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Timestamp: 2017-12-16 03:25:21
Document Index: 170025293

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 128', 'Artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 17', 'artículo 75', 'artículo 74']

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6. Requisitos de las sentencias	GC	2017-06-01T02:33:47+00:00
Requisitos de las sentencias
Regularidad material
Regularidad formal
Efectividad de la sentencia
Estructura de las sentencias
Requisitos de las sentencias de amparo
En esta sección se verán cuáles son los requisitos de validez de las sentencias de amparo.
El primer requisito que las sentencias que dictan los tribunales deben cumplir, es el relativo a la regularidad material, es decir, su concordancia con la Constitución y los tratados internacionales que contengan derechos humanos.
Es importante señalar que existen muchos criterios del Poder Judicial de la Federación (jurisprudencias y tesis aisladas, entre otros) que son anticonstitucionales o inconvencionales y, a pesar de ello, son aplicados ciegamente por los tribunales de amparo.
Conviene recordar que el principio pro personae establecido por el artículo 1º y el artículo 128 de la Constitución sirve como fundamento para que el Tribunal de Amparo desaplique toda aquella jurisprudencia que resulte anticonstitucional o inconvencional en el caso concreto.
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Por otra parte, debe considerarse que también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sirve de criterio de regularidad material a las sentencias de amparo, de tal suerte que su contenido tiene que ser compatible con los criterios interpretativos de este órgano jurisdiccional internacional.
Para fundamentar lo anterior, se cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, 2009):
339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.
Hay que tener presente que el amparo es un procedimiento jurisdiccional y, por lo tanto, la sentencia que se dicte debe ser resultado del debido proceso, pues en caso contrario, la sentencia se torna irregular por vicios formales.
En otras palabras, al juicio de amparo le resulta aplicable el artículo 14 constitucional y todas las demás disposiciones que rigen el debido proceso; en caso de que no se observen, la cosa juzgada aparente se actualiza.
En relación con este punto, es conveniente citar el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los considerandos de las acciones de inconstitucionalidad 11 y 12, ambas de 2004, pues en ellas se resolvió sobre la figura de la nulidad de juicio concluido:
En el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual da seguridad y certeza jurídica a las partes. Así también la cosa juzgada se encuentra en el artículo 17 de la propia Constitución Federal que, en su tercer párrafo, establece: ‘Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.’. Ello, porque la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales se logra, exclusivamente, sólo en cuanto la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio regular, que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia, establecido en el propio artículo 17 constitucional, pues dentro de tal prerrogativa se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman un conflicto, sino también el derecho a que se garantice la ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. Luego, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas. Así, en un proceso en el que el interesado tuvo adecuada oportunidad de ser escuchado en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además que el litigio fue decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento señalan, la cosa juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues uno de los pilares del Estado de derecho es el respeto de la cosa juzgada, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que se haya hecho efectivo el debido proceso, con sus formalidades esenciales. En contraposición a ello, la autoridad de la cosa juzgada no puede invocarse y confirmarse cuando ese debido proceso no tuvo lugar en el juicio correspondiente.
Debe recordarse que el principio de efectividad del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también rige el contenido de la sentencia de amparo; por lo tanto, la determinación del Tribunal de Amparo deberá cumplir con las exigencias propias de dicho estándar internacional.
En términos del artículo 17 constitucional, las resoluciones jurisdiccionales deben estar completas; por esa razón, el Tribunal de Amparo debe analizar todos los conceptos de violación expresados por el quejoso y no ignorarlos, como acontece en la práctica cuando declara fundado uno de los conceptos de violación.
Cuando se estudiaron los principios constitucionales del juicio de amparo, se señaló que el de relatividad regula los efectos de la sentencia de amparo. Aunado a ello, se mencionó que dicho principio pone énfasis en que el amparo es un procedimiento jurisdiccional y no legislativo, por lo que las sentencias solo afectan a los sujetos que tuvieron la calidad de partes en el juicio.
En términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se debe apreciar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. En caso de que el Tribunal de Amparo modifique la litis, tal como lo hace cuando suple las deficiencias de la autoridad legislativa, se viola el principio de litis cerrada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable.
En términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener lo siguiente:
Asimismo, la sentencia de amparo debe cumplir con lo dispuesto por los artículos 219 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal supletorio a la materia de amparo.