Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=645900
Timestamp: 2019-05-24 20:30:26
Document Index: 379013426

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'Artículo 20', 'artículo 31', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 101', 'artículo 129', 'artículo 19', 'artículo 101', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 12']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°68
VICEPRESIDENTE DE LA SESIÓN
PRESIDENTE ACCIDENTAL DE LA SESIÓN
Mario Labbe Araneda
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LACTANCIA MATERNA Y SU EJERCICIO
SUPRESIÓN DE CONSENTIMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA EXAMEN DE DETECCIÓN DE VIH EN MENORES DE 18 AÑOS
INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
INTERVENCIÓN : Jacqueline Van Rysselberghe Herrera
INTERVENCIÓN : Rabindranath Quinteros Lara
INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES GENÉRICOS E IMPEDIMENTO DE INTEGRACIÓN VERTICAL DE LABORATORIOS Y FARMACIAS
INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
PETICIÓN DE OFICIO : Francisco Chahuan Chahuan
PETICIÓN DE OFICIO : Carolina Goic Boroevic
PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
PETICIÓN DE OFICIO : Ena Von Baer Jahn
ANEXO DE SESIÓN
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES ARAYA, DE URRESTI, ESPINA, HARBOE Y LARRAÍN CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, REGULANDO LA FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN LOS CONTRATOS OFRECIDOS TELEFÓNICAMENTE (10.375-03)
Felipe Harboe Bascunan
LEGISLATURA 363ª
Sesión 68ª, en martes 10 de noviembre de 2015
(De 16:20 a 18:2)
PRESIDENCIA DE SEÑOR PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE;
SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, VICEPRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Medidas de protección a lactancia materna y su ejercicio (9.303-11)............
Acuerdos de Comités................................................................
Proyecto de ley iniciado en moción de los Senadores señor Rossi; señoras Goic y Van Rysselberghe, y señores Chahuán y Girardi, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.779 con el fin de eliminar, en los exámenes de detección del VIH, el consentimiento de un representante legal para los mayores de 14 años de edad (10.130-11) (se aprueba en general y en particular)..........................................................................
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora Goic, y señores Ossandón, Rossi y Zaldívar, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (9.914-11) (se aprueba en general)..........................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).................................
Concurrieron, además, los Ministros del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González, y de Transporte y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez-Lobo Echenique. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Salud , señor Jaime Burrows Oyarzún.
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 66ª y 67ª, ordinarias, en 3 y 4 de noviembre de 2015, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Cuatro de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado (boletín N° 10.043-04).
2) El que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos (boletín N° 9.885-07).
Con el que sigue hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea quince centros de formación técnica estatales (boletín Nº 9.766-04).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín N° 10.164-05).
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de ley que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín N° 10.164-05) (con urgencia calificada de "simple").
Con el segundo señala que rechazó la totalidad de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea quince centros de formación técnica estatales (boletín Nº 9.766-04) (con urgencia calificada de "suma"), y propone la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto.
--Se toma conocimiento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los miembros de la Comisión de Educación y Cultura para integrar la Comisión Mixta pertinente.
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Senador señor Carlos Bianchi Chelech respecto de los artículos 239 y 240, incisos primero, tercero y final del Código Penal.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad acerca de las siguientes disposiciones:
-Artículo 20, inciso primero, del decreto ley N° 2.186.
-Artículos 195, 196 bis y 196 ter de la ley Nº 18.290, modificada por la ley N° 20.770.
-Artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, y artículo 31 bis de la ley N° 19.300.
Da respuesta a consultas, formuladas en nombre de la Senadora señora Von Baer, relativas a los siguientes asuntos:
-Trabajos de reposición del puente Nanihue, provincia de Valdivia.
-Reposición de la ruta T-55 en comuna de Futrono.
Atiende solicitudes de información, efectuadas en nombre del Senador señor Ossandón, relacionadas con las siguientes materias:
-Estado de la pista del aeródromo Robinson Crusoe.
-Reparación y conservación del puente colgante El Rosario en comuna de Angol.
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Ossandón, sobre el estado de las obras del hospital de Pitrufquén.
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Espina, sobre medidas adoptadas para construcción e implementación de un escáner y una sala espejo en el hospital de Angol.
Entrega respuesta a solicitud de antecedentes, expedida en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los programas de prevención de zoonosis vigentes para la Región del Biobío.
Contesta petición de información, remitida en nombre del Senador señor De Urresti, sobre multa aplicada a la Empresa de Servicios Sanitarios (ESSAL) por incumplimiento de protocolos de seguridad de los trabajadores.
Del señor Ministro de Agricultura :
Adjunta información, requerida en nombre del Senador señor Ossandón, respecto de planes y obras en ejecución para prevenir efectos de la sequía en la provincia de Ñuble, Región del Biobío.
De la señora Subsecretaria de Educación:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre de la Senadora señora Von Baer, acerca de la dictación de los reglamentos sobre proceso de admisión en el marco de la ley N° 20.845.
Entrega respuesta a solicitud de antecedentes, expedida en nombre del Senador señor Navarro, sobre situación de la residencia universitaria Santa Teresa de Los Andes, en la ciudad de Concepción.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica:
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor De Urresti, antecedentes acerca de la encuesta sobre la cultura científica de los chilenos que la Comisión encargó realizar a la Pontificia Universidad Católica de Chile.
De la señora Directora (T y P) del Servicio de Salud del Maule:
Da respuesta a consultas, formuladas en nombre del Senador señor Matta, tocantes a los siguientes asuntos en la Región del Maule:
-Situación de unidad de cardiología del hospital de Linares.
-Proceso de nombramiento de Director del hospital de Linares .
De la Comisión Mixta constituida para solucionar las discrepancias surgidas en la tramitación del proyecto de ley que permite establecer condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de maremotos en las construcciones costeras (boletín Nº 3.880-14).
Dos de la Comisión de Economía, recaídos en los siguientes proyectos:
-El que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto definitivo, refundido y sistematizado del decreto ley N° 211, para imponer penas privativas de libertad a conductas constitutivas del delito de colusión (boletín N° 9.028-03).
-El que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 211, de 1973, y otros cuerpos legales, en lo relativo al delito de colusión (boletín Nº10.366-03).
De los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores regulando la formación del consentimiento en los contratos ofrecidos telefónicamente (boletín Nº 10.375-03).
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
Señor Presidente , por acuerdo de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, le solicito que recabe la autorización de la Sala para refundir el proyecto de reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del Gobierno Regional (correspondiente al boletín N° 9.834-06) y el proyecto de reforma constitucional en materia de descentralización del Estado y que instituye la elección de los intendentes mediante sufragio universal (correspondiente al boletín N° 10.330-06).
Hago presente que ambos proyectos se encuentran en primer trámite constitucional y en primer trámite reglamentario; que sus ideas matrices tienen entre sí relación directa; que son de autoría del Ejecutivo y de los Senadores señores Horvath, señora Pérez San Martín y señores Guillier, Quinteros y Zaldívar, y que se consultó sobre el particular tanto a los representantes del Ejecutivo como a la mayoría de los Senadores autores de la moción pertinente.
En consecuencia, se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para que la Sala autorice que sean refundidos.
Además, y también en nombre de la Comisión, pido que la Sala autorice discutir ambos proyectos en general y en particular con ocasión de su primer informe.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Minería, solicito que se fije un nuevo plazo, de dos semanas, para presentar indicaciones al proyecto sobre equidad tarifaria.
Pido lo mismo también para el proyecto misceláneo que modifica la ley N° 20.365, que establece franquicias tributarias respecto de sistemas solares térmicos; la ley general de servicios eléctricos, y la ley que crea la ENAP.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Lo que plantea Su Señoría viene consignado en los acuerdos de Comités.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Perfecto, señor Presidente .
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito el desarchivo del proyecto de ley que confiere atribuciones exclusivas al Senado para autorizar la compraventa de material bélico.
Se halla radicado en la Comisión de Defensa del Senado, y está archivado desde el 2010.
Pido su desarchivo para su tratamiento, cuestión que ya conversé con el Presidente y los miembros de dicha Comisión.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Está en su derecho, Su Señoría.
Se establecerá el desarchivo de ese proyecto de inmediato.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Saludo a los alumnos de segundo medio del Colegio San Ignacio, de la ciudad de Illapel, Región de Coquimbo, quienes fueron invitados por la Vicepresidenta de la Corporación, Senadora señora Adriana Muñoz.
Los recibimos con mucho cariño.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Señores Senadores, para no tener que citar a reunión de Comités, debo señalarles que hay una solicitud para postergar hasta diciembre la sesión especial convocada para mañana a los efectos de tratar los hechos de violencia acaecidos en las Regiones de La Araucanía y del Biobío. Ello lo acordaron los Senadores que pidieron la realización de la referida sesión, por un planteamiento del Ministro del Interior , señor Jorge Burgos.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
Señoras y señores Senadores, en la sesión anterior se aprobó el proyecto de ley que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio, pero quedó pendiente la fijación de plazo para la presentación de indicaciones.
¿Les parece hasta el mediodía del próximo lunes?
Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Rendir homenaje en memoria del Teniente de Carabineros don Hernán Merino Correa, en el cincuentenario de su muerte, en la sesión ordinaria del miércoles 25 de noviembre del año en curso.
2.- En relación con la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2016:
-Realizar sesiones el miércoles 18, de 12 a 14 y de 15:30 a 22; y el jueves 19, de 10 a 14 y de 15 hasta su total despacho.
-Fijar como plazo para formular indicaciones y solicitar votaciones separadas hasta las 11 del miércoles 18 o hasta una hora antes de la primera de las sesiones en que se empiece a tratar el referido proyecto.
Si la Cámara de Diputados despachara el proyecto el miércoles 18, habría que adecuar, en lo pertinente, el calendario de horarios señalado precedentemente.
3.- Establecer un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta las 12 del lunes 7 de diciembre, respecto de los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.365, que establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos; la Ley General de Servicios Eléctricos, y la ley que crea la ENAP.
4.- Considerar en cuarto lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de ley, iniciado en mociones de los Senadores señores García, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela y del Senador señor Tuma, en primer trámite constitucional, sobre regularización de viviendas de autoconstrucción, otras viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Gracias, señor Secretario .
Saludo al Senador señor Manuel Antonio Matta, quien hoy está de cumpleaños.
No vamos a decir cuántos años cumple, ¡pero son muy pocos...!
Lo felicitamos con mucho cariño, señor Senador.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Rossi, señoras Goic y Van Rysselberghe, y señores Chahuán y Girardi, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.779 con el fin de eliminar, en los exámenes de detección del VIH, el consentimiento de un representante legal para los mayores de 14 años de edad, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.130-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 29ª, en 17 de junio de 2015.
Salud: sesión 49ª, en 2 de septiembre de 2015.
El objetivo de la iniciativa es fomentar la realización de exámenes de detección del VIH mediante la eliminación del señalado requisito.
La Comisión de Salud discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Chahuán, Girardi y Rossi.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 22 y 23 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
No, señor Presidente .
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, este proyecto se inicia en una moción de los Senadores que integramos la Comisión de Salud: señor Rossi, señora Van Rysselberghe, señores Chahuán y Girardi y quien habla.
Es una iniciativa muy simple, pero significativa desde el punto de vista de la detección, del tratamiento y, sobre todo, de la prevención y toma de conciencia respecto del VIH.
Se trata fundamentalmente de facilitarles la realización del examen de detección del VIH a los mayores de 14 años, es decir, a jóvenes de entre 14 y 18 años, quienes hoy día necesitan contar con la autorización de un representante legal para realizarlo. Ello, en ese tramo etario muchas veces constituye una barrera, por el temor de los menores a tener que contarles a los padres o al adulto responsable.
Esto también se halla relacionado con la vida sexual activa y con el riesgo de contagio. Porque los jóvenes la inician cada vez más temprano, y deben tomar medidas de prevención.
Complementariamente, en la Comisión se discutió bastante acerca de qué hacer en caso de que el examen de detección del VIH tenga un resultado positivo. Se señaló que debía darse al joven el apoyo necesario.
En tal sentido, se estableció que, de ser positivo el resultado, un reglamento señalará las condiciones de notificación y entrega de él y el manejo adecuado para el control, apoyo y seguimiento del paciente. Es decir, en aquellos casos en que resulta evidente la necesidad de apoyo de un adulto eso va a estar cautelado.
Ello fue respaldado por los representantes del Ministerio de Salud que nos acompañaron durante la discusión de esta iniciativa.
Ahora, señor Presidente , me parece importante hacer un poco de historia respecto del VIH, el cual se encuentra presente en nuestro país desde 1984 y que, a contar de esa fecha, ha tenido una tasa de incremento continuo. Por esa razón, se halla sometido a vigilancia sanitaria con notificación obligatoria.
Desde el inicio de la epidemia y hasta el 2010 la tasa ha avanzado de 0,1 a 4,1 casos por cada 100 mil habitantes. Es un aumento significativo.
Eso se refleja también en la cantidad de personas que han muerto por causa del sida en nuestro país. Según los datos del Ministerio de Salud, entre 1990 y 2009 han fallecido más de 6 mil; y se han notificado 24 mil 14 casos de VIH hasta el 2010. Y ya lo sabemos, la principal vía de transmisión es el contacto sexual sin protección.
Ello no es ajeno a las regiones extremas, señor Presidente.
Como representante de la Región de Magallanes, quiero señalar que también tenemos una tasa alta de casos confirmados con VIH positivo. Somos la cuarta Región con la tasa más alta de confirmación para esta patología.
Si bien el primer grupo de riesgo es el de las personas de entre 20 y 49 años, los adolescentes presentan uno de los mayores aumentos porcentuales en los últimos años. La tasa de adolescentes con esta patología se ha incrementado en el último quinquenio 72 por ciento.
Eso nos alerta, y nos dice que algo debemos hacer para facilitar el acceso al examen de detección del VIH. Pero no solo eso: también hay que tomar medidas de prevención para jóvenes de entre 14 y 18 años.
Las cifras que mencioné se ven reforzadas con lo que nos señala la VII Encuesta Nacional de la Juventud, que refleja cómo se ha ido adelantando la edad de inicio de la actividad sexual en los jóvenes, donde un porcentaje muy alto comienza a partir de los 14 o 15 años. Y, a mi juicio, se adelantará cada vez más.
Por esa razón, me parece muy pertinente esta discusión, y nos obliga a avanzar en otras medidas, que no están contenidas en este proyecto de ley.
Por ejemplo, educación sexual efectiva que contemple el ciclo de vida de la persona, que se incorpore no solo desde el ciclo básico, sino también en la etapa previa. Desde el jardín infantil deberían tomarse medidas que permitan discutir sobre afectividad y sexualidad; cómo generar espacios para que los jóvenes puedan consultar con confianza sus inquietudes.
No se trata solo del acceso a métodos anticonceptivos, sino también de poder contar con adultos que quizás atiendan especialmente a adolescentes en consultorios.
Y lo hemos dicho muchas veces: no con la misma matrona que ve a la mamá, a la vecina, a la abuela, a la tía, en fin, sino en un espacio que les dé la confianza a los jóvenes para consultar. Así podríamos evitar no solo contagios, en el caso del VIH, sino además embarazos no planificados o no deseados, incorporando mucho más la perspectiva preventiva en materia de enfermedades de transmisión sexual.
Para ello es fundamental lo que se está haciendo a nivel de campañas públicas, que han de ser reforzadas. Porque aquí, con el uso correcto del condón, con medidas de prevención, se puede impedir un contagio que, como hemos visto, ya no es una cuestión privativa solo de la población adulta, sino que se va acrecentando cada vez más en la población joven.
Por eso, recomendamos unánimemente aprobar este proyecto.
Hay una petición para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Salud Pública, señor Jaime Burrows,
Tenemos, además, una petición para abrir la votación, dejando claro que hay una indicación de la Senadora señora Van Rysselberghe que se verá después.
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
Señor Presidente, en materia de salud pública, el contagio del VIH preocupa a la comunidad médica completa.
Dentro de eso, el contagio en los menores de 18 años está absolutamente subdiagnosticado, pues el requisito de contar con el consentimiento del padre motiva que muchas veces los jóvenes no se decidan a practicarse el examen pertinente pese a haber tenido conductas sexuales riesgosas o relaciones sexuales sin los cuidados necesarios para evitar la infección.
Por esa razón, nos parece absolutamente pertinente que se permita a los mayores de 14 años acceder al examen respectivo sin el consentimiento expreso de sus representantes legales.
Sin embargo -y esta discusión se dio en la Comisión de Salud-, nos parece que tan importante como aquello es que, si el resultado es positivo, el hospital notifique al representante legal. ¿Por qué? Porque la noticia de que alguien padece sida constituye un hecho fuerte, sin que se sepa cómo la puede tomar un adolescente.
De otro lado, se requiere que para que el diagnóstico tenga algún efecto haya adhesión al tratamiento. Y quien puede garantizar esa adhesión, sobre todo cuando estamos tratando con jóvenes, es precisamente el representante legal.
Entonces, me parece que en el contexto de la ley en proyecto debe explicitarse la obligación de que el hospital notifique al representante legal. El cómo hacerlo, que quede en manos del reglamento.
En mi concepto, es irresponsable no dejar aquello amarrado en la legislación. Porque un niño de 14 años, por ejemplo, no puede quedar a la deriva frente a una noticia tan dramática. Y, además, su sobrevida depende de la adhesión al tratamiento.
Por lo tanto, el asegurar esa adhesión debiera ser responsabilidad del representante legal del muchacho.
Esa es la razón por la que presenté la indicación. No tengo inconveniente en que se vote en seguida. Me parece que es un buen complemento, pues asegura una acción en la que hoy día se está fallando: la adhesión al tratamiento cuando a un adolescente se le diagnostica el mal.
Creo que hay que trabajar a ese respecto. Pero ello es imposible si no se hace en concomitancia con los representantes legales.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, tal como dijo la Senadora Goic, este es un proyecto sencillo, pero no por ser sencillo pierde importancia.
Entre las metas sanitarias que se han impuesto los países miembros de la Organización Mundial de la Salud está la que pretende que al año 2020 se haya diagnosticado y tratado el 90 por ciento de los casos de VIH.
Con ese objetivo en mente, valoro enormemente este proyecto de ley, que busca que los adolescentes de entre 14 y 18 años se realicen exámenes de detección sin que deba mediar el consentimiento del representante legal.
Que nuestras leyes y políticas disminuyan las barreras que existen actualmente para el acceso de los adolescentes a la prueba del VIH es un objetivo importante que siempre debemos apoyar.
Se trata de una epidemia que, lamentablemente, continúa en crecimiento. Se estima que en nuestro país cerca de 45 mil personas viven con el virus en comento.
Aunque el grupo de mayor riesgo continúa siendo la población de entre 20 y 49 años, los adolescentes presentan uno de los mayores incrementos porcentuales en la prevalencia.
Si tomamos en consideración la tasa de notificación de VIH para el grupo etario de entre 15 y 19 años, podemos observar que ambas cifras se han duplicado entre los quinquenios 2004-2008 y 2009-2013.
Pese a que esas cifras ya revelan la gravedad de la situación, se estima que el número de adolescentes infectados es mucho mayor que el oficialmente pesquisado.
¿Por qué sucede aquello? En parte, por el importante obstáculo que deben enfrentar los jóvenes al tener que contar con el consentimiento de su representante legal para acceder al examen de detección.
Tal requerimiento no guarda relación con las normas que establecen la edad de consentimiento para iniciar relaciones sexuales sin que medien consecuencias penales.
Quien inicia su vida sexual a los 14 años y puede hacerlo sin el consentimiento de sus padres no debería tener que esperar hasta la mayoría de edad para acceder libremente a exámenes de detección del VIH, porque es en este período cuando los adolescentes son más vulnerables a contraer infecciones de transmisión sexual, incluida la que provoca el VIH.
Dicho lo anterior, me parece relevante agregar que en Chile la edad de consentimiento para las relaciones sexuales homosexuales es mayor que la edad de consentimiento para las relaciones sexuales heterosexuales.
Dicha diferencia supone discriminación por orientación sexual y, naturalmente, puede constituir una barrera para la atención a parejas homosexuales, por temor a las consecuencias penales en que puedan incurrir.
A mi modo de ver, los obstáculos que actualmente se les presentan a los jóvenes se traducen en una vulneración de sus derechos en salud y constituyen una barrera de acceso a servicios sanitarios disponibles y garantizados.
Las directrices y acuerdos de organismos internacionales rectores en temáticas sobre salud sexual, VIH e infecciones de transmisión sexual apuntan a la autonomía de las personas como una condición esencial para la prevención y el control.
Los marcos normativos jurídicos internacionales y nacionales vigentes consideran a los adolescentes sujetos de derechos capaces de tomar decisiones en distintos ámbitos, entre los cuales se cuentan los relativos a su salud. Asimismo, reconocen su capacidad para asumir responsabilidades y deberes cuando adoptan libre e informadamente tales decisiones.
Por otra parte, además de la eliminación del consentimiento del representante legal, me parece importante -como aquí ya se ha dicho- definir qué sucederá con el menor diagnosticado con un resultado positivo y cómo se realizará la notificación a quien se hará responsable de él.
Teniendo en cuenta que los menores aún no han adquirido todos los derechos que les corresponderían como mayores de edad ni tienen la autonomía necesaria para iniciar el tratamiento de una patología de carácter crónico, estimo necesario que se formule un nuevo protocolo, donde se trate con especificidad la situación de los adolescentes que acceden al examen de detección del VIH.
Finalmente, me gustaría señalar que, si bien la generación actual de jóvenes es generalmente más sana y mejor educada que las generaciones del pasado, hay varios aspectos relacionados con la salud sexual y el VIH que se pasan por alto.
El aumento en las tasas de infección en jóvenes de entre 15 y 19 años de edad es un indicador altamente inquietante.
Tomando en cuenta esa realidad, considero necesario implementar una política definida para combatir el VIH en Chile, que no solo incentive a ese grupo etario a someterse a exámenes de detección, sino que también cuente con un enfoque sobre cómo prevenir la enfermedad. Esta política debe considerar programas actualizados al escenario sanitario que hoy se constata en Chile.
Señor Presidente, incorporar a los jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años a un conjunto de derechos es una necesidad imperiosa.
Hoy día los adolescentes tienen una condición tal que participan en un conjunto de acciones en que no se distinguen de los mayores de 18 años.
Por tanto, la división de la edad no resulta un criterio apropiado para definir estrategias, al menos en salud pública. Porque debe haber una estrategia dirigida a la población vulnerable de mayor riesgo, y los adolescentes de 14 años sí la tienen.
Uno podría decir: "¿Y los de 13?".
Vamos a tener que revisar constantemente nuestra estrategia en torno no solo al VIH, sino también a la prevención del embarazo precoz y otras situaciones tan importantes como esas.
La pregunta es cuánto estamos gastando actualmente en medicamentos para tratar la enfermedad en cuestión.
Porque pareciera ser que el esfuerzo del Estado por prevenir el sida y prestarle atención (aumentan los casos: más de 45 mil) declinó, sumando un enorme presupuesto. La cifra que tengo a mano habla de que 120 mil millones de pesos cuestan los tratamientos y la compra de los medicamentos.
Eso parece ser insostenible. Lo que hay que hacer es prevenir.
Quiero además señalar lo siguiente.
¿Qué pasa con los inmigrantes? Los menores de 18 años tienen atención; las mujeres embarazadas, también. Pero los hombres que llegan a vivir a Chile carecen de la posibilidad de asistencia; y si son portadores de VIH y arman pareja, tenemos un problema.
Hay que enfrentar la situación de los inmigrantes que cada día, por miles, llegan a nuestro país y están fuera del sistema protectivo.
Por lo tanto, la fuente de contagio es una cuestión que debe asumirse como problema de salud pública.
En esta materia también hay que revisar nuestras políticas de acceso a los métodos preventivos, particularmente al preservativo.
El informe señala que en el año 2000 teníamos una importación de 2 millones de condones y que hoy día estamos en 60 millones. Hay, pues, más condones: el problema estriba en la accesibilidad.
En las policlínicas los adolescentes deben dar una larga charla para recibir seis unidades. Entonces, no vuelven más, por pudor y por otras razones.
En consecuencia, el sistema de acceso a los mecanismos preventivos del sida debe revisarse. Porque los jóvenes no van a ir buscar condones a la policlínica, donde se chequean las mujeres embarazadas, los niños, la comunidad del entorno.
Entonces, tenemos problemas con los mecanismos de prevención; con la detección precoz de la enfermedad, y con la incorporación integral al sistema: no solo de los mayores de 14 y menores de 18 años, sino también de los inmigrantes, quienes, como señalé, deben ser tratados.
Este proyecto de ley es apropiado: permite que los jóvenes accedan al examen. Y si marcan positivo, debe haber una política pública que posibilite la comunicación a los padres, dependiendo del tipo de familia o de la clase de relación parental que exista.
Si no aprobamos este proyecto y se mantiene la exigencia de autorización de los padres, los adolescentes no van a concurrir al examen. Y lo que queremos es que lo hagan libremente ante la sospecha de contagio.
Por lo tanto, voy a votar a favor.
Lo que hay que hacer, señor Presidente, es preocuparse más profundamente de por qué se habla de "reepidemia", no de "epidemia": ello es porque la enfermedad ha resurgido masivamente.
Por consiguiente, se trata de un problema que Chile debe enfrentar.
Con las observaciones que he hecho, sería muy bueno que el Ministerio de Salud nos diera a conocer el costo en medicamentos, el costo en tratamientos, versus el costo en prevención; eso es clave. Porque tengo la sensación de que estamos gastando mucho en medicamentos, mucho en tratamientos y muy poco en prevención.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, Espina, Girardi, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker y Patricio Walker.
No votó, por estar pareado, el señor Ossandón.
El señor Secretario leerá la indicación presentada por la Senadora señora Van Rysselberghe.
La indicación es para remplazar la letra b) del artículo único por la siguiente:
"b) Si el interesado tuviere una edad igual o superior a 14 años, pero menor a 18, de ser positivo el resultado del examen, se deberá informar de este hecho a su representante legal. Un reglamento del Ministerio de Salud establecerá el procedimiento de información, así como el manejo adecuado para el control, apoyo y seguimiento del paciente.".
Como se dijo, en el fondo se intercala la exigencia de darle conocimiento al representante legal cuando se trata de un mayor de 14 pero menor de 18 años.
¿Le parece a la Sala votar de inmediato la indicación?
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley, que fue patrocinado por todos los miembros de la Comisión de Salud, tiene por objeto modificar la ley N° 19.779 a fin de fomentar la realización de exámenes de detección del sida, eliminando la exigencia según la cual los mayores de 14 años y menores de 18 años requieren el consentimiento de su representante legal.
La moción fue apoyada por el Ministerio de Salud, considerando, de acuerdo a los diversos estudios realizados, y que se expusieron en la Comisión técnica, el alarmante incremento que ha experimentado dicha patología, sobre todo entre los jóvenes que se encuentran en ese tramo de edades, quienes requieren efectuar el examen pertinente y muchas veces no lo hacen porque se resisten a relatar la dolencia que padecen a sus padres o representantes legales.
Por eso, estimamos que la modificación legal que mediante este proyecto se introduce es de gran importancia, pues permitirá llevar a cabo una detección precoz del VIH para los efectos de realizar el tratamiento correspondiente.
Ahora bien, durante el debate intercambiamos ideas sobre aspectos que se habían omitido en la moción, relacionados especialmente con la consejería y con la notificación que debe hacerse a los padres o representantes legales de los jóvenes en el evento de resultar positivos los exámenes.
Por tanto, de acuerdo con los representantes del Ejecutivo, y considerando que tales aspectos deben ser materia de la potestad reglamentaria, establecimos que ha de establecerse un reglamento para señalar las condiciones de notificación y entrega del examen, como asimismo el manejo adecuado para el control, seguimiento y apoyo al paciente.
Con tal precisión, estimamos que este proyecto de ley debe ser aprobado, para que prosiga su segundo trámite constitucional y se convierta prontamente en ley, esperando que el reglamento respectivo se dicte en un plazo prudente, para que el cuerpo legal pueda regir en su integridad y aplicarse a los jóvenes que se encuentran en el referido tramo etario.
Además, señor Presidente , es bueno interpelar al Ministerio.
Durante bastante tiempo, las campañas de prevención contra el sida estaban de alguna manera estancadas en un presupuesto de cerca de 400 millones de pesos. Lo cierto es que hoy día tenemos un aumento exponencial o explosivo del contagio de VIH, particularmente en parejas heterosexuales y en mujeres. Y ello nos alarma.
Por lo mismo, hacemos un llamado para evitar que el sida se transforme en una verdadera pandemia en los próximos años.
Sabiendo que hoy día tenemos la triple terapia, que permite controlar y evitar las muertes por contagio, son importantes las campañas preventivas. De modo que llamamos al Gobierno a que entienda que hay que suplementar más recursos para ellas.
Hemos estado trabajando este asunto con Vivo Positivo, con el grupo Acciongay, en fin, al objeto de procurar que se consignen todos los recursos necesarios para contener el aumento exponencial de la patología en cuestión.
Por tanto, señor Presidente , el llamado es al Ministerio para que tome en serio el contagio del VIH e incentive tanto campañas preventivas en televisión cuanto -lo hemos señalado- la necesaria educación sexual en los colegios, a fin de evitar conductas de riesgo.
Voto favorablemente.
Quiero recordar que estamos votando una indicación de la Honorable señora Van Rysselberghe.
Señor Presidente, estimados colegas, en general estoy de acuerdo con el proyecto y con la indicación.
Sin embargo, quiero dejar constancia de que entiendo que una persona a los 13 años tiene derecho a consentir las relaciones sexuales.
Siempre es arbitrario fijar cualquier edad como límite. Pero deberíamos concordar el guarismo de la edad que vamos a establecer aquí con los derechos de los menores de edad para consentir el tener relaciones. Porque puede ocurrir que una persona de 14 o de 13 años haya consentido relaciones sexuales, pero no podrá hacerse exámenes.
Comparto, por cierto, que en el caso de menores se puede dar aviso, como lo señala la indicación -por eso, voy a votarla a favor-, pero mantengo una inquietud sobre la edad que hemos contemplado. Dejo constancia de lo anterior, por cuanto quizás deberíamos haber hecho una concordancia con aquella que la ley determina para consentir relaciones sexuales. Entiendo que el Código Civil fija 13 años para tal efecto.
Lo señalo porque se encuentran presentes varios miembros de la Comisión de Salud que participaron en la discusión.
Si la Sala lo permite, intervendré brevemente desde la testera.
La edad del consentimiento sexual es de 14 años. Se consideró una excepción, por ejemplo, si una muchacha de 13 años y su pololo de 16 mantienen relaciones sexuales, caso en el cual no hay delito. Eso es lo que se legisló. Fue una iniciativa de Juan Bustos .
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no he emitido su voto?
--Por 20 votos a favor y un pareo, se aprueba la indicación, y queda despachado en particular el proyecto.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, Espina, Girardi, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Quintana, Quinteros y Patricio Walker.
La Honorable señora Lily Pérez deja establecida su intención de voto a favor.
Me pidieron suspender la sesión por cinco minutos -algunos miembros de la Comisión de Salud quieren venir a la Sala-, para tratar a continuación el proyecto sobre los medicamentos bioequivalentes genéricos.
Señor Presidente , pido comenzar la discusión y abrir la votación, la cual será en general.
Algunos tenemos que asistir también a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y queremos pronunciarnos a favor de la idea de legislar.
Como necesitamos unanimidad para abrir la votación, suspenderé la sesión por tres minutos -ya llevamos dos de discusión-, luego de lo cual se consultará a la Sala, y si se da el acuerdo, Su Señoría podrá votar.
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--Se suspendió a las 17:3.
--Se reanudó a las 17:5
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Continúa la sesión.
Antes de que el señor Secretario haga la relación del proyecto de ley al cual se ha hecho referencia, hago presente que se ha formulado una petición para abrir la votación, porque varios señores Senadores tienen que concurrir a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
¿Hay acuerdo para acogerla?
No, señor Presidente. La iniciativa es no menor.
Bien, Su Señoría. Está en su derecho.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señor Girardi, señora Goic y señores Ossandón, Rossi y Zaldívar, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, con informe de la Comisión de Salud. El asunto fue objeto de una petición de segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.914-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Girardi, señora Goic y señores Ossandón, Rossi y Zaldívar):
En primer trámite, sesión 96ª, en 10 de marzo de 2015.
Salud: sesión 9ª, en 14 de abril de 2015.
Sesión 10ª, en 15 de abril de 2015 (queda para segunda discusión).
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
En la segunda discusión, tiene la palabra la Honorable señora Goic.
¿Se puede abrir la votación, señor Presidente?
¿Hay acuerdo en tal sentido?
La señora GOIC.- Con la salvedad de que se mantenga el tiempo al intervenir y de que pueda usar de la palabra el señor Subsecretario de Salud Pública.
Si no hay objeciones, se procederá en esos términos.
Su Señoría ha sido muy criteriosa al formular ese planteamiento.
En todo caso, el tiempo es el mismo -tiene razón el señor Secretario -, porque se trata de la segunda discusión. Así que se dispone de cinco minutos de todas maneras. Pero el señor Subsecretario podrá usar de la palabra para estos efectos.
Puede intervenir la Senadora señora Goic.
Señor Presidente, la iniciativa tuvo su origen en una moción que presentamos en marzo de este año junto a los Honorables señores Girardi, Rossi, Ossandón y Zaldívar y su objetivo fundamental es establecer un marco regulatorio para fomentar la disponibilidad y penetración de los medicamentos genéricos bioequivalentes y abordar lo relativo a la integración vertical entre laboratorios y farmacias.
Básicamente, la idea es hacerse cargo de la situación del acceso a los medicamentos -que no son cualquier producto, sino un bien social, en realidad, asociado a una necesidad de salud- y del pago de un precio justo, para lo cual se establecen mecanismos regulatorios que nos parecen imprescindibles hoy día.
El proyecto en debate contiene varios aspectos.
Se podrá decir que con algunos se está más de acuerdo que con otros, pero todos son necesarios de abordar.
Establecemos la obligatoriedad de que en la receta se prescriba el medicamento genérico bioequivalente antes que el de marca.
Contemplamos la obligación de que el químico farmacéutico también lo dispense, en caso de existir el producto.
Determinamos la necesidad, para el funcionamiento de una farmacia o de un almacén farmacéutico, del otorgamiento de una concesión de servicio público.
Discutimos acerca de la compatibilidad de ser propietario o administrador de un laboratorio farmacéutico y, a la vez, de una farmacia o una droguería. Ahí surge un debate bastante más amplio, en términos regulatorios, y que tiene que ver con el funcionamiento del mercado.
Cabe mencionar lo relativo a mantener en repisas los fármacos de expendio directo, materia discutida con motivo del proyecto de ley sobre medicamentos, ya aprobado en el Congreso.
Se puede agregar el fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la fiscalización en las farmacias de las normas sobre remedios, ventas. Hemos visto que prácticas como la "canela" se siguen repitiendo, al igual que incentivos que no necesariamente responden al objetivo de una salud pública.
Ello ha sido tema de debate y de interés en los últimos días. En nuestro país es evidente la concentración registrada en este mercado. El noventa por ciento de las ventas se concentra en tres conocidas cadenas de farmacias.
Hemos sido testigos, además, de situaciones escandalosas, como la colusión en el caso de los fármacos, lo que nos trae nuevamente a la memoria la cuestión del papel Pero se puede recordar cuando denunciamos el acuerdo de las farmacias respecto de los medicamentos, varios de ellos de uso frecuente, además, por adultos mayores, por enfermos crónicos.
Chile, dentro de los integrantes de la OCDE, es el que presenta el mayor gasto en salud: un 4,6 por ciento del presupuesto familiar, muy distante del 2,8 que promedian los 34 países miembros. El desembolso en medicamentos representa un 55 por ciento.
Y ello se agrava, además, cuando consideramos el asunto por quintil de ingresos. Las familias más pobres destinan un porcentaje aún mayor de su presupuesto a medicamentos.
Uno se pregunta cómo asumir la cuestión desde la perspectiva de un bien necesario que no es lo mismo que un paquete de galletas, un par de calcetines o un par de zapatos, cuyo precio, en cambio, puede depender de la oferta y la demanda.
Creo que eso ha puesto también en el tapete el caso, muy exitoso -así lo hemos reconocido y respaldado-, de la farmacia popular en Recoleta, donde destaca la iniciativa del alcalde Jadue, capaz de demostrar, con una mirada comunitaria, de cooperativismo, la necesidad de que se incorporen otros actores que permitan efectivamente acceder a un precio justo.
Eso es lo fundamental que busca abordar el proyecto.
En algunos aspectos que esperamos que cuenten con el patrocinio del Ejecutivo le otorgamos a la CENABAST mayores facultades para la venta a privados.
Ya he señalado que fortalecemos la capacidad de fiscalización de la autoridad sanitaria. Pero también le otorgamos al Instituto de Salud Pública la facultad de interpretar, muchas veces, la norma. La idea es que eso permita,...
Dispone de un minuto para concluir, Su Señoría.
... tal como lo hace la Superintendencia, un proceso bastante más ágil, más rápido, para poder responder cuando existen dudas y clarificarlas.
A mí me parece esencial llevar a cabo el debate sobre la base de una mirada más amplia de la salud y, más que como un mercado de los medicamentos en sí, como una materia de seguridad social. Tenemos que hacerlo para que se garanticen precios justos y el acceso de personas que necesitan un fármaco.
Estimo que un progreso importante fue la Ley Ricarte Soto, que demostró cómo pueden disminuir significativamente los precios cuando al Estado -en este caso, la CENABAST- le otorgamos facultades para ello.
Espero que contemos hoy día con el respaldo mayoritario de la Sala para avanzar en la discusión particular de la iniciativa.
Solicito el acuerdo de la Sala para que me reemplace por cinco minutos el Honorable señor Tuma.
Tiene la palabra el Subsecretario de Salud , señor Jaime Burrows.
Estamos en votación.
No. Lo que acordamos...
Me hicieron tres veces...
Está consignado en la Versión Oficial.
... la misma petición.
Se lo voy a explicar, Su Señoría, y después le daré la palabra.
La Senadora señora Goic hizo dos prevenciones: la de mantener el tiempo -el señor Secretario puntualizó que ello no es posible, porque se trata de una segunda discusión- y la relativa a que usara de la palabra el Subsecretario de Salud Pública . Y así se acordó.
El señor COLOMA.- Que quede claro que de ahora en adelante no daré más mi acuerdo. Me lo pidieron tres veces en dos minutos.
Se hizo la precisión en su oportunidad. Su Señoría podría haber dicho que no.
Entendí que el Honorable señor Girardi le estaba dando una explicación y lo había convencido.
No me convenció.
Repito que podría haber dicho que no, entonces.
Puede intervenir el señor Subsecretario .
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Tuma, en calidad de Presidente accidental.
El señor BURROWS ( Subsecretario de Salud Pública ).-
Señor Presidente, usaré de la palabra en forma breve solo para manifestar que el Ministerio de Salud considera positivamente la presentación del proyecto, porque pone en discusión la regulación del mercado de medicamentos, algo relevante para la ciudadanía.
La Honorable señora Goic, una de los autores de la moción, ya consignó que es un rubro que genera un gasto importante en el bolsillo de las personas, y, como Gobierno, estamos empeñados en apoyar distintas medidas enfocadas a la disminución del desembolso por este concepto.
Por eso mismo, apoyamos la iniciativa, pero también deseamos hacer presente que queremos revisar algunos aspectos junto a sus autores, como el relativo al mecanismo de limitación de la integración vertical, porque el propio Ejecutivo está tramitando un proyecto sobre el particular a través del Ministerio de Economía. Por lo tanto, creemos que pueden sobreponerse los dos textos en la discusión, y a nosotros nos gustaría aclararlo.
Ahora, queremos consignar que vamos a presentar indicaciones al texto básicamente en cinco áreas.
Una de ellas dice relación con devolverles a las secretarías regionales ministeriales de Salud la facultad de fiscalización en las farmacias. A pesar de que la Ley de Medicamentos se la dio al ISP, en el hecho está siendo ejercida en las regiones por dichos servicios, lo cual finalmente ha dificultado el ejercicio de la función, porque se han aplicado criterios distintos con el ISP, que fiscaliza en la Región Metropolitana.
En cuanto a la Central de Abastecimientos -ya lo hemos manifestado públicamente-, se van a presentar indicaciones para permitirle intermediar en la venta de medicamentos a privados.
Nosotros creemos que la economía de escala finalmente va a hacer posible el traspaso de muchos menores precios al consumidor final. Y, por lo tanto, es un modelo interesante. Queremos generar discusiones al respecto en el Congreso, a fin de que se puedan disminuir estos elevados gastos de bolsillo.
Respecto de las atribuciones de la CENABAST, se considerará el registro sanitario de productos farmacéuticos que se utilicen en planes, programas o acciones en los servicios de Salud; el uso excepcional de patentes, que son las denominadas "licencias no voluntarias", y un mecanismo de financiamiento previo para un manejo financiero más expedito.
El tercer aspecto es la corrección de las normas de prescripción, básicamente al obligarse a los médicos a prescribir a través de la denominación común internacional.
El punto siguiente es la regulación de los dispositivos médicos. Es un área no regulada claramente en nuestra legislación. En el ISP se registran los dispositivos, que son los guantes quirúrgicos, los condones y materiales que tienen que ver con inyecciones, jeringas y agujas; pero otro tipo de implementos no se someten a un control sanitario que se necesita para ponernos a nivel internacional.
Y el último aspecto tiene que ver con la regulación en el uso de células, tejidos y células madres, así como de biobancos, un área que tampoco está normada y respecto de la cual es necesario legislar para poder lograr un mejor control sanitario.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
Señor Presidente. Honorable Sala, estamos frente a un proyecto cuyo título es positivo en el sentido de regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical, pero lo cierto es que presenta falencias importantes.
Estas últimas dice relación con varias materias, y no solo con las que el propio Ministerio ha mencionado que va a corregir a través de indicaciones, sino también con algunas que incluso dicen relación con asuntos ya discutidos en este mismo Congreso Nacional. La Ley de Fármacos fue vista por la Comisión de Constitución, que declaró inconstitucional la norma relativa a la integración vertical.
Idéntica discusión.
Por tanto, quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto del artículo 19, N° 21°, de la Carta, el cual consagra "El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.".
Esperamos que estos temas sean resueltos durante la tramitación de la iniciativa. Pero su texto actual, tal como asiente el propio Subsecretario -por su intermedio, señor Presidente-, efectivamente tiene inconstitucionalidades que deben ser corregidas.
Por tanto, nosotros nos vamos a abstener.
Otro aspecto que me parece relevante, y que el propio Subsecretario ha mencionado, es la necesidad de mejorar la fiscalización. Es preciso fortalecer a la autoridad sanitaria, y particularmente a la Seremi de Salud, en cuyas manos se encuentra la fiscalización de las farmacias.
La regulación de los dispositivos médicos también es necesaria, y el propio Subsecretario se ha comprometido a presentar indicaciones sobre el particular.
Uno de los temas más complejos -y me gustaría transmitírselo al señor Subsecretario - dice relación con la situación que hoy día está ocurriendo con los productos genéricos: en definitiva, los laboratorios nacionales están retirando sus inscripciones. Sabemos del retiro de cerca de 60 registros. Y esto se debe a que el procedimiento para transformarlos en bioequivalentes es excesivamente caro, puesto que se establece la necesidad de hacer pruebas in vivo y no in vitro.
Lo anterior ha significado que en definitiva los laboratorios prefieran retirar el registro en vez de fabricar los medicamentos. El directo perjudicado es el consumidor. Y por eso hago este llamado.
La redacción actual de este proyecto de ley también tiende a favorecer a los laboratorios extranjeros -quiero decirlo con toda responsabilidad- y deja a los laboratorios nacionales en una situación bastante desmedrada. Y va a impedir que los productos genéricos se transformen en bioequivalentes.
En ese mismo sentido, hago un llamado de atención para los efectos de que finalmente se adopte una medida que tienda a facilitar la posibilidad de que los fármacos genéricos se transformen en bioequivalentes. Básicamente, se trata de que haya seguridad sanitaria. Y este proyecto de ley, tal como está redactado, atenta contra ese propósito.
La exigencia, por ejemplo, de tres partidas de medicamentos para poder garantizar la seguridad sanitaria nos parece que es de un alto costo para los laboratorios, particularmente en algunos tipos de fármacos.
Por tanto -insisto-, vamos a abstenernos, pero haremos reserva de constitucionalidad porque la actual redacción es absolutamente inconstitucional en lo que dice relación con la integración vertical y porque, además, yo sostengo que este proyecto de ley finalmente perjudica a los consumidores, ya que no garantiza que los productos genéricos se transformen en bioequivalentes, por el alto costo que ello significa hoy en día y por el procedimiento que involucra.
Además, tenemos una dificultad relacionada con los plazos para acogerse a los requerimientos de generar productos genéricos bioequivalentes. Y es bastante compleja. Vuelvo a insistir: más de 60 laboratorios han retirado esos registros, lo que significa que se está perjudicando particularmente a los consumidores. Así como vamos, existirán dos tipos de medicamentos: los de marca extranjera, que están favorecidos en virtud del texto de este proyecto de ley, y aquellos productos genéricos a los que no se les va a poder garantizar seguridad sanitaria.
Yo hago fe de que vamos a hacer un esfuerzo por modificar el proyecto -por eso estoy absteniéndome-, pero claramente discrepo de los términos en que está redactado.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Señor Presidente, el propósito de este proyecto es abrir el mercado de los medicamentos genéricos bioequivalentes y prohibir la integración vertical entre laboratorios y farmacias.
El contexto actual en nuestro país en lo relativo a este tema hace que sea profundamente necesaria una revisión respecto de la aplicación de la Ley de Fármacos, como aquí ya se ha dicho, para así evitar que se sigan vulnerando los derechos de los más desprotegidos.
Además, las noticias de la iniciativa emprendida por el municipio de Recoleta, que ha instaurado su propia "farmacia popular", ha provocado una ola de reflexiones y cuestionamientos respecto del actual reglamento y el futuro de la industria en nuestro país.
Por todo lo anterior, me pronuncio a favor de esta iniciativa, a pesar de que considero que aún es posible realizarle mejoras.
Sin perjuicio de ello, debemos analizar en profundidad esta materia para avanzar con propuestas que luego no sean desestimadas por afectar principios constitucionales, como aquí se ha señalado.
Ya en la tramitación del proyecto que modificaba el Código Sanitario en lo referente a la regulación de las farmacias -tuvo lugar entre los años 2009 y 2014- hubo una batería de opiniones de destacados constitucionalistas y de personeros del Gobierno anterior que presentaron sus reparos respecto de la prohibición de la integración vertical.
En la misma línea, no puedo dejar de mencionar que actualmente muchas farmacéuticas transnacionales se han expandido más allá de sus fronteras, instalándose cómodamente en nuestro mercado, lo que ha resultado en que casi todos los laboratorios nacionales hayan sido adquiridos por multinacionales extranjeras. Muchas de estas, además, corresponden a empresas estatales que han sido fuertemente potenciadas por sus propios gobiernos de origen. Por ello, debemos preguntarnos qué estamos haciendo como país para potenciar nuestras farmacias o nuestras farmacéuticas nacionales. Urge que hoy nos preguntemos cuál es el rol que queremos jugar y cómo podemos contribuir a un mercado más eficiente y más competitivo.
El diagnóstico actual es que la integración horizontal que se ha producido en nuestro país ha disminuido de manera importante la oferta de medicamentos.
Por ello, el principal desafío que hoy se abre es el de velar para que los laboratorios nacionales asuman un rol más activo en el mercado.
En otras palabras, potenciar el desarrollo de laboratorios locales no puede significar en ningún caso un nuevo vínculo entre farmacias y laboratorios que devenga en prácticas desfavorables para los consumidores.
Junto con lo anterior, quiero destacar la importancia de que un proyecto de estas características aporte también a nivel regional. Esto, porque en la actualidad son las regiones las que siempre quedan relegadas en este sistema altamente centralizado.
El desafío que hoy tenemos en nuestras manos es la creación de un proyecto que no solo piense en lo que sucede en la Capital del país. Tenemos que ofrecer a las chilenas y los chilenos un proyecto que dé cuenta de las particularidades de nuestras regiones, distinguiendo de esta manera a las grandes cadenas farmacéuticas de aquellas farmacias de menor tamaño, que cumplen un servicio fundamental en las distintas zonas a lo largo de Chile.
Pero también porque estamos pensando en los millones de chilenos que ven dificultado su acceso a medicamentos de mayor calidad y bajo costo, es que no podemos obviar la actual situación de los medicamentos genéricos en nuestro país. Si bien estos cumplen un rol fundamental en tanto presentan la alternativa más económica y accesible para gran parte de la población, hoy la situación ha cambiado diametralmente con la inclusión de los medicamentos bioequivalentes.
Lo anterior, porque los precios de los bioequivalentes, con el transcurso del tiempo, han llegado a equipararse con los de los medicamentos de laboratorios privados. Y lo que más desconcierta de esta situación es el hecho de que la equiparación de precios es producto de nuestra propia legislación.
El proyecto de bioequivalencia que buscamos impulsar traía considerada la aplicación de un sello de calidad en los remedios genéricos, con el propósito de poder ofrecer una garantía de calidad. Sin embargo, este proceso de certificación conlleva un alto costo, lo que ha provocado una compleja situación, porque o se incumple la ley o se aumenta significativamente el valor del remedio. ¿Cómo nos hacemos cargo, entonces, de la realidad de nuestro sistema? Como señalé previamente, urge un cambio en el marco legal.
El objetivo de este proyecto, de esta futura ley, es avanzar a un mercado competitivo, donde existan condiciones para que los sectores más vulnerables de nuestra población puedan acceder a sus medicamentos sin que ello signifique costos en extremo elevados para los pacientes y sus familias.
Por esta razón, no podemos permitir que la equiparación de precios continúe. Debemos evitar que esta situación se expanda, en pos de beneficiar a miles de chilenos.
Aprovecho para realizar una última reflexión respecto del proyecto de farmacia popular de la comuna de Recoleta, rescatando la intención que llevó a su creación. Pienso que para su replicación e integración con el sistema de entrega de medicamentos a personas afiliadas a FONASA, convendría tener en cuenta el programa gubernamental brasileño denominado "Aquí hay Farmacia Popular", que logró, a través de una alianza público-privada, ofrecer medicamentos al 10 por ciento del costo de referencia establecido por el Ministerio de Salud, en más de 34 mil farmacias en todo el territorio nacional...
Excúseme, señor Senador, pero concluyó su tiempo. Si le doy un minuto más, tendría que hacer lo mismo con todos...
Quedo hasta aquí, señor Presidente.
Señor Presidente, este proyecto contiene dos ideas matrices que no necesariamente son vinculantes, lo cual me hace abrigar dudas respecto de cómo pueden jugar en definitiva y cómo deben enfrentarse.
La primera me parece razonable. Consiste en fomentar el uso de bioequivalentes cuando estos claramente estén generando un beneficio para la salud.
Lo dice específicamente el proyecto: se propone modificar el artículo 101 del Código Sanitario para establecer la obligación del médico de agregar en la receta el medicamento bioequivalente genérico, en caso de existir.
Digo "en caso de existir" porque puede que no exista.
Ahora, no es lo mismo "medicamento bioequivalente" que "medicamento genérico". Un bioequivalente es un medicamento que ha comprobado, mediante estudios científicos, que tiene el mismo efecto que el producto farmacéutico original. Su eficacia está certificada por el Instituto de Salud Pública.
La bioequivalencia es una característica que puede tener cualquier medicamento, genérico o de marca, distinto del original.
Un medicamento genérico, en cambio, es aquel que se comercializa bajo el nombre del principio activo que contiene. No todos los medicamentos genéricos han demostrado bioequivalencia.
Hago esta pequeña aclaración porque me parece razonable reflexionar sobre cómo es posible avanzar para que el usuario, el ciudadano, cuando deba recurrir a algún tipo de medicamento, pueda disponer de una opción más barata, y que eso parta en la obligación del médico de agregar en la receta dicha característica.
Adicionalmente, el proyecto propone modificar el artículo 129 B del Código Sanitario, estableciendo como obligatoria para las farmacias (hoy día es facultativo) la disposición en estanterías, góndolas o similares de los medicamentos de venta directa, con el objetivo de permitir el acceso directo al público.
Hasta ahí, esta es una idea que comparto.
Lo que no comparto es lo segundo, la prohibición de la integración vertical ente farmacias y laboratorios. Ello, por dos razones.
Primero, porque a mi juicio se vulnera el artículo 19, número 21°, de la Constitución. El profesor Zapata fue invitado a este efecto y afirmó que la norma citada consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la seguridad nacional, al orden público y a la moral, y agregó que "la iniciativa establece una prohibición que no dice relación con ninguna de las motivaciones indicadas".
Quiero dejar claro que la Comisión de Constitución del Senado, por la unanimidad de sus miembros, el año 2012, a propósito de la Ley de Fármacos, estableció este mismo principio. Acuérdense de que se rechazó la norma relativa a la integración vertical precisamente porque se consideró que era inconstitucional.
Adicionalmente, yo he leído sobre este punto y no he encontrado ninguna evidencia de que la prohibición pueda producir un beneficio. La misma Fiscalía Nacional Económica, en enero de 2015 me parece, afirmó que la integración puede tener cosas buenas, como la disminución de costos de transacción, la eliminación de la doble marginalización y la generación de mayores incentivos en la cadena de farmacias. La complicación nace, más bien, de las dificultades de comercializar productos de laboratorios rivales.
Pero desde mi perspectiva, señor Presidente, esto es distinto de lo otro y genera una estructura que no necesariamente va a ser positiva. De partida, esta iniciativa -digámoslo- representa un gran beneficio para los laboratorios, que obviamente van a disfrutar de un espacio de crecimiento muy importante en sus productos al no poder tener competencia en esa misma línea.
Por tanto, leyendo lo que planteó la propia Comisión de Constitución el año 2012, que -insisto- estableció por unanimidad que esta misma norma en la Ley de Fármacos era inconstitucional, a mí me parece peligrosa su aprobación.
Por eso, señor Presidente , he preferido abstenerme, explicitando, sí, que comparto la primera de las ideas -a mi juicio, es la motora-: que se puedan regular los medicamentos bioequivalentes genéricos de mejor manera, en términos de facilitar la vida de las personas. Pero creo que la segunda genera un efecto en los laboratorios que no es el deseado y que adicionalmente vulnera principios. Y los principios siempre hay que defenderlos, sobre todo cuando han sido ya planteados en esta Sala, que rechazó por unanimidad esta misma norma por inconstitucional.
Por tales razones, señor Presidente, me abstengo, y espero que en la discusión particular podamos separar ambas ideas, porque el mérito de la primera no debiera complicarse por las dificultades que presenta la segunda.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, lo que ocurre es que Chile tiene tal vez uno de los mercados más imperfectos, más monopólicos y menos competitivos del planeta en materia de medicamentos. Esto no existe en ningún otro lugar. Uno critica a Argentina, pero en Argentina nadie puede tener más de diez farmacias. En nuestro país, tres cadenas poseen más del 80 por ciento de los puntos de venta.
Con la Senadora Goic hicimos la denuncia a la Fiscalía Nacional Económica, y Farmacias Ahumada confesó la colusión: aumento hasta en mil por ciento en los precios de los medicamentos. Los tenemos formalizados, por acción de nosotros mismos, que nos querellamos. Esta semana se está viendo la nulidad del proceso.
Junto a otros Senadores, presentamos una iniciativa que prohibió la "canela" y que establece un conjunto de regulaciones. Sin embargo, las farmacias siguen abusando, a pesar de la ley y de todos los esfuerzos que se han hecho.
Tengo en mis manos titulares de prensa de este año: "ISP denuncia: siete de cada diez farmacias infringen la ley"; "Denuncian prácticas de farmacias por continuar con alza de precios"; "Inician sumario contra farmacia del Dr. Simi y Farmarket en Los Ángeles y Tucapel"; "Cadenas de farmacias suben los precios"; "Seremi de Salud cursó sumarios a farmacias".
Y así, sistemáticamente, uno ve que este mercado está lleno de situaciones irregulares y que la misma Fiscalía Nacional Económica propone normas para erradicar las distorsiones. Porque los medicamentos muestran diferencias de hasta mil por ciento.
Otro titular: "Farmacias Ahumada multada por ISP tras continuar con prácticas de canela", que está prohibida. También se la sancionó por no tener lista de precios, a pesar de estar obligada a ello.
Sigo revisando la prensa: "Sernac denuncia a Fasa, Cruz Verde y Salcobrand por no informar precios de medicamentos e incumplir en publicidad"; "Sernac denunció a las principales farmacias por no informar los precios de medicamentos"; "Integración vertical entre laboratorios y farmacias: el eslabón perdido en la nueva ley de fármacos" (esto último es del diario ).
Salud sancionó a farmacias por ejercicio ilegal de la profesión, es decir, por recomendar medicamentos, lo cual solo lo puede hacer un médico.
Entonces, este proyecto justamente apunta a eso.
Ahora, estamos en la discusión en general y la Comisión está dispuesta a mejorar la redacción de algunas normas.
El Senador Coloma preguntaba por el tema de los bioequivalentes. Bueno, efectivamente en la ley anterior se estableció que solo se podía cambiar un medicamento caro por uno más barato con la condición de que este fuera un bioequivalente.
Les pongo un ejemplo. El Lipitor, que es artovastatina, vale 35 mil pesos. Si alguien no tiene ese dinero, puede comprar un genérico que vale mil pesos. Pero ¿qué hacen las farmacias? No realizan la bioequivalencia para el que vale mil pesos, pero sí para una marca propia, que es el mismo genérico pero con nombre de fantasía y que vale 15 mil pesos.
En consecuencia, están desapareciendo los genéricos. Por eso obligamos a que, si se quiere cambiar un medicamento, se cambie efectivamente por el más barato y solo si es un bioequivalente genérico. Porque están haciendo desaparecer los genéricos debido a que solo les hacen bioequivalencia a los de marca.
¿Por qué la integración vertical? Si la integración vertical es inconstitucional, entonces hay que eliminar las marcas propias. Porque cómo uno entiende que las cadenas sean, al mismo tiempo, dueñas de laboratorios. Qué competencia hay en un sector donde ellas mismas producen sus medicamentos, y le pagan "canela" al vendedor: por el medicamento de la cadena, 500 pesos, y por el que no pertenece a la cadena pero es el mismo medicamento, 5 pesos por caja.
Es evidente que existe una distorsión. En salud no puede haber marcas propias, porque, si las hay, ¿qué competencia se genera? Las cadenas ya representan el 80 por ciento del mercado. Poseen integración vertical y encima tienen marcas propias. Así no puede haber competencia.
Además, fueron sancionadas por colusión. Aquí parece como que nada de lo que ocurrió en el pasado fuera importante. Y ellas fueron -repito-sancionadas por esa figura.
Lo que nosotros hemos acordado con el Ministerio de Salud -no lo pudimos hacer en el proyecto que presentamos con el Senador Ossandón porque hubiera sido declarado inadmisible- es facultar a la CENABAST para que le pueda traspasar precios mayoristas a las pequeñas farmacias independientes o a cualquier otra institución que venda medicamentos. ¿Por qué? Porque en Chile existen los precios más caros de Latinoamérica. Vayan a Argentina, Perú y Bolivia y se van a encontrar con que allí los remedios valen la mitad.
El problema es que además tenemos uno de los gastos de bolsillo más altos del planeta en medicamentos. ¿Por qué? Porque en todos los países desarrollados la salud es un derecho y los fármacos forman parte del derecho a la salud y son entregados gratuitamente o reembolsados. El Estado negocia en forma directa con los grandes laboratorios.
¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente?
Un minuto, señor Senador.
En Chile eso no ocurre. Las recetas que entregan consultorios y hospitales son la mitad de las que otorgan los médicos, en promedio. O sea, la mitad la gente la tiene que comprar de su bolsillo en el sistema público. Pero queda expuesta al abuso, porque a veces no hay donde comprar sino en un local perteneciente a una de las cadenas, que además no cumplen con ninguna de las normas vigentes.
Por eso planteamos la posibilidad de que la CENABAST asuma un rol distinto. La actual no sirve. De todos los medicamentos que adquiere el sistema público, el 18 por ciento es conseguido a través de dicha institución, y el 82 por ciento restante lo compra a las mismas cadenas o directamente a los laboratorios a un precio 400 por ciento más caro que su valor.
De ahí que consideramos que esta legislación es fundamental para el país. Nosotros estamos dispuestos a mejorarla, así como a elaborar en la Comisión de Salud, junto con el Ministerio del ramo, una reglamentación que sea atingente, pero debemos avanzar en esta materia.
Se encuentran en tribunas alumnos del Programa University of Arizona en la Universidad Adolfo Ibáñez y del Programa College of Saint Benedict/Saint John´s University, a cargo de la profesora Elena Sánchez Mora.
A todos los saludamos con mucho cariño y les agradecemos su visita.
Señor Presidente , llama profundamente la atención que en un ámbito tan altamente sensible y en el cual se ha producido uno de los mayores escándalos en materia de colusión, que es el caso de las farmacias, se haya tenido que presentar una moción parlamentaria para bajar los precios, consagrando obligatoriedades en torno a los medicamentos genéricos, y para establecer una regulación en torno a la integración vertical con el fin de terminar con el monopolio, porque aun con monopolio hay también colusión.
El Senador Girardi decía que las tres grandes cadenas de farmacias sumaban más del 80 por ciento, pero no: suman más del 90.
Se ha presentado un proyecto de ley porque es lo que nos demanda la gente. ¿O a usted, señor Presidente , no le ha tocado que le pregunten qué estamos haciendo por el problema de la colusión de las farmacias? ¡Cómo es posible aceptar que los remedios estén tan caros, que haya diferencias de mil, dos mil por ciento en el precio de un medicamento entre una y otra, y que, en definitiva, no haya alternativas, porque lo que se pone es el medicamento más caro, no el más barato!
Ya legislamos sobre el tema de los genéricos. Ahora queremos que la ley se cumpla, que efectivamente, cuando haya un remedio oficial, se ofrezca la alternativa del genérico. Y además de eso queremos evitar la integración vertical.
El Senador Girardi indicaba: farmacia-laboratorio. Yo agrego a los médicos. Lo que hacen los médicos es derivar todas sus recetas. Lo dice el artículo 101 del Código Sanitario: "La receta es un instrumento privado mediante el cual el profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada y previamente evaluada, como parte integrante del acto médico y por consiguiente de la relación clínica (...)". O sea, el de los laboratorios con los médicos es enorme. O hay congresos en Europa, o hay médicos que efectivamente son parte de los laboratorios o son parte de las clínicas privadas donde se toman los exámenes.
Mucha gente me recordaba en la calle -porque para este tema a uno lo paran, y lo retan, y lo increpan- que antes pedían dos, tres exámenes, y que ahora piden diez, quince exámenes. ¡Y en el mismo laboratorio!
¿De quién es la propiedad de los laboratorios donde hoy los médicos recetan? Quiero decirlo categóricamente: muchos son socios de esos laboratorios, son propietarios de las clínicas donde se practican los exámenes.
Por lo tanto, tenemos que enfrentar el tema de fondo mediante un debate público nacional.
Lamento que no esté en la Sala en este momento el Senador Coloma, quien señala: "Sí, estoy acuerdo en ver el tema de los medicamentos, pero, por favor, no me vayan a tocar el artículo 19, N° 21°, de la Constitución".
En definitiva, lo que la gente nos pide es que no haya integración vertical, que efectivamente exista competencia real. Los neoliberales, señor Presidente, creen en el mercado, pero hacen todo lo posible para que no haya competencia, para que no haya diversidad.
Nosotros sostenemos que debe haber un Estado regulador, porque el mercado no se autorregula. Ahí está la colusión del confort, la colusión de los detergentes, la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias. Ahí están ahora los abusos descubiertos en Perú en el sector del gas. Vamos a estudiar el asunto y la Fiscalía Nacional Económica tiene que evaluar el tema del gas licuado.
Pero, cuando hacemos un esfuerzo para intentar regular la integración vertical, para evitar la colusión, nos vienen con la Constitución en el sentido de que hay que garantizar el artículo 19, N° 21°, o sea, el derecho al libre emprendimiento económico.
¡Qué libre emprendimiento económico, señor Presidente ! ¡Estamos hablando de delincuentes de cuello y corbata, que han saqueado los bolsillos de los ciudadanos durante décadas!
Ya nos hemos informado de la situación en materia del papel confort. La colusión se metió en el baño de todos los chilenos. ¡Durante una década! Y la Fiscalía Nacional Económica interviene el año diez. Durante nueve años se coludieron, se metieron la plata en el bolsillo, les robaron a todos los chilenos, y el año diez se descubre la situación y se empieza a investigar. Y a los pocos minutos, ya habiendo sido pillados, ¿qué hace la CMPC? Se autodenuncia. Y con la autodenuncia no hay multa; con la autodenuncia la investigación continúa, pero los involucrados quedan libres de polvo y paja.
O hay avenimiento, como en el caso de los detergentes. Se hace la investigación. Están coludidas el 95 por ciento de las empresas, pero se produce un avenimiento y termina la investigación. Y los usuarios, los consumidores quedan fuera.
Con este proyecto, que da acceso a medicamentos genéricos y evita la integración vertical, señor Presidente , estamos protegiendo el interés económico, pero también la salud de las personas y el bolsillo de los enfermos, particularmente de los crónicos, los más pobres, que deben pagar igual y endeudarse.
Por eso, señor Presidente , voy a votar a favor. Podremos perfeccionar el texto, pero el principio esencial es terminar con la colusión y con la integración vertical y potenciar los genéricos.
Señor Presidente, he escuchado muy atentamente las intervenciones de los señores Senadores que me han antecedido, y quisiera comenzar por señalar una crítica al informe de este proyecto, que es una crítica a todos los informes que presentan las mismas características: que no se invita a muchas de las partes involucradas, lo cual me parece un profundo error, sobre todo cuando se habla de participación ciudadana.
En múltiples oportunidades los proyectos que trata la Comisión de Salud son despachados en una sesión, en la que no han estado presentes el Colegio Médico, ni los químicos farmacéuticos, ni representantes de distintas instituciones.
Entonces, señor Presidente, legislar simplemente escuchando a los propios parlamentarios; al Ministro, que obviamente está sujeto a las presiones de los parlamentarios de Gobierno, y no analizar el tema de fondo con otras autoridades, creo que constituye una pésima manera de legislar.
Esa es mi primera reflexión.
En segundo lugar, quiero señalar que la colusión no se arregla con este proyecto de ley, sino con otro, aprobado unánimemente por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -espero que se vea el miércoles de la próxima semana-, que es el único de todos los que están tramitándose -y estoy dispuesto a someterme al debate con quien quiera en esta Sala- que conduce a penas de cárcel, porque todos los demás, ¡todos!, dejan libres a los responsables.
No tengo problema en intercambiar ideas con penalistas, con todas las autoridades que se quiera, pero el hecho es que los demás contienen errores en su redacción y en la tipificación, a tal punto que, si yo fuera autor de un delito de colusión, en este momento estaría aplaudiendo.
El otro es un proyecto que lleva tres años en el Parlamento; que se trabajó con la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público, y en el cual logramos ponerlos de acuerdo, lo que ya es un gran esfuerzo, porque tienen visiones distintas. Y le quiero pedir formalmente, señor Presidente , que a pesar de que el informe de la Comisión de Constitución va a estar listo el martes, el proyecto sea tratado el miércoles, para que lo voten a favor o en contra.
Pero considero increíble que en un proyecto de ley presentado por parlamentarios, y en circunstancias de que el del Gobierno fue ingresado mucho después, el Ministro de Economía se haya comprometido y haya dado su palabra de honor en cuanto a patrocinarlo en todo lo que dice relación con el delito de colusión y después nos haya engañado.
Yo nunca había visto que un Ministro le mintiera tan descaradamente a una Comisión entera. Y pongo como testigos a los otros cuatro miembros de la Comisión de Constitución, que no son precisamente de mi partido.
Respecto de la iniciativa en debate, voy a hacer tres comentarios.
Sobre los genéricos y las bioequivalencias, me parece un punto superinteresante. No soy técnico; no conozco el tema en su especificidad; he escuchado distintas versiones, pero me parece que hay que intentar que los doctores no entreguen recetas médicas induciendo a una persona a comprar un medicamento que corresponde a un laboratorio determinado.
¿Por qué? Porque hay muchos laboratorios que financian a médicos con el objeto de que puedan ir a conocer toda la modernidad en la especialidad que ellos practican. Lo lógico es que la entrega del medicamento sea bastante neutra y que la persona pueda elegir. El doctor puede recomendar uno, pero no siempre se recomienda el más barato.
Por lo tanto, considero bien importante ese punto.
Respecto del segundo, quiero señalar lo siguiente.
Estoy convencido de que la integración vertical es mala a la luz de los casos que se han presentado en nuestro país. ¡Literalmente mala! Las farmacias con las isapres -perdonen que se los diga-; las clínicas con las isapres; los laboratorios con las farmacias. Al final, se ha prestado, no para generar, como mucho se dice, un sistema más competitivo, sino uno menos competitivo.
Pero tenemos un problema: la norma contenida en el proyecto es inconstitucional.
No tengo ningún problema en discutir una reforma constitucional sobre la materia, pero no podemos aprobar una disposición inconstitucional. El tema ya se discutió. Lamentablemente, siendo partidario de terminar, limitar o restringir la integración vertical, porque creo que se ha prestado para abusos, no podemos aprobar un precepto contrario a nuestra Carta Fundamental, porque las democracias, no las dictaduras, se rigen por la Constitución. Puede ser buena o mala, pero es la regla por la cual hay que regirse.
De manera que en este punto, coincidiendo en la necesidad de terminar con la integración vertical, considero absolutamente inconstitucional la norma en cuestión, cuyo contenido ya fue debatido largamente en el Senado, pues transgrede una norma expresa de la Constitución que establece que no se puede prohibir a una persona realizar una actividad comercial verticalmente integrada a otra. Es algo que nos importa a todos los que creemos en la democracia.
Y el tercer punto, con el cual no estoy de acuerdo, se refiere al inciso que señala que "Ninguna farmacia o almacén farmacéutico podrá instalarse o funcionar sin que previamente se le haya otorgado la correspondiente concesión de servicio público".
¿Me puede dar un minuto más, señor Presidente , si es tan amable?
Continúe, señor Senador.
El señor ESPINA.- Gracias.
Esa norma la encuentro absolutamente abusiva.
A una persona que quiere iniciar un emprendimiento para tener una farmacia y que cumple con todos los requisitos para su instalación, ahora se le dice: "Mire, en este lugar usted no puede ubicarla".
Así es como entiendo yo la disposición. Se lo pregunté a una autoridad de Gobierno y me dijo que era así. Si una persona quiere instalar una farmacia al lado de otra, ¿cuál es el problema? Lo importante es que no haya colusión, que los productos se vendan a bajo precio, que se cumpla con todas las normas y que no se infrinja la ley, como se ha hecho muy a menudo. Pero eso no se logra limitando la realización de actividades en un lugar determinado, cuestión que mañana puede extenderse a muchos otros ámbitos.
En consecuencia, como hay una disposición del proyecto que me parece que habría que explorar un poco más, me voy a abstener en la votación general, dejando en claro que no tengo ningún problema en estudiar una modificación constitucional, bien hecha, con la finalidad de limitar la integración vertical o de buscar una norma que asegure que la integración vertical no será finalmente un factor para disminuir la competencia en nuestro país.
Por esa razón, señor Presidente, me abstengo.
Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo tiene, fundamentalmente, dos objetivos.
Uno es ajustar la legislación con el propósito de fomentar la penetración en el mercado de los medicamentos bioequivalentes y obligar a los médicos a incorporar en las recetas los términos "equivalente en calidad" respecto de medicamentos genéricos bioequivalentes, para que efectivamente un fármaco sea comprado por decisión del paciente y no por decisión de la farmacia.
El otro objetivo es prohibir, básicamente, la integración vertical entre laboratorios y farmacias.
Al igual que el Senador Espina, me parece que la integración no es la cuestión de fondo, pero sí me preocupa lo siguiente.
Cuando en un proyecto anterior se analizó el tema de la integración vertical, se pidió informe a la Comisión de Constitución, la que requirió la opinión de algunos constitucionalistas. Recuerdo que entre ellos estaba Patricio Zapata , quien afirmó que prohibir la integración vertical podía ser interpretado como algo contrario a la Constitución, por limitar la libertad de emprendimiento, la libertad de iniciativa económica.
Jorge Correa Sutil, otro constitucionalista consultado en la Cámara de Diputados, fue del mismo parecer.
Por lo tanto, aquí yo enciendo una luz amarilla. Creo que no deberíamos exponernos a proyectos que generan este tipo de situaciones inconstitucionales, porque, al final del día, aunque la iniciativa fuera aprobada, alguien a quien se le quisiera aplicar la norma podría reclamar al Tribunal Constitucional en un momento determinado y ganar esa batalla. Como digo, el precepto presenta fuertes dudas de constitucionalidad planteadas por constitucionalistas que merecen respeto.
En cuanto a los medicamentos bioequivalentes y, en general, a los precios de los remedios -porque a eso se apunta finalmente-, debo confesar que, a propósito de todo lo que ha ocurrido en estos días, de la colusión que se ha estado comentando y, particularmente, de cómo se ha llegado, a través de ella, a la colusión de los remedios, mi impresión es que, aparte de la situación de las farmacias, el tema es muchísimo más complejo.
Es conocido por todos el esfuerzo que ha realizado la Municipalidad de Recoleta por hacer posible acceder, a través de una farmacia popular, a remedios más baratos. Yo me preguntaba cómo se podía entender que un medicamento vendido por la farmacia de dicho municipio costara la décima parte de otro ofrecido por una farmacia normal.
Hoy, finalmente -aunque algo ya me habían contado-, aparece en el diario una información extraordinariamente explicativa y que a mí me deja una tremenda interrogante.
Dice que el sistema funciona a partir de los laboratorios, de los cuales habría alrededor de 60 en el país, los que proveen de remedios a los dos canales centrales: a CENABAST, por un lado, y a las farmacias, por el otro.
CENABAST, por los volúmenes que compra, consigue precios muchísimos más bajos. Las farmacias, en cambio, a pesar de que tres cadenas compran el 90 por ciento y uno podría entender que ahí hay un poder de compra importante -olvidémonos de todos los otros problemas que pueden surgir; simplemente estoy haciendo un análisis de cómo se llega al precio de los medicamentos-, consiguen precios completamente distintos.
El ejemplo que da el diario es el del fármaco Eutirox. CENABAST lo compra a los laboratorios en 630 pesos, en tanto que las farmacias, que con las tres cadenas representan, como digo, el 90 por ciento -o sea, volúmenes importantes-, lo adquieren de los mismos laboratorios a 6.039 pesos. Ahora, si se agregan los costos de almacenaje, de sueldos, de utilidades, el precio final de ese remedio sube a 7.609 pesos.
Yo soy consumidor de Eutirox, así que me produjo especial molestia saber que si lo compro en un lado cuesta 630 pesos y que si lo compro en otro el valor se eleva a 7.600 pesos.
¿Qué pasa, señor Presidente?
Cualquier compra por volúmenes permite, sin lugar a dudas, en cualquier rubro, conseguir descuento, pero que alguien me nombre uno en donde se pueda comprar por volúmenes un producto con un descuento que deje su precio en el 10 por ciento del inicial.
Si uno va a comprar, no sé, cualquier cosa, cualquier objeto: televisores, radios, bicicletas, en fin, lo que sea; si va a comprar a un molino arroz al por mayor, consigue 10, 20, 30 por ciento de descuento, ¡pero no 90!
Francamente, como decía Condorito , ¡exijo una explicación!
¿Qué pasa en nuestro país que tenemos esa situación?
¿Ello tiene que ver con la integración vertical? Veo que no.
Se trata de un escenario -un minuto, señor Presidente- completamente distinto, que me hace pensar que hay algo más que descubrir y limpiar en esta materia.
En este proyecto no tengo en principio, a priori, una objeción. Sin embargo, el tema de la constitucionalidad, respecto al que emitimos un informe que yo aprobé en su minuto, me lleva por lo menos a abstenerme de votar favorablemente.
No obstante, señor Presidente , quiero dejar sentada esta inquietud: ¿qué pasa en Chile con los precios de los remedios? Porque no puede ser que a un alcalde se le ocurra ir a comprar los remedios a la CENABAST, esta se los dé al mismo precio que los adquiere, y él los venda a la gente a niveles razonables.
Parece una genialidad. Pero lo que no lo parece es que la alternativa sea comprar a doce veces más, porque, más los otros aditamentos, los 639 pesos terminan en 7 mil 609 por exactamente el mismo remedio.
Eso es, señor Presidente, un absurdo.
Señor Secretario .
El señor LABBÉ (Secretario General).-
--Se aprueba en general el proyecto (15 votos a favor, 8 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores De Urresti, Girardi, Horvath, Letelier, Matta, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Se abstuvieron la señora Lily Pérez y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, Harboe, Hernán Larraín y Pérez Varela.
Por haberse cumplido su objeto, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Justicia de Valparaíso y a los señores Directores Regionales del Servicio Nacional de Menores y de Gendarmería de Chile de la Quinta Región, solicitándoles información referida a MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA MENOR JORGE ANDRÉS ALEXANDER DÍAZ CAMPOS, ANTE AGRESIÓN SUFRIDA EN CENTRO DE INTERNACIÓN PROVISORIA LIHUÉN, DE LIMACHE.
De la señora GOIC y de los señores CHAHUÁN y GIRARDI:
A Su Excelencia la Presidenta de la República, pidiéndole AUMENTO SIGNIFICATIVO DE RECURSOS ASIGNADOS EN CAPÍTULO DE CONICYT, PARTIDA DE EDUCACIÓN, PARA DESARROLLO DE LA CIENCIA EN CHILE.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, requiriéndole antecedentes sobre ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE LAS POLICÍAS PARA PERSECUCIÓN DE CRIMEN ORGANIZADO A TRAVÉS DE INTERNET.
A la señora Ministra de Educación, solicitándole información relativa a MOTIVOS DE PARALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE JUNAEB, CANTIDAD DE USUARIOS AFECTADOS Y POSIBLES SOLUCIONES AL CONFLICTO.
A la señora Ministra de Educación y al señor Alcalde de Talcahuano, pidiéndoles antecedentes en cuanto a CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE LICEO A-21, EN COMUNA DE TALCAHUANO.
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, requiriéndole antecedentes concernientes a INCENTIVOS PARA EMPLEO DE PERSONAS JÓVENES Y RECIÉN EGRESADAS EN EL PAÍS y en relación con DIFERENCIA EN PROMEDIO DE TIEMPO PARA ENCONTRAR EMPLEO ENTRE JÓVENES Y ADULTOS IGUALMENTE CAPACITADOS.
A la señora Ministra de Salud, solicitándole información relativa a SITUACIÓN ACTUAL DE SALUD DENTAL EN CHILE y acerca de POLÍTICAS, PLANES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, y pidiéndole hacer llegar INFORME EPIDEMIOLÓGICO DETALLADO SOBRE VIH SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE DE 2015.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, requiriéndole NORMATIVA SOBRE TIEMPO MÁXIMO DE PERMANENCIA DE BUSES DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA EN MISMO PARADERO.
Al señor Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, consultándole por CANTIDAD DE NAVES DE MÁS DE 12 METROS DE ESLORA REGISTRADAS ESTE AÑO, EN COMPARACIÓN A 2013 Y 2014.
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, solicitándole remitir estadísticas relativas a FUGAS DE GAS DE CAÑERÍA EN REGIÓN DEL BIOBÍO EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS y consultándole por CRITERIOS PARA QUE EDIFICIOS OBTENGAN SELLO VERDE DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS.
De la señora VON BAER:
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN SECTOR RALICURA, CONTRA CORONEL, COMUNA DE RÍO BUENO.
--Se levantó a las 18:2.
1°	Que la Ley N° 19.496 tiene como finalidad fundamental la defensa de los derechos de los consumidores frente a los abusos que históricamente han existido por parte de los proveedores. En este sentido, este parlamento ha aprobado una serie de normas intentando robustecer dicha ley, a fin de ir colmando los distintos vacíos existentes en las relaciones entre consumidores y proveedores y que precisamente son aprovechados por algunos de estos para ejercer prácticas abusivas respecto de los primeros. Con este mismo ánimo es que precisamente se presenta la presente moción.
2°	La contratación telefónica, según el Sernac (Servicio Nacional del Consumidor), se puede definir como sigue: “Por contratación vía telefónica o contratos telefónicos de bienes o servicios, entendemos aquella que se efectúa fuera de los lugares habituales que utiliza el proveedor para la comercialización de bienes y servicios, a través de la plataforma telefónica”. El mismo documento señala: “Este tipo de contratación es cada vez más frecuente en Chile, primordialmente centrada en la venta de seguros, créditos bancarios y servicios de telefonía e internet y diversos bienes de uso común (ofertas televisivas que se concretan a través de un llamado telefónico identificadas comúnmente como ¡Llame ya!). Últimamente se ha incorporado la modalidad de las renegociaciones de calendarios de pagos ya pactados”. [1]
3°	Es habitual que en la práctica se reciban llamados telefónicos de distintos proveedores de servicios, ofreciendo éstos, ya sea para incorporar a determinados consumidores como clientes como para ofrecer “mejoras de servicio” a actuales clientes.
Generalmente, luego de una breve descripción del servicio ofrecido, si es que hay interés del consumidor en el mismo, realizan una advertencia del siguiente tenor “esta llamada podría ser grabada”, pasando a detallar el servicio, esperando que el consumidor responda con alguna señal de aceptación (sea verbal o la digitación de determinada tecla en el equipo telefónico). Luego de esto, los proveedores consideran perfeccionado el contrato, pasando a cobrar la tarifa respectiva.
Hay diversos problemas que se presentan en esta forma de contratación. Entre los principales de ellos podemos enumerar:
a.	Gran parte de las personas que sienten vulnerados sus derechos como consecuencia de esta forma de contratación son los adultos mayores. En este sentido, son un grupo de población generalmente afectado por problemas económicos asociados a sus bajas pensiones y que además se suelen ver afectados por una disminuida capacidad auditiva, sumado al posible desconocimiento de ciertos aspectos tecnológicos vinculados a la contratación del servicio. Por lo mismo, ellos son especialmente susceptibles de verse afectados por esta especial forma de contratación.
b.	Como se mencionó, habitualmente se utiliza una grabación o el mismo operador telefónico dice la frase “esta llamada podría ser grabada”. Este punto conlleva un doble problema. En primer lugar, se establece en términos facultativos respecto del proveedor, por lo tanto sería perfectamente posible que este no grabe la conversación o que la grabe sólo parcialmente, lo que podría ser perjudicial para el consumidor. El segundo problema es que dicha posible grabación, queda en manos del proveedor, siendo prácticamente imposible para el consumidor acceder a ella a fin de ejercer cualquiera de sus derechos contemplados por la legislación. Por ende, se trata de una herramienta que parece estar establecida sólo en favor del proveedor y cuya posible utilidad para el consumidor se ve en la práctica suprimida o al menos dificultada dada su imposibilidad de acceso.
c.	Omisión de determinadas cláusulas contractuales o la lectura de éstas a una velocidad muy rápida. En definitiva, este punto se traduce en la ininteligibilidad de las cláusulas del contrato, ya sea por la vía de la omisión de ciertos aspectos al consumidor, o mediante su información a una velocidad tal que impide una adecuada comprensión, retención y análisis.
d.	Imposibilidad de efectuar estas contrataciones en oficinas. Habitualmente, cuando el consumidor pregunta si puede acercarse a una oficina a contratar el servicio, se le dice que se trata de una oferta exclusiva mediante teléfono, por lo que no es posible para él la contratación en una sucursal, analizando personalmente los documentos que componen el contrato.
e.	Posibles fallas en las comunicaciones. Las comunicaciones telefónicas, con todos los avances que se han ido presentando en el último tiempo, no funcionan de manera perfecta. Las llamas a celulares en ocasiones tienen interrupciones que pueden llevar a la omisión de cierta información importante para el consumidor
f.	No es posible corroborar la identidad de la persona contratante, ni menos su capacidad legal de contratar. El operador telefónico se limita a preguntar si habla con el dueño de casa o con determinada persona, quien no siempre es quien está facultada para tomar una decisión de índole económica de las características ofrecidas. Además, no tiene ninguna forma de verificar que el titular del servicio que se está contratando sea en definitiva, la persona con la cual se está conversando telefónicamente.
g.	Los problemas anteriores desembocan en la imposibilidad para el cliente de conocer a cabalidad el servicio que se está contratando, impidiendo o dificultando de sobremanera la comparación entre distintos productos o servicios, lo que constituye un derecho esencial para el buen desarrollo de los mercados y del consumo.
4°	Si bien el artículo 12 A de la Ley N° 19.496 contempla algunas medidas de protección respecto del consumidor de contratos celebrados por medios electrónicos, dicha disposición no supera los problemas enunciados, en el sentido que por ejemplo, el inciso tercero de dicho artículo dispone que “una vez perfeccionado el contrato, el proveedor estará obligado a enviar confirmación escrita del mismo”, con lo cual se reconoce que se forma el consentimiento sobre un contrato respecto del cual no hay pleno conocimiento, consintiendo ésta en una garantía ex post, y no previniendo la formación de un contrato con cláusulas o condiciones desconocidas para el consumidor.
5°	Por los problemas enunciados, es que se hace necesario contar con una reforma legal que tienda a proteger al consumidor frente a los diversos problemas, incluso abusos en algunos casos, del uso del mecanismo de contratación telefónica, obligando al proveedor a dar a conocer al consumidor las cláusulas contractuales por escrito, y debiendo el consumidor, manifestar su consentimiento por la misma vía a fin de prevenir el nacimiento de un contrato abusivo o con cláusulas desconocidas para el consumidor.
En mérito de lo anterior, vengo a presentar el siguiente
Artículo único.- Agréguese un nuevo artículo 12 B en la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:
Artículo 12 B.- Los proveedores de servicios o productos que oferten por vía telefónica, deberán remitir las condiciones y cláusulas específicas de la oferta por escrito al consumidor, lo cual se podrá realizar por medios electrónicos. Podrá también el consumidor concurrir a alguna oficina comercial a solicitar una copia de las condiciones y cláusulas del servicio o producto ofrecido. El consentimiento no se formará mientras no medie respuesta escrita del consumidor.
(Fdo.): Pedro Araya Guerrero, Senador.- Alfonso de Urresti Longton, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.