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Timestamp: 2014-03-07 13:50:16
Document Index: 269186954

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 210', 'Artículo 242', 'Artículo 325', 'Artículo 323', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 174', 'Artículo 177', 'Artículo 4', 'Artículo 48', 'artículo 239', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 9', 'artículo 115', 'artículo 39']

Tren Fugitivo Boliviano: LEY Nº 007: La población carcelaria se ha incrementado en Bolivia...
LEY Nº 007: La población carcelaria se ha incrementado en Bolivia...
LEY Nº 007LEY DE 18 DE MAYO DE 2010ÁLVARO MARCELO GARCIA LINERA
Artículo 1°.- Modificaciones a la Ley Nº 1970, de 25 de Marzo de 1999, del Código de Procedimiento Penal
Se modifican los Artículos 11,53,54,210,222,223,226,233,234,235,235 ter, 239,240,242,243,252,253,300,301,321,323,325,392 de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999 (Ley del Código de Procedimiento Penal), los cuales quedarán redactados de la siguiente forma:
Los juicios por delitos de acción pública, sancionados con pena no privativa de libertad o con pena privativa de libertad cuyo máx̣imo legal sea de cuatro o menos años;
El procedimiento para la reparación del daño, cuando se haya dictado sentencia condenatoria; La Acción de Libertad, cuando sea planteada ante ellos.
Homologar la conciliación, siempre que sea procedente, cuando los sea presentada;
Conocer y resolver la Acción de Libertad, si no existieran jueces de sentencia en su asiento jurisdiccional, cuando sea planteada ante ellos.
Artículo 210º (Excusa y Recusación) Los peritos podrán excusarse o ser recusados por los mismos motivos establecidos para los jueces, excepto por su participación en cualquier etapa del proceso. El juez o tribunal resolverá lo que corresponda, preṿia averiguación sumaria sobre el motivo invocado sin recurso ulterior.
2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se somẹterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.
Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes:
Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga.
Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1,2 y 3 del presente Artículo.
Cuando su duración exceda de dieciocho (18) meses sin que se haya dictado acusación o de treinta y seis (36) meses sin que se hubiera dictado sentencia.
1. La detención domiciliaria, en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga.Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia o si se encuentra en situación de indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral;
Artículo 242º (Fianza Juratoria) La fianza juratoria procederá cuando sea previsible que el imputado será beneficiado con la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial o cuando demuestre estado de pobreza que el imposibilite constituir fianza real o personal. El imputado beneficiado con esta medida deberá cumplir las siguientes obligaciones:
Los fiadores no podrán presentar fianza personal a ningún otro imputado, mientras dure la fianza ofrecida y aceptada.
El fiscal deberá requerir ante el juez de instrucción, la retención de fondos en cuentas bancarias y/o entidades financieras nacionales y extranjeras que pertenezcan a los imputados, posibles instigadores y cómplices, así como solicitar un informe de rendimiento bancario financiero que estos hayan realizado en los últimos doce meses.
Artículo 325º (Audiencia Conclusiva) Presentado el requerimiento conclusivo en el caso de los numerales 1) y 2) del Artículo 323 de este Código, el juez, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, convocará a las partes a una audiencia oral y pública que deberá realizarse en un plazo no menor de seis (6) ni mayor de veinte (20) días, computables a partir de la notificación con la convocatoria.
Proponer los hechos sobre los que no existe controversia y que el juez dará por acreditados, obviando la actuación probatoria en el juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El juez de instrucción, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos.
Artículo 2°.- Procedimiento Inmediato para Delitos Flagrantes
Se agrega el Título V al Libro Segundo “Procedimientos Especiales y Modificaciones al Procedimiento Común”, de la Segunda Parte “Procedimientos” de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, del Código de Procedimiento Penal, con sus modificaciones posteriores, quedando redactado con el siguiente texto: “TÍTULO VPROCEDIMIENTO INMEDIATO PARA DELITOS FLAGRANTES
La audiencia será dirigida por el juez de instrucción y durante su realización no se admitirá la presentación ni lectura de escritos. Instalada la audiencia, el juez de instrucción otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al fiscal, al acusador particular y a la defensa, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El fiscal podrá en la misma audiencia, con cargo a presentar el escrito respectivo en el plazo máximo de vienticuatro (24) horas siguientes a la audiencia, aclarar o corregir la acusación en lo que no sea sustancial; el juez en el mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales. Si no existen más observaciones, se tendrá por saneada.
El día y hora de audiencia, verificada la presencia de las partes, el juez concederá la palabra a la Fiscalía para que realice la fundamentación de su acusación; posteriormente, dará la palabra al acusador particular para que fundamente su acusación y a la victima si lo solicita; luego al imputado a los efectos de saber si hará uso en ese momento de su defensa material y finalmente otorgará la palabra a la defensa técnịca para que presente su caso. No se dará lectura a las acusaciones ni al ofrecimiento de prueba de la defensa.
Artículo 3°.- Modificaciones a la Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997, de Modificaciones al Código Penal
Se modifican los Artículos 174 y 177 bis de la Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997, de Modificaciones al Código Penal, con sus reformas posteriores, quedando redactados con el siguiente texto: “Artículo 174. (Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados). El juez o fiscal que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados o policías, o formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.
Artículo 177bisº (Retardo de Justicia). El funcionario judicial o administrativo culpable de retardọ malicioso, será sancionado con la pena prevista para el delito de Negativa o Retardo de Justicia. Se entenderá por malicioso, el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.”
Artículo 4°.- Modificación a la Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001, de Ejecución Penal y Supervisión
Se adiciona a la parte final del Artículo 48 de la Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001, de Ejecución Penal y Supervisión, el siguiente texto: “El Director General de Régimen Penitenciario, excepcionalmente, podrá disponer el traslado inmediato de una privada o privado de libertad a otro recinto penitenciario, cuando exista riesgo inminente de su vida o cuando su conducta ponga en riesgo la vida y seguridad de los otros privados de libertad.
En caso de ratificarse el traslado, se deberá enviar el cuaderno de investigaciones o los actuados radicados en el Juzgado de Ejecución Penal, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa del privado de libertad.”DISPOSICIÓN FINALArtículo final Único.- La autoridad jurisdiccional o administrativa que tenga que aplicar una norma del ordenamiento jurídico boliviano, deberá hacerlo, en todos los casos, con sujeción a la Constitución Política del Estado tomando en consideración los principios, valores y fines que sustentan al Estado, siéndole vinculante la jurisprudencia constitucional, solo en aquello que no contradiga dichos postulados de la norma suprema.DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIASArtículo abrogatorio Único.- Se abrogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Fdo. ÁLVARO MARCELO GARCIA LINERA, Oscar Coca Antezana, Nilda Copa Condori, Nardy Suxo Iturri. Fuente: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/57051
Tras la vigencia de la Ley 007, la población carcelaria en Bolivia creció en 5%
Protesta. Los presos piden cambiar la norma que amplía la detención preventiva La Razón – 6 de marzo de 2011
Con la aplicación de la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, aprobada el 17 de mayo del 2010, la población carcelaria del país creció en al menos 5%. En Santa Cruz los reos hablan de un 27%, lo que habría profundizado el hacinamiento.Según datos del Consejo Consultivo de gobernaciones penitenciarias, en julio del 2010 habían 8.666 internos en los 55 cárceles del país. Para enero del 2011 la cifra aumentó a 9.130 (5,35% más) y los reos denuncian que las cárceles rebasaron su capacidad de albergue.El artículo primero de la Ley 007, modifica varios artículos del Código de Procedimiento Penal. Los presos protestan por la reforma al artículo 239 que estipula que: “la detención preventiva cesará cuando su duración exceda de 18 meses sin que se haya dictado acusación o de 36 meses sin que se hubiera dictado sentencia”. La norma anterior fijaba la cesación de la detención preventiva a los 18 meses.Ley. El pedido de cambio de esta norma provocó la última semana protestas de reos de La Paz, Cochabamba, Oruro, y Sucre.El delegado de los internos de Palmasola, en Santa Cruz, Maibel Romero, dijo que el crecimiento de la población carcelaria empezó desde la aplicación de esta ley, lo que profundizó el hacinamiento.“La Ley (007) ha tenido una incidencia directa para que las cárceles se llenen de personas. Nos está afectando especialmente el tema de la cesación a la detención preventiva. Vemos que hay un choque judicial entre la extinción del juicio y la cesación a la detención. Sugerimos un cambio a los asambleístas a través de la Defensoría del Pueblo, pero hasta ahora no hay respuesta”, reclamó.Advirtió que en Palmasola, hubo un crecimiento de 27% de la población, ya que en el mes de abril había alrededor de 2.350 internos y hasta el mes de febrero, la cifra aumentó a 3.000.Al respecto, Dante Escóbar, representante de los reos de San Pedro en La Paz, señaló que esa modificación “choca” con el artículo 133 del mismo Código sobre la duración máxima del proceso.“La modificación establece que la cesación de la detención se puede producir a los 36 meses de detención. Esto es absurdo e incongruente porque ¿quién va a pedir a los 36 meses la cesación de la detención, sin sentencia ejecutoriada, cuando el artículo 133 dice expresamente que todo proceso se extingue a los 36 meses si no hay sentencia ejecutoriada?”, señaló el delegado Escóbar.Lamentó que la promulgación de la Ley 007 hubiera sido por un interés político, redactada “exclusivamente para que el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández (acusado de la matanza de 11 campesinos en Porvenir, Pando el 2008), no salga de la cárcel.Karlo Brito, abogado de Fernández, coincidió con que la Ley 007 fue redactada “para que el enemigo político (del Gobierno) siga en la cárcel, sin que se prueben las acusaciones en su contra”. “Lo que tratan de hacer es amedrentarlo y presionarlo. Lo detienen indebidamente más de 2 años y cinco meses y no se da curso a la cesación de detención”, agregó el jurista.El director de Régimen Penitenciario, Jorge Antonio Sueiro, reconoció que la Ley 007 retiene a algunos reos por un año y medio más en la cárcel, pero que no era una cuestión fundamental para que haya dado lugar al hacinamiento en las cárceles.“Aunque incide en cierta forma, no son porcentajes elevados. Otro de los factores es que los jueces y fiscales envían a la detención preventiva, a cualquier persona aunque sea por un delito de bagatela”, manifestó.La exigencia de una modificación a la Ley 007 ha llegado hasta la Asamblea Legislativa. Allí, el oficialismo dice desconocer algún pedido de cambio y la oposición da poca fe a que la mayoría legislativa dé curso a algún cambio.
“Con esta gente tirana que hay, cualquier propuesta que se haga es totalmente imposible llevarlo adelante”, lamentó el senador cruceño Germán Antelo (CN).“Tendríamos que plantear la modificación, pero eso pasa por pedirle al Ejecutivo y a la Asamblea, voluntad política”, dijo el diputado Mauricio Muñoz (CN).Bernardo Wáyar Caballero“El sistema procesal está fallando”El problema del hacinamiento en los penales es que el sistema procesal penal está fallando. Los presos sin condena no deberían llegar al 80% como ahora. Está en un índice superior al que se había tenido cuando existía el sistema escrito.Se supone que lo que debería hacer la oralidad del proceso, es primero que las investigaciones sean más responsables, que se respete el debido proceso y que los procesos sean verificados y concluidos en un plazo razonable. Lo que se ha hecho con la Ley 007 es modificar todo el sistema, agravar las condiciones y hoy tenemos que las personas están privadas de libertad en forma preventiva por un tiempo mayor.El funcionamiento en el Ministerio Público es otra de las agravantes, hay demasiados casos, denuncias y pocos fiscales. Ha existido una especie de privilegio de la persecución política, en lugar de la persecución penal.Estos elementos han degenerado al sistema penal que por un lado, dio lugar que hasta el día de hoy haya mayor índice de presos sin condena y hacinamiento en las cárceles. No se trata de defender a nadie. Se trata de que todas las personas, cualesquiera que éstas sean, sean juzgadas con las debidas garantías.FUENTE: http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=126439&EditionId=2459
La Reforma Penal endurece condenas contra delincuentes y jueces corruptos
Restricción. Malhechores reincidentes no se beneficiarán con libertad condicional La Razón - La Paz 19 de mayo de 2010
Desde ayer rige en el país un sistema penal que elimina el derecho de medidas sustitutivas a la detención para delincuentes reincidentes y endurece las condenas contra jueces, fiscales y policías corruptos, de cinco a diez años de cárcel.El presidente en ejercicio, Álvaro García, promulgó la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, donde se prevé condenas contra la retardación “maliciosa” de justicia entendida como el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.El consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados con el propósito de procurarse “ventajas económicas ilícitas” será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a diez años. García dijo que los fiscales podrán, ahora, allanar domicilios sin orden judicial.“Con esta nueva ley los jueces y fiscales tendrán mayor capacidad de intervención”, aseguró, aunque luego recordó que estarán sujetos a procesos en caso de actuar al margen de la ley.Los delincuentes reincidentes no podrán beneficiarse con medidas sustitutivas a la detención. “Los delincuentes pasan unos meses (en la cárcel), los sueltan y vuelven a cometer delitos”, ejemplificó para graficar la importancia de la restricción legal.También se prevé la incautación de bienes y retención de recursos económicos en cuentas bancarias de las personas involucrados en delitos, entre ellos hechos como separatismo.“Son un conjunto de normas contundentes que apuntan a proteger al ciudadano, a proteger al boliviano, precautelando las garantías constitucionales de las personas”, afirmó García.El fiscal de Distrito de La Paz, Williams Dávila, explicó que los cambios deben ser estructurales, aunque luego destacó las modificaciones encaminadas a luchar contra la delincuencia.Otros Mandatos de la Ley 007La ley manda también nuevas atribuciones para el Director General de Régimen Penitenciario. Le faculta a ejecutar el traslado inmediato de un privado de libertad cuando exista riesgo inminente de su vida.La disposición final de la ley dice que la autoridad jurisdiccional o administrativa que tenga que aplicar una norma del ordenamiento jurídico deberá hacerlo con sujeción a la CPE en consideración de principios del Estado.Posiciones sobre las reformas penalesCoronel Óscar MuñozDirector Nacional de la FELCCRescatamos que se endurezcan las penas para que los reincidentes en hechos delictivos no salgan con facilidad de las cárceles. Es positivo lo que se hizo en esta materia. Jaime NavarroDiputado de Unidad NacionalEsperemos que esa ley sirva para cazar narcotraficantes, porque el Gobierno incauta y quema coca, pero no conocemos de algún narcotraficante que esté encerrado.
Julio OrtizPresidente de la Corte Suprema de JusticiaEs una necesidad que emerge de la sociedad. Es parte de la seguridad ciudadana para evitar que haya gente que reincida y atente contra la vida de las personas.Fuente: http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1982&a=1&EditionId=80
La debilitada justicia boliviana viene recibiendo una serie de inyecciones políticas que buscan reanimarla. La primera fue una potente dosis que, de un solo decreto y contrariando a la independencia de poderes, fortaleció a sus principales órganos con la designación de autoridades interinas. La semana pasada, por ley, como debe ser, se modificó la normativa penal.“Se acabó el jolgorio judicial”, aseveró el vicepresidente Álvaro García el día de la promulgación de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, otro golpe de efecto tras la designación de autoridades transitorias por decreto y antes de las próximas elecciones nacionales, previstas para el 5 de diciembre, cuando la ciudadanía deberá votar por nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, ministros del Tribunal Supremo y consejeros de la Magistratura.La línea del Gobierno está claramente trazada en este sentido. El presidente Evo Morales lo anunció en su momento y tiene que ver con una agresiva política de “descolonización de la justicia”, lo cual abarcaría el combate contra dos de los grandes males de este órgano del Estado: la retardación y la corrupción. Pero incluso antes se sabía adónde se estaba apuntando, con la aprobación de la Constitución Política del Estado cuyo artículo 9 obliga a éste a “constituir una sociedad justa… con plena justicia social…”. Enunciados que, de una u otra manera, siempre estuvieron pero nunca se concretaron en realidad.El artículo 115 establece más palmariamente que “toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Y luego que “el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.La ley que modifica dicho sistema normativo representa un paso importante dentro de ese cometido, porque endurece las penas en determinados casos, por ejemplo en los que estén involucrados jueces, fiscales, policías y abogados; también fija un procedimiento nuevo para ciertos juicios abreviados; pero, además, entre otros avances dignos de destacar, equilibra la justicia para delincuentes y víctimas (hasta ahora, los primeros terminaban más protegidos que las segundas).Menuda tarea a la que están abocados los órganos del Estado, principalmente con el empujón político del Ejecutivo y el Legislativo. Queda claro que la justicia necesita acciones coordinadas, mas nunca violatorias de la independencia de poderes. El caso concreto de esta ley demuestra que se puede trabajar a favor de la sociedad sin mayor burocracia ni ataduras interesadas de partidos. Ahora, lo que la población merece es que la letra no quede muerta en el papel.Fuente: http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2241&EditionId=85
Situación. El director de Penitenciarías dice que el presupuesto no alcanzará La Razón - La Paz 7 de junio de 2010
La agudización del hacinamiento y el colapso del presupuesto carcelario serán los problemas inminentes que ocasionará la ley que prohíbe libertad condicional a delincuentes reincidentes. En el último mes, el número de presos subió de 8.125 a 8.300. La información la proporcionó el director nacional de Régimen Penitenciario, Wilson Soria, quien expresó su preocupación por esta situación en la medida que podría, explicó, generar conflictos en las cárceles, que ya enfrentan problemas de hacinamiento. “El 80 por ciento de las cárceles están sobrepobladas; es más, presentan signos evidentes de hacinamiento y de convivencia infrahumana”, advirtió Soria consultado sobre las condiciones carcelarias para enfrentar los retos que representará la ley 007. Norma. El 18 de mayo se pusieron en vigencia las modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal que, entre otros aspectos, refieren que los delincuentes reincidentes no podrán beneficiarse con las medidas sustitutivas a la detención.Hasta el mes de abril la población carcelaria, con algunas fluctuaciones, llegaba a 8.125; sin embargo, este número subió en mayo a 8.300. Soria evitó relacionar este incremento a la vigencia de la ley, aunque anticipó que esta tendencia será permanente.El director consideró que normas como la ley 007 deben estar acompañadas de iniciativas que vayan a paliar o a responder a sus consecuencias.“No es suficiente que nuestra Asamblea Legislativa emita leyes que van a sobrepoblar las cárceles, sino que, a través del Tesoro General de la Nación, tiene que haber un presupuesto que responda a las consecuencias de la emisión de estas layes”, exigió.De los 8.300 privados de libertad, el 30 por ciento está recluido por narcotráfico, mientras que el resto po diferentes delitos. El 77 por ciento de los reclusos tiene detención preventiva y sólo 23 por ciento sentencia ejecutoriada.La Ley Financial prevé un presupuesto para Régimen Penitenciario de 17.089.754 bolivianos y recursos de donación de 23.321.613 bolivianos. De este dinero se destinan 5,50 bolivianos para el prediario de cada interno.Soria dijo que se requiere de al menos 50 millones de dólares para ampliar y construir cárceles en el eje troncal del país, aunque también planteó otras alternativas contra el hacinamiento.Propuso que los presos del área rural sean juzgados y condenados en sus comunidades bajo la justicia comunitaria o que haya castigos de servicio comunal.
Las reformas penales en BoliviaLa Ley 007 permite a Régimen Penitenciario el traslado de presos, sin autorización judicial. Las condenas de cinco a diez años contra jueces, fiscales y personal judicial que retarden justicia. Allanarán domicilios a sola orden fiscal. Denuncia aprestos de conflictoEl director de Régimen Penitenciario, Wilson Soria, denunció que existen grupos dentro de los recintos carcelarios que pretenden generar conflictos para exigir su renuncia.Evitó identificar a estos grupos, aunque precisó que la información fue facilitada en el curso de las visitas que realizó a diferentes recintos carcelarios. En las diferentes penitenciarias existe un total de 8.300 reclusos, entre hombres y mujeres.Soria informó que se ejecuta un plan para mejorar las condiciones de vida de los reclusos en diferentes aspectos, entre ellos mencionó que se apunta a mejorar la infraestructura, facilitar apoyo legal y médico al recluso.Añadió que iniciará un proceso de diálogo con gobernadores y alcaides para hacer efectiva la atención a los reclusos.Paralelamente se ejecutarán, dijo, proyectos que permitan un mejor y mayor acceso a la educación primaria, secundaria e incluso universitaria, sin descuidar las ramas técnicas.El objetivo es “humanizar” los centros penitenciarios del país, explicó la autoridad, quien destacó que la gobernación de Potosí destinó cinco millones de bolivianos a infraestructura penitenciaria, mientras que Pando nueve millones de bolivianos. En su opinión no existen motivos que justifiquen malestar entre los privados de libertad.Fuente: http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3069&a=1&EditionId=99
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