Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-833-de-octubre-8-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041d497f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 00:47:34
Document Index: 296811695

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 85', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 85', 'artículo 1', 'artículo 85', 'artículo 241', 'artículo 85', 'artículo 76', 'artículo 77', 'artículo 82', 'artículo 229', 'artículo 85', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA C-833 DE OCTUBRE 8 DE 2002
SENTENCIA C-833 DE 08 DE OCTUBRE DE 2002
CONTENIDO:INADMISIÓN DE LA DEMANDA. AL ESTABLECER CIERTAS CAUSALES PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL LEGISLADOR BUSCA GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL APARTE DEMANDADO DEL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1 NUMERAL 37 DEL DECRETO - LEY 2282 DE 1989.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ADMISIÓN DE LA DEMANDA, CAUSALES DE RECHAZO DE LA DEMANDA
Sentencia C-833 de octubre 8 de 2002
Sentencia C-833 de 2002
Ref: Exp.: D-4015
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 85 (parcial) del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 37 del Decreto Ley 2282 de 1989.
Demandante: William Fernando León Moncaleano.
Sentencia aprobada en Bogotá, a los ocho (8) días del mes de octubre de dos mil dos (2002).
EXTRACTOS: «A. Norma acusada
El siguiente es el texto de la norma demandada, con la advertencia de que se resalta lo parcialmente acusado,
ART. 1º—lntrodúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil:
“37. El artículo 85, quedará así:
Inadmisibilidad y rechazo de plano de la demanda.El juez declarará inadmisible la demanda:
La apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de aquél que negó su admisión, y se concederá en el efecto suspensivo”.
La Corte es competente para conocer de la demanda de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución, pues se acusan artículos contenidos en un decreto con fuerza de ley.
2.1. Corresponde a esta corporación analizar si el legislador está facultado para regular las causales de inadmisibilidad y rechazo de la demanda, o si por el contrario, tal como lo afirma el demandante, la existencia de estos requisitos van en contra de los postulados del Estado social de derecho, a la luz de la Constitución de 1991, pues se impide el acceso efectivo de todas las personas a la administración de justicia y se está dando prevalencia al derecho formal por encima del derecho sustancial.
2.2. Tanto para el ciudadano que intervino en nombre y representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, como para el Ministerio Público, la norma acusada, es constitucional, pues lo que busca es precisamente impedir el desgaste innecesario del aparato judicial.
Tercera. Al establecer ciertas causales para la improcedencia de la admisión de la demanda, el legislador pretende garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia.
3.1. Se acusa como inconstitucional el aparte del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, que contempla la inadmisibilidad de la demanda, pues como se dijo, para el ciudadano demandante este precepto entorpece el aparato judicial y hace nugatorio el acceso a la administración de justicia, a su vez que “opera por puras formalidades que entraban la consecución de los fines del Estado”.
La acusación que hace el actor es parcial y en nada toca el tema del rechazo de plano de la demanda, razón por la que teniendo en cuenta que la jurisdicción constitucional es rogada, el análisis que se efectuará en esta sentencia, únicamente estará limitado a estudiar el tema de la inadmisión. Así, la declaración de exequibilidad o inexequibilidad será parcial, limitada únicamente al aparte demandado, contrario a lo expuesto por el señor procurador y por el interviniente del Ministerio de Justicia y del Derecho.
3.2. Sobre este aspecto, es necesario precisar que la iniciación del proceso civil, en virtud del derecho de acción, se realiza a través de la demanda, como instrumento previsto por la ley para garantizar, con el cumplimiento de los requisitos señalados en ella, que el proceso podrá adelantarse sin que culmine luego, por ineptitud de la misma con una sentencia inhibitoria.
Por ello, la demanda debe ajustarse a determinados requisitos establecidos de manera general en el artículos 75 del Código de Procedimiento Civil, y específicamente para algunos tipos de procesos en el artículo 76 ibídem.
La exigencia de estos requisitos encuentra su razón de ser, al considerarse que la demanda es un acto de postulación, a través del cual la persona que la impetra, ejercita un derecho frente al Estado, pone en funcionamiento el aparato judicial y propicia, la iniciación de una relación procesal.
3.3. En consecuencia, si la demanda cumple con las formalidades que la ley establece, deberá ser aceptada, de lo contrario tendrá que ser rechazada.
La inadmisión obedece según el precepto acusado a los siguientes vicios de forma: a) que no se hubiere presentado personalmente; b) que el demandante la formule por sí mismo, debiendo hacerlo por representante; c) que el poder de quien actúa en nombre de otro no sea suficiente; d) que presente defectos formales de los previstos en los artículos 75 y 76, o no se acompañen los anexos ordenados en el artículo 77; e) que contenga indebida acumulación de pretensiones (art. 85), o sea que reúnan los tres requisitos generales del artículo 82, esto es competencia del juez, que aquellas no se excluyan y que deban tramitarse por el mismo procedimiento.
3.4. Significa lo anterior, que al regularse de manera específica el estatuto procesal se contempló una serie de requisitos, con el fin de evitar un desgaste en el aparato judicial, pues en cierta medida lo que se pretende, es garantizar el éxito del proceso, evitando un fallo inocuo, o que la presentación de un escrito no involucre en sí mismo una controversia, es decir que no haya una litis definida.
3.5. Ahora bien, para el actor el precepto acusado va en contra de los postulados del Estado social de derecho, pues en su concepto, esta forma de Estado que fue contemplada por primera vez en la Constitución de 1991, no puede servir de fundamento para desconocer los derechos de quien acude a una instancia judicial, dejando al arbitrio de un funcionario, la procedencia o improcedencia de la acción que se instaura.
No obstante, la Corte se aparta del concepto emitido por el demandante, por cuanto la interpretación que se le da al artículo acusado, en ningún momento desconoce los derechos constitucionales de quien acude a un estrado judicial, tampoco puede decirse que el juez que tiene a su conocimiento la demanda, puede inadmitirla bajo criterios puramente subjetivos, pues las causales de inadmisión son taxativas, se encuentran específicamente señalas en el precepto demandado y no le es posible aun juez inadmitir una demanda, sin que el auto que ordena la inadmisión sea debidamente fundamentado, tan es así que fue el propio legislador quien en su obligación de ejecutar el mandato social, contenido en la Constitución, estableció para los funcionarios judiciales el deber de respetar, garantizar y salvaguardar los derechos de quienes intervienen en el proceso (L. 270/96, art. 9º).
3.6. Por otra parte, el artículo 229 de la Constitución garantiza el derecho que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia, con el fin de solicitar la protección, reconocimiento o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley.
La norma demandada al establecer unos requisitos mínimos razonables para la admisión de la demanda, busca hacer más viable el derecho a la administración de justicia, garantizando los derechos de quienes intervienen en el proceso.
Declárese EXEQUIBLE el aparte demandado del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 37 del Decreto Ley 2282 de 1989, por el cargo formulado por el actor y analizado por la Corte en esta sentencia.