Source: http://www.slideshare.net/JULIOJOSEMARINQUIROZ/conarepol-recomendaciones
Timestamp: 2015-05-24 15:41:36
Document Index: 402117639

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 369', 'artículo 332', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 37', 'artículo 34', 'artículo 45', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo\n27', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 25', 'artículo 63', 'artículo 1']

CAPACITACIÓN EDUCATIVA DE INTEGRA.C...
VINCULADAS CON LA POLICIA
Diseño gráﬁco: W Lab, Laboratorio de Diseño, C.A.
Impresión: Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Depósito legal: If 5822007363632
ISBN: 980-6471-14-8
DEDERECHOS HUMANOS
DEDERECHOS HUMANOS VINCULADAS CON LA POLICIA
Compilador: Enrique González
Jesse Chacón Escamillo, Ministro del Interior y Justicia
Jesús Villegas Solarte, Vice Ministro de Seguridad Ciudadana.
Ricardo Jiménez Dan, Vice Minsitro de Seguridad Jurídica.
Fernando Ramón Vegas, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
Juan José Molina, Diputado a la Asamblea Nacional.
Giancarlo Di Martino, Alcalde de Maracaibo.
Jhonny Yánez Rangel, Gobernador del Estado Cojedes.
Alberto Rossi Palencia, Defensoría del Pueblo
Alis Boscán, Ministerio Público
Jacqueline García, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Luís Gerardo Gabaldón, Profesor Universidad Católica Andrés Bello
José Virtuoso, S.J, Director del Centro Gumilla
Elsie Rosales, Profesora Universidad Central de Venezuela
Andrés Antillano, Profesor Universidad Central de Venezuela
Alberto Vollmer, Empresario.
Soraya El Achkar, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Soraya El Achkar. Secretaria Técnica
Antonio González Plessmann. Coordinador de Diagnóstico institucional
Luis Gerardo Gabaldón. Coordinador de Diagnóstico nacional de seguridad, criminalidad y percepciones
sobre el desempeño policial
Amaylin Riveros. Coordinadora de Consulta Nacional
Ligia Lobo. Coordinadora de asuntos administrativos.
Prefacio: El problema de la impunidad
Recomendaciones generales al Estado venezolano
I. Recomendaciones para el conjunto de Poderes Públicos
II. Recomendaciones relativas a la jurisdicción internacional
III. Recomendaciones generales al Poder Ejecutivo
IV. Recomendaciones generales concurrentes con el Poder Legislativo
V. Recomendaciones generales concurrentes con el Poder Judicial
VI. Recomendaciones relativas a procedimientos de detención y sistema
Recomendaciones relativas a sectores de población específicos
I. Protección de los derechos de la mujer
II. Protección de niños en situación vulnerable
III. Protección de los pueblos indígenas
IV. Campesinos
V. Solicitantes de asilo o refugio
Recomendaciones de casos específicos
Medidas provisionales de la Corte Interamericana
I. Casos de hostigamiento policial
II. Casos de violencia penitenciaria
I. Del uso de fuerza por parte de miembros de cuerpos de seguridad
II. La reparación directa
III. Otras formas de reparación (medidas de satisfacción y garantías
de no repetición)
IV. Las medidas provisionales
Referencias de los informes citados
La Comisión Nacional para la Reforma Policial fue creada el 10 de abril de 2006, con el
objetivo general de construir un nuevo modelo de policía en el contexto de la sociedad
venezolana actual, que permita concebirla como un servicio público general orientado
por los principios de permanencia, eficiencia, extensión, democracia y participación,
control de desempeño y evaluación de acuerdo con procesos y estándares definidos,
así como planificación y desarrollo en función de las necesidades nacionales, estadales
y municipales, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y de los tratados y principios internacionales sobre protección de los derechos
La Comisión parte del supuesto de que ninguna política pública podrá ser efectiva si
no cuenta, para su diseño, con información adecuada sobre los problemas que desea
solucionar, interpretada desde una perspectiva profundamente democrática. Por tal
razón, la investigación, junto al estímulo de una participación plural y sustantiva de la
sociedad, ha sido pilar del proceso de reforma propuesto. En ese marco referencial se
inserta esta serie de publicaciones que sirve de insumo a la Caracterización de la Policía
Venezolana y a la elaboración de un Modelo Policial para Venezuela.
Recomendaciones de Organismos Internacionales de Derechos Humanos vinculadas con la policia
Se presenta en el siguiente documento una compilación de Recomendaciones y
Resoluciones de órganos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales de los sistemas de
derechos humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos,
directamente vinculadas con los organismos encargados de cumplir y hacer cumplir
la ley. En particular, estas recomendaciones y resoluciones emanan de:
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
• El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas
• El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas
• El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
• El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas
• La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
El destinatario de las recomendaciones es el Estado venezolano en general. No
obstante, algunas de ellas son más pertinentes para algunos poderes que para
otros. Por ello, se presentan orientadas hacia: a) todos los poderes públicos, b) el
Poder Ejecutivo, c) el Poder Legislativo y, d) el Poder Judicial.
Se ha realizado una compilación de las recomendaciones generales y aplicadas de
los organismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales de derechos humanos de
los sistemas de las Naciones Unidas e Interamericano.
Los organismos internacionales no establecen el poder público al que corresponde
la responsabilidad de ejecutar cada una de sus recomendaciones. Por ello, se ha
realizado una clasificación genérica que si bien no es exacta, permite identificar,
en términos generales, las recomendaciones que implican responsabilidades para
cada uno de los poderes públicos.
Muchas de las recomendaciones relacionadas con derechos civiles y materias de
seguridad ciudadana suelen tener implicaciones para varios Poderes Públicos.
No obstante, la inmensa mayoría de recomendaciones compiladas tienen implicaciones para el Poder Ejecutivo, al menos en relación con el establecimiento de
En los casos en que se sugiere el desarrollo de legislación, se está señalando tanto
al Poder Legislativo, como al órgano del Poder Ejecutivo que tiene competencia en
la materia específica (tortura, régimen penitenciario, etc). El Poder Ejecutivo tiene,
por una parte, iniciativa legislativa y, por otra, la obligación de adoptar medidas
de protección del derecho, luego una recomendación de esta naturaleza también
genera responsabilidad para los órganos administrativos.
En los casos en que se realizan recomendaciones relativas a aspectos del proceso
judicial y las garantías procesales, se apunta tanto al Poder Judicial como al Poder
Ejecutivo, en cuanto los órganos de seguridad interior son organismos auxiliares
de la justicia y deben así mismo adecuar su actuación al respeto de los derechos
de los procesados. Lo mismo vale para las recomendaciones al órgano fiscal, cuya
actuación está relacionada también con actuaciones ejecutivas, así como al sistema
penitenciario, cuya rectoría corresponde al Poder Judicial pero cuya administración
recae sobre los organismos del Ministerio del Interior y Justicia.
Con el objetivo de facilitar la aplicación de la compilación, se ha obviado la división
constitucional de los Poderes Públicos en el Estado venezolano. Se entiende que las
recomendaciones relativas al Poder Judicial tienen implicaciones para el Ministerio
Público, mientras que sobre la Defensoría del Pueblo recae la responsabilidad de
monitorear la implementación de las recomendaciones y adelantar acciones de
promoción de mejores prácticas y normas.
Con el objetivo de facilitar la identificación de responsabilidades, se ha realizado la
siguiente clasificación, de acuerdo al objeto y naturaleza de las recomendaciones:
1. Recomendaciones generales que se considera que tienen implicaciones directas
para todos los poderes públicos.
2. Recomendaciones relativas a la jurisdicción internacional, que también afectan
en medida variable a todos los poderes.
3. Recomendaciones generales al Poder Ejecutivo.
4. Recomendaciones generales en concurrencia con el Poder Legislativo,
que tienen implicaciones para el Poder Ejecutivo en cuanto al impulso
legislativo y la obligación de promover garantías legales apropiadas.
5. Recomendaciones generales en concurrencia con el Poder Judicial, que tienen
implicaciones para el Poder Ejecutivo en cuanto organismo auxiliar de la justicia.
6. Recomendaciones relativas a los procesos de detención y al sistema
penitenciario, las cuales tienen implicaciones en la mayor parte de los casos
para el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en cuanto organismo administrativo
Adicionalmente, se han clasificado por separado las recomendaciones que apuntan
a la protección de sectores específicos la de población, por cuanto requieren un
abordaje específico. En general, se trata de recomendaciones cuya responsabilidad
recae sobre el Poder Ejecutivo, aunque algunas tienen implicaciones para otros
poderes, de acuerdo a su naturaleza.
Para finalizar, dos secciones separadas incluyen las recomendaciones de organismos
cuasi jurisdiccionales y los puntos resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a casos concretos; y el conjunto de puntos resolutivos específicos contenidos en las Medidas Provisionales emitidas por la Corte.
En anexo, se incluyen algunos fragmentos de la jurisprudencia de la Corte en relación
con aspectos medulares de las políticas destinadas a garantizar los derechos civiles,
así como a asegurar las mejores condiciones en el sistema penitenciario, y acerca
de la naturaleza de las medidas provisionales de la Corte.
Comisión Interamericana: Informe Anual 2003
59. (…) la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se refieren a infracciones de las obligaciones del Estado venezolano de prevenir e investigar
los delitos y castigar a los culpables, generando situaciones de impunidad. Según
dicha información, un 90% de las investigaciones sobre violaciones a los derechos
humanos no supera las etapas preliminares del proceso. En tal sentido, la impunidad
existente en un alto número de casos por violación a los derechos humanos lleva
a la sociedad venezolana a una pérdida de confianza en el sistema de justicia y al
recrudecimiento de la violencia, engendrándose un círculo vicioso de impunidad
I. RECOMENDACIONES PARA EL CONJUNTO DE PODERES
Adoptar medidas para luchar contra la violación de derechos humanos
CDH. Observaciones Finales. Venezuela (ONU, Informe 1992)
10. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte las medidas necesarias para
luchar contra toda violación de los derechos humanos, en particular las que hayan
podido cometerse durante la vigencia de los estados de emergencia.
Ampliación de la participación de la mujer
CDH. Observaciones Finales. Venezuela (ONU, Informe 2001)
21. Al Comité le preocupa la insuficiente participación de la mujer, entre otros
sectores, en la vida política y en el poder judicial. Con el fin de cumplir con los
artículos 3 y 25, el Estado Parte debe tomar las medidas pertinentes para mejorar
la participación de las mujeres, si es preciso mediante la adopción de programas
de medidas positivas.
Adoptar medidas para que no se repitan las circunstancias del caso
CorteIDH. Caso Caracazo. 29 de agosto de 2002. Puntos resolutivos
4. que el Estado debe adoptar todas las providencias necesarias para evitar que
vuelvan a repetirse las circunstancias y los hechos del presente caso, en los términos
del párrafo 127 de la presente Sentencia…
CIDH. Informe Anual 2004
255. La Corte Interamericana ha señalado que el Estado debe combatir la impunidad,
ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y
la total indefensión de las víctimas y sus familiares.[125]
II. RECOMENDACIONES RELATIVAS
A LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL
Deber del Estado de someterse a la jurisdicción de la Corte
CorteIDH. Medidas provisionales Caso Liliana Ortega, Luisiana Ríos y otros. 4 de
1. Declarar que el Estado de Venezuela, por haber reconocido su competencia, está
obligado a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la que tiene el poder, inherente a sus atribuciones, de supervisar el cumplimiento
Deber del Estado de cumplir las medidas ordenadas por la Corte
y de informar periódicamente sobre su implementación
2. Declarar, igualmente, que el Estado de Venezuela tiene la obligación de implementar las medidas provisionales ordenadas por la Corte y de presentar, con la
periodicidad que ésta indique, los informes requeridos y, además, que la facultad
de la Corte incluye evaluar los informes presentados, y emitir instrucciones y
resoluciones sobre el cumplimiento de sus decisiones.
Creación de un mecanismo para supervisar las medidas
CorteIDH. Medidas provisionales Caso Liliana Ortega. 14 de junio de 2004
4. Reiterar al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
deben adoptar las providencias necesarias para la creación de un mecanismo
apropiado para coordinar y supervisar las medidas provisionales ordenadas por la
Deber de cumplir las recomendaciones de los órganos interamericanos
CIDH. Informe Anual 2002
67. … Resulta especialmente importante que el Gobierno del Presidente Chávez y
los demás órganos del poder público cumplan de manera integral con las decisiones
y recomendaciones que adoptan los órganos del sistema interamericano, en sus
decisiones en casos individuales, en sus sentencias, y en particular en las solicitudes
de medidas cautelares dictadas para proteger a las personas en situaciones de
grave riesgo y cuando es necesario evitar daños irreparables. La Corte y la Comisión
Interamericanas constituyen importantes instancias a disposición de todas las
personas sujetas a la jurisdicción del Estado venezolano para tratar de obtener justicia independiente e imparcial.
Ampliar los programas de formación en derechos humanos para efectivos
CAT. Observaciones finales. Venezuela (ONU, Informe 1999)
Perseverar en las iniciativas formativas en derechos humanos para los agentes
del Estado encargados de hacer cumplir la ley y el personal penitenciario, y extenderlas a la totalidad de los cuerpos policiales y de seguridad y en particular a los
Programa gubernamental para la rehabilitación de víctimas de tortura
Establecer un programa gubernamental dirigido a la rehabilitación física,
psicológica y social de las víctimas de tortura.
Programas de capacitación en derechos humanos para funcionarios
CAT. Observaciones finales. Venezuela (ONU, Informe 2002)
d) Proseguir las actividades de educación y promoción en materia de derechos
humanos, en particular la prohibición de actos de tortura, destinadas a funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley y personal médico.
Levantamiento de información sobre víctimas y victimarios en casos
12. El Comité solicita al Estado Parte que incluya en su próximo informe periódico
datos estadísticos desagregados, entre otros, en función de la nacionalidad, edad
y género de las víctimas y los servicios a que pertenecen los inculpados, sobre
casos en materia objeto de la Convención examinados por las instancias internas,
incluido el resultado de las investigaciones efectuadas y las consecuencias para las
víctimas en términos de reparación e indemnización.
Capacitación en derechos humanos para cuerpos de seguridad
Corte IDH. Caso Caracazo. 29 de agosto de 2002. Puntos resolutivos
a) adoptará las medidas necesarias para formar y capacitar a todos los miembros
de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y
normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe
estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;
Ajustar los planes de orden público para controlar la acción policial para garantizar el respeto de los derechos humanos
b) ajustará los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden
público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando,
al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los
miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para
evitar que se produzcan excesos; y
En caso de necesidad de acción represiva, garantizar que se utilizan medios
proporcionales y de manera racional
c) garantizará que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y
de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables
para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto
al derecho a la vida y a la integridad personal;
Capacitación en derechos humanos a FAN y Disip
CorteIDH. Caso Blanco Romero y otros. 28 de noviembre de 2005
11. El Estado debe implementar, en los cursos de formación y capacitación de los
funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, un programa sobre los principios y normas de
protección de los derechos humanos, en particular la prohibición de la desaparición
forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, tomando en cuenta la
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos,
como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este
caso, en los términos de los párrafos 106 y 116 de la presente Sentencia.
Capacitación en derechos humanos para los cuerpos de seguridad
209.2. La formulación de actividades de capacitación destinadas al personal de
los cuerpos de seguridad para asegurar una adecuada y efectiva protección de los
defensores de los derechos humanos; especialmente en las zonas fronterizas del
Desmantelar grupos civiles armados que funcionan fuera de la ley
210.2. Que adopte las medidas necesarias y urgentes encaminadas a desmantelar a
los grupos civiles armados que funcionan fuera de la ley, fortaleciendo la capacidad
de investigación criminal y sancionando las acciones ilícitas de estos grupos para
prevenir que estos hechos se repitan en el futuro.
Establecer políticas de coordinación policial efectiva
231.4. Establecer políticas de seguridad pública destinadas a lograr una efectiva
coordinación de las distintas fuerzas encargadas de la seguridad pública, como
así también coordinar acciones de seguridad con el Alcalde Metropolitano, en su
condición de jefe de la Policía Metropolitana.
Capacitación en derechos humanos de miembros de los cuerpos de seguridad
231.5. Intensificar los esfuerzos para la capacitación de los miembros de los cuerpos
de seguridad del Estado en materia de derechos humanos…
Establecer mecanismos de sanción para efectivos de seguridad
que violen derechos humanos
231.5. …poner en práctica mecanismos de sanción y remoción de miembros involucrados en violaciones a derechos humanos durante el ejercicio de sus funciones.
Adoptar una política profesional de seguridad ciudadana
231.8. Priorizar la adopción de una política profesional de seguridad ciudadana
que atienda a los requerimientos convencionales y del Estado de Derecho.
Adopción de medidas para evitar las situaciones de represión
por uso desproporcionado de la fuerza
235. … la CIDH insta enfáticamente a que el Estado tome todas las medidas necesarias
para evitar que se reiteren situaciones de represión con el uso desproporcionado
y excesivo de la fuerza por parte de miembros de seguridad - en particular de la
Guardia Nacional - en el control de la seguridad pública.
Desarticulación efectiva de los grupos de exterminio
237.1. Que se desarticulen y erradiquen de manera inmediata, urgente y efectiva,
de conformidad a la gravedad de estos casos, los grupos de exterminio que estén
actuando en los Estados referidos en el presente informe.
237.6. Que se impartan cursos de capacitación para los miembros de los cuerpos
policiales y militares en materia de respeto a los derechos humanos en el ejercicio
de funciones de seguridad pública.
Establecer campañas de capacitación en derechos humanos de funcionarios
260. 5. Que se establezcan campañas de capacitación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad a fin de que sean instruidos en materias de derechos humanos
y de estricto cumplimiento de la ley en casos de detención y control del orden
IV. RECOMENDACIONES GENERALES CONCURRENTES
Medidas para combatir la tortura: establecimiento de organismo
independiente de investigación, desarrollo legislativo y educación
8. (…) El Estado Parte debe establecer un órgano independiente facultado para
recibir e investigar todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza y otros abusos
de poder por parte de la policía y otras fuerzas de la seguridad, que sea seguido,
cuando sea pertinente, por el sometimiento a juicio de los que aparezcan como
responsables. El Comité insta, además, al Estado Parte a dictar las normas legales
necesarias para dar cumplimiento a la prohibición de la tortura y de los tratamientos
crueles, inhumanos o degradantes establecida en el artículo 7 del Pacto y en el artículo 46 de la Constitución, y a intensificar los programas de educación en derechos
humanos de todas aquellas fuerzas del Estado cuyas funciones estén relacionadas
con el tratamiento de detenidos.
Desarrollo legislativo del delito de tortura
El pronto examen, discusión y aprobación del proyecto de ley sobre la tortura, ya
sea en una ley separada o incorporando sus disposiciones al articulado del Código
La ley referida debe radicar el conocimiento y juzgamiento de toda denuncia
por torturas, cualquiera fuere el organismo a que pertenece el imputado, en los
tribunales del fuero común.
Participación de las organizaciones de derechos humanos en la consulta
legislativa para tipificar la tortura como delito
En el examen y discusión del proyecto de ley sobre torturas, el Poder Ejecutivo y
el Poder Legislativo deberían requerir y tener presente las opiniones de las organizaciones no gubernamentales nacionales de defensa y promoción de derechos
humanos, cuya experiencia en la atención de víctimas de torturas y de tratos
crueles, inhumanos o degradantes puede contribuir al perfeccionamiento de la
Eliminar normas sobre exención de responsabilidad penal por obrar
en cumplimiento de obediencia
Derogar las normas sobre exención de responsabilidad penal por obrar en cumplimiento de obediencia debida a un superior, las que no obstante ser contrarias
a la Constitución, en los hechos dejan a la interpretación judicial disposiciones incompatibles con el artículo 2.3 de la Convención.
Adopción de legislación que penalice la tortura
a) La adopción de legislación que penalice la tortura. Según la disposición transitoria
4 de la nueva Constitución, ésta debe hacerse por ley especial o reforma del Código
Penal dentro del plazo de un año contado a partir de la instalación de la Asamblea
Nacional, plazo ya largamente excedido.
Sanción de legislación que penalice la discriminación racial
CERD. Observaciones finales. Venezuela (ONU, Informe 2005)
16. Tomando nota del artículo 369 del anteproyecto del Código Penal que prevé
sanciones contra actos de discriminación racial, el Comité desea recibir información
sobre denuncias por actos de discriminación racial y sobre las correspondientes
acciones judiciales emprendidas por las víctimas y en su nombre. El Comité alienta al
Estado Parte a que adopte rápidamente el anteproyecto del Código Penal, y le pide
que incluya en su próximo informe periódico información estadística desglosada
sobre los casos relacionados con la discriminación racial y las penas impuestas, en
los que se hayan aplicado las disposiciones pertinentes del derecho interno.
Adecuación legislativa: uso de la fuerza, vigilancia penitenciaria,
investigación independiente, jurisdicción civil de casos de violaciones
CorteIDH. Caso Retén de Catia. 5 de julio de 2006. Puntos resolutivos
9. El Estado debe adecuar, en un plazo razonable, su legislación interna a los términos de la Convención Americana, en los términos de los párrafos 143 y 144 de esta
a) incorporar los estándares internacionales sobre uso de la fuerza por los funcionarios encargados de aplicar la ley;
b) poner en funcionamiento un cuerpo de vigilancia penitenciaria eminentemente
de carácter civil;
c) garantizar un procedimiento o mecanismo eficaz, ante un organismo competente,
imparcial e independiente, para la verificación e investigación de las quejas sobre
violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad;
d) garantizar que las investigaciones por hechos constitutivos de violaciones
de derechos humanos sean adelantadas por fiscales y jueces ordinarios y no militares.
Adoptar medidas legislativas para hacer más eficaz el hábeas corpus
9. El Estado debe adoptar, en concordancia con los artículos 7.6, 25 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas o de otro
carácter que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela
pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada, en los
términos de los párrafos 104 y 116 de la presente Sentencia.
Reformar la legislación penal en relación con la desaparición de personas
Corte IDH. Caso Blanco Romero y otros. 28 de noviembre de 2005
10. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo
razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada de
personas, en los términos de los párrafos 105 y 116 del presente Fallo.
Desarrollo jurídico de competencias del Consejo de Defensa Nacional
231.2. Establecer de manera inmediata la reglamentación del Consejo Nacional de
Seguridad. Esta reglamentación deberá establecer las atribuciones y competencias
del Consejo, como así también las condiciones para la actuación de los poderes
que lo conforman, estableciendo las debidas garantías de imparcialidad e independencia de los mismos.
Adoptar legislación para la creación de un cuerpo de policía nacional
236. (…) No se ha tenido conocimiento sobre la reglamentación del artículo 332 de la
Constitución venezolana en el sentido de crear un cuerpo de policía nacional como
uno de los cuerpos civiles de protección ciudadana. La Comisión Interamericana
considera de gran importancia que la legislación pertinente se adopte con apego
estricto al derecho internacional de los derechos humanos, y que se disponga el
desarrollo de programas educativos en derechos humanos y seguridad ciudadana
a los mencionados cuerpos policiales.
Legislación de sanción del delito de tortura
260. 7. Que elabore y promulgue a la brevedad la legislación pertinente que sancione la tortura de conformidad a lo establecido en la disposición transitoria cuarta
de la nueva Constitución, ya sea mediante una ley o una reforma en el Código
Legislar sobre la exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura o mal trato
260. 8. Que sea incorporado al derecho interno, ya sea legislativamente o por vía
jurisprudencial, la exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura o trato cruel,
inhumano o degradante, como está consagrado en la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, hacer extensiva esta regla de
exclusión a toda prueba derivada de procedimientos irregulares, o en violación de
garantías del debido proceso, conforme a la doctrina del fruto del árbol venenoso
(doctrina jurídica en virtud de la cual si se emplea una prueba ilegítimamente
obtenida, todas las actuaciones probatorias que se deriven de la misma serán
igualmente ilegítimas).
V. RECOMENDACIONES GENERALES CONCURRENTES
Garantía de sanción de todos los efectivos de seguridad que hayan
cometido violaciones
10… El Estado Parte debería velar por que todos los miembros de las fuerzas armadas
o de la policía que hayan cometido violaciones de los derechos garantizados en el
Pacto sean juzgados y sancionados por tribunales civiles.
Prioridad a investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales
7. (…) El Estado Parte debe llevar a cabo las investigaciones pertinentes para
identificar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y someterlos a juicio. El Estado Parte deberá también tomar las medidas necesarias para prevenir la
ocurrencia de estas violaciones del artículo 6 del Pacto.
Garantizar investigaciones inmediatas e imparciales de las denuncias
b) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones inmediatas
e imparciales en todos los casos de quejas por tortura y tratos crueles, inhumanos
o degradantes. Durante esas investigaciones, los agentes involucrados deben ser
suspendidos en el ejercicio de sus funciones.
Garantizar el derecho a una indemnización justa de las víctimas de tortura
c) Adoptar medidas para reglamentar e institucionalizar el derecho de las víctimas
de tortura a una indemnización justa y adecuada y establecer programas dirigidos a
su rehabilitación física y mental en la medida más completa posible, tal como había
ya recomendado el Comité en las precedentes conclusiones y recomendaciones.
Relator Especial de Tortura (ONU)
Obligación de investigación independiente de denuncias contra policías
Relator Especial Tortura. Recomendaciones a Venezuela (ONU, 2006)
426. Las denuncias judiciales contra funcionarios de la policía deberán ser investigadas invariablemente por un órgano independiente del cuerpo de policía cuyos
funcionarios sean objeto de la denuncia.
Independencia del Instituto de Medicina Legal
430. El Instituto de Medicina Legal deberá ser independiente de toda autoridad
encargada de la investigación o el enjuiciamiento del delito.
Naturaleza de las pruebas físicas por denuncias de tortura
440. La ausencia de marcas consistentes con las denuncias de tortura no debe
ser considerada necesariamente por el Ministerio Público y por los jueces como
prueba de que tales denuncias son falsas.
Límites al procedimiento de nudo hecho
442. No debe permitirse que el procedimiento de nudo hecho demore, durante más
de unas semanas, la institución del procedimiento penal contra los funcionarios
públicos. En cualquier caso, ese plazo debe excluirse del establecido para determinar
el plazo de prescripción.
446. Los representantes del Ministerio Público deben estar sujetos a rotación a fin
de evitar que se identifiquen excesivamente con el personal encargado de hacer
cumplir la ley o con el personal militar en una localidad determinada o en un determinado lugar de detención.
Reforma judicial en relación con el enjuiciamiento criminal
464. Deben elaborarse y aplicarse sin dilación los planes para la reforma del sistema
de enjuiciamiento criminal y del poder judicial, en especial por lo que se refiere a
los aspectos tendientes a solucionar el problema relacionado con las demoras en
la administración de justicia. Por otra parte, el Gobierno y los órganos legislativos
deben considerar la posibilidad de incrementar el presupuesto asignado al poder
Investigación, juzgamiento y sanción de los grupos de exterminio
61. Dada la gravedad de la situación, la Comisión exige la investigación seria y cabal
de los “grupos de exterminio”, el juzgamiento y sanción de los responsables sin
dilaciones, así como la reparación de los daños causados.
Protección a testigos y familiares de víctimas de los grupos de exterminio
61. (…) Asimismo, solicita al Estado Venezolano que otorgue medidas efectivas de
protección a los testigos y familiares de las victimas [de los “grupos de exterminio”].
La Comisión considera de crucial importancia que se incrementen los recursos
humanos, técnicos y logísticos dedicados a la investigación de estos “grupos de
exterminio” y que se destituya de inmediato a los elementos de seguridad que
Investigación seria de todos los casos de ejecuciones extrajudiciales
237.2. Que se realicen investigaciones serias, exhaustivas, conclusivas e imparciales
en todos los casos de ejecuciones extrajudiciales.
Reparación adecuada de todas las víctimas y familiares
237.3. Que se repare adecuadamente a los familiares y víctimas de violaciones al
derecho a la vida atribuibles a agentes del Estado o a grupos que hayan actuado
Medidas efectivas de protección de testigos y familiares
237.4. Que otorguen medidas efectivas de protección a los testigos y familiares de
Aumentar los recursos para la investigación y destituir a funcionarios
237.5. Que se incrementen los recursos humanos, técnicos y logísticos dedicados a
la investigación de estos “grupos de exterminio” y que se destituya de inmediato a
los elementos de seguridad que estén involucrados.
Investigación de cada caso de violación del derecho a la vida por abuso
250. La Comisión Interamericana sostiene la necesidad de que el Estado lleve a
cabo una investigación exhaustiva de cada caso y que demuestre que en el uso
de la fuerza pública se han respetado los parámetros internacionales. Ello implica,
entre otros factores, que la fuerza debe ser tanto necesaria como proporcional a
la situación, es decir, que debe ser ejercida con moderación y con proporción al
objetivo legítimo que se persiga. Al mismo tiempo, debe intentarse la limitación
al mínimo de lesiones personales y pérdida de vidas humanas.
Asegurar que los tribunales califican y sancionan los hechos de tortura
260. 1. Que se adopten las medidas necesarias para asegurar que los hechos de
tortura sean calificados y sancionados como tales por los órganos jurisdiccionales
Investigar exhaustivamente las denuncias de torturas
260. 2. Que se realicen investigaciones serias, exhaustivas e imparciales en los casos
de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Investigar exhaustivamente todas las denuncias de abusos a la integridad
260. 3. Que la Fiscalía General de la República emprenda una investigación exhaustiva
de todas las denuncias de abusos contra la integridad personal, especialmente con
respecto a las personas privadas de libertad por parte de miembros de la Guardia
Nacional y de vigilantes adscritos a la Dirección de Prisiones del Ministerio de Interior y Justicia.
Adoptar medidas para la supervisión judicial de la detención
260. 4. Que se adopten las medidas necesarias para ejercer una efectiva supervisión
judicial de la detención y de los órganos encargados de ejecutarla.
Adoptar medidas para rehabilitar e indemnizar a las víctimas de torturas
260. 6. Que se realicen las acciones necesarias para rehabilitar e indemnizar, justa y
adecuadamente, a las víctimas de los hechos de tortura.
Adopción de medidas para garantizar la integridad personal de detenidos
271. El Estado venezolano no ha cumplido con las recomendaciones relativas a garantizar la integridad personal de las personas sujetas a su jurisdicción. La Comisión
Interamericana espera que en un futuro cercano el Estado adopte medidas firmes
para eliminar las prácticas que contribuyen a la persistencia de esta grave situación
violatoria de los derechos a la integridad personal, al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva, garantizados la Convención Americana.
VI. RECOMENDACIONES RELATIVAS A PROCEDIMIENTOS
DE DETENCIÓN Y SISTEMA PENITENCIARIO
Modificar la duración de la detención preventiva, garantizar examen médico
y acceso a abogado para el acusado, mejorar las condiciones de detención
10… Se debería modificar la duración de la detención preventiva y dar al inculpado
derecho a solicitar un examen médico y a ponerse en contacto con su abogado
desde el momento de la detención. También se deberían adoptar medidas para que
el recurso de amparo sea eficaz y para mejorar apreciablemente las condiciones de
vida en los lugares de detención.
Medidas para garantizar los derechos del detenido; revisión jurídica
de las competencias de la DISIP
9. (…) Con el fin de que el Comité pueda evaluar el cumplimiento de los artículos
9, 10 y 14 del Pacto, el Estado Parte deberá proporcionar al Comité información
respecto de si el detenido es puesto sin demora a disposición de un juez o de un
funcionario con autoridad judicial; si puede un abogado estar presente durante el
interrogatorio delante de la policía; si existe un mecanismo automático de control
médico del detenido cuando entra y cuando sale del recinto policial; cuáles son
las normas que rigen la posibilidad de la incomunicación del detenido; si todas
las normas referentes a la detención establecidas en la Constitución han sido
implementadas con la legislación adecuada; y sobre la condición jurídica y las
facultades de DISIP.
Medidas para garantizar la duración legal del periodo de detención
10. (…) La duración del período de detención a la espera del juicio puede plantear
cuestiones de compatibilidad con el párrafo 3 del artículo 9 y el artículo 14 del
Con el fin de compatibilizar esta situación con las obligaciones señaladas en el
Pacto, el Estado Parte deberá apresurar los procesos y cumplir estrictamente con lo
dispuesto en el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto.
Medidas para reforzar la supervisión de las condiciones de detención
y garantizar separación de detenidos y condenados
11. (…) El hacinamiento en las cárceles y la falta de segregación entre los detenidos
a la espera de su sentencia y los condenados son incompatibles con el Pacto.
El Estado Parte deberá reforzar los mecanismos institucionales de reciente creación
(fiscales de vigilancia y jueces de vigilancia penitenciaria) para supervisar las condiciones de las cárceles y para investigar las denuncias de los reclusos, con vistas al
cumplimiento de los artículos 7 y 10 del Pacto.
Mejorar las condiciones materiales de detención en las cárceles y establecer
procedimientos de inspección independiente
e) Adoptar medidas para mejorar las condiciones materiales de detención en
las cárceles y evitar tanto la violencia entre reos como la ejercida por el personal
penitenciario en contra de ellos. Se recomienda también al Estado Parte fortalecer
los procedimientos independientes de inspección de las prisiones.
Relator Especial de Tortura
Acceso a asesoramiento jurídico en un plazo de 24 horas
407. La recomendación (b) dice: El acceso efectivo de todas las personas privadas
de libertad al asesoramiento jurídico independiente debe concederse dentro de
las 24 horas de la detención inicial. Ese acceso debe ejercerse de conformidad con
el principio 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (resolución 43/173 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1988), según el cual:
Medios para consultar a un abogado
408. 2. Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para
Derecho irrestricto
410. 3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado o a
consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta
confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias
excepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados
conforme al derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable
para mantener la seguridad y el orden. E/CN.4/2006/6/Add.2
Confidencialidad de las entrevistas con abogado
412. 4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán
celebrarse a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste
no podrá hallarse a distancia que le permita oír la conversación.
Garantizar el contacto con familiares
415. La recomendación (c) dice: También deberá garantizarse los contactos de
todas las personas privadas de libertad con sus familias, de conformidad con las
siguientes normas enunciadas en el mencionado Conjunto de Principios:
Notificación a familiares luego del arresto y de cada traslado del detenido
416. 16.1. Prontamente después de su arresto y después de cada traslado de un
lugar de detención o prisión a otro, la persona detenida o presa tendrá derecho
a notificar, o a pedir que la autoridad competente notifique, a su familia o a otras
personas idóneas que él designe, su arresto, detención o prisión o su traslado y el
lugar en que se encuentra bajo custodia.
Derecho a la visita y a la correspondencia familiar
419. 19. Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular
por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad
adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones
y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme
Derecho a un examen médico apropiado
421. Deben adoptarse medidas para salvaguardar el derecho de todos los detenidos
a un examen médico apropiado. Los principios 24 a 26 del Conjunto de Principios
establecen, a este respecto, lo siguiente:
422. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado
con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o
Derecho a un segundo examen médico
423. La persona detenida o presa o su abogado, con sujeción únicamente a
condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión, tendrá derecho a solicitar autorización de un juez u otra autoridad
para un segundo examen médico o una segunda opinión médica.
Registro de los exámenes y acceso al registro
424. Quedará debida constancia en registros del hecho de que una persona
detenida o presa ha sido sometida a un examen médico, del nombre del médico
y de los resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros. Las
modalidades a tal efecto serán conformes a las normas pertinentes del derecho
Deber de altos funcionarios de prevenir malos tratos policiales
428. Los altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán hacer
constar claramente que son inaceptables los malos tratos infligidos a personas detenidas y que tal conducta será castigada severamente.
Visitas regulares a lugares de detención
432. Debe instaurarse un sistema de visitas regulares a todos los lugares de detención
(custodia policial, detención preventiva y reclusión tras la condena). Ese sistema
deberá estar integrado, en particular, por personas de prestigio y por representantes
de las organizaciones no gubernamentales responsables.
Código de conducta para los interrogatorios
436. Hay que elaborar un código de conducta que determine la práctica que deben seguir los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al llevar a cabo los
Deber de destituir a funcionarios que nieguen detención
444. La falsa negativa a un representante del Ministerio Público del hecho de la
detención de una persona o la denegación del acceso de dicho representante a
un detenido deben ser perseguidas vigorosamente como un acto que entraña la
destitución instantánea de los responsables del lugar de detención.
Deber del poder judicial de velar por el derecho del detenido a ser tratado
448. El poder judicial debe velar detenida y sistemáticamente por que las
condiciones de detención o prisión sean compatibles con la prohibición de tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, o con el derecho del detenido a ser
tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad de la persona humana,
consagrado en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Medidas para reducir la ocurrencia de detenciones preventivas
450. Hay que adoptar urgentemente medidas destinadas a reducir el número de
personas en detención preventiva.
Separación de condenados y procesados
452. Los presos condenados deben estar separados de las personas en detención
Separación de reincidentes y violentos del resto de detenidos
454. Las personas que delinquen por primera vez o los delincuentes sospechosos
deben mantenerse separados de los reincidentes; las personas detenidas por la
comisión de delitos graves, especialmente de carácter violento, deben mantenerse
separadas de otros detenidos o presos.
Adaptar las cárceles a condiciones adecuadas
10. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias
para que las condiciones de las cárceles se adecuen a los estándares internacionales
relativos a esta materia, en los términos de los párrafos 145 y 146 de esta Sentencia.
a) espacio lo suficientemente amplio para pasar la noche;
b) celdas ventiladas y con acceso a luz natural;
c) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente privacidad;
d) alimentación y atención en salud adecuadas, oportunas y suficientes, e) acceso a
medidas educativas, laborales y de cualquier otra índole esenciales para la reforma
y readaptación social de los internos.
RECOMENDACIONES RELATIVAS A SECTORES
DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS
Medidas preventivas para erradicar el tráfico de mujeres
16. (…) Deben tomarse medidas preventivas para erradicar el tráfico de mujeres,
con el fin de cumplir con los artículos 7 y 8 del Pacto, y ofrecer a las víctimas programas de rehabilitación. Las leyes y políticas del Estado Parte deben ofrecer a las
víctimas protección y apoyo.
Medidas eficaces para garantizar la seguridad de las mujeres detenidas
y su derecho a denunciar violaciones
17. El Comité está preocupado (…) por las numerosas alegaciones de violación o
tortura perpetradas por las fuerzas de seguridad a las mujeres detenidas, que éstas
no se atreven a denunciar. Todo lo antedicho da lugar a serias preocupaciones a la
luz de los artículos 6 y 7 del Pacto.
El Estado Parte debe tomar medidas eficaces para garantizar la seguridad de las mujeres, asegurar que no se ejerza ninguna presión sobre las mismas para disuadirlas
de denunciar tales violaciones y asegurar que todas las alegaciones de abusos sean
investigadas y que los autores de estos actos sean llevados a la justicia.
Medidas efectivas para la protección y rehabilitación de los menores
24. El Comité deplora la situación de los niños de la calle que se agrava cada vez
más. Estos niños son los que afrontan mayores riesgos frente a la violencia sexual y
están expuestos a las prácticas de tráfico sexual.
El Estado Parte debe tomar medidas efectivas para la protección y rehabilitación de
dichos menores, conforme al artículo 24 del Pacto, incluyendo medidas para poner
fin a la explotación sexual, la pornografía infantil.
Detención de niños sólo en instituciones especializadas
456. Los niños privados de libertad (como último recurso), aunque sólo sea por unos
días o unas semanas, deben permanecer recluidos exclusivamente en instituciones
concebidas para protegerles y que estén adaptadas, desde todos los puntos de
vista, a sus necesidades particulares. Debe prestarse a los niños asistencia médica,
Acopio de información sobre la situación de los niños de grupos vulnerables
CDN. Observaciones Finales. Venezuela (ONU, Informe 1999)
13. (…) El Comité recomienda al Estado Parte que siga elaborando un sistema
integral de acopio de datos desglosados a fin de reunir toda la información necesaria
sobre la situación de todos los niños de menos de 18 años de edad, comprendidos
los niños pertenecientes a grupos vulnerables, en las diversas esferas que abarca
Programas de sensibilización para funcionarios que trabajan con menores
15. (…) El Comité recomienda que el Estado Parte refuerce sus programas de sensibilización y capacitación destinados a todos los grupos profesionales que trabajan
para y con los niños, como los jueces, los abogados, los agentes del orden público y
los militares, los funcionarios públicos, el personal de las instituciones de la infancia
y los centros de detención de menores, los maestros y el personal de salud, sin
olvidar a los psicólogos y los asistentes sociales. El Comité alienta al Estado Parte
a considerar la posibilidad de pedir asistencia para ello, entre otras entidades, a la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y al UNICEF.
Medidas para no discriminar a niños en situación de calle
18. (…) Recomienda que el Estado Parte siga adoptando medidas eficaces para
reducir las desigualdades económicas y sociales. Deben reforzarse las medidas
para impedir la discriminación contra los grupos más desfavorecidos de niños,
como las niñas, los niños pertenecientes a grupos indígenas y étnicos, los niños
discapacitados, los niños nacidos fuera del matrimonio y los niños que viven o trabajan en la calle.
Medidas para evitar la muerte de niños durante operativos contra
20. Con respecto al artículo 6 de la Convención, al Comité le preocupan las denuncias
de casos en que se ha matado a niños durante operaciones contra la delincuencia.
El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas eficaces para impedir
este tipo de situaciones y que utilice sus mecanismos judiciales para investigar
estos casos a fin de impedir que queden impunes los presuntos culpables.
Medidas para ocuparse de las denuncias de brutalidad policial
23. El Comité manifiesta su preocupación ante las denuncias persistentes que
dan cuenta de la detención de niños en condiciones que equivalen a un trato
cruel, inhumano o degradante y de malos tratos físicos infligidos a los niños por
la policía y las fuerzas armadas. A la luz del artículo 37 y otros artículos conexos
de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte utilice eficazmente
sus mecanismos judiciales para ocuparse de las denuncias de brutalidad, malos
tratos y abusos infligidos a los niños por la policía, y que los casos de violencia y
abuso contra los niños se investiguen debidamente para impedir que los culpables
Medidas para prevenir y reprimir el maltrato de niños
25. (…) A la luz, entre otros, de los artículos 19 y 39 de la Convención, el Comité
recomienda al Estado Parte que siga tomando todas las medidas necesarias para
prevenir y reprimir el maltrato y el descuido de los niños en la familia, en la escuela
y en la sociedad en general, en particular la puesta en marcha de programas
multidisciplinarios de rehabilitación y tratamiento. Sugiere que se refuerce la represión de esos delitos y que se refuercen los procedimientos y mecanismos para
atender las denuncias de maltrato de niños a fin de ofrecer a los niños un acceso
oportuno a la justicia y evitar así la impunidad de los culpables. Además, deberían
establecerse programas educacionales para combatir las actitudes tradicionales de
la sociedad con respecto a esta cuestión. El Comité alienta al Estado Parte a estudiar
la posibilidad de recabar con este fin la colaboración internacional del UNICEF y
organizaciones no gubernamentales internacionales, entre otras entidades.
Medidas para proteger a niños indígenas
30. (…) el Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas eficaces para
proteger a los niños pertenecientes a los grupos indígenas y étnicos contra la
discriminación y para garantizar su disfrute de todos los derechos que les reconoce
Medidas para prevenir la explotación sexual y el abuso sexual de los niños
32. (…) A la luz del artículo 34 y otros artículos conexos de la Convención, el Comité
recomienda que el Estado Parte realice estudios con el fin de concebir y aplicar
políticas y medidas apropiadas, incluso de atención y rehabilitación, para prevenir
y combatir este fenómeno [de la explotación sexual con fines comerciales y el
abuso sexual de los niños]. El Comité recomienda que el Estado Parte tenga en
cuenta las recomendaciones formuladas en el Programa de Acción aprobado en el
Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado
en Estocolmo en 1996.
33. (…) El Comité recomienda que se adopten medidas, con carácter urgente, para
reforzar la imposición de la ley y ejecutar el programa nacional de prevención [de
tráfico y la venta de niños] del Estado Parte. Con el fin de combatir eficazmente el
tráfico y la venta internacionales de niños, el Comité recomienda al Estado Parte
que redoble sus esfuerzos para concertar acuerdos regionales con los países
vecinos. Deben establecerse medidas de rehabilitación para los niños víctimas del
tráfico y la venta.
Derechos del niño en el sistema de justicia de menores: limitaciones
a la privación de libertad
34. Con respecto al sistema de justicia de menores (…) el Comité recomienda que
el Estado Parte:
b) Considere que la privación de libertad es sólo una medida extrema y debe durar
lo menos posible; proteja los derechos de los niños privados de libertad, y garantice
que los niños se mantengan en comunicación con sus familiares mientras estén a
cargo del sistema de justicia de menores;
Derechos del niño en el sistema de justicia de menores: Medidas
c) Implante programas de capacitación sobre las normas internacionales pertinentes
para todos los profesionales que intervienen en el sistema de justicia de menores;
Derechos del niño en el sistema de justicia de menores: Asistencia técnica
para la formación de policías
d) Pida asistencia técnica en la esfera de la justicia de menores y la formación de la
policía, entre otras entidades, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, al Centro de Prevención del Delito Internacional, al UNICEF y a la Red
Internacional de Justicia de Menores, por conducto del Grupo de Coordinación
sobre asistencia y asesoramiento técnicos en materia de justicia de menores.
Supervisión de la cedulación de indígenas para garantizar autoidentificación
15. El Comité observa que la cédula de identidad que se otorga a los indígenas
de conformidad con el Reglamento de la Ley orgánica de identificación para los
Indígenas incluye el nombre de la etnia, el pueblo y la comunidad a la cual pertenecen. El Comité pide al Estado Parte que vigile que, de conformidad con su
Recomendación general Nº VIII, la cédula de identidad para los indígenas se base
en una autoidentificación de las personas implicadas.
Protección de los pueblos indígenas contra los efectos
de la explotación aurífera
19. El Comité nota con preocupación que, según el informe del Estado Parte, los
pueblos indígenas del Alto Orinoco y de las cuencas del Casiquiare y Guainía-Río
Negro tienen problemas de diversa índole, particularmente con los centros de
explotación aurífera ilegal, en donde se ha evidenciado a niños y adolescentes
indígenas sometidos a dinámicas de explotación laboral y a peores formas de
trabajo infantil, a saber, servidumbre, y esclavitud, prostitución infantil, trata y venta,
entre otros. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas urgentes
para poner fin a esta situación, y que someta información sobre la aplicación de las
Protección de los campesinos en el marco de la reforma agraria
18. El Comité nota con gran preocupación que entre 1995 y 2003, fueron asesinadas
por conflictos de tierra 61 personas, en su mayoría indígenas o afrodescendientes,
presuntamente a manos de grupos armados privados (sicarios), y que este problema se ha agravado a partir de 2001. El Comité pide al Estado Parte que tome
medidas efectivas y urgentes para terminar con este problema de violencia que
afecta principalmente a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes, que
incluyan un mecanismo de vigilancia independiente para investigar estos hechos,
de tal manera que no queden impunes.
Medidas para garantizar tratamiento digno a las personas solicitantes
de asilo o refugio, particularmente en la frontera con Colombia
15. El Comité siente gran preocupación con respecto al tratamiento que reciben
las personas solicitantes de asilo o refugio en Venezuela, en particular las que
entran en el país por la frontera colombiana (…) También le preocupa el posible
incumplimiento de la obligación derivada del principio de no devolución.
El Estado Parte debe garantizar el cumplimiento de los artículos 7 y 13 del Pacto, y de
las normas de derecho internacional general, así como adherirse a las convenciones
internacionales pertinentes o hacerlas efectivas, proporcionar acceso a las agencias
especializadas a las zonas en cuestión, y recurrir, si fuere necesario, a los órganos
internacionales que se ocupan de esta materia.
Medidas para garantizar el trabajo de defensores de derechos humanos
y proteger sus vidas
209.1. La adopción de las medidas necesarias para evitar el debilitamiento de las
garantías de trabajo de los defensores y para garantizar una efectiva protección de
la vida e integridad personal de los mismos, de conformidad a lo establecido en
la Convención Americana y en diversas resoluciones de la Asamblea General de la
Declarar al alto nivel la legitimidad de la labor de los defensores
209.3. La formulación de declaraciones inequívocas de parte de funcionarios de
alto nivel en las que confirmen la legitimidad e importancia de la labor de los
defensores de los derechos humanos y de sus organizaciones;
Investigar efectivamente las amenazas y otras intimidaciones contra
209.4. Que actúe con renovado empeño para garantizar la investigación, el procesamiento y la sanción de las amenazas, ataques y demás actos de intimidación
contra los defensores de los derechos humanos.
Prioridad a investigaciones relacionadas con desapariciones (Caracazo)
6. (…) Teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 9 del Pacto,
el Estado Parte debe dar una especial prioridad a conducir con rapidez y eficacia
las investigaciones para encontrar a los desaparecidos y a los responsables de las
desapariciones [ocurridas en 1989]. El Estado Parte deberá también tomar todas
las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de estos actos, entre las cuales
debe estar la adopción de la ley que señala el artículo 45 de la Constitución.
Obligación de continuar las investigaciones y sancionar a los responsables
CorteIDH. Caso El Amparo. 14 de noviembre de 1996
4. Decide que el Estado de Venezuela está obligado a continuar las investigaciones de
los hechos a que se refiere este caso y sancionar a quienes resulten responsables.
Adoptar todas las medidas para cumplir sentencia del Caso El Amparo
CorteIDH. Caso El Amparo. 28 de noviembre de 2002
1. Que el Estado tiene el deber de tomar todas las medidas que sean necesarias
para dar efecto y pronto cumplimiento a la sentencia de 14 de septiembre de 1996
dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso El Amparo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre
Investigación efectiva de los hechos del Caracazo y garantía de sanción
de responsables; divulgación de los resultados
1. El Estado debe emprender, en los términos de los párrafos 118 a 120 de la presente
Sentencia, una investigación efectiva de los hechos de este caso, identificar a los
responsables de los mismos, tanto materiales como intelectuales, así como a los
eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda; que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes deberán
tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas
investigaciones, de conformidad con la ley interna y las normas de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; y que los resultados de las investigaciones
deberán ser públicamente divulgados;
Exhumar e identificar los cadáveres de las 18 víctimas determinadas
2. que el Estado debe localizar, exhumar, identificar mediante el uso de técnicas e
instrumentos idóneos, y entregar a sus familiares, en los términos de los párrafos
121 y 124 a 126 de la presente Sentencia, los restos mortales de las dieciocho
víctimas determinadas en esos mismos párrafos;
Adopción de medidas para cumplir con la sentencia previa
CorteIDH. Caso del Caracazo. 17 de noviembre de 2004. Puntos resolutivos
1. Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar
efecto y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron
ordenados por el Tribunal en la Sentencia de Reparaciones de 29 de agosto de 2002,
así como a lo dispuesto en la presente Resolución, de conformidad con lo estipulado
en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Presentación de información sobre reparaciones del Caso del Caracazo
CorteIDH. Caso Retén de Catia. 17 de noviembre de 2006. Puntos resolutivos
2. Solicitar al Estado que presente, a más tardar el 31 de enero de 2005, un informe
en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones
ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de
conformidad con lo señalado en el Considerando noveno y en el punto declarativo
segundo de la presente Resolución.
Investigación exhaustiva y sanción de los responsables de las violaciones
7. El Estado debe emprender, con plena observancia de las garantías judiciales y en
un plazo razonable, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar
a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas
del presente caso, en los términos de los párrafos 137 a 141 de esta Sentencia.
Localizar el paradero de los cadáveres
8. El Estado debe realizar inmediatamente todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera efectiva la ubicación y entrega, en un plazo razonable, de los cuerpos de José León Ayala Gualdrón y Edgar José Peña Marín, en los
términos del párrafo 142 de esta Sentencia.
Capacitación en derechos humanos a cuerpos de seguridad y agentes
11. El Estado debe entrenar y capacitar adecuadamente a los miembros de los cuerpos de seguridad para garantizar efectivamente el derecho a la vida, y evitar el uso
desproporcionado de la fuerza. Asimismo, el Estado debe diseñar e implementar un
programa de capacitación sobre derechos humanos y estándares internacionales
en materia de personas privadas de la libertad, dirigido a agentes policiales y penitenciarios, en los términos de los párrafos 147 a 149 de la presente Sentencia.
Acto público de reconocimiento de responsabilidad
12. El Estado debe realizar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, un acto de reconocimiento de responsabilidad
internacional y disculpa pública, en relación con las violaciones declaradas en la
misma, en los términos del párrafo 150 de la presente Sentencia.
13. El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos establecidos de
esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva
14. El Estado debe realizar los pagos de las indemnizaciones por concepto de daño
material e inmaterial, así como el reintegro de costas y gastos en el plazo de un año,
contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
Investigación exhaustiva y sanción de los responsables de los tres casos
6. El Estado debe llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e
imparciales sobre las tres desapariciones forzadas que ocurrieron en el caso sub
judice, que lleven al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables,
en los términos de los párrafos 94 a 98 y 116 de la presente Sentencia.
Localizar el paradero de los desaparecidos y entrega de cadáveres si fuera
el caso a sus familiares
7. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de
Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas
Fernández a la mayor brevedad. En caso de que sean halladas sin vida, dichas medidas deben orientarse a entregar los restos mortales a sus familiares, para que
sean sepultados de la forma que lo crean conveniente. En este evento, el Estado
debe brindar las condiciones necesarias para trasladar los restos al lugar de elección
de sus familiares y proveerles sepultura digna, sin costo alguno para los referidos
familiares, en los términos de los párrafos 99 y 116 de la presente Sentencia.
Publicación en medio impreso de la sentencia
8. El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario
de circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados
de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, los párrafos 54 a
65 de sección denominada Fondo del presente Fallo, y la parte resolutiva del mismo,
en los términos de los párrafos 101 y 116 de la presente Sentencia.
Pago oportuno de indemnización
13. El Estado debe pagar a los familiares de los señores Oscar José Blanco Romero,
Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, en el plazo de un
año, por concepto de la indemnización por daño material, las cantidades fijadas en
los párrafos 80 y 82 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 72, 80,
82, 116 y 119 a 123 de la misma.
14. El Estado debe pagar a los familiares de los señores Oscar José Blanco Romero,
año, por concepto de la indemnización por daño inmaterial, las cantidades fijadas
en los párrafos 88 y 89 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 72,
88, 89, 116 y 117 a 123 de la misma.
Pago de costas y gastos
15. El Estado debe pagar, en el plazo de un año, por concepto de las costas y gastos
generados en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la cantidad fijada en el párrafo
115 de la presente Sentencia, la cual deberá ser entregada a las señoras Alejandra
Josefina Iriarte de Blanco, Teodora Paz de Hernández y Nélida Josefina Fernández
Pelicie, en los términos de los párrafos 115, 116 y 118 a 123 de la misma.
Investigación exhaustiva y establecimiento de responsabilidades
en la muerte de Eleazar Ramón Mavares
CIDH. Informe Anual 1997. Informe N. 49/96. Eleazar Ramón Mavares
144. Se recomienda al Estado de Venezuela realizar una exhaustiva investigación a
fin de sancionar a los responsables de la muerte de Eleazar Ramón Mavares, hechos
ocurridos el 3 de marzo de 1989.
147. Se recomienda al Estado venezolano que una vez identificado el cadáver de
la víctima, proceda de oficio a reiniciar las investigaciones a fin de esclarecer los
hechos que terminaron con la vida de Eleazar Ramón Mavares.
Establecer sanciones administrativas del caso
145. Se recomienda al Estado de Venezuela que promueva las acciones administrativas necesarias, a fin de sancionar disciplinariamente a los responsables y miembros de la fuerza de seguridad que intervinieron en los hechos materia del presente
Sancionar a efectivos que no actuaron con diligencia para identificar
146. Se recomienda al Estado de Venezuela que inicie una exhaustiva investigación
a fin de esclarecer la verdadera identidad del cadáver de la víctima y que sancione
a las autoridades públicas que no procedieron con la debida diligencia en la identificación del mismo.
Pago de indemnización a los familiares de la víctima
148. Se recomienda al Estado de Venezuela que pague una justa indemnización
compensatoria a los familiares de la víctima por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral.
Adopción de medidas para resguardar y proteger la vida, integridad
y libertad personales de los miembros de la familia Barrios
CorteIDH. Medidas provisionales Caso Eloisa Barrios y otros. 24 de septiembre de
1. Requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas que sean necesarias para
proteger la vida y la integridad personal de las señoras Eloisa Barrios, Inés Barrios,
Beatriz Barrios y Carolina García, y de los señores Jorge Barrios, Rigoberto Barrios,
Oscar Barrios, Pablo Solórzano, Caudy Barrios y Juan Barrios.
Garantizar que las medidas no sean implementadas por los policías
Investigar los hechos que originan las medidas provisionales a favor
de la familia Barrios y garantizar la sanción de los responsables
3. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de estas
medidas urgentes, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.
Garantizar la participación de los beneficiaros en la planificación
4. Requerir al Estado que dé participación a los beneficiarios de estas medidas en
la planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga
informados sobre el avance de la ejecución de las medidas ordenadas por la Corte
Brindar información continuada sobre la aplicación de las medidas
5. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
dentro de los siete días siguientes a la notificación de la presente Resolución, sobre
las medidas urgentes que haya adoptado en cumplimiento de la misma.
8. Requerir al Estado que, con posterioridad a su primera comunicación (supra punto
resolutivo quinto), continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y requerir a
los beneficiarios de estas medidas que presenten sus observaciones dentro de un
plazo de un mes contado a partir de la notificación de los informes del Estado y a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones
a dichos informes del Estado dentro de un plazo de seis semanas contadas a partir
Solicitud de mantenimiento de las medidas dictadas a favor
de la familia Barrios
CorteIDH. Medidas provisionales Caso Eloisa Barrios y otros. 29 de junio de 2005
3. Reiterar al Estado la disposición de que mantenga las medidas que hubiese
adoptado y disponga de forma inmediata las que sean necesarias para proteger
eficazmente la vida y la integridad personal de las señoras Eloisa Barrios, Inés
Barrios, Beatriz Barrios y Carolina García, y de los señores Pablo Solórzano, Caudy
Barrios, Oscar Barrios, Jorge Barrios y Juan Barrios.
Ampliar las medidas para garantizar la protección de Maritza Barrios
4. Requerir al Estado que amplíe, sin dilación, las medidas que sean necesarias para
proteger la vida e integridad personal de la señora Maritza Barrios.
Medidas de seguridad para las viviendas de los beneficiaria de las medidas
Maritza y Juan Barrios
5. Requerir al Estado que provea las medidas de custodia permanentes necesarias
para brindar seguridad a las viviendas de la señora Maritza Barrios y del señor
Juan Barrios, en los términos del considerando décimo séptimo de la presente
Adoptar medidas para que los miembros de la familia Barrios puedan
7. Requerir al Estado que asegure e implemente de forma efectiva las condiciones
necesarias para que los miembros de la familia Barrios, que se hayan visto forzadas
a trasladarse a otras regiones del país, regresen a sus hogares.
8. Reiterar al Estado que asegure que las medidas de protección no sean brindadas
por los cuerpos policiales que, según los beneficiarios, estarían involucrados en los
9. Requerir al Estado que continúe y concluya cuanto antes la investigación de los
hechos que motivaron la adopción y el mantenimiento de estas medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones
correspondientes, incluyendo la investigación de los hechos ocurridos después de
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución de 23 de
noviembre de 2004, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Convención
Investigar la muerte de Rigoberto Barrios y garantizar la sanción
10. Requerir al Estado que continúe y concluya cuanto antes la investigación de
los hechos relacionados con la muerte del menor Rigoberto Barrios, con el fin de
identificar y sancionar efectivamente a los responsables, así como que investigue la
alegada actuación de los integrantes de la fuerza pública en el hecho.
11. Reiterar al Estado que dé participación a los beneficiarios de estas medidas en
12. Reiterar al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas,
y requerir a los beneficiarios de estas medidas o a su representante que presenten
sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas contadas a partir de la
notificación de los informes del Estado, y a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que presente sus observaciones a dichos informes del Estado dentro de
un plazo de seis semanas contadas a partir de su recepción.
Solicitud de mantenimiento de las medidas dictadas
CorteIDH. Medidas provisionales Caso Eloisa Barrios y otros. 22 de septiembre de
2. Reiterar al Estado la disposición de que mantenga las medidas que hubiese
Personas que requieren la protección del Estado y para las que la Corte
solicita medidas provisionales
3. Requerir al Estado que amplíe, sin dilación, las medidas que sean necesarias para
proteger la vida e integridad personal de las siguientes personas: Roni Barrios,
Roniex Barrios y Luis Alberto Barrios; Yelitza Lugo Pelaes, Arianna Nazaret Barrios
y Oriana Zabaret Barrios; Víctor Cabrera Barrios, Beatriz Cabrera Barrios, Luimari
Guzmán Barrios y Luiseydi Guzmán Barrios; Wilmer José Barrios, Génesis Andreina
Barrios, Víctor Tomas Barrios y Geilin Alexandra Barrios; Elvira Barrios, Darelvis
Barrios, Elvis Sarais Barrios, Cirilo Robert Barrios, y Lorena Barrios.
Medidas de seguridad para la vivienda de la beneficiaria de las medidas
Orismar Alzul García
4. Requerir al Estado que provea las medidas de custodia permanentes necesarias
para brindar seguridad a la vivienda de la señora Orismar Carolina Alzul García, en
los términos del Considerando décimo séptimo de la presente Resolución.
5. Requerir al Estado que asegure e implemente de forma efectiva las condiciones
necesarias para que los miembros de la familia Barrios, que se hayan visto forzados
6. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la presente Resolución
a más tardar el 24 de octubre de 2005, cuando deberá detallar sobre los hechos
ocurridos en relación a los señores Juan Barrios y Caudy Barrios, así como las
medidas que está adoptando para que no se produzcan actos que atenten contra la
vida o la integridad personal de los beneficiarios de estas medidas provisionales.
9. Reiterar al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y requerir a los beneficiarios de estas medidas o a su representante que presenten
y libertad personales de María Guerrero Gallucci y Adolfo Martínez Barrios
CorteIDH. Medidas provisionales Caso Guerrero Galluci. 24 de julio de 2006
1. Requerir al Estado que adopte de forma inmediata las medidas provisionales
necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la
señora María del Rosario Guerrero Gallucci y del señor Adolfo Segundo Martínez
Barrios, para lo cual debe tomar en consideración la gravedad de la situación y las
circunstancias particulares de riesgo.
Investigar la denuncia que origina las medidas provisionales a favor
de María Guerrero Gallucci y Adolfo Martínez Barrios
2. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de las
presentes medidas provisionales y, en su caso, identifique a los responsables y les
imponga las sanciones correspondientes.
3. Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas
de protección ordenadas en la presente Resolución se planifiquen e implementen
con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus representantes, de
manera tal que las referidas medidas se brinden de forma diligente y efectiva por
parte de personal adecuadamente capacitado y calificado y que no forme parte de
los cuerpos de seguridad que han sido denunciados por la beneficiaria. Asimismo,
el Estado debe mantener informados a los beneficiarios sobre el avance de la implementación de las medidas de referencia.
7. Solicitar al Estado que, con posterioridad al informe señalado en el punto resolutivo cuarto, continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y solicitar a los
beneficiarios de estas medidas o sus representantes, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presenten sus observaciones dentro de un
plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación
de los informes del Estado.
y libertad personales de Carlos Nieto Palma y su familia
CorteIDH. Medidas provisionales Caso Carlos Nieto. 9 de julio de 2004
resguardar y proteger la vida, integridad y libertad personales del señor Carlos
Nieto Palma, así como la vida e integridad personal de su familia, en particular de
su sobrino John Carmelo Laicono Nieto.
de Carlos Nieto
medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las
Mantener y ampliar las medidas para evitar la violencia en el Internado
Judicial de Monagas
CorteIDH. Medidas provisionales Caso La Pica. 9 de febrero de 2006
1. Requerir al Estado que mantenga y amplíe las medidas que el Estado informa
que ya está adoptando, así como adopte de forma inmediata las medidas complementarias necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en el
Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), de tal suerte que no muera ni se afecte
la integridad personal de ningún interno o de cualquier persona que se encuentre
en el Internado.
Medidas para: reducir el hacinamiento; decomisar armas en poder
de los internos; ajustar condiciones de detención a estándares
internacionales; brindar atención médica oportuna
2. Requerir al Estado que, sin perjuicio de las medidas de implementación inmediata
ordenadas en el punto resolutivo anterior, adopte aquéllas necesarias para: a)
reducir sustancialmente el hacinamiento en el Internado Judicial de Monagas
(“La Pica”), b) decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos, c)
separar a los internos procesados de los condenados, d) ajustar las condiciones
de detención del Internado a los estándares internacionales sobre la materia y e)
brindar la atención médica necesaria a los internos, de tal forma que se garantice
su derecho a la integridad personal. En este sentido, el Estado deberá realizar una
supervisión periódica de las condiciones de detención y el estado físico y emocional
de los detenidos, que cuente con la participación de los representantes de los
beneficiarios de las presentes medidas provisionales.
Garantizar la participación de los beneficiarios de las medidas
3. Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección a favor de las personas privadas de la libertad en el Internado
Judicial de Monagas (“La Pica”) se planifiquen e implementen con la participación
de los representantes de los beneficiarios de las medidas, y que, en general, les
mantenga informados sobre el avance de su ejecución.
Levantamiento de personas recluidas en el internado judicial de Monagas
4. Solicitar al Estado que remita a la Corte una lista actualizada de todas las
personas que se encuentran recluidas en la cárcel y, además, indique con precisión
las características de su detención.
Investigar los hechos que motivan las medidas y garantizar sanción
5. Solicitar al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de las medidas provisionales y, en su caso, identifique a los responsables y les imponga las
sanciones correspondientes, incluyendo las administrativas y disciplinarias.
Presentar información sobre la aplicación de las medidas
6. Solicitar al Estado que, a más tardar el 10 de marzo de 2006, presente a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre las medidas provisionales
que haya adoptado en cumplimiento de la presente Resolución, y solicitar a los
representantes de los beneficiarios y a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que presenten sus observaciones al citado informe dentro de un plazo
de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación del
informe del Estado.
7. Solicitar al Estado que con posterioridad al informe señalado en el punto resolutivo anterior continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y solicitar a los
representantes de los beneficiarios de estas medidas y a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que presenten sus observaciones dentro de un plazo de
cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de los
informes del Estado.
Adopción inmediata de medidas para poner fin a la violencia
en la Cárcel de Yare
CorteIDH. Medidas provisionales Caso Cárcel de Yare. 30 de marzo de 2006
1. Requerir al Estado que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para
evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en la Cárcel de Yare, de tal suerte
que no muera ni se afecte la integridad personal de ningún interno o de cualquier
persona que se encuentre en dicho centro.
Medidas para: decomisar armas en poder de los internos; separación
de condenados y acusados; ajustar condiciones de detención a estándares
internacionales; revisión periódica de las condiciones de detención
ordenadas en el punto resolutivo anterior, adopte aquéllas necesarias para: a) decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos, b) separar a los
internos procesados de los condenados y c) ajustar las condiciones de detención
de la cárcel a los estándares internacionales sobre la materia. En este sentido, el
Estado deberá realizar una supervisión periódica de las condiciones de detención y
el estado físico y emocional de los detenidos, que cuente con la participación de los
representantes de los beneficiarios de las presentes medidas provisionales.
3. Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección a favor de las personas privadas de la libertad en la Cárcel de
Yare se planifiquen e implementen con la participación de los representantes de
los beneficiarios de las medidas, y que, en general, les mantenga informados sobre
el avance de su ejecución.
4. Solicitar al Estado que remita a la Corte una lista actualizada de todas las personas que se encuentran recluidas en la cárcel y, además, indique con precisión las
características de su detención.
6. Solicitar al Estado que, a más tardar el 28 de abril de 2006, presente a la Corte
7. Solicitar al Estado que, con posterioridad al informe señalado en el punto
resolutivo anterior, continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y solicitar
a los representantes de los beneficiarios de estas medidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten sus observaciones dentro de un
I. DEL USO DE FUERZA POR PARTE DE MIEMBROS
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. la República Bolivariana
i) Principios generales sobre el derecho a la vida
63. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es
un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser
respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no
son admisibles enfoques restrictivos del mismo. De conformidad con el artículo
27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se
encuentra consagrado como uno de los derechos que no puede ser suspendido en
casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad
de los Estados Partes .
64. En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la Convención, los
Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias
para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber
de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo . El objeto y
propósito de la Convención, como instrumento para la protección del ser humano,
requiere que el derecho a la vida sea interpretado y aplicado de manera que sus
salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet utile) .
65. La Corte ha señalado en su jurisprudencia que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con
el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada
de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere,
a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos
humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y
preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo
66. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para
crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a
la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar
reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares;
y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especial los Estados deben vigilar que
sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima,
respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.
ii) El derecho del individuo a no ser víctima del uso desproporcionado
de la fuerza y el deber del Estado de usar ésta excepcional y racionalmente
67. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar
definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente
por las autoridades. En este sentido, el Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse
uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan
fracasado todos los demás medios de control .
68. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las
armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas,
el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar
formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en
relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler . Cuando se usa fuerza
excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria.
69. Según los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego
por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley , las armas de fuego podrán usarse excepcionalmente en caso de “defensa propia o de otras personas, en
caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar
la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza
para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro
y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que
resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En
cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea
estrictamente inevitable para proteger una vida.”
70. Como lo ha señalado en ocasiones anteriores, esta Corte reconoce la existencia de
la facultad, e incluso, la obligación del Estado de garantizar la seguridad y mantener
el orden público, en especial dentro de las cárceles. Centros penitenciarios como
el Retén de Catia, donde el tráfico de armas y drogas, la formación de bandas y la
subcultura de violencia se intensifican bajo la mirada pasiva del Estado requieren
del constante resguardo de la seguridad y vida de los internos y funcionarios que
allí trabajan. Sin embargo, el Estado no puede desbordar el uso de la fuerza con
consecuencias letales para los internos en centros penitenciarios justificándose
en la sola existencia de la situación antes descrita. Lo contrario sería absolver al
Estado de su deber de adoptar acciones de prevención y de su responsabilidad en
la creación de esas condiciones.
71. Es claro que las medidas a adoptarse por el Estado deben priorizar un sistema de
acciones de prevención, dirigido, inter alia, a evitar el tráfico de armas y el aumento
de la violencia, a un sistema de acciones de represión.
72. En el presente caso, según las versiones de algunos ex internos, la madrugada
del 27 de noviembre de 1992 “los guardias [...] abrieron las puertas de las celdas
anunciando a los reclusos que quedaban en libertad, esperaron la salida de los
internos y empezaron a disparar contra ellos”. Otras versiones de lo ocurrido indican
que se generó un intento masivo de fuga que fue reprimido por las autoridades
con exceso en el uso de la fuerza. En estos hechos habrían intervenido la guardia
penitenciaria, la Policía Metropolitana y posteriormente la Guardia Nacional. A
pesar de las distintas versiones de lo ocurrido, lo que queda claro de las actas de
autopsia allegadas al Tribunal y del allanamiento del Estado, es que las muertes de
las víctimas del presente caso fueron producidas por heridas con armas de fuego, y
en muchas de ellas, la trayectoria de los proyectiles indican que fueron ejecutadas
73. Si lo que ocurrió los días 27 y 28 de noviembre de 1992 dentro del Retén de
Catia fue un acto concebido y planeado por autoridades estatales para quitarle
arbitrariamente la vida a decenas de internos, o fue producto de la reacción estatal
desproporcionada al intento de fuga masiva y quebrantamiento del orden dentro
del penal, es una cuestión que las autoridades de Venezuela tienen aún el deber
de resolver. Para esta Corte los hechos establecidos evidencian un uso de extrema
violencia por parte de los cuerpos de seguridad con consecuencias letales para la
vida de los 37 internos en el Retén de Catia individualizados en esta sentencia, a
todas luces violatorio del artículo 4 de la Convención Americana.
74. En este sentido, el Estado reconoció que la actuación de las cuerpos de seguridad que intervinieron en estos hechos no fue proporcional a la amenaza o peligro
presentada, ni estrictamente necesaria para preservar el orden en el Retén de
iii) Creación de un marco normativo que regule el uso de la fuerza
75. Tal como se señaló en el párrafo 66 de la presente Sentencia, los Estados deben
crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza del derecho a
la vida. De allí que la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente
claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes
estatales. Siguiendo los “Principios sobre el empleo de la fuerza y de las armas
de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, las normas y
reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que: a) especifiquen las
circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados; b) aseguren
que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de
manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; c) prohíban el empleo
de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o
signifiquen un riesgo injustificado; d) reglamenten el control, almacenamiento y
distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego
o municiones que se les hayan entregado; e) señalen los avisos de advertencia que
deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de
fuego, y f ) establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de
fuego en el desempeño de sus funciones.
76. La legislación venezolana sobre el uso de la fuerza por autoridades estatales vigente al momento de los hechos carecía de las especificaciones mínimas que debía
contener. Las características de los hechos de este caso revelan que los cuerpos
armados y los organismos de seguridad del Estado no estaban preparados para
encarar situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de
medios y métodos respetuosos de los derechos humanos.
iv) Capacitación y entrenamiento a los agentes estatales en el uso
77. Una adecuada legislación no cumpliría su cometido si, entre otras cosas, los Estados no forman y capacitan a los miembros de sus cuerpos armados y organismos
de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos
y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción,
el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley . En efecto, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que la cuestión
de si debería recurrirse al uso de armas de fuego y en qué circunstancias, debe
decidirse sobre la base de disposiciones legales claras y entrenamiento adecuado.
78. En el mismo sentido, esta Corte estima que es imprescindible que los agentes
del Estado conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las armas
de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que
deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo. Además,
los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control
de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a
derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es
propio de los entes policiales.
v) Control adecuado y verificación de la legalidad del uso de la fuerza
79. Del mismo modo, la prohibición general a los agentes del Estado de privar de la
vida arbitrariamente sería inefectiva, en la práctica, si no existieran procedimientos
para verificar la legalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales.
Una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho
uso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado debe iniciar ex officio y
sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva .
80. En todo caso de uso de fuerza que haya producido la muerte o lesiones a una
o más personas corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación
satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.
81. Asimismo, en este tipo de casos tiene una particular relevancia que las autoridades competentes adopten las medidas razonables para asegurar el material
probatorio necesario para llevar a cabo la investigación y que gocen de independencia, de jure y de facto, de los funcionarios involucrados en los hechos. Lo anterior requiere no sólo independencia jerárquica o institucional, sino también independencia real.
82. Por otro lado, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que las
investigaciones sobre uso excesivo de la fuerza deben estar abiertas al escrutinio
público con el objeto de asegurar la responsabilidad de los agentes estatales tanto
en teoría como en la práctica . Asimismo, dicho Tribunal ha establecido que la evaluación sobre el uso de la fuerza que haya implicado la utilización de armas debe
hacerse sobre todas las circunstancias y el contexto de los hechos, incluyendo las
acciones de planeación y control de los hechos bajo examen .
83. En definitiva, cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique
la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables
materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger
el derecho a la vida .
84. El Tribunal observa que en el caso sub judice se registraron omisiones importantes
dentro de la investigación iniciada por las autoridades estatales, ocasionadas por la
falta colaboración de la fuerza pública y las autoridades carcelarias en la recopilación
y custodia de pruebas esenciales (supra párrs. 60.30 a 60.36). Estas omisiones son
de tal envergadura que Venezuela ha señalado, de manera preocupante ante este
Tribunal, que es “materialmente imposible” la prosecución de la investigación iniciada en el presente caso, lo cual es contrario a las obligaciones consagradas en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Blanco Romero y otros vs.
Sentencia de 28 de noviembre de 2005
Toda violación a una obligación internacional conlleva el deber
67. Este Tribunal ha establecido que es un principio de Derecho Internacional
que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño
comporta el deber de repararlo adecuadamente…
68. El artículo 63.1 de la Convención Americana acoge una norma consuetudinaria
que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional
contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho
internacionalmente ilícito imputable a un Estado, surge la responsabilidad internacional de éste, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias
69. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in
integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser
esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos, entre ellos éste, el tribunal
internacional determinará medidas para garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron y establecer una indemnización que compense los daños ocasionados. Es necesario añadir las medidas
de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan
hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso. Es un principio de Derecho
Internacional general que la obligación de reparar no puede ser modificada o incumplida por el Estado invocando su derecho interno, principio constantemente
recogido en la jurisprudencia de la Corte.
70. Las reparaciones son medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las
violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen de las características de
la violación y del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. No pueden
implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores, y
deben guardar relación con las violaciones declaradas en la Sentencia.
III. OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN (MEDIDAS
DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN)
136. En este apartado el Tribunal determinará aquellas medidas de satisfacción
que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como
también dispondrá medidas de alcance o repercusión pública .
a) Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones
del presente caso e identificar, juzgar y sancionar a los responsables
137. El Tribunal ha establecido que prevalece después de trece años la impunidad
respecto de los hechos del presente caso. La Corte ha definido la impunidad como
la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y
condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la
Convención Americana . El Estado está obligado a combatir esta situación por todos
los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones
de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.
138. En tal sentido, el Estado debe remover, en un plazo razonable, todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el pre-
sente caso; otorgar garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales,
fiscales, testigos, operadores de justicia y a las víctimas, y utilizar todas las medidas
a su alcance para diligenciar el proceso , con el fin de identificar, juzgar y sancionar
a los responsables de los hechos de violencia y atender situaciones de emergencia
en el Retén; del uso excesivo de la fuerza, y de la ejecución extrajudicial de varios
139. El Estado debe asegurar que los familiares de las víctimas tengan el pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones,
de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Los resultados de las investigaciones deberán ser públicamente divulgados por el Estado,
de manera tal que la sociedad venezolana pueda conocer la verdad acerca de los
hechos del presente caso .
140. Los referidos procedimientos, además, deberán tomar expresamente en cuenta, entre otras normas técnicas, las normas establecidas en el Manual de Naciones
Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de Ejecuciones Extralegales,
Arbitrarias y Sumarias .
141. Además, como la Corte lo ha señalado en su jurisprudencia constante , ninguna ley ni disposición de derecho interno – incluyendo leyes de amnistía y plazos de prescripción – puede impedir a un Estado cumplir la orden de la Corte de
investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. En particular, las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el
establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos
humanos son inadmisibles, ya que dichas violaciones contravienen derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
b) Ubicación y entrega de los cuerpos de José León Ayala Gualdrón
y Edgar José Peña Marín a sus familiares
142. Los familiares de José León Ayala Gualdrón y Edgar José Peña Marín no han
recibido los cuerpos de éstos, por lo que este Tribunal dispone que el Estado debe realizar inmediatamente todas las actuaciones necesarias y adecuadas para
garantizar de manera efectiva la entrega, en un plazo razonable, de los cuerpos
de las dos víctimas a sus familiares, permitiéndoles así darles la sepultura que ellos
desean de acuerdo con sus creencias. El Estado deberá cubrir todos los gastos de
entrega de los cuerpos de las dos víctimas a sus familiares así como los gastos de
entierro en los que ellos puedan incurrir.
c) Adoptar medidas de carácter legislativo, político, administrativo
143. El Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos
como las ocurridas y, por eso, adoptar todas las medidas legales, administrativas
y de otra índole que fueran necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a
ocurrir en el futuro, en cumplimiento de sus deberes de prevención y garantía de
los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana.
144. En especial el Estado debe adecuar, en un plazo razonable, su legislación interna
a la Convención Americana, de tal suerte que a) incorpore adecuadamente los
estándares internacionales sobre uso de la fuerza por los funcionarios encargados
de aplicar la ley, dichos estándares deberán contener las especificaciones señaladas en el párrafo 75 de la presente Sentencia; b) ponga en funcionamiento un
cuerpo de vigilancia penitenciaria eminentemente de carácter civil; c) garantice
un procedimiento o mecanismo eficaz, ante un organismo competente, imparcial
e independiente, para la verificación e investigación de las quejas que sobre violaciones de los derechos humanos presenten las personas privadas de libertad, en
particular sobre la legalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales;
d) garantice que las investigaciones por hechos constitutivos de violaciones de
derechos humanos sean adelantadas por fiscales y jueces ordinarios y no por
fiscales y jueces militares.
d) Adecuación de las condiciones carcelarias a los estándares internacionales
145. Como lo ha dispuesto la Corte en otros casos y a título de garantía de no repetición, el Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a los estándares internacionales relativos a esta materia.
146. En particular, el Estado debe asegurar que toda persona privada de su libertad
viva en condiciones compatibles con su dignidad humana, entre las que se
encuentren, inter alia: a) un espacio lo suficientemente amplio para pasar la noche;
b) celdas ventiladas y con acceso a luz natural; c) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente privacidad; d) alimentación y atención en salud adecuadas,
oportunas y suficientes, y e) acceso a medidas educativas, laborales y de cualquier
otra índole esenciales para la reforma y readaptación social de los internos.
e) Medidas educativas
147. Como quedó establecido en los párrafos 60.16, 60.19, 60.20 y 72 a 74 de esta
Sentencia, los agentes estatales hicieron un uso desproporcionado de la fuerza
que trajo varias víctimas mortales. Asimismo, la Corte indicó que para garantizar
adecuadamente el derecho a la vida, los miembros de los cuerpos de seguridad
deben recibir entrenamiento y capacitación adecuados.
148. En consecuencia, esta Corte reitera a Venezuela lo ordenado en un caso anterior, en el sentido que:
El Estado debe adoptar todas las providencias […] tendientes a formar y capacitar
a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad
sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los
límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso
de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
No se pueden invocar pretextos de mantenimiento de seguridad pública para
violar el derecho a la vida. Debe, asimismo, el Estado, ajustar los planes operativos
tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del
respeto y protección de tales derechos, adoptando, al efecto, entre otras medidas,
las orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de
seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos.
Y debe finalmente, el Estado garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos
para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de
sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los
que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal.
149. De igual forma, la Corte considera oportuno que el Estado diseñe e implemente un programa de capacitación sobre derechos humanos y estándares internacionales en materia de personas privadas de la libertad, dirigido a agentes policiales y penitenciarios.
f) Acto público de reconocimiento de responsabilidad
150. La Corte valora el acto público efectuado por Venezuela en la audiencia celebrada en el presente caso (supra párr. 42 ). No obstante, dado que no todos los
familiares de las víctimas estuvieron presentes en dicha audiencia, considerando
que el acto público de reconocimiento es una garantía de no repetición y debe
ser conocido por la sociedad venezolana, y teniendo en cuenta la naturaleza de
los hechos, la Corte dispone que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional y pedir una disculpa pública a
los familiares de las víctimas por los hechos violatorios a los derechos humanos
establecidos en la presente Sentencia. Este acto deberá realizarse en presencia
de los familiares de las víctimas y con la participación de miembros de las más
altas autoridades del Estado. Deberá celebrarse dentro de un plazo de seis meses
contados a partir de la notificación de la presente Sentencia.
g) Publicación de la sentencia
151. Como lo ha dispuesto en otros casos, como medida de satisfacción , el Estado
deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional,
por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos establecidos de esta Sentencia, sin
las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones
se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia.
Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela.
D. Otras formas de reparación (medidas de satisfacción y garantías
93. En este apartado el Tribunal determinará aquellas medidas de satisfacción que
buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas de alcance o repercusión pública.
Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso, e identificar, juzgar y sancionar a los responsables
94. El Tribunal ha establecido que prevalece, después de seis años, la impunidad
Convención Americana. El Estado está obligado a combatir esta situación por todos
95. Asimismo, los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos
tienen el derecho de conocer la verdad. Este derecho a la verdad, al ser reconocido y
ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de reparación
para la víctima y sus familiares y da lugar a una expectativa que el estado debe
satisfacer. Por otra parte el conocer la verdad facilita a la sociedad venezolana la
búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro.
96. En consecuencia, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados
la obligación, a que lo sucedido a aquellas sea efectivamente investigado por las
autoridades del Estado, se siga un proceso contra los presuntos responsables de
estos ilícitos y, en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes.
97. A la luz de lo anterior, el Estado debe emprender con seriedad todas las acciones
necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los señores Oscar José Blanco
Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, para los
efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de
los hechos, aun en los casos de los señores Roberto Javier Hernández Paz y José
Francisco Rivas Fernández en los cuales las investigaciones fueron archivadas por
el Ministerio Público. Los familiares de las víctimas o sus representantes deberán
tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de los
procesos penales internos instaurados en el presente caso, de acuerdo con la ley
interna y la Convención Americana. Los resultados de estos procesos deberán ser
públicamente divulgados por el Estado, de manera tal que la sociedad venezolana
pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso.
98. Además, como la Corte lo ha señalado en su jurisprudencia constante, ninguna
ley ni disposición de derecho interno – incluyendo leyes de amnistía y plazos de
prescripción – puede impedir a un Estado cumplir la orden de la Corte de investigar
y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. En particular,
las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción
de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos – como
las del presente caso, desapariciones forzadas – son inadmisibles, ya que dichas
violaciones contravienen derechos inderogables reconocidos por el Derecho
Obligación de buscar los restos mortales de los señores Oscar José Blanco
Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández,
así como entregarlos a sus familiares
99. La Comisión y los representantes solicitaron a la Corte, como medida de satisfacción en el presente caso, que ordene al Estado establecer el paradero de los
señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco
Rivas Fernández para que sus familiares puedan completar el duelo por la desaparición de aquellos. En este sentido, el Tribunal considera preciso que el Estado
adopte las medidas necesarias para localizar el paradero de dichas personas a la
mayor brevedad. En caso de que sean halladas sin vida, dichas medidas deben
orientarse a entregar los restos mortales a sus familiares, para que sean sepultados
de la forma que lo crean conveniente. En este evento, el Estado debe brindar las
condiciones necesarias para trasladar los restos al lugar de elección de sus familiares
y proveerles sepultura digna, sin costo alguno para los referidos familiares.
Publicación de la presente Sentencia
100. El reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado durante la
audiencia pública celebrada el 28 de junio de 2005 constituye una contribución
positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la
Convención Americana, tal como lo señaló la Corte en su resolución de ese mismo
día. Asimismo, el Tribunal nota con satisfacción que, durante dicha audiencia pública, el Estado manifestó “a los representantes de los familiares de las víctimas [su]
sentir por todas la vicisitudes que han pasado a todo lo largo de este proceso” y
solicitó que se le permitiera “presentarle[s] directamente [sus] excusas”.
101. La Corte estima que, como medida de satisfacción adicional con el fin de
reparar el daño sufrido por las víctimas y sus familiares, así como con el objeto
de evitar que hechos como los de este caso se repitan, el Estado debe difundir
las partes pertinentes del presente Fallo. En este sentido, Venezuela debe publicar
dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente
Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación
nacional, la Sección de esta Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas
al pie de página correspondientes, los párrafos 54 a 65 de la Sección denominada
Fondo del presente Fallo, así como la parte resolutiva (infra párr. 125) de la misma.
Implementación de medidas para dotar de eficacia al recurso de hábeas
corpus en Venezuela respecto de casos de desaparición forzada
102. En el presente caso los recursos de hábeas corpus interpuestos a favor de los
Rivas Fernández fueron declarados “sin lugar” por los Jueces Segundo, Quinto y Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, respectivamente, pues
expresaron que las víctimas no se encontraban privadas “ni legal ni ilegítmamente”
de su libertad por funcionarios de la DISIP. En la situación del señor Roberto Javier
Hernández Paz, el Juez Sexto de Control expresó que no “existía] constancia ni del
lugar de reclusión ni de la autoridad a cuyo cargo se encontraba] presuntamente
detenido”. Asimismo, el recurso interpuesto a favor del señor Oscar José Blanco
Romero fue declarado “sin lugar” pese a que el Comandante del Ejército informó
que el 21 de diciembre de 1999 miembros del Ejército detuvieron a dicha persona
y la entregaron a funcionarios de la DISIP.
103. Por su parte, la Comisión señaló que “los jueces que decidieron los hábeas
corpus no solicitaron ni inspeccionaron personalmente los libros de registro o de
novedades tanto de la DISIP como del Ejército, para establecer si efectivamente
las víctimas habían sido detenidas, el lugar, las circunstancias, y los agentes invo-
lucrados”. Al respecto, la Corte observa que el perito Jesús María Casal refirió que “el
uso del hábeas corpus frente a la desaparición forzada de personas” es un “aspecto
que no está claramente cubierto por la ley vigente”. También indicó que existe un
“rezago de la legislación respecto de las exigencias constitucionales y del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos”, lo cual incluye la existencia de “vacíos de
tipo procedimental”.
104. Debido a lo anterior, la Corte considera que el Estado debe adoptar, en concordancia con los artículos 7.6, 25 y 2 de la Convención Americana, las medidas
legislativas o de otro carácter que sean necesarias para que el recurso de hábeas
corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada. Para ello, el Estado deberá tener en cuenta los alcances del
hábeas corpus a la luz de las normas internacionales en la materia y, en particular,
la jurisprudencia de este Tribunal, en el sentido de que dicho recurso representa el
medio idóneo para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad
de la persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención.
Adecuación del tipo penal de desaparición forzada con los estándares
105. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un
plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares
internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada
de personas, con especial atención a lo dispuesto en la Convención Americana y
en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, con la finalidad de
que su legislación penal abarque la sanción “de personas o grupos de personas que
actúen con “la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, y no limitarlo a
“la autoridad pública” o “persona al servicio del Estado”. Además, Venezuela deberá
adoptar las medidas necesarias para asegurar que la protección a una víctima de
desaparición forzada sea efectiva ante la privación de libertad, “cualquiera que
fuere su forma”, y no limitarla a privaciones “ilegítimas” de libertad.
Implementación de un programa de formación y capacitación respecto
de la prohibición de la desaparición forzada, la tortura
106. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado la implementación de un programa de formación sobre la prohibición absoluta de la desaparición
forzada y la tortura dirigido a los integrantes de los organismos de seguridad de
Venezuela. En consideración de las circunstancias del presente caso, el Tribunal estima pertinente reiterar lo señalado en el caso Caracazo vs. Venezuela, en el sentido
de que el Estado debe implementar, en los cursos de formación y capacitación de los
funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la DISIP, un programa sobre los principios
y normas de protección de los derechos humanos, en particular la prohibición de la
desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, tomando en
cuenta la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos, como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como
los de este caso.
Adopción de medidas para facilitar la salida del país de la menor Aleoscar
Russeth Blanco Iriarte
107. Los representantes solicitaron que se ordene al Estado la expedición de un certificado para facilitar la salida de Venezuela de la menor Aleoscar Russeth Blanco
Iriarte, previo consentimiento de su madre, la señora Alejandra Josefina Iriarte de
Blanco, pues actualmente debe adelantar un trámite judicial con dicho propósito,
en el cual tiene que recordar nuevamente los hechos ocurridos a su padre, el señor
Oscar José Blanco Romero, lo que le genera angustia. En este sentido, la Corte
estima necesario que el Estado adopte las medidas indispensables para facilitar la
salida de Venezuela de Aleoscar Russeth Blanco Iriarte, cuando ésta desea viajar.
Caso Carlos Nieto y Otros.
Resolución de Medidas Provisionales 9 de julio de 2004.
2. (…) el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, “[en casos de
extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables
a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las
medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún
no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.”
3. (…) el artículo 25.1 del Reglamento dispone que, “[e]n cualquier estado del
procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y
cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de
oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere
pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.”
4. (…) el artículo 1.1 de la Convención consagra el deber que tienen los Estados Partes
de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese tratado y de garantizar su
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
5. (…) el propósito de las medidas provisionales, en los sistemas jurídicos nacionales
(derecho procesal interno) en general, es preservar los derechos de las partes en
controversia, asegurando que la ejecución de la sentencia de fondo no se vea
obstaculizada o impedida por las acciones de aquéllas, pendente lite.
6. (…) en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas urgentes y provisionales sirven, además, al propósito de proteger derechos humanos
fundamentales, evitando daños irreparables a las personas.
9. (…) para garantizar efectivamente los derechos consagrados en la Convención
Americana, el Estado Parte tiene la obligación, erga omnes, de proteger a todas las
personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Esto significa, como lo ha dicho
la Corte, que tal obligación general se impone no sólo en relación con el poder del
Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares.
10. (…)la adopción de medidas provisionales no implica una decisión sobre el fondo
de la controversia existente entre los peticionarios y el Estado. Al adoptar medidas
provisionales, esta Corte está garantizando únicamente que el Tribunal pueda ejercer
fielmente su mandato conforme a la Convención en casos de extrema gravedad y
urgencia que requieren medidas de protección para evitar daños irreparables a las
11. (…) el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que dieron origen
a esta solicitud de medidas provisionales a fin de identificar a los responsables e
imponerles las sanciones pertinentes.
Caso Guerrero Gallucci y Martínez Barrios
Resolución de Medidas Provisionales 24 de julio de 2006
5. (…) las medidas provisionales tienen un carácter excepcional, son dictadas en
función de las necesidades de protección y, una vez ordenadas, deben mantenerse
siempre y cuando la Corte considere que subsisten los requisitos básicos de la extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a los derechos
de las personas protegidas en ellas [Caso Ramírez Hinostroza y otros. Medidas
Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7
de febrero de 2006, considerando séptimo].
7. (…) el Estado tiene el deber particular de proteger a aquellas personas que trabajen en organizaciones no gubernamentales, así como a otros grupos o individuos
que trabajen a favor de la defensa de los derechos humanos, ya que el trabajo que
éstas realizan constituye un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los derechos de las
personas bajo su jurisdicción.
8. (…) los Estados deben otorgar garantías efectivas y adecuadas a los defensores de
derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente
prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen su trabajo
(Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos,
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidos. A.G. Res. 53/144).
11. (…) las medidas de protección que puedan ser ordenadas a nivel interno por
autoridades estatales difieren en cuanto a su naturaleza, alcance y efectos de las
medidas provisionales de protección ordenadas en el marco de la Convención
Americana (…) las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en
el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar,
por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños
irreparables a las personas. Siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de la
extrema gravedad y urgencia y de la necesidad de prevención de daños irreparables
a las personas, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía
jurisdiccional de carácter preventivo …
12.(…) el Estado debe utilizar todos los medios posibles para evitar un daño irreparable… se hace imprescindible que las medidas de protección sean implementadas de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, por personal
adecuadamente capacitado y calificado y que no forme parte de los cuerpos de
seguridad [denunciados].
CDH: Observaciones finales. Venezuela (1992) ONU, Comité de Derechos Humanos, 28/12/92. CCPR/C/79/Add.13
CDH: Observaciones Finales. Venezuela (2001) ONU, Informe 2001. 26/04/2001. CCPR/CO/71/VEN
CAT: Observaciones finales. Venezuela (1999) ONU, Informe 1999. Comité Contra la Tortura. 22º período de sesiones. 05/05/99, A/54/44,
paras.124-150
CAT: Conclusiones y recomendaciones. Venezuela (2002) ONU, Informe 2002. 23/12/2002, Comité Contra la Tortura. 29º período de sesiones.
CERD: Observaciones finales. Venezuela (2005) ONU, Informe 2005. 01/11/2005. CERD/C/VEN/CO/18
CDN: Observaciones Finales. Venezuela (1999) ONU, Informe 1999. Comité del Niño. CRC/C/15/Add.109
Informe del Relator Especial sobre tortura y malos tratos, Manfred Nowak (2006). Seguimiento de las recomendaciones a Venezuela de junio
de 1996 ONU, Comisión de Derechos Humanos. Sesión 62ava. 21 de marzo de 2006. E/CN.4/2006/6/Add.2
ORGANISMOS DE LA OEA
Corte IDH. Caso El Amparo. Sentencia de 14 de septiembre de 1996
Corte IDH. Caso del Caracazo. Sentencia de Reparaciones. 29 de Agosto de 2002
Corte IDH. Caso del Caracazo. Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 17 de noviembre de 2004
Corte IDH. Caso Retén de Catia. Sentencia de Reparaciones. 5 de julio de 2006
Corte IDH. Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso Eloisa Barrios y otros. Resolución de 24 de septiembre de 2004
Corte IDH. Caso El Amparo. Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 28 de noviembre de 2002
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso Eloisa Barrios y otros. Resolución de 29 de junio de 2005
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso Eloisa Barrios y otros. Resolución de 22 de septiembre de 2005
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso Guerrero Gallucci y Martínez Barrios. Resolución de 24 de julio de 2006
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso Carlos Nieto y Otros. Resolución de 9 de julio de 2004
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”). Resolución de 9 de febrero de 2006
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare).
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso de la emisora de televisión Globovisión. Resolución de 4 de septiembre de 2004
Corte IDH. Medidas provisionales. Casos Diarios El Nacional y Así es la Noticia. Resolución de 6 de julio de 2004
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso Liliana Ortega y Otras. Resolución de 14 de junio de 2004
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso Luis Uzcátegui. Resolución de 2 de diciembre de 2004
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso de Marta Colomina. Resolución de 4 de julio de 2006
Corte IDH. Medidas provisionales. Caso Liliana Ortega y Otras; Luisiana Ríos y Otros; Luis Uzcátegui; Marta Colomina y Liliana Velásquez.
Resolución de 4 de mayo de 2004
CIDH. Informe Anual 2002. Capítulo IV. Desarrollo de los derechos humanos en la región. Venezuela (OEA/Ser.L/V/II.117)
CIDH. Informe Anual 2004. Capítulo V. Seguimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes sobre países
(OEA/Ser.L/V/II.122)
CIDH. Caso 11.068 Eleazar Ramón Mavares Vs. República de Venezuela. Informe N. 49/96. 17 de octubre de 1997. Informe Anual 1997
(OEA/Ser.L/V/II.98. 17 febrero 1998)
CAPACITACIÓN EDUCATIVA DE INTEGRA.CIDE 2014
Presentacion conarepol cgp, semana 1