Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2007-00001-de-abril-28-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_87fd8c09b0083050e0430a0101513050&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-16 16:33:27
Document Index: 150307054

Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 732', 'artículo 734', 'artículo 60', 'artículo 165', 'artículo 140', 'artículo 144', 'artículo 140', 'artículo 143']

﻿ Auto 2007 00001 de abril 28 de 2010
AUTO 2007-00001 DE 28 DE ABRIL DE 2010
CONTENIDO:COMPETENCIA PARA CONOCER EN ÚNICA INSTANCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. EL HECHO QUE SE DEMANDEN ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NO DECIDAN NINGUNA PRETENSIÓN DE TIPO ECONÓMICO NO SIGNIFICA QUE DICHOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CAREZCAN DE CUANTÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DERECHO TRIBUTARIO, COMPETENCIA DEL JUEZ, DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, DEMANDA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Auto 2007 00001 de abril 28 de 2010
Ref.: Expediente 110010327000200700001 00 (16334)
Compañía Nacional de Alimentos Ltda. contra la DIAN
Asunto: decreta nulidad
Encontrándose el proceso al despacho se advierte una causal de nulidad insaneable que impide dictar sentencia
Bogotá, D.C., veintiocho de abril de 2010.
La Compañía Nacional de Alimentos Ltda. (en adelante Conal Ltda.), mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó las resoluciones 900001 del 31 de julio de 2006, 900001 del 2 de octubre de 2006, proferidas por la DIAN –Popayán, y el acto ficto por no haber resuelto el recurso de apelación intentado contra la primera de las resoluciones demandadas.
La parte actora consideró que el Consejo de Estado era el competente para conocer en única instancia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el numeral 2º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que se demandaban actos administrativos sin cuantía que fueron expedidos por una autoridad del orden nacional.
La Resolución 900001 del 31 de julio de 2006, expedida por la Administración de Impuesto Nacionales de Popayán, en la cual se resolvió no decretar la ocurrencia del silencio administrativo positivo respecto del recurso de reconsideración, interpuesto por mi representada en contra de la Liquidación Oficial de Revisión 170642005000008 de fecha 23 de febrero de 2005.
La Resolución 900001 del 2 de octubre de 2006, por medio de la cual la Administración de Impuestos Nacionales de Popayán (i) decidió negativamente el recurso de reposición interpuesto por Conal en contra de la resolución mencionada en el numeral anterior, y (ii) concedió el recurso de apelación interpuesto de modo subsidiario contra aquella.
El acto ficto que por silencio negativo negó el recurso de apelación que subsidiariamente fue interpuesto en contra de la Resolución 900001 del 31 de julio de 2006 y que fue concedido el 2 de octubre de 2006, sin que a la fecha se tenga noticia de lo que ocurrió con el mismo.
Dichas disposiciones integran la actuación administrativa por medio de la cual la Administración de Impuestos Nacionales de Popayán resolvió no decretar el silencio administrativo positivo que operó a favor de mi representada en relación con la resolución que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por esta en contra de la Liquidación Oficial de Revisión 170642005000008, de fecha 23 de febrero de 2005, que modificó la Liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios de Conal por el año gravable 2001.
B. Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de Conal, en los siguientes términos:
Que se declare que la resolución recurso de reconsideración que confirmó la Liquidación Oficial de Revisión 170642005000008, de febrero23 de 2005, no fue notificada a mi representada dentro del término previsto en la ley.
Que como consecuencia de lo anterior se reconozca la ocurrencia del silencio administrativo positivo, de modo que se entienda fallado favorablemente el recurso de reconsideración interpuesto por Conal contra la Liquidación Oficial de Revisión 170642005000008.
Que se declare que la declaración de renta de mi representada por el año gravable 2001 está en firme.
Que se declare que no son de cargo de Conal las costas en que hubiere incurrido la Administración de Impuesto Nacionales de Popayán con relación a la actuación administrativa demandad, ni las de este proceso.
Que se declare que es de cargo de la administración de Impuestos Nacionales de Popayán el valor de las costas en las cuales ha incurrido Conal con relación a la actuación administrativa adelantada, al igual que las de este proceso.”
En la demanda se narró, en esencia, que:
— El 21 de marzo de 2002, Conal Ltda. presentó la declaración de renta para el año gravable 2001 con un saldo a favor de $ 32’277.000, suma que fue devuelta por la DIAN previo el trámite de ley.
— El 23 de febrero de 2005, la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión 170642005000008, que fue recurrida por la parte actora, el 20 de abril de 2005.
— De conformidad con el artículo 732 del E.T., la administración contaba con un año para resolver el recurso de reconsideración. Esto es, tal recurso debió resolverse a más tardar el 22 de abril de 2006.
— Ante el silencio de la administración, la parte demandante procedió a formalizar el silencio positivo en los términos del artículo 734 ibidem.
— El 27 de junio de 2006, la demandante solicitó a la administración de impuestos de Popayán que reconociera “los efectos del silencio administrativo positivo por no haber notificado en debida forma y oportunamente” la decisión del recurso de reconsideración.
— Mediante Resolución 900001 del 31 de julio de 2006 (notificada personalmente al demandante el 24 de agosto de 2006), la DIAN informó que el recurso de reconsideración se había resuelto mediante Resolución 170012006000001, que confirmó la Liquidación Oficial de Revisión 170642005000008 del 23 de febrero de 2005, y que ante la no comparecencia del representante legal de Conal Ltda. fue notificada por edicto, que se desfijó el 23 de marzo de 2006.
— El 23 de agosto de 2006, la demandante solicitó a la Administración Postal Nacional que certificara la entrega del aviso 8317 de 22 de febrero de 2006, relacionado con la citación envida por la DIAN para la surtir la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
— El 23 de agosto de 2006, la administración postal certificó que “por error involuntario el certificado se encuentra extraviado quedando constancia que dicho sobre fue recibido en esta oficina de Puerto Tejada-Cauca, el día 23 de febrero de 2006, con número de despacho 45 ordinal 6º”. Que, en consecuencia, el proceso de notificación había sido inadecuado y no produjo ningún efecto.
— El 31 de agosto de 2006, Conal Ltda. interpuso recurso de reposición, y en subsidio de apelación, contra la Resolución 900001 del 31 de julio de 2006, porque no decretó la ocurrencia del silencio administrativo positivo respecto del recurso de reconsideración.
—Mediante Resolución 900001 del 2 de abril de 2006, la Administración de Impuestos de Popayán confirmó la Resolución 900001 del 31 de julio de 2006 y concedió el recurso de apelación.
— Para la fecha de presentación de la demanda la administración no había resuelto el recurso de apelación y que, por tanto, se configuró el silencio administrativo negativo que prevé el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, en el que se ratifica la negativa de decretar la ocurrencia del silencio administrativo positivo.
La Sala declarará la nulidad de todo lo actuado por las razones que pasan a exponerse.
De manera preliminar, hay que recordar que la competencia ha sido entendida como la forma en que se distribuye la jurisdicción entre las diferentes autoridades judiciales que la integran y atiende a diversos factores. Así, el factor objetivo está basado en la naturaleza del proceso y en la cuantía de la pretensión que se discute; el subjetivo, atiende a la calidad de las partes procesales; el funcional, atiende al principio de doble instancia; el territorial, atiende, en general, al domicilio de las partes, al lugar de ocurrencia de los hechos, etcétera. Y, por último, el factor de conexión, que se aplica en los casos de acumulación de pretensiones, cuando a pesar de que un juez no es competente para conocer todas las pretensiones, puede llegar a serlo, por ser competente para conocer de otras.
Se hace necesario diferenciar los diferentes factores que determinan la competencia, pues la falta de competencia del juez es causal de la nulidad del proceso. Claro está que, según lo ha previsto el Código de Procedimiento Civil, aplicable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por mandato expreso del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo, solo la falta de competencia funcional constituye una nulidad no saneable
En efecto, el artículo 140-2 del Código de Procedimiento Civil prevé:
2º. Cuando el juez carece de competencia”.
A su turno, el inciso final del numeral 5º del artículo 144 ibídem prevé que: “No podránsanearse las nulidades de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional” (se resalta).
En el presente caso se incurre en la causal de nulidad por falta de competencia funcional. En efecto, en los procesos contencioso administrativos, la falta de competencia funcional puede presentarse por razón de la naturaleza del asunto o por la cuantía. Recuérdese que el Código Contencioso Administrativo define claramente la competencia para el Consejo de Estado, los tribunales y los juzgados administrativos, en razón de la naturaleza de los asuntos y de la cuantía de las pretensiones. Así, por ejemplo, al Consejo de Estado le corresponde conocer, en única instancia, de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos expedidos por autoridades nacionales que carezcan de cuantía (CCA, art. 128-2).
Cuando el juez advierta que no tiene competencia funcional para conocer de la acción o para continuar con el trámite del proceso deberá remitir el proceso al juez competente. En el caso de que la demanda se hubiera admitido deberá declarar la nulidad de lo actuado, y remitir el proceso al juez competente. Pero si la demanda no se ha admitido deberá remitirla inmediatamente al competente, conforme lo dispone el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo. Todo eso para evitar que se vulnere el derecho de defensa de las partes y el principio de doble instancia.
En el caso concreto, en los actos acusados la DIAN se abstuvo de decretar la ocurrencia del silencio administrativo positivo por no haber resuelto el recurso de reconsideración presentado contra la Liquidación Oficial de Revisión 170642005000008 de 2005.
La demandante, a pesar de estimar que el proceso carece de cuantía, a título de restablecimiento del derecho solicita, entre otras cosas, que se declare la firmeza de la declaración de renta correspondiente al año gravable 2001. Eso, sin duda, implicaría que se acepten los gastos deducibles, por valor de $ 9’595.000 cuyo reconocimiento negó la administración. Ese corresponde al interés jurídico reclamado y determina, en este caso, la cuantía del proceso(1).
En efecto, la cuantía es determinable y está fijada por el valor de los gastos deducibles no aceptados por la administración en la liquidación oficial de revisión cuyo recurso de recurso de reconsideración no habría decidido la DIAN y que al parecer dio resultado a la configuración del silencio administrativo cuyo reconocimiento ahora reclama la demandante. Esto es, la cuantía del proceso es de $ 9’595.000 y corresponde a los gastos deducibles no aceptados por la administración, que fueron objeto de cuestionamiento con el recurso de reconsideración que presentó la demandante contra la Liquidación Oficial de Revisión 170642005000008 de 2005.
El solo hecho de que se demanden actos administrativos que no deciden ninguna pretensión de tipo económico no significa que dichos actos carezcan de cuantía. Puede ocurrir, como en este caso, que la cuantía surja de la demanda y de las pretensiones formuladas.
En esa medida, teniendo en cuenta que el proceso sí tiene cuantía, el competente en razón del territorio son los juzgados administrativos de Popayán, en razón de la cuantía, que no excede de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes [art. 134B, num. 3º], y por el factor territorial, pues la declaración de renta fue presentada en esa ciudad [art. 134D, lit. g)].
1. Decrétase la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto admisorio de la demanda.
2. Envíese el expediente a los Juzgados Administrativos de Popayán, por las razones expuestas.
(1) Se reitera el criterio expuesto, entre otros, en el auto del 6 de noviembre de 2003, Expediente 14033 C.P. María Inés Ortiz Barbosa.