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Timestamp: 2020-06-03 10:16:07
Document Index: 314870538

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 37', 'Artículo 10', 'Artículo 35', 'artículo 207', 'artículo 38']

Oficio 163 de 23-08-2005
Certificación de estados financieros de empresas sociales del estado.
OFCTCP / 0163 / 2005
LILA AURORA MEDINA
lmedina@mail.contraloriabogota.gov.co
Ref.: Consulta de fecha 14 de marzo de 2005
Presentada ante la Contaduría Gral. de la Nación
Radicación: 0114
“¿DE MANERA COMEDIDA LE SOLICITO ME INFORMES (SIC) SI LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL ¿EN QUÉ NORMA SE ENCUENTRA ESTABLECIDO ESTE REQUISITO?”
En primer término es importante recordar lo que este Consejo ha expuesto en relación con los estados financieros certificadas y dictaminados, entre otros, en el Oficio 019 de 2005 que, reiterando la posición de este organismo sobre el particular, expresó:
“ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS:
Con base en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, tenemos:
‘ART. 37 — Estados financieros certificados. El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.’ (Resaltado fuera del texto original)
Con fundamento en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, el representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se preparó la información financiera, la cual de suyo incluye las notas a los estados financieros, son las personas encargadas de certificarlos con su firma, en los casos en que sean sometidos a consideración o conocimiento de los asociados o puestos a disposición de terceros en general, lo cual es garantía del adecuado registro en libros y preparación de dichos estados financieros, de conformidad con los principios o normas de contabilidad de general aceptación.
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS:
‘ART. 38.—Estados financieros dictaminados. Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida concordancia.’ (Resaltado fuera del texto original)
‘Artículo 10. De la fe pública. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en casos de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance.’ (Resaltado fuera del texto original)
‘Artículo 35. Las siguientes declaraciones de principios constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la Contaduría Pública: La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos. El Contador Público como depositario de la confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta certificación, hará parte integral de lo examinado. El Contador Público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa y directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el Estado. La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituye su esencia espiritual. El ejercicio de la Contaduría Pública implica una función social especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí.’ (Resaltado fuera del texto original).
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mediante concepto 023 del 23 de julio de 2003, puntualizó:
‘…El numeral 7º del artículo 207 del citado código (de Comercio) establece como función propia del revisor fiscal “autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente’.
‘Los “estados financieros certificados” son, pues, los que, suscritos por el representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se prepararon, para ser puestos en conocimiento de los asociados o terceros, contienen la “certificación” de ser reflejo fiel de los libros y de haber sido objeto de previa comprobación, según el reglamento
Pero, puesto que la razón de ser de las intervenciones de estos profesionales, por lo menos en relación con los estados financieros, es la manifestación de un concepto de auditoria, no basta que puedan suscribirlos, sino que es menester que, sin perjuicio de las manifestaciones mínimas a que los obliga el ordenamiento jurídico, tengan también el derecho de exponer libremente lo que a bien tengan sobre la razonabilidad de los instrumentos examinados, según sus apreciaciones éticas y sus propias capacidades como expertos en la materia. Esto, precisamente, es lo que, a juicio de la Corte, consagra el inciso 2º del artículo 38 de la Ley 222 de 1995, al decir que el sentido de la firma del revisor fiscal o el contador público independiente, “será el que se indique en el dictamen correspondiente, que contendrá como mínimo las manifestaciones exigidas por el reglamento’. (Resaltados fuera del texto original)
Hechas las precisiones anteriores, es pertinente analizar las disposiciones de la CIRCULAR ÚNICA EXTERNA FINANCIERA emitida por la Superintendencia de Salud con destino a los representantes legales, juntas directivas, revisores fiscales y contadores de entidades promotoras de salud, entidades adaptadas en salud, empresas solidarias de salud, entidades promotoras de salud indígenas, cajas de compensación familiar, convenios (consorcios y uniones temporales) que administran régimen subsidiado, empresas de medicina prepagada y servicios de ambulancia prepagados.
El objeto de dicha Circular Externa comentada es impartir instrucciones en materia de información contable, administrativa, estadística y de margen de solvencia. Al efecto el inciso primero del Título I que regula los Estados Financieros, indica:
“Respecto de las Normas y Técnicas Contables que se aplican a la información financiera, la Superintendencia Nacional de Salud instruye a las Entidades Vigiladas observar y adoptar las normas consagradas en el Código de Comercio, las Leyes 222 de 1995 y 603 de 2000, el Decreto 2649 de 1993, la Resolución No 377 de diciembre de 1999 de la Contaduría General de la Nación y el Estatuto Tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en normas que regulan el SGSSS.”
Más adelante señala la Circular que:
“Las entidades promotoras de salud, entidades adaptadas en salud, empresas solidarias de salud, entidades promotoras de salud indígenas, cajas de compensación familiar que administran régimen subsidiado, empresas de medicina prepagada y servicios de ambulancia prepagados, presentarán con cortes trimestrales (marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31), el balance general y el estado de pérdidas y ganancias en los formatos que esta Superintendencia ha diseñado para tal fin adjuntos a esta Circular, diligenciando los anexos incluidos que muestran la desagregación de las cuentas respectivas:”
Y sobre el mismo particular añade:
“La información debe estar firmada por el Representante Legal y certificada por el Revisor Fiscal. La certificación del revisor fiscal es avala (sic) que la información suministrada es cierta y extraída de los registros contables y estadísticos de la compañía y se presenta conforme a las instrucciones técnicas establecidas para el envío de esta información.
La Superintendencia Nacional de Salud tendrá como no recibida la información financiera (trimestral y/o de fin de ejercicio) que no esté debidamente certificada por el Representante Legal, Revisor Fiscal y/o Contador de la respectiva entidad.” (Los resaltados no hacen parte del texto original)
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