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Timestamp: 2018-12-15 00:35:48
Document Index: 355627238

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 151', 'ARTÍCULO 151', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 151', 'artículo 151']

﻿ SENTENCIA C-668 DE NOVIEMBRE 30 DE 2016
SENTENCIA C-668 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:AMPARO DE POBREZA PARA QUIEN NO ESTÉ EN CAPACIDAD DE ATENDER LOS GASTOS DEL PROCESO, SALVO CUANDO PRETENDA HACER VALER UN TÍTULO ONEROSO. SE PRECISA QUE EL AMPARO DE POBREZA SE FUNDAMENTA EN EL PRINCIPIO GENERAL DE GRATUIDAD DE LA JUSTICIA, SIENDO SU FINALIDAD HACER POSIBLE EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS A LA JUSTICIA, POR CUANTO SE HA INSTITUIDO PRECISAMENTE A FAVOR DE QUIENES NO ESTÁN EN CONDICIONES ECONÓMICAS DE ATENDER LOS GASTOS DEL PROCESO. OBVIAMENTE, ESTE PRINCIPIO DE LA GRATUIDAD NO ES ABSOLUTO, EXISTIENDO LIMITACIONES Y EXCEPCIONES CONSAGRADAS POR EL MISMO LEGISLADOR EN VIRTUD DE LA CLÁUSULA GENERAL DE COMPETENCIA QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN EN LOS ARTÍCULOS 150 A 152. SE CONCLUYE ENTONCES, QUE LA EXPRESIÓN “SALVO CUANDO PRETENDA HACER VALER UN DERECHO LITIGIOSO A TÍTULO ONEROSO”, DEL ARTÍCULO 151 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA CONCESIÓN DEL AMPARO DE POBREZA, SEGÚN LA CUAL EL LEGISLADOR PRESUME LA CAPACIDAD DE PAGO DE QUIEN ACABA DE ADQUIRIR, A TÍTULO ONEROSO, UN DERECHO QUE ESTÁ EN PLEITO, ES DECIR, SOBRE EL CUAL NO EXISTE CERTEZA. FINALMENTE, EL ALTO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE DECLARA INHIBIDO PARA EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE FONDO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXPRESIÓN “SALVO CUANDO SE PRETENDA HACER VALER UN DERECHO LITIGIOSO A TÍTULO ONEROSO” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY 1564 DE 2015, POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO A TÍTULO ONEROSO, AMPARO DE POBREZA, OPORTUNIDAD DEL AMPARO DE POBREZA, PROCEDENCIA DEL AMPARO DE POBREZA, REQUISITOS DEL AMPARO DE POBREZA, SOLICITUD DE AMPARO DE POBREZA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, TÍTULO ONEROSO
Sentencia C-668 de noviembre 30 de 2016
Ref.: Exp. D-11458
Bogotá, D.C., treinta de noviembre dos mil dieciséis.
EXTRACTOS: «1. Texto de la norma demandada.
Diario Oficial Nº 48.489 de 12 de julio de 2012
“ART. 151.—Procedencia. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvocuandopretendahacervalerunderecholitigiosoatítulooneroso”.
2.2. Fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda.
“desde la óptica de la Constitución —artículo 1º, 2º,13, 229— si la persona se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, que sean un obstáculo para reclamar un derecho, así éste tenga un carácter oneroso, debe dársele el beneficio del amparo de pobreza a fin de que pueda judicialmente hacerlo efectivo, de conformidad con los mandatos constitucionales enunciados en precedencia En particular al derecho de igualdad, el mismo que otorga protección especial a quien por circunstancias de debilidad manifiesta se encuentre inerme para exigir un derecho aun siendo de naturaleza onerosa, anta instancias judiciales”.
De lo expuesto en precedencia es diáfano que el hecho de que una persona, aún siendo titular de un derecho litigioso oneroso, puede verse impedida para exigir tal derecho judicialmente por encontrarse en situaciones —debilidad manifiesta— que impidan materializarlo y con ello negándose el acceso a la administración de justicia, hecho reprochable a la luz de la Constitución en especial al axioma contenido en el canon 299 de nuestra Carta.”
2.2.1. La regulación estatutaria y legal del amparo de pobreza.
En cuanto a la oportunidad, competencia y requisitos, el amparo deberá ser solicitado por el demandante, bajo la gravedad del juramento y antes de la presentación de la demanda, “o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso”. (art. 152 del Código General del Proceso).
2.2.2. Naturaleza jurídica del amparo de pobreza.
El amparo de pobreza es una institución procesal cuyas raíces históricas se hallan en las siete partidas(3). Se encuentra diseñada para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 229), en condiciones de igualdad (art. 13). En palabras del Consejo de Estado:
“Evidentemente el objeto de este instituto procesal es asegurar a los pobres la defensa de sus derechos, colocándolos en condiciones de accesibilidad a la justicia, dentro de una sociedad caracterizada por las desigualdades sociales. Para ello los exime de los obstáculos o cargas de carácter económico que aún subsisten en el campo de la solución jurisdiccional, como lo son los honorarios de los abogados, los honorarios de los peritos, las cauciones y otras expensas”(4).
“El amparo de pobreza se fundamenta en dos principios básicos de nuestro sistema judicial como son la gratuidad de la justicia y la desigualdad de las partes ante la ley.”(5)
“resulta admisible interpretar en sentido amplio dicha disposición a fin de extender su alcance a las personas jurídicas, siempre y cuando se encuentren en una crítica situación financiera tal que, por padecerla, verdaderamente no se hallan en condiciones de atender los gastos de un proceso, sin dejar en vilo su supervivencia o sin precipitar su definitiva extinción en forma estruendosa desde el punto de vista económico”(6)
2.2.3. Pronunciamientos de la Corte sobre la figura del amparo de pobreza.
• Por regla general, las partes deben asumir los costos del proceso: Actuando de conformidad con la cláusula general de competencia, el legislador fija las costas y las cargas procesales propias de cada juicio. Con base en la misma facultad, crea figuras como el amparo de pobreza, dirigidas a asegurar el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia, en condiciones de igualdad. (Sent. C- 808/2002).
• Los fines constitucionales del amparo de pobreza: Esta figura se instituyó con el fin de que aquellas personas que, por sus condiciones económicas no pudiesen sufragar los gastos derivados de un proceso judicial, contaran con el apoyo del aparato estatal en aras de garantizar un efectivo acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229), un debido proceso y la consecuente posibilidad de ejercer el derecho de defensa (C.P., art. 29) (Sent. C-037/96)
• Amparo de pobreza y ejercicio de derecho de defensa: Los abogados que sean designados para ejercer la defensa judicial de una persona, a cuyo favor se haya decretado un amparo de pobreza, deberá actuar diligentemente, so pena de que la providencia judicial que resulte el caso adolezca de un defecto por violación del artículo 29 Superior (Sent. T-544/2015).
• La improcedencia de la terminación del amparo de pobreza en el proceso verbal sumario no lesiona los derechos de las partes: Siendo el verbal sumario un proceso tan breve, no hay tiempo suficiente para demostrar que el amparado por pobre se ha recuperado económicamente y por ello mal se haría en hacer cesar el derecho concedido para adelantar tales actividades, que en nada perjudican ni al demandante ni al demandado, pues de lo que se trata es de aplicar una justicia pronta, eficaz y oportuna. Situación diferente se presentaría en caso de que se prohibiera invocar dicho amparo. (Sent. C-179/95).
• La concesión del amparo de pobreza no vulnera el derecho a la igualdad; por el contrario, lo garantiza: El hecho de que el Estado asuma las costas del amparado por pobre para acceder a la administración de justicia y no haga lo mismo con quien sí tiene recursos para atender los eventuales costos, no vulnera el derecho a la igualdad, porque, precisamente se parte de una diferencia, la distinta situación económica en que se encuentra cada uno (los solventes respecto de los no solventes). Por ende, dicha diferencia justifica el trato distinto, garantizando al punto el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder a la administración de justicia (Sent. C-807/2002).
• El amparo de pobreza es una medida correctiva y equilibrante, y en consecuencia, de aplicación restringida: Por cuanto la ley busca garantizar la igualdad en situaciones que originalmente eran de desigualdad. Supone entonces un beneficio, que bien puede concederse a una sola de las partes, naturalmente aquella que lo necesita. Por igual motivo, este amparo no debe otorgarse al sujeto procesal que no se encuentre en la situación de hecho que esta institución busca corregir. Así pues, la figura del amparo de pobreza persigue una finalidad constitucionalmente válida, cual es facilitar el acceso de todas las personas a la administración de justicia (Sent. T-114/2007).
2.2.4. Sentido y alcance de la norma acusada.
“También estamos porque solo se conceda el amparo a los individuos que lo necesitan, pero no a título de cesión ha de ser el derecho que se reclama, pues de otro modo éste sería un medio de sacar brasa por mano ajena, como quien dudando vencer en un litigio o quisiera promover un pleito temerario, no tendría sino que ceder sus derechos a un amparado por pobre, y coludidos pleitear esquivando los gastos judiciales, las costas y las fianzas, abroquelado con el amparo dicho”(7).
“ART. 584.—Todo el que tenga interés en seguir un juicio para la efectividad deunderechoquenohayasidoadquiridoporcesión, o que tenga que defenderse del pleito que le hayan promovido y no pueda hacer los gastos del litigio sin menoscabar lo absolutamente necesario para su subsistencia y la de aquellas personas a quienes debe alimentos por ministerio de la ley, tiene derecho a que se le ampare para litigar como pobre” (negrillas y subrayados agregados).
“ART. 160.—Procedencia. Se concederá el amparo de pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso, sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimento, salvo cuando se pretendahacervalerunderechoadquiridoporcesión” (negrillas y subrayados agregados).
“ART. 6º—En los procesos a que hace referencia la presente ley, el costo total del examen será sufragado por el Estado, sólo cuando se trate de personas a quienes se les haya concedido el amparo de pobreza. En los demás casos correrá por cuenta de quien solicite la prueba.”
El anterior artículo significa, en palabras de Pothier, que “El vendedor transfiere sus pretensiones al comprador, bien o mal fundadas, tales como son”.(8) O en otras palabras: “de suyo (naturalia negotia), como en las demás hipótesis, y según la naturaleza del crédito y del título a que se haga la cesión, el cedente del crédito simplemente inviste al cesionario de su condición de acreedor litigante en las condiciones y en el estado en que se encuentre el litigio, sin asegurar en manera alguna el resultado”(9).
2.2.5. Ausencia de certeza, especificidad y suficiencia del cargo de inconstitucionalidad.
El interviniente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la doctrina nacional señalan que la norma demandada opera una exclusión específica del amparo de pobreza “cuando el derecho reclamado se ha adquirido por cesión, a título oneroso se pierde el beneficio”(10). De tal suerte que el legislador no ha pretendido excluir del beneficio del amparo de pobreza a quien haya adquirido, en forma onerosa, un derecho o un bien, que posteriormente resulten litigiosos. El supuesto excluido es el siguiente: una persona adquiere, a título oneroso, un derecho cuya titularidad se encuentra en disputa judicial (derecho litigioso), y luego pretende que sea concedido a su favor un amparo de pobreza.
1. Los ciudadanos Martin Vargas Nacobe y Olga Lucía Hernández Acosta demandan la inconstitucionalidad de la expresión “salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso”, del artículo 151 del Código General del Proceso, en tanto limitante para la concesión del amparo de pobreza. A su juicio, se trata de una medida desproporcionada, que vulnera el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
5. Por las anteriores razones, la Corte decidió declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión “salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso” contenida en el artículo 151 de la Ley 1564 de 2015, por ineptitud sustantiva de la demanda.
3 José Chiovenda, Derecho Procesal Civil, Madrid, 1922.
4 Consejo de Estado, Auto del 4 de julio de 1981, Sala de lo Contencioso Administrativo.
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto del 14 de diciembre de 1983.
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto del 1º agosto de 2003.
7 Ley 103 de 1923, Código Judicial, comentado por Archila y Arguello, Bogotá, 1940
8 Pothier, Traité de la vente, París, 1834.
9 Fernando Hinestrosa, Tratado de las obligaciones. Concepto, estructura, vicisitudes. Tomo I., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, pág. 462.
10 Hernán Fabio López Blanco, Código General del Proceso. Parte General, Bogotá, Dupre Editores, 2016, pág. 1069.