Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24394
Timestamp: 2020-02-20 13:23:52
Document Index: 207354983

Matched Legal Cases: ['Artículo 149', 'Artículo 116', 'Artículo 162', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 8']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 58/2015
SENTENCIA 58/2015, de 18 de marzo
ECLI:ES:TC:2015:58
1. Por escrito registrado en el Tribunal Constitucional el 2 de noviembre de 2011, la Abogada de la Generalitat de Catalunya, en la representación que legalmente ostenta, interpuso conflicto positivo de competencias contra los apartados 3 y 5 del art. 4; el apartado 1 del art. 6; el apartado 2 del art. 8 y los anexos III y IV del Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino, por considerar que el Estado ha excedido los títulos competenciales que le asisten, vulnerando así las competencias asumidas estatutariamente. Los fundamentos jurídicos en que se sustenta la demanda son los que a continuación se exponen.
2. Mediante providencia de 22 de noviembre de 2011, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencias; dar traslado de la demanda para personación y alegaciones al Gobierno de la Nación; comunicar la incoación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y publicar la incoación en el “Boletín Oficial del Estado” y en el diario oficial de la Comunidad Autónoma.
3. El 11 de enero de 2012, el Abogado del Estado, actuando en representación del Gobierno del Estado, presentó sus alegaciones en el Tribunal Constitucional. Comienza en la contestación a la demanda recordando que el problema suscitado en este conflicto es, una vez más, la incidencia de las competencias estatales en las asumidas estatutariamente como exclusivas o compartidas, aspecto sobre el que ha fijado doctrina en la STC 31/2010, FFJJ 59, 60 y 64. De esta forma, la asunción por la Comunidad Autónoma de las competencias de los arts. 116.1 d) y b) y 162.3 EAC no pueden limitar las competencias que asisten al Estado, debiendo tenerse en cuenta que las obligaciones internacionales asumidas por el Estado obligan a reforzar la homogeneización de los aspectos técnicos y operativos. Cita la Directiva 98/58 del Consejo, de 20 de julio de 2000, mediante la que se traspuso al Derecho europeo el Convenio europeo de protección de animales en explotaciones ganaderas, el Reglamento (CE) 504/2008, de la Comisión por el que se aplican las Directivas 90/426/CEE y 90/427/CEE sobre identificación de équidos, el reglamento (CE) 1099/2009, del Consejo, sobre protección de los animales en el momento de la matanza y la Directiva 92/102/CEE que dio lugar al Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo por el que se establece y regula el registro general de explotaciones ganaderas (REGA).
4. Por providencia de 17 de marzo de 2015, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año.
1. Se cuestiona en este proceso la constitucionalidad de los apartados 3 y 5 del art. 4; el apartado 1 del art. 6; el apartado 2 del art. 8 y los anexos III y IV del Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino. Entiende la Comunidad Autónoma recurrente que el Estado ha excedido sus títulos competenciales vulnerando las competencias asumidas estatutariamente. Por el contrario, el Abogado del Estado sostiene que todos los preceptos impugnados son manifestación del correcto ejercicio de la competencia que atribuye al Estado el art. 149.1.16 CE.
2. Para resolver este conflicto debemos comenzar por realizar su encuadramiento competencial. La Generalitat de Catalunya no discute que la norma impugnada se haya dictado en ejercicio de las competencias que ostenta el Estado ex art. 149.1.13 y 16 CE, tal y como establece la disposición final segunda del Real Decreto 804/2011. Su discurso gira en torno a que los concretos preceptos impugnados han sido dictados en ejercicio de la competencia básica en materia de sanidad, que ha sido extravasada por el Estado, dada en algunos casos la obviedad y redundancia de sus determinaciones y, en otros, su prolijidad. El Abogado del Estado, aunque inicialmente señala que concurren ambos títulos competenciales para el dictado de la norma, después, al analizar los preceptos recurridos, se refiere única y exclusivamente al contemplado en el art. 149.1.16 CE, esto es, a la competencia del Estado en materia de sanidad.
3. Se impugna el apartado 3 del art. 4 del Real Decreto 804/2011, “condiciones generales de las construcciones e instalaciones”, cuyo tenor literal es el siguiente:
“a) La explotación se situará en un área delimitada, aislada del exterior y que permita un control eficaz de entradas y salidas de vehículos, personas y animales mediante un vallado perimetral o sistemas equivalentes.
No obstante lo anterior, lo previsto en la letra a) no será de aplicación a las poblaciones de équidos que vivan en condiciones silvestres o semi-silvestres, lo previsto en las letras b), e), f) y g) no serán de aplicación a las explotaciones equinas extensivas, y lo establecido en las letras b), d), e) y f) g) no serán de aplicación a las explotaciones equinas de pequeña capacidad aunque deberán realizar una adecuada gestión de estiércoles.”
4. Se impugna el apartado 5 del art. 4, “condiciones para garantizar el bienestar animal” cuyo tenor es el siguiente:
“Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte y sacrificio, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
f) Los animales deberán recibir una alimentación sana, que sea adecuada a su edad y especie y en suficiente cantidad con el fin de mantener su buen estado de salud y de satisfacer sus necesidades de nutrición. Todos los animales deberán tener acceso al agua, en cantidad y calidad suficiente.”
5. El art. 6.1 del reglamento impugnado establece:
“El libro de explotación, que podrá ser llevado de forma electrónica, deberá tener un formato aprobado por la autoridad competente y deberá contener los datos mínimos que se indican en el anexo IV. No obstante lo anterior, el libro de explotación de los mataderos podrá no incluir los datos contenidos en los párrafos b), f), g), j), k) y l) del anexo IV, debiendo, además, en cualquier caso, retener el DIE del animal sacrificado, y hacer constar en el libro de explotación que se ha comprobado que en el DIE adjunto consta expresamente, en la parte II de su sección IX, que se trata de un animal destinado desde su origen al sacrificio para consumo humano. Lo señalado en este apartado se entenderá sin perjuicio del resto de comprobaciones de las restantes secciones del DIE y sin perjuicio del resto de información que debe tener en su poder a efectos del cumplimiento del Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la información sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio, y de acreditación de lo exigido en el Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza y, en este último caso, a partir del 1 de enero de 2013, en el Reglamento (CE) n.º 1099/2009, del Consejo, de 24 de septiembre de 2009.”
El tenor del anexo IV titulado “contenido mínimo del Libro de explotación", es el siguiente:
“a) Código REGA de la explotación.
l) Nombre, apellidos y firma del representante de las autoridades competentes que haya comprobado el registro y la fecha en la que se llevó a cabo la comprobación.”
6. Se impugna el apartado 2 del art. 8 del Real Decreto 804/2011 (“El programa de control se realizará de acuerdo a lo establecido en las partes I y II del anexo III”) y el anexo III.
1. Voto particular que formulan los Magistrados don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el conflicto positivo de competencia núm. 5937-2011.
Tipo y número de registro Conflicto positivo de competencia 5937-2011
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino.
Se enjuicia el Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, que establece el plan sanitario equino. Concretamente, se impugnan los preceptos relativos a la sanidad animal, condiciones para garantizar el bienestar animal, libro de explotación de los mataderos y programas sanitarios de control oficial de enfermedades equinas y de vigilancia epizootiológica.
La Sentencia desestima íntegramente el conflicto, encuadrando el Real Decreto en la legislación básica sobre sanidad, competencia que corresponde al Estado. Respecto de los preceptos que regulan la sanidad animal (actividad de explotación, autorización de certámenes pecuarios y medidas de sanidad), el legislador estatal dispone de la capacidad para establecer las normas básicas y de coordinación en lo que sea preciso para garantizar el mínimo denominador común de aplicación en todo el territorio, pudiendo ser completadas con mayor rigor de protección por las Comunidades Autónomas. En cuanto a las condiciones para garantizar el bienestar animal, el cuidado en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, la Ley autoriza al Gobierno, en el ámbito de las competencias del Estado, para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación y desarrollo de la Ley, y en particular, para concretar el régimen de infracciones y sanciones, y, al propio tiempo, deja un amplio margen de desarrollo normativo a las Comunidades Autónomas. Con respecto al libro de explotación de los mataderos, en él se establecen ciertos datos mínimos para que el registro general de explotaciones ganaderas pueda cumplir su función informativa, sin que ello sea óbice para el posterior desarrollo normativo a las Comunidades Autónomas. En lo que atañe a los programas sanitarios de control oficial de enfermedades equinas y de vigilancia epizootiológica, aunque esta regulación constituye un reforzamiento o complemento de la noción de bases, distinta a la de fijación de las bases, presupone un elemento coordinador, sin que por ello el Estado vacíe de contenido las correspondientes competencias de las Comunidades Autónomas, logrando la integración de actos parciales en el conjunto del sistema sanitario.
Aplica la doctrina de las SSTC 145/1989, 158/2011 y 207/2011. La competencia estatal de bases y coordinación de la planificación de la economía se proyecta en el subsector de la ganadería, habida cuenta de la relación reconocida y expresa que tiene con la política económica general [FJ 2].
Corresponde al Estado, en virtud de su competencia de ordenación general de la economía, establecer las directrices globales de ordenación y regulación del mercado agropecuario nacional [FJ 2].
Queda reservada a la Comunidad Autónoma la competencia para adoptar, dentro del marco de esas directrices generales, todas aquellas medidas que no resulten contrarias a las mismas, sino complementarias, concurrentes o neutras, de tal forma que estando encaminadas a mejorar las estructuras de su propia agricultura y ganadería no supongan interferencia negativa o distorsionen la ordenación general establecida por el Estado, sino más bien que sean coadyuvantes o inocuas para esta ordenación estatal [FJ 2].
Las medidas de aislamiento y control de entradas; sistema de limpieza y desinfección; agua; sistemas de tratamiento de animales adaptados a la aplicación de medidas zootécnicas; aislamiento de alimentos para caballos; observación de animales sintomáticos, medidas de limpieza de équidos en los certámenes y medidas de eliminación del estiércol tienen la finalidad de minimizar los riesgos sanitarios y medioambientales que generan estas explotaciones y la eliminación de sus residuos; sus normas básicas de regulación deben ser de mínimos, pudiendo ser completadas con mayor rigor de protección por las Comunidades Autónomas (SSTC 207/2011, y 158/2011) [FJ 3].
Real Decreto 804/2011, de 10 de junio. Se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino
Artículo 149.1.16, ff. 1 a 3, VP
Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero. Se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina
Disposición final quinta, ff. 3, 5
Artículo 116.1 d), f. 2 VP
Artículo 162.3 b), f. 2 VP
Ley 32/2007, de 7 de noviembre. Para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio
Disposición sexta, f. 4
En general, f. 4 VP
Artículo 4.3, ff. 1, 3
Artículo 4.5, ff. 1, 4 VP
Artículo 8.2, ff. 1, 6 VP
Anexo III, ff. 1, 6 VP
Anexo IV, ff. 1, 5
Competencias en materia de sanidadCompetencias en materia de sanidad, ff. 1 a 6, VP
Coordinación entre el Estado y las Comunidades AutónomasCoordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ff. 2, 6
Ordenación general de la economíaOrdenación general de la economía, Límites, f. 2, VP
SanidadSanidad, ff. 2 a 6, VP
Sanidad animalSanidad animal, ff. 2 a 6, VP