Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S101-03.html
Timestamp: 2014-11-23 06:03:22
Document Index: 253152287

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 25', 'artículo 33', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 33']

Beazley v. Estados Unidos, Caso 12.412, Informe No. 101/03, Inter-Am. C.H.R.,
Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser./L/V/II.114
Doc. 70 rev. 1 en 804 (2003).
1. El 19 de febrero de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión”) recibió una petición del 18 de febrero de 2002 de David Botsford y Walter Long, abogados de Austin, Texas (en adelante, “los peticionarios”) contra Estados Unidos de América (en adelante, “Estados Unidos” o “el Estado”). La petición fue interpuesta en nombre de Napoleon Beazley, joven afroamericano que a la sazón estaba recluido en espera de ser ejecutado en el Estado de Texas. En la petición se alega que Estados Unidos es responsable de la violación de los artículos I, II, VII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante, “la Declaración”) en base a que el Sr. Beazley tenía 17 años de edad en el momento de cometer el delito por el cual fuera sentenciado a muerte y a que existía una norma de jus cogens del derecho internacional que prohíbe la ejecución de personas que tengan menos de 18 años al cometer el delito. Pese a las medidas cautelares adoptadas por la Comisión el 27 de febrero de 2002, solicitando que el Estado suspendiera su ejecución en tanto la petición estuviera pendiente de trámite ante la Comisión, se llevó a cabo la ejecución del Sr. Beazley el 28 de mayo de 2002. 2. El Estado se ha opuesto a la petición argumentando que la misma no establece hechos que tiendan a determinar una violación de la Declaración Americana y que, en esencia, duplica una petición pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión.
5. Por nota del 27 de febrero de 2002, la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la petición, solicitando información dentro de los dos meses, según lo dispuesto en el artículo 30(3) del Reglamento. En la misma comunicación, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión pidió que Estados Unidos adoptara las medidas necesarias para preservar la vida del Sr. Beazley, en tanto la Comisión investigaba las denuncias de la petición. 6. En carta del 13 de marzo de 2002, el Estado acusó recibo de la solicitud de la Comisión de medidas cautelares, trasmitida el 27 de febrero de 2002, e indicó que a la brevedad enviaría una respuesta. En otra comunicación del 18 de abril de 2002, el Estado remitió a la Comisión una carta del 20 de marzo de 2002, de Howard G. Baldwin, Jr., Primer Asistente del Procurador General del Estado de Texas, respondiendo a la nota de la Comisión del 27 de febrero de 2002 en relación con el caso del Sr. Beazley. Por comunicación del 19 de abril de 2002, la Comisión remitió la carta del Sr. Baldwin del 20 de marzo de 2002 a los peticionarios, pidiéndoles el envío de observaciones dentro de los 30 días.
13. Con respecto a la admisibilidad de la petición, los peticionarios argumentan que el Sr. Beazley agotó los recursos internos en torno a la cuestión que planteó ante la Comisión, a saber, la afirmación de que Estados Unidos es responsable de la violación de los artículos I, II, VII y XXVI de la Declaración y de una norma perentoria del derecho internacional, al haber sentenciado a muerte al Sr. Beazley por un delito que cometió cuando tenía 17 años. 14. En particular, los peticionarios afirman que el Sr. Beazley planteó una cuestión de jus cogens como componente del análisis de la Octava Enmienda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas,[2] el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito,[3] y la Suprema Corte de Estados Unidos.[4] Posteriormente plantó la misma cuestión en una segunda ronda de apelaciones al Estado con posterioridad a la condena, instancia que el Tribunal Penal de Apelaciones de Texas desestimó el 17 de abril de 2002.[5] Los peticionarios también observan que el Sr. Beazley procuró una reparación a través de los procedimientos de clemencia en casos de pena capital ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, con resultados igualmente negativos.[6]
24. Estados Unidos ha argumentado primero que la petición no satisface los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 33(b) del Reglamento de la Comisión[18] porque su “materia reproduce sustancialmente una petición pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión,” a saber, el caso de 1987 referente a Jay Pinkerton y James Terry Roach,[19] en que la Comisión concluyó que, si bien existía una norma de jus cogens que prohibía la ejecución de menores, no existía una norma del derecho internacional consuetudinario que estableciera que los 18 años eran la edad mínima para la imposición de la pena de muerte. 25. Estados Unidos también afirmó que, ni la práctica del Estado identificada por los peticionarios, ni las normas jurídicas citadas en sus observaciones, bastan para establecer una prohibición consuetudinaria o de
jus cogens de la ejecución de delincuentes juveniles. En apoyo de su posición, el Estado afirmó que el recurso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño como prueba de la práctica del Estado es erróneo, en parte porque los antecedentes de la negociación de cada uno de estos tratados indica que la inclusión de las disposiciones en relación con la pena de muerte contra delincuentes juveniles no se basaba en una norma consuetudinaria ni en un consenso,[20] y porque fueron aprobados después de la Declaración Americana.[21] El Estado también argumenta a este respecto que su reserva al artículo 6(5) del PIDCP es válida y efectiva como materia del derecho internacional y que el estatuto del artículo 6 del PIDCP como derecho no derogable no tiene correlación con el carácter central de ese derecho en el tratado y, por tanto, no impide que un Estado presente una reserva al artículo 6.
28. El Estado también plantea una excepción con respecto a la sugerencia de que la práctica de Estados Unidos demuestra una tendencia hacia la no aceptación de la aplicación de la pena de muerte a menores de 18 de años. El Estado afirma en particular que las autoridades judiciales y legislativas citadas, como la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de 1998 en
Thompson c. Oklahoma y las enmiendas legislativas de Florida y Montana, no respaldan la existencia de una norma internacional consuetudinaria que prohíba la ejecución de menores de 18 años de edad, y observó que ciertas leyes federales, a saber, el Código Uniforme de Justicia Militar de Estados Unidos, “permite la aplicación de la pena capital por delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas menores de 18 años, por delitos especificados en dicho Código”. 29. Además, El Estado contesta todo recurso al Protocolo Opcional de la Convención sobre los Derechos del Niño en relación con menores en Conflictos Armados, en parte porque el artículo 1 del Protocolo exige que los Estados partes adopten “todas las medidas viables” para asegurar que los miembros de sus fuerzas armadas menores de 18 años no participen directamente en las hostilidades y , por tanto, no prohíbe totalmente la participación de menores en los conflictos armados, y no puede considerarse un hecho jurídico internacional afín que respalde una prohibición absoluta de la ejecución de delincuentes juveniles.[25]
31. Finalmente, el Estado ha sostenido que no existe una prohibición de
jus cogens contra la ejecución de delincuentes juveniles, pues el carácter y alcance preciso del concepto de jus cogens es una materia muy controvertida, y que no existe apoyo para afirmar que la presunta prohibición de la imposición de la pena de muerte a un delincuente menor de 18 años tiene una fuerza similar a las normas que más comúnmente se han citado como prohibiciones de jus cogens, como la piratería y el genocidio.
84. En opinión de la Comisión, las evidencias descritas anteriormente ilustran claramente que, al persistir en la práctica de ejecutar a delincuentes menores de 18 años, Estados Unidos se singulariza entre las naciones del mundo desarrollado tradicional y en el sistema interamericano, y ha quedado cada vez más aislado en la comunidad mundial. Las pruebas abrumadoras de la práctica mundial de los Estados indicada ilustra la congruencia y generalización entre los Estados del mundo en el sentido de que la comunidad mundial considera que la ejecución de delincuentes menores de 18 años en momentos de cometer el delito es incongruente con las normas imperantes de decencia. Por lo tanto, la Comisión opina que ha surgido una norma del derecho internacional consuetudinario que prohíbe la ejecución de delincuentes menores de 18 años en momentos de cometer el delito. 85. Además, en base a la información que tuvo ante sí, la Comisión ha comprobado que esta ha sido reconocida como una norma de carácter suficientemente inalienable como para constituir una norma de jus cogens, evolución prevista por la Comisión en su decisión en Roach y Pinkerton. Como se señaló, casi todos los Estados naciones han rechazado la imposición de la pena capital a personas menores de 18 años, en su forma más explícita, a través de la ratificación del PIDCP, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados en los que esta proscripción se reconoce como no derogable. La aceptación de esta norma abarca las fronteras políticas e ideológicas y los empeños por apartarse de la misma han sido enérgicamente condenados por los integrantes de la comunidad internacional como no permisibles según normas contemporáneas de derechos humanos. En efecto, podría decirse que los propios Estados Unidos han reconocido el significado de esta norma al prescribir la edad de 18 años como norma federal para la aplicación de la pena capital y al ratificar el Cuarto Convenio de Ginebra sin reservas a esta norma. Sobre esta base, la Comisión considera que Estados Unidos está obligado por una norma de jus cogens a no imponer a la pena capital a personas que cometieron los delitos cuando no habían cumplido los 18 años de edad. Como norma de jus cogens, esta proscripción obliga a la comunidad de Estados, incluidos los Estados Unidos. La norma no puede ser derogada con validez, sea por tratado o por objeción de un Estado, persistente o no. [36]
49. En el caso presente, el Sr. Beazley fue ejecutado por el Estado de Texas el 28 de mayo de 2002, más de siete meses después del informe preliminar de la Comisión del 15 de octubre de 2001, en el caso Domíngues. Por tanto, la Comisión adopta, a los efectos del presente informe, sus conclusiones en el caso Domíngues, y determina que, en el momento de la ejecución del Sr. Beazley, Estados Unidos estaba análogamente obligado por una norma de jus cogens que prohibía la aplicación de la pena de muerte a personas que hubieran cometido el delito cuando no habían aún cumplido los 18 años de edad. 50. En consecuencia, la Comisión concluye que, al ejecutar al Sr. Beazley por un delito que se determinó había cometido a los 17 años, Estados Unidos es responsable de la violación del derecho a la vida del Sr. Beazley, consagrado en el artículo I de la Declaración Americana.
58. La Comisión concluye que las denuncias del peticionario son admisibles en relación con las presuntas violaciones de los artículos I, II, VII y XXVI de la Declaración Americana. 59. La Comisión también concluye que el Estado ha actuado en contravención de una norma internacional de jus cogens reflejada en el artículo I de la Declaración Americana, al sentenciar a Napoleón Beazley a la pena de muerte por un delito que cometió cuando tenía 17 años de edad, y al ejecutarlo en virtud de esa sentencia.
[1] Beazley c. el Estado, N° 71.101 (Tribunal de Apelaciones de Texas, 26 de febrero de 1997, pendiente de publicación)
[2] Beazley c. el Director, TDCJ-ID, N° 1:98-CV-1601 (E.D. Texas, 30 de setiembre de 1999) (pendiente de publicación)
[4] Beazley c. Jonhson, 122 S. Ct. 329 (Octubre de 2001)
[5] Ex parte Napoleón Beazley, N° 36, 151-02 (Tribunal de Apelaciones de Texas, 17 de abril de 2002, pendiente de publicación)
[10] Petición de los peticionarios del 18 de febrero de 2002, pág. 17, donde se observa que el artículo 4(5) de la Convención Americana prohíbe la pena de muerte contra personas que tengan menos de 18 años en el momento de cometer el delito, que los Estados Unidos es el único Estado Miembro de la OEA que ha firmado pero no ha ratificado la Convención Americana y que, de los 25 Estados Miembros que han ratificado la Convención Americana, sólo Barbados presentó una reserva al artículo 4(5), pero ha establecido posteriormente los 18 años como edad mínima para la aplicación de la pena capital. Véase Prevención del Delito y la Justicia Penal: Pena Capital en la implementación de Salvaguardias que Garantizan la protección de los derechos de quienes enfrentan la pena de muerte, Informe del Secretario General, ONU ESCOR, Consejo Económico y Social, Subst.Sess, ONU Doc E/2000/3, parr. 90 (2000)
[11] Petición de los peticionarios del 18 de febrero de 2002, pág. 18, donde se cita la Situación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Informe del Secretario General, ONU ESCOR, Comisión de Derechos Humanos, 54° período de sesiones, Punto 20 del Orden del Día, párr. 2, ONU Doc. E/CN.4/1988/99 (1997)
[13] Petición de los peticionarios del 18 de febrero de 2002, págs. 19-20, donde se cita a Amnistía Internacional, The United States of America. Too Young to Vote, Old Enough to be Executed, AI Index: AMR 51/105/2001, julio de 2001; Comunicado de Prensa de Amnistía Internacional, (7 de junio de 2001) (Yemen); Amnistía Internacional (División de Irlanda) Comunicado de Prensa (13 de diciembre de 2001) (Paquistán); Actas Resumidas de la 6° Reunión de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 52° período de sesiones, 4 de agosto de 2000, E/CN.4/Sub.2/2000/SR.6 párr. 39 (2000) (Nigeria); Actas Resumidas de la 53° sesión de la Comisión de Derechos Humanos, 56° período de sesiones, 17 de abril de 2000, E/CN.4/2000/SR.53, párrs. 88 y 92 (2000) (Arabia Saudita); Amnistía Internacional, Children and the Death Penalty: Executions Worldwide Since 1990, ACT 50/10/2000; Comunicado de Prensa de la ONU, La Comisión de Derechos Humanos inicia debate de grupos y personas específicas, 11 de abril de 2001 (Irán); Amnistía Internacional, República Democrática del Congo, Killing Human Decency, AI Index: AFR 62/11/00, 31 de mayo de 2000, 12. [14] Petición de los peticionarios del 18 de febrero de 2002, pág. 22, donde se cita el Informe de 2001 de Amnistía Internacional, Actas Anuales, 2001, AI Index: POL 10/006/2001 (donde se concluye que en 2001, 125 Estados violaron la prohibición de la tortura).
[18] El artículo 33(1)(b) del Reglamento de la Comisión dispone: La Comisión no considerará una petición si la materia contenida en ella (b) reproduce sustancialmente otra petición pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión u otro organismo internacional gubernamental del que sea parte el Estado en cuestión
[21] Observaciones del Estado de 17 de diciembre de 2001, pág. 4, donde se cita el caso de Roach y Pinkerton, supra, Opinión disidente del Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, párr. 6
[24] Observaciones del Estado del 17 de diciembre de 2001, pág. 6, donde se cita a Ian Brownlie, Principles of Public International Law (5th ed., 1998), 7; Restatement of the Foreign Relations Law of the United States (Third), §102(2)
[31] Véase Ex parte Napoleón Beazley, N° 36, 151-02 (Tribunal de Apelaciones de Texas, 17 de abril de 2002, pendiente de publicación)
Beazley c. Johnson, 122 S. Ct. 329 (Octubre de 2001)
Véase análogamente, caso Domínguez, supra, párr. 114; caso 11.753, Informe 52/02, Ramón Martínez Villareal c. Estados Unidos, Informe Anual de la CIDH 2002, párr. 102