Source: http://www.manualdelcontador.com/web/node/1436
Timestamp: 2018-01-22 14:02:42
Document Index: 209240232

Matched Legal Cases: ['artículo 1953', 'artículo 166', 'artículo 126', 'artículo 178', 'artículo 126', 'artículo 166', 'artículo 178', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 68', 'artículo 166']

FACULTADES DE LA JUNTA ASESORA DENTRO DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA LEY 222 DE 1995 | MANUAL DEL CONTADOR - PLANEACION EMPRESARIAL
FACULTADES DE LA JUNTA ASESORA DENTRO DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA LEY 222 DE 1995
Enviado por admin en Mar, 10/28/2014 - 08:52
OFICIO SUPERSOCIEDADES 220-219435 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013
FACULTADES DE LA JUNTA ASESORA DENTRO DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA LEY 222 DE 1995.
Me refiero a su escrito radicado en esta entidad con el número citado en la referencia, con la cual consulta este a este despacho se sea absuelto el siguiente tema, así:
"…. Relacionado con los procesos de quiebra establecidos en los en los artículo 1953 y siguientes del Código de Comercio derogado por la ley 222 específicamente si la JUNTA ASESORA de La Quiebra está facultada para CONCILIAR y disponer respecto del patrocinio de la quiebra."
Sobre el particular me permito manifestar que uno de los efectos que conlleva la apertura del trámite de liquidación obligatoria, no solo es la disolución de la persona jurídica como la liquidación de su patrimonio, sino que, como lo es también hoy, se surte la separación de los administradores de la entidad; ante esta eventualidad la ley consagra la designación de un liquidador acompañado de una junta asesora para propiciar una liquidación transparente y debidamente informada.
Es por ello que la responsabilidad de la liquidación del patrimonio, quedará entonces en cabeza no solo del liquidador sino también de la Junta Asesora, enmarcado todo ello dentro del proceso judicial concursal de competencia de la Superintendencia de Sociedades quien funge como juez del concurso, y a quienes la ley le ha asigna unas precisas funciones que cumplir.
Por su parte, el artículo 166 de la Ley 222 de 1995, señaló las funciones que el liquidador debía ejercer en el trámite de liquidación obligatoria, así:
"ARTICULO 166. FUNCIONES DEL LIQUIDADOR. <Título II. derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, a partir del 28 de junio de 2007> El liquidador tendrá la representación legal de la entidad deudora y como tal desempeñará las funciones que adelante se le asignan, y en ejercicio de ellas deberá concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del trámite y en especial las siguientes:
"1. Ejecutar todos los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación del patrimonio rápida y progresiva.
"2. Gestionar el recaudo de los dineros y la recuperación de los bienes que por cualquier circunstancia deban ingresar al activo a liquidar, incluso los que correspondan a capital suscrito y no pagado en su integridad, así como las prestaciones accesorias
y las aportaciones suplementarias. Igualmente, exigir de acuerdo al tipo societario las obligaciones que correspondan a los socios.
"3. Elaborar el inventario de los activos que conforman el patrimonio a liquidar, el cual deberá presentar a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los treinta días siguientes a la aceptación del cargo.
"4. Ejecutar los actos necesarios para la conservación de los activos y celebrar todos los actos y contratos requeridos para el desarrollo de la liquidación, con las limitaciones aquí establecidas, incluidos los negocios o encargos fiduciarios que faciliten la cancelación del pasivo.
"5. Continuar con la contabilidad del deudor en los mismos libros, siempre y cuando se encuentren debidamente registrados. En caso de no ser posible, deberá proveer a su reconstrucción e iniciar la contabilidad de la liquidación, en libros que deberá registrar en la Cámara de Comercio.
"6. Enajenar a cualquier título, los bienes consumibles del deudor, de lo cual dará inmediata información a la junta asesora.
"7. Enajenar, con las restricciones aquí establecidas, los bienes del deudor.
"8. Atender con los recursos de la liquidación, todos los gastos que ella demande, cancelando en primer término el pasivo externo, observando el orden de prelación establecido en la providencia de graduación y calificación.
"9. Exigir cuentas comprobadas de su gestión a los liquidadores anteriores, y a los secuestres designados en los juicios que se incorporen a la liquidación.
"10. Rendir cuentas comprobadas de su gestión, en las oportunidades y términos previstos en esta Ley.
"11. Realizar, con la aprobación previa de la junta asesora, los castigos contables de activos que resulten pertinentes, caso en el cual deberá informar a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los quince días siguientes a la adopción de tal determinación.
"12. Mantener y conservar los archivos del deudor.
"14. Promover acciones de responsabilidad civil o penal, contra los asociados, administradores, revisores fiscales y funcionarios de la entidad en liquidación obligatoria, y en general, contra cualquier persona a la cual pueda deducirse responsabilidad.
"15. Intentar con autorización de la junta asesora, todas las acciones necesarias para la conservación y reintegración de los bienes que conforman el patrimonio a liquidar, lo mismo que atender y resolver las solicitudes de restitución de los bienes que deban separarse del mismo patrimonio.
"16. Presentar a consideración de la junta asesora, un plan de pago de las obligaciones, teniendo en cuenta el inventario y la providencia de calificación y graduación de créditos.
"17. Las demás previstas en esta Ley. (Subraya y negrilla fuer de texto).
Así mismo, el artículo 178 de la Ley 222 de 1995, estableció las funciones de la Junta Asesora:
"ARTICULO 178. FUNCIONES.<Título II. derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, a partir del 28 de junio de 2007> La junta tendrá como atribución general la de asesorar y fiscalizar la gestión del liquidador, y en consecuencia se le atribuyen las siguientes funciones:
"1. Disponer el avalúo de los bienes que constituyen el patrimonio a liquidar, cuantas veces ello sea necesario y nombrar los peritos que deban efectuarlo, así como su remuneración.
"2. Autorizar los términos y condiciones en que deba llevarse a cabo toda enajenación de activos.
"3. Autorizar al liquidador para enajenar los bienes muebles o mercancías que se encuentren en estado de deterioro o de las cuales se tema razonablemente que lleguen a deteriorarse o perecer.
"4. Requerir al liquidador para que dé cuenta de las negociaciones realizadas sobre bienes consumibles del deudor.
"5. Revisar previamente las cuentas presentadas por el liquidador, para lo cual podrá hacer las observaciones y objeciones que considere pertinentes.
"6. Solicitar al liquidador, cuando lo considere oportuno la presentación de los estados financieros.
"7. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades, el decreto, práctica y levantamiento de medidas cautelares.
"8. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades autorización para efectuar pago a acreedores, antes de la providencia de calificación y graduación de créditos.
"9. Asesorar al liquidador, cuando éste se lo solicite, en cuestiones relacionadas con su gestión.
"10. Requerir al liquidador para que presente las cuentas comprobadas de su gestión, de acuerdo con lo previsto en esta ley, o cuando lo considere necesario.
"11. Solicitar la remoción del liquidador.
"12. Dar concepto previo favorable o desfavorable, al liquidador sobre la entrega de bienes que no forman parte de los activos patrimoniales liquidables, en atención al reclamo que hagan terceras personas.
"13. Citar al liquidador por lo menos con tres días comunes de antelación, indicando los temas que se vayan a tratar.
"14. Verificar el inventario que de los activos patrimoniales a liquidar, elabore el liquidador, antes de ser sometido a la aprobación de la Superintendencia de Sociedades.
"15. Autorizar el castigo contable de partidas que conformen los activos, de acuerdo con la situación real de los mismos y a las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
"16. Disponer la constitución de una reserva adecuada, para atender el pago oportuno de las obligaciones condicionales o sujetas a litigio. Dicha reserva se invertirá en forma que asegure su conservación y rendimiento.
"17. Todas las demás previstas en ésta u otras leyes, tratados o convenios internacionales." (Subraya y negrilla fuer de texto).
De lo expuesto, puede sostenerse que la junta asesora tiene unas funciones de asesoría, de fiscalización y de administración.
FACULTAD DE DISPOSICION DE ACTIVOS POR PARTE DEL LIQUIDADOR
De lo expuesto, se puede colegir que el sistema concursal estableció un sistema mixto para la enajenación de activos liquidables, tal y como se desprende de la normatividad citada puesto que el auxiliar de la justicia encargado de la funciones de liquidador, no obstante tiene la facultad de disponer del activos patrimonial liquidable, éste se encuentra limitado o supeditado a la voluntad del órgano asesor, conforme las restricciones previstas en el mismo ordenamiento concursal liquidatario a tono con lo previsto en los numerales 6, 7, 8, 11, 15 y 16 del artículo 166 ibídem, puesto que la junta asesora debía autorizar los términos y condiciones en que debía llevarse a cabo toda enajenación de activos conforme lo prescrito en los numerales 2, 3, 4, 12, 15 del artículo 178 ídem.
Autorización que en todo caso persiste hasta antes de la enajenación prescrita en el artículo 194 de Ley 222 de 1995, en donde se establece las reglas a las cuales debe sujetarse el liquidador para dicha disposición activos liquidables, en razón a que una vez en firme tanto la calificación y graduación de créditos, como los avalúos de los bienes, en principio se acudía una enajenación directa por parte del liquidador.
No obstante, el auxiliar de la justicia, debe contar con la autorización de la Junta asesora si se hace uso de una firma dedicada a la finca raíz para la venta de bienes inmuebles.
Es importante indicar, que esta primigenia forma de disposición de los activos sociales de una sociedad sujeta al trámite de liquidación obligatoria, fue modificada por la reforma que se concretó en la Ley 550 de 1999, puesto que si bien se establecía unas reglas de enajenación en virtud de lo dispuesto en el artículo 194 de Ley 222 de 1995, y en razón a la imposibilidad de venta directa de los bienes por parte del liquidador, se introdujo el mecanismo de subasta púbica previsto en el 67 de la Ley 550 de 1999, para lograr dicho cometido, el cual no necesitaba contar con la autorización de la Junta Asesora.
De suerte, que si tampoco había sido posible la venta a través del mecanismo de subasta, se acudía como última medida al mecanismo de cesión de bienes y dación de pagos como forma de extinción de las obligaciones de la persona concursada, conforme la previsión legal del artículo 68 de la Ley 550 de 1999.
FACULTAD DE CONCILIACIÓN POR PARTE DEL LIQUIDADOR PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA ASESORA
El parágrafo del artículo 166 de la Ley 222 de 1995, ordenó lo siguiente:
"PARAGRAFO. El liquidador en ejercicio de sus funciones, queda investido de facultades para transigir, comprometer, novar, conciliar o desistir judicial o extrajudicialmente, siempre que no se afecte la igualdad de los acreedores de acuerdo con la ley y esté previamente facultado por la junta asesora."
De tal modo, que el liquidador podrá: transigir, comprometer, novar, conciliar o desistir judicial o extrajudicialmente, en los precisos términos prescritos por el legislador en norma en comento, pero requerirá previamente de estar facultado por la junta asesora para tales eventos.
Finalmente, sobre este tema esta superintendencia a través de las circulares externas Nro. 06 del 9 de julio de 1997 y Circular nro. 09 del 18 de julio de 1997, se pronunció sobre el tema de la venta de activos, como de la responsabilidad de los administradores.