Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1175686
Timestamp: 2019-05-19 09:28:10
Document Index: 327406934

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 121', 'artículo 43', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 24']

El conocimiento que proporciona el acceso de la ciudadanía a la información pública, es necesario para la formación de la opinión crítica en la ciudadanía que redunde en la mejor participación de todos los cántabros y cántabras en la vida política, económica, cultural y social.
Esto constituye una prioridad que los poderes públicos están obligados a fomentar.
Recientemente, la legislación básica estatal reguladora del procedimiento administrativo común establece que el acceso a la información pública, archivos y registros se regula de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el resto del ordenamiento jurídico.
Así, la presente Ley tiene por objeto desarrollar, completar y ampliar las obligaciones que contiene la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en materia de transparencia, así como establecer los mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos que reconoce al conjunto de los ciudadanos.
Cantabria carecía de una norma específica que desarrollase la materia, habiéndose regulado la misma de manera parcial, fragmentada y sectorizada. Así, tenemos la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre , de régimen jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que establece que la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma observará, entre otros, los principios de simplicidad, claridad y proximidad a los destinatarios de los servicios. Asimismo, ajustará su actuación a, entre otros, los principios de servicio efectivo a la ciudadanía y objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
En aplicación de dichos preceptos, se aprobó el Decreto 152/2005, de 9 de diciembre , por el que se aprueba la Carta de Derechos de la Ciudadanía y se crea el Observatorio de Calidad de los Servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Los compromisos contenidos en dicha Carta de Derechos responden a la voluntad del Gobierno de Cantabria de avanzar en el proceso de mejora continua en la calidad de los servicios públicos que ofrece a la ciudadanía. En esa Carta de Derechos, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos públicos dependientes se comprometen con la ciudadanía a construir una Administración moderna, transparente y abierta a la ciudadanía. Reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir información clara, completa y precisa sobre los servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos públicos, a acceder a los registros y archivos públicos, con las limitaciones legalmente establecidas y sin vulnerar el derecho a la intimidad de las personas.
El capítulo II regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ordenando el procedimiento para su ejercicio en el ámbito de la Comunidad Autónoma, con respeto a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En aras de facilitar el derecho de acceso, la Ley fomenta la tramitación electrónica. El régimen de la formalización del acceso y la reclamación potestativa en materia de acceso constituyen otros elementos configuradores del espíritu incentivador de la transparencia hacia el ciudadano individual.
El título II regula y garantiza la publicidad activa y consta de dos capítulos. El primero desarrolla las características generales mientras que el segundo concreta las áreas y materias sujetas a transparencia, estableciendo la obligación de difundir una amplia información, de manera obligatoria, gratuita y en condiciones de veracidad, accesibilidad, objetividad, a través de medios electrónicos. Se parte de las obligaciones que establece en materia de publicidad activa la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuya estructura se mantiene, y se amplían aspectos como los relativos a la transparencia política, la información sobre el empleo público y sobre la ejecución de los contratos, entre otros.
10. Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información será publicada conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero , por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
14. Principio de seguridad, en cuya virtud la información será pública conforme al Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero , por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
7. Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos, sin perjuicio del Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por Real Decreto 3/2010, de 8 de enero , por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
2. Obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de los sujetos afectados por esta Ley, sin que para ello se esté obligado a declarar interés alguno, y sin más limitaciones que las contempladas en esta Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de protección de datos de carácter personal.
7. Usar la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones que las contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de protección de datos de carácter personal.
2. Cuando la información solicitada contuviera datos de carácter personal tanto de la persona solicitante como de terceras personas se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de protección de datos de carácter personal.
8. Las solicitudes de información se contabilizarán y clasificarán para lo previsto en el apartado 3 del artículo 38 de la presente Ley con el objeto de detectar las más frecuentes y reiterativas.
Esta información pasará a ser considerada información pública de relevancia que deberá ser sometida a publicidad activa, siempre que la solicitud se resuelva concediendo el acceso.
2. Transcurrido el plazo sin haber concretado la solicitud se procederá a su archivo por desistimiento.
Esto no será obstáculo para presentar una nueva solicitud.
No se estimará como reelaboración la información que pueda obtenerse mediante tratamiento informatizado de uso corriente.
4. Se podrá poner en conocimiento del solicitante la existencia de alegaciones y su contenido.
En este caso, se le concederá un plazo de quince días hábiles para que pueda realizar las alegaciones que estime oportunas, quedando suspendido el plazo máximo para resolver y notificar hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación a contar desde el día siguiente de la notificación.
7. No obstante, contra las resoluciones dictadas por el Parlamento de Cantabria y otros órganos estatutarios que se pudieran crear, solo cabrá la interposición de recurso contenciosoadministrativo.
1. Los sujetos afectados por esta Ley deberán facilitar el acceso a la información pública o, en su caso, suministrarla, en formatos que permitan su reutilización por personas físicas o jurídicas para la creación de valor mediante nuevos productos y servicios, siempre que se respeten los límites establecidos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre , sobre reutilización de la información del sector público, y que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública.
3. La reutilización de documentos que contengan datos de carácter personal se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de protección de datos de carácter personal.
5. El incumplimiento de estas obligaciones se regirá por el régimen sancionador recogido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre , sobre reutilización de la información del sector público.
1. Publicar toda la información sometida a publicidad activa de los sujetos afectados por esta Ley, con pleno respeto a las restricciones de privacidad, seguridad y propiedad en los términos establecidos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre , sobre reutilización de la información del sector público.
Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero , por el que se regula el esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.
1. Los sujetos enumerados en el artículo 4 de la presente Ley deberán hacer pública, respecto de los miembros del Gobierno, altos cargos y asimilados de los entes integrantes del sector público, así como los miembros de las corporaciones locales y personas que desempeñan puestos considerados de confianza o de asesoramiento especial, según la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio , reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria y la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de bases de régimen local, respectivamente, la siguiente información:
g) Actividades públicas y privadas para las que se haya autorizado o reconocido la compatibilidad.
Las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales se harán públicas en la forma que se desarrolle reglamentariamente.
3. El contenido de las declaraciones incluidas en ambos registros será público y fácilmente accesible en la sede electrónica o portal web correspondiente. De acuerdo con el artículo 8.1. e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , en todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
2. Los límites a esta publicación vendrán determinados por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de protección de datos de carácter personal y por otras Leyes que reserven expresamente el carácter secreto de algún dato.
El Consejo de Transparencia de Cantabria, en cuanto a su régimen jurídico, atenderá a su Ley de creación sin perjuicio de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre , de régimen jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
3. Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.
Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante el Parlamento de Cantabria. Esta memoria se publicará en el Portal de Transparencia de Cantabria.
a) Los altos cargos o asimilados de la Comunidad Autónoma y de los municipios, de conformidad con lo previsto en la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio , reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria y el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, los miembros de las corporaciones locales de las entidades que integran la Administración Local.
4. Se entiende por reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
Se entiende por reiteración la comisión de una infracción de la misma naturaleza, al menos, en dos ocasiones, sin que constituya reincidencia, al no haber sido declarado todavía por resolución firme en vía administrativa el primer incumplimiento.
En particular, respecto de los responsables mencionados en el artículo 43.2.a) de la presente Ley vinculados a la Comunidad Autónoma, se atenderá a la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio , reguladora de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria.
3. En las infracciones referidas a la reutilización de la información, se estará a lo dispuesto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre , sobre reutilización de la información del sector público 4. En todo caso, es competencia de la Agencia Española de Protección de Datos sancionar las infracciones referidas al acceso a la información pública que vulneren la previa ponderación exigida en el artículo 8.2 de esta Ley, y el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA Adaptación de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio , reguladora de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración de Cantabria
En atención al desarrollo de las obligaciones de buen gobierno establecidas en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley se adaptará la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio , reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración de Cantabria.
Si de conformidad con lo establecido en el artículo 24.6 y la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Comunidad Autónoma de Cantabria decidiera crear un órgano independiente en materia de transparencia, lo hará por Ley de creación del Parlamento de Cantabria con una mayoría de dos tercios de los diputados.