Source: http://www.agtvm.com/Dolo.htm
Timestamp: 2019-04-25 09:49:08
Document Index: 21626944

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 710']

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Nulidad, anulabilidad e inexistencia del Negocio Jurídico. El dolo como vicio del consentimiento. Clases: Dolo causante y Dolo incidental. Efectos: Validez del contrato e indemnización de daños y perjuicios. No concurrencia en el caso enjuiciado.
Sentencia de la Sección 3ª de la A.P. de Tarragona de 23 de abril de 2001 (Rollo 289/2000).
Ponente: Agustín Vigo Morancho.
PRIMERO.- El recurso de apelación se funda en que la demandada actuó con dolo incidental por vender la vivienda sin el uso del patio privativo que debía otorgarse, según se entendió previamente a la formalización del contrato, considerando además que la demandada incumplió el artículo 8 de la Ley de Consumidores y Usuarios al no informar a los actores que no tendrían el uso y goce del patio privativo, razones por las que solicita que se condene a la entidad mercantil a que cumpla convenido y, alternativamente, se condene a la misma a indemnizar los daños y perjuicios causados por el incumplimiento. Al respecto debe indicarse que el planteamiento del dolo incidental nos obliga a examinar previamente el tema de los vicios del consentimiento y su influencia en la validez del contrato, debiendo indicarse que no puede confundirse la inexistencia del contrato (casos de carencia de alguno de sus elementos esenciales) con la anulabilidad del mismo, puesto que el contrato inexistente como el nulo, generalmente confundidos, se caracterizan por su consecuencia peculiar, a saber, la carencia de efectos específicos (quod nullum est nullum producit effectum), mientras que el contrato anulable, en cuanto no se inste su anulabilidad mediante acción o excepción es válido y surte los efectos propios de todo acto válido. El contrato es inexistente cuando falta alguno de sus elementos esenciales para su formación, a saber, consentimiento, objeto, causa y forma respecto los contratos en que ésta tiene un carácter esencial, no precisando de impugnación pues, al no reconocersele efectos nada tienen que hacer los institutos jurídicos de la prescripción ni de la caducidad. El contrato anulable, a diferencia del anterior, no se refiere a la falta de los elementos esenciales del contrato, sino a alguno de los vicios que afectan a los requisitos esenciales para su validez, que expresa el artículo 1.261 del Código Civil, considerándose como supuestos de anulabilidad los vicios del consentimiento (la violencia, la intimidación, el dolo y el error), la falsedad de la causa - aunque este supuesto hay que restringirlo en cada caso, ya que la doctrina ha mantenido que la falsedad de la causa puede hacer en realidad el contrato nulo en vez de anulable - y el defecto de capacidad civil. Precisamente, cuando se plantea el supuesto de anulabilidad del contrato, lo procedente es ejercitar la acción de anulabilidad dentro del plazo de cuatro años desde la consumación del contrato (artículo 1.310, párrafo tercero del Código Civil), pues como declaró la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1984 "el cómputo para el posible ejercicio de la acción de anulabilidad del contrato de compraventa por intimidación, dolo o error se produce a partir de la consumación del contrato". En el presente caso, se alega la existencia de dolo incidental por parte de la vendedora del inmueble, nos encontramos ante un vicio que no invalida el contrato, mientras no se impugne su anulabilidad mediante el ejercicio de la oportuna acción dentro del plazo referido ut supra, ejercitándose la pretensión de anulabilidad del contrato interponiendo una doble acción: a) la declarativa, con la que se pide la declaración judicial de que el negocio no nació y sigue teniendo un vicio que determina su nulidad; y b) la restitutoria, que origina el deber de las partes de devolverse recíprocamente lo recibido por el negocio. No obstante, aun transcurrido dicho período de tiempo, no existe óbice para que pueda alegarse como excepción en el proceso declarativo correspondiente (vid. en este sentido a Federico de Castro en su obra El Negocio Jurídico). En el presente caso, los apelantes realmente no piden la nulidad del contrato, aunque si plantean un tema del vicio del consentimiento contractual, sino que piden el cumplimiento exacto del contrato como ellos entienden que se formalizó. En todo caso, para apreciar la posible concurrencia de dolo, como vicio del consentimiento, es menester advertir que el dolo no puede presumirse, sino que ha de probarse expresamente, habiendo declarado la Sentencia del "Tribunal Supremo de 29 de marzo de 1994, respecto del dolo y sus presupuestos, que "definido el dolo en el artículo 1.269 del C.C. como vicio del consentimiento contractual, comprensivo no sólo de la insidia directa o inductora de la conducta errónea del otro contratante, sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe, tal concepto tal concepto legal exige la concurrencia de dos requisitos: el empleo de maquinaciones engañosas, conducta insidiosa del agente que puede consistir tanto en una actuación positiva como en una abstencvión u omisión, y la inducción que tal comportamiento ejerce en la voluntad de la otra parte para determinarle a realizar el negocio que de otra forma no hubiera realizado, y en este sentido se pronuncia unánime la Jurisprudencia de esta Sala, cuya Sentencia de 22 de enero de 1.988 afirma que "partiendo de que el dolo no se presume y debe ser acreditado por quien lo alega, no pudiendo admitirse por meras conjeturas o deducciones, y aunque el C.C. no dice que se entiende por él ni cuáles son las características de la conducta dolosas, toda vez que se limita a definir el que vicia el contrato, señalando alguns formas de manifestación dolosa, los requisitos comúnmente exigidos por la doctrina científica son los siguientes: a) una conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la declaración negocial, utilizanddo para ello las palabras o maquinaciones adecuadas; b) que la voluntad del declarante quede viciada por haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento a causa del engaño, coacción u otra conducta de insidiosa influencia; c) que sea grave si se trata de anular el contrato, y d) que no haya sido causado por un tercero ni empleado por las dos partes contratantes". Ahora bien, existen dos clases de dolo, diferenciados por la gravedad de las insidias, el dolo causante (dolo causam dans) y el dolo incidental ( dolus incidens), el primero consisten en la maquinación que es causa o determinante del contrato, negocio o declaración, que sin ella no se hubiera hecho (artículo 1.2569 del Código Civil); el dolo incidental únicamente afecta a una modalidad, cláusula o carga del contrato, no produciendo la nulidad del mismo, sino que "sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios" (art. 1.270 del Código Civil). Este dolo incidental es el que se discute en este litigio si concurrió o no en el contrato de compraventa celebrado entre los actores y la demandada. LA parte apelante sostiene que no se le informó adecuadamente sobre si en el piso iba incluido o no el patio privativo, alegando que, a tenor de los documentos 1, 2 y 3 del escrito de contestación de la demanda, se infiere que en el apartamento de la puerta 5, planta baja iba incluido el uso del patio privativo, por lo que nunca debía haberse echado arena sobre el citado patio. Sin embargo, de las pruebas practicadas no se deduce que en el citado inmueble debiera existir un patio con las condiciones señaladas por los actores, pues el Ayuntamiento del Vendrell exigió al promotor, como condición necesaria para otorgar la licencia, salvar el desnivel existente entre la cota del terreno y la planta baja, como así se deduce de la contestación dada por el referido ente local a la entidad C. VALSAN, SL a la primera solicitud de licencia de primera ocupación. Indica el citado Ayuntamiento que "el desnivell existente entre la cota del terreny i la planta baixa s´ha de ajustar al projecte presentat", según el informe emitido por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. En cuanto a la declaración del testigo Ramón Bellart García, sus declaraciones no prueban de modo alguno las pretensiones de los actores, pues de ellas sólo se acredita que intervino en los dos contratos privados, pero no que el precio pagado fuera de diez millones de pesetas, como sostienen los apelantes, pues claramente contesta el testigo que "no ve donde están los diez millones" (contestación a la pregunta 6). Tampoco prueban los actores que existiera deficiente información de la vendedora, ya que si los técnicos del Ayuntamiento del Vendrell entienden que debía ajustarse el desnivel existente entre la cota de tierra y la planta baja es porque tal previsión ya estaba contenida en el proyecto, según se deduce del citado. Es obvio que tal deficiente información pudo existir, sin embargo no se ha practicado prueba alguna que tal extremo, por lo que no puede apreciarse la concurrencia de dolo incidental de la demandada en la prestación del consentimiento contractual, pues, como se ha indicado ut supra, el dolo no puede presumirse por medio de conjeturas o deducciones, sino que ha de probarse expresamente, razones por las que la demanda debía ser desestimada. En consecuencia, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 28 de abril de 2000, dictada por la Iltma. Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de El Vendrell, confirmándose íntegramente la misma.
SEGUNDO.- Conforme al principio del vencimiento objetivo, establecido en el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede condenar a la parte apelante al pago de las costas procesales causadas en esta segunda instancia.
Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 28 de abril de 2000, dictada por la Iltma. Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de El Vendrell y, en consecuencia, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente la misma, condenando a los apelantes al pago de las costas de esta segunda instancia.