Source: https://supremo.vlex.es/vid/761570353
Timestamp: 2019-10-20 06:58:10
Document Index: 312523004

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 55', 'artículo 228', 'artículo 55', 'artículo 228']

STS 1075/2018, 18 de Diciembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 761570353
Número de Recurso: 2279/2017
Número de Resolución: 1075/2018
COMPETENCIA JURISDICCIONAL. EMBARGO DE BIENES A LA EMPRESA CONCURSADA. La competencia para efectuar la declaración sobre la necesidad de los bienes embargados por el Juzgado de lo Social para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada, es del Juez del Concurso, debiendo quedar en suspenso la ejecución hasta que se produzca tal declaración. La finalidad de la norma es conseguir la conservación de la actividad del concursado como mecanismo ordinario para la satisfacción de sus créditos y por ello debe referirse a los elementos integrados en la organización de la actividad económica del deudor y han de ser necesarios para la continuidad de la empresa. Tal perspectiva solo puede adoptarla el Juzgado Mercantil atendiendo a la situación individualizada del concreto deudor. Se estima el recurso de casación.
Con fecha 7 de junio de 2016, el Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid, dictó auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Desestimando el recurso de reposición interpuesto por el Administrador Concursal de la empresa Orymu Artes Gráficas, S.A., D. Marco Antonio , contra el auto de 27 de enero de 2016 , procede confirmar la citada resolución en todos sus extremos".
"1º.- En el presente procedimiento se dictó auto por este Juzgado el 27-1¬2016, siendo la parte dispositiva del mismo, del tenor literal siguiente: "Procede desestimar la solicitud efectuada por el Administrador concursal de la empresa ORYMU ARTES GRÁFICAS S.A., mediante escritos de 9-6-2015 y 15-12-2015, procediendo confirmar las resoluciones dictadas el 13-3-2015, por las que se acordó acceder a la de ejecución, de la actas de conciliación, suscritas ante el SMAC, el 9-9-2014, respectivamente, por Da Milagrosa y Da Noemi , con la empresa Orymu Artes Gráficas S.A., así como las dictadas en esa misma fecha, por las que se acordó el embargo de bienes de la citada empresa. Ello no obstante, y, de conformidad con los razonamientos expuestos, procede poner a disposición del Administrador concursal de la demandada, D. Marco Antonio , la cantidad de 24.700,08 euros."
- Mediante escrito de 10-2-2016, por el Administrador Concursal de la empresa Orymu Artes Gráficas S.A., D. Marco Antonio , se ha presentadó recurso de reposición contra el mencionado auto de 27-1-2016 , recurso que no ha sido impugnado de contrario".
Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia con fecha 3 de febrero de 2017 , en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Desestimamos el recurso de suplicación formalizado por D. Marco Antonio en nombre y representación de ORYMU ARTES GRÁFICAS, SA contra el auto de fecha 7/6/2016 dictado por el Juzgado de lo Social número 11 de Madrid , en sus autos número 22/2015, seguidos a instancia de Dª Milagrosa y Dª Noemi frente a ORYMU ARTES GRÁFICAS, SA en reclamación de Resolución de contrato, confirmando la resolución judicial de instancia. Sin costas".
Contra la sentencia dictada en suplicación, el Letrado Sr. de la Morena Sanz, en representación de la Administración Concursal de la empresa ORYMU Artes Gráficas, S.A., mediante escrito de 27 de marzo de 2017, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8 de junio de 2015 . SEGUNDO.- Se alega la infracción del art. 248.3 LRJS en relación con el art. 5.bis LC y art. 55.1 LC .
Por providencia de esta Sala de 20 de noviembre de 2017 se admitió a trámite el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, y por diligencia de ordenación se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.
No habiéndose personado las recurridas, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar procedente el recurso.
Antecedentes y términos del debate.
El 9 de septiembre de 2014 las dos demandantes (Dª Milagrosa y Dª Noemi ) y su empleadora (Orymu Artes Gráficas S.A.) suscriben acuerdo transaccional ante el SMAC, sobre extinción contractual y abono de indemnizaciones.
Mediante Decreto de 2 de marzo de 2015 el Juzgado de lo Mercantil (nº 3 de Madrid) tiene por efectuada la comunicación prevista en el artículo 5 bis de la Ley Concursal (LC ) que realiza la citada empresa (concretamente, el 18 de febrero anterior).
Mediante Autos de 13 de marzo de 2015 el Juzgado de lo Social (nº 11 de Madrid) accede a la ejecución de lo acordado ante el SMAC.
Mediante Decreto de 13 de marzo de 2015 el Juzgado de lo Social acuerda el embargo de bienes de la empresa.
Con fecha 14 de mayo de 2015 el Juzgado de lo Mercantil (nº 1 de Madrid) declara a la empresa en concurso de acreedores (solicitado el 20 de abril anterior).
Con fecha 27 de mayo de 2015 la empresa presenta ante el Juzgado de lo Social escrito acompañando el auto de la declaración de concurso.
Mediante Decreto de 2 de junio de 2015 el Juzgado de lo Social acuerda dejar en suspenso la ejecución despachada.
Con fecha 9 de junio de 2015 la administración concursal (AC) interesa al Juzgado de lo Social que deje sin efecto el embargo acordado, presentando al efecto copia del Decreto del Juzgado de lo Mercantil ( nº 3 de Madrid) teniendo por efectuada la comunicación del art. 5.bis LC .
Mediante escrito de 15 de diciembre de 2015 la AC solicita la nulidad de actuaciones seguidas ante el Juzgado de lo Social en orden al embargo de bienes de la empresa.
Con fecha 27 de enero de 2016 el Juzgado de lo Social dicta auto desestimando la solicitud de la AC.
Mediante Auto de 7 de junio de 2016 el Juzgado de lo Social desestima el recurso de reposición interpuesto por la AC contra el dictado el 27 de enero de 2016.
Disconforme con el criterio del Juzgado de lo Social la AC formaliza recuso de suplicación.
La STSJ Madrid 102/2017 de 3 febrero (rec. 995/2016 ) desestima el recurso de suplicación y confirma la resolución judicial de instancia.
El artículo 5.bis ("Comunicación de negociaciones y efectos") recoge una figura generalmente denominada "preconcurso" y que permite al deudor poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación. Interesa ahora examinar su apartado 4:
El artículo 8.1 prescribe que "la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente" en diversas materias, entre las que menciona "toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado".
El artículo 55 ("Ejecuciones y apremios") contiene reglas disciplinando los efectos de la declaración del concurso sobre las acciones individuales de los acreedores. Interesa ahora reparar en su número 1:
Doctrina concordantes.
Sentencias de la Sala de Conflictos.
La STS 10/2006 de 22 diciembre , dictada por la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo (conflicto 4/2006), aunque referida a la divergencia habida entre la Hacienda Pública y el JM siente una doctrina de interés para el caso. A la vista del art. 55 LC advierte que la Ley que prohibe, además de la iniciación de procedimientos de apremio después de la declaración del concurso, la continuación de los ya iniciados. Y respecto de la concreta materia abordada ahora señala lo siguiente:
En los mismos términos que la anterior pueden verse las sentencias 2/2008 de 3 julio ; 3/2008 de 4 julio ; 4/2008 de 19 diciembre ; 10/2006 de 22 diciembre ; 3/2010 de 18 octubre ;
La STS de 11 diciembre 2012 , dictada por la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo, referida a la divergencia habida entre la AEAT y el JM, reitera el criterio de referencia al tiempo que clarifica su alcance:
La STS 1 octubre 2013 ( Real Club Deportivo de la Coruña, S.A.D. ) advierte que existe una "consolidada línea de doctrina" sobre la cuestión debatida y reitera lo expuesto en ocasiones precedentes ("el procedimiento de apremio no ha terminado de modo que es el Juez del concurso quien puede determinar si los bienes son precisos para la continuidad de la actividad del concursado").
Autos de la Sala especial de Conflictos de Competencia.
Mediante Auto de 22 de marzo de 2010 (rec. 21/2009; Levante Unión Deportiva ), la Sala especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo resuelve una cuestión parecida a la que nos ocupa. A la vista de lo previsto en los artículos 8 , 9 y 55 LC resalta que los procedimientos ejecutivos iniciados antes del concurso pueden ser continuados por la jurisdicción laboral en determinados casos. Analizando esa posibilidad, el Auto subraya cómo la posibilidad de que el procedimiento continúe en el JS requiere que el embargo sea anterior a la declaración de concurso y que los bienes o derechos embargados no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. En sus razonamientos conclusivos se expresa así:
Esta misma solución se deduce a contrario sensu, del auto de esta Sala de 2 abril 2009, que declaró competente al juzgado social porque la actividad de la concursada había cesado y se encontraba en liquidación, por lo que no se cumplía el requisito de que los bienes fueran necesarios para la continuación de una actividad empresarial por la sencilla razón de que había desaparecido.
En el actual conflicto concurren los requisitos exigidos legalmente, puesto que a) la actividad del concursado continúa, y b) los bienes embargados han sido declarados como necesarios para la actividad de la entidad UNION DEPORTIVA LEVANTE , S.A.D. por el juez del concurso, único competente para ello".
Por su lado, el Auto 29/2914 de 5 diciembre, de la propia Sala especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo vuelve a enfrentarse con asunto parecido al que nos ocupa, recuerda la doctrina sentada en el ATS de 22 marzo 2010 y, sin embargo, atribuye la competencia discutida al JS. A la vista de lo siguiente:
La competencia para efectuar la declaración sobre la necesidad de los bienes embargados por el JS la continuidad de la actividad empresarial de la concursada, es del JM, debiendo quedar en suspenso la ejecución hasta que se produzca tal declaración. El criterio es válido tanto para ejecuciones administrativas cuanto para las de carácter judicial, incluyendo las seguidas ante la jurisdicción social.
La competencia del JS para ejecutar bienes embargados sin que exista previa declaración de su carácter necesario para la continuidad de la actividad solo se proclama cuando la empresa ya no está operativa y, en buena lógica, es improcedente tal declaración.
Dispone el artículo 228.2 LRJS que "Si la sentencia del Tribunal Supremo declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casará y anulará esta sentencia y resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jurídicas particulares creadas por la sentencia impugnada". La anulación de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid comporta que debamos resolver el debate habido en suplicación aplicando la doctrina correcta.
Frente a los Autos dictados por el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid con fecha de 27 de enero de 2016 y 7 de junio de 2016 la AC ha interpuesto recurso de suplicación, no impugnado por la contraparte.
El recurso de suplicación debe prosperar en parte. Que el JS haya dictado resoluciones de ejecución y trabajado bienes antes de conocer la situación concursal (o preconcursal) de la empresa no impide que despliegue sus efectos el artículo 55.1 y concordantes de la LC .
Solicita la AC que acordemos la suspensión del procedimiento ejecutivo laboral (a lo que hemos de acceder con arreglo a la expuesta doctrina) y que levantemos el embargo trabado y la transferencia de las cantidades en cuestión a la cuenta de consignaciones del JM para su entrega a la AC. Esta segunda solicitud no es, sin embargo, atendible.
Por último, el artículo 228.2 LRJS dispone que "En la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se resolverá lo que proceda sobre consignaciones, aseguramientos, costas, honorarios y multas, en su caso, derivados del recurso de suplicación de acuerdo con lo prevenido en esta Ley. Si se hubiere constituido depósito para recurrir, se acordará la devolución de su importe".
STS 480/1983, 28 de Marzo de 1983