Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-1026-de-septiembre-26-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041c5adf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-23 19:29:07
Document Index: 221300512

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 154', 'artículo 435', 'artículo 228', 'artículo 154', 'artículo 241', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 4', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 350', 'artículo 154', 'artículo 154']

﻿ SENTENCIA C-1026 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2001
SENTENCIA C-1026 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:CONCURRENCIA DE EMBARGOS POR ALIMENTOS. TRÁMITE PARA VOLVER A GRADUAR LAS CUOTAS ALIMENTARIAS. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL ARTÍCULO 154 DEL DECRETO 2737 DE 1989, CÓDIGO DEL MENOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:TITULARIDAD DEL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCESO DE ALIMENTOS, CUANTÍA DEL DERECHO DE ALIMENTOS, EMBARGO EN EL PROCESO DE ALIMENTOS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:363 DE MARZO DE 2002, PÁG.600
Sentencia C-1026 de septiembre 26 de 2001
CONCURRENCIA DE EMBARGOS POR ALIMENTOS
TRÁMITE PARA VOLVER A GRADUAR LAS CUOTAS ALIMENTARIAS
Sentencia C-1026/2001
Ref.: Expediente D-3468
Demandantes: Ángela María Cardona Villada y Luis Horacio Castaño Restrepo.
Bogotá, D.C., septiembre veintiséis de dos mil uno.
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 39.080 del 27 de noviembre de 1989.
ART. 154.—Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud de una acción anterior fundada en alimentos o efectos al cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de parte, al tener conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el conocimiento de los distintos procesos para el solo efecto de señalar la cuantía de las varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios”.
Por otra parte, indican que los alimentos anteriores se pueden haber decretado o reconocido en distintos tipos de procedimientos o actuaciones, como lo son: el proceso de alimentos para menores que regula el Código del Menor, el proceso de alimentos para mayores de edad regulado por el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, el proceso de divorcio o separación de cuerpos, y asimismo, pueden estar afectados por procesos ejecutivos de alimentos (para mayores o menores de edad), o por actas de conciliación debidamente aprobadas, en las cuales consten órdenes de descuento para los pagadores (en el caso de asalariados). En ese orden de ideas, la disposición acusada creó una especie de acumulación impropia, que contraría las reglas generales sobre acumulación que constan en el Código de Procedimiento Civil, puesto que el juez que asume conocimiento no es el primero que conoció uno de los procesos acumulables, sino el último (Cf. CPC, art. 158). Esto es, “el funcionario que en última instancia asume el conocimiento de un proceso de alimentos y se encuentre en la hipótesis prevista, le falla el proceso a quienes venían conociendo de otros procesos similares entre el mismo alimentante frente a otros alimentarios, modifica las sentencias o providencias anteriores que señalan alimentos provisionales o definitivos”.
Por todo lo anterior, consideran que se lesiona el derecho a la igualdad, dado que el juez, al aplicar literalmente lo dispuesto en la norma demandada, no le otorga la oportunidad de ser escuchadas a todas las partes que se verán obligadas o afectadas por el fallo. Así mismo, se viola el derecho constitucional al debido proceso, puesto que la norma acusada “no contiene una reglamentación que le permita al juez, al momento de pensiones alimentarias, vincular a quienes fueron parte en el proceso anterior o los procesos anteriores, al nuevo proceso, a fin de que éstos puedan hacer valer sus derechos”. Es decir, se pretermite el derecho de defensa. Igualmente, como consecuencia de la indebida acumulación de procesos prevista en la norma demandada, se desconoce la especificidad del procedimiento legal previsto para ciertos procesos —como el de alimentos para mayores de edad—, puesto que se termina por impartirle a estos últimos trámites que no le corresponden. Por último, se quebranta el principio de publicidad de los procesos contenido en el artículo 228 superior, ya que las personas que resultarán afectadas por la decisión del juez de menores sólo se enteran de lo decidido cuando la providencia ya ha sido ejecutada: “esto es, cuando ven modificados sus ingresos por concepto de la cuota alimentaria que venían percibiendo”.
1. Esta corporación es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 154 del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), en virtud de lo dispuesto por el artículo 241-5 de la Constitución, ya que se trata de una demanda ciudadana contra una norma que hace parte de un decreto expedido en uso de facultades extraordinarias.
2. Los demandantes, así como algunos intervinientes, afirman que la norma acusada lesiona la Constitución, ya que el legislador extraordinario omitió reglamentar el procedimiento que deberá seguir el juez que conozca de un proceso de alimentos para menores de edad y entre a modificar los gravámenes impuestos a ciertos bienes del deudor en procesos alimentarios concurrentes o anteriores, para efectos de regular la cuantía de las cuotas alimentarias respectivas. Por lo mismo, consideran que a tal funcionario judicial le resulta imposible permitir la intervención de quienes se verán afectados por la determinación que tal juez adopte en cuanto al monto de las cuotas en cuestión, situación que lesiona los artículos 13, 29 y 228 de la Carta. Otros intervinientes afirman que la disposición en sí misma no es lesiva de la Carta, en la medida en que se le interprete de forma tal que se garanticen los derechos constitucionales aludidamente vulnerados.
3. Por lo anterior, en este caso compete a la Corte establecer si el hecho de que el artículo 154 del Código del Menor no aluda expresamente al procedimiento que se habrá de seguir cuando el juez ejerza la potestad que allí consta, implica necesariamente que tal juez no podrá garantizar el derecho de defensa de quienes resultarán afectados por su decisión. Por las razones que se señalarán en forma sucinta a continuación, esta corporación es del parecer que los cargos formulados obedecen a una interpretación restringida de la norma acusada que le hace generar efectos inconstitucionales, motivo por el cual se declarará su exequibilidad, siempre y cuando se interprete y aplique de conformidad con las reglas que abajo se explican.
En otras palabras, en este caso la Corte se enfrenta a dos posibles interpretaciones de una norma jurídica, una de las cuales le hace generar efectos claramente inconstitucionales —la que sostienen los demandantes—, mientras que la otra, más garantista de los derechos individuales, se adapta a la Constitución. La escogencia entre una y otra interpretación plantea un problema al juez que habrá de aplicar la norma en los casos concretos; y tal ejercicio hermenéutico debe ser siempre respetuoso de las reglas que se reseñan brevemente en seguida.
La interpretación de las normas jurídicas bajo la Constitución de 1991.
4. Tal y como ya se dijo, el problema que se plantea esta Corte es, en realidad, uno de interpretación de la disposición acusada; ello, por cuanto los demandantes y algunos intervinientes sostienen que tal norma, en su aplicación, imposibilita el ejercicio del derecho de defensa de quienes son titulares de una cuota alimentaria anterior, mientras que otros intervinientes, así como el procurador, sostienen que la norma en cuestión no se puede interpretar en forma tal que se desconozcan los artículos 13, 29 y 228 Superiores. En consecuencia, es pertinente hacer una breve referencia a las reglas que deben guiar la interpretación jurídica bajo el régimen constitucional instaurado a partir de 1991, para efectos de establecer cuál es el sentido que los funcionarios judiciales contemplados en el artículo 154 del Código del Menor deben otorgar a dicha norma en su aplicación.
5. Como primera medida, valga recordar que, de conformidad con el principio constitucional de legalidad, las autoridades públicas sólo podrán realizar las actuaciones que constituyan un desarrollo directo de las funciones a ellas asignadas por la Constitución y la ley (1) . Tratándose de funcionarios judiciales, este principio extrae su contenido de lo dispuesto en los artículos 1º y 9º de la Ley 270 de 1996, que establecen que la administración de justicia “es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr mantener la concordia nacional” (art. 1º), y que además “es deber de los funcionarios oficiales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso” (art. 9º).
(1) Las normas constitucionales se incorporan dentro del bloque normativo que orienta tal principio de legalidad, en la medida en que el artículo 4º superior dispone que la Carta es norma de normas.
Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los derechos y libertades individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo a la realidad social, entonces puede afirmarse que respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una dimensión hermenéutica de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus funciones deben realizar varios ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas sobre las cuales habrán de decidir. Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con el reconocimiento (en el art. 4º superior) del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de interpretación se debe conducir según los cauces que ha trazado la doctrina constitucional, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales; en efecto, sólo en la medida en que la labor hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales, puede afirmarse que respeta el principio de legalidad.
6. De allí se derivan varias consecuencias. Una, el que parte integral de las funciones que compete desarrollar a los jueces es la labor de interpretación, sea de la Constitución, la ley o de otras providencias judiciales. Dos, que las interpretaciones que se salgan notoriamente de los límites que traza la doctrina constitucional, constituyen vías de hecho susceptibles de ser atacadas por vía de la acción de tutela, cuando con ellas se pone en riesgo la vigencia de los derechos fundamentales. Tres, que en todo caso, los funcionarios judiciales mantienen la autonomía que es propia de sus funciones, sin que tal autonomía pueda justificar el desacato de lo dispuesto por el Constituyente, derivando en arbitrariedad.
7. Está, así, establecido jurisprudencialmente que existen algunos mandatos de índole hermenéutica para los funcionarios judiciales. ¿Cuáles son esas reglas?
8. También esta Corte ha señalado que la autonomía que la Carta “reconoce a la interpretación legal o judicial tiene como límite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados” (Sent. C-301/93); esto es, los frutos del ejercicio hermenéutico deben ser razonables. En este sentido, expresó la corporación que “cuando el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. El intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalista” (Sent. C-011/94). El contenido mismo del concepto de “razonabilidad” ha sido explorado por la Corte, que en Sentencia C-530 de 1993, dijo que éste “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”. En otras palabras, se trata de garantizar que, en cada caso, la interpretación de las disposiciones jurídicas se lleve a cabo acudiendo a un criterio finalista, que tome en cuenta las metas y objetivos establecidos en la Carta, de acuerdo con los criterios “pro-libertatis” y “pro-homine”, derivados de la filosofía humanista que inspira el constitucionalismo colombiano.
9. Haciendo uso de las reglas arriba trazadas, es necesario ahora establecer cuál es el sentido constitucional de la disposición que se demanda. Para ello, resulta conveniente señalar cuáles son los elementos fundamentales que la componen.
En primer lugar, debe existir un proceso de alimentos de menores de edad ante un funcionario judicial. En segundo lugar, éste debe haber tenido conocimiento de que los bienes o ingresos de la persona obligada a prestar tales alimentos, se encuentran embargados por causa de una acción alimentaria anterior, o afectos al cumplimiento de una sentencia de alimentos. En este caso, la norma establece que el funcionario judicial deberá asumir el conocimiento de los distintos procesos, con el único propósito de señalar la cuantía de las varias pensiones alimentarias que se deberán sufragar con cargo a los activos del alimentante. Establece la norma, finalmente, que el juez, deberá efectuar la tasación tomando en cuenta tanto las condiciones del alimentante, como las necesidades de los distintos alimentarios.
10. Se trata, así, de una disposición procedimental en virtud de la cual el juez que conozca de un proceso de alimentos para un menor de edad, podrá conocer de asuntos que en principio no le corresponden —a saber, de la cuantía de cuotas alimentarias fijadas anteriormente en una sentencia, o de manera provisional en el curso de un proceso de alimentos—, para efectos de equilibrar las diversas prestaciones alimentarias que debe cumplir el sujeto obligado en cada caso. El sentido de esta norma resulta, desde un primer momento, evidente: se trata de facultar al juez para que, aplicando un criterio fundamentalmente equitativo y de justicia, distribuya de manera apropiada el monto de las diversas cuotas que debe sufragar un mismo alimentante con su patrimonio. Ello, por cuanto no se puede obligar a este último a ubicarse en una situación de forzoso incumplimiento, al fijar a su cargo deberes alimentarios que exceden su capacidad real de manutención, y, simultáneamente, es indispensable garantizar que todos aquellos a quienes les debe esta prestación se vean beneficiados en forma igualitaria de sus reales condiciones económicas.
11. Es igualmente claro el hecho de que la frase “para el solo efecto de señalar la cuantía de las varias pensiones alimentarias” en virtud de la cual los poderes del juez que conozca del proceso posterior quedan automáticamente restringidos a la fijación del monto de las diversas cuotas alimentarias, tiene un sentido específico, y es el de impedir que tal funcionario judicial se pronuncie sobre asuntos distintos al del simple monto de tal prestación, que se pueden ventilar en los diferentes procesos que la norma acusada les faculta para conocer. Es decir: como el juez que pretenda aplicar el artículo 154 del Código del Menor podrá pronunciarse sobre cuotas alimentarias fijadas en procesos distintos a los que tienen que ver con los alimentos debidos a los menores de edad, es razonable que la ley haya restringido sus facultades a lo que tiene que ver exclusivamente con el monto de tales cuotas, puesto que de lo contrario, tal juez podría terminar pronunciándose sobre otros temas que son (o han sido) objeto de debate en los otros procesos, y para los cuales no tiene competencia.
12. En ese orden de ideas, es necesario concluir que no asiste razón a los demandantes y a algunos intervinientes cuando interpretan la frase recién transcrita en el sentido de que impide que el juez lleve a cabo las actuaciones necesarias para oír a quienes, siendo titulares de las anteriores cuotas alimentarias, se verán afectados por su determinación. Por el contrario, una tal interpretación desconoce las reglas hermenéuticas a las que se ha hecho alusión, no sólo por ser irrespetuosa de los preceptos constitucionales que garantizan el debido proceso y la igualdad (C.P., arts. 13 y 29), sino también porque desconocen el mismo tenor literal de la disposición acusada. En efecto: la última frase del artículo 154, demandado, establece que el juez deberá adelantar la actuación allí prescrita, “tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios”.
Si esta disposición se interpreta teniendo en cuenta la igualdad y el debido proceso consagrados en la Carta (C.P. arts. 13 y 29), su sentido razonable es el siguiente: los diferentes alimentarios de los procesos anteriores, teniendo en cuenta que la providencia final que será tomada por el juez en virtud de la disposición acusada, puede afectarlos, deben contar con una oportunidad suficiente para acreditar sus necesidades. Por consiguiente, debe entenderse que la decisión del juez de “asumir conocimiento” de los procesos anteriores, “para el sólo efecto de señalar la cuantía de las varias pensiones alimentarias”, debe ser tomada por una providencia que deberá ser notificada personalmente a los beneficiarios de los procesos anteriores, quienes deben contar con la oportunidad de intervenir, si así lo desean, en el proceso en curso a fin de poder acreditar cuáles son sus condiciones y necesidades, así como las del alimentario. En efecto, la Corte considera que sólo así se permite que los alimentarios de los procesos anteriores puedan ejercer su derecho fundamental al debido proceso, en condiciones de igualdad con los demás alimentarios, y que el juez pueda realmente señalar la “la cuantía de las varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios”, tal y como expresamente lo ordena la disposición acusada.
13. La Corte considera que la anterior interpretación no sólo es la que mejor armoniza con la Constitución sino que encuentra respaldo no sólo en el tenor literal de la disposición acusada sino también en otros preceptos del Código del Menor. En efecto, el artículo 350 de ese cuerpo normativo establece:
14. Por todo lo anterior, la Corte concluye que el cargo del demandante se funda en una interpretación de la disposición acusada que, si bien parece fundarse aparentemente en el tenor literal de la misma, produce resultados inconstitucionales. Existe en cambio otra interpretación de esa misma disposición, que respeta el tenor literal de la misma y armoniza con los principios y valores constitucionales. En tales circunstancias, la hermenéutica del actor, resulta inaceptable y debe ser excluida del ordenamiento por esta Corte. En efecto, no estamos frente a un debate puramente legal entre dos interpretaciones razonables y constitucionales de una disposición legal, caso en el cual, como ya se indicó en esta sentencia (Cfr. supra fundamento 7), la Corte, en respeto del principio de autonomía funcional de los jueces (C.P. art. 230), debe declarar la constitucionalidad simple de la disposición acusada, a fin de que los jueces del caso concreto escojan aquella hermenéutica que consideren más apropiada. En el presente caso, la interpretación del actor desconoce la igualdad y el debido proceso, mientras que la hermenéutica alternativa desarrollada en los fundamentos anteriores de esta sentencia, se ajusta a la Carta. En tales circunstancias, esta corporación no tiene sino una alternativa, y es declarar la constitucionalidad condicionada del precepto acusado. El artículo 154 del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor) será entonces declarado exequible pero en el entendido de que, por mandato de los artículos 13 y 29 de la Constitución, la decisión del juez de “asumir conocimiento” de los procesos anteriores debe ser tomada por una providencia que deberá ser notificada personalmente a los beneficiarios de los procesos anteriores, quienes deben contar con la oportunidad de intervenir, si así lo desean, en el proceso en curso, a fin de poder acreditar cuáles son sus condiciones y necesidades, así como las del alimentario.
1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 154 del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), declarado exequible pero en el entendido de que, por mandato de los artículos 13 y 29 de la Constitución, la decisión del juez de “asumir conocimiento” de los procesos anteriores debe ser tomada por una providencia que deberá ser notificada personalmente a los beneficiarios de los procesos anteriores, quienes deben contar con la oportunidad de intervenir, si así lo desean, en el proceso en curso, a fin de poder acreditar cuáles son sus condiciones y necesidades, así como las del alimentario, conforme a lo señalado en los fundamentos 12 a 14 de esta sentencia.
Muy respetuosamente me permito aclarar el voto respecto de la parte motiva de la sentencia y concretamente del numeral 8 de las consideraciones y fundamentos, que tiene como columna vertebral el concepto de razonabilidad. El objeto de esta aclaración de voto es el de hacer unas reflexiones que muestren toda la problemática que existe detrás del concepto de razonabilidad, algunas de estas cogitaciones las he expresado ya en la Sala Plena y en otras aclaraciones de voto.
El principio de razonabilidad trata de dar una respuesta a esta pregunta, sin embargo, implica una contradicción lógica ya que, como lo dijera Ricardo Guastini, es una respuesta tautológica, pues las distinciones hechas por el legislador deben ser razonables para no ser discriminatorias. Lo que significa que para distinguir deben existir razones. Razones, que deben ser buenas razones, buenos argumentos, que equivalen a justificaciones. Por esa razón, Guastini señala que, según el principio de razonabilidad, una distinción es justificada cuando está justificada y esto, desde el punto de vista lógico, es una tautología.
El principio de razonabilidad es también una fuente de las denominadas “lagunas axiológicas”. Se denomina laguna axiológica no a la falta de cualquier norma sino a la falta de una norma justa, es decir, de una norma jurídica que no existe, pero que debería existir a causa del sentido de justicia del intérprete o para la justa aplicación de una norma superior (constitucional).
Cómo se puede observar, el principio de razonabilidad es una máquina creadora de lagunas jurídicas y es, hay que decirlo claramente, un instrumento de poder en manos de los tribunales constitucionales para revisar discrecionalmente las decisiones del legislador, e incluso para suplantarlo. Precisamente por ser un instrumento tan poderoso es que requiere un uso muy prudente y es por lo que hay que despojarlo de todas sus mitificaciones.
Si bien es cierto las cortes o tribunales que hacen control de constitucionalidad han aplicado una técnica denominarla “Test de razonabilidad del criterio de igualación”, esta técnica se aplica no sólo al derecho fundamental a la igualdad (C.P., art. 13), sino a todos los demás derechos fundamentales. Se utiliza cuando una ley limita cualquier derecho fundamental y busca salvaguardar el contenido esencial de ese derecho.
Este método busca proteger los derechos fundamentales aun frente al propio legislador, ya que la posibilidad que éste tiene de limitar los derechos fundamentales no es ilimitada. El Congreso sólo puede restringirlos cuando estas restricciones se hacen en interés del bien común, es decir, cuando se pueden justificar con consideraciones razonables y objetivas del bien común (fin perseguido) y se compaginan con el principio de proporcionalidad. La limitación tiene que ser adecuada a la obtención del objetivo público perseguido. El medio tiene que resultar necesario o sea que no se hubiera podido elegir otro medio igualmente eficaz, pero que no afectara o lo hiciera en medida sensiblemente menor, el derecho fundamental.
a) ¿Quién determina el fin perseguido?
b) ¿Quién determina que ese fin es más importante que otros fines?
c) Aceptando que el Estado tiene diversos fines ¿por qué se privilegia un fin frente a los otros?
a) ¿Qué es la razonabilidad?
b) ¿,Quién determina lo razonable?
c) ¿Cómo se resuelve el conflicto entre razones encontradas?
d) ¿Qué es lo irrazonable?
e) ¿Es lo razonable un concepto objetivo o un concepto subjetivo?
f) ¿Es lo razonable un concepto válido en todo tiempo y lugar o es un concepto histórico con unas limitaciones temporales y espaciales?
La Corte Suprema de los Estados Unidos consideró durante más de 150 años que era razonable que los negros estuviesen separados de los blancos y que existiese el apartheid en las escuelas; y aún después de reconocer la igualdad entre negros y blancos, se regía por el principio de “iguales, pero separados”. Para la Corte Suprema era razonable al comienzo que negros y blancos no eran iguales y después cuando los consideró iguales, era razonable que los iguales estuviesen separados y sólo hasta el año 1954, en una célebre sentencia, dio la razón a la familia Brown, para que los iguales no estuviesen separados. Estos dos ejemplos muestran cómo el concepto de razonabilidad debe ser sometido a crítica constante.
Idénticos cuestionamientos podemos hacer respecto del concepto medio o de las características de éste como son la eficiencia o la necesidad. ¿Qué es lo eficiente o ineficiente? ¿,Qué es lo necesario o no necesario? etc.