Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/04/modificacion-del-convenio-especial-en.html
Timestamp: 2020-03-30 20:43:08
Document Index: 175617796

Matched Legal Cases: ['artículo 205', 'artículo 205', 'de lege ferenda', 'artículo 51', 'artículo 10', 'artículo 20']

EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Modificación del convenio especial en el sistema de Seguridad Social para personas trabajadoras de 55 o más años afectadas por un despido colectivo. Texto comparado.
Modificación del convenio especial en el sistema de Seguridad Social para personas trabajadoras de 55 o más años afectadas por un despido colectivo. Texto comparado.
1. El Boletín Oficial del Estado publica hoy lunes, 8 de abril, la Orden TMS/397/2019, de 4de abril, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, que entrará en vigor mañana, de acuerdo a lo establecido en la disposición final primera, si bien no será de aplicación, según estipula la disposición transitoria única, a los convenios especial a suscribir “en procedimientos de despido colectivo que se hayan iniciado con anterioridad a su entrada en vigor”.
La norma se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de régimen económico de la Seguridad Social atribuidas por el art. 149.1.17ª de la Constitución.
2. Sobre la problemática suscitada alrededor del la Orden ahora modificada tuve oportunidad de abordarla en la entrada titulada “Responsabilidad de las entidades gestorasde la Seguridad Social por el incumplimiento empresarial de abono de cuotas enconvenio especial tras despido colectivo. Una nota a la sentencia del TSJ deGalicia de 15 de febrero de 2019, de la que recupero ahora un breve fragmento:
“C) La relación del art. 51.9 LET con la normativa de Seguridad Social a los efectos de la formalización del convenio y de las consiguientes obligaciones empresariales debe entenderse referida actualmente, señala acertadamente la Sala, a la disposición adicional decimotercera de la vigente LGSS, que regula el “Régimen jurídico del convenio especial a suscribir en determinados expedientes de despido colectivo”, y refiriéndose al convenio especial del art 51.9 LET dispone que “las cotizaciones abarcarán el periodo comprendido entre la fecha en que se produzca el cese en el trabajo o, en su caso, en que cese la obligación de cotizar por extinción de la prestación por desempleo contributivo, y la fecha en la que el trabajador cumpla la edad a que se refiere el artículo 205.1.a), en los términos establecidos en los apartados siguientes…”, que las cotizaciones correspondientes al convenio “serán a cargo del empresario hasta la fecha en que el trabajador cumpla los sesenta y tres años, salvo en los casos de expedientes de despido colectivo por causas económicas, en los que dicha obligación se extenderá hasta el cumplimiento, por parte del trabajador, de los sesenta y un años”, y que a partir del cumplimiento por parte del trabajador de la edad de sesenta y tres o, en su caso, sesenta y un años, “las aportaciones al convenio especial serán obligatorias y a su exclusivo cargo, debiendo ser ingresadas, en los términos previstos en la normativa reguladora del convenio especial, hasta el cumplimiento de la edad a que se refiere el artículo 205.1.a), o hasta la fecha en que, en su caso, acceda a la pensión de jubilación anticipada, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4”.
D) El apartado 6 de la citada disposición adicional estipula que “En lo no previsto en los apartados precedentes, este convenio especial se regirá por lo dispuesto en las normas reglamentarias reguladoras del convenio especial en el sistema de la Seguridad Social”. La norma reglamentaria es la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social (modificada), cuyo art. 20 regula el “Convenio especial de empresarios y trabajadores sujetos a expedientes de regulación de empleo que incluyan trabajadores con 55 o más años”, previendo su suscripción “por el empresario y el trabajador, por un lado, y la Tesorería General de la Seguridad Social, por otro”, subrayando la Sala que no se reconoce explícitamente la TGSS “una facultad para la suscripción de oficio del convenio”.
La voluntariedad en la suscripción del convenio, que se predica en la norma referenciada, es contraria a la obligación impuesta a la suscripción del convenio por el art. 51.9 LET, existiendo pues una necesidad de subsanar esta situación, y de ahí que, como recuerda muy bien la Sala, se emitiera una Recomendación (núm. 207/2014 de3 de diciembre) por el Defensor del Pueblo y dirigida a la entonces existente Secretaria de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y SS, justamente “sobre el convenio especial para trabajadores de 55 o más años, sujetos a expedientes de regulación de empleo”, en cuya introducción se expone que se iniciaron actuaciones por su parte “al exponer algunos ciudadanos las negativas consecuencias que, a efectos del reconocimiento de futuras prestaciones, les ocasionaba el incumplimiento por parte de las empresas de la obligación de suscribir un convenio especial con relación a determinados trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo”.
En su respuesta, la TGSS indicó que de acuerdo a la normativa vigente “no puede proceder a dar el alta de oficio a los trabajadores afectados, ni a sustituir la voluntad de la empresa en la suscripción del convenio, dada la dinámica misma de la figura del convenio especial, fórmula elegida legalmente para dar cobertura a los derechos de los trabajadores en estos supuestos, que requiere para su aprobación de la previa conformidad de las partes implicadas, todo ello sin perjuicio de las modificaciones normativas que, de lege ferenda, pudieran resultar deseables”.
La Recomendación subrayaba que “que de las quejas recibidas en la Institución se deduce que la imposición de sanciones económicas a los empresarios infractores no resulta una medida suficientemente disuasoria para la firma del convenio especial, y, por otra parte, tampoco supone un resarcimiento económico para los interesados, cuyos derechos se ven mermados por la falta de su obligada suscripción y abono de cuotas destinadas a su financiación”, recomendando “Impulsar las modificaciones legislativas que permitan que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda proceder a dar el alta de oficio a los trabajadores sujetos a expedientes de regulación de empleo con cincuenta y cinco o más años de edad, y a sustituir la voluntad de la empresa en la suscripción del convenio especial, en aquellos supuestos de incumplimiento de dicha obligación por parte del empresario, al objeto de garantizar debidamente la cobertura de los derechos de estos ciudadanos y hacer efectivo el contenido del artículo 51.9 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”. Dicha Recomendación consta como “pendiente”.
3. La Orden TMS/397/2019 explica en su introducción la necesidad de adaptar la regulación del convenio al marco normativo fijado por el art. 51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (regulación del despido colectivo tras la reforma laboral de 2012), y a la normativa de Seguridad Social tras las modificaciones operadas por la Ley 27/2011 de 1 de agosto. Además, y por ello me he referido con anterioridad a la entrada publicada hace casi dos meses en el blog, se reconoce que la aplicación práctica del convenio “ha puesto de manifiesto “la existencia de algunos aspectos problemáticos en su funcionamiento”, que requieren de la introducción de algunas “mejoras en su configuración jurídica”, que guardan estrecha relación con actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las que se han evidenciado “reiterados incumplimientos por parte de los empresarios de su obligación de suscribir este tipo de Convenio especial”. Son las siguientes:
-- Con carácter subsidiario para el supuesto en que el empresario no proceda a la solicitud del Convenio especial, “se va a facultar al trabajador para formular dicha solicitud en el plazo de seis meses, a contar desde la fecha en que el empresario le notifique individualmente su despido; en este supuesto, el Convenio especial se suscribiría únicamente entre el trabajador y la Tesorería General de la Seguridad Social”. Se dará trámite de audiencia al empresario, diez días, para que “realice las alegaciones que estime pertinentes, pueda adherirse al Convenio o proponer modificaciones al mismo, a cuyo término quedará visto para su resolución”.
-- Se acota el plazo en el que el sujeto empleador debe efectuar la solicitud de formalización de convenio, que se fija “como máximo, hasta la fecha en la que se le notifique individualmente el despido a cada trabajador afectado”.
-- Por fin, la obligatoriedad de asumir su cotización por parte de los trabajadores afectados a partir del cumplimiento de los 63 o, en su caso, 61 años de edad si el despido es por causas económicas, en sustitución del respectivo empresario, “no constituye óbice para que puedan aplicarse las causas generales de extinción del Convenio contempladas en el artículo 10.2 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, de tal manera que este aspecto pasa a contemplarse expresamente entre las previsiones de su artículo 20”.
2. Adjunto a continuación el texto comparado de la norma vigente hasta hoy y la que entrará en vigor a partir de mañana, destacando en negrita los cambios operados.
https://bit.ly/2YWnqdq
https://bit.ly/2I4M0n3
Las cotizaciones a que se refiere el párrafo anterior serán a cargo exclusivo del empresario, que podrá optar, respecto de todos los trabajadores, por realizar un pago único de las mismas, en cuyo caso deberá manifestarlo por escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social y efectuar su ingreso en la misma dentro del mes siguiente al de la notificación por parte de dicho Servicio Común de la cantidad a ingresar, o por solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social el fraccionamiento de su pago en tantas anualidades como años le falten al trabajador o trabajadores para cumplir los 61 años de edad, con un máximo de seis años.
En este caso, el ingreso de la primera anualidad deberá realizarse en el plazo de treinta días naturales a partir de la notificación de la cantidad a ingresar, presentando en el mismo plazo, para responder de las cotizaciones pendientes, bien aval solidario suficiente a juicio de la Tesorería General de la Seguridad Social o bien sustituyendo, con el consentimiento de dicho Servicio Común, la responsabilidad del empresario por la de una entidad financiera o una entidad aseguradora.