Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A250-06.htm
Timestamp: 2017-11-23 15:10:12
Document Index: 249234971

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 68', 'ARTÍCULO 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 23']

Auto 250/06
CORTE CONSTITUCIONAL-Puede tomar determinaciones necesarias para hacer cumplir sus fallos a fin de proteger derechos fundamentales
CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Asunción por Corte Constitucional
Es preciso anotar que una de las situaciones en las cuales este tribunal se encuentra plenamente habilitado para adoptar por sí mismo las decisiones que aseguren el cumplimiento de sus fallos, se presenta precisamente en los casos en que los jueces de primera instancia hayan adoptado medidas insuficientes o ineficaces o cuando, en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento.
CORTE CONSTITUCIONAL-Requerimiento a fin de establecer mecanismo idóneo para la ejecución de la partida presupuestal para los hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil
Referencia: cumplimiento de las sentencias T-919, T-081 y T-1128 de 2000
Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil seis (2006)
Recientemente, la señora Blanca Flor Rivera González también informó el incumplimiento de la Sentencia T-081 de 2000, en su caso. De la misma manera, la accionante Nubia Esperanza Castellanos Obando pone en conocimiento el incumplimiento de la Sentencia T-919 de 2000.
5.7 De la misma manera, mediante oficio No. 1662 del 31 de julio de 2006, radicado en esta Corporación el 11 de agosto de 2006, el Juzgado Quince de Familia de Bogotá informa el cumplimiento parcial a favor de la señora María Edilma Murcia Endo, expediente 0289711
a. El día 16 de junio de 2006, en una reunión en la que participaron el Procurador General de la Nación, el Ministro de la Protección Social, la Directora General de Calidad del mismo Ministerio, el Gobernador de Cundinamarca, el Alcalde Mayor de Bogotá, el Secretario Distrital de Salud, el Director del Instituto Materno Infantil, y funcionarios y consultores de otras instituciones, se resolvió designar un liquidador institucional para que elaborara un corte de cuentas en materia de salarios, prestaciones, pensiones y otras obligaciones adeudadas por la extinta Fundación San Juan de Dios, con el fin de facilitar la ejecución de la partida presupuestal referida. En la copia del “Acuerdo marco celebrado a instancias de la mediación de la Procuraduría General de la Nación para el desarrollo de las actividades tendientes a la solución de la crisis de la extinta Fundación San Juan de Dios” suministrada por el Ministerio, consta que el liquidador sería designado por el Gobernador de Cundinamarca.
b. El destino de la partida de $60.000 millones corresponde fijarlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por cuanto las recursos provienen de él y no del Ministerio de la Protección Social.
8. En atención a la información suministrada por el Ministerio de la Protección Social, el suscrito Magistrado, mediante Auto del 14 de julio de 2006, ofició al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que informara al despacho:
8.1 También se ofició a la Gobernación de Cundinamarca para que informara lo siguiente:
a. Si ya había sido designado el liquidador que elaborará el corte de cuentas a 30 de junio de 2006, de la extinta Fundación San Juan de Dios, de conformidad con el “Acuerdo marco celebrado a instancias de la mediación de la Procuraduría General de la Nación para el desarrollo de las actividades tendientes a la solución de la crisis de la extinta Fundación San Juan de Dios” celebrado el 16 de junio de 2006.
8.2 Las entidades referidas dieron contestación manifestando su posición en relación con la ejecución de la partida presupuestal.
8.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que en el presupuesto de 2006 existe una partida presupuestal de $60.000’000.000 para el mejoramiento y ajuste de la gestión de los hospitales del San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, crédito de carácter condonable a favor de una entidad territorial (art. 68 Ley 998 de 2005), previo concepto del Departamento Nacional de Planeación.
Agrega que, la Procuraduría General ha venido adelantando mesas de trabajo con el fin de solicitar al Departamento y Beneficencia de Cundinamarca iniciar las gestiones correspondientes para el otorgamiento del crédito condonable, en el marco del programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios, que es donde se enmarca el proyecto: Mejoramiento, Fortalecimiento y Ajuste en la gestión de los Hospitales San Juan de Dios de Bogotá e Instituto Materno Infantil- Crédito Condonable-Previo concepto DNP, como quedo incorporado en la ley anual de presupuesto para la vigencia 2006. Lo anterior, teniendo en cuenta que los hospitales objeto de ayuda, hacen parte de su red hospitalaria.
Sin embargo, el Departamento de Cundinamarca no ha iniciado ninguna clase de gestión ni ante el Ministerio de la Protección Social ni el de Hacienda tendiente a suscribir el acuerdo para recibir los recursos. En efecto, la ejecución de los recursos apropiados exige previamente el cumplimiento por parte del Departamento de Cundinamarca de los requisitos exigidos por el Ministerio de la Protección Social, que incluye una propuesta de la entidad territorial que debe ser aprobada por éste y el DNP, a través de la cual se fijen unas metas de gestión. Una vez cumplidos los requisitos se podrá comenzar a ejecutar la partida.
Por último, considera que los recursos pueden ser utilizados para el pago de las acreencias laborales atrasadas y el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos por la Corte Constitucional.
8.4 La Gobernación de Cundinamarca ha radicado en esta Corporación distintos oficios que se describen a continuación:
La Gobernación de Cundinamarca afirma que efectivamente, a instancias del Acuerdo celebrado el 16 de junio de 2006, el Gobernador de Cundinamarca designó a la Previsora como liquidador de la Fundación San Juan de Dios. Sin embargo, al no poder asumir el cargo dicha entidad, mediante Decreto 0117 se designó como Gerente Liquidadora a la doctora Anna Karenina Guana Palencia.
En relación con el estado del corte de cuentas y el plazo con que cuenta el liquidador, el Departamento afirmó que según el Decreto 099 del 21 de junio de 2006, el liquidador acatará las instrucciones dadas por el Ministerio de la Protección Social. En este sentido, este Ministerio y el último Gerente de la Fundación, doctor Odilio Méndez han identificado el monto del pasivo adeudado, según información suministrada por la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, información que reposa en el Ministerio de la Protección Social.
Respecto al crédito condonable afirma que éste debe ser ejecutado por el Ministerio de la Protección Social, siguiendo el esquema establecido por el programa “Mejoramiento, fortalecimiento y Ajuste de Gestión en la gestión de las Instituciones de la Red Hospitalaria del País”.
Por tal razón, no están de acuerdo con la afirmación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, referente a la obligación de la Gobernación de Cundinamarca de suscribir un acuerdo de crédito condonable. En su opinión, el presupuesto no condicionó la ejecución de los recursos a la suscripción de un acuerdo. De otra parte, consideran que el único obligado a su firma sería el Distrito toda vez que éste asumiría la red hospitalaria del Instituto Materno Infantil. En consecuencia, solicitan el desembolso inmediato de los recursos sin más exigencias.
En este oficio se reiteran los puntos anteriormente descritos, y se aclara que con la designación de la liquidadora no se asumió el pago de las acreencias contraídas por la Fundación por 26 años. En efecto, resaltan que en el acta de posesión se aclara que el fisco del Departamento no se compromete, con las obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios
La Gobernación de Cundinamarca solicita a la Corte Constitucional ordenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el desembolso de los 60 mil millones de pesos, sin la limitante de la constitución de garantías por parte del Departamento, toda vez que se trata de una exigencia no contemplada en la Ley 998 de 2005. En subsidio, solicita que las garantías sean constituidas por el Ministerio de la Protección Social y de Hacienda. Lo anterior, teniendo en cuenta que se encuentra próxima a vencerse la vigencia presupuestal.
1. Como principio general, es competencia de los jueces de primera instancia velar por el cumplimiento de los fallos de tutela, aplicando el procedimiento y las medidas descritas en los artículo 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, aún en los casos en que la decisión sea tomada por el juez de segundo grado o por la Corte Constitucional en sede de revisión. Sobre el particular, esta Corporación expresó en la sentencia T-458 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra):
2. No obstante, de conformidad con la línea de interpretación fijada por la doctrina constitucional[2], esta Corte puede tomar las determinaciones necesarias para hacer cumplir sus fallos “a fin de que no se quede escrita la protección al derecho fundamental”[3], cuando tiene conocimiento de cuestiones concernientes al incumplimiento de una sentencia fallada en sede de revisión constitucional y el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento no adopta las medidas conducentes al mismo, o ejercida su competencia para obtener el cumplimiento, la desobediencia persiste.[4]
3. A la luz de la doctrina fijada, es preciso anotar que una de las situaciones en las cuales este tribunal se encuentra plenamente habilitado para adoptar por sí mismo las decisiones que aseguren el cumplimiento de sus fallos, se presenta precisamente en los casos en que los jueces de primera instancia hayan adoptado medidas insuficientes o ineficaces o cuando, en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento.
4. Como es de público conocimiento la extinta Fundación San Juan de Dios atraviesa una crisis financiera y jurídica, razón por la cual no ha sido posible el cumplimiento de las Sentencias T-919, T-081 y T-1128 de 2000.
5. Por tal razón, esta Corporación debe preservar en formal real y efectiva los derechos constitucionales fundamentales que vienen siendo desconocidos y dentro del marco de sus atribuciones, debe adoptar los correctivos pertinentes, tanto para impedir que la aludida arbitrariedad o irrazonabilidad continúe lesionando los derechos invocados, como para asegurar su total reivindicación cuando la orden de protección no es obedecida por la autoridad responsable.
1. En el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006 existe una partida presupuestal en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el proyecto denominado: Mejoramiento, Fortalecimiento y Ajuste en la Gestión de los Hospitales San Juan de Dios de Bogotá e Instituto Materno Infantil- Crédito Condonable- Previo concepto DNP por el valor de $60.000’000.000.
2. El artículo 68 de la Ley 998 de 2005, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, señala:
“ARTÍCULO 68. Destínense $60 mil millones, mediante créditos condonables, para los hospitales San Juan de Dios de Bogotá e Instituto Materno Infantil, de los cuales $30 mil millones se trasladan de los recursos que ya han sido asignados para el proyecto “Mejoramiento, fortalecimiento y ajuste de la gestión de las instituciones de la red pública hospitalaria del país”
3. De otra parte, se han presentado dos interpretaciones referentes a los requisitos necesarios para la ejecución de la partida presupuestal establecida en el artículo 68 de la Ley señalada.
4. En efecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público considera que para la ejecución de los recursos apropiados, resulta necesario el cumplimiento por parte del Departamento de Cundinamarca de los requisitos exigidos por el Ministerio de la Protección Social, que incluye una propuesta de la entidad territorial que debe ser aprobada por éste y el DNP, a través de la cual se fijen unas metas de gestión. Una vez cumplidos los requisitos se podrá comenzar a ejecutar la partida.
5. En otro sentido, el Departamento de Cundinamarca considera que el presupuesto no condicionó la ejecución de los recursos a la suscripción de un acuerdo. De otra parte, señalan que el único obligado a su firma sería el Distrito toda vez que éste asumiría la red hospitalaria del Instituto Materno Infantil.
6. En virtud de lo anteriormente descrito, y teniendo en cuenta que: (i) la ejecución de la partida presupuestal puede significar el cumplimiento de los fallos proferidos por esta Corporación mediante Sentencias T-919, T-081 y 1128 de 2000, y en consecuencia, la protección efectiva de los derechos fundamentales de los accionantes y (ii) el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, establecida en el Ley 998 de 2005, está próxima agotarse, el suscrito Magistrado procederá a hacer los requerimientos pertinentes.
7. En este sentido, se requerirá al Ministerio de la Protección Social, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Gobernador de Cundinamarca, doctor Pablo Ardila Sierra y al señor Alcalde Mayor de Bogotá, doctor Luis Eduardo Garzón, con el fin de que establezcan el mecanismo idóneo que permita la ejecución de la partida presupuestal de los $60 mil millones de pesos para los hospitales San Juan de Dios de Bogotá e Instituto Materno Infantil, establecido en el artículo 68 de Ley 998 de 2005, con el fin de hacer efectivo los derechos fundamentales protegidos por las Sentencias T-919, T-081 y 1128 de 2000 de las personas beneficiarias del amparo.
Así mismo, comunicará esta decisión al Procurador General de la Nación, doctor Edgardo Maya Villazón, a fin de que intervenga, si lo considere necesario.
[2] Sobre la competencia de la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de lo ordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los Autos del 6 de agosto de 2003, Sala Primera de Revisión, 010 y 045 de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil y 141b de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[3] Sentencia SU-1185 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil..
[4] Esta posibilidad de que la Corte Constitucional reasuma la competencia para asegurar el cumplimiento de una decisión de tutela tiene carácter excepcional y se ha aplicado en circunstancias especiales, cuando ha habido manifiesto incumplimiento de las decisiones de tutela, sin que los jueces de primera instancia hayan podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección, o dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces, o cuando, en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo.
En el Auto 235 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) la Corporación señaló que cuando la Corte Constitucional ha seleccionado una decisión de tutela para su revisión, se ha introducido un elemento nuevo en el trámite de la tutela, cual es la posibilidad de que las decisiones de instancia sean confirmadas o revocadas, por distintas razones constitucionales, en función a la competencia de la Corte Constitucional. En tales circunstancias, no se está frente a la decisión de un juez dentro del trámite de la tutela, sino a una decisión de la máxima autoridad judicial en materia constitucional, cuya decisión trasciende el caso concreto (por razón de la función de unificación de jurisprudencia), de manera que la efectiva protección del derecho, además de satisfacer una pretensión subjetiva, guarda estrecha relación con la integridad y supremacía de la Constitución, de suerte que es posible que el ejercicio de la función de la Corte Constitucional no se agote con la sentencia que dicte en materia de tutela, sino que la guarda de la integridad y supremacía constitucional únicamente se logre con la verificación del cumplimiento de su orden.
En el Auto 149 A de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería), la Corte indicó que esta Corporación, en tanto órgano de cierre de la jurisdicción constitucional (art. 241 CP), puede tomar las medidas adicionales que considere necesarias para la protección de los derechos cuya tutela ha concedido. De manera que, si persiste el incumplimiento de la autoridad responsable del agravio, consistente en que ésta no expide el acto administrativo a que haya lugar, la Corte “podrá disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos”, en los términos del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.
En el Auto 010 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) en la misma línea del proveído anterior, la Corte señaló que este Tribunal está en capacidad de ejercer la competencia para hacer cumplir sus sentencias cuando se reúnan las siguientes condiciones: “(i) [que] se trate del incumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional en virtud de la cual conceda el amparo solicitado - en teoría puede ser una confirmación -, (ii) [que] resulte imperioso salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento constitucional y (iii) [que] la intervención de la Corte sea indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados” (Auto 149 A del 6 de agosto de 2003). En ejercicio de esa competencia, la Corte es autónoma, tanto para determinar la oportunidad en la cual interviene, es decir, si lo hace antes o después del juez de primera instancia, como para definir que tipo de medidas son las adecuadas al propósito de dar cumplimiento al fallo. Ello, “porque de constatarse el desacato la consecuencia sería la sanción del sujeto desobediente más no necesariamente la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados” (Auto ibídem).