Source: https://vlex.com.pa/vid/plena-jurisdiccion-corte-suprema-754239589
Timestamp: 2020-08-10 11:35:04
Document Index: 406359946

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 97', 'Artículo 113', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 371', 'Artículo 34', 'artículo 113', 'artículo 61', 'artículo 97', 'artículo 781', 'artículo 40', 'artículo 106', 'Artículo 104', 'artículo 32', 'artículo 203']

Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 754239589
La firma forense Fuller Yero & Asociados, actuando en nombre y representación de INVERSIONES METÁLICAS, S.A., ha presentado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.564-2013-D.G. de 27 de marzo de 2013, dictada por la Caja de Seguro Social, el acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.
Mediante Resolución de 13 de febrero de 2015 (fs.187-190), la Sala Tercera suspende provisionalmente los efectos de la Resolución No.564-2013-D.G. de 27 de marzo de 2013, dictada por la Caja de Seguro Social.
La presente demanda fue admitida por medio de la Resolución de 2 de marzo de 2015 (f.197), se le envió copia de la misma al Director del Sistema Regional de Salud de Chiriquí para que rindiera su informe explicativo de conducta y se le corrió traslado de la misma al Procurador de la Administración.
El objeto de la presente demanda lo constituye la declaratoria de ilegalidad de la Resolución No.564-2013-D.G. de 27 de marzo de 2013, dictada por la Caja de Seguro Social, que resuelve RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE el Contrato No.262504-08-31-D.C. para el suministro de equipos y materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la modernización de los elevadores No.1 y No.4, marca Mitsubishi, localizados en la Policlínica Especializada del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid", celebrado entre la Caja de Seguro Social y la empresa Inversiones Metálicas, S.A.
De igual forma, la parte actora solicita la nulidad del acto confirmatorio contenido en la Resolución No.040-2013/TAdeCP de 7 de abril de 2014, expedido por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
Como consecuencia de las declaraciones anteriores, la parte actora solicita que se declare que la empresa demandante tiene derecho a recibir la liquidación de la totalidad de las sumas adeudas por la Caja de Seguro Social en relación al Contrato No.262504-08-31-D.C., que asciende a la suma de veinticinco mil balboas con 00/100 (B/.25,000.00), más los intereses acumulados por la moratoria en los pagos desde el año 2009 hasta la fecha de presentación de la demanda, y que se calculan a la fecha en doce mil balboas (B/.12,000.00), más todos los intereses legales que se generen hasta la cancelación total de la obligación; más los daños y perjuicios que se están ocasionando y que se ocasionarán a la empresa por la inhabilitación del período de tres años para participar en actos de contratación pública, mismos que se estiman en aproximadamente trescientos mil balboas (B/.300,000.00), salvo mejor tasación pericial.
Según la demandante, la Resolución No.564-2013-D.G. de 27 de marzo de 2013, dictada por la Caja de Seguro Social, infringe las siguientes disposiciones:
Artículo 3, el cual se refiere a las normas reguladoras de la contratación pública; considerado por el recurrente como infringido en forma directa, por omisión.
Artículo 13, numerales 4, 5, 6, 8, 9 y 10, el cual se refiere a las obligaciones de las Entidades contratantes; el actor considera su violación directa, por omisión.
Artículo 14, el cual consigna los derechos de los contratistas; la parte actora considera su infracción directa, por omisión.
Artículo 17, el cual establece los principios generales de la contratación pública; dispuesto por la parte actora como infringido en forma directa, por omisión.
Artículo 90, el cual dispone el acta de entrega o de aceptación final, al momento de la entrega total del bien objeto del contrato; considera el recurrente su vulneración directa, por omisión.
Artículo 91, el cual establece los derechos de inspección; el demandante estima su violación directa, por omisión.
Artículo 97, el cual establece el término o plazo para la liquidación de los contratos; considerado por el demandante como vulnerado en forma directa, por omisión.
Artículo 113, el cual dispone las causales de resolución administrativa de los contratos; infringido según el actor, en forma directa, por omisión.
Artículo 115, el cual dispone la resolución del contrato, por incumplimiento del contratista; señalado por la parte actora como violado, en forma directa, por omisión.
Artículo 116, el cual señala el procedimiento para la resolución administrativa del contrato; indicado por la parte actora como violado, en forma directa, por omisión.
Artículo 117, el cual dispone la competencia para inhabilitar a los contratistas por incumplimiento del contrato; indicado por el demandante como vulnerado, en concepto directo, por omisión.
Decreto Ejecutivo N° 366 de 28 de diciembre de 2006
Artículo 371, el cual dispone sobre las causales de inhabilitación; por lo que considera el recurrente su infracción directa, por omisión.
Artículo 34, que establece las reglas para las actuaciones administrativas en todas las Entidades públicas; por lo que el demandante sostiene su vulneración directa.
EL INFORME DE CONDUCTA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL
El Director General de la Caja de Seguro Social rindió su informe explicativo de conducta, mediante la Nota recibida en la Secretaría de la Sala Tercera el día 12 de marzo de 2015 (fs. 203-212), en el que hace un recuento de todas las actuaciones de dicha entidad, en la que se señala que las mismas se enmarcan dentro de los preceptos legales de contratación pública. Indica que la Contraloría General de la República y la Caja de Seguro Social en ningún momento aceptaron finalmente la obra, quedando pendiente las reclamaciones, correcciones de fallas y demás aspectos contractuales a cargo de la contratista, por lo que no es procedente solicitar a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la liquidación del contrato y el pago, ni mucho menos una indemnización por supuestos daños y perjuicios.
El Procurador de la Administración, mediante la Vista No. 948 de 9 de octubre de 2015 (fs. 229-239), le solicitó a los Magistrados que integran la Sala Tercera que declaren que no es ilegal la Resolución 564-2013-D.G. de 27 de marzo de 2013, dictada por la Caja de Seguro Social. A su juicio ello es así, puesto que el incumplimiento por parte de la sociedad accionante, en cuanto a sus obligaciones contractuales, dio lugar a que la Caja de Seguro Social llegara a la conclusión que la misma había incurrido en una de las causales de resolución administrativa de los contratos públicos, concretamente, la que está contemplada en el numeral 1 del artículo 113 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que dice: "el incumplimiento de las cláusulas pactadas", lo que sirvió como fundamento para emitir el acto administrativo objeto de la controversia.
IV. DECLARACIONES TESTIMONIALES, PRUEBA PERICIAL Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las declaraciones testimoniales de los señores Z.I.W.Z. (fs.462 a 470); F.G.S. (fs.471 a 476); y, F.E.C.C. (fs.477 a 479), constan el proceso como prueba alegada por la parte demandante. En estas deposiciones, los declarantes en mención, favorecen los planteamientos allegados por la empresa demandante, por lo que consideran que las argumentaciones sustentadoras de las pretensiones del actor, se han realizado con el debido sustento.
Igualmente, constan los testimonios de R.E.O.M. (fs. 480 a 483), quien labora en el área de mantenimiento de la empresa demandante, el cual manifestó que se le daba el mantenimiento preventivo a los ascensores instalados; G.J.Q.G. (fs.484-488), integrante del Cuerpo de Bomberos de Panamá, explicó por su parte, el proceso de inspección para el debido montaje de los ascensores; y, T.M.C.W. (fs.489-492), quien labora como ingeniero electromecánico en la Caja de Seguro Social (CSS), manifestó que inspeccionó los ascensores instalados, y que los mismos funcionaban en forma adecuada.
De otro lado, se observan las pruebas periciales practicadas, de los peritos designados por la parte actora: L.C.G.P. (fs. 602-604), quien señaló que al momento en que la Caja de Seguro Social emite la Resolución No. 564-2013-D.C. de 27 de marzo de 2013, no se encontraba al día y en cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato No.262504-08-31-D.C., por lo que la Caja de Seguro Social le adeuda la suma de cincuenta y dos mil ochocientos veintiséis balboas con veintiséis centésimos (B/.52,826.26).
Por su parte, visible de fojas 711 a 715 del expediente judicial, el perito O.A.G.M., luego de la inspección judicial, presenta su informe pericial, señalando que en el expediente reposa un recibo fechado 12 de septiembre de 2008 en donde se realiza acto de recibido, permitiendo el uso satisfactorio del ascensor # 1, dejando como pendiente el desmontaje del ascensor #4 existente, montaje del nuevo ascensor #4 y el mantenimiento de éste y el ascensor #1. Agrega que la Dirección Nacional de Infraestructuras y Servicios de apoyo, suscribe la Nota DINISA 1035-2008 de 23 de septiembre de 2008 remitida a la empresa Inversiones Metálicas, S.A., en la que le informó de la suspensión de manera provisional de la instalación de los dos (2) ascensores tipo camilleros en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Indica que el ascensor #4 está dañado y fuera de servicio desde el 22 de julio de 2012 por daños en la fotocelda o bastón electrónico que se encontraba tirado en el pozo y que este ascensor se encuentra en garantía, por lo que la empresa Inversiones Metálicas, S.A., debe realizar la revisión de lo que ocasionó la falla.
El perito R.R., perito designado por la Procuraduría de la Administración, señaló en su informe que en la cláusula quinta del Contrato No. 262504-08-31-D.C., que el contratista se compromete a brindar asesoría y capacitación a 15 funcionarios, por un término de dos (2) días hábiles, pero no existe prueba indefectible que haga constar que la empresa Inversiones Metálicas, S.A., diera asesoría y capacitación a los funcionarios del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, conforme a lo pactado en el contrato. Informa que los ascensores 1 y 4 presentaron desperfectos que fueron informados a la empresa Inversiones Metálicas, S.A. como problemas de alta temperatura en la cabina debido a que no cumplen con la ventilación, ha sobrepasado el número de paradas permisibles anuales, lo que no lo hace confiable; capacidad interna menor a la solicitada (debe ser para 23 personas y la dimensión de la cabina permite 15) e iluminación deficiente; limitación a las tolerancias eléctricas, lo que provoca daños en los controles; falta de mantenimiento preventivo, entre otras. Indica que al momento de la rescisión contractual hecha por la Caja de Seguro Social, el período de garantía pactado estaba vigente y todas las anomalías y/o desperfectos presentados por los ascensores #1 y #4, debieron ser corregidas por la empresa.
Conforme lo establece el artículo 61 de la Ley N° 135 de 1943, en su último párrafo: "las partes pueden presentar, dentro de los cinco días siguientes al término fijado para practicar las pruebas, un alegato escrito respecto del litigio"; la firma F.Y. & Asociados, actuando en nombre y representación de INVERSIONES METÁLICAS, S.A., incorpora escrito de alegatos (fs. 737 a 755 del expediente) en el cual reitera su solicitud de declaratoria de nulidad, por ilegal, de la Resolución No.564-2013-D.G. de 27 de marzo de 2013, dictada por la Caja de Seguro Social.
Por su parte, el Procurador de la Administración, por medio de la Vista No. 199 de 9 de febrero de 2017 (fs. 756-767), se reitera, sin mayor variante, de la opinión expresada en la Vista 948 de 9 de octubre de 2015.
Una vez cumplidos los trámites legales, la Sala procede a resolver la presente controversia, previo las siguientes consideraciones.
En este sentido y como ha quedado evidenciado, la materia propia de esta litis, surge en virtud del acto administrativo expedido por la prenombrada Caja de Seguro Social (CSS), representado por la Resolución No. 564-2013-D.G. de 27 de marzo de 2013 (acto administrativo que se demanda ante esta Superioridad), cuya parte resolutiva es del siguiente tenor:
"PRIMERO: RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE, el Contrato N° 262504-08-31-D.C., para el "SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS ELEVADORES NO.1 Y NO.4, MARCA MITSUBISHI, LOCALIZADOS EN LA POLICLÍNICA ESPECIALIZADA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DR. ARNULFO ARIAS MADRID", celebrado entre la CAJA DE SEGURO SOCIAL y la empresa INVERSIONES METÁLICAS, S.A.
Cabe señalar que en las consideraciones para la expedición del acto que se demanda, consta que en atención a lo que figura prevista en las Cláusulas Quinta (V) y Décima Quinta (XV) del Contrato N° 262504-08-31-D.C, refrendado por la Contraloría General de la República el día 24 de octubre de 2006; así como en los artículos 113 de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006; no era viable someter este Contrato a un procedimiento de Liquidación, contemplado en el artículo 97 del Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, y dado el incumplimiento de las obligaciones objeto del Contrato, se resuelve administrativamente el Contrato en mención, y se le sanciona con inhabilitación por tres (3) años, dada la gravedad de los daños, los perjuicios económicos ocasionados a la Institución y la afectación a los usuarios.
Según se observa en autos, mediante el Contrato N° 262504-08-31-D.C. (fs.141-143 del expediente), que fuese refrendado por la Contraloría General de la República el día 24 de octubre de 2006, se le otorgó la obligación al contratista, de efectuar los trabajos de "Suministro de equipos y materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la modernización de los elevadores No.1 y No.4, marca Mitsubishi, localizados en la Policlínica Especializada del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid", de acuerdo al Pliego de Cargos preparado por la Entidad de Seguridad Social. En la cláusula décimo quinta del referido contrato, se estipuló que el contratista manifiesta y se obliga a que los materiales y los equipos, a los que se refiere la cláusula tercera debían ser nuevos, de condiciones y calidad óptimas para su uso, así como ofrecer la garantía respectiva contra los defectos de fábrica o los vicios ocultos, hasta el término de un (1) año, contados a partir de la fecha en que la Caja de Seguro Social aceptara a satisfacción el suministro objeto de la obligación. De igual forma, indica que todos los equipos y demás, serían productos que cumplieran con las normas ANSI-ASME. Finalmente, se establece en esta cláusula que el contratista manifiesta que cuenta con el personal especializado para el manejo de dichos materiales y equipos y se obliga a cambiar las partes que estén deterioradas o defectuosas que no están a satisfacción de la Caja.
Por otro lado, cabe destacar que la cláusula décimo sexta establece claramente que en caso que los funcionarios designados por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la Caja de Seguro Social, consideren que los trabajos no se están desarrollando de acuerdo a las normas establecidas, lo comunicará al contratista para que tome las medidas pertinentes y que de no cumplir con estas instrucciones en el plazo que le fije la Caja, se podrá resolver el contrato, haciéndose efectiva la fianza de cumplimiento.
La empresa recurrente INVERSIONES METÁLICAS, S.A., presentó para garantizar el Cumplimiento del Contrato suscrito, una Fianza de Garantía de Cumplimiento o Ejecución de la Obra N° 2118237 (f.302 del antecedente) expedida por la compañía American Assurance.
De igual forma, consta que se celebró la Adenda No.1 al Contrato No. 262504-08-31-D.C. (fs.149-150 del expediente), refrendada por la Contraloría General de la República el día 11 de junio de 2007, en el que se incorpora el desmontaje completo del equipo (puertas, rieles, cabinas, etc.), suministro e instalación de puertas, cabinas y de rieles, manteniendo el precio inicial.
La orden de proceder a partir del 15 de noviembre de 2006, fue entregada a inversiones metálicas, S.A., el 24 de octubre de 2006 (f.323 del antecedente); no obstante, Inversiones Metálicas, S.A., por medio de la Nota IMSA-P-2008081 de 14 de marzo de 2008, solicitó una extensión del tiempo de entrega con exoneración de multas por atraso, por inconvenientes técnicos. La Caja, a través de la Nota DC-(PD)-47-08 de 12 de mayo de 2008 (f.457 del antecedente), le comunicó al contratista la extensión del plazo de entrega al 6 de julio de 2008 y la exención de la multa.
Posteriormente, a través de las Notas IMSA-P-2008199 e IMSA-P-2008200 (fs.481-482 del antecedente) comunicó la entrega el 12 y 13 de junio de 2008 en sitio del elevador No.4 y solicitó la prórroga de aproximadamente de ciento veinte (120) días. La Caja, luego del análisis técnico en la Nota DC (PD)-61-08 de 13 de agosto de 2008 (fs.487-488 del antecedente), con el refrendo de la Contraloría General de la República, otorga prórroga hasta el 3 de diciembre de 2008 y la exención de la multa.
La Dirección Nacional de infraestructura y Servicios de Apoyo de la Caja de Seguro Social, en la Nota DINISA-N-1035-2008 de 23 de septiembre de 2008 (fs.495-496 del antecedente), comunicó a Inversiones Metálicas, S.A., que por recomendación del Cuerpo de Bomberos se suspendían los trabajos de instalación de los elevadores camilleros No.4 y 5 ", hasta la culminación de los trabajos de construcción de la nueva sala de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid "ya que los mismos señalaban que el espacio para trabajar entre ambos ascensores era muy pequeño, lo cual podría ocasionar algún accidente..."
Con respecto a esta nota, la Sala indicó en el fallo de 29 de octubre de 2015, dictado al resolver la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense F.Y. & Asociados, actuando en representación de la sociedad denominada INVERSIONES METÁLICAS, S.A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 544-2013-D.G. de 25 de marzo de 2013, dictada por la Caja de Seguro Social, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones, señaló lo siguiente:
"Observa la Sala que la Caja de Seguro Social (CSS), a través de la Nota DINISA N° 1035-2008 de 23 de septiembre de 2008, suscrita por la Directora Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo, y dirigida al representante legal de la empresa demandante, le indicaban que se suspendía la instalación de dos (2) ascensores, identificados con los números 4 y 5, tipo camilleros en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, "basados en recomendaciones del Cuerpo de Bomberos de Panamá, ya que los mismos señalaban que el espacio para trabajar entre ambos ascensores era muy pequeño, lo cual podría ocasionar algún accidente..." (Cfr. fs.244 y 245).
De otro modo, para la Sala existe una incongruencia entre lo declarado por el testigo G.J.Q.G. (fs.432-436 del infolio judicial), bombero de profesión, y lo sostenido en la Nota N° DiyA-021-2010 de 22 de octubre de 2010, dirigida a la licenciada Onelia de Cisneros, Directora Administrativa del Complejo Hospitalario Metropolitano "Dr. Arnulfo Arias Madrid", en donde el Director de Ingeniería y Arquitectura de la Caja de Seguro Social le informa que, el sargento Q. indica: "que dichos elevadores ya fueron inspeccionados y revisados y consta en el Reporte con fecha de 6 de septiembre de 2010, en nota adjunta y nos dicen que no hay razón para que los mismos estén fuera de funcionamiento." Lo anterior, es reiterado en Nota N° DIyA-022-2010 de 22 de octubre de 2010, visible de fojas 454 y 455 de los autos, en donde además, señala que el no funcionamiento de este equipo, pudiese acarrear el daño de la tarjeta de memoria.
Aprecia este Tribunal Colegiado, que si bien es cierto que en la deposición del testigo, éste declaró que no encontraron desperfectos a los equipos, no es menos cierto que existe un incumplimiento en el funcionamiento del equipo pactado, el cual no ha podido ser desvirtuado, a consideración de esta M..
La Nota DINISA-N-1035-2008 de 23 de septiembre de 2008 produjo como consecuencia que Inversiones Metálicas, S.A., solicitara adendar nuevamente el Contrato No.262504-8-31-D.C., incrementando su valor, por los trabajos de reforzamiento a la estructura de los cubos de los ascensores No.1 y No.4 y la suspensión de los trabajos de instalación del elevador No.4 (cfr. fs.497-498 del antecedente).
Según indica el Director General de la Caja de Seguro Social en su informe de conducta, la adenda No.2 solicitada no fue tramitada, pero se realizaron evaluaciones técnicas a los trabajos realizados por Inversiones Metálicas.
De fojas 569 a 571 del antecedente reposa la Nota de 2 de enero de 2013, suscrita por un ingeniero del Departamento de Ejecución de Proyectos, un ingeniero mecánico y un ingeniero civil de la Caja de Seguro Social, quienes hicieron una evaluación técnica a los trabajos realizados por Inversiones Metálicas, S.A., denotan las deficiencias de los equipos e insumos suministrados que no cumplen con las obligaciones contractuales contraídas.
Advierte la Sala que mediante la Nota DNL-N-07-2013 de 10 de enero de 2013 (fs. 572-574 del antecedente), el Director de la Caja de Seguro Social le informó a la empresa Inversiones Metálicas que los ascensores número 1 y número 4 objeto del Contrato No.262504-08-31-D.C de 29 de septiembre de 2006, no reunían las condiciones y especificaciones técnicas que supone un alto tráfico de pasajeros y equipos propios de un nosocomio de tercer nivel y que presentaba altos niveles de ruido, elevadas temperaturas, dimensiones inferiores a las necesarias para transportar camillas, entre otras irregularidades., que dan cuentas del incumplimiento y ejecución del contrato No.262504-08-31-DG, por lo que se le conceden cinco (5) días hábiles, contados a partir del recibo de la nota para que contentes y presente pruebas y que vencido dicho término se procederá a determinar si es viable o no la resolución administrativa de dicho contrato.
Por su parte, la empresa INVERSIONES METÁLICAS, S.A., a través de la Nota IMSA-P-2013015 de 21 de enero de 2013 (fs. 640-648 del antecedente) hace sus descargos a la Nota DNL-N-07-2013 de 10 de enero de 2013, suscrita por el Director General de la Caja de Seguro Social.
Reposa de fojas 695 a 700 del expediente, el informe Técnico de 21 de febrero de 2013, suscrito por el Ingeniero Mecánico Jefe del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid, en el que se señala que a pesar que los ascensores No. 1, 2 y 3 marca KONE se recibieron por las necesidades de ese Centro Hospitalario (con la condición que durante el período de prueba se terminarán de realizar los ajustes necesarios en los equipos) y se encuentran trabajando, los mismos siempre han tenido problema de alta temperatura en la cabina debido a que no cumplen con la ventilación exigido por las normas internacionales, la iluminación de la cabina es deficiente, la dimensiones mínimas de los equipos hizo que se disminuyera la capacidad de los pasajeros, han sobrepasado el número de paradas permisibles anuales y nunca fueron confiables ni seguros, causando incomodidades a todos los usuarios e inclusive causando accidentes a funcionarios y usuarios. Con respecto a los elevadores 4 y 5 (camilleros) que se recibieron por las necesidades de ese Centro Hospitalario (con la condición que durante el período de prueba se terminarán de realizar los ajustes necesarios en los equipos), los mismos no se encuentran trabajando actualmente, no cumplen con la ventilación exigida por las normas internacionales, la iluminación de la cabina es deficiente, la dimensiones mínimas de los equipos hizo que se disminuyera la capacidad de los pasajeros, han sobrepasado el número de paradas permisibles anuales y nunca fueron confiables, ni seguros, causando incomodidades a todos los usuarios. Manifiesta que es irresponsable e inhumano por parte de la empresa Inversiones Metálicas, no haber ejecutado la reparación de los elevadores No.4 y No.5, estando en garantía, porque allí se trasladan que son asistidas en áreas críticas de la Policlínica como son cuidados intensivos, salón de operaciones y salas de hospitalización y, además, son los únicos que pueden llegar a la planta baja de la policlínica, donde se encuentran los pacientes de pie diabético y hospital del día.
Una vez efectuado un análisis exhaustivo del expediente, la Sala advierte que ni en el expediente ni en sus antecedentes reposa documentación alguna que desvirtúe los cargos que le imputa la Administración a Inversiones Metálicas, S.A., siendo cónsonos con lo previsto en las Cláusulas Quinta (V) y Décimo Quinta (XV) del Contrato N° 262504-08-31-D.C., refrendado por la Contraloría General de la República el día 24 de octubre de 2006; así como con los artículos 113, 115 y 116 del Texto Único de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, que expresamente contemplan la figura de la resolución administrativa de un Contrato suscrito por la Administración, debido al incumplimiento de las cláusulas pactadas.
La Sala concluye que no se han producido en el presente caso, aplicación indebida o inaplicación de las normas que se estiman infringidas por la parte actora, porque la Caja de Seguro Social (CSS), al resolver administrativamente el Contrato ya referido, hizo uso de una clara atribución legal, establecida en las normas Legales y Decretos Reglamentarios que regulan la contratación con el Estado, a través de los procedimientos y formalidades contemplados para cada caso.
Todo lo anterior demuestra, sin lugar a dudas, que la Entidad de Seguridad Social, estuvo anuente a cumplir con su obligación de adoptar medidas para mantener durante el desarrollo y ejecución de este Contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras originales prevalecientes al momento de contratar y de realizar las modificaciones autorizadas por L. o el Contrato, según el Pliego de Cargos, unido a que en razón de la contraprestación pactada, estaba en el deber de exigir el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al concesionario.
El doctor J.V.P., en su obra "Derecho Administrativo"; L.E., S.A., 2008, Décima Tercera Edición, p.401, nos ilustra sobre la figura de la terminación anormal del Contrato de la siguiente forma:
"...De acuerdo con lo que se ha expresado, puede producirse por los factores que coloca la Ley para la declaración de caducidad (incumplimiento del contratista o imposibilidad que la Ley prevé de realizarlo), por terminación unilateral fundada en el interés público, nulidad del Contrato, mutuo consentimiento, fuerza mayor o rescisión declarada por el Juez a solicitud del contratista. Igualmente puede provenir de la terminación del objeto (...)."
(el subrayado es de la Sala).
Además, la jurista E.I. de Salinas, en su obra "Contratos Administrativos", 2005, ps.12 y 13, nos señala que:
Un contrato administrativo, de un modo general concluye por incumplimiento del objeto, expiración del plazo, caducidad que se da por incumplimiento de las obligaciones del contratante como el plazo o la ejecución de los servicios en forma parcial o defectuosa, o la transferencia a terceros, pudiendo la administración proceder a su rescisión o rescate.
También puede concluir unilateralmente cuando el interés público lo aconseje por razones de oportunidad y mérito o conveniencia o el incumplimiento de la administración a sus obligaciones esenciales que haga imposible al contratista ejecutar su contrato dando lugar a la resolución del mismo que le da derechos a percibir daños y perjuicios de la administración. Asimismo, es causa de resolución el incumplimiento del contrato por el contratante cuando exista la imposibilidad sobreviviente de cumplirlo por excesiva onerosidad.
La suspensión del servicio o supresión del objeto del contrato por parte de la administración, es otra causal de resolución, teniendo el contratante derecho a una indemnización, C. sostiene que el interés público en que se funda la extinción del contrato por razones de interés público debe hallarse previamente declarado en una ley, no pudiendo dejarse al arbitrio de la Administración la apreciación de interés público que se persiguió al celebrar el acuerdo de voluntades.
En un caso similar al que nos ocupa, la Sala Tercera en el fallo de 4 de mayo de 2010, señaló lo siguiente:
Ante esta S., se somete al estudio de legalidad la Resolución 072 de 25 de julio de 2007 proferida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENES REVERTIDOS del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la cual se resuelve administrativamente el Contrato de Desarrollo, Arrendamiento e Inversión No.483-03 de 05 de febrero de 2004 suscrito entre la ARI (ahora UABR) y COLONIAL TOURS, S.A.
En primer lugar es preciso señalar, respecto a la excepción de ilegitimidad en la causa alegada por la PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN, que la situación en la que fundamentaron la misma fue debidamente saneada mediante resolución de 09 de diciembre de 2009 en la que ésta Sala ordeno poner en conocimiento de lo actuado dentro de la presente demanda, al representante legal de COLONIAL TOURS, S.A., quien compareció (fs.124) al proceso convalidando el poder otorgado al Licenciado J.R.S. al igual que todas sus actuaciones de conformidad con los artículos 90 numeral 2 y 92 de la Ley No.135 de 1943, en concordancia con los artículos 745 y 747 del Código Judicial.
Ahora bien, luego de analizadas las violaciones alegadas y los argumentos en que se fundamentan, la Sala estima que no se han configurado las mismas en los términos alegados, lo que procede a explicar.
Como primera norma violada menciona la cláusula 39 del contrato No.483-03 de 05 de febrero de 2004 para el Desarrollo, Arrendamiento e Inversión, objeto de la presente causa. La violación de dicha cláusula la fundamentan en el hecho de que la ARI ahora UABR no coadyuvó con COLONIAL TOURS, S.A. en la obtención de la aprobación del plano del proyecto por parte de Ingeniería Municipal del Distrito de Colón
Mal puede suponer el actor que la UABR puede inmiscuirse directamente en el procedimiento de aprobación de planos pendientes en el Municipio de C., pues, el que ésta se haya comprometido a través de la cláusula 39 a "realizar sus mejores esfuerzos para cooperar" con la Arrendataria-Inversionista en la obtención de los permisos o licencias necesarios, no significa que garantiza la obtención de los mismos ni que de ella depende que el Inversionista cumpla con los requisitos necesarios para tal aprobación.
En ese sentido, vemos que la cláusula 55 del mismo contrato expresa textualmente que la Arrendataria-Inversionista "reconoce que LA AUTORIDAD no es responsable por el otorgamiento de autorizaciones externas a ésta" (el subrayado es nuestro) por lo que no le asiste la razón al actor al considerar que se ha violado aquella disposición.
La segunda norma considerada transgredida es el artículo 781 del Código Judicial, referente a la obligación del Juez de motivar razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponde.
Vemos entonces que el actor arguye que el acto impugnado fue expedido sin que en el mismo se haya expuesto razonadamente el examen de los elementos probatorios, pues, con los descargos presentados por COLONIAL TOURS, S.A. se presentaron 24 documentos que no fueron examinados o evaluados.
Le asiste la razón a la demandante cuando señala que ésta norma es aplicable al contrato génesis de ésta causa, pues, efectivamente en el artículo 40 numeral 11 en concordancia con el numeral 8 del artículo 106 se establece la remisión a las normas de procedimiento civil.
Ahora bien, de la lectura del acto impugnado salta a la vista que la autoridad administrativa no solo hizo mención del memorial de descargos presentado por la actora y de los elementos probatorios acompañados con éste, sino que, se desprende que el mismo está debidamente sustentado tanto en antecedentes como en valoración e interpretación de los hechos, por lo que no queda duda a la Sala que ésta norma no ha sido transgredida.
Respecto a la violación del Artículo 104 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, dicha norma señala las causales de resolución administrativa de los contratos, indicando como tales el incumplimiento de las cláusulas; la muerte de contratista; la quiebra o concurso de acreedores; la incapacidad física permanente del contratista; o la disolución del contratista.
En éste caso particular, la institución demandada señala en la parte resolutiva del acto impugnado que la resolución del contrato es por causas de "incumplimiento" del mismo.
Si bien es cierto, el término incumplimiento contractual resulta genérico, no es menos cierto que de la parte motiva de la resolución, se desprende claramente qué cláusulas la UABR consideró incumplidas por parte de COLONIAL TOURS, S.A. siendo la 8, 10, 11, 12, 13 y 27.
De igual forma, de los antecedentes se desprenden las reiteradas oportunidades que le dieron a COLONIAL TOURS, S.A. para cumplir con lo pactado en el contrato, desde el otorgamiento de nuevos plazos para la presentación de la documentación requerida hasta para los pagos de la renta, donde para febrero de 2008 mantenía una morosidad de B/.605,062.50.
Siendo así, no aterriza en el plano de la realidad lo argumentado por la actora, encontrándose las causales de incumplimiento debidamente citadas y explicadas dentro del acto impugnado.
Finalmente el actor señala la violación del artículo 32 de la Constitución Nacional. Al respecto, resulta imperante señalar que el estudio de las violaciones de preceptos constitucionales, no le compete a ésta S., pues, la guarda de la integridad de la Constitución es atribuida exclusivamente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia por el numeral 1 del artículo 203 de la misma Constitución Nacional.
En ese sentido, le asiste la razón al Procurador de la Administración cuando señala que la acción de plena jurisdicción tiene como objetivo la revisión de la legalidad de los actos administrativos que presuntamente han violado derechos subjetivos de los administrados, por lo que resulta improcedente alegar dentro de éste proceso judicial violaciones a normas constitucionales.
En base a todo lo que se deja expuesto, sin lugar a dudas, esta S. concluye que han sido desvirtuados los cargos de ilegalidad señalados por la demandante en contra la Resolución No.072 de 25 de julio de 2007, lo que pasará a declarar a continuación.
En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución No.072 de 25 de julio de 2007 emitida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENES REVERTIDOS del Ministerio de Economía y Finanzas; y niega las otras declaraciones. En consecuencia, se REVOCA la orden dada mediante resolución de ocho (08) de enero de 2008, en el sentido de levantar la orden de suspensión del acto impugnado. Una vez en firme esta resolución, ARCHÍVESE el presente expediente, previa anotación de salida en el libro respectivo.
A juicio de la Sala, la Caja de Seguro Social (CSS) en su actuación en el presenta caso, tomó en cuenta los intereses públicos, los principios de Ley, y mantuvo el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes, tal como lo dispone la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006.
En virtud de lo antes señalado, la Sala concluye que no se configuran las violaciones alegadas, razón por la que lo procedente es, no acceder a las pretensiones de la demanda.
En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 564-2013-D.G. de 27 de marzo de 2013, dictada por la Caja de Seguro Social; así como tampoco lo es su acto confirmatorio; NIEGA las restantes declaraciones solicitadas en el líbelo de demanda y ORDENA LEVANTAR la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 564-2013-D.G. de 27 de marzo de 2013, dictada por la Caja de Seguro Social.
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Enero de 2014 (caso Plena Jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de 28 de Enero de 2014)