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Timestamp: 2020-03-31 17:27:23
Document Index: 206624545

Matched Legal Cases: ['artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 151', 'artículo 143', 'artículo 138', 'artículo 143', 'artículo 151', 'artículo 143', 'artículo 151', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 150']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 79, de 25/11/1993
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1993 V Legislatura Núm. 79 CONSTITUCIONAL PRESIDENTE: DON VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ Sesión núm. 4 celebrada el jueves, 25 de noviembre de 1993
ORDEN DEL DIA: Ratificación de las Ponencias encargadas de informar las siguientes Proposiciones de Ley Orgánicas: --Por la que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal. (BOCG, serie B, número 4-1, de 7-7-93. Número de expediente 125/000004) (Página 2513) --De reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. (BOCG, serie A, número 4-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000004) (Página 2513) --De ampliación de competencia del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
(BOCG, serie A, número 5-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000005) (Página 2513) --Sobre reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria. (BOCG, serie A, número 6-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000006) (Página 2513) --De reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. (BOCG, serie A, número 7-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000007) (Página 2513)
--De reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. (BOCG, serie A, número 12-1, de 26-7-93. Número de expediente 127/000008) (Página 2513) --De reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. (BOCG, serie A, número 8-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000009) (Página 2513) --De reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. (BOCG, serie A, número 13-1, de 26-7-93. Número de expediente 127/000010) (Página 2513) --De reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. (BOCG, serie A, número 9-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000011) (Página 2513) --De reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. (BOCG, serie A, número 10-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000012) (Página 2513) --De reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Asturias.
(BOCG, serie A, número 11-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000013) (Página 2513) --De reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. (BOCG, serie A, número 14-1, de 30-7-93. Número de expediente 127/000014) (Página 2513)
Debate sobre las siguientes Proposiciones de Ley Orgánicas: --Por la que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal. Corresponde al número de expediente 125/000012 de la IV Legislatura. (BOCG, serie B, número 4-1, de 7-7-93. Número de expediente 125/000004) (Página 2514) --De reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Corresponde al número de expediente 127/000011 de la IV Legislatura.
(BOCG, serie A, número 4-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000004) (Página 2514) --De ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Corresponde al número de expediente 127/000012 de la IV Legislatura.
(BOCG, serie A, número 5-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000005) (Página 2514) --Sobre reforma del Estatuto para Cantabria. Corresponde al número de expediente 127/000013 de la IV Legislatura. (BOCG, serie A, número 6-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000006) (Página 2514) --De reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Corresponde al número de expediente 127/000014 de la IV Legislatura.
(BOCG, serie A, número 7-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000007) (Página 2514) --De reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
Corresponde al número de expediente 127/000015 de la IV Legislatura.
(BOCG, serie A, número 12-1, de 26-7-93. Número de expediente 127/000008) (Página 2514) --De reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Corresponde al número de expediente 127/000016 de la IV Legislatura. (BOCG, serie A, número 8-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000009) (Página 2514) --De reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Corresponde al número de expediente 127/000017 de la IV Legislatura. (BOCG, serie A, número 13-1, de 26-7-93. Número de expediente 127/000010) (Página 2514) --De reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Corresponde al número de expediente 127/000018 de la IV Legislatura. (BOCG, serie A, número 9-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000011) (Página 2514) --De reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Corresponde al número de expediente 127/000019 de la IV Legislatura.
(BOCG, serie A, número 10-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000012) (Página 2514)
--De reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Asturias.
Corresponde al número de expediente 127/000020 de la IV Legislatura.
(BOCG, serie A, número 11-1, de 8-7-93. Número de expediente 127/000013) (Página 2514) --De reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. (BOCG, serie A, número 14-1, de 30-7-93. Número de expediente 127/000014) (Página 2514)
Se abre la sesión a las doce y veinte minutos del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la sesión. Tenemos un largo orden del día y vamos a ver si agilizamos la tramitación. Antes de dar comienzo a lo que es estrictamente el orden del día, quisiera recordar a SS. SS. que, al finalizar la sesión de la Comisión, vamos a constituir la Ponencia para el estudio del censo, cuya constitución había aprobado el Pleno. Por tanto, ruego a los miembros de la Ponencia que permanezcan en la sala una vez que hayamos concluido el orden del día de esta sesión.
Tenemos tres temas que constituyen el orden del día de esta sesión: la ratificación de las ponencias en relación con los estatutos, la tramitación de los estatutos y el proyecto de ley de asilo. (El señor López Garrido pide la palabra.) Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: El orden del día, como ha señalado el señor Presidente, es abundante. Hoy se van a examinar nada menos que once proyectos de ley de reforma de estatutos de autonomía y después el proyecto de ley de asilo. Solicito, en nombre de mi Grupo, que se modifique el orden del día, en el sentido de que el proyecto de ley de modificación de la ley de asilo se pueda ver en una subsiguiente y cercana sesión de la Comisión Constitucional, con objeto de que podamos examinar esta importantísima ley, con aspectos de gran calado político y constitucional, en una sesión posterior. A ese respecto, creo que sería útil que se modificase el orden del día y que pudiese dedicarse una sesión monográfica de la Comisión Constitucional al estudio del proyecto de ley de modificación de la ley de asilo.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que hay acuerdo al respecto si nadie pide la palabra. (El señor Cisneros Laborda pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Por parte del Grupo Popular, desde luego no existe objeción alguna a la pretensión bien fundada del señor López Garrido, en nombre de Izquierda Unida. Unicamente quisiera rogar a la Mesa que un pequeño receso o en un momento posterior se determinara la fecha de esa convocatoria para que pudiera satisfacer a los distintos portavoces.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mohedano.
El señor MOHEDANO FUERTES: Efectivamente, hay un dato al margen de los que han sido razonados brevemente por el señor López Garrido, y es que estamos debatiendo en este trámite legislativo la modificación de la ley de refugio y asilo con competencia legislativa plena, o sea, que será éste el único y último debate que tengamos en el Congreso de los Diputados sobre la modificación de la ley de asilo, ya que no pasará al Pleno del Congreso.
Habida cuenta de que hemos tenido también hoy una sesión plenaria y que vamos a discutir y debatir ahora la modificación de once leyes orgánicas, concretamente las de reforma de los estatutos de autonomía, y luego una ley evidentemente importante y con enjundia jurídico-constitucional y política, como es la ley de asilo, por parte del Grupo Parlamentario Socialista no sólo no hay ningún inconveniente, sino que compartimos la idea de que deberíamos discutir este proyecto de ley con competencia legislativa plena en una sesión que permitiera el sosiego y, por tanto, independientemente de los debates que hemos tenido hoy en el Pleno y de los que vamos a tener en la Comisión en relación con estos once estatutos de autonomía.
El señor PRESIDENTE: Entiendo entonces que hay acuerdo y posponemos la tramitación del proyecto de ley de asilo a una próxima sesión, con independencia de que la fijaremos más adelante. A efectos informativos únicamente, la primera fecha en que hay sala disponible en esta Cámara es en torno al día 16 de diciembre, que es jueves. Ya la precisaremos, pero a efectos de que programen sus agendas tengan en cuenta que, por problemas de disponibilidad de sala, la fecha más inmediata me parece que es el día 16.
RATIFICACION DE PONENCIAS.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día, que es la ratificación de las Ponencias de las doce proposiciones de leyes orgánicas. Los nombres
de los ponentes obran en las actas de la Comisión, por lo que creo que no es necesario dar lectura a las mismas.
¿Ratifican SS. SS. el nombramiento de las Ponencias? (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Así.
DEBATE SOBRE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES DE LEYES ORGANICAS:
--POR LA QUE SE DEROGA LA LEY ORGANICA 12/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA DE COMPETENCIAS DE TITULARIDAD ESTATAL. (Número de expediente 125/000004.)
--DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
(Número de expediente 127/000004.)
--DE AMPLIACION DE COMPETENCIAS DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA RIOJA.
(Número de expediente 127/000005.)
--SOBRE REFORMA DEL ESTATUTO PARA CANTABRIA. (Número de expediente 127/000006.)
--DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA REGION DE MURCIA. (Número de expediente 127/000007.)
--DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LAS ISLAS BALEARES. (Número de expediente 127/000008.)
--DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTOMONIA DE CASTILLA Y LEON. (Número de expediente 127/000009.)
--DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CASTILLA-LA MANCHA. (Número de expediente 127/000010.)
--DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE EXTREMADURA. (Número de expediente 127/000011.)
--DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (Número de expediente 127/000012.)
--DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 10, 11, 12, 13, Y 18 DE LA LEY ORGANICA 7/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA ASTURIAS.
(Número de expediente 127/000013.)
--DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON. (Número de expediente 127/000014.)
El señor PRESIDENTE: Respecto a los debates sobre las proposiciones de leyes orgánicas, de común acuerdo, oficioso, con los señores portavoces, habida cuenta de que las enmiendas a estas proposiciones de ley en términos generales son bastantes coincidentes, el portavoz del Grupo de Izquierda Unida está dispuesto a defender todas las enmiendas a todos los estatutos en una única intervención. Luego habría un turno en contra y posteriormente la fijación de posiciones respecto a todos los estatutos, si les parece a SS. SS. (Asentimiento.) El portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: El objetivo principal de las enmiendas de Izquierda Unida en este trámite, después de haber debatido las proposiciones de leyes de las distintas asambleas o parlamentos de las comunidades autónomas, era intentar conseguir, en la fase de enmiendas al articulado, una mayor profundización del techo competencial que esta reforma podía suponer para cada comunidad autónoma. El propósito era, por tanto, acercar la distancia de las competencias que existe entre las comunidades del artículo 143 de la Constitución y las del 151. Creemos que en este trámite se está culminando un pacto que no ha tenido, desde nuestro punto de vista, la profundidad y el calor que debiera haber tenido en su debate en cada una de las comunidades y aquí en el Parlamento. Creemos que estamos en condiciones de incrementar las competencias exclusivas que se nos proponen, de especificar aún más algunas de esas competencias a nivel exclusivo, e incluso incrementar las competencias que algunos estatutos tienen vía desarrollo legislativo y ejecución y, por qué no, también las de ejecución. Por tanto, las enmiendas van dirigidas, según sean los estatutos, a incrementar esos techos competenciales.
Otro objetivo de nuestras enmiendas es intentar conseguir que en este trámite de reforma de los estatutos de autonomía se aborde la reforma institucional que los parlamentos de las comunidades del artículo 143. Es decir, debiéramos tener unos parlamentos con mayor peso político, con mayor techo competencial, haciendo residir en los mismos un volumen de decisiones que ahora mismo están más bien escorados hacia un concepto presidencialista o de gestión. Por otra parte, estos parlamentos debieran tener mayores medios de funcionamiento. Creemos que las limitaciones de los estatutos al funcionamiento de los parlamentos debieran superarse y darles un período ordinario de sesiones igual al de las comunidades del artículo 151 y al de esta Cámara, así como dotar de medios tanto a los grupos como a los Diputados. Por otro lado, estas cámaras deberían tener la capacidad de disolverse si en un debate de moción de censura o en un debate de investidura no se llegase a un respaldo suficiente.
Por tanto, Izquierda Unida ha pretendido con sus enmiendas, por un lado, incorporar a los estatutos de
Baleares, de Aragón, de Asturias y de Madrid lo que habían sido las decisiones de los parlamentos autónomos en anteriores reformas, que no son del calor de las que ahora mismo se nos proponen, que eran más amplias. No hemos presentado enmiendas al Estatuto de Cantabria puesto que la más importante sobre la capacidad de disolución por la propia situación que vivía esa comunidad no era del tenor de competencia. El objetivo que perseguíamos en el resto de los estatutos era conseguir esos techos competenciales a que hacía referencia.
En concreto, creíamos que se podían completar las competencias de ordenación del territorio incorporando la ordenación del litoral; creíamos que a las competencias sobre aguas se podía añadir la correspondiente a las aguas subterráneas; creíamos que se podían añadir competencias de administración local especificadas; creíamos que dentro de las competencias delegadas, a la vez que la posibilidad de pesca se podía dar la de incorporación de puertos pesqueros aunque tuvieran actividad comercial; y creíamos que se podrían especificar más las competencias en el terreno laboral.
En cuanto a competencias exclusivas creíamos que, además, de las competencias que había en esta reforma, deberíamos incorporar competencias como investigación científico-técnica, como sanidad e higiene que figuran como de desarrollo legislativo y ejecución, competencias de ordenación farmacéutica, de asociación en el ámbito del territorio de cada comunidad, los bienes de dominio público y patrimoniales, montes y aprovechamientos y servicios forestales, instituciones de protección y tutela de menores, cámaras de comercio y colegios profesionales.
Creíamos también que deberíamos agrupar las competencias de tipo económico sin renunciar a las posibilidades o sin que se puedan perder las posibilidades que figuran en los artículos relativos a competencias diferidas de cada estatuto de autonomía, que en función de la posterior discusión a nivel de las comisiones de transferencias y de la evaluación que exista en cada una de ellas, se pudieran incorporar a los derechos de cada comunidad autónoma competencias como comercio interior, que tiene alguna comunidad autónoma y otras no, como fomento y planificación de la actividad económica, competencias sobre la posibilidad de planes de reestructuración en sectores industriales, incluso la gestión del sector público que el Estado pueda tener en cada una de éstas, programas de actuación referidos a comarcas deprimidas. En suma, queríamos concentrar competencias de tipo económico dentro de las competencias exclusivas que tenía cada estatuto y que pueden suponer mayor capacidad de actuación en función de la discusión o del diálogo que se establezca, a nivel competencial, entre el Estado y cada una de estas comunidades.
Asimismo proponíamos en nuestras enmiendas la posibilidad de incrementar las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución incorporando la competencia de sanidad de la misma manera que proponía esta reforma de estatuto para las competencias de educación. Nosotros creemos que deben entrar en ese proceso. No establecemos la fecha. Sí decimos que puede ser uno de los derechos, una de las posibilidades en función de la discusión que se desarrolle a la hora de valorar las transferencias de cada comunidad con la Administración central. Por otro lado, proponíamos incorporar competencias en consultas populares que teníamos diferidas, en instituciones penitenciarias, en Administración de justicia, en el régimen jurídico y en el sistema de responsabilidad de la administración de cada comunidad, en la expropiación forzosa, en la reserva de un sector público, en la ordenación del crédito, de la banca y del seguro y en la protección del medio ambiente con capacidad de desarrollo legislativo.
Por último, otro bloque de enmiendas que hemos presentado hace referencia a incorporar competencias de gestión, de capacidad de ejecución, que ahora mismo están recogidas en los estatutos como competencias diferidas y que quedan excluidas de esta reforma. Serían los vertidos industriales, puertos y aeropuertos, nombramiento de agentes de cambio y la ordenación del transporte de mercancías y viajeros.
Señorías, he intentado resumir cuál era el objetivo de nuestras enmiendas concretas a cada uno de los estatutos y nuestra filosofía en cada uno de ellos, entendiendo que, teniendo en cuenta las tres posiciones a las que me he referido al principio de mi intervención, hemos presentado enmiendas a diferentes niveles. No hemos presentado enmiendas al Estatuto de Cantabria. Tenemos la trasposición a Baleares, Aragón, a Asturias y a Madrid y a las demás las enmiendas que acabo de especificar. Espero haber podido simplificar en esta intervención la tramitación de estos proyectos y haber concretado nuestra voluntad a la hora de enmendar estas proposiciones de ley que vienen de cada comunidad autónoma.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Izquierdo Collado.
El señor IZQUIERDO COLLADO: Señor Presidente, creo que la tramitación de las enmiendas a todos los estatutos, de manera conjunta, supone una decisión en la que subyacen los planteamientos, estimo que claros y relativamente definidos, de los distintos grupos de la Cámara en relación con ellas. Por parte de Izquierda Unida se ha procedido a una enumeración de las enmiendas presentadas y creo poder afirmar en este momento que la mayoría de los grupos de la Cámara, que representa a su vez a la mayoría del Pleno, va a adoptar la actitud de no aceptar las enmiendas de Izquierda Unida.
No voy a entrar en enumeraciones ni en concreciones, puesto que el propio ponente de las enmiendas no lo ha hecho --no quiero que se interprete como descortesía-- ni voy a aludir a cada uno de los estatutos por separado, sino que me remito a las solventes intervenciones de los portavoces de los distintos proyectos de ley en su momento en el Pleno.
Pero quiero iniciar mi intervención recordando, una vez más, que la reforma de estos estatutos tiene su base en un proceso de acuerdo, en un proceso
de pactos autonómicos con el intento de un consenso total, que a su vez se ha configurado en la obtención del mismo por una parte importantísima de la Cámara.
Es verdad que la tramitación de cualquier ley tiene un procedimiento absolutamente normal, pero en ésta debemos tener presentes los acuerdos autonómicos, que son los que dan pie al consenso actual y a la definición de las distintas transferencias que se contemplan en cada uno de los estatutos y que tienden a ir avanzando y profundizando en el Estado de autonomías que nuestro país está, por una parte, permanentemente alumbrando y, por otra, continuamente perfeccionando. En este pacto --hay que ser claros-- están las transferencias reseñadas que se contemplan en los distintos estatutos, que son copiosas, que tienen una importancia política fuera de toda duda y que aumentan los techos competenciales de las comunidades que fueron por el 143 hasta acercarlas, casi unificarlas, con las comunidades del 151. Junto a esas presencias, existe también en el acuerdo la ausencia de otras competencias. No vamos a entrar en el prorrateo de algunas propuestas de las enmiendas, dado que el consenso se logró con esas presencias y esas ausencias que en estos momentos mantiene la mayoría de los Diputados.
He de decir también, para centrar la importancia política que tiene este proceso de transferencias, que, cuando estén ejecutadas todas ellas, nuestro país pasa a la cabeza mundial de descentralización. Posiblemente, sólo dos países en todo el mundo podrían exhibir un nivel similar de distribución de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas o los estados federales respectivos. Por tanto, estamos hablando de unas transferencias de muchísimo calado que sitúan a España en un punto de descentralización posiblemente no soñado por muchos, ni siquiera hace muchos años, que obedecen precisamente al pulso con que se está logrando hacer avanzar en nuestro país al Estado de las autonomías.
Por otra parte y de cara a una serie de enmiendas, he de decir que procesalmente es correcto, cuando una ley sale al proceso legislativo pleno, enmendarla en su totalidad, por lo que los estatutos de autonomía en este momento son susceptibles de ser enmendados en su totalidad. Pero es evidente que el pacto autonómico se consigue para concentrarlo sobre una serie de aspectos relacionados con las transferencias y no para tocar, creo que de manera excesivamente ligera, la totalidad de los estatutos y de las materias que los grupos pudieran querer efectuar con tranquilidad y en otro ámbito. Por eso he de decir que enmiendas como la de la ampliación del período de sesiones de algunos estatutos, enmiendas como la de dotación de sueldos a los parlamentarios autonómicos y otras son de naturaleza muy distinta al objetivo del pacto autonómico que alumbra esta reforma de los estatutos. No quiero que se entienda mi intervención en relación con esas enmiendas de manera negativa en su contemplación, sino que no es el momento procesal, no es el momento oportuno y, por tanto, debe quedar para futuras negociaciones en profundidad, contando a su vez con los parlamentos de las comunidades autónomas correspondientes y de todas las fuerzas políticas.
Algunas transferencias de las que se proponen en las enmiendas son evidentemente de profundo calado, pero también implican, yo creo, un desconocimiento relativo de cuáles son los deseos de los propios Gobiernos de las comunidades autónomas respectivas. En concreto, las transferencias en materia de sanidad son un brindis en las enmiendas, puesto que es difícil que se pueda hacer una propuesta de abrir transferencia y no poner la fecha para la misma, dado que es mejor técnica que cuando se vaya a proceder a la transferencia consensuarla, como hemos hecho con el resto, y no dejar abiertos una serie de capítulos que podrían generar incertidumbre y una problemática importante. A su vez, esa transferencia sanitaria implicaría muchos problemas a la hora de concretarla y no son pocas las comunidades autónomas que consideran, dada la experiencia además de aquellas comunidades autónomas que ya la poseen, que es una transferencia que debe aquilatarse, conocerse su estructura y, por tanto, no tener premura en la misma.
Algunas enmiendas de las que propone Izquierda Unida aparentemente son nuevas, pero he de decir al ponente señor Ríos que están contempladas en titulaciones más globales y, por tanto, el hecho de que no las asumamos no quiere decir que no las contemplemos en las transferencias asumidas en el propio proyecto, sino que --repito-- están en titulaciones que engloban algunas de las que presenta Izquierda Unida.
Por ir terminando, creo que estamos haciendo una reforma de los estatutos que supone un avance histórico, que así tenemos que transmitirlo a los ciudadanos, que no podemos dar la impresión de que lo que hacemos es algo liviano o manifiestamente mejorable en este momento, sino que las transferencias están muy medidas, son muy profundas y tienen el consenso requerido. Desde luego, es una pena que Izquierda Unida no las apoye en su totalidad. A mí me da la impresión de que erró en su planteamiento al no apoyar el pacto autonómico --estaba en su derecho-- y que esa estrategia de confrontación le lleva a hacer un escorzo ahora en las enmiendas que yo creo que debía evitarse. Casi me atrevería a pedir, en este ambiente de que sobre los estatutos y su reforma debemos seguir hablando, que retirara las enmiendas y que, por tanto, pudiéramos pasar directamente a la votación.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? El señor Mur tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Voy a fijar la posición del Partido Aragonés, del Grupo Mixto, en este trámite parlamentario.
Ya es conocida la postura de nuestro partido en las pretendidas reformas de los estatutos de autonomía y en especial del que nos atañe a nosotros, el de Aragón. Durante todo el proceso de la Ley de Transferencias y cuando estas proposiciones de ley se debatieron en el Pleno, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad porque no estábamos de acuerdo en la raíz y en el origen de esta reforma. De ahí que no hayamos presentado ninguna enmienda ahora, en este trámite parlamentario,
porque no queremos colaborar a una especie de simulacro de reforma que, según acabamos de oír, va a igualar a todas las comunidades autónomas cuando las diferentes son cada día mayores, y puesto que todos los partidos operantes en Aragón, también el Partido Socialista y el Partido Popular, firmantes del pacto autonómico, tienen contraído con el electorado un compromiso público de que una vez terminada esta reforma, que en Aragón llamamos la «reformita», todas las fuerzas políticas aragonesas abordaremos la reforma amplia del Estatuto de Autonomía de Aragón. Nuestro partido está deseoso de que este trámite termine cuanto antes, dado que su contenido es perfectamente inocuo, para poder pasar a plantear esa reforma política, con el apoyo de todas las fuerzas que operan en Aragón. Hasta ahora esa reforma en profundidad solamente ha sido apoyada por el Partido Aragonés y por Izquierda Unida en Aragón, con el voto en contra del Partido Socialista y del Partido Popular.
Pues bien, como nosotros creemos en que las promesas electorales y postelectorales alguna vez hay que cumplirlas, por eso es por lo que no queremos demorar el trámite de esta reformita que hoy se plantea aquí.
Hablo solamente con referencia al Estatuto de Autonomía de Aragón; en el resto de estatutos, evidentemente, nuestro Partido no tiene representación política en esas comunidades y no voy a cometer la ligereza de intentar decirles cómo tienen que gobernarse allí. Pues, como decía, lo que queremos es que termine pronto este trámite para pasar al trámite verdadero, al trámite amplio de la reforma, que espero que, con el apoyo total de las fuerzas con representación parlamentaria en Aragón, podremos traer, yo espero que no más lejos de la primavera próxima, a este Parlamento. Espero que entonces haya la posibilidad de encontrar un consenso que no se ha encontrado ahora.
Todos recordamos, aunque hoy ha pasado muy de puntillas, que lo que hoy se está debatiendo aquí es fruto --poco maduro, porque la verdad es que hasta ahora frutos no ha dado ninguno-- de aquellos pactos autonómicos del 28 de febrero de 1992 entre solamente dos partidos del arco parlamentario. Partido Socialista y Partido Popular, que nos ofrecían tantas bondades a las comunidades de la vía lenta, del artículo 143.
Realmente, casi dos años después, prácticamente no hemos podido observar ninguna de aquellas bondades; de ahí que fuera absolutamente inocuo este pacto. Por tanto, no lo apoyaron más que dos partidos, bien es verdad que los mayoritarios.
Dijimos entonces, y repetimos ahora, que no nos igualan a todas las comunidades autónomas; que algunas, en este caso a la de Aragón, nos recortan nuestros derechos constitucionales, lo cual nos estimula en Aragón para seguir luchando para que estos derechos alguna vez se conviertan en una realidad. Seguimos discriminados, a nuestro juicio, y, desde luego, no nos acercamos --lo sabe muy bien el portavoz del Grupo Socialista, que ahora ha dicho que con esto se unifican y casi se acercan los distintos estatutos de autonomía--, sino más bien todo lo contrario, cada día estamos más lejos de aquellas autonomías consideradas como históricas y que, evidentemente, nosotros pretendemos que sigan avanzando, pero lo que no queremos es que la autonomía aragonesa se quede estancada para que la diferencia con aquéllas sea cada día mayor.
Es lógico que el representante socialista no acepte ni siquiera estas modestas enmiendas que yo, desde luego, voy a votar favorablemente, porque indican, primero, un posicionamiento político y, segundo, porque, de aprobarse, algo mejoraríamos en este panorama de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, porque cuando habla de nivel de descentralización, ya lo ha dicho todo.
Nosotros consideramos los estatutos de autonomía como algo más que una simple descentralización administrativa. No habría hecho falta todo el proceso que se ha seguido hasta ahora; no habría hecho falta quizá ni la Constitución de 1978 para descentralizar la Administración. Lo que queremos es poder político; lo que queremos es tener mucho más poder a través del parlamento autónomo, de los parlamentos regionales, del que en este momento tenemos. Que avanzamos ahora y que con esta reforma seremos uno de los países más descentralizados del mundo, sería lógico; no vamos a estar igual que cuando las constituciones son centralistas o borbónicas. Nuestra Constitución del año 1978 diseña un Estado como el que diseña y lo que lamentamos es que quince años después, que es mucho tiempo en la vida de una persona y hasta en la vida de los pueblos, estemos tan alejados como estamos en este momento, pero todavía toman ustedes precauciones, señores del Grupo Socialista: no es el momento, dicen ahora, de avanzar más; no es el momento de avanzar, decían ustedes en julio de 1981 cuando firmaron los Pactos Autonómicos con la Unión de Centro Democrático. Yo digo siempre que la Unión de Centro Democrático políticamente ya pagó su pecado de haber frenado el desarrollo autonómico en un momento en que se hubieran evitado graves problemas posteriores. A ustedes todavía me imagino que tendremos que pasarles cuentas políticas por el freno del año 1981, por el freno del año 1992, por el del año 1993 y por los frenos posteriores si no cambian, y yo todavía les reconozco la capacidad de cambiar, sobre todo por aquello del cambio del cambio, que a lo mejor ahora lo aplican y, entonces, a lo mejor ustedes el año que viene cambian e impulsan una reforma en profundidad.
En cualquier caso, señor Presidente --voy terminando--, quiero que quede constancia de que para nosotros el Estado autonómico es un Estado sin restricciones, con igualdad de derechos, en el que se cumple todos los días el artículo 138.2 de la Constitución, que no admite privilegios para nadie, cualquiera que sea la vía de acceso a la autonomía, y me da la impresión de que ustedes todavía, hoy por hoy, siguen con esa política de aceptar aquello que no pueden evitar. Nosotros haremos lo posible para que la plena autonomía aragonesa resulte inevitable para que ustedes la tengan que aceptar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presiente, señorías, cuando se iniciaron los trabajos que desembocarían posteriormente en la culminación del pacto autonómico, PSOE y PP no constituían mayoría en el Parlamento de Canarias. No la constituyen tampoco en la actualidad y mi fuerza política hará lo posible, obviamente, para que en el futuro tampoco la constituyan. De ahí precisamente la razón fundamental, entre otras, por la falta de diálogo existente desde entonces, a pesar de que algún miembros de la Coalición Canaria ya tenía presencia en esta Cámara, para que la Comunidad Autónoma Canaria quedase fuera del mismo. En el archipiélago se han seguido los trabajos encaminados a la culminación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de mi Comunidad que en su momento y próximamente vendrán a esta Cámara, pero, en definitiva, lo bueno es destacar que para nosotros la falta de diálogo ha sido determinante de unas distorsiones que se han producido y en virtud de las cuales todavía no tenemos nuestro Estatuto. Estamos conformes, en términos generales, con las propuestas de reforma que hoy se traen a esta Comisión, pero ello no quiere decir, por lo que a Aragón respecta (sintiéndonos solidarios con lo que el Partido Aragonés, a lo largo de mucho tiempo, ha venido manifestando y pulsando también allí en Aragón lo que una opinión pública bastante numerosa opina al respecto), que nosotros podamos dar nuestro voto afirmativo, al contrario de lo que sucede con los restantes casos, por lo que respecta a la reforma del Estatuto Aragonés.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camp.
Con ocasión de la toma en consideración en el Pleno de la reforma de todos estos Estatutos de Autonomía, nuestro Grupo tuvo ocasión de fijar su posición, que era coincidente con la toma en consideración y también anunciamos un pronunciamiento favorable en toda la tramitación que sobre ellos había de producirse.
Dos cuestiones eran el objetivo principal de nuestra argumentación. Una de ellas era la coincidencia en que había que dar curso a lo que las asambleas parlamentarias habían solicitado, y que era suficiente el hecho de que ellas marcasen lo que realmente querían asumir.
Nuestro punto de referencia no era tanto un acuerdo entre Partidos, como el acuerdo autonómico aquí citado, sino el propio acuerdo de cada una de las asambleas legislativas. Este era nuestro punto de referencia, igual que lo era --segundo objetivo de nuestra argumentación-- entender que este proceso no se encontraba agotado en sí mismo; es decir, no por el hecho de hacer hoy esta reforma se entendía que estos Estatutos de la vía del 143 alcanzaban ya un techo definitivo, ni mucho menos. De la misma forma que tampoco lo tienen los Estatutos llamados de nacionalidades históricas.
Entendemos que, tanto en un caso como en otro, estamos en una vía de desarrollo constitucional y estatutario, que esta vía ha de dar todavía muchos frutos, y en este sentido es bueno que hoy se dé curso a estos dictámenes de la forma en que vienen informados por la Ponencia, pero con esta perspectiva de contribuir a un proceso dinámico que es el proceso autonómico y el de profundizar en la descentralización política en el Estado español, proceso que no entraremos aquí a valorar si está en el primero, en el quinto o en décimo lugar del «ranking» mundial, ya que no tenemos argumentos fundados para podernos pronunciar, pero estamos de acuerdo y tenemos el pleno convencimiento de que todavía nos quedan muchos puntos para avanzar en la línea ascendente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Díez.
El señor FERNANDEZ DIEZ: Fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, en este trámite procesal en el que nos encontramos de las proposiciones de ley emanantes y emanadas de los parlamentos autonómicos de las Comunidades Autónomas que accedieron a su autonomía por la vía del artículo 143 con la intención de reformar sus estatutos para incrementar su autogobierno, exige, desde nuestro punto de vista, contextualizar esta intervención para entender bien lo que ha sido el proceso autonómico y, dentro de él, qué es lo que estamos haciendo ahora y, desde esta perspectiva, entender, de forma adecuada y correcta, cuál es la posición del Grupo Parlamentario Popular, que es lo que en este trámite yo voy a intentar hacer.
Como SS. SS. saben, la Constitución de 1978 fue una constitución que, además de garantizar el tránsito pacífico de un sistema no democrático a un sistema democrático, descentralizó profundamente, pasando de un Estado centralista, fuertemente centralizado, a un Estado profundamente descentralizado. Precisamente la especificidad del proceso que con la Constitución, y singularmente desde su Título VIII, se ponía en marcha, y teniendo presente, además, que en el Derecho comparado constitucional no había un modelo idéntico al español, por eso precisamente y por lo genuino de la fórmula, la Constitución española diseñó lo que ha sido comúnmente conocido como «El Estado de las Autonomías», es decir, pasar de un Estado centralista y centralizado fuertemente a un estado descentralizado política y administrativamente, Estado que iba a ser conocido como «Estado de las Autonomías».
Presidió la elaboración de la Constitución el consenso. Creo que ésta es una de las grandes virtualidades de la Constitución y ninguna fuerza política se ha sentido identificada al cien por cien con la Constitución.
Por eso mismo podía decirse que la Constitución no era de ningún partido político en particular, de tal suerte que la Constitución podía ser considerada de todos y para todos los españoles, rompiendo, por cierto, de esta manera con lo que había sido la trágica historia del constitucionalismo español a lo largo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, por lo menos hasta la Constitución de 1978.
Pues bien, parecía lógico que en el desarrollo
constitucional del Título VIII, que afecta a la esencia del Estado, puesto que afecta a su organización territorial, ese espíritu de consenso presidiera también en el poder, ya no constituyente, sino constituido, del legislador ordinario de cada momento el desarrollo, insisto, en el ámbito autonómico, del desarrollo constitucional. Y así lo entendió el legislador ordinario, puesto que, tras esa constitución de consenso en 1978, fueron aprobados también, con un importantísimo nivel de consenso político y parlamentario, los primeros estatutos, los estatutos de las Comunidades que accedieron a su autonomía por la vía del artículo 151 (Estatuto vasco, Estatuto catalán, Estatuto gallego). Se rompió ese consenso en el proceso andaluz y precisamente las consecuencias políticas negativas para el país en general, derivadas de la ruptura de ese consenso, hicieron que después se volviera al mismo en los acuerdos autonómicos de 1981 entre el Gobierno de la época, el Partido político que le daba apoyo parlamentario, la Unión de Centro Democrático, y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista.
Los acuerdos autonómicos de 1981, LOAPA aparte, fueron de importancia trascendente para el proceso autonómico. Conviene recordar que generalizaron el proceso autonómico a todo el territorio nacional con la exclusión, todavía permanente, vigente de las ciudades de Ceuta y Melilla, a las que lógicamente esta Cámara tiene que dar una solución político-constitucional adecuada, y que viene reivindicando el Partido Popular reiteradamente.
Pues bien, exclusiones aparte, y, en todo caso, excepciones, confirman la regla; aparte de Ceuta y Melilla, se generalizó el proceso autonómico, se constituyeron 13 Comunidades Autónomas que accedieron... (Se produce un corte de fluido eléctrico.) Entiendo que estos cortes eléctricos no serán un corte al proceso autonómico, pero sí lo están siendo para el hilo conductor de mi exposición.
Decía que esos acuerdos autonómicos de 1981 permitieron la creación de 13 Comunidades Autónomas más que se incorporaron a la autonomía por la vía del artículo 143. Se cerró el mapa autonómico del Estado, por tanto, y, es más, dotaron a esas Comunidades Autónomas de instituciones de autogobierno similares a las que tenían las Comunidades que habían accedido a la autonomía por la vía del artículo 151. Por cuanto conviene recordar a SS. SS. en estos momentos que la Constitución, en su Título VIII, no establecía un modelo cerrado, y que, por tanto, teórica y constitucionalmente hubiera sido posible que no se hubiera generalizado el territorio autonómico a todo el Estado español. Es más: inclusive las comunidades constituidas no hubieran tenido, por ejemplo, asambleas legislativas. Era una posibilidad constitucional. Aquellos acuerdos autonómicos --insisto-- generalizaron el proceso, dotaron de parlamentos a esas comunidades autónomas y, en consecuencia, las dotaron de un fuerte contenido político con gobiernos que nacían de unas elecciones.
La Constitución establecía que, pasados los cinco años desde la aprobación de los estatutos de autonomía, aquellas comunidades autónomas que accedieron por la vía del 143 a su autogobierno podían, si lo deseaban, incrementar ese nivel de autogobierno por alguna de las vías previstas en la Constitución; es decir, o bien reformando sus estatutos de autonomía, que habían de ser posteriormente aprobados por estas Cortes Generales mediante Ley Orgánica, o incrementar ese autogobierno por una de las vías que también prevé la Constitución, y es la del artículo 150.2, en virtud de la cual el Gobierno podía transferir competencias de titularidad estatal a las comunidades autónomas, al amparo, digo, del artículo 150.2, sin perjuicio de reservarse las formas y modalidades de control que ese mismo artículo 150 de la Constitución prevé.
Pasados esos cinco años desde el año 1983, fecha en la que se producen las primeras elecciones autonómicas de las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143, es evidente que se planteaba ese problema. ¿Cómo se da satisfacción a las comunidades autónomas que ya habían expresado su deseo para incrementar su autogobierno? Había diversas posibilidades, y realmente estas Cortes Generales podían encontrarse con unas proposiciones de ley que emanaran de esos parlamentos autonómicos para incrementar el autogobierno mediante la consiguiente reforma. Es evidente que desde la soberanía de estas Cortes Generales podía atenderse o no a esas proposiciones de ley o podía, por el contrario, llevarse este proceso de una forma ordenada, razonable para garantizar un funcionamiento integrado y estable del Estado autonómico en su conjunto.
Al final, fruto de un acuerdo político similar al del año 1981 y siguiendo la misma simetría, es decir, el Gobierno de la nación, el partido político que da apoyo parlamentario al Gobierno de la nación y la principal fuerza política de la oposición, y, por tanto, en este caso entre el Partido Socialista y el Partido Popular, el 28 de febrero de 1982 se hacen unos pactos autonómicos que se traducen después en una ley orgánica, la 9/1992, de transferencia de competencias a las comunidades autónomas que accedieron a su autonomía por la vía del artículo 143. No es ocasión ahora de repetir el debate que con ocasión de la tramitación parlamentaria y aprobación posterior de esa ley tuvo lugar en esta Cámara, pero sí quiero destacar que la aprobación de esa ley, que está vigente en estos momentos, permite incrementar notablemente el autogobierno de esas comunidades. Se van a transferir 32 materias en diversos niveles de competencia exclusiva, desarrollo legislativo de ejecución, simplemente ejecutiva; se ha elaborado una norma que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, limita enormemente la inseguridad jurídica, que había dado lugar a numerosa litigiosidad ante el Tribunal Constitucional entre el Gobierno central y el gobierno de las comunidades autónomas y que había planteado, asimismo, numerosos conflictos de competencia entre el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas. Por otra parte, esa experiencia acumulada desde los años de vigencia del proceso autonómico y esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha permitido adecuar títulos competenciales, evitar proliferación de enunciados, tratar competencias en
materias de forma homogénea y contemplar situaciones específicas que afectan sólo a alguna o a algunas comunidades --estoy pensando, por ejemplo, en denominación de origen o cuestiones de puertos y costas que, lógicamente, no afectan de la misma manera a todas las comunidades autónomas--, para, insisto, racionalizando el proceso, conseguir un funcionamiento adecuado, ordenado y estable del Estado autonómico en su conjunto.
Pero ese pacto autonómico y ese pacto político iban más allá, teniendo presente, además, que la idea era la de incrementar el autogobierno de esas comunidades para que, en una tendencia de igualación y de homogeneización competencial con las comunidades del 151, esas comunidades no gestionaran por delegación competencias de titularidad estatal, puesto que la ley lo que hace es utilizar el artículo 150.2 de la Constitución; ese pacto, digo, atendiendo las peticiones de los Gobiernos y parlamentos autonómicos afectados, preveía después que, una vez aprobada la Ley Orgánica de Transferencias, mediante la reforma de los estatutos, se incorporaran esas competencias como propias a los estatutos para que, a partir del momento en que esos estatutos fueran reformados con la aprobación por Ley Orgánica en las Cortes Generales, pasaran a gestionar esas competencias no por delegación del Gobierno central, sino con titularidad propia de las comunidades autónomas. Y en ese proceso, señor Presidente, nos encontramos ahora; nos encontramos en el trámite de debate en Comisión Constitucional de las proposiciones de ley que pretenden reformar los estatutos para incorporar como propias las competencias que en esa Ley Orgánica de delegación se habían transferido, manteniéndose la titularidad de las mismas en manos del Estado.
Sinceramente, señor Presidente, creo que conseguimos con esto servir lealmente a la Constitución y al pueblo español. Consideramos de verdad que cada uno está en su derecho de hacer la valoración que crea de lo que se va a conseguir con este proceso, pero es cierto que cuando esté ejecutado todo el proceso de transferencias previstas en la Ley Orgánica 9/1992, el autogobierno de las comunidades del 143 se va a ver notablemente incrementado y reforzado.
Traducido a cifras --porque, como decía lord Kelvin, lo que es medible se puede expresar de una manera muy visual y muy gráfica--, las transferencias que estamos tratando en este momento van a suponer aproximadamente 200.000 funcionarios que van a pasar de la Administración central a las administraciones autonómicas y un nivel de gasto público estimado en alrededor de un billón de pesetas, con lo cual, la distribución del gasto público, que en el momento actual se reparte entre Administración central, administración autonómica y administración local en un 60/23/13 por ciento, respectivamente, aproximadamente, se va a transformar en un incremento de alrededor de cuatro o cinco puntos porcentuales, en nivel de gasto público, a la Administración autonómica, como consecuencia, insisto, de las transferencias previstas en esa Ley que intentamos en estos momentos convertir en propias de las comunidades autónomas del 143.
Finalmente, señor Presidente, algunos han criticado en sus enmiendas el excesivo casuísmo con el que se contempla la transferencia de esas competencias. Aluden a que la delimitación, contenido y condiciones para el ejercicio de las competencias que se contempla en las proposiciones de ley, al incorporar la Ley 9/1992 a los estatutos de autonomías, lo que hace es limitar el ejercicio de las competencias. Nuestra opinión es radicalmente contraria. De la misma manera que decíamos en el debate, en Pleno, de aquella Ley que no hay positivo sin negativo, ni en matemáticas ni en la fotografía, la delimitación, contenido y condiciones para el ejercicio de las competencias que se contemplan en las proposiciones de ley que ahora estamos debatiendo lo que hacen es precisar claramente, en positivo, los límites y los perfiles de las competencias que van a ejercer, repito, minimizando al máximo la inseguridad jurídica y, previsiblemente, limitando enormemente la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional entre el Gobierno central y el gobierno de las comunidades autónomas. Creemos, de verdad, que de esta forma cumplimos una etapa más del proceso autonómico, que sin duda no se agota en esta fase, pero que es evidente que esta etapa es trascendente en sí misma y sirve, desde una absoluta lealtad constitucional, a las previsiones que en el Título VIII de la Constitución se contienen.
Por último quiero decir, señor Presidente, que nuestro Grupo Parlamentario Popular firmó en su momento ese pacto autonómico, apoyó la Ley 9/1992, apoya las proposiciones de ley que emanan de las asambleas autonómicas afectadas, consciente de que sirve a España y al Estado español, como organización jurídico-política de la nación española, con una cierta idea de España, contemplando a España en su conjunto, no contemplando a España como el conjunto de diecisiete comunidades autónomas compartimentadas y estancas entre sí, sino como diecisiete comunidades autónomas que, sin perjuicio de mantener su identidad y su naturaleza, sirven, en su conjunto, bajo el principio de la cooperación, a la nación española, que, con estas proposiciones de ley con esta reforma de los estatutos, sin duda estará mejor unida, porque estará unida desde la libertad.
El señor PRESIDENTE: Pasamos seguidamente a la votación de las enmiendas y de las correspondientes proposiciones de ley.
Proposición de ley orgánica para la que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal. La Ponencia nos informa que mantienen el texto. No hay ninguna enmienda presentada. Por consiguiente, procede pasar a votación el informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada la primera proposición de ley a la que me he referido.
Proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La Ponencia nos informa que, no habiéndose formulado enmiendas, estima procedente su aceptación. Por consiguiente, procede pasar a votación la segunda proposición de ley. (Pausa.)
Proposición de ley orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Según la Ponencia, se han presentado 18 enmiendas, que no han sido aceptadas. Nos propone, por consiguiente, no aceptarlas y, al mismo tiempo, una corrección técnica, que consiste en la supresión de la disposición derogatoria de la proposición de ley. Vamos a votar las 18 enmiendas, más la corrección técnica que suprime... (Varios señores Diputados: No, no.) Bien, de acuerdo. Votamos las 18 enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 31; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan, por consiguiente, rechazadas las 18 enmiendas en cuestión.
Hay, al mismo tiempo, una propuesta de corrección técnica, que consiste en la supresión de la disposición derogatoria de la proposición de ley, y que pasamos a votar.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad la supresión de la disposición derogatoria.
El señor PRESIDENTE: Queda aceptada la propuesta de la Ponencia de suprimir la disposición derogatoria de la proposición de ley.
Votamos seguidamente el texto del dictamen.
Proposición de ley orgánica sobre reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria.
Tenemos únicamente la misma corrección técnica que suprime la disposición derogatoria.
Por tanto, votamos la supresión de la disposición derogatoria.
El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, se suprime la disposición derogatoria de la proposición de ley.
No se han presentado más enmiendas al Estatuto de Cantabria. Por consiguiente, sometemos a votación el texto del dictamen.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen de la Ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria.
Proposición de Ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Hay 21 enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, más la corrección técnica en cuestión.
Procedemos a votar, en primer lugar, las 21 enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 31; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan, por consiguiente, rechazadas las 21 enmiendas al Estatuto de Murcia.
Procedemos a votar la supresión de la disposición derogatoria de la proposición de ley.
Votamos el texto del dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de la Región de Murcia.
El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
A la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares hay dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que vamos a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; votos en contra, 32; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las dos enmiendas.
Votamos la supresión de la disposición derogatoria de la proposición de ley.
Votamos el dictamen de la proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
Proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Hay vivas veinte enmiendas, que sometemos a votación.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las veinte enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la ley orgánica de reforma del Estatuto de Castilla y León.
A la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se han presentado 19 enmiendas, que pasamos a votar.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las 19 enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad se suprime la disposición derogatoria.
Votamos el dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la proposición de ley.
Proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Se han presentado y se mantienen vivas 29 enmiendas, que pasamos a votar.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las 29 enmiendas.
Votamos la supresión de la disposición derogatoria.
Votamos el texto del dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Hay 50 enmiendas vivas, que procedemos a votar.
Votamos el texto del dictamen.
Proposición de ley orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para Asturias. Hay 23 enmiendas vivas que vamos a someter a votación.
Ponemos a votación la supresión de la disposición derogatoria de la proposición de ley.
Votamos el dictamen de la proposición de ley orgánica del Estatuto de Autonomía para Asturias.
El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para Asturias.
Por último, procedemos a someter a votación la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón. Se mantienen vivas 14 enmiendas que vamos a votar a continuación.
El señor PRESIDENTE: Quedan, por consiguiente, rechazadas las 14 enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Queda suprimida la disposición derogatoria de la proposición de ley.
Procedemos a votar el dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Señorías, hemos terminado ya el orden del día que nos habíamos fijado.
Ruego a los miembros de la Ponencia de reforma del censo que permanezcan en la sala, porque vamos a proceder a su constitución.