Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/557449-l-29-2015-de-30-jul-cooperacion-juridica-internacional-en-materia-civil.html
Timestamp: 2018-11-18 20:44:42
Document Index: 333302866

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'artículo 39', 'artículo 27', 'artículo 71', 'Artículo 27']

Artículo 3 Principio general favorable de cooperación
Artículo 4 Comunicaciones judiciales directas
Artículo 8 Funciones de la autoridad central española
Artículo 9 Transmisión de las solicitudes
Artículo 11 Idioma
Artículo 13 Procedimiento de ejecución
Artículo 14 Motivos de denegación
Artículo 15 Ejecución por funcionarios diplomáticos y consulares españoles de diligencias procesales
Artículo 16 Desplazamiento al extranjero de jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de otro personal
Artículo 17 Medios técnicos y electrónicos
Artículo 18 Gastos, costas y asistencia jurídica gratuita
Artículo 19 Normativa general en materia de protección de datos
Artículo 21 Medios de comunicación, notificación y traslado al extranjero
Artículo 22 Medios de comunicación, notificación y traslado en España
Artículo 23 Fecha de notificación o traslado
Artículo 24 Incomparecencia del demandado
Artículo 25 Idioma
Artículo 26 Certificado
Artículo 27 Emplazamientos y comunicaciones judiciales dirigidos a Estados extranjeros
Artículo 28 Documentos extrajudiciales
Artículo 30 Contenido de la solicitud
Artículo 31 Descripción de las diligencias de obtención de prueba
Artículo 32 Práctica en España de la prueba solicitada por una autoridad extranjera
Artículo 33 De la prueba del Derecho extranjero
Artículo 34 De la información jurídica
Artículo 35 De las solicitudes de información de Derecho extranjero
Artículo 36 De las solicitudes de información de Derecho español
Artículo 37 Concepto de pendencia
Artículo 39 Litispendencia internacional
Artículo 40 Demandas conexas
Artículo 42 Procedimiento de exequátur
Artículo 45 Resoluciones extranjeras susceptibles de modificación
Artículo 46 Causas de denegación del reconocimiento
Artículo 47 Acciones colectivas
Artículo 48 Prohibición de revisión del fondo
Artículo 49 Reconocimiento parcial
Artículo 50 Ejecución
Artículo 51 Ejecución de transacciones judiciales
Artículo 53 Asistencia jurídica gratuita
Artículo 54 Proceso
Artículo 55 Recursos
Artículo 56 Ejecución de documentos públicos extranjeros
Artículo 57 Adecuación de instituciones jurídicas extranjeras
Artículo 59 Inscripción de resoluciones judiciales extranjeras
Artículo 60 Inscripción de documentos públicos extranjeros
Artículo 61 Adaptación
Disposición adicional primera Normas especiales en materia de cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil
Disposición adicional tercera Previsión de costes
Disposición transitoria única Régimen aplicable a los procesos en tramitación
Disposición final tercera Modificación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles
Disposición final cuarta Modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado
A la vista de la importancia que en el mundo de la cooperación jurídica internacional tienen y tendrán las comunicaciones judiciales directas, la ley opta por habilitar a todos los órganos jurisdiccionales españoles para comunicarse sin intermediación con órganos jurisdiccionales de otros Estados dentro de los límites marcados por el respeto a los ordenamientos jurídicos de ambos Estados y a la independencia judicial. La existencia de normativa que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y que articula la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, caso de los artículos 11(6), (7) y 15 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, y de los artículos 8, 9 y 31 del Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, por ejemplo, hace que deba ya proveerse de base normativa habilitante, aun genérica, a las comunicaciones judiciales directas. La actualidad de la materia se manifiesta en la publicación por la Conferencia de La Haya de la Guía Emergente respecto al desarrollo de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y Principios Generales para las comunicaciones judiciales, incluidas las salvaguardas comúnmente aceptadas en casos específicos, dentro del contexto de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya.
Los criterios que aporta el nuevo Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, para casos de procesos pendientes ante órganos jurisdiccionales de terceros Estados, son así generalmente admisibles en relación a las materias no incluidas en el citado instrumento.
El Preámbulo del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, precisa el sentido de este último requisito relativo a la apreciación de la buena administración de justicia en el apartado (24). Señala que ha de hacerse una valoración del conjunto de las circunstancias del caso, en particular de las conexiones entre los hechos del asunto y las partes y el tercer Estado de que se trate (aunque esta cuestión se valorará conforme a las previsiones contenidas en la letra a) del artículo 39 del presente texto que no tiene parangón en el texto del Reglamento), de la fase en la que se halla el procedimiento en ese tercer Estado y si cabe esperar que se dicte resolución en un plazo razonable.
Finalmente, se introducen una disposición final tercera que modifica el artículo 27 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, una disposición final segunda que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para adaptarla a lo establecido en el Reglamento (UE) 1015/2012 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y al Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones «mortis causa» y a la creación de un certificado sucesorio europeo, además de una disposición final primera de modificación de la Ley Hipotecaria que incorpora dicho certificado. Por último, mediante la disposición final cuarta se modifica la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, para reconocer también el carácter oficial de las traducciones de documentos públicos extranjeros hechas o asumidas por las representaciones de España en el exterior o las hechas por representaciones extranjeras en España de documentos públicos de su propio Estado. Con ello se facilita la relación de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, en especial cuando se trata de expedientes o procedimientos que se tramitan, al menos parcialmente, en el extranjero.
Véase el Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional. («B.O.E.» 15 octubre).
«El título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.o 650/2012.»
«Disposición final vigésima quinta Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
Disposición final vigésima sexta Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones «mortis causa» y a la creación de un certificado sucesorio europeo
2.ª El procedimiento para la modificación o anulación de la emisión de un certificado sucesorio europeo a que se refiere el artículo 71.1 del Reglamento (UE) n.o 650/2012 se tramitará y resolverá, en única instancia, de conformidad con lo previsto para el recurso de reposición regulado en esta ley.
«Artículo 27 Ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos
«Disposición adicional décima sexta Traducciones e interpretaciones de carácter oficial