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Timestamp: 2020-07-10 23:13:04
Document Index: 404134743

Matched Legal Cases: ['artículo 152', 'artículo 144', 'artículo 123', 'artículo 23', 'artículo 39', 'artículo 60', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 85', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 2']

DS. Senado, Comisiones, núm. 472, de 18/06/2015
Sesión celebrada el jueves, 18 de junio de 2015
Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. 621/000130 Registro Civil; reforma administrativa; sistema judicial GOBIERNO
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 621/000123 poder judicial GOBIERNO
Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior. 621/000124 Eurojust; cooperación judicial GOBIERNO
Se abre la sesión a las doce horas y treinta y cinco minutos.
Señorías, disculpen porque la ponencia se haya alargado un poquito más de la cuenta, pero dicen que las ponencias largas traen comisiones cortas; vamos a ver si es cierto.
En primer lugar, el letrado procede a comprobar las asistencias.
Seguidamente, pasamos a aprobar el acta de la reunión celebrada el pasado día 10 de junio. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL. 621/000130 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: A continuación, tenemos la designación de la ponencia en relación con el Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Por tanto, procede designar a los miembros de la ponencia de este proyecto de ley.
¿Qué nombres propone el Grupo Parlamentario Socialista para esa ponencia, don Arcadio Díaz Tejera?
El señor DÍAZ TEJERA: Los mismos cuatro senadores —ya lo he argumentado ante la Presidencia— que llevan estas materias aquí: don Nicanor, la señora Marra, el señor Rodríguez Esquerdo y un servidor de usted.
El Grupo Parlamentario Popular, para este Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, ¿a quién designa, señor Altava?
El señor ALTAVA LAVALL: Señor presidente, a la senadora doña Carmen Belén Torres y al senador don Mario Arias Navia.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, la ponencia quedará integrada por los senadores propuestos por estos grupos, así como por el único representante de cada uno de los restantes grupos en esta comisión. ¿Está de acuerdo la comisión?
Señor Yanguas, tiene la palabra.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, con su permiso, el Grupo Mixto designaría para la ponencia al portavoz, al señor Goioaga, porque yo le sustituyo.
El señor PRESIDENTE: Reglamentariamente, el miembro de esta comisión del Grupo Mixto es el único que puede ser nombrado ponente; o sea, que no podía ser nombrado otro.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Entendido, gracias.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ponencia.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. 621/000123 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Dictamen del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
A este proyecto de ley se han presentado seis propuestas de veto y 402 enmiendas, dos de las cuales, las números 83 y 127, del Grupo Parlamentario Socialista, fueron posteriormente retiradas.
La ponencia designada en relación con este proyecto de ley ha emitido informe, en el que se refleja que han quedado aprobadas y, por lo tanto, incorporadas al texto del informe de la ponencia las enmiendas 372, 377 y 393, del Grupo Parlamentario Popular. Se han rechazado el resto.
Por otra parte, se han retirado las enmiendas números 83 y 127, del Grupo Parlamentario Socialista y han sido corregidas las número 68, 214 y 232, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Señorías, vamos a pasar a la defensa de las propuestas de veto. En primer lugar, propuesta de veto número 1, presentada conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Como representante del Grupo Mixto, lo doy por defendido.
Propuesta de veto número 4, presentada conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Lo doy por defendido.
Propuesta de veto número 5, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
También lo doy por defendido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillot.
Propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
Señora Iparragirre, tiene la palabra.
Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado (Convergència i Unió).
Señora Rieradevall, tiene la palabra.
Por último, propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Cuáles son las razones por las que el Grupo Socialista presenta veto a este proyecto? Primero vamos a desgranar las razones de la omisión, porque es una ley orgánica que trata de regular el Poder Judicial. Por ejemplo, nosotros echamos de menos que no se haya podido abordar la materia de los aforados. Hay un excesivo número de aforados y por eso pensamos que podríamos abordarlo en términos de Poder Judicial para que puedan ser enjuiciados por el juez predeterminado por la ley. Nos parece que es una gran conquista histórica que no se puedan nombrar jueces especiales para personas especiales, sino que, en general, sea el juez predeterminado por la ley, y la condición de aforado en todo caso limitarla a aquellos supuestos en los que hay que proteger de manera especial, o bien a los que ejercen una función parlamentaria —que tenía sentido en el medievo pero ahora tendría menos—, o bien a aquellos que están inmersos en una gestión tan intensa y tan extensa que les es difícil evaluar permanentemente todo lo que le ponen a la firma. En cualquier caso, aparte de estas consideraciones absolutamente generales, nos parece que es bueno que abordemos esta materia porque creemos que es excesivo el número de aforados y que lo podríamos abordar aquí. Es una asignatura pendiente de la calidad de nuestro sistema democrático y yo pensaba que en una reforma del Poder Judicial se podría abordar.
Por otro lado, también me apena —y esto fue objeto de debate con respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial— el no poder abordar los asuntos que a todos nos escuecen como miembros de la especie humana, como demócratas y como enamorados del sistema democrático parlamentario, del Estado de derecho y de los derechos humanos. Son algunos de los supuestos que han sido exonerados por razón de la supresión fáctica de lo que se ha denominado justicia universal. En los últimos meses hemos visto algunos supuestos, que a todos nos escuecen como seres humanos, como demócratas y como españoles —dos de las omisiones—, por el contrario lo del juez predeterminado por ley que abordé en primer lugar. Algunas de las reformas que se plantean aquí nos generan especial preocupación. Y es que cuando se discutió en el Senado la supresión de los partidos judiciales, todos los grupos, sin excepción, lo suscribimos —incluso muchos senadores del Grupo Popular manifestaron que estaban en desacuerdo con la supresión de los partidos judiciales—, pero resulta, señor presidente, por la forma en que se van a hacer algunas cosas cuando entre en vigor este texto —de seguir así—, que nominalmente seguirá existiendo el partido judicial, pero, por acuerdos de sala de gobierno o por acuerdos del consejo, pudiera ser que un conjunto de órganos jurisdiccionales asumiera muchísima más responsabilidad que la que tienen en la actualidad órganos jurisdiccionales de capitales de provincia, con lo cual esto podría suponer en la práctica un vaciamiento de determinados partidos judiciales. A nosotros nos sigue pareciendo que es muy importante la existencia de los partidos judiciales en el conjunto de España porque garantizan que no se intensifique esta concentración urbana y se mantengan muchos pequeños ayuntamientos. Llamo la atención a sus señorías en torno a este vaciamiento competencial de los juzgados en función de acuerdos de carácter gubernativo al concentrar competencias de diversos órganos en unos u otros, fundamentalmente en los vinculados a capitales de provincia.
Y hay una materia, señor presidente, que también nos parece relevante. Cuando se iba a regular el Poder Judicial —después de más de treinta y cinco años de Constitución—, pensábamos que el Estado autonómico llegaría al ámbito del Poder Judicial, una asignatura que estaba pendiente. Antes me refería a los aforados, a la justicia universal, a la necesidad de mantener el juez predeterminado por la ley, pero ¿qué ocurre con esto de que el Estado autonómico llegue al ámbito del Poder Judicial? Son dos cosas. En primer lugar, lo que se establece en el artículo 152, para que el tribunal superior culmine la organización jurisdiccional en cada comunidad autónoma. En segundo lugar, lo que está previsto en el artículo 144 del Estatuto de Andalucía, en el 42 del Estatuto de Castilla y León, en el 52 del Estatuto de Extremadura, en el 96 del Estatuto de las Islas Baleares, en el 43 del Estatuto de la Comunidad de Valencia y en el 44 del Estatuto de Aragón, o también en los artículos 11 y 36 del Estatuto del Ministerio Fiscal. ¿Y qué se plantea ahí? La posibilidad de estos informes del Ministerio Fiscal al consejo de ese ámbito autonómico. Y yo no tengo especial interés en que se llame consejo autonómico del Poder Judicial —ya que siempre se argumenta que el Poder Judicial es uno, único en toda España y que no se debería llamar así— solo argumento en contra de que todos estos estatutos de autonomía —apoyados por todos los grupos parlamentarios de toda la Cámara— utilizan esa expresión de consejo autonómico del Poder Judicial. Ahora bien, si, en última instancia, la gran dificultad que hay es la Sentencia 56/1990 del Tribunal Constitucional, debo decir que precisamente esa sentencia facilita la existencia de esos consejos, porque en ella se habla de los funcionarios de la Administración de Justicia que están al servicio del servicio público de la Justicia —es la expresión exacta que utiliza la sentencia del Tribunal Constitucional—. Por tanto, estos consejos pueden existir porque son leyes orgánicas del ordenamiento jurídico vigente. Pero si el gran argumento en contra de su existencia es que el Poder Judicial es uno y único en toda España, se pueden llamar consejos autonómicos de la Administración de Justicia. Pero, como ciertamente gran parte de las comunidades autónomas tienen estas cláusulas subrogatorias en materia de Administración de Justicia, me parece que este es un asunto que podríamos abordar. Por el contrario, estos grandes asuntos —podríamos llamarlos así—, que yo considero que son relevantes, no se han querido abordar, y yo esperaba alguna otra cosa. Se trata de un conjunto de ocurrencias que no genera un mejor servicio ni moderniza el servicio público de la Administración de Justicia, sino que, al contrario, puede generar más confusión. Y no me refiero a la confusión que pueda dar lugar la nueva denominación del Cuerpo de Secretarios Judiciales, como antes comentaba en ponencia. Llamar letrados de la Administración de Justicia a los integrantes del Cuerpo de Secretarios Judiciales no solo generaría confusión respecto a los que son letrados de la Administración autonómica, de los ayuntamientos o del Estado, que son los abogados de parte. Es que en este caso los secretarios judiciales no son abogados de parte alguna, sino juristas al servicio de la Administración de Justicia. También se generaría confusión en relación con los miles de abogados que hay en cada provincia, porque, en general, a los abogados se les llama letrados, y en este caso son siempre letrados de parte, no letrados de la propia Administración de Justicia. En este sentido hemos planteado alguna enmienda. Pensamos que la expresión director procesal definiría más directamente su función, la de directores procesales. Incluso creíamos que se iba a retocar la oficina judicial para dar más competencia al Cuerpo de Secretarios Judiciales —se les llame como se les llame— y así fuera el director de la oficina judicial quien asumiera un conjunto de competencias —algo importante desde el punto de vista del Registro Civil—, pero no bajo esa fórmula de «el registro para los registradores» que se ha venido practicando en los últimos años, aunque ahora se ha pospuesto dos años más. La idea es sean los secretarios judiciales quienes desempeñen estas competencias como directores procesales de la Administración de Justicia.
Nos encontramos con que la mitad de los juzgados en España —es decir, los juzgados de Primera Instancia— tienen, según el informe de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial de 2014, un 150 % de saturación por encima de la media que establece el propio consejo. Ante esta realidad, y aparte de la ocurrencia de llamar letrados a los secretarios judiciales, nos parece que hay algunos asuntos que son más graves —y aquí aludo a la formulación del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos—.
Yo entiendo que, en general, ha resultado doloroso que España pierda pleitos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando España pierde pleitos ante ese tribunal, sea cual fuere el Gobierno, yo lo vivo como si hubiese perdido ese pleito, porque no es bueno para el prestigio del país. Pero cuando pierde pleitos con razones fundadas, porque quizá así no se debieron hacer las cosas —eso es lo que tiene el derecho, que son reglas que se tienen que aplicar en cualquier caso a quien fuere, de ahí que se simbolice la Justicia con esa figura con los ojos tapados, para no evaluar la condición subjetiva del que tiene delante—.... Me refiero al recurso de revisión de la sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Fíjense ustedes que hasta ahora la sentencias tenían un efecto erga omnes, es decir, que si sobre un asunto se dictaba sentencia, al resto de asuntos idénticos —aunque con nombres distintos pero con el mismo contenido material— también se les aplicaba por extensión. Así se ha hecho con todas las sentencias en España. Pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se plantea ahora una fórmula distinta con estas sentencias y es que se usen como argumento para el recurso de revisión en nuestro país, pero el resto de personas que estén en la misma situación que la recurrente o el recurrente no podrían usarlo como tal y tendrían que tener un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué ocurre? Que dicho tribunal, cuando ya ha dictado sentencia sobre asunto, responde al que presenta la solicitud que sobre esto ya se ha dictado sentencia y es esta. Y como el tribunal parte de que en general todos los tribunales del mundo aplican la sentencia con un efecto erga omnes —es decir, que cuando tiene otro asunto de contenido idéntico el fallo es el mismo—, lo que dice es que no lo admite a trámite. Con lo cual, a personas que pueden vivir la misma situación y que ya han obtenido un fallo se les cierra la posibilidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por lo que respecta al recurso de revisión, es como si no hubiese interpuesto ninguno ante el propio tribunal, sea en la Gran Sala o sea en Primera Instancia. Yo entiendo que se ha hecho esta formulación con el impacto de alguna sentencia que no es menester ahora describir y que está en la mente de todos, pero el hecho cierto es que no por esa situación vamos a tener que regular las cosas de tal manera que perdamos en calidad de nuestro propio ordenamiento jurídico, en calidad del propio Poder Judicial y en calidad de las garantías que tienen todos los españoles y las españolas. Me parece que es un gran retroceso dejarse llevar por esa experiencia o estar legislando en caliente. Razones de omisión que expuse al comienzo, y estas razones en el pronunciamiento en torno a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos parece que son razones suficientes para que si se quiere reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial se haga con sentido común y pensando en las consecuencias. Fíjense ustedes que incluso el propio debate que tuvimos antes sobre algunas de las enmiendas me resulta particularmente cómico si no fuera esto trágico en las consecuencias.
En cuanto a esta enmienda 377, señor presidente, que ha presentado el Grupo Popular, les llamo la atención sobre la realidad de los juzgados en toda España. Una cosa es que invitemos al máximo al expediente electrónico o que intentemos acabar con la Administración sin papel, ¿pero ustedes saben lo que significa incorporar esta expresión, que las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse salvo en aquellos casos que una ley así lo determine? ¿Ustedes saben lo que significa eso? Primero, en el conjunto de España, y en todos los juzgados, chascando los dedos, de hoy para mañana no todos van a tener expediente electrónico, no todos van a tener estas posibilidades digitales; en gran parte de ellos sí, pero le está diciendo al juez que cuando tenga un problema con el expediente electrónico o con la Administración sin papel una declaración no se podrá transcribir. Y si tiene roto el aparato de grabar sonido e imagen, hasta que lo traigan, lo que tenemos es lo que tenemos, y con eso hay que impartir justicia. Se le está diciendo que lo tiene prohibido salvo que una ley le permita a ese juzgador hacerlo así. Yo comprendo que los asuntos mediáticos y de los papeles, etcétera, generan una gran conflictividad, pero no se puede legislar solo pensando en dificultar accesos a documentación, hay que solventarlo de otra manera, en este caso es prohibir cualquier transcripción, insisto, salvo que una ley le permita a ese juez en cualquier lugar de los territorios de España poder hacerlo. Me parece que una cosa es la voluntad de desarrollar la Administración electrónica y otra pensar que la realidad se cambia por milagros chascando los dedos o moviendo la nariz como en su momento hacía el personaje de Embrujada. Creemos que son razones suficientes por acción y por omisión para fundamentar el veto que ha presentado el Grupo Socialista.
Para el turno en contra, va a ejercer la palabra don Luis Rogelio Rodríguez Comendador.
El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
En cuanto a los vetos presentados por los distintos grupos, nos reservaremos nuestra argumentación para el día del Pleno.
Por lo que respecta al veto presentado por el señor Díaz Tejera, es evidente que no coincidimos en la argumentación realizada por él, y que su perspectiva en cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial difiere bastante de la que el Partido Popular tiene. También completaremos esta argumentación el día del Pleno y votaremos en contra de todos los vetos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Comendador.
Vamos a pasar al turno de portavoces. Tiene la palabra en primer lugar el señor Yanguas por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, no haré uso del turno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yanguas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Iparragirre no va a hacer uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el señor Guillot tiene la palabra.
Solo quería anunciar que voy a votar el conjunto de los vetos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente. Muy brevemente.
Coincidimos en muchos de los argumentos esgrimidos en las cinco propuestas de veto presentadas por los respectivos grupos parlamentarios. También consideramos en nuestro grupo que este proyecto supone una oportunidad perdida para actualizar el sistema judicial que recoja una adecuación y una adaptación a los estatutos de autonomía que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entendemos que se ha desaprovechado nuevamente la ocasión. En muchos de los estatutos de autonomía vigentes en estos momentos hay muchos aspectos que no se están regulando de la manera adecuada. Por ejemplo, es muy grave que después de ocho años no se hayan desarrollado los consejos de justicia de las comunidades autónomas, entre otros temas. Está claro que mientras continúe esta situación nuestra posición será de oposición clara y frontal y vamos a apoyar los seis vetos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rieradevall.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera, en turno de portavoces.
Reafirmo lo que he argumentado, las razones por omisión y las razones por acción. Me habría gustado escuchar razones en contra de lo que he planteado porque, francamente, de estar equivocado, no es la primera vez que uno tiene que pedir disculpas y decir: cuando he dicho este artículo me he equivocado y tenía que ser otro, o este razonamiento que he hecho no tiene fundamento alguno, porque el artículo que usted me acaba de decir lo explica muchísimo mejor. Yo sigo insistiendo en que es necesario reformar la ley 1/2014, que fue la que suprimió la justicia universal, porque creo que la práctica así lo acreditó en su momento con la cantidad de narcotraficantes y dirigentes del crimen organizado que tuvieron que ponerse en libertad, aunque parte de ellos se han vuelto a capturar, todo hay que decirlo en honor a la verdad, pero otra parte de ellos no. Ahí tuvimos un gran retroceso en términos de calidad en la lucha por los derechos humanos, y con toda sinceridad así lo manifiesto.
Respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos yo no sé si todas sus señorías están al tanto de lo que supone en la práctica el convenio de Roma de 1950 de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Nuestro país participa en el Consejo de Europa, una organización de 47 países que no tiene que ver con la Unión Europea, que es una unión de integración de 28 países, mientras que el Consejo de Europa es una organización de 47 países, más vieja que la Unión Europea. El trabajo a partir del año 49 del Consejo de Europa dio a luz la posibilidad de que surgieran en los años 56 y 57 la Comunidad Económica, el Carbón y el Acero, la energía atómica, y que luego más adelante hizo posible la existencia de la Unión Europea. En el Consejo de Europa se trabaja en torno a la democracia parlamentaria, al estado de derecho y derechos humanos, y ahí, de manera regular, el comité de elección de jueces tiene que evaluar. Cada país presenta tres candidatos y tiene que evaluarlos preguntándoles en los idiomas de trabajo del Consejo de Europa, que son el francés y el inglés, sobre su currículum y la jurisprudencia de derechos humanos. La corte de derechos humanos juega un papel muy importante en un montón de materias, la última y más conocida, por ejemplo, es el asunto de los derechos de los consumidores o las cláusulas suelo respecto a las hipotecas, con la cuestión prejudicial que presentó José María Fernández Feijoo, el magistrado de mercantil de Barcelona. Son asuntos muy relevantes que tienen que ver con la vida cotidiana.
Sobre la fórmula que han planteado respecto al recurso de revisión les insisto en la gravedad que tiene por lo que supone que asuntos idénticos no tengan consecuencia alguna y si hay una sentencia dictada ya por la propia corte de derechos humanos no se va a aceptar otro asunto si ya se ha pronunciado sobre eso y solo se puede utilizar para el recurso de revisión, y esto a mí en términos de calidad democrática me parece que es un grave retroceso.
Yo entiendo el momento emocional, el momento del enfado y —permítame la expresión— el momento del cabreo, cuando te das cuenta de que, por no haber hecho las cosas bien, tienes que poner a un sinvergüenza en libertad. Pero es que la realidad de la vida es la que es, y la servidumbre y la grandeza que tiene el Estado de derecho es que nosotros mismos respetemos las reglas; porque, si no, acabaríamos comportándonos también como las personas que han sido condenadas. Por eso, a mí me parece especialmente grave esto que le estoy diciendo. Incluso omito lo que antes dije, lo que falta. Me parece que esto es especialmente grave en términos de calidad democrática. Ya, a lo otro no le doy mayor relevancia. A mí me parece que llamar letrados a los secretarios judiciales solo genera confusión; lo de llamarles «director procesal» es muchísimo más claro. Pero es igual, no es asunto que me abra las carnes, no es así, no me genera tanto dolor.
Sí me genera preocupación —no ya dolor— lo que he dicho del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; sí me genera dolor, en términos de calidad democrática, sí me genera preocupación lo que tiene que ver con el hecho de que pueda haber un vaciamiento fáctico de los partidos judiciales con la concentración. No estoy hablando de una presunción de sospecha respecto a las salas de gobierno de concentración de asuntos de determinados juzgados, porque yo no tengo por qué partir de esa visión conspiranoica de una presunción de desconfianza de ninguna sala de gobierno, a pesar de los criterios de composición, a pesar de los criterios mayoritarios en la elección, a pesar de eso; más me preocupa, insisto, en lugar de la concentración de materias en jueces determinados porque a otros no les resulta placentero, el vaciamiento de los partidos judiciales por la concentración de materias, competencias y asuntos en otros que están en capitales de provincia.
Por lo tanto, señor presidente, reitero lo expuesto antes. Me habría gustado poder conversar con los grupos que se oponen a este veto del Grupo Socialista con las razones que se esgrimen. Como no he podido escucharlo, no puedo responder. En cualquier caso, las razones que han esgrimido los otros grupos parlamentarios nos parecen fundadas, nos parecen razonables y sí avanzo que el Grupo Socialista apoyará sus vetos.
Muchas gracia, presidente.
Lo que nos llama poderosamente la atención es que se usen los turnos de intervenciones como un cajón de sastre respecto de todas las cuestiones que tienen que ver con el mundo jurídico. Nos ha extrañado, sinceramente, que no se hablara de las tasas judiciales, que no tiene nada que ver con esta reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, pero es muy recurrente esa discriminación respecto a otros asuntos que no vienen aquí a cuento. Se habla de los aforados, se habla de la justicia universal y nos llama poderosamente la atención que el enmendante del Grupo Parlamentario Socialista no haya dicho nada en el turno de vetos sobre los aforados y la justicia universal. En el Grupo Parlamentario Popular nos hemos manifestado abiertamente por modificar la cuestión de los aforados. Pensamos que tiene que ser un debate amplio, consensuado, en el que todas las fuerzas políticas estemos de acuerdo. Desde luego, nos parece que hay muchos aforados. En eso estamos absolutamente de acuerdo, pero no era el momento para tratarlo, máxime cuando ninguna de sus señorías lo ha planteado. Exactamente igual que la justicia universal. Lo acabamos de aprobar recientemente. Tenemos la ley que en las Cortes Generales nos hemos dado. Si ahora no plantean ni como enmienda ni como veto la justicia universal, venir a hablar de la justicia universal, creo que no ha lugar, señor presidente.
Se ha hablado también de los partidos judiciales. Se dejan de lado los tribunales de instancia, han quedado proscritos los tribunales de instancia, esos tribunales de instancia provincializados que en un primer momento recogía el anteproyecto de ley. Se pretendía sustituir los partidos judiciales; pues estamos con los partidos judiciales, seguimos con los partidos judiciales. Y, además, nos llama mucho la atención, cuando precisamente en la legislatura pasada tuvimos ocasión de acudir a un taller de alto nivel en el que se nos explicó por el entonces Gobierno socialista la importancia y lo benemérito de la existencia de esos tribunales de instancia provincializados, y en un primer momento entendimos que sí. Oído el clamor popular, nos bajamos de ese carro y nos quedamos con los partidos judiciales, con lo cual, tampoco trae lugar hablar de los partidos judiciales que para nada se reforman en la ley.
Quiero hacer alguna mención a que de los seis bloques importantes que recoge la norma, para sus señorías nada es importante, cuando yo creo que es una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial básicamente técnica, no política, porque no se adoptan decisiones políticas.
Se establece una agilización y una especialización en las respuestas judiciales; hay una mejora en la calidad de las resoluciones judiciales; una profesionalización en los cuerpos de la Administración de Justicia; se reforma el recurso de casación en lo contencioso-administrativo, introduciendo el criterio del interés casacional, que creemos que es muy importante. Ninguna de sus señorías ha hablado del importante paquete de medidas que se reforma y que se introduce en la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la lucha contra la violencia de género. Nos ha llamado la atención que no haya sido expresado por ninguna de sus señorías.
Luego, hay otras medidas que tienen que ver con la estadística judicial, con la responsabilidad patrimonial de jueces y magistrados, que va a ser exactamente igual que la de funcionarios, como la de los letrados de la Administración de Justicia, etcétera.
Y en cuanto a los consejos autonómicos de justicia —ya se ha dicho, pero lo voy a mencionar—, saben sus señorías que fue declarado inconstitucional el Consejo Autonómico del Estatuto de Cataluña, estableciendo que el Tribunal Superior de Justicia seguirá siendo la última instancia en el ámbito geográfico y competencial de las comunidades autónomas. Ningún temor tienen que tener sus señorías a que la cúspide en el ámbito de la comunidad autónoma siga siendo el Tribunal Superior de Justicia. Eso sí, bien entendida la previsión constitucional del artículo 123 que todos debemos cumplir, que otorga al Tribunal Supremo el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.
Por eso, y por las cuestiones que ha planteado mi compañero, señor presidente, en este turno de portavoces anunciamos, como ya se ha dicho, que vamos a votar en contra de todos los vetos.
Vamos a proceder a la votación de los vetos, teniendo en cuenta, como siempre, que el voto favorable para aprobar un veto exige, al menos, 14 votos, que constituyen la mayoría absoluta de los miembros de la comisión, que es lo preceptivo.
Propuesto de veto número 1, presentada conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 16.
Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.
Propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
Finalizado el debate de las propuestas de veto, vamos a pasar a la defensa de las enmiendas, teniendo en cuenta que las enmiendas introducidas en el informe de la ponencia no serán defendidas.
Enmiendas 59 a 65, presentadas por la señora Capella I Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Gracias.
Las doy por defendidas, señor presidente.
Enmiendas 1 a 58, presentadas conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Las damos por defendidas, muchas gracias.
Enmiendas 66 y 67 presentadas conjuntamente por la señora Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto. Señor Yanguas, tiene la palabra.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Quiero decir muy brevemente que las dos enmiendas presentadas, la 66 y la 67, quieren añadir un párrafo al artículo 23 y van dirigidas a penar, incluso con más contundencia, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos contra menores de edad, para que sean, por una parte, perseguibles en todo el mundo y, por otra, para que, si además el delito es cometido en el ejercicio de una profesión, esta no se pueda ejecutar en ningún país del mundo. Esto es simplemente lo que pedimos. Creo que es algo claro, conciso e importante, y espero que puedan ser aceptadas.
Pasamos a las enmiendas 342 a 370, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Señora Iparragirre, tiene la palabra.
Doy por defendidas las enmiendas que ha presentado mi grupo. Será en el Pleno donde hagamos su argumentación y su justificación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Iparragirre.
Enmiendas 214 a 341, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Hay que tener en cuenta que la enmienda 232 ha sido retirada.
Las doy por defendidas, pero ya he dicho en la reunión de la ponencia que no retiraba ninguna.
El señor PRESIDENTE: Ha venido por escrito esta retirada. El ujier nos ha traído hace un momento el escrito de retirada de la enmienda 232 de su grupo.
El señor GUILLOT MIRAVET: Entonces, el papel me corrige.
Enmiendas 132 a 213 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Señora Rieradevall, tiene la palabra.
Las doy por defendidas y me reservo para argumentarlas en el Pleno.
Enmiendas 68 a 82, 84 a 126 y 128 a 131, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Díaz Tejera.
Si se fijan ustedes en la enmienda 130, verán que intenta proteger al tercer adquiriente de buena fe en línea con lo que hicimos en su momento con el Código Penal. Las enmiendas 114, 115, 116 y 118 plantean modelos distintos respecto al Consejo General del Poder Judicial. A nosotros hay algo que nos llama la atención específicamente. De las cuatro comisiones que tiene el Consejo General del Poder Judicial, hay una reservada para que la presida una mujer, y no entendemos por qué razón se quita esta posibilidad y la puede presidir indistintamente un hombre o una mujer. Nos parece que esto es un retroceso, y no lo decimos por sacar otra vez un debate de naturaleza ideológica que ha sido bastante machacado, pero que en general ha surtido sus efectos para poder visibilizar la incorporación de tantas y tantas mujeres al ámbito de la vida pública. En general, por los patrones identitarios imperantes en nuestra sociedad, el ámbito privado estaba reservado a las personas integrantes de un género y el ámbito público, a otras. No sé qué aporta de bueno que, de cuatro comisiones, en una que tenía que ser presidida por una mujer —concretamente, la de Igualdad y el Observatorio contra la violencia doméstica— se quite esa exigencia. No sé qué tiene de bueno. Me gustaría que alguien, si pudiera, me lo explicara. Y no tengo ningún inconveniente en responder sobre el follón casacional que se va a crear con el recurso casacional en el ámbito de lo contencioso. Invito a los ponentes del Grupo Popular a que me digan cuántos magistrados que trabajan en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo les han dicho que esa formulación del recurso casacional, mezclando el modelo anterior con el vigente y con el próximo, va a generar una base en términos de calidad jurisdiccional y en el ámbito de lo contencioso-administrativo.
Por lo que respecta a la enmienda número 70, he explicado antes que tiene que ver con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que me parece que es un grave retroceso en términos de calidad en todo el sistema de protección de los derechos humanos. Las enmiendas 80, 81, 82 y 84, como antes planteaba —lo voy a explicar otra vez, porque da la impresión de que lo he explicado torpemente—, suponen un vaciamiento competencial y un vaciamiento de facto de muchos órganos jurisdiccionales y la concentración en los órganos jurisdiccionales de capital de provincia por acuerdos de sala de gobierno o de consejo, consultada la comunidad autónoma con competencia en materia de justicia. No es que la ley use la expresión «vamos a vaciar por la vía fáctica los partidos judiciales». Estoy explicando que cuando se plantea esa posibilidad de concentración no se trata solo de hacer posible un reparto de trabajo más equilibrado —esa sería una intención loable—, sino que cabe la posibilidad de que esa sea la vía para escoger juez o para concentrar competencias en juzgados de capital de provincial. Espero haber usado ahora un castellano más prístino y haberlo explicado con suficiente claridad.
En relación con la enmienda 87 relativa al artículo treinta y cuatro, en materia de responsabilidad, los reconocimientos de dolo o de culpa por la responsabilidad del juez en su trabajo se tienen que determinar en una sentencia elaborada por un integrante de la carrera judicial. A mí me gustaría recibir algún argumento, porque igual me ilumina, para saber qué tiene de bueno que el dolo o la culpa grave por responsabilidad del juez ya no solo se pueda evaluar en sentencia, sino que a partir de esta ley también se pueda evaluar en una resolución del Consejo General del Poder Judicial. Vuelvo a subrayarlo: me gustaría, si alguien acusara recibo, que me explicaran qué tiene de bueno que hasta ahora solo el juez pudiera evaluar la responsabilidad de un juez en su trabajo y que pudiese ser calificada de dolo o de culpa grave, y que ahora lo pueda hacer el Consejo General del Poder Judicial en una resolución administrativa. Me gustaría que me lo explicaran si lo tienen a bien, en el supuesto de que hayan leído este artículo y sean conscientes de lo que supone su contenido.
Las enmiendas 85, 89, 100, 108, 111 y 112 hacen referencia a asuntos que no estaban en el proyecto que remitió el Gobierno a las Cortes, al Congreso en primer lugar, y que no han podido ser evaluados por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo de Estado ni por la Junta de Fiscales, ni han podido ser evaluados por ninguno de los órganos consultivos.
Respecto a la enmienda 109, me gustaría que me explicasen la fórmula sobre el absentismo y el presentismo laboral que se recoge ahí, porque no entiendo bien qué quiere decir eso. Cuando una persona no trabaja, si está enferma, tiene un certificado que lo acredita, pero si no lo tiene, es un problema de absentismo laboral. Y eso tiene unas consecuencias ya sea personal laboral o personal estatutario sometido a derecho administrativo. En cualquier de los casos, no entiendo esta distinción que se plantea ahí y nuestra enmienda pretende solventarlo.
Así ocurre también con la enmienda 88, en relación con el artículo 39, y con la 96, en relación con el artículo 60. ¿Qué es lo que pretendemos con este conjunto de enmiendas? Pretendemos paliar, en la medida de lo posible, los efectos del texto; intentar buscar una fórmula en las ocurrencias que generan confusión: por ejemplo, para la denominación de «director procesal» usada para el letrado, porque es una expresión absolutamente confusa ─insisto─, que no dice nada y que resulta equívoca para cualquiera que la escuche. Pretendemos, en particular, en cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, razonar el sentido del recurso de revisión y garantizar el sistema de protección que tiene en la actualidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Cuando en alguna de las comisiones del Comité del Consejo de Europa se ha argumentado que existía la posibilidad de que la sentencia no tuviera efecto erga omnes, en general, tanto a las viejas como a las jóvenes democracias, este sistema les ha generado estupefacción. Se ha argumentado como atenuante que en ocasiones alguna sentencia ha generado un impacto muy fuerte y que algunos grupos muy sensibilizados con la materia han querido evitar que se produjera un efecto cascada con quienes se encontraban en la misma situación; obligándoles, por tanto, a ir otra vez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a utilizar ese texto en un posterior recurso de revisión en su país. Pero al intentar cerrar esa posibilidad a quienes han vivido esta realidad hace, como les decía, unos pocos años, se la cierran también a 46 millones de españoles, lo cual me parece un grave retroceso democrático.
Señorías, todas nuestras enmiendas procuran paliar los efectos perniciosos, procuran mantener la calidad del sistema de protección de derechos humanos, tal como lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en la medida de lo posible procuran, cargadas de proposiciones, mejorar el texto. Nosotros no practicamos aquello de que cuanto peor, mejor. Odiamos esa expresión. Siempre que abres la boca para hacer una valoración crítica, has de acabarla con propuestas concretas para cada una de las materias aludidas. Este es el propósito de las enmiendas números 69 a 131 que hemos presentado. Les recuerdo que hemos retirado la enmienda relativa a los eméritos —se lo dijimos antes al presidente y al letrado de la comisión—, porque podrán, con esta fórmula de la jubilación a los 72 años, continuar prestando sus servicios en la actualidad durante dos años. Y, por cierto, a todos ellos quiere agradecerles el Grupo Parlamentario Socialista su trabajo, aunque sea de pasada, señor presidente, y especialmente a la Sala IV que ha enmendado la plana en gran medida, dados los muchos desaguisados que se han planteado en el ámbito laboral. Sé que este último comentario es muy propio de nuestro grupo, pero esa es mi función y la hago con muchísimo gusto.
Finalmente, para defender las enmiendas 371 a 402 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a excepción de las 372, 377 y 393, que ya han sido incorporadas a la ponencia, tiene la palabra el señor Rodríguez Comendador.
Con su venia, las damos por defendidas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Yanguas, ¿va a tomar la palabra? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, señora Iparragirre, ¿va a intervenir? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, señor Guillot, ¿va a hacer uso de la palabra? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, señora Rieradevall, ¿va a intervenir? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arcadio Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, me gustaría, si el ponente tiene la bondad, que me contestase a una pregunta. Querríamos saber por qué no les parece razonable nuestra enmienda número 105, en la que proponemos una adecuación a la Convención Internacional de Personas con Discapacidad y al artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, porque se limita a trasladar específicamente lo previsto en el artículo 59 de dicho estatuto y de lo expresado en la convención referida. No voy a volver a repetir lo que expuse en mi última intervención, pero a mí me gustaría saber cuáles son las razones por las que les parece que la enmienda 70, relativa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, carece de fundamento. Solo quiero saber las razones de su argumentación, para mi información; solo pretendo saber cuáles son los motivos por los que nuestras enmiendas les parecen insensatas, irracionales, no fundadas y no ajustadas a derecho; me gustaría saberlos porque a lo mejor podríamos modificar alguna si nos convencen de que existe un artículo que recoge expresamente lo que aquí hemos planteado y mejora el texto. Pero, francamente, si no nos lo dicen, no podemos saberlo.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz Tejera, me ha parecido entender que se refiere concretamente a las enmiendas 70 y 105.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias por su precisión, señor presidente.
Nosotros hemos presentado las enmiendas 69 a 131. No pretendemos que nos las expliquen todas.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero ahora usted hacía referencia concretamente a esas dos enmiendas.
El señor DÍAZ TEJERA: Sí. No pretendemos que nos den una explicación de todas porque sé que es mucho esfuerzo acusar recibo de todas ellas, pero si, al menos, algunas cuantas pudieran ser explicadas, se agradecería.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Díaz Tejera.
Señor Rodríguez Comendador, tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Señor presidente, yo creía que estábamos en el turno en contra de las enmiendas del Grupo Popular, pero, bueno, parece que el señor Díaz Tejera ha entendido una cosa distinta. (Rumores). No obstante, yo, con el máximo respeto, como siempre, y en orden a la defensa, quiero decirle al señor Díaz Tejera, con todo cariño, que le contestaremos en el Pleno con la argumentación necesaria para dar satisfacción a su curiosidad; sin ningún problema.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Comendador, realmente, este era el turno de portavoces.
El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: ¡Pues, entonces, hemos estado en turno de portavoces!
El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación, vamos a someter a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe.
Finalizada la votación, queda dictaminado por la Comisión de Justicia este Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Procede a continuación, señorías, que designemos el miembro de la comisión que presente el dictamen ante el Pleno del Senado.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, a lo largo de los años que llevo en el Senado, siempre he defendido que sea el presidente de la comisión quien haga tal lectura. Hasta ahora, usted lo ha hecho muy bien; particularmente creo que lo hizo de forma inmejorable en el último Pleno al dedicarle un cariñoso comentario al letrado Juan José Pérez Dobón. Aprovecho la ocasión para subrayar esto y también para darle la bienvenida al nuevo letrado, toda vez que en ocasión anterior solamente le di la bienvenida a su compañera.
El señor ALTAVA LAVALL: Vuelvo a darle nuevamente la bienvenida al señor letrado, puesto que ya se la dimos durante la pasada sesión, y proponemos al señor presidente para presentar el dictamen ante el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías. Así se hará.
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE ESPAÑA EN EUROJUST, LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN, LAS REDES JUDICIALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN EL EXTERIOR. 621/000124 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día: dictamen del Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, con número de expediente 621/000124.
A este proyecto de ley se presentaron veintitrés enmiendas, cuatro de las cuales, las números 13, 14, 15 y 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, fueron posteriormente retiradas.
La ponencia designada en relación con este proyecto de ley ha emitido informe en el que se refleja una corrección técnica en el artículo 18.1.c). Por otra parte, han sido rechazadas el resto de las enmiendas.
Por tanto, señorías, si a ustedes les parece oportuno, pasamos al turno de defensa de las enmiendas. Como saben, las enmiendas que han quedado introducidas en el informe de la ponencia no tienen que ser defendidas.
Para la defensa de las enmiendas números 4 a 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, señora Iparragirre tiene la palabra.
Doy por defendidas las enmiendas que ha presentado mi grupo. Argumentaremos su justificación en el próximo Pleno.
Para la defensa de las enmiendas números 21 a 23, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Guillot.
Para la defensa de las enmiendas números 7 a 12 y 17 a 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Las doy por defendidas y me reservo su argumentación para el Pleno.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 3, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.
No voy a explicar el texto, que es lo que se suele hacer en el Pleno, donde distintos oradores explican el contenido del preámbulo y del articulado, sin entrar ni a conversar ni a responder a lo que han esgrimido otros senadores que previamente han leído el texto, que previamente lo han estudiado y que previamente han dedicado unas cuantas horas a ganarse el pan con su trabajo, preparando las intervenciones que tienen que realizar. Muy al contrario, lo que voy es a argumentar las enmiendas. ¿Qué pretenden las enmiendas? Me gustaría, si lo tienen a bien, que alguien razonase por qué estas enmiendas no son razonables, no son sensatas y no son ajustadas a derecho.
En primer lugar, se plantea, en relación con el miembro, con el sustituto y con el asistente, la posibilidad de que se pueda actuar por delegación, de que se pueda hacer una suplencia por delegación. Con 28 países, en muchas ocasiones el miembro titular puede encargarle una tarea al suplente o puede encargarle una tarea al asistente. A mí me parece que sería el funcionamiento normal de un órgano que representa a España en Eurojust, máxime cuando todo esto va a más. Durante años representé a la Red Judicial Europea en el archipiélago. Fui el punto de contacto de dicho organismo en el archipiélago canario. Y fueron muchos los compañeros, los miembros de la carrera judicial, fiscales o secretarios judiciales, que hicieron consultas. Daba igual: si un ser humano te hacía una consulta, uno, si podía, la evacuaba en el momento, y, si no, pedía tiempo para preparar la respuesta. Pero uno trataba de ayudar y de asesorar porque estamos trabajando para el interés general y el bien público.
Pues bien, como esto va a más, se irán intensificando cada vez más las relaciones entre los que participan en la red judicial, los puntos de contacto, los coordinadores y quienes representan a Eurojust. Porque es por la gravedad de los crímenes, por la sofisticación de sus organizaciones, por los recursos materiales que se usan y porque cada vez se va intensificando más la colaboración judicial —lo que antiguamente se llamaba il terzo pilastro en el ámbito de la Unión Europea— por lo que hemos hecho estas propuestas; unas propuestas que tratan de agilizar con las suplencias por delegación. Esto en relación con el artículo 6.1. Y, en relación con el artículo 7.4, señor presidente, hemos de hablar también de la posibilidad de sustitución en la ciudad de La Haya.
Además, hay un conjunto de propuestas que tienen que ver con las instancias de coordinación ad intra del país. Hasta ahora lo estaba haciendo la Fiscalía General del Estado. A mí me parece que ese es un punto de avance porque la Fiscalía General garantiza la presencia en toda España. Hay autonomía funcional, pero hay unidad de criterio en el funcionamiento del Ministerio Fiscal, que vela por la defensa de la legalidad, por el interés público, por el interés social, por la independencia de los tribunales. A nosotros nos parece que salirse del ámbito de la Fiscalía General y diluirlo en el conjunto de los puntos de contacto por toda la red no supone un avance, máxime cuando ya la Unión Europea valoraba mucho, en la sexta ronda de evaluaciones mutuas que hizo, que no se saliese del ámbito de la Fiscalía General. Fíjense en que todos los textos de las decisiones de la Unión Europea, los de la Ley 16/2006 o los de la Decisión de 2002 o de 2005, desarrollan el artículo 85 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en que todas hablan de las autoridades responsables, usando una expresión genérica. Cada uno de los países usa un modelo distinto. Pero en el caso de España, el modelo que usa es el de la Fiscalía General que en la práctica ha garantizado la bondad de tal funcionamiento. De ahí que en esa sexta evaluación mutua que ha hecho la Unión Europea, España ha dado muy buen resultado con esta fórmula. Yo no tengo inconveniente en ensayar cualquier otra fórmula, en innovar en cualquier campo para que, al menos, tengamos un mínimo de garantías, pero vuelvo a insistir en que en el caso de la Fiscalía General hay un conjunto de propuestas vinculadas al artículo 24 que han sido presentadas por las personas que trabajan en esta red judicial. Les repito que algunas propuestas e iniciativas son de los propios diputados o senadores del Grupo Socialista, pero estas propuestas que giran en torno al artículo 24 han sido elaboradas por las personas que están trabajando en esto, que llevan años trabajando en esto. No se pudieron registrar en plazo en el Congreso, pero sí aquí, por CiU, concentrándolas todas en una de las enmiendas vinculadas al artículo 24.
A mí me gustaría saber cuáles son las razones que se esgrimen para decir que estas cosas que estamos diciendo son insensatas. Yo sé que en la comisión de hoy hay un estado lacónico general y lamento interrumpir el laconismo del silencio; pero a uno le pagan por hacer este trabajo y yo lo hago como mejor puedo hacerlo; y me gustaría recibir argumentos a contrario respecto a estas propuestas que hacemos que nos parecen bastante sensatas y que mejoran lo de Eurojust. Porque, al final, nuestro grupo va a votar a favor, pero las cosas que estamos diciendo no empeoran el texto. Jamás lo empeoran. Lo que intentan es mejorarlo, para que quienes representan a España en Eurojust tengan instrumentos más flexibles, más ágiles y más eficaces, que, insisto, ya han garantizado en la práctica su buen funcionamiento.
No acabo sin antes rendir homenaje a todos los españoles y españolas que están trabajando en esta red judicial, que representan a España en Eurojust y que han tenido, en todas las evaluaciones, un magnífico resultado. Les agradezco, además, sus sugerencias.
Para turno en contra, tiene la palabra don Luis Rogelio Rodríguez Comendador. Adelante, señoría.
Me uno a las expresiones de admiración, respeto y agradecimiento a los funcionarios españoles que trabajan en Eurojust que el senador Díaz Tejera ha pronunciado.
En este turno de palabra haré alusión a alguna cuestión concreta, puesto que el senador Díaz Tejera se ha referido a varios aspectos del proyecto de ley, pero no aludiré en concreto a las enmiendas que ha presentado, a las enmiendas números 1, 2 y 3, que modificarían el artículo 2.1 y la disposición derogatoria única, según tengo entendido. Voy a dejar, con el permiso del señor Díaz Tejera, la argumentación definitiva para el Pleno de la semana que viene. Y, con el mismo respeto que yo le tengo a él, espero que respete mi posición a la hora de decirle que vamos a rechazar las enmiendas presentadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Comendador.
¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Señor Yanguas? (Denegaciones).
¿Grupo Parlamentario Vasco? ¿Señora Iparragirre? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.
Mi grupo considera una pretensión loable adaptarnos a las decisiones del Consejo Europeo sobre Eurojust. Les recuerdo que lo que se pretende es reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, el intercambio de información y la cooperación sobre delitos de terrorismo, máxime en los tiempos en los que estamos viviendo. Anunciamos que vamos a votar a favor del informe de la ponencia debido a la necesidad de este proyecto. Aun así entendemos —me uno a lo manifestado por el senador Díaz Tejera— que se deberían tener en cuenta las aportaciones de los demás grupos, ya que este texto, aunque estemos casi todos a favor, es mejorable, por lo que se debería votar a favor de algunas de las enmiendas, si no de todas, o transaccionarlas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rieradevall.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz Tejera, tiene la palabra.
Don Luis, como usted sabe, yo a usted no solo le respeto, sino que le aprecio personalmente. Eso ya se lo he expresado mil veces en privado y en público. Pero, permítame que, al menos, manifieste una cierta decepción, porque yo, y con esto que digo no quiero ofenderle, no tengo ninguna voluntad de hacerlo, y si así lo siente usted le pido disculpas ad preventium, antes de decirlo, a esto le dedico mucho tiempo, muchas horas. Antes de ser senador me dedicaba a esto y cuando deje de ser senador volveré a dedicarme a esto, porque yo no soy rico de familia y me gano el pan aquí haciendo discursos y enmiendas, y fuera de aquí, dando clases y haciendo sentencias. Esto lo he currado mucho y que nunca acusen recibo de un solo argumento ni de una sola enmienda es decepcionante. Sí, al final uno se queda con la sensación de decepción, porque la comisión es para parlamentar, para ver cómo mejoramos los textos y yo me lo creo; yo me creo esto y le dedico toda la pasión del mundo. Le pongo un ejemplo concreto, don Luis. Lo que le he dicho, que se pueda delegar, es una cosa absolutamente razonable en el funcionamiento normal de una institución; y en La Haya lo mismo, en La Haya o en cualquier otro lugar de la Unión Europea.
Y le digo algo más; echemos una mirada a lo que se dijo en el Congreso. ¿Sabe usted qué propuesta hacían allí? Que cuando el Gobierno tuviese el criterio de nombrar a una persona para representar a España en Eurojust que fuera a la comisión del Congreso para evaluarla. Nosotros aquí hemos planteado que lo hagan la comisión del Congreso y la del Senado o si se quiere una comisión que sea un híbrido de la comisión del Congreso y de la del Senado, una comisión mixta para evaluar tales nombramientos. ¿Por qué razón? Porque nos parece que las dos cámaras deben evaluar a estas personas que van a representar a 46 millones en cualquier lugar, en este caso en Eurojust.
No nos parece —cómo decirlo con todo cariño— una cosa alejada de la realidad plural de nuestro país que a las cosas que hagamos en las Cortes se les dé traslado. Yo no digo que participen en la evaluación de los candidatos, yo no estoy diciendo eso; estoy diciendo que las cosas que hagamos en las Cortes Generales se remitan a los parlamentos autonómicos para que tengan conocimiento. ¿Pero cuál es el problema? Si solo hay que darle a una tecla a un ordenador e imprimir, y si no se quiere papel, se hace por correo electrónico. Son propuestas absolutamente racionales; como racional es lo que les acabo de explicar sobre la Fiscalía General del Estado, que en la práctica, don Luis, esta institución ya ha acreditado su funcionamiento en el conjunto de España, porque tiene un buen sistema de comunicación, tal es así que la Unión Europea ha evaluado positivamente, en la sexta ronda de evaluación, a España, a este sistema de coordinación de la Fiscalía General del Estado.
Lo que se propone ahora en el texto es una fórmula mucho más dispersa. Creo que son 5351 los integrantes de la carrera judicial. Ahora no tengo el número exacto de integrantes de la carrera fiscal. ¿No les parece a ustedes razonable que la Fiscalía General del Estado sea la vía de comunicación? A los que integran la carrera judicial les insisto en que en la escuela judicial no te dicen que tú eres representante del Poder Judicial. Esto es falso. Lo que te graban a fuego es que tú eres cachito, parte, alícuota parte del Poder Judicial. Cada uno está entrenado en lo que es la independencia a la hora de redactar, de expresar su criterio. Tiene que conocer los criterios del Supremo, pero no está obligado a respetarlos y eso es una cosa que yo creo que habría que modificar. Esto es más un debate de la ley anterior y el presidente me puede llamar la atención; no obstante, nosotros planteamos, cuando estaban previstos los plenos no jurisdiccionales, una enmienda que decía que no hacía falta esperar a que hubiese disparidad de criterios entre los magistrados integrantes de una sala o de una sección, que se podía reunir para tomar decisiones conjuntas aunque no hubiese disparidad, tan solo para unificar criterios básicos. Luego cada uno es libre e independiente en su momento de redactar la sentencia, pero si se aparta de un criterio establecido, tiene que razonar por qué.
Que nos planteamos que la fiscalía general sea quien canalice esto nos parece que es algo bueno que ha acreditado su bondad en la práctica; no es mi evaluación, sino la evaluación que han hecho los países integrantes de la Unión Europea en la sexta ronda de evaluaciones mutuas y por eso es por lo que argumentamos. No es que yo le falte a usted al respeto; solo me resulta decepcionante no escuchar ningún argumento en contra de este conjunto de razones que esgrime el Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Comendador.
El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Por alusiones, señor presidente, le pido un minuto nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted turno.
El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: No, el turno lo hará el portavoz.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por alusiones.
El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Señor Díaz Tejera, igualmente le he demostrado a usted siempre mi respeto personal, dentro y fuera de la Cámara. Lo mismo que usted, yo, cuando salga de esta maravillosa ciudad de Madrid y del Senado, tendré que ponerme la toga para volver a ejercer y esperar, no como usted, que algún juez dicte la sentencia adecuada de mi pretendido y de mi patrocinado. Como tampoco soy rico por familia, estaré en las mismas condiciones que usted. Además, le digo que no se preocupe, que el día del Pleno tendrá puntual contestación a todas y cada una de sus pretensiones. Tenga usted por seguro que se la haré llegar de la mejor manera posible.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Comendador Pérez.
Para finalizar, tiene la palabra don Mario Arias Navia, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ARIAS NAVIA: Gracias, señor presidente.
Anuncio que nosotros vamos a votar a favor del informe de la ponencia. Como todos ustedes saben, Eurojust se creó en 2002 mediante la Decisión del Consejo 2002/187, con el objetivo, como muy bien decía la portavoz de Convergència, de reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia. Esta Decisión se incorporó a nuestro ordenamiento con la Ley 13/2006, que regula actualmente el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. En 2008, mediante otra Decisión, la 2009/426, se modificó para reforzar Eurojust con la intención de profundizar en la operatividad y aproximar lo más posible el estatus de los distintos miembros nacionales, garantizando un mínimo común en lo que a competencias y poderes se refiere. Por lo tanto, nuestro voto es favorable, como no podía ser de otra manera, porque queremos cumplir el objetivo que tenemos: la trasposición de la norma europea antes mencionada al ordenamiento jurídico español e incorporar las novedades que afectan a Eurojust y sus relaciones con las autoridades nacionales competentes. Además, esta ley incorpora las previsiones contenidas en la decisión marco 2009/948 sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales.
En lo esencial, hay que decir también que esta ley sigue el modelo establecido por la ley de 2006, que permitió y permite que la imagen de la delegación española en Eurojust sea muy positiva. Pero pese a ser continuista, en lo que se refiere al modelo, hace ajustes, adapta la regulación de Eurojust a la normativa europea y a la realidad actual de la cooperación judicial internacional de las redes de cooperación judicial internacional y de los magistrados de enlace, regula los conflictos de jurisdicción, regula el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, y remite al desarrollo reglamentario la concreción del régimen jurídico que deba aplicarse.
Por estos motivos, y en aras de que se mantenga el diálogo —en el turno portavoces del Pleno nos extenderemos como es menester— para conseguir mejorar este proyecto de ley, anuncio o reitero nuestro voto favorable a este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias.
Finalizado el debate, vamos a proceder a votar el texto propuesto por la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 1.
Finalizada la votación, queda dictaminado por la Comisión de Justicia el proyecto de ley por el que se regula el estatuto de miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior.
También, señorías, habrá que nombrar a la persona representante de esta comisión que presente el dictamen en el Pleno.
Señor Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, como antes dije, es tradición del Grupo Socialista pedir que sea el presidente quien lo haga. Y vuelvo a reiterar que usted hasta ahora lo ha hecho bien, pero en el último Pleno lo hizo magníficamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Lo recordaré, señor Díaz Tejera.
Tiene la palabra el señor Altava.
El señor ALTAVA LAVALL: El Grupo Parlamentario Popular propone al presidente.
Señorías, así se hará.