Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0050_ES.html
Timestamp: 2019-08-20 08:20:07
Document Index: 393863087

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 90', 'artículo 9', 'artículo 228', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 228', 'artículo 41', 'artículo 43', 'artículo 48', 'artículo 9', 'artículo 228', 'artículo 106', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 40', 'artículo 90', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 265', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 220', 'Artículo 3', 'artículo 11', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 22', 'Artículo 220']

sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo por el que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom
sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo por el que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))
(5) Es necesario establecer los procedimientos que habrán de seguirse en el supuesto de que las investigaciones del Defensor del Pueblo pongan de manifiesto casos de mala administración. Procede prever asimismo la presentación de un informe general del Defensor del Pueblo al Parlamento Europeo al término de cada período anual de sesiones.
(6) Con el fin de reforzar el papel del Defensor del Pueblo, conviene permitir que este, sin perjuicio de su deber primordial de tramitar reclamaciones, realice investigaciones por iniciativa propia para identificar casos recurrentes de mala administración y promover las mejores prácticas administrativas en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
(7) Para que su actuación sea más eficaz, el Defensor del Pueblo debe estar habilitado para realizar, ya sea por iniciativa propia o a raíz de una reclamación, investigaciones que se deriven de investigaciones previas al objeto de determinar si la institución, órgano u organismo de que se trate ha cumplido las recomendaciones propuestas y en qué medida. El Defensor del Pueblo también debe estar facultado para incluir en su informe anual al Parlamento Europeo una evaluación del grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas y una evaluación de la idoneidad de los recursos puestos a su disposición para desempeñar las funciones mencionadas en los Tratados y en el presente Reglamento.
(8) El Defensor del Pueblo debe poder contar con todos los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Para ello, las instituciones, órganos y organismos de la Unión tienen el deber de facilitar al Defensor del Pueblo toda la información que este les solicite, sin perjuicio de las obligaciones que incumben al Defensor del Pueblo de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(2). El acceso a información o documentos clasificados debe estar sujeto al cumplimiento de las normas sobre el tratamiento de la información confidencial por parte de la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate. Las instituciones, órganos y organismos que faciliten información o documentos clasificados deben advertir al Defensor del Pueblo de esa clasificación. Para la aplicación de las normas sobre el tratamiento de la información confidencial por parte de la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate, el Defensor del Pueblo debe haber acordado por adelantado con dicha institución, órgano u organismo las condiciones para el tratamiento de la información o de los documentos clasificados y de la información de otro tipo cubierta por la obligación de secreto profesional. Si el Defensor del Pueblo considera que no está recibiendo la asistencia requerida, debe poner este hecho en conocimiento del Parlamento Europeo, que debe tomar entonces las medidas oportunas.
(9) El Defensor del Pueblo y el personal del Defensor del Pueblo han de estar sujetos a la obligación de discreción en lo que respecta a la información que se les comunique en el ejercicio de sus funciones. No obstante, el Defensor del Pueblo debe informar a las autoridades competentes de los hechos que considere que puedan constituir materia de derecho penal y de los que haya tenido noticia el Defensor del Pueblo en el marco de una investigación. El Defensor del Pueblo debe poder informar asimismo a la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate acerca de hechos que cuestionen el comportamiento de alguno de sus funcionarios o agentes.
(10) Deben tenerse en cuenta los recientes cambios relativos a la protección de los intereses financieros de la Unión frente a las infracciones penales, en particular la creación de la Fiscalía Europea por el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo(3), con el fin de que el Defensor del Pueblo notifique a dicha Fiscalía cualquier información que entre en el ámbito de competencias de esta. Del mismo modo, a fin de respetar plenamente la presunción de inocencia y los derechos de la defensa consagrados en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, conviene que, cuando el Defensor del Pueblo notifique a la Fiscalía Europea información que sea de la competencia de esta última, informe de dicha notificación a la persona afectada y al reclamante.
(11) Debe preverse la posibilidad de cooperación entre el Defensor del Pueblo y las autoridades análogas existentes en los Estados miembros, respetando las legislaciones nacionales aplicables. Conviene asimismo adoptar medidas que permitan la cooperación del Defensor del Pueblo con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya que esta cooperación puede hacer que el desempeño de las funciones del Defensor del Pueblo sea más eficaz.
(12) Compete al Parlamento Europeo nombrar al Defensor del Pueblo al principio de cada legislatura, y por el período que dure esta, de entre personalidades que sean ciudadanos de la Unión y que ofrezcan todas las garantías de independencia y competencia requeridas. Procede establecer también las condiciones de cese en sus funciones del Defensor del Pueblo, así como las de su sustitución.
(13) El Defensor del Pueblo debe ejercer sus funciones con total independencia. El Defensor del Pueblo debe comprometerse solemnemente a ello ante el Tribunal de Justicia en el momento de su toma de posesión. Deben establecerse las incompatibilidades, la remuneración, los privilegios y las inmunidades del Defensor del Pueblo.
(14) Deben adoptarse disposiciones relativas a la sede del Defensor del Pueblo, que ha de ser la del Parlamento Europeo. Procede asimismo adoptar disposiciones relativas a los funcionarios y otros agentes de la Secretaría del Defensor del Pueblo que asistirán a este, así como disposiciones relativas a su presupuesto.
(15) Corresponde al Defensor del Pueblo adoptar las normas de desarrollo del presente Reglamento. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y las normas más estrictas en el ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, el contenido mínimo de dichas normas de desarrollo debe establecerse en el presente Reglamento.
2. Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su sede social en un Estado miembro de la Unión podrá someter al Defensor del Pueblo, directamente o por mediación de un diputado al Parlamento Europeo, una reclamación relativa a un caso de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. El Defensor del Pueblo informará de la reclamación a la institución, órgano u organismo interesado tan pronto como la reciba.
8. El Defensor del Pueblo no podrá admitir ninguna reclamación relativa a las relaciones laborales entre las instituciones, órganos y organismos de la Unión y sus funcionarios u otros agentes a menos que el interesado haya agotado las posibilidades de solicitud o reclamación administrativas internas, en particular los procedimientos contemplados en el artículo 90 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo (el «Estatuto de los funcionarios»)(4), y a menos que hayan expirado los plazos de respuesta de la institución, órgano u organismo en cuestión.
3. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión estarán obligados a facilitar al Defensor del Pueblo toda la información que este les solicite, y a facilitarle acceso a la documentación relativa al caso. El acceso a información o documentos clasificados estará sujeto al cumplimiento de las normas sobre el tratamiento de la información confidencial por parte de la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate.
Las instituciones, órganos u organismos de que se trate darán acceso a los documentos procedentes de un Estado miembro que hayan sido clasificados como secretos en virtud de una disposición legislativa únicamente después de que los servicios del Defensor del Pueblo hayan establecido unas medidas y salvaguardias para el tratamiento de los documentos que resulten adecuadas y garanticen un nivel equivalente de confidencialidad, en consonancia con el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 y de conformidad con las normas de seguridad de la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate.
A petición del Defensor del Pueblo, los funcionarios y otros agentes de las instituciones, órganos u organismos de la Unión testificarán sobre hechos relacionados con una investigación en curso del Defensor del Pueblo. Los funcionarios o agentes en cuestión declararán en nombre de su respectiva institución, órgano u organismo y seguirán estando sujetos a las obligaciones derivadas de sus estatutos respectivos.
4. En la medida en que su legislación nacional lo permita, las autoridades competentes de los Estados miembros transmitirán urgentemente al Defensor del Pueblo, previa petición de este o por iniciativa propia, cualquier información o documento que pueda ayudar a aclarar los casos de mala administración por parte de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. En los casos en que dicha información o documentos estén amparados por la legislación nacional sobre el tratamiento de la información confidencial o por disposiciones que impidan su comunicación, el Estado miembro de que se trate podrá permitir que el Defensor del Pueblo acceda a dicha información o documento siempre que el Defensor del Pueblo se comprometa a tratar dicha información o documento de acuerdo con la autoridad competente de la que proceda. En todos los casos se facilitará una descripción del documento.
5. En caso de no recibir la asistencia requerida, el Defensor del Pueblo informará de ello al Parlamento Europeo, que tomará las medidas oportunas.
6. Cuando se detecten casos de mala administración tras una investigación, el Defensor del Pueblo se dirigirá a la institución, órgano u organismo afectado y formulará, en su caso, recomendaciones. La institución, órgano u organismo al que el Defensor del Pueblo se haya dirigido transmitirá a este un informe detallado en un plazo de tres meses. El Defensor del Pueblo podrá conceder, previa solicitud de la institución, órgano u organismo en cuestión, una prórroga del plazo que no excederá de dos meses. Si, transcurridos el plazo de tres meses o su prórroga, la institución, órgano u organismo de que se trate no presenta un informe, el Defensor del Pueblo podrá cerrar la investigación sin dicho informe.
7. El Defensor del Pueblo enviará a continuación un informe a la institución, órgano u organismo de que se trate y, especialmente cuando la naturaleza o la magnitud del caso de mala administración descubierta así lo exija, al Parlamento Europeo. En ese informe el Defensor del Pueblo podrá formular recomendaciones. El Defensor del Pueblo informará al reclamante acerca del resultado de la investigación, del informe motivado presentado por la institución, órgano u organismo afectado y de cualesquiera recomendaciones formuladas por él mismo en el informe.
8. Cuando proceda en relación con una investigación sobre las actividades de una institución, órgano u organismo de la Unión, el Defensor del Pueblo podrá comparecer ante el Parlamento Europeo, por propia iniciativa o a petición del Parlamento Europeo, al nivel más apropiado.
9. En la medida de lo posible, el Defensor del Pueblo buscará con la institución, órgano u organismo afectado una solución que permita subsanar el caso de mala administración y satisfacer la reclamación presentada. El Defensor del Pueblo informará al reclamante de la solución propuesta junto con las observaciones, en su caso, de la institución, órgano u organismo de que se trate. Si el reclamante así lo desea, tendrá derecho a presentar sus observaciones al Defensor del Pueblo.
10. Al final de cada período anual de sesiones, el Defensor del Pueblo presentará al Parlamento Europeo un informe sobre los resultados de las investigaciones que haya llevado a cabo. El informe incluirá una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y una evaluación de la idoneidad de los recursos disponibles para ejercer sus funciones. Estas evaluaciones también pueden ser objeto de informes independientes.
1. La elección del Defensor del Pueblo y, en su caso, la renovación de su mandato se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 228, apartado 2, del TFUE.
2. Como Defensor del Pueblo deberá ser elegida una personalidad que tenga la ciudadanía de la Unión, se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, ofrezca plenas garantías de independencia, no haya sido miembro de ningún Gobierno nacional ni de ninguna institución de la Unión en los últimos tres años, reúna unas condiciones de imparcialidad equivalentes a las requeridas en su país para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y posea experiencia y competencia notorias para el ejercicio de las funciones de Defensor del Pueblo.
1. El Defensor del Pueblo cesará en las funciones mencionadas en los Tratados y en el presente Reglamento bien al término del mandato, bien por renuncia o destitución.
3. En caso de cese anticipado en sus funciones se nombrará un nuevo Defensor del Pueblo en un plazo de tres meses a partir del momento en que se produzca la vacante, pero únicamente por el período restante del mandato del Parlamento Europeo. Hasta el momento en que resulte elegido un nuevo Defensor del Pueblo, el funcionario principal a que se refiere el artículo 12, apartado2, se hará cargo de los asuntos urgentes que entren dentro del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo.
3. Los funcionarios y otros agentes de la Secretaría del Defensor del Pueblo estarán sujetos a los reglamentos y normativas aplicables a los funcionarios y otros agentes de la Unión. Su número se adoptará cada año en el marco del procedimiento presupuestario y será adecuado para el correcto desempeño de las funciones y para la carga de trabajo del Defensor del Pueblo.
4. Los funcionarios y otros agentes de la Unión y de los Estados miembros que sean asignados a la Secretaría del Defensor del Pueblo lo serán en comisión por interés del servicio, con la garantía de una reintegración de pleno derecho en sus instituciones, órganos u organismos de origen.
5. Para todas las cuestiones relativas su personal, el Defensor del Pueblo estará asimilado a las instituciones en el sentido del artículo 1 bis del Estatuto de los funcionarios.
a) los derechos procesales del reclamante y de la institución, órgano u organismo de que se trate y la garantía de la protección de los funcionarios y otros agentes que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión («denuncia de irregularidades») en las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con arreglo al artículo 22 bis del Estatuto de los funcionarios;
b) la recepción, la tramitación y el archivo de una reclamación;
c) las investigaciones por iniciativa propia;
d) las investigaciones de seguimiento;
e) la recopilación de información.
Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
El primer Defensor del Pueblo Europeo asumió sus funciones en 1995, después de que el Tratado de Maastricht creara este órgano en 1992. Tras más de veinte años de actividad, el Defensor del Pueblo se ha creado una reputación y ha establecido unos métodos de trabajo que han contribuido al prestigio en alza de este órgano, así como a su reconocimiento ético y social.
El Estatuto del Defensor del Pueblo no ha sido objeto de ninguna actualización a lo largo del último decenio. De hecho, la Decisión que ahora se deroga es anterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Por ello, es de vital importancia adaptar sus disposiciones a los Tratados aplicables, garantizando al mismo tiempo que este órgano siga desempeñando un papel específico y decisivo en el marco constitucional de la Unión Europea.
II. Independencia y poder blando: los dos pilares del estatuto constitucional del Defensor del Pueblo Europeo
La institución escandinava del Defensor del Pueblo, que se remonta al siglo XIX, ha sido avalada por los ordenamientos jurídicos nacionales y regionales de casi todos los Estados miembros. A este respecto, la legislación de la Unión no supone actualmente ninguna excepción. Aunque estas autoridades, que abarcan desde la Petitionsausschuss de Berlín hasta el Defensor del Pueblo español, son diferentes entre sí, también comparten invariablemente algunas características. Estas características corresponden a las funciones constitucionales del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo es un médiateur, un defensor, un provedor. El desempeño de las funciones de este órgano no debe depender de otras instituciones, órganos u organismos, ni desde una perspectiva política ni desde una perspectiva presupuestaria. De ahí que el nuevo Estatuto tenga por objeto reforzar la independencia e imparcialidad de esta autoridad.
De hecho, sin un auténtico poder de ejecución, la fortaleza institucional del Defensor del Pueblo reside en el ejercicio de poderes blandos. Estos son fundamentales para el ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, no solo porque favorecen el cumplimiento de las peticiones de este órgano y la disposición de la Administración de la Unión por satisfacerlas, sino también y sobre todo porque mantienen a esta autoridad de forma simultánea dentro y fuera del sistema, en el marco de las reclamaciones y más allá de ellas, corrigiendo sin condenar y efectuando mejoras sin imponer.
Por lo tanto, el pleno desarrollo de la función del Defensor del Pueblo en la arquitectura constitucional de la Unión reside en su independencia y en el ejercicio de poderes blandos.
III. Modificaciones y adaptaciones previstas en el nuevo Estatuto
La Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones se modificó por última vez en 2008. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, la Unión Europea se dotó de un marco jurídico completamente nuevo. En particular, el artículo 228, apartado 4, del TFUE habilita al Parlamento Europeo a fijar, mediante reglamentos, el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo.
Conviene, por tanto, derogar la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom y sustituirla por un reglamento, de conformidad con la base jurídica actualmente aplicable. El acto derogatorio y el nuevo Estatuto dependen del derecho de iniciativa legislativa del Parlamento Europeo, directamente relacionado con la legitimidad democrática de esta institución y, por lo tanto, con la del Defensor del Pueblo. Se trata por tanto de un procedimiento especial, en particular desde una perspectiva institucional, del que el Parlamento es el eje central.
También hay que tener presente que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a una buena administración como un derecho fundamental de los ciudadanos europeos. A su vez, el artículo 43 de la Carta reconoce el derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. Para que estos derechos sean efectivos y mejoren la capacidad del Defensor del Pueblo de llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales, este debe disponer de todos los instrumentos necesarios para desempeñar con éxito las funciones que le otorgan los Tratados.
b) Acceso a la información y confidencialidad
El Defensor del Pueblo debe poder contar con todos los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Para ello, las instituciones, órganos y organismos de la Unión deben facilitarle toda la información que solicite, sin perjuicio de la obligación que incumbe al Defensor del Pueblo de no divulgar dicha información. El acceso a información o documentos clasificados debe estar sujeto al cumplimiento de las normas en materia de seguridad por parte de la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate. Las instituciones, órganos y organismos que faciliten información o documentos clasificados deben advertir al Defensor del Pueblo de esa clasificación. El Defensor del Pueblo debe haber acordado por adelantado con la institución, órgano u organismo de que se trate las condiciones para el tratamiento de la información o de los documentos clasificados. Si el Defensor del Pueblo considera que no está recibiendo la asistencia requerida, debe poner este hecho en conocimiento del Parlamento Europeo, que tomará entonces las medidas oportunas. El Defensor del Pueblo y el personal a su cargo están sujetos a la obligación de discreción en lo que respecta a la información que se les comunique en el ejercicio de sus funciones.
c) Investigaciones por iniciativa propia y de seguimiento
Con el fin de reforzar el papel de este órgano, conviene permitir que el Defensor del Pueblo, sin perjuicio de su deber primordial de tramitar reclamaciones, realice investigaciones por iniciativa propia para identificar casos recurrentes o particularmente graves de mala administración y promover las buenas prácticas administrativas en las instituciones, órganos y organismos de la Unión. También es conveniente que el Defensor del Pueblo esté facultado, a raíz o no de una reclamación, para realizar investigaciones que se deriven de investigaciones previas al objeto de determinar si la institución, órgano u organismo de que se trate ha cumplido sus recomendaciones y en qué medida.
d) Testimonio de los funcionarios y otros agentes de la Unión
La labor del Defensor del Pueblo Europeo se lleva a cabo en su mayoría de manera informal y con el consentimiento de todas las partes interesadas, en particular de los funcionarios y otros agentes de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. A petición del Defensor del Pueblo, estos últimos deben testificar sobre hechos relacionados con una investigación en curso del Defensor del Pueblo. Los funcionarios y otros agentes en cuestión declaran en nombre y de acuerdo con las instrucciones de su respectiva institución, órgano u organismo, y siguen estando sujetos a las obligaciones derivadas de sus estatutos respectivos. Cuando la institución, órgano u organismo de que se trate no autorice a sus funcionarios u otros agentes a testificar en determinados asuntos, tiene que exponer sus motivos al Defensor del Pueblo y, en la medida de lo posible, proponer modalidades alternativas para el intercambio de información.
e) El Defensor del Pueblo Europeo ante hechos que podrían constituir delitos penales
Deben tenerse en cuenta los recientes cambios relativos a la protección de los intereses financieros de la Unión frente a las infracciones penales, en particular la creación de la Fiscalía Europea, con el fin de que el Defensor del Pueblo notifique a esta cualquier información que entre en el ámbito de competencias de la Fiscalía. Del mismo modo, a fin de respetar plenamente la presunción de inocencia y los derechos de la defensa consagrados en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales, conviene que, cuando el Defensor del Pueblo notifique a la Fiscalía Europea la información que sea de la competencia de esta última, informe de dicha notificación a la persona afectada. La persona que haya presentado la reclamación también deberá ser informada.
f) Comparecencia ante el Parlamento Europeo e informes anuales
Cuando proceda, y en relación con una investigación sobre las actividades de una institución, órgano u organismo de la Unión, el Defensor del Pueblo puede solicitar comparecer ante el Parlamento Europeo al nivel más apropiado.
Al final de cada período anual de sesiones, el Defensor del Pueblo debe presentar al Parlamento Europeo un informe sobre los resultados de las investigaciones que haya realizado en el período de referencia. Dicho informe ha de incluir una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y una evaluación de la idoneidad de los recursos disponibles para ejercer sus funciones. Estas evaluaciones también pueden ser objeto de informes independientes.
g) Cooperación con otras autoridades
Conviene adoptar medidas que permitan al Defensor del Pueblo cooperar con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con otras instituciones y órganos de los Estados miembros encargados de la promoción y la protección de los derechos fundamentales. Esta cooperación puede hacer que el desempeño de las funciones del Defensor del Pueblo sea más eficaz. Debe preverse asimismo la posibilidad de cooperación entre el Defensor del Pueblo y las autoridades análogas existentes en los Estados miembros, respetando las legislaciones nacionales aplicables.
h) Contenido mínimo de las normas de desarrollo
Corresponde al Defensor del Pueblo adoptar las normas de desarrollo del presente Reglamento. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y las normas más estrictas en el ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, procede aclarar cuál debe ser el contenido mínimo de esas normas de desarrollo. Dicho contenido mínimo debe incluir, como mínimo, disposiciones sobre: i) los derechos procesales de la persona que presenta la reclamación y de la institución, órgano u organismo afectado; ii) la recepción, la tramitación y el archivo de una reclamación; iii) las investigaciones por iniciativa propia; iv) las investigaciones de seguimiento; y v) la recopilación de información.
OPINIÓN de la Comisión de Peticiones (27.11.2018)
sobre la propuesta de modificación de la Decisión 94/262/CE, CECA, Euratom del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones
El Parlamento Europeo ha reclamado en repetidas ocasiones que se actualice el estatuto del Defensor del Pueblo antes de que finalice la legislatura, con el fin de garantizar que la nueva, que debe empezar inmediatamente después de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, englobe ya desde el principio todas las obligaciones nuevas o modificadas.
Han pasado diez años desde la última revisión de su estatuto (en 2008) y en este periodo ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa. En los últimos diez años, se ha consolidado y mejorado la función del Defensor del Pueblo, en especial gracias a la incansable labor llevada a cabo por sus respectivos titulares. Nos enfrentamos actualmente a nuevas realidades y retos, así como a nuevas expectativas de los ciudadanos y del Parlamento en una serie de ámbitos clave que necesitan mejoras.
En lo que se refiere a la aplicación del derecho fundamental de acceso a los documentos, el Parlamento ha observado que, si bien los ciudadanos tienen derecho a recurrir las denegaciones, totales o parciales, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este procedimiento es costoso y requiere mucho tiempo, además de exigir contar con una representación jurídica formal. Por tanto, el Parlamento Europeo ha recomendado en varias ocasiones que el Defensor del Pueblo esté en condiciones de adoptar decisiones vinculantes en casos relativos al acceso a documentos con vistas a dar el mayor efecto posible al derecho de acceso del público a los documentos de la Unión.
También se precisan aclaraciones para destacar que la Oficina del Defensor del Pueblo se rige por el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos de las instituciones de la Unión, y por ello se eliminan las presunciones adicionales de secreto para determinadas categorías de información.
Se proponen enmiendas para garantizar que la información clasificada como sensible con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 se comparta con el Defensor del Pueblo en consonancia con las normas de seguridad aplicables. Con objeto de fomentar la eficiencia de las investigaciones del Defensor del Pueblo, cuando el personal de la Unión preste testimonio, debe hacerse en un clima libre de la obligación de secreto profesional.
Se proponen aclaraciones para garantizar que el incumplimiento, por parte de la Unión, de las sentencias del TJUE, o un retraso excesivo en cumplirlas, también pueda considerarse una fuente de mala administración(1). Se aclara asimismo la división de competencias y la compatibilidad de procedimientos entre el Defensor del Pueblo y el poder judicial, y se modifica el estatuto a fin de garantizar que el Defensor del Pueblo tenga la posibilidad de intervenir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la misma manera que otras instituciones de la Unión.
Otros cambios garantizan que el Defensor del Pueblo tenga derecho a comparecer ante el Parlamento Europeo cuando proceda, también junto con otras instituciones que puedan ser objeto de investigaciones específicas o estratégicas.
Por último, en ámbitos sensibles tales como la protección de los denunciantes o el acoso en el lugar de trabajo, que pueden convertirse en fuente de mala administración si las instituciones, órganos y organismos de la Unión no los gestionan adecuadamente, se presentan propuestas para garantizar que el Defensor del Pueblo ejerza una función consultiva en estos casos, con el correspondiente aumento de recursos que podría ser necesario como consecuencia.
En cuanto al acoso en el lugar de trabajo, se proponen cambios para garantizar que el Defensor del Pueblo pueda investigar cómo se aplican en la práctica las políticas contra el acoso y formular recomendaciones según proceda. También puede prestarse asesoramiento al personal de la Unión que considera que sufre acoso. Podría preverse un procedimiento acelerado específicamente para los casos de acoso sexual (una vez más, a condición de disponer de los recursos adecuados).
En cuanto a la protección de los denunciantes, el Defensor del Pueblo ya ha llevado a cabo investigaciones sobre las políticas en este ámbito de nueve instituciones clave de la Unión. Es importante asegurarse de que puede seguir haciéndolo, pero también de asesorar a los posibles denunciantes sobre cómo y en qué medida pueden quedar protegidos al revelar información por motivos de interés público. Si entrara en vigor un reglamento de la Unión sobre denuncia de irregularidades, se espera que el Defensor del Pueblo también pueda prestar un servicio de asesoramiento a los ciudadanos que no estén seguros de si se les aplica el Reglamento de la Unión sobre la protección de los denunciantes.
Se menciona explícitamente la necesidad de vigilar de manera proactiva los posibles conflictos de intereses. Debe garantizarse la imparcialidad y esta tarea queda dentro del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo.
Decisión del Parlamento Europeo sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones(1).
Reglamento del Parlamento Europeo sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones(1).
Se trata de un nuevo acto legislativo vinculante en forma de reglamento, con arreglo a las disposiciones del Tratado de Lisboa.
Vistos los Tratados constitutivos de la Unión Europea, y en particular el artículo 228, apartado 4, del Tratado constitutivo de la Unión Europea y el artículo 106 bis, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,
Se cambia «Comunidad» por «Unión» en todo el texto para adaptarlo a la nomenclatura vigente de los Tratados.
Considerando que, aunque los Tratados constitucionales prevén la institución del Defensor del Pueblo, es imperativo garantizar un lenguaje neutro desde el punto de vista del género en todas las instituciones, por lo que sería más adecuado emplear el término «Defensoría del Pueblo» para referirse a esta institución;
Considerando que el Defensor del Pueblo, que podrá actuar asimismo por iniciativa propia, deberá poder contar con todos los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones; que, para ello, las instituciones y órganos comunitarios tendrán el deber de facilitarle, a instancia suya, la información que solicite y sin perjuicio de la obligación que incumbe al Defensor del Pueblo de no divulgar dicha información; que el acceso a información o documentos clasificados, en particular a documentos sensibles en el sentido del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001(2), estará sujeto a la observancia de las normas de seguridad de la institución u órgano comunitario de que se trate; que las instituciones y órganos que faciliten información o documentos clasificados con arreglo a lo mencionado en el artículo 3, apartado 2, primer párrafo, informarán al Defensor del Pueblo de dicha clasificación; que para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, primer párrafo, el Defensor del Pueblo deberá haber acordado por adelantado con la institución u órgano de que se trate las condiciones para el tratamiento de la información clasificada o de los documentos o la información de otro tipo cubiertos por la obligación de secreto profesional; que, en caso de no recibir la asistencia requerida, el Defensor del Pueblo pondrá este hecho en conocimiento del Parlamento Europeo, al que corresponde emprender las gestiones oportunas;
Considerando que el Defensor del Pueblo, que podrá actuar asimismo por iniciativa propia, deberá poder contar con todos los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones; que, para ello, las instituciones y órganos de la Unión tendrán el deber de facilitarle, a instancia suya, la información que solicite, sin perjuicio de las obligaciones que incumben al Defensor del Pueblo en virtud del Reglamento (CE) n.º 1049/2001; que el acceso a información o documentos clasificados, en particular a documentos sensibles en el sentido del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001(2), estará sujeto a la observancia de las normas de seguridad de la institución u órgano de la Unión de que se trate; que las instituciones y órganos que faciliten información o documentos clasificados con arreglo a lo mencionado en el artículo 3, apartado 2, primer párrafo, informarán al Defensor del Pueblo de dicha clasificación; que para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, primer párrafo, el Defensor del Pueblo deberá haber acordado por adelantado con la institución u órgano de que se trate las condiciones para el tratamiento de la información o de los documentos clasificados; que, en caso de no recibir la asistencia requerida, el Defensor del Pueblo pondrá este hecho en conocimiento del Parlamento Europeo, al que corresponde emprender las gestiones oportunas;
Se aplicarán en todo el texto cambios lingüísticos para obtener un texto más neutro desde el punto de vista del género. También son necesarias enmiendas para aclarar que el Defensor del Pueblo se rige por el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, así como para evitar que el secreto profesional sea tratado como una categoría específica de información que se supone que no se divulga.
Considerando que compete al Parlamento Europeo nombrar al Defensor del Pueblo al principio de cada legislatura y por el período que dure la misma, de entre personalidades que sean ciudadanos de la Unión y que ofrezcan todas las garantías de independencia y competencia requeridas, y que no hayan ocupado además ningún cargo político a nivel ministerial nacional ni en el seno de las instituciones europeas;
Considerando que procede adoptar disposiciones relativas a los funcionarios y agentes de la Secretaría que colaborarán con el Defensor del Pueblo, y a su presupuesto; que la sede del Defensor del Pueblo será la sede del Parlamento Europeo;
La sede actual ha permitido al Defensor del Pueblo Europeo desempeñar sus funciones de manera eficaz e independiente.
Considerando que corresponderá al Defensor del Pueblo adoptar las normas de desarrollo de la presente Decisión;
Estas disposiciones transitorias ya no son necesarias, pues el Tratado de Lisboa ya está en vigor.
2. El Defensor del Pueblo desempeñará sus funciones respetando las atribuciones conferidas por los Tratados a las instituciones y órganos de la Unión y observando lo dispuesto en el artículo 20, apartado 2, letra d), y en los artículos 24 y 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en los artículos 41 y 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones con el objetivo de garantizar el pleno respeto del derecho a una buena administración, así como la transparencia y el carácter democrático de los procesos de toma de decisiones en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
3. El Defensor del Pueblo no podrá intervenir en las causas que se sigan ante los tribunales nacionales ni poner en tela de juicio la conformidad a derecho de las resoluciones judiciales. El Defensor del Pueblo podrá intervenir en causas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de conformidad con el artículo 40 del Estatuto del TJUE.
2. Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su sede social en un Estado miembro de la Unión podrá someter al Defensor del Pueblo, directamente o por mediación de un miembro del Parlamento Europeo, una reclamación relativa a un caso de mala administración en la actuación de las instituciones u órganos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. El Defensor del Pueblo informará de la reclamación a la institución u órgano interesado tan pronto como la reciba, respetando las normas de la Unión en materia de protección de datos.
4. La reclamación deberá presentarse en un plazo de tres años contados desde que el promotor de la misma tuvo conocimiento de los hechos que la motivaron, siendo necesario que previamente se hayan hecho adecuadas gestiones administrativas ante las instituciones u órganos de que se trate.
Se trata de permitir que los ciudadanos dispongan de más tiempo para presentar una reclamación, teniendo en cuenta el periodo de tiempo acumulativo en la interacción con las instituciones.
7. El Defensor del Pueblo suspenderá el examen de una reclamación cuando los hechos alegados sean objeto de un procedimiento judicial. El Defensor del Pueblo podrá formular recomendaciones si las conclusiones apuntan a que la omisión, por parte de una institución, órgano u organismo de la Unión, de aplicar correctamente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede constituir un caso de mala administración.
8. El Defensor del Pueblo no podrá admitir ninguna reclamación relativa a las relaciones laborales entre las instituciones y órganos de la Unión y sus funcionarios u otros agentes sin que previamente el interesado haya agotado las posibilidades de solicitud o reclamación administrativas internas, en particular, de ser aplicables, los procedimientos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 90 del Estatuto de los funcionarios, o a menos que hayan expirado los plazos de respuesta de la autoridad ante la que se hubiere recurrido sin respuesta, o a menos que ninguna otra persona que trabaje para las instituciones de la Unión pueda valerse de dichos procedimientos por razón de su condición. También podrán preverse excepciones específicas en los casos de acoso, en particular los casos de acoso sexual.
Artículo 2 – apartado 9
9. El Defensor del Pueblo informará sin demora, y a más tardar en un plazo de dos meses, a la persona de quien emane la reclamación sobre el curso dado a esta.
Artículo 2 – apartado 9 bis (nuevo)
9 bis. El Defensor del Pueblo podrá ser objeto de un recurso por omisión, de conformidad con el artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
1. El Defensor del Pueblo estará facultado para proceder a todas las investigaciones que considere necesarias para aclarar todo posible caso de mala administración en la actuación de las instituciones y órganos de la Unión, bien por iniciativa propia, bien como consecuencia de una reclamación, sin necesidad de autorización previa. Toda institución u organismo afectado podrá ser informado a su debido tiempo y se le pedirá que presente cualquier comentario o material probatorio útil.
1 bis. Sin perjuicio de sus tareas habituales de tramitación de reclamaciones, el Defensor del Pueblo podrá llevar a cabo, por iniciativa propia, investigaciones de carácter más estratégico para detectar y combatir casos de mala administración sistémica y promover las mejores prácticas administrativas en las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y para abordar de forma proactiva las cuestiones estructurales de interés público que puedan afectar a la buena administración, a la transparencia y al proceso democrático de toma de decisiones.
El Defensor del Pueblo podrá entablar un diálogo estructurado y regular con las instituciones y organizar consultas públicas para recabar aportaciones y pruebas antes de formular recomendaciones o en cualquier momento posterior, así como analizar y evaluar sistemáticamente los progresos de la institución afectada.
2. Las instituciones y órganos comunitarios estarán obligados a facilitar al Defensor del Pueblo las informaciones requeridas y darle acceso a la documentación relativa al caso. El acceso a información o documentos clasificados, en particular a documentos sensibles en el sentido del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, estará sujeto a la observancia de las normas de seguridad de la institución u órgano comunitario de que se trate.
2. Las instituciones y órganos de la Unión estarán obligados a facilitar al Defensor del Pueblo las informaciones requeridas y a proporcionar acceso a la documentación relativa al caso. El acceso a información o documentos clasificados, en particular a documentos sensibles en el sentido del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, estará sujeto a la observancia de las normas de seguridad de la institución u órgano de la Unión de que se trate.
Las instituciones o los órganos que faciliten información o documentos clasificados con arreglo a lo mencionado en el párrafo anterior informarán previamente al Defensor del Pueblo de dicha clasificación.
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero, el Defensor del Pueblo acordará por adelantado con la institución u órgano de que se trate las condiciones para el tratamiento de la información o de los documentos clasificados.
Las instituciones u órganos de que se trate darán acceso a los documentos procedentes de un Estado miembro que hayan sido clasificados como secretos en virtud de una disposición legislativa o reglamentaria únicamente después de que los servicios del Defensor del Pueblo hayan establecido unas medidas y salvaguardias para el tratamiento de los documentos que resulten adecuadas y garanticen un nivel equivalente de confidencialidad, en consonancia con el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 y de conformidad con las normas de seguridad de la institución u organismo de la Unión de que se trate.
En ambos casos, y con arreglo al artículo 4, el Defensor del Pueblo habrá de respetar la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001.
Los funcionarios y otros agentes de las instituciones y órganos de la Unión estarán obligados a prestar declaración cuando lo solicite el Defensor del Pueblo.
3. Las autoridades de los Estados miembros estarán obligadas, cuando el Defensor del Pueblo lo requiera, a facilitar, a través de las Representaciones Permanentes de los Estados miembros ante las Comunidades Europeas, toda la información que pueda contribuir al esclarecimiento de los casos de mala administración por parte de las instituciones u órganos comunitarios, salvo en caso de que dicha información esté cubierta por disposiciones legislativas o reglamentarias relativas al secreto o por cualquier otra disposición que impida su transmisión. No obstante, en este caso el Estado miembro de que se trate podrá permitir al Defensor del Pueblo el acceso a dicha información siempre y cuando se comprometa a no divulgar el contenido de la misma.
3. Las autoridades de los Estados miembros estarán obligadas, cuando el Defensor del Pueblo lo requiera, a facilitar, a través de las Representaciones Permanentes de los Estados miembros ante la Unión, toda la información que pueda contribuir al esclarecimiento de los casos de mala administración por parte de las instituciones u órganos de la Unión. El Estado miembro de que se trate podrá permitir al Defensor del Pueblo disponer de información cubierta por disposiciones legislativas o reglamentarias relativas al secreto, a raíz de un acuerdo sobre la tramitación adecuada de información sensible. En todos los casos se facilitará una descripción pormenorizada del documento.
4. En caso de no recibir la asistencia que desee, el Defensor del Pueblo informará de ello al Parlamento Europeo, que emprenderá las gestiones oportunas, entre otras, garantizar la presencia del Defensor del Pueblo en las reuniones de las comisiones y otras reuniones o audiencias.
Se trata de facilitar una mayor presencia del Defensor del Pueblo en el Parlamento, ya prevista en el artículo 220 del Reglamento interno del Parlamento(2).
4 bis. Cuando proceda, el Defensor del Pueblo podrá pedir que se le invite o podrá ser invitado a comparecer ante la comisión competente del Parlamento en relación con las funciones del Defensor del Pueblo. Cuando esta solicitud se refiera a una investigación en curso, la institución afectada podrá pedir que se la invite o podrá ser invitada a comparecer junto con el Defensor del Pueblo.
6. Cuando el Defensor del Pueblo constate un caso de mala administración, se dirigirá a la institución u órgano afectado formulando proyectos de recomendaciones. La institución u órgano a que se haya dirigido le transmitirá un informe motivado dentro de un plazo de tres meses.
7. Posteriormente el Defensor del Pueblo remitirá un informe al Parlamento Europeo y a la institución u órgano afectado. En el citado informe podrá formular recomendaciones. El Defensor del Pueblo informará a la persona de quien proceda la reclamación acerca del resultado de las investigaciones, del informe motivado presentado por la institución u órgano afectado y, en su caso, de las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo.
7. Posteriormente el Defensor del Pueblo podrá remitir un informe al Parlamento Europeo y a la institución u órgano afectado. En el citado informe podrá formular recomendaciones. El Defensor del Pueblo informará a la persona de quien proceda la reclamación acerca del resultado de las investigaciones, del informe motivado presentado por la institución u órgano afectado y, en su caso, de las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo. Cuando proceda, el Defensor del Pueblo podrá pedir que se le invite o podrá ser invitado a comparecer ante el pleno del Parlamento.
Artículo 3 – apartado 8
8. Al final de cada período anual de sesiones, el Defensor del Pueblo presentará al Parlamento Europeo un informe sobre los resultados de sus investigaciones, incluida una evaluación de la adecuación de los recursos disponibles para que el Defensor del Pueblo lleve a cabo sus funciones.
Se intenta garantizar que exista un nivel adecuado de recursos, en relación con el procedimiento previsto en el artículo 11, apartado 2, del Estatuto actual sobre el número de personas que trabajan para el Defensor del Pueblo.
Artículo 3 – apartado 8 bis (nuevo)
8 bis. El Defensor del Pueblo deberá poder remitir pruebas corroborantes de un uso inadecuado del presupuesto de la Unión a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para su investigación ulterior, así como a la Fiscalía Europea, y establecer asociaciones estratégicas a tal fin.
El Defensor del Pueblo se rige por el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, al igual que el resto de instituciones, por lo que se debe proceder a una modificación en consecuencia en lugar de crear una excepción específica para las investigaciones del Defensor del Pueblo.
1. El Defensor del Pueblo y el personal a su cargo tramitarán las solicitudes de acceso público a los documentos de conformidad con las condiciones y límites establecidos en el Reglamento (CE) nº 1049/2001. En relación con las reclamaciones relativas al derecho de acceso público a los documentos oficiales, el Defensor del Pueblo emitirá, tras el correspondiente análisis y las consideraciones necesarias, una recomendación relativa a la publicación o no de dichos documentos, a la que la institución, órgano u organismo implicado deberá responder en los plazos previstos en el Reglamento (CE) n.º 1049/2001.
2. Si la institución en cuestión no sigue la recomendación de divulgar dichos documentos, deberá motivar debidamente su negativa. El Defensor del Pueblo podrá someter esa posible negativa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como solicitar la aplicación del procedimiento acelerado previsto en su Reglamento interno.
1. Con vistas a reforzar la eficacia de sus investigaciones y proteger mejor los derechos y los intereses de las personas que le presenten reclamaciones, el Defensor del Pueblo podrá cooperar con las autoridades análogas existentes en algunos Estados miembros, respetando las legislaciones nacionales aplicables. Excepcionalmente, el Defensor del Pueblo podrá solicitar el acceso a documentos a los que, de otro modo, no tendría acceso en aplicación del artículo 3.
1. El Defensor del Pueblo llevará a cabo evaluaciones periódicas de las políticas y revisiones de los procedimientos vigentes en las instituciones, órganos y organismos pertinentes de la Unión, de conformidad con el artículo 22 del Estatuto de los funcionarios, y formulará, en su caso, recomendaciones concretas de mejora con vistas a garantizar la plena protección de los denunciantes.
2. Se podrá recurrir al Defensor del Pueblo para que facilite de modo confidencial información y asesoramiento imparcial y especializado a posibles denunciantes en relación con el ámbito de aplicación de las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión. El Defensor del Pueblo también tendrá derecho a abrir investigaciones sobre la base de la información facilitada, en caso de que las prácticas descritas puedan constituir un caso de mala administración en la Unión. A fin de permitir este propósito, se podrá dispensar la aplicación del Estatuto de los funcionarios en lo que respecta al secreto.
1. El Defensor del Pueblo examinará de forma periódica los procedimientos relacionados con la actuación administrativa de las instituciones, órganos y organismos de la Unión y evaluará si dichos procedimientos pueden prevenir eficazmente casos de conflictos de intereses y garantizar la imparcialidad y el pleno respeto del derecho a la buena administración.
2. El Defensor del Pueblo podrá determinar y evaluar posibles casos de conflictos de intereses a cualquier nivel que puedan constituir una fuente de mala administración, en cuyo caso se elaborarán conclusiones específicas y se informará al Parlamento de las conclusiones al respecto.
2. Como Defensor del Pueblo deberá ser elegida una personalidad que tenga la ciudadanía de la Unión, se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, ofrezca plenas garantías de independencia, no haya sido miembro de ningún Gobierno nacional ni de ninguna institución de la Unión en los últimos tres años, y reúna las condiciones de imparcialidad requeridas en su país para el ejercicio de los cargos jurisdiccionales de alto nivel o posea experiencia y competencia notorias para el ejercicio de las funciones de Defensor del Pueblo.
A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrá destituir al Defensor del Pueblo si este dejara de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiera cometido una falta grave, tras haber sido oído por las comisiones competentes.
Se añade un paso más al procedimiento a fin de garantizar un debate público, teniendo en cuenta el carácter de la institución y el papel fundamental que desempeña ante los ciudadanos de la Unión. Esto debe hacerse ante la principal institución responsable del nombramiento del Defensor del Pueblo, es decir, el Parlamento.
1 bis. El Defensor del Pueblo debe tratar de alcanzar la paridad de género en la composición de la Secretaría y del personal.
Una codificación que persigue garantizar la neutralidad de género en la Oficina del Defensor del Pueblo, una política normalmente ya en vigor.
1. El Defensor del Pueblo examinará oportunamente si las instituciones, órganos y organismos de la Unión gestionan adecuadamente los casos de acoso de cualquier tipo aplicando correctamente los procedimientos previstos en relación con las reclamaciones. El Defensor del Pueblo formulará unas conclusiones apropiadas al respecto.
2. El Defensor del Pueblo nombrará, dentro de la Secretaría, a una persona o estructura con experiencia en el ámbito del acoso que sea capaz, cuando proceda, de asesorar al personal de la Unión y a otros trabajadores. El Defensor del Pueblo evaluará los procedimientos previstos para prevenir los casos de acoso de cualquier tipo en las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como los mecanismos para sancionar a los responsables, y formulará unas conclusiones apropiadas en las que se determine si dichos procedimientos se ajustan a los principios de proporcionalidad, adecuación y respuesta decidida, y si garantizan una protección y un apoyo eficaces a las víctimas.
La sede del Defensor del Pueblo será la sede del Parlamento Europeo.
Disposición obsoleta.
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Entrará en vigor el día de su publicación.
El presente Reglamento se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrará en vigor el día de su publicación.
Véanse las enmiendas 1 y 2. Se trata de un nuevo acto legislativo vinculante en forma de reglamento, siguiendo las disposiciones del Tratado de Lisboa, en el que la nomenclatura «Comunidad» y su legalidad se sustituyen por la de «Unión».
Definición de mala administración por Jacob Söderman, primer defensor del Pueblo europeo: «Se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a los que debe atenerse obligatoriamente».
Artículo 220: Actuación del Defensor del Pueblo
2. El Defensor del Pueblo podrá informar asimismo a la comisión competente, siempre que esta lo solicite, o ser oído por dicha comisión por su propia iniciativa.