Source: http://abogadopoblete.blogspot.com/2016/05/
Timestamp: 2017-06-23 08:45:31
Document Index: 145876830

Matched Legal Cases: ['artículo 238', 'artículo 523', 'artículo 23', 'artículo 455', 'artículo 38', 'artículo 249', 'artículo 71', 'artículo 454', 'artículo 455', 'artículo 5', 'artículo 306']

derecho penal al dia: 1/05/16
NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6
3554/2016/1/CA1
D. A. s/Incidente de entrega de bienes registrables
de Instrucción nro. 41
Aires, 4 de abril de 2016.-
Interviene el Tribunal en la apelación interpuesta por la defensa oficial de D.
A. E. (ver fs. 19), contra el auto de fs. 17 (fs. 46 del principal) que no hizo
lugar a la entrega del vehículo solicitada.-
a lo expuesto por la defensa en el marco de la audiencia, en relación a que el
titular de la vindicta pública no se opuso a la entrega requerida (ver fs. 45),
advierto una analogía entre este caso y el dado en los precedentes nros.
43936/2014/1, “M., D. M.”, del 14 de agosto de 2014 y 28803/2015/1, “M., A. A.”,
del 10 de junio de 2015, donde se citaron los fallos nro. 2743, de la Cámara Federal
de Casación Penal, Sala I -registro Nº3438-, del 14 de abril de 2000; el nro.
FMZ/2548/2013, “M. A., M. L.”, de la Sala II, del 11 de abril de 2014; y de la
Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 3, el nro. 28961/2012 “O. S., J.”, del
17 de abril de 2015.- Por
ello voto por hacer lugar a la petición del incidentista, en carácter de
depositario judicial, con la expresa condición de que contrate un seguro contra
todo tipo de riesgo y que tenga como beneficiario al Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción nro. 41 o al Tribunal que eventualmente intervenga.- III.-
El juez Julio Marcelo Lucini dijo:
artículo 238 del Código Procesal Penal de la Nación impone al órgano
jurisdiccional la obligación de devolver los efectos incautados, siempre que no
estén sujetos a confiscación o embargo conforme lo dispone en su artículo 523.-
lo expuesto y toda vez que la motocicleta …….., dominio ………… habría sido
utilizada para cometer el hecho considero que su entrega es improcedente, pues
podría ser objeto del decomiso previsto en el artículo 23 del Código Penal o
sujeto a alguna otra medida cautelar de avanzar el proceso (ver en este sentido
de esta Sala, causa nro. 38432/2012 “F.”, del 21 de mayo de 2013, entre muchas
otras). Entonces voto por homologar el auto impugnado.- III.-
en la presente en virtud de la disidencia suscitada entre mis colegas, habiendo
escuchado el audio de la audiencia y sin tener preguntas que formular, entiendo
que la entrega en carácter de depositario judicial no impide un ulterior
decomiso y por otro lado, la experiencia indica que en los casos de los automóviles,
su permanencia en depósito no hace más que deteriorarlos.-
ese sentido, voto adhiriendo a lo postulado por el juez Filozof.-
el auto de fs. 17 (fs. 46 del principal), en cuanto fuera materia de recurso,
con los alcances que surgen de los considerandos.-
notifíquese y devuélvanse las presentes actuaciones al juzgado de origen,
sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.-
deja constancia que el juez Rodolfo Pociello
interviene en la presente en su carácter de subrogante de la
nro. 3 de esta Excma. Cámara.-
disidencia-
POCIELLO ARGERICH
se libraron cédulas. Conste.-
entrega rodado,
SALA 6 CCC
DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL – SALA 1
11683/2014/CA2
Causa N° 11.683/14
– A., C. F.
origen; Correccional N° 1/Secretaría N° 52
///nos Aires, 1°
sala con motivo del recurso de apelación deducido contra el auto de fs. 77/78
vta. en cuanto declaró inadmisible la querella impetrada por J. G. por el
delito previsto por el art. 153 del Código Penal.
que prescribe el art. 454 del C.P.P.N., celebrada el 30 de abril del corriente
año, compareció por la recurrente la apoderada del querellante, Dra. Carla
Andrea Verde. Asimismo, concurrió el Dr. Alejandro Mitchell, defensor
particular del imputado C. F. A..
debate y luego de una debida deliberación en los términos establecidos en el
artículo 455 del código de forma, la sala se encuentra en condiciones de
El juez Luis
María Bunge Campos dijo:
De la lectura de
la presentación efectuada por la querella a fs. 68/72, si bien surge que se
atribuye a A. haber accedido a correos electrónicos de G. sin su autorización,
no se advierte una relación clara, precisa y circunstanciada de esos hechos,
sino una mera enunciación genérica de la atribución.
tampoco se realizó una enumeración de la prueba cuya producción resultaría
posible, sino que sólo se mencionó en el acápite V) que se acompañaba la
documental mencionada. En definitiva,
al no haberse dado cabal cumplimiento a las prescripciones del art. 418 del
código adjetivo, se deduce que la querella presentada no resulta
autosuficiente, de modo que acceder a la pretensión del recurrente acarrearía
una clara afectación del derecho de defensa del encausado. Por tales motivos
estimo que corresponde homologar la decisión adoptada en la instancia de
Filozof dijo:
audiencia la propia recurrente admitió que lo resuelto, esto es la
inadmisibilidad de la promoción de la querella, puede subsanarse con una nueva
presentación en la que se cumpla con lo exigido por la instancia anterior, es
decir con los requisitos previstos en la norma.
De tal modo, al
no concurrir al caso un gravamen irreparable a la parte -extremo que, según lo
dicho en el párrafo anterior, no se encuentra controvertido- considero que el
recurso ha sido mal concedido (art. 449 a contrario sensu del CPPN). Así voto.-
El juez Jorge
Luis Rimondi dijo:
que los colegas preopinantes no han arribado a un acuerdo, he sido convocado a
dirimir el tema traído a estudio de la sala.
habiendo oído el audio de la audiencia (que no presencié al haber estado prestando
funciones en la sala V del tribunal) y sin preguntas que formular a las partes,
habré de emitir mi voto.
estimo que los escritos promotores de querellas deben ser autosuficientes y
contener todos los recaudos establecidos en el art. 418 del CPPN, máxime
tratándose de delitos de acción privada, en los que dicha pieza actúa como
acusación. Toda vez que en
el caso, la recurrente no ha dado cumplimiento a tales requisitos, adhiero en
un todo a las consideraciones efectuadas por el colega Bunge Campos,
compartiendo la homologación que postula.
mérito que surge del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE:
auto de fs. 77/78 vta., en cuanto fue materia de recurso (art. 455 del CPPN).
oportunamente devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.
LUIS MARÍA BUNGE
En..................lo
devolví. Conste.-
delitos instancia privada,
gravamen irreparable,
inadmisibilidad,
DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 7
C. 56.388/13/1.
“B., K. A.”. Embargo. Defraudación. Juzgado de Origen: Criminal de Instrucción 2.
///nos Aires, 9
La defensa recurrió
en apelación la providencia documentada a fs. 13, por la que se dispuso trabar
embargo sobre el inmueble de propiedad de la imputada K. A. B..
según el requerimiento fiscal de elevación a juicio (fs. 561/568) la maniobra
fraudulenta atribuida a B. abarcó el período comprendido entre los años 2009 y
evaluarse que el inmueble fue anotado como bien de familia el 2 de noviembre de
2011, esto es durante la perpetración del hecho, se estima procedente
resguardar el patrimonio de la víctima mediante el gravamen dispuesto por el
señor juez de grado, ello con independencia de lo que eventualmente se disponga
en torno a la posibilidad de ejecutar la medida, previa desafectación del inmueble.
En efecto, pese
a las objeciones que formulara la defensa en torno a la ley vigente al momento
del suceso, tanto el anterior artículo 38 de la ley 14.394, como el actual
artículo 249 del Código Civil y Comercial, admiten la posibilidad de embargar
el inmueble afectado por deudas anteriores a la inscripción.
Al respecto, si
bien en la redacción del último de los artículos mencionados únicamente se hace
referencia a la inejecutabilidad de la vivienda por deudas posteriores a su
inscripción, se ha sostenido que la omisión -en dicha norma- de la
inembargabilidad como uno de los efectos de la afectación “obedecería a evitar
que el propietario realice simultáneamente la desafectación y venta sacando así
de su patrimonio en forma definitiva el
bien” (Lorenzetti,
Ricardo Luis -director-, Código Civil y Comercial de la ación Comentado, Rubinzal Culzoni, Buenos
Aires, 2014, tomo 1, p. 837).
se destaca que para establecer si la deuda es anterior a la inscripción debe
estarse al suceso generador de la obligación, esto es, a la fecha del hecho
ilícito (Lorenzetti, op.cit. tomo 1, p. 836)
esta Sala RESUELVE:
decisión luciente a fs. 13, en cuanto fuera materia de recurso.
devuélvase, sirviendo el presente de respetuosa nota.
El juez Mariano
A. Scotto no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Juan Esteban
Cicciaro Mauro A. Divito Ante mí: Marcelo A.
bien de famlia,
DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 4 -
“B., M. A. y
otros s/ Estafa” Juzgado de
Origen: Criminal de Instrucción: 34/117 CCC
15161/2012/CA2
Convocan la
atención del tribunal los recursos deducidos por las asistencias técnicas de L.
A. P. F., M. A. B., S. B. y C. A. O. contra el auto que dispuso sus
procesamientos como coautores de defraudación a la propiedad intelectual,
conforme lo previsto en el artículo 71 de
la Ley 11.723. Asimismo, en el caso de F. y B., se impugnó también el monto de
$ 30.000 fijado como embargo sobre sus bienes.
A la audiencia a
tenor del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación concurrieron los
Dres. Josefa C. La Greca, Ricardo J. Klass y Fabián Joaquín Ferrer, quienes
respectivamente expusieron agravios por las defensas de F., B. y de B. y O.,
luego de lo cual el tribunal deliberó conforme los términos establecidos por el
artículo 455, ibídem.
cabe precisar, tal como se sostuvo en la anterior intervención del tribunal,
que los tipos penales contemplados en la ley 11.723 no exigen para su
configuración un efectivo detrimento patrimonial. Ello, en tanto carecen de las
notas típicas de la estafa o la defraudación, debiéndose analizar la cuestión
exclusivamente en torno a la afectación de los derechos que el autor -o bien
sus causahabientes-, tienen sobre la obra, conforme las previsiones del
artículo 5 de la citada ley (cfr. fs. 621/622).
Ello así, las
explicaciones ensayadas por los propios imputados revelan que tomaron parte en
la oferta de comercialización de la pintura falsamente atribuida a Z. D., la
que finalmente no se concretó por ausencia de compradores en el remate.
Asimismo, se estableció pericialmente que la pieza es una reproducción por
“oleografía”, en visible contraste a la técnica de “óleo” utilizada en la
original aportada por su propietario M. N. (cfr. fs. 468/475).
carecen de relevancia los extremos apuntados por F. y B. en punto a que el
precio de venta evidenciaba que se trataba de una réplica, pues no es posible
desconocer que era una reproducción no autorizada.
cabe destacar que la pretérita enajenación del cuadro por parte de M. B., viuda
del autor, no implica per se la pérdida de tal potestad, pues “la ley ha creído
necesario aclarar que la venta del soporte material que contiene la obra
(cuadro, mármol, positivo fotográfico, etc.) no lleva implícita la cesión del
derecho de reproducción, derecho autoral que pertenece al creador de la obra” (Emery,
Miguel Ángel; “Propiedad Intelectual. Ley 11.723”; Ed. Astrea, Buenos Aires,
2003, p. 238).
Entonces, dado
que los imputados se desempeñaban desde larga data en la comercialización de
piezas de arte, no resulta aceptable la ignorancia proclamada acerca del
carácter ilícito de la copia, máxime al considerar que esta carecía de todo
respaldo documental que llevara a sostenerla.
Similarmente, la
versión antagónica ofrecida por B. y O. en relación a que estimaron que se
trataba de una pintura original, está desvirtuada por las constancias de autos,
pues el grado de especialización del rubro, adunado a su condición de
responsables de la galería donde se efectuó el remate, impiden considerar que
hubieran desconocido su naturaleza. De hecho, el experto interviniente en el estudio
pericial indicó que las características de su confección si bien podían pasar
desapercibidas para un comprador profano, eran apreciables a simple vista para
un “entendido en arte” (cfr. fs. 477/vta.).
Así, habiéndose
incorporado elementos de juicio suficientes para tener por conformado el estado
de convicción que exige el artículo 306 del digesto procesal, se impone
homologar el decisorio recurrido en cuanto a la intervención y responsabilidad
que cupo a los encausados en el hecho por el que se los intimara.
relación al monto del embargo –objetado únicamente por las defensas de F. y B.
- estimamos que luce ajustado a los parámetros contemplados por los artículos
518 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación. Ello, en tanto a la suma
correspondiente a la tasa de justicia se aduna la previsión de los honorarios correspondientes
a los letrados que intervienen por las partes, peritos designados y la posible
Cabe añadir que
la existencia de varios imputados que pudieran resultar obligados a responder
por dichos conceptos no exime a los impugnantes de resguardar esa garantía a la
que concurren solidariamente.
En mérito a lo
expuesto, el tribunal RESUELVE:
auto recurrido en cuanto fuera materia de recurso.
devuélvase al Juzgado de origen. Sirva lo proveído de muy atenta nota.
González Mariano González
Palazzo Alberto Seijas
SALA 4 CCC