Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1184196
Timestamp: 2019-04-19 05:29:41
Document Index: 224295105

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 11', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 53']

Prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario
Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario en Extremadura (DOE de 31 de diciembre de 2018). Texto completo.
En la Unión Europea, los servicios no económicos de interés general, entre los que se hallan los servicios sociales, sanitarios y de atención sociosanitaria, forman parte de los pilares del modelo europeo de sociedad, dada la trascendencia que para la calidad de vida de la ciudadanía europea posee la existencia de unos servicios de interés general eficientes, accesibles y de calidad, que refuerzan la cohesión social y territorial. Toda vez que los mismos y, en particular, el acceso a los servicios de atención a personas con mayor vulnerabilidad -como los destinados a la atención de menores, de personas mayores, con discapacidad, en situación de dependencia, en riesgo o situación de exclusión social, con trastornos mentales, deterioro cognitivo, con enfermedades oncológicas o hematológicas y cualquier otra patología crónica que pudiera ser objeto de esta leyson esenciales para, además de dar respuesta a las complejas necesidades de los mencionados colectivos de personas, contribuir a elevar los niveles de empleo y de protección social y de la salud.
El reconocimiento de la importancia de los servicios de interés general en el ámbito europeo se refrendó, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del Tratado de Lunes, 31 de diciembre de 2018 48255 NÚMERO 252 Funcionamie nto de la Unión Europea, con la incorporación al Derecho comunitario del Protocolo número 26 y sus disposiciones interpretativas al respecto de aquellos, observando, por un lado, la heterogeneidad de servicios existente entre los Estados miembros derivada de sus diversas características sociales, demográficas y culturales, así como de las múltiples y dispares preferencias y necesidades de apoyo de las personas usuarias; y, por otro lado, estableciendo que los tratados no afectan a la competencia de los Estados miembros para prestar, encargar y organizar servicios de interés general que no tengan carácter económico.
Como expresión de la relevante apreciación que los servicios de interés general poseen en el marco europeo, la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero , sobre Contratación Pública, y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, que concreta y moderniza la ordenación sobre contratación pública y posibilita nuevas fórmulas para la organización de los servicios que define como servicios a las personas, en su considerando 6 refiere que los Estados miembros gozan de libertad para organizar la prestación de los servicios sociales obligatorios o de cualquier otro tipo y clarifica que los servicios no económicos de interés general deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la misma; previsión en la que abunda en su considerando 114, al establecer que, para determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos, “los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación”.
En atención a las carencias mostradas por la normativa contractual para dar respuesta a determinados servicios, la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, ha sancionado positivamente el reconocimiento de la figura de los conciertos sociales en el ordenamiento jurídico español al reconocer expresamente en su disposición adicional cuadragésimo novena la competencia legislativa de las comunidades autónomas para emplear estos instrumentos de concertación en régimen de autorización al margen de la normativa de contratos para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social, al mismo tiempo que, en el apartado sexto del artículo 11, los excluye de su ámbito de aplicación.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura existe una dilatada experiencia en la provisión de servicios sociales especializados a través de un régimen asimilado al que hoy se prevé en esta ley de conciertos, si bien con notas caracterizadoras del régimen subvencional, como la justificación documental de los gastos realizados; en concreto, nos referimos al Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura -MADEX-, regulado en virtud del Decreto 151/2006, de 31 de julio , cuyo objetivo fue el establecimiento de un régimen jurídico de acreditación de los centros y servicios que conllevaría la celebración de conciertos, con naturaleza convenial, para la prestación de servicios de atención especializada a personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. De tal modo, la Administración autonómica, con la indispensable participación del Tercer Sector extremeño, representante de personas con discapacidad, modernizó su relación con las entidades sin ánimo de lucro tradicionalmente prestadoras de los servicios especializados de atención a personas con discapacidad, incorporando un innovador y exitoso modelo de gestión y financiación públicas que ha incrementado los niveles de calidad y afianzado la sostenibilidad, equidad y universalidad de la red de servicios del sector, transformando un marco de financiación sometido a la incertidumbre y la concurrencia anual propias del sistema de subvenciones, a uno basado en la estabilidad económica plurianual, garante de la calidad y la solidaridad del modelo de colaboración, en el que el valor añadido de la acción social es el eje central de todas sus prestaciones especializadas, que ahora precisa de actualización para adaptarlo a las exigencias de la normativa estatal y comunitaria para garantizar los principios de no discriminación, transparencia e igualdad de trato y la implementación de políticas innovadoras en la gestión de estos servicios públicos.
Por otra parte, en el ámbito sanitario, si bien en el capítulo V de la Ley 10/2001, de 28 de junio , de Salud de Extremadura, se sancionaba la figura de los conciertos fuera del ámbito contractual, en la práctica dicha figura no habría tenido recorrido al considerarse, en línea con la doctrina mayoritaria y con la senda seguida por otras Administraciones autonómicas, que debería ser objeto de interpretación al amparo de la normativa contractual en materia de conciertos. Por ello, a través de la presente ley, se pretende restaurar dicha figura incorporándola al presente marco legal de acuerdo con los requerimientos legales actualmente existentes para dotar de seguridad jurídica al régimen de conciertos en el ámbito sanitario.
Lunes, 31 de diciembre de 2018 48261 NÚMERO 252 a) Ser entidades sin ánimo de lucro constituidas y registradas como tales, que tengan asumidas estatutariamente la reinversión en sus fines sociales de cualquier posible beneficio.
Lunes, 31 de diciembre de 2018 48266 NÚMERO 252 d) El desglose de los costes que se han tenido en cuenta para fijar el precio o tarifa a aplicar a la concertación y los criterios o parámetros que se consideran idóneos teniendo en cuenta las características del servicio para establecer los parámetros de actualización de precios.
b) Derechos y obligaciones de las partes, entre ellas las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de prestación del mismo; y, por otro lado, los derechos y deberes de los usuarios y de las usuarias, así como el procedimiento para formular quejas y/o reclamaciones.
3. Los conciertos podrán ser modificados para adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales de los mismos a las nuevas necesidades siempre que no supon gan una modificación sustancial de las condiciones que fueron tenidas en cuenta para la concertación y existan razones de interés público debidamente acreditadas.
2. Con independencia de lo anterior, los órganos que realizan el concierto deberán designar una persona o unidad responsable del concierto, al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.
1. Se constituirá una comisión de seguimiento de los conciertos sociales, que mantendrá al menos dos reuniones anuales, donde se revisarán las actuaciones llevadas a cabo, se presentarán las memorias y se adoptarán las medidas de control oportunas por parte de la Administración en lo relativo al cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente ley.
Disposición adicional primera. De la colaboración entre las diferentes Administraciones públicas y sus entes públicos.
Disposición adicional segunda. Incompatibilidad con subvenciones.
Disposición adicional tercera. Compatibilidad con los convenios singulares de vinculación.
Disposición adicional cuarta. Exención del requisito de acreditación en supuestos excepcionales.
Disposición adicional quinta. Régimen de acreditación e inspección.
Disposición transitoria primera. Prórroga de conciertos vigentes.
Tras la entrada en vigor de la presente ley, los conciertos suscritos al amparo del Decreto 151/2006, de 31 de julio , por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), serán susceptibles de prórroga o renovación, de acuerdo con las causas establecidas en la normativa reguladora de los mismos, hasta la fecha en que sean formalizados los nuevos conciertos de conformidad con el régimen de concertación previsto en esta ley. En todo caso, la vigencia de los conciertos renovados o prorrogados tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen Jurídico del Sector Público no podrá extenderse más allá de los límites temporales fijados por la disposición adicional octava de la norma.
Disposición transitoria segunda. Régimen de vigencia del Decreto 151/2006, de 31 de julio , por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).
El título IV y aquellos otros preceptos referentes al régimen de concertación del Decreto 151/2006, de 31 de julio , por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), mantendrán su vigencia en tanto produzcan efectos los conciertos suscritos al amparo del mismo.
1. Queda derogada la disposición adicional sexta de la Ley 14/2015, de 9 de abril , de Servicios Sociales de Extremadura, y el capítulo V del título V de la Ley 10/2001, de 28 de junio , de Salud de Extremadura.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
Se introducen las siguientes modificaciones de la Ley 14/2015, de 9 de abril , de Servicios Sociales de Extremadura:
“c) Las entidades privadas que suscriban contratos, conciertos sociales o convenios de colaboración con las Administraciones públicas de Extremadura o sean beneficiarias de ayudas o subvenciones concedidas por ellas para la prestación de servicios sociales”.
“3. El Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura podrá proveer estos servicios a las personas mediante alguna de las siguientes formas:
c) Mediante gestión indirecta, en virtud de alguna de las fórmulas establecidas en la normativa aplicable”.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
“Artículo 9 bis. Acuerdos de acción concertada o conciertos sociales.
Las convocatorias de conciertos sociales para la prestación de servicios con indicación, al menos, de su objeto, la duración inicial y eventuales prórrogas e importe de los servicios.
La relación actualizada de los conciertos que hayan sido formalizados o renovados con indicación de su objeto, la duración inicial y eventuales prórrogas, importe de los servicios y la entidad prestataria de los mismos. A tal fin, se garantizará el acceso a esta información por un periodo no inferior a cinco años y, en todo caso, mientras permanezca vigente el concierto.
En el primer mes de entrada en vigor del Presupuesto General de la Junta de Extremadura, la relación de los servicios que a lo largo del ejercicio se prevea que van a ser objeto de adjudicación por concierto social”.
La regulación contenida en la presente ley se ampara en las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Extremadura por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero , de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el artículo 9, apartado 26, en materia de infancia y protección de menores; en el apartado 27, en materia de acción social; en el apartado 28, en materia de inmigración; en el apartado 29, sobre políticas de igualdad de género; en el artículo 10, apartado 9, en materia de sanidad y salud pública, así como en el artículo 53, en materia de régimen local.
Disposición final cuarta. Régimen supletorio.