debe ser negada, debido a que le dio respuesta al derecho de petición interpuesto por el señor Wilson Román, el día 30 de enero de 2013.
1.2.3.2 Asimismo, alude que al consultar el sistema de información de afiliados a los Fondos de Pensiones SIAFP, administrado por ASOFONDOS, el señor Wilson Román Marín figura como afiliado a Protección S.A, donde debe acudir para realizar los trámites respectivos en orden a que se realice la valoración de invalidez, por ser el fondo de pensiones en donde se encuentra activo.
1.2.6 EPS Comfenalco Antioquia
La EPS dentro de la oportunidad legal prevista guardó silencio en la contestación de la acción de tutela. De forma extemporánea indicó que el señor Wilson Román Marín estuvo afiliado a la EPS Comfenalco Antioquia hasta el 1 de agosto de 2012.
Dentro de la oportunidad legal prevista, la Compañía Trasportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A.S impugnó la decisión, argumentando que hay falta de legitimación en la causa por parte de ésta, por cuanto no ha sido empleadora del trabajador, ni mucho menos éste prestaba sus servicios a la empresa, para la fecha en la que alega se vulneraron sus derechos.
Manifiesta que entre PROSEGUR S.A y TESEVAL S.A.S, existe un convenio de colaboración estrictamente comercial, los servicios son suministrados directamente por TESEVAL S.A.S con sus propios medios y recursos, lo que significa que ésta no es responsable a titulo de solidaridad de las condenas impuestas, y menos de índole laboral. Asimismo, Procesos Técnicos de Seguridad y Valores TESEVAL S.A.S dentro de la oportunidad legal prevista impugnó el fallo, argumentando que no existe nexo causal entre la enfermedad que padece el señor Wilson Román Marín y la terminación de su contrato de trabajo, pues el vinculo laboral del actor finalizó por cumplimiento del término pactado hace más de quince (15) meses.
Manifiesta que no reubicó el puesto de trabajo del accionante ni tenía la obligación de solicitar al Ministerio de Trabajo la autorización para despedir al trabajador, por cuanto nunca tuvo conocimiento de las supuestas restricciones medicas impartidas por Comfenalco. 1.3.3. Decisión de segunda instancia
1.4.8 Copia de la constancia de afiliación del señor Wilson Román Marín a la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías ASOFONDOS
1.4.8. Copia de la historia laboral del señor Wilson Román Marín por parte de la ARP SURA Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A
1.4.11. Copia del formato de vinculación al fondo de pensiones obligatorias Cesantías y Pensiones Colmena AIG, por parte del señor Wilson Román Marín.
ACTUACIONES SURTIDAS POR LA SALA DE REVISIÓN: PRUEBAS DECRETADAS POR LA SALA.
PRIMERO. PONER EN CONOCIMIENTO de Serbata Servicios Especiales S.A., la solicitud de tutela, sus anexos, y los fallos de instancia, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, expresen lo que estimen conveniente. En particular, que informen:
1.1 El objeto y naturaleza jurídica de la empresa, y se pronuncie acerca de su vínculo jurídico con Prosegur Transportadora de Valores y Teseval S.A.S.
1.2 El vinculo contractual que existió o existe con el señor Wilson Román Marín, teniendo en cuenta que en el sistema de seguridad social en pensiones figuran aportes realizados a favor del actor.
1.3 Si tiene conocimiento del despido del señor Wilson Román Marín Para dar cumplimiento a lo anterior, se le enviará copia de la acción de tutela de la referencia, sus anexos y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a SERBATA Servicios Especiales S.A., Prosegur Transportadora de Valores y Teseval S.A.S., para que en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto:
2.1 Expliquen las razones y circunstancias por las cuales se dio por terminado el contrato con la accionante, indicando la fecha de terminación del mismo, y si se acudió a la autoridad de trabajo competente para su terminación unilateral.
2.2 Alleguen copia de la liquidación de prestaciones sociales, indemnizaciones y demás acreencias laborales, copia de los desprendibles de pago de los últimos tres meses de salario, y copia del pago de las incapacidades.
TERCERO. PONER EN CONOCIMIENTO de la Compañía de Seguros Bolívar S.A, la solicitud de tutela de la referencia, sus anexos, y los fallos de instancia, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, exprese lo que estime conveniente.
CUARTO. PONER EN CONOCIMIENTO de Cesantías y Pensiones Colmena AIG, la solicitud de tutela de la referencia, sus anexos y los fallos de instancia, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, exprese lo que estime conveniente.
QUINTO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a Comfenalco EPS Armenia, para que en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto:
5.1 Remita copia de la historia clínica del señor Wilson Román Marín.
5.2 Informe de manera detallada las prestaciones médicas y asistenciales suministradas por la entidad para atender las dolencias del accionante, precise la evolución del paciente durante el periodo comprendido entre junio y agosto de 2011, y describa cuál es el tratamiento integral que se le debe prestar al peticionario para la recuperación de su salud.
v) Colige que el trabajador no acredita que sea objeto de discriminación en virtud de las dolencias, tampoco que éstas le impidan trabajar y mucho menos en qué forma concreta se ven lesionados o amenazados los derechos cuyo amparo solicitó.
vi) Considera que en este caso no se acredita que el trabajador se encuentre en una situación humana limite, en razón a la afirmación del testimonio que rindió, según la cual ocasionalmente recibe ayudas económicas del hermano. vii) Argumentó que no acudió al inspector de trabajo toda vez que: i) no se trató realmente de una terminación de contrato por despido sino de la expiración del plazo de vigencia del contrato y, ii) no se reúnen en este caso los requisitos que la ley dispone para que sea necesario solicitar la mencionada autorización.
Considerando los antecedentes planteados, corresponde a la Sala de Revisión determinar si la Empresa Prosegur Transportadora de Valores y Teseval S.A.S, transgredió los derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital, y a la estabilidad laboral reforzada del señor Wilson Román Marín.
3.3 EL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA EN RAZÓN A SU ESTADO DE SALUD. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
En este sentido, la Carta Política, en su artículo 53, consagra el principio a la estabilidad laboral, el cual tiene como objetivo principal asegurar al empleado gozar de una certeza mínima en cuanto a que el vínculo laboral contraído no se finalizará de manera arbitraria por el empleador. Persigue garantizar entonces la permanencia de éste en su empleo, y limita directamente al empleador en su facultad discrecional para dar por terminado de forma unilateral el contrato de trabajo, cuando dicha decisión está determinada por la situación de vulnerabilidad del trabajador.
Se considera entonces que la estabilidad laboral lleva consigo una doble connotación, como principio y derecho al mismo tiempo. Es decir, admite que el trabajo esté dotado de una vocación de permanencia o continuidad mientras no varíe el objeto de la relación, acaezca una circunstancia que haga nugatorias las obligaciones reconocidas a los sujetos de la relación laboral o se configure una justa causa de despido[1].
Al respecto, la Sentencia C-744 de 2012[2], declaró inexequible el artículo 137 del Decreto 19 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, el cual derogó el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones y adicionó un inciso el cual reitera que la discapacidad de una persona no es motivo para obstaculizar su vinculación laboral, o terminar su contrato de trabajo unilateralmente por ese motivo, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo, no se requerirá dicho procedimiento, cuando el trabajador incurra en alguna de las justas causas establecidas en la ley para dar por terminado el contrato de trabajo, inciso que deviene inconstitucional, por exceso en la aplicación de las facultades extraordinarias por el ejecutivo. La Corte indicó:
La protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados
Con esa estabilidad laboral reforzada se garantiza la permanencia en el empleo del discapacitado luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral. Para tal fin deberán adelantarse los programas de rehabilitación y capacitación necesarios que le permitan alcanzar una igualdad promocional en aras del goce efectivo de sus derechos. La legislación nacional no puede apartarse de estos propósitos en favor de los discapacitados cuando quiera que el despido o la terminación del contrato de trabajo tenga por fundamento la disminución física, mental o sicológica
El amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada cobija a la persona que sufre una disminución física, mental, sicológica o sensorial, la cual le imposibilita el desempeño habitual y normal de sus labores. La Corte en Sentencia T-271 de 2012[3] fijó los criterios que deben cumplirse para que opere la protección laboral reforzada, se traducen en:
(i)una deficiencia entendida como una pérdida o anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica de estructura o función; (ii) discapacidad, esto es, cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionados por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano; o, (iii) minusvalidez, que constituye una desventaja humana, al limitar o impedir el cumplimiento de determinada función, acorde con la edad, sexo o factores sociales o culturales.
Así las cosas, en la sentencia T-198 de 2006[4], la Corte al estudiar el caso de una persona que había sido despedida sin justa causa de la empresa en la que laboraba, pese a encontrarse en situación de indefensión por el deterioro grave de su salud y sin haber sido calificado su grado de invalidez, precisó:
() La jurisprudencia ha extendido el beneficio de la protección laboral reforzada establecida en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados calificados como tales, sino aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo de sus funciones ().
Aquellos trabajadores que sufren una disminución en su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral, deben ser consideradas como personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual frente a ellas también procede la llamada estabilidad laboral reforzada, por la aplicación inmediata de la Constitución. La protección legal opera por el sólo hecho de encontrarse la persona dentro de la categoría protegida, consagrando las medidas de defensa previstas en la ley. Por su parte, el amparo constitucional de las personas en circunstancia de debilidad manifiesta permite al juez de tutela identificar y ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal circunstancia y le da un amplio margen de decisión para proteger el derecho fundamental amenazado o restablecerlo cuando hubiera sido vulnerado. En materia laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez (). (Negrilla fuera del texto)
En concordancia con lo anterior, la Corte en la sentencia T-850 de 2011[5], al revisar el asunto de una persona a quien su empleador dio por terminado su contrato de trabajo sin previa autorización del Ministerio de Trabajo, encontrándose en curso de una incapacidad, en ocasión a una enfermedad desarrollada en el ejercicio de sus labores, de la cual la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determinó como de origen común, sostuvo que:
De conformidad con lo expuesto, se concluye que la ley impone al empleador la obligación de mantener el vínculo laboral con el trabajador mientras que perdure la incapacidad, debiendo reincorporar a los trabajadores que han recuperado su salud y conforme con lo que el concepto médico establezca, debe cumplir con su deber de reubicar al trabajador en un puesto acorde con su condición de salud, hasta que se emita un concepto favorable de rehabilitación o hasta que consolide el derecho pensional. En todo caso, corresponde al empleador adelantar en coordinación con las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral las gestiones que correspondan con el fin de garantizar al trabajador incapacitado la prestación ininterrumpida de los tratamientos médicos que requiera para lograr su recuperación y rehabilitación y los medios de subsistencia, bien sea a través del salario, o de la pensión de invalidez, si a ella tiene derecho. En caso de despido, el empleador debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, toda vez que se trata de personas en circunstancias de debilidad manifiesta como consecuencia de una limitación y por tanto sujetos de especial protección constitucional.
Siguiendo esta línea jurisprudencial, el Alto Tribunal en sentencia T-548 de 2012[6], estudió el caso de una persona que se encontraba en período de incapacidad laboral, en ocasión de un accidente de trabajo, fue despedido sin justa causa, sin la autorización previa del Ministerio de la Protección Social, sostuvo que para los trabajadores que tengan una afectación en la salud, están en situación de indefensión y debilidad manifiesta, se materializa el derecho a la estabilidad laboral reforzada. En palabras del Alto Tribunal:
La legislación laboral colombiana ha protegido la estabilidad laboral de la persona que se encuentra en ese periodo de incapacidad por merma temporal en su estado de salud, hasta tanto se defina su situación jurídica para que no quede por fuera del Sistema Integral de Seguridad Social, proscribiendo el despido de un trabajador con incapacidad laboral menor a 180 días y consagrando la reubicación laboral cuando es posible.
() el juez de tutela deduce que la finalización del contrato laboral de un trabajador con discapacidad, se produjo sin la previa aquiescencia de la autoridad administrativa, podrá presumir que esa decisión obedeció a la limitación física o mental, infiriendo de esa manera que se configura una afectación grave del derecho a la dignidad humana. Por tal razón, al constatarse la presencia de tales condiciones, se deberá declarar la ineficacia del despido, ordenando el reintegro del trabajador, sin solución de continuidad, al mismo empleo u otro de igual o superior nivel, que esté acorde con su situación.
Con respecto a esto, la Corte Constitucional ha considerado que la estabilidad laboral reforzada conlleva la reubicación en un puesto en el que el discapacitado pueda potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, no obstante la discapacidad que le sobrevino, de forma que se concilien los intereses del empleador de maximizar la productividad de sus funcionarios y los del trabajador en el sentido de conservar un trabajo en condiciones dignas
3.4 LOS CONTRATOS a TÉRMINO deFINIDO EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.
Ahora bien, el empleador en ejercicio de su facultad discrecional, podrá elegir la modalidad del contrato, fijando así un término definido para éste, sin perjuicio de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por tanto la expiración del plazo pactado no se configura motivo suficiente para que el contrato no sea renovado.
Al respecto en Sentencia C-016 de 1998[7], que declaró la exequibilidad de los artículos 45 (parcial), 46 y 61 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo con relación a que los contratos a término fijo no aseguran la estabilidad en el empleo, pues estos no son renovados, precisó:
() este principio también impera en los contratos a término fijo, pues el sólo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, sólo así se garantizará, de una parte, la efectividad del principio de estabilidad, en cuanto expectativa cierta y fundada del trabajador de mantener su empleo, si ha observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de otra parte, la realización del principio, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. En esta perspectiva, siempre que al momento de la expiración del plazo inicialmente pactado, subsistan la materia de trabajo y las causas que lo originaron y el trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a éste se le deberá garantizar su renovación.
En efecto, en la sentencia T-449 de 2008[8], la Corte señaló:
"[E]n los contratos laborales celebrados a término definido en los que esté inmerso un sujeto de especial protección y en los que el objeto jurídico no haya desaparecido, no basta con el vencimiento del plazo ó de la prórroga para dotar de eficacia la terminación unilateral del contrato, sino que, es obligación del patrono acudir ante Inspector del Trabajo para que sea éste quien, en aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, determine si la decisión del empleador se funda en razones del servicio, como por ejemplo el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le eran exigibles, y no en motivos discriminatorios, sin atender a la calificación que formalmente se le haya dado al vínculo laboral.
La Corte Constitucional[9] ha fijado unos criterios, los cuales otorgan una garantía, la estabilidad en el empleo, y se configuran en una obligación legal por parte del empleador que deben ser tenidos en cuenta para la desvinculación de un trabajador en circunstancias especiales, estos se traducen en que: (i) perdure la materia del trabajo, el (ii) empleado cumpla las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y (iii) no figure una variación de su actividad económica.
Lo anterior implica, que él sólo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, sólo así se garantizará, de una parte la efectividad del principio de estabilidad, en cuanto expectativa cierta y fundada del trabajador de mantener su empleo, si de su parte ha observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de otra la realización del principio, también consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral.
En consonancia con lo anterior, la Corte en la Sentencia T-225 de 2012[10], al revisar el asunto de una persona a quien su empleador dio por terminado su contrato de trabajo en razón a la expiración de la labor u obra por la cual fue contratado, a pesar que en vigencia del contrato de trabajo, el actor relató que sufrió un accidente, sostuvo que:
Desde luego, dicha estabilidad laboral se convierte en una restricción al ejercicio de la autonomía individual y el acuerdo de voluntades entre las partes cuando se trata de definir las condiciones en las que se desarrollará una relación laboral pues tales circunstancias estarán supeditadas a las reglas constitucionales y legales, categoría que incluye el mandato de estabilidad laboral reforzada. Por consiguiente, el acuerdo de voluntades que da origen al contrato de trabajo, está restringido y sometido a las disposiciones constitucionales que rigen la materia y se superpone a la autonomía de las partes.
3.5 ANÁLISIS NORMATIVO DEL TRÁMITE DE LAS INCAPACIDADES DE ORIGEN LABORAL O COMÚN.
En aplicación de los fines constitucionales, y en procura de garantizar a los coasociados el cumplimiento progresivo de los programas creados por el Estado, para cubrir integralmente las contingencias de invalidez, vejez y muerte, el legislador expidió la Ley 100 de 1993[11], Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral.
Uno de los objetivos del Sistema de Seguridad Social Integral, es garantizar las prestaciones económicas, asistenciales y de salud que surgen de la incapacidad de un empleado, dependiente o independiente para el desempeño de sus funciones. Dicha incapacidad ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como el estado de inhabilidad física o mental de una persona que le impide desempeñar en forma temporal o permanente su profesión u oficio[12]
En torno al estado de incapacidad, la Sentencia T-920 de 2009[13] fijó tres (3) tipos de incapacidad:  () (i) temporal, cuando se presenta una imposibilidad transitoria de trabajar y aún no se han definido las consecuencias definitivas de una determinada patología;(ii) permanente parcial, cuando se presenta un disminución parcial pero definitiva de la capacidad laboral, en un porcentaje igual o superior al 5%, pero inferior al 50%, y (iii) permanente (o invalidez), cuando el afiliado padece una disminución definitiva de su capacidad laboral superior al 50%.
De acuerdo con la Ley 1562 de 2012 "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional", la cual reformó la Ley 776 de 2002[14] que creó el Sistema General de Riesgos Profesionales. La Ley 1562 de 2012 define el Sistema General de Riesgos Laborales así: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
El pago de la incapacidad temporal será asumido por las Entidades Promotoras de Salud, en caso de que la calificación de origen en la primera oportunidad sea común; o por la Administradora de Riesgos Laborales en caso de que la calificación del origen en primera oportunidad sea laboral y si existiese controversia continuarán cubriendo dicha incapacidad temporal de esta manera hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta Regional o Nacional si se apela a esta, cuando el pago corresponda a la Administradora de Riesgos Laborales y esté en controversia, esta pagará el mismo porcentaje estipulado por la normatividad vigente para el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, una vez el dictamen esté en firme podrán entre ellas realizarse los respectivos rembolsos y la ARP reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el dictamen en firme indique que correspondía a origen laboral.
Tratándose de incapacidad generada por enfermedad laboral, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia[15] hizo especial énfasis sobre el trámite para el reconocimiento y pago de incapacidades de origen laboral, el cual es el siguiente: (i) previamente debe realizarse la calificación del origen de la enfermedad, accidente o muerte, con la finalidad de determinar si la misma es de origen laboral, caso en el cual las prestaciones corren por cuenta de la Administradora de Riesgos Laborales, (ii) si la incapacidad es calificada como de origen laboral se le atribuye a la Administradora de Riesgos Laborales, a la cual se encuentre afiliado el trabajador, la obligación de garantizar de manera integral todas las prestaciones de carácter económicos, en salud, y asistenciales originadas por dicho suceso, (iii) en el evento en que existiera controversia sobre el dictamen de la pérdida de capacidad laboral, la ARL continuará cubriendo dicha incapacidad temporal hasta que quede en firme el dictamen emitido por parte de la Junta Regional o Nacional de calificación de invalidez, (iv) tratándose de la pérdida del 50% o más de la capacidad laboral, le corresponderá al fondo de pensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez al trabajador.
Sobre este aspecto la Sentencia T-980 del 10 de octubre de 2008[16] consideró que:
Por esa razón, es la propia EPS a la que esté afiliado el paciente la que oficiosamente debe, una vez advierta que enfrenta un caso de incapacidad superior a 180 días, -por supuesto con la información que requiera por parte del enfermo-, remitir los documentos correspondientes para que el Fondo de Pensiones respectivo inicie el trámite y se pronuncie sobre la cancelación o no de la prestación económica reclamada debiendo esta administradora no sólo dar respuesta oportuna a dicha solicitud, sino que, en caso de ser negativa, estar debidamente justificada tanto normativa como fácticamente indicándole al paciente las alternativas que el Sistema de Seguridad Social le brinda para procurarse un mínimo vital mientras dure la incapacidad y no se tenga derecho a la pensión de invalidez.
Ésta es una expresión fehaciente de la concreción de los postulados constitucionales, y de los fines del Estado Social de derecho, el cual persigue garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, como el de asegurar la vigencia de un orden justo. Asimismo busca la protección del derecho fundamental a la igualdad en sus múltiples manifestaciones, circunscribiendo la igualdad de oportunidades, la igualdad real y efectiva o las acciones afirmativas a favor de grupos discriminados o marginados y de personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, como es el caso de los trabajadores en situación de indefensión. 3.6 PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN MATERIA DE ACREENCIAS LABORALES.
3.6.1 En materia de acreencias laborales, por regla general la acción de tutela es improcedente por tratarse de derechos de rango legal, pues para dirimir las suscitadas controversias el mecanismo idóneo es la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Asimismo se considera improcedente en razón a que no se puede pretender obtener por medio de ésta una protección ágil o evitar las cargas procesales que implica un proceso ordinario.
() de manera excepcional, procede la acción de tutela para este tipo de reclamaciones laborales cuando como consecuencia de su no reconocimiento se vulnere o se ponga en peligro un derecho fundamental como la vida, la seguridad social o el mínimo vital. Sin embargo, para se conceda la tutela, previamente debe estudiarse el caso en particular y evaluarse si el mecanismo ordinario resulta ineficaz para la inmediata protección del derecho[17]
() al determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela en aquellos eventos en donde se comprueba la existencia de personas en circunstancias de debilidad manifiesta, por su avanzada edad, por su mal estado de salud, por la carencia de ingreso económico alguno, por su condición de madre cabeza de familia con hijos menores de edad y/o por su situación de desplazamiento forzado, entre otras; que dependen económicamente de la prestación reclamada y que carecen de capacidad económica para garantizarse su propia subsistencia, se exige del juez un análisis de la situación particular del actor, con el fin de determinar si el medio de defensa judicial ordinario es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos fundamentales y si se está frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional[18]
3.6.2 Por otra parte, es importante aclarar que aunque en reiterada jurisprudencia se ha expuesto que la acción de tutela no tiene termino perentorio ni de caducidad, también ha enfatizado que se trata de un mecanismo residual y subsidiario que tiene como finalidad la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten amenazados o vulnerados.
En la sentencia T-900 de 2004[19] se expresó sobre este requisito:
... la jurisprudencia constitucional tiene establecido que el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela de tal suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y justo. Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.
Al respecto en Sentencia T-792 de 2007[20] la Corte advirtió lo siguiente:
en los únicos dos casos en que no es exigible de manera estricta el principio de inmediatez en la interposición de la tutela, es (i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.
En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que: () para la procedencia de la acción de tutela en relación con el requisito de inmediatez, entre otros elementos, el juez constitucional debe evaluar  si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes...[21] , es decir, si es predicable la existencia de una justa causa por la cual no ejercitó la acción de manera oportuna[22].
4.1 PRESENTACIÓN DEL CASO
El señor Wilson Román Marín estima que sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital, y a la estabilidad laboral reforzada fueron transgredidos por las empresas Teseval S.A.S y Prosegur Transportadora de Valores, al desvincularlo de su cargo cuando se encontraba incapacitado y sin una causa objetiva que motivara dicha decisión.
Por su parte, la empresa Prosegur Transportadora de Valores S.A indicó que no es, ni ha sido empleadora del señor Wilson Román, ya que éste es empleado de la sociedad Teseval con la cual Prosegur tiene celebrado un contrato comercial para el apoyo de algunas actividades.
De otro lado, la empresa Teseval S.A.S reconoció la existencia del vínculo contractual con el peticionario, y negó el reintegro del trabajador esgrimiendo que la vinculación laboral con éste terminó como consecuencia del vencimiento del plazo pactado, toda vez que se trataba de un contrato a término fijo. A su vez adujo que la acción de tutela era improcedente por no cumplir con el requisito de inmediatez.
4.2 HECHOS PROBADOS
4.2.4 Reposa en el plenario prueba, de que en ejecución de sus labores, el peticionario desarrolló una enfermedad denominada Discopatia lumbosacra con radiculopatia, hernia discal L5-S1, infiltrante G2, y obra en el expediente copia de la recomendación de condiciones de trabajo del señor Román Marín dirigida a Prosegur S.A y Teseval S.A.S, expedida por el médico especialista en salud ocupacional de COMFENALCO EPS, en la cual solicitó al empleador la reubicación del puesto y funciones del accionante, teniendo en cuenta su delicado estado de salud. (Folios 2-4) 4.2.5 A su vez se halla probado que el 26 de agosto de 2011, el Gerente General de la empresa Teseval S.A.S dió por terminado unilateralmente el vinculo laboral, por expiración del plazo pactado del contrato a termino fijo inferior a un año, el cual era renovado anualmente. Asimismo, consta que afirmó no tener el deber reubicar el puesto de trabajo del actor, ni de contar con la obligación de solicitar al Ministerio de Trabajo la autorización para despedir al trabajador, por cuanto nunca tuvo conocimiento de las supuestas restricciones impartidas por Comfenalco, lo cual se encuentra desvirtuado, ya que en el expediente obra copia de las recomendaciones de las condiciones de trabajo del señor Román Marín expedida por el médico adscrito a dicha EPS. (Folio 3 y 61) 4.3 ANALISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
(ii) No interpuso la acción de tutela dentro de un término razonable a partir de la ocurrencia de los hechos que daban lugar a la amenaza o violación de los derechos DESTACA fundamentales, pues el despido se efectuó el 26 de agosto de 2012 y la acción de amparo fue impetrada el 31 de octubre de 2013, de lo cual se colige que dejó transcurrir 14 meses apróximadamente desde la notificación de la terminación del vínculo laboral y el ejercicio de la acción de tutela. (Folio 9-10)
[1] Sentencia T-226-12 M.P Humberto Sierra Porto
[2] M.P: Nilson Pinilla Pinilla [3] MP. Nilson Pinilla Pinilla
[5] M.P Mauricio González Cuervo. [6] M.P Nilson Pinilla Pinilla
[8] M.P Humberto Antonio Sierra Porto
[9] Ver Sentencia T-225 de 2012
[10] M.P Humberto Antonio Sierra Porto
[11] Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, entendido como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad
[12] Artículo 1 de la Resolución 2266 de 1998, por la cual se reglamenta el proceso de expedición, reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones económicas por incapacidades y licencias de maternidad en el Instituto de Seguros Sociales.
[13] M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[14] La Ley 776 de 2002 creó el Sistema General de Riesgos Profesionales, que lo define como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencias del trabajo que desarrollan
[15] Ver Sentencias T-920 de 2009, T-137 de 2012, T-154 de 2011, y T-168 de 2007
[16] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[17] Sentencia T-669 de 2009. M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[18] Sentencias T-941 de 2005, T-1065 de 2005, T-326 de 2007 y T-182 de 2011
[19] M.P Jaime Córdoba Triviño
[20] M.P Marco Gerardo Monroy Cabra
[21] Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[22] Sentencia T-584-11.
Sentencia de Constitucionalidad nº 878/03 de Corte Constitucional, 30 de Septiembre de 2003
Auto nº 117/10 de Corte Constitucional, 16 de Junio de 2010
Sentencia de Tutela nº 1242/08 de Corte Constitucional, 11 de Diciembre de 2008
Sentencia nº 25000-23-26-000-1992-8344-01(12719) de Consejo de Estado - Sección Tercera, de 10 de Mayo de 2001