Source: http://juicioseducacionales.cl/?os=06
Timestamp: 2018-12-13 21:21:02
Document Index: 297548291

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 49', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 10', 'artículo 46', 'Artículo 49']

Asesoría legal educacional; Al sostenedor subvencionado y particular respecto del acoso escolar (Bullying) y violencia escolar
TANTO RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO, PENAL E INFRACCIONAL POR MULTAS QUE PUEDAN PROVENIR LA SUPERINTENDENCIA
Le asignamos una asesoría especial atendido lo delicado del tema, su sensibilidad social, importancia educacional y administrativa.
Sensibilidad social: Por la necesidad de protección que los padres esperan se otorgue a sus hijos, que son entregados al cuidado del establecimiento educacional.
Importancia educacional: Porque la actual ley parte del principio de que sin sana convivencia no hay aprendizaje.
Relevancia administrativa: Porque el sostenedor está expuesto a sanciones que van de multa de hasta 50 UTM (del artículo 16 de la ley 20.370) y eventualmente amonestación, suspensión temporal del reconocimiento o pérdida del mismo. (En donde resulta tan relevante la existencia de un Reglamento sobre Convivencia que establezca la tipicidad de los ilícitos en cuanto a su gravedad (faltas gravísimas, graves y leves) forma de prevención, tratamiento de grupo y sanción, que debe estar en manos de un Ente Independiente, respecto del cual nuestra oficina ha creado un Reglamento Interno, en donde resulta prescindible el cargo de Inspector y se vuelve relevante el Psicólogo experto Infantil con competencia en el Consejo Escolar)
En efecto, el sostenedor, y en este caso el sostenedor particular puede ser objeto de un procedimiento de rendición de cuentas, que puede conducir a una formulación de cargos, o fiscalización (Y en este punto, los colegios particulares si bien en principio no están obligados a rendir cuenta porque no reciben aportes del Estado, si pueden ser objeto de ella previa denuncia o reclamo de existir alguna infracción, lo que conduce a la imposición de cargos)
Es por lo anterior (Ver Ley 20.529 orgánica de la Superintendencia de Educación) que resulta tan relevante la sana convivencia escolar, de forma de evitar las denuncias y reclamos de la comunidad escolar que incita de inmediato una investigación por parte de la superintendencia.
En este punto precisamos que este cuidado afecta a todos los entes educativos (Sostenedor, director, consejos de profesores, centros de alumnos, consejo escolar, padres y apoderados etc.) pero quien debe garantizar su protección es el Sostenedor que arriesga la multa y la suspensión TEMPORAL O DEFINITIVA DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL, (Fuera del registro público de sancionados del artículo 49 de la ley 20370) y se configuran de la siguiente forma:
“Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada dentro o fuera del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundando temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”.
Al leer esta definición es como si estuviéramos leyendo el Código penal y se nos estuviera definiendo un delito, solo que sin sanción. La sanción no puede ser académica ni disciplinaria, que implique la perdida de la matrícula (No porque este prohibida sino porque atenta contra los principios de la educación actualmente imperantes y que creemos no pueden violarse ni aún cuando la ley no lo prohíba expresamente para los colegios particulares) por dos razones:
Porque si hay un ilícito sin sanción objetiva (Legal o reglamentaria) el sostenedor al aplicar una discrecional da pie a que se le interponga un recurso de protección no por atentar contra el derecho a la educación, que no está protegido por este recurso, sino por atentar contra el principio de igualdad ante la ley.
Porque la ley deriva al reglamento y construye la figura del “Consejo escolar” y “comité de la sana convivencia” que son quienes deben como condición de prelación, resolver estos problemas, a priori, vía reglamento, para respetar un viejo principio penal, y que consiste en que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales (Ad-hoc, constituidas para el caso) y por ende el procedimiento “Preventivo”, “Regulador”, “Disciplinario” y “Sancionatorio” debe ser transparente y conocido a priori por estudiante, apoderado, padre y comunidad educativa general. Este defecto lo cometen inclusive el Mineduc que remite instrucciones y reglamentos tipo que no son concordantes con las figuras encargadas de la convivencia que él mismo crea, los cuales además imponen al PROFESOR LA LABOR DE IMPONER DISCIPLINA, SIN CAER EN LA CUENTA QUE ESA FUNCIÓN NO LE HA SIDO ENTREGADA A ESTE ENTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SEGÚN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Y POR ENDE, JAMÁS EL PROFESOR DEBE TENER ESA CARGA, y por ello es que decimos que debe recaer en un ORGANISMO AUTÓNOMO, INDEPENDIENTE, DE CARÁCTER JUDICIAL INTRAESCOLAR, CON REGLAS CLARAS RESPECTO DE LAS INFRACCIONES, PREVIAS A SU COMISIÓN, PROCEDIMIENTO APLICABLE, DESCARGOS Y PARTICIPACIÓN DEL APODERADO, EN TORNO A INVOLUCRAR A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA PROBLEMÁTICA DE LA CONVIVENCIA, y que recae en el CONSEJO ESCOLAR, que probablemente en la actualidad está compuesto discrecionalmente y sin ninguna direccionalidad referida a su verdadera función. (Hacemos especial incapie en que imponer al Profesional de la Educación como función docente lectiva o no lectiva la función disciplinaria es ilegal porque no se contempla en el artículo 10 de la ley General de Educación, por lo que el Profesor debe solo informar la comisión de una falta o infracción por parte del alumno pero no sancionarla, con lo que se evitan las represalias y se cumple su función propia. En este punto la Reforma Educacional de la ley 20.370 resulta relevante para deslindar funciones)
Nosotros estamos en condiciones de ofrecer un reglamento, según el proyecto educativo, que resuelva a priori todas las actuales exigencias de la ley General de Educación, sin copiar los reglamentos ya manoseados y fuera de regla que distribuye el Mineduc y que son adaptaciones de adaptaciones y construirlo en función de la necesidad específica de cada establecimiento. (Con un Consejo Escolar Orgánico, Reglas claras acerca de las Infracciones estatuidas a priori, una reglamentación acerca del procedimiento a seguir para el tratamiento integral del menor, régimen evaluativo, relaciones del Sostenedor con la Agencia y Superintendencia etc., de forma de evitar en definitiva la existencia de Sanciones en este punto)
La violencia Física o Psicológica:
Se define como el maltrato físico o psicológico que afecte o perturbe la integridad de un estudiante y cometida por cualquier medio, sea realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de educación u otro, así como también la ejercida por un adulto de la comunidad educativa.
Atendido lo incompleto de la ley, nos hemos basado a la vez, en el articulo 5º de la ley 20.066 (De Violencia Intrafamiliar) para su definición. Como puede ver, lo que diferencia el acoso escolar de la violencia es la posición de autoridad, y por eso resulta tan relevante tener reglas claras.
¿Qué reglas no son claras?
Que el profesor ejerza 2 funciones: Docente y Disciplinaria. Como un adelanto de la utilidad de la asesoría que le podemos entrega le señalamos que lo primero que nosotros le recomendaríamos si se nos contrata seria separar las funciones docentes de las disciplinarias, en uno, dos o más reglamentos o cuerpos reglamentarios, lo que es consonante con la existencia de los 2 reglamentos que exige el artículo 46 de la ley 20.370.
Que no haya claridad funcional entre los roles que cumple el Consejo de Padres y Apoderados, el Consejo Escolar, el Consejo de Profesores, en términos de que en nuestra actual normativa “Todos hacen de todo” lo que concurre a hacer evidente la falta de organización en el establecimiento, y a la postre del nivel educacional, de lo que nos quejamos todos.
La existencia del Consejo Escolar y Comité para la Sana Convivencia. Que como están establecidos en la ley deben ser instancias objetivas y con personal especializado
Que el profesor se concentre en la función docente (lectiva y no lectiva)
Se evitan represalias por parte del sancionado
La anotación negativa y el régimen condicional están ya latamente superadas por las técnicas de terapia especializada, fuera de que tales sanciones han demostrado su ineficacia.
Los actuales principios inspiradores de la legislación escolar que buscan extender la educación y no discriminar tienden a excluir la sanción directa (Suspensión de clases, expulsión, cancelación de matrícula) y abogan por el principio de “Oportunidad” de forma que la indisciplina o agresión debe verse como una condición que amerita mas bien tratamiento especializado que sanción.
Por esto nosotros decimos que la legislación educacional es contradictoria, y por momentos superpuesta, es decir, las nuevas normas se contraponen al clasisismo tradiciones, por ejemplo, el “libro de clases” que contiene espacios de observación conductual está obsoleto en ese punto pues el profesor como agente educacional debe “Informar al Consejo Escolar” la conducta infraccional, y ha de ser el Consejo quien sancione si fuere procedente existiendo reglas a priori, claras acerca de la conducta infraccional, los elementos de prevención, las reglas procedimentales de prueba y descargo, la inclusión de padre y apoderado y la vía previa a la sanción. No olvidemos que nunca es sano que el afectado por una infracción sea quien juzgue al infractor.
Una regulación clara, transparente, situada en la función que a cada agente educacional le corresponde, permitirá al sostenedor subvencionado que frente a una fiscalización de la superintendencia, se cumpla en forma sólida con la ley, y frente a una formulación de cargos, ejercer la debida defensa de forma de no ser sancionado, y al sostenedor particular que frente a un reclamo o denuncia de cualquier componente de la comunidad escolar, pueda también ejercer la debida defensa si se abren cargos y evitar la sanción.
Nosotros abogamos por la asesoría o consultoría preventiva, ya sea permanente o no permanente con nosotros, atendida la peor sanción de todas, que es aparecer en la publicación de los sostenedores sancionados que maneja el Mineduc en su página web (Artículo 49 de la ley 20.370)
Evidentemente se agrega aquí la asesoría legal frente a un ilícito cometido por una autoridad escolar en contra de un alumno y que constituya violencia escolar, tramitando la querella que fuere procedente. (Y que en este caso recae en las reglas generales del Código Penal)