Source: http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/Documentos/conmemoracion/peprezpl.htm
Timestamp: 2014-03-10 01:00:47
Document Index: 10819480

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 73', 'artículo 107', 'artículo 105', 'artículo 102', 'artículo 105', 'artículo 107', 'artículo 102', 'artículo 105', 'artículo 73', 'artículo 105', 'artículo 5']

PERÍODO DEL PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON
XVII. PERÍODO DEL PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN	El primero de diciembre de 1994 tomó posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León y nombró como Procurador General de la República al licenciado Fernando Antonio Lozano Gracia, quien estuvo en el cargo hasta el 1o. de diciembre de 1996 y fue sustituido por el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar.
El México de nuestros tiempos requiere inaplazablemente de un acelerado desarrollo de sus instituciones públicas, primordialmente de su sistema de justicia, el cual ha sido objeto desde diversos ámbitos, de constantes reclamos para adecuarlo a la hora en que se vive y, sobre todo, para abatir la impunidad, corrupción e ineficacia, que afectan la armonía social en los que el país se encontraba inmerso.
Desde el inicio de su administración, el Ejecutivo Federal pugnó por satisfacer el reclamo de justicia que demanda la sociedad. Por ello, fue propuesta y posteriormente aprobada la reforma constitucional que se propone transformar profundamente al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Federación. Esta reconcepción de las dos más importantes instituciones públicas de nuestro sistema de justicia, tiende a garantizar que todos, sin distingo alguno, accedan fácilmente a la impartición de justicia digna, expedita y honesta que requieren, para impedir actos de impunidad y corrupción que tanto alarman y lastiman a la conciencia social, pero sobre todo, para que el imperio de la ley sea el que establezca las directrices de la vida nacional.
La procuración de justicia es una función primaria e indelegable del Estado; su eficiente cumplimiento otorga a la ciudadanía garantías plenas y propicia la convivencia armónica y el progreso social; su ausencia o deficiente desarrollo da como resultado la creación de un clima de inestabilidad social y la consecuente inseguridad pública.
Fue así como el Ejecutivo Federal, atendiendo a los principios sociales y democráticos del Estado de Derecho, procedió a dar vida a las constantes y sentidas peticiones que se manifestaron por los distintos sectores sociales.
El Presidente de la República, en estricta observancia de lo dispuesto en los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 12, 16, 20 y 22 de la Ley de Planeación, encomendó a la Procuraduría General de la República la coordinación y verificación de los Foros de Consulta Popular sobre Procuración y Administración de Justicia, a nivel nacional.
Se verificaron nueve foros de consulta popular, atendiendo a un criterio de regionalización, que permitiera el fácil acceso a estos al mayor número de participantes.
Se contó con una asistencia aproximada de 2,515 personas, en donde fueron expuestas 339 ponencias relativas a la temática previamente señalada. Se recibieron importantes aportaciones e inquietudes sobre el quehacer Institucional y el ámbito de la Administración de Justicia, de entre las que destacan: el fortalecimiento del Estado de Derecho; el combate a la impunidad y al crimen organizado, referido preponderantemente al fenómeno del narcotráfico; la moralización de los servidores públicos encargados de estas áreas, con el claro interés de terminar con actos de corrupción; una adecuada profesionalización con la finalidad de establecer el servicio civil de carrera; una mayor eficiencia en el servicio público prestado; una reforma penal integral que permita contar a la Nación con leyes que garanticen un irrestricto respeto a los derechos humanos; procedimientos más ágiles en la administración de justicia; también se enfatizó sobre la crisis de confiabilidad en la que actualmente se encuentran los órganos comprometidos en procurar y administrar justicia.
Dichos foros de consulta popular dieron como resultado el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, mismo que en lo futuro regirá el destino de la República, al establecer un proyecto de Nación, basado en el expedito acceso a la justicia, el vivir en plenitud en un país de leyes, pero sobre todo llegar a la comprensión de que el Estado de Derecho tiene como premisa mayor, el concebir al hombre como un fin en sí mismo y que la procuración y administración de justicia debe realizarse para beneficio de los hombres y mujeres mexicanas.
Las actividades desarrolladas durante el período que se informa, son abordadas atendiendo a los compromisos establecidos en el apartado 2 del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, denominado "Por un Estado de Derecho y un país de leyes", en lo relacionado con la esfera competencial de la Procuraduría General de la República.
Este informe da cuenta de las acciones que la Procuraduría General de la República ha llevado a cabo, a fin de que cumpla con las obligaciones impuestas por la ley y esté a la altura de los reclamos actuales de la sociedad.
Preocupación fundamental de la presente Administración es fortalecer el Estado de Derecho, a fin de garantizar la vigencia y cumplimiento de la norma y restablecer la credibilidad en las instituciones, como base de una convivencia social civilizada, armónica y pacífica de los mexicanos. Frente a tal reto, en diciembre pasado se emprendieron reformas constitucionales, que ponen en marcha una profunda transformación de nuestro sistema de Impartición de Justicia, del Ministerio Público Federal y que establecen las bases para el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el marco de la atención integral al fenómeno de la delincuencia.
En materia de reforma jurídica, fueron modificados 26 artículos constitucionales; los nuevos textos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en el mes de diciembre de 1994, dando inicio al proceso de reestructuración del Sistema Nacional de Justicia.
Destacan por su importancia, las reformas a los artículos 21 y 73, que disponen de la coordinación y vinculación de todas las instancias que intervienen en la prevención y combate a la delincuencia.
En el artículo 21 de la Norma Suprema se dispuso a la letra que "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez."
Se dispuso también que "La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública."
Asimismo, el reformado artículo 73 de la propia Constitución determinó la facultad del Congreso de la Unión "Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, la selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal."
En lo que a procuración de justicia se refiere, con la reforma se consolidó la función de la Procuraduría General de la República como protectora de los interese de la Federación, se fortaleció su carácter de representante de la sociedad y su capacidad para perseguir los delitos. Se modificó el sistema de designación del Procurador General de la República, haciéndose necesaria la ratificación del Senado. La reforma previó, también, la creación de un recurso ante las autoridades jurisdiccionales para controlar la legalidad de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal.
En cuanto a la seguridad pública, el nuevo texto constitucional sentó las bases de un Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios deberán garantizar una política coherente en la materia. Entre otros elementos, se prevé la integración de un sistema nacional de información sobre delincuentes y cuerpos policiales; la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en la prevención y el combate a la delincuencia; la profesionalización creciente de estas corporaciones y su vinculación de manera renovada con la sociedad para recuperar su prestigio y credibilidad a través del cumplimiento cabal y respetuoso de su deber.
En dicha reforma se establece que la actuación de las policías, en todos los niveles, se deberá regir por los principios de legalidad, honestidad, eficiencia y profesionalismo.
La Reforma, por otra parte, otorga una nueva dimensión a la Procuraduría General de la república y en concreto al Ministerio Público Federal.
El Ministerio Público debe ser un órgano apegado a criterios estrictamente técnicos, para que en consecuencia de una labor profesional, la sociedad pueda confiar plenamente en él. La previsión en la reforma, de legislar un procedimiento de impugnación de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, va precisamente en este sentido.
Por otro lado, el nombramiento de Procurador General de la República que el Presidente haga, al ser ratificado por el Senado, contribuye, sin duda, no sólo al fortalecimiento de nuestro nuevo federalismo, sino también a la independencia de quien encabeza el Ministerio Público.
Control Constitucional y de Legalidad
En el replanteamiento del modelo jurídico para acceder al pleno Estado de Derecho, el Procurador General de la República ha sido conceptualizado como un promotor de la constitucionalidad. Si bien es cierto que la Constitución desde hace tiempo consignaba como facultad del Procurador General de la República su intervención en el juicio de amparo y en la solicitud de aclaración que contempla el artículo 107 fracción XIII de la Constitución, referido a la facultad de denunciar las tesis contradictorias que se den entre los Tribunales Colegiados o entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a partir de la reforma publicada en diciembre pasado que se le da mayor claridad a la función de promoción y vigilancia de la constitucionalidad que compete al Procurador General de la República al otorgarle la acción de inconstitucionalidad.
Con esa nueva atribución se confiere en forma personal al titular del Ministerio Público de la Federación, la posición de garante ante la sociedad de que todas aquellas leyes que van a integrarse al universo jurídico nacional, incluyendo los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, observen en forma irrestricta los imperativos constitucionales; nueva misión que se orienta a reforzar y materializar en actos concretos la vigencia del Nuevo Federalismo, así como lograr el país de leyes que los mexicanos reclamamos como única forma de convivencia social.
El nuevo diseño de la Procuraduría prevé una función más atractiva en la promoción de la constitucionalidad. A partir de la reforma Constitucional del 31 de diciembre pasado, se dio un primer paso importantísimo para la reestructuración jurídica del Sistema Penal y de Seguridad Pública de nuestro país. En primer lugar convirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un verdadero Tribunal de constitucionalidad, de conformidad con el modelo predominante en el mundo; así, la Suprema Corte de Justicia, en su carácter de tribunal constitucional, podrá hoy determinar la inconstitucionalidad de leyes con efectos generales, lo que significa que toda ley que se expida debe ineludiblemente estar ajustada a la Constitución. Al mismo tiempo, se elimina de la Suprema Corte de Justicia la función de administración del Poder Judicial Federal, estableciendo un Consejo de la Judicatura Federal y fortaleciendo la carrera judicial.
El procedimiento correspondiente quedó incorporado en el nuevo artículo 105 fracción II de la Constitución, que amplía las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la acción de inconstitucionalidad de normas generales, la cual puede se solicitada por el 33% de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, de las Legislaturas Locales o de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes emanadas de dichos órganos, así como de tratados internacionales en caso del Senado.
En cambio, el Procurador General de la República cuenta con un ámbito de acción mayor, y como parte de la misión constitucional de garantizar la supremacía de la Carta Magna en todos los ámbitos de competencia, puede ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, federal, del Distrito Federal o de tratados y convenios internacionales. El Procurador General de la República será así un promotor de la constitucionalidad en todos los niveles. La intervención de este, en los términos del artículo 102 constitucional apartado A, a diferencia del juicio de amparo, no requiere la iniciativa previa de persona u órgano de gobierno, pues debe ser su dictamen técnico el que motive dicha acción, la cual deberá ejercitar personalmente.
Es necesario advertir que el Procurador General de la República tendrá la más alta responsabilidad de coadyuvar en la consolidación de la justicia constitucional. En su carácter de representante social y de los intereses de la Federación fortalecerá así su tarea de velar por la irrestricta aplicación de la Constitución.
En el ejercicio de esta función deberá actuar de manera técnica, dejando a un lado cualquier consideración política. En consecuencia, cuando así sea el caso, ejercitará la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra aquellas normas generales emanadas de los poderes legislativos que las hayan emitido, Federal o locales. La Ley Reglamentaria del artículo 105 fracciones I y II de la Constitución Federal se publicó el 11 de mayo de 1995 y entró en vigencia 30 días después, es decir el 10 de junio de dicho año.
Las argumentaciones del Procurador estarán basadas en estudios profundos de los problemas de constitucionalidad presentados por las normas jurídicas que sean atacadas de inconstitucionales. En consecuencia, la Procuraduría General de la República contará con una unidad de apoyo en esta materia. Cabe hacer notar que el Procurador, como los otros titulares de la acción de inconstitucionalidad, cuenta con treinta días naturales para ejercer la acción de inconstitucionalidad a partir del momento de la publicación de la norma general.
Por otra parte, de conformidad con la fracción I del mismo numeral 105 de la Ley fundamental, el Procurador General de la República tiene la obligación de intervenir en los juicios que sobre controversias constitucionales, con excepción de las que se refieran a materia electoral, conozca la Suprema Corte de Justicia y que se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; la Federación y un Municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión o cualquiera de las Cámaras o la Comisión Permanente; un Estado y otro o el Distrito Federal; el Distrito Federal y un Municipio; dos Municipios; entre dos Poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; entre un Estado y uno de sus Municipios; entre un Estado y un Municipio de otro Estado, o entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal. La materia de la controversia constitucional, cuando verse sobre normas generales, podrá implicar la derogación de una norma por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que se dé una mayoría de ocho votos.
La importancia de la intervención de la Procuraduría General de la República en una controversia constitucional, deriva también de su carácter de representante social y de los intereses de la Federación; se pueden aplicar, en consecuencia, las argumentaciones que hemos sostenido para el caso de la acción de inconstitucionalidad.
Por otro lado, el artículo 107 fracción XIII, faculta al Procurador General de la República para denunciar la contradicción de los Tribunales Colegiados de Circuito o de las Salas de la Corte, para que la Suprema Corte de Justicia decida la tesis que debe quedar subsistente como jurisprudencia. Se trata de una facultad, hasta ahora no ejercida frecuentemente, a la que habrá de otorgársele la mayor atención para fortalecer la función de la Procuraduría General de la República como promotora de la legalidad.
Las reformas a la Constitución publicadas el 31 de diciembre pasado modifican también la naturaleza jurídica de la Institución, ya que el Procurador General de la República, de conformidad con el artículo 102 apartado A, ha dejado de ser el Consejero Jurídico del Gobierno. Dicha función pasará a la dependencia del Ejecutivo Federal que para tal efecto establezca la ley; la función de la Consejería Jurídica del gobierno en manos del Procurador había sido ampliamente criticada por la doctrina jurídica, ya que contraponía o, cuando menos, podía contraponer al interés de la sociedad, el interés de la consejería jurídica del gobierno y de la representación del Ejecutivo Federal en juicio.
El orden jurídico requiere actualizarse constantemente para responder a las cambiantes necesidades sociales. Los sistemas jurídicos contienen mecanismos que permiten el cambio normativo denominado por la teoría del derecho como reglas secundarias de cambio. Significa que toda modificación debe realizarse por los cauces que la propia norma fundamental establece; sólo entonces la comunidad reconocerá tal norma como obligatoria para el grupo.
El cambio constitucional en materia de procuración e impartición de justicia, contenido en el Decreto que reforma a los artículos 21, 73, 102 apartado A y 105 de la Constitución, tendrá como consecuencia, modificaciones a diversas leyes federales. La Institución ha participado en comentarios de diversos proyectos de ley, entre los que están la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución y la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
Por otra parte, ha intervenido en la redacción de diversos anteproyectos de ley, entre los que se encuentran el de Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y el de Reformas a la Ley de Amparo. Al momento, se están estudiando diversas alternativas de regulación al procedimiento mediante el cual se impugnará, por vía jurisdiccional, la resolución de no ejercicio de la acción penal o sobreseimiento de las decisiones del Ministerio Público, mientras que se han celebrado reuniones de trabajo para la elaboración de un Anteproyecto de Ley General de Seguridad Pública, que prevé y desarrolla el Sistema Nacional de Seguridad Pública donde se ubicará la regulación federal de policías, en los términos del artículo 73 fracción XXIII de la Constitución.
El proyecto de reforma que también se encuentra en estudio es el relativo al crimen organizado; se plantea, por una parte, la creación de una Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y, por otra, deberán proponerse nuevas figuras delictivas en el Código Penal Federal, como son las relativas al lavado de dinero, al tráfico de precursores químicos, entre otras, así como reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, con la finalidad de modernizar los métodos de investigación del delito organizado; igualmente reformas a la legislación de ejecución de sanciones e inclusive en otras materias. La reforma en materia de crimen organizado reviste particular importancia, principalmente en cuanto a figuras procesales, porque busca la modernización y agilización en la investigación de los delitos de esta materia, que no sólo es prioridad nacional, sino también internacional.
El universo de estas leyes tendrá que apoyar y transformar, de conformidad con la nueva filosofía de la Procuraduría General de la República las acciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial federales. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República deberá sufrir adecuaciones en términos de la nueva misión constitucional que a la Procuraduría y a su titular asigna la Carta Magna. Debe destacarse que el Procurador General de la República determinará el procedimiento mediante el cual ejercerá la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105 de la Constitución.
En cuanto a la actualización del marco normativo que regula la actuación de la Institución, se adicionó el artículo 5o. Bis al Reglamento Interno de la Procuraduría General de la República, como resultado del compromiso del Ejecutivo con la sociedad para esclarecer totalmente los homicidios de los señores Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y Juan Jesús Posadas Ocampo, así como para atender aquellos asuntos que por su relevancia e impacto social le sean asignados a la Subprocuraduría Especial de la Dependencia.
De igual forma, durante el mes de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el convenio de coordinación que signaron para la creación de la Coordinación Metropolitana de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Gobierno del Estado de México y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
El espíritu de colaboración entre las procuradurías para hacer frente al crimen organizado, se puso de manifiesto mediante la publicación de las "Bases de Colaboración" entre la PGR y la PGJDF en el Diario Oficial de la Federación en el mes de abril.
En cuanto a normatividad interna, se expidieron seis acuerdos, cinco circulares y un instructivo.
El reclamo de hacer eficiente la Institución Ministerial reflejó la obligación de contar con una estructura orgánica y funcional que le permita dar respuesta a las necesidades sociales.
De ahí que resulte urgente reestructurar el funcionamiento y organización de la Institución; proceso que debe concebirse en atención a directrices tales como honestidad, profesionalización, y mayor eficiencia y contundencia en su actuación.
Por ello, la Procuraduría General de la República ha iniciado una reestructuración completa, consciente de que es imposible aspirar a un Estado de Derecho real si no se cuenta con instituciones modernas y dignas, que estén en capacidad de combatir el delito y recuperar la confianza de la ciudadanía y el reconocimiento social.
A raíz de las directrices relativas a lograr la moralización, modernización y profesionalización de la Dependencia, se determinó llevar a cabo un Programa de Desarrollo Organizacional que coadyuvara, entre otras cosas, a la definición de la misión de la Institución, de sus objetivos estratégicos, de las acciones para alcanzar dichos objetivos, así como a la determinación de las políticas generales y de los problemas estructurales que padece la Procuraduría.
Nueva Misión de la Procuraduría General de la República
"La Procuraduría General de la República, dentro de la cual está integrada la institución del Ministerio Público, es órgano esencial del sistema federal de justicia y, en representación de los individuos, de la sociedad, y del Estado, promueve y vigila el cumplimiento del orden constitucional, y procura justicia en el ámbito de su competencia. Asimismo, participa en acciones de prevención del delito para garantizar la seguridad pública.
Esta misión debe realizarse con estricto apego a los principios constitucionales y a las leyes que la rigen, así como con plena observancia de los derechos humanos, requisitos indispensables para la vigencia del Estado de Derecho.
La actuación del Ministerio Público Federal y de sus auxiliares, se orientará y regirá, además, por los criterios de honestidad, profesionalismo, imparcialidad, lealtad y eficiencia, siempre de buena fe y con sentido humano".
Lograr una procuración de justicia pronta, expedita y eficaz;
Hacer vigente el principio constitucional de que la Policía Judicial Federal esté subordinada al Ministerio
Profesionalizar a los funcionarios y servidores públicos de la Procuraduría General de la República;
Modernizar a la Institución;
Combatir frontalmente al narcotráfico y crimen organizado;
Combatir permanentemente la corrupción;
Establecer firmemente una cultura institucional sustentada en valores éticos;
Humanizar a la Institución;
Disminuir el índice delictivo;
Abatir la impunidad;
Lograr la aceptación y vinculación de la sociedad, y
Optimizar la coordinación con instituciones nacionales e internacionales.
* Abatir rezagos; *eliminar burocratismos; *ajustarse a los plazos y términos constitucionales y legales en la investigación (averiguación previa) y en los procesos; *unificar y modernizar criterios que deben regir la función del Ministerio Público Federal; *establecer y mejorar la coordinación de las áreas centrales con las Delegaciones Estatales de la PGR; *reestructuración orgánica de la Institución; *profesionalización y servicio civil de carrera; *optimizar recursos humanos y materiales; *unidad y coordinación entre las diferentes áreas; *adecuada coordinación con el resto del sistema de justicia penal y de seguridad pública, *actualización del marco jurídico;
*Fortalecer al Ministerio Público Federal como líder de la investigación de delitos; *capacitar a la Policía Judicial Federal en su función como auxiliar del Ministerio Público Federal; *reorganizar a la Policía Judicial Federal, estableciendo su subordinación al Ministerio Público Federal; *retabular percepciones del Ministerio Público Federal y de la Policía Judicial Federal, y *capacitar al Ministerio Público Federal en su labor de investigación;
*Cumplimiento estricto de los requisitos legales y reglamentarios, para incorporación y permanencia; *adecuado proceso administrativo del personal (reclutamiento, selección, inducción, capacitación, ascensos y separación); *servicio civil de carrera; *cursos de formación inicial, capacitación, actualización, perfeccionamiento y especialización, revisión y actualización de los mismos; *adecuado sistema de reconocimientos y estímulos, y de sanciones; *movilidad dentro de la Institución (horizontal y vertical);
*Reestructuración orgánica y funcional; *utilización de tecnología de punta; *mejores equipos en todos aspectos; *adecuación del marco jurídico en el ámbito de la investigación científica, y en materia de Ley Orgánica y Reglamento, *actitudes positivas por parte del personal;
*Promover un marco jurídico adecuado; *redefinir y fortalecer la estructura orgánica y funcional del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas; *establecer un riguroso sistema de selección, especialización, control y evaluación del personal de dicho Instituto; *establecer y fortalecer mecanismos de coordinación con otras áreas de la Institución y organismos internacionales; *proveer de equipos y sistemas modernos;
*Aplicar los sistemas de información, control y evaluación del desarrollo de la función; *fortalecimiento de los sistemas de recepción de quejas y denuncias con la participación de la sociedad; *seguridad jurídica a los servidores públicos que actúan conforme a derecho; *salario digno y condiciones de trabajo adecuadas; *inculcar y acrecentar valores institucionales; *aplicación estricta de sanciones;
*Definir y difundir los valores y reglas de actuación; *premiar la conducta adecuada y sancionar las irregularidades; *predicar con el ejemplo; *incluir en los programas de formación de recursos humanos la referencia a los valores;
*Respeto al personal y a sus derechos fundamentales; *trato justo en las relaciones laborales (remuneraciones, prestaciones, reconocimientos, vacaciones, jornadas, horarios, etcétera); *ambiente de trabajo adecuado; *hacer participar al personal en la toma de decisiones que lo afectan;
*Política criminológica integral; *métodos científicos de investigación (inteligencia); *mejores instrumentos de trabajo; *personal mejor capacitado; *mejor coordinación interinstitucional; *acciones de prevención y detección de estados peligrosos y factores criminógenos; *reformas legislativas: prevención, Código Penal y de Procedimientos Penales, ejecución de penas, sistemas penitenciarios y leyes orgánicas y reglamentarias;
*Voluntad política; *combate a la corrupción; *aplicación estricta de la ley, bajo el principio de igualdad jurídica para todos; *abatimiento de rezago de mandamientos judiciales y ministeriales; *coordinación interprocuradurías; *mejorar el marco legal y la colaboración en el ámbito internacional en materia de extradición, información, intercambio de presos, y *controles internos y seguimientos de conductas de funcionarios;
*Adecuado manejo de comunicación social; *dar resultados; *difusión de logros y avances; *diseño de imagen a proyectar; *relaciones adecuadas con los diferentes sectores de la sociedad (incorporar a la sociedad en programas de prevención, etcétera); *sensibilización de la opinión pública, en el marco del derecho; *mejorar la atención al público, y *congruencia en las acciones;
*Revisar y actualizar convenios de cooperación (nacionales e internacionales); *involucrar como responsables a las otras dependencias del Ejecutivo Federal y Estatal, en acciones conjuntas, delimitando sus funciones, y *establecer mecanismos de comunicación interinstitucionales, nacionales o extranjeras.
El ahora reconcebido Ministerio Público de la Federación debe ceñir su actitud a un claro marco de conducta y generar en cada uno de sus miembros una sembrada mística institucional, con la firme convicción de que el grave encargo republicano que le fue encomendado, le exige un comportamiento ejemplar, como principales promotores, dentro y fuera del servicio, de la observancia de la ley; respeto a los Derechos Humanos y de honestidad.
Bajo esa convicción, la institución ha puesto en marcha un ambicioso programa de concientización y sensibilización de todas aquellas personas que la integran, con la finalidad de lograr que retornen a abrevar en los valores más preciados por nuestra sociedad y así obtener la comprensión de que, sólo a través de la observancia y una conducta ética adecuada y respetuosa de la ley, contribuirán, en gran medida, al engrandecimiento de nuestra Nación, y que ese actuar sea reflejo de una enaltecida mística institucional.
En ese afán y como parte del programa antes referido, en solemne ceremonia presidida por el Procurador General de la República fue entregado a todos los servidores públicos que laboran en la Institución, el "Código de Conducta y Mística Institucional", documento conformado por 20 artículos que regulan su actuación bajo los lineamientos siguientes:
Lealtad, honestidad y honor;
Conciencia de Estado, patriotismo y valor;
Compromiso y la responsabilidad;
Principio de autoridad, disciplina y discreción;
Solidaridad de grupo y sensibilidad;
Justicia, imparcialidad y neutralidad;
Profesionalismo y actuación con mesura y pulcritud;
Confianza y uso de la fuerza; y
Uso de los instrumentos de trabajo.
Como puede apreciarse, los rubros antes acotados regulan y definen la conducta que la sociedad exige por parte de los miembros de la Institución, sentir social que fue receptado en los Foros de Consulta Popular que sobre Procuración de Justicia se llevaron a cabo, y que ahora se ve formalmente materializado.
La vida institucional requiere, forzosamente, del diseño de políticas claras, valientes y sobre todo reales, que la orienten como si se tratara de un solo hombre; tal exigencia ha sido comprendida, y es así que se han generado las siguientes directrices:
Esforzase en dar resultados;
Mantener congruencia en las acciones;
Desarrollar sensibilidad ante la opinión pública, en el marco del derecho;
Respeto al personal y a sus derechos fundamentales;
Propiciar la participación del personal en la toma de las decisiones que lo afectan;
Observar estrictamente los requisitos legales y reglamentarios para el ingreso y permanencia de personal;
Aplicación estricta de sanciones;
Dar un mayor sentido humano a las funciones desarrolladas;
Promover la unidad y sentimiento de pertenencia;
Incluir la referencia a los valores en los programas de formación de los recursos humanos.
2.3 Reestructuración Orgánica y Funcional de la Procuraduría General de la República
De conformidad con los lineamientos emitidos por el Presidente de la República y el Procurador General de la República, así como de las estrategias fijadas, en el documento de planeación estratégica, en las que señalan los objetivos y la mística institucional, se estableció una Subcomisión de Reestructuración Administrativa que realizó entrevistas a la casi totalidad de mandos superiores de la Institución, visitando también las Delegaciones Estatales a efecto de analizar los posibles problemas estructurales, las duplicidades de funciones, y en general, la problemática que enfrenta la Procuraduría.
Teniendo en cuenta el diagnóstico, se presentaron al Procurador General de la República y a los subprocuradores las siguientes primeras propuestas:
a) Creación del Sistema Integral de Información de la Procuraduría General de la República, que
comprenda registros únicos del estado que guardan los asuntos de la Institución.
b) Desarrollo de la infraestructura tecnológica, criminalística y criminológica que contemple, entre otras
b.1 La reconversión de los servicios periciales de la Institución a servicios criminalísticos, entendiendo
por estos no sólo la realización de acciones propias para el Ministerio Público sino para toda acción
de investigación policial;
b.2 Desarrollo de los bancos de datos criminalísticos y criminológicas que funcionen a nivel nacional,
con el apoyo de las procuradurías estatales, destacando los siguientes:
de indiciados, procesados y sentenciados
de estadísticas policiales y crimen organizado
de bienes robados
de personas buscadas, etcétera.
b.3 Fortalecimiento de la informática, estableciendo un órgano coordinador;
b.4 Desarrollo de las técnicas caninas.
c) Desarrollo de diversos mecanismos de control y seguimiento, implantando guías y manuales de
operación de la Procuraduría.
d) Creación de comisiones permanentes de coordinación, las que mediante reuniones periódicas
desarrollen acciones en las áreas de:
Bienes asegurados;
Prefesionalización de los Agentes del Ministerio Público;
Profesionalización de la Policía Judicial y de servicios criminalísticos;
Evaluación de las actividades institucionales
e) Separación de las funciones operativas de las administrativas de la Policía Judicial Federal.
f) La operación de la Policía Judicial Federal se deberá acercar más al Ministerio Público.
g) Establecer una unidad que se dedique al estudio y prospectiva de la procuración de justicia y
planeación de las acciones de la Institución.
h) Teniendo en cuenta las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que las instituciones policiales se regirán por los principios de legalidad, profesionalismo, eficiencia y honradez, deberán generarse las condiciones que propicien la formación profesional de Ministerio Público, Policía Judicial y los servicios periciales.
Como consecuencia de lo anterior, se presentaron tres modelos de reestructuración que fueron sometidos a los mandos de la Institución, para su análisis y observaciones correspondientes.
Posteriormente, con las observaciones y comentarios de los miembros del primer nivel, la Subcomisión de Reestructuración Administrativa se abocó a la integración de un cuarto modelo y, en el mes de junio, presentó a los mandos superiores de la Institución la estructura orgánica sugerida, la justificación del modelo propuesto y las funciones generales de las áreas.
Dicho modelo pretende reestructurar a la Institución con un esquema que mejore radicalmente la eficiencia de la misma; con ella, sin duda alguna, se logrará como primer objetivo rescatarla del caótico estado administrativo en que se encontraba; en segundo lugar se podrán subsanar los problemas de duplicidad de funciones, falta de responsabilidad directa, desatención a las áreas foráneas, desvinculación formal y material de las delegaciones estatales con las unidades centrales, falta de cabal conocimiento y control sobre los asuntos de su responsabilidad, desequilibrio en las cargas de trabajo, dispersión por desarrollo de diversas actividades no encomendadas originalmente, falta de contundencia en la actuación, y aplicación irracional de los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución.
Mediante la creación de áreas con funciones claramente definidas en relación con la persecución del delito, funciones sustantivas no penales, control técnico penal, control administrativo y las de apoyos técnicos y administrativos, el modelo en torno al cual se ha venido conformando la nueva estructura de la Procuraduría General de la República, garantizará una actuación institucional más acorde a las necesidades del servicio.
En el aspecto específico del manejo de información se está reconceptualizando el Centro de Planeación para el Control del Drogas (CENDRO), como un organismo de planeación en la lucha contra la delincuencia organizada en todas sus fases. Se tratará de una unidad de inteligencia tendiente a recabar y sistematizar la información en torno a estas actividades ilícitas.
El proyecto de reestructuración orgánica y funcional fue aprobado en su oportunidad, encontrándose el mismo en su fase de implementación; contemplando las siguientes unidades administrativas, en sus primeros niveles:
Subprocuraduría de Procedimientos Penales Regionalizadas A, B y
Direcciones Generales de Control de Procedimientos Penales Regionalizadas A, B y C;
Direcciones Generales de Fiscalías Especializadas A, B y C;
Unidades Coordinadoras Regionalizadas de Servicios Policiales A, B, y C;
Unidades Coordinadoras Regionalizadas de Servicios Criminalísticos A, B y C;
Delegaciones Estatales adscritas conforme a la Región de que se trate;
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales;
Dirección General de Asuntos Legales Internacionales;
Dirección General de lo Contencioso y Consultivo;
Dirección General de Normatividad Técnico Penal;
Agregadurías;
Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo Tecnológico;
Dirección General de Coordinación de Servicios Criminalísticos;
Dirección General de Planeación y Desarrollo Tecnológico;
Dirección General de Coordinación de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal;
Dirección General de Organización y Promoción de Seguimiento Ministerial y Policial;
Instituto de Capacitación;
Subprocuraduría Especial;
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales;
Instituto Nacional para el Combate a las Drogas;
CENDRO;
Dirección General de la Visitaduría;
Creación de dos nuevas Agencias del Ministerio Público Federal en la Delegación Estatal de Jalisco y de la Agencia del Ministerio Público Federal Especial para la Atención de Personas con Discapacidad Mental.
Con el propósito firme y decidido de lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de los fines de esta Dependencia, así como para continuar fortaleciendo el proceso de desconcentración territorial, en junio de 1995 se crearon dos nuevas Agencias del Ministerio Público Federal, en el Estado de Jalisco.
Adicionalmente tomando en consideración que el Ejecutivo Federal instruyó la creación del "Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas Discapacitadas", y para cumplir con el compromiso de brindar atención oportuna y de calidad a los grupos vulnerables, en especial el de los discapacitados, en junio de 1995 se creó la Agencia del Ministerio Público Federal Especializada en la Atención a Personas con Discapacidad Mental, quedando adscrita a la Agencia del Ministerio Público Federal Conciliador.
El destinar personal Ministerial, Policial y Pericial altamente especializado en la atención a los grupos vulnerables, da como resultado una actuación calificada y eficiente, así como adecuada a las necesidades de dichos grupos; a la vez de que se matiza el esfuerzo institucional para darles oportuna respuesta y atención; y con ello lograr incorporarlos a un esquema de respeto a sus derechos.
La competencia de esta Agencia es lo referente a la atención de todos aquellos asuntos en donde se encuentre involucrado, en cualquier calidad, una persona con discapacidad mental.
Como resultado del Programa para Superar la Situación de Emergencia Económica, establecidos por el titular del Ejecutivo Federal, los lineamientos de gasto se ajustaron a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En razón de los anterior, dicha Secretaría reestructuró el presupuesto de la Institución, al pasar de 1,303 millones de nuevos pesos a 1,003 millones de nuevos pesos. Sin embargo, este nuevo presupuesto no contempla los recursos indispensables para algunas áreas y acciones de la dependencia; situación que se hizo del conocimiento de la S.H.C.P. para que se analice la posibilidad de incrementar el presupuesto otorgado.
En virtud de que la Institución considera que la aplicación de sus recursos financieros asignados debe realizarse con eficiencia, eficacia y honradez, cumpliendo estrictamente con lo dispuesto por el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación, en junio de 1995 se creó el Comité Interno de Gasto-Financiamiento, como un órgano técnico de asesoría del Procurador General de la República en materia de financiamiento, ejercicio, control y evaluación del Gasto Público.
Como un ejemplo de disciplina presupuestal, destaca el establecimiento de controles para el suministro de gasolina y uso de las unidades, lográndose con esta medida un ahorro del orden del 18% en los primeros seis meses de la administración.
En cuanto a los servicios aéreos que se proporcionan en la Institución, se cuenta con una flota de 154 aeronaves (60 aviones y 94 helicópteros), presentándose al mes de agosto de 1995 un 86.5% de disponibilidad de aeronaves para el servicio, porcentaje superior al 80% que se considera óptimo de acuerdo con los estándares internacionales.
En materia de desarrollo tecnológico, la Procuraduría General de la República ha seguido un esquema de modernización basado en cuatro vertientes principales: equipamiento tecnológico, comunicación de voz y datos, desarrollo de sistemas y capacitación.