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Timestamp: 2019-12-07 22:19:34
Document Index: 357266199

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 83', 'ARTÍCULO 83', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 166', 'artículo 2', 'artículo 2518', 'artículo 2519', 'artículo 674', 'artículo 5', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 167', 'artículo 5']

﻿ Sentencia SC7784-2016 de junio 14 de 2016
SENTENCIA SC7784-2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:PROPIEDAD PRIVADA UN BIEN PRÓXIMO A LA PLAYA. EN PRINCIPIO Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 83 DEL DECRETO 2811 DE 1974, UN BIEN COSTANERO PUEDE SER SUSCEPTIBLE DE APROPIACIÓN POR USUCAPIÓN, A PARTIR DE LOS TREINTA METROS, TIERRA ADENTRO, DESDE LA PLEAMAR (FIN O TÉRMINO DE LA CRECIENTE DEL MAR) O DESDE EL BORDE QUE FIJA EL CAUCE NATURAL DEL LAGO O RÍO. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE AL ESTADO PERTENECEN LAS PLAYAS MARÍTIMAS, LAS CUALES LLEGAN HASTA CUANDO CAMBIA EL SUELO (COMÚNMENTE DE ARENA DE MAR A ARENA DE TIERRA FIRME, COMO ES DE USANZA DECIR) O INICIA LA VEGETACIÓN PERMANENTE, Y ADEMÁS ES TITULAR DE UNA FAJA DE TREINTA METROS PARALELA A LA LÍNEA DE MÁXIMA MAREA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO DE RECURSOS NATURALES, CON LO CUAL PUEDE DECIRSE QUE ESA PORCIÓN PODRÍA ESTAR COMPRENDIDA POR SUELO CON MATERIAL CONSOLIDADO, SI LA PLAYA, POR EJEMPLO, ES DE ESCASA DIMENSIÓN, ESA ZONA ES UN BIEN DE USO PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:BIEN, BIEN DE USO PÚBLICO, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, BIEN PÚBLICO, DERECHO A LA PROPIEDAD, AGUAS MARÍTIMAS, ACUICULTURA MARINA, AUTORIDAD MARÍTIMA, ADJUDICACIÓN DE BIEN, BIEN COMÚN, CLASES DE PROPIEDAD, TERRENO BALDÍO RURAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:536 DE AGOSTO DE 2016, PÁG.1505
Sentencia SC7784-2016 de junio 14 de 2016
SC7784-2016
Rad.: 13001-31-03-008-2006-00022-01
(Aprobada en sesión de quince de marzo de dos mil dieciséis)
Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016).
Decide la Corte el recurso de casación que formuló la sociedad Idea Verde S.A.-En liquidación —cesionaria de los derechos litigiosos de los demandantes primigenios Víctor Eduardo Abusaid Name y la sociedad Eduardo Abusaid e Hijos S. en C.— contra la sentencia del 14 de febrero de 2013 proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario seguido contra personas indeterminadas.
1. Mediante demanda repartida al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, los actores primigenios pretenden que se declare, en forma principal, que adquirieron por prescripción ordinaria de dominio, y en subsidio por prescripción extraordinaria, el inmueble ubicado en la isla de Barú, identificado con número de matrícula inmobiliaria 060-0033614 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartagena; que se ordene la inscripción de la sentencia que así lo disponga y se condene en costas a la demandada, si hubiese oposición.
2. Como fundamentos fácticos del petitum, aducen que desde el 28 de octubre de 1983 se encuentran en posesión material, pública, pacífica, tranquila e ininterrumpida de un predio de 0.35 hectáreas, integrado por los lotes 6 y 7, descrito en la demanda por sus medidas y linderos, y situado en la isla o corregimiento de Barú, Municipio de Cartagena con matrícula inmobiliaria número 060-0033614 de la oficina de registro de instrumentos públicos de esa ciudad.
Agregan que Víctor Eduardo Abusaid Name se hizo a la posesión del fundo cuando por escritura pública 1379 del 17 de junio de 1983, otorgada en la Notaría Tercera de Cartagena y en asocio con Edgar Abraham Badlisi Mardini, compró la posesión material que detentaba Nelly Stella de la Espriella, quien la había adquirido de Hernando Torres Angulo, según escritura 677 del 28 de abril de 1980 de esa notaría. Con la número 359 del 26 de febrero de 1982 otorgada allí mismo, la señora de la Espriella protocolizó declaraciones extraproceso que acreditaban su posesión efectiva, por lo que, de acuerdo con la legislación de la época, obtuvo la inscripción de los actos escriturales en la oficina de registro.
Mediante escritura 1125 del 12 de junio de 1982, también de esa Notaría Tercera, Hernando Torres Angulo y la señora Nelly Stella de la Espriella aclararon la escritura 677 del 28 de abril de 1980 en relación con medidas y linderos del aludido inmueble.
Con escritura 2704 del 28 de octubre de 1983 Víctor Eduardo Abusaid Name y Edgar Abraham Badlisi Mardini transfirieron a la sociedad Eduardo Abusaid e Hijos S. en C. todos los derechos de posesión material que a la fecha tenían sobre el inmueble y sus mejoras, a partir de la cual ha ejecutado “actos que sólo corresponden a quien se reputa dueño y son: paga sus impuestos y contribuciones municipales… Ha sido la sociedad demandante y su representante legal materia de investigación penal a petición del Ministerio del Medio Ambiente” (fl. 48, c. 1), precluida a favor del señor Víctor Eduardo Abusaid Name. Invocan además otros actos de similar tenor, como las autorizaciones policiales que recibieron los actores desde el 20 de noviembre de 1984 para edificar una cabaña sobre el lote, o las constancias del Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre la inscripción del inmueble al que correspondió la cédula catastral 00-04-001-0082-000.
3. El libelo inaugural fue notificado a las personas indeterminadas por conducto de curador ad litem designado para ellas, auxiliar que al contestarlo, manifestó atenerse a lo que resultara probado.
Ya adelantada la etapa probatoria, resolvió el juzgado vincular a la señora Nelly Stella Bustamante Steer, a quien ordenó citar como litisconsorte necesario de la parte demandada. Fue notificada por conducto de curador ad litem quien manifestó no constarle los hechos y atenerse a lo acreditado.
4. La primera instancia culminó con sentencia (fls. 147 a 153, c. 1) desestimatoria de las pretensiones al considerar el juzgado de conocimiento, con apoyo en informe de la Dimar y sentencia del Consejo de Estado, que el bien objeto de la litis es imprescriptible.
5. El anterior fallo fue apelado por la parte actora (fl. 156), quien asimismo cedió sus derechos litigiosos a la sociedad Idea Verde S.A. en Liquidación, que fue la que lo sustentó invocando su condición de litisconsorte, y en tal calidad aludió a los actos posesorios que los demandantes comprobaron con las declaraciones tomadas en el proceso, así como a la calidad de prescriptible del inmueble comprometido en la litis.
El tribunal, al desatar la alzada, confirmó la decisión del juez de primera instancia con el fallo objeto de este recurso.
En lo suyo, luego de aludir a hitos importantes del proceso y a aspectos teóricos de la prescripción adquisitiva, se detiene la corporación ad quem en el requisito atinente a que el bien a usucapir sea susceptible de ser adquirido por ese modo, para destacar que no deben estar fuera del comercio como los de uso público, que son inembargables, inalienables e imprescriptibles, connotaciones jurídicas estas que también predica de, entre otros, los ejidos, las tierras comunales de los grupos étnicos y los patrimonios arqueológicos. Recuerda que esta prohibición se encuentra consagrada en los preceptos 2519 del Código Civil, 63 de la Constitución y 407 del Código de Procedimiento Civil.
Precisa seguidamente que dentro de los bienes de uso público se encuentran las costas marítimas, playas y terrenos de bajamar los que, conforme al artículo 2º del Decreto 2324 de 1984, están bajo jurisdicción de la Dimar.
Con el anterior marco conceptual desciende al asunto concreto sometido a su decisión, para lo cual, previamente se refiere a jurisprudencia de esta Sala que aboga porque el juez, en primer lugar verifique, en la acción petitoria, que el bien sobre el cual verse la misma sea prescriptible. Recuerda que en su dictamen pericial, el experto Marcelo Peña indicó que el inmueble no tenía zonas de playa y que de acuerdo con los documentos no abarcaba terrenos de la Nación, peritaje que enfrenta al informe de la Dimar, entidad que afirmó que aquel “posee un área de 412 m² que corresponden a uso público y 2178 m² de terreno consolidado susceptible de propiedad privada, pero bajo su jurisdicción por encontrarse dentro de la franja de los 50 m” (fl. 38, c. 3). Opta el sentenciador por darle mayor fuerza probatoria a esta última probanza porque en su opinión, encuentra apoyo en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y se funda en investigaciones de campo y científicas que le imprimen certeza a la condición de bien de uso público de la heredad, no obstante que lo califique de “incongruente en cuanto a la manifestación de que pueden ser susceptibles de propiedad privada y encontrarse bajo su jurisdicción, debido a que riñe con la normatividad citada y lo manifestado por el Consejo Estado” (fl. 41).
De esta corporación previamente había transcrito el tribunal el concepto fechado el 28 de agosto de 1995 cuando la Sala de Consulta de aquella Corporación dijo que
el hecho de corresponder a la ley la definición de los bienes de uso público, aparece evidente en esta disposición [se refiere al artículo 2º del Decreto 2324 de 1984] —que tiene este carácter vinculatorio de ley— que a la franja de las playas marítimas y de las riberas fluviales, se suma una extensión de 50 metros más (según el texto transcrito, en el parágrafo 2) la cual también es bien de uso público y se encuentra bajo jurisdicción de Dimar (fl. 40).
Retoma el análisis del dictamen pericial rendido por el auxiliar Marcelo Peña para reiterar que no lo puede tener en cuenta pues el hecho de que el inmueble no incluya zonas de playa “necesariamente no conduce a desestimar la titularidad que tiene la Nación sobre el mismo. La calidad del bien deviene de la misma ley, al disponer que 50 metros más allá de la línea de la más alta marea y más alta creciente hacia adentro, es jurisdicción de la Dimar, lo que la habilita para otorgar permisos, concesiones sobre el uso, mas no transmitir el dominio, por ser de uso público” (fl. 41).
La demanda contiene dos cargos, ambos soportados en la causal primera de casación, que la Corte despachará conjuntamente, en atención a que comparten similares consideraciones.
En este se acusa la sentencia de ser directamente violatoria de las normas sustanciales contenidas en los artículos 669, 673, 762, 763, 764, 770, 2512, 2513, 2518, 2522, 2127, 2531, 2532; 674 a 680, 682 y 2519 del Código Civil; parágrafo 2º del artículo 2º, 166 y 167 del Decreto 2324 de 1984.
La equivocación del Tribunal, según la censura, consistió en considerar que el espacio de 50 metros en las costas de la Nación medidos desde la línea de más alta marea hacia el interior del continente es bien de uso público y en consecuencia, imprescriptible, porque entendió que de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 2º del Decreto 2324 de 1984 la jurisdicción, es decir, la órbita de facultades y funciones de la Dimar sobre ese espacio, le otorga al mismo ese carácter. Y para corroborar lo anterior reproduce fragmentos de las consideraciones contenidas en el fallo, destacando seguidamente que el hecho de que el mencionado precepto le confiera a la Dimar jurisdicción en esa franja no significa que ella se convierta en un bien de uso público, porque estos se encuentran definidos en el canon 63 de la Constitución, preceptos 674 y 677 del Código Civil, y más particularmente para este caso, en el artículo 166 del Decreto 2324 de 1984, al disponer que las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público.
Precisa la censura que el sentenciador de segunda instancia también incurrió en un error jurídico al atribuirle esa calidad a la “costa nacional”, esto es, a la zona de dos kilómetros de ancho paralela a la línea de la más alta marea pues ciertamente, ninguna norma así lo establece.
En este se acusa la sentencia de infringir indirectamente normas sustanciales contenidas en los artículos 669, 673, 762, 763, 764, 770, 2512, 2513, 2518, 2522, 2127, 2531, 2532; 674 a 680, 682 y 2519 del Código Civil; parágrafo 2º del artículo 2º y 166 y 167 del Decreto 2324 de 1984, como fruto de errores de hecho achacados al tribunal en la apreciación del informe técnico presentado por la Dimar, pues se arguye que lo desfiguró, en vista de que a partir de él concluyó que el bien pretendido era de uso público cuando lo que esta entidad pública determinó era que tenía un área total de 2569.69 m², de los cuales 412 sí correspondían a bienes de uso público, al paso que 2178 m² estaban conformados por terreno consolidado susceptible de propiedad privada, pero bajo jurisdicción de esa autoridad marítima.
Informa también que el sentenciador de segunda instancia cometió error de hecho en la apreciación del peritaje rendido dentro del proceso por el ingeniero Peña Pomares, pues se limitó a señalar que este había dicho que el suelo no comprendía zonas de playa y, en forma ininteligible, arguyó el ad quem que eso no conducía necesariamente a desestimar la titularidad que la Nación tiene sobre el predio. El error de hecho que le atribuye a la corporación ad quem radica en que el experto en su dictamen sobre el fundo “da a conocer que por el norte linda con el mar Caribe y por el sur con la ciénaga de Cholón, y dentro de estos límites existe un espacio de terreno que por el límite este tiene una longitud de 33.89 metros y por el oeste de 55.14 metros” (fl. 40, c. Corte). Agrega que el peritaje incluyó fotografías en la que se aprecia el predio con vegetación propia de terreno consolidado.
En relación con ambas pruebas técnicas, afirma la censura que en lugar de preferir un dictamen sobre otro, debió el tribunal buscar los puntos de coincidencia en ambos, y así, si en el peritazgo del Ingeniero Peña se afirmó que el lote es de 2640,55 m2 y en el informe técnico de la Dimar se dijo, en cambio, que 412 m2 correspondían a bienes de uso público y 2178 m2 a terreno consolidado, debió ver que ambos afirmaban que un área estaba conformada por terreno que no era de bajamar o de playa. Pero además de ese yerro, afirma la censura que el sentenciador se equivocó en cuanto a que de la peritación de la Dimar concluyó que todo el terreno era de uso público cuando allí se dijo otra cosa.
1. Además de la demostración fehaciente de la detentación con ánimo de señor y dueño por el tiempo establecido en la ley, para la declaración de prescripción adquisitiva de dominio es menester que esa posesión recaiga sobre un bien susceptible de adquirirse por este modo, es decir, un bien corporal, raíz o mueble que esté en el comercio humano, como expresamente lo consagra el artículo 2518 del Código Civil.
Los bienes de uso público, o sea aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio (calles, plazas, caminos, puentes, etc.), según la definición dada por el precepto 674 ibídem, mientras estén afectados al uso general o común, se caracterizan por la inalienabilidad, la inembargabilidad y la imprescriptibilidad (art. 63 de la C.P.), restricción ésta última que también consagra el artículo 2519 del Estatuto Civil mencionado al establecer que “no se prescriben en ningún caso”.
2. La prolija legislación nacional en materia de bienes de uso público, regulados desde los más diversos ángulos (soberanía, asignación de competencias a autoridades administrativas, medio ambiente, espacio público, ordenamiento territorial, etc.), exige que la Corte fije el deslinde, a lo menos abstracto y general previsto en las normas, entre bienes privados tales como el que la parte actora alega que es el involucrado en este pleito, y otro constituido por una franja paralela a esos bienes de indiscutida calidad de uso público, que nadie ha puesto en entredicho, como lo son las playas, terrenos de bajamar y las aguas marítimas. Y ello se hace necesario porque los cargos y la sentencia dan cuenta de interpretaciones diversas sobre la titularidad legal (bien público o bien privado) de una faja de 50 metros que pareciera interponerse entre los primeros y los últimos, a que alude el Decreto 2324 de 1984, esto es, entre la playa marítima(1) y los terrenos susceptibles de apropiación privada, porción cuya naturaleza, al parecer, se estima axial para la solución de este asunto.
En efecto, en el plexo normativo colombiano atinente a los bienes, clasificables desde el punto de vista de su dominio, se hallan los bienes privados (propiedad privada individual o colectiva, arts. 58 y 239 Const. Pol.) y los bienes públicos a que hace referencia el artículo 674 del Código Civil —“bienes de la Unión”— cuyo dominio pertenece a la República, en relación con los cuales es claro constatar que sus especies ya no son únicamente las que ese Estatuto Civil contempla, esto es, los bienes baldíos (que carecen de dueño, art. 675), fiscales (que pertenecen a una persona jurídica de derecho público y usualmente están destinados a la prestación de funciones públicas o servicios públicos. Su uso no pertenece generalmente a los habitantes) y los de uso público. Hoy, como es fácil constatarlo, al elenco de bienes de dominio público es dable incluir el subsuelo, los recursos naturales no renovables (art. 332 de la C.P.), el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético (art. 102, ib.), entre otros.
Desde otro punto de vista, mayoritariamente públicos y excepcionalmente privados, algunos bienes están destinados o afectos al dominio público, como el espacio público definido en el artículo 5º de la Ley 9ª de 1989(2) en cuya ejemplificación esa normativa incluye —sin mayor precisión— las zonas necesarias “para la preservación y conservación de las playas marinas”. Pero, para ir orientando la explicación hacia el asunto que concita la atención de la Sala, y volviendo sobre esos bienes de uso público, conocidos también como bienes públicos del territorio, resulta pertinente resaltar una nota que los caracteriza: su uso pertenece a todos los habitantes del territorio y están a su servicio, de suerte que sobre ellos el Estado no tiene en toda su dimensión esas características típicas del dominio (jus utendi, jus fruendi, jus abutendi) y más bien ejerce sobre ellos derechos de administración y de policía, a fin de garantizar y proteger su uso y goce común, por motivos de interés general. Las playas marítimas y el mar con los espacios de tierra que ocupa en su flujo y reflujo, en sus “ciclos de marea” –bajamar o pleamar-, por ejemplo son prototípicos bienes de uso público por naturaleza: “casi que sobra que acto alguno lo ratifique, pues así emana de su especial condición de pertenecer a las playas del mar, al litoral o a las costas. Ese carácter común o de uso público de los terrenos de bajamar, por cierto, no es nuevo en la tradición jurídica, pues desde antiguo se ha venido decantando el reconocimiento de tan especial calidad”. (SC 120-2005 del 7 de junio de 2005, Rad. 528353103001199801389-01)
Pues bien, lo primero que llama la atención, quizás por la dispersión legislativa a que se ha hecho mención, es la omisión, en esta causa, de la definición que sobre un espacio de similar descripción trae el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, adoptado mediante Decreto-Ley 2811 de 1974.
En efecto, su artículo 83 establece que
salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:…
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;…
De modo que, en principio -pues la ley contempla excepciones como los ejidos, los baldíos o inmuebles de entidades públicas- y de cara a la norma transcrita, un bien costanero puede ser susceptible de apropiación por usucapión, a partir de los treinta metros, tierra adentro, desde la pleamar(3) o desde el borde que fija el cauce natural del lago o río, pues según el texto claro de la norma reproducida este pedazo de tierra más próxima al agua es inalienable, imprescriptible y del Estado. No entra la Corte a precisar, por no exigirlo este asunto, cuál es la situación de la franja anotada frente a situaciones jurídicas acaecidas, consolidadas o no, con anterioridad al 27 de enero de 1975, fecha de publicación en el Diario Oficial, del Código de Recursos Naturales, de cara a la salvedad indicada al comienzo del precepto, en punto de “derechos adquiridos por particulares”.
En complemento de lo anterior, el Decreto-Ley 2324 de 1984, “por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria”, a más de establecer que “las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público” (art. 166), define, entre otros términos —referidos ellos a bienes y conceptos próximos—, la playa marítima, como una
zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica, o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, usualmente límite efectivo de las olas de temporal.
Y describe los terrenos de bajamar como aquellos que “se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuando ésta baja” (art. 167). Es para decirlo en otras palabras, la zona de elevación y caída del nivel del mar en la costa.
En síntesis, conforme a esta normatividad, en un terreno como el que es objeto de este proceso, debe tenerse en cuenta que al Estado pertenecen las playas marítimas, las cuales llegan hasta cuando cambia el suelo (comúnmente de arena de mar a arena de tierra firme, como es de usanza decir) o inicia la vegetación permanente, y además es titular de una faja de treinta metros paralela a la línea de máxima marea, según lo establece el artículo 83 del Código de Recursos Naturales, con lo cual puede decirse que esa porción podría estar comprendida por suelo con material consolidado, si la playa, por ejemplo, es de escasa dimensión. Esa zona es un bien de uso público que se agrega a los descritos en el Decreto 2324, más orientado a la reorganización de la Dimar y a establecer su jurisdicción.
Con todo, ha de recalcar la Corte que el hecho de ser susceptible de propiedad privada un bien próximo a la playa y vecino inmediato de la franja de 30 metros aludida, impone a su titular una serie de cargas y obligaciones que dimanan de esa particular ubicación.
Es así como, de conformidad con el decreto ley 2324 de 1984, por el cual se reorganizó la Dimar, hubo de decirse allí (art. 2º), a los solos efectos de la competencia de esta dependencia del Ministerio de Defensa para las funciones que en ese mismo estatuto se le confirieron, que su jurisdicción va
“hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva, en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo; y todos aquellos sistemas marinos y fluvio-marinos; mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas suprayacentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados en su jurisdicción; islas, islotes y cayos y, sobre los ríos que a continuación se relacionan, en las áreas indicadas…”
“las costas de la Nación y las riberas del sector de los ríos de su jurisdicción en una extensión de cincuenta (50) metros medidos desde la línea de las más alta marea y más alta creciente hacia dentro” (par. 2º, subraya la Sala)
Dentro de sus funciones, tiene la Dimar la de otorgar concesiones y permisos (en bienes de uso público), hacer respetar los derechos de la Nación (art. 178) así como “adelantar y fallar las investigaciones por… construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos sometidos” a su jurisdicción, esto es, y para lo que acá se examina, en esos 50 metros medidos hacia tierra firme desde la pleamar, lo cual, por supuesto, podrá comprender una franja de bienes de uso público (30 metros) y acaso otra de bienes susceptibles de propiedad privada (20 metros).
De la descripción anterior puede con facilidad deducirse que el Decreto 2324 de 1984 no extendió la faja de tierra —que en el Código de Recursos Naturales es de 30 metros— a una de 50 metros, pues esta última dice relación únicamente con la asignación de competencias a la Dimar para efectos de permisos, concesiones, investigaciones y demás funciones atribuidas a esta dependencia ministerial.
3. El marco conceptual bosquejado permite concluir que ninguno de los cargos planteados alcanza prosperidad porque, al margen de las equivocaciones técnicas que se evidencian en el segundo, al estimar que el tribunal no apreció adecuadamente el informe técnico de la Dimar —cuando lo cierto fue que deliberadamente se separó de él en la calificación jurídica que éste le otorgó a una porción de suelo que encontró como consolidado en el predio—, y dejando asimismo de lado la errada concepción del sentenciador, cuya crítica aparece en el cargo primero, en lo que hace a la franja de terreno que delimita físicamente la competencia de la Dirección Marítima y no, como lo entendió esa colegiatura, una especie adicional de bien de uso público, al margen de todo ello, se itera, es lo cierto que las dos pruebas técnicas dan cuenta de que es totalmente —y no en los 422 m2 designados por la Dimar—, un bien de uso público conforme lo concluyó el tribunal, aunque evidentemente por razones diferentes y equivocadas como ya se vio.
En efecto, es de ver que las dos experticias allegadas al proceso, son consistentes y uniformes en destacar que el predio pretendido en usucapión limita al norte con el Mar Caribe y al sur con la Ciénaga de Cholón (agua marítima interior): tiene pues dos fronteras con agua, en relación con las cuales el espacio paralelo de 30 metros desde la pleamar para el norte o desde el borde de la ciénaga —para el sur— son plenamente aplicables al fundo, a resultas de lo cual queda el mismo totalmente conformado por terrenos de uso público, pues de norte a sur por el lado oeste cuenta el predio con 55,14 metros y por el lado este con 33.89 metros, en medición que dio a conocer el perito Peña, según se aprecia en su informe (fl. 97, c. 1).
Por su parte, el plano elaborado por la Dimar (fl. 128) diferencia la playa marítima, los terrenos de bajamar, y la franja en la que ejerce jurisdicción, la cual abarca todo el bien raíz, pues para esta dependencia el lado oeste tiene 35.08 metros y el oeste alcanza los 22.34 metros.
En suma, el cargo primero da lugar a la Corte para rectificar doctrinalmente al tribunal en el sentido anotado líneas arriba, conceptualización que aplicada al caso, de cara a las pruebas técnicas acopiadas, permiten concluir que aun de ser cierta la equivocación del sentenciador, que lo es, el bien pretendido es todo él de uso público por razón de las franjas de 30 metros por el norte y por sur que deben descontársele.
Ahora bien, como en el informe técnico de la Dimar, se indica que de los 2590.69 m2 del terreno objeto de este pleito, “412 m2 corresponden a bienes de uso público propiedad de la Nación y 2178 m² corresponden a terreno consolidado susceptible de propiedad privada pero bajo jurisdicción de Dimar por encontrarse dentro de la franja de los 50 metros”, y tal concepto olvida el bien de uso público conformado por la franja de 30 metros a que hace referencia el Código de Recursos Naturales Renovables, se dispondrá que copia de esta sentencia sea remitida a dicha dependencia ministerial para los efectos del cabal cumplimiento de sus funciones.
Lo anterior es suficiente para concluir en el fracaso de los cargos.
Por la rectificación doctrinaria, no hay lugar a costas en el recurso de casación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 14 de febrero de 2013 proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario incoado por Víctor Eduardo Abusaid Name y la sociedad Eduardo Abusaid e Hijos S. en C —quienes cedieron sus derechos litigiosos a Idea Verde de S.A. en liquidación— contra personas indeterminadas.
Sin costas por la rectificación doctrinaria.
La secretaría deberá remitir copia de esta providencia a la Dirección General Marítima.
Cópiese, notifíquese y, en su momento, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
1 Al decir del artículo 167, numeral 2º del decreto-ley 2324 de 1984, “para todos los efectos legales se entenderá por:...
2 El artículo 5º de la Ley 9ª de 1989 indicó: “Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
3 El Diccionario de Real Academia la define, en su primera acepción, como “fin o término de la creciente del mar”. Es sinónimo de más alta marea, o marea máxima, que el legislador usa en la normatividad. Se suele también decir que la pleamar es el fenómeno que ocurre cuando el agua del mar alcanza su altura más alta dentro del ciclo de las mareas, lo que acontece, entre otros eventos, en plenilunio. Con el efecto contrario, la bajamar, se conforma ese “ciclo de las mareas”, flujo y reflujo, cuyas olas máximas normalmente llegan, a lo más, hasta la zona en donde desaparece la arena de playa y comienza la vegetación, con material “consolidado”.