Source: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/Consejo_Estado_Apersiones_Principio_de_Precaucion_11diciembre2013.html
Timestamp: 2017-11-19 16:07:32
Document Index: 42065907

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 84', 'artículo 1', 'artículo 102', 'artículo 91', 'artículo 58', 'artículo 63', 'artículo 79', 'artículo 80', 'artículo 95', 'artículo 82', 'artículo 52', 'artículo 327', 'artículo 328', 'artículo 332', 'artículo 334', 'artículo 336', 'artículo 146', 'artículo 169', 'artículo 146', 'artículo 6', 'artículo 84', 'Artículo 327', 'artículo 1', 'in dubio', 'artículo 1', 'artículo 336', 'artículo 1', 'artículo 79', 'artículo 1', 'artículo 336', 'Artículo 63', 'Artículo 336', 'artículo 1', 'artículo 91']

﻿ ERRADICACION DE CULTIVOS ILICITO
ERRADICACION DE CULTIVOS ILICITOS – Aspersión con glifosato. Principio de precaución
Como conclusión de lo dicho hasta aquí, el principio de precaución se encuentra dispuesto en la Constitución Política, por consiguiente, cuando una decisión administrativa pone en riesgo un área de protección especial (derecho al medio ambiente) en tanto que autoriza una actividad que causa un riesgo potencial en el ecosistema, está desconociendo dicho principio y en consecuencia se aparta de los mandatos constitucionales que lo albergan bajo el propósito de salvaguardar bienes necesarios para el presente y futuro de la especie humana. Se trata entonces de la nulidad de un acto por la violación de normas que consagran un principio, lo cual es altamente posible si se tiene en cuenta que dichos axiomas permean todo el ordenamiento jurídico y su transgresión deviene en el desconocimiento de la Norma Superior. Según lo expuesto, se encuentra plenamente establecido que existen evaluaciones científicas del riesgo de daños por la aspersión con glifosato en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, acaeciendo el segundo presupuesto exigido para establecer si la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes contradice el principio de precaución. Todo lo anterior demuestra que de concretarse el riesgo los daños serían graves, esto es, su intensidad haría que el menoscabo del medio ambiente fuera significativo y en consecuencia irreversible dadas las especiales características ambientales de estas zonas de tanta importancia, en otras palabras, el bien jurídico que se busca tutelar se vería menguado hasta el punto de que sería improbable que volviera a ser el mismo o alcanzara en algún grado el estado anterior luego de sufrir el perjuicio. Se pudo verificar que la actividad de aspersión aérea con glifosato en el Sistema de Parques Nacionales Naturales conlleva un riesgo potencial al medio ambiente, riesgo sobre el cual existe incertidumbre científica cuya potencialidad ha sido evaluada científicamente, de tal forma que puede cualificarse como grave e irreversible. A lo anterior se suma que, realizado el test de proporcionalidad, se llegó a la conclusión de que la medida era contraria a este principio.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO – 8 / CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO – 79 / CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO – 80 / CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO – 95 / LEY 2811 DE 1974 – ARTICULO 1 7 LEY 2811 DE 1974 – ARTICULO 2 / LEY 2811 DE 1974 – ARTICULO 7 / LEY 2811 DE 1974 – ARTICULO 327 / LEY 2811 DE 1974 – ARTICULO 328 / LEY 2811 DE 1974 – ARTICULO 332 / LEY 2811 DE 1974 – ARTICULO 334 INCISO 2 / LEY 2811 DE 1974 – ARTICULO 336 LITERALES A Y C
NOTA DE RELATORIA: Principio de precaución, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2009, Rad. 1999-02524, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 0013 DE 2003 (27 de junio ) CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – ARTICULO 1 PARAGRAFO 2 (Anulado).
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil trece (2013)
Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00227-01
Actor: ROBERTO URIBE RICAURTE Y MARIA INES GUARDIOLA PERILLA
Procede la Sala a decidir en única instancia la demanda de nulidad previa solicitud de suspensión provisional, interpuesta por los ciudadanos Roberto Uribe Ricaurte y María Inés Guardiola contra el parágrafo 2º del artículo 1º de la Resolución No. 0013 de 27 de junio de 2003, proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
En ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., los demandantes solicitan a esta Corporación que acceda a las siguientes,
Que se declare la nulidad del parágrafo 2º del artículo 1 de la Resolución No. 0013 de 27 de junio de 2003 dictada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, “por la cual se revocan las Resoluciones número 0001 de 11 de febrero de 1994 y número 0005 del 11 de agosto de 2000 y se adopta un nuevo procedimiento para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos”.
Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la suspensión inmediata de las fumigaciones con herbicidas o agentes químicos o biológicos que puedan atentar contra la biodiversidad que se encuentra en el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Se refieren a los antecedentes que concluyeron en la expedición de la Resolución No. 0013 de 27 de junio de 2003, proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
3.- Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora señala como violados los artículos 2, 8, 52, 58, 63, 79, 80, 82 y 95 de la Constitución Política de Colombia; los artículos 1, 2, 7, 8, 327, 328, 332, 334 (inciso 2), 336 (literal b), del Código de Recursos Naturales y Normas de Protección Ambiental; los artículos 3, 23, 30 (numerales 1 y 2) del Decreto 622 de 1977; el artículo 102 del Decreto 1843 de 1991; el artículo 91 (literal g) de la Ley 30 de 1986 y el Decreto 2811 de 1974.
Al explicar el concepto de la violación de las normas que se acaban de enunciar, los demandantes concretan sus objeciones en los siguientes términos:
-. Primer Cargo: Función ecológica de la propiedad.
Según advierte la parte demandante, el acto parcialmente acusado desconoce la función ecológica de la propiedad y la obligación del Estado de proteger el medio ambiente, en ese sentido acude a lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-534 de 1996, según la cual la protección del medio ambiente constituye un principio que irradia todo el orden jurídico y que concuerda con el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano.
Agrega que el artículo 58 constitucional establece que la propiedad privada tiene una inherente función ecológica y que, a la luz del artículo 63 ibídem, los parques naturales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, circunstancia que impide que se cambie su destinación conforme lo ha determinado la Corte Constitucional en sentencia C-649 de 1997. En este punto concluye que la disposición acusada contraría la función ecológica de la propiedad.
-. Segundo Cargo: Violación de las obligaciones del Estado.
En este cargo los demandantes estiman violados los artículos 2, 8, 79 y 80 de la Constitución Política. En cuanto la transgresión de los artículos 2 y 8, esgrime que ellos refieren a la obligación del Estado de proteger a las personas en su vida, honra y bienes, así como en la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Asimismo, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho que tienen las personas de gozar de un ambiente sano, mientras que el artículo 80 de la misma obliga al manejo y conservación de los recursos naturales de manera que se asegure el desarrollo sostenible, disposiciones todas desconocidas por el acto acusado en tanto que el Estado se aparta de su obligación de defender y conservar los recursos naturales.
-. Tercer Cargo: Constitución Ecológica.
Según el actor, reconocer que la Constitución Política es una Constitución Ecológica tal y como lo ha aceptado la misma Corte Constitucional, desemboca en que el Estado debe proteger la biodiversidad e integridad del medio ambiente y en especial de los Parques Naturales, en razón a que estos constituyen la fuente principal del patrimonio ecológico de la Nación.
Por lo anterior, permitir la aspersión con glifosato en tales áreas desconoce los deberes del Estado como encargado de velar por la protección del medio ambiente.
-. Cuarto Cargo: Deberes ciudadanos.
El acto enjuiciado desconoce el deber ciudadano consignado en el numeral 8 del artículo 95 de la Carta, que conmina a los particulares a proteger los recursos naturales y a velar por la conservación de un medio ambiente sano, deber que se hace imposible de cumplir por la contaminación que vía aspersión de glifosato recae en los Parques Nacionales Naturales.
-. Quinto Cargo: Función recreativa de los bienes de uso público.
El acto acusado vulnera el artículo 82 Constitucional mediante el cual se garantiza la protección del espacio público y su destinación al uso común, habida cuenta de que permitir la fumigación de los Parques Nacionales Naturales vulnera la norma superior reseñada, ello acompañado de la trasgresión del artículo 52 ibídem, ya que el derecho a la recreación consagrado en él se ve menoscabado al interior de las reservas naturales afectadas por la aspersión con glifosato, imposibilitando que en su interior se desarrollen actividades que constituyen el ejercicio de ese derecho.
-. Sexto Cargo: Medio ambiente como patrimonio común.
En los artículos 1, 2, 7 y 8 del Código de Recursos Naturales se precisan los objetivos para preservar, conservar y restaurar el medio ambiente así como las pautas para regular las actividades de la población y de las autoridades públicas respecto aquel y los recursos naturales. En ese orden, se establece que el medio ambiente es considerado como patrimonio común.
Según esta postura, la aspersión con glifosato desconoce los principios orientadores condensados en las disposiciones señaladas, y vulnera la protección del patrimonio común de la humanidad.
-. Séptimo Cargo: Sistema de Parques Nacionales Naturales.
En este cargo la parte demandante sostiene que la decisión administrativa que se acusa nula, desconoce las normas que regulan el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Concretando las normas violadas y el concepto de la violación, aduce que el artículo 327 del Decreto 2811 de 1974 define dicho sistema como un conjunto de áreas que tiene determinadas características de vital importancia para el patrimonio de la Nación. Consecuentemente, el artículo 328 de la misma disposición establece las finalidades principales que tiene el sistema, dentro de las cuales resalta las consagradas en los literales a), b) y c) que se refieren a la conservación y protección de la fauna, la flora y el paisaje.
Del mismo modo, el artículo 332 determina las actividades permitidas en los Parques, mientras que el inciso segundo del artículo 334 encarga a la Administración de las funciones de protección, conservación, desarrollo y reglamentación del sistema.
Finalmente, estima violados los literales a y c del artículo 336 ibídem que expresamente prohíben el vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causarles daños, así como el uso que productos químicos de efectos residuales.
Por consiguiente, permitir que en esas zonas protegidas se realicen fumigaciones con el herbicida glifosato, desconoce la protección especial que se le ha querido brindar a dichas áreas y vulnera las expresas prohibiciones contenidas en los mandatos legales anunciados.
4.- Coadyuvantes.
Los ciudadanos Rosario Montaña, Fabio Arístides Mestizo Castillo, Jimena Forero Montaña y Alejo Quintero Rubio, estando en el término establecido en el artículo 146 del C.C.A coadyuvaron con la demanda exponiendo los siguientes argumentos:
Además de adherirse a los argumentos de la parte actora en cuanto el desconocimiento de la función ecológica de la propiedad, a las obligaciones del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y las áreas de especial importancia ecológica, así como reafirmar la violación de las normas del Código Nacional de Recursos Naturales, advierte la transgresión de los principios y fundamentos de la Ley 99 de 1993 que acogieron la Declaración de Río en lo que tiene que ver con la protección de la biodiversidad como patrimonio nacional de interés de la humanidad.
El Ministerio del Interior y de Justicia dio contestación oportuna a la demanda, aduciendo que la disposición acusada se fundamenta en la persistencia de zonas dedicadas a la siembra de cultivos ilícitos, dentro de las cuales algunas se ubican al interior de los denominados Parques Nacionales Naturales.
En ese contexto, le corresponde al Estado tomar las medidas tendientes a erradicar cultivos ilícitos por los graves daños que estos generan, sin que ello signifique un menoscabo del medio ambiente y los recursos naturales. Así las cosas, la disposición acusada dispone que la aspersión con glifosato en las mencionadas áreas se realice previa presentación del Consejo Nacional de Estupefacientes de la caracterización ambiental y social de las áreas afectadas con el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y por funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
A renglón seguido, sostiene que el herbicida glifosato ha sido usado en Colombia desde el año 1972, siendo el de mayor uso agrícola comercial, estando demostrado que este no afecta la salud humana ni el medio ambiente, circunstancia que quedó demostrada tras el estudio desarrollado por la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD).
Según el mencionado estudio, el glifosato tiene una baja toxicidad excepto para plantas verdes, no es carcinogénico ni mutagénico y tampoco afecta la reproducción. En consecuencia, las normas ambientales que sugiere el actor como transgredidas no se han desconocido por el acto acusado, esto es, siendo el glifosato una sustancia idónea para contrarrestar los cultivos ilícitos presentes en áreas protegidas, como los Parques Naturales, y estando demostrado que su empleo no pone en riesgo ni causa daño a la salud humana ni al medio habiente, los cargos de la demanda están llamados a ser negados.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Los demandantes no presentaron alegatos de conclusión según se confirma en la constancia secretarial que obra a folio 798 del cuaderno No. 2.
Por su parte, la entidad demandada radicó alegatos de conclusión inscribiendo en ellos los mismos argumentos que se expusieron en la contestación de la demanda.
V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Luego de precisar los actos demandados y de acudir a la jurisprudencia de la Corte Constitucional referida a la función ecológica de la propiedad, el Agente del Ministerio Público manifestó que no existe prueba concluyente que demuestre que la aspersión con glifosato cause un impacto negativo sobre los recursos naturales y el ecosistema, lo que permite que se fumiguen con dicho productos las zonas de los Parques Naturales en la cuales se hallen cultivos ilícitos.
En lo concerniente al cargo referido a la violación de algunas normas del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, concluye que todas ellas tienen el elemento común de implementar y hacer efectivo el principio de precaución, principio que la Vista Fiscal define como “la estrategia con enfoque preventivo que se aplica a la gestión del riesgo en aquellas situaciones donde hay incertidumbre científica de los efectos que, sobre la salud o el medio ambiente, puede producir una actividad determinada”, y que puede ser aplicado cuando concurran las circunstancias a las que se refiere la sentencia de constitucionalidad C-293 de 2002, es decir, que exista un peligro de daño, que este sea grave e irresistible, que exista un principio de certeza científica aunque no sea absoluta, que la decisión de autoridad tienda a impedir la degradación del medio ambiente y que el acto mediante el cual se adopte la decisión sea motivado.
Para soportar su dicho tendiente a advertir la inocuidad del glifosato para alterar las condiciones ecológicas y de salubridad en las zonas donde este es aspergido, cita in extenso el estudio de 8 de agosto de 2008 realizado por la Procuraduría II Ambiental y Agraria en el que se hace una evaluación de distintas fuentes que disienten en el grado contaminante que se puede predicar del glifosato.
Concluye el concepto señalando que en vista de que la toxicidad del glifosato no fue demostrada en el proceso, y que su uso para la erradicación de cultivos ilícitos constituye un asunto de interés nacional e internacional, la Sala debe denegar las pretensiones de la demanda.
VI.- DECISION
1.- El acto demandado
El acto cuya nulidad parcial se demanda en este proceso, es la resolución 0013 de 27 de junio de 2003, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, “Por la cual se revocan las Resoluciones número 0001 de 11 de febrero de 1994 y número 0005 de 11 de agosto de 2000 y se adopta un nuevo procedimiento para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos”.
“Parágrafo 2º. Sistema de Parques Nacionales Naturales. Teniendo en cuenta que existe evidencia de cultivos ilícitos al interior de estas zonas, lo que atenta contra su conservación y sostenimiento, se autoriza la aplicación del PECIG en las mismas, previa presentación al Consejo Nacional de Estupefacientes de la caracterización ambiental y social de las áreas a asperjar. Esta caracterización deberá ser preparada por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales –UAESPNN- en coordinación con la Policía Nacional - Dirección Antinarcóticos, que la presentará a consideración del Consejo. La aplicación del Glifosato deberá ser al interior del cultivo ilícito, sin afectar bosque circundante. Esta operación deberá estar siempre acompañada por funcionarios del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la UASEPNN.”
2.- De las pruebas practicadas en el proceso.
-. Cooperación Técnica Alemana para el Fortalecimiento del Estado de Derecho.
Señaló que dicho proyecto no estudia la temática relacionada con el cuestionario, por lo que se abstuvo de resolverlo. (Folio 531 cuaderno No. 2)
-. Universidad de los Andes. – Facultad de Ciencias.
El Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, remitió el artículo denominado: “Glifosato: ¿riesgo humano?”, publicado en la revista No 6 “Hipótesis – Apuntes científicos uniandinos” del Departamento de Ciencias Biológicas de dicha Facultad.
Se advierte en el artículo científico que el glifosato en altas concentraciones puede afectar el ADN de células humanas según los resultados que se aprecian luego de aplicar la denominada “prueba de cometa”. De ese modo, se encontró un instrumento fiable para realizar estudios sobre poblaciones humanas expuestas a la fumigación del herbicida, ya que las concentraciones utilizadas en el experimento no son las mismas que se utilizan a nivel comercial en tanto que, de ser así, sin duda se causarían efectos mortales. (Folio 551 cuaderno No. 2)
-. Instituto Colombiano Agropecuario.
“(…) El glifosato es un herbicida no selectivo, de amplio espectro, sistémico que actúa como inhibidor en las síntesis de aminoácidos aromáticos. (…)
La fumigación aérea permite abarcar el tratamiento de extensas zonas de cultivo con este herbicida. Dado que es un herbicida de amplio espectro cumple eficazmente su acción herbicida sobre el material vegetal de los cultivos mencionados. (...)
Si el glifosato es aplicado sobre cualquier tipo de material vegetal, puede causar su efecto herbicida. Con la fauna no son contundentes los estudios reportados en la bibliografía.” (Folios 657 a 659 del cuaderno No. 2)
-. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. IDEAM
Respondió al cuestionario precisando que en algunos de los puntos plateados en este el IDEAM no ha realizado estudios que permitan fijar opinión alguna, así como muchos de los aspectos indagados son de competencia del Ministerio de Ambiento, Vivienda y Desarrollo Territorial. (Folio 689 cuaderno No. 2)
-. Ministerio de la Protección Social.
En el mismo sentido su respuesta apunta a señalar que los estudios de irritación ocular realizados en conejos determinaron que es irritante en baja medida y que no es mutagénico ni tiene potencial oncogénico. (Folios 690 a 691 del cuaderno No 2)
-. Defensoría del Pueblo
Advirtió que si bien no es la entidad competente para realizar los estudios técnicos tendiente a resolver aspectos precisos como los plateados en el cuestionario, lleva 15 años haciendo seguimientos a las fumigaciones aéreas para erradicar cultivos ilícitos, actividad de la cual se han arrojado informes y resoluciones que allegó al expediente en medio magnético visible a folio 710 del cuaderno No. 2. Dentro de dichos informes se concluye:
-. Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y Medio Ambiente. Informe Defensorial. “Fumigación y Proyectos de Desarrollo Alternativo en el Putumayo”. Febrero 9 de 2001.
Por otra parte, la relación entre la Policía Antinarcóticos – ejecutor de la política contra las Drogas - y las demás entidades involucradas en la misma, revela vacíos de información. Esto a pesar de que, tanto en el Plan como en el Procedimiento de esa institución, se establecen dentro de las actividades de la denominada fase “Detección Global e Identificación de Cultivos Ilícitos”, la de “unificar criterios” con funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Plante, los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, entre otros. Evidencia de ello es la falta de una información georeferenciada que permita identificar claramente los lugares en donde se encuentran localizados los proyectos promovidos o financiados con recursos del Estado .
5. No hay claridad sobre la coherencia entre las fases previstas para la suscripción y puesta en marcha de los pactos de erradicación voluntaria – documento del Plante – y las directrices y lineamientos dictados por el Consejo Nacional de Estupefacientes8, en torno a las fumigaciones, tal y como lo dispone el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986) y la Resolución del CNE No. 005 de
6. No se observa por parte del Gobierno nacional, una voluntad expresa para indemnizar, en forma inmediata, a las comunidades indígenas o de campesinos, que se ven afectados como consecuencia de las operaciones de erradicación forzosa. Se requiere, a la mayor brevedad, el establecimientode un procedimiento expedito que permita revisar las quejas, verificar el impacto de las aspersiones y valorar las indemnizaciones a que hubiere lugar. Este procedimiento debe discutirse dentro del Comité Técnico Interinstitucional, creado por la Resolución del CNE, No. 005 de 2000.
8. No obstante que el Director de la Policía Antinarcóticos ha informado al Defensor del Pueblo, mediante Oficio No. 0192 DIRAN – DIREC del 2 de febrero de 2001, la decisión de “levantar el dispositivo operativo en el sur del país”, ésta determinación sólo puede ser adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de conformidad con la normatividad vigente.
9. Por lo expuesto, resulta procedente la expedición de una Resolución Defensorial que formule recomendaciones al gobierno nacional, y evitar la vulneración de los derechos de poblaciones de escasos recursos, que, además, se encuentran en buen grado marginadas de la acción del Estado.”
-. La Ejecución de la estrategia de erradicación aérea de cultivos ilícitos, con químicos, desde una perspectiva constitucional. Defensoría del pueblo.
__ La ejecución del Programa de Erradicación Aérea de los Cultivos Ilícitos no se ajusta a los mandatos de la Constitución Política. Ello se evidencia en el examen de proporcionalidad efectuado en la primera parte de este documento, en el cual se determinó que la estrategia de fumigación no es adecuada para el fin propuesto y que la afectación que ella genera sobre los derechos fundamentales de los colombianos supera con creces los pretendidos beneficios que ella generaría.
__ En el desarrollo de la estrategia de erradicación aérea de los cultivos ilícitos, mediante químicos, el Estado colombiano ha desconocido dos de sus principales fines constitucionales, cuales son el aseguramiento de la salud y la conservación del medio ambiente. En efecto, la forma en que las autoridades competentes han ejecutado este programa desconoce el componente de salud pública de la política sanitaria formulada por el Estado, al incumplir disposiciones legales relativas a la prevención, control y vigilancia de factores de riesgo para salud. Así mismo, en el desarrollo del programa de erradicación aérea se han incumplido las exigencias de la política ambiental estatal, cuya finalidad no es otra que preservar y mejorar las condiciones ambientales para así asegurar la calidad de vida de todos los habitantes del territorio nacional.
- En relación con la salud, se han desobedecido las normas sobre uso y manejo de plaguicidas y sobre la implementación de un plan de vigilancia tóxicoepidemiológico, así como otras normas específicas que, en materia sanitaria, estipulan medidas de prevención adicionales que se deben tomar en la ejecución del referido programa. El incumplimiento de dichas normas atenta contra la salud como bien básico de los individuos y de la comunidad, ya que se expone a la población a sufrir las consecuencias de la posible utilización inadecuada de sustancias químicas como el Glifosato.
- Respecto a las exigencias que se han establecido en materia ambiental para evitar o disminuir los impactos ambientales que la ejecución de las fumigaciones pueda generar, se advierte que ellas no se han cumplido en forma efectiva y oportuna. Concretamente, el citado programa ha sido ejecutado durante varios años, pese a la falta de aprobación definitiva de un adecuado Plan de Manejo Ambiental que se ajuste a las exigencias de los Términos de Referencia formulados por el Ministerio del Medio Ambiente.
Así mismo, el programa no ha contado con una auditoría técnica idónea que, según lo dispuesto en la Resolución 005 de 2000, se encargue de realizar el seguimiento al programa. Además, en la ejecución del referido programa también se han incumplido otros requerimientos ambientales, como la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental e investigaciones sobre la regeneración y dinámica ecológica de zonas asperjadas y sobre los efectos del Glifosato en el suelo, según lo señalado por la Resolución 341 de 2001.
- La ejecución del programa de erradicación, además de constituir una amenaza para el medio ambiente y la salud de la población de las zonas fumigadas, ha afectado considerablemente a sectores vulnerables de la población como son los pequeños cultivadores y la población infantil.
A esta alarmante situación puede agregarse la posible relación existente entre las fumigaciones con químicos y el aumento de las malformaciones congénitas en ciertas zonas donde se ha ejecutado el mencionado programa. Frente a estas circunstancias, la Defensoría ha reiterado que el programa de erradicación aérea con químicos debería suspenderse hasta que no se realicen los estudios y análisis que determinen los efectos de la sustancia que se aplica, y se establezca que ésta no implica un riesgo para la salud y la vida de los habitantes de las zonasy, en especial, de los niños.
- En suma, para esta Institución, la ejecución del programa de fumigación aérea de cultivos ilícitos ha desconocido los principios y normas que buscan asegurar la salud pública, la conservación del medio ambiente y la protección especial que el Estado debe brindar a los más vulnerables. En consecuencia, este programa amenaza los derechos de miles de habitantes de las zonas fumigadas a gozar de un ambiente sano, a la salud y a la vida, así como los derechos de los niños.”
-. Resolución Defensorial No. 4. El impacto de las fumigaciones en 11 proyectos de desarrollo alternativo en el Putumayo. Febrero 12 de 2001.
15. INCLUIR el informe y la presente Resolución Defensorial, así como los resultados de su seguimiento en el Informe Anual, que habrá de presentar el Defensor del Pueblo al Congreso de la República.”
-. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
En cuanto el impacto por la fumigación aérea, advirtió que se impuso el plan de manejo ambiental adoptado mediante las Resoluciones Nos. 1065 de 2001 y 1054 de 2003, a través del cual se contemplaron medidas para prevenir, mitigar, y corregir los eventuales efectos nocivos por la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, en el mismo sentido, sostuvo que se encuentra prohibido asperjar sobre la flora y la fauna presentes en las áreas del herbicida glifosato.
En lo relacionado específicamente con la fumigación del glifosato en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, advirtió que “el Ministerio ha sido enfático respecto a que no se puede asperjar sobre estas zonas, donde la Dirección Nacional de Estupefacientes, ha implementado la erradicación manual, conjuntamente con programas de desarrollo y la erradicación voluntaria como otras estrategias de erradicación donde el orden público lo permite (…)” (Folios 744 a 748 del cuaderno No. 2)
-. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Sumado a ello, estimó que dados los efectos nocivos que se pueden causar con la aspersión de glifosato en dichas áreas, estas pueden ser cerradas al público visitante en tanto que serían necesarias actividades de restauración, a más de los cierres que deban realizarse para prevenir daños a la salud.(Folios 752 a 753 del cuaderno No. 2).
-. Informe de la Policía Nacional.
El despacho sustanciador, invocando la facultad conferida por el inciso segundo del artículo 169 del C.C.A., profirió auto para mejor proveer[1] con el fin de oficiar a la Policía Nacional para que informara con destino a este proceso, sin en la actualidad esa institución realiza operaciones consistentes en asperjar el herbicida glifosato en zonas que se encuentren dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
En cumplimiento de lo anterior, la Dirección Nacional de la Policía remitió a este despacho el informe de 21 de octubre de 2013 suscrito por el jefe del área de erradicación de cultivos ilícitos de la Policía Nacional[2], en el cual se señala que “la Dirección de Antinarcóticos actualmente no realiza operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos en mencionadas áreas.” (Sic)
3.- Consideraciones Preliminares. – Coadyuvantes
Estando en el término señalado por el artículo 146 del C.C.A., los ciudadanos Rosario Montaña, Fabio Arístides Mestizo Castillo, Jimena Forero Montaña y Alejo Quintero Rubio, apoyaron las razones esgrimidas por la parte demandante y en línea generales, señalaron que la disposición reglamentaria acusada vulneraba, además de las normas descritas por los actores, los principios y fundamentos de la Ley 99 de 1993 que recogen en esencia la Declaración de Río que fuera suscrita entre otros, por el Estado colombiano.
“Finalmente y con respecto a lo expuesto en el escrito presentado por el ciudadano CARLOS ALBERTO CASTILLA, es preciso tener en cuenta que el instituto procesal de la coadyuvancia es definido como una intervención adhesiva orientada ayudar o apoyar la postura asumida por una de las partes. En el contencioso de anulación, por tratarse de una acción de interés publico, esa intervención si bien no tiene el carácter de accesoria no otorga al coadyuvante el derecho a formular pretensiones distintas a las planteadas en la demanda inicial. El tratadista Carlos Betancur Jaramillo así lo expresa: "... dada la índole del contencioso de nulidad y el hecho de que la demanda sea la única pieza del proceso que concreta su objeto, el coadyuvante está limitado a defender o atacar el petitum allí formulado, sin poder involucrar otra peticiones diferentes a las que conforman la litis". (Derecho Procesal Administrativo" p. 353. Ver igualmente la sentencia del 25 de octubre de 1993 dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Yesid Rojas Serrano, Radicación número: 2192). En ese orden de ideas, no resulta procedente realizar pronunciamiento alguno frente a la violación de lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley 489 de 1998 y 43 del C. C. A., teniendo en cuenta que este punto no fue propuesto por la parte actora en su demanda y además, la controversia planteada se circunscribe al análisis de la legalidad del acto acusado y no a los aspectos relacionados con su eficacia.”[3]
3.1.- Antecedente jurisprudencial.
La Sala no desconoce el hecho de que existe un pronunciamiento de la Sala Plena de esta corporación referido a la aspersión con glifosato, no obstante, tal y como se pasará a explicar enseguida, dicho fallo no constituye precedente judcial aplicable a este caso en concreto, de suerte que no será tenido en cuenta para resolverlo.
“De las pruebas reseñadas no se infiere, con certeza, que el glifosato empleado para la erradicación de los cultivos ilícitos produzca daños irreversibles en el medio ambiente; por lo contrario, hay elementos de juicio que permiten concluir que la regeneración de las zonas asperjadas se produce en lapso no muy largo y que, en cambio, numerosas hectáreas de bosques son destruidas por causa de la tala de éstos por los cultivadores ilícitos. Claro está que la aspersión debe producirse de conformidad con las pautas que señalen las autoridades ambientales, sin que deba permitirse su más leve trasgresión; razón por la cual es necesario que se lleve a cabo un control permanente con evaluaciones continuas de los efectos que puedan ir apreciándose. Sin embargo, esto no puede conducir a la suspensión de las fumigaciones, pues tal medida podría llevar al debilitamiento del Estado al tiempo que se fortalecerían los distintos grupos que se financian con el producto del tráfico de drogas, que es, sin duda alguna, flagelo para la sociedad colombiana y para toda la humanidad. No se desconoce, porque así lo evidencian las probanzas, que de todos modos hay afecciones que se causan, pero que no alcanzan la gravedad que señala la parte actora, lo que conduce a un control permanente y rígido de las fumigaciones que se llevan a cabo. Debe resaltarse que en el expediente no obra prueba alguna que acredite el incumplimiento de las medidas impuestas por Minambiente a la Dirección Nacional de Estupefacientes por Resolución 341 de 2001; Resolución esta por la cual se adoptan decisiones relacionadas con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, ni, por consiguiente, hay razón alguna para reprochar al Ministerio de Ambiente por no haber sancionado a la Dirección Nacional de Estupefacientes a causa del referido supuesto incumplimiento. Por último, debe señalarse que el artículo 6 de la ley 99 de 1993 no puede servir de fundamento jurídico para concluir que debe decretarse la suspensión de las fumigaciones aéreas a que se contrae la demanda como medida eficaz para evitar la degradación del medio ambiente, por cuanto en las actuales circunstancias no hay razón valedera de que exista peligro de daño irreversible y grave que imponga esa medida extrema. Es aconsejable, sí, disponer que el Ministerio de Ambiente continúe dando estricto cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y que, además, no dejen de seguirse realizando estudios que precisen aun más los efectos del compuesto químico que es objeto de aspersión, con verificaciones por parte de la DNE.”
“De lo precedentemente expuesto, la Sala concluye que en el caso bajo examen resultó probada la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres, como se explica a continuación: el abundante material probatorio reseñado en esta providencia, permite evidenciar que en la vía que comunica las Veredas Sarín y Alianza en el Corregimiento de Buesaquillo del Municipio de Pasto, existe una amenaza a la seguridad de las personas que allí transitan (peatones y conductores) debido, primero, al mal estado en el que se encuentra y, segundo, al hundimiento de la banca; este último no sólo frente al predio de la señora Rosario Navia de Matabanchoy, sino a lo largo de todo el tramo, según consta en actas de visita, informes e inspección efectuadas al lugar de los hechos. La Sala concluye que si bien resultó probada la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres, dicha vulneración no es atribuible al Municipio de Pasto, comoquiera que el nexo causal se rompe ante la demostrada diligencia y las acciones que aquel ha emprendido para hacer cesar la vulneración, las cuales no han podido llevarse a cabo en su totalidad, por causas ajenas a su voluntad. En vista de lo anterior, la decisión en el caso concreto es denegar las pretensiones de la demanda, pero por ausencia de responsabilidad del demandado, y en este sentido se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.”[4]
Distinto es el panorama que gobierna las circunstancias en las cuales se adopta la presente decisión ya que aquí se discute la legalidad de un acto administrativo a través de la acción de simple nulidad dispuesta en el sartículo 84 del C.C.A., se trata entonces de establecer si el acto acusado vulnera las disposciones que han sido señaladas por los demandantes según el concepto de violación que estos expusieron, de manera que el asunto se aparta sustancialmente del que fue tratado en la referida sentencia de la Sala Plena, de suerte que la ratio decidendi que sirvió para resolver el asunto de marras no puede ser tenido para absolver el presente.
4.1- El Sistema de Parques Nacionales Naturales
La Constitución Política de Colombia[5] hace mención a los Parques Naturales para señalar que se consideran inalienables, imprescriptibles e inembargables, características que refuerzan la protección que el Constituyente quiso radicar en tales áreas para que gozaran de una protección especial.
En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-649 de 1997 señaló que la Administración no se encuentra facultada para sustraer áreas integradas al Sistema de Parques Nacionales Naturales, lo que se traduce en que no puede cambiar el uso o destinación de las mismas dada la importancia ecológica que ellas tienen a la luz de los artículos 79 y 80 de la Carta.[6]
“Artículo 327.- Se denomina Sistema de Parques Nacionales el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio Nacional que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las categorías que adelante se enumeran.”
A la par del concepto legal referido, se tiene que las finalidades del mencionado Sistema se concentran en la conservación de las zonas que lo integran, asegurando la perpetuidad de su estado natural y la provisión de puntos de referencia para la investigación científica, salvaguardando la estabilidad ecológica y su ejemplar protección[7].
Así las cosas, el Sistema de Parques Nacionales Naturales se erige como como un área protegida[8] por su importancia ecológica que encuentra en la Constitución Política y en la misma Ley una protección reforzada, protección que, como se verá a continuación, plantea la aplicación del “principio de precaución.”
Del “principio de precaución” se habló inicialmente en la Proclama 6 de la Conferencia de Estocolmo de 1972[9] y más concretamente en la Convención sobre el cambio climático llevada a cabo en Río de Janeiro – Brasil de 1992, cuyo texto fue consagrado idénticamente en el artículo 1 numeral 6 de la Ley 99 de 1993.
En otras palabras, cuando existan indicios de que la ejecución de una actividad conlleve la potencial ocurrencia de un daño ambiental grave, aquella debe ser paralizada con el fin de evitar la ocurrencia del posible perjuicio, de ahí que la Corte Constitucional haya relacionado el mismo con la máxima “in dubio pro ambiente”[10], para significar que en caso de duda sobre los efectos nocivos que puedan producirse en el medio ambiente por el desarrollo de una actividad esta cederá para la protección de aquel.
Ahora bien, es pertienete resaltar que si bien el “principio de precaución” fue consagrado textualmente en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, el mismo encuentra plena consagración en la Constitución Política dada la alta gama de disposiciones de ese orden que conducen a que el Estado tome las medidas necesarias para prevenir daños que afecten de manera ostensible la salud y el medio ambiente, todo ello dentro del contexto de lo que se ha denominado “Constitución Ecológica”, donde las áreas de especial interés cobran una trascendental importancia.
“La Constitución de 1991 ha sido catalogada como una Constitución ecológica en razón del lugar tan trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto superior y, por consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado se prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, siendo el Estado el encargado del planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. En estas condiciones, el medio ambiente es un bien jurídico que es a la vez un derecho de las personas, un servicio público y, ante todo, un principio que permea la totalidad del ordenamiento“[11]
15- Las anteriores consideraciones permiten afirmar que, en cierta medida, la Carta ha constitucionalizado el llamado “principio de precaución”, pues le impone a las autoridades el deber de evitar daños y riesgos a la vida, a la salud y al medio ambiente. Sin embargo, dicho principio, y en general los deberes de prevención que la Carta asigna a las autoridades en este campo, no significan que únicamente cuando se ha demostrado que un producto o un proceso no tiene ningún riesgo entonces puede ser usado, pues es imposible demostrar la ausencia de riesgo. El principio de precaución supone que existen evidencias científicas de que un fenómeno, un producto o un proceso presentan riesgos potenciales a la salud o al medio ambiente, pero esas evaluaciones científicas no son suficientes para establecer con precisión ese riesgo. Y es que si no hay evidencias básicas de un riesgo potencial, no puede arbitrariamente invocarse el principio de precaución para inhibir el desarrollo de ciertas prácticas comerciales o investigativas. Por el contrario, en los casos de que haya sido detectado un riesgo potencial, el principio de precaución obliga a las autoridades a evaluar si dicho riesgo es admisible o no, y con base en esa evaluación deben determinar el curso de acción.” [12]
Asimismo el principio de precaución encuentra fundamento en la triple dimensión que la jurisprudencia constitucional ha dado al concepto de Constitución Ecológica y la protección del medio ambiente que ella comporta, así las cosas, esta se entroniza como principio que, tal y como se sostuvo en líneas anteriores, irradia todo el ordenamiento jurídico y se erige como un derecho que encuentra sustento en la garantía de gozar de un ambiente sano. También la Constitución Ecológica se manifiesta en las obligaciones impuestas al Estado, principalmente aquellas referidas a la protección y conservación de las áreas de especial importancia ecológica[13], obligación que se defrauda cuando las autoridades públicas adoptan decisiones que puedan poner en riesgo la intangibilidad de estas.
Adicionalmente la Sala comparte el decir del Ministerio Público cuando afirma que los artículos 1, 2, 7, 328, 332, 334 inciso 2 y 336 literales a y c del Decreto 2811 de 1974 que estiman violados los actores, tienen como elemento común “implementar y hacer efectivo el denominado principio de precaución”[14]. Particularmente los literales b y c del artículo 336, desarrollan el anotado principio en tanto que proscriben que en el Sistema de Parques Naturales Nacionales se introduzcan, viertan, distribuyan, usen o abandonen sustancias que puedan perturbar los ecosistemas o causar daño en ellos, así como el uso de productos químicos[15].
“Es del caso subrayar desde ya que la adopción de tales medidas encuentra su fuente de inspiración y justificación en el principio de precaución, el cual, según lo dispuesto en diferentes instrumentos internacionales y en expresas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico interno, constituye uno de los principios cardinales en materia de protección del medio ambiente. Para contextualizar mejor el tema, nada resulta más oportuno que entrar a considerar los argumentos aducidos por nuestra Corte Constitucional en la sentencia C-293 del 23 de abril de 2002.”[16]
4.3- Violación del Principio de precaución por el parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución No. 0013 de 2003.
Tal como se expuso, el principio de precaución encuentra fundamento en la Constitución (arts. 8, 79, 80 y 95) y en la Ley (Decreto 2811 de 1974)[17], de forma tal que su desconocimiento implica la nulidad del acto administrativo. Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia han fijado parámetros para establecer correctamente la aplicación al mentado axioma bajo el escenario de intervención del Estado, es decir, cuando las autoridades actúan en ejercicio de las obligaciones de salvaguardar el medio ambiente y para el cumplimiento de ella, les es forzoso obrar permitiendo o limitando la actividad de intrusión ambiental. No obstante, nada impide que las mismas reglas se apliquen cuando el cumplimiento del deber del Estado es de abstención o se traduce en una obligación de no hacer, también en esos eventos debe darse aplicación al principio de precaución en atención a los siguientes presupuestos:
a.- Incertidumbre científica acerca del riesgo. b.- Evaluación científica del riesgo. c.- Identificación del riesgo (grave e irreversible) y d.- Proporcionalidad de las medidas.
4.3.1- Incertidumbre científica acerca del riesgo.
4.3.2- Evaluación científica del riesgo.
Esta evaluación del riesgo supone que “existen evidencias científicas de que un fenómeno, un producto o un proceso presentan riesgos potenciales a la salud o al medio ambiente, pero esas evaluaciones científicas no son suficientes para establecer con precisión ese riesgo. Y es que si no hay evidencias básicas de un riesgo potencial, no puede arbitrariamente invocarse el principio de precaución para inhibir el desarrollo de ciertas prácticas comerciales o investigativas.”[18]
En el presente caso se allegaron distintas conclusiones de estudios científicos que mostraron daños que pueden producirse por la aspersión en las áreas de los Parques Naturales Nacionales, se tiene entonces que la subdirección técnica de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales advirtió que dicha actividad “conlleva a la pérdida de la cobertura vegetal natural que entra en contacto con el químico”, lo que a su vez implica la pérdida del habitad de la fauna que desarrolla su ciclo vital en dichas zonas, considerando que esa actividad antrópica conlleva el deterioro del patrimonio natural de la Nación. (Folios 752 a 753 del cuaderno No. 2).
El Instituto Colombiano Agropecuario señaló que el glifosato aplicado sobre cualquier tipo de material vegetal causa su efecto herbicida (Folios 657 a 659 del cuaderno No. 2) esto es, no sólo afecta el cultivo ilícito, también las plantas y demás especies vegetales con las que haga contacto.
4.3.3 – Identificación de un riesgo grave e irreversible.
“En consecuencia, este programa amenaza los derechos de miles de habitantes de las zonas fumigadas a gozar de un ambiente sano, a la salud y a la vida, así como los derechos de los niños.”
4.3.4- Proporcionalidad de la medida.
La proporcionalidad refiere a la relación existente entre los fines que deben buscar la administración y los medios que esta emplea para conseguirlos. Se dice entonces que “la potestad administrativa solo puede entenderse como una figura ligada, mediante una relación de confianza, a los fines”[19].
En aras de verificar la proporcionalidad de la medida es necesario reconocer la finalidad que esta tiene, para ello habrá que recordar que el Consejo Nacional de Estupefacientes, autoridad que expidió el acto demandado, fue creado mediante la Ley 30 de 1986, dicha norma contempla como función de esta entidad disponer la destrucción de cultivos ilícitos[20] como una clara manifestación del mantenimiento del orden público.
Para el cumplimiento de dicho fin, la Resolución No. 0013 de 27 de junio de 2003 dispuso entre otras que se asperjara glifosato en los Parques Naturales, medida que resulta idónea si se tiene en cuenta que el glifosato aplicado a cualquier vegetal cumple su efecto herbicida, quedando establecido que el medio es apto para cumplir con el objetivo propuesto, esto es, con la erradicación de los cultivos ilícitos.
“Si la medida va a conseguir los resultados de una forma desventajosa, o ineficaz, no es una factor que el juez deba tener en cuenta ´para aplicar el test de adecuación, pues éste se centra en la coherencia total para conseguir un fin.”[21]
En cuanto la necesidad de la medida, se trata de advertir la existencia de medidas menos nocivas para los bienes jurídicos que se ven afectados por la decisión administrativa, se busca entonces que se presenten otros medios idóneos para la consecución del fin estatal cuyo impacto en los derechos o intereses afectados se de en menor grado; la medida se juzgará menos restrictiva si en comparación con la decisión administrativa que se juzga ofrece los mismos efectos y menor grado de menoscabo de derechos o de bienes jurídicos.
En cuanto el orden público, este se entiende “como la protección del derecho de los demás al ejercicio de las libertades públicas y derechos fundamentales, y la salvaguarda de la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas”[22] que en el presente asunto se manifiesta en la decisión administrativa de eliminar los cultivos ilícitos que se encuentren en el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Sin duda, el mantenimiento del orden público se refiere a las “condiciones necesarias para el desenvolvimiento armónico y pacífico de las relaciones sociales y, en consecuencia, para la realización de los derechos y el cumplimiento de los deberes correlativos. El orden público es un supuesto de la pacífica convivencia, es el escenario de desenvolvimiento normal de las relaciones entre el poder y la libertad. De allí que el concepto de orden público se ligue siempre a las condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad requeridas para el despliegue de la vida en comunidad y para la afirmación de sus miembros como seres libres y responsables”.[23]
“Precisamente, es el ambiente uno de esos conceptos cuya protección fue establecida por la Constitución como un deber, consagrándolo tanto de forma directa –artículo 79 de la Constitución-, como de forma indirecta –artículos 8º y 95 – 8 de la Constitución-; al respecto la Corte manifestó en la sentencia T-760 de 2007, “[d]e entrada, la Constitución dispone como uno de sus principios fundamentales la obligación Estatal e individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8°). Adicionalmente, en desarrollo de tal valor, nuestra Constitución recoge en la forma de derechos colectivos (arts. 79 y 80 C.P.) y obligaciones específicas (art. 95-8 C.P.) las pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema. Con claridad, en dichas disposiciones se consigna una atribución en cabeza de cada persona para gozar de un medio ambiente sano, una obligación Estatal y de todos los colombianos de proteger la diversidad e integridad del ambiente y una facultad en cabeza del Estado tendiente a prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución”[28].
“(…) de una lectura sistemática, axiológica y finalista surge el concepto de Constitución Ecológica, conformado por las siguientes 34 disposiciones: ||Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos fundamentales de los niños), 49 (atención de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (la educación para la protección del ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81 (prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 215 (emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las acciones populares como mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado).”
Ya desde ese entonces, y con mayor énfasis a partir de la Constitución de 1991 y en la actualidad, la protección del ambiente superaba nociones que lo entendían con un insumo del desarrollo humano, al cual había que cuidar simplemente porque su desprotección significaría un impedimento para nuestro progreso. El ambiente es visto como contexto esencial del transcurso de la vida humana, razón por la cual se entendió que su protección se desarrollaba sobre el fundamento de la armonía con la naturaleza y que el accionar de los seres humanos debe responder a un código moral, que no implica nada distinto a un actuar acorde con su condición de seres dignos, concepción que se ubica en las antípodas de una visión que avale o sea indiferente a su absoluta desprotección, así como que se aleja de una visión antropocentrista, que asuma a los demás –a los otros- integrantes del ambiente como elementos a disposición absoluta e ilimitada de los seres humanos.
En definitiva, la Sala encuentra que el parágrafo 2º del artículo 1º de la Resolución No. 0013 de 27 de junio de 2003 proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes es contrario a lo dispuesto en los artículos 8, 79, 80 y 95 de la Carta Política, y al artículo 336 literales b y c del Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, todos los cuales son una clara manifestación del principio de precaución.
PRIMERO: DECLÁRASE la NULIDAD del parágrafo segundo del artículo primero de la Resolución No. 0013 de 27 de junio de 2003 proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
SEGUNDO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: En firme esta decisión, archívese el expediente.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 11 de diciembre de 2013.
MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARIA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
[1] Folio 800.
[2] Folio 803
[3] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente No. 2004-00211. Fallo de 26 de noviembre de 2008. C. P. Rafael E. Ostau de Lafont P.
[4] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicado No. 52001-23-31-000-2003-01387-01. 7 de octubre de 2010 C. P. María Elizabeth García González.
[5] Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
[6] En este sentido, la jurisprudencia reseñada sostiene: “La voluntad del Constituyente fue que las áreas integradas al sistema de parques nacionales se mantuvieran afectadas a las finalidades que les son propias; por consiguiente, la calidad de inalienables de los parques naturales, reconocida en el art. 63 debe entenderse, en armonía con los arts. 79 y 80, esto es, que las áreas o zonas que los integran no pueden ser objeto de sustracción o cambio de destinación. En tales condiciones, ni el legislador ni la administración facultada por éste, pueden sustraer, por cualquier medio las áreas pertenecientes al referido sistema.”
[7] Decreto Ley 2811 de 1974 Art. 328
[8] El Decreto 2372 de 2010, mediante el cual se reglamentan el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, expresa que el área protegida es aquella definida geográficamente para designarla, regularla y administrarla con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.
[9] González Villa Julio Enrique. Derecho Ambiental Colombiano. Parte General Tomo I. Universidad Externado de Colombia. Pág. 199. Bogotá 2006.
[10] Corte Constitucional. Sentencia C-339 de 2002.
[11] Corte Constitucional. Sentencia C-703 de 2010.
[12] Corte Constitucional. Sentencia C- 988 de 2004.
[13] En ese sentido puede verse la sentencia de constitucionalidad C-058 de 1994.
[14] Folio 787 del cuaderno No. 2
[15] Decreto 2811 de 1974. Artículo 336º.- En las áreas que integran el sistema de parques Nacionales se prohíbe:
[16] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente No. 1999-02524. Sentencia de 19 de noviembre de 2009. C. P. Rafael E. Ostau de Lafont P.
[17] Si bien el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 acogió completamente el concepto de principio de precaución dado en la “Cumbre de Río”, se ha visto que esa no es la única fuente normativa contiene el recurso. De ahí que este tenga consagración en la Constitución y en otras disposiciones de orden legal.
[18] Corte Constitucional. Sentencia C- 988 de 2004.
[19] Sarmiento Ramírez – Escudero Daniel. “El principio de proporcionalidad en el Derecho administrativo”. Serie derecho administrativo No. 3. Universidad Externado de Colombia. Pág. 132. Bogotá D. C. 2007.
[20] El literal g del artículo 91 de la Ley 30 de 1986 señala: “Disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca, y demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país.”
[21] Op. Cit. Pág. 171.
[22] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente No. 2007-00065-01(AC). Fallo de 11 de octubre de 2007. C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
[23] Corte Constitucional. Sentencia C- 802 de 2002.