Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/pt-BR/Resolucion/Show/1853
Timestamp: 2020-01-27 00:28:14
Document Index: 33504209

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'Artículo 1693', 'Artículo 1', 'Artículo 10', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 24', 'Artículo 162']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 214/1991
SENTENCIA 214/1991, de 11 de noviembre
(BOE núm. 301, de 17 de dezembro de 1991)
ECLI:ES:TC:1991:214
En el recurso de amparo núm. 101/90, promovido por doña Violeta Friedman, representada por el Procurador de los Tribunales don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Maurí y asistida del Letrado don Jorge Trias Sagnier, contra Sentencia de 5 de diciembre de 1989 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación núm. 771/88, dimanante del juicio sobre protección civil del derecho al honor seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Madrid. En el proceso de amparo han comparecido el Ministerio Fiscal y don León Degrelle, representado por el Procurador don Francisco de las Alas Pumariño y Miranda y asistido por el Letrado don Juan Servando Balaguer Pareño. Ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito que tiene entrada en este Tribunal el 12 de enero de 1990, presentado en el Juzgado de Guardia el día anterior, el Procurador de los Tribunales don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Maurí interpone, en nombre y representación de doña Violeta Friedman, recurso de amparo contra Sentencia de 5 de diciembre de 1989 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que declaró no haber lugar al recurso de casación por ella interpuesto contra Sentencia de 9 de febrero de 1988 de la Sala Primera de la Audiencia Territorial de Madrid, confirmatoria de la dictada, en fecha 16 de junio de 1986, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Madrid en los autos núm. 1284/85.
a) El núm. 168 de la revista «Tiempo», correspondiente a la semana del 29 de julio al 4 de agosto de 1985, publicó un reportaje titulado «Cazadores de nazis vendrán a España para capturar a Degrelle», en el que se recogían unas declaraciones realizadas a la revista por don León Degrelle, ex Jefe de las Waffen S.S., en relación con la actuación nazi con los judíos y con los campos de concentración, quien entre otros extremos afirmó lo siguiente:
«Han sacado los huesos y hasta los dientes de Mengele... "­Hasta dónde llega el odio! A mi juicio, el doctor Mengele era un médico normal y dudo mucho que las cámaras de gas existieran alguna vez, porque hace dos años que hay una recompensa en los EE.UU., para aquel que aporte pruebas de las cámaras de gas. Son 50 millones de dólares y todavía no ha ido nadie a recogerlos.»
b) En fecha 7 de noviembre de 1985, la hoy recurrente de amparo formuló demanda de protección civil del derecho al honor, al amparo de lo dispuesto en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, contra don León Degrelle, por haber proferido las declaraciones antes transcritas, y contra don Juan Girón Roger, periodista y autor del reportaje publicado, y don Julián Lago, Director de la revista «Tiempo», cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Madrid (autos núm. 1284/85). En la demanda se alegaba, en síntesis, que las citadas declaraciones habían lesionado el honor de la actora judía, quien estuvo internada en el campo de exterminio de Auschwitz, donde murió gaseada toda su familia por orden de un médico citado en las declaraciones, por cuanto que con tales afirmaciones el demandado no sólo tergiversaba la Historia, sino que, además, llamaba mentirosos a quienes, como la demandante, padecieron los horrores de los campos de concentración nazis.
Tras la pertinente tramitación, el Juzgado dictó Sentencia el 16 de junio de 1986, en la que estimó la excepción de falta de legitimación activa aducida por la parte demandada y absolvió de la demanda a los demandados. En los fundamentos de Derecho, el Juez razona, de una parte, que la actora no está legitimada para la protección de su honor no atacado en el reportaje porque ninguna de las expresiones se referían concretamente a ella, pues ni se le nombraba ni aludía personalmente, sin cuyo requisito de determinación de la persona no cabe la protección que concede la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, ni la misma podía arrogarse la defensa de una etnia, raza o pueblo. Y, de otra parte, que las declaraciones del señor Degrelle estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión consagrado en el art. 20.1 de la C.E.
4. Por providencia de 1 de febrero de 1990, la Sección Segunda de la Sala Primera acuerda tener por interpuesto recurso de amparo por doña Violeta Friedman y por personado y parte, en su nombre y representación, al Procurador don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Maurí. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a la solicitante del amparo para que, dentro de dicho término, aleguen lo que estimen pertinente en relación con la posible existencia del siguiente motivo de inadmisión: Carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte de este Tribunal Constitucional, de conformidad con lo prevenido en el art. 50.1 c) de la LOTC.
7. Por providencia de 22 de marzo de 1990, la Sección acuerda admitir a trámite la demanda de amparo formulada por doña Violeta Friedman, sin perjuicio de lo que resulte de los antecedentes, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, requerir atentamente a la Sala Primera de lo CM del Tribunal Supremo y a la Audiencia Provincial de Madrid, antigua Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial, para que, en el término de diez días, remitan, respectivamente, testimonio del recurso de casación 771/88 y del rollo de apelación 572/86, interesando al propio tiempo el emplazamiento de cuantos han sido parte en el proceso judicial, excepto la recurrente de amparo, para que, en el plazo de diez días, comparezcan en el presente proceso constitucional.
8. Por sendos escritos presentados los días 9 y 24 de abril de 1990, el Procurador de los Tribunales don Francisco de las Alas Pumariño y Miranda se persona, en nombre y representación de don León Degrelle, en el presente recurso de amparo, solicitando que se entiendan con él las sucesivas diligencias.
9. La Sección, por providencia de 18 de mayo de 1990, acuerda tener por recibidas las actuaciones solicitadas y por personado y parte, en nombre y representación de don León Degrelle, al Procurador don Francisco de las Alas Pumariño y Miranda. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la LOTC, acuerda dar vista de todas las actuaciones del presente recurso, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a los Procuradores señores Ortiz- Cañavate y Alas Pumariño y Miranda para que, dentro de dicho término, puedan presentar las alegaciones que a su derecho convengan.
El precedente planteamiento conduce, en opinión del Fiscal, a la cuestión de si la apreciación de la existencia o no de legitimación en el proceso subyacente es una cuestión de mera legalidad, que si ha sido estudiada y decidida por los órganos jurisdiccionales en forma motivada y no arbitraria, carece de contenido constitucional, pero que si ha sido erróneamente negada podría determinar la denegación de la tutela judicial efectiva y, con ello, la vulneración del art. 24.1 de la Constitución. El Fiscal en su escrito de 15 de febrero último, evacuando el traslado conferido sobre inadmisión, había entendido conforme a una doctrina antigua y bien consolidada de este Tribunal, recogida en el ATC 742/1984, y en la STC 141/1985, que en principio las cuestiones de legitimación en el proceso judicial subyacente son de mera legalidad ordinaria, no revisable en amparo, sino en los casos que directamente afecten al derecho fundamental. Esa doctrina, reiterada en la reciente STC 93/1990, debiera haber conducido, de entender el Tribunal que era aplicable a este caso, a la inadmisión del recurso por falta de contenido constitucional. Ahora bien, la admisión a trámite del recurso es indicio de que el Tribunal, no aceptando el criterio del Fiscal, consideró que, en principio, la denegación de la legitimación podría afectar al derecho fundamental invocado o bien, siendo arbitraria, considerarla como una denegación de tutela judicial efectiva. En este caso, de los propios razonamientos de la demanda y escritos de la recurrente puede inferirse que doña Violeta Friedman sí fue afectada personalmente por las manifestaciones de la persona contra quien dirigió su demanda, ya que estuvo recluida en Auschwitz, por lo que formaba parte del colectivo que sufrió la persecución y males cuya existencia aquél negaba y, por tanto, personalmente se siente invadida en los derechos alegados y estaba legitimada por ello para obtener de los Tribunales de Justicia una resolución sobre esa cuestión que le afecta, sin prejuzgar ahora el sentido de tal decisión.
11. La representación de la recurrente, en escrito presentado el 13 de junio de 1990, luego de reiterar los hechos en los que basa el recurso, alega que la pretensión que se solicita es el amparo judicial del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24.1 del Texto Constitucional, que se estima vulnerado por la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 5 de diciembre de 1989, así como originaria y sucesivamente por las resoluciones judiciales del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Madrid, de 16 de junio de 1986, y de la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial, de esta capital, de 9 de febrero de 1988, dado que al estimar la falta de legitimación de la recurrente la cual es totalmente infundada, ha impedido una decisión de fondo sobre la pretensión en contra de la intromisión ilegítima en su vida personal y familiar y en su honor de las declaraciones vertidas por don León Degrelle. A tal efecto aduce que, como ha señalado este Tribunal en muy reiteradas ocasiones, el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24.1 supone no sólo que todas las personas tienen derecho al acceso a los Tribunales para el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sino también que dichas personas tienen derecho a obtener una resolución fundada en Derecho; resolución que, generalmente, será de fondo, sea o no sea favorable a las pretensiones o intereses formulados, aunque también podrá ser de inadmisión o de desestimación por algún motivo formal cuando concurra causa de inadmisibilidad y así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de la misma.
12. Por escrito presentado el 1 de junio de 1990, la representación de don León Degrelle evacua el trámite de alegaciones. En primer término manifiesta, de una parte, que el demandado no hizo las declaraciones objeto del debate por iniciativa propia, sino que fue insistentemente requerido para ello por la revista «Tiempo» a raíz de las manifestaciones de un representante del Centro Wisental sobre que «el dinero de que disponía para localizar al Dr. Mengele lo iba a destinar ahora a la caza y captura de Degrelle», y, de otra, que tampoco es lícito analizar las frases que el escrito de recurso transcribe aisladas del resto de la entrevista, sacándolas del contexto general, como reiteradamente mantiene el Tribunal Supremo (Sentencias de 3 de julio de 1987 y 4 de noviembre de 1986). Para acreditar que el demandado, fundador en su día de un partido, el rexista, de inspiración católica y con diputados judíos en su seno, no fue nunca ni es racista, basta transcribir otra fase del mismo texto: «No soy racista, creo en la raza europea y nunca admití los superhombres. Eso es complejo de inferioridad, porque en Europa todos somos iguales».
En segundo término aduce que la actora no acreditó nunca que fuera judía, ni que estuvo en Auschwitz, ni que sus familiares fueron asesinados allí, aunque reconoce que probar fehacientemente todo ello no resulta nada fácil, y solamente con esto ya bastaría para concluir que carece de legitimación activa para ejercitar la acción que ejercitó. En todo caso, lo que es más importante, en las repetidas declaraciones no se contiene ningún insulto, ni frase calumniosa o injuriosa, ni ofensa, ni ataque al honor de un colectivo, etnia o grupo y, desde luego, mucho menos un ataque personal para la recurrente, que ni siquiera se cita, pues, obviamente, era desconocida para el demandado. En efecto, en la entrevista, el Sr. Degrelle no afirma ni niega nada categóricamente. Ni siquiera declara que no existieran los campos de concentración o que en los mismos no se cometiera ningún asesinato. Se limita a expresar unas dudas sobre determinados aspectos, como es la existencia de las cámaras de gas. Se quedó mucho más corto que múltiples historiadores de diversos países que los niegan rotundamente, como Roques, Staglich, Thion, Roth, Hoffman, Bochaca, Ferraro, Matogno, Faurisson, Rasinier, etcétera. Además, es absolutamente legítimo emitir una opinión, y más en sentido de duda, sobre hechos históricos. Podrá gustar o no, suscitará en muchos indignación, provocará en otros irritación, se tratará de un tema más o menos politizado, pero nadie puede privar a nadie del derecho a opinar sobre acontecimientos acaecidos, lejanos o próximos en el tiempo.
En consecuencia a lo anterior, estima que la actora carece de legitimación activa para ejercitar la acción derivada de la Ley sobre protección civil del derecho al honor, y, por tanto, no es procedente en absoluto el recurso de amparo interpuesto. Asimismo es claro que no se violaron los derechos contenidos en los arts. 18.1, 20.4 y 10.2 de la Constitución, ni los demás citados del Convenio Europeo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como se razona en los argumentos jurídicos contenidos al respecto en la magnífica Sentencia del Tribunal Supremo que de contrario se critica. En definitiva, no se contiene ofensa, insulto, ataque a ningún colectivo, grupo, etnia o raza en las declaraciones del demandado, que no es lícito analizar además desligadas y sacadas de su contexto general. Las mismas tampoco contienen afirmaciones o negaciones rotundas y categóricas sino dudas, y por tanto, tampoco ataque personal, ni directo ni indirecto a doña Violeta Friedman, que, por ello, carece de legitimación para ejercitar la acción en cuestión, por lo que, siendo ajustadas a Derecho las Sentencias dictadas en el procedimiento, no cabe anularlas admitiendo el recurso de amparo interpuesto.
13. Por providencia de 31 de enero de 1991, la Sección acuerda interesar del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Madrid la remisión de testimonio del juicio incidental núm. 1284/85, así como el emplazamiento de cuantos han sido parte en el procedimiento, excepto los ya comparecidos, para que en el plazo de diez días puedan comparecer en el presente proceso constitucional. Una vez recibidas las actuaciones solicitadas, la Sección, por providencia de 11 de abril de 1991, acuerda dar vista de todas las actuaciones, por un plazo común de diez días, al Ministerio Fiscal y a los Procuradores Sres. Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri, y Alas Pumariño Miranda, para que dentro de dicho término puedan ampliar las alegaciones que a su derecho convengan.
3. Entiende la parte demandada que la recurrente carece de legitimación activa, por cuanto el art. 12.1.º de la Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, atribuye dicho carácter a las «personas naturales o jurídicas titulares de un derecho SUBJETIVO (sic) que les faculte para obtener la declaración judicial pretendida». Siendo así que, ni se ofendió a la Sra. Friedman, ni a un colectivo, etnia o raza, cuya representación oficial no puede arrogarse la recurrente, no puede admitirse la legitimación de una persona individual supuestamente perteneciente a esa raza (sic).
En segundo término, por lo que se refiere a la corrección constitucional de la ponderación explícita o implícitamente realizada, cabe precisar que las declaraciones efectuadas en su día por el demandado, Sr. Degrelle, han de incardinarse, antes que en la libertad de información, dentro del ejercicio de la libertad de expresión (art. 20.1 C.E.), en relación con la libertad ideológica (art. 16.1 C.E.), puesto que, si bien en las mismas el demandado hace referencia a hechos históricos (en concreto respecto de la actuación nazi con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración), se limita a expresar su opinión y dudas sobre esos concretos acontecimientos históricos. Y en este sentido, aun cuando se suministre información sobre hechos que se pretenden ciertos ya la protección constitucional sólo se extiende a la información veraz, este requisito de veracidad no puede, como es obvio, exigirse respecto de juicios o evaluaciones personales y subjetivas, por equivocados o mal intencionados que sean, sobre hechos históricos.
En consecuencia a lo expuesto, ha de concluirse, pues, que, si bien parte de las manifestaciones en cuestión realizadas por el Sr. Degrelle estaban incluidas en el ámbito de la libertad de expresión, otra parte de ellas -las antes mencionadas no quedan justificadas por el art. 20.1 C.E., por lo que procede declarar la existencia, en el presente caso, de intromisión legítima en el honor y dignidad de la hoy recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1.1, 10.1 y 18.1 C.E. Por tanto, y en congruencia con el petitum contenido en el suplico de la demanda, procede el otorgamiento del presente recurso de amparo, anulando las Sentencias de los Tribunales en cuanto no reconocieron aquel derecho fundamental.
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Violeta Friedman, y en su virtud:
1. Voto particular que formula el Magistrado don Fernando García-Mon y Gónzalez- Regueral respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 101/90.
Estoy, pues, conforme con lo razonado en nuestra Sentencia en lo relativo a que doña Violeta Friedman tenía interés legítimo merecedor de un pronunciamiento de fondo. Quien sufrió los horrores de un campo de exterminio nazi, en su propia persona y en la de sus ascendientes, no puede estar impedida de reaccionar ante los Tribunales de Justicia frente a quien, despectivamente, niega la realidad de tan execrables crímenes. Suscribo, por tanto, íntegramente los razonamientos que a este respecto se hacen en la Sentencia dictada en este recurso. Pero entiendo que ahí terminaba la función del amparo constitucional. Su naturaleza subsidia tan reiteradamente afirmada por nuestra jurisprudencia, no permitía, en mi criterio, dar los siguientes pasos por los que discurre la Sentencia de la que discrepo.
Con base en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, se formuló demanda por doña Violeta Friedman en la que solicitó se dictara Sentencia declarando: I. Que el demandado cometió una agresión ilegítima al honor de la demandante y que dicha agresión te ha ocasionado graves daños que deben ser reparados por aquél. II. Que se le condene a que se abstenga en lo sucesivo de forma perpetua a realizar manifestaciones semejantes. III. Que se inserte en la revista «Tiempo», a costa del demandado, el texto literal de la Sentencia que dicte el Juzgado. IV. Que se reproduzca, asimismo, en el primer canal de la segunda edición del Telediario de TVE, el texto de la Sentencia; y V. Que el demandado indemnice a la actora en concepto de reparación por el daño moral que le ha causado y el importe de la indemnización sea destinado a la Asociación de Ciudadanos Españoles que padecieron persecución en los campos de concentración y exterminio nazis.
Pues bien, todas esas pretensiones de la actora ejercitadas en el proceso antecedente de este recurso de amparo, han quedado sin el debido enjuiciamiento y sin la correspondiente decisión de los Tribunales de Justicia. La Sentencia de amparo no podía entrar en ellos -y no lo hace- por tratarse de cuestiones que exceden del marco del recurso, conforme dispone el art. 41.3 de nuestra Ley Orgánica: «En el amparo constitucional -dice este precepto- no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de las cuales se formuló el recurso». Mas los Tribunales de Justicia y, concretamente, en este caso la Sala Primera del Tribunal Supremo, sí podían y debían resolver en uno u otro sentido sobre todas las pretensiones de la señora Friedman. Ese tenía que haber sido el sentido de nuestra Sentencia, una vez reconocida la legitimación de aquélla para formular la demanda rectora del proceso principal y respecto de la cuál se debieron decidir, por imponerlo así, entre otras normas de nuestro ordenamiento jurídico, el principio de la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 de la Constitución que, según mi opinión, es el único precepto constitucional que resultaba infringido por las resoluciones judiciales impugnadas.
Número y fecha BOE [Núm, 301 ] 17/12/1991
Tipo y número de registro Recurso de amparo 101-1990
Doña Violeta Friedman contra Sentencia del Tribunal Supremo dictada en recurso de casación dimanante de juicio sobre protección civil del derecho al honor seguido en el juzgado de primera Instancia núm. 6 de Madrid, en relación con las declaraciones del señor Degrelle.
No le corresponde a este Tribunal, al conocer un recurso de amparo, examinar la observancia o inobservancia, «per se», de textos internacionales, sino comprobar el respeto o la infracción de los preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo ( arts. 53.2 C.E. y 49.1 LOTC), sin perjuicio de que por mandato del art. 10.2 C.E. deban tales preceptos ser interpretados «de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». [F.J. 1]
El derecho al honor y otros de los derechos reconocidos por el art. 18 C.E. aparecen como derechos fundamentales vinculados a la propia personalidad, derivados sin duda de la «dignidad de la persona» que reconoce el art. 10 C.E. [F.J. 1]
A diferencia de otros ordenamientos, nuestra Ley fundamental no otorga la legitimación activa exclusivamente a la «víctima» o titular del derecho fundamental infringido, sino a toda persona que invoque un «interés legítimo». [F.J. 3]
Este Tribunal ha tenido ocasión de declarar que, si bien el art. 162.1 b) C.E. no posibilita fenómeno alguno de ejercicio de la «acción popular» -así ATC 399/1982-, tampoco cabe confundir dicho interés legítimo con el «directo» (SSTC 62/982, 62/1983, 257/1988, 123/1989 y 47/1990), pues, a los efectos del recurso de amparo, no siempre es necesario. Esa situación jurídico-material, exigida por la Constitución y la LOTC [art. 46.1 b)], no puede ser considerada en abstracto, sino que, como tiene declarado este Tribunal (STC 7/1981, ATC 942/985), se encuentra también en función del derecho fundamental vulnerado. [F.J. 3]
Tratándose de un derecho personalísimo, como es el honor, la legitimación activa corresponderá, en principio, al titular de dicho derecho fundamental. Esta legitimación originaria no excluye, ni la existencia de otras legitimaciones (v. gr., la legitimación por sucesión de los descendientes, contemplada en los arts. 4 y 5 de la L.O. 11/982 de Protección del Derecho al Honor), ni que haya de considerarse también como legitimación originaria la de un miembro de un grupo étnico o social determinado, cuando la ofensa se dirigiera contra todo ese colectivo, de tal suerte que, menospreciando a dicho grupo socialmente diferenciado, se tienda a provocar en el resto de la comunidad social sentimientos hostiles o, cuando menos, contrarios a la dignidad, estima personal o respeto al que tienen derecho todos los ciudadanos con independencia de su nacimiento, raza o circunstancia personal o social (arts. 10.1 y 14 C.E.). [F.J. 3]
La legitimación, en puridad, no constituye excepción o presupuesto procesal alguno que pudiera condicionar la admisibilidad de la demanda o la validez del proceso. Antes bien, es un requisito de la fundamentación de la pretensión y, en cuanto tal, pertenece al fondo del asunto. [F.J. 5]
Según reiterada doctrina de este Tribunal, en el conflicto entre las libertades reconocidas en el art. 20 C.E. de expresión e información, por un lado, y otros derechos y bienes jurídicamente protegidos, por otro, no cabe considerar que sean absolutos los derechos y libertades contenidos en la Constitución, pero tampoco puede atribuirse ese carácter absoluto a las limitaciones a que han de someterse los mismos (por todas, STC 179/1986). [F.J. 6]
Las libertades del art. 20 de la Constitución no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático. [F.J. 6]
Aunque el juicio ponderativo de los derechos en conflicto ha de hacerlo, en principio, el órgano jurisdiccional que conozca de las alegadas vulneraciones o intromisiones del derecho al honor, corresponde a este Tribunal Constitucional revisar la adecuación de la ponderación realizada por los Jueces y Tribunales ordinarios, con el objeto de determinar si el ejercicio de la libertad reconocido en el art. 20 cumple con las exigencias del principio de proporcionalidad y se manifiesta o no constitucionalmente legítimo. [F.J. 6]
El significado personalista que el derecho al honor tiene en la Constitución no impone que los ataques o lesiones al citado derecho fundamental, para que tengan protección constitucional, hayan de estar necesariamente perfecta y debidamente individualizados «ad personam», pues, de ser así, ello supondría tanto como excluir radicalmente la protección del honor de la totalidad de las personas jurídicas, incluidas las de substrato personalista, y admitir, en todos los supuestos, la legitimidad constitucional de los ataques o intromisiones en el honor de personas, individualmente consideradas, por el mero hecho de que los mismos se realicen de forma innominada, genérica o imprecisa. [F.J. 6]
Ni la libertad ideológica (art. 16 C.E.) ni la libertad de expresión (art. 20.1 C.E.) comprenden el derecho a efectuar manifestaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenófobo, puesto que, tal como dispone el art. 20. 4, no existen derechos ilimitados y ello es contrario, no sólo al derecho al honor de la persona o personas directamente afectadas, sino a otros bienes constitucionales como el de la dignidad humana (art. 10 C.E.), que han de respetar, tanto los poderes públicos, como los propios ciudadanos. La dignidad como rango o categoría de la persona como tal, del que deriva y en el que se proyecta el derecho al honor (art. 18.1 C.E.), no admite discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias. [F.J. 8]
De la conjunción de ambos valores constitucionales, dignidad e igualdad de todas las personas, se hace obligado afirmar que, ni el ejercicio de la libertad ideológica, ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros o inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como el español, social, democrático y de Derecho, los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social. [F.J. 8]
Artículo 1693.2, f. 5
Artículo 1.1, ff. 3, 8
Artículo 10.1, ff. 3, 8
Artículo 14, ff. 3, 8
Artículo 16.1, ff. 6, 7
Artículo 18.1, ff. 1, 6, 8, VP
Artículo 20.1, ff. 6 a 8
Artículo 20.1 a), ff. 1, 7
Artículo 20.4, f. 8, VP
Artículo 24.1, ff. 1, 5, 7, VP
Artículo 162.2 b), f. 3
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1988
Derecho al honorDerecho al honor, Doctrina constitucional, ff. 6, 7
Discriminación por razón de razaDiscriminación por razón de raza, f. 8
Honor de grupos socialesHonor de grupos sociales, ff. 6, 7
Legitimación activa en el recurso de amparoLegitimación activa en el recurso de amparo, f. 3, VP
Legitimación en el recurso de amparoLegitimación en el recurso de amparo, f. 3, VP
Libertad de expresiónLibertad de expresión, Doctrina constitucional, f. 6
RacismoRacismo, f. 8
Valores constitucionalesValores constitucionales, ff. 1, 8
Derecho internacionalDerecho internacional, f. 1
Dignidad de la personaDignidad de la persona, ff. 1, 8
Grupos étnicosGrupos étnicos, f. 8
Pueblo judíoPueblo judío, f. 8
Tratados internacionalesTratados internacionales, f. 1
Legitimación activaLegitimación activa, f. 3, VP
Legitimación por sucesiónLegitimación por sucesión, f. 3
Legitimación procesalLegitimación procesal, Naturaleza, f. 5