Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A291-07.htm
Timestamp: 2017-11-21 17:21:41
Document Index: 168022363

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 43', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 9']

A291-07
Auto 291/07
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Entidad pública del orden nacional
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Consejo Seccional de la Judicatura
Referencia: expediente ICC-1172
Conflicto de competencia aparente suscitado entre el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil.
Acción de tutela de José Luis Alfonso Ardila, Mario Bedoya Serna, Armando Bocanegra Ariza, Juan Ramón Castañeda, Luis Carlos Guerrero y Julio Alberto Medina contra el Banco de la República.
Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil siete (2007)
1. El 14 de agosto de 2007, José Luis Alfonso Ardila, Mario Bedoya Serna, Armando Bocanegra Ariza, Juan Ramón Castañeda, Luis Carlos Guerrero y Julio Alberto Medina, presentaron acción de tutela, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disci­plinaria, contra el Banco de la República, por considerar que dicha entidad les ha violado sus derechos constitucionales laborales y a la igualdad al negarles su solicitud de reliquidar sus pensiones de jubilación, a diferencia de lo que sí ha hecho en casos similares.
2. El 15 de agosto de 2007, el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca resolvió, “de conformidad con los parámetros establecidos en el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000”, que se remitiera el escrito de tutela y sus anexos a los juzgados del circuito, reparto, “toda vez que la acción de tutela se dirige contra el Banco de la República.” No señaló razón adicional para fundar su decisión. En el Auto, el Magistrado aclaró que la decisión se adoptaba “sin someterse a reparto en Sala, ante la cual se presentó personalmente la solicitud de amparo, por carecer de competencia para conocer de la misma, como quedó señalado en el acápite anterior.”
3. El 22 de agosto de 2007, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, resolvió declararse incompetente para conocer el proceso de la referencia, por cuanto en virtud del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, ‘las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional (…) serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura’. El Juez se declaró incompetente para conocer el proceso y consideró “que la misma radica en cabeza del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil”, por lo que remitió el expediente a este despacho.
4. El 3 de septiembre de 2007, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el despacho judicial competente para conocer el proceso es el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, por lo que resolvió devolverle el proceso. El Tribunal fundó su decisión en los siguientes términos,
“(…) el Juzgado Catorce Civil del Circuito, a quien correspondió el conocimiento por la declaratoria de competencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, al considerar que tampoco era competente para conocer de la acción constitucional, ha debido así manifestarlo y proponer a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, conflicto negativo de competencia, como se lo ordena la norma antes trascrita, remitiendo las diligencias al Superior Jerárquico para que dirimiera la misma, y no remitirlo a esta Corporación; máxime cuando así se lo solicitaron los accionantes en tutela el 23 de agosto de 2007.”
5. El 5 de septiembre de 2007, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, resolvió proponer conflicto negativo de competencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, por lo que remitió el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para que dirimiera el conflicto.
6. El 19 de septiembre de 2007, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria se declaró incompetente para dirimir el asunto y remitió el expediente a la Corte Constitucional para lo de su competencia.
1. En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia, aparente,[1] entre el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, en razón a la aplicación del Decreto 1382 de 2000 dentro de un proceso de acción de tutela en contra del Banco de la República. Para el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el proceso debe ser repartido a los jueces del circuito invocando como justificación, única­mente, que ello es lo que corresponde en razón a que la entidad acusada es el Banco de la República. Para el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, de acuerdo con el mismo Decreto, es a los tribunales y consejos seccionales a quienes corresponde conocer el proceso, por tratarse de una entidad del orden nacional.
2. Para la Corte Constitucional, de acuerdo con el Decreto 1382 de 2000, artículo 1°, numeral 1, primer inciso, ‘las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional (…) serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura.’[2] En el presente caso la acción de tutela se dirige en contra el Banco de la República,[3] una entidad del orden nacional.[4] En consecuencia, la acción de tutela de la referencia debe ser repartida a los tribunales o consejos seccionales para su conocimiento, por lo que corresponde entonces al Consejo Seccional de la Judicatura involucrado en el presente caso, tramitar la acción de tutela en cuestión.
3. Así pues, fundándose en sus competencias constitucionales y legales,[5] teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficiencia de la adminis­tración de justicia[6] y el respeto a los derechos fundamentales de José Luis Alfonso Ardila Mario Bedoya Serna, Armando Bocanegra Ariza, Juan Ramón Castañeda, Luis Carlos Guerrero y Julio Alberto Medina,[7] la Corte Constitucional ordenará en el presente caso, de acuerdo a su jurispru­dencia,[8] remitir el expediente al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundina­marca. Adicionalmente, para dar publicidad a la presente decisión, se remitirá copia del presente auto al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Primero.- Remitir, por intermedio de Secretaría General, el expe­diente de la referencia al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que ejerciendo sus competencias constitucionales y legales, resuelva la acción de tutela de José Luis Alfonso Ardila, Mario Bedoya Serna, Armando Bocanegra Ariza, Juan Ramón Castañeda, Luis Carlos Guerrero y Julio Alberto Medina, contra el Banco de la República.
Segundo.- Comunicar, por medio de Secretaría General, el presente auto al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 291 DE 2007
Referencia: ICC-1172
Conflicto de competencia suscitado entre el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil.
No cree el suscrito magistrado que la inconstitucional decisión de incompetencia del Consejo Superior de la Judicatura sea suficiente para que la Corte Constitucional se arrogue tareas privativas del legislador y proceda a expedir normas para llenar vacíos legislativos. Lo correcto hubiera sido y sigue siendo llamar la atención del Consejo Superior para que cumpla la labor de dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones, disposición que no hace distinciones de ninguna índole, esto es si se trata de asuntos constitucionales, civiles, penales, laborales, etc., por lo que ha de entenderse que se refiere a todas las jurisdicciones. No se olvide, que el incumplimiento de los deberes y funciones constitucionales por parte del Consejo puede constituir falta disciplinaria y penal. Así en este caso concreto, la competencia seguía siendo del Consejo Superior de la Judicatura.
[2] Decreto 1382 de 2000, artículo 1°, numeral 1, primer inciso: “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura.”
[3] Artículos 371 a 373 de la CP. De acuerdo con la Ley 31 de 1992, artículo 1°.– Naturaleza y objeto. El Banco de la República es una persona jurídica de derecho público, continuará funcionando como organismo estatal de rango constitucional, con régimen legal propio, de naturaleza propia y especial, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución Política y en la presente Ley.’
[4] De acuerdo con el artículo 2° del Decreto 4327 de 2005 (Por el cual se fusiona la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores y se modifica su estructura) “La Superintendencia Financiera de Colombia, es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio.” De acuerdo con la Ley 489 de 1998, artículo 38, ‘la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional está integrada por los siguiente organismos y entidades […] 2. Del sector descentralizado por servicios: […] (c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica […]’.
[5] Constitución Política de Colombia, artículos 86 y 241; Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), artículo 43.
[6] Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administra­ción de Justicia), artículo 4° (Celeridad. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumpli­miento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar) y artículo 7° (Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley).
[7] Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administra­ción de Justicia), artículo 9°.- Respeto de los derechos. Es deber de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso.
[8] Mediante el Auto 079 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández, SV Jaime Araujo Rentería) la Corte resolvió remitir al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Discipli­naria, una acción de tutela promovida por una ciudadana contra el Banco de la República.