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Timestamp: 2020-07-02 16:52:55
Document Index: 21594372

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 132', 'artículo 67', 'artículo 9', 'artículo 208', 'artículo 152', 'e contrario', 'artículo 84']

Sentencia de Tutela nº 343/01 de Corte Constitucional, 29 de Marzo de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614581
Sentencia de Tutela nº 343/01 de Corte Constitucional, 29 de Marzo de 2001
Derecho de defensa y debido proceso. Vias de hecho en proceso policivo. Restitucion del espacio publico. Solicitud nulidad de todo lo actuado. Autonomasia de nulidad del acto administrativo. Negada.
Sentencia T-343/01
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL EFICAZ-Restitución del espacio público
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Restitución del espacio público/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Nulidad de acto administrativo
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Alcance/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Requisitos
PROCESO ADMINISTRATIVO-Lentitud y morosidad no configuran perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para lograr nulidad de acto administrativo
No es permitido que se utilice la acción de tutela como un instrumento paralelo para lograr la anulación de un acto, en sustitución del procedimiento existente para el efecto.
Referencia: expediente T-343829
A.: J.E.F.V. y otros.
Demandado: Alcalde Municipal de Pitalito (H.)
Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil uno (2001).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, E.M.L. y R.E.G., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
Dentro del proceso de tutela identificado con el número de radicación T-343829, instaurado por J.E.F.V. y otros, en contra del Alcalde Municipal de Pitalito.
El actor, mediante escrito de 22 de marzo de 2000, interpuso acción de tutela, en su propio nombre y como agente oficioso procesal de sus hermanos L.M., C.A., I., G., L.A., G., A. y R.C.F.V., en contra del Alcalde Municipal de Pitalito, por cuanto considera vulnerados sus derechos al debido proceso y defensa, por contener vías de hecho el proceso policivo que se adelantó para la restitución del espacio público, promovido a solicitud del Gerente del Instituto Municipal de Obras Públicas de Pitalito. En consecuencia, solicita la nulidad de toda la actuación surtida en el proceso de Restitución del Espacio Público, la condena de costas y la indemnización del daño emergente ocasionado en el proceso policivo.
2.1 El demandante alega que el gerente del Instituto de Obras Públicas de Pitalito (IMOC), actuando como director de una obra de adecuación de sitios de parqueo, ubicada frente al inmueble del cual es copropietario, procedió a derrumbar sin autorización la cerca que delimitaba su propiedad del espacio público y a rellenar la franja que ocupaba la misma.
2.2 Posteriormente, el gerente del IMOC, se comprometió verbalmente a restablecer la cerca dentro de los dos días siguientes y a gestionar la negociación del terreno requerido para la obra.
2.3 Incumplido el anterior compromiso, el demandante restableció nuevamente la cerca donde se encontraba anteriormente.
2.4 Ante esto, el gerente del IMOC impulsó un proceso de Restitución del Espacio Público, en el cual se escuchó en descargos al señor L.A.F. quien se identificó como administrador del predio, se recogieron testimonios a otros propietarios de inmuebles vecinos y se efectuó una inspección ocular.
2.5 Con base en las pruebas anteriores, la administración municipal afirmó su titularidad sobre la franja de terreno en disputa y mediante resolución sin fecha, ni número, resolvió ordenar al S.L.A.F., restituir el espacio público por él ocupado en un término no mayor de ocho (8 ) días.
2.6 El Administrador inconforme, por intermedio de apoderado judicial interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Mediante resolución No 246 de marzo 15 de 2000, se confirmó la providencia acusada y se rechazó por improcedente el recurso de apelación.
3.1 La administración Municipal de Pitalito, al surtir el proceso de restitución del espacio público incurrió en vía de hecho por lo siguiente:
No citó a los propietarios y por ende a los supuestos "ocupantes" o contraventores y por ello no integró el extremo pasivo de la litis, por existir un litisconsorcio necesario.
Con pruebas insuficientes (declaraciones, inspección judicial), se desconoció el titulo de propiedad aportado en el recurso de reposición, así como las otras pruebas allegadas oportunamente, tal y como lo exige el artículo 52.3 y 57 del Código Contencioso Administrativo.
Las pruebas recaudadas en el proceso policivo antes que se notificara la existencia del proceso, son nulas, pues no se pudieron controvertir.
Carece de competencia el Alcalde Municipal para tramitar el proceso policivo por no probar que se trataba de un bien de uso público y, además porque la ley 472 de 1998, (acciones populares y de grupo), le quitó toda competencia para adelantar esta clase de procesos, al derogar LA atribución a partir de agosto 7 de 1999 en el Decreto No.640 de 1937, Decreto Ley 1355 de 1970, Código de Policía del H. y demás legislación concordante.
3.2 La acción de tutela como petición principal, es el de mecanismo eficaz para amparar el derecho fundamental al debido proceso y defensa al existir vías de hecho; ya que el proceso administrativo es de inferior eficacia por lo largo, dilatado y oneroso. Pero si el J. no lo analiza de esta manera se debe conceder la misma, como mecanismo transitorio ya que el largo y dispendioso proceso Administrativo de Nulidad y Restablecimiento del derecho dura como mínimo seis ( 6) años en primera instancia y en él no hay posibilidad de reclamar el reconocimiento y pago de los perjuicios irrogados, configurándose el perjuicio irremediable.
3.3 La existencia de otros medios de defensa judicial se deben apreciar en cuanto a su eficacia e inmediatez, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el peticionario
1.1 Respecto de la falta de integración del litisconsorcio necesario por no citar a los demás copropietarios afectados con el proceso policivo de restitución de espacio público, el Tribunal no encontró vulnerados los derechos a la defensa y al debido proceso. Afirma que, según las normas que regulan este tipo de procesos (Decreto 640 de 1937, art. 3), no es necesario que se cite a todos los copropietarios de un bien objeto de discusión, sino que es suficiente con que la administración cite a quien sea ocupante material del espacio público, que en este caso es el señor L.A.F., quien efectivamente rindió descargos dentro del proceso, como administrador del mismo.
1.2 En cuanto a la falta de idoneidad del material probatorio acerca del carácter público del predio, y el desconocimiento de la escritura pública como prueba solemne de la titularidad del bien y la consiguiente falta de competencia del alcalde para llevar a cabo el proceso de restitución; el a quo tampoco encuentra vulnerados los derechos invocados por el peticionario. En este sentido afirmó que, conforme al artículo 132 del Código de Policía, para proferir resolución de restitución del espacio público es suficiente que los alcaldes establezcan el carácter público de la vía o zona ocupada "por los medios que estén a su alcance". En el presente caso, desde el primer informe del IMOC se aportó certificación de la oficina de planeación municipal que, confrontada con la inspección ocular efectuada, permitió concluir a la administración, el carácter público del bien objeto de controversia.
1.3 Con todo, el Tribunal advierte que, conforme a las normas pertinentes, es obligatorio notificar al personero municipal de todos los procesos de restitución de espacio público, lo cual no se llevó a cabo en este caso. A pesar de ello, la falta de notificación al personero es susceptible de alegarse como causal de nulidad de todas aquellas actuaciones posteriores que dependan de la diligencia no notificada, dentro del proceso mismo. Por lo tanto, concluye, el demandante de tutela contaba con una oportunidad procesal expedita de sanear la nulidad dentro del mismo proceso. Sin embargo, no hizo uso de ella, por lo cual la tutela resulta improcedente.
1.4 No se dan los requisitos para que se configure una vía de hecho. El perjuicio que se alega no se evidencia. T. de una controversia sobre la propiedad de una franja de terreno, se debe definir el conflicto ante las vías corrientes.
En el proceso, el accionante impugnó la decisión de primera instancia. Además de reiterar los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela; el demandante aduce que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 472 de 1998 (agosto 7 de 1999), los alcaldes carecen de competencia para iniciar procedimientos de restitución del espacio público, pues ésta recae en los jueces administrativos o civiles, a través de una acción popular. Por tanto, el alcalde accionado era incompetente para iniciar el proceso en el mes de enero de 2000.
3.1 La Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de junio 6 de 2000, confirmó el fallo del Tribunal Superior de Neiva. Afirma el ad quem que el ocupante fue oído en descargos, sin haber aportado o solicitado prueba alguna en dicha diligencia. Posteriormente, fue dictada la resolución de restitución, la cual le fue notificada en debida forma. Contra ésta interpuso los recursos de reposición y apelación, que fueron resueltos con la debida motivación, aunque negativamente el primero y el segundo no tramitado porque fue declarada inexequible la facultad que ostentaba el gobernador de conocer el recurso de apelación11 Mediante sentencia C-643 de fecha 1 de Septiembre de 1999, la Honorable Corte Constitucional declaro inconstitucional la atribución de los Gobernadores de tramitar el recurso de Apelación en este tipo de procesos.. Por tal motivo entonces, no encontró la Sala que hubiera habido una vulneración del derecho al debido proceso del accionante.
3.2 Por otra parte, esa Honorable Corporación no comparte la apreciación del demandante en cuanto a la vulneración del debido proceso por aplicación de una regulación legal derogada y la consiguiente falta de competencia del alcalde para iniciar el proceso de restitución de espacio público. No considera que la Ley 472 de 1998 haya derogado las normas en las que se fundamentó el alcalde para efectuar el proceso. Por lo tanto, considera que el cargo, desde este punto de vista tampoco puede prosperar.
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para examinar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
En este caso se debe partir de la premisa que el peticionario dispone de otro medio de defensa judicial, como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85 del C.C.A), tal y como lo preceptúa el artículo 67 de la ley 9 de 1989, en los siguientes términos: "......Los actos de los Alcaldes y del Intendente .....así como aquellos mediante los cuales se ordene la suspensión de obra, y la restitución de vías públicas de que trata el Código Nacional de Policía, serán susceptibles de las acciones contencioso administrativas previstas en el respectivo código...."(negritas y subrayado fuera de texto).
La Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, es el instrumento jurídico específico que puede utilizar el actor para solicitar de la Jurisdicción Contencioso Administrativo la declaratoria de nulidad del acto administrativo; esto es, para plantear su pretensión orientada a la pérdida de su eficacia jurídica por la ocurrencia de un vicio que afecta su validez (ilegalidad, incompetencia, forma irregular, etc..) y que, en consecuencia, se le restablezca en su derecho o se le repare el daño.
Esta acción tiene por objeto la protección directa de los derechos subjetivos de la persona amparados en una norma jurídica y desconocidos por el acto administrativo. En ella se le brindan al actor todas las posibilidades probatorias para que demuestre la ilícitud del acto acusado y logre que se le restablezca en su derecho o se le repare el daño.
Lo anterior se reafirma con lo expresado en el Decreto 640 de 1936 artículo 9: "...si los opositores a la restitución de que trata el referido artículo 208 negaren la calidad de públicos de los bienes restituibles, la orden de restitución se llevará siempre a efecto; pero los opositores pueden, constituyéndose demandantes, debatir este punto ante el Poder judicial, mediante el ejercicio de las acciones correspondientes"( cursiva y subrayado fuera de texto). No se debe olvidar que la naturaleza del proceso policivo, en la restitución del espacio público, es la rápida y efectiva defensa de los bienes de uso público, esto explica su carácter sumario y su remisión al proceso ordinario como el escenario donde el accionante logrará desvirtuar la naturaleza del mismo.
La Corte Constitucional ha determinado que no obstante que se cuente con el mecanismo de defensa judicial, este tiene que ser materialmente idóneo, adecuado y apto para lograr que los derechos fundamentales en juego sean eficientemente protegidos.
En el asunto sub judice, considera La Corte que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el medio de defensa idóneo para la protección del derecho fundamental al debido proceso del accionante, puesto que mediante esta, podrá el actor obtener la satisfacción plena del interés jurídico que se pretende amparar por la vía de tutela. Como podemos ver el medio de defensa que tienen los demandantes en tutela es eficaz para la protección de los derechos fundamentales. Aún más el artículo 152 del C.C.A. le permite al afectado solicitar la suspensión provisional del acto administrativo cuando éste sea manifiestamente contrario a las normas superiores.
La acción de tutela es de naturaleza residual, aparece ante la inexistencia de un mecanismo idóneo de protección de los derechos fundamentales del actor. Situación que no se da en el presente caso, como ya se explico, puesto que el J. Constitucional no puede usurpar ni invadir, las competencias jurisdiccionales que la propia Constitución ha conferido a las instancias ordinarias.
Al existir el medio de defensa idóneo y adecuado, solo cabe examinar la posibilidad de que se acuda a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Una vez determinado que, en el caso sub-lite existe otro medio de defensa judicial, la sala debe determinar si se presenta un perjuicio irremediable frente al cual la acción de tutela podría actuar como mecanismo transitorio de protección.
Esta Honorable Corporación en sentencia T-554/98 lo definió: "..... perjuicio irremediable es aquel que resulta del riesgo de lesión al que una acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares somete a un derecho fundamental que, de no resultar protegido por la vía judicial en forma inmediata, perdería todo el valor subjetivo que representa para su titular y su valor objetivo como fundamento axiológico del ordenamiento jurídico. Dicho de otro modo, el perjuicio irremediable es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y, por tanto, no puede ser retornado a su estado anterior. De otro lado, la Corte ha considerado que la acción de tutela es procedente para evitar un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos:
(1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo debe ser grave, esto es, que una vez que aquel que se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable."
En el Estado de Derecho existe todo un sistema de acciones, recursos y procedimientos que se pueden interponer ante diferentes autoridades con el fin que se garanticen la eficacia de los derechos constitucionales. Por lo anterior las personas deben acudir ante la justicia ordinaria mediante el ejercicio de los mecanismos consagrados en la ley para la defensa de sus derechos, salvo que se trate de prevenir un perjuicio irremediable. Por ello no es permitido que se utilice la acción de tutela como un instrumento paralelo para lograr la anulación de un acto, en sustitución del procedimiento existente para el efecto.
El actor considera que la decisión tomada en el proceso policivo le causa un perjuicio irremediable, por lo que solicita la nulidad de todo lo actuado, para en el mismo escenario, ejercer su derecho fundamental al debido proceso. Realmente, como lo señala el actor este sería el escenario ideal, pero no se puede olvidar que los cargos que el demandante irroga al acto administrativo (falta de competencia, expedición irregular, no valoración del material probatorio), están previstos en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo como las causales por antonomasia de nulidad del acto administrativo. De ahí, que sí el legislador ha determinado que los actos administrativos que presuntamente se hayan expedido con violación de las reglas básicas del debido proceso, sólo se puedan juzgar por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la acción de nulidad y restablecimiento es porque en ejercicio de su facultad de configuración normativa ha considerado que el efecto del acto viciado sea la pérdida de su validez y la reparación económica de los sujetos lesionados y de ninguna manera obligar a la Administración Pública a rehacer la actuación surtida en sede administrativa.
Primero. CONFIRMAR la sentencia de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, del 9 de Junio de dos mil por improcedente, por las razones expuestas en esta providencia.