Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-456-de-agosto-25-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_1a49e6c5fced4eb0afebfb3b9fc988cb&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 19:12:06
Document Index: 148719793

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 13', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 48', 'artículo 46', 'artículo 13', 'artículo 100', 'artículo 13', 'artículo 48', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 48', 'artículo 96', 'artículo 48', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 42', 'artículo 86', 'artículo 145', 'artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 9', 'artículo 35', 'artículo 46']

﻿ SENTENCIA T-456 DE AGOSTO 25 DE 2016
SENTENCIA T-456 DE 25 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE PROCEDE PARA LOS PADRES DEL CAUSANTE AUN EN EL EVENTO EN QUE YA HUBIESEN RECLAMADO EL DINERO DE LA CUENTA DE AHORRO PENSIONAL, A TRAVÉS DEL TRÁMITE DE SUCESIÓN. ASÍ SE PRECISA, CUANDO CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS LEGALES PREVISTAS EN LA LEY 100 DE 1993, MODIFICADA POR LA LEY 797 DE 2003. POR LO TANTO, EN ESOS CASOS EL BENEFICIARIO DEBERÁ PROCEDER A DEVOLVER AL CORRESPONDIENTE FONDO PENSIONAL EL SALDO DE LA MENCIONADA PRESTACIÓN SOCIAL, CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA, A FIN DE QUE LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES I) LE CONCEDA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE A LA QUE TIENE DERECHO, LA CUAL NO PODRÁ SER INFERIOR A UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE, (II) LO INCLUYA EN LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y, (III) ACTIVE SU AFILIACIÓN EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PADRES, TRÁMITE DE LA SUCESIÓN, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PENSIONAL
Sentencia T-456 de agosto 25 de 2016
Frente a lo anterior, el actor solicitó al juez de tutela que ordene a Colfondos conceder de inmediato la pensión de sobreviviente al señor Fritz, como único beneficiario de su hija fallecida Valerie Fritz Villamizar, en virtud de lo consagrado en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.(1)
2. El señor Fritz es una persona de 74 años(2), que en vida de su hija(3) Valerie Fritz Villamizar, según manifestó, dependía económicamente de ella(4). Al respecto, obran en el expediente declaraciones juradas de personas cercanas a la fallecida(5), en las que manifestaron que “el señor Nelson H. Fritz dependía económicamente y en un 100% de la señorita Valerie Fritz Villamizar (…)”; igualmente se advierten certificaciones del Instituto Agustín Codazzi, Confecámaras, la Cámara de Comercio de Bogotá y de Datacrédito, en los que consta que el actor no tiene propiedades a su nombre, así como tampoco establecimiento de comercio o cuotas en una sociedad, ni obligación financiera activa a la fecha(6).
3. El 12 de mayo de 1998, Valerie Fritz Villamizar se afilió al Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos y como nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos(7), el accionante era el único beneficiario del Sistema General de Seguridad Social en Salud de su hija.
4. El 24 de febrero de 2015, Valerie Fritz Villamizar falleció(8) dejando en su cuenta de ahorro individual de Colfondos un saldo de “5.554.51653915 unidades”(9). Adicionalmente, el señor Nelson Herbert Fritz mencionó que con ocasión del deceso de su hija fue desvinculado del sistema general de seguridad social en salud.(10)
5. El 1º de junio de 2015, el actor elevó petición a Colfondos con el propósito de que le fuera reconocida la pensión de sobreviviente, la cual fue respondida el 26 de agosto de ese año, en el sentido de negar tal solicitud, ya que la demandada consideró que “el señor Nelson Herbert Fritz no dependía económicamente de la afiliada fallecida”. (11)
6. Finalmente, expresó que desde la muerte de su hija ha subsistido de la caridad de sus familiares y amigos más cercanos.(12)
Adicionalmente, manifestó que la acción de tutela no era la vía judicial idónea para gestionar el reconocimiento de una pensión, dado que ese tipo de pretensiones atañen a la competencia del juez ordinario o del juez contencioso administrativo. En consecuencia, solicitó la denegación de las pretensiones o la declaración de improcedencia del presente amparo.(13)
Asimismo, estimó que tampoco procedía de manera transitoria la acción de la referencia, dado que en el asunto no se había demostrado el perjuicio irremediable, la urgencia manifiesta o la “improrrogabilidad de la tutela”. Esto, en atención a que transcurrieron cinco meses desde el fallecimiento de la titular de la cuenta en la AFP Colfondos y la solicitud de pensión de sobrevivientes.(14)
Por último, la apoderada expresó que la asesoría en la interposición de la acción de la referencia, no generó ningún valor por concepto de honorarios, toda vez que lo hizo en forma pro-bono y en favor del señor Nelson Herbert Fritz.(15)
Igualmente, sostuvo que debía tomarse en cuenta que el demandante es un lingüista con nivel de maestría, que tuvo a su cargo la enseñanza de varios institutos y universidades, y además se dedicó por mucho tiempo a realizar traducciones y clases particulares, por lo que no hallaba afectación a los derechos fundamentales alegados en la acción de tutela.(16)
“PRIMERO. OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación a la E.P.S. Alianza Salud, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, remita e informe al despacho:
SEGUNDO. OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación al Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS, para que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, allegue al despacho:
El expediente del señor Nelson Herbert Fritz, con fundamento en el cual, mediante comunicación de fecha 26 de agosto de 2015, se indicó que el accionante no era acreedor a la pensión de sobreviviente.
TERCERO. OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación al señor Nelson Herbert Fritz, para que dentro del término de las setenta y dos (72) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, informe al despacho:
(ii) La manera cómo en la actualidad cubre sus gastos. Además, debe informar su lugar de residencia y si antes del fallecimiento de su hija Valerie Fritz Villamizar convivía con ella.”(17)
(…)”.(18)
— El 13 de julio de 2016, Aliansalud E.P.S. señaló que la afiliación del señor Fritz se encuentra cancelada desde el 24 de febrero de 2015, por fallecimiento del titular. Así mismo, precisó que durante la vigencia del servicio, éste no fue utilizado por medio de la entidad promotora de salud, ni de sus IPS adscritas.(19)
— El 15 de julio de 2016, la apoderada del señor Fritz manifestó que la última vez que su poderdante prestó servicios personales a alguna empresa fue hasta finales del 2011, como instructor de idiomas en el departamento de inglés de la Universidad Industrial de Santander, razón por la que desde esa fecha fue “mantenido” por su hija.
Pese a lo anterior, reiteró que a la fecha el señor Fritz solo se limita a cubrir sus gastos personales, sin tener la posibilidad de pagar los aportes a la seguridad social en salud, debido “al temor que tiene de que la suma total no le alcance para los años que le quedan de vida”.(20)
14. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia(21) y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual, sólo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo: (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario.(22)
15. Legitimación por activa. El señor Nelson Herbert Fritz como titular de los derechos invocados, interpuso acción de tutela a través de apoderada judicial(23), razón por la cual, se encuentra acreditada la legitimidad para promoverla (C.P. art. 86º, Decreto 2591/91 art. 1º y art.10).
16. Legitimación por pasiva. El artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. A su vez el artículo 86 prevé que la acción de tutela es procedente frente a particulares cuando estos se encuentran encargados de la prestación de un servicio público(24). En el caso concreto, el Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos es una organización privada que presta el servicio público de seguridad social, por tanto, se entiende acreditado este requisito de procedencia.
17. Inmediatez. Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales. Conforme a lo anterior, la Corte ha dispuesto que se debe presentar la solicitud de amparo dentro de un plazo razonable(25).
En el caso bajo estudio, la Sala observa que el accionante presentó la demanda de tutela el 13 de noviembre de 2015(26), es decir, a los dos meses y diecisiete días del acto que generó la presunta vulneración(27) -objeción de pensión de sobreviviente, la cual fue expedida por Colfondos el 26 de agosto de 2015-; término que la Corte juzga prudente y razonable para reclamar la protección de los derechos invocados.
Respecto del reconocimiento de derechos pensionales mediante la acción de tutela, esta Corte ha señalado por regla general(28), que tal pretensión es improcedente debido a la existencia de otros mecanismos judiciales que permiten ejercer una apropiada defensa en dichos asuntos. Sin embargo, excepcionalmente se ha admitido la solicitud de amparo, en aquellos casos en los que el juez de tutela identifique que “i) su falta de reconocimiento y pago ha generado un alto grado de afectación de los derechos fundamentales del accionante, en particular de su derecho al mínimo vital; (ii) se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos; y (iii) aparece acreditado las razones por las cuales el medio de defensa judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata e integral de los derechos fundamentales presuntamente afectados o, en su lugar, se está en presencia de un perjuicio irremediable”.(29)
Así las cosas, en principio podría considerarse que el actor estaba facultado para cuestionar la decisión emitida por Colfondos, que negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, ante la jurisdicción laboral ordinaria, dado que la entidad accionada es un fondo privado de pensiones. No obstante, al analizar en concreto las especiales circunstancias de vulnerabilidad del señor Nelson Herbert Fritz relativas a su condición de sujeto de especial protección, en razón (i) a sus 75 años, (ii) a la carencia de recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, dado que actualmente no ejerce ninguna actividad laboral y además, no cuenta con algún familiar cercano en el país, lo que ha generado que deba vivir de la beneficencia de sus amigos y (iii) a la actividad desplegada ante Colfondos, con el propósito de que le fuera reconocida la pensión de sobreviviente, llevan a la Sala a concluir que el medio de control ordinario carece de eficacia para desatar la discusión planteada, pues de obligarse al actor a acudir a la jurisdicción laboral(30), a su avanzada edad y sin tener en cuenta que es un trámite que podría durar un tiempo considerable, se tornaría ineficaz la protección de los derechos fundamentales invocados por el demandante.
21. Acorde con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social se encuentra prevista como un derecho y, a la vez como un servicio público irrenunciable, cuya organización, dirección y prestación corresponde al Estado, de acuerdo con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad(31).
22. En desarrollo de lo anterior, el legislador expidió la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, norma que estructuró el Sistema General de Pensiones(32), a través de dos regímenes(33): (a) solidario de prima media con prestación definida y (b) de ahorro individual con solidaridad. Esto, con el propósito de atender los riesgos derivados de la vejez, invalidez y la muerte, por intermedio de las correspondientes pensiones y prestaciones sociales previstas en la ley, entre ellas la pensión de sobreviviente.
23. En este orden de ideas, la pensión de sobrevivientes opera en ambos regímenes pensionales. Se encuentra regulada en los capítulos IV de los respectivos títulos II y III de la Ley 100 de 1993 y su propósito es el de ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte(34).
“ART. 46.—Modificado por el art. 12, Ley 797 de 2003. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones (…)”.(35)
24. En la sentencia C-617 del 2001(36), la Corte se ocupó de analizar el régimen de la pensión de sobreviviente. Refiriéndose a la naturaleza de esta prestación, señaló que “(…) el numeral 2° de la citada disposición (es decir del artículo 46 atrás transcrito)(37), regula lo que ocurre ante la muerte del afiliado, en cuyo caso la pensión de sobrevivientes que se paga a sus familiares, es una nueva prestación de la que no gozaba el causante, que se genera -previo el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley- en razón de su muerte. Se trata, entonces, del cubrimiento de un riesgo con el pago de una prima que lo asegure y no del cambio de titular de una prestación ya causada como en el evento anterior”.
25. De conformidad con las normas vigentes, una vez verificado que el solicitante de la pensión de sobreviviente se encuentra dentro del grupo de los familiares nombrados en la mencionada norma, deberá establecerse su calidad de beneficiario, acorde con lo previsto por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003(38), la cual, modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993.
“ART. 13.—Los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, quedarán así:
PAR.—Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.” (Destaca la Sala)
26. Conforme con lo expuesto en precedencia, la Sala puede colegir que la pensión de sobreviviente es una prestación social que busca proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad(39), pues su objeto se circunscribe a que los familiares más cercanos del afiliado o pensionado fallecido puedan suplir la ausencia del apoyo económico que usualmente era otorgado por aquel, evitando que su muerte se traduzca en un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de las personas que se beneficiaban de su ayuda.(40) Por consiguiente, cuando el núcleo familiar del causante, afiliado o pensionado, se encuentre constituido por sus padres, debido a que no tenía cónyuge, compañero o compañera permanente, ni hijos, aquellos serán acreedores de la pensión de sobreviviente, siempre y cuando demuestren (i) el vínculo filial y (ii) la dependencia económica respecto del fallecido.
“ART. 76.—Inexistencia de beneficiarios. En caso de que a la muerte del afiliado o pensionado, no hubiere beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, las sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensionad, harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante.”
28. En lo relativo a la acreditación del requisito de dependencia económica, por parte de los padres y para efectos de acceder a la pensión de sobreviviente del hijo fallecido, esta Corte mediante sentencia C-111 de 2006(41), dispuso que tal exigencia no supone una carencia total de recursos propios. Según dicha providencia basta con demostrar la afectación del mínimo existencial, es decir, que los padres del fallecido no cuentan con los ingresos suficientes que garanticen una subsistencia digna.
29.1. En la sentencia T-479 del 2008(42), la Corte analizó la solicitud de amparo interpuesta por la señora Asceneth Hernández Londoño contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., el cual se negó a reconocerle la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su hijo. En esa oportunidad, se indicó que la dependencia económica atañe a la imposibilidad de los padres para solventar de forma autónoma sus propios gastos.
29.2. De manera idéntica, mediante la sentencia T-619 de 2010(43) la Corte estudió el caso de la señora Martha Dilia Ríos Tinoco, a quien la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., le negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de su hijo Germán Alberto Urriago Ríos y en esa ocasión, se sostuvo que la dependencia económica de los padres beneficiarios de la pensión de sobreviviente de su hijo fallecido, alude a la imposibilidad de sufragar los gastos propios de la vida.
29.3 La Corte Constitucional estableció en la sentencia T-140 de 2013, reiterada en la T-326 de 2013(44), que existe dependencia económica en los eventos en los que (i) se hubiese dependido de forma completa o parcial del causante; (ii) debido a la falta de la ayuda financiera del fallecido, no se pueden satisfacer las necesidades básicas o (ii) si con ocasión de la muerte del pensionado o cotizante, se afectó la condición económica o el nivel de vida que mantenían los padres antes de ese evento:
29.4. Mediante sentencia T-538 de 2015(45), la Corte recopiló todas las reglas jurisprudenciales expuestas sobre la dependencia económica, cuando se trata del reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Indicó este tribunal:
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica (…). (Subrayada fuera del texto)”.(46)
29.5. Finalmente, en reciente pronunciamiento, esta Corte reiteró que para analizar el requisito de dependencia económica de los padres respecto de los hijos a efectos de acceder a la pensión de sobreviviente, es necesario verificar que posterior al suceso del fallecimiento, no hubiese podido llevar una vida digna, con autosuficiencia económica, por cuanto antes de la muerte de su hijo estaba sometido al auxilio que recibía de él(47). Indicó esta corporación:
31. De conformidad con lo previsto en el artículo 100 superior(48), los extranjeros en Colombia disfrutarán de los mismos derechos civiles y garantías concedidas a los nacionales. Tal norma es concordante con el mandato del artículo 13(49) constitucional, el cual, consagra el derecho a la igualdad ante la ley para todas las personas, sin importar su origen nacional y con el artículo 48 de la Carta, que dispone el deber del Estado de garantizar a todos sus habitantes -sin distinción alguna en cuanto a su calidad de nacional o extranjero- la seguridad social.
32. En desarrollo de lo anterior, el Estado Colombiano ha suscrito numerosos tratados internacionales sobre derechos humanos, en los que se ha establecido el régimen de los derechos de los extranjeros y sobre los que esta Corte se ha pronunciado con el fin de determinar el alcance de los derechos fundamentales de los que son titulares. Al respecto, la sentencia C-251 de 1997(50), que declaró exequible el Protocolo de San Salvador, avala la obligación que adquieren los Estados de garantizar a todas las personas los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos a la seguridad social(51), por lo que proscribe tratos discriminatorios, en razón del origen nacional.
“12- El artículo 3º establece el deber de no discriminación, en virtud del cual los Estados se comprometen a garantizar a todas las personas los derechos económicos, sociales y culturales, por lo cual se obligan a no llevar a cabo tratos desiguales injustificados por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En forma uniforme, la más autorizada doctrina internacional considera que este deber no es de realización progresiva sino de aplicación inmediata, por lo cual se considera necesario que esta garantía se someta a escrutinio judicial y a otros tipos de control a fin de lograr su cumplimiento[28](52).”
Asimismo, en la sentencia C-288 de 2009(53), en la que se revisó la constitucionalidad del “Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)” y la Ley aprobatoria No. 1203 del 4 de julio de 2008, esta Corte sostuvo que a los extranjeros les asisten los mismos derechos que a los nacionales en temas de seguridad social.
“En primer lugar, resulta indiscutible que en principio le asisten a los extranjeros los mismos derechos que a los nacionales. Como disposiciones constitucionales pueden citarse las siguientes: 4º, deber de los nacionales y extranjeros en Colombia de acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades; artículo 13, igualdad ante la ley y no discriminación por razones de origen nacional; artículo 48, garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social; artículo 96, nacionales colombianos por nacimiento y adopción[46](54).” (Destaca la Sala).
33. Conforme con lo anterior, mediante la sentencia T-777 de 2015(55) la Corte Constitucional analizó el caso de una señora de nacionalidad ecuatoriana, quien solicitó a Colpensiones la pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge. En esa oportunidad se concluyó, luego de verificar que la actora cumplía con los requisitos legales para acceder a la misma, que procedía el reconocimiento del pago de tal prestación.
37. De conformidad con el material probatorio que obra en el expediente, se encuentra acreditado que el señor Nelson Herbert Fritz es el padre de la señora Valerie Fritz Villamizar(56). También, se evidencia que no posee ningún tipo de ingreso, pues desde el año 2011, fecha de su última vinculación laboral, no se ha empleado de manera dependiente, independiente ni ocasional. Igualmente, no cuenta con propiedades a su nombre, pues habitaba bajo el mismo techo que su hija y, ahora, su lugar de habitación depende de la caridad de amigos cercanos.
Adicionalmente, es de resaltar que a la fecha no tiene afiliación vigente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya que el servicio que le era prestado a través de Aliansalud E.P.S. fue cancelado al momento del fallecimiento de la señora Valerie Fritz Villamizar, comoquiera que ésta última era la titular de tal prestación. Lo anterior, evidencia que la ausencia de los recursos que provenían de la causante, afecta no solo el derecho fundamental al mínimo vital, sino también la seguridad social del accionante(57).
Cabe resaltar que de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993(58), la pensión de sobreviviente garantiza un pago a los beneficiarios del afiliado de por lo menos un salario mínimo; mientras que el dinero asignado como resultado del proceso de sucesión reclamado por el señor Fritz no asegura el cubrimiento de sus necesidades básicas, toda vez que ante ese supuesto es el demandante quien debe asumir la administración de ese dinero, a fin de distribuirlo, según lo que el considere como su expectativa de vida. El reconocimiento de la pensión es entonces, a juicio del accionante, el instrumento adecuado para asegurar la subsistencia en condiciones dignas.
39. Ahora bien, aunque el demandante posea la calidad de beneficiario de la pensión de sobreviviente de su hija, la Sala está obligada a revisar el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 46(59) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de determinar si en este caso se cumple con el mínimo de semanas cotizadas para acceder al reconocimiento de la pensión de sobreviviente. No obstante, es preciso resaltar que la decisión de Colfondos de negar el reconocimiento del derecho pensional en cabeza del señor Nelson Herbert Fritz, solo aludió a la supuesta ausencia de dependencia económica frente a su hija fallecida, invocando para el efecto la investigación adelantada por Consultando Ltda.
40. Según lo indicado por Colfondos, la señora Valerie Fritz Villamizar fue afiliada al fondo de pensiones desde el 1 de julio de 2002 y hasta la fecha de su fallecimiento, con un saldo en su cuenta de ahorro individual de 5.554.51653915 unidades(60). Tales indicaciones, unidas a la circunstancia de que la accionada, pese a haber intervenido en el presente proceso de tutela, no hizo referencia alguna al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, llevan a la Sala a concluir que el señor Nelson Herbert Fritz sí cumple con todas las exigencias, para hacerse acreedor a la pensión de sobreviviente de su fallecida hija(61).
1. REVOCAR la sentencia proferida el 26 de enero de 2016 por el Juzgado Treinta Cuatro Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que confirmó el fallo emitido el 27 de noviembre de 2015 por el Juzgado Veintiuno Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante los cuales declaró improcedente la acción de tutela formulada por el señor Nelson Herbert Fritz contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos y en su lugar, tutelar los derechos fundamentales a la vida digna, salud y mínimo vital del accionante.
2. DEJAR sin efectos la decisión del Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos expedida el 26 de agosto de 2015, a través de la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor del señor Nelson Herbert Fritz.
3. ORDENAR al señor Nelson Herbert Fritz que, si a bien lo tiene, luego de evaluar los efectos financieros de la presente decisión, de conformidad con lo señalado en el numeral 42 y en un término máximo de cinco (5) días hábiles, siguientes a la notificación de la presente decisión, devuelva el saldo del dinero que reclamó en el proceso de sucesión de la señora Valerie Fritz Villamizar, acorde con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. Para el efecto y si el accionante así lo solicita -en el término anteriormente señalado- Colfondos deberá brindarle asesoría integral para tomar esta decisión por intermedio de un funcionario con conocimiento de su situación.
4. ORDENAR al Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos, luego de realizado lo anterior, que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al momento en que se reciba el dinero por parte del accionante, conceda la pensión de sobreviviente en favor del señor Nelson Herbert Fritz, lo incluya en la nómina de pensionados y active su afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
5. PREVENIR al Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos, para que en lo sucesivo, ante casos similares, se abstenga de emitir decisiones que sean contrarias a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
Magistrados: Alejandro Linares Cantillo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
1 Folio 1 – 18 cuaderno No. 3.
2 Acorde con la cédula de extranjería – residente, visible a folio 17 del cuaderno No. 3., el señor Nelson Herbery Fritz es de nacionalidad estadounidense y nació el 16 de noviembre de 1941.
3 En el folio 11 cuaderno No. 3, se observa el registro de nacimiento de la señora Valerie Fritz Villamizar, en el que consta que su padre es el señor Nelson Herbert Fritz.
4 Folio 1 cuaderno No. 3.
5 ver: folio 13 del mismo cuaderno, obra declaración jurada del señor Juan Pablo Reyes Villamizar, en calidad de primo de la señorita Valerie Fritz Villamizar, quien aseguró que “el señor Nelson H. Fritz dependía económicamente económicamente y en un 100% de la señorita Valerie Fritz Villamizar, (…). Adicionalmente, manifiesto que me consta directa y personalmente que el señor que el señor Nelson H. Fritz vivía bajo el mismo techo con la señorita Valerie Fritz Villamizar, en la vivienda arrendada por ésta en la ciudad de Bogotá hasta su fallecimiento, y que la vivienda en cuestión tuvo que ser restituida por el señor Nelson H. Fritz (…).” Igualmente a folio 14 del cuaderno No. 3, en la declaración jurada de la señora Graciela Ortiz, amiga personal de la señora Valerie Fritz Villamizar, se precisó que “(…) Nelson Herbert Fritz (…) dependía económicamente en forma exclusiva y en un 100% de su hija Valerie Fritz Villamizar y nadie más dependía económicamente de ella (…).” En el mismo sentido, a folio 15 del citado cuaderno, obra declaración jurada de la señora María Catalina Ximena Castellanos Abonda, en calidad de empleadora de la señora Valerie Fritz Villamizar, quien afirmó que “Finalmente, me consta también que su padre, el señor Nelson H. Fritz (…) dependía económicamente, en forma exclusiva y en un 100% de la señorita Valerie Fritz Villamizar, y que nadie más dependía económicamente de ella (…); razón por la cual, no existen otras personas, tales como hijos, con igual o mejor derecho a reclamar a causa de su muerte.”
6 Acorde con los elementos probatorios solicitados por la primera instancia se advierte que el actor (i) no se encuentra inscrito en la base catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (folio 44 cuaderno No. 3), (ii) no tiene sociedades comerciales, activas, vigentes, de acuerdo con el certificado de Confecámaras (folio 45 – 51 cuaderno No. 3), (iii) igualmente la Cámara de Comercio de Bogotá certificó que a la fecha el señor Nelson Herbert Fritz no figura inscrito como persona natural, no es propietario de establecimiento de comercio, ni titular de cuotas en sociedad alguna (folio 53 – 54 cuaderno No. 3), (iv) el informe de DataCrédito señala que el accionante tiene vigente una cuenta de ahorro en Bancolombia y ninguna obligación financiera activa desde octubre del 2014 (folio 111 – 112 cuaderno No.3).
7 Folio 14 cuaderno No. 3, se encuentra declaración jurada de la señora Graciela Ortiz, en calidad de amiga personal de la señora Valerie Fritz Villamizar, quien sostuvo que “(…) al momento de su fallecimiento era soltera, nunca contrajo matrimonio civil ni católico ni por ningún otro rito, no convivía en unión marital de hecho con nadie, no procreó hijos extramatrimoniales ni tenía hijos adoptivos ni por reconocer. Por lo tanto no conozco a otra persona con mejor o igual derecho a reclamar que su padre Nelson Herbert Fritz.
8 Folio 12 del cuaderno No. 3, se advierte el registro civil de defunción de la señora Valerie Fritz Villamizar.
9 Folio 23 cuaderno principal, contentivo de la respuesta a las pruebas solicitadas por la Sala de Revisión de esta Corporación a Colfondos. Además en el mismo documento se informa del valor de la unidad a 6 de julio de 2015, era de $31.911.50486885, pero nada se dice respecto de la suma total depositada en la cuenta pensional.
10 Folio 15 cuaderno No. 3, obra declaración jurada de la señora María Catalina Ximena Castellanos Abonda, en calidad de empleadora de la señora Valerie Fritz Villamizar, quien afirmó que “la señorita Valerie Fritz Villamizar ininterrumpidamente mantuvo vinculado al Sistema de Seguridad Social en Salud a su padre, el señor Nelson H. Fritz (…) tal y como consta en nuestras planillas de pago, y que por lo tanto, desde la fecha de su fallecimiento, el señor Nelson H. Fritz se encuentra sin cubrimiento del Sistema General de seguridad Social en Salud, por no contar con los medios económicos correspondientes para costear dicho gasto.”
11 Folio 16 del cuaderno No. 3. “(…). Sin embargo, de la investigación realizada por la compañía a este caso, se puede resaltar que el señor Nelson Herbert Fritz, no dependía económicamente de la afiliada fallecida, lo cual nos lleva a concluir que el reclamante no cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser tenido en cuenta como beneficiario de la pensión de sobreviviente.
12 Folio 13 del cuaderno No. 3, obra declaración jurada del señor Juan Pablo Reyes Villamizar, en calidad de primo de la señorita Valerie Fritz Villamizar, quien indicó que “También me consta que desde entonces el señor Nelson H. Fritz, (…), ante la imposibilidad de pagar un arriendo, ha sido acogido temporalmente en habitaciones de terceros en la ciudad de Bucaramanga, esperando que se le reconozca la pensión de su hija para poder arrendar para sí mismo una vivienda permanente y digna.” Así mismos, a folio 14 del cuaderno No. 3, en la declaración jurada de la señora Graciela Ortiz, en calidad de amiga personal de la señora Valerie Fritz Villamizar, se indicó que “(…) en mi calidad de amiga personal del Sr. Nelson Herbert Fritz, actualmente me encuentro brindándole de manera voluntaria y como acto humanitario, alguna ayuda albergándolo temporalmente en mi casa, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, sufragando sus gastos básicos, entre ellos alojamiento y alimentación, ya que él no cuenta con ningún tipo de ingresos para su sobrevivencia. No obstante lo anterior, debido a mi precaria capacidad económica, no me encuentro en condiciones de continuar realizando este apoyo por un lapso de tiempo mayor a dos meses. Por ello no dudo en afirmar que el reconocimiento de la pensión es absolutamente vital para el señor Nelson Herbert Fritz, pues él carece de cualquier recurso y no tiene donde vivir cuando yo tenga que dejar de alojarlo por razones humanitarias.”
13 Folio 56 – 60 cuaderno No. 3.
14 Folio 120 – 131 cuaderno No. 3.
15 Folio 140 – 145 cuaderno No. 3.
16 Folio 4 – 10 cuaderno No. 2.
17 Folio 17 cuaderno principal.
18 Folio 19 – 103 cuaderno principal.
19 Folio 104 – 105 cuaderno principal.
20 Folio 108 – 118 cuaderno principal.
21 Ver, entre otras, sentencias T-119/15, T-250/15, T-446/15 y T-548/15, y T-317/15.
22 Acerca del perjuicio irremediable, esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos requisitos para que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.” Ver, sentencia T-896/07, entre otras.
23 Folio 7 – 8 cuaderno No. 3.
24 Ver sentencia C-378 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En esa ocasión la Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3º (parcial) del artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991, “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” y al respecto señaló: “Son tres las hipótesis previstas por el Constituyente respecto de la procedencia de la acción de tutela en el caso de acciones u omisiones de particulares, a saber: a) Cuando el particular presta un servicio público; b) Cuando la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo; y c) Cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.” (Destaca la Sala).
25 Ver sentencias T-1013 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-584 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T- 332 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos, entre otras.
26 Folio 19 cuaderno No. 3.
27 Folio 16 cuaderno No. 3.
28 Ver sentencias que negaron por improcedente el reconocimiento de la pensión de sobreviviente: T-344 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-151 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras.
29 Ver T-538 del 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En esa ocasión, la Corte estudió el caso de la señora Dora Alicia Ávila Romero, a quien el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación de Cundinamarca le negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de su hija.
30 Cabe advertir, que en aquellos casos en los cuales la acción de amparo para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente no supere los requisitos de la subsidiariedad, el actor cuenta con la posibilidad de solicitar en la jurisdicción laboral ordinaria, las medidas cautelares contempladas en el Código General del Proceso, especialmente aquellas denominadas innominadas. Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Fernando Castillo Cadena, en auto de fecha 04 de mayo de 2016, dentro del proceso No. 58156, precisó que las medidas cautelares contenidas en el Código General del Proceso solo se aplicaran al procedimiento ordinario, a falta de disposición especial en éste último: “según se extrae del artículo 145 del Estatuto Procesal Laboral, la analogía legal únicamente procede «a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo» y siempre que «sea compatible y necesaria para definir el asunto»”.
31 Sentencias T-207 de 1995 MP. Alejandro Martínez Caballero; T- 409 de 1995 MP. Antonio Barrera Carbonell y C-577 de 1995 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
32 Art. 10.-“Objeto del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones”.
33 Art.12.- “Regímenes del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber: a) Régimen solidario de prima media con prestación definida, y b) Régimen de ahorro individual con solidaridad”.
34 C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte se pronunció en dicha oportunidad sobre la constitucionalidad de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, cuyo contenido hace referencia a la pensión de sobreviviente, el primero en el régimen solidario de prima media con prestación definida y el segundo, de ahorro individual con solidaridad.
35 Las condiciones a las que hacía referencia el artículo transcrito y que aludían al requisito de “fidelidad”, fueron declaradas inexequibles mediante la sentencia C-556 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
37 Lo que se encuentra entre paréntesis no hace parte del texto original
38 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
39 C-1094 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Trivino. En esa ocasión, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos 11, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 797 de 2003.
40 T-326 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. La Corte estudio el caso de la señora Blanca Marina Cagua Alonso, quien solicitó ante el Fondo de Pensiones y Cesantías BBVA HORIZONTE, el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de su hijo. En esa oportunidad, concedió el amparo solicitado y ordenó al BBVA que procediera a realizar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la accionante.
41 M.P. Rodrigo escobar Gil. En esa ocasión la Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones “total y absoluta” que contenía el literal d del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dado que “sacrificaba desproporcionadamente los derechos de los padres, tales como el mínimo vital, la dignidad humana, la solidaridad y a la protección integral de la familia”.
44 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Al respecto la Corte estudió el caso de la señora Laura María Medina de Palencia, a quien el ISS le negó la pensión de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de su hijo.
46 Los paréntesis corresponden a las notas de pie de página, citadas en la sentencia referida.
47 Ver sentencia C-066 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo, que reiteró la sentencia C-111 de 2006. En esa oportunidad la Corte estudió la constitucionalidad de los literales c) y e) (parcial) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, referidos al requisito de dependencia económica que deben acreditar los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años y los hermanos discapacitados, para acceder a la pensión de sobreviviente del causante.
48 Art.-100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.
49 ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. (…) (Destaca la Sala)
51 Artículo 9 Derecho a la Seguridad Social: 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
52 La cita señalada hace referencia al pie de página señalado en la sentencia C-251 de 1997.
54 La cita señalada hace referencia al pie de página señalado en la sentencia C-288 de 2009.
56 De acuerdo con la sentencia T-427 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería, la prueba idónea de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, es la correspondiente copia del registro civil de nacimiento.
57 Ver acápite de hechos relevantes.
58 ARTICULO 48.-Monto de la pensión de sobrevivientes. El monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquél disfrutaba. // El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación. // En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente ley. (Destaca la Sala)
59 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones (…)”.
60 Folio 19 -25 cuaderno principal.
61 Al respecto ver sentencia T- 326 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esa ocasión la Corte Constitucional analizó el caso de la señora Blanca Marina Cagua Alonso, a quien el Fondo de Pensiones y Cesantías BBVA HORIZONTE, negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de su hijo, pues en su sentir la señora no cumplía con el requisito de dependencia económica. Sin embargo, la accionada guardó silencio respecto de los demás requisitos para acceder a tal prestación (artículo 46 de la Ley 100 de 1993), razón por la cual, la Corte al encontrar acreditada la dependencia económica de la actora respecto de su fallecido hijo, entendió que como no fue objeto de pronunciamiento las demás exigencias legales, se cumplían con estas y en ese sentido concedió el amparo solicitado.