Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/RC-00447-210607-061066.HTM
Timestamp: 2019-03-22 13:11:27
Document Index: 108539588

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Exp. 2006-001066
Ponencia del Magistrado: CARLOS OBERTO VÉLEZ
En el juicio por simulación de contrato de capitulaciones matrimoniales intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por los ciudadano HERNÁN QUINTERO RIOBUENO, representado judicialmente por los profesionales del derecho Ramiro Sierralta y Leobardo Subero, contra la ciudadana ANA PADRÓN DELGADO, patrocinada por la abogada en ejercicio de su profesión Flor Carvajal de Patiño; el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia el 30 de octubre de 2006, mediante la cual declaró sin lugar dicho medio recursivo y la demanda, confirmando la decisión del a quo de fecha 5 de abril de 2006, que había declarado sin lugar la demanda. Se condenó al demandante al pago de las costas procesales.
Contra la preindicada sentencia, el accionante anunció recurso de casación, el cual fue admitido formalizado. No hubo impugnación.
De conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 6, 142, 148, 149, 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, por haber sido aplicados falsamente, bajo la fundamentación siguiente:
“…Honorables Magistrados, la razón de acudir ante esta agregia (Sic) de de Casación lo constituye el hecho de que el Juzgado del Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al proferir el fallo definitivo de fecha 30 de octubre de 2006, declaró lo siguiente:
Esta decisión dictada por el ad-quem, vulnera los más esenciales postulados del derecho en cuanto al análisis y valoración de los hechos y de las pruebas en el proceso. Si el sentenciador hubiere concatenado todos los hechos alegados junto con todas las pruebas promovidas y admitidas en el juicio, hubiese tenido la oportunidad de llegar a una conclusión distinta en cuanto a la simulación que efectivamente hubo en el acto de las capitulaciones matrimoniales, ya que tal y como se demuestra de la transcripción anterior, el juridiscente se limitó solamente a analizar el documento contentivo de las mencionadas capitulaciones suscrito entre HERNÁN RAMÓN QUINTERO RIOBUENO y ANA MARÍA PADRÓN DELGADO en fecha 20 de febrero de 1991, dando por demostrado que allí solamente se fijó un régimen patrimonial separado de la comunidad de gananciales, sólo con el fin de salvaguardar los bienes propios adquiridos por los cónyuges antes de la celebración del matrimonio y aún después de celebrado éste, sin entrar a verificar si estaban cumplidos los requisitos formales exigidos por el Código Civil para la validez de las capitulaciones.
Ciertamente, ciudadanos Magistrados, nuestro representado HERNÁN RAMÓN QUINTERO RIOBUENO contrajo matrimonio con la ciudadana ANA MARÍA PADRÓN DELGADO en fecha 23 de febrero de 1991 por ante el Juzgado Noveno de Parroquia del Distrito Federal del Circuito N° 1, y ambos contrayentes presentaron al funcionario competente para celebrar el matrimonio, el documento protocolizado en fecha 20 de febrero de 2001 ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, inserto bajo el N° 37, Tomo 1, Protocolo Segundo, documento éste (Sic) último que fue apreciado y valorado por el a-quem conforme lo dispuesto en el artículo 1357 (Sic) del Código Civil, por ser traslado fiel y exacto de su original, siendo que expresamente el artículo 143 del Código Civil establece que:
Como puede ver, ciudadano Magistrado, el artículo 143 del Código Civil establece la disposición según el cual las capitulaciones matrimoniales deberán presentarse antes de la celebración del matrimonio ante la Oficina Subalterna de Registro Público de la Jurisdicción del lugar donde se celebre el acto nupcial, so pena de nulidad; siendo que en el caso de marras este requisito sine quanon no se cumplió, acarreando la nulidad absoluta si bien es cierto firmaron un documento de capitulaciones matrimoniales, lo hicieron ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Sucre del Estado Miranda, ya que la voluntad de ambos, concientemente, era separar o distraer los bienes de nuestro representado entre HERNÁN RAMÓN QUINTERO RIOBUENO para no crear una confusión con los bienes de la comunidad conyugal habida con la ciudadana entre ANA MARÍA EUGENIA BLANCO (su primera esposa), de quien se estaba divorciando antes de contraer matrimonio con la ciudadana ANA MARÍA PADRÓN DELGADO. Es en este acto de Capitulaciones matrimoniales celebrado entre los futuros contrayentes QUINTERO RIOBUENO-PADRÓN DELGADO donde consciente y orquestadamente se había prevenido la simulación, razón por la cual procedieron a registrar dicho acto por ante la oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Sucre del Estado Miranda y que posteriormente fuere consignado por ambos ante el funcionario que autorizaría el matrimonio, es decir antes el Juez Noveno de Parroquia del Distrito Federal del Circuito Judicial N° 1, trayendo como consecuencia que el acto simulado, es decir las capitulaciones matrimoniales, esté afectado de nulidad absoluta según el postulado del artículo 143 del Código Civil, el cual no aplicó el Juez ad-quem para resolver esta controversia y que será denunciado seguidamente ante esta egregia Sala la denuncia de la falta de aplicación de una norma jurídica.
En este mismo (Sic) de ideas, queremos señalar a esta honorable Sala, que a los fines del establecimiento de los hechos y de las pruebas en el presente caso el Juez de la recurrida aplicó falsamente el contenido de los artículos 6, 142, 148, 149, 1.357, 1359 (Sic) y 1360 (Sic) del Código Civil, y el artículo 12 de Código de Procedimiento Civil, porque si bien es cierto que las mencionadas normas establecen los supuestos de hecho que debió valorar el ad-quem, al momento de aplicarlas, las aplicó con unas consecuencias jurídicas distintas a las establecidas en ellas.
Así, en un mismo sentido, los artículos 6 y 142 del Código Civil consagran la irrenunciabilidad y la prohibición de relajar las leyes por convenios entre las partes, señalando que cualquier pacto que hucieren los esposos contraviniendo las leyes, sería radicalmente nulo. Por otra parte, los artículos 148 y 149 eiusdem, establecen que los bienes de la comunidad conyugal pertenecen de por mitad a cada uno de los cónyuges, siempre y cuando no haya convenido en contrario, y que esa comunidad de gananciales comienza con la celebración del matrimonio.
Si aplicamos estas disposiciones al caso concreto, forzosamente tendríamos que concluir que en virtud de la nulidad absoluta que afecta las capitulaciones matrimoniales celebradas entre nuestro representado HERNÁN RAMÓN QUINTERO RIOBUENO y ANA MARÍA PADRÓN DELGADO, de pleno derecho y desde el momento en que se celebró el matrimonio (23/02/1991) nació la comunidad de gananciales entre ambos, correspondiéndole de por mitad todos los bienes adquiridos durante el matrimonio con dinero proveniente del caudal común.
Por otra parte, el Juez de la recurrida al momento de analizar y valorar la documental que contiene las espurias capitulaciones matrimoniales sólo se limitó a analizar lo concerniente al régimen patrimonial que tendría lugar con las mismas, dándole pleno valor probatorio conforme a los artículos 1357 (Sic), 1359 (Sic) y 1360 (Sic) del Código Civil, sin tomar en cuenta que en el contenido del mismo documento los futuros contrayentes establecieron expresamente lo siguiente:
De acuerdo a lo anteriormente transcrito, cada cónyuge tendría la libre administración y disposición de sus bienes propios, tanto habidos antes del matrimonio, como los adquiridos después de celebrado éste; estableciendo un régimen de separación absoluta de bienes propios, mientras que en la cláusula tercera establecieron expresamente que los únicos bienes que formaría parte de la comunidad de gananciales serían los bienes adquiridos durante el matrimonio por ambos cónyuges. Pues bien, esta representación judicial es del criterio que si bien es cierto que las partes suscribieron un contrato de capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio que los unió un régimen de separación de bienes, no menos cierto es que dicho contrato se encuentra viciado de nulidad absoluta por las razones de hecho y de derecho expuesta en los párrafos anteriores, aunado al hecho de que en virtud de esa nulidad absoluta que surgió por la falta de cumplimiento de los requisitos formales que establece el artículo 143 del Código Civil, entre ambos cónyuges, por efecto del matrimonio celebrado en fecha 23 de febrero de 1991, se estableció un régimen común de bienes gananciales, correspondiéndole a cada uno de ellos la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio.
Si, por el contrario, esta Sala no compartiera el criterio sostenido por esta representación en cuanto a la plasmada nulidad de las capitulaciones matrimoniales por la ausencia de los requisitos formales exigidos en los artículos 143 del Código Civil, para declarar que efectivamente sí hubo simulación en el acto de celebración de las referidas capitulaciones matrimoniales, señalados que el ad-quem no aplicó tampoco el contenido del numeral 7 (Sic) del artículo 152 del Código Civil, el cual denunciaremos seguidamente por haberse incurrido en el vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, según el cual ante la existencia de una convención expresa entre las partes que excluya el régimen legal de la comunidad de gananciales, para que el bien adquirido a título personal por uno de los cónyuges pase a formar parte de sus patrimonio particular, es estrictamente necesario que en el documento de adquisición del bien el cónyuge exprese que la adquisición que hace según ese documento la hace a título personal para su patrimonio particular y debe hacer constar la procedencia del dinero utilizado para tal adquisición, ya que de lo contrario, ante la ausencia de este requisito legal, se aplica automáticamente el contenido del artículo 164 del mismo Código, el cual contiene la siguiente disposición normativa:
‘Se presume que pertenecen a la comunidad todos los bienes existentes mientras no se pruebe que son propios de algunos de los cónyuges’.
Al aplicar al caso de autos el contenido del artículo 152 numeral 7 (Sic) del Código Civil, traería como consecuencia que todos los bienes adquiridos por la ciudadana ANA MARÍA PADRÓN DELGALDO durante el matrimonio que mantuvo con nuestro representado HERNÁN RAMÓN QUINTERO RIOBUENO pasaron a la comunidad de gananciales, y, por ende, le corresponde a cada uno de ellos el 50% de dichos bienes, por cuanto a la mencionada ciudadana en ningún momento al suscribir los documentos de compraventa de los bienes muebles, inmuebles y al aperturar las cuentas en dólares en bancos extranjeros, no hizo constar que los referidos bienes los estaba adquiriendo a título personal en virtud de las espurias capitulaciones matrimoniales habidas, ni tampoco dejó constancia de la procedencia del dinero que utilizó para la adquisición de los mismos. Sólo se limitó a adquirir los bienes identificados en autos haciendo constar el estado civil ‘Soltera’.
Por todas estas razones, ciudadanos Magistrados, es que esta representación judicial considera que la recurrida al analizar y darle valor de plena prueba a las írritas capitulaciones matrimoniales, conforme a lo previsto en los artículos 1357 (Sic), 1359 (Sic) y 1360 (Sic) del Código Civil y aplicar al caso de autos las previsiones legales contenidas en los artículos 6, 142, 148 y 149 eiusdem, incurrió en el denominado vicio de falsa aplicación de normas jurídicas, ya que si bien es cierto que las señaladas normas regulan la situación de hecho existente en el caso de autos, al aplicarlas falsamente les dio una consecuencia jurídica distinta a la contenida en la norma ya que si las hubiere aplicado correctamente hubiere declarado CON LUGAR LA DEMANDA propuesta por nuestro representado HERNÁN RAMÓN QUINTERO RIOBUENO por SIMULACIÓN de Capitulaciones Matrimoniales, dispositivo este que debió contener el fallo definitivo por cuanto pudimos demostrar palmariamente que el referido documento de capitulaciones matrimoniales se encuentra viciado de nulidad absoluta por cuanto no cumplió los requisitos formales que establece el artículo 143 del Código Civil, ya que las íiritas (Sic) capitulaciones matrimoniales fueron registradas por ante una Oficina Subalterna de Registro Público distinta a la del lugar de la Jurisdicción donde se celebró el matrimonio, vicio este que surgió en virtud de que previamente los futuros contrayentes ya habían acordado de manera concertada y voluntaria la firma de dicho documento, sólo con el fin de evitar que los bienes patrimoniales del ciudadano HERNÁN RAMÓN QUINTERO RIOBUENO se confundiera con los de la ciudadana MARÍA EUGENIA BLANCO, su primera esposa, en virtud de la sentencia de divorcio que estaba por recaer…” (Resaltado del texto transcrito).
Como se aprecia en la precedente trascripción, en la denuncia, con fundamento en su disconformidad con el examen de las pruebas realizado en la sentencia recurrida, se declaran infringidos, por falsa aplicación, los artículos 6, 142, 148, 149, 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, ya que aplicó, según expresa la delación, unas consecuencias jurídicas distintas a las establecidas en las citadas normas.
El contenido y alcance del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, prohíbe a la Sala descender a examinar el fondo de la controversia, a menos que se haya denunciado uno de los supuestos de excepción previstos en él; es esa la razón por la cual en nuestro sistema de Casación Civil, las denuncias de infracción de ley son solamente un examen de la manera en la cual haya sido aplicado el derecho, con prescindencia de las demás actas del proceso.
En el cumplimiento de la técnica para fundamentar una denuncia por falsa aplicación de norma jurídica, como su presupuesto, es la aplicación del precepto a un hecho que no está contemplado en él, se espera que en la denuncia se indique el texto de la sentencia en la que se evidencie la infracción y la explicación de las razones por las cuales se considera que los hechos previstos en la norma, son diferentes a los establecidos y apreciados por el Juez; pero, si lo que ha ocurrido es que los hechos o las pruebas no han sido apropiadamente establecidos o apreciados, lo que procede es la denuncia de infracción de una de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para que la Sala quede facultada a extenderse al fondo de la controversia a analizar el establecimiento y apreciación de los hechos.
Como se evidencia de la trascripción de la denuncia, el fundamento de la misma es la disconformidad con la apreciación del material probatorio presente en el expediente, sin que contenga una explicación de porqué son diferentes los hechos previstos en las normas denunciadas, con los que el sentenciador ha subsumido en éllas.
Además, encuentra la Sala que la fundamentación va dirigida indistintamente a señalar, como infringidas, que existe una falsa aplicación de las normas determinadas y, a la vez, un error en cuanto al contenido y alcance de las mismas, lo cual denota una errada fundamentación, porque el primer motivo indicado presupone la utilización de una norma cuyo supuesto de hecho no concurre con los de autos; mientras que en el error de interpretación, la norma si coincide con el supuesto de hecho, pero el error se encuentra en las conclusiones al interpretar de éllas consecuencias que no prevé; motivos excluyentes que destruye la fundamentación.
En consecuencia, es evidente, que la denuncia no contiene una adecuación lógica entre su motivación y la infracción denunciada, lo que determina su improcedencia por falta de fundamentación. Así se estable.
Por otra parte, la Sala advierte que en la denuncia se mencionan dos hechos que, según se afirma, no fueron considerados por el sentenciador y los cuales, de acuerdo a lo expresado en los fundamentos de la delación, es una causa de nulidad de las capitulaciones matrimoniales, por haberse infringido requisitos que exige el artículo 143 del Código Civil y que son presentados como un factor determinante de la existencia de la simulación. Pues bien, la Sala, en virtud de que pueden constituir infracciones a la obligación que tienen los jueces y juezas de pronunciarse acerca de todo los alegatos de las partes, incumpliéndose el principio de exahustividad de la sentencia, que impone el pronunciamiento sobre lo alegado y sobre todo lo alegado, pasa en consecuencia, a examinar las afirmaciones contenidas en la denuncia.
El primer hecho que se menciona, es que, supuestamente, las capitulaciones fueron celebradas en una fecha posterior al matrimonio, infringiendo así el mencionado artículo 143 del Código Civil. En efecto, en la denuncia se afirma que las capitulaciones fueron registradas el 20 de febrero de 2001, mientras que el matrimonio fue celebrado el 23 de febrero de 1991.
El segundo hecho mencionado es que, según expresa el formalizante, se habría infringido el requisito exigido en el precitado artículo 143 del Código Civil de que las Capitulaciones Matrimoniales deben ser registradas en una Oficina Subalterna de Registro con jurisdicción en el lugar donde se celebre el matrimonio, ya que, según se afirma en la denuncia, la Oficina Subalterna de Registro donde se inscribieron no tenía jurisdicción en el lugar donde se celebró el matrimonio.
Ahora bien, en el escrito que contiene la demanda, no sólo nada se dice en relación con la presunta vinculación de la nulidad de las capitulaciones, por infracción de requisitos formales, con la simulación demandada, sino que se afirman hechos contrarios a los indicados en la delación, ya que en ella se dice que “…nuestro mandante celebró matrimonio civil con la ciudadana ANA MARÍA PADRÓN DELGADO, quien es venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 5.968.385, en fecha 23 de febrero de 1991…”. Más adelante, se expresa acerca de las capitulaciones matrimoniales que constan en documento “…otorgado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 20 de febrero de 1991…”. Adicionalmente, para probar estas afirmaciones el demandante acompañó con el libelo de la demanda, en primer lugar, copia certificada de la partida de matrimonio, expedida por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (antes Juzgado Noveno de Parroquia del circuito Judicial N° 1 de la circunscripción Judicial del Distrito Federal), que corre inserta en el folio 30 del expediente, en la cual se lee que el matrimonio fue celebrado el 23 de febrero de 1991; y, en segundo lugar, copia certificada del documento de capitulaciones matrimoniales, expedida por el Registrador Subalterno del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda, en la que se expresa que quedaron registradas bajo el número 37, Tomo 1°, Protocolo 2° el 20 de febrero de 1991, todo lo cual desvirtúa, evidentemente, la primera afirmación a que se hace referencia, es decir, no es cierto lo afirmado en la denuncia respecto a que las capitulaciones se suscribieron con posterioridad a la celebración del matrimonio; y, por otra parte, en el escrito de la demanda nada se dice con relación a una eventual nulidad de las Capitulaciones Matrimoniales, fundamentada en que fueron registradas en un Registro Subalterno sin jurisdicción en el lugar donde fue celebrado el matrimonio.
La accionante limitó el tema a decidir en la pretensión de simulación, sin alegar para ello los vicios de nulidad que ahora pretende hacer valer ante esta Máxima Jurisdicción Civil lo cual no forma parte del debate judicial; se trata de hechos nuevos que no fueron alegados en la demanda ni en la contestación, sino que fueron incorporados dentro de la formalización del recurso de casación anunciado, como si se tratara de hechos alegados que no fueron considerados por el sentenciador. Téngase presente, -se repite- que la demanda intentada fue por simulación de las capitulaciones matrimoniales y no por nulidad de las mismas, por infracción de los requisitos de forma exigidos para su celebración.
Además de lo dicho anteriormente, la Sala precisa que, para que la nulidad de las capitulaciones matrimoniales, por infracción de los requisitos que exige el artículo 143 del Código Civil, tengan efecto entre las partes y con respecto a los terceros, debe ser invocada por los contratantes o los terceros interesados, pues, tal como se desprende de la redacción de la mencionada norma, en la que pide el cumplimiento de las formalidades “…so pena de nulidad…”, no parece desprenderse otra cosa, sino que en esos casos las partes o los terceros interesados disponen de la acción de nulidad o de la posibilidad de oponerla cuando se les exige el cumplimiento de las capitulaciones, a tenor de los dispuesto en el último aparte del artículo 1.346 del Código Civil.
En atención a todas las precedentes consideraciones, la Sala concluye en la improcedencia de la presente denuncia por la errada fundamentación de la misma y la inexactitud de las afirmaciones que contiene. Así se decide.
Con fundamento en el ordinal 2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de
los artículos 12 eiusdem, y 143, 152 numeral 7°, 164, 760, 1.395 y 1.397 del Código Civil, todo por falta de aplicación.
“…Tal y como se evidencia, en el caso de marras, el jurisdicente de Alzada consideró que la demanda de simulación propuesta por nuestro representado debía declararse SIN LUGAR por cuanto según su criterio la parte actora no logró demostrar en el proceso que las capitulaciones matrimoniales cuya simulación se pretende, se hayan considerado en forma simulada y que las mismas se refieren a los bienes adquiridos por cada uno de los cónyuges durante la existencia del vínculo conyugal.
Pues bien, en este sentido yerra el ad-quem al declarar sin lugar la apelación interpuesta por esta representación judicial contra la sentencia dictada por el a-quo en fecha 5 de abril de 2006, por cuanto la doctrina como la reiterada jurisprudencia de ese Máximo Tribunal ha sostenido que en materia de matrimonio todas las normas son de eminente orden público, lo cual resulta aplicable también a la figura de las capitulaciones matrimoniales, ya que éstas constituyen un acto preparativo que da lugar al matrimonio, sólo que mediante ellas, los futuros contrayentes deciden voluntariamente establecer un régimen de separación de bienes. El hecho de que los futuros contrayentes decidan someterse a un régimen patrimonial de separación de bienes distinto a la comunidad de gananciales, no significa que hayan renunciado a la aplicación del régimen legal que sobre las capitulaciones matrimoniales establece el Código Civil, y de igual manera a las normas que supletoriamente puedan aplicarse del mismo Código por no haber convención expresa en el documento que contiene las capitulaciones matrimoniales.
Resulta absurdo pensar que la noción de orden público sólo se puede aplicar a las obligaciones o a las relaciones que se tienen los cónyuges entre sí en virtud de las normas contenidas en los artículos 137, 139, 140, 140-A del Código Civil, tal y como lo ha considerado la recurrida.
Aunado a lo anterior, y conforme fue expresado por esta representación judicial en la denuncia anterior, el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 143 del Código Civil, hace que las capitulaciones matrimoniales queden afectadas de un vicio de nulidad absoluta, lo que trae como consecuencia que si se lleva a cabo el matrimonio aún cuando las capitulaciones matrimoniales estén viciadas de nulidad, por el hecho de haberse celebrado el matrimonio conforme a las previsiones del Código Civil y ante el funcionario autorizado para ello, entonces de pleno derecho se constituye la comunidad de gananciales establecida en el artículo 148 eiusdem, siéndole aplicable a ésta también el postulado del artículo 152 numerales 7 (Sic) del mismo Código Adjetivo.
En abundamiento a lo anteriormente expuesto, esta representación judicial sostiene que al establecerse la existencia de una comunidad de gananciales, cuando el cónyuge pretenda adquirir un bien a título personal deberá hacer constar en el documento de propiedad del bien lo (Sic) está adquiriendo para su patrimonio particular y también deberá dejar constancia de la procedencia del dinero utilizado para la adquisición, so pena de que el mismo pase a formar parte de la comunidad de gananciales, y, en consecuencia, corresponda el 50% al otro cónyuge.
Esta representación judicial considera que contrariamente a lo decidido por el Juez de Alzada, en el caso de marras si hubo violación del orden público con la simulación de las capitulaciones matrimoniales suscritas por nuestro representado HERNÁN RAMÓN QUINTERO RIOBUENO y la ciudadana ANA MARÍA PADRÓN DELGADO, no afectando derechos de terceros ajenos al proceso, pero sí directamente a las partes del mismo, por cuanto la demandada ha pretendido ser la absoluta dueña y exclusiva propietaria de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el matrimonio, así como también las cuantas bancarias abiertas en moneda extranjera en los estados Unidos de Norteamérica.
Reiteramos pues, que la recurrida al no aplicar el contenido de los artículos 143 y 152 numerales 7 (Sic), 164, 760, 768, 1395 (Sic), y 1397 (Sic) del Código Civil del Código Civil, incurrió en el vicio de falta de aplicación ya que si hubiere aplicado el artículo 143 en todo su rigor hubiere tenido que declarar la simulación de las capitulaciones matrimoniales, y, en consecuencia, la nulidad de la mismas por cuanto no cumplieron con los requisitos formales establecidos en la citada norma, por cuanto las mismas fueron otorgadas por ante una Oficina Subalterna de Registro distinta a la de la Jurisdicción del lugar donde finalmente se celebró el matrimonio, conllevando ello, a la nulidad absoluta de las mismas, y trayendo como consecuencia que se constituyeran de pleno derecho la comunidad de gananciales entre los contrayentes. Correspondiéndose a cada uno de ellos el 50% de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, por una parte; y por la otra, creando la obligación para los cónyuges de hacer constar en los documentos de propiedad de los bienes que vayan a adquirir, la procedencia del dinero con el cual están realizando la operación de compraventa, además de señalar en el mismo documento que la adquisición la realizan a título personal para su patrimonio particular, dando cumplimiento, así, al postulado del numeral 7 (sic) del artículo 152 del Código Civil, ya que en caso de no cumplir con estos requisitos, inexorablemente surge la aplicación de la presunción legal establecida en el artículo 164 eiusdem, según el cual:
‘Artículo 164 C.C.- Se presume que pertenecen a la comunidad todos los bienes existentes mientras no se pruebe que son propios de alguno de los cónyuges’.
Aplicando el contenido de las normas transcritas al caso de marras, tendríamos que concluir, sin lugar a dudas, que a nuestro representado HERNÁN RAMÓN QUINTERO RIOBUENO, le correspondería al 50% de todos los bienes que a título personal adquirió la ciudadana ANA MARÍA PADRÓN DELGADO, durante el matrimonio, sin dar cumplimiento a la disposición contenida en el numeral 7 (Sic) del artículo 152 del Código Civil, ya que efectiva y palmariamente hemos logrado demostrar a esa egregia Sala de Casación Civil que las capitulaciones matrimoniales suscritas en fecha 20 de febrero de 1991 por las partes integrantes del presente juicio, se encuentran viciadas de nulidad absoluta, y que a pesar de que fue conocido dicho documento por los tribunales de instancia, sin embargo, los mismos simplemente se limitaron a verificar sólo el régimen de separación de bienes que fijaron los futuros contrayentes, no atendiendo a constatar si las mismas habían cumplido los requisitos formales que exige el artículo 143 del Código Civil. Como consecuencia de lo anterior, entonces a nuestro representado le asiste el derecho de reclamar el 50% de todos los bienes adquiridos por la ciudadana ANA MARÍA PADRÓN DELGADO, por cuanto la misma no cumplió con lo establecido en el artículo 152 numeral 7 (Sic) del Código Civil, y debe aplicarse también lo estipulado en el artículo 164 eiusdem.
Por lo que respecta a los artículos 760, (Sic) 768 del Código Civil, esta representación judicial alega que fueron infringidos por la recurrida por falta de aplicación, ya que los mismos resultaban aplicables por cuanto a los mismos consagran la institución de la comunidad de bienes. En tanto que los artículos 1395 (Sic) y 1395 (Sic) eiusdem, resultaron, de igual manera, infringidos por falta de aplicación, por cuanto estos regulan la institución de las presunciones legales y permiten aplicar al caso concreto la contenida en el artículo 164 ibidem.
De manera que, alegamos que el Juez de Alzada al proferir su fallo en los términos que lo hizo infringió por falta de aplicación los artículos 143 y 152 numeral 7 (Sic), 164, 760, 768, 1.395 y 1.397, todo del Código Civil, así mismo, como también violó por falta de aplicación el contenido del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil por no atenerse a lo alegado y probado en autos.
De igual manera, señalamos a esa ilustre Sala, a los fines de dar cumplimiento al ordinal 4° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil que las normas que debió aplicar el Juzgador de la recurrida para resolver la controversia planteada, son los mismos artículos que se delatan como infringidos por falta de aplicación, es decir los artículos 143, 152 numerales 7 (Sic), 164, 760, 768, 1.395 y 1.397, todo del Código Civil, por cuanto si el ad-quem hubiere aplicado el contenido de los mismos al caso concreto hubiera resulto (Sic) la controversia planeada declarando CON LUGAR la demanda propuesta por nuestro representado, pudiendo inferir que las capitulaciones matrimoniales resultaron formarse simuladamente para distraer los bienes patrimoniales de nuestro representado y no confundirlos con los bienes de la ciudadana MARÍA EUGENIA BLANCO, quien fuere su primera esposa y de la cual se estaba divorciando, para luego contraer matrimonio con la ciudadana ANA MARÍA PADRÓN DELGADO, con quien simuladamente suscribió las mencionadas capitulaciones matrimoniales…” (Resaltado del texto transcrito).
Como se observa de la precedente trascripción, que nuevamente en esta la denuncia, se menciona el alegato de la nulidad de las capitulaciones matrimoniales. Se afirma que, independientemente de la existencia de las capitulaciones, las normas supletorias de la comunidad de gananciales, son aplicables a las actividades económicas de los cónyuges como presupuesto de la infracción de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 143, 152 numeral 7°, 164, 760, 1.395 y 1.397 del Código Civil, todos ellos por falta de aplicación.
El régimen patrimonial de los cónyuges en la República Bolivariana de Venezuela, se rige, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Código Civil, por las convenciones de las partes y por la Ley. Esto supone que los contrayentes tienen la libertad de fijar mediante las capitulaciones matrimoniales, el régimen patrimonial que ellos prefieran, pero, si no hacen uso de ese derecho, se les impone, en forma obligatoria, un régimen legal supletorio, que es comúnmente denominada comunidad limitada de gananciales.
Debe advertirse, que derivada de la libertad que concede la Ley, de establecer convencionalmente el régimen patrimonial, surge la posibilidad de que los interesados, de común acuerdo, para ciertos temas, decidan utilizar el régimen legal supletorio. Por tanto, la existencia de las capitulaciones matrimoniales y la manera en que han sido convenidas, será determinante para saber en que medida tienen cabida para regular ciertos aspectos del régimen patrimonial, las normas del Código Civil. Por éllo, que en los casos en los cuales se haya convenido un régimen de separación total de patrimonios, no son aplicables ninguna de las normas que regulan el régimen supletorio del Código Civil.
Esta posibilidad de que lo expresado en las capitulaciones matrimoniales pueda remitir a una o varias de las normas del régimen supletorio legal, fue, precisamente, el tema analizado en la sentencia N° 00246 dictada por la Sala, (invocada en apoyo de la denuncia), el 23 de marzo de 2004, caso de Ana Bitton Jiménez contra David Cohén, expediente 2002-000879, en la cual se afirmó lo siguiente:
“…Visto que la denuncia se fundamenta en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que faculta el descender a las actas que integran el expediente para determinar la existencia del vicio denunciado, la Sala, se permite transcribir la citada cláusula quinta de las capitulaciones matrimoniales, en la cual textualmente se estableció lo siguiente:
“Quinta: En consecuencia de esta declaración, los bienes antes determinados no llegarán en ningún caso a formar parte de la sociedad conyugal que quedará establecida al celebrarse el matrimonio proyectado...”. (Subrayado del texto). (Cursivas de la Sala).
Tal como claramente se desprende del texto de la cláusula quinta, en ella se previó que los bienes integrantes de esa declaración realizada en las capitulaciones matrimoniales “...no llegarán en ningún caso a formar parte de la sociedad conyugal que quedará establecida al celebrarse el matrimonio...”, con lo cual los contratantes -como acertadamente expone el formalizante- dejaron plasmada su voluntad cierta, real y efectiva de que a partir del momento de la celebración del matrimonio existiría una sociedad conyugal.
Ahora bien, del texto de la recurrida se desprende que el Juez Superior determinó la existencia de la sociedad conyugal, pero señala que por haberse suscrito el documento de las capitulaciones matrimoniales, no era necesario el cumplimiento de lo previsto en el ordinal 7º del artículo 152 del Código Civil, cuando alguno de los entonces cónyuges adquiriese un bien. Cabe destacar, que –como ya se dijo- del texto mismo de las capitulaciones matrimoniales se infiere que los contratantes, de manera espontánea, cierta, real y efectiva manifestaron que a partir del momento de la realización del matrimonio, existiría la comunidad conyugal. Esto dicho en otras palabras significa que, ambos contratantes estipularon la existencia de la comunidad conyugal Cohen-Bitton, por haberse acogido en las capitulaciones matrimoniales –como ya se dijo- al régimen legal de administración de la sociedad conyugal.
En este orden de ideas, dado que existe una convención entre las partes que estableció la existencia de la comunidad conyugal, es procedente la aplicación de las presunciones de comunidad previstas en el Código Civil, las cuales pueden ser desvirtuadas, siempre y cuando el cónyuge adquirente del bien, demuestre el cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 152 eiusdem.
En el caso bajo análisis, no consta de los documentos de adquisición y así lo expuso la recurrida, que el hoy demandado haya hecho mención en los diferentes documentos de adquisición de los bienes, de la procedencia del dinero con el que hacía la negociación y que la misma era para su patrimonio personal, para haber dado cumplimiento a lo previsto en el ordinal 7º del artículo 152 del Código Civil, y poder reputar como propios los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio.
En este sentido, tal como ha quedado establecido por esta Sala, en el texto de la cláusula quinta de las capitulaciones matrimoniales, los contratantes manifestaron su voluntad cierta, real y efectiva de que existiría una sociedad conyugal al realizarse el matrimonio, por lo que era obligante para los cónyuges plasmar en los respectivos documentos la procedencia del dinero con el que se realizaba esa negociación y sí los bienes eran adquiridos para el patrimonio particular de alguno de éllos, ya que de no hacerlo, ciertamente son aplicables las normas jurídicas que establecen la presunción de comunidad contenidos en los artículos 141, 148, 156 y 164 del Código Civil…”.
Como se advierte de la trascripción, la doctrina de la Sala pone de relieve que la aplicabilidad del régimen supletorio legal, puede existir cuando los cónyuges en las disposiciones de las capitulaciones matrimoniales, incluyen declaraciones que invocan su aplicación, y no como lo pretende hacer ver el formalizante, en el sentido que deben aplicarse estas reglas legales supletorios por cuanto las capitulaciones son nulas; como ha sido indicado, si de acuerdo al principio de autonomía de la voluntad, los futuros contrayentes han escogido un régimen de patrimonios separados, ninguna de las normas del Código Civil serán aplicables para regular el régimen patrimonial del matrimonio. Por tanto, será necesario en cada caso examinar los términos en los cuales han sido convenidas las capitulaciones matrimoniales, para determinar la eventual aplicación de las normas que integran el régimen legal supletorio.
En la denuncia se sostiene la aplicabilidad de las normas del régimen supletorio legal sosteniendo, en primer lugar, que aun cuando se celebren las capitulaciones, continúan siendo aplicables las normas del Código Civil; y, en segundo lugar, porque derivado de la infracción de los requisitos que exige a las capitulaciones matrimoniales el artículo 143 eiusdem, al celebrarse el matrimonio, las capitulaciones eran nulas y se constituía, de pleno derecho, la comunidad de bienes que establece el artículo 148 del mismo Código. Con lo anterior construyen la denuncia de infracción de las normas jurídicas, pues vincula su aplicación a la nulidad de las capitulaciones y deducen que era aplicable el numeral 7° del artículo 152 ibidem, que exige que los cónyuges deben dejar constancia, cuando adquieren un bien, de la procedencia del dinero y de que la adquisición la hacen para sí.
Se está pretendiendo en esta denuncia la demostración de la falta de aplicación de normas jurídicas como consecuencia de la infracción de otras, pues la falta de aplicación del régimen legal supletorio contenido en el Código Civil para establecer el patrimonio conyugal denunciado, lo plantean como consecuencia de la infracción de normas que determinarían la nulidad de las capitulaciones matrimoniales, lo cual bastaría para desechar la delación; no obstante, la Sala encuentra más razones para determinar la improcedencia de la denuncia: Como ya fue expuesto y contrario a lo afirmado en la delación, no puede considerarse la aplicabilidad de las normas del régimen legal supletorio del Código Civil cuando las partes hayan suscritos capitulaciones matrimoniales, salvo que se hayan reservados para determinados asuntos su regulación por aquel régimen legal supletorio. Por ello, tiene que ser examinado lo que las partes convinieron en las capitulaciones para determinar si son aplicables normas del Código Civil, para establecer las relaciones patrimoniales de los cónyuges. Salvedad que no es alegada por el formalizante, sino que señala que como para él son nulas las capitulaciones, se debió aplicar el régimen legal previsto en el Código Civil, para tratar el patrimonio de los cónyuges.
Presupuesto de procedencia de su denuncia (nulidad de las capitulaciones matrimoniales) que como se expresó en lo anterior, no forma parte del tema a decidir, pues ni en el libelo de la demanda ni en su contestación hubo planteamiento alguno respecto a la nulidad por infracción de formalidades del artículo 143 del Código Civil, como fundamento de la simulación demandada, lo cual hace irrevisable en esta Máxima Jurisdicción Civil, tal alegato de nulidad presentado por primera vez en este recurso de casación. En consecuencia, a la denuncia de infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, no se explican las razones de su infracción, pues sólo se dice que no se atuvo a lo alegado y probado en autos, sin justificar los motivos de esa afirmación.
En consecuencia, la presente denuncia resulta improcedente por no haber ocurrido las infracciones delatadas de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil y la de los artículos 143, 152 numeral 7°, 164, 760, 1395 y 1397 del Código Civil. Así se decide.
Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de octubre de 2006.
De conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la parte demandante en las costas del recurso de casación.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al juzgado de la causa, es decir al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Particípese esta decisión al Juzgado Superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de junio de dos mil siete. Años: 196º de la Independencia y 148º de la Federación.
Exp. AA20-C-2006-001066