Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-609-de-agosto-3-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_90df2297bab70042e0430a0101510042&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-18 18:56:51
Document Index: 333849945

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﻿ Sentencia C-609 de agosto 3 de 2010
SENTENCIA C-609 DE 03 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL “ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, HECHO EN LIMA, PERÚ EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y EL “CANJE DE NOTAS ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGEN ERRORES TÉCNICOS Y MATERIALES DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA” Y LA LEY 1359 DE 2009, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENIO INTERNACIONAL EN MATERIA LABORAL, TRATADO INTERNACIONAL
Sentencia C-609 de agosto 3 de 2010
Ref.: Expediente LAT-357
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme su publicación en el Diario Oficial Año CXLIV. 47.545, del 26 de noviembre de 2009, pág. 28.
“Acuerdo de Cooperación Laboral entre la República de Colombia y Canadá.
La República de Colombia y Canadá, en adelante referidas como las “partes”:
Reafirmando las obligaciones de ambos países como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (Organización Internacional del Trabajo) y sus compromisos con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998) (declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo.
ART. 1º—Obligaciones generales.
2. En cuanto a que los principios y derechos enunciados anteriormente se relacionan a la Organización Internacional del Trabajo, los subpárrafos (a) a (d) se refieren sólo a la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo de 1998, mientras que los que se enuncian en los subpárrafos (e) y (f) están relacionados más estrechamente con el Programa de trabajo decente de la Organización Internacional Del Trabajo.
ART. 2º—No derogación. Cada parte asegurará que no dejará de aplicar o de otra forma dejar sin efecto, ni ofrecerá dejar de aplicar o de otra forma dejar sin efecto su legislación laboral de una manera que debilite o reduzca la observancia de los derechos laborales internacionalmente reconocidos señalados en el artículo 1º, como una forma de incentivar el comercio entre las partes, o como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio.
ART. 3º—Medidas de aplicación gubernamental.
ART. 4º—Acceso de los particulares a los procedimientos. Cada parte garantizará que las personas con un interés jurídicamente legítimo según su legislación, tengan acceso adecuado a los procedimientos de un tribunal, el cual podrá aplicar la ley laboral de la parte y hacer efectivos los derechos laborales de tales personas; y, solucionar los incumplimientos de dicha ley o derechos.
ART. 5º—Garantías procesales.
ART. 6º—Información y conocimientos públicos.
ART. 7º—Consejo ministerial.
ART. 8º —Mecanismos nacionales.
ART. 9º—Actividades de cooperación.
ART. 10.—Comunicaciones públicas.
ART. 11.—Consultas generales.
ART. 12.—Consultas ministeriales.
ART. 13.—Panel de revisión.
(ii) incumplimiento de sus obligaciones bajo los artículos 1º y 2º relacionados con la declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo.
ART. 14.—Panelistas.
ART. 15.—Conducción de la revisión.
ART. 16.—Información para el panel de revisión.
ART. 17.—Informe preliminar.
(b) su determinación sobre si la parte que es objeto de la revisión ha tenido un incumplimiento a través de un patrón persistente de omisión de hacer cumplir efectivamente su legislación laboral o un incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con los artículos 1º y 2º relacionados con la declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo, o cualquier otra determinación solicitada requerida en los términos de referencia; y
ART. 18.—Informe final.
ART. 19.—Cumplimiento del informe final. Cuando un panel de revisión determine en su informe final que ha habido un incumplimiento de acuerdo al artículo 17 (2) (b) de la parte que ha sido objeto de la revisión, las partes podrán acordar un plan de acción mutuamente satisfactorio para implementar las recomendaciones del panel.
ART. 20.—Revisión del cumplimiento.
ART. 21.—Revisión de conformidad.
ART. 22.—Principio de aplicación. Nada en este acuerdo se interpretará en el sentido de otorgar derechos a las autoridades de una de las partes para llevar a cabo actividades de aplicación de legislación laboral en el territorio de la otra parte.
ART. 23.—Derechos de particulares. Ninguna de las partes podrá otorgar derecho de acción en su legislación interna en contra de la otra parte, con fundamento en que la otra parte ha actuado en forma inconsistente con este acuerdo.
ART. 24.—Protección de información.
ART. 25.—Cooperación con organismos internacionales y regionales. Las partes podrán establecer acuerdos de cooperación con la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales y regionales competentes para aprovechar su experiencia y recursos con el fin de alcanzar los objetivos de este acuerdo.
ART. 26.—Definiciones. Para los efectos de este acuerdo: No se considerará que una parte ha incurrido en omisiones “en la efectiva aplicación de su legislación laboral” o en cumplimiento del artículo 3º en el caso particular en que la acción o inacción por parte de los funcionarios o entidades de dicha parte:
“días” significa días calendario, incluyendo fines de semana y festivos; “empresa” significa cualquier entidad constituida conforme a la legislación aplicable, tenga o no fines de lucro, y sea de propiedad privada o gubernamental, incluyendo cualquier sociedad, fideicomiso, participación, empresa de propietario único, coinversión u otra asociación;
“legislación laboral” significa leyes, reglamentos y jurisprudencia, según corresponda, que implementen y protejan los principios y derechos laborales establecidos en el artículo 1º;
“persona” significa una persona natural, una empresa o una organización de empleadores o trabajadores;
ART. 27.—Anexos. Los anexos de este acuerdo constituyen parte integral del mismo.
ART. 28.—Idiomas oficiales. Los idiomas oficiales para los propósitos de este acuerdo serán inglés, francés y español.
ART. 29.—Entrada en vigor. Cada parte deberá notificar por escrito a la otra parte con respecto a la conclusión de los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor de este acuerdo. Este acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la segunda notificación, o en la fecha en la cual entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia, lo que ocurra último.
ART. 30—Enmiendas.
ART. 31—Denuncia.
“Actividades de cooperación
(c) derechos fundamentales y su efectiva aplicación: legislación y prácticas relacionadas con los principios contenidos en la declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo (libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación);
(d) la eliminación de las peores forma de trabajo infantil: Legislación y prácticas relacionadas con el cumplimiento del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo;
“Procedimientos relacionados con los paneles de revisión
“Examinar, a la luz de las disposiciones relevantes de este acuerdo, si la parte que ha sido objeto de una reclamación ha tenido, en asuntos relacionados con el comercio, un patrón persistente de omisión en la aplicación efectiva de la legislación laboral o ha omitido el cumplimiento de las obligaciones bajo los artículo 1º y 2º relativos a la declaración de la declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo, y emitir las conclusiones, determinaciones y recomendaciones de conformidad con el párrafo 2 del artículo 17.”
“Extensión de las obligaciones
DM.OAJCAT. 10621
Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia en la oportunidad de hacer referencia a la Nota 084 del 18 de febrero de 2009, en la que informa que se han advertido errores técnicos y de traducción en las versiones en inglés, francés y castellano del “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008. Así mismo en la mencionada nota, considerando la naturaleza técnica y material de los errores, se propone a la República de Colombia su corrección según se estipula en el “Anexo” del mencionado cuerdo, propuesto conjuntamente con la Nota antes citada.
“Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República De Colombia
La Embajada del Canadá presenta su más atento saludo al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia —oficina jurídica— y tiene el honor de referirse a Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia, hecho en Lima el 21 de noviembre de 2008.
La Embajada del Canadá se vale de la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia —oficina jurídica— las seguridades de su más alta y distinguida consideración.
ART. 1º—Apruébese el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7 de 1944, el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Dada en Bogotá, D. C., a los(sic)
“Nota 084
“ART. 1º—Apruébese el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
1.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la Sentencia C-468 de 1997(2) dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva(3), pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
1.3. Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado(4). Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado(5).
1.6. Adicionalmente, respecto de los tratados como el presente, la Corte ha resaltado que como el control constitucional que ejerce es abstracto y previo, es imposible anticipar todas las hipótesis de aplicación y de interpretación del mismo(6), por lo cual sólo ante una contradicción evidente y puntual con la Carta procede la declaratoria de inconstitucionalidad del aparte correspondiente del tratado. No obstante, a medida que éste es desarrollado y aplicado por medio de diversos actos en el ámbito colombiano —expedidos por los órganos competentes, cuyas atribuciones constitucionales se mantienen incólumes— tales actos pueden ser objeto de control constitucional por vía de los mecanismos existentes en el ordenamiento jurídico, como se señala en los Apartados 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 de la Sentencia C-750 de 2008 sobre el TLC. Por lo tanto, esta Corte puede ejercer plenamente sus competencias sobre tales actos, para verificar su conformidad con la Carta a la luz del bloque de constitucionalidad, como se advierte en el Apartado 4.2.8 de la sentencia mencionada. No obstante, esta posibilidad no implica que la Corte Constitucional, juez de la validez constitucional, se convierta en un juez de la armonización interpretativa de diversos tratados.
2. La revisión formal de la Ley 1359 de 2009.
El secretario jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, el 3 de diciembre de 2009 la Ley 1359 de 2009, sancionada por el Presidente el 25 de noviembre de 2009(7), por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia” del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia, de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, es decir, dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. Sobre este punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito de fecha 1º de febrero de 2010, recibido el 5 de febrero de 2010, manifestó que el Presidente de la República confirió plenos poderes al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luís Guillermo Plata Páez, para que en representación del Gobierno Nacional procediera a la suscripción del Acuerdo de Cooperación, dando así cumplimiento a lo que establece el artículo 7º de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados(8).
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1359 de 2009.
2.4.1. El trámite del Proyecto de Ley 1359 de 2009, 281 Senado, 331 de 2009 en las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara.
El Proyecto de Ley 281 de 2009 Senado fue presentado el 1º de abril de 2009 ante la secretaría del Senado de la República por los ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Araujo Perdomo; de Comercio, Industria y Turismo, Luís Guillermo Plata Páez; de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga; de Agricultura, Andrés Felipe Arias; de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Francisco Lozano; de Comunicaciones, María del Rosario Guerra y de Cultura, Paula Marcela Moreno. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos, fueron publicados en la Gaceta del Congreso de la República 188 de 2009(9).
En respuesta al mensaje de urgencia del gobierno nacional presentado el 28 de abril de 2009(10), las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, mediante las Resoluciones 177 de 5 de mayo de 2009(11) y M. D. 938 del 5 de mayo de 2009(12) respectivamente, autorizaron la realización de sesiones conjuntas de la comisiones segundas constitucionales permanentes de Senado y Cámara para debatir y aprobar el Acuerdo de Cooperación Laboral y el Canje de Notas.
La ponencia conjunta correspondió a los senadores de la República Darío Angarita Medellín Coordinador Ponente; Luz Elena Restrepo B. Nancy Patricia Gutiérrez C., Carlos Emiro Barriga P., Mario Varón Olarte, Cecilia López, Alexandra Moreno P., Jesús Enrique Piñacué y a los representantes a la Cámara, Manuel José Vives, Pablo E. Salamanca, Héctor Javier Osorio, Julio Gallardo A., Roosvelt Rodríguez, Pedro Pablo Trujillo, Luís Felipe Barrios, Silfredo Morales A., Fabiola Olaya, Pedro Nelson Pardo y fue publicada en la Gaceta del Congreso 328 de 19 de mayo de 2009(13).
Las comisiones segundas conjuntas realizaron dos debates temáticos los días 12 y 26 de mayo de 2007(14). El Proyecto de Ley 281 de 2009 Senado fue anunciado el 20 de mayo de 2009 para ser votado en la próxima sesión, indicando que ésta se realizaría el próximo martes, 26 de mayo, a las 9:30 a.m.(15). El anuncio previo exigido en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 lo hizo el secretario de la comisión segunda del Senado de la República, por instrucciones del presidente de las comisiones segundas conjuntas, en los siguientes términos:
“Por instrucciones del presidente de la comisión segunda del senado de la república, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (articulo 8º, Acto Legislativo 1 de 2003).
“2. Proyecto de Ley 281 de 2009 Senado y 331 de 2009 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 328 de 2009.
“El señor secretario: Por instrucciones del señor presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión de acuerdo al artículo 8º, del Acto Legislativo 1 de 2003.
“El señor presidente, Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: (...). Terminamos la sesión y convocamos para sesión conjunta el próximo martes a las 9:30 a. m. con el fin de iniciar el trámite de los proyectos de TLC con Canadá y luego el día miércoles, repetimos, 8:00 a. m., ascensos militares y policiales a grados de general y almirantes, para luego Superintendencia de Seguridad Privada.
“Se da por terminada la sesión”.
En la Cámara de Representantes, en la sesión de mayo 20 de 2009(16), también se realizó el anuncio de las sesiones conjuntas a realizar al Proyecto de Ley 281 de 2009 Senado y 331 de 2009 Cámara, así:
Acta 32 de 2009
“Hace uso de la palabra la secretaria de la comisión doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí señor presidente. Anuncio de proyectos para aprobación en primer debate. Señor presidente, según lo ordenado por usted y para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto legislativo 1 de 2003 hago el siguiente anuncio de proyectos de ley para la próxima sesión de comisión.
“Proyecto de Ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia, hecho en Lima, Perú el 21 de noviembre de 2008 y el Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales y el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia.
“Se levanta la sesión a las 10:40 a. m.”.
Según certificación del Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República(17), se dio cumplimiento al inciso 1 del artículo 156 del reglamento, enviando la ponencia para primer debate dentro del plazo establecido. Adicionalmente, no se utilizó el mecanismo autorizado por el inciso 2º del artículo 156 del reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), dado que la ponencia fue publicada en tiempo. El día 26 de mayo de 2009, se hace entrega a los Senadores del ejemplar de la Gaceta 328 de 2009, donde se encuentra publicada la ponencia para primer debate.
El secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República, en constancia de fecha 29 de enero de 2010, recibida por la Corte el 2 de febrero de 2010(18), certifica que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate en sesiones conjuntas el 26 de mayo de 2009.
Por otro lado, según certificación del secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes(19), se dio cumplimiento al inciso 1º del artículo 156 del reglamento, se envío la ponencia para primer debate dentro del plazo establecido. Adicionalmente, no se utilizó el mecanismo autorizado por el inciso 2º del artículo 156 del Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), dado que la ponencia fue publicada en tiempo. El día 26 de mayo de 2009, se hace entrega a los Representantes del ejemplar de la Gaceta 328 de 2009, donde se encuentra publicada la ponencia para primer debate.
El secretario general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en constancia de fecha 27 de enero de 2010, recibida por la Corte el 8 de febrero de 2010(20), certifica que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate en sesiones conjuntas el 26 de mayo de 2009.
Acerca del quórum deliberatorio y decisorio informó que al no haber existido solicitud de verificación del mismo durante la discusión del proyecto de ley 281/09 Senado 331/09 Cámara, este quedó integrado por once (11) de los trece (13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, con la constancia de voto negativo del honorable senador Jesús Enrique Piñacué Achicué.
El secretario general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes expresó que el proyecto de ley estudiado fue aprobado por unanimidad en votación ordinaria, con la asistencia de 18 honorables representantes el día 26 de mayo de 2009 en sesión conjunta(21). Todo lo anterior según consta en las actas conjuntas 5 de mayo 12 de 2009 y 6 de 26 de mayo de 2009, publicados en las gacetas 918 de 2009 y 919 de 2009.
2.4.2. El trámite en la Plenaria del Senado de la República del Proyecto de Ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado.
La ponencia para segundo debate ante la Plenaria Senado fue presentada por los senadores Darío Angarita Medellín, Coordinador Ponente, Luz Elena Restrepo B., Nancy Patricia Gutiérrez C., Carlos Emiro Barriga P., Mario Varón Olarte, Cecilia López, Alexandra Moreno P., Jesús Enrique Piñacué y fue publicada en la Gaceta del Congreso 410 de 2 de junio de 2009(22).
Para dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, el proyecto de ley fue anunciado previamente para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República en la sesión del 17 de junio de 2009, tal como consta en el Acta 62 de la fecha, la cual fue publicada en la Gaceta de Congreso 773 de 25 de agosto de 2009. El anuncio se realizó en los siguientes términos:
“Con la venia de la presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Armando Benedetti Villaneda: (...).
“Proyecto de ley número 281 de 2008 Senado y 331 de 2009 Cámara , ¿por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Laboral entre la República de Colombia y Canadá suscrito en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas” que corrige el Acuerdo de Cooperación Laboral entre la República de Colombia y Canadá del 18 de febrero de 2009 y el 20 de febrero de 2009, respectivamente.
El proyecto de ley fue debatido y aprobado el 18 de junio de 2009, como consta en el Acta 63 de esa fecha, publicada en la Gaceta 835 de 2 de septiembre de 2009. La aprobación fue de 98 honorables senadores asistentes y no hubo constancia de votos negativos, ni solicitud de votación nominal.
La ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes fue presentada por los representantes Manuel José Vives Henríquez, Ponente Coordinador, Pablo Enrique Salamanca Cortés, Héctor Javier Osorio Botello, Julio E. Gallardo Archbold, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Pedro Pablo Trujillo Ramírez, Luís Felipe Barrios Barrios, Silfredo Morales Altamar, Fabiola Olaya Rivera, Representante a la Cámara, Ponentes y publicada en la Gaceta del Congreso 435 del 5 de junio de 2009, en sentido favorable.
El proyecto de ley fue anunciado por primera vez para ser “debatido y aprobado en la próxima sesión” por la Cámara de Representantes en la sesión ordinaria del día miércoles 11 de agosto de 2009, según consta en el Acta 195 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 1051(23) de 2009. El anuncio se hizo en los siguientes términos:
“Proyecto de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Laboral entrela República de Colombia y Canadá suscrito en lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas” que corrige “el Acuerdo de Cooperación Laboral entrela República de Colombia y Canadá, el 18 de febrero de 2009 y el 20 de febrero de 2009, respectivamente.”
“Señor Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley, según el Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003, en su artículo 8º.
El miércoles 12 de agosto de 2009(24), ocurre la discusión del Proyecto de Ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado. En este debate se discutieron tres proposiciones: 1. Archivo del Proyecto, que obtuvo tres votos a favor y 82 en contra; 2. Aprobar la Proposición con la que termina el informe, es decir dar segundo debate al proyecto de ley, que obtuvo 85 votos por el sí y 4 votos por el no; y 3. Aprobar que el proyecto se convirtiera en ley de la República, que fue votado positivamente por 86 representantes y negativamente por 4.
La posibilidad de llevar a cabo un debate conjunto de las comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes en proyectos que tienen exigencias especiales en relación con su iniciación (CP, Art. 154.) ha sido reconocida por esta Corte en múltiples oportunidades(25). En la Sentencia C-058 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), al estudiar el trámite de una ley que decretaba impuestos, la Corte afirmó que la realización conjunta del primer debate de un proyecto tributario no quebranta la prevalencia de la Cámara de Representantes en cuanto al trámite de las iniciativas en materia tributaria.
La Corte Constitucional también ha señalado que no se desconocen los artículos 154 y 163 de la Carta cuando como resultado de un mensaje de urgencia y de la realización del primer debate de un proyecto de ley aprobatoria de un tratado en sesiones conjuntas, se altera el orden de prelación de las cámaras(26). En la sentencia C-369 de 2002, (M.P. Eduardo Montealegre Lynett)(27), esta corporación señaló al controlar el tratado que “la exigencia establecida en el artículo 154 constitucional sobre la iniciación del trámite legislativo de los proyectos de ley relativos a relaciones internacionales no permite desconocer otras competencias constitucionales, como la del gobierno para solicitar un trámite de urgencia, que altera el trámite correspondiente del proyecto. (...). “la posible simultaneidad del segundo debate hace que no exista la prelación temporal de una cámara sobre la otra, prelación que sí se da en el trámite legislativo típico. La eliminación de esta prevalencia es perfectamente concordante con el diseño del sistema bicameral colombiano, en el cual cada cámara tiene similares funciones, y no existe entonces prevalencia funcional de una sobre otra. De otro lado, cuando el legislador orgánico autorizó la posibilidad de llevar a cabo los debates en las plenarias de cada cámara de manera simultánea, tuvo en cuenta que en casos en los que el debate se torna complejo, debe ser eliminada la prelación usual de una cámara sobre otra, ya que tras la deliberación conjunta de las comisiones, los debates y la aprobación en las plenarias pueden terminar en momentos distintos.”
A la luz de lo que establecen los artículos 154 y 163 Superiores, la Corte ha entendido que si ha habido sesión conjunta de las comisiones debido a un mensaje de urgencia, la exigencia constitucional de iniciar el trámite en una de las cámaras legislativas, “se circunscribe sólo a comenzarlo o promoverlo, y no a que éste sea integralmente terminado, por la sencilla razón de que iniciar un trámite no es lo mismo que terminarlo.” Por tanto, la obligación de iniciar el trámite en el Senado no puede significar que deba dársele curso a la totalidad del segundo debate en el Senado, antes de que el proyecto pueda ser tramitado en la Cámara de Representantes. (...). Es innegable entonces que si debido a un mensaje del gobierno para solicitar el trámite de urgencia, las comisiones permanentes de ambas cámaras sesionan conjuntamente, se cumple la primera etapa, y con ésta el requisito constitucional de iniciar el trámite en el Senado”(28). En esa medida, un proyecto de ley aprobatoria de tratado debatido y aprobado en las comisiones conjuntas respectivas, puede ser aprobado en simultáneo en las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, o primero en la Plenaria de la Cámara de Representantes y luego en la Plenaria del Senado de la República, sin que ello implique un desconocimiento del artículo 154 de la Carta.
Así ha sucedido con varios tratados cuyas leyes aprobatorias fueron declaradas exequibles por la Corte. Por ejemplo, en la Sentencia C-1022 de 1999, al revisar la Ley 539 de 1999, aprobatoria del tratado de delimitación marítima entre Colombia y Honduras, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate en sesiones conjuntas el 2 de diciembre de 1999, posteriormente fue aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes el 10 de diciembre de 1999 y en el Senado de la República, el día 13 de diciembre de 1999. En esa ocasión la Corte Constitucional afirmó que “conforme a las pruebas incorporadas al presente expediente, la Corte concluye que la Ley No 539 del 13 de diciembre de 1999 no presenta ningún vicio en su formación”(29).
Algo similar ocurrió en la sentencia C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en donde luego de aprobarse el día 8 de junio de 2005 el proyecto de ley aprobatoria en primer debate en las sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 27 de septiembre de 2005, y por la Plenaria del Senado el día 29 de noviembre de 2005(30). En sentido similar se pueden consultar las sentencias C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández, SV: Jaime Araujo Rentería), C-751 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, SV: Jaime Araujo Rentería), y C-446 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo)
En el caso bajo estudio, el proyecto de ley, fue presentado el 1º de abril de 2009(31) ante la Secretaría del Senado de la República los Ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, Comercio Industria y Turismo y Protección Social, Diego Palacio Betancourt.
Ante el mensaje de urgencia, de fecha 24 de abril de 2009 y radicado en la Secretaría del Senado el 28 de abril de 2009(32), el proyecto fue debatido en las Comisiones Segundas en Sesiones Conjuntas entre el 12 y el 26 de mayo y votado y aprobado el día 26 de mayo de 2009, primero en la Comisión Segunda del Senado y luego por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Posteriormente, fue aprobado el 12 de agosto de 2009 en la Plenaria de la Cámara de Representantes, y el 18 de junio de 2009 en la Plenaria del Senado de la República.
Según el artículo 160 de la Carta, los términos que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de15 días. No obstante, tal como lo ha sostenido de manera reiterada la Corte Constitucional, la solicitud de trámite de urgencia del gobierno altera el rito ordinario de las leyes en el Congreso(33).
Cuando el mensaje de urgencia propicia la sesión conjunta de las comisiones, no es imperativo que medien 15 días entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, pues la Ley 5 de 1992 establece que las comisiones podrán aprobar simultáneamente el proyecto (art. 183). Sobre el tema la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que “si bien entre la aprobación del proyecto ley en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días (C.P., art. 160), la deliberación conjunta de las respectivas Comisiones permanentes de las dos Cámaras para darle primer debate, de producirse como consecuencia del mensaje de urgencia del Presidente de la República (CP art. 163), hace innecesario el cumplimiento de dicho término”(34).
Dado que la solicitud de trámite de urgencia lo que busca es reducir el tiempo que se emplea en el procedimiento legislativo ordinario, el período de reflexión de 15 días requerido por el Constituyente para la consideración de la ley en formación entre una y otra cámara legislativa, resulta innecesario cuando dos comisiones homólogas de una y otra cámara agotan conjuntamente el primer debate. “En el trámite de urgencia, si la iniciativa -sin excepcionar los proyectos de ley relativos a los tributos- se aprueba conjuntamente por las Comisiones respectivas en primer debate, lo que sigue es el segundo debate en cada una de las Cámaras, siempre que medie un lapso no inferior a ocho días”(35).
El artículo 157, numeral 1 de la Constitución señala la obligación de realizar la publicación oficial por el Congreso del proyecto y de la ponencia antes de darle curso en la comisión respectiva(36). Estas publicaciones se cumplieron así:
b) La ponencia conjunta para el primer debate en las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara se publicó en la Gaceta del Congreso 328 de 19 de mayo de 2009 y el proyecto fue debatido y aprobado en dichas sesiones conjuntas el 26 de mayo de 2009.
c) Para segundo debate en el Senado de la República, la ponencia se publicó el 2 de junio de 2009 en la Gaceta del Congreso 410 de 2009, y fue debatido y aprobado el 18 de junio de 2009.
d) En la Cámara, la ponencia para segundo debate se publicó el 5 de junio de 2009 en la Gaceta del Congreso 435 de 2009 y se debatió y aprobó el 12 de agosto de 2009.
En cuanto al quórum decisorio del artículo 146 de la Constitución, según sendas certificaciones de los secretarios del Senado y de la Cámara, las votaciones se dieron por mayoría, estando reunido el quórum requerido, conforme a la exigencia constitucional. En la Gaceta del Congreso 919 de 2009, donde fueron publicadas las sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara en las que se realizó la votación del proyecto, consta que esta votación fue efectuada sin que ninguno de los congresistas solicitara la verificación del quórum decisorio ni de las mayorías. Según certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto fue aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de 11 de los 13 Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado(37). Igualmente, según certificación del Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara, el proyecto fue aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de 18 de los 18 representantes(38) que conforman la Comisión Segunda de la Cámara.
2.4.4.5. Anuncio previo previsto en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.
Acerca del cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Carta(39), la Corte Constitucional ha señalado en varias oportunidades que esta disposición ordena (1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea previamente anunciada; (2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión distinta a la de la sesión en que es sometido a su aprobación; y, (3) que la votación debe surtirse el día en que se anuncie(40).
(i) Anuncio para primer debate en las Comisiones Segundas Conjuntas: El proyecto de ley fue anunciado el 20 de mayo de 2009(41), en la comisión segunda constitucional permanente del Senado, para ser discutido y votado en la próxima sesión, y al final de la sesión se precisó que se citaba “para el próximo martes”(42), y el proyecto fue votado y aprobado efectivamente el 26 de mayo de 2009. En las Comisiones Segundas Conjuntas del Senado y de la Cámara de Representantes el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 se cumplió a cabalidad por las siguientes razones:
(b) se empleó la expresión “anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (Acto Legislativo de 2003, art. 8º)” para señalar expresamente para qué estaban siendo convocados los congresistas.
(d) La votación se hizo efectivamente en la siguiente sesión. En el caso bajo estudio, el secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes luego de informar que en la próxima sesión se votaría el proyecto de ley, señaló al final de la sesión que se citaba para el próximo martes, por lo cual, para los miembros de las comisiones segundas conjuntas, era claro cuándo sería discutido y votado el proyecto(43). Por lo tanto el anuncio previo se hizo de manera clara de acuerdo a la exigencia constitucional.
(ii) Anuncio para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República. El proyecto fue anunciado el 17 de junio de 2009, para “discutir y votar en la próxima sesión”. El proyecto fue efectivamente votado y aprobado en esa sesión. Por lo tanto, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales:
(b) se empleó la expresión “(...). de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán en la próxima sesión” para señalar expresamente para qué estaban siendo convocados los congresistas.
(c) El anuncio se hizo para la “próxima sesión,” una fecha determinable. Al final de la sesión, el Presidente de la Cámara levanta la misma y precisa: “(...). se convoca para el día jueves 18 de junio de 2009, a las 10:00 a.m.”. Es decir que el anuncio inicialmente hecho para una fecha determinable, fue precisado para una fecha determinada, por lo que para los congresistas era claro en qué sesión se llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
(d) La votación se hizo en sesión posterior a aquella en que se realizó el anuncio previo y en la fecha prevista para ello, tal como había sido informado. En este caso, el anuncio previo se hizo el día miércoles17 de junio de 2009(44) y la votación del proyecto se realizó el día jueves 18 de junio de 2009(45), tal como había sido informado a los congresistas, cumpliendo con las exigencias constitucionales.
(iii) Anuncio para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes: El proyecto fue anunciado el 11 de agosto de 2009, para ser “aprobado” al día siguiente. El proyecto fue efectivamente votado y aprobado en la sesión del 12 de agosto. Por lo tanto, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales:
(b) En cuanto a los términos empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la Cámara dice “15 proyectos para el día de mañana vamos anunciar o para la próxima reunión. Se les informa a los Parlamentarios que mañana habrá Plenaria desde las tres de la tarde para aprobar proyectos. (...). se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día miércoles 12 de agosto año 2009 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos”(46). Y bien no emplea explícitamente la palabra votación, señala expresamente el contexto de ese anuncio previo, por lo cual, era posible inferir que se estaba convocando a la Plenaria de la Cámara a la votación de los proyectos de ley mencionados.
Resalta la Corte que en ninguna de las etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. El secretario, autorizado por el Presidente de cada célula legislativa, (i) anunció que el proyecto de ley sería considerado en la próxima sesión o en una fecha determinable; (ii) especificó el número o el nombre del proyecto de ley correspondiente al “Proyecto de Ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Laboral entrela República de Colombia y Canadá suscrito en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas” que corrige “el Acuerdo de Cooperación Laboral entrela República de Colombia y Canadá, el 18 de febrero de 2009 y el 20 de febrero de 2009, respectivamente,” y (iii) la votación del proyecto se llevó a cabo en las sesiones señaladas en el anuncio previo.
En consecuencia, concluye la Corte Constitucional que desde el punto de vista formal, la Ley 1359 de 2009 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Carta Política y en la Ley 5 de 1992 y por lo tanto será declarada exequible.
3. La revisión del acuerdo laboral y del canje de notas desde el punto de vista material.
Así mismo, el acuerdo debe respetar otros tratados internacionales que hayan sido ratificados por Colombia en relación con la protección a los trabajadores migrantes, así como con los Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que hayan sido incorporados a nuestro ordenamiento interno(47).
3.1. Contenido del acuerdo y del canje de notas objeto de revisión.
El acuerdo se encuentra estructurado en cinco partes: I: Obligaciones generales, II: Mecanismos institucionales, III: Procedimiento de revisión de obligaciones, y IV: Disposiciones generales y V: Disposiciones finales
Los objetivos generales de este acuerdo se instrumentalizan a partir de medidas de aplicación gubernamental (Acuerdo, art. 3) que corresponden a mecanismos que vigilan el cumplimiento del tratado in situ, fomentan la creación de comités de empleadores y trabajadores y el uso de mecanismos de resolución de conflictos. En el mismo sentido, en el artículo 6º del acuerdo, se fomenta la publicidad y difusión de las normas laborales y proyectos de las mismas estando abierto a la participación del público y de organizaciones laborales que quieran participar en el proceso de formulación de las mismas o de cualquier aspecto relacionado con el acuerdo. También es obligación de las partes determinar la formulación de actividades de cooperación como elemento esencial para aumentar los niveles de cumplimiento de los estándares laborales y la creación de consejos ministeriales que evalúen el estado de cumplimiento del acuerdo.
En cuanto al Canje de Notas entre Canadá y Colombia, que hacen parte del Acuerdo de Cooperación Laboral bajo estudio, este solo se refiere a la corrección de errores de traducción y mecanográficos y no a modificaciones sustanciales del acuerdo, en particular por el empleo del término “español”, en lugar de la expresión “castellano” para referirse a uno de los idiomas oficiales del Acuerdo. En esa medida no existe ninguna incompatibilidad entre este Canje de Notas y la Carta Política de Colombia.
El tratado se encuentra acorde con la Constitución al cumplir con los principios de reciprocidad y respeto de la soberanía (C.P. arts. 9 y 226) que deben regir el desarrollo de las relaciones internacionales. Todas sus cláusulas prevén obligaciones recíprocas para las partes. De otra parte, el acuerdo reafirma el respeto al principio de soberanía al reiterar que nada de lo dispuesto en su texto se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una parte para realizar actividades orientadas al cumplimiento de la legislación laboral en el territorio de la otra parte.
Para la Corte, las obligaciones establecidas en el acuerdo en materia de protección de los derechos laborales resultan acordes con la Constitución, en particular con el artículo 9 Superior que consagra como fundamentos del manejo de las relaciones exteriores, la soberanía nacional y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. En relación con este punto, el acuerdo reitera el compromiso de Colombia por honrar sus obligaciones ante la Organización Internacional del Trabajo, en materia de derechos laborales y sindicales. Con lo cual resulta compatible con lo que establecen los artículos 9 y 53 de la Carta(48).
Adicionalmente, y como quiera que en relación con varios de los Convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia, la Corte ha afirmado que forman parte del bloque de constitucionalidad(49), ya sea para señalar que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto(50), o para plantear que integran el bloque de constitucionalidad en virtud del inciso segundo del artículo 93 de la C. P.(51), estos convenios también tendrán carácter normativo obligatorio para las obligaciones que surgen del acuerdo de cooperación laboral. En esa medida, las disposiciones del acuerdo son compatibles con lo que establece el artículo 93 de la Carta.
Las obligaciones que surgen del acuerdo para las partes se armonizan igualmente con el mantenimiento y la adopción de nuevos compromisos internacionales en materia laboral y aseguran el respeto a las obligaciones asumidas por las partes ante la Organización Internacional del Trabajo, y al comprometerse las partes a no adoptar medidas que impliquen dejar de aplicar leyes o reglamentos desarrollados para garantizar tales derechos, o incumplir con las responsabilidades asumidas ante la Organización Internacional del Trabajo, se rechaza la posibilidad de reducir los estándares de protección de estos derechos como un medio legítimo para aumentar la competitividad(52), y se garantiza la armonía de los compromisos adquiridos en el acuerdo con otras obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en la materia, de manera acorde con lo que establecen los artículos 9, 224, 226 y 227 de la Carta.
Para la Corte es claro, que el objeto del acuerdo no es regular directamente los derechos fundamentales de los trabajadores sino hacer explícito en un tratado de naturaleza comercial una serie de garantías laborales para asegurar el reconocimiento y protección de los principios y derechos laborales internacionalmente reconocidos(53). De esta forma si no están mencionados todos los derechos y garantías laborales no quiere decir que estos estén excluidos del tratado y no sean parte de las obligaciones estatales pactadas en el tratado. Debe recordarse que no es el reconocimiento expreso lo que permite señalar que se está frente a un derecho fundamental (art. 94 superior)(54).
Este es el caso del derecho a la seguridad social en cuanto a pensiones (vejez, invalidez, y sobrevivencia) y salud. El presente acuerdo no indica nada concreto al respecto, pero al referirse en su objetivo a la obligación de proteger los derechos laborales se encuentran incluidos los derechos referentes a salud y pensión, presente en los ordenamientos jurídicos de cada una de las partes. Esta misma regla aplica a todos los derechos y medidas consagrados en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores migrantes y la Ley 146 de 1994.
En cuanto al canje de notas(55),encuentra la Corte que este no introduce variaciones sustanciales al cuerpo del acuerdo, sino que se orienta a que se emplee técnicamente la denominación de uno de los idiomas oficiales del acuerdo, y en esa medida no implica ninguna contradicción con la Carta.
1. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1359 de 2009, del 25 de noviembre de 2009, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
2. Declarar EXEQUIBLES el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Magistrados: Mauricio González Cuervo—María Victoria Calle Correa—Juan Carlos Henao Perez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Jorge Iván Palacio Palacio—Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Portoluis—Ernesto Vargas Silva.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997 (M.P: Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-378 de 1996 (M.P: Hernando Herrera Vergara); C-682 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-400 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-924 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); C-206 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); C-176 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); C-958 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); C-927 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); C-859 de 2007 (M.P. Mauricio González Cuervo); C-464 de 2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería); C-387 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); C-383 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); c-189 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-121 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(3) Ver Corte Constitucional, sentencias C-468 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-376 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-426 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-924 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
(4) Según lo dispuesto en el artículo 204 del reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la República, C.N., art. 154,) y en el reglamento sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios internacionales (Ley 5/92, art. 217). En relación con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte señaló que durante el trámite de un proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios Internacionales.
(5) El artículo 19 de la convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata (...).”. En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos tratados prohíben cualquier tipo de reservas(como la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el derecho del mar o las convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre diversidad biológica y cambios climático); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones únicamente (p. ej.: Convención sobre refugiados de 1951, art. 42) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de la convención europea de derechos humanos que prohíbe las reservas de carácter vago). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados (convenciones de Viena de 1969 y 1986, art. 20 párrafo 1).
(6) Estas hipótesis aumentan y se hacen más complejas en abstracto, en razón de los problemas que se presentan en la traducción, en ocasiones meramente textual, de conceptos que tienen significación distinta en el ordenamiento jurídico de los Estados parte.
(7) Cuaderno 1, pág. 44.
(8) Adoptada como legislación interna mediante Ley 32 de 1985.
(9) Gaceta del Congreso 188 de 2 de abril de 2009, págs.1-17.
(10) Cuaderno 2, pág 112.
(11) Cuaderno 2, pág. 102.
(12) Cuaderno 2, pág. 104.
(13) Gaceta del Congreso 328 del 19 de mayo de 2009, págs. 5-9.
(14) Gacetas del Congreso 918 y 919 de 2009, Actas sesiones conjuntas 5 (12 de mayo de 2009); 6 (26 de mayo de 2009).
(15) Gaceta del Congreso 951 de 2009, págs. 2, 3 y 31.
(16) Gaceta del Congreso 546 de 2009. Acta 32 de 2009.
(17) Cuaderno 4 Folio 1.
(18) Cuaderno 4 folio 2.
(19) Cuaderno 4 folio 1.
(20) Cuaderno 5, folio 1.
(21) Ibíd, folio 2.
(22) Gaceta del Congreso 410 de 2009, págs. 10 a 13.
(23) Gaceta del Congreso 1051, pág. 10 y 68.
(24) Gaceta del Congreso 1010, págs. 46-52.
(25) En la Sentencia C-955 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), la Corte dijo que “no existe norma superior que establezca un trámite especial para la aprobación de normas tributarias, en cuya virtud se excluya respecto de ellas la eventualidad de las sesiones conjuntas”. En la Sentencia C-058 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), al estudiar el trámite de una ley que decretaba impuestos, la Corte afirmó que la realización conjunta del primer debate de un proyecto tributario no quebranta la prevalencia de la Cámara de Representantes en cuanto al trámite de las iniciativas en materia tributaria. En la Sentencia C-369 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), la Corte resaltó que “la Constitución únicamente ordena que el trámite de los proyectos aprobatorios de tratados sea iniciado en el Senado, pero no está exigiendo que el proyecto sea aprobado integralmente en el Senado antes de que pueda ser tramitado y aprobado en la Cámara de Representantes, pues si existe mensaje de urgencia, y el proyecto es debatido simultáneamente en las dos comisiones permanentes, entonces nada en la Carta impide que la Comisión de la Cámara o la plenaria de esa corporación aprueben el proyecto respectivo previamente a su aprobación en el Senado.”
(26) Ver entre otras las sentencias, C-1022 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(27) C-369 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett, AV: Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, SV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas Hernández).
(28) Sentencia C-369 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett, AV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis).
(29) C-1022 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), mediante la cual se declaró que tanto la Ley 589 de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre Delimitación Marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras”, firmado en San Andrés el 2 de agosto de 1986”, como el tratado eran exequibles.
(30) C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), mediante la cual se declaró que la Ley 1000 de diciembre 30 de 2005, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de complementación económica suscrito entre los Gobiernos de la República de Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay, de la República Oriental del Uruguay, Estados partes de Mercosur y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina y el primer protocolo adicional régimen de solución de controversias’ suscrito en Montevideo-Uruguay a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004)” y el tratado eran exequibles.
(31) Cuaderno 2, Folio 201.
(32) Mediante Resolución M.D. 939 de 2009, la mesa directiva de la Honorable Cámara de Representantes autorizó sesiones conjuntas de las comisiones segundas de Senado y Cámara. Así mismo, el Senado de la República expidió la Resolución 177 el 5 de mayo de 2009 autorizando las sesiones conjuntas.
(33) Ver entre otras, las sentencias C-025 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-955 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); C-058 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); C-369 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); C-846 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(34) Ver Sentencia C-025 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(35) Sentencia C-025 de 1993, fundamento 37.
(36) Constitución Política, Artículo 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: ║ 1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. (…).”
(37) Oficio remitido por el secretario general de la Comisión Segunda de la Senado de la República de fecha 29 de enero de 2010 y radicado el 3 de febrero de 2010. Cuaderno 4 Fl.2.
(38) Oficio remitido por el secretario general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de fecha 27 de enero de 2010 y radicado el 8 de febrero de 2010.
(39) El artículo 160 de la Constitución fue adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de fecha 3 de julio de 2003 así: “Artículo 8º. El artículo 160 de la Constitución Política tendrá un inciso adicional del siguiente tenor: ║ Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
(40) Véase entre muchas otras las sentencias C-644 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes); C-549 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-172 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); C-241 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y los Autos 038 de 2004 y 089 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(41) Gaceta del Congreso 951 de 2009.
(42) Gaceta del Congreso 951 de 2009. Pág 31.
(43) Gaceta del Congreso 546 de 2009.
(44) Gaceta del Congreso 773 de 2009.
(45) Gaceta del Congreso 835 de 2009.
(46) Gaceta del Congreso 1051 de 2009.
(47) Tal es el caso, por ejemplo, de la Ley 146 de 1994 “Por medio de la cual se aprueba la "convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares", hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990”, junto con los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento promulgados por la Organización Internacional del Trabajo y recomendaciones 86 y 151 del mismo órgano. (declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo). En relación con la protección de los derechos de los trabajadores migrantes existen otros Convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo de los cuales Colombia no es parte: el Convenio 97 sobre los trabajadores migrantes (revisado),de 1949, el Convenio 143 sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), de 1975, la Recomendación 61 sobre los trabajadores migrantes de 1939, la Recomendación 62 sobre los trabajadores migrantes (colaboración entre Estados), de 1939, la Recomendación 100 sobre la protección de los trabajadores migrantes (países insuficientemente desarrollados), de 1955, la Recomendación 151 sobre los trabajadores migrantes de 1975 y el acuerdo tipo sobre las migraciones temporales y permanentes de trabajadores, con inclusión de la migración de refugiados y personas desplazadas.
(48) De conformidad con lo establece el artículo 53 de la Constitución “[l]os Convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna.” Colombia ha ratificado los siguientes Convenios de la Organización Internacional del Trabajo: C1 Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919; C2 Convenio sobre el desempleo, 1919; C3 Convenio sobre la protección a la maternidad, 1919; C4 Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919; C6 Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919; C8 Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920; C9 Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920; C11 Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921; C12 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921; C13 Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921; C14 Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921; C16 Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921; C17 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925; C18 Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925; C19 Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925; C20 Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderías), 1925; C21 Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926; C22 Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926; C23 Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926; C24 Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927; C25 Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927; C26 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928; C174 Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993; C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930; C30 Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930; C52 Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936; C167 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988; C170 Convenio sobre los productos químicos, 1990; C80 Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946; C81 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947; C87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; C88 Convenio sobre el servicio del empleo, 1948; C95 Convenio sobre la protección del salario, 1949; C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; C99 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951; C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951; C101 Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952; C104 Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955; C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957; C106 Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957; C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; C116 Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1961; C129 Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969; C136 Convenio sobre el benceno, 1971; C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973; C144 Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976; C151 Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 C154 Convenio sobre la negociación colectiva, 1981; C 159 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983; C160 Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985; C161 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985; C162 Convenio sobre el asbesto, 1986; C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(49) Ver por ejemplo, la Sentencia SU-995 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz, Av: Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que se concedió el amparo solicitado por numerosos docentes de un municipio que reclamaban el pago de sus salarios y prestaciones sociales. En esta ocasión, se recurrió a un Convenio del trabajo para interpretar el contenido del vocablo salario, con el fin determinar la amplitud de la protección que pueden recibir a través de la acción de tutela los funcionarios que no han recibido los pagos que les corresponden. En la Sentencia C-567 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra, SPV: José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis, AV: Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa) entre otras decisiones, se declaró la inconstitucionalidad de una norma que prohibía la coexistencia de dos o más sindicatos de base en una misma empresa. En la sentencia se indicó que “la Corte, al avocar el tema, sólo puede realizar el examen de las normas legales impugnadas frente a la Constitución, y también, en este caso, al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo., que según jurisprudencia de la Corporación, hace parte del denominado ‘bloque de constitucionalidad’ (sentencias T-418 de 1992; C-225 de 1995; y, T-568 de 1999, entre otras).” En la Sentencia C-797 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell, SPV Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo; Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Alfredo Beltrán Sierra; Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis; y Fabio Morón Díaz), se invocó el Convenio 87 al juzgar la constitucionalidad de múltiples normas del Código Sustantivo del Trabajo que habían sido acusadas, en lo esencial, de desconocer la libertad de los sindicatos para dictar autónomamente sus estatutos y establecer su forma de organización y funcionamiento, al igual que su derecho a obtener de manera automática su personería. Varias de las normas acusadas fueron declaradas inexequibles. A manera de ejemplo, en la sentencia se declaró inconstitucional la norma que regulaba la elección de las directivas sindicales, porque “de acuerdo con el artículo 3º del Convenio 87 a las organizaciones sindicales les asiste el derecho de elegir libremente sus representantes, e igualmente les corresponde, a través de sus estatutos fijar las reglas de juego, concernientes con el proceso de elección de los miembros de las juntas directivas.” En la Sentencia C-1491 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz, AV: Cristina Pardo Schlesinger), que declaró la constitucionalidad de la norma que prohíbe suscribir o prorrogar pactos colectivos en las empresas cuyos sindicatos agrupen más de la tercera parte de los trabajadores, se declaró exequible el segmento normativo acusado del artículo 70 de la Ley 50 de 1.990, “por no ser violatorio de los artículos 13, 39, 55, 92 y 93 superiores, así como por no contradecir las convenciones 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo., que conforman, se reitera, el bloque de constitucionalidad, según lo ha precisado y reiterado múltiples veces esta corporación, entre otras, en las sentencias C-385/2000, C-797/2000, T-441/92, SU-342/95, C-567/2000.” En la Sentencia C-551 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett, SPV: Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández), que versó sobre la Ley 796 de 2003, por la cual se convocó al referendo sobre el proyecto de reforma constitucional, la Corte acudió a distintos Convenios al efectuar el juzgamiento de algunas normas de la ley, para determinar si representaban una sustitución de la Constitución, para lo cual eran relevantes los tratados que integran el bloque de constitucionalidad. Las mencionadas normas fijaban topes máximos a las pensiones con cargo a recursos públicos, eliminaban los regímenes pensionales especiales, determinaban la edad mínima para jubilarse, ordenaban la revisión de las pensiones otorgadas en contra del ordenamiento vigente y congelaban por un período determinado los sueldos y pensiones pagados con recursos públicos. Por lo tanto, procedió también a analizar las normas a la luz de los Convenios sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes (Convenio 128) y sobre la negociación colectiva (Convenios 98, 151 y 154), de informes de la comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo y de casos adelantados ante el comité de libertad sindical, para concluir finalmente que las normas juzgadas no constituían una sustitución de la Constitución.
(50) Así se hizo en la Sentencia C-170 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil),que declaró inexequible varias normas del código del menor que contemplan que, excepcionalmente, determinadas autoridades podrían permitir el trabajo de niños mayores de 12 años, luego de obtener el concepto favorable del defensor de familia. En la sentencia se expresó en relación con los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo: “19.En desarrollo de estas últimas disposiciones, es decir, de los artículos 93 y 94 de la Carta Fundamental, la Corte Constitucional ha reconocido que las normas contenidas en la convención sobre los derechos de niño (Ley 12/91), el Convenio 138 sobre la “edad mínima de admisión de empleo” (Ley 515/99) y el Convenio 182 sobre la “prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación” (Ley 704 de 2001), forman parte del bloque de constitucionalidad strictu sensu y, por lo mismo, no sólo sirven de parámetros de validez constitucional de los preceptos legales, sino que también tienen fuerza vinculante.(...). “27.En este orden de ideas, los parámetros de validez del trabajo infantil y, por ende, la normatividad referente al señalamiento de la edad mínima para acceder a la vida productiva, tienen su determinación en un marco constitucional compuesto por el preámbulo y los artículos 44, 45, 67, 93 y 94 del Texto Superior, en armonía con las disposiciones previstas en la convención sobre los derechos del niño (Ley 12/91) y en los Convenios 138 sobre la “edad mínima de admisión de empleo” (Ley 515/99) y 182 sobre la “prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación” (Ley 704 de 2001), ambos proferidos por la Organización Internacional del Trabajo.”
(51) Así se hizo en la Sentencia C-038 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett, SPV individual Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández, Av. de Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño), que versó sobre la demanda de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley 789 de 2002, que reformaban el Código Sustantivo del Trabajo. En la sentencia se expresó: “20. Ahora bien, y conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corte, para determinar cuáles son esos principios constitucionales mínimos del trabajo que deben ser respetados por cualquier reforma laboral, es necesario tomar en cuenta también los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad. En particular, en esta materia tienen mucha importancia los límites y deberes al Estado impuestos por los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Colombia, por el Pidesc, y por el Protocolo de San Salvador, todos los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con lo ordenado por el artículo 93 de la Carta, que establece que los “derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” En la Sentencia C-035 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte Constitucional expresó lo siguiente acerca de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y el bloque de constitucionalidad: “.esta corporación igualmente ha reconocido que dada la naturaleza abierta e indeterminada de las normas constitucionales, es una labor compleja para el legislador desentrañar el sentido y finalidades de cada institución jurídica que pretende regular. ║ “Sin embargo, de igual manera se ha reiterado, que el legislador puede acudir a los Convenios proferidos al amparo de la Organización Internacional del Trabajo, para encontrar en ellos guías ineludibles que le permitirán establecer, si la regulación que se pretende realizar se adecua o no a la finalidad que se persigue con cada acreencia laboral o prestación social y, adicionalmente, si las condiciones impuestas logran asegurar su adquisición, goce y disfrute al amparo de los hechos que le sirven de fundamento. ║ “Por ello, en varias oportunidades, esta corporación le ha concedido a los Convenios y tratados internacionales del trabajo, la naturaleza de normas constitutivas del bloque de constitucionalidad por vía de interpretación, cuyo propósito consiste precisamente en servir de herramienta para desentrañar la naturaleza abierta e indeterminada de los conceptos jurídicos previstos en el Texto Superior. ║ (...). “Para desentrañar el límite máximo que tiene el legislador para proceder a su establecimiento, los Convenios internacionales de protección al trabajador se convierten en la herramienta apropiada para precisar el contenido abierto e indeterminado que en dicha materia reviste la Constitución Política (C.N. art. 93, inciso 2º) Luego, y en virtud de lo previsto en los artículos 5º y 11º del Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajp, es indiscutible que cualquier plazo que fije el Congreso de la República, en ningún caso, puede superar el lapso de seis (6) de prestación de servicios para tener derecho a vacaciones pagadas de forma proporcional.”
(52) C-751 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(53) C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(55) La nota del Gobierno de Canadá dice en lo pertinente lo siguiente:
Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia en la oportunidad de hacer referencia a la Nota 084 del 18 de febrero de 2009, en la que informa que se han advertido errores técnicos y de traducción en las versiones en inglés, francés y castellano del “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008. Así mismo en la mencionada Nota, considerando la naturaleza técnica y material de los errores, se propone a la República de Colombia su corrección según se estipula en el “anexo” del mencionado acuerdo, propuesto conjuntamente con la Nota antes citada.
Sobre el particular, cumplo con informar a Su Excelencia que el Gobierno de la República de Colombia encuentra que los errores indicados son de recibo, y que los términos en que deben ser corregidos conforme aparece en el citado “anexo” son apropiados. En consecuencia, su nota y la presente, junto con el “anexo” adjunto a las mismas, constituyen un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, relativo a las correcciones de errores técnicos y de traducción en las versiones inglés, francés y castellano de acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia del 21 de noviembre de 2008. (...).”