Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00710-de-febrero-13-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fb1f20846cb403a8e0430a01015103a8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-16 16:43:53
Document Index: 30227312

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 40', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 21']

﻿ Sentencia 2011-00710 de febrero 13 de 2014
SENTENCIA 2011-00710 DE 13 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:CONCEPTOS JURÍDICOS NO SIRVEN DE EXCUSA PARA INCUMPLIR RÉGIMEN DE INHABILIDADES. SE ESTABLECIÓ QUE, EL INCUMPLIMIENTO DE UNA CAUSAL DE INHABILIDAD EXCUSADO EN UN CONCEPTO RENDIDO POR ABOGADOS CONSULTORES EXTERNOS DE UNA ENTIDAD ADMINISTRATIVA, NO ES DE RECIBO, TODA VEZ QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO GENERAL, A TRAVÉS DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS SE EXPRESAN OPINIONES O POSICIONES JURÍDICAS EN RELACIÓN CON UN DETERMINADO ASUNTO JURÍDICO EN PARTICULAR, ESTOS CONCEPTOS TIENEN LA FINALIDAD DE INSTRUIR, ORIENTAR O INTERPRETAR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA EN DETERMINADO CONTEXTO Y NO SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA QUIEN EFECTÚE LA CONSULTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA, PROCESO DISCIPLINARIO, RÉGIMEN DE INHABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO, CONTROL JUDICIAL DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO
Sentencia 2011-00710 de febrero 13 de 2014
Rad.: 11001-03-25-000-2011-00710-00(2701-11)
Actor: Enrique de Jesús Valencia Montoya
Al revisar la decisión sancionatoria de segunda instancia, que confirma la “sentencia” (sic) de 9 de octubre 2000 y el concepto rendido por la procuradora tercera delegada ante esta corporación, la Sala considera importante hacer las siguientes precisiones:
Aunque la jurisprudencia no ha sido unánime al definir la naturaleza de la acción disciplinaria, esta Sala ha precisado(1) que la ejercida por la Procuraduría General de la Nación, es de naturaleza administrativa, y en consecuencia los actos proferidos dentro del proceso disciplinario están sujetos, sin limitación alguna, al control de legalidad y constitucionalidad que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa.
Finalmente, es importante precisar que los actos administrativos proferidos dentro del proceso disciplinario, no pueden ser denominados sentencias, como lo hace el procurador 117 judicial penal, pues como lo ha indicado esta Sala(2), La procuraduría no juzga ni sentencia, pues no cumple una función jurisdiccional.
El problema jurídico se contrae a establecer la legalidad de la Resolución 16 de 9 de octubre de 2000 proferida por la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, y decisión de segunda instancia de 15 de mayo de 2003, de la Procuraduría 117 Judicial Penal, a través de los cuales se sanciona al actor con suspensión de funciones sin remuneración por el término de sesenta (60) días.
— Mediante oficio de fecha 17 de diciembre de 1997, los usuarios de la Feria de Ganados de Medellín, presentaron denuncia sobre la negociación que al parecer pretendían celebrar las Empresas Varias de Medellín con un grupo de inversionistas que habían creado una sociedad, y que perjudicaría no solo a la entidad estatal sino a más de seis mil familias de las comunas nororiental y noroccidental (fl. 161).
— La Procuraduría Metropolitana II del Valle de Aburrá, mediante oficio de marzo 3 de 1998, inició indagación preliminar y comisionó a uno de sus funcionarios para adelantar la investigación (fl. 163).
— El 11 de noviembre de 1999, se ordenó abrir investigación disciplinaria en contra de los doctores Enrique Valderrama Jaramillo gerente de las Empresas Varias de Medellín, Ramiro Londoño Mejía miembro de la Junta Directiva y Enrique Valencia Montoya director administrativo y financiero de la misma empresa (fls. 169-170).
— El ente investigador profirió auto de cargos el 29 de febrero de 2000, en contra del señor Enrique de Jesús Valencia Montoya y otros. El actor fue señalado de haber celebrado Contrato u Orden de Servicios 182 de 1998 con la sociedad Parceladora Santa Clara, la cual estaba incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad toda vez que el gerente, representante legal y socio, doctor Juan Ramiro Londoño, a la fecha de celebración del contrato, era miembro de la junta directiva de las Empresas Varias de Medellín ESP, pues su renuncia fue aceptada el 4 de septiembre de 1998 y el contrato se celebró el 26 de junio de del mismo año, auto notificado personalmente al actor el día 3 de abril del mismo año (fls. 174-181).
— El señor Valencia Montoya presentó oportunamente escrito de descargos, en el que argumentó que si bien celebró el Contrato 182 de 1998, se ajustó ajustado en sus antecedentes contractuales y en su ejecución y desarrollo a la ley (fls. 184-192).
— El 8 de mayo de 2000, la Procuraduría Provincial profirió auto de pruebas, el cual fue notificado personalmente al actor (fl. 205).
— El 9 de octubre de 2000, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, profirió la Resolución 16 de 2000, mediante la cual declaró responsable al actor, en calidad de director administrativo y financiero de la Empresa (sic) Varias de Medellín, por infracción al artículo 44 de la Ley 80/93 y el artículo 40 numeral 1 de la Ley 200 de 1995, y lo sancionó con suspensión en el ejercicio de sus funciones, sin remuneración, hasta por sesenta (60) días como sanción principal y como sanción accesoria, la inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de un (1) año por tratarse de una falta grave (fls. 211-228).
— Contra la Resolución 16 de 9 de octubre de 2000, el actor interpuso recurso de apelación (fls. 230-241).
— Mediante providencia de fecha 15 de mayo de 2003, la Procuraduría 117 Judicial Penal, confirmó la “sentencia” (sic) de 9 de octubre 2000, en lo que respecta a la pena principal impuesta, al considerar que el señor Valencia Montoya violó el régimen disciplinario en su artículo 25 numeral 10 de la Ley 200 de 1995. Sin embargo, respecto a la pena accesoria indicó que sería por el mismo término de la pena principal.
De acuerdo con los actos administrativos demandados, y las pruebas obrantes en el expediente, se observa que el señor Enrique de Jesús Valencia Montoya, quien se desempeñaba como gerente administrativo y financiero de las Empresas Varias de Medellín, en virtud de la Delegación 2685 de 1996, el día 26 de junio de 1998, celebró Orden de Servicios 182 de 1998 con la sociedad Parceladora Santa Clara, representada legalmente por el señor Juan Ramiro Londoño Mejía, el cual tenía por objeto la gerencia del proyecto “Feria matadero”, por valor de treinta y ocho millones doscientos ochenta mil pesos ($38.280.000).
Es decir, se encuentra probado que el señor Enrique de Jesús Valencia Montoya, en representación de Empresas Varias de Medellín, celebró Orden de Servicios 182 de 1998, con la sociedad Parceladora Santa Clara, representada legalmente por el señor Juan Ramiro Londoño Mejía, miembro de la junta directiva de la misma empresa y quien se encontraba inhabilitado, pues para el 26 de junio de 1998, fecha de celebración de la orden de servicios aún no se le había aceptado la renuncia.
• Constitución Política de Colombia, artículo 6º:
• Ley 80 de 1993, artículo 8º, numeral 2º, literal d):
d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo”.
• Ley 80 de 1993 artículos 40 y 44 (sic):
5º. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta ley”.
“(…) que la finalidad del derecho disciplinario ‘es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos’. Es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables”(3).
(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil trece (2013), Rad.: 11001-03-25-000-2011-00115-00 (0390-2011)
(3) Sentencia C-030 de 1º de febrero de 2012. Corte Constitucional. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.