Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20071129&secondRef=ITEM-008&language=ES&ring=A6-2007-0412
Timestamp: 2013-05-25 10:39:13
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Debates - Jueves 29 de noviembre de 2007 - Explicaciones de voto
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Jueves 29 de noviembre de 2007 - Bruselas
Explicaciones de voto orales - Informe: Jo Leinen (A6-0412/2007) Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, el informe del señor Leinen es una prueba más del pernicioso sistema de autoservicio que esta Unión Europea está desarrollando en todos los partidos políticos. En mi opinión, es típico que incluso las campañas de las elecciones europeas sean financiadas ahora por el contribuyente, campañas organizadas, naturalmente, en nombre de partidos europeístas, porque como sabemos, el nivel está deliberadamente alto y los euroescépticos, de hecho, consideran imposible satisfacer los criterios para la financiación. Este es el enésimo caso de robo fiscal, disfrazado y difundido en esta Cámara como democratización. La gente que les está ayudando ahora, que les está ayudando con dinero de la hucha comunitaria, es la misma gente que se ha negado por completo a celebrar un referendo democrático en Francia y los Países Bajos, y anteriormente en Dinamarca, y que se sigue negando a celebrarlo ahora. Es la misma gente que dice que nuestros ciudadanos no pueden opinar acerca de si Turquía debería unirse o no a la Unión Europea. Por Dios, dejemos que paren de hablar de democratización y de hacer pasar su voraz apetito de dinero por un deseo de ayudar a la sociedad. - Informe: Martine Roure (A6-0444/2007) Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe Roure por una serie de razones básicas. Una de ellas es que los Estados miembros son perfectamente capaces de promulgar salvaguardias legales contra el racismo, es decir que la acción de la Unión Europea en este ámbito está reñida fundamentalmente con el principio de subsidiariedad. La Directiva marco es también un ataque a la libertad de expresión. A pesar de que es aceptable combatir el racismo —y por racismo me refiero a la incitación específica a la violencia o al uso de la misma—, no es aceptable confundir este concepto con el debate público legítimo, como la oposición a la inmigración en masa, la oposición a la islamización o la defensa de la identidad nacional. Jean-Louis Bourlanges (ALDE). – (FR) Señor Presidente, al igual que mis colegas he votado a favor del informe de la señora Roure sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal. Lo he hecho porque estoy de acuerdo con la línea que adopta, pero también porque la ponente y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior nos han propuesto un informe que tiene por objeto proteger la libertad de pensamiento, investigación y expresión. Cualquier decisión de este tipo implica un riesgo: el riesgo de conceder a una autoridad política el derecho a decir a la gente lo que puede y no puede pensar, decir y escribir legalmente.
En mi país hemos visto alguna legislación inapropiada: el señor Gollnisch, por ejemplo, quería que los programas escolares incluyesen referencias positivas al trabajo colonial de Francia. De forma más taimada, las leyes cuya intención estaba muy clara, como la de la señora Taubira, han sido malinterpretadas o mal aplicadas para iniciar procesos injustificados contra obras históricas, cuya objetividad, rigor intelectual y excelencia académica en general habían sido universalmente aceptados por los historiadores.
Parece probable que la opinión que hemos adoptado impida estos abusos, en primer lugar porque reconoce formalmente la libertad de expresión como un derecho fundamental, y en segundo lugar porque la Decisión marco no pretende castigar los comentarios, análisis u opiniones, sino la incitación al odio, que es algo completamente diferente. Esperemos que todos los Estados miembros y agrupaciones políticas puedan adoptar el mismo planteamiento equilibrado y acertado que nuestra ponente. - Informe: Jo Leinen (A6-0412/2007) Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe Leinen relativo a la financiación de los partidos políticos europeos, porque no es aceptable que los fondos europeos se canalicen hacia asociaciones políticas europeas existentes, discriminando así a los grupos que no sienten la necesidad de organizarse a nivel europeo. Por otra parte, es muy cínico pintar la financiación europea de las campañas electorales europeas y toda forma de fundación política europea como un reforzamiento de la democracia europea. Por esa razón, como acaba de decir el señor Claeys, los partidos implicados son precisamente los que han coreado siempre que debemos hacer caso omiso de los resultados electorales en contra de la Constitución Europea de Francia y los Países Bajos, y continuar adelante con el proceso de ratificación. Estos partidos también han estado muy discretos con respecto a la cuestión de la celebración de un referendo para la adhesión de Turquía. No obstante, eso representaría un reforzamiento de la democracia europea. Sin embargo, la financiación, claramente, solo es apropiada para aquellos partidos que son políticamente correctos en sus ideas acerca de Europa. Por esa razón, debemos votar en contra. - Informe: Martine Roure (A6-0444/2007) Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, dado que acabo de criticar de forma exhaustiva el primer informe Leinen, simplemente quiero hacerme eco de los sentimientos de mi amigo Philip Claeys, que ha respondido adecuadamente a los comentarios un tanto extraños realizados por el señor Bourlanges. Las nociones del racismo, por una parte, y el debate público legítimo, por la otra, se están confundiendo completamente. Esto se puso de manifiesto por los comentarios del Observatorio Europeo del Racismo cuando dijo que la islamofobia era una nueva forma de discriminación y que la respuesta a las caricaturas danesas fue una ley contra la blasfemia. Esto es muy peligroso, ahora que sabemos que el debate público normal acerca del Islam y la islamización puede ser interpretado como una incitación al odio hacia los musulmanes. Por todas estas distintas razones, consideramos que el conjunto del debate es inaceptable y hemos votado en contra tanto del informe Leinen como del informe Roure. - Informe: Jo Leinen (A6-0412/2007) Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe Leinen, porque se están ampliando las normas relativas a la financiación de los partidos europeos, que ya considero inaceptables per se. Para cumplir lo requisitos, no solamente se aplicarán criterios numéricos, sino también ideológicos, lo que significa que los partidos que reman contra corriente no tendrán ninguna oportunidad. Los grupos y partidos establecidos deciden quién obtiene la financiación. No existe siquiera ninguna disposición para apelar en contra de estas decisiones.
También debemos ser conscientes de la progresiva toma de decisiones, las típicas tácticas del salami que se están utilizando aquí. El principio de la financiación para los partidos europeos se sugirió con cautela hace algunos años. En ese momento se decidió expresamente que el dinero no se debería utilizar para financiar campañas electorales. ¿Y ahora? En efecto, se financiarán las campañas electorales. Además de esto, el dinero se canalizará a todos los tipos de fundaciones políticas. En estas circunstancias entenderá, señor Presidente, que he votado en contra de esta fórmula de autoservicio. - Situación en Georgia (RC-B6-0481/2007) Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Señor Presidente, hoy he votado a favor de la adopción de la Resolución sobre la situación en Georgia. Quiero expresar mi profunda preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en Tiflis y por la violencia empleada por parte de las fuerzas de seguridad.
La situación en la región exige un diálogo con todos los partidos, incluyendo los líderes de la oposición. La comunidad internacional, de la que la Unión Europea y la Federación de Rusia forman parte, debe hacer todo lo posible para garantizar que las próximas elecciones en Georgia se lleven a cabo democráticamente, respetando los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación.
No obstante, me ha sorprendido comprobar que los diputados del Grupo UEN querían eliminar una frase del apartado C relativa a la liberación de personas consideradas presos políticos.
Señor Presidente, creo que no entendió bien mi nombre al comienzo, de ahí que mi presentación haya sido más larga. Todavía no estoy seguro de si ya se me había concedido la palabra. - Informe: Jo Leinen (A6-0445/2007) Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). – (CS) No comparto el entusiasmo por este texto, que, en términos generales, predomina en esta Cámara. En mi opinión, los diez mandamientos comunicados al mundo por Moisés hace mucho tiempo deben mantenerse firmes en el ámbito de los derechos humanos. Obviamente, el contenido de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también se debe mantener firme.
Nosotros debemos conceder máximo valor a la libertad del individuo, que solamente deberá ser restringida para preservar la libertad de los demás. En particular, ciertas disposiciones relativas a los derechos sociales no están claramente definidas aquí y pueden ser difíciles de interpretar. Esto se refiere principalmente a las disposiciones contra la discriminación, pero también a derechos tan evidentes como el derecho de las personas mayores a participar en la vida social y cultural. Creo que las verdades manifiestas no se deberían tratar con medios legislativos. La disposición que se refiere a los derechos de los empleados plantea problemas en lugar de principios claros.
En mi opinión, la Unión Europea no es solo una reserva de trabajadores contratados. Por lo tanto, cuando no hace suficiente hincapié en la protección de la propiedad privada y los derechos de los propietarios y empresas, la Carta funciona de forma desequilibrada. He llegado a la conclusión de que la existencia de esta Carta no enriquecerá esencialmente nuestras vidas. Seán Ó Neachtain (UEN). – (GA) Señor Presidente, voto a favor de este informe porque creo firmemente que el Tratado de Reforma, o el Tratado de Lisboa, confiere estatuto jurídico a la Carta de los Derechos Fundamentales con sus 54 derechos individuales, incluyendo el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la igualdad ante la ley, el respeto de la vida familiar y el derecho a la justicia.
Creo que la mayoría de los irlandeses apoya esta Carta, al igual que el Gobierno, teniendo en cuenta que la Constitución europea fue aprobada hace un par de años.
Tendremos que celebrar un referendo en Irlanda, señor Presidente, sobre la reforma europea, es decir sobre el Tratado de Lisboa y, si prospera, tendremos que organizar una campaña clara, transparente, visible y profesional. Creo que el voto irlandés a favor dependerá fundamentalmente de la acción emprendida en Europa para garantizar que los derechos humanos sean totalmente respetados en el Tratado. Kathy Sinnott (IND/DEM). – Señor Presidente, el artículo 3, apartado d, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea permite la clonación terapéutica al prohibir solamente la clonación reproductora. Esto va en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Clonación Humana de 8 de marzo de 2005, que reconoce la necesidad de prohibir toda forma de clonación humana. La clonación, por la razón que sea, destruye los embriones humanos. No puedo votar a favor de esto. Me habría gustado haber apoyado el artículo 26 relativo a los derechos de integración de las personas discapacitadas. Frank Vanhecke (NI). – (NL) No quiero que haya ningún malentendido aquí, señor Presidente. No se debe considerar que el hecho de que haya votado en contra del informe Leinen sobre derechos fundamentales significa que esté en contra de que se concedan más derechos y libertades fundamentales a los europeos, sino todo lo contrario. Tanto dentro como fuera de esta Cámara, he hablado con frecuencia en defensa de la libertad de expresión y en contra de las leyes que amordazan a las personas. El tema es que este informe no trata de libertades fundamentales. Los europeos, afortunadamente, ya cuentan con derechos y libertades muy fundamentales con los que impedir los abusos en sus propios países y a nivel de la Unión Europea. He votado en contra porque el hecho de convertir esta Carta en un documento vinculante supone, en realidad, un gran paso hacia una Europa federal. Estoy a favor de Europa como una confederación de naciones libres y, como consecuencia, he votado en contra de este informe sobre derechos fundamentales, aunque sin oponerme, por supuesto, a los derechos básicos fundamentales per se. Mario Borghezio (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, siete horas bajo tierra en una celda del Palais de Justice belga, gracias al Alcalde de Bruselas y al silencio de las autoridades competentes, me dieron mucho tiempo para pensar en los derechos fundamentales.
Estoy culpando, y por esa razón la Lega Nord ha votado en contra de la Carta de Derechos Fundamentales, a la falta de atención prestada a los peligros inherentes del artículo 10. Con respecto a la libertad de religión, no hay preguntas, pero la libertad de observancia, ¿sin límites? Los límites contemplados en la Constitución de mi país, Italia, son: límites de decencia pública, seguridad y orden público.
¿Es la Unión Europea consciente de que el canibalismo es un problema vigente? ¿Sabe lo que son los ritos de vudú? Creo que nuestros colegas flamencos tenían razón al señalar, en términos muy claros, la ambigüedad de los textos que la Unión Europea produce, por ejemplo contra la islamofobia. Sin embargo, nunca se habla de la cristianofobia ni del racismo contra los blancos. Son problemas reales y la Unión Europea también debería tener en cuenta estos riesgos y peligros, y proteger a sus propios ciudadanos, a su cultura y tradiciones, la identidad de los pueblos europeos, si queremos una Europa de pueblos y no una Europa convertida en un crisol, en la que los derechos fundamentales no cuenten con una protección real.
Nosotros somos la prueba de ello, los que hemos sido enviados a prisión por defender nuestras ideas y los derechos de los ciudadanos europeos, mientras Europa observaba en silencio. Francesco Enrico Speroni (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, yo también he votado en contra del informe sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, no porque esté en contra de estos derechos, sino para poner de manifiesto una ambigüedad, un peligro inherente a la redacción de esos derechos, en particular —como el señor Borghezio ya ha señalado— en el artículo 10, en el que no existen límites por lo que respecta a la libertad de manifestar la religión de uno, a través del culto, las prácticas y la observancia de los ritos.
Dado que no hay límites, las prácticas satánicas, los ritos de vudú, los ritos contrarios al orden público, contrarios a la moral pública, contrarios a otros derechos podrían perfectamente estar permitidos y practicarse. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, si se interpretase el texto literalmente, no tendrá más remedio que dictar sentencia a favor de cualquier acción interpuesta por quienes practican estos ritos, algo que iría en contra no solamente de tradiciones antiquísimas, sino también del sentido común. - Informe: Alain Lipietz (A6-0409/2007) Georgios Papastamkos (PPE-DE). – Señor Presidente, el Grupo del PPE-DE ha decidido votar a favor del informe Lipietz sobre comercio y cambio climático en esta mini sesión plenaria. El informe lo merece y aborda muchas de las preocupaciones que todos nosotros compartimos. No obstante, hemos decidido votar en contra de algunas de las enmiendas de los apartados, porque consideramos que el calentamiento global debe ser abordado a través de medidas sostenibles que no tengan un efecto adverso sobre el crecimiento económico ni sobre las perspectivas a largo plazo para el modelo social europeo.
Como grupo político, nos afecta mucho el problema del cambio climático. La Unión Europea ha tomado la iniciativa al proponer medidas de gran alcance para hacer frente al cambio climático. En nuestra opinión, las propuestas de Europa se han convertido en la referencia para cualquier debate futuro y son compatibles con nuestro modelo económico.
Consideramos que el comercio global ha sido beneficioso para la economía mundial, pero, al mismo tiempo, reconocemos que es necesario continuar trabajando, especialmente en el sector del transporte, para reducir las emisiones nocivas. No obstante, no se debería distorsionar el comercio mundial en sí. Explicaciones de voto por escrito - Informe: Arlene McCarthy (A6-0430/2007) Brian Simpson (PSE), por escrito. − Votaré a favor de este informe, porque, al menos, permite a los Estados miembros —y en particular al Reino Unido— continuar utilizando las medidas del sistema imperial.
Personalmente prefiero el sistema métrico decimal, pero hay algunas zonas donde la propia naturaleza del trabajo que se realiza exige el uso de las medidas del sistema imperial. No me refiero a la venta de verduras, sino a trabajos como la renovación de modos de transporte históricos y que forman parte del patrimonio, y en particular de los ferrocarriles antiguos.
Quiero señalar que en el Reino Unido no todos utilizan el sistema imperial. El gran juego de la liga de rugby se pasó al sistema métrico decimal hace años. Peter Skinner (PSE), por escrito. − Ya está claro que, a pesar de los decididos intentos de algunas personas por denigrar a la Unión Europea sobre la base de las medidas, la Unión Europea es capaz de hacer frente a estas cuestiones de una manera práctica. El uso del sistema imperial junto con el métrico decimal ha sido lo habitual para los ciudadanos británicos durante algún tiempo. A pesar de que en los colegios ahora se aprende el sistema métrico decimal y de que muchos han crecido con estas unidades de medida, para muchos otros se mantiene el principio de utilizar el sistema imperial. Esto es positivo y debería calmar a muchos de los que se sintieron desconcertados por los anteriores artículos de prensa que afirmaban lo contrario. - Informe: Kader Arif (A6-0452/2007) David Martin (PSE), por escrito. − El Líbano es ya uno de los países más endeudados del mundo y la concesión por parte de la Unión Europea de ayuda macrofinanciera está plenamente justificada. No obstante, deben establecerse condiciones para garantizar que se rinda cuentas convenientemente de las finanzas de la Unión Europea y para que el fraude y la mala gestión sean tratados con una tolerancia cero. Cabe señalar que, una vez más, la Unión Europea está pagando la cuenta de los ataques israelíes sobre un país vecino. - Informe: Ioannis Varvitsiotis (A6-0428/2007) Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. − (PT) Debemos asegurarnos de que la justicia en Europa no esté confinada a las fronteras nacionales que ya han desaparecido físicamente entre los Estados miembros.
Es fundamental garantizar la igualdad de trato para todos los ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de su nacionalidad o país de residencia. Un sospechoso que no reside en el país donde va a tener lugar el juicio no debe recibir un trato diferente a un sospechoso que sí resida en ese país.
En estos momentos no se pueden trasponer ni transferir entre Estados miembros las medidas de vigilancia no privativas de libertad, dado que no existe un reconocimiento mutuo de las mismas. Esto cuestiona la protección judicial de los derechos individuales.
Por lo tanto, apoyo esta propuesta de Decisión marco sobre la orden europea de vigilancia en el marco de las medidas cautelares, que permitiría el reconocimiento mutuo de las medidas cautelares de vigilancia, pudiendo los sospechosos regresar a su Estado miembro de residencia durante la fase de investigación.
Esto reduce el ámbito de aplicación de los arrestos (especialmente en el caso de los delitos menos graves), al tiempo que fomenta una cooperación más eficiente en el ámbito judicial. Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Como ha ocurrido en procesos anteriores, esta Decisión marco del Consejo sobre la orden europea de vigilancia en el marco de las medidas cautelares aplicadas entre Estados miembros, que el informe del Parlamento Europeo acaba de aprobar, forma parte de un intento de reforzar y completar un «espacio de justicia europeo común», siguiendo el camino marcado por los programas de Tampere y La Haya en busca de una «Europa sin fronteras (internas)».
Entre otros aspectos, la propuesta de una Decisión marco y el informe defienden que se extienda el uso de la orden de detención europea para que abarque todos los delitos (sin establecer un umbral).
Estas y otras medidas previstas pretenden ampliar el ámbito de aplicación de la armonización del Derecho penal en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, reforzar la naturaleza federalista de la Unión, y avanzar y sacar fuerza del Tratado de «Reforma», que retira a los Estados nuevas competencias en los ámbitos de la justicia y los asuntos internos. - Informe: Martine Roure (A6-0444/2007) Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) Después de más de cinco años de negociaciones, el Consejo ha alcanzado finalmente un acuerdo acerca de la Decisión marco relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal. A pesar de que debemos acoger con satisfacción este importante avance, también debemos lamentar que se haya conseguido a costa de una protección mínima.
Como señala el informe de la señora Roure, la Decisión marco establece solamente un nivel mínimo de armonización, y su efectividad y ámbito de aplicación han sido gravemente limitados por las numerosas derogaciones que incluye.
A pesar de los esfuerzos del Parlamento Europeo, cuando se le planteó la consulta con respecto a este texto, para dotarlo de una mayor fuerza, la Decisión marco carece de ambición y no será suficiente para hacer frente a los problemas a los que nos enfrentamos: combatir el racismo y garantizar que nuestros valores universales sean compartidos.
Esta Decisión marco debe considerarse como un primer paso en el proceso de enfrentarse al racismo y la xenofobia a nivel europeo y conseguir una máxima armonización en este ámbito.
A pesar de estas carencias, he votado a favor de la adopción de este informe en el Pleno, porque es sumamente importante para la Unión Europea, y el Parlamento Europeo en particular, para enviar un sólido mensaje político en apoyo de los derechos fundamentales. Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Apoyo la opinión minoritaria expresada oficialmente por el señor Dillen. La Directiva marco relativa a la criminalización de «determinadas formas de racismo y xenofobia» es una legislación europea liberticida, que llega a afectar a la libertad de pensamiento y expresión, como la legislación de Gayssot y Taubira en Francia.
Ningún discurso político en defensa de las identidades nacionales, expresando el orgullo por la historia nacional o en contra de la propagación de la migración y del peligro universal para la libertad que supone la incesante islamización de nuestro continente escaparán ahora a la cólera de la policía política. Una vez más, Europa no se pone del lado de sus propios pueblos, porque quienes han elaborado esta Directiva y los diputados al Parlamento Europeo que acaban de adoptarla ya han decidido quiénes son los supuestos criminales y quiénes son las supuestas víctimas.
Con respecto a la armonización del Derecho penal, en un momento en el que se están disparando armas de guerra contra la policía en los suburbios franceses, cuando nuestro continente continúa bajo la amenaza de la matanza terrorista y cuando criminales reincidentes están aprovechando la eliminación de las fronteras para llevar a cabo terribles crímenes en un país tras otro, tenemos cosas más urgentes que oficializar la dictadura intelectual y judicial de quienes prefieren lo relacionado con el extranjero y apoyan el multiculturalismo impuesto. Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) El propósito del informe de la señora Roure consiste en combatir el racismo. Se trata de un objetivo muy loable, pero lamentablemente se está utilizando como excusa para aplicar una política que discrimina a los nacionales de nuestros Estados miembros, que se están convirtiendo en ciudadanos de segunda en sus propios países.
Dos trágicos acontecimientos ocurridos el pasado domingo ponen esto de manifiesto. El asesinato de una joven francesa, Anne-Lorraine Schmitt, por parte de un violador convicto de origen turco, no ocupó los titulares, a diferencia de las muertes ocurridas el mismo día de dos «jóvenes», Moushin y Larami, que circulaban a una velocidad excesiva en una motocicleta sin licencia, no llevaban casco y colisionaron con un coche de policía. El accidente obtuvo una amplia cobertura en las noticias de la televisión y el Presidente francés se reunió con los padres de los dos adolescentes.
Por lo tanto, ¿si uno busca la simpatía del Estado, tiene que quemar y saquear una ciudad, como hicieron cientos de matones que afirmaban estar vengando la muerte de sus «compañeros» Moushin y Larami? ¿Por qué las víctimas inocentes tienen derecho a menos consideración que los delincuentes? Ya es hora de poner fin a estas aberraciones: el planteamiento suavizado de las autoridades, la política de inmigración descabellada de los últimos 30 años y el supuesto antirracismo, que en Francia se parece más a un empedernido racismo contra los franceses. Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) La Unión Europea no es solamente un mercado único, sino que es, sobre todo, una unión de pueblos que comparten los mismos valores, en particular la protección de los derechos fundamentales individuales. Por lo tanto, la adopción de la Decisión marco relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal era necesaria urgentemente. Europa está emprendiendo acciones para combatir el racismo y la discriminación, y esta es la razón por la que necesitamos un instrumento que garantice el mismo nivel de protección en todos los Estados miembros contra los actos racistas y xenófobos. Tenemos que encontrar un equilibrio justo, asegurando un nivel equivalente de castigo para las palabras y acciones que incitan a la violencia y al odio, garantizando, el mismo tiempo, la libertad de expresión. Así, por ejemplo, respetamos las tradiciones nacionales por lo que respecta a la condena de la tesis revisionista.
No obstante, lamento el hecho de que el ámbito de aplicación de esta propuesta se haya reducido por la necesidad de alcanzar la unanimidad en el Consejo, y yo recomendaría a los Estados miembros que vayan más allá, junto con el Parlamento Europeo, a la hora de revisar este texto. Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) El informe de la señora Roure dio lugar a muchos quebraderos de cabeza. Por supuesto, apoyo totalmente la ambición de combatir los diversos frentes contra el racismo y la xenofobia, allí donde surjan. Existen buenas razones para debatir la legislación a nivel de la Unión Europea. Las ideas, tanto buenas como malas, se mueven rápidamente cruzando fronteras y entre los pueblos. La protección judicial es heterogénea en Europa.
Al mismo tiempo, tenemos motivos para ser cautos por lo que respecta a la armonización del Derecho penal, sobre todo en un ámbito que tiene implicaciones constitucionales. Suecia mantiene una actitud generosa con respecto a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de religión. Algunas partes de Europa no mantienen la misma actitud, por razones obvias. La Decisión del Consejo, que fue negociada meticulosamente por la Presidencia alemana, garantiza un nivel mínimo de protección. El informe de la señora Roure pretendía ir más allá y contenía una serie de consideraciones muy poco claras. Por lo tanto, al final he votado en contra del informe.
Por supuesto, la libertad de expresión no puede ser absoluta. No obstante, al decir esto no se deja claro que todas las restricciones deben estar particularmente bien justificadas. - Informe: Ruth Hieronymi (A6-0442/2007) Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), por escrito. – (FR) El texto adoptado hoy supone un paso importante para el sector de los medios audiovisuales y también para los ciudadanos de Europa.
Es el resultado de largas negociaciones en las que el Parlamento Europeo ha desempeñado una importante función.
Introduce considerables mejoras en la propuesta original de la Comisión Europea, en particular al ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a los nuevos medios de comunicación y mediante medidas prácticas para fomentar las producciones audiovisuales europeas.
Estos puntos aseguran que los medios audiovisuales tradicionales y digitales puedan desarrollarse de forma competitiva, salvaguardando al mismo tiempo la diversidad cultural que concede a Europa su identidad.
Reconocer el derecho de acceso a breves extractos también marca un progreso real para los organismos de radiodifusión, incluyendo los paneuropeos, siempre que este derecho se ejerza de forma razonable.
Finalmente, por primera vez tendremos reglas claras relativas a la publicidad indirecta. Esta práctica ya existe, pero actualmente se está desarrollando sin ningún marco regulador y, por lo tanto, sin transparencia ni certidumbre jurídica. Con las garantías propuestas, la publicidad indirecta abrirá nuevas oportunidades para la creación y producción audiovisual europea, ofreciendo al mismo tiempo la información y protección del consumidor necesarias. Henri Weber (PSE), por escrito. – (FR) Aquí estamos, tras un largo y laborioso proceso. Hemos conseguido del Consejo todo lo que podía ofrecernos. Hemos reincorporado lo que considerábamos esencial en el texto y, para nuestra sorpresa y satisfacción, hemos de admitir que casi todas nuestras propuestas nuevas han sido aceptadas.
Por supuesto, habríamos estado más satisfechos si hubiésemos podido refrenar a los operadores y organismos privados de radiodifusión por lo que respecta a la liberalización de la publicidad. Por supuesto, habríamos preferido que la publicidad indirecta estuviese prohibida. Por supuesto, habríamos preferido una postura más firme con respecto a la publicidad dirigida a los niños. Sin embargo, obviamente, esta no era la posición de la mayoría en esta Cámara ni en el Consejo.
Dado que los servicios de los medios audiovisuales necesitan esta legislación lo antes posible, y dado que tenemos que admitir que el Consejo y la Presidencia alemana han ofrecido una cooperación sincera y, al fin y al cabo, productiva, ahora podemos decir que el vaso está medio lleno. Así pues, el Grupo Socialista apoya la propuesta de aprobar el texto resultante de las negociaciones. - Informe: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007) Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. − (PT) La fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y munición tienen consecuencias graves para la seguridad de todos los habitantes de la Unión Europea. Por otra parte, el seguimiento de las armas de fuego tiene máxima importancia en la lucha contra el crimen organizado.
Es fundamental tomar las medidas necesarias para prevenir, combatir y erradicar este tipo de crimen.
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la violencia entre personas y el suicidio ocupan los puestos tercero y cuarto, respectivamente, entre las principales causas mundiales de accidente y muerte prematura en las personas de entre 15 y 44 años de edad, con una gran proporción resultante del uso de armas de fuego.
Por lo tanto, esta iniciativa pretende adaptar la Directiva sobre el control de la adquisición y tenencia de armas, y establecer normas comunes que permitan a los Estados miembros controlar la adquisición y posesión de armas de fuego, así como su transferencia a otro Estado miembro.
A pesar de que, en términos generales, la propuesta de la Comisión es positiva, se limita a incorporar aspectos del Protocolo de la ONU de 2001. Es importante que también se plantee los cambios que el informe de la Comisión del año 2000 identificó como necesarios. Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe de mi colega de Grupo la señora Kallenbach relativo a las armas, que representa un compromiso merecido.
El uso legítimo de las armas de fuego desempeña un papel importante en toda la Unión Europea. Las armas de fuego contribuyen a diversas partes de la economía, sea en el ámbito de la fabricación o venta o en partes de la economía rural donde disparar es una necesidad. Muchos miles de personas también participan en actividades con armas de fuego en su tiempo de ocio.
No obstante, es fundamental la existencia de unos controles adecuados para evitar que las armas de fuego legítimas pasen al campo de la delincuencia. El informe de hoy encuentra un equilibrio práctico que permitirá a quienes utilizan armas de fuego de forma legítima continuar haciéndolo, al tiempo que se frustran los intentos de quienes pretenden hacerlo fuera de la ley. Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. − (PL) Señor Presidente, voto a favor de la adopción del informe de la señora Kallenbach sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de armas (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD)). Estoy de acuerdo en que la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y munición tienen consecuencias graves para la seguridad de todos los habitantes de la Unión Europea.
El informe señala con acierto que las armas pequeñas son las herramientas de la violencia en la sociedad, porque se pueden conseguir fácilmente, son baratas, ligeras y fáciles de utilizar.
También señala la necesidad de incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva el comercio en Internet y el suministro de plataformas para el comercio de armas en Internet. David Martin (PSE), por escrito. − He votado a favor de este informe y acojo con satisfacción la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de las Naciones Unidas relativo a la adquisición y tenencia de armas. El Protocolo ofrecerá una mayor protección del consumidor, dado que reforzará la vigilancia del mercado, permitirá una rápida trazabilidad de las mismas, gracias a las bases de datos informatizadas, y la destrucción de armas ilegales, ayudando, por lo tanto, a reducir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas en los territorios de los Estados miembros. Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. − (SK) Las armas no son productos convencionales. Representan un gran peligro especialmente para los niños y los jóvenes, que están bajo la amenaza de la propagación de la cultura del uso de las armas a través de Internet. En Europa se han producido algunos incidentes muy negativos recientemente, protagonizados por jóvenes que utilizaron armas. Me satisface que no nos hayamos quedado impasibles ante los acontecimientos ocurridos en Finlandia y en Amberes, Bélgica.
Soy consciente de que una prohibición de las armas supondría un aumento del tráfico ilícito, por lo que esta cuestión exige un planteamiento político muy prudente. Los protocolos de la ONU han sido un punto de partida para esta Directiva. Antes de su ratificación, sus obligaciones tenían que ser traspuestas a la legislación europea.
He votado a favor del informe, porque introduce un compromiso viable, limitando la venta ilícita de armas, pero respetando también los intereses autorizados de los cazadores y los propietarios legales de armas deportivas. La Directiva permitirá un mejor marcado de las armas y también reconoce que cada uno de los Estados miembros tiene sus propias tradiciones y cultura con respecto al uso de las armas. Prohibirá el uso de las armas por parte de jóvenes menores de 18 años. Los jóvenes podrán participar en actividades deportivas solamente bajo la supervisión de sus entrenadores y progenitores.
En mi opinión, gracias al trabajo responsable de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Europa tendrá una legislación moderna en materia de armas. La armonización parcial de las normas en la Unión no solamente servirá para eliminar las ventas ilícitas, sino que garantizará que las armas peligrosas, que suponen una amenaza para personas inocentes, desaparezcan gradualmente de nuestras calles. Catherine Stihler (PSE), por escrito. − Este informe sobre el control de la adquisición y tenencia de armas debe ser acogido con satisfacción. Enfrentarse a la cuestión de los delitos a punta de pistola y al tráfico ilegal de armas hacia la Unión Europea debe ser una prioridad. - Informe: Cristian Dumitrescu (A6-0450/2007) Astrid Lulling (PPE-DE) , por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Dumitrescu y me satisface que, gracias a los esfuerzos del Parlamento, hayamos podido adoptar compromisos viables para todas las partes implicadas. Para Luxemburgo, el artículo 5 del Reglamento es de suma importancia.
Este artículo reincorpora la libertad contractual que permite que las dos partes —el consumidor y el profesional— elijan qué legislación nacional se debería aplicar a su contrato, sea la del Estado miembro de residencia del consumidor o la del Estado miembro del profesional.
En su propuesta, la Comisión intentaba cambiar esto diciendo que solamente se aplicaría la legislación del país de residencia del consumidor. Esto habría tenido consecuencias devastadoras para los Estados miembros más pequeños, porque las empresas de estos países que operan en el mercado único se habrían visto obligadas a aplicar hasta 27 legislaciones nacionales diferentes, lo que habría impedido que las PYME en particular realizasen actividades comerciales más allá de sus fronteras nacionales.
Los consumidores de los Estados miembros más pequeños habrían sufrido una considerable reducción de la oferta, dado que el aumento de la burocracia resultante de esta propuesta podría haber persuadido a los operadores para que dejasen de suministrar servicios a los consumidores residentes en esos países. Inger Segelström (PSE), por escrito. − (SV) Los socialdemócratas suecos hemos votado a favor del informe, porque creemos que es importante, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y en el contexto de los acontecimientos que han tenido lugar tanto por lo que respecta al comercio como al marketing, que contemos con reglas comunes modernas para la elección de la legislación aplicable en las obligaciones contractuales. No obstante, no estamos satisfechos con el compromiso surgido y, por lo tanto, votamos en contra del apartado 2 de la enmienda 77 que se refiere a los contratos del consumidor. Consideramos que Europa necesita una mayor protección del consumidor, con normas claras tanto para las empresas como para los consumidores. En nuestra opinión, el compromiso no resuelve esta cuestión de forma satisfactoria.
Unos consumidores seguros, conscientes de sus derechos y con confianza para realizar compras transfronterizas, son importantes para la economía y la prosperidad de Europa. No obstante, compartimos la preocupación expresada por las pequeñas empresas relativa a la carga impuesta sobre quienes operan en el comercio electrónico en Europa con respecto a la adquisición de conocimientos acerca de la legislación del consumidor de los diversos Estados miembros. Se trata de una cuestión importante que queda por resolver. - Informe: Karin Scheele (A6-0299/2007) Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe de Karin Scheele sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, porque creo que los cambios presentados en el informe, que tienen por objeto ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento, refuerzan el papel del Parlamento Europeo en su aplicación, fomentando así una mejor regulación. Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el informe Scheele sobre los alimentos y piensos modificados genéticamente. Como es bien sabido, todavía existen muchas dudas acerca de los alimentos modificados genéticamente, en especial con respecto a su impacto sobre la salud humana y animal. Así pues, se debe mantener el principio de precaución en ausencia de certidumbre científica.
Por otra parte, alimentar a los animales con piensos modificados genéticamente significa que estos productos también entran en nuestra cadena de alimentación, aún cuando no existen garantías científicas de que son inofensivos para la salud.
En este informe, el Parlamento Europeo apoya la postura de la Comisión con respecto a los poderes de aplicación concedidos a la Comisión e impone una serie de condiciones sobre la legislación existente sin resolver las cuestiones fundamentales.
Por lo tanto, no podemos votar a favor. A pesar de que las condiciones pueden ser positivas, no resuelven la cuestión fundamental. Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − Mi Grupo presentó una importante enmienda al informe Scheele. En nuestra opinión, el Parlamento Europeo debería haber disfrutado de control absoluto en cuestiones relacionadas con los OMG. Considero que los OMG representan una amenaza considerable para la salud y el medio ambiente en la Unión Europea y que todas las decisiones relativas a estas cuestiones merecen el máximo control posible. Renate Sommer (PPE-DE), por escrito. − (DE) Tras una prolongada deliberación, los ponentes de los Grupos políticos de esta Cámara, hemos llegado a un compromiso para la modificación del Reglamento (CE) nº 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Este compromiso se alcanzó después de haber consultado a otros órganos, incluido el Consejo. Tiene en cuenta el nuevo procedimiento de regulación con control.
Por una parte, conseguimos ampliar los poderes del Parlamento en comparación con los previstos en el proyecto de la Comisión. También pudimos modificar el proyecto de informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, convirtiéndolo en una propuesta viable y realista. Rechazamos todas las modificaciones encaminadas a hacer un mal uso del nuevo procedimiento de comité con el objetivo de corregir veladamente los elementos clave de la legislación vigente sobre OGM.
El hecho es que no podemos darle la espalda a la ingeniería genética ecológica. Al contrario, los OGM son indispensables para el futuro. En vista del debate sobre el cambio climático, ya debería estar suficientemente claro, incluso para los políticos ecologistas de ideología muy marcada, que necesitamos aplicar métodos de bioingeniería para mejorar las fuentes renovables utilizadas en la producción de biomasa e ingeniería. Simplemente no poseemos suficiente tierra cultivable para mantener la cantidad necesaria de cultivos energéticos convencionales. Es más, tenemos que garantizar que los cultivos alimenticios y los energéticos no compiten por el espacio. ¡Los OMG autorizados son seguros y la ideología no llena estómagos! - Informe: Jo Leinen (A6-0412/2007) Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Decimos «no» a más subvenciones para los partidos políticos a escala de la UE. Según la propia idiosincrasia de la democracia, los partidos políticos se construyen desde abajo mediante un proceso de formación de la opinión, seguido por la formulación de programas políticos y la presentación de partidos que intentan ganar apoyos en las elecciones generales. La idea de permitir que la clase política y tecnocrática cree en la UE partidos desde arriba, utilizando el dinero de los contribuyentes, es repugnante para la democracia. Como consecuencia de ello aparecerían partidos independientes de sus miembros pero dependientes de la élite política.
De ahí que sea erróneo fomentar las subvenciones a los partidos de la UE mediante créditos para crear fundaciones políticas a nivel europeo. Los partidos de la UE ya les suponen a los contribuyentes más de diez millones de euros en el presupuesto de la UE de 2007 y parece que las fundaciones políticas conseguirán otro tanto mediante los créditos financieros. Eso significa que, en el futuro, los contribuyentes de la UE tendrán que pagar alrededor de 190 millones de coronas suecas a los partidos de la UE y a las organizaciones vinculadas a ellos. Los fondos se destinan a partidos de la UE que son meras intervenciones sobre el papel de Bruselas, a partidos que la población nunca ha solicitado, ni los ciudadanos ni los contribuyentes.
También resulta cuestionable desde el punto de vista moral que los políticos de esta Cámara se apropien con tanta palabrería del dinero de los contribuyentes en favor de sus propias organizaciones en un momento en el que se está recortado el gasto público en los Estados miembros. Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Mientras se intenta imponer la esencia de una propuesta de tratado que ya ha sido rechazada, llámese «constitucional», «mini», «simplificado» o «reformador», las instituciones supranacionales de la UE siguen fomentando la creación artificial de la denominada «opinión pública europea».
Es más, recordamos que esta determinación se ha convertido en una especie de cruzada después de que los franceses y los holandeses rechazaran la «Constitución Europea» y ha recurrido a todos los medios disponibles, incluidos los «partidos políticos europeos» y ahora, a sus bases políticas, para fomentar la «creación de una conciencia europea».
Como la Presidencia portuguesa ha dicho, la implicación de «todos nuestros ciudadanos en el fascinante proceso de la creación europea» es la «esencia real», la «causa real», el «tema real». Por tanto debemos preguntar por qué, a pesar de tanto entusiasmo, se ha evitado la celebración de referéndums sobre el Tratado Europeo.
Sin embargo, eso no es lo que desean las fuerzas dominantes en la UE. Lo que quieren, entre otras cosas, son fondos del presupuesto comunitario para financiar las campañas electorales de los partidos políticos europeos al Parlamento Europeo, lo que podría constituir una clara interferencia en los asuntos políticos internos y en el funcionamiento democrático de cada país. Kartika Tamara Liotard y Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. − (NL) En todos los países en los que conviven diferentes pueblos es normal que no haya partidos que operen a escala nacional. El antiguo Imperio austrohúngaro contaba con varios partidos socialdemócratas, católicos y liberales, cada uno de los cuales representaba a distintos grupos de población y estaba vinculado a sus propios grupos de interés y a su idioma. Durante décadas, Bélgica no ha tenido partidos políticos nacionales, sólo partidos flamencos y valones. Por tanto, ¿cómo podría tener la UE partidos «europeos»?
Nuestro partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, considera que los partidos son organizaciones de las bases, movimientos populares que trabajan juntos para lograr su idea de cómo debe ser la sociedad y luchan por los intereses de los grupos que depositan su confianza en un partido dado. Los partidos no forman parte de la maquinaria del Estado y no deben crearse utilizando ingresos fiscales. Por este motivo, votamos en contra de las decisiones anteriores sobre financiación de los partidos europeos y también estamos en contra de aumentar su nivel al 85 %. Además, consideramos que es poco realista fomentar las campañas europeas en lugar de las nacionales para las futuras elecciones europeas. Se celebran veintisiete elecciones nacionales en situaciones muy diversas. De ellas sale un único parlamento, con miembros de todos los países que se reúnen formando grupos de personas con ideas afines. Todos estamos a favor de la cooperación internacional a través de agrupaciones de ideas similares, pero eso no requiere la financiación de la UE. Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los partidos políticos a escala europea tienen posturas diferentes y a veces contradictorias sobre políticas europeas en distintos ámbitos. Por lo tanto, cualquier organización política europea vinculada con los partidos políticos debe ser independiente, de modo que pueda promover sus ideas políticas del modo que considere oportuno.
Las organizaciones políticas europeas en el ámbito de este reglamento deben hacerse cargo de la tarea de fomentar las políticas europeas oficiales, que a menudo están en contradicción con las posturas declaradas de los partidos políticos. Esto constituye una interferencia directa en la acción política de los partidos políticos europeos y de los partidos políticos nacionales que los componen. También sería prácticamente lo mismo que interferir indirectamente en los procesos políticos y electorales de los Estados miembros, dado que daría lugar —a través de la financiación planificada— a partidos políticos «favorecidos» y «no favorecidos», con las consiguientes repercusiones en las elecciones al Parlamento Europeo.
Por todo ello, todo reglamento debe fomentar la libertad de opinión y la transparencia, sin ninguna interdependencia que pudiera actuar como limitación de las opiniones y de la actividad de los partidos políticos nacionales y europeos. - Informe: Robert Sturdy (A6-0342/2007) David Martin (PSE), por escrito. − Acojo con satisfacción este informe, que pretende garantizar que el nivel de residuos de plaguicidas en los alimentos y piensos sea mínimo. Se trata de una cuestión importante para la salud humana y animal. - Proclamación de un Consenso Europeo en materia de Ayuda Humanitaria (B6-0484/2007) Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Como ya hemos señalado anteriormente, no podemos apoyar el «consenso» sobre los principios, objetivos y estrategias de la UE en materia de ayuda humanitaria a terceros países, que requiere que fomentemos la denominada intervención «humanitaria» como un «derecho» o incluso como una «obligación» y que usemos «medidas coercitivas, incluida la intervención militar, como último recurso», poniendo en peligro los principios básicos de la legislación internacional.
Desafortunadamente, las consecuencias de esa política son muy evidentes (a pesar de que se ocultan y omiten). La política camufla objetivos e intereses inadmisibles bajo un velo de «buenas intenciones», como si la constante denuncia a la agresión militar y la ocupación de Iraq por parte de los Estados Unidos y sus aliados no fuera suficiente, con el resultado de cientos de miles de muertos y el pillaje de un país con unos enormes recursos naturales.
La «intervención humanitaria» es un instrumento que las potencias más importantes usan para justificar su intervención en situaciones que a menudo ellos mismos han alimentado y agravado durante años de interferencia en busca de sus intereses estratégicos y de apoyo a las maniobras sin escrúpulos de las multinacionales.
Resolver los problemas graves que afectan a millones de seres humanos requiere respeto a la soberanía nacional, la resolución pacífica de conflictos internacionales y la satisfacción de necesidades urgentes en los países más pobres. - Situación en Georgia (RC-B6-0481/2007) Roberta Alma Anastase (PPE-DE), por escrito. − (RO) He votado a favor de esta resolución porque deseo que tenga una repercusión concreta en la situación en Georgia y en su firme decisión de continuar con la reforma democrática, además de en el proceso de consolidación de las acciones de la UE en este país y, en general, en todos las naciones vecinas del Este.
Como ponente de la cooperación en la región del Mar Negro, me gustaría reiterar la importancia de crear un área de estabilidad política y democracia real en esta zona. Mi proyecto de informe incluye este campo entre otras prioridades clave de cooperación regional y la situación en Georgia nos confirma la imperiosa necesidad de promover y consolidar la cooperación en este ámbito. Creo que para este propósito hay tres elementos que resultan esenciales: consolidar la reforma democrática en Georgia, conseguir buenas relaciones de vecindad en la región y la implicación constructiva de Rusia en este proceso y, finalmente, una implicación sólida y más activa de la UE en la estabilización y democratización real de Georgia y, en general, de la región del Mar Negro. Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Sólo quiero hacer algunos comentarios relacionados con la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Georgia.
En primer lugar, aunque señala el deterioro en la situación política y la represión en Georgia, es una nueva expresión de la interferencia de la UE, descrita de un modo eufemístico como ayuda para las «necesarias reformas políticas y económicas» y los «valores euroatlánticos».
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, reconoce los «avances políticos, democráticos y económicos logrados por el actual Presidente y el Gobierno de Georgia», aunque el contenido de la resolución dice exactamente lo contrario y no menciona la ola de represión a la que se están viendo sometidos los círculos progresistas del país.
En tercer lugar, la resolución ignora el hecho de que el deterioro de la situación social y económica en Georgia y las condiciones de vida de la mayoría de la población —con la caída de los ingresos y el empleo— son la causa del actual descontento social y el motivo de que hayan aumentado las disparidades internas, algo que la cúpula del poder está intentando usar y manipular, como ya había hecho en el pasado reciente.
Finalmente, en respuesta a esos importantes acontecimientos, el Parlamento Europeo «urge» al presidente Saakasshvili y a las autoridades georgianas, cuando ha «condenado» a otros por mucho menos. - Informe: Jo Leinen (A6-0445/2007) Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. − (PT) La Carta de los Derechos Fundamentales aprobada en Niza en el año 2000 es una lista de los valores europeos comunes con los que todos los ciudadanos pueden identificarse.
Estos valores se derivan del rico patrimonio cultural de los diferentes países de la UE, de sus legislaciones y tradiciones constitucionales, y caracterizan a la Unión no sólo como una entidad económica sino también como una comunidad de valores compartidos.
El Parlamento Europeo ha solicitado sistemáticamente que se le conceda el estatus de derecho primario a la Carta, lo que la convertiría en un punto central de referencia para el Tribunal de Justicia y para los tribunales nacionales y en un instrumento jurídicamente vinculante.
Por lo tanto, estoy muy satisfecho de que finalmente se haya confirmado este hecho y me complace constatar que el proyecto del Tratado de Reforma conserva la esencia de la parte II del Tratado que establece la Constitución Europea.
Lamento que la Carta se haya incorporado en forma de anexo, en lugar de en el cuerpo del Tratado, como justifica su importancia. También lamento que el Reino Unido y Polonia hayan ejercido su derecho de autoexclusión de este compromiso con los derechos fundamentales, a pesar de las recientes declaraciones del nuevo Gobierno polaco, que parecen indicar una actitud diferente, mucho más cercana a la conservación del espíritu común. Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Está claro que este informe sobre la Carta de los Derechos Fundamentales se está usando como pretexto para resucitar la esencia de la Constitución Europea y para burlar el deseo soberano de los pueblos de Francia y los Países Bajos, que ya la rechazaron, con el objetivo de evitar la celebración de referéndums sobre el denominado Tratado de Reforma. Este hecho resulta inadmisible y por eso hemos votado en contra.
Por una parte, resulta hipócrita hablar sobre la defensa de los derechos fundamentales cuando se está intentado esconder el contenido de este Tratado a la población, cuando se pretende evitar que se realice un debate abierto para aclarar estos aspectos y que los ciudadanos expresen su opinión a través de las urnas en referéndums nacionales.
Sin embargo, debemos destacar de nuevo que esta Carta es más débil que otros instrumentos, como la Constitución de la República Portuguesa, la Carta Social Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, que son válidos a escala internacional, más exhaustivos y de reconocida legitimidad.
Finalmente, no debemos olvidar que el principal objetivo de la Carta es facilitar el salto neoliberal, federalista y militarista hacia delante que es el propósito del denominado Tratado de Reforma. Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) El hecho de que la Unión Europea esté de nuevo preparada para aprobar la Carta de los Derechos Fundamentales demuestra tan sólo que la población europea está siendo engañada. La Carta inicial ha sido modificada, especialmente en lo que se refiere a su impacto jurídico, para garantizar que el Reino Unido también pueda firmar el Tratado Constitucional en Roma. Se trata de una concesión hecha a los británicos.
Sin embargo, el protocolo 7 del futuro Tratado de Lisboa, que fija la autoexclusión del Reino Unido y de Polonia, estipula «a fin de no dejar lugar a dudas» que «la Carta no amplía la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea» para aprobar dictámenes sobre las leyes o normativas de estos países sobre la base de la Carta, ni tampoco «crea derechos que se puedan defender ante los órganos jurisdiccionales de Polonia o del Reino Unido». Esto significa que los derechos establecidos en la Carta no serán derechos comunitarios. No deseo tener nada que ver con este engaño. Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Todas las instituciones de la UE están ya sujetas a la legislación internacional que garantiza la protección de los derechos humanos. Este hecho de deriva claramente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Racke. Además, todos los países de la UE han ratificado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Este Convenio es vinculante en todos los Estados miembros y desempeña perfectamente su función.
Por otra parte, un nuevo texto supondría un riesgo de inseguridad jurídica debido a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo podría dictar sentencias que fueran en contra de las decisiones adoptadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya funciona de un modo satisfactorio.
Nos oponemos a la idea de conceder un carácter jurídicamente vinculante a la versión adjunta a este informe de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Creemos que no es correcto conceder al Presidente un mandato solemne para proclamar esta Carta antes de la firma del Tratado y nos oponemos a cualquier paso encaminado a publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de que el procedimiento de ratificación concluya con un resultado positivo, si es que eso sucede.
En su lugar, le pedimos a los Estados miembros que inicien negociaciones para permitir que la UE pueda acceder al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de modo que las instituciones de la UE también estén sujetas a estas disposiciones comunes sobre los derechos humanos. Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Parece que el Parlamento Europeo ha aprobado (?) la «Carta de los Derechos Humanos» (CFR) por segunda vez, siete años después de que esto ocurriera por primera vez.
Debemos destacar que la CFR fue redactada por una «convención», creada a tal efecto, que consiguió un consenso basado en el mínimo común denominador debido a las presiones de fuerzas que defendían las posiciones más reaccionarias, concretamente el Gobierno laborista británico, liderado por Tony Blair.
El resultado de este procedimiento es una CFR que es mucho más débil en materia de asuntos sociales, que, por ejemplo, la Constitución de la República Portuguesa o la Carta Social Europea, que ya ha sido ratificada por Portugal.
Por ejemplo, la defensa del derecho al trabajo que está clara y explícitamente consagrado en la Constitución de la República Portuguesa (artículo 58) y en la Carta Social Europea (artículo 1) está «adaptado» y «modernizado» en la CFR y se ha convertido en ella en el «derecho de trabajar».
Hay otros ejemplos, como puede comprobarse en las «explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de la Convención que redactó la Carta y actualizadas bajo la responsabilidad del Praesidium de la Convención Europea» que elaboró la «Constitución Europea». Estas «explicaciones» son fundamentales para interpretar el contenido de la CFR pero prácticamente nunca la acompañan. Me pregunto por qué. Jules Maaten (ALDE), por escrito. − (NL) «Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes». Ésa es la primera frase del preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que los líderes de la UE firmaron en Niza el 7 de diciembre de 2000.
Y esta frase contiene por sí sola una verdad esencial. En nuestra Unión hemos compartido valores y normas que ahora se han consagrado como derechos en la Carta: libertades, igualdad, dignidad humana, solidaridad, derechos de los ciudadanos y justicia.
Mi opinión es que habría sido más positivo que la UE hubiera firmado simplemente el Convenio Europeo de los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Pero, en última instancia, ésta es una solución aceptable. Es un reconocimiento expreso de los derechos humanos en la UE. David Martin (PSE), por escrito. − Acojo con satisfacción y he votado a favor del informe Leinen relativo a la Carta de los Derechos Fundamentales. No obstante, me he abstenido con respecto a la enmienda que instaba a Polonia a hacer todo lo posible por aplicar plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales —como diputado británico, he pensado que esto podría ser un poco hipócrita—. José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. − (PT) Me he abstenido en la votación de esta propuesta porque la Constitución portuguesa proporciona una mejor protección para los derechos fundamentales y porque la opinión, sostenida por algunos, de que la legislación comunitaria tiene primacía sobre la legislación nacional de los Estados miembros podría generar litigios legales muy perjudiciales. Marek Siwiec (PSE), por escrito. − Hoy he votado a favor de la readopción de la Carta en su nueva forma, para que sea vinculante para las instituciones europeas. Mi Partido Socialista en Polonia y Europa apoya plenamente la adopción de la Carta, al igual que yo. La Carta es un instrumento fundamental en nuestra Unión, que concede derechos a todos sus ciudadanos —derechos individuales y derechos asociados a la ciudadanía—. Con esta Carta estamos cubriendo una importante laguna. La opción de no participar no es realmente una opción, dado que la Carta sigue siendo vinculante para las instituciones y para el derecho comunitario, aún cuando algunos países mantengan la esperanza de que esto no afecte al derecho nacional. El Tribunal de Justicia se asegurará de que la Carta se aplique correctamente. La proclamación de la Carta revisada y la referencia en el nuevo Tratado fortalecerán a la Unión Europea como espacio común de valores comunes y derechos comunes. Esa es la razón por la que todavía espero que la Carta se aplique en los 27 Estados miembros, sin excepción —incluido, en primer lugar, mi propio país, Polonia—. Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Voy a votar a favor de la adopción del informe del señor Leinen sobre la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.
Desde mi punto de vista, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe adoptarse sin reservas, y también debe hacerlo mi país, Polonia.
Esta adopción combinada con la aprobación del nuevo Tratado de Reforma, hará que la Carta sea un documento jurídico vinculante con el mismo rango que los demás tratados. Es importante para nuestros ciudadanos y también constituye un incentivo para el control de las actuaciones de las instituciones de la UE en ámbitos en los que los Estados miembros les han garantizado el derecho a actuar. Todos los ciudadanos podrán acogerse directamente a la Carta y defender sus derechos en los tribunales en toda la Unión Europea sobre la base de la legislación de la UE. Konrad Szymański (UEN), por escrito. − (PL) La Carta de los Derechos Fundamentales complica el sistema para proteger los derechos fundamentales en Europa. Hace que el sistema sea aún menos inteligible para los ciudadanos y muchos europeos tienen dudas con respecto a él. Ése es el motivo por el que dos Estados miembros han decidido establecer protocolos que les salvaguarden de las repercusiones inesperadas de la Carta. Y por ello voto en contra del Informe Leinen. - Informe: Ole Christensen (A6-0446/2007) Jan Andersson, Ole Christensen, Göran Färm, Anna Hedh, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Inger Segelström y Britta Thomsen (PSE), por escrito. (SV) Los socialdemócratas suecos y daneses hemos decidido votar a favor de la enmienda 41 de este informe. Se producen problemas en el mercado de trabajo debido a la existencia de contratos de trabajo inseguros y de sueldos con los que no es posible vivir. Hay que poner remedio a esta situación. En algunos países, se logra mediante salarios mínimos impuestos legalmente. En otros países estas cuestiones se resuelven a través de negociaciones entre los agentes sociales. En los países nórdicos, nos hemos decantado por este último modelo. Los socialdemócratas suecos y daneses creemos que debemos continuar manteniendo nuestra libertad para utilizar nuestro modelo de acuerdos colectivos con el objetivo de garantizar sueldos decentes a los trabajadores.
Dado que la enmienda presentada solicita que este tema se regule a través de los sistemas nacionales de los Estados miembros, creemos que es compatible con el modelo de acuerdos colectivos que hemos decidido aplicar. Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), por escrito. − El Grupo del PPE-DE apoya firmemente el principio de la flexiguridad y la ayuda a empleados y empresarios para que se adapten a los desafíos de la globalización. Hemos trabajado estrechamente con otros Grupos políticos y con el ponente del PSE para elaborar un informe que fuese positivo y equilibrado, y que hubiese obtenido un amplio consenso en todos sus puntos principales.
Sin embargo, también hemos dejado claro que no podríamos apoyar el informe final si se aprobaban dos enmiendas tardías. No podríamos aceptar la enmienda de última hora (41) del Grupo GUE/NGL relativa a una reducción obligada de la jornada laboral, que habría limitado las decisiones de los trabajadores, además de la remuneración; ni podríamos aceptar su enmienda 45 relativa a un salario mínimo para toda la Unión Europea, dado que el Tratado confirma que se trata de una cuestión que corresponde a los Estados miembros, que no es competencia de la Unión Europea y no tiene cabida en este informe.
Continuaremos trabajando estrechamente con todos los Grupos políticos que pretenden aportar ideas constructivas para ayudar a los trabajadores a afrontar el desafío del cambio. Sin embargo, no nos causa buena impresión ningún Grupo que prefiera tribuna con fines electorales a conceder prioridad a las verdaderas necesidades de la gente. Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Hemos votado en contra porque resulta inaceptable que el Parlamento Europeo apoye los objetivos fundamentales de la Comisión Europea sobre flexiguridad. Al aceptar que tanto trabajadores como empresarios están interesados por la flexibilidad, el texto aprueba la esencia de la Comunicación de la Comisión Europea, que pretende la desregulación del mercado de trabajo, liberaliza el derecho a despedir a trabajadores sin una causa justa, devalúa los acuerdos colectivos y debilita las luchas de sindicatos y trabajadores, aunque el texto es crítico con la Comunicación en algunos aspectos.
El texto contiene reiteradas referencias a la necesidad de tener «mercados laborales flexibles», «disposiciones contractuales adaptables» y «trabajadores capaces de adaptarse». Este hecho no deja lugar a dudas sobre la intención real del informe, el resultado de un acuerdo entre los dos grupos políticos principales del Parlamento Europeo, el PPE y el PSE, que incluye a los diputados al Parlamento Europeo portugueses del PS, el PSD y el CDS/PP.
Lamentamos que las propuestas que hemos presentado hayan sido rechazadas, incluida nuestra oposición a la inclusión de los principios de flexiguridad en el marco de la Estrategia de Lisboa, la revisión de las directrices para el empleo para el periodo 2008-2010 y los Planes de Reforma Nacionales y el uso de los fondos de la Comunidad para financiar ataques a los derechos de los trabajadores. Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Las políticas de empleo de los Estados miembros deberían determinarse a nivel nacional por medio de un amplio debate de corte democrático basado en la investigación y la experiencia nacional. Las políticas de empleo de los diferentes países de la EU deberían desarrollarse a partir de un proceso de competencia institucional.
Afortunadamente, ahora podemos debatir el modelo danés de flexiguridad porque la UE no introdujo una política común para el mercado laboral hace veinticinco años. Si se hubiera dado el caso, algunos países continentales, liderados por Alemania, habrían aplicado legislación de la UE que habría tenido consecuencias devastadoras para el empleo y el crecimiento en Europa y habría sido prácticamente imposible cambiar. Se habría obligado a los nuevos Estados miembros a adoptar esa política como parte del acervo comunitario y, de este modo, se habrían visto obligados a iniciar su andadura como Estados miembros en condiciones poco razonables.
Gracias al hecho de que no hay una política común en este ámbito, ahora podemos confrontar la flexiguridad, el modelo nórdico, el modelo anglosajón y el modelo continental y compararlos. Gracias a esta competencia institucional por encontrar buenas soluciones, existen soluciones en el mundo real que podemos comparar.
Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, hemos votado en contra de la propuesta en la última votación y en contra de todas las enmiendas presentadas que contienen opiniones sobre qué tipo de política de empleo deben buscar los Estados miembros. Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) La proliferación de nuevas palabras es uno de los síntomas de un problema sin solución: la falta de talento o experiencia a pesar de la riqueza del vocabulario existente. Se trata también de un paso hacia el lenguaje uniforme usado por una élite sin tierra natal, sin fe y sin leyes y por su maquinaria propagandística.
La «flexiguridad» que se supone que debería ser una forma de alcanzar la prosperidad en toda Europa a través de una equilibrada combinación de «flexibilidad» en el ámbito económico y «seguridad» en el ámbito social, es un nuevo ardid europeísta en favor de la globalización.
Para la Comisión Europea implica básicamente relajar la legislación laboral para combatir el desempleo. Sin embargo, en realidad la principal repercusión de este concepto liberal será que a las empresas les resultará más sencillo y más barato despedir a sus trabajadores para contratar mano de obra más barata. Esto atraerá aún a más inmigrantes de fuera de Europa, pero también representará una amenaza social al tener un efecto dominó, al hacer un poco menos seguros los trabajos menos pagados para después afectar también a los mejor pagados.
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento ha intentado modificar este texto para reducir sus repercusiones en el empleo, pero no será suficiente para saciar el apetito ultraliberal de los europeístas. Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del Informe Christensen porque adopta un enfoque para combinar la flexibilidad y la seguridad apropiado y ampliamente consensuado. Deja muy claro que un mercado de trabajo flexible puede ir de la mano de la seguridad laboral. El término «flexiguridad» se demoniza a menudo, pero en este informe hemos conseguido superar las connotaciones negativas de lo que debería ser un principio directriz para la política de empleo en Europa. La creación de empleo tiene una importancia vital para combatir el desempleo en Europa, que sigue siendo demasiado alto a pesar de los progresos realizados durante estos últimos años. La flexiguridad aporta una posibilidad realista de lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa.
Para ello, tenemos que encontrar modos de facilitar el acceso al empleo y de formar a trabajadores cualificados, flexibles y caracterizados por la movilidad y la motivación.
Tener un puesto de trabajo es la mejor protección contra todas las formas de exclusión social. Europa debe animar a los Estados miembros a facilitar el acceso al empleo a aquellos que están intentando entrar o volver a entrar en el mercado laboral.
Toda la legislación sobre el empleo y las condiciones laborales queda dentro de la competencia de los Estados miembros y apoyo las enmiendas que fortalecen el principio de subsidiariedad. David Martin (PSE), por escrito. − Me satisface ampliamente el empuje del documento de la Comisión sobre flexiguridad. Con este informe, el Parlamento deja claro que la flexiguridad debe mejorar la seguridad laboral y fomentar la seguridad en el empleo. A ningún trabajador se le deben negar los derechos a un trato igualitario, a la formación permanente o a los beneficios de la seguridad social. Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) El término «flexiguridad» es una pantalla de humo que oculta la mercantilización del trabajo y de los trabajadores.
Parece que esta pantalla de humo procede de Dinamarca. Tras el modelo sueco de la década de los sesenta, el modelo yugoslavo de autogestión de los setenta, el eterno modelo Mao, el antiguo modelo soviético, el modelo blairista e incluso el zapatista, ahora tenemos el modelo danés. Guiada por su «Andersen-manía», Margaret Thatcher se ha disfrazado de sirenita para hacernos creer que si les damos a los «trabajadores desechables» unos cuantos complementos, algo de formación y una rápida reinserción, estaremos dándoles más seguridad.
Dinamarca tiene un mayor número de días de huelga que Francia, pero eso no importa. La flexiguridad la ha convertido en un paraíso de mercados laborales flexibles y trabajadores felices (aunque podríamos preguntarnos por qué hacen huelga entonces…).
¿Qué hay de verdad en todo esto? La verdad es que en Europa estamos intentando crear «mindongs», esos trabajadores chinos, «medio agricultores, medio obreros» que trabajan en las peores condiciones posibles.
La idea global es reducir el nivel de protección que ofrecen el Código de Seguridad Social y el Código Laboral.
La «flexiguridad» es el fariseísmo aplicado a la legislación laboral. El resultado económico —como la reducción de las contribuciones a la seguridad social, que no han conseguido acabar con el desequilibrio en los costes de producción entre Asia y Europa— será ilusorio. Bairbre de Brún y Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. − Agradecemos el hecho de que el informe reestablezca de algún modo el equilibrio de la comunicación de la Comisión en favor de la protección de los derechos de los trabajadores. Aunque nos complace que se haya reconocido la necesidad de crear puestos de trabajo de calidad, de recurrir a la formación permanente, de enseñar nuevas habilidades y formar a los trabajadores de un modo continuo, y de tener estrategias especiales para incluir a los trabajadores más jóvenes y a las mujeres, lamentamos que los compromisos sean vagos y que no existan objetivos concretos en estos ámbitos.
Una economía dinámica y flexible debe estar al servicio de los derechos y necesidades de los trabajadores tanto como al de los intereses de la empresa. Rechazamos la versión unilateral de la flexibilidad que se ha presentado.
Nos oponemos al informe debido al hecho de que, en vista de la creciente tendencia a la temporalidad y del abuso de los trabajadores atípicos, la UE y los Estados miembros han sido incapaces de actuar, especialmente en lo relativo a los trabajadores eventuales. Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado en contra del Informe Christensen sobre flexiguridad porque, en aras de flexibilizar las relaciones laborales, debilita la protección del empleo estable y la seguridad del trabajador. A pesar de los esfuerzos y propuestas del Grupo por la Izquierda Unitaria Europea, el Parlamento Europeo, a través del compromiso conseguido entre los socialistas y la derecha europea, ha aprobado la filosofía básica —aunque se han hecho algunos cambios concretos— de las propuestas neoliberales de la Comisión. En aras de la competitividad y los beneficios empresariales, los logros de los sindicatos se consideran ahora «falta de flexibilidad» y «una carga». Los despidos resultarán más sencillos y no supondrán ningún coste para las empresas y el coste de proteger a los jóvenes desempleados recaerá totalmente sobre la comunidad. La responsabilidad de las empresas hacia los trabajadores se ve sustituida por la responsabilidad de la sociedad con respecto a los desempleados. La negociación colectiva y el papel de los sindicatos quedan gravemente debilitados en este nuevo modelo. La izquierda europea, en cooperación con los sindicatos, a través de sus propuestas a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y al plenario, está presionando en favor de la protección de los trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan. Defiende que el derecho a emprender acciones colectivas es una parte importante de la legislación laboral. Solicitamos a los Estados miembros que fomenten el empleo estable y garanticen los derechos de los trabajadores con un alto nivel de protección social. Pierre Pribetich (PSE), por escrito. – (FR) Desafortunadamente, la mayoría del Parlamento Europeo ha rechazado una enmienda de importancia fundamental al informe del señor Ole Christensen sobre los principios comunes de flexiguridad, por lo tanto, tengo que votar en contra del informe.
La enmienda 41 sobre el fomento de una política salarial europea proponía un salario mínimo de al menos el 50 % del salario medio nacional, lo que me parece esencial para combatir los sueldos bajos que a menudo desembocan en la pobreza.
La armonización de un sueldo mínimo a escala europea podría suponer un progreso esencial en las condiciones de empleo de los trabajadores de Europa. Lamento profundamente que este voto haya impedido una vez más que la Europa social avance hacia un mayor grado de justicia y cohesión. Peter Skinner (PSE), por escrito. − Para el movimiento obrero de toda la UE resulta esencial que haya un conjunto de derechos básicos establecidos que pueda verse respaldado a través de medios legales en caso necesario.
Dadas las presiones que se ejercen sobre el puesto de trabajo de millones de personas en la economía moderna liberalizada y dadas las repercusiones de la búsqueda de un mercado interior, es esencial crear un equilibrio correcto y eficaz. Apoyo los elementos de este informe que abordan estos temas por los motivos que acabo de mencionar. Renate Sommer y Gabriele Stauner (PPE-DE), por escrito. − (DE) Hemos votado en contra de este informe porque es una mezcolanza de declaraciones contradictorias sin ningún tipo de línea clara referida a cualquier aspecto social importante. En él se puede leer cualquier cosa que se desee. Además, le concede libertad total a la Comisión para actuar sin una base jurídica apropiada. Es más, rechazamos el término «flexiguridad» porque es un engendro lingüístico sin sentido. Catherine Stihler (PSE), por escrito. − La flexiguridad sólo puede funcionar en caso de que exista un apoyo decente a las personas que pierdan sus trabajos, tanto en forma de respaldo financiero como de ayuda para encontrar un nuevo puesto de trabajo. Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. − (SV) Desafortunadamente, el concepto de flexiguridad se ha afianzado de tal modo en el debate que resulta imposible evitarlo. El encarnizado intercambio de opiniones se centra en qué definición debe prevalecer. En términos generales, los conservadores le dan énfasis a la flexibilidad y los socialistas a la seguridad. Aunque por fortuna, en el informe sobre flexiguridad sobre el que hoy tenemos que votar en el Parlamento Europeo prevalece la última definición. Por ese motivo, puedo apoyar el informe, a pesar de la existencia de varias consideraciones menos afortunadas. Eliminar la rigidez que impide, especialmente a los jóvenes y a los trabajadores más veteranos entrar en el mercado de trabajo, debe tener prioridad absoluta si queremos acabar con la exclusión. - Informe: Paolo Costa (A6-0399/2007) Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. − (PT) La propuesta de la Comisión Europea para una nueva política turística europea presentada en su comunicación «Una nueva política turística en la UE: hacia una mayor colaboración en el turismo europeo», en la que se centra este informe, merece todo nuestro apoyo.
El informe refuerza y complementa las disposiciones de la propuesta de la Comisión, mejorándola mediante:
- la defensa de la armonización de las normas de calidad para las estructuras de acogida en Europa y la creación de un esquema de coordinación europeo para los sistemas de gestión de la calidad;
- la protección de los consumidores, especialmente en el ámbito de los servicios turísticos electrónicos (reservas y pagos);
- en el ámbito del turismo accesible, teniendo en cuenta no sólo a los turistas con movilidad reducida, sino también los problemas de accesibilidad que afectan a las regiones con características naturales o geográficas concretas, como las regiones más remotas;
- el fomento del turismo sostenible (económico, social, territorial, medioambiental y cultural);
- el refuerzo de los derechos de los pasajeros en el ámbito del transporte aéreo;
- el fomento del destino «Europa» y de los destinos turísticos europeos.
Voto a favor por estas razones. Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Aunque estamos satisfechos con algunos aspectos de este informe, como el fomento de las normas de calidad para las estructuras de acogida, la protección de los consumidores, la mejora de la accesibilidad a destinos turísticos y el turismo para todos, lamentamos el rechazo de nuestras propuestas, que destacaban la necesidad de:
- proteger los derechos de los trabajadores y los puestos de trabajo de buena calidad mediante la inversión en la formación y el desarrollo de los recursos humanos, garantizando contratos de trabajo seguros y salarios dignos y justos;
- adoptar un enfoque transversal con respecto al sector en las políticas comunitarias y la financiación, a través de la creación de un programa comunitario específico para complementar las iniciativas de los Estados miembros;
- reducir el carácter estacional de la demanda, minimizar el impacto del uso de recursos y de los desperdicios y desarrollar un turismo al que todo el mundo pueda acceder sin ningún tipo de discriminación.
Agradecemos la aprobación de propuestas cuyo objetivo sea:
- garantizar un turismo sostenible que apoye otras actividades económicas que se desarrollen antes o después en la cadena de servicios, que valore el paisaje y nuestro patrimonio cultural, histórico y medioambiental y que fomente la cohesión territorial;
- oponerse a la aparición de instalaciones turísticas basadas en el turismo de masas, que podría tener una repercusión muy negativa en las comunidades locales, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del Informe Costa sobre la política turística. El sector turístico desempeña un papel importante en las economías de todas las naciones europeas y es absolutamente esencial en muchas zonas rurales como las islas y las Highlands escocesas. Resulta muy importante que desde la UE brindemos un total apoyo al desarrollo de un sector turístico que tenga en cuenta las economías locales, la diversidad cultural y lingüística y el bienestar medioambiental. Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. − (SK) En el ámbito de las posibilidades que las nuevas tecnologías le ofrecen al sector turístico, los turistas evitan cada vez más el uso de intermediarios y agencias de viajes y realizan las reservas turísticas, especialmente las relativas al viaje y el alojamiento, mediante medios electrónicos.
A menudo se presentan casos en los que los consumidores quedan decepcionados al no obtener los servicios por los que ya han pagado con antelación. Recientemente he recibido noticias sobre las prácticas del hotel Victoria Garden Suites de Estrasburgo, donde se degradó a varios turistas eslovacos de un hotel de tres estrellas a uno de dos y donde se les trató como si fueran ciudadanos de segunda clase. El hotel no les reembolsó la diferencia entre los servicios por los que ellos habían pagado y aquellos que en realidad obtuvieron, a pesar de que era suficiente para reclamarla.
Este desarrollo del uso de la tecnología de la información para servicios turísticos requiere un marco de protección del consumidor y de los datos personales para las reservas electrónicas. Es importante que los consumidores reciban información adecuada, que no resulte engañosa, que esté actualizada y sea clara. Resultaría útil que, en beneficio de la protección del consumidor, se creara una certificación para los sitios que proporcionan información y servicios turísticos (reserva y pago) de carácter electrónico.
Nada es peor para el turismo que la falta de satisfacción de los consumidores europeos, por eso le doy mi total apoyo al informe «Una nueva política turística en la UE: hacia una mayor colaboración en el turismo europeo», tal y como lo ha presentado su ponente, el señor Costa, y me identifico personalmente con su atención a la protección del consumidor. Brian Simpson (PSE), por escrito. − He votado a favor de este informe porque incluye muchas buenas ideas sobre cómo desarrollar nuestra política turística. Sin embargo, deseo destacar la importancia del patrimonio industrial y cómo esto puede ayudar a regenerar antiguas zonas industriales y seguir proporcionándonos cultura e historia.
La conservación de nuestro patrimonio industrial es tan importante como la conservación de antiguos artefactos o fenómenos geográficos. Provengo de la región en la que nació la Revolución industrial, una revolución tan esencial para las vidas de tantas personas que merece reconocimiento como parte de nuestra excepcional cultura europea.
A pesar de ello, los recursos concedidos al patrimonio industrial tanto a escala nacional como europea son pequeños si los comparamos con otros sectores turísticos.
Por ejemplo, el organismo europeo encargado de los ferrocarriles turísticos y del patrimonio ferroviario, FEDECRAIL, es líder en todo el mundo en el ámbito de la conservación ferroviaria, aunque sigue recibiendo poca ayuda de la Unión Europea.
La Unión Europea debería reconocer la importancia del patrimonio industrial y darle prioridad a esta rama concreta del turismo para que los jóvenes puedan comprender el significado de nuestro pasado industrial.
Sin duda, ya es hora de reconocer el potencial que el patrimonio industrial tiene para desempeñar un papel importante en cualquier futura política turística europea. Renate Sommer (PPE-DE), por escrito. − (DE) Respaldo el informe sobre la nueva política turística de la UE. Pone de relieve las posibilidades para una actuación de la UE en el ámbito del turismo.
Aunque la UE no tiene competencia total en este terreno, puede adoptar medidas para fomentar el turismo. De este modo, la Unión puede contribuir a mejorar la competitividad del sector turístico, que constituye un importante factor económico y una fuente de puestos de trabajo aún más significativa.
Le concedo una especial importancia al objetivo de promover el turismo sostenible o, en otras palabras, una forma de turismo en la que los elementos medioambientales, económicos y sociales reciban la misma consideración. El turismo sostenible es esencial como base para el desarrollo y el mantenimiento de las actividades turísticas y es un factor crucial en la conservación y la mejora de nuestro patrimonio natural y cultural. La conservación del patrimonio natural desempeña un papel clave en el mantenimiento del éxito de este importante sector económico y hace posible que los destinos turísticos europeos se sostengan por sí mismos frente a la competencia internacional. Además, no podemos olvidar que la UE funciona siempre como un escaparate. Son muchas las áreas de actividad en las que múltiples zonas del mundo siguen nuestro ejemplo cada vez con más frecuencia. Eso supone una gran responsabilidad para nosotros. Por lo tanto, deseo solicitar a mis colegas diputados, especialmente a aquellos procedentes de regiones asociadas con el turismo, que apoyen la búsqueda de la sostenibilidad. Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) La nueva política turística de la UE debe ofrecer un mejor marco normativo para la protección del consumidor. Ése es el motivo por el que solicito la certificación de los sitios web que ofrecen servicios turísticos. Los consumidores deben recibir un servicio claro y transparente que cumpla las normas pertinentes de seguridad cuando se trate de hacer reservas y pagos.
A pesar del verdadero avance que se ha logrado en el fomento del «destino Europeo» a través de la creación de un portal de destinos turísticos, solicito encarecidamente a la Comisión y a los Estados miembros que continúen con sus esfuerzos para desarrollar las regiones aisladas con un gran potencial turístico (especialmente las regiones más remotas), en las que el turismo es el principal sector de actividad y un ámbito esencial para su desarrollo económico y social.
También deseo instar a las entidades profesionales del sector para que lleguen a un acuerdo sobre un sistema armonizado de clasificación de los alojamientos y para que inicien una colaboración público-privada a tal fin.
Finalmente, quiero exhortar a la Comisión a que lleve a cabo un estudio de impacto sobre las consecuencias del turismo estacional a escala regional y en el pasado. Si llegamos a conocer mejor este fenómeno, seremos capaces de combatirlo de un modo más eficaz. Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. − (SV) Justo al principio, en el considerando A, el informe señala que no hay base jurídica para una política turística europea. A continuación, se refiere al importante papel que el turismo puede desempeñar en la promoción de la integración social y a la importancia de la creciente cooperación para proporcionar instalaciones a los turistas. Cuenta con una gran cantidad de estadísticas y medidas comunes sobre garantía de calidad y protección del consumidor. También incluye reflexiones sobre la necesidad de proteger, conservar y restaurar el patrimonio cultural europeo.
El Parlamento solicita a la Comisión que proporcione a los Estados miembros una guía para mejorar la coordinación política en el desarrollo del turismo a escala nacional, regional y local. El Parlamento Europeo también desea crear una etiqueta de patrimonio europeo para incrementar el apoyo a aquellos elementos que se consideren dignos de conservación (se mencionan como ejemplos las rutas culturales europeas o los monumentos).
Desde mi punto de vista y según la legislación existente, la política turística es una cuestión nacional. El sector turístico ha de desarrollarse compitiendo con las actividades turísticas de otros países y cada país debe ser libre para crear su propia política. Por tanto, he votado en contra de este informe. - Informe: Alain Lipietz (A6-0409/2007) Daniel Caspary (PPE-DE), por escrito. − He decidido votar a favor del informe del señor Alain Lipietz sobre «comercio y cambio climático» en la minisesión plenaria de noviembre en Bruselas. El informe es excelente y se ocupa de muchas de las preocupaciones que todos compartimos. Sin embargo, he decidido votar en contra de algunas enmiendas y apartados porque creo que el calentamiento global debe solucionarse mediante medidas sostenibles que no tengan una repercusión negativa en el crecimiento económico del mundo o en las perspectivas a largo plazo del modelo social europeo.
Me preocupa mucho el tema del cambio climático. La Unión Europea ocupa una posición de liderazgo a la hora de proponer soluciones de gran alcance para enfrentarnos al cambio climático. Creo que las propuestas de Europa se han convertido en la referencia para cualquier debate futuro y considero que son compatibles con nuestro modelo económico.
Desde mi punto de vista, el comercio global ha sido beneficioso para la economía mundial, pero al mismo tiempo reconozco que es necesario acometer más actuaciones, especialmente en el sector del transporte, para reducir las emisiones nocivas. Pero no debemos distorsionar el comercio mundial. Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor del Informe Lipietz sobre el comercio y el cambio climático porque creo que Europa debe convertirse en el líder mundial de la lucha contra el cambio climático y, por este motivo, creo que la política comercial de la Unión Europea debe modificarse sustancialmente para fomentar una economía con bajas emisiones de carbono.
El informe destaca la necesidad de desarrollar patrones de producción, consumo y comercio que mitiguen el cambio climático y sus repercusiones económicas. Por lo tanto, es necesario adoptar medidas que promuevan la producción local para reducir la necesidad de transporte, además de crear normas y esquemas de etiquetado comunes en la Unión Europea con el objetivo de incrementar la conciencia del consumidor sobre las implicaciones medioambientales de los distintos productos. Christofer Fjellner (PPE-DE), por escrito. − (SV) Los moderados hemos conseguido hoy disuadir al Parlamento Europeo para que votara en contra de la propuesta de introducir aranceles sobre los productos procedentes de países que no hayan firmado el protocolo de Kyoto. Del mismo modo, hemos persuadido al Parlamento Europeo para que no apoye la opinión de que la economía de mercado es la culpable de todos los problemas medioambientales del mundo. Por ello, hemos votado a favor del informe sobre el comercio y el cambio climático.
El comercio no es por sí mismo una amenaza para el medio ambiente, más bien todo lo contrario. El comercio crea la prosperidad que necesitamos para afrontar los futuros retos medioambientales. Nos proporciona la capacidad de usar de un modo más eficaz los recursos escasos y aparta a la gente de la pobreza, que es el origen de la mayoría de los problemas medioambientales del mundo. La apertura y el comercio son también condiciones necesarias para que se produzca la transferencia de tecnología, lo que les permitirá a los países que hoy están en vías de desarrollo tener un mejor medio ambiente en un plazo más corto del que nosotros mismos necesitaremos.
Por otra parte, el transporte que no asume sus costes medioambientales es un problema importante. Los moderados consideramos que el Parlamento está adoptando el enfoque erróneo en la votación de hoy al promover propuestas para bloquear y limitar el comercio. El Parlamento debería centrarse en obligar al transporte a soportar sus costes medioambientales. La preocupación que todos compartimos por el medio ambiente no debe convertirse en un pretexto para el proteccionismo, porque el proteccionismo es una amenaza para el desarrollo y por tanto una amenaza para un medio ambiente óptimo. Glyn Ford (PSE), por escrito. − El informe del señor Lipietz aborda una importante cuestión. Si de verdad queremos intentar controlar la producción de gases de efecto invernadero, debemos asegurarnos de que estos costes sean tenidos en cuenta en todas las ocasiones. El comercio —el libre comercio— es un motor importante para la economía global y es algo que debemos apoyar. No obstante, a largo plazo, no podemos continuar transportando las mercancías miles de kilómetros por todo el mundo, mientras que mercancías prácticamente idénticas viajan en sentido contrario, sin garantizar que todos los costes estén cubiertos. Sin embargo, esta transición tendrá que gestionarse con cuidado, si no queremos que algunas de las personas más pobres del mundo soporten la carga del despilfarro del mundo industrializado, debido al abuso sin reparo de los recursos medioambientales del planeta. Europa tiene la responsabilidad de proteger a estas personas cuyo sustento se ha basado, sin ninguna culpa por su parte, en la obtención de beneficios a corto plazo en lugar de en la valoración de la viabilidad a largo plazo del planeta. Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) El Grupo Junilistan cree que la UE tiene que desempeñar un papel importante en la lucha para reducir el efecto que está teniendo la humanidad en el clima de la Tierra. Dado que es uno de los principales agentes del comercio internacional, la UE tiene la posibilidad de ejercer una influencia sobre los efectos medioambientales de la producción y el transporte internacional.
Sin embargo, existen graves riesgos asociados a este informe. Se puede leer, tanto explícita como implícitamente, que una política basada en estas consideraciones abrirá la puerta a las tendencias proteccionistas que muchos grupos de interés y países de la UE apoyarán. Los intereses concretos siempre intentan presentarse como paladines del interés público. Por eso sería muy arriesgado apoyar este informe. Como resultado, podríamos acabar teniendo un mayor proteccionismo que derivaría en unos mayores costes para el mundo pobre y para los consumidores de la UE.
En lugar de seguir esta estrategia, la UE debería continuar por el camino que ha elegido en calidad de modelo y aliado de todos los países del mundo que desean actuar de un modo responsable frente al cambio climático. Por tanto, el Grupo Junilistan ha decidido votar en contra de este informe. Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Estamos completamente de acuerdo con el informe cuando afirma que «el modelo económico vigente, que conlleva una maximización constante del consumo, de la producción y de los intercambios comerciales, es insostenible, ya que genera un consumo cada vez mayor de recursos y transportes, así como un incremento de los residuos y emisiones» y que el sistema de comercio vigente conlleva «una división del trabajo a escala planetaria basada en un gran volumen de transporte de productos» que podrían producirse localmente.
Sin embargo, deseamos destacar ciertos aspectos negativos, como la solicitud para llegar a un acuerdo sobre la supresión de las barreras arancelarias y no arancelarias a los «bienes y servicios ecológicos» como parte de las actuales negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC y la aceptación implícita de la negociación de los acuerdos de libre comercio, algo que contradice lo que el propio informe había dicho antes sobre el actual sistema comercial.
Nos oponemos enérgicamente a la introducción del «principio de quien contamina paga, preferentemente mediante la extensión a escala mundial del régimen de comercio de derechos de emisión», al que nos oponemos debido a las consecuencias que podría tener. Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe Lipietz sobre comercio y cambio climático. El problema del cambio climático es uno de los más urgentes de la jornada y exige acciones reales a nivel nacional, comunitario y global.
A pesar de que apoyo el informe de hoy, que aborda muchos de los problemas internacionales importantes, también quiero subrayar las sugerencias del Gobierno escocés para una propuesta de ley sobre el cambio climático. El Gobierno ha establecido un objetivo obligatorio a largo plazo para conseguir una reducción del 80 % de las emisiones de Escocia para 2050. Creo que esto merece nuestros elogios y espero que otros países de la Unión adopten objetivos igualmente ambiciosos en sus esfuerzos por combatir el calentamiento global. Syed Kamall (PPE-DE), por escrito. − A pesar de que existe un amplio consenso con respecto a la necesidad de reducir las emisiones nocivas, el autor de este informe solicitó medidas que limitarían el comercio con los países más pobres —condenando a sus ciudadanos a la pobreza, alterando las cadenas de suministro e introduciendo sanciones poco realistas—.
Los conservadores consideran que la mejor forma de reducir las emisiones nocivas es a través de un mayor uso de la tecnología, el establecimiento de objetivos realistas y el aumento del comercio con los países más pobres, para que se puedan permitir invertir en procesos y tecnología más limpios y ecológicos. Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Esta propuesta de resolución está disfrazada de baratos colores ecológicos y expresiones generalizadas de buenas intenciones para ocultar su contenido reaccionario, que lleva el sello de las agrupaciones y organizaciones imperialistas.
Critica el transporte aéreo y por carretera como principales generadores de CO2 en comparación con el transporte marítimo y el ferroviario, pero a pesar de ello envía el mensaje de que la libertad de elección (para las multinacionales) es fundamental para el comercio mundial.
En el caso del transporte, solicita un sistema de comercio de gases de efecto invernadero, que no ha conseguido reducir las emisiones de CO2 pero ha demostrado ser un rentable mercado bursátil para el capital. Apoya los objetivos de los monopolios internacionales relativos a una generosa financiación a través del «Mecanismo de Desarrollo Limpio» (MDL).
Asigna al Banco Europeo de Inversiones el papel de supervisor «respetuoso con el medio ambiente» para que actúe «de conformidad con las recomendaciones de la OCDE y el G-8» y solicita que las futuras propuestas sean aquéllas que dicte la OMC.
El punto esencial es que las multinacionales aún están saqueando los recursos naturales, aún se están diezmando los bosques, se están reduciendo y degradando las reservas de agua potable, se está propagando la desertificación, los cultivos MG están cada vez más extendidos, los elementos químicos tóxicos están provocando contaminación, los conflictos armados y las intervenciones imperialistas están perpetuándose, los gases de efecto invernadero están aumentando, miles de millones de personas están soportando la especulación y el saqueo, y esta resolución proporcionará respaldo y apoyo.
Por lo tanto, los diputados al PE del Partido Comunista de Grecia votaremos en contra de la propuesta. David Martin (PSE), por escrito. − Acojo con satisfacción el informe, que recoge una serie de medidas realistas acerca de cómo el comercio podría utilizarse como parte de la lucha contra el cambio climático. Así, se deberían fomentar soluciones como la exención de derechos arancelarios para los productos con unos valores bajos de consumo/producción de gases de efecto invernadero; la prohibición de la importación de maderas exóticas, una política de etiquetado de aquellos productos que permiten el ahorro de energía y la integración de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión. Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) El informe del señor Lipietz sobre el comercio y el cambio climático se refiere a dos ámbitos en los que la UE tiene la máxima competencia para ejercer una influencia internacional. Por lo tanto, resulta muy importante que desde el Parlamento Europeo demos a conocer nuestras opiniones sobre el tema. Todos los países del mundo necesitan participar en la economía internacional a través del comercio. Sólo un sistema comercial desarrollado y el desarrollo económico proporcionan una base real para sacar a la gente de la pobreza y para influir en el medio ambiente. El compromiso de Europa con el medio ambiente y el desarrollo debe seguir siendo un catalizador para una economía sostenible basada en el comercio y no una barrera para él. Por lo tanto, lamento que el informe que hemos votado hoy tome una dirección que no favorece incondicionalmente el comercio y el desarrollo. Sin embargo, he votado, no sin un gran recelo, a favor de él porque se han retirado las formulaciones más problemáticas. - Informe: Luisa Morgantini (A6-0432/2007) Jim Allister (NI), por escrito. − En la votación de la enmienda 6 relativa al informe Morgantini sobre el impulso de la agricultura en África, hemos podido comprender mejor las afinidades y simpatías del Grupo GUE/NGL y la más amplia familia de la izquierda. Declarándose amigos del tirano Mugabe y negándose a oponerse a su presencia en la Cumbre entre la Unión Europea y África que tendrá lugar en Lisboa, han mostrado ellos mismos sus verdaderos colores. Al pensar que Mugabe es un déspota vil que ha puesto de rodillas a su país, me he sentido muy feliz al votar en contra de la enmienda 6 como un medio para hacer constar mi indignación por su comportamiento y por su posible presencia en la Cumbre. El hecho de que el Parlamento, aunque por un estrecho margen, haya aprobado esa enmienda, es un atroz estímulo para ese tirano. Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Denunciamos una inaceptable maniobra política liderada por los sectores más reaccionarios del Parlamento Europeo para intentar usar el informe sobre la «agricultura en África» para criticar la legítima participación del Presidente de la República de Zimbabue, una país miembro de pleno derecho de la Unión Africana, en la próxima cumbre EU-África. Esta maniobra ha sido rechazada a efectos prácticos.
Con respecto al informe en sí mismo, creemos que contiene varios puntos positivos, como su crítica de que basar la ayuda para «impulsar la agricultura en África» con el objetivo de «facilitar el comercio» únicamente en los Acuerdos de Asociación Económica es una forma de chantaje para fomentar la liberalización del comercio de productos agrícolas.
Promover que muchos de estos países conviertan sus economías agrícolas en sistemas dependientes de la UE es un intento de atar a estos países a un acuerdo que les impone un modelo agrícola basado en el monocultivo para la exportación, lo que provocará obvios y graves problemas económicos, sociales y medioambientales tanto para la población de muchos países africanos como para los habitantes de los Estados miembros de la UE.
Por lo tanto, creemos que ayudar a la agricultura africana significa contribuir a un desarrollo responsable desde el punto de vista social de un modelo agrícola basado en sus propias necesidades específicas, en la soberanía y seguridad alimentaria de cada país. Última actualización: 27 de octubre de 2008Aviso jurídico