Source: https://alegalis.com/zh-hans/arbitraje-vrs-debido-proceso/
Timestamp: 2019-01-21 19:43:14
Document Index: 180819239

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 12']

Arbitraje vrs Debido Proceso - Alegalis
¿Es válida y vinculante la renuncia expresa al recurso de revisión del laudo arbitral que hacen las partes en el convenio arbitral, o implica ello una vulneración al debido proceso?
El arbitraje puede ser definido como un “juicio de conocimiento mediante el cual, por expresa voluntad de las partes, se defiere la solución de un conflicto que verse sobre materias en que éstas tengan libre disposición conforme a derecho, a un árbitro o a un cuerpo colegiado de árbitros denominado tribunal arbitrario, quedando transitoriamente investido de jurisdicción para poder emitir un laudo arbitral”, el cual al igual que una sentencia, pero sin emanar del organismo judicial per se, posee carácter vinculante, fuerza de cosa juzgada y plena ejecutoriedad entre las partes.
En otras palabras, el arbitraje se caracteriza principalmente porque la autonomía de la voluntad de las partes es esencial, a diferencia de los procedimientos comunes judiciales, en los que las partes deben sujetarse a los procedimientos y normas prescritas en la ley; y porque el conflicto suscitado entre éstas será resuelto por uno o más particulares (sean éstos abogados o no) que son totalmente ajenos al organismo judicial.
Es tal la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes en el arbitraje, que varios de los tratados internacionales en materia de arbitraje comercial internacional, la reconocen. Como ejemplo se puede mencionar a la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, celebrada en Panamá y de la que Guatemala forma parte, la cual señala en su artículo 1 que: “Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter la decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil”; en su artículo 2 indica: “El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por las partes (…)”; y en su artículo 3 prescribe que las partes son quienes acordarán las reglas del procedimiento.
Asimismo, la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras o Convención de Nueva York, establece en su artículo 2 que: “Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje (…)”
En Guatemala, (cuando se haya elegido como sede jurídica del arbitraje, lex loci arbitri ) de conformidad con la Ley de Arbitraje, el laudo arbitral solamente puede ser impugnado por las partes mediante el recurso de revisión, el cual será conocido y resuelto por una Sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se dictó el laudo y será resuelto a través de un auto en el que se deberá confirmar, revocar o modificar el laudo arbitral impugnado.
En la práctica, es muy común que en los contratos de naturaleza civil o mercantil que contienen una cláusula compromisoria, las partes pacten la renuncia expresa al recurso de revisión, obligándose consecuentemente a ejecutar de manera inmediata y sin demora alguna el laudo arbitral. Esta renuncia expresa al recurso de revisión, suele pactarse entre otras razones, para no desnaturalizar dos aspectos que caracterizan al arbitraje: la celeridad y la confidencialidad, puesto que como ya fue referido, todo recurso de revisión será conocido y resuelto por una Sala de la Corte de Apelaciones, es decir un tribunal del Organismo Judicial.
La Ley de Arbitraje reconoce la renuncia tácita de dicho recurso, la cual se entenderá formalizada cuando las partes conozcan la existencia de una determinada vulneración o incumplimiento dentro del proceso y no manifiesten su objeción; sin embargo, no regula nada respecto a la renuncia expresa del recurso de revisión, por lo que no lo prohíbe ni lo permite expresamente. La renuncia tácita del recurso de revisión, es decir no utilizar el medio de impugnación, a sabiendas de que ha sucedido una situación que haga impugnable el laudo, y la renuncia expresa al recurso, previamente a que se instaure un proceso arbitral, son situaciones totalmente distintas, puesto que la primera se da de manera voluntaria dentro de la situación que ameritaría la impugnación, mientras que la segunda si bien es cierto se da también de forma voluntaria, se hace previamente a la existencia de cualquier violación al procedimiento arbitral que podría invalidar el laudo.
Por tal razón y atendiendo al derecho de libertad de acción y al principio arbitral de la autonomía de la voluntad de las partes, la respuesta a la incógnita planteada en el título del presente artículo, pareciera ser simple: las partes son libres de pactar lo que deseen, siempre y cuando lo acordado no sea contrario a la ley o al orden público, por lo que a grandes rasgos, aparentemente la renuncia expresa al recurso de revisión del laudo arbitral, es válida y en atención al principio pacta sunt servanda (lo pactado es ley entre las partes), es también vinculante para las partes contratantes.
Ahora bien, ¿qué implica o qué abarca el orden público? Guillermo Cabanellas señala que “Por demás equívoco y sutil aparece el concepto de orden público en un enfoque jurídico general (…) De ahí que resulte más fácil sentirlo que decirlo y que los autores se contradigan con frecuencia al no poder determinar cuáles son sus límites, cuáles son las fronteras y cuáles las líneas divisorias exactas del orden público (…)”.
Por su parte, Manuel Ossorio indica que el orden público es el “conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras”
De manera más específica, el orden público se refiere a la existencia de preceptos que por servir de fundamento a una sociedad jurídicamente organizada, no pueden ser burlados por ningún acuerdo entre particulares, es decir, que las normas de orden público son irrenunciables para las partes y así lo establece el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial: “Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso en contravención(…)”.
Dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, se pueden encontrar diversas normas de orden público y para efectos del tema que en este caso interesa, se pueden mencionar las normas adjetivas o procesales, las cuales encuentran cabida a partir del artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual reconoce expresamente los derechos humanos de defensa y del debido proceso que goza toda persona, los cuales, por ser considerados como normas de orden público y estar reconocidos en nuestra norma fundante, así como en diversos tratados internacionales, son inviolables e irrenunciables. Estos mismos derechos, entre otros, constituyen los límites y parámetros que deben ser respetados por el árbitro o tribunal arbitral, dentro de un proceso de dicha naturaleza.
¿Qué sucedería entonces si durante el procedimiento arbitral se vulneró el derecho de defensa o del debido proceso, pero en el acuerdo arbitral se pactó la renuncia expresa del recurso de revisión? ¿Será que no puede realmente impugnarse el laudo arbitral dictado bajo estas transgresiones?
Cabe señalar que en este sentido no existe jurisprudencia que de un parámetro de lo que podría suceder si ocurriera un caso de esta naturaleza. Sin embargo, en virtud de todo lo anterior y atendiendo al carácter irrenunciable e imperativo de las normas procesales, puede concluirse que la renuncia expresa al recurso de revisión del laudo arbitral, que así fue pactada en el convenio arbitral, no tiene plena validez y no es vinculante para las partes que, durante el procedimiento arbitral, vieron vulnerados sus derechos de defensa y/o del debido proceso, y por ende deciden a pesar de tal renuncia expresa, impugnar mediante el recurso de revisión el laudo arbitral emitido con base a tales transgresiones, en busca de restaurar sus derechos vulnerados; situación que como ya se indicó, no es lo mismo que si las partes simplemente deciden “dejar pasar” el plazo para impugnar el laudo arbitral.
Ingrid Michelle Ortiz
Departamento de Litigio – Alegalis
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