Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl485-2013-de-julio-24-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f353827c17e1001ae0430a010151001a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-25 23:36:00
Document Index: 237760649

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 34', 'artículo 99', 'artículo 65', 'artículo 210', 'artículo 145', 'artículo 65', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 65', 'artículo 65']

﻿ Sentencia 34260 de julio 24 de 2013
SENTENCIA SL485-2013 DE 24 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:INCUMPLIMIENTO EN SALARIOS Y ACREENCIAS LABORALES. EL HECHO DE QUE UNA EMPRESA SE ENCUENTRE EN LIQUIDACIÓN NO SIEMPRE LA EXONERA DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN PAGO DE SALARIOS Y ACREENCIAS LABORALES. ESTE ARGUMENTO PUEDE SER UTILIZADO PARA ESCONDER LA MALA FE CON LA CUAL EL EMPLEADOR QUIERA APROVECHARSE DE SU CONDICIÓN PARA INCUMPLIR LOS COMPROMISOS PARA CON EL EMPLEADO. LA INAPLICABILIDAD DE LA SANCIÓN, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, ESTÁ PREVISTA PARA QUIEN DEMUESTRA, DE BUENA FE, TENER DUDAS SOBRE LA EXIGIBILIDAD DE LOS PAGOS, HECHO QUE QUEDA TOTALMENTE DEMOSTRADO CUANDO EL PATRONO CANCELA UNA PARTE DE LA DEUDA. EL BENEFICIARIO DE LA OBRA CONTRATADA ES RESPONSABLE SOLIDARIO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA, CUANDO LOS DOS SE DEDIQUEN A LA MISMA ACTIVIDAD ECONÓMICA, COMO LO INDICA EL ARTÍCULO 34 DEL MISMO CÓDIGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PAGO DEL SALARIO, PASIVOS LABORALES
Sentencia 34260 de julio 24 de 2013
SL 485-2013
Radicación: 34.260
Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por los apoderados del señor Aristóbulo martínez Portela y de la sociedad Codensa S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en descongestión, el 21 de junio de 2007, en el proceso ordinario que adelanta el demandante en contra de las sociedades Construcciones eléctricas y empalmes S.A.- Sucursal Colombia- (EMPAC S.C.) y Codensa S.A. Fue llamada en garantía Cóndor S.A.- Compañía De Seguros Generales.
Con la demanda inicial el accionante convocó a juicio a las sociedades construcciones eléctricas y empalmes S.A.- Sucursal Colombia- y Codensa S.A., para que fueran condenadas, solidariamente, a reconocerle y pagarle los salarios adeudados causados en el período comprendido entre el 1º y el 15 de marzo de 2000, incrementados en el mismo porcentaje que se aumente el índice de precios al consumidor; el valor correspondiente, debidamente indexado, de las prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte y alimentación, subsidio familiar), causadas entre el 8 de marzo de 1999 y el 15 de marzo de 2000; la indemnización por despido sin justa causa, indexada, equivalente a los salarios dejados de percibir hasta la fecha de cumplimiento del contrato a término fijo; la sanción moratoria; las cotizaciones por pensión con destino al Fondo de Pensiones y Cesantías – Protección S.A., y por salud a la E.P.S. Susalud; la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; el auxilio de rodamiento, causado durante el período comprendido entre el 8 de marzo de 1999 y el 15 de marzo de 2000; el mayor valor probado en juicio, por perjuicios morales y materiales, con la correspondiente indización, por el no pago oportuno de sus prestaciones sociales, desde la fecha de iniciación del contrato de trabajo ( 8 de marzo de 1999) hasta el día en que efectivamente se paguen, y las costas del proceso.
En apoyo de sus pedimentos sostuvo, en síntesis, que Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A.- Sucursal Colombia- es contratista de la sociedad Codensa S.A.; que Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A. “se encarga de la supervisión de la ejecución y prestación de los servicios monofásicos, bifásicos y trifásicos necesarios en las residencias o diferentes domicilios, labores que desarrollaban los trabajadores y cuadrillas que estaban bajo se mando”; que estos servicios son impuestos y programados por Codensa S.A., al igual que los lugares, zonas, residencias y domicilios en los cuales se debían realizar; que suscribió contrato a término definido con Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., el 8 de marzo de 1999, convenio que no le fue entregado; que se desempeñó como supervisor, para lo cual tenía a su cargo 6 o 7 cuadrillas de trabajadores; que laboró de lunes a sábado de 6 a.m. a 7 p.m.; que su último sueldo ascendió a la suma de $650.000,oo más “un auxilio de productividad correspondiente a la suma de $250 por cada una de los horas hombres ejecutadas por los técnicos electricistas que estaban bajo” su supervisión; que también pactó la suma de $500.000,oo mensuales por concepto de auxilio de rodamiento del vehículo de su propiedad; que debió haber recibido como última remuneración el monto de $1.800.000,oo; que el 15 de marzo de 2000, Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A. dio por terminado el contrato de trabajo, sin que mediara justa causa, y que las demandadas le adeudan las acreencias laborales incoadas.
La sociedad Codensa S.A., al contestar el escrito iniciador de la contienda, se opuso a la viabilidad de las súplicas y propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, pago y prescripción.
De acuerdo con el auto del 17 de enero de 2001, la sociedad Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A.- Sucursal Colombia-, no contestó la demanda.
Según providencia del 15 de noviembre de 2001, el juez de primera de instancia dispuso tener “por no contestada (sic) el llamamiento en garantía”.
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 23 de octubre de 2003, absolvió a las demandadas de todas y cada una de las súplicas imploradas por el actor, a quien le impuso costas.
Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación de las partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en descongestión, mediante sentencia del 21 de junio de 2007, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, dispuso condenar a las sociedades Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A.- Sucursal Colombia, y solidariamente a Codensa S.A., a reconocer y pagar al actor $1.498.250,oo por concepto de prestaciones sociales; $324.990,oo a título de salarios adeudados; $21.666 diarios a partir del 15 de marzo del 2000, hasta por 24 meses, “de allí en adelante se pagarán intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria por concepto de indemnización moratoria artículo 65 del CST”. Igualmente, condenó a la Compañía de Seguros Generales Condor S.A., a “responder” a Codensa S.A., por las condenas impuestas a los demandados hasta el monto de lo asegurado. Costas de primera instancia a cargo de la parte demandada.
Respecto al contrato de trabajo, sostuvo el juzgador que, contrario a lo expuesto por el a quo, en el sentido de que no aparece en el expediente prueba del contrato a término fijo, “observa la Sala que a folios 420-422, aparece copia simple del contrato de trabajo a término fijo, igualmente se observa certificación expedida por la demandada CONSTRUCCONES (sic) ELÉCTRICAS Y EMPALMES S.A., donde dan cuenta que el actor laboró en dicha empresa desde Octubre de 1998 a Marzo de 2000, desempeñando el cargo de Contratista Supervisor de Terreno, de la misma forma aparece documento donde la Empresa Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., reconoce deberle al demandante, por concepto de prestaciones sociales la suma de $1.498.250,00, (fis. 396- 399) así las cosas se condenará a la demandada a pagar esta suma por dicho concepto, ya que no hay prueba de su pago”.
Enseguida el Tribunal afirmó que la demandada Construcciones eléctricas y empalmes S.A., no contestó la demanda ni mucho menos compareció a la audiencia a rendir su interrogatorio. En consecuencia, “se aplicará lo normado en el artículo 210 del CPC, por expresa disposición del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo tanto, se presumirán como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda así: 1, 5, 7, 13, 17, 22, y 23”.
Atinente con los salarios adeudados, dijo que en el expediente no está demostrado que al promotor del proceso le hayan pagado los salarios causados en el período comprendido entre el 1º y el 15 de Marzo de 2000, “por lo tanto, se condena a la demandada a pagarle al actor la suma de $324.990, por concepto de salarios adeudados”.
Referente a la indemnización por despido injusto, la sala sentenciadora acogió el criterio de esta Corporación en torno a que al momento de darse por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral, sea por parte del empleador o del trabajador, se debe señalar la justa causa que lo motivó, si se pretende que ella prospere en un proceso judicial, entonces, “al trabajador le corresponde probar por lo menos, el hecho del despido para que se deposite en cabeza del empleador la carga de demostrar su justeza. En este caso el demandante no logró demostrar el hecho del despido, ya que en el expediente no hay prueba que demuestre el hecho, debiendo absolver a la demandada de esta pretensión; ahora contrario a lo sostenido por el recurrente en su escrito de apelación, en el sentido de que en el interrogatorio de parte, hecho al representante legal de la demandada, se demuestra el hecho de la terminación del contrato de trabajo, lo cual no es cierto, ya que analizado el mismo, sólo hace referencia generalmente al contrato celebrado entre las dos empresas y las actividades que ellas desarrollan, no asistiéndole razón al recurrente en lo alegado sobre este punto en particular (ver folios 209-211)”.
Refiriéndose a la sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T. indicó el juez plural que está demostrado que la demandada le adeuda al actor, por concepto de prestaciones sociales, la suma de $1.498.250,oo, así mismo la suma de $324.990,oo por concepto de salarios. Además, que en este caso no encontró la Sala justificación alguna por la cual la llamada a juicio “no ha cancelado las prestaciones sociales y salarios adeudados al actor, por ende deba pagar la indemnización moratoria a razón de $21.666, diarios a partir del 15 de marzo del 2.000, hasta por veinticuatro (24) meses, de allí en adelante se pagaran intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria”.
En lo que corresponde con la indexación acotó el Colegiado que cuando se condena al pago de la indemnización moratoria no hay lugar a la indexación, y “como quiera que en este caso se condenó a moratoria, no se accederá a esta pretensión”.
Al analizar la procedencia de la solidaridad, el fallador concluyó que “del documento obrante a folios 99-177, más exactamente Contrato de Servicio de Construcción y/o Modificación de Conexiones Eléctricas, celebrada (sic) entre Codensa S.A. ESP. Y EMPAC S.A., y del interrogatorio de parte del representante legal de Codensa S.A., se desprende lo siguiente, 1) que ésta última fue beneficiario (sic) de la obro (sic) 2) la labor desarrollada por EMPAC S.A., a favor de CODENSA S.A, construcción y/o modificación de conexiones eléctricas, suspensión y reposición del suministro de energía etc., son actividades normales de de (sic) esta última es decir esta (sic) dentro del objeto de la Empresa, lo que hace en este caso que Codensa S.A, sea solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, artículo 34 y 36 del Código Sustantivo del Trabajo; aunado a lo anterior aparece a folio 40 del Expediente, oficio de Codensa S.A., dirigido a EMPAC S.A., en la cual se le solicita autorizarles, para que las sumas a favor de la última, se paguen directamente a sus trabajadores según relación que debe adjuntar, la relación de los trabajadores, número de documento de identidad, montos a pagar y los conceptos, debiendo incluir adicionalmente sus obligaciones de seguridad social y para (sic) fiscales, lo anterior nos demuestra claramente la solidaridad de Codensa S.A., por lo tanto, será condenado a responder de manera solidaria por los conceptos adeudados al actor”.
Y en lo que respecta al llamamiento en garantía, solicitado por Codensa S.A., para que la Compañía de seguros generales cóndor S.A., pague las condenas que se le llegare a imponer, afirmó el Tribunal que “revisado el expediente encuentra la Sala que a folio 141, está probado que la Empresa Construcciones electricas (sic) y empalmes S.A., es tomador en el contrato de seguro, celebrado con la Compañía de seguros condor (sic) S.A., y que el asegurado y beneficiario es Codensa S.A, EPS, por concepto del pago de indemnizaciones y prestaciones sociales por valor de $221.204.632.oo m/cte. Con una vigencia que va desde el 9 de Marzo de 1.999, hasta el 9 de Noviembre de 2000, por lo tanto, se condenará a la compañía de seguros generales Condor (sic) S.A., a responder a CODENSA S.A., por las condenas impuestas a los demandados hasta el monto de lo asegurado”.
Conforme lo declara al fijar el alcance de la impugnación en la demanda con la que sustenta el recurso, que fue replicada, Aristóbulo Martínez Portela pretende que la Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal en cuanto por su ordinal segundo, “numerales 1) y 3), solamente condenó a las demandadas in solidum a reconocer y pagar al actor (…) y, actuando en su condición de Tribunal de instancia, profiera sentencia condenatoria contra las demandadas solidariamente, conforme al salario verdaderamente devengado por el actor, produciendo condena sobre todas y cada una de las pretensiones que de manera precisa se han formulado”.
Con ese propósito formula un cargo, que fue replicado.
Aduce que la sentencia violó, en forma indirecta, y al aplicar indebidamente, “los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, (subrogado por el art. 1 de la Ley 50 de 1990), 24 (subrogado por el art. 2 Ley 50 de 1990), 27, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46 (subrogado por el artículo 3º Ley 50/90), 54, 55, 56, 57, 59, 61 (subrogado art. 5º Ley 50/90), 64 (subrogado art. 6º Ley 50/90), 65, 127 (subrogado por el art. 14 de la Ley 50/90),128 (subrogado art. 15 de la Ley 50/90), 132 (subrogado art. 18 Ley 50/90), 133, 134, 138, 139, 142, 144, 145, 158, 159, 160, 161 (subrogado art. 20 Ley 50/90), 169, 177, 186, 187, 189, 190, 194 (subrogado art. 32 Ley 50/90), 230 8Mod. Art. 7 Ley 11/84), 249, 253 (modificado art. 17 D. 2351/65), 254, 306, 307, 340. Ley 15/1959 art. 2º; arts. 1.2.3.4.5. Decreto 116/1976; 2 y 5 Ley 21 de 1982; 98, 99 Ley 50 de 1990; 2º D. 1127/91; 1, 2, 6, 10-23,59-63, 152,-153, 156, 157, 159, 161 de la Ley 100 de 1993; 164 del D. 663/93, 16 Ley 444/1998, artículos 1613 y 1614 del C.C.; artículos 13, 25 y 53 de la Carta Política; y, finalmente los artículos 210 (modificado por el art. 1º, num. 101- del Dto. 2282 de 1989) del C.P.C. 56 (modificado L. 712/2001 art. 26), 60, 61, 145 del C.P.L., 29 de la C.P.”.
Como errores ostensibles de hecho en que incurrió el ad quem, señala:
“- No dar por demostrado, estándolo, que al actor no se le cancelaron las cantidades correspondientes a sus prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías, compensación dineraria de sus vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte y alimentación, subsidio familiar, etc), causados (sic) durante el 8 de marzo de 1999 y el 15 de marzo de 2000, ni la totalidad de los salarios (salario básico, auxilio de productividad correspondiente a la suma de $250.oo por cada una de las horas hombre ejecutadas por los técnicos electricistas que estaban bajo la supervisión del actor y el auxilio de transporte equivalente a $5000.000,oo por concepto del auxilio de rodamiento del vehículo de propiedad suya, el cual era utilizado en las labores a favor del patrono, para una suma mensual total última de remuneración de un millon ochocientos ochenta mil pesos mensuales, causados en el periodo comprendido entre el 1 y 15 de marzo de 2000, más no pago (sic) y como promedio mensual para efectos liquidatorios de prestaciones e indemnizaciones”
- No dar por demostrado, estándolo, que el actor fue despedido por su patrono directo Construcciones electricas (sic) y empalmes s.a. sucursal Colombia el día 15 de marzo del año 2000 y no le canceló el valor de la indemnización por terminación unilateral e injustificada del contrato a término fijo que se había renovado conforme a la ley laboral colombiana (Numeral 2º art. 3º, Ley 50/90 que subrogó el art. 46 del C.S. del T)”.
Denuncia como pruebas mal apreciadas la demanda (folios 35 a 42), el documento que contiene una relación de deudas laborales (folios 396 a 399), el interrogatorio de parte absuelto por el representante de CODENSA S.A. (folios 209 a 211), la declaratoria de confesa de la sociedad empleadora (folios 420 a 422). Como probanzas no apreciadas relaciona la reclamación colectiva de los trabajadores (folios 274 a 280), las cuentas de cobro (folios 283 a 285), las liquidaciones quincenales (folios 293, 296, 300, 304, 309, 310, 311, 319, 334, 339, 345, 354, 357, 361, 362, 367, 368, 372, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 385, 386, 387 y 388).
La demostración del cargo se puede Condensar así:
1º) Conforme puede verificarse con la lectura de los hechos consignados en el escrito inaugural del proceso “son susceptibles de confesión, además de los consignados por el ad quem (1,5,7,13,17,22 y 23), los hechos #s 6,8,9,10,11,12,14,15,16,19,20,21, en los cuales amén de los extremos de la relación laboral y la modalidad contractual, se encuentran consignados los hechos relacionados con la remuneración del trabajador y la fuente de la misma; lo cual indica que el contenido del libelo demandatorio no fue apreciado correctamente por el juzgador (…) por lo que resultó indebidamente aplicada la norma procesal pertinente (art. 210 del C.P.C.) al establecer como susceptibles de confesión por parte del patrono contratista solamente algunos de los hechos de la demanda(…) consecuencialmente resultó indebidamente apreciada (sic) el documento contentivo de la demanda, en relación con la declaratoria de confeso al patrono (fl. 211)”.
2º) La liquidación elaborada por Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., sucursal Colombia, por valor de $1.498.250 (folios 396 a 399), “no puede tomarse como prueba válida para determinar el monto, ni del salario (…) como tampoco sobre el monto de sus prestaciones sociales adeudadas a la terminación del vínculo laboral. Ellas solamente demuestran que la parte demandada no cumplió con sus obligaciones laborales, ni pago (sic) al trabajador lo que le adeudaba. Más (sic) no, se repite, el monto de las obligaciones. Por ello esta probanza también resultó indebidamente apreciada”.
3º) El despido del actor se acredita “de la confesión lograda sobre el hecho #20 y 21 del libelo demandatorio, por la inasistencia a absolver el interrogatorio de parte del señor Representante Legal, de su patrono directo: construcciones electricas (sic) y empalmes s.a. sucursal Colombia; tal como puede apreciarse en la lectura de la providencia judicial que así lo resolvió (fl. 211 del informativo) el señor Juez A-quo y lo confirmó el Ad quem”.
4º) El Tribunal no apreció una “serie de documentos en los cuales se consignan adicionales elementos probatorios sobre las remuneraciones adicionales es (sic) que el actor percibía durante su relación de trabajo las cuales su salario ordinario realmente era muy superior al salario básico que aparece en los documentos tomados por el Ad quem como plena prueba del salario real (folios 283 a 285) y los folios que fueron específicamente en el título sobre pruebas no apreciadas y los cuales se encuentran entre los folios 293 a 388 del mismo cuaderno principal”.
Tampoco apreció el juzgador la “reclamación colectiva”, que indica que a la terminación de la relación la llamada a juicio no le canceló el salario de la última quincena y las prestaciones sociales.
VII. La réplica de Codensa S.A.
Asevera que no es posible tener como prueba los hechos susceptibles de confesión a que se refiere el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, “ya que la oportunidad procesal para el mismo, lo fue en la audiencia que se encuentra a folio 211(…) esto es, (sic) continuación de la segunda audiencia de trámite”.
Agrega que en el proceso no se probó el despido injustificado, “ni que el auxilio de rodamiento y la liquidación de productividad por operario, constituían factor salarial, por lo que el Ad quem no incurrió en yerro alguno”.
1. Sobre la confesión ficta o presunta en relación con los hechos 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, por la inasistencia del representante legal de Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A. a absolver el interrogatorio de parte.
Nótese que lo pretendido por el impugnante es que la Corte declare la existencia de una confesión ficta por la inasistencia del representante legal del empleador demandado a la diligencia en la que se le debió practicar el interrogatorio de parte. Esta aspiración es improcedente, como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala al resolver casos análogos al que ahora ocupa su atención, siendo por tanto aplicables los criterios allí expuestos.
En efecto, como ocurre en el presente caso, el juez laboral instructor no dejó constancia sobre las consecuencias que le acarrearía al representante legal del convocado a juicio su desacato a la práctica del interrogatorio de parte ordenado, frente a los hechos mencionados en precedencia, y por consiguiente no es viable pretender que ahora, en el recurso extraordinario de casación, se declare tal confesión ficta. Como ya lo ha enseñado esta corporación con persistencia “... a la Corte no se le permite determinar la existencia de la llamada confesión ficta, pues su competencia, en tanto actúa como tribunal de casación, se limita a establecer, sin alterar para nada la valoración que al respecto haya realizado el fallador de instancia, si en la decisión impugnada se incurrió o no en una violación de la ley generada en la mala apreciación o la falta de apreciación de esta prueba o de otro medio probatorio...”. (Ver sents. ago. 14/96, rad. 8.498, jul. 12/2000, rad. 13.738, sep. 11/2002, rad. 18.306, abr. 9/2003, rad. 19.474, y jul. 5/2003, rad. 20.233).
2. Validez de la prueba obrante a folios 396 a 399.
En torno a este aspecto, repárese en que la censura no ataca la valoración que hizo el tribunal de esta prueba, es decir, no le enrostra al juzgador una equivocación en la apreciación objetiva o material de la prueba, como correspondía en esta vía, sino en su apreciación jurídica.
Así las cosas, el recurrente pretende restarle validez o fuerza probatoria a dichos documentos, circunstancia que se debió controvertir a través de la vía adecuada, que es la del puro derecho, según lo tiene adoctrinado esta Sala de la Corte.
En efecto, sobre el tema conviene recordar que conforme el criterio de esta corporación la acusación de asuntos concernientes a la aducción, aportación, validez y decreto de pruebas, sólo es susceptible de impugnación por la vía directa. En relación a este punto, es oportuno reiterar lo expresado en sentencia del pasado 15 de mayo (SL 340- 2013, rad. 41766).
Ahora bien, en cuanto a la valoración que hizo el juez de segundo grado del documento bajo estudio, en sentir de la Corte no se desprende error alguno, puesto que el tribunal concluyó que la demandada le adeudaba al actor la suma $ 1.498.250 y eso es la que precisamente consigna tal probanza.
3. La acreditación del hecho del despido.
Reiteradamente ha precisado la Corte, que al trabajador le corresponde demostrar el hecho del despido, esto es, que la iniciativa de ponerle fin a la relación contractual laboral existente provino del empleador, situación que brilla por su ausencia en el plenario.
Y este supuesto fáctico lo pretende demostrar el impugnante “con la confesión lograda sobre el hecho # 20 y 21 del libelo demandatorio, por la inasistencia a absolver el interrogatorio de parte del señor representante legal, de su patrono directo. Construcciones Electricas (sic) y Empalmes S.A.”, cuando, como quedó dicho, en materia de confesión ficta, para la aplicación y activación de los efectos del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, se requiere que el juez respectivo declare expresamente, ante la ausencia injustificada del obligado a absolver interrogatorio de parte, cuáles hechos de la demanda o del interrogatorio escrito se tendrán como ciertos, situación que acá no aconteció.
4. Sobre los factores salariales.
Debe memorarse que cuando un cargo se propone por la vía indirecta, su sustento esencial debe referirse a los supuestos errores de hecho cometidos por la sentencia acusada, debido a una incorrecta valoración probatoria o a la ausencia de estimación de determinadas pruebas, cosa que aquí no acontece; incumplió por tanto, su deber el impugnante, porque si pretende que su acusación quede debidamente fundada, está en el deber de exponer de manera clara qué es lo que la prueba acredita y el yerro evidente en su apreciación; demostración que incumbe hacer mediante un análisis razonado y crítico de las pruebas, confrontando la conclusión que se deduzca de este proceso intelectual de argumentación con las conclusiones acogidas en la resolución judicial.
Indicar simplemente la prueba que se considera mal apreciada o no apreciada por el sentenciador, solamente indica la causa del posible error; pero no en sí mismo el error de hecho manifiesto que podría conducir a la violación de la ley sustancial, en caso de existir realmente y ser demostrado por el recurrente. Este proceso de razonamiento que incumbe exclusivamente a quien acusa la sentencia, implica para él hacerle ver a la Corte la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal.
Como el anterior deber no lo cumple el ataque, porque el impugnante olvida llevar a cabo esa confrontación, la Corte no puede suplir su omisión y deducir el error evidente que pueda tener el efecto de desquiciar los soportes de la sentencia, quedando en consecuencia incólume su presunción de legalidad y acierto.
En definitiva, el cargo no sale avante.
IX. El recurso de Codensa S.A.
Conforme lo declara al fijar el alcance de la impugnación en la demanda con la que sustenta el recurso, que fue replicada, Codensa S.A. pretende, en forma principal, se case parcialmente el fallo de segunda instancia, en cuanto a que revocó la sentencia de primer grado y la condenó al pago solidario de sumas correspondientes a salarios, prestaciones sociales e indemnización moratoria, para que, constituida la Corte en sede de instancia, “resuelva CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en su numeral primero, proferida por el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Bogotá el 23 de octubre de 2003 respecto a mi representada Codensa S.A. ESP, para en su lugar absolverla de acuerdo al cargo que adelante se detalla”.
Con ese propósito formula dos cargos, que con vista en la réplica se decidirá a continuación. Por razones rigurosamente de método se estudiará inicialmente el segundo.
Acota que la sentencia impugnada viola “en la vía directa, por infracción directa - falta de aplicación de los artículos 110, 111, 117 y 118 del Código de Comercio, que establecen el contenido de constitución de una empresa y su registro mercantil así como la forma en que debe ser probada la existencia y representación legal de las sociedades, lo que se constituyó en el medio para la aplicación indebida del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, 65 127, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, en consonancia con los artículos 83 de la Constitución Política; 1º, 14, 16, 18, 19 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Asevera que el fallador de segunda instancia incurrió en el error de derecho consistente en “dar por establecido un hecho, como lo es la existencia, representación y objeto social de Construcciones Eléctricas y Empalmes sucursal Colombia S.A. S.A., con un medio probatorio no autorizado por la ley, en este evento el contrato 475 suscrito entre Codensa S.A. ESP y Empac S.A., ya que el Código de Comercio es claro al exigir que para probar tales circunstancias se requiere una determinada prueba que no admite acreditación por otro mecanismo”.
Afirma la sociedad recurrente que no aparece aportado en el expediente ni las escrituras de constitución de la sociedad Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A. —sucursal Colombia—, así como tampoco el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.
Para la impugnante la equivocación del tribunal estribó en “no considerar que el certificado de existencia y representación legal de una empresa constituye la prueba idónea, es decir, aquella que no se puede omitir para acreditar la existencia y representación de una sociedad; adicionalmente en dicho documento se evidencia cuál es el objeto social de la empresa por medio de la enunciación clara y completa de las actividades principales de la misma, lo cual debe ser sometido a registro mercantil ante la Cámara de Comercio correspondiente. De otra parte existe norma expresa en el Código de Comercio que precisa la inadmisibilidad de pruebas en contra el tenor de las escrituras otorgadas legalmente”.
Dice que a la Sala sentenciadora “no le era dable concluir que el objeto social de Empac correspondía a actividades normales de Codensa S.A. ESP ya que era imposible cotejar información alguna y en consecuencia le era imposible también concluir que coincidía con las actividades ordinarias de Codensa S.A. ESP. De esta manera el tribunal se rebela no sólo contra las normas que expresamente regulan la materia sino también contra la reiterada jurisprudencia sobre la materia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como es el caso de la sentencia de fecha mayo 4 de 1973”.
XI. La réplica del demandante
La oposición, en suma, estima que lo planteado en el ataque constituye un medio nuevo, inaceptable en el recurso extraordinario.
Debe comenzar la Sala por advertir que el cargo exhibe un notorio dislate en la escogencia de la vía, toda vez que pese a discrepar de la providencia por haber incurrido en un error de derecho, lo encausa por el sendero directo. Lo anterior, habida cuenta que esta clase de yerro (de derecho) no estriba en equivocadas apreciaciones jurídicas del sentenciador, sino en dar por demostrado un hecho o no darlo por acreditado, cuando la ley exige determinadas solemnidades sustanciales para su existencia y prueba, aspecto éste reservado a la vía fáctica o de los hechos, vale decir, la indirecta.
En fallo del 14 de septiembre de 1994, radicación 6.899, la Corte razonó:
“La primera causal del recurso extraordinario de casación laboral comprende dos formas de infracción legal por el sentenciador: la vía directa y la vía indirecta. En la primera, en cualquiera de sus tres modalidades infracción directa, interpretación errónea y aplicación indebida, la violación se produce con independencia de la situación fáctica y probatoria del proceso, pues el debate se limita exclusivamente a la controversia jurídica. En la segunda, la violación se configura por la defectuosa apreciación que hace el juzgador de los medios de prueba calificados por haberlos ignorado (error de hecho), o cuando da por establecido un hecho con un medio no autorizado y para el cual la ley exige prueba ad substantiam actus o deja de apreciar una prueba de tal naturaleza debiendo hacerlo (error de derecho).
La violación directa y la indirecta son entonces dos conceptos incompatibles de infracción de la ley, excluyentes entre sí, ya que no es posible que el sentenciador quebrante la ley en forma directa, con total prescindencia de las cuestiones fácticas, y simultáneamente por indebida valoración del material probatorio”.
Empero, si la Sala superara la anterior falencia en la técnica de casación, el ataque a nada conduciría, porque para dar al traste con la acusación bastaría rememorar que en sentencia del 19 de agosto de 2009, radicación 35.490, esta Corte explicó con profusión que en materia laboral rige el criterio general de la libertad en la apreciación probatoria, por lo que sólo en casos excepcionales procede la declaración del error de derecho.
En línea de doctrina, enseñó la Sala que el objeto social de una persona jurídica se puede probar por cualquier medio y no solo con los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio. Sin restarle importancia a estos documentos, para efectos de probar hechos propios de las sociedades y de los comerciantes en general, se debe precisar que la ley no restringe la acreditación de las características de una sociedad a dichos medios probatorios, razón por la que en virtud de la libertad probatoria el juez puede dar por acreditado determinada circunstancia relativa a las sociedad con cualquier otra prueba legalmente allegada al expediente, como por ejemplo escrituras de constitución, confesión del representante legal, testimonios, entre otros.
Máxime en el caso sub judice, donde lo que declaró el juzgador colegiado fue que las actividades desarrolladas por la sociedad demandada son conexas a las que realizaba el contratista, empleador del actor, circunstancia que no en todos los casos se deduce o está contenida en el objeto social que registró la sociedad en la Cámara de Comercio.
Al respecto, la Sala Laboral en sentencia del 10 de marzo de 2009, radicación 27.623, enseñó:
“Y no se equivoca el ad quem en dilucidar la existencia del giro ordinario de negocios como presupuesto de la solidaridad del beneficiario de la obra con el contratista independiente, dándole primacía a la realidad de la actividad de los negocios sobre las formalidades comerciales, de manera que se pueda predicar que cuando el empleador realiza por sí o por terceras personas, obras nuevas o de mantenimiento, que van a ser parte de la cadena productiva, instrumento para la manipulación de las materias que se transforman o de los productos acabados, está justamente desempeñándose en el giro propio de sus negocios; sería un contrasentido calificar esa actividad como extraña a las actividades normales de la empresa, simplemente, porque se omitió incluirla en la relación descriptiva del objeto social; o porque no se le da aplicación a la cláusula de reserva que suele aparecer en los estatutos sociales, aquella del tenor que aparece en el certificado de la Cámara de Comercio de la entidad recurrente en casación: “En general celebrar y ejecutar todo acto o contrato que se relacione con o complemente el objeto social principal”; o porque el empleador violó los límites de su objeto social, y se adentró en actividades ajenas a las formalmente declaradas en la Cámara de Comercio, caso en el cual, el espíritu tuitivo del derecho laboral ha de conducir a tomar una decisión que no implique que quien resulte sancionado sea el trabajador”.
Puestas en esa dimensión las cosas, el cargo no se abre paso.
XIII. Primer cargo
Aduce que la sentencia recurrida “viola en la vía indirecta, por aplicación indebida del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, 65 127, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, en consonancia con los artículos 83 de la Constitución Política; 1º, 14, 16, 18, 19 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Dice que el anterior quebranto normativo se produjo como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que las actividades de construcción y/o modificación de conexiones eléctricas, suspensión y reposición del suministro de energía desarrolladas por Construcciones Eléctricas y Empalmes, Empac, sucursal Colombia S.A., corresponden al objeto social de Empac y por ende son actividades normales de Codensa S.A. ESP, por estar dentro de su objeto social.
2. No dar por demostrado, estándolo, que Empac, en su calidad de empleador, actuó de buena fe como empleador de Aristóbulo Martínez Portela, al gestionar ante Codensa S.A. ESP el endoso de las facturas que ésta le adeudaba, con el fin de cancelar las acreencias laborales correspondientes”.
Como pruebas erróneamente apreciadas señala el certificado de existencia y representación legal de Codensa S.A. ESP (fls. 47 a 90), el contrato de prestación de servicios 475 de 31 de diciembre de 1998, suscrito entre Codensa S.A. ESP y Empac (fls. 142 a 177), el interrogatorio rendido por el representante legal de Codensa S.A. ESP (fls. 209 a 212), los documentos relacionados con gestión de Codensa S.A. ESP para lograr pago de acreencias laborales a trabajadores de su contratista Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., sucursal Colombia, mediante endoso de facturas (fls. 234 a 243), los documentos relacionados con embargos provenientes de juzgados civiles recibidos por Codensa, los cuales generaron la imposibilidad de continuar con las gestiones de Codensa S.A. ESP para lograr el pago de acreencias laborales a trabajadores de su contratista, mediante endoso de facturas (fls. 244 a 248).
La demostración del cargo se puede concretar así:
1. En el expediente no obra el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A. sucursal Colombia.
Pese a encontrarse relacionado en la demanda como documento aportado (num. 1º, lit. d, según fl. 40 del exp.), “pero sin que obrara realmente dentro del plenario el certificado de existencia y representación legal de la empresa Construcciones Eléctricas y Empalmes sucursal Colombia S.A. S.A., documento llamado a evidenciar el objeto social de una empresa en Colombia, el ad quem concluye que existe responsabilidad solidaria entre esta empresa y mi representada Codensa S.A. ESP. En efecto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 34 deI Código Sustantivo deI Trabajo subrogado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, establecer que el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, para este caso Codensa S.A. ESP será solidariamente responsable con su contratista independiente, para este caso Construcciones Eléctricas y Empalmes sucursal Colombia S.A. S.A., si ambos desarrollan labores similares, esto es, comparten una similitud en sus objetos sociales, cosa que no ocurre en este evento y que evidentemente no fue probada por ausencia de uno de los documentos básicos para generar tal condena”.
Para la sociedad recurrente el tribunal estaba llamado a comparar los objetos sociales de Empac S.A. y Codensa S.A. ESP para poder llegar a la conclusión de las actividades de la primera eran, a su vez, de las normales de la segunda.
Anota que si bien Codensa construye y mantiene redes de alta, media y baja tensión para efectos de distribución de energía, “esto no es asimilable a lo contratado con la empresa Construcciones Eléctricas y Empalmes sucursal Colombia S.A. S.A. (sic), que se resume en conexiones eléctricas. En conclusión las redes y las conexiones eléctricas son diferentes, como el representante legal de Codensa lo expresa al final de su respuesta, no obstante el fallador de segunda instancia los ubica como sinónimos y concluye en la condena a responsabilidad solidaria. Precisamente Codensa S.A. ESP tuvo que acudir a la figura de la contratación de servicios de terceros para poder realizar las actividades contempladas en el contrato de marras ya que estas no hacen partes de las normales, léase de aquellas que desarrolla directamente Codensa S.A. ESP”.
2. La conducta de la empleadora.
La sociedad impugnante asevera que “si el tribunal hubiera apreciado correctamente los comunicaciones de declaración de grave situación económica de la empresa Construcciones Eléctricas y Empalmes sucursal Colombia S.A. S.A., así como de la relación de pagos pendientes por realizar a varios trabajadores con el fin de llevar a cabo endoso de facturas pendientes por pagar a Empac a favor de los trabajadores según listado y demás documentos, estas no hubieran constituido prueba que conlleve a condena de mi representada, pues ellos lejos de demostrar existencia del mismo objeto social entre Codensa S.A. ESP y Construcciones Eléctricas y Empalmes sucursal Colombia S.A. S.A., denotan que un CONTRATISTA como Empac, responsable y que actúa de buena fe, se preocupa por la difícil situación por la que atraviesa y gestiona el pago de acreencias laborales de sus trabajadores por varios medios, incluyendo la gestión del beneficiario de la obra”.
Afirma que en efecto, a folio 234 se observa que el representante legal de Empac pone en consideración de Codensa S.A. ESP “la intención de no continuar con la ejecución del contrato debido a que su empresa se encuentra sufriendo pérdidas lo que la está llevando a afrontar una grave situación económica. Como consecuencia de ello el 22 de junio de 2000 se suscribe acta de compromiso en donde se lee que el dinero por concepto de facturación que Codensa le adeudaba a Empac se destinaría a pagar obligaciones laborales de los trabajadores al servicio de Empac, por un valor estimado de $ 256’343.988. Como complemento de esta acta a folio 240 se evidencia las instrucciones y requisitos necesarios para proceder al pago de deudas de Empac con sus trabajadores con la intermediación y gestión de Codensa”.
Expone que las pruebas que obran a folios 244 a 248 “dan cuenta de que Codensa no pudo seguir gestionando el pago a trabajadores de Empac debido a múltiples embargos que fueron radicados en las instalaciones de la misma y que fue preciso atender en cumplimiento de la legislación vigente que así lo determina. A folio 244 se observa que el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito notifica a Codensa embargo a Empac por valor de 42’300.000, a folio 245 se observa la consignación pertinente a órdenes de dicho juzgado; a folio 246 se observa orden de embargo proveniente del Juzgado 23 Civil Municipal, a folio 247 en el mismo sentido embargo proveniente el Juzgado 52 Civil Municipal y a folio 248 el juzgado 10 Civil municipal solicita el embargo. Todo lo anterior en contra de Empac”.
Concluye que lo anterior constituye un acervo probatorio claro para demostrar la buena fe con que Empac S.A. y su contratante Codensa actuaron especialmente para que la crisis no afectara a los trabajadores y todos obtuvieran el pago de sus acreencias insolutas.
XIV. La réplica del promotor del proceso
Además de enrostrarle al cargo defectos en la técnica de casación, pues considera que se trata de un alegato propio de las instancias, arguye que no debe prosperar dado que el tribunal no se equivocó al concluir que Codensa S.A. es solidaria en el pago de la condena, así como que no existe probanza alguna que acredite que la sociedad empleadora actúo de buen fe.
1. En el expediente no obra el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A. - Sucursal Colombia.
Para efectos de dar respuesta a este puntual descontento, baste con remitirse a lo expuesto en el cargo en precedencia, en cuanto a que el objeto social de una persona jurídica se puede probar por cualquier medio y no solo con los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, como lo propone la sociedad recurrente.
Aquí y ahora, juzga conveniente la Corte recordar que para que la solidaridad se dé, a más de que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del beneficiario, se requiere que ella constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico. Igualmente, para su determinación se puede tener en cuenta la actividad específica desarrollada por el trabajador y no sólo el objeto social del contratista y el beneficiario de la obra.
En el asunto bajo escrutinio se observa que el objeto social principal de Codensa S.A. es “la distribución y comercialización de energía eléctrica, así como la ejecución de todas las actividades afines, conexas, complementarias y relacionadas a la distribución y comercialización de energía, la realización de obras, diseños y consultoría en ingeniería y la comercialización de productos en beneficio de sus clientes (…)”.
Por su parte, en el contrato de “servicios de construcción y/ modificación de conexiones eléctricas” celebrado entre Codensa S.A. y Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., quedó consignado, entre varios aspectos, “por el presente contrato, el CONTRATISTA y la EMPRESA, se comprometen a ejecutar las siguientes actividades, en el proyecto de normalización de conexiones, donde se regularizarán las siguientes situaciones típicas: a) Clientes activos sin equipo de medida. Estos corresponden a los denominados “servicios directos sin medidor” y en general disponen de instalaciones normalizadas a excepción del equipo de medida. a) Clientes activos con medidor. Se normalizará la medición de consumos de todos los servicios que presenten irregularidades técnicas derivadas de fallas en equipos o materiales, o bien, originadas por intervenciones ilícitas (fraude). a) Usuarios no clientes. Se considera otorgar servicio eléctrico a la totalidad de los usuarios no clientes, que se encuentren dispersos en zonas electrificadas. Estos consumidores normalmente se encuentran en condiciones de hurto de energía (contrabando). a) Otros servicios. Además de los trabajos directos de construcción, el contratista deberá proveer servicios complementarios destinados a privilegiar el avance del proyecto. Entre éstos se destacan, la captura de datos en terreno y el proceso de suspensión y reposición del suministro de energía a clientes morosos o aquellos que se oponen a los trabajos de normalización”.
De manera que los servicios prestados por el contratista independiente, no fueron labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de Codensa S.A., pues pretendían cubrir necesidades inherentes para el desarrollo cabal de su objeto social, toda vez que si su razón de ser es la distribución y comercialización de energía eléctrica, sería impensable que las labores, por ejemplo, de conexión y reposición de energía eléctrica, no fueran propias o indispensables de su gestión diaria o cotidiana. Y en ese contexto es claro que el demandante estuvo bajo la subordinación de Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., sucursal Colombia, adelantando un trabajo que no es extraño a las actividades normales y permanentes del beneficiario de la obra, por lo que Codensa S.A. es solidariamente responsable en el pago de la condena impuesta por el tribunal, a la luz de lo contemplado en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.
Entonces, no se evidencia yerro en la conclusión del juzgador de segundo grado.
2. Conducta del empleador Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A.
Debe comenzar la Corte por memorar su doctrina en torno a que la buena o mala fe trascendente para efectos de definir las consecuencias por el no pago oportuno de acreencias laborales, en tratándose de las condenas solidarias, es la del obligado principal, es decir el que funge como verdadero empleador, en este caso Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., y no la conducta que hubiere asumido el garante que fue la condición en que fue condenado Codensa S.A.
También, resulta imperioso recordar lo adoctrinado por esta Corte mediante sentencia del 12 de diciembre de 1996, radicación 8.533, posición reiterada recientemente en sentencia del 27 de junio de 2012, radicación 43.398, en lo concerniente a que en principio, la buena o mala fe debe examinarse a la terminación de la relación laboral:
“la buena o mala fe de la conducta del patrono debe examinarse al momento de dar por terminado el contrato de trabajo, sin que el comportamiento procesal posterior del empleador pueda ser indicativo de que carecía de buena fe cuando se abstuvo de pagar.
En este caso, el tribunal deduce la mala fe de la hoy recurrente del desinterés demostrado durante el proceso para probar la justa causa del despido, lo que implica juzgar su conducta como patrono por su conducta procesal posterior y no por el comportamiento que tuvo al momento de terminar el contrato de trabajo (…). En cambio, le pagó los salarios y prestaciones sociales que creyó deberle, según se aprecia en la liquidación final que obra a folio 1 y que aparece firmada por la demandante sin observación alguna, y que terminó el contrato con el entendimiento de que existía una justa causa, de manera que aunque no la demostró en el proceso, ello no significa que haya obrado de mala fe, por lo que se casará la sentencia para absolver a la demandada de la indemnización por mora”.
Ha enseñado la Corte Suprema de Justicia, con inmodificada persistencia, que la sanción impuesta al empleador moroso a la luz de lo estatuido en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, tiene como causa la renuencia injustificada del sancionado al pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales. Si la mora obedece a dudas de buena fe acerca de la existencia de la obligación, deducción o monto de la misma —y en el último caso el empleador paga o consigna lo que de buena fe cree deber—, es obvio que desaparece la causa y, por consiguiente, se hace inaplicable la sanción.
Bajo la orientación jurisprudencial en precedencia, procede la corporación a estudiar la plataforma probatoria denunciada en el cargo, y así determinar si la sala sentenciadora se equivocó al concluir que la sociedad llamada a juicio actúo de mala fe o, por el contrario, si su conducta estuvo revestida de buena fe, como lo asevera la recurrente.
La impugnante aduce que si el tribunal hubiera apreciado correctamente las comunicaciones de “declaración de grave situación económica de la empresa Construcciones Eléctricas y Empalmes sucursal Colombia S.A. S.A. (sic), así como de la relación de pagos pendientes por realizar a varios trabajadores con el fin de llevar a cabo endoso de facturas pendientes por pagar a Empac a favor de los trabajadores según listado y demás documentos, estas no hubieran constituido prueba que conlleve a condena de mi representada, pues ellos lejos de demostrar existencia del mismo objeto social entre Codensa S.A. ESP y Construcciones Eléctricas y Empalmes sucursal Colombia S.A. S.A., denotan que un CONTRATISTA como Empac, responsable y que actúa de buena fe, se preocupa por la difícil situación por la que atraviesa y gestiona el pago de acreencias laborales de sus trabajadores por varios medios, incluyendo la gestión del beneficiario de la obra”.
Pues bien, en primer lugar nótese que los documentos sobre los que la recurrente soporta su reproche fueron comunicaciones que se cruzaron las sociedades Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., sucursal Colombia y Codensa S.A., tiempo después del fenecimiento del vínculo laboral.
En esa misma dirección, a la verdad, y como bien lo determinó el juez de apelación, no obra probanza alguna en el expediente que acredite que el actuar del empleador, Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., al momento de la terminación del vínculo contractual, estuvo revestido de buena fe.
Se impone recordar que no siempre que una sociedad se encuentre en estado de liquidación obligatoria, ese hecho automáticamente la exonera de la referida sanción, pues aun encontrándose en ese estado, es posible que incurra en actos que demuestren mala fe en el no pago de salarios y prestaciones adeudados a la terminación del contrato de trabajo.
Igualmente, rememórese que tampoco puede admitirse como premisa general que las situaciones de iliquidez o de insolvencia y la intervención económica estatal, sean circunstancias que impongan necesariamente la sanción regulada por el citado artículo 65 del estatuto sustantivo laboral, como lo dejó definido la corporación, verbigracia en la sentencia del 10 de octubre de 2003, radicación 20764, en la que además recordó que “los jueces deben valorar previamente, sin esquemas preestablecidos, la conducta del empleador renuente al pago de los salarios y prestaciones adeudados a un trabajador al momento de la terminación del contrato para efectos de determinar si dicha renuencia es o no de buena fe”.
Por último, no debe pasar por alto la Corte la conducta procesal que asumió el empleador Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., pues al no contestar la demanda, no adujo motivo alguno frente al cual razonablemente el juzgador hubiere podido colegir que a la terminación del vínculo contractual no existió intención deliberada y arbitraria de desconocer los derechos laborales de quien fue su servidor, es decir, que su incumplimiento se basara en una convicción legítima de estar actuando conforme a derecho.
En resolución el cargo no sale avante.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en descongestión, el 21 de junio de 2007, en el proceso ordinario que adelanta el demandante en contra de las sociedades Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A. —sucursal Colombia— y Codensa S.A. Fue llamada en garantía Cóndor S.A. - Compañía de Seguros Generales.