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Timestamp: 2018-04-20 13:38:03
Document Index: 44594058

Matched Legal Cases: ['artículo 197', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 176', 'artículo 200', 'artículo 37', 'artículo 55', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 200', 'artículo 103', 'artículo 16', 'artículo 86', 'artículo 112']

Principios que rigen la gestión de los recursos económicos del sistema educativo
Los recursos económicos puestos a disposición del sistema educativo, de la Administración educativa y de los centros sostenidos con fondos públicos se gestionan de acuerdo con los principios generales de equidad, eficacia, eficiencia y economía y de acuerdo con los principios específicos establecidos en el artículo 197.
1. La gestión de los recursos económicos del sistema educativo se rige por el principio de planificación económica, por el principio de suficiencia y estabilidad presupuestaria, por el principio de liquidez y por el principio de control financiero.
Financiación de las enseñanzas del Servicio de Educación de Cataluña
1. El Departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42, y en los términos que determine la programación, debe establecer una oferta de plazas para niños de cero a tres años.
El Gobierno debe garantizar la gratuidad de la escolarización de las enseñanzas a las que se refiere el artículo 5.2 y debe sostener con los recursos económicos necesarios los centros que prestan el Servicio de Educación de Cataluña, de acuerdo con la programación educativa.
1. El Departamento puede establecer una financiación adicional para los centros que prestan el Servicio de Educación de Cataluña que desarrollen estrategias orientadas a asegurar la equidad y a hacer posible la mejora de los resultados educativos. Esta financiación adicional debe permitir, en aquellos centros en los que se aplique, la gratuidad total del horario escolar.
El Departamento, por razones de oportunidad social, de equidad o de no discriminación por razones económicas, debe establecer ayudas y otorgar becas en relación con actividades complementarias y extraescolares.
1. Corresponde al Gobierno regular modalidades de contratación de obras de construcción de edificios destinados a centros educativos públicos que comporten la reversión de la obra al patrimonio de la Generalidad una vez transcurrido el período establecido durante el cual el edificio es usado por el centro público en régimen de alquiler.
1. Para la autonomía de gestión económica de los centros públicos de los que es titular la Generalidad, y de acuerdo con el criterio de suficiencia, los presupuestos anuales de la Generalidad deben consignar esta financiación en el capítulo de gasto corriente, sin perjuicio de la posterior evolución a dotaciones presupuestarias por programas.
1. El modelo ordinario de financiación con recursos públicos de los centros privados que prestan el Servicio de Educación de Cataluña es el concierto educativo, tal como lo definen la regulación orgánica y la presente ley.
El Gobierno, sin perjuicio de la entrada en vigor de la Ley, debe aprobar un calendario de aplicación que comprenda un período de ocho años.
1. El acceso y la integración en los cuerpos regulados por los artículos 111, 112, 119, 120, 121 y 129 y la disposición adicional novena deben ser efectivos cuando lo determine el Gobierno, una vez garantizado el mantenimiento de los regímenes de jubilación, de clases pasivas y de seguridad social de los funcionarios afectados, sin perjuicio de la aplicación inmediata del resto de la regulación contenida en el título VIII.
Es aplicable al consejo escolar de la ciudad de Barcelona, dada su singularidad, el régimen establecido para los consejos escolares territoriales.
1. El Departamento debe revisar con carácter periódico los criterios y las partidas presupuestarias a que se refiere la disposición final segunda, con el objetivo de asegurar que los compromisos adquiridos en convenios con los entes locales se ajustan en todo momento a la evolución real de los costes y de los precios.
Los órganos competentes del Consorcio de Educación de Barcelona, creado al amparo de la Ley 22/1988 (sic), de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, deben determinar, en el ámbito de esta ciudad, las zonas educativas definidas por el artículo 176.
El Departamento debe identificar periódicamente, previo informe del Consejo Escolar de Cataluña, los supuestos que comportan necesidades educativas específicas.
Las adscripciones de centros existentes se mantienen hasta que se aplique lo establecido en la presente ley, de acuerdo con el procedimiento que debe aprobarse por reglamento.
En función de las necesidades de escolarización derivadas de la programación educativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200, pueden concertarse enseñanzas de bachillerato y formación profesional en los centros que las imparten.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda, la integración en los cuerpos docentes de la Generalidad de los funcionarios docentes estatales que prestan servicios a la función pública de la Generalidad, en cualquier situación administrativa, debe llevarse a cabo respetando en cualquier caso los derechos económicos de los que gozan en el momento de la integración y con el mantenimiento de la antigüedad que tienen reconocida en el cuerpo de origen. La integración mantiene el reconocimiento de las especialidades de las que son titulares y se hace efectiva en los mismos puestos de trabajo que tienen asignados, con el mismo carácter con el que han obtenido la adscripción.
1. La negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes debe llevarse a cabo a través de una mesa sectorial de educación, en atención a las condiciones específicas de trabajo de los diferentes colectivos docentes y al número de efectivos. Deben ser objeto de negociación en esta mesa sectorial las materias detalladas en el artículo 37 de la Ley del Estado 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, en relación con los funcionarios docentes, siempre que no hayan sido objeto de decisión de la mesa general de negociación de la Generalidad.
1. Los educadores del primer ciclo de educación infantil, en el ejercicio profesional de su especialización, además de los derechos que se detallan en su convenio colectivo, tienen los derechos siguientes:
1. Con el objetivo de hacer efectivos los principios de igualdad y de intercomunicabilidad entre los respectivos sistemas educativos en el marco común básico de la función pública docente, definido por la legislación educativa, la Administración educativa debe contribuir a garantizar la realización coordinada de los correspondientes concursos de traslado de ámbito estatal que se convoquen periódicamente a efectos de cubrir las plazas vacantes que se determinen en los centros educativos dependientes de la Generalidad, con reconocimiento del derecho a participar en ellos de todos los funcionarios públicos docentes, sea cual sea la Administración educativa de dependencia o a través de la cual hayan ingresado, siempre que cumplan los requisitos generales y específicos que se establezcan en las convocatorias.
El personal docente que presta servicio en las enseñanzas objeto de concierto y que percibe las retribuciones que se derivan del contrato de trabajo, el convenio y la legislación laboral aplicable recibe unas retribuciones equivalentes y homologables a las de los funcionarios docentes del correspondiente nivel educativo, que toman en consideración elementos de promoción profesional.
En el tratamiento de datos, en el ámbito del sistema educativo, es aplicable la normativa de protección de datos de carácter personal, debiendo adoptarse las medidas necesarias para garantizar su seguridad y confidencialidad. La Administración educativa debe favorecer la transmisión de los principios, derechos y medidas de seguridad básicas en relación con la protección de datos.
La provisión temporal, con los perfiles que se establezcan, de puestos de inspector o inspectora en comisión de servicios debe hacerse mediante convocatorias de concurso de méritos específicos entre funcionarios de los cuerpos docentes, debiendo valorarse la capacidad profesional y los méritos específicos como docentes. Entre estos méritos debe considerarse la pertenencia al Cuerpo de Catedráticos y, de forma preferente, el ejercicio de cargos directivos con evaluación positiva y haber ocupado puestos de responsabilidad técnica en la Administración educativa de Cataluña.
Debe establecerse por reglamento el procedimiento de acreditación para obtener el título de graduado o graduada en educación secundaria obligatoria de los alumnos que constan en el registro al que se refiere el artículo 55.7.
Decimoctava Niños y jóvenes en situación de acogida familiar
El Gobierno adapta la composición, funciones y denominación de los órganos de gobierno de los centros que imparten acciones formativas derivadas de la integración de las ofertas de formación profesional para garantizar, de acuerdo con el ordenamiento, que la comunidad educativa, los representantes de los agentes económicos y sociales y la institución titular del centro participan en el gobierno del centro.
1. Se adscriben plenamente al Instituto Superior de las Artes, a los efectos establecidos en el artículo 66, los centros públicos superiores de titularidad de la Generalidad, así como los que pueda crear, y, funcionalmente, el resto de centros superiores de titularidad pública, y los centros superiores de titularidad privada pueden adscribirse al Instituto a los efectos funcionales que determine el correspondiente convenio, entre los cuales deben figurar los relativos a las letras b, c, y g del apartado 3 del artículo 66. Los demás centros, de cualquier titularidad, que impartan cualquier otra enseñanza artística finalista de carácter profesionalizador quedan afectados por los criterios e indicaciones que emanan del Instituto en los aspectos a los que se refiere el mencionado apartado 3 del artículo 66 que les sean aplicables.
Las referencias que el artículo 66 y la disposición adicional vigésima hacen a la Generalidad, al Departamento y a la Administración educativa deben entenderse referidas al Consorcio de Educación de Barcelona en todo aquello en que éste haya asumido las competencias que le otorga la Ley 22/1998, de la Carta municipal de Barcelona.
Los convenios entre el Departamento y los entes locales para la educación infantil deben velar para que queden garantizadas las condiciones básicas de calidad que garantizan la prestación de este servicio.
El Gobierno, en aplicación de lo establecido en el título VIII, debe establecer por reglamento un estatuto del ejercicio de las profesiones relacionadas con la educación no universitaria en Cataluña.
El funcionario o funcionaria docente de un centro público que, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento, sea nombrado temporalmente para sustituir la baja del titular o la titular de un órgano unipersonal de dirección o coordinación del centro tiene, mientras dure el nombramiento, los mismos derechos y las mismas obligaciones que tiene el titular o la titular del órgano.
El Gobierno debe formular las propuestas legislativas necesarias para la creación del instrumento adecuado para conseguir la máxima eficiencia en la gestión del conjunto de centros públicos de titularidad de la Generalidad y favorecer su calidad.
La Administración educativa promueve las enseñanzas artísticas no regladas mediante la articulación de convenios con los titulares de centros, de acuerdo con la programación de la oferta específica a la que se refiere el artículo 200.2. Estos convenios deben considerar, si procede, la singularidad de los itinerarios formativos que conducen al acceso a estudios reglados de carácter profesionalizador.
El establecimiento de escuelas que imparten exclusivamente enseñanzas no regladas de música o danza y de otros centros que imparten exclusivamente enseñanzas postobligatorias que no conduzcan a la obtención de títulos o certificados con validez en todo el Estado debe ceñirse al procedimiento de comunicación previa, de acuerdo con lo que el Gobierno establezca por reglamento, sin perjuicio de la aplicación del principio de autorización administrativa al resto de centros de titularidad privada.
Vigesimoctava Creación y regulación del centro singular para la educación no presencial
La fórmula de composición del Consejo Escolar de Cataluña se mantiene como máximo hasta que finalice el plazo de desarrollo de la presente ley.
1. Deben consignarse gradualmente en el presupuesto anual de la Generalidad, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, las partidas suficientes para alcanzar la homologación retributiva del profesorado que presta servicios en las enseñanzas objeto de concierto de los centros concertados con el profesorado de los centros públicos.
1. El desarrollo de lo que se establece en la presente ley no puede comportar, para el personal incluido en su ámbito de aplicación, la disminución de los derechos económicos vigentes en el momento en el que se haga efectiva la integración, cualquiera que sea su situación administrativa.
1. El Gobierno debe regular la transformación y la transición del sistema de promoción docente por estadios al sistema de promoción profesional por grados y categoría superior de senior.
Deben homologarse, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, las retribuciones y las condiciones de trabajo de todos los profesionales docentes que ejerzan sus funciones en puestos de trabajo de los servicios educativos en régimen de comisión de servicios.
Hasta que el Gobierno dicte las disposiciones reglamentarias correspondientes al desarrollo de la presente ley, son aplicables los preceptos del Decreto 142/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación primaria, y del Decreto 143/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria.
1. El Gobierno, a propuesta del Departamento y en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, debe aprobar un plan para la igualdad de género en el sistema educativo y debe presentarlo al Parlamento.
El Gobierno, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, debe aprobar los estatutos del Instituto Superior de las Artes y debe publicar la relación circunstanciada de los centros superiores que se adscriben inicialmente al mismo, con las características, si procede, de cada adscripción.
Disposición transitoria octava redactada por el artículo 103 de la Ley [CATALUÑA] 11/2011, 29 diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Los funcionarios docentes que ocupan con carácter definitivo puestos singulares en los servicios educativos en virtud del artículo 16 del Decreto 155/1994, de 28 de junio, por el que se regulan los servicios educativos del Departamento de Enseñanza, se incorporan a los servicios educativos establecidos en el artículo 86 sin perder las condiciones laborales y de estabilidad que dicho decreto les otorgaba. Asimismo, en las convocatorias de concursos de provisión de puestos singulares de los servicios educativos, debe ser un mérito relevante la prestación previa de servicios, con evaluación positiva, en este tipo de puestos de trabajo.
El Departamento debe fomentar, sin perjuicio de la creación del Cuerpo de Inspectores de Educación de la Generalidad de Cataluña, establecida en el artículo 112, los procedimientos para favorecer la consolidación de la situación administrativa de los inspectores que ejercen la función inspectora en comisión de servicios a través de un turno especial.
El Departamento de Educación debe adoptar las medidas necesarias para que, progresivamente, los servicios de portafolio personal de aprendizaje y de registro académico personal tengan las características funcionales y operativas plenamente definidas, y estén técnicamente implantados y disponibles a todos los efectos en el plazo de aplicación de la presente ley.
El Gobierno, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, debe incrementar progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo y, tomando como referencia los países europeos que se distinguen por su excelencia en educación, debe situar progresivamente durante los próximos ocho años el gasto educativo cerca de, como mínimo, el 6% del producto interior bruto.
Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para desarrollar y ejecutar la presente ley, sin perjuicio de las habilitaciones expresas de desarrollo y ejecución que la presente ley establece a favor del Departamento.