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Timestamp: 2018-12-18 13:41:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 216', 'artículo 143', 'artículo 44', 'artículo 34', 'artículo 209', 'artículo 88', 'artículo 2']

05001 23 31 000 2002 02098 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
CONTRATO DE CONCESION - Forma de remuneración al concesionario; criterios para fijación de tasas, tarifas y peajes / PEAJE - Tasas diferenciales en contratos de concesión: criterio de equidad fiscal &nbsp; En relación con el régimen legal aplicable en este asunto es preciso señalar que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, previó como uno de los contratos estatales el contrato de concesión, en los siguientes términos: De acuerdo con el texto transcrito, legalmente está prevista la posibilidad genérica de que el concesionario reciba a título de remuneración, entre otras, el pago de tarifas, tasas y contribuciones de valorización. De otra parte, la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, prescribe en su artículo 21 que para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, además de los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, dicho ent
05001 23 31 000 2003 03898 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
EDUCACION DE NIÑOS ESPECIALES - Invulneración de derechos colectivos ante inexistencia de aprobación de proyecto por el municipio de Medellín / NIÑOS ESPECIALES - Invulneración del derecho colectivo a la educación por falta de reporte de población desescolarizada &nbsp; La propuesta conocida como Granja Integral para Niños Especiales Caminos Abiertos es apenas eso, una propuesta o proyecto respecto del cual se surtieron las etapas necesarias para determinar su procedencia, y no un programa aprobado por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Educación como se sostiene en la demanda. Que el hecho de haberse presentado dicho programa a la comunidad mediante volantes donde se le relacionaba como proyecto en ejecución no indica que se trate de un programa aprobado. Que el Municipio de Medellín no ha aprobado partida alguna para la ejecución del proyecto como se anota en la demanda ni ha solicitado disponibilidad presupuestal para ello o su inclusión en el Plan de
05001 23 31 000 2003 04399 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
SERVICIO DE ACUEDUCTO - No exime al municipio cuando es prestado por una empresa de servicios / PRINCIPIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA - Servicio de acueducto: procedimiento de control interno / CONTROL INTERNO - Obligación del municipio en relación al servicio de acueducto &nbsp; Debe la Sala comenzar por advertir que en reiterada jurisprudencia ha refutado la argumentación que como en este caso, esgrime el Alcalde en réplica a la demanda, y ha puesto de presente que la circunstancia de que el servicio de acueducto sea prestado por una empresa de servicios públicos no lo exime de cumplir el deber constitucional de asegurar su prestación. En sentencia de 12 de febrero de 2004 sostuvo: Más grave aún es que el Alcalde alegue la inactividad de las dependencias a su cargo para excusar la suya, y que no adopte las medidas de coordinación, articulación y monitoreo de las distintas dependencias bajo su responsabilidad para asegurar coherencia y eficacia en la gest
05001 23 31 000 2004 04246 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
MUNICIPIO DE MEDELLIN - Adecuación de vías a discapacitados: semaforización, señalización, andenes y rampas: diligente gestión del municipio / DISCAPACITADOS - Adecuación vial, señalización: medidas anteriores a la acción popular &nbsp; Está plenamente demostrado que en la zona materia de la demanda Calles San Juan (Calle 44) y El Ferrocarril (Carrera 55), la Administración municipal ha implementado un sistema consistente en semáforos vehiculares, peatonales, para invidentes cuyos tiempos de transición (35 segundos) son suficientes para el cruce de la vía, la señalización horizontal (cebras y cruce peatonal), la existencia de bahías, andenes y rampas para personas discapacitadas y el acompañamiento de agentes de tránsito, lo que a juicio de la Sala evidencian que el Municipio ha provisto a la comunidad de las condiciones indispensables para su segura y tranquila movilidad por las vías públicas. La Sala observa que aunque la distancia que deben recorrer los peaton
05001 23 31 000 2005 00479 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTO - Improcedencia de la acción popular; falta de jurisdicción / FALTA DE JURISDICCION - No procede recurso de apelación &nbsp; En el presente caso los demandantes pretenden la protección del derecho a la igualdad religiosa y la libertad de culto, alegando que son susceptibles de protección mediante la Acción Popular, pues competen a toda la colectividad. Sin embargo, analizada la demanda con base en las normas transcritas observa la Sala que como lo sostuvo el a quo se pide la protección de derechos fundamentales que son susceptibles de ser protegidos a través de la Acción de Tutela, según el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991. El artículo 216 del Código Contencioso Administrativo prevé que cuando el juez o magistrado que está conociendo del proceso declare su falta de competencia, ordenará remitirlo al que estime competente, mediante auto contra el cual no procede recurso alguno. Además, según el artículo 143 CCA en caso de falta de
08001 23 31 000 2002 01382 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
MORALIDAD ADMINISTRATIVA - Concepto &nbsp; En ese contexto normativo, se tiene que la moralidad administrativa no sólo es un derecho colectivo, sino también un principio orientador de la función pública en el ejercicio del poder, según el cual la actividad de los agentes del Estado debe desarrollarse en atención a los valores previstos en la Constitución y la ley, principalmente los relacionados con el bien común y el interés general. Se tiene entonces que el concepto de moralidad administrativa, está directamente relacionado con la noción de función pública, es decir, que aquel se ve vulnerado cuando se observan irregularidades y mala fe por parte de la administración en el ejercicio de potestades públicas. Por consiguiente, cuando una persona en virtud de la acción popular acude en procura de la protección de ese derecho, debe analizarse la acción u omisión de la administración en el caso concreto. No obstante lo anterior, considera la Sala pertinente hacer clar
08001 23 31 000 2004 02482 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
RECHAZO DE LA DEMANDA EN ACCION POPULAR - No es causal la existencia de acción de nulidad u otro medio procesal &nbsp; Según el Tribunal se le da a la acción una interpretación equivocada, puesto que por la vía de la acción popular no puede pretenderse dirimir conflictos de carácter particular y patrimonial, para los cuales la ley ha señalado mecanismo judiciales, aun cuando se invoquen derechos que tengan el carácter de colectivos, argumento que resulta equivocado. El demandante menciona los derechos colectivos conculcados, los hechos que motivan su petición, así como las pretensiones, de igual forma señala las autoridades presuntamente responsables, las pruebas que se pretenden hacer valer, las direcciones para notificación y los nombres e identificaciones de quienes ejercen la acción. Es decir que cumplió el demandante con los requisitos necesarios para promover la presente acción, luego mal puede ser objeto de rechazo su demanda. Es de resaltar que la Ley 472
11001 03 15 000 2005 00935 00 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
RECURSO DE APELACION EN ACCION POPULAR - Procede contra el auto que rechaza la demanda &nbsp; Adicionalmente en diferentes ocasiones, esta Corporación se ha pronunciado respecto de la procedencia del recurso de apelación para los autos que se profieran en el trámite de las acciones populares:“Por lo tanto, al no existir regulación expresa en la ley 472 de 1998 frente al auto de rechazo de la demanda, pues sólo regula los recursos respecto de los autos dictados dentro del proceso, se debe aplicar el C. C. A., por remisión expresa del artículo 44 de la ley en comento toda vez que no se opone a la naturaleza y finalidad de tales acciones. Entonces en las acciones populares el auto de rechazo de la demanda será recurrible en apelación por dos situaciones jurídicas: la primera concerniente a que la ley determinó que los procesos promovidos en ejercicio de las acciones populares tienen dos grados de decisión (Art. 16 de la ley 472 de 1998) y la segunda situación, refer
13001 23 31 000 2002 00030 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
PUENTE PEATONAL, SEPARADORES Y SEÑALES VIALES - Vulneración del derecho a la seguridad de peatones y conductores: Distrito de Cartagena / CONCESIONARIO CONTRATISTA - Deficiencias técnicas y omisiones en la ejecución del contrato de obra: acción popular &nbsp; El dictamen pericial permitió constatar que la vía comprendida entre la estación de servicio «El Amparo» hasta la estación «Las Murallas» y desde allí hasta la vía denominada «Corredor de Carga» carece de puente peatonal y demarcación, la dimensión de los separadores y andenes existentes es insuficiente, requiriéndose su ampliación; y que a causa de ello hay riesgo para la vida y la seguridad de transeúntes y conductores, pues se trata de una vía de alto flujo vehicular. En efecto, el dictamen pericial, presentado el 10 de marzo de 2003, hizo constar lo siguiente: .... Por lo anterior no existe una zona de andenes bien definidos, se recomienda la ampliación de los andenes por lo menos de 3 m de ancho a cada
13001 23 31 000 2003 90005 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
ADICION DE LA SENTENCIA EN ACCION POPULAR - Procede al no fijar plazo de cumplimiento de la obra / COSTAS EN ACCION POPULAR - Las entidades publicas no pueden ser condenadas: agencias en derecho &nbsp; Uno de los actores solicita la adición de la sentencia para que se fije un término de ejecución y finalización de la obra, y se condene a los demandados a pagar a los demandantes las agencias en derecho por la primera y segunda instancia al considerar “que son un pronunciamiento consecuente con la condena y por tal motivo debió ser materia de la sentencia.” El artículo 34 de la Ley 472 de 1998 al disponer lo que debe contener una sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular, entre otros aspectos, señala: “En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución.” Como a lo ordenado por
13001 23 31 000 2003 90037 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
SERVICIO DE ACUEDUCTO - Responsabilidad primerísima del Municipio / DERECHO AL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS - Regulación constitucional; prioridad del gasto público social en planes y presupuestos / GASTO PUBLICO SOCIAL - Prioridad sobre cualquier otra asignación: necesidades básicas insatisfechas &nbsp; La prestación del servicio de acueducto es responsabilidad primerísima de los municipios, según lo disponen los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, 3-5 de la Ley 136 de 1994 y 5-1 de la Ley 142 de 1994 cuyo tenor literal es el siguiente: Los artículos 365 a 370 de la Constitución Política tratan de los derechos colectivos de acceso a la infraestructura de servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna; y a que la Nación y las entidades territoriales realicen las finalidades sociales del Estado priorizando en los planes y presupuestos el gasto público social. Ciertamente, conforme a los citados preceptos constitucionales
13001 23 31 000 2004 00019 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
RESTITUCION DE VIA DE USO PUBLICO - Ocupación arbitraria del Club Nacional de Suboficiales de la Armada Nacional: protección del espacio público / ARMADA NACIONAL - Ocupación vía de uso público en Cartagena / REVOCACION DE ACTO DE RESTITUCION - Dilación injustificada en restitución de vía pública &nbsp; En efecto, luego de examinar el asunto, se advierte con claridad que la actuación de la Administración Distrital de Cartagena de Indias no fue lo suficientemente diligente, ágil, ni eficaz para recuperar el espacio público invadido ilegalmente, máxime si se tiene en cuenta que ese hecho se había constatado por la Secretaría de Control Urbano del Distrito desde el 14 de octubre de 1998, cuando mediante la Resolución núm. 0782 de dicha fecha se ordenó al Club Naval de Suboficiales de la Armada Nacional restituir dicho espacio. Ahora bien, resulta relevante destacar que a través de la resolución núm. 0782 del 28 de junio de 2000 la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indi
13001 23 31 000 2004 00026 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
ACCION POPULAR - Contrato estatal / CONTRATO ESTATAL - Acción popular &nbsp; De conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, la actividad contractual del Estado, en tanto modalidad de gestión pública, ha de guiarse por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad. Esto significa, que con los contratos también pueden vulnerarse, entre otros, los derechos colectivos a la moralidad, el goce de un ambiente sano y el patrimonio públicos. Con la celebración de los contratos estatales, los funcionarios deben buscar “el cumplimiento de los fines estatales, la continúa y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” (art. 3 ley 80 de 1993). El particular que contrata con el Estado, si bien tiene legítimo derecho a obtener un lucro económico por el desarrollo de su activida
15001 23 31 000 2001 01942 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
VERTIMIENTOS DE AGUAS EN RIO CHICAMOCHA - Invulneración de derechos colectivos por el municipio de Nobsa / AGUAS RESIDUALES - Planta de tratamiento en municipio de Nobsa &nbsp; Es clara la diligencia con la que ha actuado el Municipio de Nobsa respecto del vertimiento de aguas en el río Chicamocha, puesto que hasta la fecha tiene construidas dos plantas de tratamiento de agua que se sirve al río y, además tiene el proyecto y presupuesto para la construcción de una más. Además, se denota el interés por parte de la administración municipal de Nobsa de no generar contaminación alguna con los vertimientos existentes, siendo el mencionado municipio, un ejemplo departamental en el tratamiento de aguas residuales según, el Procurador Agrario Regional Boyacá. Por otra parte, la demandante no allegó prueba contundente en donde se pueda constatar la violación de los derechos e intereses colectivos invocados ya que simplemente se limitó a presentar como pruebas unas fotograf
15001 23 31 000 2001 02890 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
MATADERO MUNICIPAL DE AQUITANIA - Incumplimiento de requisitos fitosanitarias de la ley 9 de 1979 y carencia de licencia ambiental &nbsp; Debe la Sala comenzar por advertir que erró el Tribunal al considerar que no se probó la existencia de amenaza a los derechos colectivos para cuya protección se instauró la acción, pues el hecho de que el sacrificio y expendio de carne en el municipio se haga en 6 famas que obviamente no cumplen las exigencias fitosanitarias que a los mataderos municipales exigen la Ley 9 de 1979 y sus decretos reglamentarios, constituye inequívoco riesgo para la salubridad de los habitantes, pues sin la observancia de estrictas normas de higiene y sanidad, existe peligro de contaminación. Así lo probaron las pruebas allegadas al proceso, entre las cuales merecen destacarse las siguientes: El oficio SA-A-308 de 23 de octubre de 2002 en que ciertamente el Instituto Seccional de Salud de Boyacá informó que el municipio de Aquitania carece de pl
15001 23 31 000 2002 03876 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE NOBSA - Invulneración de derechos colectivos por falta de prueba de daño contingente o amenaza &nbsp; Ha dicho la Sala que la sola circunstancia de que un municipio carezca de Cuerpo de Bomberos Oficial, o no haya contratado la prestación del servicio de bomberos con un Cuerpo de Bomberos Voluntario del mismo municipio o de otro no demuestra la existencia del «daño contingente» o «amenaza» para el derecho colectivo a la previsión de desastres prevenibles técnicamente. Ha sostenido la Sala que para que la falta del servicio de bomberos constituya omisión, deben demostrarse las situaciones que causan el daño contingente o la amenaza a los derechos colectivos, la insuficiencia de los medios existentes para conjurarlos eficazmente y las condiciones geográficas, urbanísticas y de riesgo contingente que hagan indispensable que el municipio cuente con un Cuerpo de Bomberos Oficial o que contrate la prestación del servicio con un Cuerp
15001 23 31 000 2003 00447 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL - Restauración de rodaderos en parque de Tunja: conservación del espacio público &nbsp; Ahora bien, obran a folios 6 y 7, varias fotografías que demuestran las condiciones de deterioro en que se encontraban los rodaderos ubicados en las diagonales 66 y 66A con transversales 5 y 6 del barrio “Los Muiscas” de la ciudad de Tunja. Igualmente, puede apreciarse a folios 54, 55 y 56 la sustitución de la infraestructura recreacional (rodaderos) por parte del Instituto de Recreación y Deporte de Tunja –IRDET-. Ahora bien, en el presente caso la acción popular fue la impulsora para hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos invocados. Además, es importante resaltar que en el escrito de apelación del fallo de primera instancia, la administración reconoce que “(…) una vez conoció los hechos de la demanda realizó los trámites administrativos y consecuentemente presupuestales para el reemplazo de los rodaderos objeto de la acción(…)”. Por
15001 23 31 000 2003 00962 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
PUENTE VEHICULAR - Vulneración de derechos colectivos por falta de barandas y andenes: reconocimiento de incentivo / MUNICIPIO DE TUNJA - Puente vehicular barrio Los Rosales: protección en acción popular &nbsp; Con el ejercicio de la presente acción se pretende la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, la seguridad pública, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los cuales se estiman vulnerados en razón a la falta de barandas y de andenes en el puente vehicular de acceso ubicado en la Calle 43 en el barrio Los Rosales del municipio de Tunja. Al encontrase probada la vulneración alegada por el actor debió el a quo amparar los derechos e intereses colectivos invocados en la deman
15001 23 31 000 2003 01345 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
ACCIONES POPULARES - Naturaleza. Características &nbsp; Las acciones populares consagradas en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política y reglamentadas por la Ley 472 de 1998, tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares. Dentro de las características de la acción popular, se encuentra la de ser una acción principal, preventiva en la medida en que procede cuando un derecho colectivo está siendo amenazado, o restitutiva, cuando quiera que el derecho colectivo está siendo violado y se ejerce con el fin de que las cosas vuelvan al estado anterior, razones por las cuales, el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 472 de 1998 establece que éstas “... se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o r
15001 23 31 000 2003 03666 01 AP JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Acciones Populares>2006 0
RODADERO EN PARQUE INFANTIL - Procedencia del incentivo al acreditarse su retiro con posterioridad a la acción popular / MUNICIPIO DE TUNJA - Retiro de rodadero en parque infantil &nbsp; El referido oficio también acredita que el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja (IRDET), con anterioridad a la presentación y notificación del auto admisorio de la demanda popular, no había adelantado ninguna actuación para el retiro del rodadero existente en el parque del barrio San Antonio. Por lo tanto mal puede considerarse que ello venía previsto o gestionándose previamente a tales sucesos. Todo lo anterior corrobora lo plasmado en las fotografías aportadas por el actor como anexos de su demanda donde se observa el avanzado estado de deterioro del rodadero, el óxido que lo cubre casi en su totalidad, incluida la lámina que sirve de deslizadero, la cual presenta roturas o desprendimientos en su extremo inferior al punto de encontrarse levantada conformando un pico