Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l18-2006.html
Timestamp: 2017-02-25 07:12:31
Document Index: 311053344

Matched Legal Cases: ['artículo 770', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 29']

CAPÍTULO I. Naturaleza y forma del contrato de mediación
Facultad de elección de la persona mediadora
SECCIÓN 1. De las obligaciones de la persona mediadora
SECCIÓN 2. Obligaciones de la parte familiar
CAPÍTULO III. Los acuerdos
Protección del interés de determinadas personas
CAPÍTULO IV. Extinción del contrato de mediación
CAPÍTULO II. De las personas mediadoras y de los centros de mediación
Requisitos de las personas mediadoras
Incumplimiento de deberes y obligaciones
De las infracciones de la persona mediadora
Tipos de infracción de la persona mediadora
De las sanciones a la persona mediadora
Gradación de las sanciones a la persona mediadora
De las infracciones de los centros de mediación
Tipos de infracción de los centros de mediación
De las sanciones a los centros de mediación
Ley [BALEARES] 18/2006, 22 noviembre, derogada por la disposición derogatoria de la Ley [BALEARES] 14/2010, 9 diciembre, de mediación familiar de las Illes Balears («B.O.I.B.» 16 diciembre), el 5 de enero de 2011.
Singularmente, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la cual se modifican el Código Civil y la Ley de enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcios, introduce una nueva regla 7ª en el artículo 770 de la Ley de enjuiciamiento civil que señala que las partes pueden solicitar de común acuerdo la suspensión del proceso para someterse a la mediación familiar.
En el ejercicio de estas competencias, han legislado sobre la mediación familiar los parlamentos de Cataluña (
Ley 1/2001, de 15 de marzo), de Galicia (
Ley 4/2001, de 31 de mayo), de la Comunidad Valenciana (
Ley 7/2001, de 26 de noviembre) y de las Islas Canarias (
Ley 15/2003, de 8 de abril).
La reforma de la vigente Ley de arbitraje no entra a regular el acuerdo contractual subyacente. No obstante, como se desprende de la exposición de motivos -«ya que será posible, de ahora en adelante, que la sumisión a árbitros se haga valer en el proceso judicial de manera que el tribunal se abstenga de conocer al inicio, y no al final, del citado proceso, como ocurría a consecuencia de configurar como excepción dilatoria la alegación de compromiso»-, la doctrina no duda en afirmar que está latente un acuerdo contractual previo. Ésta es la naturaleza del denominado «convenio arbitral» (artículo 5.1).
En efecto, además de los sujetos unidos por una relación de parentesco -sean parientes por consanguinidad o por adopción o tengan una relación por afinidad-, se han querido incluir otras relaciones de convivencia análogas a la familiar. Por ello pueden someterse a la mediación familiar no sólo los conflictos surgidos entre sujetos unidos por relaciones de convivencia more uxorio, sino también los que surjan en las relaciones de convivencia análogas a la familiar, entendiendo que será beneficioso acudir a la mediación en los desacuerdos que puedan surgir en casos de acogimientos familiares de menores o en acogimientos de personas mayores. (Si bien todavía no están regulados por ley, la Resolución de la consejera de Presidencia i Deportes de 3 de febrero de 2004 que regula las ayudas económicas individuales destinadas a sufragar los gastos y la asistencia de personas mayores en régimen de acogida en un domicilio particular, permite estas convivencias.) El artículo 5 regula la capacidad para otorgar el contrato de mediación -que es la de obrar-, exceptuando la de los sujetos a quienes se exige otra capacidad diferente para constituir su relación. Son los supuestos de la pareja matrimonial -en la que es suficiente la requerida para contraer matrimonio- y de la pareja estable constituida, que es la determinada por la Ley autonómica 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables.
Ahora bien, la ejecución jurídica de los acuerdos queda fuera del contrato de mediación; por eso, el artículo 19 prevé la posibilidad de pasar de los acuerdos tomados entre los sujetos en conflicto a pactos formales. Por tanto, los acuerdos producen los efectos que les reconozca la legislación aplicable; y de acuerdo con el principio de adecuación entre acto y forma, el otorgamiento de cada título en sentido material debe otorgarse en el título formal que prevé la legislación para cada uno de ellos.
El capítulo I, cuyo artículo 25 crea el Servicio de Mediación Familiar de las Illes Balears, regula su organización y funcionamiento, que remite al desarrollo reglamentario teniendo en cuenta el carácter pluriinsular de la comunidad autónoma. El artículo 27 enumera las funciones para cumplir su objeto. El capítulo II regula los requisitos para ser mediador familiar, en el artículo 29, y los centros que pueden ser reconocidos para desarrollar la actividad mediadora.
Finalmente, el capítulo IV regula el régimen sancionador, con las remisiones pertinentes a la Ley 4/1999, de 31 de mayo (sic), reguladora de la función inspectora y sancionadora en materia de servicios sociales.