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Timestamp: 2017-12-15 06:32:38
Document Index: 147494210

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 357', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 206']

Teoría del fruto del árbol envenenado - Vultus - Agencia de Marketing Jurídico
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Actualmente la prueba ilícita puede ser uno de los temas más relevantes dentro del sistema penal acusatorio, puesto que la admisión de pruebas ilícitas vulnera derechos fundamentales es por ello que abordaremos el tema en cuestión a fin de un mejor entendimiento y de un nuevo aprendizaje.
“Cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo se le pudiera relacionar con la prueba nula, debía ser igualmente, estimada nula”
La doctrina denominada “del fruto del árbol envenado” hace referencia a las pruebas de un delito que fueron obtenidas de manera ilegal, las cuales repercutirán en el desarrollo del proceso judicial, en razón de que son utilizadas en contra del imputado para inculparlo o de la víctima para que no obtenga justicia, por ello toda prueba directa o indirecta que se obtenga por medio de algún vicio debe ser nula.
Origen de la teoría.
Lumber Company contra Estados Unidos, de 26 de enero de 1920, cuando los agentes del Gobierno allanaron las oficinas de Frederick W. Silverthorne, este empresario y su padre fueron detenidos basándose en los libros contables hallados en aquel registro que posteriormente se declaró ilegal, apelando a la cuarta enmienda de su Constitución. La resolución que dictó el Tribunal Supremo estadounidense, en apelación, describió esta doctrina pero sin llegar a citarla con ese poético nombre.
En cambio la primera sentencia que sí que la mencionó expresamente fue el caso Nardone contra Estados Unidos de 11 de diciembre de 1939, al pinchar el teléfono a un contrabandista de alcohol: el juez debe dar a los acusados la oportunidad de demostrar que una parte sustancial de la acusación contra ellos era fruto de un árbol envenenado.
Su símil es hacer uso de una prueba ilegal (árbol) que conlleva a un descubrimiento ilícito (fruto). La prueba sería declarada nula al no respetar un control de legalidad –vulneración de derechos constitucionales–. La doctrina del “fruto del árbol envenenado” se ejemplariza en la entrada en el domicilio de un agresor sin autorización judicial, y se obtienen vídeos en el que se gravan situaciones de agresiones. El árbol (entrar en el domicilio vulnerando el derecho de inviolabilidad del mismo) y el fruto (vídeos obtenidos vulnerando el derecho a la intimidad). El resultado probatorio es ilegítimo y su nulidad insubsanable, y arrastrará a todas aquellas otras pruebas relacionadas y derivadas.
Un ejemplo podría ser la obtención de una prueba sin respetar el control de legalidad originando que se convierta en ilegítima, y por tanto, ello significaría su radical nulidad, conllevando que todas aquellas otras pruebas directamente relacionadas y derivadas en el procedimiento seguido sean también nulas de pleno derecho. Asimismo, podríamos citar otros ejemplos, como es el caso en los supuestos de obtención de pruebas con vulneración del derecho a la intimidad, la intervención de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio. Otro supuesto ejemplarizante se puede dar cuando los agentes de la policía entran en una casa sin orden judicial para hacer un registro, vulnerando el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, pues en este supuesto si los agentes de la autoridad encuentran pruebas de culpabilidad que puedan incriminar a una persona por la comisión de un delito de asesinato u homicidio, como puede ser, por ejemplo, un hacha, una navaja con sangre, etc…, según la doctrina, impedirá que la prueba de esos instrumentos utilizados para perpetrar el crimen pueda ser utilizada contra el sujeto activo por las circunstancias en las que el registro se ha llevado a cabo, vulnerando derechos fundamentales.
La teoría en estudio tiene su fundamento en la fracción IX del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que incorpora a partir de la reforma publicada el 18 de junio de 2008, un principio que ya figuraba en varios códigos de procedimientos penales y que es muy conocido en el derecho comparado como el principio de exclusión de las pruebas obtenidas ilícitamente.
Sin que se le denomine “Teoría del fruto del árbol envenenado” ya se encuentra regulada en nuestro ordenamiento legal mexicano, en el caso específico la fracción mencionada establece que dicha ilicitud acontece cuando la prueba se obtiene violando derechos fundamentales y además se señala que la consecuencia será la nulidad de la misma, es decir su inexistencia para cualquier efecto jurídico dentro del proceso penal respectivo o en cualquier otro que se inicie con posterioridad. Esto da lugar al contenido de dicha teoría sin que como dijimos se le denomine como en la doctrina se le conoce.
El objetivo de la norma contenida en la fracción IX radica en que las autoridades (cualquiera que sea) no deben violar derechos fundamentales en el curso de una investigación en razón de que se estaría permitiendo una doble violación de derechos, la primera a través de la obtención de la prueba ilícita, mientras que la segunda a través del uso de ese material en un proceso.
El derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas ilegalmente, pues se deben seguir las formalidades esenciales del procedimiento, el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, y el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo imputado.
“En general la disposición que establece la Constitución como regla de exclusión, que proscribe que cualquier prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales es nula, no solo aplica para todo aquello que sea producto del actuar ilegal de los agentes del gobierno sino también para la evidencia secundaria.” (Frank S. Osorio)
Fundamento jurisprudencial y legal.
El artículo 357, del Código Nacional de Procedimientos Penales dice: “La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código”
La interpretación de la ley, sobre las pruebas ilícitas se consagra en la jurisprudencia emitida en la Décima Época, bajo el número de Registro: 160509, pronunciada por la Primera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Página: 2057 que dice:
“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables.
Por su parte la ley federal para prevenir y sancionar la tortura publicada en 27 de diciembre de 1991 contempla una disposición similar en su arábigo 8 que establece que ninguna confesión que haya sido obtenida mediante la tortura podrá invocarse como prueba, por su parte el siguiente arábigo establece que no tiene ningún valor probatorio la confesión rendida ante la autoridad policiaca o ante el fiscal.
La doctrina del fruto del árbol envenenado establece tres excepciones:
1. Si fue descubierta como resultado de una fuente independiente
2. Descubrimiento inevitable
3. Nexo atenuado entre el acto ilegal y la evidencia contaminada
El primer supuesto surge cuando existe una investigación diferente al caso concreto pero sobre el mismo inculpado y permite obtener pruebas por un medio distinto, en este supuesto lo que hay que acreditar por supuesto es que esas “nuevas pruebas” surgieron de la investigación independiente para que no sean nulas.
En el primer supuesto, el análisis debe versar sobre el acto particular que se alega como ilegal (la prueba) y el momento exacto en que se obtuvo la evidencia secundaria, para efecto de determinar si efectivamente esta segunda fue producto de aquel “árbol envenenado”
Esto es; la “fuente independiente” aplica si la evidencia que se alega como ilegal fue obtenida con base en una actuación legal de los agentes del gobierno.
Un ejemplo puede ser: que la policía asegura de forma legal el “blog de notas” (libreta personal) del que suscribe durante una investigación penal; en el “blog de notas” se identifica a “Rosa”, quien es testigo presencial de las conductas criminales del suscrito. La autoridad contacta a “Rosa”, que acepta declarar en juicio contra mía. Posteriormente, la autoridad catea el domicilio del suscrito, pero en esta ocasión lo hace de manera ilegal (sin autorización del juez de control), y descubre documentos en los que nuevamente se relaciona a la testigo “Rosa”. Bajo el supuesto de la fuente independiente, no se puede alegar que el testimonio de “Rosa” es del “fruto del árbol envenenado”, dado que los datos de este testigo fueron obtenidos desde la primera acción de investigación de modo legal.
Ahora bien, en la segunda conjetura, en que la evidencia que se alega como ilegal hubiese sido inevitablemente descubierta a pesar del acto ilegal, se señala que el análisis, a diferencia del supuesto anterior sobre la fuente, debe abocarse a las circunstancias de tiempo y lugar en que se obtuvo la evidencia, descartándose que el acto ilegal hubiese sido la única forma de obtener la evidencia que se alega como inadmisible.
Un ejemplo se plasma así: La policía investigadora realiza un cateo sin orden judicial al domicilio del inculpado; mientras se encuentra en ese lugar, la esposa del imputado es interrogada, y ella les informa que su esposo se encuentra afuera, en el vecindario, vendiendo droga, y que está por llegar. Los agentes esperan en la calle la llegada de este, y cuando llega lo abordan de inmediato, cuando lo intervienen descubren un fuerte olor a marihuana, mismo que delata su conducta criminal, por lo que los agentes proceden a realizar una revisión corporal y de su vehículo, en cuya cajuela encuentran varios kilos de droga.
En este caso particular, la información que obtienen de la esposa del inculpado no es requisito indispensable para que ocurriera la detención, independientemente de la intrusión ilegal que realizaron los agentes del gobierno. Éstos, esperando la llegada del inculpado como parte de un procedimiento común de investigación, se hubiesen encontrado en las mismas condiciones para lograr el arresto, es decir que el primer momento no fue requisito indispensable para que ocurriera el segundo momento. La obtención de la evidencia era inevitable de acuerdo con la forma en que ocurrió la detención.
Por último, en la hipótesis señalada con el número “3” tenemos que, en lo que respecta al nexo atenuado entre el acto ilegal y la evidencia contaminada, se explica en cuanto a las circunstancias de tiempo y modo en la actuación tanto de los agentes policiales o de investigación, como de quienes alegan la ilegalidad de la evidencia; en este caso particular es necesario establecer que si bien la evidencia contaminada se origina en virtud de un acto ilegal, el análisis en torno de esta ilicitud deberá versar sobre si este acto al margen del derecho verdaderamente originó la obtención de la evidencia o esa relación es tan tenue que puede considerarse libre de los efectos del acto ilegal, precisando que este análisis corresponde directamente al juzgador y depende de su libre determinación en la actividad jurisdiccional, y sobre todo atendiendo al caso particular.
Un claro ejemplo lo obtenemos cuando un sujeto es detenido de manera ilegal y llevado a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (Fiscalía) donde fue notificado de que se le investiga por un delito de robo. Más tarde se le deja en libertad por considerarse que su detención fue ilegal. Pero horas más tarde el sujeto regresa y después de que le son leídos sus derechos como inculpado decide declarar sobre los hechos y aceptar su responsabilidad. A la luz de este tercer supuesto, si bien pareciera que la confesión fue obtenida como resultado de la presión psicológica de la autoridad por su actuación al detenerlo de manera ilegal, lo cierto es que una vez que es puesto en libertad, de forma voluntaria el inculpado decide regresar y confesar su conducta criminal, por lo que en ese momento se atenúan los efectos del acto ilegal de los agentes investigadores dando paso a la admisión de la confesión como producto de un acto voluntario y legal del inculpado. En el supuesto de que detengan al inculpado, lo lleven a las oficinas de investigación, sin alguna orden, y estando en ese lugar se le informen sus derechos y el inculpado decida en ese momento confesar, bajo el análisis de este tercer supuesto, se estaría en la presencia de un acto ilegal y la confesión sería fruto del árbol envenenado dado que las circunstancias en las que se genera la confesión son producto inmediato de un acto ilegal, al no habérsele permitido al inculpado reflexionar sobre esta ilegalidad y originándose por tanto su confesión.
A fin de terminar este tema, podemos concluir que la obtención de pruebas para perjudicar al inculpado deben ser nulas y todo lo derivado de la obtención de la prueba o de la propia prueba no tiene validez probatoria, pero se debe de acreditar, recuerda que no solo basta la mera pronunciación de que es nula o la mención de dicha teoría, sino que esta se debe probar y se debe evidenciar que el mal trabajo de los investigadores.
1. Frank Suriel Osorio Hernández
2. Véase List of the Supreme Court Cases, vol. 251, caso 385 (1920).
3. Joshua Dressler, Understanding Criminal Procedure, 3a ed., Lexis Nexis, 2002, p. 413.
4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Semanario Judicial de la Federación.
6. Código Nacional De Procedimiento Penales
Información obtenida de http://elabogad.blogspot.mx/2017/05/teoria-del-fruto-del-arbol-envenenado.html?spref=tw @El_Abogad
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