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Timestamp: 2019-02-22 21:04:31
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 28', 'Artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 13', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 8', 'Artículo 7', 'artículo 299', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 150', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 151', 'artículo 151', 'Artículo 1', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 150', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 36', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 16', 'artículo 95', 'artículo 5', 'artículo 36', 'artículo 32', 'artículo 338', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 338', 'artículo 12']

No. 45 Comunicado 06 de septiembre de 2010
El establecimiento del régimen prestacional de los diputados es de competencia exclusiva del Congreso y su impacto para las finanzas públicas debe ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo
I. EXPEDIENTE OP-125 - SENTENCIA C-700/10
NUMERO 240 DE 2007 CAMARA, 136 DE 2006 SENADO
por medio de la cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional de los miembros de las Asambleas Departamentales.
Artículo 1º. Organización de las Asambleas. La determinación de la estructura administrativa de las Asambleas Departamentales, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo corresponden a la misma corporación, a iniciativa del gobernador.
Artículo 2º. Remuneración de los diputados. La remuneración de los diputados de las Asambleas Departamentales por mes de sesiones está constituida por la asignación mensual en los términos fijados por el artículo 28 de la Ley 617 de 2000 o por las normas que la adicionen o modifiquen, teniendo en cuenta las prestaciones reconocidas en esta ley.
Artículo 3º. Régimen prestacional de los diputados. Los diputados y quienes suplieren las faltas absolutas o temporales de estos, tendrán derecho a Seguro de Vida y a percibir las siguientes prestaciones sociales:
Auxilio de Cesantía e intereses sobre las cesantías.
Prima de Navidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4ª de 1966.
Parágrafo 1º. La remuneración del auxilio de cesantías de diputados deberá liquidarse a razón de una asignación mensual por cada año calendario de sesiones, teniendo en cuenta que para su cálculo debe entenderse como si se hubiere sesionado los doce (12) meses del respectivo año y percibido durante ese año asignaciones mensuales idénticas a las devengadas en el tiempo de sesiones, conforme a lo estipulado en los artículos 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996. Por asignación deberá entenderse lo regulado en el artículo segundo de la presente ley.
En el evento en que el diputado no pueda asistir a todas las sesiones, ordinarias o extraordinarias, las cesantías se liquidarán en proporción al tiempo de servicio.
Los diputados están amparados por el Régimen de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias.
No podrá percibirse a título de remuneración o prestaciones sociales, por la labor como Diputado, ningún otro emolumento diferente a los consagrados en esta ley.
Artículo 4º. Topes máximos. Las Asambleas Departamentales deberán determinar dentro de los límites de gastos establecidos en la Ley 617 de 2000, según la categoría del departamento, el tope máximo de reconocimiento a los diputados en materia de prestaciones, primas o gastos de representación a que tengan derecho de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
Artículo 5º. Derechos de los reemplazos por vacancia. En caso de faltas absolutas o temporales de los Diputados, quienes sean llamados a ocupar la curul tendrán derecho a los beneficios a que se refieren los artículos anteriores desde el momento de la posesión y hasta cuando ejerzan la diputación.
En el caso de vacancia causada por secuestro, el titular conservará los derechos remuneracionales y prestacionales previstos en la ley e igualmente los llamados a re emplazarlos temporalmente tendrán los derechos conforme al inciso 1º del presente artículo.
Artículo 6º. Disposiciones para los diputados secuestrados. Los pagos correspondientes a la remuneración y demás emolumentos de los diputados secuestrados, con fundamento en la Ley 282 de 1996 y sus normas complementarias, no se computarán dentro de los límites establecidos en el artículo 8° de la Ley 617 de 2000.
Artículo 7º. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
La Corte Constitucional declaró FUNDADAS las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional en relación con los artículos 2º, 3º y 4º del proyecto de ley número 136 de 2006-Senado, 240 de 2007-Cámara, “por medio del cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional de los miembros de las asambleas departamentales”. Como consecuencia de lo anterior, declaró INEXEQUIBLES los artículos 2º, 3º y 4º del proyecto de ley en referencia.
En primer término, la Corte encontró fundada la objeción de inconstitucionalidad planteada por el Gobierno Nacional respecto de los artículos 3º y 4º del proyecto de ley cuestionado, por vulneración de los artículos 150, numeral 19 y 299 de la Constitución Política. En efecto, las citadas disposiciones legales delegan en las asambleas departamentales una función exclusiva del legislador, cual es la de determinar el régimen prestacional de los diputados. Observó que a diferencia de lo que ocurre con los demás funcionarios públicos y trabajadores oficiales, cuyo régimen prestacional es fijado de manera concurrente por el Congreso y el Gobierno (art. 150, numeral 19, literales e) y f) de la C.P.), en el caso de los diputados de las asambleas departamentales, el artículo 299 de la Carta reserva al legislador la facultad de establecer dicho régimen, cuando dispone que los miembros de las Asambleas Departamentales tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, “en los términos que fije la ley”.
Advirtió que el artículo 3º del proyecto de ley objetado, establece cuáles son las prestaciones sociales de los diputados y algunas reglas para la liquidación de cesantía y la prima de navidad, así como la aplicación del régimen de seguridad social general, pero no contempla algunos aspectos como son el monto o tope y la periodicidad con la cual deben reconocerse las vacaciones y la prima de servicios. De acuerdo con el artículo 4º del proyecto de ley, dicho vacío legislativo sería llenado por las propias asambleas departamentales, lo cual contraría abiertamente el numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, cuando ordena que las funciones legislativas relativas a las prestaciones sociales “son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas”. Además, no es cierto que, como lo señaló el Congreso al insistir en la sanción de este proyecto de ley, la Ley 617 de 2000 regule dichos aspectos, al revisar su articulado no se encuentra disposición alguna respecto del monto y periodicidad en la que deban reconocerse las prestaciones de los diputados.
En segundo lugar, la Corte constató que el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga, cumplió con suficiencia la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional sobre el efecto fiscal de las disposiciones objetadas exigido por el artículo 7º del La Ley 819 de 2003, presentando a las células legislativas un informe pormenorizada del grave impacto a las finanzas públicas que se ocasionaría con su adopción. En cambio, el Congreso no desvirtuó las razones aducidas por el Gobierno y, a pesar de ello, continuó con el trámite legislativo. En efecto, en el curso del debate legislativo, el Ministro presentó ante la Cámara de Representantes, un estudio detallado del impacto fiscal de los artículos 2º y 3º del proyecto de ley objetado, en relación con (i) el valor de las transferencias a las Asambleas Departamentales sin el proyecto de ley, (ii) de las nuevas prestaciones sociales incorporadas al proyecto y (iii) de los efectos fiscales del mismo, sobre el cual destaca que “en total los departamentos tendrían que aumentar sus gastos de funcionamiento, en 20%” en dichos entes territoriales, algunos de los cuales no podrán atender sus gastos de funcionamiento, pues su situación es deficitaria –menciona especialmente los casos de Putumayo, La Guajira y Chocó-. Además, expuso cómo se afectaría la inversión pública en los departamentos.
No obstante, en ninguna de las ponencias presentadas en las comisiones permanentes y plenarias de las cámaras, se consignó el análisis a que hace referencia el artículo 7º, sino que se limitaron en la exposición de motivos a señalar razones de otro orden, concernientes a la necesidad de hacer claridad sobre la remuneración y el régimen prestacional de los miembros de las asambleas departamentales, pero sin ninguna evaluación sobre las consecuencias fiscales que tendría para las finanzas departamentales. Por tal motivo, la objeción por desconocimiento del artículo 151 de la Constitución Política también prospera y en consecuencia, conduce a la inexequibilidad de los artículos 2º y 3º del proyecto de ley examinado.
Medidas legales para el fortalecimiento del control fiscal en los departamentos, municipios y distritos fueron aprobadas con la mayoría exigida por el artículo 151 de la Constitución Política
II. EXPEDIENTE OP-134 - SENTENCIA C-701/10
NUMERO 383 DE 2009 CAMARA, 206 DE 2008 SENADO
Artículo 1º. Fortalecimiento del Control Fiscal de las Contralorías Departamentales. El límite de gastos previsto en el artículo 9° de la Ley 617 de 2000 para la vigencia de 2001, seguirá calculándose en forma permanente. Las cuotas de fiscalización correspondientes al punto dos por ciento (0.2%) a cargo de las entidades descentralizadas del orden Departamental, serán adicionadas a los presupuestos de las respectivas Contralorías Departamentales. Entiéndase como la única fórmula para el cálculo del presupuesto de las Contralorías Departamentales.
Artículo 2º. Fortalecimiento del control fiscal de las Contralorías Municipales y Distritales. A partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2010, el límite de gastos para el cálculo presupuestal de las Contralorías Municipales y Distritales, se calculará sobre los ingresos proyectados por el respectivo Municipio o Distrito, en los porcentajes descritos a continuación:
Límite de gastos de Contralorías Municipales y Distritales (ICLD)
3.0% (Más de 100.000 Habitantes)
Artículo 3°. En desarrollo del fortalecimiento, garantía y salvaguarda del control fiscal territorial, las entidades territoriales correspondientes, asumirán de manera directa y con cargo a su presupuesto el pago de las conciliaciones, condenas, indemnizaciones y cualquier forma de resolución de conflictos de las Contralorías, sin que esto afecte el límite de gastos de funcionamiento en la respectiva Contraloría Territorial.
Artículo 4º. Las Contralorías Territoriales destinarán como mínimo el dos por ciento (2%) de su presupuesto para capacitación de sus funcionarios y sujetos de control.
Artículo 5º. Para todos los efectos de esta ley se exceptúa la Contraloría Distrital de Bogotá.
Artículo 6º. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.
Primero.- Declarar INFUNDADAS las objeciones formuladas por el Gobierno Nacional al Proyecto de Ley No. 206/08 Senado – 383/09 Cámara, “por medio de la cual se fortalece el ejercicio del control fiscal”.
Segundo.- En consecuencia de lo anterior y exclusivamente respecto de la objeción formulada por el Gobierno Nacional, declarar EXEQUIBLE el proyecto de Ley No. 206/08 Senado – 383/09 Cámara, “por medio de la cual se fortalece el ejercicio del control fiscal”.
La Corte encontró que el artículo 1º del proyecto objetado por el Gobierno Nacional introduce modificaciones sustanciales al artículo 9º de la Ley 617 de 2000 -cuya naturaleza es de norma orgánica- al menos, en dos aspectos diferenciados. En primer lugar, altera el cálculo de reducción progresiva de los porcentajes de gastos en contralorías departamentales, para lo cual otorga vocación de permanencia al monto de ajuste previsto por el año 2001. En segundo término, define que esa fórmula será la única aplicable para el cálculo del presupuesto de las contralorías departamentales, previsión que conlleva la inaplicabilidad de los contenidos normativos previstos por el artículo 9º de la Ley 617 de 2000 para la definición de ese gasto público.
A una conclusión distinta arribó la Sala respecto de la acusación formulada contra el artículo 4º de la iniciativa. Dicha previsión consagra que las contralorías departamentales destinarán como mínimo el dos por ciento (2%) de su presupuesto para la capacitación de sus funcionarios y sujetos de control. Una previsión de esta naturaleza se encuadra prima facie en la competencia del Congreso para fijar los gastos de la administración, prevista en el numeral 11 del artículo 150 de la Constitución, por lo que no requería de su aprobación por la mayoría absoluta establecida en el artículo 151 de la Constitución Política. Adicionalmente, no existe evidencia que la norma objetada derogue o modifique una disposición de la Ley Orgánica del Presupuesto o de las adiciones que a la misma contiene la Ley 617 de 2000.
Ahora bien, revisado el trámite surtido por el proyecto de ley que se objeta, la Corte verificó que la intención del Congreso fue aprobar una normatividad de índole orgánica, reformatoria de las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, comprobación que sumada a la materia regulada en y al cumplimiento de la mayoría absoluta prescrita por el artículo 151 de la Carta Política, demuestra la naturaleza jurídica particular de la norma analizada. Al margen del debate realizado en la Cámara de Representantes acerca de si no obstante reformar en algunos casos la Ley 617 de 2000, no se trataba de una legislación de la misma naturaleza, lo cierto es que al momento de aprobar la proposición con la que finalizaba el informe de ponencia, en la cual se solicitaba a la plenaria dar segundo debate a la iniciativa, el Secretario General de la Cámara advirtió que la mayoría que debía alcanzarse era de carácter absoluto. Además, cuando se aprobó la proposición modificatoria al artículo 1º del proyecto de ley, se contó con idéntica mayoría.
En ese orden, la Corte concluyó que la aprobación del artículo 1º del proyecto de ley cumplió con los requisitos exigidos por la Constitución para las leyes orgánicas. Por ende, la objeción presidencial formulada por este motivo, resulta infundada y en consecuencia, declaró exequible la norma examinada, exclusivamente por el aspecto analizado.
Por el cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política
Medidas preventivas de protección ambiental y tipos de sanciones por infracciones ambientales resultan acordes con la Constitución Política
IV. EXPEDIENTE D-8019 - SENTENCIA C-703/10
Primero.- Por los cargos analizados en esta sentencia, declarar EXEQUIBLES las expresiones “son de ejecución inmediata” y “surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”, contenidas en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.
Segundo.- Por los cargos analizados en esta sentencia, declarar EXEQUIBLE la expresión “de acuerdo con la gravedad de la infracción”, contenida en los artículos 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009.
Tercero.- Por los cargos analizados en esta sentencia, declarar EXEQUIBLES las expresiones “Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción”; “Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres”; y “Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos”, contenidas en el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009.
Cuarto.- Por los cargos analizados en esta sentencia, declarar EXEQUIBLES los artículos 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 1333 de 2009.
La Corte precisó que la inmediatez de las medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009 corresponde a la naturaleza propia de la protección ambiental, toda vez que el deterioro del ambiente debe ser neutralizado desde sus propios orígenes y sin retardar la actuación hasta el momento mismo en que los efectos negativos se produzcan. Dichas acciones se dirigen a precaver riesgos o efectos no deseables, en situaciones dominadas por la incertidumbre acerca del peligro que para las personas o el medio ambiente pueden representar. Esa falta de certeza científica sobre el riesgo, se enfrenta por el derecho con la aplicación del principio de precaución y el establecimiento de presunciones que le permiten a la administración actuar y decidir sin desconocer el debido proceso y aplicar restricciones transitorias, pero que en todo caso, deben estar justificadas en valoraciones o informes científicos que advierten sobre el riesgo de posible degradación al medio ambiente.
Para la Corte, aún cuando las repercusiones de esas medidas preventivas sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el alcance de una sanción que se imponga al infractor. Sólo una aproximación literal y aislada a las respectivas disposiciones de la Ley 1333 de 2009 que aluden al infractor o a la infracción ambiental a propósito de las medidas preventivas, podría dar lugar a pensar que su imposición debe estar precedida de la demostración de la infracción y del establecimiento de la responsabilidad. Esta interpretación no es de recibo, pues de lo que se trata es de reaccionar ante un riesgo fundado de afectación del medio ambiente sobre el cual se haya alertado y en todo caso, con medidas que son transitorias (art. 32) y que pueden ser levantadas de oficio o a petición de parte (art. 35) cuando se compruebe que han desaparecido las causas que les dieron origen. Contrario a lo que sostiene el actor, no es la gravedad de la intervención administrativa o de sus consecuencias lo que define la índole preventiva o el carácter sancionatorio reconocido a determinada medida, sino la finalidad perseguida que en el primer caso, es responder eficazmente al riesgo grave y en el segundo, consiste en reaccionar ante la infracción ambiental comprobada. De igual modo, la índole preventiva de las medidas supone justamente, que las autoridades ambientales actúen de manera inmediata frente a ciertos hechos o conductas que afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o la salud humana, dando así cumplimiento a los deberes constitucionales de proteger la diversidad e integridad de las riquezas naturales de la Nación y garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, mediante la prevención y control del deterioro ambiental.
En relación con la improcedencia de recurso contra las medidas preventivas establecida en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la Corte consideró que esta previsión cabe dentro del margen de configuración del legislador y resulta razonable y proporcionada a la finalidad que se persigue con tales medidas. Además, ha de tenerse en cuenta que la Constitución no impone el principio de doble instancia para todas las decisiones de las autoridades y que en el caso concreto, puede ser controvertida ante la jurisdicción contencioso administrativa. Tampoco, hay lugar a una vulneración de la prohibición del non bis in ídem, por la circunstancia que el artículo 32 señale que tales medidas se aplicaran “sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”, ya que las medidas preventivas no se equiparan a sanciones, habida cuenta que se adoptan ante el riesgo o peligro de daño grave y la sanción ya corresponde a la consecuencia jurídica de la violación o daño comprobado. No es inexorable que la aplicación de una medida preventiva conduzca siempre a la imposición de una sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella. Aún en la hipótesis de que se aplique una y otra, no cabe afirmar que se hayan aplicado dos sanciones, sino que ha habido dos clases de consecuencias, cada una de las cuales obedece a la configuración de un supuesto propio y distinto.
En este orden, las expresiones normativas acusadas del artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 resultan ajustadas a la Constitución, por cuanto no desconocen el debido proceso y en particular, el derecho de defensa, como tampoco los principios de doble instancia y non bis in ídem, consagrados en el artículo 29 superior.
De otra parte, la gravedad de la infracción como criterio para aplicar una medida preventiva o una sanción por infracción ambiental, según lo dispuesto en los artículos 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009, no resulta violatoria del principio de proporcionalidad en la aplicación de cada una de ellas frente al libre desarrollo de la personalidad, el cual se reconoce por el artículo 16 de la Constitución, pero con las limitaciones impuestas por los demás y por el orden jurídico, lo cual, de entrada, no excluye al medio ambiente o a su protección, como eventual causa de limitación. A juicio de la Corte, a la luz de la Constitución no es posible predicar que en todas las ocasiones la libertad negativa prevalece o se impone sobre el medio ambiente y a tal grado que ante las exigencias de la libertad el medio ambiente siempre tenga que ceder. Por el contrario, como ya lo ha señalado esta Corporación (Sentencia C-293/02) una discusión jurídica en materia ambiental sobre cuales derechos prevalecen, la resuelve la propia Constitución, al reconocer la prevalencia del interés general (art. 1º C.P.), al limitar varios derechos en función de la protección debida al medio ambiente, los recursos naturales o la ecología, al asignarle al Estado funciones de prevención y control del deterioro ambiental y al radicar en cabeza de los particulares el deber de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, conforme lo establece el artículo 95-8 de la Carta Política.
En todo caso, las consecuencias gravosas y restrictivas de las medidas preventivas que en la práctica conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones normales, hacen indispensable que la valoración fundada que antecede a su adopción se le agreguen algunos límites que en términos generales, al menos procuren dotar a la medida adoptada de dimensiones adecuadas que eviten la exageración, el desbordamiento o la arbitrariedad. Tales límites consisten en la transitoriedad de la medida (art. 32) y el principio de proporcionalidad, cuya aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de riesgo advertido, como quiera que las medidas deben responder a cada tipo de riesgo, pues como lo ha señalado la doctrina, “debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia del riesgo que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan”. Ahora bien, el balance entre el derecho al medio ambiente y el derecho general de libertad no puede ser resuelto de modo general y de conformidad con una regla que establezca en abstracto la primacía inexorable del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la libertad general que en él se funda, sino que el desplazamiento de un principio por otro sólo se puede producir y apreciar en una situación concreta. De igual manera, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de la imposición de sanciones ambientales, para los supuestos más graves y lesivos del medio ambiente o de reiteraciones en el incumplimiento de la normativa protectora, que impliquen una grave amenaza para el interés público ambiental.
Por último, el demandante estima que los principios del derecho penal se aplican al derecho administrativo sancionador, de donde surge que las sanciones deben ser taxativas, inequívocamente definidas y, por lo tanto, ajenas a una previsión genérica que el Estado pueda utilizar frente a cualquier tipo de infracción. Al respecto, la Corte recordó que no en todos los casos es viable exigir un rigor tan estricto, pues ya ni siquiera en el ámbito mismo del derecho penal los principios que otrora se pretendían absolutos tienen ese carácter y si bien son aplicables al derecho administrativo sancionador, lo son con matices derivados de las características propias de éste. Tratándose del medio ambiente, se pone de relieve su singularidad que proviene de la ingente cantidad de relaciones y objetos merecedores de protección e igualmente del carácter variable de las situaciones particularmente expuestas a los cambios tecnológicos que suelen introducir más riesgos o cambiar velozmente situaciones ya definidas al amparo de criterios superados, lo que hace casi imposible para el legislador prever todas y cada una de las conductas a través de las cuales las personas naturales o jurídicas pueden violar las normas ambientales. De esta forma, aunque igualmente rijan los principios de legalidad y tipicidad, no es “dable asimilar el radio de acción de estos en el campo penal y en el campo administrativo, porque la aplicación irrestricta de éstos puede desconocer la finalidad misma de la infracción administrativa” (Sentencia C-564/00). En este sentido, las normas sancionatorias ambientales establecen lo que se conoce como tipificación indirecta, que presupone la existencia de un precepto que establece un mandato, una prohibición y otro que establece que el incumplimiento de éstas será objeto de sanción. Por consiguiente, la infracción la constituye el incumplimiento de las normas contenidas en una reglamentación específica. Así lo establece el artículo 5º de la Ley 1333 de 2009, al definir como infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente que reúna las características allí mencionadas y que también lo es “toda acción u omisión que constituye violación de las normas contenidas en el Código de Recurso Naturales Renovables, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes. Por lo expuesto, los cargos formulados contra las expresiones impugnadas del artículo 36 y del texto de los artículos 38 y 39, así como los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 1333 de 2009, no estaban llamados a prosperar y en consecuencia, las citadas normas fueron declaradas exequibles, frente a los mismos.
El magistrado MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO salvó el voto en relación con la declaración de exequibilidad de la expresión acusada del artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, que establece la improcedencia de recursos contra las medidas preventivas. En su concepto la posibilidad de interponer recursos administrativos para controvertir el acto mediante el cual se impone la medida preventiva garantizaría el derecho de defensa del afectado y los restantes derechos que pudieran verse comprometidos, a la vez que le permitiría a la administración examinar su decisión frente a las reclamaciones planteadas. Resulta desproporcionado que la incertidumbre inherente a los eventuales daños ambientales sólo le permita a la administración adoptar una decisión sin permitirle al destinatario de la misma reaccionar y aportar elementos de juicio sobre una situación que suele tener consecuencias gravosas y restrictivas. A su juicio, la misma incertidumbre sobre el riesgo de daño ambiental justificaría que los recursos administrativos, procedieran en el efecto devolutivo.
Reserva de ley en materia de autonomía universitaria. Parámetros para la evaluación de la calidad de la educación. Tarifas para reponer costos de los servicios prestados por el ICFES se ajustan al artículo 338 de la Constitución.
V. EXPEDIENTE D-8071 - SENTENCIA C-704/10
ARTÍCULO 6o. PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA DE LAS EVALUACIONES EDUCATIVAS. Cuando mediante auditorías especializadas externas se compruebe que el ICFES ha incurrido en conductas contrarias a los principios establecidos en el artículo 2º de esta ley, o que se utilizaron los resultados de las evaluaciones para propósitos distintos de los señalados por el Ministerio al ordenar la realización de cada tipo de “exámenes de Estado”; o cuando se compruebe que el ICFES ha realizado un acto dirigido a alterar irregularmente las condiciones establecidas para practicar las evaluaciones o sus resultados, el Ministerio de Educación podrá tomar las medidas conducentes a restablecer la aplicación de los principios y criterios establecidos en la presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias a que haya lugar, en relación con las personas responsables.
Primero.- Declarar EXEQUIBLES, los artículos 1 a 7 de la Ley 1324 de 2009, “Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES”, por los cargos analizados en esta sentencia.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 11 del artículo 12 de la Ley 1324 de 2009, por el cargo analizado en el presente demanda.
Tercero.- Declararse INHIBIDA para examinar la constitucionalidad de toda la Ley 1234 de 2009 por violación del principio de unidad de materia, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Cuarto.- Declararse INHIBIDA para examinar la constitucionalidad del artículo 9 de la ley 1324 de 2009, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Quinto.- Declararse INHIBIDA para examinar la constitucionalidad de los artículos 7, 10, 11 y 12 de la Ley 1324 de 2009, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Sexto.- Declararse INHIBIDA para examinar la constitucionalidad de los artículos 8, 13, 14 y 15 de la Ley 1324 de 2009, por ineptitud sustantiva de la demanda.
De manera preliminar, la Corte definió que no existía cosa juzgada en relación con (i) el cargo por violación del principio de autonomía financiera de las universidades dirigido contra los artículos 10 y 11 de la Ley 1324 de 2009, pues el examen realizado en la Sentencia C-375/10 se refirió a un cargo distinto y (ii) el cargo por violación de la autonomía universitaria, dirigida contra los artículos 1 a 7 y 9 de la Ley 1324 de 2009, pues aunque las normas estudiadas en la Sentencia C-162/08 comparten una temática común, tienen contenido y alcances distintos.
De otra parte, la Sala encontró que los demandantes no cumplieron con la carga mínima de procedibilidad respecto de los cargos por violación de la unidad de materia en relación con el texto completo de la Ley 1324 de 2009, reserva legal en materia de educación superior dirigido contra el artículo 9 de la misma ley y vulneración de la autonomía universitaria, dirigido contra los artículos 10, 11y 12 de la ley, referentes al cambio de naturaleza del ICFES, asunción de algunas funciones de éste por el Ministerio de Educación Nacional y la asignación al Gobierno nacional de recursos considerables. Por tal motivo, se inhibió de proferir un fallo de fondo sobre los mismos, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Después de hacer un recorrido por la línea jurisprudencial sobre la materia, la Corte concluyó que los artículos 1 a 7 de la Ley 1324 de 2009 no vulneran la reserva de ley en relación con la autonomía universitaria, ni exceden el ámbito propio de la facultad de inspección y vigilancia otorgada al Gobierno Nacional. Tales disposiciones establecen el marco general al cual deberá someterse el Gobierno Nacional para poner en marcha el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, con el fin de velar por su calidad y por el cumplimiento de sus fines, entre otros aspectos (art. 67 C.P.). Sus contenidos se encaminan a servir de referente para el ejercicio de la facultad regulatoria que compete al Gobierno Nacional. Con el principio de independencia se busca garantizar que los exámenes de Estado y demás pruebas externas no sean realizadas por los mismos entes e instituciones educativas que van a ser evaluados sino por pares académicos coordinados por el ICFES. El principio de compatibilidad, garantiza la aplicación de metodologías uniformes y con el principio de periodicidad se busca que los exámenes de Estado y demás pruebas externas sean realizados con regularidad. A la vez, se formulan los principios de igualdad en la producción de resultados y publicidad de los mismos y de equidad que reconoce las desigualdades existentes en contenidos de aprendizaje, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad. También, se establecen los principios referentes a la educación cualitativa, pertinencia y relevancia en un ámbito global competitivo. Para la Corte, el establecimiento de estándares mínimos de calidad de los programas de formación y los criterios para la evaluación de los mismos, no hace parte integral de la potestad que la Constitución ha reconocido a los establecimientos de educación superior para establecer sus planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación, en virtud del principio de autonomía universitaria.
En cuanto a las tarifas previstas en el artículo 12-11 de la Ley 1324 de 2009, la Corte señaló que corresponden a tasas, pues se trata de ingresos tributarios establecidos unilateralmente por el Estado, exigibles cuando la persona natural o jurídica decide utilizar los servicios prestados por el ICFES, con el propósito de recuperar total o parcialmente los costos que genera la prestación de los mismos, de manera que tales servicios se autofinancian mediante la remuneración que se paga a la entidad administrativa que los presta. Una lectura sistemática de los incisos 11, 12 y 13 del artículo 12 y de los incisos 10 y 11 del artículo 7 de la Ley 1324 de 2009 permiten deducir que dichas tarifas están reguladas en dos leyes distintas; la Ley 1324 de 2009 y la Ley 635 de 2000. Esta última establece los elementos esenciales del tributo, a saber: a) hecho generador: los servicios prestados por el ICFES en el desarrollo de las funciones asignadas por la ley ; b) sujeto activo: el ICFES o quien haga sus veces, es la entidad autorizada para definir y recaudar las tarifas correspondientes a los costos de los servicios prestados; c) sujeto pasivo: persona natural o jurídica que solicite la prestación de los servicios; d) base gravable: el costo de los servicios definidos en el artículo 2º de la Ley 635 de 2000; e) tarifas: las tarifas se fijarán en salarios mínimos legales diarios mensuales vigentes, de acuerdo con un sistema y un método.
La Corte encontró que la determinación de los costos se realiza mediante un sistema de costos estandarizados, en el que la valoración y ponderación de los factores que intervienen en su definición se realizarán por medio de procedimientos técnicamente aceptados de costeo (art. 5). Su cuantificación debe hacerse bajo parámetros de máxima eficiencia teniendo en cuenta los principios establecidos en el Plan general de Contabilidad Pública (art. 4). En relación con el método utilizado para establecer el monto específico a cobrar, dispone que la tarifa para cada uno de los servicios prestados por el ICFES, será la resultante de sumar el valor de los insumos y de los recursos humanos utilizados, de conformidad con los literales c), d) y e) del artículo 4, dividido por la frecuencia de utilización de que trata el literal f) del mismo artículo (art. 5). Además, para fomentar la democratización en el acceso a la educación superior, el ICFES fijará las tarifas del examen de Estado para el ingreso a la educación superior con base en rangos que respondan a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de grado 11 según el valor mensual de la pensión escolar informada por cada plantel educativo (art. 4, parágrafo 2º).
En esas condiciones, se concluyó que en tanto ingreso tributario, la tarifa cumple con los requisitos previstos en el artículo 338 constitucional, puesto que las leyes 1324 de 1009 y 635 de 2000, establecieron los elementos fundamentales del tributo, entre los cuales se encuentra el sistema y el método para definir los costos y la forma de hacer su reparto. Por tanto, el cargo formulado en relación con el numeral 11 del artículo 12 de la Ley 1324 de 2009, no estaba llamado a prosperar y en consecuencia, se declaró su exequibilidad.