Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7746
Timestamp: 2019-06-20 16:09:03
Document Index: 50212105

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 370', 'artículo 74', 'artículo 74', 'Artículo 74']

Competencia material de una entidad pública para reglamentar la prestación de un servicio público
RESOLUCIÓN 014 DE 1 DE AGOSTO DE 1994 ARTÍCULO 2. RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL. ARTÍCULO 3. CONCESIONES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL. ARTÍCULO 4. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA OBTENER CONCESIÓN DE LARGA DISTANCIA NACIONAL. ARTÍCULO 5. CONCESIÓN PARA LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. ARTÍCULO 6. CUBRIMIENTO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL. ARTÍCULO 7. CÁNONES DE CONCESIÓN. ARTÍCULO 8. REDES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA. ARTÍCULO 12. RÉGIMEN TARIFARIO. ARTICULO 13. TARIFAS DE ACCESO Y USO DE LAS REDES DE TBPC LOCAL Y LOCAL EXTENDIDA. ARTICULO 14. PROTECCIÓN A LOS USUARIOS. ARTICULO 15. TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN. ARTICULO 16. PLAZOS. RESOLUCIÓN 022 DEL 11 DE MAYO DE 1995 ARTÍCULO 1. DERÓGASE LA RESOLUCIÓN 014 DE AGOSTO 1º DE 1994, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. ARTÍCULO 2. RESOLUCIÓN 025 DEL 10 DE JULIO DE 1995 ARTÍCULO 2. CONCESIÓN DE LICENCIAS. ARTÍCULO 3. CONCESIÓN PARA EL USO Y EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO. ARTÍCULO 5. SANCIONES EN CASO DE OPERACIÓN NO AUTORIZADA. RESOLUCIÓN 027 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1995 ARTICULO 2. NUMERO INICIAL DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA. ARTICULO 3. DURACION DE LA CONCESION. ARTICULO 4. EXCLUSIVIDAD DE LAS CONCESIONES. ARTICULO 5. CANON INICIAL DE CONCESION. ARTICULO 6. CANON PERIÓDICO DE CONCESIÓN. ARTICULO 8. ACCESO A USUARIOS. ARTICULO 9. CRONOGRAMA PROCESO DE APERTURA. RESOLUCIÓN 028 DE 14 DE DICIEMBRE DE 1995 ARTICULO 4. OBJETO DE LA CONCESION. ARTICULO 5. NUMERO DE LICENCIAS A CONCEDER. ARTICULO 7. EXCLUSIVIDAD DE LA CONCESIÓN. ARTICULO 8. FORMULA DE TARIFA POR LA POR LA CONCESION. ARTICULO 10. FORMULA DE TARIFA PERIÓDICA POR LA CONCESIÓN. ARTICULO 12. REQUISITOS DE LOS CONCESIONARIOS. ARTICULO 13. PROHIBICIONES A LOS CONCESIONARIOS. ARTICULO 14. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. ARTICULO 15. CLANDESTINIDAD DEL SERVICIO. ARTICULO 16. PROTECCION DEL MERCADO. ARTICULO 17. RÉGIMEN. ARTICULO 18. DETERMINACIÓN DE LAS FORMULAS TARIFARIAS. ARTICULO 19. FORMULA TARIFARIA. ARTICULO 20. VIGENCIA DE LAS FORMULAS DE TARIFAS. ARTICULO 21. FIJACIÓN DE NUEVAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN. ARTICULO 22. APLICACIÓN DE LAS TARIFAS. ARTICULO 23. PRÁCTICAS TARIFARIAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA. ARTICULO 24. NORMAS DE INTERCONEXIÓN. ARTICULO 28. INVERSIÓN EXTRANJERA.
¿Puede una entidad pública reglamentar las condiciones de acceso a la prestación del servicio público domiciliario de telefonía pública conmutada y larga distancia nacional e internacional, sin que dicha reglamentación esté viciada de nulidad por incompetencia material de la entidad?
«(…) Si bien es cierto que de conformidad con la Constitución Política (artículos 150.8, 150.23, 365,367 y 369) corresponde a la ley: establecer el régimen jurídico de los servicios públicos, definir sus pautas, parámetros generales y aspectos estructurales, definir áreas prioritarias de inversión social, determinar el régimen de participación ciudadana y municipal, e incluir en los planes y presupuestos de la Nación el gasto social, también lo es que la misma Constitución (artículo 370) confirió al Presidente la facultad de trazar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, funciones que puede delegar en las Comisiones de Regulación, circunstancia que demuestra cómo se trata de funciones que no requieren del ejercicio exclusivo por parte del primer mandatario.
La Corte reiteró la antedicha postura en la sentencia C 444 del 26 de agosto de 1998, por medio de la cual decidió negativamente la demanda de inexequibilidad del artículo 74, numeral 3, literales c y d de la ley 142 de 1994, a cuyo efecto afirmó que: i) el legislador está facultado para regular el régimen jurídico de los servicios públicos de manera integral, en tanto que al Presidente le compete fijar las políticas generales sobre administración y control de eficiencia de esos servicios; ii) no se opone a los mandatos constitucionales que algunas de las funciones que corresponden al Jefe del Estado, puedan ser ejercidas por organismos dependientes del Gobierno, supeditados a las leyes marco y a los correspondientes decretos reglamentarios; iii) las atribuciones conferidas a las CRT en el literal c) del numeral 3 del artículo 74, se ubican en el campo administrativo y técnico encomendado a la mejor eficiencia de los servicios públicos domiciliarios que puede ser ejercido por ésta, sin perjuicio de las potestades directas del legislador y del Presidente de la República; iv) “Frente a la función que se atribuye a la citada comisión para ‘fijar los cargos de acceso y de interconexión a estas redes, de acuerdo con las reglas sobre tarifas previstas en esta ley’, dicha atribución no implica el ejercicio de derechos, sino el desarrollo de una materia igualmente técnica, operativa, mediante la cual se precisa el valor del acceso y de la interconexión legalmente autorizados a esas redes, lo que es susceptible de delegación en los términos indicados en la misma ley, pero, desde luego, supeditada a la reglamentación que sobre dicha materia ejerza el Presidente de la República, en ejercicio de su potestad constitucional (C.P., art. 370) o reglamentaria (C.P., art. 189-11)… lo que hace la norma bajo estudio es atribuir a aquellas una función especial de señalar las condiciones que objetivamente deben primar para la concesión de las respectivas licencias de los mencionados operadores, situación que reviste un carácter administrativo, que puede ser ejercida, sin perjuicio de la potestad presidencial, en los términos indicados”; v) las facultades de carácter administrativo, pueden ser ejercidas por la CRT y no excluyen la potestad presidencial, en los términos indicados(…)
Todo lo anterior conduce a concluir que los actos acusados no están viciados de nulidad por incompetencia material de la CRT, porque los profirió en ejercicio de funciones otorgadas por los decretos que desarrollan la ley y la Constitución, particularmente de la ley 142 de 1994 que, conforme se vio, le dio facultad para reglamentar la concesión de licencias para el establecimiento de operadores de servicios de larga distancia, nacional e internacional, TPCLD. (…)»
Una entidad pública puede reglamentar las condiciones de acceso a la prestación del servicio público domiciliario de telefonía pública conmutada y larga distancia nacional e internacional, sin que dicha reglamentación esté viciada de nulidad por incompetencia material de la entidad, porque:
Es una facultad en cabeza del Presidente de la República que delegó, mediante decreto, a la entidad pública para que trazara las políticas generales de administración y control de eficiencia de este servicio público.
Las atribuciones conferidas a la entidad se ubican en el campo administrativo y técnico encomendado para la mejor eficiencia de los servicios públicos domiciliarios que puede ser ejercido por ésta, sin perjuicio de las potestades directas del legislador y del Presidente de la República. Dicha atribución no implica el ejercicio de derechos, sino el desarrollo de una materia igualmente técnica, operativa y, desde luego, supeditada a la reglamentación hecha por el Presidente de la República, en ejercicio de su potestad constitucional.
La reglamentación que expidió la entidad fue en ejercicio de funciones otorgadas por los decretos que desarrollan la ley y la Constitución, que facultan a la entidad para reglamentar la concesión de licencias de este servicio público.
Artículos 370 y 189, numeral 11, de la Constitución Política. Artículo 74, numeral 3, literales c y d, de la Ley 142 de 1994.
Ficha: Competencia material de una entidad pública para reglamentar la prestación de un servicio público..