Source: https://www.scribd.com/document/164847977/Proyecto-de-Ley-Referido-a-la-Comisio-n-de-Asuntos-Municipales-Camara
Timestamp: 2018-02-21 20:15:22
Document Index: 3218589

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 11', 'Artículo 2', 'Artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 11']

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Description: Proyecto para enmendar la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada a los fines de conceder a los empleados del Municipio de San Juan el derecho a organizar sindicatos y a negociar co...
Proyecto para enmendar la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada a los fines de conceder a los empleados del Municipio de San Juan el derecho a organizar sindicatos y a negociar colectivamente, de conformidad con los procedimientos establecidos en dicha Ley; y para enmendar la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, mejor conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 a los fines de conformar sus disposiciones según los fines y propósito de esta Ley.
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 17 ma. Asamblea 3 ra.
Sesión Legislativa Ordinaria
2 de septiembre de 2013 Presentado por __________________ Referido a la Comisión de Asuntos Municipales
Para enmendar la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada a los fines de conceder a los empleados del Municipio de San Juan el derecho a organizar sindicatos y a negociar colectivamente, de conformidad con los procedimientos establecidos en dicha Ley; y para enmendar la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, mejor conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 a los fines de conformar sus disposiciones según los fines y propósito de esta Ley.
Los empleados de los Municipios de Puerto Rico quedaron excluidos de las disposiciones de la Ley 45 de 25 de febrero de 1998, mediante la cual se concedió el derecho a organizar sindicatos y a negociar colectivamente a los empleados del gobierno central a quienes no aplican las disposiciones de la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945. Como sabemos, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 17 dispone que: "Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades corporativas de gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar". Ante tales circunstancias, será responsabilidad de la Asamblea Legislativa extender dichos derechos a otros empleados del gobierno que no tienen la protección constitucional antes citada. Tras la aprobación de la Ley 45, supra, un gran sector de los empleados del gobierno quedó cobijado por las disposiciones de ese estatuto. Sin embargo la Asamblea Legislativa excluyó no solo a los empleados municipales sino también a los empleados de la Rama Judicial y de la Rama Legislativa, así como también excluyó a los empleados de algunas agencias de la Rama Ejecutiva. (Véase Artículo 4.3 de la Ley 45, supra.)
En lo que respecta a las relaciones obrero patronales de los empleados de los municipios la Asamblea Legislativa incluyó en el Artículo 11 de la Ley 81 de 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de Municipios Autónomos, todas las prerrogativas, derechos y privilegios de estos empleados. Por un lado, se dispuso que el Sistema de Personal de los empleados municipales estaría encarnado en el principio de mérito. Se estableció que los empleados municipales serían reclutados, seleccionados, clasificados, ascendidos, trasladados, adiestrados y retenidos sin discrimen alguno y en atención al mérito, de modo que se garantice la idoneidad en el servicio público. Incluso se dispuso que los empleados que no estuvieran de acuerdo con alguna transacción de la autoridad nominadora tendrían derecho a presentar un recurso de apelación ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, hoy conocida como Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Sin embargo el historial de las relaciones obrero patronales en el Municipio de San Juan demuestra que numerosos empleados de dicha municipalidad han ingresado a organizaciones bonafide de empleados gubernamentales, autorizadas por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1961. Aunque dichas organizaciones no tienen el derecho estatutario ni constitucional a negociar colectivamente, lo cierto es que el historial demuestra que han ejercido influencias en los alcaldes de dicha municipalidad, quienes en algunas ocasiones han aprobado Cartas de Derechos de los Empleados Municipales, Ordenes Administrativas, Cartas Contractuales y otros documentos análogos en los que se establecen, aumentos salariales, beneficios marginales, condiciones de trabajo y procedimientos para atender las quejas de los empleados. Aunque la Alcaldesa de San Juan ha proclamado una Ordenanza para conceder a sus empleados el derecho a organizar sindicatos y a negociar colectivamente, lo cierto es que la Legislatura Municipal no tiene autoridad en Ley para aprobar una medida de esa naturaleza. En Puerto Rico, el derecho a organizar sindicatos y a negociar colectivamente es uno de carácter constitucional o de carácter estatutario, aprobado por la Asamblea Legislativa. Los municipios son criaturas de la Asamblea Legislativa quienes tienen las facultades y prerrogativas que se disponen en la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley 81 de 30 de agosto de 1991. Un examen del Artículo 2.001 de dicha Ley, nos permite concluir que la Asamblea Legislativa no delegó el poder de aprobar legislación para conceder el derecho a organizar sindicatos y a negociar colectivamente a las legislaturas municipales. Ello es así cuando examinamos el Artículo 11 de dicha Ley, en el que se establece la forma y manera en que se administrará todo lo relativo a los asuntos de personal y los asuntos laborales. Por consiguiente, esta Asamblea Legislativa está en posición de aprobar legislación dirigida a conceder a los empleados del Municipio de San Juan, el derecho a organizar sindicatos y a negociar colectivamente a través de representantes exclusivos escogidos por los empleados, conforme a las disposiciones de la Ley 45, supra. Consecuentemente, se hace necesario enmendar las disposiciones de la Ley 81 de 30 de agosto de 1991, para conformar la misma a esta nueva política pública.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: Artículo 1. Se enmienda el Artículo 4.1 de la Ley 45 de 25 de febrero de 1998, para que lea como sigue:
Sección 4.1- Derecho a organizar sindicatos de trabajadores y de afiliarse a éstos. Los empleados de las agencias del gobierno central, y del Municipio de San Juan tendrán derecho a organizarse y afiliarse a organizaciones sindicales, la cual deberá ser certificada por la Comisión como la representante exclusiva de los empleados, de conformidad con las disposiciones que más adelante se establecen y a tono con la reglamentación que adopte la Comisión.
Artículo 2. Se enmienda el Artículo 11.002 de la Ley 81 de 30 de agosto de 1991, para que lea como sigue: “11.002 El alcalde y el Presidente de la Legislatura serán la autoridad nominadora de sus respectivas ramas del gobierno municipal. La Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos, establecida por las secs. 1461 et seq. del Título 3, conocidas como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público”, será el organismo apelativo del Sistema de Administración de Personal Municipal. Disponiéndose que en el caso de los empleados del Municipio de San Juan que se organicen en sindicatos al amparo de la Ley 45 de 25 de febrero de 1998, estos podrán acogerse a los mecanismos de arbitraje dispuestos en los convenios colectivos negociados y acordados con el Municipio. Los empleados que no se organicen en sindicatos continuarán con su derecho a presentar sus casos ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.”
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