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Timestamp: 2014-10-21 13:32:13
Document Index: 404441066

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 121', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 6', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'in fine', 'artículo 5', 'artículo 36', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'artículo 250', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 20', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'artículo 5', 'artículo 89', 'artículo 5', 'artículo 28']

Texto Ley de Profesiones México D.F. Octubre 21 de 2014
Radiodifusión	Radiocomunicación
Comisionado COFETEL
Contacto LEY GENERAL DE PROFESIONES
Artículo 1.- La presente ley es reglamentaria de los artículos 5º y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al ejercicio de las profesiones.
Sus disposiciones serán aplicables en el Distrito Federal, para asuntos del orden común, y en toda la República en asuntos del orden federal, considerando los ámbitos de competencia establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Su aplicación y el cuidado de su observancia estará a cargo de los Poderes Ejecutivos, tanto federal como locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en los términos que ella misma lo establece.
Artículo 2.- Esta ley tiene por objeto regular y distribuir convenientemente las acciones de la función controladora del ejercicio profesional entre las autoridades federales y locales, así como prescribir la manera de probar los actos, registros y procedimientos que dentro de dicha función se realicen. Artículo 3.- Los actos, registros y procedimientos que integran la función controladora del ejercicio profesional, son aquellos que tiendan a:
I.- Establecer las condiciones que se deben cubrir para la obtención de un título profesional o de un diploma de especialización, habilitantes para el ejercicio de cualesquiera de las profesiones señaladas por esta ley, en los términos del párrafo segundo del artículo 5º constitucional;
II.- Establecer las acciones concretas, con el propósito de vigilar que el ejercicio profesional se desarrolle con un claro propósito de servir al interés de la sociedad y dentro de los planos de ética que marquen los colegios de profesionistas en sus códigos respectivos; y
III.- Establecer las medidas protectoras de los derechos de los profesionistas, en lo que corresponde a su ejercicio profesional.
DEL REGISTRO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL.
Artículo 6.- En cada entidad federativa habrá un registro público para el ejercicio profesional que se organizará de conformidad con las leyes que al efecto expidan sus respectivos Congresos.
En el Distrito Federal, dicho registro estará a cargo de la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública federal, operará de acuerdo a lo preceptuado en esta ley como registro público para el Distrito Federal, además de conformar el Sistema Nacional de Profesiones con la información propia y la que reciba de las entidades federativas.
El registro comprenderá las siguientes secciones:
a)	Sección primera. Destinada a la inscripción de las instituciones facultadas para la expedición de títulos profesionales y diplomas de especialización, así como de maestría y doctorado, dentro del Distrito Federal.
En esta misma sección, deberán inscribirse las instituciones que operen a través de planteles diseminados en dos o más entidades federadas, sin perjuicio de sus respectivos registros locales.
b)	Sección segunda. Tendrá por objeto la inscripción de los títulos profesionales y diplomas de especialización expedidos en el Distrito Federal y, en su caso, de las constancias de certificación expedidas conforme a lo dispuesto en esta ley.
c)	Sección tercera.- Para la inscripción de los grados de maestría y doctorado igualmente expedidos dentro del Distrito Federal;
d)	Sección cuarta.- Destinada a inscribir las autorizaciones provisionales para el ejercicio profesional que se otorguen en arreglo a la presente ley;
e)	Sección quintal.- Para la inscripción de los colegios de profesionistas que actúen dentro del Distrito Federal.
En esta misma sección deberán registrarse los colegios de carácter nacional y las federaciones de colegios, sin perjuicio de los registros que a nivel Local deban tener sus capítulos, representaciones o delegaciones, de acuerdo a las leyes aplicables en las entidades federativas, según sea el caso; y
f)	Sección sexta.- Relativa a la integración del Sistema Nacional de Profesiones, que estará integrado por las siguientes secciones:
I.- Registro Nacional de Profesionistas.
II.- Registro Nacional de Colegios de Profesionistas.
III.- Registro Nacional de Instituciones facultadas para la expedición de títulos y diplomas de especialización que habiliten para el ejercicio profesional.
El Reglamento de esta Ley determinará las características del sistema.
Autoridades facultadas para ejercer la función registral.
Artículo 7.- En cada entidad federativa, habrá una dependencia ejecutivo-administrativa que se encargará de desempeñar la función registral para el ejercicio profesional en los términos dispuestos por sus respectivas leyes sobre la materia y con arreglo a lo dispuesto por esta ley.
Artículo 9.- La función registral a cargo de estas autoridades, comprenderá la organización, establecimiento, cuidado y actualización de los registros correspondientes, así como la inscripción en ellos de los actos señalados expresamente por las leyes de cada entidad federada y por la presente.
La autoridad registral expedirá, a solicitud de cualquier interesado, constancia de los actos que inscriba.
El Sistema Nacional de Profesiones será conformado con la información que proporcionen las autoridades de cada entidad federativa y tendrá fines estrictamente informativos, probatorios y de estadística. Cuando alguna entidad federativa modifique o cancele alguna inscripción, lo hará del conocimiento de la Dirección General de Profesiones, para los efectos de la rectificación del registro respectivo del Sistema Nacional de Profesiones.
El Sistema Nacional de Profesiones deberá contener:
a)	La relación de las instituciones del país que están legalmente facultadas para la expedición de títulos profesionales y diplomas de especialización que habiliten para el ejercicio profesional;
b)	La relación de las instituciones educativas, autoridades, consejos, academias y organismos, del país, que estén facultados en los términos de las leyes respectivas aplicables, para la expedición de títulos y diplomas de especialización, maestría y doctorado;
c)	La relación de los colegios de profesionistas que operan dentro de todas y cada una de las entidades federativas;
d)	La relación de profesionistas y especialistas que están facultados para el ejercicio profesional, así como de las constancias de certificación, cuando procedan.
e) La relación de los grados de maestría y de doctorado conferidos por las instituciones autorizadas.
Las constancias que se expidan respecto de las inscripciones que obren en el Sistema Nacional de Profesiones harán prueba de la inscripción en el registro de la entidad federativa a que corresponda. Artículo 11.- Toda autoridad, dentro de su respectiva esfera de competencia, así como las instituciones autorizadas y las personas físicas y morales, quedan obligadas a proporcionar toda la información que les sea requerida por la Dirección General de Profesiones, para la permanente actualización del Sistema Nacional de Profesiones a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 12.- Es obligación de la Dirección General de Profesiones publicar y difundir profusamente en todo el territorio nacional durante el mes de enero de cada año, todas aquellas disposiciones de esta ley, que por su esencia protectora a los derechos e intereses de la sociedad mexicana, ésta deba conocer y dominar ampliamente.
La información contenida en el Sistema Nacional de Profesiones será pública; cualquier interesado podrá solicitar la expedición de constancias relativas a cualquiera de los registros.
El o los servidores públicos que incumplan u obstaculicen la observancia de los mandatos a que se refiere este precepto, además de la sanción administrativa o penal a que pudieren hacerse acreedores, serán removidos de sus cargos.
Documentos de acreditación de títulos, diplomas y grados académicos que son objeto de registro.
Artículo 13.- Son documentos registrables para los efectos de esta ley:
a)	Los títulos profesionales;
b)	Los diplomas de especialización que autoricen el ejercicio profesional; y
c) Los demás títulos o diplomas, incluyendo los que amparen los grados de maestría o doctorado, serán registrables con fines exclusivamente estadísticos y de información.
Artículo 14.- Se entiende por título profesional, el documento expedido por al institución facultada legalmente para ello a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta ley y las demás en materia educativa.
Artículo 15.- Para los efectos del artículo anterior, se podrá obtener título profesional respecto de los siguientes niveles educativos:
I.- El técnico superior universitario
II.- El tecnológico
III.- El de licenciatura, en el que se incluye el de normal en todos sus ciclos y modalidades,
Artículo 16.- Diploma de especialización es el documento que expedido por las instituciones, autoridades, consejos, academias y organismos legalmente facultados para ello, acredite la realización de estudios posteriores al grado académico de licenciatura, tecnológico o técnico superior universitario, con propósito de alcanzar el perfeccionamiento técnico-científico de los conocimientos de un profesionista, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentaria aplicables.
El diploma de especialidad habilitará para el ejercicio profesional cuando el título profesional de licenciatura, tecnológico o de técnico superior universitario corresponda al mismo tronco de estudios en el que se desarrolla la especialidad
Artículo 18.- Para hacer procedente la inscripción de un título profesional en la sección del registro correspondiente, deberán satisfacerse ante la autoridad registral competente, los requisitos siguientes:
a)	Presentar solicitud debidamente firmada por el destinatario del título;
b)	Acreditar la facultad legal del promoverte del acto, cuando el trámite no se realice personalmente;
c)	Presentar el documento que en términos de ley, ofrezca prueba plena de la nacionalidad mexicana del destinatario.
Tratándose de extranjeros, se deberá presentar la forma migratoria correspondiente, en la que se exprese que el destinatario del título posee cualesquiera de las calidades migratorias que de conformidad con la ley de la materia le permitan la obtención del título.
d) Presentar, cuando el título profesional hubiese sido expedido en el extranjero, la revalidación o equivalencia tanto de aquél, como de los estudios en que se funde, si también hubieren sido realizados en otro país. Esta revalidación o en su caso equivalencia, deberá hacerse por la autoridad competente, en los términos de la Ley General de Educación y las demás disposiciones aplicables;
Cuando no sea posible establecer la igualdad o equivalencia de los estudios, los interesados deberán acreditar los exámenes que para tal efecto apliquen las autoridades educativas federales competentes.
e) Presentar la carta de liberación que de la obligación de cumplir con el servicio social haya expedido a favor del destinatario del título, la institución expedidora de éste;
f) Presentar la documentación original que certifique los estudios previos en que se funda la elaboración del título, de conformidad con las leyes aplicables.
g)	El original del título por expedir, el que deberá contener:
I.- Denominación de la institución otorgante;
II.- Nombre del destinatario;
III.- Declaración de que obtuvo el título que en él se ampara, en virtud de haber realizado los estudios correspondientes, de acuerdo a lo señalado en los planes de estudio relativos y conforme a las disposiciones legales y reglamentarías aplicables;
IV.- Lugar y fecha en que sustentó el examen profesional o mención expresa en caso de no ser éste exigido;
V.- Antefirma y firma de la persona o de las personas autorizadas para suscribirlo conforme a las disposiciones que rijan en la institución que lo expide;
VI.- Fotografía del destinatario protegida por el sello de la institución que lo otorga; y
VII.- Las demás características que sobre los mínimos anteriores pudieran señalarse en el reglamento de la presente ley.
Artículo 19.- Para la inscripción de los documentos en los que se acrediten los grados académicos de maestría o doctorado, además de observarse en lo que proceda, lo dispuesto por el artículo anterior, deberán presentarse junto con la constancia de registro del título de licenciatura, las certificaciones que acrediten la realización de los estudios correspondientes.
Artículo 20.- Para inscribir un diploma de especialización es menester exhibir ante la autoridad registral competente:
I.- Constancia del registro del título de licenciatura sobre el que se hayan sustentado los estudios de especialidad;
II.- El diploma de especialización respectivo en original; el que deberá señalar la rama de la ciencia o técnica sobre la que el destinatarios se perfeccionó así como reunir los requisitos de forma que señala esta ley para los títulos profesionales;
III.- La certificación de los estudios correspondientes; y
IV.- La solicitud respectiva.
En caso de duda sobre la pertenencia de los estudios de especialidad al mismo tronco de estudios de la licenciatura, se estará a lo que sobre el caso particular resuelva la Dirección General de Profesiones, oyendo la opinión del Comité Técnico respectivo.
Artículo 21.- Las autoridades registrales tendrán en todo tiempo, la obligación de cerciorarse sobre la autenticidad material de la documentación que les sea exhibida.
En caso de duda, previa audiencia del interesado y una vez desahogadas las pruebas del caso, la autoridad resolverá en definitiva lo procedente.
Artículo 22.- En los términos del artículo 121 constitucional, la inscripción de cualesquiera actos que realicen las autoridades registrales competentes con apego a esta ley y a sus homólogas en cada entidad federativa, tendrá como efecto el de su plena validez y, por tanto, será reconocida por todas las autoridades del país.
Artículo 23.- Tratándose de instituciones facultadas para la expedición de títulos profesionales; de las personas morales que lo estén respecto a los diplomas de especialización, y de colegios, colegios nacionales o federaciones de colegios profesionistas, la legal inscripción hecha en cualquiera entidad federada se acreditará mediante la exhibición de la constancia de registro expedida en cada caso por la autoridad registral competente.
Las constancias expedidas por la Dirección General de Profesiones, correspondientes al Sistema Nacional de Profesiones, tendrán pleno valor probatorio.
Artículo 24.- La vigencia de estas inscripciones estará condicionada a la conservación de las circunstancias y la satisfacción de los requisitos que las permitieron; así como el cumplimiento de las obligaciones legales que, a cargo de cualquiera de las instituciones enunciadas por el artículo anterior, se deriven de la presente ley y de otras disposiciones aplicables.
Artículo 25.- Exclusivamente con el fin de probar que un profesionista esta facultado legalmente para ejercer alguna de las profesiones reglamentadas por esta ley, en virtud de haber obtenido título profesional o diploma de especialidad debidamente requisitados, de cualquier institución o autoridad competente, la Dirección General de Profesiones expedirá, previa inscripción del acto, una cédula profesional que servirá al profesionista como documento de identificación oficial expedido por el gobierno federal, cuando aquel incursione en acciones propias del ejercicio profesional.
Artículo 26.- Para poder obtener la cédula profesional, el interesado deberá obtener su inscripción previa en el Registro Nacional de Profesionistas ante la Dirección General de Profesiones, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 6 inciso f) de esta ley, debiendo exhibir la constancia de registro del título profesional o diploma de especialidad, expedida por autoridad competente, así como la constancia de inscripción a alguno de los Colegios de Profesionistas autorizados, cuando se trate del ejercicio de profesiones que guarden relación con la vida, la salud, el patrimonio o la seguridad de las personas.
Artículo 27.- Los profesionistas tendrán derecho a adicionar los datos de su inscripción original en el registro nacional, cuando mediante la presentación de las constancias de registro correspondientes acrediten la obtención de un grado superior al que hubiesen obtenido con anterioridad.
La Dirección General de Profesiones extenderá cédula profesional en la que se haga destacar en forma expresa, la adición de cualesquiera de esos datos, cuando sea procedente conforme a esta ley.
Artículo 28.- Tanto la inscripción respectiva como la cédula profesional, tendrán, en todo caso, una vigencia de cinco años. Esta podrá ser refrendada a su vencimiento, si así lo solicita el interesado ante la autoridad que la expidió, acreditando mediante constancia expedida por el colegios de profesionistas al que pertenezca, que opere legalmente reconocido dentro del país, que ha cumplido con el servicio social obligatorio para profesionistas, en los términos en que lo ordena el párrafo cuarto in fine del artículo 5º constitucional.
La constancia de certificación deberá estar firmada por el Presidente y el Secretario General del colegio de que se trate o por el titular de la entidad certificadora autorizada. Los signatarios serán responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la expedición de la constancia. La negativa a expedir una constancia de certificación podrá ser recurrida ante la Comisión Interinstitucional a la que se refiere el artículo 36 de esta ley.
Cuando el profesionista de que se trate no sea miembro del colegio autorizado para expedir constancias de certificación, podrá obtener la constancia respectiva cumpliendo con los requisitos que correspondan, salvo el relativo a su afiliación, que será cumplido comprobando ser miembro de cualquier otro colegio legalmente registrado, de la rama profesional en que ejerza. Ningún colegio autorizado podrá negar la expedición de la constancia de certificación por falta de afiliación al mismo.
Artículo 29.- Tanto el ejecutivo federal, como los de cada entidad federada, se deberán encargar de que se convierta en información del dominio público la ventaja que representa la contratación de profesionistas que, apareciendo inscritos en el registro nacional respectivo, posean su cédula profesional vigente por haber sido refrendada al acreditar la certificación.
Instituciones facultadas para expedir los documentos objeto de registro.
Artículo 30.- Son instituciones con facultad para expedir títulos profesionales o diplomas de especialización, las que impartiendo los estudios profesionales correspondientes:
a)	Establezca el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública o de otras dependencias de la administración pública centralizada, con apego a lo establecido en la Ley General de Educación y las demás disposiciones vigentes.
b)	Establezcan los ejecutivos de cada entidad federativa con apego a sus respectivas leyes;
c)	Operen como organismos descentralizados del estado con autorización para impartir educación en los términos de las leyes que les hayan dado origen; y d)	Sean establecimientos de carácter privado que cuenten con la autorización o con el reconocimiento de validez oficial respecto de los estudios que impartan tendientes a ser acreditados mediante un título profesional o diploma de especialización, según sea el caso.
Dicha autorización o reconocimiento deberán obtenerlo en los términos prescritos en la Ley General de Educación y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 31.- Las instituciones a que se refiere el artículo anterior tienen obligación de inscribirse en el correspondiente registro público para el ejercicio profesional de la entidad federada en la que operen, previa satisfacción de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Las instituciones de que se trate deberán, asimismo, estar debidamente inscritas en el registro respectivo del Sistema Nacional de Profesiones.
Las instituciones que funcionen a través de planteles diseminados en dos o más entidades federativas, independientemente del registro local a que se alude en el párrafo anterior, deberán inscribirse en el registro federal correspondiente, ante la Dirección General de Profesiones.
Artículo 32.- Las instituciones expedidoras de títulos profesionales y de diplomas de especialización serán responsables de que sus egresados hayan cumplido con el servicio social obligatorio de carácter estudiantil.
Artículo 33.- Para que una institución pueda expedir un título profesional o un diploma de especialización a sus egresados de nacionalidad distinta a la mexicana, deberán cerciorarse previamente de que el destinatario posee las calidades migratorias que sean congruentes con el ejercicio profesional a las que se refiere esta ley. En caso contrario, expedirán a favor de ellos, certificados de estudios con fines de acreditación en el exterior del país.
Artículo 34.- En la elaboración de títulos profesionales y diplomas de especialización, la instituciones facultadas para ello, se sujetarán invariablemente a lo dispuesto por la Ley sobre el Escudo, la Bandera, y el Himno Nacionales.
Artículo 35.- Es prerrogativa de las instituciones a que se hace mención en este apartado, pero también un deber, expresar en su documentación y publicidad, su facultad legal para la expedición de títulos profesionales o diplomas de especialización .
PROFESIONES QUE REQUIEREN TÍTULO O DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN PARA SU EJERCICIO
Artículo 36.- Se establece una Comisión Interinstitucional encargada de elaborar y mantener actualizado el Catálogo General de Profesiones que requieren título para su ejercicio dentro de la República Mexicana, considerando lo dispuesto por la leyes de cada entidad federativa.
Esta Comisión determinará, asimismo, cuáles son las profesiones que guardan relación con la vida, la salud, el patrimonio o la seguridad de las personas, cuyos profesionales requieren la obtención de la constancia de certificación a que se refiere esta ley, para el refrendo de la vigencia de su cédula de ejercicio profesional.
Esta comisión estará encabezada por el Secretario de Educación Pública e integrada por un representante del Consejo Nacional Técnico de la Educación; de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); y de cada una de las entidades federativas.
La Comisión podrá asesorarse de las Universidades e Instituciones de Educación Superior; de los colegios de profesionistas, y de otras dependencias, instituciones u organismos que a su juicio deban participar en calidad de miembros supernumerarios en la sesión correspondiente, por estar directamente involucrados con algunas profesiones cuya incorporación o supresión al Catálogo se analice.
Artículo 37.- Esta Comisión sesionará durante el mes de enero de cada dos años con la exclusiva finalidad de analizar la procedencia o no de las solicitudes de adición o supresión de profesiones, eventualmente presentadas por cualquier autoridad, institución educativa o colegio de profesionistas, debidamente motivadas y documentadas en los términos del reglamento interior que rija la vida y funcionamiento de la Comisión.
Artículo 38.- Es obligación de la Comisión Interinstitucional, publicar profusamente durante el mes de febrero del año que sesione, el Catálogo General de Profesiones que requieren título para su ejercicio, debidamente actualizado, así como de las profesiones sujetas a la obtención de la constancia de certificación.
La Comisión Interinstitucional promoverá lo conducente para que las legislaturas locales de cada entidad federada concurran a fin de lograr una reglamentación homogénea en esta materia a nivel nacional.
Artículo 40.- Se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de esta ley, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto, o de la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter de profesionistas por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos graves con propósito de auxilio inmediato.
Artículo 41.- Toda persona podrá ejercer, dentro del territorio nacional, la profesión que mejor le convenga, pero en su ejercicio deberá cumplir con las disposiciones legales correspondientes. La práctica profesional transfronteriza se sujetará a lo previsto en los tratados internacionales y las normas derivadas de los mismos.
Artículo 42.- Para poder ejercer cualesquiera de las profesiones que de acuerdo con esta ley requieren de título profesional para ello, el interesado deberá obtenerlo de alguna de las instituciones facultadas para su expedición en los términos del propio articulado del presente ordenamiento. Asimismo, deberá obtener la constancia de certificación, cuando proceda.
Artículo 43.- Para que los títulos obtenidos en el extranjero puedan ostentarse para ejercitar el anterior derecho, deberán ser revalidados de conformidad con esta ley y las demás aplicables en materia educativa.
Asimismo, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en los tratados internacionales aplicables.
Artículo 44.- Todo profesionista que ofrezca sus servicios como tal, queda obligado, a solicitud del interesado, a exhibir la documentación legalmente obtenida que le faculte para ello. Esta documentación podrá ser el título profesional o diploma de especialización según sea el caso; las constancias de registro respectivas, la cédula profesional y la constancia de certificación, cuando proceda.
Artículo 45.- Es prerrogativa de todo profesionista anunciar su número de cédula profesional en la papelería, recetarios, tarjetas, anuncios o cualquier otro tipo de publicidad que utilice para ofrecer sus servicios profesionales.
Asimismo, anunciar la constancia de certificación cuando la misma le hubiere sido legalmente expedida. Artículo 46.- Toda persona moral o física que contrate los servicios de un profesionista para que funja como tal, será responsable de la actuación de este ante terceros; sin perjuicio de las responsabilidad que resulte del profesionista frente a su empleador y frente a los que resultaran ofendidos por aquél, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
LOS COLEGIOS DE PROFESIONISTAS.
Naturaleza, constitución y registros.
Artículo 47.- Los colegios de profesionistas son las personas morales establecidas bajo la modalidad de asociaciones civiles con arreglo a las disposiciones del derecho privado, surgidas del convenio de varios profesionistas para reunirse de manera no transitoria, a efecto de realizar todo tipo de actividades relacionadas con la superación, prestigio y correcto ejercicio de la rama de la ciencia o de la técnica que les homologa.
Artículo 48.- Para que una asociación de profesionistas pueda alcanzar el carácter de Colegio, debe obtener su inscripción como tal ante la autoridad registral de la entidad federada en donde se halle la sede y el centro de operaciones de la asociación respectiva.
Artículo 49.- Solamente podrán ostentarse como “colegio”, aquellas asociaciones de profesionistas que hayan obtenido su constancia de registro correspondiente, expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por ésta y las demás leyes aplicables.
Artículo 50.- Para hacer procedente la inscripción de una asociación en calidad de colegio de profesionistas es necesario acreditar ante la autoridad registral respectiva estar legalmente constituida como asociación civil y dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley.
En cada caso las asociaciones deberán acreditar una membresía mínima efectiva de cien profesionistas homólogos, legalmente autorizados para el ejercicio profesional, de lo cual deberá cerciorarse para su admisión.
Tratándose de las asociaciones cuya profesión no posea una antigüedad mayor de cinco años desde su establecimiento dentro del sistema educativo nacional, este requisito de membresía mínima, se reducirá a cincuenta profesionistas de la misma rama.
Artículo 51.- Las actas constitutivas y los estatutos, así como los programas de acción de los colegios, deberán inscribirse ante la autoridad registral competente en términos de esta ley y las demás aplicables, con el fin de que tales documentos puedan surtir efectos contra tercero.
Dicha inscripción se logrará reuniendo los requisitos que para tal efecto, señalen esta ley y su reglamento.
Artículo 52.- Los colegios de profesionistas son órganos de colaboración de la autoridad en la función de vigilancia y control del ejercicio profesional.
Artículo 53.- En ningún caso, los estatutos que rijan la vida y gobierno interior de un colegio de profesionistas podrán contravenir los preceptuado por esta Ley, debiendo cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
I.- La periodicidad con que deben celebrar las Asambleas Generales, que no será superior a un año, así como los requisitos para su convocatoria, instalación y validez de sus acuerdos;
II.- La conformación de su órgano de representación, que será renovado con periodicidad no superior a tres años;
III.- El Código de ética que deben cumplir sus agremiados;
IV.- Los medios y procedimientos para dirimir controversias entre sus agremiados y para la aplicación de sanciones, respetando debidamente la garantía de audiencia; V.- La manera de establecer sus programas de servicio social y los medios para cumplirlos.
Artículo 54.- Para los efectos de la presente ley, se considera a las respectivas Asambleas Generales como la autoridad suprema de cada colegio de profesionistas. Por ende, se les reconoce plena capacidad para autodeterminarse por lo que hace a su vida y régimen de gobierno internos.
Será reputada como acción de los colegios, toda aquella realizada por sus respectivos órganos de Dirección o representación, siempre que la designación de quienes los integren se haya hecho en los términos de esta ley, en ajuste a las prescripciones del Código Civil en vigor, y por lo tanto, cuenten con la aprobación de la Asamblea General.
En congruencia con lo dispuesto por el artículo anterior, cualquier cambio que se opere en el órgano directivo o de representación de un colegio de profesionistas, deberá ser reportado a la autoridad registral competente, para que se proceda a realizar la enmienda correspondiente en el registro original.
Artículo 55.- Procederá la inscripción de una asociación de profesionistas con la denominación de “Colegio Nacional”, cuando además de haberse satisfecho los requisitos señalados por esta ley para la inscripción de un colegio de profesionistas, la asociación solicitante acredite tener una membresía mínima de cincuenta de ellos en cada una de, cuando menos, diez entidades federativas del país.
Artículo 56.- Procederá la inscripción de una Federación de colegios de profesionistas, cuando cubiertos los requisitos legales y reglamentarios para la inscripción de cada uno de ellos, se acredite ante la Dirección General de Profesionistas mediante convenio protocolizado ante fedatario público que ha quedado legalmente realizada la incorporación de cuando menos veinte colegios de una misma profesión, con sede en veinte entidades federativas.
Artículo 57.- Son facultades de los colegios de profesionistas:
I.- Participar en los procesos de diseño, elaboración o modificación de los planes y programas de estudio relativos a sus respectivas profesiones, según se proyecten implantar dentro del sistema educativo nacional, cuando sean requeridos para ello por las autoridades educativas.
II.- Iniciar ante la Comisión Interinstitucional, propuestas de adición o de supresión de alguna profesión relacionada por su naturaleza con el colegio respectivo, al catálogo General de Profesiones que requieren título para su ejercicio dentro de la República Mexicana, así como de las profesiones que requieran constancia de certificación.
III.- Participar en la elaboración de los dictámenes que elabore la Comisión Interinstitucional, cuando convocado un colegio por ésta, se trate de modificar el Catálogo General a que hace referencia la fracción anterior;
IV.- Servir de árbitro en los conflictos entre profesionistas, o entre éstos y sus contratantes, cuando acuerden someterse ellos, a dicho arbitraje;
V.- Actuar cuando así se les requiera, como consultores de las autoridades Estatales en cualquiera de sus niveles;
VI.- Proponer ante las autoridades correspondientes, listas de peritos profesionales de entre los más destacados de sus miembros, a fin de que se les reconozca como “peritos oficiales”. Dichas listas serán las únicas con validez oficial.
Para ser perito se deberá obtener la constancia de certificación, cuando corresponda, así como cumplir con los requisitos específicos que establezca el Colegio y dispongan otras leyes, en su caso.
VII.- Pugnar ante la autoridad competente en cada caso porque los cargos del servicio público que requieran conocimientos propios de una determinada profesión, sean ocupados por aquellos profesionistas que se encuentren debidamente actualizados en lo profesional y que hayan cumplido con el servicios social obligatorio; y
VIII.- Las demás que señalen sus propios estatutos, y otras disposiciones aplicables siempre que no contravengan a los de la presente ley.
IX.- Formular y ejecutar los programas de actualización de conocimientos y otorgar las constancias de certificación correspondientes a quienes demuestren haberlos cumplido y reúnan los demás requisitos previstos en cada caso.
Para que un colegio de profesionistas o cualquier otra entidad sean autorizados para expedir constancias de certificación, deberán comprobar ante el Consejo Nacional de Certificación Profesional que cuentan con los medios, programas y procedimientos pertinentes para llevar a cabo la actualización y certificación de los profesionistas y evaluar de manera imparcial, objetiva y transparente su cumplimiento, conforme a los lineamientos que establezca el propio Consejo. La autorización conferida podrá ser revocada en los términos previstos en dichos lineamientos.
El Consejo Nacional de Certificación Profesional será conformado por la Dirección General de Profesiones, los representantes de las entidades federativas y los miembros de las instituciones educativas y organizaciones profesionales y civiles que el reglamento respectivo determine. Artículo 58.- Son obligaciones de los colegios:
I.- Vigilar el ejercicio profesional de sus homólogos para que éste se realice de conformidad con lo establecido por las leyes sobre la materia y por los códigos de ética que en cada caso expida el colegio;
II.- Denunciar ante las autoridades competentes, las infracciones en que incurran sus iguales sobre lo dispuesto en la fracción anterior;
III.- Expedir a todo profesionista de su misma rama que se los solicite, que pertenezca al colegio autorizado o a cualquier otro legalmente registrado, las constancias de certificación profesional, previa la evaluación y el pago de derechos correspondientes;
Los colegios autorizados serán responsables por la expedición de constancias de certificación entregadas en contravención de lo dispuesto por la ley y podrán ser sancionados con la pérdida de la autorización y, en casos graves, con la pérdida de su registro como colegio profesional.
IV.- Vigilar y verificar el cumplimiento del servicio social obligatorio de sus homólogos profesionistas, y expedir las constancias de ellos cuando proceda; y V.- Las demás que les fije esta ley, así como las demás disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias relativas a la materia.
Artículo 59.- Para los efectos de esta ley se entiende por servicio social obligatorio la asistencia continua, sistemática, que debe brindar todo profesionista a los sectores de la población que reclaman los conocimientos calificados de éste, en aras de su mejoramiento en los renglones social, económico o cultural.
Artículo 60.- Todo profesionista, de cualquier carrera profesional, independientemente de que ésta se halle o no sujeta a reglamentación por esta y las demás leyes relativas, deberá prestar el servicio social bajo la vigilancia del colegio de profesionistas a que pertenezca, mismo que habrá de constatar su debido cumplimiento.
Artículo 61.- No se expedirá título profesional a quien no haya cumplido con la obligación de prestar el servicio profesional estudiantil en los términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 62.- Cada colegio de profesionistas dispondrá la forma de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de prestar el servicio social profesional de sus integrantes, notificando anualmente a la Dirección General de Profesiones su programa e informando del cumplimiento dado al del año inmediato anterior.
Artículo 63.- Quedan exentos del servicio social obligatorio en los términos de los preceptos anteriores, las personas mayores de sesenta años, y aquellas que demuestren tener impedimento físico o causa grave que así lo justifique.
INFRACCIONES, DELITOS, SANCIONES Y RECURSOS.
Artículo 64.- Los delitos que cometan los profesionistas en términos de esta ley, serán sancionados por las autoridades judiciales competentes, según lo prevea la legislación penal aplicable.
Artículo 65.- Comete el delito de usurpación de profesión, toda aquella persona que a cabo actos considerados por esta ley como ejercicio profesional, sin poseer el título respectivo, cuando de conformidad con esta ley se requiera poseer dicho documento.
Artículo 66.- A quien cometa el delito de usurpación de profesión, se le sancionara con arreglo a lo dispuesto por el artículo 250 del Código Penal Federal.
La denuncia para proceder penalmente podrá ser formulada por la Dirección General de Profesiones, la autoridad competente de cualquiera de las entidades federativas o algún colegio profesional legalmente registrado.
Artículo 67.- Se impondrá multa de hasta quinientas veces el salario mínimo diario, vigente en la zona de que se trate, a la institución educativa que debiendo obtener el o los registros a que la obliga la presente ley, no lo hicieren.
Artículo 68.- Se sancionará de igual forma, y con la multa prevista en el artículo precedente, a cualquier persona que resulte responsable de la presentación de documentos apócrifos para la tramitación de cualesquiera de los asuntos regulados por esta ley, sin perjuicio de las sanciones penales que se hicieren legalmente procedentes.
La Dirección General de Profesiones, de oficio o a petición de cualquier interesado, dentro del ámbito de su competencia, y agotados los recursos a que se refiere el presente apartado de la ley, impondrá las sanciones señaladas en este y en el precepto anterior. Artículo 69.- La autoridad registral competente suspenderá los registros de títulos profesionales y diplomas de especialización, en los siguientes casos:
a)	Por error o falsedad en los documentos, cuando alguno de estos hechos se advierta en forma superveniente; b)	Por requerimiento de autoridad judicial en el que se inhabilite temporalmente a un profesionista para ejercer su profesión o especialidad.
c)	Por no obtener la constancia de certificación, cuando se requiera.
d) A petición del Colegio Profesional a que pertenezca el profesionista, por violación grave a las normas de ética, declarada por el órgano competente del colegio en los términos de sus estatutos, por el tiempo que se determine en la resolución.
El registro surtirá nuevamente sus efectos, una vez que el interesado haya cumplido con los requisitos que establece esta ley, o que recaiga sentencia que así lo ordene.
Artículo 70.- Los registros de títulos y diplomas de especialización serán cancelados por la autoridad competente, de manera definitiva en los siguientes casos:
a) Por orden de autoridad jurisdiccional a través de una sentencia que inhabilite permanentemente a un profesionista para ejercer su profesión o especialidad; y
d)	Por muerte del profesionista.
c) Por no obtener la constancia de certificación, cuando proceda, en dos períodos sucesivos .
En este último caso, la solicitud de cancelación podrá ser cursada por el Colegio correspondiente.
Artículo 71.- La cancelación de un título o de una diploma, procedente según lo dispuesto por el artículo anterior, se hará constar en:
a)	El libro de registro en que se haya asentado la inscripción;
b)	El expediente del interesado;
c)	En el padrón nacional del ejercicio profesional; y
d)	En su caso, en el Registro Nacional de Profesionistas, si estuviere inscrito también en él.
Si en forma ulterior, la autoridad competente ordenara restituir el registro correspondiente, se agregarán al registro original, las anotaciones que en tal sentido lo especifiquen y lo hagan constar.
Artículo 72.- En el caso de los profesionistas poseedores de cédula profesional en los términos de esta ley, la cancelación de registro del título o diploma respectivo, producirá efectos de revocación de la cédula correspondiente.
Para tal efecto, toda cancelación que en tal sentido se realice por las autoridades competentes a nivel local, será reportada a la Dirección General de Profesiones para que proceda en consecuencia.
Artículo 73.- La Dirección General de Profesiones dentro del ámbito de su competencia, o las autoridades locales correspondientes, a petición de cualquier interesado o de oficio podrán, previa oportunidad de defensa a la parte interesada, cancelar en sus respectivos casos, las inscripciones de instituciones facultadas para expedir títulos profesionales o diplomas de especialización, colegios de profesionistas; colegios nacionales y federaciones de colegios, por las siguientes causas:
I.- Por error o falsedad en los documentos inscritos o exhibidos ante la autoridad respectiva;
II.- Por resolución de autoridad competente;
III.- Por desaparición de la institución u organización de que se trate;
IV.- Por revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial a sus estudios, acordada por autoridad competente, en tratándose de las instituciones de índole privada;
V.- Por la violación a las disposiciones de esta ley, o por el incumplimiento de las obligaciones que ella les asigna tanto a las instituciones, como a los colegios;
VI.- Por disolución del Colegio; Colegio Nacional o Federación de Colegios según sea el caso; y
VII.- Por mandato de otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, cuando se actualicen hipótesis normativas previstas en ellas.
Tratándose de la cancelación a la inscripción de alguna institución facultada para expedir títulos o diplomas, en ningún caso se afectará la validez de los títulos o diplomas que hubiese expedido con anterioridad.
Artículo 74.- Queda prohibido a toda agrupación sea profesional o no, el empleo del términos “Colegio”, fuera de las asociaciones expresamente autorizadas en los términos de esta ley.
La infracción a esta disposición, será sancionada con multa de hasta trescientas veces el salario mínimo diario que esté en vigor en el momento, dentro del lugar en que se hubiere cometido.
Artículo 75.- Se exceptúan de las sanciones previstas en este apartado a las personas que sin tener título profesional incursionen en el ejercicio profesional, con motivo de la defensa de algún asunto propio; cuando se encuentren dentro de la hipótesis contemplada por la fracción IX, apartado A del Artículo 20 Constitucional, o cuando actúen en atención a un caso de extrema y comprobable urgencia.
Artículo 76.- Se concede acción popular para denunciar a quien sin título o diploma legalmente expedido por esta ley, ejerza alguna de las profesiones que requieren título para su ejercicio o alguna de las especialidades de estas profesiones.
Artículo 77.- Las sanciones administrativas a que refiere el presente apartado, serán impuestas por la autoridad registral competente de la entidad federada de que se trate, con arreglo a lo que previenen esta ley y las respectivas aplicables, concediendo en todo caso, oportunidad de defensa al infractor.
Artículo 78.- Aplicada la sanción, el afectado podrá interponer por escrito y dentro del término de quince días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado legalmente sobre la sanción, el recurso de revisión ante el Director General de Profesiones, o ante el titular del órgano de autoridad emisor del acto, según se trate de un asunto del ámbito federal o estatal en los términos de esta ley, y demás aplicables.
La tramitación y resolución del recurso de revisión se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ante las autoridades de las entidades federativas procederá el recurso que dispongan sus respectivas leyes.
Artículo 79.- Interpuesto el recurso, y siempre que así lo solicite el recurrente, se suspenderá la ejecución de las sanciones pecuniarias si el infractor garantiza su importe ante las autoridades hacendarias correspondientes, con arreglo o lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.
Primero.- Esta ley abroga la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones para el Distrito Federal, así como toda disposición legal o reglamentaria que se aparte o contravenga lo preceptuado en ella.
Segundo.- Los ejecutivos locales, con apego a sus respectivas leyes, proveerán en la esfera administrativa todo lo necesario para la operación de la autoridad facultada a nivel estatal para desarrollar la función controladora sobre el ejercicio profesional a que se refiere la presente ley.
Tercero.- En tanto se elabora y expide el Catálogo General de Profesiones que requieren de título profesional para su ejercicio dentro de la República Mexicana, a que se refiere esta ley; las profesiones que lo requerirán son las dispuestas por las leyes, según los registros que obran en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
Cuarto.- Son nulos de pleno derecho los títulos o diplomas expedidos por instituciones de carácter privado, que hubieren funcionado sin autorización o reconocimiento de validez oficial según lo exigen las leyes relativas.
Quinto.- El Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I, del artículo 89 Constitucional, expedirá dentro de un plazo de noventa días contados a partir de que esta Ley entre en vigor, el reglamento de la misma.
Mientras tanto, se seguirá aplicando en lo que no se oponga a las disposiciones de esta Ley, el reglamento en vigor, de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, que se abroga.
Sexto.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Séptimo.- La constancia de certificación deberá obtenerse por primera vez, para las profesiones en que la misma resulte obligatoria, dentro de los tres años siguientes a aquél en que la profesión de que se trate sea incluida en el Catálogo respectivo, siempre que exista un colegio o ente certificador que hubiera sido autorizado para expedirla. De no existir un colegio o ente autorizado, el plazo de tres años se contará a partir de la autorización concedida a alguno de los colegios legalmente registrados o de la autorización de un ente certificador en la profesión de que se trate.
Octavo.- El plazo de cinco años a que se refiere el artículo 28 empezará a correr a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el siguiente artículo, para aquellas cédulas profesionales que hubieran sido expedidas con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de esta ley.
Noveno.- Durante el plazo de diez años siguientes a la entrada en vigor de esta ley, los profesionistas que ejerzan dentro de las profesiones relacionadas con la vida, la salud, el patrimonio o la seguridad de las personas, cuya cédula profesional haya sido expedida con anterioridad al inicio de la vigencia de la misma, deberán inscribirse a un colegio de profesionistas autorizado, llevar a cabo la actualización de conocimientos y obtener la certificación correspondiente. A partir de la obtención de la primera certificación, contará el plazo de cinco años para su refrendo.
Décimo.- Transcurrido el plazo de diez años, los profesionistas que no hayan obtenido la certificación, siempre que se trate de profesiones relacionadas con la vida, la salud, el patrimonio o la seguridad de las personas, en los términos de esta ley, no podrán ejercer y, de hacerlo, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la misma.