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Timestamp: 2019-07-19 01:51:59
Document Index: 352859609

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 113', 'artículo 175', 'artículo 113', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 97', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 197', 'artículo 198', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 197', 'artículo 12', 'artículo 197', 'artículo 15', 'artículo 12']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 358, de 29/05/2018
cve: BOCG-12-D-358
082/000002 Moción de censura al Gobierno presidido por don Mariano Rajoy Brey, que incluye como candidato a la Presidencia del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presentada por doña Margarita Robles Fernández y 83 Diputados... (Página3)
161/002525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la concesión de condecoraciones a los agentes integrantes de la Operación Copérnico en Cataluña. Desestimación así como enmiendas formuladas ... (Página5)
161/002561 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un Observatorio de Accidentes de Montaña en la ciudad de Huesca. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página8)
161/003107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que los alumnos de Calahorra y de La Rioja Baja puedan examinarse de la prueba teórica del permiso de conducción en Calahorra. Aprobación ... (Página9)
161/003120 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Vasco (EAJ-PNV) y de Esquerra Republicana, sobre la desclasificación de la información de los sucesos de los Sanfermines de 1978. Desestimación ... (Página9)
161/003175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección de las víctimas de violencia de género cuando esta se produce en el seno de la Guardia Civil. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página10)
161/003200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la prevención de fenómenos de radicalización en centros penitenciarios. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página12)
161/003201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los efectos de las condiciones climatológicas adversas en el ámbito de la Protección Civil y Emergencias. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página13)
292/000037 Premio "Josefina Carabias" de periodismo parlamentario. Designación de los miembros del Jurado ... (Página15)
044/000041 Informe de actividad del FONPRODE, correspondiente al año 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo. Dictamen de la Comisión así como propuestas de resolución presentadas ... (Página15)
082/000002
(82) Moción de censura.
Autor: Robles Fernández, Margarita (GS) y 83 Diputados.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 de la Constitución y 175 y siguientes del Reglamento, tener por presentado el escrito y, comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en los mismos, admitirlo a trámite como moción de censura, dando cuenta de su presentación al Presidente del Gobierno y a los portavoces de los grupos parlamentarios.
2. Asimismo, comunicarles que en el plazo de los dos días siguientes, que finalizará el miércoles 30 de mayo a las 20 horas, podrán presentarse mociones alternativas.
3. Trasladar a la Junta de Portavoces.
4. Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista firmantes tienen el honor de dirigirse a esa Mesa, al amparo de lo previsto en el artículo 113 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento del Congreso de los Diputados, para proponer a la Cámara que exija la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de la presente Moción de Censura.
Desde que la Audiencia Nacional inició en 2009 las investigaciones para esclarecer y enjuiciar los hechos delictivos conocidos como "caso Gürtel," que apuntaban a la comisión de una amplia variedad de delitos por parte de dirigentes del Partido Popular y otras personas relacionadas con esta formación política, las manifestaciones de sus dirigentes inicialmente se dirigieron a afirmar que los investigados eran personas honorables cuya culpabilidad no podía probarse. Y más tarde, que su partido no podía ser considerado como participante de esas actividades delictivas o beneficiario de esa trama, sino como víctima o perjudicado de la misma.
El 24 de mayo de 2018 se da a conocer la Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la pieza principal de este caso. Esta sentencia condena a diferentes cargos públicos y orgánicos del Partido Popular, así como a la propia organización política como responsable a título lucrativo. Y pone de manifiesto que la trama de corrupción tejida entre las empresas inmersas en el caso y el Partido Popular, como dice la sentencia, suponía "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" mediante la "manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".
En la sentencia también se señala que "los hechos son anteriores a la reforma del Código Penal (...), que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que no so está dilucidando en este procedimiento una posible responsabilidad penal del Partido Popular como persona jurídica, lo que no es jurídicamente factible por la fecha de los hechos, con independencia de la apariencia de los mismos como constitutivos de allegamiento ilegal de fondos provenientes de delitos de prevaricación, cohecho y otros y de la intervención que hubiera podido tener personas relevantes de dicho partido político, que se aprovecharon para su matización de sus cargos públicos obtenidos como miembros de dicho partido, tanto de su estructura central, como las territoriales, que han sido enjuiciadas en el presente y que con su
actividad delictiva desarrollada en los términos como se deja constancia en diversos pasajes de esta sentencia, produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para SUS candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido político en cuestión".
El Presidente del Gobierno, que también desempeñó las funciones de Secretario General del Partido Popular en los años 2003 y 2004, y de Presidente del mismo desde 2004 hasta la actualidad, ha eludido cualquier tipo de responsabilidad política relacionada con este caso desde su inicio. Un hecho que tuvo su máxima expresión en la comparecencia ante el Pleno del Congreso del 30 de agosto del pasado año, forzada por todos los grupos de la oposición tras su declaración como testigo en esta causa. La sentencia dictada en el día de hoy, incluido su voto particular, con independencia de las consideraciones jurídicas que merezca, pone de relieve una clara dejación política de sus responsabilidades. Y, lo que reviste aún mayor gravedad, la ausencia de credibilidad que tanto los jueces que forman la Sala como la propia Fiscalía Anticorrupción otorgan a la declaración del Sr. Rajoy en sede judicial.
Si bien la responsabilidad penal se dirime ante los tribunales, de los cuales emana esta sentencia, de los hechos probados en la misma se deriva, a juicio de los firmantes de la presente moción, la responsabilidad política de quien hoy es Presidente del Gobierno.
La fortaleza de las instituciones democráticas depende en buena medida de la confianza que las personas que las ocupan suscitan entre la ciudadanía. Y la permanencia en la Presidencia del Gobierno del máximo responsable de una formación política declarada judicialmente como parte de un auténtico sistema de corrupción institucional, afectaría gravemente a la credibilidad de la Presidencia y del Gobierno, y a la propia dignidad de la democracia española.
Por todo ello, al amparo de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución, damos por presentada esta Moción de Censura dirigida a exigir la responsabilidad política del Gobierno presidido por D. Mariano Rajoy Brey para recuperar la dignidad de las instituciones y restablecer la imprescindible estabilidad política.
Asimismo, conforme a las mismas previsiones constitucionales, los firmantes designan como candidato a la Presidencia del Gobierno a D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, quien firma el presente escrito en señal de aceptación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2018.-Margarita Robles Fernández, José Luis Ábalos Meco, Miriam Alconchel Gonzaga, Ángeles Álvarez Álvarez, Javier Antón Cacho, José María Barreda Fontes, Meritxell Batet Lamaña, Pablo Bellido Acevedo, Patricia Blanquer Alcaraz, Ana María Botella Gómez, José Miguel Camacho Sánchez, Gregorio Cámara Villar, Juan Carlos Campo Moreno, Pilar Cancela Rodríguez, Zaida Cantera de Castro, Ciprià Císcar Casabán, Ricardo Cortés Lastra, Manuel Cruz Rodríguez, Carmen Rocío Cuello Pérez, María del Rocío de Frutos Madrazo, Salvador Antonio de la Encina Ortega, José Juan Díaz Trillo, Odón Elorza González, Jesús María Fernández Díaz, Sonia Ferrer Tesoro, María Aurora Flórez Rodríguez, Sebastián Franquis Vera, Óscar Galeano Gracia, María Dolores Galovart Carrera, Ricardo Antonio García Mira, Josefa Inmaculada González Bayo, Manuel Gabriel González Ramos, María González Veracruz, Juan Luis Gordo Pérez, Lídia Guinart Moreno, Antonio Gutiérrez Limones, Miguel Ángel Heredia Díaz, Antonio Hernando Vera, Sofía Hernanz Costa, Antonio Hurtado Zurera, Juan Jiménez Tortosa, Marc Lamuà Estañol, José Javier Lasarte Iribarren, María Luz Martínez Seijo, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Carlota Merchán Mesón, Pedro José Muñoz González, Micaela Navarro Garzón, Gonzalo Palacín Guarné, Esther Peña Camarero, Adriana Lastra Fernández, Patxi López Álvarez, María Pilar Lucio Carrasco, César Luena López, José Enrique Serrano Martínez, María Guadalupe Martín González, María Mercè Perea Conillas, María Soledad Pérez Domínguez, Margarita Pérez Herraiz, Pere Joan Pons Sampietro, Antonio Francisco Pradas Torres, Artemi Rallo Lombarte, Elvira Ramón Utrabo, César Joaquín Ramos Esteban, María Tamara Raya Rodríguez, Herick Manuel Campos Arteseros, Isabel Rodríguez García, Juana Amalia Rodríguez Hernández, María Soraya Rodríguez Ramos, María del Mar Rominguera Salazar, Joan Ruiz i Carbonell, Luis Carlos Sahuquillo García, José Ignacio Sánchez Amor, Pedro Saura García, David Serrada Pariente, María Jesús Serrano Jiménez, Felipe Jesús Sicilia Alférez, Rafael Simancas Simancas, Susana Sumelzo Jordán, José Andrés Torres Mora, Natalia González Peláez, Victoria Begoña Tundidor Moreno, Ignacio Urquizu Sancho y José Zaragoza Alonso, Diputados.-Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Candidato a la Presidencia del Gobierno.
161/002525
La Comisión de Interior, en su sesión del día 8 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la concesión de condecoraciones a los agentes integrantes de la Operación Copérnico en Cataluña, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 252, de 21 de noviembre de 2017.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa sobre la concesión de condecoraciones a los agentes integrantes de la Operación Copérnico en Cataluña.
Se sustituye el texto por el siguiente:
"El Congreso de los Diputados valorando la decisión de los Mossos d'Esquadra de no intervenir contra población pacífica y de anteponer la seguridad ciudadana al uso de la violencia, así como lamentando el uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya el pasado 1 de octubre, insta al Gobierno español a:
1. Realizar un informe sobre todas aquellas actuaciones policiales violentas o constitutivas de abuso policial contra población pacífica en el marco de la Operación Copérnico y enviarlo a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
2. Sancionar a todos aquellos miembros de la Policía Nacional o la Guardia Civil que cometieron abusos policiales o ejercieron una violencia desproporcionada contra la población, así como a los cargos que ordenaron el ejercicio de esta violencia, en el marco de la Operación Copérnico."
El pasado 1 de octubre en Catalunya se produjeron abusos policiales y actuaciones de violencia desproporcionada por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que no se ajustan a la debida actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que son de cuestionable legalidad. Se considera oportuno en un Estado de Derecho analizar estas actuaciones policiales, identificar a quienes cometieron abusos y sancionarlos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Don Feliu Guillaumes i Ràfols, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución al título y contenido de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la concesión de condecoraciones a los agentes integrantes de la Operación Copérnico en Cataluña.
Proposición no de Ley relativa a la condena de las cargas policiales del 1 de octubre en Catalunya.
El pasado 20 de septiembre llegan al puerto de Barcelona y Tarragona tres embarcaciones por orden del Gobierno español para alojar efectivos policiales para el 1 de octubre y evitar el referéndum. Finalmente, estas embarcaciones sirvieron para alojar un gran efectivo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, unos agentes que llegaron con las aclamaciones de diferentes ciudades del Estado al grito de ''¡a por ellos!''. Esta estancia se iba ampliando semana tras semana hasta que la misión encomendada finalizó el día 30 de diciembre de 2017.
El 1 de octubre, Guardia Civil y Policía Nacional salieron del Port de Barcelona y Tarragona y de otras dependencias en los que se estaban alojando para impedir el referéndum. Lo hicieron a través de numerosas cargas policiales, con violencia, fuerza y sin mesura. La primera de las cargas policiales fue en Sant Julià de Ramis, en el colegio electoral donde tenía que votar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Una cincuentena de efectivos se presentó a las nueve de la mañana y empezaron a empujar a personas que hacían cola frente a la escuela, rompieron cristales para poder acceder dentro del colegio. En Barcelona, el primer colegio donde hacen la primera carga policial es en el Col.legi Ramon Llull donde se presentaron agentes antidisturbios de la Policía Nacional y empezaron una carga brutal contra la gente que esperaba fuera. Y así se puede ampliar la lista y pasar por Lleida, Girona, Tarragona, Sant Julià de Ramis, Sant Carles de la Rápita, Sabadell, Aiguaviva, Alcarràs, Dosrius, hasta llegar a 92 colegios electorales. El mapa de las cargas policiales llena toda Catalunya.
Duras cargas policiales que se iniciaron a primera hora de la mañana contra gente de todas las edades que quería votar. El Departamento de Salud de la Generalitat confirmó el día 20 de octubre que hay 1.066 heridos a consecuencia de las heridas de las acciones policiales. Imágenes que han dado la vuelta al mundo. Muchos medios de comunicación se hicieron eco de las imágenes, vídeos, fotografías y testimonios que dan la vuelta al mundo. Noticias y portadas de diarios con titulares como ''The shame of Europe'' (CNN), ''Hundreds hurt as Catalonia poll descends into violence'' (The Guardian), ''Spain torn apart as 850 hurt in referendum riots'' (The Times), ''EU crisis ayer Catalan poll violence'' (The Daily Telegraph), ''Spain's day of shame'' (The National), ''Hundreds hurt as police storm polling stations in Catalan vote'' (Financial Times) o ''Le coup de force'' (Libération) y todos acompañados por imágenes de las cargas policiales.
Ese mismo día, miembros del Gobierno del Estado hicieron declaraciones a la prensa donde se valoró la actuación de las cargas policiales, entre ellas destacamos: Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: ''La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ellos han cumplido las órdenes de la Justicia, han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades''. Enric Millo, Delegado del Gobierno en Catalunya: ''Nos vemos obligados a hacer lo que no queríamos hacer''. Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno: ''Quiero dar desde aquí las gracias a los partidos políticos, que han mostrado su lealtad con el Estado en esta difícil circunstancia; a los jueces y fiscales, que han aplicado la Ley sin temor a los acosos antidemocráticos de que han sido objeto en las últimas fechas; de manera muy especial a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la Justicia. Hubiera sido más fácil para todos mirar hacia otro lado mientras se perpetraba un ataque tan grave a nuestra legalidad, pero no lo han hecho. Todos han respondido, con lealtad, a su compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho''."
No se pueden aceptar ese tipo de declaraciones teniendo en cuenta la brutalidad de las cargas policiales y el no respeto a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, y en el derecho internacional y comunitario como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En este sentido, días después salieron organismos e instituciones internacionales condenando dichas actuaciones policiales: el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, el comisario de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Todos condenan las cargas policiales y piden que se abra una investigación sobre los hechos.
En enero de 2018, el ministro del Interior, en una comparecencia en el Senado confirmó que el coste de la Operación Copérnico es de 87 millones de euros y fueron destinados hasta 6.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la condena absoluta a la violencia y las cargas policiales realizadas el 1 de octubre en Catalunya por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados a Catalunya."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018.-Feliu Guillaumes i Ràfols, Diputado.- Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la concesión de condecoraciones a los agentes integrantes de la Operación Copérnico en Cataluña, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los mecanismos oportunos para realizar un reconocimiento a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad destinados en Cataluña desde el inicio de la denominada Operación Copérnico y que ejecutaron las improvisadas órdenes políticas transmitidas desde el Gobierno, a pesar tanto de las pésimas condiciones laborales en las que desarrollaron su trabajo -desde el hacinamiento en barcos que no estaban preparados para una estancia más larga de la que se preveía hasta la imposibilidad de poder disfrutar de permisos para visitar a sus familias-, como de la manifiesta descoordinación e inoperatividad de los órganos que el Gobierno puso en marcha durante el operativo y de la incapacidad manifiesta de los responsables políticos para aportar soluciones inmediatas a una problemática de la que tenían conocimiento de forma continuada por la información que transmitían los afectados, sus legítimos representantes y los medios de comunicación, además de ser un requerimiento continuo desde el Congreso de los Diputados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos sobre la concesión de condecoraciones a los agentes integrantes de la Operación Copérnico en Cataluña.
- Como reconocimiento de su profesionalidad y buen hacer ante la insostenible situación política y social que se ha vivido en las últimas semanas en Cataluña, felicitar al personal que integró el dispositivo de servicio establecido para dicha Operación Copérnico.
- Elevar la propuesta de condecoración a quienes corresponda, para que de forma singularizada, se reconozcan las intervenciones que se consideren oportunas, de conformidad con lo estipulado en la Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil y la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002561
La Comisión de Interior, en su sesión del día 8 de mayo de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la creación de un Observatorio de Accidentes de Montaña en la ciudad de Huesca, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 257, de 28 de noviembre de 2017, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con el resto de Comunidades Autónomas, promueva la creación de un Observatorio de Accidentes de Montaña a nivel nacional, con sede en Huesca, dotándolo de los recursos materiales y humanos necesarios para su funcionamiento, con el fin último de prevenir y reducir los accidentes de montaña en toda la geografía española."
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlarnentario En Comú Podem-En Marea y Grupo Socialista, relativa a la creación de un Observatorio de Accidentes de Montaña en la ciudad de Huesca.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con el resto de administraciones con competencias, promueva la creación de un Observatorio de Accidentes de Montaña, con sede en Huesca, así como a que se doten de los recursos materiales y humanos necesarios para su funcionamiento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003107
La Comisión de Interior, en su sesión del día 8 de mayo de 2018, aprobó la Proposición no de Ley relativa a que los alumnos de Calahorra y de La Rioja Baja puedan examinarse de la prueba teórica del permiso de conducción en Calahorra, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 326, de 27 de marzo de 2018, en sus propios términos:
Garantizar que, a través de la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja:
1. Los alumnos que se examinen de la prueba teórica del permiso de conducción, puedan efectuar la misma en Calahorra sin coste alguno, como viene sucediendo desde 1978.
2. Que las condiciones de realización de dicha prueba no sean gravosas para las autoescuelas en ningún caso y en cantidad alguna.
3. Se habilite en Calahorra la dotación de un espacio que posibilite la realización de la prueba teórica a través de medios telemáticos."
161/003120
La Comisión de Interior, en su sesión del día 8 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la desclasificación de la información de los sucesos de los Sanfermines de 1978, presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, Vasco (EAJ-PNV) y de Esquerra Republicana, y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 332, de 10 de abril de 2018.
161/003175
La Comisión de Interior, en su sesión del día 8 de mayo de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la protección de las víctimas de violencia de género cuando esta se produce en el seno de la Guardia Civil, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 336, de 17 de abril de 2018, en los siguientes términos:
1. Dotar de recursos humanos y presupuesto a la Oficina de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Guardia Civil para el desarrollo de su actividad. Así como establecer sistemas de control externo de la aplicación de la ley.
2. Crear un protocolo de actuación en los casos de Violencia de Género que incluya un régimen disciplinario y garantice la independencia y preparación del organismo en el que se sustancien las denuncias, y que cuente con el asesoramiento de los organismos de igualdad.
3. Desarrollar las actuaciones contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que sean competencia del Ministerio del Interior y que afecten a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y acelerar el cumplimiento para facilitar a las funcionarias su derecho a la movilidad y en el caso de órdenes de alejamiento se facilitarán los cambios en servicio y destino.
4. Establecer medidas de protección frente a represalias y garantizar un proceso adecuado que permita la sanción de los responsables y la efectiva reparación de las víctimas.
5. Dar cumplimiento a la medida 81 de Pacto contra la Violencia y proceder a emitir una instrucción desde la Secretaria de Estado de Interior para que en el marco del Régimen Disciplinario de la GC se impida el acceso a VIOGEN a los funcionarios incursos en casos de malos tratos.
6. Reformar la legislación disciplinaria de la Guardia Civil para que las víctimas de violencia de género en este ámbito sean parte en los procesos disciplinarios que les afecten
7. Impartir cursos para la sensibilización y formación en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género,
8. Se lleven a cabo las modificaciones normativas para que se proceda a la apertura de expedientes administrativos de expulsión a los miembros de la Guardia Civil condenados como autores de delitos de Violencia de Género. Así como la elaboración normativa que regule un conjunto de medidas que permitan la protección de las víctimas a imagen de como se hace en la AGE o en las FAS."
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la protección de las víctimas de violencia de género cuando esta se produce en el seno de la Guardia Civil.
"6. Desarrollar las actuaciones contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que sean competencia del Ministerio del Interior y que afecten a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la protección de las víctimas de violencia de género cuando esta se produce en el seno de la Guardia Civil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
1. Dotar de recursos humanos y presupuesto a la Oficina de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Guardia Civil para el desarrollo de su actividad.
2. Crear un protocolo de actuación en los casos de Violencia de Género que garantice la imparcialidad y preparación del organismo en el que se sustancien las denuncias, y que cuente con el asesoramiento de los organismos de igualdad.
3. Acelerar el cumplimiento por parte del Ministerio del Interior del Pacto contra la Violencia para facilitar a las funcionarias su derecho a la movilidad y en el caso de órdenes de alejamiento se facilitarán los cambios en servicio y destino.
5. Dar cumplimiento a la medida 81 del Pacto contra la Violencia y proceder a emitir una instrucción desde la Secretaría de Estado de Interior para que en el marco del Régimen Disciplinario de la GC se impida el acceso a VIOGEN a los funcionarios incursos en casos de malos tratos.
6. Elaborar una estadística de casos de violencia de género en los que se hayan visto implicado miembros del Cuerpo.
7. Impartir cursos para la sensibilización y formación en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género.
8. Reformar la legislación disciplinaria de la Guardia Civil para establecer procedimientos adecuados para la protección de las víctimas de violencia de género."
161/003200
La Comisión de Interior, en su sesión del día 8 de mayo de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la prevención de fenómenos de radicalización en centros penitenciarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 341, de 24 de abril de 2018, en los siguientes términos:
1. Estudiar la posibilidad de continuar introduciendo medidas orientadas a la prevención de fenómenos de radicalización en centros penitenciarios y la intervención a través de programas específicos con los internos radicalizados.
2. Entre otros programas específicos los tendentes a aumentar la formación de los funcionarios de prisiones.
3. En este sentido:
a) Instar al Gobierno a la elaboración de un plan que incremente la formación para los funcionarios de prisiones que les permita:
(I) Identificar las pautas de radicalización de los/las internos/internas.
(II) Conocimiento de técnicas de neutralización, eliminación y/o mitigación de los fenómenos de radicalización que identifiquen.
(III) Identificar las características propias del fenómeno de la Yihad y sus diferenciaciones dentro del Islam.
(IV) Conocimiento de las técnicas de obtención de información para la elaboración posterior de inteligencia.
b) El Plan de Formación anterior se impartirá mediante cursos de carácter anual cuya actualización deberá ser como mínimo bianual, todo ello con el objetivo de mantener actualizados a los funcionarios de prisiones sobre la radicalización yihadista y su evolución.
c) Los cursos se impartirán en todos los centros o a todos los funcionarios que cuenten con internos de perfil yihadista o susceptibles de radicalización. Empezando con aquellos en los que exista mayor concentración de los mismos.
d) Anticipar los protocolos de actuación ante el más mínimo indicio de radicalización.
e) Incrementar sistemas de inteligencia en las cárceles.
f) Más control sobre las personas que los visitan y puedan influir sobre ellos en su radicalización."
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre la prevención de fenómenos de radicalización en los centros penitenciarios.
"- Otorgar a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad.
- Impartir más formación en los funcionarios de prisiones.
- Anticipar los protocolos de actuación ante el mínimo indicio de radicalización.
- Incrementar los sistemas de inteligencia en las cárceles.
- Reforzar los controles sobre los imanes que entran en los centros penitenciarios."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la prevención de fenómenos de radicalización en centros penitenciarios, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
"El Congreso de los Diputados insta a:
1. Instar al Gobierno a la elaboración de un Plan de Formación para los funcionarios de prisiones que les permita:
- Identificar las pautas de radicalización de los/las internos/as.
- Conocimiento de técnicas de neutralización, eliminación y/o mitigación de los fenómenos de radicalización que identifiquen.
- Características propias del fenómeno de la yihad y sus diferenciaciones dentro del islam.
- Técnicas de obtención de información para la elaboración posterior de inteligencia.
2. El Plan de Formación anterior se impartirá mediante cursos de carácter anual cuya actualización deberá ser como mínimo bianual, todo ello con el objetivo de mantener actualizados a los funcionarios de prisiones sobre la radicalización yihaidista y su evolución.
3. Los cursos se impartirán en todos los centros o a todos los funcionarios que cuenten con internos de perfil yihadista o susceptibles de radicalización. Empezando con aquellos en los que exista mayor concentración de los mismos.
4. Así mismo el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas precisas añadidas que permitan la prevención de fenómenos de radicalización en centros penitenciarios y efectúe las intervenciones necesarias a través de programas específicos con los internos radicalizados, que impidan que tras su puesta en libertad continúen siendo un peligro para la sociedad."
161/003201
La Comisión de Interior, en su sesión del día 8 de mayo de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre los efectos de las condiciones climatológicas adversas en el ámbito de la protección civil y emergencias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 341, de 24 de abril de 2018, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, todos ellos integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil, la actual estrategia de prevención de los efectos de las condiciones climatológicas adversas con el objetivo de reforzarlas, en el ámbito de la protección civil y emergencias, en aquellos aspectos que sean necesarios."
Don Feliu Guillaumes i Ràfols, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular sobre los efectos de las condiciones climatológicas adversas en el ámbito de la Protección Civil y Emergencias.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la actual estrategia de prevención de los efectos de las condiciones climatológicas adversas con el objetivo de reforzarla, en el ámbito de la protección civil y emergencias, en aquellos aspectos que sean necesarios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2018.-Feliu Joan Guillaumes i Ràfols, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre los efectos de las condiciones climatológicas adversas en el ámbito de la protección civil y emergencias, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la actual estrategia de prevención de los efectos de las condiciones climatológicas adversas, aportando los recursos necesarios, con el objetivo de dotarla realmente de contenido, mejorando y potenciando la colaboración y coordinación de todas las Administraciones Públicas y especialmente en el ámbito de la prevención, desde el área de Protección Civil y Emergencias, en aquellos aspectos que sean precisos."
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de 17 de mayo de 2018, acordó que el Jurado de la I Edición del Premio "Josefina Carabias" de periodismo parlamentario esté integrado por las siguientes personas:
Excma. Sra. D.ª Ana María Pastor Julián, Presidenta, que lo presidirá.
Excmo. Sr. D. José Ignacio Prendes Prendes, Vicepresidente Primero.
Excma. Sra. D.ª Micaela Navarro Garzón, Vicepresidenta Segunda.
Excma. Sra. D.ª Rosa María Romero Sánchez, Vicepresidenta Tercera.
Excma. Sra. D.ª Gloria Elizo Serrano, Vicepresidenta Cuarta.
Sra. D.ª Anabel Díez, Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
Sr. D. Luis Izquierdo Labella, Director de Comunicación de la Presidenta del Congreso de los Diputados.
Ilmo. Sr. D. Jesús Serrano Martínez, Director de Comunicación de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretario del Jurado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
044/000041
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Dictamen emitido por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en relación con el Informe de actividad del FONPRODE, correspondiente al año 2015, así como de las Propuestas de Resolución presentadas a dicho Informe.
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 17 de mayo de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, emite el siguiente dictamen:
Plazo del Informe:
1. Se debe garantizar, en el futuro, que la emisión de informes de actividad sobre el FONPRODE a las Cortes se realiza en el año siguiente al ejercicio del que se da cuenta para facilitar la labor de las Cámaras a la hora de ejercer el control parlamentario de la labor del Gobierno en relación con la utilización del FONPRODE.
2. Adicionalmente, la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados considera que para que el dictamen que debe emitir respecto a los informes anuales del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) resulte de utilidad y contribuya al desempeño del Fondo, estos deberán ser debatidos en dicha Comisión en un plazo no superior a los seis meses desde su publicación.
3. Se debe asegurar, en aras de garantizar la accesibilidad de la información por parte de los ciudadanos, que los informes de actividad del FONPRODE que se realicen en el futuro tengan una
estructura más intuitiva y clara, sin reiteraciones, y que se respete de forma sistemática a lo largo del documento.
4. Consideramos que la estructura actual del informe no aporta información cualitativa suficiente que dé soporte en términos de impacto en desarrollo de las operaciones apoyadas con el Fondo. Por ello la Comisión sugiere ampliar este análisis en futuros informes así como que el Comité de Gestión de FONPRODE contemple la realización de evaluaciones ex ante de impacto en términos de desarrollo de las operaciones susceptibles de ser financiadas.
5. Asimismo se insta a incluir, en futuros informes de actividad del FONPRODE, referencia a las operaciones y montos que conforman la ayuda oficial al desarrollo con cargo al FONPRODE en el año del que se da cuenta.
6. Se debe informar, en los próximos informes de actividad, de los criterios de decisión por la cual la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) desestima operaciones a realizar a cargo del FONPRODE, especialmente aquellas que han sido previamente aprobadas por el Comité Ejecutivo del FONPRODE.
7. Asimismo, dar cuenta, de manera detallada, del capital privado movilizado por las actividades del FONPRODE, expresando tanto la cantidad como el origen de ese capital y la inversión que se realizó con el mismo.
8. Se insta a incluir, en futuros ejercicios de actividades del FONPRODE, mecanismos de evaluación de riesgos sociales y medioambientales que eviten la existencia de impactos negativos de acciones apoyadas por el FONPRODE.
9. Asimismo, priorizar herramientas presupuestarias más transparentes para canalizar fondos de cooperación al desarrollo y promover la lucha contra el fraude fiscal.
10. Y, adicionalmente, que exista más y mejor información pública y disponible para la sociedad civil, pues los resúmenes publicados carecen de información relevante para la población y las organizaciones, especialmente a la hora de incorporar algún tipo de análisis de impacto, un desarrollo de los objetivos y resultados a alcanzar, y una mayor rigurosidad en cuanto a los efectos de la operación en medio ambiente, género y el ámbito social.
Mejora en la ejecución del FONPRODE:
11. La Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados manifiesta su preocupación por los bajos niveles de ejecución del Fondo para la Promoción del Desarrollo especialmente desde que sus recursos se concentran en cooperación reembolsable.
12. Teniendo en consideración el actual contexto presupuestario de la cooperación internacional para el desarrollo es aún si cabe más necesaria la eficiencia en la ejecución de los recursos, por ello el presupuesto para FONPRODE reembolsable deberá tener como referencia la ejecución del ejercicio anterior. Consideramos que debe recuperarse el límite para las operaciones de cooperación reembolsable definido en la versión original de la Ley 36/2010.
13. Deberían detallarse las razones por las que no se hizo uso de la dotación presupuestaria de 235 millones de la que disponía el FONPRODE en 2015, utilizando únicamente en torno a un 8 % de esos recursos disponibles.
14. Asimismo, deberían estudiarse las razones de la baja ejecución del FONPRODE en relación a sus objetivos y tomar medidas para corregirla y hacer que el instrumento presente resultados acordes con las expectativas.
15. El proceso de consolidación del FONPRODE como instrumento fundamental de la cooperación financiera española conlleva la necesidad de incrementar los niveles de ejecución del mismo y evolucionar hacia una mayor convergencia en el abanico de acciones financiables por parte del FONPRODE con el de otros países donantes. En este sentido, se insta al Gobierno a promover un cambio legislativo que aborde, por una parte, la inclusión de nuevas modalidades de financiación por el Fondo, como por ejemplo contribuciones a programas de instituciones financieras internacionales, aportaciones para facilitar emisiones de garantías o préstamos basados en políticas; y, por otra parte, la revisión de aspectos operativos que permitan una flexibilización respecto al contexto actual en el que se gestiona el Fondo, como por ejemplo simplificar el proceso de aprobación de operaciones o habilitar la posibilidad que el FONPRODE pueda recurrir con mayor flexibilidad a entidades de apoyo, ya sean medios propios o terceros, que se estimen oportunas para aquellos aspectos en los que exista una mayor especialización.
Reformas necesarias para el cumplimiento de Objetivos:
16. Se deben promover cambios legislativos que garanticen el uso del FONPRODE ajustado a los objetivos de desarrollo sostenible y su alineamiento a los principios internacionales de eficacia del desarrollo.
17. Debe mejorarse la alineación entre las actividades del FONPRODE y los objetivos de la cooperación española, especialmente en materia de igualdad de género y de lucha contra el cambio climático, así como de otras prioridades de la Agenda 2030 en las que los instrumentos financieros de este tipo son de especial relevancia.
18. La orientación de FONPRODE debe tener características más asociadas a la búsqueda de impacto positivo y efectivo para el desarrollo, la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental.
19. Asimismo, debe establecerse un canal financiero adecuado a los requisitos de eficacia, coherencia y transparencia en la gestión de la ayuda al desarrollo, acorde con los principios y procesos recogidos en la Declaración de París, en la Agenda de Acción de Accra y la Alianza de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz, y deberá responder a los criterios de la AOD.
20. También se deben tomar medidas para corregir las disfuncionalidades existentes favoreciendo la maximización del potencial del FONPRODE con una reforma que permita diseñar estratégicamente el instrumento, contando con los distintos actores políticos y sociales y sin perder de vista la finalidad primordial del mismo: contribuir al desarrollo sostenible.
21. Se insta a promover un cambio legislativo para que se incluya en la Ley que regula el FONPRODE la prohibición de gestionar operaciones de cooperación financiera reembolsable o la toma de participaciones en fondos que operen en países calificados como paraísos fiscales.
22. El propio Comité Ejecutivo del FONPRODE acordó que, en adelante, no se autorizarían operaciones en fondos con domicilio en paraísos fiscales de acuerdo con la lista española. Este compromiso debe ser reforzado mediante la modificación legislativa pertinente ya que es un hecho perjudicial para los objetivos de desarrollo, que ya reconoce hasta el propio Comité Ejecutivo. Asimismo, con el objetivo de mejorar su contribución para el desarrollo, habría que evaluar la condición de erosión de la base fiscal de estos proyectos y habría que:
- Modificar el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo para incluir en su artículo 3 la prohibición de participar fondos que radiquen su estructura legal en paraísos fiscales, según la lista española.
- Incluir en los informes pertinentes la valoración fiscal del país donde se radicaría la estructura legal del fondo y la posible erosión fiscal que produce en comparación con su radicación en los países de destino de las operaciones con cargo a este.
23. Se insta a la construcción de un Sistema transparente y de rendición de cuentas permanente con todos los actores implicados para las actividades de cooperación financiera de la Cooperación Española.
24. Otra cuestión que debe mejorar es el seguimiento de los fondos y los créditos que FONPRODE concede para comprobar que efectivamente se destinan al proyecto original y evitar canalizar los préstamos a través de fiscalidades opacas.
25. Consideramos, asimismo, oportuno que se contemple la realización de una evaluación de desempeño del conjunto del instrumento y se revise la eficacia de la reforma de la Ley realizada en 2014.
26. Asimismo, que se realicen auditorías públicas, evaluaciones y análisis con el consenso de todos los actores de la cooperación española y a partir de sus resultados definir el marco estratégico y operativo de cooperación financiera en España, que logre una correcta definición del instrumento, un adecuado encaje institucional y operativo y en definitiva, un alineamiento con los objetivos de la cooperación española, los principios internacionales de eficacia del desarrollo y la recomendación de alcanzar una ratio de donación promedio de su AOD del 86 %, tal y como insiste el CAD-OCDE.
Reforzamiento del FONPRODE:
27. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en tanto que institución responsable de FONPRODE debe ser quien lidere y dicte las líneas de trabajo y las operaciones del Fondo. Para ello es fundamental que la Oficina de FONPRODE en AECID refuerce sus capacidades.
28. Con el objetivo de reforzar la transparencia y los procedimientos en la gestión del FONPRODE, se insta al Gobierno, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a implantar la digitalización de la documentación del FONPRODE que permita una tramitación sistemática y eficiente de expedientes, capaz de reducir la carga administrativa y facilitar el acceso a la información sobre la operativa del Fondo. Para ello, los tres agentes implicados en los procesos de las operaciones a financiar (ICO, COFIDES y AECID) deben trabajar de manera conjunta.
29. Bajo la legislación actual el FONPRODE puede conceder préstamos en términos concesionales a Estados, préstamos a entidades financieras para la concesión de microcréditos y realizar aportaciones a fondos de inversión de impacto en desarrollo; estando la cartera actual del FONPRODE concentrada en operaciones bajo las dos últimas modalidades de financiación. En este contexto, se insta al Gobierno a trabajar en la diversificación de la cartera de operaciones en relación a los instrumentos utilizados y a intentar ampliar el número de operaciones de créditos a Estados financiadas por el Fondo.
30. Asimismo, se insta a utilizar las distintas modalidades de actuación del FONPRODE para potenciar el uso de este instrumento en la consecución de la estrategia de la cooperación española y, por tanto, de la Marca España en su sentido más amplio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2018.-La Presidenta de la Comisión, Elena Bastidas Bono.-El Secretario Primero de la Comisión, Diego Clemente Giménez.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes propuestas de resolución al Informe de actividad del FONPRODE correspondiente al año 2015.
La Comisión de Cooperación para el Desarrollo, a la vista del Informe de actividad del FONPRODE correspondiente al año 2015, presenta las siguientes propuestas de resolución:
Garantizar, en el futuro, que la emisión de informes de actividad sobre el FONPRODE a las Cortes se realiza en el año siguiente al ejercicio del que se da cuenta para facilitar la labor de las cámaras a la hora de ejercer el control parlamentario de la labor del Gobierno en relación con la utilización del FONPRODE.
Asegurar, en aras de garantizar la accesibilidad de la información por parte de los ciudadanos, que los informes de actividad del FONPRODE que se realicen en el futuro tengan una estructura más intuitiva y clara, sin reiteraciones, y que se respete de forma sistemática a lo largo del documento.
Incluir, en futuros informes de actividad del FONPRODE, referencia a las operaciones y montos que conforman la ayuda oficial al desarrollo con cargo al FONPRODE en el año del que se da cuenta.
Detallar las razones por las que no se hizo uso de la dotación presupuestaria de 235 millones de la que disponía el FONPRODE en 2015, utilizando únicamente en torno a un 8% de esos recursos disponibles.
Informar, en los próximos informes de actividad, de los criterios de decisión por la cual la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) desestima operaciones a realizar a cargo del FONPRODE, especialmente aquellas que han sido previamente aprobadas por el Comité Ejecutivo del FONPRODE.
Dar cuenta, de manera detallada, del capital privado movilizado por las actividades del FONPRODE, expresando tanto la cantidad como el origen de ese capital y la inversión que se realizó con el mismo.
Estudiar las razones de la baja ejecución del FONPRODE en relación a sus objetivos y tomar medidas para corregirla y hacer que el instrumento presente resultados acordes con las expectativas.
Mejorar la alineación entre las actividades del FONPRODE y los objetivos de la cooperación española, especialmente en materia de igualdad de género y de lucha contra el cambio climático, así como de otras prioridades de la Agenda 2030 en las que los instrumentos financieros de este tipo son de especial relevancia.
Incluir, en futuros ejercicios de actividades del FONPRODE, mecanismos de evaluación de riesgos sociales y medioambientales que eviten la existencia de impactos negativos de acciones apoyadas por el FONPRODE.
Tomar medidas para corregir las disfuncionalidades existentes favoreciendo la maximización del potencial del FONPRODE con una reforma que permita diseñar estratégicamente el instrumento, contando con los distintos actores políticos y sociales y sin perder de vista la finalidad primordial del mismo: contribuir al desarrollo sostenible.
Utilizar las distintas modalidades de actuación del FONPRODE para potenciar el uso de este instrumento en la consecución de la estrategia de la cooperación española y, por tanto, de la Marca España en su sentido más amplio.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, me dirijo a esta Mesa para, al amparo del artículo 198 del Reglamento del Congreso, presentar la siguiente propuesta de resolución correspondiente al Informe del FONPRODE 2015.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2018.-Noelia Vera Ruiz-Herrera, Diputada.- Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En primer lugar se hace necesario llamar la atención en el retraso con que el informe de actividad de FONPRODE ha sido recibido. Cada Informe debería llegar dentro del año posterior al del ejercicio del que se da cuenta, de modo que se maximicen las potencialidades de mejora derivada del análisis que hagan todos los actores del desarrollo. Los retrasos dificultan que las valoraciones y recomendaciones tengan utilidad a la hora de orientar la gestión del FONPRODE, corrigiendo sus deficiencias o mejorando su eficacia.
Asimismo hay que señalar que a pesar de que hay un esfuerzo por sistematizar la información, hay bastante información reiterativa, solapada y desordenada. Hay información que no se incluye en el documento presentado, como que operaciones y montos, con cargo al instrumento, nutren la AOD del periodo; tampoco se explica adecuadamente por qué no se agotaron las posibilidades presupuestarias que se le asignaron en el año o por qué dos de las operaciones aprobadas por el Comité Ejecutivo de FONPRODE han sido desestimadas en la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos.
La transparencia de la actividad del fondo debe reforzarse y debe apuntar también a que el conjunto de la información de la gestión del fondo pueda ser accesible y analizada fácilmente por la ciudadanía. Se hacen necesarias evaluaciones externas, auditorías públicas y el traslado claro de dicha información para conocer las potencialidades del instrumento e identificar dónde se localizan las dificultades reales y que esas potencialidades, se desplieguen de forma efectiva.
A partir de los resultados de dichas auditorías, evaluaciones y análisis, hay que desarrollar un marco estratégico y operativo de cooperación financiera en España con alineamiento con los objetivos de la cooperación y de los principios internacionales en materia de eficacia al desarrollo (apropiabilidad, alineamiento, armonización y adicionalidad) como recomienda el CAD-OCDE.
La cooperación financiera española presenta problemas importantes en su ejecución derivada de una mala configuración de sus instrumentos y que se agrava con la incapacidad de la cooperación española para desarrollar y planificar estrategias propias ante la falta de recursos.
La creación de FONPRODE en 2010 como instrumento español para realizar acciones de cooperación financiera reembolsable y no reembolsable supuso una enorme expectación entre el mundo de la cooperación internacional española, al tratarse de un elemento de superación de los polémicos FAD. Sin embargo, su puesta en funcionamiento y posterior reforma suscita nuevos problemas que afectan a su gestión y que vuelven a poner en tela de juicio su adecuación con los objetivos de desarrollo y su alineamiento con los principios internacionales en materia de eficacia al desarrollo.
La ayuda reembolsable no es la más eficaz. Implica un coste de oportunidad en detrimento de otras modalidades probadas eficaces. Además, puede suponer un riesgo para la sostenibilidad de la deuda del país receptor. Tampoco es obvio el impacto en términos de desarrollo sostenible de dichos préstamos, ya que su adicionalidad no siempre está demostrada.
Por tanto debería limitarse el uso de la ayuda reembolsable a aquellos ámbitos en que es la única forma de ayuda posible, así como limitarse también su peso dentro del presupuesto de AOD de los donantes. En este sentido, se considera adecuado el techo del 5 % que establecía la anterior ley del FONPRODE, y que fue eliminado por la reforma de 2014. En este sentido, se recuerda la necesidad de cumplir con la recomendación del CAD de la OCDE y alcanzar una ratio de donación promedio de su AOD del 86 %. Esto es extremadamente preocupante puesto que la ayuda reembolsable incrementa la deuda de los países y no contribuye de manera eficaz a su desarrollo, a la promoción de los derechos humanos, equidad de género o sostenibilidad.
En el informe se ve que el enfoque de las operaciones analizadas es exclusivamente centrado en "crecimiento económico", algo erróneo que deja de lado muchos otros aspectos que el propio FONPRODE asumió como compromisos en materia de desarrollo. Llama la atención la ausencia de mecanismos eficaces para asegurar la contribución al desarrollo sostenible de este instrumento de cooperación financiera. La reforma del FONPRODE aprobada en abril de 2014, lejos de incrementar las garantías en relación con los fines de la cooperación al desarrollo, otorgó un papel relevante en la gestión a COFIDES, entidad altamente cualificada en la promoción de inversiones y gestión financiera de riesgo, y que tiene por objetivo la internalización de la empresa española.
En la página 2 del Informe y en el artículo 4 de la Ley se establece que el COFIDES es entidad de apoyo a la gestión y experto independiente. Ambas cosas son incompatibles y su independencia es muy discutible teniendo todas las tareas que le encomienda el párrafo seguido (identificación de operaciones financiables, elaborar los análisis requeridos, formulación de contratos, análisis de riesgos a petición de FONPRODE, preparar la programación anual, prestar apoyo en la elaboración del plan de evaluación del FONPRODE y sus informes anuales, etc.).
Las operaciones financiadas con cargo a FONPRODE son muy variadas, debiendo dirigirse a alguno de los países prioritarios según el Plan Director en vigor para dicho informe. En el informe los tres países con mayores cuotas son Camboya (18 %), Bosnia Herzegovina (9 %) y Perú (9 %) y sólo dos de los cinco primeros países beneficiarios son parte de la relación de países prioritarios para la cooperación española.
A pesar de ello los cuatro últimos PGE (2013-2016) determinaron que en esos años sólo podrían autorizarse con cargo a FONPRODE operaciones de carácter reembolsable, a pesar de que la Ley también prevé que el Fondo lleve a cabo operaciones con carácter de donaciones (aportaciones a organismos multilaterales e instituciones financieras internacionales de desarrollo, iniciativas y programas del sistema de NNUU, o contribuciones de carácter bilateral a Estados). A pesar de dichas restricciones, la única contribución no reembolsable se ha dado al Banco Mundial para el seguimiento y supervisión del crédito a favor de Ecuador.
La orientación de FONPRODE debería tener unas características más asociadas a la búsqueda de impacto positivo y efectivo para el desarrollo entendido como algo diferente al mero crecimiento económico, ya que en este ámbito hablamos de desarrollo humano, sostenible y basado en los derechos humanos. Sin embargo, debido al enfoque que toma en la práctica, se antoja más cercano a la mitigación de impactos negativos debido, entre otras, al enfoque más cercano al do no harm, que a un enfoque pro-desarrollo o pro-derechos humanos, en la valoración de proyectos.
Esto se debe en gran parte a que, mientras se asignan listas de exclusión previa de proyectos en base a su posible impacto negativo, se da una falta explícita de objetivos y resultados buscados, así como la ausencia de identificación de canales de inclusión a través de los cuales los sectores en situación de pobreza se incorporarían a desarrollo del sector productivo.
El grueso de los recursos se distribuye entre infraestructuras y servicios económicos (50 %) y sectores productivos (49 %) quedando un margen mínimo para infraestructuras y servicios sociales (1 %) y no se está teniendo en cuenta que de conformidad con la Agenda 2030 una parte de la cooperación para el desarrollo debe desplegarse en campos relacionados con la promoción de las infraestructuras sostenibles, del campo de los patrones energéticos sostenibles o de la construcción del tejido productivo inclusivo y equitativo.
A mayor abundamiento a lo largo del 2015 sólo se han realizado dos operaciones (un crédito a Ecuador sobre agricultura sostenible y un préstamo al banco hondureño BANHCAFE). El resto de propuestas o no se han aprobado o no se han hecho operativas. El balance anual, a todas luces insatisfactorio, apunta a que no hubo necesidad de acudir a la aportación presupuestaria ya que los desembolsos (22 millones de euros) están por detrás de los ingresos (146 millones) resultado de intereses de la cartera de préstamos y de devoluciones y reembolsos de operaciones de capital. No se explica tampoco en el informe a qué se debe esta disfuncionalidad con lo cual será difícil obtener a futuro un mejor uso y gestión del instrumento.
El FONPRODE no efectúa un seguimiento individualizado de las entidades prestatarias de segundo nivel. En consecuencia, no siempre puede comprobarse que los créditos concedidos hayan sido efectivamente destinados al propósito para el que se concedieron o si realmente cumple con sus fines de contribuir a un desarrollo sostenible, ni su alineación con los principios internacionales de eficacia del desarrollo.
El informe 2015 además señala, en muchos de los proyectos, la ausencia de coordinación con las Oficinas de Cooperación en el terreno; una situación que dificulta la coherencia entre las políticas. Es necesario que se garanticen el flujo de información sobre las operaciones de cooperación financiera entre estas oficinas y con la AECID de manera que se integren en el conjunto de la planificación y estrategias de la cooperación española.
En la página 44 del informe se detalla la existencia de situaciones de "conflicto social" vinculadas a proyectos financiados por fondos de inversión respaldados por FONPRODE. Los conflictos descritos denotan fallos que debieron corregirse, ya sea en el diseño de los mecanismos de evaluación de riesgos, ya en su aplicación a los casos señalados antes de la fase de financiación. Es, en este sentido, deficitario
el control que hace el fondo para asegurar que sus proyectos no implican un impacto negativo en los derechos humanos.
Se presta nula atención, tanto en la gestión y desarrollo de los proyectos, como en los informes de seguimiento como el presente, a las cuestiones transversales como la igualdad de género y los derechos de las mujeres o los derechos humanos.
No se pone en marcha ni una sola política específica con enfoque de género ni la adopción de ningún compromiso con la promoción de la igualdad de género cuando la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género debe ser una de las señas de identidad de la Cooperación Española. El impacto del FONPRODE en los objetivos de desarrollo muchas veces se basa, algo sobre lo que ya alerta el informe del Consejo de Cooperación al Desarrollo, en juicios equivocados, por ejemplo: ciertas actividades de FONPRODE afirman que presentan un "comportamiento neutral" desde la perspectiva de la promoción de la igualdad de género simplemente por no alterar el predominio masculino en el empleo generado, por el contrario esto potencia la desigualdad pre-existente.
Por si todo esto fuese poco para estar preocupados con el uso que hace FONPRODE de la ayuda al desarrollo, en 2016 un informe del Tribunal de Cuentas alerta de la participación de este instrumento en fondos de inversión que operan en paraísos fiscales. Lejos de haberse corregido, este riesgo sigue existiendo hoy dada la escasa transparencia y falta de información de sus actividades, algo que el propio informe de 2018 del Consejo de Cooperación Española sobre la actividad del instrumento denuncia.
El propio comité ejecutivo del FONPRODE acordó que, en adelante, no se autorizarían operaciones en fondos con domicilio en paraísos fiscales de acuerdo con la lista española.
Este compromiso debe ser reforzado mediante la modificación legislativa pertinente ya que es un hecho perjudicial para los objetivos de desarrollo, que ya reconoce hasta el propio Comité Ejecutivo. Asimismo, con el objetivo de mejorar su contribución para el desarrollo, habría que evaluar la condición de erosión de la base fiscal de estos proyectos y habría que:
Modificar el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo para incluir en su artículo 3 la prohibición de participar fondos que radiquen su estructura legal en paraísos fiscales, según la lista española.
Incluir en los informes pertinentes la valoración fiscal del país donde se radicaría la estructura legal del fondo y la posible erosión fiscal que produce en comparación con su radicación en los países de destino de las operaciones con cargo a este.
Otra cosa a mejorar es el seguimiento de los fondos y los créditos que FONPRODE concede para comprobar que efectivamente se destinan al proyecto original y evitar canalizar los préstamos a través de fiscalidades opacas.
Las problemáticas y las cifras de 2015 confirman que se está muy lejos de disponer de un marco regulatorio, estratégico y apto para desarrollar la cooperación financiera en condiciones satisfactorias. En definitiva, si FONPRODE quiere hacer real su amplio compromiso y alineación con las directrices y estándares del sistema de cooperación internacional y español para el desarrollo, tendría que abordar todos estos aspectos señalados, estudiar las causas de la baja ejecución y tratar de corregirlo para estar a la altura del resto de donantes europeos.
Además de las propuestas específicas contenidas en el apartado III se hacen las siguientes propuestas:
Priorizar herramientas presupuestarias más transparentes para canalizar fondos de cooperación al desarrollo y promover la lucha contra el fraude fiscal.
La orientación de FONPRODE debe tener características más asociadas a la búsqueda de impacto positivo y efectivo para el desarrollo, la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental.
Se deben promover cambios legislativos que garanticen el uso del FONPRODE ajustado a los objetivos de desarrollo sostenible y su alineamiento a los principios internacionales de eficacia del desarrollo.
Que haya más y mejor información pública y disponible para la sociedad civil, los resúmenes publicados carecen de información relevante para la población y las organizaciones, especialmente a la hora de incorporar algún tipo de análisis de impacto, un desarrollo de los objetivos y resultados a alcanzar, y una mayor rigurosidad en cuanto a los efectos de la operación en medio ambiente, género y el ámbito social.
Que se realicen auditorías públicas, evaluaciones y análisis con el consenso de todos los actores de la cooperación española y a partir de sus resultados definir el marco estratégico y operativo de cooperación financiera en España, que logre una correcta definición del instrumento, un adecuado encaje institucional y operativo y, en definitiva, un alineamiento con los objetivos de la cooperación española, los principios internacionales de eficacia del desarrollo y la recomendación de alcanzar una ratio de donación promedio de su AOD del 86 %, tal y como insiste el CAD-OCDE.
La construcción de un sistema transparente y de rendición de cuentas permanente con todos los actores implicados para las actividades de cooperación financiera de la cooperación española.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a iniciativa de la Diputada Ana María Surra Spadea, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes propuestas de resolución al informe de actividad del FONPRODE correspondiente al año 2015, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2018.-Ana María Surra Spadea, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Promover un cambio legislativo para que se incluya en la Ley que regula FONPRODE la prohibición de gestionar operaciones de cooperación financiera reembolsable o la toma de participaciones en Fondos que operen en países calificados como paraísos fiscales.
Revertir la reforma efectuada en la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del FONPRODE, por la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, en la que este instrumento pasa a ser gestionado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y gestionado por Cofides, convirtiéndolo en un fondo de inversión al servicio de los intereses financieros y de internacionalización de las empresas españolas.
Suprimir las competencias sobre gestión de fondos del FONPRODE establecidas para la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (Cofides) en reforma de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del FONPRODE, efectuada por la Ley 8/2014, de 22 de abril.
Garantizar que se cumpla con el único objetivo que debe guiar al Fondo para la Promoción del Desarrollo, la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades e inequidades sociales entre personas y comunidades, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible en los países empobrecidos, evitando con ello que prime la internacionalización de la economía española.
Establecer un canal financiero adecuado a los requisitos de eficacia, coherencia y transparencia en la gestión de la ayuda al desarrollo, acorde con los principios y procesos recogidos en la Declaración de París, en la Agenda de Acción de Accra y la Alianza de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz, y deberá responder a los criterios de la AOD.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes propuestas de resolución al Informe de actividad del FONPRODE, correspondiente al año 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
La Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados considera que para que el dictamen que debe emitir respecto a los informes anuales del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) resulte de utilidad y contribuya al desempeño del Fondo, estos deberán ser debatidos en dicha Comisión en un plazo no superior a los seis meses desde su publicación.
Consideramos que la estructura actual del informe no aporta información cualitativa suficiente que dé soporte en términos de impacto en desarrollo de las operaciones apoyadas con el Fondo. Por ello la Comisión sugiere ampliar este análisis en futuros informes así como que el Comité de Gestión de FONPRODE contemple la realización de evaluaciones ex ante de impacto en términos de desarrollo de las operaciones susceptibles de ser financiadas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en tanto que institución responsable de FONPRODE debe ser quien lidere y dicte las líneas de trabajo y las operaciones del Fondo. Para ello es fundamental que la Oficina de FONPRODE en AECID refuerce sus capacidades.
La Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados manifiesta su preocupación por los bajos niveles de ejecución del Fondo para la Promoción del Desarrollo especialmente desde que sus recursos se concentran en cooperación reembolsable.
Teniendo en consideración el actual contexto presupuestario de la cooperación internacional para el desarrollo es aún si cabe más necesaria la eficiencia en la ejecución de los recursos por ello el presupuesto para FONPRODE reembolsable deberá tener como referencia la ejecución del ejercicio anterior. Consideramos que debe recuperarse el límite para las operaciones de cooperación reembolsable definido en la versión original de la Ley 36/2010.
Consideramos oportuno que se contemple la realización de una evaluación de desempeño del conjunto del instrumento y se revise la eficacia de la reforma de la Ley realizada en 2014.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presenta las siguientes propuestas de resolución al Informe del FONPRODE correspondiente al año 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
1. Diversificación cartera de operaciones.
Bajo la legislación actual el FONPRODE puede conceder préstamos en términos concesionales a Estados, préstamos a entidades financieras para la concesión de microcréditos y realizar aportaciones a fondos de inversión de impacto en desarrollo; estando la cartera actual del FONPRODE concentrada en operaciones bajo las dos últimas modalidades de financiación. En este contexto, se insta al Gobierno a trabajar en la diversificación de la cartera de operaciones en relación a los instrumentos utilizados y a intentar ampliar el número de operaciones de créditos a Estados financiadas por el Fondo.
2. Reforzar la eficacia en la gestión de expedientes.
Con el objetivo de reforzar la transparencia y los procedimientos en la gestión del FONPRODE, se insta al Gobierno, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a implantar la digitalización de la documentación del FONPRODE que permita una tramitación sistemática y eficiente de expedientes, capaz de reducir la carga administrativa y facilitar el acceso a la información sobre la operativa del Fondo. Para ello, los tres agentes implicados en los procesos de las operaciones a financiar (ICO, COFIDES y AECID) deben trabajar de manera conjunta.
3. Mejora en los niveles de ejecución del FONPRODE.
El proceso de consolidación del FONPRODE como instrumento fundamental de la cooperación financiera española conlleva la necesidad de incrementar los niveles de ejecución del mismo y evolucionar
hacia una mayor convergencia en el abanico de acciones financiables por parte del FONPRODE con el de otros países donantes. En este sentido, se insta al Gobierno a promover un cambio legislativo que aborde, por una parte, la inclusión de nuevas modalidades de financiación por el Fondo, como por ejemplo contribuciones a programas de instituciones financieras internacionales, aportaciones para facilitar emisiones de garantías o préstamos basados en políticas, y, por otra parte, la revisión de aspectos operativos que permitan una flexibilización respecto al contexto actual en el que se gestiona el Fondo, como por ejemplo simplificar el proceso de aprobación de operaciones o habilitar la posibilidad que el FONPRODE pueda recurrir con mayor flexibilidad a entidades de apoyo, ya sean medios propios o terceros, que se estimen oportunas para aquellos aspectos en los que exista una mayor especialización.