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Timestamp: 2019-08-24 03:24:00
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Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 58', 'artículo 34', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 13']

Reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo - Lexology
Reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
European Union, Spain October 2 2018
El 5 de septiembre entró en vigor el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que tiene, entre otras, la finalidad de transponer la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 (la "Cuarta Directiva"), relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, modificando así la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (la "Ley 10/2010").
Esta modificación se ha producido mediante la técnica del Real Decreto-Ley como instrumento de transposición debido a la situación extraordinaria y urgente causada por el vencimiento del plazo para la transposición de la Cuarta Directiva.
Entre los principales objetivos de esta modificación destacan los siguientes:
la obligatoria implantación de un sistema de comunicación o denuncia de infracciones que tengan naturaleza confidencial en el seno de las entidades que sean sujetos obligados, así como la implantación de un mecanismo que permita poner de relevancia dichas infracciones de forma directa ante la Comisión Europea;
el endurecimiento de las sanciones: elevación del límite máximo, creación de nuevos tipos infractores y la introducción de normas en materia de publicidad de las mismas;
la creación de un registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos cuya inscripción es obligatoria (si se cumplen los requisitos de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010);
la aplicación de medidas de diligencia debida reforzadas respecto de aquellos países que presenten diferencias sustanciales con la regulación europea en materia de persecución y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
una nueva y uniforme regulación del régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública; y
la obligación de que los comerciantes que utilicen el dinero efectivo como método de pago cumplan con la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo cuando realicen operaciones superiores a €10.000.
Principales modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 11/2018 en la Ley 10/2010
1. De las políticas y procedimientos de control interno
Mediante esta nueva modificación, se establecen canales de denuncia (i) en el seno de la administración mediante la creación de canales de denuncia directa ante determinadas instituciones (e.g Comisión Europea), así como (ii) en el ámbito de los sujetos obligados para poner de manifiesto conductas que puedan resultar contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad.
La implantación de un sistema de comunicación o denuncia de infracciones que tenga naturaleza confidencial es obligatoria para los sujetos obligados. En este sentido se ha introducido un nuevo artículo 26 bis en la Ley 10/2010 en el que se regulan los procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos. Dichos canales de denuncia deberán ser establecidos por los sujetos obligados, garantizando el anonimato de los denunciantes y cumpliendo con la normativa de protección de datos de carácter personal1.
Por último, debe resaltarse que el nuevo artículo 63 de la Ley 10/2010 recoge la posibilidad de comunicar las infracciones directamente al Servicio Ejecutivo de la Comisión. La existencia de este canal directo de denuncia debe indicarse en los programas de formación de los sujetos obligados.
2. Del régimen sancionador
Este régimen ha sufrido un profundo cambio mediante el endurecimiento de las sanciones. Así:
Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con:
una multa de hasta la mayor de las cifras entre: a) el 10% de su volumen de negocios anual total2; b) el duplo del contenido de la operación; c) el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción cuando puedan determinarse; o d) €10.000.000; amonestación pública; o en el caso de entidades sujetas a autorización administrativa, podrá suspenderse o revocarse dicha autorización.
una multa de hasta la mayor de las cifras entre: a) el 10% de su volumen de negocios anual total3; b) el valor de la operación incrementado en un 50%; c) el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción cuando puedan determinarse; o €5.000.000;
amonestación pública;
amonestación privada; o
en el caso de entidades sujetas a autorización administrativa, podrá suspenderse temporalmente dicha autorización.
3. De los sujetos obligados
En este aspecto se producen importantes cambios respecto de las personas que con carácter profesional presten por cuenta de terceros los servicios recogidos en el apartado (o) del artículo 2 de la Ley 10/2010. Entre estas modificaciones, destacan las siguientes:
el empleo del término "por cuenta de terceros", que sustituye la redacción anterior que vinculaba a los profesionales que prestasen servicios "a terceros"; y
aquellos profesionales que ejerzan funciones de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad también serán sujetos obligados por esta normativa.
3.1 Obligación de registrarse como prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos en el Registro Mercantil
Tras la modificación, la Ley 10/2010 recoge la obligación de que las personas físicas o jurídicas se inscriban en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio, con anterioridad al inicio de sus actividades, si de forma empresarial o profesional van a prestar por cuenta de terceros los servicios recogidos en el apartado (o) del artículo 2 de la Ley 10/20105.
Las cuestiones más relevantes relativas a esta obligación son las siguientes:
Mecanismos de inscripción en el Registro
Las personas físicas empresarios y las personas jurídicas se inscribirán conforme a lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil.
Las personas físicas profesionales deberán inscribirse de forma telemática con base en un formulario preestablecido aprobado por orden del Ministro de Justicia.
Plazo de registro y periodicidad
Los obligados a inscribirse que no constasen inscritos en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2018, tendrán el plazo de un año desde la entrada en vigor del mismo (i.e. 5 de septiembre 2018) para hacerlo. Si constasen inscritos, bastará con presentar en el Registro una manifestación de estar sometidos, como sujetos obligados, a las normas de la Ley 10/2010.
Más obligaciones de los sujetos obligados a registrarse
Tanto las personas físicas como las jurídicas obligadas a registrarse deberán depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en los términos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital6;
Además, las personas jurídicas obligadas deberán presentar una manifestación acerca de quiénes son sus titulares reales y, si no estuvieran obligadas con anterioridad, ahora deberán inscribir los cambios de sus administradores y sus modificaciones a los Estatutos Sociales.
Consecuencias de la falta de registro
El incumplimiento de esta obligación es constitutivo de una infracción leve, cuya sanción puede ser (i) la amonestación privada; o (ii) una multa de hasta €60.000, tal y como establece el artículo 58 de la Ley 10/2010.
4. De las medidas de diligencia debida por terceros
Respecto a la posibilidad de que los sujetos obligados puedan recurrir a terceros sometidos a la Ley 10/2010 para la aplicación de las medidas de diligencia debida previstas en la Ley, se han realizado diversas modificaciones sobre la prohibición de recurrir a terceros domiciliados en países con diferencias sustanciales con las normas europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo7 (los "Países con Deficiencias Estratégicas"), salvo para el caso de las sucursales y filiales con participación mayoritaria de sujetos obligados domiciliados en la UE, siempre que las mismas cumplan con políticas y procedimientos a nivel de grupo establecidos por su matriz.
Además, se resalta la obligación de que los sujetos obligados apliquen medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los Países con Deficiencias Estratégicas.
5. De las medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los negocios u operaciones de personas con responsabilidad pública
En este aspecto, la norma extingue el régimen anterior que diferenciaba las personas con responsabilidad pública extranjeras de las nacionales. El Real Decreto-Ley 11/2018 unifica éste régimen, considerando que se deben aplicar las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública.
Debe recordarse que, además de los principales dirigentes como son los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, también ostentan la condición de persona con responsabilidad pública, entre otros, los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública; los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional; así como los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria.
6. De las modificaciones respecto al comercio de bienes
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2018, quedarán obligadas a cumplir con la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes cuando sus transacciones cumplan los siguientes requisitos acumulativos:
se paguen por personas físicas no residentes; se paguen con los medios de pago establecidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010 (i.e.: dinero efectivo, cheque bancario, o cualquier otro medio físico concebido para ser utilizado como medio de pago); y sobrepasen los €10.000.
7. De la identificación del titular real
Se incluyen importantes modificaciones en este sentido en el artículo 4 de la Ley 10/2010, entre las cuales destacan (i) la introducción de los indicadores de control (en el artículo 22 (1) a (5) de la Directiva 2013/347UE) para determinar cuándo un sujeto ostenta control directo o indirecto sobre una persona jurídica; y (ii) se regula de forma detallada quiénes tienen la consideración de titulares reales en el caso de los fideicomisos (i.e., quienes ejerzan control del fideicomiso) y de los instrumentos análogos al trust.
En estos términos, los sujetos obligados deberán adoptar las medidas adecuadas para determinar la estructura y control de las personas jurídicas, estructuras jurídicas sin personalidad y fideicomisos, así como cualquier otra estructura análoga.
Se mantiene, además, la prohibición de entablar relaciones de negocio con entes jurídicos sin personalidad (e.g. fideicomisos y estructuras análogas), cuando la estructura de propiedad de estos no haya podido determinarse.
8. De la corresponsalía bancaria trasfronteriza
Se incluye en el concepto de "corresponsalía bancaria transfronteriza" cualquier relación entre entidades de crédito y/o entidades financieras (con inclusión de las entidades de pago, que presten servicios similares a los de un corresponsal, incluidas, entre otras, las relaciones establecidas para operaciones con valores o transferencias de fondos).
La nueva redacción dada al artículo 13 de la Ley 10/2010 clarifica qué se entiende por relación de corresponsalía trasfronteriza y específica los sujetos que tendrán la consideración de entidades de crédito y/o entidades financieras bajo dicho precepto
Finalmente, se dispone el endurecimiento de las medidas que deben tomarse cuando se lleven a cabo (i) servicios bancarios por parte de un banco en calidad de corresponsal a otro banco como cliente; (ii) cuando se presten cuentas corrientes u otras cuentas de pasivo y servicios conexos (como la gestión de efectivo, transferencias internacionales de fondos, compensación de cheques, etc.); o (iii) cuando se realicen servicios de cambio de divisas con entidades clientes de terceros países.
Herbert Smith Freehills LLP - Javier de Carvajal, Miguel Garcia-Casas and Ignacio Segura
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