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Timestamp: 2019-09-23 06:47:14
Document Index: 208934960

Matched Legal Cases: ['artículo 133', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 21', 'artículo 133', 'artículo 19', 'artículo 26', 'artículo 26', 'Artículo 133', 'artículo 19', 'Artículo 236']

Acuerdo y Sentencia 615/2013 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 615/13
En la ciudad de Asunción, a los diecisiete días del mes de junio año dos mil trece, estando en Sala de Acuerdos de la Excma. Corte Suprema de Justicia, los Ministros de la Sala Penal, Luís María Benítez Riera, Sindulfo Blanco y Alicia Beatriz Pucheta de Correa, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: “HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR LA DEFENSORA PUBLICA DEL FUERO PENAL DE CAACUPE ABOGADA ROSSANA FERREIRA MARTINEZ A FAVOR DEL SEÑOR W. A. G. S. ”, a fin de resolver la Garantía planteada, de conformidad al artículo 133 de la Constitución Nacional y a las disposiciones de la Ley N° 1500/99.-
¿Resulta procedente la Garantía Constitucional solicitada?
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, el mismo arrojó el siguiente resultado: Benítez Riera, Alicia Beatríz Pucheta de Correa y Sindulfo Blanco.-
A la única cuestión planteada, el Ministro LUIS MARIA BENITEZ RIERA dijo: Se presenta ante la Corte Suprema de Justicia la Defensora Pública del Fuero Penal, Tercer Turno de Caacupé, Rossana Ferreira Martínez a favor de W. A. G. S. y, escrito mediante, obrante a fs. 1/8 de estos autos, en lo sustancial manifiesta cuanto sigue: “…La promoción del habeas corpus se plantea…por quien ejerce la defensa del justiciable W. A. G. S.…de 15 años de edad al tiempo del hecho, minoridad que explica la aplicación, en lo pertinente, del Código de la Niñez y de la Adolescencia…el menor afectado por el acto ilegítimo se encuentra privado de su libertad en esta causa, en virtud al A.I. N° 51 de fecha 10 de mayo de 2013; que confirmó su prisión preventiva; - decisión apelada que fuera – ha merecido su confirmación por A.I. N° 19 de fecha 24 de mayo de 2013, dictado por el Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia, de la Capital. Lo referenciado da la pauta que esta representación ha agotado los recursos ordinarios, ante los jueces naturales y competentes del procedimiento, en busca de enderezar la ilegalidad de la privación de libertad del imputado…quedan holgadamente satisfechas, amén de la ya invocada, las previstas en el artículo 7 numerales “a” y “b” de la Ley1500/99…W. A. G. S. se encuentra privado de su libertad, bajo el régimen de prisión preventiva en forma ilegítima, toda vez que siendo detenido en fecha 2 de julio de 2010: luego fue liberado por A.I. N° 261 de fecha 15 de diciembre de 2010, y privado nuevamente de su libertad por A.I. N° 36 de fecha 8 de abril de 2013, decisión esta que se encuentra vigente…la prisión preventiva que se le ha impuesto deviene, a la fecha, notoriamente ilegal, ilegalidad que radica en la duración efectiva de su encierro carcelario…excede los seis meses de prisión preventiva efectivamente cumplida, lo que a su vez supera con creces la pena mínima, que la ley penal reconoce para el hecho punible calificado – HURTO AGRAVADO – tipo penal que reconoce como marco penal mínimo seis meses de privación de libertad…El hecho de de que mi representado tenga el status jurídico procesal de acusado…no implica implícito el quiebre del estado de inocencia del justiciable, que constitucionalmente se le garantiza y constitucionalmente se le garantiza y que constituye el principio nuclear de las que se nutre las diversas modalidades de las medidas cautelares en un proceso penal…PETITORIO…previo los trámites de rigor…dicte Sentencia Definitiva haciendo lugar al habeas corpus reparador y ordene la inmediata libertad del mismo, haciéndolo efectivo en el mismo acto, tal como dispone el artículo 23 de la ley N° 1500/99 y con el efecto que prevé el artículo 28 de la misma ley…”.
Que, por providencia de fecha 6 de junio de 2013, se ordenó el libramiento de oficio al Tribunal de Sentencia Colegiado de la Circunscripción Judicial de Cordillera, a fin de que eleve informe en relación al Sr. W. A. G. S., en el marco del proceso penal que se le sigue en la causa: “W. A. G. S. S/ HECHO PUNIBLE CONTRA LA PROPIEDAD – HURTO EN ATYRA”; asimismo, a la Jefa de Antecedentes Penales del Poder Judicial, a fin de que remita la planilla de Antecedentes de W. A. G. S., todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1500/99.-
Que, a fs. 12/13 de autos, obra el informe remitido por la Jefa de la Oficina de Antecedentes Judiciales sobre la planilla de antecedentes de W. A.G.S..-
Que, a fs. 31 de autos, obra el informe presentado por el Juez Penal de Sentencia N° 3, de la Cordillera, Abogado ANTONIO BENITEZ, con intervención en el expediente: “W. A. G. S. S/ H.P. c/ LA PROPIEDAD- HURTO AGRAVADO EN ATYRA”, con relación al Oficio S.J.IIIN° 87, en los siguientes términos: “…1) Carátula e identificación de la causa: CAUSA N° 1595/2010 W. A. G. S. s/ H.P. c/ L PROPIEDAD- HURTO AGRAVADO (ATYRA)…2) Fecha de inicio del procedimiento: 3 de julio de 2010…3) Hecho punible atribuido al mismo: HECHO PUNIBLE CONTRA LA PROPIEDAD- HURTO AGRAVADO EN ATYRA…4) Tiempo de reclusión de la medida privativa de libertad: Por A.I. N° 129 de fecha 6 de julio de 2010 se decretó la prisión preventiva en el Centro Educativo de Itagua. Por A.I. N° 261 de fecha 15 de diciembre de 2010, por la cual obtuvo libertad. Nuevamente se decretó la prisión preventiva del procesado por A.I. N° 36, emanada de este Juzgado en fecha 8 de abril de 2013…5) Lugar de reclusión: PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU…6) Informe pormenorizado sobre el estado actual del proceso: Actualmente la causa se encuentra para juicio oral la cual está fijada para los días 24 y 25 de octubre de 2013, en la Sala de Juicios Orales de la ciudad de Caacupé. El A.I. N° 36 de fecha 8 de abril de 2013 por el cual se decretó la Prisión Preventiva del acusado fue apelada por la Defensora Pública la cual fue declarada inadmisible por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Adolescencia de Asunción. Nuevamente la Defensora solicita la Revisión de Medida Cautelar, la cual el Tribunal de Sentencia Colegiado de Caacupé resuelve Mantener, según A.I. N° 51 de fecha 10 de mayo de 2013. Esta resolución fue recurrida y de nuevo el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Adolescencia la tuvo por confirmada, según A.I. N° 19 de fecha 24 de mayo de 2013…”.-
La Garantía Constitucional de referencia se halla regulada en el artículo 133 de la Constitución Nacional, que en la parte pertinente dispone: “…El Habeas Corpus podrá ser: …2) Reparador: en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad podrá recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, con un informe del agente público o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la petición. Si el requerido no lo hiciese así, el Juez se constituirá en el sitio en que el que se halle recluida la persona, y en dicho lugar hará juicio de méritos y dispondrá su inmediata libertad, igual que si se hubiese cumplido con la presentación del detenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen motivos legales que autoricen la privación de su libertad, la dispondrá de inmediato; si hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención…”. En igual sentido, el artículo 19 de la Ley 1500/99, expresa: “Procederá el habeas corpus reparador en los casos en que se invoque la privación ilegal de libertad física de una persona”.
Que, el referido ut supra constituye el marco jurídico dentro del cual deberá circunscribirse el estudio de viabilidad o no del habeas corpus planteado.
Que, dada la especialidad de la acción presentada, la cual se refiere a la protección de un derecho fundamental como es la libertad de las personas, la Sala Penal, en todos los casos imprime la celeridad que imponen la Carta Magna y la Ley 1500 que la reglamenta.
Que, conforme a las definiciones plasmadas en la Norma Fundamental y los presupuestos legales del Habeas Corpus Reparador, para su procedencia es requerida la presencia de una ilegalidad en la privación de libertad de la persona situación que, en caso de verificarse fehacientemente, debe ser inmediatamente corregida por afectar un derecho fundamental de la persona cual es la libertad.
Que, el mecanismo del habeas corpus se prevé como un correctivo de arbitrariedades que afecten directamente a la persona y que no admitan dilaciones, requiriendo una especial atención del órgano jurisdiccional. Ahora bien, no debe ser considerado como un medio impugnaticio de resoluciones judiciales.-
Que, tanto la Constitución Nacional como la Ley 1500/99 determinan reglas especiales que son deducidas de sus textos, a saber: 1) excepción a las reglas de competencia (porque puede plantearse ante cualquier Juez de Primera Instancia, incluso, ante la propia Corte Suprema de Justicia); 2) legitimación procesal (puede presentarse tanto por la persona afectada como por interpósita persona sin necesidad de poder); 3) mínimas formalidades (reducción de los plazos procesales, aplicación del iura novit curiae, gratuidad y amplitud de facultades ordenatorias para los órganos jurisdiccionales competentes).-
En el caso de autos, el argumento principal del recurrente se sustenta sobre la base de que, según sus dichos, W. A.G. S. soporta una medida cautelar de prisión preventiva que ha excedido la pena mínima prevista para el supuesto hecho punible por el cual se halla procesado (Hurto Agravado) que, en esas condiciones la medida cautelar de prisión preventiva se ha tornado ilegal y que, en el marco del proceso penal, su defensa ya ha agotado las instancias ordinarias a los efectos de que se restablezca el imperio de la legalidad reclamada.
Que, luego de haber analizado de manera minuciosa los argumentos del recurrente y las circunstancias del caso, debo decir que, la Sala Penal no puede erigirse como una Tercera Instancia y fungir de órgano jurisdiccional revocador de resoluciones judiciales de jueces naturales a quienes la ley procesal penal ha conferido competencias para dictar resoluciones en cuestiones como las que hoy nos ocupa. En este sentido, de las constancias de autos surge que, en el expediente penal “W. A. G.S. S/ H.P. c/ LA PROPIEDAD- HURTO AGRAVADO EN ATYRA”, por A.I. N° 129 de fecha 6 de julio de 2010 se decretó la prisión preventiva de W.A. G. S. para que sea cumplida en el Centro Educativo de Itagua; luego, por A.I. N° 261 de fecha 15 de diciembre de 2010, se decretó su libertad; posteriormente, por A.I. N° 36 de fecha 8 de abril de 2013, el Juzgado Penal de Sentencia N° 3 de la ciudad de Caacupé volvió a decretar la Prisión Preventiva del acusado W. A. G.S.; esta resolución fue apelada y luego declarado inadmisible el recurso de apelación general, por A.I. N° 9 de fecha 25 de abril de 2013, emanada del Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia de la Capital; asimismo, hay constancias de que nuevamente la defensa del señor G.S. solicitó la Revisión de Medida Cautelar, la cual fue rechazada por el Tribunal de Sentencia Colegiado de Caacupé, por medio del A.I. N° 51 de fecha 10 de mayo de 2013; esta resolución fue recurrida y el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Adolescencia de la Capital la confirmó a través del A.I. N° 19 de fecha 24 de mayo de 2013. Como puede apreciarse, la medida restrictiva de libertad que soporta W. A. G. S. ha sido dispuesta por orden de autoridad competente en el marco del expediente penal N° 1592/2010, y la misma ha sido mantenida y confirmada por juzgados y tribunales dentro del ámbito de sus competencias, por lo que esta Magistratura, en el supuesto caso de de que hiciera lugar a lo pretendido por el accionante, estaría empleando la institución jurídica del hábeas corpus como un instrumento revocador de resoluciones emanadas de jueces naturales y competentes que sean desfavorables a las pretensiones del accionante, situación que desnaturalizaría la Garantía Constitucional del hábeas corpus. En consecuencia, la privación de libertad ha sido decretada por orden de autoridad judicial competente y, por tanto, no existe privación de libertad ilegal alguna en este caso por lo cual, de conformidad al artículo 26 de la Ley 1500/99, corresponde el rechazo del hábeas corpus reparador promovido.-
Que, el artículo 26 de la Ley 1500/99 taxativamente dispone: “Caso de privación de libertad por orden escrita de autoridad judicial. Si el informe expresara que la persona se halla privada de su libertad en virtud de orden escrita de autoridad judicial, individualizando a ésta y acompañando esa orden escrita, el juzgado, previa verificación inmediata de la veracidad del informe, dentro del plazo de un día dictará sentencia definitiva rechazando el hábeas corpus reparador, remitirá los antecedentes a quien dispuso su detención y pondrá en conocimiento de todo ello a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia…Si el informe omitiera individualizar esa autoridad judicial o no acompañara la orden escrita respectiva, el juzgado dentro del plazo de un día dictará sentencia definitiva haciendo lugar al hábeas corpus y ordenando la inmediata libertad de la persona”.-
Que, por los motivos expuestos y ante la ausencia de los presupuestos requeridos en los artículos 133 Inc. 2) de la Constitución Nacional, 19 y 26 de la Ley N° 1500/99, corresponde RECHAZAR el Habeas Corpus Reparador deducido. ES MI VOTO.
A su turno, la Doctora PUCHETA DE CORREA dijo: Luego de un cabal estudio de los autos que ocupan mi atención y a la luz del voto emitido por el instruido Ministro preopinante Profesor Doctor Luis María Benítez Riera, debo expresar mi ponencia divergente al desenlace jurisdiccional que propone, la cual consiste, por oposición, en dar acogida favorable a la garantía constitucional planteada bajo la rubrica de Habeas Corpus Reparador a favor de W.A. G. S.. No obstante ello, para fundamentar la posición disidente que adelantadamente anuncio, me habré de apoyar, en lo pertinente, en el prolijo relato ensayado por quien me antecede en la emisión del voto y en el que están descriptos los pormenores jurídicos en los que se fundamenta la promoción del Habeas Corpus y las demás piezas procesales emergentes de la correspondiente tramitación, circunstancias que me ubican en posición idónea para expedirme, conforme a derecho, sobre la materia en tratamiento.
En ese orden de cosas, según surge de la compendiada línea argumentativa en que se sustenta la garantía constitucional planteada, esta se circunscribe a la afirmación de la ilegitimidad de prisión preventiva cuya duración excede el plazo previsto en la ley, habiéndose reclamado la cesación de la medida de coerción personal ante los jueces competentes y por los mecanismos ordinarios, todos sin éxito alguno, circunstancia que motivo la articulación del Habeas Corpus ante esta instancia a los efectos de rectificar los errores en los que han incurrido tanto el Tribunal Penal de Sentencia, como el Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia en tanto no han considerado disposiciones de jerarquía constitucional, normas Internacionales (Tratados y Convenios) y prescripciones legales reglamentarias.
Entrando en materia, debe considerarse que el Hábeas Corpus Reparador constituye una garantía de rango constitucional. En efecto el Artículo 133 inciso 2 de la Constitución Nacional dispone que en virtud del Hábeas Corpus Reparador: “toda persona que se halle ilegalmente privada de su libertad puede recabar la rectificación de las circunstancias del caso…”. En concordancia con la norma constitucional, el Art. 19 de la Ley Nº 1500/99 preceptúa: “Procederá el habeas corpus reparador en los casos en que se invoque la privación ilegal de la libertad física de una persona”.
Ese es el marco jurídico dentro del cual debe tornarse efectiva la presente garantía constitucional, sin perder de vista de que, por su naturaleza, es una vía excepcional por la que se busca enderezar la ilegalidad de una privación de libertad de gravedad institucional cuando se demuestra que los mecanismos procesales ordinarios rectamente empleados no han podido reestablecer el imperio de la legalidad o que no es susceptible que lo hagan en el futuro, por lo que su ejercicio debe compatibilizarse con las disposiciones que fijan la competencia de los jueces del procedimiento.
Por ello, el objeto del pronunciamiento de esta Sala consiste en dilucidar si la privación de libertad de la cual es objeto W. A. G. S. es o no ilegal.-
El cuestionamiento de la defensa no radica en la ilegalidad de la medida dispuesta, sino en su extensión temporal, en cuanto que se ha excedido el límite legal aplicable a su representado. En ese sentido, cabe considerar, según surge de los informes más arriba detallados, que W. A. G. S. soporta reclusión en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú por orden del A.I. Nº 36 de fecha 08 Abril de 2013 hasta la fecha, más de dos meses. Según los mismos informes ya había estado privado de su libertad en el Centro Educativo de Itauguá por A.I. Nº 129 de fecha 6 de julio de 2010 y había obtenido su libertad por A.I. Nº 261 de fecha 15 de diciembre de 2013, por tanto estuvo anteriormente privado de su libertad por más de 5 meses. Por tanto W. A. G. S. ha estado soportando prisión preventiva por más de 7 meses.
Ante el incidente de revocatoria de auto de prisión solicitado por la defensa del imputado, el Tribunal de Sentencia de Caacupé resolvió mantener la prisión preventiva (A.I. Nº 51 de fecha 10 de mayo de 2013). La Defensa planteó posteriormente el Recurso de Apelación general contra dicha resolución y el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Adolescencia la tuvo por confirmada. (A.I. Nº 19 de fecha de fecha 24 de mayo de 2013).
De los informes remitidos, se constata que W.A. G.S. era un adolescente al momento de haber sido privado de su libertad (15 años de edad), conforme la definición legal de la ley 2169/03, por lo cual resulta aplicable la ley especial en cuanto establece reglamentaciones específicas en lo que hace al trato, las medidas, los fines de la sanción y la duración de las mismas (art. 192 del Código de la Niñez y la Adolescencia).-
En ese sentido, el art. 207 del citado cuerpo legal dispone: “…DE LA DURACION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD. La medida privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años. En caso de un hecho calificado como crimen por el derecho penal común, la duración máxima de la medida será de ocho años…”. De acuerdo a la regla, las medidas que impliquen privación de libertad para adolescentes infractores a la ley tienen como pena mínima, en todos los casos, la de seis meses.
Por otro lado, el art. 19 de la Constitución Nacional dispone: “La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo a la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo”. Igualmente, el art. 236 del C.P.P. dispone: “…La privación de libertad durante el procedimiento deberá ser proporcional a la pena que se espera. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho punible en la ley, ni exceder del plazo que fija este código para la terminación del procedimiento o durara más de dos años”.
La conducta de W. A. G.S. ha sido incursada dentro de los parámetros del art. 162 (Hurto Agravado) del Código Penal que establece una sanción penal que oscila entre una mínima de seis (6) meses y una máxima de diez (10) años de pena privativa de libertad, al comprobarse su calidad de adolescente al momento de la supuesta comisión del hecho punible es sujeto del Derecho Penal a través de leyes especiales en la materia, específicamente de la Ley N° 1680/01 “Código de la Niñez y la Adolescencia”, en las que se concentran las garantías procesales internacionalmente concertadas para la protección del adolescente infractor apoyado en su condición de persona en desarrollo (principio de justicia especializada).
Realizando el cómputo de la medida privativa de libertad que soporta W.A. G. S., el mismo ha estado privado de su libertad por más de 7 meses, por tanto se concluye que a la fecha de la presente solicitud, se ha cumplido en exceso el plazo de seis meses de privación de libertad que corresponde al imputado en razón a su minoridad al momento de ocurrido el supuesto hecho punible.
En las condiciones apuntadas, debe reconocerse que la situación jurídica de W. A. G. S. en cuanto a la privación de libertad se refiere, reviste visos de ilegitimidad, por haber excedido el plazo constitucional regulado en el artículo 19 de la Ley Fundamental, en concordancia con lo que prevé el Artículo 236 del C.P.P., tomando en consideración el hecho punible tipificado y la condición de adolescente del imputado.
Jurisprudencia: En el mismo sentido y ante el cumplimiento de la pena mínima esta Magistratura se pronunció por la procedencia de la garantía constitucional y el consecuente otorgamiento de libertad para el caso de adolescentes infractores en el Acuerdo y Sentencia N° 1309 del 17 de agosto de 2007,Habeas Corpus Reparador presentado por el Defensor Público Abg. Eutavio Larrea, A FAVOR DE B.P.C.S. y en el Acuerdo y Sentencia N° 544 del 11 de noviembre de 2010 Habeas Corpus Reparador presentado por el Abg. A. J.F.a favor de E.G.F..
En conclusión, considerando que la duración de la medida por la cual W.A. G. S. se ve privado de su libertad, excede ampliamente los plazos que limitan la duración de las medidas cautelares privativas de libertad, por imperativo de orden legal y constitucional, corresponde hacer lugar al Habeas Corpus solicitado y ordenar la libertad – en la presente causa W. A. G. S. S/H.P. C/ LA PROPIEDAD HURTO AGRAVADO EN ATYRA – de W. A. G. S. la cual deberá hacerse efectiva una vez que el Juzgado competente establezca las medidas adecuadas para garantizar su comparecencia a los actos procesales pendientes de realización y hasta que se dicte sentencia, a cuyo efecto debe comunicarse, de manera inmediata, lo decidido a los Jueces Penales intervinientes, sin perjuicio de que el mismo tenga otra orden restrictiva de libertad emanada de autoridad competente.
Por tanto, a tenor de los fundamentos esgrimidos, la norma constitucional que rige la materia (Art. 133 inc. 2), la disposición constitucional (Art. 19) y legal citada (Art. 19 y concordantes de la Ley Nº 1500/99), corresponde HACER LUGAR a la garantía constitucional planteada. Es mi Voto.-
A su turno, el Ministro Sindulfo Blanco manifestó que, adhiere su voto al del Ministro Benítez Riera, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. por ante mí que certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 17 de junio de 2013.
1) NO HACER LUGAR al HABEAS CORPUS REPARADOR presentado por la DEFENSORA PUBLICA DEL FUERO PENAL DE CAACUPE Abogada ROSSANA FERREIRA MARTINEZ a favor del señor W. A.G.S., por los fundamentos y con los alcances señalados en el exordio.
2) ANOTAR, registrar y notificar.
FIRMARON: MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ALICIA PUCHETA DE CORREA Y SINDULFO BLANCO.
ANTE MÍ: SECRETARIA KARINNA PENONI DE BELLASSAI.