Source: http://alteritat.net/eupv/prsocinv.htm
Timestamp: 2020-01-21 12:20:00
Document Index: 331724066

Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97']

Al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS presenta la siguiente Proposición de Ley relativa a modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para posibilitar la protección social y la contratación laboral de los investigadores, para su debate en el pleno de la Cámara..
Madrid, 25 de abril de 2006
Angel Pérez Martínez Joan Herrera Torres
Diputado G.P. IU-ICV Portavoz G.P. IU-ICV
Proposición de Ley 125/000014 relativa a modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores, presentada por el Parlamento de Andalucía.
La presente Ley viene a posibilitar la realización de contratos laborales, con todos los derechos de la actual normativa, a las/los becarias/os pre y postdoctorales de formación de personal investigador.
La figura del becario está asociada a la política de igualdad de oportunidades en la formación, pero se convierte en irregular cuando se utiliza en trabajadores a los que se les escatiman derechos sociales y laborales, al ser el empresario quien establece que el trabajador, tanto en la empresa privada como en el ámbito público y en labores administrativas o de otro tipo, en lugar de tener un contrato laboral tiene una “beca”.
Esta Ley es de especial importancia para reducir la precariedad laboral presente, de manera particular, a lo largo de la carrera investigadora, acentuada en las primeras etapas de ésta cuando muchas veces se siguen utilizando “becas de investigación”, ajenas a la protección de la Seguridad Social, para remunerar a los investigadores. Y también para los trabajadores que desarrollan actividades, de carácter estructural, en institutos de investigación y que, ante la aplicación de las directrices de congelación de plantillas en el Sector Público, realizan su actividad de forma inestable e irregular en forma de “becarios”.
Si bien el 3 de febrero de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) regulado por el Real Decreto 63/2006 de 27 de enero, la situación antes mencionada no se ha solucionado, ya que este Real Decreto presenta carencias, algunas de las cuales quedarían resueltas por esta Ley.
El EPIF sólo es obligatorio para aquellas ayudas destinadas a la obtención del título de doctor, por lo que deja sin regular muchas becas de investigación que no recogen explícitamente esa finalidad. Es decir, el EPIF excluye a un gran número de becarios que, a pesar de estar disfrutando de una beca cuyo fin último no es la obtención del título de doctor, sí son titulares de becas de investigación donde se realiza una labor profesional que tiene que ser reconocida. Por otro lado, otras becas, si bien no exigen en su convocatoria la realización de un doctorado, en la práctica los titulares de esa beca sí lo realizan. En ambos casos se encuentran, por ejemplo, las becas asociadas a proyectos de investigación y las becas de tipo “tecnológico”.
En suma, se excluye a todas las becas no asociadas a programas de doctorado y todas aquellas de tipo no formativo. Sin embargo, esto da lugar a una situación paradójica. Por un lado, históricamente se ha defendido la existencia de las becas por considerarse periodos de formación, de tal forma que no se creía adecuado que tuvieran el carácter de un contrato laboral. Pero por otro lado, el Estado no considera como formativas muchas becas y, en cambio, no fomenta que los beneficiarios sean considerados trabajadores.
Además, se produce la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, pero por la vía de la asimilación, reduciendo significativamente la base de cotización respecto a lo marcado en la normativa, y excluyendo prestaciones como la de desempleo. En otras palabras, el EPIF recoge la cotización a la Seguridad Social desde el primer año hasta el último en los programas que tengan que aplicarlo, pero durante el periodo de beca, al cotizar por la base mínima, las prestaciones recibidas son también mínimas, cuestión de especial incidencia en el caso de bajas por maternidad o por enfermedad. Igualmente, durante la beca, el personal investigador queda excluido del derecho al desempleo, al no tratarse de un contrato laboral. Por esta misma razón, la inclusión de los puestos de trabajo desarrollados por el personal investigador en formación en los programas de Prevención de Riesgos Laborales no es general, al no existir un marco jurídico que lo recoja explícitamente.
Esta Ley supone la incorporación al Régimen General de la Seguridad Social y de forma obligada para todos los investigadores que realizan tareas profesionales similares, independientemente de lo que se establezca en su convocatoria de financiación pública. También permite regular modelos mejores que el propuesto en el EPIF (2 años de beca más dos años de contrato), conocido como 2+2, evitándose, además, diferencias significativas de investigadores según cual haya sido la entidad promotora de, incluso, el mismo programa de investigación, como el que ya está implantado en las ayudas que ofrece la Generalitat de Catalunya (1+3), o el anunciado por la Comunidad Autónoma de Madrid (0+4).
Esta Ley también es precisa para cumplir las directrices de la Unión Europea acerca de la carrera investigadora, recogidas en las recomendaciones de la Comisión de 11 de marzo de 2005 relativas a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores, donde se explicita con claridad que los investigadores deben ser reconocidos como profesionales desde el inicio de su carrera investigadora, tras el título de grado/licenciado, con la protección completa de la Seguridad Social, incluida la prestación por desempleo, que el EPIF excluye.
Esta Ley pretende dar categoría de normal, un contrato laboral, a lo que es normal, el trabajo de investigación. En consecuencia, modificando el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se establece la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social a los titulados universitarios que desarrollen una función investigadora tanto en el terreno público, como en el privado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición de Ley.
Modificación del artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Uno. Se añade una nueva letra k’ en el apartado 2 del artículo 97 con el siguiente redactado:
k’ (nueva). Los titulados universitarios que desempeñen la función de personal investigador, ya sea en entidades públicas o privadas.
Dos. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 97 con el siguiente redactado:
3 (nuevo). Todos los trabajadores por cuenta ajena señalados en el apartado 2 anterior, excepto los comprendidos en la letra k y los que expresamente fueran asimilados en la letra l, tendrán la obligación, junto con sus empleadores o empresarios, de cotizar por el Régimen General de la Seguridad social y el derecho a recibir todas las prestaciones que este Régimen procura, incluyendo pensión de jubilación y desempleo.”
El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados antes de un año, un informe que recoja un estudio sobre el número de investigadores que hayan tenido becas durante más de veinticuatro meses desde 1992 y las consecuencias económicas que se derivan por no tener devengos de jubilación y desempleo. Además, deberá establecer mecanismos legales y presupuestarios para paliar la situación de esas personas.
Las consecuencias económicas que afecten a los Presupuestos Generales del Estado, derivadas de la aplicación de la presente norma, surtirán efectos a partir de la aprobación de la próxima y siguiente Ley de los Presupuestos Generales del Estado, de modo que puedan tenerse en cuenta estas nuevas obligaciones económicas.
A partir de su entrada en vigor, lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a los titulados universitarios que desempeñen la función de personal investigador, ya sea en entidades públicas o privadas, y disfruten en la actualidad de becas predoctorales o postdoctorales de formación de dicho personal.
Lo dispuesto en la letra k’ del apartado 2 del artículo 97 de la presente Ley se aplicará, con efectos desde el 1 de enero de 1998, a las personas que lo soliciten acreditando el tiempo en el que estuvieron en tal situación.