Source: https://psicolog.org/se-presenta-como-amicus-curiae.html
Timestamp: 2020-07-05 03:33:13
Document Index: 304747886

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 75', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 13']

Ibañez Manuel Leandro y otros casos/ Diligencia preliminar contra instituciones financieras no determinadas” (
1.2 El derecho al acceso a la información bajo el derecho internacional 1.2.1 El derecho al acceso a la información en las Naciones Unidas
Las Dras y abogadas Sabine Michalowski y Clara Sandoval de la Escuela de Derecho y del ETJN; Diana Morales Coordinadora del ETJN,; El profesor y abogado Sheldon Leader y el Dr. Youseph Farah de la Escuela de Derecho y del EBHRP, todos de la Universidad de Essex en Inglaterra, con dirección Wivenhoe Park, CO4 3SQ, Colchester y Carolina Varsky, abogada apoderada del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Diego R Morales, Director del Área de Litigio del CELS, tal como surge de la copia del poder que se acompaña —bajo juramento de ser fiel a su original—, domiciliada en la calle Piedras 547 de la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio de Diego R. Morales (Tº 69 Fº 721 CPACF) y Carolina Varsky (Tº 70 Fº 297 CPACF), constituyendo domicilio legal en Piedras 547 de esta Ciudad, en los autos caratulados “Ibañez Manuel Leandro y otros casos/ Diligencia preliminar contra instituciones financieras no determinadas” (Expte. 95.019/2009), a V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:
Que en el carácter invocado solicitamos a V.S. por medio de esta presentación ser tenidos como Amicus Curiae para someter a consideración de este tribunal argumentos de derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional público. En particular, sostendremos dos puntos legales importantes: por un lado, el derecho al acceso a la información como un elemento esencial para las víctimas y miembros del sistema de justicia con el fin de llevar a cabo una investigación efectiva dentro de la presunta complicidad de los bancos en la comisión de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Argentina (1976-1983) y, en segundo lugar, la cuestión de la complicidad corporativa por los daños causados.
El presente Amicus Curie es presentado ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N 7 Sec 14, en el caso Ibañez Manuel Leandro y otros casos contra Entidades financieras no determinadas por la Red de Justicia Transicional de Essex (ETJN); el Proyecto sobre Negocios y Derechos Humanos de Essex (EBHRP), ambos parte de la Universidad de Essex en el Reino Unido y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La Red de Justicia Transicional de Essex es una red conformada por más de 40 académicos de la Universidad de Essex, provenientes de distintas disciplinas, quienes actualmente realizan investigación de manera comprensiva en el área de justicia transicional. Uno de los objetivos de la red es avanzar en el entendimiento y en la creación de conocimiento en el área de justicia transicional y sus dimensiones económicas, especialmente en relación con el papel y la responsabilidad de compañias transnacionales en dicho proceso. Con este fin, la red lleva a cabo diversas actividades dentro de las cuales se encuentra el litigio estratégico. Las Doctoras Sabine Michalowski y Clara Sandoval de la Escuela de Derecho; y Diana Morales Coordinadora del ETJN, son las abogadas de la red involucradas en este Amicus.
El Proyecto sobre Negocios y Derechos Humanos de Essex es una iniciativa multi-disciplinaria que busca desarrollar principios y prácticas relacionadas con los vínculos entre negocios, derechos humanos, y protección ambiental. El Proyecto está dedicado a varias líneas complementarias de actividad: investigación, asistencia en litigio, asistencia en la formulación de políticas básicas en varios ámbitos de la actividad comercial, y asistencia con el programa académico de Essex. El Profesor Sheldon Leader y el Dr. Youseph Farah de la Escuela de Derecho del EBHRP colaboraron en la realización de este Amicus.
El ETJN y el EBHRP contaron con el invaluable apoyo legal de Octavio Amezcua, Sandra Caluori, Christopher Kip, Cicek Gockun, Amanda Reiss y Maria Suchkova, estudiantes del LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Escuela de Derecho); Sylvain Aubry, Coordinador de Actividades Estudiantiles del Centro de Derechos Humanos y Dr. Sanae Fujita, Asociada del Centro de Derechos Humanos. Igualmente, Diana Guarnizo tradujo el Amicus al Español.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental que desde 1979 se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del sistema democrático y el Estado de derecho en Argentina. Para llevar adelante esa tarea desarrolla sus actividades especialmente desde el punto de vista técnico-legal. Es un objetivo central de la organización promover e impulsar la utilización de los tribunales locales para un pleno ejercicio de los derechos fundamentales a través de la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos. En particular, desde sus orígenes el CELS trabaja activamente para lograr justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. En este sentido, el CELS se ha posicionado como un actor central en los procesos, actuando como parte querellante en representación de víctimas y familiares de víctimas, en el marco de las investigaciones más importantes de la Capital Federal, y participando en casos paradigmáticos del interior del país. Carolina Varsky, Directora de Programa, es la abogada del CELS que participó en este Amicus.
Entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983, varios bancos comerciales prestaron dinero al gobierno de facto de Argentina. Se alega que el financiamiento del régimen de facto facilitó la comisión de graves violaciones de derechos humanos en contra de la población civil, y en el caso en cuestión, las violaciones sufridas por los demandantes.
Los préstamos de extensas sumas de dinero hechas al régimen brindaron ayuda substancial en la expansión y tamaño de la actividad militar permitiendo asi que este llevase a cabo diversas funciones estatales.
Las víctimas/demandantes a quienes este caso particular se refiere son: Roberto Aníbal Ibáñez, Silvia Beatriz Albores, Graciela Beatriz Sagües, Victorio Perdighé y Ana María Rita Perdighé.
Roberto Aníbal Ibáñez, militante activo del Grupo de Juventud Peronista y estudiante de medicina, fue secuestrado en la tarde del 25 de enero de 1977 en La Plata. Roberto fue visto por última vez en la prisión clandestina “Pozo de Arana” y en el centro de detención adscrito a la Comisaria 5ta el día en que fue secuestrado. Testimonios de antiguos detenidos en los lugares donde el señor Aníbal Ibáñez fue visto confirman que en estos sitios diferentes medios de tortura fueron comúnmente usados en los detenidos. Entre otros métodos, los detenidos fueron sujetos a técnicas de tortura tales como el submarino seco, colgamiento de manos y pies, violación sexual, y/o tortura psicológica. El señor Aníbal Ibáñez tenía 24 años y estaba casado al momento de su desaparición.
Silvia Beatriz Albores, estudiante de medicina y esposa de Roberto Aníbal Ibáñez, quien se estaba quedando con sus padres y bebe después de la desaparición de su esposo, fue tomada por fuerzas de seguridad para ser interrogada el 19 de mayo/junio de 1977. Ella no volvió a ser vista.
Graciela Beatriz Sagües fue desaparecida el 22 de enero de 1977 en las calles de Buenos Aires. El nombre de Graciela aparece en los archivos del centro de detención adscrito a la Comisaría 5ta. También fue vista tres días después de su secuestro en el centro clandestino de detención “Pozo Arana” asi como en también en Banfield. Al parecer la Señora Sagües estuvo en Banfield al menos hasta el 25 de abril de 1977. El esposo de Graciela, Victorio Perdighé, fue secuestrado antes de la desaparición de ella el 16 de diciembre de 1977 así como su hermana, Ana María Rita Perdighé. Los hermanos Perdigué fueron asesinados en una aparente confrontación armada en la vía pública.
El objetivo de un Amicus Curiae en que terceros ajenos a una disputa judicial -pero con un justificado interés en la resolución final del litigio-, puedan expresar sus opiniones en torno a la materia, a través de aportes de trascendencia para la sustentación del proceso judicial.
En Argentina, la presentación de dictámenes en carácter de Amicus Curiae no sólo ha sido receptada por numerosos antecedentes jurisprudenciales, sino que ha tenido consagración nacional a través del Reglamento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Acordada 28/04, dictada el 14 de julio del 2004. En dicha regulación, la Corte reivindica este instituto como un importante instrumento de participación democrática en el poder judicial, manifestando que la figura del amigo del tribunal es “un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia”. Esta bienvenida innovación por parte del máximo Tribunal de la Nación demuestra que la tendencia en favor de la aceptación de los Amicus Curiae es firme e inequívoca.
De aquellos antecedentes jurisprudenciales podemos señalar los siguientes. En la causa Nº 761, sobre “Hechos ocurridos en el ámbito de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada”, la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en pleno resolvió admitir un memorial en derecho presentado por dos organismos internacionales de derechos humanos. La Cámara tuvo en cuenta el amplio interés público de la causa, y la incorporación de esta forma de participación del derecho internacional al ámbito del derecho interno sobre todo desde 1994 con la jerarquización de ciertos instrumentos de derechos humanos.
A su vez, también se admitió la presentación de Amicus Curiae en la causa “Sterla, Silvia s/interrupción de la prisión preventiva” que tramitó ante el Juzgado Criminal y Correccional Nº 2 de Capital Federal, y en la causa “Felicetti, Roberto y otros s/revisión” (causa 2831) que tramitó ante la sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Cabe señalar que el hábeas corpus colectivo iniciado por Horacio Verbitsky, Director del CELS, también fue acompañado por múltiples presentaciones de Amicus Curiae de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales (Comisión Nacional de Juristas, Human Rights Watch, Organización Mundial contra la Tortura, Asociación por los Derechos Civiles, Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba, la Asociación Civil El Agora, Asociación Civil Casa del Liberado de Córdoba, Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal); y todas ellas fueron admitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, 03/05/2005, “Verbitsky, Horacio”, Sup.Const. 2005, julio, 32).
Así, la presentación de los Amicus Curiae de ninguna manera constituye un perjuicio para alguna de las partes del litigio. Por el contrario, su finalidad es colaborar en la sustanciación del proceso, aportando conocimiento, argumentos, experiencia y opiniones que puedan servir como elementos de juicio a tener en cuenta a la hora de resolverse la disputa.
En virtud de lo expuesto, presentamos este Amicus Curiae con el objeto de que se nos permita exponer nuestros argumentos jurídicos a los efectos de colaborar con la resolución del caso sometido a estudio.
Esta sección del Amicus estudia los estándares internacionales y domésticos que aplican a Argentina en relación con el derecho al acceso a la información, seguido de un análisis del estatus y ámbito de este derecho bajo el derecho internacional.
Argentina ha ratificado varios tratados internacionales y regionales que regulan el acceso a la información. El país ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos1 (PIDCP) sin reservas el 8 de agosto de 1986 y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) el 14 de agosto de 1984, con una reserva al artículo 21 (Derecho a la propiedad). Adicionalmente, Argentina aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 5 de septiembre de 1984. En consecuencia, Argentina está legalmente obligada a respetar y asegurar el derecho al acceso a la información por virtud de estos instrumentos internacionales, dado que todos ellos incorporan este derecho tal como será explicado en este Amicus.
Adicionalmente, el artículo 75(22) de la Constitución Argentina de 19942, explícitamente establece que ciertos tratados de derechos humanos ratificados por Argentina tienen jerarquía constitucional. Entre los tratados explícitamente incluidos en el texto constitucional están la Declaración Universal de Derechos Humanos3 (DUDH), el PIDCP y la CADH. Este artículo constitucional otorga fuerza adicional al contenido de dichos tratados internacionales en el nivel doméstico dado que son de obligatoria aplicación internacional y constitucional por los miembros del sistema de justicia y cualquier otra autoridad estatal.
La libertad de información, incluido el derecho al acceso a la información, ha sido siempre una pieza fundamental del sistema internacional de derechos humanos4. La DUDH asi como también el PIDCP establecen en los artículos 19 y 19(2) respectivamente que toda persona tiene el derecho a la información, el cual incluye el derecho a buscar, recibir e impartir información.
En las Américas, el derecho al acceso a la información está reconocido y garantizado en diferentes instrumentos internacionales. El artículo IV de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre establece que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”5. Además, el artículo 13(1) de la CADH, en concordancia con la DUDH y el PIDCP, afirma que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión “incluye la libertad de buscar, recibir, e impartir información”6.
Estos estándares han sido consistentemente reiterados desde el 2003 por una serie de resoluciones anuales de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre acceso a la información pública y democracia7. En cada una de estas resoluciones, la Asamblea General confirmó este derecho. Adicionalmente, dichas resoluciones establecieron que “el acceso a la información pública es un requisito para el ejercicio de la democracia”8.
En la Declaración de Nuevo León adoptada en el 2004, los estados participantes declararon que “[e]l acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana”9 en una sociedad democrática. Los estados también reafirmaron su compromiso para “contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información […]”10.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en octubre del 200011. Estos principios reconocen un derecho al acceso a la información en manos del estado, como un aspecto de la libertad de expresión y como un derecho fundamental en sí mismo12.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (Relator Especial CIDH) entiende que el derecho al acceso a la información es un elemento esencial del derecho a la libertad de expresión13. El Relator Especial CIDH ha adoptado dos declaraciones conjuntas con el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación y con el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión (Relator Especial NU) en noviembre de 199914 y diciembre de 200415. Las declaraciones establecen que “El derecho de acceso a la información en poder de las autoridades públicas es un derecho humano fundamental que debería aplicarse a nivel nacional a través de legislación global (por ejemplo, las Leyes de Libertad de Acceso a Información)”16.
La Corte IDH ha reconocido la importancia del derecho al acceso a la información a través de su jurisdicción contenciosa y consultiva17. Por ejemplo, en su Opinión Consultiva No 5/1985 Sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas, al interpretar el artículo 13 (Derecho a la libertad de expresión) de la CADH, la Corte Interamericana reconoció la libertad de información como un derecho humano fundamental18. De la misma manera, en el caso Claude Reyes y otros c. Chile19, la Corte IDH sostuvo que el acceso a la información es garantizado por el artículo 13 y notó que este derecho es ampliamente protegido “a nivel global”20.
Aunque las disposiciones esbozadas a continuación no son vinculantes para Argentina, estas demuestran la existencia de un consenso internacional en relación con el derecho al acceso a la información21.
Ya en 1970, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (CoE) hizo recomendaciones al Comité de Ministros sobre el “derecho a la libertad de información”22. La Asamblea emitió una resolución estableciendo que además del respeto por el derecho a la libertad de expresión, debe existir un “deber correspondiente para las autoridades públicas de hacer disponible la información en temas de interés público dentro de límites razonables […]”23. El Comité de Ministros subsecuentemente adoptó un Declaración sobre Libertad de Expresión e Información en la cual expresaba el objetivo de buscar una política de información abierta en el sector público24. Adicionalmente, el Comité de Ministros del CoE adoptó el 27 de noviembre de 2008 la Convención para el Acceso a Documentos Oficiales25, el cual es el primer tratado legal en la materia.
La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos26 (Carta Africana) garantiza el derecho a recibir información en su artículo 9(1) (Derecho a la libertad de expresión). La Carta Africana establece que “[t]odo individuo tendrá derecho a recibir información”. En octubre de 2002, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en África la cual protege la libertad de información27. La Declaración de manera notable establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información que se encuentra en poder de entidades públicas y que toda persona tiene el derecho a acceder información en manos de entidades privadas cuando dicha información sea necesaria para el ejercicio o la protección de cualquier derecho28.
Como ya fue explicado, el derecho a la información de cualquier persona y la correspondiente obligación del estado de proveer información, se encuentran bien establecidas bajo el derecho internacional. El contenido del derecho y sus posibles limitaciones serán ahora esbozados.
El derecho a la información conlleva una obligación para el estado de asegurar el acceso a cualquier individuo (para inspección y copiado) a información en poder de cualquier entidad pública almacenada en todo tipo de sistemas de almacenamiento y recuperación29. El término “información” incluye cualquier tipo de dato sin importar el formato en el cual está guardado, su fecha de producción y su fuente. Este también incluye acceso a información clasificada, la cual debe estar sujeta a las mismas reglas aplicables a otros tipos de información. El término “entidades públicas” se refiere no solo a todas las ramas y niveles del gobierno, sino también a las entidades públicas y privadas que llevan a cabo funciones públicas30. El acceso a la información debe ser proveído bajo solicitud y está sujeto a estrictas limitaciones.
Tal como se ha notado, el derecho de acceso a información en poder del estado no es absoluto, pero sus limitaciones deben ser “excepcionales”31. El Relator Especial CIDH32, la Corte IDH33, y otras autoridades internacionales, han insistido en el principio de máxima apertura, y han aplicado la “presunción de que toda la información es accesible, sujeta a un limitado sistema de excepciones”34.
De acuerdo con el artículo 19(3) del PIDCP y del artículo 13(2) de la CADH, las restricciones en el acceso a la información deben estar expresamente definidas en la ley y ser necesarias para asegurar el respeto por los derechos o la reputación de otros o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral. La Declaración Interamericana de Principios sobre Libertad de Expresión adopta una aproximación aun más estricta. Esta establece que las limitaciones al derecho a acceder a información en poder del estado pueden ser posibles únicamente en caso de “un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”35.
De acuerdo con el Relator Especial de la CIDH,36 las razones por la cuales el acceso a la información es restringida deben ser definidas “con precisión y rigurosidad”37. Esto aplica especialmente a las limitaciones fundadas en seguridad nacional, las cuales deben ser “rigurosamente analizadas”38. Existe un consenso similar dentro del CoE con relación a este aspecto. De acuerdo con el Informe Explicatorio de la Convención CoE en Acceso a Documentos Oficiales, “la noción de seguridad nacional […] no debería ser mal empleada para proteger una información que pueda revelar una violación a los derechos humanos”39.
Aún más, para restringir el acceso a la información, es necesario establecer que su divulgación amenace con causar un daño substancial (en el corto o largo plazo) al objetivo protegido, y que dicho daño sea mayor que el interés público de revelar la información40. En cualquier causa, la carga de la prueba le corresponde al estado quien debe demonstrar que la restricción es justificada41.
Adicionalmente, el derecho internacional establece diferentes requisitos procedimentales aplicables para procesar solicitudes de información en poder del estado. El procedimiento para acceder a información oficial debe ser fácilmente accesible y la solicitud entregada dentro de un marco temporal estricto y razonable tal como lo debe establecer la ley. Si el acceso es negado, dicha decisión debe ser comunicada por escrito y contener razones detalladas para la no entrega. Igualmente debe existir un remedio efectivo disponible que permita impugnar la negativa a conceder el acceso a la información. La apelación debe ser escuchada por un organismo independiente con plenos poderes para investigarla y requerir la entrega de dicha información si se decide que la negativa fue injustificada. Finalmente, un sistema de sanciones debe ser establecido si una agencia falla o se rehúsa a cumplir con la normatividad sobre acceso a la información42.