Source: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd60ba2cb6914648c793608d07b2112853.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&docid=195901&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=642981
Timestamp: 2018-08-15 05:53:15
Document Index: 260488554

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presentadas el 24 de octubre de 2017 (1)
Asunto C‑353/16
[Petición de decisión prejudicial presentada por la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido)]
«Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Normas mínimas relativas a la concesión del estatuto de refugiado — Requisitos para poder obtener la protección subsidiaria — Secuelas de actos de tortura sufridos en el país de origen — Riesgo de daño grave para la salud psicológica del solicitante en caso de expulsión a su país de origen — Falta de tratamiento adecuado de las patologías en el país de origen»
1. ¿Puede el nacional de un tercer país, que presenta secuelas de actos de tortura perpetrados en su país de origen pero que ya no corre riesgo de sufrir tal maltrato si regresa a dicho país, obtener la protección subsidiaria basándose en que el sistema de salud de dicho tercer país no podrá proporcionar un tratamiento adecuado para sus patologías psicológicas?
2. En esencia, ésta es la pregunta cuya respuesta se solicita al Tribunal de Justicia en el presente asunto. Ello le dará la oportunidad de pronunciarse de nuevo sobre el artículo 2, letra e), y sobre el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83/CE (2) así como, con carácter subsidiario, sobre el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (3) y sobre el artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (4)
3. Al término de mi análisis, propondré al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 2, letra e), y el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83 no obligan a los Estados miembros a ampliar el régimen de la protección subsidiaria a un caso como el que se plantea en el litigio principal, al margen de lo dispuesto en el artículo 3 del CEDH y en el artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura.
4. El artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura, dispone lo siguiente:
«Todo Estado parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.»
5. El artículo 3 del CEDH establece que:
«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.»
6. Los considerandos 9, 25 y 26 de la Directiva 2004/83 enuncian:
«(9) Los nacionales de terceros países o los apátridas a los que se autorice a permanecer en el territorio de un Estado miembro por motivos que no sean la necesidad de protección internacional, sino por compasión o por motivos humanitarios y sobre una base discrecional, no están incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
(25) Es necesario introducir criterios para que los solicitantes de protección internacional puedan optar a la protección subsidiaria. Los criterios deben extraerse de las obligaciones internacionales impuestas por los instrumentos sobre derechos humanos y las prácticas existentes en los Estados miembros.
(26) Los riesgos a los que en general se ven expuestos la población de un país o un sector de la población no suelen suponer en sí mismos una amenaza individual que pueda calificarse como daño grave.»
7. El artículo 2 de esta Directiva establece que:
e) “persona con derecho a protección subsidiaria”: nacional de un tercer país o apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplican los apartados 1 y 2 del artículo 17, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país;
8. En virtud del artículo 3 de dicha Directiva:
«Los Estados miembros podrán introducir o mantener normas más favorables para determinar quién reúne los requisitos para ser reconocido como refugiado o persona con derecho a protección subsidiaria, y para determinar el contenido de la protección internacional, siempre que tales normas sean compatibles con la presente Directiva.»
9. El artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2004/83 dispone que:
«El hecho de que un solicitante ya haya sufrido persecución o daños graves o recibido amenazas directas de sufrir tal persecución o tales daños constituirá un indicio serio de los fundados temores del solicitante a ser perseguido o del riesgo real de sufrir daños graves, salvo que existan razones fundadas para considerar que tal persecución o tales daños graves no se repetirán.»
10. El artículo 6 de esa Directiva establece que:
«Agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros:
b) partidos u organizaciones que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio;
c) agentes no estatales, si puede demostrarse que los agentes mencionados en las letras a) y b), incluidas las organizaciones internacionales, no pueden o no quieren proporcionar la protección contra la persecución o los daños graves definida en el artículo 7.»
11. El artículo 15 de dicha Directiva dispone que:
«Constituirán daños graves:
a) la condena a la pena de muerte o su ejecución, o
b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen, o
c) las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.»
12. A tenor del artículo 16 de la Directiva 2004/83:
«1. Los nacionales de terceros países o los apátridas dejarán de ser personas con derecho a protección subsidiaria si las circunstancias que condujeron a la concesión del estatuto de protección subsidiaria han dejado de existir o han cambiado de tal forma que la protección ya no es necesaria.
2. En la aplicación del apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para que la persona con derecho a protección subsidiaria ya no corra un riesgo real de sufrir daños graves.»
III. Antecedentes de hecho del litigio principal y cuestión prejudicial
13. MP, nacional de Sri Lanka, que llegó al Reino Unido en el mes de enero de 2005, recibió un permiso para residir en tal país como estudiante. El 11 de diciembre de 2008 le fue denegada la prórroga de ese permiso de residencia.
14. El 5 de enero de 2009, el interesado presentó una solicitud de asilo, alegando que había sido miembro de la organización «Tigres para la Liberación de la Patria Tamil» (en lo sucesivo, «LTTE»), había sido detenido y torturado por las fuerzas de seguridad en su país de origen y que, si regresaba a ese tercer Estado, corría el riesgo de sufrir nuevamente maltrato.
15. El 23 de febrero de 2009, esta solicitud fue denegada debido a que no se había acreditado que el solicitante volviera a estar amenazado en caso de regresar a su país de origen.
16. MP recurrió esta resolución ante el Upper Tribunal (Tribunal Superior, Reino Unido), aportando pruebas médicas que demostraban que presentaba secuelas de actos de tortura, ya que padecía un síndrome de estrés postraumático y una depresión, con tendencias suicidas, y parecía decidido a acabar con su vida si se veía obligado a regresar a su país de origen. Sin embargo, dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso del interesado en la medida en que, por una parte, se fundamentaba en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (5) así como en la Directiva 2004/83 y, por otra parte, no se había acreditado que MP siguiera amenazado en su país de origen.
17. No obstante, el Upper Tribunal (Tribunal Superior) estimó el recurso de MP en la medida en que estaba fundamentado en las estipulaciones del artículo 3 del CEDH, ya que, en esencia, si el recurrente era expulsado a su país de origen no podría recibir los cuidados adecuados para el tratamiento de su patología psicológica, lo que infringiría ese artículo.
18. Esta resolución fue ratificada por la Court of Appeal (England and Wales) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y País de Gales), Reino Unido], al considerar que la Directiva 2004/83 no comprendía los supuestos relativos al artículo 3 del CEDH, en los que el riesgo se refiere a la salud o al suicidio, no a la persecución.
19. MP interpuso un recurso de casación contra dicha resolución ante la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido), que es el órgano jurisdiccional remitente. Alega que la Directiva 2004/83 no puede tener un ámbito de aplicación tan restringido como el que se derivaba de las interpretaciones que de él hicieron los órganos jurisdiccionales de primera instancia y de apelación, que debió habérsele concedido la protección subsidiaria teniendo en cuenta, por una parte, el maltrato sufrido en el pasado en su país de origen, que era la causa de su patología y, por otra parte, la falta de instalaciones que permitan un tratamiento adecuado de sus secuelas en su país de origen. Según el recurrente en el litigio principal, la ausencia de riesgos futuros de padecer maltrato, en caso de regresar a su país de origen, no debió tomarse en consideración en la valoración de su derecho a obtener protección subsidiaria.
20. El órgano jurisdiccional remitente considera que esta cuestión aún no ha sido examinada de forma específica por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni por la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
21. En estas circunstancias, la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Comprende la definición que aparece en el artículo 2, letra e), en relación con el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83, el riesgo real de sufrir un daño grave para la salud física y psicológica del recurrente si éste regresa a su país de origen, siendo éste un riesgo derivado de las torturas y de los tratos inhumanos o degradantes sufridos por el recurrente en el pasado y que son imputables a su país de origen?»
22. Con carácter preliminar, cabe señalar que el Tribunal de Justicia tiene dos opciones para abordar la presente petición de decisión prejudicial. El Tribunal de Justicia puede pronunciarse dentro de los límites de la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, esto es, simplemente sobre la interpretación del artículo 2, letra e), y del artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83, pero su respuesta también puede incluir una apreciación de estas disposiciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del CEDH y en el artículo 14 de la Convención contra la tortura.
23. En primer lugar, por lo que se refiere a una respuesta exclusivamente centrada en las disposiciones de la Directiva 2004/83, cabe señalar que una interpretación puramente literal del artículo 15 de esta Directiva, que define los daños graves de manera exhaustiva, excluye del ámbito de aplicación de la protección subsidiaria la ausencia de cuidados adecuados para el tratamiento de una patología en el país de origen al que se pretende expulsar a la persona de que se trata.
24. En efecto, el tenor literal del artículo 15, letra b), de dicha Directiva es claro. Sólo permite la concesión de la protección subsidiaria en caso de riesgo de que en el futuro se inflijan daños graves derivados de actos de tortura o de tratos inhumanos o degradantes a un solicitante, en caso de que éste regrese a su país de origen.
25. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que los tres tipos de daños graves indicados en el artículo 15 de la Directiva 2004/83 constituyen los requisitos que deben cumplirse para que pueda considerarse que una persona tiene derecho a la protección subsidiaria, cuando, conforme al artículo 2, letra e), de esta Directiva, existan motivos fundados para creer que el solicitante se enfrentaría a un riesgo real de sufrir tales daños en caso de expulsión a su país de origen. (6)
26. Esta interpretación implica, en el presente caso, que MP no tiene derecho a obtener la protección subsidiaria, en la medida en que consta que ya no corre el riesgo de sufrir actos de tortura en caso de ser expulsado a su país de origen, aunque probablemente no podrá recibir el tratamiento necesario para afrontar el síndrome de estrés postraumático que padece, debido a las carencias del sistema sanitario, y corre el riesgo de intentar acabar con su vida en caso de ser expulsado a su país de origen.
27. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que los riesgos de deterioro del estado de salud de un nacional de un tercer país, no derivados de una privación de asistencia denegada intencionalmente a dicho nacional, no están comprendidos en el artículo 15 de la Directiva 2004/83. El artículo 15, letra b), de esta Directiva define un daño grave consistente en someter a un nacional de un tercer país en su país de origen a actos de tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes. (7)
28. Según esta jurisprudencia, de la interpretación del artículo 6 de dicha Directiva se desprende que los daños graves en cuestión deben nacer de la conducta de un tercero y no pueden derivar sólo de las insuficiencias generales del sistema sanitario del país de origen. (8)
29. Procede recordar que, si bien en ciertas circunstancias concretas el sufrimiento ocasionado por una enfermedad puede constituir un trato inhumano o degradante, (9) en el presente caso no concurre uno de los criterios esenciales para la concesión de la protección subsidiaria, a saber, la identificación de un actor causante del daño y frente al que se deba conceder la protección.
30. En efecto, para que pueda considerarse que una persona tiene derecho a obtener la protección subsidiaria no basta con demostrar que ésta correría el riesgo de sufrir un trato inhumano o degradante si regresara a su país de origen. También debe probarse que dicho riesgo procede de factores que son imputables, ya sea de forma directa o indirecta, pero siempre intencional, a las autoridades públicas de dicho país, bien por las amenazas que pesan sobre el interesado de forma personal y proceden de las autoridades del país del que es nacional o son toleradas por dichas autoridades, bien porque tales amenazas proceden de grupos independientes frente a los que dichas autoridades no pueden garantizar a sus nacionales una protección efectiva.
31. Pues bien, en el supuesto de un individuo cuyo estado de salud requiere atención médica y que no podría obtener un tratamiento adecuado en su país de origen, el trato inhumano o degradante que corre el riesgo de sufrir si es expulsado a dicho país no procede de un acto o de una omisión intencionada de las autoridades públicas o de organismos independientes del Estado y no está dirigido contra una persona determinada.
32. En este caso, no concurre de hecho uno de los criterios esenciales para la concesión de la protección subsidiaria, a saber, la responsabilidad directa o indirecta de las autoridades públicas del país de origen en la comisión del daño grave frente al que se debe conceder protección.
33. Por consiguiente, considero que, en una situación como la examinada en el litigio principal, la protección ofrecida por el Estado miembro no respondería a una necesidad de protección internacional en el sentido del artículo 2, letra e), de la Directiva 2004/83 y, por lo tanto, no podría inscribirse en el régimen europeo común de asilo.
34. De ello se sigue que el riesgo de deterioro del estado de salud de un nacional de un tercer país aquejado de una afección psicológica, derivado de la inexistencia de tratamientos adecuados en su país de origen, sin que concurra una privación de asistencia denegada intencionalmente, no es suficiente para concederle la protección subsidiaria, (10) aun cuando la patología que padece el solicitante derive de actos de tortura sufridos en el pasado en su país de origen.
35. De este modo, en absoluto cabe considerar, como sugieren el recurrente en el litigio principal y la República de Polonia, que la única diferencia con el asunto que dio lugar a la sentencia de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj, (11) a saber, el hecho de que las patologías de MP derivan de secuelas provocadas por actos de tortura de los que el interesado fue víctima en el pasado en su país de origen y no de una enfermedad surgida por causas naturales, pueda modificar los requisitos de concesión de la protección subsidiaria tal como se desprenden de lo dispuesto en la Directiva 2004/83 y según ya han sido interpretados por el Tribunal de Justicia. (12)
36. Por consiguiente, procede proponer al Tribunal de Justicia que declare que la definición que aparece en el artículo 2, letra e), en relación con el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83, no comprende el riesgo real de daño grave para la salud física y psicológica derivado de la tortura o del trato inhumano o degradante sufrido por el solicitante en el pasado, imputable a su país de origen, si éste fuera expulsado a dicho país.
37. En segundo lugar, si el Tribunal de Justicia quisiera proporcionar una respuesta más amplia, que permita interpretar las disposiciones de la Directiva 2004/83 en relación con el artículo 3 del CEDH y con el artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura, cabría formular las siguientes observaciones.
38. Por una parte, en cuanto al artículo 3 del CEDH, la jurisprudencia ya ofrece puntos de referencia significativos.
39. Con carácter preliminar, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el derecho fundamental garantizado por el artículo 3 del CEDH forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia, y que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe ser tomada en consideración para la interpretación del alcance de este derecho dentro del ordenamiento jurídico de la Unión, ya que el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83 corresponde, en esencia, al artículo 3 del CEDH. (13)
40. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado que de los considerandos 5, 6, 9 y 24 de la Directiva 2004/83 se desprendía que, aunque esta Directiva pretende completar, mediante la protección subsidiaria, la protección de los refugiados consagrada en la Convención de Ginebra, identificando a las personas realmente necesitadas de protección internacional, su ámbito de aplicación no se extiende a las personas autorizadas a residir en el territorio de los Estados miembros por otras razones, es decir, por compasión o por motivos humanitarios y sobre una base discrecional. La obligación de interpretar el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83 tomando en consideración el artículo 3 del CEDH, al que aquél corresponde en sustancia, no puede desvirtuar esa interpretación. (14)
41. No obstante, dicho Tribunal también ha declarado (15) que la interpretación del artículo 15 de la Directiva 2004/83 con arreglo al artículo 3 del CEDH puede permitir la concesión de la protección subsidiaria, pero únicamente en casos muy excepcionales y cuando las consideraciones humanitarias que inclinen la balanza contra la expulsión sean imperiosas, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (16)
42. A este respecto, dicho Tribunal ha declarado que el hecho de que un nacional de un tercer Estado aquejado de una grave enfermedad no pueda, en casos muy excepcionales, ser expulsado a un país en el que no estén disponibles los tratamientos adecuados para su patología no implica necesariamente que el interesado deba ser autorizado a residir en un Estado parte. (17)
43. Esta jurisprudencia podría aplicarse al litigio principal e implicaría que los Estados miembros no tuvieran la obligación de conceder automáticamente la protección subsidiaria a las personas aquejadas de patologías contraídas a resultas de actos de tortura sufridos en el pasado en sus países de origen. En efecto, no puede considerarse que el caso de MP corresponda a un caso excepcional en el cual las consideraciones humanitarias sean imperiosas.
44. En el presente asunto, no se ha acreditado que las deficiencias del sistema sanitario sean, por sí solas, constitutivas de un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del CEDH. Sin embargo, si esas deficiencias causaran una agravación del estado de salud del interesado, entonces podría existir un incumplimiento de esta disposición. Corresponde únicamente al órgano jurisdiccional nacional apreciar la existencia de tal incumplimiento, aunque parece probable que así sea en el presente asunto, habida cuenta del estrés postraumático que padece MP y del riesgo de suicidio que corre en caso de regreso a su país de origen. Por otra parte, los órganos jurisdiccionales internos de primera instancia y de apelación concluyeron que existía un incumplimiento de esa disposición y de los documentos obrantes en autos se desprende sin que haya sido rebatido, que MP no será expulsado a su país de origen.
45. Además, me permito recordar que el sistema de protección subsidiaria debe desvincularse de las consideraciones que presiden el litigio principal, en el que está acreditado que el solicitante ya no corre el riesgo de sufrir actos de tortura en caso de ser expulsado a su país de origen.
46. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que sería contrario al sistema general y a los objetivos de la Directiva 2004/83 aplicar las protecciones que ésta prevé a nacionales de terceros países que se hallan en situaciones carentes de nexo alguno con la propia lógica de esta protección internacional. (18)
47. En efecto, al hilo de las consideraciones ya mencionadas sobre la interpretación del artículo 2, letra e), y del artículo 15, letra b), de esta Directiva, si se concediera una protección internacional al solicitante, sería otro tipo de protección, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, letra g), in fine, de dicha Directiva. Esa protección sería concedida por una razón distinta, sobre una base discrecional y por compasión o se dictaría por consideraciones humanitarias, basadas en el respeto del artículo 3 del CEDH, en particular.
48. Pues bien, el legislador ha tenido la voluntad manifiesta de excluir las situaciones basadas en motivos humanitarios del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/83, conforme a su considerando 9. (19)
49. Por lo tanto, de lo anterior se desprende que la interpretación combinada de las disposiciones de la Directiva 2004/83 y del artículo 3 del CEDH no impide a los Estados miembros excluir del ámbito de aplicación de la protección subsidiaria a las personas que se encuentren en una situación como la de MP, que padecen secuelas relacionadas con actos de tortura sufridos en el pasado pero que ya no corren el riesgo de padecer tales tratos en caso de regresar a su país de origen, aun cuando presenten un riesgo de suicidio y con seguridad no puedan recibir los cuidados adecuados para el tratamiento de sus patologías. En este contexto, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, habida cuenta de los elementos de que dispone, apreciar la existencia de un incumplimiento del artículo 3 del CEDH.
50. Por otra parte, en lo referente al artículo 14 de la Convención contra la tortura, me permito recordar, de entrada, que las disposiciones de la Directiva 2004/83 y los demás textos legales en los que se basa el régimen europeo común de asilo fueron adoptados para ayudar a las autoridades competentes de los Estados miembros a aplicar la Convención de Ginebra, así como los otros tratados pertinentes en la materia, con arreglo al artículo 78 TFUE, apartado 1. (20) Por lo tanto, la interpretación de las disposiciones de esta Directiva debe efectuarse a la luz de la estructura general y de la finalidad de esos textos legales. (21)
51. Sin embargo, según una jurisprudencia reiterada, la aplicación del Derecho de la Unión debe ser autónoma de la del Derecho internacional humanitario. (22) Además, cabe señalar que el Tribunal de Justicia ha declarado que el Derecho internacional humanitario y el régimen de protección subsidiaria previsto por la Directiva 2004/83 persiguen fines distintos y establecen mecanismos de protección claramente separados. (23)
52. Por tanto, señalaré que la Directiva 2004/83 no incluye ninguna disposición que se parezca, en mayor o menor medida, al artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura, que obliga a los Estados parte a establecer procedimientos y medios que permitan a las víctimas de actos de tortura obtener reparación.
53. En consecuencia, únicamente en esta medida podría el Tribunal de Justicia examinar, en su caso, la cuestión de si la infracción del artículo 14 de la Convención contra la tortura, por parte de un tercer Estado del que el solicitante sea nacional, puede influir en las obligaciones de los Estados miembros de la Unión en materia de concesión de protección subsidiaria emanadas de la Directiva 2004/83, que permite proteger a los individuos de cualquier daño grave.
54. En efecto, de una interpretación literal del artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura se desprende que el Estado al que sean imputables actos de tortura cometidos en su territorio es el que debe, en principio, establecer los medios y los procedimientos que permitan a las personas afectadas obtener reparación o recibir la rehabilitación más completa posible. (24)
55. Una lectura global de lo dispuesto en esta Convención corrobora efectivamente tal interpretación literal, en el sentido de que sus artículos 13 y siguientes se dirigen, esencialmente, al Estado responsable de la infracción. (25) En la medida en que ello es así, cabe preguntarse si el hecho de que Sri Lanka no cumpla las obligaciones derivadas de la Convención contra la tortura, de la que es parte, podría ampliar las obligaciones de los Estados miembros en materia de protección subsidiaria.
56. ¿Podría el incumplimiento de la Convención contra la tortura, por parte de un tercer Estado respecto de la Unión, permitir a los individuos invocar un derecho a la protección subsidiaria en la Unión Europea? ¿Podría interpretarse este incumplimiento como una prueba de la existencia de un riesgo de trato inhumano y degradante en caso de regreso de la persona de que se trata a su país de origen? ¿Podría considerarse la falta de procedimiento que permita la reparación en el país de origen como un riesgo de daños graves? Puede que el Tribunal de Justicia quiera pronunciarse sobre estas cuestiones.
57. Algunos Estados podrían aceptar asumir las obligaciones que emanan de la Convención contra la tortura aun cuando los actos de tortura en cuestión no les sean imputables. Tal competencia universal está admitida en materia penal, en lo referente a la persecución y el enjuiciamiento de los autores de actos de tortura. Dicho texto legal admite, en efecto, que el único nexo entre el Estado del foro y la comisión de la infracción sea la presencia del presunto autor de actos de tortura en el territorio del Estado, al cual corresponde extraditar o perseguir y juzgar penalmente a dicho presunto autor. (26) Sin embargo, no es habitual que se reconozca esta competencia universal en materia de responsabilidad civil y del derecho a indemnización de las víctimas de actos lesivos. (27) El único nexo exigido entre la infracción y el Estado sería, en este contexto, la presencia de la víctima de actos de tortura cometidos en el extranjero en el territorio del Estado que asumirá la acción a efectos de reparación. Esta ampliación de la competencia jurisdiccional de los Estados parte en la Convención contra la tortura, si fuera admitida por el Tribunal de Justicia, (28) permitiría a las víctimas de actos de tortura ejercer efectivamente sus derechos a reparación y reflejar plenamente el jus cogens, (29) reforzando así la lucha contra la tortura a nivel internacional. (30)
58. Únicamente en esta medida se podría admitir que el artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura se aplicara al litigio principal, en el sentido de que permitiría ampliar las obligaciones de los Estados miembros en materia de protección subsidiaria. Dicho esto, reconocer tal competencia universal excedería de lo que ya ha admitido la jurisprudencia de la Unión y el litigio principal no parece la mejor ocasión para dar este paso, por cuanto dos elementos obstan para la aplicabilidad del artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura.
59. Por una parte, de los autos no resulta que Sri Lanka incumpliría intencionadamente las obligaciones emanadas del artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura respecto de MP si este último fuera expulsado a dicho país. Efectivamente, de lo anterior se desprende que MP no puede imputar válidamente a Sri Lanka una privación intencionada de asistencia y, por consiguiente, que tal privación no puede constituir un riesgo de daños graves como los enumerados en el artículo 15 de la Directiva 2004/83 de modo que permita la concesión de la protección subsidiaria, y ello aun cuando no se discuten las deficiencias del sistema sanitario. En consecuencia, no es posible reconocer a priori que Sri Lanka incumpla respecto de MP las obligaciones derivadas de la Convención contra la tortura.
60. Por otra parte, para que pueda admitirse el derecho a reparación es necesario, además, que se haya presentado una denuncia o una demanda judicial. En efecto, corresponde a la persona que dice haber sido víctima de tortura ejercitar una acción para obtener reparación o para disfrutar de las condiciones adecuadas que permitan su rehabilitación más completa posible, según lo dispuesto en el propio artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura. Sin embargo, en el presente caso, el recurrente en el litigio principal no acredita, ni tan siquiera alega, haber presentado una demanda solicitando una indemnización o los medios para su rehabilitación, ya sea ante las autoridades de Sri Lanka o ante las de un Estado miembro, suponiendo que estas últimas pudieran reconocerse competentes al respecto. No consta en autos que MP haya incoado proceso alguno con base en lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura.
61. En consecuencia, por definición, la única manera de incluir el objeto del litigio principal en el ámbito de aplicación de estas estipulaciones sería considerar, por una parte, que las deficiencias del sistema sanitario de Sri Lanka provocan un incumplimiento intencionado de las obligaciones de dicho Estado con arreglo al artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura respecto de MP y, por otra parte, que la presentación de una solicitud de protección subsidiaria en un Estado miembro de la Unión equivale a reclamar el derecho a obtener una indemnización o los medios necesarios para la rehabilitación más completa posible.
62. Sin embargo, esta interpretación parece ampliar en exceso el ámbito de aplicación tanto de las disposiciones de la Directiva 2004/83, como de lo estipulado en el artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura.
63. Además, es indispensable medir las consecuencias prácticas de una interpretación tan extensiva. Si esta última permitiera a cualquier persona que hubiera sufrido maltrato en el pasado disfrutar de un derecho a la protección subsidiaria mientras su país de origen no haya establecido los medios y los procedimientos que permitan una indemnización o una rehabilitación a las víctimas, inclusive mediante el establecimiento de un sistema sanitario suficiente, ello ampliaría considerablemente las obligaciones de los Estados miembros en materia de protección subsidiaria y plantearía dificultades tanto procesales como materiales. Tal interpretación excedería ampliamente de la intención del legislador de la Unión al adoptar la Directiva 2004/83 y el régimen europeo común de asilo y podría conllevar un incremento de las solicitudes de protección internacional, así como dificultades para poner fin a dichos regímenes de protección, con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2004/83, en caso de estrés postraumático o de riesgo de suicidio. Además, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se aplica sin perjuicio de la facultad discrecional de los Estados miembros de conceder, por motivos humanitarios, un permiso de residencia a las personas aquejadas de tales patologías.
64. De las consideraciones anteriores se desprende que procede proponer al Tribunal de Justicia que declare que lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura no se opone a que no se conceda la protección subsidiaria a un solicitante que se encuentre en una situación como la considerada en el litigio principal.
65. Por consiguiente, procede proponer al Tribunal de Justicia que declare que la definición que aparece en el artículo 2, letra e), en conexión con el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83, no comprende el riesgo real de daño grave para la salud física y psicológica derivado de la tortura sufrida por el solicitante en el pasado, imputable al país de origen, en caso de que éste fuera expulsado a dicho país, sin que obsten a ello el artículo 3 del CEDH y el artículo 14, apartado 1, de la Convención contra la tortura.
66. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido) de la siguiente manera:
«La definición que aparece en el artículo 2, letra e), en conexión con el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, no comprende el riesgo real de daño grave para la salud física y psicológica derivado de la tortura o del trato inhumano o degradante sufrido por el solicitante en el pasado, imputable al país de origen, en caso de que éste fuera expulsado a dicho país.»
2 Directiva del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO 2004, L 304, p. 12).
3 Firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, en lo sucesivo, «CEDH».
4 Adoptada en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, en lo sucesivo, «Convención contra la tortura».
5 Firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951, en lo sucesivo, «Convención de Ginebra».
6 Sentencias de 17 de febrero de 2009, Elgafaji (C‑465/07, EU:C:2009:94), apartado 31, de 30 de enero de 2014, Diakité (C‑285/12, EU:C:2014:39), apartado 18, y de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452), apartado 30.
7 Sentencia de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452), apartados 31 y 32.
8 Sentencia de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452), apartado 35.
9 Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2113), puntos 44 a 46 y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citada. Véase, también, TEDH, sentencia de 29 de abril de 2002, Pretty c. Reino Unido (CE:ECHR:2002:0429JUD000234602), § 52.
10 Sentencia de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452), apartado 36.
12 Sentencia de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452).
13 Sentencia de 17 de febrero de 2009, Elgafaji (C‑465/07, EU:C:2009:94), apartado 28. Para un resumen de la interpretación del artículo 3 del CEDH por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, véanse TEDH, sentencias de 28 de febrero de 2008, Saadi c. Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106), §§ 134 y 135, y de 21 de enero de 2011, M.S.S. c. Bélgica y Grecia (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609), §§ 219 y ss. En esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que el trato prohibido por el artículo 3 del CEDH debe presentar, en particular, un mínimo de gravedad, infligirse con premeditación y ser humillante y degradante.
14 Sentencia de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452), apartados 37 y 38.
15 Sentencia de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452), apartados 39 y 40.
16 Véase, en particular, TEDH, sentencia de 27 de mayo de 2008, N. c. Reino Unido (CE:ECHR:2008:0527JUD002656505), §§ 42 a 45. En esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indica que su jurisprudencia se ha referido principalmente a las personas seropositivas, pero que otros casos pueden impedir excepcionalmente la expulsión de personas aquejadas de enfermedades físicas o mentales surgidas por causas naturales.
17 TEDH, sentencia de 27 de febrero de 2014, S.J. c. Bélgica (CE:ECHR:2015:0319JUD007005510), §§ 118 a 120. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló en esta sentencia que, con arreglo a su jurisprudencia, los nacionales de terceros países que son objeto de una medida de expulsión no pueden, en principio, invocar un derecho a permanecer en el territorio de un Estado contratante para continuar recibiendo la asistencia y los servicios médicos, sociales o de otro tipo proporcionados por el Estado que le expulsa. El hecho de que, en caso de expulsión del Estado contratante, el demandante pueda sufrir un empeoramiento importante de su situación y, en particular, una reducción significativa de su esperanza de vida, no es suficiente por sí solo para constituir una infracción del artículo 3 del CEDH.
18 Sentencia de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452), apartado 44.
19 Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2113), puntos 60 a 63.
20 Véanse, en particular, mis conclusiones presentadas en el asunto Danqua (C‑429/15, EU:C:2016:485), punto 55.
21 Sentencia de 7 de noviembre de 2013, X y otros (C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720), apartados 39 y 40 y jurisprudencia citada.
22 Sentencias de 30 de enero de 2014, Diakité (C‑285/12, EU:C:2014:39), apartados 24 a 26, y de 14 de marzo de 2017, A y otros (C‑158/14, EU:C:2017:202), apartado 91.
23 Sentencia de 30 de enero de 2014, Diakité (C‑285/12, EU:C:2014:39), apartado 24.
24 Véase, en este sentido, Chanet, C., «La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», Annuaire français de droit international, volumen 30, Persée, París, 1984, pp. 625 a 636.
25 Véase, en este sentido, Ponroy, E., y Jacq, C., «Étude comparative des Conventions des Nations Unies et du Conseil de l'Europe relatives à la torture et aux peines ou traitements inhumains ou dégradants», Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, París, 1990, p. 317.
26 Véase el artículo 5, apartado 2, de la Convención contra la tortura, según el principio aut dedere aut judicare. Véase, en este sentido, Vandermeersch, D., «La compétence universelle», Juridictions nationales et crimes internationaux, Presses universitaires de France, París, 2002, pp. 590 a 594.
27 TEDH, sentencia de 21 de junio de 2016, Nait-Liman c. Suiza (CE:ECHR:2016:0621JUD005135707), §§ 49 y ss. y 115 y ss. En esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos niega que pueda considerarse que el artículo 6, apartado 1, del CEDH obliga a los Estados parte a establecer mecanismos de reparación civil para los actos de tortura cometidos en terceros Estados. El Tribunal precisa, en dicha sentencia, que la aceptación de una competencia universal en la materia habría provocado una afluencia masiva de recursos judiciales. Tras un examen exhaustivo de los sistemas jurisdiccionales europeos (§ 49), el Tribunal concluyó que, si bien la prohibición de la tortura se enmarca efectivamente en el jus cogens y goza de competencia universal, las demandas civiles por actos de tortura deben, no obstante, respetar las normas de territorialidad de la competencia jurisdiccional. Véase, también, TEDH, sentencia de 21 de noviembre de 2001, Al-Adsani c. Reino Unido (CE:ECHR:2001:1121JUD003576397), §§ 61 y 115 y ss.
28 Nótese que esta cuestión está lejos de haber alcanzado un consenso en los ordenamientos jurídicos europeos y en la doctrina, como recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias de 21 de noviembre de 2001, Al-Adsani c. Reino Unido (CE:ECHR:2001:1121JUD003576397), §§ 61 y 62, y de 21 de junio de 2016, Nait-Liman c. Suiza (CE:ECHR:2016:0621JUD005135707), §§ 115 y ss.).
29 Para una definición, véase la sentencia de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión (C‑402/05 P y C‑415/05 P, EU:C:2008:461), apartado 87: «entendido como un orden público internacional que se impone a todos los sujetos del Derecho internacional [...] y que no tolera excepción alguna».
30 Véase la sentencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, de 10 de diciembre de 1998, Anto Furundzija(IT‑95‑17, § 156).