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Timestamp: 2019-08-23 21:47:39
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Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 38', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 5346', 'Artículo 18', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 75', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 137']

Respuesta de la República Argentina al cuestionario para la segunda ronda de Comité de Expertos del mesecic - Página 9
MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Capítulo Primero – 1. a) iii
RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Capítulo Primero – 1. a) iv: Recursos de impugnación previstos para los sistemas de selección .
MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Capítulo Primero – 1. a) v
RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Capítulo Primero – 2. b): Resultados objetivos que se han obtenido, incluyendo los datos estadísticos disponibles.
Informe sobre la implementación en Argentina de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda”
CAPITULO PRIMERO - 2 SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO
Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y mecanismos de control. Registro de contratistas.
Identificación de los criterios para la selección de contratistas (por ejemplo: precio; calidad; y calificación técnica). Recursos de impugnación.
Introducción La incorporación al ordenamiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción
Tabla: Gasto publico en contrataciones
Cabe señalar que la acreditación de las condiciones requeridas en los incisos d) y e), debe efectuarse mediante certificación de estudios primarios o secundarios cursados; y las restantes condiciones de esos incisos, por examen de competencia -por antecedentes y oposición- que recibe la autoridad que en cada caso se determine, con conocimiento de la entidad gremial respectiva.
En el caso del agrupamiento Técnico Jurídico, los aspirantes a ingresar en el Ministerio Público Fiscal de la Nación como subsecretarios de la Procuración General de la Nación o de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, secretarios letrados de fiscalía general, pro secretarios letrados de fiscalía general y secretarios de Fiscalía de Primera Instancia, además de reunir los requisitos exigidos por el Régimen Básico, deben igualmente reunir las condiciones especificadas en los incisos b) y c) del artículo 38. Asimismo, deben acreditar el título de Abogado mediante la exhibición del diploma pertinente ante la autoridad de superintendencia que interviniere la que debe conformar la copia certificada del título.
Al elevar la propuesta del candidato para ingresar al Ministerio Público Fiscal, en cualquiera de los agrupamientos, el magistrado o funcionario proponente debe acompañar la documentación que acredite las condiciones exigidas en el artículo 38. Asimismo, el examen de competencia debe ser cumplido ante las autoridades que el PGN determine una vez recibida la propuesta.
El ingreso al Ministerio Público Fiscal como personal permanente en el tramo que comprende los cargos de los incisos 7 a 14 del Artículo 6 y en el agrupamiento de servicios auxiliares (incisos 1 a 7 del Artículo 7), sólo puede realizarse en el respectivo cargo inferior, excepto que se ingrese mediante concurso. El ingreso al Agrupamiento Técnico-Jurídico y al Cuerpo de Asesores del Procurador General de la Nación y de Relatores y Secretarios Privados del Ministerio Público, Fiscal de la Nación, no requiere la pertenencia del funcionario o agente propuesto al Ministerio Público o al Poder Judicial de la Nación.
Cuando una propuesta de nombramiento o promoción es observada por la Dirección General de Recursos Humanos, vuelve al Fiscal o funcionario proponente, a fin de que éste la funde con mayor precisión o bien que formule una nueva propuesta. Las promociones o propuestas deben ajustarse al escalafón, y al sistema previsto por el Artículo 5346, y aquellas que importan postergación de personal con mayor antigüedad notoria o superior jerarquía deben ser fundadas. Cabe señalar que las propuestas observadas y, a posteriori, sostenidas por medio de la fundamentación aludida por parte de los proponentes no son vinculantes para el PGN. Además, junto con la propuesta de nombramiento, el titular de la dependencia debe acompañar una declaración jurada de que el ingresante no se encuentra comprendido en la inhabilidad por parentesco.
Según se dijo, el Artículo 18 del Régimen Básico del Ministerio Público Fiscal garantiza, tanto al personal permanente como no permanente, los derechos a efectuar consultas (inc. f) y a interponer recursos (inc. g).
En este sentido, el Artículo 26, especifica que el personal tiene derecho a efectuar por escrito y a través de la vía jerárquica correspondiente, las consultas que estime necesarias sobre aspectos generales relativos al ejercicio de sus funciones, las que deben ser evacuadas por el Procurador General de la Nación o la autoridad delegada, en un término prudencial.
Asimismo, el Artículo 27 establece que los empleados que consideren vulnerados sus derechos, pueden recurrir a la respectiva autoridad de Superintendencia, conforme al régimen general vigente en materia de impugnación de los actos administrativos en la Administración Pública Nacional (Ver Ley 19.549 citada ut supra). Agotada la instancia administrativa, queda expedita la vía judicial.
Nota: La República Argentina, en cumplimiento de lo expresado por el Comité de Expertos del Mesicic en el “Informe sobre la implementación en Argentina de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda” (Febrero de 2003) en su Cap. III (Conclusiones y Recomendaciones) Punto A (Actividades Anti-Corrupción y Medidas Preventivas en los Ambitos Provincial y Municipal) ha incorporado en la respuesta a este Capítulo 1.1. información acerca de los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en los Estados Provinciales, que se desarrolla en el ANEXO 2- Cap 1-1 - Provincias, incorporado como documento adjunto a la Respuesta de la República Argentina a este Cuestionario.
CAPITULO PRIMERO - 2
a) Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado? En caso afirmativo, describa brevemente los principales sistemas, señalando sus características y principios y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos.
La incorporación al ordenamiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, a través de la ley Nº 24.75947 acentuó la importancia del requisito de la transparencia en la actividad estatal, y en las normas específicamente relacionadas con las adquisiciones públicas, se han venido incluyendo disposiciones concretas orientadas a la prevención y detección de la corrupción en los procesos de contrataciones de bienes y servicios. El ejemplo más acabado de esta tendencia lo muestra el Decreto Nº 1023/2001 que establece el régimen general de contrataciones de la Administración Pública Nacional.
Con la incorporación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción mediante la sanción de la Ley Nº 26.097, se ha dado también un gran paso hacia la implementación de sistemas eficientes de adquisiciones públicas.48 La Convención de la ONU (en igual sentido de lo ocurrido con la CICC) ha pasado a tener jerarquía superior a las leyes internas, conforme lo establece el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional de la República Argentina.
Nos referiremos principalmente a aquellas disposiciones que se refieren a la prevención de la corrupción, pues la Delegación argentina focalizó su trabajo en estos aspectos durante la negociación del texto de la Convención, especialmente en el Capítulo II de la misma, que abarca los artículos 5 a 14.
Así en su artículo 9 “Contratación pública y gestión de la hacienda pública” se trata de una extensa enumeración de medidas concretas orientadas a prevenir la corrupción y hacer más transparente la gestión de las adquisiciones.
Debe destacarse en primer lugar la obligatoriedad de estas disposiciones, que se denota a partir del uso del verbo “adoptará” en la primer parte del encabezado49 y el “deberá abordar” referido a las medidas en particular al final del acápite.
En segundo lugar, los principios establecidos por el artículo son, a nuestro criterio, sumamente apropiados; pues se sostiene la transparencia, la competencia y los criterios objetivos de adopción de decisiones como base para procesos de compra eficientes.
En lo referente a las normas internas, las políticas de transparencia pública en las contrataciones en concordancia con la eficiencia son también los objetivos principales de la adopción del “Nuevo Sistema de Compras” incorporado a través del Plan Nacional de Modernización de la Administración Pública Nacional (Decreto Nº 103/01), y de la Carta de Compromiso con el Ciudadano –artículo 4 inciso g) del Decreto Nº 229/00-.
A su vez, la exigencia de guías imparciales aplicables a las distintas etapas de la contratación es uno de los mejores instrumentos para prevenir situaciones de corrupción, ya que la posibilidad de los oferentes de conocer con anticipación los criterios que se utilizarán para definir la adjudicación de los contratos públicos es fundamental como elemento de certeza, evitando la corrupción relacionada con decisiones arbitrarias.
Asimismo, la Ley Nº 25.188 de Ética de la Función Pública en su artículo 2º inciso e) señala como un deber de los sujetos comprendidos por la ley, el “fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir la información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan.”
La ley Nº 24.15650 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional.
A tal efecto, establece que la administración financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado.
Con la sanción de esta ley se crearon cuatro órganos rectores para diferentes sistemas interrelacionados entre sí; la Oficina Nacional de Presupuesto para el sistema presupuestario, la Oficina Nacional de Crédito Público para el sistema de crédito público, la Tesorería General de la Nación para el sistema de tesorería y la Contaduría General para el sistema de contabilidad, pero se dejó pendiente la creación de otros dos sistemas con sus correspondientes órganos rectores: el de contrataciones del Estado y el de administración de bienes del Estado.
Por esta razón, en el artículo 137 inciso a) de la mentada ley se dispuso que se mantenían vigentes, entre otros, los artículos 55 a 64 inclusive del Decreto ley Nº 23.354/1956 referido a las contrataciones.
Se consideró necesario disponer de mecanismos conducentes al dictado de normas y políticas generales de contratación comunes para todo el sector público nacional, a efecto de eficientizar las compras y facilitar el control posterior.
Para ello se estimó pertinente crear un sistema integrado de contrataciones que contara con un organismo responsable de la fijación de políticas y normas generales, así como también de su supervisión.
Con esta finalidad se dictó el Decreto Nº 1545/1994 que creó el Sistema de Contrataciones del Sector Público Nacional y la Oficina Nacional de Contrataciones como órgano rector.
A fin de dimensionar la incidencia sobre el gasto público nacional de los regímenes de contrataciones que se enumerarán a continuación, corresponde señalar que del Gasto Público total del año 2004 ascendió a 65,6 mil millones de pesos y en contrataciones se refleja la siguiente distribución:
Tabla: Gasto publico en contrataciones51
Gasto en mil millones de pesos
1.023/01 y otros
Ahora bien, los regímenes de contrataciones de bienes y servicios del Estado están plasmados en distintas normas, de acuerdo al respectivo ámbito de aplicación (algunos son generales y otros son específicos de determinados organismos). Se enumeran a continuación los principales sistemas para la adquisición de bienes y servicios, a saber:
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/buscarNormas
Administración Financiera y sistemas de control
Disposiciones Generales de la Administración Financiera y de los Sistemas De Control. Sistemas Presupuestarios.
Deberes, Prohibiciones e Incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la Función Pública.
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/buscarNormas
Decreto Delegado 1023/2001
Régimen General. Contrataciones Públicas Electrónicas. Contrataciones de Bienes Y Servicios.
Aprobación del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y contratación de Bienes y Servicios Del Estado Nacional.
Modificación del Régimen General Establecido Mediante Decreto 1023/2001
Decreto Nº 1545/1994
Sistema de Contrataciones del Sector Público
Régimen de Contrataciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos
http://www.afip.gov.ar/seccion_norma.asp
Resolución 135/2003 – Resolución 218/2003
Régimen de Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilaciones y Pensionados
http://www.pami.org.ar/compras/manual.htm
Decreto Nº 5720/1972
Reglamentario de la Decreto Ley Nº 23.354, ratificado por Ley Nº 14.467
Decreto Presidencia del Senado de la Nación Nº 632/2002
Reglamentario del Decreto Nº 1023/01, para dicha Cámara.
http://www.senado.gov.ar/web/acts/administrativa/contrataciones/