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Timestamp: 2017-06-23 22:19:46
Document Index: 17246545

Matched Legal Cases: ['Artículo 15', 'Artículo 49', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 53', 'artículo 122', 'Artículo 122', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'Artículo 85', 'Artículo 11', 'artículo 26', 'Artículo 21', 'Artículo 231', 'Artículo 16', 'Artículo 22']

Elaborado por un compañero de Segovia de Izquierdas
He tratado de resumir y extraer lo más relevante de las 41 páginas del decreto. Las
modificaciones están en el mismo orden en que aparecen en el decreto. Comenzando por la exposición de motivos previa, cabe destacar los siguientes apuntes que hacen comprobar el sentido del conjunto de la reforma:
· Se habla de “particularidades estructurales de nuestro mercado laboral, que las reformas abordadas en las últimas décadas no han logrado eliminar o reducir de forma sustancial” entre las que señala de forma inequívoca “un escaso desarrollo de las posibilidades de flexibilidad interna en las empresas que ofrece la legislación actual” y añade que “A su corrección se dirigen esencialmente las medidas contenidas en este real decreto-ley”. En lo referente a modificaciones:
· Respecto al contrato por obra y servicio se fija su duración máxima en 3 años, que pueden ser 4 según los convenios colectivos. Artículo 15.1 a) ET.
· Al terminar un contrato por obra o servicio o por circunstancias de la producción, la indemnización pasa de 8 a 12 días de salario por año trabajado. Artículo 49.1 c) ET. Pero según la nueva disposición transitoria decimotercera, la indemnización de 12 días será para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2015. · Sobre los despidos colectivos, se elimina la frase de que estos despidos van destinados “a garantizar la viabilidad futura de la empresa” cuando se producen por causas técnicas u organizativas. De hecho, “entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado”, en ningún caso una situación de pérdidas o dificultades económicas en la empresa. Artículo 51.1. ET
· Sobre las resoluciones de la autoridad laboral que autorizan los despidos colectivos, se cambia que esta sea en virtud de que “se desprenda razonablemente que las medidas propuestas por la empresa son necesarias” por “se desprenda que concurre la causa alegada por el empresario”. Artículo 51.6.ET Es decir, la prioridad se le da a que existan una serie de causas concretas indistintamente de si la empresa está en una situación económica comprometida y de si fuera “razonable” el despido.
· En el despido por causas objetivas cuyo motivo sea el mismo que un despido colectivo pero que no afecte a número de trabajadores suficiente para ser considerado como tal, se suprime el párrafo que dice “el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos”. Es decir, se alegan las mismas causas que en los despidos colectivos pero se elimina la necesidad de acreditarlas. Artículo 52 c) ET · El preaviso al trabajador en un despido por causas objetivas pasa de 30 a 15 días hasta la extinción del contrato de trabajo. Artículo 53.1 c) ET. Se agilizan los procesos de despido. · Con la nueva redacción se elimina el defecto de forma en el despido (falta de preaviso, indemnización incorrecta) como causa de nulidad de un despido. Artículo 53.4.ET Asimismo, haciendo más explícito lo anterior, se eliminan los puntos a y b del artículo 122.2 LPL que dicen “2. La decisión extintiva será nula cuando: a) No se hubieren cumplido las formalidades legales de la comunicación escrita, con mención de causa. b) No se hubiese puesto a disposición del trabajador la indemnización correspondiente, salvo en aquellos supuestos en los que tal requisito no viniera legalmente exigido.”. En el añadido que se hace al Artículo 122.3 LPL amplía esto a los despidos colectivos. Esto no sólo ahorra tiempo a la empresa si no que hace que no tenga que pagar salarios al no tener que reiniciar un procedimiento de despido en la forma correcta. · El contrato de fomento de la contratación indefinida aparecido con la Ley 12/2001 con 33 días de indemnización por año trabajado y máximo de 24 mensualidades, se amplía a “Parados que lleven, al menos, tres meses inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo” (independientemente de su edad), “Desempleados que, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, hubieran estado contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal, incluidos los contratos formativos”, y a los contratados temporales que a los que se les transforme en indefinidos. Esto, además de generalizar a todos los colectivos sociales el contrato de 33 días, hace un reconocimiento implícito del uso fraudulento de los contratos temporales dado que su conversión en indefinidos demuestra que se realizan para el trabajo estructural de la empresa, y a ese uso fraudulento se le recompensa de esta forma. · En el caso de la movilidad geográfica por traslado de un trabajador a otro centro de trabajo de la empresa que requiera cambio de residencia, era requisito abrir un “período de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no inferior a quince días” y ahora la duración pasa a ser de “no superior a quince días improrrogables”. Artículo 40.2 ET.
· Se incluye como una posible modificación de las condiciones de trabajo la “Distribución (irregular) del tiempo de trabajo” y se suprime el párrafo que dice “La modificación de las condiciones establecidas en los convenios colectivos regulados en el Título III de la presente Ley sólo podrá producirse por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y respecto de las materias a las que se refieren los párrafos b), c), d) y e) del apartado anterior”. Es decir “b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. c) Régimen de trabajo a turnos. d) Sistema de remuneración. e) Sistema de trabajo y rendimiento” pasan a ser susceptibles de un proceso de modificación ordinario donde la decisión final es del empresario (impugnable) o de un laudo arbitral (vinculante), sin necesidad de acuerdo con los representantes de los trabajadores, comisión paritaria, y contradiciendo un convenio colectivo. Artículo 41 ET
· Respecto a las cláusulas de descuelgue salarial de los convenios colectivos, además de poder ejercerse cuando “la estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación (del convenio colectivo)” ahora también “las perspectivas económicas de la empresa” son susceptibles de provocar el descuelgue. Además, la última palabra en caso de no llegar a un acuerdo en caso de descuelgue ahora no la tiene la comisión paritaria sino que será a través de un proceso de arbitraje que se resolverá con un laudo arbitral vinculante. El periodo de consultas también pasa de un mínimo de 15 días a un máximo improrrogable de 15. Artículo 82.3 ET. Al hilo de esto, y sobre el contenido mínimo obligatorio de los convenios colectivos, se cambia este párrafo “c) Condiciones y procedimientos para la no aplicación del régimen salarial que establezca el mismo, respecto de las empresas incluidas en el ámbito del convenio cuando éste sea superior al de empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.3” por este otro “c) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir en la negociación para la no aplicación del régimen salarial a que se refiere el artículo 82.3.”. Es decir, las condiciones del descuelgue no se negocian. Se dictan por ley y se estiman por laudo arbitral. Artículo 85.3.c.ET. · Se amplían las bonificaciones en las cotizaciones de las seguridad social que fijó la Ley 27/2009 (Ley de Economía ¿¡Sostenible!?) que pagan las empresas por trabajadores en suspensión de empleo. Pasan del 50% al 80% si incluyen planes de formación durante la suspensión.
· Se conceden bonificaciones en el pago de la seguridad a las empresas por contratos indefinidos en los siguientes casos y cuantías:
· Trabajadores desempleados entre 16 y 30 años inscritos durante al menos doce meses. Varones 800€/ cuota empresarial. Mujeres 1000€/ cuota empresarial.
· Trabajadores desempleados mayores de 45 años, inscritos durante al menos doce meses. Varones 1200€/cuota empresarial. Mujeres 1400€/cuota empresarial.
· Transformación en indefinidos de contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación. Varones 500€/cuota empresarial. Mujeres 700€/cuota empresarial.
· Contratos para la formación con trabajadores desempleados e inscritos. 100% de la cuota empresarial.
· El contrato en prácticas se podrá hacer hasta 5 años después de haber terminado los estudios en lugar de los 4 de hasta ahora. También se incluye que “los títulos de grado y de máster correspondientes a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación”, de forma que se podrán encadenar 4 años de contratos en prácticas. Artículo 11.1 ET.
· Se amplía la edad para hacer contratos formativos hasta los 25 años y hasta el 31 de diciembre de 2011. Hasta ahora el límite eran 21 años.
· Se modifica la Ley de Empleo 56/2003 que regula las agencias de colocación. Dentro de sus principios, se elimina “Los servicios públicos de empleo asumen la dimensión pública de la intermediación laboral, si bien podrán establecer con otras entidades convenios, acuerdos u otros instrumentos de coordinación que tengan por objeto favorecer la colocación de demandantes de empleo”, y se trata al mismo nivel a los servicios públicos y a las agencias de colocación. Se les atribuye funciones anteriormente exclusivas de los servicios públicos como “a) Suministrar a los servicios públicos de empleo la información que se determine por vía reglamentaria, con la periodicidad y la forma que allí se establezca sobre los trabajadores atendidos y las actividades que desarrollan, así como sobre las ofertas de empleo y los perfiles profesionales que correspondan con esas ofertas. b) Elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de trabajadores desempleados integrantes de los colectivos mencionados en el artículo 26, que concluyan con la colocación de aquéllos, en los términos que se determinen reglamentariamente en función de la situación del mercado de trabajo. c) Disponer de sistemas electrónicos compatibles y complementarios con los de los servicios públicos de empleo. d) Garantizar la aplicación y el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social. e) Cumplir con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con discapacidad.”. Artículo 21 Ley 56/2003 y Artículo 231.1 LGSS
· Se suprimen todas las menciones que existen a las agencias de colocación como entidades sin ánimo de lucro y se elimina su prohibición del ET. Artículo 16. 2 y 3 ET, Artículo 22Bis Ley 56/ 2003, Artículos 16 y 17 LISOS.
· Se abren definitivamente las puertas para la entrada de las ETTs como cesionarias de trabajadores en los siguientes sectores: “la construcción, la minería a cielo abierto y de interior, las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre, los trabajos en plataformas marinas, la fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos y los trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión”. Disposición adicional segunda Ley 14/1994 de ETTs.
· En la Disposición Transitoria Tercera del decreto se indica que El FOGASA pagará 8 días por año trabajado de la indemnización que corresponda a un trabajador por un despido colectivo o por causas objetivas. Esto es, la empresa pagará 12.
· En la Disposición Adicional Segunda del decreto, se anuncia la creación de un fondo de capitalización que se aprobará en un año y que deberá estar operativo a partir de 1 de enero de 2012. “Las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirán en un número de días por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo” y se hará “sin incremento de las cotizaciones empresariales”, sin indicar de donde saldrá el dinero para ese fondo.
LGSS: Ley General de la Seguridad Social
LPL: Ley de Procedimiento Laboral
LISOS: Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social