Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A110-09.htm
Timestamp: 2017-11-20 13:43:04
Document Index: 398870540

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 116', 'artículo 335', 'artículo 148', 'artículo 52', 'artículo 1']

A110-09
Auto 110/09
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PENAL MUNICIPAL, JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA Y TRIBUNAL SUPERIOR
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Entidad descentralizada del orden nacional
PROCESOS DE INTERVENCION DE CAPTADORES DE DINERO NO AUTORIZADOS-Expedición Decreto 4334/08
SUPERINTENDENCIA-Actos dictados en uso de sus facultades jurisdiccionales no tienen acción o recurso
ACCION DE TUTELA CONTRA LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Conocimiento directo de la Corte Constitucional en aras de garantizar sin más dilación el acceso a la administración de justicia
ACCION DE TUTELA CONTRA LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Competencia de Tribunal Superior
Referencia: expediente ICC - 1385
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogotá, el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil.
1. El 5 de enero de 2009, a través de apoderado, la señora Teresa León Espejo interpuso acción de tutela contra la “Superintendencia de Sociedades a través del superintendente delegado para procedimientos mercantiles”, solicitando la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, entre otros, por presunta vulneración por parte del ente demandado, debido a que como proveedor de los supermercados el Gran Trigal “se ha visto afectada con las medidas tomadas por el gobierno nacional, por cuanto, la Superintendencia de Sociedades, cerró los establecimientos de comercio (supermercados), lo que impidió la venta de productos cuando ejercitó medidas cautelares en contra de las firmas intervenidas”.
2. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogotá, el cual por medio de auto de enero 7 de 2009, resolvió remitir la acción instaurada al “Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad” por considerar que:
“… la demanda de tutela se instauró contra un organismo de orden nacional, por tanto la competencia le corresponde al Juez Penal del Circuito, de conformidad con lo establecido en el art. 1, numeral 2 de Decreto 1382 de 2000.
De otro lado, como los Juzgados Penales del Circuito se encuentran en vacancia judicial corresponde asumir el conocimiento de la acción a jueces de igual jerarquía como lo sería el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.”
3. El Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá mediante auto de enero 13 de 2009, manifestó su discrepancia frente a lo expresado, argumentando que “este despacho judicial no es el competente para conocer de dicha acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1382 del 12 de julio de 2002, artículo 1, numeral 1, de manera inmediata envíense las diligencias al Honorable Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca, para los fines pertinentes”.
4. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante auto de enero 19 de 2009, asumió el asunto como si se lo hubieran enviado a su conocimiento y planteó “colisión negativa de competencia”, argumentando:
“… considera el despacho que en este caso, la decisión que se pretende enervar, si bien fue adoptada al interior de un proceso de toma de posesión administrativa, las facultades ejercidas por la Superintendencia de Sociedades son eminentemente jurisdiccionales, de suerte que, al desplazar dicho ente a una autoridad judicial con categoría de circuito, la competencia para dilucidar el asunto que nos ocupa correspondería a su superior jerárquico, conforme a lo previsto en el inciso primero, numeral segundo, artículo primero del Decreto 1382 de 2000…
Dado lo anterior, al haber sido emitida la decisión que dio lugar al inconformismo del accionante en la ciudad de Bogotá, corresponde al Tribunal Superior de esta ciudad la competencia para dilucidar este asunto, por lo que dispondrá su remisión por competencia a la Sala Civil de dicha colegiatura, proponiendo desde ya la colisión negativa de competencia…”
5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, mediante proveído de enero 22 de 2009, señaló:
“… no comparte el Despacho el argumento expuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura relativo a que la decisión materia de censura proviene del ejercicio de facultades jurisdiccionales, con apego al cual resolvió remitir el expediente a esta Sala, toda vez que la toma de posesión de haberes y negocios de una sociedad comercial, concretamente de DMG Grupo Holding S.A. que en esencia constituye el motivo de censura en la presente demanda no comporta un acto de tal índole, al ser palmario que los jueces del circuito no tienen la función de intervención administrativa de sociedades vigiladas por la Supersociedades.”
Se observa que el llamado conflicto negativo de competencia que se resuelve, es el resultado de una discrepancia sobre el ente contra el cual la accionante dirige su acción, de lo que surgen dos posibilidades:
1. La Superintendencia de Sociedades es una entidad descentralizada del orden nacional, “organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la Ley en relación con otras personas jurídicas o naturales” [2].
2. Sin embargo, la acción de tutela fue invocada contra determinaciones de la Superintendencia de Sociedades en las que ésta desarrollaba una función judicial, según lo contemplado en el artículo 116 superior.
El Decreto 4334 de noviembre 17 de 2008, “por el cual se expide un procedimiento de intervención en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008”, fue dictado al considerarse que “se han presentado conductas y actividades sobrevinientes por parte de personas naturales y jurídicas que atentan contra el interés público protegido por el artículo 335 de la C. P., en tanto que por la modalidad de captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones y negociaciones, generan abuso del derecho y fraude a la ley al ocultar en fachadas jurídicas legales, el ejercicio no autorizado de la actividad financiera, causando graves perjuicios al orden social y amenazando el orden público, tal como fue expresado en el decreto de Declaratoria de Emergencia, razón por la cual, el Gobierno Nacional debe adoptar urgentes medidas con fuerza de ley que intervengan de manera inmediata las conductas, operaciones y el patrimonio de las personas involucradas y en las de quienes amenazan con desarrollarlas en adelante”.
De igual forma, el inciso 3° del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 52 de la Ley 510 de 1999 estipula: “Los actos que dicten las Superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del fallo definitivo, serán apelables ante las mismas.” (No está resaltado en el texto original).
Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación señaló[3]:
“… tenemos dos opciones para determinar la autoridad judicial competente para dar trámite al presente asunto. La primera de ellas, es dar una aplicación aislada del Numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, y por tanto, la competencia radicaría en los jueces del circuito. La segunda, es hacer una interpretación sistemática y dar aplicación a las normas especiales que regulan la competencia en los asuntos en que las Superintendencias cumplen funciones jurisdiccionales.
9. En relación con el primero de los caminos, se llegaría a la conclusión que las tutelas interpuestas en contra de la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de las facultades conferidas bajo el estado de excepción, serían conocidas por el juez del circuito, es decir, por la misma autoridad judicial que esta entidad administrativa está reemplazando en forma transitoria.
Así mismo, cabe señalar que en virtud del carácter legal y especial de la Ley 446 de 1998, ésta prima sobre el decreto 1382 de 2000. De la misma forma, es preciso reiterar que la jurisprudencia constitucional ha señalado que las disposiciones contenidas en el Decreto no regulan propiamente la competencia sino el reparto en el conocimiento de las acciones de amparo.
10. Es por ello que la segunda de las opciones se abre como la posibilidad que más se acompasa con la situación excepcional creada bajo el amparo de la emergencia social.
11.- En esta medida y teniendo en cuenta que bajo las facultades del estado de emergencia social, la Superintendencia de Sociedades suple en forma transitoria algunas de las competencias asignadas a los jueces del circuito, la acción de tutela interpuesta en el presente asunto, con ocasión de las decisiones proferidas dentro de los procesos de ‘toma de posesión para devolver’, debe ser conocida por su superior jerárquico. Por lo anterior, la competencia recae en los Tribunales o Consejos Seccionales de la Judicatura.”
Ante lo referido, en ejercicio de su función de guardián superior de la integridad y supremacía de la Constitución[4] y para que la decisión no sufra más retardos, esta Corte remitirá la acción de inmediato al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, para que tramite y resuelva como corresponde.
Remitir el expediente de la referencia, por intermedio de la Secretaría General, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, para que en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, tramite y decida la acción de tutela instaurada a través de apoderada por Teresa León Espejo, contra la Superintendencia de Sociedades.
Infórmese esta decisión, además, al Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogotá, al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
[2] http://www.supersociedades.gov.co
[3] Auto 061 de febrero 10 de 2009, al resolver una colisión de competencia en el asunto de radicación ICC- 1375, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[4] Al dirimir anteriores conflictos de competencia (cfr. ICC – 755 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otros), la Corte Constitucional ha decidido resolverlos directamente, dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela hasta la fecha en que ésta se decide.