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Timestamp: 2019-10-16 01:52:05
Document Index: 97465214

Matched Legal Cases: ['artículo 66', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 16']

«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Artículos 15 y 16 — Competencia judicial en materia de contratos celebrados por los consumidores — Concepto de “consumidor” — Cesión entre consumidores de derechos que pueden ejercerse frente a un mismo profesional»
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 15 y 16 del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
3 A tenor de los considerandos 8, 11 y 13 del Reglamento n.o 44/2001:
5 La sección 4 del capítulo II del Reglamento n.o 44/2001, titulada «Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores», comprende los artículos 15 a 17.
9 El Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), ha derogado el Reglamento n.o 44/2001. Ahora bien, de conformidad con su artículo 66, apartado 1, el Reglamento n.o 1215/2012 solamente se aplica a las acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015.
17 Según el Sr. Schrems, el referido órgano jurisdiccional era internacionalmente competente por ser el fuero del consumidor, con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001.
20 El Sr. Schrems interpuso recurso de apelación contra el auto de primera instancia ante el Oberlandesgericht Wien (Tribunal Superior Regional de Viena, Austria), que modificó parcialmente dicha resolución. Estimó las pretensiones relacionadas con el contrato celebrado personalmente entre el demandante en el litigio principal y la demandada en el litigio principal. En cambio, desestimó el recurso en la medida en que tenía por objeto los derechos cedidos, debido a que el fuero del consumidor está reservado al demandante en el litigio principal cuando formula pretensiones propias. Por consiguiente, el Sr. Schrems no podía lograr que se aplicase el artículo 16, apartado 1, segundo supuesto, del Reglamento n.o 44/2001 cuando invocaba derechos cedidos. Sin embargo, en todo lo demás, el referido órgano jurisdiccional desestimó las objeciones procesales de Facebook Ireland.
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 15 del Reglamento n.o 44/2001 […] en el sentido de que un “consumidor” a los efectos de dicha disposición pierde tal condición cuando, tras un uso prolongado de una cuenta privada de Facebook, publica libros en relación con el ejercicio de sus derechos, en ocasiones pronuncia también conferencias remuneradas, gestiona sitios web, recauda donaciones para el ejercicio de acciones y acepta la cesión de acciones de numerosos consumidores a cambio de la promesa de entregarles las cantidades que eventualmente se obtengan en el procedimiento, una vez deducidos los costes procesales?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 16 del Reglamento n.o 44/2001 en el sentido de que un consumidor también puede ejercitar en un Estado miembro, en el fuero del demandante, junto con sus propias acciones derivadas de un contrato celebrado con consumidores, pretensiones en idéntico sentido de otros consumidores con residencia en:
25 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 15 del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que un usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la condición de «consumidor» en el sentido de ese artículo cuando publica libros, pronuncia conferencias, gestiona sitios web, recauda donaciones y acepta la cesión de los derechos de numerosos consumidores para ejercerlos ante los tribunales.
26 Con carácter previo, procede recordar que, en la medida en que el Reglamento n.o 44/2001 sustituye al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en relación con las disposiciones de dicho Convenio es igualmente válida para las del citado Reglamento, cuando las normas de estos instrumentos puedan calificarse de «equivalentes» (sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, apartado 21 y jurisprudencia), como ocurre en el presente asunto.
27 En el sistema del Reglamento n.o 44/2001, la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el demandado tiene su domicilio constituye el principio general, enunciado en el artículo 2, apartado 1, del referido Reglamento, y sólo como excepción a este principio contempla dicha disposición determinados casos, enumerados de forma taxativa, en los que la acción judicial contra el demandado puede o debe entablarse ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro. En consecuencia, las reglas de competencia que constituyen excepciones a este principio general son de interpretación estricta, en el sentido de que no pueden dar lugar a una interpretación que vaya más allá de los supuestos contemplados expresamente por el citado Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, apartado 32).
28 Si bien los conceptos utilizados en el Reglamento n.o 44/2001 y, en particular, los que figuran en el artículo 15, apartado 1, de éste deben interpretarse de forma autónoma, principalmente con referencia al sistema y a los objetivos de dicho Reglamento, para garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros (sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, apartado 22 y jurisprudencia citada), para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el legislador europeo en el sector de los contratos celebrados por los consumidores y la coherencia del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta el concepto de «consumidor» contenido en otras normativas del Derecho de la Unión (sentencia de 5 de diciembre de 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, apartado 25).
29 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que el concepto de «consumidor» en el sentido de los artículos 15 y 16 del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse de forma restrictiva, en relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de éste, y no con la situación subjetiva de dicha persona, dado que una misma persona puede ser considerada consumidor respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de julio de 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, apartado 16, y de 20 de enero de 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, apartado 36).
31 De lo anterior se desprende que, en principio, las reglas de competencia específicas de los artículos 15 a 17 del Reglamento n.o 44/2001 solamente se aplican en el supuesto de que la finalidad del contrato celebrado entre las partes tenga por objeto un uso que no sea profesional del bien o servicio de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, apartado 37).
33 A la luz de estos principios debe examinarse si un usuario de una cuenta de Facebook no pierde la condición de «consumidor», en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.o 44/2001, en circunstancias como las que son objeto del procedimiento principal.
37 Al llevar a cabo tal apreciación, conforme a la exigencia, recordada en el apartado 29 de la presente sentencia, de interpretar de manera restrictiva el concepto de «consumidor» en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.o 44/2001, procede tener en cuenta sobre todo, en el caso de los servicios de una red social digital que van a ser utilizados durante un largo período de tiempo, la evolución posterior del uso que se hace de dichos servicios.
39 En cambio, dado que el concepto de «consumidor» se define por oposición al de «operador económico» (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de julio de 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, apartado 16, y de 20 de enero de 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, apartado 36) y que es independiente de los conocimientos y de la información de que la persona de que se trate dispone realmente (sentencia de 3 de septiembre de 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, apartado 21), ni la especialización que esa persona pueda alcanzar en el ámbito del que forman parte dichos servicios ni su implicación activa en la representación de los derechos e intereses de los usuarios de éstos le privan de la condición de «consumidor» en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.o 44/2001.
41 Habida cuenta del conjunto de consideraciones que anteceden, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 15 del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que un usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la condición de «consumidor» en el sentido de ese artículo cuando publica libros, pronuncia conferencias, gestiona sitios web, recauda donaciones y acepta la cesión de los derechos de numerosos consumidores para ejercerlos ante los tribunales.
42 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a la acción de un consumidor con la que pretende ejercer ante el tribunal del lugar en el que está domiciliado no sólo sus propios derechos, sino también derechos cedidos por otros consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o en terceros Estados.
43 A este respecto, ha de recordarse, antes de nada, que las reglas de competencia que figuran en la sección 4 del capítulo II del Reglamento n.o 44/2001 constituyen una excepción tanto a la regla general de competencia establecida en el artículo 2, apartado 1, del referido Reglamento, que atribuye la competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado, como a la regla de competencia especial en materia de contratos, que figura en el artículo 5, punto 1, de dicho Reglamento, según la cual el tribunal competente es el del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda. Así, tales reglas han de ser necesariamente objeto de una interpretación estricta (véase la sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, apartado 28 y jurisprudencia citada).
44 Además, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que, dado que el régimen particular establecido en los artículos 15 y siguientes del Reglamento n.o 44/2001 está inspirado por el interés en proteger al consumidor como parte del contrato considerada económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada que su cocontratante, sólo se protege al consumidor cuando es personalmente demandante o demandado en un procedimiento. Por tanto, el demandante que no es, él mismo, parte en el contrato celebrado con consumidores de que se trate no puede acogerse al fuero del consumidor (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de enero de 1993, Shearson Lehman Hutton, C‑89/91, EU:C:1993:15, apartados 18, 23 y 24). Estas consideraciones deben ser válidas también por lo que respecta a un consumidor cesionario de los derechos de otros consumidores.
46 El requisito relativo a la existencia de un contrato celebrado entre el consumidor y el profesional demandado permite garantizar la previsibilidad de la atribución de competencia, uno de los objetivos del Reglamento n.o 44/2001, como se desprende del considerando 11 de éste.
48 En efecto, como el Tribunal de Justicia ha precisado en otro contexto, una transmisión de créditos no puede, en sí misma, tener incidencia sobre la determinación del tribunal competente (sentencias de 18 de julio de 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, apartado 58, y de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, apartado 35). De ello se desprende que la competencia de otros tribunales distintos de los enumerados de manera explícita por el Reglamento n.o 44/2001 no puede establecerse mediante la concentración de varios derechos en manos de un único demandante. Por consiguiente, como ha señalado el Abogado General, en esencia, en el punto 98 de sus conclusiones, una cesión como la controvertida en el litigio principal no puede fundamentar un nuevo fuero específico en favor del consumidor cesionario.
49 Habida cuenta del conjunto de consideraciones que anteceden, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a la acción de un consumidor con la que pretende ejercer ante el tribunal del lugar en el que está domiciliado no sólo sus propios derechos, sino también derechos cedidos por otros consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o en terceros Estados.
1) El artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la condición de «consumidor» en el sentido de ese artículo cuando publica libros, pronuncia conferencias, gestiona sitios web, recauda donaciones y acepta la cesión de los derechos de numerosos consumidores para ejercerlos ante los tribunales.
2) El artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a la acción de un consumidor con la que pretende ejercer ante el tribunal del lugar en el que está domiciliado no sólo sus propios derechos, sino también derechos cedidos por otros consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o en terceros Estados.