Source: https://www.hausarbeiten.de/document/318128
Timestamp: 2018-02-19 16:09:26
Document Index: 256096980

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1']

Efectos Secundarios de las Obligaciones Civiles. La Acción Oblicua ... | Hausarbeiten publizieren
1. ACCIÓN OBLICUA
1.3. DIVERSAS DENOMINACIONES
1.4. FUNDAMENTO LEGAL
1.4.1. DERECHO Y ACCIONES QUE PUEDE EJERCER EL ACREEDOR
1.4.2. DERECHO Y ACCIONES QUE NO PUEDE EJERCER EL ACREEDOR
1.6. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA
1.6.1. REQUISITO RELATIVO AL DEUDOR
1.6.2. REQUISITO RELATIVO AL ACREEDOR
1.6.3. REQUISITO RELATIVO AL CRÉDITO
1.6.4. REQUISITO DE FORMA
1.7. EFECTOS
2. ACCIÓN PAULIANA
2.3. DIVERSAS DENOMINACIONES
2.4. FUNDAMENTO LEGAL
2.5. NATURALEZA
2.6. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA
2.6.1. REQUISITOS RELATIVOS A LAS PARTES
2.6.2. REQUISITOS RELATIVOS AL ACTO
2.6.3. REQUISITOS RELATIVOS AL CRÉDITO
2.7. EFECTOS
3. DIFERENCIAS DE LA ACCIÓN OBLICUA CON LA ACCIÓN PAULIANA
Sabemos que el deudor responde con su patrimonio del cumplimiento de su obligación, ya que su patrimonio es la garantía del crédito del acreedor, tal como lo dispone el artículo 1.864 del Código Civil, y que este patrimonio está formado no sólo por los bienes y derechos que el deudor tenga en un momento dado, sino también por los que en el futuro entren a formar parte de su patrimonio (artículo 1.863 del Código Civil). Por lo tanto, el acreedor tiene un marcado interés en la conservación del patrimonio de su deudor, pues mientras ese patrimonio se conserve, mientras aumente, mayor garantía tendrá el acreedor de ser satisfecho en su respectiva acreencia. El legislador, para proteger este legítimo interés del acreedor, confiere determinados derechos y acciones destinados a impedir que un deudor doloso (o culposo, negligente o imprudente) sustraiga, oculte, enajene o disipe ese patrimonio y disminuya o haga desaparecer así las garantías de su crédito.
Esos derechos y acciones con los cuales el legislador faculta al acreedor para asegurar su crédito, son de la más variada índole, pero la doctrina los ha sintetizado en tres grandes categorías:
1º. Acciones o medidas ejecutorias o ejecutivas.
2º. Acciones precautorias o cautelares.
3º. Acciones Conservatorias.
Marcel Planiol considera que el tercero de los derechos inherentes a la calidad de acreedor es “el derecho de ejercer ciertas acciones destinadas a conservar intacto el patrimonio del deudor, considerada como prenda de los acreedores”.
En este trabajo de investigación se abordará las llamadas Acciones Conservatorias que son aquellas con las cuales el legislador faculta al acreedor para impedir el perjuicio que pueda causarle el deudor que disipe o enajene fraudulentamente su patrimonio, o no ejerza las respectivas acciones legales contra sus respectivos deudores. Estas acciones conservatorias son las llamadas acción oblicua, subrogatoria o indirecta; la acción Pauliana, llamada también acción revocatoria o de fraude y la acción por simulación.
En el transcurso de la investigación se abordará a profundidad sobre la acción oblicua, subrogatoria o indirecta y la acción Pauliana o revocatoria.
1. ACCIÓN OBLICUA.
El supuesto de la acción oblicua es un deudor que descuida el ejercicio de sus derechos y acciones, por ejemplo, el cobro de sus acreencias, con lo cual si sus bienes son insuficientes para pagar la obligación, lesiona los derechos del acreedor. Según Eloy Maduro Luyando, el ejercicio de la acción oblicua supone necesariamente un deudor que bien por dolo o por culpa permanece inactivo y no ejerce los derechos y acciones que tiene contra su respectivo deudor, con lo que perjudica a su acreedor que a fin de cuentas es la garantía de su crédito. Esa inacción puede deberse a dolo del deudor que, sabiendo que el ejercicio de éste derecho sólo beneficiaría a su acreedor, deja de activarlo, o bien por culpa, es decir, por descuido o negligencia, no lo ejerce.
La ley, por lo tanto, le otorga al acreedor la facultad de ejercer la acción de su deudor contra el tercero. Es una aplicación del adagio “debitor debitoris est debitor meus”, es decir, el deudor de mi deudor es deudor mío. Cabe pensar que el acreedor, en lugar de ejercer los derechos del deudor, podría simplemente embargar el crédito del deudor contra el tercero. Sin embargo, esta medida tendría poca utilidad por la dificultad de conseguir compradores y por el bajo precio que tendrían en el mercado muchos créditos. La ley prefiere, como medida de equidad, darle al acreedor el derecho de ejercer las acciones de su deudor.
El origen histórico de la acción oblicua no es bien conocido. Los jurisconsultos Henri, Léon y Jean, citados por Oscar Ochoa, expresan que “el origen de la acción oblicua es oscuro”.
Según Rafael Maldonado, la acción oblicua, como casi todas nuestras instituciones jurídicas, emana del Derecho Romano, su actual estructura se desprende de un procedimiento colectivo de quiebra civil conocido en Roma y denominado Venditio Bonorum. Declaraba la quiebra civil de un deudor, sus acreedores podían repartirse el patrimonio de ese deudor y proceder a su liquidación; para ello, un representante de los acreedores demandaba por cuenta de éstos y ejercía también los derechos y acciones del deudor. El patrimonio del deudor podía ser vendido en bloque y su adquirente disponía de todos sus derechos y acciones.
Por otro lado Emilio Betti, citado por Oscar Ochoa, asegura que:
El precedente histórico de la acción subrogatoria está en la conversión del mandatum actionis conferido al acreedor que tenía un crédito en prenda, en una legitimación (otorgada por el pretor gracias a la jurisdictio que le es propia) en una actio utilis que sustituye la actio mandato: actio utilis cuyo ejercicio el acreedor pignoraticio se presentaba como un sustituto procesal (procurador in rem suam) sin obligación de rendir cuenta del resultado del juicio al titular del crédito.
En el antiguo Derecho francés se inició la utilización de la acción oblicua como medida conservatoria individual. En este Derecho se admitió que los acreedores pudiesen subrogarse en el ejercicio de los derechos del propio deudor sin necesidad de autorización judicial como se requirió en el Derecho romano. Jean Domar (1625-1695), citado por el jurisconsulto Emilio Betti, decía “que es común al Derecho romano y al Derecho consuetudinario que los acreedores puedan ejercitar todos los derechos y las acciones de sus deudores”.
Aparece por primera vez, en nuestra codificación civil la acción oblicua en nuestro Código civil de 1973 que tomó por modelo el Código Civil de Italia de 1865, que sí la incluía. El artículo 1.234 de este Código civil fue transcrito literalmente pasando en ser el artículo 1.167 de nuestro Código en 1.873. Desde esa fecha este artículo se ha repetido en las siguientes reformas del Código civil hasta el actual, consagrado en su artículo 1.278.
1.3. DIVERSAS DENOMINACIONES.
La acción oblicua es también denominada en doctrina subrogatoria o acción indirecta.
La expresión de acción indirecta no es usualmente empleada porque ese rasgo está implícito en las dos expresiones anteriores y no sería propio de esta acción en particular, siendo, entonces, vago e impreciso.
La expresión acción oblicua es empleada para resaltar su oposición a la acción directa de la cual es titular el acreedor, quien la puede ejercer en su propio nombre sin intermediario contra el deudor. Mediante la acción oblicua se acciona contra el mismo deudor por medio de intermediario del acreedor normal, quien es al mismo tiempo el deudor de quien intenta la acción. La acción contra el deudor es sesgada puesto que es intentada por el acreedor del acreedor, y el derecho que se ejerce es de éste.
La acción oblicua es también llamada acción subrogatoria porque busca subrayar que el acreedor no actúa por sí mismo, sino como subrogado (legalmente) en los derechos de su deudor. Sin embargo, no hay tal subrogación pues ésta, como señala José Castán Tobeñas, “implica un cambio de acreedor, mientras que la acción subrogatoria supone únicamente una sustitución en la acción para exigir el pago”.
1.4. FUNDAMENTO LEGAL.
La acción oblicua está consagrada en el artículo 1.278 del Código Civil: “Los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se les deba, los derechos y acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor”. Dicho artículo, tomado del Código Napoleónico e influenciado directamente por Pothier, ha sido crítica por la doctrina por lacónico e insuficiente.
La razón por lo que la ley permite a los acreedores ejercitar por sí mismos contra los terceros los derechos y acciones de su deudor, radica en que puede ocurrir en que existan en el patrimonio del deudor derechos y acciones que éste no haga valer, precisamente por ser insolvente y por saber que todos sus bienes serán absorbidos por sus deudas. Por ejemplo, el deudor no se ocupa de interrumpir una prescripción que corra contra él, de aceptar una herencia a la que está llamado, de pedir la participación de esta herencia. En estos diversos casos el derecho de embargo del acreedor no podrá ser ejercitado, pues el embargo sólo es prácticamente posible sobre los bienes que existen ya en el patrimonio del deudor de un modo efectivo, y sobre los créditos, pero no sobre las acciones.
Se requiere en hacer la observación de que el artículo 1.278 no se aplica cuando el deudor es un comerciante y ha sido declarado en quiebra o en liquidación judicial, porque la quiebra suspende las persecuciones individuales de los acreedores; es el síndico el que ejercita, en nombre de la masa, los derechos y acciones del quebrado. Lo mismo ocurre en caso de liquidación judicial.
1.4.1. DERECHO Y ACCIONES QUE PUEDE EJERCER EL ACREEDOR.
Según dispone el artículo 1.278 del Código Civil los acreedores pueden ejercer “los derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor”. Sin embargo la doctrina y la jurisprudencia han sido unánimes en interpretar restrictivamente tal facultad del acreedor. Dicho criterio oscila entre dos principios que se contraponen: a) el interés del acreedor en ejercer el mayor número de acciones y derechos del deudor para evitar ser perjudicado por la negligencia de éste, y b) el interés del deudor de no perder la facultad de ejercer libremente sus derechos y disponer su patrimonio. Como consecuencia tenemos que se han establecido por la doctrina y la jurisprudencia determinadas limitaciones a los derechos y acciones que puede ejercer el acreedor mediante la acción oblicua. Tales limitaciones son:
1º. El acreedor no puede ejercer sino los derechos de que ya sea titular el deudor. Por ello se ha dicho en la doctrina que los derechos que pueden ser ejercidos por el acreedor son los “derechos dotados de acciones”, y algunos autores sostienen que deben ser sólo las acciones. Sin embargo, tal conclusión no se conjuga con el texto del artículo 1.278, y la doctrina más autorizada sostiene que también pueden ser ejercidas no sólo las acciones sino también los derechos que están siempre tutelados por su acción correspondiente. Desde este punto de vista pueden ejercerse: a) las acciones para el cobro de lo adeudado por cualquier causa, b) las dirigidas a la resolución o nulidad de un contrato, c) la nulidad de un testamento.
2º. El acreedor no puede ejercer derechos y acciones futuras del deudor que todavía no hayan ingresado dentro de su patrimonio, ni tampoco puede ejercer los actos que constituyen simples facultades, es decir, aquellos actos que sólo el deudor puede efectuar, tales como los actos que vienen a crear situaciones nuevas o modificaciones en el patrimonio del deudor, como son los actos de disposición y algunos de administración.
En la doctrina se discute mucho acerca de si el acreedor puede aceptar por el deudor una herencia. En Venezuela no existe duda alguna de la respuesta afirmativa, por cuanto la renuncia de la herencia que hiciere el deudor puede perjudicar al acreedor interesado en que aquél aumente u obtenga un patrimonio. Ello ha inspirado lo dispuesto por artículo 1.017 del Código Civil, que permite a los acreedores hacerse autorizar judicialmente para aceptar la herencia hasta el monto concurrente de sus créditos:
Artículo 1.017: Cuando alguien renuncia una herencia en perjuicio de los derechos de sus acreedores, éstos podrán hacerse autorizar judicialmente para aceptarla en nombre y lugar del deudor. En este caso, la renuncia se anula, no en favor del heredero que la ha renunciado, sino sólo en provecho de sus acreedores, y hasta concurrencia de sus créditos.
3º. El acreedor puede ejercer las acciones pertenecientes a su deudor, entre ellas, como las más importantes, las ejecutivas, que son las que principalmente van a engrosar el patrimonio del deudor, garantía del acreedor.
1.4.2. DERECHO Y ACCIONES QUE NO PUEDE EJERCER EL ACREEDOR.
Sin embargo, el propio texto legal exceptúa los derechos y acciones que sean exclusivamente inherentes a la persona del deudor, entre los cuales la doctrina distingue tres grandes categorías:
1º. Las acciones extrapatrimoniales, dentro de las cuales merece destacarse especialmente las relativas a estado civil (divorcio, separación de cuerpos, matrimonio, filiación). Ello se debe a que el ejercicio de tales acciones queda reservado a la decisión soberana del deudor, aun cuando los acreedores pudiesen tener un interés pecuniario en las mismas.
2º. La acciones patrimoniales que tengan un carácter moral predominante, como la revocación de una donación por ingratitud del donatario, la separación de bienes. En el primero de los casos mencionados, la apreciación de la ingratitud es facultad personalísima del donante, quien es el único que puede proceder a ella. En el segundo caso se trata de una acción que si bien tiene alcance patrimonial, puede alterar las relaciones entre los cónyuges y alterar la estabilidad de la familia, por lo que sustrae al ejercicio de los acreedores.
3º. La acción por la reparación de un daño moral (dolor de una madre por la muerte de su hijo, etc.), no puede ser ejercida sino por la víctima, pues es personalísima y estrechamente vinculada a la intimidad de la persona que lo experimenta. En cambio, la acción por reparación de daños materiales sí puede ser ejercida por los acreedores, pues tiene un marcado interés o contenido patrimonial.
1.5. NATURALEZA.
Algunos autores, y específicamente el Código italiano, consideran la acción oblicua como una acción conservatoria. En efecto mediante esa acción el acreedor no intenta cobrarse el crédito: simplemente trata de conservar la integridad del patrimonio de su deudor. Sin embargo, otros autores sostienen que tiene aspectos ejecutorios, pues en la práctica, en la gran mayoría de los casos, el acreedor intenta la acción oblicua no sólo para ingresar determinados bienes en el patrimonio de su deudor, sino para de inmediato ejercer el cobro de un crédito sobre los mismo bienes.
Un tercer criterio señala un carácter mixto: conservatorio en un principio, pero al imponerse como necesidad para su ejercicio, que se trate de un crédito cierto, líquido y exigible, la acción oblicua se aproxima a una acción ejecutoria.
Luis Chacin (Autor)
V318128
9783668174641
9783668174658
efectos secundarios obligaciones civiles acción oblicua pauliana
Luis Chacin (Autor), 2013, Efectos Secundarios de las Obligaciones Civiles. La Acción Oblicua y la Acción Pauliana, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/318128