Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-353-de-agosto-31-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_af7e87c09515433a93df3d6c45f85360&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 05:26:00
Document Index: 86365923

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 228', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 31', 'artículo 136', 'artículo 4', 'artículo 18', 'artículo 19', 'Artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 228', 'artículo 282', 'Artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 13', 'Artículo 136', 'Artículo 228', 'Artículo 18', 'artículo 13', 'Artículo 241']

﻿ SENTENCIA T-353 DE AGOSTO 31 DE 2018
SENTENCIA T-353 DE 31 DE AGOSTO DE 2018
CONTENIDO:ALCANCE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN Y DE CULTOS, EN RELACIÓN CON LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA PARA PRESTAR EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. SE ACLARA QUE RESULTARÍA VÁLIDO OPONERSE A PRESTAR EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO POR RAZONES DE CONVICCIONES ÍNTIMAS, FILOSÓFICAS, HUMANISTAS, ARTÍSTICAS, POLÍTICAS, SOCIOLÓGICAS E INCLUSO ANTROPOLÓGICASY NO SÓLO POR RAZONES RELIGIOSAS, DE CREENCIAS O SOCIOECONÓMICAS. POR SUPUESTO, TODO DENTRO DE LOS LÍMITES DE LO DEMOSTRABLE Y DE LO REAL: UNA CONVICCIÓN ÍNTIMA Y PROFUNDA SE CONSTRUYE CON EL TIEMPO, ES UN PROCESO EN SÍ MISMOPOR LO TANTO, NO PUEDE SER EL RESULTADO DE UNA MODA, UNA ARGUCIA, UN CAPRICHO O UNA PROFESIÓN ESPONTÁNEA DE FE. EN ESTE BALANCE ENTRE LIBERTADES Y LÍMITES CONSTATABLES CONSISTE JUSTAMENTE EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR, SERVICIO MILITAR, DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTO, OBJECIÓN DE CONCIENCIA, DERECHO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Sentencia T-353 de agosto 31 de 2018
Ref.: Expedientes acumulados (i) T-6.367.365 y (ii) T-6.372.321.
Acciones de tutela formuladas por: (i) Esnedy Rosalba Morales Díaz, agente oficiosa de Wilson Germán Morales Díaz, contra el Ministerio de Defensa Nacional, el Batallón de Infantería Nº 9 de Pasto (Nariño) y otros; y (ii) Donaldo Córdoba Andrade, actuando en representación de la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda— y como agente oficioso de John Davier Tamayo Carmona, contra el Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional, el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 18 de Saravena (Arauca) y otros.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales(1), profiere la siguiente:
1. Expediente T-6.367.365: El 19 de mayo de 2017, en única instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (Nariño) negó la acción de tutela formulada por Esnedy Rosalba Morales Díaz, agente oficiosa de Wilson Germán Morales Díaz, contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Batallón de Infantería Nº 9 de Pasto (Nariño) y otros.
2. Expediente T-6.372.321: El 23 de junio de 2017, en única instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda —Sala Civil Familia— negó la acción de tutela formulada por Donaldo Córdoba Andrade, actuando en representación de la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda— y como agente oficioso de John Davier Tamayo Carmona, contra el Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional, el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 18 de Saravena (Arauca) y otros.
Los procesos de la referencia fueron escogidos y acumulados por la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve, mediante Auto proferido el 26 de septiembre de 2017(2).
1.1. El ciudadano Wilson Germán Morales Díaz, de veintitrés años de edad, pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el Municipio de la Llanada, Nariño, donde desarrolla actividades como “vocal del ministerio de jóvenes de esa congregación”(3).
1.2. El 27 de abril de 2017 se presentó en el Batallón de Infantería Nº 9 “Batalla de Boyacá” de la ciudad de Pasto con la finalidad de definir su situación militar, oportunidad en la que fue reclutado e incorporado al Ejército Nacional pese a haber manifestado objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio, en razón a su formación teológica, fundamentada en sus principios cristianos, convicciones que le impiden portar armas de fuego.
1.3. Adicionalmente, sufre severos dolores de cabeza(4) y, justamente, al día siguiente a su reclutamiento, tenía un control de seguimiento con la neurocirujana Eli González Hernández y una “tomografía axial computada de cráneo simple” para evaluar su estado de salud(5).
1.4. Con base en los hechos reseñados, la ciudadana Esnedy Rosalba Morales Díaz, hermana del accionante, formuló acción de tutela en calidad de agente oficiosa, solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la libertad de cultos y objeción de conciencia, al considerar que su incorporación al servicio militar en el Batallón de Infantería Nº 9 (Pasto, Nariño) desconoció que sus convicciones religiosas le impiden portar un arma de fuego y pertenecer al Ejército Nacional.
En consecuencia, solicitó “ordenar al comandante del Batallón de Infantería Nº 9 “Batalla de Boyacá”, que en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas ordene el desacuartelamiento (…) y entregue la respectiva libreta militar al señor Germán Morales Díaz”(6).
1.5. Finalmente, expresó que su hermano es quien se encarga del sostenimiento de sus padres, “personas adultas mayores quienes se encuentran en delicado estado de salud, y por su avanzada edad, necesitan de él para que los ayude”(7).
1.6. De la acción referida conoció, en única instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (Nariño), quien corrió traslado a las partes para que se pronunciaran sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo y dispuso la vinculación del Batallón de Ingenieros Nº 23 “Gr. Agustín Niño” de esa misma ciudad(8).
1.7. El Batallón de Infantería Nº 9 “Batalla de Boyacá”, mediante escrito del 11 de mayo de 2017, manifestó que la definición de la situación militar de los ciudadanos y su incorporación a las filas de las Fuerzas Militares no se encuentra dentro del ámbito de competencia funcional de las unidades técnicas de los batallones sino de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas que, en la ciudad de Pasto, corresponde al Distrito Militar Nº 23, a donde (de forma interna) remitieron la presente acción de tutela.
Adicionalmente, el Batallón informa que “el día 7 de mayo de 2017 [el accionante] se evadió de la Unidad Militar, incurriendo por ese hecho en el delito de deserción, razón por la cual con la acción constitucional pretende justificar su conducta”(9).
A lo anterior, añadió que, de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 2048 de 1993, “los circunscriptos declarados APTOS para incorporación [a las Fuerzas Militares] quedarán bajo el control y la vigilancia de las autoridades de reclutamiento, hasta su entrega a las diferentes unidades militares o de Policía”. Por lo que la Dirección de Reclutamiento pierde competencia para pronunciarse o realizar actuaciones en cuanto a lo que decida el juez constitucional, como quiera que la competencia la tiene directamente la Unidad Militar donde se encuentra el accionante y que para el caso corresponde al Batallón de Infantería Nº 9 “Batalla de Boyacá”(10).
1.10. Mediante sentencia de 19 de mayo de 2017(11), el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (Nariño) resolvió negar la acción de tutela promovida por Esnedy Rosalba Morales Díaz. Sustentó su decisión señalando que el caso de la referencia “carece de todo material probatorio que demuestre el cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales para la acreditación de la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio”.
— Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Esnedy Rosalba Morales Díaz(12).
— Copia de la cédula de ciudadanía de Wilson Germán Morales Díaz(13).
— Certificación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, suscrita por el pastor Gerardo Edmundo Mora Romo, en la cual se indica:
“El señor WILSON GERMÁN MORALEZ DÍAZ, identificado con CC Nº 1.087.027.611 de Samaniego (S), es miembro de la Congregación ubicada en la Calle 9 # 7-24 b/ Gigante, del municipio La Llanada, en su permanencia allí ha gozado de buen testimonio, demostrando fidelidad al Señor y seriedad en sus compromisos con la Iglesia, permanece en servicio activo como vocal del ministerio de jóvenes de esta Congregación. Por tanto ruego a quien interese, que sea tratado como es digno de un hijo de Dios”(14)
— Certificado del Ministerio del Interior, en el cual se acredita la personería jurídica especial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia(15).
— Copia de la historia clínica de Wilson Germán Morales Díaz(16).
— Copia de la cédula de ciudadanía de la madre del accionante, la señora Tulia Celica Díaz Díaz(17).
— Certificado de las condiciones de salud de la señora Tulia Celica Díaz Díaz, suscrito por el médico cirujano Jesús Delgado del Hospital “Lorencita Villegas de Santos” E.S.E.(18)
— Copia de la cédula de ciudadanía del padre del accionante, el señor Carlos Marcial Morales Calderón(19).
— Certificado de las condiciones de salud del señor Carlos Marcial Morales Calderón, suscrito por el médico cirujano Jesús Delgado del Hospital “Lorencita Villegas de Santos” E.S.E.(20)
2. Expediente T-6.372.321.
2.1. El ciudadano John Davier Tamayo Carmona, de dieciocho años de edad, es miembro activo y ministro de alabanza de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su sede “Las Violetas”, ubicada en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Es, a su vez, estudiante del ciclo IV (8º grado), en la modalidad de “ciclos especiales integrados” del Instituto Educativo Humanista(21).
2.2. El 16 de mayo de 2017 se presentó en el Distrito Militar Nº 22 del Batallón de Artillería Nº 8 “Batalla de San Mateo” de Saravena (Arauca) para cumplir una citación previamente convenida para resolver su situación militar. Desde ese mismo día se le incorporó al servicio militar obligatorio, pese a que manifestó objeción de conciencia por sus creencias religiosas y su formación cristiana pentecostal, convicciones que le impiden portar armas de fuego.
Ante estos hechos, la madre del ciudadano John Davier Tamayo Carmona, acudió a la Defensoría del Pueblo —Regional Risaralda—, solicitando su intervención para solucionar la situación de su hijo, ya que su incorporación forzada al servicio militar en el Batallón de Saravena (Arauca) no tuvo en cuenta que sus convicciones morales y religiosas le impiden portar un arma de fuego y pertenecer al Ejército Nacional.
2.3. En atención a lo anterior, Donaldo Córdoba Andrade, actuando en representación de la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda— presentó acción de tutela en calidad de agente oficioso, solicitando “que se tutele al señor John Davier Tamayo Carmona el derecho fundamental a la libertad de conciencia, la libertad religiosa, objeción de conciencia. Que se ordene a la Jefatura de Reclutamiento del Ejército Nacional y el Grupo de Caballería Mecanizada Nº 18 “General Gabriel Reveiz Pizarro”, para que conjuntamente y de acuerdo a sus competencias, ordenen al desacuartelamiento del señor John Davier Tamayo Carmona, y disponiendo lo necesario para regresarlo hasta su ciudad de origen. Que la orden del señor juez sea de inmediato cumplimiento”(22).
2.5. La oficina jurídica de la Dirección de Personal del Ejército Nacional, mediante escrito de 16 de junio de 2017(23), después de realizar un recuento de la normatividad aplicable al servicio militar obligatorio y de citar la Sentencia C-728 de 2009, manifestó que “todo objetor de conciencia tendrá la mínima obligación de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias”.
2.6. El Comandante del Grupo de Caballería Mecanizada Nº 18 “General Gabriel Reveiz Pizarro” de Saravena (Arauca), a través de escrito del 21 de junio de 2017(24), realizó un recuento de la normatividad que ampara la prestación del servicio militar obligatorio y refirió algunas providencias de la Corte Constitucional sobre el presente asunto, adicionalmente manifestó que “debido a la situación sociopolítica y legal del país actualmente, el señor John Tamayo Carmona deberá permanecer prestando el servicio militar obligatorio en esta unidad táctica”.
También señaló que en caso de que el accionante se encuentre “en alguna de las exenciones que plantea la misma ley (L. 133 de 1994 y D. 1319/98, 782/95 y 505/2003), se hace necesario que se acredite con los documentos o soportes pertinentes, los cuales sean conducentes para respaldar lo aludido en su petición —que pertenece a una comunidad cristiana—”.
2.8. Mediante sentencia de 23 de junio de 2017(25), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda —Sala Civil Familia— resolvió negar la acción de tutela formulada por Donaldo Córdoba Andrade, agente oficioso de John Davier Tamayo Carmona, contra el Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional, el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 18 de Saravena (Arauca) y otros.
2.9. Mediante escrito del 30 de junio de 2017(26) la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda— presentó escrito de impugnación, en el cual solicitó que se revocara dicha decisión pues el señor John Davier Tamayo Carmona “se encuentra en una de las excepciones planteadas en la ley para ser exento de prestar el servicio militar obligatorio”(27).
— Certificado del nivel de Sisbén del núcleo familiar de John Davier Tamayo Carmona(28).
— Certificado de estudios del señor John Davier Tamayo Carmona, expedido por el Instituto Educativo Humanista de Pereira(29).
— Solicitud de desacuartelamiento del accionante, realizada por la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda— al Comandante del Grupo de Caballería Mecanizada Nº 18 “General Gabriel Reveis Pizarro” de Saravena, Arauca(30).
— Certificado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, suscrita por el pastor Jhon Jaiber Toro Jiménez, en el cual indica:
“El joven JOHN DAVIER TAMAYO CARMONA, identificado con cédula número 1.088.037.392 de Dos Quebradas, Risaralda, es miembro activo y ministro de alabanza prestando su servicio en las reuniones que realizamos en esta sede, desde hace seis años, presentando buena conducta y disposición en la labor asignada. Igualmente, me permito manifestar que el joven por sus principios y convicciones religiosas no puede portar un arma o hacer uso de ella en contra de un semejante”(31).
— Respuesta del Teniente Coronel Javier David Pérez Durán, en calidad de Comandante del Grupo de Caballería Mecanizada Nº 18 “General Gabriel Reveis Pizarro” de Saravena, Arauca, a la solicitud realizada por la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda—(32).
— Constancia del auxiliar judicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil- Familia, en la cual refiere lo siguiente:
“me comuniqué con el accionante John Davier Tamayo Carmona, quien presta servicio militar en esa unidad castrense, para que me informara si había solicitado a las autoridades militares su exención de la prestación del servicio en virtud de la objeción de conciencia por motivos religiosos, de conformidad con el requerimiento efectuado por esta Sala mediante auto de 20 de los cursantes. Su respuesta fue afirmativa y explicó que para poder elevar la respectiva petición de desacuartelamiento por la citada razón, le solicitó colaboración a su progenitora, quien procedió a ello. ”(33)
— Memorial de la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda— con destino al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el cual anexa varias fotografías y grabaciones del accionante mientras se encuentra realizando actividades propias de su iglesia(34).
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos proferidos dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3º, y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso y problema jurídico a resolver,
Para efecto de resolver este cuestionamiento, la Sala abordará el estudio de los siguientes aspectos: (i) cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de las acciones de tutela; (ii) la posible carencia actual de objeto por hecho superado o daño consumado (Exp. T-6.367.365); (iii) el principio de la doble instancia y las nulidades procesales en la acción de tutela, ante la pretermisión del trámite de segunda instancia (Exp. T-6.372.321); (iv) el alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos en relación con la objeción de conciencia para prestar el servicio militar obligatorio; y (vi) finalmente, resolverá los casos concretos.
3. Cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de las acciones de tutela.
3.1. Legitimación en la causa por activa (agencia oficiosa).
Específicamente, el segundo inciso de dicho artículo dispone lo siguiente: “también se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”(35).
El fundamento de esta institución procesal es la “imposibilidad de defensa de la persona a cuyo nombre se actúa”(36) y, además, evitar que se siga perpetrando un acto violatorio de un derecho fundamental con base en criterios meramente formales. Así las cosas, la Sentencia T-044 de 1996 dispone:
“Se trata una vez más de asegurar la vigencia efectiva de los derechos por encima de formalidades externas, en una manifestación de la prevalencia del Derecho sustancial, de conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la Carta. En tal sentido, la agencia oficiosa —que tiene expresión también en los procesos ordinarios pero que adquiere mayor valor e importancia en la medida en que contribuye a la concreción de los derechos fundamentales— se concibe como un instituto de derecho procesal que busca el acceso a la administración de justicia para quien se halla imposibilitado de hacerlo personalmente por cualquier motivo.” (37)
En ese sentido, esta corporación ha señalado que los requisitos de la agencia oficiosa son los siguientes: (i) la manifestación del agente de actuar como tal; y (ii) la imposibilidad del titular del derecho fundamental para promover su propia defensa(38).
También se han agregado los siguientes supuestos interpretativos: (i) la informalidad de la agencia implica que no debe existir necesariamente una relación formal entre agente y agenciado; y (ii) la ratificación de lo actuado dentro del proceso por parte del titular, con el fin de evitar que el agente actúe en beneficio propio o, incluso, en contravía de los intereses del agenciado(39).
“Como puede verse, los dos primeros elementos (manifestación del agente oficioso, e imposibilidad del interesado para actuar) son constitutivos de la agencia oficiosa, en tanto que el tercero y el cuarto son accesorios. Así, sobre los dos primeros puede decirse que, individualmente considerados, son condiciones necesarias, pero no suficientes para la configuración de la agencia oficiosa, en tanto que su conjunción es suficiente para legitimar la actuación del agente. El tercer elemento es de carácter interpretativo, y el cuarto (ratificación), se refiere a la posibilidad excepcional de suplir el primero, si se presentan ciertos actos positivos e inequívocos del interesado durante el trámite de la acción.”(40)
Respecto a los casos objeto de estudio, en el expediente T-6.367.365, la Sala encuentra que la ciudadana Esnedy Rosalba Morales Díaz manifestó expresamente que formulaba el amparo “en calidad de AGENTE OFIOSO”(41) de su hermano, Wilson Germán Morales Díaz. Además, agregó: “actúo en calidad de agente oficioso, pues mi hermano no tiene permiso para salir a realizar el respectivo trámite judicial para la autenticación de poder”(42).
“ESCUCHAR en declaración juramentada al señor Wilson Germán Morales Díaz, con el fin de ampliar los supuestos fácticos expuestos en el libelo introductorio. Para efectos de lo anterior, cíteselo para el día 15 de mayo de 2017, a partir de las 2:30 pm. Ofíciese por conducto de secretaría al comandante del BATALLÓN DE INFANTERÍA Nº 9 “BATALLA DE BÓYACA” DE PASTO, a fin de que permita la comparecencia del accionante a este despacho judicial, para el día y a la hora que será citado”(43).
También obra en el expediente que el Juzgado citó al accionante para que rindiera su declaración el 15 de mayo de 2017, por lo cual remitió el oficio correspondiente al Batallón de Infantería Nº 9, sin embargo, el Mayor Javier Arturo Quintero Poveda informó que el joven Morales Díaz “desde el 7 de mayo de 2017 se evadió de la Unidad Militar”(44).
Así las cosas y en atención a las subreglas explicadas previamente, la Sala destaca que en este asunto fue materialmente imposible que el accionante ratificara la agencia oficiosa en su favor o que, inclusive, llegara a enterarse del oficio que lo citaba a las instalaciones del juzgado(45). Además, resulta evidente con su fuga que no deseaba seguir vinculado al Ejército Nacional, por lo que mal podría afirmarse que su hermana formuló el amparo en contra de sus intereses.
En relación con el expediente T-6.372.321, se evidencia que quien acudió a la figura de la agencia oficiosa fue la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda— en pro de los derechos fundamentales de John Davier Tamayo Carmona. El amparo indica expresamente la calidad en la que se actúa, así como las normas que sustentan la competencia de la Defensoría del Pueblo(46) para formular acciones de tutela “cuando exista una ostensible violación de derechos fundamentales de personas que no pueden promover su propia defensa”(47).
“ART. 46.—Legitimación. El Defensor del Pueblo podrá sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión”.
Por otra parte, la autoridad judicial que conoció del proceso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Unitaria Civil-Familia, decretó como prueba de oficio requerir a John Davier Tamayo Carmona para que informara si había solicitado a las autoridades militares su exención de la prestación del servicio en virtud de motivos religiosos(48).
Al respecto, obra constancia secretarial del 22 de junio de 2017, en la cual se indica que fue posible comunicarse telefónicamente con el accionante, quien contesto de manera afirmativa dicho cuestionamiento y, además, agregó que se vio en la obligación de solicitarle a su progenitora que requiriera su desacuartelamiento(49).
Adicionalmente, la defensoría regional remitió diferentes grabaciones en las cuales el joven Tamayo Carmona informa que las autoridades militares han hecho caso omiso a sus peticiones y también refiere “las dificultades por las que está pasando en el Ejército por haber manifestado la objeción de conciencia”(50).
Con lo cual, la Corte concluye que Donaldo Córdoba Andrade, en representación de la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda—, tiene plena legitimación en la causa por activa para solicitar la protección de los derechos fundamentales de John Davier Tamayo Carmona, quien incluso ratificó lo aducido en la respectiva acción constitucional.
De conformidad con la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, pueden ser objeto de la acción tutela: (i) las autoridades públicas (art. 1º del D. 2591/91), en razón de sus amplios poderes y competencias; y (ii) los particulares, en los términos trazados por la ley (art. 42 del D. 2591/91), debido al carácter vinculante de la Constitución para todos los asociados (art. 6º Superior).
Respecto de los casos objeto de estudio, en el expediente T-6.367.365, la Sala encuentra acreditada la legitimación del Ministerio de Defensa Nacional, el Batallón de Infantería Nº 9 de Pasto (Nariño) y el Batallón de Ingenieros Nº 23 “Gr. Agustín Niño”, ante su presunta responsabilidad en el desconocimiento de los derechos a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos del ciudadano Wilson Germán Morales Díaz.
De igual forma ocurre con el expediente T-6.372.321, en el cual se formuló acción de tutela contra el Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional y el comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 18 de Saravena (Arauca), quienes estuvieron a cargo de efectuar el reclutamiento del ciudadano John Davier Tamayo Carmona.
Ahora bien, en relación con el principio de inmediatez como requisito de procedibilidad, se exige que la acción de tutela sea interpuesta en un tiempo razonable en relación con el acto que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Cuando el juez advierte que entre el momento de presentación de la acción y la ocurrencia de los actos que conculcaron los derechos alegados, transcurrió un lapso considerable, debe analizar los motivos por los cuales se presentó la inactividad del demandante, en tanto es inconstitucional otorgarle un término de caducidad a la acción, o rechazarla únicamente con fundamento en el paso del tiempo(51).
En este sentido, en la Sentencia T-1028 de 2010 la Corte señaló que “la razonabilidad del plazo no puede determinarse a priori, lo que se traduciría en la imposición de un término de caducidad o prescripción prohibido por el artículo 86 de la Constitución, sino de conformidad con los hechos de cada caso concreto. Es por ello que “en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”(52).
3.4, Subsidiariedad,
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En consecuencia, la procedibilidad de la tutela está supeditada a que el actor no cuente con otro medio de defensa judicial o que éste no sea idóneo o eficaz para la defensa de los derechos cuyo amparo se pretende(53).
Ahora bien, para establecer la idoneidad y eficacia de los mecanismos judiciales, el juez debe valorar los supuestos fácticos de cada caso concreto, analizando aspectos tales como: (i) si la utilización del medio de defensa judicial tiene la virtualidad de ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela(54); (ii) el tiempo que tarda en resolverse la controversia ante el juez natural; (iii) la continuación del menoscabo de los derechos fundamentales durante el trámite(55); (iv) las circunstancias que impidieron que el accionante hubiese promovido los mecanismos judiciales ordinarios(56); (v) la condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario, entre otras.
4. Posible carencia actual de objeto (Exp. T-6.367.365),
Como se vio en los antecedentes del asunto sub examine (num. 1.7), dentro del trámite de instancia, el Batallón de Infantería Nº 9 “Batalla de Boyacá” informó que “el día 7 de mayo de 2017 [el accionante] se evadió de la Unidad Militar, incurriendo por ese hecho en el delito de deserción”.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que aún no ha sido definida la situación militar del accionante y, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación(57), no existe un hecho superado o un daño consumado que pudiera dar lugar a la declaratoria de carencia actual de objeto, ya que, si bien es cierto que el actor actualmente no se encuentra reclutado, también lo es que aún permanece incorporado formalmente al servicio militar y, además, podría ser sancionado por el delito de deserción. Tampoco hay un daño consumado, en la medida que el accionante no alcanzó a cumplir el tiempo de servicio estipulado en la Ley 1861 de 2017(58).
5. El principio de la doble instancia y las nulidades procesales en la acción de tutela, ante la pretermisión del trámite de segunda instancia.
El artículo 31 de la Constitución Política consagra el principio de la doble instancia(59), del cual subyacen los derechos de impugnación y de contradicción, ambos integrantes de la garantía fundamental del debido proceso.
En materia de acción de tutela, la Corte ha indicado que: “la impugnación de las providencias de tutela constituye un derecho de raigambre constitucional, a través del cual se pretende que el superior jerárquico de la autoridad judicial que emitió el pronunciamiento, evalúe nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva, ya sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia”(60).
Al respecto, los artículos 31(61) y 32(62) del Decreto 2591 de 1991 consagran la posibilidad de impugnar la sentencia proferida por el juez de primera instancia, dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. Por lo que es deber del juez de tutela verificar si la impugnación fue presentada en el término de ejecutoria para darle el trámite correspondiente, el cual consiste en remitir el expediente al superior jerárquico dentro de los dos días siguientes de la presentación de la impugnación.
Este término de tres días “debe contabilizarse a partir del día siguiente a aquél en que las partes tienen conocimiento real del fallo de primera instancia y no desde el día en que se efectúa el envío del telegrama por la autoridad judicial”(63). A partir de lo anterior, las diferentes salas de revisión han concluido que el único requisito de procedibilidad del recurso de alzada se refiere a su presentación oportuna.
En virtud de lo anterior, para la Sala Novena de Revisión el derecho y trámite de impugnación se rige por normas imperativas que tienen un rango constitucional. De ahí que “el procedimiento de alzada sea obligatorio para el juez, pues con ello garantiza el derecho al debido proceso y el principio de la doble instancia. En caso de que el funcionario jurisdiccional no surta la apelación quebrantará normas superiores, al punto que el proceso acarreará con una nulidad insaneable, según advierte el parágrafo del artículo 136 del Código General del Proceso(64). En concreto, el yerro procesal sucederá cuando: i) no se tramitó el recurso de alzada(65); ii) no se notificó el fallo de primera instancia(66); y iii) se negó o rechazó la impugnación”.
La Corte Constitucional de forma reiterada ha precisado que la posibilidad de impugnar una decisión judicial es un derecho fundamental de todas las partes en el proceso, de modo que cuando se pretermite la segunda instancia, por ejemplo, al no tramitar la impugnación, negarla o rechazarla, se configuraría una nulidad insaneable(67).
Frente a este punto, merece especial atención la Sentencia T-661 de 2014(68), en la cual se destacó que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá D.C., había pretermitido la segunda instancia en el trámite de la acción de tutela formulada por la ciudadana Diana Isabel Méndez Niño contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
En tal virtud, para que la decisión no sufra más retardos, la Corte analizará el caso bajo estudio con el fin de evitar la configuración de un daño consumado a los derechos de la actora que termine en una situación en que la decisión de amparo caiga en el vacío. La Sala estima que esa determinación es excepcional, en la medida que debe adoptarse una sentencia de fondo con el objeto de que impida la eliminación de los derechos fundamentales de la peticionaria”.(69)
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que al pretermitirse la segunda instancia de un proceso de tutela, el juez constitucional debe, en principio, declarar la nulidad de todo lo actuado con el fin de que se surta tal etapa procesal; sin embargo, dicha determinación no resulta viable si su efecto práctico es permitir la vulneración definitiva de los derechos fundamentales del accionante y, con ello, desconocer la prevalencia del derecho sustancial(70).
6. El alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos, en relación con la objeción de conciencia para prestar el servicio militar obligatorio. Reiteración de jurisprudencia.(71)
a. Algunas reflexiones sobre la libertad de conciencia.
Como se señaló en la Sentencia T-430 de 2013, la protección de la libertad de conciencia tiene funciones y propósitos estructurales en un Estado Social de Derecho. En este sentido, la libertad de conciencia, en tanto derecho fundamental, se protege ante todo como una facultad individual y autónoma, propia de cada persona, independientemente de sus creencias, principios, valores, credos, cosmovisiones u otra clase de consideraciones filosóficas o metafísicas(72). En este sentido, podría decirse que la conciencia es un elemento que merece protección en sí mismo.
Bien sea desde perspectivas humanistas, respetuosas de las facultades que determinan el accionar de toda persona, o desde perspectivas religiosas, respetuosas del libre albedrio concedido a todo ser humano, se ha apoyado la defensa de la libertad bajo estudio(73).
Actuar según los dictados de la conciencia, en libertad, es un presupuesto de la construcción de una sociedad democrática, respetuosa de la dignidad humana. Por eso, se trata de una facultad esencial de toda persona, que necesita el espacio suficiente para desarrollarse. En tal medida, se ha de conceder el derecho de objeción de conciencia cuando sea irrazonable y desproporcionado imponer a una persona actuar contra sus creencias profundas y sinceras, sean o no de carácter religioso(74).
Ahora bien, es preciso indicar que la libertad de conciencia al ser una expresión de las convicciones más íntimas de la persona —así como de su autonomía—, debe interpretarse mucho más allá del simple ámbito de las valoraciones religiosas o de las creencias. Es más: debe partir de cualquier consideración que la persona estime válida y legítima dentro de su sistema de principios y valores.
Piénsese en el caso del ciudadano que se opone a portar armas porque considera que esto va en contra de sus convicciones más íntimas sobre la no violencia o el pacifismo; imagínese el caso de una persona que desee servir a su país pero sin empuñar un arma o realizar una acción bélica(75);o el caso de un ciudadano que quiera prestar un servicio alternativo al militar, por ejemplo, con labores sociales; o simplemente no prestar ninguna clase de servicio obligatorio al Estado porque así lo indican sus convicciones.
b. La objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio
“ART. 27.—Exenciones en todo tiempo. Están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar: a) Los limitados físicos y sensoriales permanentes; b) Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica.
ART. 28.—Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar: a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto; b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como accesorias la pérdida de los derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación; c) El hijo único hombre o mujer; d) El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento; e) El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos; f) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos, que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo; g) Los casados que hagan vida conyugal; h) Los inhábiles relativos y permanentes; i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo”.
En la Sentencia C-728 de 2009 la Corte Constitucional determinó que el legislador no había incurrido en una omisión legislativa relativa al excluir la objeción de conciencia como causal de exención de la prestación del servicio militar obligatorio, puesto que su aplicación no requiere de desarrollo legislativo, sino que se desprende directamente de la fuerza normativa de la Constitución (artículo 4º Superior), para lo cual sólo basta invocar los derechos fundamentales a la libertad de conciencia (artículo 18 Superior) y a la libertad de religión y de cultos (artículo 19 Superior) para su efectivo ejercicio(76).
Finalmente, que sean sinceras implica que son honestas, que no son falsas, acomodaticias o estratégicas. En tal caso, por ejemplo, el comportamiento violento de un joven en riñas escolares puede ser una forma legítima de desvirtuar la supuesta sinceridad, si ésta realmente no existe”(77).
Bajo estos supuestos el objetor de conciencia al servicio militar obligatorio es aquella persona cuyas convicciones religiosas, filosóficas, éticas, morales más profundas entran en conflicto con la obligación de formar parte de un cuerpo regido por la disciplina militar y que se caracteriza por el uso de la fuerza(78). Este derecho emana de la dignidad propia de la persona y en tal sentido es, ante todo, un derecho fundamental reconocido tanto en la Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos(79), norma que se incorpora al ordenamiento interno por vía remisoria del bloque de constitucionalidad.
La cuestión central entonces, se resume en determinar cómo debe abordarse el conflicto entre conciencia y obligación. Esta aparente colisión debe resolverse en favor de la persona, pues es indiscutible que en una sociedad pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, es inaceptable que se obligue a una persona a actuar en contra de las convicciones más profundas de su conciencia. Se trata de un espacio vedado o inmune a la coacción, inherente a la persona por su condición racional e implica que ningún pensamiento o acción pueda ser impuesto a personas con cosmovisiones diversas que definan su personalidad, a tal punto que las torne incompatibles con lo que la ley prescribe, en particular en cuanto a la disciplina militar en la que el uso de la fuerza es un elemento de la esencia(80).
Desconocer la libertad de conciencia de una persona, obligándola a revelar sus creencias o a actuar en contra de ellas, es una de las maneras más graves e impactantes de violentar un ser humano. La conciencia requiere que el estado, la sociedad y las instituciones en general, den el espacio que todo ser humano necesita para poder reflexionar, atender su conciencia y actuar según ella. Este espacio amplio de libertad busca, como dijo la jurisprudencia, asegurar la posibilidad de realizar ‘aquellas acciones que la conciencia ordena sin estorbo o impedimento”(81).
A nivel internacional se han adoptado reglas similares ante la creciente diversidad de las sociedades contemporáneas. En la Sentencia T-314 de 2014, se reseñaron algunos casos emblemáticos; por ejemplo, en Estados Unidos, se destaca el caso Clay v. United States(82) (28 de junio de 1971) en el cual la Corte Suprema revocó una decisión del Quinto Circuito de Apelaciones que le había negado el derecho a la objeción de conciencia al boxeador Casius Clay (más conocido como “Muhamed Ali”, tras su conversión al Islam), quien se opuso al reclutamiento militar con base en su creencias religiosas, por lo que fue condenado a cinco años de prisión al no acatar los requerimientos realizados por el Ejército y ser considerado “desertor”. Tras la decisión de la Corte Suprema, se dejó sin efectos esta decisión y se reconoció su derecho a la objeción de conciencia, gracias a lo cual no fue enviado a combatir en la guerra de Vietnam.
En Europa es un referente la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos(83) del 7 de julio de 2011, por medio de la cual fue condenada la República de Armenia por la violación del derecho fundamental a la libertad de conciencia del ciudadano Vahan Bayatyan, quien fue condenado y encarcelado por ser objetor de conciencia frente al servicio militar obligatorio de su país, con base en su creencia en la doctrina religiosa de los Testigos de Jehová. El Tribunal de Estrasburgo reconoció por primera vez a nivel europeo, que el Artículo 9º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ampara de manera directa el derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio(84).
Asimismo, en la esfera del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Resolución 1995/83 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas definió la objeción de conciencia al servicio militar como: “ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión enunciado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”(85).
Expediente T-6.367.365.
De acuerdo con el problema jurídico formulado, corresponde a la Sala determinar si la incorporación de Wilson Germán Morales Díaz al Ejército Nacional vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia (art. 18 Superior) y a la libertad de cultos y de religión (art. 19 Superior).
En este caso debe recordarse que, de acuerdo con lo reseñado en el acápite de antecedentes, el accionante fue incorporado al Ejército Nacional contra su voluntad el día 27 de abril de 2017, el mismo día que se presentó en el Batallón de Infantería Nº 9 “Batalla de Boyacá” de la ciudad de Pasto con la finalidad de definir su situación militar. En aquella oportunidad, el joven Morales Díaz declaró ser objetor de conciencia por sus creencias religiosas y su formación teológica (convicciones que le impiden portar armas de fuego), hecho que no fue tenido en cuenta por las autoridades militares.
De hecho, en el trámite de instancia, el Batallón de Infantería Nº 9(86) negó tener competencia para resolver el asunto relacionado con la solicitud de objeción de conciencia del accionante, arguyendo que la competencia para resolver esta clase de controversias recaía en la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, hecho que fue desmentido por el Ministerio de Defensa(87), quien en su respuesta dentro del mismo trámite de instancia, señaló que de acuerdo con el Decreto 2048 de 1993 (artículo 17) “los circunscriptos declarados APTOS para incorporación [a las Fuerzas Militares] quedarán bajo el control y la vigilancia de las autoridades de reclutamiento, hasta su entrega a las diferentes unidades militares o de Policía”, y añadió que por esta razón la Dirección de Reclutamiento había perdido competencia para pronunciarse o realizar actuaciones en cuanto a lo que decida el juez constitucional, como quiera que la competencia la tiene directamente la Unidad Militar donde se encuentra el accionante y que para el caso correspondía al Batallón de Infantería Nº 9 “Batalla de Boyacá” y, posteriormente, al Batallón de Ingenieros Nº 23 “Gr. Agustín Niño”.
Adicionalmente, se destaca que el Mayor Javier Arturo Quintero Poveda(88) informó que “el día 7 de mayo de 2017 [el accionante] se evadió de la Unidad Militar, incurriendo por ese hecho en el delito de deserción, razón por la cual con la acción constitucional pretende justificar su conducta”(89).
Teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia constitucional sobre el problema jurídico planteado, corresponde entonces a la Sala verificar si las convicciones y/o creencias de Wilson Germán Morales Díaz, como objetor de conciencia frente al servicio militar obligatorio, cumplen con los requisitos trazados por esta corporación, a saber, si: (i) definen y condicionan su conducta mediante manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento; (ii) son profundas; (iii) fijas; y (iv) sinceras.
Se destaca la certificación expedida por el pastor Gerardo Morar Romo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia del municipio de Llanada (Nariño), en la cual señala que el joven Morales Díaz “es miembro de la congregación ubicada en la Calle 9 # 7-24 barrio Gigante, del municipio La Llanada, en su permanencia allí ha gozado de buen testimonio, demostrando fidelidad al Señor y seriedad en sus compromisos con la Iglesia, permanece en servicio activo como vocal del ministerio de jóvenes de esta Congregación. Por tanto ruego a quien interese, que sea tratado como es digno de un hijo de Dios”(90).
A lo anterior debe agregarse que la agente oficiosa del joven Morales Díaz manifestó en la acción de tutela que su formación teológica ha sido determinante en la vida de su hermano, pues “ha servido en el trabajo eclesiástico de forma comprometida y entregada obedeciendo a su convicción de fe y principios cristianos pentecostales”(91).
Por las razones anteriormente expuestas resulta censurable, desde toda perspectiva, la actitud asumida por las autoridades militares (Ministerio de Defensa, Batallón de Infantería Nº 9 y Batallón de Ingenieros Nº 23) y por el juez de instancia (Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto, Nariño), quienes desconociendo la jurisprudencia constitucional se limitaron a desacreditar, en contra de lo evidente y del principio de buena fe, las peticiones del accionante y de su agente oficiosa, quienes abogaban por el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio.
En consecuencia, se ordenará a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional, al Batallón de Infantería Nº 9 “Batalla de Boyacá” y al Batallón de Ingenieros Nº 23 “Gr. Agustín Niño”, que procedan en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, a la desincorporación del servicio militar obligatorio de Wilson Germán Morales Díaz y a la expedición de la correspondiente libreta militar.
En el caso del ciudadano John Davier Tamayo Carmona, se tiene que el 16 de mayo de 2017 se presentó en el Distrito Militar Nº 22 del Batallón de Artillería Nº 8 “Batalla de San Mateo” de Pereira (Risaralda), para cumplir una citación previamente convenida para resolver su situación militar. Desde ese mismo día se le incorporó al servicio militar obligatorio, pese a que manifestó objeción de conciencia por sus creencias religiosas y su formación cristiana pentecostal, convicciones que le impiden portar armas de fuego. Posteriormente fue trasladado al Grupo de Caballería Mecanizada Nº 18 “General Gabriel Reveiz Pizarro” de Saravena (Arauca), donde actualmente se encuentra el accionante.
En el trámite de instancia, la oficina jurídica de la Dirección de Personal del Ejército Nacional, mediante escrito del 16 de junio de 2017(92), manifestó que “todo objetor de conciencia tendrá la mínima obligación de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias”, a lo cual agregó que la solicitud de objeción de conciencia “se encuentra realizada por la progenitora del joven John Tamayo Carmona y no por él mismo, por lo que no se demuestra una objeción de conciencia profunda, fija, sincera toda vez que la creencia no siempre es la misma de la progenitora que la del objetor”.
Por su parte, el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizada Nº 18 “General Gabriel Reveiz Pizarro” de Saravena (Arauca), a través de escrito del 21 de junio de 2017(93), manifestó que “debido a la situación sociopolítica y legal del país actualmente, el señor John Tamayo Carmona deberá permanecer prestando el servicio militar obligatorio en esta unidad táctica”.
También señaló que en caso de que el accionante se encuentre “en alguna de las exenciones que plantea la misma ley (Ley 133 de 1994 y Decretos 1319 de 1998, 782 de 1995 y 505 de 2003), se hace necesario que se acredite con los documentos o soportes pertinentes, los cuales sean conducentes para respaldar lo aludido en su petición —que pertenece a una comunidad cristiana—”.
En el expediente también se vislumbra que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda —Sala Civil Familia—, requirió al accionante para que ratificara los hechos referidos en la acción de tutela. Según constancia secretarial del 22 de junio de 2017, el joven Tamayo Carmona ratificó el amparo formulado por la Defensoría Regional de Risaralda e informó al Tribunal que había solicitado a las autoridades militares su derecho a la objeción de conciencia debido a sus creencias religiosas, sin embargo, estas no accedieron a su petición.
Adicionalmente, la defensoría remitió un documento señalando que las creencias del actor eran profundas, fijas y sinceras, además adjuntó fotografías que demostraban sus labores en la iglesia y varias grabaciones en las cuales “le expresa a su madre las dificultades por las que está pasando en el Ejército por haber manifestado la objeción de conciencia”(94).
Pese a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda —Sala Civil Familia— resolvió negar el amparo invocado, frente a lo cual la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda— presentó escrito de impugnación el 30 de junio de 2017(95).
Sin embargo, la autoridad judicial mencionada no adelantó el trámite de impugnación correspondiente, tal como se desprende de la siguiente constancia secretarial: “el término de ejecutoria de la providencia anterior transcurrió durante los días 28, 29 y 30 de junio del año en curso. En firme”(96), y de la remisión del expediente a la Corte Constitucional mediante oficio del 4 de julio de 2017.
En este escenario, la Sala encuentra necesario analizar la validez del proceso de tutela. Para el efecto, se determinará si el proceso de la referencia adolece de nulidad, como quiera que el Tribunal Superior del Distrito Judicial —Sala Civil Familia— pretermitió el trámite de segunda instancia.
Como se indicó en los párrafos anteriores, Donaldo Córdoba Andrade, en representación de la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda—, presentó impugnación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -Sala Civil Familia-. Sin embargo, el juez de instancia no adelantó el trámite de la impugnación.
En esta oportunidad, la Sala Novena de Revisión corrobora que Donaldo Córdoba Andrade, agente oficioso de John Davier Tamayo Carmona presentó escrito de impugnación el 30 de junio de 2017 contra la sentencia proferida el 23 de junio de 2017(97), esto es, dentro del término de ejecutoria de la providencia que transcurrió durante los días 28, 29 y 30 de junio 2017(98).
En consecuencia, el proceso se encuentra viciado de nulidad, toda vez que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda —Sala Civil Familia— pretermitió la segunda instancia y al hacerlo, vulneró el derecho al debido proceso, el principio de la doble instancia y el de impugnación del señor Donaldo Córdoba Andrade, en representación de la Defensoría del Pueblo -Regional Risaralda-, más aún, generó que la protección de los derechos fundamentales del joven Tamayo Carmona se viera postergada de manera innecesaria.
Este aspecto reviste una especial importancia¸ ya que postergar aún más el amparo solicitado podría dar lugar a la configuración de un daño consumado, dado que el joven Tamayo Carmona fue incorporado al servicio militar obligatorio el 16 de mayo de 2017 y, por ende, éste culminará el próximo 16 de noviembre de 2018(99), situación que pone de presente la urgencia de proteger sus garantías constitucionales.
Sobre el particular, la Sala resalta el precedente adoptado en la Sentencia T-661 de 2014(100), reseñada con anterioridad, así como la necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial, de conformidad con los mandatos del artículo 228 Superior; exigencia en cabeza de toda la Administración de Justicia y más aún de la entidad encargada de salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución(101).
De tal manera, se acreditó que el ciudadano John Davier Tamayo Carmona es Ministro de Alabanza de la Iglesia Pentecostal Sede “Las Violetas”, ubicada en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Lo anterior, se puede comprobar conforme a la certificación expedida por el pastor de la referida congregación, John Toro Jiménez, quien además refirió que: “John Davier Tamayo Carmona es miembro activo y ministro de alabanza prestando su servicio en las reuniones que realizamos en esta sede, desde hace seis años (…). Igualmente, me permito manifestar que el joven por sus principios y convicciones religiosas no puede portar un arma o hacer uso de ella en contra de un semejante”(102).
En contraste con lo anterior, es censurable que las autoridades militares (Grupo de Caballería Mecanizada Nº 18 “General Gabriel Reveiz Pizarro” de Saravena, Arauca) y el juez de instancia (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda, Sala Civil Familia), hayan desestimado las pruebas allegadas por el agente oficioso del accionante, que por solicitud de su progenitora realizó a través del servicio de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo.
Dichas pruebas consisten en fotografías y grabaciones que fueron allegadas al despacho de instancia sin que éste las valorara conforme a las normas del debido proceso. En las referidas evidencias, se pueden constatar las actividades del ciudadano Tamayo Carmona al interior de su congregación religiosa como Ministro de Alabanza e interpretando diversos instrumentos musicales durante eventos de su iglesia(103).
Por otra parte, respecto al Grupo de Caballería Mecanizada Nº 18 “General Gabriel Reveiz Pizarro” de Saravena (Arauca) no es de recibo su justificación para negar el desacuartelamiento del accionante, en la medida que ha sido el accionante quien en ejercicio de su autonomía ha manifestado no querer prestar el servicio militar por sus convicciones religiosas. El hecho que haya transmitido estas preocupaciones a su progenitora para que interpusiera la acción sub examine en nada inválida la voluntad del actor.
Ahora bien, toda labor militar que implique portar un arma y custodiar infraestructura petrolífera significa un riesgo para la vida e integridad personal de quien realiza esa labor. En particular, en una zona históricamente azotada por la violencia como lo es el municipio de Saravena (Arauca) y el oleoducto Caño Limón-Coveñas(104).
En consecuencia, se ordenará a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional y al Grupo de Caballería Mecanizada Nº 18 “General Gabriel Reveiz Pizarro” de Saravena (Arauca), que procedan en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, a la desincorporación del servicio militar obligatorio de John Davier Tamayo Carmona y a la expedición de la correspondiente libreta militar.
Consideraciones finales comunes a los casos estudiados.
Seguir libremente los dictados de la conciencia es un presupuesto de la construcción de una sociedad democrática y respetuosa de la dignidad humana. Por eso, se trata de una facultad que necesita el espacio suficiente para desarrollarse, en tal medida, se ha de conceder el derecho de objeción de conciencia cuando sea irrazonable y desproporcionado imponer el deber legal en cuestión a una persona que se vea compelida actuar en contra de sus creencias profundas y sinceras, sean o no de carácter religioso(105).
Finalmente, y dado que las autoridades militares y los jueces de instancia insisten en desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de objeción de conciencia frente a servicio militar obligatorio, esta Sala reiterará —como forma de pedagogía constitucional— las conclusiones unificadas y establecidas en la Sentencia SU-108 de 2016, de acuerdo con la cual:
4.11. A pesar de este importante rol del legislador, el derecho a la objeción de conciencia es un derecho fundamental de aplicación inmediata que puede ser reclamado vía acción de tutela ante los jueces constitucionales”(106).
La Sala Novena de Revisión examina los casos de los jóvenes Wilson Germán Morales Díaz y John Davier Tamayo Carmona (Exp. T-6.367.365 y T-6.372.321), quienes acreditaron ser miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y ser reclutados por el Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio.
La ciudadana Esnedy Rosalba Morales Díaz y la Defensoría Regional del Pueblo —Regional Risaralda— formularon acciones de tutela en calidad de agentes oficiosos contra la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional y varias unidades militares por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos de los jóvenes Morales Díaz y Tamayo Carmona.
Respecto a los casos concretos, la Sala corrobora que los jóvenes Wilson Germán Morales Díaz y John Davier Tamayo Carmona son miembros activos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en las sedes de los municipios de la Llanada (Nariño) y Dos Quebradas (Risaralda), respectivamente; en dichas congregaciones uno de ellos es Ministro de Alabanza y el otro ejerce como Vocal del Ministerio de Jóvenes, por lo cual se acreditan los requisitos previstos en la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio.
En consecuencia, la Corte revoca las sentencias proferidas por los jueces de instancia y ampara los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos de los ciudadanos Wilson Germán Morales Díaz y John Davier Tamayo Carmona.
1. En relación con el expediente T-6.367.365, REVOCAR la sentencia proferida el 19 de mayo de 2017, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (Nariño), que negó el amparo formulado por Esnedy Rosalba Morales Díaz, como agente oficiosa de Wilson Germán Morales Díaz. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos del ciudadano Wilson Germán Morales Díaz, por las razones expuestas en esta providencia.
2. ORDENAR a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, al Batallón de Infantería Nº 9 “Batalla de Boyacá” (Distrito Militar Nº 23 de Pasto) y al Batallón de Ingenieros Nº 23 “Gr. Agustín Niño” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a desincorporar del servicio militar obligatorio al ciudadano Wilson Germán Morales Díaz y expida a su favor la correspondiente libreta militar.
3. En relación con el expediente T-6.372.321, REVOCAR la sentencia proferida el 23 de junio de 2017, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -Sala Civil Familia-, que negó el amparo formulado por Donaldo Córdoba Andrade, actuando en representación de la Defensoría Regional del Pueblo -Regional Risaralda- y como agente oficioso de John Davier Tamayo Carmona. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos del ciudadano John Davier Tamayo Carmona, por las razones expuestas en esta providencia.
4. ORDENAR a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional y al Grupo de Caballería Mecanizada Nº 18 “General Gabriel Reveiz Pizarro” de Saravena (Arauca) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a desincorporar del servicio militar obligatorio al ciudadano John Davier Tamayo Carmona y expida a su favor la correspondiente libreta militar.
5. PREVENIR al Ejército Nacional para que en el futuro no vuelva a incurrir en actuaciones que desconozcan los derechos fundamentales de los objetores de conciencia, en tanto constituye una grave violación a la Constitución Política.
Magistrados: Alberto Rojas Ríos—Carlos Bernal Pulido, salvamento parcial de voto—Diana Fajardo Rivera.
3. Primero, si bien los artículos 86 de la Constitución y 3º del Decreto 2591 de 1991, en virtud de la informalidad que orienta el ejercicio de la acción de tutela, disponen el principio de flexibilidad probatoria, ello no exime al juez constitucional —ya sea en instancias o en sede de revisión— hacer uso de sus poderes oficiosos, a fin de “conocer la realidad de la situación litigiosa de manera que no sólo está facultado para pedir informes a los accionados respecto de los hechos narrados en el escrito de tutela, sino que está obligado a decretar pruebas cuando persisten las dudas respecto de los hechos del caso estudiado”(107).
4. En el caso concreto, no puede afirmarse —como lo hace la sentencia— que la deserción del accionante tenga como única causa y explicación la objeción de conciencia manifestada por la agente oficiosa. Esta, a lo sumo, resulta una afirmación circunstancial, que no tiene sustento probatorio. En efecto, más allá de lo afirmado por la agente oficiosa, (i) no existe prueba de la existencia de una manifestación personal acerca de la convicción íntima o creencias del señor Morales Díaz, que permita concluir que, en este caso, prestar el servicio militar obligatorio implicaría que el accionante actuara en contra de su conciencia.
5. Segundo, en atención al déficit probatorio, la Sala realizó un indebido análisis del caso concreto. Dada la naturaleza constitucional del deber de prestar el servicio militar, la jurisprudencia constitucional ha precisado que (ii) la pertenencia a un culto o comunidad religiosa no implica per se que esta sea incompatible con dicho deber, sino que debe analizarse en cada caso. En esta medida, la certificación expedida por el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia —aunada a la falta de manifestación personal de la conciencia del accionante— no es suficiente para proceder al amparo de los derechos del accionante.
2 Cuaderno de Revisión, folios 3-10. La Sala de Selección de Tutelas Número Nueve estuvo conformada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas.
3 De acuerdo con certificación del pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia del Distrito Nº 16 (Nariño). Cdno. 1, fl. 10 (Exp. T-6.367.365).
4 A folio 15 obra copia de la historia clínica de Wilson Germán Morales Díaz de abril de 2017, en la cual se indica que el paciente “refiere que desde hace 8 años inicia con cefalea alterante mayormente bifrontal, en horario de la mañana o al medio día, pulsátil, visión borrosa en ocasiones mareo, diariamente. Ha perdido el conocimiento en varias ocasiones”.
5 Ibídem, fl. 2.
6 Ibídem, fl 6.
7 A folio 21 obra copia de la cédula de ciudadanía de la señora Tulia Celica Díaz Díaz, madre del señor Morales, en la cual consta que nació el 24 de marzo de 1952 (67 años). Adicionalmente, a folio 22, se anexa el certificado de la condición de salud de la señora Tulia Celica Díaz Díaz, “paciente con antecedente de hipertensión arterial y artritis reumatoidea actualmente con secuelas de enfermedad de base, se encuentra en tratamiento permanente (…)”. Respecto del padre del señor Morales, a folio 23 obra copia de la cédula de ciudadanía del señor Carlos Marcial Morales Calderón, con fecha de nacimiento del 17 de junio de 1951 (67 años).
8 Ibídem, fl. 62.
9 Ibídem, fls. 47-51.
10 Ibídem, fls. 88-91.
11 Ibídem, fls. 67-74.
12 Ibídem, fl. 8.
13 Ibídem, fl. 9.
14 Ibídem, fl. 10.
15 Ibídem, fl. 11.
16 Ibídem, fls. 12-20.
17 Ibídem, fl. 21.
18 Ibídem, fl. 22.
19 Ibídem, fl. 23.
20 Ibídem, fl. 24.
21 Cuaderno Nº 1, fl. 3 (Exp. T-6.367.365).
22 Ibídem, fl. 24. Énfasis agregado.
23 Ibídem, fls. 34-35.
24 Ibídem, fls. 44-46.
25 Ibídem, fls. 57-62.
26 Ibídem, fls. 68. Obra copia del escrito de impugnación en cual consta que el 30 de junio de 2017 Donaldo Córdoba Andrade efectuó presentación personal de la impugnación ante la secretaría del Tribunal Superior de Pereira —Sala Civil Familia—.
27 Ibídem, fls. 67 y 68.
28 Ibídem, fl. 2.
29 Ibídem, fl. 3.
30 Ibídem, fls. 5 y 6.
31 Ibídem, fl. 7.
32 Ibídem, fls. 8-11.
33 Ibídem, fl. 49.
34 Ibídem, fls. 50 y 51.
35 Énfasis agregado.
36 Sentencia T-044 de 1996.
37 Énfasis agregado.
38 Las sentencias SU-055 de 2015 y T-430 de 2017 establecen al respecto: “Para que se configure la agencia oficiosa, la concurrencia de dos elementos: (i) que el titular de los derechos no esté en condiciones de defenderlos y, (ii) que en la tutela se manifieste esa circunstancia. En cuanto a esta última exigencia, su cumplimiento sólo se puede verificar en presencia de personas en estado de vulnerabilidad extrema, en circunstancias de debilidad manifiesta o de especial sujeción”.
39 Sentencias T-531 de 2002, T-452 de 2001, T-555 de 1996, T-044 de 2996, entre otros.
40 Sentencia T-312 de 2009. Énfasis agregado.
41 Cuaderno No.1, folio 1 (Exp. T-6.367.365).
43 Ibídem, fls. 33-35.
44 Ibídem, fl. 51.
45 Ibídem, fl. 59. En el expediente obra constancia secretarial del 15 de mayo de 2017, en la cual se indica “me comuniqué con la agente oficiosa del accionante señora ESNEDY ROSALBA MORALES DÍAZ (…) a fin de solicitar información sobre el accionante quien fue citado para este día a rendir declaración dentro del trámite tutelar Rad. 2017-00125-00, quien claramente informó a esta judicatura que su hermano se encontraba evadido del Batallón y no sabía su actual paradero. CONSTE”.
46 Dentro de las cuales se cita el artículo 282.3 de la Constitución, la Ley 24 de 1992, el Decreto 2591 de 1991, entre otros. Cdno. 1, folio 14 (Exp. T-6.372.321).
47 Artículo 5º de la Resolución Nº 638 del 6 de junio de 2008.
48 Cuaderno No.1, folio 49 (expediente T-6.372.321).
49 Ibídem, fl. 49.
50 Ibídem, fls. 50 y 51.
51 En este sentido, puede consultarse la Sentencia C-543 de 1992, en la cual esta corporación declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, los cuales regulaban la caducidad de la tutela cuando era interpuesta contra providencias judiciales.
52 Sentencia T-328 de 2010.
53 La idoneidad del mecanismo judicial “hace referencia a la aptitud material del mecanismo judicial para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo cual ocurre cuando existe una relación directa entre el medio de defensa y el contenido del derecho”. Mientras que la eficacia “tiene que ver con que el mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera rápida y oportuna una protección al derecho amenazado o vulnerado”. Sentencia T-798 de 2013.
54 Ver sentencias T-414 de 1992, T-384 de 1998, T-822 de 2002, T-068 de 2006 y T-798 de 2013.
55 Ver sentencias T-778 de 2005, T-979 de 2006, T-864 y T-123 de 2007, y T-798 de 2013.
56 Ver, entre otras, las sentencias T -039 de 1996 y T-512 de 1999.
57 En la Sentencia T-200 de 2012, la Corte Constitucional se refiere a la carencia actual de objeto en los siguientes términos: “el fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Lo anterior se presenta, generalmente, a partir de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado. Por un lado, la carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo -verbi gratia se ordena la práctica de la cirugía cuya realización se negaba o se reintegra a la persona despedida sin justa causa-, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. En estos casos, se debe demostrar que en realidad se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental”.
58 El artículo 13 de la Ley 1861 de 2017, “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización”, dispone lo siguiente: “Duración servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio tendrá una duración de dieciocho (18) meses (…).”
59 “ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.
60 Autos 091 de 2002, 265 de 2002 y 220 de 2012.
61 “ART. 31.—Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión”.
62 “ART. 32.—Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión”.
63 Auto 114 de 2008.
64 Artículo 136. “Parágrafo. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son insaneables”.
65 Autos 132 de 2007 y 109 de 2005. La Corte ha declarado la nulidad de los procesos de tutela en los eventos en que los jueces no tramitan la impugnación, debido a que nunca se efectuó diligencia alguna.
66 Autos 25A de 2012, 381 de 2008, 252 de 2007,189 de 2005, 262 de 2002 y 301 de 2001. Las Salas de Revisión han optado por la nulidad del proceso, cuando los jueces de primera instancia omiten notificar el fallo. Este error pretermite el procedimiento de impugnación, en la medida que el afectado no puede promover el recurso de apelación para que el superior jerárquico analice el asunto, pues no conoció la providencia que debe atacar.
67 Sentencia T-661 de 2014.
68 Con ponencia de la Magistrada (e): Martha Victoria Sáchica Méndez.
70 Artículo 228 de la Constitución.
71 Este acápite está basado y sigue la línea jurisprudencial establecida y unificada en la Sentencia SU-108 de 2016.
72 Corte Constitucional, sentencias T-409 de 1992, T-547 de 1993, T-363 de 1995, T-588 de 1998, T-327 de 2009, T-388 de 2009 y T-603 de 2012, entre otras.
73 Corte Constitucional, Sentencia T-430 de 2013. En el mismo sentido ver: Russell, Bertrand. History of Western Philosophy, Londres, 1946.
75 En la Sentencia T-430 de 2013, se reseñó un ejemplo muy particular. Se trata del caso de Desmond Thomas Doss que, además de objetor de conciencia, fue un gran soldado. Doss se presentó a formar parte del Ejército estadounidense en el momento en que su nación había entrado a participar en la Segunda Guerra Mundial, pues consideró tener dos deberes. Uno frente a la patria, que le obligaba a defender su nación, y otro frente a sus creencias religiosas que le impedían tomar las armas o dejar de consagrar el sábado a Dios. El dilema lo resolvió presentándose al Ejército y solicitando que no se le exigiera empuñar armas o hacer algo diferente a orar el día sábado. Aunque en un principio sus compañeros y superiores lo atacaron e intentaron propiciar su salida, Doss soportó pacientemente los ataques y se llegó a convertir en uno de los mejores soldados del batallón encargado de prestar servicios de salud. Fue tal su coraje y valentía para rescatar y curar a sus compañeros heridos en el campo de batalla (incluso, a soldados enemigos), arriesgando en no pocas veces su vida, sin estar armado, que al regresar de la guerra el Presidente Harry Truman lo condecoró, junto a 14 compañeros más, con la máxima medalla de honor que ofrece el ejército estadounidense a sus héroes.
76 Corte Constitucional, Sentencia T-314 de 2014.
79 Declaración Universal de los Derechos Humanos “Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.
80 Corte Constitucional. Sentencia T-314 de 2014.
81 Énfasis agregado.
82 Schwartz, Bernard. A History of The Supreme Court. Oxford University Press, 1993.
83 Aláez Corral, Benito y Álvarez, Leonel. Las decisiones básicas del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Encrucijadas del cambio de milenio. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008.
86 Cuaderno Nº 1, folios 47-51 (expediente T-6.367.365).
87 Ibídem, fls. 88-91.
88 Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Infantería Nº 9 “Batalla de Boyacá”. Folios 47-51.
89 Cuaderno Nº 1, folio 54 (Exp. T-6.367.365). Frente a este punto, se destaca que la acción de tutela fue formulada el 3 de mayo de 2017, es decir, con anterioridad a la fuga del ciudadano Morales Díaz.
90 Ibídem, fl. 10. Énfasis agregado.
91 Ibídem, fl. 1. Énfasis agregado.
92 Cuaderno Nº 1, folios 34-35 (Exp. T-6.372.321).
93 Ibídem, fls. 44-46.
94 Ibídem, fls. 50 y 51.
95 Ibídem, fls. 68. Obra copia del escrito de impugnación en cual consta que el 30 de junio de 2017 Donaldo Córdoba Andrade efectuó presentación personal de la impugnación ante la secretaría del Tribunal Superior de Pereira —Sala Civil Familia—.
96 Ibídem, fl. 69.
97 Ibídem, fls. 57-62.
98 Ibídem, fl. 69.
99 El artículo 13 de la Ley 1861 de 2017, “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización”, dispone lo siguiente: “Duración servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio tendrá una duración de dieciocho (18) meses (…)”
100 Con ponencia de la Magistrada (e): Martha Victoria Sáchica Méndez.
101 Artículo 241 Superior.
102 Cuaderno Nº 1, fl. 7 (Exp. T-6.372.321). Énfasis agregado.
103 Ibídem, fls. 51-52.
104 Ibídem, fl. 8.
106 Énfasis agregado.
107 Sentencia T-423 de 2011.