Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/92201
Timestamp: 2019-12-10 20:20:24
Document Index: 381702103

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3']

Gaceta: LXIV/1SPO-110/92201
Claudia Esther Balderas Espinoza, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), de esta LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 73 fracción XXIX-F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 párrafo numeral 1 y 2, 169 y 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3º fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Muchos de los problemas económicos y sociales presentes en América Latina, como la pobreza, el desempleo, la baja calidad en la fuerza laboral, la mala distribución del ingreso, los bajos indicadores de calidad o el aumento de sectores económicos informales, tienen raíz en las estructuras económicas dependientes de baja intensidad tecnológica.
En México, la baja inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico y perspectiva de innovación (CTI), es una de las características que frenan su desarrollo y productividad. La obtención de condiciones necesarias para un rápido y constante desarrollo económico es posible, solo cuando el cambio se acepta como objetivo prioritario y cuando los gobiernos siguen políticas estables dirigidas a este fin: utilizando métodos, formas de administración y manejo de las economías nacionales modernas. En otras palabras, la ciencia, la tecnología y la innovación, pueden contribuir poco por sí solas sin la voluntad de avanzar económicamente, y sin la oportunidad y la organización para aprovecharlas.
Diversos autores, se refieren a la política científica, como la aplicación de los conocimientos existentes, aumentados en la medida necesaria por la investigación nacional o la importación de otros países, así como a la producción de bienes y servicios; por lo tanto, abarca toda la cadena de la investigación, el desarrollo y la invención, hasta llegar a la innovación y la difusión. En este sentido, la política científica tiene dos aspectos principales, el desarrollo a largo plazo de un potencial nacional científico- tecnológico y el empleo más efectivo de este potencial para satisfacer las necesidades de desarrollo mediante la innovación.
Así mismo, podemos afirmar que, la riqueza material de un país depende esencialmente de la producción de bienes y servicios, mediante el empleo coordinado de las dotaciones disponibles de capacidades humanas, capital, tierra y recursos naturales; siendo el crecimiento económico, resultado de una mayor productividad con base en el uso eficiente de los recursos; objetivo que sin duda es favorecido con la ciencia, la tecnología y la innovación (rubros que contribuyen al desarrollo y productividad de un país al aumentar la utilidad de los recursos disponibles).
En México existe una política científica deficiente que, desgraciadamente impide se den las condiciones necesarias para que la ciencia, la tecnología y la innovación, sean fructíferas en el desarrollo nacional.
Actualmente nuestro país invierte en la materia, un porcentaje que no supera el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual contrasta tajantemente con la inversión de naciones como República de Corea, que de acuerdo al índice del Banco Mundial en materia de Gasto en Investigación y Desarrollo actualizado en 2016 [*] , canaliza el 4.24% de sus PIB a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, siguiendo el orden de la lista de acuerdo a la inversión porcentual, sigue Japón, quien invierte el 3.5%, Suecia que aporta el 3.25%, Austria con el 3.09%, Alemania con el 2.94% y Estados Unidos de América que tiene una inversión del 2.74% en los rubros mencionados.
Como es de esperarse, las naciones antes mencionadas, cuya inversión en la materia es considerable, además de ser potencias en materia científica y desarrollo tecnológico, tienen también, la característica de ser naciones que dominan la política económica global.
En razón de las cifras anteriores, consideramos que el gobierno mexicano debe considerar en todo momento para su crecimiento económico, la relación tan estrecha que existe entre la generación de conocimiento científico, desarrollo de tecnología y fomento a la innovación con el empoderamiento de las naciones, su inversión en CTI, debe orientarse a fomentar la productividad y el crecimiento económico del país, con la finalidad de proveer soluciones alternativas para los desafíos sociales y económicos urgentes.
Si bien, el aumento porcentual que nuestro país debe tener en la en la inversión de la materia debe ser paulatino mediante principios de progresividad, es también cierto que, antes de la inserción de cualquier principio, debe queda muy clara la obligación del Estado de incentivar, fomentar y desarrollar una política científica adecuada, que se traduzca en una garantía constitucional para los mexicanos.
Debido a lo anterior, al revisar el documento que, de acuerdo a su jerarquía superior en nuestro sistema legal, debe contener la obligación del Estado con el derecho correlativo del ciudadano, en materia científica y tecnológica, observamos que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene una omisión que institucionaliza el desamparo al rubro del desarrollo tecnológico y el fomento a la innovación, toda vez que, el artículo 3, fracción V, sólo señala que, el Estado “apoyará la investigación científica y tecnológica” garantizando únicamente la actividad investigativa en los rubros científico y tecnológico, pero omitiendo el proceso complementario de la investigación, que es la ciencia aplicada, el desarrollo de proyectos tecnológicos y la posibilidad de innovación.
Lo anterior es sin duda, una falta grave y de raíz, que afecta al sector que pretendemos fortalecer, ya que la política científica es mucho más que una política de investigación y no puede ser examinada aisladamente, sin prever el desarrollo de procesos, procedimientos y generación de herramientas que, además de permitir la aplicación del conocimiento, genere, en determinado caso, una mejora en los procesos de aprovechamiento de los recursos disponibles: dichas actividades son propias del desarrollo tecnológico, el cual funge como puente hacia la innovación, cuya finalidad es, entre otras, la simplificación de la vida cotidiana y de actividades complejas que incrementen la posibilidad de que en el país se generen productos científicos-tecnológicos que se patenten y posicionen en mercados maduros nacionales e internacionales.
En este orden de ideas, consideramos que la expresión generalista de “apoyar a la investigación científica y tecnológica” refiere únicamente a aquella actividad (investigativa), que se lleva a cabo con el objeto de ampliar los conocimientos en ramas determinadas del saber. El contenido del precepto constitucional vigente, excluye los métodos y procedimientos que hacen posible el desarrollo tecnológico, el cual se define como el “uso sistemático del conocimiento dirigido hacia la producción sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos” [*] ; en esencia, la investigación científica y tecnológica es distinta al desarrollo tecnológico; esto se debe a que la primera implica “un procedimiento de reflexión, de control y de crítica que funciona a partir de un sistema, y que se propone aportar nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico” [*] mientras el segundo se da a través de la aplicación de un conjunto amplio y variado de conocimientos, para la producción industrial y/o generación de servicios, pasando por etapas relacionadas con técnicas especializadas como el examen, selección o instalación de procesos industriales.
En razón a lo anterior, reiteramos que, si bien la ciencia y la tecnología son conceptos que se relacionan, existen diferencias en cuanto a su proceso de planeación y no pueden asimilarse como actividades homologas, pues ello, impediría el acceso a la innovación; la cual se define como la “introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.” [*]
La palabra innovación es un concepto moderno que funge como eje en la planeación de políticas científicas y económicas de las naciones, por ello, ya se incluye en varias legislaciones de países latinoamericanos como Brasil o Colombia, también es un concepto presente en la legislación mexicana en la “Ley de Ciencia y Tecnología”, reglamentaria de la fracción V del artículo 3º constitucional, así como en legislaciones locales como la “Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Distrito Federal”. En este sentido, parece ser que, leyes reglamentarias y locales han visualizado más profunda e integralmente una política científica de Estado, superando conceptualmente a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo antes expuesto, sugerimos a través de la presente iniciativa, subsanar de inmediato las omisiones que contiene el texto constitucional, proponemos que se reforme la leyenda del artículo 3º, fracción V, que hace únicamente referencia a la investigación científica y tecnológica, para dar lugar a una nueva que señale que “…el Estado incentivará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y fomentará la innovación …”, con ello, generar mayor precisión conceptual, y garantía a los mexicanos de que tendrán acceso a una formación científica integral, que además se traduzca en desarrollo nacional y en protección a investigadores y tecnólogos.
Con la intención de precisar las modificaciones y adiciones al texto normativo que se pretende reformar, se expone el siguiente cuadro comparativo:
Artículo 3.- (...)
(I a la IV…)
Artículo 3.- (…)
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, incentivará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y fomentará la innovación, así mismo, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;
ÚNICO. – Se modifica la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, incentivará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y fomentará la innovación, así mismo, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 19 días del mes de marzo de 2019.
[*] https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
[*] https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-tecnologico-e-innovacion
[*] https://concepto.de/investigacion-cientifica/#ixzz5i6XYcORB
[*] Ibid., p. 3.