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Timestamp: 2018-03-19 16:09:27
Document Index: 218078242

Matched Legal Cases: ['Artículo 1984', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 50', 'artículo 122', 'artículo 139', 'artículo 122', 'artículo 121', 'artículo 139', 'artículo 122', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 122', 'artículo 1332', 'artículo 1984', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 50', 'artículo 122', 'artículo 121', 'artículo 397']

Institución bancaria es responsable por ejecución seguido de remate sobre bien cuyo título adolece de nulidad - Actualidad Civil
Institución bancaria es responsable por ejecución seguido de remate sobre bien cuyo título adolece de nulidad
CAS. N.º 1524-2016 Lima
Emitida el 28 de abril del 2017
Artículo 1984del Código Civil
Conforme se desprende de los actuados, los recursos impugnatorios presentados por el Banco demandado se han dirigido a cuestionar el monto indemnizatorio fijado por los Tribunales de mérito más no la existencia de los daños que produjo su actividad al rematar e impulsar un proceso judicial de Ejecución de Garantías pese a que tenía conocimiento de la existencia y resultado de la litis sobre Nulidad de Acto Jurídico dirigida a dejar sin efecto la constitución de la garantía hipotecaria que ejecutó el Banco […].
CAS. N.º 1524-2016
SUMILLA. La debida motivación de las resoluciones judiciales, es a la vez un principio y un derecho, que forma parte del debido proceso, preceptuado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, concordante con el inciso 3 del artículo 139 del mismo cuerpo normativo, así como en el inciso 6 del artículo 50 e incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil. En tal orden de ideas, se aprecia que las instancias de mérito han emitido sus fallos consignando sus consideraciones de hecho y de derecho en forma ordenada y coherente, dando estricto cumplimiento al deber de motivación preceptuado en la Constitución Política del Perú.
Lima, veintiocho de abril de dos mil diecisiete.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número mil quinientos veinticuatro– dos mil dieciséis, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada BBVA Banco Continental[1] contra la Sentencia de Vista contenida en la Resolución número nueve, de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis[2], expedida por la Quintas Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual confirmó la Sentencia apelada contenida en la Resolución número veintisiete, de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce[3], que declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordena que el BBVA Banco Continental pague a la parte demandante Jorge y Patricia Rosario Tellez la suma de treinta y cinco mil dólares americanos (US$.35,000) por concepto de daño moral y ochenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho dólares americanos (US$.89,898.00) por concepto de daño emergente, más intereses legales, con costas y costos a cargo de la parte vencida; asimismo, integraron la misma en el sentido que resulta infundada la demanda de indemnización de daños y perjuicios por concepto de lucro cesante.
Esta Sala Suprema mediante la Resolución de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis[4], declaró procedente el recurso de casación presentado por la demandada BBVA Banco Continental por las siguientes causales:
a) Infracción normativa procesal del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú e inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, alega que se ha vulnerado el debido proceso por cuanto la Sala Superior no emitió pronunciamiento respecto al agravio formulado en su recurso de apelación, en donde dejó señalado que el Juez de la causa no ha justifi cado debidamente las razones por las cuales considera que el daño moral debe ser cuantifi cado en la suma de treinta y cinco mil dólares americanos (US$35,000.00); y
b) Infracción normativa procesal por inaplicación del artículo 121 último párrafo del Código Procesal Civil, respecto al daño demandado —emergente— se pretende una indemnización por un presunto daño cuando no se han agotado las posibilidades de recuperar en la vía correspondiente falta de interés para obrar pese a que el Juzgado Comercial ha cursado partes registrales para dejar sin efecto la inscripción de la adjudicación del remate judicial. En otras palabras se encuentra latente la recuperación efectiva del inmueble y pese a ello se pretende una indemnización, lo cual significaría un enriquecimiento ilícito que no es acorde a derecho.
PRIMERO. Antes de absolver los extremos denunciados por la parte demandada, conviene hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido se aprecia que la Sucesión de Rodolfo Rosario Neyra y Felicitas Tellez Arguelles de Rosario, ambas representadas por Jorge Rosario Tellez y Patricia Rosario Tellez interponen acción de indemnización por daños y perjuicios a efectos que el BBVA Banco Continental abone la suma de doscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete dólares americanos (US$299,997.00), más intereses legales, costas y costos del proceso. Como fundamentos de su pretensión señala: a) Que el demandado interpuso acción de ejecución de garantía hipotecaria contra sus finados padres por la suma de cien mil dólares americanos (US$.100,000.00) tramitado ante el Décimo Tercer Juzgado Comercial de Lima (Expediente número 6313-2009); b) Que sus causantes paralelamente interpusieron demanda de nulidad de acto jurídico (Escritura Pública de Constitución de Hipoteca) ante el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, amparándose la pretensión con fecha siete de enero de mil novecientos noventa y nueve, hecho que fue de conocimiento del Décimo Tercer Juzgado Comercial; sin embargo, continuó con el remate y lo adjudicó a Inversiones Gelu Sociedad Anónima Cerrada por la suma de cuarenta y tres mil trescientos dos dólares americanos (US$.43,302.00), dicha empresa posteriormente vendió el inmueble a Farias Elías Villantoy por la suma de cincuenta mil dólares americanos (US$.50,000.00); c) Que su padre inició un proceso penal en contra del Banco demandado por delitos contra el patrimonio y fe pública, habiéndose demostrado en el ámbito penal que los funcionarios del Banco demandado y personal de la Notaría actuaron en complicidad de Clínio Valdiviezo Cueva tramitando la Escritura Pública de fecha siete de enero de mil novecientos noventa y nueve, en la que falsificaron la firma de su causante Felicitas Trellez Arguelles de Rosario, con la finalidad de ejecutar el inmueble de su propiedad a favor del Banco demandado y a la vez favorecer a Clínio Valdiviezo Cueva con el préstamo de cien mil dólares americanos (US$.100,000.00); y d) Que el Banco demandado tuvo conocimiento de estos hechos fraudulentos, pese a ello continuó con el proceso de ejecución de garantías, rematando y adjudicando el bien para posteriormente lanzarlos del inmueble en el año dos mil siete, falleciendo su madre a ocho meses del lanzamiento.
SEGUNDO. El BBVA Banco Continental[5] contesta la acción señalando: a) Que el remate se produjo con posterioridad a la Sentencia dictada en el proceso de nulidad de acto jurídico; b) Que el remate y adjudicación que le ocasionarían un supuesto daño indemnizable se originan en el Poder Judicial; asimismo, la demanda de nulidad de acto jurídico fue anotada en Registros lo cual genera que la adjudicataria carezca de buena fe, por lo que debieron demandar a la adjudicataria Inversiones Gelu Sociedad Anónima Cerrada; y c) El daño no fue causado por la conducta del Banco sino por fracturas causales o causas ajenas, originando que el Banco quede liberado de responsabilidad por hecho determinante de un tercero o imprudencia de quien padece el daño.
TERCERO. Llegada la etapa procesal respectiva, el Juez de la causa emite Sentencia mediante la Resolución número veintisiete, de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, declarando fundada en parte la demanda, ordenando que la demandada pague a favor de la Sucesión demandante la suma total de ciento veinticuatro mil ochocientos noventa y ocho dólares americanos (US$.124,898.00), más intereses legales, costas y costos del proceso. Como fundamentos de dicha decisión, refiere: i) Si bien ha faltado prueba que aporte precisión sobre la cuantía del daño emergente, ello no implica que no deba fijarse, pues al tenerse certeza sobre la pérdida o desmedro patrimonial de la Sucesión demandante por responsabilidad del Banco demandado, por lo que se fija la suma de ochenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho dólares americanos (US$.89,898.00), por concepto de daño emergente; ii) En cuanto al lucro cesante, ésta deviene en infundada, toda vez que los contratos de arrendamiento no tienen fecha cierta de celebración y no se acompañan copias de los recibos de alquiler; y iii) Respecto al daño moral, considerando el abuso del derecho del Banco demandado, quien afectó injustamente el patrimonio y propiedad de los demandantes. Se acredita la aseveración del demandante de la grave magnitud de afectación moral y la aflicción que sufrió no solo por la muerte de sus padres sino por verse lanzados de su única propiedad, en consecuencia, se ordena el pago de treinta y cinco mil dólares americanos (US$.35,000.00).
CUARTO. Apelada dicha decisión por el Banco demandado, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima[6], por Sentencia de Vista contenida en la Resolución número nueve, de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, confirmaron la Sentencia de primera instancia, que dispuso el pago de ochenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho dólares americanos (US$.89,898.00) por daño emergente y treinta y cinco mil dólares americanos (US$.35,000.00) por concepto moral. Como fundamentos de su decisión señalan: i) Que el Banco inició el proceso de ejecución de hipoteca valiéndose de un acto jurídico nulo e inexistente, además, como se ha dejado establecido en la Sentencia de Vista del treinta y uno de agosto de dos mil seis, que confirmó la Sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la garantía hipotecaria, la elaboración de la minuta de la mencionada garantía hipotecaria estuvo a cargo del BBVA Banco Continental, entidad que no presentó la documentación que le sirvió de sustento para su elaboración; ii) La conducta antijurídica del Banco se encuentra acreditada pues aquél inicio un proceso de ejecución de garantía hipotecaria valiéndose de un acto jurídico nulo e inexistente; y c) El daño moral se materializa con la aflicción sufrida por la parte demandante, por haber sido lanzado de su propiedad como consecuencia del inicio de un proceso de ejecución de garantía hipotecaria incoado por el BBVA Banco Continental.
QUINTO. Cuando entre las causales por las que se ha declarado procedente el recurso de casación se encuentra la infracción del derecho al debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, éstas deben ser analizadas primero, pues de ampararse acarrearía la nulidad de la impugnada, resultando innecesario el pronunciamiento sobre las demás causales, puesto que en caso de ser estimada, se dispondrá el reenvío del proceso al estadío correspondiente.
SEXTO. En cuanto a la infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución del Perú e inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, es de verse que la demandada cuestiona la carente motivación del Colegiado al momento de cuantificar el daño moral estimado en la suma de treinta y cinco mil dólares americanos (US$.35,000.00).
SÉTIMO. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la misma que forma parte de la observancia del debido proceso consagrado en el inciso 3 del antes citado artículo 139; el deber-derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales ha sido desarrollado en el inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, cuya contravención originaría la nulidad de la resolución. Es así que las resoluciones judiciales satisfacen la exigencia de la debida motivación cuando presentan una argumentación sólida que expresa las justificaciones internas y externas de la decisión. La justificación interna constituye el conjunto de premisas que deductivamente llegan a una conclusión, y la justificación externa constituye las razones que demuestran cada una de las premisas.
OCTAVO. El Tribunal Constitucional ha señalado en el Fundamento Jurídico Sétimo de la Sentencia recaída en el Expediente número 00728-2008-HC, de fecha trece de octubre de dos mil ocho, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el veintitrés de octubre del mismo año, que: “[…] Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es sólo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque sólo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico”; en igual sentido en el Expediente número 01412-2007- PA/TC que: “[…] 8. Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante y sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. […]”.
NOVENO. Conforme se desprende de los actuados, los recursos impugnatorios presentados por el Banco demandado se han dirigido a cuestionar el monto indemnizatorio fijado por los Tribunales de mérito más no la existencia de los daños que produjo su actividad al rematar e impulsar un proceso judicial de Ejecución de Garantías pese a que tenía conocimiento de la existencia y resultado de la litis sobre Nulidad de Acto Jurídico dirigida a dejar sin efecto la constitución de la garantía hipotecaria que ejecutó el Banco. Ahora, respecto a la causal la falta de motivación del quantum por concepto de daño moral, se debe tener previamente en consideración los diversos pronunciamientos de este Supremo Tribunal sobre el particular, es así que en la Casación número 1545-2006-Piura, señaló que: “[…] atendiendo a que, no obstante la dificultad que existe para determinar con precisión el monto indemnizatorio en dinero, por daño moral, y que las instancias de mérito han expresado que no se ha aportado prueba concluyente respecto a dicho monto, además de que la entidad demandada ha alegado que no ha causado ninguna clase de daños al demandante, sino que ha actuado en ejercicio regular de un derecho, […] empero por la forma y circunstancias de los hechos y la conducta procesal de ambas partes en conflicto, debe regularse la indemnización del daño moral con criterio prudencial y equitativo que faculta el artículo 1332 del mismo Código Sustantivo”. 9.1. De otro lado, en la Casación número 3689-2013-La Libertad, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el dos de marzo de dos mil quince, se estableció: “el monto indemnizatorio por daño moral es establecido a criterio del Juez, si se tiene en cuenta que el artículo 1984 del Código Civil, ha consagrado una fórmula que dispone que el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia, asimismo, deberá ser resuelto con criterio de conciencia y equidad en cada caso en particular, puesto que no existe fórmula matemática y exacta para cada supuesto”.
DÉCIMO. De la Resolución de Vista cuestionada, se desprende que el Colegiado a efectos de determinar la obligación de la demandada de resarcir a la Sucesión actora con la suma de treinta y cinco mil dólares americanos (US$.35,000.00), por concepto de daño moral, ha tenido en cuenta la aflicción sufrida por Rodolfo Rosario Neyra y Felicitas Tellez Arguelles de Rosario (padres de los demandantes), al haber rematado su inmueble y luego lanzados del mismo, como consecuencia del proceso de Ejecución de Garantías en el que el Banco demandado ejecutó la hipoteca contenida en la Escritura Pública de fecha siete de enero de mil novecientos noventa y nueve, que fue declarada nula vía proceso judicial seguido ante el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Lima bajo el expediente número 45646-2000, lo que originó que se quedaran en la calle sin albergue pese a que su madre padecía una enfermedad que la postraba (considerando sétimo). 10.1. Además, dicha posición también fue asumida por el Juzgado de Primera Instancia, que merituando la grave aflicción o sufrimiento producido en la parte demandante no sólo por la muerte de sus padres durante el trámite de los procesos judiciales sino en el hecho de verse lanzados de su única propiedad, por lo que, aplicando los principios de razonabilidad y proporcionalidad dispone el pago de la indemnización por daño moral (considerando décimo cuarto).
DÉCIMO PRIMERO. En tal orden de ideas, se aprecia que las instancias de mérito han emitido sus fallos consignando sus consideraciones de hecho y de derecho en forma ordenada y coherente, dando estricto cumplimiento al deber de motivación contenido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, concordante con el inciso 3 del artículo 139 del mismo cuerpo normativo, así como en el inciso 6 del artículo 50 e incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, además, se evidencia que han efectuado una debida valoración de los medios probatorios ofrecidos por las partes que tienen relevancia para la dilucidación de la controversia planteada en el proceso, con lo que se puede concluir que los Jueces Superiores no han incurrido en la infracción normativa denunciada. Cabe precisar, que resulta claro que ambas Sentencias de mérito han establecido que se encuentra debidamente acreditada la conducta antijurídica del Banco demandado y la responsabilidad de éste de resarcir económicamente a la parte demandante por los daños irrogados.
DÉCIMO SEGUNDO. Ahora, la demandada también sustenta su recurso en la inaplicación del último párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil, que establece: “mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal”. Asimismo, refiere que los demandantes carecen de interés para obrar, ya que a pesar que se encuentra pendiente la recuperación del inmueble, ellos pretenden el pago de una indemnización, lo cual consideran, significaría un enriquecimiento ilícito. 12.1. En tal sentido, se colige que los argumentos expuestos no guardan relación alguna con el texto de la norma, habida cuenta que ésta se refiere a las condiciones y efectos de una Sentencia, resaltando la exigencia de una debida motivación a efectos de resolver la cuestión controvertida y, excepcionalmente, la validez de la relación procesal, condiciones que se han visto satisfechas conforme a lo expresado en los considerandos noveno y décimo, por lo que, debe desestimar la denuncia formulada.
Fundamentos por los cuales, de conformidad con lo regulado en el artículo 397 del Código Procesal Civil: 4.2. Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada BBVA Banco Continental[7] en consecuencia: NO CASARON la Sentencia de Vista contenida en la Resolución número nueve, de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis[8], expedida por la Quintas Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima la cual confirmó la Sentencia apelada contenida en la Resolución número veintisiete, de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, que declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordena que el BBVA Banco Continental pague a la parte demandante Jorge y Patricia Rosario Tellez la suma de treinta y cinco mil dólares americanos (US$.35,000.00) por concepto de daño moral y ochenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho dólares americanos (US$.89,898.00) por concepto de daño emergente, más intereses legales, con costas y costos a cargo de la parte vencida, integraron la misma en el sentido que resulta infundada la demanda de indemnización de daños y perjuicios por concepto de lucro cesante. 4.2. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Sucesión de Rodolfo Rosario Reyna y otra contra BBVA Banco Continental, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios y los devolvieron. Ponente Señor Romero Díaz, Juez Supremo.
[1] Folio 874
[2] Folio 859
[3] Folio 737
[4] Folio 38 del Cuadernillo de Casación
[5] Folio 201
[6] Folio 859
[7] Folio 874
[8] Folio 859