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Timestamp: 2019-11-21 21:20:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 252', 'ARTÍCULO 50', 'artículo 50', 'ARTÍCULO 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'ARTÍCULO 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68']

Jurisprudencia Derecho Comercial: 2015
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ARTICULO 50. LEY 18387. Nombramiento administrador no implica CESE síndico.
La doctrina prácticamente de manera unánime venía interpretando dicho artículo de forma tal que entendía que la designación de un administrador o comisión por los acreedores que representen la mayoría del pasivo quirografario no implicaba el desplazamiento o sustitución del síndico o interventor en su cargo.
Sin embargo, en materia jurisprudencial el tema no lo era del todo claro, existen fallos de primera instancia en sedes como concursal segundo y civil 12 que entendían que el simple nombramiento cumpliendo con las formalidades del artículo 50 implicaba automáticamente la sustitución de la sindicatura.
Este año se produce un gran logro para los síndicos e interventores del Uruguay dado que por primera vez el órgano de alzada, Tribunal de Apelaciones en lo civil de 2do turno entendió, tal como sostenía la academia, que el nombramiento de un administrador no implica el apartamiento de la sindicatura que sigue cumpliendo con las restantes funciones que la ley le asigna. Esto es, del total de funciones que la ley le consagra a los mismos, en caso de producirse un nombramiento en base al artículo 50, el síndico u interventor solo perdería la función de administrar los bienes del deudor, pero NUNCA las restantes funciones.
La sentencia que les traigo a consideración en el día de hoy además de dar su postura sobre el artículo 50 sanea una segunda problemática: Si bien no está a texto expreso consagrada la apelabilidad de la sentencia que cesa al síndico (a diferencia de la recusación que si lo está, artículo 252) el tribunal entendió que dicho recurso es procedente
A CONTINUACION 4 CUESTIONES DE INTERES:
1. TEXTO DEL ARTÍCULO 50
2. Sentencia del Tribunal de Apelaciones Segundo: entiende nombramiento artículo 50 no implica CESE sindico
3. Sentencia de civil 12, Dra. Besio, que se inclinó, a mi modo de ver, de forma equivocada por la tesis opuesta (contra la misma fue que se interpuso el recurso de apelación que recayó sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo civil de 2do turno)
4. Sentencia de concursal 2do, en otro caso distinto, donde el titular de la sede entiende, también de forma equivocada según mi sano entender, que dicho nombramiento implica el CESE.
1. ARTÍCULO 50.
Igual mayoría de acreedores tendrá la facultad de designar una Comisión de Acreedores que controle el desarrollo de los procedimientos y colabore en la búsqueda de soluciones a la situación de insolvencia del deudor
2. Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno
Ministros Firmantes, Dr. Tabaré Sosa Aguirre. , Dr. John Pérez Brignani, Dr. Álvaro José França Nebot
VISTOS, para sentencia interlocutoria de segunda instancia los presentes autos caratulados: ”FYL S.A. C/ BA Y OTRO APELACION SIN EFECTO SUSPENSIVO IUE 0025-000004/2015 venidos a conocimiento de esta Sede en virtud del recurso de apelación deducido contra la sentencia interlocutoria Nro. 3872 /2012 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 12o. Turno. Dra. Mónica Besio
I) Que se da por reproducida la relación de hechos formulada por la aquo por ajustarse a las resultancias del presente expediente
II) Que por sentencia interlocutoria Nro. 3872/2012 se aclaró la providencia 465/2012 en el sentido de que se había dispuesto la sustitución en la Administración del patrimonio y del giro de la Dra. BA y de la deudora por un administrador de la LDC disponiéndose el cese de la interventora
III) Contra el mencionado fallo la Dra. AB interpuso recurso de apelación expresando en lo sustancial Que no procedía por vía de recurso de aclaración modificar lo dispuesto en la resolución 465/2012, b) Se violo el principio de bilateralidad e igualdad, c) Que se debe resolver previamente el derecho a voto de JJ al haber sido cuestionado el mismo, Que la LDC no tiene legitimación para el presente proceso ya que su designación no sería acorde a derecho. , e) Que la resolución Nro. 456/2012 viola lo dispuesto por el art 50 de la ley 18387, f) Que la rendición de cuentas debe hacerse a la comisión de acreedores
IV) Por auto Nro. 4151 se confirió traslado del recurso de apelación deducido
V) A fs. 1418 se presentó Fyl S: A recurso de apelación e incidente de oposición a la pretensión de JJ sea considerado acreedor mayoritario, a la sustitución de la Sra. Interventora
VI) Que previos los traslados correspondientes por auto Nro.3372/2014 se concedieron los recursos de apelación deducidos
VII) Que recibidos los autos en la Sala se dispuso pasaran los autos a estudio sucesivo de los diferentes Ministros
VIII) Realizado el estudio y acuerdo correspondiente se decidió dictar decisión anticipada en virtud de darse en la especie los supuestos del art 200 CGP designándose Ministro redactor al Dr. John Pérez Brignani
I) Que el Tribunal con el voto unánime de sus miembros naturales habrá de revocar la sentencia interlocutoria objeto de impugnación en virtud de los fundamentos que a continuación se expresaran.-
II) En tal sentido con relación a si la sentencia interlocutoria objeto de impugnación es o no susceptible del recurso de apelación la Sala, sin perjuicio de reconocer lo opinable de su posición, se inclina por admitir la misma En efecto si bien la hipótesis de autos no se encuentra prevista, a texto expreso en el art. 252 de la Ley No. 18.387, una interpretación lógico sistemática del mencionado cuerpo normativo nos lleva a admitir el recurso de apelación que motiva la alzada. En ese orden debemos tener presente que la ley objeto de estudio prevé la apelabilidad dela recusación del síndico en su Art. 31. Y 252 inc 1. Por consiguiente si se le concede al Sindico la posibilidad de apelar la decisión referente a la recusación de su nombramiento con mayor razón debe concederse al mismo, la oportunidad de defenderse cuando se ha dispuesto su remoción. Debemos tener presente que la interpretación de las normas procesales debe efectuarse en forma razonable adoptando cierta flexibilidad en las soluciones y por sobre todo buscando la solución que mayor se compadezca con los derechos sustanciales.( Cfm Landoni Sosa, Angel Código General del Proceso vol I Pág. 33) Y en la especie el Tribunal entiende que la solución acordada no solo constituye una interpretación razonable, lógica que contempla todo el sistema concursal sino también y por sobre todo se compadece con uno de los derechos sustanciales más importantes como lo constituye el derecho de defensa
III) Determinada pues la apelabilidad de la remoción corresponde analizar si es o no procedente la misma.
En tal sentido cabe resaltar que la remoción se adoptó, por parte de la Sede a-quo, cuando aún no ha sido resuelto en forma la calidad o no de acreedor quirografario de quien solicitó la misma y si se reunían en su caso los porcentajes exigidos legalmente.-
Pero por otra parte a juicio de la Sala se incurre en error en la interpretación realizada, por parte de la Sede a-quo, del art 50 de la ley 18387. En efecto como señala el Dr. Carlos López Rodríguez comentando la sustitución prevista en la citada disposición legal." Por nuestra parte, consideramos que esa sustitución comprende sólo la función de conservación o administración del patrimonio y del giro del deudor. En efecto, el art 50 habilita la designación de este administrador " sin perjuicio del régimen de suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, y expresamente límite sus funciones a la "conservación o administración del patrimonio y del giro del deudor.
Las condiciones para la remoción de los síndicos e interventores se encuentran en el art 36 de la LCU y no existe ninguna disposición que prevé la posibilidad de que el síndico o el interventor sean designados por una mayoría de acreedores.... De todo lo expuesto parece claro que la designación del administrador concursal a que se refiere el art 50 de la LCU, no supone el cese del Síndico ni, mucho menos, del interventor. Si se designa un administrador concursal, el síndico o el deudor verán limitadas sus atribuciones pues se le quitará la función o la facultad de administrar el patrimonio del concursado y de dirigir el giro empresarial El síndico continuara en sus funciones coexistiendo con el administrador concursal, con el cometido de cumplir con el resto de las funciones que le comete la LCU Así por ejemplo, verificará los créditos que integran la masa pasiva, realizara los informes referidos en los arts. 123, 178, 198, rescindirá los contratos con obligaciones pendientes de ejecución, etc. " (Cfm López Rodríguez Carlos, Bado Virginia, Romano, Catherine Ley de declaración judicial del concurso y reorganización empresarial Análisis exegético Tomo I art 1 a 114 La ley Uruguay 2012 pag 305-306)
En igual sentido se han pronunciado los Dres. Eva Holz y Siegbert Rippe, quienes expresan. ·"Es conveniente puntualizar que al tenor del art 50 en cualquier estado del procedimiento concursal, en audiencia o fuera de ella consignado las voluntades en acta notarial, los acreedores quirografarios con derecho a voto que represente cuando menos la mayoría del pasivo quirografario con derecho de voto, podrán designar un administrador del patrimonio y de la actividad del deudor, sin perjuicio del mantenimiento de todas las otras funciones por parte del síndico o interventor designado. “(cfm Holz, Eva- Rippe Siegbert Reorganización empresarial y concursos FCU 2009 Pag 126)
Se comparten asimismo y en este orden las apreciaciones efectuadas por los consulta del Dr. Ricardo Olivera García y Israel Creimer agregadas en autos.
Por consiguiente se habrá de revocar la sentencia interlocutoria objeto de impugnación dejando sin efecto la remoción de la Sindico AB dispuesta en autos
IV) Que la conducta procesal de las partes no amerita sanción procesal especial en el grado.
En virtud de lo expuesto y de lo que disponen los arts. 688 del CC, del CGP, la ley 18387 EL TRIBUNAL RESUELVE: Revocar la sentencia interlocutoria objeto de impugnación en cuando dispuso la remoción de la Sindico AB en los presentes autos sin especial condenación en el grado.
3. Sentencia 456/2012 CIVIL 12
6.- La norma dispone que podrán nominar un administrador del patrimonio y del giro del deudor durante el concurso, sustituyéndolo, según los casos, en la función de conservación o administración del patrimonio y del giro del deudor.
También al respecto y realizando una interpretación armónica de la normativa, a juicio del Oficio, la sustitución es total, no debiendo permanecer el síndico o interventor designado.
Similares fundamentos en cuanto a la inclusión del Interventor en la posibilidad de ser sustituido, son de recibo, respecto a las funciones que debe cumplir el administrador propuesto.
Así el lugar en que se encuentra el artículo y que ya se señalara, disponiendo los artículos precedentes del mismo capítulo las facultades y obligaciones que le asigna a los síndicos e interventores.
La función de conservación o administración del patrimonio y del giro del deudor que establece el artículo 50 respecto a las potestades del administrador, es de tal amplitud que no deja margen de actuación al desplazado síndico o interventor, como lo pretende la Sra. Interventora también al evacuar el traslado conferido de la solicitud de sustitución.
Además de haberlo querido, la norma lo hubiera establecido a texto expreso, limitándose a mencionar la sustitución
En autos caratulados HHHH S.A. CONCURSO NECESARIO IUE 2-15461/2010 tramitado ante esta Sede, ante una solicitud respecto a la aplicación del artículo 50 de la Ley se resolvió la sustitución total a favor de la Administradora designada, disponiéndose el cese de la Sindicatura (decreto No 1842/2010 de 8 de noviembre de 2010).
habiéndose presentado acreedores quirografarios que representan a la mayoría del pasivo quirografario (según lo informado por la Secretaria Contadora de la Sede), al amparo de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley No 18.387, agregado testimonio de acta notarial en la que se resolvió la nominación de un administrador del patrimonio y giro del deudor durante el concurso, téngase presente la designación de la administradora propuesta por los acreedores, LDC, en la administración del patrimonio y del giro del deudor, en sustitución de la Interventora designada en autos (Dra. AB) y de la deudora, expidiéndose edicto comunicando el cese de la Interventora dispuesta y de la deudora y en sustitución la Administradora designada, para la publicación de un extracto de esta resolución, por el término de tres días, teniendo la misma la calidad de crédito de la masa.
4. Sentencia 2374/2012 CONCURSAL 2
Habiéndose presentado a fojas 500/504 y 507 el representante del acreedor quirografario que representa la mayoría del pasivo quirografario (según lo informado por el Secretario Contador de la Sedea fojas 509/510), al amparo de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley No. 18.387, agregado testimonio de acta notarial en la que se resolvió la designación de un administrador del patrimonio y giro del deudor durante el concurso y la constitución de una Comisión de Acreedores:
Téngase presente la designación del administrador designado por el acreedor, Sr. ISG en la administración del patrimonio y del giro de la deudora, en sustitución de la Síndica designada en autos Dra. AB y la designación de la Comisión de Acreedores para controlar el desarrollo de los procedimientos y que colabore en la búsqueda de soluciones a la situación de insolvencia de la deudora, expidiéndose edicto comunicando el cese de la Sindicatura dispuesta y en sustitución el administrador designado y la Comisión de Acreedores, para la publicación de un extracto de esta resolución, por el término de tres días, SIN COSTO por no existir recursos suficientes para su realización.
Notifíquese personalmente a la Sindicatura el cese del cargo para el que fuera designado y cúmplase lo pendiente en autos. Sin más trámite.
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Etiquetas: articulo 50, Civil 12, concursal, Concursal 2do, Dario Willebald Buffa, ley 18387, sindicos, TAC 2DO
Fecha 12/12/2012 Ficha: 0002-015022/2011
En el caso del presente contrato de esponsor se había pactado tener presencia con la marca correspondiente y hacer entrega de una suma en efectiva de la que, según surge se entrego solamente el 50%. Justamente, el objeto de reclamo en discusión es el pago del saldo. Frente a dicha demanda se opuso la excepción de falta de legitimación.
Si bien lo que se debate sustancialmente son cuestiones referidas a cumplimiento / incumplimiento contractual general, nos resulta interesante por tratarse de un contrato de publicidad, como el de esponsorazgo o patrocinio, caracterizado por la existencia de un torneo, que no importa si colma expectativas o no para que quien tiene obligaciones pendientes en cuanto a prestaciones deba cumplirlas tal como se obligó originalmente.
La sentencia fue seleccionada de las que divulga la web del Poder Judicial.
II) TEXTO DE LA SENTENCIA.
Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados “D-Sport S.A. c/ Asiaciti Trust Group. Cobro de Pesos.”, IUE 0002-015022/2011, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Asiaciti, contra la sentencia definitiva Nº 40 de 6 de junio de 2012, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 4º Turno.
1) Por la referida sentencia definitiva, la Sra. Jueza a quo desestimó la excepción de falta de legitimación activa, amparó la excepción de falta de legitimación pasiva de los Sres. Graeme Briggs y Jorge Castillo y, en su mérito, desestimó la demanda deducida a su respecto. Condenó a Asiaciti Trust Group a pagar a la actora la suma de U$S 17.500, por concepto de saldo de precio, más sus intereses legales desde la fecha de la demanda. Asimismo, rechazó la reconvención, sin especial condenación procesal.
2) Contra dicho fallo, la parte accionada, Asiaciti Trust Group (en adelante Asiaciti) interpuso el recurso de apelación en estudio por entender, en síntesis, que:
a) Existió una incorrecta categorización del contrato, ya que las obligaciones individualizadas no son las únicas ni las más importantes. Se trata de un contrato de sponsorización, consensual, bilateral, sinalagmático y con obligación de resultado.
b) La Sede a quo no fundó por qué razón rechazó la reconvención. Han quedado acreditados todos los incumplimientos contractuales, en especial, los cambios de fecha, el lugar del evento y la calidad de los equipos.
3) Sustanciado el recurso de apelación movilizado, el traslado fue evacuado por la actora que contestó los agravios.
4) Franqueada la alzada, llegados los autos al Tribunal el 27.8.12, luego del estudio correspondiente, se acordó sentencia en legal forma y se dispuso emitir la presente decisión anticipada, por configurarse los requisitos del art. 200.1 CGP.
I) La Sala, de conformidad con el número de voluntades requerido legalmente (art. 61 inc. 1º LOT), habrá de confirmar la sentencia recurrida, efectuando el análisis de los agravios en el orden lógico correspondiente.
En el caso, la actora promovió demanda de cobro de pesos por incumplimiento contractual contra Asiaciti Trust Group, Jorge Castillo, Graeme Briggs y Asiaciti Trust Uruguay S.A. Expresó que el 28 de agosto de 2009 se suscribió un contrato entre Sportfive de Argentina, hoy D-Sport S.A., y Asiaciti Trust, que tenía por objeto la sponsorización en la campaña publicitaria a llevarse a cabo en el “Seven”, de Punta del Este, durante los veranos 2010, 2011 y 2012.
Pese a haber dado cumplimiento a sus obligaciones, a través de la presencia del logo en toda la publicidad y comunicación producida para el “Seven”, su contraparte no ha saldado su obligación de abonar el precio, que fue acordado en la suma de U$S 35.000, habiéndose abonado tan solo la mitad.
En oportunidad de contestar la demanda, la parte accionada opuso las defensas de falta de legitimación activa y pasiva y dedujo reconvención, alegando el incumplimiento de su contraria.
III) La valoración de los medios de prueba allegados al proceso. El vínculo contractual trabado. El incumplimiento
Los agravios de la accionada pueden reconducirse a uno solo: que su parte cumplió con sus obligaciones, que su cocontratante no lo hizo y que, por ello, debe desestimarse la demanda y hacerse lugar a la pretensión deducida por vía reconvencional.
En este sentido, se coincide totalmente con el fallo atacado respecto del proceso de valoración de la prueba y, en particular, con sus conclusiones.
Así, en primer término, puede partirse de la premisa de que el vínculo contraído constituye un “contrato de publicidad”, consensual, bilateral y oneroso, que puede asumir distintas modalidades. El punto medular, pues, consiste en establecer qué obligaciones integraban el haz convencional y cuál o cuáles de ellas fueron incumplidas. En otras palabras, a qué contrayente cabe atribuir el incumplimiento.
Al respecto, ya ha tenido oportunidad de afirmarlo la redactora, en términos que comparte el Tribunal (cf. sentencias Nos. 81 y 171/11):
“El método de valoración de la prueba, según lo concebimos, debe cimentarse sobre garantías esenciales, debe desenvolverse de acuerdo a ciertas pautas y principios cardinales, para lograr su objetivo: permitir el convencimiento del juez, arribando a determinado grado de lo que denominamos "certeza razonada, objetiva y objetivada mediante la debida fundamentación del fallo.”
Agrega la autora, más adelante, que entre las coordenadas y los instrumentos procesales según los cuales debe llevarse a cabo el proceso de valoración de la prueba se encuentra la imparcialidad del juzgador y los principios de la prueba, legalidad, dirección, inmediación, buena fe, interés público de la función de la prueba, unidad, comunidad y adquisición procesal (Klett, S., Hacia una sentencia justa: valoración de la prueba y perfil del juez, Judicatura, Nº 44, ps. 229 y sgtes., en particular, ps. 234-251).
Entonces, cabe coincidir con la distinguida Sra. Jueza a quo en que la relación que unía a los agonistas era un contrato de sponsorización (prueba documental, debidamente traducida, fs. 32-35 vto.). En su mérito, la demandada asumía la calidad de patrocinador principal, debiendo abonar la suma de US$ 35.000. La actora, por su lado, comprometió la presencia del logo de Asiaciti en toda la publicidad oficial del evento, a lo que dio cumplimiento (ver, por ejemplo, propaganda en diarios, folletería, entradas, fs. 7-15).
En otro orden, cabe concluir que el incumplimiento del contrato, celebrado entre las partes, debe ser atribuido a la accionada y no a la actora, como se postuló en la apelación.
En efecto, de los términos del contrato, no surge la obligación de participación de equipos nacionales, ni la de desarrollar el evento en un sitio diverso al campus de Maldonado, especialmente si se tiene en cuenta que la demandada había patrocinado un evento similar en el año 2009, por lo que no podía desconocer que el único lugar adecuado era el estadio en el que, a la postre, se desenvolvió el evento que dio origen a este proceso (fs. 32-35 vto.).
Por otro lado, la mera circunstancia de haber manejado en la etapa de las tratativas un lugar diferente (mails de fs. 70-79), no se tradujo en el contrato finalmente acordado. Por ello, cabe concluir con la sentencia atacada que la actora no incurrió en la inconducta contractual que le imputa su contraria.
Asimismo, la modificación de las fechas inicialmente propuestas no se erige en causa eficiente del incumplimiento alegado, por cuanto la propia demandada aceptó que este aspecto escapaba al ámbito de disposición de la actora (ver cadena de mails fs. 73-79, en especial el luciente a fs. 74). De haber constituido un aspecto esencial, debió haber existido una cláusula específica sobre el punto en el contrato.
La valoración del material probatorio en su conjunto y, sobre todo, en atención a las reglas de la sana crítica y al criterio de normalidad recogido en forma expresa por el art. 141 CGP, permite a la Sala concluir que la empresa accionada no se desempeñó, en las circunstancias que rodearon la negociación, con la responsabilidad que le incumbe a todo contratante, situación que justifica, también, la desestimación de la pretensión deducida en ocasión de contestar la demanda.
El principio de autorresponsabilidad que rige en materia contractual sella la suerte de la defensa de contrato no cumplido y de la reconvención, como viene de decirse.
En sede de negocios jurídicos, se trata, al decir de Betti, de las cargas de sagacidad y claridad, que perfilan la necesidad de una cierta y determinada forma de comportamiento, a riesgo de soportar las consecuencias desfavorables de su actuar negligente. En las palabras del jurista: "Para evitar luego que la eficacia del negocio se entienda más allá de los confines previstos, incumbe a la parte un ejercicio vigilante y sagaz de la autonomía, que el Derecho le reconoce, desde luego en su favor, pero también a su propio riesgo. Son libres los individuos de actuar en el sentido de su propio beneficio, según su criterio, pero las consecuencias eventualmente perjudiciales o dañosas de un uso torpe de la iniciativa desarrollada, están sólo a cargo de ellos".
Al describir la carga de sagacidad, dice el autor de la cita que en el acto que da vida a un negocio jurídico le incumbe a la parte "estar atenta a cuanto dice o hace, además, de conocer los términos y el significado de la declaración que emite y representarse exactamente la situación de hecho sobre cuya base se determina el negocio; le incumbe, sobre todo, una carga de claridad, en el sentido de fijar de manera inequívoca y fácilmente reconocible, en cuanto le interesa, el valor vinculante del negocio que concluye. El negocio es un acto humano de importancia social, fruto de conciente iniciativa y por tanto de libertad; es un acto a cuyas consecuencias, aun las onerosas, debe el autor someterse en el mundo social, y por tanto, fuente de autorresponsabilidad" (extracto de Teoría general del negocio jurídico, en IUDAU, Año VII, Nº 20, ps. 69-70; sentencias Nos. 38 y 165/09 de esta Sala).
Por último, de la circunstancia de que el torneo no haya colmado las expectativas de la demandada no puede extraerse la conclusión del incumplimiento de la actora.
En definitiva, la pretensión de la actora se ajusta a las condiciones del contrato, cuya obligación principal, de cargo de la demandada, no fue cumplida totalmente, resultando un saldo a favor de aquella. Por el contrario, la excepción de contrato no cumplido no fue debidamente acreditada lo que implica, coherentemente, el rechazo de la reconvención.
Por consecuencia, no es dable recibir ni una defensa ni una pretensión que se basan en la propia torpeza del litigante, en su propia falta de diligencia, cuando pudo haber adoptado otra conducta al momento de contratar.
Dra. Selva Klett, Ministra
Dr. Felipe Hounie, Ministro
Dra. Elena Martínez, Ministra
Dra. Elena Celi de Liard
Secretaria Letrada"
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Etiquetas: Beatriz Bugallo, contrato de esponsoring, patrocinio, Publicidad comercial, sponsor, sponsoring
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ARTÍCULO 68 LEY 18387: Promesa de compraventa no queda abarcada en las excepciones de la ley
Breve comentario a cargo del Dr. Esc. Dario Willebald Buffa
El caso que les traigo a continuación es el siguiente:
Promesa de compraventa inscripta en la que la sindico pide que sea rescindida por aplicación del artículo 68.
La parte perjudicada alega que el derecho del promitente comprador está excluido del artículo 68 inciso primero de la ley concursal.
La doctora Rodríguez Mascardi considero en esta sentencia que dicho contrato queda incluido en tal artículo: “Para que no quedase abarcada por el art. 68 debería tratase de un contrato garantizado por otro por el que se constituya un derecho real de prenda o de hipoteca. La obligación que permanece incumplida es la de transferir el dominio, a mayor abundamiento el compareciente no acreditó haber integrado el precio y el uso exclusivo de su imagen en relación a un proyecto inmobiliario que no tuvo ejecución, según informa el sindico ni siquiera se marcaron los lotes”
A continuación transcripción a texto completo
JUZGADO LETRADO DE CONCURSO DE PRIMER TURNO
Vistos para resolución estos autos caratulados "LBJ- Oposición a la rescisión de promesa- IUE 40-126/2014",
1) Que a fojas 30 comparece la letrado en procuración oficiosa de LBJ y se opone a la rescisión unilateral de promesa de compraventa inscripta y efectuada por la sindico y en subsidio solicita se excluya de la masa la parte del inmueble que le pertenece, en subsidio se verifique el crédito derivado y se fije los daños y perjuicios provocados. Expresa en síntesis: que el representado es promitente comprador de la fracción que identifica por lo que suscribió la promesa inscripta y se le entregó la posesión del inmueble. El precio pactado es la suma de U$S 144.000 y la forma de pago en cuotas. Se pacto la compensación entre las obligaciones emergentes de la promesa y el contrato de uso, imagen, nombre y firma suscrito entre las partes. El predio nunca ingresó al régimen de propiedad horizontal. El precio referido en la promesa y el contrato de uso se extinguirían a medida que se hicieran exigibles. El derecho del promitente comprador está excluido del art.68 inciso primero de la ley concursal, posee un derecho real mayor en tanto se integró el precio, y subsidiariamente moviliza las pretensiones subsidiarias de restitución de precio, verificación del crédito y fijación de daños y perjuicios.
2) A fojas 53, comparece la sindico y expresa en síntesis que no se ha acreditado las obligaciones asumidas y cumplidas por el opositor, ni el uso exclusivo de su imagen en relación al proyecto inmobiliario, por lo que no considera acreditada la compensación que se invoca. El proyecto no tuvo ejecución y no se realizaron ni siquiera las obras mínimas de infraestructura. El contrato está incluido en los que pueden ser rescindidos según el artículo 68. El oponente no tiene un derecho real mayor por lo que solicita se desestime la oposición.
1) Cabe señalar liminarmente que el nuevo régimen concursal introdujo en nuestro derecho la facultad otorgada al deudor concursado con la autorización del interventor y al sindico de rescindir unilateralmente los contratos pendientes de ejecución(art.68 Ley 18.387). Esta facultad excepcional como señala el profesor Creimer en tanto altera las reglas emanadas del derecho contractual en sede de incumplimiento y la posición misma de los acreedores concursales es de interpretación estricta y debe ser ejercida en base a parámetros emergentes del buen fin del proceso concursal.
Adviértase que a diferencia del modelo español en que la rescisión de los contratos en interés del concurso debe ser precedido de un contencioso en que las partes son oídas y el juez lo resuelve, la ley uruguaya se aparto de esté consagrando que basta con la decisión unilateral de los legitimados con tal de que sea notificado a la otra parte en tiempo.
En su redacción originaria la ley se refirió a todos los contratos con obligaciones pendientes de ejecución a cargo del concursado sin identificarlos, posteriormente la ley interpretativa 18.937 consagró que esa facultad no alcanza a las cesiones de créditos ni a las prendas hipotecas constituidas sobre bienes o derechos del deudor.
En sede doctrinaria la Profesora María Wonsiak expresa claramente que la otra parte no puede cuestionar el derecho ejercido por el concursado o el sindico en su caso salvo si hubo abuso en el ejercicio de tal facultad.
2) En la especie se trata de una promesa de compraventa inscripta que puede ser rescindida unilateralmente por el síndico. Para que no quedase abarcada por el art. 68 debería tratase de un contrato garantizado por otro por el que se constituya un derecho real de prenda o de hipoteca. La obligación que permanece incumplida es la de transferir el dominio, a mayor abundamiento el compareciente no acreditó haber integrado el precio y el uso exclusivo de su imagen en relación a un proyecto inmobiliario que no tuvo ejecución, según informa el sindico ni siquiera se marcaron los lotes.
No hubo la compensación invocada dado que el complejo y el edificio nunca llegaron a existir, en definitiva solo cabe concluir que no es de recibo la oposición deducida en autos.
3) En cuanto a la pretensión subsidiaria de que se excluya de la masa activa sus derechos sobre el padrón que identifica no es ajustada a derecho dado que la ley lo que prevé en estos casos es la existencia de un crédito concursal debiendo el juez fijar el monto de los daños y perjuicios.
4) En la especie, a los efectos pretendidos de estimar el crédito deberá previamente el opositor estimar y acreditar el monto de los daños y perjuicios que correspondieren.
No ha lugar a la oposición deducida, debiendo el compareciente acreditar el monto de los daños y perjuicios a los efectos de su inclusión como crédito concursal en este proceso.
DRA TERESITA RODRIGUEZ MASCARDI - Juez Letrado
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