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Timestamp: 2017-07-26 07:58:51
Document Index: 382064506

Matched Legal Cases: ['artículo 239', 'artículo 39', 'artículo 2', 'artículo 239', 'Artículo 243', 'Artículo 243', 'artículo\n243', 'Artículo 86', 'artículo 243', 'artículo 3']

Fernandez_y_Naveda_2011 by Programa Estado de la Nación - issuu
ESTADO DE LA REGIÓN¿Truco o trato?
Mecanismos para la obstaculización de las reformas tributarias en Guatemala,
Informe finalInvestigadores :Dina Fernández
Enrique NavedaJulio, 2011Nota: Las cifras de las ponencias pueden no coincidir con las consignadas por el Cuarto
Informe Estado de la Región en el tema respectivo, debido a revisiones posteriores. En caso de
encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las publicadas en el Informe.1ÍNDICERESUMEN ......................................................................................................... 3
DESCRIPTORES ............................................................................................... 4
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 6
2. LA REFORMA TRIBUTARIA, UN DOMINIO RESERVADO DE LA
DEMOCRACIA. .................................................................................................. 6
3. GUATEMALA, UNA SUCESIÓN DE INTENTOS FRUSTRADOS .............. 8
2.7.EL GOBIERNO DE VINICIO CEREZO (1986-1991)........................................ 8
EL GOBIERNO DE JORGE SERRANO (1991-1993) ..................................... 10
EL GOBIERNO DE RAMIRO DE LEÓN (1993-1996) .................................... 12
EL GOBIERNO DE ÁLVARO ARZÚ (1996-2000) ......................................... 14
EL GOBIERNO DE ALFONSO PORTILLO (2000-2004) ................................. 16
EL GOBIERNO DE ÓSCAR BERGER (2004-2008)....................................... 18
EL GOBIERNO DE ÁLVARO COLOM (2008-A LA FECHA) .............................. 204. MECANISMOS DE DIÁLOGO, PRESIÓN Y SABOTAJE......................... 24
5. ACTORES Y CONDICIONANTES DEL ÉXITO (DEL SABOTAJE) Y DEL
FRACASO (DE LAS REFORMAS) .................................................................. 33
4.5.LA BRUMA: ............................................................................................ 33
LAS MURALLAS ...................................................................................... 35
EL SECTOR PRIVADO ORGANIZADO .......................................................... 38
LOS PARTIDOS POLÍTICOS ....................................................................... 43
LOS DEMÁS ACTORES ............................................................................. 466. EL GASTO PÚBLICO, ¿UN DOMINIO RESERVADO?............................ 472Resumen
Tras múltiples intentos de la reforma tributaria por parte del gobierno de
Guatemala ha realizado grandes esfuerzos, sin embargo, han sido
obstaculizados, convirtiéndolo en un dominio reservado en la democracia
En esta construcción, hay dos eventos sustanciales que pudieron ayudar a
fortalecer la reforma tributaria como: Acuerdos de Paz de 1996 y el Pacto
Fiscal de 2000 sin embargo, fueron escasos los logros en esta materia.
Durante los periodos de gobierno se pueden destacar la labor realizada en esta
materia, así como problemas presentados que dificultaron su consolidación,
como por ejemplo: la aprobación de seis impuestos entre ellos: sobre la renta,
modificaciones al IVA e impuestos sobre inmuebles, fomento avícola,
circulación de vehículos, papel sellado y timbres fiscales, así como el mayor
enfrentamiento entre el sector privado y el gobierno en el periodo democrático,
protestas del sector privado ante las propuestas del gobierno, entre ellos el
sindicato aduanero, firmar de los Acuerdos de Paz, dificultades para cancelar
salarios públicos en los primeros meses de 1996, se aprueba la ley del
impuesto de solidaridad, extraordinario y temporal (ISET), se crea la institución
que entonces concentraría el control de los impuestos, la administración
aduanera y la persecución de la evasión “Superintendencia de Administración
Tributaria”, inicio del proceso de negociación respecto a la temática fiscal en el
que las partes no sólo eran la tradicionales, el Estado y CACIF, sino que se
abría la puerta a diferentes sectores sociales con el fin de “legitimar el nivel,
composición y tendencia del gasto público y de la carga necesaria para su
funcionamiento”. Era el Pacto Fiscal, entre otros.
Se han creado mecanismo de diálogo principalmente con la élite económica
fracasando al olvidar al sector privado organizado, así mismo, de
enfrentamiento como medidas de poder juro que pretenden coaccionar al
proponente para que retire la iniciativa de reforma, tajante y blando, forma de
coerción que a corto plazo presionan o desacreditan al postulante mediante la
difusión de opiniones o de datos y generan un clima que se percibe como de
oposición generalizada a la tentativa, ambos mecanismo generan un clima
El ambiente donde se han creado estos mecanismos está constituido por una
cultura guatemalteca anti-impositiva, influyendo en la reforma tributaria. Es
importante tomar en cuenta que en esta cultura también cuenta con murallas
que tienen cimientos que han obstaculizado las reformas y como consecuencia
el desequilibrio de fuerzas en la población, destacándose la labor del sector
privado organizado con la participación directa en el sistema político, que tiene
como mayor característica su fragmentación, que debilita el consenso y la toma
de decisiones en esta material. Esta cultura también se puede observar en la3poca participaci贸n de las organizaciones sindicales, de la sociedad civil entre
otros actores.Descriptores
Reforma tributaria en Guatemala, dominio reservado en Guatemala,
mecanismos de di谩logo de la reforma tributaria en Guatemala, mecanismo de
enfrentamiento de la reforma tributaria en Guatemala, sabotaje de la reforma
tributaria en Guatemala, cultura anti-impulsiva en Guatemala.4“La Reforma Fiscal no la hicimos porque teníamos que
pedirle permiso a éste, a éste, a éste. Pero no debemos
olvidar que somos electos, tenemos la potestad de
Rafael Espada, vicepresidente de la República,
durante una entrevista en A las 8:45.
“Los partidos políticos son vehículos electorales, y
frágiles institucionalmente, por lo que la fuerza
relativa de los grupos de interés es mayor. Y el
Ejecutivos es débil, carece de un servicio civil
moderno, y está plagado de instituciones
politizadas. Todo eso da lugar a un desequilibrio
de fuerzas entre el Estado y los grupos de interés”.
Richard Aitkenhead Castillo,
ministro de Finanzas de Jorge Serrano Elías.51. Introducción
La investigación presente procura describir los mecanismos mediante los
cuales los intentos de reforma tributaria en Guatemala han sido saboteados,
obstaculizados o degradados desde 1986, cuando la elección de Vinicio
Cerezo a la Presidencia marca el llamado “retorno a la democracia”. De los
cuatro enfoques que Lledo, Schneider y Moore (Fuentes y Cabrera, 2005)i han
identificado para evaluar reformas tributarias, utilizaremos el político, o más en
concreto, el de la economía política. Esta forma de aproximarse al problema
permitirá explorar las relaciones entre los actores, las instituciones y los
incentivos, y cómo los dos últimos condicionan o afectan los intereses del
El análisis de economía política de las reformas tributarias ayudará a mostrar
cómo y por qué los procesos políticos que sirvieron para negociar los términos
de las reformas nunca resultaron en transformaciones profundas ni, menos
aún, sostenibles; y en definitiva, concederá una visión general de cómo las
reformas fiscales se han constituido en una suerte de dominio reservado que
debilitan la democracia guatemalteca.2. La reforma tributaria, un dominio reservado de la Democracia.
Entendemos por dominio reservado aquel tema de interés público que
sucesivos gobiernos de distinto corte ideológico han señalado como esencial
pero que, tras múltiples intentos de reforma liderados por diversas fuerzas
políticas, permanece intacto o inalterado en lo sustancial.
La escasez y la tibieza de las reformas nace tanto de una norma constitucional
que impide a los representantes llevarlas a cabo cuanto de un desequilibrio en
la correlación de fuerzas que permite que los grupos de interés bloqueen las
modificaciones trascendentales.
Entre los grupos de interés es posible encontrar tanto altos funcionarios
públicos como grupos no electos: la característica que une a los actores
capaces de reservar dominios no es su representatividad, sino su posibilidad
de amenazar de forma creíble al Gobierno –incluso con la sombra de un golpe
de Estado- o, dada su magnitud y su poder, de poner en jaque la estabilidad
Hay que tener cuidado, sin embargo, de no confundir un dominio reservado con
la oposición legítima y democrática a una política de gobierno. La clave para
diferenciarlos se halla en dos elementos: en si los actores son representantes
electos por la ciudadanía, rinden cuentas y aceptan las leyes; y en la
6temporalidad de su oposición.
En Guatemala, la reforma tributaria forma parte del grupo de dominios que han
estado reservados durante el periodo de los gobiernos civiles.
Desde el día de enero de 1986 en que Vinicio Cerezo tomó posesión de su
cargo como Presidente de la República hasta hoy han pasado veinticuatro años
y seis personas más han ocupado el sillón presidencial. En algún momento de
sus administraciones todas ellas han albergado esperanzas de incrementar los
ingresos del Estado y en ciertos casos incluso de alcanzar una reforma fiscal.
Cada gobierno, con independencia de su signo ideológico, ha presentado
enmiendas de cierta magnitud al sistema tributario.
Dos momentos, no obstante, han sido clave en este tiempo, y ambos pudieron
haber servido como engranajes de la transformación fiscal y tributaria del país:
los Acuerdos de Paz de 1996 y el Pacto Fiscal de 2000. Ambas oportunidades
se perdieron. Muchos de los compromisos adquiridos por el Estado en los
primeros están lejos de conseguirse. Las negociaciones para alcanzar el
segundo -los acercamientos entre actores casi antagónicos que tanto costó
lograr-, fueron rechazadas por el Gobierno del FRG, después de que ya
hubieran cuajado.
Hoy, cuando este cuarto de siglo ha contemplado cierta mejoría tanto por el
lado del ingreso como del gasto público, los avances en el ámbito tributario
están muy por debajo de las expectativas y en comparación con países ajenos
al Istmo resultan mínimos. Además es posible decir que han ocurrido pese a
haber sido sistemáticamente obstaculizados o diluidos a menudo por la
oposición de la élite económica y sus cámaras patronales.
Los escasos logros se inscriben en un entorno muy frágil y sin mucho esfuerzo
es posible derribarlos. No es raro encontrarse con retrocesos, todavía hoy,
cuando se va volviendo cada vez más evidente que el Estado desfinanciado no
puede hacer frente de manera apropiada a casi ninguno de los retos que tiene
por delante: ni a los de cuño antiguo, que arrastra desde hace décadas, ni a los
que vienen con la globalización.
Los inveterados problemas de educación y de salud -cuya intersección más
devastadora se concentra probablemente en un dato, el de que uno de cada
dos niños padece desnutrición crónica- se ven potenciados por nuevos
problemas como la vulnerabilidad ambiental y las consecuencias del cambio
climático, las repercusiones de la crisis económica internacional, la
transnacionalización del crimen organizado y el fortalecimiento de sus grupos
en Centroamérica, por las migraciones masivas, las secuelas de la pérdida de
legitimidad de las instituciones democráticas y la transformación de las
relaciones de fuerza en la sociedad, entre otros.7Con la carga impositiva más baja de la región, el Estado guatemalteco
encuentra cada vez mayores dificultades para proveer las condiciones en que
sus ciudadanos puedan gozar de bienestar. Sin una política de calidad del
gasto y de combate a la corrupción, el Estado erosiona la confianza que los
ciudadanos pueden tener en él y se hace cada vez más difícil promover una
reforma tributaria.3. Guatemala, una sucesión de intentos frustrados
2.1.El Gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991)En el entorno de la transición a la democracia, el ambiente era esperanzado
pero en absoluto apacible. Había tensión, resquemores, recelos y
desconfianzas. El primero de los gobiernos civiles, el de Vinicio Cerezo, tenía
ante sí desafíos hercúleos que requerían grandes reformas y acuerdos. El
advenimiento de la democracia había alimentado las ilusiones de cambio en un
país acostumbrado al autoritarismo y la opacidad. El nuevo presidente había
tomado el mando con el anhelo de resolver de forma política un conflicto
armado que ya cumplía veintiséis años y definir el futuro de Guatemala en
términos más incluyentes.
En buena medida, el segundo objetivo pasaba por mejorar las condiciones
económicas y financieras del país, pero sobre todo por disminuir la “deuda
social” del Estado, la inversión pública que había dejado de hacerse en
sectores como la salud y la educación, perjudicando directamente a la
población pobre, debido al enorme gasto que implicaba una guerra interna.
Las finanzas estatales no permitían responder a las exigencias que pesaban
sobre el gobierno demócrata cristiano. Guatemala se debatía en una crisis
económica que afectaba al continente y que se había recrudecido a mediados
de la década con el descenso del producto interno bruto, desequilibrios en la
balanza de pagos y grandes tensiones en la inflación. Si el Ejecutivo quería
hacer avanzar el país en la dirección de su proyecto, debía proponer un cambio
en las políticas fiscales. Así lo entendía Cerezo. La respuesta fue una de
urgencia. El Programa de Reordenamiento Económico y Social de Corto Plazo
que aprobó el Congreso, un programa temporal, planteado con una fecha de
caducidad de 46 meses, fue una forma de ganar tiempo que le dio cierto aire a
la Hacienda pública pero no impidió que para el año siguiente se previera un
déficit fiscal de Q542 millones que equivalía al 3.1% del PIB.
Los planes y la ambición del gobierno no habían menguado y a mediados de
1987 éste hizo público el plan de reforma fiscal que había de sufragar su
programa. La relación del Ejecutivo con la cúpula empresarial, jalonada hasta
entonces por las críticas del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
8Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), después de que el gobierno
impusiera nuevos controles aduaneros a las importaciones, no había sido del
todo distendida; pero presuntamente los nueve proyectos de ley para la
reforma habían sido pactados en una negociación de élitesii. Sin embargo, a
finales de agosto, CACIF reaccionó con intransigencia ante el proyecto de
reforma, le puso un ultimátum al gobierno y anunció que de no cumplirse sus
exigencias de declarar dos meses de moratoria antes de enviar el paquete
tributario al Congreso, tomaría medidas de hecho. En esos días, el presidente
de la Cámara de Comercio, Edgar Heinemann, en un intento por poner a la
población en contra del gobierno, advirtió que podía “darse por descontado que
las cargas que se aproximan de una u otra manera serán trasladadas
irremediablemente al consumidor” (Inforpress, 03/09/1987: 2).
Presionado por la fecha de aprobación del presupuesto el gobierno tampoco
cedió. De las nueve propuestas que envió al Legislativo, se aprobaron seis
impuestos: sobre la renta, modificaciones al IVA e impuestos sobre inmuebles,
fomento avícola, circulación de vehículos, papel sellado y timbres fiscales iii. Sin
mucho éxito en sus intenciones, el CACIF cumplió sus amenazas en el que
probablemente haya sido el mayor enfrentamiento entre el sector privado y el
gobierno en el periodo democrático. Hubo un paro empresarial iv. La producción
se detuvo, hubo huelgas, la Unión Nacional Agropecuaria, la cámara de los
grandes agricultores, llamó a la población a insubordinarse en lo tributario, a
que no pagaran impuestos. Veinte años después, el propio presidente diría que
su propuesta de reforma estuvo en el centro de cuatro supuestos intentos de
golpe de Estado (La Hora, 29/05/08). La historia pública sólo registra dos, uno
en mayo de 1988 y el otro en el mismo mes, un año más tarde.
En aquel momento de turbulencia el gobierno se avino a negociar algunos
aspectos de la reformas. Hubo un periodo de tregua pero fue infructuoso y duró
poco. Entonces fue claro que la cúpula empresarial aún tenía un as escondido
en la manga: la Constitución del 85, diseñada según sus principios e intereses
(CEPAL, 1996), concedía al Congreso la capacidad de crear impuestos y al
mismo tiempo la saboteaba gravemente. El sector privado vio que la ley le
allanaba el camino para oponerse.
Su recurso de inconstitucionalidad en contra del ISR y el IUSI, de las reformas
al IVA y del impuesto sobre circulación de vehículos prosperó en la Corte de
Constitucionalidad. El organismo, que resolvió con lugar total o parcial 12
expedientes, aprobó unos gravámenes e invalidó otros, y con su actuación por
primera vez se apropió con consecuencias irreversibles de la facultad de
legislar sobre los impuestos (PNUD, 2008). En ese momento abrió la vía que
con el tiempo se ha convertido en el mecanismo más limpio, eficiente y
prestigiado de cualquier grupo de presión, pero por encima de todos del sector
privado organizado, para revocar toda iniciativa impositiva de los
representantes electos que no haya sido previamente negociada.
9Para el gobierno de Cerezo, los nuevos impuestos supusieron un alivio
transitorio pero no evitaron que en 1990 tuviera que presentar, sin éxito, una
nueva iniciativa a la que se opusieron los partidos, el sector privado y los
sindicatos. Del 8% de 1988, la carga fiscal se desplomó a menos del 7% en
1990 (PNUD, 2008), tocando uno de los dos momentos más bajos en la historia
de la democracia en el siglo XX.2.2.El gobierno de Jorge Serrano (1991-1993)El gobierno más corto de la democracia, que concluyó con el Serranazo -un
fracasado golpe de Estado que el presidente Jorge Serrano dio al suspender la
Constitución, disolver el Congreso y destituir a los magistrados de las Cortes de
Justicia-, comenzó asimismo sin sosiego. Un año antes la inflación había
escalado hasta el 60% y el quetzal, que de 1989 a 1990 había perdido casi la
mitad de su precio, continuaba desbocado en su devaluación.
El MAS, el partido oficial, había ganado las elecciones contra toda expectativa
y el día de su toma de posesión Serrano Elías carecía de plan de gobierno. A
finales de su primer año, dio a conocer los lineamientos con los que pretendía
aliviar la crisis económica que vivía el país y propuso reducir el déficit fiscal,
usar con mayor eficiencia los recursos, aumentar el ahorro público y mejorar la
infraestructura básica. No se planteaba reducir el gasto público, dado que a su
juicio agudizaría los problemas económicos y sociales del país. En sus planes
entraba, más bien, un programa de racionalización del gasto público y sobre
todo uno de modernización tributaria. Durante el año que tardaron en armar la
propuesta de medio plazo, en el Congreso se debatió una reforma menor, de
urgencia, que buscaba recaudar Q700 millones para educación y salud,
seguridad, infraestructura, y deuda externa. Sin embargo, la iniciativa encontró
la oposición de algunos partidos político y en el Legislativo, mediante
escaramuzas y debates interminables, su aprobación se fue posponiendo.
El intento más sólido de Serrano de modificar la tributación llegó en agosto de
1992. Su ministro de Finanzas, Richard Aitkenhead Castillo, un prestigioso y
hábil cuadro surgido del sector privado, planteó una propuesta que, incluyendo
sugerencias del Banco Mundial, pretendía “obtener más ingresos fiscales
mediante la ampliación de la base tributaria, la simplificación del sistema de
recaudación y el establecimiento de la progresividad de la estructura tributaria”
(ICEFI, 2007a: 210). El objetivo del paquete, que modificaba el ISR, el IVA,
aranceles, papel sellado y timbres fiscales, el impuesto territorial y la
importación y consumo de petróleo, era duplicar la inversión pública. El texto
sugería dos novedades: por un lado permitía acreditar el IVA al ISR, por el otro
modificaba los tramos afectables de una forma regresiva. Lo explica la Historia
de la Tributación en Guatemala:
10En el ISR se simplificarían los tramos afectables tanto de las personas
individuales como jurídicas. En el caso de las empresas, la legislación
aprobada fijó una tasa única de 25% sobre las utilidades y regalías, y
estableció una tasa del 15% sobre ganancias de capital. Además de las
exenciones y exoneraciones contempladas por las leyes aprobadas para
beneficiar a las exportaciones no tradicionales y las zonas francas
permitió una deducción de hasta 20% del total de utilidades reinvertidas,
pero se suprimieron las exenciones aplicables a intereses captados por
las empresas o aplicables a aportes a los trabajadores que excedían el
cien por ciento del aguinaldo.
Para las personas individuales los tramos de renta imponible se
redujeron de 16 a 3, y la tasa máxima se redujo de 34% a 25%, mientras
que la mínima se aumentó de 4% a 15%. Se sustituyeron las
deducciones para gastos personales, por cónyuge y por hijo, por una
deducción estándar de Q24 mil 272 y se adicionaron deducciones
personales como gastos médicos, cuotas pagadas al IGSS y otros
planes de pensiones, que erosionaron seriamente la base del impuesto
(ICEFI, 2007a: 210).
En esta reforma tributaria no sólo el articulado suponía innovaciones. La
estrategia para aprobarla significó probablemente la primera negociación seria
entre el gobierno y CACIF, en la que también participaron las Cortes. Pero su
seriedad no la hizo menos ardua. Como telón de fondo de la negociación
funcionaban las presiones del FMI, que le exigía al gobierno que creara
condiciones macroeconómicas estables para firmar un acuerdo de
contingencia. Aunque el gremio empresarial apoyaba algunas modificaciones al
IVA, se oponía con firmeza a ciertas medidas del paquete y lanzaba al
Congreso recomendaciones que debían ser tomadas como advertencias. Su
descuerdo con los cambios a algunos aspectos del ISR lo manifestaron con un
mensaje que pedía a los diputados que tomaran en cuenta la situación
económica del país y diseñaran un esquema tributario acorde con la realidad
(Valdez y Palencia, 1998). La Cámara hizo caso omiso y entre mayo y
noviembre de 1992 publicó las reformas al ISR, al IVA, al papel sellado y
timbres, a los cargos a la distribución del petróleo y combustibles, y puso en
vigor la Ley de la sección III del Arancel Centroamericano de Importaciones.
La oposición empresarial a las reformas esta vez había sido menor que en las
anteriores. El carácter claramente regresivo del IVA y del ISR hacía que sus
intereses no se vieran tan perjudicados (PNUD, 2008), pero aún así había
aristas, como el pago a cuenta del ISR, que les hacían fruncir el ceño. Pese a
que en esta ocasión las negociaciones habían sido más sólidas que en tiempos
de Vinicio Cerezo, en que CACIF se había sentado a la mesa para ganar
tiempo, lo realmente decisivo fue que Richard Aitkenhead estuviera al frente del
tesoro público. Su prestigio ante un empresariado que lo consideraba uno de
11los suyos, unido a una negociación política en la que Finanzas cedía en
algunos aspectos a cambio de que lo que se pactase fuera respetado,
constituyeron razones suficientes para que concedieran, casi como un favor
personal, una rara moratoria que a la postre resultaría en que mientras él
estuvo en el cargo, ellos no impugnaron el impuesto. Lo hicieron tan pronto
Esta fue la última vez que Serrano, asediado desde varios flancos, abordaba
una reforma en el ámbito fiscal. Un año después, frustrado por la actitud
clientelar y corrupta del Congreso, y con grandes dificultades para gestionar
cualquier acción política, intentaba un golpe de Estado que, impugnado contra
sus expectativas por buena parte de la sociedad, fracasó y lo obligó a salir de
la Casa Presidencial rumbo a Panamá.2.3.El Gobierno de Ramiro de León (1993-1996)Si su antecesor se había sentado en el despacho de la Presidencia tras una
victoria tan brusca e inesperada que ni siquiera gozaba de plan de gobierno, el
mandato de Ramiro de León, hasta entonces Procurador de los Derechos
Humanos, nació de una forma aún más brusca. Lo hacía además en medio de
un clamor por que tomara medidas drásticas como la depuración del
Organismo Judicial y del Congreso. A estas dificultades se sumó la renuncia
del Ministro de Finanzas, Richard Aitkenhead. Lo sustituyó la secretaria
ejecutiva de la Presidencia, Ana de Molina.
La salida del ministro tumbó la primera pieza del dominó. La Cámara de
Industria no tardó en abalanzarse con un recurso de inconstitucionalidad en
contra del impuesto que, aunque otorgado a Aitkenhead, no les había dejado
conformes: el ISR. A la nueva ministra, con apenas una semana en el cargo, el
recurso no la pillaba desprevenida. Sabía que iba a ocurrir porque un
viceministro le había explicado los supuestos términos del trato. Pero estar
prevenida no le evitó problemas: la CC amparó primero a los ponentes y luego
anuló parte del texto de la ley. El impuesto quedó inservible: “casi lo inutilizó en
sus efectos” (PNUD, 2008: 434).
“El tema tributario”, reflexiona Ana de Molina, “está muy vinculado al ciclo
político, y al ministro que me precedió se le había concedido la posibilidad de
tener un pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta. Pero acordado en tanto
que él estuviera en el cargo. Así son las concesiones. Así funciona”, afirma. “El
pago a cuenta se negoció para un determinado ministro y para un determinado
Richard Aitkenhead -uno de los responsables de que años después, durante la
administración de Óscar Berger, el IETAAP, un impuesto temporal que
12expiraba al final de ese mandato, fuera prorrogado para no perjudicar
seriamente la recaudación en el primer año de Colom- sostiene en cambio una
versión distinta. Con un Organismo Ejecutivo débil y en medio de una cultura
nacional anti-impuestos, su gestión trató siempre de alcanzar acuerdos
políticos con grupos de interés para desarrollar las políticas, reformas y
programas que correspondían a su función pública. “Entre ellas”, escribe, “la
negociación de la reforma fiscal fue una de las más importantes”. “La regla era
muy sencilla: Yo respetaba la negociación previa de las medidas que serían
adoptadas si había el compromiso de no atacar posteriormente los acuerdos
alcanzados utilizando cualquiera de los trucos normales de una democracia
débil (uso de organizaciones de fachada o de personas bajo contrato para
anular o obstaculizar las medidas). En ese sentido SI existía un acuerdo con
representantes del sector privado para que la negociación de la reforma
aprobada en marzo/abril de 1992 no sería atacada por medio de
inconstitucionalidades. En ningún momento se establecieron plazos o requisitos
previos sobre mi permanencia en el cargo” (Richard Aitkenhead, 17/11/2010).
En resumen del propio ex ministro, la situación fue completamente diferente
aunque el resultado parezca el mismo.
En efecto, los ingresos por el ISR se desplomaron. De repente, el gobierno se
encontró con Q600 millones menos, una cifra importante en un presupuesto
exiguov. Representaba el 1% del PIB. La carga tributaria que durante el anterior
gobierno había rozado el 8,3% y el 7,8% del PIB, ahora, anclada en el 6,7%,
tocaba mínimos memorables. Aparte de cerrar un ministerio y ajustar el gasto
en las dependencias públicas, se tomaron medidas administrativas y contra el
contrabando que incrementaron la recaudación. Aún así, ni se vadearon las
brechas ni se alcanzó el incremento del 1% del PIB por el que el FMI estaba
presionando a de Molina. De nuevo, ante esta situación, al gobierno le tocaba
plantearse una reforma tributaria.
Ese año, 1994, estuvo marcado por las protestas del sector privado ante las
propuestas del gobierno. Se sucedieron iniciativas para un impuesto
extraordinario sobre los ingresos, una modificación del ISR, la armonización
tributaria centroamericana de los impuestos sobre vehículos, bebidas
alcohólicas, cervezas, aguas gaseosas e impuesto de salida del país, y
cambios al IVA y al Código Tributario. Pese a su oposición inicial a las
reformas, el Congreso, ante el que CACIF había estado cabildeando, aceptó la
invitación del Presidente para reunirse a tratar el asunto. Después de tres días
la Ministra llegó a un acuerdo con los diputados y, recuerda, la reforma se
aprobó por consenso a finales de noviembre en el Congreso, junto al
presupuesto. Las reacciones no se hicieron esperar.
Después del pacto del Ejecutivo y Legislativo, y en medio de un pulso político
entre el Presidente y CACIF por los aranceles, “el ambiente se exacerbó”. El
acuerdo, surgiere de Molina, había supuesto hacer a un lado el tradicional
13poder de veto del que había gozado la cúpula empresarial y eso agravó su
molestia. “Ése era el punto”, sostiene la ex ministra en una entrevista personal
(09/11/2010). “Por qué yo –mujer además- me voy a negociar con los partidos
políticos y no con quienes, se supone, debería haber negociado. Y encima
consigo un consenso y se aprueba. Eso era una falta muy grave que yo debía
Pagó. En aquella ocasión las críticas, en forma de ataques ad hominem, se
centraron en su figura. Se pedía su destitución en público y en privado, se
decía, con alusiones a su estatura física, que no tenía altura de ministro, se
difundían burlas sobre su aspecto, se deslizaban comentarios viciados sobre la
pertinencia de que la mandaran a relajarse a una embajada. Pero hubo otras
presiones, más intestinas: el sindicato aduanerovi, al que las modificaciones no
afectaban lo más mínimo como grupo, amenazó a de Molina con paralizar las
aduanas, en lo que ella interpreta como una medida instrumentada por
En 1995 las reformas y la bonanza económica elevaron la carga tributaria casi
al 8%. Pese a ello, las relaciones entre el gobierno y el sector privado seguían
tirantes, sin restaurarse. En abril se aprobó un nuevo impuesto a las empresas
mercantiles y agropecuarias: el IEMA. CACIF, descontento y midiendo sus
fuerzas con el Presidente, lo impugnó ante la Corte de Constitucionalidad. El
mandatario lo interpretó más como una postura más política que económica. La
Corte, sin declararlo inconstitucional, lo mantuvo suspendido hasta después de
que Álvaro Arzú, cabeza de un Ejecutivo proempresarial, tomara posesión del
siguiente gobierno.2.4.El gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000)Durante el primer año del gobierno de Arzú, se puso colofón al proceso que
había comenzado en la década anterior: se firmaron los Acuerdos de Paz, que
dibujaban la cartografía de la gestión pública para las administraciones
siguientes. El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria,
por ejemplo, señalaba las metas que se debían cumplir en materia económica,
presupuestaria y en las políticas sociales. La política fiscal también debía
orbitar en torno a este acuerdo, que fijaba la obligación de incrementar la carga
tributaria un 50%, hasta llegar al 12% del PIB antes de 2000.
Aunque la firma de los Acuerdos había sido importante para el gabinete, la
reforma fiscal no estaba en los planes de medio plazo del presidente (ICEFI,
2007a; PNUD, 2008). Sin embargo, cuando su primer Ministro de Finanzas,
José Alejandro Arévalo, un técnico que había trabajado durante 20 años en el
sistema de la banca central y había alcanzado puestos como el de gerente
general de Banco de Guatemala y superintendente de Bancos, tomó asiento en
14su despacho y comenzó a revisar las cuentas, comprobó que “la realidad era
peor que lo imaginado”. “Las arcas”, rememora Arévalo, “estaban virtualmente
vacías y tuvimos serias dificultades para cancelar los salarios públicos de los
primeros meses de 1996vii”, y las tasas de inflación superaban los dos dígitos.
En esas circunstancias, el Ejecutivo logró que en mayo se aprobara la ley del
impuesto de solidaridad, extraordinario y temporal (ISET). El impuesto,
aprobado con la venia de CACIF y con una fecha de caducidad de dos años, se
erigió en el primero de una serie de tributos con los que el sector privado
consiguió que se institucionalizara una forma de control sobre los
representantes electos que ya había utilizado: la de vincular los impuestos a los
ciclos políticos, a los ministros o a los gobiernos; la de crear tributos
perecederos que a cada nuevo gobernante le obligaran a negociar en situación
de urgencia ciertos montos mínimos para operar.
Pese al ISET y a la vigencia del IVA, las carencias de 1997 llevaron al gobierno
a proponer una reforma tributaria. A finales del año, postergados por las
acciones retardatarias de la dura oposición del FRGviii, se aprobaron nuevas
leyes o se introdujeron reformas a los impuestos que afectaban las bebidas
alcohólicas, la salida del país, el petróleo crudo y combustible, el IEMA y el
Tanto el IUSI como el IEMA, que “elevaban la progresividad del sistema
tributario y trataban de incrementar la recaudación de impuestos directos”
(ICEFI, 2007a: 219), fueron impuestos polémicos. El gobierno, al que no le
había costado tanto poner en vigencia a mediados de año una desgravación de
la tasa del ISR del 30% al 28.5%, se topaba de nuevo con un conflicto en
potencia. CACIF se oponía. La Cámara del Agro vaticinó que subiría el precio
de los alquileres y que el sector agrícola sufriría la doble tributación. Lideradas
por Rigoberta Menchú, organizaciones campesinas, sindicales y populares,
como la Central General de Trabajadores de Guatemala, la Unidad de Acción
Sindical y Popular, el Comité de Unidad Campesina y la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas y Campesinas se quejaron como la Cámara del Agro
de que el impuesto encarecería la vivienda y la tierra para el cultivo. Las
protestas desembocaron en incidentes violentos en varios departamentosix. En
febrero se presentaron dos recursos de inconstitucionalidad sobre el decreto y
los partidos de oposición hicieron un llamado a la población para que se
abstuviera de pagar el impuesto. Arzú cedió y derogó x el IUSI “para
salvaguardar la paz social y la estabilidad nacional”. Al año siguiente lo
restableció con otra fórmula de cálculo (ICEFI, 2007a).
En 1998 el gobierno le dio un espaldarazo a lo tributario al crear la institución
que desde entonces concentraría el control de los impuestos, la administración
aduanera y la persecución de la evasión en una sola dependencia: la
Superintendencia de Administración Tributaria. Aquel año también fue esencial
15en otro aspecto: se inició un proceso de negociación respecto a la temática
fiscal en el que las partes no sólo eran la tradicionales, el Estado y CACIF, sino
que se abría la puerta a diferentes sectores sociales con el fin de “legitimar el
nivel, composición y tendencia del gasto público y de la carga necesaria para
su funcionamiento”. Era el Pacto Fiscal. En aquel momento, ya hacía tiempo
que todos se habían resignado a que, en el plazo previsto, la meta tributaria de
los Acuerdos de Paz no se cumpliríaxi.2.5.El gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004)La administración de Alfonso Portillo fue, desde un principio, de una índole
extraña. Su gabinete estaba conformado por las corrientes más dispares,
opuestas a veces: empresarios, activistas e intelectuales reformistas, militares,
facciones antioligárquicas y caciques municipales pululaban por la bancada
oficial en el Congreso y por la Casa Presidencial. Fue durante el mando de este
gobierno que la más integral de todas las iniciativas por reformar la fiscalidad
de Guatemala, el Pacto Fiscal, cuajó hasta convertirse en una esperanza al
alcance de la mano, y después se derrumbó.
Sucedió al principio del gobierno. Tras dos años de proceso, el sector privado y
las organizaciones sociales parecían cerca de llegar a un acuerdo en cuanto a
las medidas tributarias pero, presionados por la cercanía del plazo límite que
había puesto el gobierno para la propuesta, entablaron jornadas maratónicas
de conversaciones. Al día siguiente retomaron urgentemente los diálogos y se
cerró el pacto, pero el gobierno y el partido oficial, que oficialmente declaraban
haber sido excluidos de las negociaciones, presentaron al Congreso una
reforma tributaria que habían trabajado en paralelo. Ese movimiento clausuró el
que hasta hoy ha constituido no sólo el proceso de reforma fiscal más profundo
en la historia de la democracia guatemalteca, sino también el más legitimado.
Qué ocurrió aún no está claroxii. Una de las versiones más comunes hace eco a
la declaración oficial sobre la marginación de los políticos en las negociaciones,
otra se refiere a la inconformidad de ciertos sectores con los Acuerdos de Paz,
vinculados estrechamente con el pacto; una tercera, a la animadversión y
desconfianza de ciertos grupos del gobierno hacia el sector privado; según
otra, el fracaso debe atribuírsele a una jugada maestra ejecutada entre el
ministro de Finanzas, Manuel Maza, y la bancada oficial, pero planificada por
un ex director de inteligencia militar, Francisco Ortega Menaldo, que era actor
clave en el gobierno de Portillo, y sospechoso de múltiples actividades ilícitas
relacionadas con el contrabando y el tráfico de drogas (Peacock y Beltrán,
La reforma tributaria del 2000 no tuvo mucha historia, aparte de un escándalo
por la modificación fraudulenta de las tasas impuestas a la distribución de las
16bebidas alcohólicas y gaseosas, que en su momento se conoció como el
Guarogate. La reforma incluía la ley del impuesto sobre aguardientes y bebidas
alcohólicas, la ley de supresión de privilegios y beneficios fiscales, además de
un incremento del ISR unido a mayores restricciones para acreditar el IVA que,
en un Congreso con mayoría oficialista, pasaron sin mucha dificultad después
de algunas negociaciones.
Aquel año la carga tributaria alcanzó por primera vez el 10% del PIB, pero
seguía siendo una de las más bajas del mundo y las declaraciones de la
comunidad internacional y de los organismos financieros multilaterales insistían
en que para fomentar el desarrollo de Guatemala era preciso incrementarlo, tal
y como había sido estipulado en los Acuerdos de Paz. Eduardo Weymann,
sustituto de Maza al frente de Finanzas, anunció en julio que además de
medidas contra los delitos financieros, el gobierno impulsaría el aumento de
ciertos impuestos. El IVA, el IEMA, y algunos impuestos específicos estaban en
sus planes. Ante el anuncio, el sector privado “fue tejiendo sus propias alianzas
con sectores intermedios de la sociedad civil y aumentó su capacidad de
movilización y audiencia” (Gutiérrez, 2005: 24).
Antes de que se aprobara la propuesta comenzaron las campañas críticas en
los medios y los viernes de luto, unas movilizaciones de grupos ciudadanos
que se reunían en el Obelisco, un monumento situado en la plaza que
distribuye algunas de las avenidas más concurridas de la ciudad. Ahí, cerca de
las zonas más adineradas de la capital, ciudadanos vestidos de negro
manifestaban rechazo a los impuestos y criticaban la corrupción
gubernamental. A diferencia de otras veces, en esta ocasión la clase
propietaria no sugirió que se mejorara la recaudación y se impidiera la evasión.
Ahora que el gobierno había propuesto el endurecimiento de las penas contra
la evasión, por ejemplo, la cárcel sin libertad bajo fianza por defraudación y
contrabando aduaneros o por defraudación tributaria, apropiación indebida de
impuestos o resistencia a la acción fiscalizadora, conmutable si el acusado se
declaraba culpable y pagaba, o la ampliación de facultades de la
Superintendencia de Administración Tributaria para cerrar una empresa o un
negocio encontrado en fraude fiscal, CACIF acuñó la expresión "terrorismo
fiscal" e hizo ver el peligro de que el gobierno persiguiera por esta vía a rivales
políticos (Hernández Pico, 2001).
El paquete se aprobó el 30 de junio. Un día después, hubo paro empresarial y
manifestaciones. Como en 1987, CACIF lo promovía, aunque quizá fue la
Cámara de Comercio, con una red de filiales extendida en todo el país, la que
desempeñó un papel más significativo (Gutiérrez, 2005). “Si la firma del Pacto
Fiscal había sido un punto cumbre en la historia de la concertación en
Guatemala, el momento en el que fueron aumentadas las tasas del IVA y del
IEMA marcó uno de los puntos más bajos de la misma, por el grado de
confrontación existente” (ICEFI, 2010: 13).
17En adelante, Portillo intentó algunas reformas mínimas, siempre con el éxito
asegurado en un Congreso que para ciertos asuntos se sometía a su control.
Sin embargo para 2003 la carga tributaria, que había escalado hasta 10.6% el
año anterior, caía de nuevo a 10.3%. Las razones de la inestabilidad eran
idénticas a las de gobiernos anteriores: aunque ciertos recursos de
inconstitucionalidad que la oposición, la sociedad civil o sobre todo el sector
empresarial habían interpuesto fueron denegados o engavetados, como el del
IEMA, otros triunfaron. Lo hicieron en un ambiente de críticas contra un
gobierno corrupto y sin rumbo y en plena campaña electoral.2.6.El gobierno de Óscar Berger (2004-2008)El año comenzó con una cruel ironía para el gobierno de Berger. Pocas
semanas después de su toma de posesión, la Corte de Constitucionalidad
desempolvó el recurso de inconstitucionalidad que Agexpront y CACIF habían
planteado en contra del IEMA. El objetivo doble había sido socavar los ingresos
de una presidencia, la de Portillo, que no les era afín. Al regresar, el
boomerang le golpeó en la cabeza a Berger, descendiente de una familia de
terratenientes, casado con una acaudalada mujer, un tipo que había llegado al
cargo encabezando una coalición de partidos llamada Gran Alianza Nacional
(GANA)xiii. El fallo de la Corte de Constitucionalidad suponía una merma de
Q2500 millones para las finanzas públicas.
Los dirigentes empresariales reaccionaron con una alegría matizada. Mientras
que en ocasiones anteriores sólo se hubieran felicitado por la buena noticia,
ahora pronunciaban palabras conciliadoras con el gobierno. Roberto
Castañeda, presidente de CACIF, declaró a Prensa Libre que el dictamen
beneficiaría a las empresas, pero lamentaba que esto fuera a perjudicar al
nuevo gobierno, que estaba “en quiebra”. “Vamos a pedir que se analice dentro
del Pacto Fiscal y se le encuentre una salida al problema”, expresó el
representante patronal (Gudiel, 03/02/04).
De modo que Berger, al igual que sus antecesores, tuvo que hacer frente a una
desesperante falta de recursos nada más llegar al cargo y a una apabullante
crisis fiscal. Al principio pensó que podría paliar el déficit con endeudamiento,
recortes del gasto de un 20% e imponiendo medidas para mejorar la
recaudación, pero pronto se vio obligado a hacer un llamamiento a retomar el
pacto fiscal y en medio de un déficit agobiante tomar medidas de corto plazo.
No habían pasado más de cuatro meses desde el inicio de su gestión cuando
en mayo presentó una serie de reformas entre las que destacaba la del ISR y la
creación del IETAAP, un impuesto extraordinario y temporal en apoyo a los
Acuerdos de Paz. El sector empresarial criticó reiteradamente el IETAAP (un
tributo perecedero que como el ISET les aseguraba una posición privilegiada
18en las negociaciones con el gobiernoxiv) porque desestimulaba la inversión y
golpeaba a las pymes, pero finalmente accedió a pagarlo con la condición de
que las tasas se fueran reduciendo paulatinamente hasta desaparecer al final
de la gestión de Bergerxv.
La reforma fue aprobada en junio en un Congreso en el que el gobierno tenía
una minoría de diputados, pero en 2005, el año siguiente, la carga tributaria
disminuía de nuevo al 9.6%.
Según estudios como el INDH (PNUD, 2008) o Diez claves para el pacto fiscal
(ICEFI, 2010)xvi, las propuestas de reforma del gobierno de Berger habían sido
tan menores que, añadido a que se aprobaron incompletas, ni siquiera habían
servido para compensar la pérdida que suponía la inconstitucionalidad del
IEMA. Esta tibieza “reflejaba la existencia de una negociación de élites entre el
gobierno y el CACIF… con un componente temporal en materia de tributación
directa, congruente con los intereses tradicionales del sector privado sobre los
impuestos.” (PNUD, 2008: 436)
En realidad, el trabajo de la comisión que elaboró y consensuó el paquete
tributario no estuvo exento de fricciones con empresarios y organizaciones
civiles, pero, en palabras de uno de sus miembros, si al final no se logró
reponer la totalidad de los ingresos perdidos ni alcanzar los objetivos trazados,
fue por la resistencia de los grandes empresarios cercanos al presidente Óscar
Berger. De hecho, como afirmó en un artículo Carlos Barreda (2007), que
durante el gobierno actual fue viceministro de Finanzas para la Transparencia,
“la tendencia impuesta en los cuatro años del gobierno empresarial de la GANA
fue aumentar los privilegios fiscales, limitar el gasto público y reducir los
impuestos a los grandes consorcios económicos y financieros del país. Berger
modificó la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de
Maquilas (Decreto 29-89) mediante el Decreto 38 –2004, permitiendo que
empresas licoreras, tabacaleras, de bebidas y mineras gocen de amplias
exenciones fiscales, provocando pérdidas anuales por más de Q4 mil millones
al fisco” (p. 10).
En 2006 se aplica una nueva fórmula al cálculo del PIB, y como resultado de
esta modificación, la estimación de la carga tributaria alcanzó el 11.8% del PIB,
que en apariencia, rayaba en el 12% que plantearon los Acuerdos de Paz. Pero
sólo en apariencia, porque con la nueva metodología, aquella cifra había sido
también recalculada y la meta se había elevado al 13.2%. En 2007, subió tres
décimas, hasta el 12.1%. Y para 2008, cuando la gestión de la administración
ya correspondió al nuevo presidente, Álvaro Colom, cayó al 11.3%. Esa
reducción se debió a la merma del consumo, producto de la crisis económica
internacional, pese a que Berger había logrado negociar una prórroga del
IETAAP que ayudaría, con un 0,8% del PIB, a mitigar el agujero fiscal que se
192.7.El gobierno de Álvaro Colom (2008-a la fecha)Cuando el Presidente presentó a Juan Alberto Fuentes Knight como parte de
su Gabinete, estaba nombrando Ministro de Finanzas a un académico que
había dedicado buena parte de su vida a especializarse en finanzas públicas y
a promover las reformas fiscales en su país, como investigador y como
Secretario Ejecutivo del Pacto Fiscal del 2000. Esta disposición marcó tan
decisivamente como la crisis económica o los desastres naturales la estrategia
fiscal que el gobierno iba a seguir hasta que el ministro renunció al cargo, a
mediados de 2010. Las nuevas autoridades se comprometían en aquel
momento a mantener la estabilidad macroeconómica y dar mayor importancia a
la política social y de desarrollo rural, además de enfrentar los problemas de
inseguridad pública y debilidad del sistema de justicia. Pero para ello era
preciso consensuar una normativa que permitiera disponer de ingresos
estables y suficientes. (CEPAL, s/fxvii)
En breve, había que conseguir una reforma fiscal. Los esfuerzos del ministerio
se sucedieron a razón de más de uno al año, pero resultaron si cabe aún más
infructuosos que en gobiernos anteriores. Si hasta hoy sólo se ha aprobado la
creación del Impuesto de Solidaridad (el gravamen que sustituyó al IETAAP y
lo convirtió en un tributo permanente), buena parte de culpa la tuvieron algunos
miembros del propio gabinete y de un partido oficial que pese a decirse
socialdemócrata era un frágil aglomerado de los más contradictorios intereses;
y los supuestos aliados.
En febrero de 2008 el Ministro de Finanzas anunció sus intenciones. La primera
de sus propuestas, la única que Fuentes Knight define como integral, suponía
en lo tributario fortalecer el ISR y eliminar las exenciones y exclusiones xviii, y
avanzaba una propuesta antievasión. La iniciativa apuntaba a incrementar la
carga tributaria hasta un 13.2% para el año 2009 (CEPAL, s/f), y casi a
alcanzar la meta fijada en los Acuerdos de Paz. En palabras del ex ministro,
“fue discutida con la Comisión de Finanzas en cierto detalle e incluso se
organizó un seminario en la sede del BID en Washington para discutirla en el
2008, junto con otros temas de política fiscal. Fue objeto de un cabildeo intenso
con los diputados de la Comisión. Había cierto apoyo genérico a la propuesta
pero a la hora de entrar a apoyarlo en la práctica el compromiso fue mucho
menor, especialmente cuando se hizo evidente la oposición del sector privado,
que argumentaba que no se podía impulsar una reforma fiscal en medio de una
crisis. El grado de autonomía frente al sector privado era limitado. Hay que
tomar en cuenta, además, que en el 2008 el Presidente de la Comisión era
Manuel Baldizón, con un alto grado de autonomía frente al Ejecutivo, que luego
se reflejó en que dejara la UNE. Además, no había una gran disciplina dentro
de la bancada de la UNE ni dentro del grupo de la UNE que era parte de la
20Comisión, y en el caso de los aliados hubo muchas fluctuaciones, y una
relación cercana –a veces íntima- con diversos grupos privados también”
(Fuentes Knight, comunicación electrónica, 09/11/2010).
Poco a poco fue haciéndose evidente que la iniciativa no tenía posibilidades de
éxito y fue retiradaxix. En medio de la crisis económica y con la cercanía del
vencimiento del IETAAP, los cálculos recaudatorios para 2009 eran
preocupantes. A finales de año, el gobierno planteó una segunda reforma que
le procurara urgentemente ingresos para las municipalidades, la educación, la
salud, el desarrollo rural y la seguridad (PNUD, 2010). En ella retomaba en
parte la primera propuesta de Fuentes Knight, pero con la notoria exclusión de
las modificaciones al ISR. Fijaba medidas contra la defraudación aduanera,
establecía reformas al Código Tributario y eliminaba el IVA en la venta de
inmuebles usados. Además proponía incrementar algunos impuestos
indirectos, como a la primera importación de vehículos, y postulaba un nuevo
gravamen, el ISO.
Después de meses de negociaciones, en 2009 Mario Taracena, un diputado
curtido, relativamente autónomo de los intereses del sector privado y a la sazón
presidente de la Comisión de Finanzas, logró que se aprobara el ISO, aunque a
una tasa más baja que la esperada y que la del IETAAP, impuesto al que
sustituía. Sin embargo, la obstaculización del resto de la reforma fue continua,
especialmente contra el impuesto a la importación. En aquel momento el sector
privado, en alianza con el Partido Patriota, el principal adversario político del
gobierno, hizo algo inesperado: adoptó un método de presión común entre las
organizaciones populares pero inaudito entre los empresarios: la manifestación
en el Congreso, la presión directa, visible, masiva. La bancada opositora
introdujo durante días a importadores de vehículos para que fueran a presentar
sus quejas ante los diputados. Y no estaban solos.
A la oposición cerrada que el Partido Patriota demostró en aquel momento –y
durante los dos primeros años de gobiernoxx- se unía ahora el juego taimado de
ciertas bancadas que, aliadas o de oposición, tenían negocios con los
importadores de vehículos (Fuentes Knight, comunicación electrónica,
09/11/2010). Un periodista especializado en el Congreso recuerda que durante
meses estuvo llamando a los diputados para conocer el estado de las
negociaciones. Las respuestas que obtenía eran invariables, tanto del partido
oficial como de los aliados y la oposición: “ya casi estamos de acuerdo”. Pero el
acuerdo nunca llegaba. En los corrillos del Congreso circulaba la sospecha de
que bancadas aliadas del gobierno que -como la GANA- en público aprobaban
la propuesta, en privado la postergaban, la minaban, la saboteaban para
favorecer sus negocios aduanerosxxi. Rondando el cuarto semestre del año,
con apariencia de hastío el presidente del Congreso, el oficialista Roberto
Alejos, anunciaba que retiraría la propuesta del debate.21En ese momento, la preocupación por la caída de la carga tributaria era
máxima dentro del gobierno. En las gráficas, la tendencia de esta última había
caído desde 2007 de 12.1% a 11.3% en un año, y las cuentas que se hacían
en octubre de 2009 calculaban que ese año no se superaría el 9.9%. Aunque
meses después se supo que en realidad la caída fue de casi un punto (10.4%)
y no de un punto y medio, había entonces un gran nerviosismo por la brecha
fiscal que se estaba abriendo. La situación era aún más grave porque el
presupuesto de 2010, más ordenado y transparente y menos cuantioso que el
de 2009, no había sido aprobado y por lo tanto el del año anterior continuaría
vigente. Esa situación obligaba a encontrar un financiamiento para alrededor de
Q2000 millones de gasto presupuestado que carecían de contrapartida en los
A finales de año el Ministerio de Finanzas planteó lo que Fuentes calificaba de
“reformita”, un aumento del ISO del 1% al 2%, un impuesto a las llamadas
telefónicas móviles, un cambio al ISR, y un endurecimiento de la lucha
antievasión (Valladares, 04/12/2009).
Como reconoce Fuentes Knight, esta iniciativa no tenía pretensiones, estaba
pensada sólo para salir del paso, pero con la sucesión casi ininterrumpida de
propuestas frustradas el gobierno llegó a dar la impresión de estar bajando la
apuesta o de comportarse como los niños mimados que piden un juguete y
cuando se les niega piden otro, y luego otro y otro, sin que aparentemente haya
nada más en común que el capricho. Lo explica el ex ministro de Finanzas y
hoy diputado unionista José Alejandro Arévalo: “el actual gobierno no ha tenido
una política fiscal coherente y algunas de las reformas presentadas no guardan
consistencia ni lógica conceptual, incluyendo algunas que parecerían felices o
infelices ocurrencias de última hora. Lamentablemente se perdió el primer año
de gobierno para proponer una reforma integral, orientada por las
recomendaciones del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, entidad que dio el
último seguimiento al Pacto Fiscal del 2000. La falta de consistencia
gubernamental ha facilitado la resistencia a las reformas en el seno del
Congreso de la República, así como la evidente confrontación ideológica o de
otros intereses creados desde el propio partido oficial, especialmente sobre
Sin embargo, la “reformita” fue aprobada por la Comisión de Finanzas del
Congreso y hubiera sido aprobada en primera lectura en el Pleno de no haber
intervenido el sector privado, que en alianza con integrantes del Ejecutivo
“condujeron a una negociación que detuvo el avance de la propuesta y ni la
bancada de la UNE ni de los aliados apoyó de manera contundente esta
iniciativa, a pesar de las promesas que sobre ello le hicieron al Presidente”
(Fuentes Knight, comunicación electrónica, 09/11/2010).22Además, desde que se conoció la intención de gravar las llamadas de teléfonos
celulares, el sector empresarial hizo esfuerzos para divulgar en los medios de
comunicación la idea de que las telefónicas no asumirían el impuesto y que el
cobro sería transferido al consumidor. Aunque el gobierno intentó convencer a
la población de lo contrario, la sensación que transmitían los artículos de
opinión y los informativos era de indignación: una vez más sería la clase media
la que tendría que sostener los gastos del Estado, sin recibir gran cosa a
En medio del maremágnum de críticas y protestas, la Cámara de Industria no
sólo había cabildeado en el Congreso, sino que llegó a publicar los números de
teléfono de los diputados y pedir a la población que llamara para expresar sus
quejas. Algunos legisladores que apoyaban la reforma declararon haber sido
insultados y amenazados de manera anónima. Los opositores recibieron
felicitaciones (Álvarez, 29/11/09). Al final, ya lo hemos dicho, la reforma
agonizó y murió en las negociaciones con el sector privado.
Aunque ha mantenido abierta una mesa de diálogo fiscal con varios sectores,
tras este tercer fracaso y ante las perspectivas de mayor recaudación
derivadas de la recuperación económica y el incremento del consumo, el
gobierno sólo ha vuelto a mencionar la necesidad impostergable de una
reforma tributaria después de que le PNUD entregara el Informe de Desarrollo
Humano correspondiente a 2010. Hasta entonces, forzado por una correlación
de fuerzas que transparenta su debilidad, la emisión de deuda pública y la
cooperación internacional han sido sus sostenes ante las necesidades diarias a
las que ha tenido que hacer frente, y también ante las excepcionales, como las
torrenciales lluvias. Conforme las elecciones se acercan cualquier político
demuestra menos interés en tomar decisiones dolorosas que le puedan
arrastrar hacia las márgenes de la impopularidad. Cuando Fuentes Knight
abandonó el Ejecutivo una propuesta antievasión, que recogía buena parte de
la iniciativa previa sobre tributación indirecta pero excluía la importación de
vehículos, estaba consensuada con el sector privado y con los diputados para
que fuera aprobada. Pero las altas autoridades del Congreso y de la Comisión
de Finanzas -oficialistas pero en otros menesteres ya- no le dieron trámite ni
importancia hasta que los datos del nuevo Informe de Desarrollo Humano les
dieron fuerzas para intentar un nuevo embate.
Desde el momento de la salida de Fuentes Knight se ha conocido no sólo la
renuncia de Edgar Balsells, el sucesor de Fuentes en el Ministerio, por un
supuesto desacuerdo con la Presidencia sobre cómo manejar el gasto a falta
de ingresos, sino que también se ha hecho público un fallo de la Corte de
Constitucionalidad que declara parcialmente inconstitucional un impuesto al
tabaco, y exime a la empresa British American Tobacco Central America de
pagar Q134 millones anuales. La nota de prensa decía: “la SAT rechazó el
argumento de doble tributación presentado por la tabacalera. ‘En todo el mundo
estos productos, como el alcohol, tienen impuestos elevados por el daño a la
23salud’… No obstante, contra el fallo emitido no procede ya ninguna apelación”
(Méndez Villaseñor, 18/10/10).4. Mecanismos de diálogo, presión y sabotaje
En la estructura tributaria de un país se imprimen los vaivenes del péndulo de
la correlación de fuerzasxxii. Modificar esa estructura significa haber trastocado
la influencia relativa de cada grupo. Estudiarla, en cambio, permite iluminar en
qué ámbitos descansan el poder y la capacidad de decisión. En la estructura
tributaria de Guatemala, intrincada pero transparente, se refleja más que
ningún otro el peso de la élite económica. A veces en solitario, a veces coligada
con otros grupos de presión o -como en otras ocasiones- en simple
concomitancia, durante un cuarto de siglo la coordinadora de patronales ha
sido el actor que de forma más recurrente se ha opuesto a las intenciones
recaudatorias del Estado. La historia de los fracasos de las tentativas de
reforma constituye sobre todo el inventario de los modos en que el sector
privado organizado las ha hecho fracasar. La historia de los avances ha sido,
más que nada, la de sus mutilaciones: el relato de cómo las han mermado y
diluido, e incluso de cómo las han llegado a desustanciar.
En general los mecanismos empleados para impedirlas se han distinguido de
los usados para desustanciarlas. Pero ora como vetos absolutos, ora como
vetos suspensivos, en la historia de los gobiernos civiles ambos conjuntos de
métodos, empleados al unísono, han demostrado una altísima eficacia para
vedar las decisiones de los representantes electos. Hablaremos a continuación
de mecanismos de diálogo y de mecanismos de enfrentamiento. Generalmente
aparecen combinados durante un mismo proceso de reforma, ya sea porque un
actor utiliza varios de ellos simultánea o sucesivamente, ya porque varios
actores o varias facciones optan por estrategias de presión diferentes.
No obstante, según la interpretación de Fuentes y Cabrera (2005) actualizada
en 2010 por el ICEFI, es posible discernir las administraciones en las que ha
dominado el diálogo de aquellas en que prevaleció el enfrentamiento.
A decir de Edgar Gutiérrez (2005), la historia demuestra cómo para evitar la
ruptura de la “relación tensión/confrontación/acuerdo entre el poder político y el
poder económico” no ha bastado con que los mandatarios confiaran las
negociaciones con CACIF a funcionarios de alto nivel que provinieran de la
propia empresa privada: “en un caso, al ministro de Finanzas Públicas, Rodolfo
Paiz Andrade, copropietario de la cadena de almacenes más grandes del país;
en el otro, al vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes López, un
transportista con amplia trayectoria como dirigente de las cámaras patronales
que lideró del paro empresarial anti reforma tributaria contra la DC), creyendo
que eran quienes mejor conocían a los empresarios y podían lograr acuerdos
ventajosos. Los resultados, en ambos casos, fueron negativos. Ambos
resultaron inhábiles negociadores; exigieron más de lo que una negociación tal
podía dar (pensaron como empresarios bajo condiciones de acoso: en realidad
podían ceder posiciones sin afectar sus rentas). Ni Paiz ni López Reyes
cuidaron la forma en la negociación, fueron hasta ofensivos en las reuniones”
Por ello no es trivial notar que el diálogo prevalece en tiempos de gobiernos
proempresariales, o empresariales, como en los casos de Arzú, Berger, o
24Serrano Elías. En cambio, el enfrentamiento predomina cuando los gobiernos
manejan un discurso -o se les presupone un tenor- más reformista o
antioligárquico: el de la Democracia Cristiana, el de Ramiro de León, el
eferregista, y ahora el de Álvaro Colom.
Aunque durante el presente periodo de gobierno la tensión entre el Ejecutivo y
el sector privado ha sido alta y ha convocado espectros que se creían
desterrados, existe cierto consenso en la literatura especializada y entre los
entrevistados en que las cámaras han suavizado sus formas, aunque no sus
posiciones, durante los últimos veinticinco años. Ana de Molina recuerda que
algunos de los miembros del sector privado que la denostaron y se arrojaron
contra la reforma que ella llevó a cabo a mediados de los 90, en el transcurso
de un lustro tuvieron que sentarse junto a ella en la mesa de negociaciones del
Pacto Fiscal, y ahora se comportaban con mayores muestras de civismo y
apertura. “Ya no actúan de esa forma tan tiránica y brutal: golpes, paros,
etcétera”, afirma un economista. “Pero siguen oponiéndose a pagar impuestos.”
Lo cierto es que el último paro empresarial tuvo lugar en 2001, en medio de las
protestas contra el gobierno de Alfonso Portilloxxiii.
3.1. Mecanismos de diálogo
a. La negociación de élites
Cuando la ex ministra de Finanzas Ana de Molina rememoró el alto costo que
tuvo para ella haber negociado y consensuado la reforma tributaria de Ramiro
de León con el Congreso y no con quien se suponía que debía negociar, los
empresarios, no sólo estaba señalando el poder de veto del sector privado,
sino que subrayaba un acto insólito en la democracia: antes de ella, ningún
gobierno había obviado pedir permiso en los altos despachos patronales para
modificar los impuestos; tampoco sucedió después de ella, salvo en el segundo
intento de la administración de Portillo, cuando ya se había exacerbado el
conflicto entre su gobierno y aquel grupo.
Para el Estado, carente de la fuerza de impulsar sus reformas, la negociación
con la élite económica ha significado una forma de mendigar concesiones o el
visto bueno a un mínimo denominador común. Para el empresariado ha
supuesto un recurso muy valorado, pero con frecuencia sólo el primero de
muchos (la primera bala de todo un arsenal) y una de las dos formas más
limpias y eficientes de imponer algo muy próximo a su voluntadxxiv.
A diferencia de otros grupos de interés, los representantes patronales siempre
han tenido un lugar a la mesa cuando se ha dado una negociación xxv. En Diez
claves para el pacto fiscal (ICEFI, 2010) se subraya que “cuando ha habido
negociaciones éstas han tomado la forma de ‘negociaciones de élites’ entre
una élite tecnocrática y la cúpula empresarial, sin que el foro real de
negociaciones haya sido la institucionalidad democrática del país, y el
Congreso en particular” (p.6). En todo caso, los acuerdos más fructíferos que
han salido de estas conversaciones no han pasado de ser reformas tributarias
menores. A menudo estos espacios han servido para rebajar las propuestas,
25para mutilar los impuestos o trocarlos por otros más regresivos y benignos con
los intereses empresarialesxxvi. En otras ocasiones, simplemente han empleado
la negociación como medida dilatoria, una forma de ganar tiempo y preparar
respuestas más contundentesxxvii. Como se puede comprobar en el Anexo I,
hay veces en que el resultado de esas negociaciones no se respetó, y
mediante otros mecanismos los cambios fueron parcialmente impugnados.3.2. Mecanismos de enfrentamiento
Independientemente de si el entorno general es de diálogo o de
enfrentamiento, durante los procesos de reforma tributaria aparecen con
recurrencia ciertas técnicas o ciertos instrumentos que mediante la
confrontación pretenden forzar o presionar a los representantes electos para
que retrasen, retiren o vuelvan inocua –e improductiva- una propuesta; o
simplemente la sabotean una vez aprobada.
Dentro del grupo de los mecanismos de enfrentamiento distinguimos dos vías
de actuación. La primera, más tajante, nos remite a las medidas de poder duro,
aquellas disposiciones basadas en la fuerza que pretenden coaccionar al
proponente para que retire la iniciativa de reforma, o que torpedean la reforma,
ya después de aprobada o en el proceso de aprobación. La segunda se refiere,
consecuentemente, a las medidas de poder blando. Nos referimos a aquellas
formas de coerción que a corto plazo presionan o desacreditan al postulante
mediante la difusión de opiniones o de datos y generan un clima que se percibe
como de oposición generalizada a la tentativa, y a las medidas que a largo
plazo pretenden modelar las actitudes y las agendas de la población.a. Medidas de poder duro
La técnica más radical porque viola la Constitución es el golpe de Estado, pero
también es la menos común. Por su extremismo no se trata de una técnica que
se utilice para deponer a un Gobierno por una sola de sus decisiones. Más
bien, expresa el malestar o la inconformidad de los golpistas ante un conjunto
de disposiciones del Ejecutivo en un entorno tenso. Durante el gobierno de
Vinicio Cerezo hubo al menos dos intentos de golpes de Estado que se
gestaron en un clima de severos cuestionamientos al gobierno. Entre los
blancos de esas críticas, las propuestas tributarias de Cerezo eran uno de los
predilectos y si no se puede afirmar que fueron el detonante de los golpes, no
es demasiado aventurado pensar que se erigieron en uno de sus catalizadores.
Otras administraciones han denunciado conspiraciones o planes de golpe en
los que a menudo han implicado a grupos de la élite económica con o sin
26A esta técnica le sigue el llamado a la insubordinación tributaria. Aunque cada
cierto tiempo se elevan voces tibias y esporádicas que piden que se omita el
pago de impuestos, al menos en dos ocasiones este llamado ha sido firme y
consistente y ha llegado a constituir una amenaza creíble y grave. La primera
vez sucedió en medio de las tumultuosas protestas empresariales en contra del
proyecto de reforma de Cerezo. El autor del llamado fue Unagro, la gremial de
los grandes agricultores. La segunda vez, vino de los partidos políticos de
oposición y se dio también durante un periodo que concluiría con protestas
violentas contra las modificaciones al Impuesto sobre Bienes Inmuebles que el
gobierno de Álvaro Arzú había conseguido que se aprobaran. Al final, una
orden expresa del Presidente hizo que se revocara el impuesto.
Los empresarios han detenido la producción o los servicios de sus compañías
en los dos paros patronales utilizados desde 1986 como protesta para forzar a
los representantes electos a deponer sus intenciones. Dado que ninguno de los
dos tuvo éxito en contener las reformas, es posible barajar la hipótesis de que
el objetivo latente de esta técnica es generar inestabilidad, zozobra, y dar un
golpe de efecto propagandístico que advierta de la magnitud del conflicto tanto
a los trabajadores como a los medios de comunicación. En general es una
técnica costosa para el sector privado tanto en términos económicos como de
Semejante al paro empresarial, pero entre los trabajadores, emerge la huelga
sindical. Su importancia como táctica de presión ha resultado bastante menor.
Aunque se menciona que con cierta recurrencia las agrupaciones de
trabajadores han utilizado la huelga -más como un instrumento de amenaza y
negociación que como una medida de hecho-, la única que se ha constatado es
la de 1994, cuando el sindicato aduanero amenazó a Ana de Molina, la ministra
de Finanzas, con paralizar las aduanas si llevaba adelante su propuesta de
reforma tributaria. De Molina, que la pudo desarticular empleando como arma
de negociación el convenio colectivo que en aquel momento estaba
consensuando con los trabajadores aduaneros, considera que un actor oculto
estaba instrumentalizando al sindicato. ¿Cuál? Si fue la élite económica o las
mafias del contrabando –como el grupo Salvavidas, de varios militares ligados
a los servicios de inteligencia y Alfredo Moreno, que se atacó durante el
gobierno siguiente- o si algún otro, es algo que ella dice ignorar.
Una quinta forma de obstaculizar las reformas la constituye la movilización
colectiva, que ha dado lugar a bloqueos de carreteras. Un ejemplo de ella es la
que lideró en contra del IUSI en tiempo de Arzú, Rigoberta Menchú con el
respaldo de organizaciones campesinas, sindicales y populares como la
Central General de Trabajadores de Guatemala y la Unidad de Acción Sindical
y Popular.27El acoso a los decisores, especialmente a los congresistas, es una táctica
relativamente nueva. Se divulgan los teléfonos de quienes tienen en sus manos
la potestad de aprobar o no la reforma y a partir de ese momento reciben
constantes llamadas con críticas, protestas, insultos y amenazas que
pretenden intimidarlos y trocar sus resoluciones. Esta medida fue empleada por
la Cámara de Industria en 2009 para oponerse a la reforma que pretendía
duplicar el ISO y crear un impuesto a la telefonía celular (Álvarez, 29/11/09).
Los mensajes por correo electrónico, que por obligación es público, no son una
táctica igualmente eficaz, puesto que a menudo los ministros, secretarios o
congresistas no revisan sus direcciones oficiales.
Si hasta ahora todas las fórmulas que hemos visto se refieren a esa forma de
poder duro que se apoya en la coacción, el filibusterismo parlamentario es una
vía que sabotea el proceso mediante el uso exagerado y contra su espíritu de
todos los recursos legales al alcance de los diputados opositores. Aunque
ciertas técnicas parlamentarias se han usado tácticamente durante toda la
democracia para postergar, obstaculizar, bloquear o hacer nugatorias algunas
propuestas, según el presidente de la Comisión de Economía del Congreso,
Mariano Rayo (entrevista personal, 13/10/2010), en la última legislatura se han
hecho mucho más comunes y evidentes las interpelaciones interminables y
espurias, los votos razonados insensatos o incoherentes, y las rupturas del
quórum. Una variante de este método pasa por dormir la iniciativa en la
Comisión de Finanzas, sin discutirla ni darle dictamen ni devolverla para su
revisión. Ocurrió por ejemplo con la propuesta antievasión de 2010.
Estas estrategias responden con menos frecuencia a una digna y democrática
actitud parlamentaria que a la imbricación de los intereses personales de los
diputados con los de grupos de presión, o a que fueron cooptados.
El último instrumento de poder duro es, de todos, el más eficiente, aséptico y
elegante. Si para una ley tributaria el golpe de Estado es un fusilamiento con
escopetas viejas, el recurso de inconstitucionalidad es la pena de muerte por
inyección letal. Es aséptico porque preserva la imagen del actor. Es elegante
porque el trámite expresa calma y racionalidad y cumple las normas en donde
los otros rezuman conflicto. Y es eficiente porque los costos de producir una
impugnación son más bajos que los de cualquier otro recurso y sus
probabilidades de éxito generalmente mayores.
En la historia de la democracia no ha habido un sólo gobierno que haya sido
inmune a los recursos de inconstitucionalidad contra sus decisiones tributarias.
Probablemente el que más los sufrió fue el presidido por Alfonso Portillo.
Durante sus tres últimos años de gobierno, en los que se desarrolló una
confrontación abierta entre el ejecutivo y varios sectores de la sociedad, hubo
una explosión de recursos. El contraste con lo que sucedió durante el año
2000, cuando la ausencia de impugnaciones demostró la credibilidad de la que
28gozó la negociación del Pacto Fiscal (ICEFI, 2010), invita a pensar que el uso
de estos recursos está influido no sólo por la oposición ideológica y pragmática,
sino también por el escenario político.
El gráfico 1 ilustra el número de recursos de inconstitucionalidad interpuestos
por cada actor contra leyes tributarias durante el ejecutivo portillista. En el año
2001 se tramitaron 41 recursos (31 por el sector empresarial, 3 por partidos
políticos y los restantes por la sociedad civil). En el 2002 se interpusieron 9 (5
por el sector empresarial y 4 por la sociedad civil). Y en el 2003 fueron
interpuestos 11 (6 por el sector empresarial y 5 por la sociedad civil).El gráfico 2 muestra a qué leyes tributarias atacaron los recursos de
inconstitucionalidad del año 2000 y al 2003 y cómo se distribuyeron las
impugnaciones.29Cuando este instrumento se empleó por primera vez en este periodo, durante
el año 1987, la Democracia Cristiana contaba con mayoría legislativa. Aún así,
la Constitución guatemalteca le otorgaba a un solo individuo, a un solo
contribuyente, la facultad de revocar la decisión de todo un organismo
legislativo, el “uso de una instancia legal para bloquear el cobro de impuestos y
restringir la capacidad del Congreso de impulsar reformas tributarias”. El efecto
fue doble. “Por un lado, se acudió a diversos argumentos (violación a la libre
locomoción de las personas, doble tributación, irretroactividad de la ley,
imposición de multas confiscatorias y prohibición de la declaración contra sí)
para demostrar que las reformas [de Cerezo] eran inconstitucionales y, por
consiguiente, inaplicables. Por otro lado, generó incertidumbre que condujo a
que los contribuyentes retrasaran el pago de sus tributos hasta verificar la
resolución final de la Corte” (ICEFI, 2007a: 204)
Hay que decir que la Corte de Constitucionalidad no falla invariablemente a
favor de los ponentes. Algunos tributos quedan invalidados, mientras que otros
reciben su aprobación. Aquella vez el organismo resolvió con lugar total o
parcial doce expedientes y desde entonces, varios impuestos quedaron
El alto número de recursos puede explicarse como una forma de aumentar las
probabilidades de éxito. También se explica por la facilidad de recurrir, y
porque cuando se trata de impugnar tributos las probabilidades de ganar son
ya bastante altas de entrada. En la sección “Actores y condicionantes del éxito
(del sabotaje) y del fracaso (de las reformas)” veremos más a fondo otras
razones. De momento, basta decir que la Constitución permite que cualquier
ciudadano o empresa, con la asistencia de tres abogados, pueda presentar un
recurso ante la Corte de Constitucionalidad, que si considera que la ley vulnera
algún derecho constitucional puede anularlo.
Además, la Corte de Constitucionalidad no resuelve para siempre las
divergencias. Un impuesto declarado inconstitucional como el IEMA pronto es
sustituido, después de una negociación, por otro virtualmente idéntico aunque
debilitado, el IETAAP. Por eso repasar una a una las reformas tributarias de
Guatemala es describir cómo se intercalan estas escaramuzas con otras
estocadas mortales; una guerra de muchas batallas entre el sector privado y el
Los analistas de CEPAL apuntan que “ello fomenta que el campo de
negociación de los impuestos sea una ‘negociación directa entre el Estado y las
clases propietarias’, mientras que en otros países como Costa Rica o El
Salvador, es en el Congreso y en el terreno político donde se define el poder
tributario del Estado” (ICEFI, 2010: 5).30Cuadro 1
Muestra selectiva de recursos de inconstitucionalidad en contra
de medidas impositivas
cuenta ISR
los activosAñoRecurso en contra1992Por contravenir el artículo 239, incisos a y d. Por tanto viola el artículo 39
que garantiza la propiedad privada. Por ser un impuesto confiscatorio.
1994 Contra artículo 2, que impone pena de cárcel contra quien omita pagar
impuestos. La Constitución prohíbe cárcel por deuda y la deuda tributaria
es igual a la deuda privada, por lo que no debe haber tratamiento judicial
especial respecto de la primera.
1994 No garantiza el debido proceso. Viola el artículo 239 de la Constitución
porque no define el hecho generador ni tampoco el sujeto pasivo del
1994 Es confiscatorio, lo cual está prohibido por el Artículo 243 de la
Constitución. Incurre en doble tributación, la cual está prohibida por la
Constitución en su Artículo 243. Grava renta bruta, lo cual viola el artículo
243 en lo referente a la capacidad de pago.
Impuesto a 2003 La impugnación del Decreto 7-2002 del Congreso de la República, Ley
del Impuesto Específico a la Distribución de Vinos, Sidras, Vinos
Vermouth, Vinos Espumosos y otras Bebidas Fermentadas, dejó sin
efecto, entre otros, su base imponible y las tarifas del impuesto, con lo
que se imposibilita el cobro del impuesto.
2004 La impugnación del Decreto Nº 99-98 del Congreso de la República, Ley
n del IEMA
del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias –IEMA-,
provocó la suspensión de su base imponible, tasas impositivas y la
2004 Mediante el decreto 03-2004, se decretan reformas al código tributario.
Para febrero del mismo año, se impugna el mismo decreto, dejando
suspendidas las modificaciones referentes al cierre temporal de
empresas a que se refiere el Artículo 86 noveno párrafo; la ampliación de
algunas atribuciones de la Superintendencia de Administración Tributaria
dentro de las que se incluye el poder revelar el nombre y el NIT de los
contribuyentes o responsables inscritos en el Registro Tributario
Unificado cuyos adeudos tributarios se estén reclamando.
Fuentes: CIIDH (2007).b. Medidas de poder blando
Como ya se ha mencionado, las medidas de poder blando son aquellas
encaminadas en el corto plazo a generar un clima hostil a la reforma mediante
la expresión de opiniones. Para ello, suelen saturar el ambiente con
argumentos perjudiciales para los reformistas generando la sensación de que
el rechazo a los tributos es generalizado. Son mecanismos que descansan
eminentemente en la propaganda y en la desinformación, con la esperanza de
influir en el momento en las percepciones y expectativas de los políticos y de
los tecnócratas, y en el futuro, en las de la población. Entre estos mecanismos
encontramos acciones de oposición momentánea -aquellas técnicas de
31rechazo que destinadas a dificultar una propuesta específica se despliegan con
intensidad durante un periodo breve- y estrategias de irradiación ideológica –
campañas propagandísticas dilatadas en el tiempo y que buscan generar o
defender una cierta estructura de percepciones favorable a sus intereses-.
Las estrategias de irradiación ideológica, que nutren la cultura anti-tributaria de
Guatemala, suelen provenir de universidades, centros de pensamiento y
medios de comunicación, y los objetivos de sus dardos suelen ser dos: por un
lado la ilegitimidad de los impuestos y por el otro la ineficiencia de los entes
estatales. Cada uno de ellos tiene múltiples aristas y matices, y distintas raíces,
aunque resultados parecidosxxix. Desgranarlos está fuera del alcance de este
Las acciones de oposición momentánea detectadas en el periodo observado
son tres: la manifestación pública de protesta, las campañas en los medios y
La más artera y subterránea de las tres, la campaña sucia, se caracteriza por la
dificultad para conocer su origen. Su objetivo es desacreditar una iniciativa de
reforma destruyendo la reputación de quienes la favorecen, desde sus
promotores hasta sus apoyos. Emplea las artimañas propias de la
desinformación: argumenta y ataca ad hominem, e inventa o aprovecha motes,
deforma o tergiversa las propuestas y los razonamientos, fabrica y divulga
información falsa, demoniza al adversario, pone en entredicho su moralidad y
su capacidad y sus motivaciones. Este tipo de campaña se desarrolló, por
ejemplo, en el periodo de Ramiro de León Carpio, contra su ministra de
Finanzas, Ana de Molina.
En segundo lugar, la manifestación pública de protesta, una fórmula
tradicionalmente asociada con las luchas de las organizaciones sociales de
base, como las sindicales o las campesinas, aunque utilizadas también -con
menos éxito- por ongs y agrupaciones de derechos humanos, ha tenido lugar
en los cuatro últimos gobiernos. En el de Arzú, cuando coincidieron en sus
críticas al IUSI con la Cámara del Agro y con las movilizaciones colectivas que
encabezadas por Menchú impusieron medidas de hecho o con las que
causaron disturbios. En el de Portillo, cuando varios sectores sociales se
reunieron en torno a la idea de viernes de luto para marchar o protestar en la
plaza del Obelisco en contra del gobierno, la corrupción y los afanes de reforma
tributariaxxx. En el de Berger, cuando se produjeron protestas de las
organizaciones por las modificaciones al IVA y al ISR (Fuentes K., 2006). Y en
el de Colom, cuando un grupo de profesores universitarios encabezó una
iniciativa para retomar los viernes de luto al grito de “No + impuestos, no +
corrupción”xxxi.
Por último, el papel que juegan los medios de comunicación merece una
explicación especial, pues aunque éstos forman parte de los mecanismos de
32irradiación ideológica, durante los procesos de reforma sirven también como
instrumentos de oposición momentánea. Los editoriales de la mayoría de ellos,
es decir el espacio donde los medios presentan su posición institucional, suelen
rechazar en principio los incrementos de impuestos. En la misma tónica, sus
páginas de opinión dan cabida a un gran número de articulistas cuya ideología
es anti-impositivaxxxii mientras que las secciones informativas privilegian a
menudo las voces que se oponen a las medidas tributarias. Cabe resaltar que
algunos intentos de cambio en las leyes impositivas han desatado fuertes
reacciones mediáticas. Por ejemplo, el matutino elPeriódico ha librado desde
su editorial una feroz batalla por el IUSI en contra del alcalde Alvaro Arzú. El
abogado Mario Fuentes Destarac, vicepresidente de ese diario y uno de sus
editorialistas más habituales, pertenece al grupo de abogados que ha
presentado contra el reglamento más de un recurso de inconstitucionalidad.
Fuentes Destarac interpuso estas impugnaciones con el abogado Carlos
Molina Mencos, quien fue constituyente (Herrera, 18/06/2008). Por su parte,
Siglo XXI, un medio de comunicación más conservador que, fundado por varios
empresarios de la cúpula empresarial, sirve a menudo como caja de
resonancia a las voces de las cámaras gremiales y da cobijo en sus páginas de
opinión a una pléyade de columnistas que se identifican como libertarios.
Por las complejidades del sesgo de las líneas editoriales, es decir, del
tratamiento del tema tributario en las noticias informativas e interpretativas, se
precisaría un estudio específico sobre el tema si se quisiera extraer alguna
conclusión. De momento, nos quedaremos aquí.5. Actores y condicionantes del éxito (del sabotaje) y del fracaso (de las
Nada o muy poco es fortuito en la oposición a las reformas tributarias. Ni los
actores son circunstanciales ni las estrategias empleadas para obstaculizarlas
elegidos al azar. Los unos y las otras cuelgan del andamiaje institucional del
país. De una u otra manera tanto las estructuras como las inercias históricas
están impresas en el rostro y carácter de los actores, en su fuerza y en sus
decisiones, modelan sus posibilidades de éxito y subyacen a sus fracasos. La
historia tributaria de la democracia está escrita contra dos murallas
sobresalientes: la Constitución y el desequilibrio de las fuerzas, y en un entorno
de niebla o bruma: la cultura anti-impositiva.
4.1. La bruma:
Es poco lo que se puede decir sobre la cultura anti-tributaria de los
guatemaltecos. Sin investigaciones ni estudios de ningún tipo que traten de
ponderar la relación de los ciudadanos con los impuestos, queda apenas el
criterio de los expertos y algunos indicadores. Estos permiten extraer
33conclusiones más precisas sobre cómo este aparente rechazo cultural afecta a
la recaudación al gravamen que sobre cómo influye en los procesos de reforma
Para varios especialistas nacionales la cultura anti-impositiva se da por
descontada, es un punto de partida para el análisisxxxiii. En una conferencia
sobre la evasión tributaria y la equidad en América Latina, Gómez Sabaini
(2010) presentó cálculos sobre las tasas de evasiónxxxiv del IRS y del IVA en
Latinoamérica. Según sus cuentas Guatemala encabezaba ambas listas entre
los países estudiados. La evasión del ISR alcanzaba en 2006 una tasa del
63.7% y suponía una brecha de recaudación de algo más del 5.5% del PIB. La
evasión del IVA para aquel mismo año se calculó en el 37.5%.
Como observó Jonathan Menkos (2010), “según esta estimación el Estado
guatemalteco dejó de percibir en 2006, aproximadamente 1,692.9 millones de
dólares, lo que representó cerca del 46.3% de la recaudación total de
impuestos observada ese año”. “Guatemala, por su parte, es el único país de
los estudiados”, subrayó Menkos, “en el que la tasa de evasión de las personas
(69.9%) es superior a la tasa de evasión de las empresas (62.8%). Lo anterior
se explica, en buena medida por los altos niveles de pobreza y la existencia un
mercado laboral informal, amplio y alejado de la seguridad social, que no
permite transformar en contribuyentes a aquellos ciudadanos que trabajan”. Y
continúa: “En términos monetarios, la evasión de ISR de las empresas superó,
en 2006, los 1,400 millones de dólares, mientras la evasión de las personas fue
de 240 millones de dólares”.
Existe una opinión extendida según la cual este rechazo permea todos los
estratos de la sociedad, aunque en diferente grado (Pico, 2001; PNUD, 1998,
2010; Arévalo, entrevista personal, 03/11/2010; Gutiérrez, entrevista personal,
22/10/2010; Rayo, entrevista personal, 21/10/2010). Las raíces de esta
oposición habría que buscarlas, dicen, en la oposición a los impuestos que ya
presentaban los mayas. Pero sobre todo, asegura Mariano Rayo, en el
significado que tenía para los indígenas en tiempo de la Coloniaxxxv. Lo cierto
es que, como muchas otras, la independencia de Guatemala tuvo en su origen
además de ambiciones comerciales, la molestia de la élite criolla contra los
impuestos que debía pagarle a la Corona española.
En una conversación, Richard Aitkenhead sintetizó así el asunto de la cultura
tributaria: “El tema del no pago de impuestos es parte de la cultura política
nacional”, pero “en los ingresos más altos del país, la oposición crece”.
Este rechazo cultural a los impuestos parece haber crecido en ciertos ámbitos,
alimentado por décadas de opacidad y evidencias de que los fondos públicos
han servido como botines políticos durante los gobiernos militares y después
en los civiles. Tanto así que es común que la oposición a los tributos se vincule
a la falta de transparencia y a la corrupción que se percibe.
34En resumen, las cifras de evasión y las opiniones de los expertos evidencian
que existe una cultura anti-impositiva, pero a falta de estudios específicos
sobre el tema, aún es difícil ponderar qué papel ha desempeñado o puede
desempeñar en la negociación de las reformas. Es más, a priori cabe pensar
que esa cultura anti-impositiva es un factor secundario en los fracasos de las
reformas (aunque quizá no para la recaudación). Otros países, la mayoría, han
alcanzado las cargas tributarias con las que sueñan los reformistas
guatemaltecos, sin que por ello se pueda decir que en esos lugares los
impuestos gozan de popularidad y del cariño de la gente.
Además, un vistazo a los protagonistas de esta historia invita a pensar que, al
menos por el momento, el futuro de las reformas depende menos de abrirse
paso en la bruma de la cultura anti-impositiva que de salvar las dos murallas: la
Constitución y la desigual fuerza de los actores. Es decir, de cambiar las
relaciones de poder y acabar con el poder de veto.
4.2. Las murallas
La Constitución Política de 1985 no sólo le puso fin a cuatro décadas de
dictaduras militares sino que pretendía imposibilitar muchos de los abusos que
los dictadores habían cometido durante aquellos 41 años gobierno casi
ininterrumpido. Se buscaba transitar del Estado autoritario y represor hacia el
Estado democrático y respetuoso. La mayoría estuvo de acuerdo en que había
que ponerle límites al poder estatal. Varios ámbitos, como los de las fuerzas de
seguridad, fueron transformados de manera radical, y si en aquel momento
algunas medidas se antojaron útiles e incluso sensatas, un cuarto de siglo
después algunas de ellas parecen restricciones anacrónicas y desventajosas
para la ciudadanía. Como resume Richard Aitkenhead, la Constitución se
diseñó para limitar el poder del Estado: era la ley “propia de una sociedad que
quería retornar a la democracia, pero a una democracia limitada” (entrevista
personal, 27/10/2010).
En medio de aquel fervor restrictivo del Estado, difuminado en la retórica de
derechos individuales, los representantes de la élite económica lograron
introducir un conjunto de artículos que, como empalizadas, aseguraban que
sus propiedades quedarían protegidas de las ambiciones del Estado por la
institución de mayor rango del país.
Como escribiría veinte años más tarde Edgar Gutiérrez, “la Constitución de
1985 fue una típica carta magna de ‘transición’ en la que los poderes fácticos
lograron imponer intereses vitales centrados en la defensa de la propiedad y
los impuestos. Resultó ser la Constitución más restrictiva del poder tributario
del Estado en la historia republicana”. La opinión de la CEPAL en el primer
estudio que advirtió de los candados constitucionales no fue muy distinta. En
35un estudio publicado en 1996, ya negociados los Acuerdos de Paz, la Comisión
rastreaba la genealogía intelectual de aquellos artículos –la economía
constitucional-, que tendía a insertar los derechos de propiedad en los
derechos civiles en lugar de relegarlos a un segundo plano, como venía siendo
la tendencia contemporánea en los países occidentales, y anotaba: la nueva
constitución política incluye una defensa extrema de los derechos de propiedad
privada, y una limitación severa de los poderes impositivos del Estado.
La arquitectura que durante once años había pasado inadvertida para los
reformistas -aunque desde 1987 había servido a los opositores para derribar
cualquier intento de transformación- constaba apenas de cuatro artículos: 239,
243, 28 y 41 (ver anexo I). Éstos establecían el principio de legalidad,
capacidad de pago, derecho de petición y la protección al derecho de
propiedad. Combinados con los planteamientos de inconstitucionalidad de la
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y con la
confidencialidad del sujeto pasivo tributario del Código Tributario, aquellos
artículos habían convertido la estructura impositiva en un territorio casi
inexpugnable. La posición de las autoridades fiscales quedaba debilitada, y
fortalecida la de los contribuyentes: por ejemplo, se abolía la idea expresada
por el aforismo solve et repet (paga y reclama), lo que permitía impugnar una
resolución tributaria sin necesidad de pagar el impuesto; también prohibía las
multas e intereses por mora que superaran el valor del impuesto omitido. Se
consideraba confiscatorio. Además, la Constitución impedía la doble tributación
aunque de forma “muy vaga”, lo cual sujetaba el artículo a interpretaciones
variadas, dando lugar a una gran incertidumbre (ICEFI, 2010).
En Guatemala este último caso, el posibilitado por el artículo 243, ha sido el
más recurrente. Una y otra vez la Corte de Constitucionalidad se ha visto
obligada a darle vueltas a la capacidad de pago y al concepto de confiscatorio.
El resultado lo presenta el ICEFI en La política fiscal en la encrucijada (2007a),
denunciando al mismo tiempo la actitud de la Corte: “mientras en Guatemala la
Constitución y especialmente su interpretación por la Corte de
Constitucionalidad se han prestado a abuso, haciendo fracasar reformas
tributarias, en Costa Rica, por el contrario, la Sala Constitucional ha logrado
evitar abusos impositivos, pero sin constituirse en un valladar que debilite la
capacidad tributaria del Estado” (p. 153).
Hoy, cuando el empleo que han hecho las élites de estos instrumentos pone en
evidencia uno de los límites de la democracia, que los representantes electos
han intento ampliar y trasponer constantemente, sobre buena parte de los
sectores moderados y no anti-estatistas se cierne un sentimiento común con
respecto a las restricciones tributarias, un sabor a “nos la colaron” o, como se
dice coloquialmente en el país, “nos metieron un gol”.36b. El desequilibrio de fuerzas
Las reformas tributarias, como casi cualquier otro asunto político, son un tema
que moviliza a los grupos de interés pero no saca masivamente de casa a la
ciudadaníaxxxvi. Como ya hemos visto, el elenco de quienes han tenido un papel
relevante en los procesos de reforma tributaria durante la democracia no ha
sido extenso aunque ha reflejado cierta complejidad. Los actores no se han
comportado de forma homogénea siempre, ni como bloques monolíticos
orientados por una misma racionalidad. No se arriesga demasiado si se
menciona que los participantes principales de la mayoría de procesos de
reforma han sido tres: el Gobierno, el Legislativo y CACIF junto con otras
ramificaciones del sector privado. Es imposible negar que han existido otros
como los sindicatos, las agrupaciones campesinas y sociales, los medios de
comunicación, la comunidad internacional, las universidades y los centros de
análisis. En algunos intentos de reforma estos grupos han desempeñado roles
secundarios o de acompañamiento, ya sea en contra de las reformas o a su
favor. Sin embargo, su influencia en los procesos ha resultado notoriamente
menor que la del sector privado organizado.
La excepción más importante la representaron las negociaciones del Pacto
Fiscal, que se sostenían, por encima de cualquier otra cosa, en cómo las
elecciones presidenciales y al Congreso reconfiguraron la correlación de
fuerzas políticasxxxvii. La victoria en las urnas del Frente Republicano
Guatemalteco fue interpretada por el sector privado como una amenaza real a
su posición en la sociedad. El riesgo no sólo provenía de que se tratase de una
agrupación de discurso antioligárquico que había ganado la banda presidencial
para un elocuente abogado y economista de origen demócrata-cristiano. Ni
tampoco sólo de que estuviera rodeado de ambiciosos militares y de
empresarios emergentes ávidos de fortuna. El peligro verdadero, lo que
causaba un gran desasosiego en las filas empresariales, era que aquel partido
que detestaba mucho de lo que ellos representaban combinaba estos rasgos
con el amplio dominio de un Congreso donde la bancada oficial era obediente y
la oposición estaba atomizada.
Richard Aitkenhead ha dicho que “un ministro que quiera cambiar la estructura
del presupuesto no lo puede hacer sin contar con una mayoría parlamentaria
que soporte la presión de los grupos de interés”. En aquel momento el sector
privado entendió que las condiciones para ese cambio estaban dadas. No veía
grietas por las que filtrar en el Gabinete o cerca del Presidente a sus
operadores políticos o al menos a personas de su confianza –es más, algunos
ex dirigentes empresariales como el vicepresidente Reyes se mostraban ahora
distantes y desdeñosos-. Entendían que las circunstancias políticas no les eran
propicias y no se sentían seguros. En estas circunstancias excepcionales una
cúpula empresarial que se veía atada de manos aceptó participar en las
negociaciones del Pacto Fiscal y logró un consenso que aunque nunca se hizo
37ley constituye hasta hoy el único ejemplo de un acuerdo amplio en torno a una
política fiscal integral.4.3. El sector privado organizado
A pesar de esta cesura, la relación del sector privado organizado y de los
grandes empresarios del país con la política y los gobiernos de la democracia
siempre fue estrecha y a menudo beneficiosa para la iniciativa privada. Desde
los primeros años del nuevo periodo, miembros de la élite económica
abandonaron la actitud que según Marta Casaus Arzú (2007) había sido la
razón de su perdurabilidad en el poder (su inmersión en la sociedad civil,
alejados del Estado salvo en momentos de crisis orgánica o vacío de poder) y
la sustituyeron por una más activa. A partir de entonces influyeron en la
formación de algunos partidos como el PAN, el FRG, o más tarde la GANA y
CREO, se implicaron en movimientos como el que se formó para frustrar el
golpe de Serrano Elías, y se integraron orgánicamente en el Estado en puestos
Richard Aitkenhead (2005, citado en PNUD, 2008) documentó los cuatro
ámbitos más notables en los que el empresariado ha ejercido su influencia en
la política durante el último cuarto de siglo: 1- la defensa de sus intereses y su
patrimonio. 2- la búsqueda de mercados externos y la participación en los
mercados de bienes y servicios creados por el Estado. 3- La presión para que
se mejore el clima de negocios, así como la infraestructura y servicios que
pueden incidir en la competitividad empresarial. 4- la participación directa en el
sistema político el financiamiento de los partidos, o el ejercicio de presión a los
tres organismos del Estado. El efecto del involucramiento de los empresarios
en la vida pública puede valorarse según hayan sido capaces de trascender su
papel de representantes de intereses particulares y corporativos, para adoptar
una visión de país y de Estado. Obviamente, se han dado casos en los que los
empresarios participan en lo político con el objeto de apropiarse de fondos
públicos o aprovechar su posición para traficar influencias. Según el PNUD,
cuando esto sucede “se detonan múltiples cortocircuitos en los
encadenamientos que van del crecimiento económico hacia el desarrollo
humano”, que redundan en una economía poco dinámica y competitiva y
mayores desigualdades y exclusiones (PNUD, 2008: 475-476).
La política fiscal, sobre todo en sus aspectos tributarios, es seguramente la que
mayor controversia causa entre el Estado y las cámaras patronales. Mayra
Palencia, una académica que dirigió el crédito público en el Ministerio de
Finanzas, llegó a calificarla como la manzana de la discordia (Palencia, 2002).
Cuando el Gobierno abre la boca para decir que necesita mayores ingresos, la
oposición de los empresarios viaja en argumentos sobre el tamaño y las
38funciones del Estado, sobre su mala administración y escasa eficiencia, sobre
su opacidad y corrupción, sobre la escasez de contribuyentes, sobre su propia
labor como motores económicos y generadores de empleo, sobre la teoría del
derrame de riqueza, sobre la búsqueda del momento idóneo, que nunca
coincide con el presente, ya sea porque se atraviesa una crisis y hay que
propiciar la recuperación, ya porque en periodos de bonanza no hay que frenar
la expansiónxxxviii.
Según Briscoe (2010), la élite ha asumido una posición inexpugnable,
añadiendo a su tradicional poder económico la capacidad de crear formas de
control político y radiación ideológica. El INDH de 2008 menciona cuatro
herramientas de incidencia e intervención en el Estado que utiliza el sector
empresarial. Se pueden resumir en tres: CACIF, las redes informales y las
alianzas momentáneas.
A diferencia de los promotores de las reformas tributarias, el sector privado
tiene una organización robusta pero dúctil y sofisticada (Aitkenhead,
entrevista personal, 27/10/2010). Desde que se fundó en 1961, el Comité
Financieras ha constituido la organización empresarial visible con mayor
influencia en la vida política del país. Pese a que en los últimos años en su
seno se han producido disputas y escisiones que han desembocado en que
algunos miembros como la Cámara de Comercio la hayan abandonado, en
números absolutosxxxix como organización patronal CACIF goza de un peso
creciente. En noviembre de 2010 aglutinaba a las asociaciones más
poderosas del país en términos económicos: la Asociación de Azucareros, la
Cámara del Agro, la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios, la Cámara
de Industria de Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la
Cámara de Finanzas, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, la
Federación de la Pequeña y Mediana Empresa, y la Asociación Nacional del
Café. Estas entidades reúnen, según el sitio web de la Coordinadora, a más
de 10 Asociaciones y 120 Comités Gremiales, representativas de más de 100
mil empresarios, 75 mil de ellos pertenecientes a la pequeña y mediana
En la última década este organismo, como todo el sector empresarial, ha
experimentado un viraje hacia actitudes más democráticas, abiertas y
conciliadoras (Segovia, 2003). Esta modernización, producto de factores
externos y de cierta renovación interna, se ha dado de manera desigual. En el
seno de CACIF late una diversidad de planteamientos que van desde lo
reaccionario a un progresismo liberal, y por ello no es raro que se produzcan
fricciones. Aunque estos conflictos rara vez se hacen públicosxl, el último se
evidenció el 23 de noviembre de 2010, cuando se conjeturaba que existían
posibilidades de ruptura entre la Cámara del Agro y el resto de CACIF por la
postura acerca de la reforma fiscal (Álvarez y Gudiel, 23/11/2010) . De
39concretarse, no sólo hubiera supuesto un cisma entre el ala más radical y las
agrupaciones más moderadas, sino también una ruptura entre la cámara que
aglutina al 75% de los asociados –lo que le ha valido siempre a Camagro un
poder de decisión muy grande dentro de la entidad y un predominio
ideológico- y las demás.
En CACIF, donde participan propietarios del gran capital junto con
empresarios de diverso tamaño y hábiles operadores de los consorcios
privados y de la mismo ente coordinadorxli, desempeña dos labores
fundamentales en el sistema político. Por un lado, ejecuta labores de fuerza
de choque del empresariado, especialmente en momentos críticos y ante
gobiernos en los que no tienen cuadros en puestos de decisión; y por el otro
asume la representación empresarial ante el Estado en juntas, consejos,
comisiones, mesas de diálogo, que definen políticas públicas (PNUD, 2008).
En su afán de controlar la política pública, el sector privado xlii aprovecha otros
canales menos visibles y formales, como las redes de relaciones que incluyen
vínculos familiares y de amistad, asociaciones de ex alumnos de colegios y
universidades, clubs deportivos, grupos religiosos y organizaciones de
beneficencia, entre otros.
Para desplegar influencia política, las conexiones laborales también juegan un
papel de primer orden. El sector empresarial ha forjado ciclos laborales para
ejecutivos destacados, donde éstos transitan del Estado hacia compañías
privadas, ascendiendo posiciones (Vea Gráfico 3). Los cuadros que han hecho
este tipo de carrera profesional pueden convertirse en operadores
empresariales, alternado cargos entre el sector financiero privado (u otros
consorcios), la Banca Central, la Superintendencia de Bancos y los Ministerios
de Finanzas y Economía. Obviamente, estos ciclos pueden generar incentivos
perversos y conflictos de intereses, además de que no contribuyen a fortalecer
la institucionalidad pública y dejan en posición vulnerable las agendas de
Estado.40Gráfico 3
Ruta de un operador empresarial.El sector empresarial financia campañas políticas a todo nivel, lo cual conlleva
peligros de cooptación, tráfico de influencias y corrupción mediante el
otorgamiento de negocios estatales o privilegios. Cabe destacar que la
expresión de simpatía hacia aspirantes a puestos públicos, como magistrados
de las altas Cortes del país o la Fiscalía General, puede resultar determinante
en un proceso de elección. Ni siquiera es raro que algunos candidatos a la
Presidencia escojan a sus acompañantes, como ocurrió con los dos partidos
que llegaron a segunda vuelta en el año 2007, pensando en limar asperezas
A través de los mecanismos señalados, el sector privado coloca secretarios,
comisionados, ministros, magistrados, fiscales, diputados e incluso presidentes.
De esta manera tiene acceso a información clave y a decisiones que les
permiten beneficiarse a nivel personal, de corporación o de sector.
Cabe enfatizar que en el Estado han servido algunos empresarios que han
desarrollado una labor ejemplar en pro de la Nación, sin aprovecharse de su
cargo. Sin embargo, también queda claro que esta forma de captura del
Estado ha dado paso, según el PNUD (2008), “a densas redes informales de
poder que atrapan y debilitan la institucionalidad del Estado, incluyendo su
capacidad de recaudación tributaria” (p.481).
Por último, el sector privado ha sido hábil para leer ciertas coyunturas y
entablar alianzas con grupos cuyas agendas pueden beneficiarlo. Así, desde el
golpe del Serrano Elías, ha sido palpable el acercamiento tanto personal como
institucional de los empresarios a otros sectores sociales o movimientos
influyentes. Este acercamiento no parece haber trascendido los límites de la
41independencia pero ha contribuido a transformar las propuestas de los
empresarios, que ahora incluyen ideas como la interculturalidad, la
responsabilidad social y los derechos humanos, que antes les eran más ajenas.
A cambio, no sólo se han imbuido del prestigio que irradian algunos de estos
grupos que simbolizan la participación ciudadana. También han logrado
legitimar ciertos aspectos de sus agendas, como por ejemplo el del control de
los fondos públicos, con la permanente presencia mediática de Acción
Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
En esta línea, en Guatemala: ¿una economía al servicio del desarrollo?, el
PNUD (2008) le atribuye al sector privado la creación de una estrategia para
ganar hegemonía en la que tuvo cabida la “revolución liberal” de la prensa
escrita, que mediante Siglo Veintiuno y la revista Crónica, terminó con la
exclusión ideológica, desveló los mecanismos de control militares, abanderó la
lucha por los derechos humanos antes de los Acuerdos de Paz, y contribuyó a
frustrar el golpe de Serrano Elías. Este tipo de actitudes le granjean prestigio
un nacional e internacional que pervive hasta día de hoy.
Sin embargo, después de un cuarto de siglo de democracia, se va haciendo
cada vez más evidente que para la prensa resulta más fácil investigar los
abusos cometidos en el Estado y el poder político que inspeccionar los asuntos
de relevancia pública relacionados con los grandes grupos empresariales. Ello
no se debe solamente, como menciona el INDH (PNUD, 2008) al hecho que “el
poder mediático se prestigia en periodos de acoso empresarial y muestra, en
cambio, falencias por omisión con gobiernos amigos” (p. 480). Tampoco es
sólo, según dijo el presidente del diario La Hora, Óscar Clemente Marroquín, en
un foro de la Cooperación Española, que a los adversarios se les llame
ladrones, como a Portillo, mientras de los amigos se diga que “hacen
negocios”, como con Berger (10/11/2010)xliii. La cuestión llega más lejos: a la
censura y autocensura, cuando la información está relacionada con los
atropellos cometidos por los miembros del sector privado organizado, desde
delitos financieros hasta ejecuciones extrajudiciales.
En ese mismo foro, un editor del diario de información general con mayor tirada
del país, Prensa Libre, señaló también que nadie se atreverá a promover de
forma sistemática una reforma tributaria desde las páginas del periódico: iría
contra el interés de los patrones. No habían pasado diez días desde esas
declaraciones, cuando el 19 de noviembre Andrés Zepedaxliv (19/11/2010)
entregó la prueba en su espacio de elPeriódico: Prensa Libre, denunció, había
censurado la columna de un economista que sostenía, entre otras cosas, que
la mayor fábrica de cervezas del país elude impuestos mediante campañas
publicitarias que disfrazadas de responsabilidad social y apoyo a la cultura. Al
día siguiente Prensa Libre publicó el texto de Abraham Samuel Pérez
(20/11/2010).424.4. Los partidos políticos
El sistema guatemalteco de partidos políticos entraña en sí mismo una
paradoja. A simple vista, un observador puede pensar que se trata de un
sistema plural y de una gran diversidad democrática, donde tienen cabida todos
los partidos, hasta los más minoritarios, y todos los matices ideológicos. La
prueba de ello es que el país goza de un Congreso que aloja a representantes
de una quincena de partidos.
Sin embargo esta descripción es sólo la superficie del cuadro. La proliferación
de las agrupaciones políticas no ha de confundirse con la pluralidad o la
diversidad de ideas (PNUD, 2010, citado en Mendizábal, 20/11/2010). En
realidad, el sistema político guatemalteco es cualquier cosa menos plural. En
todo él, resulta muy difícil encontrar un solo partido y la descripción que mejor
le encaja, más que la de diverso, quizá sea la de “fragmentado”. En este
entorno decenas de agrupaciones se yuxtaponen como distintos pedazos de
una misma loza. Desprovistos de pensamiento político profundo y sistemático,
los partidos enarbolan intereses semejantes; en sus ideologías flácidas y sin
ilación se solapan los unos con los otros por su tinte usualmente conservador.
En esa lógica, cuando un partido se forma no pretende llenar un vacío político o
abanderar un pensamiento sin representación; lo que busca es más bien un
espacio para un político, un fragmento de poder para un sector.
Existe consenso entre los académicos, los funcionarios y los propios políticos
en que las entidades existentes hoy son únicamente los cascarones de los
partidos: los requisitos formales. Carentes de base social, de cuadros técnicos,
de proyección ideológica, de una visión programática consistente y de un
proyecto a largo plazo, estas formaciones constituyen organizaciones
clientelistas que sirven de vehículos electorales a los representantes de
intereses rara vez generales.
Los partidos se organizan con vistas a las elecciones y sus esfuerzos son
inconstantes. Según el PNUD (2010) 58 organizaciones políticas se
inscribieron en la contienda electoral durante el último cuarto de siglo. De todas
ellas sólo la Democracia Cristiana Guatemalteca, fundada en 1955 y el primer
gobierno civil del periodo democrático, se mantuvo vigente durante seis
procesos electorales. Sin embargo, en 2007 la DCG obtuvo menos votos que
afiliados tenía y, al no conseguir ningún diputado, se extinguió. El declive tuvo
que ver en parte con que su trabajo de formación de bases y de cuadros se
había debilitado hace años. Pero el caso de este partido fue excepcional. La
mayoría, mucho más insustanciales, desaparecen más rápido. La investigación
citada documentó que de las 58 organizaciones, 31 participaron en un solo
43Esta volatilidad es uno de los rasgos más notorios de los partidos
guatemaltecos, pero no se refleja sólo en precaria estructura institucional, sino
también en sus bancadas en forma de transfuguismo. Por poner un ejemplo, a
mediados de 2010, 62 de los 158 diputados no pertenecían ya al bloque por el
que fueron elegidos en 2007 (ASÍES). Para noviembre, tres años después de
las elecciones, las fuerzas en el Congreso ya se habían redistribuido casi
totalmente. La bancada oficial había pasado de ocupar 51 escaños a tener sólo
33 en junio de 2010, y 40 en noviembre del mismo año. La Gana, que comenzó
2008 con 27 diputados, alojaba a finales de 2010 a 14; mientras el PP, que
había comenzado con 29 y caído a 25, en estos momentos cuenta con 30. A
finales de noviembre, la tercera fuerza en el Congreso la constituía una
bancada independiente que ni siquiera existía al comenzar la legislatura: Líder,
producto de una escisión de la UNE, ha ido aglutinando congresistas
independientes hasta reunir 27 sin tener siquiera un programa claro.
Esta circunstancia convierte hoy al Pleno en un lugar poco gobernable que
dificulta los acuerdos en torno a las decisiones estructurales y traba, a veces de
forma insalvable, las propuestas del Ejecutivoxlv. La movilidad constante de los
diputados, unida a su representación de facto de intereses sectoriales, ha
agravado las consecuencias de la atomización de las bancadas. Si en un
Congreso que raya las quince bancadas resulta muy complicado alcanzar una
mayoría absoluta –por no mencionar la calificada- para aprobar una ley,
mantener una alianza en un ambiente de transfuguismo y negociaciones
personales es casi una tarea heroica que a menudo implica que el gobierno
haga cesiones ímprobas a los diputados, que compre sus voluntades con rajas
del presupuestoxlvi.
El cóctel guatemalteco de unas cortes fragmentadas y tránsfugas es un caso
excepcional en Centroamérica. No obstante, aunque ni la atomización ni el
transfuguismo son fenómenos nuevos en el país, las dificultades para alcanzar
acuerdos se han agravado en las dos últimas legislaturas, durante las que el
partido oficial ha carecido en el Congreso de una mayoría absoluta o
“aplanadora” que le permita tomar decisiones sin necesidad de negociarxlvii.
Durante la democracia, sólo los ejecutivos de Cerezo, de Arzú y de Portillo han
gozado de mayoría parlamentaria y han podido manejar más o menos según
sus necesidades las votaciones en el Pleno. Hoy, en cambio, la distribución de
las curules en el Congreso, comienza a poner en entredicho este axioma.
Muchos aseguran que el poder se ha desplazado de la 6ª a la 9ª avenida o, lo
que es lo mismo, de la Casa Presidencial al Palacio Legislativo.
Pero vale la pena hacer una distinción: el que en tiempos de minorías
parlamentarias ha recaído en el Pleno no parece una forma de poder de
propuesta y decisión. Es más bien uno de índole negativa, un poder de veto
que a veces otorga a los legisladores una posición de fuerza en las
44negociaciones y a veces constituye un ingrediente más del encarecimiento de
los acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso. Así se ha manifestado con
relación a los intentos de reforma tributaria. Pese a ello, la falta de dominio del
Ejecutivo sobre una porción mayoritaria del Congreso no ha constituido un
obstáculo insuperable para las reformas tributarias. De hecho, algunos de los
intentos más sólidos desde el punto de vista del proceso han tenido lugar con
minorías irrisorias o incluso, como durante el gobierno de Ramiro de León, sin
diputados propios.
El viraje electoralista que ha experimentado la política no sólo resta significado
al hecho de votar, sino que implica nuevos problemas de hondo calado para la
democracia, por dos razones fundamentales. El primer motivo es que en las
circunstancias actuales las elecciones dejan de consistir en la posibilidad de los
ciudadanos de escoger un proyecto político y pasan a señalar el momento en
que los distintos sectores se distribuyen el poder legislativo y ejecutivo. La
segunda razón por la que el giro electoralista de estos partidos cascarón es un
problema democrático es ésta: la intensidad de las campañas electorales
incrementa el gasto en marketing político y las agrupaciones se endeudan
grotescamente a con grupos de interés legítimos e ilegítimos.
Como señala el ICEFI (2007b), los partidos son muy vulnerables a los intereses
económicos, tanto de las élites como de cualquier conglomerado con dinero y
ambición. Tienen estos “una alta capacidad para incidir en las políticas públicas
y el comportamiento de los partidos políticos … su principal fuente de
incidencia surge de su capacidad para financiar campañas electorales,
incluyendo el financiamiento de ‘campañas sucias’, además de acordar
recursos a diputados, destinados a favorecer la aprobación de ciertas leyes” (p.
No es raro tampoco que estos últimos eviten las estructuras formales de
recaudación del partido, y en cambio canalicen sus contribuciones hacia la
campaña de un diputado, que les será fiel. Esta forma de financiamiento
personal ayuda en parte a explicar el transfuguismo y las divergencias entre la
línea oficial de una agrupación y el voto de los congresistas. El diputado,
aunque electo como miembro de una lista cerrada, considera que la curul es
suya y sus decisiones, por lo tanto, independientes de las de su partido.
Además un congresista de este tipo suele colocar a padrinos de campaña y
grupos de apoyo – que a menudo carecen del conocimiento preciso- en
distintos cargos, debilitando así las capacidades técnicas de la instituciónxlviii.
En buena medida, esta incapacidad técnica, como afirma Richard Aitkenhead,
ha conducido a que el Legislativo se convierta en un lugar en el que los
diputados gestionan obras para sus comunidades o negocios para sus socios,
y en el que tramitan leyes que no producen ellos mismos, sino que reciben ya
hechasxlix. Enfermedades similares a las que aquejan al Legislativo afectan al
45Ejecutivo porque su origen es el mismo: la debilidad de los partidos políticos. Si
las bancadas tienden a carecer de cohesión, son clientelistas, corruptas, y
representan intereses sectoriales o espurios, los gabinetes de gobierno suelen
reflejar los mismos vicios. En campaña adquieren compromisos con sus
financistas y seguidores. El pago de los primeros suele ser, como ya se ha
mencionado, el derecho de picaporte con el mandatario o los ministros; la
posibilidad de influir en las políticas públicas.
En cambio, el pago de muchos de los seguidores es un puesto en la
administración del Estado, de modo que cada cuatro años no sólo cambia el
Gobierno, sino virtualmente el servicio civil entero. Una manada de nuevos
funcionarios indómitos llega a ejercer la función pública, sin capacidades, sin
conocimientos, sin esperanzas de perdurar ni de hacer carrera, y sin memoria
institucional. La carencia de un servicio civil moderno afecta sobremanera a las
instituciones más tecnocráticas. El gran problema de esta situación, explica
Richard Aitkenhead, es que los equipos técnicos rotan y la falta de continuidad
elimina las opciones de que surja cualquier visión de medio plazo. Mucho
menos de largo aliento. Por eso la historia de muchos de los intentos de
reforma tributaria es la historia de intentos precarios que buscan paliar o
satisfacer los déficits del presente.4.5. Los demás actores
Si obviamos algunas mafias del contrabando que se han enquistado en
puestos clave de la administración pública, del resto los grupos de interés que
cada cierto han emergido en los procesos de reforma se puede decir que no
han gozado de mucha relevancia y su peso, salvo en el caso del Paco Fiscal,
ha sido escaso. Desde las organizaciones sindicales, que muy debilitadas han
abandonado casi cualquier forma de activismo y gozan de un margen de acción
muy restringido, hasta las organizaciones de la sociedad civil, cuyo avance ha
dependido más de los aportes de la comunidad internacional que de su arraigo
en la sociedad y el apoyo de unas bases amplias, el resto de los actores
sociales ha ejercido un influencia pequeña o nula en los procesos de reforma
Tampoco las organizaciones campesinas -que se han manifestado de forma
esporádica, pero casi siempre con tintes de oposición- han demostrado una
fuerza decisiva en el ámbito tributario exceptuando quizá las movilizaciones en
contra de impuestos como el IVA y el IUSI, que detonaron disturbios y
obligaron al presidente Arzú a derogar este último gravamen.
Esta virtual desaparición de los actores sociales del ajedrez tributario se suele
explicar con dos argumentos que quizá sean el mismo: la debilidad de los
movimientos sociales a raíz de la muerte de muchos líderes durante el conflicto
46armado interno, y su desconocimiento de los entresijos técnicos de la
macroeconomía y de la política fiscal. Un aspecto, éste último, que la
comunidad internacional subsanó parcialmente a finales de los 90 con cursos
de capacitación para los negociadores del Pacto Fiscall.
La comunidad internacional y los organismos financieros multilaterales han sido
piezas importantes también en las negociaciones tributarias. Aunque
tradicionalmente se han movido entre telones, no puede pasar inadvertida la
influencia que han ejercido en la historia reciente de Guatemala en asuntos
como los Acuerdos de Paz, la promoción de los derechos humanos y en los
intentos de modernizar el Estado. En este sentido, una de las consignas
persistentes de la comunidad internacional, que ha sufragado estudios en
materia fiscal y tributaria, ha sido la de que los ingresos de la administración
pública son insuficientes para cumplir sus funciones. En vista de estas
necesidades, las instituciones internacionales han utilizado la cooperación y los
préstamos como instrumentos de presión para detonar reformas en los
procesos administrativos del gasto y para mejorar la recaudación con diferentes
mecanismos: simplificando impuestos, modernizando los indirectos,
aumentando los directos, o combatiendo la evasión. En opinión de Edgar
Gutiérrez (2005), se puede decir incluso que algunos temas relevantes como la
meta tributaria de los Acuerdos de Paz habrían salido de la agenda pública de
no ser tanto por la institucionalidad de la paz, como por las las presiones y
condicionamientos de los países cooperantes y de los organismos financieros
Para concluir, en los últimos años, un actor nuevo de contornos aún borrosos
parece estar ganando terreno en el ámbito económico político, el de los
llamados “empresarios emergentes”. Sin embargo, a tenor de las actitudes que
han tenido como consejeros de distintos presidentesli, desde donde han
obstaculizado tanto reformas para mejorar los ingresos como la calidad del
gasto público, cabe pensar que su batalla no es la de la modernización, sino la
de arrebatarle al sector privado tradicional los dominios que ahora están en
manos. Los empresarios emergentes carecen además de una estructura de
organización que los aglutine y considerándolos por separado parecen no tener
un programa sociopolítico sólido y distinto del de la élite tradicional.6. El gasto público, ¿un dominio reservado?
La hipótesis original de este estudio se resumía en una sola idea: la reforma
fiscal ha sido un dominio reservado durante la democracia. A riesgo de ser
simplistaslii, en lo fundamental esa hipótesis levantaba dos preguntas: ¿es la
reforma tributaria un dominio reservado? ¿lo es la reforma al gasto público? La
primera de las dos ya ha sido respondida en las páginas anteriores, esperamos
47que de manera convincente. Por varias razones la segunda es más difícil de
contestar pero, aunque se precisaría una investigación más concluyente, un
conjunto de datos y de opiniones de expertos de distinto ámbito y origen
ideológico invitaron al final a rechazarla como incorrecta pues en strictu sensu
no corresponde a la definición propuesta para dominios reservados.
Desde luego, ello no implica que la reforma del gasto resulte más sencilla de
lograr que la tributaria. De hecho, las indagaciones preliminares realizadas para
esta investigación indican que los problemas del gasto superan el ámbito de la
política fiscal y resultan mucho más complejos de resolver. “La reforma
tributaria requiere de cambios eminentemente legales, mientras que la del
gasto descansa en una reestructuración de la administración pública”, afirmó
en una entrevista personal (05/11/2010) el director del Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, (una entidad vinculada aunque
no de manera orgánica a la Universidad Francisco Marroquín). Para llevar a
cabo esta última, los actores políticos tendrían que cuestionarse prácticas que
hasta ahora ha sido imposible erradicar, como el uso de fideicomisos y ongs en
la ejecución de fondos públicos, así como de los Fondos Sociales. De igual
forma, tendrían que plantearse modificaciones sustantivas a la Ley Electoral y
de Partidos Políticos, la de Servicio Civil y la de Compras y Contrataciones.
A lo largo de los últimos veinte años, representantes electos han intentado
abordar cada uno de los elementos enumerados pero no han tenido éxito.
Cuando era diputado eferregista, el empresario Juan Francisco Reyes López
cabildeó en el Pleno en contra del uso de los Fondos Sociales, pero la retórica
no significó cambios concretos cuando ejerció la Vicepresidencia. Al principio
de su mandato, el presidente Álvaro Colom aseguró a un grupo de columnistas
que eliminaría los fideicomisos. Aunque en instituciones como Fonapaz se
suprimió la ejecución de fondos mediante ongs, los fideicomisos siguen
vigentes y robustos. Cuando el ministro Fuentes Knight decidió incluir en la ley
del presupuesto de 2010 controles más estrictos para fideicomisos y ongs, la
propuesta fue rechazada por los diputados, incluidos los oficialistas. De igual
forma, ha habido procesos largos de búsqueda de consensos para reformar la
Ley Electoral y de Partidos Políticos y la de Servicio Civil, pero culminan en
modificaciones secundarias que no resuelven los problemas de fondo. En
resumen, cabría preguntarse si cada uno de los elementos señalados no
constituye en sí mismo un dominio reservado.
Quienes se oponen a las reformas tributarias suelen aducir que el Estado es
ineficiente, opaco y corrupto. La evidencia respalda en buena medida estas
percepciones. Por ejemplo, el último Informe Nacional de Desarrollo Humano
(PNUD, 2010) muestra que a pesar del crecimiento del presupuesto del
Ministerio de Gobernación, que pasó de Q52 millones en 1985 a Q2015 en
2008, Guatemala sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. Los
investigadores del PNUD que llevaron a cabo este estudio tuvieron grandes
48dificultades para reconstruir la historia del gasto, pues los presupuestos en
Guatemala dicen poco de cómo se ejecutan los fondos, sujetos a múltiples
transferencias. En cuanto a la corrupción, baste recordar que en el actual
gobierno ha habido una altísima rotación de titulares de la cartera de
Gobernación (cinco ministros en tres años) y al menos tres de los que han
salido de la entidad enfrentan cargos por corrupción. De ahí que el sociólogo
Edelberto Torres Rivas, en el acto de inauguración del INDH, haya declarado
que Guatemala ha tenido problemas históricos para financiar sus políticas
públicas porque “no cobra impuestos, cuando los cobra, los cobra mal por la
estructura regresiva de la tributación, y lo poco que recibe no lo sabe gastar”.
Pese a estas dificultades, es preciso reconocer también que desde 1986 se
han sucedido varias mejoras en la administración, el empleo y la transparencia
del gasto públicoliii. Según Fuentes Knight (comunicación electrónica,
09/11/2010), pueden identificarse dos tipos de reformas básicas del gasto en el
tiempo de la democracia: “a) las que significaron reorientar el gasto público,
haciéndolo con base en prioridades claras, como el desarrollo social
(educación, salud y vivienda) y justicia, tal como se convino en los Acuerdos de
Paz y en el Pacto Fiscal, y b) los que significan cambios en términos de normas
y procedimientos para asegurar un mejor uso del gasto, con mayor eficacia y
transparencia, en parte recogido en el Pacto Fiscal y en las recomendaciones
del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (convocado en el 2006 por el Consejo
Nacional de los Acuerdos de Paz, CNAP, para hacer propuestas) presentadas
a principios del 2008.
Quizá una de las reformas más ilustrativas, por su denso simbolismo en una
nación que vivió medio siglo bajo el mando militar, fue la que eliminó los fondos
confidenciales del ejército y bancarizó y transparentó sus gastos. También, en
un país de tradición presidencialista y autoritaria, debe subrayarse la que
suprimió los fondos discrecionales de la presidencia, durante la administración
de Berger, o sobre todo, el proceso de descentralización, desconcentración,
racionalización y reorientación del gasto que se ha ido adelantando, paso a
paso, desde la firma de los Acuerdos de Paz.
El éxito que estos procesos hayan podido tener dependen en buena medida del
proyecto de gestión y control más importante de la democracia: la reforma de la
administración financiera, cristalizada en el Sistema integrado de
administración financiera y control (SIAF-SAG), que ha reformado la estructura
financiera del Estado (PNUD, 2008). Lo aprobó el gobierno de Ramiro de León
pero sus distintas fases se han ido desplegando paulatinamente hasta hoy.
Este sistema, que ha contribuido a ordenar las finanzas, se ha sumado en los
últimos años a otras iniciativas como el Sistema de contabilidad integrada, el
sitio web Transparencia Fiscal o la Ley de acceso a la información pública,
como formas de mejorar la rendición de cuentas y de transparentar el gasto. El
SIAFliv ha incorporado asimismo a los sistemas de administración financiera los
49indicadores de desempeño, que son fundamentales para la rendición de
cuentas y para controlar la eficiencia y la eficacia del gasto público.
Pese a la percepción recogida en los medios informativos y a las constantes
declaraciones del empresariado acerca de la opacidad de la gestión pública,
todas estas reformas han colocado a Guatemala en el pelotón de cabeza de
América Latina del ranking de transparencia que publican organismos como el
Fondo Monetario Internacional o Transparencia Internacional.
Aún así, se puede argumentar con razón que todas estas reformas han tenido
puntos oscuros y que las expectativas que crearon superaron con creces los
resultados que la ciudadanía percibe. Por ejemplo, la planificación por
resultados, como afirma Jorge Lavarreda, no termina de consolidarse, la ley de
acceso a la información se viola impunemente, se cree la corrupción es una de
las más altas del continente y un porcentaje del presupuesto se destina a
“gasto público irrelevante” (PNUD, 2010).
Aunque todo esto es cierto, son defectos que parecen derivarse más del
anquilosamiento del Estado que de la política fiscal. Las soluciones de fondo,
como ya lo dijimos, pasan por reformas estructurales, que deberían
reconfigurar el sistema electoral y de partidos políticos e institucionalizar el
Apuntar a esos ámbitos como los esenciales no equivale a olvidar que hay
mejoras pendientes en política fiscal ni a negar que, cuando éstas se han
intentado, ciertos grupos de interés a los que pertenecen contrabandistas,
funcionarios de alto rango, sindicatos o contratistas del Estado (entre quienes
hay a veces miembros de los distintos gabinetes o diputados) han
obstaculizado con resultados desiguales las reformas que pretendían controlar
y hacer más transparente, justo y eficiente el gasto.
En el fondo, la corrupción sigue siendo un cáncer que impide que Guatemala
combata con éxito la pobreza y fortalezca sus instituciones políticas. Al
principio del periodo analizado, ese mal se solía achacar sólo a los agentes
gubernamentales. Hoy se hace cada vez más obvio que el problema abarca a
también a los empresarios que obtienen o ejecutan contratos gubernamentales
de manera fraudulenta, y al resto de la sociedad, que participa de los mercados
que se gestan a la sombra de la impunidad y se nutren de las debilidades del
Estado.50Fuentes y bibliografía
Entrevistas personales:
Aitkenhead, Richard. 27/10/2010
De Molina, Ana. 09/11/2010
Gutiérrez, Miguel. 22/10/2010
Lavarreda, Jorge. 05/11/2010
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54Anexo I
Intentos de reformas tributarias 1986-2010
Gobierno (Año
de reforma)Propuesta de GobiernoActores más relevantes y mecanismos de negociación u
oposiciónResultadosVinicio Cerezo
(1987)Impuesto temporal sobre exportaciones. Modificaciones
al ISR. Modificaciones al IVA. Impuesto selectivo al
consumo. Impuesto predial (IUSI). Impuesto sobre
inmuebles. Tasa extraordinaria por servicios. Impuesto
sobre utilidades de la banca. Fomento avícola.
Circulación de Vehículos. Papel sellado y timbres fiscales.Negociación directa con CACIF. Aún así se opone a las
medidas mediante paro empresarial y recursos de
inconstitucionalidad.Impuesto temporal sobre exportaciones no se
aprobó. Tampoco el impuesto selectivo al consumo y
la tasa extraordinaria por servicios aduaneros, que
habían sido criticados duramente por el sector
privado.Dos intentos de golpe de Estado.El Congreso aprobó el impuesto al papel sellado y
timbres fiscales, el impuesto único sobre inmuebles,
las reformas a la ley de fomento avícola, y el
impuesto sobre circulación de vehículos, además de
las reformas ISR, IVA, y el impuesto predial, que
luego fueron declarados inconstitucionales.
(1992)Reducción regresiva de tramos marginales y techos del
ISR. Simplificación del IVA. Acreditación del IVA al ISR.Negociación y acuerdo con CACIF, sin otras acciones.
Recurso de inconstitucionalidad de la Cámara de Industria
contra el ISR.Aprobación de la reformas. Algunos cambios al ISR
fueron declarados después inconstitucionales.CACIF se opone a las medidas mediante recursos de
inconstitucionalidad y campañas contra el gobierno y la
Ministra en los medios de comunicación. El Congreso se
opone y plantea aumentar el IVA al 10%.Se reformaron la ley del IVA (1996), la ley del ISR, y la
ley del impuesto sobre circulación de vehículos.Reformas al impuesto sobre timbres y papel sellado.
Impuesto a la distribución del petróleo crudo.
León (1994)Modificaciones al ISR.
Igualación con países de C.A. de tasas sobre impuestos
específicos (bebidas, derivados del petróleo, tabacos).
Aumento del IVA al 10% (vigencia condicionada a la
firma de los Acuerdos de Paz)Sectores populares se oponen al IVA.Se modificaron la ley de racionalización de los
impuestos al consumo de bebidas alcohólicas
destiladas, cervezas y otras bebidas, y la ley del IUSI.55Ramiro de
León (1995)Recursos de inconstitucionalidad contra el IEMA.Aprobación. La CC suspende la vigencia del IEMA sin
declararlo inconstitucional. En el Gobierno siguiente
levanta la suspensión.Reducción de la tasa del ISR. Simplificación del IVA.CACIF: negociación sin otras acciones.Aprobación de reforma.Eliminación de exoneraciones. Creación del Impuesto de
solidaridad, extraordinario y temporal (ISET). Impuestos
temporales sobre ventas y activos (1996 y 1998)FRG y otros sectores: filibusterismo parlamentario e
interpelaciones al ministro.Álvaro Arzú
(1997)Reformas a las leyes del impuesto sobre bebidas
alcohólicas; sobre la salida del país, al petróleo crudo y
combustible, y a las leyes del IEMA y el IUSI. Ley de
supresión de exenciones, exoneraciones y deducciones
en materia fiscal.CACIF, y a título individual la Cámara del Agro, se oponen
al IEMA y al IUSI, y reciben el apoyo en el segundo caso de
la Central General de Trabajadores de Guatemala, la
Unidad de Acción Sindical y Popular, el Comité de Unidad
Campesina y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas
y Campesinas. Recursos de inconstitucionalidad y llamados
de los partidos de oposición a no pagar impuestos.
Manifestaciones violentas de algunos sectores sociales.Se aprueban el IEMA, la ley de supresión de
exenciones; el IUSI; las reformas del impuesto al
petróleo y gasolina; y a las bebidas alcohólicas y
fermentadas. Derogación del IUSI, que se aprueba,
bajo la fórmula de autoavalúo, un año después.Alfonso Portillo
(2000)Incremento al ISR. Reducción de la acreditación del IVA
al ISR. Eliminación de exoneraciones y deducciones.Negociación con la excepción de bebidas alcohólicas, con
recursos de inconstitucionalidad.Aprobación de reformas sobre exoneraciones y
deducciones de impuestos específicos.Álvaro Arzú
(1996)Creación de impuesto sobre ventas y activos (Impuesto a
las empresas mercantiles y agropecuarias, IEMA)Negociación con el Congreso.Modificación impuestos específicos.
(2001)Incremento de la tasa del IVA al 12%. Incremento de la
tasa del IEMA. Incremento de la tasa de impuestos
específicos (bebidas).Incremento al ISR.
Paro empresarial. Recursos de inconstitucionalidad.
Campañas contra el gobierno en medios de comunicación.
Protestas de organizaciones sociales. Viernes de luto.Óscar Berger
(2004)Reemplazo del impuesto sobre ventas y activos (IETAAP).Negociación.Modificaciones al ISR e impuestos específicos (bebidas).
Modificaciones al IVA. Reformas al Código Tributario.Protestas públicas de organizaciones sociales por el IVA e
Recursos de inconstitucionalidad contra el CódigoAprobación de todas las reformas.
Reforma al ISR y otros impuestos específicos
(CC conoce un recurso de inconstitucionalidad
presentado durante el Gobierno anterior y falla
contra el IEMA.) Aprobación de reforma sin IVA e ISR
sobre salarios. Reducción de tasa y vigencia de
impuesto sobre venta y activos. Declaran56Tributario.inconstitucionales las reformas al Código Tributario.Álvaro Colom
(2008)Reforma al ISR y eliminación de exenciones y
exclusiones. Ley antievasión.Negociación con el CACIF. El sector privado hace campaña
en los medios y cabildea en el Congreso.Se retira la propuesta.Álvaro Colom
(2008-2009)Creación del Impuesto de Solidaridad (ISO) al 1.5%.Negociación on el CACIF.Aprobación de ISO al 1%. Se retiran el resto de
propuestas.Ley anti-evasión II. Incremento del impuesto de
importación de vehículos. Medidas contra la
defraudación aduanera. Reformas al Código Tributario.Campañas contra el Gobierno en los medios. Campañas
contra el partido oficial en el Congreso por parte de la
oposición y los importadores.Eliminación del IVA en la venta de inmuebles usados.Se crea la plataforma No + corrupción No + impuestosIncremento en el impuesto sobre la renta del 1% (6%)
para salarios superiores a US$7225 anuales.Negociación de élites. La Cámara de Industria cabildea en
el Congreso y publica los números de teléfono de los
diputados. Quienes apoyan la reforma reciben llamadas
anónimas insultantes. Campaña en los medios. Cacif
propone gravar los depósitos bancarios en metálico.
Filibusterismo parlamentario.El gobierno retira la propuesta, que vuelve a
presentar, con modificaciones, en 2010.Indolencia y desinterés de la bancada oficial.
La British American Tobacco Central America presenta un
recurso de inconstitucionalidad contra impuesto al tabaco.
Llamados esporádicos contra el pago de impuestos.La CC declara inconstitucional el impuesto. Se calcula
que supondrá una caída de Q134 millones en los
ingresos del Estado.Álvaro Colom
(2009)Reformas al Código Tributario.
Incremento del ISO del 1% (2%).
Impuesto a la telefonía móvil.
(2010)Ley antievasión III.Fuente: Elaboración propia con datos de Fuentes y Cabrera (2005), Gutiérrez (2005), ICEFI (2007a, 2010), PNUD (2008), ElPeriódico de Guatemala 29/11/2009, Prensa Libre 17/09/08 y 21/10/08,
www.costaricahoy.info, www.icefi.org, www.lahora.com.gt, www.politicagt.com. Entrevista a Arévalo. Entrevista a Ana de Molina. Entrevista a Mariano Rayo.57Anexo II. Artículos importantes para la reforma tributaria.
- Art. 239. Principio de legalidad. Establece que la única fuente creadora de tributos es la ley en
el sentido formal, decretada por el Congreso, emitida con carácter general, que tipifique el
tributo y las bases del mismo. Y sentencia que la ley es superior a cualquier reglamento,
relegando la materia tributaria al cobro administrativo del tributo y a establecer los
procedimientos que faciliten su recaudación.
-Art. 243. Principio de capacidad de pago. El Estado está obligado a establecer tributos que
guarden relación con la capacidad de económica del contribuyente. Los tributos no deben ser
confiscatorios. Se prohíbe la doble o múltiple tributación, cuando un mismo hecho generador
atribuible al mismo sujeto pasivo es gravado dos o más veces por uno o más sujetos con poder
tributario y por el mismo evento o periodo de imposición.
- Art. 28. Derecho de petición. Obvia el principio tradicional en materia tributaria Solve et repet.
En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas, no se exigirá al contribuyente el
-Art. 41. Protección al derecho de propiedad. Se prohíbe la confiscación de bienes y la
imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del
-Arts. 133 y 134. Planteamientos de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de cualquier
ley, reglamento o disposición de carácter general que se presuma contiene vicio parcial o total
de inconstitucionalidad se plantearán ante la CC –tribunal superior en la materia- la cual puede
ordenar la suspensión de su vigencia. El recurso lo puede plantear cualquier persona con el
auxilio de tres abogados colegiados activos.
-Art. 30. Confidencialidad del sujeto pasivo tributario. En ejercicio de su función de fiscalización,
la Administración Tributaria podrá requerir directamente de cualquier entidad o persona, ya sea
individual o jurídica, incluyendo las instituciones vigiladas e inspeccionadas por la
Superintendencia de Bancos, información referente a actos, contratos u otros hechos o
relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos, siempre que no se viole la
garantía de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República y las leyes
especiales, el secreto profesional y lo dispuesto en este Código. Las informaciones de personas
individuales o jurídicas obtenidas por la Administración Tributaria en el ejercicio de su función
de fiscalización a que se refieren las literales a) e i) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la SAT,
Decreto Número 1-98 del Congreso, serán estrictamente confidenciales, por considerarse
suministrados bajo garantía de confidencialidad.Institucionalidad pública en Costa RicaEn 2001 el Congreso reformó este artículo añadiéndole a esta parte final: “En
consecuencia las autoridades, funcionarios y empleados de la Administración Tributaria
no podrán revelar ni comentar los datos obtenidos, ni los hechos observados, salvo que
medie orden de juez competente.”Fuentes y Cabrera (2005) consignan los cuatro enfoques de la tipología de Lledo, Scheider y Moore: el enfoque de economía
pública, “centrado en la necesidad de que el sistema tributario sea eficiente y efectivo, donde se busca maximizar una función de
bienestar colectiva que generalmente busca equilibrar la eficiencia con la equidad” (p. 2).
iEn segundo lugar, el enfoque macroeconómico analiza en el efecto de la política tributaria sobre agregados económicos, incluyendo
el ingreso, ahorro, inversión, inflación y deuda pública.
En tercera instancia encontramos el enfoque administrativo, que hace hincapié en “la relación entre lo que debería ser la política
fiscal y lo que puede hacerse en la realidad en este campo, dándole especial atención a la debilidad de la capacidad administrativa
como condicionante del éxito de reformas tributarias” (p. 3).
En último lugar, se encuentra el análisis político, que subraya el papel de los actores y sus intereses y la dimensión institucional.
“Algunos estudios se centran en evaluar las consecuencias distributivas de la política fiscal y en cómo ello altera los intereses de
diversos grupos sociales. Otros analizan las instituciones tomando en cuenta, en particular, cómo las instituciones condicionan la
interacción social y sus resultados” (p.3).
“El Ministro de Finanzas, Rodolfo Paiz Andrade, reconoció años más tarde que era muy difícil que el sector privado estuviera de
acuerdo en aumentar los ingresos por medio de la tributación. En esas negociaciones, según el ministro, ‘daba la impresión que de
nuevo [el CACIF] lo que estaba haciendo simplemente era una estrategia de ganar tiempo… pero no había, yo nunca encontré, la
buena voluntad para discutir las opciones, porque se hubiera podido discutir y no estar de acuerdo, pero ni siquiera (se pudo)
discutir las opciones del lado ingreso’.” ICEFI (2007a, p 201)
iiNo pasaron el impuesto selectivo al consumo, la tasa extraordinaria por servicios aduaneros, y el impuesto sobre utilidades de la
banca. ICEFI (2007a)
iiiivLiderado por Juan Francisco Reyes López, transportista, con amplia trayectoria como dirigente de las cámaras patronales y que después, como
vicepresidente de la República en tiempo de Portillo, sería quien se encargase sin éxito alguno de negociar la reforma pertinente con sus
vDos años después, en 1995, el presupuesto aún era aproximadamente de Q8000 millones (González Merlo, 2009).viEl sistema aduanero estaba controlado por una organización de militares contrabandistas que fue desmantelada en buena medida durante el
Gobierno siguiente (Arévalo, comunicación electrónica, 03/11/2010) pero sobre cuyos pasos ya estaba el de Ramiro de León, que reforzó
gestionó un plan de lucha contra el contrabando y fortaleció la investigación aduanera (Anónimo, entrevista personal).
Según Arévalo, a pesar que el discurso de entrega del Presidente Ramiro de León Carpio aseguraba que las cuentas nacionales
estaban sanas, la realidad era totalmente diferente. Lo ilustra una estampa. Según relata, dos días antes de asumir como ministro se
encontraba en el despacho de Ana de Molina observando cómo afuera los directores de escuelas esperaban que les dieran la
segunda parte del aguinaldo de los maestros. Aunque los cheques estaban impresos, no tenían fondos, de modo que no se podían
entregar. “Sin ser aún Ministro y ante la impaciencia creciente en la plazoleta”, recuerda Arévalo, “sugerí a mi antecesora que se los
entregaran por la tarde, sabiendo que las cajas del Banco de Guatemala las cerraban a las 14.30 horas; en otras palabras, aunque
tuvieran lo cheques, no podrían cobrarlos sino hasta el lunes, cuando su servidor se estrenaba como Ministro, a cargo de las
finanzas públicas pero sin fondos ni para pagar salarios” (Arévalo, comunicación electrónica, 03/11/2010).
“En el seno del organismo legislativo, el principal partido de oposición (Frente Republicano Guatemalteco) liderado por el General
Ríos Montt, mantuvo una férrea oposición a las reformas tributarias en particular y, en general, a los Acuerdos de Paz en su
conjunto. En este contexto, las reformas fueron continuamente entorpecidas mediante las más variadas acciones retardatarias y
viiCuarto Informe Estado de la Región59Institucionalidad pública en Costa Ricaprácticas parlamentarias (su servidor debió comparecer a dos interpelaciones parlamentarias), en contubernio en los sectores más
recalcitrantes por su animadversión a los impuestos y al fortalecimiento financiero del Estado”. (Arévalo, comunicación electrónica,
03/11/2010).
“Nuestro gobierno tuvo cierta ventaja porque recién se estaban firmando los Acuerdos de Paz, de manera que, excepto con la ley
del impuesto patrimonial sobre inmuebles en que hubo desórdenes públicos orquestados, con las demás reformas la resistencia fue
más bien solapada de algunos de los dirigentes empresariales” (Arévalo, comunicación electrónica, 03/11/2010).
“En consonancia con los Acuerdos de Paz, también se intentó poner en vigencia una nueva ley de impuesto patrimonial sobre la
propiedad, urbana y rural, pero que fue saboteada por algunos sectores indígenas (liderados por la Premio Nobel Rigoberta
Menchú), el partido de oposición FRG y algunos terratenientes, cada uno de ellos por diversos motivos que convergieron en lograr
que el gobierno de Arzú diera marcha atrás y se retornara al anterior IUSI (Impuesto Único sobre Inmuebles), aún vigente”
(Arévalo, comunicación electrónica, 03/11/2010).
“El Pacto Fiscal surgió como alternativa ante la imposibilidad del gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) de cumplir una meta
tributaria a la que se comprometió en los Acuerdos de Paz. Y el tema habría salido de la agenda pública, quedando como otra tarea
inconclusa del Estado, de no ser por la institucionalidad de la paz, las presiones y condicionamientos de los países cooperantes y de
los organismos financieros internacionales” (Gutiérrez, 2005: 1).
ixVer Fuentes y Cabrera (2005, 2006); Gamboa y Tentravizi (2001); Gutiérrez (2005); ICEFI (2007a, 2010); PNUD (2008); Miguel
Gutiérrez, entrevista personal, 22/10/2010.
xiiLa GANA fue en un principio un frente que “representaba los intereses corporativos” (PNUD, 2008: 436). Lo apoyaban o lo
conformaban abiertamente algunos de los empresarios más importantes del país, que hasta entonces habían preferido hacer política
desde la sombra o parapetados en las organizaciones gremiales. Con la victoria del Frente Republicano Guatemala en el 2000, que
significó la llegada al poder de un partido muy conservador pero antioligárquico, el sector empresarial aglutinado en el CACIF se
unió mayoritariamente (según Edgar Gutiérrez -2005-, Dionisio Gutiérrez, copresidente de Multiinversiones, apoyó a Portillo) e
impulsó la candidatura de Óscar Berger como instrumento para recuperar el poder.
xiiiSegún un periodista especializado en economía (entrevista personal, 15/11/2010), el sector empresarial accedió a seguir pagando
el IEMA, ahora bajo el nombre de Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP), con la condición
de que las tasas se redujeran paulatinamente hasta desaparecer al final de la gestión de Berger.
xivAdemás, afirma un periodista especializado en economía (entrevista personal, 15/11/2010), se modificó una cláusula que
establecía que las empresas pagarían el tributo de acuerdo al tamaño de sus activos o el volumen de sus ventas. Eso habría
significado un pago mayor y habría afectado a los grandes consorcios empresariales.
xv“Dos características de esta reforma se destacan. Primero, representaron modificaciones menores que reflejaban la existencia de
una negociación de élites entre el gobierno y el CACIF, con un débil papel de mediación del poder legislativo, habiéndose acordado
medidas de simplificación o de poco impacto, con un componente temporal en materia de tributación directa, congruente con la
visión tradicional del sector privado guatemalteco sobre los impuestos. Segundo, la aprobación incompleta de las reformas
solamente generó recursos por la mitad de lo previsto en la reforma inicial. Es más, la reforma finalmente aprobada fue insuficiente
para restituir los ingresos perdidos por los recursos de inconstitucionalidad, por lo que la carga tributaria se mantuvo en 10.3% en el
año 2004, equivalente al nivel del 2003 pero inferior al del 2002 (10.6%). Deben reconocerse otros avances cuando se analiza la
política fiscal de manera integral, incluyendo un fortalecimiento (reciente) de la administración tributaria y un mayor grado de
transparencia del gasto público. Sin embargo, continua sin resolverse el problema más importante y difícil: la insuficiencia de
ingresos tributarios.” (ICEFI, 2010: 15)
xvixviihttp://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/33869/Guatemala.pdfLos privilegios, relacionados muy estrechamente con el gasto tributario, han sido a decir de los expertos el tesoro oculto e
innombrable que el sector privado ha defendido con mayor encono. Como escribió Edgar Gutiérrez sobre la fase final del Pacto
Fiscal, “esta vez la negociación entre lo que constituía el COS y el CACIF había resultado mucho más escabrosa que en la etapa
anterior. Al abordar el tema de las exenciones y los privilegios, el COS topó con un muro infranqueable. Como lo dijo un integrante
del equipo técnico de la CAAP: CACIF estaba dispuesto a ceder en el tema tributario –pues a fin de cuentas podía trasladar los
costos- pero los privilegios, no” (Gutiérrez, 2005: 17). Se refería a las palabras de Alexander Segovia, técnico económico de la
xviiiCuarto Informe Estado de la Región60Institucionalidad pública en Costa RicaMinugua durante el Pacto Fiscal, hoy uno de los principales asesores del presidente salvadoreño, Mauricio Funes: “el gran problema
de fondo en Guatemala que se manifestó desde el penduleo no son los impuestos sino los privilegios. Ese es un tema importantísimo
porque en realidad desde el punto de vista del sector empresarial los impuestos se trasladan en el fondo, pero los privilegios no y
por eso fue el tema más difícil de negociar siempre” (Gamboa y Trentavizi, 2001). En Guatemala, el gasto tributario, o sea, los
costos de conceder exenciones, incentivos tributarios o tratamientos especiales a ciertos sectores o grupos de contribuyentes,
supone una pérdida del 7.3% del PIB, el caso más crítico de Latinoamérica después de Colombia” (Lora, 2007).
xixPor estas fechas, en agosto y septiembre de 2008, algunos profesores y egresados de la Universidad Francisco Marroquín como Luis Figueroa,
Marta Yolanda Díaz-Durán, Jorge Jacobs, Luis Pedro Álvarez o Estuardo Zapeta, armaron junto con la exdirigente gremial Carla Caballeros una
iniciativa de oposición a los impuestos que pretendían convertir en “la secuela de los exitosos Viernes de Luto, gesta cívica pacífica” (Díaz-Durán,
2008). El movimiento fue impulsado desde las columnas de opinión que los organizadores tienen en los diarios y sus programas radiales. La
consigna era “no más corrupción, no más impuestos”. Se creó una página web, www.vdeluto.org, y un grupo de Facebook
(http://www.facebook.com/group.php?gid=30686243202&v=info) que el 20 de noviembre de 2010 había alcanzado los 1713 seguidores. Aún
así, las protestas organizadas que han convocado durante estos dos años, a veces disfrazados de Guy Fawkes, tuvieron una asistencia menor que
las marchas anteriores y en ocasiones no lograron reunir más que un puñado de manifestantes. En los mejores casos, después de algunos
escándalos de corrupción, la convocatoria ascendió a varios centenares de personas con silbatos, camisas negras, pancartas, cintas y adhesivos
con la consigna impresa.“En el 2010 asumieron una actitud más abierta ante la posibilidad de que ellos pudieran ganar las elecciones del 2011, pero en ese
momento la relativa cercanía del proceso electoral hizo que otros diputados, junto con algunos actores dentro del gobierno, ya no
apoyaran una reforma fiscal” Fuentes Knight, correo electrónico.
xxxxiJosé Alejandro Arévalo explica que durante los dos años y medio que lleva como diputado, ha percibido diversas formas y métodos para
retrasar, diluir o sabotear los intentos de reforma tributaria, “desde quienes aparentemente están de acuerdo pero proponen una serie de
enmiendas que terminan haciendo nugatoria la iniciativa como de aquellos que frontalmente se oponen y muchas veces con movilizaciones
públicas actúan en contra de las iniciativas. Interpelaciones interminables a Ministros de Estado también han sido una de las estrategias
parlamentarias para postergar el conocimiento, discusión y aprobación de las iniciativas” (comunicación electrónica, 03/11/2010).
“Toda modificación importante en el equilibrio de fuerzas políticas y de clase queda reflejada en la estructura tributaria”. James
O´Connor, citado en Gutiérrez (2005: 1).
xxiixxiiiAdemás, los gobiernos del FRG y de la UNE han denunciado varios intentos de golpe en su contra. Edgar Gutiérrez, a la sazón Secretario de
Análisis Estratégico y uno de los hombres de confianza de Portillo, habla de varios conatos de golpe durante aquel Gobierno. El más evidente,
según su versión de los hechos, lo detalla así: “En abril de 2002, coincidiendo con el golpe de Estado que depuso temporalmente al presidente
Hugo Chávez en Venezuela, el Movimiento y otros sectores afines hacían cuentas de gran capitán. Entonces el autor era enlace con uno de los
más conspicuos empresarios. La última vez que se entrevistaron –el día en que Chávez fue depuesto- dijo: ‘No es posible un acuerdo con el
Gobierno, los muchachones del CACIF están buscando la banda presidencial para Quique (Enrique Neutze, presidente de CACIF)…. la broma es
que por poco queda en nuestra familia (Felipe Bosch, presidente saliente de CACIF)’. Había otro complot en marcha” (2005: 25).
xxiv“Es muy difícil simplificar los procesos complejos de la gestión pública en Guatemala. Lo evidente es que existe una desproporción entre los
instrumentos disponibles para los Ministerios versus los que poseen tanto el Congreso como los grupos de interés en el país.” (Richard
Aitkenhead, comunicación electrónica, 18/11/2010).
xxv“Si se pretende lograr una reforma digna y duradera, hay que poner más sillas a la mesa. No puede ser que se dé cabida siempre sólo a
cuadros conservadores del sector económico”. (Menkos, entrevista personal, 13/10/2010).
xxviComo lamenta el Informe Nacional De Desarrollo Humano de 2008, “de nuevo se repite la historia de que, en la negociación con los
empresarios, se cede y se pierde lo fundamental: los impuestos más productivos. En estas experiencias, un proyecto integral, modernizador,
termina por lo general mutilado y sus partes esenciales, transadas.” (PNUD, 2008: 435) O bien: “Finalmente, en la medida que ha habido
negociaciones de élites, las medidas que han logrado avanzar han sido aquellas tendientes a la simplificación del sistema tributario o el aumento
del IVA y a erosionar la tributación directa, incluyendo el establecimiento de impuestos temporales cuando han existido presiones por
aumentarla” (ICEFI, 2010: 6).Cuarto Informe Estado de la Región61Institucionalidad pública en Costa RicaxxviiVer nota 2.xxviii“Confirmatorio” en el original.xxixA modo de ejemplo, se puede mencionar la disputa entre el núcleo de la Universidad Francisco Marroquín, que se adhiere a tradiciones
libertarias y liberales de derecha, y el núcleo del empresariado. Se puede resumir en la crítica que el director del Departamento de Relaciones
Públicas y Profesor de Filosofía Social en el Centro Henry Hazlitt de la UFM asestó en su blog a CACIF a principios de año: “La desventaja con la
que actúa la cúpula empresarial -organizada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras- es que
no defiende principios, sino posiciones” (Figueroa, 2010a). El principio que defiende la universidad es el de la injusticia del tributo, al que ven
como una extorsión, un robo, un límite a la libertad, una forma de “esclavitud moderna” (Figueroa, s/f).
xxxLos periodistas Marielos Monzón, Ronaldo Robles y Pedro Ferrigno descubrieron que las convocatorias a las manifestaciones, publicadas en
prensa, eran financiadas por empresarios involucrados en política. Los cheques de pago por publicidad provenían de una oficina del edificio
Centro Empresarial, donde trabajaba Carlos Vielmann, un miembro de la GANA que luego fue ministro de Gobernación en el gobierno de Berger
(Marielos Monzón, comunicación personal). Vielmann es un personaje cercano a uno de los consorcios empresariales más importantes del país
xxxiVer nota 17.xxxiiComo dice Ricard Aitkenhead (conversación personal), los medios tienden a reflejar el debate del día sin ir más lejos, y a menudo, las
posiciones más extremas. Pero la realidad ese reflejo tiene a ser desequilibrado. Por lo general, los columnistas adversos a las reformas
tributarias superan en número a quienes las apoyan. Este desbalance se suele justificar con la idea de que los medios de comunicación son un
reflejo de la sociedad. También se argumenta que estas ideas son más aceptadas por el público al que apuntan los medios
xxxiiiSegún el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, el unionista Mariano Rayo, considerado en distintos círculos un diputado
cercano a la iniciativa privada, esa cultura anti-impositiva es parte de las condiciones contextuales que no comprenden los funcionarios
internacionales que promueven la aprobación de reformas tributarias en Guatemala.
xxxivSobre la cooptación de auditores de la SAT para evadir o eludir impuestos, véase Gutiérrez (2005).“Ha sido históricamente repetitiva la actitud anti-impositiva del sector privado; sin embargo, en mi opinión, esta actitud se ha
impregnado en el resto de sectores ciudadanos, en parte por resabios históricos del concepto de tributario durante la época colonial
española y en parte por la poca confianza que la población otorga a los gobiernos, sin importar el tinte político o la época de la
historia” (Arévalo, comunicación electrónica, 03/11/2010).
xxxvLa ocasión en que estuvo más cerca de hacerlo fue durante los viernes de luto del gobierno de Portillo, que no fue un
movimiento exclusivamente capitalino. En aquellas manifestaciones, políticos y ciudadanos de diferentes convicciones ideológicas,
protestaban por una variedad de temas. Entre estos señalamientos, prevalecía la condena al Ejecutivo y a un Estado que en la
ciudad de Guatemala se percibía como enteramente corrupto y dañino. El otro momento clave fueron las protestas campesinas,
sindicales, y patronales contra el IUSI de Álvaro Arzú, que afectaba –se decía- a quienes poseían la tierra, pero también a quienes
xxxviEste fue la único momento de la Democracia en el que parecía estarse cerca de las condiciones que el ICEFI (2010) juzga
necesarias para una reforma al menos firme y duradera como la paz: “Primero, las grandes reformas de la política fiscal requieren
cambios en la correlación de fuerzas a favor de los que favorecen estas reformas. Debe existir un detonante político que le dé
viabilidad a las reformas reflejadas en un nuevo pacto fiscal. Segundo, debe existir o establecerse una sólida institucionalidad
democrática que le dé cauce a las negociaciones, al tiempo que se facilita una participación activa de los principales actores sociales
y políticos, para obtener resultados duraderos” (p.4)
xxxviixxxviiiEn una entrevista de 2008, un periodista le preguntó a Vinicio Cerezo si no coincidía con los empresarios en que una reforma fiscal en ese
momento, en medio de una crisis económica, sería contraproducente. Cerezo respondió: “Los últimos días he estado leyendo periódicos, estoy
profundamente impresionado de la capacidad de Guatemala por no cambiar. Estuve en la presidencia en 1986 y me reuní con el sector privado,Cuarto Informe Estado de la Región62Institucionalidad pública en Costa Ricales dije: mejoremos las condiciones económicas de la población si queremos que crezca la economía, porque todas las economías capitalistas
del mundo crecen sobre la base del consumo, el consumo se hace sobre la base de los ingresos, los ingresos sobre la base de los salarios o de las
oportunidades de crédito y con esa capacidad de consumo se aumenta la industria, el consumo de los productos, se pueden aumentar los
salarios y las condiciones van mejorando para todos los sectores. El sector privado me dijo, mire Vinicio, tiene razón, así es el mecanismo, pero
primero hay que hacer crecer el pastel para después repartirlo y entonces lo que hicimos fue precisamente aplicar la receta, aceptamos el reto y
discutimos el crecimiento económico del país”. “¿Qué sucedió después, usted enfrentó paros para evitar el pago de más impuestos?”,
repregunta el periodista. El expresidente contesta: “Cuando planteamos que era hora de repartir el pastel, entonces nos salieron con los mismos
argumentos que estamos escuchando contra el presidente Colom, que si se aumentan los impuestos se va a desemplear más gente, que se va a
restringir la inversión, que vamos a terminar con el crecimiento económico, que no se les garantizaba bienestar al resto de la población”. (La
Hora, 29/05/2008)
xxxixEn términos relativos, CACIF se ve cada vez más obligado a competir por influencia con los nuevos actores sociales. Éstos han ido ganando
poder debido tanto a una mayor apertura democrática como a la labor de los medios de comunicación, que les han otorgado voz, como porque
se han hecho cargo, a menudo con credibilidad, de temas de creciente relevancia para la sociedad. No obstante, no es raro encontrar alianzas
momentáneas entre ellos.
xlUna de las funciones de CACIF es ofrecer a la opinión pública una imagen de cohesión interna que en comparación con la imagen de muchas
de las agrupaciones del país resulta rara, prestigiante y balsámica.
xliLos operadores de los grupos empresariales suelen contarse entre los mejores técnicos del país en sus especialidades, lo cual incrementa
notablemente su capacidad de negociación y las posibilidades de éxito de sus patrones. En los asuntos tributarios, un nombre mencionado de
manera recurrente es el del abogado ya fallecido Adolfo Menéndez Castejón, un experto en asuntos tributarios que aparece una y otra vez en
las negociaciones impositivas con el Gobierno. (Gamboa y Tentravizzi, 2001; Gutiérrez, 2005; Rayo, entrevista personal).
xliiAl hablar de “empresarios” o “sector privado”, hay que tener en cuenta que no forman un bloque monolítico y homógeneo: entre ellos hay
opiniones e intereses divergentes, que se manifiestan a la hora de querer ejercer influencia política.
La ponencia de Marroquín profundiza en esta idea: “Si uno se guía por la prensa, podría pensar que la corrupción en Guatemala
es producto de los políticos mafiosos, de militares metidos al crimen organizado y de empresitas de cartón creadas por éstos y por
sus aliados para saquear al Estado. No hay mención de las empresas reconocidas porque éstas operan de manera distinta,
financiando campañas para conseguir contratos que nadie cuestiona aunque todo mundo sepa que los mismos son producto del
tráfico de influencias y de mordidas.
xliiiNo es lo mismo el juicio de la prensa a la quiebra de los llamados bancos gemelos que el que se hizo con Bancafé, cuyos ejecutivos
gozan de la amistad de directivos de muchos medios, o del Banco de Comercio. La impunidad en esos casos es tremenda muestra
de la inutilidad de la ley para proteger al ciudadano y se aceptó que el dinero público fuera usado para reponer lo que se levantaron
los “banqueros” sin que en realidad la prensa haya sido tajante en la condena a la largueza, especialmente en el caso del Banco del
Café, por esa peculiar relación de los González con algunos periodistas” (Marroquín, 10/11/2010).
xlivEl mismo día que Zepeda hacía su denuncia, Juan Luis Font, director de elPeriódico, escribía lo siguiente en su columna en ese diario: “¿Por
qué razón ha sido así si otros periodistas nacionales, como yo mismo, teníamos noticias de los hechos? Por autocensura, por pavor –que no
miedo– al poder económico, por el enorme ascendiente que cobró Carlos Castresana y porque en el fondo cacareamos mucho las virtudes de la
libertad de expresión pero la dosificamos conforme mejor convenga a nuestros temores, a nuestras preferencias y a nuestras insuficiencias”
(Font, 19/11/2010). Font se refería al reportaje con el que dos periodistas salvadoreños desvelaban la supuesta participación del ex ministro de
Gobernación Carlos Vielmann, un hombre de negocios protegido por algunas de las mayores fortunas del país, en la ejecución de tres diputados
salvadoreños del Parlacen y su chofer.
xlvEl Ejecutivo cuenta generalmente con mayor legitimidad que el Congreso. En 2008, su puntuación se elevaba diez puntos por encima de la del
Legislativo, 50.1% frente a 40.2%. (ASÍES, 2010)
xlvi“Nadie que quiera formar un partido político de largo plazo concederá lo que conceden estos gobiernos. Sólo se pueden hacer estas cesiones
cuando lo que se busca es paz temporal”. (Richard Aitkenhead, 27/10/2010)Cuarto Informe Estado de la Región63Institucionalidad pública en Costa RicaxlviiAunque tras mandatos como el actual, en el que muchos diputados oficialistas han actuado como eficaces opositores en busca de prebendas,
cabe preguntar si al Gobierno le hubiera servido de mucho la mayoría absoluta, las bancadas oficiales mayoritarias que tuvieron Cerezo y Arzú
fueron bastante disciplinadas. A causa de las divisiones internas del FRG, a Portillo la suya le causó más dificultades.
xlviii“En todos los países (de Centroamérica) el respaldo brindado por los asesores legislativos es mayormente débil y no compensa la
precariedad técnica que experimentan los diputados. Esta fragilidad técnica de las asambleas legislativas, especialmente en materia fiscal,
contribuye a debilitarlas respecto de los organismos ejecutivos.” (ICEFI, 2007b)
xlixAl diputado Mariano Rayo le gusta que se distinga entre simples congresistas y legisladores, y entre los primeros incluye a muchos diputados
de los listados distritales, mientras que entre los segundos se encuentran, según él, bastantes de los del listado nacional.
lMiguel Gutiérrez, ex secretario ejecutivo del Pacto Fiscal, considera que las propuestas de reforma experimentaron una enorme mejoría
técnica con el cambio de siglo.
liProbablemente los más conocidos sean Francisco Alvarado MacDonald y el actual Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, pero el
caso de este último resume en una sola viñeta, simple y muy comprensible, la explicación de cómo el sector privado incide en el Estado: Alejos,
socio del mayor contratista del Estado en materia farmacéutica, Jack Irving Cohen, es nombrado Secretario Privado de la Presidencia en pago
por sus grandes donaciones a la campaña de Álvaro Colom. Desde ese cargo privilegiado domina la agenda del presidente y recibe la potestad
de influir en nombramientos clave y es capaz de situar a sus principales alfiles, su hermano Roberto y su primo Luis, al frente del Organismo
Legislativo y del Ministerio de Comunicaciones. Pero además, como miembro del gabinete de gobierno y hombre de confianza de Colom, tiene
acceso a espacios desde los que ejerce su influencia para obstaculizar ciertas medidas que pretendían mejorar por un lado de la recaudación y el
control y la calidad del gasto que podrían dañar los beneficios de Cohen.
liiSuele considerarse que la política fiscal se sustenta en tres pilares (los ingresos del Estado, el gasto público y la deuda pública) y que una
reforma fiscal integral debe abordar, en lo esencial, la estructura tributaria y la eficiencia de la recaudación; la transparencia, la rendición de
cuentas y la evaluación de desempeño (que tiene que ver con la calidad del gasto); y con decisiones sobre el empleo de la deuda, a la que según
el consenso se le debe dar un uso estratégico. (Menkos, entrevista personal, 13/10/2010)
liiiEn una entrevista personal Jorge Lavarreda (05/11/2010), da cuenta de cómo los esfuerzos por lograr avances por el lado del gasto son
constantes dentro del Estado, pero al mismo tiempo explica que la grandes reformas generalmente han tenido como trasfondo la presión de los
organismos financieros multilaterales y la comunidad internacional.
“En cada una de las tres grandes etapas en el ciclo presupuestario -formulación, ejecución y evaluación- la implementación del
SIAF ha significado para Guatemala ponerse a la vanguardia y ser ejemplo de modernización y avance en el control y administración
de la ejecución del gasto pública en América Latina. Esto es reconocido por entidades como el Fondo Monetario Internacional, pero
no ha sido divulgado por la prensa” (Fuentes Knight, comunicación electrónica, 09/11/2010).
livCuarto Informe Estado de la Región64All pages:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364InfoSaveLikeShareDownloadMoreFernandez_y_Naveda_2011 Published on Dec 4, 2012 http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/region_004/ponencias/Fernandez_y_Naveda_2011.pdfestadonacionFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore