Source: https://blog.errepar.com/2016/07/06/blanqueo-moratoria-modificaciones-impositivas-reparacion-historica-jubilados-pensionados/
Timestamp: 2018-09-20 10:24:48
Document Index: 320870792

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 53', 'artículo 38', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 49', 'artículo 24', 'artículo 97', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 125', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 125', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 12', 'artículo 37', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 75', 'artículo 76', 'artículo 77', 'artículo 29', 'artículo 74', 'artículo 29', 'artículo 76', 'artículo 8', 'artículo 77', 'artículo 15', 'artículo 74', 'artículo 75', 'artículo 76', 'artículo 5', 'artículo 49', 'artículo 44', 'artículo 4', 'artículo 49', 'artículo 41', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 37', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 38', 'artículo 18', 'artículo 59', 'artículo 49', 'artículo 38', 'artículo 36', 'artículo 38', 'artículo 41', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 70', 'artículo 55', 'artículo 57', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 168', 'artículo 66', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 63', 'artículo 32', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 17', 'artículo 137', 'artículo 154', 'artículo 90', 'artículo 20', 'artículo 120', 'artículo 82', 'artículo 6', 'artículo 289', 'artículo 31', 'artículo 80', 'artículo 36', 'artículo 46', 'artículo 101', 'artículo 22', 'artículo 101', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 27', 'artículo 306', 'artículo 76', 'Artículo 1', 'artículo 76', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 76', 'Artículo 4', 'artículo 76', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 76', 'Artículo 1', 'artículo 76', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 76', 'Artículo 4', 'artículo 76', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7']

Ley 27260: Blanqueo, Moratoria y Reparación Histórica
Ley 27260: Blanqueo, Moratoria y Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
Se establece el programa de reparación histórica para jubilados y pensionados; el blanqueo (régimen de sinceramiento fiscal); la moratoria para obligaciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras; junto a modificaciones impositivas de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, y la derogación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
En tal sentido, en los siguientes apartados se destacan los aspectos más salientes de cada uno de ellos:
A) Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
B) Blanqueo (Régimen de sinceramiento fiscal)
C) Moratoria para obligaciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras
D) Beneficios para contribuyentes cumplidores
E) Modificaciones impositivas
Las disposiciones de la ley comentada tienen vigencia a partir del 23 de julio de 2016 y la AFIP deberá reglamentar los aspectos inherentes al blanqueo y la moratoria en un plazo de treinta días.
Programa de reparación histórica para jubilados y pensionados; blanqueo; moratoria y modificaciones impositivas
ANEXO I: Escribanía General del Gobierno de la Nación
ANEXO II: ACUERDO NACIÓN-PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Fecha de sanción: 29/6/2016
Fecha de promulgación: 22/7/2016
Art. 1 – Créase el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, en adelante el Programa, con el objeto de implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales con respecto a aquellos beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos por la presente ley.
D. 894/2016, Tít. I, arts. 3, 6 y 7; R. (ANSeS) 305/2016; R. (ANSeS) 306/2016; Ac. (CSJN) 33/2016; Ac. (CSJN) 38/2016
Art. 2 – Declárase la emergencia en materia de litigiosidad previsional, a los únicos fines de la creación e implementación del programa dispuesto en la presente ley, con el objeto de celebrar acuerdos en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado.
D. 894/2016, Tít. I; R. (ANSeS) 305/2016; R. (ANSeS) 306/2016; RG (AFIP) 3919, art. 2 ;
Art. 3 – Podrán ingresar al Programa:
a) Los titulares de un beneficio previsional cuyo haber inicial se hubiera calculado por los métodos previstos en el artículo 49 de la ley 18037 (t.o. 1976) y sus modificatorias, o en los artículos 24, 97, o 98 de la ley 24241 y sus complementarias y modificatorias;
b) Los titulares de un beneficio previsional adquirido con anterioridad al 1 de diciembre de 2006, cuya movilidad se rigiera por el artículo 53 de la ley 18037 (t.o. 1976) y sus modificatorias, o por el artículo 38 de la ley 18038, hasta el 31 de marzo de 1995, y/o por el artículo 7 inciso 2) de la ley 24463 entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006;
En el caso de los beneficiarios enunciados en el artículo 1 de la presente ley que hayan iniciado una acción judicial y tengan sentencia firme y no adhirieran al Programa implementado en la presente ley, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) continuará dando cumplimiento a las mismas, conforme a lo establecido en la ley 24463 y en el orden de prelación establecido en el artículo 9 de la presente ley.
R. (ANSeS) 305/2016; R. (ANSeS) 306/2016; D. 894/2016, Tít. I, art. 12
Art. 4 – El Programa se instrumentará a través de acuerdos transaccionales entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), y los beneficiarios enunciados en el artículo 3 de la presente ley, que voluntariamente decidan participar.
D. 894/2016, Tít. I, art. 4; Ac. (CSJN) 33/2016; Ac. (CSJN) 38/2016; R. (ANSeS) 68-E/2017; R. (ANSeS) 69-E/2017; R. (ANSeS) 76-E/2017; R. (ANSeS) 185-E/2017 ; R. (ANSeS) 224-E/2017
Art. 5 – Los acuerdos transaccionales versarán sobre las siguientes materias, según corresponda al caso:
a) En los casos de beneficios otorgados al amparo de la ley 18037 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las remuneraciones consideradas para el cálculo del salario promedio serán actualizadas según lo establecido por el artículo 49 de dicha norma, hasta el 31 de marzo de 1995, o la fecha de adquisición del derecho si fuere anterior, con el Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR);
b) En los casos de beneficios otorgados al amparo de la ley 24241 y sus complementarias y modificatorias, las remuneraciones mencionadas en el inciso a) del artículo 24, y las mencionadas en el artículo 97, serán actualizadas hasta la fecha de adquisición del derecho, de acuerdo a un índice combinado. El mismo contemplará las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR) desde el 1 de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1995, luego del índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) hasta el 30 de junio de 2008, y desde allí las equivalentes a las movilidades establecidas en la ley 26417.
a) En los casos de beneficios otorgados al amparo de las leyes 18037 (t.o. 1976) y sus modificatorias y 18038, o de un régimen general anterior, los haberes se reajustarán con el Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR) hasta el 31 de marzo de 1995;
b) En los casos de beneficios que entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 se hubieran regido, en cuanto a la movilidad, por el inciso 2) del artículo 7 de la ley 24463 y sus modificaciones, los haberes se reajustarán durante dicho período, según las variaciones anuales del Índice de Salarios, Nivel General, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) deduciéndose las sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones de los decretos 1199 del año 2004 y 764 del año 2006.
La presente ley no modifica los haberes mínimos ni máximos previsionales, ni los topes y máximos establecidos en la ley 24241, sus complementarias y modificatorias.
D. 894/2016, Tít. I, arts. 2 y 5; R. (ANSeS) 305/2016; R. (ANSeS) 306/2016; R. (ANSeS) 298/2016; Ac. (CSJN) 33/2016; Ac. (CSJN) 38/2016; RG (AFIP) 4069-E
Art. 6 – Una vez homologado judicialmente, el acuerdo transaccional tendrá efecto de cosa juzgada, dándose por concluido el proceso judicial.
Las acreencias, constituidas por las diferencias devengadas mes a mes entre el haber reajustado y el haber percibido, incluirán el capital con más los intereses, hasta el efectivo pago, calculados de conformidad con la Tasa Pasiva Promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, respetándose lo dispuesto en las leyes 23982, 24130 y 25344 y su modificatoria, y en el inciso a) del artículo 12 de la reglamentación del Capítulo V de la citada ley 25344, aprobada como Anexo IV por el decreto 1116 del 29 de noviembre de 2000 y sus modificatorios.
R. (ANSeS) 305/2016; R. (ANSeS) 306/2016; D. 894/2016, Tít. I, arts. 10 y 11; Ac. (CSJN) 33/2016; Ac. (CSJN) 38/2016
Art. 7 – El acuerdo transaccional deberá contener propuestas de pago teniendo en consideración el estado de avance de los reclamos:
R. (ANSeS) 305/2016; R. (ANSeS) 306/2016; D. 894/2016, Tít. I, arts. 6 y 7; Ac. (CSJN) 33/2016; Ac. (CSJN) 38/2016; RG (AFIP) 3965, por el inc. c); R. (ANSeS) 68-E/2017, por el inc. c); RG (AFIP) 4069-E
Art. 8 – Con relación al cálculo de la retención del impuesto a las ganancias, se establece que el capital del retroactivo que se abone se compute como si las sumas adeudadas hubieran sido abonadas en el mes en que se devengaron.
R. (ANSeS) 305/2016; R. (ANSeS) 306/2016; RG (AFIP) 4069-E
Art. 9 – La Autoridad de Aplicación establecerá el orden de prelación para efectivizar la inclusión de los beneficiarios en el Programa, en atención a la circular (ANSeS) 10/2016.
D. 894/2016, Tít. I, art. 8
Art. 10 – Créase la Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la que estará conformada por un (1) representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, uno (1) de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, uno (1) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y un (1) representante de los trabajadores activos a propuesta de la Confederación General del Trabajo (CGT), y será presidida por el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional tendrá a su cargo la consideración y análisis de los supuestos no contemplados en los acuerdos transaccionales, que ameriten un tratamiento similar a efectos de reducir la litigiosidad, a fin de proponer a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social su incorporación al programa creado por el artículo 1 de la presente ley.
Art. 11 – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) será la Autoridad de Aplicación del Programa y dictará las normas necesarias para su implementación.
R. (ANSeS) 305/2016; R. (ANSeS) 306/2016; D. 894/2016, Tít. I, arts. 1 y 9; D. 1244/2016, arts. 5 y 6; R. (ANSeS) 17-E/2017; R. (ANSeS) 68-E/2017; R. (ANSeS) 69-E/2017 ; R. (ANSeS) 76-E/2017; R. (ANSeS) 185-E/2017 ; R. (ANSeS) 224-E/2017
Art. 12 – Créase el Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto para su posterior remisión por el Poder Ejecutivo Nacional a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 13 – Institúyese con alcance nacional la Pensión Universal para el Adulto Mayor, de carácter vitalicio y no contributivo, para todas las personas de sesenta y cinco (65) años de edad o más, que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, en este último caso con una residencia legal mínima en el país de diez (10) años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país de veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio.
3. No encontrarse percibiendo la Prestación por Desempleo prevista en la ley 24013.
D. 894/2016, Tít. II, arts. 13 y 14; RC (ANSeS – SCMI) 1-E/2017
Art. 14 – La Pensión Universal para el Adulto Mayor consistirá en el pago de una prestación mensual equivalente al ochenta por ciento (80%) del haber mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de la ley 24241, sus complementarias y modificatorias, y se actualizará de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la misma ley.
D. 894/2016, Tít. II
Art. 15 – La prestación que por el presente Título se establece tiene los siguientes caracteres:
Art. 16 – El goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia. Los aportes y contribuciones que las leyes nacionales imponen al trabajador y al empleador ingresarán al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y serán computados como tiempo de servicios a los fines de poder, eventualmente, obtener un beneficio previsional de carácter contributivo.
Art. 17 – Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrán derecho a las prestaciones que otorga el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), y se encuentran alcanzados por las disposiciones del artículo 8 inciso a) de la ley 19032 y sus modificaciones.
Por cada beneficiario de la Pensión Universal para Adulto Mayor que acceda a las prestaciones se ingresarán al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) las sumas equivalentes al monto que ingresaría como aportes un jubilado al que le corresponda la prestación mínima establecida en el artículo 125 de la ley 24241. El gasto correspondiente será soportado por el Tesoro Nacional con cargo a rentas generales.
Art. 18 – Sustitúyese el inciso b) del artículo 1 de la ley 24714 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
b) Un subsistema no contributivo de aplicación a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez, y para la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el que se financiará con los recursos del régimen previsional previstos en el artículo 18 de la ley 24241.
Art. 19 – El gasto que demande el pago de las prestaciones del presente Título será atendido por el Tesoro Nacional con fondos provenientes de rentas generales.
Art. 20 – Las previsiones del artículo 3 de la ley 26970 serán aplicables para quienes soliciten en lo sucesivo, beneficios previsionales con reconocimiento de servicios amparados por la ley 24476, modificada por el decreto 1454/2005.
Art. 21 – A partir del dictado de la presente, la cancelación de las obligaciones incluidas en el régimen de moratoria previsto en la ley 24476 y su modificatorio será efectuada en la forma y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante el pago al contado o en un plan de hasta sesenta (60) cuotas, cuyos importes se adecuarán semestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad establecido por el artículo 32 de la ley 24241 y sus modificatorias.
Art. 22 – Las mujeres que durante el plazo previsto en el artículo 12 cumplieran la edad jubilatoria prevista en el artículo 37 de la ley 24241 y fueran menores de la edad prevista en el artículo 13 de la presente, podrán optar por el ingreso en el régimen de regularización de deudas previsionales previsto en la ley 26970 en las condiciones allí previstas.
Para el caso de los hombres, restablécese la vigencia del artículo 6 de la ley 25994 y el decreto 1454/2005 por el término de un (1) año, el cual puede ser prorrogable por un (1) año más.
D. 894/2016, Tít. II, art. 15
Art. 23 – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de sus respectivas competencias, dictarán las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente Título.
Art. 24 – Ratifícase el Acuerdo suscripto con fecha 23 de mayo de 2016 entre el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
D. 894/2016, Tít. III, art. 16
Art. 25 – Ratifícase el Acuerdo suscripto con fecha 26 de mayo de 2016 entre el Estado Nacional y la Provincia de Santiago del Estero, que como Anexo II forma parte integrante de la presente.
Art. 26 – El Tesoro Nacional, con cargo a rentas generales, deberá cubrir un importe equivalente a las sumas que se dejen de detraer como consecuencia de lo convenido en los Acuerdos ratificados en el presente Título, importe que seguirá siendo considerado como referencia a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta por la ley 26417.
El otorgamiento del préstamo de libre disponibilidad que establece el artículo 3 del Acuerdo que por la presente ley se ratifica no estará sujeto a la autorización previa que establece el artículo 25 de la ley 25917.
D. 894/2016, Tít. III
Art. 27 – Instrúyase al Poder Ejecutivo Nacional que por medio del organismo pertinente arribe en un plazo de ciento veinte (120) días a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional en cuanto al financiamiento que será atendido por el presupuesto nacional.
TEXTO S/LEY 27431 – BO: 2/1/2018
FUENTE: L. 27431, art. 123
Vigencia: 2/1/2018
Aplicación: desde el 1/1/2018
Art. 27 – Instrúyase al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio del organismo pertinente, arribe en un plazo de ciento veinte (120) días, a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional. A tales efectos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) deberá realizar las auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados contables y los avances en el proceso de armonización.
El importe de la cuota que acuerden las partes será transferido antes del día 20 de cada mes y actualizado semestralmente mediante los coeficientes de movilidad aplicables al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en los términos de la ley 26417 y no podrá ser modificado salvo un nuevo acuerdo entre las partes o en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos en el correspondiente acuerdo.
TEXTO S/LEY 27260 – BO: 22/7/2016
FUENTE: L. 27260
Vigencia: 22/7/2016 – 31/12/2017
Aplicación: desde el 23/7/2016 hasta el 1/1/2018
D. 894/2016, Tít. IV, arts. 17 al 33
Art. 28 – A los fines de obtener los recursos necesarios para el Programa se establece que:
a) El pago de las sumas previstas en el artículo 6, a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que hayan homologado judicialmente acuerdos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) bajo el Programa establecido en la presente ley, podrá ser atendido con lo producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) creado por el decreto 897/2007 y modificatorios. En el caso que lo producido sea insuficiente para atender el pago de las sumas previstas en el artículo 6 podrá disponerse la realización de activos, lo cual deberá ser informado a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social;
b) Asimismo, lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) creado por el decreto 897/2007 y modificatorios, podrá ser aplicado mensualmente al pago de la diferencia entre:
c) En los casos en que los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) destinados a estos fines en un mes determinado no sean suficientes para atender los pagos previstos en la presente ley, los mismos serán cubiertos con los recursos enumerados por el artículo 18 de la ley 24241 y sus modificatorias y las partidas específicas asignadas para tal cometido, establecidas por las leyes de presupuesto.
D. 894/2016, Tít. V
Art. 29 – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) tendrá un plazo máximo de cuatro (4) años para readecuar sus inversiones a los nuevos topes previstos en cada inciso del artículo 74 de la ley 24241, modificado en los términos de la presente ley, y para subsanar cualquier diferencia con dichos topes que se produzca como consecuencia del cumplimiento de los pagos previstos en el Programa. Durante los primeros tres (3) años de la readecuación los límites fijados no podrán exceder en un veinticinco por ciento (25%) los previstos en el artículo 74 de la ley 24241, modificados en la presente ley.
Art. 30 – Sustitúyese el artículo 74 de la ley 24241 y sus modificatorias por el siguiente texto:
Art. 74 – El activo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados por esta ley y las normas reglamentarias. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) podrá invertir el activo del Fondo administrado en:
a) Operaciones de crédito público de las que resulte deudor el Estado Nacional a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, ya sean títulos públicos, letras del Tesoro o préstamos hasta el cincuenta por ciento (50%) de los activos totales del Fondo. Podrá aumentarse al cien por ciento (100%) neto de los topes previstos en el presente artículo en la medida que el excedente cuente con recursos afectados específicamente a su cumplimiento o con garantías reales u otorgadas por organismos o entidades internacionales de los que la Nación sea parte. Quedan excluidas del tope establecido en el presente inciso las tenencias de títulos representativos de la deuda pública del Estado Nacional que fueron recibidos en canje por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones en el marco de la reestructuración de la deuda pública en los términos de los artículos 65 de la ley 24156 y sus modificaciones y 62 de la ley 25827 y su modificatorio, independientemente de que no cuenten con las garantías allí contempladas;
d) Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la ley 21526 y sus modificaciones, hasta el treinta por ciento (30%) de los activos totales del Fondo;
1. Ofertas públicas de adquisición dirigidas a todos los tenedores de dichos activos y a un precio equitativo autorizado por la Comisión Nacional de Valores, en los términos de los Capítulos II, III y IV del Título III de la ley 26831.
D. 894/2016, Tít. V, art. 34
Art. 31 – Sustitúyese el artículo 75 de la ley 24241 y sus modificatorias por el siguiente texto:
Art. 75 – El activo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) no podrá ser invertido en acciones de sociedades gerentes de fondos de inversión, ya sean comunes o directos, de carácter fiduciario y singular ni en acciones de sociedades calificadoras de riesgo.
D. 894/2016, Tít. V, arts. 35 y 36
Art. 32 – Sustitúyese el artículo 76 de la ley 24241 y sus modificatorias por el siguiente texto:
Art. 76 – Las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
D. 894/2016, Tít. V, arts. 37 y 38
Art. 33 – Sustitúyese el artículo 77 de la ley 24241 y sus modificatorias por el siguiente texto:
Art. 77 – El activo del Fondo, en cuanto no deba ser inmediatamente aplicado, según lo establecido en el artículo 29 de la ley de creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y en el artículo 74 y las condiciones y situaciones especiales que fijen las normas reglamentarias, será depositado en entidades financieras en cuentas destinadas exclusivamente al Fondo, en las que deberá depositarse la totalidad del producto de las inversiones.
De dichas cuentas solo podrán efectuarse extracciones destinadas a la realización de inversiones para el Fondo, a las erogaciones previstas en el artículo 29 de la ley de creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, al pago de endeudamiento y satisfacción de cauciones emitidas con los topes del artículo 76 inciso c) y al pago de las prestaciones.
Las cuentas serán mantenidas en entidades financieras bancarias autorizadas por la ley 21526 y sus modificaciones.
D. 894/2016, Tít. V, art. 39
Art. 34 – Sustitúyese el artículo 8 de la ley 26425 por el siguiente texto:
Art. 8 – Los recursos podrán ser utilizados únicamente para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluyendo los pagos previstos por el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y para las operaciones permitidas por el artículo 77 segundo párrafo de la ley 24241.
En los términos del artículo 15 de la ley 26222 el activo del Fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social.
Las inversiones permitidas serán las previstas en el artículo 74 de la ley 24241 y sus modificatorias, rigiendo las prohibiciones del artículo 75 de la citada ley y las limitaciones de su artículo 76.
D. 894/2016, Tít. V, arts. 40 y 41
Art. 35 – Deróganse los artículos 78 a 81 de la ley 24241 y sus modificatorias, el apartado 2 del inciso c) del artículo 5 de la ley 24714 y sus modificaciones y la ley 27181, así como también, toda otra norma que sea contraria o incompatible con las disposiciones de la presente.
D. 894/2016, Tít. VI, art. 42
Art. 36 – Las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la ley 20628 de impuesto a las ganancias -t.o. en 1997 y sus modificaciones-, domiciliadas, residentes -conf. los términos del Cap. I, Tít. IX de la ley cit.-, estén establecidas o constituidas en el país al 31 de diciembre de 2015, inscriptas o no ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, podrán declarar de manera voluntaria y excepcional ante dicha Administración Federal, la tenencia de bienes en el país y en el exterior, en las condiciones previstas en el presente Título, dentro de un plazo que se extenderá desde la entrada en vigencia de esta ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.
RG (AFIP) 3919, arts. 1, 2, 3, 11, 12 y Anexo II
RG (AFIP) 3935, art. 1 y RG (AFIP) 3919, art. 13
Art. 37 – Podrán ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional prevista en este Título los siguientes bienes:
c) Muebles, incluidos acciones, participación en sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia (ADRs), cuotas partes de fondos y otros similares;
Los bienes declarados deberán ser preexistentes a la fecha de promulgación de la presente ley en el caso de bienes declarados por personas humanas, y a la fecha de cierre del último balance cerrado con anterioridad al 1 de enero de 2016, en el caso de bienes declarados por personas jurídicas. En adelante se referirá a estas fechas como Fecha de Preexistencia de los Bienes.
RG (AFIP) 3919, arts. 4, 5, 16, 17, 18, 19, Anexo I y Anexo II
RG (AFIP) 3934, arts. 1 a 19 bis
RG (AFIP) 3919, arts. 31, 32, 33, 34 y 41
Art. 38 – La declaración voluntaria y excepcional, se efectuará del siguiente modo:
Quienes declaren tenencias de moneda o títulos valores en el exterior no estarán obligados a ingresarlos al país. Quienes opten por hacerlo, deberán ingresarlos a través de las entidades comprendidas en el régimen de las leyes 21526 y sus modificatorias y 26831;
c) Tratándose de tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país, mediante su depósito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, en entidades comprendidas en el régimen de las leyes 21526 y sus modificatorias y 26831, lo que deberá hacerse efectivo hasta el 31 de octubre de 2016, inclusive;
Con anterioridad a la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2017, los bienes declarados deberán figurar a nombre del declarante(1). El incumplimiento de esta condición privará al sujeto que realiza la declaración voluntaria y excepcional de la totalidad de los beneficios previstos en el presente Título.
D. 895/2016, arts. 1, 2 y 3
RG (AFIP) 3919, art. 6, 7, 8, 9 y 10
RG (AFIP) 3933, art. 1
Art. 39 – Las personas humanas o sucesiones indivisas podrán optar, por única vez, por declarar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, bajo su CUIT personal, las tenencias de moneda y bienes que figuren como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el exterior cuya titularidad o beneficio les correspondiere al 31 de diciembre de 2015, inclusive.
D. 895/2016, arts. 2, 3 y 4
RG (AFIP) 3919, art. 14
Art. 40 – A los efectos de la declaración voluntaria y excepcional, las tenencias de moneda y bienes expresados en moneda extranjera deberán valuarse en moneda nacional considerando el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la Fecha de Preexistencia de los Bienes.
Los bienes de cambio se valuarán a la Fecha de Preexistencia de los Bienes, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4 de la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta.
Tratándose de otros bienes, los mismos deberán valuarse a la Fecha de Preexistencia de los Bienes, conforme a las normas del impuesto sobre los bienes personales, cuando los titulares sean personas humanas o sucesiones indivisas, y de acuerdo con las disposiciones del impuesto a la ganancia mínima presunta, de tratarse de los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones.
D. 895/2016, arts. 3, 5 y 6
RG (AFIP) 3919, art. 15
Art. 41 – Establécese un impuesto especial que se determinará sobre el valor de los bienes que se declaren voluntaria y excepcionalmente expresados en moneda nacional de acuerdo a la metodología de valuación prevista para cada caso en la presente ley, conforme las siguientes alícuotas:
1. Declarados antes del 31 de diciembre de 2016(2), inclusive: diez por ciento (10%).
2. Declarados a partir del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive: quince por ciento (15%).
RG (AFIP) 3919, arts. 20, 22, 21, 27, Anexo II y Anexo III
Art. 42 – No deberán abonar el impuesto especial establecido en el artículo precedente los fondos que se afecten a:
1. Bono denominado en dólares a tres (3) años a adquirirse hasta el 30 de setiembre de 2016, inclusive, intransferible y no negociable con un cupón de interés de cero por ciento (0%).
2. Bono denominado en dólares a siete (7) años a adquirirse hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive, intransferible y no negociable durante los primeros cuatro (4) años de su vigencia.
El bono tendrá un cupón de interés de uno por ciento (1%). La adquisición en forma originaria del presente bono exceptuará del impuesto especial un monto equivalente a tres (3) veces el monto suscripto.
b) Suscribir o adquirir cuotas partes de fondos comunes de inversión, abiertos o cerrados, regulados por las leyes 24083 y sus modificatorias y complementarias, y 26831, cuyo objeto sea la inversión en instrumentos destinados al financiamiento de: proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pequeñas y medianas empresas, préstamos hipotecarios actualizados por Unidad de Vivienda (UVI), desarrollo de economías regionales y demás objetos vinculados con la economía real, conforme a la reglamentación que oportunamente dicte la Comisión Nacional de Valores, entidad autárquica actuante en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Los fondos deberán permanecer invertidos en dichos instrumentos por un lapso no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha de su suscripción o adquisición. A tal fin, la Comisión Nacional de Valores reglamentará los mecanismos necesarios para ejercer, a través de Caja de Valores SA, la fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en este inciso.
TEXTO S/DECRETO 139/2017 – BO: 6/3/2017
FUENTE: L. 27260, art. 42 y D. 139/2017, art. 1
Vigencia: 22/7/2016
Aplicación: desde el 23/7/2016
– En el inc. a), ap. 2, la expresión “31 de marzo de 2017”
Vigencia: 6/3/2017
Aplicación: desde el 6/3/2017
D. 895/2016, arts. 7, 8, 9, 10 y 11
RG (AFIP) 3919, arts. 23, 24, 25, Anexo II, ap. 1, inc. c.1 y ap. 2, inc. a)
RC (SH – SF) 3-E/2016
R. (CNV) 672/2016
2. Bono denominado en dólares a siete (7) años a adquirirse hasta el 31 de diciembre de 2016, inclusive, intransferible y no negociable durante los primeros cuatro (4) años de su vigencia.
FUENTE: L. 27260, art. 42
– En el inc. a), ap. 2, la expresión “31 de diciembre de 2016”
Vigencia: 22/7/2016 – 5/3/2017
Aplicación: desde el 23/7/2016 hasta el 5/3/2017
Art. 43 – El impuesto especial que se fija en el artículo 41 deberá ser determinado e ingresado en la forma, plazo y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
RG (AFIP) 3919, art. 20
Art. 44 – En el caso de tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo que se depositen en entidades bancarias del país conforme el inciso c) del artículo 38, deberán permanecer depositadas a nombre de su titular por un plazo no menor a seis (6) meses o hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive, lo que resulte mayor. Se exceptúan de esta obligación los porcentajes de aquellas tenencias que se destinen a los fines previstos en los artículos 41 y/o 42.
D. 895/2016, art. 12
RG (AFIP) 3919, art. 27, Anexo II
Com. A (BCRA) 6022
Com. B (BCRA) 11380
Art. 45 – Los sujetos que declaren tenencias en la forma prevista en el primer párrafo del inciso a) del artículo 38 deberán solicitar a las entidades del exterior, la extensión de un resumen o estado electrónico de cuenta a la Fecha de Preexistencia de los Bienes prevista en el segundo párrafo del artículo 37. Del mismo deberá surgir:
RG (AFIP) 3919, arts. 28 y 29
Art. 46 – Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en el artículo 41 y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes previstos en el artículo 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del artículo 38 por quienes puede hacerse la declaración voluntaria y excepcional, conforme a las disposiciones de este Título, gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, inciso f), de la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, con respecto a las tenencias declaradas;
b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que estos hubieran generado.
Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes, directores, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de las sociedades contempladas en la ley 19550 general de sociedades (t.o. 1984) y sus modificaciones y cargos equivalentes en cooperativas, fideicomisos y sucesiones indivisas, fondos comunes de inversión, y profesionales certificantes de los balances respectivos.
La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2) del artículo 59 del Código Penal.
1. Impuestos a las ganancias, a las salidas no documentadas (conf. el art. 37 de la LIG), a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas y sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, por el equivalente en pesos de la tenencia de moneda local, extranjera y demás bienes que se declaren. La liberación comprende, asimismo, los montos consumidos hasta el período fiscal 2015, inclusive. No se encuentra alcanzado por la liberación, el gasto computado en el impuesto a las ganancias proveniente de facturas consideradas apócrifas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
2. Impuestos internos y al valor agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de las operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar. No se encuentra alcanzado por la liberación el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, proveniente de facturas consideradas apócrifas por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
A los fines indicados en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad de las facultades que le confiere la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.
D. 895/2016, arts. 13, 14, 15 y 16
RG (AFIP) 3919, arts. 26, 30, 32 y 34
Art. 47 – La declaración voluntaria y excepcional efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 49 de la ley 20628 de impuesto a las ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, liberará del impuesto del período fiscal al cual se impute la liberación correspondiente a los socios que hubieran resultado contribuyentes por dicho período fiscal, en proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en la misma.
RG (AFIP) 3919, art. 31
Art. 48 – Las personas humanas y sucesiones indivisas que efectúen la declaración voluntaria y excepcional, podrán liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares o de las que sean o hubieran sido titulares aquellos por quienes el declarante hubiera realizado su declaración en los términos del artículo 38 de la presente ley.
Art. 49 – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen de declaración voluntaria y excepcional, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 50 – Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional prevista por el artículo 36 de la presente ley y aquellos por quienes el contribuyente realizara dicha declaración de acuerdo con lo previsto por el artículo 38 de la presente ley, no estarán obligados a brindar a la Administración Federal de Ingresos Públicos información adicional a la contenida en la referida declaración, con relación a los bienes y tenencias objeto de la misma, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de la ley 25246 y sus modificaciones y de la capacidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos de cumplir con sus obligaciones y cooperar con otras entidades públicas en el marco de la norma referida.
Art. 51 – El gravamen que se crea por el presente Título se regirá por lo dispuesto en la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.
El producido del gravamen establecido en el artículo 41 se destinará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), para atender al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, y no deberá ser considerado a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta por la ley 26417.
Art. 52 – Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece por el presente Título.
Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones correspondientes al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa establecido por la ley 23427 y sus modificaciones, así como también los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22415 y sus modificaciones y los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al Fisco nacional; no resultando alcanzadas por el mismo las obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios.
D. 895/2016, art. 17
RG (AFIP) 3920, arts. 1, 2
RG (AFIP) 3935, art. 1.1
RG (AFIP) 3920, arts. 24 y 29
Art. 53 – Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
RG (AFIP) 3920, arts. 3 y 11
RG (AFIP) 3935, art. 1.2
Art. 54 – El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.
La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación total producirá la extinción de la acción penal aduanera (en los términos de los arts. 930 y 932 del CAd.), en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento.
RG (AFIP) 3920, arts. 18 y 19
Art. 55 – Se establece, con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen de regularización excepcional previsto en este Título y mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, la exención y/o condonación:
a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11683, (t.o. 1998) y sus modificaciones, en la ley 17250 y sus modificaciones, en la ley 22161 y sus modificaciones y en la ley 22415 y sus modificaciones, que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en este Título;
b) Del cien por ciento (100%) de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37 y 52 de la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones del capital adeudado y adherido al régimen de regularización correspondiente al aporte personal previsto en el artículo 10, inciso c) de la ley 24241 y sus modificaciones, de los trabajadores autónomos comprendidos en el artículo 2, inciso b) de la citada norma legal;
c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al Fisco nacional) en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada caso se establece a continuación:
RG (AFIP) 3920, art. 23
Art. 56 – El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal.
De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.
La liberación de multas y sanciones importará, asimismo y de corresponder la baja de la inscripción del contribuyente del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en la ley 26940.
RG (AFIP) 3920, arts. 9, 10, 11, 20 y 22
Art. 57 – El beneficio que establece el artículo 55 procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, algunas de las siguientes condiciones:
4. En el caso de los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren alcanzados por declaraciones de estado de emergencia y/o desastre agropecuario, de conformidad con lo dispuesto en la ley 26509, el plan de facilidades de pago será de hasta noventa (90) cuotas mensuales, con un interés del uno por ciento (1%) mensual.
RG (AFIP) 3920, arts. 5, 25, 26, 27, 28
RG (AFIP) 3935, art. 1.4
RG (AFIP) 3920, arts. 29, 30, 31, 32, 33 y 35
Art. 58 – Establécese un régimen de regularización de deudas por contribuciones patronales destinados a Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actualmente mantengan deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se encuentre iniciado juicio al respecto o no, por un plazo de noventa (90) cuotas mensuales, fijándose una tasa de interés calculados en base a la Tasa Pasiva Promedio del Banco de la Nación Argentina y estableciéndose el plazo para acogerse al presente beneficio hasta el 31 de diciembre de 2016. Para acceder al beneficio deberán realizar un pago a cuenta por el equivalente al diez por ciento (10%) de la deuda.
Alternativamente al plan dispuesto por el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá ofrecer a los Estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un tratamiento análogo al dispuesto para las Universidades Nacionales por el del decreto 1571, del 1 de noviembre de 2010. Será condición inexorable de su otorgamiento que la jurisdicción que acepte acogerse al mencionado tratamiento acuerde con la referida Administración Federal de Ingresos Públicos el financiamiento de los gastos que le irroga la recaudación de los impuestos nacionales coparticipables.
RG (AFIP) 3920, art. 40
Art. 59 – Cuando se trate de deudas en ejecución judicial, acreditada en autos la adhesión al régimen, firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal y una vez regularizada en su totalidad la deuda conforme a lo previsto en los incisos a) o b) del artículo 57, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar al juez el archivo de las actuaciones.
RG (AFIP) 3920, arts. 11, 12 , 13 y 14
Art. 60 – Los agentes de retención y percepción quedarán liberados de multas y de cualquier otra sanción que no se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cuando exterioricen y paguen -en los términos de los incs. a) o b) del art. 57-, el importe que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo.
RG (AFIP) 3920, art. 21
Art. 61 – Podrán regularizarse mediante el presente régimen las obligaciones fiscales vencidas al 31 de mayo de 2016, incluidos en planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya operado la correspondiente caducidad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Asimismo, podrán reformularse los planes de facilidades de pago que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, excluidos aquellos mediante los cuales se haya solicitado la extinción de la acción penal, sobre la base del artículo 16 de la ley 24769 y sus modificaciones, aplicándose las exenciones y/o condonaciones establecidas en el artículo 55 a los intereses resarcitorios, en la medida que no hayan sido cancelados a la fecha mencionada.
RG (AFIP) 3920, arts. 34, 36
RG (AFIP) 3935, art. 1.5
Art. 62 – No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y multas, así como los intereses previstos en el artículo 168 de la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, por las obligaciones comprendidas en el presente régimen.
Art. 63 – Los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes a los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, y que cumplan con los requisitos del artículo 66, gozarán de la exención del impuesto sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive. Se incluye dentro de este beneficio a los responsables sustitutos previstos en el artículo sin número agregado a continuación del artículo 25 y en el artículo 26 del Título VI de la ley de impuesto sobre los bienes personales, 23966 (t.o. 1997), y sus modificaciones.
D. 895/2016, art. 18
RG (AFIP) 3919, arts. 12, 35 y 36
RG (AFIP) 3919, art. 40
Art. 64 – El plazo para acogerse al beneficio establecido en el artículo precedente se extenderá hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.
RG (AFIP) 3919, art. 35
Art. 65 – Quedan excluidos del beneficio establecido en este Título aquellos sujetos con relación a los cuales se verifique el acogimiento al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior previsto en el Título I del Libro II del presente ordenamiento.
Art. 66 – Los contribuyentes que aspiren al beneficio del artículo 63, deberán, asimismo, cumplir con las siguientes condiciones:
a) No haber adherido, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, al régimen de exteriorización voluntario ni al de regularización de obligaciones tributarias establecidos en la ley 26860, ni a los planes de pago particulares otorgados por la Administración Federal de Ingresos Públicos en uso de las facultades delegadas en el artículo 32 de la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones;
RG (AFIP) 3919, art. 37
Art. 67 – Derógase el inciso i) del artículo 21 del Título VI de la ley de impuesto sobre los bienes personales, 23966 (t.o. 1997), y sus modificaciones.
Art. 68 – Sustitúyese el primer párrafo del inciso g) del artículo 22 del Título VI de la ley 23966 de impuesto sobre los bienes personales (t.o. 1997) y sus modificaciones, por el siguiente texto:
Art. 69 – Incorpórase como artículo 24 del Título VI de la ley de impuesto sobre los bienes personales, 23966 (t.o. 1997), y sus modificaciones, el siguiente:
Art. 24 – No estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados -excepto los comprendidos en el art. sin número incorporado a continuación del art. 25 de esta ley- pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17, cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten:
RG (AFIP) 3923, arts. 1, 2 y 3
Art. 70 – Sustitúyese el artículo 25 del Título VI de la ley de impuesto sobre los bienes personales, 23966, (t.o. 1997), y sus modificaciones, por el siguiente:
Art. 25 – El gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17 surgirá de la aplicación, sobre el valor total de los bienes sujetos al impuesto -excepto los comprendidos en el art. sin número incorporado a continuación del art. 25 de esta ley-, sobre el monto que exceda del establecido en el artículo 24, las sumas que para cada caso se fija a continuación:
Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito solo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior.
D. 895/2016, art. 19
Art. 71 – Sustitúyese, en el primer párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 del Título VI de la ley de impuesto sobre los bienes personales, 23966 (t.o. 1997), y sus modificaciones, la expresión “de cincuenta centésimos por ciento (0,50%)” por la expresión “de veinticinco centésimos por ciento (0,25%)”.
Art. 72 – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 26 del Título VI de la ley 23966 de impuesto sobre los bienes personales (t.o. 1997) y sus modificaciones, por el siguiente:
Los contribuyentes del impuesto a la ganancia mínima presunta, las sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de existencia visible o ideal domiciliada en el país que tenga el condominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al impuesto que pertenezcan a los sujetos mencionados en el inciso b) del artículo 17, deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo calculado sobre el valor de dichos bienes -determinado con arreglo a las normas de la presente ley- al 31 de diciembre de cada año:
– Para el año 2016, el setenta y cinco centésimos por ciento (0,75%).
– Para el año 2017, el cincuenta centésimos por ciento (0,50%).
– A partir del año 2018 y siguientes, el veinticinco centésimos por ciento (0,25%).
Art. 73 – Sustitúyese el inciso c) del artículo 137 de la ley 20628 de impuesto a las ganancias, (t.o. 1997) y sus modificaciones, por el siguiente:
D. 895/2016, art. 20
Art. 74 – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 154 de la ley 20628 de impuesto a las ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, por el siguiente:
Art. 75 – Derógase el sexto párrafo del artículo 90 de la ley 20628 de impuesto a las ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones.
Art. 76 – Derógase el Título V de la ley 25063, de impuesto a la ganancia mínima presunta, para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2019.
Art. 77 – Créase, en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, la “Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria”. La misma estará integrada por quince (15) diputados y quince (15) senadores, elegidos por sus respectivos Cuerpos respetando la pluralidad y proporcionalidad en la composición de los distintos bloques políticos y asegurando la inclusión de estos cuando estuvieren conformados por cinco (5) o más legisladores.
Art. 78 – La Comisión tendrá como objeto el análisis y evaluación de las propuestas de reforma del sistema tributario nacional que elabore y remita el Poder Ejecutivo Nacional, orientado a:
Art. 79 – La Comisión deberá elevar un informe final a ambas Cámaras, detallando lo actuado y proponiendo un plan de implementación legislativa de las reformas que recomiende en orden a los objetivos de su creación.
Art. 80 – La Comisión está facultada para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Jefe de Gabinete de Ministros y/o del Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, y a los organismos de regulación y/o control competentes toda información que contribuya al logro de sus objetivos.
D. 895/2016, art. 21
Art. 81 – Ninguna de las disposiciones del Libro II de la presente ley liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la ley 25246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
R. (UIF) 92/2016
Art. 82 – Quedan excluidos de las disposiciones del Título I del Libro II, los sujetos que entre el 1 de enero de 2010, inclusive, y la vigencia de la presente ley, hubieran desempeñado las siguientes funciones públicas:
v) Director o administrador de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 24156;
Art. 83 – Quedan excluidos de las disposiciones del Título I del Libro II los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82.
Art. 84 – Quedan excluidos de las disposiciones de los Títulos I y II del Libro II de la presente ley, con las salvedades que se expondrán, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial:
a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24522 y sus modificaciones o 25284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;
b) Los condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes 23771 o 24769 y sus modificaciones, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados con fundamento en las leyes 23771 o 24769 y sus modificaciones, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida;
2. Enumerados en el artículo 6 de la ley 25246, con excepción del inciso j).
7. Falsificación de marcas, contraseñas o firmas oficiales previstos en el artículo 289 del Código Penal y falsificación de marcas registradas previsto en el artículo 31 de la ley 22362.
9. Homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo establecido en el inciso 3) del artículo 80, artículos 127 y 170 del Código Penal, respectivamente.
D. 895/2016, art. 22
RG (AFIP) 3920, arts. 3, 7 y 8
Art. 85 – Los sujetos indicados en el artículo 36 de la presente ley que no realicen la declaración voluntaria y excepcional prevista en el Título I del Libro II, deberán presentar una declaración jurada de confirmación de datos, en los términos, formas y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, indicando que la totalidad de los bienes y tenencias que poseen son aquellos exteriorizados en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del impuesto sobre los bienes personales o, en su caso, del impuesto a la ganancia mínima presunta, correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015.
Quienes presenten la declaración jurada de confirmación de datos indicada en el párrafo precedente, gozarán de los beneficios previstos en el artículo 46 de la presente ley, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído -lo mantengan o no en su patrimonio- con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015 y no lo hubieren declarado. Asimismo, gozarán de los beneficios previstos en el Título III del Libro II de esta norma.
A los fines indicados en este artículo, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad de las facultades que le confiere la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.
D. 895/2016, arts. 23 y 24
RG (AFIP) 3919, arts. 38 y 40
Art. 86 – La Administración Federal de Ingresos Públicos estará dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23771 y 24769 y sus modificaciones, según corresponda, así como el Banco Central de la República Argentina de sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en la ley 19359 (t.o. 1995) y sus modificaciones -salvo que se trate del supuesto previsto en el inc. b) del art. 1 del Anexo de dicha ley- en la medida que los sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras conforme a las disposiciones de los Títulos I y II del Libro I de la presente ley.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente la Administración Federal de Ingresos Públicos estará obligada a cumplir como sujeto obligado con las obligaciones establecidas en la ley 25246 y sus modificatorias, incluyendo la obligación de brindar a la Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, toda la información por esta requerida sin la posibilidad de oponer el secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.
RG (AFIP) 3919, art. 37 y 39
Art. 87 – La obligación de guardar secreto establecida en el artículo 22 de la ley 25246, incluye la reserva de la identidad de los sujetos reportantes y reportados durante todo el proceso de análisis a cargo de la Unidad de Información Financiera y la prohibición de revelar la fuente de su información en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 13, inciso 3) y 19 de la ley 25246.
La declaración voluntaria y excepcional que presente un contribuyente así como toda la información y documentación que aporte, las consultas que efectúe y el contenido de todos y cada uno de los trámites conducentes a la realización de dicha declaración, están alcanzados por el secreto fiscal y regulado por lo dispuesto en el artículo 101 de la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos. Igual obligación existirá para todo tercero respecto de cualquier documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley que fueran presentadas por cualquier contribuyente.
Art. 88 – No habrá ninguna limitación en el marco del presente régimen a la capacidad actual del Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas que pudiesen encuadrar en los artículos 303 y 306 del Código Penal.
D. 895/2016, art. 25
Art. 89 – Los sujetos que regularicen obligaciones alcanzadas por el régimen establecido en el Título I del Libro II de la presente ley, podrán acceder concurrentemente a los beneficios dispuestos en el Título II del Libro II de la presente ley.
D. 895/2016, art. 26
Art. 90 – Créase el Registro de Entidades Pasivas del Exterior a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 91 – Créase la Mesa de Coordinación del Régimen de Sinceramiento Fiscal destinada a colaborar en la correcta implementación y ejecución del mismo, aconsejando la adopción de las medidas necesarias para ello.
– La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, que la presidirá y decidirá la convocatoria a sus reuniones.
– La Administración Federal de Ingresos Públicos. El Banco Central de la República Argentina.
– La Unidad de Información Financiera. La Comisión Nacional de Valores.
Art. 92 – Modifíquese la ley 25246 y sus modificatorias, del siguiente modo:
a) Sustitúyese, en el artículo 5 de la ley 25246 y sus modificatorias, la expresión “en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”, por la siguiente expresión: “en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación”;
b) Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 9 de la ley 25246 y sus modificatorias, la expresión “a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, por la siguiente expresión: “a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación”;
c) Sustitúyese en el inciso a) del artículo 9 de la ley 25246 y sus modificatorias, la expresión “en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, por la siguiente expresión: “en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación”;
d) Sustitúyese en el inciso f) del artículo 9 de la ley 25246 y sus modificatorias, la expresión “presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” por la siguiente expresión: “presentar al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas”;
e) Sustitúyese en el inciso g) del artículo 9 de la ley 25246 y sus modificatorias, la expresión “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elevará” por la siguiente expresión: “el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas elevará”;
f) Sustitúyese el inciso a) del artículo 27 de la ley 25246 y sus modificatorias, por el siguiente: “a) Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional dentro de los asignados al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación”.
Art. 93 – La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el régimen previsto en el Libro II de la presente ley, dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la entrada en vigencia de la misma y dictará las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 94 – El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará los Títulos IV y V del Libro II de la presente ley y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.
Art. 95 – Decláranse de orden público las disposiciones del Libro I de la presente ley.
Art. 96 – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
D. 894/2016, art. 42
D. 895/2016, art. 27
Art. 97 – De forma.
TEXTO S/LEY 27260 modif. por D. 139/2017 y L. 27431 – BO: L. 27260: 22/7/2016, D. 139/2017: 6/3/2017 y L. 27431: 2/1/2018
FUENTE: L. 27260, D. 139/2017 y L. 27431, art. 123
– Los arts. 27 y 42
– Precisiones respecto del impuesto especial abonado por el blanqueo y la condición de contribuyente cumplidor para responsables sustitutos: C. 2-E/2017
– Reglamentación del blanqueo: D. 895/2016
– Reglamentación de la AFIP -Blanqueo, contribuyentes cumplidores y declaración jurada de confirmación de datos-: RG (AFIP) 3919
– Reglamentación de la AFIP -Moratoria-: RG (AFIP) 3920
– Bonos de deuda pública aplicables al Blanqueo -art. 42-: RC (SH – SF) 3-E/2016
Folio 186. Primer testimonio. Protocolización Acuerdo: Estado Nacional argentino – Provincias. Escritura número: sesenta y cuatro.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, ante mí Escribano General del Gobierno de la Nación, comparece el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Licenciado Rogelio Frigerio, argentino, nacido el 7 de enero de 1970, casado, con Documento Nacional de Identidad número 21.482.393, domiciliado legalmente en la calle 25 de Mayo número 101, de esta Ciudad. Identifico al compareciente en los términos del artículo 306, inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación. Interviene en representación del Estado Nacional argentino – Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en su carácter de Ministro, personería que se acreditará al final; y expone: Que con fecha 18 de mayo de 2016 en representación del Estado Nacional argentino celebró un Convenio con los señores Gobernadores de las provincias y el señor Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que el mismo fue suscripto por los siguientes gobernadores: de la Provincia de Buenos Aires, licenciada María Eugenia Vidal; de la Provincia de Catamarca, doctora Lucía Benigna Corpacci Saadi; de la Provincia de Corrientes, doctor Horacio Ricardo Colombi; de la Provincia del Chaco, Ingeniero Oscar Domingo Peppo; de la Provincia del Chubut, Mario Das Neves; de la Provincia de Entre Ríos, contador Gustavo Eduardo Bordet; de la Provincia de Formosa, doctor Gildo Insfrán; de la Provincia de Jujuy, contador Gerardo Rubén Morales; de la Provincia de La Pampa, ingeniero Carlos Alberto Verna; de la Provincia de La Rioja, contador Sergio Guillermo Casas; de la Provincia de Mendoza, licenciado Alfredo Víctor Cornejo Neila; de la Provincia de Misiones, licenciado Hugo Mario Passalacqua; de la Provincia del Neuquén, contador Omar Gutiérrez; de la Provincia de Río Negro, Alberto Edgardo Weretilneck; de la Provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey; de la Provincia de San Juan, doctor Sergio Mauricio Uñac; de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Doctora Rosana Andrea Bertone; de la Provincia de Tucumán, doctor Juan Luis Manzur; y por el señor Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contador Diego César Santilli. Que, con la finalidad de que cada uno de los firmantes cuente con el instrumento que acredite la firma de ese acuerdo, me hace entrega del único ejemplar firmado por las partes, para que lo agregue a este Protocolo, proceda a transcribirlo y oportunamente expida copia de esta escritura para los señores Gobernadores y Vicejefe de Gobierno. Acepto el requerimiento y procedo a transcribir el documento que agrego, que es del siguiente tenor: “Acuerdo Nación – Provincias – Propósito: Resolver las diferencias existentes entre la Nación, las Provincias y las Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto a la validez y efectos del artículo 76 de la ley nacional N° 26.078 que dispone la prórroga del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”, del 12 de agosto de 1992, ratificado por la Ley N° 24.130 y disponer un esquema de eliminación gradual de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables allí pactada (en adelante 15 puntos porcentuales del Acuerdo Federal). Por ello, el Estado Nacional, representado por el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, los señores Gobernadores y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en representación de sus respectivas provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acuerdan: Artículo 1: Reducir la detracción de los 15 puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables, con destino a obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), establecida en el Acuerdo Federal del 12 de Agosto de 1992, suscripto entre el Estado Nacional y las Provincias, ratificado por la Ley N° 24.130, que fuera prorrogada en último término por el artículo 76 de la Ley Nº 26.078, a razón de tres (3) puntos porcentuales por año calendario, de resultas de lo cual, la detracción será la siguiente: Año 2016: doce puntos porcentuales. Año 2017: nueve puntos porcentuales. Año 2018: seis puntos porcentuales. Año 2019: tres puntos porcentuales. Año 2020 y sucesivos: cero puntos porcentuales. Artículo 2: El Estado Nacional podrá aplicar hasta un cincuenta por ciento (50%) de las sumas adicionales que anualmente le correspondan a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo acordado en el artículo anterior, a compensar los créditos que respecto de cada una de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ostente a su favor; dejando aclarado que deberá tratarse de créditos exigibles. Si en el año 2020, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvieran deudas remanentes con la Nación que pudieran ser objeto de compensación con los créditos que tengan disponibles las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal de impuestos, incluidas asignaciones específicas y regímenes especiales, la compensación no podrá afectar más de un tercio de los ingresos que se generen a favor de la Provincia de que se trate o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cese de la detracción de los quince puntos porcentuales del Acuerdo Federal. Artículo 3: La Nación generará los instrumentos necesarios e instruirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para que otorgue a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un préstamo de libre disponibilidad con desembolsos y cancelaciones parciales y sucesivas (en adelante el préstamo), en los términos y condiciones que resultan del presente artículo: Monto: Será equivalente a seis (6) puntos porcentuales en el año 2016, de los quince (15) puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables que le hubiera correspondido a cada una de las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no se aplicara la detracción del 15% con destino a obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios, a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), establecida en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, suscripto entre el Estado Nacional y las Provincias, ratificado por la Ley Nº 24.130, que fuera prorrogada en último término por el artículo 76 de la Ley N° 26.078; y, para cada uno de los períodos 2017, 2018 y 2019, un monto equivalente a tres (3) puntos porcentuales calculados en la forma dispuesta precedentemente. A los fines de la determinación de cada desembolso, se tomará la proyección de recaudación nacional prevista en la Ley Anual de Presupuesto y el aumento o reducción que corresponda en virtud de la recaudación efectivamente ocurrida al 31 de diciembre de cada año, aumentará o reducirá, respectivamente, el desembolso del año siguiente. Plazo: El monto de cada desembolso se cancelará a los cuatro (4) años, de suerte tal que: El capital del desembolso del año 2016, se cancelará en 2020. El capital del desembolso del año 2017, se cancelará en 2021. El capital del desembolso del año 2018, se cancelará en 2022. El capital del desembolso del año 2019, se cancelará en 2023. Intereses: Los intereses no se capitalizarán y se devengarán a partir del día de cada desembolso, se pagarán semestralmente y se calcularán con la tasa BADLAR, menos el subsidio necesario otorgado por el Tesoro Nacional para que la tasa resultante neta alcance el quince por ciento (15%) anual vencida para el año 2016 y 2017, y del 12% anual vencida para el año 2018 y 2019. Garantía: el préstamo estará constituido por cada uno de sus desembolsos, los intereses y demás accesorios, los cuales se garantizarán al acreedor del préstamo mediante la pertinente cesión de recursos coparticipables que le correspondan a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cualquier concepto. La cesión deberá ser notificada al Banco de la Nación Argentina previo a cada desembolso, sin lo cual no podrá efectivizarse el mismo. Artículo 4: La suscripción del presente no implica de ningún modo el reconocimiento o no de la validez constitucional del artículo 76 de la Ley 26.078, así como tampoco implica la renuncia a los reclamos administrativos y/o judiciales que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hayan efectuado o efectúen, respecto a las detracciones comprendidas o no en este Acuerdo. Artículo 5: La Nación suscribe el presente ad referéndum del Congreso de la Nación, y las Provincias ad referéndum de la Legislatura Provincial respectiva y/o de cumplir el procedimiento legal establecido en su Constitución para la ratificación de este tipo de acuerdos. En el mismo sentido, las partes se comprometen a remitir el presente acuerdo en forma inmediata a sus respectivas legislaturas. Artículo 6: Las partes se comprometen a suscribir toda la documentación y/o instrumentos complementarios, tales como actas, actas acuerdo, convenios, etc., que resulten necesarios para poder materializar el presente acuerdo. Artículo 7: Los términos del presente Acuerdo entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2016. En la Ciudad de Córdoba a los 18 días del mes de mayo de 2016 previa lectura y ratificación, firman los intervinientes un ejemplar, en prueba de conformidad, depositándolo en la Escribanía General de Gobierno de la Nación, quien expedirá copias autenticadas del mismo, una para cada una de las partes. Hay veinte firmas ilegibles”. Es copia fiel, doy fe. Dejo así protocolizado al folio 186 del Registro Notarial del Estado Nacional, el acuerdo precedentemente transcripto, de lo que se expedirá testimonio a sus efectos. Representación: La representación invocada por el licenciado Rogelio Frigerio se acredita con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 14 de fecha 10 de diciembre de 2015, que lo designa en el cargo invocado, y en copia agrego a la presente. Leo al compareciente que la otorga y firma ante mí, doy fe. Rogelio Frigerio.- Ante mí: Carlos Marcelo D’Alessio.- Hay un sello: Carlos M. D’Alessio – Escribano General del Gobierno de la Nación.
Concuerda con su escritura matriz que pasó ante mí al folio ciento ochenta y seis del Registro Notarial del Estado Nacional, a mi cargo. Para el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, licenciado Rogelio Frigerio expido el presente Primer Testimonio en tres fojas que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.
Resolver las diferencias existentes entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto a la validez y efectos del artículo 76 de la ley nacional 26078 que dispone la prórroga del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales, del 12 de agosto de 1992, ratificado por la ley 24130 y disponer un esquema de eliminación gradual de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables allí pactada (en adelante 15 puntos porcentuales del Acuerdo Federal).
El Estado Nacional, Representado por el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la Provincia de Santiago del Estero, Representada por la Señora Gobernadora.
Artículo 1 – Reducir la detracción de los 15 puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables, con destino a obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), establecida en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, suscripto entre el Estado Nacional y las Provincias, ratificado por la ley 24130, que fuera prorrogada en último término por el artículo 76 de la ley 26078, a razón de tres (3) puntos porcentuales por año calendario, de resultas de lo cual, la detracción será la siguiente:
Año 2016: doce puntos porcentuales.
Año 2017: nueve puntos porcentuales.
Año 2018: seis puntos porcentuales.
Año 2019: tres puntos porcentuales.
Artículo 2 – El Estado Nacional podrá aplicar hasta un cincuenta por ciento (50%) de las sumas adicionales que anualmente le corresponda a la Provincia de Santiago del Estero, en virtud de lo acordado en el artículo anterior, a compensar los créditos que respecto de dicha Provincia ostente a su favor; dejando aclarado que deberá tratarse de créditos exigibles. Si en el año 2020, la Provincia de Santiago del Estero tuviera deudas remanentes con la Nación que pudieran ser objeto de compensación con los créditos que tenga disponibles esta provincia en concepto de coparticipación federal de impuestos, incluidas asignaciones específicas y regímenes especiales, la compensación no podrá afectar más de un tercio de los ingresos que se generen a favor de la Provincia de Santiago del Estero, por el cese de la detracción de los quince puntos porcentuales del Acuerdo Federal.
Artículo 3 – La Nación generará los instrumentos necesarios e instruirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para que otorgue a la Provincia de Santiago del Estero un préstamo de libre disponibilidad con desembolsos y cancelaciones parciales y sucesivas (en adelante el préstamo), en los términos y condiciones que resultan del presente artículo.
Monto: Será equivalente a seis (6) puntos porcentuales en el año 2016, de los quince (15) puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables que le hubiera correspondido a la Provincia de Santiago del Estero, si no se aplicara la detracción del 15% con destino a obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), establecida en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, suscripto entre el Estado Nacional y las Provincias, ratificado por la ley 24130, que fuera prorrogada en último término por el artículo 76 de la ley 26078; y, para cada uno de los períodos 2017, 2018 y 2019, un monto equivalente a tres (3) puntos porcentuales calculados en la forma dispuesta precedentemente. A los fines de la determinación de cada desembolso, se tomará la proyección de recaudación nacional prevista en la ley anual de presupuesto y el aumento o reducción que corresponda en virtud de la recaudación efectivamente ocurrida al 31 de diciembre de cada año, aumentará o reducirá, respectivamente, el desembolso del año siguiente.
Plazo: El monto de cada desembolso se cancelará a los cuatro (4) años, de suerte tal que:
El capital del desembolso del año 2016, se cancelará en 2020.
El capital del desembolso del año 2017, se cancelará en 2021.
El capital del desembolso del año 2018, se cancelará en 2022.
El capital del desembolso del año 2019, se cancelará en 2023.
Intereses: Los intereses no se capitalizarán y se devengarán a partir del día de cada desembolso, se pagarán semestralmente y se calcularán con la tasa BADLAR, menos el subsidio necesario otorgado por el Tesoro Nacional para que la tasa resultante neta alcance el quince por ciento (15%) anual vencida para el año 2016 y 2017, y del 12% anual vencida para el año 2018 y 2019.
Garantía: El préstamo estará constituido por cada uno de sus desembolsos, los intereses y demás accesorios, los cuales se garantizarán al acreedor del préstamo mediante la pertinente cesión de recursos coparticipables que le correspondan a la Provincia de Santiago del Estero por cualquier concepto. La cesión deberá ser notificada al Banco de la Nación Argentina previo a cada desembolso, sin lo cual no podrá efectivizarse el mismo.
Artículo 4 – La suscripción del presente no implica de ningún modo el reconocimiento o no de la validez constitucional del artículo 76 de la ley 26078, así como tampoco implica la renuncia a los reclamos administrativos y/o judiciales que la Provincia de Santiago del Estero haya efectuado o efectúe, respecto a las detracciones comprendidas o no en este Acuerdo.
Artículo 5 – La Nación suscribe el presente ad referéndum del Congreso de la Nación, y la Provincia de Santiago del Estero ad referéndum de la Legislatura Provincial y/o de cumplir el procedimiento legal establecido en su Constitución para la ratificación de este tipo de acuerdos. En el mismo sentido, la Provincia de Santiago del Estero se compromete a remitir el presente Acuerdo en forma inmediata a sus respectiva Legislatura.
Artículo 6 – Las partes se comprometen a suscribir toda la documentación y/o instrumentos complementarios, tales como actas, actas acuerdo, convenios, etc., que resulten necesarios para poder materializar el presente Acuerdo.
Artículo 7 – Los términos del presente Acuerdo entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2016.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de mayo de 2016, previa lectura y ratificación, firman los intervinientes dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.
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