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Timestamp: 2019-12-15 08:11:47
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 725', 'artículo 779', 'artículo 725', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 2']

El pago con Patacones y otros bonos similares frente a la Ley 25.345 de Prevencion de la Evasión Fiscal
El artículo 1º de la Ley N° 25.345 dispone que no surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos diez mil ($10.000), límite llevado a pesos un mil ($1.000) por la Ley N° 25.413.
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El artículo 1º de la Ley N° 25.345 dispone que no surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos diez mil ($10.000), límite llevado a pesos un mil ($1.000) por la Ley N° 25.413, o su equivalente en moneda extranjera, que no fueran realizados mediante:
Otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo.
El Decreto N° 363/02 introdujo como medio de pago idóneo a las tarjetas de compra o débito y a la Factura de Crédito, que se agregan a los indicados precedentemente.
A los fines de determinar la situación en que se encuentra el Patacón y otros bonos provinciales frente a la norma precitada, observamos la necesidad de definir el alcance de la expresión "pago de sumas de dinero" incluida en el primer párrafo. Caben dos alternativas: a) alude a que los pagos sean realizados mediante sumas de dinero o b) se refiere a pagos efectuados para cancelar obligaciones de dar sumas de dinero. Nos inclinamos por esta última por las razones que pasamos a exponer.
En primer lugar, la ley, con una defectuosa técnica legislativa al omitir la expresión "obligaciones", apela a la preposición "de", con lo que parece inferirse que ha querido referirse a la obligación de dar sumas de dinero que, pudiendo ser cancelada por cualquier medio, para que el pago tenga efecto cancelatorio, deberá efectuarse necesariamente mediante alguno de los medios autorizados por la norma legal o el que expresamente autorizare el Poder Ejecutivo. Si otra hubiese sido la intención podría haber empleado la preposición "con", en cuyo caso quedaría claro que estaría aludiendo a que los pagos sean realizados mediante sumas de dinero, en vez de atender al tipo de obligación que se cancela. A "contrario sensu", dicho primer párrafo debe ser interpretado con el siguiente alcance: sólo los pagos efectuados mediante alguno de los medios expresamente autorizados tendrán virtualidad jurídica, cualquiera sea el importe de la obligación cancelada.
En segundo lugar, si se interpretase a la ley como queriendo limitar a la suma de $ 1.000 a los pagos realizados mediante sumas de dinero (alternativa a), ello no guardaría relación con la segunda parte del párrafo primero. En efecto, el precepto normativo no podría decir que "no surtirán efectos los pagos totales o parciales de sumas de dinero que no fueren realizados mediante depósitos en cuentas de entidades financieras o cualquiera otro de los vehículos cancelatorios seleccionados por la ley", pues ninguno de estos vehículos tiene la condición de "dinero". Mal podría referirse a los pagos efectuados mediante dinero si inmediatamente después autoriza a realizar los pagos con instrumentos que no tienen tal naturaleza.
En tercer lugar, el artículo 8º de la misma ley prescribe que el cheque cancelatorio (uno de los medios de pago admitidos) constituye por sí mismo un medio idóneo "para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero", dando un indicio claro de que el régimen establecido por dicha ley apunta a dichas obligaciones, dirigiendo luego su atención al instrumento empleado para cancelarlas, privando de efectos a todo aquel otro que no encuadre dentro de los expresamente previstos, quedando, así, el dinero despojado de todo efecto para cancelar con él sumas superiores a $ 1.000, así como cualquier otro medio que no sea de aquellos autorizados.
En tal contexto, procederemos a situar a los pagos con Patacón u otros bonos provinciales. Estos, como es sabido, no son dinero. Técnicamente el Patacón, como cualquier otro bono provincial, es un título público, una Letra de Tesorería para Cancelación de Obligaciones o, en otras palabras, es un bono emitido por la Provincia de Buenos Aires, que posee la cualidad de ser al portador lo cual lo hace casi tan líquido como un Peso. Con patacones pueden cancelarse obligaciones privadas, en tanto el acreedor esté dispuesto a aceptarlos, y obligaciones fiscales.
Desde una óptica jurídica el pago con patacones, o con cualquier otro bono provincial, encuadra dentro del Capítulo 7, del Título 16, de la Parte Segunda, Sección Primera, del Libro Segundo, del Código Civil, es decir, como un pago con entrega de bienes. En efecto, el art. 779 de dicho Código prescribe que "el pago queda hecho, cuando el acreedor recibe voluntariamente por pago de la deuda, alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se le debía entregar...". Es decir, este artículo amplía la definición que del "pago" (como uno de los medios de extinción de las obligaciones previstos en el art. 724) hace el artículo 725 del Código (incluido en el mismo Título 16), cuando expresa: "El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar". Como el pago realizado por medio de patacones o cualquier otro bono provincial no cumple la condición de tener la naturaleza de dinero, que es, precisamente, el objeto de la obligación de dar sumas de dinero, el Código de fondo le atribuye igualmente, por imperio del artículo 779 mencionado, efectos extintivos de la obligación, asimilando a la dación en pago al instituto del "pago" definido en el art. 725.
El art. 1º de la Ley 25.345 (de Prevención de la Evasión Fiscal), según vimos, al disponer limitaciones en razón de los montos a aquellos pagos que no se realicen con los medios expresamente autorizados, se está refiriendo al instituto definido por el artículo 725 del Código Civil y, por extensión hecha por el mismo Código a las daciones en pago del art. 779. Como consecuencia de ello, se deriva que, desde el punto de vista de la aplicación de la ley de Prevención de la Evasión Fiscal, el Patacón y los otros bonos provinciales están sometidos a las mismas limitaciones que el Peso ya que, según hemos señalado, con la utilización de ambos se configura igualmente el "pago" al que la Ley 25.345 pretendió someter a la limitación antedicha en punto a sus efectos jurídicos.
Como conclusión, no pueden efectuarse pagos por montos superiores a $ 1.000 con patacones u otros bonos provinciales, del mismo modo que no pueden realizarse con pesos. No obstante, la restricción señalada no alcanza al pago de impuestos de la Provincia de Buenos Aires con patacones, ni del resto de las jurisdicciones provinciales respecto de los bonos emitidos por ellas mismas, ya que las leyes provinciales de creación de los mismos le asigna esta aptitud cancelatoria, la que no puede ser interferida por disposiciones del Gobierno Federal, habida cuenta que tanto la creación de impuestos como su forma de cancelación se ubican dentro de las facultades no delegadas por las provincias (art. 121 de la Constitución Nacional).
Las mismas consideraciones vertidas en el presente informe son válidas en relación con los pagos mediante LECOP.
Análisis crítico de la ley antievasión
Recordamos, por otra parte, que el art. 2º de la Ley N° 25.345 dispone que "los pagos que no fueran realizados de acuerdo al art. 1º de la presente ley, tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones".
El objetivo fiscal/recaudatorio señalado, en modo alguno puede sustraerse de los principios, garantías, derechos de rango constitucional que preservan entre otros el derecho de propiedad, y su corolario de no confiscatoriedad, igualdad, seguridad jurídica y razonabilidad de las leyes.
En dicho contexto, advertimos que una interpretación literal del texto normativo antes transcripto, conduciría –en nuestra opinión- a su calificación como ilegítimo, por violentar los principios y derechos antes enunciados.
En efecto, el art. 1º establece una especie de ficción legal, por la cual se priva de todo efecto a operaciones (pagos) que pueden verificarse en la realidad sin admitir, al respecto, el aporte de prueba que pudiera desvirtuarla. Siguiendo a Pérez de Ayala1, la ficción ni falsea ni oculta la verdad real: lo que hace es crear una verdad jurídica distinta de la real.
Recordemos que el pago es definido por el art. 725 del Código Civil como el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación.
El pago produce innegables efectos en el acreedor (accipiens) y en el deudor (solvens). Respecto del deudor, el cumplimiento exacto de la obligación le confiere el derecho de obtener la liberación correspondiente, o el derecho de repeler las acciones del acreedor, si la obligación se hallase extinguida (art. 505 Código Civil).
Por otra parte, el acreedor no puede jurídicamente rehusarse a recibir el pago en moneda de curso legal, cuando le es ofrecida por el deudor en cumplimiento de su obligación.
Asimismo, y bajo un enfoque monetario, la función primordial de la moneda es la de servir de instrumento de pago o cancelatorio.
Al respecto, el art. 75, inc. 11, de la C.N. atribuye al Congreso la facultad de emitir moneda, fijar su valor y el de las extranjeras. En la actualidad, la moneda de curso legal es el peso, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2128/91.
La atribución constitucional de fijar el valor de la moneda al Congreso, importa la obligación, por parte de éste, de observar necesariamente pautas de uniformidad y generalidad que garanticen precisamente su valor en todas las circunstancias, sin crear excepciones que afecten otras funciones también fundamentales de la moneda, como lo es el ser medio de cambio, pues puede ser utilizado para proporcionar otros bienes al poseedor del dinero.
La privación de todo efecto a los "pagos" realizados en dinero por fuera del límite señalado en el artículo 1º de la Ley desvirtúa precisamente dichas funciones, dado que la moneda de curso legal dejaría de tener tal efecto, privándola no sólo de la función de instrumento cancelatorio de obligaciones dinerarias, sino también de la función propia de medio de cambio, pues la prestación subsistiría a cargo del deudor, a pesar del pago realizado, manteniendo plena virtualidad ya que ésta, por ficción legal, no se habría extinguido.
Las conclusiones a las que se arriban, por lo absurdo, conducen a la calificación de la ley como un acto ilegítimo, por resultar arbitrario y conculcatorio de los derechos de propiedad, igualdad y de la garantía innominada de razonabilidad amparados por la Constitución Nacional.
La ficción a la que acude el legislador, a fin de atribuir a determinados supuestos de hechos efectos jurídicos que violentan e ignoran su naturaleza real representa, en este caso, una sanción para quienes no adecuen su conducta al artículo 1º.
El objetivo antievasión subyacente en la ley no puede ignorar principios tales como el de presunción de inocencia.
La ficción legal creada por la ley Nº 25.345 consiste en que ella parte de la premisa de que somos todos evasores y, con el propósito de impedir la obtención del resultado dañoso para el Fisco, se nos recorta la posibilidad de efectuar pagos por la vía más natural, es decir, mediante el desembolso con moneda de curso legal.
Va de suyo que si la ley respetase el estado de inocencia del que goza todo individuo hasta que sea declarado culpable por sentencia firme, no habría establecido la limitación preceptuada pues, en tal contexto, sería el Estado el obligado a probar la existencia del ilícito, quedando amparado el particular por el art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto expresa que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos.
El estado de inocencia sólo puede destruirse mediante la "certeza" acerca de la culpabilidad de la persona, por cuyo motivo la duda o aun la probabilidad conducen inevitablemente a la absolución en el campo penal, de manera que una ley que crea una ficción legal en el sentido expuesto conduce a su tacha de ilegítima por inconstitucional.
Partiendo del hecho de que el Fisco es incapaz de controlar la evasión tributaria, la ley se ubica en un escenario ficticio en el cual todos los contribuyentes son evasores y priva de efectos jurídicos a ciertos pagos efectuados con moneda de curso legal. Es obvio que el legislador, al disponer tal limitación, tiene la convicción indubitable de que, de no establecerse, la natural predisposición evasora de los particulares conducirá a una severa lesión de los intereses del erario público.
Es este, precisamente, el punto en donde la ley se sitúa en el extremo opuesto a la presunción de inocencia en la que se ubica nuestra Constitución, al poner ante el intérprete una situación jurídica bien delimitada por la convicción de culpabilidad, lo que la tiñe de ilegítima y, por ello, la hace reprochable.
Desde el punto de vista del derecho tributario, en relación con el texto del art. 2º, a los reparos que nos merece la redacción del art. 1º se le añade la afectación de principios liminares de la tributación, entre los cuales cabe mencionar al de capacidad contributiva como una derivación del principio de justicia que pide que la imposición sea proporcional a las capacidades contributivas individuales. En efecto, la imposibilidad de computar como "deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios" a conceptos admitidos como tales por la legislación fiscal, aún estando acreditada la veracidad de las operaciones, coloca al contribuyente o responsable ante la situación de verse sometido a imposición sobre una capacidad económica desvirtuada, pudiendo llegarse, incluso, a un cercenamiento tal de la renta que el impuesto produzca un efecto confiscatorio con clara lesión al derecho de propiedad.
La ley que establece la obligación de pagar un tributo constituye una verdadera coacción que vence la voluntad individual de no pagarlo en razón de la amenaza de sanciones que el incumplimiento trae aparejado, quedando legitimada la pretensión fiscal ya sea por la teoría del "contrato social" por la cual el pueblo delega en el Estado el poder de administrarlo o por la "solidaridad" a que se está obligado por vivir en sociedad, agregándose el argumento en base al cual la protección que la sociedad brinda a los individuos obliga a éstos a cederle algo por este beneficio. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta la medida de la pretensión estatal, es decir, la determinación de la cuota de sacrificio individual compatible con las necesidades sociales y la capacidad económica de los contribuyentes, de manera que no se produzca un avance desproporcionado del poder público sobre los derechos individuales, el cual se habría de verificar si los pagos efectuados con moneda de curso legal no pudiesen ser computados como "deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios" (art. 2º de la ley 25.345).
La Constitución Nacional es, ante todo, un cuerpo normativo de garantías de la defensa de los derechos inherentes a los habitantes cuyo propósito es prevenir su menoscabo, ya sea por la acción de otras personas o del propio Estado o sus órganos de gobierno. El poder del Estado no es un poder omnímodo o absoluto sino que, por el contrario, tiene como límite el derecho de los individuos. Así, ha podido decirse que el poder de los "estados de derecho" no es sino la vinculación de todos los miembros del Estado a un orden jurídico superior.
Ese orden jurídico superior es el que fija un orden de prioridades en los derechos, comenzando por la vida, inmediatamente seguido por la libertad y el honor, y luego por la propiedad. Así, la vida es el derecho primordial, pues sólo puede ser titular de derechos quien "es", pero la libertad es el que inmediatamente lo sigue, pues sin ella no se concibe el ejercicio de los demás derechos del hombre. Por ello, ya en el Preámbulo de la Constitución Nacional argentina se declara enfáticamente que uno de sus objetos es el de asegurar "los beneficios de la libertad", y ello se ve traducido en el art. 19 de su cuerpo normativo al expresar que "ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe".
El artículo 14 de la Constitución Nacional consagra que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita y de usar y disponer de su propiedad. Los artículos 1º y 2º de la ley 25.345 vienen a violentar a esos derechos al sancionar a quienes utilizan como medio de pago moneda de curso legal -cuya función primordial es la de servir de instrumento de pago o cancelatorio- restringiéndoles el derecho a disponer de esa moneda de su propiedad e interfiriendo en determinados supuestos, además, en el ejercicio de toda industria lícita. Nótese que el artículo 2º incluso sanciona a los contribuyentes o responsables "aun cuando acreditaren la veracidad de las operaciones".
Una tal restricción de los derechos preservados por la Carta Fundamental no puede justificarse en razones de ineficacia administrativa y, mucho menos, en la ficción legal de considerar a la sociedad culpable de evasión, con total desapego al estado de inocencia del que gozan los ciudadanos hasta que se demuestre lo contrario y a los demás derechos y garantías de rango constitucional que los protegen.
No nos hallamos frente a una ficción establecida por necesidades técnico-jurídicas, empleada por el legislador como herramienta conveniente a los fines de facilitar una homogénea y racional manera de reglamentar las relaciones jurídicas y, desde el punto de vista fiscal, como medio para facilitar la determinación y percepción tributaria dentro de un marco de respeto a las garantías individuales.
Nos encontramos frente a una ficción utilizada como respuesta al fenómeno de la evasión. No habremos de detenernos aquí en las causas de la evasión y las estrategias mediante las cuales puede atacarse, las que no siempre descansan en las normas represivas sino en una política de concientización tributaria, unida a una correcta aplicación de los recursos por parte del Estado y a un eficaz ejercicio de verificación por parte del organismo recaudador.
La valoración ficticia que efectúe el legislador nunca puede exceder el marco constitucional, constituyéndose la Carta Magna, así, en un límite insuperable, sin que la ineficiencia e inoperancia del órgano recaudador pueda ser la razón primordial que justifique tales excesos.
En materia tributaria, la teoría ha elaborado dogmas indiscutidos que permiten efectuar una precisa delimitación acerca de los hechos que habrá de elegir el legislador para determinar el hecho imponible ajustado al principio de capacidad contributiva. El apego a dicha teoría, de raigambre constitucional, es la que asegura que las iniciativas legislativas se encuentren legitimadas. La ficción que impide determinar la obligación tributaria en base a legítimas y lícitas deducciones y créditos fiscales sin que, además, ellas puedan probarse aún acreditando su veracidad, es a todas luces un resabio del poder dominante del Estado que, como estilo de gobierno al que estamos adheridos, ha quedado sepultado en el tiempo.
No se subsanan los vicios de la ficción por haber sido consagrada por una ley en sentido formal si esa ley puede ser reprochada por conculcar valores superiores de rango constitucional. Y esto es, en nuestra opinión, lo que acontece en este caso. Toda ley tiene el límite impuesto por la Constitución. El rebasamiento de los derechos y garantías que ella protege torna a la norma legal en ilegítima.