Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000090
Timestamp: 2020-02-21 05:25:05
Document Index: 87026415

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 14']

CPLT Jurisprudencia | Verónica Jadue Boeri con MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Verónica Jadue Boeri con MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Rol: A48-09
Consejo para la Transparencia, 10/07/2009
Se solicita amparo frente al solicitó al Ministerio Secretaría General de Gobierno, por haberse negado dicha institución a entregarle información relativa a los gastos efectuados por encuestas pidiendo recibir la información en soporte electrónico. El Ministerio basa su negativa en Afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por el elevado número de antecedentes requeridos que la reserva es fundamental para no dañar el objetivo que se tuvo a la vista al contratar la encuesta o sondeo de opinión. El Consejo acoge el amparo y estima que la reserva del Art. 22 de la Ley de Transparencia es excepcional y se aplica sólo a los resultados de dichas encuestas o sondeos de opinión y no los contratos a través de los cuales éstas se encargaron.
Materia Otros, especificar
Ley de Transparencia ART-22
DECISIÓN AMPARO ROL A48-09
Requirente: Verónica Jadue Boeri
Ingreso Consejo: 2.6.2009.
En sesión ordinaria N° 66 de su Consejo Directivo, celebrada el 10 de julio de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol A48-09, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada Ley de Transparencia.
El artículo 8° de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; las disposiciones de la Ley N° 19.032, que reorganizó el Ministerio Secretaría General de Gobierno; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
1) Solicitud de Acceso: Doña Verónica Jadue Boeri solicitó al Ministerio Secretaría General de Gobierno, el 20 de abril de 2009, “un informe con todos los gastos efectuados por encuestas desde el año 2000 hasta la fecha (que incluya los documentos de respaldo como contratos, boletas y facturas relacionadas)”, pidiendo recibir la información solicitada en soporte electrónica a través de un correo electrónico que indicó.
2) Respuesta: Dicha solicitud fue respondida dentro de plazo por la Unidad de Acceso a la Información del Ministerio Secretaría General de Gobierno, mediante correo electrónico de 19 de mayo de 2009 que rechazó entregar la información por los siguientes motivos:
a. Afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de “un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”: La solicitud requeriría “la búsqueda, identificación, clasificación y reproducción de un elevado número de documentos, lo cual implica distraer indebidamente a los funcionarios del servicio del cumplimiento regular de sus labores habituales, situación expresamente contemplada en el art. 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Ello, porque se pide “…documentación desde enero del año 2000 hasta abril del año 2009, es decir, documentación relativa a más de nueve años, incluyendo la documentación de respaldo como contratos, boletas y facturas relacionadas”.
b. Afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por la difusión de los resultados de las encuestas o sondeos de opinión encargados por los órganos de la Administración del Estado hasta que finalice el período presidencial durante el cual fueron efectuados. Se indica que los antecedentes que dan origen a dichas encuestas o sondeos de opinión forman parte de la información que el inciso final del artículo 22 de la Ley de Transparencia faculta mantener en reserva, y que ésta reserva es fundamental para no dañar el objetivo que se tuvo a la vista al contratar la encuesta o sondeo de opinión. Dichos antecedentes serían accesorios a la contratación y, como tales, tendrían el carácter reservado de la información principal. Se añade, además, que “La reserva de las encuestas y sondeos de opinión contratados por gobiernos anteriores, se fundamenta en la facultad que fue otorgada por las respectivas Leyes de Presupuesto”.
c. Afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por el carácter estratégico de las encuestas y estudios: “…el carácter estratégico de las encuestas y estudios que se han tenido a la vista para potenciar la comunicación del Gobierno, es dado por cuanto su publicidad, comunicación o conocimiento, afecta el debido cumplimiento de las funciones de la Secretaría General de Gobierno, conforme lo que se señala en el artículo 21 N° 1”.
3) Amparo: Que contra esta respuesta doña Verónica Jadue Boeri formuló dentro de plazo un amparo por denegación de acceso a la información, el 2 de junio de 2009, en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señalando que:
a. Requirió al Ministerio Secretaría General de Gobierno la información el 20 de abril de 2009 y sólo después de 29 días, el 19 de mayo, la Unidad de Acceso a la Información de ese Ministerio le notificó la denegación de acceso a la información requerida.
b. La causal del artículo 21 N° 1 c) debe entenderse según las normas supletorias de interpretación de la ley establecidas en el Código Civil que señalan que “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras” (artículo 20). El diccionario de la RAE define genérico como “común a varias especies” o “algo que no especifica ni individualiza cosa alguna”. Bajo estas acepciones el requerimiento realizado no puede, en ningún sentido, considerarse como genérico pues se individualiza como “gastos efectuados por encuestas desde 2000 a la fecha”.
i. El artículo 20 del Código Civil agrega que cuando el legislador haya definido las palabras expresamente para ciertas materias tendrán en éstas su significado legal. Si bien la Ley de Transparencia no hace interpretación alguna de la causal en comento, sí lo hace su reglamento en el artículo 7° N° 1 c), inciso 2°, al decir que: “Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, autor, origen, soporte, etcétera”.
ii. Considerando tal aclaración el requerimiento cumple con las características esenciales enunciadas en este artículo. La materia son los gastos efectuados por encuestas, la fecha de emisión o periodo de vigencia desde 2000 a la fecha, el autor, origen o destino el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Por esto, no puede considerarse un requerimiento genérico.
c. La causal de distraer indebidamente a los funcionarios de la repartición no parece atendible considerando lo establecido por el inciso 3° de la letra c) del N°1 del artículo 7° del reglamento, pues:
i. El Ministerio Secretaría General de Gobierno es una de las carteras con mayor cantidad de funcionarios comparada con otras reparticiones públicas. Tal afirmación pone en duda todo el espíritu de la Ley de Acceso a la Información, pues hace pensar que los organismos públicos con menos dotación de personal estarán más limitados que el resto para cumplir con esta normativa.
ii. La documentación requerida tampoco exige una exhaustiva búsqueda ni una gran pérdida de tiempo. El Ministerio tiene entre sus organismos dependientes a la Secretaría de Comunicaciones, que tiene entre sus funciones principales la contratación y el análisis de encuestas sobre el desempeño del gobierno. Por ello, llama la atención que el requerido se excuse en la exhaustividad para recopilar la información requerida, como si se tratare de documentación de difícil acceso y de escasa disponibilidad, cuando en realidad se solicita información de uso cotidiano y frecuente.
iii. Por lo demás, ante la eventualidad de que esa búsqueda de información implique más tiempo del requerido la propia ley concede la facultad al organismo de prorrogar el plazo de entrega en el artículo 14, inciso 2°, de la Ley de Transparencia. En este caso, el ministerio ni siquiera hizo uso de esta prerrogativa legal para ampliar el tiempo de entrega de lo requerido. Ello demuestra que el argumento de "utilización de tiempo excesivo" es inverosímil. Lo que es peor: el ministerio ni siquiera hizo el esfuerzo de recopilar la información y sus intenciones fueron, desde un comienzo, denegarla.
d. La causal del artículo 22, inciso final, de la Ley de Transparencia no procede porque:
i. Alude explícitamente a "los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por los órganos de la Administración del Estado". El artículo 19 del Código Civil señala que “cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal” y en este caso el sentido de la ley es claro, sólo se refiere al resultado de las encuestas. El mismo artículo señala que serán reservados “hasta que finalice el periodo presidencia durante el cual fueron efectuados”, de manera que sólo podría usarse esta causal de reserva para los resultados de las encuestas encargadas bajo esta administración.
ii. La aplicación de la “teoría de lo accesorio” es una inaceptable violación del espíritu de la Ley de Transparencia. Con ese argumento se podría ampliar a un número indeterminado los tipos de documentos bajo reserva, en una evidente contradicción con el listado taxativo de “únicas causales de secreto o reserva”.
e. La decisión del requerido resulta una flagrante violación del “principio de divisibilidad” establecido en el artículo 11 e) de la Ley de Transparencia.
i. Siguiendo esta interpretación de la Ley el Ministerio debió dar acceso, al menos, a toda la documentación referida a los años 2000 a 2005 y denegar sólo la información alusiva a la actual administración, es decir, desde 2006 a la fecha.
ii. Adicionalmente, como “no todas las encuestas solicitadas bajo la actual administración abordan temas de defensa nacional, seguridad del Estado o política exterior… se pudo haber determinado por parte de la autoridad entregar la información -no resultados, pero sí datos sobre gastos- relativa a encuestas que aborden temas como desempleo, evaluación de gobierno u percepción de campañas políticas y que se hayan encargado durante la actual administración”.
Termina solicitando que se acoja el reclamo y se ordene al Ministerio Secretaría General de Gobierno entregar toda la documentación solicitada respecto de los gastos efectuados por encuestas desde el año 2000 hasta la fecha. En subsidio, de considerarse la reserva de las encuestas relativas a la actual administración solicita que se ordene la entrega de la documentación de los sondeos realizados entre 2000 y 2005, ambos años inclusive.
4) Traslado: Que este Consejo Directivo, en su sesión ordinaria N° 56, de 5 de junio de 2009, estimó admisible este amparo y procedió a conferirle traslado al Subsecretario General de Gobierno mediante Oficio N° 147, de 17 de junio de 2009. Éste contestó mediante Ordinario N° 77/6, de 7 de julio de 2009, señalando que:
a. En cuanto al artículo 21 N° 1 letra c):
i. La denegación de la información solicitada no se funda en el carácter genérico de la solicitud, sino en que estaría referida a un elevado número de actos administrativos y sus antecedentes implicando, además, distraer indebidamente los funcionarios de sus labores habituales, lo que entraba el funcionamiento del servicio considerando la dotación de funcionarios y su jornada de trabajo.
ii. Seguramente la confusión de la reclamante se genera al no comprender que la causal establecida en el art. 21 N° 1 c) contempla tres hipótesis. Que una solicitud: a) sea genérica, b) se refiera a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o c) cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
b. En cuanto a la afectación del debido cumplimiento por entorpecer las labores habituales de los funcionarios:
i. El Ministerio Secretaría General de Gobierno realizaría múltiples funciones, a saber, las establecidas en la Ley N° 19.032 y los D.F.L. N°1/1992 y N° 17/1990, del mismo Ministerio. La afirmación consistente en que el Ministerio Secretaría General de Gobierno sería una de las carteras con mayor número de funcionarios en comparación con otras reparticiones se vería desmentida por el informe de Estadísticas de Recursos humanos del Sector Público, que se encuentra en el sitio electrónico de la Dirección de Presupuestos. http://www.dipres.cl/572/articles-41362_doc_pdf.pdf. Allí se observaría que, a la inversa, sería una de las reparticiones que menos funcionarios posee lo que demostraría que de accederse a lo solicitado, se afectaría gravemente el cumplimiento de sus labores habituales.
ii. Considerando la dotación de esa Subsecretaría y sus labores habituales no sería posible acceder a la solicitud de información sin afectar el cumplimiento de sus funciones propias. Según la reclamante, la información que solicita sería de uso cotidiano y frecuente señalando que la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) tendría como principal función la contratación y análisis de encuestas. Ello revelaría un profundo desconocimiento acerca de las funciones orgánicas de la SECOM, que exceden en mucho la simple contratación y análisis de encuestas. Como lo establece el art. 4° del D.F.L. N° 1/1992, del Ministerio Secretaria General de Gobierno, que modificó la organización de esta certera, corresponde a la División Secretaría de Comunicación y Cultura:
a) “Servir de órgano de informaciones del Gobierno, proporcionando el material correspondiente a los medios de comunicación nacionales e internacionales, difundiendo sus planes, orientaciones, políticas y obras realizadas a través de programas especiales de comunicación”;
b) “Proveer a las autoridades la información actualizada del acontecer nacional e internacional, como también de análisis de prensa de otras materias relativas a la comunicación”;
c) “Identificar las necesidades globales y específicas de comunicación de las diferentes instancias gubernamentales y proponer a éstas las estrategias adecuadas y proporcionar la asesoría para satisfacerlas, para lo cual desarrollará los estudios e investigaciones pertinentes”;
d) “Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la vinculación e inserción cultural de Chile a nivel internacional, propendiendo al fortalecimiento de relaciones culturales interregionales, como asimismo proporcionándole el material apropiado para que las representaciones diplomáticas chilenas, acreditadas en el exterior, dispongan de una adecuada información acerca de los acontecimientos nacionales".
iii. A mayor abundamiento, se objeta que la información requerida sea "de uso cotidiano y frecuente", dado que se trata de encuestas contratadas el año 2001 ó 2002 y en estos casos la información de más de 3 ó 4 años puede calificarse de obsoleta.
c. Respecto de no haberse resuelto una prórroga legal para responder:
i. La posibilidad que otorga el art. 14, inciso segundo, de la Ley de Transparencia para prorrogar en 10 días hábiles el plazo de respuesta cuando resulte difícil reunir la información solicitada se aplica, según se desprende de la norma, cuando la definición del servicio ha sido entregar la información solicitada pero, debido a la dificultad para reunir la información, necesita un tiempo mayor para elaborar adecuadamente la respuesta positiva. Por lo anterior resulta inoficioso referirse a lo señalado por la reclamante en cuanto a que la utilización de tiempo excesivo sería inverosímil, ya que el servicio no utilizó prorroga legal.
ii. Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la solicitud de información formulada se enmarca en la causal de reserva establecida en el art. 21 N° 1 c) de la Ley de Transparencia, así como lo señalado en el art. 7 N° 1 c), inc. 3°, del Reglamento de la Ley, en cuanto se refiere a un elevado número de actos administrativos y sus antecedentes y afecta el cumplimiento de las labores habituales de nuestros funcionarios, considerando la dotación de este servicio y la jornada de trabajo de nuestros funcionarios.
d. En cuanto al artículo 22 inciso final:
i. Respecto de los resultados de las encuestas, existe norma expresa en el art. 22 inciso final que consagra la reserva de la dicha información.
ii. El carácter accesorio de los documentos y antecedentes respecto de dichos resultados se desprende claramente del art. 26 de la Ley de Transparencia, que contempla expresamente la extensión de la reserva a los "escritos, documentos y actuaciones" accesorios a la información que tenga el carácter de reservada. En esa lógica, siendo reservados los resultados de las encuestas o sondeos de opinión los antecedentes y documentos relacionados con esos resultados deben poseer el mismo carácter reservado.
e. En cuanto a la transgresión del principio de divisibilidad al negar información anterior al 2006. No existiría tal transgresión dado que se sostiene que toda la información solicitada esta afecta a causales de reserva legal, esto es, tanto la información anterior al 2006 como la generada posteriormente. Al considerarse así no procede la denegación parcial, sino la denegación total. En efecto, no sólo se ha fundado la denegación en la causal establecida en el art. 22, inciso final, sino que, conjuntamente, en la causal establecida en el art. 21 N° 1 c), de la Ley, por los argumentos expuestos en el punto 1).
f. Solicitan se rechace el reclamo por los fundamentos antes señalado y se tengan presentes los siguientes antecedentes:
i. Estadísticas de Recursos humanos del Sector Público, que se encuentra en el sitio electrónico de la Dirección de Presupuestos. http://www.dipres.cI/572/articles-41362_doc_pdf.pdf.
ii. El marco normativo del Ministerio, contenidos en su sitio de transparencia activa (http://www.msgg.gob.c1/transparencialmarconormativo.htm).
1) Que en este caso lo solicitado son los gastos del Ministerio Secretaría General de Gobierno efectuados por encuestas desde el año 2000 a la fecha con sus documentos de respaldo, tales como boletas, facturas o contratos, información que en principio es de aquella a la que se refieren los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, es decir, información pública, por lo que sólo cabe su denegación en caso de que concurra respecto de ella alguna causal de secreto o reserva establecida en una Ley de quórum calificado, conforme lo dispone el artículo 8° de la Carta Fundamental.
2) Que el Ministerio Secretaría General de Gobierno denegó el acceso a la solicitud realizada por doña Verónica Jadue Boeri invocando las causales de secreto o reserva establecidas en los artículos 21 N° 1 c) y 22 inciso final de la Ley de Transparencia.
3) Que la primera causal alegada, es decir, la establecida en el artículo 21 N° 1 c) de la Ley, consiste en que la entrega de la información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido porque se referiría “a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes” o porque su atención implicaría “distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”. A este respecto debe señalarse que:
a) No fue probado que la solicitud abarcase un elevado número de actos administrativos, toda vez que para ello debería haberse indicado cuál es el número de encuestas que contrata anualmente la Secretaría de Estado requerida y demostrar que, efectivamente, sería un número elevado. Conviene recordar que como ha señalado este Consejo en sus decisiones A39-09 y A41-09 no basta con la simple alegación de configurarse una causal de reserva, sino que ésta debe probarse por quien la alega debido a que de esta circunstancia dependerá la extinción del deber de entregar la información. Ello es particularmente importante considerando que. como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia N° 634/2006, de 9 de agosto de 2007, “el derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Carta Fundamental –aunque no en forma explícita– como un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía”.
b) Que en cuanto a la supuesta distracción indebida de los funcionarios cabe señalar que en la Decisión A38-09 de este Consejo se determinó que para que se configure la satisfacción del requerimiento debe exigir, de parte de los funcionarios, “la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales” (art. 7° N°1 c) del Reglamento). En relación a esto señala el Ministerio Secretaría General de Gobierno que se afectaría el debido cumplimiento de sus funciones por ser una de las reparticiones con menos funcionarios, considerando sus labores habituales y el que la información de los años 2000 y 2001 no se tiene a la vista cotidianamente. No obstante, y reiterando lo señalado precedentemente, al no haberse acreditado el volumen de la información solicitada no se ha probado la distracción indebida.
c) Que, a mayor abundamiento, no parece verosímil que una Secretaría de Estado ignore el número de contratos que realiza año a año, más tratándose de los que se refieren al ejercicio de sus funciones propias y que no conserve los contratos y sus documentos de respaldo.
d) Que, de igual modo, las contrataciones de servicios –como la realización de una encuesta- deben, desde 2003, realizarse a través del Sistema de Información de compras y contratación públicas actualmente alojado en el portal http://www.mercadopublico.cl/, de manera que parte de los deberes legales y habituales de los funcionarios del Ministerio Secretaría General de Gobierno es, precisamente, informar de estos contratos de manera permanente, integrando esta información a partir del 20 de abril de este año parte de los deberes de transparencia activa que, de acuerdo a la letra e) del artículo 7° de la Ley de Transparencia, deben mantenerse en el sitio web de cada servicio público, en forma completa y actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito.
4) Que respecto a la segunda causal de secreto o reserva invocada, es decir, la del artículo 22, inciso final, de la Ley de Transparencia, debe tenerse presente la Decisión A32-09, recaída en otro amparo interpuesto en contra el Ministerio Secretaría General de Gobierno por el cual se solicitó un listado de los contratos de estudios celebrados por dicho Ministerio desde el 11 de marzo de 2006. En efecto, en dicho caso el Ministerio también invocó el artículo 22, inciso final, para denegar el acceso a la información, alegación que fue rechazada al afirmarse que las hipótesis de reserva o secreto son excepcionales y, como tales, de interpretación estricta y restrictiva. La norma citada declara secretos los “resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por los órganos de la Administración del Estado… hasta que finalice el período presidencial durante el cual fueron efectuados”, constituyendo una nueva hipótesis de reserva y una excepción a las normas generales de los incisos precedentes del artículo 22 relativas a la mantención de esta calidad, pero en ambos casos restringida, conforme a su claro tenor literal, sólo a los resultados de dichas encuestas o sondeos de opinión. Lo anterior, además, únicamente en cuanto se resguarde con ello el debido cumplimiento de las funciones de los órganos que encargaron éstas o aquéllos. El mismo razonamiento debe hacerse en este caso: una cosa son los resultados de las encuestas y otra, los contratos a través de los cuales éstas se encargaron.
5) Que, siguiendo también el criterio de la Decisión A32-09, debe rechazarse la aplicación del artículo 26 de la Ley de Transparencia para fundar una teoría de la accesoriedad que transformase en secretos los gastos efectuados en encuestas. Ello, pues dicho artículo sólo es aplicable a los procedimientos de amparos o reclamos incoados por el Consejo para la Transparencia en que se decida que la información es de carácter secreto o reservado y no puede servir para extender la reserva de los resultados de las encuestas o sondeos de opinión a los valores de éstas o los contratos que les dieron origen. En efecto, como toda excepción la reserva de tales resultados debe interpretarse de un modo restrictivo, permitiendo el control social de tales contratos que, por otro lado, de modo alguno pone en riesgo el secreto de los resultados.
6) Que este Consejo Directivo viene en representar al reclamado que, aunque la información solicitada ya no sea de uso cotidiano y se encuentre obsoleta, al ser información pública debe archivarse y conservarse de una manera que facilite acceder a ella, para poder responder adecuadamente y según el tenor de la Ley de Transparencia a las solicitudes de información que se realicen sobre ella. Lo mismo se aplica a los resultados de las encuestas o estudios, pues una vez finalizado el respectivo periodo presidencial pasarán a ser públicos.
7) Que la reclamante señala que su solicitud habría sido respondida transcurridos 29 días desde que la presentó. Sin embargo, los días no se computan como corridos pues el plazo legal para responder, según el artículo 14 de la Ley de Transparencia, es de “veinte días hábiles”, lo que significa excluir sábados, domingos y festivos. Esto significa que el requerimiento fue respondido en el último día de este plazo, vale decir, dentro de éste. Con todo, debe recordarse al Servicio reclamado que la Ley de Transparencia establece en su art. 11 h) el principio de oportunidad, “…conforme al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios”. Una respuesta emitida el último día del plazo legal para denegar la información solicitada no parece apropiada de cara al principio citado.
1) Acoger en todas sus partes el reclamo interpuesto por doña Verónica Jadue Boeri en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
2) Requerir al Subsecretario General de Gobierno que entregue la información requerida dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la presente decisión, enviando copia al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para que el Consejo Directivo pueda verificar si se ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.
3) Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Verónica Jadue Boeri y al Subsecretario General de Gobierno.