Source: https://www.oprimide.com/el-derecho-a-morir-la-eutanasia/
Timestamp: 2019-08-24 22:31:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 36']

El Derecho a morir: la eutanasia – Oprimide
Pensamos en la vida como lo más sagrado que podemos tener sin darnos cuenta que, para algunas personas, esa vida es una agonía a la que desearían poner punto y final
Madame Valentine Godé-Darel enferma, una pintura de Ferdinand Hodler // Fuente: Musée d'Orsay
En algunas ocasiones aquello que no llegamos a entender nos aterra. Algo así ha venido sucediendo con la muerte. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Existe algo después? ¿Duele? ¿Es como dormirse? El ser humano ha venido haciéndose estas y otras miles de preguntas sin encontrar respuesta a ninguna. La religión o religiones han tratado de dar explicación a algunas de ellas incluyendo dictados sobre cómo debían comportarse las personas durante su vida y la "forma" en la que debían morirse.
Si entender la muerte como un suceso natural por el que deben pasar todas las personas es ya una cuestión difícil, entender las causas que llevan a una persona a querer morirse lo es aún más. La eutanasia y el suicidio asistido han sido puntos de conflicto no solo desde el punto de vista social, sino también legalmente. La sociedad, la moral, la religión y la ética de les profesionales de la medicina han tenido mucho que ver en el desarrollo - o en la falta de desarrollo - de la normativa referente a la muerte.
El debate sobre la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido fue abierto hace años, pero se reaviva cada vez que los medios ponen el foco sobre un nuevo caso. Son conceptos, entre ellos el de cuidados paliativos, que los últimos días hemos oído y leído en televisión, radio y medios, pero para una parte de la población siguen siendo desconocidos y confundidos entre sí.
Del mismo modo, se debate sobre la existencia de un derecho a morir, lo que en el fondo vendría a ser la primera cuestión a resolver para decidir si procede o no la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido.
El artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que "El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena." En el mismo sentido, pero aboliendo la pena de muerte, el artículo 15 de la Constitución española reconoce que todas las personas tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
A la luz de ambos artículos el derecho a la vida se erige como uno de los bienes jurídicos más protegidos e indisponibles de nuestros sistemas legales. Pero, ¿qué significa esto? Ninguna persona puede hacer actos de disposición sobre nuestra propia vida, es decir, nadie puede poner en peligro o acabar con la vida de otra persona de manera intencionada.
Situar el derecho a la vida como una de las piezas angulares de un sistema legal es lógico y coherente en cualquier estado que se haga llamar democrático, social y de derecho, en tanto que es este reconocimiento el que permite su protección a través de la penalización del homicidio, asesinato, torturas, lesiones, etc. Todos estos actos tienen el común que provocan un perjuicio de manera intencionada sobre la vida - y sobre el derecho a esta - sin mediar consentimiento por parte de la persona a la que se infligen, y en caso de que mediara consentimiento, sería considerado nulo.
¿Quién podría consentir en que otra persona pusiera fin a su propia vida? En un primer momento, y con un análisis superficial, podríamos pensar que nadie con buena salud física o mental querría acabar con su vida de manera voluntaria. Esta afirmación, además de demostrar un gran desconocimiento sobre salud, es erróneo por no adecuarse a la realidad social. Han sido diversos casos concretos y organizaciones las que nos han demostrado la existencia de personas que durante años han reclamado el fin de su vida.
Retomando las palabras de María en su artículo El bullying: ese gran monstruo "cuando tomas la decisión de acabar con tu vida, no es porque quieras morirte. Cuando te suicidas lo que quieres es acabar con todo el sufrimiento que estás teniendo, nadie quiere morirse, solo quiere dejar de sufrir." Y es que lo que reclaman organizaciones y particulares es poder acabar con ese sufrimiento a través del reconocimiento de un derecho a morir.
La existencia de un supuesto derecho a morir ha sido y es algo controvertido dentro del mundo jurídico, pudiendo encontrarnos con opiniones muy distintas entre juristas. Actualmente en nuestro sistema jurídico no existe el derecho a morir tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 120/1990, de 27 de junio. El fundamento jurídico séptimo de dicha sentencia señala lo siguiente:
El derecho fundamental a la vida [...] da a sus titulares la posibilidad de recabar el amparo judicial [...] frente a toda actuación de los poderes públicos que amenace su vida o su integridad. De otra parte [...] impone a esos mismos poderes públicos y en especial al legislador, el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física, frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titulares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese derecho.
El derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Ello no impide, sin embargo, reconocer que, siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pueda aquélla disponer sobre su propia muerte, [...] en cuanto que la privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe [...].
En virtud de ello, no es posible admitir que la Constitución garantice en su art. 15 el derecho a la propia muerte [...].
Lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que el derecho a la vida y a la integridad física impone como deber a los poderes públicos la mayor protección de los mismos, no pudiendo permitirse bajo ninguna circunstancia su perjuicio sin importar cual fuera la voluntad sobre quien se inflige. Señala que la propia muerte, o la privación de la vida, es algo que entra dentro del ámbito de libertad de cada persona y que no es un acto prohibido mediante ley. Es decir, una persona puede causar su propia muerte (suicidarse) pues es un acto que entra dentro de su libertad, pero no puede consentir en que la muerte se la cause otra persona pues sería un acto contrario a la ley.
En definitiva, en nuestro ordenamiento jurídico no existe el derecho a morir.
La palabra eutanasia significa "muerte dulce". Sin embargo, en palabras de Javier Vega Gutierrez (Profesor Titular de Medicina en la Universidad de Valladolid), "actualmente se entiende por eutanasia aquella acción –eutanasia activa-, u omisión –eutanasia pasiva-, encaminada a dar muerte, de una manera indolora, a los enfermos incurables. Son características esenciales de la eutanasia el ser provocada por personal sanitario y la existencia de una intencionalidad supuestamente compasiva o liberadora."
Este mismo profesor señala que "no es eutanasia la aplicación de fármacos para aliviar el dolor u otros síntomas en un paciente terminal aunque ello produzca, indirecta e inevitablemente, un cierto acortamiento de la vida". Es decir, los cuidados paliativos (de los que trataré más adelante) no encajan en la definición de eutanasia.
La omisión o retirada de medios extraordinarios o desproporcionados para prolongar artificialmente la vida de un enfermo terminal tampoco es eutanasia, en tanto que no media acción que cause la muerte directa por parte de otra persona y que la vida natural de la víctima es imposible.
En definitiva, la característica principal de la eutanasia es que la muerte es provocada por personal sanitario mediando el consentimiento de la víctima.
La eutanasia, entendida como la acción llevada a cabo por una persona con la intención de acortar la vida de otra mediando consentimiento, tiene consecuencias jurídicas penales por ser un acto contrario al derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución.
El artículo 143 del Código Penal establece lo siguiente:
La eutanasia se encuentra tipificada en el apartado cuarto de dicho artículo, por lo tanto puede afirmarse que, actualmente, la eutanasia no es legal en España.
El suicidio asistido es "la acción de una persona, que sufre una enfermedad irreversible, para acabar con su vida, y que cuenta con la ayuda de alguien más que le proporciona los conocimientos y los medios para hacerlo. Cuando la persona que ayuda es el médico, hablamos de suicidio médicamente asistido." (De Miguel Sánchez y López Romero, 2006)
La diferencia fundamental entre eutanasia y suicidio asistido es que en el primer caso es una tercera persona quien lleva a cabo el acto, mientras que en el segundo es la propia persona quien pone fin a su vida a través de los medios proporcionados por otra.
¿Es legal el suicidio asistido en España?
Tal y como sucedía en el caso de la eutanasia, el suicidio asistido se encuentra tipificado en el Código Penal por ser una conducta contraria al ya mencionado derecho a la vida.
Debemos referirnos de nuevo al artículo 143 del Código Penal, pero en esta ocasión a sus tres primeros apartados. Estos hacen referencia a la inducción, cooperación e, incluso, la ejecución.
En definitiva, tanto el suicidio asistido como el suicidio médicamente asistido son ilegales en España por constituir una conducta punible.
Los cuidados paliativos son "los cuidados activos totales destinados a enfermos con procesos avanzados e incurables y a sus familiares con especial atención al confort y a la calidad de vida. Es función de los médicos y de todos los profesionales sanitarios aliviar el dolor y el sufrimiento de los enfermos que están en una fase terminal. Estos enfermos tienen el derecho a recibir asistencia de calidad, soporte psicológico y ayuda social que contribuyan a humanizar el proceso de su muerte. Es preciso asegurar que las personas que hacen una solicitud de eutanasia hayan recibido la información y el ofrecimiento de estos cuidados paliativos." (De Miguel Sánchez y López Romero, 2006)
Actualmente no existe normativa estatal sobre muerte digna y cuidados paliativos. Podemos encontrar regulación sobre esta materia en distintas Comunidades Autónomas como, entre otras, Asturias, Galicia y País Vasco. En el ámbito estatal nos encontramos con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica cuyo artículo 2 apartados 3 y 4 tiene incidencia sobre este tema. Estos apartados señalan que les pacientes tendrán derecho a decidir libremente, tras haber recibido la información adecuada, el tratamiento a recibir entre las opciones clínicas disponibles, así como a negarse a recibirlo.
Por ejemplo, la ley 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos garantías de la dignidad de las personas en el proceso final de la vida del Principado de Asturias recoge en su artículo 13 que toda persona que padezca una enfermedad grave, irreversible y de pronóstico mortal, que se encuentre en situación terminal o de agonía, tiene derecho al alivio del sufrimiento mediante cuidados paliativos. Además, en el artículo 15 se reconoce el derecho de toda persona que se encuentre en situación grave e irreversible, terminal o de agonía, que padezca un sufrimiento refractario, sea fruto de una enfermedad progresiva o de un proceso súbito, a recibir sedación paliativa, cuando esté médicamente indicada, aunque ello implique un acortamiento de la vida.
Como puede verse, la regulación autonómica va varios pasos por delante de la estatal, pues reconoce una serie de derechos que de otra manera se encontrarían en un completo vacío.
En resumen, podemos afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico no se reconoce el derecho a morir y que tanto la eutanasia como el suicidio asistido constituyen un delito. Además de esto, carecemos de una regulación estatal referida a muerte digna, cuidados paliativos y sedación paliativa (entre otros derechos), por lo que debemos atenernos a lo que haya regulado (o no) cada autonomía.
Mi opinión personal, aunque a veces encuentra conflictos jurídicos, es que España necesita una ley de muerte digna en la que nos planteemos de una vez la regulación de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Se trata de un asunto peliagudo no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el médico, puesto que el Código de Deontología Médica establece en su artículo 36 apartado 3 que "el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste."
Como suele pasar, el Derecho va un paso por detrás de la realidad social. Una realidad social que no podemos ignorar.
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