Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-06-junio-2007-ministerio-de-justicia-253322
Timestamp: 2016-10-24 00:02:07
Document Index: 364693580

Matched Legal Cases: ['artículo 103', 'artículo 259', 'artículo 149', 'artículo 18', 'artículo 108', 'artículo 400', 'artículo 406', 'artículo 1052', 'artículo 400', 'artículo 1062', 'artículo 1315']

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid don Juan Carlos Caballería Gómez, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 42, a inscribir una escritura de extinción de comunidad y adjudicación
RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid don Juan Carlos Caballería Gómez, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 42, a inscribir una escritura de extinción de comunidad y adjudicación Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid don Juan Carlos Caballería Gómez, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 42, a inscribir una escritura de extinción de comunidad y adjudicación Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por el notario de Madrid don Juan Carlos Caballería Gómez contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Madrid (Registro número 42), Doña María Luisa Irurzun Ipiens, a inscribir una escritura de extinción de comunidad y adjudicación.
«Registro de la Propiedad de Madrid 42.
Madrid, veintiséis de enero de dos mil seis. La Registradora. Fdo. María Luisa Irurzun Ipiens. Firma ilegible».
«Asiento 2640 del Diario 4.
Primero.-Conforme a los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento, el Registrador califica bajo su responsabilidad los documentos presentados, extendiéndose la calificación -entre otros extremos-a los obstáculos que surjan del Registro», a «la legalidad de sus formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite la inscripción», a «las que afecten a la validez de los mismos, según las leyes que determinan la forma de los instrumentos» y a «la no expresión, o la expresión sin claridad suficiente, de cualquiera de las circunstancias que, según la Ley y este Reglamento, debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad».
Entre los "órganos de la administración del Estado" a que se refiere el artículo 103 de la Constitución se encuentra el Ministerio de Justicia, del que dependen los Registros de la Propiedad a través de la Dirección General de los Registros y el Notariado (artículo 259 de la Ley Hipotecaria). El artículo 149.8.º de la Constitución declara competencia exclusiva del Estado la ordenación de los registros públicos».
1. Permite en todo caso al interesado obtener la nueva presentación del título ya calificado una vez cancelado el primitivo asiento -no durante la vigencia del mismo, cfr. Resolución de 15 de Junio de 2000-, con todo lo que ello implica y muy especialmente en relación con el principio de prioridad.
2. Esta nueva presentación impone al Registrador, desde el punto de vista procesal, la obligación de inscribir o extender nota de calificación desfavorable en el plazo de quince días hábiles, de conformidad con el principio general del artículo 18 de la Ley Hipotecaria.
3. Desde el punto de vista sustantivo resulta obligado distinguir distintos supuestos:
a) Si se acompañan nuevos documentos, se han modificado los anteriormente presentados o ha variado la situación registral de la finca o la normativa aplicable, la calificación desfavorable implica un nuevo juicio en cuanto al fondo del asunto, contra el que lógicamente cabe discrepar mediante cualquiera de los recursos establecidos al efecto en los plazos correspondientes, que se computarán desde la notificación de la nueva nota.
b) A pesar de mantenerse inalteradas las variables señaladas, el Registrador puede rectificar la calificación si la estimase infundada (Resolución de 9 de Marzo de 1942), ya lo haga revisando su propio criterio o el de su antecesor en el cargo (Resolución de 22 de Febrero de, 1993), y ya sea en sentido favorable a la petición de inscripción o señalando nuevos defectos (Resolución de 10 de Abril de 2000), en cuyo caso es obvio que estaría también abierto el plazo de recurso contra la nueva nota de calificación.
c) Pero si, como sucede en el caso presente, ni se aportan documentos subsanatorios, ni se ha rectificado el título ya calificado, ni se ha modificado la situación registral ni se ha producido un cambio legislativo, la calificación que sin señalar nuevos defectos se limite a reiterar la anterior no puede ser objeto ya de recurso.
1. En cuanto a la extemporaneidad del recurso.
a) Que la Ley 30/1992 es una disposición genérica frente a la normativa específica de la legislación hipotecaria, la cual, en esta materia específica de recursos, ha sido reformada con posterioridad a la citada Ley 30/92, señalando también que cuando la Ley Hipotecaria quiere que alguno de los trámites del recurso se rija por la Ley 30/92 se remite expresamente a ésta en los artículos 322 y 327.
b) Que dentro del cuerpo cerrado que en materia de recursos constituye la Ley Hipotecaria, se encuentran los artículos 325-2.º (duración del plazo de recurso en caso de nueva presentación del título calificado durante la vigencia del asiento de presentación sin subsanación de defectos) y el artículo 108-1.º del Reglamento Hipotecario que de forma contundente señala que presentado de nuevo el título transcurridos los plazos de los asientos, será objeto de nueva calificación, lo que significa abrir de nuevo el procedimiento aunque la calificación reitere la anterior.
c) Que esta postura aparece claramente reflejada en la resoluciones de 22 de febrero de 1993, 15 de junio de 2000, 18 de junio de 2004 y 30 de diciembre de 2005, poniendo también de relieve que tales resoluciones «dicen lo que dicen, y no lo que la funcionaria calificadora quiere que digan».
d) Que el Centro Directivo ha abordado suficientemente la cuestión con una doctrina clara: la posibilidad de nueva presentación del titulo implica nueva calificación y nueva posibilidad de recurrir, alegando también la doctrina constitucional en materia de recursos en el sentido de que debe concederse prevalencia a la interpretación más favorable a la tutela de derechos.
2. En cuanto a la cuestión de fondo.
a) Que la registradora parte de la tesis de la naturaleza declarativa de la extinción del condominio, por lo que en el caso que nos ocupa, según su tesis, el setenta y cinco por ciento de la finca que se adjudica a una de las partícipes mediante compensación con dinero ganancial, debe ser privativo por serlo también la cuota originaria del veinticinco por ciento restante. No obstante, y pese a lo debatido de la naturaleza jurídica de la disolución de comunidad, es cierto que el Centro Directivo, en la Res. de 14 de abril de 2005, contempló un caso (partición hereditaria) en la que se seguía esa tesis declarativa, aunque, a su juicio, la propia resolución daba a entender que esa doctrina habría de matizarse cuando la disolución tenga lugar con posterioridad a la adquisición hereditaria (algo que sucede en el supuesto que motiva el recurso), diferenciando también dicha resolución, a su entender, la partición de herencia como negocio gratuito de la disolución de comunidad como negocio oneroso.
b) Que la mayoría de la doctrina y las sentencias, cuando defienden el carácter declarativo de la extinción del condominio, se están refiriendo a lo que se podría denominar «extinción simple», en la cual todos los partícipes reciben bienes o cuotas de bienes de titularidad común aunque opere alguna compensación en metálico, manteniendo sus dudas cuando algún comunero desaparece de la relación jurídica. A juicio del recurrente, no puede mantenerse el carácter declarativo de la disolución cuando uno o varios partícipes desaparecen totalmente de la titularidad de la cosa recibiendo el contravalor en metálico (supuesto al que se refiere el artículo 400 del CC), pues en estos casos se estaría ante un acto traslativo de los demás comuneros a uno solo y que tiene que considerarse como un negocio oneroso, razón por la cual el Código Civil exige para la disolución de comunidad la capacidad para enajenar, dada la remisión que hace el artículo 406 a las normas de la partición de herencia, entre las que se encuentra el artículo 1052.
c) Que sentado el carácter de transmisión onerosa que en este caso tiene la extinción del condominio, nada obsta a que los cónyuges, al tiempo de la adquisición, atribuyan el carácter de ganancial a la extensión de la cuota privativa que se produce por la extinción, toda vez que se está ante una adquisición a título oneroso con dinero ganancial durante el matrimonio, y que los cónyuges, que son soberanos en la organización de su patrimonio, deciden atribuirle tal carácter, citando en su apoyo los artículos 1344, 1346 (éste a su juicio de interpretación restrictiva frente a la vis atractiva de los bienes gananciales a la presunción de ganancialidad), 1347 y, especialmente el 1355 (posibilidad de atribuir, de común acuerdo, carácter ganancial a los bienes adquiridos constante matrimonio a título oneroso, cualquiera que sea la procedencia del precio o contraprestación).
d) Por último, negaba que existiera en el documento calificado la contradicción que señalaba el punto sexto de la nota, dado que:
1.º) Mediante escritura pública otorgada por los dueños, con carácter privativo por cuartas partes indivisas (a título de herencia) de determinada finca, y el esposo de una de las comuneras, los cuatro primeros decidieron «cesar en la proindivisión existente» sobre dicha finca y acuerdan: a) Que, de conformidad con el artículo 400 y siguientes del Código Civil, en relación con el artículo 1062 del mismo cuerpo legal, adjudican la finca en pleno dominio a la mencionada comunera y su esposo compareciente, «que la adquieren para su sociedad de gananciales...»; y b) Que dicha copropietaria seguirá manteniendo su participación del veinticinco por ciento de la finca con carácter privativo.
2.º) La Registradora de la Propiedad, en una primera calificación, suspendió la inscripción solicitada por apreciar las contradicciones que detalla en cuanto al título sustantivo que documenta, en cuanto al objeto del contrato y en cuanto a la persona adquirente y al carácter de su adquisición. Posteriormente, en una segunda calificación -la que es objeto de recurso- reiteró la suspensión de la inscripción, remitiéndose a los argumentos de fondo que había expresado en su primera calificación, y alegó también la extemporaneidad del recurso por entender que así resulta del hecho de haber transcurrido el plazo para recurrir la primera calificación sin que se hubiera interpuesto el recurso.
2. Como cuestión previa, de un evidente interés procedimental y cuya importancia no sólo se circunscribe al caso examinado, debe analizarse la relativa a la extemporaneidad del recurso alegada por la Registradora.
3. Por lo que se refiere a la cuestión de fondo planteada por la calificación impugnada, es cierto que, respecto de la extinción de la comunidad que recae sobre un bien indivisible, adjudicándolo a un condueño e indemnizando a los demás, reiteradamente ha sostenido este Centro Directivo que la línea que delimita lo particional de lo dispositivo no es nítida, y en varias las Resoluciones (cfr., por todas, las de 2 de enero de 2004 y 4 y 14 de abril de 2005) ha entendido que en el supuesto especial de los artículos 404 y 1062 del Código Civil no se trata de un acto dispositivo que requiera la aplicación de otras normas previstas para la enajenación de inmuebles.
«... La regulación que del régimen económico matrimonial contiene el Código Civil se caracteriza por un marcado principio de libertad que se manifiesta, entre otros, en los artículos 1315 (libertad en la determinación del régimen económico), 1325 (libertad en cuanto a su estipulación, modificación o sustitución), 1328 (libertad de pacto en tanto las estipulaciones no sean contrarias a las leyes o las costumbres o limitativas de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge) y 1323 (posibilidad de transmitirse los cónyuges por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos), sin más limitaciones que las establecidas en el mismo Código (cfr. artículo 1315).
4. En el presente caso, examinados el título cuya inscripción se pretende y la calificación de la Registradora, las objeciones de fondo por ésta expresadas en su calificación no pueden ser confirmadas, como ha quedado expuesto anteriormente.