Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-50247-de-agosto-21-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f091589c71db0340e0430a0101510340&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-23 05:12:12
Document Index: 199013403

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 60', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 61', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 36', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 36', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 36', 'artículo 36']

﻿ Sentencia 50247 de agosto 21 de 2013
SENTENCIA 50247 DE 21 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:COMPATIBILIDAD PENSIONAL. PROBAR LA CONDICIÓN DE EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL EMPLEADOR NO TIENE NINGUNA INCIDENCIA EN EL RESULTADO DE LA COMPATIBILIDAD PENSIONAL, YA QUE LA NATURALEZA DEL VÍNCULO LABORAL Y LA CALIDAD DE TRABAJADOR OFICIAL NO LLEVA A ESTABLECER EL ORIGEN LEGAL O EXTRALEGAL DEL DERECHO PENSIONAL, COMO TAMPOCO EL CARÁCTER DE COMPARTIBLE. LO QUE CUENTA ES LA CALIDAD DE AFILIADO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA PARA QUE SE LE APLIQUEN LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES QUE REGULAN LO REFERENTE A LA COMPARTIBILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, COMPATIBILIDAD PENSIONAL
Sentencia 50247 de agosto 21 de 2013
Radicación 50247
SL591-2013
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandada, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 27 de octubre de 2010, en el proceso ordinario adelantado por Sofanor Pérez Pacheco contra Electrificadora del Caribe S.A. ESP-Electricaribe S.A.
Téngase a la doctora Colombia Sofía Villamil Quiroz como apoderada sustituta de la parte opositora Sofanor Pérez Pacheco.
Con la demanda inicial solicita el actor, que se condene a la entidad demandada a pagar la totalidad de las sumas descontadas de su pensión de jubilación, a partir del mes de abril de 2006, debidamente indexadas; que se declare que no existe incompatibilidad entre la pensión de vejez que le otorgó el ISS y la convencional reconocida por la accionada y, en consecuencia, que se ordene el pago del valor total de esta última.
Como fundamento de esos pedimentos, argumentó que le fue reconocida una pensión de jubilación convencional, por parte de la Electrificadora de Bolívar S.A. ESP, a partir del 1º de julio de 1995, mediante Resolución 1503 de 1995, equivalente al 100% de su salario promedio; que la Electrificadora de Bolívar S.A. ESP, fue sustituida por la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, y fusionada posteriormente con la Electrificadora del Caribe S.A. ESP; que dicha pensión convencional le fue reconocida por haber laborado para dichas entidades por más de 20 años y tener más de 50 años de edad; que el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció la pensión de vejez mediante Resolución 1002 del 24 de febrero de 2006; que la accionada mediante comunicación PEN-0165 de 11 de abril de 2006, ordenó “recortar la pensión de jubilación convencional al actor en la cuantía de $ 2.139.836, a título de diferencia entre la pensión de vejez que pagaba el ISS, y la pensión de jubilación convencional que reconoció la empresa”; que la prestación reconocida por la demandada tuvo como fundamento lo dispuesto en las diferentes convenciones colectivas de trabajo firmadas entre la Electrificadora de Bolívar S.A. y el sindicato de trabajadores de dicha empresa, durante los años 1976-1978, 1982-1983, 1994- 1995 y, que la convocada a juicio se encuentra en mora de cancelar las sumas descontadas “ilegalmente”.
La parte accionada al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. De sus hechos, admitió todos salvo el relacionado con la mora en el pago de las sumas descontadas de la pensión convencional que le reconociera al actor. Propuso como excepciones las de inexistencia de causa para pedir y “falta de legitimación tanto por activa como por pasiva”.
Conoció de la primera instancia el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, que en sentencia del 2 de julio de 2010, resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR QUE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN RECONOCIDA POR LA ELECTRIFICADORA DE BOLIVAR (sic) S.A. ESP Y LA PENSIÓN LEGAL DE VEJEZ OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES AL DEMANDANTE SOFANOR PEREZ (sic) PACHECO (...), SON COMPATIBLES, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA.
SEGUNDO: CONDENAR A LA DEMANDADA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, A CONTINUAR PAGANDO EL VALOR TOTAL DE LA MESADA PENSIONAL CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN AL DEMANDANTE SOFANOR (sic) EXPUESTAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA.
TERCERO: CONDENAR A LA DEMANDADA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, A CANCELAR A FAVOR DEL DEMANDANTE SOFANOR PEREZ (sic) PACHECO (...), LA SUMA DE CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 145.519.252), POR CONCEPTO DE MESADAS PENSIÓNALES (sic) DEJADAS DE CANCELAR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ABRIL DE 2006 Y EL 30 DE JUNIO DE 2010, SUMA QUE LA DEMANDADA DEBERA (sic) PAGAR INDEXADA A LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA SU PAGO, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTAS PROVIDENCIA (...).
CUARTO: Declarar no probadas las excepciones de merito (sic) propuestas por la demandada.
QUINTO: CONDENAR A LA DEMANDADA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, AL PAGO DE LAS COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA” (el resaltado es original).
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó el fallo impugnado, e impuso costas a cargo de la impugnante.
Para ello, comenzó por señalar que la norma aplicable al asunto es el Decreto 2879 de 1985 artículo 5º, el cual reprodujo y realizó un recuento de la evolución normativa en lo que a la figura de la compartibilidad pensional se refiere, para concluir que “las pensiones extralegales reconocidas con anterioridad a la vigencia del citado precepto, o sea, antes del 17 de octubre de 1985, por regla general son compatibles con la de vejez reconocida por el ISS, al beneficiario de aquella. A menos, que po r voluntad de las partes se haya acordado la incompatibilidad de dichas pensiones y por lo mismo la compartibilidad de una y otra. En cambio son compartibles las pensiones extralegales cuando se causan con posterioridad al Decreto 2879 de 1985, es decir desde el 17 de octubre de dicho año en adelante, si el empleador continúa afiliado al Instituto para el seguro de vejez, invalidez y muerte, salvo, cuando las partes acuerden que la pensión voluntaria otorgada por el empleador sea concurrente con la del ISS”.
Seguidamente, dejó por sentado que la Electrificadora de Bolívar S.A. ESP, reconoció al demandante una pensión de jubilación convencional mediante la Resolución 1503 de 19 de septiembre de 1995, conforme a los requisitos contenidos en el artículo 5º de la convención colectiva de 1976-1978 “a la cual le es aplicable el artículo 20 de la convención colectiva de 1982-1983”, que trascribió y, que el ISS mediante Resolución 1002 de 2006 reconoció al demandante pensión de vejez.
Procedió a reproducir apartes de la sentencia de casación de fecha 22 de agosto de 2007, Radicado 29543 y señaló que de conformidad con la línea jurisprudencial de esta corporación, “es correcta la interpretación de la cláusula 20 de la convención colectiva vigente para los años 1982-1984 y la pensión es (sic) convencional en este caso es compatible con la del ISS”. Finalizó diciendo:
“Conviene recordar, que la implantación del régimen de prestaciones sociales a cargo de los empleadores fue previsto como un amparo transitorio o provisional, por el art. 12 de la Ley 6ª de 1945, regulada por la Ley 90 de 1946 y los artículos 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo.
Tales normatividades disponen que las prestaciones sociales comunes dejarían de estar a cargo de los patronos y empresarios, cuando el Instituto de Seguros Sociales asumiera los respectivos riesgos laborales. Es así, como el Instituto de Seguros Sociales se convierte en subrogatorio de los empleadores en la atención de los riesgos propios de los empleados; sin embargo, como se evidenció en este caso, la pensión concedida por el ISS tiene carácter de compatible con la de Electricaribe S.A., razones por las cuales considera el tribunal que acertó el a quo al imponer condena en contra de la demandada a fin de que fuera pagada la totalidad de la pensión de jubilación a los demandantes, razones por las que se confirmará este punto de la sentencia”.
Lo interpuso la demandada con fundamento en la causal primera de casación laboral consagrada en el Decreto 528 de 1964, artículo 60 y Ley 16 de 1969, artículo 7º, con el cual pretende, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que esta Sala CASE TOTALMENTE la sentencia recurrida y, en sede de instancia, REVOQUE la de primer grado y, en su lugar, ABSUELVA a la parte accionada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.
Con tal objeto formuló un cargo que dentro de la oportunidad legal fue replicado, y que a continuación se estudia.
Acusa la sentencia impugnada de violar en forma indirecta, por aplicaciónindebida, “el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985 expedido por el ISE (sic) y aprobado por Decreto 2879 de 1985, modificado por el articulo (sic) 18 del Acuerdo 049 de 1990 expedido por el ISS y aprobado por Decreto 758 de 1990, con causa en la falta de aplicación de los artículos 5º del Decreto 813 de 1994 en la versión modificada por el Decreto 1160 del mismo y 45 del Decreto 1745 de 1995, en relación con los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 12 y 41 del citado Acuerdo 049; 36 de la Ley 100 de 1993; 40 del Decreto Reglamentario 692 de 1994; 467 a 480 del Código Sustantivo del Trabajo; 27 del Código Civil y 48 de la Constitución Política (A.L. 1/2005), así como los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Como violación medio, la aplicación indebida del artículo 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y Seguridad Social”.
Como errores evidentes de hecho, refiere:
“1. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante era trabajador oficial beneficiario del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 cuando se reconoció la pensión de jubilación.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que al reconocer Electricaribe al demandante la pensión de jubilación, lo hizo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 de la convención colectiva 1982-1983.
3. No dar por demostrado, estándolo, que el artículo 20 de la convención colectiva vigente en Electribol durante los años 1982 y 1983, es aplicable únicamente “para efectos de la liquidación” de la pensión de Jubilación y no para regular su pago de, manera compatible y, por lo tanto, no compartible con la pensión que reconociere el ISS”.
Enuncia como pruebas no estimadas:
“1. Certificación expedida por la Cámara de Comercio de Cartagena (fl. 132).
2. Certificación expedida por el contralor, el contador y el liquidador de Electribol (fl. 133)”.
Y como pruebas erróneamente apreciadas:
“1. Resolución 1503 de 1995 por medio de la cual reconoce al señor Safanor Perez (sic) Pacheco la pensión de jubilación de que trata el artículo 5º de la convención colectiva de trabajo 1976-1977, hasta cuando el ISS le reconozca la pensión de vejez y que a partir de esa fecha Electrocosta solo cancelará la diferencia existente entre la pensión de vejez y la pensión que pague la demandada (fl. 7).
2. Convención colectiva de trabajo 1982-1983, (fls. 36 a 51).
3. Resolución 1002 de 2006 expedida por el ISS (fl. 8).
4. Escrito de la contestación de la demanda (fls. 105 a 118).
5. Escrito contentivo del recurso de apelación (fls. 211 a 222)”.
Para su demostración comienza por manifestar que el tribunal dejó de apreciar los documentos con los cuales se acredita que Electribol S.A., era una empresa industrial y comercial del Estado y, que por lo tanto, el reconocimiento de la pensión de jubilación del actor, obedeció a su calidad de trabajador oficial. Así mismo, que apreció equivocadamente las resoluciones por medio de las cuales le fueron reconocidas las pensiones de jubilación y de vejez al actor, pues de ellas se infiere que este es beneficiario del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, artículo 36, por lo que “no es dable considerar en este caso el mismo régimen de compartibilidad pensional que se predica de los trabajadores del sector privado no beneficiarios de la transición” y, que tales deficiencias de análisis probatorio, constituyen un yerro protuberante y no una simple interpretación posible y razonable.
Continúa con la reproducción de apartes de la sentencia de casación de 10 de agosto de 2000, Radicado 14163, y advierte que el ad quem debió aplicar lo previsto en el Decreto 813 de 1994, artículo 5º que dispone, sin distinción alguna, la compartibilidad entre la pensión de jubilación que venía reconociendo un empleador y la de vejez que reconociere el ISS; que la prestación del actor, fue reconocida sin referencia alguna al artículo 20 de la convención colectiva de 1982-1983, por lo que no existía sustento alguno para declarar la compatibilidad de ésta con la que el concedió el ISS y, que además, dicha norma convencional no consagra tal figura y, es anterior al Acuerdo 029 de 1985.
Finalmente, afirma que “es necesario examinar cada caso, de acuerdo con la prueba obrante en el respectivo proceso, pues no se puede aplicar de manera genérica a toda demanda con pretensiones parecidas, los mismos criterios de procesos anteriores, para formar libremente el convencimiento”, y reproduce apartes de la sentencia proferida por esta Sala el 8 de agosto de 2003, Rad. 20351.
La oposición afirma que el cargo no está llamado a prosperar. Refiere en cuanto al primer yerro, que el fallador de segundo grado jamás desconoció la calidad de trabajador oficial del demandante, ni que fuese beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, artículo 36, pues fueron tales hechos los que lo condujeron a aplicar el Decreto 2879 de 1985 artículo 5º; que los trabajadores oficiales sujetos al “Seguro social obligatorio” y que presten sus servicios a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta, como es el caso del demandante, estarán asimilados a trabajadores particulares, de conformidad con el Decreto 433 de 1971, artículo 2º, que reproduce, por lo que, para efectos de la compatibilidad pensional, en nada influye que el trabajador sea oficial o particular y, que lo determinante, es que en la convención colectiva de trabajo, fuente del derecho pensional, se hubiese establecido que la pensión es compatible con la de vejez que reconozca el ISS, tal como lo precisó el Acuerdo 029 de 1985, cuyo artículo 5º transcribe.
A continuación, copia los artículos 5º y 20 de las convenciones colectivas de trabajo vigentes para los años 1976-1978 y 1982-1983, y señala que tales disposiciones por sí solas desvirtúan el segundo y tercer yerro fáctico, pues las mismas demuestran que la pensión reconocida al accionante es compatible con la de vejez que le otorgó el ISS, en tanto la fuente del derecho que dio origen a la primera estableció que se reconocía de manera vitalicia y de forma independiente a la que reconociera el ISS.
XI.(sic) Se considera
El tribunal para confirmar la decisión de primera instancia relacionada con la compatibilidad pensional, concluyó, con base en la documental aportada y en la línea jurisprudencial emanada de esta corporación, que la pensión reconocida al actor mediante Resolución 1503 de 19 de septiembre de 1995, tenía el carácter de convencional, y que la intención de este instrumento era consagrar una jubilación independiente de la que concediera el Instituto de Seguros Sociales. De ahí, era dable predicar la compatibilidad pensional, sobre la base de un acuerdo convencional, que fue plasmado en el artículo 20 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1982-1983.
Así las cosas, el sentenciador limitó la controversia al tema de la compatibilidad o no de las pensiones de jubilación convencional y la de vejez del ISS, partiendo del carácter extralegal de la prestación otorgada por Electribol S.A., y de lo estipulado en la fuente del derecho que lo fue la convención colectiva de trabajo.
Ahora bien, al examinar, las pruebas enlistadas como dejadas de apreciar, se observa que la “Certificación expedida por la Cámara de Comercio de Cartagena (fl. 132)”, y la “Certificación expedida por el contralor, el contador y el liquidador de Electribol (fl. 133)”, en las que se alude a la condición de empresa industrial y comercial del Estado de la demandada, no tienen ninguna incidencia en el resultado del cargo propuesto, toda vez que la naturaleza del vínculo laboral y la calidad de trabajador oficial del actor, no llevaría, por la vía de los hechos, a establecer el origen legal o extralegal del derecho pensional en cuestión, como tampoco el carácter de compartible o compatible de esa pensión convencional con la de vejez reconocida por el ISS, pues lo que cuenta es la calidad de afiliado del demandante al régimen de prima media para que se le apliquen los acuerdos de dicho Instituto que regulan lo referente a la compartibilidad pensional.
Respecto de las pruebas referidas como indebidamente valoradas, se tiene que en la Resolución 1503 de 19 de septiembre de 1995, se reconoció la pensión de jubilación al actor, en los siguientes términos: “1. Que el señor Sofanor Perez (sic) Pacheco (...), ha solicitado su pension (sic) de jubilacion (sic) por haber trabajado más de veinte (20) años en la empresa, para lo cual lo acompañan los siguientes documentos: a) Registro Civil donde se comprueba su nacimiento el día 9 de abril de 1945 o sea más de cincuenta (50) años hoy, razón por la que se le aplica el artículo quinto de la convención colectiva de 1976-1978 (...)” (fl. 7) (resaltado de la Sala).
Dicho artículo 5º de la convención colectiva de trabajo de 1976-1978, establece:
“ART. 5º—Jubilación:
La empresa jubilará a todos los trabajadores o trabajadoras que cumplan o hayan cumplido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos al servicio de la empresa y cincuenta (50) años de edad, con una pensión vitalicia equivalente al ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicios en la empresa”.
De lo transcrito, no queda duda que la prestación otorgada al accionante es de estirpe extralegal, pues contrario a lo sostenido por la censura, sí se reconoció con fundamento en la convención colectiva de trabajo. Así mismo, porque dicha prestación fue otorgada al actor por tener 20 años de servicios, 50 años de edad y con el ciento por ciento del salario promedio devengado durante el último año de servicio; por tanto, era evidente que su extracción no podía ser legal.
Del análisis de la Resolución 1002 de 2006, expedida por el ISS (fl. 8), tampoco se evidencia la incursión en algún yerro, pues no contiene una conclusión contraria a la que fijó el ad quem, en tanto de ella se desprende que allí otorgó la pensión de vejez al accionante por cumplir los requisitos legales de edad y semanas cotizadas exigidos para el efecto, por los reglamentos de esa entidad de seguridad social.
Ahora bien, el artículo 20 de la convención colectiva de trabajo de 1982-1983, que estimó aplicable el ad quem para el reconocimiento de la pensión de jubilación del demandante, establece; “Para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, de acuerdo al artículo 5º de la convención colectiva 1976-1978, la empresa reconocerá el ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el ISS” (resalta la Sala).
Examinada la norma trascrita, para la Sala es evidente que no surge un desatino fáctico ostensible capaz de generar el quiebre de la sentencia impugnada, toda vez que el discernimiento que refiere que “la pensión concedida por el ISS tiene carácter de compatible con la de Electricaribe S.A.”, conforme a lo allí enfocado, es la único interpretación que está acorde con el tenor literal de la cláusula convencional. En efecto, resulta claro que al incluirse la premisa de que la pensión de jubilación se reconocería y liquidaría “(...) sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el ISS (...)”, las partes que suscribieron el acuerdo excluyeron la compartibilidad que se estatuyó como regla general a partir de la vigencia del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985.
En lo que atañe a las piezas procesales de la contestación de la demanda y el recurso de apelación (fls. 105 a 118 y 211 a 222) y en lo que refiere la censura, el Juez de apelaciones no pudo apreciarlas con error, dado que en ningún momento desconoció el régimen de transición a que aluden esos actos del proceso; es así que al referirse al marco normativo señaló lo concerniente a tal régimen previsto en la Ley 100 de 1993, artículo 36.
En los términos expuestos, el tribunal no incurrió en error de hecho alguno, al concluir que la convención colectiva de trabajo había excluido la compartibilidad de las pensiones del actor, resultando la pensión de jubilación reconocida, compatible con la de vejez que posteriormente le otorgó el ISS.
Por último, la alegación de que a un trabajador oficial por ser beneficiario de la transición de la Ley 100 de 1993, artículo 36, no le sería aplicable el régimen de compartibilidad de un trabajador particular afiliado al ISS, es una cuestión jurídica ajena a la vía escogida, que debió plantearse por la adecuada, que lo es la directa, y, por tanto, no es dable abordar su estudio.
Como corolario de lo anterior, el cargo es infundado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 27 de octubre de 2010, en el proceso ordinario adelantado por Sofanor Pérez Pacheco contra Electrificadora del Caribe S.A. ESP-Electricaribe S.A.
Costas como se indicó en la parte motiva. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.