Source: https://www.scribd.com/document/2596380/Recurso-Bolsa-Aux-Administrativos
Timestamp: 2018-08-21 18:44:09
Document Index: 297669706

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 60', 'artículo 103', 'artículo 23', 'artículo 19', 'artículo 91', 'artículo 19', 'artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 100', 'artículo 4', 'artículo 60', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 60', 'ARTÍCULO 60', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 10', 'artículo 28', 'artículo 14']

Recurso Bolsa Aux Administrativos
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AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA Paloma Ruz Rodríguez, mayor de edad, con D.N.I. nº 24.115.191-J; José Daniel Palomo Melero, mayor de edad, con DNI nº 25.713.497-A; y Mario Correal Naranjo, con DNI nº 5.916.986-Y, en su calidad de Secretaria General, Secretario de Organización y Delegado Sindical, respectivamente, de la Sección Sindical de CC.OO. en el Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena, con domicilio a efectos de notificaciones en C/Sidra (Edif. Servicios Operativos) de Benalmádena (29.631 – Málaga), ante esta Administración comparecen y como mejor proceda en Derecho
Que con fecha 28 de marzo de 2008 se procedió a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de la Resolución del Ilmo. Sr. Alcalde de Benalmádena de fecha 7 de marzo de 2008, por la que se aprobaban las Bases reguladoras para la creación de una Bolsa de Trabajo que permita la cobertura de las contrataciones temporales y trabajos de duración determinada así como nombramientos accidentales de Auxiliares Administrativos, por el sistema selectivo de oposición (en adelante Bases reguladoras de la Bolsa de Trabajo Auxiliares Administrativos). Que de conformidad con la Norma Final de las citadas Bases reguladoras de la Bolsa de Trabajo de Auxiliares Administrativos, y con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992), esta Sección Sindical de CC.OO. interpone en tiempo y forma el presente Recurso de Reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde de Benalmádena contra las citadas Bases reguladoras de la Bolsa de Trabajo de Auxiliares Administrativos, sin perjuicio de que ejercite en su caso las correspondientes acciones judiciales ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. En base a los siguientes
PRIMERO.- La Segunda Disposición de las Bases reguladoras de la Bolsa de Trabajo de Auxiliares Administrativos, relativa a los requisitos de los aspirantes, establece en su apartado b): “Tener cumplidos los 18 años de edad”. El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, (en adelante EBEP) establece en su artículo 56.1.c (Título IV, acceso al empleo público): “Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad mínima de jubilación forzosa”.
Sección Sindical Ayto. Benalmádena
Por tanto, y salvo regulación legal específica que establezca una edad distinta, la edad mínima de acceso a la función pública no es 18 años, sino 16 años, tal y como queda recogido en el citado artículo 56.1.c del EBEP.
SEGUNDO.- El artículo 37 del EBEP, bajo la rúbrica “materias objeto de negociación”, dispone que “serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: …c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.” Las Bases objeto de recurso NO HAN SIDO NEGOCIADAS CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CON REPRESENTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA, lo que supone un incumplimiento del citado artículo 37.1.c) del EBEP. Esa falta de negociación ha propiciado unas Bases plagadas de errores, en las que se excluyen de los órganos de selección a las organizaciones sindicales, y que en definitiva, no reúnen los requisitos establecidos para el acceso a la función pública. TERCERO.- De conformidad con lo estipulado en la Quinta Disposición de las citadas Bases, la Presidencia del Tribunal la ostenta el Ilmo. Sr. Alcalde D. Javier Carnero Sierra, y como suplente del mismo el Sr. Concejal D. Manuel Arroyo García, recogiéndose como única exigencia que los miembros del Tribunal “poseerán el nivel de estudios exigido para esta convocatoria como mínimo y la necesaria especialización”. Es claro y notorio que tanto el Presidente del Tribunal como su suplente son cargos políticos, que han accedido a su condición como resultado de las últimas Elecciones Municipales celebradas el pasado año de 2007. Así mismo, entre el resto de componentes del Tribunal con voz y voto (3 Vocales y sus respectivos suplentes), no hay ningún miembro que haya sido nombrado a propuesta de las Secciones Sindicales con representación en este Ayuntamiento, y en especial por esta Sección Sindical de CC.OO., que ostenta la mayoría de los Delegados en el Ayuntamiento, Patronato Deportivo Municipal y Empresas Municipales. La composición detallada en las Bases recurridas del órgano de selección (utilizando la 2
denominación correcta establecida por el vigente Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007 de 12 de abril) implica, a efectos prácticos, excluir total y absolutamente a las organizaciones sindicales de los diferentes procesos de selección y acceso a la Función Pública, exclusión que no puede fundamentarse en una interpretación retrógrada del EBEP. Al respecto, el artículo 60 del EBEP, bajo la rúbrica “Órganos de selección” establece literalmente: “1.- Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá así mismo hacia la paridad entre mujer y hombre. 2.- El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 3.- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie”. La interpretación de este artículo, y en concreto de los puntos 2 y 3, es lo que se ha utilizado como base jurídica para la exclusión de las organizaciones sindicales de los órganos de selección. Para tener una visión de conjunto del problema planteado, es necesario tener en cuenta los principios básicos que rigen el acceso a la Función Pública, en especial los relativos a los órganos de selección: 1. En primer lugar, el artículo 103 de la Constitución Española (en adelante CE) dispone: “La administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, son sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley. La ley regulará el Estatuto de los Funcionarios Públicos, el acceso a la Función Pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de sus derechos a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, el artículo 23.2 CE dispone que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. En términos muy parecidos se expresa la Carta Europea de Autonomía Local en su punto 6.2: “El Estatuto de personal de las Entidades Locales debe permitir una selección de calidad, fundamentado en los principio de mérito y capacidad ...”. Las líneas básicas que parten de los artículos 23 y 103 de la CE de 1978, se caracterizan por su despolitización, huyendo de lo que el EBEP denomina “posiciones clientelares”, y ello por que el empleado público ha de servir a los intereses generales con objetividad e 3
imparcialidad, y de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación; de tal manera que se garantice que su acceso a la Función Pública se llevará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. La configuración del funcionario público como servidor de la colectividad y no de un determinado partido político, garantiza la continuidad de los servicios públicos mediante la inamovilidad del propio funcionario. 2. El artículo 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (en adelante LMRFM), establecía que la selección del personal de las Administraciones Públicas, tanto funcionario como laboral, se hará de acuerdo con la oferta de Empleo Público, mediante convocatoria pública por los sistemas de oposición, concurso-oposición o concurso, en los que se garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, precepto básico recogido en el artículo 91.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL). Tras la derogación del citado artículo 19.1 de la Ley 30/1984 por la Disposición Derogatoria única del EBEP, es de aplicación el artículo 55 del EBEP, que dispone: “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación: (...) c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección...” 3. En desarrollo del artículo 100 LRBRL, que reserva a la Administración del Estado el establecimiento de las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios, el Gobierno procedió a aprobar el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las normas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de administración local, en el que al regular el contenido mínimo de las Bases de las Convocatorias, se establece en su artículo 4, apartado e): “los Tribunales, que contarán con un Presidente, un Secretario y los Vocales que determine la Convocatoria. Su composición será predominantemente técnica y los Vocales deberá poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas”. Continúa el apartado f): “El número de miembros de dichos Tribunales, que en ningún caso será inferior a 5. Actuará como
Presidente el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue. Entre los Vocales figurará un representante de la Comunidad Autónoma”. La entrada en vigor del EBEP no supone la derogación de este RD 896/1991, ya que como establece la Disposición Final Cuarta del EBEP: “hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto”. No obstante, en aplicación del artículo 60.2 del EBEP, el párrafo que atribuye la Presidencia de los Tribunales (órganos de selección) al Presidente de la Corporación o miembro de ésta en quien delegue, debe considerarse derogado, toda vez que el personal de elección o designación política, junto con los funcionarios interinos y personal eventual, no pueden formar parte de los órganos de selección. Aunque el Presidente de la Corporación no puede ser ya Presidente del Tribunal, pues él también es personal de elección, la competencia para nombrar al tribunal sigue siendo del Alcalde, quien puede nombrar a quienes considere que reúnen las condiciones para ser miembros de los tribunales, atendiendo a los principios de imparcialidad, profesionalidad y paridad entre mujer y hombre. En ningún punto del RD 896/1991 ni en el propio EBEP se regula cual es el procedimiento a seguir para el nombramiento de los miembros del Tribunal, estableciéndose tan solo que el número mínimo de miembros ha de ser 5. En consecuencia, LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES YA NO PODRÁN FORMAR PARTE DE LOS TRIBUNALES DE SELECCIÓN. La lógica de esta medida no sólo es el recelo del legislador hacia la politización de los tribunales y las denominadas “relaciones clientelares”, sino por que hasta la entrada en vigor del EBEP, todos los miembros del Tribunal tenían que tener la titulación o especialización que la plaza exigía, salvo el miembro de la Corporación que actuase como Presidente del Tribunal. Carece de toda lógica que, si se trata de evaluar exclusivamente los méritos y capacidad de los candidatos, algún miembro del Tribunal no tenga la cualificación técnica necesaria. CUARTO.- La composición del órgano de selección de las Bases reguladoras de la Bolsa de Trabajo de Auxiliares Administrativos, incumple así mismo el vigente Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Benalmádena, que al respecto establece: Acuerdo Funcionarios: Artículo 14.d): “Formarán parte de los órganos de selección dos vocales elegidos por los representantes de los trabajadores, uno por cada una de las Secciones Sindicales más representativas observándose, en todo caso, el principio de especialización”. Artículo 15.- Tribunales: “En todos ellos formarán parte dos representantes del personal, con voz y voto, uno por cada una de las
Secciones Sindicales más representativas”. Convenio Colectivo: Artículo 15.d): “Formarán parte de los órganos de selección dos vocales elegidos por los representantes de los trabajadores, uno por cada una de las Secciones Sindicales más representativas, observándose, en todo caso, el principio de especialización.” Artículo 16.- Tribunales: “En todos ellos formarán parte dos representantes de los trabajadores, con voz y voto, uno por cada una de las Secciones Sindicales más representativas”. Los citados artículos del Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Benalmádena, respetan de forma íntegra lo establecido en el artículo 60 EBEP, en cuanto a la composición de los Tribunales. Es necesario recordar que la Ley 7/2007 es una Ley Básica, y como tal, de conformidad con su Disposición Adicional Segunda y Disposición Final Cuarta, requiere que las respectivas Comunidades Autónomas desarrollen su articulado mediante Leyes de la Función Pública. Mientras eso ocurra, la Secretaría General para la Administración Pública dictó el 5 de junio de 2007 unas instrucciones para la paliación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos. Esta Instrucción, y en tanto en cuanto las CC.AA. no legislen al respecto, tiene carácter supletorio y es de aplicación al resto del personal al servicio de la Administración, entre ellas la Administración Local. Dicha Instrucción de fecha 5/06/07 comienza afirmando que “...la entrada en vigor el 13 de mayo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público aconseja dictar unas Instrucciones generales que contengan los criterios de interpretación necesarios para lograr una actuación coordinada y homogénea de los responsables de la gestión de los recursos humanos...” En el punto 5 de la Instrucción, se establece expresamente que en la composición de los órganos de selección deberán respetarse las siguientes reglas: “No podrá formar parte de los órganos de selección el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. En este contexto, se podrán negociar las formas de colaboración que, en el marco de los convenios colectivos, fijen las actuación de las Organizaciones Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos de persona laboral ...” Por tanto, y en lo que respecta a los órganos de selección para personal laboral que vaya a prestar servicios para la Administración Pública, la presencia de las organizaciones sindicales en dichos tribunales no supone ningún incumplimiento del tenor literal del artículo 60 EBEP.
En cuanto a los órganos de selección para funcionarios, y mientras la Junta de Andalucía no desarrolle el marco normativo de la Función Pública, no puede excluirse de la composición de dichos órganos a las organizaciones sindicales, siempre y cuando el funcionario o laboral fijo designado por estas organizaciones no sea funcionario interino ni personal eventual, tenga la titulación o especialización y comparezca en el tribunal a título individual. Por tanto, los artículos 14.d) y 15 del Acuerdo de Funcionarios son de inmediata aplicación. Una vez más, es necesario recordar de forma enérgica que en el Anteproyecto del EBEP, la primera redacción que se le dio al artículo 60.3 sí excluía expresa y directamente a las organizaciones sindicales y a los representantes de los trabajadores de la composición de los órganos de selección; redacción que fue modificada en orden a eliminar dicha mención, de forma que las únicas exclusiones expresas son las que ya se han expuesto anteriormente: políticos, funcionarios interinos y personal eventual. Por tanto, la actual redacción del artículo 60.3 debe entenderse como interdicción de los intereses corporativos en el seno del órgano de selección, pero no como una mención expresa y concreta a las organizaciones sindicales, toda vez que no es esa la intención del legislador. Por tanto, los miembros del Tribunal han de serlo a título individual y sin representar o actuar por cuenta de nadie. EL HECHO DE QUE VARIOS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL/ÓRGANO DE SELECCIÓN SEAN NOMBRADOS POR EL ALCALDE/PRESIDENTE A PROPUESTA DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES, NO SUPONE “PER SE” LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD NI LO REGULADO EN EL ARTÍCULO 60 EBEP. Considerar lo contrario sería hacer un peligroso juicio de valor a priori sobre la actitud de un funcionario que ha superado un proceso de selección, y que reúne los requisitos de titulación y especialización. QUINTO.- La exclusión de los representantes de los trabajadores en la determinación de las condiciones de acceso a la función pública que implica la actual composición del órgano de selección de las Bases reguladoras de la Bolsa de Trabajo de Auxiliares Administrativos, supone así mismo conculcar los derechos individuales que, como funcionarios, tienen los miembros que componen las diferentes Secciones Sindicales, y en especial la de CC.OO., toda vez que el propio EBEP establece en su artículo 15: “Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: a) A la libertad sindical. b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. 7
c) ... Así mismo, el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 27 de junio de 1978, sobre la Protección del Derecho de Sindicación y Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública (BOE nº 297, de 12/12/1978), establece en su artículo 4: 1. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto: b) Despedir a un empleado público, o perjudicarle de cualquier otra forma, a causa de su afiliación a una organización de empleados públicos o de su participación en las actividades normales de tal organización. En las Bases objeto de recurso, los funcionarios de carrera que integran la Sección Sindical de CC.OO. han sido excluidos del órgano de selección por el hecho de ejercer la representación de los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento, Patronato Deportivo Municipal y Empresas Municipales. La condición de representante de los trabajadores, no puede suponer un menoscabo en el ejercicio de los derechos y deberes inherentes a la condición de empleado público (en este caso, funcionarios de carrera). SEXTO.- El artículo 28.1 de la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, consagra el ejercicio a la libertad sindical. Es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que amplía el contenido del citado artículo al derecho que tienen determinadas Secciones Sindicales a estar representadas por delegados sindicales, conforme al artículo 10.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y el derecho de estos últimos a disponer, en el ejercicio de su función representativa sindical, de las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los Comités de Empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones Públicas. Entre esas garantías otorgadas legalmente para facilitar el desenvolvimiento de la actividad sindical destaca la concesión de un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como trabajo efectivo, que puede ser objeto de acumulación hasta relevar al trabajador de la prestación del trabajo sin perjuicio de su remuneración. Por lo tanto, el derecho al crédito de horas retribuidas forma parte del contenido adicional del derecho a la libertad sindical, y su utilización no puede suponer un menoscabo en el derecho que como funcionario/a se tiene a participar en los procedimientos de selección. Es necesario recordar que el propio Tribunal Constitucional (STC 38/1981 de 23 de noviembre) ha reconocido que “el desarrollo de la actividad inherente a la legítima actuación en el seno de la 8
empresa para defender los intereses a cuyo fin se articulan las representaciones de los trabajadores, necesitan garantías frente a todo acto de injerencia, impeditivo u obstativo en el ejercicio de esa libertad”. En consecuencia, y como establece el propio Tribunal en STC 41/2005 de 10 de octubre, “forma parte también del contenido del derecho a la libertad sindical del artículo 28.1 CE el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de su afiliación o actividad sindical, menoscabo alguno en su situación profesional o económica en la empresa, “garantía de indemnidad” que veda cualquier diferencia de trato por tales razones y que determina el menoscabo del derecho a la libertad sindical si la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien las realiza”. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha dejado claro en reiterada doctrina que “cuando se alegan discriminaciones perturbadoras del ejercicio del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), las hipotéticas violaciones del derecho a la igualdad (art. 14 CE) quedan subsumidas en aquel derecho, salvo que la discriminación impugnada concierna a alguna de las discriminaciones explícitamente proscritas en el artículo 14 CE” (SSTC 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 2; de 12 de febrero, FJ 2; 44/2004, de 23 marzo FJ 2). Por lo que en definitiva, consideramos que procede la estimación del presente Recurso, PREVIA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECURRIDO, lo que expresamente se interesa a tenor de los establecido en el articulo 111.2º de la Ley 30/92, habida cuenta del perjuicio irreparable que la ejecución del acto supone y la gravedad de los derechos e intereses vulnerados. Por lo expuesto, esta Sección Sindical de Comisiones Obreras SOLICITA, que teniendo por presentado este escrito, con su copia, tenga por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y tenga por formalizada en tiempo y forma la impugnación señalada contra el Acto arriba referenciado, lo admita, de a la misma el trámite correspondiente, y en su virtud, previa aceptaciónNaranjo Paloma Ruz Rodríguez Mario Correal de la suspensión solicitada, finalmente dicte J. Daniel Palomo Melero Resolución por la que con estimación de la presente, se declare no ajustada a derecho la Resolución recurrida y en su consecuencia se revoque, de conformidad con lo interesado, con cuanto más proceda en Derecho.
En Benalmádena, a 18 de abril de 2008
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