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Timestamp: 2016-10-26 19:54:03
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⭐LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO* I. INTRODUCCIÓN
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José Miguel Luna Romero
1 LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO* Carlos BÁEZ SILVA SUMARIO: I. Introducción. II. La supremacía constitucional. III. La Constitución como norma jurídica.iv.la omisión legislativa y su inconstitucionalidad. V.La inconstitucionalidad por omisión en el constitucionalismo mexicano. VI. Conclusión. VII. Bibliografía. I. INTRODUCCIÓN El tema de la inconstitucionalidad de las omisiones legislativas no es novedoso en México. Es cierto que los estudios nacionales han sido escasos, autores extranjeros han abordado la cuestión en revistas mexicanas. Esto a pesar de que en no pocas ocasiones es posible escuchar el argumento de que la Constitución mexicana, algún artículo de ella, no es del todo aplicable, puesto que hace falta que se cree la legislación secundaria que la desarrolle y la torne, por tanto, aplicable, vigente en forma plena. En no pocas ocasiones, igualmente, algunas voces se han levantado para sostener que la vigencia de una Constitución no puede depender de la voluntad de un órgano constituido, y que por lo tanto la normativa constitucional debe aplicarse directamente. Así, en México la inactividad legislativana no es un asunto baladí. En el presente trabajo se pretende mostrar de manera panorámica la problemática que plantea la inactividad legislativa del Poder Legislativo. Se parte de la referencia al concepto de Estado de derecho para identifi- * Este trabajo se publicó originalmente en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXV, núm. 105, septiembre-diciembre de 2002, pp2 382 CARLOS BÁEZ SILVA car la naturaleza y características de la Constitución y el constitucionalismo moderno. Se pasa revista al análisis conceptual que se ha elaborado en torno a la figura de la inconstitucionalidad por omisión, tratando de responder a las preguntas básicas que se plantean desde un inicio: Qué es la inconstitucionalidad por omisión legislativa? En qué momento es pertinente hablar de una infracción a la Constitución debida a la inactividad legislativa del órgano legislativo del Estado? Las respuestas a estas preguntas, eminentemente teóricas, corresponden al posterior análisis de la institución en el derecho positivo mexicano. Es importante señalar que el tema que se aborda, inscrito en el área del derecho constitucional, no puede alejarse demasiado de la situación política concreta y cotidiana. En México la experiencia ha enseñado que los estudios constitucionales que dejan de lado la dinámica política y se centran en la estructura o diseño institucional (la estática) son presa fácil de la obsolescencia, en el mejor de los casos, o de la inutilidad, en el peor. Por tanto, he intentado no descuidar el aspecto político de este espinoso tema; sin embargo, la óptica con la que es abordado es eminentemente jurídica. Considero que la omisión legislativa es una asignatura pendiente del debate sobre la nueva constitucionalidad en este país. Como trataré de demostrar, el marco jurídico vigente a nivel federal no facilita la resolución de conflictos derivados de la inactividad legislativa del legislador. A nivel local se han comenzado a realizar experimentos interesantes, como en los estados de Veracruz, Tlaxcala o Chiapas, donde recientemente ha sido introducida toda una gama de mecanismos protectores de la Constitución local, entre ellos la figura de la inconstitucionalidad por omisión, misma que analizo en su momento. Éste no pretende ser más que un breve acercamiento al tema, atendiendo al derecho procesal constitucional comparado, cuyo objetivo es fomentar el inicio del debate sobre el tema dentro de las discusiones en torno a una nueva Constitución (o constitucionalidad) federal mexicana. II. LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Se dice que algo es supremo cuando es superior jerárquicamente, cuando sobre ese algo no existe algo más, cuando es lo más alto, lo más valioso. Es en este sentido en el que se entiende la supremacía de las Constituciones: son lo más alto, lo más valioso, pues sobre ellas no exis-3 LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD 383 te nada más, son formalmente superiores. Una Constitución, por definición, es un conjunto de normas que establecen un sistema de normas, por ello la Constitución es superior a las normas de ella derivadas. Según Hermann Heller, 1 el concepto de orden social acepta un doble significado: a) como una forma determinada de obrar de los hombres como probabilidad empírica de que se presente cierta conducta; b) como un sistema de normas. Ambos significados pueden confluir en uno solo, pues la probabilidad empírica de que una conducta humana se presente aumenta o disminuye en razón de los incentivos o desincentivos que se generen para ello. Y no cabe duda que la certeza de resentir un mal es un desincentivo muy importante que el individuo puede encontrar para realizar determinadas conductas, ya sea en su persona o en sus propiedades. La mejor técnica que se ha encontrado para establecer de manera racional castigos o penas ha sido su tipificación como delitos o faltas en normas jurídicas. Es así cómo el derecho opera para modelar conductas, al motivar unas o desmotivar otras mediante la amenaza del castigo. Sin embargo, es necesario señalar que lo importante no es el castigo en sí, su magnitud o crueldad, sino la certeza de su aplicación. Como gran tercero ajeno a los conflictos entre los individuos, se ha instituido a un creador de reglas y aplicador de castigos. Pero ni aún así los seres humanos hemos estado exentos del miedo que priva de la libertad, pues esa institución creada para proteger a los hombres termina por convertirse en una amenaza para los mismos. Por ello es necesario limitar y controlar a ese ente. El Estado moderno nace como Estado absolutista; es hasta la propagación y triunfo de las ideas del liberalismo que se habla de un Estado de derecho; 2 sin embargo, es necesario entender que no todo Estado, aun 1 Heller, Hermann, La soberanía, trad. de Mario de la Cueva, México, UNAM, 1965, p Es preciso recordar que el gran problema que viene a solucionar el Estado moderno es el de la falta de seguridad y la necesidad de una paz propicia para el intercambio mercantil, para ello fue necesario constituir un poderoso aparato de coerción; no obstante, tal aparato se convirtió pronto en la principal amenaza a la seguridad y la paz buscadas, desde entonces la lucha se dio por la libertad, ésa que depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la libertad es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro, y para lograr esto se requiere, también, que no se abuse del poder. Cfr. Montes-4 384 CARLOS BÁEZ SILVA hoy, es Estado de derecho, 3 ya que tal denominación no puede ser aplicada de manera simple a una organización política que se constituya, únicamente, en creadora y guardiana de un ordenamiento jurídico. Para que la expresión Estado de derecho sea correctamente aplicada debe tratarse de una organización política (con las características jurídicas e históricas del Estado moderno) que cree, garantice y, al mismo tiempo, sea fiel observante de ese ordenamiento jurídico que crea y garantiza. 4 Para hablar de Estado de derecho es necesario referirse al Estado acotado, limitado en su poder por el derecho positivo. 5 Sólo cuando el poder del Estado se limita por el derecho positivo se está en presencia del Estado de derecho. quieu, Del espíritu de las leyes, trad. de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 114 y ss. 3 No todo Estado es Estado de derecho. Por supuesto, es cierto que todo Estado crea y utiliza un derecho, que todo Estado funciona con un sistema normativo jurídico. Difícilmente cabría pensar hoy un Estado sin derecho, un Estado sin un sistema de legalidad. Y sin embargo... la existencia de un orden jurídico, de un sistema de legalidad, no autoriza a hablar sin más de Estado de derecho. Díaz, Elías, Estado de derecho y sociedad democrática, 6a. ed., Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1975, p. 13. Como más adelante se expone, para que un Estado que crea y aplique el derecho sea calificado de derecho es preciso que también obedezca a ese derecho que crea y aplique, sobre todo tomando en consideración que el derecho, bajo la teoría del contrato, es producto de la voluntad popular, la gran legisladora, y ello es, al final, lo que dota de obligatoriedad al orden jurídico. 4 El Estado de derecho es el Estado sometido al derecho, o mejor, el Estado cuyo poder y actividad vienen regulados y controlados por la ley. El Estado de derecho consiste así fundamentalmente en el imperio de la ley: derecho y ley entendidos en este contexto como expresión de la «voluntad general». Idem. 5 [P]or ley debe entenderse la formalmente creada por el órgano popular representativo... como expresión de la voluntad popular. Ibidem, p. 30. En los tiempos que vivimos es necesario tener un concepto dinámico de ley, y no contentarnos con las definiciones formalistas o demasiado técnicas; en este sentido considero de capital importancia lo que al respecto señala Cerroni, respecto a la ley moderna, la cual no consiste del todo en la pura emisión de imperativos sancionados por la fuerza, sino que es preciso distinguirle dos elementos constituyentes interconectados: a) el elemento imperativo que consiste en una voluntad proveída de fuerza (lo que expresa su particularidad y la coacción), y b) el elemento cultural consistente en una disposición racional emanada por una autoridad legítima (lo que expresa la racionalidad y el consenso). De estos dos elementos el primero es ciertamente constante en la historia, mientras el segundo se presenta en formas variables tocando el vértice en el Estado democrático de derecho. Lo anterior lleva a decir que, en estos días, la ley no es sino una orden legítima emanada en el respeto de procedimientos específicos por una autoridad electa (parlamento), es decir, fundada en el consen-5 LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD 385 El primer límite que el derecho positivo impone al poder del Estado es, precisamente, la obligatoriedad del mismo, aun para el Estado, uno de cuyos órganos lo crea. El Estado se limita en su poder al tener que ejercerlo conforme a la ley, la cual, si bien es dada por el legislativo, uno de los poderes que integran al Estado, es entendida como la expresión de la voluntad popular mediante la idea de la representación política. Otro gran límite impuesto a la organización estatal es el consistente en la consagración constitucional de la teoría de la separación de poderes: el famoso artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano señalaba tajantemente que aquella sociedad en la cual la garantía de los derechos individuales no estuviera asegurada ni la separación de poderes establecida no tendría Constitución. Así, siguiendo los razonamientos de Montesquieu, se entiende que las funciones del poder deben separarse y atribuirse cada una a un órgano distinto, con tal de evitar que ese poder se ejerza arbitrariamente: la idea es que el poder contenga al poder. Del referido artículo 16 de la Declaración se desprende otra gran restricción al poder del Estado: los derechos individuales: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, principalmente; de los que se derivarán derechos más concretos establecidos en las varias Constituciones que a partir de entonces proliferaron en el orbe. Fundados en el famoso artículo 16, los pueblos iniciaron las labores para aplicar esa técnica de la libertad que se inauguró entonces. División de poderes y consagración de los derechos fundamentales del individuo fueron los elementos esenciales de las Constituciones modernas, las cuales, en atención a las ideas reousseaunianas, al ser producto de la convención popular, se consideraron la manifestación concreta de la voluntad del pueblo, titular, ya para entonces indiscutido, de la soberanía. El pueblo, en ejercicio de su soberanía, dictaba la Constitución y mediante ella instituía al Estado y sus órganos. Se diferenció claramente entre el sujeto constituyente (el pueblo o sus representantes elegidos ex profeso) y las instituciones constituidas: el Estado (centro del poder político y monopolizador de la violencia legítima) y sus órganos componentes (legislativo, ejecutivo y judicial). so del pueblo. Cfr. Cerroni, Umberto, Política. Método, teorías, procesos, sujetos, instituciones y categorías, trad. de Alejandro Reza, México, Siglo XXI Editores, 1992, p. 134.6 386 CARLOS BÁEZ SILVA De esta manera, las Constituciones modernas cumplen con una doble función: por una parte, al regular las relaciones entre el Estado y los individuos (derechos del hombre y del ciudadano), limitan la acción del primero para salvaguardar la vida, la libertad y la seguridad de los segundos; por la otra, al instituir al poder político, lo organizan y dotan de funciones, las cuales adscriben a entes diversos que integran un todo, de forma tal que el Estado se constituye por diversos órganos (poderes) que realizan funciones particulares, pero que colaboran entre sí. La Constitución, como obra de seres humanos concretos, resiente el paso del tiempo y el cambio de generaciones, y debe ser modificada regularmente con el fin de que se pueda adaptar a las circunstancias históricas. Para ello, el creador o constituyente (el pueblo o sus representantes ex profeso) instaura un mecanismo de reforma a la Constitución, el cual, con el ánimo de evitar modificaciones constantes que atenten contra la voluntad del pueblo constituyente, es complejo, pues requiere de la intervención de diversos órganos constituidos y, en algunos casos, de la intervención directa del pueblo. La Constitución es, entonces, el instrumento que, al consagrar los dos principios liberales fundamentales (derechos fundamentales y división de poderes), funciona como base del sistema normativo que rige una comunidad. Este instrumento, al ser el fundamento del resto de las normas jurídicas, adquiere una superioridad tanto formal como material; tal superioridad formal se refuerza por la imposibilidad de modificar la Constitución mediante los mismos mecanismos simples para cambiar cualquier norma secundaria. Esto significa que el resto de normas jurídicas sólo puede ser creado a través de los mecanismos establecidos por la propia Constitución; y por la otra, que cualquier norma cuyo contenido o interpretación 6 se 6 [A]tento al principio de supremacía constitucional establecido por el artículo 133 de la ley fundamental, cuando una norma jurídica admite varias interpretaciones debe adoptarse la que resulte más congruente con el ordenamiento supremo. Cfr. Semanario Judicial de la Federación, t. II, diciembre de 1995, tesis P./J.45/95, p. 41. En este mismo sentido, se deriva la regla de que todas las normas secundarias, mientras no estén en franca contradicción con este ordenamiento supremo, deben ser interpretadas de manera tal que no se opongan a éste. Cfr. Semanario Judicial de la Federación, t. VII, febrero de 1991, tesis 3a. XII/91, p. 53. De lo anterior se desprende que cuando la interpretación de una norma secundaria es contraria al texto constitucional o a su interpretación, lo que debe perder validez es la interpretación del texto secundario, pues es preciso encontrar una interpretación de éste conforme a la norma superior, cuando sea posible; esto en razón de que7 LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD 387 oponga al contenido o interpretación de algún precepto constitucional debe perder su validez. 7 La Constitución mexicana vigente establece en el artículo 133 su propia supremacía, en virtud de lo cual se obliga a: Toda institución o dependencia, y a todo individuo, cualquiera que sea su jerarquía pública, o privada, a someterse a las disposiciones del orden jurídico que tiene su origen precisamente en la Constitución, razón por la que ninguna ley, tratado, reglamento, decreto, circular u orden pueden vulnerar las garantías y postulados de la ley suprema, como tampoco ningún individuo puede obrar al margen de ella. 8 De esta manera, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones. 9 El Estado de derecho es, pues, un Estado limitado por el derecho positivo, y la propia Constitución se convierte en derecho positivo; pero no basta con proclamar tal limitación; es preciso que existan garantías suficientes que eviten que el Estado rompa con los límites impuestos; tales garantías son de naturaleza jurídica, política y social, 10 y en ciertos casos toman la figura de controles. no existe siempre perfecta coincidencia entre el texto normativo secundario y la interpretación que del mismo se realiza, por lo que al modificar la segunda se puede salvar la constitucionalidad del primero. 7 Según el principio de supremacía constitucional, una norma secundaria contraria a la ley suprema, no tiene posibilidad de existencia dentro del orden jurídico. Cfr. Semanario Judicial de la Federación, t. III, segunda parte, enero-junio de 1989, p Cfr. Apéndice de 1995, t. VI, Parte TCC. 9 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, t. X, agosto de 1999, tesis P./J. 73/99, p Jellinek señala que las garantías en el derecho público son: a) sociales; b) políticas, incluye aquí a la división de poderes y la protesta del cargo, y c) jurídicas, donde incluye: I. La fiscalización en sus dos aspectos: 1. Jurídica (administrativa y financiera) y 2. Política (parlamentaria). II. La responsabilidad de los servidores públicos (civil, penal, administrativa y el impeachment). III. La jurisdicción es sus dos aspectos: 1. Control de legalidad y 2. Control de constitucionalidad. IV. Lo que denomina medios jurídicos, es decir, procedimientos de protección de los derechos humanos (algo parecido al amparo mexicano). Cfr. Jellinek, Georg, Teoría general del Estado, trad. de Fernando de los Ríos, Buenos Aires, Albatros, 1970, pp. 591 y ss.8 388 CARLOS BÁEZ SILVA Limitar y controlar son dos cosas distintas: lo primero significa poner término o lindero, confinar una acción o cosa, es acotar, ceñir, restringir; lo segundo, por el contrario, denota ejercer comprobación, inspección, fiscalización, sus sinónimos son vigilar, examinar, verificar. De tal forma, que en el Estado de derecho se establecen límites al poder, pero también se crean controles que evitan que tales límites sean violados, y en algunos casos reparan las infracciones cometidas. Limitar significa, pues, establecer barreras, señalar fronteras. Y al poder del Estado, con tal de que no se convierta en una seria amenaza para los individuos, se le deben señalar barreras, se le deben establecer fronteras. Como se anotó, después de las Revoluciones americana y francesa se consagraron dos grandes límites: la división de poderes y los derechos de la persona humana. Anteriormente, en la Inglaterra medieval el rule of law se había ya consolidado como la primera frontera, la principal barrera al poder despótico del rey. Pero con tales disposiciones no bastaba; el mismo Constant, una vez que la polvareda de la Revolución francesa parecía disiparse, se aterraba ante la falta de control del nuevo soberano, el único legítimo: el pueblo. Lo que causaba tanto temor a este autor era que, aun siendo el pueblo el soberano reconocido, nada garantizaba que no ejerciera su poder arbitrariamente; por ello es que debían buscarse mecanismos que facilitaran la verificación de que el poder, aun ese poder derivado del contrato popular, permaneciera dentro de las fronteras señaladas. Había que garantizar que los límites fueran respetados en beneficio de la libertad individual. 11 Es necesario, entonces, distinguir claramente entre limitar al poder y controlarlo; el constitucionalismo surge a partir de la búsqueda de la libertad del individuo, y el fin principal que tal movimiento se plantea es el de señalar fronteras al poder del Estado; la más notoria de estas fronteras o restricciones fue la observancia irrestricta de la ley, misma que trató de asegurarse mediante la figura de la protesta del cargo ; la otra, también importantísima, consistió en la división de poderes, técnica que dio 11 Una clara concepción de la garantía en el derecho es la que señala que la validez o positividad de un derecho necesita ser garantizada de algún modo ; esto es: Es preciso que haya poderes cuya existencia haga esperar a los ciudadanos que las normas jurídicas han de transformarse, de exigencias abstractas dirigidas a la voluntad humana, en acciones concretas. Idem.9 LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD 389 lugar a un interesante sistema de colaboración y mutua fiscalización entre los diversos órganos estatales. Estos dos grandes principios (división de poderes e imperio de la ley) fueron consagrados en documentos fundacionales de los nuevos Estados modernos que nacían, de tal forma que, como se anotó ya, Constitución era sinónimo de institucionalización de la técnica de la división de poderes y respeto a los derechos fundamentales del individuo mediante el imperio de la ley. Posteriormente, el movimiento constitucionalista 12 se consolida con el triunfo de la idea de la supremacía de la Constitución; es decir, por una parte, la propia Constitución establece los mecanismos de creación de normas y, por la otra, la total invalidez de leyes o actos estatales al margen o contrarios a ésta. Finalmente, como resultado de la marcha de la historia y del tesón de los pueblos, es posible encontrar una nueva limitación al poder estatal incluida en la Constitución: la participación de los individuos y de sus organizaciones en la toma de las decisiones trascendentales para la comunidad El vocablo constitucionalismo alude a aquellos límites sobre las decisiones mayoritarias; de modo más específico, a los límites que en cierto sentido son autoimpuestos. Tales límites pueden adoptar variedad de formas y ser de procedimiento o sustantivos, así como obstruir o tan sólo hacer más lento el proceso del cambio legislativo. Cfr. Elster, Jon y Slagstad, Rune, Constitucionalismo y democracia, trad. de Mónica Utrilla, México, Fondo de Cultura Económica-Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, 1999, p Algunos de estos elementos (división de poderes, participación popular en el proceso político, regulación y fiscalización de recursos económicos que implica un sistema de límites, así como la supremacía constitucional) son señalados por Fix-Zamudio como instrumentos protectores de la Constitución, definiéndolos como todos aquellos factores políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados por medio de normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia carta fundamental... Estos instrumentos pretenden lograr el funcionamiento armónico, equilibrado y permanente de los poderes públicos y, en general, de todo órgano de autoridad. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, 2a. ed., México, Centro de Estudios Constitucionales México Centroamérica-UNAM-Corte de Constitucionalidad República de Guatemala, 1998, Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, núm. 12, p. 25 (las cursivas son mías). No comparto la opinión del distinguido profesor Fix-Zamudio, puesto que lo que señala como protección no es sino la Constitución misma, ya que el objetivo del constitucionalismo, como se anota arriba, es limitar al poder y hacer actuar a los titulares del mismo de una forma predecible, es decir, dentro de una legalidad.10 390 CARLOS BÁEZ SILVA De esta manera, supremacía constitucional (libertad e igualdad consagradas), división de poderes, imperio de la ley (rule of law) y participación popular en el proceso político (ideas de soberanía popular y representación política), vienen a integrar el fundamento del Estado democrático de derecho, prototipo contemporáneo de la organización política de las naciones. Y una Constitución actual se integra con estos principios; en otras palabras, hoy tales principios son la Constitución. Sin embargo, este diseño institucional ideal no está o puede estar exento de disfunciones o vicios; por ello es necesario que la misma Constitución prevea mecanismos que reparen la normalidad trastornada. 14 Esos mecanismos reparadores son los controles, los cuales garantizan la buena marcha del diseño institucional, siendo parte del mismo. Distíngase: los límites son la esencia de la Constitución, forman el modo de ser del Estado, su identidad; los controles, si bien incluidos en la misma Constitución, no funcionan normalmente, sino que su accionar inicia cuando la normalidad 15 instituida por la Constitución se trastorna. 14 [A]un considerada como excepcional, la violación a la Constitución debe ser prevenida o reparada. Esto quiere decir que, aparte de la manera normal de preservar a la Constitución, que es observándola voluntariamente, tiene que haber en todo régimen constitucional un medio de protegerlo contra las transgresiones, ya provengan éstas de un mal entendido de los preceptos o ya del propósito deliberado de quebrantarlos. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 25a. ed., México, Porrúa, 1991, p El mismo Fix-Zamudio reconoce que lo que llama protección de la Constitución es el aspecto fisiológico de la ley fundamental, es decir, es el funcionamiento adecuado de los órganos del poder. Y ello indica que puede existir un funcionamiento inadecuado, lo que constituye la patología constitucional: los límites constitucionalmente señalados al poder no han cumplido con su cometido, han dejado de ser eficaces. Ante esta situación de anormalidad, la propia Constitución prevé mecanismos reparadores del orden jurídico supremo. Entonces, la corrección de esa patología dependerá de las garantías constitucionales. Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, La Constitución y su defensa, Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1993, p Tomo la idea de normalidad de Zaldívar ( El juicio de amparo y al defensa de la Constitución, en Cossío Díaz, José Ramón y Pérez de Acha, Luis M. (comps.), La defensa de la Constitución, México, Fontamara, 1997, p. 48): La normalidad constitucional... se integra por todos aquellos instrumentos que coadyuvan a que el sistema previsto en la Constitución funcione (las cursivas son del autor citado). Como se aprecia, Zaldívar llama normalidad a lo que Fix-Zamudio denomina protección, pero que al final, reitero, no es sino la esencia misma de la Constitución, es la Constitución.11 LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD 391 Los controles, por tanto, integran lo que se ha llamado defensa de la Constitución 16 o garantías constitucionales : 17 son instrumentos de naturaleza eminentemente procesal o procedimental que tienen como objetivo reparar y, en su caso, castigar el trastorno de la normalidad constitucional. 18 Estos instrumentos deben estar previstos en el mismo ordenamiento constitucional, de tal forma que integran la Constitución, inclusive le dan identidad también, pero no operan corrientemente, sino que sólo se utilizan de manera esporádica. Siguiendo la similitud médica planteada por Fix-Zamudio, se puede decir que la enfermedad que aqueja al sistema constitucional (rompimiento de los límites) es remediada a través de estos mecanismos (controles). III. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA JURÍDICA Se mencionó que la Constitución es la base del sistema normativo jurídico. Ello es así porque este instrumento establece los mecanismos de creación normativa y los órganos facultados para intervenir en dichos mecanismos. Por otra parte, cualquier texto normativo que por sí mismo o cuya interpretación sea contraria a algún precepto constitucional no puede existir. Sin embargo, cabe preguntarse si la Constitución, al margen de su naturaleza estrictamente política, es ella misma una norma jurídica. 16 Cfr. Idem. 17 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al estudio, op. cit., nota 13, p. 26. Respecto al debate sobre la naturaleza de los controles y su identificación con las garantías, huelga señalar que en este trabajo se conciben a los primeros como garantías del sistema constitucional, tomando principalmente la concepción de Jellinek al respecto. 18 Me parece que la distinción entre límites y controles puede ser de utilidad, sobre todo considerando que los límites son la Constitución en sí; el propio concepto y la trayectoria de Constitución implican un límite al poder político; los controles aparecen cuando se experimenta la ruptura de los límites. Así planteada la cuestión, los límites nos remiten a lo que se puede denominar la estática o estructura del diseño institucional, en tanto que los controles nos harían pensar en la dinámica o procedimientos del mismo. Por ello es que me parece que por definición los controles son (o deben ser) instrumentos de naturaleza eminentemente procesal o procedimental. Según esto, se podría hablar de garantías constitucionales estructurales y de garantías constitucionales procedimentales, aunque estaría por discutirse este controvertido punto. Cfr. Valadés, Diego, El control del poder, México, UNAM, 1998; Flores Mendoza, Imer Benjamín, Derecho y poder en la defensa e ingeniería de la Constitución, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año XXXI, núm. 92, mayo-agosto de 1998.12 392 CARLOS BÁEZ SILVA Por norma se puede entender toda regla práctica de comportamiento cuyo cumplimiento es obligatorio. 19 Las normas jurídicas se caracterizan por imponer deberes correlativos de facultades o conceder derechos correlativos de deberes (bilateralidad), 20 atender principalmente a actitudes externas del ser humano (exterioridad), 21 la posibilidad de que su cumplimiento se imponga por la fuerza o la amenaza de su empleo (coercibilidad) 22 y por ser impuestas por una voluntad ajena a la del sujeto normado (heteronomía). 23 Para muchos teóricos la característica esencial de la norma jurídica es su coercibilidad, es decir, la posibilidad de su cumplimiento forzoso y de castigo al desacato: El derecho regula el ejercicio de la fuerza en la sociedad; por lo tanto, debe contener (al menos algunas) normas que establecen sanciones. Las demás normas son jurídicas en la medida en que pertenecen al sistema jurídico, sean o no normas sancionadoras. 24 La Constitución no sólo crea al Estado y lo divide en órganos, sino que le atribuye a dichos órganos diversas facultades y obligaciones, de la misma forma que, al regular la relación entre los individuos y el Estado, consagra derechos y obligaciones de los primeros y límites a la acción del segundo. Por supuesto, la Constitución regula o norma conductas de los hombres, ya sea de los individuos que integran la sociedad o de aquellos que, como titulares de los órganos estatales, ejercen facultades estatuidas. Por otra parte, en tanto que la Constitución es producto de la actividad del poder constituyente, es ajena a la voluntad de los sujetos normados a los cuales les es impuesta. Y, finalmente, la propia Constitución prevé mecanismos para forzar el cumplimiento de las obligaciones que impone y resguardar los derechos que consagra, al mismo tiempo que establece sanciones a quienes se resistan a cumplirla o abiertamente realicen conductas no permitidas por la misma. Entonces, puede afirmarse que la Constitu- 19 Cfr. García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 36a. ed., México, Porrúa, 1984, p Ibidem, p Ibidem, p Ibidem, p Ibidem, p Cfr. Alchourrón, Carlos E. y Bulygin, Eugenio, Norma jurídica, en Garzón Valdés, Ernesto y Laporta, Francisco J. (eds.), El derecho y la justicia, 2a. ed., Madrid, Trotta, 2000, p. 136.13 LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD 393 ción es una norma jurídica o, mejor dicho, un conjunto de normas jurídicas supremas, fundamentales. Como se mencionó, tales normas son supremas porque: a) Su creación corresponde a un órgano superior a los órganos instituidos en mismas normas fundamentales. b) Para su modificación se sigue un procedimiento distinto, mucho más complicado, que para cambiar las normas que derivan de ellas. c) Establecen los mecanismos de creación del resto de las normas jurídicas. d) Ninguna norma derivada puede ser contraria, ni formal (procedimiento) ni materialmente (contenido) a estas normas fundamentales. En tanto que conjunto de normas, las constitucionales también pueden ser objeto de clasificación, no obstante el carácter fundamental y supremo de todas. Esta clasificación toma como base el grado de eficaciadelasnormas 25 constitucionales, que no su contenido material. La distinción básica que se hace entre normas constitucionales estriba en identificar: 26 a) Normas de eficacia directa: las que son idóneas por sí (directamente) para regular situaciones concretas. b) Normas de eficacia indirecta: las que necesitan ser actuadas o concretadas a través de una posterior actividad normativa. Éstas son normas no suficientemente completas como para poder ser operadas o aplicadas en forma directa por los oficiales de la administración pública, los particulares o los jueces. Requieren para ello un posterior desarrollo normativo, atendiendo al sistema de fuentes que la propia Constitución establezca. En esta categoría se ubican diferentes tipos de normas: Normas constitucionales de eficacia diferida: son normas de organización de los llamados poderes estatales y de sus instancias de dirección. 25 Por eficacia de una norma respecto de un fenómeno empírico dado se entiende aquí la capacidad de la norma para funcionar como determinante causal de tal fenómeno. Cfr. Capella, Juan Ramón, Elementos de análisis jurídico, Madrid, Trotta, 1999, p Cfr. Zagrebelsky, Gustavo, La Constitución y sus normas, en Carbonell, Miguel (comp.), Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, México, Porrúa, 2000, p. 79.14 394 CARLOS BÁEZ SILVA Por ejemplo, no obstante las reglas específicas de los artículos 51 a 54 de la Constitución federal, es necesario contar con una ley electoral que los desarrolle para integrar las cámaras federales; por otra parte, puesto que el artículo 105 señala las hipótesis en las que se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad y de controversia constitucional, pero no el procedimiento a seguir, se hace necesaria una ley que haga plenamente eficaz este dispositivo constitucional. En general, cabría incluir aquí a las disposiciones constitucionales que para su plena eficacia requieren de la existencia de las denominadas leyes orgánicas o reglamentarias. Normas constitucionales de principio: Mientras que las reglas establecen lo que se debe o no se debe en circunstancias determinadas por la misma regla, los principios establecen orientaciones generales que han de seguirse en todos los casos que pueden presentarse, aunque no estén predeterminados por el mismo principio. 27 En México se pueden identificar, entre otras, las siguientes normas constitucionales de principio: Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos ; el varón y la mujer son iguales ante la ley ; a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos ; a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En este caso es importante hacer notar que si bien es cierto que corresponde al legislador concretar estos principios, ello no obsta para que, en caso de no hacerlo, sean los jueces quienes realicen esa labor de concreción, mediante su función de interpretación. Por ello es que las normas de principio, si bien necesitadas de determinación o especificidad, pueden gozar de eficacia directa, mediante la intervención de los intérpretes, aunque en ningún instante podrán sustituir al legislador en su labor. Normas constitucionales programáticas: puesto que pueden llegar a confundirse, es preciso compararlas con las normas de principio, con el fin de reconocerlas: Las normas programáticas se refieren esencialmente a los aspectos político-sociales, mientras que los principios se refieren a la coherencia interna del ordenamiento, respecto a determinados supuestos iniciales: los programas miran al fin; los principios, al inicio de una acción normativa. 28 También de este tipo de normas constitucionales encontramos buenos ejemplos en nuestro sistema: en tanto que todo individuo tiene derecho a recibir educación (norma de principio); el 27 Ibidem, p Ibidem, p.87.15 LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD 395 Estado Federación, Estados y municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria (norma programática); puesto que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral (norma de principio); el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos (norma programática). No se debe perder de vista que aunque se puedan clasificar de distintas maneras, las normas constitucionales, en tanto constitucionales, son supremas todas y, en tanto, normas jurídicas, son coercitivas. Decir que una Constitución tiene fuerza normativa significa que tal instrumento es eficaz, es decir, que los sujetos a él sometidos convierten a esa Constitución en motivo esencial de sus acciones. Siguiendo las ideas apuntadas sobre el Estado de derecho, cabe decir que una Constitución normativa es aquella que se convierte en regla de acción del poder político y de los individuos, no en instrumento de dominación de unos sobre otros. IV. LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD Respecto a la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garantías Así inicia una tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte, de donde se desprende que el amparo no procede contra la omisión del legislador; 30 pero, qué es la omisión del legislador o, mejor dicho, la omisión legislativa? Omisión, según el diccionario, significa abstención de hacer o decir, flojedad o descuido del que está encargado de un asunto; ya en un sentido punitivo implica una falta por haber dejado de hacer algo necesario o 29 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. VI, diciembre de 1997, tesis P.CLXVIII/97, p Como se verá mas adelante, a través de un juicio de amparo no podría declararse la omisión del legislador, puesto que tal declaración tendría, por definición, efectos generales, lo que choca frontalmente con el principio constitucional de la relatividad de las sentencias de amparo; sin embargo, a través del juicio de amparo sí se puede hacer efectivo un derecho público subjetivo o individual, tal como siempre ha ocurrido, violado por la inactividad legislativa.16 396 CARLOS BÁEZ SILVA conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. De esta manera, omitir no es un mero «no-actuar», sino un «no-actuar-como-se-espera»... Sólo se omite algo en un contexto en que es relevante una actuación determinada. 31 Sólo se puede omitir una conducta cuya presencia es probable (ya sea empírica o normativamente). Cuando se hace referencia a la omisión del legislador, por tanto, se pretende indicar que éste no ha actuado como se esperaba, que la conducta probable que se esperaba de él no se ha presentado. Qué conducta, empírica y normativamente probable, se espera del legislador? Pues, esencialmente, que legisle, que dicte textos normativos con el carácter de leyes. Así, la expresión omisión del legislador denota que el facultado para dar o crear la ley no ha ejercido tal facultad, no ha creado alguna ley (o lo ha hecho insuficientemente) cuando era probable que lo hiciera. Cuándo es probable que el legislador legisle? Dentro del Estado de derecho un órgano del poder político únicamente puede actuar previa autorización constitucional para ello, así que las Cámaras legislativas sólo pueden legislar cuando están facultadas para ello y en las materias que la propia Constitución señale. A nivel federal es el artículo 73 constitucional el que contiene el catálogo más general de facultades legislativas del Congreso de la Unión. De esta forma, la probabilidad de que el legislativo legisle se presenta únicamente cuando este órgano está facultado constitucionalmente para ello; es decir, al contar con atribuciones para legislar, es probable, mas no seguro, que el legislador haga leyes, o que las haga incompletas o deficientes. Esto último indica que puede haber diversos tipos de omisiones legislativas: a) absolutas o totales: que implica la ausencia total de una ley cuya emisión está prevista o autorizada en la Constitución, y b) relativas o parciales: que se acerca a lo que tradicionalmente se conoce como laguna de la ley ; es decir, el legislador crea una ley, con lo que ejerce su facultad constitucional e inclusive desarrolla algún precepto de la propia Constitución; sin embargo, en tal ejercicio el legislador viola, por así decirlo, el principio de igualdad, no contemplando en los supuestos de aplicación de la norma expedida a sujetos o casos en los que también podría o debería ser aplicada la ley creada, por 31 [E]s forzoso admitir que en el «universo constitutivo» del omitir entra no sólo una referencia al curso de actuación humana, sino también al contexto de lo esperable digamos en relación con tal curso de actuación. Cfr. Capella, Juan Ramón, op. cit., nota 25, p. 68.17 LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD 397 lo que los aplicadores e intérpretes la aplican extensivamente utilizando argumentos de mayoría de razón odeanalogía. Se mencionó arriba que el establecimiento a nivel constitucional de facultades legislativas a cargo de un órgano estatal únicamente crea o funda la probabilidad de que se legisle, pero de ello no se sigue que efectivamente se ejerza tal facultad, al menos no en todos los casos; lo cual lleva a cuestionar si esas disposiciones constitucionales que facultan al órgano legislativo para crear leyes son meras autorizaciones y, por tanto, lo dejan en libertad para ejercerlas o no. En otros términos: es que el legislador está obligado a legislar? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Inglaterra es la cuna del constitucionalismo moderno, y lo es también de la doctrina de la soberanía del Parlamento. Tal soberanía consiste en que este órgano constitucional no está vinculado a una Constitución formal, escrita y rígida, que contenga disposiciones inalterables o de complicada modificación, 32 por lo que el Parlamento es enteramente libre para legislar. En este caso el legislador británico no está obligado a dictar leyes. Una situación distinta se presenta en países con Constituciones escritas y rígidas, donde a partir de los principios de la supremacía constitucional y de la fuerza normativa de la Constitución se considera que el legislador ordinario ha recibido del poder constituyente determinados encargos, contenidos en el texto constitucional, por lo que en ocasiones el órgano facultado o autorizado para crear leyes debe crearlas. El pueblo, en ejercicio de su soberanía, crea por sí o, regularmente, a través de representantes ex profeso, una Constitución, un conjunto de normas fundamentales y supremas, donde no sólo sienta las bases de la relación entre el Estado y los individuos, sino que instituye al propio poder político (al fundar el Estado), lo organiza y distribuye entre diversos órganos, a los cuales dota de facultades y les impone límites. Sin embargo, dado el carácter transitorio y meramente instituyente del poder constituyente, la Constitución incluirá disposiciones normativas que requieran un desarrollo posterior por parte de los órganos constituidos, principalmente del legislativo. Sólo es posible identificar, de manera objetiva, en qué ocasiones el legislador tiene el deber de legislar atendiendo 32 Cfr. Báez Martínez, Roberto y Báez Silva, Carlos, El sistema político inglés (un análisis institucional, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, t. XLIX, núms. 223 y 224, enero-abril de 1999, p. 185.18 398 CARLOS BÁEZ SILVA a las características de las normas constitucionales, de cuyo dictado se desprenderá si ordenan o autorizan su desarrollo normativo. 33 El examen de la constitucionalidad de una omisión legislativa no puede recaer en la mera falta de desarrollo de normas constitucionales por parte del Poder Legislativo en el puro no actuar como se espera del legislador, en su silencio, ya que no todos los silencios del legislador son constitutivos de una omisión contraria a la Constitución. 34 La omisión legislativa deviene inconstitucional únicamente cuando el órgano legislativo con su silencio altera el contenido normativo de la Constitución, 35 de donde se sigue que el objeto de control en este caso no es la conducta del órgano, no se verifica la corrección de su acción u omisión, sino las consecuencias que de éstas se derivan. No se trata de que el legislador cometa una infracción constitucional con su silencio o inactividad por el mero incumplimiento de una obligación o deber de legislar, puesto que tal obligación o deber no existe. La infracción se produce si la inactividad o silencio del legislador originan una situación jurídica contraria a la Constitución. Sostengo que no existe algo así como un deber o una obligación del legislador de legislar, puesto que ello implicaría la existencia correlativa de un derecho a la legislación por parte de algún sujeto. Y ni los individuos ni los restantes órganos estatales tienen tal derecho. Desde un punto de vista estrictamente liberal, la actividad legislativa implica una injerencia estatal en la esfera privada de los individuos. A mayor cantidad de leyes, mayor intervención del Estado en las actividades privadas, de donde, en aras de la libertad, es necesario acotar y mantener limitada a la institución estatal, sobre todo en su función legislativa. Desde otro punto vista, el hecho de que las Constituciones actuales consignen varias normas programáticas no conlleva el nacimiento de un derecho de los individuos o de los grupos económica y/o socialmente vulnerables a que se desarrollen normativamente tales preceptos constitucionales. La redacción misma de nuestra Constitución aclara muchas cosas, pues a los órganos estatales se les faculta, se les dota de competencia para que actúen, pero ello no quiere decir que efectivamente lo hagan. Tanto el 33 Cfr. Zagrebelsky, Gustavo, op. cit., nota Villaverde Menéndez, Ignacio, La inconstitucionalidad por omisión, Madrid, McGraw-Hill, 1997, p Ibidem, p.3.19 LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y SU INCONSTITUCIONALIDAD 399 ejecutivo como el legislativo son órganos eminentemente políticos, que responden a impulsos principalmente políticos y cuya actuación está orientada, por lo regular, por criterios políticos. Esto significa que sus acciones atienden esencialmente a criterios pragmáticos, de oportunidad, dependientes de la situación concreta. Además de que muchas normas, sobre todo las programáticas, requieren de condiciones materiales previas para su efectiva aplicación o desarrollo. El órgano legislativo puede estar facultado para legislar, pero ello no conlleva que sus integrantes o titulares tengan móviles suficientes para ejercer tal facultad. Si la inactividad legislativa no viola por sí misma la Constitución, ello no implica que no se pueda considerar una falta, pero no propiamente jurídica. Puede pensarse que tal inacción puede, como mera inacción, ser objeto de otro tipo de control. Los órganos estatales actúan por voluntad de sus titulares o integrantes; en el caso del legislativo quienes conforman este órgano son quienes materialmente desempeñan (de manera colegiada) la función legislativa. Estos integrantes del órgano legislativo (diputados y senadores) lo son en virtud de haber triunfado en una competencia electoral, en la que se expresó, de una u otra forma, el único titular de la soberanía: el pueblo. Siendo éste el autor último de la Constitución, la mera inactividad legislativa, en tanto no ejercicio de la función de crear la ley, sólo tiene que ser fiscalizada por el pueblo. Así, el no ejercicio de la facultad concedida al órgano legislativo para dictar normas con el carácter de ley sólo se puede verificar mediante el control político que el pueblo ejerce sobre los individuos que integran tal órgano, por ejemplo, el mecanismo de las elecciones periódicas. Así, no es que exista un derecho y una correlativa obligación a y de legislar, sino que la autorización que el legislador recibe para crear leyes es periódicamente evaluada por el mismo sujeto que da dicha autorización: el pueblo. Lo anterior es perfectamente compatible con la postura doctrinal de los llamados encargos al legislador 36 o normas constitucionales imperativas, 37 que consisten en mandatos que el poder constituyente da al ór- 36 Según Fernández Rodríguez (Fernández Rodríguez, José Julio, La inconstitucionalidad por omisión. Teoría general. Derecho comparado. El caso español, Madrid, Civitas, 1998, p. 147) estos encargos son normas constitucionales de eficacia limitada que requieren de obligatorio y concreto desarrollo para cobrar eficacia plena. 37 Villaverde (op. cit., nota 34, pp. 61 y 63) distingue entre permisos y mandatos constitucionales, siendo los primeros aquellos supuestos en los que el legislador puede decidir libremente, puesto que a ello lo autoriza la propia Constitución, sobre si introdu-20 400 CARLOS BÁEZ SILVA gano legislativo para que desarrolle algún precepto constitucional o lo dote de eficacia plena. El órgano protector de la Constitución, como órgano constituido, y en aras del principio de separación de poderes no puede forzar al legislativo, al fin y al cabo también órgano constituido, a hacer algo, puesto que la esencia del control de constitucionalidad es su naturaleza reparadora, ya que, como quedó anotado, es un mecanismo que opera ante el ataque a la Constitución, y por definición una omisión legislativa, por sí misma, no puede quebrantar el orden constitucional, salvo que produzca efectos contrarios a lo expresamente previsto en el texto de la carta magna. Esto conduce a que el objeto del control de constitucionalidad, en el caso de la omisión legislativa, puede ser definido como las consecuencias normativas derivadas o producidas por la inactividad legislativa, que no la conducta del legislador consistente en no legislar. No es que se postule, como en el caso inglés, la soberanía del legislador, sino que éste, como órgano político, y como órgano estatal en sí, tiene entera libertad para actuar o no actuar, según la voluntad de sus titulares, con las restricciones que impone el Estado de derecho. Se puede sostener que el ejercicio de la facultad de legislar es, más que nada, una cuestión política que no puede ser enteramente sometida a un control de constitucionalidad ortodoxo. Es necesario distinguir entre el carácter político del ejercicio de esta facultad y las consecuencias normativas que puede acarrear su no ejercicio. Siendo el ejercicio de la facultad legislativa una cuestión política, corresponde su control al órgano o sujeto que políticamente puede controlar al legislativo, al único que, en razón de las teorías de la soberanía popular y de la representación política, tiene legítimamente superioridad sobre éste, al pueblo. Así, la inactividad legislativa del órgano legislativo sólo puede ser revisada y sancionada por el pueblo sujeto de la soberanía, a través de, por ejemplo, las elecciones periódicas, donde no sólo los partidos políticos sean los premiados o castigados, sino, sobre todo, cada diputado o senador en particular. Para ello la introducción de la reelección legislativa inmediata sería de gran ayuda. cir o no poder público en una determinada materia, creando o no la institución, regulando o no la relación sociopolítica que constituye su objeto ; en tanto que los mandatos son imposiciones del constituyente para la existencia de una situación jurídica, aunque su efectiva existencia depende de la creación de normas para el caso por los poderes del Estado, o sólo por el legislador si la situación es objeto de reserva de ley. Mostrar más
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