Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93428
Timestamp: 2019-09-20 08:08:18
Document Index: 70736655

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 105', 'artículo 105', 'artículo 169', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 105', 'artículo 28', 'artículo 254', 'artículo 28', 'artículo 105', 'Artículo 7', 'artículo 28', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105']

Gaceta: LXIV/1SPO-119/93428
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS INCISOS J) Y K) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acciones de inconstitucionalidad”; por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del reglamento del Senado de la República, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:
1. La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es un órgano constitucionalmente autónomo previsto en el Artículo 28 párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, creada mediante decreto publicado el 11 de Junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene como objetivo principal la promoción y protección de la libre competencia y concurrencia, además de tener la tarea de prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en los términos previstos en la Constitución, para contribuir al bienestar social y al crecimiento económico del país.
Al ser una autoridad técnica en la materia, servirá de referencia en la toma de decisiones de política pública y se pronunciará respecto de las medidas para eliminar las barreras de competencia y libre concurrencia, regulará el acceso a insumos esenciales, ordenará la desincorporación de activos, derechos partes sociales o acciones de los agentes económicos, en la medida necesaria para eliminar efectos anticompetitivos, siendo la referencia en las decisiones de política pública.
2. Por lo que respecta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es un órgano con autonomía constitucional, previsto en el Artículo 28 párrafo décimo quinto de la Constitución Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo primordial versa sobre el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones atendido a las leyes de la materia y la propia Constitución, a través de:
La regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
El acceso a la infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, para garantizar el acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el de establecer condiciones de competencia económica efectiva para la prestación de dichos servicios, así como de garantizar la libertad de la difusión de ideas y opiniones a través de cualquier medio.
3. Las acciones de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional seguido en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiende a estudiar la constitucionalidad de leyes y tratados internacionales, y en su caso derogar los que contraríen la Supremacía Constitucional, a efecto de mantener vigente el estado de derecho.
Actualmente, son tres los Organismos Constitucionalmente Autónomos los que pueden ejercer acciones de inconstitucionalidad de conformidad con la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y,
Sin embargo, la COFECE y el IFT no cuentan con dicha facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y locales contrarías a la garantía constitucional de la libre competencia y concurrencia en sus respectivos ámbitos de competencia.
De realizar dicha reforma Constitucional para ejercer acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría invalidar las leyes federales y locales que restrinjan la competencia económica o limite la entrada de empresas u otorgue beneficios a favor de otros.
Argumentos que la Sustentan:
El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación [*] , el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
Por lo que respecta a las modificaciones derivadas de la Reforma Constitucional al artículo 28 se destaca:
La creación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como Órganos Constitucionalmente Autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La COFECE tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
El IFT estará facultado para garantizar la libre competencia y concurrencia de forma exclusiva en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
Otorgamiento de nuevas facultades a la COFECE y al IFT para eliminar efectos anticompetitivos, tales como:
Ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de agentes económicos.
Independencia en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones.
Separación de la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio.
Eliminación de medios de impugnación ordinarios.
Se establecen Juzgados y Tribunales especializados en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica.
Impugnación de actos de la COFECE y del IFT mediante juicio de amparo indirecto.
Impugnación de resoluciones de la COFECE y del IFT respecto de resoluciones que ponen fin al juicio.
Derivado de la reforma Constitucional, el 19 de febrero de 2014 el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la “Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal”.
Es menester señalar que desde la concepción de la propuesta de la nueva Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), en la exposición de motivos [*] se estableció generar esquemas que permitieran acabar con las prácticas monopólicas y demás conductas anticompetitivas que durante años han retrasado el crecimiento económico del país.
En ese sentido, en el proceso legislativo de creación de la LFCE se consideraron y plasmaron las directrices fijadas en la reforma constitucional (en particular las de los artículos 28 y 94), incluyendo la instrumentación de nuevas facultades para la COFECE.
Bajo ese contexto, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Competencia Económica [*] , reglamentaria del artículo 28 Constitucional en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones. Dicha ley es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República y tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
Derivado de la reforma Constitucional, el 24 de marzo de 2014 el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la “Iniciativa de Decreto por la que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, y la Ley del Sistema Público de Radio Difusión de México; y se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de radiodifusión”.
Es menester señalar que desde la concepción de la propuesta de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), en la exposición de motivos [*] se estableció el proceso de libre competencia y libre concurrencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
En ese sentido, en el proceso legislativo de creación de la LFTyR se consideraron y plasmaron las directrices fijadas en la reforma constitucional (en particular las de los artículos 28 y 94), incluyendo la instrumentación de nuevas facultades para el IFT.
Bajo ese contexto, el 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal Telecomunicaciones y Radiodifusión [*] . Dicha ley tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores.
Organismos Constitucionalmente Autónomos y su facultad de ejercer Acciones de Inconstitucionalidad
1. Los órganos constitucionales autónomos nacen a razón de una necesidad latente a limitar los excesos en el ejercicio de los poderes tradicionales, son creados fundamentalmente en la Constitución y ejercen funciones primordiales del Estado sin estar adscritos a ninguno de los tres poderes, a fin de obtener una mayor especialización, control y transparencia para la atención de demandas sociales, consagrándose en el mismo nivel que los órganos tradicionales; encaminados a la protección de los derechos fundamentales y el control de la constitucionalidad en las funciones y actos de quienes ejercen el poder público.
2. Las acciones de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional seguido en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiende a estudiar la constitucionalidad de leyes y tratados internacionales, y en su caso derogar los que contraríen la Supremacía Constitucional, a efecto de mantener vigente el estado de derecho.
Respecto a lo anterior, Eréndira Salgado señala que: La acción de inconstitucionalidad constituye una petición de control de validez normativa, y toda vez que se trata de un medio de control abstracto no requiere agravio de parte; a su vez señala que mediante esta acción pueden impugnarse leyes que deriven del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy, Congreso de la Ciudad de México), incluyendo sus leyes orgánicas, así como los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, disponiendo los promoventes de 30 días naturales posteriores a la fecha de publicación de la norma [*] .
Armonizando con lo anterior, Alberto del Castillo señala que es el medio de control constitucional a través del cual la Suprema Corte de Justicia está Facultada para declarar la nulidad por inconstitucionalidad de una ley o tratado internacional cuando es instada por un ente público [*] ; es importante resaltar que la acción de inconstitucionalidad es el derecho de las minorías legislativas para poder oponerse a una ley aprobada por la mayoría.
Actualmente, son tres los Organismos Constitucionalmente Autónomos que tienen facultades para ejercer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
3. La importancia de la competencia económica radica en un beneficio colectivo, en el que tanto consumidores como productores obtengan una ganancia, esto se logra mediante un mercado competido donde los consumidores acceden a una mayor variedad de productos, menores precios y mayor calidad, situación que genera un aumento en el bienestar social, a su vez para obtener la preferencia de los consumidores, los productores deben captar su atención a través de las mejores ofertas respecto de los demás competidores.
Al incrementar nuestra productividad contribuimos a generar un mayor crecimiento económico y bienestar social, por lo que el Estado tiene la obligación constitucional de velar por el desarrollo nacional en fomento del crecimiento económico para beneficio de todo individuo, grupo y clase social.
4. Al día de hoy la COFECE [*] ha realizado diversas opiniones y recomendaciones a legislaciones federales y locales, por citar algunas encontramos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del Estado de Tabasco.
En dicha opinión dirigida al Gobernador del Estado de Tabasco la COFECE resolvió: “Las disposiciones contenidas en el decreto son contrarias al proceso de competencia y libre concurrencia en el otorgamiento de contratos en materia de obra y adquisiciones públicas, por lo que el Pleno de esta Comisión sugiere al Gobernador del Estado de Tabasco que, en ejercicio de las facultades que la Constitución del Estado le otorga, remita el decreto al Congreso del Estado de Tabasco con las observaciones propuestas en la presente opinión”
Aunado a lo anterior, se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República (Ahora Fiscalía General de la República):
Artículo 7, fracción IX de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, al considerar que el mismo vulnera lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución.
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa (Ley de Movilidad), publicada el 10 de octubre de 2018, en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, mediante Decreto número 864, que entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas del Estado de Tabasco.
5. Por lo anteriormente señalado se propone adicionar dos incisos a la fracción II del artículo 105 Constitucional a efecto de facultar a la COFECE y al IFT, para que ejerzan acciones de inconstitucionalidad en contra le leyes federales y locales contrarias a la garantía constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, con la finalidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda invalidar dichos actos.
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución
j) Comisión Federal de Competencia Económica en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho a la libre concurrencia y competencia económica.
k) Instituto Federal de Telecomunicaciones en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho a la libre concurrencia y competencia económica en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá realizar en un término de 120 días las adecuaciones normativas correspondientes a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto por el que se adicionan los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acciones de inconstitucionalidad.
Único.- Se adicionan los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Senado de la República, a 11 de marzo de 2019
[*] Cámara de Diputados. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones Constitucionales. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
Consultado: 11 de marzo de 2019.
[*] Cámara de Diputados. Iniciativa Presidencial.
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/feb/20140220-III.pdf
[*] Cámara de Diputados. Ley Federal de Competencia Económica.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf
[*] Cámara de Senadores. Iniciativa Presidencial.
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-03-24-1/assets/documentos/Ini_Telecomunicaciones.pdf
[*] Cámara de Diputados. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140219.pdf
[*] SALGADO LEDESMA, Eréndira. Manual de Derecho Procesal Constitucional. Ed. Porrúa. México. 2011, pp. 129-130.
[*] DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto. Introducción Básica al Derecho Procesal Mexicano. Ed. Ediciones Jurídicas Alma. México. 2008. p 119.
[*] Comisión Federal de Competencia Económica. Pleno Opinión OPN-009-2018. https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/10/OPN-009-20181.pdf
Consultado: 11 marzo 2019.