Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-40107-34585-de-diciembre-12-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0eeb563c2399013ae0530a010151013a&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-25 20:41:40
Document Index: 196106157

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 241', 'artículo 238', 'artículo 178', 'artículo 238', 'artículo 241', 'ARTÍCULO 241', 'artículo 187', 'artículo 238']

﻿ Sentencia 2000-40107 de diciembre 12 de 2014
SENTENCIA 2000-40107 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL. EN CASOS EN LO QUE SE HA REQUERIDO UNA PROTECCIÓN ESPECIAL, LA ENTIDAD ESTATAL, COMO POR EJEMPLO LA POLICÍA NACIONAL, NO PUEDE EXCUSARSE EN SU CAPACIDAD FÍSICA, LOGÍSTICA Y OPERATIVA, PORQUE ESTO NO LE RESULTA OPONIBLE AL ASOCIADO QUE SOLICITA AYUDA Y SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO DE GESTIONAR LOS RECURSOS PARA QUE LAS FUERZAS DEL ORDEN ACTÚEN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, ENTIDAD PÚBLICA, ORDEN PÚBLICO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Sentencia 2000-40107 de diciembre 12 de 2014
Rad.: 200012331000200040107001 (34.585)
Actor: Ovidio Raúl Ovalle Muñoz y otro
Bogotá, D. C., doce de diciembre de dos mil catorce.
La sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia de la Ley 446 de 1998(2), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de segunda instancia ante esta Corporación.
Procede la Sala a determinar si la Policía Nacional estaba obligada a brindar la protección que los señores Ovidio Raúl Ovalle Muñoz y William Fabián Ovalle Muñoz reclaman y si, en razón de la omisión que se le endilga, es responsable por los hechos delictivos que se refieren en la demanda.
3.1 El 9 de julio de 1990, el alcalde del municipio de La Paz, Cesar, registró el hierro o sello quemador que identifica los semovientes de propiedad del ganadero Ovidio Ovalle Muñoz (fls. 25 y 26, c. 1).
3.2 Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2001 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, confirmada por el tribunal superior del Tribunal Superior de Valledupar el 8 de abril de 2002, se declaró al señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz propietario, por prescripción adquisitiva de dominio, del predio rural denominado Los Guayacanes ubicado en el municipio de San Diego, Cesar. Las providencias judiciales fueron registradas (anotaciones n.º 1 y 2 ) en el folio de matrícula inmobiliaria n.º 190-101139 (fls. 3 a 23, c. 1).
3.3 En la finca Los Guayacanes de propiedad del señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz se desarrollaban actividades ganaderas, de ello dan cuenta los testimonios de quienes laboraban en el predio(3) (fls. 29, 110 y 111, 143 y 144, 145 y 146, c. 1), como la certificación del 26 de mayo de 2004 emitida por el jefe de la oficina de Sanidad Animal del ICA, quien sobre las jornadas de vacunación que en el lugar se llevaban a cabo de manera periódica señaló:
“Que en este (sic) oficina se encuentra registrada la finca: Los Guayacanes de propiedad del señor OVIDIO RAÚL OVALLE MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.761.844 de la Paz y la cual se encuentra ubicada en el municipio de Valledupar y que a su población bovina se le viene vacunando cíclicamente contra la fiebre aftosa y brucelosis y sus registros se hacen en esta dependencia.
VACUNACIONES REGISTRADAS:
AFTOSA Y BRUCELOSIS:
20/06/2001 Bovinos 480, porcinos 12, ovicaprinos 4, equinos 6.
12/12/2001 Bovinos 400(4), porcinos 40, ovicaprinos 35, equinos 30.
09/12/2002 Bovinos 26, equinos 2.
25/05/2003 Bovinos 70, porcinos 90, ovicaprinos 40, equinos 7.
23/10/2003 Bovinos 90, porcinos 40, ovicaprinos 70, equinos 8” (fl. 24, c. 1.)
3.4 El 24 de abril de 2002, el señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz radicó en la Estación de Policía de San Diego, Cesar, una solicitud de amparo para la protección de sus bienes, su vida y la de sus trabajadores. El contenido de dicho solicitud es el siguiente:
“OVIDIO RAÚL OVALLE MUÑOZ (…) comedidamente acudo ante su despacho con el propósito de solicitar, a lo que tengo derecho conforme o preceptuado en la (sic) artículo segundo (2º), título primero (I), artículo veintitrés (23), título segundo (II) de la Constitución Política de Colombia, petición que sustento en los siguientes:
1. soy el propietario de la Finca los Guayacanes, ubicada en la región de los Brasiles, corregimiento de municipio de San Diego - Cesar. Hoy tengo semovientes para la cría, para la ceba, mulos y caballos, los cuales se distinguen con los siguientes hierros:
2. Por intermedio del administrador de la finca, el señor Manuel Sierra Vergara, me he informado de serias amenazas dejadas por insurgentes fuertemente armados (armas largas y cortas) que han llegado a la finca y que merodean en la zona.
3. En vista de la insistencia de la llegada a la finca de personas al margen de la ley, tengo temores de que puedan atentar con mis bienes, por la vida personal y de los trabajadores.
4 Como mencione anteriormente el administrador de la finca de mi propiedad es el señor MANUEL SIERRA VERGARA.
5. Por las anteriores consideraciones invoco protección constitucional a que tengo derecho (fl. 28, c. 1).
3.5 El 26 de mayo de 2002, un grupo de hombres armados que se identificaron como guerrilleros llegaron hasta la finca Los Guayacanes y bajo amenazas se robaron parte del hato que se criaba y explotaba en el mencionado predio que pertenecía al señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz y su hijo William Fabián Ovalle Maya(5).
Así, lo hicieron saber los señores Armando José Calderón Ortega y Juan Bautista de la Hoz, quienes respectivamente manifestaron:
“… El 26 de mayo de 2002, llegaron ocho tipos armados y se identificaron como miembros de las FARC, preguntaron por el administrador, quien no se encontraba en el momento. Luego, agarraron seis bestias que habían ensilladas, recogieron el ganado, dejaron las mujeres de los hombres encerradas y a nosotros los hombres nos echaron para adelante con el ganado que recogieron y nos llevaron hacia la sierra. De aquel lado de un pueblo que se llama Media Luna, tipo 7:00 de la noche nos soltaron, nos dirigimos a San Diego y le informamos al señor OVIDIO OVALLE lo que había sucedido. El día siguiente que recogimos lo que habían dejado, sacando la cuenta se llevaron seiscientas y pico de reses. Yo era capataz en la finca. (…) PREGUNTADO: De propiedad de quien era este ganado y en qué proporción. CONTESTO: Había ganado del señor OVIDIO OVALLE y del hijo WILLIAM FABIÁN OVALLE MAYA. Cuando se llevaron el ganado no sé cuánto era de cada uno porque yo era el capataz. En el sacrificio como el administrador lo asesinaron me dejaron encargado de la administración, aquí sí sé cuándo tenía cada uno, de las sacrificadas, 227 eran del señor OVIDIO OVALLE y de su hijo WILLIAM FABIAN 60. PREGUNTADO: De qué edades eran estos semovientes, qué cantidades de hembras y machos. CONTESTÓ: había de diferentes edades, de 1 año, de 2 años, de 3 años. (…) PREGUNTADO: Cuál era la explotación económica de ese ganado, si a carne o leche. CONTESTÓ: había ganado parido y ganado para cría. Se sacaban 22 tinas de leche de a 40 litros por tina, un total de 880 litros…” (fls. 141 y 142, c. 2).
“… CONTESTÓ: Yo estuve ese día, llegaron unos tipos y nos agarraron a los trabajadores y dijeron que se iban a llevar el ganado y se lo llevaron, dijeron que pertenecían a las FARC, se llevaron como 250 reses aproximadamente, son datos que lleva el jefe sobre la contabilidad del ganado. Esas personas llevaban armas largas y cortas y vestían de verde como viste el Ejército, eran cuatro tipos (…) PREGUNTADO: De propiedad de quien era el ganado y en qué proporción. CONTESTÓ: Del señor OVIDIO OVALLE MUÑOZ, todo el ganado era de este señor. PREGUNTADO: De qué edades eran estos semovientes, qué cantidad de hembras y machos. CONTESTÓ: Eran como 700 reses entre hembras y machos (…) PREGUNTADO: Cuál era la explotación económica de ese ganado, si a carne o leche. CONTESTÓ: Era ganado de ordeño, todo era de ordeño, producía unas treinta tinas de leche, de 40 litros cada tina…” (fls. 145 y 146, c. 1).
El administrador de la finca, el señor Manuel Sierra Vergara(6) denunció los anteriores hechos ante la Unidad de Asuntos de Gobierno y Justicia del municipio de San Diego, Cesar:
“… Hoy 27 de mayo de 2002, siendo las 8:30 de la mañana compareció a este despacho el señor antes citado (…) a fin de formular denuncia. A tal efecto el suscrito JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR, le toma el juramento de rigor (…) Exhortado por el despacho para que haga un relato de los hechos motivo de su denuncia. Expuso: Ayer 26 de mayo del 2002, siendo las 12:00 del mediodía, llegaron 4 sujetos, vestidos de civil a la finca denominada LOS GUAYACANES de propiedad del señor OVIDIO OVALLE y se llevaron más o menos 150 cabezas de ganado, más dos bestias con sillas y el ordeñador de la finca, señor WALBERTO POLANCO, al trabajador se lo llevaron con el ganado para la sierra y le dijeron que no fuera a dar parte a nadie porque sabía lo que le tocaba, cuando ellos se fueron se regresó uno y le dijeron a las mujeres de los trabajadores, no me acuerdo los nombres que no avisaran porque sabían lo les tocaba. PREGUNTADO: Determine las características del ganado hurtado? CONTESTÓ: En diferentes colores, sexos, edades y diferentes marcas, distinguidas con los siguientes hierros quemadores (…).
PREGUNTADO: Manifieste a éste despacho si los desconocidos portaban armas. CONTESTÓ: Según información del trabajador WALBERTO POLANCO me dijo que portaban armas cortas. PREGUNTADO: Manifieste a éste despacho si los sujetos se identificaron? CONTESTÓ: Ellos les dijeron a los trabajadores que eran del grupo ELN. (…) yo iba para la finca y venía en camino el trabajador de nombre WALBERTO POLANCO y me contó lo sucedido y me dijo que colocará yo la denuncia porque los habían amenazado si ellos daban parte o formulaban la denuncia…” (fl. 29, c. 1).
3.6 El 17 de septiembre siguiente, nuevamente, hombres armados que se identificaron como guerrilleros llegaron hasta la finca Los Guayacanes y sacrificaron una gran cantidad de ganado de propiedad de los demandantes.
Sobre estos hechos rindieron declaración los señores Omar de Jesús Mirando Lora, Víctor Manuel Espitia Herrera, quienes respectivamente manifestaron:
“… Llegaron cinco hombres a la finca Los Guayacanes, cuando ellos llegaron en el momento no estaba yo, porque estaba entregando la leche en Los Brasiles. Cuando llegué ya encontré los cinco hombres en la finca, dijeron que ellos eran del frente 41 de las FARC y que habían venido por el ganado. Entonces estando ahí les timbró un celular, o sea que les hicieron una llamada, y se retiraron por un momento, entonces cuando regresaron a donde estábamos nosotros dijeron que cuando ellos no se podrían llevar un ganado lo mataban y así hicieron, cogieron unos machetes de los trabajadores que estaban en la casa, fueron afilándolos y enseguida se fueron para el corral, cuatro se pusieron a machetear el ganado y uno se quedó del lado de afuera vigilando. De pronto se apareció un avión y ellos enseguida se fueron. Esto me consta porque yo era trabajador en la mencionada finca, trabajaba como corralero. PREGUNTADO: De propiedad de quien era este ganado y en qué proporción. CONTESTÓ: Del señor OVALLE todo el ganado era de este señor. PREGUNTADO: de qué edades eran estos semovientes, qué cantidad de hembras y machos. CONTESTÓ: Eran 180 semovientes que machetearon, todos se murieron, unos quedaron vivas (sic) pero se iban muriendo. Habían vacas viejas y nuevas, novillas. Sé la cantidad de animales muertos, pero no puedo precisar cuántas hembras y cuántos machos (…) PREGUNTADO: Cuál era la explotación económica de ese ganado, si a carne o leche. CONTESTÓ: Era ganado para leche (…) PREGUNTADO: Sírvase decirnos, si lo sabe, la cantidad de leche que producía el ganado que fue sacrificado. Una 20 tinas de 40 litros cada una…” (fls. 108 y 109, c. 2).
“… Ahí sí estaba yo presente. Llegó un grupo armado identificado como de las FARC, nos obligaron de que nos quedáramos quietos, ellos recogieron el ganado y cuando estaba encerrado en el corral pidieron unos machetes, de ahí fue cuando ellos comenzaron a machetear el ganado. Al rato voló un helicóptero sobre los Brasiles, un espía les avisó, ellos recogieron todo lo que tenían y se fueron. PREGUNTADO: De propiedad de quién era este ganado y en qué proporción. CONTESTÓ: Del señor OVIDIO OVALLE, todo el ganado era de este señor. PREGUNTADO: De qué edades eran estos semovientes, qué cantidad de hembras y machos. CONTESTÓ: Fueron como 180 vacas de ordeño, que machetearon ese día había terneros, vacas y animales machos. No sé las edades de los animales que resultaron muertos, yo no lidiaba el ganado, era trabajador del campo (…) PREGUNTADO: Cuál era la explotación económica de ese ganado, si era para carne o leche. CONTESTÓ: Era ganado para leche, se ordeñaba (…) PREGUNTADO: Sírvase decirnos, si lo sabe, la cantidad de leche que producía el ganado que fue sacrificado. CONTESTÓ: Aproximadamente 23 o 25 tinas de cuarenta litros cada una…” (fls. 110 y 111, c. 1).
“… Siendo aproximadamente las 12:00 del día 17 de septiembre de 2002, se presentaron cinco señores armados con fusiles y pistolas, me dijeron que no me asustara, que el problema era con el dueño de la finca y que ellos eran de las FARC y que iban dispuestos a llevarse el ganado, porque él lo habían citado varias veces y no quería hacer arreglo con ellos. Entonces me preguntaron que cuántos trabajábamos allí y yo les dije que cinco, que por qué yo estaba solo, yo les dije que los demás estaban es sus labores de trabajo. El comandante de ellos mandó a buscar a dos de mis compañeros que estaban por ahí cerca, reunieron a los cinco empleados de la finca y como ya tenían el ganado encerrado, el que decía que era el comandante tenía un celular y se comunicaba, con él se comunicaba como que le dijo que tenía la vía cogida, que no podían sacar el ganado y odio la orden a los compañeros de darle machete el ganado. Se sorprendieron con un helicóptero y huyeron, pero ya habían sacrificado la mayoría del ganado. PREGUNTADO: De propiedad de quien era este ganado y en qué proporción. CONTESTÓ: Del señor OVIDIO OVALLE, él tenía aproximadamente 700 cabezas de ganado, ese día mataron 227 reses. PREGUNTADO: De qué edades eran estos semovientes, qué cantidad de hembras y machos. CONTESTÓ: Allá se ordenaba, de ordeño eran 160 vacas, lo demás eran terneros y novillos de año y medio, dos años (…) PREGUNTADO: Cuál era la explotación económica de ese ganado, si carne o leche. CONTESTÓ: Leche. Producía 30 tinas de leche diario, de 40 litros cada tina…” (fls. 143 y 144, c. 1).
El señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz denunció estos hechos. Informó ante la Unidad de Asuntos de Gobierno y Justicia del Municipio de San Diego Cesar, lo siguiente:
“… Hoy 26 de septiembre del 2002, compareció ante este despacho el señor antes citado (…) A fin de formular denuncia. A tal efecto el suscrito JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA del municipio de San Diego, Cesar, le toma el juramento de rigor (…) Siendo el Día 17 de septiembre del 2002 aproximadamente a las 7:00 de la noche recibo información del señor OMAR MIRANDA, corralero de la finca Los Guayacanes, región de los Brasiles, cuando me dijo llegaron 5 tipos vestidos de civil, dijeron que eran del grupo 41 de las Farc que venían por el ganado que lo iban a matar, que no nos asustáramos que con nosotros no se iban a meter, porque ese era un problema del patrón, nos encañonaron para que dijéramos donde estaba el ganado y ellos mismos lo recogieron, lo encerraron y comenzaron a darle machete a todo el ganado que estaba encerrado, más o menos como a las 4:00 de la tarde pasó un HELICÓPTERO y salieron corriendo y se fueron (…).
Luego nos trasladamos al corregimiento de los Brasiles aproximadamente a las 6:00 de la tarde y dimos parte al EJÉRCITO que estaba en el corregimiento de Los Brasiles, después nos trasladamos a San Diego y le comunicamos al señor ARMANDO CALDERÓN ORTEGA, administrador de la finca Los Guayacanes los hechos ocurridos en la misma finca, después que yo habló con el señor ARMANDO CALDERÓN mi administrador, le dije que se trasladara a la finca el día siguiente, para realizar el inventario del ganado, el señor trasladó a la finca Los Guayacanes de mi propiedad y me dio la siguiente información: “MACHETEARON TODO EL GANADO 288 DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO RESES, DE LAS 288, 238 del señor OVIDIO OVALLE, y 50 de su hijo WILLIAM FABIAN OVALLE MAYA quedaron vivas 31 reses con heridas de alto riesgo, esas 31 que quedaron vivas son del señor OVIDIO OVALLE, el resto muertas”. PREGUNTADO: Determine las características del ganado que fue macheteado. CONTESTÓ: 80 vacas paridas, 80 crías, 6 toros, 24 terneras y el resto eran de vacas escoteras de mi propiedad de diferentes colores, sexo y edades y de mi hijo WILLIAM OVALLE AMAYA, 10 vacas paridas, 10 crías, 3 toros, 7 terneros de levante y 20 vacas escoteras de diferentes edades y colores…” (fls. 30 y 31, c. 1).
Asimismo, en el proceso se acreditó que estos hechos fueron dados a conocer por la prensa regional (Periódicos El Pilón de Valledupar y El Heraldo de Barranquilla en las ediciones del 19 de septiembre del año 2002 –fls. 65 y 66, c. 1).
3.7 Mediante comunicaciones calendadas el 4 de octubre de 2002, los demandantes solicitaron al Ministerio de Defensa, al entonces Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional la protección de sus vidas y bienes. En esta misiva, además de poner de presente los hechos ocurridos durante esa anualidad, pusieron en conocimiento otros hechos ocurridos con anterioridad y la persistencia de las amenazas por parte de efectivos de grupos guerrilleros (fls. 34 y 35, 45 y 46, 47 y 48, 49 y 50, c. 1.).
3.8 Las anteriores entidades corrieron traslado de dicha solicitud a la Policía Nacional, institución que a través de su dirección operativa informó, el 18 de octubre de 2002 a los peticionarios que se habían impartido instrucciones al comandante del Departamento de Policía del Cesar para que en coordinación con los demás organismos de seguridad de la jurisdicción se adopten las medidas a que haya lugar (fls. 32, 33 y 51, c. 1).
3.9 El 1º de noviembre de 2002, la Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional, seccional Valledupar, hizo recomendaciones preventivas por riesgo de secuestro o extorsión al señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz, su familia y allegados (fls. 41 y 42, c. 1).
3.10 El 14 de noviembre de 2002, el señor William Francisco Ovalle Maya informó al Comando de Policía del Atlántico su traslado de residencia a Barranquilla con el fin de que se le brinde la protección constitucional a que tiene derecho, para el efecto puso nuevamente de presente las amenazas de las que había sido víctima (fls. 43 y 44, c. 1)
3.11 Finalmente, 25 de noviembre de 2002, del Departamento de Policía del Atlántico, sección de inteligencia, entregó al señor William Fabián Ovalle Maya un instructivo de seguridad que contenía recomendaciones para su autoprotección dadas las amenazas existentes contra su vida (fls. 36 a 39, c. 1).
A partir de las circunstancias acreditadas de manera precedente, la Sala pasa a determinar si en el presente caso se pueden considerar estructurados los supuestos del artículo 90 constitucional, esto es daño antijurídico e imputación.
4.1 En el sub judice está acreditado que el señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz es propietario de la finca Los Guayacanes, ubicada en el corregimiento de Brasiles, del municipio de San Diego, Cesar, la cual se dedica a la explotación ganadera, en el predio se criaba ganado de su propiedad, como también de su hijo el señor William Fabián Ovalle Maya.
La finca los Guayacanes estaba inscrita en el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA y su población bovina se vacunaba periódicamente. Así, en jornada previa al abigeato que motivan esta demanda –de 12 de diciembre de 2001– fueron vacunados 400 ejemplares contra la fiebre aftosa y brucelosis discriminados de la siguiente manera: 100 terneros y terneras de menos de 1 año, 15 hembras de 1 a 2 años, 30 hembras de 2 a 3 años, 100 hembras mayores de 3 años, 100 machos de 1 a 2 años, 35 machos de 2 a 3 años, 20 machos mayores a 3 años.
Se encuentra acreditado que en medio de la tensa situación de orden público que para la época se presentaba en la zona, el 24 de abril del año 2002, el señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz, invocando el artículo segundo de la Carta Política, solicitó a la Policía Nacional protección para sus bienes, su vida y la de sus trabajadores que eran objeto de amenazas por parte de efectivos guerrilleros.
Igualmente, que las amenazas se hicieron realidad, lo que produjo el daño patrimonial que motiva la presente Litis. Así, el día 26 de mayo de 2002, guerrilleros armados se presentaron en el predio y bajo amenazas se llevaron el ganado de propiedad de los demandantes. A su turno, el 17 de septiembre siguiente, con esta misma intención estos hombres llegaron al predio, pero, ante la imposibilidad de llevarse los animales, finalmente decidieron sacrificarlos.
Los anteriores hechos fueron debidamente denunciados ante las autoridades competentes. Además, padre e hijo, ante la renuencia de los miembros de la Policía Nacional a nivel seccional, elevaron, en el mes de octubre de ese año, nuevas peticiones de protección a diferentes autoridades del orden nacional, incluida la Policía Nacional a quien esta vez se dirigieron a través de la dirección nacional.
Estas peticiones motivaron una orden al comandante del Departamento de Policía del Cesar para que, en coordinación con los demás organismos de seguridad a nivel seccional se adoptaran las medidas a que hubiera lugar.
En concreto, se probó que la Policía Nacional, en el mes de noviembre, realizó unas recomendaciones de seguridad personal a los señores Ovalle.
4.2 Ahora bien, la Policía Nacional, como en otras oportunidades, señaló que las anteriores circunstancias no pueden calificarse como fallas en el servicio por omisión, ya que, además de que hicieron las respectivas recomendaciones de seguridad a los demandantes conforme a sus capacidades operativas, la situación de orden público que imperaba en la zona impedía resistir y proveer los atentados contra la vida y bienes de sus residentes, circunstancia que limitaba el margen de respuesta de las autoridades y consecuentemente la defensa de los derechos ciudadanos.
4.3 Al respecto, la Sala recuerda que, el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, está contenido en el inciso segundo del artículo 2 de la Constitución que establece que [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Además, el artículo 6 ibídem señala que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con los mandatos constitucionales esbozados, la razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De tal manera que omitir el cumplimiento de esas funciones comporta responsabilidad institucional, la que debe declararse. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios y proveer los que, acorde con las circunstancias, requiere para lograr que el respeto a la vida y demás derechos e intereses de las personas sea una realidad. Pues se trata de que las autoridades no se limiten a una protección puramente formal(7).
Ahora bien, con relación a los daños a la vida o bienes de las personas causados por los particulares, como en este caso, la Sala ha reiterado que le son imputables al Estado, cuando tales detrimentos se hubieran podido evitar si aquél hubiera adoptado las medidas acordes con los deberes constitucionales de garantía y protección, contenido y alcance que se habrá de determinar de acuerdo con la reacción y capacidad dispuesta, atendiendo las circunstancias particulares.
En el sub lite, las autoridades no realizaron ninguna actuación frente a la solicitud expresa de protección especial que desde el mes de abril del año 2002, realizó el señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz, tan es así que su patrimonio y el de su hijo fueron afectados en los meses de mayo y septiembre de ese año, sin que para el efecto se hubiese adoptado medida de seguridad alguna por la demandada.
Es que, las recomendaciones de seguridad, en que la Policía Nacional funda su defensa, no respondieron a la súplica inicial, sino que vinieron con posterioridad, esto es, para cuando los daños patrimoniales ya estaban ocasionados y dada la insistencia de los ahora demandantes ante diversas autoridades del orden nacional. Además, dichas medidas de haberse formulado de manera oportuna, si bien resultaban importantes para la seguridad e integridad personal de los demandantes, mas no suficientes, nada aportaban en relación a sus bienes y por tanto su desprotección fue absoluta.
La Sala debe nuevamente señalar que, en casos como este, en el que se ha requerido una protección especial, la demandada no puede excusarse en su capacidad física, logística y operativa, porque esto no le resulta oponible al asociado que solicita ayuda y se encuentra imposibilitado de gestionar los recursos para que las fuerzas del orden actúen, en tanto la delincuencia goza de los elementos para infringir la Constitución y la ley. En eventos como este, los uniformados tenían la obligación de solicitar los refuerzos institucionales o interinstitucionales necesarios para suplir las deficiencias detectadas.
Adicionalmente, es necesario puntualizar que, el hecho de que el daño se haya originado en la conducta de un tercero no significa, necesariamente, la presencia de una causa extraña que exonere de responsabilidad a la Policía Nacional, particularmente, cuando, como en el sub lite, la accionada conoció del peligro y omitió intervenir para evitarlo o cuando menos mitigarlo.
En este caso, el señor Ovidio Raúl Muñoz informó oportunamente a la Policía Nacional sobre amenazas que integrantes de grupos al margen de la ley habían realizado, lo que imponía a la Policía Nacional el deber de adoptar medidas efectivas de protección. Sin embargo, la Policía Nacional ninguna actuación adelantó para evitar el ilícito a las que adoptó además de ser tardías eran insuficientes e ineficaces.
Para la Sala el deber principal del Estado de velar por la vida de los asociados y la integridad personal y patrimonial de los mismos, se hace mayor cuando, como en este caso, se tiene información de la existencia de problemas de seguridad o de la presencia de delincuentes en la zona.
Si bien en cierto la Policía Nacional no se encuentra en capacidad de proporcionar para cada ciudadano o para cada bien que pudiera resultar vulnerado un agente o vigilancia especial, con el objeto de contrarrestar los actos delictivos de la delincuencia organizada, no se puede soslayar que el actor afrontaba un riesgo cierto del que informó a las autoridades, obligadas a actuar, sin que se conozca ninguna actuación, de modo que habrá de responder como fue solicitado en la demanda.
Es de anotar que si bien las autoridades deben impartir a quienes se encuentren en peligro instrucciones de autoprotección ello no las exime de actuar de conformidad a las amenazas; las que en casos como el conocido en autos no se conjuran, tampoco mitigan con medidas de dicha naturaleza sino con acciones afectivas de seguridad sobre la persona y su patrimonio.
4.4 Así las cosas, demostrada la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se revocará la decisión del a quo que negó las pretensiones de la demanda y se procederá a la liquidación de los perjuicios solicitados.
5.1 Perjuicios morales.
5.1.1 En la demanda se solicitó el pago de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los demandantes como consecuencia de la pérdida de sus bienes patrimoniales.
5.1.2 La jurisprudencia de esta corporación ha llegado hasta aceptar que es procedente la indemnización de toda clase de situaciones que generen perjuicios morales, dentro de los que se incluye la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas que lo permitan establecer.
Sobre el particular se ha indicado:
“… la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso. Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba…”(8).
“Solicita la parte demandante que se reconozca perjuicios morales a favor de los demandantes en atención al ‘profundo dolor y trauma síquico que produce el hecho de ver destruirse su casa de habitación, la cual ha conseguido con el esfuerzo y el trabajo de toda su vida.’ En cuanto atañe específicamente a la procedencia del daño moral por la pérdida de bienes, cabe precisar que esta Corporación ha encontrado posible su reconocimiento y así lo manifestó en sentencia del 5 de octubre de 1989: (…) En relación con la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que: ‘… la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente –y en consecuencia, para considerarlo indemnizable– con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública.’…”(9).
5.1.3 En este caso, ninguno de los elementos de convicción que hacen parte del acervo probatorio da cuenta de la afectación que sufrieron los demandantes como consecuencia del hurto y sacrificio del ganado de su propiedad. En esas condiciones, no cabe hacer reconocimiento alguno por este concepto, pues como lo indican los precedentes citados estos no se pueden inferir de la sola titularidad de los derechos patrimoniales vulnerados.
5.2.1 Para el señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz se solicitó el reconocimiento i) de $510.400.000 o lo que se demuestre en el proceso a título de daño emergente consistente en el hurto y sacrificio del ganado de su propiedad y ii) de $189.800.000 o lo que se demuestre en el proceso hasta la sentencia definitiva a título de lucro cesante derivado de la privación de la producción de leche del ganado hurtado o sacrificado.
Por su parte, para el señor William Fabián Ovalle Muñoz se reclamó el reconocimiento de $20.000.000 a título de daño emergente, como consecuencia del hurto y sacrificio de ganado de su propiedad.
5.2.2 Para la demostración de estos perjuicios, además de las pruebas documentales que se aportaron con la demanda y las testimoniales que se recibieron en el trascurso del proceso, se solicitó la práctica de un dictamen pericial (fls. 113 a 121, c. 1), el cual fue rendido y objetado por error grave(10) (fls. 125 a 127, c.1), lo que generó la práctica de un segundo dictamen para determinar si las observaciones formuladas por la parte demandante resultaban fundadas (fls. 185 a 200, c. 2).
Bajo estas circunstancias, la Sala previamente resolverá el punto, acorde con lo establecido en el artículo 241 del C.P.C.(11), esto en un conjunto, valiéndose de las reglas de la sana crítica y con sujeción al principio de la valoración integral de la prueba(12). Lo anterior, comoquiera que no resultaría lógico que el juez se viese obligado, en todos los casos, a acoger la experticia, así no confiera certeza, porque ello equivaldría o trasladar al perito el juzgamiento(13).
En este sentido, no basta que los peritos emiten un concepto, se requiere que el mismo se fundamente en las reglas del conocimiento de la experiencia y de la lógica(14) aplicables al punto sometido a su examen.
Ahora, para que se configure un error grave, los expertos deben incurrir en equivocaciones con entidad suficiente para llegar a conclusiones igualmente equívocas tal y como lo exigen el numeral 4 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil(15).
La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(16) ha precisado, respecto de la objeción por error grave:
“(…) si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos…”(17) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, “… es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que o tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven...”.
En el proceso se decretó la práctica de un dictamen pericial para que con fundamento en las pruebas que se aportaron y las que se recaudaron en el trámite del proceso se determine el daño emergente y el lucro cesante que fue solicitado en la demanda. Con este propósito se designó un perito evaluador de daños y perjuicios.
El experto visitó la finca Los Guayacanes y con base en la información de la demanda y la suministrada por los propios demandantes en su visita determinó i) la cantidad de ganado (888 reses); ii) su clase (vacas paridas, vacas escoteras, terneras de menos de 1 a 18 meses y toros reproductores) y iii) su calidad (resultante del cruce de las razas cebú, pardo, Holstein y criollo). Luego con los precios establecidos en su experiencia profesional y las indagaciones realizadas a distintos ganaderos de la región, en Fedegán y en el Fondo Ganadero del Cesar estableció el costo del ganado robado o sacrificado. De este modo, concluyó que el daño emergente causado al señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz era de $541.000.000 y el señor William Fabián Maya de $217.800.000.
Para establecer el lucro cesante tuvo en cuenta básicamente i) el promedio de leche dejada de producir (500 litros diarios); ii) el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos y el dictamen pericial (1.178 días) y iii) el precio de la leche para la época ($600 por litro). Con estas variables concluyó el lucro cesante reclamado por el señor Ovalle Muñoz en $244.999.497 y por el señor Ovalle Maya de $122.536.503.
Dentro del término de traslado, la parte demandante objetó las anteriores conclusiones por error grave, habida cuenta que i) el precio del ganado que se tuvo en cuenta no consultaba la realidad de la región; ii) no se tuvo en cuanta la producción de terneros de cada animal durante su vida útil; iii) no se tuvo en cuenta la vida útil del ganado para efectos de calcular la proyección de leche futuro y iv) tampoco se tuvieron en cuenta, otros factores relacionados con la producción de los animales, como el periodo de lactancia, destete promedio, número de partos y cantidad de hembras y machos promedio, entre otros. Al tiempo, solicitó la práctica de un nuevo dictamen pericial.
En correspondencia a la anterior solicitud y con el fin de contar con elementos suficientes para resolver la mencionada objeción, el Tribunal decretó un nuevo dictamen pericial, esta vez rendido por un ingeniero agrónomo.
El perito, para efectos de rendir su concepto, utilizó las variables que se advirtieron por los demandantes en el escrito de objeción. Además, realizó consultas en internet y en diferentes instituciones y personas de la región. Y, con fundamento en la misma población base del dictamen anterior es decir de 888 reses procedió a realizar la proyección de descendencia futura, como también la proyección de la producción de la leche y estableció los precios de venta de los animales tanto del hato inicial como del futuro.
Luego, deducidos los diferentes costos que normalmente demanda la actividad ganadera, concluyó que los perjuicios materiales tanto por lucro cesante como daño emergente en el caso del señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz fueron de 5.493.303.554,84 y del señor William Fabián Ovalle Maya $2.137.597.829,96.
Ahora, analizados los argumentos planteados, se observa que los mismos en realidad corresponden a los que normalmente se utilizan en el marco de la solicitud de aclaración o complementación, toda vez que lo que en realidad se solicitó fue la inclusión de nuevas variables que en sentir de la parte demandante eran necesarias para la determinación real de los daños que se causaron.
Variables que, sea del paso señalar, si bien resultan importantes porque corresponden a una serie de circunstancias que consultan la realidad de la actividad ganadera y el correspondiente análisis de beneficios y costos, no necesariamente implicaban la estructuración de un error grave que tenga la virtualidad de anular las conclusiones a las que llegaron los auxiliares de la justicia.
Ahora, pese a que los anteriores argumentos no sean constitutivos de un error grave, la Sala no puede pasar por alto que, en este caso, los auxiliares de la justicia en uno y otro dictamen, con menor o mayor fundamentación, tomaron como objeto de la prueba el grupo de bovinos señalado en la demanda, es decir, sin consultar el material probatorio que se aportó y se recogió en el proceso, tomaron una base de bovinos no documentada y procedieron a realizar los análisis necesarios, bajo los cuales emitieron los conceptos que ahora se analizan.
Así, pese a que los dictámenes, especialmente el rendido con ocasión de la objeción, denotan la inclusión de una serie de variables y análisis suficientes para fundamentar sus conclusiones, lo cierto es que ellos no pueden servir para fundamentar la liquidación de los perjuicios solicitados, pues son esas misma variables las que evidencian las diferencias que pueden presentarse teniendo en cuenta las características especiales del hato que en cada caso se analice.
Es que, además de que ninguna prueba fundamenta debidamente la cantidad (888 reses) y características del ganado que se describió en la demanda y que sin más se tomó como base para el dictamen, lo cierto es que existe evidencia de que el ganado preexistente a la jornada de vacunación, realizada con anterioridad al abigeato, no era superior a 400, pues así lo muestran los registros de vacunación que se aportaron al proceso. Cifra que resulta consistente a la luz de las denuncias que por estos hechos se formularon en su momento y en las que se indicó un número aproximado de 150 y 288 reses hurtadas y sacrificadas respectivamente.
5.2.3 En consecuencia, el dictamen no será considerado y, como los restantes medios de prueba incorporados válidamente al proceso no permiten estimar el valor de los perjuicios materiales, se impone condenar en abstracto.
5.2.3.1 Para el efecto, se decretará una nueva prueba pericial con base, como mínimo en los siguientes parámetros:
a) Se tendrá únicamente en cuenta los conceptos solicitados por los demandantes en el libelo, es decir el costo del ganado que fue robado o sacrificado y las utilidades derivadas de la comercialización de la leche que este producía. Esto implica, que no se tendrán en cuenta ningún otro derivado de la actividad ganadera.
b) Se tomará como base el número de bovinos preexistentes al momento de los hechos, es decir 400, en las clases, edades y características anotadas de acuerdo a los registros de vacunación que obren en el expediente (fls. 24 y 27, c. 1).
c) Del número anterior se tomará el grupo que no era apto para la producción lechera y de acuerdo a sus características se determinará su costo para el momento de ocurrencia de los hechos.
d) A partir del ganado restante, es decir el que era apto para la producción de leche se procederá a calcular las utilidades que se dejaron de percibir. Para el efecto, se tendrá en cuenta:
i) Las edades y características del ganado.
ii) La vida productiva del ganado.
iii) Los periodos de ordeño promedio.
iv) Producción de litros de leche promedio.
v) Precio del litro de leche para el momento de ocurrencia de los hechos.
vi) Costos de producción.
vii) Las variables que de acuerdo a la ciencia sean consideradas necesarias por el perito.
e) Finalmente, se deberá el valor del anterior grupo de bovinos, una vez terminado su periodo productivo. Estos precios también deberán calcularse al momento de ocurrencia de los hechos.
Para la obtención de la información, el auxiliar de la justicia, además de sus conocimientos en la materia, podrá valerse de consultas en el mercado ganadero de la región como también de la consulta a entidades especializadas. También, la parte demandante, podrá aportar todos los elementos de juicios que tenga en su poder para poder determinarlas siempre y cuando estén debidamente soportadas.
5.2.3.2 El tribunal tendrá en cuenta para el reconocimiento de los perjuicios liquidados:
a) En relación al lucro cesante que, este solo fue solicitado en favor del señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz. En consecuencia, el monto que resulte probado se reconocerá al antes nombrado, en relación con los semovientes de su propiedad.
b) En lo que tiene que ver con la distribución del daño emergente, literales c) y e) de los presentes parámetros. En su distribución se deberá tener presente:
Ante la falta de certeza de la participación que cada actor tiene en el hato preexistente (400 bovinos) se tomarán los porcentajes determinados en el libelo por este concepto, es decir del 96.23% para el padre y del 3,77% para el hijo(18).
Del valor obtenido en el literal c) se tomará el 3,77% y esa será la condena que habrá de reconocerse al señor William Fabián Ovalle Maya por daño emergente. Se precisa que únicamente se tiene en cuenta el citado literal, toda vez que el señor Ovalle Maya no solicitó indemnización por lucro cesante.
De este modo, la cantidad sobrante del literal c) se sumará a la que se obtuvo en el e) y será reconocida al señor Ovidio Raúl Ovalle como indemnización por daño emergente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. REVOCAR la sentencia proferida el 26 de julio de 2007 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2. DECLARAR infundada la objeción por error grave.
3. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los perjuicios materiales que sufrieron los señores Ovidio Raúl Ovalle Muñoz y William Fabián Ovalle Maya, en hechos ocurridos los días 26 de mayo y 17 de septiembre del año 2002 en el corregimiento de Brasiles del municipio de San Diego, Cesar.
4. CONDENAR en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a favor de los señores Ovidio Raúl Ovalle Muñoz y William Fabián Ovalle Maya por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, en los términos indicados en la parte considerativa de esta providencia. Este perjuicio deberá liquidarse mediante trámite incidental de acuerdo a lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. y 137 del C.P.C., el cual deberá promoverse por el interesado dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.
(Sic) 6. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
(Sic) 8. Las demandas darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.
9. Todas la comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.
(2) La cuantía necesaria para acceder a la doble instancia ante esta Corporación en vigencia de la Ley 446 de 1998 –artículos 39 y 40– eran 500 s.m.l.v. Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada en el año 2004, la cifra que debía superarse era de $179.000.000 y la mayor de las pretensiones fue estimada por en $ 700.200.000, por concepto de perjuicios materiales que se causaron al señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz (fl. 71, c. 1).
(3) Los testimonios de los trabajadores de la finca, en razón a su relación de subordinación con los demandantes podrían considerarse sospechosos, no obstante la Sala los ha valorado de manera crítica y a la luz del conjunto de los medios de prueba que se allegaron al proceso. Además, dadas las condiciones en que se produjeron los hechos no se puede desconocer que estas son unas de las pocas personas que puedan narrar lo sucedido.
(4) También, se acompañó el registro único de vacunación del 12 de diciembre de 2001 donde consta que en la Finca Los Guayacanes ubicada en el municipio de San Diego, vereda Los Brasiles, Cesar de propiedad del señor Ovidio Ovalle Muñoz, se vacunaron contra aftosa o brucelosis 400 bovinos discriminados así: “terneros(as) men. 1 año 100, hembras 1 a 2 años 15, hembras de 2 a 3 años 30, hembras mayores a 3 años 100, machos de 1 a 2 años 100, machos de 2 a 3 años 35, machos mayores a 3 años 20”. En el mismo documento se hizo el censo de los otros animales así: “porcinos, 40, bovinos 13, caprinos 20, equinos 30” (fl. 27, c. 1).
(5) Pese a que algunos de los trabajadores de la finca cuando fueron preguntados sobre la propiedad del ganado señalaron únicamente al señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz, lo cierto es que una de las personas que laboró como capataz señaló claramente que el ganado pertenecía al antes nombrado y a su hijo, declaración que por venir de una persona que tenía un conocimiento directo y real de la situación de la administración de la finca debido al rol que cumplía permite tener por establecida la copropiedad alegada (fls. 141 y 142, c.1) Además, no se puede desconocer que el señor Ovalle Muñoz al tiempo que denunció el sacrificio del ganado, expresamente señaló que parte de los bovinos eran de propiedad de su hijo (fls. 30 y 31, c. 2).
(6) Se aportaron al proceso recortes de prensa en los que se da cuenta del fallecimiento violento del señor Manuel Sierra Vergara, asesinato que se atribuyó a miembros de la guerrilla (periódico El Pilón del 23 de junio del año 2002 –fl. 56, c. 1 y El Heraldo del 18 de junio de 2002 –fl. 58, c. 1).
(7) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia de esta Sección de 15 de febrero de 1996, exp. 9940.
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente AG-2002-00226. C.P. Ricardo Hoyos.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 20.109. C.P. Hernán Andrade Rincón.
(10) El numeral 6 del artículo 238 del Código del Procedimiento Civil, dispone: “… 6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes pueden pedir que se complemente o aclare”.
(11) A su vez, el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, establece: “ARTÍCULO 241. APRECIACIÓN DEL DICTAMEN. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.
“Si se hubiere practicando un segundo dictamen, éste no sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave”.
(12) Por su parte el artículo 187 del mismo estatuto, señala: “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 14 de abril de 2011, expediente 19640, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(14) En este sentido. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de junio de 2008, expediente 15911, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(15) El numeral 4 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, establece: “4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas”.
(16) Corte Suprema de Justicia, Auto de 8 de septiembre de 1993, Expediente 3446, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
(17) Cita original: Gaceta Judicial, TLll, pág. 306.
(18) En la demanda, el daño emergente global se estimó en $530.400.000, de los cuales el señor Ovalle Muñoz reclamó $510.400.000 y el señor Ovalle Amaya $ 20.000.000.