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RESUMEN DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES (IMPORTANTES DERECHOS PARA USUARIOS DE TELÉFONO). | Notaría Jaime Cuesta en Sueca
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RESUMEN DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES (IMPORTANTES DERECHOS PARA USUARIOS DE TELÉFONO).
Publicado el mayo 22, 2014	por notariacuesta
TELECOMUNICACIONES. Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.
Adjunto un interesante resumen de esta ley, publicado en la web “NOTARIOS Y REGISTRADORES”, dados sobre todo los importantes derechos que se reconocen a usuarios del servicio telefónico.
Esta Ley sustituye a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que transpuso al ordenamiento jurídico español el marco regulador de las comunicaciones electrónicas aprobado por la Unión Europea en el año 2002, basado en los principios de libre competencia y mínima intervención administrativa.
La Ley 32/2003 sufrió diversas modificaciones, la última efectuada a través del real decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por la que se incorporaba al ordenamiento jurídico español el nuevo marco regulador europeo en materia de comunicaciones electrónicas del año 2009. Ahora se deroga, al igual que la anterior Ley 11/1998, de 24 de abril.
La presente Ley –consensuada políticamente- persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que requiere asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado. Se busca recuperar la unidad de mercado y la simplificación administrativa.
Consta de ocho títulos:
El Título I, «Disposiciones generales», establece, entre otras cuestiones, el objeto de la Ley, que no se limita a la regulación de las «comunicaciones electrónicas», sino que aborda, de forma integral, el régimen de las «telecomunicaciones» al que se refiere el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española, lo que incluye otras cuestiones como la instalación de equipos y sistemas, la interceptación legal de las telecomunicaciones, la conservación de datos, o la evaluación de conformidad de equipos y aparatos
La Ley excluye expresamente de su regulación los contenidos difundidos a través de servicios de comunicación audiovisual, que constituyen parte del régimen de los medios de comunicación social, y que se caracterizan por ser transmitidos en un solo sentido de forma simultánea a una multiplicidad de usuarios. Pero sí regula sus redes.
Igualmente se excluye la prestación de servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte de señales a través de dichas redes, pues a ellos se aplica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Lo completa el anexo II con definiciones.
El Título II, relativo al régimen general de explotación de redes y prestación de servicios, refleja la plena liberalización del sector. Los operadores garantizarán, de conformidad con lo establecido en el artículo 47, que los abonados con números del plan nacional de numeración telefónica puedan conservar, previa solicitud, los números que les hayan sido asignados, con independencia del operador que preste el servicio.
El Título III recoge las obligaciones y derechos de operadores y usuarios, incluye los preceptos relativos al servicio universal, las obligaciones de integridad y seguridad de las redes y la ampliación de los derechos de los usuarios finales, y recoge importantes novedades en relación con los derechos de los operadores a la ocupación del dominio público y privado, al despliegue de redes y al acceso a infraestructuras de otros sectores. Se potencian las declaraciones responsables frente a las licencias. Se contempla la necesaria previsión de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en zonas de urbanización.
Se refuerzan y clarifican los derechos de los usuarios (arts. 46 al 55), sobre todo los relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas. Se mantiene el procedimiento extrajudicial de resolución de controversias entre operadores y usuarios finales ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Y se prevé que la normativa específica sectorial establecida en la presente Ley prevalecerá sobre la normativa general de defensa de los consumidores y usuarios –que también resulta aplicable-en aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión Europea de las que traigan causa.
Algunos de los derechos que se les reconoce a los usuarios finales son los siguientes:
– celebrar contratos con los operadores, que han de tener un contenido mínimo.
– resolver el contrato en cualquier momento, incluso sin penalización si cambian las condiciones contractuales impuestas por el operador;
– cambiar de operador, con conservación de los números en la mayoría de los casos en el plazo máximo de un día laborable,
– desconexión de determinados servicios onerosos,
– a la continuidad del servicio, y a obtener una compensación automática por su interrupción,
– a elegir un medio de pago entre los comúnmente utilizados en el tráfico comercial.
– a acceder a los servicios de emergencias de forma gratuita,
– a la facturación detallada, clara y sin errores, pudiéndose pedir no desglosada,
– a detener el desvío automático de llamadas efectuado a su terminal por parte de un tercero,
– a impedir la identificación de su número al llamar o recibir,
– a rechazar automáticamente llamadas no identificadas,
– a un servicio de atención al cliente, gratuito, siendo los sistemas de voz sólo complementarios;
– a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o faxes comerciales sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello.
– a oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial,
– a figurar y a no figurar en las guías de abonados.
Se regula el servicio universal por el que se entiende el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.
El Título IV se dedica a la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos. Regula, por ejemplo, la normalización técnica o las condiciones que deben cumplir las instalaciones.
El Título V se centra en la administración del dominio público radioeléctrico. Como novedad, se introducen medidas destinadas a evitar el uso del espectro por quienes no disponen de título habilitante para ello.
El Título VI, «La administración de las telecomunicaciones» determina las competencias que tienen atribuidas las diferentes Autoridades Nacionales de Reglamentación. Entre ellas, destacan las de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
El Título VII, «Tasas en materia de telecomunicaciones», se completa con el Anexo I.
El Título VIII, relativo a inspección y régimen sancionador refuerza las potestades inspectoras, exigiendo la colaboración de los titulares de fincas o inmuebles en los que se ubiquen instalaciones de telecomunicaciones para la identificación de los titulares de dichas instalaciones.
Las disposiciones adicionales regulan, entre otras cuestiones:
– el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;
– las obligaciones en materia de acceso condicional, televisión de formato ancho y obligaciones de transmisión;
– la creación de la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud;
– regulación de la entidad pública empresarial Red.es, que cuenta, dentro de su objeto, con la gestión del registro de los nombres y direcciones de dominio de internet bajo el código de país correspondiente a España (.es)
– la universalización de la banda ancha ultrarrápida,
Se incluyen nada menos que doce disposiciones transitorias que regulan aspectos como la adaptación de los operadores controlados por administraciones públicas o el régimen transitorio para las tasas recogidas en el Anexo I.
Las disposiciones finales son once y variopintas. Citemos algunas:
– la 2ª modifica ampliamente la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, para adaptarla al marco social y económico actual. Se introducen precisiones sobre el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos derivado de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en sus equipos terminales, y se establecen criterios para la modulación de las sanciones.
– La 4ª modifica la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
– La 6ª retoca la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Permite que el período de validez de los certificados electrónicos reconocidos alcance los cinco años (antes cuatro).
– La 7ª reforma la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
Al margen de lo dicho, en esta ley hay varios aspectos puntuales destacables:
1º.- Colaboración con los funcionarios destinados en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Art. 73.
– El personal de la Inspección del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a los efectos del cumplimiento de las funciones previstas en este artículo, tendrá acceso gratuito a todo registro público, en particular, en los Registros de la Propiedad y Mercantiles el acceso a la información registral se realizará por medios electrónicos, en la forma determinada en su normativa reguladora.
– Los titulares de fincas o bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos, estaciones o cualquier clase de instalaciones de telecomunicaciones tendrán la obligación de permitir el acceso a dichos bienes por parte del personal de Inspección a que se refiere este artículo. Sólo será preciso el consentimiento de dichos titulares o autorización judicial para entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar registros en el mismo.
2º.- Ocupación, limitaciones y servidumbres. Arts. 29, 33 y D. Ad. 2ª.
1… Podrán establecerse las limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo eléctrico y las servidumbres que resulten necesarias para la protección radioeléctrica de determinadas instalaciones o para asegurar el adecuado funcionamiento de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios públicos, por motivos de seguridad pública o cuando así sea necesario en virtud de acuerdos internacionales, en los términos de la disposición adicional segunda y las normas de desarrollo de esta Ley.
2. Asimismo podrán imponerse límites a los derechos de uso del dominio público radioeléctrico para la protección de otros bienes jurídicamente protegidos prevalentes o de servicios públicos que puedan verse afectados por la utilización de dicho dominio público, en los términos que mediante real decreto se determinen…
1. Las limitaciones a la propiedad y las servidumbres a las que hace referencia el apartado 1 del artículo 33 de esta Ley podrán afectar:
3º.- Infraestructuras en edificios. D. F. 3ª (Reforma Ley Edificación), D. Ad 3ª y D. F. 5ª y art. 45..
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Se introduce la D. Ad. 8ª:
Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios se regulan por lo establecido en la presente Ley, por el real decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación y sus desarrollos reglamentarios.
Disposición final quinta. Modificación del real decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. Se modifica el apartado 1 del artículo 3: «1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, no se concederá autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los referidos en el artículo 2, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se une el que prevea la instalación de una infraestructura común propia. Esta infraestructura deberá reunir las condiciones técnicas adecuadas para cumplir, al menos, las funciones indicadas en el artículo 1.2 de este real decreto-ley, sin perjuicio de los que se determine en las normas que, en cada momento, se dicten en su desarrollo.
Mediante real decreto se determinará el contenido mínimo que debe tener dicho proyecto técnico.»
Ver también art. 45: Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios.
Entró en vigor, sin excepciones, el 11 de mayo de 2014.
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