Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1806822
Timestamp: 2020-06-02 13:18:41
Document Index: 73559647

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'artículo 25', 'Artículo 51', 'artículo 202', 'Artículo 52', 'artículo 18', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'artículo 59', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 19', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28']

LEY 88 DE 1910
LEY881910191012 script var date = new Date(01/12/1910); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO. XLVI. 1º, DICIEMBRE, 1910 PÀG. 1.ASAMBLEA NACIONAL DE COLOMBIAEn desarrollo del Acto Legislativo número 8 de 1910DEROGADOfalsefalsePlaneaciónfalseAdministrativo general|Entes territoriales|Funciones de servidores públicos|Organización del estado|Plantas de personalLEY ORDINARIA01/12/191001/12/1910141605211
DIARIO OFICIAL. AÑO. XLVI. 1º, DICIEMBRE, 1910 PÀG. 1.
Ramo Administrativo.
Régimen departamental.
Suspensión y anulación de las ordenanzas.
Régimen de los Distritos
Arts.: [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69]
Derogado Artículo 1 LEY 39 de 1912
En desarrollo del Acto Legislativo número 8 de 1910
Reformado Artículo 1 LEY 39 de 1912
Artículo 1. Las Provincias en que actualmente están divididos los Departamentos continuarán con la organización que hoy tienen.
Artículo 2. Las Asambleas Departamentales quedan facultadas para crear ó suprimir Provincias, teniendo en cuenta el mayor incremento de los intereses locales. Si de un acto de creación ó supresión se quejare algún vecindario interesado en el asunto, la resolución definitiva corresponde al Congreso.
Artículo 3. Cada Provincia será regida por un Prefecto de libre nombramiento y remoción del Gobernador, de quien es Agente inmediato.
Artículo 4. El período de duración del Prefecto será el de un año, y podrá ser reelegido indefinidamente.
Artículo 5. Cada Prefecto tendrá un Secretario y los empleados subalternos que determine las Asamblea Departamental, todos los cuales serán de libre nombramiento y remoción del primero.
Artículo 6. Cada Prefecto tendrá un suplente, que reemplazará al principal en las faltas absolutas, temporales ó accidentales.
Parágrafo. Si faltaren el principal y el suplente, se encargará del destino el Alcalde de la capital, y si éste también faltare, lo hará el Secretario de la Prefectura, mientras el Gobernador dispone lo conveniente. Al efecto, se dará á éste inmediatamente cuenta de lo ocurrido en este caso; el que se encargue de la Prefectura tiene el ejercicio pleno de las funciones del empleo, y debe ser reemplazado en el otro que servía.
Artículo 7. El Prefecto residirá ordinariamente en la capital de la Provincia; pero podrá ausentarse de ella por razón de visita oficial ó comisión que le confíe el Superior.
Artículo 8. Cuando el Prefecto esté ausente de la capital de la Provincia, el Alcalde Municipal hará sus veces para el despacho de los asuntos administrativos que no requieran mando ó jurisdicción. Estos serán despachados por el Prefecto en el lugar donde se encuentre, según lo haya dispuesto.
Artículo 9. Cuando el Prefecto se ausente de la capital de la Provincia podrá quedar encargado del despacho de los asuntos el Secretario, cuando así lo disponga el Prefecto con aprobación del Gobernador. En este caso el Prefecto podrá nombrar de Secretario, que autorice sus providencias, á cualesquiera de sus subalternos.
Artículo 10. Son atribuciones del Prefecto de cada Provincia:
1. º Comunicar las leyes y órdenes superiores á los empleados municipales de la Provincia;
2. º Mantener el orden en la Provincia y coadyuvar á su mantenimiento en el resto del Departamento y de la República entera;
3. º Vigilar la conducta de los empleados de la Provincia, y promover lo conveniente para que se les exija la responsabilidad en que incurran por faltas ú omisiones en el cumplimiento de su deber;
4. º Visitar una vez al año, por lo menos, los Distritos de su Provincia, para cerciorarse de la marcha de la Administración Pública y de la conducta de los empleados;
5. º Dar un informe anual al Gobernador sobre la marcha de la Administración en la Provincia, é indicarle las reformas que á su juicio sean necesarias;
6. º Imponer multas hasta de cincuenta pesos ($50) y arresto hasta de diez días á los que desobedezcan sus órdenes ó le falten al debido respecto;
7. º Remitir copia al Gobernador del inventario que debe formar anualmente del archivo, mobiliario y enseres de la Oficina;
8. º Suspender a los empleados administrativos de la Provincia y á los empleados municipales cuando la urgencia sea tal que no permita aguardar la resolución del Gobernador, y consultar con éste inmediatamente las resoluciones de esta clase que dicte;
9. º Ejercer todas las facultades que le deleguen los Gobernadores;
10. º Conocer en primera ó segunda instancia, según el caso, de los asuntos administrativos y de policía que le atribuyan las ordenanzas de los Departamentos;
11. º Las demás atribuciones que les confieran las leyes y las ordenanzas.
Artículo 11. Los Departamentos tendrán independencia para la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución.
En consecuencia no habrá ramo de servicio público, nacional ó seccional en un Departamento que esté subordinado á otros Departamentos. Se exceptúa el servicio militar.
Artículo 12. Habrá en cada Departamento una corporación administrativa denominada Asamblea Departamental, compuesta de los Diputados que correspondan á la población de los Departamentos, á razón de uno por cada veinte mil habitantes y uno más por cada fracción que no baje de diez mil; pero las de los Departamentos que no tengan trescientos mil habitantes se compondrán de quince Diputados, que serán elegidos según la base de población que el Gobierno fijará oportunamente, para este solo efecto, al formar las respectivas Circunscripciones Electorales.
Artículo 13. Las Asambleas se reunirán cada año en la capital del Departamento el día primero de Mayo. Cuando no puedan reunirse en la capital por algún inconveniente insuperable, se reunirán en el lugar que designe el Gobernador del Departamento, y por graves motivos podrán trasladarse á otro lugar después de instaladas.
Artículo 14. Las sesiones ordinarias de las Asambleas durarán por el término de cuarenta días, prorrogables á su juicio por veinte días más, si así lo acordaren los Diputados por los dos tercios de los votos.
Artículo 15. Las Asambleas se reunirán extraordinariamente cuando sean convocadas por los respectivos Gobernadores. En estas sesiones se ocuparán preferentemente en los asuntos sometidos a su consideración por dichos Gobernadores, y después en los otros que estimen conveniente.
Parágrafo. En tales casos el Gobernador fijará el tiempo de duración de las sesiones.
Artículo 16. Las Asambleas necesitan para instalarse y para funcionar la mayoría absoluta de sus miembros.
Artículo 17. En general, para la instalación de las Asambleas se procederá de una manera análoga á como se procede para la instalación del Congreso, con las variaciones que exija la naturaleza de aquellas corporaciones. Las ordenanzas arreglarán los detalles de dicho procedimiento sobre la regla general sentada en este artículo.
Artículo 18. Es prohibido á los Diputados gestionar asuntos ajenos ante el Gobernador del Departamento. Se les prohíbe igualmente celebrar contratos por sí ó como representantes de otros, con los respectivos Gobernadores. Estas prohibiciones se extienden á todo el tiempo del período legal de sus funciones.
Artículo 19. Los Diputados no serán responsables por las opiniones que emitan en el curso de los debates ni por los votos que den en las deliberaciones.
Artículo 20. El tiempo de duración de los Diputados á las Asambleas Departamentales es de dos años, pero pueden ser reelegidos indefinidamente.
Artículo 21. El Secretario ó Secretarios del Gobernador y el respectivo Director de Instrucción Pública tendrán voz pero no voto en las deliberaciones de la Asamblea.
Artículo 22. Corresponde al Gobernador oír y decidir las excusas y renuncias de los Diputados, en receso de la Asamblea. Si las admite, llamará á los suplentes respectivos.
Artículo 23. Son funciones de las Asambleas:
1. º Votar el presupuesto de rentas y gastos para cada año;
2. º Conceder privilegios cuando se trate de inventos útiles ó de vías públicas. En este último caso se necesita de la aprobación del Gobierno Nacional cuando la obra interese á más de un Departamento;
3. º Establecer y organizar las contribuciones é impuestos que la ley permita establecer, con arreglo al sistema tributario nacional;
4. º Reglamentar, por medio de ordenanzas y de acuerdo con los preceptos constitucionales, los establecimientos de instrucción primaria y secundaria y los de beneficencia, cuando fueren costeados con fondos del Departamento;
5. º La apertura de caminos y de canales navegables y la conservación y arreglo de las vías públicas del Departamento;
6.º Dirigir y fomentar, por medio de ordenanzas y con los recursos propios del Departamento, las industrias establecidas y la introducción de otras nuevas, la importación de capitales extranjeros y la colonización de tierras pertenecientes al Departamento;
7. º La construcción de vías férreas, la explotación de bosques de propiedad del Departamento y la canalización de ríos;
8. º El arreglo de la policía local, en todos sus ramos, respectando las disposiciones legales;
9. º La administración de los bienes del Departamento y la fiscalización de las rentas y gastos de los Distritos, de acuerdo con al Constitución y las leyes;
10. El arreglo, fomento y administración de las obras y establecimientos públicos, que interesen exclusivamente al Departamento;
12. El arreglo de la estadística y carta geográfica del Departamento, sin contravenir á las disposiciones generales sobre la materia;
13. El arreglo de las cárceles y la conducción, custodia y seguridad de los reos, respetando las disposiciones que sobre el particular dicte el Congreso y el Poder Ejecutivo;
16. Crear los empleos necesarios para el servicio del Departamento y determinar su duración y funciones;
17. Organizar las Contadurías ó Tribunales de Cuentas de los Departamentos y nombrar los Contadores ó Magistrados correspondiente;
19. Presentar ternas á la Corte Suprema de Justicia para los nombramientos de Magistrados principales y suplentes de los Tribunales Superiores de Distrito;
20. Hacer la demarcación de Distritos Electorales, para la elección de Diputados, si el sistema electoral que se adopte exige la formación de dichos Distritos;
22. Crear y suprimir Municipios, con arreglo á la base de población que determine la Ley, y agregar o segregar términos municipales, consultando los intereses locales;
23. Crear y suprimir Circuitos de Notaría y de Registro;
24. Fijar los sueldos de los empleados del Departamento, que sean de cargo del Tesoro del mismo;
25. Reglamentar el repartimiento ó la enajenación ó destinos de los terrenos baldíos cedidos al Departamento, de conformidad con las leyes sobre la materia;
26. Arreglar el pasaje de los ríos en los puentes que se crucen con los caminos públicos que no sean de cargo de la Nación, siempre que ambas orillas sean del Departamento. Si no lo fueren, se procederá de acuerdo con la Asamblea del otro Departamento interesado, y se someterá el arreglo á la aprobación del Gobierno. En todo caso, las Asambleas respetarán los reglamentos sobre navegación fluvial;
27. Establecer penas á los que infrinjan sus ordenanzas, las cuales podrán ser de multas que no excedan de quinientos pesos ($500), y trabajos en obras públicas hasta por un año. En las graves violaciones de las ordenanzas de policía la pena puede elevarse hasta un año de reclusión y confinamiento en determinados territorios, por igual tiempo;
28. Exigir los informes que estime convenientes de cualesquiera empleados departamentales ó municipales;
29. Solicitar de los poderes nacionales la expedición de las leyes, decretos actos y resoluciones que convengan á los intereses del Departamento;
30. Arreglar la división territorial del Departamento para los efectos fiscales, sobre las bases de la presente Ley;
31. Fundar y sostener becas en los establecimientos públicos de educación secundaria y profesional, y auxiliar colegios particulares dignos de apoyo;
32. Condonar las deudas á favor del Tesoro Departamental, total ó parcialmente. Esto no podrá hacerse sino por graves motivos de equidad y justicia;
33. Expedir las ordenanzas que sirvan de regla para el curso de sus trabajos;
34. Arreglar la deuda pública á cargo del Departamento, y disponer la manera de amortizarla, procurando en todo lo posible el cumplimiento de las obligaciones contraídas, ó bien promoviendo con los respectivos interesados la modificación de las obligaciones, de la manera más equitativa y razonable que sea posible;
35. Monopolizar en beneficio de su Tesoro, si lo estima conveniente, y de conformidad con la ley, la producción, introducción y venta de licores destilados embriagantes, ó gravar esas industrias en la forma que lo determine la ley, si no conviene el monopolio;
36. Arreglar todo lo relativo á la organización, recaudación, manejo é inversión de las rentas del Departamento, á la formación y rendición de cuentas de los responsables, y á la represión y castigo del fraude. El arrendamiento de las rentas cuando así se disponga administrarlas, se hará por Municipios, según lo determine la ley;
37. Fijar la cuantía y naturaleza de las cauciones que deben otorgar los empleados y recaudadores y pagadores de Hacienda Departamental;
38. Reglamentar el impuesto sobre la propiedad raíz que deben cobrar los Municipios, según la ley;
39. Proveer lo necesario para la ejecución de trabajos que interesen conjuntamente á varios Municipios, y señalar la parte de gastos que á cada uno de ellos ha de tocar, previo el parecer de los respectivos Consejos Municipales;
40. Prohibir los juegos y diversiones públicos que perjudiquen á la moralidad ó al desarrollo de la riqueza pública, y castigar á los infractores con pena de reclusión hasta por un año, y
41. Reglamentar y gravar los juegos permitidos;
42. Llenar las demás funciones y deberes que les señalen la Constitución y las leyes, inclusive las que éstas atribuían á los Consejos Administrativos de los Departamentos.
Artículo 24. Es prohibido á las Asambleas Departamentales:
1. º Dirigir excitaciones á corporaciones y funcionarios públicos, sin perjuicio de la atribución contenida en el artículo 23, numeral 29;
2. º Intervenir por medio de ordenanzas ó resoluciones en asuntos que no sean de su incumbencia;
3. º Dar voto de aplauso ó de censura respecto de actos oficiales;
4. º Decretar á favor de alguna persona ó entidad gracias ó pensiones salvo lo dispuesto en el artículo precedente, y
5. º Imponer gravámenes sobre objetos o industrias gravadas por la ley.
Artículo 25. Los actos de las Asambleas Departamentales destinados á distar disposiciones para el arreglo de alguno de los asuntos que son de su incumbencia, se denominarán ordenanzas; los que tengan por objeto la ejecución de un hecho especial, como un nombramiento, ó la decisión de un punto determinado, que no imponen obligaciones ni crean derechos á los asociados, se denominarán en general resoluciones. Las primeras se ajustarán á las prescripciones del capítulo siguiente, y las segundas basta que sean aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros presentes á la sesión.
Artículo 26. Tienen derecho de proponer proyectos los Diputados de las respectivas Asambleas y el Gobernador, por conducto de sus Secretarios, ó el respectivo Director de Instrucción Pública.
Artículo 27. Todo proyecto de ordenanza debe discutirse y aprobarse en tres debates, en días distintos. En el primero se discute el proyecto en general; en el segundo se examinarán una á una sus disposiciones; en el tercero se decide si debe ser ordenanza tal como quedó en el segundo.
Artículo 28. Aprobado un proyecto en tercer debate, pasará al Gobernador para su sanción y para que ordene su promulgación.
Artículo 29. El Gobernador dispone del término de cuatro días para devolver con objeciones cualquier proyecto, cuando no conste de más de cincuenta artículos; de seis días cuando el proyecto contenga de cincuenta y uno á doscientos artículos, y hasta de diez días cuando los artículos pasen de doscientos.
Si el Gobernador, una vez transcurridos los indicados términos, según el caso, no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, no podrá dejar de sancionarlo y promulgarlo. Pero si la Asamblea se pusiere en receso dentro de cualesquiera de dichos términos, el Gobernador está e el deber de publicar el proyecto, sancionado u objetado, dentro de los seis días siguientes á aquel en que la Asamblea haya cerrado sus sesiones.
Artículo 30. La Asamblea necesita de las dos terceras partes de los votos de los Diputados presentes para declarar infundadas las objeciones del Gobernador. Obtenido este número de votos, el Gobernador debe sancionar la ordenanza.
Artículo 31. Llámase sanción ejecutiva el acto del Jefe superior del Departamento que manda ejecutar el proyecto que le envía la respectiva Asamblea y con el cual reviste á éste del carácter de ordenanza.
Artículo 32. Sancionada la ordenanza, se publicará en el periódico oficial del Departamento; uno de los ejemplares autógrafos se archivará en la Gobernación, y el otro se devolverá á la Asamblea.
Artículo 33. Las sesiones de la Asamblea serán públicas, á menos que en casos especiales resuelva considerar algún asunto en sesión secreta.
Artículo 34. Los detalles de procedimiento en las Asambleas serán señalados por sus reglamentos.
Artículo 35. Las ordenanzas rigen en todo el territorio del Departamento treinta días después de su publicación en el periódico oficial. Sin embargo, las Asambleas pueden reglamentar este punto como á bien lo tengan; pero en todo caso ninguna ordenanza podrá ser obligatoria en una localidad antes del día en que pueda haber sido conocida por sus habitantes.
Artículo 36. Es nula toda ordenanza que sea contraria á la Constitución ó á las leyes de la República, ó cuando viole derechos de particulares legalmente adquiridos.
Artículo 37. Las ordenanzas son obligatorias mientras no sean anuladas ó suspendidas por la autoridad judicial.
Artículo 38. Todo individuo que se crea agraviado por actos de las Asambleas, por considerarlos contrarios á la Constitución ó á la ley, ó que violen derechos civiles, puede pedir su anulación ante el Tribunal del respectivo Distrito Judicial.
Al efecto, presentará un escrito, en el cual enumere las disposiciones que acuse de nulidad. Este escrito se presentará personalmente al Secretario del Tribunal, si el peticionario reside en el mismo lugar, ó á la primera autoridad judicial del Distrito de su residencia, en caso contrario.
Artículo 39. El Tribunal competente para conocer del asunto, podrá suspender el acto denunciado, por pronta providencia, cuando se trate de un perjuicio notoriamente grave, suspensión que comunicará en seguida al Gobernador para los efectos a que haya lugar.
Artículo 40. El Tribunal dará traslado de la demanda de nulidad al Agente del Ministerio Público, por el término de tres días; hará practicar las diligencias necesarias para asegurar su fallo, y decidirá, en Sala de Acuerdo, por mayoría absoluta, dentro de los diez días siguientes a la contestación del traslado, si anuló o no la ordenanza.
Artículo 41. La resolución del Tribunal es apelable para ante la Corte Suprema por el Fiscal del Tribunal y por el interesado que haya promovido la anulación. Si no se apelare, se consultará la resolución; pero en todo caso ésta se cumple mientras no sea revocada por el superior.
Artículo 42. La Corte, una vez recibido el expediente, dará traslado al Procurador, por tres días, hará practicar las diligencias necesarias para asegurar el fallo y decidirá sobre la anulación pedida dentro de los diez días siguientes a la devolución de los autos.
Artículo 43. La anulación de las ordenanzas podrá ser pedida también por el Gobernador respectivo o por el Fiscal del Tribunal, y la solicitud será substanciada y decidida conforme a lo prescrito en los artículos precedentes.
Artículo 44. El Procurador General de la Nación puede asimismo promover, por conducto del Fiscal respectivo, la anulación de las ordenanzas en los casos de la ley; pero siempre se decidirá el asunto en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente.
Artículo 45. El procedimiento determinado para el caso de anulación de ordenanzas se observará también cuando se trate de actos de los Gobernadores que, según la ley, estén equiparados a los actos generales de los extinguidos Concejos Administrativos de los Departamentos.
Artículo 46. Las disposiciones sobre derogación de las leyes se hacen extensivas a las ordenanzas.
Artículo 47. En cada Departamento habrá un Gobernador, que será jefe de la administración seccional y Agente del Poder Ejecutivo.
Artículo 48. Son atribuciones de los Gobernadores, además de las establecidas en las leyes anteriores que no sean contrarias a la presente, las siguientes:
1. º Cumplir y hacer que se cumplan en el Departamento las órdenes del Gobierno;
2. º Dirigir la acción administrativa en el Departamento, nombrando y separando sus agentes, reformando y revocando los actos de éstos y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la Administración:
3. º Llevar la voz del Departamento y representarlo en asuntos políticos y administrativos;
4. º Auxiliar la justicia, como lo determine la ley;
5. º Ejercer el derecho de vigilancia y protección sobre las corporaciones oficiales y establecimientos públicos;
6. º Sancionar en la forma legal las ordenanzas que expidan las Asambleas Departamentales;
7. º Revisar los actos de los Municipalidades y los de los Alcaldes, por motivos de inconstitucionalidad ó de ilegalidad, revocar los últimos y pasar los primeros á la autoridad judicial, para que ésta decida sobre su exequibilidad;
8. º Suspender, por causa criminal, á los empleados departamentales, á petición de la autoridad competente, en todos los casos en que esta función no esté atribuida por la ley á otra autoridad;
9. º Nombrar Magistrados interinos de los Tribunales de Distrito Judicial cuando las faltas de los principales no puedan ser llenadas por los suplentes, y dar cuenta de los nombramientos á la Corte Suprema de Justicia;
10. º Formar anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos, y presentarlo á la Asamblea en los primeros diez días de sus sesiones anuales;
11. º Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley;
12. º Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas de la Asamblea Departamental mientras no sean suspendidas ó anuladas.
Artículo 49. El Gobernador presentará á la Asamblea, al principiar las sesiones, un informe sobre los distintos ramos de la administración que está á su cargo y las reformas que en ella convengan introducir.
Artículo 50. Los bienes y rentas de los Departamentos, así como los de los Municipios, son propiedad exclusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y gozan de las mismas garantías que las propiedades y rentas de los particulares. No podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones de derechos departamentales y municipales.
Parágrafo. Cuando sea el caso de embargar bienes de los Departamentos ó de los Municipios, se tendrá en cuenta los que dispone el artículo 25 de la Ley 169 de 1896.
Artículo 51. Los bienes, derechos, valores y acciones del Gobierno Nacional ó por cualquier otro título pertenecieron á los extinguidos Estados Soberanos, continuarán siendo propiedad de los respectivos Departamentos. Exceptuándose los inmuebles que se especifican en el artículo 202 de la Constitución.
Artículo 52. En cada Distrito Municipal habrá una corporación de elección popular, que se designará con el nombre de Consejo Municipal, compuesto de los miembros determinados en el artículo 18 de la Ley 42 de 1905.
Artículo 53. Corresponde á los Consejos Municipales lo concerniente por medio de acuerdos y resoluciones para la administración del Distrito; votar en conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas expedidas por las Asambleas, las contribuciones y gastos locales; llevar el movimiento anual de la población; formar el censo civil cuando lo determine la ley; nombrar Jueces,
Persones y Tesoreros Municipales, y ejercer las demás funciones que les están señaladas ó se les señales por las leyes.
Artículo 54. Es prohibido á las Municipalidades, además de lo que especifica la Ley 149 de 1888, lo siguiente:
a) Privar á los vecinos de otros Municipios de los derechos, garantías ó protección de que disfruten los del Municipio que se administra;
b) Decretar honores y ordenar la erección de estatuas, bustos ó monumentos conmemorativos, á costa de los fondos públicos, salvo casos excepcionales, y con aprobación de la Asamblea;
c) Prohibir ó impedir de cualquier modo el libre funcionamiento de los mercados que se establezcan, ó ya existan, en propiedades particulares que estén situadas á más de tres kilómetros de la cabecera del Distrito.
Artículo 55. Los acuerdos de los Consejos Municipales son obligatorios mientras no sean anulados por la autoridad judicial.
Artículo 56. Los particulares agraviados por actos de los Consejos Municipales podrán pedir al Juez que anule tales actos; y el Juez, por pronta providencia, suspenderá el acto denunciado por causa de inconstitucionalidad ó ilegalidad.
£1.º El Juez del Circuito á quien se pida la anulación de un acuerdo, resolverá definitivamente lo que estime legal dentro de diez días, contados desde la fecha en que la demanda haya sido presentada. Dentro de este término podrá practicar de oficio las diligencias que estime necesarias para fundar su fallo.
£2.º La resolución definitiva del Juez del Circuito se consultará en todo caso con el Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente, quién decidirá en el fondo dentro del término de diez días, previo traslado por setenta y dos horas al Fiscal respectivo.
Artículo 57. Cualquier agente del Ministerio Público podrá promover ante el Juez del Circuito respectivo la anulación de los acuerdos inconstitucionales ó ilegales, y en este caso regirá el procedimiento establecido en el artículo anterior.
Artículo 58. Cuando por cualquiera circunstancia el Consejo Municipal no pudiere instalarse el 1º de Noviembre siguiente a su elección, continuará funcionando el del año anterior hasta que la instalación tenga lugar.
Artículo 59. En los territorios de San Martín, Casanare y Caquetá, La Goajira y el Chocó, el Poder Ejecutivo podrá crear y organizar Corregimientos o Comisarías especiales, si lo estima conveniente para la mejor administración de ellos.
Artículo 60. En caso de que lleguen á crearse los Corregimientos ó Comisarías de que trata el artículo anterior, el Poder Ejecutivo señalará por medio de decreto el personal que debe servirlos, la remuneración de éste y las atribuciones de los Corregidores y Comisarios, teniendo para ello en cuenta las necesidades de cada Corregimiento ó Comisaría, los lugares en que se hayan creado y las funciones que deben desempeñar los respectivos empleados.
Artículo 61. Las partidas necesarias par dar cumplimiento á los dos artículos anteriores se considerarán incluidas en los respectivos Presupuestos.
Artículo 62. Los Gobernadores de los Departamentos, al dar cumplimiento á la atribución 7ª que les confiere el artículo 59 del Acto Legislativo número 3 del presente año, reformatorio de la Constitución, pasarán los acuerdos municipales á los Jueces de Circuito respectivos, con exposición detallada de los motivos de inconstitucionalidad ó de ilegalidad.
Artículo 63. Autorízase al Gobierno para obtener por contrato, ó mediante la asignación de sueldos fijos, la colaboración de jurisconsultos, que no pasarán de tres, para la formación ó preparación de proyectos de ley sobre asuntos que revistan excepcional importancia en los diversos ramos de la legislación nacional, especialmente para aquellos trabajos que se encaminen á la expedición de nuevos Códigos, á la revisión y perfeccionamiento de los existentes.
Artículo 64. Los jurisconsultos de que trata el artículo anterior se denominarán Abogados Auxiliares, y prestarán sus servicios en los casos y forma que el Gobierno lo determine, como abogados consultores de los Ministerios.
Artículo 65. Las cantidades necesarias para los servicios de los jurisconsultos de que se trata serán incluidas en el Presupuesto de Gastos de la próxima vigencia.
Artículo 66. En caso de que el Gobierno no resuelva hacer los trabajos de que tratan los artículos anteriores, por medio de contratos, los jurisconsultos á que dichos artículos se refieren devengarán un sueldo mensual de doscientos pesos ($200) cada uno.
Artículo 67. El período de duración de los miembros del Gran Consejo Electoral será de cuatro años, contados desde el primero de Noviembre de mil novecientos diez.
El período de duración de los miembros de los Consejos Departamentales, de las Juntas de las Circunscripciones Electorales y de los Jurados Electorales será de dos años, contados desde el primero de Diciembre de mil novecientos diez.
El de los Gobernadores Departamentales será de dos años, contados desde el primero de Enero de mil novecientos once.
Artículo 68. Esta Ley regirá desde el día primero de Diciembre próximo.
Artículo 69. Quedan derogados los artículos 199 y 205 de la Ley 149 de 1888; los artículos 11, 12, 13, 25, 26 y 28 de la Ley 20 de 1908; 3º, 7º, 8º y 19, de la Ley 8 de 1909; la Ley 10 de 1909, y las demás disposiciones que sean contrarias á la presente Ley.
Deroga Artículo 3 LEY 8 de 1909
Deroga Artículo 7 LEY 8 de 1909
Deroga Artículo 8 LEY 8 de 1909
Deroga Artículo 19 LEY 8 de 1909
Deroga LEY 10 de 1909
Deroga Artículo 11 LEY 20 de 1908
Deroga Artículo 12 LEY 20 de 1908
Deroga Artículo 13 LEY 20 de 1908
Deroga Artículo 25 LEY 20 de 1908
Deroga Artículo 26 LEY 20 de 1908
Deroga Artículo 28 LEY 20 de 1908
Dada en Bogotá, á treinta de Noviembre de mil novecientos diez.
Poder Ejecutivo - Bogotá, Diciembre 1º de 1910
Publíquese y ejecútese (L.S.)