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Timestamp: 2020-02-23 06:49:42
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LA IMPORTANCIA DEL DECRETO COOPERADOR DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA | Grupo BDT
LA IMPORTANCIA DEL DECRETO COOPERADOR DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA
Feb 27, 2017 | Contingencia Docente
Conforme con lo establecido en la Ley Nº 20.845, de Inclusión Escolar (que entró en vigencia el 1º de marzo de 2016), y las modificaciones introducidas al Decreto Nº 315 – 2010 del MINEDUC, sobre Adquisición, Mantención y Pérdida del Reconocimiento Oficial.
El Reconocimiento Oficial de un nuevo establecimiento: su trámite se debe realizar a más tardar el último día hábil del mes de agosto del año anterior al inicio del funcionamiento del establecimiento. Si conjuntamente se desea solicitar por primera vez la subvención del estado, se deberán ingresar los antecedentes para ambos procedimientos con 3 meses de anticipación (último día hábil del mes de mayo). Aplica artículos 19 y 22 inc. 2 del Dto. 315.
¿Qué es el Reconocimiento Oficial?
El Reconocimiento Oficial de Establecimientos Educacionales como función educativa del Estado, es un acto administrativo mediante el cual la autoridad ministerial le entrega a un Establecimiento Educacional la facultad de certificar válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular del sistema educativo chileno, y de ejercer los demás derechos que confiere la ley, esto significa que, cuando el establecimiento educacional tiene reconocimiento oficial del Estado, puede obtener importantes beneficios que entrega en materia educacional. Tal es el ejemplo de impetrar subvención Estatal y que los estudios realizados por los alumnos y alumnas que se eduquen en dichos establecimientos pueden ser considerados válidos en su promoción y ser certificados ante el Ministerio de Educación. Para que un establecimiento educacional pueda ser reconocido por el Estado, el representante legal de la Entidad sostenedora, deberá presentar una solicitud, la que será sometida a un procedimiento administrativo en que se evaluará el cumplimiento de los aspectos técnico pedagógico, de infraestructura y jurídicos, exigidos por la normativa vigente, contando con 90 días hábiles para poder resolverla, y establecidos en la Ley General de Educación, considerando como giro único, la Educación.
El reconocimiento oficial se otorgará por resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación en la que se indicará, el nombre y dirección donde funcionará el establecimiento educacional, la identificación del sostenedor y representante legal, nivel o modalidad de educación que imparta y la capacidad de atención autorizada.
Lo importante de este trámite es la figura jurídica en la cual la Unidad Sostenedora se incorporará al sistema educativo, sea esta Fundación, Corporación sin fines de lucros, siempre y cuando opte por impetrar subvención escolar. Por otro lado reciben la calidad de Cooperadores de la función Educativa del Estado, las instituciones privadas, sean estas Fundaciones, Corporaciones o Instituciones Privadas, financiadas con aportes de copago de parte de los Padres y Apoderados.
A través de la Ley 20845, que aprueba el derecho a la educación y pone fin al lucro para dar paso a la gratuidad, establece entre sus reglamentos el N° 315 sobre Reconocimiento Oficial.
Este reglamento centra su redacción en aspectos fundamentales como: Un establecimiento educacional que haya comenzado el proceso de reconocimiento oficial solo podrá iniciar actividades una vez concluido plenamente el acto administrativo de reconocimiento oficial, señalado en el título II del presente reglamento.
Es importante fortalecer a partir de esta lectura, la figura jurídica que es una parte medular para alcanzar el reconocimiento. El representante legal y el administrador de las entidades sostenedoras de establecimientos educacionales deberán acreditar estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste; no haber sido sancionado con las inhabilidades para ser sostenedor por haber cometido alguna de las infracciones graves señaladas en el artículo 50 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación; no haber sido condenado, como autor, cómplice o encubridor, por crimen o simple delito de aquellos a que se refiere el Título VII del Libro II del Código Penal, y/o la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y otros que establezca la ley y no haber sido condenado con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad a que se refiere el artículo 39 bis del Código Penal.
Desde la lectura administrativa recobra mayor importancia la creación del Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia y cada uno de los Reglamentos que forman parte de este proceso de acreditación y hacer cumplir las normativas dando cumplimiento de forma literal a la ley, especialmente lo contenido en el Artículo 4° del citado reglamento que expresa “Todo proyecto educativo y reglamento interno deberán resguardar el principio de no discriminación arbitraria, no pudiendo incluir condiciones o normas que afecten la dignidad de la persona, ni que sean contrarios a los derechos humanos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en especial aquellos que versen sobre los derechos de los niños.
El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, el Reglamento establece: “El reglamento deberá considerar, a lo menos, las formas de calificar los aprendizajes de los alumnos y alumnas y de comunicar los resultados a los estudiantes, padres y apoderados; los procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar la situación académica final de los alumnos y alumnas; y las formas de evaluación adaptadas, sean éstas temporales o permanentes, que permitan medir los aprendizajes de todos los estudiantes que así lo requieran. El rendimiento escolar del alumno, no será obstáculo para la renovación de su matrícula.
Asimismo, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esta causal les sea cancelada o no renovada su matrícula.
También es muy relevante considerar las figuras jurídicas una Corporación Educacional, como entidad Cooperadora de la Función Educativa, citando artículos de la Ley 20845.
Son corporaciones educacionales las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro constituidas por dos o más personas naturales, debidamente registradas ante la autoridad, cuyo objeto único sea la educación, y que se regirán por las disposiciones de esta ley y, de manera supletoria, por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.
Las corporaciones educacionales se constituirán por medio de escritura pública o por instrumento privado reducido a escritura pública en la que conste el acta de constitución y los estatutos por los cuales deben regirse. El Ministerio de Educación pondrá a disposición de los interesados estatutos tipo para la constitución de una corporación educacional.
Desde un análisis de los artículos que la describen, podemos comentar que: el artículo 58ª como Corporaciones Educacionales las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro constituidas por dos o más personas naturales, debidamente registradas ante la autoridad, cuyo objeto único sea la educación, que se rigen por esta ley y supletoriamente por las leyes ordinarias del Código Civil.
Artículo 58 B. resume la constitución y creación de una corporación educacional, por medio de escritura pública o por instrumento privado reducido a escritura pública en la que conste el acta de constitución y los estatutos por los cuales deben regirse información pública y el Ministerio pondrá a disposición de cualquier persona estatutos tipo para la constitución de una corporación educacional.
El ingreso de constitución debe ser depositado en la Secretaría Regional de Educación Respectiva. Dicho depósito presume de personalidad jurídica por el solo hecho del depósito, para cuyo efecto dicha Secretaría deberá autorizar una copia en la cual se acreditará fecha del depósito y la inserción en la misma del respectivo número del registro.
La Secretaría Regional Ministerial de Educación puede realizar observaciones en el plazo de 90 días desde el deposito respectivo sí faltaré algún requisito para constituirla o si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por esta ley o a sus normas complementarias.
El plazo fatal de reparos y subsanar los instrumentos de constitución de la respectiva corporación educacional es de sesenta días, bajo sanción de caducidad y eliminación del registro de Corporaciones educacionales.
Cualquier modificación posterior que deba ser reducida a escritura pública, debe ser registrada en el Ministerio de Educación dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la escritura pública de modificación respectiva.
El artículo 58 C. consigna la forma de determinar el directorio y la representación judicial y extrajudicial.
El artículo 58 D. consigna que Los directores de la corporación educacional no serán remunerados, salvo en los casos establecidos en los numerales i) y ii) del inciso segundo del artículo 3°, donde se entiende por remuneraciones en funciones docentes directivas.
El artículo 58 E señala que las sanciones ante incumplimiento grave a los estatutos y las obligaciones del título V de esta ley.
Por cancelación está el no corregir transcurrido el plazo de un año contado desde la fecha de obtención de reconocimiento oficial.
Las sanciones contra las corporaciones y entidades individuales educacionales que sean sancionadas con la cancelación de su personalidad jurídica serán excluidas ipso facto del registro al que hace mención el artículo 58 B.
El artículo 58 F, se refiere al hecho que disuelta una corporación educacional, sus bienes deberán ser transferidos a otra persona jurídica sin fines de lucro cuyo fin sea la educación o en su defecto al Estado, en ambos casos para el cumplimiento del mismo fin. Sin perjuicio de los derechos y garantías de acreedores, de conformidad a la ley.
El artículo 58 G. se refiere a la fiscalización expresa de la Superintendencia de Educación.
El artículo 58 H consigna la posibilidad que una persona natural podrá constituir entidades educacionales, que serán personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto de la persona natural que la constituye, cuyo objeto único sea la educación. Pudiendo disfrutar de subvención.
Respecto de las responsabilidades, se aplican las normas de la ley 19.857 sobre empresas individuales de responsabilidad limitada y sus estatutos se fijan conforme al artículo 584 N° 2 y otras normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, sobre Corporaciones y Fundaciones.
De los requisitos de obtención, mantención y pérdida del Reconocimiento Oficial
Artículo 1º.- Reglaméntanse los requisitos establecidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación, para otorgar el reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media en la forma establecida por los siguientes artículos.
Ser cooperador de la Función Educativa del Estado de Chile, requiere de aspectos fundamentales acotados en el Código Civil, referido a las conformaciones de Corporaciones, Fundaciones o IERL.
Artículo 2º.- El reconocimiento oficial del Estado es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad confiere a un establecimiento educacional la facultad de certificar válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular, y de ejercer los demás derechos que le confiere la ley.
El reconocimiento oficial del Estado es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad denominada Ministerio de Educación, confiere a un establecimiento educacional la facultad de certificar válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular; dicha autonomía es válida a partir del N° de Reconocimiento y la validación y ejecución de un RBD. (Rol Base de Datos)
Artículo 3º.- Todo establecimiento educacional deberá tener un sostenedor, quien será una persona jurídica de derecho público, tales como municipalidades y otras entidades creadas por ley, y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social único sea la educación. El sostenedor será responsable del funcionamiento del establecimiento educacional.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, de acuerdo al artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, se entenderá por educación el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas.
Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.
De acuerdo a la normativa, para obtener un decreto cooperador tendrá que nombrar un Sostenedor, quien es la figura jurídica de derecho público, constituyendo así el nexo legal entre la Unidad Sostenedora y el Ministerio de Educación.
De acuerdo al DFL N° 2, se establece el concepto de educación como el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas.
Desde el punto jurídico, este profesional, caratulado como Sostenedor deberá ser un profesional con un titulo reconocido oficialmente y que haya cumplido un plan de estudios de 8 semestres, equivalentes a 3200 horas de estudio. No haber sido detenido ni procesado, no contar con antecedentes además por violencia intrafamiliar o por simple delito de la Ley 20.000.-
Artículo 4º.- Todo establecimiento educacional deberá contar con un Proyecto Educativo que será establecido y ejercido autónomamente por cada sostenedor.
En los establecimientos educacionales subvencionados la modificación del Proyecto Educativo deberá ser consultada al Consejo Escolar, de acuerdo a lo dispuesto por la ley Nº 19.979
Para obtener este Decreto Cooperador, debe tener un Proyecto Educativo Institucional (PEI), un Manuel de Convivencia, un Reglamento de Higiene y Seguridad y los reglamentos de educación vigentes sobre evaluación y promoción de alumnos.
Todo esto deberá contar con la aprobación del Consejo escolar que se haya constituido para la iniciación del nuevo establecimiento con fines educacionales.
Artículo 15.- El sostenedor deberá acreditar que el local del establecimiento educacional, sea urbano o rural, cumple con la normativa vigente en materia de infraestructura, contenida en el decreto supremo Nº 548, de 1988, del Ministerio de Educación o aquel que en el futuro lo reemplace.
En especial, deberá acreditar que el inmueble cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, acompañando al efecto el certificado de recepción definitiva o parcial extendido por la Dirección General de Obras Municipales de la comuna en que se ubica el establecimiento educacional, o por la autoridad que corresponda en las comunas que no cuenten con dicha Dirección.
Igualmente, deberá acreditar que el local reúne las condiciones sanitarias mínimas exigidas por el Ministerio de Salud, acompañando el informe respectivo otorgado por el organismo competente.
Para este artículo, la Unidad Sostenedora deberá contar con escrituras públicas y documentación oficial que acrediten la factibilidad del o los inmuebles para fines educacionales, según exigencias del decreto 548. Autorizaciones municipales del departamento de obras y las emanadas desde el Ministerio de Salud.
Artículo 16.- En el caso que el inmueble donde funciona el establecimiento educacional sea de propiedad del solicitante, la posesión del mismo deberá acreditarse mediante copia de la inscripción del dominio con certificación de vigencia extendido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
En el caso que este inmueble no sea de propiedad del solicitante la tenencia deberá acreditarse con el respectivo contrato, el cual no podrá tener una duración inferior a cinco años, y deberá ser otorgado por escritura pública e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Deberá asimismo acompañarse copia de la inscripción del dominio con certificación de vigencia donde conste la anotación marginal del respectivo contrato. Esta acreditación deberá renovarse 6 meses antes del vencimiento del referido contrato.
Con todo, los sostenedores que impetren subvención deberán cumplir los requisitos adicionales contemplados en la normativa educacional vigente.
Para acreditar los inmuebles es necesario contar con de la inscripción del dominio con certificación de vigencia extendido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
Si el inmueble no sea de propiedad del solicitante la tenencia deberá acreditarse con el respectivo contrato, el cual no podrá tener una duración inferior a cinco años, con una cláusula de exclusividad para fines educacionales y deberá ser otorgado por escritura pública e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
Artículo 17.- El solicitante deberá acreditar que dispone de mobiliario, equipamiento, elementos de enseñanza y material didáctico mínimo, adecuados al nivel y modalidad de educación que imparte, considerando la cantidad de personal y el número de alumnos y alumnas que puede matricular y atender en el establecimiento educacional. Para estos efectos deberá acompañar una relación de estos elementos, que podrá ser verificada por el Ministerio de Educación.
En el caso de la educación técnico profesional, el equipamiento y maquinarias de enseñanza que se utilicen deberán estar debidamente adecuados a los niveles de desarrollo del área productiva o de servicios de que se trate.
El mobiliario, equipamiento, elementos de enseñanza y material didáctico mínimo, se regirán por los decretos supremos de educación que se dicten al efecto.
La Unidad sostenedora, deberá contar con el mobiliario según modalidad de enseñanza de acuerdo a las capacidades de la planta física de cada una de las dependencias declaradas según planta; considerando además de las capacidades autorizadas por el SESMA.
En caso de los establecimientos Técnicos Profesionales además de lo especificado en el párrafo anterior, debe acreditar las exigencias de maquinarias y materiales por especialidad.
Para efectos de material didáctico, habrá que consignar lo establecido en el Decreto 53.
Del procedimiento de Reconocimiento Oficial
De la obtención del Reconocimiento Oficial
Artículo 18.- La solicitud de reconocimiento oficial, acompañada de todos los documentos y antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y este reglamento deberá ingresarse en la Oficina de Partes de la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva o a través del sistema web que el Ministerio de Educación dispondrá para estos efectos. Si dicha solicitud no se resolviera dentro de los noventa días posteriores a su entrega, se tendrá por aprobada. Para tal efecto, el interesado podrá alegar el silencio administrativo de acuerdo al procedimiento establecido artículo 64 de la ley Nº 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, individualizando el nombre y apellido del solicitante y la identificación del medio preferente para efecto de las notificaciones.
Los antecedentes acompañados a la solicitud serán sometidos a una revisión por la Secretaría Ministerial de Educación respectiva. Dicha evaluación será notificada al peticionario y en el caso de que ésta presentación no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá que en el plazo de cinco días subsane las faltas o acompañe los documentos y antecedentes respectivos, con indicación de que si así no lo hiciere se tendrá por no presentada dicha solicitud.
Cualquier cambio o alteración de los antecedentes o documentos que sirven de base a la solicitud de reconocimiento oficial, deberá ser informado inmediatamente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, aun cuando ésta no se hubiere pronunciado sobre dicha solicitud.
Al ingresar la solicitud, ya sea esta por medio web o presencial, pasado los 90 días, esta se dará por aprobada, otorgando al interesado la facultad para alegar el silencio administrativo de acuerdo al procedimiento establecido artículo 64 de la ley Nº 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
Por otra parte, si la solicitud, no reúne parte de algunos requisitos solicitados, desde el momento de la notificación, dispone de 5 días para acompañar lo faltante.
Artículo 19.- La solicitud de reconocimiento oficial para un establecimiento educacional nuevo deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes de agosto del año anterior a aquel en que dicho establecimiento iniciará su funcionamiento, conjuntamente con la totalidad de la documentación requerida para estos efectos.
Comentario: A partir de esta ley, el plazo para solicitar nuevos reconocimientos, será el último día hábil, del mes de agosto de cada año, anterior al año de entrada en funcionamiento por la Unidad Sostenedora.
Artículo 20.- El Ministerio de Educación podrá otorgar el reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales que lo haya solicitado en la forma prevista en los artículos precedentes, cuando cumplan con los aspectos técnico pedagógico, de infraestructura y jurídicos, exigidos en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación y en el presente Reglamento.
El reconocimiento oficial se otorgará por resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación que corresponda en la que se indicará, a lo menos, el nombre y dirección del establecimiento educacional, la identificación del sostenedor y representante legal, nivel o niveles, la modalidad de educación que imparta y la capacidad de atención autorizada, indicando el número de aulas por nivel, modalidad y la capacidad de cada una de ellas.
En una misma comuna no podrá repetirse el nombre de un establecimiento educacional.
El Mineduc, otorgará el Reconocimiento Oficial, a todas aquellas entidades Sostenedoras que en cumplimiento a lo exigido en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación y en el presente Reglamento y que al momento de la notificación estén sin ningún problema administrativo o jurídico.
Lo más relevante es el cuerpo docente, administrativo con su respectiva idoneidad, constitución de cursos por modalidades, acotando el número de alumnos por curso según resolución final para cubrir las capacidades.
Artículo 21.- Obtenido el reconocimiento oficial, un establecimiento educacional sólo requerirá nueva autorización de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos anteriores, para crear un nivel o una modalidad educativa distinta o una nueva especialidad en el caso de los establecimientos educacionales técnico – profesionales. En este caso, la solicitud de autorización y toda la documentación requerida para estos efectos deberá presentarse a más tardar el último día hábil de septiembre del año anterior a aquel en que dicho nivel, modalidad o especialidad comience su funcionamiento.
Comentario Una vez obtenido el reconocimiento, cualquier establecimiento que tenga la capacidad para crecer, podrá crear nuevos cursos a partir de la declaración del Set 12.
En los TP, deberá llenar una solicitud el último día hábil de septiembre, debido a que las especialidades requieren estudios de factibilidad.
Artículo 21 bis.- En caso de solicitarse un aumento en la capacidad máxima de atención del local escolar o anexo, dicha solicitud y toda la documentación exigida para tales efectos deberá presentarse a más tardar el 30 de diciembre del año anterior a aquel en que el establecimiento hará uso de esta nueva capacidad.
Comentario: En el caso de aumento de nuevas capacidades, la solicitud y su respectiva documentación, deberá presentarse antes del 30 de Diciembre de cada año.
Artículo 21 ter.- El Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo, a solicitud del interesado, podrá prorrogar los plazos señalados en los artículos 19, 21 y 21 bis, por un plazo máximo de 2 meses, mediante resolución fundada exclusivamente en la circunstancia de no haber obtenido el certificado de recepción definitiva o parcial de obras, o el informe sanitario, debiendo acompañar el correspondiente comprobante del ingreso de la solicitud del permiso de edificación en la municipalidad respectiva. En el caso que se trate de aquellas solicitudes a que se refiere el inciso segundo del artículo 22 bis de este reglamento, la prorroga sólo podrá otorgarse hasta por 1 mes.
Comentario Sólo el Seremi, podrá autorizar alguna prorroga, hasta por un máximo de 2 meses para aquellas unidades sostenedoras que hayan visto atrasado su documentación de Obras Municipales o Sesma.
Artículo 22.- Los establecimientos educacionales podrán ser reconocidos oficialmente con uno o más cursos del nivel de educación que indiquen, pero deberán crear en los años sucesivos los cursos necesarios para completar el nivel que aquél comprende. Sin perjuicio de lo anterior y hasta la entrada en vigencia de lo dispuesto en el artículo 25 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, podrán ser reconocidos oficialmente aquellos establecimientos educacionales que inicien sus cursos a partir de séptimo año de enseñanza básica debiendo en lo sucesivo llegar a completar el nivel de enseñanza media. Asimismo, aquellos establecimientos educacionales que posean el nivel de enseñanza básica completa a fecha de vigencia establecida en el artículo 8º transitorio del decreto con fuerza de ley citado, podrán solicitar el reconocimiento del nivel de enseñanza de educación media sin necesidad de completarlo, siempre que impartan, a lo menos, los dos primeros años de su formación general.
La creación de nuevos cursos del nivel reconocido, ya sea para completarlo o tengan la naturaleza de paralelos, se informará al Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo durante el mes de enero del año escolar en que comiencen sus actividades, acreditando documentalmente que se cuenta con capacidad suficiente autorizada -la cual se probará mediante la resolución que otorga el reconocimiento oficial o sus modificaciones posteriores-, capital mínimo pagado, suficientes aulas, personal docente y personal asistente de la educación, mobiliario adecuado, material didáctico y elementos de enseñanza, atendidas las normas legales y reglamentarias correspondientes.
Comentario: Los establecimientos educacionales que cuenten con resolución de reconocimiento, y no tengan completas las modalidades, tendrán que implementar de forma ascendente hasta dar cumplimiento al requerimiento, cumpliendo con infraestructura, material didáctico y lo más importante la asignación de horas a los respectivos profesionales de la educación.
Artículo 22 bis.- Las solicitudes que consideren la utilización de local anexo o complementario, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto Nº 548, de 1988, del Ministerio de Educación, deberán presentarse en los plazos señalados en los artículos 19, 21 y 21 bis del presente decreto, según corresponda.
Con todo, los sostenedores de los establecimientos educacionales que conjuntamente con cualquiera de las solicitudes a que se refiere este reglamento, deseen solicitar por primera vez la subvención del Estado, según el procedimiento prescrito en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, deberán ingresar todos los antecedentes necesarios para ambos procedimientos con 3 meses de anticipación al plazo descrito en este decreto para cada solicitud, según corresponda. Estas solicitudes, deberán considerar un número proyectado de los cupos que se originarán en todo el establecimiento educacional tomando en cuenta los solicitados, de aprobarse la presentación realizada. Su forma de utilización estará reglamentada según lo establecido en el inciso decimotercero del artículo 7º ter, del decreto con fuerza de ley antes mencionado.
Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, en el caso de la solicitud del artículo 19 de este reglamento, deberán abocarse al inicio del procedimiento, a la revisión y cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso segundo del artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación. Cumplidos estos requisitos, se enviará para su ratificación por el Consejo Nacional de Educación. Aceptada la solicitud, se continuará con su procedimiento a efectos de determinar la aprobación o rechazo del reconocimiento oficial y para el derecho de impetrar la subvención que se solicita.
Para solicitar por primera vez la subvención del Estado, según el procedimiento prescrito en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, deberán ingresar todos los antecedentes necesarios para ambos procedimientos con 3 meses de anticipación al plazo descrito en este decreto para cada solicitud, según corresponda. Procurando considerar un número proyectado de los cupos que se originarán en todo el establecimiento educacional tomando en cuenta lo solicitado.
Artículo 30.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio por el Director Regional de la Superintendencia de Educación, por denuncia del Ministerio de Educación, o a solicitud de otros organismos públicos relacionados o dependientes de éste. Tratándose de denuncias del Ministerio de Educación y de informes negativos de la Agencia de la Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del debido proceso.
El Director Regional de la Superintendencia de Educación que corresponda, ordenará mediante resolución la instrucción de un procedimiento y designará un fiscal instructor encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento.
La resolución que ordena instruir el proceso deberá notificarse personalmente o por carta certificada al sostenedor o a su representante legal, debiendo constar esta actuación en el expediente administrativo, agregándose el certificado o boleta del servicio de correos. La notificación por carta certificada se hará enviando copia de la resolución al domicilio del establecimiento educacional donde hubieren ocurrido los hechos que dan origen a los cargos, o la dirección del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad o de la Corporación Municipal de que se trate, o el que corresponda tratándose de otra entidad creada por ley, y se entenderá practicada al tercer día hábil siguiente del despacho de correos.
La resolución que ordena instruir el proceso deberá notificarse personalmente o por carta certificada al sostenedor o a su representante legal, debiendo constar esta actuación en el expediente administrativo, agregándose el certificado o boleta del servicio de correos. La notificación por carta certificada se hará enviando copia de la resolución al domicilio del establecimiento educacional donde hubieren ocurrido los hechos que dan origen a los cargos, o la dirección del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad o de la Corporación Municipal.
Una vez notificado el Sostenedor sobre presuntas irregularidades, tendrá derecho a efectuar los descargos por oficio, acreditando todo tipo de medios de verificación y pruebas para disminuir la gravedad o revertir la acusación realizada en contra por parte de la Superintendencia.
Artículo 31.- El sostenedor deberá presentar los descargos y medios de prueba que estime pertinentes en el plazo de diez días hábiles contados desde la fecha de la notificación.
Presentados los descargos o transcurrido el plazo, el fiscal instructor elaborará un informe, señalando si se han acreditado o no los hechos que se le encomendó investigar, y propondrá al Director Regional respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según sea procedente.
Para presentar los descargos y medios de prueba que estime pertinentes, deberá hacerlo en el plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha de la notificación.
Transcurrido el plazo, el fiscal instructor elaborará un informe, señalando si se han acreditado o no los hallazgos que se le encomendó investigar, y propondrá al Director Regional respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según sea procedente a la luz de la verdad.
Artículo 32.- Corresponderá al Director Regional, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, resolver el proceso sobreseyendo o aplicando una de las siguientes sanciones:
a) Amonestación por escrito, en cuyo caso deberá señalarse el origen de la infracción administrativa como asimismo el plazo dentro del cual deberá ser subsanada.
b) Multa a beneficio fiscal en conformidad a las normas de la Ley que establezca el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media.
La multa no podrá ser inferior al 5% ni exceder del 50% de la Subvención Educacional Mensual por alumno o alumna matriculado o matriculada en el establecimiento educacional a la fecha de la infracción.
c) Suspensión temporal del reconocimiento oficial hasta por un plazo de seis meses.
d) Revocación del reconocimiento oficial del Estado.
Esta resolución deberá notificarse personalmente o por carta certificada al sostenedor o a su representante legal.
El Director Regional, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, resolverá aplicando los siguientes criterios:
b) Multa a beneficio fiscal en conformidad a las normas de la Ley que establezca el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.
c) Suspensión temporal del reconocimiento oficial hasta por un plazo de seis meses. Finalmente, cualquiera sea la resolución, deberá notificarse personalmente o por carta certificada al sostenedor o a su representante legal.
Artículo 33.- En contra de la resolución del Director Regional podrá reclamarse ante el Superintendente de Educación dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que se impugna. Todo recurso deberá interponerse ante la Dirección Regional respectiva, la que remitirá todos los antecedentes al Superintendente de Educación.
Ante la reclamación el Superintendente de Educación podrá suspender la aplicación de las sanciones contempladas en las letras b), c) y d) del artículo 32, a petición fundada del interesado, cuando su aplicación pueda causar un daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que resolviere en caso de acogerse el recurso.
En caso que la Superintendencia de Educación, disponga la sanción de revocación del reconocimiento oficial del Estado, deberán enviarse al Ministerio de Educación los antecedentes que correspondan para su aplicación y posterior exclusión del registro establecido en el artículo 49 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, sin perjuicio de los recursos judiciales que procedan.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, el sostenedor de un establecimiento educacional, que haya sido sancionado con la revocación del reconocimiento oficial, deberá, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de dicha sanción, dar aviso a los padres y/o apoderados, debiendo acreditar dicha circunstancia en la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.
Todo recurso deberá interponerse ante la Dirección Regional respectiva, la que remitirá todos los antecedentes al Superintendente de Educación. Debido a esta situación se podrá suspender la aplicación de las sanciones contempladas en las letras b), c) y d) del artículo 32, a petición fundada del interesado, cuando su aplicación pueda causar un daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que resolviere en caso de acogerse el recurso.
“En caso que la Superintendencia de Educación, disponga la sanción de revocación del reconocimiento oficial del Estado, deberán enviarse al Ministerio de Educación los antecedentes que correspondan para su aplicación y posterior exclusión del registro establecido en el artículo 49 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, sin perjuicio de los recursos judiciales que procedan”.
Es muy importante considerar que el sostenedor de un establecimiento educacional, que haya sido sancionado con la revocación del reconocimiento oficial, deberá, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de dicha sanción, dar aviso a los padres y/o apoderados, debiendo acreditar dicha circunstancia en la Secretaría Regional Ministerial correspondiente, dando fiel cumplimiento a la normativa sobre perdida del Reconocimiento Oficial.
Artículo 1º transitorio: En tanto no entren en vigencia las normas que crean la de Educación.
1. La fiscalización a los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, que conforme a este reglamento corresponde realizar a la Superintendencia de Educación, será efectuada por los inspectores del Ministerio de Educación.
2. Las visitas periódicas a que se refiere este reglamento, serán realizadas por inspectores del Ministerio de Educación.
3. La referencia realizada a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, se entenderá efectuada a la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.
4. Las actas que contengan observaciones deberán ser remitidas al correspondiente Secretario Regional Ministerial de Educación para la instrucción del proceso correspondiente.
5. Respecto del procedimiento, se entenderá que éste podrá iniciarse de oficio por el Secretario Regional Ministerial de Educación correspondiente, por denuncia del Ministerio de Educación, o a solicitud de otros organismos públicos relacionados o dependientes de éste.
6. Respecto de la resolución que ordene la instrucción de un procedimiento, designación del fiscal instructor, formulación de cargos, investigación de los hechos, solicitud de informes, ponderación de las pruebas y disposición de toda otra diligencia que dé curso al procedimiento, será dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo.
7. El Informe del Fiscal Instructor propondrá al Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según sea procedente.
8. Corresponderá al Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, resolver el proceso sobreseyendo o aplicando alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32.
9. Todo procedimiento que inicie el Ministerio de Educación deberá concluir en un plazo que no exceda de seis meses.
Lo dispuesto en este artículo no obsta al ejercicio de las facultades de delegación que, de conformidad a las reglas generales, dispongan las autoridades correspondientes a los funcionarios de la Unidad de Subvenciones o a otros órganos o funcionarios del Ministerio de Educación.
Artículo 2º transitorio: Tratándose de establecimientos educacionales que impartan exclusivamente educación parvularia, el Ministerio de Educación podrá encomendar a otros organismos públicos relacionados o dependientes del mismo, la certificación del cumplimiento de los requisitos señalados en este reglamento.
Artículo 3º transitorio: Por resolución fundada del Secretario Regional Ministerial respectivo, los plazos establecidos en el presente reglamento podrán ampliarse si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos, siempre que se trate de solicitudes de reconocimiento oficial que a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento se encuentren en trámite.
Artículo 4º transitorio: Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2º del presente decreto, no será aplicable a las solicitudes de reconocimiento oficial cuya resolución se encuentre pendiente al 1º de marzo de 2016.
Artículo 5º transitorio: Los establecimientos de educación parvularia que se encuentren funcionando sin tener reconocimiento oficial del Estado, tienen un plazo de 8 años para su obtención, a contar de la vigencia de la ley Nº 20.529 de acuerdo a lo establecido en su artículo decimoquinto transitorio y en el artículo tercero transitorio de la ley Nº 20.832.
Artículo 6º transitorio: Los establecimientos educacionales que impartan exclusivamente enseñanza media completa bajo la estructura curricular anterior a la fecha de entrada en vigencia el artículo 8º transitorio del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, estarán exceptuados del cumplimiento de lo establecido en el inciso primero del artículo 22, del presente reglamento.”.
Por su parte, aquellos establecimientos que hasta el año escolar 2017, obtengan el reconocimiento oficial para impartir el nivel de educación básica, y se encuentren creando los cursos necesarios para completarlo, podrán exceptuarse de cumplir lo establecido en el inciso primero del artículo 22 del presente reglamento, siempre que impartan los primeros 6 cursos que dicho nivel comprende.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Fernando Rojas Ochagavía, Subsecretario de Educación.
Reglamentos de la Ley 20.845
MODIFICA DECRETO SUPREMO Nº315, DE 2010, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUE REGLAMENTA REQUISITOS DE ADQUISICIÓN, MANTENCIÓN Y PÉRDIDA DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL ESTADO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA
Decreto Núm. 264.- Santiago, 9 de julio de 2015. Considerando:
Que, el artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación, prescribe en su inciso final, que los requisitos para la obtención del reconocimiento oficial serán reglamentados mediante decreto supremo del Ministerio de Educación;
Que, en virtud de dicho mandato legal, el decreto supremo Nº 315, de 2010, del Ministerio de Educación, reglamentó las normas relativas a los requisitos para la obtención, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media, que así lo soliciten y cumplan con los requisitos legales y reglamentarios;
Que, los artículos 25 y siguientes de dicho decreto supremo, disponen el procedimiento y los requisitos que deben cumplirse para proceder al receso y renuncia del reconocimiento oficial del Estado;
Que corresponde al Estado otorgar especial protección al ejercicio del Derecho Fundamental de Educación.
Que, de acuerdo a lo anterior, se hace necesario modificar el decreto supremo Nº 315, ya citado, a fin de establecer mayores exigencias a la renuncia del reconocimiento oficial del Estado, y
Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en los artículos 45, 46, 47, 48 y 50 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación; en la ley Nº 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación; en el decreto supremo Nº 315, de 2010, del Ministerio de Educación, y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
Artículo único.- Modifícase decreto supremo Nº 315, de 2010, del Ministerio de Educación de la siguiente forma:
1.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 25:
Reemplázase en su inciso primero la frase “dentro de los dos últimos meses” por la expresión “hasta el 30 de junio”.
Introdúzcase en su inciso primero a continuación del punto final que pasa a ser seguido el siguiente texto: “La solicitud de receso podrá ser total cuando afecte al servicio educacional en su conjunto, o bien parcial, cuando se solicite sólo por un Nivel, Modalidad o Especialidad Técnica Profesional, del establecimiento educacional.”.
Sustitúyase su inciso segundo por el siguiente:
“Si al término del receso total o parcial, no se diera reinicio a las actividades por parte del sostenedor, dicho incumplimiento estará afecto al procedimiento dispuesto en el párrafo 5º del Título III de la ley Nº 20.529.”.
Introdúzcanse al artículo 26, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la frase siguiente: “La solicitud de renuncia voluntaria podrá ser total o parcial, en los mismos términos descritos para el receso en el artículo anterior.”.
Sustitúyase el artículo 27 por el siguiente nuevo:
“Artículo 27.- En los casos de receso y renuncia voluntaria a que se refiere este párrafo, el sostenedor deberá notificar a los padres y/o apoderados personalmente con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud establecida en el artículo 25, citándolos por escrito al establecimiento educacional, con a lo menos 3 días de anterioridad a reunión fijada para este sólo efecto, y dejando constancia escrita y firmada de ello. Respecto de aquellos padres y/o apoderados que no concurrieran a dicha citación o no quedare constancia de su notificación personal, procederá su notificación por carta certificada conforme a la ley 19.880. La notificación precedente deberá acreditarse al momento de la presentación de la solicitud respectiva, en formulario elaborado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación para tal efecto, con la información actualizada de los domicilios de los alumnos y de sus padres y/o apoderados, según la matrícula vigente. Sin perjuicio de lo anterior, el sostenedor del establecimiento educacional de que se trate, deberá acreditar que se encuentra al día con el pago de la remuneración y cotizaciones previsionales de su personal, ambos elementos de admisibilidad respecto de los cuales el Secretario Regional Ministerial respectivo deberá pronunciarse en un plazo de 45 días.
El Secretario Regional Ministerial de Educación correspondiente sólo podrá pronunciarse en definitiva sobre la solicitud de receso de actividades o renuncia al reconocimiento oficial, una vez que el sostenedor haga entrega de las actas de la evaluación y promoción escolar de todos los alumnos y alumnas al Ministerio de Educación, acredite la entrega de la documentación escolar a los padres y apoderados y acredite el pago de la remuneración y cotizaciones previsionales de su personal hasta el término del año laboral docente en que se solicita el receso o renuncia voluntaria al reconocimiento oficial. Esta documentación deberá ser presentada por el sostenedor a más tardar el 15 de marzo del año siguiente a aquel en que se presentó la solicitud. Sin perjuicio de lo señalado, el sostenedor deberá cumplir con la obligación establecida en el Párrafo 3º del Título III de la ley Nº 20.529 y, en su caso, devolver recursos obtenidos por aporte de capital, así como de otros beneficios que tenga pendientes ante el Ministerio de Educación.
En casos excepcionales, el Subsecretario de Educación podrá, por resolución fundada, prorrogar el plazo para solicitar el receso, siempre que el sostenedor acredite que el establecimiento educacional no cuenta con matrícula suficiente para el año escolar y ha realizado todas las gestiones posibles tendientes a evitarla. En ningún caso, dicha prórroga podrá exceder al último día hábil del mes de marzo del año en el que se solicita hacer efectivo dicho receso.”.
Artículo transitorio.- Las modificaciones, a que se refiere el presente decreto, entrarán en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial. No obstante lo anterior, aquellos sostenedores que deseen presentar solicitudes de receso de actividades o renuncia al reconocimiento oficial para el año escolar 2016, tendrán plazo máximo de presentación el 30 de octubre de 2015, ajustándose a este nuevo procedimiento.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Educación.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Valentina Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.