Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/admision%20a%20tramite%20(recurso%20de%20casacion)/61/PUB
Timestamp: 2020-08-03 21:32:05
Document Index: 203140643

Matched Legal Cases: ['artículo 611', 'artículo 89', 'artículo 88', 'artículo 89', 'artículo 88', 'artículo 294', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 1']

admision a tramite (recurso de casacion) - 7 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
ROJ: ATS 4136/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4136A
Nº Recurso: 5232/2019
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado fijando como cuestión casacional a interpretar determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. Siendo la disposición adicional segunda de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero y el artículo 611 del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario, las normas que, en principio, serán objeto de interpretación, ello sin perjuicio de que la Sala de enjuiciamiento pueda extenderse a otras, si así lo exigiese el debate procesal finalmente trabado.
ROJ: ATS 4141/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4141A
Nº Recurso: 598/2020
Resumen: La sala considera que el escrito de preparación presentado por un registrador de la propiedad cumple con las exigencias del artículo 89.2 LJCA, habiéndose justificando suficientemente y con singular referencia al caso la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 88.3.a). Admite el recurso de casación, precisando que la cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. Señala que sobre cuestión análoga se ha pronunciado recientemente la Sala en sentencias de 13 de mayo (recurso 1237/18) y 14 de mayo de 2020 (recursos 8079/18 y 2297/19), declarando haber lugar al recurso de casación interpuesto.
ROJ: ATS 4151/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4151A
Nº Recurso: 3986/2019
Resumen: La sala considera que el escrito de preparación presentado por un registrador de la propiedad cumple con las exigencias del artículo 89. 2 LJCA, habiéndose justificando suficientemente y con singular referencia al caso la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 88.3.a). Admite el recurso de casación, precisando que la cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. Señala que sobre cuestión análoga se ha pronunciado recientemente la Sala en sentencias de 13 de mayo (recurso 1237/18) y 14 de mayo de 2020 (recursos 8079/18 y 2297/19), declarando haber lugar al recurso de casación interpuesto.
ROJ: ATS 4134/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4134A
Nº Recurso: 372/2020
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso.
ROJ: ATS 4142/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4142A
Nº Recurso: 596/2020
Resumen: Se admite el recurso de casación considerando que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso.
ROJ: STS 2208/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2208
Nº Recurso: 2245/2019
Resumen: Examina la desestimación de la reclamación de daños y perjuicios efectuada por un particular por la declaración de nulidad del art. 26.2º de la Norma Foral 8/98, de 24 de diciembre, del IRPF, en base al cual se le habían levantado actas de inspección tributaria, nulidad que declaró STS 23-10-14, RC 230/13. Analiza la naturaleza de dicha responsabilidad, razonando que, si bien las normas fiscales forales nunca han tenido la naturaleza de norma con rango de Ley formal, la responsabilidad que resulte de una declaración de inconstitucionalidad de tales normas, tras la entrada en vigor de la L.O. 1/2010, de 19 de febrero, debe someterse al mismo régimen de responsabilidad del Estado Legislador, prevista para normas con rango de ley -con referencia a la STC 118/16, de 23 de junio y a la STC 203/16, de 1 de diciembre (que declaró la inconstitucionalidad del art. 30.2º de la Norma Foral 10/06, mera reproducción del art. 26 que sirvió de base a las liquidaciones aquí cuestionadas)-. En relación con lo suscitado, argumenta que, aun admitiendo que se tratase de una auténtica responsabilidad del Estado Legislador, el plazo anual debiera haberse iniciado con la publicación de la STS que declaró la nulidad del precepto, sin que el recurso de amparo suspendiera el plazo; mas, por las fechas de lo acontecido, era aplicable la responsabilidad de las Administraciones Públicas y no se podía aplicar a los actos firmes la declaración de nulidad del precepto en que se fundaban las liquidaciones.
ROJ: STS 2203/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2203
Nº Recurso: 2987/2019
Resumen: Se da respuesta a la cuestión de interés casacional fijada en el auto de admisión consistente en "determinar qué incidencia tienen la STC 8/2017, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016(asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además la reciente STC 85/2019, de 19 de junio", manteniendo el criterio establecido en la STS 20-12-19, RC 3847/18, que acogía el señalado en la sentencia 10-10-19, consistente en sostener que, tras la STC 8/17 de 19 de enero, tomando en cuenta la nueva redacción del art. 294.1 LOPJ en la que desaparece la mención 'por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre', en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización, ello en un marco de congruencia con la teoría general de la responsabilidad civil y con las advertencias de contenido material y de ámbito temporal contenidas en los dos últimos párrafos de la STC 85/2019, de 19 de junio, así como en las que le han seguido. Procede, a continuación, a fijar el quantum indemnizatorio en el caso examinado.
ROJ: STS 2206/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2206
Nº Recurso: 1436/2019
Resumen: La cuestión litigiosa ha sido resuelta, entre otras, en las sentencias de 4 de junio de 2018 -rec. 1721/17- y 14 de mayo de 2020 -rec. 2297/19- en el sentido de que la DA 2ª de la Ley 8/12 no contiene una modificación de carácter general y permanente del RD 1427/89 (Arancel de los Registradores de la Propiedad), sino únicamente la moderación en la aplicación del arancel establecido con carácter general en los arts. 2.1 y 2.2 del Anexo I cuando responda a operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de dicha Ley 8/2012 . De ahí que las normas contenidas en las DA 2ª referida pierden su sentido si se extraen de su contexto: reestructuración o saneamiento de entidades de crédito. En consecuencia, cuando las inscripciones minutables no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Ley 8/2012, sino a operaciones de carácter ordinario, la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse entonces conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario (art. 611).
ROJ: STS 2270/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2270
Nº Recurso: 1714/2019
Resumen: Revocación, por falta de emisiones, de licencia de prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica. Desestimación. El plazo de doce meses previsto en el artículo 30.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, por razón de su no utilización, comienza a contarse desde el momento que hubiera obligación legal de comenzar las emisiones y esta "obligación legal" surge cuando se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 1º del RD. 964/2006, de 1 de septiembre. La valoración de la demora o inactividad por falta de utilización de la licencia habrá de considerarse de forma casuística, a fin de determinar si es imputable al licenciatario en aquello que le incumbe, la presentación del proyecto técnico de las instalaciones o en su caso, a la Administración en la aprobación del proyecto al que alude el mencionado artículo 1º del RD 964/2006, de 1 de septiembre. Y, en el presente caso, el licenciatario no prosiguió los trámites para dar inicio a las emisiones, optando, sin instar ninguna medida cautelar, por instar la modificación de la localización hasta su rechazo firme en vía jurisdiccional, sin realizar ninguna actividad en relación a la licencia, con el resultado de que transcurrieron años de inactividad.