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Timestamp: 2017-10-22 02:31:41
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Ley 15/2003, de 8 de abril. Ley de Mediación Familiar de Canarias | Escucha Activa 3.2
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mayo 14, 2008 Ceferino García Valdecasas	Deja un comentario Go to comments
En la sociedad civil, la familia constituye el núcleo originario y básico para el desarrollo personal de sus miembros. La estabilidad familiar constituye el índice más significativo de paz social; al contrario, los conflictos familiares comportan secuelas para los miembros de la familia en conflicto y, por ende, en su entorno.
El modo habitual para resolver estos conflictos es acudir a los tribunales; sin embargo, y por muy diversos motivos, este método ha demostrado no ser el medio más acertado para resolver o aliviar los conflictos familiares.
La mediación familiar supone, pues, una fórmula para resolver conflictos familiares, recomponiendo la propia familia desde dentro, en un clima de cooperación y respeto mutuo; para este fin, los miembros de la familia en conflicto solicitan y aceptan la intervención confidencial de una tercera persona ajena, neutral y cualificada, denominada mediador, que trabajará con y para la consecución de un acuerdo justo, duradero y aceptable para los familiares en conflicto, en el sentido de mantener las responsabilidades de cada miembro de la familia, y especialmente con los más dignos de protección, cuales son los hijos.
Por su parte, cada país ha adoptado distintas variantes en el uso de esta institución; así en unos países tiene carácter obligatorio y previo a la vía judicial, en otros tiene carácter público y gratuito, en otros privado y retribuido, en unos países referido principalmente a conflictos conyugales, y principalmente a cuestiones que afecten a los hijos, en otros a todo tipo de conflictos surgidos con otros miembros familiares; finalmente, en unos se relacionan a departamentos gubernamentales relacionados con asuntos sociales o familia, y en otros, relacionados con aquellos que tutelan el sistema judicial.
La presente Ley, que tiene como finalidad la adopción de esta institución en la Comunidad Autónoma Canaria, opta por establecerlo como un sistema voluntario y extendido a cualquier conflicto que pueda surgir entre cónyuges, parejas de hecho, entre padres e hijos o entre hijos, y, en general, entre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o aquellos que surjan entre personas adoptadas y sus familiares biológicos o adoptivos.
Por otra parte, la presente Ley no crea, aunque tampoco excluye, el establecimiento de algún órgano público de mediación; en cambio, sí contempla la posibilidad de que los ciudadanos con pocos recursos puedan acceder a estos servicios mediante el establecimiento de un mecanismo similar al establecido en nuestro país para acceder a la justicia gratuita o turno de oficio.
Artículo 2. Concepto y finalidad de la mediación familiar
Artículo 3. Conflictos objeto de mediación familiar
Podrá ser objeto de mediación familiar cualquier conflicto familiar siempre que verse sobre materias respecto de las cuales el ordenamiento jurídico vigente reconozca a los interesados la libre disponibilidad o, en su caso, la posibilidad de ser homologados judicialmente; entendiendo por conflicto familiar aquel que surja entre cónyuges, parejas de hecho (estables o no), entre padres e hijos, abuelos con nietos, entre hijos o los que surjan entre los adoptados o acogidos y sus familias biológicas, adoptivas o de acogida; preferentemente los relativos al ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas, pensiones, uso del domicilio familiar, disolución de bienes gananciales o en copropiedad, cargas y ajuar familiar, así como, en general, aquellos otros que se deriven o sean consecuencia de las relaciones paterno-filiales y familiares.
Artículo 4. Principios informadores de la mediación familiar
Todas las actuaciones derivadas del procedimiento de mediación familiar, deberán estar presididas por los siguientes principios:
4. Confidencialidad y secreto profesional, en el sentido de que el mediador familiar actuante no podrá desvelar o utilizar ningún dato, hecho o documento del que conozca relativo al objeto de la mediación, ni aun después, cuando finalice la misma, haya acuerdo o no.
5. Imparcialidad y neutralidad del mediador familiar actuante, en el sentido de que éste debe garantizar el respeto de los puntos de vista de las partes en conflicto, preservando su igualdad en la negociación, absteniéndose de promover actuaciones que comprometan su necesaria neutralidad o la vulneración de derechos o intereses superiores, principalmente relativos a los hijos menores o discapacitados.
6. Reserva de las partes, en el sentido de que igualmente éstas se obligan a guardar reserva de los datos, hechos o documentos de los que hayan tenido conocimiento en el curso de la mediación.
TÍTULO I. De los mediadores familiares y de las entidades de mediación familiar
Artículo 5. De los mediadores familiares
El profesional de la mediación familiar, salvo que otra disposición legal superior establezca lo contrario, deberá tener titulación universitaria en las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social u otras Ciencias Sociales y estar inscrito en sus respectivos colegios profesionales, en su caso. Además deberá acreditar una formación específica en mediación familiar con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, así como estar inscrito en el Registro Público de Mediadores Familiares de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 6. De las entidades de mediación familiar
Artículo 7. De los derechos del mediador familiar
Igualmente, el mediador familiar, salvo pacto expreso y voluntario al respecto, tiene derecho a la percepción de una compensación económica u honorarios, así como al reintegro de los gastos que la mediación le cause. Sus honorarios profesionales serán los mismos que establezcan las normas orientadoras de sus respectivos colegios profesionales.
Artículo 8. De los deberes del mediador familiar
El mediador familiar a lo largo de toda su actuación debe:
Artículo 9. De los deberes de las partes en litigio
TÍTULO II. Desarrollo de las actuaciones de mediación familiar
Artículo 10. Iniciación del proceso
Artículo 11. De la propuesta y designación de la persona mediadora
–Mediante designación de las partes en conflicto, o de una de ellas con el consentimiento de la otra.
–Mediante designación por la entidad mediadora a la que se haya solicitado la mediación.
–Mediante designación del colegio profesional o del organismo público competente en mediación familiar de entre los profesionales inscritos en sus respectivos colegios así como en el Registro de Mediadores Familiares de la Comunidad Autónoma Canaria.
Artículo 12. De la reunión inicial
Artículo 13. Duración del proceso de mediación familiar
Artículo 14. Terminación del proceso de mediación
Artículo 15. Potestad sancionadora
b) El abandono de la función mediadora sin causa justificada, siempre que comporte un grave perjuicio para los menores u otras personas vulnerables implicadas en el proceso.
b) La intervención en un proceso de mediación cuando, según lo dispuesto en la presente Ley, el mediador no debía haber intervenido.
c) La grave falta de consideración con las partes sometidas a mediación.
d) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas leves en un período de un año.
a) El abandono de la función mediadora, aun con causa justificada, sin haberlo comunicado con la antelación suficiente para disponer la sustitución del mediador.
b) La negativa a proporcionar a la consejería competente en materia de mediación familiar los datos estadísticos que precise y le solicite.
c) El incumplimiento del deber de redacción de cualquiera de las actas de las sesiones de mediación.
d) El cobro de compensaciones económicas u honorarios, o gastos por la actividad mediadora, en aquellos supuestos en que las partes tengan reconocida la gratuidad de la misma.
e) El incumplimiento de cualquier otro deber que incumba al mediador que no esté calificado como infracción grave o muy grave.
a) Baja definitiva en el Registro de Mediadores en los supuestos contemplados en el artículo 17 de la presente Ley.
b) Suspensión temporal para poder actuar como mediador por un período de un día a un año, en los supuestos contemplados en el artículo 18 de la presente Ley.
c) Amonestación por escrito, en los supuestos contemplados en el artículo 19 de la presente Ley.
TÍTULO IV. Gratuidad de la mediación
Artículo 21. Gratuidad de la mediación
TÍTULO V. De la competencia
Artículo 22. De la competencia
TÍTULO VI. Del Registro de Mediadores
Artículo 23. Del Registro de Mediadores
A partir de la creación del Registro Público de Mediadores Familiares de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el plazo de seis meses, podrán inscribirse como mediadores aquellos titulados universitarios que, careciendo de la titulación exigida en la presente Ley, acrediten una formación específica o experiencia suficiente en temas de mediación familiar con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
Ley 4/2005, de 24 de mayo. Ley sobre el Servicio Social Especializado de Mediación Familiar de Castilla-La Mancha Ley 7/2001, de 26 de noviembre. Ley de Mediación familiar en la Comunidad Valenciana