Source: https://es.scribd.com/document/54286760/GARANTIAS-PROCESALES
Timestamp: 2017-09-25 04:47:40
Document Index: 18975833

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 49', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 2']

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LAS GARANTÍAS PROCESALES DESDE LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL VENEZOLANA Las garantías procesales constitucionales corresponden a lo que se ha dado en llamar “Derecho Procesal Constitucional”, expresión empleada a mediados del siglo pasado por Niceto Alcalá Zamora y utilizada luego para sistematizar las instituciones y los principios jurídicos procesales relacionados con las garantías constitucionales. A pesar de no ser Kelsen un teórico del derecho procesal se le atribuye la paternidad del Derecho Procesal Constitucional por la promoción que en 1920 hizo de la Corte Constitucional en la Constitución Austriaca. En 1928 Kelsen publicó un ensayo donde desarrolló los principios e instituciones del derecho procesal constitucional y ubicó esta Corte Constitucional como órgano competente para conocer de las defensas de la Constitución. Fue ello lo que dio origen a la famosa polémica con Carl Smith. A Kelsen se sumaron, luego, Piero Calamandrei, Eduardo Couture y Mauro Capelleti. En la constitución austriaca de 1920 se estableció el control concentrado de la constitución a través de un órgano especializado. El control difuso apareció posteriormente en América, en los Estados Unidos. Este control difuso establece que no sólo existe un órgano especializado para el control de la Constitución, sino que en los casos donde una disposición legislativa contradiga el Texto Fundamental cualquier juez puede ejercer el control de la constitución. Es esto precisamente lo que se denomina control difuso de la Constitución. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL En nuestros días no existe unanimidad sobre la aceptación del Derecho Procesal Constitucional como disciplina jurídica autónoma a pesar de que existen legislaciones que la desarrollan, tales como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú, donde existen tribunales constitucionales, y de otros países, tales como Venezuela, Costa Rica, El salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay, donde hay Salas Constitucionales que se avocan al tema con competencia expresa.
es a la inversa. ustedes han denominado: “Óptica constitucional de las garantías procesales”. 49 y 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Es así. DIFERENCIA ENTRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Ahora bien. LA TUTELA JUDICIAL Y EFECTIVA Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. El debido proceso contiene la tutela judicial efectiva. en la cual existía una sala denominada Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. las garantías procesales constitucionales son vinculantes y obligatorias para los ciudadanos y ciudadanas aún cuando sean o no ejercidas. posiblemente sustentado en un órgano similar que en 1931 se encontraba en la Constitución Española de la Segunda República. una cosa son los derechos constitucionales y otra las garantías contenidas en la Carta Magna. Esta es la tesis que sostiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Por otra parte. 26. como aparece en América lo que. el primer tribunal constitucional de Latinoamérica nació en Cuba en 1949 y tuvo su origen en la Constitución de ese país de 1940. La constitucionalización de las garantías procesales en Europa trajo como consecuencia que.2 Por cierto. En todo caso. Para algunos la tutela judicial efectiva es la suma de todos los derechos y garantías constitucionales procesales contenidos en la norma que contiene el debido proceso. Estas son medios procesales para hacer efectivos los derechos constitucionales. con acierto. Estos consideran que la tutela judicial efectiva se encuentra dentro del debido proceso. . Para ellos tutela judicial efectiva y debido proceso son garantías procesales constitucionales diferentes. la renuncia al ejercicio de la garantía procesal constitucional no implica la renuncia al derecho constitucional establecido. se incorporaran normas para limitar el poder del Estado cuando dicho poder se propusiera dejar sin efecto libertades y/o derechos ciudadanos. en las Leyes Supremas americanas. Para otros. al interpretar los artículos 2.
No solo se trata de prohibir discriminaciones fundadas en raza. sin vacilaciones ni variaciones perjudiciales. indivisible e interdependiente. a todas las personas. en todos los casos donde las situaciones sean sustancialmente análogas. GARANTÍA SOBRE LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS El artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza. Su comprensión. interpretación y aplicación es indispensable para que se la entienda como tal. Es necesario para que no existan discriminaciones. sin discriminación alguna. la lesión al debido proceso no implica la lesión de ésta y viceversa. diferentes y.3 La tutela judicial efectiva comporta el derecho al acceso a los tribunales. el goce y ejercicio irrenunciable. el derecho a la efectividad de las decisiones judiciales y el derecho al ejercicio de los recursos previstos en la ley y se la debe tener en cuenta desde el momento en el cual se accede al órgano jurisdiccional y hasta el instante en el cual se procede a la ejecución de la decisión tomada. credo.mediante el cual se manifiesta la protección y la relevancia evolutiva de esos derechos. condición social y aquellas otras que menoscaben o impidan el goce o ejercicio de los derechos. sexo. por que entre una y otra existe una relación totalmente complementaria. de los derechos humanos. sino de todas las que impidan el goce o ejercicio de las libertades de la persona. Para nosotros. por ello. que la ley se aplique de manera uniforme. derechos cuyo desarrollo debe ser continuado e irreversible. La no discriminación se fundamenta en la igualdad y su propósito es que la ley sea real y efectiva. . independientes. Progresividad significa avance. ALGUNAS MUESTRAS DE ESTA PROGRESIVIDAD EN LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA Garantía de la no discriminación. la tutela judicial efectiva y el debido proceso son garantías autónomas. por lo demás. es inseparable de la dignidad. conforme al “principio de progresividad”. La igualdad. La igualdad debe comprenderse en conexión con la libertad. Es el desenvolvimiento sostenido -con fuerza extensiva en los derechos fundamentales.
esta característica es inherente a cada derecho. Ello implica que no podrá establecerse la perdida de ningún derecho. Es un compromiso de ambos que implica el equilibrio. de inmediato. se repite otra vez. a renunciar a los derechos que le son propios. por lo tanto. confiable y estar rodeado de un mínimo de garantías constitucionales procesales que eviten la lesión a los derechos materiales de los ciudadanos y ciudadanas. desarrollando con mayor especificidad el carácter irrenunciable de los derechos constitucionales. . Los derechos. En cuanto a la interdependencia. que tanto la defensa como la acusación deben contar con iguales oportunidades y recursos para hacer valer sus alegatos y recursos.4 Garantía de la irrenunciabilidad a los derechos constitucionales. La irrenunciabilidad debe entenderse en el sentido de que ninguna persona está obligada. son integralmente indivisibles y. cuando nos referimos a la progresividad. ni podrá ser conminada. El juzgador es solo un vigilante activo que debe mantener la igualdad y el estado de equilibrio entre las partes. automática y prácticamente. Ella y la irrenunciabilidad guardan estrecha relación toda vez que formalmente reconocido el derecho constitucional de la persona. Ello significa. Tampoco es posible. Debe prevalecer para las partes y para el órgano decisor que intervienen en el proceso. considerar a estos con efectos parciales ni en porciones. pasa ese derecho a ser irreversible y se le debe tener como inscrito en la enumeración constitucional que lo hace irrenunciable. La irreversibilidad a la cual hicimos referencia. razonable. tanto los constitucionales como los legales. Debe entendérsela como la sintonía y la mutua reciprocidad entre el ciudadano y el Estado. ni siquiera de forma parcial pueden ser renunciados. Nos referimos a un proceso judicial y a un proceso administrativo. ni por iniciativa propia. ni por imposición ni por decisión o mandato de algún ente del Estado. El DEBIDO PROCESO Todo proceso judicial debe ser justo. Garantía del principio de la interdependencia. como lo pregona la igualdad ante la ley.
5 El debido proceso tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley y debe garantiza los límites al poder jurisdiccional del Estado para que no se convierta en una forma de atropellar a los ciudadanos y ciudadanas. se traducen en derechos para el procesado. El debido proceso es un derecho complejo que encierra dentro de si un conjunto de garantías que. idóneo. confiable y garantizar la defensa de la vida. El justiciable no puede renunciar al debido proceso y este no se articula de manera aislada. el debido proceso. La presunción de inocencia 3. Al Principio de nulla crimen nulla poena sine lege 8. Aglutina la suma de los derechos y garantías procesales constitucionales que permiten una justicia pronta y efectiva así como la notificación adecuada de los hechos imputados. un elenco de garantías procesales 1. Al derecho a la reparación del Estado por errores judiciales. puesto que se encuentra vinculado a otros derechos constitucionales fundamentales. . El derecho a ser oído 4. El derecho a no ser constreñido para confesarse culpable contra sí mismo 6. Al principio de la validez de la confesión sólo cuando se ha realizado sin coacción 7. Atiende. a la vez. los bienes y demás derechos del ciudadano o ciudadanas. la libertad. BREVES NOTAS SOBRE ALGUNOS DE ESTOS DERECHOS CONTENIDOS EN EL DEBIDO PROCESO El tiempo limita y esta conferencia apenas permite abordar algunos de los derechos concentrados en el debido proceso. transparente. Todo juicio debe ser imparcial. El derecho al juez natural 5. El derecho a la defensa 2. Nos referiremos a los más comunes. a través de un verdadero y eficaz contradictorio donde se brinde a la persona la oportunidad de ejercer plenamente su defensa. Nace en el principio de la legalidad procesal.
directamente o a través de quien con asistencia letrada opere. e incluso para contradecir. anular o modificar los hechos que se le atribuyen. la Revolución Francesa dio origen al PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA en lo que fue la primera declaración sobre derechos humanos. catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y profesor honorario de 14 universidades de América Latina afirma que los primeros indicios del amparo constitucional actual tienen su origen en la Carta del Estado Mexicano de Yucatán del 16 de marzo de 1841. Ellos se hallan investidos de jurisdicción y competencia para actuar. hasta tanto no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”. cuyo pilar fundamental era la presunción de culpabilidad. el quehacer material y técnico-jurídico de la justicia. idóneos e identificables. No son ad hoc. ni excepcionales y deben ser imparciales. lo que equivale a un trato adecuado a la libertad y a la integridad personal de quien se somete a juicio. en procesos judiciales. no es una mera declaración de ideas y la moldea un ideal que en conjunto debe proyectar todo el devenir procesal. Es decir con rostro visible y descubierto. independientes. La Presunción de Inocencia es el derecho de aquellos. EL AMPARO CONSTITUCIONAL Fernández Segado. A partir del oprobio que significaron los tribunales del Santo Oficio. Puede ejercerse el derecho a la defensa. alegatos de hecho o de derecho y excepciones que le sirvan para beneficiar sus intereses o bien para producir pruebas que le favorezcan. a que se les tenga o presuma inocentes. a quienes se les imputa la comisión de un hecho punible. Otra garantía constitucional contenida en el debido proceso es EL DERECHO A SER JUZGADO POR JUECES NATURALES. con antelación a la ocurrencia del o los hechos por el cual o por los cuales se produce el juzgamiento. La presunción de inocencia se mantiene en todo estado y grado de la causa. Es un derecho de rango constitucional según el cual toda persona en las oportunidades legalmente previstas se le permite realizar acciones. . Estos jueces son los que han sido constituidos legítimamente y están predeterminados por la ley.6 Dentro de las garantías procesales constitucionales mínimas en todo proceso jurisdiccional o administrativo se encuentra EL DERECHO A LA DEFENSA.
breve. no sujeto a formalidad alguna. En Venezuela. Afirma Fernádez Segado que la denominación de amparo la extrajo de un instituto jurídico hispano de la familia de los interdictos posesorios. estableció para su ejercicio todo el tiempo y la preferencia a cualquier otro asunto así como la no afectación del mismo por la declaración de estado de excepción o restricción de garantías. gratuito. La nueva Constitución agregó a esta protección constitucional los derechos y garantías inherentes a la persona aún cuando no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. que en ausencia de medios ordinarios destinados a esa protección tiende a restablecer el orden jurídico infringido por alguna lesión. para ese momento. En Venezuela. solamente el hábeas corpus. . el amparo constitucional es una acción autónoma de carácter extraordinaria destinada a proteger los derechos y garantías contenidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales a través de un procedimiento oral. la cual trasplantó al ordenamiento constitucional de Mexico. que en los textos más antiguos de Castilla y Aragón se conoció como Amparo Colonial. La promulgación de esta ley se llevó a cabo el 22 de enero de 1988 y con la Constitución de 1999 esa Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales sufrió modificaciones.7 Según el profesor Fernández Segado fue el jurista mexicano Manuel Crescencio Rejón quien diseñó los rasgos fundamentales del juicio de amparo. No fue sino en la Constitución de 1961 cuando la Comisión Bicameral de esa época incorporó el artículo 49 que establecía el amparo “a todos los habitantes de la República en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en conformidad con la ley”. amenaza de lesión o bien por omisión de los ya referidos derechos y garantías constitucionales. con base a la “revisión judicial” norteamericana. el amparo comenzó a conocerse en la Asamblea nacional Constituyente de 1947 aunque la Carta Magna de esa fecha solo consagró. para adaptarla al nuevo Texto Constitucional.
en la última de ellas. Protege. usurpando funciones o extralimitándose en sus atribuciones o abusando de su autoridad. La legitimación para el ejercicio de esta garantía corresponde al afectado. por ante tribunales unipersonales competentes o afines con la materia cuya violación o amenaza de violación se denuncia. Puede intentarse el amparo incluso contra decisiones judiciales cuando el órgano jurisdiccional ha actuado fuera del ámbito de su competencia. Finalmente. Igualmente protege contra la incomunicación y contra la ausencia del examen forense que deja constancia del estado físico de la persona para el momento de la aprehensión. No corresponde su competencia al control concentrado de la constitución y puede ser interpuesto ante tribunales ordinarios. a sus familiares. así como contra la falta de información sobre los motivos de la detención. Se tramita en doble instancia y. . al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo.8 Cuando tiene por objeto la libertad y seguridad personal se interpone por ante los tribunales de control. contra la falta de identificación de las autoridades que ejecutan las medidas privativas de libertad. Es una de las especies del derecho al amparo constitucional mediante el cual se protege a la persona frente a la arbitrariedad del arresto o detención sin orden judicial. o con orden judicial ilegítima o ilegal. y en los casos de materias que nada tengan que ver con la pena. estas deben carecer de un medio ordinario de impugnación o que dicho medio no sea el adecuado para la protección constitucional que se pretende. protege contra las penas infamantes y contra las que excedan los treinta años. EL HABEAS CORPUS En Venezuela comenzó a tener expresión constitucional en la Constitución de 1947 y rango expreso en la disposición transitoria quinta de la Constitución de 1961. En aquellos casos donde se interponga contra decisiones judiciales. asimismo. la decisión puede ser revisada de oficio o a petición de parte por la Sala Constitucional. En la de 1999 pasó a tener estructura de garantía procesal constitucional idónea para proteger la libertad y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas.
decoro. El no acatamiento de la decisión se sancionará conforme a derecho. imagen.9 EL HÁBEAS DATA Es la garantía procesal constitucional para tutelar los derechos personalísimos al honor. así como para los otros tribunales de la República. Los antecedentes de esta garantía se están en el amparo constitucional y en el habeas corpus. El bien jurídico protegido por el hábeas data es el derecho a no divulgar datos que puedan causar perjuicio a las personas naturales o jurídicas y tiene eficacia aún después de fallecida la persona natural. confidencialidad y personalidad de los ciudadanos y ciudadanas mediante la obtención de oportuna y adecuada información que se encuentre registrada en archivos del Estado o de particulares. Se ejerce en forma absolutamente gratuita y procede cuando se han agotado las vías ordinarias que impidan u obstaculicen la reparación al daño o a la garantía infringida. con el propósito de dar privacidad a los ciudadanos y ciudadanas. Será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Debe tener como fundamento la violación a un derecho constitucional o la inminencia de que esto pueda ocurrir. . El TRIBUNAL SUPREMO COMO GARANTE DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES El artículo 335 de la Constitución venezolana establece que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. El recurso con ocasión a esta garantía es extraordinario. vida privada. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las demás Salas del Tribunal Supremo. la Constitución Brasileña La denominó “corpus data”. Hay jurisprudencia en Venezuela en la cual a través de esta acción se protege la memoria de personas que han dejado de existir. frente a la manipulación de datos o informaciones inexactas o incorrectas.
Estas actuaciones exigen siempre un ejercicio de ponderación para que no altere los supuestos de la norma constitucional. sin embargo. Todos los tribunales tienen. Cualquier juez competente puede ejercer esa facultad. y señalar. aun con la brevedad del caso. Sólo que cuando esa interpretación llega a la Sala Constitucional es ésta la que acoge o desecha la interpretación que ha realizado el tribunal de instancia. como un monopolio de la Sala Constitucional. Esto no debe entenderse. Tal labor implica prudencia y sensatez para sortear el riesgo de no actuar irreflexivamente al momento de tomar esa decisión de sancionar a los infractores. igualmente. La diferencia entre la decisión del juez de instancia y la decisión de la Sala Constitucional está en que el juez de instancia solo tiene competencia para desaplicar la norma. la voluntad de hacer cumplir esta norma y. CARÁCTER VINCULANTE DE ESTAS INTERPRETACIONES Debemos señalar. lo dispuesto en la citada disposición legal respecto al carácter vinculante de las interpretaciones que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo pueda realizar sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales. a través del control difuso de la Constitución y del propio ejercicio jurisdiccional de administrar justicia. la necesidad en algunos casos de interpretar leyes a la luz de la Constitución. . Este artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la única norma del texto Fundamental venezolano que establece el carácter vinculante de las sentencias que resuelven asuntos relacionados con la interpretación de normas y principios constitucionales. sancionar a quienes no acaten la supremacía de esta jerarquía. en consecuencia.10 El principio de la supremacía de la Constitución requiere. por parte de los operadores constitucionales. el carácter vinculante de tales interpretaciones aún para las demás Salas de dicho Tribunal. a través del amparo constitucional. mientras que la Sala Constitucional puede anular la ley o la norma. La Sala Constitucional no tiene el monopolio del rechazo de una ley por inconstitucional.
11 Todo este procedimiento nada tiene que ver con la institución de la revisión constitucional mediante la cual la Sala Constitucional puede. por mandato constitucional. Ya antes el legislador venezolano había limitado el carácter definitivamente firme de las sentencias mediante el recurso de invalidación (Código de Procedimiento Civil). por tal razón. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo es la máxima instancia para interpretar la Constitución para concluir algunas decisiones. en atención a la competencia y no a la jerarquía. diferentes a la Sala Constitucional. la decisión puede expresarse con otro contenido. Estas interpretaciones estarán sujetas. . Es una garantía de seguridad jurídica. mediante el amparo constitucional contra sentencias definitivamente firmes. a través del recurso penal de revisión (Código Orgánico Procesal Penal) y con la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. como anular la decisión de las Salas. el ejercicio de la revisión es un mero acto de lógica jurídica. pero como todo derecho tiene limitaciones. Está claro que el carácter vinculante al que nos referimos deviene de la jerarquía atribuida por el artículo 335 de la Constitución venezolana y en lo que se refiere a las demás Salas del Máximo Tribunal. excepcional y extraordinaria de control constitucional creada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV). LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA La revisión de sentencias definitivamente firmes es una potestad inédita. ya no revisar las interpretaciones de las Salas del Tribunal Supremo. sus interpretaciones se imponen sobre las demás Salas del Tribunal Supremo. para ajustarlas al propósito del constituyente. sino que. a la competencia de dicha Sala como instancia jurisdiccional legítima para uniformar la constitución y. mediante la revisión. Sin dudas constituye un límite a la cosa juzgada que hace estable e inatacable la sentencia.
ni mucho menos una tercera instancia. Esta potestad revisora o de revisión carece de antecedentes. Claro está. Eduardo Couture considera necesario que la cosa juzgada no se acepte como un dogma o valor absoluto. supuestos y limitaciones a la citada potestad revisora y toda la doctrina sobre esta materia se ha construido con base a la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal. “La razón aconseja –afirma el teórico uruguayoque el escrúpulo de verdad tenga más fuerza que la certeza judicial por cuanto la firmeza del fallo debe. Alemania (amparo constitucional).12 En la teoría procesal la certeza jurídica que da justificación a la cosa juzgada tiene límites. el equilibrio y la coherencia que deben existir entre las normas y la Constitución. a solicitud de parte interesada o por remisión judicial. por el contrario. . numeral 10 de la Constitución). además. La Constitución establece. dictadas por los Tribunales de la República. Procede la revisión. (Esta potestad de revisión se halla establecida en Venezuela en el artículo 336. Por ello la revisión no debe considerarse como una instancia más dentro del proceso. Esa potestad es restringida porque de lo contrario se podría perder la integración. razón por la cual no existe un amplio marco teórico acerca de dicha institución. ni puede ser estático sino. De esta manera -nos señala el maestro. ceder ante la necesidad de la verdad”. en determinadas condiciones. que la potestad extraordinaria de revisión de sentencias con carácter de cosa juzgada. garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales y la eficacia del Texto Fundamental y de la seguridad jurídica. tanto en Venezuela como en otros países. No cuenta aún Venezuela con una ley orgánica que establezca los métodos. que la finalidad de la revisión es uniformar la interpretación de las normas y principios de la Constitución. bien dinámico y en consecuencia tener como primer fin la justicia verdadera más que el culto a los dogmas formales. sólo podrá ser ejercida excepcionalmente y por causas específicamente establecidas en la ley o en la propia Constitución.que el derecho no es. aún cuando existen figuras similares en EEUU (certiorari). Colombia (revisión de sentencia de tutela) y Argentina (recurso extraordinario federal). Pueden ser objeto de revisión las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes.
según la jurisprudencia venezolana consiste “…en el incumplimiento de un acto o conducta de una autoridad en menoscabo de lo ordenado por la Constitución.13 ¿Contra quien puede proponerse? A) contra las sentencias de amparo constitucional y las sentencias de control de constitucionalidad.93 del 06-02-05 -caso Corpoturismo. No. No. Vale recordar que en estos casos de control de la constitucionalidad por omisión son inseparables tanto el tema de la decisión a tomar. 520 de 07-06-2000. LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN El órgano competente para ello en Venezuela es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No. o cuando la decisión. La omisión constitucional. En la doctrina.y la No. (Sentencia 1582 del 12 de junio del 2003) . como el espíritu y propósito del Texto Fundamental que se expresa en una norma suprema. 2815 del 14-11-2002) Se entiende que en todos los casos señalados las sentencias contra las cuales pudiera proceder la revisión son aquellas dictadas con posterioridad a la Constitución de 1999. haya incurrido en un error grotesco (criterio establecido en varias sentencias: No. no ha podido cumplir lo que la Carta Magna le ordena. el control sobre las omisiones constitucionales dispone recomponer el imperio de la Carta Fundamental en todos los casos en los cuales temporalmente se ha bloqueado la acción funcional. sea total o parcialmente y. El ejercicio de esta actividad debe desarrollarse de manera que no se la entienda como invasión jurisdiccional temeraria respecto de las atribuciones de los demás Poderes Públicos. siempre y cuando no haya culminado”. y el órgano competente. No. 33 del 2501-2001. 409 del 19-05-200. motivo suficiente para que la Sala Constitucional actúe. bastando para ello. 1250 del 24-10-2000. B) contra cualquier otra sentencia siempre y cuando el fallo a revisar contraríe la interpretación vinculante dictada por la Sala. incluyendo las de las Salas del Tribunal Supremo. que haya sido constatado la falta de cumplimiento de la actividad constitucionalmente prevista. independientemente de que el acto haya o no comenzado a concretarse. por esa razón.
VISUALIZACIÓN DE LA OMISIÓN CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA Veamos. El propósito de estas acciones estaba destinado a que la Sala Constitucional llenara. en fechas distintas. Ambas acciones tenían idénticos supuestos y por lo tanto fueron acumuladas. en razón de no haber designado. tal como lo ordena la Constitución. provisoriamente. Los hechos: en mayo del año 2003 dos abogados. hasta tanto se diera cumplimiento a la obligación constitucional. La inconstitucionalidad por omisión está prevista en el numeral 7 del artículo 336 de la Constitución: “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo municipal. y de ser necesario los lineamientos de su corrección”. pedagógicamente. con el fin de sistematizar didácticamente la manera como se expresa esta institución. La jurisprudencia data del 12 de junio del 2003 y fue recogida en la Sentencia 1582 de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal. los miembros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral). cuando hayan dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta constitución o las haya dictado de forma incompleta y establecer el plazo. respecto de las leyes y actos del Poder Público que se dictan en ejecución directa de la Constitución. el vacío causado por el Poder legislativo. Un ejemplo sencillo nos permitirá visualizar la experiencia. . interpusieron ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad por “omisión constitucional” contra la Asamblea Nacional venezolana (Poder Legislativo). estadal o nacional.14 COMPETENCIA PARA LA ACCIÓN POR OMISION CONSTITUCIONAL En Venezuela esta actividad compete exclusivamente al control concentrado de la Constitución el cual se ejerce a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Que cualquier correctivo decidido por la Sala sería de carácter provisorio hasta tanto el Poder Legislativo ejerciera sus atribuciones constitucionales 10. Detectó su cumplimiento parcial y que. más no la legalidad y la validez de los actos que con ocasión a la decisión de la Sala se hubiesen cumplido provisoriamente. Que el Poder Público venezolano está integrado por 5 poderes. no produjo la designación de los rectores electorales. Un lapso de 30 días contado a partir de la admisión de las acciones. Notificar al Presidente de la Asamblea Nacional. conforme a la ley respectiva. para lo cual redujo los lapsos 5. uno ellos el Poder Electoral. el mismo. la Procuraduría General. Que si el plazo otorgado por la Sala no era cumplido. Indicó. Que la omisión del nombramiento era un hecho que se constataba por si solo 7. Establecer los términos para que las partes y los interesados alegaran y probaran lo que estimasen conveniente y 7. Declarar de urgencia la causa. igualmente. 2.conducía a que la Sala estaba en capacidad. ésta podía hacer uso de la competencia para delinear los correctivos correspondientes 9. Negar el trámite de las acciones como de mero derecho 4. conforme a su competencia. razón por la cual para desarrollar el régimen constitucional es necesaria la presencia de esos cinco poderes. 4. Constató la Sala los pasos cumplidos por el Poder Legislativo para dar cumplimiento a la disposición transitoria supuestamente incumplida 3. para dictar sentencia. la Sala que esa elección. la Fiscalía General de la República y al Defensor del Pueblo 6. la Sala que la elección debió escoger los rectores principales y sus suplentes 6. Previo a la decisión la Sala consideró: 1.15 La Sala. de inmediato cesarían las medidas provisorias de la Sala. Ratificar la acumulación de las causas 2. Que tomada la decisión por el Poder Legislativo. Que la omisión parcial –aún sin ser ilegítima. de declarar la omisión. al sustanciar el caso. Señaló. acordó: 1. debió haberse realizado en los 10 días continuos al momento de haberse recibido por secretaría las postulaciones entregadas por el Comité respectivo 5. Admitir las acciones de inconstitucionalidad por “Omisión legislativa” contra la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) 3. . así como para establecer un plazo para corregir la omisión 8.
otorgó al Poder legislativo un lapso de 10 días continuos. económicas y políticas del país. Fundó su decisión en la supremacía constitucional para evitar el vacío institucional resultante de la omisión en que había incurrido el Poder legislativo 3. no dio cumplimiento a su atribución. tomando en cuenta los candidatos postulados por el respectivo Comité de Postulaciones los Rectores Electorales y sus suplentes. trascurrido el lapso de 10 días. a partir de la resolución adoptada. 4. no se producían los nombramientos aludidos. así como el más amplio catálogo de derechos humanos. Ella reivindica un concepto integral de soberanía y la necesidad de promover una democracia donde haya una nueva y mejor relación entre el Estado y la sociedad. para adaptarlo a las nuevas realidades sociales. Los nombramientos serían provisionales 2. con fundamento en los artículos 335 y 336 (numeral 7) de la Constitución. Garantizó la autonomía al Poder Electoral provisorio electo por la Sala y procedió a su designación y juramentación. dejando a salvo la facultad para elegir a alguien no propuesto por estos. Nuestra Constitución expresa el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. . ella lo haría en un término de diez días continuos. Fue hecha para el cambio social y aún no lo ha concretado plenamente. con menoscabo de lo ordenado por la Constitución. debidamente pautado. así como los nombres asomados por dichos Comités. Creemos de esta manera haber visualizado en un caso concreto la manera de aplicar en Venezuela el control de la omisión constitucional por parte de la autoridad que.16 Con base a estas consideraciones la Sala constató la omisión y. Es un texto inconcluso. para que la Asamblea Nacional venezolana designara. los actos realizados por los Comités de Postulaciones Electorales anteriormente constituidos ante el Poder Legislativo. El 25 de agosto del 2003 la Sala explicó que la Asamblea nacional no había designado a los Rectores del Poder Electoral en el lapso establecido y procedió a tomar la decisión con base a los siguientes supuestos: 1. en transición que se debe revisar continuamente. Tomó en cuenta para la decisión. Concluyó la Sala que si.
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