Source: http://psicolog.org/vs-per-sentencia-de-17-de-abril-de-2015.html?page=18
Timestamp: 2020-04-05 10:34:02
Document Index: 273950397

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II. SOBRE EL DEBER DE REPARAR
CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA.
Habida cuenta lo reseñado precedentemente en lo relativo al marco normativo en que se inserta la regla del previo agotamiento de los recursos internos y a los hechos del caso de autos, la primera observación que procede en cuanto a la Sentencia, es que en ella se hace una constatación. Efectivamente, en ella se afirma que “el Tribunal constata que la objeción fue oportunamente presentada por el Estado”36 “durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión”37, precisando que lo hizo en su petición38. Igualmente, la Sentencia indica que la petición fue planteada “conforme a lo establecido en los artículo 46.1.a) de la Convención Americana en concordancia con el artículo 31 del Reglamento de la [Comisión]” basada en el hecho de “encontrarse un proceso penal pendiente” y por “no haberse agotado la vía pertinente”39.
El segundo comentario que amerita la Sentencia en lo concerniente a la antes referida excepción hecha valer por el Estado, es que aquella se refiere a únicamente dos otras cuestiones para fundamentar la decisión de desestimar a esta última. La primera, en orden a que “en lo que se refiere al alegato del Estado ante esta Corte de que resultaría “una incoherencia mantener un proceso ante el Sistema Interamericano cuando aún no ha concluido el proceso penal que se seguía por los mismos hechos en sede interna”, la Corte debe recordar que la propia Convención Americana prevé expresamente la posibilidad de declarar admisible una petición en determinados supuestos, aún cuando no se haya configurado el previo agotamiento de los recursos internos al momento de emitir el informe de admisibilidad. Asumir la postura alegada por el Estado implica vaciar de todo contenido y efecto útil la norma del artículo 46.2 de la Convención Americana”40.
De ese modo, en vez de dirimir la litis trabada entre las partes acerca de la situación prevista en el literal 1.a) del artículo 46 de la Convención, tal como fue expresamente solicitado, la Sentencia hace aplicable lo dispuesto en el literal 2.c) de la misma, lo que, por el contrario, no había sido incluido en la petición ni, por lo tanto, pudo ser contemplado en la contestación del Estado, menos aún ser considerado por la Comisión y la Sentencia.
Así, esta última no solo sigue el predicamento de la Comisión en cuanto a que el requisito del previo agotamiento de los recursos internos debe haberse cumplido al momento en que se pronuncia sobre la admisibilidad de la petición y no cuando ésta se presenta, desechando así la tesis de que las excepciones a tal requisito deben haber sido planteadas o alegadas en la petición “presentada” o en su complementación y no posteriormente ni menos por la Comisión.
Adicionalmente, se debe recordar que de esta forma la Sentencia hace caso omiso de la expresa y directa afirmación y solicitud del Estado en orden a “que declare la inadmisibilidad de la petición Nº 136/2003 conforme a lo establecido en los artículos 46.1.a) de la Convención Americana en concordancia con el artículo 31 del Reglamento de la CIDH”, sin dar, empero, razón de ello y no obstante consignarla entre sus antecedentes, como se ha indicado anteriormente.
La segunda cuestión aludida en la Sentencia como justificación del rechazo de la excepción interpuesta por el Estado, es el reconocimiento que éste habría hecho en autos. Así afirma que “(e)n cuanto a la aplicación de la excepción contenida en el literal “c” (del artículo 46.2 de la Convención) por parte de la Comisión al momento de la emisión del informe de admisibilidad, la Corte advierte que posteriormente en el año 2011 el propio Estado reconoció responsabilidad por la vulneración del plazo razonable en el proceso judicial llevado a cabo en el fuero penal”, agregando que ello configura “un cambio en la posición previamente asumida que no es admisible en virtud del principio de estoppel”41.
Sobre dicha afirmación, se debe tener presente, sin embargo, que en la propia Sentencia se expresa que el mencionado reconocimiento “refiere únicamente a la vulneración del plazo razonable en el proceso judicial llevado a cabo en el fuero penal”42, es decir, constata que aquél no tuvo relación alguna con el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención, consistente en “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”, sino exclusivamente con la inaplicabilidad de esa exigencia cuando, de acuerdo a lo señalado en el artículo 46.2.c) de la Convención, “haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos”. De modo, en consecuencia, que no se divisa justificación alguna por la que hizo extensivo el señalado reconocimiento a lo requerido expresamente en la petición respecto de lo estipulado en el citado artículo 46.1.a).
Asimismo, debe considerarse que el citado pronunciamiento por parte del Estado se hizo, primeramente, “en el Informe N° 535-2011-JUS/PPES”, en que “reconoció responsabilidad por exceso de plazo en la tramitación del proceso penal” e indicó que “la demora en la tramitación del Juicio Oral no se debe en lo absoluto a un ánimo de denegación de justicia, sino a situaciones de organización de Poder Judicial y a la normativa procesal penal todavía vigente en el Distrito Judicial de Lima”. Posteriormente en la Contestación de la Demanda y Observaciones al Escrito de Solicitudes de Argumentos y Pruebas y Petitorio del Estado Peruano, de fecha 17 de agosto de 2012, éste solicitó que se atendieran “a las consideraciones expresadas en (aquél texto), las cuales dan cuenta de las razones objetivas que explican la demora en la tramitación del citado proceso penal”43.
Pues bien, dichas afirmaciones no configuran en rigor, a pesar de los términos que emplea, un reconocimiento propiamente tal o, al menos, en el sentido considerado en el artículo 62 del Reglamento de la Corte44, puesto que se formularon por el Estado como respuesta a los cargos que la Comisión le atribuía, entre los que se encontraba el que no había dado cumplimiento a lo dispuesto en el aludido artículo 46.2, sin que ello significara que se desistía de su posición en cuanto a que no se habían agotado los recursos internos previamente a la presentación de la petición.
Por ello, sostener que todo lo que expresara el Estado luego de que su excepción fuese desestimada por la Comisión lo comprometería, implicaría que no podría defenderse ante esta última y más aún, que no podría hacer valer posteriormente dicha excepción ante la Corte, lo que no resultaría lógico. Es decir, resulta ilógico que la Sentencia desestime la excepción preliminar sobre el incumplimiento de la regla del previo agotamiento de los recursos internos sobre la base de actos del Estado muy posteriores a la petición y a las observaciones a las mismas por él formuladas y sobre los que debía pronunciarse la Comisión y, en definitiva, eventualmente la Corte.
En ese mismo orden de ideas y a mayor abundamiento, también debe considerarse que, de acuerdo a los trabajos que está llevando a cabo la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre los actos jurídicos unilaterales45 y la doctrina, también ésta fuente auxiliar de Derecho Internacional46, se entiende por acto unilateral del Estado una manifestación inequívoca de su voluntad, formulada, en términos claros y específicos, con la intención de producir efectos jurídicos en sus relaciones con uno o varios Estados o una o varias organizaciones internacionales; y que, para determinar tales efectos, es necesario tener presente el contenido de dichos actos que deben ser interpretados de buena fe, incluyendo a todas las circunstancias de hecho en que se produjeron, sus contextos y las reacciones que suscitaron.
Por otra parte, se debe asimismo tener en cuenta que, según los trabajos citados y la doctrina, la regla del estoppel implica que el Estado no puede retirar un acto jurídico unilateral que haya efectuado si otro sujeto de derecho internacional ha procedido en conformidad a él, es decir, no lo puede revocar si los sujetos a quienes se deba el cumplimiento de las obligaciones se han basado en él.
Pues bien, según lo recién recordado, se puede colegir que el reconocimiento del Estado citado en autos no es, en rigor, un acto jurídico unilateral, en la medida en que fue una respuesta a lo que había expresado la Comisión, es decir, evidentemente fue formulada con el exclusivo propósito de explicar una situación, cual era, el retardo que se había producido en el proceso pertinente, por lo que no pretendió modificar el sentido de un acto anterior y, ciertamente, no fue emitida para quedar vinculada por sus términos. No era procedente, entonces, aplicarle a dicha declaración del Estado la regla del estoppel, propia de los actos jurídicos unilaterales.
Y como consideración complementaria a lo señalado, procede expresar que no se comparte lo afirmado en la sentencia en cuanto a “que, al haber efectuado un reconocimiento de responsabilidad ante la Comisión que se relaciona con una de las excepciones a la regla del no agotamiento, el Estado … ha aceptado implícitamente la plena competencia de la Corte para conocer del presente caso”47. Y ello en mérito de que obviamente, si bien es cierto que el Estado, al recurrir a la Corte interponiendo la tantas veces mencionada excepción preliminar, aceptó que decidiera sobre ella, no es menos cierto que no solo nada le impedía interponerla sino que además que ella evidentemente se planteó con la pretensión de que fuese acogida, considerando, entre otros factores y en los términos del artículo 62 de su Reglamento de la Corte, la “procedencia” y los “efectos jurídicos” del citado reconocimiento en el sentido antes aludido. En otros términos, la presentación de la referida pretensión no tenía por objeto desconocer la competencia de la Corte para resolver sobre el particular sino para que lo hiciera señalando que la Comisión no la tenía para dar trámite a la petición ni para admitirla.
En suma y tal como se ha expuesto precedentemente, de los claros términos del artículo 46.1.a) de la Convención y de la armoniosa comprensión de los artículos 26.1. y 2., 28.8, 30.1., 2. y 3., 31 y 32 del Reglamento de la Comisión, que interpretan a aquél, se concluye de manera inequívoca que el cumplimiento de la regla del previo agotamiento de los recursos internos debe tener lugar al momento en que se presenta la petición ante la Comisión, considerando, también, las observaciones que el Estado formule al dar respuesta al traslado que se le haya hecho de ella.
Empero, ello no fue así considerado en la Sentencia, la que, por el contrario, da cuenta que se resolvió la excepción presentada por el Estado por el incumplimiento de la misma por parte del peticionario, sobre la base de comprobar si se había cumplido dicho requisito al momento en que se pronunció sobre la admisibilidad de la petición. De esa forma, el fallo trasgrede lo dispuesto en la señalada norma convencional y las aludidas disposiciones reglamentarias.
Adicionalmente, de los antecedentes expuestos se desprende que el asunto a resolver en lo referente a la excepción preliminar concerniente a la referida regla era si se habían o no agotado tales recursos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46.1.a) de la Convención, tal como, por lo demás, se solicitó por la petición, y no si era procedente, como lo determina la Sentencia, la aplicación de la excepción contemplada en el numeral 2.c) del citado artículo 46, por lo que evidentemente en autos se falló ultra petita.
En tercer término, se discrepa de la Sentencia en tanto en la práctica ella invierte, sin dar razón de ello, lo dispuesto en el mencionado artículo 46, aplicando como norma general lo previsto como excepción en el numeral 2.c) del mismo y como norma excepcional lo prescrito en su numeral 1.a) en tanto norma general.
Se disiente, además, de la Sentencia dado que, de acuerdo con el criterio seguido en ella, se deja sin efecto la “naturaleza convencional coadyuvante o complementaria” que inspira al sistema interamericano de derechos humanos en su conjunto, incentivándose que se eleve un caso para conocimiento simultáneo por parte de la jurisdicción interna y de la jurisdicción interamericana, sin que se hayan agotado previamente los recursos ante aquella.
Proceder en la forma aludida, no solo se vacía de contenido y hace inaplicable a la regla del previo agotamiento de los recursos internos, sino que, además, no se condice con la apreciación de la Sentencia en cuanto a que “la Corte debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del Sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional”48.
Es, en consecuencia, en tal sentido que se comparte lo que la propia Corte ha expresado, en cuanto a que “la tolerancia de ‘infracciones manifiestas a las reglas procedimentales establecidas en la propia Convención (y se debe agregar, en los Reglamentos de la Corte y de la Comisión), acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos”49. Y eso en mérito de que son precisamente esas reglas las que garantizan la imparcialidad y la independencia de la Corte al impartir Justicia en materia de derechos humanos.
El estricto apego a la regla del previo agotamiento de los recursos internos no es, por lo tanto, un mero formalismo o tecnicismo jurídico, sino que su respeto consolida y fortalece el sistema interamericano de derechos humanos, puesto que de esa forma se garantizan los principios de seguridad jurídica, de equilibrio procesal y de complementariedad que lo sustentan, no dejando margen alguno o, en todo caso, el menor posible, para que, más allá de la explicables discrepancias que los fallos de la Corte pueden provocar, particularmente por parte de quienes los estiman adversos, se puedan percibir que ellos no responden estricta y exclusivamente a consideraciones de Justicia.
Obviamente, considerando que la jurisprudencia es vinculante solo para el Estado que se haya comprometido a cumplir la “decisión de la Corte” en el caso en que sea parte50 y que para los demás Estados partes de la Convención es únicamente fuente auxiliar del derecho internacional público, es decir, un “medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho”51, se emite el presente voto disidente con la esperanza de que contribuya a la reflexión sobre la regla del previo agotamiento de los recursos internos y se logre así que, en el futuro cercano, la jurisprudencia de la Corte sobre la misma adopte los criterios anteriormente expuestos.
También, ciertamente, el presente voto tiene en cuenta, como aconteció igualmente en otro52, que uno de los peculiares imperativos que enfrenta un tribunal como la Corte es el de proceder con plena conciencia de que, en tanto entidad autónoma e independiente, no tiene autoridad superior que la controle, lo que supone que, haciendo honor a la alta función que se le ha asignado, respete estrictamente los límites de esta última y permanezca y se desarrolle en el ámbito propio de una entidad jurisdiccional.
A no dudarlo, el actuar en la señalada forma es el mejor aporte que la Corte puede hacer a la consolidación y desarrollo del sistema interamericano de los derechos humanos, requisito sine qua non para el debido resguardo de éstos, institucionalidad en la que a la Comisión le corresponde la promoción y defensa de los mismos53, a la Corte le compete aplicar e interpretar la Convención en los casos que le son sometidos54, y a los Estados modificar aquella si así lo estiman necesario55. En el cumplimiento de cada cual de sus específicas funciones radica, por ende, la fortaleza y desarrollo del mencionado sistema.
caso Cruz Sanchez y otros vs. Perú
Quisiera reafirmar el más enérgico rechazo que merece cualquier violencia terrorista, la cual “lesiona a los individuos y al conjunto de la sociedad” como ha enfatizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal Interamericano”) en otros casos contra Perú0. Si bien los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio0, el combate al terrorismo debe realizarse “dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana”0. En esta línea, cabe recordar que la función primordial de la Corte es salvaguardar los derechos humanos en todas las circunstancias0.
Es importante resaltar que el presente caso no tuvo por objeto establecer la inocencia o culpabilidad de los integrantes del comando “Chavín de Huántar” o de las fuerzas de seguridad que participaron en la operación de rescate de rehenes, ni tampoco de los miembros del MRTA, sino el caso versó, inter alia, “sobre la conformidad o no de los actos estatales con la Convención Americana en cuanto a si existió o no ejecución extrajudicial en el marco de la operación de rescate de rehenes”0. La Corte no es un tribunal penal, por lo que la responsabilidad internacional de los Estados bajo la Convención no debe ser confundida con la responsabilidad criminal de individuos particulares0. Y en este sentido la responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de éste que violen la Convención Americana, siendo “un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia”0.
La Corte estimó en el presente caso que no resultaba pertinente ordenar el pago de una compensación económica por concepto de “daño inmaterial” en razón de la violación del derecho a la vida en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, ni por las violaciones establecidas en perjuicio de los familiares declarados víctimas, al considerar que la Sentencia dictada constituye, per se, una forma de reparación y que las demás medidas de reparación que se ordenaron (obligación de investigar, rehabilitación y publicación de la Sentencia) significaban, en las circunstancias del caso, una debida reparación en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos0.
Ahora bien, no se encuentra en discusión que las medidas ordenadas de rehabilitación, la difusión de la Sentencia y el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, constituyan medidas adecuadas para reparar los daños analizados. Estimo, sin embargo, que en el presente caso resulta adecuado, de conformidad con el principio de “reparación integral” y conforme a los precedentes del Tribunal Interamericano, otorgar un monto indemnizatorio razonable por el “daño inmaterial” generado a los familiares declarados víctimas.
En virtud de lo anterior, mediante el presente voto se pretende desarrollar los principios relacionados con el deber de reparar violaciones a derechos humanos y, de forma particular, la indemnización compensatoria por “daño inmaterial”, teniendo en consideración que no fue solicitado por los representantes de las víctimas un monto en concepto de daño material.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana0, la Corte ha indicado que “toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado”0.
Sobre la base de dicha disposición convencional y considerando la amplia facultad que le otorga al Tribunal Interamericano, la Corte ha sido precursora en el impulso de un amplio abanico de medidas de reparación en materia de derechos humanos, llegando a constituir una característica singular respecto de otros tribunales internacionales0 cuyo objetivo primigenio es la plena restitución (restitutio in integrum); esto es, el restablecimiento de la situación anterior al daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo así como el pago de una indemnización compensatoria0.
De tal manera, el concepto de “reparación integral” ha moldeado el desarrollo de las medidas de reparación. Este deriva del reconocimiento de que las violaciones de derechos humanos impactan a las víctimas de múltiples formas0 y, como consecuencia, la reparación deberá estar orientada a restituir, no sólo los derechos conculcados, sino también a compensar y resarcir los daños de manera integral0 con el objeto de restituir la dignidad de la persona, su calidad de vida, así como su bienestar y tranquilidad previa a las violaciones; cuestión que, para casos de graves violaciones de derechos humanos, se encuentra revestida de una máxima importancia0.
Bajo este entendido, la Corte ha considerado la necesidad de ordenar diversas medidas, toda vez que los modos específicos de reparar varían según la lesión producida0. Por lo que, además de contemplar las medidas de restitución y compensaciones pecuniarias otorgadas desde la emisión de su primera sentencia de reparaciones0, a partir del año 2001 las medidas de satisfacción y garantías de no repetición adquirieron una especial relevancia a fin de asegurar que hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos, objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Interamericano, no volvieran a ocurrir y de revertir el efecto de los mismos. Así, a lo largo de su historia, la Corte ha ordenado a) la investigación de los hechos que generaron las violaciones y, en su caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables0; b) la restitución de derechos, bienes y libertades0; c) la rehabilitación, a través de asistencia médica, psicológica y/o psiquiátrica, así como desde una perspectiva psicosocial0; d) la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas o para dignificar su memoria0; e) las garantías de no repetición de las violaciones0, y f) la indemnización compensatoria por concepto de daño material e inmaterial0.
Más recientemente, y en lo que puede caracterizarse como un salto cualitativo en la forma de entender las reparaciones relativas a la violación de derechos humanos ocurridas en contextos de violaciones estructurales o sistémicas, la Corte ha establecido que ante esta situación la reparación debe tener una vocación transformadora “de tal forma que las mismas no tengan un efecto sólo restitutivo sino también correctivo”0.