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Timestamp: 2020-08-04 09:21:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 63', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 19']

Diario Oficial L 327/2008
Reglamento (CE) no 1207/2008 del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 639/2004 sobre la gestión de las flotas pesqueras registradas en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad
Reglamento (CE) no 1208/2008 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2008, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
Reglamento (CE) no 1209/2008 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2008, por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (CE) no 945/2008 para la campaña 2008/2009
Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores ( 1 )
Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la Confederación Suiza
Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, por la que se nombra a un miembro y dos suplentes de los Países Bajos del Comité de las Regiones
Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, por la que se modifica el anexo 13 de la Instrucción consular común, sobre el modo de cumplimentar la etiqueta de visado
Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, por la que se nombra a dos miembros y dos suplentes daneses del Comité de las Regiones
Decisión de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por la que se establecen las garantías sanitarias para el transporte de équidos entre dos terceros países, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 91/496/CEE del Consejo [notificada con el número C(2008) 6296] ( 1 )
Decisión de la Comisión, de 28 de noviembre de 2008, por la que se autoriza a determinados Estados miembros a revisar su programa anual de seguimiento de la EEB [notificada con el número C(2008) 7288]
Corrección de errores de la Directiva 93/92/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la instalación de dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa en los vehículos de motor de dos o tres ruedas (DO L 311 de 14.12.1993)
REGLAMENTO (CE) N o 1207/2008 DEL CONSEJO
El Reglamento (CE) no 639/2004 (2) establece excepciones a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (3). Dicho artículo establece un régimen general de gestión de las entradas y salidas de la flota.
El artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) no 639/2004 fija el período de validez de la excepción al régimen de entradas y salidas de la flota para los buques pesqueros que hayan recibido ayuda pública para su renovación. Dicho período se fijó inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2007 y se amplió posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2008, tras el acuerdo político alcanzado por el Consejo el 19 de junio de 2006 con respecto al Fondo Europeo de Pesca.
El acto de la Comisión por el que se autoriza a los Estados miembros en cuestión a conceder ayudas estatales fue adoptado más tarde de lo previsto. Dado que los astilleros afectados cuentan con una capacidad limitada, la plena aplicación del acuerdo político alcanzado por el Consejo el 19 de junio de 2006 resulta imposible dentro del plazo que acaba el 31 de diciembre de 2008.
Conviene, por tanto, prorrogar hasta 2011 el plazo que fija para la excepción el artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) no 639/2004.
Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 639/2004 en consecuencia.
No obstante el punto 3, a los buques pesqueros que hayan recibido ayuda pública para renovación, la excepción prevista en el punto 1, letra a), dejará de aplicarse tres años después de que se haya concedido la ayuda pública para renovación y, en ningún caso, no más tarde del 31 de diciembre de 2011.».
La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento a más tardar el 30 de junio de 2012.».
(1) Dictamen emitido el 21 de octubre de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial).
(2) DO L 102 de 7.4.2004, p. 9.
(3) DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.
REGLAMENTO (CE) N o 1208/2008 DE LA COMISIÓN
El presente Reglamento entrará en vigor el 5 de diciembre de 2008.
REGLAMENTO (CE) N o 1209/2008 DE LA COMISIÓN
El Reglamento (CE) no 945/2008 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2008/2009. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (CE) no 1149/2008 de la Comisión (4).
(4) DO L 309 de 20.11.2008, p. 3.
Importes modificados de los precios representativos y los derechos de importación adicionales del azúcar blanco, el azúcar en bruto y los productos del código NC 1702 90 95 aplicables a partir del 5 de diciembre de 2008
Conviene aclarar el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2006/66/CE (3) a fin de que las pilas y acumuladores puestos en el mercado legalmente en cualquier lugar de la Comunidad antes del 26 de septiembre de 2008 y que no satisfagan los requisitos de la citada Directiva puedan seguir en el mercado comunitario después de esa fecha. Esta aclaración aportaría seguridad jurídica en relación con las pilas comercializadas en la Comunidad y garantizaría el correcto funcionamiento del mercado interior. La aclaración se ajusta al principio de minimización de residuos y ayudaría a reducir las cargas administrativas.
«2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las pilas y acumuladores que no cumplan los requisitos de la presente Directiva no sean puestos en el mercado después del 26 de septiembre de 2008.
Las pilas y acumuladores que no cumplan los requisitos de la presente Directiva y puestos en el mercado después de esa fecha, serán retirados del mismo.».
(1) Dictamen emitido el 9 de julio de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial).
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 20 de octubre de 2008.
relativa a la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la Confederación Suiza
Visto el Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo») (1), que fue firmado el 26 de octubre de 2004 (2) y entró en vigor el 1 de marzo de 2008 (3), y, en particular, su artículo 15, apartado 1,
El artículo 15, apartado 1, del Acuerdo establece que las disposiciones del acervo de Schengen se aplicarán en la Confederación Suiza únicamente en virtud de una decisión del Consejo a tal efecto, previa comprobación del cumplimiento de las condiciones necesarias para la aplicación de dicho acervo.
El Consejo, tras haber comprobado que la Confederación Suiza cumple las condiciones necesarias para la aplicación de la parte del acervo Schengen relativa a la protección de datos, ha declarado, mediante su Decisión 2008/421/CE (4), aplicables las disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen a la Confederación Suiza a partir del 14 de agosto de 2008.
El Consejo ha comprobado, de conformidad con los procedimientos de evaluación de Schengen establecidos en la Decisión del Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evaluación y aplicación de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (5), que se han cumplido en la Confederación Suiza las condiciones necesarias para la aplicación del acervo de Schengen en todos los demás ámbitos del acervo de Schengen: fronteras terrestres, cooperación policial, el Sistema de Información de Schengen y los visados.
El 27 de noviembre de 2008, el Consejo llegó a la conclusión de que en la Confederación Suiza se han cumplido las condiciones relativas a cada uno de los ámbitos mencionados.
Por lo que respecta a la evaluación y aplicación del acervo de Schengen en las fronteras aéreas, en una fase posterior deberán realizarse nuevas visitas de evaluación.
Por consiguiente, se pueden fijar fechas para la aplicación de la totalidad del acervo de Schengen, por ejemplo fechas a partir de las cuales deberán suprimirse los controles sobre las personas en las fronteras interiores con la Confederación Suiza. Si las nuevas visitas de evaluación en las fronteras aéreas no arrojaran buenos resultados, se debería reconsiderar la fecha fijada para la aplicación del acervo de Schengen que regula la supresión de los controles de las personas en las fronteras aéreas.
A partir de la primera de estas fechas, deberán levantarse las restricciones que pesan sobre el uso del Sistema de Información de Schengen, dispuestas en la Decisión 2008/421/CE.
De conformidad con el artículo 15, apartado 4, del Acuerdo y el artículo 14, apartado 1, del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza (6), este Acuerdo debe aplicarse a partir del 12 de diciembre de 2008.
El Acuerdo entre la Confederación Suiza y el Reino de Dinamarca sobre la generación de derechos y obligaciones entre Dinamarca y la Confederación Suiza en relación con las disposiciones del acervo de Schengen que entran dentro del ámbito del título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea dispone que entrará en vigor, por lo que respecta a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, en la misma fecha en que entre en vigor el Acuerdo.
De conformidad con el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, del Acuerdo, y como resultado de la aplicación parcial del acervo de Schengen por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte según lo establecido en la Decisión 2004/926/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, sobre la ejecución de partes del acervo de Schengen por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (7), y, en particular, el primer párrafo de su artículo 1, solo parte de las disposiciones del acervo Schengen aplicable a la Confederación Suiza en sus relaciones con los Estados miembros que aplican el acervo Schengen en su totalidad deberán ser aplicadas en las relaciones de la Confederación Suiza con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
De conformidad con el artículo 15, apartado 1, párrafo tercero, del Acuerdo, y como resultado de la aplicación parcial del acervo de Schengen por parte de Chipre, por una parte, y de Bulgaria y Rumanía, por otra, como queda establecido en el artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003 y en el artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005, respectivamente, solo parte del acervo Schengen aplicable a estos Estados miembros deberá ser aplicada a la Confederación Suiza en sus relaciones con estos Estados miembros.
El Acuerdo entre la Confederación Suiza y la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen y a los criterios y mecanismos por el que se establece el Estado responsable de examinar una solicitud de asilo depositada en Suiza, Islandia o Noruega dispone que entrará en vigor, por lo que respecta a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, en la misma fecha en que entre en vigor el Acuerdo.
1. Todas las disposiciones contempladas en los anexos A y B del Acuerdo y cualquier acto que constituya un desarrollo posterior de una o de varias de estas disposiciones se aplicarán a la Confederación Suiza en sus relaciones con el Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República de Eslovaquia, la República de Finlandia y el Reino de Suecia a partir del 12 de diciembre de 2008.
En la medida en que dichas disposiciones regulen la supresión de los controles de personas en las fronteras interiores, se aplicarán a partir del 29 de marzo de 2009 a las fronteras aéreas. El Consejo, por mayoría simple de los miembros del Consejo que representan a los Gobiernos de los Estados miembros a los que se aplica las disposiciones del acervo de Schengen que regula la supresión de los controles de personas en las fronteras interiores, podrá decidir aplazar esa fecha. En ese caso, el Consejo, por unanimidad de esos miembros, fijará una nueva fecha.
Todas las restricciones que impongan los países afectados al uso del Sistema de Información de Schengen quedarán levantadas desde el 8 de diciembre de 2008.
2. Las disposiciones del acervo de Schengen que aplica el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la base del artículo 1 de la Decisión 2004/926/CE y de cualquier acto que constituya un desarrollo ulterior de una o varias de estas disposiciones, se aplicará a la Confederación Suiza en sus relaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a partir del 12 de diciembre de 2008.
3. Las disposiciones del acervo de Schengen aplicables a Chipre, por una parte, y a Bulgaria y Rumanía, por otra, sobre la base del artículo 3, apartado 1, del Acta de adhesión de 2003 y del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2005, respectivamente, y cualquier acto que constituya un desarrollo ulterior de una o varias de estas disposiciones, se aplicará a la Confederación Suiza en sus relaciones con Chipre, Bulgaria y Rumanía a partir del 12 de diciembre de 2008.
No obstante lo dispuesto en el anexo II del Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (8), se autoriza a Suiza a mantener la exención de visado para los nacionales de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados y San Cristóbal y Nieves desde el 12 de diciembre de 2008 hasta que entre en vigor un acuerdo de exención de visado entre la Comunidad Europea y cada uno de esos países.
(1) DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
(2) Decisiones del Consejo 2004/849/CE (DO L 368 de 15.12.2004, p. 26) y 2004/860/CE (DO L 370 de 17.12.2004, p. 78).
(3) Decisiones del Consejo 2008/146/CE (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1) y 2008/149/JAI (DO L 53 de 27.2.2008, p. 50).
(4) DO L 149 de 7.6.2008, p. 74.
(5) DO L 239 de 22.9.2000, p. 138.
(6) DO L 53 de 27.2.2008, p. 5.
(7) DO L 395 de 31.12.2004, p. 70.
(8) DO L 81 de 21.3.2001, p. 1.
por la que se nombra a un miembro y dos suplentes de los Países Bajos del Comité de las Regiones
Vista la propuesta del Gobierno de los Países Bajos,
Ha quedado vacante en el Comité de las Regiones un puesto de miembro como consecuencia de la dimisión del Sr. Nico SCHOOF. Ha quedado vacante un puesto de suplente como consecuencia de la dimisión del Sr. Lodewijk ASSCHER. Ha quedado vacante un puesto de suplente como consecuencia del nombramiento, en virtud de la presente Decisión, del Sr. Bas VERKERK como miembro del Comité de las Regiones.
Sr. Bas VERKERK, alcalde de Delft (cambio de mandato)
Sr. Job COHEN, alcalde de Amsterdam
Sr. Hans KOK, alcalde de Hof van Twente.
por la que se modifica el anexo 13 de la Instrucción consular común, sobre el modo de cumplimentar la etiqueta de visado
Visto el Reglamento (CE) no 789/2001 del Consejo, de 24 de abril de 2001, por el que el Consejo se reserva competencias de ejecución en relación con determinadas disposiciones detalladas y procedimientos prácticos de examen de solicitudes de visado (1), y, en particular, su artículo 1, apartado 1,
Vista la iniciativa de Francia,
Es necesario actualizar la Instrucción consular común para que recoja la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la Confederación Suiza en virtud de la Decisión 2008/903/CE (2).
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Decisión desarrolla el acervo de Schengen con arreglo a lo dispuesto en el título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 del mencionado Protocolo, decidirá dentro de un período de seis meses a partir de la adopción de la presente Decisión por el Consejo si la incorpora a su legislación nacional.
Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo (3).
La presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (4). El Reino Unido, por lo tanto, no participa en su adopción y no queda vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.
La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (5). Irlanda, por lo tanto, no participa en su adopción y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
Por lo que respecta a Suiza, la presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (6), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (7).
Por lo que respecta a Liechtenstein, la presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo firmado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión de este último al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (8), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/261/CE del Consejo (9).
Por lo que se refiere a Chipre, la presente Decisión constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o que de algún modo está relacionado con él, en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003.
La presente Decisión constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o que está relacionado con él de otro modo en el sentido del artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005.
En la Instrucción consular común, anexo 13, ejemplos 11 y 14, se añade en la lista de códigos de los países el siguiente código:
«Confederación Suiza: CH».
La presente Decisión se aplicará a partir de la fecha fijada en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión 2008/903/CE relativa a la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la Confederación Suiza (10).
(8) Documento del Consejo 16462/06; disponible en: http://register.consilium.europa.eu
(10) Véase la página 15 del presente Diario Oficial.
por la que se nombra a dos miembros y dos suplentes daneses del Comité de las Regiones
Han quedado vacantes en el Comité de las Regiones dos puestos de miembro tras el término de los mandatos de la Sra. Mona HEIBERG y la Sra. Helene LUND. Han quedado vacantes en el Comité de las Regiones dos puestos de suplente tras el término de los mandatos del Sr. Jens Christian GJESING y la Sra. Tove LARSEN.
Sra. Helene LUND, Byrådsmedlem, Furesø Kommune (cambio de mandato),
Sra. Mona HEIBERG, 1. Næstformand for Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune (cambio de mandato),
Sr. Jens Christian GJESING, 1. Viceborgmester, Haderslev Kommune (cambio de mandato),
Sra. Tove LARSEN, Borgmester, Aabenraa Kommune (cambio de mandato).
por la que se establecen las garantías sanitarias para el transporte de équidos entre dos terceros países, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 91/496/CEE del Consejo
[notificada con el número C(2008) 6296]
Vista la Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de terceros países y por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 1, letra c),
La Decisión 94/467/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, por la que se establecen las garantías sanitarias para el transporte de équidos entre dos terceros países, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 91/496/CEE (2), ha sido modificada en diversas ocasiones (3) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Decisión.
De acuerdo con las disposiciones del artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 91/496/CEE, deben establecerse las garantías sanitarias para el transporte de animales entre dos terceros países. Se han encontrado algunos problemas en lo referente al traslado de équidos de un tercer país a otro.
La Decisión 92/260/CEE de la Comisión (4) establece las condiciones y los certificados sanitarios animales necesarios para la admisión temporal de caballos registrados. Estas condiciones ofrecen todas las garantías necesarias en cuanto a la situación sanitaria de la Comunidad. Por tanto, conviene tomar como referencia las condiciones sanitarias establecidas en la Decisión 92/260/CEE para definir las garantías sanitarias aplicables al traslado de équidos entre dos terceros países. Entre otros requisitos, dicha Decisión exige un determinado plazo de residencia en el país de expedición. No obstante, para el cómputo de ese plazo puede ser válido el período de residencia en los Estados miembros o en los terceros países recogidos en una lista, siempre que se cumplan las mismas condiciones sanitarias.
1. Los équidos procedentes de un tercer país con destino a otro tercer país deberán proceder exclusivamente de uno de los terceros países enumerados en el anexo I de la Decisión 92/260/CEE.
2. Los équidos contemplados en el apartado 1 deberán ir acompañados de un certificado denominado «Certificado de tránsito para el transporte de équidos de un tercer país a otro tercer país». Dicho certificado deberá incluir los apartados I, II y III del certificado sanitario, excepto el inciso v) de la letra e) correspondiente al tercer país de procedencia establecido en el anexo II de la Decisión 92/260/CEE. Deberá incluir igualmente los apartados siguientes:
Équido procedente de: …
con destino a: …
Sello y firma del veterinario oficial: … (país)».
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 y, únicamente en lo que respecta a los équidos registrados, la lista de países del tercer guión de la letra d) de la sección III de los certificados A, B, C, D y E del anexo II de la Decisión 92/260/CEE se sustituirá por la lista de terceros países de los grupos A a E del anexo I de dicha Decisión.
Queda derogada la Decisión 94/467/CE.
(2) DO L 190 de 26.7.1994, p. 28.
(4) DO L 130 de 15.5.1992, p. 67.
Decisión 94/467/CE de la Comisión
(DO L 190 de 26.7.1994, p. 28).
Decisión 96/81/CE de la Comisión
(DO L 19 de 25.1.1996, p. 53).
Decisión 2001/662/CE de la Comisión
(DO L 232 de 30.8.2001, p. 28).
Decisión 94/467/CE
por la que se autoriza a determinados Estados miembros a revisar su programa anual de seguimiento de la EEB
[notificada con el número C(2008) 7288]
(Los textos en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca son los únicos auténticos)
Visto el Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1 ter, párrafo segundo,
El Reglamento (CE) no 999/2001 establece normas para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en los animales. Establece que cada Estado miembro llevará a cabo un programa anual de seguimiento de las EET basado en el seguimiento activo y pasivo, con arreglo a su anexo III.
En el artículo 6, apartado 1 ter, del Reglamento (CE) no 999/2001 se establece que a petición de un Estado miembro que pueda demostrar que la situación epidemiológica del país ha mejorado, con arreglo a determinados criterios que se establecerán de conformidad con el procedimiento contemplado en dicho artículo, se podrán revisar sus programas anuales de seguimiento.
En el anexo III, capítulo A, parte I, punto 7, del Reglamento (CE) no 999/2001 se establece la información que han de presentar a la Comisión y los criterios epidemiológicos que deben cumplir los Estados miembros que desean revisar sus programas anuales de seguimiento.
El 17 de julio de 2008, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria emitió dos dictámenes científicos relativos a la revisión del sistema de seguimiento de la EEB en algunos Estados miembros. En ellos se evalúa el riesgo adicional que presenta para la salud humana y la sanidad animal la aplicación de un régimen revisado de seguimiento de la EEB en los 15 Estados que eran miembros de la Comunidad antes del 1 de mayo de 2004, y se concluye que en dichos Estados miembros dejaría de detectarse anualmente menos de un caso de EEB si se aumentara de 24 a 48 meses la edad de los bovinos sometidos al seguimiento de esta enfermedad.
El 17 de julio de 2008, Italia presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 7 de agosto de 2008, Irlanda presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 13 de agosto de 2008, Austria presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 13 de agosto de 2008, Dinamarca presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 15 de agosto de 2008, el Reino Unido presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 20 de agosto de 2008, Luxemburgo presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 28 de agosto de 2008, Alemania presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 28 de agosto de 2008, los Países Bajos presentaron a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 29 de agosto de 2008, Finlandia presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 29 de agosto de 2008, Suecia presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 4 de septiembre de 2008, Portugal presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 8 de septiembre de 2008, Francia presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 9 de septiembre de 2008, España presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 11 de septiembre de 2008, Bélgica presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 17 de septiembre de 2008, Grecia presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.
El 18 de septiembre de 2008, un grupo de trabajo de expertos ad hoc examinó las solicitudes presentadas por esos 15 Estados miembros y concluyó que los análisis de riesgo presentados por los Estados miembros en apoyo de sus solicitudes eran adecuados para garantizar la protección de la salud humana y la sanidad animal. El grupo estudió, asimismo, todos los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1 ter, párrafo tercero, y todos los criterios epidemiológicos establecidos en el anexo III, capítulo A, parte I, punto 7, del Reglamento (CE) no 999/2001, que los Estados miembros deben cumplir para demostrar que la situación epidemiológica del país ha mejorado, y consideró que se cumplían.
Por lo tanto, procede autorizar a los 15 Estados miembros cuyas solicitudes se han evaluado favorablemente a que revisen su programa anual de seguimiento y establezcan en 48 meses el nuevo límite de edad para la prueba de la EEB en su territorio.
Algunos Estados miembros que se adhirieron a la Comunidad a partir del 1 de mayo de 2004 pero habían comenzado a adaptar su normativa en los años de preadhesión también presentaron solicitudes a la Comisión para revisar sus programas anuales de seguimiento de la EEB. Además de la evaluación científica, y para verificar el cumplimiento de los criterios epidemiológicos, se espera que la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) lleve a cabo una inspección en dichos Estados miembros y también en los que soliciten una revisión de su programa. La Comisión ha recibido solicitudes de revisión de Eslovenia y de Chipre.
Por razones prácticas, conviene que la fecha de comienzo de los programas anuales revisados de seguimiento coincida con el ejercicio presupuestario comunitario.
A partir del 1 de enero de 2009, los Estados miembros enumerados en el anexo de la presente Decisión podrán revisar su programa anual de seguimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 999/2001 («los programas anuales revisados de seguimiento»).
Los programas anuales revisados de seguimiento se aplicarán solamente a la población bovina nacional del Estado miembro en cuestión y cubrirán como mínimo a todos los bovinos de más de 48 meses de edad de las siguientes subpoblaciones:
animales a los que se hace referencia en el anexo III, capítulo A, parte I, punto 2.2, del Reglamento (CE) no 999/2001;
animales a los que se hace referencia en el anexo III, capítulo A, parte I, punto 2.1, del Reglamento (CE) no 999/2001;
animales a los que se hace referencia en el anexo III, capítulo A, parte I, punto 3.1, del Reglamento (CE) no 999/2001.
Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El 29 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó, de conformidad con las conclusiones de Tampere, un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal (1), pronunciándose a favor de una evaluación de la necesidad de mecanismos modernos de reconocimiento mutuo de las resoluciones definitivas de condena a penas de privación de libertad (medida no 14), así como de la ampliación del principio del traslado de personas condenadas a los residentes en un Estado miembro (medida no 16).
El Programa de La Haya sobre la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (2) exige que los Estados miembros completen el programa de medidas, en particular en el ámbito de la ejecución de condenas firmes a penas de prisión.
La presente Decisión Marco se aplicará también, mutatis mutandis, a la ejecución de condenas en los supuestos contemplados en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 5, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (3). Ello implica, entre otras cosas, que, no obstante lo dispuesto en dicha Decisión Marco, el Estado de ejecución podrá verificar si existen motivos de denegación conforme a lo previsto en el artículo 9 de la presente Decisión Marco y comprobar la posible doble tipificación, en la medida en que el Estado de ejecución haya formulado una declaración en virtud del artículo 7, apartado 4, de la presente Decisión Marco, como condición para reconocer y ejecutar la sentencia, con vistas a estudiar si opta por entregar al condenado o ejecutar la sentencia en los casos que se ajusten al artículo 4, apartado 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI.
La presente Decisión Marco debe aplicarse de conformidad con la legislación comunitaria pertinente, incluidas, en particular, la Directiva 2003/86/CE del Consejo (4), la Directiva 2003/109/CE del Consejo (5) y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6).
«sentencia»: la resolución u orden firme de un órgano jurisdiccional del Estado de emisión que impone una condena a una persona física;
«condena»: cualquier pena o medida privativa de libertad, de duración limitada o indeterminada, impuesta por razón de una infracción penal como consecuencia de un proceso penal;
«Estado de emisión»: el Estado miembro en el que se haya dictado una sentencia;
«Estado de ejecución»: el Estado miembro al que se haya transmitido una sentencia con vistas a su reconocimiento y ejecución.
3. La presente Decisión Marco solo se aplicará al reconocimiento de sentencias y a la ejecución de condenas en el sentido de la presente Decisión Marco. El hecho de que, además de la condena, se haya impuesto multa y/o resolución de decomiso, que todavía no se hayan abonado, cobrado o ejecutado, no impedirá la transmisión de la sentencia. El reconocimiento y la ejecución de dichas multas y resoluciones de decomiso en otro Estado miembro se basarán en los instrumentos aplicables entre Estados miembros, en particular la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (7), y la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (8).
el Estado miembro de nacionalidad del condenado en el que este viva, o
el Estado miembro de nacionalidad al que, si no es el Estado miembro en el que vive, el condenado será expulsado una vez puesto en libertad en virtud de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa o cualquier otra medida derivada de la sentencia, o
cualquier Estado miembro, distinto de los Estados miembros mencionados en las letras a) y b), cuya autoridad competente consienta en que se le transmita la sentencia y el certificado a dicho Estado miembro.
cuando el condenado viva y haya estado residiendo legalmente de forma continuada al menos durante cinco años en el Estado de ejecución y vaya a mantener un derecho de residencia permanente en dicho Estado, o
cuando el condenado tenga la nacionalidad del Estado de ejecución en casos distintos de los contemplados en el apartado 1, letras a) y b).
tenga un derecho de residencia permanente en el respectivo Estado miembro de conformidad con la legislación nacional de aplicación de la legislación comunitaria adoptada basándose en los artículos 18, 40, 44 y 52 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, o bien
posea un permiso de residencia válido, en calidad de residente permanente o de larga duración, en el respectivo Estado miembro, de conformidad con la legislación nacional de aplicación de la legislación comunitaria adoptada basándose en el artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los Estados miembros en los que es aplicable la legislación comunitaria, o de conformidad con el Derecho nacional por lo que respecta a los Estados miembros para los que no es aplicable.
4. Si la autoridad competente del Estado de emisión desconoce cuál es la autoridad competente del Estado de ejecución, efectuará todas las investigaciones necesarias, incluso recurriendo a los puntos de contacto de la Red Judicial Europea establecida mediante la Acción Común 98/428/JAI del Consejo (9), a fin de obtener esa información del Estado de ejecución.
al Estado miembro de nacionalidad en que viva el condenado;
al Estado miembro al que el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa o cualquier otra medida derivada de la sentencia;
al Estado miembro al que el condenado se haya fugado o al que haya regresado ante el proceso penal abierto contra él en el Estado de emisión o por haber sido condenado en el Estado de emisión.
fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (10),
tráfico ilícito de materiales nucleares o radiactivos,
cuando el certificado a que se refiere el artículo 4 esté incompleto o no corresponda manifiestamente a la sentencia, y no se complete o el error no se subsane dentro de un plazo razonable fijado por la autoridad de ejecución;
cuando no se cumplan los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1;
si la ejecución de la condena vulnerase el principio ne bis in idem;
cuando, en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 7, apartado 3, y, en caso de que el Estado de ejecución haya formulado la declaración prevista en el artículo 7, apartado 4, en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 7, apartado 1, la sentencia se refiera a hechos no constitutivos de infracción de acuerdo con el Derecho del Estado de ejecución. No obstante, en materia de impuestos o derechos, de aduana y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la sentencia aduciendo que la legislación del Estado de ejecución no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene el mismo tipo de reglamentación en materia de impuestos, de derechos, de aduana o de cambio que la legislación del Estado de emisión;
cuando la ejecución de la condena haya prescrito con arreglo a la legislación del Estado de ejecución;
cuando en virtud del Derecho del Estado de ejecución exista inmunidad que impida la ejecución de la condena;
cuando la condena haya sido impuesta a una persona física que, debido a su edad, no habría podido ser considerada penalmente responsable con arreglo a la legislación del Estado de ejecución por los hechos que hayan motivado la sentencia;
si a la recepción de la sentencia por la autoridad competente del Estado de ejecución, la parte de condena sin cumplir es inferior a seis meses;
si la sentencia se ha dictado en rebeldía, a no ser que en el certificado conste que la persona fue citada personalmente o que se le notificó, por conducto de un representante competente según la legislación nacional del Estado de emisión, la fecha y lugar del procedimiento que dio lugar a la sentencia dictada en rebeldía, o que el interesado haya indicado a una autoridad competente que no impugna la resolución;
si el Estado de ejecución, antes de que se adopte una decisión con arreglo al artículo 12, apartado 1, presenta una solicitud de conformidad con el artículo 18, apartado 3, y el Estado de emisión no da su consentimiento, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, letra g), para que la persona de que se trate sea procesada, condenada o privada de libertad de cualquier otra forma en el Estado de ejecución, por una infracción cometida antes de su traslado distinta de la que hubiere motivado el traslado;
si la condena impuesta incluye una medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualquier otra medida privativa de libertad, que, no obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, el Estado de ejecución no puede ejecutar de conformidad con su sistema jurídico o sanitario;
si la sentencia se refiere a delitos penales que, con arreglo al Derecho interno del Estado de ejecución, se consideran cometidos en su integridad o en su mayor o fundamental parte en su territorio, o en un lugar equivalente al mismo.
cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado de ejecución, la persona no lo haya hecho en un plazo de 45 días desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo;
cuando la infracción no sea punible con una pena privativa de libertad o un auto de internamiento;
cuando el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida que restrinja la libertad individual;
cuando la persona condenada pueda estar sometida a una sanción o medida no privativa de libertad, en particular una sanción pecuniaria o medida sustitutoria de esta, aun cuando dicha sanción o medida sustitutoria pudieren restringir su libertad individual;
cuando el condenado haya dado su consentimiento al traslado;
cuando la persona condenada hubiere renunciado expresamente, después del traslado, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a su traslado. La renuncia se efectuará ante las autoridades judiciales competentes del Estado de ejecución y se levantará acta de la misma con arreglo al Derecho interno de este. La renuncia se efectuará en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. Con este fin, la persona detenida tendrá derecho a la asistencia de un abogado;
en los casos no señalados en las letras a) a f), cuando el Estado de emisión dé su consentimiento con arreglo al apartado 3.
de la transmisión de la sentencia y del certificado a la autoridad competente responsable de su ejecución de conformidad con el artículo 5, apartado 5;
de la imposibilidad práctica de ejecutar la condena, tras la transmisión de la sentencia y del certificado al Estado de ejecución, por no haberse logrado encontrar al condenado en el territorio del Estado de ejecución, en cuyo caso no habrá obligación de ejecutar la condena por parte del Estado de ejecución;
de la resolución firme de reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena, indicando la fecha de la resolución;
de cualquier resolución denegatoria del reconocimiento de la sentencia y de la ejecución de la condena, adoptada con arreglo al artículo 9, y de los motivos de la resolución;
de cualquier resolución de adaptación de la condena de conformidad con el artículo 8, apartados 2 o 3, y de los motivos de dicha resolución;
de cualquier resolución de no ejecutar la condena, por los motivos mencionados en el artículo 19, apartado 1, y de los motivos de la resolución;
del inicio y del fin del período de libertad condicional, cuando así lo indique el certificado del Estado de emisión;
de la fuga de la persona condenada;
de la ejecución de la condena tan pronto como haya finalizado.
Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas de 21 de marzo de 1983, y su Protocolo Adicional de 18 de diciembre de 1997,
Convenio Europeo sobre la validez internacional de las sentencias penales de 28 de mayo de 1970,
(3) DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
(4) DO L 251 de 3.10.2003, p. 12.
(6) DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
(7) DO L 76 de 22.3.2005, p. 16.
(9) DO L 191 de 7.7.1998, p. 4.
(10) DO C 316 de 27.11.1995, p. 49.
Corrección de errores de la Directiva 93/92/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la instalación de dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa en los vehículos de motor de dos o tres ruedas
( Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 311 de 14 de diciembre de 1993 )
En la página 50, en el anexo V, en el punto 6.1.10:
«6.1.10
Testigo de conexión: optativo»,
Testigo de conexión: obligatorio».