Source: http://revistalibertades.com/n08_cont04.html
Timestamp: 2017-12-11 21:04:02
Document Index: 125159765

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 1']

Resumen: El contenido ambiental dentro del Derecho es un aspecto relativamente novedoso para la ciencia jurídica, nace de términos como: ecología, ambiente, medio ambiente, entorno, naturaleza. Los que se contienen en la rama del Derecho conocida como Derecho Ambiental y ubicada generalmente dentro del Derecho Social. Y aunque esto pareciera sencillo de entender, en la práctica, es decir, cuando ajustamos la norma en el caso concreto éstos conceptos aparecen dispersos y es difícil precisar qué de ellos debe tutelar la norma, es pues la gran interrogante: el ambiente como objeto o como sujeto en el Derecho. Asi pues, es imperante distinguir el objeto del estudio del Derecho Ambiental y el Derecho Internacional Ambiental, además de qué parte se entrelaza con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por ello, el presente trabajo nos parece oportuno ante la necesidad global de armonizar las normas y la aparición de nuevos conceptos e instituciones jurídicas, luego entonces, hemos tratado de dar contenido al Derecho Ambiental como disciplina jurídica y de distinguir qué se tutela cuando hablamos de derechos ambientales.
Palabras clave. Ambiente, derecho ambiental, entorno, medio ambiente. Ecología.
Abstract: The environmental content within the law is a relatively new aspect for legal science, it comes from terms like: ecology, environment, the environment, atmosphere, nature. Those contained in the branch of law known as environmental law and generally located within the social law. And although this seemed easy to understand, in practice, that is, when we adjust the norm in the concrete case these concepts are scattered and it is difficult to determine which of them should protect the norm, is the great question: the environment as an object or as subject in law. It is therefore imperative to distinguish the object of the study of environmental law and international environmental law, in addition to which part is intertwined with the International law of human rights. Therefore, the present work seems opportune to the global need to harmonize the rules and the emergence of new legal concepts and institutions, then we have tried to give content to environmental law as a legal discipline and to distinguish what is protected when we speak of environmental rights.
Keyword: Environment, law environment, atmosphere, the environment.
Hablar de medio ambiente y Derecho necesariamente nos lleva a pensar en articular un conjunto de normas e instrumentos jurídicos para atender situaciones como la escasez de agua de calidad, el cambio climático, la crisis de alimentos, la deforestación, los problemas de salud pública por contaminantes en la atmósfera, la alteración de los ciclos agrícolas, la afectación de territorios de pueblos indígenas, la devastación ambiental por proyectos o megaproyectos poco sustentables, entre otros.
La protección jurídica ambiental, implica entonces, conceptualizar el medio ambiente como un sujeto u objeto de tutela, dependiendo de lo que se quiera resguardar por el Derecho, además de ello, reconocer el derecho humano a un medio ambiente sano dentro de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no obstante, cualquiera que sea el caso se advierte que el medio ambiente es una categoría global, y que como tal, es escenario de vasta normatividad a nivel internacional que ha sido reflejada tanto en las constituciones de los Estados nacionales como en sus sistemas jurídicos.
En el caso de México se han dado muchos pasos para la tutela jurídica medio ambiental, tanto a nivel constitucional como legislativo, sin embargo aún nos queda mucha tarea pendiente, pues los impactos negativos al entorno natural son evidentes además del grave riesgo de la pérdida del equilibrio ecológico por no tener efectividad en el modelo de desarrollo sustentable. Por ello, éste trabajo pretende dar una panorámica de lo que representa hablar en términos jurídicos de medio ambiente para México y la comunidad internacional a fin de contar con una perspectiva mucho más concreta y adecuada que nos permita partir de ella, para idear estrategias de Derecho en el cuidado del ambiente, analizando para ello los siguientes tópicos: 1. Lo “Ambiental”, el contenido de una expresión; 2. Derecho Internacional Ambiental, un diálogo supranacional; 3. El desarrollo de los derechos ambientales.
II. Lo “ambiental”, el contenido de una expresión
Existen construcciones lingüísticas diversas que se han establecido alrededor del término ambiental: ecologismo, ecología, ambiente, ambientalismo, medio ambiente, derecho ambiental y derecho a un medio ambiente sano, son algunas de ellas. Estas construcciones frecuentemente son utilizadas de forma confusa, pues aunque se relacionan entre ellas, de ninguna manera son sinónimos, es decir, no guardan el mismo significado al respecto, Cajicas-Rotundo, nos comenta que se ha pasado de una construcción socio-histórica denominada naturaleza a una denominada ambiente. Sin embargo, naturaleza es una acepción que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española indica “[…] el conjunto de seres y cosas que forman el universo y en los que no ha intervenido el hombre”,y la palabra ambiente se define como “[…] aquello que rodea a algo o a alguien como elemento de su entorno”, se refiere al entorno natural sin modificación por la mano del hombre.
Ahora bien, el término “ambiente” tal como es definido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es asociado a la palabra compuesta “medio ambiente” o “medio ambiente” que hace una referencia lingüística mucho más integral pues se establece como todo aquello que rodea algo o a alguien y que por consiguiente cubre lo que queda en medio, luego entonces, este medio ambiente se compone de todo lo que nos rodea, es decir, es todo en lo que estamos en medio, puede ser natural o artificial o la combinación de ambos. Por su parte, el ambientalismo es un movimiento o corriente social que emerge, según Gómez Lomelí, a través de ciertas posiciones como las de los prístinos y los ecoeficientes, las que aparecieron a finales del siglo XIX en Estados Unidos, las cuales tienen diversas filosofías, “[…] prístinos, defienden la preservación de la naturaleza intacta y; eco-eficientes, procuran el uso racional o sostenible de los recursos naturales”.
La gran diferencia entre prístinos y eco-eficientes radica en que los primeros prefieren a la naturaleza intacta, en cambio los segundos apuestan por beneficiarse de ella con estrategias de conservación. Asimismo, surge también una tercera corriente llamada ecología social, la que es caracterizada por Gómez Lomelí, como “[…] la que incluye todas aquellas manifestaciones donde lo principal no es la naturaleza sino las implicaciones sociales que tiene nuestra relación como civilización, con la naturaleza”.
En este orden de ideas, la ecología social se preocupa por la influencia que la actividad humana ejerce en el entorno natural y sus repercusiones. En términos generales podemos definir a la ecología como la contextualiza Gómez Lomelí, siendo “[…] aquella ciencia que estudia los seres vivos en su medio”, luego entonces, hablar de ecología tiene un contenido científico y en cambio, el ambientalismo es más bien activista.
La ecología es pues una ciencia que estudia las relaciones del hombre y la naturaleza, por ello es considerada como una ciencia hermana de la biología, que se encarga de los procesos bióticos del entorno y las repercusiones de la actividad del ser humano en éste, no obstante, establecer el contenido jurídico del ambiente representa un punto de partida con diversos caminos al encuentro de la norma, pues al anteponer la palabra Derecho a lo ambiental, estamos hablando de normas. Podríamos decir en consecuencia que la expresión “Derecho Ambiental”, nos refiere a la rama del derecho que se encarga de estudiar las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Rojas Rueda y Serafín Telles, manifiestan sobre la cuestión que el Derecho Ambiental, “[…] es y será uno de los principales instrumentos que el Estado y la sociedad deben desarrollar no sólo para garantizar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales de nuestro país, sino también para enfrentar los posibles conflictos que se pudieran derivar de la cada vez más difícil relación entre el hombre y su ambiente”.
De esta manera, el Derecho Ambiental surge como una rama autónoma dentro del estudio del Derecho, ubicada en lo que conocemos como Derecho Social para efecto de regular precisamente esa relación del hombre (ser humano) con la naturaleza. Dentro de esta rama autónoma del Derecho, aparecen dos objetivos esenciales, el primero es la protección del equilibrio ecológico definido en México en el artículo 3º fracción XIV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y los demás seres vivos, de tal manera que podemos entender al equilibrio ecológico como aquel balance necesario entre el medio ambiente natural y el modificado por la mano del hombre; y el otro objetivo es dirimir los conflictos que se sucedan con motivo de la relación hombre-naturaleza.
El Derecho Ambiental es pues la respuesta a regular la necesaria relación entre el ser humano y el entorno natural, integrado por las fuentes del Derecho y nutrido tanto del plano nacional como del internacional al ser la protección ambiental una preocupación global.
Así, es a partir de todas estas construcciones teóricas, de donde nace el Derecho Internacional Ambiental y el Constitucionalismo Ambiental, el primero encaminado a regular a los agentes o sujetos internacionales y su relación con el medio ambiente y el segundo a establecer dentro de las Constituciones la protección al medio ambiente.
III. Derecho Internacional Ambiental, un diálogo supranacional
Regular la relación entre el ambiente y el hombre, sostiene el balance entre recursos bióticos, abióticos y artificiales en la medida que su calibración es indispensable para la vida. Esta regulación implica para Rodríguez Resia,la utilización sostenible, moderada, con enfoque de protección y conservación, de todos los elementos constitutivos del hábitat de la humanidad, incluyendo la flora y la fauna, así como todas aquellas condiciones colaterales indispensables para su existencia.
En 1965, durante una conferencia realizada en la Casa Blanca, en Washington, un grupo de especialistas solicitó que se creara una Fundación del Patrimonio Mundial para proteger las zonas naturales y paisajísticas del mundo, así como los sitios históricos. Tres años después, representantes de la industria, las ciencias, la economía, la sociología y de gobiernos de diferentes países se reunieron en Roma para discutir la situación del equilibrio dinámico de la Tierra. Las conclusiones del llamado “Club de Roma” fueron catastróficas y pusieron de manifiesto los peligros que amenazaban a la población del mundo.
La normativización se vuelve necesaria aun a pesar de que el ambiente existe desde el inicio de la vida, ello en virtud de que desde la década de los setenta se ha determinado el grave riesgo de la pérdida del equilibrio ecológico. En 1972 la Conferencia de Estocolmo marca el punto de partida de las previsiones ambientales a escala mundial.
Arriaga García nos comenta que “[…] se puede estimar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es un Derecho construido en función de los intereses de la persona humana”, intereses que pueden hacerse tutelar de forma individual o colectiva; surge ante la urgencia de reglamentar las relaciones entre los sujetos de Derecho Internacional para garantizar la paz y la seguridad internacional y combatir a su vez, problemas diversos como los sanitarios, las hambrunas, humanitarios y también atender en casos de situación de emergencia por factores que transgredan derechos humanos.
Ahora bien, Carmona Tinoco advierte que aunque tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como el Derecho Ambiental Internacional se han estructurado sobre el criterio de la supranacionalidad, “[…] han tenido un desarrollo normativo e institucional propio y particular, que si bien encuentra puntos necesarios de contacto, aún no ha sido desarrollado en plenitud su potencial conjunto”. Lo anterior, en virtud de que al Derecho Ambiental se le asocia con los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que han estado establecidos en declaraciones, pactos o cartas de manera separada de los derechos humanos tradicionales y además se han supeditado al principio de progresividad en las naciones, por ello, pareciera que el Derecho Internacional Ambiental es independiente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sin embargo, no existe parámetro que pueda hoy desestimar el derecho al medio ambiente sano como un derecho humano, por ello, el Derecho Internacional Ambiental es parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Lo dicho con antelación lo sustentamos en que el derecho al medio ambiente sano desde el punto de vista antropocéntrico es un derecho humano que posee la persona o personas íntimamente relacionado con otros derechos también, que implica ante todo preservar el equilibrio ecológico y lograr el desarrollo sustentable a través de la norma internacional y nacional, así como de su cumplimiento, tareas que son el sustento del Derecho Ambiental como rama del Derecho.
El cuidado y protección del medio ambiente refleja por tanto, como dice Arriaga, “[…] ya un valor social, una ética y una responsabilidad colectiva que se impone no sólo a los Estados sino a todos los factores sociales y económicos”.
Luego entonces, la declaración de Estocolmo producto de la celebración de la Conferencia de Estocolmo, establece las bases que dan surgimiento al Derecho Internacional Ambiental, rama que se integra por el conjunto de principios y normas de carácter jurídico internacional que regulan la conducta humana y de los Estados, teniendo por objeto la preservación, conservación, restauración, protección y mejoramiento de los ecosistemas, sus recursos naturales, y el medio ambiente en general, dentro de los límites territoriales de cada Estado y las zonas sobre las que estos ejercen su soberanía y jurisdicción, aún más allá de estos en las áreas de patrimonio común.
De Estocolmo emanan 24 principios fundamentales de protección ambiental que son en inicio lo que conocemos como soft law y se han incorporado paulatinamente a las constituciones y marcos jurídicos nacionales con fuerza obligatoria. Éstos principios han servido para hacer frente a problemas medio ambientales mundiales como todo tipo de contaminación, el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, el uso y administración de los océanos y los recursos de agua dulce, la deforestación excesiva, la desertificación y la degradación de la tierra, los vertidos peligrosos, los desechos tóxicos y la disminución de la diversidad biológica.
Asimismo, en la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, signada en Estocolmo, se manifestó que los conocimientos y las acciones del hombre se deben utilizar para conseguir mejores condiciones de vida, pero estableciendo normas y medidas que eviten causar daños al medio ambiente.
Diez años más tarde, en 1982 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Carta Mundial de la Naturaleza,en donde se aceptó que el deterioro de los sistemas naturales y el abuso de los recursos naturales debilitan las estructuras económicas, sociales y políticas de la sociedad. Se determina también, que los beneficios a largo plazo que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de los procesos ecológicos y de la supervivencia de las diversas formas de vida, por lo que se debe impedir su explotación excesiva y la destrucción de los hábitats naturales. La Carta establece la necesidad de promover a nivel internacional la protección de la naturaleza, y aprueba los principios de conservación, entre los que figuran: el respeto a la naturaleza, garantizar la supervivencia y la conservación de la población de todas las especies, aprovechar los recursos naturales de manera que no se ponga en peligro la existencia de otros ecosistemas o hábitats, utilizar los recursos con mesura y procurar que no se desperdicien, impedir la descarga de sustancias contaminantes en los sistemas naturales y evitar las actividades militares perjudiciales para la naturaleza.
En los años que siguieron, también se reconoció que los problemas medio ambientales regionales o locales, como la urbanización extensa, la deforestación, la desertificación, y la escasez general de recursos naturales, se pueden extender hasta el punto de tener graves repercusiones para la seguridad internacional. Por ejemplo, socavan la base económica y la estructura social de los países débiles y pobres, generan o exacerban las tensiones y los conflictos sociales y estimulan un mayor movimiento de refugiados. De este modo, la degradación ambiental en diversas partes del mundo desarrollado y en desarrollo puede afectar a los intereses políticos, económicos y sociales del mundo en su conjunto.
Sin duda alguna, la Declaración de Estocolmo, tuvo su mayor aportación al despertar la conciencia de los países participantes en torno de la importancia del medio ambiente y la problemática mundial de su degradación, no obstante no fueron suficientes la previsiones que nacieron en Estocolmo, por lo que en el año de 1992, en Río de Janeiro, tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, donde se retorna y se hace manifiesto el vínculo entre medio ambiente y desarrollo, buscando una integración real de las dimensiones ambientales a las políticas y prácticas de desarrollo, dando cuenta en tal foro que uno de los problemas más fuertes es no compatibilizar las estrategias de desarrollo económico con las perspectivas de protección al ambiente.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también conocida como la “Cumbre para la Tierra”, reunieron a políticos, diplomáticos, científicos, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG´S) de 179 países, en un esfuerzo masivo por reconciliar el impacto de las actividades socio-económicas humanas con el medio ambiente y viceversa. Simultáneamente se celebró en Río de Janeiro, el Foro Global de las ONG'S, al que asistieron un gran número de representantes para explicar su propia visión del futuro estado medio ambiental y de desarrollo socio-económico del mundo.
En la Cumbre de la Tierra se reconoció internacionalmente el hecho de que la protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo. Esta idea ha sido recogida en la definición del término “desarrollo sostenible” hecha por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (la Comisión Brundtland) en 1987, como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto fue diseñado para satisfacer los requisitos de los partidarios del desarrollo económico así como los requisitos de los que están interesados principalmente en la conservación medio ambiental,15 por lo que significa un punto de encuentro para un mejor futuro económico y ambiental a nivel global.
Destacable es que la CNUMAD, definió el concepto de desarrollo sostenible como un objetivo factible en todo el mundo, ya fuese a escala local, nacional, regional o internacional, lo que quiere decir, que es alcanzable pero requiere de una gran labor de agentes públicos y privados. De esta reunión se derivaron, además, una serie de documentos que al ser puestos en marcha posibilitarían el cumplimiento del objetivo llamado desarrollo sostenible, ellos fueron:
· Declaración de Río
· Declaración de principios forestales
·Convenio marco sobre cambio climático (UNFCCC)
·Convenio sobre biodiversidad
·Agenda 21
La Declaración de Río, está conformada por un conjunto de 27 principios universalmente aplicables para ayudar a guiar la acción internacional basándose en la responsabilidad medio ambiental y económica, destacamos el contenido del principio número 1, en virtud de que en él se establece que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible por lo que tienen el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Este principio es sumamente trascendental porque fija la perspectiva de la relación hombre-naturaleza adoptada a nivel internacional, al determinar que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, ubica ésta relación desde un punto de vista antropocéntrico en donde la previsiones ambientales surgen a partir del ser humano, es decir, la naturaleza es un objeto y el sujeto de derechos es la persona, pero ésta persona es a su vez naturaleza por ello la necesidad del equilibrio.
Asimismo, en mayo de 2000 se celebró en Malmö, Suiza, el Primer Foro Global Ministerial de Medio Ambiente,en donde se revisaron los temas ambientales emergentes y se identificaron los retos en la materia para el siglo XXI. En el documento conocido como la Declaración de Malmö se establece que el medio ambiente y los recursos naturales que sostienen la vida en el planeta, a pesar de las medidas implementadas a partir de la Cumbre de la Tierra, continúan deteriorándose a una velocidad alarmante, y que se debe prestar atención al consumo no sostenible entre los sectores más ricos de todos los países.
Por otra parte, en 2001 se celebró la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe como modelo preparatorio de diagnóstico regional previo a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, Sudáfrica18 llevada a cabo en 2002, en la que los países participantes expusieron el crudo escenario mundial de desequilibrio ecológico, pues la alarma del cambio climático producido por el efecto de gases invernadero, pese al Convenio signado años atrás para su control, además del calentamiento global provocado por el desgastamiento de la capa de ozono y la contaminación atmosférica. De tal manera que en 2001, el objetivo principal fue reafirmar los convenios precedentes, lo que se consolidó en 2002 en Johannesburgo.
Aunado a estos eventos que dieron lugar a declaraciones y principios integrando el soft law internacional ambiental, se han establecido un sinfín de instrumentos internacionales específicos en diversas áreas como el cambio climático, el vertimiento de desechos, la contaminación por plaguicidas, en fin, un sin número de convenios o tratados tendientes a controlar la actividad humana y sus efectos al ambiente. Ahora bien, algunos de estos tratados son para la protección de especies de flora y fauna, lo que no significa que a las especies se les considera sujetos de derechos, más bien, por lo menos en el caso de aquellos signados por México encontramos una directriz antropocéntrica, es decir, se protegen en atención al servicio ambiental que prestan a la persona por lo que son más bien objeto y no sujetos de derechos.
Como bien señala Carmona Lara, los derechos humanos relacionados al medio ambiente se encuentran establecidos en los tratados básicos de derechos humanos e incluyen:
- El derecho a un medio ambiente seguro y saludable.
- El derecho a la salud.
- El derecho a un desarrollo sustentable.
- El derecho a la calidad de vida adecuado, incluyendo el acceso a la alimentación y el agua potable.
- El derecho de los niños a vivir de las futuras generaciones.
- El derecho a una participación completa y equitativa de todas las personas a la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, la planificación de desarrollo y decisiones y políticas que afecten a la comunidad a nivel local, nacional, regional e internacional.
- El derecho a gozar de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
- El derecho a la protección para la no discriminación en cualquier área.
- El derecho a la educación e información incluyendo la relacionada con vínculos entre salud, medio ambiente y riesgo.
- El derecho a compartir los beneficios del progreso científico y la tecnología y la responsabilidad que esto implica.
Ahora bien, tratándose de Tratados Internacionales México ha suscrito un gran número y sobre cuestiones diversas, entre los que destacamos los siguientes:
 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África.
 Convención Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas.
 Convención relativa a las humedades o a las humedades de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas.
 Convención internacional para la reglamentación de la caza de la ballena.
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
 Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono.
 Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América.
 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.  Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.
 Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos.
 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
Los instrumentos internacionales obedecen a la necesidad de regular a nivel supranacional situaciones que enmarcan problemáticas regionales o globales de manera específica. Sin embargo cada uno de ellos contribuye al mantenimiento del equilibrio ecológico, la mitigación de la contaminación y el desarrollo sustentable. Por ello, instrumentos como los Tratados Internacionales antes comentados son esfuerzos relevantes para la protección al ambiente y la regulación del hombre-naturaleza, de su análisis también advertimos una directriz antroponcentrista que permea la política de cada Estado parte.
Al lado de los instrumentos internacionales han surgido como ya cometamos desde finales de los sesentas y principios de los setentas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales con representación de los Estados nacionales encaminados a dirimir controversias internas con ópticas mucho más globales en materia de derechos humanos, incluidos los relacionados con la protección del ambiente. Cada uno de ellos abona al cuidado, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, quizá su mayor contribución desde la perspectiva teórica ha sido lograr que se reconozca el derecho al medio ambiente sano, pues esto permite que el derecho de toda persona o personas al medio ambiente en condiciones de equilibrio sea una prioridad en las agendas nacionales e internacionales.
IV. El desarrollo de los derechos ambientales
En materia de derechos humanos hoy tenemos nuevas realidades, aparecen en escena situaciones que en el pasado o no sucedían, o lo hacían de manera leve o muy incipiente, lo que implica nuevas formas de regular la vida y las relaciones de las sociedades.
Los derechos humanos surgen como construcciones teóricas que parten de la necesidad de establecer límites a la acción estatal en el marco de la aplicación de la Constitución y la Ley, preservando prerrogativas que garanticen un desarrollo pleno del individuo sin perder de vista la esfera colectiva y la posición universal, por ello, son estudiados en generaciones que constituyen un parámetro para medir la evolución de dichas prerrogativas, no así para acotarlas.
Por lo cual, el derecho a un medio ambiente sano, es tanto una prerrogativa del individuo como de las sociedades, representa punto de partida de los derechos económicos, sociales y culturales, pues permite el desarrollo, la subsistencia y la armonía en el contexto, y además, se extiende hacia aquellos aspectos de tutela colectiva y supranacional. En consecuencia se ubica en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y se dibuja en los llamados derechos de solidaridad.
Luego entonces, los llamados derechos colectivos nacen de los originarios intereses colectivos, los cuales emergen del interés social de la comunidad. Así tenemos que, aparecen en escena nuevas situaciones que requieren perspectivas más integrales para entender, de una forma sustancialmente más amplia la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pues si concebir y definir a éstos derechos colectivos es complicado, lo es más aún hacerlos efectivos, por ello, podemos asegurar que existen una serie de problemas éticos y jurídicos que están pidiendo urgente respuesta alrededor del derecho a un medio ambiente sano desde una óptica colectiva.
En este orden de ideas, el derecho a un medio ambiente sano se encuentra expresado en instrumentos internacionales significativos tanto de manera implícita como explícita, tales como la Declaración de Estocolmo, la de Río, la Declaración de Biskaia, y en el Sistema Interamericano en el Protocolo de San Salvador, lo que nos habla de una seria preocupación a nivel internacional de tutelar y garantizar tal derecho. No obstante, la protección dada hasta ahora a nivel global no nos alcanza, es positiva, pero sin embargo, es menester determinar las causas probables de la ausencia de eficacia, pues es un hecho que cada vez se acentúan más fuertemente los problemas ambientales, por lo que es imperioso idear estrategias más alentadoras de salvaguarda.
A nivel global, en materia de derechos humanos es destacable el atributo de “universalidad”, en virtud de que estos derechos son prerrogativas que se integran por parámetros mínimos con observancia universal, por lo que, de acuerdo con el artículo 1 de la Carta Fundamental Mexicana, la propia Convención Interamericana y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de México, todo ser humano, independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, religión, edad, preferencia sexual, situación económica o cualquier otra condición semejante los debe poseer.
De esta forma, la idea de los derechos humanos se ha difundido a nivel internacional de manera creciente en el curso de la historia observándose, en el caso de México, algunas posiciones distintas atendiendo al momento político de cada etapa histórica. Ahora bien, ante la apertura a sistemas internacionales como el interamericano, la atención global de asuntos de derechos humanos permite y motiva la generación de cambios coyunturales para su tutela efectiva.
En México, sobre todo a partir de la sentencia emitida en el caso Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dio lugar a un escenario de protección mucho más integral, caracterizado por reparaciones que fueron desde la mera indemnización hasta la adopción de reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos en 2011.
Con esta reforma se fortalece el marco de protección de los derechos humanos en México, se reconoce el nivel constitucional de aquellos derechos contenidos en Tratados Internacionales como derechos constitucionales de fuente internacional, quedando reconocido el derecho a un medio ambiente sano en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 11, el cual se incorporara en el marco constitucional mexicano por mandato constitucional del artículo 1º.
La protección al ambiente es una prioridad de nuestra era, no obstante que la comunidad internacional apenas a finales de los setentas comenzó a tomar conciencia de esta necesidad, en la mayoría de las naciones se han creado bases constitucionales para tutorar el derecho a un medio ambiente sano y adecuado para la salud humana, y se ha gestado el inicio de la legislación de corte ambiental, ya sea como un todo concéntrico o bien de forma sectorial, todo esto en la inercia de lograr conjuntamente el desarrollo sustentable, siempre respetando la soberanía de cada país.
Ahora bien, nos parece atinado considerar que esta preocupación es producto de la implementación de erróneos modelos de desarrollo, establecidos individualmente por cada nación, pues circunstancias no planificadas debidamente con perspectiva sustentable han agudizado escenario de degradación ambiental producto de: la sobrepoblación, la creciente actividad industrial, la depredación de los recursos vivos, la contaminación de ríos, lagos y mares, el deterioro de la capa de ozono, la mala distribución de los recursos económicos, las complejas, pero excluyentes relaciones comerciales y la implementación de políticas irresponsables.
Luego entonces la comunidad internacional como los países han tenido que colocar la preocupación ambiental en sus agendas prioritarias y en consecuencia valorar la necesidad del respeto a las reglas de equilibrio natural para avalar la integridad y renovación de los sistemas naturales, que hagan posible un medio ambiente equilibrado y sostenible para las generaciones actuales y futuras.
Ahora bien, mucho se ha argumentado en relación a que uno de los conceptos más controversiales del Derecho Contemporáneo es sin duda el de Derecho Ambiental, que encierra la lucha por mejorar el entorno sin menoscabo del desarrollo, acompañándose de un proceso necesario, que sin duda experimentan todas aquellas naciones que lo ven crecer en la medida en que avanzan las preocupaciones ambientales en el mundo.
No obstante, por todo lo expuesto consideramos que la preocupación por conservar el medio ambiente y garantizar su protección a nivel global es significativamente genuina y totalmente justificada, y que si bien son muchos los instrumentos internacionales vinculantes y de Soft Law que tutelan aspectos medioambientales, así como en el orden constitucional y en los regímenes legales internos de los países, aun requieren ser revisados, supervisados y repensados para que podamos hablar de formas jurídicas efectivas y eficaces, que pongan al Derecho al resguardo eficiente del entorno.
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