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Timestamp: 2019-02-24 03:27:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 123', 'artículo 210', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 179']

﻿ SENTENCIA 1085 DE FEBRERO 25 DE 1998
SENTENCIA 1085 DE 25 DE FEBRERO DE 1998
CONTENIDO:INCOMPATIBILIDAD DE LA FUNCIÓN NOTARIAL. EL CÓNYUGE, COMPAÑERO PERMANENTE O DETERMINADOS PARIENTES ESTÁN INCURSOS EN INHABILIDAD PARA SER ASPIRANTES A CONGRESISTAS CON RESPECTO AL NOTARIO EN SU CARACTER DE AUTORIDAD CIVIL, LO CUAL CONDUCE LA PROHIBICIÓN DE EJERCER EN EL EVENTO DE SER ELEGIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:INCOMPATIBILIDAD DE LA FUNCIÓN NOTARIAL, FUNCIONES DEL NOTARIO, INHABILIDADES PARA SER CONGRESISTA, PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD, INHABILIDAD ELECTORAL, INHABILIDADES PARA SER NOTARIO
Sentencia 1085 de febrero 25 de 1998
Temas: Notario. Incompatibilidad de la función notarial.
Normas citadas: Decreto 960 de 1970, art. 1º. Decreto 960 de 1970, art. 10. Decreto 2148 de 1983, art. 1º. Ley 29 de 1973, art. 1º. Ley 29 de 1973, art. 21.
Santafé de Bogotá, D. C., veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
La consulta que formula a la Sala la señora Ministra de Justicia y del Derecho, radicada en este despacho el día 18 de febrero, comprende los siguientes interrogantes:
1. ¿De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales, y en virtud de la naturaleza jurídica de los notarios, a estos les son predicables las inhabilidades consagradas en el artículo 179 de la Constitución Política para ser elegidos como congresistas?
2. ¿La expresión “Funcionario” contemplada en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, se debe interpretar en forma amplia, es decir, que no solamente comprenda a los servidores públicos, sino a cualquier otro funcionario que ejerza autoridad civil?
3. ¿De acuerdo con lo anterior, y dado que los notarios ejercen autoridad, el vínculo de uno de estos con un candidato al Congreso de la República, inhabilita a este último como aspirante a un cargo de esa corporación?
4. ¿En suma, existe alguna inhabilidad que pueda predicarse de los notarios o de sus familiares para ser elegidos como congresistas?
I. Naturaleza jurídica de los notarios.
Tiene larga tradición en Colombia la calificación de la función notarial como un servicio público. Ya el Acto Legislativo 1 de 1931 disponía que compete a la ley “la organización y reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores”.
Concordante con el principio constitucional enunciado, el legislador extraordinario (Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le confirió la L. 8ª/69), expidió, en el año de 1970 el estatuto notarial. En el mismo se precisó que el notariado es una función pública e implica el ejercicio de la fe notarial; de igual modo, que la función notarial es incompatible con el ejercicio de autoridad o jurisdicción y no puede ejercerse sino dentro de los límites territoriales del respectivo círculo de notaría (D.L. 960/70, arts. 1º y 2º).
Demandada ante la Corte Constitucional la expresión “autoridad o”, del artículo 2º precitado, aquella corporación lo declaró exequible, por cuanto el propósito ínsito de esa disposición es establecer una incompatibilidad: del ejercicio de la función notarial con el cumplimiento de cualesquiera otras funciones que impliquen el ejercicio de autoridad o de jurisdicción, bajo el entendido de que el notario también es autoridad y que, por lo mismo, el desempeño de sus labores no puede concurrir con el desarrollo de funciones diferentes a la suya y que, igualmente, sean el resultado y la expresión de la autoridad con la que la organización política las reviste (Sent. C-181/97).
Del conjunto normativo expresado y de la interpretación dada por la Corte Constitucional al artículo 2º del Decreto-Ley 960 de 1970 , es jurídico inferir que los notarios no son, en sentido subjetivo, servidores públicos (esta expresión la reserva la Constitución, en su artículo 123, a los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios), si bien objetivamente prestan un servicio público y de primer orden: el consistente en el ejercicio de la función notarial, la que hace que en desarrollo de la misma estén en condiciones de dar fe pública de los actos que requieren su intervención.
De conformidad con la Constitución Política, “los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley”. Este precepto, que corresponde al artículo 210, inciso 2º, de la codificación constitucional, armoniza con el que asigna a la ley la determinación del régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas (art. 123, inc. final) y con el que señala que los servicios públicos pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares (art. 365, primera parte del inc. 2º).
Con ejercicio de competencia en determinados círculos notariales, hoy en día su nombramiento en propiedad —por mandato de la Carta Política de 1991— deberá hacerse mediante concurso de méritos, aunque son frecuentes los nombramientos en provisionalidad, forma esta que al generalizarse desvirtúa la carrera; con fundamento en el resultado de dicho concurso serán nominados, atendiendo a su categoría, por el Presidente de la República y los gobernadores. Pero carecen de vínculo laboral con el Estado, por cuanto están sometidos en la prestación permanente del servicio a tarifas legales, con el producto de las cuales están obligados a costearlo y mantenerlo, y a sufragar los salarios y prestaciones sociales de sus empleados.
Sus especiales características, apartan al notario de la noción genérica de servidores públicos y, por ende, también del ámbito correspondiente a los empleados públicos o funcionarios. Estos últimos son términos utilizados por el legislador como sinónimos desde la expedición del Código de Régimen Político y Municipal (L. 4ª/13, art. 5º), en donde “empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo”. La sinonimia solo se desvirtúa en la Rama Judicial del poder público, en donde se distingue entre funcionarios judiciales (magistrados, jueces y fiscales) y los empleados judiciales, que son los colaboradores de aquellos (abogados auxiliares y asistentes, secretarios, relatores, oficiales mayores, etc.). También para el Diccionario de la Lengua Española, funcionario es “persona que desempeña un empleo público”.
Los notarios tampoco son simples particulares que cumplen funciones públicas. Las peculiaridades anotadas —y otras, como el precepto sobre retiro forzoso, el régimen disciplinario de la Ley 200 de 1995, aplicable también a los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente, y los horarios de servicio— los sitúan en una condición sui generis en el régimen institucional colombiano. Algunos de esos distintivos y el ejercicio de la función notarial, que implica el de la fe pública, los convierte en particulares investidos de potestades, que provienen del Estado y están sujetos a normatividad que emana de la Constitución o de la ley; además, como responsables de la oficina a su cargo, tienen poder de mando sobre sus empleados, administran los dineros que provienen de los usuarios y manejan libros y archivos que son bienes de la Nación.
II. Inhabilidades para ser congresista.
Sobre este tema se ha pronunciado recientemente la Sala (Consulta 1081/98), por lo que habrá de concretarse a los casos específicos planteados por el consultante.
Las inhabilidades que por razón de moralidad y conveniencia públicas inhiben para ostentar la dignidad de miembro del Congreso de la República, son las establecidas en los ocho numerales del artículo 179 de la Constitución. Las mismas pueden dividirse en dos modalidades:
Son las causales determinadas en los numerales 1º, 3º, 4º, 6º, 7º y 8º (y parcialmente el 5º).
Los notarios, además, tienen sus propias incompatibilidades, que, eventualmente, podrán convertirse en inhabilidades. Se consideran adecuadas para conservar la dignidad del cargo y en el supuesto de que el notario, aspire a corporación o cargo de elección popular, para impedir su influencia sobre el electorado. En este sentido, el ejercicio de la función notarial es incompatible con el de todo empleo o cargo público; con la gestión particular u oficial de negocios ajenos; con el ejercicio de la profesión de abogado; con el de los cargos de representación política; con la condición de ministro de cualquier culto; con el de los cargos de albacea, curador dativo, auxiliar de la justicia; con toda intervención en política, distinta del ejercicio del sufragio, y en general, con toda actividad que perjudique el ejercicio de su cargo (L. 29/73, art. 21).
2. El vocablo “funcionario”, utilizado por el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, se debe interpretar en su sentido natural y obvio, que según el diccionario de la lengua española es el de “persona que desempeña un empleo público”, determinado este en la estructura administrativa del Estado.
4. Los notarios solo están sometidos a las inhabilidades generales que establece la Constitución para toda persona que aspire a ser congresista y a las incompatibilidades específicas que le asigna la ley y que, llegado el caso, pueden convertirse en inhabilidades. Sus familiares, por el hecho de serlo, no tienen inhabilidad especial; igualmente les son aplicables las de carácter general que contempla la Carta Política para ser congresista.
Transcríbase a la Ministra de Justicia y del Derecho. Igualmente, envíese copia a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
Consejeros: Augusto Trejos Jaramillo, presidente—Javier Henao Hidrón—César Hoyos Salazar—Luis Camilo Osorio Isaza.
Nota: tres de marzo de 1998, autorizada la publicación con Oficio 189.
Discrepo de los colegas de la Sala en cuanto se niega a los notarlos el carácter de autoridades en el cumplimiento de funciones públicas, y en consecuencia me aparto de las respuestas 2ª y 3ª las cuales concluyen que quienes tengan determinados vínculos por matrimonio, unión permanente o parentesco con los notarios, no están incursos en las inhabilidades contempladas en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política.
El Decreto 960 de 1970 y disposiciones posteriores incluidos el Decreto 2163 de 1970 y la Ley 29 de 1973 constituyen el estatuto del notariado colombiano. Este les otorga mediante competencia reglada las funciones especialmente referidas a la fe pública, entre las cuales se incluyen las previstas para recibir y extender declaraciones que conforme a la ley requieren escritura pública, autorizar reconocimiento de documentos privados, dar testimonio de autenticidad de las firmas de funcionarios o particulares, dar fe de la correspondencia o identidad de documentos, acreditar la existencia de las personas naturales, expedir y guardar dentro del protocolo actuaciones que la ley o el juez ordenen protocolizar, dar testimonio escrito con fines probatorios de hechos percibidos dentro del ejercicio de sus funciones, intervenir en el otorgamiento y extensión de los testamentos, practicar apertura y publicación de testamentos cerrados, llevar registro del estado civil de las personas, entre otras.
Más recientemente se ampliaron las competencias de los notarios, a otras tales como las señaladas en los decretos 902 de 1988 sobre liquidación de herencia y sociedades conyugales, el 999 de 1988 que otorga competencia para correcciones del registro del estado civil y cambio de nombre de las personas, el 2458/88 donde les autoriza el trámite de la separación de cuerpos en el matrimonio civil, el 2668 del mismo año que les permite la celebración de matrimonio civil, el Decreto 1900 de 1989 que autoriza el divorcio del matrimonio civil ante notario, todas estas competencias constituyen parte de las altas funciones del Estado que ellos realizan.
Los notarios son responsables ante el despacho que realiza la función notarial, su designación proviene de autoridad política como lo es el Presidente de la República o de autoridades administrativas, en el caso de los gobernadores, se rigen por carrera especial, tienen período fijo, están sujetos a edad de retiro forzoso, están sometidos a estatuto propio para la prestación del servicio, se les aplica régimen especial disciplinario y de inhabilidades y prohibiciones, incluida la veda para la intervención en política.
De otro lado, los notarios ejercen el poder de nominación y mando sobre los empleados de sus dependencias, manejan los libros y archivos que son bienes de la Nación, funciones administrativas adicionales a las altas responsabilidades propias de la administración pública y emanadas de la soberanía del Estado que se cumplen por particulares en virtud de la voluntad de la Constitución y la ley.
Por lo anterior, los notarios reúnen características especialísimas, sui generis como las califica la ponencia.
“El propósito ínsito de la disposición es establecer la incompatibilidad de la función notarial con el cumplimiento de cualesquiera otras funciones que impliquen el ejercicio de autoridad o función, bajo el entendido que el notario también es autoridad (…)” (C-181/97).
Con relación al artículo 179 de la Constitución Política y las prohibiciones previstas en el numeral 5º respecto de quienes tengan vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, el constituyente no lo señaló como en otros casos, dirigido a empleados públicos o de manera genérica a servidores públicos, sino que lo refirió a “funcionarios que ejerzan autoridad civil” o política.
“Funcionario: Aunque la palabra muy difícil de concretar, por las diversas opiniones acerca de su amplitud, cabe establecer que funcionario es toda persona que desempeñe una función o servicio (v.), por lo general estables y públicos. La academia se inclina resueltamente a la equiparación de funcionario con empleado público (v). Pero eso merece serios reparos. Más de acuerdo con la palabra está su asimilación al desempeño de una función pública (v), aun sin ser empleado, como ocurre en ciertos cargos municipales electivos; un concejal es funcionario público (v), y no empleado público” (se destaca con negrilla).