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Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'e contrario', 'artículo 8', 'artículo 54', 'artículo 7', 'artículo 76']

Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Área de Derecho. Programa de Maestría en Derecho Mención Derecho Penal - PDF
Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Área de Derecho. Programa de Maestría en Derecho Mención Derecho Penal
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Arturo Pereyra Cordero
1 Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Área de Derecho Programa de Maestría en Derecho Mención Derecho Penal La Calidad de la Defensa Técnica Penal Pública Ecuatoriana Julio Edgar Benavides Montenegro 2012
2 -2- Yo, JULIO EDGAR BENAVIDES MONTENEGRO, autor de la Tesis intitulada LA CALIDAD DE LA DEFENSA TECNICA PENAL PUBLICA ECUATORIANA, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención` del título de MAGISTER EN DERECHO PENAL, en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet. 2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad. 3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico. Fecha Julio Edgar Benavides Montenegro
3 -3- Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Área de Derecho Programa de Maestría en Derecho Mención Derecho Penal La Calidad de la Defensa Técnica Publica Ecuatoriana Julio Edgar Benavides Montenegro Tutor: Dr. Milton Román Márquez. Quito-Ecuador 2012
4 -4- ABSTRACT El presente trabajo titulado La Calidad de la Defensa Técnica Pública tiene como propósito hacer un estudio de la garantía constitucional, como es el derecho a la defensa que tenemos todos los seres humanos, a través de la defensa penal pública, como una de las garantías básicas del debido proceso, como un derecho universal. Con la vigencia de la actual Constitución de la República del Ecuador, se ha puesto mayor énfasis a las garantías básicas del derecho al debido proceso, (Art. 76) y en especial, a aquella garantía que tenemos las personas de ser asistido por un abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público, y en caso de no poder designar un abogado particular, el estado tiene la obligación de proporcionarle un defensor público, tal como lo dispone el artículo 77 numeral 4 de la Constitución; es por esto que el estado ha creado la Defensoría Pública, la misma que de acuerdo a la Carta Magna, (Art. 191), tiene como fin garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos En el presente trabajo, se establecerán pautas o parámetros para que se les pueda exigir a los Defensores Públicos mayor responsabilidad y razonamiento jurídico en sus actuaciones al asumir una defensa, y de esta forma se puedan involucrar en el garantismo penal y en el nuevo constitucionalismo; pero para que estos objetivos se hagan realidad, en este trabajo, se han abordado tácticas y estrategias, para que la defensa pública sea efectiva, y esta no puede tener lugar sino mediante una defensa técnica penal pública pero de calidad.
5 -5- DEDICATORIA Para Myriam Cecilia, mi mujer amada; para Carlos Julio, Cesar Augusto, Miguel Alejandro y Dayana Michelle, mis queridos hijos; ella y ellos son la razón de mi existencia y mi deseo de superación.
6 -6- INDICE Introducción.- 10 CAPITULO I LA CALIDAD DE LA DEFENSA TÉCNICA PÚBLICA ECUATORIANA 1.- EL DEFENSOR PÚBLICO Y EL DERECHO A LA DEFENSA EN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el respeto y garantías del ejercicio de los derechos humanos 14 - Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras Jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el Derecho a la Defensa Caso Barreto Leiva vs. Venezuela 17 - Caso Tibi vs. Ecuador Jurisprudencia Ecuatoriana que analiza el Derecho a la Defensa Jurisprudencia Española sobre los medios de prueba para su propia defensa La asistencia del abogado defensor público desde el inicio del proceso penal El irrenunciable derecho a la defensa protegido por el Derecho Internacional Jurisprudencia Colombiana sobre la Nulidad por Falta de Defensa Técnica La entrevista previa y la escucha activa del defensor público Ambiente de confianza mutua; Compromiso ético del profesional al asumir la defensa Principios éticos de la Defensa Técnica Penal Pública 50
7 La búsqueda de elementos de convicción a favor del procesado y el derecho a la presunción de inocencia en la legislación nacional e internacional La presunción de inocencia en la legislación ecuatoriana La presunción de inocencia en la legislación Colombiana La presunción de inocencia en la legislación española Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, respecto a la presunción de inocencia 60 - Caso Bayarri vs. Argentina La planificación de estrategias en la etapa pre-procesal y procesal penal.. 67 CAPITULO II 2.- EL DEFENSOR PÚBLICO COMO PROTECTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DEBIDO PROCESO La importancia del Defensor Público desde que el Estado Formula cargos en contra de una persona 72 a) Garantías Procesales Generales, 74 b) Garantías Procesales Específicas Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Presencia del Defensor desde que se formula la imputación Caso Barreto Leiva vs. Venezuela Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Prisión Preventiva y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable Caso Peirano Basso vs. Uruguay Jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD. HH. sobre el derecho a ser oído por el juez competente y juzgado dentro de un plazo razonable.. 80
8 -8- - Caso Bayarri Vs. Argentina Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el ejercicio del poder sin límites por parte del estado Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras Importancia del Defensor Público en la versión el procesado Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la presencia del defensor en la versión del procesado 90 - Caso Barreto Leiva vs. Venezuela Obligación del defensor público de contar con el tiempo suficiente para preparar la defensa Jurisprudencia Panameña respecto a la Defensa Técnica Jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD.HH. respecto Al derecho de contar con el tiempo para preparar la defensa Caso Barreto Leiva vs. Venezuela La obligación del defensor público de contar con una teoría del caso sólida, comprobable en la etapa de juicio Qué características debe tener una teoría del caso? Cómo se elabora la teoría del caso? Cómo se perfecciona una teoría del caso? La obligación del defensor público de presentar pruebas de descargo Jurisprudencia ecuatoriana sobre el derecho a presenta pruebas de descargo La obligación del defensor público de contradecir la prueba Derecho de Objeción de las Prueba Derecho a la Contradicción Probatoria Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el
9 -9- derecho a la Contradicción Probatoria La obligación del defensor público de recurrir los fallos Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al Derecho a Recurrir el Fallo Caso Mohamed vs. Argentina Casos prácticos de declaratoria de nulidad por falta de Defensa Técnica Penal Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha; Delito Drogas; Causa No ; Acusado Hugo Ramiro Mera Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha; Delito Perjurio; Causa No ; Acusada María Flores Pinto Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha; Delito Atentado al Pudor; Causa No ; Acusado Guillermo Veloz Conclusiones y Recomendaciones Bibliografía.. 135
10 -10- LA CALIDAD DE LA DEFENSA TÉCNICA PÚBLICA ECUATORIANA Introducción.- Por las arbitrariedades e injusticias del poder sancionador del Estado, así como por las amenazas de inminentes sanciones desproporcionadas e injustas del poder punitivo, a través de la historia se ha venido consolidando el derecho a la defensa como uno de los derechos fundamentales frente a la imputación de un delito y sobre todo como un mecanismo de salvaguarda de la libertad de todos los ciudadanos que se vean involucrados en un proceso penal. Los cambios que en los últimos años se han venido dando en el proceso penal a nivel latinoamericano, han sido muy significativos, especialmente en lo referente a la defensa penal pública; en la defensa técnica, entra en juego el profesional del derecho a quien el estado le remunera para que asuma la defensa de toda persona que se encuentre privada de su libertad, tenga o no tenga recursos económicos para pagar un abogado defensor particular, en virtud del respeto a los derechos humanos. A este profesional del derecho se le conoce como el defensor público. En el Ecuador, la defensoría pública se ha introducido por primera vez con la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial y con la puesta en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, también se han implementado ciertos cambios en el proceso penal, en especial la exigencia de que toda diligencia judicial debe ser evacuada mediante el sistema oral; es por esto que la defensa técnica en especial la defensa pública debe ser muy
11 -11- profesional, autónoma e independiente, que pueda garantizar el derecho a la defensa de todo ciudadano privado de su libertad, especialmente del ciudadano pobre que por no contar con los medios económicos necesarios no pueda tener acceso a la justicia. En todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, se establece que todas las personas privadas de su libertad, tienen el derecho al debido proceso, es decir que tiene el derecho a la protección y al acceso a los jueces y tribunales competentes, imparciales e independientes establecidos en la ley; así como también, tienen el derecho a ser informadas de las razones de su detención y de los cargos formulados en su contra; en igual forma, tienen el derecho a ser informadas en su lengua materna de los derechos y garantías constitucionales; si no entiende el idioma castellano, tiene el derecho a contar con un traductor o interprete mientras dure el proceso; también a comunicarse con un familiar; a ser oído y juzgado en un tiempo razonable; a presentar los recursos que considere necesarios y por último, tiene el derecho a contar con un abogado defensor de su confianza y si no tiene los medios económicos suficientes para contratar un abogado particular, el estado le proporcionará uno de la defensoría pública. Es aquí en donde el defensor público, cumple un papel muy importante en la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. El defensor público, debe asumir su labor con calidad, con responsabilidad; el defensor público debe estar preparado en conocimientos del derecho penal, porque en sus manos se ha depositado el futuro de una persona que está siendo procesada por algún tipo de delito, justa o injustamente, con el riesgo de una probable sentencia; en tal virtud, para que el procesado no quede en la indefensión, por la falta de defensa penal técnica y para evitar que en el futuro, por
12 -12- esta causa se puedan interponer algunos recursos tendientes a precautelar la tutela jurídica, se hace necesario que el defensor público, asuma su defensa técnica con calidad, convirtiéndose en un defensor investigador y en un defensor protector de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, esto es lo que se pretende conseguir con el presente trabajo investigativo.
13 -13- CAPITULO I 1.- EL DEFENSOR PÚBLICA Y EL DERECHO A LA DEFENSA EN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS. Para abordar el tema de la calidad de la Defensa Técnica Pública y del derecho a la defensa, necesariamente tenemos que tomar como referencia a la constitución de la República del Ecuador y a los organismos internacionales de derechos humanos, razón por la cual, Millones de personas en todo el mundo se vuelven hacia las Naciones Unidas para que resuelvan los problemas que afectan su vida cotidiana 1, pues aquello tiene su sustento y su razón en que todos los seres humanos pretendemos conseguir que se respeten nuestras garantías y nuestros derechos fundamentales; y, cuando estos derechos han sido violentados o conculcados por los estados, a través de sus organismos estatales, para su reparación, tenemos a la La Convención Americana sobre Derechos Humanos 2 como una reacción a la protección de los derechos humanos; y asimismo, los órganos encargados de proteger y promocionar los derechos y libertades consagrados en la Convención, tenemos a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La obligación ineludible de los estados parte, es el de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sometidas a su jurisdicción, así lo establece Diecisiete Preguntas Frecuentes Acerca de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, Folleto Informativo No. 27, 2002, Pág. 1. La finalidad de los folletos Informativos sobre los derechos humanos es que cada vez mas persona conozcan los derechos humanos fundamentales, la labor que realiza las Naciones Unidas para promoverlos y protegerlos y los mecanismos internacionales con que se cuenta para hacerlos efectivos. 2.- La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se adoptó en l969 durante la Conferencia Especializada de Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de l978. Para aquellos países que la ratifiquen o adhieran a ella después, la Convención entrará en vigencia el día en que el instrumento de adhesión o ratificación sea depositado en el Secretariado.
14 -14- el Art de la Convención Americana de Derechos Humanos Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos. CASO VELASQUEZ RODRIGUEZ VS. HONDURAS. Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referente al respeto y garantía del ejercicio de los derechos humanos, ha realizado un análisis pormenorizado en el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras y que se refiere a la desaparición del ciudadano Manfredo Velásquez Rodríguez, un estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras, quien fuera apresado en forma violenta por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras y desaparecido posteriormente; al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su parte pertinente ha señalado: La segunda obligación de los estados partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de fecha 29 de julio de l988, en hoy 2 de abril del
15 Ha sido necesario mencionar a estos organismos internacionales de derechos humanos, por cuanto la Constitución de la República del Ecuador del 2008, establece como deberes primordiales del Estado el goce de los derechos establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 4, inclusive la misma Constitución, hace referencia a la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos que reconozcan derechos mas favorables a los establecidos en la constitución 5 Sobre el cumplimiento y aplicación de estos instrumentos internacionales, la Constitución expresamente manifiesta: Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. 6, es decir que en tratándose de derechos humanos opera la obligatoriedad de los estados en su inmediata aplicación. Es evidente que uno de los derechos consagrados en los Instrumentos Internacionales de derechos Humanos y en la Constitución de la República del Ecuador, es el derecho a la 4.- Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador: garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 5.- Art. 424 Inc. 2do Ibídem: La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 6.- Art. 426 Inc. 3ero de la Constitución de la República del Ecuador.
16 -16- defensa, entendiéndose como el derecho a concurrir ante los órganos jurisdiccionales sean estos policiales, fiscalía, jueces, es decir ante cualquier estamento de administración de justicia, y presentar los planteamientos, fundamentaciones, alegaciones, presentar pruebas y contradecir las ya existentes, con el propósito de proteger y resguardar los intereses del imputado, a través de la defensa técnica penal pública de calidad, pues la presencia del letrado, facilita ejercer en forma adecuada la defensa en el proceso y al imputado le ayudará a definir y preparar una estrategia para enfrentar el proceso penal. En la actualidad, y tomando como una base solida los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos en donde se establece el principio de inocencia, igualdad ante la ley y una serie de garantías básicas de carácter procesal que obligatoriamente deben ser cumplidas para el juzgamiento de una persona, ventajosamente nos hemos alejado y ha quedado atrás el sistema inquisitivo, en donde el resultado del juicio penal surgía de la actividad unilateral y absoluta de una sola persona que era el juez, a quien la ley le había otorgado una capacidad especial supuestamente para encontrar la verdad de los hechos y el defensor público cumplía un mero papel como auxiliar de la justicia. Frente a este modelo inquisitivo, se encuentra el modelo adversarial o acusatorio, en donde el papel del defensor público, si es reconocido y sobre todo se lo considera como uno de los elementos indispensables para que el sistema procesal penal funcione como un todo; es por esto que al referirnos a la calidad de la defensa penal pública, nos estamos refiriendo a que el interés del procesado estaría bien representado, el caso también estaría mejor estructurado y por ende, todo el proceso funcionaria dentro de los parámetros legales. -17-
17 Bajo el contexto antes expuesto, el objetivo ideal como exigencia de los estados, es conseguir que los estados cumplan su obligación de garantizar el derecho a la defensa de todos los ciudadanos, especialmente de las personas de escasos recursos económicos, otorgándoles un defensor público revestido de calidad y eficiencia en la defensa de los intereses de los imputados. Este derecho nace de las Constituciones como la nuestra que es garantista y del ámbito internacional sobre derechos humanos, por cuanto al imputado le compete el derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, pues es obligación del estado el evitar que por el hecho de no tener los medios económicos suficientes para contratar un abogado particular, se atente contra el derecho a la defensa en desmedro de la calidad de la defensa técnica a través de la defensa penal pública. Es por esto, que debe haber un respeto absoluto a los principios básicos que conlleva el servicio de una defensa técnica eficaz y de calidad en un proceso penal según los intereses del procesado Jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos QUE ANALIZA EL DERECHO A LA DEFENSA: a) CASO BARRETO LEIVA VS. VENEZUELA. El 31 de octubre del 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda contra la República de Venezuela, relacionada con el proceso penal mediante el cual el señor Oscar Enrique Barreto Leiva fue condenado a un año y dos meses de prisión por -18-
18 delitos contra el patrimonio público. Según la Comisión, a dicho ciudadano se le citó para que comparezca ante los órganos de justicia de Venezuela para que rindiera una declaración como testigo, pero posteriormente de esto, se le decretó auto de detención en su contra. La Comisión alegó que por el secreto de la etapa sumarial, el señor Barreto Leiva no había sido asistido por un defensor de su elección, lo que le impidió que conociera las pruebas que estaban siendo recabadas, o que pudiera presentar pruebas en su defensa y controvertir las pruebas existentes en su contra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia hace un análisis del derecho a la defensa, el mismo que está contemplado en el Art. 8.2 b de la Convención Americana de Derechos Humanos; al respecto, en su parte pertinente textualmente dice: Para satisfacer el artículo 8.2.b (de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es las acciones u omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se dan a estos hechos. Toda esta información debe ser expresa, clara integral y suficiente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. La Corte ha considerado que la puntual observación del artículo 8.2.b es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa. Ahora bien, el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercer desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo en su caso, la etapa de ejecución de la pena. Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa, entre ellas, el artículo 8.2.b, a que el investigado encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ambiente de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la convención. En efecto, impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo.
19 -19- Por todo ello, el artículo 8.2.b convencional rige incluso antes de que se formule una acusación en sentido estricto. Para que el mencionado artículo satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública 7, Como bien se puede apreciar en esta sentencia, es deber del juzgador hacer uso de todos los mecanismos que sean necesarios y que estén establecidos en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos, para que se puede hacer realidad, y que pueda aplicar las garantías del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, como garantías propias de las personas que son parte en un proceso penal. b) CASO TIBI vs. ECUADOR. El 25 de junio del 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sometió ante la Corte una demanda contra el Estado Ecuatoriano, a fin de que se decida si el Estado violó los derechos a la Protección Judicial y las Garantías Jurisdiccionales del ciudadano Daniel David Tibi y de otros ciudadanos, derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos; la Comisión señalo que el estado no otorgó al señor Tibi la posibilidad de interponer un recurso contra los malos tratos supuestamente recibidos durante su detención ni contra su detención preventiva prolongada, la cual se alega violatoria de la propia legislación interna y que tampoco existía un recurso rápido y sencillo que se pudiera interponer ante un tribunal competente para protegerse de las violaciones a sus derechos fundamentales Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Sentencia del 17 de noviembre de 2009, en hoy 2 de abril del Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi Vs. Ecuador, Sentencia de 07 de septiembre del 2004.
20 -20- En esta sentencia, la Corte hace un análisis muy minucioso sobre el derecho a una verdadera defensa y en su parte pertinente textualmente dice: Los defensores de oficio eran insuficientes para el número de causas pendientes en los distritos de Quito y Guayaquil, razón por la cual su actuación y su influencia en cada uno de los procesos era prácticamente nula. Con base en el artículo 54.5 del Código de Procedimiento Penal, se excluía al abogado defensor del imputado durante el momento de rendir declaraciones procesales Por otra parte, el detenido, al momento de ser privado de su libertad y antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad, debe ser notificado de su derecho de establecer contacto con una tercera persona, por ejemplo un familiar, un abogado o un funcionario consular, según corresponda para informarle que se halla bajo custodia del Estado. La notificación a un familiar o allegado tiene particular relevancia, a efectos de que este conozca el paradero y las circunstancias en que se encuentra el inculpado y pueda proveerle la asistencia y protección debidas. En el caso de la notificación a un abogado tiene especial importancia la posibilidad de que el detenido se reúna en privado con él, lo cual es inherente a su derecho a beneficiarse de una verdadera defensa ( ) En el caso de la notificación consular, el Cónsul podrá asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación que guarda el procesado mientras se halla en prisión 9. Según la sentencia antes mencionada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a considerar que el estado Ecuatoriano a través de los jueces y policías, se violó el artículo 7.4. de la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio del señor Daniel Tibi. Como podemos observar en esta sentencia, la Corte hace una análisis pormenorizado respecto al derecho que tiene una persona privada de su libertad, a establecer contacto con una tercera persona llámese familiar cercano, un abogado defensor o un funcionario consular, para que este le pueda proporcionar asistencia legal y protección; esta sentencia también hace un análisis Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi Vs. Ecuador, sentencia de 07 de septiembre de 2004, en hoy 2 abril del 2013.
21 -21- respecto a la importancia que tiene el hecho de reunirse en privado con un abogado sea particular o de Oficio, para que de esta forma se pueda beneficiar de una verdadera defensa Jurisprudencia Ecuatoriana que analiza el derecho a la defensa. La Corte Constitucional para el Periodo de Transición, el 24 de agosto del 2010, dicta la Sentencia No SCN-CC, respecto al pedido realizado por el señor Dr. Edgar Criollo Flores, Juez Temporal del Juzgado Segundo Provincial de Tránsito de Loja, sobre la constitucionalidad del inciso tercero del Art. 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, el mismo que textualmente dice: Si la audiencia oral y pública de juzgamiento no se llevare a efecto en dos ocasiones por causas que tengan relación con el procesado, por la sola voluntad de éste, en querer dilatar la causa, aquella se practicará en ausencia del imputado, sin que por ello haya recurso alguno 10 en dicha sentencia la Corte Constitucional en relación al derecho de defensa, hace un análisis pormenorizado que me permito transcribir en su parte esencial: Quito, D.M., 24 de agosto del 2010 CORTE CONSTITUCIONAL Para el Periodo de Transición Sentencia No SCN-CC Caso No CN Juez Constitucional Ponente: Dr. Roberto Bhrunis ( ) Para efectos de comprensión del análisis cabe señalar que el punto de partida de la interpretación es el contenido en el artículo 76, numeral 7, literal a) de la Constitución de la República que dice: Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.. Este derecho forma parte de las garantías del debido proceso, lo cual supone garantizar el respeto de derechos y obligaciones de las partes sometidas al proceso en igualdad de condiciones, Art. 168, Inc. 3ro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Suplemento del Registro Oficial No. 398 de 7 de agosto del 2008.