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Timestamp: 2019-08-24 08:02:15
Document Index: 271738455

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 8', 'in fine']

Los límites arquitectónicos descritos en la Ley 15/1995, ¿lo son también respecto de las actuaciones que puede ordenar la Administración en el marco de la Ley 8/2013?. Los gastos que estas obras originen ¿podrán ponerse a cargo de la comunidad de propietarios? - El Derecho
Foro 01-03-2014 Coordinador: Luis Antonio Soler Pascual
En cuanto a la primera de las preguntas que se f...
En cuanto a los gastos a repercutir, aunque el precepto que se menciona en la pregunta (art. 7 de la Ley 15/95 -EDL 1995/14315-) no ha sido derogado expresamente, es lo cierto que con la modificación habida por la citada Ley 8/2013, de 26 de junio -EDL 2013/104919 en el art. 10.1 de la LPH -EDL 1960/55-, la aplicación de éste, por específico a las comunidades de propietarios, es preferente a aquél. Así, si el importe repercutido anualmente de las obras de adecuación del edificio comunitario (no ha de hacerse en un solo año) no excede de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, tendrán carácter obligatorio, debiendo contribuir a ellos todos los comuneros, sin necesidad de que exista acuerdo comunitario al respecto.
Si, por el contrario, el importe repercutido de las obras sí supera dicho límite cuantitativo, será la Junta de propietarios la que habrá de decidir si asume el coste de la obra. Si el acuerdo es favorable (el art. 17.2 LPH -EDL 1960/55 exige mayoría de la totalidad de cuotas y propietarios) todos los propietarios estarán obligados al pago, si es contrario, éstos deberán abonar únicamente hasta donde alcance la repercusión de las doce mensualidades y el resto será de cuenta del comunero beneficiado por dichas obras (art. 10.1.b LPH).
No se puede desconocer el distinto ámbito de las normas que han de tenerse e...
Creo que en materia de accesibilidad se superponen distintos sistemas o méto...
La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas -EDL 2013/104919 se engloba en un Proyecto de mayor calado, cual es el de la renovación del parque inmobiliario español y regeneración del tejido urbano como modelo de renovación productivo del sector de la construcción, ya iniciada años atrás con leyes como la 2/2011 de Economía Sostenible -EDL 2011/8038-. El título III de esta ley contiene una serie de reformas que pretenden según su Exposición de Motivos desde la sostenibilidad medioambiental, incidir en los ámbitos centrales del modelo económico: la sostenibilidad del modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y movilidad sostenible, y, especialmente relevante en el caso español, el impulso del sector de la vivienda desde la perspectiva de la rehabilitación.
En consecuencia la normativa de la Ley 15/95 -EDL 1995/14315 en la medida en que subsiste significa un camino para obtener el fin pretendido, y por tanto conforme al artículo 3 los titulares y usuarios a los que se refiere el artículo anterior tendrán derecho a promover y llevar a cabo las obras de adecuación de la finca urbana y de los accesos a la misma desde la vía pública, siempre que concurran unos requisitos, entre el que se encuentra que las obras demandadas sean necesarias las obras de reforma en el interior de la finca urbana o en los pasos de comunicación con la vía pública para salvar barreras arquitectónicas, de modo que se permita su adecuado y fácil uso por minusválidos, siempre que las obras no afecten a la estructura o fábrica del edificio, que no menoscaben la resistencia de los materiales empleados en la construcción y que sean razonablemente compatibles con las características arquitectónicas e históricas del edificio. De reunir los requisitos se inicia el mecanismo que regula el artículo 4 con los efectos que reseña el artículo 5.
Las obras de accesibilidad universal, están de modo expreso recogidas en el punto b) del art 10.1 de la LPH -EDL 1960/55 y en consecuencia tendrán carácter obligatorio sin requerir un acuerdo previo comunitario, impliquen o no una modificación estatutaria y estén o no recogidas en un plan o acuerdo Administración/comunidades de Propietarios, tanto sean de mantenimiento, cuanto sean innovaciones. Normalmente estarán dentro del Plan pero si por cualquier motivo no tuvieran cabida dentro del apartado primero, serían obligatorias. Por esta vía no se recoge los límites de la Ley 15/95 -EDL 1995/14315 y los efectos son los propios que prevé el propio artículo 10 de la LPH, ya descritos.
Pero ello no agota la posibilidad de realización de la obra de accesibilidad. A esta otra vía se refiere el artículo 17.2 LPH -EDL 1960/55 al decir que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.1.b) la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o la movilidad de personas con discapacidad, y en todo caso la instalación de ascensor, precisará el acuerdo de la mayoría de los propietarios que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación. En este caso, acordado válidamente el acuerdo, su cumplimiento será obligatorio y las obras costeadas por los comuneros aunque se supere la repercusión de la que se hablaba en el caso anterior. No existe por tanto el límite de las doce mensualidades. La justificación habrá que buscarla en que aquí ya existe un acuerdo voluntario alcanzado por la Comunidad, y en aquel caso es una actuación forzosa por pretensión de un comunero.
Se plantea la cuestión relativa a la posible coordinación entre las previsi...
Se plantea la cuestión relativa a la posible coordinación entre las previsiones de la Ley 8/2013 -EDL 2013/104919 y la Ley 15/1995 -EDL 1995/14315 en relación con la supresión de los límites arquitectónicos para personas con discapacidad.
La primera cuestión que se somete a consideración es si los límites arquitectónicos fijados en la Ley 15/1995 -EDL 1995/14315 lo son también respecto de las actuaciones que pueda ordenar la Administración en el ámbito de la Ley 8/2013 -EDL 2013/104919-. En principio hay que considerar que no existe relación alguna entre ambos, pues los límites señalados en la Ley 15/1995 vienen a suponer el reconocimiento de un derecho de los propietarios con discapacidad para exigir las obras de reforma necesarias para superar las barreras arquitectónicas, sin estar sometidos a las exigencias de la Ley de Propiedad Horizontal -EDL 1960/55-. Por su parte la previsión de la Ley 8/2013 es más amplia al abarcar el principio de accesibilidad universal y por ello no queda referido sólo al ámbito interno del edificio, como parece que se refiere la Ley 15/1995, sino extenderse a todo el conjunto de la urbanización que permita el acceso a la vivienda concreta no solo de los propietarios sino de toda persona que por cualquier motivo quiera acceder al edificio y esté afectado de discapacidad. Otra cosa diferente es que el derecho reconocido a los discapacitados sea una parte de la más amplia configuración de la Ley 8/2013.
En segundo lugar se pregunta si se trata de dos mecanismos de los propietarios para la adaptación del edifico a las condiciones necesarias de accesibilidad, y la respuesta a dicha cuestión debe ser necesariamente negativa. La iniciativa de los propietarios a la que se refiere el artículo 9 de la Ley 8/2013 -EDL 2013/104919 debe ser puesta en relación con el artículo 4 del mismo texto legal en el que se establece que será la Administración la que requerirá a los propietarios para la presentación del Informe de Evaluación de Edificios en el que se acredite, entre otros, el cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal. Por tanto tal iniciativa del artículo 9 no pasará de ser nada más que la puesta en conocimiento de la Administración del incumplimiento de estas condiciones a los efectos de excitar su actuación mediante el requerimiento del Informe señalado.
Por último, y por lo que respecta a los gastos de las obras derivadas de la aplicación de la Ley 8/2013 -EDL 2013/104919-, si serán sin duda alguna a cargo de la comunidad de acuerdo con la nueva redacción dada por la misma Ley al artículo 10.1b) de la Ley de Propiedad Horizontal -EDL 1960/55 que considera como obras de carácter obligatorio y por ello a cargo de la comunidad las actuaciones necesarias para garantizar los ajustes en materia de accesibilidad universal que no superen las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes y con el límite de dichas cantidades. En el exceso, como señala el propio artículo 10.1.b LPH serán a cargo de quienes hayan requerido dichas obras en los términos previstos en la Ley 15/1995 -EDL 1995/14315-.
Referidas las cuestiones objeto de tratamiento a determinadas diferencias que...
Referidas las cuestiones objeto de tratamiento a determinadas diferencias que pudiesen existir, en orden a la adaptación de edificios a las condiciones de accesibilidad exigidas por determinados propietarios o usuarios, entre la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas -EDL 2013/104919 y la Ley 15/1995 -EDL 1995/14315 sobre Límites del Dominio sobre Inmuebles para Eliminar Barreras Arquitectónicas a las Personas con Discapacidad, como punto de partida debe de recordarse que nos encontramos ante dos normas de distinta naturaleza.
Por el contrario, la Ley 15/1995 sobre Límites de Dominio sobre Inmuebles para Eliminar barreras Arquitectónicas -EDL 1995/14315 tiene un carácter propio del derecho privado en tanto en cuanto regula, bajo su finalidad y objeto, relaciones entre particulares (propietario-comunidad de propietarios).
Sentado lo cual, es de precisar que la referida Ley 15/1995 -EDL 1995/14315 establece el derecho de los titulares y usuarios a promover y ejecutar obras de adecuación de la finca y accesos que favorezcan al discapacitado, siendo las mismas a su cargo (artículo 7), si bien con el límite de no afectar aquellas a la estructura o fábrica del edificio, no menoscabar la resistencia de los materiales y de ser razonablemente compatibles con las características del edificio (artículo 3.b Ley 15/1995).
Todo ello sin perjuicio de caber que la comunidad de propietarios acuerde la ejecución de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tuviesen por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificultasen el acceso o movilidad de personas con discapacidad con el voto de la mayoría de partícipes que representen a la mayoría de cuotas de participación (artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal -EDL 1960/55 reformado por la Ley 8/2013 -EDL 2013/104919-), siendo los gastos a cargo de la Comunidad de Propietarios tal y como regula el precepto, ya impliquen o no un importe superior a doce mensualidades ordinarias (si el importe es menor no se precisa acuerdo de la Junta de Propietarios según prescribe el artículo 10.2 de la LPH también reformado por la Ley 8/2013).
Surge una tercera hipótesis, que sea la Administración Pública quien promueva la actuación tendente a lograr la citada accesibilidad. En este caso considero que, salvo el límite referido a la resistencia de los materiales, la Administración no vendrá limitada por la no afección de la estructura o fábrica del edificio, así el artículo 10.3 de la ya tan citada Ley 8/2013 -EDL 2013/104919 le permite ocupar superficie de espacios libres …..como superficies “comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos…” (en realidad se está refiriendo a elementos comunes de la finca).
En orden a quién corre con el gasto de la llamada “actuación” promovida por la Administración, el artículo 8 de la ley –“sujetos obligados” señala, entre otros, a las comunidades de propietarios, como obligadas con respecto a los elementos comunes de las mismas, sin perjuicio del deber de los propietarios de las fincas de contribuir a su coste en los términos que fijen los estatutos.
Con la Ley 8/2013 -EDL 2013/104919- se modificaron diversos preceptos de la L...
Con la Ley 8/2013 -EDL 2013/104919 se modificaron diversos preceptos de la Ley de Propiedad Horizontal -EDL 1960/55-, incorporándose diversas referencias a la accesibilidad universal. Pero en ese momento se carecía aún de una definición de accesibilidad universal que permitiera saber que debía entenderse por tal. El día 3 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE, con entrada en vigor al día siguiente, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social -EDL 2013/226664-.
Siguen vigentes los límites arquitectónicos y de imposición del gasto a la...
Ambas cuestiones de la Ley 15/1995 -EDL 1995/14315- deben entenderse adaptada...
Ambas cuestiones de la Ley 15/1995 -EDL 1995/14315 deben entenderse adaptadas ya a la Ley 8/2013 -EDL 2013/104919 y su contenido en cuanto reforma y potencia la normativa de ejecución de obras de supresión de barreras arquitectónicas y accesibilidad, objetivo pretendido para acabar con la insolidaridad de algunas juntas de propietarios a llevar a cabo tales obras. Así, en primer lugar, los posibles limites arquitectónicos a los que alude la Ley 15/1995 deben entenderse superados por la Ley 8/2013. Recordemos que el art. 9.2 in fine de esta Ley, en cuanto a las obligaciones de la Administración señala que “Serán prioritarias, en tales casos, las medidas que procedan para eliminar situaciones de infravivienda, para garantizar la seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad universal y un uso racional de la energía, así como aquellas que, con tales objetivos, partan bien de la iniciativa de los propios particulares incluidos en el ámbito, bien de una amplia participación de los mismos en ella.” Por tanto aunque resulte obvio que es preciso que las obras de accesibilidad se adecuen al edificio donde se van a llevar a cabo es prevalente la normativa incluida en la Ley 8/2013 y en concreto, también, la referida al art. 10.1, b) de la LPH -EDL 1960/55 reformada por esta Ley. De suyo, recordemos que si el legislador hubiera querido establecer limitaciones a la forma de llevar a cabo obras de accesibilidad, tanto si fueran las ordenadas por la administración como las que las propias comunidades puedan llevar a cabo por sí mismas por interesarlo algún particular, lo hubiera incluido en este precepto, pero la regulación de estas obras no encuentra límite alguno, sin perjuicio de que en su ejecución se busque la forma menos dañina o perjudicial posible y que se adapte a las necesidades de quienes sufran de las situaciones de discapacidad que les hagan difícil o imposible moverse en condiciones normales tanto para acceder desde el suelo público a sus edificios como para moverse dentro de ellos. Nótese que muchos edificios que ahora tienen estas barreras para muchos propietarios (por ejemplo, ascensores situados en cota 1 por haberse preferido ubicar en las entradas absurdas escaleras que limitan o impiden a muchos discapacitados acceder a su inmueble y exigen bajarlos a cota o) reúnen una serie de estas deficiencias que ahora requieren de su modificación como obra obligatoria y sin que existan limitaciones en el art. 10.1, b) LPH que se sobrepongan sobre la exigencia del carácter de esa obra obligatoria sobre la que el legislador de la Ley 8/2013 ha querido que la junta de propietarios no pueda ni tan siquiera opinar.
Del mismo modo, en cuanto a los gastos esta regulación de la Ley 15/1995 -EDL 1995/14315 queda ya obsoleta. Se trata de una norma de hace 18 años ya y que debe ser adaptada a la situación actual en la que se opta por favorecer estas obras. La única cuestión que aquí puede ocurrir es que como el art. 10.1, b) LPH -EDL 1960/55 señala que “Serán obligatorias:…Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes” resulta que solo si no se cumplen estos parámetros se debería permitir que estas obras se costeen por los peticionarios. Además, se añade que No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido, con lo que en la diferencia del coste para que sea obra obligatoria lo podrán abonar los afectados. Solo en estos casos correrá a cargo de ellos este coste.