Source: https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/decision/2010/2010605DC.htm
Timestamp: 2019-09-22 02:44:43
Document Index: 235449785

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 267', 'artículo 2', 'artículo 136', 'artículo 55', 'artículo 61', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 62', 'artículo 23', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 267', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 88', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 267', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 26', 'artículo 21', 'artículo 30', 'artículo 26', 'artículo 47', 'artículo 302', 'artículo 48', 'artículo 13', 'artículo 34', 'Artículo 2']

Sentencia n° 2010-605 DC de 12 de Mayo de 2010 | Conseil constitutionnel
Sentencia n° 2010-605 DC de 12 de Mayo de 2010
Sentencia n° 2010-605 DC du 12 de Mayo de 2010
Ley relativa a la apertura a la competencia y a la regulación del sector de los juegos de dinero y de azar por internet
Ante el requerimiento formulado al Consejo Constitucional, en la forma prevista por el artículo 61, segundo párrafo, de la Constitución, con respecto a la impugnación de la ley relativa a la apertura a la competencia y a la regulación del sector de los juegos de dinero y de azar por internet el 13 de abril de 2010, por: Don Jean-Marc AYRAULT, Doña Patricia ADAM, Doña Sylvie ANDRIEUX, Don Jean-Paul BACQUET, Don Dominique BAERT, Don Claude BARTOLONE, Don Christian BATAILLE, Doña Delphine BATHO, Doña Chantal BERTHELOT, Doña Gisèle BIÉMOURET, Don Patrick BLOCHE, Don Daniel BOISSERIE, Don Jean-Michel BOUCHERON, Don Christophe BOUILLON, Doña Monique BOULESTIN, Don Pierre BOURGUIGNON, Doña Danielle BOUSQUET, Don François BROTTES, Don Alain CACHEUX, Don Jérôme CAHUZAC, Don Thierry CARCENAC, Don Laurent CATHALA, Don Bernard CAZENEUVE, Don Guy CHAMBEFORT, Don Jean-Paul CHANTEGUET, Don Gérard CHARASSE, Don Alain CLAEYS, Don Jean-Michel CLÉMENT, Doña Marie-Françoise CLERGEAU, Doña Catherine COUTELLE, Doña Pascale CROZON, Don Frédéric CUVILLIER, Doña Claude DARCIAUX, Don Pascal DEGUILHEM, Doña Michèle DELAUNAY, Don Guy DELCOURT, Don Bernard DEROSIER, Don René DOSIÈRE, Don Tony DREYFUS, Don Jean-Pierre DUFAU, Don William DUMAS, Doña Laurence DUMONT, Don Jean-Paul DUPRÉ, Don Yves DURAND, Don Olivier DUSSOPT, Don Christian ECKERT, Don Henri EMMANUELLI, Doña Corinne ERHEL, Don Albert FACON, Don Hervé FÉRON, Doña Aurélie FILIPPETTI, Doña Geneviève FIORASO, Don Pierre FORGUES, Doña Valérie FOURNEYRON, Don Jean-Claude FRUTEAU, Don Jean-Louis GAGNAIRE, Don Jean GAUBERT, Don Jean-Patrick GILLE, Doña Annick GIRARDIN, Don Jean GLAVANY, Don Daniel GOLDBERG, Don Gaëtan GORCE, Doña Pascale GOT, Don Marc GOUA, Doña Élisabeth GUIGOU, Don David HABIB, Doña Danièle HOFFMAN-RISPAL, Don François HOLLANDE, Don Christian HUTIN, Doña Monique IBORRA, Doña Françoise IMBERT, Don Michel ISSINDOU, Don Serge JANQUIN, Don Henri JIBRAYEL, Don Régis JUANICO, Doña Marietta KARAMANLI, Don Jean-Pierre KUCHEIDA, Don Jérôme LAMBERT, Don François LAMY, Don Jack LANG, Doña Colette LANGLADE, Don Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Don Jean-Yves LE DÉAUT, Don Jean-Marie LE GUEN, Doña Annick LE LOCH, Don Bruno LE ROUX, Doña Marylise LEBRANCHU, Doña Catherine LEMORTON, Doña Annick LEPETIT, Don Bernard LESTERLIN, Don Albert LIKUVALU, Don François LONCLE, Don Jean MALLOT, Doña Jacqueline MAQUET, Doña Marie-Lou MARCEL, Don Philippe MARTIN, Doña Martine MARTINEL, Doña Frédérique MASSAT, Don Didier MATHUS, Doña Sandrine MAZETIER, Don Michel MÉNARD, Don Kléber MESQUIDA, Don Arnaud MONTEBOURG, Don Pierre MOSCOVICI, Don Pierre-Alain MUET, Don Henri NAYROU, Don Alain NÉRI, Doña Françoise OLIVIER-COUPEAU, Don Christian PAUL, Doña George PAU-LANGEVIN, Don Germinal PEIRO, Don Jean-Luc PÉRAT, Doña Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Doña Martine PINVILLE, Don Philippe PLISSON, Doña Catherine QUÉRÉ, Don Jean-Jack QUEYRANNE, Don Dominique RAIMBOURG, Don Simon RENUCCI, Doña Marie-Line REYNAUD, Don Marcel ROGEMONT, Don René ROUQUET, Don Michel SAINTE-MARIE, Don Michel SAPIN, Doña Odile SAUGUES, Don Christophe SIRUGUE, Doña Marisol TOURAINE, Don Jean-Louis TOURAINE, Don Philippe TOURTELIER, Don Jean-Jacques URVOAS, Don Daniel VAILLANT, Don Jacques VALAX, Don Manuel VALLS, Don Michel VAUZELLE, Don André VÉZINHET, Don Jean-Michel VILLAUMÉ y Don Philippe VUILQUE, diputados.
Vista la orden n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificada relativa a la ley orgánica sobre el Consejo Constitucional;
Vista la ley orgánica n° 2009-1523 de 10 de diciembre de 2009 relativa a la aplicación del artículo 61-1 de la Constitución, junto con la sentencia n° 2009-595 DC de 3 de diciembre de 2009;
Visto del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, especialmente su artículo 267;
Visto el código general de impuestos;
Visto el código de la seguridad social;
Vista la ley de 2 de junio de 1891 que tiene como objeto reglamentar la autorización y el funcionamiento de las carreras de caballos;
Vista le ley de 18 de abril de 1924 por la que se modifica el artículo 2 de la ley de 21 de mayo de 1836 relativa a la prohibición de las loterías;
Vistas las observaciones del Gobierno, presentadas el 20 de abril de 2010;
Vistas las observaciones presentadas por los diputados recurrentes, registradas el 28 de abril de 2010, y la sentencia del Tribunal Supremo francés de 16 de abril de 2010, nº 12003 ND;
Vistas las nuevas observaciones del Gobierno, presentadas el 30 de abril de 2010;
Considerando que los diputados recurrentes impugnan ante el Consejo Constitucional la ley relativa a la apertura a la competencia y a la regulación del sector de los juegos de dinero y de azar por internet; que presentan quejas contra el cnjunto de la ley; que impugnan, además, sus artículos 1º, 26, 47 y 48;
SOBRE LAS QUEJAS DIRIGIDAS CONTRA EL CONJUNTO DE LA LEY:
Considerando que, según los recurrentes, la ley impugnada habría sido adoptada según un procedimiento contrario a la Constitución; que afirman que vulneraría el principio fundamental de prohibición de los juegos de azar; que no sería conforme al derecho de la Unión Europea; que sería contraria al interés general, así como al objetivo de salvaguarda del orden público; que, por último, los medios que aplica serían manifiestamente inapropiados para los objetivos que persigue;
En lo referido a la queja resultante de la irregularidad del procedimiento de adopción de la ley:
Considerando que, según los recurrentes, al suspender la sesión pública tras haber declarado abierto el escrutinio para la votación de una propuesta de rechazo previa en segunda lectura, el presidente de la Asamblea Nacional [cámara de diputados] incumplió el reglamento de esta cámara y no respetó las exigencias de claridad y de sinceridad de los debates parlamentarios;
Considerando que se desprende de los trabajos parlamentarios que el presidente de sesión no había declarado abierto el escrutinio antes de haber decidido suspender la sesión durante las explicaciones de la votación; que, en definitiva, los reglamentos de las cámaras parlamentarias no tienen por sí mismos un valor constitucional; que en cualquier caso, ninguna de las disposiciones del reglamento de la Asamblea Nacional no le prohíbe al presidente de sesión suspender la sesión durante las explicaciones de votación; que, por consiguiente, la queja debe ser desestimada;
En lo referido a la queja resultante de la vulneración de de un principio fundamental reconocido por las leyes de la República en materia de prohibición de los juegos de dinero y de azar:
Considerando que, según los recurrentes, «al decidir liberalizar el sector de los juegos por internet, el legislador vuelve a cuestionar frontalmente una tradición jurídica francesa que se traduce desde el siglo XIX, en materia de juegos de azar, en los tres principios de prohibición, de excepción y de exclusividad»; que habría incumplido, al hacerlo, un principio fundamental reconocido por las leyes de la República;
Considerando que la tradición republicana tan sólo podría invocarse de forma útil para afirmar que un texto legislativo que la contradice sería contrario a la Constitución en la medida en que de esta tradición hubiese nacido un principio fundamental reconocido por las leyes de la República en el sentido del primer párrafo del Preámbulo de la Constitución de 1946;
Considerando que, si bien la ley de 2 de junio de 1981 anteriormente citada prohibió las apuestas en las carreras de caballos y la de 18 de abril de 1924 confirmó el principio de prohibición de las loterías instituido por una ley de 1836, estas legislaciones nunca atribuyeron a estas normas un carácter absoluto, sino que las proporcionaron constantemente exenciones y excepciones importantes; que, además, el legislador también aportó otras excepciones a la prohibición de los juegos de dinero y de azar mediante la ley de 15 de junio de 1907, por la que se regulan los juegos en casinos y salas de juego de las estaciones balnearias, termales y climatéricas y el artículo 136 de la ley de finanzas de 31 de mayo de 1933 por el que se autoriza al Gobierno a crear la Lotería Nacional; que, por ello, estas leyes de la República no podrían ser vistas como que han reconocido un principio fundamental;
Considerando, por lo demás, que los artículos 11, 12 y 14 de la ley impugnada someten la organización por internet de la toma de apuestas hípicas, deportivas o de juegos de casino a un régimen de autorización previa; que, de este modo, en cualquier caso, la queja resultante del hecho de que la ley habría «liberalizado» los juegos por internet debe ser desestimada;
En lo referido a las quejas relativas al derecho de la Unión Europea:
Considerando que los recurrentes sostienen que «el derecho comunitario no impone de modo alguno una tal apertura a la competencia puesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite al contrario el mantenimiento de los monopolios siempre y cuando sean justificados por los objetivos de protección del orden público y del orden social»; que instan al Consejo Constitucional a comprobar que la ley «no es inconvencional» al referirse a la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2010 anteriormente mencionada que indica que el Consejo Constitucional podría ejercer «un control de conformidad de las leyes con los compromisos internacionales de Francia y, especialmente, con el derecho comunitario»;
En cuanto a la superioridad de los compromisos internacionales y europeos sobre las leyes:
Considerando, por una parte, que de conformidad con los términos del artículo 55 de la Constitución: «Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados, tendrán, a partir de su publicación, autoridad superior a la de las leyes, a reserva, para cada acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte»; que, si bien estas disposiciones confieren a los tratados, en la forma por ellas determinada, una autoridad superior a la de las leyes, no prescriben ni implican que el respeto de este principio deba ser garantizado en el marco del control de la conformidad de las leyes con la Constitución;
Considerando, por otra parte, que, para aplicar el derecho reconocido por el artículo 61-1 de la Constitución a cualquier justiciable de ver examinado, a petición suya, el motivo resultante de que una disposición legislativa incumple los derechos y libertades garantizados por la Constitución, el quinto párrafo del artículo 23-2 de la orden de 7 de noviembre de 1958 anteriormente citada y el segundo párrafo de su artículo 23-5 precisan la articulación entre el control de conformidad de las leyes con la Constitución, que incumbe al Consejo Constitucional, y el control de su compatibilidad con los compromisos internacionales y europeos de Francia, que incumbe a las jurisdicciones administrativas y judiciales; que, de este modo, el motivo resultante de la falta de compatibilidad de una disposición legislativa con los compromisos internacionales y europeos de Francia no podría verse como una queja de inconstitucionalidad;
Considerando que el examen de una tal queja, fundada en los tratados o el derecho de la Unión Europea, depende de la competencia de las jurisdicciones administrativas y judiciales;
Considerando, en primer lugar, que la autoridad que se aplica a la sentencias del Tribunal Constitucional en virtud del artículo 62 de la Constitución no limita la competencia de las jurisdicciones administrativas y judiciales para hacer prevalecer estos compromisos sobre una disposición legislativa incompatible con ellos, aun cuando esta última haya sido declarada conforme con la Constitución;
Considerando, en segundo lugar, que se desprende de los propios términos del artículo 23-3 de la orden de 7 de noviembre de 1958 anteriormente nombrada que el juez que transmita una cuestión prioritaria de constitucionalidad, cuya duración para ser examinada está estrictamente enmarcada, puede, por una parte, pronunciarse sin esperar la resolución relativa a la cuestión prioritaria de constitucionalidad si la ley o el reglamento prevé que resuelva en el plazo determinado o de forma urgente y, por otra parte, tomar todas las medidas provisionales o cautelares necesarias; que puede, de este modo, suspender inmediatamente cualquier eventual efecto de la ley incompatible con el derecho de la Unión, garantizar la preservación de los derechos que los justiciables tienen en virtud de los compromisos internacionales y europeos de Francia y garantizar la plena eficacia de la resolución jurisdiccional que deba pronunciarse; que el artículo 61-1 de la Constitución, de igual modo que los artículos 23-1 y siguientes de la orden de 7 de noviembre de 1958 anteriormente nombrada no obstaculizan que el juez al que se somete un litigio en el que se invoca la incompatibilidad de una ley con el derecho de la Unión Europea haga, en cualquier momento, lo que sea necesario para impedir que las disposiciones legislativas que obstaculizan la plena eficacia de las normas de la Unión sean aplicadas en dicho litigio;
Considerando, en último lugar, que el artículo 61-1 de la Constitución y los artículos 23-1 y siguientes de la orden de 7 de noviembre de 1958 anteriormente nombrada tampoco privan a las jurisdicciones administrativas y judiciales, inclusive cuando transmiten una cuestión prioritaria de constitucionalidad, de la facultad o, cuando sus resoluciones no son susceptibles de un recurso jurisdiccional de derecho interno, de la obligación de presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial en cumplimiento del artículo 267 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea;
Considerando que, de esta forma, no corresponde al Consejo Constitucional, al que se recurre en cumplimiento del artículo 61 o del artículo 61-1 de la Constitución, examinar la compatibilidad de una ley con los compromisos internacionales y europeos de Francia; que, de este modo, pese a la mención en la Constitución del tratado firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, no le corresponde controlar la compatibilidad de una ley con las estipulaciones de este tratado; que, como consecuencia, la petición por la que se tiende a controlar la compatibilidad de la ley impugnada con los compromisos internacionales y europeos de Francia, especialmente con el derecho de la Unión Europa, debe ser desestimada;
En cuanto a la transposición de las directivas europeas:
Considerando que con arreglo al artículo 88-1 de la Constitución: «La República participa en la Unión Europea, compuesta por Estados que han elegido libremente ejercer en común algunas de sus competencias en virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, tal y como resultan del tratado firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007»; que, de este modo, la transposición en derecho interno de una directiva comunitaria resulta de una exigencia constitucional;
Considerando que corresponde al Consejo Constitucional, al que se somete en la forma prevista por el artículo 61 de la Constitución una ley que tiene como objeto incorporar al derecho interno una directiva comunitaria, velar por el respeto de esta exigencia; que, no obstante, el control que ejerce a dicho efecto está doblemente limitado; que en primer lugar, la transposición de una directiva no podría ir contra una norma o un principio inherente a la identidad constitucional de Francia, salvo en aquello que haya consentido el constituyente; que en segundo lugar, al deber pronunciarse antes de la promulgación de la ley en el plazo previsto por el artículo 61 de la Constitución, el Consejo Constitucional no podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea fundándose en el artículo 267 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea; que, por consiguiente, tan sólo podría declarar no conforme al artículo 88-1 de la Constitución una disposición legislativa manifiestamente incompatible con la directiva que tiene como objeto incorporar; que, en cualquier caso, les corresponde a las jurisdicciones administrativas y judiciales ejercer el control de compatibilidad de la ley con respecto a los compromisos europeos de Francia y, en su caso, recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a título perjudicial;
Considerando, por el contrario, que el respeto de la exigencia constitucional de transposición de las directivas no depende de los «derechos y libertades garantizados por la Constitución» y no podría, por ello, ser invocado en el marco de una cuestión prioritaria de constitucionalidad;
Considerando que, en este caso, la ley impugnada no tiene como objeto incorporar una directiva; que, por consiguiente, la queja resultante del incumplimiento del artículo 88-1 de la Constitución debe ser desestimada;
Considerando que se desprende de todo lo anterior que las quejas relativas al incumplimiento del derecho de la Unión Europea deben ser desestimadas;
En lo referido a las quejas resultantes del incumplimiento del interés general, del no respeto del objetivo de valor constitucional de salvaguarda del orden público y de la falta de adecuación de los medios con respecto a los objetivos perseguidos:
Considerando que los recurrentes sostienen que la ley impugnada es manifiestamente contraria al interés general puesto que tiende a «garantizar la promoción de intereses privados en detrimento de los intereses superiores de la colectividad»; que estiman que la ley impugnada «parece clara y radicalmente contraria a la salvaguarda del orden público sin el cual el ejercicio de las libertades no podría ser garantizado»; que el legislador no habría adoptado las medidas adecuadas a los objetivos perseguidos; que sería el caso, en especial, en materia de publicidad; que, por último, la apertura a la competencia de los juegos por internet facilitaría la corrupción;
Considerando, en primer lugar, que el Consejo Constitucional no dispone de un poder general de apreciación y de decisión del mismo tipo que el del Parlamento; que le está permitido en cualquier momento al legislador, resolviendo en el ámbito de su competencia, adoptar, para la realización o la conciliación de objetivos de carácter constitucional, nuevas modalidades de las que debe valorar su carácter oportuno y modificar textos anteriores o derogarlos sustituyéndolos, en su caso, por otras disposiciones, siempre y cuando, en el ejercicio de este poder, no prive de garantías legales exigencias de carácter constitucional;
Considerando, en segundo lugar, que el legislador puede aportar a la libertad de emprender, que resulta del artículo 4 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, límites vinculados con exigencias constitucionales o justificados por el interés general, a condición de que no resulten de ello vulneraciones desproporcionadas respecto del objetivo perseguido;
Considerando, en este caso, que al adoptar la ley impugnada, el legislador quiso luchar contra las malas acciones del mercado ilegal de juegos y apuestas por internet creando una oferta legal bajo el control del Estado; que, para ello, ha sometido la organización de los juegos por internet a un régimen de autorización previa; que ha creado una autoridad administrativa independiente, la Autoridad de regulación de juegos por internet, encargada de autorizar a nuevos operadores, controlar el cumplimiento de sus obligaciones y participar en la lucha contra operadores ilegales; que ha publicado medidas destinadas a prevenir un hábito, proteger a los públicos vulnerables, luchar contra el blanqueo de dinero y garantizar la sinceridad de las competiciones deportivas y los juegos; que ha optado por no abrir el acceso de los operadores autorizados al mercado de los juegos de puro azar; que ha regulado la publicidad a favor de la oferta legal de juego sancionando penalmente aquella a favor de la oferta ilegal; que con respecto a los objetivos que se había fijado, ha adoptado medidas capaces de garantizar una conciliación que no es manifiestamente desequilibrada entre el principio de la libertad de emprender y el objetivo de valor constitucional de salvaguarda del orden público;
Considerando que se desprende de todo lo anterior que las quejas dirigidas contra el conjunto de la ley deben ser desestimadas;
SOBRE EL ARTÍCULO 1º:
Considerando que con arreglo al artículo 1º de la ley impugnada: «Los juegos de dinero y de azar no son ni un comercio ordinario, ni un servicio ordinario; en cumplimiento del principio de subsidiaridad, son objeto de un marco estricto con respecto a los retos del orden público, de seguridad pública y de protección de la salud de los menores»;
Considerando que con arreglo al artículo 6 de la Declaración de 1789: «La ley es la expresión de la voluntad general... »; que resulta de este artículo al igual que del conjunto de las demás normas de valor constitucional relativas al objeto de la ley que, sin perjuicio de disposiciones particulares previstas por la Constitución, la ley pretende enunciar reglas y debe, como consecuencia, estar revestida de alcance normativo;
Considerando que, contrariamente a lo que afirman los recurrentes, el artículo 1º de la ley impugnada, que aparta los juegos de dinero y de azar del derecho común de libertad de emprender, no está desprovisto de cualquier alcance normativo;
Considerando que el artículo 1º de la ley impugnada no es contrario a la Constitución;
SOBRE EL ARTÍCULO 26:
Considerando que con arreglo al artículo 26 de la ley impugnada: «El operador de juegos o de apuestas por internet titular de la autorización prevista por el artículo 21 debe obstaculizar la participación en las actividades de juego o de apuesta que propone de las personas a las que se les prohíbe jugar en virtud de la reglamentación en vigor o excluidas del juego a petición suya. Consultará para ello, por intermediario de la Autoridad de regulación de juegos por internet y en cumplimiento de las disposiciones de la ley nº 78-17 de 6 de enero de 1978 precitada, los registros de personas a quienes les está prohibido jugar dependientes del ministerio del interior. Cerrará cualquier cuenta de jugador cuyo titular estuviese afectado por una prohibición o una exclusión. Deberá prevenir de los comportamientos de juego excesivo o patológico mediante el establecimiento de mecanismos de autoeliminación de depósitos y de apuestas. Comunicará permanentemente a cualquier jugador que frecuente su sitio internet el saldo de su cuenta en ese instante. Informará a los jugadores de los riesgos vinculados con el juego excesivo o patológico mediante un mensaje de advertencia, así como procedimientos de inscripción en los registros de personas a quienes se les prohíba jugar dependientes del ministerio del interior. Una orden del ministro de salud precisará el contenido de esta advertencia»;
Considerando que los recurrentes afirman que estas disposiciones vulneran el derecho a la protección de la salud que resulta del décimo-primero párrafo del Preámbulo de 1946; que, en su opinión, el legislador tan sólo podía legislar en tal materia con el objeto de reforzar la protección de los consumidores, así como los medios movilizados por el Estado en la lucha contra la dependencia; que contestan, además, el hecho de que los medios jurídicos de la Autoridad de regulación de juegos por internet se reduciría esencialmente a emitir autorizaciones a partir de un cuaderno de cargas impuesto a los operadores de juegos;
Considerando que con arreglo al párrafo once del Preámbulo de 1946, la Nación «garantizará a todos, especialmente al niño, a la madre y a los viejos trabajadores, la protección de la salud, la seguridad material, el descanso y los ocios… »; que el legislador puede en cualquier momento, resolviendo en el ámbito de su competencia, modificar textos anteriores o derogarlos sustituyéndolos, en su caso, por otras disposiciones, siempre y cuando, al hacerlo, no prive de garantías legales exigencias constitucionales;
Considerando que las disposiciones impugnadas les imponen a los operadores de juegos, por una parte, obstaculizar la participación de personas a las que se les prohíbe jugar y, por otra parte, implementar diversas medidas destinadas a prevenir y luchar contra la dependencia; que, además, los artículos 5 y 7 de la ley impugnada prohíben que los menores participen en juegos de dinero y de azar, así como la publicidad de tales juegos destinada a menores; que sus artículos 27 a 29 someten los operadores de juegos a obligaciones a favor de la promoción del «juego responsable»; que su artículo 30 prohíbe el juego con crédito; que al adoptar estas disposiciones, el legislador no ha privado de garantías legales las exigencias enunciadas en el párrafo once del Preámbulo de 1946;
Considerando que el artículo 26 de la ley impugnada no es contrario a la Constitución;
SOBRE LOS ARTÍCULOS 47 Y 48:
Considerando, por una parte, que el artículo 47 de la ley que se recurre incorpora al código general de impuestos los artículos 302 bis ZG a 302 bis ZN relativos a las retenciones sobre los juegos y apuestas en beneficio del Estado; que, en particular, el artículo 302 bis ZK establece la tasa de estas retenciones en el 5,7 % de las sumas invertidas en apuestas hípicas o deportivas, independientemente de su modo de distribución, y en el 1,8 % para las invertidas en juegos de casino por internet;
Considerando, por otra parte, que el artículo 48 de la ley impugnada incorpora al código de la seguridad social los artículos L. 137-20 a L. 137-26 relativos a las retenciones sobre los juegos y apuestas en beneficio de la seguridad social; que, en particular, los artículos L. 137-20 y L. 137-21 instituyen, para las apuestas hípicas o deportivas, una retención del 1,8 % de las sumas invertidas y el artículo L. 137-22 fija una retención del 0,2 % sobre las invertidas en los juegos de casino por internet;
Considerando que, según los recurrentes, la diferencia de gravamen entre las apuestas hípicas y deportivas por internet, por una parte, y los juegos de casino por internet, por otra, es contraria al principio de igualdad ante las cargas públicas;
Considerando que de conformidad con el artículo 13 de la Declaración de 1789: «Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común, la cual debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo con sus capacidades»; que en virtud del artículo 34 de la Constitución, corresponde al legislador determinar, en cumplimiento de los principios constitucionales y teniendo en cuenta las características de cada impuesto, las reglas según las cuales deben ser valoradas las capacidades contributivas; que en particular, para garantizar el respecto del principio de igualdad, deberá basar su valoración en criterios objetivos y racionales en función de las finalidades que se propone; que, sin embargo, esta valoración no deberá implicar ruptura caracterizada de la igualdad frente a las cargas públicas;
Considerando que cualquier persona que participe en la misma apuesta o en el mismo juego estará sujeta de la misma forma; que la diferencia de gravamen entre las apuestas hípicas y deportivas por internet y los juegos de casino por internet, que presentan características diferentes, no introduce una diferencia de tratamiento entre personas que participan en estas apuestas o juegos en las mismas condiciones; que no introduce ninguna ruptura caracterizada frente las cargas públicas; que lo mismo ocurre con lo relativo a la práctica del póquer en los casinos y la del póquer por internet, que también presentan características diferentes;
Considerando que los artículos 47 y 48 de la ley impugnada no son contrarios a la Constitución;
Artículo primero.- Los artículos 1º, 26, 47 y 48 de ley relativa la apertura a la competencia y a la regulación del sector de los juegos de dinero y de azar por internet son conformes a la Constitución.
Artículo 2.- La presente sentencia será publicada en el Journal officiel [Boletín Oficial] de la República Francesa.
Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión de 12 de mayo de 2010, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Jacques BARROT, Don Guy CANIVET, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Don Hubert HAENEL, Don Jean-Louis PEZANT y Don Pierre STEINMETZ.
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Projet de loi adopté le 6 avril 2010 [T.A. n° 438], Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Saisine complémentaire par 60 députés, Observations complémentaires du gouvernement, Références doctrinales.