Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-456710950
Timestamp: 2020-07-10 16:56:31
Document Index: 177057996

Matched Legal Cases: ['artículo 278', 'artículo 278', 'Artículo 278', 'artículo 40', 'artículo 229', 'artículo 278', 'artículo 278', 'artículo 264', 'artículo 139', 'e contrario', 'artículo 40', 'artículo 164', 'artículo 13', 'artículo 40', 'artículo 229', 'artículo 278', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 136', 'artículo 40', 'Artículo 2', 'Artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 136', 'artículo 230']

Sentencia de Constitucionalidad nº 437/13 de Corte Constitucional, 10 de Julio de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 456710950
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 278 (parcial) de la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Aduce el demandante que el artículo acusado vulnera los artículos 13, 40-6 y 229 de la constitución, en razón a que la adición de cargos a la demanda inicialmente presentada, cuyas pretensiones tengan un contenido electoral, será procedente siempre y cuando no haya operado el fenómeno de la caducidad. En su sentir, el término es breve para contar el término de caducidad y además para determinar si la reforma a la demanda fue presentada en tiempo, lo cual afecta el contenido del derecho a la participación política y el acceso a la administración de justicia. La corte encuentra que la disposición acusada no contraviene los postulados constitucionales de igualdad, acceso a la administración de justicia, ni de participación política. Por el contrario considera, que la medida cuestionada realiza de forma adecuada, objetiva y razonable el fin del proceso electoral. Exequible.
C-437-13 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-437/13
Actor: C.M.I.S..
La S. Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados J.I.P.P. -quien la preside-, M.V.C.C., M.G.C., L.G.G.P., G.E.M.M., N.P.P., J.I.P.C., A.R.R. y L.E.V.S., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano C.M.I.S., demandó la constitucionalidad del artículo 278 (parcial) de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), por considerarlo contrario a los artículos 13, 40-6 y 229 de la Constitución Política.
En atención a lo anterior, comunicó el presente proceso al Presidente del Congreso de la República y al Ministerio de Justicia y del Derecho, e invitó a participar en el debate al Presidente del Consejo de Estado, al Consejo Nacional Electoral, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a las universidades de los Andes, Nacional, P.B., J., del Sinú Seccional Montería-, S.A., Externado de Colombia y del Rosario. Finalmente ordenó, en el término de fijación en lista, correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.
Artículo 278. Reforma de la demanda. La demanda podrá reformarse por una sola vez dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda al demandante y se resolverá dentro de los tres (3) días siguientes. Podrán adicionarse cargos contra el acto cuya nulidad se pretende siempre que no haya operado la caducidad, en caso contrario se rechazará la reforma en relación con estos cargos. Contra el auto que resuelva sobre la admisión de la reforma de la demanda no procederá recurso
El ciudadano se pregunta ¿Por qué a quien demanda en nulidad simple, también en defensa de la Constitución y la Ley, sin el apremio del término de caducidad de la acción, se le permite reformar la demanda en cuanto a las partes, las pretensiones, los hechos en que se fundamentan, o las pruebas, y por qué a quien demanda en nulidad electoral también con el mismo objetivo de defensa, con el apremio de un corto término de caducidad (20 días) no se le permite reformar la demanda si ya venció éste? ¿Por qué en el ejercicio de una acción mixta, como la de nulidad y restablecimiento del derecho, que no obstante respecto del componente de nulidad conserva el mismo propósito de las anteriores, a pesar de que también lo anima un componente económico tiene el accionante también el derecho a reformar la demanda dentro de un plazo procesal propio, a pesar de haber tenido cuatro meses para accionar, y por qué, a quien demanda en nulidad electoral con el mismo objetivo de defensa que tiene el componente de nulidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el apremio de un corto término de caducidad (20 días), no se le permite reformar la demanda con referencia a un término procesal propio sino con referencia a uno ya vencido que hace nugatorio su derecho de accionar?
Debiera ser todo lo contrario, a quien demanda en defensa de la Constitución y la Ley, con el apremio de un término de caducidad corto, debería rodeársele de mayores garantías procesales y no limitarle su derecho a accionar, que es lo que hace la disposición acusada al remitir una etapa procesal a un término ya vencido, para hacerla nugatoria
1.2.2 Frente al desconocimiento del artículo 40-6, el cual consagra el derecho a la participación política, sostiene que se le impide al demandante ejercer plenamente la acción de nulidad electoral porque una vez se instaura la demanda se le restringe en el tiempo, sin justificación objetiva y razonable alguna, la posibilidad de reformar la demanda con nuevos cargos si el término de caducidad ya ha caducado. Agrega que un ciudadano que ejerce la acción de nulidad electoral en defensa de la legalidad en abstracto, debe tener la posibilidad de reformar la demanda sin sujeción al vencimiento del término de caducidad. En su sentir, el término para reformar la demanda debe venir con la apertura del proceso y tener un tiempo propio y no el del término de caducidad de veinte días, que ya es una etapa extraprocesal previa y agotada. Además, dice que Disponer respecto de una etapa procesal que el término para hacer uso de ella, es el mismo de una anterior ya precluida es negar la existencia de la etapa procesal
1.2.3 Con respecto a la vulneración del artículo 229 Superior, aduce que desconoce los tres pilares del derecho a acceder a la administración de justicia, en los términos de la jurisprudencia constitucional, a saber: i) la posibilidad de acudir ante el juez competente, ii) que el problema planteado sea resuelto y iii) que tal decisión se cumpla de manera efectiva
El 28 de enero de 2013, el Presidente del Consejo de Estado y uno de los integrantes de la S. de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concurrieron al proceso de la referencia en defensa de la constitucionalidad del aparte demandado del artículo 278 de la Ley 1437 de 2011, con base en los siguientes argumentos:
Agregado a lo anterior, indican, el nuevo Código fijó unas reglas propias para este proceso en el título VIII Disposiciones especiales para el trámite y decisión de las pretensiones de contenido electoral de la Parte Segunda, cuyo propósito se circunscribe a precisar determinadas particularidades procesales e imprimirle celeridad a la tramitación y a la decisión del proceso, pues su objetivo es definir con especial diligencia la situación de la autoridad que se encuentra en entredicho, en relación con su elección o nombramiento, con el fin de garantizar la estabilidad institucional y la realización de una pronta y cumplida justicia.
1.3.3.2 Refiere que el artículo 278 demandado, que regula la reforma de la demanda en las pretensiones electorales, limita la posibilidad de reformarla en los siguientes términos: podrán adicionarse cargos contra el acto cuya nulidad se pretende siempre que no haya operado la caducidad ()
1.3.4.2 Esta urgencia se deriva del mandato constitucional contenido en el parágrafo del artículo 264, según el cual la Jurisdicción Contenciosa Administrativa debe decidir la acción de nulidad electoral en un término máximo de un año si se trata de asuntos de doble instancia y en un término máximo de seis meses para los casos de única instancia. Para el logro de este cometido, el Constituyente le otorgó al Consejo de Estado la función de conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley, cuyo desarrollo normativo se encuentra consagrado en el artículo 139 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo.
1.3.4.3 Indican que de este precepto se derivan las siguientes características: (i) se trata de una acción pública, pero que contrario a lo que refiere el actor, no es exclusiva de los ciudadanos, por lo cual, no puede entenderse directa y exclusivamente derivada del artículo 40-6 constitucional, norma que establece los derechos de los ciudadanos relacionados con la conformación, ejercicio y control del poder político. Aclaran que si bien existen acciones públicas cuyos únicos titulares son los ciudadanos, como la acción de nulidad por inconstitucionalidad, también lo es que en el ordenamiento jurídico se encuentran previstas acciones públicas que pueden ser ejercidas por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera- como la acción de nulidad o la de nulidad electoral; (ii) pretende la nulidad de los actos administrativos de carácter electoral que se encuentran amparados por el principio de legalidad; (iii) es de carácter temporal, y el artículo 164-2 del Código de Procedimiento Administrativo establece la oportunidad para interponer la pretensión de nulidad electoral, el cual es de treinta días; y (iv) los asuntos propios de la acción electoral no son susceptibles de conciliación ni de desistimiento.
2.2.1.2 Al respecto, la S. considera que los cargos formulados por el actor acerca de la vulneración de los derechos a la igualdad (artículo 13), a la participación política (artículo 40) y al acceso a la administración de justicia (artículo 229), logran generar dudas sobre la constitucionalidad de la norma parcial acusada. En efecto, el ciudadano cuestiona que el término de caducidad de la acción electoral, el cual califica como breve, es el mismo tiempo dentro del cual puede optarse para presentar la reforma a la demanda formulando nuevos cargos, por tanto, la S. encuentra que el fundamento sobre el cual el demandante erige los cargos de inconstitucionalidad reúne el requisito de suficiencia, ya que es evidente que la inconformidad del actor radica en que siendo breve el término de caducidad de la acción electoral, dentro de este mismo lapso debe procederse a presentar la reforma a la demanda con adición de cargos. Teniendo en cuenta este reproche, la comparación que realiza el actor entre el contenido de la disposición legal y las normas constitucionales cumple con el requisito de pertinencia y suficiencia, pues evidencia que otras acciones públicas cuentan con términos procesales diferentes para el ejercicio de la acción y para la reforma de la demanda, lo cual, encuentra vulneratorio del derecho a la igualdad.
Por lo expuesto, a juicio de esta S., el demandante efectivamente logra generar dudas sobre la constitucionalidad de las expresiones acusadas a la luz del contenido de los artículos 13, 40-6 y 229 Superiores, específicamente que el término de caducidad de la acción electoral se torna breve para adicionar nuevos cargos a través de la reforma de la demanda, y que dicho término no debería utilizarse como referencia para determinar la presentación en tiempo o la extemporaneidad de la reforma al libelo por tratarse de etapas procesales diferentes; en consecuencia, esta S. encuentra razonable abordar el análisis de la constitucionalidad de la norma parcialmente acusada frente a estos cargos.
2.3.4 En virtud de lo expuesto, corresponde a la S. determinar, si el artículo 278 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, al establecer que puede presentarse la reforma a la demanda formulando nuevos cargos, siempre y cuando se respete el término de caducidad establecido para ejercer la acción electoral, vulnera el derecho a la igualdad, por cuanto en otras acciones administrativas los términos para ejercer el derecho de acción y, posteriormente, para reformar la demanda tienen un escenario procesal autónomo, como también si dicho término, ante su brevedad, limita los derechos a la participación política y de acceso a la administración de justicia.
2.3.5 Para resolver este problema, la S. analizará (i) el principio de libertad de configuración legislativa en materia de procesos y acciones, específicamente para fijar términos de caducidad; (ii) el derecho al acceso a la administración de justicia; (iii) la naturaleza jurídica del medio de control electoral; acápite dentro del cual se hará alusión al pronunciamiento de esta Corporación en la sentencia C-781 de 1999 y; con base en lo anterior, se examinará (iv) la constitucionalidad de la disposición parcialmente censurada.
2.3.1.1 La Corte Constitucional[3] ha señalado que según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República [e]xpedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Con base en esta competencia y en general en la importancia que la ley posee como fuente del Derecho, el Legislador goza, por mandato constitucional, de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial[4].
2.3.1.2 En este sentido, al legislador le ha sido reconocida una amplia potestad de configuración normativa en materia de la definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada juicio[5], a partir de la cual, le corresponde evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial[6]. (Subraya fuera de texto)
(iv) Definir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, los poderes y deberes del juez y aún las exigencias de la participación de terceros intervinientes, ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos[11].
(v) Como aspecto esencial de dicho poder y especialmente relevante para el proceso, se encuentra la libertad de configuración de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades. Punto sobre el cual precisó la sentencia C-1104 de 2001[12]: Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso -reposición, apelación, u otro- tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos -positivos y negativos- que deben darse para su ejercicio[13].
2.3.1.5 Por lo anterior, la Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad pues sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto.[16] Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización.[17]
2.3.1.7 Específicamente la figura procesal de la caducidad, ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico[21]
2.3.1.8 Acerca de la competencia legislativa en materia del término de caducidad, en la sentencia C-800 de 2000 (M.P.J.G.H.G., se expuso lo siguiente:
Dígase ante todo que es función del legislador la de establecer los términos de caducidad de las acciones y que, al fijar un determinado lapso para acudir a los estrados judiciales, aquél goza de una discrecionalidad que, no siendo absoluta, sí implica, sin embargo, un margen suficiente para evaluar, con base en la verificación que haga el Congreso sobre lo que ocurre en el entorno social, cuál debería ser la extensión temporal reconocida a las personas para el ejercicio de los mecanismos orientados a la iniciación de los procesos.
En fin, la mayor o menor brevedad de los términos legales ha de corresponder normalmente al juicio que sobre el asunto respectivo se haya formado el legislador, por lo cual no existe en la generalidad de los casos un parámetro del que pueda disponer el juez de constitucionalidad para evaluar si unos días o meses adicionales habrían podido garantizar mejor las posibilidades de llegada ante los tribunales. Y, a no ser que de manera evidente el término, relacionado con derechos materiales de las personas, se halle irrisorio, o que se hagan nugatorias las posibilidades de defensa o acción, no puede deducirse a priori que el término reducido contraríe de suyo mandatos constitucionales
2.4.1.1 El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efectiva[22] se ha definido como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes [23].
2.4.1.3 En este sentido, el derecho a la administración de justicia no se entiende concluido con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; sino que debe ser efectivo[25], por lo cual el mismo no cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y procedimientos, sino que requiere que éstos resulten realmente idóneos y eficaces, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así: (...) la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. [26]
(i) La Sentencia T-240 de 2002 señaló que para que el acceso a la administración de justicia sea efectivo, son necesarias tres condiciones: 1) tener la oportunidad de iniciar la acción ante los jueces competentes; 2) disponer de los recursos necesarios para ejercer los derechos dentro del proceso; y 3) Contar con la posibilidad de obtener la prueba necesaria a la fundamentación de las peticiones que se eleven ante el juez[27].
(ii) La sentencia C-426 de 2002, posteriormente acogida por la sentencia C-662 de 2004 señaló que el derecho a la administración de justicia compromete: (i) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso, y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos..[28]
(iii) La sentencia C-1177 de 2005 señaló que el derecho a la administración de justicia compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos[29]; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares[30]; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas[31], y que ella se produzca dentro de un plazo razonables[32]; (iv) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso[33].
(iv) Por su parte, en la Sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional señaló que el derecho al acceso a la administración de justicia se manifiesta en el ordenamiento jurídico de diversas formas: (i) permite la existencia de diferentes acciones y recursos para la solución de los conflictos; (ii) garantiza la posibilidad de que las personas acudan a los jueces con el propósito de procurar la defensa de sus derechos o del orden jurídico; y (iii) asegura que a través de procedimientos adecuados e idóneos los conflictos sean decididos de fondo, en términos razonables, sin dilaciones injustificadas, de acuerdo con las justas expectativas de quienes acuden a la jurisdicción para resolver sus conflictos[34].
2.4.2.2 En este sentido, en virtud de la cláusula general de competencia consagrada en el numeral 2° del artículo 150 Superior, la regulación de los procedimientos judiciales, su acceso, etapas, características, formas, plazos y términos es atribución exclusiva del legislador, el cual, atendiendo a las circunstancias socio-políticas del país y a los requerimientos de justicia, goza para tales efectos de un amplio margen de configuración tan sólo limitado por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales[37].
(...) (E)l derecho de acceso a la administración de justicia resultaría seriamente afectado en su núcleo esencial si, como lo anotó la Corte, este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie[44]. Tal interpretación, evidentemente llevaría a la parálisis total del aparato encargado de administrar justicia, e implicaría per se la inobservancia de ciertos derechos de los gobernados, en particular aquel que tienen las personas de obtener pronta y cumplida justicia.
(...) (E)n virtud de la cláusula general de competencia (Art. 150-2), el legislador está ampliamente facultado para fijar los procedimientos judiciales y, en particular, los términos que conducen a su realización, siempre y cuando los mismos sean razonables y estén dirigidos a garantizar el derecho sustancial.[45]
2.4.2.5 De esta manera, el derecho de acceso a la administración de justicia no es absoluto, sino que puede ser objeto de limitaciones y condicionamientos en su regulación legal[46], tales como los límites temporales dentro de los cuales debe hacerse uso de las acciones judiciales, o los requisitos de procedibilidad para poner en movimiento el aparato judicial, -como exigir el agotamiento previo de la vía gubernativa-, o condiciones al acceso a la justicia, como la intervención mediante abogado o a la observancia de determinados requisitos de técnica jurídica[47].
El legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial[49]. Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º).
Estos límites están representados por la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art. 1º de la Constitución); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (CP arts. 5, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83)[50].
2.4.2.7 En atención a referentes Superiores como los señalados, la Corte tiene establecido que la legitimidad de las normas procesales y el desarrollo del derecho al debido proceso están dados por su proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas[51]. Igualmente, es necesario que el acceso y el procedimiento que lo desarrolla, sea igualmente interpretado a la luz del ordenamiento superior, en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley[52]
La S. recuerda que la caducidad es un modo de limitar el ejercicio del derecho de acción con ocasión del transcurso del tiempo y tiene como finalidad la consolidación de situaciones jurídicas de manera que se tenga certeza de sus consecuencias. Este fenómeno procesal a la luz del contencioso electoral, tiene como característica que es breve, pues ello garantiza a los candidatos elegidos en cargos de elección popular, la certeza jurídica respecto de que fue legítimo su acceso a la función pública. Este término legal para el ejercicio de este medio de control tiene carácter objetivo. El contencioso electoral, de carácter público, propende por la preservación de la legalidad en abstracto. No es un juicio para la defensa de un derecho subjetivo, ni a través del cual se pueda obtener un restablecimiento del derecho. Por tal virtud, situaciones particulares subjetivas del demandante para ejercerlo, no le desvirtúan su naturaleza de proceso objetivo de legalidad que es. Por esta razón, explicaciones y motivos como los que plantea el impugnante no pueden excepcionar la regla de la contabilización de la caducidad, que está fundada, como ya se dijo, en razones de interés público dirigidas a proteger la institucionalidad y la gobernabilidad, incluso frente a la comunidad electoral, confiriéndole certeza a la elección y seguridad en la legitimidad de los dignatarios que apoyó en las urnas[54]
En este punto, es importante mencionar que el Código Contencioso Administrativo sólo hacía alusión a la corrección de la demanda en el artículo 230[55]. El Consejo de Estado fijó el alcance de dicha expresión en su jurisprudencia y concluyó que como el artículo 230 no había establecido distinción entre sustitución, reforma y demás aclaraciones y correcciones, no existía razón alguna para restringir el sentido de la expresión corrección a que dentro de este término no se pudiera también aclarar o reformar la demanda, máxime cuando existía un término breve de caducidad.
En el proceso No. 44001-23-31-000-2009-00082-02 del 14 de octubre de 2010. C.P.: S.B.V., se reiteró el objeto especialísimo del juicio contencioso electoral en razón a que el mismo estaba dispuesto para definir la constitucionalidad y la legalidad de los actos de elección y/o nombramiento. En este sentido, destacó que el término de caducidad breve, en ese momento de 20 días, contado a partir del día siguiente al que se declaraba la elección o se realizara el nombramiento, era necesario para definir con prontitud y celeridad la legitimidad de dichos actos con el propósito de otorgar certeza a los actos de la administración que habilitaban el acceso a la función pública. En esta medida, consideró, dicho término es coherente no sólo con el tiempo otorgado al demandante para que ejerza su derecho a presentar y corregir la demanda, sino también con el contenido material sujeto a corrección y recordó que, conforme con reiterada jurisprudencia, los aspectos que se relacionaban con la adición de nuevos reproches contra los actos demandados debían presentarse observando el término de caducidad establecido en el artículo 136-12 del Código Contencioso Administrativo.
Mediante sentencia proferida por el Consejo de Estado, proceso No. 23001-23-31-000-2007-00569-01 del 11 de marzo de 2010. Consejero Ponente: M.T.C., se reiteró que si bien era cierto que dentro del proceso electoral procedía la corrección de la demanda, también lo era que dicha posibilidad estaba sujeta a que la corrección se efectuara antes de que quedara en firme el auto que admitiera la demanda, y que ésta, si consistía en la formulación de nuevos cargos, se presentara bajo la observancia del término de caducidad. Con base en pronunciamientos anteriores de la jurisprudencia de la Sección Quinta, refuerza la anterior tesis, en los cuales también se enfatiza la necesidad de reafirmar el principio de la preclusión o eventualidad en el proceso electoral salvaguardando el término perentorio e improrrogable del término de caducidad de la acción tanto para presentar la demanda como para formular nuevos cargos a través de la corrección de la misma (Expediente 2007-00236-01 del 2 de octubre de 2008)
´´() una lectura conjunta de los artículos 230 y 136 numeral 12 del C.C.A., sólo permite arribar a una conclusión en cuanto a la oportunidad de corrección de la demanda cuando las modificaciones están encaminadas a la inclusión de nuevos cargos, consistente en que la demanda es corregible con tal propósito, siempre que a la fecha de hacerlo la caducidad de la acción no haya operado, puesto que si tal suceso ya se presentó, a la parte demandante se le cierra toda posibilidad de extender los cargos o ampliar los casos inicialmente consignados en la demanda. De admitirse esta posibilidad se desnaturalizaría el proceso electoral, marcado por los principios de celeridad y seguridad jurídica, puesto que el término de caducidad (20 días) dejaría de ser perentorio e improrrogable para estar a discreción de los accionantes, quienes podrían bajo tal tesis corregir la demanda con nuevos cargos cuando legalmente la posibilidad de accionar ha cesado
Como los fundamentos desarrollados por la S. Plena en dicha oportunidad son de gran relevancia para resolver el problema jurídico planteado por el actor, se transcriben los apartes que se consideran relevantes para el análisis del caso concreto:
La consagración de un término de caducidad de 20 días, como el que establece la norma demandada para el caso de las acciones electorales, no resulta violatorio de la Constitución, pues (a.) responde al libre ejercicio de las funciones que la propia Carta Fundamental otorga al legislador -i.e. libertad de configuración legislativa-, y (b.) tiene la finalidad de dar certeza a actos que, como los que declaran una elección o hacen un nombramiento, no pueden quedar suspendidos indefinidamente en el tiempo, so pena de vulnerar los derechos reconocidos por la propia Carta Política a los aspirantes a ocupar un cargo o a los funcionarios ya electos (artículo 40 inciso 1 y numeral 1), y las garantías de la comunidad, expresadas en la aspiración a gozar de un sistema administrativo, legislativo y judicial -i.e. un orden político- estables, en clara concordancia con el principio de seguridad jurídica
De otro lado, resulta necesario dotar de firmeza a las determinaciones oficiales estableciendo un momento a partir del cual, ya no es posible controvertir algunas actuaciones. De lo contrario, el sistema jurídico se vería avocado a un estado de permanente latencia en donde la incertidumbre e imprecisión que rodearían el quehacer estatal, entorpecería el desarrollo de las funciones públicas
Ahora bien: los términos de caducidad no pueden interpretarse como una forma de negar el acceso a la justicia, precisamente porque la limitación del plazo para impugnar ciertos actos -y es algo en lo que se debe insistir- está sustentada en el principio de seguridad jurídica y crea una carga proporcionada en cabeza de los ciudadanos para que se interesen y participen prontamente en el control de actos que vulneran el ordenamiento jurídico
3.1.1 Con respecto al cargo formulado por el demandante frente al desconocimiento del derecho a la igualdad, fundamentado en que, a su parecer, dentro del trámite de la acción electoral el término de caducidad no sólo se tiene en cuenta para ejercer la acción sino también para reformar la demanda si se pretende la adición de nuevos cargos, mientras que en otras acciones contenciosas como la de nulidad, no se limita su ejercicio a ningún término, y en el de la nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, el tiempo para interponer la acción y el de reformar la demanda son diferentes y corresponden a etapas procesales autónomas; agregando que al igual que las acciones contenciosas frente a las cuales realiza la comparación, quien formula pretensiones de contenido electoral también lo hace en defensa de los intereses del Estado y de la Sociedad en general, la S. advierte que dicho cargo no está llamado a prosperar por las siguientes razones:
Para iniciar, en reiterada jurisprudencia se ha establecido que de acuerdo con el criterio de interpretación fijado por este Tribunal, la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales. En relación con los destinatarios de la ley, es de resaltarse que la máxima de la igualdad se entiende quebrantada, no por el hecho de que el legislador haya previsto un trato desigual entre unos y otros sujetos, sino como consecuencia de que tal diferencia normativa resulte arbitraria y desprovista de una justificación objetiva y razonable, generando una verdadera discriminación. Desde este punto de vista, puede afirmarse que el legislador goza de un cierto margen de libertad de configuración normativa para regular de manera diferente una determinada situación jurídica, diferencia que sólo resulta discriminatoria si no se encuentra razonablemente justificada[59]
Ese acto de nombramiento no es demandable en ejercicio de la acción de simple nulidad, como lo entendió el Tribunal. Lo es, si, mediante esa acción, pero en la modalidad electoral que presenta similitudes y unas importantes diferencias con aquella. La acción de simple nulidad, así como la de carácter electoral, tiene como finalidad la de mantener la legalidad abstracta, el orden jurídico, y, en modo alguno, el restablecimiento de derechos subjetivos o particulares, y puede ejercerse por cualquier persona. Pero mientras la primera puede promoverse en cualquier tiempo, la de nulidad de carácter electoral, por el contrario, debe ejercerse dentro del término establecido en la ley. Y mientras una se tramita por el proceso ordinario establecido en el Código Contencioso Administrativo, la otra debe adelantarse por el procedimiento electoral[60]
3.1.2 Frente al desconocimiento del derecho al acceso a la administración de justicia y a la participación política, esta S. evidencia que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el legislador goza de una amplia potestad de configuración normativa para definir las formas propias de cada juicio que incluye la fijación de términos como el de la caducidad de las acciones y las cargas procesales de las partes para asegurar la eficacia y la celeridad del respectivo trámite procesal.
Esta Corporación encuentra que la expresión demandada siempre que no haya operado la caducidad, en caso contrario se rechazará la reforma en relación con estos cargos no desconoce el contenido del derecho al acceso a la administración de justicia ni de participación política, porque no es una medida que se torne caprichosa en razón al fin constitucional que persigue y, en consecuencia, a la naturaleza jurídica del proceso, por las siguientes razones:
Aunque esta S. encuentra que la referencia al término de caducidad para reformar la demanda, cuando se trate de adicionar nuevos cargos, es constitucional, considera necesario enfatizar que, en razón de que se trata de un término reducido, el juez administrativo debe hacer uso de sus facultades oficiosas para desplegar una actividad probatoria cualificada dentro del trámite del proceso electoral.
[1] Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
[2] M.P.M.J.C.E..
[3] Sentencias de la Corte Constitucional C-005 de 1996, M.P.J.G.H.G.; C-346 de 1997, M.P.A.B.C.; C-680 de 1998, M.P.C.G.D.; C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; C-384 de 2000, M.P.V.N.M.; C-803 de 2000, M.P.E.C.M.; C-596 de 2000, M.P.A.B.C.; C-1717 de 2000, M.P.C.G.D.; C-1104 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-1512 de 2000, M.P.Á.T.G.; C-1104 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-426 de 2002, M.P.R.E.G.; C-316 de 2002, M.P.M.G.M.C.; C-798 de 2003, M.P.J.C.T.; C-204 de 2003, M.P.Á.T.G.; C-039 de 2004, M.P.R.E.G.; C-1091 de 2003, M.P.M.J.C.E.; C-899 de 2003, M.P.M.G.M.C.; C-318 de 2003, M.P.J.A.R..
[4] Sentencia de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P.A.B.S..
[5] Sentencia de la Corte Constitucional C-043 de 2002. M.P.Á.T.G.
[6] Sentencias de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P.A.B.S.; C-1104 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-893 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-309 de 2002, M.P.J.C.T.; C-314 de 2002, M.P.M.G.M.C.; C-646 de 2002, M.P.Á.T.G.; C-123 de 2003, M.P.Á.T.G.; C-234 de 2003, M.P.J.A.R.; C-1146 de 2004, M.P.H.A.S.P.; C-275 de 2006, M.P.Á.T.G.; C-398 de 2006, M.P.A.B.S.; C-718 de 2006, M.P.Á.T.G.; C-738 de 2006, M.P.M.G.M.C.; Sentencia de la Corte Constitucional C-1186 de 2008, M.P.M.J.C.E..
[7] Sentencia de la Corte Constitucional C-316 de 2002, M.P.M.G.M.C.
[8] Sentencia de la Corte Constitucional C-203 de 2011, M.P.J.C.H.P.
[9] Sentencia de la Corte Constitucional C-728 de 2000, M.P.E.C.M.
[10] Sentencia de la Corte Constitucional C-111 de 2000, M.P.Á.T.G..
[11] En el mismo sentido, Sentencia de la Corte Constitucional C-573 de 2003, M.P.J.C.T. en la cual se encontró exequible la disminución, en la tercera licitación, de la base de la licitación hasta en un 40% contemplada para los procesos ejecutivos.
[13] Sentencias de la Corte Constitucional C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; C-384 de 2000, M.P.V.N.M. y C-803 de 2000, M.P.E.C.M. entre otras.
[14] Sentencia de la Corte Constitucional C-316 de 2002, M.P.M.G.M.C.; Sentencia de la Corte Constitucional C-227 de 2009, M.P.L.E.V.S..
[15] Sentencia de la Corte Constitucional C-012 de 2002, M.P.J.A.R..
[16] Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P.V.N.M..
[17] Ibidem Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000 M.P.Á.T.G..
[18] Sentencia de la Corte Constitucional C-095 de 2001. M.P.J.G.H..
[19] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000. Á.T.G.
[20] Sentencia de la Corte Constitucional C-662 de 2004. M.P.(E) R.U.Y.
[21] Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009. M.P.L.E.V.S.
[22] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.R.E.G..
[23] Sentencia de la Corte Constitucional C-1083 de 2005, M.P.J.A.R.
[24] Sentencias de la Corte Constitucional C-985 de 2005, M.P.A.B.S. y T-292 de 1999 M.P.J.G.H.G..
[25] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.R.E.G.; C-037 de 1996, M.P.V.N.M.
[27] Sentencia de la Corte Constitucional T-240 de 2002, M.P.J.A.R..
[28] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002. M.P.R.E.G.; C-662 de 2004. M.P.R.U.Y..
[29] Sentencias de la Corte Constitucional T-597 de 1992, M.P.C.A.B.; SU-067 de 1993; M.P.C.A.B. y F.M.D.; T-451 de 1993, M.P.J.A.M.; T-268 de 1996, M.P.A.B.C..
[30] Sentencias de la Corte Constitucional SU-067 de 1993, M.P.C.A.B. y F.M.D.; T-275 de 1994; M.P.A.M.C.; T-416 de 1994, M.P.A.B.C.; T-502 de 1997 M.P.H.H.V.; C-652 de 1997, M.P.V.N.M.; C-742 de 1999, M.P.J.G.H.
[31] Sentencias de la Corte Constitucional T-399 de 1993, M.P.J.G.H.G.; C-544 de 1993, M.P.A.B.C.; T-416 de 1994, M.P.A.B.C.; T-502 de 1997, M.P.H.H.V..
[32] Sentencias de la Corte Constitucional T-399 de 1993, M.P.J.G.H.G.; C-544 de 1993, M.P.A.B.C.; T-416 de 1994, M.P.A.B.C.; T-502 de 1997, M.P.H.H.V.; C-1195 de 2001, M.P.G.M.C. y M.J.C..
[33] Sentencias de la Corte Constitucional T-046 de 1993, M.P.E.C.M.; C-093 de 1993, M.P.F.M.D. y A.M.C.; C-301 de 1993, M.P.E.C.M.; C-544 de 1993, M.P.A.B.C.; T-268 de 1996, M.P.A.B.C., C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; Sentencia de la Corte Constitucional C-1177 de 2005, M.P.J.C.T..
[35] Sentencia de la Corte Constitucional C-662 de 2004. M.P.R.U.Y.
[36] Sentencia de la Corte Constitucional C-1043 de 2000, M.P.Á.T.G.
[37] Sentencia de la Corte Constitucional C-428 de 2002, M.P.R.E.G.; Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.R.E.G..
[38] Sentencia de la Corte Constitucional C-1104 de 2001, M.P.Clara I.V..
[39] Sentencia de la Corte Constitucional C-183 de 2007, M.P.M.J.C.E..
[40] Sentencias de la Corte Constitucional C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; C-384 de 2000, M.P.V.N.M. y C-803 de 2000, M.P.E.C.M., entre otras.
[41] Sentencia de la Corte Constitucional C-111 de 2000, M.P.Á.T.G..
[42] Sentencia de la Corte Constitucional C-1270 de 2000, M.P.A.B.C..
[43] Sentencia de la Corte Constitucional C-1104 de 2001. M.P.C.I.V..
[44] Sentencia de la Corte Constitucional C-351 de 1994, M.P.H.H.V..
[45] Sentencia de la Corte Constitucional C-652 de 1997, M.P.V.N.M.. En este fallo la Corte encontró conforme a la Carta el establecimiento de plazos perentorios para el ejercicio de determinados recursos procesales en casos de violencia intrafamiliar, vencidos los cuales ya no era posible interponerlos pues existe un interés general por parte del Estado y de la sociedad para que los procesos judiciales se surtan en forma oportuna y diligente.
[46] Sentencia de la Corte Constitucional C-1177 de 2005, M.P.J.C.T.; Sentencia de la Corte Constitucional C-183 de 2007, M.P.M.J.C.E..
[47] Sentencias de la Corte Constitucional C-183 de 2007, M.P.M.J.C.E. y C-662 de 2004, M.P.(E). R.U.Y.
[48] Sentencias de la Corte Constitucional C-781 de 1999, M.P.C.G.D. y C-985 de 2010, M.P.J.I.P.C..
[50] Sentencia de la Corte Constitucional C-372/11, M.P.J.I.P.C..
[51] Sentencia de la Corte Constitucional C-372/11, M.P.J.I.P.C..
[52] Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009. M.P.L.E.V.S.
[54] Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. C.P.: S.B.V.. Radicación No. 05001-23-31-000-2012-00752-01 del 21 de febrero de 2013.
[55] Artículo 230.-Modificado. Ley 96 de 1985, art. 66. La demanda puede ser corregida antes de que quede en firme el auto que la admita y sobre la corrección se resolverá dentro de los dos (2) días siguientes
[56] Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejero Ponente: R.C.B.. Radicación número: 23001-23-31-000-2003-01456-01(3906) del 23 de marzo de 2006:
por razones ligadas a los principios de celeridad y de seguridad jurídica, así como por la necesidad de garantizar el derecho de defensa del demandado, las posibilidades de reformar la demanda han sido doblemente restringidas; en primer lugar, por el artículo 230 del Código Contencioso Administrativo y en segundo término, por el numeral 12 del artículo 136 ibídem. Una y otra norma constituyen límites para las posibilidades de reforma de la demanda; pero mientras el vencimiento del término para corregir la demanda no impide necesariamente el ejercicio de la acción de nulidad electoral, pues si no ha caducado los ciudadanos pueden formular otras demandas con fundamento en los motivos que no expusieron en la primera, el vencimiento del término de caducidad de la acción sí impide que pueda ser modificada, pues se entiende que fue presentada en ejercicio de aquella, para cuyo ejercicio la ley establece un término perentorio. Admitir que la demanda pueda ser reformada luego de vencido el término de caducidad de la acción implica que ésta puede seguir siendo ejercida, lo que resulta contradictorio. Por lo expuesto, la corrección de la demanda regulada por el artículo 230 del Código Contencioso Administrativo, está sujeta a que la acción de nulidad no haya caducado, pues si ello ocurrió dicha corrección queda limitada a la aclaración de la causa petendi, las partes, las pretensiones y pruebas inicialmente propuestas, así como a la supresión de algunas de éstas, mas no a la adición de nuevas. La solución anterior no vulnera el derecho de defensa del demandado, ni el interés que la sociedad y el Estado tienen en que las situaciones jurídicas que derivan de nombramientos y elecciones queden en firme a la mayor brevedad posible. Precisa, además, el alcance del derecho de los ciudadanos de acceder a la administración de justicia y a ejercer acciones en defensa de la Constitución y de la ley
[57] M.P.C.G.D.
[59] Corte Constitucional, sentencia C-1115 de 2004. M.P.R.E.G..
[60] Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejero Ponente: D.Q.P.. Radicación número 2407 del 4 de agosto de 2000.