Source: https://www.scribd.com/doc/71409548/Estrategia-Espanola-sobre-Discapacidad-2012-2020
Timestamp: 2016-12-09 12:13:12
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2012­2020
Edita: Real Patronato sobre Discapacidad Cuidado de la edición y distribución: Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) Serrano, 140 28006 MADRID Tel. 91 745 24 49 Fax: 91 411 55 02 cedd@cedd.net http://www.cedd.net
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NIPO: 864-11-022-1 Depósito Legal: M-xxx/2011
LEIRE PAJÍN IRAOLA Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad
L RECONOCIMIENTO DE TODOS los ciudadanos como titula­ res de derechos y la obligación de los poderes públicos de asegurar que ese ejercicio sea pleno y efectivo constituye una de los avances más significativos de nuestra sociedad. Este progre­ so es aún más relevante por cuanto afecta decisivamente al bienes­ tar y visibilidad de los grupos sociales hasta ahora más desfavore­ cidos, como es el de las personas con discapacidad. Los logros de nuestra sociedad en el terreno de la igualdad exigen cambios nor­ mativos, estructurales y organizativos, pero también el análisis y revisión del rumbo de las políticas seguidas, reajustando las líneas de acción con el fin de mejorar los resultados obtenidos y de aten­ der necesidades nuevas o hasta el momento ignoradas. La reflexión sobre las carencias actuales de esas políticas y las demandas y necesidades reales de los ciudadanos exigen una pla­ nificación rigurosa a largo plazo que analice cada una de ellas y disponga los objetivos, las actividades, los recursos y los plazos más convenientes. En el caso de las personas con discapacidad, en la programación y proyecto de futuro, es obligado contar con el marco de derechos que reconoce la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y con las consiguientes obligaciones de los pode­ res públicos para hacerlos efectivos. Es en ese marco de derechos en el que se ha elaborado la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012­2020. Asimismo, resulta referencia necesaria para planificar políticas públicas sobre discapacidad la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010­2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras, aprobada en el ámbito de la Unión Europea.
E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
Esta programación de políticas y acciones públicas parte del criterio de que las actuaciones sobre la discapacidad no deben ser exclusi­ vamente actuaciones específicas sino que cualquier acción pública de carácter general afecta a las necesidades y demandas de las per­ sonas con discapacidad. Y también que tales actuaciones sobre la discapacidad tienen una repercusión significativa sobre los objeti­ vos estratégicos de conjunto de la sociedad. Conforme a este princi­ pio de transversalidad con doble perspectiva, el factor de la discapa­ cidad debe constituir un elemento esencial que esté presente y sea tomado en consideración en todas las políticas públicas que se dise­ ñen y apliquen. Esta idea constituye una de las directrices esencia­ les de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012­2020. La Estrategia tiene como propósito configurarse como el elemento troncal de una visión y una acción consolidadas e integrales a largo plazo, que sirva de referencia permanente y sea la hoja de ruta de las futuras políticas públicas en materia de discapacidad en Espa­ ña, así como de las demás políticas públicas que tengan incidencia en la esfera de las personas con discapacidad. Para ello, se realiza un diagnóstico de la situación actual de las personas con discapaci­ dad, y se define un objetivo marco: coadyuvar al cumplimiento de los objetivos cuantificados relacionados con el mercado laboral, la educación, la pobreza y la exclusión social previstos en la Estrategia Europea 2020 y en el Programa Nacional de Reformas de España 2011. Asimismo se prevén objetivos clásicos e imprescindibles como la accesibilidad a los entornos, la mejora del conocimiento sobre la situación vital de las personas con discapacidad, la participación, la igualdad de trato y la no discriminación. Estos objetivos predeter­ minan unas líneas de actuación o medidas estratégicas, que deben inspirar todas las políticas y acciones públicas que puedan incidir, aunque sea tangencialmente, en la esfera de derechos y en la situa­ ción de las personas con discapacidad. Las medidas estratégicas de la Estrategia Española sobre Discapa­ cidad 2012­2020 se articularán y concretarán en dos planes de acción, correspondientes a los periodos 2012­2015 y 2016­2020, y en su ejecución participarán todas las administraciones, por lo que será relevante la búsqueda del acuerdo respecto al contenido de dichos planes.
Finalmente, hay que destacar el significativo papel del movimien­ to asociativo de las personas con discapacidad en el diseño y ela­ boración de esta Estrategia. Respondiendo al principio de “nada para la discapacidad, sin la discapacidad”, la participación activa del tercer sector supone una garantía en la definición de una acción pública integrada que considere las necesidades y proble­ mas reales de las personas con discapacidad, y que avance en la consolidación del marco necesario para el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos con discapacidad, en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida privada, y en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
LUIS CAYO PÉREZ BUENO Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) NA DE LAS ASPIRACIONES sostenidas del movimiento social de la discapacidad es que esta realidad esté presen­ te, en posiciones de cierta relevancia, en eso que se ha dado en llamar “agenda política”. Que la discapacidad dejase defi­ nitivamente de ser lo que fue durante demasiado tiempo, algo residual, marginal, que no pertenecía, ni por asomo, al núcleo duro de preocupaciones y ocupaciones de la comunidad política. Dicho de un modo plástico, que la política se parezca a la sociedad, y que por esa semejanza tenga en cuenta a la discapacidad, que tam­ bién es parte inherente de la sociedad. Algo –bastante, si comparamos con la situación de partida– se ha logrado en estos últimos decenios, desde la recuperación de la democracia en España, para ser más precisos, pero el objetivo dista de estar alcanzado. Cierto es que disponemos de un marco legisla­ tivo, programático y presupuestario, a propósito de la discapaci­ dad, de presencia y de visibilidad políticas y cívicas, mucho más propincuo que el de hace unos años, pero diríase que como la línea del horizonte, cuanto más se acerca uno a ella, más se aleja. No es que resulte el objetivo inaprensible, pero sí que precisa de una per­ petua actividad persecutoria. Por estos motivos, son necesarias todavía muchas y continuadas decisiones políticas de generación de cambio en lo referido a dis­ capacidad. Es una política, la pública de discapacidad, que no puede ni debe estar quieta, pues lo pendiente, en términos de derechos, inclusión, ciudadanía y bienestar, es todavía asaz cuan­ tioso. La última decisión del Gobierno de España, la Estrategia
Española de la Discapacidad 2012­2020, es una muestra de ese proceso incesante de intensificación de las políticas públicas de discapacidad, y así la saludamos. En efecto, la Estrategia Española de la Discapacidad 2012­2020, aprobada el pasado día 14 de octubre de 2011 por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, contribuirá a que la discapacidad esté en la agenda polí­ tica de modo continuado hasta el año 2020, por lo que servirá de motor transversal de decisiones e iniciativas, en ese dilatado perio­ do, en favor de este grupo de población. Para el CERMI, esta Estrategia es un dispositivo valioso y oportuno que inserta la planificación estratégica en materia de discapaci­ dad en la acción a largo plazo del Ejecutivo. Con la Estrategia Española, nuestro país, España, sigue la estela de la Unión Europea, que ya adoptó un marco similar a escala comu­ nitaria en 2010, también con vigencia hasta 2020. Dos focos de poder como Europa y España van, digámoslo así, al unísono. Falta­ ría, eso sí, que las Comunidades Autónomas españolas, como poderes territoriales con enormes responsabilidades en cuestio­ nes decisivas para la discapacidad, se dieran por aludidas e hicie­ ran otro tanto, es decir, otro esfuerzo de planificación estratégica análoga para su respectivas esferas. Los objetivos de la Estrategia Española coinciden con las preocupa­ ciones medulares del movimiento social de la discapacidad repre­ sentado por el CERMI, pues tiene como ejes la ampliación y exten­ sión de derechos, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas; la inclusión en la comunidad; la activación; la participación y la pre­ sencia sociales de las personas con discapacidad y sus familias. El CERMI, como representación de la discapacidad organizada, ha participado en la elaboración de esta Estrategia mediante consul­ tas, aportaciones y sugerencias a lo largo de su proceso de redac­ ción, lo que nos autoriza a sentirla también, con permiso de sus autores directos, la Secretaría General de Política Social y Consu­ mo y la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, como propia.
1. Introducción	2. Diagnóstico	2.1. Datos estadísticos	2.2. Contexto normativo internacional y comunitario 3. Principios inspiradores	4. Marco de actuación	4.1. Definición de los objetivos	5.	Objetivo estrátegico y objetivos principales 6.	Ámbitos de actuación y medidas estratégicas.
Plan de Acción 6.1. Actuaciones generales	6.2. Accesibilidad 6.3. Empleo	6.4. Educación y formación 6.5. Pobreza y Exclusión social	6.6. Participación real y efectiva	6.7. Igualdad y colectivos vulnerables 6.8. Sanidad 6.9. Acción exterior 6.10. Nueva economía de la Discapacidad 6.11. Información	6.12. Otras	7. Implantación de la estrategia	8. Seguimiento y control de la estrategia	15
LA MOTIVACIÓN para la elaboración de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012­2020 se basa en una serie de reco­ mendaciones (diferentes resoluciones de la Asamblea General en aplicación del Programa de Acción Mundial para las Perso­ nas con Discapacidad, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de la ONU, los Objetivos del Milenio –que destacan específicamente la necesidad de incluir el acceso de las personas con discapacidad en las medidas de erradicación de la pobreza lo mismo que en la educación–, etcétera) entre las que destacan: El Informe Mundial sobre la Discapacidad, de la Organiza­ ción Mundial de la salud y el Banco Mundial (2011) en su Recomendación 3: “Adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre discapacidad”: Una estrategia nacional sobre discapacidad presenta una visión consoli­ dada e integral a largo plazo para mejorar el bienestar de las personas con discapacidad, y debería abarcar tanto las áreas de políticas y programas convencionales como los servicios específicos para las personas con discapacidad. La formulación, aplicación y vigilancia de una estrategia nacional deberían aunar a todo el espectro de sectores y partes interesadas”.
La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010­2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras, y su correspondiente Plan Inicial de ejecución. Lista de tareas 2010­2015. El mandato genérico de la Resolución 16/15 del Consejo de Derechos Humanos relativa al papel de la cooperación internacional para la puesta en marcha de los derechos de las personas con discapacidad, de la Resolución 65/185 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la reali­ zación de los objetivos de desarrollo del milenio para las personas con discapacidad hasta 2015 y después de esta fecha, así como la 64/154 relativa al cumplimiento de la Convención y de su Protocolo facultativo. Como señala el Informe de la OMS y el Banco Mundial, la dis­ capacidad forma parte de la condición humana pues casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transi­ toria o permanente en algún momento de su vida, ya sea por cuestiones accidentales como por el envejecimiento. Además hay que considerar que de facto, en el mundo más de mil millones de personas, el 15% de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad reconocida y las cifras van al alza, debido al progresivo envejecimiento de la pobla­ ción y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a la discapacidad como la diabetes, las enfer­ medades cardiovasculares y los trastornos mentales. “El entorno puede facilitar o restringir los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad” En este sentido hay que reseñar el papel determinante que el entorno juega en la discapacidad ya que si entendemos ésta no tanto como una deficiencia sino como un desajuste entre el ecosistema social y las capacidades diferenciadas de las personas aceptaremos que el entorno puede facilitar o res­ tringir los derechos de ciudadanía de las personas con disca­ pacidad (PCD’s). Entre los obstáculos principales que nos encontramos a la hora de facilitar la adaptación del entorno a las personas están las políticas y normas insuficientes, las
actitudes negativas basadas en prejuicios, la prestación insufi­ ciente de servicios, la financiación insuficiente, la falta de con­ sulta, participación y datos, así como la falta de accesibilidad (por ejemplo las PCD’s, en comparación con las no discapaci­ tadas, según la OMS y el BM, tienen tasas significativamente más bajas de uso de las TIC y en algunos casos ni siquiera pueden acceder a productos y servicios básicos de la sociedad contemporánea como la telefonía, la televisión o Internet). Todo ello produce como efecto sobre las PCD’s que éstas ten­ gan peores resultados sanitarios y académicos, menor partici­ pación económica, tasas más altas de pobreza, mayor depen­ dencia y participación limitada. Y el resultado de todo esto es que, en plena sociedad del conocimiento, cuando la democra­ tización generalizada permite contar con el conocimiento de todos los ciudadanos, sin embargo, el talento de un 15% de la población mundial está en riesgo de ser desperdiciado, así como su capacidad para movilizar la sociedad y los mercados. No obstante, hay que señalar que pese al contexto de grave crisis económica internacional, desde 2008 se han puesto en marcha en el ámbito del Estado relevantes medidas normati­ vas y políticas públicas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Así, en el Consejo de Ministros de 26 de sep­ tiembre de 2008 se aprobó la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con discapacidad 2008­2012. Asi­ mismo, se han mantenido y mejorado las políticas activas de empleo, dirigidas a garantizar el acceso al empleo de las per­ sonas con discapacidad. En este sentido, en un contexto de deterioro del mercado laboral, en 2010, el número de contratos a personas con disca­ pacidad aumentó un 18,52%. Esta tendencia se mantiene durante el año 2011, ya que hasta el mes de agosto, el número de contratos a personas con discapacidad se ha incrementado un 6,86% respecto del mismo periodo en 2010.
“El talento de un 15% de la población mundial está en riesgo de ser desperdiciado, así como su capacidad para movilizar la sociedad”
Asimismo, en 2011, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de su actividad subvencional, ha realizado un esfuerzo incrementando las cantidades asignadas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales en materia de discapacidad con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). De forma paralela, se han mantenido las cantidades asignadas para el apoyo del movimiento asociativo y funda­ cional de ámbito estatal de las personas con discapacidad. Además, el pasado 29 de julio de 2011 se aprobó la Estrategia española de cultura para todos, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los espacios y actividades culturales y promover su participación activa en las actividades culturales. Cabe destacar también la puesta en marcha en el último año del Centro de Normalización Lingüística de la lengua de sig­ nos española, creado por la Ley 27/2007, de 23 de octubre, y regulado por el Real Decreto 921/2010, de 16 de julio, y que tiene como función difundir y promover la lengua de signos española, además de realizar las actividades de estudio e investigación necesarias y velar por su buen uso. Finalmente, en el ámbito normativo, hay que destacar la entrada en vigor en mayo de 2008 de la Convención Interna­ cional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que supone un paso esencial en materia de derechos de las personas con discapacidad y un giro sustancial en el enfoque del papel de los poderes públicos y de las acciones en materia de discapacidad. La lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad efectiva de las personas con discapacidad se confi­ gura ahora como un conjunto de derechos de las personas con discapacidad, derechos exigibles en el marco jurídico actual, e invocables por los ciudadanos con discapacidad ante los poderes públicos y los Tribunales.
“La lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad efectiva de las personas con discapacidad se configura ahora como un conjunto de derechos de las personas con discapacidad”
Para dar cumplimiento en el ámbito normativo a la Conven­ ción Internacional sobre los derechos de las personas con dis­ capacidad, se aprobó la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adapta­ ción normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que modifica 19 leyes, y los Reales Decretos 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las con­ diciones básicas para la participación de las personas con dis­ capacidad en la vida política y en los procesos electorales. Una vez realizada la adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapa­ cidad, procede la aprobación de la Estrategia española sobre discapacidad 2012­2020, que profundiza en el proceso aplica­ tivo de la citada Convención. “Una vez realizada la adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, procede la aprobación de la Estrategia española sobre discapacidad 2012­2020, que profundiza en el proceso aplicativo de la citada Convención”
2.1. Datos estadísticos
El número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad asciende a 3.847.900, lo que supone un 8,5% de la población. De estas personas, 2,30 millones son mujeres frente a 1,55 millones de hombres, lo que en términos relativos significa que si de cada 100 hom­ bres 7 dicen presentar una discapacidad, en las mujeres esta relación aumenta a 10 de cada 100. En un total de 3,3 millones de hogares reside al menos una persona que afirma tener una discapacidad, lo que supone un 20% de los hogares. De ellos, 608.000 consisten en una per­ sona con discapacidad que vive sola. No obstante, el caso más frecuente es el hogar de dos miembros donde uno de ellos presenta alguna discapacidad. Las comunidades autónomas que presentan un mayor por­ centaje de personas con discapacidad son Galicia, Extremadu­ ra, Castilla­León y Asturias, todas ellas con más del 10% de la población con alguna discapacidad. Por delante de ellas se sitúan Melilla y Ceuta. En cambio en La Rioja, solo 6 de cada 100 personas dicen tener alguna discapacidad, lo que la convierte en la comuni­ dad con la menor proporción relativa de personas con disca­ pacidad, un 45% inferior a la media nacional. A ésta le siguen “El número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad asciende a 3.847.900, lo que supone un 8,5% de la población”
Cantabria, Baleares y Canarias, las tres con una tasa entorno al 7% de la población. En todas las comunidades se mantiene el mismo perfil por sexo y edad que encontramos a nivel nacional: mayor número de mujeres que de hombres con discapacidad, y con tasas femeninas inferiores a las masculinas para las edades hasta los 44 años y superándolas a partir de los 45 años.
Tabla 1. Personas con discapacidades en España, por COMUNIDADES AUTÓNOMAS y lugar de residencia, año 2008 CCAA Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla­La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Ceuta y Melilla Total Hogares Personas 716.136 111.581 104.548 68.794 135.778 37.540 255.901 182.884 511.675 452.784 110.965 292.938 434.813 127.470 41.578 169.376 17.938 14.748 3.787.447 % 18,91 2,95 2,76 1,82 3,58 0,99 6,76 4,83 13,51 11,95 2,93 7,73 11,48 3,37 1,10 4,47 0,47 0,39 100 Centros Personas 30.684 14.451 8.806 3.550 7.343 4.986 36.538 19.894 51.735 19.304 9.234 12.709 41.129 3.790 6.973 15.775 2.986 642 290.530 % 10,56 4,97 3,03 1,22 2,53 1,72 12,58 6,85 17,81 6,64 3,18 4,37 14,16 1,30 2,40 5,43 1,03 0,22 100 Total Personas 746.820 126.032 113.354 72.344 143.121 42.526 292.439 202.778 563.411 472.088 120.199 305.646 475.942 131.261 48.551 185.151 20.924 15.390 4.077.977 % 18,31 3,09 278 1,77 3,51 1,04 7,17 4,97 13,82 11,58 2,95 7,50 11,67 3,22 1,19 4,54 0,51 0,38 100
Fuente: Elaboración a partir de EDAD­2008.
Hay que señalar que los datos procedentes de la EDAD­2008, por tratarse de una encuesta, tienen un carácter subjetivo, dependiente de la opinión o perspectiva de la persona encuestada. Por este factor, estos datos pueden no coincidir con los datos oficiales con que cuentan las Comunidades Autónomas que, en todo caso, comúnmente están referidos a las personas con discapacidad con reconocimiento de grado. En este sentido, uno de los objetivos de la estrategia es mejo­ rar el sistema de información sobre la discapacidad con el carácter más amplio posible respecto del fenómeno de la dis­ capacidad. Para las personas de 6 y más años residentes en hogares, los principales grupos de discapacidad son los de movilidad (que afecta a 2,5 millones, el 6% de la población), vida doméstica (2 millones, el 4,9%) y autocuidado (1,8 millones, el 4,3%), lo que implica que para más de la mitad de las personas con discapaci­ dad sus limitaciones en la actividad radican en alguno de estos tres motivos. Esta proporción supera el 70% para las personas con discapacidad de 80 y más años. Dentro del primer grupo cabe destacar la restricción de desplazarse fuera del hogar que afecta a 2 de cada 3 personas con problemas de movilidad. En todos los tipos de discapacidad las mujeres presentan unas mayores tasas que los hombres aunque tanto para ellas como para ellos, las restricciones en la movilidad siguen siendo el principal motivo de restricción de la actividad, (presente en el 58% de los hombres y en el 73% de las mujeres con discapaci­ dad). En el caso de las mujeres le siguen las discapacidades relacionadas con la vida doméstica y el autocuidado, mientras que en los hombres se intercambian en orden de importancia. De las personas de 6 o más años con discapacidad, el 74% tie­ nen dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD); y la mitad de ellas, casi 1,4 millones de per­ sonas, encuentran una discapacidad total en ABVD si no reci­ ben ayudas.
“De las personas de 6 o más años con discapacidad, el 74% tienen dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria”
Hay una mayor presencia de la discapacidad asociada a las ABVD en las mujeres que en los hombres: el 80% de las muje­ res con discapacidad presentan alguna restricción en ABVD frente al 65% de los hombres con discapacidad. Las limitacio­ nes en las ABVD adquieren una mayor importancia dentro del total de las discapacidades a medida que aumenta la edad. Si bien dentro del colectivo de las personas con discapacidad entre 6 y 44 años 6 de cada 10 tienen una dificultad en ABVD, esta proporción aumenta hasta 8,5 de cada 10 del grupo de 80 y más años. De los 2,8 millones de personas con discapacidades en ABVD, el 80% reciben ayuda, lo que permite rebajar sensiblemente la severidad de sus limitaciones, llegando a superarlas com­ pletamente 340 mil personas, y reduciéndose el porcentaje de aquellas que tienen un grado total de discapacidad en las ABVD. Un ámbito del máximo interés como herramienta esencial para facilitar los derechos de las personas con discapacidad es el de las Tecnologías de la Sociedad de la Información. En este sentido el esfuerzo que hay que hacer es fundamental aun­ que los datos con que se cuenta en la actualidad permiten ser optimistas respecto a los márgenes de mejora. En concreto, el informe “Situación actual de la accesibilidad tecnológica en España, Europa y países extracomunitarios” (informe de Tech­ nosite para la Comisión Europea durante el periodo 2010 y 2011, para evaluar y monitorizar la e­Accesibilidad en la Unión Europea) señala que España tiene el grado más alto de imple­ mentación de políticas sobre la accesibilidad electrónica (esto es, contamos con el más avanzado sistema de protección legal) y se encuentra en tercer lugar respecto del nivel de accesibilidad electrónica, sólo superada por Canadá y el Reino Unido (teniendo en cuenta que “los países cuyos marcos lega­ les están más desarrollados tienen niveles más altos de accesi­ bilidad de bienes, productos y servicios TIC’s”). Este informe también señala que el grado más alto de implementación de
“De los 2,8 millones de personas con discapacidades en ABVD, el 80% reciben ayuda, lo que permite rebajar sensiblemente la severidad de sus limitaciones”
la accesibilidad electrónica en los Estados Miembros de la UE se da en las tecnologías de asistencia y apoyo y en la incorpo­ ración de criterios de accesibilidad electrónica en la contrata­ ción pública, registrándose, sin embargo, los niveles más bajos de accesibilidad en la tecnologías más tradicionales como la televisión, la radio, el entorno domiciliario y las tecnologías del medio ambiente urbano. Telefonía móvil, Internet e infor­ mática, así como el campo de la Educación presentan una accesibilidad electrónica media. Adicionalmente, el informe “Investigación sobre Tecnologías de la Sociedad de la Información para todos” promovido por el CENTAC (Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibili­ dad) y realizado por la Universidad Politécnica de Madrid señala que el 74% de la muestra entrevistada (asociaciones de personas con discapacidad) dispone de algún producto o ser­ vicio basado en TIC’s accesibles para PCD’s, y que el 20% de la población en edad laboral tiene un grado de discapacidad que exige criterios de accesibilidad electrónica para una utiliza­ ción efectiva de las TIC. En cuanto a la existencia de productos o servicios de la Sociedad de la Información accesibles a PCD’s, el 82% se mostró de acuerdo, aunque tan sólo un 58% fueron capaces de nombrar al menos un servicio o producto accesible, lo que demuestra la brecha existente entre tecnolo­ gías y dispositivos desarrollados y su disponibilidad (a coste razonable) en el mercado y por tanto uno de los objetivos a cubrir en la presente Estrategia, más aún cuando el 85% de los encuestados se mostraron optimistas respecto a que las tec­ nologías de la Sociedad de la Información actuales o futuras pueden solucionar los problemas de las PCD’s. Por último hay que reseñar que de acuerdo con los datos que proporciona la Encuesta EDAD­2008, el gasto monetario directo medio anual por hogar ocasionado por la discapacidad asciende a 2.874 euros. Una cantidad que supone el 9 por ciento del gasto anual medio por hogar, cifrado en 31.953 euros para 2008 por la Encuesta de Presupuestos Familiares, “El gasto monetario directo medio anual por hogar ocasionado por la discapacidad asciende a 2.874 euros”
sobrecoste que supone un agravio comparativo para las PCD que no llega a compensarse de modo generalizado con las ayudas, bonificaciones y subvenciones que se reciben por parte del colectivo.
2.2. Contexto normativo internacional y comunitario “«La Convención» es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en el ámbito de los derechos humanos” La Convención sobre los derechos de las personas con disca­ pacidad de las Naciones Unidas, aprobada el 13 de diciembre de 2006, («la Convención»), es el primer instrumento interna­ cional jurídicamente vinculante en el ámbito de los derechos humanos del que son partes la UE (que la ha ratificado como tal UE) y sus Estados miembros y exige a los Estados Partes que protejan y salvaguarden todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Conforme a la Convención, entre las personas con discapaci­ dad se encuentran aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su partici­ pación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condi­ ciones con las demás. Esta Convención consagra definitivamente, pues, el paso del modelo médico­asistencial al modelo de derechos humanos. Se propone, así, un cambio en la percepción social de la disca­ pacidad de modo que se reconozca que es necesario propor­ cionar a todas las personas con discapacidad la oportunidad de vivir su vida del modo más autónomo y pleno posible. Esto conlleva la eliminación de las barreras existentes para la par­ ticipación y el ejercicio de sus derechos y la promoción de las condiciones para su máxima independencia y el desarrollo de su plena capacidad física, mental, social y profesional.
Esta Convención propone a los países su implicación en la ela­ boración y puesta en práctica de políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la propia Convención, para cambiar la percepción sobre la situa­ ción de las personas con discapacidad, combatiendo los este­ reotipos y prejuicios y promoviendo la conciencia de las capa­ cidades de esas personas y su contribución a la sociedad. La Convención pretende ser un instrumento para que los gobiernos introduzcan cambios en sus legislaciones con el objetivo de mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo de las personas con discapacidad, el acceso a la infor­ mación y sistemas de salud adecuados así como a movilizarse sin obstáculos físicos ni sociales, proteger y garantizar el dis­ frute y la igualdad plena con el resto de las personas en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social. La Convención marca un cambio en el concepto de discapaci­ dad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, reconociendo que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad. La igualdad de derechos con el resto de los ciudadanos, la acce­ sibilidad al entorno, al transporte, a la información o comuni­ caciones, un sistema de apoyos personales y residencias, la protección social o el derecho a un empleo forman parte del articulado de la Convención, en la que además se hace especial referencia a los niños y mujeres con discapacidad. Por otro lado, la aplicación de la Convención en España se ha desarrollado, entre otros instrumentos, mediante la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Conven­ ción Internacional sobre los Derechos de las Personas con Dis­ capacidad según la cual la discapacidad queda configurada como la circunstancia personal y el ecosistema social resul­ tante de la interacción del hecho diferencial de algunas “La aplicación de la Convención en España se ha desarrollado, entre otros instrumentos, mediante la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”
personas con un entorno inadecuado por excluyente en tanto en cuanto que establecido según el parámetro de persona «normal». En ese sentido, la Ley señala que una sociedad abierta e inclusiva ha de modificar tal entorno solidariamente para acoger a las personas con discapacidad como elementos enriquecedores que ensanchan la humanidad y le agregan valor y debe hacerlo tomando en consideración la propia intervención de las personas con capacidades diferenciadas. Por su parte, la Unión Europea y sus Estados miembros tienen un mandato muy sólido para mejorar la situación social y eco­ nómica de las personas con discapacidad. De conformidad con el artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), «la dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida». El artículo 26 establece que «la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad». Asimismo, el artículo 21 prohíbe toda discriminación por razón de discapa­ cidad. “El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) estipula que la Unión, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, tratará de luchar contra toda discriminación por razón de discapacidad” El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) estipula que la Unión, en la definición y ejecución de sus polí­ ticas y acciones, tratará de luchar contra toda discriminación por razón de discapacidad (artículo 10) y que podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivo de discapacidad (artículo 19). Asimismo, hay que destacar la Directiva 2000/78/CE del Con­ sejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que estableció de manera concreta la prohibi­ ción de discriminación en el ámbito del empleo y la ocupación a nivel europeo, entre otros motivos, por discapacidad.
Por otra parte, y como texto más reciente y fundamental, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010­2020 proporcio­ na un marco de acción a escala europea y nacional para abor­ dar las distintas situaciones de hombres, mujeres y niños con discapacidad. Y es este marco el que ha tenido especial influencia en la elaboración de esta Estrategia de ámbito nacional, coincidiendo, como no puede ser de otra manera, en las líneas maestras. El objetivo general de la Estrategia Europea sobre Discapaci­ dad 2010­2020 es facilitar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse plena­ mente de una participación en la economía y la sociedad europeas, especialmente a través del mercado único. Lograr este objetivo y asegurar una puesta en práctica efectiva de la Convención en toda la UE exige coherencia. La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010­2020 identifica medidas a escala de la UE complementarias a actuaciones nacionales y determina los mecanismos necesarios para aplicar la Conven­ ción en la Unión, sin olvidar las propias instituciones de la UE. También expone el apoyo que se necesita para la financiación, la investigación, la sensibilización, la recopilación de datos y la elaboración de estadísticas. Esta Estrategia se centra en la supresión de barreras. La Comi­ sión ha identificado ocho ámbitos primordiales de actuación: accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación y for­ mación, protección social, sanidad y acción exterior. Se deter­ minan medidas clave respecto a cada ámbito, con el objetivo principal para la UE destacado en un recuadro. Estos ámbitos se eligieron por su potencial para contribuir a los objetivos generales de la Estrategia Europea 2020 y la Convención, así como a partir de los documentos políticos en esta materia de las instituciones de la UE y del Consejo de Europa, los resulta­ dos del Plan de Acción de la UE en materia de discapacidad
“La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010­2020 proporciona un marco de acción a escala europea y nacional para abordar las distintas situaciones de hombres, mujeres y niños con discapacidad”
(2003­2010) y una consulta de los Estados miembros, las par­ tes interesadas y el público en general. Las referencias a actuaciones en los Estados miembros tienen por objeto com­ plementar las medidas a escala de la UE, y no pretenden cubrir todas las obligaciones nacionales derivadas de la Con­ vención. La Comisión también abordará la situación de las personas con discapacidad a través de la Estrategia Europa 2020, sus iniciativas emblemáticas y el relanzamiento del mercado único. “Se considera esencial que las personas con discapacidad participen plenamente en la vida económica y social para que tenga éxito la Estrategia Europa 2020 de la UE” Por ello, se considera esencial que las personas con discapaci­ dad participen plenamente en la vida económica y social para que tenga éxito la Estrategia Europa 2020 de la UE en su empeño de generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Construir una sociedad que incluya a todos tam­ bién sirve para ofrecer oportunidades de mercado y promover la innovación. Además, hay argumentos empresariales contun­ dentes a favor de que los servicios y productos sean «accesi­ bles para todos», dada la demanda de un número creciente de consumidores de edades avanzadas. Cabe mencionar, como ejemplo, la fragmentación del mercado de la UE de dispositi­ vos de apoyo (con un valor anual estimado superior a 30 000 millones EUR), lo que revierte en unos precios elevados de estos dispositivos. Los marcos político y regulatorio no reflejan adecuadamente las necesidades de las personas con discapaci­ dad, como tampoco es el caso de los desarrollos de productos y servicios. Muchos productos y servicios, y buena parte del entorno construido, no son lo suficientemente accesibles.
LOS PRINCIPIOS inspiradores de esta Estrategia Española sobre Discapacidad 2012­2020 están referidos ya en sendos textos legales como son la referida Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En concreto: a) No discriminación, igualdad de trato ante la ley e Igual­ dad de oportunidades: la ausencia de toda discrimina­ ción, directa o indirecta, acoso discriminatorio o discri­ minación por asociación, por motivo de o sobre la base de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obsta­
culizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejer­
cicio en igualdad de condiciones por las personas con
discapacidad, de todos los derechos humanos y liberta­
des fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, cultural, laboral, civil o de otro tipo, con especial
referencia a la igualdad de trato entre mujeres y hom­
bres. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunida­
des la adopción de medidas de acción positiva orienta­
das a evitar o compensar las desventajas de una
“No discriminación, igualdad de trato ante la ley e Igualdad de oportunidades”
32	E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, laboral, cultural y social. “Vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil,…” b)	Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Normalización: el principio en virtud del cual las perso­ nas con discapacidad deben poder llevar una vida nor­ mal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona. Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispo­ sitivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posi­ ble. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible. Diálogo civil: el principio en virtud del cual las organiza­ ciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que estable­ cen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las
c)	d)	e)	f)	E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con disca­ pacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apro­ piada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. g) Transversalidad de las políticas en materia de discapaci­ dad: el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación públi­ ca, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. Este principio de “transversalidad” debe entenderse no sólo en relación con las actuaciones diseñadas para mejorar y normalizar la vida y garantizar los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad sino como un elemento esencial para que, incorporando a las per­ sonas con discapacidad en la máxima medida y en todos los ámbitos de la realidad social, éstas coadyuven a la consecución de objetivos de carácter general y estratégico de toda la población y de todas las políticas. Relacionado con la Transversalidad ha de entenderse la “Compatibilidad”, haciéndose necesario acuñar el hecho de que cualquier actuación, física, de infraestructuras, presupuestaria o legislativa que se ejerce sobre los dere­ chos de las personas con discapacidad es plenamente compatible con el entorno del ecosistema social, político y administrativo. Sirva de ejemplo paradigmático el hecho de que la primera ciudad europea que ha obteni­ do el Premio de Ciudad Accesible ha sido Ávila, que a la vez ostenta el título de Ciudad Patrimonio de la Huma­ nidad por sus valores culturales, lo que demuestra que
“Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad”
34	E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
el derecho de accesibilidad para todas las personas (per­ sonas mayores y con discapacidad incluidas) es plena­ mente compatible con la preservación del patrimonio cultural. Ello implica la necesidad de promover un “Cambio cultu­ ral” integral en la sociedad mediante el cual se supere la incorporación de la componente de discapacidad desde los órganos de política social para avanzar un escalón en la madurez cultural y administrativa de las Administra­ ciones Públicas. Así los diferentes departamentos deben incluir como valor esencial de sus correspondientes res­ ponsabilidades sectoriales la componente de la discapa­ cidad del mismo modo que la sostenibilidad medioam­ biental se ha incorporado como un valor intrínseco de las diferentes políticas sectoriales (infraestructura, pre­ supuestación, etcétera). h)	“Participación, tanto ciudadana como de las diferentes administraciones públicas” Participación: como se señala en el anterior principio inspirador, la participación, tanto ciudadana como de las diferentes administraciones públicas es esencial para configurar políticas, estrategias y actuaciones que res­ pondan a las necesidades reales de todos los ciudada­ nos en un entorno de eficiencia y eficacia. El aplana­ miento de las organizaciones y la extensión de los mayores grados de formación e información de los ciu­ dadanos hacen tender la toma de decisiones políticas a un entorno de democracia más participada por la socie­ dad civil en todas las fases del ciclo político y adminis­ trativo. En relación con este principio de “participación” hay que incluir el de “Participación activa” o “Proactividad” de las personas con discapacidad, las cuales deben incorporar­ se a las políticas y actuaciones no sólo como impulsores de éstas ni como meras entidades consultadas, sino como ejecutores, siguiendo el enfoque de “Nada para la discapacidad sin la discapacidad y ‘por’ la discapacidad”.
i)	Responsabilidad pública: la implicación de los poderes públicos debe verse reflejada con el establecimiento de responsables específicos en el ámbito de la discapacidad (muy en concreto en accesibilidad) en todos los ámbitos de la administración pública y fomentándola en especial en el ámbito municipal y local. Integralidad y extensividad: las actuaciones que se defi­ nen y desarrollan en beneficio de la plena integración de las personas con discapacidad tiene por sí mismas un valor de integralidad que se hace extensivo a toda la población. En concreto destacan las situaciones de enfermedad o discapacidad transitoria por un accidente y, muy especialmente, su relación con todas las personas mayores (7 millones en España) que se ven beneficiados en sus necesidades (movilidad reducida, disminución de percepción auditiva y/o visual, motricidad fina, brecha digital, conocimientos tecnológicos limitados, etcétera).
j)	“Responsabilidad pública, integralidad y extensividad, eficiencia y eficacia, economía de la discapacidad, sensibilización e imaginación y creatividad”
k)	Eficiencia y eficacia: teniendo en cuenta el principio de transversalidad y compatibilidad expresado más arriba también hay que considerar siempre las actuaciones más racionales desde el punto de vista de la sostenibili­ dad económica y social. l)	Economía de la discapacidad: con este principio se quie­ re reseñar el efecto positivo sobre el mercado y la econo­ mía europeas en concreto de los servicios sociales y los dispositivos de apoyo, cuyo valor anual estimado supera los 30.000 millones de euros según la UE, así como de las nuevas profesiones y actividades relacionadas con la atención y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
m)	Sensibilización: para una correcta aplicación de la Estrate­ gia y corresponsabilidad de todos los ciudadanos en ella es esencial la actuación para concienciar a la sociedad sobre todo lo referente a la discapacidad y la accesibilidad.
36	E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
n)	Imaginación y creatividad: la complejidad e integralidad de factores que afectan a la discapacidad implica que sea necesario promover soluciones creativas e imagina­ tivas basándose en el factor de que toda situación es susceptible de mejora o solución mediante la aplicación proactiva de este principio, para lo cual adicionalmente hay que considerar la máxima participación de la socie­ dad en la identificación y elaboración de medidas. Este principio debe entenderse relacionado de modo amplio con el concepto de “ajustes razonables” y de promoción integral de los derechos de las personas con discapaci­ dad, fomentando la búsqueda de soluciones posibles aunque no siempre evidentes.
4. Marco de actuación
EL MARCO DE ACTUACIÓN de esta Estrategia Española sobre Discapacidad 2012­2020 viene conformado por los objetivos cuantificados de la Estrategia Europea 2020. Estos objetivos persiguen garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo, per­ mitiendo a la UE avanzar hacia una sociedad del conocimien­ to. El Programa Nacional de Reformas de España 2011, aproba­ do en el Consejo de Ministros de 29 de abril de 2011, concreta esos objetivos a nivel nacional, para España. “El Marco de Actuación de esta Estrategia Española sobre Discapacidad 2012­2020 viene conformado por los objetivos cuantificados de la Estrategia Europea 2020”
Tabla 2. Objetivos de la Estrategia Europea 2020, del PNR de España 2011 e indicadores Objetivo EE 2020 Aumentar la población ocupada hasta el 75%. Aumentar la inversión en I+D: alcanzar el 3% del PIB. Lucha contra el cambio climático: objetivo 20/20/20. Objetivo PNR 2011 Aumentar la población ocupada hasta el 74%. Aumentar la inversión en I+D: alcanzar el 3% del PIB. Reducir en un 21% la emisión de gases de efecto invernadero, incrementar hasta el 20% el consumo de energías renovables. 25% deahorro en el consumo energético. Indicadores Tasa de ocupación de la población de entre 20 y
Gasto bruto en I+D / PIB.
Emisiones de gases causantes del efecto
invernadero, en base 1990.
Proporción de consumo eléctrico proveniente de
Consumo anual de electricidad (en kilogramos
de petróleo equivalente) / PIB.
Objetivo EE 2020 Aumentar el nivel de capital humano: reducción de la tasa de abandono escolar prematuro al 10% e incremento hasta el 40% de la proporción de personas de entre 30 y 34 años con estudios superiores. Reducción en un 25% (20 millones de personas) de la población con riesgo de pobreza o exclusión
Objetivo PNR 2011 Reducción de la tasa de abandono escolar prematuro al 15% e incremento hasta el 44% de la proporción de personas de entre 30 y 34 años con estudios superiores.
Indicadores Proporción de la población de entre 18 y 24 años de edad que no sigue en el sistema educativo y que no ha completado estudios de educación secundaria superior. Proporción de personas de entre 30 y 34 años con estudios superiores.
Reducción en un millón y medio de personas, de la población con riesgo de pobreza o exclusión
Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: vivir en hogares donde los adultos dedicaron a trabajar una proporción inferior al 20% de su tiempo potencial de trabajo durante el último año; tener una renta disponible equivalente después de transferencias por debajo del 60% de la renta mediana del país; y sufrir privación material.
Fuente: EUROSTAT y PNR España 2011.
“El empleo, el abandono escolar y la pobreza serán objeto prioritario en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012­2020”
De estos cinco objetivos, tres tienen conexión directa con las políticas sobre discapacidad, en concreto los referidos al empleo, el abandono escolar y la pobreza y son éstos los que serán objeto prioritario en la Estrategia Española sobre Disca­ pacidad 2012­2020 desde un punto de vista de transversalidad (“mainstreaming” en terminología UE), considerándose las acciones específicas llevadas a cabo en el ámbito de las perso­ nas con discapacidad como esenciales para coadyuvar a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011, así como para afianzar los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad. La UE ha fijado para los 5 objetivos de su Estrategia Europea 2020 una serie de controles a través de 8 indicadores. La tabla 2 recoge exclusivamente los objetivos de la Estrategia Europea 2020 y sus indicadores correspondientes a las tres
categorías citadas anteriormente y que tienen incidencia y relación directa con las políticas y actuaciones en el ámbito de las personas con discapacidad.
4.1. Definición de los objetivos de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011 para cuyo cumpli­ miento se deben realizar actuaciones concretas en el ámbito de las personas con discapacidad
A continuación se presentan los objetivos de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de Espa­ ña 2011 para cuyo cumplimiento se considera que se debe tener en cuenta desde una perspectiva de transversalidad políticas y actuaciones concretas en el ámbito de las personas con discapacidad1: 1.	Mercado laboral: Incrementar la tasa de ocupación de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años desde el actual 69% hasta el 75%. En el caso de España, el incremento de la tasa de ocupación deberá alcanzar el 74%. El Consejo define a la tasa de ocupación como el número de personas empleadas respecto a la población total, en este caso, la población de 20 a 64 años de edad. El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 17 de junio de 2010, expone que para alcanzar dicho objetivo resultará clave la mayor participación de las personas jóvenes, de los trabajadores más mayores, y de los trabajadores con reducidos niveles educativos, así como una mejor integración de las personas de origen inmigrante que se encuentren en una situación regular
Diversas fuentes, incluido el Informe Intermedio del Estudio “Pobla­ ción con discapacidad: su contribución en la consecución de los obje­ tivos de la Estrategia Europa 2020”.
“Para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011, se deben tener en cuenta desde una perspectiva de transversalidad políticas y actuaciones concretas en el ámbito de las personas con discapacidad”
dentro de la UE. Sin embargo, el Consejo Europeo omite en tales conclusiones a uno de los colectivos con un mayor potencial para mejorar este indicador, por núme­ ro y por su posición relativa frente al resto de la pobla­ ción activa en cuanto a este indicador se refiere, las per­ sonas con discapacidad. “Los objetivos se desarrollan en tres ámbitos fundamentales: mercado laboral, educación y pobreza y exclusión social” 2. Educación: Reducir la proporción de abandono escolar prematuro desde el actual 15% hasta un nivel inferior al 10%. En el caso de España, el objetivo será reducir la tasa de abandono escolar prematuro hasta el 15%. El abando­ no escolar prematuro se define como la proporción de población de entre 18 y 24 años que no sigue en el siste­ ma educativo y que no ha completado estudios de edu­ cación secundaria superior. En este sentido, mejoras en este indicador para la población con discapacidad ha de tener un impacto relativamente elevado sobre el indica­ dor general para toda la población. Garantizar que la proporción de personas con edades comprendidas entre treinta y treinta y cuatro años que han terminado la educación superior supere el 40% (en el caso de España, el 44%). A pesar de representar una reducida proporción de la población de 30 a 34 años, las personas con discapacidades pueden contribuir a alcan­ zar este objetivo, especialmente si tenemos en cuenta la inferior proporción de personas con discapacidad con estudios de educación superior. 3. Pobreza y exclusión social: Reducir el número de euro­ peos situados debajo de la línea de la pobreza un 25%, haciendo que salgan de la pobreza 20 millones de per­ sonas de los 80 millones que están en ella actualmente. En el caso de España, el objetivo es que un millón y medio de personas salgan de la pobreza. Diversos infor­ mes señalan cómo las personas con discapacidad son más pobres y cómo entre los pobres hay más personas con discapacidad, por lo que actuaciones sobre el colec­
tivo y la población con discapacidad claramente contri­ buiría a la consecución del objetivo general. A continuación, por cada uno de estos tres objetivos (Mercado laboral, Educación, Pobreza y exclusión social) se relacionan los datos de partida en España tanto en personas con disca­ pacidad como del resto de la población, mostrando con clari­ dad el hecho de que las actuaciones concretas sobre las per­ sonas con discapacidad tienen un importante margen para coadyuvar en la consecución de los objetivos generales de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Refor­ mas de España 2011, y deben ser por lo tanto objeto de aten­ ción especial tal y como se recoge en esta Estrategia Española sobre Discapacidad 2012­2010.
4.1.1. Objetivo Mercado laboral: Incrementar la tasa de ocupación de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años hasta el 74% SITUACIÓN GENERAL
Tasa de ocupación de la población de entre 20 y 64 años de edad en España y UE­27, año 2008 Total España Población sin discapacidad Población con discapacidad Total UE­27 Objetivo UE 2020 Objetivo PNR España
Fuente2 2 Como se ha señalado en la nota a pie de página 1, se utilizan para estas tablas diversas fuentes: Informe Intermedio del Estudio “Pobla­ ción con discapacidad: su contribución en la consecución de los obje­ tivos de la Estrategia Europa 2020”, EDAD­2008 y EUROSTAT.
“Objetivo Mercado laboral: Incrementar la tasa de ocupación de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años hasta el 74%”
Tasa de ocupación 68,3 70,4 28,8 70,5 75,0 74,0
DESAGREGACIÓN POR SEXO
Tasa de ocupación de la población con discapacidad de entre 20 y 64 años de edad en España, por sexo, año 2008 Sexo Hombres Mujeres Total % 34,23 23,92 28,77
Aportación potencial de la población con discapacidades al cumplimiento del objetivo mercado laboral de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011. “Aumentar las tasas de ocupación de la población con discapacidad parece ser una de las formas más efectivas de facilitar la consecución de este objetivo de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011” Aumentar las tasas de ocupación de la población con discapa­ cidad parece ser una de las formas más efectivas de facilitar la consecución de este objetivo de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011, dado el amplio margen de mejora del que dispone este colectivo en este indicador. Adicionalmente, resulta conveniente subrayar la relación inversa existente entre la tasa de ocupación y el volumen de recursos destinados al pago de prestaciones con­ tributivas y asistenciales, relación que resulta particularmente intensa para el colectivo de personas con discapacidad. Por tanto, el gasto efectuado en la articulación de políticas desti­ nadas a la incorporación de personas con discapacidades al mercado laboral puede suponer, a medio plazo, un ahorro para el sector público.
4.1.2. Objetivo Educación 4.1.2.1. Reducir la tasa de abandono escolar prematuro hasta un nivel inferior al 15% SITUACIÓN GENERAL
Tasa de abandono escolar prematuro en España* y UE­27, año 2008 Tasa de abandono prematuro 31,9 31,5 53,8 14,9 10,0 15,0
“Objetivo Educación: reducir la tasa de abandono escolar prematuro hasta un nivel inferior al 15%”
Total España Población sin discapacidad Población con discapacidad Total UE­27 Objetivo Europea 2020 Objetivo PNR España
*Fuente: Elaboración a partir de EDAD­2008.
Proporción de personas con discapacidades, con edades comprendidas entre 18 y 24 años de edad, y que no han completado educación secundaria superior en España, por sexo Sexo Hombres Mujeres Total
Fuente: Elaboración a partir de EDAD­año 2008.
% 55,48 51,31 53,82
En el año 2008, España duplicaba los niveles de abandono escolar prematuro de la UE­27 y triplicaba el objetivo estable­ cido en la Estrategia Europea 2020. La situación relativa de la población con discapacidad resulta todavía más preocupante, con una tasa de abandono escolar prematuro de 53,8%. Difí­
cilmente podrán mejorarse los indicadores relativos al acceso al mercado laboral y al riesgo de exclusión económica y social, si no se alcanza previamente una mejora sustancial en este indicador.
“Objetivo Educación: elevar hasta el 44% la proporción de personas con edades
comprendidas entre 30 y 34 años que han terminado educación superior”
4.1.2.2. Elevar hasta el 44% la proporción de personas con edades comprendidas entre 30 y 34 años que han termi­ nado educación superior SITUACIÓN GENERAL
Proporción de la población de entre 30 y 34 años de edad con estudios de educación superior en España* y UE­27, año 2008 % con educación superior 39,8 40,4 19,3 31,1 40,0 44,0
Proporción de personas con discapacidades, con edades comprendidas entre 30 y 34 años de edad, y que han terminado educación superior en España, por sexo Sexo Hombres Mujeres Total Fuente: Elaboración a partir de EDAD­año 2008.
% 15,48 24,49 19,28
Aportación potencial de la población con discapacidades al cumplimiento del objetivo educación de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011. Abandono escolar: el impacto sobre la tasa de abandono esco­ lar prematuro total asociado a reducciones en la tasa de abandono escolar prematuro en el colectivo con discapacidad es modesto. Ello es debido a la reducida cantidad de personas de entre 18 y 24 años de edad con discapacidad. Esta constata­ ción no implica, sin embargo, que la inversión en la reducción en las tasas de abandono escolar prematuro de las personas con discapacidades no sea una política efectiva para alcanzar el objetivo final (reducir la tasa de abandono escolar prema­ turo nacional), ya que se trata de uno de los colectivos con una mayor tasa de abandono escolar prematuro y, por tanto, con un mayor margen de mejora. Una reducción en un punto porcentual en la tasa de abando­ no escolar prematuro de las personas con discapacidad redu­ ce en un 0,01% la tasa de abandono escolar prematuro global. En otras palabras, si la tasa de abandono escolar de las perso­ nas con discapacidad disminuyera a un nivel cercano al que se sitúan actualmente las personas sin discapacidad (31,5%, lejos, de todos modos, de la consecución del objetivo del PNR), la tasa de abandono escolar prematuro de España se reduciría en más de tres décimas porcentuales. Personas que terminan educación superior: de los objetivos analizados de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011, este es el que España se encuentra más cerca de cumplir. Sin embargo, el indicador correspondiente a las personas con discapacidad se sitúa todavía lejos (19,3%) de dicho objetivo (44%) y, por tanto, exis­ te un amplio margen de mejora.
“El colectivo personas con discapacidad es uno de los colectivos con una mayor tasa de abandono escolar prematuro y, por tanto, con un mayor margen de mejora”
“El porcentaje de personas con discapacidad que termina educación superior se sitúa todavía lejos (19,3%) de dicho objetivo (44%) y, por tanto, existe un amplio margen de mejora”
Una mejora de cinco puntos porcentuales en este indicador para las personas con discapacidad permitiría a España avan­ zar en el cumplimiento del objetivo fijado para España para el año 2020.
“Objetivo Pobreza y Exclusión: Reducir el número de europeos situados debajo de la línea de la pobreza un 25%, haciendo que salgan de la pobreza 20 millones de personas de los 80 millones que están en ella actualmente. En el caso de España, el objetivo es que un millón y medio de personas salgan de la pobreza”
4.1.3. Objetivo Pobreza y Exclusión: Reducir el número de europeos situados debajo de la línea de la pobreza un 25%, haciendo que salgan de la pobreza 20 millones de personas de los 80 millones que están en ella actual­ mente. En el caso de España, el objetivo es que un millón y medio de personas salgan de la pobreza SITUACIÓN GENERAL
Proporción de la población mayor de 5 años por debajo del umbral de la pobreza en España* y UE27, año 2008. % debajo umbral pobreza 19,6 19,0 30,5 14,9 16,5
Total España Población sin discapacidad Población con discapacidad Objetivo UE 2020 Total UE­27
Proporción de personas con discapacidades que se sitúan por debajo de la línea de la pobreza en España, por sexo Sexo Hombres Mujeres Total
% 28,63 31,75 30,49
Aportación potencial de la población con discapacidades al cumplimiento del quinto objetivo de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011 La elevada proporción de personas con discapacidad por debajo del umbral de la pobreza provoca que las mejoras en su situación supongan reducciones importantes en términos relativos en la tasa de pobreza nacional. Así, una disminución en un punto porcentual en la tasa de pobreza de las personas con discapacidades lleva a una caída de prácticamente una décima (0,08%) en la proporción de personas que vive por debajo del umbral de la pobreza en España. Es por tanto signi­ ficativa la coincidencia de objetivos: la discriminación que supone que estos índices sean tan altos en el caso de las per­ sonas con discapacidad en relación con el resto de ciudadanos y la necesidad de avanzar en la garantía de igualdad de condi­ ciones de todos. Tomando en consideración, además, que el margen de mejora de los indicadores de las personas con dis­ capacidad es muy alto supone que una reducción en la tasa de pobreza de la población con discapacidad de cinco puntos porcentuales lleva a una caída en la tasa de pobreza nacional de más de cuatro décimas. Siendo el objetivo fijado por la UE disminuir en un 25% la tasa de pobreza en el conjunto de la UE y el objetivo en España, sacar a un millón y medio de personas de la pobreza, la pobla­ ción con discapacidad permitiría avanzar en el cumplimiento de dicho objetivo si redujera su tasa de pobreza a 22,9%. Mediante la consecución de esta reducción (equivalente a sacar a más de 265.000 personas de la pobreza) la tasa de pobreza de España disminuiría en más de 6 décimas. Cabe señalar, en todo caso, que la tasa de pobreza para la población con discapacidad se seguiría situando por encima de la media nacional. “La elevada proporción de personas con discapacidad por debajo del umbral de la pobreza provoca que las mejoras en su situación supongan reducciones importantes en términos relativos en la tasa de pobreza nacional”
Adicionalmente hay que considerar que la iniciativa “Platafor­ ma europea contra la pobreza”, recogida en la Estrategia Euro­ pea 2020, plantea concebir y aplicar programas de promoción de la innovación social para los más vulnerables, en particular, facilitando una educación innovadora, formación y oportuni­ dades de empleo para luchar contra la discriminación, por ejemplo, de las personas con discapacidad, así como definir y aplicar medidas adaptadas a las circunstancias específicas de este grupo, que presenta riesgos particulares.
5. Objetivo estratégico y objetivos principales
EL OBJETIVO ESTRATÉGICO que se extrae a la luz del diagnósti­ co y del marco de actuación referidos más arriba es el de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos cuantificados de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Refor­ mas de España 2011 a través de actuaciones dirigidas a mejo­ rar en el ámbito de las personas con discapacidad las ratios de los indicadores establecidos, en concreto en mercado laboral, educación, pobreza y exclusión social. Adicionalmente se identifica otra serie de objetivos principa­ les la mayoría de los cuales (como la accesibilidad), además, son condición indispensable para el cumplimiento del objeti­ vo estratégico. Entre ellos destacan: Accesibilidad: entendida como el acceso de las perso­ nas con discapacidad, en las mismas condiciones que el resto de la población, al entorno físico, al transpor­ te, a las tecnologías y los sistemas de la información y las comunicaciones (TIC), y a otras instalaciones “El objetivo estratégico es coadyuvar al cumplimiento de los objetivos cuantificados de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011 a través de actuaciones dirigidas a mejorar en el ámbito de las personas con discapacidad las ratios de los indicadores establecidos”
“Adicionalmente se identifica otra serie de objetivos principales indispensables para el cumplimiento del objetivo estratégico: accesibilidad, conocimiento, participación, igualdad y no discriminación”
y servicios. Teniendo muy en cuenta los ámbitos donde mayores problemas de accesibilidad universal persisten, como por ejemplo el ámbito TIC donde todavía hay barreras importantes (de media, en EU­27 solo el 5% de los sitios web públicos se ajustan com­ pletamente a las normas de accesibilidad de internet). Conocimiento: mejorar el conocimiento real sobre la situación en que viven las personas con discapacidad en España y las barreras a las que se enfrentan en sus vidas diarias. Se deberá en este sentido promover la correcta recopilación de datos y supervisión de políti­ cas y actuaciones fomentando la cooperación entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Participación: con el objeto de superar los obstáculos al ejercicio de los derechos como personas, consumi­ dores, estudiantes o actores económicos y políticos se debe promover la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en actividades, actos, instalaciones, bienes y servicios, comprendidos los de tipo audiovisual, el deporte, el ocio, la cultura y la diversión, la toma de decisiones y ejecución de políti­ cas públicas tales como sanidad, educación, empleo, infraestructuras, vivienda y urbanismo. Igualdad: se promoverá la igualdad de trato de las personas con discapacidad a través de un enfoque de doble vertiente. Por una parte, se utilizará la legisla­ ción vigente para proteger, prohibir, suprimir y sancio­ nar cualquier tipo de discriminación y, por otra, se aplicará una política activa que mediante medidas de acción positiva promueva eficazmente la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con dis­ capacidad en todos los ámbitos en los que deseen participar activamente, prestando una atención espe­ cial a las mujeres y a los niños con discapacidad así
como al impacto de la discriminación múltiple que pueden sufrir aquellas personas con discapacidad que reúnen alguna otra característica susceptible de motivar la discriminación como el sexo, el origen nacional, racial o étnico, la orientación e identidad sexual. No discriminación: fundamentalmente se promove­ rán acciones para eliminar el agravio comparativo del sobrecoste que supone para las personas con disca­ pacidad y para sus familias el ejercicio ciudadano de una vida normalizada en relación con el resto de la población.
El propósito de esta Estrategia, por tanto, es facilitar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos y que tanto la sociedad en su conjunto como las propias personas con discapacidad puedan beneficiarse ple­ namente de la aportación de éstas en la economía generando oportunidades y afianzando derechos. Para ello la Estrategia debe centrase en la supresión de barre­ ras en su sentido más amplio, abordando las actuaciones con­ cretas de acuerdo con las siguientes recomendaciones hechas por la OMS y el Banco Mundial: posibilitar el acceso a todos los sistemas y servicios convencionales, invertir en programas y servicios específicos para las PCD’s, asegurar su participa­ ción activa y proactiva, mejorar las capacidades de las perso­ nas y recursos humanos, proporcionar financiación suficiente y mejorar la asequibilidad, fomentar la sensibilización pública y la comprensión de la discapacidad para garantizar la no dis­ criminación y la igualdad de oportunidades que adicional­ mente ponga en valor para la sociedad los talentos de las PCD’s, mejorar la recopilación de datos y reforzar y apoyar la investigación sobre la discapacidad.
“El propósito de esta Estrategia es facilitar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos y que tanto la sociedad en su conjunto como las propias personas con discapacidad puedan beneficiarse plenamente de la aportación de éstas en la economía generando oportunidades y afianzando derechos”
6. Ámbitos de actuación y medidas estratégicas. Plan de Acción
A CONTINUACIÓN se refieren en relación con distintos ámbi­ tos y con carácter general las actuaciones y medidas estraté­ gicas que deberán desarrollar la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012­2020. Estas medidas estratégicas se concretan en tareas y actuacio­ nes calendarizadas a través de un Plan de Acción en dos eta­ pas. La Primera Fase del Plan de Acción abarcará de 2012 a 2015 y se elaborará y aprobará antes del fin de 2011, una vez aprobada la presente Estrategia. Antes del fin de tal año 2015 se realizará una evaluación inte­ gral de las medidas de la Primera Fase del Plan de Acción para que en la Segunda Fase del mismo, que abarcará de 2016 a 2020, puedan ajustarse los objetivos cuantificados a alcanzar. “Estas medidas estratégicas se concretan en tareas y actuaciones calendarizadas a través de un Plan de Acción en dos etapas: 2012­2015 y 2016­2020”
Se han identificado diversos ámbitos primordiales de actua­ ción: accesibilidad, empleo, educación y formación, pobreza y exclusión social, información, participación, igualdad y colecti­ vos vulnerables, sanidad, acción exterior, nueva economía de la discapacidad… teniendo en cuenta además su potencial para contribuir a los objetivos generales de la Estrategia Euro­ pea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011, así como de la Convención sobre los Derechos de las Per­ sonas con Discapacidad. Estos ámbitos de actuación supondrán la implicación de dis­ tintas administraciones competentes, especialmente las comunidades autónomas, por lo que la elaboración de estos planes de acción deberá contar con la participación activa de todas las administraciones implicadas, y las medidas que les afecten deberán ser consensuadas con ellas. Las actuaciones en estos ámbitos concretos podrán desarro­ llarse a su vez mediante Estrategias sectoriales concretas, como se ha hecho, por ejemplo, con las vigentes Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapa­ cidad o la Estrategia Integral de Cultura para Todos así como se prevé en la siguiente Legislatura llevar a cabo con la Estra­ tegia Global de Acción para la personas con discapacidad en el Medio Rural. Pero las actuaciones también podrán desarrollarse mediante Planes de Actuación concretos o incluso con medidas inde­ pendientes cuando la naturaleza de éstas no necesite de ins­ trumentos de planificación y ejecución más amplios. Pero en todo caso deberán incardinarse todos estos instrumentos (Estrategias sectoriales, Planes de Actuación, medidas inde­ pendientes) dentro de la presente Estrategia Española sobre Discapacidad 2012­2020.
“Estos ámbitos de actuación supondrán la implicación de distintas administraciones competentes, especialmente las comunidades autónomas, por lo que la elaboración de estos planes de acción deberá contar con la participación activa de todas las administraciones implicadas, y las medidas que les afecten deberán ser consensuadas con ellas”
Especial atención recibirá todo lo relacionado con la Nueva economía de la discapacidad así como con la componente de I+D+i de la misma. También deberá tomarse como ámbito prioritario de acción la lucha contra la discriminación múlti­ ple, en concreto en los factores de género, infancia y medio rural. En todas las actuaciones se promoverán las sinergias debidas con las políticas de envejecimiento activo teniendo en cuenta que los siete millones de personas mayores de España verán incrementada su calidad de vida mediante la mayoría de las medidas relacionadas en la presente Estrategia. Para ello el futuro Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo tendrá en consideración las necesarias relaciones entre envejecimiento y discapacidad.
6.1. Actuaciones generales
1.	Desarrollar la Estrategia Global de Acción para las Perso­ nas con Discapacidad en el Medio Rural. Promover el refuerzo de la I+D+i de discapacidad en Estrategia Española de Innovación mediante programas específicos. Desarrollar una Estrategia Global de Acción contra la discriminación múltiple en los ámbitos de la política de género y la infancia. Incluir en el Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo las necesarias actuaciones sinérgicas con la Estrategia Espa­ ñola sobre Discapacidad 2012­2020. “La estrategia contempla un serie de actuaciones generales con medida estratégicas para el medio rural, el refuerzo de la I+D+I, el género y la infancia y el envejecimiento activo”
2.	3.	4.	56
6.2. Accesibilidad Las dificultades de accesibilidad condicionan la participación social y el ejercicio de las libertades fundamentales (educa­ ción, empleo, salud, cultura, etc.). En muchas ocasiones estas dificultades son más decisivas y condicionantes que las pro­ pias limitaciones funcionales de la persona, como se señalaba en el Plan Nacional de Accesibilidad 2004­2012. Por esta razón la accesibilidad se convierte en un factor indispensable para la igualdad de oportunidades y en un criterio básico en la ges­ tión de la acción pública y por eso se hacen prioritarios tanto el análisis como la disposición de los medios necesarios para cumplir con los principios que inspiran la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal y sus normas de desarrollo. La accesibilidad es una condición previa a la participación en la sociedad y en la economía, por lo que se propone utilizar instrumentos legislativos y de otro tipo, como la normaliza­ ción, para optimizar la accesibilidad al entorno construido, la educación, la cultura, el ocio, los medios de comunicación, el transporte o las TIC. Partiendo de los principios de una regulación más racional, se estudiarán los beneficios de adoptar medidas legislativas que garanticen la accesibilidad de los productos y los servicios, incluidas las medidas encaminadas a intensificar el recurso a la contratación pública (que ha demostrado una elevada efec­ tividad en los EE.UU). Asimismo, se fomentará la incorpora­ ción de la accesibilidad y el «diseño para todos» en los planes de estudios educativos y de formación profesional de las pro­ fesiones pertinentes y se potenciará un mercado español para tecnologías de apoyo. Se apoyarán y complementarán por parte de las administra­ ciones estatal y autonómicas actividades destinadas a poner
“La accesibilidad se convierte en un factor indispensable para la igualdad de oportunidades y en un criterio básico en la gestión de la acción pública y por eso se hacen prioritarios tanto el análisis como la disposición de los medios necesarios para cumplir con los principios que inspiran la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal y sus normas de desarrollo”
en práctica la accesibilidad y eliminar las barreras actuales, y a mejorar la disponibilidad y la variedad de tecnologías de apoyo. Se tendrá en cuenta especialmente la accesibilidad tecnológi­ ca no sólo para romper la brecha digital que pueda existir y que se erige como efecto discriminador, sino tomando en con­ sideración que las TIC suponen un instrumento óptimo para lograr una sociedad inclusiva, cohesionada, solidaria y avanza­ da en relación con las personas con discapacidad, tal y como se refleja en las distintas iniciativas y líneas de acción aproba­ das en materia de capacitación e inclusión en materia de TIC en el ámbito europeo (Agenda Digital para Europa, que forma parte de la Estrategia Europa 2020), o la potenciación de ser­ vicios incluyentes que garanticen la accesibilidad (Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011­15), que deberán ser consideradas. Igualmente hay que destacar en España el Plan Avanza 2 (2011­2015), que recoge objetivos que contribuyen a conseguir una mayor accesibilidad e integra­ ción, y mitigar la brecha digital. En este sentido las propias asociaciones de personas con dis­ capacidad señalan su optimismo respecto a las posibilidades que las TIC abren en el futuro inmediato para tales personas (“Investigación sobre las Tecnologías de la Sociedad de la Información para todos”, EUIT Telecomunicaciones de la Uni­ versidad Politécnica de Madrid para CENTAC, 2011). El recurso a factores tecnológicos se presenta como una oportunidad ineludible para afrontar y superar las dificultades que se pre­ sentan para un importante colectivo de ciudadanos. Con todo lo anterior se pretende, finalmente, garantizar la accesibilidad a los bienes y servicios, en especial los servicios públicos y los dispositivos de apoyo para las personas con dis­ capacidad.
1.	Apoyar la aprobación en la UE de la “European Accesibi­ lity Act” que se propone en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010­2020. Elaborar una Estrategia Global de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a la TIC’s. Incorporar la accesibilidad universal como un factor esencial y tomarla en consideración en la elaboración y aplicación de todas las normas y las políticas públicas. Promover la formación en TIC’s de las personas con dis­ capacidad, así como la formación en “diseño para todos” de los gestores y operadores informáticos. Avanzar en la unificación de la planificación de accesibi­ lidad de los departamentos ministeriales.
2.	3.	4.	5.	6.3. Empleo
“Promover el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo mejorando su empleabilidad e integración laboral, con especial atención a las mujeres y a las personas con dificultades severas de acceso al mercado de trabajo” Actualmente está en vigor la Estrategia Global de Acción para el empleo de personas con discapacidad 2008­2012 que tiene su fundamento en el mandato contenido en la Ley 43/2006, de 29 de noviembre para la mejora del crecimiento y del empleo, cuya disposición adicional duodécima establece que el Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales y con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, aprobará una Estrategia Global de acción para el empleo de las personas con discapacidad, diri­ gida a promover el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo mejorando su empleabilidad e integra­ ción laboral, con especial atención a las mujeres y a las perso­ nas con dificultades severas de acceso al mercado de trabajo.
Sus resultados son alentadores, ya que en 2010 se ha consegui­ do que el colectivo de personas con discapacidad no acuse con igual intensidad los efectos negativos de la crisis sobre el empleo. La estadística revela que el número de contratos labo­ rales ha aumentado en los últimos años para este colectivo. En el periodo Diciembre 2009­ Diciembre 2010, el número de contratos a personas con discapacidad registrados en el Servi­ cio Público de Empleo Estatal aumentó un 18,52%, hasta alcanzar los 61.128 contratos a personas con discapacidad a final de 2010. En todo 2009 se registraron 51.577 contratos a personas con discapacidad. Esta tendencia se mantiene durante el año 2011, ya que hasta el mes de agosto, el número de contratos a personas con dis­ capacidad registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal ha sido de 42.178, lo que supone un incremento del 6,86% sobre los contratos registrados hasta el mismo mes del año 2010, que fueron 39.471. “Para el empleo, se contemplan una serie de medidas estratégicas como el desarrollo de la empleabilidad de las personas con discapacidad, la incorporación del factor discapacidad en la Estrategia Española de Empleo, la Nueva economía de la Discapacidad y la incorporación al mercado laboral de las mujeres con discapacidad”
1.	Impulsar el desarrollo de empleabilidad de un número creciente de personas con discapacidad para garantizar el cumplimiento del objetivo general de empleo del Pro­ grama Nacional de Reformas de España 2011. Incorporar en la futura Estrategia Española de Empleo el factor discapacidad manteniendo los avances normati­ vos en vigor y mejorando éstos garantizando mínimos comunes entre las diferentes Comunidades Autónomas. Promover las actuaciones precisas para fomentar y desarrollar la Nueva economía de la Discapacidad. Promover actuaciones específicamente dirigidas a impulsar la incorporación de las mujeres con discapaci­ dad al mercado laboral, en igualdad de oportunidades.
2.	3.	4.	60	E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
6.4. Educación y formación El limitado acceso a la formación, particularmente en los nive­ les superiores del sistema educativo, es uno de los factores que intervienen decisivamente en los procesos de exclusión social de las personas con discapacidad. Las carencias en la educación y formación, un nivel bajo de conocimientos, van a limitar decisivamente las oportunidades de progreso indivi­ dual y de integración social. El acceso a la educación general es difícil para los niños con discapacidad grave, y a veces tiene lugar en centros de educa­ ción especial. Las personas con discapacidad y, especialmente, los niños, deben integrarse adecuadamente en el sistema educativo general, con el apoyo individual necesario, en inte­ rés de los propios niños.
“En educación y formación se desarrollarán medidas estratégicas para que las personas con discapacidad, y especialmente niños, se integren adecuadamente en el sistema educativo general, con el apoyo individual necesario”
1.	Impulsar las medidas concretas sobre el colectivo de las personas con discapacidad para garantizar el cumpli­ miento de los objetivos generales de reducción del abandono escolar y aumento de las personas entre 30 y 34 años que han terminado la educación superior del Programa Nacional de Reformas de España 2011. Respaldar a la UE en sus objetivos de una educación y formación inclusivas y de calidad en el marco de la ini­ ciativa «Juventud en movimiento». Impulsar la detección precoz de las necesidades educati­ vas especiales. Promover una educación inclusiva en todas las etapas educativas, con los medios de apoyo que sean necesarios.
2	3.	4.	E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
5.	Potenciar la formación continuada de todo el profesorado. Avanzar en la inclusión de asignaturas que coadyuven a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Promover la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en los estudios en materia educativa.
6.	7.	6.5. Pobreza y Exclusión social
Diversos informes señalan que las personas con discapacidad son más pobres y que entre los pobres hay más personas con discapacidad, por lo que actuaciones sobre el colectivo y la población con discapacidad debe tener en consideración el objetivo de reducir su peligro de exclusión y pobreza. “Las actuaciones sobre la población con discapacidad deben tener en consideración el objetivo de reducir su peligro de exclusión y pobreza, desarrollando plenamente los objetivos de autonomía personal”
1.	Impulsar las medidas concretas sobre el colectivo de las personas con discapacidad para garantizar el cumpli­ miento de los objetivos generales de reducción de per­ sonas por debajo de la línea de la pobreza del Programa Nacional de Reformas de España 2011. Desarrollar plenamente los objetivos de autonomía per­ sonal de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
2.	62	E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
6.6. Participación real y efectiva
Teniendo en cuenta la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la extensión y variedad de la parti­ cipación de la sociedad civil en su aplicación ha de ser, sin duda, aún más amplia, alcanzando a sindicatos, organizacio­ nes religiosas, instituciones académicas, fundaciones, organi­ zaciones y entidades, comprometiéndolas a participar en la planificación e implementación de las actividades y proyectos relacionados con el contenido de la Convención. Todas ellas deben actuar con la premisa de que, tras la aprobación de la Convención (y la Ley 26/2011), la atención a la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. En esta participación de la sociedad civil resulta evidente que será particularmente necesario el liderazgo de las organizacio­ nes constituidas por personas con discapacidad y sus familias.
“En esta participación de la sociedad civil resulta evidente que será particularmente necesario el liderazgo de las organizaciones constituidas por personas con discapacidad y sus familias”
1.	Con carácter general, podrá incorporarse a la asociación nacional más representativa de las personas con disca­ pacidad a aquellos órganos colegiados de participación de la AGE que tengan por finalidad el cumplimiento de los objetivos de la Convención. En los órganos colegiados de participación de la AGE que tengan por finalidad el cumplimiento de los objeti­ vos de la Convención se tomará en consideración la perspectiva de género.
2.	E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
6.7. Igualdad y colectivos vulnerables Teniendo en cuenta que la discapacidad se suma de manera perversa como un factor especialmente perjudicial para colectivos vulnerables (mujeres, infancia, personas mayores, ámbito rural) provocando un efecto de multiexclusión, se deberán identificar actuaciones concretas fomentando la acción positiva. “Para aquellos colectivos vulnerables (mujeres, infancia, personas mayores, ámbito rural) en los que la discapacidad provoca un efecto de multiexclusión, se identificarán actuaciones concretas fomentando la acción positiva”
1.	Desarrollar la Estrategia Global de Acción para las Perso­ nas con Discapacidad en el Medio Rural. Desarrollar una Estrategia Global de Acción contra la discriminación múltiple en los ámbitos de la política de género y la infancia. Fomentar medidas de apoyo al envejecimiento activo de las personas con discapacidad. Promover medidas dirigidas a la prevención de la violen­ cia contra las mujeres con discapacidad, y a garantizar su pleno y libre ejercicio de derechos. Incorporar la discapacidad en la formación de los profe­ sionales que intervienen en la prevención y atención de situaciones de violencia contra mujeres.
2.	3.	4.	5.	64	E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
6.8. Sanidad El objetivo concreto sería reforzar los servicios e instalaciones sanitarias accesibles y no discriminatorias; fomentar la sensi­ bilización hacia las discapacidades en las escuelas de medici­ na y en los planes de estudios de los profesionales de la salud; ofrecer unos servicios adecuados de rehabilitación; promover la asistencia sanitaria psíquica y el desarrollo de servicios de intervención temprana y de evaluación de necesidades.
“En materia de sanidad se reforzará la accesibilidad de servicios e instalaciones, la sensibilización hacia las discapacidades en la formación de los profesionales de la salud, los servicios de rehabilitación, la asistencia sanitaria psíquica y los servicios de intervención temprana”
1.	Fomentar, junto con las demás unidades competentes, la puesta en marcha de una Estrategia Sociosanitaria, que integren los recursos disponibles para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias. Promover medidas que faciliten el uso de medios técnicos de apoyo con vistas a garantizar la vida independiente. Desarrollar programas de detección y diagnóstico precoz de discapacidades. Desarrollar medidas preventivas, incluyendo la adapta­ ción ortoprotésica y la rehabilitación funcional, para reducir los riesgos de discapacidades sobrevenidas y el agravamiento de discapacidades preexistentes. Diseñar medidas específicas para el colectivo de personas con autismo en sus diferentes enfoques y afecciones. Aplicar el enfoque de género en las políticas sociosanita­ rias, que permita tomar en consideración las necesida­ des específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Establecer medidas en el ámbito sanitario dirigidas a detectar violencia o malos tratos contra mujeres con dis­ capacidad.
2.	3.	4.	5.	6.	7.	E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
6.9. Acción exterior El objetivo sería promover los derechos de las personas con discapacidad en la acción exterior de España. España debe promover los derechos de las personas con dis­ capacidad en su acción exterior, incluidos los programas de desarrollo. El MAEC trabajará, en su caso, en un marco más amplio de no discriminación para hacer hincapié en la disca­ pacidad como un componente de los derechos humanos en la acción exterior de la UE; realizará labores de sensibilización respecto a la Convención y las necesidades de las personas con discapacidad, incluida la accesibilidad, en el campo de las actuaciones de emergencia, la ayuda humanitaria y los pro­ gramas de cooperación; consolidará el conocimiento en mate­ ria de discapacidad y perspectiva de género de manera que se conciencie a las Embajadas y Consulados de España de todo lo concerniente a la discapacidad; y se asegurará de que los ins­ trumentos financieros destinados a las ayudas a proyectos con un componente de derechos humanos, incluida la coope­ ración al desarrollo, se utilicen para mejorar la situación de este colectivo. La intervención de España incluirá la discapacidad, la perspec­ tiva de género y la puesta en práctica de la Convención tomando en consideración los compromisos de Accra sobre la eficacia de la ayuda. También fomentará los acuerdos y com­ promisos sobre cuestiones de discapacidad en foros interna­ cionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa, OCDE, OSCE) así como en sus relaciones bilaterales con terceros países.
“España promoverá los derechos de las personas con discapacidad en su acción exterior, incluidos los programas de desarrollo”
1.	Incluir el factor discapacidad y la perspectiva de género en las actuaciones de emergencia, ayuda humanitaria y programas e instrumentos de cooperación internacional que desarrolle MAEC y AECID
66	E S T R A T E G I A E S P A Ñ O L A S O B R E D I S C A P A C I D A D
6.10. Nueva economía de la Discapacidad
“En el ámbito de la Nueva economía de la Discapacidad se promoverá la identificación de nichos y oportunidades de mercado aún no cubiertos o con escaso desarrollo, catalizar nuevas oportunidades de investigación, desarrollo e innovación, y fomentar la conexión entre la industria, la empresa y la universidad, así como los partenariados público­privados” Se debe promover en este ámbito la identificación de nichos y oportunidades de mercado aún no cubiertos o con escaso desarrollo, catalizar nuevas oportunidades de investigación, desarrollo e innovación, y fomentar la conexión entre la industria, la empresa y la universidad, así como los partena­ riados público­privados.
1.	Promover la normalización en el ámbito de los produc­ tos y servicios así como el establecimiento de distintivos de calidad que identifiquen la accesibilidad. Fortalecer el mercado de las TIC’s accesibles. Promover el mercado relacionado con la Autonomía Per­ sonal.
2.	3.	6.11. Información
Se elaboró entre noviembre de 2007 y julio de 2008 la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008), que es, hasta el momento, la mayor y mejor fuente de datos, junto a las bases de datos públicas, en materia de discapacidad. Sin embargo, sería dese­ able que, con menores transcursos temporales, se pudiese realizar una nueva Encuesta para actualizar datos en los últi­ mos años de aplicación de esta Estrategia.
1.	Establecer un moderno sistema de información sobre Discapacidad en red. Avanzar en la consolidación de un sistema de colabora­ ción eficiente con las CCAA para la elaboración de la Base de Datos de PCD. Fomentar la inclusión de la variable de discapacidad, cuando sea factible por tipo de la misma, y desagregada por sexo, en los estudios y encuestas que realicen los organismos públicos dependientes de la Administración del Estado, especialmente el INE. Fomentar la imagen normalizada y el uso apropiado del lenguaje sobre discapacidad en medios de comunica­ ción, teniendo en cuenta también la perspectiva de género. Desarrollar con carácter anual un Perfil de la Discapaci­ dad de España que permita contar en el futuro con una serie temporal de diversos indicadores útil para la elabo­ ración de políticas públicas.
2.	3.	4.	“En el ámbito de la información se pretende establecer un moderno sistema de información, mediante la colaboración autonómica en la elaboración de las bases de datos de PCDs, la inclusión de la variable de discapacidad en los estudios y encuestas del INE y otros organismos de la Administración del Estado, y el desarrollo anual de un Perfil de la Discapacidad con indicadores útiles para la elaboración de políticas públicas”
5.	6.12. Otras
1.	Incorporar a la presente Estrategia las vigentes estrate­ gias sectoriales, como por ejemplo la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos y la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad así como, en su caso, sus respectivos Planes de Acción.
2. “La estrategia prevé otras actuaciones, que abarcan la incorporación a la misma de otras estrategia sectoriales, establecer medidas concretas en ámbitos como la protección civil, el deporte y el turismo, la identificación de alternativas jurídicas, el estudio de un Plan Integral de Discapacidad en la AGE o la armonización de figuras relacionadas con los derechos de las PCDs”
Establecer medidas concretas sobre discapacidad en los siguientes ámbitos: Protección Civil, deporte, turismo, etcétera. Avanzar en el ámbito de identificación de alternativas jurídicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Promover el estudio de un Plan Integral de Discapacidad en la AGE. Promover, con el acuerdo de las CCAA, la armonización de medidas y figuras relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.
A través de la Estrategia se velará por que las personas con discapacidad sean conscientes de sus derechos, prestando particular atención a la accesibilidad de los materiales y los canales de información. Se promoverá asimismo la sensibili­ zación hacia los enfoques de tipo «diseño para todos» en los productos, servicios y entornos. Se respaldarán y complementarán las campañas nacionales de sensibilización sobre las capacidades y las contribuciones de las personas con discapacidad. Se concienciará a la sociedad de todo lo referente a la discapa­ cidad e informar en mayor medida a las personas con disca­ pacidad de sus derechos y la manera de ejercerlos. Se promoverán medidas de sensibilización social sobre las mujeres con discapacidad, tendentes a evitar los estereotipos negativos existentes. “Se velará por que las personas con discapacidad sean conscientes de sus derechos y se conciencierá a la sociedad de todo lo referente a la discapacidad”
“Se promoverá el intercambio de datos estadísticos entre el Instituto Nacional de Estadística y los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, así como la inclusión de investigaciones sobre discapacidad, considerando también la perspectiva de género, en el diseño de las operaciones estadísticas de los diversos institutos”
Cada Administración o entidad cubrirá con sus propios recur­ sos humanos y materiales las actividades o medidas que constan en esta Estrategia, no suponiendo aumento alguno del gasto público.
Estadísticas y recopilación y seguimiento de datos:
Se promoverá el intercambio de datos estadísticos entre el Instituto Nacional de Estadística y los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, así como la inclusión de investigaciones sobre discapacidad, considerando también la perspectiva de género, en el diseño de las operaciones esta­ dísticas de los diversos institutos. Se procurará también la cooperación en el estudio y análisis de encuestas realizadas fuera de los institutos oficiales y la integración de las realizadas por estos con las anteriores.
Con el liderazgo del Observatorio Estatal de la Discapacidad se potenciará la colaboración entre los centros de información financiados por la AGE, el SID (Servicio de Información sobre Discapacidad) y el CEDD (Centro Español de Documentación sobre Discapacidad), con el fin de alcanzar una mayor cohe­ sión del sistema, lo que redundará positivamente en el colec­ tivo de personas con discapacidad. En este objetivo participa­ rá el Real Patronato sobre Discapacidad y se promoverá la colaboración de los centros directivos de las Comunidades Autónomas implicados en la discapacidad, así como los insti­ tutos y otros organismos de dichas Comunidades Autónomas. Se creará la Red Española de Información sobre Discapacidad (REDID) constituida por el OED (Observatorio Estatal de la Dis­ capacidad), SID y CEDD.
“Se creerá la Red Española de Información sobre Discapacidad (REDID), constituida por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) y el Servicio de Información sobre Discapacidad (SID)”
8. Seguimiento y control de la estrategia
EL CONSEJO NACIONAL de Discapacidad (CND) será el órgano responsable del seguimiento y control de la Estrategia, debiendo realizarse un informe anual sobre ésta que el CND debatirá en su reunión ordinaria plenaria del primer semestre de cada año. El citado informe será realizado por el Observa­ torio Estatal de la Discapacidad con las directrices que esta­ blezca la Secretaría del Consejo Nacional de la Discapacidad y bajo su supervisión.
“El Consejo Nacional de Discapacidad (CND) será el órgano responsable del seguimiento y control de la Estrategia, debiendo realizarse un informe anual sobre ésta que el CND debatirá en su reunión ordinaria plenaria del primer semestre de cada año”
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