Source: http://www.bettinagalo.com/2012/11/informes-en-mayoria-y-minoria-del.html
Timestamp: 2017-01-18 20:22:09
Document Index: 298935632

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 72', 'artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 835', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 198', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 42', 'artículo 4', 'artículo 7', 'Artículo 325', 'Artículo 325']

Los brazos abiertos del Padre: INFORMES EN MAYORÍA Y MINORÍA DEL PROYECTO DE LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO Aprobado en la Cámara de Representantes del Uruguay y PROMULGADA POR EL PODER EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EL 22 DE OCTUBRE DE 2012
INFORMES EN MAYORÍA Y MINORÍA DEL PROYECTO DE LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO Aprobado en la Cámara de Representantes del Uruguay y PROMULGADA POR EL PODER EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EL 22 DE OCTUBRE DE 2012
INFORMES EN MAYORÍA Y MINORÍA
DEL PROYECTO DE LEY de Interrupción voluntaria del Embarazo
de la Discusión en Sala de la Cámara de Representantes
que fuera aprobado sin modificaciones en la Cámara de Senadores
y Promulgado por el Poder Ejecutivo como Ley Nº 18.987
Comisión de Especial con la finalidad detratar los proyectos vinculadosa la interrupción voluntariadel embarazo
Carpeta Nº 1354 de 2012Anexo I al
Repartido Nº 785
Informe en mayoría y proyecto de ley del Frente Amplio e Iván Posada
Informe en minoría y proyecto de resolución del Partido Nacional
Informe en minoría y proyecto de resolución del Partido Colorado
Apéndice, disposiciones referidas
Comisión Especial con la finalidad de
tratar los proyectos vinculados
Durante las tres últimas décadas, el Uruguay ha discutido y finalmente dejado de lado todos y cada uno de los proyectos presentados tendientes a brindar un marco legal a la interrupción voluntaria del embarazo. Con pequeñas diferencias de matiz en su contenido, los proyectos que concitaron la mayoría del apoyo parlamentario, despertaron siempre el mismo tipo de polémica, caracterizada por una tensa polarización entre dos posturas defendidas de modo extremo.
Entretanto, muchas naciones del mundo han procesado la discusión con un abordaje más pragmático, más atento a lo que enseña la experiencia, y si bien no han zanjado la cuestión de fondo, saturada de elementos filosóficos, religiosos y científicos, puede afirmarse que las estrategias que han procurado enfocar el fenómeno con una mirada más integral, han logrado obtener cierto éxito comparativo -tanto en términos de mejores perspectivas para la mujer, como desde el punto de vista de los abortos evitados-.
El presente proyecto de ley toma en cuenta las estrategias adoptadas por otras naciones, diseña una propuesta adaptada a la problemática nacional y fundamentalmente, busca brindar nuevas bases, diferentes a las tradicionalmente esgrimidas, a efectos de encontrar una solución más completa y humana a la cuestión del aborto provocado.
Los partidarios del régimen vigente, tanto como aquellos que se oponen al aborto en cualquier circunstancia imaginable, invocan la vida humana, en particular la vida del concebido, como un absoluto. En el otro extremo, los partidarios de la libertad de opción para la mujer, a su vez, apelan a su autonomía también con el carácter de un absoluto.
El presente proyecto de ley, en cambio, equidistante entre ambos polos, trata el problema desde el ángulo de un conflicto de valores. Acepta por ello el valor del concebido, sin ahondar en los matices -o incluso las diferencias profundas-, con que cada tradición ética o religiosa lo defiende, pero complementa la mirada atendiendo a ciertas circunstancias excepcionales que obligan al Estado a velar también por los derechos de la mujer.
En esencia, la clave de la fundamentación reside en optar por un camino intermedio, la senda del menor mal ante valores en conflicto, y en recordar que la salida civilizada, cuando la humanidad enfrenta situaciones de esta naturaleza, siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados.
El presente proyecto de ley apunta a preservar, siempre que sea posible, todos los derechos y valores en juego: el derecho de nacer del concebido, los derechos de la mujer, y los derechos de la sociedad de construir una comunidad más digna para todos los ciudadanos. De ahí la inclusión de un equipo de profesionales interdisciplinario para informar, asesorar y acompañar la decisión de la mujer; y la exigencia de un plazo de reflexión obligatorio de cinco días para que la interesada ratifique su solicitud.
Otros aspectos importantes que el legislador debe atender refieren a múltiples cuestiones, que hacen a posibles efectos no deseados de la norma. A vía de ejemplo, el legislador debe impedir que una norma permisiva sobre el aborto voluntario provoque un aumento de dicha práctica e incluso su banalización, lo cual resultaría incoherente con el deber del Estado de diseñar y ejecutar políticas que promuevan la paternidad responsable y la defensa de la familia.
El legislador debe impedir también que los mecanismos previstos en la ley se burocraticen y se conviertan en un mero trámite formal. En particular, el procedimiento de consulta de la mujer con un equipo interdisciplinario, aun con todas las ventajas que posee, corre precisamente ese riesgo. Por ello, para evitarlo, se exige los profesionales que integran el equipo interdisciplinario cumplan con el protocolo de actuación que a tal efecto disponga el Ministerio de Salud Pública (artículo 4º literal d) como elemento de contrapeso. Y además, las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, deben garantizar que no haya discriminaciones de ninguna naturaleza que impidan la participación de aquellos profesionales que deseen integrar estos equipos (artículo 5º, literal f). A su vez, se requiere que el equipo interdisciplinario sea controlado, a efectos de mantener la asesoría en situación de ecuanimidad y equilibrio. Por ello, para evitar presiones indebidas, el proyecto plantea el requisito de que estos profesionales deben abstenerse de denegar o autorizar la interrupción de un embarazo. Por último, sin perjuicio de las disposiciones vigentes y de otras que disponga el Ministerio de Salud Pública, los directores técnicos de las referidas instituciones dispondrán controles periódicos del estricto cumplimiento de lo establecido en los artículos 3º, 4º y 5º (inciso final del artículo 5º).
Ante todo, el proyecto de ley pretende terminar con la contradicción esencial que trae aparejada la normativa vigente. La ley vigente no ha logrado defender la vida: ni las de los concebidos, ni la de las madres. Pero además, suele olvidarse, que la majestad de la ley ha sido ofendida y menoscabada por su incumplimiento, pasivamente permitido con su terrible secuela -peligrosamente generalizable-, de desmoralización y escepticismo para todos los ciudadanos.
Es común encontrarse con partidarios de mantener la legislación vigente –que expresan su oposición a este proyecto- que manifiestan que en ningún caso debiera decretarse la prisión para la mujer que interrumpe su embarazo. Si así fuere, si la pena actualmente establecida de tres a nueve meses de prisión se sustituyera por medidas alternativas a la prisión preventiva (potestad que les ha sido conferida a los jueces por la Ley Nº 17.726, de 26 de diciembre de 2003), la contradicción sería aún más evidente por cuanto no habría sanción para el delito, y no habría ninguna oportunidad para que la decisión de la mujer tome en cuenta la información, el asesoramiento y la contención del equipo interdisciplinario.
A continuación se exponen los elementos jurídicos, médicos, psicológicos y de género que fundamentan y proveen de amplias y nuevas bases al proyecto de ley.
El Uruguay ratificó (Ley Nº 15.737, de 1º de marzo de 1985) la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969) conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Según el artículo 4to, inciso 1º: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente" (...)
Este artículo ha suscitado numerosos debates, con el foco en la expresión aquí destacada en negrillas, "en general". Los adversarios de la legalización han invocado ese inciso para mantener la prohibición. Los partidarios del aborto voluntario, a su vez, lo han interpretado para fundamentar su propia postura. Sin embargo, la interpretación no puede ser otra que la de una tercera opción, es decir, aquella que apunta al carácter de excepcionalidad. Tan es así, que incluso la exégesis que puede encontrarse en la literatura de los partidarios del aborto legal y voluntario, reafirma ese espíritu.
Por ejemplo, repárese en los siguientes comentarios, que no hacen más que apoyar la interpretación en términos de la excepcionalidad que busca recoger el nuevo proyecto desde su propio título:
"En opinión de uno de nuestros más destacados juristas -especialista en Derecho Público y catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República-, Prof. Dr. Horacio Cassinelli Muñoz, la inclusión de la expresión ‘en general’ entre comas en el texto, se realizó justamente previendo la posibilidad que los ordenamientos nacionales regularan la interrupción voluntaria de la gravidez, lo cual sin duda debe entenderse como una excepción al principio general, admitida por el texto de la Convención".
"Por otra parte, en todos los ordenamientos existen previsiones para los casos de enfrentamiento de bienes jurídicos tutelados en general, admitiéndose en circunstancias especialmente determinadas -como la legítima defensa o el estado de necesidad, por ejemplo-, la prevalencia legítima de uno sobre el otro".1
No es posible fundamentar, a partir de las explicaciones precedentes, ni la total prohibición, ni la total permisividad. Entretanto, de esos dos párrafos surge con toda claridad que el Art. 4, inciso 1º, "debe entenderse como una excepción al principio general", hay que admitir que se está ante un conflicto de valores ("casos de enfrentamiento de bienes jurídicos tutelados en general"), y que solamente corresponde la "prevalencia legítima de uno sobre otro" en "circunstancias especialmente determinadas". Ese es, precisamente, el espíritu del presente proyecto de ley. Una futura norma sobre esta problemática no puede ser permisiva, ni debe favorecer la generalización de una práctica. El Pacto de San José de Costa Rica apunta exactamente a lo contrario. La "generalidad" refiere al derecho a la vida y no a su interrupción. El derecho a la vida "estará protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción". Si eso es "en general", sólo "en particular", es decir, sólo en circunstancias excepcionales, muy delimitadas, se admitirá la interrupción de un embarazo.
El análisis realizado la CIDH es concluyente en igual sentido, por cuanto ha explicado que la inclusión de la frase "en general" fue el resultado de un consenso que permitiría que los Estados que tengan legislaciones que autorizaban el aborto pudieran ratificar la Convención Americana.
En referencia a la Convención Americana la CIDH expresó:
"21. La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Santiago de Chile en 1959, encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la preparación de un Proyecto de convención de derechos humanos que los Estados Americanos deseaban suscribir desde la Conferencia de México de 1945.
22. El Proyecto, preparado por este Consejo en dos semanas, fue origen de la Declaración Americana aprobada en Bogotá, pero también recibió la contribución de otras fuentes, inclusive los trabajos iniciados en las Naciones Unidas. Contiene 88 artículos, empieza con una definición del derecho a la vida (artículo 2), en la cual se volvió a introducir el concepto de que "Este derecho estará protegido por la ley desde el momento de la concepción." Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1968 – Organización de los Estados Americanos, Washington, DC 1973, p. 67 y 237).
23. La Segunda Conferencia Especial de Estados Americanos (Río de Janeiro, 1965)) consideró el proyecto del Consejo y otros dos textos preliminares presentados por gobiernos de Chile y Uruguay, respectivamente, y solicitó que el Consejo de la OEA, cooperación con la CIDH, preparase un Proyecto de Convención para presentarlo a la conferencia diplomática que habría de convocarse con ese propósito.
24. El Consejo de la OEA, al considerar la Opinión emitida por la CIDH sobre el Proyecto de Convención preparado para el Consejo de Jurisconsultos, encomendó a la Comisión que estudiara dicho texto y elaborara otro definitivo para trasmitirlo como documento de trabajo a la Conferencia de San José (Anuario, 1968, p.73-93).
25. Para conciliar los puntos de vista que insistían sobre el concepto de "desde el momento de la concepción", con las objeciones suscitadas, desde la Conferencia de Bogotá sobre la base de la legislación de los Estados americanos que permitían el aborto, inter-alia, para salvar la vida de la madre y en caso de estupro, la CIDH, volvió a redactar el artículo 2(derecho a la vida) y decidió por mayoría de votos introducir, antes de ese concepto, las palabras "en general". Ese arreglo fue el origen del nuevo texto del artículo 2 "Toda persona tiene el derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, en general, desde el momento de la concepción" (Anuario 1968, p. 321).
26. El relator propuso, en esta segunda oportunidad de discusión de la definición del derecho a la vida, eliminar la frase final entera "…en general, desde el momento de la concepción". Repitió el razonamiento de su opinión disidente, es decir, que se basaba en las leyes sobre aborto vigentes en la mayoría de los Estados Americanos, con la siguiente adicción: "para evitar cualquier posibilidad de conflicto con el artículo 6, párrafo 1, del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Cívicos y Políticos, que establece este derecho únicamente de manera general" (Anuario 1968, p.97).
27. Sin embargo, la mayoría de miembros de la Comisión creyeron que, por razones de principio, era fundamental formular la disposición sobre la protección del derecho a la vida en la forma recomendada por el Consejo de la OEA en su Opinión (primera parte). Se decidió por tanto mantener el texto del párrafo 1, sin cambios (Anuario, 1968, p.97).
28. En la conferencia diplomática que aprobó la Convención Americana, las delegaciones del Brasil y de la República Dominicana presentaron enmiendas separadas de eliminación de la frase final del párrafo 1 del artículo 3 (derecho a la vida), o sea: "en general, desde el momento de la concepción". La delegación de Estados Unidos apoyó la posición del Brasil (Conferencia Especializada Americana sobre Derechos Humanos –Actas y Documentos-Washington, DC 1978, p. 57, 121 y 160).
30. A la luz de estos antecedentes expuestos, queda en claro que la interpretación que adjudican los peticionarios de la definición del derecho a la vida formulada por la Convención Americana es incorrecta. La adición de la frase "en general, desde el momento de la concepción" no significa que quienes formularon la Convención tuviesen la intención de modificar el concepto de derecho a la vida que prevaleció en Bogotá, cuando aprobaron la Declaración Americana. Las implicaciones jurídicas de la cláusula "en general, desde el momento de la concepción" son substancialmente diferentes de las de la cláusula más corta "desde el momento de la concepción", que aparece repetida muchas veces en el documento de los peticionarios".
Hasta aquí algunos de los comentarios establecidos por la CIDH, según consta en la resolución Nº 23/81 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptada el 6 de marzo de 1981 en el caso 2141, relativo a los Estados Unidos de América (el "caso Baby Boy").
También la Dra. Cecilia Medina Quiroga, quien fue Jueza y Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha expresado en el mismo sentido: "… se desprende de la historia del tratado que la expresión "en general" fue agregada al texto original con el preciso fin de conciliar la posibilidad de que las legislaciones nacionales permitieran el aborto, y que la propuesta de suprimirla no fue aceptada, por lo que, de basarse en la interpretación de una disposición no clara en los trabajos preparatorios, habría que concluir que el párrafo 1 del artículo 4 no impide la facultad de los Estados de permitir el aborto en las circunstancias que ellos determinen".
En su comparecencia ante la Comisión Especial, el Dr. Martín Risso Ferrand expresó en referencia al artículo 7 de la Constitución de la República: "Este artículo dice que los habitantes tenemos derecho a ser protegidos en el goce de la vida. Nuevamente la solución de principio, lo que se llama principio de protección en materia de derechos humanos, es la protección de la vida, aunque la Constitución admite que por ley puedan establecerse algunas excepciones basadas en razones de interés general".
Y más adelante se pregunta y explica: "¿Qué son las razones de interés general en sentido estricto, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la mejor doctrina nacional que arranca con Jiménez de Aréchaga? Antes que nada, hay que poner el acento en razones; interés general es accesorio, lo que importa son las razones. Las razones de interés general es un concepto jurídico indeterminado que se extrae de la Constitución, del derecho internacional de los derechos humanos, de los principios generales, de los valores, del sistema único de derechos humanos. Las razones de interés general implican aquellas razones que son necesarias para asegurar la eficacia de todo el sistema de derechos humanos. No es un concepto que habilite a que arbitrariamente se decida limitar un derecho u otro, sino que el horizonte tiene que ser siempre la protección del sistema único e indivisible".
Continuando su exposición el Dr. Risso Ferrand explicó cómo se hace para analizar cuando hay razones de interés general y cuando no. Al respecto expresó:
"Acá aparecen dos principios muy viejos que permiten analizar estos temas. Son dos principios de creación jurisprudencial, que, además, tienen algo interesante. Uno apareció en Estados Unidos y el otro en Alemania, los dos en el siglo XIX, y tienen por objeto la preocupación por controlar el margen de decisión de las autoridades del Gobierno frente a los derechos humanos. Los dos nacen con el objetivo de proteger los derechos humanos frente a los actos de autoridad.
El principio de razonabilidad tiene su primera consagración en minoría, en discordias, en la jurisprudencia de la Corte Suprema estadounidense en el año 1872, y en 1902 empezó a ser la posición mayoritaria de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso muy curioso, el caso Lochner, que es recordado como uno de los tres anti precedentes, es decir, uno de los tres ejemplos de lo que una Corte Suprema no debe hacer. Sin embargo, pese a la atrocidad que significó ese caso, la formulación del principio de razonabilidad está ahí y es la primera vez que apareció.
El principio de razonabilidad dice que toda limitación o restricción de los derechos humanos tiene que estar justificada, no puede ser arbitraria, tiene que ser justa y no puede ser desproporcionada. A partir de 1902, con vaivenes y distintos criterios, la Corte Suprema de Estados Unidos lo viene utilizando.
El principio de proporcionalidad nace en Alemania a fines del siglo XIX. Este principio tiene el mismo objetivo que el otro, es decir, determinar hasta dónde pueden llegar las autoridades de Gobierno en la limitación de los derechos humanos. Los alemanes son mucho más precisos -suelen serlo- y estructuran este principio de proporcionalidad en tres pasos. Primero, hay que analizar la idoneidad de la medida legislativa, después, la necesariedad y, si podemos pasar esas dos primeras etapas, se termina en una ponderación en sentido estricto.
Estos dos principios de razonabilidad y proporcionalidad, que son primos hermanos, en América Latina vienen siendo utilizados en forma indistinta, y, a veces, fusionada. Es habitual en América Latina que para definir el principio de razonabilidad se recurra a los componentes de proporcionalidad, y para definir los de proporcionalidad, se recurra a los componentes de la razonabilidad.
El rango constitucional de estos dos principios en el Uruguay nunca ha sido cuestionado; deriva de la propia noción de Estado de derecho. En un Estado de derecho, ninguna autoridad puede actuar contra o fuera del derecho, y ninguna autoridad puede actuar, en el ejercicio del poder conferido por la Constitución o por la ley, en forma arbitraria o en forma desproporcionada.
También se menciona, como fundamento de estos principios, el artículo 7º de la Constitución porque, precisamente, cuando hace referencia a razones de interés general, nos está hablando de la razonabilidad.
Hay un tercer fundamento que coadyuva con los anteriores, que es el artículo 72. Estos dos principios, en tanto garantía de los derechos humanos, tienen rango constitucional por ser inherentes a la personalidad humana o por ser derivados de la forma republicana de gobierno.
En definitiva, la forma más práctica de analizar si se cumple con los requisitos de la Convención Americana y de la Constitución uruguaya en materia de limitación de un derecho humano es recurrir al principio de proporcionalidad".
En nuestro país existen un número indeterminado de abortos provocados. Algunas estimaciones los sitúan en más de 30.000 anuales. Otras estimaciones reducen esa cifra a 20.000. Lo cierto es que nuestro país no tiene ningún registro que avalen estas cifras. Un dato revelador de la ignorancia con que la sociedad uruguaya debate el tema. En cualquier caso, en un país que registra 46.706 2 nacimientos al año, las cifras mencionadas debieran movernos a la reflexión. Durante estos casi 75 años en que regido la legislación vigente, desde su aprobación en 1938, ¿ha sido exitosa la legislación vigente para disminuir los abortos? ¿Cuántos se han penalizado? A vía de ejemplo, el 8 de mayo de 2008, el Ministerio Público y Fiscal dictó una resolución donde solicitó el enjuiciamiento y prisión contra dos médicos por la comisión del delito de aborto en forma reiterada, pero sin embargo, decidió no formular acusación penal en mérito a que se trata "de una cuestión sumamente debatida, de connotaciones morales y filosóficas profundas, con opiniones fuertemente encontradas en el seno de la sociedad".3
Quizás si buscamos en los antecedentes judiciales encontremos algunos procesamientos por esta razón. Pero sin duda las normas penales de los artículos 325 y 325 bis del Código Penal no superan la primera prueba del principio de proporcionalidad. La medida legislativa dispuesta en la Ley Nº 9.763 no es idónea. Si se buscó con la penalización disminuir los abortos, no tuvo éxito. Como ya fue dicho: no logró defender la vida de los concebidos ni la de las madres.
Veamos pues las razones de interés general que fundamentan esta ley a la luz del principio de proporcionalidad, examinando la idoneidad, la necesariedad y la ponderación de la ley proyectada.
Quienes proponemos este proyecto creemos que esta ley será idónea para disminuir el número de abortos que se practican en nuestro país, porque el derecho a nacer del concebido estará presente en la reflexión de la mujer. Será idónea para que su decisión de interrumpir el embarazo sea asumida libre, consciente, y responsablemente con las garantías de un ámbito sanitario adecuado. En otras palabras, los medios establecidos en la ley son aptos para obtener los fines perseguidos.
Quienes proponemos este proyecto creemos que esta ley es necesaria, indispensable para revertir la situación actual en materia de abortos provocados en un país que como el nuestro tiene una baja tasa de fecundidad y una estructura de edades envejecida. Es necesaria porque es la medida más moderada desde el momento en que "el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo (artículo 3º, inciso cuarto)." Dicho de otro modo, el medio empleado por esta ley es el menos restrictivo respecto al derecho fundamental en cuestión, cual es el derecho a nacer.
Quienes proponemos este proyecto creemos que esta ley es ponderada por cuanto se derivan de ésta más beneficios para el interés general por los abortos que se evitaran como consecuencia del asesoramiento, información y apoyo psicológico que supone la participación de un equipo interdisciplinario. Es ponderada además en la medida que restablece la equidad en el acceso a los servicios de salud reproductiva para todas las mujeres sin que éstas deban recurrir al mercado ilegal en que se comercializan las drogas que permiten el aborto farmacológico. En consecuencia, los resultados obtenidos resultan ampliamente beneficiosos para la sociedad en su conjunto.
En cuanto al plazo de reflexión que introduce este proyecto, pueden encontrarse muchos antecedentes en el Derecho Comparado. Aquí apenas mencionamos:
- Italia (Ley de 1978): Art. 5to. Si no se trata de un caso de urgencia: "Transcurridos los 7 días la mujer puede presentarse para obtener la interrupción del embarazo".
- Francia (Ley de 1975): Art. L.162-5: "Si la mujer ratifica, luego de las consultas previstas en los artículos L.162-3 y L-162-4, su solicitud de interrupción de la gravidez, el médico debe solicitarle una confirmación por escrito, no pudiendo aceptar esta confirmación sino después de la expiración del término de una semana siguiente a la primera demanda de la mujer".
- España: Anteproyecto de Ley Orgánica sobre Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (propuesta del PSOE, 1998). Entre las condiciones para ejercer el derecho a abortar en el Art. 1º se establece:
Art. 1, inciso d: "Que una vez asesorada e informada en los términos de esta Ley haya dejado transcurrir un plazo mínimo de tres días a fin de madurar su decisión definitiva".
En cuanto al consejo y apoyo profesional:
- Francia (Ley de 1975): Art. 162-4. "Esta consulta implica una entrevista particular en el curso de la cual se le ofrece asistencia y consejos apropiados a su situación, así como los medios necesarios para resolver los problemas sociales planteados".
- Islandia (Ley de 1975). El Art. 11 refiere a la necesaria presencia y actuación de un ginecotocólogo, visitador social, cirujano, y, cuando fuere del caso de un psiquiatra, en las interrupciones de la gravidez autorizadas por la ley.
- España: Anteproyecto de Ley Orgánica sobre Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (propuesta del PSOE, 1998):
Art. 1, inciso b: "Que la mujer que desee interrumpir su embarazo acuda a algunos centros de asistencia y asesoramiento acreditado antes de llevarlo a cabo".
Art. 1, inciso c: "Que la mujer, tras haber sido adecuadamente oída en entrevista y haber escuchado en ella las razones que asisten al Estado para tutelar la vida, sea informada de cuantas ayudas familiares, económicas y sociales disponibles pudieran ser de utilidad así como los aspectos jurídicos y médicos de la intervención, de todo lo cual se expedirá la oportuna certificación".
3.- FUNDAMENTOS MÉDICOS
Un fuerte apoyo empírico a las modificaciones propuestas lo constituye la metodología expresada en el libro "Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo. Aspectos clínicos, epidemiológicos, médico-legales, bioéticos y jurídicos", coordinado por el Dr. Leonel Briozzo (edición del SMU, Montevideo, 2002). Sin tomar partido en cuanto a la legalización del aborto, todo el abordaje de ese equipo de profesionales de la salud, se centra en apoyar a la mujer "antes" y "después" de un aborto.
Si este grupo de médicos, apoyado por la Facultad de Medicina, la Sociedad de Ginecotocología y el SMU, insiste en acompañar a la mujer cubriendo esas dos etapas, y además sostiene que eso ya está permitiendo reducir la mortalidad y la morbilidad, entonces es menester profundizar y continuar esa misma línea, y acompañar a la mujer en el momento más difícil, es decir, en el "durante", mientras se procesa la decisión. El capítulo I del proyecto de ley introduce consejeros profesionales habida cuenta de esa pragmática y sugerente experiencia.
Recordar algunas de sus recomendaciones: "Para operativizar esta normativa se requiere la conformación de un equipo multidisciplinario constituido por ginecotocólogo, obstetra-partera, especialista en salud mental, asistente social, médico legista, sociólogo, entre otros" ("Iniciativas sanitarias..." pág. 79). Si se puede pedir tanto, y si se puede lo más (como parecen plantear los médicos del Hospital Pereira Rossell), entonces se puede también lo menos: el proyecto modificado exige apenas tres profesionales, y va en el mismo sentido de esa estrategia defendida con una vasta experiencia directa en el tema -y apoyada por la Facultad de Medicina, el Sindicato Médico del Uruguay y la sociedad de Ginecotología del Uruguay-.
4.- FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS
En muchas de las páginas de "Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo", se reitera la necesidad de acompañar a la mujer, dadas las circunstancias en que se encuentra.
En particular, en la página 63, la Dra. Graciela López Machín -abogada, ex Directora de Prevención de Delitos- afirma: "Los métodos que las mujeres suelen utilizar en su intento por resolver su problema deben ser vistos como un reflejo de su desesperación. Así, las que poseen información y recursos acceden a profesionales que utilizan técnicas seguras y mitigan el dolor físico y emocional. En cambio, las que no los poseen suelen provocárselo ellas mismas o con asistencia de una persona sin entrenamiento y sin recursos materiales".
El capítulo I del proyecto de ley busca, precisamente, brindarle a todas las mujeres -y especialmente a las mujeres pobres-, antes que una mera facilidad para abortar en condiciones higiénicas, un apoyo médico, psicológico y social que las continente y rodee de mayores elementos su decisión.
También en "Iniciativas sanitarias...", el informe de la psicóloga Denisse Defey, titulado "El aborto provocado: su dimensión psicosocial", incluye muchas afirmaciones que pueden ser utilizadas como fuertes argumentos a favor de introducir consejo profesional, médico, psicológico y social, y añadir un plazo de reflexión para que la mujer lo procese en forma adecuada. En dicho trabajo se insiste en la ambivalencia del deseo de la mujer, tanto de abortar como de ser madre y en la fragilidad de las circunstancias que envuelven cualquier embarazo. Según Defey, no hay exactamente decisiones únicas, sino procesos. En todo caso, la mujer no está en el mejor momento para decidir sola. Según sus palabras: "El deseo aparece como un fenómeno cambiante que debería –en todo caso- describirse como un proceso más que como una categoría presente o ausente. Esto queda dramáticamente demostrado por el hecho de que en Francia, pese a que el aborto se realiza por sola voluntad de la mujer, se le exige una semana de reflexión y en ese tiempo la mitad de las mujeres desiste de su intención original " (pág. 35). Y más adelante: "La mujer que se halla en profunda duda respecto de la realización del aborto constituye otra indicación para una entrevista especializada, la cual tiene como objetivo ayudarle a esclarecer sus motivaciones tanto a favor como en contra del aborto, procurando una decisión más libre y más certeramente arraigada en su situación tanto interna como externa". (pág. 45).
5.- PERSPECTIVA DE GÉNERO
La propuesta incluida en el capítulo I del proyecto de ley atiende a la circunstancia de que resulta innegable la connotación de género que tiene el aborto y, como consecuencia de ello, excluye la posibilidad de que el progenitor varón pueda forzar la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo o de continuarlo.
De este modo, se reconoce que es la mujer quien sufre las penosas circunstancias de un embarazo no deseado, con angustia y aun con pánico. Será sobre su conciencia que pesará la decisión y, teniendo presente el modo distinto en que hombres y mujeres afrontan la paternidad o la maternidad, se advierte que es la vida de la mujer la que cambiará para siempre, si decide continuar con el embarazo o interrumpirlo.
Lo anterior no implica compartir la idea de que el concebido forma parte del cuerpo de la mujer, ni de que el progenitor varón deba ser excluido de las instancias de reflexión, asesoramiento y consulta que precederán a la decisión final acerca de la continuación o interrupción del embarazo. En este sentido, se propone que el padre participe, siempre que la mujer exprese su consentimiento, mecanismo que se adecua a todas las situaciones que puedan presentarse: pareja estable o ausencia de ella; pareja en crisis o funcionando apropiadamente.
6.- ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
Para finalizar este informe en mayoría, nos parece oportuno incorporar algunos testimonios del Sacerdote Luis Pérez Aguirre, recogidos en el libro editado por la Cámara de Representantes.
"Se me ocurre que el camino acertado está en luchar más decididamente por leyes que ataquen las causas sociales del aborto. Leyes que encaren la planificación familiar, la atención de la salud de la mujer, que combatan frontalmente la pobreza, que encaren la protección de las personas nacidas con discapacidades.
Sería muy bueno que el legislador propusiera leyes que defiendan: 1) un programa de planificación familiar; 2) la superación de la discriminación y la ayuda a las madres solteras y su hijo; 3) el amparo social a la madre casada o no; 4) una rígida legislación para proteger el empleo y protección de la gestante; 5) leyes que faciliten la adopción; 6) el amparo social vitalicio para hijos retardados; 7) salario materno; 8) multiplicación de las guarderías infantiles; 9) centros de medicina preventiva.
Es absurdo simplificar la polémica ubicándola en dos bandos extremos irreconciliables: quien dice que para salvar embriones y/o fetos hay que ajusticiar, eliminar o sancionar socialmente a las madres y quien sostiene, por el contrario, que para defender a las madres se puede aceptar o justificar la destrucción de embriones o fetos. En esta disyuntiva de hierro lo trágico es que las ajusticiadas son siempre las mismas víctimas, porque abrumadoramente desde el punto de vista numérico son las más débiles y las más pobres, las que no se pueden o no tienen los medios para defenderse o escapar de la legislación dada. (...)
Claro, siempre será mucho más cómodo evitar todo este conflicto amenazándola con la cárcel si aborta. Siempre será más fácil eliminar fetos o mujeres que luchar contra las verdaderas causas sociales del aborto. Lo paradójico es que ninguna de las dos posiciones ha llevado nunca a disuadir a nadie ni a terminar con los abortos sino generalmente con las víctimas de esas situaciones angustiosas. Aunque puedan tranquilizar algunas conciencias, estas posiciones serán siempre pseudo-soluciones. Mientras persistan las causas que acorralan y obligan a la mayoría de las mujeres a abortar, ellas seguirán abortando".
Por último, en el semanario "Brecha" del 2 de marzo de 2001 expresaba acerca de la justicia:
"A los efectos de centrar el debate me parece imprescindible aclarar que es hacer justicia. La primera forma de entender cómo se establece o repara la justicia es ajusticiando (de acuerdo con la ley) al culpable de un delito. Esta justicia, la nuestra, termina en la cárcel o su equivalente de acuerdo con la gravedad del dolo.
Pues bien, pienso que ninguna de las dos posiciones tiene nada que ver con la solución justa. Por eso sólo cabe una tercera manera de entender el hacer justicia. Creo que nos ayudaría aquí usar el término ajustar. Para el humano, hacer justicia es (debería ser) lograr -creativa y responsablemente- la supervivencia de toda vida en el cosmos: que la realidad y los seres vivos (especie e individuos) se ajusten armoniosamente de tal manera que sea posible la supervivencia de todos.
Se debe centrar el debate en descubrir qué pasos hay que dar para evitar, de manera realista y eficaz, el que se sigan realizando abortos, o mejor, para evitar que una mujer se tenga que plantear el aborto como única alternativa, o como la menos amenazante en un momento concreto de su vida".
En mérito a lo expuesto, con el propósito de esta ley sea un medio idóneo para cambiar la realidad actual y disminuir los abortos provocados, aconsejamos al Cuerpo aprobar el siguiente proyecto de ley.
Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2012.
Artículo 2°. (Despenalización).- La interrupción del embarazo no será penalizada, y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice antes de las doce semanas de gravidez.
Artículo 3º. (Requisitos).- Dentro del plazo establecido en el artículo anterior de la presente ley, la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias, que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso.
El médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente, la consulta con el equipo interdisciplinario establecido en el numeral 2 del literal b) del artículo 4° de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008, el que a éstos efectos estará integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social.
El equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción.
En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo, y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable.
A partir de la reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de 5 (cinco) días, transcurrido el cual, si la mujer ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento, que en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños. La ratificación de la solicitante será expresada por consentimiento informado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 2008 e incorporada a su historia clínica.
a)promover la formación permanente del equipo profesional interdisciplinario especializado en salud sexual y reproductiva para dar contención y apoyo a la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo,
b)estimular el trabajo en equipos interdisciplinarios cuya integración mínima en cuanto a número y calidad será la dispuesta en el artículo 3º de esta ley,
c)interactuar con instituciones públicas u organizaciones sociales idóneas que brinden apoyo solidario y calificado, en los casos de maternidad con dificultades sociales, familiares o sanitarias,
d)poner a disposición de todos los usuarios mediante publicaciones en cartelera, boletines de información periódica u otras formas de información, la lista del personal de la institución específicamente involucrado en el objeto de esta ley,
e)garantizar la confidencialidad de la identidad de la mujer y de todo lo manifestado en las consultas previstas en el artículo 3º de esta ley, así como de todos los datos anotados en su historia clínica, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008.
Artículo 7º. (Consentimiento de las adolescentes).- En los casos de mujeres menores de 18 (dieciocho años) no habilitadas, el médico ginecólogo tratante recabará el consentimiento para realizar la interrupción del embarazo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley N° 17.823, de 7 de septiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley Nº 18.426, de 1º de diciembre de 2008.
Cuando por cualquier causa, se niegue el asentimiento o sea imposible obtenerlo de quien debe prestarlo, la adolescente podrá presentarse con los antecedentes producidos por el equipo médico actuante ante el Juez competente. El Juez deberá resolver en un plazo máximo de 3 (tres) días corridos contados a partir de la presentación ante la sede, respecto a si el consentimiento ha sido expresado en forma espontanea, voluntaria y consciente. A tal efecto, el Juez convocará a la adolescente y al Ministerio Público, para oírla y recabar su consentimiento para la interrupción del embarazo, conforme a lo previsto en el artículo 8° del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de septiembre de 2004). El procedimiento será verbal y gratuito.
Artículo 8º. (Consentimiento de mujeres declaradas incapaces).- Si se tratara de una mujer declarada incapaz judicialmente, se requerirá el consentimiento informado de su curador y venia judicial del Juez competente del domicilio de la incapaz que –previa vista al Ministerio Público-, evaluará la conveniencia del otorgamiento de la misma, respetando siempre el derecho de la mujer a procrear si el motivo de su incapacidad no le impidiere tener descendencia.
Artículo 12. (Registro estadístico).- El Ministerio de Salud Pública deberá llevar un registro estadístico de: i) las consultas realizadas en los términos previstos por el artículo 3º; ii) los procedimientos de aborto farmacológico realizados; iii) los procedimientos previstos en los literales a), b) y c) del artículo 6º; iv) el número de mujeres que luego de realizada la entrevista con el equipo interdisciplinario deciden proseguir con el embarazo; v) los nacimientos y cualquier otro dato socio demográfico que estime pertinente para evaluar en forma anual los efectos de la presente ley.
LA DEFENSA DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS
La defensa de los Derechos Humanos debe ser siempre y en toda circunstancia irrestricta. Defenderlos a cabalidad significa defender el primero de ellos, el derecho a la vida, sin el cual no es posible la existencia de los demás. Es una contradicción flagrante proclamarse defensor de los Derechos Humanos pero no hacerlo igual con respecto al primero, al que da origen a todos los demás. Eso es defender "casi" todos los derechos humanos.
Por eso tenemos una visión pro activa de lo que significa este tema y lo abordamos desde una perspectiva progresista y avanzada, desde una concepción integral de los derechos de las personas. Incluso y primero que nada, de este derecho, el de la vida, donde los sujetos del derecho no tienen la posibilidad de expresarse y exigir su respeto. El adulto puede hacerlo, puede reivindicar y exigir, puede hacerse valer, pero no así el no nacido, que está en condiciones de dependencia y de debilidad absoluta con respecto a la defensa de su propio derecho a la vida, su primer derecho.
Ya nadie puede discutir la existencia de la vida desde el momento mismo de la concepción. El argumento tantas veces usado en el pasado que fijaba la existencia de la misma a partir de determinada semana de gestación se ha derrumbado irremediablemente. Nadie se anima a repetirlo. Los avances científicos y especialmente los vinculados a la genética no dejan duda ninguna: desde el momento mismo de la concepción existe un ser humano vivo y poseedor de una identidad única en el mundo. La secuenciación del genoma humano lo verifica sin discusión.
Es así que quienes defendemos esta concepción progresista e integral de los derechos de la mujer y el hombre, no hemos variado nuestros argumentos, no así quienes con una visión parcial de defensa de los adultos olvidan los del niño y por lo tanto del débil. La supuesta contradicción entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad no es tal, nunca puede serlo. Prevalece siempre el primero. El ejercicio de la libertad es sobre lo que uno puede disponer pero no a costa de la libertad y la vida del "otro", que es distinto y es otra persona. Con el Dr. Gross Espiell coincidimos cuando afirmaba que es un error humano y jurídico afirmar que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo por razones de simple voluntad. La mujer en este caso está disponiendo de otra vida que está en gestación, pero que es diferente a la suya.
Así sucesivamente los defensores del aborto y quienes piden su legalización/despenalización, han mutado su línea argumental tras el derrumbe sucesivo de los argumentos y la evidencia científica disponible. Se sostenía, con certezas inexplicables, que la práctica ascendía en Uruguay a cifras que prácticamente equivalían a la de los nacimientos en el país. Era tan abrumadora la realidad que había que ceder ante su práctica, sugerían. Hoy, y en la comisión se reconoció, es imposible de saber la cantidad de abortos. Nunca se supo, en verdad, pero con "violencia estadística" se quería fundamentar con números lo que no se podía saber en cifras, ni se sabe. Sí, obviamente, de su existencia, pero no de su magnitud: poca, mucha o regular. Otro argumento quedó por el camino. Luego se sostuvo que era necesario su legalización en virtud de que al aborto provocado era la principal causa de mortalidad materna. Informes del MSP dicen de lo equivocado de esta afirmación y que durante muchos años, los últimos registros lo afirman, no se registraron muertes maternas por esta causa, según informan estadísticas oficiales. Es más, tampoco se puede afirmar con razón que la legalización de la práctica o la nueva forma de la misma que es la despenalización, tenga alguna vinculación con el descenso de la mortalidad materna. Países que tienen legalizada la práctica del aborto tienen cifras de mortalidad materna que más que duplican las de Uruguay donde hasta el momento no es legal.
Es así que la evidencia científica dejó en claro que el debate pasa por otros andariveles. Estamos frente a la defensa de derechos fundamentales o en su defecto de la limitación y la negación de éstos, este es el centro del debate.
No estamos frente al caso donde por razones médicas y para salvar la vida de la madre debe interrumpirse el embarazo, circunstancia prevista en la legislación desde hace muchos años.
Nosotros nos afiliamos a la defensa de las dos vidas, la de la madre y la del niño. Nos parece que se debió empezar la discusión por el extremo opuesto al que se hizo promoviendo la necesaria cobertura social a la mujer embarazada en caso de desamparo. Determinados ideologicismos impiden esto, haciendo prevalecer unos derechos sobre otros.
En el transcurso del trabajo de la comisión esto último fue reconocido con meridiana claridad y además con una honestidad intelectual y argumental que destacamos. La organización "Iniciativas Sanitarias", fundada por el actual subsecretario de Salud Pública Dr. Leonel Briozzo, en su comparecencia señaló muy precisamente al comentar el presente proyecto que "Así la mención a la tutela de la vida humana es inconveniente, pues toda legislación que reconozca la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo está definitivamente dirimiendo un conflicto entre el interés de la madre y el interés del embrión".
Es de enorme honestidad esta definición, que traduce las opciones sin camuflajes. Desnuda las opciones que atraviesan este debate.
EL ESTATUTO JURÍDICO VIGENTE, LA CONSTITUCIÓN, LOS TRATADOS Y LAS LEYES Y EL COMIENZO DE LA VIDA
Los aspectos jurídicos y los compromisos internacionales que tiene el Uruguay ratificados a nivel nacional, merecen un capítulo aparte.
Uruguay, libre y democráticamente, ha construido una arquitectura normativa defensora de la vida y de los derechos humanos, comenzando por el primero de ellos y desde el momento mismo de la concepción. Aquí pese a dudas que algunos pudieran tener en el pasado, nunca se tuvo discrepancias desde cuando la misma se debía proteger y desde cuando se era titular de derechos. Es una rica tradición nacional de protección social de los débiles. La Constitución, las leyes y los tratados ratificados y transformados por ello en legislación propia así lo determinan. Como afirmó el Dr. Martín Risso en Comisión "una ley es inconstitucional, será inválida, pero también puede ser inconvencional y ser inválida". Y en el caso concreto se pregunta el profesional: "¿desde cuándo hay vida protegible?" "En la actualidad, la solución es extraordinariamente sencilla y mucho más que en otras disciplinas, puesto que el numeral 1 del artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país por Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, dice que hay vida protegible desde el momento de la concepción. Esta es la norma más protectora en la materia y por lo tanto es la que debemos utilizar necesariamente." "Lo que se llama principio de protección en materia de Derechos Humanos, es la protección de la vida", agrega Risso.
Esta Convención establece en su artículo 4º que "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción".
Estamos frente a la consagración de normas que garantizan la protección de los Derechos Humanos y del "Primer Derecho", el derecho a la vida, sin el cual, carece de sentido la protección de todos los demás, y sobre todo en los seres Humanos de mayor vulnerabilidad, de los más indefensos, aquellos que aun se encuentran en el vientre materno.
Como tema incluido en el ámbito de los Derechos Humanos, es una materia regulada jurídicamente, de manera simultánea, de forma coordinada y autónoma por el Derecho Internacional y por el Derecho Constitucional.
Partimos de la base que nuestra Constitución no consagra el derecho a la vida de todo ser humano porque él no depende de la voluntad del constituyente ni de la Nación ni mucho menos del Estado, sino que es inherente a la personalidad humana. Lo que si debemos consagrar en nuestro ordenamiento jurídico son los elementos necesarios para que el goce de ese derecho sea efectivo y el momento del inicio de dicha protección.
El proyecto de ley en cuestión va en contra de preceptos constitucionales expresamente establecidos en nuestra Carta Magna, más precisamente los establecidos en los artículos 7º, 8º, 36, 40, 41, 42, 44, 72 y 332. Por lo tanto este proyecto es contrario a la Constitución de la República y a la Convención Americana, es inconstitucional e inconvencional.
Pero también enfrenta otras normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico que claramente establecen protecciones a derechos del ser humano desde la concepción misma.
En nuestro Código Civil, el artículo 21 establece que "son personas todos los individuos de la especie humana…." y luego en el Titulo IV del Libro Primero, al regular la Paternidad y la Filiación, en los artículos 215 a 220 se establecen diferentes plazos en los que se tiene en cuenta el momento de la concepción, calificando la misma a los efectos de establecer la legitimidad, filiación y acciones judiciales que se pueden o no iniciar según esos plazos.
En esa misma dirección y a la hora de establecer los derechos sucesorios, el mismo cuerpo normativo en su artículo 835, establece la incapacidad para adquirir por testamento de los no concebidos así como para los que concebidos no nacieren viables, concluyéndose claramente la legitimidad sucesoria del concebido en su carácter de individuo de la especie humana tal como se determina en el artículo 21 antes mencionado.
En otra norma recientemente consagrada, la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, denominado Código de la Niñez y la Adolescencia, se reconocen también derechos del concebido y el artículo 1º, donde se establece el ámbito de aplicación de la propia ley a los seres humanos menores de 18 años de edad.
En su artículo 46, incluido en el capítulo que regula las prestaciones alimentarias, se garantiza el derecho a alimentos desde la concepción misma.
También el Código de la Niñez establece el derecho para el concebido en relación a la investigación de la paternidad ya que el artículo 198 establece que desde que se constata la gravidez se puede iniciar la acción judicial correspondiente.
La Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, por la que se crea el Instituto Nacional del Menor, luego denominado INAU por la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, establece los cometidos del Instituto incluyendo en su artículo 2º que debe "Asistir y proteger a los menores moral o materialmente abandonados, desde su concepción hasta la mayoría de edad".
Por otra parte, existen una serie de normas originadas en compromisos internacionales en las que se protegen o reconocen derechos desde la concepción misma, tal como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ley Nº 16.137, de 28 de setiembre de 1990, particularmente sus artículos 6º y 24; el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Ley Nº 16.519, de 22 de julio de 1994, especialmente en su artículo 15.
Estamos ante un proyecto entonces que por vía del cambio de nomenclatura llamando despenalización lo que en verdad es legalización, convalida un mal social. No es argumento válido sostener que la mera existencia de una circunstancia en forma reiterada valida su legitimación. Es además un proyecto profundamente negador en materia de derechos humanos y anti solidario, que prohíja los derechos de los fuertes en detrimento del débil y del carenciado. No habrá sido la voluntad de sus proponentes, pero es su consecuencia innegable.
Dejaremos para la discusión en Sala otros análisis, pero ninguno de ellos dejará de tener en el centro los valores que se defienden por quienes creemos que la protección irrestricta de los derechos humanos debe hacerse en forma integral, y para todos los seres humanos y en caso de tener que elegir siempre empezando por aquellos derechos de quienes no pueden por su desamparo y debilidad, hacer valer los suyos.
Por lo expuesto los representantes del Partido Nacional reafirmamos una expresión positiva de defensa integral de todos los derechos humanos sin excepción, ratificamos el respeto a la Constitución de la República, los tratados internacionales ratificados por nuestro país, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como el Pacto de San José de Costa Rica y las leyes vigentes. En consecuencia no votamos el proyecto de ley remitido por el Senado de la República ni el proyecto sustitutivo que fuera introducido en el seno de la Comisión Especial por la bancada del Frente Amplio y el Diputado Iván Posada, recomendando al Cuerpo el rechazo del proyecto de ley en discusión de interrupción voluntaria del embarazo.
Artículo Único.- Recházase el proyecto de ley aprobado por el Senado de la República, en el que se establece un conjunto de normas tendientes a la legalización -despenalización- de la interrupción voluntaria del embarazo.
El proyecto de ley del aborto (bajo el nombre de interrupción voluntaria del embarazo) a estudio de la Cámara de Representantes, no debe ser aprobado. Pues, más allá de la finalidad que persigue (que no es muy clara), implica una dramática transformación del sistema jurídico uruguayo, de los valores en los cuales este reposa y de los propios fundamentos éticos, morales y filosóficos que sostienen el consenso a partir del cual se organiza la vida de nuestra sociedad.
Bajo un ampuloso (pero erróneo) rótulo de "interrupción voluntaria del embarazo", bajo muy discutibles argumentos y esgrimiendo un señorío de la voluntad del pueblo que al legislador no le corresponde, contra la naturaleza, contra la Ciencia y contra el Derecho, el proyecto hace gala, si no del menosprecio por la vida humana, por lo menos de asignarle a la vida de unos mayor valor que a la de otros (proyecto de ley, entonces, netamente discriminatorio, anticonstitucional y contradictorio con un sistema de valores y reglas de conducta del cual resulta la prohibición de discriminar).
Ningún desarrollo es necesario para dar cuenta del valor que representa la vida humana; solo basta recordar que es el primer elemento, la esencia, la sustancia primaria de toda la vida social y de todo el sistema jurídico, circunstancia que por sí sola explica la prioritaria ubicación que, en el orden de los Derechos Fundamentales del Hombre, le asigna nuestra carta constitucional, como explica, además, que el constituyente haya prohibido la aplicación de la pena de muerte.
La cuestión ética, moral, filosófica, religiosa, biológica y jurídica radica no en determinar el valor de la Vida Humana -en lo que parece que todos están de acuerdo- sino: 1º) cuál es el momento en que la vida humana se hace presente y, 2º) cuál es el estatuto jurídico del ser que existe a partir de la gestación, concepción o fecundación.
Se ha dicho en defensa de la idea que plasma el proyecto en discusión que "Los partidarios del régimen vigente, tanto como aquellos que se oponen al aborto en cualquier circunstancia imaginable, invocan la vida humana, en particular la vida del concebido, como un absoluto. En el otro extremo, los partidarios de la libertad de opción para la madre, a su vez, apelan a su autonomía también con el carácter de un absoluto. El presente proyecto de ley, en cambio, equidistante entre ambos polos, trata el problema desde el ángulo de un conflicto de valores. Acepta por ello el valor del concebido, sin ahondar en los matices o incluso las diferencias profundas, con que cada tradición ética o religiosa lo defiende, pero complementa la mirada atendiendo a ciertas circunstancias excepcionales que obligan al Estado a velar también por los derechos de la mujer.
En esencia, la clave de la fundamentación reside en optar por la senda del menor mal ante valores en conflicto, y en recordar que la salida civilizada cuando la humanidad enfrenta situaciones de esta naturaleza siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados.
Todas las modificaciones propuestas por el presente proyecto de ley apuntan a preservar, siempre que sea posible, todos los derechos y valores en juego: el derecho de nacer del concebido, los derechos de la mujer, y los derechos de la sociedad de construir una comunidad más digna para todos los ciudadanos. De ahí la inclusión de consejeros profesionales para acompañar la decisión de la mujer; la exigencia de un plazo de reflexión de cinco días para que la interesada ratifique su solicitud; la posibilidad de la renovación anual de la lista del personal de salud con objeciones de conciencia; y la exigencia de realizar y divulgar estadísticas anuales para evaluar periódicamente los efectos de la norma".
La afirmación constituye un verdadero sofisma, pues no es otra cosa que un razonamiento dirigido a defender o persuadir de lo que es falso. Porque no es verdad que se preserven los derechos del concebido, ni es verdad que el aborto sirva para construir una comunidad más digna para todos los ciudadanos.
No es verdad que se protejan los derechos del concebido, porque justamente se autoriza no la destrucción de un derecho, si no que al sujeto que lo ostenta (lo que es peor); y no es verdad que se construya una comunidad más digna, cuando se autoriza a alguien a disponer de la vida ajena y, todavía, sin la participación de quien contribuyó a su gestación. En cualquiera de los dos casos, la afirmación no es más que o una falacia o una petición de principios, en cuanto lo primero se desmiente porque se autoriza a destruir la vida del concebido y en cuanto lo segundo está por demostrarse.
La existencia de una certeza y de una duda no se puede desconocer al examinar con la profundidad que se merece un tema de tamaña envergadura. La certeza: que la vida humana es un devenir, un proceso biológico continúo; la duda: cuándo comienza el proceso y cuándo, además, esa vida humana está individualizada.
Juan R. Lacadena, Miembro de la Sociedad Internacional de Bioética, analizando las dos cuestiones, decía que "desde el punto de vista genético y biológico nadie duda que la nueva vida, como vida humana nueva, aparecería en el momento de la fecundación, y lo de "momento" lo tendría que decir entre comillas por lo que he dicho de la continuidad del proceso, en el sentido de que, entonces es cuando en el cigoto se reúne una información genética que es producto de dos entidades distintas, que eran los dos gametos, y que aparece una tercera entidad, el tercium, … en el cual hay una información genética que es específicamente humana en el sentido de que si se le deja desarrollar no dará lugar ni a un manzano, ni a un elefante, sino que dará lugar a un organismo humano. Pero una vez dicho esto, la cuestión es lo que sucede después. Lo que sucede después es que se pueden producir dos fenómenos, diríamos biológicos, de desarrollo, que cuestionan la individualidad de ese cigoto y ese embrión que acaba de iniciar el desarrollo. Son las propiedades de unicidad, es decir, la propiedad de ser único e irrepetible desde el punto de vista genético y la propiedad de unidad, que es la propiedad de ser una sola cosa."; y decía, además.: "Ese momento ¿cuándo ocurre en el tiempo, el límite de esa posibilidad de fusión?, pues aproximadamente a los catorce días, a partir del momento de la fecundación que coincide también con el momento en el que termina la anidación. Lo mismo podría decirse con la otra propiedad anterior, la de la unicidad y que cuando se produce espontáneamente unos gemelos monocigóticos por división cigótica del embrión, esa división de un embrión para dar lugar a dos o tres o más si fuera el caso, gemelos monocigóticos, eso puede producirse también hasta el mismo momento, la misma etapa (los catorce días después de la fecundación) que es cuando empieza a formarse la cresta neural. Eso significaría que desde el punto de vista genético, la unicidad y la unidad no quedan definidos hasta el día decimocuarto a partir de la fecundación. Y creo que cuando en todo el mundo se habla de esos catorce días en todas partes lo que se viene aceptando es estos hechos respecto a las dos propiedades de unicidad y unidad que definen la individualidad de un individuo".
Estas constataciones, que provienen de la evidencia empírica -y no de una cuestión de profesión de Fe-, son la causa de muy profundas discusiones y han dado lugar en el Derecho comparado a una muy cuidadosa reglamentación entorno a la posibilidad de manipulación de los embriones con fines científicos como al propio proceso de fecundación artificial: o han sido ignoradas por el proyecto de ley o, sin ser ignoradas, se disfrazan ocultándolas bajo el empleo de una terminología con la que se procura atenuar el impacto que significa aprobar la práctica del aborto, en forma libre y por la sola voluntad de la mujer.
Y, lo que es peor: se pone el acento en uno sólo de los seres que son parte del proceso de construcción de la vida humana, como si uno de ellos no contare, pues se le ignora olímpicamente, sea como embrión, sea como concebido, salvo -casualmente- para el caso en que se trata del aborto al que se podría llegar por una causa de justificación (la enfermedad o la violación).
En el aborto libre -aquel que prevén los artículos 2º y 3º- el embrión (el ser humano, de cuya existencia como tal no hay dudas) no cuenta; solamente importa la mujer embarazada durante todo el curso del largo artículo 2º, en el que, llamativamente, la referencia al otro ser, solamente aparece cuando se produce el nacimiento y se habla de hijo en adopción.
El mundo entero discute sobre el estatuto jurídico del embrión; ¿existen relativamente al embrión deberes de conducta que obliguen a su cuidado o, en cambio, solo existen -con este proyecto- unos derechos de un tercero (la mujer que lo engendra) a disponer libremente de él como si se tratare de una cosa? ¿Es el embrión humano -para el proyecto- un objeto de propiedad sobre el cual recae el derecho de gozar y usar de él como se quiera hasta el punto de su destrucción?
Tales son las preguntas a responder. Y la respuesta es: sí; porque la madre, podrá hacer de su hijo, o del nasciturus (del que está por nacer) lo que su voluntad, su estado de ánimo, la emoción o las circunstancias mejor le indiquen. Con lo cual el estatuto jurídico del embrión -del nasciturus- no es otro que el de una cosa.
Ello, desde el punto de vista moral, filosófico y jurídico no puede merecer aprobación.
Cuando el intérprete se para frente a la Constitución, mira su artículo 26 y encuentra que en él se prohíbe la pena de muerte y luego traslada la visión al proyecto de ley y ve que en él se pro hija la posibilidad de la destrucción de la vida humana por las solas circunstancias subjetivas de uno solo de los que ayudó a su formación, el intérprete queda perplejo ante la contradicción que implica, por un lado, prohibir la destrucción de la vida humana de un ser que (como el delincuente) es culpable y, por otro, permitir la destrucción de la vida de un ser (el concebido) que es por antonomasia es absolutamente inocente de cualquier dolor de la madre que lo aniquila.
Tratando de evitar toda la carga simbólica que la expresión aborto conlleva, el proyecto de ley habla de interrupción voluntaria del embarazo; ello, sin embargo, no alcanza para quitarle efecto alguno al procedimiento: la eliminación de la vida humana.
Tal efecto -o hecho humano y, como tal, acto jurídico- constituye una notoria agresión al ordenamiento jurídico vigente. Pues, por más que el proyecto evite hablar del concebido, de la concepción y del embrión, de los diferentes estadios que van apareciendo en el proceso de la gestación del nuevo ser humano, por más que trate de eludir lo que es un fenómeno complejo como el de la maternidad -que no es solo la existencia de una mujer embarazada, pues también es parte de ella el hijo engendrado-, el proyecto no puede evitar la agresión a un sistema que -como lo expresa Martín Risso Ferrand-: "De nada valen argumentos científicos respecto a partir del momento en que hay vida, ya que parece claro que es desde la concepción que se ha iniciado en forma clara el proceso que conduce, normalmente, al alumbramiento, y es desde aquel instante que corresponde hablar y proteger la vida, impuesta por la Constitución como bien jurídico primordial. A lo anterior debe agregarse que no sería admisible que, para determinar la titularidad de los derechos constitucionales, se utilizaran conceptos empleados por el ordenamiento jurídico inferior tales como el concepto de persona del Código Civil, ya que la Constitución no puede ser interpretada conforme al, ordenamiento jurídico inferior sin desnaturalizar el principio de jerarquía que rige nuestro derecho y la propia supremacía de la Carta. La interpretación contextual de las normas referidas (artículos 7º y 72) confirma plenamente lo anterior cuando reparamos en que el inciso segundo del artículo 42 establece que La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su Asistencia en caso de desamparo. El concepto de maternidad no refiere exclusivamente a la madre, sino a todo un proceso que transcurre desde la concepción e incluso termina con posterioridad al alumbramiento. Al mismo tiempo es claro que esta protección no refiere exclusivamente a la madre sino también al no nacido. Y todavía no puede perderse de vista que el Pacto de San José de Costa Rica -ratificado por nuestro país por Ley Nº 15.737 de marzo de 1985- prevé en su artículo 4º, apartado 1º, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.". Cuando el proyecto de ley deja a la voluntad de un sujeto -que expone lo que son sin dudas sus condiciones subjetivas, sin constatación alguna de su perimundo- no hay dudas que se está en presencia de un acto arbitrario.
No existen dudas respecto a que el aborto es un problema social. Pero el problema no puede ser resuelto con otro problema que (siendo a la vez, moral, ético y jurídico), genera una antinomia que pone en jaque al ordenamiento jurídico en su conjunto; antinomia que pone en crisis al sistema en su punto clave de apoyo, como lo es la vida humana, por cuanto el derecho a la vida -y particularmente al goce de la vida- ha sido puesto exactamente al mismo nivel que el derecho a su destrucción, por medio del aborto libre, ya que se establece el derecho de la mujer embarazada a exigir de todos quienes integran el Sistema Nacional de Salud que cuenten con las condiciones técnicas, profesionales y administrativas necesarias para hacerles posible el acceso a los procedimientos establecidos en la ley; y, para agravar más la cuestión, ninguna de las organizaciones que integren el sistema podrá negarse a satisfacer el derecho al aborto por ninguna razón relativa a las fines filosóficos, morales y religiosos que sean motivo fundacional de la institución requerida, hecho que genera una verdadera antinomia no ya solo dentro del ordenamiento jurídico en su conjunto (pues se agrede la libertad de conciencia en general, artículo 7º) sino que dentro del propio seno de la ley, ya que se le niega el derecho a elegir a la institución, mientras se le permite que si lo haga el profesional, quien, sin cortapisas puede oponer su "objeción de conciencia".
Y, todavía, si el proyecto se hace ley y luego cobra vida por la promulgación, la tendrá por la circunstancia personal de que al frente del Poder Ejecutivo se encuentra persona distinta a la anterior, que la vetó por sus convicciones personales; con lo cual habrá una ley más por las circunstancias personales que por la imposición de los hechos a cuya regulación el Derecho se dirige y que, todavía, no es verdadera expresión del consenso social que un tema de la magnitud como la del derecho a la vida lo merece.
Más aun: el proyecto de ley marca el camino al despeñadero de lo que constituye una de las claves de cualquier sistema social y jurídico: la responsabilidad individual. Sin responsabilidad no hay libertad, porque la libertad supone el ejercicio de actos responsables y, entonces: 1º) o no se puede admitir que con los programas de educación, el desarrollo de los medios de comunicación, el avance y desarrollo de la ciencia médica, se diga hoy que el aborto contempla situaciones indeseadas por la sorpresa o el descuido; o, 2º) se debe reconocer que ha fracasado por completo la ejecución de los mandatos de la Ley de salud sexual y reproductiva, que ha fracasado por completo la educación y que ha fracasado por completo la función que el Estado debe cumplir para cumplir con la Constitución y con la Ley. Ni el acto de irresponsabilidad individual ni el incumplimiento del Estado, pueden ser sustituidos por medio de una ley que permita la eliminación de la vida humana creada a partir de la irresponsabilidad individual y colectiva.
1 Dra. Graciela Dufau, Regulación Jurídica del Aborto en el Uruguay, edición de GREMCU-CLADEM, Montevideo, pág 12.
2 Datos del informe de gestión de maternidad 2011 del Ministerio de Salud Pública.
3 “El veto del Ejecutivo uruguayo a la despenalización del aborto: de construyendo sus fundamentos", Analía Banfi Vique, Oscar A. Cabrera, Fanny Gómez Lugo, Martín Hevia, Cuadernos Aportes al debate en salud, ciudadanía y derechos, MYSU.
TÍTULO XII – DE LOS DELITOS CONTRA LA PERSONALIDAD FÍSICA Y MORAL DEL HOMBRE
Artículo 325 (Aborto con consentimiento de la mujer).- La mujer que causare su aborto o lo consintiera será castigada con prisión, de tres a nueve meses.
Artículo 325-BIS (Del aborto efectuado con la colaboración de un tercero con el consentimiento de la mujer).- El que colabore en el aborto de una mujer con su consentimiento con actos de participación principal o secundaria será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión.