Source: http://federacionlex.blogspot.com/2009/02/constitucion-de-entre-rios-2008.html
Timestamp: 2018-12-12 04:05:25
Document Index: 193537238

Matched Legal Cases: ['artículo 122', 'artículo 79', 'artículo 107', 'artículo 127', 'artículo 159', 'artículo 129', 'artículo 156', 'artículo 125', 'artículo 88', 'artículo 205', 'artículo 190', 'artículo 123', 'artículo 122', 'artículo 217', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 87', 'artículo 62', 'artículo 96', 'artículo 161', 'artículo\n234', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 230', 'artículo\n234']

FEDERACIONLEX: CONSTITUCION DE ENTRE RIOS 2008
PARANA, miércoles 15 de octubre de 2008 -
LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE ENTRE RÍOS, SANCIONA Y
ORDENA LA PRESENTE CONSTITUCIÓN.
La Provincia de Entre Ríos, como parte integrante de
la Nación Argentina, organiza su gobierno bajo la forma
republicana representativa, como lo establece esta
Constitución y en el ejercicio de su soberanía no reconoce
más limitación que la Constitución Federal que ha jurado
obedecer y las leyes y disposiciones que en su conformidad
se dictaren.
El territorio de la Provincia queda dividido en
diecisiete departamentos denominados: Paraná, Diamante,
Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón,
Concordia, La Paz, Villaguay, Tala, Nogoyá, San José de
Feliciano, Federación, Federal, Islas del Ibicuy y San
Salvador, con los límites que les acuerdan las leyes
vigentes y sin perjuicio de la facultad legislativa de
crear otros y modificar la jurisdicción territorial y
Las autoridades que ejercen el gobierno residirán en
la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia.
Todo poder público emana del pueblo; pero éste no
gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes y
con arreglo a lo que esta Constitución establece. Todos los
habitantes de la Provincia gozan de los derechos de
petición y reunión pacífica.
Se asegura el derecho a la plena participación en las
decisiones de los poderes públicos sobre los asuntos de
interés general a través de los procedimientos que esta
Constitución dispone.
Es nula cualquier disposición adoptada por las
autoridades a requisición de fuerza armada o de reunión
sediciosa.
Los derechos, declaraciones y garantías enumerados en
la Constitución Nacional y que esta Constitución da por
reproducidos, no serán entendidos como negación de otros
derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del
principio de la soberanía del pueblo, de la forma
republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su
Los derechos y garantías consagrados por esta
Constitución no serán alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio, ni limitados por más
restricciones que las indispensables para asegurar la vida
del Estado, el derecho de terceros, la moral y el orden
En ningún caso podrán las autoridades de la Provincia
suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la
Nación, ni la efectividad de las garantías y derechos
La Constitución Nacional y esta Constitución no
perderán su vigencia si se dejaren de observar por actos de
fuerza o fueren suspendidas, abrogadas o derogadas por otro
medio distinto de los que ellas disponen.
Queda garantizado el sistema democrático de gobierno.
Cualquier acto de fuerza contrario a esta Constitución, a
las instituciones por ella establecidas o al sistema
republicano es insanablemente nulo.
Es condición de idoneidad para ocupar cualquier
función de gobierno no haber desempeñado a partir del 24 de
marzo de 1976 cargos de responsabilidad política en los
regímenes de facto.
Los delitos que sean cometidos en el ejercicio de la
función usurpada no podrán ser objeto de indulto o
Quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad
o incurran en su apología, serán inhabilitados a
perpetuidad para ejercer la función pública.
Queda prohibida la institucionalización de secciones
especiales en los cuerpos de seguridad destinadas a la
represión o discriminación de carácter político.
Los habitantes de la Provincia tienen el derecho de
resistencia legítima contra quienes ejecutaren los actos de
fuerza aquí enunciados.
Los habitantes de la Provincia, gozan en su territorio
de todos los derechos y garantías declarados por la
Constitución Nacional, con arreglo a las leyes que
En caso de intervención del Gobierno Federal, los
actos administrativos que el representante nacional
practique durante el desempeño de su función serán, válidos
para la Provincia, si hubieren sido realizados de acuerdo
con esta Constitución y las leyes de la Provincia.
Los magistrados y funcionarios nombrados por una
intervención federal tendrán carácter precario y
transitorio. Cesarán en sus cargos al concluir la
intervención o de pleno derecho a los noventa días de
asumir las autoridades provinciales electas.
Toda autoridad que en virtud de las leyes de la Nación
sea ejercida en el territorio de la Provincia deberá
respetar los derechos y garantías que esta Constitución
acuerda, y será obligación de los magistrados imponer sin
demoras su efectivo cumplimiento. Las autoridades
provinciales no admitirán el ejercicio por cualquier otra
de facultades no delegadas a la Nación bajo apercibimiento
de ser considerado causal de mal desempeño.
Esta Constitución reivindica la potestad provincial en
materia tributaria vedándose la delegación de atribuciones
locales a la Nación. La Provincia no podrá celebrar
tratados o convenios con la Nación u otras provincias,
mediante los cuales se declinen los derechos de establecer
o percibir impuestos que le son privativos. Sólo se podrán
suscribir convenios de coparticipación que no menoscaben
El Estado no podrá dictar leyes ni otras medidas que
restrinjan o protejan culto alguno. Es inviolable en el
territorio de la Provincia el derecho que todo hombre tiene
para profesar su culto libre y públicamente, según los
dictados de su conciencia, sin más limitaciones que las
impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden
El Estado garantiza el derecho a la identidad
personal. Arbitrará las medidas para la adecuada e
inmediata identificación de las personas. No podrá negarse
ningún servicio urgente en razón de la falta de
identificación del peticionante. El registro del estado
civil de las personas será uniformemente llevado en toda la
Provincia por las autoridades civiles, sin distinción de
creencias religiosas, en la forma que lo establezca la ley.
Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho
de enseñar y aprender conforme a las leyes que reglamenten
El Estado garantiza la libertad de expresión,
creencias y corrientes de pensamiento.
La libertad de la palabra escrita o hablada, es un
derecho asegurado a los habitantes de la Provincia, sin que
en ningún caso puedan dictarse medidas preventivas para el
uso de esta libertad, ni restringirla ni limitarla en
Los que abusen de esta libertad, serán responsables
ante la justicia ordinaria en la forma que lo prescriba la
Se reconoce el derecho al acceso informal y gratuito a
la información pública, completa, veraz, adecuada y
oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los
poderes u órganos, entes o empresas del Estado, municipios,
comunas y universidades. Sólo mediante una ley puede
restringirse, en resguardo de otros derechos que al tiempo
de la solicitud prevalezcan sobre éste, la que deberá
establecer el plazo de reserva de dicha información.
La información será recopilada en el medio de
almacenamiento de datos de acceso más universal que permita
Toda persona afectada en su honra o reputación por
informaciones maliciosas, inexactas o agraviantes, emitidas
en su perjuicio a través de un medio de comunicación social
de cualquier especie, tiene el derecho a obtener su
rectificación o respuesta por el mismo medio. La mera
crítica no está sujeta al derecho a réplica. La ley
reglamentará lo previsto en la presente disposición.
La publicidad oficial comprende la realizada por la
Provincia, los municipios y las comunas, en todos sus
estamentos y organismos. Su objeto es garantizar la
vigencia del principio republicano de publicidad de los
actos de gobierno y el derecho a la información pública. Su
adjudicación se rige por los principios de transparencia,
eficacia, pluralismo y austeridad. La ley establecerá
pautas objetivas para asegurar la distribución equitativa y
no discriminatoria de espacios en los medios de
comunicación social que se inscriban para tal fin.
La publicidad oficial no podrá incluir mensajes
discriminatorios ni contrarios a los principios
constitucionales. La de los entes y empresas deberá tener
relación directa con el objeto social de los mismos.
El Estado garantiza el derecho a la diversidad, al
pluralismo y la igualdad de oportunidades. No podrán ser
fundamento de privilegio: la naturaleza, la filiación, el
sexo, la riqueza, las ideas políticas, la condición
cultural, ni las creencias religiosas o cualquier otra
La dignidad de la persona, los derechos inalienables
que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los
demás, son el fundamento del orden político y de la paz
Los derechos humanos y las garantías establecidas
expresa o implícitamente por el orden jurídico vigente
tienen plena operatividad.
La Provincia reconoce y garantiza a las personas el
derecho a la vida y, en general, desde la concepción hasta
la muerte digna. Nadie puede ser privado de ella
Se garantiza la igualdad real de oportunidades y de
trato para mujeres y varones en el pleno y efectivo
ejercicio de los derechos que fueren reconocidos en el
ordenamiento jurídico. Una política de Estado prevendrá en
forma continua todo tipo de violencia y dispondrá acciones
positivas para corregir cualquier desigualdad de género.
Adopta el principio de equidad de género en todos los
órdenes, eliminando de sus políticas públicas cualquier
exclusión, segregación o discriminación que se le oponga.
Asegura a la mujer la igualdad real de oportunidades para
el acceso a los diferentes estamentos y organismos del
Estado provincial, municipal y comunal.
Establece y sostiene la equidad de género en la
representación política y partidaria y en la conformación
de candidaturas con probabilidad de resultar electas.
Promueve el acceso efectivo de la mujer a todos los niveles
de participación, representación, decisión y conducción de
las organizaciones de la sociedad civil. Reconoce el valor
social del trabajo en el ámbito del hogar.
El Estado reconoce a la familia como el núcleo
fundamental de la sociedad a la que protege promoviendo su
desarrollo y afianzamiento. Brinda asistencia especial a la
maternidad e infancia e impulsa políticas activas contra
las adicciones. Asegura la investigación científica,
prevención, tratamiento, asistencia familiar y recuperación
e inserción de los afectados.
Establece la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes, en especial aquellos en situación de
carencia, discriminación o ejercicio abusivo de autoridad
familiar o de terceros. Promueve asimismo el desarrollo y
la integración de los jóvenes y su participación social y
Con la participación de la familia, el Estado reconoce
a los adultos mayores el pleno ejercicio de sus derechos,
brindándoles asistencia, seguridad y previsión social.
Promueve la conciencia de respeto y solidaridad entre las
generaciones. Y los protege contra toda violencia.
La Provincia reconoce la salud como derecho humano
fundamental, desarrollando políticas de atención primaria.
La asistencia sanitaria será gratuita, universal,
igualitaria, integral, adecuada y oportuna. Será
prioritaria la inversión en salud, garantizando el primer
nivel de atención, así como la formación y capacitación.
Se implementará un seguro provincial de salud para
toda la población y una progresiva descentralización
El medicamento es un bien social básico. El Estado
regula y fiscaliza el circuito de producción,
comercialización y consumo de éstos y de los productos
alimenticios, tecnología médica y acredita los servicios en
salud. La ley propenderá a jerarquizar el nivel de atención
hospitalaria de tiempo completo.
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos
humanos básicos. La Provincia asegura mediante políticas
públicas la información, orientación, métodos y
prestaciones de servicios referidos a la salud sexual, la
procreación responsable y la protección a la mujer
El Estado asegura a las personas con discapacidad y en
su caso a sus familias: la igualdad real de oportunidades;
la atención integral de la salud orientada a la prevención
y rehabilitación; la extensión de los beneficios de la
seguridad y previsión social del titular que los tuviera a
su cargo; el contralor de todo centro público o privado de
asistencia y alojamiento; el desarrollo de un ambiente
libre de barreras físicas; la gratuidad y accesibilidad al
transporte público; el acceso a la educación en todos los
niveles con la infraestructura necesaria.
Un Instituto Provincial de la Discapacidad con
participación de la familia y las organizaciones
intermedias elabora y ejecuta políticas de equidad,
protección, promoción, educación y difusión de los derechos
de las personas con discapacidad y de los deberes sociales
para con ellas. Fomenta la capacitación destinada a su
Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un
ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo
humano, donde las actividades sean compatibles con el
desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y
satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de
las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y
mejorarlo, como patrimonio común.
La propiedad privada es inviolable y tiene función
El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a
la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable
para la subsistencia en situaciones de falta de empleo
regular, inestabilidad económica, social o catástrofes que
coloquen al afectado en situación de desamparo.
Un ente público con participación ciudadana tendrá a
su cargo la efectivización de este derecho.
El Estado promueve las condiciones necesarias para
hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una
vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio
necesario para el desarrollo humano, en especial destinado
a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una
política concertada con los municipios, comunas e
instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de
La cultura es un derecho fundamental. El Estado
impulsa las siguientes acciones, entre otras: la promoción,
protección y difusión del folclore, las artesanías y demás
manifestaciones; el reconocimiento a la identidad y respeto
a la diversidad cultural, la convivencia, la tolerancia y
la inclusión social, estimulando el intercambio desde una
perspectiva latinoamericana; la protección, preservación y
divulgación de los bienes culturales, el patrimonio
tangible e intangible, histórico, artístico, arqueológico,
arquitectónico y paisajístico; la aplicación de las nuevas
tecnologías de la comunicación para la producción cultural.
Los fondos para su financiamiento no podrán ser
inferiores al uno por ciento de las rentas no afectadas del
total de las autorizadas en la ley de presupuesto.
El Estado reconoce al deporte como derecho social.
Promueve la actividad deportiva para la formación integral
de la persona facilitando las condiciones materiales,
profesionales y técnicas para su organización, desarrollo y
el acceso a su práctica en igualdad de oportunidades.
Asegura, a través del Consejo Provincial del Deporte,
la participación de la comunidad deportiva en la
elaboración, definición y coordinación de las políticas
Preserva, en un marco de solidaridad comunitaria y
educativa, la existencia de las instituciones deportivas
con fines sociales, protegiendo su infraestructura.
Todas las personas tienen derecho a asociarse
libremente con fines útiles para una sociedad democrática y
Las asociaciones con autorización para funcionar
tienen legitimación procesal para interponer amparo o
acción de inconstitucionalidad contra cualquier acto que
viole derechos que ellas tengan como objeto proteger o
Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse
libremente en partidos políticos. Se reconoce y garantiza
la existencia de aquellos en cuya organización y
funcionamiento se observen: la democracia interna, la
adecuada y proporcional representación de las minorías y
demás principios constitucionales.
Son instituciones fundamentales del sistema
democrático, concurren a la formación y expresión de la
voluntad política del pueblo, son instrumentos de
participación ciudadana, formulación de la política e
integración del gobierno. Sólo a ellas compete postular
candidatos para cargos públicos electivos.
La Provincia contribuye a sostenerlos mediante un
fondo partidario permanente. Los partidos políticos
destinarán parte de los aportes públicos que reciban a
actividades de capacitación e investigación, debiendo
rendir cuentas periódicamente del origen y destino de sus
fondos y de su patrimonio.
Tendrán libre e igualitaria difusión de sus propuestas
electorales a través de los medios de comunicación social.
Una ley establecerá los límites de gastos y duración de las
campañas publicitarias electorales. El gobierno, durante el
desarrollo de éstas, no podrá realizar propaganda
institucional que tienda a inducir el voto.
Se garantiza la defensa de los derechos de
consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y
Las autoridades provinciales y municipales proveerán a
la educación para el consumo responsable, a la defensa de
la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales y legales
y al de la calidad, regularidad y continuidad de los
Estos derechos son protegidos, controlados y su
prestación regulada por un ente provincial o municipal. La
norma establecerá los procedimientos para la prevención y
solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo
la participación de asociaciones de consumidores y
usuarios. Existiendo organismos de defensa del consumidor
en los municipios, éstos ejercerán las funciones en su
El Estado debe garantizar en los servicios públicos
concesionados la fijación de un sistema tarifario justo,
razonable y transparente.
Toda persona tiene derecho a entrar, permanecer,
transitar y salir del territorio provincial, llevando
consigo o despachando sus bienes o mercaderías.
El Estado asume como deber irrenunciable la seguridad
ciudadana mediante políticas de prevención del delito y de
La Provincia reconoce la preexistencia étnica y
cultural de sus pueblos originarios. Asegura el respeto a
su identidad, la recuperación y conservación de su
patrimonio y herencia cultural, la personería de sus
comunidades y la propiedad comunitaria inmediata de la
tierra que tradicionalmente ocupan. La ley dispondrá la
entrega de otras, aptas y suficientes para su desarrollo
humano, que serán adjudicadas como reparación histórica en
forma gratuita. Serán, indivisibles e intransferibles a
Reconoce a los pueblos originarios el derecho a una
educación bilingüe e intercultural, a sus conocimientos
ancestrales y producciones culturales, a participar en la
protección, preservación y recuperación de los recursos
naturales vinculados a su entorno y subsistencia, a su
elevación socio-económica con planes adecuados y al
efectivo respeto por sus tradiciones, creencias y formas de
La recuperación de las Islas Malvinas y demás espacios
insulares y marítimos es una causa nacional legítima,
permanente e irrenunciable, a la que la Provincia honra y
adhiere. Dentro de sus competencias, adoptará políticas
activas orientadas a la asistencia, integración y
protección de los veteranos de guerra, facilitando su
acceso a la educación, al trabajo, a la salud integral y a
El Estado adoptará las medidas necesarias para la
operatividad progresiva de los derechos y garantías
reconocidos en esta Constitución, conforme lo establece el
artículo 122 inciso 8º. El equilibrio fiscal constituye un
deber del Estado y un derecho colectivo de los
Todos los habitantes son admisibles en los empleos
públicos provinciales, municipales y comunales o de otros
organismos en los que tenga participación el Estado, sin
más requisito que la idoneidad, sin perjuicio de las
calidades especiales exigidas por esta Constitución. Sólo
serán designados y ascendidos previo concurso que la
asegure, en igualdad de oportunidades y sin discriminación.
En ningún caso, las razones étnicas, religiosas,
ideológicas, políticas, gremiales, sexuales, económicas,
sociales, fundadas en caracteres físicos o de cualquier
otra índole, serán motivo para discriminar o segregar al
La ley determinará las condiciones para los ingresos y
ascensos y establecerá los funcionarios políticos sin
estabilidad que podrán ser designados sin concurso. No
podrán incluirse entre éstos los cargos de directores de
hospitales y directores departamentales de escuelas.
Los funcionarios y empleados públicos de los tres
poderes del Estado, de los municipios y de las comunas,
sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Deben
observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta
acorde con la ética pública, la que constituye un valor
social que hace a la esencia del sistema republicano.
Una ley de ética para el ejercicio de la función
pública deberá contemplar, entre otras, las siguientes
–Observar los principios de probidad, rectitud, prudencia,
justicia, equidad, eficiencia y transparencia de los actos
–Presentar, al tiempo de asumir y cesar en el cargo,
–Abstenerse de intervenir desde la función en actos en los
que tengan vinculación, sea personal o a través de terceros
que él represente o patrocine o cuando tuviera un interés
particular, laboral, económico o financiero.
–No aceptar gratificaciones, obsequios u otras prestaciones
de significación con motivo o en ocasión del ejercicio de
–No podrán desempeñar otras actividades, incluyendo el
ejercicio de la docencia, cuando afecte u obstaculice la
asistencia regular a las tareas propias del cargo.
Los funcionarios y empleados públicos, no sujetos al
juicio político ni al jurado de enjuiciamiento, son
enjuiciables ante los tribunales ordinarios, sin que puedan
excusarse alegando orden o aprobación superior.
El funcionario o empleado público, a quien se impute
delito cometido en el desempeño de sus funciones, está
obligado a acusar para vindicarse bajo pena de destitución.
La ley reglamentará el proceso respectivo. El funcionario o
empleado público, sobre quien recayera condena penal firme
por delito contra la administración pública, que acarree
inhabilitación será apartado del cargo en forma inmediata.
No podrán acumularse en una misma persona dos o más
empleos, aunque el uno sea de la Provincia y el otro de la
Nación, municipio o comuna con excepción de los del
magisterio y los de carácter profesional técnico cuando la
escasez del personal haga necesaria la acumulación. Fuera
de estos casos, la aceptación del nuevo empleo hace caducar
Los funcionarios y empleados permanentes,
provinciales, municipales, comunales, o en su caso, los
herederos que determine la ley de la materia, tendrán
derecho a jubilación, pensión o seguro. La ley será dictada
con sujeción a normas técnicas que tengan en cuenta el
principio de la proporcionalidad entre los aportes y
beneficios, el tiempo de los servicios y la edad de los
beneficiados, sin excluir los aportes del Estado, de las
municipalidades y las comunas. La ley establecerá bases
especiales para el caso de accidentes ocurridos con motivo
La Legislatura no podrá acordar pensiones ni
jubilaciones por leyes especiales.
Ningún empleado de la Provincia, de las
municipalidades o las comunas con más de un año consecutivo
de servicio, podrá ser separado de su cargo mientras dure
su buena conducta, sus aptitudes física y mental, y su
contracción eficiente para la función encomendada, a
excepción de aquellos para cuyo nombramiento o cesantía se
haya previsto, por esta Constitución o por las leyes
respectivas, normas especiales. La ley reglamentará esta
garantía y los deberes y responsabilidades del empleado o
funcionario y determinará las bases y tribunales
administrativos para regular el ingreso, los ascensos,
remociones, traslados e incompatibilidades.
No podrán ser empleados, funcionarios ni legisladores
los deudores de la Provincia que, ejecutados legalmente, no
hayan pagado sus deudas y los inhabilitados por sentencia.
Las atribuciones de los funcionarios y empleados de la
Provincia, municipalidades y comunas están limitadas por la
Ley Suprema de la Nación, por esta Constitución y por las
leyes que en su virtud dicte la Legislatura. Los
funcionarios y empleados son individualmente responsables
de los daños causados a terceros o al Estado por
extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones.
La Provincia no es responsable de los actos que los
funcionarios y empleados practiquen fuera de sus
atribuciones, salvo los casos que la ley determine.
Ningún magistrado o empleado público podrá delegar,
sin autorización legal, sus funciones en otra persona; ni
un poder delegar en otro sus facultades constitucionales,
siendo nulo, por consiguiente, lo que cualquiera de ellos
obrase a nombre de otro ya sea por autorización suya o con
cargo de darle cuenta, excepto los casos previstos por esta
La Provincia, como persona civil, puede ser demandada
ante sus propios tribunales, sin perjuicio de lo dispuesto
por las leyes de competencia federal, sin necesidad de
autorización previa del Poder Legislativo y sin privilegio
Si fuera condenada al pago de una deuda, podrá ser
ejecutada en la forma ordinaria y embargadas sus rentas, si
transcurrido un año, desde la fecha en que el fallo
condenatorio quedó firme, la Legislatura no arbitró los
recursos para efectuar el pago. Exceptúanse de esta
disposición las rentas o bienes especialmente afectados en
garantía de una obligación.
Los actos oficiales de toda la administración, y en
especial, los que se relacionen con la percepción e
inversión de la renta, deberán publicarse periódicamente en
la forma que la ley lo establezca.
No podrá dictarse ley ni decreto que tenga por objeto
acordar remuneraciones extraordinarias a miembros de los
poderes públicos y ministros secretarios, por servicios
hechos o que se les encargaren durante el ejercicio de sus
Todos los habitantes mayores de dieciséis años con dos
de residencia en la Provincia pueden presentar proyectos de
ley ante cualquiera de las cámaras, con el dos por ciento,
como mínimo, de firmas del padrón electoral provincial. La
ley deberá contemplar una adecuada distribución territorial
para suscribir la iniciativa. Si ésta versara sobre asunto
de exclusivo interés local, el porcentaje de firmas se
deberá establecer tomando como base el padrón del o de los
departamentos o localidades respectivos. No pueden ser
objeto de iniciativa aquellas normas referidas a la reforma
constitucional, tributos, presupuesto, régimen electoral,
tratados interprovinciales o convenios con el Estado
Nacional. Las cámaras deben darle tratamiento dentro de un
período de sesiones; la falta de despacho de comisión en el
plazo de seis meses posteriores a su presentación, implica
el giro automático al plenario que deberá considerarlo en
la sesión siguiente a su remisión.
La Legislatura podrá someter a consulta para su
sanción, reforma o derogación un proyecto de ley que verse
sobre asuntos de trascendencia para los intereses de la
Provincia. La ley de convocatoria no podrá ser vetada ni
versar sobre temas inhabilitados para la iniciativa
popular. Serán convocados a expedirse obligatoriamente, en
comicios especiales, todos los habitantes habilitados para
sufragar con dos años de residencia en la Provincia. El
voto afirmativo del proyecto por la mayoría de los
sufragantes, lo convertirá en ley y su promulgación será
El Poder Ejecutivo podrá someter a consulta no
vinculante todo asunto de interés general. El voto no será
Los departamentos deliberativo y ejecutivo
municipales, pueden convocar a consulta popular, vinculante
o no vinculante, en la forma prevista en el presente
artículo o en su carta orgánica.
La Legislatura, el Poder Ejecutivo y los municipios
pueden convocar a audiencia pública, y los habitantes
solicitarla, para debatir asuntos concernientes al interés
general. La audiencia será consultiva y no vinculante. La
autoridad deberá explicitar los fundamentos del acto bajo
pena de nulidad, indicando de qué manera ha considerado las
Por incumplimiento de la plataforma electoral o de los
deberes propios de su cargo, los ciudadanos podrán revocar
el mandato de todos los funcionarios electivos después de
transcurrido un año del comienzo del mismo y antes de que
resten seis meses para su término.
El procedimiento revocatorio se habilitará por única
vez ante el Tribunal Electoral a pedido de un número de
ciudadanos inscriptos en el padrón provincial,
departamental o local, según donde ejerza sus funciones el
funcionario cuestionado, no inferior al veinticinco por
ciento del padrón electoral. El Tribunal Electoral
comprobará que dentro de los noventa días de iniciado el
proceso, el pedido reúna los requisitos referidos y, sin
pronunciarse sobre las causales invocadas, convocará a
comicios según lo determine la ley.
Si en la compulsa electoral, los votos a favor de la
continuidad del funcionario fuesen inferiores al ochenta
por ciento de los que obtuvo para acceder a su cargo,
quedará automáticamente destituido, salvo que se trate de
funcionarios municipales respecto de quienes se requiere el
sesenta por ciento, en otro caso será confirmado. No se
admitirá la solicitud ni avanzará de haber sido promovida
mientras se sustancie el procedimiento destitutorio del
funcionario previsto por esta Constitución.
El Consejo Económico y Social es un órgano de consulta
de los poderes públicos, cuya función será producir
informes y dictámenes no vinculantes para la elaboración de
políticas de Estado. Tendrá autonomía funcional y estará
integrado por representantes de la producción, el trabajo,
el ambientalismo, la educación, las profesiones, la ciencia
y la tecnología en los términos en que la ley lo
establezca. Sus miembros serán elegidos por las entidades
representativas de cada sector.
Forman parte del Consejo para el asesoramiento y la
elaboración de las políticas específicas, los departamentos
de familia, salud y cultura, como asimismo otros que se
estimen necesarios. Son integrados por representantes de
las entidades vinculadas a la materia, con participación
regional y propendiendo a la descentralización.
Ninguna persona puede ser detenida sin orden escrita
emanada de autoridad competente y sin que preceda
indagación sumaria que acredite indicio de su intervención
en un hecho punible, salvo el caso de infraganti delito, en
que podrá ser aprehendida por cualquier habitante y
conducida inmediatamente ante la autoridad respectiva. En
ningún caso la simple detención ni la prisión preventiva se
cumplirá en las cárceles públicas destinadas a penados, ni
podrá prolongarse por más de veinticuatro horas sin ser
comunicada al juez o autoridad competente, poniendo a su
disposición al detenido y los antecedentes del hecho.
Toda persona detenida sin orden en forma de juez
competente; por juez incompetente o por cualquier autoridad
o individuo; o a quien se le niegue alguna de las garantías
establecidas en la Constitución Nacional o Provincial o las
leyes, podrá ocurrir, por sí o por conducto de otro, y
valiéndose de cualquier medio de comunicación, ante el juez
letrado inmediato, sin distinción de fueros ni instancias,
para que se ordene su inmediata libertad, se lo someta al
juez competente o se le acuerde la garantía negada, según
el caso. El juez o tribunal ante quien se presente este
recurso queda facultado para requerir toda clase de
informes, para hacer comparecer al detenido a su presencia
y deberá resolver en definitiva en un término sumarísimo
que fijará la ley.
Todo habitante de la Provincia, las personas jurídicas
reconocidas en la defensa de derechos o intereses de
incidencia colectiva y el Defensor del Pueblo, podrán
ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra
todo acto u omisión de autoridad administrativa provincial
o municipal, judicial o legislativa en ejercicio de
funciones administrativas, o de particulares, que en forma
actual o inminente amenace, restrinja, altere, impida o
lesione de manera manifiestamente ilegítima, derechos y
garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los
instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos, las leyes de la Nación, la presente Constitución,
las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados en que
la Provincia sea parte.
La acción también procederá cuando exista una
afectación o el riesgo de una lesión a derechos difusos o
de titularidad colectiva, para la protección ambiental o a
derechos del usuario y el consumidor, o en caso de
discriminación, así como cuando se desconociera o violara
el derecho de libre acceso a la información pública.
Toda persona, parte en un expediente administrativo,
podrá interponer amparo por mora a fin de obtener
resolución inmediata, en el caso de demora injustificada de
la autoridad interviniente en expedirse sobre el asunto
requerido por el interesado. En tal supuesto, el juez
emplazará a la administración o al funcionario remiso, bajo
los apercibimientos que correspondan, a pronunciarse sobre
el acto pretendido por el ocurrente en un plazo sumarísimo,
aunque no podrá ordenarle en qué sentido lo debe hacer. La
omisión en expedirse comportará la denegación tácita de la
pretensión en trámite y agotará la vía administrativa,
quedando expedita la acción judicial.
Siempre que una ley u ordenanza imponga a un
funcionario o corporación pública de carácter
administrativo un deber expresamente determinado, todo
aquel en cuyo interés deba ejecutarse el acto o que
sufriere perjuicio material, moral o político, por la falta
de cumplimiento del deber, puede demandar ante los
tribunales su ejecución inmediata, y el tribunal, previa
comprobación sumaria de la obligación legal y del derecho
del reclamante, dirigirá al funcionario o corporación un
Si un funcionario o corporación pública de carácter
administrativo, ejecutase actos que le fueran expresamente
prohibidos por las leyes u ordenanzas, el perjudicado podrá
requerir de los tribunales, por procedimiento sumario, un
mandamiento prohibitivo dirigido al funcionario o
Es de ningún valor toda ley de la Provincia que viole
o menoscabe las prescripciones establecidas por la Ley
Suprema de la Nación y por esta Constitución, así como todo
acto, contrato, decreto u ordenanza que contravenga a las
mismas o las leyes dictadas en su consecuencia, pudiendo
los interesados demandar o invocar su inconstitucionalidad
o invalidez ante los tribunales competentes. Sin perjuicio
de ello, los jueces al advertir la inconstitucionalidad de
una norma, de oficio podrán declararla. La sentencia que
pronuncie la inconstitucionalidad será declarativa y de
condena pudiendo ser ejecutada. En el proceso respectivo
podrán admitirse medidas cautelares. La declaración de
inconstitucionalidad por tres veces y, por sentencia firme
del Superior Tribunal de Justicia de una norma general
provincial, produce su derogación en la parte afectada por
Todo habitante de la Provincia, en el solo interés de
la legalidad, tiene acción directa para demandar ante el
Superior Tribunal de Justicia la inconstitucionalidad de
una norma general contraria a la presente Constitución. El
firmante de una demanda temeraria será sancionado de
Si esta Constitución, una ley o una ordenanza dictadas
en su consecuencia, otorgasen algún derecho que dependiera
para su concreción de una ulterior reglamentación y ésta no
se dictara dentro del año de la sanción de la norma que la
impone, el interesado podrá demandar ante el Superior
Tribunal de Justicia la condena de la autoridad renuente, a
dictar la norma omitida. Ante el incumplimiento del
obligado, el Tribunal integrará la misma o, de ser esto
imposible ordenará, si correspondiere, la indemnización al
demandante del daño resarcible que sumariamente acredite.
Si la autoridad omitiere un deber constitucional
indispensable para el regular funcionamiento del Estado,
cualquier legitimado por la ley podrá, por la vía prevista
en el apartado anterior, demandar se condene al funcionario
remiso a cumplir la conducta debida o a que, en su defecto,
la realice directamente el Tribunal.
Toda persona tiene derecho a interponer acción
expedita, rápida y gratuita de hábeas data para tomar
conocimiento de los datos referidos a ella, a sus
familiares directos fallecidos, o a sus propios bienes, así
como la fuente, finalidad y destino de los mismos, que
consten en todo registro, archivo o banco de datos público
o privado de carácter público, o que estuviesen almacenados
en cualquier medio técnico apto para proveer informes.
En caso de falsedad o uso discriminatorio de tales
datos podrá exigir, sin cargo alguno, la inmediata
rectificación o actualización de la información falsa o la
supresión o confidencialidad de la sensible.
El ejercicio de este derecho no puede afectar las
fuentes de información periodística ni el secreto
La acción no procederá cuando la obtención de los
datos reclamados estuviese reglamentada.
La Legislatura asegurará la doble instancia en el
proceso penal, respetando los principios de contradicción,
oralidad y publicidad en el sistema acusatorio.
No podrán reabrirse procesos fenecidos, salvo en
materia criminal cuando la revisión sea favorable al reo y
el caso esté autorizado por la ley. La prueba en juicio se
producirá públicamente con las limitaciones que la ley
establezca. La ley no podrá atribuir a la confesión hecha
ante la policía mayor valor probatorio que el de un
indicio. El sumario será público, excepción hecha de la
incomunicación que no podrá exceder de tres días.
Toda persona declarada inocente respecto de una
imputación por la que hubiese sido privada de su libertad
de manera infundada o que se revele irracional en el curso
del proceso, tendrá derecho a que el Estado, de acuerdo con
la ley, le indemnice el daño sufrido a causa de su
La Provincia asegura la tutela judicial continua y
efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad
de los trámites a quienes carezcan de recursos suficientes
y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los
derechos, en todo procedimiento administrativo o proceso
judicial. El principio de legalidad y la interdicción de la
arbitrariedad deben regir los actos de los poderes
Los actos de autoridad, las sentencias judiciales y
los actos administrativos serán fundados suficientemente y
decididos en tiempo razonable. El retardo en dictar
sentencia y las dilaciones indebidas, cuando sean
reiteradas, constituyen falta grave.
Se promueve la utilización, difusión y desarrollo de
las instancias no adversariales de resolución de
conflictos, especialmente a través de la mediación,
negociación, conciliación, facilitación y arbitraje.
Queda prohibida toda especie de tormentos y vejámenes,
bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurran los empleados o
funcionarios que los apliquen, ordenen o consientan. Las
cárceles y colonias penales productivas de la Provincia
serán sanas y limpias para seguridad y no para
mortificación de los recluidos, debiendo constituir centros
Éstas y cualquier lugar de internación forzada deben
constituir centros de tratamiento integral. La ejecución de
la pena privativa de la libertad tiene como finalidad
lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender
y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción
social. Constituirá falta grave todo rigor innecesario
infligido a los internos. La ejecución de la pena privativa
de la libertad, en todas sus modalidades, estará sometida a
permanente y efectivo contralor judicial.
Las mujeres privadas de su libertad, deben ser
alojadas en dependencias especiales, garantizando a las
madres de niños menores de cinco años, espacios para
convivir con ellos. Si el Estado no observara este mandato,
las detenidas embarazadas o con niños cumplirán arresto
domiciliario. Los menores privados de su libertad no pueden
ser alojados en establecimientos de detención de adultos.
El Estado, mediante su legislación, promoverá el
bienestar económico y social de la colectividad.
La organización de la riqueza y su explotación deben
respetar los principios de la justicia social. El Estado
desarrollará políticas con el objeto de:
a) Estimular la existencia de condiciones competitivas
en los mercados y una equitativa distribución de la renta,
promoviendo acciones tendientes a evitar que prácticas
individuales o colectivas distorsionen o impidan la
competencia o lesionen el bienestar general.
b) Alentar el desarrollo económico de la pequeña y
mediana empresa, domiciliada y radicada en la Provincia,
con asistencia técnica y financiera, fomentándolas
crediticia e impositivamente, protegiendo la radicación de
industrias en sus comunidades de origen, la
comercialización sustentable de sus productos y promoviendo
el fortalecimiento de sus entidades representativas.
c) Promover la desconcentración de los entes,
organismos o empresas en todo el territorio de la
El Estado fomentará y protegerá la producción y, en
especial, las industrias madres y las transformadoras de la
producción rural; a cuyo objeto podrá conceder, con
carácter temporario, primas, recompensa de estímulos,
exoneración de impuestos y contribuciones u otros
beneficios compatibles con esta Constitución; o concurrir a
la formación de sus capitales, y al de los ya existentes,
participando de la dirección y de la distribución de sus
Igualmente fomentará y orientará la aplicación de todo
sistema, instrumento o procedimiento, que tienda a
facilitar la comercialización de la producción aunque para
ello deba acudir con sus recursos o crédito.
Impulsará las condiciones esenciales para la
diversificación, industrialización y participación
equitativa en toda la cadena de valor de la producción,
posibilitando el incremento de su rendimiento de manera
sustentable. Resguardará al pequeño y mediano productor, y
garantizará su participación en el Consejo Económico y
Procurará para la población rural el acceso a la
propiedad de la tierra y promoverá su defensa.
El Estado promoverá la actividad turística, favorecerá
la iniciativa e inversión pública y privada, fomentará y
sostendrá el turismo social. Coordinará con las
representaciones sectoriales, municipios y comunas, una
política sostenible y sustentable, para el desarrollo
armónico de la actividad.
El Estado, dentro de su competencia, protegerá y
alentará la explotación de sus recursos radioeléctricos y
los medios de comunicación radicados en su territorio, como
herramienta para el fortalecimiento de sus regiones y la
conformación de su identidad cultural.
Desalentará, mediante políticas activas, la
conformación de monopolios, oligopolios o cualquier otra
forma de concentración de los medios de comunicación social
en el ámbito provincial. Promoverá la propiedad y gestión
de medios de comunicación social por parte de
organizaciones sociales, cooperativas y comunitarias sin
Promoverá la inmigración, el retorno de los
entrerrianos emigrados, la colonización, la construcción de
ferrocarriles, canales y otros medios de comunicación y de
transporte, y la implantación y explotación de industrias o
empresas que interesen al bien público.
Intensificará la construcción y mejoramiento
progresivo de los caminos e incitará la iniciativa y
cooperación privadas para la prosecución de la obra vial.
Estimulará la inversión de los capitales privados y en
especial de los ahorros populares, en las empresas que
exploten servicios públicos, en las entidades económicofinancieras,
en el establecimiento de las industrias que se
asienten en la Provincia, e iniciará esta evolución
sometiendo las explotaciones oficiales al régimen mixto y
fortaleciendo las iniciativas particulares con la
participación y el aporte del Estado.
El Estado creará un Banco de la Provincia para
contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y
canalizar el ahorro público y privado, por medio de una
política crediticia que aumente el potencial económico de
la Provincia y de sus habitantes, con sentido de justicia
Será banco oficial y agente financiero del Estado, en
la medida que su desarrollo lo permita y podrá serlo de los
municipios que lo requieran. La Ley fijará su carta
orgánica, garantizando en sus órganos directivos la
participación democrática de los sectores de la producción,
de los sectores sociales y de sus trabajadores.
El Estado será siempre el accionista mayoritario, sin
perjuicio de la participación privada en la formación del
capital. En ningún caso se podrá disponer la privatización
El Estado promoverá el federalismo de concertación con
el Estado nacional y con las restantes provincias para el
desarrollo cultural, educativo, ambiental, económico y
social. Podrá integrarse regionalmente celebrando acuerdos,
con facultades de crear órganos administrativos de consulta
y decisión, sujetos a la aprobación legislativa.
Podrá realizar gestiones y celebrar acuerdos
internacionales para satisfacer sus intereses, sin
perjuicio de las facultades delegadas al gobierno federal.
Fomentará la creación de regiones o microrregiones
dentro de su territorio, atendiendo características de
comunidad de intereses, afinidades poblacionales y
geográficas, para posibilitar un desarrollo económico y
Estimulará la tendencia cooperativista, mutualista,
asociativista, y la conformación de empresas de la economía
social, basadas en los principios del bien común y en la
gestión solidaria. Protegerá las organizaciones de ese
carácter, fomentando su desarrollo, asistencia técnica y
fiscalización, garantizando su naturaleza y finalidad.
Controlará que las cooperativas de trabajo sean fuente de
En las licitaciones y concesiones de servicios
públicos que realice el Estado, en igualdad de condiciones,
serán preferidas estas organizaciones. Alentará la
propiedad y gestión cooperativa de empresas por sus
trabajadores. Difundirá el pensamiento y la educación
cooperativista, mutualista y asociativista. Brindará
tratamiento impositivo adecuado a su naturaleza, y podrá
concederles exenciones fiscales a las que colaboren con el
El Estado reconoce y garantiza la plena vigencia de
los Colegios y Consejos Profesionales, les confiere el
gobierno de la matrícula, la defensa y promoción de sus
intereses específicos, la facultad de dictar sus normas de
ética e implementar métodos de resolución de conflictos de
instancia voluntaria.
Los Colegios y Consejos Profesionales aseguran el
libre ejercicio de la profesión y su organización en forma
democrática y pluralista y ejercen el poder disciplinario
sobre sus miembros, dictando resoluciones que son
revisables judicialmente.
La Provincia reconoce la existencia de las entidades
de previsión y seguridad social para profesionales, bajo
los principios de solidaridad, proporcionalidad y
obligatoriedad de afiliación y aporte. Asegura su autonomía
económica y financiera, la dirección y administración de
las mismas por representantes de sus afiliados y la
intangibilidad frente al Estado, de los recursos que
conforman su patrimonio.
Las empresas radicadas en la provincia tenderán a
adoptar políticas socialmente responsables y promover el
desarrollo sostenible. El Estado provincial, los municipios
y comunas establecerán políticas activas con el mismo
La Legislatura, al dictar las leyes de carácter
tributario, propenderá a la eliminación paulatina de los
impuestos que pesen sobre los artículos de primera
necesidad, debiendo evolucionar hacia la adopción de un
régimen impositivo basado en los impuestos directos y en
los que recaigan sobre los artículos superfluos.
Toda enajenación de los bienes del fisco o del
municipio, compras y demás contratos susceptibles de
licitación se harán en esta forma y de un modo público,
bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las
Cuando para la fundación de colonias o para otros
fines de utilidad pública, se considere necesario la
enajenación de los bienes del fisco en venta directa o la
cesión gratuita, podrá la Legislatura, con dos tercios de
votos presentes, autorizar estas formas de enajenación,
tomando en cuenta cada caso y dictando una ley especial
para cada uno. El Poder Ejecutivo dará cuenta del uso que
haya hecho de cada autorización una vez cumplida la ley
La adquisición que haga la Provincia de bienes raíces
con fines de colonización o para otros objetos, deberá ser
autorizada por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de cada cámara.
El trabajo es un derecho que el Estado protege e
impulsa. Promueve el empleo y el trabajo decente, en
igualdad de condiciones para todos, reivindicando su
competencia en materia de policía. Controla el efectivo
cumplimiento de la norma laboral y de las disposiciones
convencionales y sanciona su incumplimiento. Garantiza la
promoción de las acciones tendientes a la erradicación del
trabajo no registrado y el cumplimiento de la legislación
Genera mecanismos de acercamiento entre las ofertas y
demandas de puestos de trabajo.
Reglamenta las condiciones de trabajo de empleados
públicos provinciales y municipales y especialmente:
a) La negociación colectiva garantizando los
principios de irrenunciabilidad, progresividad, primacía de
la realidad, indemnidad y, en caso de duda, interpretación
b) El marco regulatorio general del empleado público
provincial y municipal con participación de los
trabajadores, que asegurará el cumplimiento de normas sobre
higiene, seguridad y prevención de infortunios; y la
participación de los trabajadores en la dirección y gestión
de las empresas y entes autárquicos o descentralizados.
c) El régimen de seguridad social para los empleados
públicos provinciales y municipales en el ámbito de su
competencia, con el objeto de proteger a trabajadores en
actividad y pasivos.
d) El salario mínimo para los obreros del Estado, el
que se fijará conforme el costo de vida, no será inferior
al vital y móvil. Todo incremento salarial, otorgado a
partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a
f) El fomento de la construcción de viviendas
higiénicas, con el concurso del Estado, sea en forma de
desembolsos directos, de otorgamiento de créditos o
garantías o de liberación de gravámenes.
g) El asociacionismo gremial, debiendo fomentarlo y
h) El funcionamiento de un organismo administrativo
laboral único, con competencia provincial y municipal, en
el ámbito público y privado que ejerza el poder de policía,
participe en la negociación colectiva y en la solución de
los conflictos individuales a través de la mediación,
El Estado fija la política ambiental y garantiza la
aplicación de los principios de sustentabilidad,
precaución, equidad intergeneracional, prevención,
utilización racional, progresividad y responsabilidad. El
poder de policía en la materia será de competencia
concurrente entre la Provincia, municipios y comunas.
Asegura la preservación, recuperación, mejoramiento de
los ecosistemas y sus corredores biológicos y la
conservación de la diversidad biológica. Promueve la
creación de bancos estatales de reservas genéticas de
especies y prohíbe la introducción de las exóticas
Promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías
y elementos no contaminantes, las prácticas disponibles más
avanzadas y seguras, una gestión integral de los residuos y
su eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la
incorporación de fuentes de energía renovables y limpias.
Establece medidas preventivas y precautorias del daño
Un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la
política ambiental. Son sus instrumentos, sin perjuicio de
otros que se establezcan: la evaluación ambiental
estratégica; un plan de gestión estratégico; el estudio y
evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el
ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de
sustentabilidad; el libre acceso a la información; la
decisiones que afecten derechos y la educación ambiental,
atendiendo principalmente a las culturas locales.
La ley determinará la creación de un fondo de
recomposición ambiental, y estrategias de mitigación y
adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio
Los recursos naturales existentes en el territorio
provincial corresponden al dominio originario del Estado
entrerriano, que ejerce el control y potestad para su
aprovechamiento, preservación, conservación y defensa. Las
leyes que establezcan su disposición deben asegurar su uso
racional y sustentable y atender las necesidades locales.
La Provincia reivindica su derecho a obtener
compensaciones del Estado nacional por los ingresos que
éste obtenga, directa o indirectamente, por el uso y
aprovechamiento de sus recursos naturales.
El Estado propicia por ley la creación de áreas
protegidas, sobre la base de estudios técnicos. Reconoce el
derecho de sus propietarios a recibir compensaciones
económicas y exenciones impositivas, en su caso.
El agua es un recurso natural, colectivo y esencial
para el desarrollo integral de las personas y la
perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua
saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano
fundamental. Se asegura a todos los habitantes la continua
El servicio público de suministro de agua potable no
podrá ser privatizado, a excepción del que presten las
cooperativas y consorcios vecinales en forma individual o
conjunta con el Estado provincial, los municipios, las
comunas, los entes autárquicos y descentralizados, las
empresas y sociedades del Estado. Los usuarios tendrán
participación necesaria en la gestión.
La Provincia concertará con las restantes
jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas
hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso
sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales,
que se declaran libres de construcción de obras de
infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o
degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural
de sus ecosistemas asociados.
El Estado asegura la gestión sustentable y la
preservación de los montes nativos, de las selvas ribereñas
y de las especies autóctonas, fomentando actividades que
salvaguarden la estabilidad ecológica. El propietario de
montes nativos tiene derecho a ser compensado por su
El suelo es un recurso natural y permanente de
trabajo, producción y desarrollo. El Estado fomenta su
preservación y recuperación, procura evitar la pérdida de
fertilidad, degradación y erosión, y regula el empleo de
las tecnologías de aplicación para un adecuado cumplimiento
de su función social, ambiental y económica.
La Provincia promueve la unidad económica productiva
mediante leyes que contemplen el arraigo del productor
entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las
actividades productivas locales y el estímulo de la
tenencia de la tierra por sus residentes.
La legislación desalentará la especulación y la
existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes
superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes
tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas
Resguardará el orden público en relación con la
adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o
jurídicas extranjeras no residentes en el territorio
La Legislatura dictará la ley electoral que será
uniforme para toda la Provincia y reconocerá por base las
1º. El sufragio electoral será universal, secreto y
2º. Tendrán voto en las elecciones provinciales los
ciudadanos argentinos que se hallen inscriptos en el padrón
electoral de la Nación, por el que deberán celebrarse las
elecciones de la Provincia. Cuando dicho padrón no se
ajuste a los principios fundamentales establecidos en esta
Constitución o en las leyes dictadas en su consecuencia
para el ejercicio del sufragio, la Legislatura mandará
confeccionar el registro cívico de Entre Ríos, bajo la
dirección del Tribunal Electoral.
3º. Se asegura el pleno ejercicio de los derechos
políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular
y las leyes que se dicten en consecuencia.
El régimen electoral, que será uniforme para toda la
Provincia, respetará los derechos establecidos en esta
Constitución y determinará las limitaciones y prohibiciones
al ejercicio del sufragio.
4º. La Provincia constituye un distrito electoral
único y se subdividirá en secciones correspondientes a cada
departamento y éstas en circuitos o mesas en las que se
agruparán los electores. Se deberá establecer la fecha de
las elecciones provinciales. Se considerará que ha habido
elección válida en el distrito, sección o circuito cuando
haya sido legal en la mayoría de las mesas receptoras de
A pedido de cualquiera de los partidos políticos y
dentro del plazo que la ley señale, en toda clase de
elecciones, se convocará a nueva elección en las mesas no
constituidas o anuladas cuantas veces sea necesario, hasta
que haya una elección válida.
5º. Ningún ciudadano podrá inscribirse sino en el
distrito de su domicilio.
6º. Las elecciones ordinarias se verificarán en las
fechas que fije la ley y las extraordinarias en cualquier
tiempo, previa convocatoria que se publicará con una
antelación no menor a sesenta días. Para las elecciones
complementarias ese término se reduce a treinta días.
7º. Las mesas receptoras de votos estarán constituidas
por un funcionario denominado presidente del comicio. El
Tribunal Electoral insaculará también dos suplentes que
reemplazarán a aquél en los casos que la ley determine.
8º. Durante las elecciones y en el radio del comicio
no habrá más autoridad policial que la del presidente del
mismo, cuyas órdenes y resoluciones deberán cumplir la
fuerza pública y los ciudadanos.
9º. Toda elección debe durar ocho horas como mínimo y
terminar en el día, sin que las autoridades y particulares
puedan suspenderlas por motivo alguno.
10º. Tanto el escrutinio provisorio como el definitivo
serán públicos, debiendo el primero hacerse enseguida de
terminar la elección y consignarse el resultado en la misma
acta del comicio firmando el presidente y demás personas
que quieran hacerlo, entre ellas, los fiscales de los
distintos partidos políticos intervinientes en la elección
que participen del acto.
11º. Toda elección se hará por listas que serán
oficializadas por el Tribunal Electoral. Se considerarán
una sola lista las que tengan la mayoría de los candidatos
comunes, aunque difiera el orden de colocación de los
mismos. A los efectos del escrutinio definitivo, el orden
de colocación de los candidatos lo determinará la lista que
tenga la mayoría de la totalidad de votos, y si ninguna la
tuviera, el de la lista oficializada.
12º. Los electores no podrán ser arrestados durante
las horas del comicio atribuyéndoles la comisión de faltas
o contravenciones, ni por la comisión de delitos, salvo
supuestos de flagrancia o de mediar orden del juez
13º. Una Junta Electoral Municipal formada por un juez
de primera instancia de cualquier fuero y dos funcionarios
del Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa, y en caso
de mediar varios de ellos por los más antiguos, o sus
reemplazantes legales de la circunscripción respectiva,
tendrán a su cargo la función electoral para los municipios
y comunas de su jurisdicción, oficiando de secretario el
del concejo deliberante del municipio de la localidad de
asiento de dicha junta. Sus resoluciones, serán recurribles
en los casos que se determinen legalmente.
14º. Un Tribunal Electoral compuesto del presidente y
un miembro del Superior Tribunal de Justicia, de uno de los
jueces de primera instancia de la capital, del
vicepresidente primero del Senado y del presidente de la
Cámara de Diputados, o sus reemplazantes legales, tendrá a
a) Designar, por sorteo público, los miembros de las
mesas receptoras de votos y disponer las medidas
conducentes a la organización y funcionamiento de los
b) Decidir, en caso de impugnación, si concurren en
los electos los requisitos constitucionales para el
c) Practicar los escrutinios definitivos en acto
público, computando sólo los votos emitidos a favor de las
listas oficializadas por el mismo tribunal.
d) Calificar las elecciones de gobernador y
vicegobernador, de convencionales, de senadores y
diputados, juzgando definitivamente y sin recurso alguno,
sobre su validez o invalidez y otorgando los títulos a los
e) Establecer el suplente que entrará en funciones
conforme a lo que se establece en los artículos 90 y 91
debiendo comunicarlo a la cámara respectiva. Este Tribunal
procederá como jurado en la apreciación de los hechos y
sentenciará con arreglo a derecho.
f) El Tribunal Electoral deberá expedirse dentro de
los cuarenta y cinco días de sometidos a su consideración
los asuntos de su competencia, bajo pena de destitución e
inhabilitación por diez años para desempeñar empleo o
función pública provincial, del miembro o miembros remisos
15º. Toda falta grave, acto de fraude, coacción,
soborno, cohecho o intimidación, ejercido por los empleados
o funcionarios públicos, de cualquier jerarquía, como
también por cualquier persona contra los electores, antes,
durante o después del acto eleccionario, serán considerados
como un atentado contra el derecho y la libertad electoral
y serán penados con arreglo a lo que disponga la ley de la
16º. La acción para acusar por faltas o delitos
electorales será popular y se podrá ejercer hasta tres
meses después de cometidos aquellos. La Legislatura no
podrá dictar leyes de amnistía en esta materia y los actos
de procedimiento judicial contra el acusado, interrumpirán
las prescripciones de la acción y de la pena.
17º. Los cargos de autoridades de las mesas receptoras
de votos del inciso 7° precedente y el ejercicio de la
función de sufragar de los electores constituyen cargas
públicas cuyo incumplimiento será considerado como una
infracción susceptible de ser sancionada.
18º. La ley determinará las limitaciones y
prohibiciones al ejercicio del sufragio, respetando los
principios establecidos en esta Constitución.
El Poder Ejecutivo sólo podrá suspender la
convocatoria a elecciones en caso de conmoción,
insurrección o invasión.
El gobernador y vicegobernador serán elegidos
directamente por el pueblo de la Provincia, a simple
pluralidad de sufragios. En caso de empate se procederá a
Los senadores serán elegidos directamente por el
pueblo a razón de uno por cada departamento y a simple
pluralidad de votos. Se elegirán suplentes por cada partido
o agrupación para reemplazar a los que cesen en su mandato
por muerte, renuncia, o cualquiera otra causa.
Los diputados serán elegidos directamente por el
pueblo de la Provincia, en distrito único, por un sistema
de representación proporcional; pero que asegure al partido
mayoritario la mayoría absoluta de la representación. La
ley determinará la forma de distribuir el resto de la
representación. Se elegirán también lista de suplentes por
cada partido o agrupación para reemplazar a los que cesen
en su mandato por muerte, renuncia o cualquiera otra causa.
Tratándose de los elegidos por las minorías se incorporarán
los candidatos titulares de las listas proclamadas que no
hayan resultado electos.
El mandato de los funcionarios y representantes a que
se refieren los artículos 89, 90 y 91 será de cuatro años.
Todos serán elegidos simultáneamente en un solo acto
El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por
una Legislatura compuesta de dos cámaras, una de diputados
El mandato de los representantes durará cuatro años, a
contar desde el día que se fija para la inauguración del
período de las sesiones ordinarias, y ambas cámaras se
renovarán totalmente al final de dicho término.
En caso de vacancia de un cargo de representante, por
muerte, renuncia u otra causa entrará en ejercicio el
suplente respectivo.
a) Con el de funcionario o empleado público a sueldo
de la Nación, de la Provincia o de las municipalidades, con
excepción del profesorado nacional y de las comisiones
honorarias eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas
con el consentimiento previo de la cámara a que pertenezca.
b) Con todo otro cargo de carácter electivo nacional,
provincial, municipal o de otra provincia.
c) Con el de funcionario o empleado dependiente de una
empresa particular que se rija por concesiones de la
Legislatura y que tenga, por ese hecho, relaciones
permanentes con los poderes públicos de la Provincia. El
representante que haya aceptado algún cargo incompatible
con el suyo, quedará, por ese solo hecho, separado de la
representación, debiendo la presidencia de la cámara
respectiva comunicar la vacante, a sus efectos, al Tribunal
La Cámara de Diputados se compondrá de treinta y
cuatro ciudadanos.
1º. Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de
cuatro años de obtenida.
3º. Ser nativo de la Provincia o tener en ella
domicilio inmediato de dos años.
Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados
acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos a juicio
En cada período ordinario, la Cámara de Diputados,
designará un presidente, un vicepresidente primero y un
vicepresidente segundo, los cuales entrarán a desempeñar la
presidencia por su orden, y durarán en sus funciones hasta
la iniciación del período ordinario siguiente.
El Senado se compondrá de un senador, elegido a
pluralidad de sufragios, por cada uno de los departamentos
seis años de obtenida.
3º. Haber nacido en el departamento por el que sea
elegido o tener dos años de domicilio inmediato en él.
Es presidente del Senado el vicegobernador de la
Provincia, pero no tiene voto sino en caso de empate.
En cada período ordinario de sesiones el Senado
nombrará un vicepresidente primero y un vicepresidente
segundo, los cuales entrarán a desempeñar el cargo, por su
orden, en defecto del presidente. Las autoridades elegidas
durarán en sus funciones hasta la iniciación del período
ordinario siguiente.
1º. Juzgar en juicio público a los acusados por la
2º. Prestar o negar acuerdo al Poder Ejecutivo, en
audiencia pública previa difusión del propuesto y de sus
referencias personales, para el nombramiento de los
miembros del Superior Tribunal de Justicia; los titulares
de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa;
restantes magistrados y funcionarios del Poder Judicial;
fiscal de Estado; contador, tesorero; miembros del Tribunal
de Cuentas; director general de escuelas; vocales del
Consejo General de Educación y demás funcionarios para los
cuales la ley establezca esta forma de nombramiento.
Ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias cada
año desde el quince de febrero hasta el quince de
diciembre. El Poder Ejecutivo las podrá convocar a sesión
extraordinaria siempre que el interés público lo reclame.
Reunidas en Asamblea ambas cámaras y presidida por el
presidente del Senado, abrirán sus sesiones ordinarias.
En el mismo acto, el Poder Ejecutivo presentará el
mensaje dando cuenta del estado de la administración.
Pueden ser prorrogadas las sesiones por el Poder
Ejecutivo, o por sanción legislativa, con el voto de la
tercera parte de los miembros de cada cámara.
Cada cámara sesionará con la mayoría absoluta de sus
miembros. Cuando por falta de quórum, fracasaran dos
sesiones consecutivas de las establecidas por cada cámara,
éstas podrán sesionar con la tercera parte de sus miembros.
Tratándose de sesiones especiales, el quórum de la
tercera parte regirá cuando la citación para las mismas, se
haya hecho con anticipación de tres días por lo menos.
Para la exclusión por ausentismo reiterado se requiere
la presencia de la cuarta parte de la totalidad de los
En cualquier caso, podrán reunirse en menor número al
solo efecto de acordar las medidas necesarias para compeler
a los inasistentes por la fuerza pública y aplicar penas de
multa o suspensión.
Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones
legislativas simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se
hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones por más de
tres días sin consentimiento de la otra.
Para el desempeño de las funciones privativas de cada
cámara, que no sean legislativas, podrán ser convocadas, en
todo tiempo, por el Poder Ejecutivo o por sus presidentes
respectivos y sesionar separadamente.
A pedido de la tercera parte de sus miembros, el
presidente deberá hacer la convocatoria y si se negare, los
miembros que la pidieron podrán hacerla directamente.
Cada cámara hará su reglamento que no podrán modificar
sobre tablas y en un mismo día.
Cada cámara podrá, con dos tercios de la totalidad de
sus miembros, corregir y aún excluir de su seno, a
cualesquiera de ellos por desorden de conducta en el
ejercicio de sus funciones o por indignidad y removerlo por
inhabilidad física o moral sobreviniente a su
incorporación; pero bastará la mayoría de uno sobre la
mitad de los presentes, para decidir de la renuncia que
hiciere de su cargo.
Al incorporarse a las cámaras respectivas, los
diputados y senadores prestarán juramento por la Patria y
sus creencias o principios.
Los miembros del Poder Legislativo no pueden ser
acusados, interrogados judicialmente, ni molestados, por
opiniones que emitan en el desempeño de su mandato.
Ningún senador o diputado, desde el día de su
elección, puede ser detenido excepto el caso de ser
sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito que
merezca pena corporal, en cuyo caso, se dará cuenta de la
detención a la cámara respectiva, con la información
Cuando se promueva juicio ante la justicia ordinaria
contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito
del sumario en juicio público, podrá cada cámara, con dos
tercios de votos de los presentes, levantar los fueros o
suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a
Cada cámara, con aprobación de un tercio de sus
miembros presentes, puede llamar a su seno a los ministros
del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e
informes que crea convenientes, citándolos por lo menos con
un día de anticipación, salvo caso de urgente gravedad y
comunicándoles al citarlos, los puntos sobre los cuales
hayan de informar.
Cada cámara, con la aprobación de tres de sus
miembros, puede también pedir al Poder Ejecutivo, en
cualquier época del período de sesiones, los datos e
informes que crea necesarios para el mejor desempeño de sus
Los servicios de los miembros de la Legislatura serán
remunerados por el tesoro de la Provincia con una dotación
que fijará la ley, la que no podrá ser alterada en el
período del mandato.
Las sesiones de ambas cámaras serán públicas, a menos
que un grave interés, declarado por ellas mismas, exigiere
Cada cámara tendrá autoridad para corregir, con
arreglo a los principios parlamentarios, a toda persona
que, de fuera de su seno, viole los derechos de sus
miembros, pudiendo además pasar los antecedentes a la
Cada cámara confeccionará su diario de sesiones, en el
que constará el trámite legislativo de los proyectos, el
debate que genere su tratamiento y las sanciones
Se confeccionará un diario de sesiones de la Asamblea
Legislativa, cuya impresión estará a cargo de la Cámara de
1º. Aprobar o desechar los tratados con las otras
provincias para fines de administración de justicia, de
intereses económicos y trabajos de utilidad común.
2º. Legislar sobre todas las materias consignadas en
la sección segunda, Régimen Económico, del Trabajo y
Desarrollo Sustentable, con las orientaciones determinadas
3º. Legislar sobre la organización de los municipios,
comunas y policía, de acuerdo con lo que establece al
respecto la presente Constitución.
4º. Dictar planes y reglamentos generales sobre
5º. Legislar sobre enseñanza y cualquier otro objeto
de interés común o municipal, dejando a los respectivos
municipios su aplicación.
6º. Determinar las formalidades con que se ha de
llevar uniformemente el registro del estado civil de las
7º. Dictar la legislación impositiva observando lo
dispuesto por el artículo 79 y a esos fines y efectos
establecerá impuestos, tasas y contribuciones cuyo monto
fijará, en forma equitativa, proporcional o
progresivamente, de acuerdo con el objeto perseguido y con
el valor o el mayor valor de los bienes o de sus réditos,
8º. Fijar el presupuesto de gastos y cálculo de
recursos. La ley de presupuesto será la base a que debe
sujetarse todo gasto de la administración general de la
Provincia y en ella deberán figurar todos los ingresos y
egresos ordinarios y extraordinarios de la administración,
aun cuando hayan sido autorizados por leyes especiales. Si
los recursos para cumplir estas leyes no se incluyeran en
la de presupuesto, se considerarán derogadas, si no
hubiesen tenido principio de ejecución y suspendidas si lo
hubiesen tenido. En ningún caso podrá la Legislatura
aumentar el monto de las partidas del cálculo de recursos
presentado por el Poder Ejecutivo, ni autorizar por la ley
de presupuesto una suma de gastos mayor que la de recursos,
salvo el derecho del Poder Legislativo de crear nuevos
impuestos o aumentar las tasas.
9º. El número de puestos y el monto de los sueldos
proyectados por el Poder Ejecutivo en la ley de
presupuesto, no podrán ser aumentados en ésta y dichos
aumentos sólo se harán por medio de proyectos de ley que
seguirán la tramitación ordinaria.
10º. En el caso de que el Poder Ejecutivo no remitiera
el proyecto de ley de presupuesto general de la
administración antes de terminar el octavo mes de sesiones
ordinarias de la Legislatura y ésta considere necesario
modificar el que rige, procederá a hacerlo tomando éste por
base. Pronunciada tal resolución, corresponde a la Cámara
de Diputados formular el proyecto de ley de presupuesto.
Si el Poder Ejecutivo no remitiera el proyecto de ley
de presupuesto general dentro de los ocho meses de
iniciadas las sesiones ordinarias y si la Legislatura en el
resto del período de dichas sesiones, no resolviera usar de
la facultad acordada precedentemente, se tendrá el
presupuesto en vigencia, como ley de presupuesto para el
11º. Las leyes impositivas regirán en tanto la
Legislatura no las derogue ni las modifique, debiendo estas
modificaciones hacerse por medio de ley especial.
12º. Crear impuestos transitorios, especificando este
carácter y determinando el objeto de su creación. Su
producido se aplicará exclusivamente al objeto que lo
motiva y su recaudación cesará tan pronto como éste quede
cumplido. Pero si producida la liquidación resultara un
saldo excedente, éste pasará a rentas generales.
13º. Aprobar, observar o desechar las cuentas de
inversión que le remitirá el Poder Ejecutivo en todo el mes
de julio de cada período ordinario, abrazando el movimiento
administrativo hasta el 31 de diciembre próximo anterior.
Deberán formar parte de la cuenta de inversión y ser
incluidos en el presupuesto general la totalidad de los
recursos provinciales que sean administrados por cualquier
entidad, dirección, comisión, junta, delegación o
fideicomiso, incluso aquellos que sean compartidos con
otras jurisdicciones en la parte correspondiente. Y estarán
sujetos a la fiscalización de los organismos competentes.
14º. Crear o suprimir empleos para la mejor
administración de la Provincia, siempre que no sean de los
establecidos por esta Constitución, determinando sus
atribuciones, responsabilidades y su dotación.
15º. Dictar leyes estableciendo los medios de hacer
efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios
y, especialmente, de los recaudadores de renta, tesorero de
la Provincia y demás administradores de dineros públicos.
16º. Fijar las divisiones territoriales para la mejor
17º. Conceder amnistías por infracciones establecidas
18º. Autorizar la cesión de parte del territorio de la
Provincia, con dos tercios de votos de los presentes en
sesión, para objetos de utilidad pública nacional o
provincial; y con unanimidad de votos de la totalidad de
ambas cámaras, cuando dicha cesión importe desmembramiento
del territorio o abandono de jurisdicción dentro de los
límites prescriptos por la Constitución Nacional.
19º. Legislar sobre tierras públicas de la Provincia
debiendo dictarse una ley general sobre la materia.
20º. Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios
para poner en ejercicio los poderes y autoridades que
21º. Calificar los casos de expropiación por causa de
22º. Autorizar la ejecución de obras públicas exigidas
por el interés de la Provincia.
23º. Dictar las leyes de organización y de
procedimientos de los tribunales ordinarios y la del juicio
24º. Autorizar el establecimiento de bancos dentro de
las prescripciones de la Constitución Nacional.
25º. Facultar al Poder Ejecutivo, con la mitad más uno
de los miembros de cada cámara, para contraer empréstitos o
emitir fondos públicos con bases y objetos determinados, no
pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos
ordinarios de la administración.
Los papeles de crédito público emitidos, llevarán
transcriptas las disposiciones de la ley autorizante.
En ningún caso la totalidad de los servicios de los
empréstitos comprometerán más de la cuarta parte de las
rentas de la Provincia y, ni el numerario obtenido de los
mismos, ni los fondos públicos que se emitan, podrán ser
aplicados a otros objetos que los determinados por la ley
26º. Dictar la ley de elecciones generales de la
27º. Conceder o negar licencia al gobernador y
vicegobernador para salir temporalmente fuera de la
Provincia, o de la Capital por más de quince días, por
razones ajenas al desempeño del cargo.
28º. Crear reparticiones autárquicas pudiendo darles
facultad para designar su personal y administrar los fondos
que se les asigne, dentro de las prescripciones de la ley
29º. Reglamentar el uso público de símbolos o
distintivos que no pertenezcan a la Nación Argentina o a
30º. Legislar sobre asistencia social con miras a
racionalizar la administración de los diversos servicios, a
coordinarlos y a organizar el contralor de las inversiones
de dineros públicos hechas por intermedio de las
asociaciones benéficas privadas.
31º. Dictar todas aquellas leyes necesarias para el
mejor desempeño de las anteriores atribuciones y para todo
asunto de interés público y general de la Provincia, que
por su naturaleza y objeto no corresponda privativamente al
Las leyes pueden tener origen en cualesquiera de las
cámaras, por proyectos presentados por sus miembros, por el
Poder Ejecutivo, por el Superior Tribunal de Justicia
cuando se tratare de materias vinculadas a la organización
judicial, y por el pueblo ejerciendo el derecho de
Todos los proyectos deberán tener tratamiento
Para que un proyecto de ley sea sancionado sobre
tablas, será necesario dos tercios de votos de los
presentes y esa sanción no podrá recaer en general y
particular en un mismo día, en ambas cámaras.
Aprobado un proyecto por la cámara de su origen, pasa
para su discusión a la otra cámara. Aprobado por ambas,
pasa al Poder Ejecutivo para su examen, y si también lo
aprueba, lo promulga como ley.
Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo
proyecto no devuelto en el término de diez días hábiles.
Si antes del vencimiento de los diez días hubiese
tenido lugar la clausura de las cámaras, el Poder Ejecutivo
deberá, dentro de dicho término, remitir el proyecto vetado
a la secretaría del Senado, sin cuyo requisito no tendrá
efecto el veto.
Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de
las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año,
sino cuando vuelva a presentarse y fuera apoyado, por dos
tercios de votos de los miembros presentes de la cámara que
lo rechazó. Si sólo fuera adicionado o corregido por la
cámara revisora, volverá a la de su origen y si en ésta se
aprobaran las adiciones o correcciones por mayoría
absoluta, pasará al Poder Ejecutivo. Si las adiciones o
correcciones fueran desechadas volverá por segunda vez el
proyecto a la cámara revisora, y si aquí fuesen nuevamente
sancionadas por una mayoría de dos terceras partes de sus
miembros, pasará el proyecto a la otra cámara y no se
entenderá que ésta reprueba dichas adiciones o
correcciones, si no concurre para ello el voto de dos
Si el Poder Ejecutivo desechara en todo o en parte un
proyecto de ley sancionado, vuelve con sus observaciones a
la Legislatura, debiendo el presidente de la Asamblea
pasarlo sin más trámite a las comisiones de ambas cámaras
que tuvieron a su cargo el estudio del proyecto, las que
constituidas en una sola comisión, deberán estudiar las
observaciones del Poder Ejecutivo, debiendo expedirse
dentro de un plazo no mayor de diez días.
Transcurrido dicho término y aunque la comisión no se
hubiere expedido, dentro de las cuarenta y ocho horas
subsiguientes, las secretarías de ambas cámaras citarán
para un término no mayor de tres días a sesión plenaria de
la Legislatura, la que deberá pronunciarse dentro de los
quince días a contar de la fecha establecida en la primera
convocatoria. A este efecto regirán las disposiciones
contenidas en el artículo 107.
Si la Asamblea no se expidiera dentro del plazo
señalado, en caso de veto total se considerará rechazado el
proyecto y si el veto fuera parcial se tendrán por
aprobadas las proposiciones del Poder Ejecutivo.
Si se insiste en la primera sanción por dos tercios de
votos presentes, o se aceptan por mayoría absoluta de los
presentes las observaciones del Poder Ejecutivo, el
proyecto será comunicado a éste para su cumplimiento.
Las votaciones serán nominales y, tanto los nombres de
los sufragantes como los fundamentos que hayan expuesto y
las observaciones del Poder Ejecutivo, se publicarán
inmediatamente por la prensa. En caso de veto total, no
existiendo los dos tercios para la insistencia, el proyecto
no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
El veto parcial no invalida el resto de la ley que
podrá ser puesta en vigor en las partes no afectadas por el
mismo siempre que su aprobación parcial no altere el
espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por la
A los efectos de este artículo y en el caso del
artículo 127, se considerarán prorrogadas las sesiones por
el término necesario para el pronunciamiento de la
Toda ley modificada en parte se publicará íntegra,
incorporando a su texto las modificaciones, con excepción
de los códigos de procedimientos u otras leyes que por su
larga extensión hagan inconveniente la reimpresión, en cuyo
caso, esta prescripción se cumplirá en cada nueva edición.
Cuando en una ley se citen o se incorporen prescripciones
de otra, las partes que se citen o incorporen, se
insertarán íntegramente.
El Poder Ejecutivo debe realizar la publicación dentro
de los ocho días de promulgada la ley. En su defecto, el
presidente de cualquiera de las cámaras legislativas, la
dispondrá en un diario provincial de amplia difusión,
teniendo la misma carácter de publicación oficial.
Cuando se haga la publicación oficial de las leyes de
la Provincia, se enumerarán ordinalmente y, en adelante, se
mantendrá la numeración correlativa por la fecha de
La ley dispondrá las medidas que aseguren la
actualización y consolidación permanente del orden
normativo provincial. Se confeccionará además un anexo de
derecho histórico, conteniendo las disposiciones derogadas.
En la sanción de las leyes, se usará la siguiente
fórmula: "La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos,
sanciona con fuerza de ley".
Ambas cámaras sólo se reunirán para el desempeño de
2º. Recibir el juramento de ley del gobernador y
3º. Tomar en consideración la renuncia de los mismos
4º. Declarar, con dos tercios de los votos presentes
de cada cámara, los casos de impedimento del gobernador,
vicegobernador o de la persona que ejerza el Poder
5º. Realizar la elección de gobernador y
vicegobernador que prevé el artículo 159.
6º. Considerar el veto del Poder Ejecutivo en la forma
prescripta por el artículo 129.
Todos los nombramientos deberán hacerse por mayoría
absoluta de los presentes. Si hecho el escrutinio no
resultare candidato con mayoría absoluta, deberá repetirse
la votación contrayéndose a los candidatos que hubiesen
obtenido más votos en la anterior, y en caso de empate,
decidirá el presidente.
De las excusaciones que se presenten de nombramientos
hechos por la Asamblea, conocerá ella misma, procediendo
según fuese su resultado.
Las reuniones de la Asamblea General serán presididas
por el vicegobernador, en su defecto, por el vicepresidente
primero del Senado o por el presidente de la Cámara de
Diputados; a falta de ambos, por el legislador que designe
No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría de la
totalidad de los miembros que la forman, salvo para la
apertura del período legislativo y para recibir juramento
del gobernador y vicegobernador, en cuyos casos, podrá
hacerlo con la presencia de cualquier número.
Están sujetos al juicio político, el gobernador,
vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, los
miembros del Superior Tribunal de Justicia, de sus salas y
La acusación de los funcionarios sujetos a juicio
político, será formulada ante la Cámara de Diputados, por
cualesquiera de sus miembros o por cualquier particular.
La acusación se hará por escrito, determinando con
toda precisión los hechos que sirvan de fundamento a
Son causales para el enjuiciamiento político el mal
desempeño o la incapacidad física o mental sobreviniente
que evidencie falta de idoneidad para el cargo.
Presentada la denuncia, pasará sin más trámite a la
Comisión de Investigación, que nombrará la Cámara de
Diputados en su primera sesión ordinaria, no pudiendo
facultar al presidente para que la nombre.
Dicha comisión tendrá por objeto investigar la verdad
de los hechos en que se funda la acusación, teniendo para
ese efecto las más amplias facultades.
El acusado tendrá derecho de ser oído por la Comisión
de Investigación, de interpelar por su intermedio a los
testigos y de presentar los documentos de descargo que
tuviere. Tendrá también el deber de contestar a todas las
preguntas que la comisión le dirija respecto a la
La Comisión de Investigación consignará por escrito
todas las declaraciones e informes relativos al proceso y
terminado que haya su cometido, pasará a la cámara, con
todos sus antecedentes, un informe escrito en que hará
mérito de aquéllos y expresará su dictamen en favor o en
contra de la acusación.
La Comisión de Investigación deberá terminar su
diligencia en el perentorio término de treinta días.
La cámara decidirá sin más trámite si se acepta o no
el dictamen de la Comisión de Investigación, necesitando
para aceptarlo dos tercios de votos de la totalidad de sus
miembros, cuando el dictamen fuera favorable a la
acusación. El quórum para esta sesión se compondrá de tres
cuartos de los miembros de la cámara.
En todo el trámite de juicio político no se admitirá
la recusación de los integrantes de ninguna de las cámaras
Desde el momento en que la cámara haya aceptado la
acusación contra un funcionario público, éste quedará de
hecho suspendido en el ejercicio de sus funciones, gozando
de medio sueldo.
Admitida la acusación por la Cámara de Diputados,
nombrará ésta una comisión de cinco de sus miembros para
que la sostenga ante la Cámara de Senadores, juez de la
causa, a la cual le será comunicado dicho nombramiento y la
aceptación de la acusación.
El Senado se constituirá en Corte de Justicia,
prestando cada uno de sus miembros un juramento especial de
fallar conforme a los dictados de su conciencia.
El Senado constituido en Corte de Justicia será
presidido por el Presidente del Superior Tribunal de
Justicia, o por su suplente legal, cuando el acusado sea el
gobernador, el vicegobernador o un ministro del Poder
Ejecutivo, y por el vicepresidente primero del Senado o por
el vicepresidente segundo en su defecto, cuando el acusado
sea un miembro del Poder Judicial.
Ante el Senado los términos serán fijos y perentorios,
el proceso verbal y la sentencia por votación nominal, todo
ello de conformidad a lo que la ley de la materia
El Senado no podrá funcionar como Corte de Justicia
con menos de los dos tercios de la totalidad de sus
miembros, ni pronunciar sentencia condenatoria, sino por la
mayoría de los votos de esa misma totalidad. Deberá
reunirse para tratar la acusación a los cinco días de
presentada ésta y finalizar el juicio dentro del perentorio
término de noventa días.
La pena en el juicio político deberá concretarse a la
separación del funcionario acusado, y aun a la
inhabilitación para ejercer cargos públicos por tiempo
determinado. Pero cuando del proceso resulte constatado un
crimen o delito común, el reo será entregado a la justicia
ordinaria con todos los antecedentes de su causa, para que
le aplique la pena respectiva.
Vencido el término legal sin que medie un
pronunciamiento del Senado, tal omisión crea una
presunción, que no admite prueba en contrario, en favor de
la inocencia del acusado, quien se reintegrará a la
posesión de su cargo, sin que se le pueda oponer los
efectos de una condena dictada con posterioridad.
En toda la tramitación del juicio político se deberá
asegurar el derecho de defensa, con asistencia letrada.
El fallo que disponga la separación del funcionario
deberá motivarse por escrito. El voto favorable a la
propuesta, importará la adhesión a sus fundamentos, salvo
que el legislador haya expresado las razones que sustenten
su posición. Cada hecho motivo de acusación será votado
Siendo absuelto el funcionario acusado, reasumirá
inmediatamente las funciones de su cargo, debiendo en tal
caso, como en el previsto por el artículo anterior,
integrársele su sueldo por el tiempo de suspensión.
Cualquiera que sea la sentencia del Senado, será
inmediatamente publicada.
El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano
con el título de gobernador de la Provincia.
Al mismo tiempo y por el mismo período que se elige
aquél, se nombrará un vicegobernador.
Para ser elegido gobernador o vicegobernador, se
2º. Ser ciudadano natural o hijo de argentino que haya
optado por la ciudadanía de sus padres.
3º. Estar domiciliado en la Provincia, el ciudadano no
nacido en ésta, cuando menos dos años inmediatos a la
elección, a no ser que la ausencia hubiese sido por
servicios de la Nación o de la Provincia.
El gobernador y vicegobernador durarán cuatro años en
el ejercicio de sus funciones y cesarán en ellas el mismo
día que expire el período legal, sin que evento alguno
pueda ser motivo para su prorrogación por un día más, ni
tampoco para que se le complete más tarde, cuando el
período haya sido interrumpido.
En caso de acefalía del cargo de gobernador, sus
funciones serán desempeñadas por el vicegobernador, que las
ejercerá durante el resto del período constitucional.
Cuando se trate de un impedimento temporal, hasta que cese
dicho impedimento.
En caso de impedimento temporal del vicegobernador,
éste será reemplazado por el vicepresidente primero del
Senado, presidente de la Cámara de Diputados o presidente
del Superior Tribunal de Justicia, por su orden.
En caso de acefalía simultánea del gobernador y
vicegobernador, el Poder Ejecutivo, será ejercido por el
vicepresidente primero del Senado y, en defecto de éste,
por el presidente de la Cámara de Diputados y, en el de
ambos, por el presidente del Superior Tribunal de Justicia,
quienes convocarán a elección para reemplazarlos dentro de
tres días, siempre que faltaran más de dos años para
terminar el período constitucional. Si faltara menos de dos
años, aquellos funcionarios asumirán el Poder Ejecutivo
interinamente y la Legislatura, reunida en Asamblea, por
mayoría absoluta de los presentes, designará gobernador y
vicegobernador, pudiendo ser electo un miembro de la
Legislatura o cualquier ciudadano que reúna las condiciones
del artículo 156. A este objeto, la Asamblea deberá ser
citada especialmente por su presidente en ejercicio con
anticipación de cinco días por lo menos y para un plazo no
mayor de diez días.
En ambos casos, la elección se hará para completar el
período constitucional y no podrá recaer en la persona que
ejerce el Poder Ejecutivo.
En el primer caso del artículo anterior, la elección
se practicará reduciendo a la mitad de los términos del
proceso eleccionario, con excepción del plazo de la
convocatoria, y los electos tomarán posesión de sus cargos
dentro de los quince días de verificado el escrutinio y
hecha la proclamación.
El gobernador y el vicegobernador podrán ser reelectos
o sucederse recíprocamente solamente por un período en
forma consecutiva o alternada.
El tratamiento oficial del gobernador y del
vicegobernador será el de “Señor gobernador” y “Señor
vicegobernador”.
El gobernador y el vicegobernador en ejercicio de sus
funciones, residirán en la capital y no podrán ausentarse
del territorio de la Provincia sin permiso de la
Legislatura, o de la capital por más de quince días.
En el receso de las cámaras, solo podrán ausentarse
por un motivo urgente y por el tiempo indispensable, dando
cuenta a aquéllas oportunamente.
Al tomar posesión del cargo el gobernador y
vicegobernador prestarán juramento por la Patria y sus
creencias o principios, ante el presidente de la Asamblea
Legislativa, en los términos siguientes: "Yo, N. N., juro
por la Patria y ... cumplir y hacer cumplir la Constitución
Nacional y la de la Provincia y desempeñar con lealtad y
honradez el cargo de gobernador (o vicegobernador). Si así
no lo hiciera, la Patria y … me lo demanden".
Los servicios del gobernador y del vicegobernador
serán remunerados por el tesoro de la Provincia y esta
remuneración no podrá ser alterada en el período de su
nombramiento. Durante éste, no podrán ejercer otro empleo
ni recibir otro emolumento de la Nación o de la Provincia.
El sueldo del gobernador y del vicegobernador será fijado
El gobernador y vicegobernador deberán recibirse el
día designado por la ley, considerándose dimitentes si no
En caso de encontrarse fuera de la República, o de
mediar impedimento legal, podrán hacerlo hasta seis meses
El despacho de los asuntos administrativos de la
Provincia estará a cargo de ministros secretarios. Una ley
especial, cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo,
fijará el número de ellos y deslindará las ramas,
competencias y las funciones adscriptas a cada uno de los
Para ser nombrado ministro se requiere ser ciudadano
argentino y tener veinticinco años de edad.
Los ministros secretarios despacharán de acuerdo con
el gobernador y refrendarán con sus firmas las resoluciones
de éste, sin cuyo requisito no tendrán efecto, ni se les
dará cumplimiento.
Podrán, no obstante, expedirse por sí solos en todo lo
referente al régimen interno de sus respectivos
departamentos y dictar resoluciones de trámite.
Serán responsables de todas las órdenes y resoluciones
que autoricen, sin que puedan pretender eximirse de
responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del
Los ministros deben asistir a las sesiones de las
cámaras cuando fueren llamados por ellas; pueden también
hacerlo cuando lo crean conveniente y tomar parte en sus
discusiones, pero no tendrán voto.
En el octavo mes de sesiones ordinarias de la
Legislatura, los ministros le presentarán la memoria
detallada del estado de la administración de su respectivo
departamento, indicando en ella las reformas que más
aconseje la experiencia.
Los ministros tendrán el tratamiento oficial de “Señor
ministro” y gozarán por sus servicios de un sueldo
establecido por la ley, que no podrá ser alterado durante
el tiempo que desempeñen sus funciones.
1º. Participar de la formación de las leyes, con
arreglo a esta Constitución, iniciándolas por medio de
proyectos, proponiendo la derogación o modificación de las
existentes o concurriendo a las discusiones de la
Legislatura por medio de sus ministros.
2º. Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la
Provincia facilitando su cumplimiento por reglamentos y
disposiciones especiales que no alteren su espíritu.
3º. Vetar las sanciones de la Legislatura, expresando
en detalle los fundamentos del veto.
4º. Indultar o conmutar las penas impuestas, dentro de
la jurisdicción provincial, previo informe favorable del
Superior Tribunal, excepto en los casos de delitos
electorales y con respecto a los funcionarios sometidos al
procedimiento del juicio político o del jurado de
5º. Representar a la Provincia en las relaciones
oficiales con el Poder Ejecutivo nacional y demás
6º. Celebrar y firmar tratados parciales con otras
intereses económicos y trabajos de utilidad común,
sometiéndolos a la Legislatura para su aprobación, y
oportunamente, al Congreso de la Nación, conforme al
artículo 125 de la Constitución Nacional.
7º. Instruir a las cámaras con un mensaje, a la
apertura de sus sesiones, sobre el estado general de la
8º. Presentar dentro de los ocho meses de sesiones
ordinarias de las cámaras, el proyecto de ley de
presupuesto general de la administración y de las
reparticiones autárquicas, acompañado del plan de recursos,
el que no podrá exceder del mayor ingreso anual del último
quinquenio, salvo en lo calculado por nuevos impuestos o
aumentos de tasas. Dicho plazo se considerará
9º. Dar cuenta a la Legislatura, dentro de los ocho
meses de sus sesiones ordinarias, del uso y ejercicio del
10º. Decretar la inversión de la renta con arreglo a
las leyes, debiendo hacer público mensualmente el estado de
11º. Hacer recaudar los impuestos y rentas de la
Provincia debiendo los funcionarios encargados de la
recaudación ejecutar administrativamente el pago en la
forma que determine la ley, quedando libre al contribuyente
su acción de ocurrir a los Tribunales para la decisión del
caso, previa constancia de haber pagado.
13º. Convocar a sesiones extraordinarias a la
Legislatura, especificando el objeto o determinando los
asuntos comprendidos en la convocatoria.
14º. Expedir las órdenes convenientes para toda
elección popular en la oportunidad debida y sin poder por
motivo alguno diferirlas sin acuerdo de las cámaras, salvo
lo dispuesto en el artículo 88.
15º. Nombrar a los ministros secretarios y demás
empleados de la administración, cuyo nombramiento no esté
acordado a otro poder. Expedir títulos y despachos a los
16º. Nombrar, con acuerdo del Senado, los miembros del
Superior Tribunal de Justicia, los titulares del Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa, fiscal de Estado, contador
general, tesorero general, miembros del Tribunal de
Cuentas, director general de escuelas, vocales del Consejo
General de Educación y los demás funcionarios para los
Someter al acuerdo del Senado la propuesta para la
designación de los restantes magistrados y funcionarios de
los Ministerios Públicos, escogidos de una terna vinculante
que, previo concurso público, le remitirá el Consejo de la
Magistratura. Obtenido el mismo, proceder al nombramiento
17º. Exonerar a los ministros secretarios de Estado y,
en la forma que determine la ley respectiva, a los demás
funcionarios y empleados cuyos nombramientos le esté
atribuido, con excepción de los sujetos a juicio político y
al jurado de enjuiciamiento.
18º. Nombrar a los jueces de paz, a propuesta en terna
de los municipios o comunas del lugar de asiento del mismo.
19º. Prestar el auxilio de la fuerza pública a los
Tribunales de Justicia, a los presidentes de las cámaras
legislativas, a los municipios de la Provincia y demás
autoridades, conforme a la ley y cuando lo soliciten.
20º. Tomar las medidas necesarias para conservar la
paz y el orden público, por todos los medios que no estén
expresamente prohibidos por esta Constitución y leyes
21º. Ejercer la policía de la Provincia y la
vigilancia e inspección de los establecimientos públicos de
22º. Ejercer inspección sobre las oficinas del
registro del estado civil de las personas, exigiendo y
promoviendo la corrección inmediata de las irregularidades
y deficiencias que se noten.
23º. Conceder jubilaciones y pensiones conforme a la
ley de la materia. Esta función es irrenunciable y deberá
ejercerse por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que es
el ente autárquico provincial encargado de atender el
sistema previsional, a efectos de emitir el acto
24º. Conocer y resolver originaria o recursivamente,
por sí o con intervención de la autoridad que la ley
establezca, los asuntos que en materia administrativa le
sean planteados. Contra sus decisiones se podrá accionar
judicialmente en forma directa ante el tribunal en lo
contencioso administrativo, en mérito a lo dispuesto en el
inciso 2º del artículo 205 de esta Constitución.
Es agente inmediato y directo del Gobierno nacional
para hacer cumplir en la Provincia la Constitución, leyes y
disposiciones de la Nación.
No puede expedir resoluciones ni decretos sin la firma
del ministro respectivo. Podrá, no obstante, en caso de
impedimento autorizar por decreto a un empleado
caracterizado para refrendar sus actos, quedando éste
sujeto a las responsabilidades de los ministros.
El Boletín Oficial de la Provincia distribuirá de
manera gratuita a todas las escuelas y bibliotecas públicas
y populares para su libre consulta por la ciudadanía la
publicación de leyes y decretos provinciales. Se dispondrá
su publicación en el medio de almacenamiento de datos de
acceso más completo que permita la tecnología disponible
con validez legal. Los tres poderes del Estado tendrán
garantizada su distribución.
El gobernador y el vicegobernador, en su caso, y los
ministros en los actos que legalicen con su firma o
acuerdos en común, son solidariamente responsables, y
pueden ser acusados ante el Senado.
El Consejo de la Magistratura es un órgano asesor
permanente del Poder Ejecutivo. Tiene competencia exclusiva
para proponerle, previa realización de concursos públicos y
mediante ternas vinculantes, la designación en los cargos
que correspondan de los magistrados y los funcionarios de
los Ministerios Públicos del Poder Judicial.
El Consejo se integra con la representación de: el
Poder Ejecutivo, los abogados matriculados en la Provincia,
los magistrados y funcionarios judiciales, los empleados
del Poder Judicial, miembros de reconocida trayectoria del
ámbito académico o científico y representantes de
organizaciones sociales comprometidas con la defensa del
sistema democrático y los derechos humanos. Será presidido
por un representante del Poder Ejecutivo. La composición
asegurará el equilibrio entre los sectores que lo integran.
Durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos
por una sola vez. Su desempeño será una carga pública
a) Seleccionar, mediante concurso público de
antecedentes, oposición y entrevista personal, siguiendo
criterios objetivos predeterminados de evaluación, a los
postulantes para cubrir los cargos inferiores de
magistrados judiciales y funcionarios de los Ministerios
Públicos Fiscal y de la Defensa.
b) Intervenir en la selección de jueces de paz a
propuesta de los municipios o comunas que lo soliciten.
c) Emitir propuestas en ternas vinculantes y elevarlas
La policía de la ciudad y campaña, estará, en cada
departamento a las órdenes de un jefe de policía nombrado
1º. Ciudadanía natural o legal después de seis años de
Un reglamento general de policía determinará las
funciones y responsabilidades de los empleados, así como la
organización que deben tener las policías.
El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un
Superior Tribunal de Justicia y demás tribunales o jurados
que las leyes establezcan.
El Superior Tribunal se compondrá por un número impar
de miembros que no podrá ser inferior a cinco. Podrá
dividirse en salas que entenderán en las distintas materias
del derecho, en el número que lo requieran las necesidades
judiciales. En caso de creación de nuevas salas, la ley
determinará su jurisdicción y competencia, la forma en que
se distribuirá el trabajo entre las de la misma materia y
su conformación y funcionamiento, en los casos previstos
por esta Constitución cuando deba actuar como tribunal
Para ser miembro del Superior Tribunal, Procurador
General o Defensor General, se requiere ser ciudadano
argentino, tener título nacional de abogado, treinta años
de edad, seis por lo menos en el ejercicio activo de la
profesión de abogado o de la magistratura.
Los miembros del Superior Tribunal serán inamovibles
mientras dure su buena conducta y sólo podrán ser removidos
mediante el juicio político, en la forma establecida en
Para ser juez de primera instancia se requiere ser
ciudadano argentino, tener título de abogado nacional,
veintisiete años de edad y cinco por lo menos, en el
ejercicio activo de la profesión o en la magistratura.
La justicia de paz será letrada y funcionará en
aquellos centros de población que, previo informe favorable
del Superior Tribunal, la ley establezca conforme al grado
de litigiosidad, extensión territorial y población. La
competencia de la justicia de paz será establecida por la
Para desempeñar el cargo de juez de paz, deberán
observarse los requisitos del artículo 190 debiendo la ley
señalar las condiciones para el funcionamiento de los
respectivos juzgados, garantizando en ellos procedimientos
que respondan a los principios de inmediatez, informalidad,
celeridad, accesibilidad y economía procesal aplicando, en
la medida de lo posible, las formas alternativas de
Los miembros del Superior Tribunal de Justicia, los
titulares de los Ministerios Públicos, y los demás
magistrados y funcionarios del Poder Judicial serán
designados de la forma prevista por los artículos 103,
inciso 2° y 175, incisos 16º y 18º.
Los funcionarios letrados de la administración de
justicia serán inamovibles mientras dure su buena conducta,
y los no sujetos a juicio político, sólo podrán ser
removidos por el jurado de enjuiciamiento, en la forma
Los funcionarios judiciales letrados, percibirán por
sus servicios, una compensación que determinará la ley la
cual será pagada en época fija y no podrá ser disminuida
mientras permaneciesen en sus funciones.
Los magistrados y funcionarios judiciales no podrán
formar parte de corporación o centro político, inmiscuirse,
en grado o en forma alguna, en actividades políticas, ni
ejercer su profesión en ningún foro ni ante ningún
La violación de estas normas implicará una falta grave
a los efectos de su enjuiciamiento en la forma prevista en
Todo funcionario judicial, antes de entrar en el
ejercicio de sus funciones, deberá prestar juramento en la
forma y ante la autoridad que la ley determine, so pena de
nulidad de lo que actuare sin llenar esta formalidad.
Los magistrados y funcionarios judiciales tendrán el
tratamiento oficial de “Señor”, antecediendo a la
denominación del cargo que ocupa.
Los magistrados y funcionarios de la Justicia Federal
no podrán ejercer su profesión ante la jurisdicción
No podrán ser simultáneamente miembros del Superior
Tribunal los parientes o afines dentro de cuarto grado
civil, ni conocer en asuntos que hayan resuelto como
jueces, parientes o afines dentro de dicho grado. En caso
de parentesco sobreviniente, el que lo causare, abandonará
Los representantes del ministerio fiscal y ministerio
pupilar en todas las instancias, quedarán equiparados a los
miembros del Poder Judicial y en cuanto a las garantías
establecidas en su favor en cuanto a las obligaciones
especiales que les impone esta Constitución no pudiendo ser
removidos sino por el jurado de enjuiciamiento, en la forma
Toda vacante en la magistratura deberá ser provista
dentro del termino de treinta días de producida. En caso
contrario, el Superior Tribunal proveerá a la designación
en carácter provisorio.
El Poder Judicial conoce y decide en los casos
contenciosos o voluntarios del derecho común, en las causas
criminales, en las contencioso-administrativas y en los
demás casos previstos en esta Constitución, siendo su
potestad, en tal sentido, exclusiva, no pudiendo el Poder
Legislativo o Ejecutivo, en ningún caso, arrogarse
atribuciones judiciales ni hacer revivir procesos
fenecidos, ni finalizar los existentes.
El Superior Tribunal de Justicia tendrá las siguientes
atribuciones generales, conforme a la reglamentación de las
leyes respectivas:
a) Representar al Poder Judicial de la Provincia y
ejercer la superintendencia general de la administración de
b) Nombrar y remover los empleados inferiores del
c) Remover los jueces de paz legos, mientras
d) Dictar su reglamento interno y el de los juzgados
e) Sin perjuicio de la facultad de iniciativa
legislativa conferida por el artículo 123, hacer saber al
Poder Ejecutivo las necesidades que se señalen en el
ejercicio de la administración de justicia, a efecto de que
solicite a la Legislatura, la sanción de las leyes
f) Evacuar con carácter obligatorio los informes
relativos a la administración judicial que le requiriesen
el Poder Ejecutivo o cualesquiera de las cámaras.
En materia judicial, el Superior Tribunal de Justicia
tiene las siguientes atribuciones, de conformidad a las
normas que establezcan las leyes de la materia:
1º. Ejercerá jurisdicción, originaria y exclusiva, en los
a) En las causas que le fueran sometidas sobre
competencia o conflictos entre los poderes públicos
de la Provincia o entre las ramas de un mismo
b) En los conflictos internos de las municipalidades y
comunas y en los que se susciten entre ellas, y
entre éstas y las autoridades de la Provincia.
c) En las gestiones acerca de la constitucionalidad de
leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o
reglamentos que estatuyan en materia regida por
esta Constitución, que se promuevan directamente
ante el mismo por vía de acción.
d) En los recursos de revisión de causas fenecidas
cualquiera sea la pena impuesta.
e) En las cuestiones de competencia o de jurisdicción
entre sus salas.
f) En los recursos por retardo o denegación de
justicia interpuestos contra sus salas.
h) En las acciones de responsabilidad civil contra sus
miembros y contra los jueces de primera instancia.
i) En los asuntos administrativos o gestiones de
jurisdicción voluntaria que se deriven del
ejercicio de la superintendencia.
2º. Ejercerá jurisdicción, como Tribunal de última
a) En las causas sobre constitucionalidad o
inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas,
resoluciones o reglamentos que estatuyan sobre materia
regida por esta Constitución y que se hayan promovido
ante los juzgados de primera instancia.
b) En los demás casos establecidos en las leyes
c) En las causas contencioso administrativas atinentes
al reconocimiento de los derechos, previa denegación o
retardo de la autoridad administrativa competente, en la
forma en que lo determine la ley respectiva. La vía
judicial quedará directamente habilitada, a partir de la
denegación expresa o tácita dictada, según los casos,
por el gobernador, el presidente de cada una de las
cámaras legislativas, el Superior Tribunal de Justicia
en actos de gobierno, o mediando resolución definitiva
de los entes autónomos o autárquicos, o de los ministros
en los casos que las leyes lo establezcan. Por ley se
podrán establecer otros supuestos en los que el
agotamiento de la etapa administrativa se produzca en
estamentos inferiores. Todo ello, sin perjuicio del
control de legalidad que el Poder Ejecutivo realizará,
cuando corresponda, respecto de los organismos de su
En tales causas, el Superior Tribunal tendrá facultad
para mandar cumplir directamente sus sentencias por las
oficinas o empleados respectivos, si la autoridad
administrativa no lo hiciere dentro del plazo que
establezca la sentencia. Los empleados a que alude este
artículo, serán responsables por la falta de cumplimiento
de las resoluciones del Superior Tribunal.
La administración de justicia se regirá por leyes
especiales que deslinden las atribuciones respectivas de
todos los tribunales y determinen el orden de sus
Los tribunales y jueces de la Provincia están
obligados a publicar mensualmente la lista de los juicios
pendientes de resolución o sentencia definitiva.
El Ministerio Público es un órgano autónomo en sus
funciones, siendo parte integrante del Poder Judicial.
Se compone de dos ramas independientes entre sí,
Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la
Defensa, presididas por el Procurador General y el Defensor
General respectivamente, y se integra por los funcionarios
y empleados que se establezcan, respecto a los cuales les
compete el ejercicio de la superintendencia.
Tiene como misión promover la actuación de la justicia
en defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés público en todas las causas y
asuntos que se le imponga. En el caso del Ministerio
Público Fiscal, ejerce la acción penal pública y conduce la
investigación, con arreglo a los principios de legalidad,
objetividad, imparcialidad, especialidad, oportunidad,
unidad de actuación y dependencia jerárquica. En el caso
del Ministerio de la Defensa, le compete la asistencia
integral de su representado.
Designa y remueve su personal, propone y ejecuta su
presupuesto. Tiene, respecto a los funcionarios de sus
ministerios, la atribución de cubrir con carácter
provisorio toda vacante atendiendo, si las hubiere, las
nóminas del Consejo de la Magistratura y hasta que sea
cubierta mediante el sistema previsto por esta
La actuación y organización general será regulada por
la ley, en la que el régimen subrogatorio deberá
establecerse para que se articule dentro de la estructura
respectiva, pudiendo solo excepcionalmente hacerse de otro
Un Fiscal del Ministerio Público, con competencia en
el territorio de la Provincia, tendrá a su cargo, la
investigación y acusación de los hechos de corrupción y
otros delitos contra la administración pública. Su titular
y demás integrantes serán fiscales designados con
intervención del Consejo de la Magistratura. La Procuración
General asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la
continuidad y estabilidad, para el cumplimiento de su
El fiscal de Estado es el encargado de defender el
patrimonio del Estado Provincial. Es parte legítima y
necesaria en los juicios contencioso-administrativos, de
inconstitucionalidad y en toda controversia judicial en que
se afecten intereses del Estado, pudiendo tomar
intervención en los juicios de interés municipal cuando la
gravedad de la cuestión, a su criterio, pudiera comprometer
al erario provincial. La ley determinará los casos en que
el Poder Ejecutivo podrá requerirle opinión o dictamen, y
en los que realizará el cobro judicial de las acreencias
fiscales y la forma en que ha de cumplir sus funciones.
Ejerce el control de legalidad de todos los actos del
poder público. Promueve la acción de inconstitucionalidad
contra leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y
cualquier acto que viole o contradiga una disposición de
esta Constitución o de la Constitución Nacional, o cuando
sean contrarios a los intereses del Estado. En estos
supuestos, la representación del gobierno estará a cargo
del funcionario que la ley designe.
Antes del 31 de marzo de cada año informará el listado
de juicios en trámite y su estado al gobernador y a la
Para ser fiscal de Estado se requieren las mismas
condiciones que para ser Procurador General de la
Provincia. Es inamovible mientras dure su buena conducta y
enjuiciable en la misma forma que éste.
La Contaduría General es el órgano rector de la
contabilidad de la administración que tiene a su cargo el
control interno de la gestión económico, financiera y
patrimonial de la hacienda pública. Dicta las normas de
contabilidad, elabora la cuenta general del ejercicio y los
demás estados e informes sobre la gestión presupuestaria,
financiera, económica y patrimonial. Está a cargo de un
Interviene preventivamente en todos los actos que
generen libramientos de pago con cargo a fondos previstos
en el presupuesto general o en otras leyes que los
autoricen, sin que ello implique sustituir los criterios de
oportunidad o mérito. Verifica, antes de la contratación,
el cumplimiento del procedimiento respectivo. Sin su
aprobación no podrán autorizarse gastos ni emitirse órdenes
de pago, salvo si hubiere insistencia por acuerdo de
ministros, en cuyo caso, si mantiene sus observaciones,
deberá dar publicidad inmediata a su resolución y dentro de
los quince días, poner los antecedentes en conocimiento del
La Tesorería General es el órgano rector del sistema
de ingresos, pagos y custodia de las disponibilidades de la
hacienda pública. Está a cargo de un tesorero general.
Recepciona la recaudación de los ingresos de la
administración provincial y efectúa los pagos y las
entregas de fondos, autorizados por la Contaduría General.
Ejerce la supervisión y coordinación de todas las
unidades o servicios de tesorería que operen en la
administración pública, dictando las normas y fijando los
Publica mensualmente, previa presentación al Poder
Ejecutivo, el estado de la tesorería.
Para ser titular de la Contaduría General o de la
Tesorería General se requiere ser ciudadano argentino,
tener treinta años y título universitario de contador
público con seis años de antigüedad.
Sus funciones son incompatibles con el ejercicio
profesional. Durarán ocho años en sus funciones, pudiendo
ser reelectos. Son enjuiciables en la misma forma que los
La ley establecerá la organización de la Contaduría
General y de la Tesorería General así como demás
competencias, atribuciones y responsabilidades.
El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo
con autonomía funcional.
Sin perjuicio de la atribución conferida por el inciso
13º del artículo 122 de esta Constitución, tiene a su cargo
1º. Resolver sobre la percepción e inversión de
caudales públicos a cargo de los funcionarios y
administradores de la Provincia, de las personas o
entidades que manejen fondos públicos y de los municipios,
mientras éstos no cuenten con sus propios órganos de
control. En las contrataciones de alta significación
económica, el control deberá realizarse desde su origen,
sin perjuicio de la verificación posterior correspondiente
a la inversión de la renta. En estos supuestos la ley
deslindará las competencias del Tribunal de Cuentas y de la
2º. Ejercer la auditoría de la administración pública,
entes autárquicos, empresas del Estado y todo otro
organismo estatal que administre, gestione, erogue e
invierta recursos públicos.
3º. Formular instrucciones y recomendaciones
tendientes a prevenir o corregir cualquier irregularidad
vinculada con los fondos públicos, sin que ello implique
sustituir los criterios de oportunidad o mérito que
determinaron el gasto.
El Tribunal de Cuentas no ejerce funciones judiciales.
Las resoluciones sobre las cuentas y las responsabilidades
podrán ser apeladas ante el fuero contencioso
administrativo, las que en estado y, en su caso, serán
giradas a la Fiscalía de Estado para su ejecución.
Presentado el informe del Poder Ejecutivo sobre
ejecución presupuestaria y resultados de la gestión
financiera a la Legislatura, previo a su tratamiento, será
remitido al Tribunal de Cuentas para que dictamine sobre el
El Tribunal deberá remitir a la Legislatura su memoria
y rendición de cuentas del año anterior para su
consideración, antes del 31 de marzo de cada año.
El Tribunal de Cuentas está compuesto por cinco
Un Presidente con título de abogado y dos vocales con
título de contador público. Todos ellos y los fiscales del
Tribunal, que serán contadores y abogados en igual número,
son designados de conformidad con el artículo 217.
Los otros dos vocales, son designados en
representación parlamentaria de la mayoría y la primera
minoría de la Cámara de Diputados, con título de abogado o
de contador público, teniendo mandato hasta el término del
Todos ellos podrán ser removidos por el Jurado de
Enjuiciamiento como los señores jueces y fiscales y tendrán
sus mismas incompatibilidades y prerrogativas. En cuanto a
sus remuneraciones se equipararán a la de los jueces y
fiscales de las Cámaras de Apelaciones.
La Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e
independiente. Su misión es la defensa, protección y
promoción de los derechos humanos y demás derechos,
garantías e intereses tutelados en el ordenamiento
jurídico, frente a hechos, actos u omisiones de la
administración pública y de prestadores de servicios
públicos o privados contratados por el Estado.
Tiene legitimación procesal activa y prelación en sus
presentaciones administrativas y puede solicitar informes y
formular requerimientos a las autoridades públicas y a los
prestadores de servicios. Sus actuaciones serán gratuitas
para quien las requiera.
Está a cargo de un Defensor del Pueblo designado por
ambas cámaras con el voto de al menos dos tercios de los
miembros presentes en sesión especial convocada al efecto.
Debe tener como mínimo treinta años de edad y las demás
condiciones para ser diputado. Goza de iguales inmunidades,
remuneración y prerrogativas que los diputados y le
alcanzan las inhabilidades, incompatibilidades y causales
de remoción establecidas para los jueces. Su mandato es de
cinco años, pudiendo ser reelecto y sólo podrá ser removido
por juicio político. Es asistido por defensores adjuntos
cuyo número, ámbito de actuación y funciones específicas
establecerá la ley.
El Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Estado, el
Tribunal de Cuentas y la Contaduría General son órganos
autónomos en sus funciones, proponen y ejecutan su propio
presupuesto; designan y remueven su personal. El
nombramiento del contador general, del tesorero general, de
los miembros del Tribunal de Cuentas que no tengan otra
forma prevista por esta Constitución y sus fiscales, se
realizará previo concurso público que la ley ordenará
conforme a los siguientes criterios rectores: un jurado de
concurso será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo
el que designará su representante y asegurará la
participación igualitaria de los sectores académicos, de
las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la
promoción de la transparencia y la ética en la función
pública, con personería jurídica y domicilio en la
Provincia y de las entidades representativas de las
profesiones exigidas. Sus integrantes se desempeñarán en
forma honoraria y elegirán una terna que será elevada al
Poder Ejecutivo para su designación con el acuerdo del
Los funcionarios judiciales letrados a que se refieren
los artículos 194 y 201, no sujetos a juicio político,
podrán ser acusados, por faltas o delitos cometidos en el
desempeño de sus funciones, ante el Jurado de
Enjuiciamiento. Estará integrado por tres miembros del
Superior Tribunal, dos legisladores y cuatro abogados
inscriptos en la matrícula de la Provincia y domiciliados
en ella que reúnan los requisitos para ser miembro del
Superior Tribunal; dos designados por organizaciones
sociales en representación ciudadana debidamente
reconocidas en la defensa del sistema democrático y los
derechos humanos. Los restantes integrantes serán sorteados
o designados para que el tribunal quede constituido el 1º
El fiscal de Estado, el contador general, el tesorero
general de la Provincia, los miembros del Tribunal de
Cuentas, el director general de escuelas y vocales del
Consejo General de Educación, quedan sometidos al régimen
La ley respectiva determinará los delitos y faltas de
los funcionarios que autoricen la acusación de los mismos
ante el Jurado y reglamentará el procedimiento a que debe
ajustarse la sustanciación de las causas promovidas.
Los miembros del jurado podrán ser recusados y
excusarse por causa fundada, debiendo, en tal caso,
integrarse en la forma que prescriba la ley respectiva.
El funcionario acusado podrá ser suspendido en su
cargo por el Jurado durante el curso de la sustanciación de
El Jurado pronunciará su veredicto dentro de un
término perentorio de treinta días desde que la causa
quedare en estado, absolviendo o destituyendo al empleado.
En el primer caso, el funcionario quedará restablecido en
la posesión de su cargo y, en el segundo, separado
definitivamente del mismo, sujeto a la ley ordinaria,
debiendo el Jurado comunicar tal hecho a la autoridad
correspondiente a efectos de que se proceda a la
designación de su reemplazante, en la forma prevista en
pronunciamiento del Jurado, tal omisión crea una
posesión de su cargo, sin que se le puedan oponer los
Cada uno de los miembros del Jurado, remiso en el
desempeño de su cargo, será pasible de la sanción que
La ley respectiva determinará la forma en que se
proveerá a la designación de los miembros del Jurado y
Los funcionarios judiciales, enjuiciables ante el
Jurado, acusados de delitos ajenos a sus funciones, serán
juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la
Provincia, no pudiendo ser detenidos sin suspensión previa
decretada por el Jurado, salvo el caso de infraganti
El pronunciamiento definitivo de la justicia ordinaria
será comunicado al Jurado a los efectos del
restablecimiento o separación definitiva del funcionario
El municipio es una comunidad sociopolítica natural y
esencial, con vida urbana propia e intereses específicos
que unida por lazos de vecindad y arraigo territorial,
concurre en la búsqueda del bien común.
Todo centro de población estable de más de mil
quinientos habitantes dentro del ejido constituye un
municipio, que será gobernado con arreglo a las
Se asegura autonomía institucional, política,
administrativa, económica y financiera a todos los
municipios entrerrianos, los que ejercen sus funciones con
independencia de todo otro poder. Los municipios con más de
diez mil habitantes podrán dictar sus propias cartas
Las comunidades cuya población estable legalmente
determinada no alcance el mínimo previsto para ser
municipios constituyen comunas, teniendo las atribuciones
El gobierno de los municipios está compuesto por dos
órganos: uno ejecutivo y otro deliberativo.
El departamento ejecutivo está a cargo de un
funcionario con el título de presidente municipal, que es
elegido por el voto directo del pueblo a simple pluralidad
de sufragios. En la misma fórmula y por el mismo período se
elegirá un vicepresidente municipal.
En caso de empate en el comicio, se convocará a nuevas
elecciones dentro del plazo de diez días de concluido el
escrutinio, entre las fórmulas que hayan igualado, debiendo
el acto eleccionario realizarse dentro de los veinte días
Para ser presidente y vicepresidente municipal, se
requiere tener como mínimo veinticinco años de edad y
cuatro años de residencia inmediata en la jurisdicción.
Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones,
pudiendo ser reelectos o sucederse recíprocamente por un
período consecutivo más y luego sólo por períodos
En caso de ausencia definitiva del cargo del
presidente municipal, sus funciones serán desempeñadas por
el vicepresidente, que las ejercerá durante el resto del
Cuando el impedimento sea temporal y no exceda de
cinco días hábiles, será reemplazado mientras dure el
mismo, por un secretario municipal. Cuando el impedimento
exceda el plazo precedentemente señalado, ejercerá sus
funciones el vicepresidente municipal.
El departamento ejecutivo está obligado a cumplir y
hacer cumplir las ordenanzas dictadas por el concejo
deliberante, administrar los intereses locales y remitir
anualmente una memoria y la cuenta de percepción e
inversión de su administración para su aprobación. Ejercerá
la representación del municipio y demás atribuciones que la
carta o ley orgánica prescriban.
El órgano deliberativo está integrado por un concejo
deliberante presidido por el vicepresidente municipal,
cuyos restantes miembros son elegidos directamente por el
pueblo de acuerdo al sistema de representación
proporcional, en la forma que establece el artículo 91 de
El número de concejales será determinado por la carta
o ley orgánica, según corresponda. Su mandato se extiende a
cuatro años. Para acceder al cargo se requiere mayoría de
edad y tener como mínimo cuatro años de residencia
inmediata en el municipio.
En las deliberaciones el vicepresidente tiene voz, y
sólo vota en caso de empate.
Los concejales elegirán de su seno un vicepresidente
primero y un vicepresidente segundo, que desempeñarán el
cargo, por su orden, en defecto del presidente del concejo.
Los municipios habilitados por esta Constitución
podrán dictar su carta orgánica por medio de una
Convención, convocada por el departamento ejecutivo en
virtud de ordenanza sancionada al efecto, en fecha que no
podrá coincidir con otros actos eleccionarios.
La Convención estará integrada por un número igual al
doble de los miembros del concejo deliberante. Los
convencionales serán elegidos por el pueblo de sus
respectivas jurisdicciones, por el sistema de
representación proporcional y deberán cumplir su función en
un plazo no mayor de tres meses contados a partir de su
integración, prorrogable por igual período.
Para ser convencional se requieren las mismas
condiciones exigidas para concejal. El cargo de
convencional es compatible con cualquier otro cargo público
nacional, provincial o municipal que no sea el de
gobernador, vicegobernador, ministro, magistrado judicial,
presidente y vicepresidente municipal, concejal, legislador
y jefe de policía. La ordenanza de convocatoria determinará
los demás aspectos del régimen electoral y establecerá el
presupuesto de la Convención.
Las cartas orgánicas municipales deberán observar lo
dispuesto en los artículos 234 y 236 precedentes y en
particular deberán asegurar:
a) Los principios del régimen democrático,
participativo, representativo y republicano, la elección
directa de sus autoridades y el voto universal, igual,
secreto y obligatorio que incluya a los extranjeros.
b) Un régimen electoral directo para presidente y
vicepresidente municipal y los concejales y la adopción
para la asignación de bancas en el concejo de un sistema de
representación proporcional que asegure la participación
efectiva de las minorías, con arreglo a lo establecido en
el artículo 91 de esta Constitución.
c) La adopción de normas de ética pública con ajuste a
las pautas establecidas por esta Constitución.
d) Un sistema de contralor interno y un organismo de
control externo de las cuentas públicas.
e) El derecho de consulta, iniciativa, referéndum,
plebiscito y revocatoria de mandato.
Se regirán por ley orgánica los municipios habilitados
para dictar sus propias cartas mientras no hagan uso de ese
derecho, y los restantes previstos en esta Constitución.
1º. Gobernar y administrar los intereses locales
2º. Convocar a los comicios para la elección de las
autoridades municipales. La validez o nulidad de la
elección, la proclamación de los electos y la expedición de
los diplomas respectivos estará a cargo de los organismos
electorales previsto en el artículo 87, inciso 13º, de esta
3º. Juzgar políticamente a sus autoridades en la forma
establecida en la respectiva carta o ley orgánica
5º. Concertar convenios colectivos de trabajo y
preservar los sistemas locales de seguridad social
6º. Proponer las ternas para la designación de los
jueces de paz de la circunscripción.
7º. Regular el procedimiento para el juzgamiento de
las infracciones que corresponda aplicar y fijar las
8º. Establecer los órganos que intervendrán en el
juzgamiento y sanción de las infracciones municipales,
organizando un régimen jurisdiccional a cargo de jueces de
faltas, fijando una instancia de apelación. Los
funcionarios que ejerzan tales roles serán designados a
través de un procedimiento que garantice la idoneidad de
10º. Confeccionar y aprobar su presupuesto de gastos y
11º. Establecer, recaudar y administrar sus recursos,
rentas y bienes propios.
12º. Regular, disponer y administrar, en su ámbito de
aplicación, los bienes del dominio público y privado
13º. Administrar las tierras fiscales ubicadas dentro
del ejido e incorporar a través de los trámites
pertinentes, los bienes que les correspondan.
14º. La atención primaria de la salud, a su expreso
requerimiento, y con la consiguiente transferencia de
15º. Establecer políticas públicas para la integración
17º. Disponer restricciones y servidumbres
administrativas al dominio.
18º. Interesar la necesidad de expropiación por causa
de utilidad pública, solicitando a la Provincia el dictado
de la ley respectiva con derecho de iniciativa legislativa.
19º. Realizar las obras públicas y prestar los
servicios de naturaleza o interés municipal.
20º. Promover la creación de cinturones
21º. Ejercer el poder de policía y funciones respecto
b) Salud pública, asistencia social y educación, en lo
que sea de su competencia.
d) Planeamiento y ordenamiento territorial, vialidad,
rutas y caminos, apertura, construcción y
mantenimiento de calles.
e) Planes edilicios, control de la construcción,
política de vivienda, diseño y estética urbana,
plazas, paseos, edificios públicos y uso de
g) Protección del ambiente, del equilibrio ecológico y
la estética paisajística. Podrán ejercer acciones
de protección ambiental más allá de sus límites
territoriales, en tanto se estén afectando o puedan
afectarse los intereses locales.
i) Abastecimiento, mercados, plantas de faenas,
proceso y transformación, cuya producción se
destine al consumo.
k) Turismo, deportes, actividades recreativas y
22º. Fomentar instituciones culturales y expresiones
23º. Preservar y defender el patrimonio histórico
cultural, artístico y arquitectónico.
24º. Concertar con la Nación, las provincias y otros
municipios y comunas, convenios interjurisdiccionales,
pudiendo crear entes o consorcios con conocimiento de la
25º. Ejercer cualquier otra competencia de interés
municipal no enunciada por esta Constitución y las que sean
indispensables para hacer efectivos sus fines.
Se establece a los fines de la habilitación de la vía
judicial contencioso administrativa que la instancia
quedará agotada con la denegación expresa o tácita dictada,
según los casos, por el presidente municipal y el
vicepresidente municipal respecto de los asuntos
administrativos del concejo deliberante.
Para el cumplimento de sus competencias, el municipio
está habilitado a:
a) Promover en la comunidad la participación activa de
los pobladores, juntas vecinales y demás organizaciones
b) Formar parte de organismos de carácter regional,
realizar gestiones y celebrar acuerdos en el orden
internacional respetando las facultades de los gobiernos
federal y provincial.
c) Ejercer, en los establecimientos de utilidad
nacional y provincial, los poderes municipales compatibles
con la finalidad y competencias de aquellos.
1º. Lo recaudado en concepto de impuestos, tasas,
derechos, contribuciones, cánones, regalías y demás
2º. Los ingresos percibidos en concepto de
coparticipaciones provincial y federal.
3º. Las rentas derivadas de los actos de
administración y el capital proveniente de la enajenación
4º. El producido de las multas que imponga en
5º. Los empréstitos, operaciones de crédito,
6º. Todo otro ingreso propio de la naturaleza y
competencia municipal definida en esta Constitución.
Los municipios ejercerán de modo exclusivo su facultad
de imposición respecto a personas, cosas o actividades
sujetas a su jurisdicción, respetando los principios de la
tributación y la armonización con los regímenes impositivos
provincial y federal.
La asignación de la coparticipación a municipios y
comunas se efectuará, teniendo en cuenta, para la
distribución primaria, las competencias, servicios y
funciones de la Provincia y el conjunto de municipios, y
para la distribución secundaria criterios objetivos de
reparto que contemplen los principios de proporcionalidad y
redistribución solidaria, mediante aplicación de
indicadores devolutivos, redistributivos y de eficiencia
fiscal que tiendan a lograr un grado equivalente de
desarrollo y de calidad de vida de los habitantes.
Esta Constitución garantiza el siguiente sistema de
coparticipación impositiva obligatoria:
a) Impuestos Nacionales: de la totalidad de los
ingresos tributarios que a la Provincia le correspondan en
concepto de coparticipación federal de impuestos
nacionales, sea por régimen general u otro que lo
complemente o sustituya y que no tengan afectación
específica, el monto a distribuir a los municipios no podrá
ser inferior al dieciséis por ciento y a las comunas, al
b) Impuestos Provinciales: de la totalidad de la
recaudación de los ingresos tributarios provinciales, el
monto a distribuir a los municipios no podrá ser inferior
al dieciocho por ciento y a las comunas al uno por ciento.
La Provincia transferirá automática y diariamente, el
monto de dichas coparticipaciones.
No habrá transferencia de competencias, servicios o
funciones sin la respectiva asignación de recursos aprobada
por ley y ratificada por ordenanza del municipio o comuna.
Los municipios podrán contraer empréstitos, destinados
exclusivamente a la inversión en bienes de capital o en
obras y servicios públicos de infraestructura, no pudiendo
ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la
administración. Se requerirá la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros del concejo deliberante.
En todo empréstito deberá establecerse su monto,
plazo, destino, tasa de interés, servicios de amortización
y los recursos que se afecten en garantía. Los servicios de
amortización por capital e intereses no deberán
comprometer, en conjunto, más del veinte por ciento de la
En situaciones excepcionales, debidamente fundadas y
con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de
los miembros del concejo deliberante, podrán contraer
empréstitos para financiar gastos corrientes, los que
deberán tener fecha de vencimiento y ser cancelados durante
el período de la gestión de los funcionarios que los
Esta Constitución declara que los recursos de los
municipios y comunas son indispensables para el normal
independientemente de que aquellos como personas jurídicas
públicas puedan ser judicialmente demandados, sin necesidad
de autorización previa y sin privilegio alguno.
Si fueran condenados al pago de una deuda, sólo podrán
ser ejecutados en la forma ordinaria y embargadas sus
rentas hasta un veinte por ciento, presumiéndose que la
proporción restante como así también los recursos propios
serán destinados al pago de emolumentos remuneratorios, de
carácter alimentario y a la satisfacción de obras o
servicios públicos esenciales, cuya prestación no puede
cancelarse, suspenderse o diferirse sin afectar la
cobertura de necesidades básicas de la población.
Se exceptúan de esta disposición las rentas o bienes
especialmente afectados en garantía de una obligación.
Por ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que
no podrá superar el treinta y cinco por ciento de sus
El presidente o vicepresidente municipal cesarán en
sus cargos de pleno derecho en caso de recibir condena
penal firme que acarree inhabilitación por delito cometido
contra la administración pública. Por voto de los dos
tercios del concejo deliberante serán destituidos por causa
de incapacidad sobreviniente que les impida desempeñar sus
El concejo deliberante podrá, con el voto favorable de
los dos tercios de la totalidad de sus miembros, corregir y
aun excluir de su seno a cualquier concejal por desorden de
conducta en el ejercicio de sus funciones o por causa de
incapacidad sobreviniente que le impida desempeñar su
cargo. Cesarán en su cargo de pleno derecho en caso de
recibir condena penal firme que acarree inhabilitación por
delito cometido contra la administración pública.
1º. Los argentinos inscriptos en el registro electoral
2º. Los extranjeros con más de dos años de domicilio
inmediato y continuo en el municipio al tiempo de su
inscripción en el padrón, que sepan leer y escribir en
idioma nacional y se hallen inscriptos en un registro
especial, cuyas formalidades y demás requisitos determinará
la carta o la ley orgánica.
La carta o la ley orgánica deberán establecer el
régimen de incompatibilidades para el presidente y
vicepresidente municipal, miembros del concejo deliberante
y demás funcionarios.
La ley reglamentará el régimen de las comunas y
determinará su circunscripción territorial y categorías,
asegurando su organización bajo los principios del sistema
democrático, con elección directa de sus autoridades,
competencias y asignación de recursos. Se incluye la
potestad para el dictado de ordenanzas, alcance de sus
facultades tributarias, el ejercicio del poder de policía,
la realización de obras públicas, la prestación de los
servicios básicos, la regulación de la forma de adquisición
de bienes y las demás facultades que se estimen
La Provincia promueve en cada uno de los departamentos
la asociación de los municipios y las comunas para
intereses comunes, que no podrá alterar el alcance y
contenidos de la autonomía local reconocida en esta
El acuerdo intermunicipal, intercomunal o
interjurisdiccional deberá ser celebrado con el concurso de
las dos terceras partes de los municipios y comunas
existentes en el departamento. El instrumento constitutivo
establecerá las funciones de su órgano común garantizando
la participación igualitaria de sus integrantes y sus
recursos económicos, y deberá orientarse a los siguientes
a) Promover en el ámbito departamental el acceso de
toda la población a los servicios públicos de carácter
municipal o comunal.
b) Impulsar la cooperación recíproca entre sus
integrantes para atender los intereses comunes, a través de
la afectación de recursos locales, la coordinación de
servicios y la ejecución de políticas concertadas.
c) Proveer a la asistencia entre sus integrantes en
condiciones de reciprocidad en materia jurídica, técnica,
económica y de toda aquella que se considere conducente.
d) Colaborar con el ejercicio de competencias
provinciales y nacionales, debiendo en el convenio
respectivo determinar su alcance.
La ley precisará los alcances de las facultades,
recursos y obligaciones de la organización departamental.
La educación es el derecho humano fundamental de
aprender durante toda la vida accediendo a los
conocimientos y a la información necesarios en el ejercicio
pleno de la ciudadanía, para una sociedad libre,
igualitaria, democrática, justa, participativa y
culturalmente diversa. El Estado asume la obligación
primordial e indelegable de proveer a la educación común,
como instrumento de movilidad social, con la participación
de la familia y de las instituciones de gestión privada
reconocidas. Promueve la erradicación del analfabetismo,
imparte la educación sexual para todos los niveles y
modalidades del sistema educativo, garantiza el acceso
universal a los bienes culturales y la vinculación ética
entre educación, trabajo y ambiente.
El Estado garantiza a los habitantes la igualdad de
oportunidades para el acceso, permanencia, reingreso y
egreso en todos los niveles de la educación obligatoria.
La educación común en la Provincia es gratuita y laica
en los niveles inicial, primario, secundario y superior de
las instituciones de gestión estatal. La obligatoriedad
corresponde a los niveles inicial, primario y secundario o
al período mayor que la legislación determine.
La educación que el Estado se obliga a impartir y los
habitantes están obligados a recibir deberá proveerse en
escuelas públicas, de gestión estatal o privada, que
ofrezcan garantías de estabilidad y eficiencia educativa,
ajustándose a las normas que se dicten en la materia.
La obligación escolar se considerará incumplida por el
Estado siempre que no se acredite el mínimo de educación
obligatoria establecido por esta Constitución.
Los lineamientos curriculares para cada nivel
educativo obligatorio, integrarán, de manera transversal,
educación con: cultura, derechos humanos, culturas
ancestrales, cooperativismo y mutualismo, educación sexual,
para la paz y para la no violencia, trabajo, ciencia y
La educación ambiental, los lenguajes artísticos, la
educación física y el deporte escolar son inherentes a la
educación común. Los institutos de formación superior y del
personal de seguridad incluirán los derechos humanos en sus
El sistema educativo provincial es de carácter
esencialmente nacional. Integrará las realidades
provinciales, locales y regionales. Asegura el derecho de
los padres a la libre elección del establecimiento
educativo para sus hijos, la formación vinculada con el
trabajo social y productivo, la creatividad, el pensamiento
crítico y autónomo y la relación escuela, ciencia y
El Estado articulará acciones con los municipios,
comunas y organizaciones de la comunidad, dirigidas a la
creación y funcionamiento de escuelas, pudiendo contribuir
a su sostenimiento siempre que funcionen con las garantías
El Consejo General de Educación dispondrá acciones
positivas para brindar progresivamente a las escuelas de
zonas desfavorables, alejadas del radio urbano, periurbanas
y rurales, los recursos necesarios para fortalecer el
arraigo del docente al mismo, la permanencia de los alumnos
en el sistema y doble escolaridad que permita complementar
lo curricular con actividades recreativo formativas.
Dispondrá la creación de instancias educativas y de
capacitación para las personas privadas de su libertad en
las unidades penitenciarias provinciales.
La organización y dirección técnica y administrativa
de la enseñanza común, será confiada a un Consejo General
de Educación, autónomo en sus funciones, compuesto por un
director general de escuelas, que ejercerá su presidencia y
cuatro vocales, nombrados, uno y otros, por el Poder
Ejecutivo, con acuerdo del Senado, por un período de cuatro
años. Sus atribuciones serán deslindadas por la ley.
El director general de escuelas es responsable del
gobierno y administración de la educación. Además de las
condiciones que establezca la ley, debe ser argentino
nativo o naturalizado y docente con diez años de ejercicio
en cualquier modalidad. Iguales condiciones deben reunir
El Consejo General de Educación, mantendrá actualizada
y en condiciones de accesibilidad pública, una base
informativa y estadística que facilite el planeamiento del
El Estado impulsa la jerarquización funcional de las
instituciones educativas. Incorpora la comunidad educativa,
municipios y comunas e instituciones intermedias en la
gestión. Las instituciones escolares dispondrán de plantas
funcionales completas, que incluyan equipos
Habrá en cada departamento un consejo departamental de
educación, en forma honoraria, con participación de la
comunidad educativa, los municipios y comunas.
La educación es confiada a docentes titulados. El
Estado asegura el respeto a la labor del maestro y la
formación docente de grado, y se obliga a brindarles
perfeccionamiento gratuito, permanente y en servicio.
El docente ejerce su profesión sobre la base de la
responsabilidad, el respeto a la libertad de cátedra y de
enseñanza, en el marco de las normas pedagógicas y
curriculares establecidas por el Consejo General de
El presupuesto educativo para atender el fondo de
educación común esta formado por el veintiocho por ciento,
como mínimo, de las rentas generales disponibles de la
Provincia y por los demás recursos que la ley establezca.
Se destinará al sostenimiento de la educación obligatoria,
al pago de los gastos y sueldos que ella demande y a la
extensión de su obligatoriedad.
Las rentas escolares de toda la Provincia serán
administradas por el Consejo General de Educación que
rendirá cuenta anualmente ante el Tribunal de Cuentas, de
la administración e inversión de los fondos que le fueren
La Universidad Provincial tiene plena autonomía. El
Estado garantiza su autarquía y gratuidad e impulsa su
articulación pedagógica con los institutos dependientes del
–Fomenta el funcionamiento de las bibliotecas
escolares y populares.
–Sostiene el sistema provincial de becas, destinado a
los alumnos cuya situación socioeconómica, ponga en riesgo
su ingreso y permanencia en el sistema educativo.
–Contrata una póliza escolar obligatoria, a su cargo,
para los alumnos matriculados de todos los niveles y
modalidades de escuelas de gestión estatal y privadas
La Provincia desarrolla la política de ciencia y
tecnología como bien público y garantiza la libertad de la
investigación científica y tecnológica, el aprovechamiento
social de los conocimientos en orden al bienestar general e
impulsa el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y
creativa del sistema productivo de bienes y servicios y, en
particular, de las pequeñas y medianas empresas.
A fin de articular las actividades que en materia de
desarrollo e investigación científica y tecnológica se
realicen, habrá un sistema de ciencia y tecnología que
promoverá la integración de universidades, institutos,
La presente Constitución, no podrá ser reformada, en
todo o en parte, sino por una Convención especialmente
nombrada para ese efecto por el pueblo de la Provincia, en
La Convención será convocada por una ley en que se
declare la necesidad o conveniencia de la reforma,
expresándose al mismo tiempo, si ésta debe ser general o
parcial y determinando, en caso de ser parcial, los
artículos o la materia sobre los cuales ha de versar la
reforma. La ley que se dé con ese objeto, deberá ser
sancionada con dos tercios de votos del número total de los
miembros de cada cámara; y, si fuese vetada, será necesario
para su promulgación, que la Asamblea insista con igual
La Convención no podrá comprender en la reforma otros
puntos que los especificados en la ley de convocatoria;
pero no estará tampoco obligada a variar, suprimir o
complementar, las disposiciones de la Constitución, cuando
considere que no existe la necesidad o conveniencia de la
reforma declarada por la ley.
En el caso del artículo anterior, la Legislatura no
podrá insistir, dictando nueva ley de reforma, mientras no
hayan transcurrido por lo menos dos períodos legislativos
sin contar el que correspondiera a la ley de la reforma.
Para ser Convencional se requiere: ser argentino, con
ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cuatro
años de obtenida y tener veinticinco años de edad. El cargo
de Convencional, es compatible con cualquier otro cargo
público nacional o provincial, que no sea el de gobernador,
vicegobernador, ministro, presidente de municipalidad o
La Convención se compondrá de un número de miembros
igual al de la totalidad de senadores y diputados. Serán
elegidos en la misma forma que estos últimos y gozarán de
las mismas inmunidades y remuneración mientras ejerzan su
La Convención funcionará en la capital de la Provincia
y se instalará en el local de la Honorable Legislatura o en
el que ella misma pueda determinar. Tendrá facultades para
designar su personal y confeccionar su presupuesto.
La Convención funcionará durante el término de un año,
a contar desde la fecha de la solemne instalación, debiendo
ésta producirse dentro de los noventa días de la elección
de Convencionales.
Podrá, asimismo, fijar el término de sus sesiones, el
cual será prorrogable, no pudiendo exceder del año antes
A los fines de la aplicación del artículo 62 la
reglamentación de las normas, leyes y ordenanzas que
declaren derechos y a la fecha de entrar en vigencia de la
presente, no se encuentren sancionadas, tendrá un período
de cuatro años para realizarla en su respectivo ámbito de
La Legislatura sancionará las leyes orgánicas y las
reformas a las leyes existentes que fueran menester para el
funcionamiento de las instituciones creadas por esta
Constitución y las modificaciones introducidas por la
misma. Si transcurriera más de un año sin sancionarse
alguna de esas leyes o reformas, el Poder Ejecutivo quedará
facultado para dictar, con carácter provisorio, los
decretos reglamentarios que exija la aplicación de los
nuevos preceptos constitucionales. Dichos reglamentos
quedarán sin efecto con la sanción de las leyes respectivas
que producirán la derogación automática de aquéllos.
Las actuales leyes orgánicas continuarán en vigencia,
en lo que sean compatibles con esta Constitución, hasta que
la Legislatura sancione las que correspondan a las
disposiciones de este estatuto constitucional.
Hasta tanto se sancione la ley que establezca y
determine los cargos políticos sin estabilidad que pueden
ser designados sin concurso, los funcionarios de los
organismos, reparticiones públicas de la provincia, los
municipios y las comunas que gozan de la facultad de
nombramiento de personal, no podrán ejercerla en su entidad
respecto de sus familiares comprendidos en el tercer grado
de consanguinidad o de afinidad, en ningún empleo público
Hasta tanto se dicten las normas de creación de los
tribunales inferiores en lo contencioso administrativo,
mantendrá su competencia originaria en la materia el
Hasta tanto se dicte la norma reglamentaria del
Consejo de la Magistratura seguirá rigiendo el Decreto Nro.
39/03 del Poder Ejecutivo y sus modificatorios.
Los juzgados de paz legos, pasarán a ser juzgados de
paz letrados cuando se produzcan las vacancias de sus
titulares, excepto que estén ocupados por abogados, en cuyo
caso la transformación será automática.
Hasta tanto se dicte la norma que determine los
órganos competentes para resolver las solicitudes de
libertad condicional de los penados, el juez de ejecución
de penas y medidas de seguridad resolverá sobre el trámite
respectivo que deberá asegurar inexcusablemente la
asistencia letrada del solicitante y la intervención del
Ministerio Fiscal durante todo el desarrollo del mismo,
siendo sus resoluciones recurribles.
La integración dispuesta en el artículo 96 de la
Cámara de Diputados comenzará a regir cuando se produzca su
La disposición del artículo 161 será de aplicación
inmediata, no se computarán a los fines del citado
dispositivo los mandatos cumplidos. Se considerará al
actual período de gobierno como primero a los fines del
Las reformas introducidas en la Sección IX, artículos
233, 234, 235, 236 y 253, regirán a partir del próximo
período de gobierno, siendo aplicable hasta el vencimiento
de los actuales mandatos lo dispuesto por el Régimen
A los efectos de garantizar la aplicación del artículo
234, se establece que aquellos ciudadanos que a la fecha de
la sanción de esta Constitución se encontraren desempeñando
su segundo mandato consecutivo como presidentes
municipales, sólo podrán en lo sucesivo ser electos en
períodos alternados.
A los efectos del cumplimiento del artículo 246, el
gobierno provincial deberá incrementar anual, gradual,
igual y proporcionalmente, las remesas en un plazo no mayor
a cinco años, a partir del ejercicio fiscal dos mil diez.
Una ley reglamentará la implementación de la
automaticidad de la remisión de fondos coparticipables a
los municipios y comunas que establece el artículo 246 de
este capítulo. Establécese un plazo máximo improrrogable de
doce meses, para la puesta en vigencia de esta norma.
Los municipios de segunda categoría, aún cuando no
alcancen a la fecha de sanción de la presente el número de
habitantes exigido por el artículo 230, mantendrán la
condición adquirida. Para el caso de tales municipios se
considerará la vigencia de las disposiciones del artículo
234 a partir de la próxima elección municipal, dado que sus
integrantes resultaron electos como miembros de la junta de
fomento, no como titulares del departamento ejecutivo.
Se encomienda a los titulares de los poderes del
Estado la recepción del juramento de observancia de esta
Constitución a quienes se desempeñen en ellos.
La presente Constitución regirá desde 1º de noviembre
Téngase por ley fundamental de la Provincia,
publíquese, regístrese y comuníquese para que se cumpla.
Dada en la Sala de Sesiones de la Convención Constituyente,
Ríos, a los tres días del mes de octubre de 2008.
Graciela Pasi de Garelli
Dr. José A. Reviriego
Publicado por FederaciónLex en 2/06/2009
AMPARO y otros PROCESOS CONSTITUCIONALES en la REF...
MEDIDAS CAUTELARES y PROCESOS URGENTES: COMPARACIO...