Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/188339-478-14616-2016-16-0524.HTML
Timestamp: 2018-03-22 07:46:17
Document Index: 374914132

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 138', 'artículo 20', 'artículo 187', 'artículo 27', 'Artículo 336']

El 03 de junio de 2016, los Abogados REINALDO ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA, LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO y RAMONA DEL CARMEN CHACÓN ARIAS, titulares de las cédulas de identidad números V-10.869.426, V-15.573.074 y V-5.344.015, debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 96.868, 142.392 y 63.720, respectivamente, actuando con el carácter de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (E), el primero, Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República el segundo y representante de la Procuraduría General de la República la tercera, acudieron por ante la Secretaría de esta Sala para interponer “ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en contra de las ACTUACIONES, VÍAS DE HECHO Y AMENAZAS DE DAÑO INMINENTE EMANADAS DEL PRESIDENTE, DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA MAYORÍA DE DIPUTADOS QUE CIRCUNSTANCIALMENTE CONFORMAN LA ASAMBLEA NACIONAL (…) con la finalidad de consumar un golpe de Estado con pretendidos y negados visos de legitimidad, asumiendo graves daños colaterales a la población, que han venido siendo contrarrestados por el Ejecutivo Nacional.”.
Que “constituye un hecho público notorio y comunicacional que a partir de su instalación el día 05 de enero de 2016, la actual mayoría de la Asamblea Nacional, circunstancial y opositora al Gobierno Nacional, encabezada por su presidente y demás miembros de la junta directiva, han venido desplegando una serie de actuaciones legislativas y no legislativas (como acuerdos parlamentarios sin forma de ley), incluso vías de hecho, que han tenido como objetivo destruir la credibilidad del gobierno nacional y entorpecer de forma evidentemente ilegítima e ilícita su gestión, con grave perjuicio y amenaza de daños al pueblo venezolano, especialmente a los sectores más vulnerables del Pueblo Venezolano. Esta actuación, cubierta de cierta “formalidad” ha sido apoyada por un incesante ataque mediático nacional e internacional y el apoyo parcializado de ciertas organizaciones internacionales que vienen criticando abiertamente el modelo político y económico de participación y protección preferente del pueblo venezolano”
1. Dictar leyes que obstaculicen o impidan la aplicación de las políticas públicas del Ejecutivo Nacional en materia económica y de protección social, así como cualquier medida especial o extraordinaria dictada en el marco de la emergencia económica decretada por el Ejecutivo Nacional conforme a la Constitución.
2. Convocar, de forma recurrente y desordenada, a todos los funcionarios del gabinete ejecutivo o con cargos en empresas e instituciones estratégicas para el funcionamiento de la economía nacional, sin indicar con al menos mediana especificidad las razones y materia de tales convocatorias.
3. Adelantar juicios y sanciones políticas contra altos funcionarios del Gobierno Nacional, usurpando incluso funciones del Poder Ciudadano, que sólo pueden ser ejercidas a través de la Contraloría General de la República, y cuyo fin ha sido la desmoralización del Gabinete Ejecutivo y del pueblo venezolano.
4. Dictar acuerdos, sin forma de ley, que no tienen utilidad o fin alguno en el plano de la gestión pública, sino pre constituir pruebas fraudulentas de una supuesta situación de crisis humanitaria y violación sistemática de derechos humanos por parte de los poderes públicos legítimamente constituidos.
5. Dictar leyes y actos sin forma de tales, a través de los cuales pretende subrogarse en el ejercicio de competencias de otros poderes, o asegurarse tal ejercicio mediante la simulación de mecanismos de control, que no son más que fórmulas de usurpación de funciones ocultas tras la formalidad de la construcción de tales actos.
6. Insistir en la salida del Presidente de la República por cualquier medio, como única posibilidad de superación de la crisis económica y oportunidad de desarrollo nacional, invocando medios legítimos o no: la renuncia forzada, el revocatorio del mandato, el pronunciamiento de fuerzas militares, la injerencia de estados y organismos internacionales, la revuelta popular, la inhabilitación política y, en general, otras fórmulas de dudosa juridicidad que apuntan a la ruptura del orden constitucional por vías de hecho.
7. Descalificar las actuaciones del resto de los poderes públicos, sus instituciones y máximas autoridades, profiriendo amenazas contra éstas y sometiéndolas al odio público con el apoyo de las redes sociales.
8. Desconocer las actuaciones del resto de los poderes a través del desacato directo o el cuestionamiento ofensivo de sus decisiones”.
Que “los miembros opositores al gobierno nacional de la Asamblea Nacional, actuando como Cuerpo Colegiado y por separado, en sus condiciones de Diputados, han venido de manera reiterada y sistemática realizando campaña activa con la única finalidad de derrocar el gobierno Legítimamente electo por el Pueblo soberano el pasado mes de abril de 2013”.
1. Solicitud de Declaratoria de constitucionalidad del Decreto de Emergencia Económica dictado por el Ejecutivo Nacional y desaprobado por la Asamblea Nacional.
2. Solicitud de constitucionalidad de la prórroga del Decreto anterior.
3. Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
4. Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
5. Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados.
6. Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
7. Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud.
8. Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
9. Solicitud de Declaratoria de constitucionalidad del Decreto de Estados de Excepción y de Emergencia Económica”.
Que “Esta inédita mayoría de la Asamblea Nacional, temporal y opositora al gobierno y al orden constitucional, no ha cesado ni cesará en ningún momento de intervenir en las competencias propias del Poder Ejecutivo, solicitando la comparecencia de Ministros y otros altos funcionarios del Gobierno, con la finalidad de que participasen en reuniones de planificación y establecimiento de políticas públicas en diversas materias de la economía nacional; lo cual constituye una evidente usurpación de funciones, viciada con nulidad absoluta de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras tantas actuaciones similares que obstaculizan la garantía de los derechos constitucionales del pueblo venezolano”.
Que “Como corolario de lo anterior, la mayoría opositora al gobierno y circunstancial de la Asamblea Nacional, tomándose atribuciones que no le corresponden, se han dirigido a instancias internacionales, con la evidente finalidad de poner en tela de juicio la democracia en Venezuela y el Gobierno legítimamente electo por el Pueblo soberano”.
Que “Adicionalmente a esa flagrante usurpación de funciones del Presidente de la República, por parte de la Asamblea Nacional, subsiste una profunda duda de la legitimidad e imparcialidad de la actuación del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al convocar el Consejo Permanente de dicha organización para el análisis del caso venezolano, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA, pues dicho diplomático ha efectuado recurrentemente declaraciones contra el Gobierno venezolano mediante las redes sociales, sin ningún tipo de contemplaciones. Llegando incluso al extremo de difundir una misiva en la cual se refería de manera peyorativa al Presidente de la República y al Gobierno Nacional. Además de esto, el mencionado funcionario no oculta su aversión contra el Gobierno venezolano y sus funcionarios, y se muestra adulante con personeros de la oposición venezolana, conductas que no escatima en dejar claras en sus asistencias a numerosos eventos públicos organizados y financiados por entidades que promueven la desestabilización de la República”.
Que “La solicitud de la Asamblea Nacional ante la OEA ha colocado al país en una delicada situación política internacional, creando la sensación de una crisis de institucionalidad y la eminente ruptura del orden constitucional. Fraude que impactará en lo inmediato en todos los asuntos económicos del país, principalmente en aquellos que guardan relación con la credibilidad de inversores o acreedores de la República que esperan una situación política estable y sana para asegurar sus inversiones o acreencias. Este resultado pareciera premeditado por parte de los actores de partidos políticos de la MUD concentrados en la Asamblea Nacional, evidentemente interesados en obtener un rédito político, como hemos dicho, de las situaciones económicas coyunturales, en la medida que afecten gravemente al pueblo venezolano”.
Que “Es un hecho público, notorio y comunicacional, los actos de solicitud de injerencia extranjera que han solicitado varios diputados de la Asamblea Nacional adversos al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, incluso viajando a diversos países con viáticos de la Asamblea Nacional en franca desviación de las competencias atribuidas en el artículo 187 constitucional; por cuanto es bien sabido que la representación de la República es potestad del Presidente legítimo y constitucional, propiciando con sus actos la afectación de la imagen de la Presidencia de la República; situación que desde el inicio del mandato del Presidente Nicolás Maduro se ha estado hilvanando por diversos actores; así se ha reseñado por ejemplo en algunos medios de comunicación lo siguiente (…); ‘La diputada de la Unidad, María Corina Machado, denunció en Chile la situación de crisis en el país. ‘Lo que estamos viviendo en Venezuela es una situación de represión brutal’, aseguró a CNN en el país suramericano. Machado acusó al presidente Nicolás Maduro de ‘robarse las elecciones’ presidenciales, realizadas el domingo 14 de abril’.(http://globovision.com/articulo/maria-corina-machado-la-comunidad-internacional-sabe-que-en-venezuela-hay-un-gobierno-ilegítimo) –aun cuando gran parte de los lesionados en las protestas violentas son miembros de cuerpos de seguridad del Estado, aun cuando las principales víctimas de sicariato político han sido miembros de la Revolución y del Estado, y aun cuando la oposición al gobierno, (previo sabotaje de la economía y engaño del electorado), ganó las elecciones parlamentarias después de 17 años de victorias absolutas de la Revolución Bolivariana”.
Que “Adicionalmente a lo anterior, del análisis de todas y cada una de las actuaciones antes descritas, se observa que la intención desarrollada por la Asamblea Nacional no es otra que derrocar al Poder Ejecutivo, legítimamente electo por voluntad popular, configurándose así el vicio de desviación de poder, es decir, la actividad de la Asamblea no pretende desarrollar su principal función, sino provocar ingobernabilidad para así finalmente sacar al Presidente de la República del Poder, en franca violación a la soberanía, a la independencia, democracia y a los derechos constitucionales que me atañen como ciudadano y beneficiario de las políticas públicas que ahora pretende suprimir la mayoría circunstancial de la Asamblea Nacional, opositora al Gobierno Nacional, y que también atañen al Pueblo venezolano y a sus habitantes, tales como los derechos a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la seguridad jurídica, entre otros tantos”.
Que “en virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, solicito a esa Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, admita y declare procedente la presente acción de amparo constitucional, y, en consecuencia:
La representación de la Procuraduría General de la República presenta ante esta Sala “ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en contra de los ACTUACIONES, VÍAS DE HECHO Y AMENAZAS DE DAÑO INMINENTE EMANADAS DEL PRESIDENTE, DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA MAYORÍA DE DIPUTADOS QUE CIRCUNSTANCIALMENTE CONFORMAN LA ASAMBLEA NACIONAL (…) con la finalidad de consumar un golpe de Estado con pretendidos y negados visos de legitimidad, asumiendo graves daños colaterales a la población, que han venido siendo contrarrestados por el Ejecutivo Nacional.”.
Ahora bien, aun cuando la demanda de autos es calificada de amparo constitucional, del contenido del escrito de autos se observa que el mismo no se sustenta de forma directa en la violación de derechos constitucionales, sino en la presunta vulneración de competencias y atribuciones constitucionales inherentes al Poder Ejecutivo Nacional (“usurpación de funciones”), por parte del Presidente, de la Junta Directiva y de la mayoría de diputados que integran la Asamblea Nacional, circunstancia que, más allá de las implicaciones que ello pudiera tener en la esfera de los derechos subjetivos, identifica la presente acción con una demanda de controversia constitucional, a la cual se reconduce la presente acción, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Sala (vid. infra).
“Artículo 336.-
“La disposición recién transcrita, prevé una especialísima acción destinada a salvaguardar la normal prestación de la actividad pública que despliega cada uno de los órganos del Poder Público que, en un determinado momento, pudiera verse afectada cuando dos o más de ellos estiman atribuida a su favor una facultad, competencia o atribución constitucionalmente prescrita, dando lugar al ejercicio paralelo de la función disputada (conflicto positivo); o, por el contrario, cuando ninguno de estos entes reconoce ostentar la titularidad de esa facultad, competencia, o atribución constitucional, provocando la omisión de acometer una función encomendada a alguno de ellos por la Carta Magna (conflicto negativo).
Cumplidos ambos extremos, no deben caber dudas en cuanto a que la competencia para resolver tales conflictos corresponde a esta Sala, como máximo garante del orden constitucional, pues la sola existencia de estos desórdenes en la prestación de los servicios públicos encomendados a los órganos en pugna, afecta «la esencia misma de la Constitución, a la cuidadosa distribución de poder y de correlativas competencias por ella operada», a decir del profesor español García de Enterría («La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional», Ed. Civitas, Madrid, 1985, pp. 149 y 150)”.
“esta Sala pasa de seguidas a precisar los requisitos de admisibilidad de la acción de resolución de conflictos entre órganos del Poder Público, en atención al objeto y alcance de la misma. Así, será inadmisible la acción cuando se alguno de los siguientes supuestos:
7.- Cuando en sentencias de esta Sala, anteriores a su interposición, se haya resuelto el punto, y no sea necesario modificarlo. Este motivo de inadmisibilidad no opera en razón de la precedencia de una decisión respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistencia en el ánimo de la Sala del criterio sustentado en la decisión previa”.
5. Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos”.