Source: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=20032171
Timestamp: 2020-08-04 11:00:58
Document Index: 177791706

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 20', 'Artículo 178']

C-558 de 1996
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020032171CC-SENTENCIAC558199624/10/1996CC-SENTENCIA_C_558__1996_24/10/1996200321711996Sentencia C-558/96 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -Derogación tácita de norma Para adelantar el estudio de constitucionalidad de una norma que ha sido derogada o modificada por voluntad del legislador, se requiere que la misma continúe produciendo efectos jurídicos. De lo contrario, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta innecesario, por carencia actual de objeto. Teniendo en cuenta que el decreto acusado ha desaparecido del ordenamiento jurídico por voluntad expresa del legislador, y que éste no ha producido efecto jurídico alguno, carece de objeto la definición acerca de su constitucionalidad; por sustracción de materia, deberá producirse un fallo inhibitorio. Referencia: Expediente D-1223
VLADIMIRO NARANJO MESAD1223CONSTITUCIONALIDADCarlos Mario Isaza Serrano, Alberto Penagos SalinasDemanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 4° del artículo 178 de la ley 136 de 1994.,"por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios."Identificadores20020032172true50146Versión original20032172Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 4° del artículo 178 de la ley 136 de 1994.,"por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios."
Actor: Carlos Mario Isaza Serrano y Alberto Penagos Salinas
Los ciudadanos Carlos Mario Isaza Serrano y Alberto Penagos Salinas, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandaron la inexequibilidad del numeral 4° (parcial) del artículo 178 de la ley 136 de 1995.
Admitida la demanda, se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes; se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la Corporación para efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, se dio traslado al Procurador General de la Nación (e), quien rindió el concepto de su competencia, una vez se declarara impedido para hacerlo el señor Procurador General.
"Art. 178. Funciones: El personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador general de la Nación, las funciones de Ministerio Público, además de las que determine la Constitución, la ley, los acuerdos y las siguientes:
"4) Ejercer la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales; adelantar las investigaciones correspondientesacogiéndose a los procedimientos establecidos para tal fin por la Procuraduría General de la Nación, bajo la supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las investigaciones.
Los demandantes estiman que la norma es violatoria de los preceptos constitucionales, porque otorga al Procurador General de la Nación la potestad de regular los procedimientos a que se deben sujetar los Personeros Municipales en el ejercicio de la función disciplinaria, cuando la Constitución Política ha previsto que no sea una autoridad administrativa, sino el propio legislador, el que establezca dichos procedimientos.
En la oportunidad legal, el señor Procurador General de la Nación (e) se pronunció sobre la demanda presentada por el actor, por haberse declarado impedido para hacerlo el señor procurador titular, y solicitó a esta Corporación, se declarara inhibida para conocer de la constitucionalidad de las normas acusadas, de acuerdo con los argumentos que se enuncian a continuación.
2. Inhibición de la Corte Constitucional por derogación tácita de la expresión acusada.
El artículo 178 de la ley 136 de 1994 dispone que "El personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador general de la Nación, las funciones de Ministerio Público..." e, independientemente de las funciones que determina la Constitución, la ley y los acuerdos, la norma le asigna, entre otras, el ejercicio de la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales, "acogiéndose a los procedimientos establecidos para tal fin por la Procuraduría General de la Nación...". Para los demandantes, el que la norma haya otorgado al Procurador General de la Nación, la facultad de regular los procedimientos que deben seguir los Personeros Municipales en el ejercicio de la función disciplinaria, desconoce los preceptos constitucionales, arts. 29, 123-3 y 124, que asignan al legislador dicha función.
Sobre el particular, encuentra la Corte que la expresión acusada ha sido derogada por la ley 200 de 1995 "por la cual se adopta el código disciplinario único". Efectivamente, dicha ley regula el procedimiento disciplinario que deben seguir las investigaciones a cargo de los titulares de la potestad disciplinaria y en su artículo 20 señala que, "son destinatarios de la ley disciplinaria los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios."(Negrillas fuera de texto).
Ahora bien, para adelantar el estudio de constitucionalidad de una norma que ha sido derogada o modificada por voluntad del legislador, se requiere que la misma continúe produciendo efectos jurídicos. De lo contrario, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta innecesario, por carencia actual de objeto. En efecto, esta Corporación ha sostenido "que en función de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas, siempre y cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos. En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto." (Sentencia No. C-505 de 1995, Magistrado Ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero).
Sobre el particular, el Procurador General de la Nación (e) dentro del concepto rendido a esta Corporación en cumplimiento de los artículos 242-2 y 287-5 de la Carta Política, manifestó: "De otra parte es importante mencionar, que la expresión acusada jamás ha tenido aplicación en razón a que los procedimientos disciplinarios empleados por las autoridades de distinto nivel para adelantar las investigaciones en su respectiva jurisdicción, con anterioridad a la expedición del Código Disciplinarios Unico, eran establecidos por el Legislador, no por la Procuraduría."
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (numeral 4 inciso 1 ) Artículo 178 LEY_136_1994_02/06/1994