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Timestamp: 2017-11-21 12:58:05
Document Index: 79770149

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 145', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 35', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 93', 'artículo 6', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 105', 'artículo 37', 'artículo 93', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 37']

Informe 15/2012, de 19 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. - PDF
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Raquel Aguilera Alcaraz
1 Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón Informe 15/2012, de 19 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Confidencialidad de las proposiciones de los licitadores. Ejercicio del derecho de acceso a un expediente de contratación. I. ANTECEDENTES El Director Gerente de Servicio Aragonés de Salud se dirige con fecha 2 de julio de 2012, a la presidencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante escrito del siguiente tenor literal: «El Servicio Aragonés de Salud, ha licitado un contrato para la realización del servicio de oxigenoterapia y otras técnicas de ventilación nasal por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Notificado el resultado de la adjudicación a todos los licitadores, se han recibido varios escritos en los que las empresas que no han resultado adjudicatarias, solicitan el acceso a las ofertas técnicas realizadas por las dos empresas adjudicatarias y en algún caso la obtención de copias de los documentos que las componen. Los motivos que argumentan son varios: -Conocimiento de las ofertas al objeto de valorar en que puntos han de mejorar su oferta técnica para posteriores licitaciones. -Ejercicio del derecho de acceso a los registros y documentos que formando parte de un expediente obren en los archivos administrativos de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común. Uno de los adjudicatarios, manifiesta expresamente aquellos apartados de su oferta técnica que son considerados confidenciales, mientras que el otro aporta una declaración de confidencialidad indicando a la Mesa de contratación, que se
2 consideran confidenciales todos los datos y documentos aportados, por contener información que constituye un secreto empresarial o comercial y datos de carácter personal y cuya divulgación puede causarle un grave perjuicio. El artículo 145 del texto Refundido de la ley de Contratos del sector Público en su apartado 2, establece que: Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 148 y 182 respecto de la información que deba facilitarse a los participantes en una subasta electrónica o en un dialogo competitivo. Vistos los antecedentes anteriormente mencionados, se somete a informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, las siguientes cuestiones: Cuestión primera: De acuerdo con este artículo debemos entender que una vez celebradas las mesas de contratación para la apertura de proposiciones (sobres Uno, Dos y Tres) las proposiciones técnicas de los licitadores dejan de ser secretas y por lo tanto hay que dar acceso a las mismas si así se solicita por parte de alguno de los interesados? Cuestión Segunda: Si las empresas han manifestado expresamente los aspectos confidenciales de sus ofertas técnicas se deben entender confidenciales y por lo tanto aunque sea expresamente requerido por otros interesados, debemos denegar el acceso a estas ofertas? Cuestión tercera: en caso de tener que permitir el acceso a las ofertas técnicas, cuál debe ser el alcance del mismo?, solo debemos permitir el visionado de la oferta o si se solicita copia de algún documento hay que proporcionarlo?». El Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2012, acuerda informar lo siguiente: II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS I. Competencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón y legitimación para solicitarle informe. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa es competente para informar acerca de lo solicitado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 apartado 2 del Decreto 81/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por el
3 que se crea la Junta Consultiva, y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento. El Director Gerente de Servicio Aragonés de Salud es un órgano competente para formular solicitud de informe a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 d) del mencionado Decreto 81/2006. II. La confidencialidad de la documentación aportada por los licitadores y el respeto del principio de transparencia. La respuesta a las cuestiones concretas formuladas por el Director Gerente de Servicio Aragonés de Salud, exige unas mínimas reflexiones previas sobre la confidencialidad de la documentación aportada por los licitadores y su posible conflicto con el principio de transparencia. La confidencialidad es un derecho de los licitadores recogido en el artículo 6 de la Directiva 2004/18/CE en los siguientes términos: «Artículo 6. Confidencialidad Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Directiva, en particular las relativas a las obligaciones en materia de publicidad de los contratos adjudicados y de información a los candidatos y a los licitadores establecidas en el apartado 4 del artículo 35 y en el artículo 41, y de conformidad con la legislación nacional por la que se rija el poder adjudicador, éste no divulgará la información facilitada por los operadores económicos que éstos hayan designado como confidencial. Dicha información incluye, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas». El artículo 41 de esta norma, en desarrollo de las normas de publicidad y transparencia aplicables a la información a dar a los candidatos y licitadores por los poderes adjudicadores, recoge en su apartado 3 que los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinados datos sobre la adjudicación de los contratos, la celebración de los acuerdos marco o la admisión a un sistema dinámico de adquisición cuando su difusión pudiera obstaculizar la aplicación de la ley, ser contraria al interés público, o perjudicar
4 los intereses comerciales legítimos de operadores económicos públicos o privados, o perjudicar la competencia leal entre ellos. Como estableció la Sentencia del TJUE de 14 de febrero de 2008 (Asunto C- 450/06, VAREC), al analizar las garantías del órgano que conozca los eventuales procedimientos de recurso, la justificación de este derecho es la siguiente: «El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos públicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C-26/03, Rec. p. I-1, apartado 44). Para alcanzar dicho objetivo, es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen información relativa a procedimientos de adjudicación de contratos públicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en un procedimiento de adjudicación en curso o en procedimientos de adjudicación ulteriores. Además, tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia, los procedimientos de adjudicación de contratos públicos se basan en una relación de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores económicos que participan en ellos. Éstos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier información útil en el marco del procedimiento de adjudicación, sin miedo a que éstas comuniquen a terceros datos cuya divulgación pueda perjudicar a dichos operadores. Por dichas razones, el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 93/36 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligación de respetar el carácter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores». El Tribunal concluye afirmando que este principio de confidencialidad, en contraposición al de acceso a la información, debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso: «debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos comerciales en relación con la información contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa, en particular, la entidad adjudicadora, sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideración dicha información. Corresponde a dicho organismo decidir cómo y en qué medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha información, habida cuenta de las exigencias de la protección jurídica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio». De igual forma, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
5 adelante TRLCSP), recepciona en sus artículos 140 y 153 el contenido de los artículos 6 y 41 de la norma comunitaria. Es evidente que este derecho a la confidencialidad puede entrar en concurrencia o contradicción con uno de los derechos vertebradores de la contratación pública, como es el de la transparencia de los procedimientos, recogido en el artículo 1 TRLCSP, que se manifiesta tanto en la publicidad de las licitaciones, como en el acceso a aquella información que permita que los licitadores puedan hacer revisar aquellas actuaciones que consideren contrarias a la normativa y a las condiciones de la licitación. Esta concurrencia de derechos no siempre puede resolverse de manera pacífica: ni la confidencialidad puede comprender la totalidad de la oferta realizada por el adjudicatario, ni la transparencia puede implicar el acceso incondicionado al expediente de contratación y a los documentos que contiene. En el conflicto entre el derecho de defensa de un licitador descartado, y el derecho de protección de los intereses comerciales del licitador adjudicatario, se ha de buscar el equilibrio adecuado, de forma que ninguno de ellos se vea perjudicado mas allá de lo necesario, como ha declarado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en diversas Resoluciones, entre otras, la nº 199/2011 y la nº 62/2012. Como sucede en el supuesto concreto que ilustra la consulta, la tensión entre confidencialidad y transparencia alcanza su momento de mas difícil resolución cuando el órgano de contratación debe cumplir la obligación legal de notificar la adjudicación del contrato, facilitando toda la información necesaria para que el licitador pueda interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado contra la misma (artículo TRLCSP). Precisamente porque la cuestión no está claramente resuelta y desarrollada en la normativa contractual, surgen dudas como las planteadas en la petición de informe, pudiendo acudirse para su resolución a las interpretaciones que, desde la óptica del derecho comunitario, han realizado tanto órganos consultivos, como de resolución de recursos. Realizadas las observaciones que anteceden, procede dar respuesta a las concretas cuestiones planteadas.
6 III. El alcance del carácter secreto de las proposiciones. Sobre el momento en que el contenido de las proposiciones deja de ser secreto, ya tuvo ocasión de pronunciarse la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias en su Informe 4/2005, de 29 de septiembre, en referencia a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con argumentaciones y conclusiones que en la actualidad siguen plenamente vigentes en este punto. Así, señala este Informe, tras interpretar conjuntamente el contenido de los artículos 79.1 TRLCAP que establecía el carácter secreto de las proposiciones (hoy TRLCSP) y 6 de la Directiva 2004/18/CE, que: «De los preceptos citados se obtiene una primera y evidente conclusión: de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 79.1 del TRLCAP, en concordancia con el artículo 93.5 del mismo Texto refundido (y en concordancia, a su vez, con el artículo 6 de la Directiva 2004/18/CE), a partir de la licitación pública, las proposiciones presentadas, tanto en lo que se refiere a la oferta económica, como en lo referente a los criterios no económicos de adjudicación, dejan de ser secretas». Por tanto, a partir de la licitación pública, las proposiciones presentadas, tanto la parte evaluable con criterios sometidos a evaluación previa como la valorada mediante evaluación posterior, dejan de ser secretas, respetando lo estrictamente confidencial. Esta afirmación debe ser matizada en cuanto al momento del ejercicio del acceso a las proposiciones, interesados legitimados y alcance del derecho: El artículo 35 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), dispone que los ciudadanos tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en que tengan la condición de interesados, y obtener copias de los documentos contenidos en ellos. A su vez, el artículo 37 de dicha Ley, establece que el derecho de acceso a archivos y registros se limita a expedientes que
7 corresponden a procedimientos terminados en la fecha de solicitud. La interpretación de qué se entiende por «procedimientos terminados» en el ámbito de la contratación pública, debe realizarse desde la óptica de los diferentes actos que integran un expediente de contratación y su trascendencia. Así, lo habitual será considerar «terminado» el procedimiento y proceder el acceso a las proposiciones por parte de los interesados cuando se adopte y notifique el acto de adjudicación, como expresamente señalan los artículos y 153 TRLCSP, que aluden a este concreto momento de la tramitación. Pero también será posible dar acceso a la documentación «administrativa» del resto de licitadores, contenida habitualmente en el Sobre nº Uno, a aquellos licitadores sobre los que hayan recaído actos de trámite que determinen su imposibilidad de continuar en el procedimiento, respetando en este supuesto, además, la previsión contenida en el artículo 12 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que establece la obligación para el órgano de contratación de respetar el carácter confidencial de la documentación aportada por los licitadores para acreditar su solvencia económico financiera y técnica. El Informe de la Junta canaria de 2005 citado concluía, respecto de los legitimados para el acceso al expediente, que «solo los interesados en el procedimiento de adjudicación (candidatos rechazados y licitadores admitidos), pueden solicitar información sobre las características de la oferta que hayan sido determinantes para su elección como adjudicataria del contrato». Esta Junta Consultiva considera que esta conclusión debe hoy día matizarse a la vista de los numerosos pronunciamientos de los Tribunales que conocen de la resolución de conflictos contractuales sobre la legitimación para recurrir. Así, si se reconoce legitimación para recurrir no solo a los que han participado en la licitación pues los licitadores están siempre legitimados sino también a otras personas que acreditan la titularidad de derechos o intereses legítimos que sean perjudicados o puedan resultar afectados (asociaciones y colegios profesionales, empresas no invitadas en un procedimiento negociado singular etc.), siguiendo los criterios interpretativos sentados por la Jurisprudencia Comunitaria y por la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, en igual medida deberá garantizárseles el acceso al expediente.
8 Considera esta Junta que debe asimismo matizarse en la actualidad la interpretación recogida en informes de órganos consultivos sobre derecho de acceso de los licitadores al expediente de contratación emitidos antes de 2010, cuando señalaban que no es obligado el acceso a la documentación administrativa y técnica aportada por el resto de licitadores, sino tan solo a la del adjudicatario. Tras la reforma operada en la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 34/2010, de 9 de agosto, se introdujo en el artículo LCSP (hoy TRLCSP) el contenido de la notificación de la adjudicación a los licitadores, que deberá expresar, entre otros extremos, «c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas». Es decir, es cierto que una correcta notificación de la adjudicación y sus razones, puede hacer innecesario el acceso al expediente por los interesados, pero ello no exime al órgano de contratación de conceder el derecho de acceso a las proposiciones de todos los admitidos, si así se solicita, y no solo del adjudicatario, ya que la motivación debe realizarse mediante la comparación de las propuestas de todos los licitadores. IV. Alcance de la confidencialidad de las proposiciones. La segunda de las cuestiones planteadas, el alcance que debe darse a la declaración de confidencialidad de las propuestas, debe resolverse acudiendo nuevamente a criterios interpretativos, al no estar la cuestión claramente resuelta en la normativa contractual. De una primera lectura de los preceptos aplicables artículos 6 y 41 de la Directiva 2004/18/CE y 140 y 153 TRLCSP, podría concluirse que los licitadores gozan de total libertad para declarar los aspectos que consideran confidenciales de sus proposiciones, a excepción de la oferta económica que se da a conocer en acto público, y que esta declaración debería ser respetada por el órgano de contratación. La normativa prevé, incluso, (artículos 35.4 y 41.3 de la Directiva y 153 TRLCSP) la posibilidad de que el órgano de contratación
9 atribuya el carácter de confidencial a aspectos no indicados por los licitadores cuando, a su juicio, tal información pueda perjudicar los intereses comerciales legítimos de aquel, o a la leal competencia que ha de regir las relaciones entre las empresas licitadoras. Sin embargo, en la coexistencia y equilibrio necesarios entre este derecho de confidencialidad y el principio de transparencia, antes apuntada, se apoya el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales con argumentaciones compartidas por esta Junta para concluir que la obligación de confidencialidad no puede afectar a la totalidad de la oferta realizada por el adjudicatario, habida cuenta que el propio artículo TRLCSP garantiza que este deber de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad e información que debe darse a candidatos y licitadores, obligaciones entre las que se encuentran incluidas las enumeradas en el artículo TRLCSP (entre otras, Resolución nº 62/2012). Señala, además, el Tribunal que la extensión de la confidencialidad a toda la proposición podría estar incursa en fraude de ley en los términos previstos en el artículo 6.4 del Código Civil. En el mismo sentido, los pliegos tipo del Gobierno de Aragón informados por esta Junta en su Informe 11/2010 y que han sido utilizados en el que rige la licitación que origina la consulta, se refieren a una «declaración complementaria» en la que se indiquen «qué documentos administrativos y técnicos y datos son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales», y continua señalando: «Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter».
10 De acuerdo con lo anterior, la extensión de la confidencialidad a toda la propuesta por un licitador es improcedente y, en caso de que se produzca, corresponderá al órgano de contratación determinar aquella documentación de la empresa adjudicataria que, en particular, no afecta a secretos técnicos o comerciales o no se corresponde con aspectos confidenciales, siendo necesario que se justifique debidamente en el expediente. A estos efectos, es evidente que los secretos técnicos o comerciales son la materia genuinamente confidencial, por ejemplo propuestas de ejecución que contienen políticas empresariales que constituyen la estrategia original de la empresa y que no debe ser conocida por los competidores, porque constituiría una afectación a sus estudios propios, su formulación original de carácter técnico, de articulación de medios humanos o de introducción de patentes propias. V. Ejercicio del derecho de acceso a un expediente de contratación. Resta por analizar, para dar respuesta a la última de las cuestiones formuladas, cual debe ser el alcance del acceso a un expediente de contratación. El derecho de los ciudadanos al acceso a expedientes administrativos tiene su reconocimiento constitucional en el artículo 105 CE. La remisión constitucional se encuentra implementada en el artículo 37.1 LRJPAC. El carácter limitado del derecho queda reflejado en los siguientes apartados del precepto, encaminados a fijar límites y condiciones al ejercicio del mismo, habida cuenta de que el derecho puede colisionar con intereses de terceros o, incluso, con el interés general. No puede olvidarse tampoco que el procedimiento de contratación es un procedimiento especial y que, como expresamente recoge la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su informe 40/1996, de 22 de julio, sobre recurso ordinario y vista de un expediente, prima la aplicación del artículo 93 de la LCAP (actual 151 TRLCSP) sobre el artículo 35 a) de la LRJPAC, por su carácter supletorio.
11 Esta misma Junta estatal, en su Informe 46/2009, de 26 de febrero, señala que «si alguno de los licitadores o candidatos deseara conocer en toda su extensión el contenido de las proposiciones, el órgano de contratación está obligado a ponerlo de manifiesto, lo que conlleva la posibilidad de examinar el expediente e incluso tomar notas respecto de él, pero en absoluto puede ser interpretado en el sentido de que se entregue copia de todo lo presentado por otros licitadores, especialmente si se trata de proyectos u otros documentos similares respecto de los cuales pueda existir un derecho de propiedad intelectual o industrial a favor del licitador», y concluye manifestando que «la obligación de motivar el acto de adjudicación y de notificar los motivos de ésta a los interesados no implica la obligación de remitir copia de la totalidad de la documentación que integra las distintas proposiciones, sin perjuicio de que se ponga de manifiesto a todos los licitadores y candidatos con la finalidad de que puedan fundar suficientemente los recursos que deseen interponer contra ella». Es interesante señalar que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha mantenido en alguna de sus Resoluciones (entre otras, la nº 199/2011 y nº 233/2011) sobre la base del Informe 40/1996 de la Junta Consultiva del Estado, que el órgano de contratación no viene obligado a dar vista del expediente a los licitadores que lo soliciten, pero sí a notificar adecuadamente los extremos relativos a la adjudicación. En la actualidad, este Tribunal ha reconducido esta interpretación, y en Resoluciones como la nº 272/2011 sostiene que «si bien es cierto que una correcta notificación puede hacer innecesario el acceso al expediente por parte de quienes tengan la condición de interesados en el procedimiento de licitación al objeto de interponer recurso especial suficientemente motivado, ello no exime de la obligación que incumbe al órgano de contratación de conceder a los interesados en el procedimiento el derecho de información del expediente el cual se encuentra amparado por el artículo 35 de la LRJPAC, que en su apartado a) reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos a conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos». Concluyendo que: «A la vista de lo anterior el órgano de contratación deberá conceder el correspondiente acceso al expediente a la empresa recurrente, si
12 bien deberá tener en cuenta la obligación que incumbe al citado órgano de contratación de respetar la debida confidencialidad». Este criterio favorable a reconocer la obligación de dar vista del expediente a los licitadores, si así lo solicitan, se mantiene también por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (entre otras, Resolución nº 52/2011) y por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Resolución 5/2011 y Acuerdo 20/2012), con argumentaciones en todos los casos compartidas por esta Junta. Sentado lo anterior, resta por señalar que para ejercer este derecho de vista del expediente, los interesados deberán solicitarlo previamente y concretar los documentos que se desea analizar, en aplicación de lo previsto en el artículo 37.7 LRJPAC, con la interpretación ratificada por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 14 de noviembre de 2000 y 19 de mayo de Será posible tomar notas respecto del expediente, pero no se entregará copia de lo presentado por otros licitadores. Previamente el órgano de contratación deberá identificar y retirar los documentos declarados confidenciales en los términos exigidos en el Pliego, a los que no podrá tener acceso ningún licitador. Por último, esta Junta recomienda a las unidades gestoras de la contratación que en el trámite de vista se expida una diligencia en la que se recojan las circunstancias relevantes del derecho de acceso ejercido: identificación de quien o quienes examinan el expediente, fecha y hora de ejercicio del derecho, documentos a los que no se ha permitido el acceso etc. III. CONCLUSIONES I. La confidencialidad es un derecho de los licitadores en el que, en su posible conflicto con el principio de transparencia y el derecho de defensa de un licitador descartado, el órgano de contratación ha de buscar el equilibrio
13 II. III. IV. adecuado, de forma que ninguno de ellos se vea perjudicado más allá de lo necesario. A partir de la licitación pública, las proposiciones presentadas, tanto la parte evaluable con criterios sometidos a evaluación previa como la valorada mediante evaluación posterior, dejan de ser secretas, respetando lo estrictamente confidencial. La extensión de la confidencialidad a toda la propuesta por un licitador es improcedente y, en caso de que se produzca, corresponderá al órgano de contratación determinar aquella documentación de la empresa adjudicataria que, en particular, no afecta a secretos técnicos o comerciales o no se corresponde con aspectos confidenciales, siendo necesario que se justifique debidamente en el expediente. El órgano de contratación está obligado a dar vista de un expediente de contratación, si así se solicita por los interesados, trámite que debe ejercerse con las condiciones y límites recogidos en el cuerpo de este informe. Informe 15/2012, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, adoptado en su sesión del día 19 de septiembre de 2012.