Source: https://it.scribd.com/document/28990573/DERECHO-PROCESAL-Sistema-Procesal-Alvarado-Velloso-Adolfo-Tomo-2
Timestamp: 2020-06-05 19:35:33
Document Index: 19684699

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 15', 'artículo 37', 'in dubio', 'in dubio', 'e contrario']

DERECHO PROCESAL - Sistema Procesal - Alvarado Velloso, Adolfo - Tomo 2 | Verdad | Inquisición | Prova gratuita di 30 giorni | Scribd
SISTEMA PROCESAL ADOLFO ALVARADO VELLOSO SISTEMA PROCESAL GARANTÍA DE LA LIBERTAD Tomo II R.UBIN2AL - C U I Z O N I EDITORES Talcahuano 442 - Tel. (011) 4373-0544 - C1013AAJ Buenos Aires Salta 3464 - Tel. (0342) 455-5520 - S3000CMV Santa Fe Adolfo Alvarado Velloso Sistema procesal - 1 * ed. - Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2009 v. 2, 608 p.; 23 x 16 cm ISBN 978-950-727-981-2 1. Derecho Procesal. CDD 347.05 RUBINZAL - CULZONI EDITORES de RUBINZAL Y ASOCIADOS S. A . Talcahuano 442 - Tel. (0
SalvaSalva DERECHO PROCESAL - Sistema Procesal - Alvarado Vel... per dopo
Lecciones de Derecho Procesal Civil - Adolfo Alvarado Velloso
GARANTÍA DE LA LIBERTAD
R.UBIN2A L - CUIZON I
Talcahuano 442 - Salta 3464 -
Tel. (011) 4373-0544 - Tel. (0342) 455-5520 -
C1013AAJ Buenos Aires S3000CMV Santa Fe
Sistema procesal -1 * ed. - Santa Fe: Rubinzal-Culzoni,
v. 2, 608 p.; 23 x 16 cm
ISBN 978-950-727-981-2
1. Derecho Procesal. CDD 347.05
de RUBINZAL Y ASOCIADOS S. A .
Talcahuano 442 - Tel. (011) 4373-0544 - C1013AAJ Buenos Aires
LA CONFIRMACIÓN PROCESAL 1
1. El concepto y su relación con el vocablo prueba
2. Los problemas filosóñco-politicos de la confirmación procesal
2.1. Política legislativa en cuanto a la confirmación procesal
2.2. Actividad del juzgador en la etapa confirmatoria
3. Los problemas técnicos de la confirmación procesal
3.1. Objeto (qué puede ser confirmado)
3.2. Tema (qué debe ser confirmado)
3.3. Fuente (de dónde se extrae la confirmación)
3.4. Incumbencia (quién debe confirmar): sistemas
3.5. Medios (cómo se confirma) En general
3.5 1.1.
3.5.,1.2. Acreditación
3.5.1.2.1. Instrumento
3.5.1.2.2. Documento
3.5.1.2.3. Monumento
3.5,.1.4.
3.5.1.4.3. Peritaje de opinión
3.5.1.4.4. Testimonio
3.5.1.4.5. Indicio y presunción
3.5.2.1. "Prueba" de confesión
3.5.2.1.1. Requisitos
1 Este Capítulo ha sido ya publicado con algunas variantes en el libro La prueba judicial (algunas reflexiones críticas sobre la confirmación procesal) por Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2006, y por Editorial furis, Rosario, Argentina, 2008.
3.5.2.1.2. Retractación
3.5.2.1.3. Valoración judicial
3.5.2.1.4. Absolución de posiciones
"Prueba" de
3.5.2.2.2. judicial
"Prueba" de peritos
"Prueba" de testigos
3.5.2.5.1.
"Prueba" de indicios y presunciones
3.5.2.6.1.
"Prueba de inspección
ocular"
3.5.2.7.1.
3.6. (cuándo se confirma)
Subetapa de
Subetapa de aceptación
Subetapa de admisión
Subetapa de producción
3.7. Etapa de alegación
3.7.1. Evaluación por las partes
3.7.2. Evaluación por el juzgador
3.7.2.1. Sistema tasado
3.7.2.2. Sistema convictivo
i. E L CONCEPTO DE CONFIRMACIÓN Y SU
Al igual que otras muchas palabras que se utilizan habitualmente en el Derecho, el vocablo prueba también ostenta carácter multívoco y, por tanto, causa equivocidad al intérprete y extraordinaria perplejidad al estudiante.
En efecto: si castizamente el verbo probar significa examinar las cuali- dades de una persona o cosa y su resultado es demostrar la verdad de una proposición referida a esa persona o cosa - y a salvo su tercera acepción vulgar de justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de una cosa, con razones, instrumentos o testigos- parece que es, al menos, excesiva la extensión que desde antaño se ha dado en el derecho a la palabra prueba. Y así, se la usa con diversos significados que muestran entre sí claras diferencias sustanciales que no pueden ser toleradas por la inteligencia media.
Una rápida visión panorámica por la doctrina autoral nos muestra que hay quienes le asignan a la palabra prueba un exacto significado cien- tífico {aseveración incontestable y, como tal, no opinable), en tanto que muchos otros -ingresando ya en el campo del puro subjetivismo y, por ende, de la opinabilidad- hablan de:
- acreditación (semánticamente es hacer digna de crédito alguna cosa), y de
- verificación (es comprobar la verdad de algo), y de
- comprobación (es revisar la verdad o exactitud de un hecho), y de
- búsqueda de la verdad real, de certeza (conocimiento seguro y claro de alguna cosa), y de
- convicción (resultado de precisar a uno, con razones eficaces, a que mude de dictamen o abandone el que sostenía por convencimiento logrado a base de tales razones; en otras palabras, aceptar una cosa de manera tal que, racionalmente, no pueda ser negada), etcétera. En estas condiciones, haciendo un uso extensivo del vocablo que, así, resulta omnicomprensivo de muchos significados que ostentan dife- rencias de matices que se exhiben tanto sustanciales cuanto levemente sutiles, los códigos mezclan el medio (y el resultado) de la prueba pe- ricial, por ejemplo, con el medio confesional, el documental con el testimonial, etcétera, y -para mayor confusión- no otorgan paralela- mente al juzgador reglas claras para efectuar una adecuada valoración acerca de lo que en realidad puede obtenerse como resultado confiable con cada uno de tales medios, que se muestran siempre harto disímiles entre sí. Insisto en ello: la experiencia judicial enseña que la confesión ha dejado de ser la prueba por excelencia: ¡cuántos padres asumen la autoría de delitos cometidos por sus hijos, confesándola espontáneamente para salvarlos de una segura prisión que admiten cumplir por amor o como deber emergente de la paternidad! 2 O, inmoralmente, ¡cuántas personas aceptan ir a la cárcel por dinero que le abonan los verdaderos autores de los delitos imputados y que aquéllas confiesan haber cometido en homenaje a concretar un vil negocio! 3
2 Personalmente, conozco más de un caso en que así ocurrió.
3 Varios son los casos de los que informa la historia de la mafia estadounidense.
Y con estos ejemplos de rigurosa actualidad, ¿puede decirse seriamente
que esta "prueba" es segura a tal punto de erigirse en la más eficaz de
todas las "pruebas" (la probatio
El derecho procesal penal acepta desde hace ya muchos años que la confesión no es un medio de prueba -cual lo sostienen alegremente
todos los procesalistas civiles- sino un medio de defensa que puede o no esgrimir el imputado a su exclusiva voluntad Otro ejemplo de la relatividad del "medio probatorio" puede verse en
el testimonio de terceros: ¿hay algo más cambiante y menos convincente
que la declaración de un tercero procesal que muchas veces se mues-
tra teñida de clara o de velada parcialidad? O, sin llegar a ello, sujeta
a un cúmulo de imponderables que resultan por completo ajenos al
juzgador?
probatissima) 7 .
Para demostrar tal relatividad, recuerdo que en el año de 1880, el co-
dificador procesal
davía vigente: "La admisibilidad de la prueba testimonial no puede ser
objeto de controversias. Los jueces deberán decretar siempre el examen
de los testigos, sea cual
¿Y qué decir de la tan fácilmente posible adulteración de documen-
tos escritos o de registraciones fotográficas o visuales, de fotocopias,
Argentina- legisló en norma to-
de Santa Fe -e n la
fuere su opinión al respecto" 5 .
Como se ve, el tema es de la mayor importancia y exige una adecuada explicación.
En el plano de la pura lógica, cuando una afirmación cualquiera (el cielo es azul, por ejemplo) es contestada (negada: por ejemplo, el cielo no es azul) por alguien, pierde de inmediato la calidad de verdad de- finitiva con la cual pudo ser expresada y se convierte, automáticamente, en una simple proposición que requiere ser demostrada por quien desea sostenerla 6 .
4 Lamentablemente no puede decirse lo mismo en el campo del litigio civil, pues allí se mantiene -claro que inconstitucionalmente en algunos países, como luego se verá- la confesión provocada por medio de la absolución de posiciones.
5 ¡Cómo estaría de desprestigiada esta prueba que fue menester ordenarle a los jueces desde la propia ley que no juzgaran acerca de su bondad antes de disponer su pro- ducción!
6 Eso es, precisamente, una tesis y una antítesis.
Dados los alcances de la ciencia actual, no puede escapársele al lector que, por otra parte, existen afirmaciones científicas definitivamente in- contestables: por ejemplo, la existencia de la ley de gravedad, la rotación del planeta alrededor del sol, etcétera 7 .
Adviértase que si se lanza un objeto hacia el cielo, por ejemplo, ine- xorablemente caerá: una o un millón de veces (en rigor, tantas veces cuantas se arroje el objeto). Esto permite la formulación de una ley física cuya existencia se probará siempre, en todo tiempo, en todo lugar y por toda persona, sin admitir jamás la posibilidad de la existencia de opiniones encontradas acerca de ella. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si se desea verificar el movimiento de la Tierra: Galileo Galilei ya no podría tener contestatarios
7 Cuántas cosas se han superado después de la absurda muerte de Giordano Bruno, mártir de la libertad ideológica, sacrificado por el oscurantismo medieval en el año de 1600 y en el Campo deifwri, por desconocer y contradecir la afirmación de Tolomeo
que, repitiendo la teoría aristotélica, sostenía que la Tierra era el centro del universo
y que un ángel la hacía girar sobre su propio eje cada veinticuatro horas y a su alrededor daban vueltas el sol y los demás planetas entonces conocidos. El delito de Bruno, por el cual fue condenado por la Santa Inquisición, consistió en sostener que el Sol era el
8 En el año de 1633, el gran catedrático de matemáticas de la Universidad de Padua fue juzgado por el Tribunal de la Inquisición -convertido a la sazón en el grande y máximo defensor de la fe- por haber sostenido fundadamente la revolucionaria tesis que ya había sostenido el polaco Copérnico, otra vez en franca contradicción de la tesis de Tolomeo.
Vale la pena leer el reconocimiento de su error por parte de Galileo, pues ello posibilita la plena comprensión del problema que estoy relatando y que ya he mencionado lar- gamente y con detalle en mi librito Garantismo procesal contra actuación judicial de oficio (Tirant lo Blanch, Valencia, 2005). Resta agregar que fue firmado de rodillas en el gran salón de la Inquisición y en presencia de todos los Cardenales del Santo Oficio, gracias a lo cual se le perdonó la vida y sólo se le condenó a tres años de reclusión y
a rezar una vez a la semana los siete salmos penitenciales. El texto con el que cuento de ello es el siguiente:
"Yo, Galileo Galilei, hijo del difunto Vincenzo Galilei, florentino, de edad de setenta años,
comparezco ante este Santo Tribunal y de rodillas ante Vuestras Eminencias [
] juro que
siempre he creído, creo y, con la ayuda de Dios, creeré en el futuro todo lo que sostiene la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Mas, dado que tras una prohibi- ción absoluta que me fue impuesta judicialmente por este Santo Oficio para que aban- donara por completo la falsa opinión de que el Sol es el centro del mundo y permanece inmóvil mientras la Tierra no se halla en el centro y se mueve, y para que no defendiera
y enseñara de ningún modo, ni de palabra ni por escrito, dicha doctrina, y tras serme
notificado que esa doctrina era contraria a las Sagradas Escrituras, yo escribí e hice
En ambos casos, hay una prueba científica acerca de la proposición. Compare ahora el lector estos resultados definitivamente incontestables con el que arrojan cuatro testimoniales acerca de un mismo hecho: la
experiencia judicial demuestra hasta el hartazgo que, aun si los testigos obran de buena fe, darán versiones distintas y, muchas veces, claramente antagónicas (recuerde el lector la magnífica obra de Marco Denevi Rosaura a las 10 9 y comprobará cuan exacta es esta afirmación).
Y es que, además de que cada testigo es él y sus propias circunstancias
(su salud, su cultura, su educación, su inteligencia, su agudeza mental
y visual, su poder de observación, etcétera), resulta que un testigo puede ver un hecho desde un ángulo diferente al que ocupa otro para ver el mismo hecho (esto es corriente en el ámbito judicial cuando -desde cuatro esquinas de una misma bocacalle, por ejemplo- cuatro personas presencian un accidente de tránsito. Interrogadas testimonialmente al respecto, presentarán siempre versiones que pueden ser muy diferentes
y que -esto es importante de destacar- pueden ser todas reales aunque luzcan antagónicas.
imprimir un libro en el que discutía esa doctrina ya condenada, y aduzco en su favor argumentos de mucha fuerza, sin ofrecer a la vez su refutación, y por esta causa el Santo Oficio me ha declarado vehemente sospechoso de herejía (¡otra vez la sospecha vehemen- te\), es decir, de haber sostenido y creído que el Sol está en el centro del universo e inmóvil y que la Tierra no está en el centro y se mueve. Por eso, como deseo borrar de las mentes de Vuestras Eminencias y de las de todos los cristianos creyentes esta grave sospecha, que razonablemente habéis concebido contra mí, con sincero corazón y no fingida buena fe, abjuro de los errores y herejías dichos, y los maldigo y detesto, como en general a todas las demás sectas que de algún modo sean contrarias a lo que dice la Santa Madre Iglesia, y juro que en el futuro jamás volveré a decir ni a afirmar nada que pudiera dar origen a similares sospechas. Al contrario, lo denunciaré ante este Santo Oficio o al Inquisidor Ordinario del lugar. Además, juro y prometo cumplir y observar en su integridad cuantas penitencias me sean impuestas y cualesquiera otras que se me impongan por este Santo Oficio. Así Dios me ayude y estos Santos Evangelios que con mi man o toco. Yo, Galileo Galilei, he abjurado, jurado y prometido obligándome a lo que arriba digo y, en prueba de la verdad de ello, con mi propia mano suscribo el presente documento de mi abjuración, que he recitado palabra por palabra en Roma, en el Convento de Santa María Supra Minerva, en este día del 22 de junio de 1633".
La historia cuenta que, al retirarse del lugar y visiblemente alterado por lo que acababa de hacer, golpeó el piso con su pie y exclamó: ¡eppure, si muove! (¡Y, si embargo, se mueve). 9 La novela está diagramada sobre la exclusiva base de distintos testimonios, ninguno de los cuales concuerdan entre sí.
Y es que son -subjetivamente reales, toda vez que en tanto uno vio el choque desde el norte, por ejemplo, otro lo vio desde el sur. Y parece obvio señalar que, en tales circunstancias, ambos testigos vieron de verdad cosas realmente diferentes.
Esta enorme diferencia conceptual existente entre los diversos "medios de prueba" hace que la más moderna doctrina se abstenga de utilizar dicha palabra prueba y prefiera el uso del vocablo confirmación (significa reafirmar una probabilidad): en rigor, una afirmación negada se con- firma con diversos medios que pueden generar convicción (no certeza o crédito) a un juzgador en tanto que no la generan en otro.
De tal modo, no necesariamente se confirma siempre con prueba cien- tífica (o prueba propiamente dicha) que no admite opinabilidad alguna.
Ya se verá más adelante cuántas implicaciones técnicas tiene la adopción de la palabra confirmar, dándole a ella el amplio sentido que en el derecho ha tenido hasta ahora la palabra probar.
2. LO S PROBLEMAS FILOSÓFICO-POLÍTICOS
Varios y disímiles son los problemas que muestra el tema cuando se pretende conocerlo en toda su extensión.
El primero de los principales de ellos -filosóficamente, el más impor- tante y, políticamente, el más contradictorio- tiene que ver con la asig- nación del papel que le toca cumplir al juzgador respecto de la actividad de confirmar los hechos: se trata de determinar a priori -desde la propia ley- cuál debe ser su actuación procesal en cuanto a la búsqueda y captación de los hechos litigiosos.
El segundo de los problemas aludidos tiene que ver con los deberes y
facultades que los jueces deben o pueden ejercitar durante el desarrollo
2.1. LA POLÍTICA LEGISLATIVA
EN CUANTO A LA CONFIRMACIÓN
Analizando la actividad que debe cumplir el juzgador en la etapa con-
firmatoria
(o probatoria, en el lenguaje habitual), la doctrina y las di-
ferentes leyes han establecido parámetros muy disímiles en orden a la filosofía que inspira al legislador de una normativa dada.
En otras palabras: son distintas las respuestas que pueden darse en cuanto a la tarea que debe cumplir el juzgador en la etapa confirmatoria, debatiéndose acerca de si le toca:
- verificar los hechos, o bien si debe
- comprobarlos, o
- acreditarlos, o
- buscar la certeza de su existencia o
- la verdad real de lo acontecido en el plano de la realidad o, más sim- plemente,
- contentarse con lograr una mera convicción acerca de los hechos con- trovertidos en el litigio (advierta el lector la correspondencia existente entre estas posibles actividades y las referencias efectuadas en cuanto al concepto de prueba en el número anterior).
Por cierto, entre cada una de tantas inocentes palabras -que se presentan como equipolentes en el lenguaje diario- existe diferencia sustancial.
En rigor, un mundo de distancia que separa inconciliablemente a quie- nes practican el autoritarismo 10 procesal (clara muestra de totalitarismo político) -que los hay, y muchos- de quienes sostienen que el proceso no es medio de control social o de presión sino que es garantía de libertad en un plano constitucional.
Esta separación conceptual no es novedosa, ya que tiene profundas raigambres en la historia, tanto antigua como reciente. En la actualidad, los bandos antagónicos se hallan claramente configurados: por un lado, existe una decidida vocación popular (claro producto de la inseguridad reinante en nuestros países) -sostenida por numerosos medios de infor- mación 1 1 - que pregona la necesidad de actuar de inmediato y de castrar
1 0 Se entiende por autoritario lo que se funda o apoya exclusivamente en la autoridad. Pero también refiere al que abusa de su autoridad o la impone a todo coste. De donde
que menciona al abuso de autoridad o a la existencia de sumisión
total a ella. 1 1 Convertidos hoy en jueces definitivos de las conductas de los hombres al amparo de la notable ineficiencia del Poder Judicial, cuyos pronunciamientos, además, condi- ciona gravemente.
viene autoritarismo,
al violador, matar al homicida, cortar la mano del ladrón, aumentar las penas de los delitos de moda, vedar toda excarcelación, etcétera.
Esta posición filosófica se conoce en el derecho penal con la denomi- nación de solidaria, generadora del solidarismo penal 12 y éste, a su turno, del solidarismo o decisionismo 13 procesal, y se caracteriza por la tendencia doctrinal que procura denodadamente que los jueces sean cada más activos, más viriles (en el decir de algún estudioso), más comprometidos con su tiempo, con la Verdad y con la Justicia.
En contra de esta posición existe otra línea doctrinal aferrada al man- tenimiento de una irrestricta vigencia de la Constitución y, con ella, de la del orden legal vigente en el Estado en tanto ese orden se adecué en plenitud con las normas programáticas de esa misma Constitución.
En otras palabras: los autores así enrolados no buscan a un juez com- prometido con persona o cosa distinta de la Constitución, sino a un juez que se empeñe en respetar y hacer respetar a todo trance las ga- rantías constitucionales.
A esta posición filosófica que se muestra antagónica con el solidarismo procesal (no quiere ni admite castrar ni matar ni cortar la mano de
nadie sin el previo y debido proceso legal) se le da el nombre de
o libertaria (por oposición a la antagónica, claramente
1 2 Se entiende por ser solidario el mostrar o prestar adhesión o apoyo a una causa ajena, idea de la cual surge el solidarismo, considerado como una corriente destinada a ayudar altruistamente a los demás. La idea se ha impuesto hace años en el derecho penal y, particularmente, en el derecho procesal penal, donde existen autores y nume- rosos jueces animados de las mejores intenciones que, solidarizándose con la víctima de un delito, tratan de evitarle a ella un estado de revictimización que podría operar, por ejemplo, con sólo enfrentarla al victimario. Este movimiento doctrinal y judicial se ha extendido también hacia los procesalistas que operan en el campo de lo civil, donde ha ganado numerosos y apasionados adeptos. Reconozco que la idea y la bandera que ellos despliegan son realmente fascinantes: se trata -nada menos- que de ayudar al débil, al pobre, al que se halla mal o peor defendido, etcétera. Pero cuando un juez adopta esta postura en el proceso no advierte que, automáticamente, deja de lado lo que siempre ha de ser irrestricto cumplimiento de su propio deber de imparcialidad. Y, de esta forma, vulnera la igualdad procesal. 1 3 Se entiende por decisionismo el movimiento formado por ciertos jueces solidaristas que resuelven los litigios que les son presentados por los interesados a base exclusiva de sus propios sentimientos o simpatías hacia una de las partes, sin sentirse vinculados con el orden legal vigente.
No se me escapa que las banderas que levanta el solidarismo (la Justicia,
la Verdad, el compromiso del juez con su tiempo, con la sociedad,
etcétera) ganan adeptos rápidamente, pues, ¿quién no quiere la Justicia? ¿Quién no quiere la Verdad?
Pero no se trata de abandonar o sustituir esas banderas para siempre sino -así de simple- de no colocarlas por encima de la Constitución (ruego recordar que los códigos procesales nazi, fascista y comunista soviético pretenden un juez altamente comprometido con la filosofía
política imperante en el gobierno del Estado. Y ruego también recordar
en qué y cómo terminaron los países que todo ello proclamaban )
Recuerde el lector que la Inquisición española, por ejemplo, procurando
la Verdad y con la confesada vocación de hacer Justicia a todo trance,
institucionalizó la tortura como adecuado método para lograr los fines que se propusiera
El garantismo procesal no tolera alzamiento alguno contra la norma
fundamental (que, en el caso, prohibe la tortura en cualquiera de sus manifestaciones); por lo contrario, se contenta modestamente con que
los jueces -insisto que comprometidos sólo con la ley- declaren la certeza
de las relaciones jurídicas conflictivas otorgando un adecuado derecho de defensa a todos los interesados y resguardando la igualdad procesal con una clara imparcialidad funcional para, así, hacer plenamente efec-
tiva la tutela legal de todos los derechos y lograr a la postre el man- tenimiento de la paz social.
Y ello, particularmente en el campo de lo penal, pues las garantías
constitucionales son como el sol, que sale para todos. Muy especial-
mente, para quienes
Como se ve, el tema es el reflejo actualizado del antiguo enfrentamiento
de dos sistemas antagónicos de enjuiciamiento: inquisitivo y dispositivo,
más las necesitan: los
sometidos a juzgamiento
1 4 Hay autores que ironizan con esta afirmación y me imputan que, con ella, pretendo instaurar la mentira y la injusticia en el proceso. Nada más alejado de la realidad. Lo que afirmo es que el juez, por buscar el valor puramente subjetivo de la justicia -que siempre ha de procurar- no debe dejar de cumplir la fundamental función que deben realizar todos los jueces, que consiste en tutelar efectivamente los derechos prometidos en la Constitución y en la Ley y, con ello, posibilitar el mantenimiento de la paz en la convivencia social.
que sigue vigente en forma inexplicable y con visos de no mejorar, al menos en el campo del derecho procesal civil.
En efecto: reitero acá que los procesalistas civiles sostienen cada día más denodadamente la necesidad de dotar al juez de mayores poderes
instructorios; a tal punto que se ha llegado al glorioso extremo de sos- tener, algún autor, la irrelevancia del debate procesal cuando al juez actuante -sin escuchar previamente a aquel contra quien se dirige la pretensión (¿!) y que ha de sufrir de inmediato los efectos de la res- pectiva orden dirigida contra él- le parece que quien pretende tiene di-
rectamente la razón (
Y por ello, aconsejan doctrinalmente otorgársela sin más (por ejemplo, en lo que denominan como medidas autosatisfactivas, que serán opor- tunamente objeto de otro estudio).
En cambio, los procesalistas penales -que trabajan con la vida, el honor y la libertad de las personas (y no sólo con sus patrimonios)- exigen cada día con más fuerza ¡que se retacee desde la ley toda posibilidad de actividad probatoria en el juez!
En fecha relativamente reciente -1998 - ha comenzado la vigencia de un nuevo código procesal penal en la Provincia de Buenos Aires (Ar- gentina) que, enrolado en un claro sistema acusatorio ¡prohibe bajo pena de nulidad que el juez decrete oficiosamente medios de confirmación]
Extraño movimiento conceptual éste que muestra un exótico cruza- miento filosófico doctrinal: en tanto se pretende penalizar cada vez más al proceso civil, se civiliza cada vez más el proceso penal }
habla de la existencia de indicios
LA ACTIVIDAD DEL JUZGADOR EN LA ETAPA CONFIRMATORIA
El tema merece una aclaración previa: en toda esta obra, el capítulo que aquí desarrollo es el que mejor permite explicar cómo se ha llegado a una situación de crudo enfrentamiento doctrinal, toda vez que ahora
1 5 ¿Cómo puede comprender este desfase un alumno de Derecho? ¿Cómo explicarle que el juez de lo penal, que maneja derechos no disponibles, no puede salir a probar a favor de una de las partes en tanto que el juez de lo civil, que habitualmente sí maneja derechos disponibles, no sólo puede sino que debe salir a probar a favor de una y en contra de otra de las partes procesales*. ¿No se ve que esto, además de ilegítimo, es absolutamente esquizofrénico?
cabe definir y ampliar o limitar la actividad de los jueces en cuanto a
la tarea de confirmar
Para que se entienda cabalmente el tema, es menester recordar muy brevemente la historia de los sistemas de enjuiciamiento que ya he explicado en otra oportunidad 1 6 .
Durante casi toda la historia del Derecho -en rigor, hasta la adopción irrestricta del sistema inquisitivo como perverso método de enjuicia-
miento, admitido políticamente y justificado filosófica y jurídicamente durante casi ¡seiscientos años!- se aceptó en forma pacífica y en todo
el universo entonces conocido que al juzgador -actuando dentro de
un sistema dispositivo- sólo tocaba establecer en su sentencia la fijación de los hechos (entendiéndose por tal la definición de aquellos acerca de los cuales logró durante el proceso la convicción de su existencia, sin que preocupara en demasía a este sistema si los así aceptados coincidían exactamente con los acaecidos en el plano de la realidad social) y, luego, aplicar a tales hechos la norma jurídica correspondiente a la pretensión deducida.
La irrupción del sistema inquisitivo generó entre sus rápidamente nu-
merosos partidarios una acerba crítica respecto de esta posibilidad
no coincidencia entre los hechos aceptados como tales en el proceso y los cumplidos en la realidad de la vida social.
Y ésta fue la causa de que la doctrina comenzara a elaborar larga dis-
tinción entre lo que los autores llamaron la verdad formal (la que surge de la sentencia por la simple fijación de hechos efectuada por el juez a base de su propia convicción) (específica del sistema dispositivo) y la verdad real (la que establece la plena y perfecta coincidencia entre lo
sentenciado y lo ocurrido en el plano de la realidad) (propia del sistema inquisitivo pues, a la postre, antaño se sabía que la verdad era fuente
de poder y eficiente instrumento
procesalmente.
de dominación) 1 7 .
Ver Capítulos 3 y 4.
1 7 Últimamente, distinguido docente de Derecho Penal -Ricardo Juan Caballero, La justicia inquisitorial (Ariel Historia, 2003)- ha efectuado interesante aporte a la ciencia procesal, al intentar desentrañar el auténtico sentido histórico de la palabra real cuando adjetiva al sustantivo verdad. Utilizando al efecto una óptica diferente a la tradicional, afirma él que en tiempos de las primeras monarquías absolutas no existía el hoy co- nocido estado de inocencia sino una obvia presunción de culpabilidad emergente de la
Por supuesto, la función del juzgador cambia radicalmente en uno y otro sistema:
a) en tanto en el primero, el juez sólo debe buscar -con clara impar- cialidad en su actuación- el otorgamiento de certeza a las relaciones jurídicas a partir de las posiciones encontradas de los litigantes (acep- tando sin más, lo que ellos mismos admiten acerca de cuáles son los hechos discutidos), con lo que se logra aquietar en lo posible los ánimos encontrados para recuperar la paz social perdida;
b) en el segundo, el juez actúa -comprometiendo su imparcialidad- como un verdadero investigador en orden a procurar la Verdad para lograr con ella hacer Justicia conforme con lo que él mismo entiende que es ese valor, convirtiéndose así en una rara mezcla del justiciero Robin Hood, del detective Sherlock Holmes y del buen juez Magnaud
El tema no sólo es fascinante. Es preocupante. Gravemente preocupante.
Quienes aconsejan adoptar legislativamente la figura del juez investi- gador lo hacen partiendo de la base de que la Verdad y la Justicia son valores absolutos.
El asunto no es novedoso: el pensamiento griego se ocupó largamente de él al plantear los problemas axiológicos, entre los cuales cabe recordar uno de los de mayor importancia: ¿puede decirse que los valores de la vida valen por sí mismos, esencialmente, o, por lo contrario, que
valen tan sólo porque alguien los valora
En otras palabras: los valores, como tales, ¿son absolutos o relativos 7 . (Una puesta de sol o la Gioconda, por ejemplo, ¿son absoluta y esen- cialmente bellas o son bellas relativamente para mí, que las encuentro bellas, en tanto que pueden no serlo para otro?).
Traído el problema al terreno judicial parece fácil de resolver. En efecto:
piénsese en un juzgador justiciero que, con rectitud y honestidad de
mera imputación efectuada por el propio rey -con inspiración divina, naturalmente- y que esa afirmación era nada menos que la verdad real: la verdad del rey, no la afir- mación que coincide con la realidad de la vida. Por tanto, la búsqueda de la verdad real por parte del juez que actúa inquisitivamente, tiene el único objeto de hacer coincidir el resultado de objeto investigado con lo querido por el rey. Tal cual ocurre hoy, sólo que la coincidencia no se produce con el querer real sino con la voluntad del mismo juez que ha efectuado la imputación.
espíritu, hace todo lo que está a su alcance para llegar a la verdad real de los hechos sometidos a su juzgamiento.
Y, después de ardua búsqueda, cree haber logrado esa verdad -e n rigor,
la Verdad, única y con mayúsculas- y, a base de ella, emite su fallo, por ejemplo, absolviendo al demandado o reo.
Adviértase que esta óptica muestra a la Verdad como un valor absoluto. De tal modo, la Verdad es una e idéntica en todo tiempo y lugar y para todas las personas por igual.
Piénsese también en que ese fallo es impugnado por el demandante o acusador perdidoso y, así, elevado el asunto a un tribunal superior
donde también hay juzgadores justicieros, con igual o mayor rectitud
y honestidad de espíritu que el juez inferior. Imagine ahora el lector que tales juzgadores, después de ardua búsqueda, creen haber llegado por ellos mismos a la Verdad -otr a vez con mayúscula- que, lamen-
tablemente, no coincide con la que había pregonado el inferior
tal manera, revocan su sentencia y, en su lugar, condenan al demandado
parece obvio destacar que la segunda Verdad debe primar por sobre
primera Verdad, por simple adecuación lógica del caso a la verticalidad
propia de los estamentos que integran el Poder Judicial, en el cual la Verdad será sólo la que declare el último juzgador previsto como tal
en el sistema de que se trate
Lo primero que se le ocurrirá al lector -de seguro- es que lógicamente no pueden coexistir dos Verdades antagónicas acerca de un mismo tema,
a menos que, en lugar de ser la Verdad, ambas sean la simple verdad
de cada uno de los juzgadores (en rigor, sus verdades, que pueden o no coincidir con la Verdad).
Adviértase que, desde esta óptica, la verdad es un valor relativo. De tal modo, lo que es justo para uno puede no serlo para otro o lo que fue
justo en el pasado o aquí puede no serlo
en el presente o allá 1 8 .
1 8 La aseveración de la relatividad del concepto de verdad es bíblica, y lo que allí se cuenta está vigente hasta hoy inclusive. El Evangelio de Juan (18, 33-38) relata el siguiente diálogo ocurrido cuando Poncio Pilatos interroga a Jesús privadamente:
Pilatos "
entró de nuevo en el Pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
En otras palabras, hay tantas verdades como personas pretenden definir- las™ (recuérdese, por ejemplo, que Aristóteles justificó la esclavitud ¿Quién piensa lo mismo hoy?).
El problema ejemplificado excede el marco de una explicación lineal del tema. Pero sirve para comprender cabalmente que la simple posi- bilidad de que eljuzgador superior revoque la decisión deljuzgador inferior muestra que la verdad (así, con minúscula) es un valor relativo. Si esto es correcto - y creo firmemente que lo es- ¿cómo puede implemen-
tarse un sistema judicial en el cual se imponga al juez actuante el deber de
buscar la verdad real
7 . ¿Cuál es la lógica de tan imprudente imposición?
—«¿Eres tú el Rey de los judíos?» Jesús respondió:
—«¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?» Pilatos contestó:
—«¿Es que soy yo judío?» —«Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?» Jesús le dijo:
—«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis subditos lucharían para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilatos le dijo:
—«¿Luego, tú eres Rey?»
—«T ú lo
para esto, para dar testimonio de la verdad; todo el que es de verdad, escucha mi voz». Pilatos le dijo:
-—«¿Qué es la verdaal»". 1 9 Esta afirmación es de total obviedad. Si verdad es la exacta correspondencia entre la realidad y el pensamiento, resulta difícil -po r no decir imposible- alcanzarla con la sola y pura actividad de razonar. Y ello por varias cuestiones que condicionan al hombre en esa tarea: 1) sus sentidos: quien carece de ellos no tiene la facultad de percibir. Pero, además, los hombres no los tienen desarrollados de idéntica forma, lo que origina diferentes grados de percepción; 2) su cultura: la formación intelectual y espiritual que genera una capacidad de conocimiento diferente entre los distintos hom- bres; 3) su lenguaje: la clave de la comunicación humana está en la lengua, claro producto social que posibilita la comunicación entre los hombres (repárese que un individuo puede aprender solitariamente a caminar. Pero no puede hacer lo mismo con el habla). En la actualidad, vamos en camino de dejar de entendernos para siempre; 4) su inte- ligencia: nueva obviedad. Es precisamente en este campo donde existen las más ex-
h e nacid o y h e venid o al mund o
dices» respondi ó Jesús. «Yo soy Rey, yo
traordinarias desigualdades; 5) sus pasiones, instintos y deseos e inclinaciones, todos cla- ros condicionantes de la facultad de percibir; 6) la sociedad en la cual vive: el hombre piensa de acuerdo al lugar, al momento y a la gente con la cual convive. Es decir, la cultura general media lo condiciona nueva, severa y definitivamente. Tan diferentes son las verdades de los hombres que Terencio sostuvo que la verdad
Igual ocurría en La Celestina (acto segundo): mal me quieren mis
engendra el odio
comadres porque digo las verdades
Sin embargo, exactamente eso ha ocurrido en casi todas las legislaciones procesales (civiles y penales) del continente con el auspicio de impor- tantes nombres de autores de prestigio que, increíblemente, continúan pontificando acerca de la necesidad de brindar más y mayores potes-
tades a los jueces para buscar esa
Soslayando momentáneamente la exposición, debo decir aquí y ahora que ese continuo otorgamiento de mayores facultades a los jueces ha convertido a muchos de ellos en normadores primarios, alejándolos del formalismo propio del sistema de la dogmática jurídica, donde deben actuar exclusivamente como normadores secundarios (creando la ley sólo cuando ella no está preordenada por el legislador).
Y esto ha traído enorme desconcierto en los justiciables, que se en-
frentan no con un sistema que permite prever las eventuales soluciones de los jueces, sino con una suerte de realismo absolutamente impre-
Verdad, a todas luces inalcanzable
cual cada juzgador -n o sintiéndose vinculado a orden
alguno- hace literalmente lo que quiere
Cual el cadí 2 0 .
Sentadas estas ideas básicas para la plena comprensión del tema, sigo adelante con su explicación.
Es dato conocido por todos que la serie procesal comprende
pasos: afirmación,
negación, confirmación y alegación (o evaluación o
Se sabe también que el desarrollo de tal serie sigue un orden estricta y puramente lógico, por lo que resulta invariable (no puede comenzar con la etapa de negación o con la de confirmación, por ejemplo) e inmodificable (en orden a mantener los principios que hacen a la exis-
tencia del debido proceso, no puede eliminarse alguna de dichas etapas,
lo que desgraciadamente ocurre en la Argentina, donde se sacrifica la
seguridad jurídica para lograr -ilusoriamente- ¡mayor celeridad proce- sal
En razón de que el objeto del proceso es la sentencia, en la cual el juzgador debe normar específicamente (aplicando siempre la ley pre- existente o creándola al efecto en caso de inexistencia) el caso justi- ciable presentado a su decisión, parece obvio señalar que debe contar
2 0 Juez musulmán que interviene con amplias potestades en las causas civiles y religiosas.
para ello con un adecuado conocimiento del litigio a efectos de poder cumplir con su deber de resolverlo.
Por cierto, todo litigio parte siempre - y no puede ser de otra manera- de la afirmación de un hecho como acaecido en el plano de la realidad social (por ejemplo: le vendí a Juan una cosa, la entregué y no me fue pagada; Pedro me hurtó algo), hecho al cual el actor (o el acusador
compra una cosa debe
Y, a base de tal encuadramiento,
pretende (recuerde el lector que -lógicamente- no puede haber de- manda civil ni acusación penal sin pretensión) el dictado de una sen- tencia favorable a su propio interés: que el juzgador condene al com- prador a pagar el precio de la cosa vendida o a cumplir una pena
Insisto particular y vivamente en esto: no hay litigio (civil o penal) sin hechos afirmados que le sirvan de sustento.
De tal forma, el juzgador debe actuar en forma idéntica a lo que hace un historiador cualquiera para cumplir su actividad: colocado en el presente debe analizar hechos que se dicen cumplidos en el pasado. Pero de aquí en más, las tareas de juzgador e historiador se diferencian radicalmente: en tanto éste puede darse por contento con los hechos de cuya existencia se ha convencido -y, por ello, los muestra y glosa- el juzgador debe encuadrarlos necesariamente en una norma jurídica (creada o a crear) y, a base de tal encuadramiento, ha de normar de modo imperativo para lo futuro, declarando un derecho y, en su caso, condenando a alguien al cumplimiento de una cierta conducta.
En otras palabras y para hacer más sencilla la frase: el juzgador analiza en el presente los hechos acaecidos en el pasado y, una vez convencido de ellos, dicta una norma jurídica individualizada que regirá en el futuro para todas las partes en litigio, sus sucesores y sustitutos procesales.
penal) encuadra en una norma legal (
abonar su precio; el que hurtare
LOS PROBLEMAS TÉCNICOS DE LA CONFIRMACIÓN
De lo precedentemente explicado se desprende ahora la extrema im- portancia del tema en cuestión, la ley debe regular con todo detalle lo relativo a:
- qué puede ser confirmado {objeto de la confirmación);
- de dónde debe extraerse la confirmación {fuente de la confirmación);
- qué debe ser confirmado (tema de la confirmación);
- quién debe confirmar (incumbencia
- cómo ha de hacerse la confirmación
- cuándo y dónde ha de hacerse la confirmación confirmación). Todo ello será explicado a continuación.
de la confirmación);
(medios de confirmación);
3.1. EL OBJETO DE LA CONFIRMACIÓN (O DE LA PRUEBA) (QUÉ PUEDE SER CONFIRMADO)
Ya he recordado recién que todo litigio supone, esencialmente, la afir- mación de un hecho ocurrido en el plano de la realidad social. Por tanto, el objeto de la confirmación será siempre un hecho susceptible de ser confirmado.
Con esta aseveración queda fuera del campo confirmatorio todo lo
que sea ley en sentido formal y a partir de la fecha de su vigencia (es decir, toda norma que ha cumplido el trámite constitucional relativo
a su sanción, promulgación y publicación).
Tal ley se supone conocida por todos -sin admitir prueba en contra-
rio 2 1 - y, particularmente, por el juzgador, para quien rige en este aspecto la regla procesal jura novit curia; (el juez conoce el derecho). De este modo, constituyen verdaderos hechos a los fines confirmatorios todas las expresiones de la ley en sentido material no formal: las reso- luciones generales no publicadas en el Boletín Oficial respectivo, las ordenanzas municipales, los convenios colectivos de trabajo, los usos
y la costumbre, etcétera y, por supuesto, la ley extranjera en cualquiera de sus formas.
Claro está: lo que puede ser confirmado no siempre debe serlo. Para elu- cidar sobre qué debe versar la confirmación, hay que desarrollar el punto siguiente.
3.2. EL TEMA DE LA CONFIRMACIÓN (O DE LA PRUEBA) (QUÉ DEBE SER CONFIRMADO)
Ya se ha visto que -en el desarrollo de la serie procesal- la etapa con-
argentino, art.
el demandado (o imputado) de los hechos afirmados por el actor (o
acusador).
Si ambos contendientes están de acuerdo acerca de la existencia de los hechos afirmados (es decir: no hay negación de ellos y, por tanto, no hay hechos contradictorios), se acostumbra a decir entre los procesalistas que miran exclusivamente a la pretensión civil que no hay controversia, de modo que la cuestión es de puro derecho y, por ende, nada hay que confirmar en el respectivo proceso.
viene después de la correspondiente a la de negación por
Obviamente, no puede ocurrir cosa similar cuando la pretensión es penal, respecto de la cual el imputado no tiene carga de contestar al ampararse sólo en su constitucional estado de inocencia.
A este supuesto de no controversia quedan legalmente equiparados en
innumerables leyes procesales los casos referidos a contestación evasiva
j admisión
tácita de hechos por falta de negación específica. Por cierto,
lógicamente quedan equiparados a los de esta especie los hechos ad- mitidos y los hechos presumidos por la ley.
Por lo contrario, si en la etapa pertinente hubo negación, de entre
todos los hechos que en general son susceptibles de ser confirmados, en el caso concreto habrán de serlo sólo y exclusivamente los hechos controvertidos (son los hechos afirmados por una parte y negados por
Puede ocurrir también a veces que, maguer no existir negación en el caso y, por ende, no haber hechos controvertidos acerca de los cuales tenga que recaer la tarea confirmatoria, el actor deba confirmarlos del mismo modo que si hubieran sido negados; esto ocurre siempre que:
a) esté comprometido el orden público (por ejemplo, en los litigios que
versan acerca de cuestiones de estado de familia). Doctrinalmente, este supuesto se conoce con la denominación de cuestión de demostración necesaria;
b) haya respuesta en expectativa de los defensores de ausentes, de los
herederos de un causante, del curador de un insano, etcétera, a quienes
la ley autoriza a no negar hechos (que obviamente no pueden conocer
por boca de sus defendidos) y permite que efectúen una negativa ge- nérica sólo para provocar el contradictorio.
En ambos supuestos, la confirmación debe ser efectuada del mismo modo que si hubiera mediado negativa expresa respecto de la pretensión deducida.
De tal forma, se da la denominación de tema de confirmación a lo que la parte que afirmó un hecho negado (o de demostración necesaria) debe confirmar aquí y ahora para que su pretensión quede expedita al momento de ser sentenciada por el juzgador.
Sin embargo, y no obstante haber sido negados en la etapa respectiva de un proceso, hay varios tipos de hechos respecto de los cuales se acepta uniformemente en la doctrina que son insusceptibles de ser confirmados: los evidentes, los normales, los notorios, los presumidos por la ley y los negativos.
En otras palabras, no importa al efecto si son negados o no en la respectiva etapa procesal: tales tipos de hechos están exentos de confir- mación, por las razones que seguidamente se verán en cada caso.
a) Hechos evidentes
Son los conocidos por todos los integrantes de una sociedad dada y que, por ende, integran el conocimiento propio del juez producido por el diario vivir como integrante de aquélla. Por ejemplo, nada hay que justificar para sostener que durante el día se tiene mejor visión que por la noche, en la cual los objetos en general se ven con mayor difi- cultad, o que en el invierno hace más frío que el verano (por supuesto, es tema de confirmación la alegación contraria). Esta afirmación no contradice otra anterior: cuando referí que el juez no puede hacer valer su conocimiento personal del hecho litigioso queda obviamente excluido todo lo que el juez puede conocer y conoce como cualquier otro hombre -y todos los hombres- por el sólo hecho de serlo 2 2 .
b) Hechos normales de convivencia
En una sociedad dada, son los que conforman un nivel medio gene- ralizado de comportamiento entre los coasociados, que permite al juez
2 2 Es importante insistir en este concepto. No se trata de que el juez traiga a colación su conocimiento personal como testigo de los hechos litigiosos sino de que aplique lo que sabe por la simple circunstancia de ser ciudadano del lugar. Así, si alguien afirma que Argentina está en Sudamérica y su contrario lo niega, no hará falta informe alguno de la oficina cartográfica del lugar para tener por acreditado tal extremo del pleito
-que también lo practica y lo observa en sus propias relaciones sociales- aceptarlo como conducta normal del grupo social. Y es que cuando cualquier hombre observa que algo se verifica siempre de la misma manera en todos o en el mayor número de casos, aplica ese resultado de generalidad a todo supuesto acerca del cual deba emitir opinión, entendiendo que es altamente posible que ocurra en particular lo que siempre acaece en general.
Casi todos estos hechos aparecen casi siempre como presumidos por la ley. la buena fe en las relaciones humanas, la finalidad lucrativa de los actos de comercio, la capacidad de la persona adulta, etcétera. Pero en nada empece al concepto la circunstancia de que alguna ley no los presuma. c) Hechos notorios
Son los conocidos y aceptados pacíficamente por muchas personas (no por todas, como el hecho evidente) en una cultura, sociedad o medio determinado. Por ejemplo, el horario de la rueda de negocios en pleito entre corredores de Bolsa; la ubicación de un hospital en pleito entre médicos que trabajan en él y relacionado con un daño allí producido, etcétera.
Hasta aquí, parece clara la conceptuación 2 3 y la utilidad de
ficación fáctica, que tiene en mira el no hacer pesar sobre el incum- pliente el incumplimiento de una carga confirmatoria, posibilitando así la dispensa judicial de tal inactividad. En otras palabras: si se niega un hecho y luego no se confirma por quien lo invocó, el juez puede tenerlo por confirmado so capa de que, para las partes, es hecho notorio. Pero el tema acerca del cual cabe reflexionar no es si el hecho notorio lo es para las partes sino si lo es para el juzgador, quien debe tenerlo o no por confirmado.
esta clasi-
En efecto: ¿por qué debe saber un juez el horario de la rueda de la Bolsa de Comercio o la ubicación de un inmueble dentro del ejido municipal?
2 3 Realmente no lo es sino que se presenta como ambiguo y con contenidos no siempre comprensibles. Se trata de un concepto tomado de antiguos brocárdicos romanos y traídos al relativamente moderno derecho procesal, donde se acepta sin mayor rigo- rismo técnico.
Si no lo sabe y, por ello, el propio juez concurre a constatar tal horario o
tal dirección, se aparta de los deberes que puede ejercitar en un sistema acusatorio, siendo ilegítimo lo que haga al respecto en razón de violar con ello su propio deber de imparcialidad. Y si no lo hace, ¿cómo lo sabe?
Estas preguntas determinan que el tema referido a esta clase de hechos no sea pacífico en la doctrina. Hay quien opina - y creo que con razón- que han sido instituidos doctrinal y jurisprudencialmente en el sistema inquisitivo que nos rige como un medio para evadir y superar el límite investigativo que fija la falta de controversia acerca de la existencia de un determinado hecho. De tal forma, y por la vía de la invocación a este tipo de hecho, el juez puede hacer valer su propio saber personal respecto de tema que se halla vedado para él en orden a lo debatido y confirmado en el litigio. Y esto no es jurídicamente bueno y conspira contra toda idea de imparcialidad judicial.
d) Hechos presumidos por la ley
o relativa) o no (presunción juris et de jure o absoluta) prueba
Son los que la ley admite como ciertos, aceptando (presunción
Por ejemplo: es matrimonial el hijo nacido durante el matrimonio o hasta trescientos días después de disuelto; la concepción de un hijo se produce entre los trescientos y los ciento ochenta días anteriores al nacimiento, etcétera.
e) Hechos negativos
Son los que importan la alegación de una omisión o de una calidad
o cualidad negativas.
- la afirmación de que una letra de cambio no fue presentada al cobro
por su tenedor (afirmación de omisión),
- la afirmación de que alguien no es integrante de una asociación cualquiera (negación de calidad), o
- la afirmación de que alguien no es buena persona (negación de cua- lidad).
Como fácilmente puede ser comprendido, el hecho negativo no admite un medio de confirmación directo -n o puede ser percibido lo que no
existe- sino sólo indirecto, mediante la confirmación de un hecho po- sitivo que descarte lógicamente al negativo (insisto: no puedo probar que soy soltero pero sí que soy casado, con lo cual descarto la soltería). Todos estos supuestos, aunque afirmados y negados en la controversia, quedan -y siempre deben quedar- exentos de toda confirmación pro- cesal directa por parte de quien los afirmó como sustento de su pre- tensión.
No obstante, pueden ser confirmados indirectamente a través de la acreditación de la existencia de hechos positivos que necesariamente los excluyen, cuya carga confirmatoria puede variar en cada caso y que generalmente pesa o debe pesar sobre la parte que lo invocó (no sobre la que lo negó).
Por ejemplo, nada puede confirmar el marido que impugna una filia- ción matrimonial afirmando no haber tenido cohabitación con su mu- jer durante el tiempo que la ley presume que se operó la concepción (hecho negativo), cosa que sí es sencillo para la mujer ya que para ella es un hecho positivo.
Igualmente, nada debe confirmar quien afirma que no le fue presentada al cobro una letra de cambio porque le resulta materialmente imposible hacerlo 2 4 . En cambio, bien puede acreditar tal circunstancia el tenedor, con sólo presentar testigos al efecto.
2 4 Esto ha sido denominado desde antaño en la doctrina como prueba diabólica. No obstante ello, hay leyes que ignoran el problema y que, por ende, generan una carga confirmatoria que no puede ser cumplida en los hechos, con las consecuencias que de ello se derivan. Adviértase la entidad del problema señalado: si yo afirmo que no soy deudor o que el deudor no me pagó o que no cometí el delito que se me imputa, por ejemplo, no puedo confirmarlo de manera alguna pues es imposible percibir directa- mente lo que no existe. Y cuando las leyes generan una carga confirmatoria de este tipo, resulta claro que es de cumplimiento imposible.
En esta línea legislativa está, por ejemplo, el decreto-ley 5965/63 (incorporado al Código de Comercio de Argentina) que, al establecer la posibilidad de que una letra de cambio
se emita con la cláusula sin protesto, añade en su artículo 50: "
Esta cláusula no libera
al portador de la obligación de presentar la letra de cambio en los términos prescritos ni de dar los avisos. La prueba de la inobservancia de los términos incumbe a quien la invoca en contra del portador " ¿Cómo puede hacerlo? ¿Y si el documento es pagadero a la vista? ¿Y si, además, debe ser pagado en el domicilio del acreedor, cosa que es corriente en la operatoria bancaria actual?
En la doctrina contemporánea, no son muchos los autores que se refieren
a este tema y, cuando lo hacen, parecería que alguien confunde el origen
(persona, cosa o lugar) donde puede ocurrir el interesado para procurar-
se el conocimiento de un determinado hecho, con el mismo hecho que se
procura confirmar. Basta con efectuar una simple lectura de alguna obra que trate el tema para advertir sin más la veracidad de este aserto.
Tal vez por eso es que la mayoría de los autores no desarrolla el tema, abordándolo tangencialmente al explicar cuáles son los medios de con- firmación.
toda vez que la cabal comprensión del fenómeno permitirá al
A mi juicio, conviene detenerse en la formulación
estudioso distinguir entre medio y fuente
Una simple reflexión acerca del tema posibilita distinguir lógicamente
la persona que declara (fuente del conocimiento que deja llegar a la comprensión del hecho) y
la declaración que la misma persona hace ante un juzgador
ese hecho (medio
por el cual se confirma).
esta diferenciación logra que el intérprete pueda ver distintas con-
diciones o requisitos en ambas ideas: en tanto que, por ejemplo, el testigo -com o fuente- tiene que mostrar un mínimo de capacidad (edad, no insania, etcétera), de comprensión inteligente y de conocimiento del hecho (de lo contrario, no sería fuente), su declaración debe exhibir una clara ajenidad respecto del litigio y ajustarse estrictamente al deber de decir la verdad
Así las cosas, la confirmación de un hecho cualquiera debe ser buscada por el interesado en las siguientes posibles fuentes:
1) las personas físicas que lo conozcan y puedan declarar acerca de su existencia en el plano de la realidad social. Tales personas son las propias partes litigantes y los terceros ajenos a ellas y, por ende, no interesados en el resultado final del litigio.
Sus declaraciones son aportadas al proceso por diferentes medios, que luego se explicarán y que se distinguen según que la declaración la
efectúe la propia parte litigante (confesión) o un tercero que, a su turno, puede ser simple conocedor de hechos (testimonio) o capacitado para emitir una opinión fundada acerca de alguna ciencia, técnica, industria, arte, etcétera (peritaje);
2) las personas jurídicas (que, obviamente , n o puede n declarar) respecto de las constancias que se hallan registradas en los libros que la ley les ordena llevar en debidas condiciones. La aportación confirmatoria se hace por el medio conocido como expedición de informes que, al igual que los anteriormente citados, explicaré más adelante;
3) los documentos (utilizo por ahora el vocablo en su más absoluta generalidad, aunque luego se verán mejores precisiones sobre su con- cepto) en los cuales las partes han dejado plasmado un hecho al cual han asignado relevancia jurídica para lograr la eventualidad de acreditar su existencia en el futuro.
La aportación confirmatoria se efectúa por el medio conocido como documental (o instrumental), no importando por ahora si el respectivo documento pertenece o está en poder de las partes o de terceros. Tam- poco importa mucho para cierta doctrina que tales documentos sean instrumentos públicos o privados, anotaciones escritas no firmadas, fotografías o cualquier tipo de registración similar, facsímiles, mojones,
etcétera: a todos les otorga el mismo tratamiento y, así, las leyes, resultan
final y ferozmente confusas para el intérprete
4) los lugares, cosas o personas que pueden ser captados por los sentidos del juzgador para producirle convicción acerca de algún hecho referente a ellos.
La respectiva aportación confirmatoria es el reconocimiento que el pro- pio juzgador debe hacer de tales personas, cosas o lugares por la vía del medio conocido como inspección ocular.
Ya veremos todo ello desde otra óptica
LA INCUMBENCIA DE LA CONFIRMACIÓN (O DE LA PRUEBA) (QUIÉN DEBE CONFIRMAR)
Si al momento de sentenciar, el juez ignora a quién debe dar la razón cuando se encuentra con versiones antagónicas entre sí y que han sido esgrimidas acerca de un mismo hecho por ambas partes en litigio, es
menester proporcionarle legalmente reglas claras a las cuales deba su- jetarse en el supuesto de no lograr convicción acerca de la primacía de una de las versiones por sobre la otra.
Pues bien: el problema de determinar a quién le incumbe aportar al
proceso la confirmación de los hechos afirmados por una de las partes
y negados por la otra (itero que ésos son los hechos controvertidos) es tan antiguo como el derecho mismo y ha preocupado por igual a la doctrina y a la jurisprudencia de todos los tiempos.
Parece ser que en los juzgamientos efectuados en los primeros períodos del desenvolvimiento del derecho romano, el pretor o el magistrado -luego de conocer cuáles eran los hechos susceptibles de ser confir-
mados- convocaba a las partes litigantes a una audiencia para establecer allí a quién le incumbía hacerlo sobre la exclusiva base de la mejor
De aquí en más, pesaba en el propio interés particular de cada litigante el confirmar el hecho atribuido por el magistrado, so pena de tenerlo por inexistente al momento de sentenciar.
Llegada la oportunidad de resolver el litigio, si el magistrado encontraba que carecía de hechos (en rigor de verdad, de confirmación - o prueba- acerca de esos hechos) o de norma que pudiera aplicar clara y direc- tamente al caso, pronunciaba una frase que terminaba el proceso de- jando subsistente el conflicto que lo había originado.
A este efecto, decía non liquet -n o lo veo claro 2 5 - y, por ello, se abstenía
de emitir sentencia (si bien se piensa, ese no juzgamiento
conoce doctrinalmente con el nombre de
Pero en algún momento de la historia fue menester cambiar la pauta relativa a la mejor posibilidad o facilidad de confirmar, pues ella estaba -está - conformada por criterios de pura subjetividad y, por ende, de total relatividad: adviértase que lo que puede resultar fácticamente sen- cillo de hacer para uno puede ser imposible para otro.
cada uno de los hechos controvertidos.
sobreseimiento).
Cuando el pretor dejó de establecer en cada caso concreto a quién incumbía la tarea de confirmar a base de la facilidad que tenía para hacerlo y se generó una regla de carácter general, la cosa cambió: ahora,
habere quod liqueat: no sacar nada en claro.
la incumbencia de "probar" (confirmar) comenzó a pesar exclusiva y
objetivamente en cabeza del propio actor o pretendiente (en rigor, quien había afirmado el hecho litigioso y no del que lo había negado, por sencillo que le resultara "probar" lo contrario). Y ello quedó plasmado en el brocárdico el que afirma-, prueba, de uso judicial todavía en la actualidad.
A mediados del siglo XIX, el codificador argentino advirtió el grave
problema que entraña la posibilidad de emitir un pronunciamiento non liquet y decidió terminar con ella. Y así, estableció en el artículo 15 del Código Civil que "Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes".
Otro tanto ha ocurrido en casi todos los países de América Latina.
No obstante tal disposición, el problema se mantuvo idéntico hasta hoy, pues la norma transcrita resolvió qué hacer en caso de carencia de norma pero dejó irresuelto el supuesto de carencia de hechos o, mejor aún, de carencia de prueba acerca de esos hechos.
Y ello porque la regla que establece que el que afirma, prueba,
incompleta por su excesiva latitud 2 6 . Otro tanto ocurre respecto del
llamado hecho
Ya que, según se ve, el problema no fue resuelto por el codificador, la doctrina procesalista ha debido encarar el tema y buscar su solución a base de pautas concretas y de pura objetividad. Para ello se han sustentado diversas teorías, defendidas y criticadas con ahínco por los estudiosos que se han ocupado del tema.
negativo 27 .
entre ellas, comenzando por reiterar algunas de las ya mencionadas
presentar el problema, se ha dicho que incumbe la carga
a) al actor en todos los casos, pero le otorga esta calidad al demandado en cuanto a sus excepciones;
2 6 Y es que -como ya se ha visto en el texto- hay hechos que no pueden ser confirmados:
cuando yo afirmo en un proceso, por ejemplo, que soy soltero y ello es negado por la contraparte, no hay forma de acreditarlo. Por lo contrario, podrá hacerse respecto de los otros estados civiles (casado, viudo, divorciado, separado) con la mera exhibición de la partida respectiva, pero nunca de la soltería. 2 7 Ver la nota 24.
b) a quien afirma
c) al actor respecto de los hechos en que se basan sus pretensiones, y
respecto del estado habitual de las
cosas, ya que la normalidad se presume lógicamente;
e) a quien pretende
con ello que lo que se modifica es la normalidad;
f) a cada una de las partes respecto de los presupuestos
norma jurídica que le es favorable (esta tesis ha sido recibida y es norma expresa en la mayoría de las legislaciones contemporáneas). En rigor de verdad, si se comprende sistémicamente su significado y no se la deforma para forzar su aplicación, la norma que consagra esta teoría
d) a quien alega un hecho anormal
un hecho y no al que simplemente lo niega;
en cuanto a los que justifican sus excepciones;
en una relación cualquiera,
de hecho de la
más que suficiente para que todo el mundo sepa a qué atenerse;
a quien busca lograr un cierto efecto jurídico;
h) a quien
tiene interés en que un hecho afirmado
un cierto tipo de hecho, que luego explicaré con de-
En general, nada de ello ha servido para hacer sencilla la regla de juzgamiento implícita en la determinación de la incumbencia de la carga de confirmar. Antes bien, todas las tesis reseñadas han sido de- sinterpretadas por la jurisprudencia, generando así algunas veces un caos evidente que resulta imposible de soportar.
A mi juicio, la mejor forma de explicar el tema se ha logrado a partir
de la aplicación de la pauta citada precedentemente en el punto f), generadora de reglas que cubren todos los supuestos fácticos suscep- tibles de ser esgrimidos en un proceso, dejando con ello definitivamente erradicada la posibilidad de emitir un pronunciamiento non liquet.
Tales reglas indican que debe tenerse en cuenta el tipo de hecho que se afirma como sustento del encuadre o implicación jurídica que es- grime el pretendiente en su demanda o quien se defiende en oportu- nidad de deducir excepciones.
Debe quedar claro ahora que se entiende por hecho la acción y efecto
o suceso susceptible de
de hacer algo o, mejor aún, todo acontecimiento
un derecho u obligación.
Así concebido, un hecho puede ser producido por la naturaleza inundación) o por el hombre (contrato, daño).
Reiterando: a los efectos de esta explicación, el hecho puede ser:
a) generador
demanda como fundante de una pretensión cualquiera, y
b) eximente
recho pretendido, que se afirma como fundamento fáctico de una excep- ción cualquiera.
Y, ahora sí, ya se puede explicar que debe confirmar quien alega la existencia de un hecho constitutivo, de un hecho extintivo, de un hecho invalidativo, de un hecho convalidativo o de un hecho impeditivo, no importando al efecto que sea el actor o el demandado quienes lo hayan invocado. Veamos qué es cada uno de ellos.
Es el que sostiene todo pretendiente al imputar responsabilidad o de- mandar la declaración de un derecho con basamento en ese específico hecho, del que afirma que emerge el efecto pretendido.
Por ejemplo, se sostiene en la demanda la existencia de un préstamo de dinero que no ha sido devuelto, o la comisión de un ilícito civil generador de responsabilidad aquiliana o, en términos similares, que ha transcurrido el plazo necesario para que la posesión pueda derivar en derecho de propiedad o para declarar la prescripción liberatoria, etcétera.
En caso de ser negado el hecho constitutivo, debe ser confirmado por el propio pretendiente y nada debe hacer al respecto el demandado que simplemente lo ha negado.
Si la confirmación es convincente para el juez, ganará el pleito el actor. Caso contrario, lo perderá sin que el demandado haya realizado tarea alguna al respecto.
Es el que afirma todo resistente para liberarse de la
alguna adquisición,
(granizo,
del derecho o de la responsabilidad
de responsabilidad o demostrativo
o evitar la declaración
del derecho pretendido
hecho constitutivo, pues implica por sí mismo la inexistencia de tal responsabilidad o derecho.
Por ejemplo, el demandado sostiene al oponer excepciones en la etapa de negación que ha pagado la obligación cuyo cumplimiento le reclama el actor o que la posesión alegada fue interrumpida, etcétera.
En caso de ser alegado este tipo de hecho, debe ser acreditado exclusiva- mente por el propio excepcionante, con lo cual se releva de toda carga confirmatoria al actor respecto del hecho constitutivo alegado por él. En otras palabras: si el excepcionante afirma haber pagado el mutuo alegado por el actor, debe confirmar dicho pago. Y, nótese bien, en este caso nada debe confirmar el actor en cuanto al hecho constitutivo por él alegado, toda vez que no se justifica lógicamente la afirmación de un pago sin reconocer implícitamente la existencia del préstamo que tal pago extinguió.
Así, toda la tarea confirmatoria pesará en el caso sobre el excepcionante, quien ganará el pleito en el supuesto de lograr la respectiva confirma- ción y lo perderá en el caso contrario (y, así, ganará el actor aunque nada haya hecho en el campo confirmatorio).
Como se ve y se ratificará luego, en el juego de posibles confirmaciones se trabaja siempre sólo sobre el último hecho afirmado en la cadena de constitución, extinción, invalidación y convalidación antes referida, c) Hecho invalidativo
Es el que afirma
constitutivo o un hecho extintivo del hecho constitutivo alegado para fundar la respectiva pretensión.
Por ejemplo: si Pedro sostiene que contrató un mutuo con Juan, afir- mando que éste recibió el dinero y que no lo devolvió oportunamente {hecho constitutivo) y, a su turno, Juan afirma que pagó a Pedro tal dinero (hecho extintivo), el mismo Pedro puede alegar ahora que el pago se hizo indebidamente a un tercero (hecho invalidativo) y que, por ende, no lo recibió; por tanto, como quien paga mal debe pagar dos veces, espera ahora la condigna condena a su favor. Este tipo de hecho debe ser confirmado por quien lo alega. En caso de no hacerlo (y sólo este hecho, ya que el constitutivo se encuentra exento de confirmación -pues es lógico presumir que quien pagó es porque debía-
todo aquél contra
y que el hecho extintivo también está exento de confirmación -ya que
si se afirma que el pago es inválido es porque se reconoce el hecho de haber sido realizado-) ganará el pleito el que alegó el último hecho implícitamente aceptado: el del pago, al que se tendrá como existente.
invalidativo de un hecho extintivo de un hecho constitutivo.
Por ejemplo, si en el caso recién relatado, Juan reconoce haber pagado
a un tercero y afirma que, a la postre, éste entregó el dinero al propio Pedro -con lo cual recibió finalmente su acreencia- parece claro que la invalidez del pago ha quedado convalidada.
De modo similar al expresado antes, aquí Juan habrá de confirmar sólo el hecho convalidativo, quedando todos los demás fuera de la tarea
confirmatoria. Y resultará con ello que ganará el pleito si logra hacerlo
y lo perderá en caso contrario.
Sé que a esta altura de la explicación, ella se asemeja grandemente a una suerte de extraño trabalenguas. Pero insisto con la buscada repe- tición de palabras pues creo que de tal forma ayudo a que el lector fije definitivamente el concepto.
e) Hecho impeditivo
Es el que afirma una parte sosteniendo la ausencia en el hecho cons- titutivo o en el hecho extintivo de alguno de los requisitos generales que son comunes a todas las relaciones jurídicas (por ejemplo, la ca- pacidad de las partes, la libertad con la cual fue expresado el consen- timiento -cuando éste es necesario- la existencia de vicios del consen- timiento, la ilicitud de la causa obligacional, etcétera).
convalidativo
Similarmente, es el que refiere a la ineficacia del proceso como medio para debatir en él la pretensión (por ejemplo, se afirma que el juez actuante es incompetente, que el actor carece de personalidad, que la demanda es oscura, etcétera).
La carga de confirmar este tipo de hecho pesa exclusivamente sobre la parte que lo invocó.
Con toda esta compleja elaboración para determinar con precisión a
el proceso, se ha llegado a
quién incumbe la carga de confirmar
establecer desde la propia ley un claro criterio objetivo que indica al
juez qué hacer cuando no hay elementos suficientes productores de convicción.
En efecto: si al momento de sentenciar, un juez se encuentra con un
caso en el que hay varias declaraciones testimoniales acordes entre sí,
mulado al efecto y varios documentos que acreditan los hechos liti-
que haga de la suma de
tales medios y, por supuesto, no se pregunta a quién le incumbía la carga de confirmar. No le hace falta hacer esa indagación.
En cambio, si el juez carece de elementos confirmatorios suficientes para que pueda formar su convicción en uno u otro sentido, como no puede ordenar por sí mismo la producción de medio alguno de con- firmación (ver supra, # 2.2.) y como tampoco puede hacer valer su conocimiento personal del asunto a fallar, recién ahí se interroga acerca de quién debía confirmar determinado hecho y no lo hizo.
Y la respuesta a ese interrogante sella definitivamente la suerte del
litigio: quien debió confirmar su afirmación y no lo hizo, pierde el pleito aunque su contraparte no haya hecho nada al respecto. Así de fácil.
giosos, el juez falla según la interpretación
un buen peritaje que responde adecuadamente al interrogatorio
confirmatorios,
Comprenderá ahora el lector la enorme importancia del tema en es- tudio: se trata, simplemente, de facilitar la labor del juez al momento de fallar, otorgándole herramientas que le imposibiliten tanto el pro- nunciamiento non liquet como su propia actuación confirmatoria, in- volucrándose con ello personalmente en el resultado del juicio.
Sostuve antes que las reglas de la carga de la prueba constituyen, en verdad, directivas para el juzgador, pues no tratan de fijar quién debe asumir la tarea de confirmar sino de quién asume el riesgo de que falte al momento de resolver el litigio.
Sin embargo, este fatigoso y largo esfuerzo para lograr parámetros de pura objetividad a fin de permitir un rápido y seguro juzgamiento de
cualquier litigio por un juez que se concreta a mantener la paz social dando certeza a las relaciones de las partes encontradas y asegurando
el efectivo cumplimiento de las promesas y garantías brindadas por el
constituyente y por el legislador, está siendo dejado de lado en los últimos años.
Al comienzo, y sin entender bien el concepto de carga, alguna juris-
prudencia la hizo pesar sobre ambas partes por igual (¿!). Por ejemplo, durante la década de los '60 rigió en la Argentina una ley que congelaba todas las locaciones de inmuebles urbanos e impedía actualizar el monto del alquiler a menos que el inquilino tuviera sufi- cientes medios de fortuna (u otras propiedades) como para poder pagar un canon liberado. Este precepto -qu e en la jerga tribunalicia se deno- minó como de inquilino pudiente- generó una ola de pleitos en los
cuales el actor debía lograr del juez la plena convicción de la pudiencia del inquilino, cosa que no era fácil de hacer. Como en rigor de verdad
se trataba de una "prueba" diabólica por el carácter local de los diversos Registros de Propiedades con que todavía cuenta el país, algunos jueces comenzaron a imponer una suerte de extraña inversión o complemen- tación de la carga confirmatoria, sosteniendo que la pudiencia era un hecho que debía ser acreditado por ambas partes por igual. Por cierto, el argumento reñía con la técnica procesal y, sobre todo,
con la lógica 28 .
Con posterioridad, una conocida doctrina americana comenzó a insistir en la necesidad de lograr la vigencia en el proceso de una adecuada y justa ética de la solidaridad entre ambos contendientes, exigiendo para ello la plena y total colaboración de una parte con la otra en todo lo que fuere menester para lograr la producción eficiente de un medio cualquiera de confirmación.
A mi juicio, esta doctrina es exótica y divorciada de la realidad de la
vida tribunalicia 29 , por lo que merece ser sepultada en el olvido.
2 8 Recuerdo ahora que, al momento de juzgar un magistrado una de dichas causas sosteniendo esta tesis, fue interrogado por otro juez -qu e quería hacerle ver las difi- cultades propias del problema- acerca de cómo debía ser resuelto un pleito en el que idéntica carga pesara por igual sobre ambos contendientes sin que ninguno de ellos hubiera logrado cumplirla. Y el interrogado respondió, muy suelto de cuerpo: pues ¡lo empatan'. ¡Como si ello fuere posible!
2 9 Y es que nadie comienza un pleito con alegría y despreocupación, como quien sale a pasear por el campo en día festivo. Por el contrario, se realizan previamente muchas conversaciones - e intimaciones- para tratar de evitarlo. Cuando ya el pretendiente -acreedor, por ejemplo- está seguro de que no logrará una autocomposición con el resistente -deudor, que en el ejemplo afirma que pagó- no tiene más remedio (recordar que ésta es la última alternativa pacífica) que concurrir al proceso (para ello, debe
Sin embargo, actualmente tal doctrina ha ido mucho más lejos respecto
Y es que, so pretexto de que la justicia debe merecer un tratamiento
más ágil y eficiente en esta época que ha dado en llamarse posmodernista, algunos jueces con alma de pretores desean volver raudamente a las incertidumbres del pasado.
En esta tesitura, sin sentirse vinculados a un orden jurídico previo, creen que pueden cambiar las reglas procedimentales según sus propias opiniones -haciéndose eco de otros sistemas jurídicos no vigentes en nuestros países- y con olvido del claro mandato constitucional que establece la inviolabilidad de la defensa en juicio. Y así, han decidido dejar de lado las reglas normativas de la incumbencia confirmatoria recién explicadas, variándolas en cada caso concreto por la mera apli-
cación caprichosa de las antiguas reglas subjetivas de la facilidad o de
Con estos alcances es que se habla hoy de las cargas dinámicas proba- torias que, más allá de las buenas intenciones que animan a sus sos- tenedores, no puedo compartir, en tanto repugnan al texto expreso de
la ley y, con ello, se acercan peligrosamente al prevaricato.
de la vigencia de la carga de
"probar".
Para que se entienda adecuadamente la seriedad de la crítica, debo recordar que hay códigos en América Latina que nada establecen en cuanto al tema en trato. En los lugares donde ello ocurre (por ejemplo, en la Provincia de Santa Fe, Argentina) es la sola doctrina la que se encarga de explicitar a quién incumbe la tarea de efectuar la confir- mación procesal.
Por tanto, si un juez sostiene algo diferente, no viola el texto expreso
ley y puede
la incumbencia
pagar honorarios de abogados y carísimas tasas de justicia), donde el deudor, ahora demandado, vuelve a oponerle la misma tenaz oposición que antes, afirmando haber hecho -po r ejemplo- un pago que no existió en la realidad de la vida Como puede aceptarse fácilmente a esta altura del relato, el actor piensa con visos de razonabilidad comprensible en destruir para siempre a su demandado y deudor im- penitente. En tales condiciones, ¿cómo puede serle exigido que colabore solidariamen- te con su enemigo y que, si no lo hace, se considere que ha caído en inconducta procesal?
Y así, con indudable actitud justiciera, alguna jurisprudencia comenzó
a sostener, en el momento mismo de sentenciar un recurso de apelación
-es decir, después de que el proceso terminó- que si bien no fue ade- cuadamente confirmado por el actor el hecho constitutivo de la imputada responsabilidad aquiliana, ello carecía de importancia en la especie pues la respectiva carga (cabría preguntar ¿de qué?) correspondía a la con- traparte y, por tanto, al nada haber acreditado ésta, debía acogerse sin más la pretensión demandada (¡!).
En otras palabras: quien así sentenció el pleito varió a su voluntad las reglas del juego a las cuales se ajustaron los contrincantes durante todo el proceso. ¡Sólo que lo hizo después de que el juego terminó! Y esto parece de ilegitimidad manifiesta por más que pueda ser justa la so- lución dada al caso.
Pero hay lugares donde ocurre exactamente lo contrario a lo hasta aquí relatado.
Por ejemplo, en el CPC de la Nación Argentina, en cuyo artículo 37 7 se establece con absoluta claridad que: "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas "
Resulta ya claro que la tesis que acepta sin más la vigencia de las cargas dinámicas "probatorias" no puede coexistir con la norma pretranscrita, por cuya razón creo que no es menester insistir abundando en el tema.
En definitiva: la ley - y sólo la ley, nunca la jurisprudencia- es la que regula todo lo referente a la incumbencia confirmatoria a fin de dar total y objetiva seguridad a la actividad que los jueces cumplen al sen-
tenciar, evitando así que ellos puedan alterar las reglas del onus probandi
que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o
a discreción y una vez que el pleito ha
cambiar las reglas del juego después
de que el juego terminó, convirtiendo en ganador al claro perdedor según las normas tenidas en cuenta por los jugadores durante todo el desarrollo del certamen, no sólo es actitud tramposa sino que, en el proceso, viola la garantía de la defensa en juicio. ¡Por mucho empeño justiciero que ostente el juez actuante!
En otras palabras y recurrentemente:
Reitero conceptos para fijarlos en el lector: como se ha visto hasta aquí, el tema en tratamiento relativo a la incumbencia confirmatoria -qu e habitualmente se estudia con el nombre de carga de la prueba- no es en sí mismo un tema propio de la confirmación procesal sino que es, en esencia, una clara regla de juzgamiento dirigida al juez para que sepa a qué atenerse cuando carece de elementos de confirmación acerca de los hechos litigiosos sobre los cuales debe fallar. Y como es obvio, tal regla no sólo debe ser precisa sino de cumplimiento objetivo y acatamiento irrestricto.
Finalmente: se sostiene en doctrina que las reglas de la carga
matoria no pueden ser alteradas por las partes, so pretexto del orden público que domina la legislación procedimental.
No coincido con tal afirmación. Antes bien, he sostenido que no hay orden público procesal en materia transigible, y que el principal creador de normas procesales debe ser el propio litigante. Por lo demás, no creo que nada pueda evitarlo en un régimen constitucional en el que está permitido todo lo no expresamente prohibido por la ley.
Hasta aquí me he ocupado del tema desde una óptica propia de la pretensión civil. Veamos ahora si los conceptos ya expuestos pueden o no aplicarse al campo de lo penal.
Afirma la doctrina generalizada -computo aquí a la mayoría de los autores que imponen actualmente opinión jurisprudencial en los di- ferentes países de nuestro continente- que el concepto de carga "pro- batoria" (confirmatoria) ha fracasado al ser transportado al proceso penal, donde -antes que de cargas- cabe hablar de deberes funcionales administrativos del Ministerio Fiscal (pues no cabe afirmar jurídica- mente que el fiscal sea titular de un interés interno en antagonismo con el del imputado. Por ello es que nunca puede decirse que el órgano de la acusación resulta vencido cuando no prueba la imputación, pues el interés de la sociedad está en el castigo del culpable y en la represión del delito en tanto exista, precisamente, un culpable) y de deberes ju- risdiccionales del juez en los sistemas inquisitivos consagrados legal- mente en casi toda América Latina.
En esta tónica, tales autores se manejan exclusivamente con el sintagma in dubio pro reo y exigen ingenua e ¡legalmente la colaboración del
propio imputado, a quien sí hacen soportar una especie de
probatoria que le permita ayudarse a salir bien del proceso.
El tema entraña notable gravedad.
En la Relación (Exposición de Motivos) del Proyecto de Código para
Italia de 1930 se dijo: "Sagrado e inviolable es, sin duda, el derecho de defensa. Cierto e indiscutible el principio de que al imputado no se le puede considerar culpable antes de la sentencia irrevocable de condena. Pero que se lo haya de conceptuar inocente mientras se pro- cede contra él por serle imputado el delito, es una tal enormidad, una tan patente inversión del sentido común, lógico y jurídico, que no se puede admitir ni aun como forma retórica. Mientras hay un proceso en curso, no hay ni culpable ni inocente sino únicamente imputado. Sólo en el momento en que recaiga sentencia se sabrá si es culpable
o inocente" 3 0 .
Como es fácil de comprender, estas posturas se explican sólo si forman
la glosa de un sistema inquisitivo. Pero resultan por completo inexpli-
cables en un proceso de corte acusatorio puro.
De ahí que crea que nada empece a aplicar literalmente los principios que regulan la carga confirmatoria en proceso penal donde el Fiscal -parte acusadora- actúa como representante de la sociedad toda, con obvio interés jurídico en erradicar la actividad delictiva y, así, mantiene una actitud procesal antagónica con la del imputado 3 1 .
0 Esto no podría decirse
seriamente al día de hoy
3 1 Por supuesto, descarto -e n homenaje a la seriedad con la cual deben emitirse los
argumentos jurídicos- que el fiscal es una parte procesal y, como tal, parcial. Durante varias décadas, los argentinos hemos repetido como clara obviedad y hasta el cansancio
las enseñanzas de ilustre maestro: el fiscal es la parte imparcial del proceso penal advertir que ello no es más que una contradictio in terminis.
En efecto: sostener que hay una parte imparcial es negar por el adjetivo la esencia del sustantivo. Es como decir lo bueno malo o lo bello feo. Quien actúa como fiscal puede ser objetivo y no tener interés personal en lograr una condena (en otros términos: ganarle a su contrario: el acusado) pero debe ostentar siempre interés funcional (base elemental de la acusación). Claro está que todos estos dislates se dan exclusivamente en el sistema inquisitorio. En el acusatorio puro, y con un sistema de oportunidad y no de estricta legalidad para
decidir si se hace o no
el carácter de imparcial que debe ostentar la parte procesal. Simplemente, no acusa si cree que no debe hacerlo, ¡pues perderá el litigio!
la acusación, por lo contrario, no
se justifica en mod o
Por supuesto, descarto totalmente que el juez pueda llevar adelante por sí mismo la pretensión punitiva de la sociedad y que esté facultado para producir personalmente medios de confirmación que hacen al cargo imputado.
Finalmente: el principio o estado de inocencia que se encuentra ínsito en la cláusula in dubio pro reo no juega cuando existe carencia de medios de confirmación (a la que se aplican las reglas del onusprobandi) sino -todo lo contrario- cuando hay suficientes elementos de confir- mación que, no obstante, no logran forjar la convicción de culpabilidad en la mente del juez.
LO S MEDIO S
CONFIRMA R
CONFIRMA)
Habitualmente, en los códigos y leyes procesales se menciona como medios de prueba a los conocidos desde antiguo como:
- confesión (o prueba confesional o de declaración de parte);
Estudiando los contenidos que se esconden detrás de las palabras recién mencionadas cuando las utiliza la ley, se advierte que ellas no resultan suficientes para lograr la cabal captación de los conceptos que involu- cran, generándose así nueva multivocidad y, por ende, más equivocidad, lo cual es necesario evitar a toda costa.
En esa tarea, la mejor doctrina actual ha intentado sistematizar ade- cuadamente dichos conceptos, luego de advertir que el juez, para tomar contacto con los medios de confirmación que le presentan las partes, tiene que:
experimentos, análisis, documentos, registros,
(o prueba
documental);
testimonial);
{rectius est. peritaje)
(o prueba pericial);
o indiciaría),
(o prueba presuncional
(o prueba de inspección
- ver (en rigor, mirar)
informes, etcétera, y también, personas, lugares y cosas;
- oír (en rigor, escuchar) declaraciones de partes y de terceros, y
razonar y deducir o inferir hechos desconocidos a partir de hechos
conocidos para poder
objetivamente la misma entidad
Por eso es que, con el declarado propósito de intentar que el lector comprenda cómo funciona un verdadero sistema procesal, con pautas directrices de absoluta objetividad que hagan previsible (máxima segu- ridad para las partes) el eventual resultado del litigio, dicha doctrina explica la confirmación procesal enumerando sus distintos posibles me- dios que, en general y enunciados conforme al grado de eficacia con- firmatoria que ostentan, se denominan:
certeza);
- de comprobación
Pero, además, no todo lo que
ve, oye y razona confirmatoria.
tiene o puede
(producen
- (producen
verosimilitud);
- (producen percepción), y
- de convicción (producen
Por cierto, huelga aclarar que no se trata aquí de imponer en forma caprichosa y absurda denominaciones exóticas al lector desprevenido, sino de sistematizar adecuadamente los conceptos para que, una vez repensados y comprendidos, pueda continuar utilizando los nombres convencionales empleados desde antaño para los medios de prueba -si así lo desea y goza persistiendo en el error - pero diferenciando ade- cuadamente ahora a cada uno de ellos frente a todos los demás.
Veamos a continuación los distintos medios, primero en general y desde la óptica aquí propuesta, y luego en particular, a partir de los parámetros conocidos y aceptados desde antaño por las leyes.
3.5.I.
LO S MEDIOS
3.5.H .
DICHA )
Castizamente, comprobación (sustantivo que implica el resultado de comprobar) es lo que se hace para revisar o confirmar un hecho o dato o una teoría aplicándola en experimentos o casos concretos.
En este sentido, toda comprobación implica experimentación,
verificación para lograr la obtención de un resultado que, cuando es de
carácter científico y el estado actual de la respectiva ciencia lo permite, debe ser idéntico para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar. Por ejemplo, la comprobación de que una suma cualquiera es correcta,
logra por medio de la resta; del mismo modo, se verifica el resultado
una división por medio de la multiplicación. Y esto puede hacerlo
acá o allá, ayer, hoy y mañana, cualquiera persona que conozca las cuatro operaciones aritméticas.
También un experto comprueba en forma absoluta e inequívoca una ley física (por ejemplo, la que expresa la fuerza resultante de la gra- vitación de los cuerpos situados entre la Tierra y los cuerpos situa- dos en sus proximidades) o química (por ejemplo, el agua está com- puesta de un volumen de oxigeno y dos de hidrógeno, la composición de la sangre y la determinación de sus diversos signos y factores, et- cétera).
En el proceso, la comprobación sólo se logra por medio del trabajo
(insisto: ensayo, experimentación, análisis, etcétera) estrictamente cien- tífico o técnico que hace un tercero ajeno al pleito respecto de un tema litigioso que es susceptible de ser comprobado indubitablemente por
la ciencia que es base de su conocimiento o especialidad.
Así concebido, es obvio que configura un medio sumamente restringido que se presenta procesalmente de modo exclusivo en lo que se conoce
con el nombre de peritaje 12 . Pero no en todo y cualquier peritaje, sino sólo y exclusivamente en el científico. No en el "peritaje" de opinión o en algunos "peritajes" técnicos^, por ejemplo, que apenas constituyen un medio de convicción del que me ocuparé luego.
El peritaje científico -el que realmente comprueba algo- es tal porque
en toda persona, tiempo y lugar existe la certeza de la verificabilidad de las reglas empleadas para hacer la verificación.
Y es que este medio tiene la particularidad (no ocurre igual con la
mostración, como luego se verá) de ofrecer dos objetos diferentes de conocimiento: el del hecho a comprobar y el del hecho de efectuar la comprobación.
Habitualmente, al peritaje se lo mal denomina pericia,
sin advertir que ésta es la
cualidad que tiene el perito y que le permite hacer
Luego me referiré a ellos.
De ahí que es obvio que ambos tipos de peritajes -el científico y todos los demás que no lo son - se presenten siempre como claramente di- ferentes, aunque las leyes les asignen idéntico grado de importancia.
generalizada -qu e tanto ha laborado sobre
estos conceptos- no ha hecho aún la distinción que en forma clara y lógica se advierte entre ellas. A no dudar, ésta ha sido la causa del papel absolutamente secundario que el legislador de todos los tiempos ha otorgado a la "prueba pericial" en el contexto de la totalidad de los códigos vigentes.
No obstante ello, parece claro para el pensamiento lógico que el juez no debe apartarse jamás del resultado de un verdadero peritaje científico que, por sus mismos fundamentos, lo vincula a una realidad que no le es dado ignorar. O, acaso, ¿puede el juez desconocer un dictamen que afirma la existencia de la ley de gravedad so pretexto de que no lo convence o de que él opina lo contrario?
Por eso es que éste es un auténtico medio de prueba, en el sentido dado al vocablo al comienzo de esta obra; y por eso también la acla- ración que acompaña al título de ella: "o prueba propiamente dicha".
Es más: la comprobación es el medio confirmatorio que se erige por sí mismo en el más importante de cualquier sistema procesal.
Ya volveré nuevamente sobre el tema al tratar los medios en particular y la evaluación de la confirmación procesal.
Sin embargo, la doctrina
El vocablo acreditación -utilizado en el sentido que se le da en esta obra- es un neologismo que implica la sustantivación del verbo acre- ditar [hacer digno de crédito, probar la certeza de alguna proposición y, referido a algo con determinada apariencia, asegurar que es lo que pa- rece). En este orden de ideas, deriva etimológicamente del latín creditus (crédito) y éste, a su turno, de credere (creencia: admitir como ciertas, probables o posibles ciertas hipótesis o cosas).
con la creencia no es
aceptada por algunos importantes autores, quienes encuentran en ella una fuente de confusión en cuanto a que también hay creencia en la convicción.
Esta vinculación significativa
Sin embargo, en vías de explicar el tema con el mejor sentido docente, prefiero mostrar el medio confirmatorio de acreditación teniendo en
vista una actitud judicial de absoluta creencia en la legitimidad o certeza
por el interesado su inexistencia, invalidez o ineptitud confirmatoria-
y en la aceptación generalizada que en toda sociedad tienen ciertos lenguajes simbólicos.
La acreditación, entonces, es una función que se hace en el presente para poder confirmar en el futuro la existencia de ciertos hechos y relaciones jurídicas. De tal modo, acreditar es dejar constancia de lo sucedido, no importa si con ello se refiere a un fenómeno de la natu- raleza o a una expresión humana.
impuesta por la ley respecto de ciertas cosas - a menos que se
esa constancia es, así de simple, la transmisión de un
de una conducta a través de un objeto que confirma su realización.
Todo lo que continuaré explicando en este tópico se halla legislado habitualmente bajo el rótulo de documentos o de prueba documental. En esta denominación quedan comprendidos, así, los instrumentos pú- blicos y los documentos privados, auténticos e inauténticos, pertenecien- tes a las partes procesales o a terceros.
Si bien se mira, todos los documentos mencionados muestran el común
denominador de ser escritos, pero no todos, sino sólo algunos de ellos ostentan el importante valor que otorga el legislador a su continente
o a su contenido al establecer que el juez debe aceptarlos -en principio- como ciertos y confiables, lo que presenta obvio problema de inter- pretación sistemática al juzgador.
Pero no se detiene allí la complicación. En la actualidad -cuando los
adelantos tecnológicos han superado largamente las previsiones del le- gislador- se engloban ahora dentro de la denominación de documentos
a un sinnúmero de cosas, escritas y no escritas tales como: fotografías,
fotocopias, discos, registros de electrocardiogramas, mojones, logotipos, marcas de fábrica, etcétera.
De ahí que sea menester efectuar una adecuada sistematización de todo lo que la doctrina comprende dentro de la voz prueba documen- tal, no sólo para hacer asequible el tema sino, fundamentalmente,
para facilitar la tarea judicial de evaluar medios de confirmación momento de sentenciar.
En este orden de ideas, los medios de acreditación son siempre mate- riales y consisten en: instrumentos, documentos, monumentos y registros.
Veamos cada un o de ellos.
Es el medio de acreditación a través del cual se plasman por escrito y en forma original e indubitable las conductas constitutivas de relaciones jurídicas o de las que se vinculan con ellas.
La idea de instrumento está estrechamente ligada a la de fe pública y, por ende, a lo que es fehaciente, que comprende la dación de fe, la certificación y la autenticación.
Por ello, ejemplos de instrumentos son las escrituras públicas, los pro- tocolos (notariales y judiciales), los expedientes y las actas judiciales, la correspondencia oficial, los asientos en libros de los corredores, los libros de registración de movimientos administrativos o judiciales, las acciones de las compañías autorizadas para su emisión, los billetes, libretas y toda cédula emitida por los bancos, etcétera.
Como se ve, el instrumento -po r definición- es siempre auténtico, cua-
lidad que, en la terminología tradicional, la tiene sólo el
público y alguna veces, cumpliendo ciertos requisitos, también el do-
cumento privado.
Volveré sobre el tema luego.
Es el medio de acreditación mediante el cual se representa por escrito la materialización de un pensamiento o la descripción de circunstancias de las que alguien cree conveniente dejar memoria. En ambos casos, la escritura puede ser hecha con signos corrientes o convencionales.
Ejemplos de documentos son todas las representaciones escritas que contienen declaración de voluntad y que no constan en instrumentos (testamento ológrafo, facturas, recibos, presupuestos, promesas de pago, reconocimientos de derechos, etcétera) y las cartas privadas, los libros de comercio que no son llevados conforme con la ley, etcétera.
Así concebido, el documento es siempre privado e inauténtko y, por ende, no creíble. Sin embargo, la credibilidad se logra con su reconoci- miento por la persona contra quien se opone. Ya volveré sobre el tema.
3.5.1.2.3 .
Es el medio de acreditación por el cual se representa la materialización de un pensamiento mediante formas o figuras a las cuales la ley o la costumbre les asigna un preciso significado.
Adviértase la diferencia con el instrumento y el documento: en tanto éstos siempre son escritos, el monumento puede no serlo y, general- mente, no lo es.
El mundo real -má s allá del jurídico- muestra enorme número de monumentos con preciso significado para el común de los hombres:
alambrados, bordes, cercos, demarcaciones, límites de bosques, mojones, señales, surcos y zanjas; bosquejos, diagramas, dibujos, signos, precintos y tarjas; logotipos, marcas de fábrica, y marcas y señales de ganado; árboles genealógicos, señales de tránsito, etcétera.
Parece obvio sostener que tan importante número de cosas para el desenvolvimiento de las relaciones humanas no puede quedar aprisio- nado dentro de la denominación tradicional del vocablo documento, que utiliza habitualmente la ley.
Baste con un solo dato para demostrar el aserto: el documento exige esencialmente la signatura del otorgante (¡menudo problema, aún sin solución, han creado en la doctrina el télex, el fax y el e-mail!). Y es tan difícil que un monumento pueda ostentarla
3.5.1.2.4 .
Es el medio de acreditación por el cual se captan técnicamente expre- siones del hombre o de la naturaleza en general y las apariencias mismas de las cosas, cuya materialización se hace de forma tal que puede ser perdurable y utilizable o reproducible a voluntad.
La vida actual nos muestra un sinfín de ejemplos del tema en cuestión:
copias en general; grabaciones y discos en general; electrocardiogramas; huellas de personas, animales y cosas; negativos fotográficos y fílmicos,
fotografías y radiografías; registros de voces, de sonidos, de
de electromagnetismo,
Nada de ello es escrito. Por tanto, un registro no puede ostentar la categoría de instrumento ni la de documento. Y tampoco se materializa por medio de formas o figuras, por lo cual no puede ser monumento.
Como se ve, configura una categoría diferente y propia dentro de los medios de acreditación (nadie duda de que una fotografía algo acre-
Si se estudia con detenimiento la mayoría de los códigos vigentes, se advertirá que ninguno de ellos se ocupa adecuadamente de este tema, que se incluye tácitamente dentro del rubro correspondiente a docu- mentos escritos, cuya normativa es asaz insuficiente al respecto.
de fotoquímica,
de dactiloscopia,
que hasta hoy no ha sido convenientemente legislada.
El vocablo mostración es otro neologismo que implica la sustantivación del verbo mostrar {exponer a la vista o dejar ver) y que, en términos de confirmación procesal, refiere a lo que el juez ve cuando reconoce o hace inspección (judicial) de personas, lugares y cosas. En este caso, parece claro que el juez, al reconocer o inspeccionar per- sonalmente, realiza lo que la doctrina ha llamado prueba directa pues percibe por sí mismo (y no por medio de otra persona, cual lo hace en el testimonio, en la confesión o en el peritaje) los hechos a confirmar. En otras palabras: como el juez se convierte así en el propio sujeto de la confirmación, parece claro que en el resultado que se logra se con- funde el hecho a confirmar con el hecho confirmatorio.
Esto ha preocupado severamente a los autores que han tratado en forma seria el tema, que hoy tiene relevancia notoria en el debate filosófico planteado entre el solidarismo y el garantismo procesal.
Es que quienes defienden a toda costa la irrestricta vigencia del principio de imparcialidad judicial buscan implementar pautas absolutamente objetivas de procesamiento y juzgamiento de los litigios y bregan por la existencia de jueces apegados al texto de la ley preexistente (y niegan que puedan apartarse de ella permanentemente haciendo juicio acerca de su justicia intrínseca), lo que permite no sólo hacer previsible el resultado final de todo litigio sino también tornar posible el control
de las partes sobre la actuación del juzgador durante toda la etapa de
procesamiento (y, en particular, durante la producción de los medios confirmatorios).
Y resulta claro que es materialmente imposible ejercer ese control cuan-
do el juez deja de ser propiamente tal para convertirse en el sujeto de la confirmación. Con el agregado de que, cuando ello ocurre, amén de que el juez puede ver -y aprehender- cosas diferentes de las que le muestran las partes (con lo que se convierte en buscador oficioso 34 de hechos a confirmar que, una vez establecidos, sirven como indicios), puede también fijar los hechos a resolver sin que en tal tarea exista el menor e indispensable control de los interesados.
El problema no es baladí. Por lo contrario, sigue siendo preocupante
cuando opera en un régimen acusatorio o dispositivo en el cual el juez actúa como tal y no como parte procesal.
A pesar de todo, la doctrina continúa sosteniendo hasta hoy la excelencia
de este medio de confirmación. Volveré luego sobre el tema.
Castizamente, el vocablo convicción significa seguridad de algo que parece lógico racionalmente. Psicológicamente, es el fenómeno interno que se produce en la mente del juzgador que posibilita la inclinación de su ánimo hacia la aceptación como probable de una afirmación ("se convence de ella") que no es comprobable ni acreditable. En otras palabras: se utiliza la convicción cuando hay ausencia de otros medios de mayor gradación en el campo de la confirmación. Es, por tanto,
menos importante de los todos los que he presentado hasta ahora.
es que la convicción -qu e
se encuentra vinculada
régimen de derecho libre y que opera cabalmente en el sistema
3 4 La voz oficioso
que constituye la profesión de alguien. Judicialmente, su contenido es más restringido:
refiere desde antiguo a la potestad de los jueces para imponer un total esclarecimiento de los hechos que investigan en causas tanto penales cuanto civiles, como natural consecuencia del ejercicio de su propia autoridad y sin necesidad de instancia o re- querimiento de parte interesada. La Iglesia calificó de santo al oficio judicial de defender la fe y perseguir y castigar la herejía. De allí la denominación del Tribunal de la In-
quisición: el Santo Oficio.
viene de oficio que, en sentido amplio, significa cualquier actividad
sitivo- se presenta como un medio confirmatorio puramente subjetivo que se aparta de la objetividad manifiesta propia de los medios de com- probación y de acreditación. De ahí su larvada peligrosidad.
No obstante eso y, además, ser extraños a los sistemas acusatorios que rigen en América Latina, los medios de convicción son los que más se usan en la tarea de confirmar procesalmente pues, a todo evento, per- miten la reflexión indiciada que puede generar una presunción hominis. Ya me referiré luego al tema.
Y es que si bien el juez (especialmente, el de lo penal) no debe sentenciar
sólo a base de la confesión del interesado, si está convencido de su sinceridad, la tomará como un indicio que, al ser valorado con otros varios más en las condiciones que luego explicaré, permitirá fundar adecuadamente su pronunciamiento.
Los medios de convicción, finalmente y reiterando conceptos ya ex- presados supra, son los que el juez puede:
- oír (declaración de las partes procesales -confesión y juramento- y declaración de terceros que no son partes procesales -peritaje de opinión, testimonio y fama pública-);
- ver (documentos simples comprobados por testigos), y
- razonar {indicios).
Trataré a cada uno de ellos desde una óptica general. Más tarde, se verán en particular.
En la doctrina que se ocupa habitualmente del tema, los autores pre-
fieren hablar de declaración de parte y no de confesión, so capa de que es en aquélla donde se encuentra ésta. Sin embargo, a los fines proce- sales, la importancia está en el resultado que se obtiene: el reconoci- miento de un hecho contrario a los intereses del declarante. De ahí que persista aquí en la denominación que desde siempre se ha dado
Históricamente, el concepto de confesión se vincula con un sacramento religioso y consiste en la declaración de los pecados cometidos que hace el penitente a su confesor, con libertad de espíritu y sin coacción alguna.
Recuerde el lector la aparición del sistema inquisitivo en el siglo XII -como expresión de un poder espiritual actuando sistemáticamente- con ciertas órdenes mendicantes que hacían pesquisa por casi toda Europa en la búsqueda de herejes para lograr su confesión y el sincero arrepentimiento por el pecado cometido. Cuando ello se lograba, se lo absolvía y se perdonaban los pecados confesados, quedando así expedita su reinserción en el seno de la Iglesia. Hasta ese entonces, el tema poco interesaba al Derecho.
Cuando, andando el tiempo, cambiaron los intereses de Roma, y el papado se alejó de la pura espiritualidad inicial para comenzar a pri- vilegiar los bienes materiales, con notable injerencia en los gobiernos seculares a quienes disputó el ejercicio del poder, aquella inocente In- quisición se convirtió en la Inquisición medieval o Santa Inquisición que, en sus inicios, tuvo a su cargo el juzgamiento de los delitos eclesiales (herejía, apostasía, sortilegio, adivinación, invocación a los demonios, cisma, sodomía, mancebía, solicitación, superstición, etcétera). Nuevamente se procuró obtener la confesión y el arrepentimiento pues, a la postre, se buscaba la reconciliación del pecador con la Iglesia. Sólo que ahora se lograba por medio de la tortura, para ayudar al alma a arrancar el pecado de su seno, y la condena por herejía se acompañaba con la orden de absoluta expropiación de los bienes del condenado. Terminando el siglo XV, el sistema se endureció notablemente en Es- paña, donde se instaló la conocida ahora como Inquisición española, que tomó a su cargo el juzgamiento de los delitos seglares que se ori- ginaron para sojuzgar 3 5 a judaizantes (marranos) 3 6 , musulmanes, lute- ranos, etcétera.
Otra vez se buscó la confesión del imputado con el obvio fin de lograr una condena que posibilitara la expropiación de bienes. Y así, fue el medio preferido para hallar la verdad de una proposición cualquiera durante varios siglos
35 Sojuzgar es someter o dominar con violencia. 3 6 La palabra marrano se utilizaba en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna, para denominar al judío converso, español o portugués. No se sabe si la denominación proviene de una obvia alusión a ciertos tabúes alimenticios o si, con mayor crueldad, es simple extensión de la segunda acepción de dicha voz en lengua castellana: persona que tiene mala intención o carece de escrúpulos.
Por eso es que a nadie puede extrañar que las leyes procesales españolas comenzaran a legislar codificadamente acerca de los medios de prueba incorporando como tal a la confesión, que ya a la sazón exhibía más
de seiscientos años de antigüedad y eficacia en el sistema de juzgamiento
por entonces practicado.
Pero, además, se la privilegió frente a todos los demás medios proba- torios. Tanto, que se la ungió como la probatio probatissima, de donde nace el antiguo refrán "a confesión departe, relevo de prueba "
Y aplicando este criterio, igual en lo civil que en lo penal, los jueces
de todos los tiempos fundamentaron sus sentencias sólo en el hecho de la confesión, si ella había sido rendida en autos. No obstante tanta prosapia y antecedentes históricos, el Iluminismo del siglo XVIII -con la influencia intelectual de Voltaire y Beccaria, entre otros grandes de la época- logró que la tortura y la confesión cayeran en desgracia entre los autores del derecho; y ello plasmó elo- cuentemente en el movimiento constitucionalista que se expandió ver- tiginosamente en el siglo XIX.
A tal punto esto es
estudia a la confesión como un simple medio de
del siglo XX- se
cierto que hoy - y desde finales
Con la imprescindible recordación de estos antecedentes, ya es hora de acotar ideas: la confesión judicial es la declaración que hace una
parte procesal en contra de su propio interés litigioso, aceptando extremos
fácticos que lo perjudican
Precisamente porque la lógica histórica enseña que, si ello ocurre, se debe
a que el confesante -actuando de buena fe, cual lo haría en la confe-
sión religiosa- acepta como exacta una verdad que alguien quiere impo- nerle, resulta obvio que lo confesado debe coincidir con esa verdad
Sin embargo, la vida muestra ejemplos en lo cuales esa coincidencia no se presenta. Muchas veces -en rigor, más de las que podemos ima-
ginar- un padre confiesa haber cometido el delito imputado a un hijo.
Si bien se mira, ¡se trata de noble actitud fundada en el amor filial!
Pero que, a la postre, proclama que lo confesado puede no coincidir con la realidad
El problema no se detiene allí: la historia reciente muestra que en la época dorada de la mafia conocida como cosa nostra, había personas
que -por dinero- confesaban haber cometido los delitos imputados al capo mafioso. Y esto no se presenta como hecho noble y amoroso, sino como vil negocio.
Con tantos elementos que han generado enorme desconfianza en el tiempo hacia este medio de suma prueba, los procesalistas penales -que actúan en un campo en el cual tiene peso verdadero la confesión- han dejado de brindarle el valor de medio de confirmación para asignarle otro mucho más correcto funcionalmente: se trata de un verdadero medio de defensa que el interesado puede hacer valer a su exclusiva voluntad en el proceso.
Si bien ésta es la tónica actual -veinte años después- todavía sigue
siendo incomprendido el problema por los procesalistas civiles, lo que ahora genera graves problemas de naturaleza constitucional.
En el pasado, toda declaración de parte (al igual que la de los testigos)
se hacía bajo juramento de decir verdad. Y el pensamiento de la época
era congruente con ella pues, castizamente, jurar es prometer algo en
solemne, poniendo
a Dios por testigo.
Tanto era así, que legalmente se tipificó el delito de perjurio (jurar en falso) -con lo cual se vedaba teóricamente la posibilidad de mentir en
el proceso- que se despenalizó en la Argentina hace ya muchos años,
acorde con el mandato constitucional que asegura que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo.
Desde que ello ocurrió, dejó de cumplirse la práctica del juramento en forma previa a la declaración penal. Sin embargo, continuó siendo
exigido en el proceso civil (en verdad, hasta el día de hoy, toda posición que debe ser absuelta en la prueba de confesión se redacta tontamente
Pero como ya no existe el delito de perjurio, la mentira es fácil y sin
consecuencias disvaliosas en el proceso de contenido pretensional civil.
Y ahora nos quejamos -absurdamente- de que los pleitos se chicanean
con la mentira constante del demandado impiadoso y nos enojamos porque esto ocurre
Pero nos quejamos mal. Parece obvio que si nadie está obligado a declarar
de declarar sin que sufra efectos contrarios a su propio interés, es absurdo
jure como es cierto
en contra de sí mismo y, en esta tónica, el imputado penal puede
y contrario al orden constitucional que se pueda exigir judicialmente que el demandado civil declare en contra de sí mismo y se le apliquen gra- vísimas consecuencias en caso de inasistencia a la respectiva audiencia
de silencio ante las posiciones o preguntas
formulan 3 7 .
esto es así en todos los códigos del continente que siguen la impronta
del derecho español en la materia penal. No ocurre lo mismo en los países que responden al sistema del common law. En ellos, nadie puede exigir en proceso penal la prueba de absolución de posiciones (provo- cación de la confesión) a su oponente.
Por el contrario, cada parte es libre de decidir si ha de declarar o no
en el proceso. Nótese bien que, en tales condiciones, si la parte declara
es porque espontáneamente así lo quiere. Insisto: nadie puede generar en su contra la carga de hacerlo.
Y por ello, debe decir la verdad, en serio y bajo juramento, pues a la
postre se trata de un testimonio en causa propia. Obviamente, aquí la mentira se castiga con la pena del falso testimonio.
De ahí entonces que no debemos quejarnos de la mentira sino de comprender y aceptar que la ley admite -inconstitucionalmente- que pueda ser provocada una confesión convocando el juez a la parte pro- cesal a una audiencia donde se le pide que declare en su contra, reco- nociendo hechos que le son adversos.
¿No habrá llegado ya la hora de terminar definitivamente
incongruencia y adecuar por fin la ley procesal al texto de la Consti-
Es éste un medio de confirmación que, no obstante su glorioso pasado, se encuentra actualmente en desuso, salvo algunos casos excepcio- nales que sólo sirven para confirmar la regla. No obstante ello, en razón de que creo necesario que el lector comprenda cuál fue el exacto
mayor en los países de América Latina que en los propios Estados Unidos, donde el mandato constitucional refiere sólo a la materia penal. De dond e resulta que los dis- cípulos han superado largamente al maestro
3 7 Adviértase que el alcance legal de la prohibición de declarar en contra de sí
carácter confirmatorio
de este medio en orden
al sistema en el cual
utilizó, daré precisa noticia de él.
entiende castizamente por juramento la afirmación o negación de algu-
na cosa poniendo por testigo a Dios en sí mismo o en una de sus criaturas. Recurrentemente, la Ley de Partidas }& lo definió como "el averiguamiento que se hace nombrando a Dios o a alguna otra cosa santa sobre lo que alguno afirma o niega que es así".
Del mismo modo, la doctrina lo consideró como la invocación tácita o expresa del nombre de Dios -como verdad primera e infalible- ponién- dolo por testigo de la certeza de lo que se declara 39 .
vínculo con el que
Y así presentado, el juramento
puede ligarse un hombre creyente para decir la verdad, pues, de no cumplirlo, pone en riesgo la gloria y paz de su vida eterna.
El tema tuvo enorme trascendencia mientras la moral media de un
lugar lo permitió en el pasado, máxime cuando no se veía al proceso
como un medio pacífico de debate dialéctico sino como una deleznable forma de vejar al adversario a quien se demandaba y que oponía in-
debidamente una inaceptable
A los efectos confirmatorios y apuntando a la decisión de un litigio,
el juramento se clasificó en decisorio del pleito, estimatorio
o decisorio
resistencia 40 .
3 8 Ley 1, Tít. 11, Part. 3. 3 9 Recordar la tradición toledana que encierra el bellísimo poema de José Zorrilla (Valladolid, 1817 - f Madrid, 1893), A buen juez, mejor testigo que, con enorme sentido musical, recrea la antigua leyenda toledana sobre el Cristo de la Vega. Puede ser leído en Internet, buscando por el nombre del autor. 4 0 Conocido antiguamente como juramento de calumnia, es el que hacían en juicio tanto el actor como el demandado, el primero diciendo que no entablaba su pretensión,
y el segundo, que no oponía su excepción por calumniar o vejar al adversario, sino
por la confianza que tenían en la razón, derecho o justicia que les asistía. También se lo conoció como jura de mancuadra, por la semejanza metafórica que debe tener con la mano, que es cuadrada y acabada y, como ésta se compone de cinco
dedos, el juramento debe contener cinco requisitos: 1) que no se inicia maliciosamente
la demanda o la defensa, sino para obtener o defender un derecho; 2) que siempre
que sea preguntado acerca de los hechos litigiosos, dirá la verdad, sin mezcla de mentira, falsedad o engaño; 3) que no dio ni prometió, dará ni prometerá cosa alguna al juez
o al escribano; 4) que no se valdrá de pruebas, testigos ni instrumentos falsos; 5) que no se pedirá plazo con el malicioso fin de prolongar el pleito.
decisorio del pleito
lo que ésta jure, a fin de terminar así sus diferencias 41 . Y se llama decisorio del pleito por cuanto la parte que lo defiere consiente que su adversario sea el juez final de la causa y se aviene a cumplir lo que él afirme o declare.
2) El juramento estimatorio o decisorio en el pleito Es el que, por falta de otra prueba, exige el juez al actor sobre el valor o estimación de la cosa que demanda, para determinar la cantidad en que ha de condenar al demandado.
3) El juramento supletorio o necesario
Es el que el juez manda oficiosamente hacer a cualquiera de las partes
para completar una prueba que no le
Como se ve, la materia pudo insertarse sólo en un medio histórico dominado por la creencia en Dios y la aceptación religiosa de la exis- tencia de una vida posterior a la muerte que puede ser perdida por el mero hecho del perjurio. ¡Hoy sería imposible solucionar cualquier litigio por esta vía!
Es el que un actor defiere a su demandada, obligándose a pasar
satisface en su resultado 4 2 .
3.5.1.4.3. E L PERITAJE
DE OPINIÓN (EN GENERAL)
Denomínase pericia la habilidad y destreza en el conocimiento de una ciencia, técnica o arte, o en el desarrollo de una actividad, que tiene una persona denominada perito que actúa judicialmente haciendo in- formes (que se denominan peritajes o peritaciones) respecto de un tema litigioso para ilustrar al juez en su actividad de emitir la sentencia que debe resolverlo. Ya se ha visto antes que el medio de confirmación denominado com- probación es conocido habitualmente en las leyes con el nombre de
de peritos o prueba experticia, la que no siempre
prueba pericial, informe
ostenta en la realidad ese carácter absoluto que le otorga a su resultado el conocimiento científico actual.
21, Tít.
11, Part. 3. 11, Part. 3. Co n las medidas para
mejor proveer. Com o se ve, diferentes concepciones del
el tiempo , este jurament o deferido po r
el jue z fue
proceso: primero, como método;
Antes bien, sostuve que, al lado de este peritaje que realmente prueba, hay otros que sólo reflejan una opinión de alguien que está o se presume que está calificado para darla.
Expliqué también que en el primer supuesto -comprobación- el perito efectúa experimentos propios de su conocimiento sobre un tema téc- nico cuyo resultado produce un incontrovertible resultado científico que es y será siempre el mismo, no importando al efecto quién, cuándo o dónde se haga, si se respetan en todos los casos los parámetros brin- dados por la ciencia para su realización.
Aclaro ahora que hay otras -también llamadas equívocamente- pericias (de verdad, peritajes), en las cuales el perito no actúa en calidad de tal sino como una suerte de testigo calificado en razón de sus conocimientos (acerca de los cuales es interrogado judicialmente) y que produce o emite al finalizar su gestión una simple opinión acerca de cómo ocu- rrieron o hubieron de ocurrir los hechos sujetos a juzgamiento.
Claro está que, como aquí no se exige una comprobación de carácter
científico, es posible - y de hecho así ocurre a diario- que varios peritos puedan llegar -y lleguen- a conclusiones diametralmente diferentes
"Fratricelli" 43 , por ejemplo, se produjeron
cuatro informes periciales completamente diferentes en cuanto a la
causa que produjo la muerte de la víctima).
Parece, entonces, que hay peritos y peritos. O, mejor aún, unos son más peritos que otros.
De ahí que resulta importante hacer la distinción académica presentada supra, aunque con ella no propicie por ahora lograr un cambio de denominaciones en las leyes.
De cualquier modo, ahora se comprende que hay peritos químicos, físicos, lumínicos, contables, etcétera, que actúan comprobando, y peritos médicos, mecánicos, armeros, fotógrafos, tasadores, etcétera, que actúan opinando**.
(en el muy conocido caso
4 3 Sonado caso penal ocurrido en el sur de la Provincia de Santa Fe, Argentina, en el año de 2000. 44 Opinar significa expresar una opinión que, a su turno, es concepto o parecer que se tiene acerca de una cuestión, de donde deviene opinable: que admite opiniones en contra y a favor.
Insisto con este último ejemplo: ¿puede haber algo más disímil que la opinión de varios tasadores respecto del valor real y actual de una fracción de campo que sirve en parte para agricultura y en parte para ganadería? ¿Cuáles son las pautas objetivas que se hacen valer en el caso? ¿Los precios obtenidos en operaciones recientes de venta de frac- ciones linderas? ¿Y si se fraguaron precisamente para amañar el resul- tado del peritaje?
La importancia del tema se advierte cuando se compara el diferente
grado de poder confirmatorio que tiene cada uno de tales
El de comprobación debe ser aceptado irremediablemente por el juez, claro que a salvo de las impugnaciones que puedan hacerse en su contra por no haber respetado las pautas científicas para su realización.
En cambio, el de opinión merece una cautela especial del juzgador:
para su aceptación, debe hacer siempre un juicio de valor acerca de su contenido, de la idoneidad del perito y del resultado que propicia en función del tema a peritar.
Por cierto, tal resultado no vincula al juez -cual ocurre en la tarea de
comprobación- y es a este tipo de peritaje que se refieren
cuando, palabras más o menos, establecen que "
los jueces no están
obligados a seguir el dictamen de los peritos y deben apreciar el mérito de la prueba según su propio criterio".
En otros términos: el juez acepta el peritaje contrario, lo deja de lado.
si es convincente.
De ahí que, insisto, se trata de un medio de convicción y no de probación.
Ya volveré nuevamente sobre el tema.
3.5.1.4.4. E L TESTIMONIO
La palabra testimonio
que da una persona llamada testigo en el acto de atestiguar o en juicio que le es ajeno 4 5 respecto:
4 5 Sin perjuicio de lo que diré luego en el texto, hace a la esencia del testimonio que el que declara en calidad de testigo no sea parte en el proceso en el cual alguien intentará hacer valer su narración.
refiere a la declaración, afirmación o explicación
a) de hechos 4 6 ajenos que ha conocido o percibido por medio de alguno
de sus sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato), o
b) de hechos que ha realizado personalmente, o
c) del conocimiento que tiene de alguna persona, o
d) de lo que ha oído acerca de la fama que ostenta alguien. Me detendré
luego en cada uno de estos supuestos.
La situación de ajenidad del testigo respecto del pleito en el cual declara tiene una precisa excepción: cuando una parte procesal se halla formada por varios sujetos y entre ellos existe una relación de litisconsorcio, el único medio que tiene cada uno de ellos de hacer declarar a los demás que se hallan en el mismo bando, es la vía del testimonio* 7 . Y cuando esto ocurre, la parte atestigua sobre hechos propios o ajenos pero que, nótese bien, carecen de toda posibilidad de perjudicarla (que es la nota distintiva de la confesión). La declaración, finalmente, puede ser oral (el testigo habla, el juez oye)
o escrita (el testigo no habla sino que escribe; el juez no oye sino que
lee). Si bien la primera de tales formas es la que se presenta habitual-
mente en el mundo judicial, hay casos en los que es menester soslayarla:
si el testigo es mudo, por ejemplo, y si quien debe declarar está exento
del deber de comparecer (ver infra, # 3.5.2.4, donde menciono a ciertos funcionarios públicos a quienes las leyes toleran que declaren por es- crito y no verbalmente ante el juez). Veamos ahora los distintos supuestos:
En este caso, el testigo relata el conocimiento personal que tiene acerca
de hechos percibidos por el propio testigo
4 6 La prueba del derecho no tiene sentido en un sistema en el que el derecho se presume conocido. A menos que sea la misma ley la que es objeto de discusión en su existencia o vigencia.
4 7 Recuérdese que, doctrinalmente,
(con la cual se logra eventualmente una confesión) o de un tercero no parte (verdadero testimonio). Debe advertir también el lector que para que haya litisconsorcio debe darse -por lo menos- la identidad del hecho causal en común frente a todos los litisconsortes. Repárese también en que, lógicamente, no puede existir una relación litisconsorcial en el supuesto de conexidad objetiva.
la declaración sólo puede ser de una parte procesal
Si no se acepta la excepción que se muestra en el texto, resulta imposible que un litisconsorte pueda hacer declarar a un par.
de hechos que han
medio de alguno de sus sentidos 4 8 .
él ha captado
La palabra hechos está utilizada en amplio sentido comprensivo mu-
chas veces de la opinión que el testigo tenga acerca de tales hechos (por ejemplo, puede afirmar la condición de ebriedad o de manifies-
de come-
ter un determinado hecho) pues resulta imposible separar adecuada- mente el hecho declarado de la opinión que el testigo tenga sobre ese hecho* 9 .
Por eso, creo indispensable recordar que ya he referido supra, # 1 que el testimonio de terceros es un medio confirmatorio absolutamente re-
lativo y, por ende, no seguro
Pregunté allí: ¿hay algo más cambiante y menos convincente que la declaración de un tercero procesal que muchas veces se muestra teñida de clara o de velada parcialidad? O, sin llegar a ello, ¿no está sujeta a un cúmulo de imponderables que resultan por completo ajenos al juz- gador?
Para demostrar tal relatividad, recordé que en el año de 1880, el co- dificador procesal de Santa Fe, en la Argentina, legisló en norma todavía vigente: "La admisibilidad de la prueba testimonial no puede ser objeto de controversias. Los jueces deberán decretar siempre el examen de los testigos, sea cual fuere su opinión al respecto".
ta ira en la cual se hallaba cierta persona al momento
ni confiable 50 .
4 8 La doctrina tradicional insiste en que el testigo haya percibido los hechos por su vista o su oído y en que los hechos sobre los que depone sean pasados. Esto es de manifiesta inexactitud y peca por defecto. El testigo pudo haber gustado, olido o tocado, por ejemplo, y ello escapa a la definición tradicional. Además, es obvio que puede declarar acerca de hechos que, aunque comenzados a ocurrir en el pasado, hoy siguen ocurriendo en el presente. 4 9 De ahí la importancia de la valoración que el juez haga sobre ese testimonio, no
influenciar por las opiniones propias del testigo es muy antigua la confirmación testimonial, de hecho desapareció en la
dejándose 5 0 Si bien
Edad Media al darse especial relevancia al juramento, al juicio de Dios y a las ordalías. Cuando reapareció en el mundo jurídico al caer aquéllas en desuso, comenzó a tener variadas restricciones respecto de la existencia y del valor de las obligaciones, como se advierte en numerosos ordenamientos históricos que culminaron con el contenido del art. 1341 del Código Civil francés, en tesitura que repite el art. 1193 del Código
Civil argentino. En definitiva, una muestra más de la relatividad de este medio y de la desconfianza del legislador en su resultado.
Y recalqué: ¿qué decir de la tan fácilmente posible adulteración de
documentos escritos o de registraciones fotográficas o visuales, de fo- tocopias, etcétera?
Finalmente, propuse al lector comparar los resultados definitivamente incontestables de una comprobación, por ejemplo, con el que arrojan cuatro testimoniales acerca de un mismo hecho: la experiencia judicial demuestra hasta el hartazgo que, aun si los testigos obran de buena fe, darán versiones distintas y, muchas veces, claramente antagónicas.
Y expliqué que ello es posible porque, además de que cada testigo es
él y sus propias circunstancias (su salud, su cultura, su educación, su inteligencia, su agudeza mental y visual, su poder de observación, et- cétera), resulta que un testigo puede ver un hecho desde un ángulo diferente al que ocupa otro para ver el mismo hecho exacto (esto es corriente en el ámbito judicial cuando -desde cuatro esquinas de una misma bocacalle, por ejemplo- cuatro personas presencian un acci- dente de tránsito. Interrogadas testimonialmente al respecto, presenta- rán siempre versiones que pueden ser muy diferentes y que -esto es importante de destacar- pueden ser todas reales aunque luzcan anta- gónicas. Y es que son subjetivamente reales, toda vez que en tanto uno vio el choque desde el norte, por ejemplo, otro lo observó desde el sur. Y parece obvio señalar que, en tales circunstancias, ambos testigos vieron de verdad cosas realmente diferentes.
Creo que ya está suficientemente demostrada la relatividad del testi- monio en la tarea de confirmar procesalmente. Por eso mismo es que
se estudia entre los medios de convicción: un testigo convence o no al
juez de que está diciendo la verdad. Si lo hace, podrá fundar en sus dichos la sentencia.
Insisto, finalmente, en que la captación del hecho por parte del testigo puede ser realizada con los cinco sentidos. Así, puede atestiguar que ha visto una puesta de sol, oído un ruido determinado, tocado la as- pereza de una tela, gustado una comida con demasiada sal y olido los efluvios de una sustancia nauseabunda.
La amplitud que en este sentido tiene un testigo no la posee un dador
de fe pública, que sólo debe limitarse en su tarea a lo que puede ver
y oír, según se acepta desde antaño.
b) El testimonio de hechos realizados por el propio testigo
En este caso, el testigo relata el conocimiento que tiene acerca de hechos que ha realizado él mismo y que tienen vinculación con el objeto de la pretensión discutida por las partes procesales. El ejemplo clásico es el reconocimiento de un documento escrito o
por él y que puede tener trascendencia en el proceso en el
cual declara 5 1 . Si bien se ve, el testigo declara acerca de un hecho propio, no de un hecho ajeno, cual lo hace en el caso anteriormente explicado.
c) El testimonio de conocimiento de una persona
En este caso, el testigo no relata hechos propios ni ajenos sino que expresa el saber directo que tiene acerca de una persona y de su iden- tidad, condiciones, cualidades, etcétera. El ejemplo clásico es el testigo de conocimiento que desde siempre utilizan los notarios para dar por acreditado que el desconocido que se le apersona es quien dice ser. Igual ocurre en el proceso y, muy habitualmente, en los llamados actos de jurisdicción voluntaria incoados para establecer, verbigracia, la identidad o el estado civil de alguien.
d) El testimonio
auditus")
de oídas ("ex
En este caso, el testigo relata el conocimiento indirecto que tiene de oídas acerca de hechos que han realizado otras personas o de su fama pública o de un rumor sobre ella. Aquí, el relato del testigo no versa sobre un hecho propio o ajeno que percibió directamente sino sobre lo que han dicho otras personas acerca de algo o de alguien.
Este supuesto incluye el caso particular del testimonio de oídas que versa sobre:
a) la fama de algo o alguien: consiste en el concepto generalizado que,
a partir de un hecho de origen conocido, un medio social determinado tiene respecto de una persona o acontecimiento. Por cierto, la decla- ración puede confirmar la fama, no los hechos que la habrían gene- rado;
5 1 Cuando esto ocurre, el valor confirmatorio de tal documento es el mismo que me- rece al juez el testigo que lo reconoció.
b) el rumor público acerca de algo o alguien: se trata de un hecho indeterminado y vago, de origen habitualmente desconocido, que versa no sobre la existencia sino sobre la posibilidad de que haya existido.
Ambos pueden llegar a constituir verdaderos indicios, en los términos que explicaré en el número siguiente.
Basta por ahora para presentar el tema.
3.5.1.4.5. E L INDICIO Y
LA PRESUNCIÓN (EN
1) El indicio
Denomínase indicio 52
dor) 54 a partir del cual se razona -por inducción 5 5 , deducción 5 6 o ab-
ducción 5 7 crítica- la existencia
Constituye, por ende, un medio de confirmación indirecto que le permite al juez obtener el resultado de una presunción 5 ^ que, a su turno, es el
conocido (el indiciarlo o el indica-
a un hecho 53
de un hecho desconocido (el
5 2 La palabra indicio proviene del latín indicium, derivación de indicere: indicar, hacer conocer algo.
5 3 Se utiliza la palabra hecho en el lato sentido de cualquier hecho: human o o de la naturaleza, físico o psíquico, siempre que de él pueda obtenerse un argumento que sirva para aceptar razonadamente la existencia de otro hecho no confirmado.
5 4 No importa al efecto el medio confirmatorio por el cual el juez lo conoce: un tes- timonio, una confesión, etcétera.
5 5 Se entiende por inducción el método de razonamiento que consiste en partir del estudio y del análisis de datos particulares conocidos y avanzar lógicamente hasta al- canzar un principio general desconocido. Actualmente se expresa mejor diciendo que es la forma de inferencia que permite predecir la regla que vincula a ciertos rasgos (o características) que surgen de un caso determinado.
5 6 Se entiende por deducción el método de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido y avanzar lógicamente hasta alcanzar una conclusión par- ticular desconocida. Actualmente, se explica mejor el tema diciendo que es la inferencia que permite predecir los rasgos (o características) que aparecerán a partir de la aplicación de una regla a un caso determinado.
5 7 El modern o termino abducción refiere a la forma de inferencia
a un caso perteneciente a una regla a partir de ciertos rasgos (o características) deter- minados.
5 8 La presunción nunca es medio de confirmación sino el resultado que se obtiene después de razonar a partir de la aceptación de hechos debidamente confirmados en la búsqueda de otros hechos que no lograron confirmación alguna. Hablo aquí, por cierto, de la presunción hominis (o del hombre), no de la impuesta por el legislador.
juicio lógico que permite al juzgador tener como cierto o probable hecho incierto después de razonar a partir de otro hecho cierto.
Para llegar a ese resultado, que bien puede ser fundamento definitivo de una sentencia judicial, el juez debe razonar desde la entidad misma del hecho indiciario o indicador, que puede ser necesario o contingente.
a) Un indicio es necesario cuando por sí solo e inexorablemente - y
con independencia de cualquier otro medio de confirmación- permite aceptar la existencia del hecho indicado. Por ejemplo: si la experiencia indica que ningún animal irracional puede construir un edificio de hormigón, la construcción de una casa en un lugar dado permite colegir sin más que hubo allí presencia humana, pues sólo hombres pudieron hacerla. Del mismo modo, la experiencia indica que un embarazo no puede durar más de trescientos días, de donde puede colegirse que si el cónyuge de la madre murió antes de comenzar ese lapso, el hijo concebido no es matrimonial.
b) Un indicio es contingente, cuando exige la presencia de otros indicios
-también contingentes- para posibilitar el resultado de la presunción que tendrá por confirmado al hecho indicado.
Siempre que las leyes autorizan la utilización de estos indicios contin- gentes, son particularmente severas en la determinación de cómo debe ser el razonamiento judicial que termine en presunción.
Y así, se exige que tal razonamiento vincule a indicios que sean:
- ciertos (es decir, hechos debidamente confirmados por otro cualquiera);
- varios 59 (deben ser por lo menos tres 6 0 para que el razonamiento tenga peso confirmatorio);
- graves (deben
o importancia,
cosa baladí);
5 9 Aunque la palabra vario significa diferente, diverso o no igual o que está compuesto
por una diversidad, o a unos cuantos. 6 0 Confieso que he
pensado mucho para establecer este número, al que señalo como
mínimo para poder obtener una presunción hominis. Y lo he elegido pues creo que con él se respetan los elementos necesarios para la operación lógica que conlleva, de la cual puede nacer la inducción, la deducción y la abducción (ver notas # 55, 56 y 57).
cuando se usa en plural -varios - semánticamente equivale a algunos
- precisos (deben ser necesarios o indispensables para el fin procura- do), y
- concordantes (deben mostrar correspondencia o conformidad de un hecho con otro).
Este medio de confirmación ha tomado mayor auge en los últimos
años, por imperio de la propia realidad que muestra el litigio habitual:
la parte procesal que pretende declarar simulando a un documento que refleja cierto acto, difícilmente puede contar con un contradocu- mento 6 1 que le permita confirmar su afirmación; de donde se impone
la confirmación indiciaría como único medio posible. La tenaz negativa
de un presunto padre de someterse a los análisis de sangre que podrían comprobar su negada paternidad y la imposibilidad de extraer por la fuerza la respectiva muestra 6 2 , exigen ocurrir al indicio emergente de su propia negativa, como invariablemente lo hacen nuestros tribunales desde hace ya bastante tiempo.
2) La presunción
Se entiende por presumir (de presumere, conjeturar, sospechar, tener
por cierto) la admisión de la certeza de una cosa sin que esté probada
sin que le conste a quien presume. En el derecho romano antiguo
empleó en el sentido de creencia, suposición u opinión y se relacionó
vocablo con el de probare, configurando el concepto de una hipótesis
que se tiene por cierta mientras no se destruya con una prueba en
contrario 6 3 . Si bien se mira, presumir es igual a ausencia de necesidad de prueba. Y ello tiene, obviamente, estrecha relación con las reglas de
la carga de la prueba, de las cuales son claras excepciones los hechos
(no hay carga de probarlos).
Recién en el derecho canónico aparecieron las verdaderas presunciones -las que no admiten prueba en contrario- y, al desarrollarse los es- tudios sobre la prueba judicial, se generalizó la tendencia de sustituir
6 1 Es aquel mediante el cual las partes intervinientes en un documento anterior declaran que su contenido no es sincero. 6 2 Esto, que creo es de toda obviedad, no lo es para la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia argentina, que recientemente privilegió la búsqueda de la identidad por sobre el de la intimidad de la propia persona de cuya identidad se duda. 63 Prczsumptum est debet nisi contrarium approbatur.
a los indicios por las presunciones legales, aceptando ahora la posibilidad
De tal forma, el tema se estudia desde siempre con una triple ópti- ca: praisumptiones iuris et de iure (presunciones absolutas o de pleno derecho), praisumptiones iuris tantum (presunciones relativas) y
praisumptiones facti (presunciones emergentes del análisis de varios he- chos indiciarios y que, obviamente, también son relativas) 6 4 . Actualmente, corresponde hacer una nueva sistematización: toda pre- sunción admite un doble estudio: en cuanto a su origen y en cuanto
Por el origen, puede ser legal (prazsumptio legis), que está impuesta por
el legislador y debe ser aplicada por el juez, y humana o del hombre
{praesumptio hominis) que el juzgador establece a su voluntad después de trabajar con indicios en las condiciones que la ley los admite.
A su turno, y en cuanto a su valor, la presunción legal admite ser cla-
sificada conforme con que admita o no prueba en contrario: la pre-
sunción absoluta de pleno derecho (praesumptio juris et de jure), que no admite medio confirmatorio alguno en contrario y que otorga certeza
al juzgador, y la presunción relativa (praesumptio juris tantum) que ad-
mite confirmación en contrario y que, por tanto, genera certeza o simple
en el juzgador (por eso, un medio de
convicción).