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Timestamp: 2018-11-17 02:56:05
Document Index: 408607717

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 294', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 183', 'artículo 317', 'artículo 338']

﻿ SENTENCIA C-177 DE ABRIL 29 DE 1996
SENTENCIA C-177 DE 29 DE ABRIL DE 1996
CONTENIDO:INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS DE ORIGEN LEGAL. SE DECLARA INEXEQUIBLE LOS PARÁGRAFOS DE LOS ARTÍCULOS 43 DE LA LEY 14 DE 1983 Y 208 DEL DECRETO LEY 1333 DE 1986
TEMAS ESPECÍFICOS:EXENCIÓN TRIBUTARIA, NATURALEZA JURÍDICA DE LA EXENCIÓN TRIBUTARIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:294 DE JUNIO DE 1996, PÁG.778
Sentencia C-177 de abril 29 de 1996
PROHIBICIÓN DE EXENCIONES DE ORIGEN LEGAL
EXTRACTOS: «El texto acusado es del siguiente tenor literal (se subraya lo demandado):
“ART. 208.—Sobre la base gravable definida en el artículo anterior, las corporaciones de ahorro y vivienda pagarán el tres por mil (3‰) anual y las demás entidades reguladas por el presente código el cinco por mil (5‰), sobre los ingresos opera-cionales anuales liquidados el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al del pago.
PAR.—La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y la Financiera Eléctrica Nacional, no serán sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio”.
Inconstitucionalidad de las exenciones tributarias de origen legal sobre tributos de las entidades territoriales.
En efecto, para realizar el principio de autonomía de las entidades territoriales y con el objeto de asegurar que el patrimonio de éstas no resulte afectado por decisiones adoptadas a nivel nacional, el constituyente ha prohibido de manera terminante que por ley se concedan exenciones o preferencias en relación con tributos que les pertenecen (art. 294 C.P.).
La Carta Política reconoce a las entidades territoriales la propiedad sobre sus bienes y rentas y equipara la garantía que les brinda a la que merecen los particulares sobre los suyos, de conformidad con la Constitución (art. 362 C.P.).
Más todavía, el artículo que se acaba de mencionar dispone en forma perentoria que, con la única excepción de la guerra exterior —y eso temporalmente—, los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y, en consecuencia, la ley no podrá trasladarlos a la Nación. Menos podría hacerlo, agrega la Corte, a sus entidades descentralizadas, ya que ello representaría la facultad de atribuir al ente subalterno posibilidades de las cuales carece el principal, sin que de todas maneras desaparecieran objetivamente las razones en las cuales se funda la restricción que a éste se impone.
La misma ley dispuso en su artículo 41 que los bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras, almacenes generales de depósito, compañías de seguros generales, compañías reaseguradoras, compañías de financiamiento comercial, sociedades de capitalización y los demás establecimientos de crédito que defina como tales la Superintendencia Bancaria “son sujetos del impuesto municipal de industria y comercio” (subraya la Corte).
La Caja de Crédito Agrario y la Financiera Eléctrica Nacional son entidades financieras que encajan dentro de la precedente enunciación y, por tanto, a la luz de la norma general, están sujetas al pago del señalado gravamen, por lo cual lo consagrado respecto de ellas por la disposición atacada no es otra cosa que una exención, es decir, han sido excluidas del impuesto municipal en cuestión, pese a la naturaleza municipal del gravamen.
Para la Corte, el precepto legal que se demanda vulnera abiertamente y de manera directa el artículo 294 de la Carta y desconoce, además, la autonomía de los municipios, por lo cual viola igualmente los artículos 1º, 287 y 362 de la Constitución Política.
La referida disposición consagra en efecto: “La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y la Financiera Eléctrica Nacional no serán sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio”.
La prohibición constitucional obliga precisamente al legislador, y el hecho de que la Ley 14 de 1983 haya sido la que estableció las reglas básicas sobre el impuesto municipal de industria y comercio no quita a la normatividad el carácter legislativo, que por principio debe estar subordinado a la Constitución.
Entonces, lo que se tiene es un caso de unidad normativa (artículo 6º del Decreto 2067 de 1991), que no puede pasar desapercibido a la Corte, por lo cual la declaración de inexequibilidad que se hará en esta sentencia incluirá también el indicado parágrafo, por cuanto está afectado por el mismo vicio de la norma demandada.
Si bien la Carta, al derogar la Constitución precedente (art. 380 C.P.), no eliminó en bloque la legislación que venía rigiendo, del artículo 4º resulta que no pueden subsistir dentro del ordenamiento jurídico las normas legales o de otro nivel que contradigan los mandatos constitucionales.
En realidad, siendo la Constitución norma derogatoria del orden jurídico anterior que le sea contrario (art. 9º de la Ley 153 de 1887), las normas demandadas desaparecieron del sistema jurídico al entrar en vigor el Acto Legislativo número 2 de 1987, que al modificar el artículo 183 de la Constitución anterior, señaló en su segundo inciso:
“La ley o el Gobierno Nacional, en ningún caso, podrán conceder exenciones respecto de derechos o impuestos de tales entidades (las territoriales) ni imponer a favor de la Nación o entidad distinta recargos sobre sus rentas o las asignadas a ellas”.
“La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317”.
a) La inapropiada referencia al régimen tributario distrital.
La ciudadana apoderada del Ministerio de Minas y Energía afirma que la exención consagrada por la ley es constitucional por cuanto tuvo su origen en un acuerdo del Concejo de Santafé de Bogotá.
Por una parte, mal se puede estructurar la constitucionalidad de un precepto legal sobre la base de que desarrolla normas inferiores dentro de la pirámide normativa y, por otra, lo que se discute en el proceso no es la viabilidad de la exención en el territorio de Santafé de Bogotá sino la exequibilidad de la misma en cuanto disposición del legislador y con proyecciones y efectos en todos los distritos y municipios del país. De tal modo que, aunque pudiera resultar aplicable la exención al impuesto de industria y comercio en la capital de la República —de lo cual no se ocupa ahora la Corte—, de allí no se podría colegir de manera lógica la validez de las normas legales que la hicieron extensiva a todo el territorio nacional.
b) Inaplicabilidad de la teoría relativa a los fines de la exención para justificarla constitucionalmente. El interés nacional frente a la descentralización.
Es verdad que en la sentencia C-148 del 23 de marzo de 1994, citada por el interviniente, no se halló mérito a la demanda entablada contra una norma legal que reconocía una compensación a favor de los municipios por el impuesto predial dejado de percibir por inmuebles adquiridos para obras relacionadas con la prestación de servicios públicos, pero la situación allí considerada no puede equipararse a la presente, ya que entonces no se consagraba exención alguna —como lo mostró el fallo— en tanto que, según lo visto, los preceptos examinados en esta ocasión la plasman de manera expresa e indudable.
Repárese en que si la restricción constitucional impuesta al legislador en los términos que anteceden pudiera ser enervada por el interés nacional, se frustraría el principio básico de la descentralización y la autonomía de los departamentos, distritos y municipios (arts. 1º, 287, 294 y 362 C.P.) en cuanto se haría prevalecer un criterio centralista de conveniencia en perjuicio de las prerrogativas de orden superior que les son reconocidas como verdaderos derechos.
c) Ámbito de la competencia legislativa para consagrar exenciones respecto de impuestos nacionales y en relación con tributos de las entidades descentralizadas.
Ahora bien, sale la Corte al paso de lo sostenido por uno de los intervinientes. Es verdad que el legislador, conforme al artículo 338 de la Constitución, debe señalar, entre otros elementos, quiénes son los sujetos pasivos de los impuestos y que, al hacerlo, podría desde el comienzo excluir del universo de contribuyentes a ciertos sujetos, por diversas razones cuya validez evalúa él mismo. Pero no puede ocultarse que el alcance de la norma constitucional resultaría desfigurado si de allí se pretendiera inferir que la ley relativa a impuestos de las entidades territoriales, con la cual deben estar conformes los actos correspondientes de asambleas y concejos (arts. 300, numeral 4º y 313, numeral 4º, C.P.), tenga aptitud suficiente desde el punto de vista constitucional para crear exenciones o preferencias respecto de tales tributos, contra los claros textos superiores ya citados, así se haga desde el momento en el cual se fijan las reglas fundamentales del impuesto.
(Sentencia C-177 de abril 29 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).