Source: http://apdcat.gencat.cat/es/documentacio/RGPD/novetats/
Timestamp: 2017-10-19 01:57:44
Document Index: 399156932

Matched Legal Cases: ['Artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 30', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 29']

Principales novedades del RGPD. Autoridad Catalana de Protección de Datos
El Registro de Protección de Datos de Cataluña
Reglamento general de ...
¿Cómo adaptarse antes del Mayo de 2018?
¿Qué actuaciones deben emprender los responsables y los encargados del tratamiento para adecuar su actividad a la nueva regulación?
Guía sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos en el RGPD
Otros documentos del Grupo del Artículo 29
¿Cuáles son las principales novedades del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)?
Aparte de los datos especialmente protegidos que ya preveía la LOPD, que ahora pasan a denominarse "categorías especiales de datos", el Reglamento incluye dos nuevas categorías especiales de datos:
- Datos genéticos: datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionan una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica.
- Datos biométricos: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de esta persona (imágenes faciales, datos dactiloscópicos, etc.).
¿Qué otras referencias a los menores contiene el RGPD?
El Grupo de Autoridades Europeas de Protección de Datos (Grupo del Artículo 29) ha adoptado una opinión en la que se analiza detalladamente este derecho, que puede consultarse aquí.
Estos responsables y encargados del tratamiento tienen que llevar un registro de las actividades de tratamiento que lleven a cabo. Este registro debe contener, respecto de cada actividad, la información que establece el artículo 30 del RGPD.
Esta información incluye cuestiones como:
Nombre y datos de contacto del responsable y, en su caso, corresponsable, así como del Delegado de Protección de Datos si existiese.
¿Cómo debe organizarse el registro de operaciones de tratamiento?
Una posibilidad para organizar este registro de actividades de tratamiento es partir de los ficheros que actualmente han sido notificados los responsables en el Registro de Protección de Datos de Cataluña, detallando todas las operaciones que se realizan sobre cada conjunto estructurado de datos.
No obstante, el Registro también podría organizarse en torno a operaciones de tratamiento concretas vinculadas a una finalidad básica común de todas ellas (por ejemplo, “gestión de clientes”, “gestión contable” o “gestión de recursos humanos y nóminas”) o con arreglo a otros criterios distintos.
El Reglamento amplía el contenido mínimo del contrato de encargo de tratamiento. Entre otros aspectos, el contrato deberá prever los siguientes puntos adicionales respecto al contenido que ya establecía la LOPD: el objeto y la duración del encargo; la naturaleza del tratamiento; el tipo de datos personales; las categorías de interesados; las obligaciones y los derechos del responsable; la previsión de que las personas que deberán tratar los datos se han comprometido a mantener la confidencialidad; la asistencia del encargado al responsable para que pueda atender las solicitudes de ejercicio de derechos; la supresión o la devolución de los datos al finalizar el encargo; la obligación de poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones del encargado del tratamiento y para permitir y contribuir a la realización de auditorías e inspecciones por parte del responsable o de otro auditor autorizado por el responsable.
La Directiva 95/46 y en general las leyes nacionales de trasposición se centran en la actividad de los responsables. El RGPD, por el contrario, contiene obligaciones expresamente dirigidas a los encargados. La responsabilidad última sobre el tratamiento sigue estando atribuida al responsable, que es quien determina la existencia del tratamiento y su finalidad. Pero en determinadas materias los encargados tienen obligaciones propias que establece el RGPD, que no se circunscriben al ámbito del contrato que los une al responsable y que pueden ser supervisadas separadamente por las autoridades de protección de datos. Por ejemplo, los encargados deben mantener un registro de actividades de tratamiento, deben determinar las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos que realizan o deben designar a un Delegado de Protección de Datos en los casos que prevé el RGPD.
El RGPD también prevé que los encargados puedan adherirse a códigos de conducta o certificarse en el marco de los esquemas de certificación previstos en el propio RGPD.
Aunque en el caso español, el Reglamento de Desarrollo de la LOPD ya establece la necesidad de diligencia debida en la selección de los encargados, la novedad de esta previsión del RGPD deriva de su relación con el principio de responsabilidad activa, según el cual el responsable deberá adoptar las medidas apropiadas, incluida la elección de encargados, de forma que garantice y esté en condiciones de demostrar que el tratamiento se realiza conforme al RGPD.
El hecho de que los encargados o subencargados se hayan adherido a códigos de conducta o estén certificados dentro de los esquemas previstos por el RGPD puede utilizarse para demostrar que ofrecen las garantías suficientes que el RGPD exige.
La Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos y la Agencia Vasca de Protección de Datos han preparado unos materiales de ayuda para la redacción de estos encargos que pueden consultarse aquí. Estos materiales están pensados para ayudar a responsables y encargados durante el periodo transitorio hasta la entrada en aplicación del RGPD. Posteriormente, y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, las autoridades de protección de datos podrán elaborar clausulados modelo que deberán ser aprobados por el futuro Comité Europeo de Protección de Datos. La Comisión Europea también podrá preparar cláusulas contractuales modelo.
¿Cómo se determina la necesidad de realizar una evaluación de impacto y cuál debe ser su contenido?
El RGPD contiene una lista indicativa de tres supuestos en que se considera que los tratamientos conllevan un alto riesgo:
Elaboración de perfiles sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos sobre los interesados o que les afecten significativamente de modo similar
Tratamiento a gran escala de datos sensibles
Estos criterios incluyen la noción de “gran escala”. El RGPD no determina qué debe entenderse por “gran escala”. El Grupo del Artículo 29, en su dictamen sobre la designación de delegados de protección de datos (que posteriormente se menciona), considera que para valorar si el tratamiento se realiza a gran escala debe tenerse en cuenta:
El número de interesados afectados, bien en términos absolutos, bien como proporción de una determinada población
El volumen de datos y la variedad de datos tratados
Junto con estos tres supuestos, el RGPD obliga a las autoridades de protección de datos a que confeccionen listas adicionales de tratamientos que requerirán una evaluación de impacto.
También prevé el RGPD que las autoridades puedan elaborar listas de tratamientos en que no se precisa evaluación de impacto.
La existencia de estos listados no excluye el que los responsables deban realizar el correspondiente análisis de riesgo y, en caso de que concluyan que existe un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados, lleven a cabo una evaluación de impacto, aun cuando el tratamiento en cuestión no esté incluido en ninguna de las dos listas mencionadas. El RGPD se basa en un principio de responsabilidad activa del responsable y es siempre en último extremo el responsable el que debe decidir qué medidas aplicar y cómo hacerlo. La intervención de las autoridades de supervisión o las previsiones del propio RGPD aclaran sus disposiciones o las especifican, pero no sustituyen la responsabilidad de quienes tratan los datos.
Al margen de las listas expresamente previstas por el RGPD, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos y la Agencia Vasca de Protección de Datos publicarán durante el periodo transitorio recursos que ayuden a los responsables a determinar la necesidad de realizar una evaluación de impacto.
El RGPD establece un contenido mínimo de las evaluaciones de impacto sobre la protección de datos, aunque no contempla ninguna metodología específica para su realización.
Debe tenerse en cuenta que es posible realizar una única evaluación de impacto para varios tratamientos similares que entrañen altos riesgos también similares.
Para la delimitación de la noción de alto riesgo a los efectos de la obligatoriedad de llevar a cabo una evaluación de impacto y sobre los criterios para llevarla a cabo, se recomienda consultar la Guía de evaluación de impacto en la protección de datos (DPIA) adoptada por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 con fecha 4 de abril de 2017, que se puede consultar aquí.
¿Qué sucede con los tratamientos iniciados antes del 25 de mayo de 2018 a los cuales sea exigible la evaluación de impacto sobre la protección de datos con la nueva normativa?
En la medida en que esos tratamientos se prolonguen más allá del 25 de mayo de 2018, y el análisis de riesgo que las organizaciones lleven a cabo sobre los tratamientos iniciados con anterioridad a la fecha de aplicación del RGPD indiquen que esos tratamientos presentan alto riesgo para los derechos o libertades de los interesados, la Guía de evaluación de impacto en la protección de datos (DPIA) adoptada por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 también recomienda que se llevé a cabo una DPIA “para los tratamientos de datos que hayan tenido lugar antes de mayo de 2018 y los cuales, por lo tanto, no estén sujetos a un DPIA, para asegurarse de que 3 años después de esta fecha o antes, dependiendo del contexto, los riesgos de los derechos y libertades están siendo mitigados.”.
En los casos en que las EIPD hayan identificado un alto riesgo que a juicio del responsable de tratamiento no pueda mitigarse por medios razonables en términos de tecnología disponible y costes de aplicación, el responsable deberá consultar a la autoridad de protección de datos competente. La consulta debe ir acompañada de la documentación que prevé el RGPD, incluyendo la propia Evaluación de Impacto.
La autoridad de control debe asesorar por escrito al responsable y, en su caso, al encargado, y puede hacer uso de todos los poderes que le confiere el Reglamento, entre ellos el de prohibir la operación de tratamiento.
El código de conducta debe presentarse a la autoridad de control competente para su aprobación, registro y publicación. También corresponde a la autoridad de control acreditar al organismo de supervisión que prevea el código.
La adhesión y el cumplimiento de un código de conducta es un elemento a tener en cuenta a la hora de demostrar el cumplimiento obligaciones del responsable del tratamiento, en especial, en el momento de realizar la evaluación de impacto sobre la protección de datos.
El delegado de protección de datos tendrá entre otras las siguientes funciones:
Informar y asesorar al responsable o al encargado y a los trabajadores sobre las obligaciones que impone la normativa de protección de datos.
Supervisar el cumplimiento de la normativa.
La designación del delegado de protección de datos y sus datos de contacto deben hacerse públicos por los responsables y encargados y deberán ser comunicados a las autoridades de supervisión competentes.
La posición del DPD en las organizaciones tiene que cumplir los requisitos que el RGPD establece expresamente. Entre ellos se cuentan la total autonomía en el ejercicio de sus funciones, la necesidad de que se relacione con el nivel superior de la dirección o la obligación de que el responsable o el encargado faciliten al DPD todos los recursos necesarios para desarrollar su actividad.
El Grupo del Artículo 29 ha publicado un dictamen sobre la designación de los DPD que puede consultarse aquí, en el que pueden encontrarse también una serie de Preguntas Frecuentes sobre los diversos aspectos de esta figura.
¿Qué requisitos o cualificaciones debe tener el Delegado de protección de datos?
El DPD ha de ser nombrado atendiendo a sus cualificaciones profesionales y en particular a su conocimiento de la legislación y la práctica de la protección de datos. Esto no significa que el DPD deba tener una titulación específica. En la medida en que entre las funciones del DPD se incluye el asesoramiento al responsable o encargado en todo lo relativo a la normativa sobre protección de datos, los conocimientos jurídicos en la materia son sin duda necesarios, pero también es necesario contar con conocimientos ajenos a lo estrictamente jurídico, como por ejemplo en materia de tecnología aplicada al tratamiento de datos o en relación con el ámbito de actividad de la organización en la que el DPD desempeña su tarea.
El modelo de transferencias internacionales diseñado por el RGPD sigue los mismos criterios que el establecido por la Directiva 95/46 y por las legislaciones nacionales de trasposición. Según este modelo, los datos sólo podrán ser comunicados fuera del Espacio Económico Europeo:
A países, territorios o sectores específicos (el RGPD incluye también organizaciones internacionales) sobre los que la Comisión haya adoptado una decisión reconociendo que ofrecen un nivel de protección adecuado.
Cuando se hayan ofrecido garantías adecuadas sobre la protección que los datos recibirán en su destino.
Cuando se aplique alguna de las excepciones que permiten transferir los datos sin garantías de protección adecuada por razones de necesidad vinculadas al propio interés del titular de los datos o a intereses generales.
Desde el punto de vista de los responsables y encargados que actualmente realizan transferencias internacionales o que las efectuarán en el marco del RGPD, hay algunas novedades a tener en cuenta:
Las decisiones de adecuación que la Comisión ha adoptado con anterioridad a la aplicación del RGPD seguirán siendo válidas, y por tanto podrán seguir realizándose transferencias basadas en ellas, en tanto la Comisión no las sustituya o derogue.
Las decisiones de la Comisión estableciendo cláusulas tipo para los contratos en los que se establecen garantías para las transferencias internacionales seguirán siendo válidas hasta que la Comisión las sustituya o derogue.
Las autorizaciones de transferencias que las autoridades nacionales de protección de datos hayan otorgado sobre la base de garantías contractuales seguirán siendo válidas en tanto las autoridades no las revoquen.
Las garantías sobre la protección que recibirán los datos en destino las debe ofrecer el exportador, que podrá ser tanto un responsable como un encargado de tratamiento.
Se amplía la lista de posibles instrumentos para ofrecer garantías, incluyéndose expresamente, entre otros, las Normas Corporativas Vinculantes para responsables y encargados, los códigos de conducta y esquemas de certificación, así como los cláusulas contractuales modelo que puedan aprobar las autoridades de protección de datos.
En los casos de Normas Corporativas Vinculantes, cláusulas contractuales estándar, códigos de conducta y esquemas de certificación, la transferencia no requerirá la autorización de las autoridades de supervisión.
Se añade una excepción al listado que en su momento estableció la Directiva 95/46. Se trata de la posibilidad de que el responsable pueda transferir datos a un país sin nivel adecuado de protección cuando esa transferencia sea necesaria para satisfacer intereses legítimos imperiosos del responsable y la transferencia no es repetitiva y afecta sólo a un número limitado de interesados. En todo caso, la transferencia solo será posible si no prevalecen los derechos, libertades e intereses de los afectados y deberá comunicarse a la autoridad de protección de datos.
¿Cómo se lleva a cabo un análisis de riesgo?
El tipo de análisis variará en función de los tipos de tratamiento, de la naturaleza de los datos que se traten, del número de interesados afectados o de la cantidad y variedad de tratamientos que una misma organización lleve a cabo.
En las grandes organizaciones este análisis deberá como regla general llevarse a cabo utilizando alguna de las metodologías de análisis de riesgo existentes. En responsables de menor tamaño y con tratamientos de poca complejidad este análisis sería el resultado de una reflexión, mínimamente documentada, sobre las implicaciones de los tratamientos en los derechos y libertades de los interesados. Esa reflexión debería dar respuesta a cuestiones como las siguientes:
¿Se tratan datos de una gran cantidad de personas?
¿Se pretende utilizar los datos obtenidos con una finalidad para otro tipo de finalidades?
Cuanto mayor fuera el número de respuestas afirmativas mayor sería el riesgo que podría derivarse del tratamiento. De este modo, si la respuesta a estas preguntas y otras del mismo tipo fuera negativa, es razonable concluir que la organización no realiza tratamientos que generen un elevado nivel de riesgo y que, por tanto, no debe poner en marcha las medidas previstas para esos casos.
¿Cuál es el plazo para notificar a la autoridad de control una violación de la seguridad?
La notificación de la quiebra a las autoridades debe producirse sin dilación indebida y, a ser posible, dentro de las 72 horas siguientes a que el responsable tenga constancia de ella. Este criterio puede ser objeto de interpretaciones variadas. En general, se considera que se tiene constancia de una violación de seguridad cuando hay una certeza de que se ha producido y se tiene un conocimiento suficiente de su naturaleza y alcance. La mera sospecha de que ha existido una quiebra o la constatación de que ha sucedido algún tipo de incidente sin que se conozcan mínimamente sus circunstancias no deberían dar lugar, todavía, a la notificación, dado que en esas condiciones no sería posible, en la mayoría de los casos, determinar hasta qué punto puede existir un riesgo para los derechos y libertades de los interesados.
No obstante, en casos de quiebras que por sus características pudieran tener gran impacto, sí podría ser recomendable contactar con la autoridad de supervisión tan pronto como existan evidencias de que se ha producido alguna situación irregular respecto a la seguridad de los datos, sin perjuicio de que esos primeros contactos puedan completarse con una notificación formal más completa dentro del plazo legalmente previsto.
Puede haber casos en que la notificación no pueda realizarse dentro de esas 72 horas, por ejemplo, por la complejidad en determinar completamente su alcance. En esos casos, es posible hacer la notificación con posterioridad, acompañándola de una explicación de los motivos que han ocasionado el retraso.
¿Cuál debe ser el contenido de la notificación a la autoridad de control de una violación de seguridad?
La notificación ha de incluir un contenido mínimo que el propio RGPD establece y que incluye elementos como la naturaleza de la violación, categorías de datos y de interesados afectados, o medidas adoptadas por el responsable para solventar la quiebra y, si procede, las medidas aplicadas para paliar los posibles efectos negativos sobre los interesados. También la información puede proporcionarse de forma escalonada cuando no sea posible hacerlo en el mismo momento de la notificación.
El Grupo del Artículo 29 preparará un formulario estandarizado a nivel europeo tanto para ayudar a los responsables a presentar unas notificaciones completas de acuerdo con los criterios del RGPD como para que esas notificaciones se realicen de forma armonizada a en toda la Unión Europea.
Con independencia de la notificación a las autoridades, los responsables deben documentar todas las violaciones de seguridad. Se trata de una obligación que establece el RGPD y que se aproxima en gran medida al Registro de Incidencias que prevé el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
¿Cuándo es probable que una violación de seguridad pueda comportar un alto riesgo para los derechos de los interesados?
El criterio del alto riesgo que menciona el RGPD debe entenderse en el sentido de que sea probable que la violación de seguridad ocasione daños de entidad a los interesados. Esto ocurriría, por ejemplo, en casos en que se desvele información confidencial, como contraseñas o participación en determinadas actividades, se difundan de forma masiva datos sensibles o se puedan producir perjuicios económicos para los afectados.
¿Cuál es régimen jurídico de la notificación a los afectados de una violación de seguridad?
El objetivo de esta notificación ha de ser el permitir que los afectados puedan tomar medidas para protegerse de sus consecuencias. Por ello, el RGPD requiere que se realice sin dilación indebida, sin hacer referencia ni al momento en que se tenga constancia de ella ni tampoco a la posibilidad de efectuar la notificación dentro de un plazo de 72 horas. El propósito es siempre que el interesado afectado pueda reaccionar tan pronto como sea posible.
Por los mismos motivos, el RGPD añade a los contenidos de la notificación las recomendaciones sobre las medidas que pueden tomar los interesados para hacer frente a las consecuencias de la quiebra.