Source: https://www.scribd.com/document/172107174/AUTO-RUZ
Timestamp: 2018-04-26 05:07:23
Document Index: 315469713

Matched Legal Cases: ['artículo 311', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 53', 'artículo 18', 'artículo 546', 'artículo 310', 'artículo 118', 'artículo 132', 'artículo 569']

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL MADRID DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008 PIEZA SEPARADA “INFORME UDEF-BLA
Nº 22.510/13” AUTO En Madrid, a veintisiete de septiembre de dos mil trece. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el curso de la presente Pieza Separada, por los funcionarios de la AEAT con NUMA 40.757 y 38.824 nombrados en Auxilio Judicial se presentó Informe en fecha 25.09.13 conforme al oficio librado por el Juzgado en fecha 19.07.2013. SEGUNDO.- Por providencia del día de hoy se acordó que a la vista del contenido del precitado informe, “y en especial atendido el contraste efectuado de la contabilidad oficial del Partido Popular correspondiente a los años 2007 a 2010 con la documentación mercantil y justificativa de pagos remitida al Juzgado por dicha formación política relativa a las obras de remodelación de su sede central sita en C/ Génova, 13 de Madrid; así como de las conclusiones alcanzadas respecto del eventual impacto que en el ámbito tributario de la sociedad UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L. pudieren tener los hechos objeto de investigación, a partir de las salidas reflejadas en los estados contables analizados en el año 2008 con referencias a “ Gonz. Urquijo”, “Gonzalo (Arquitecto)” y “G.U.”, que podrían determinar una cuota a ingresar por el impuesto sobre sociedades de 2008 superior a los 120.000 Euros, no encontrándose actualmente prescritos tales hechos”, pasaran las actuaciones para informe al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de dirigir el procedimiento por un presunto delito contra la hacienda pública contra el identificado como Gonzalo Urquijo y asimismo sobre las diligencias cuya práctica se estimara pertinente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en particular respecto de la mercantil UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L.. TERCERO.- Por el Ministerio Fiscal se emite informe del siguiente tenor literal: “Que, a la vista de los documentos y declaraciones obrantes en la causa, antecedentes del referido informe de los funcionarios de la AEAT, y teniendo en cuenta sus conclusiones, entre la que se pone de relieve la posible existencia de un delito contra la hacienda pública en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio de 2008, por parte de la sociedad UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., derivado de los supuestos pagos realizados desde la “caja B” del Partido Popular, por un importe total de 888.000 euros, interesamos la práctica de las siguientes diligencias:
Que se reciba declaración como imputado a Gonzalo Urquijo, representante de dicha sociedad. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 545 y ss. de la LECrim, se acuerde la entrada y registro del domicilio de la sociedad UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., con la finalidad de obtener toda la documentación contable y de cualquier otra índole, sea cual fuere su suporte, relacionada con las operaciones de las que resultan los indicios delictivos”.
CUARTO.- Por la Fuerza actuante se pone en conocimiento del Juzgado en el día de hoy la dirección de las oficinas de la sociedad UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., extendiéndose diligencia por el Secretario Judicial al efecto. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: “El Juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas, si no las considera inútiles o perjudiciales”. Habiéndose ya referido este instructor a la necesaria ponderación jurisdiccional del respeto y ajuste a la actividad instructora en cuanto objeto y finalidad, y a la proporcionalidad entre la medida que se propone y el resultado que se persigue, a la luz de la doctrina jurisprudencial sentada, entre otras, en Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2006 (con cita de otras anteriores, así como de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de julio y 20 de noviembre de 1989, y 27 de septiembre y 19 de diciembre de 1990), al objeto de ponderarse la pertinencia, necesidad y posibilidad de las diligencias probatorias interesadas al juzgador, en orden a resolver sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, todo ello en los términos que ya han sido expuestos en resoluciones precedentes dictadas en la presente causa. Por lo que respecta a la diligencia de entrada y registro, la Constitución Española de 1978 consagra en su artículo 18.2 el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, precisando el Tribunal Constitucional el concepto de domicilio como “cualquier lugar cerrado en que transcurra la vida privada individual o familiar, que constituya una residencia estable o transitoria” (STC 22/94). La entrada en el domicilio y su registro constituyen una intromisión de los órganos de persecución penal del Estado en el libre ejercicio del derecho fundamental de las personas reconocido por el artículo 18.2 de la Constitución, cuya finalidad consiste el lograr la detención del imputado o la aprehensión de cualquier información u objeto que, por su relación con el delito, sea de interés para la investigación o sea útil como fuente de prueba. Garantía básica de la libertad, la inviolabilidad del domicilio constituye una manifestación de la protección constitucional de la vida privada de las personas y su intimidad personal familiar (SStc 22/1984, de 17 de febrero, 110/1984, de 26 de noviembre, entre otras). Ahora bien, como todo derecho fundamental, el derecho a
la inviolabilidad del domicilio puede ser limitado por la ley, siempre que sea respetado su contenido esencial (artículo 53.1 CE); Ningún derecho fundamental es ilimitado, según ha precisado el TC, por lo que el legislador puede imponer restricciones a su ejercicio con el fin de proteger otros derechos fundamentales u otros bienes constitucionalmente protegidos (STC 11/1981, de 11 de abril). En lo que concierne a la inviolabilidad del domicilio, la misma CE, en su artículo 18.2, prevé la posibilidad de limitación del derecho, si bien condiciona expresamente la admisibilidad de cualquier medida de entrada y registro a la existencia de consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito, estableciendo así una garantía que se proyecta más allá del ámbito propio del proceso penal, siendo estrictamente necesario ponderar la necesidad de sacrificio de mencionado derecho fundamental. La entrada y registro en lugar cerrado se encuentran regulados dentro del Título VIII, Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley de Enjuiciamiento Criminal), artículos 545 a 578, reclamando el artículo 546 del citado texto legal, para la concesión de la autorización judicial, la existencia de indicios que permitan pronosticar la utilidad de la injerencia con el fin de capturar al sospechoso o recoger fuentes de prueba. Como ha precisado el Tribunal Constitucional en Sentencias 49/1999 y 171/1999, siguiendo jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Klass y caso Ludi, (St. 15-junio-1992), tales indicios o sospechas fundadas han de apoyarse en datos fácticos, en buenas razones o fuertes presunciones, de forma que constituyan algo más que meras suposiciones o conjeturas de la existencia de un delito o de su posible comisión. SEGUNDO.- Partiendo del anterior marco legal y jurisprudencial, la solicitud de diligencia de entrada y registro en el presente caso informada favorablemente por el Ministerio Fiscal, previo proveído de la presente fecha cursado por el Juzgado dando traslado del contenido del Informe emitido por los funcionarios de la AEAT en funciones de auxilio judicial, debe partir del necesario análisis de las premisas concurrentes en la instrucción al presente estadio procesal, que lógicamente difieren de las que pudieron ser tenidas en cuenta en una primera fase de la instrucción, en los términos que ha venido señalándose en resoluciones precedentes. En este sentido, y como ya se decía en autos de 30.07.13 y de 19.09.13, para el análisis de la pertinencia e idoneidad de la diligencia objeto de la presente resolución “debe partirse de la correcta delimitación del objeto de la presente Pieza Separada”; “Debe así recordarse como la presente Pieza Separada, en los términos ya recogidos entre otras en resoluciones de 7 y 15 de Marzo de 2013, tiene por objeto la determinación de las consecuencias y relevancia jurídico-penal derivada de las anotaciones contenidas en los soportes documentales que dieron origen a su incoación, y que indiciariamente aparecen atribuidos al imputado Luis Bárcenas Gutiérrez, siendo objeto de investigación tanto las consecuencias de índole penal que pudieren conllevar los hechos puestos de manifiesto a través de aquellos
documentos, para el caso de acreditarse la certeza de los datos derivados de los apuntes contables en ellos contenidos así como la presunta llevanza de una contabilidad “B” u oculta respecto del Partido Popular, y ello tanto desde el punto de vista tributario (arts. 305 y ss. CP) -fundamentalmente en lo referente a los ejercicios fiscales de 2007 y 2008 (a la vista de que, los anteriores ejercicios fiscales aparecerían a priori afectados por el instituto de la prescripción)-, como contable (artículo 310 del Código Penal); constituyendo también objeto de investigación los hechos relatados en el cuerpo del escrito de querella interpuesto por Izquierda Unida y otros y admitido por auto de 11.03.2013 del Juzgado Central de Instrucción Número Tres, en lo que se refiere a la contratación pública vinculada a administraciones del Partido Popular durante el periodo temporal fijado en aquella resolución y la presunta percepción de dádivas o remuneraciones procedentes de los beneficiados por las diferentes adjudicaciones objeto de investigación (señalando a tal respecto el Auto de 27 de marzo de 2013 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que “nos movemos en un ámbito muy provisional de una red (según la querella admitida en 11 de marzo de 2013) que a través de donativos a determinado partido político pudiera conseguir ventajas ilícitas en la adjudicación de construcciones, burlando los procedimientos de licitación o sin licitar directamente). Significándose que posteriormente se han acumulado a las presentes actuaciones querellas interpuestas por diferentes acusaciones populares, en relato de hechos parcialmente coincidente con los previamente investigados en la causa”. Se decía también que “Por otra parte, y en lo atinente al objeto de las presentes actuaciones, debe también recordarse cómo el Auto de 7 de junio de 2013 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional razonaba, respecto del contenido de las presentes actuaciones, sobre “la posible existencia de una contabilidad “B” del Partido Popular, que pudiera haber generado un fluido de ingresos no declarados, lo que indiciariamente podría haber acarreado la perpetración de un delito contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de otros muchos relacionados con las malas prácticas políticas, incluidas las entregas de dinero a personas sin existir justificación para ello y soslayando la contabilidad oficial”. Finalmente, se venía a concluir, en razonamientos de plena aplicación al caso presente, que “Al presente estadio procesal resulta palmario cómo algunas de las primeras diligencias acordadas lo fueron al objeto de corroborar la veracidad de los apuntes recogidos en los estados contables aportados a la causa, así como al objeto de confirmar su autoría por parte del imputado Sr. Bárcenas. En la actual fase de la instrucción, mientras la autoría de los mencionados documentos por parte del Sr. Bárcenas se encuentra confirmada por él mismo (declaración de 15.07.13) así como por las pruebas periciales practicadas –estando pendiente la determinación de la intervención o participación del Sr. Lapuerta en su confección o llevanza-, la realidad de varios apuntes contables ha venido a ser confirmada por las diligencias de instrucción hasta el momento practicadas (así, declaraciones testificales, análisis documental comparativo con los datos de la contabilidad oficial remitida por el Partido Popular y el Tribunal de Cuentas, etc..), debiéndose acotar los márgenes
temporales de la investigación en los términos puestos de manifiesto en anteriores resoluciones dictadas en la presente Pieza Separada, la última el proveído de fecha 19.07.2013, en el sentido de concretar el objeto de la pericial de la Unidad de Auxilio de la AEAT a las contingencias fiscales con responsabilidad jurídico penal de los ejercicios de 2007 en adelante, y el objeto de la pericial de la Unidad de Auxilio de la IGAE al análisis de las eventuales responsabilidades penales por participación en delitos contra la Administración Pública –cohecho y otros-, en periodo temporal que en principio, como quedó también reflejado en auto de 31.05.13 por el que se acordaban diligencias varias a instancia del Ministerio Fiscal, comprenderá desde el año 2002 en adelante, a los efectos del instituto de la prescripción, y sin perjuicio de ulteriores ampliaciones o concreciones sobre el objeto de la investigación”. TERCERO.- Sentado lo anterior, y en atención al estado de la investigación en curso, resulta relevante el Informe emitido por los funcionarios de la AEAT en funciones de Auxilio judicial, con fecha de registro 25.09.2013, donde sin perjuicio de la valoración final que se practique de los elementos obtenidos durante la instrucción, “con vista a clarificar la existencia o no de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas”, así como de las limitaciones existentes y puestas de manifiesto en el citado informe, los peritos señalan que “A la vista de los datos existentes se ha considerado que los apuntes pudieran corresponderse con una especie de registro de flujos financieros en metálico”, interpretación que estiman “acorde con lo indicado por la UDEF, en su informe de 29 de abril de 2013 en las páginas 47 y siguientes en la medida que considera probada la coincidencia entre las salidas de fondos reflejadas en los papeles manuscritos (realizadas entre enero de 2003 y marzo de 2008) con destino a la cuenta de donaciones y los ingresos tanto en la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas como en las cuentas bancarias donde en los respectivos años se ingresaban los donativos”. La misma explicación sobre el contenido y alcance de los apuntes contables se deriva, como ya se ha puesto de manifiesto, de la declaración en prestada por el imputado Sr. Bárcenas en el seno de la presente Pieza Separada el pasado 15 de julio de 2013. Del contenido del precitado informe pericial, y en particular, en lo referente al estudio de las obligaciones tributarias correspondientes a UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., partiendo del análisis de la contabilidad oficial del Partido Popular remitida al Tribunal de Cuentas y aportada al Juzgado figurando registradas las cantidades correspondientes a facturas emitidas por UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES, SL desde el año 2005 al 2011-, como de la documentación requerida al Partido Popular por auto de 30.07.2013 relativa a las obras de remodelación de su sede central sita en Calle Génova 13, Madrid, los peritos ponen de manifiesto, entre otras, las siguientes conclusiones de interés para los hechos objeto de investigación en la presente instrucción: a) Que del contraste de la contabilidad de la sede central correspondiente a los años 2007 a 2010 con la documentación mercantil y justificativa de pagos
recibidas se desprende la existencias de pagos a cuenta contabilizados en 2007 (importe total de 522.000 euros) y en 2009 (859.140 euros) cuyas facturas emitidas por UNIFICA (la nº PPL-02-08/0035 de 14 de enero de 2008 y nº PPL-0110/0059 de 03 de febrero de 2010) no contienen mención a los mismos. b) Que partiendo de los datos consignados en los manuscritos contables analizados (en primer término requeridos al diario El País y presentados en fotocopias, siendo posteriormente presentados los originales por el Sr. Bárcenas en su comparecencia del pasado 15.07.13, sin perjuicio de las salvedades recogidas en el informe pericial), la veracidad de las salidas reflejadas en los estados contables en el año 2008 con referencias a “Gonz. Urquijo”, “Gonzalo (Arquitecto)” y “G.U.”, por importe global de 888.000 euros, podría determinar una cuota a ingresar por el impuesto sobre sociedades de 2008 de la sociedad UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L. superior a los 120.000 euros, alcanzando en consecuencia el umbral del delito fiscal, y estimándose como fecha de inicio del cómputo de la prescripción penal la de 27 de julio de 2009, de forma que el instituto de la prescripción no desplegaría sus efectos hasta el 27 de julio de 2014. De esta forma, en atención a los motivos expresados en la solicitud de entrada y registro efectuada por el Ministerio Fiscal –no apreciándose razón válida o racional que los deslegitime-, en combinación con el conjunto de datos que obran en la investigación existente seguida en este Juzgado Central, y sin perjuicio de la calificación de los hechos investigados que deriva de la presentación y admisión a trámite de las querellas obrantes en las actuaciones, se constata la existencia al presente estadio de indicios suficientes de la comisión de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública (art. 305 CP), cuya responsabilidad final pudiera razonablemente alcanzar, para el caso de confirmarse aquellos indicios, al identificado como Gonzalo Urquijo, en su condición de responsable de la mercantil UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., y asimismo, en concepto o condición de cooperadores necesarios, a aquellas personas que hubieren contribuido activamente, en concertación con aquél, a la realización de actos que eventualmente resulten integradores del delito investigado. Del mismo modo, del análisis documental contenido en el informe pericial se derivan indicios de una falta de concordancia o descuadre entre la facturación y documentación soporte de los servicios ejecutados por la referida mercantil para el Partido Popular respecto de las obras de remodelación de su sede central, cubriendo el periodo comprendido entre 2005 y 2011, y los apuntes registrados en la contabilidad oficial del Partido, en lo referente a determinados pagos a la mercantil anotados como anticipos a cuenta, y que posteriormente no aparecen descontados en las facturas finales que, en principio, deberían reflejar dicha minoración, lo que pudiere, amén de la eventual responsabilidad tributaria, conducir a confirmar la presencia de indicios de presuntos delitos de falsedad documental (arts. 392 y 390 CP) o contable (art. 310 CP), todo ello sin perjuicio de ulterior valoración. Las anteriores consideraciones permiten inferir que con la diligencia interesada puedan ser hallados efectos, documentos o cualesquiera otros materiales relacionados con la actividad presuntamente delictiva investigada (en especial
documentación relativa a las obras llevadas a cabo por la mercantil UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S. L. para la renovación o reforma de la sede principal del Partido Popular en la calle Génova 13 de Madrid -con inclusión en todo caso de toda la documentación relativa a presupuestos, certificaciones de obra, facturación y liquidación y pagos efectuados, así como contabilidad relativa a la misma, libro registro de facturas emitidas y recibidas, y cuanta documentación adicional, en soporte papel o digital, guarde relación con los citados hechos-, así como cualesquiera otros elementos que pudieren estar relacionados con las consecuencias derivadas de los apuntes contables contenidos en los soportes documentales objeto de la presente instrucción, en especial en lo relativo a las salidas vinculadas al identificado como Gonzalo Urquijo y la mercantil UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L.), tratándose por tanto de una diligencia proporcional, necesaria e idónea a los fines de la investigación. Se infiere así que la actividad presuntamente delictiva investigada puede calificarse de grave, tanto en atención a la penalidad de las conductas investigadas, como desde el punto de vista de la trascendencia social de las mismas, atendido el ámbito en el que se desenvuelve la presente investigación, que en términos destacados por la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, en su auto de 7 de junio de 2013, es el de la “posible existencia de una contabilidad “B” del Partido Popular, que pudiera haber generado un fluido de ingresos no declarados, lo que indiciariamente podría haber acarreado la perpetración de un delito contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de otros muchos relacionados con las malas prácticas políticas, incluidas las entregas de dinero a personas sin existir justificación para ello y soslayando la contabilidad oficial”. Por otra parte, en cuanto a la necesidad e idoneidad de la diligencia de entrada y registro interesada, según queda expuesto en los antecedentes anteriormente relatados, resulta patente que los hechos que hasta el momento han sido expuestos requieren para su total esclarecimiento la práctica de otras diligencias y gestiones distintas de las que hasta el presente estadio se han podido verificar, siendo de utilidad la medida interesada en orden a la incautación de elementos indiciarios y documentación que permitan corroborar los extremos denunciados en la presente investigación de imposible o muy difícil (con las debidas garantías sobre su fiabilidad) obtención de otra forma, concurriendo así, en los términos que han sido expuestos, los presupuestos habilitadores para verificar la diligencia, así como para justificar en este caso el necesario sacrificio del derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria del afectado por la medida, en interés para la presente instrucción y la averiguación de los ilícitos penales que la misma comprende. Entendiendo este Juzgador, por todo lo expuesto, que la medida restrictiva acordada se encuentra justificada ante el tipo de delincuencia investigada (tanto por resultar esta medida complementaria a otras, como por devenir imprescindible o necesaria, al no considerarse eficaz, por sí sola, otra medida o actuación menos lesiva de derechos o libertades de los ciudadanos), haciéndose necesaria la intervención del Juzgado para llevar cabo la entrada y registro en las dependencias
del domicilio social de la entidad afectada, progresando de este modo en la fase de investigación policial y pericial desarrollada en la presente pieza, a raíz de la documentación y testimonios recabados, así como de los informes emitidos en autos, así como en atención a la fundamentación contenida en anteriores resoluciones dictadas en la causa, debiéndose al mismo tiempo dirigir el procedimiento contra el identificado como Gonzalo URQUIJO, en su condición de representante de la mercantil UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., por si los hechos investigados pudieren ser constitutivos de los delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad antes señalados, a los efectos prevenidos en el artículo 118 LECrim y artículo 132.2 CP, a quien se recibirá declaración como imputado en el sentido interesado por el Ministerio Fiscal. CUARTO.- En cuanto a la práctica de la diligencia de entrada y registro con la consiguiente inspección ocular del domicilio de la mercantil UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., la misma estará garantizada por la fe pública judicial del Secretario Judicial del presente Juzgado; deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar a la persona interesada más de lo necesario; y sólo si fuere necesario, se procederá a emplear el auxilio de la fuerza para practicar la entrada y registro. La ejecución de la entrada y registro se desarrollará en el período temporal siguiente: entre las 17:00 horas del día 27 de septiembre de 2013 y las 17:00 horas del día 28 de septiembre de 2013. En la práctica de la diligencia de entrada y registro estarán presentes los imputados moradores de cada inmueble o relacionados con los mismos, a quienes les será notificada la presente resolución, a fin de cumplir con la previsión contenida en el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ello, salvo que la presencia de los mismos pueda perjudicar el desarrollo normal de esta diligencia (lo que, en su caso, se hará constar expresa y justificadamente en el acta que deba levantarse para documentar la diligencia de entrada y registro). La fuerza policial solicitante deberá adoptar las medidas de vigilancia convenientes para evitar la desaparición o la sustracción de los objetos, efectos, instrumentos o documentos buscados, así como habrá de tomar las medidas de seguridad oportunas para preservar la integridad física y dignidad de todas las personas relacionadas con esta diligencia de registro. Asimismo, procederá autorizar el apoyo necesario para llevar a efecto la medida interesada, con la intervención de los funcionarios de la Policía Judicial que resulten designados al efecto, en la forma que se concrete en la Parte Dispositiva. Procederá la intervención en la diligencia de los funcionarios de la AEAT designados en funciones de Auxilio Judicial. No existirá inconveniente alguno para la presencia de Letrado en la diligencia de entrada y registro, siempre y cuando se asegure previamente la efectividad de la entrada y registro, en el sentido de que no se suspenderá la misma hasta la llegada o
presencia del Letrado, sino que, ejecutada la entrada y asegurado policialmente el lugar –todo ello siempre a presencia del Fedatario Judicial y del interesado-, se esperará a la llegada del Letrado, salvo que el tiempo de espera para la presencia del Letrado, a juicio de quien dirija la diligencia pueda perjudicar el fin de la diligencia acordada, en cuyo caso, se iniciará el registro, haciéndose constar en el acta el tiempo de espera y las razones para proseguir el registro sin la presencia del Letrado, sin perjuicio de la incorporación del Letrado a la práctica del registro una vez éste se persone en el lugar. Asimismo procede autorizar la intervención y posterior análisis por la Fuerza Actuante de los archivos y ficheros informáticos vinculados a los imputados que fueren incautados, cualquiera que sea el soporte en que se encuentren, en la forma que se concreta en la parte dispositiva. Autorizándose a tal efecto la realización in situ del clonado y volcado o copiado de la documentación en soporte informático y caso de no poder realizarse en el desarrollo de la misma diligencia de entrada y registro, procediéndose a su precinto para posterior diligencia en sede judicial. Vistos los arts. citados y demás de general y pertinente aplicación, PARTE DISPOSITIVA 1.- DIRIGIR el PROCEDIMIENTO por la posible comisión de los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable ―sin perjuicio de ulterior y mejor calificación― respecto de Gonzalo URQUIJO, como responsable de la mercantil UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., a quien le será notificada la presente resolución, a los efectos prevenidos en el art. 118 LECrim, siendo citado para declarar en calidad de imputado y con asistencia letrada en el día y hora pendiente de señalar. Facultándose a la Fuerza actuante para llevar a cabo la anterior notificación, con entrega de copia de la presente resolución. 2.- SE AUTORIZA LA ENTRADA Y REGISTRO en el domicilio de la sociedad UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L sito en la calle Conde de Peñalver nº 92, bajo C, Área de Oficinas (Madrid), haciéndose extensivo a los trasteros, garajes, sótanos y cualquier dependencia anexa, a los fines de aprehender cualquier documento, útil o efecto relacionado con los hechos investigados, (eventualmente constitutivos de presuntos delitos relacionados en los Razonamientos jurídicos de la presente resolución), en especial toda la documentación - en soporte papel o digital- relativa a las obras llevadas a cabo por la mercantil UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S. L. para la renovación o reforma de la sede principal del Partido Popular en la calle Génova 13 de Madrid -con inclusión en todo caso de toda la documentación relativa a presupuestos, certificaciones de obra, facturación y liquidación y pagos efectuados, así como contabilidad relativa a la misma, libro registro de facturas emitidas y recibidas, y
cuanta documentación adicional, guarde relación con los citados hechos-, así como cualesquiera otros elementos que pudieren estar relacionados con las consecuencias derivadas de los apuntes contables contenidos en los soportes documentales objeto de la presente instrucción, en especial en lo relativo a las salidas vinculadas al identificado como Gonzalo Urquijo y la mercantil UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., o que puedan guardar relación con los hechos investigados. Se autoriza expresamente la apertura de cuantos armarios, cofres o cajas de seguridad o muebles cerrados se encuentren en dicho lugar. El dinero en efectivo que sea habido y guardare relación con los hechos investigados, deberá ser inmediatamente ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado con número 2570 0000 71 0275 08, indicándose en el campo observaciones el nombre del imputado al que corresponda. Procédase in situ al clonado y volcado o copiado de la documentación en soporte informático y caso de no poder realizarse en el desarrollo de la misma diligencia de entrada y registro, procédase a su precinto. En este último caso, y a la mayor brevedad posible, procédase en sede judicial a dicha clonación y volcado, en diligencia levantada por el Sr. Secretario y a presencia del imputado. La citada entrada y registro se practicará entre las 17:00 horas del día 27 de septiembre de 2013 y las 17:00 horas del día 28 de septiembre de 2013, por Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal-Brigada de Blanqueo de Capitales, GRUPO XXI, a presencia de imputado, levantando el/la Secretario/a Judicial la oportuna acta o diligencia. La citada diligencia deberá realizarse de conformidad a lo dispuesto en los arts. 545 ss. LECrim. En caso de no ser habido el imputado, deberá hacerse a presencia de dos testigos que le sustituyan. Se autoriza la presencia en el registro de los miembros de la Policía Judicial así como de los expertos informáticos que los funcionarios de la Fuerza Actuante designen, en auxilio de la diligencia que se autoriza, así como para que realicen copia de las bases de datos y demás ficheros informáticos utilizados por el grupo de sociedades investigadas, cualquiera que sea el soporte en que se encuentren (servidores de datos, ordenadores personales memorias externas, cederrones, deuvedés, PDA, teléfonos, etc.) a fin de posibilitar, mediante su análisis posterior la verificación de los elementos de hecho que este Juzgado indique. En el supuesto de que por dificultades técnicas no sea posible fraccionar la información que se encuentre en los soportes electrónicos o informáticos se procederá a su volcado completo, sin perjuicio de la ulterior restitución o destrucción de aquella información que no sea conducente al objeto de la presente instrucción. Asimismo se autoriza la presencia y participación en el registro de los funcionarios de la AEAT designados en funciones de Auxilio Judicial.
No existirá inconveniente alguno para la presencia de Letrado en la diligencia de entrada y registro, siempre y cuando se asegure previamente la efectividad de la entrada y registro, en el sentido de que no se suspenderá la misma hasta la llegada o presencia del Letrado, sino que, ejecutada la entrada y asegurado policialmente el lugar –todo ello siempre a presencia del Fedatario Judicial y del interesado-, se esperará a la llegada del Letrado, salvo que el tiempo de espera para la presencia del Letrado, a juicio de quien dirija la diligencia pueda perjudicar el fin de la diligencia acordada, en cuyo caso, se iniciará el registro, haciéndose constar en el acta el tiempo de espera y las razones para proseguir el registro sin la presencia del Letrado, sin perjuicio de la incorporación del Letrado a la práctica del registro una vez éste se persone en el lugar. Líbrese el correspondiente mandamiento para su cumplimiento. Cualquier pretensión de extensión o ampliación de su contenido en términos de hechos delictivos distintos exigirá su suspensión transitoria y puesta en conocimiento de este Juzgado a los fines de resolver lo que proceda. Notifíquese al imputado la presente resolución, así como a las demás partes personadas una vez asegurada la diligencia, con indicación de los recursos que frente a la misma procede interponer. Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma Don PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, Magistrado de este Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional; doy fe.
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