Source: http://fojas0.esy.es/notas/constitucionalidad-del-aborto-legal/
Timestamp: 2019-10-21 13:29:17
Document Index: 233017170

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 29', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 1', 'artículo 75']

HomeNotasConstitucionalidad del aborto legal
El próximo 8 de agosto, los y las Senadores tratarán el proyecto aprobado en Diputados sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La reñida votación del 14 de junio evidenció las aguas partidas al interior de la mayoría de los espacios políticos, y también en nuestra sociedad. A continuación compartimos dos miradas sobre el estatuto constitucional de la norma pendiente de tratamiento en la Cámara alta.
El diputado nacional por Cambiemos, Jorge Enríquez argumentó en un artículo publicado en La Nación que el proyecto es inconstitucional porque:
“El derecho a la vida no fue expresamente reconocido por la Constitución Nacional, pero siempre se lo tuvo por incluido entre los derechos implícitos a que se refiere el artículo 33. Por lo demás, su falta de mención expresa nunca podría interpretarse como un desconocimiento del constituyente de ese derecho, sino más bien como lo contrario: es tan obvio, tan elemental como presupuesto de los demás derechos, que ni hacía falta señalarlo con todas las letras.
(…) El derecho a la vida está mencionado en el artículo 29, ese que (…) establece que ni el Congreso ni las Legislaturas provinciales pueden conceder facultades por las que la vida de los seres humanos quede a merced de gobierno o persona alguna.
(…) el artículo 75, inciso 23 que asigna como atribución del Congreso: ‘Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia’.
El artículo 75, inciso 22 les otorgó jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. La primera establece que ‘toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente’.
La Convención sobre los Derechos del Niño formula algunas reservas, como: ‘Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad’.
Por todo esto, el diputado de Cambiemos afirma que sólo a través de una reforma constitucional se podría establecer que la vida comienza después de la concepción. Pero si la modificación tuviera lugar, afirma que ‘la biología molecular, la embriología y la genética determinan hoy, de modo inequívoco, que la existencia del ser humano empieza en el mismo momento en que el núcleo del espermatozoide ingresa en el óvulo y se produce la concepción’.”
Por su parte, la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza y ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia publicó en Infobae un artículo donde argumenta que la legalización del aborto sí es constitucional:
“(a) Ningún derecho es absoluto. Los derechos que titularizan las personas, entre ellos la vida, pueden encontrarse en conflicto. Ese conflicto se resuelve, generalmente, con un principio denominado “de proporcionalidad” que implica balancear, equilibrar, poner límites razonables a unos y otros. La defensa ilimitada del derecho a nacer (como pretenden quienes se oponen a la legalización) sería otorgar al feto, a una vida en gestación, una protección irrestricta que no tiene ninguna persona viva. (…)
(b) Es errado sostener que el proyecto sancionado por Diputados viola la Convención internacional de los derechos del niño porque la Argentina hizo una reserva al momento de su ratificación. Este tema ya fue resuelto por la Corte Suprema de la Argentina, en el caso F.A.L. de 2012, en el que aclaró que mientras la ley 23.849 hizo una verdadera reserva respecto de la llamada adopción internacional, en la cuestión de la definición de niño (desde la concepción) sólo se estableció un criterio interpretativo. Por lo demás, los organismos internacionales encargados de aplicar esa Convención Internacional –principalmente, el Comité de Derechos del niño– han recomendado reiterada y recientemente a nuestro país (la última vez el 6/6/2018) que la Argentina debe “asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención post-aborto para niñas adolescentes” (protegidas indudablemente por la Convención), “garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones”.
(c) También es incorrecto afirmar que el proyecto aprobado por los diputados es inconstitucional por violar la Convención Interamericana de Derechos humanos. Esa Convención –respetada por el código civil y comercial argentino vigente desde agosto de 2015– protege la vida desde la concepción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete última de la esa Convención, sostuvo en el caso “Artavia Murillo”, en 2012, que la expresión “en general” contenida en el art. 4 de esa Convención significa que la protección del derecho a la vida “no es absoluta, sino gradual e incremental según su desarrollo, debido a que la obligación del Estado de preservarla no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”. Más aún, citó la sentencia del caso F.A.L. dictada por la Corte Suprema argentina, antes mencionada, indicando de este modo que la interpretación de ambas Cortes se alinea en el mismo sentido. (…)
(d) La legalización tampoco violenta el art. artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional que atribuye al Congreso “dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental”, porque esa norma, como ha sostenido la Corte de la Nación, intérprete última de nuestra Constitución nacional, encuadra en un marco específico de seguridad social y no en uno punitivo, por lo que de ningún modo está referido a los abortos no punibles. Las mujeres que desean llevar adelante un embarazo (mayoría en nuestro país) encuentran respaldo y protección en esta norma; en ese caso, también lo encuentra el feto, porque sus intereses están alineados con los de la gestante. En cambio, la norma es irrelevante cuando la mujer no desea llevar adelante ese embarazo y la vida del feto es inviable sin la de ella.
e) El texto aprobado respeta un valor constitucional fundamental, cual es la dignidad de la persona humana. Como lo recordó la Corte Federal en el caso FAL, cada persona es un fin en sí misma y el bloque de constitucionalidad proscribe, prohíbe, no autoriza que esa persona sea tratada utilitariamente, como un objeto. Eliminar la voluntad de la mujer, su autonomía, impidiéndole decidir la interrupción del embarazo cuando éste es incipiente, implica convertir a la mujer en un mero instrumento de la reproducción humana.Ninguna mujer está obligada a abortar. Se trata de respetar su decisión cuando entra en conflicto con una vida incipiente que depende absolutamente de ella. (…)
f) Finalmente, tampoco es correcto el emblema albiceleste de “la protección de las dos vidas”. Ya lo dijo el gran constitucionalista argentino Germán Bidart Campos, criticando una sentencia de la Suprema Corte de Santa Fe de diciembre de 1995, al explicar por qué prevalece el deber del secreto profesional del médico del hospital a donde concurre la mujer que ha abortado clandestinamente sobre la obligación de denunciar el delito: no hay dos vidas por proteger; cuando la mujer llega al hospital público pidiendo ayuda, la vida en gestación ya no existe. Hay una sola vida por salvar: la de la mujer.