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Timestamp: 2017-08-17 21:42:39
Document Index: 110565011

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 140', 'artículo 60', 'artículo 82', 'artículo 90', 'artículo 116', 'artículo 90', 'artículo 242', 'artículo 90']

﻿ AUTO 5939 DE ENERO 20 DE 2000
AUTO 5939 DE 20 DE ENERO DE 2000
CONTENIDO:EL EJERCICIO DE FUNCIONES JUDICIALES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NO TIENE CONTROL ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FACULTAD DE CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, FACULTAD DE INVESTIGACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:339 DE MARZO DE 2000, PÁG.373
Auto 5939 de enero 20 de 2000
EJERCICIO DE FUNCIONES JUDICIALES POR SUPERSOCIEDADES
NO TIENE CONTROL ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Ref.: Expediente 5939
Santafé de Bogotá D.C., veinte de enero del año dos mil.
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Nación, Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de Cali, contra la providencia de 22 de julio de 1999 por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de todo lo actuado, desde el auto admisorio de la demanda inclusive, por falta de jurisdicción, dentro del proceso instaurado tendiente a obtener la nulidad de los autos números 410-620 de 23 de febrero de 1998 y 410-2672 de 1º de abril de 1998, dictados por la Superintendencia de Sociedades dentro del concordato celebrado por la sociedad Samytex con sus acreedores.
A solicitud del apoderado de la entidad demandada, el Tribunal Administrativo del Valle mediante la providencia impugnada declaró la nulidad de todo lo actuado, desde el auto admisorio de la demanda, en el proceso promovido, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales contra la Superintendencia de Sociedades, encaminado a obtener la nulidad de los autos 410-620 del 23 de febrero de 1998, mediante el cual se aprobó el acuerdo concordatario celebrado entre la sociedad Samytex Ltda., y sus acreedores y del Auto 410-2672 mediante el cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto.
Para fundamentar su decisión, el a quo, con base en el texto del artículo 90 de la Ley 222 de 1995, consideró que a la jurisdicción de lo contencioso administrativo no le corresponde conocer de los actos acusados, dado que no tienen la calidad de actos administrativos sino jurisdiccionales.
En efecto, las decisiones demandadas fueron dictadas en el curso de un proceso concursal, celebrado entre la sociedad Samytex Ltda. y sus acreedores, el cual cuenta con regulación especial, y en el ejercicio de expresas funciones judiciales.
Estimó, en consecuencia, que se había presentado la causal de nulidad prevista en el numeral 1º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esto es, falta de jurisdicción.
La apoderada de la entidad demandante aduce como fundamento del recurso, en esencia, que el hecho de que la ley conceda facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades, no le quita su condición de autoridad administrativa.
Desconocer que no existe control sobre las actuaciones de la entidad demandada al actuar como juez en los procesos concordatarios, entraña admitir que ésta actúa autónomamente al margen de la legalidad.
La competencia para conocer de esta acción, que se ha propuesto a la justicia administrativa, radica no bajo la perspectiva del acto en discusión sino de la calidad del ente que lo produjo.
Debe atenderse el antecedente normativo consagrado en el artículo 60, inciso 1º, del derogado Decreto 350 de 1995, conforme al cual el acuerdo celebrado entre el empresario y sus acreedores que ponía fin a la actuación administrativa, podía demandarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siendo que la Ley 222 de 1995 no establece expresamente la competencia de dicha jurisdicción para conocer de tal acuerdo. Ello pone de presente que pese a que se reconocía a la Superintendencia de Sociedades el carácter de juez, estaba sujeta a revisión por su carácter de autoridad administrativa.
Al respecto señala que, al tenor del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo la jurisdicción contenciosa administrativa está instituida para dirimir las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.
1. La función que, en relación con los concordatos que celebren las personas jurídicas, le corresponde ejercer a la mencionada Superintendencia de Sociedades, es de carácter jurisdiccional, por mandato expreso del legislador, consignado en el artículo 90 de la Ley 222 de 1995, el cual preceptúa, respecto del trámite de los procesos concursales, que “La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116 inciso 3º de la Constitución Política”; y que “será competente de manera privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas...”.
En efecto, la naturaleza jurisdiccional que la ley le ha dado a la función que la superintendencia cumple como juez de concordato, es armónica con la materialidad del asunto, puesto que se trata de conflictos entre intereses de particulares, por los efectos jurídicos de las decisiones y las medidas que le está autorizado tomar dentro del proceso, tanto que tienen necesaria incidencia en otros procesos judiciales. Más aún, las características del trámite, con regulación especial, complementada por el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio, sin que en la remisión a otros ordenamientos se haga mención del Código Contencioso Administrativo, erige la actuación respectiva en un verdadero proceso judicial, aplicable también por los jueces civiles especializados o, en su defecto, del circuito, en tratándose de concordatos de personas naturales.
2. Lo que otorga competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de la actividad administrativa no es la calidad de la entidad pública sino la condición de “administrativa” de la misma. El Código Contencioso Administrativo, al señalar la extensión del control, establece que “la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de conformidad con este estatuto” (destaca la Sala), es decir, que el control se realiza en relación con el ejercicio de la función administrativa del Estado y no de otras funciones del mismo, como la legislativa o la jurisdiccional.
3. El antecedente normativo citado por la recurrente es inaplicable, por cuanto si bien el control jurisdiccional a que dicho decreto sometía el auto por el cual la superintendencia aprueba el acuerdo de los concordatos asignados a su conocimiento, podía crear el equívoco de que la actuación se tomara como administrativa y, por consiguiente, los actos respectivos también como tales pese a la materialidad y características procesales de la actuación, hoy esta posibilidad ha desaparecido por efectos de la prescripción clara y perentoria del artículo 90 de la Ley 222 de 20 de diciembre de 1995, en concordancia con la derogatoria expresa que en su artículo 242 se hace del decreto referido, derogación que apenas es una consecuencia obvia de lo que la misma ley estipula en su artículo 90.
Así las cosas, teniendo los actos acusados naturaleza jurisdiccional, escapan por definición a la jurisdicción contencioso administrativa, ya que mediante esta acción sólo se puede juzgar los actos administrativos, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo; y, por lo mismo, no es admisible que por razón de ellos se adelante un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por consiguiente, el auto impugnado se confirmará.
CONFIRMAR el auto apelado de fecha 22 de julio de 1999, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 20 de enero del año 2000.