Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/56102
Timestamp: 2020-02-17 20:15:38
Document Index: 207082362

Matched Legal Cases: ['artículo 134', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 5']

Gaceta: LXII/3SPR-15/56102
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, A DESAHOGAR LOS PROCESOS PENALES, LAS QUEJAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN DE QUE HUBIERAN TENIDO CONOCIMIENTO, RESPECTIVAMENTE, EN EL CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015.
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura le fueron turnadas diversas proposiciones con punto de acuerdo, relacionadas con el proceso electoral 2014-2015, y la jornada electoral celebrada el día 7 de junio del 2015.
I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las mismas.
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.
III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión da cuenta con las proposiciones que se estudian y dictaminan:
1. Proposición con punto de acuerdo que solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a investigar, informar y, en su caso, sancionar sobre el origen de los recursos económicos, presumiblemente derivado de las conversaciones entre los candidatos del Partido Acción Nacional en los estados de Querétaro y de Baja California Sur, presentada por el Dip. Alejandro Rangel Segovia del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-32.
2. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la intervención del Secretario de Finanzas del estado de Baja California Sur, así como del uso indebido de recursos públicos para el pago de encuestas a favor del candidato del PAN a la gubernatura del estado y, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan, presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-34.
3. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo una investigación exhaustiva en relación a la utilización de recursos de probable procedencia ilícita en el financiamiento de la campaña de Silvano Aureoles Conejo al gobierno del estado de Michoacán durante el año 2011, presentada por los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-88.
4. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral a investigar la presunta comisión de delitos y faltas graves en materia electoral, por el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, presentada por el Dip. Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-127.
5. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del estado de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva y sancionar conforme a derecho a los responsables del uso indebido de recursos públicos en ese estado durante la entrega de calentadores solares y tablets, en favor de candidatos del Partido Acción Nacional, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-136.
6. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar y sancionar el presunto reparto de tarjetas a los ciudadanos a cambio de obtener su apoyo, por parte del equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-147.
7. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a desahogar la investigación de la demanda presentada por el PRI en contra de los candidatos del PAN a gobernador de los estados de Querétaro y Baja California Sur por el posible financiamiento de origen desconocido; y se exhorta al instituto local y órgano de fiscalización superior del estado de Baja California Sur a investigar el posible desvío de recursos públicos destinados al candidato del PAN en ese estado, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-151.
8. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la posible comisión de un delito electoral por Mariano García González, portador de 5 millones de pesos que le fueron encontrados en el Aeropuerto Internacional de Toluca y que podrían ser destinados a las campañas electorales del PRI y del PVEM, presentada por el Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación de diputados del Partido MORENA y el Sen. Manuel Bartlett Díaz del Partido del Trabajo, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-427.
9. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a realizar y agilizar las indagatorias sobre los bienes patrimoniales del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima y para que, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes por presunto enriquecimiento inexplicable, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-436.
10. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias para fiscalizar posibles rebases en el tope de los gastos de campaña del ciudadano Ricardo Monreal Ávila, candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc por el partido político MORENA, presentada por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-439.
11. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios públicos responsables de manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso electoral, a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-442.
12. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar el presunto financiamiento ilegal del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-450.
13. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social por presuntas violaciones a la ley general en materia de delitos electorales durante el proceso electoral 2015, a través del programa “Cruzada Nacional contra el Hambre”, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-455.
14. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a investigar la posible utilización de recursos públicos del gobierno del estado de Guerrero en la campaña de la candidata a gobernadora de esa entidad por el PRD, Beatriz Mojica Morga, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-487.
15. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la FEPADE a realizar una investigación en torno al probable desvío de recursos públicos y compra de votos en el municipio de Nezahualcóyotl, a cargo del gobierno municipal, para favorecer a candidatos del PRD, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-490.
16. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a investigar el probable desvío de recursos por parte del gobierno del estado de Guerrero a la campaña de Beatriz Mojica Morga, candidata del PRD-PT, a la gubernatura del estado, presentada por el Sen. René Juárez Cisneros y el Dip. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-512.
17. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la FEPADE y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a realizar una investigación derivada de la llamada telefónica donde supuestamente se escucha a Ricardo Monreal, candidato a la Delegación Cuauhtémoc por el Partido Morena, sobre supuestos contratos simulados en materia de propaganda electoral, presentada por el Dip. Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-519.
18. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción e investigue los hechos de violencia ocurridos en las semanas recientes en contra de candidatos y candidatas a puestos de elección popular de distintos partidos políticos, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-576.
19. Proposición con punto de acuerdo relativo al presunto desvío de recursos públicos federales destinados para el desarrollo social, rural y cultural del municipio de Matamoros, Tamaulipas, encabezado por Norma Leticia Salazar Vázquez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-582.
20. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la FEPADE para que se realice una investigación en torno al probable desvío de recursos públicos y compra de votos en el Municipio de Nezahualcoyotl, a cargo del Gobierno Municipal, para favorecer a candidatos del PRD, presentada por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-632.
21. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales a investigar el presunto desvío de recursos a favor de la candidata Beatriz Mojica Morga por parte del gobernador Rogelio Ortega Martínez, así como de su Secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales y del Director General de Adquisiciones, Humberto Chávez Millán y, en su caso, sean separados del cargo, aplicando las responsabilidades administrativas y penales para quien o quienes resulten responsables, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-635.
22. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a presentar los resultados de las indagatorias sobre las demandas presentadas contra el candidato del Partido Acción Nacional al municipio de Sahuayo, Armando Tejeda Cid, por la presunta comisión de los delitos electorales que se le señalan; así como a investigar de oficio los posibles ilícitos electorales en los que presuntamente habrían incurrido el presidente municipal y el Oficial Mayor de Sahuayo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-641.
23. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional Electoral a no obstaculizar el acceso a la justicia y resolver imparcialmente las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional, presentada por los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez y Juan Carlos Romero Hicks y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-642.
24. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en el estado de Baja California y se le solicita reforzar su despliegue territorial en los estados de Baja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los comicios en el estado de Sonora, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-748.
25. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a agilizar la investigación sobre el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-756.
26. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, resolver de manera pronta y expedita las denuncias en materia electoral para dar certidumbre, legitimidad y legalidad al reciente proceso electoral, presentada por la Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-778.
27. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar y, en su caso, sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y otros aparatos para la compra y coacción del voto en la delegación Iztapalapa, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-780.
28. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la existencia de posibles cuentas bancarias en el extranjero, el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del excandidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 24 de junio de 2015.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-1196.
El proponente refiere que, en el contexto de la pasada contienda electoral, es un esfuerzo conjunto de todos los mexicanos el garantizar el respeto a las instituciones, para que sean funcionales y sirvan a los ciudadanos.
No obstante, explica que recientemente se ha documentado en medios de comunicación, presumiblemente una llamada telefónica realizada entre los candidatos a gobernadores por el Partido Acción Nacional, Francisco Domínguez Servien del Estado de Querétaro y Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur.
Único. Se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a que investiguen, informe y, en su caso, sancionen, sobre el origen de los recursos económicos, presumiblemente derivado de las conversaciones entre los candidatos del Partido Acción Nacional, Francisco Domínguez del Estado de Querétaro y Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur.
El proponente refiere que, con relación a la elección gobernador del estado de Baja California Sur, en días previos a la jornada electoral, se dio a conocer un audio en el que se escucha al candidato del Partido Acción Nacional, Carlos Mendoza Davis, exigiendo al secretario de Finanzas de la entidad, Isidro Jordán Moyrón, que pague el costo de la encuesta contratada.
De acuerdo con los hechos narrados por los diputados, los actos referidos contravienen claramente los principios que por imperio de ley deben observar los servidores públicos de los tres órdenes: integridad, honestidad, transparencia, capacidad y liderazgo, todo en función del combate a la corrupción. Estos hechos constituyen un delito electoral. En este sentido, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos que establece la ley, asimismo, señala que tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos electorales, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.
Por otra parte, señalan que el día 4 de abril de 2015, en redes sociales comenzó a circular un audio en el que supuestamente se escucha a Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis, Senadores con licencia y entonces candidatos por el Partido Acción Nacional (PAN), a las gubernaturas de Querétaro y Baja California Sur, respectivamente.En dicho audio conversaban sobre un apoyo económico por 30 millones de pesos que les otorgaría un empresario identificado como el “Cours” para la campaña en Querétaro.
Los senadores proponentes exponen que en las democracias modernas, tanto los funcionarios públicos como los aspirantes a ocupar un puesto a través del sufragio universal, en todo momento deben conducirse con apego a la norma. En el caso de la materia electoral, a partir de la reforma política de 2014, se incorporó como uno de sus principales principios el de máxima publicidad.
Por otra parte, señalan que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, establece que los recursos públicos se administrarán con orden, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, debiéndose aplicar con imparcialidad, de tal forma que no influyan en la equidad de la competencia entre partidos.
En ese contexto señalan que, en cuanto a las campañas para la gubernatura de Michoacán, destaca el caso del candidato del PRD, Silvano Aureoles Conejo, quien se distinguió por realizar gastos excesivos en sus actos de proselitismo, y advierten que los Gobernadores de Guerrero y Morelos, así como dirigentes de su instituto político, arribaron en helicópteros al lugar en donde inició la campaña.
Recuerdan que, con antelación, el candidato del PRD al Gobierno de Michoacán ya había sido cuestionado por asuntos de la misma naturaleza, los cuales han quedando impunes y sin consecuencias jurídicas efectivas. Como candidato a gobernador del estado de Michoacán en el proceso electoral 2011, representando a los partidos PRD, PT y Convergencia (actualmente Movimiento Ciudadano), ejerció mayor financiamiento privado que público sin que a la fecha no se ha podido comprobar su origen, situación por la cual a su partido le fue impuesta una sanción de 8,076,886.74 pesos, información que obra en el expediente número IEM/CAPy F-PA01/2010 y su acumulado IEM/PAO-CAPyF-02/2011, cuya resolución está firme después de pasar por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Finalmente, relatan que el Instituto Electoral de Michoacán inició el Procedimiento Administrativo Oficioso en contra del PRD, mismo que se registró con el número IEM/P.A.OyF-17/2013. Posteriormente, con fecha 31 de marzo de 2015, el propio organismo electoral dictó la resolución correspondiente, a través de la cual se determinó que no fue posible comprobar la procedencia de 20 millones 969 mil 489.94 pesos gastados por Silvano en su campaña de 2011.
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a fin de que lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la utilización de recursos de probable procedencia ilícita en el financiamiento de la campaña de Silvano Aureoles Conejo al Gobierno del estado de Michoacán durante el año 2011.
El diputado proponente explica que el día 4 de mayo del año en curso un reconocido medio impreso nacional y diversos portales electrónicos, dieron cuenta de una conversación de la que se desprenden de manera pública y notoria hechos sumamente delicados que involucran al Candidato del PAN al Gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y frente a los cuales esta Soberanía no puede ser ajena, omisa o permanecer indiferente.
Señala que el audio en cuestión exhibe un caso nítido de ilegal financiamiento a la campaña política del Candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a Gobernador del Estado de Querétaro, que transgredeflagrantemente la regulación electoral y constituye delitos y faltas graves en la materia. Ya que del mismo se desprende la recepción, por parte del citado candidato, de la cantidad de 6 millones de pesos mensuales por cinco meses, que pudieran alcanzar la cifra de 30 millones, de manos de un particular, en franca violación de la legislación aplicable.
Único. La Comisión Permanente hace un respetuoso exhorto a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) y al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), para que por conducto de la FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES (FEPADE) y de la UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE SU COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, respectivamente, lleven a cabo en el ámbito de su competencia una IMPARCIAL INVESTIGACIÓN que permita dilucidar y, en su caso, deslindar y determinar las responsabilidades que resulten de los presuntos hechos delictivos y faltas electorales derivadas del ilegal financiamiento a la campaña del Candidato del PAN al Gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
Los senadores proponentes explican que el domingo 7 de junio de 2015 en nuestro país se celebraría la jornada electoral a través de la cual se renovaron 9 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 639 diputaciones locales y 903 alcaldías, esto representa que se eligirían más de 2 mil 051 cargos públicos a nivel federal y estatal. Para este evento, se instalarán más de 152 mil 500 casillas y miles de ciudadanos participarán como funcionarios de mesa directiva de casilla.
Señalan la importancia, ante este contexto, de que partidos políticos, autoridades electorales y ciudadanos, coadyuven para que exista equidad electoral y no se hiciera mal uso de los recursos públicos, es decir, garantizar, en su momento, las condiciones de igualdad entre candidatos y partidos que faciliten una sana competencia en todo el proceso electoral.
Refieren que, lamentablemente estas condiciones no fueron garantizadas en algunas entidades de la República Mexicana; tal es el caso del estado de Guanajuato, en donde diversos medios de comunicación –impresos y digitales- documentaron el probable desvió de recursos públicos por parte de autoridades y dependencias del gobierno del estado para beneficiar a los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN).
Para explicar estas anomalías, detallaron los hechos ocurridos en la comunidad de Mineral de Pozos, ubicada en el municipio de San Luis de la Paz, en el que integrantes del gobierno del estado promovieron el voto en favor de los candidatos del PAN a cambio de la instalación de calentadores solares, entregados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado.
Además de estos actos, señalan que el Gobierno del estado amplió la entrega de tablets a 125 mil, las cuales serían entregadas a alumnos y maestros de los niveles medio superior y superior que son posibles o potenciales votantes.
De acuerdo con la exposición de los legisladores proponentes, de ser acreditados, estos hechos representarían un delito electoral, una violación clara al marco normativo vigente y a los principios de una competencia electoral justa, por lo que las instituciones y autoridades, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, deben sancionar a los responsables por el mal uso de los recursos públicos en el estado de Guanajuato.
Por lo anterio, se propuso lo siguiente:
De acuerdo con los legisladores proponentes, en época de elecciones, la búsqueda de aspiraciones políticas debe siempre guiarse y desarrollarse en el marco del cumplimiento estricto de la Ley. En efecto, las normas electorales establecen que son obligaciones de los candidatos conducirse con respeto irrestricto la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Señalan que durante el presente periodo electoral, los candidatos a puestos de elección popular, deben exponer las mejores propuestas a los ciudadanos, para que estos cuenten con información, y así, poder ejercer un voto razonado.
Advierten que el 1 de mayo diversos medios de comunicación denunciaron que el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima Jorge Luis Preciado Rodríguez, y el partido político en mención, ofrecieron tarjetas que dan acceso a los ciudadanos para obtener recursos materiales, a cambio de los datos de su credencial de elector, estos hechos ocurrieron en Villa de Álvarez y Tecomán, Colima.
Lo anterior, a su juicio y en caso de comprobarse, representaría que se hubieran realizando gastos que rebasarían los topes de campaña establecidos por la Autoridad Electoral a nivel local, por lo que es urgente exigir que se aclare el origen y el destino de los recursos económicos y aportaciones que está realizando el candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, para financiar el programa ilícito de las tarjetas.
Por otra parte, señalan que el pasado 25 de abril se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado –PGJE- detuvo a dos personas en la ciudad de Tecomán y una más en Villa de Álvarez, por presuntas acciones relacionadas con la compra de votos, a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado, las detenciones ocurrieron en el cruce de las calles 18 de Julio y Ocampo del centro de la ciudad de Tecomán, en donde fueron aprehendidos Clara Abarca Landa y Julio César Cobián Rincón, y Fabiola Valdovinos en Villa de Álvarez.
Refieren que ante estos hechos, el Coordinador de Delegados del CEN del PAN, Santiago Creel y el candidato del PAN a la gubernatura de Colima Jorge Luis Preciado, acudieron a la comandancia de Tecomán, para tratar de liberar a las dos personas (que también se les relaciona con el PAN) que se encontraban haciendo actos electorales ilícitos.
Por otra parte, explican que el candidato del PAN a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado no sólo se ha destacado por este acto de ilegalidad, sino que ha estado involucrado en otros actos de tipo vergonzosos y humillantes. En mayo de 2012, el entonces Diputado Federal, Jorge Luis Preciado, fue acusado del desvío de 55 millones de pesos de la SEDESOL, para apoyar la campaña presidencial de Felipe Calderón en el 2006, este desvío consistió en organizar un padrón de beneficiados del programa de Vivienda Rural de la SEDESOL, y así teniendo el padrón son aprobados los recursos y son desviados a la campaña de Felipe Calderón.
Recuerdan que, siendo Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Jorge Luis Preciado, en el febrero de 2014, con motivo del Día de la Candelaria, el Senador celebró una fiesta privada con todo y mariachis en las instalaciones del Senado de la República, en la fiesta se degustaron viandas y vinos. En diciembre de 2013 cuando se realizaba el debate de la Reforma Energética, el Senador Preciado abandonó la discusión para ver la semifinal del fútbol mexicano que se disputaban los clubes América y Toluca en el Estadio Azteca.
Del mismo modo, advierten que en agosto de 2014, se dio a conocer la noticia de que Jorge Luis Preciado adquirió cuatro predios donde se construye el hotel El Castillo de Montitlán, con un valor comercial superior a los 2 millones de pesos, los terrenos tiene una extensión total de 7 mil 500 metros cuadrados, y se ubican sobre las calles Araucaria y Parota, en la comunidad Montitlán, Municipio de Cuauhtémoc, una zona serrana cercana al Volcán de Colima.
Primero. Se exhorta a la al Instituto Nacional Electoral para que se inicie una investigación de oficio en materia de fiscalización por el presunto reparto de tarjetas y/o monederos electrónicos a los ciudadanos para que obtengan recursos materiales a cambio de los datos de su credencial de elector, por parte del equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez.
Segundo. Al no contar con límites por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, se exhorta al INE, para que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización se investigue y sancione el posible financiamiento de las de tarjetas y/o monederos electrónicos, por parte del equipo del campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez.
Tercero. Se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales -FEPADE- , a que inicie una investigación por las presuntas violaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se cometieron por parte del equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez.
De acuerdo con los senadores proponentes, es de presumirse que en Baja California Sur y Querétaro los candidatos a gobernador por el Partido Acción Nacional, habrían incurrido en delitos graves en materia electoral, en el contexto del proceso electoral 2014-2015.
Refieren que así lo evidencia el video difundido en redes sociales, y retomado por gran cantidad de medios de comunicación tanto locales como de alcance nacional, en el que se da cuenta de una conversación sostenida por ambos personajes, en la que el candidato de esa organización política por Querétaro, hace referencia a algún individuo cuya identidad se desconoce, al que se refiere como “kors”,que estaría entregando seis millones de pesos por cada mes hasta la finalización de la campaña política, lo que haría un total de 30 millones de pesos en aportaciones de origen desconocido; dándole a entender a su correligionario y candidato a gobernador por Baja California Sur, que un apoyo similar estaría disponible para él, por parte de ese ‘benefactor’ no identificado.
Advierten que, más grave aún resulta el hecho derivado de dicha conversación, en el sentido de que habría un compromiso de los candidatos, una vez habiendo ganado la elección, para el pago de dichos apoyos; si bien no se aclara en la forma en que habría de realizarse dicho pago o las compensaciones que habrían de hacerse a favor del benefactor de los candidatos no identificado, en cualquier caso se infiere que seguramenteestaría incurriéndose en conductas ilícitas o actos de corrupción, en detrimento de las finanzas públicas de los gobiernos de esas entidades federativas.
Exponen que, derivado de lo anterior, el día 5 de este mayo, el Secretario Jurídico y apoderado legal del Partido Revolucionario Institucional, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), contra los candidatos del Partido Acción Nacional en Querétaro y Baja California Sur, los C. C. Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis respectivamente, por el posible financiamiento ilícito para el desarrollo de sus campañas, habiendo aportado para ello como prueba de esa demanda, documentos diversos y el propio video al que se ha hecho referencia, que recoge la conversación sostenida entre ambos candidatos, que estaría mostrando el ilícito por ellos cometido y que es del amplio conocimiento de la opinión pública.
Señalan que, en congruencia con la demanda presentada, lo mismo hicieron los integrantes de los comités estatales y los representantes del CEN del Partido Revolucionario Institucional ante las instancias correspondientes en los estados de Baja California Sur y Querétaro, quienes demandaron de ellas, que se cite a quien corresponda “para que aclare si se habla de millones de pesos o millones de dólares”; y que también digan “qué les ha pedido el ‘financiero’ de esas campañas a cambio de esa cantidad millonaria”.
Por último, señalan que existen evidencias como se muestra en un audioque circula profusamente, de que el gobierno del Estado de Baja California Sur, estaría destinado recursos públicos de manera ilegal a la campaña política del candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional, específicamente recursos para el pago de estudios demoscópicos, tal y como se establece en dicho audio, en el que por un lado el candidato y el C. Gobernador de esa entidad, hacen alusión a la encuesta a cargo de una conocida casa encuestadora.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales para que, con la celeridad que el caso lo amerita, desahogue la investigación correspondiente a la demanda presentada por representantes del Partido Revolucionario Institucional, en contra de los candidatos a gobernador de los estados de Querétaro y Baja California Sur, por el presunto rebase de los topes de campaña, a partir de financiamientos de origen desconocido.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que a la brevedad se realicen, a través de su Comisión de Fiscalización, las indagatorias sobre los montos y procedencia de los recursos empleados por los candidatos a gobernador del Partido Acción Nacional de los estados de Querétaro y Baja California Sur, ya que presuntamente han excedido los montos autorizados por la ley como aportación proveniente de los particulares, y cuyo destino se desconoce.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a los titulares del Organismo Público Local Electoral y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, para que investiguen el posible desvío de recursos públicos destinados a la campaña política del candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional y, para la aplicación en su caso, de las sanciones correspondientes.
Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la posible comisión de un delito electoral por Mariano García González, portador de 5 millones de pesos que le fueron encontrados en el Aeropuerto Internacional de Toluca y que podrían ser destinados a las campañas electorales del PRI y del PVEM, presentada por el Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación de diputados del Partido MORENA y el Sen. Manuel Bartlett Díaz del Partido del Trabajo, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.
Los legisladores proponentes señalan que el domingo 24 de mayo en un vuelo privado procedente de Xalapa, Veracruz se detuvo en el Aeropuerto Internacional de Toluca a Mariano García González, por no poder comprobar la procedencia de 5 millones de pesos que cargaba en efectivo.
Según la información que citan los proponentes, los elementos de la División de Seguridad Regional inspeccionaron a los pasajeros de una aeronave privada procedente de Xalapa, Veracruz. Esta acción permitió a los agentes federales encontrar dentro de una maleta negra que llevaba consigo un pasajero, la cantidad de 5 millones de pesos. Sin embargo, el individuo se negó a proporcionar mayores detalles que justificarán el origen del licito de tal cantidad.
De acuerdo con el relato de los legisladores, el detenido es Mariano García González, hermano, representante y apoderado legal de Francisco García González, dueño del Grupo GarGonz que aglutina tres ingenios y es compadre de Javier Duarte de Ochoa.
Señalan que Francisco García González habría hecho aportaciones a la campaña del Gobernador Duarte Ochoa, con el que tiene un lazo de compadrazgo y por mantener en la pobreza y la miseria a los ingenios azucareros, pero tiene a la justicia estatal de su lado.
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la FEPADE, a que investigue el posible origen ilegal de los 5 millones de pesos cuyo destino final serían las campañas electorales del PRI y del PVEM, motivo por el cual fue detenido Mariano García González, en el Aeropuerto Internacional de Toluca ocurrido el 24 de mayo del presente año.
Los senadores proponentes refieren que el entonces candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima quien, a lo largo de su campaña política cuidó mucho el no darse a conocer tal como realmente es, o sobre lo que constituyen realmente sus bienes patrimoniales. Se trata, a su dicho, de un caso típico de enriquecimiento inexplicable, pues es una persona que prácticamente de la nada ha llegado a acumular en muy poco tempo, recursos y vastas propiedades inmobiliarias que, de ninguna manera, son consistentes con la breve trayectoria con que cuenta en el servicio público. Explican que manifestó en diferentes y contradictorias ocasiones, una posesión de bienes sin proporción alguna con lo que realmente ha sido posible detectar gracias a la labor investigadora de los medios de comunicación con las herramientas de transparencia y acceso a la información.
Refieren que se conocen al menos dos declaraciones de ese candidato respecto a su situación patrimonial: una ante la Contraloría del Senado de la República casi al inicio de la LXII Legislatura en octubre de 2012; y otra más ante la misma instancia hace solo dos meses, al solicitar licencia como legislador para contender por el gobierno de Colima; y explican que entre una y otra existen disparidades e inconsistencias significativas, pues mientras que en la de su inicio como legislador habría manifestado poseer cinco bienes raíces, e inversiones, todo ello por un total equivalente a cinco millones de pesos, en la que presentó más recientemente, da cuenta de ser dueño de siete inmuebles (tres terrenos, una casa y tres lotes) por un valor de menos de dos millones de pesos, y dos cuentas bancarias por un total de cuatro y medio millones de pesos; en ambos casos, habiéndolo declarado el candidato, bajo protesta de decir verdad.
Explican que lo real, conforme a la investigación realizada por los medios, es que una y otra declaraciones estarían muy lejos de la verdad, pues con base en consultas al Registro Público de la propiedad de Colima, fue posible detectar que el senador con licencia y actual candidato por el PAN tendría -tan solo en ese estado- once propiedades con un valor comercial de más de sesenta y dos millones de pesos. En otras palabras, que entre los cinco o los siete y medio millones de las primera y segunda declaraciones respectivamente, frente a los sesenta y dos millones del valor real comercial de sus bienes, media una diferencia que va de los 54.5 a los 57 millones de pesos, cantidad de la que el candidato no ha rendido cuentas, y que al parecer pretendía ocultar o mantener en completa opacidad. Insisten los proponentes en que se trata de una riqueza inexplicable, pues no es de concebirse que, sin conocérsele otra actividad ajena a la de Senador o de diputado en su momento, haya logrado acumular con sus solas percepciones en esos cargos, una cantidad como a la que se hace referencia.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, para que se haga la investigación correspondiente al presunto enriquecimiento ilícito del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su caso las sanciones correspondientes.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que investigue el origen de los recursos de la campaña política del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su caso las sanciones correspondientes.
Explica el senador proponente que a la ciudadanía le interesa el buen manejo, uso y aplicación de los recursos públicos tanto de los servidores públicos, como de los partidos políticos y candidatos a elección popular; se busca una mayor rendición de cuentas bajo un buen uso y prácticas en materia de financiamiento, para ello, parte de las atribuciones del INE “es la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicaciónde tales recursos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la ley”.
Explica que la fiscalización que realiza el INE debe asegurar que los partidos políticos destinen los recursos para tres tipos de gasto: en actividades ordinarias, de proceso electoral y de actividades especificas, con la finalidad de certificar que el origen de los recursos provengan de fuentes permitidas y conforme lo establece la norma.
En ese contexto, resaslta la importancia de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos, en especial cuando existe una duda razonable de la utilización de los mismos, y continúa exponiendo que tal es el caso en el que se vio envuelto el candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc, donde el pasado 25 de mayo de 2015 en algunos medios de comunicación y de notas periodísticas se hizo público un audio donde se relaciona al candidato del Partido Político de Morena C. Ricardo Monreal Ávila con C. NestorNuñez López, coordinador de su campaña y en el que se muestra pretensión de realizar actos de simulación para justificar los gastos de campaña del candidato. En dicho audio se expresa la situación financiera en la que se encuentra el candidato por Morena, por lo que se pretende hacer un contrato simulado, es decir, falsear información sobre los gastos de campaña:
Para acreditar lo anterior, el proponente reproduce de manera textual extractos de la conversación telefónica entre el C. Ricardo Monreal Ávila y el C. NestorNuñez López:
“C. Ricardo Monreal Ávila:
Derivado de dicho audio, concluye el proponente, existen razones fundadas para pensar que el C. Ricardo Monreal Ávila habría rebasado el tope de los gastos de campaña para Jefe Delegacional.
Por lo anterior, se propuso:
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a que en el proceso de fiscalización de los gastos de campaña del C. Ricardo Monreal Ávila, candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc, se revise puntualmente la legalidad de los contratos que se presenten para acreditar gastos de campaña y determine las posibles violaciones a la normatividad electoral por la simulación de contratos y consecuente engaño a las autoridades electorales.
Los senadores proponentes refieren que el pasado 8 de mayo del presente año, funcionarios de la delegación Cuauhtémoc, solicitaron a los colonos de dicha demarcación una copia de su credencial de elector a cambio de la entrega de despensas (11 mil apoyos). Recuerdan que por tercera ocasión y en menos de un mes nuevamente la demarcación bajo la conducción de un gobierno perredista implemento la llamada “Operación Despensa” en plena campaña electoral.
En la ocasión que exponen, el Deportivo Guelatao de la Colonia Centro, fue el sitio elegido por el personal de la Delegación para que cientos de personas recibieran hasta dos cajas de productos alimenticios, con el mensaje “recuerda que esto es gracias a la presente Administración”, refiriéndose a la hoy delegada interina de corriente perredista, Jimena Martín del Campo.
De acuerdo con información del periódico Reforma, la empresa responsable de las despensas debería entregar 11 mil 111 de éstas el 8 de mayo y otra cantidad igual el 2 de junio, una semana antes de los comicios. Y subrayan que lo relevante es que la “Operación Despensa” ha sido la constante para violentar la ley y continuar realizando actos ilegales de campaña con fines proselitistas como ha sido la entrega de despensas, mochilas y útiles escolares; aprovechándose de los programas sociales y de la pobreza que prevalece en algunas zonas de la capital del país con el único propósito de ganar votos a favor del PRD capitalino.
Detallan que de octubre de 2014 a la fecha en que presentaron el punto de acuerdo que se describe, el PRI en el Distrito Federal había presentado ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) 82 quejas por actos anticipados de campaña, en su mayoría en contra del PRD.
Por lo anteriormente descrito, concluyen, resulta imprescindible que no quede impune y se castigue a quienes se valen de los beneficios de los programas sociales y de la necesidad de la gente, para obtener votos a favor de los candidatos a jefes delegacionales por el PRD en estas elecciones.
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investigue y en su caso sancione a los funcionarios públicos responsables de manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso electoral a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal.
Explican los legisladores proponentes que en fechas previas a la elección del 7 de junio, el candidato a la gubernatura de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién había sido incongruente en su declaración de bienes patrimoniales y, por lo mismo, había sido acusado de recibir financiamiento ilícito en su campaña;
Adicionalmente, explican que en la PGR existe una averiguación previa con el número AP/PGR/QRO/QRO/VI/217/2014, en la que Francisco Domínguez Servién no había declarado si recibió recursos privados del empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio. Del mismo modo, el ex diputado federal por el PAN, Gustavo Buenrostro interpuso una denuncia penal contra Francisco Domínguez Servién ante la PGR por el delito de enriquecimiento ilícito.
Por otra parte, señalan que el pasado 4 de mayo del año en curso se difundió un audio en el que se escucha al entonces candidato, sugerir que una persona se había comprometido a aportar 6 millones de pesos a su campaña de manera mensual y que, en caso de llegar a la gubernatura, éste estaría dispuesto a retribuir tales aportaciones, aunque sin mencionar cómo.
Los diputados proponentes señalan que en el contexto electoral, se encuentran diversas aristas que pusieron en riesgo el adecuado desarrollo de las campañas electorales, entre las que se puede identificar el incorrecto uso de los recursos públicos por parte de funcionarios federales y locales a través de los programas federales.
Ejemplo de lo anterior, continúan, son las acciones que se ven reflejadas continuamente en las zonas rurales del país, en donde se encuentra el 21 por ciento de la población mexicana, y en donde se concentra el mayor porcentaje de la población en situación de pobreza.
Explican que, programas como “Cruzada Nacional contra el Hambre”, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como fundamental propósito combatir a la pobreza, cubriendo con alimentación básica a diversas comunidades del país, sin embargo, desde su implementación el pasado 21 de enero de 2013, el programa para el combate a la pobreza había sido utilizado en cada contienda electoral como una fábrica de votos.
Los proponentes señalan que la titular de SEDESOL, Rosario Robles Berlanga, desde entonces ha hecho uso de esta “nueva política” una estrategia de proselitismo y coacción del voto para beneficiar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, violando de esta manera el artículo 7, párrafo séptimo, y el artículo 11, párrafo segundo de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Advierten que el común denominador de los discursos y los reportes sobre los avances del programaCruzada Nacional contra el Hambre se habría dado en tiempos electorales.
Único. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, investigar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por presuntas violaciones a los artículos 7, párrafo séptimo, y 11, párrafo segundo de la Ley General en Materia de Delitos Electorales durante el presente proceso electoral, a través del programa Cruzada Nacional contra el Hambre.
Refieren los senadores proponentes que cada proceso electoral presenta una oportunidad para medir el avance en la consolidación de nuestra democracia, en donde la ciudadanía toma un papel fundamental cuando participa activamente en pleno uso de sus derechos político- electorales para elegir a sus representantes.
En ese sentido, advierten, la confianza y certidumbre que en los procesos electorales debía generar el Instituto Nacional Electoral, resultan factores cruciales que hacen deseable y precisa su coparticipación en la organización de los procesos electorales locales, fortaleciendo la complicada tarea que implica la organización electoral.
Señalan que para todos es conocido que el proceso electoral en el Estado de Guerrero, presentó signos preocupantes por todos los factores que lo rodean,razón por la cual esta Comisión Permanente no puede pasar por alto los riesgos que representan para la realización del mismo.
Del mismo modo, exponen que se habría difundido en diferentes medios de comunicación la denuncia realizada por el candidato a la gubernatura del PAN, C. Jorge Camacho Peñaloza, respecto a la posible utilización de recursos públicos del Gobierno de esa entidad para financiar la campaña de la candidata por el PRD, C. Beatriz Mojica Morga. Recuerdan que en dicha acusación se señaló que existen acusaciones de que el Gobernador Ortega financia parte de la campaña de la candidata del PRD-PT y se criticó la participación del Gobernador en un acto político partidista en Michoacán, en el que compartió templete con la candidata Beatriz Mojica.
Señalan los senadores proponentes que la Constitución y las diversas normas jurídicas establecen la conducta que deben guardar quienes ejercen un acto de autoridad frente al desarrollo del proceso electoral, por lo que elC. Rogelio Ortega Martínez, Gobernador Sustituto del Estado de Guerrero, debía abstenerse de intervenir de cualquier forma en el proceso electoral, cuyo objeto sea orientar el voto de los ciudadanos a favor o en contra de candidatos o partidos políticos.
Concluyen diciendo que no se puede permitir que los recursos públicos aprobados para ser destinados a satisfacer demandas de la sociedad, se utilicen con el propósito de incidir en el sentido del voto de los ciudadanos, beneficiando a un candidato.
Los senadores proponentes señalan que al inicio de la actual administración municipal en Nezahualcóyotl, el entonces presidente Juan Zepeda Hernández dio a conocer la puesta en marcha el sistema denominado “Red Aurora”, mediante el cual se llevaría a cabo la distribución de despensas adultos mayores y demás programas sociales a los habitantes de la localidad.
Del mismo, advierten que se informó también que se proporcionaría asistencia médica domiciliaria a cerca del 40 por ciento de la población adulta mayor que no contaba con seguridad social, lo que representa aproximadamente 50 mil personas.
Con estos apoyos sociales se buscó ayudar principalmente a las personas de la tercera edad pues una gran parte no cuenta con una pensión que les asegure el sustento, por lo que con el programa “Despensas Dignas” se reducen las presiones económicas a las que se verían sometidos si no contaran con este apoyo y, hasta podrían evitarse enfermedades derivadas de un mala alimentación en los adultos mayores.
No obstante, señalan que el pasado mes de marzo, Juan Zepeda solicitó licencia a la Alcaldía para contender por la candidatura a una diputación local. En ese contexto, acusan que su suplente en el cargo Carlos Avilés Osorio habría corrompido la esencia del programa, pues mediante diversas amenazas ha condicionado la permanencia de los beneficiados solamente si votan por los candidatos del PRD.
Denuncian a su vez, que se detectaron más de seis bodegas en diversos puntos del municipio en las que se almacenan despensas que se continúan entregando, a pesar del mandato del Congreso local para que se suspendiera la aplicación de 40 programas sociales durante el proceso electoral.
En consecuencia, refieren que el Diputado Local del PRI por el Distrito 24 del Estado de México, Ricardo Enríquez Fuentes, denunció que el gobierno municipal de Ciudad Nezahualcóyotl utilizó todo su aparato administrativo con fines electorales, ya que intimidó a la ciudadanía, se amenazó a los comerciantes, se clausurararonnegocios, se repartieron despensas y se arrancó la propaganda de los adversarios políticos, sin considerar que también se condicionó la entrega o continuidad en los programas sociales a cambio del voto por los candidatos del Partido de la Revolución Democrática.
Lo anterior, señalan, también fue acreditado a partir de fotografías, que en conferencia de prensa, mostró la candidata de la coalición PRI-PVEM a diputada local por el distrito XLI, Carolina Charbel, quien denunció que los ciudadanos son forzados a entregar sus credenciales a cambio de no retirarlos del padrón de los programas sociales y darles “un apoyo” de 200 pesos.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que dentro del ámbito de sus atribuciones, investigue y sancione el probable desvío de recursos públicos y compra de votos para favorecer a los candidatos del PRD a diferentes cargos de elección popular en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de México a fin de que lleve las investigaciones correspondientes en relación con la utilización de recursos públicos en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades municipales del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, para que se abstengan de continuar realizando diversas prácticas encaminadas a la coacción del voto, en perjuicio de los pobladores del municipio.
Los legisladores proponentes señalan que el actual gobernador interino en Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, habría hecho del proceso electoral un asunto personal, para lo cual no ha dudado en poner la estructura de su gobierno al servicio de Beatriz Mojica Morga, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de aquella entidad.
Refieren la supuesta intervención, en la designación de candidatos, incluso en partidos diferentes al suyo; a la utilización de programas sociales para orientar el voto hacia la abanderada de su partido; a su aparición en actos de campaña del PRD; a la forma en que se está obligando a los funcionarios del gobierno estatal para que se sumen a ese apoyo con todos los recursos gubernamentales, y presionándolos para que formen grupos de compra de votos en diversas regiones del estado.
Advierten que en días previos a la elección, el periódico El Universal, publicó en su versión electrónica una conversación entre Eliseo Moyao Morales y Humberto Chávez Millán, Secretario de Finanzas y Administración conel Director General de Adquisiciones,respectivamente, en la cual el primero se queja ante su interlocutor de que Beatriz Mojica lo está presionando para que privilegie a un proveedor del gobierno del Estado. Subrayan que el referido diario también dio cuenta de otra conversación en la que Chávez Millán conversa con Nicolás Altamirano Navarrete, proveedor del gobierno estatal y operador político de Mojica, en la que el servidor público se compromete a modificar en su beneficio las bases de un concurso.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, a efecto de que proceda a la inmediata destitución de Eliseo Moyao Morales y Humberto Chávez Millán, como Secretario de Finanzas y Administración y Director General de Adquisiciones, respectivamente, para que sean investigados por la probable comisión de diversos ilícitos en materia electoral como el desvío de recursos, y en contra del servicio público.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que investiguen a Eliseo Moyao Morales y Humberto Chávez Millán, Secretario de Finanzas y Administración y Director General de Adquisiciones, respectivamente, por la probable comisión de diversos ilícitos en materia electoral, como el probable desvío de recursos públicos a la campaña de la candidata a gobernadora del PRD-PT, Beatriz Mojica Morga y en contra del servicio público.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Rogelio Ortega Martínez, Gobernador del Estado de Guerrero, a fin de que se abstenga de intervenir y apoyar en el proceso electoral a Beatriz Mojica Morga, candidata del PRD-PT en la elección que se desarrolla en aquella entidad y a que explique sobre las acciones emprendidas para prevenir y sancionar la comisión de delitos en materia electoral por parte de sus colaboradores.
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con la finalidad de que, por una parte, garantice la celebración del proceso electoral que se desarrolla en aquella entidad sin vicios y de manera que la ciudadanía pueda expresar libremente su voto, y por la otra, investigue a Eliseo Moyao Morales y a Humberto Chávez Millán, Secretario de Finanzas y Administración y Director General de Adquisiciones, respectivamente, por la probable comisión de diversos ilícitos en materia electoral como el desvío de recursos, y en contra del servicio público.
Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a que investigue el probable desvío de recursos públicos de Eliseo Moyao Morales y a Humberto Chávez Millán, Secretario de Finanzas y Administración y Director General de Adquisiciones, respectivamente, por la probable comisión de diversos ilícitos en materia electoral y contra el servicio público.
Señala el diputado proponente que las contiendas electorales habrían sido marcadas por señalamientos y declaraciones que poco ayudan al clima de equidad y estabilidad que merecían los ciudadanos.
En particular, adiverte el caso del distrito federal que, dice, ha sido gobernado por fuerzas de izquierda, sin embargo en esta elección próxima, dicha izquierda va dividida a los comicios y ha propiciado el pleito público entre dos partidos políticos conocidos en la capital.
Refiere que en fechas anteriores a la jornada electoral, se habría difundido en los medios electrónicos, una grabación telefónica del candidato a delegado a Cuauhtémoc por el partido MORENA.En dicha conversación se escucha, supuestamente, al personaje cercano a Andrés Manuel López Obrador conversar con Néstor Nuñez, aspirante de MORENA a diputado local por el distrito 9.
El proponente advierte que, al parecer se trata de Ricardo Monreal, que indica que hay que hacer un contrato simulado, y el cual será utilizado para mupis y bardas, para “equilibrar la situación financiera de la campaña”.La grabación, comenta,estuvo circulando en la red social YouTube y al ponerla al micrófono se escucha a quien ubican como Monreal en momentos donde le dice a Nuñez: “lo que me interesa mucho, Doctor, es la situación financiera de la campaña; hay que hacer un contrato simulado porque tiene que haber cuentas y no sé cuántas cosas…”. La respuesta de Nuñez (hijo de Arturo Nuñez, Gobernador de Tabasco) es la siguiente: “ya, ya estoy en eso, ya estamos Acosta, Jazmín y yo metidos en ese tema…le voy a presentar una nota (…) ya incluso estamos platicando con algunos otros candidatos más el tema de prorrateo, con los topes que tenemos…”
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la FEPADE y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, a efecto de que realicen una investigación derivada de la llamada telefónica donde supuestamente se escucha a Ricardo Monreal, candidato a la Delegación Cuauhtémoc por el partido MORENA, sobre supuestos contratos simulados en materia de propaganda electoral.
La senadora señala que el pasado proceso electoral en México enfrentó diversos retos que lo colocaron en una situación de especial relevancia para la vida política inmediata futura.
Por un lado, dice, nos enfrentamos a una crisis en materia de derechos humanos evidenciada con las graves violaciones que se han cometido en los meses recientes y que han llamado la atención de la comunidad internacional; y por otro, nos enfrentamos al descrédito, la falta de confianza y de credibilidad que buena parte de la sociedad tiene en relación a los partidos políticos y al sistema electoral en su conjunto.
Refiere que a lo anterior, se debió adicionar que el proceso se vio inmerso en un clima de violencia y debilidad de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, que ha colocado a las y los candidatos a puestos de elección popular en una situación de riesgo desproporcionado e intolerable.
Advierte que los actores políticos fueron los más expuestos a padecer las agresiones criminales de la delincuencia organizada, como lo muestran los asesinatos de tres candidatos y dos precandidatos a puestos de elección popular: en febrero, Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a una diputación federal, en el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca; en marzo, Aidé Nava González, precandidata del mismo PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo, Guerrero; en mayo, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI y PVEM a la alcaldía de Chilapa, Guerrero; Enrique Hernández, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán; Héctor López Cruz, candidato priista a noveno regidor de Huimanguillo, Tabasco, y Jehová de la Cruz Gallegos, líder del PRD en Juchitán, Oaxaca.
A dichos homicidios, agrega, se sumaron las agresiones sufridas en Guerrero, como las amenazas realizadas por un grupo armado al candidato a Gobernador por Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto; el secuestro de la candidata a diputada por el PRD, Silvia Romero; así como la reciente dimisión de la candidata a la alcaldía de Acatepec por Morena, Valentina Rosendo Cantú, después de ser amenazada.
Adicionalmente, el día 21 de mayo, sujetos desconocidos lanzaron granadas en las instalaciones del Instituto Nacional electoral y de la Policía Federal en Matamoros, Tamaulipas. Es importante mencionar que este hecho, ocurrió el mismo día de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a esa entidad federativa.
Por otra parte, señala que el día viernes 23 de mayo, integrantes del equipo de campaña del candidato a gobernador del PAN, Jorge Camacho Peñaloza, fueron atacados a balazos por un grupo de hombres armados en Coyuquilla, municipio de Petatlán, resultando ilesos debido a que la camioneta en la que viajaban estaba blindada.
Por ello, concluye, atendiendo a que se trata de delitos graves cometidos en contra de candidatas y candidatos de todas las expresiones políticas acaecidos en distintas partes del país, resulta fundamental que la autoridad investigadora analice todos y cada uno de estos hechos de manera integral y no sólo como hechos aislados, que formule una hipótesis en donde algunos de estos hechos pudiera tener relación entre sí o que incluso pudieran haber sido perpetrados por los mismo grupos criminales.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerza su facultad de atracción a fin de realizar una investigación integral de todos los homicidios, secuestros, ataques, amenazas y actos de intimidación perpetrados en contra de candidatos y candidatas a puestos de elección popular en el actual proceso electoral con la finalidad de identificar la posible intromisión de algunos grupos delincuenciales en estos hechos, analizando de manera integral y no aislada todos y cada uno de los actos delictivos que han tenido conocimiento las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas.
Los Senadores proponentes refieren que el pasado 20 de mayo del año en curso, el sitio web www.marinor.com.mx, sitio especializado en marketing político y comunicación, evidenció una serie de irregularidades, desvíos de recursos, creación de empresas fantasmas, asignaciones y negocios por más de 196 millones de pesos, por parte de la Alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Norma Leticia Salazar Vázquez, militante del Partido Acción Nacional.
De acuerdo con lo suscrito por los legisladores, dicho sitio de internet, cuenta con documentación en su poder, la cual comprueba que la funcionaria junto con su operador financiero Luis Alfredo Biasi, han creado más de 30 empresas que al investigarse su ubicación e infraestructura, se ha demostrado que se trata de predios baldíos o bien bodegas abandonadas en donde no hay ningún trabajador.
Resaltan que Luis Alfredo Biasiposee negocios de logística aduanal y, de acuerdo al sitio web, www.luisbiasi.com, es el propietario del “Grupo Corporativo Aduanero Alpha”. Esta personafue designada por Leticia Salazar como Director de Desarrollo Social del Municipio de Matamoros, y el 20 de diciembre de 2014, y ahora se encuentra detenido por la Procuraduría General de la República, señalado como presunto responsable del delito de evasión fiscal.
Por otra parte, exponen que el día 25 de mayo del año en curso, el periódico Excelsior, publicó en su página de internet la nota denominada “Dan millones a empresas fachada; contratos en Matamoros”, dicha publicación refiere, que Leticia Salazar Vázquez ha entregado contratos por al menos 200 millones de pesos del presupuesto federal para programas sociales a empresas que registraron domicilios fiscales en casas particulares o sitios inexistentes, entre 2014 y lo que va de 2015.
Señalan que la alcaldesa de Matamoros autorizó a 30 empresas dinero de los presupuestos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Fismun) del Ramo 33; del de Contingencias Económicas, correspondiente al Programa del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas; del Fondo de Pavimentación Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (Fopedarie); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); Hábitat y Rescate de Espacios Públicos (Sedatu) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
La investigación periodística, a la que hacen mención los proponentes, señala que con una copia del Refrendo del Padrón de Contratista 2015, elaborado por la Contraloría Municipal de Matamoros, Tamaulipas, se hizo un recorrido por algunos de los domicilios fiscales registrados por varias de las empresas y constató que los inmuebles no corresponden con los de empresas de construcción acreditadas para obtener obra pública.
Por lo anterior, los legisladores proponen solicitar respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de manera coordinada realice una investigación pormenorizada con la Procuraduría General de la República y las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes a fin de sancionar a los probables responsables en torno al presunto desvío de los recursos federales destinados al municipio de Matamoros, Tamaulipas en materia de programas sociales, rurales y culturales.
Adicionalmente, comentan que el padre de Norma Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, el señor Ramiro Salazar Rodríguez, y Luis Alfredo Biasi Serrano, tío del exdirector de Desarrollo Social de ese municipio, Luis Alfredo Biasi, arrestado por evasión fiscal y luego liberado bajo fianza, fueron postulados por el Partido Acción Nacional como candidatos propietario y suplente respectivamente por el IV distrito para contender por una diputación federal el pasado 7 de junio.
En consecuencia, refieren que el Diputado Local del PRI por el Distrito 24 del Estado de México, Ricardo Enríquez Fuentes, denunció que el gobierno municipal de Ciudad Nezahualcóyotl utilizó todo su aparato administrativo con fines electorales, ya que intimidó a la ciudadanía, se amenazó a los comerciantes, se clausurararon negocios, se repartieron despensas y se arrancó la propaganda de los adversarios políticos, sin considerar que también se condicionó la entrega o continuidad en los programas sociales a cambio del voto por los candidatos del Partido de la Revolución Democrática.
Los Senadores proponentes señalan que el día 26 de mayo, el periódico El Universal evidenció en una llamada telefónica al secretario de Finanzas y Administración del estado, Eliseo Moyao Morales, en la que se queja con Humberto Chávez Millán, director general de Adquisiciones, de que Mojica lo está presionando para privilegiar a uno de sus proveedores de campaña.
Del mismo modo, advierten que en la misma grabación, se menciona el nombre de Giovanny Gil Ramos, yerno del gobernador Rogelio Ortega, y parte de la triangulación de recursos económicos y bienes públicos para presuntamente beneficiar ilegalmente a la candidata del PRD.
Por ello, señala, este hecho ilegal y presunto acto de corrupción y desvío de recursos para beneficiar la campaña de Mojica, la fracción parlamentaria de diputados del PRI en el Congreso del Estado, señaló en un comunicado que valora la posibilidad de interponer juicio político en contra del gobernador de Guerrero, lo anterior dicho por la vocera priista Erika Lürhs Cortés.
Por otra parte, refieren que el pasado jueves 28 de mayo tras la divulgación de la conversación telefónica los diputados del PRI, PVEM, PAN, Panal y MC en la Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobaron la propuesta presentada por la comisión de Gobierno para pedir al gobernador Rogelio Ortega Martínez la destitución del secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao, así como del director general de Adquisiciones, Humberto Chávez Millán, para que sean investigados por la probable comisión de delitos electorales y desvío de recursos.
En este contexto, exponen que el representante general del CEN del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Carlos Ramírez Marín, también solicitó a este órgano que exhorte enérgicamente al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, para que deje de intervenir en favor del PRD con la abierta participación ilegal de funcionarios públicos, utilizando recursos del erario, con un apoyo a la candidata perredista a la gubernatura.
Conclyen que lamentablemente con este tipo de acciones, lejos de que la ciudadanía perciba a un gobernador atento a las necesidades de su estado, solo se observa un jefe de campaña política que utilizó los recursos públicos para favorecer con votos la candidatura Beatriz Mojica Morga.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales a investigar el presunto desvío de recursos a favor de la candidata Beatriz Mojica Morga por parte del Gobernador Rogelio Ortega Martínez, así como de su Secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales y del director general de Adquisiciones, Humberto Chávez Millán y en su caso sean separados del cargo, aplicando las responsabilidades administrativas y penales para quien o quienes resulten responsables.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria General del Estado de Guerrero, inicie una investigación exhaustiva a la administración del gobernador Rogelio Ortega Martínez por el posible desvío de recursos federales a favor de la candidata del PRD a la gubernatura de Guerrero e imponer en su caso las sanciones administrativas correspondientes.
Los Senadores inician su exposición señalando que una de las motivaciones principales que dieron lugar a la reforma electoral promulgada en mayo de 2014, consistió en asegurar una equidad que dotara a los comicios de la necesaria legitimidad, como lo había venido exigiendo la sociedad mexicana, luego de diversas inconformidades manifestadas en el proceso electoral de 2012.
No obstante, advierten que en las diferentes campañas políticas que arrancaron en el mes de febrero, no han sido pocos los ilícitos relacionados con la opacidad en el origen de los recursos, el rebase de los montos autorizados por la ley, o la exigencia de cuotas o aportaciones al margen de ella para el financiamiento de esos procesos, de parte del Partido Acción Nacional.
En efecto, señalan entre muchos otros casos el de Armando Tejeda Cid, entonces candidato del PAN a presidente Municipal por el Municipio de Sahuayo en el Estado de Michoacán quien, fungiendo todavía como tesorero de ese municipio, condicionó la asignación de un contrato para la construcción de dos obras, a la ‘donación’ de un diez por ciento del valor en su favor, para ser utilizado en su campaña política, ante la inminencia de su postulación como candidato a esa alcaldía, sin que hasta hoy se sepa lo que habría ofrecido a cambio al contratista, una vez en la presidencia del municipio.
Lo anterior, advierten, se inscribe en los denominados “moches” en los que a menudo ha incurrido el PAN en diferentes ocasiones, tornándose ello más grave en este caso, por tratarse de dineros para ser utilizados en campañas políticas.
Tal porcentaje, de acuerdo con varios audios que se dieron a conocer en las redes sociales y, que de manera anónima se hicieron llegar al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (CDEPRI), equivalían a 784 mil pesos, cantidad que por sí sola rebasaba el tope de gastos de campaña establecidos por la ley; y aprobados por las instancias electorales del estado.
Refieren que, de tales hechos, existen sendas denuncias, levantadas tanto en la Procuraduría de Justicia del Estado, como ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República.
Es de señalarse que la denuncia referida no se debió solo al supuesto incumplimiento de un contrato, sino que también la inició el contratista, por la intimidación que sufrió de parte del hoy candidato, por lo que debe penalizarse a éste, por amenazas, de manera adicional a los delitos de rebase de tope de recursos y del origen ilícito de éstos.
Comentan que a esos supuestos delitos tendría que sumarse la falta por desacato a la autoridad, por haber hecho caso omiso del llamado de la Procuraduría estatal para declarar en relación con esa denuncia.
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, a presentar a la brevedad ante esta soberanía, los resultados de las indagatorias sobre las demandas presentadas contra el candidato del Partido Acción Nacional al Municipio de Sahuayo, Armando Tejeda Cid, por la presunta comisión de los delitos electorales que se le señalan; a efecto de promover, en su caso, las sanciones penales correspondientes.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, a que investiguen de oficio los posibles ilícitos electorales en los que presuntamente habrían incurrido el Presidente Municipal y el Oficial Mayor de Sahuayo y promover, en su caso, las sanciones penales correspondientes.
23. Proposción con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional Electoral a no obstaculizar el acceso a la justicia y resolver imparcialmente las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional, presentada por los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez y Juan Carlos Romero Hicks y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.
Los proponentes relatan que en fechas anteriores a la celebración de la jornada electoral el pasado 7 de junio, el Partido Acción Nacional, habría presentado diversas denuncias penales, y administrativas ante las autoridades competentes, en contra de actos de corrupción de las cuales, no existen avances en las investigaciones o sanciones por parte de la PGR ni de la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con los legisladores, existen al menos las siguientes denuncias y acusaciones formales: 13 denuncias ante la FEPADE; 6 ante la PGR; 5 denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública; 5 denuncias ante la unidad de fiscalización del INE, y 21 procedimientos administrativos para la destitución e inhabilitación de funcionarios.
Los legisladores señalan que es necesaria la resolución de las denuncias anteriores para garantizar la equidad en las contiendas electorales y su omisión constituye una violación flagrante a las garantías de acceso a la justicia contenidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A menos de una semana de los comicios, no se ha dado resolución a ninguna de las denuncias descritas.
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional Electoral a no obstaculizar el acceso a la justicia y resolver imparcialmente las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Uniónexhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial, de la federación y de los Estados, así como al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, para que en el ámbito de sus competencias, en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal, garanticen la legalidad y la seguridad del proceso electoral.
De conformidad con las consideraciones de los senadores, el proceso electoral de Sonora se desarrolló en condiciones preocupantes que pusieron en riesgo principios fundamentales como la equidad y la ilegalidad que deben imperar en un Estado democrático de derecho. Refieren que el gobierno de la entidad no sólo se empeñó en hacer de los comicios una auténtica elección de Estado, sino que la autoridad electoral fue omisa en sus respuestas para evitar la injerencia indebida del gobernador, Guillermo Padrés Elías y su gabinete.
En consecuencia, establecen que no existió confianza en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, al punto de que una comisión de consejeros del Instituto Nacional Electoral, tuvo que viajar a la entidad para verificar las condiciones bajos las cuales se desenvuelve el proceso electoral local.
Detallan que a las las diversas irregularidades, se sumó la aparición de documentación electoral alterada que beneficia al candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura, Javier Gándara Magaña, en prácticas deleznables que se habían considerado rebasadas, pero que muestran su plena vigencia.
Sobre el particular, comentan que el viernes 29 de mayo del año en curso fueron localizadas cerca de mil boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN, en un domicilio ubicado en la calle Monte Shanik no. 164, en Mexicali, Baja California. Lo anterior constituye un fragrante delito electoral que debe investigarse y sancionarse, sin importar quienes sean los responsables.
En consecuencia, consideran indispensable que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República tome cartas en el asunto.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a investigar y sancionar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en el estado de Baja California.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a reforzar su despliegue territorial en los estados de Caja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los comicios en el estado de Sonora.
Los Senadores proponentes refieren que la compra de votos, por sí misma, es una práctica ilegal y reprobable ya que viola la libertad de sufragio, es decir, no permite que el voto de los ciudadanos se emita con base en la reflexión sobre la oferta política que más conviene a la colectividad. Solicitar votos por paga, promesa de paga u otra contraprestación con recursos de origen inexplicable es ilegal, reprobable y totalmente deleznable.
En ese sentido, señalan que hubo algunos que ignorando o menospreciando la capacidad de acceso de la gente a los medios de comunicación pretenden desde la opacidad, o mediante la sola emisión de verdades a medias, simular lo que no son: presentarse ante la ciudadanía como candidatos impolutos, pretendiendo ganarse con engañifas la confianza ciudadana. Y advierten como caso emblemático de esa situación, el del ex candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima quien, a lo largo de su campaña política ha cuidado mucho el no darse a conocer tal como realmente es, o sobre lo que constituyen realmente sus bienes patrimoniales.
Denuncian que, se trata, al parecer de un caso típico de enriquecimiento inexplicable, pues es una persona que prácticamente de la nada ha llegado a acumular en muy poco tempo, recursos y vastas propiedades inmobiliarias que, de ninguna manera, son consistentes con la breve trayectoria con que cuenta en el servicio público.
Detallan que, con antelación a su estatus como senador, obraba al menos una denuncia en su contra cuando siendo diputado federal, en mayo de 2012 se le acusó de haber desviado en el año de 2006, 55 millones de pesos de la SEDESOL para apoyar la campaña de su correligionario a la Presidencia de la República.
Advierten que diversos ilícitos ya fueron debidamente denunciados en el ámbito local por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional quien exigió al hacer la demanda, que el candidato PAN “… explique a la sociedad colimense, al pueblo de México en general y al Senado de la República en particular, cómo se hizo de tan cuantiosa cantidad, por qué ocultó el valor real de sus pertenencias y por qué no declaró la totalidad de ellas…”. Al tiempo que pedía que la Unidad Técnica de Fiscalización, del INE revise el gasto erogado en su campaña electoral, pues “…para todos los colimenses ha sido evidente lo dispendiosa que ha sido.
Señalan que estas inconformidades fueron ratificadas y ampliadas el 16 de mayo por el ex Procurador del estado de Colima, Gilberto García Nava, a partir de una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que con base en los artículos 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se investigue el presunto enriquecimiento inexplicable de Jorge Luis Preciado Rodríguez y también solicitó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigue si posee cuentas bancarias en el país o en el extranjero, además de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revise si Preciado Rodríguez ha realizado sus declaraciones fiscales.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, para que informe a ésta soberanía sobre la investigación correspondiente al presunto enriquecimiento ilícito del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y concluya las investigaciones a efecto de determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que investigue la existencia de posibles cuentas bancarias en el extranjero del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima para efectos de proveer información a las autoridades judiciales, electorales y de fiscalización;
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que revise el estado de las declaraciones fiscales 2006-2015 del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima para efectos de proveer información a las autoridades judiciales, electorales y de fiscalización;
Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales a que, a través del Ministerio Público, procedan de oficio con el inicio de las investigaciones y sanciones penales contra el candidato del PAN a la gubernatura de Colima por la coacción y compra del voto con las tarjetas del programa panista “Vengan esos 5”.
La Senadora proponente explica que la historia de la construcción de la democracia del México contemporáneo, ha transitado por una evolución política, ciudadana e institucional, que hoy por hoy nos permite tener un país plural, donde la alternancia se vuelve un común denominador en nuestro sistema político.
Refiere que a partir de la creación del IFE y las reformas en materia política-electoral de 1993, 1994, 1996, 2007 y la reciente del 2014, que crea el Instituto Nacional Electoral, la ruta democrática emprendida, nos da claridad de su fortaleza e imparcialidad para garantizar elecciones transparentes con estricto apego a la legalidad.
Por otra parte, advierte que las elecciones pasadas del 7 de junio de los corrientes son prueba de lo anterior, el despliegue del INE permitió elegir de manera oportuna y ordenada, a más de 2, 000 cargos de elección popular a nivel federal y local. Este proceso comicial puso a prueba las 74 nuevas atribuciones que otorgamos al órgano electoral, y podemos aseverar es la elección más fiscalizada de la historia, pues los partidos políticos tenían la obligación de reflejar toda su contabilidad en un sistema informático que permite ordenar los ingresos y gastos en tiempo real y emitir las alertas correspondientes para detonar y, en su caso, aplicar procedimientos sancionadores.
Desgraciadamente, señala, también existen muchos vicios y malas prácticas que se volvieron una constante en las pasadas elecciones: La intervención de llamadas telefónicas, el rebase de los topes de gastos de campaña, la coacción del voto, la violación de las leyes electorales, son elementos que no pueden dejarse pasar y es necesario que los órganos encargados de garantizar la legalidad de los comicios tomen cartas en el asunto.
Expone que se ha documentado que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales recibió más 300 denuncias en las primeras horas de las elecciones, que se suman a las más de 5, 000 mil averiguaciones previas en trámite, que se presentaron en las etapas anteriores al proceso electoral. En este tenor, dado el nivel de competencia política y de resultados, en algunos casos muy cerrados, esperaremos una serie de impugnaciones, que conforme a derecho tienen los ciudadanos y los partidos políticos, por lo que el trabajo pronto y expedito que realicen el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, será determinante la certidumbre, la legalidad y la legitimidad del reciente proceso electoral.
Único. La Comisión Peramente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, resolver de manera pronta y expedita las denuncias en materia electoral para dar certidumbre, legalidad y legitimidad al reciente proceso electoral.
Los Senadores proponentes señalan que el pasado viernes 5 de junio, el noticiero conducido por Ciro Gómez Leyva y trasmitido por Radio Fórmula, dio a conocer una grabación en la que se evidencia a la candidata del PRD a la diputación local por el distrito XXI, Francis Pirín Cigarrero, ofreciendosillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos y andaderas para ancianos, en un acto de campaña celebrado dos días antes en el mercado Cuilapa, ubicado en las inmediaciones de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la delegación Iztapalapa.
Relatan que de acuerdo con la grabación dada a conocer por el programa radiofónico, los aparatos para apoyar a personas con discapacidad, serían entregados directamente en el domicilio de los ‘beneficiarios’, previo registro con la credencial de elector de los interesados. Por si fuera poco, la propia candidata afirma que los apoyos son financiados por el Gobierno del Distrito Federal; al dar la siguiente explicación del por qué debe de presentarse la credencial para votar:"Tiene que ser de aquí porque se baja del gobierno de la ciudad el apoyo y obviamente el requisito es que vivan en la ciudad, ya olvídate de Iztapalapa, con que vivieran en la ciudad, en otra delegación…"
Advierten que este hecho, constituye un claro ejemplo de la compra y coacción del voto que ensució al proceso electoral en el Distrito Federal, prácticas que seaprovechan de las necesidades de la población y disminuyen la calidad democrática de los comicios.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a investigar y, en su caso, sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y otros aparatos para la compra y coacción del voto en la delegación Iztapalapa, por parte de la candidata del PRD a diputada local por el distrito XXI, Francis Pirín Cigarrero.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal investigar el posible desvío de recursos para la compra y coacción del voto en el distrito XXI, derivado del ofrecimiento de apoyo a personas con discapacidad por parte de la candidata del PRD a diputada local, Francis Pirín Cigarrero.
Por otra parte, y aunado al tema señalan que a finales del mes de abril, se dio a conocer la noticia sobre la detención en por autoridades del estado de Colima, de a tres personas como probables responsables de realizar acciones relacionadas con la compra de votos a favor del excandidato del PAN a la gubernatura Jorge Luis Preciado Rodríguez, los hechos ocurrieron en en la ciudad de Tecomán y Villa de Álvarez. Estos presuntos implicados se identificaron como Clara Abarca Landa y Julio César Cobián Rincón, quienes según la dependencia fueron detenidos en flagrante delito cuando ofrecían a la gente tarjetas electrónicas con diversos beneficios a cambio de que los ciudadanos comprometieran el voto de cinco personas a favor del panista, bajo promesa de que una vez que éste ganara la elección, les harán efectivos los apoyos.
Los proponentes exponen que con lo que se ha señalado existen elementos suficientes para que la Procuraduría General de la República, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral, emprendan en lo inmediato las indagatorias sobre el origen y aplicación de los recursos no manifestados por el excandidato a Gobernador en sus declaraciones patrimoniales, por presuntas violaciones, no únicamente a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino también a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. A esta última, sobre todo por el asunto de las tarjetas, a cambio de los datos de credenciales de elector y por la presunta compra de votos.
DICTAMEN CONJUNTO
Esta Comisión Dictaminadora advierte que, si bien las 28 proposiciones con puntos de acuerdo que en este acto se analizan, se refieren una serie considerable de hechos de diversa índole y se fundan en distintos instrumentos legales, existen una cúmulo de elementos coincidentes, jurídicamente relevantes, tal que permiten su estudio en el mismo acto y la elaboración de un solo dictamen que recoja las preocupaciones y propuestas de las y los legisladores proponentes.
En efecto, tal como se desprende de la relación y síntesis detallada en la sección II de este dictamen, las proposiciones muestran contenidos análogos e, incluso, en muchos casos plenamente coincidentes en los hechos que refieren y sustancialmente similares en las propuestas presentadas.Se detallan las coincidencias que favorecen esta interpretación:
1. A raíz de la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, así como de la expedición, el 23 de mayo de 2014, de las leyes generales de delitos electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos; y las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se adecuaron las reglas e instituciones electorales con la finalidad de homologar la calidad de la democracia a lo largo de todo el territorio nacional.
2. En consecuencia, las reglas aplicables a los diversos procesos que se sancionan en toda la República, sea a nivel federal o a nivel local, serán esencialmente compatibles, ya que en la distribución competencial, bajo el principio del federalismo de ejecución, las disposiciones locales que se dicten, deben respetar los postulados, tanto de la Constitución Política como las especificaciones hechas en las leyes generales que aprobaron con oportunidad ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
3. Las 28 proposiciones con punto de acuerdo que se describen, versan sobre el proceso electoral 2014-2015 y, en particular, a los actos previos a la jornada electoral celebrada el día 7 de junio de 2015.
4. El objetivo de todas y cada una de las proposiciones con punto de acuerdo es la salvaguarda de los principios constitucionales que deberegir la actuación del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales de las diversas Entidades Federativas, en el desarrollo del proceso electoral:certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Estos principios se encuentran contenidos en el apartado A, de la fracción V,del artículo 41 constitucional.
5. En el mismo sentido, las propuestas persiguen la garantía y el respeto irrestricto al sufragio universal, libre, secreto y directo, que ordena tutelar nuestra Constitución Política en el párrafo segundo de la fracción I del citado artículo 41; así como la protección del principio de equidad en la contienda electoral.
6. Las propuestas presentadas tienen como finalidad inmediata, en el contexto del desarrollo del proceso electoral, llamar al ejercicio de las atribuciones propias de diversas autoridades, en atención a la protección de los derechos y los principios referidos en los dos puntos anteriores.
7. Las autoridades que conocen, o que son potencialmente competentes para conocer de los hechos referidos en las propuestas, sea por su obligada actuación de oficio o por su atención a instancia de parte, son: (i) el Instituto Nacional Electoral (INE), como órgano constitucional autónomo encargado de la función estatal de organización de las elecciones y (ii) la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos en Materia Electoral (FEPADE), como organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales contenidos en el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
8. En particular, de acuerdo con la fracción I, del artículo 24, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la FEPADE cuenta con la atribución de desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y el órgano político-administrativo de sus demarcaciones territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los delitos previstos en la misma Ley.
SÍNTESIS DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
Si bien el contenido de las proposiciones que se dictaminan se ha detallado en la sección II superior, para facilitar su comprensión y ubicación las mismas se pueden clasificar en el siguiente cuadro:
Elección sobre la que versa la propuesta
Autoridad que propone exhortar
(gubernatura)
Diversos diputados
OPLE – BCS
Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero
Diversos Senadores
OPLE – Gto.
Gobernador sustituto de Guerrero
Municipio de Nezahualcoyotl (diversos cargos)
OPLE – Mex
OPLE – Gro.
Auditoría Gral. de Gro.
PGJ – Mich.
Diversos Legisladores
SHCP – SAT
TFE – PJF
FACULTADES DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA
De acuerdo con el marco normativo vigente para el proceso electoral que se encuentra en una etapa conclusiva, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es el organismo de la Procuraduría General de la República responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales contenidos en el Título Vigésimo cuarto del Código Penal Federal, así como los diversos contenidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de acuerdo a los criterios que se fijen, conforme a la coordinación prevista en la misma ley.
En ese contexto, los delitos electorales son las conductas descritas y sancionadas por la Ley General en Materia de Delitos Electorales que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal.
Los delitos electorales federales están previstos y sancionados del artículo 7 al 20 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que, en obvio de repeticiones, se tienen aquí por reproducidos.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 4 del mismo instrumento normativoel Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley.
Por su parte, el artículo 5 establece que:
tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.
El bien jurídico que se tutela, es el adecuado desarrollo de la función pública electoral y es una de las autoridades encargadas de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia.
En ese contexto, vemos que por disposición legal, siempre que la autoridad tuviera conocimiento de la posible comisión del algún delito en la materia, es imperativa su actuación en aras de la alta responsabilidad que se le ha conferido.
Por ello, las proposiciones con punto de acuerdo referidas, multicitadas y descritas con anterioridad, deben ser investigadas siempre que la autoridad hubiese conocido con oportunidad de lo hechos que se describen. En otras palabras, la actuación de la FEPADE es debida, si y solo si, existen elementos que hagan suponer la posible comisión de un delito electoral y la probable responsabilidad del agente, aun si no hubiese mediado denuncia de parte agraviada.
El Instituto Nacional Electoral es el organismo público constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y el Distrito Federal.
En materia de fiscalización, tema altamente recurrido en las proposiciones analizadas encontramos que se establece a favor del INE diversas obligaciones para vigilar de modo más efectivo el uso de recursos que hacen los partidos durante las campañas, con la finalidad de fortalecer sus competencias en materia de transparencia y lograr la equidad en las contiendas.
En ese contexto, con la reforma constitucional y legal pulblicadas entre febrero y mayo de 2014, ahora el INE se encargará de fiscalizar los recursos de los partidos políticos no sólo a nivel federal, sino también a nivel local.
En el mismo sentido, por disposición legal, el INE debe generar resultados más oportunos y realizar la fiscalización de forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no hasta que concluyan.
En ese sentido, valga transcribir algunas disposiciones de relevancia toral, dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para los casos que se estudian:
1. El Instituto [Nacional Electoral] tendrá las siguientes atribuciones:
g) En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, y
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos.
a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar;
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;
f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;
j) En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en vía pública;
k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;
ñ) …, y
1. Las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización, las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de realizada la solicitud.
1. En materia de fiscalización de recursos, el Instituto podrá convenir mecanismos de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita
De las anteriores disposiciones transcritas, se desprende que el Instituto Nacional Electoral cuenta con las atribuciones necesarias y suficientes para realizar la fiscalización de los recursos de Partidos Políticos y candidatos, en el contexto de las diversas propuestas que se detallan líneas arriba.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, para que, con arreglo a la normatividad vigente y en ejercicio de sus atribuciones, desahogue las denuncias o los procedimientos que se hubiesen iniciado en ocasión de los hechos de que hubiera tenido conocimiento, y que pudieran ser constitutivos de un delito electoral, en el contexto del proceso electoral 2014-2015 y remita informe de los resultados a esta Soberanía.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, con arreglo a la normatividad vigente y en ejercicio de sus atribuciones, desahogue las quejas y los procedimientos de fiscalización que correspondan, en el contexto del proceso electoral 2014-2015, con apego a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los catorce días del mes de julio de 2015.