Source: http://www.foroseguridadprivada.com/t2009-los-vigilantes-de-seguridad-a-los-efectos-penales-tienen-la-consideracion-de-funcionarios
Timestamp: 2017-10-20 16:08:19
Document Index: 361695478

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 10', 'artículo 173', 'artículo 177', 'artículo 174', 'artículo 24', 'artículo 176', 'artículo 11', 'artículo 176', 'artículo 174', 'artículo 20', 'artículo 56', 'artículo 56']

Los vigilantes de seguridad, a los efectos penales, tienen la consideración de funcionarios
Tema: Los vigilantes de seguridad, a los efectos penales, tienen la consideración de funcionarios Mar 24 Dic 2013, 10:31 am
Tales hechos fueron presenciados por la educadora del centro, también acusada, la cual pese a tener encomendado el mantenimiento del orden interno, así como el pleno respeto de los derechos de los menores, entre ellos la integridad personal, y a sabiendas de que el menor estaba amenazado por venganza, no sólo no evitó, sino que no hizo absolutamente nada, permitiendo las sucesivas amenazas y humillaciones por el vigilante. Afirma el TS que, discutiéndose, entre otras cuestiones, la condición de sujeto activo de los vigilantes de seguridad en el delito de torturas, no existe duda que tienen, a los efectos penales, la consideración de funcionarios como auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Sentencia 718/2013, de 01 de octubre de 2013
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 2294/2012
Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto los recursos de casación por infracción de ley, precepto constitucional y quebrantamiento de forma, interpuestos por Concepción representada por el Procurador D. Carlos José Navarro Gutiérrez, Sebastián representado por el Procurador D. Rafael Palma Crespo, Juan Antonio representado por la Procuradora D.ª Soledad Vallés Rodríguez y por el Letrado del Servicio Jurídico de la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincialde Santa Cruz de Tenerife, con fecha 19 de octubre de 2012. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; y, como parte recurrida Cayetano y Pilar, representados por la Procuradora D.ª María Lourdes Amasio Díaz. Ha sido Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro.
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife, instruyó Procedimiento Abreviado n.º 102/2008, contra Juan Antonio, Sebastián, Julio, Concepción, Eliseo, Pedro Francisco y Cipriano, por delitos contra la integridad moral y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que con fecha 19 de octubre de 2012, en el rollo n.º 20/2012, dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:
1.ª- El 1 de octubre de 2004, procedente del Centro de Menores "Valle Tabares", ingresó en el Centro de Menores de ejecución de medidas judiciales "Nivaria", sito en Camino del Preventorio s/n, Monte de La Esperanza, del t.m. de El Rosario, en la isla de Tenerife, el menor Olegario, nacido el NUM000 /1988 y por tanto contando 16 años de edad, quien desde los 8 años estaba en tratamiento psiquiátrico por presentar trastornos de conducta (hiperactividad), y respecto del cual la Dirección General del Menor tuvo intervención protectora, pasando a partir del año 2003, y de acuerdo con los padres, D. Cayetano y D.ª Pilar ante la impotencia y carencia de recursos de los mismos para dar adecuado tratamiento multidisciplinar a sus padecimientos y los incidentes de violencia familiar que protagonizaba y que fueron judicializados, a tener que ser declarado por Resolución de 7 de octubre de 2003 en situación de desamparo confirmada por resolución de la citada Dirección General de 23 de diciembre de 2003, quien asumía su tutela, siendo inicialmente sometido a medida de libertad vigilada por sentencia de 12 de noviembre de 2002 del Juzgado de Menores n.º Uno de esta capital en expediente 191/2002, y que tras los quebrantamientos originó la adopción de medida de internamiento en régimen semiabierto en grupo de convivencia, para finalmente, y tras agredir a un educador, adoptarse la medida de internamiento en régimen cerrado. Si bien los padres, en ningún momento se desentendieron del menor al que prestaban su apoyo, visitaban semanalmente, entrevistándose con los técnicos que lo trataban en los distintos centros y se sometieron al apoyo psicológico como unidad familiar a instancias de la Administración ante el empeoramiento real de su salud mental, llegando a sufrir recaídas en su enfermedad, siendo concreta manifestación de ello la activación, cuando se encontraba en el Centro Valle Tabares, en fecha de 28 de septiembre de 2004, del protocolo de suicidio ante la conducta del menor que llevó a cabo varios episodios de autolisis y amenazas de suicidio, el cual pese a ser dado por finalizado, requería a juicio de la psicóloga, seguir su control.
Desde el ingreso en el mencionado Centro "Nivaria", el día 1 de octubre, Olegario, que fue destinado inicialmente al módulo 2 (módulo cerrado), tuvo varios enfrentamientos con otros menores, siendo objeto de agresiones, comportamientos de acoso, degradantes, abusivos y vejatorios, si bien en todas las ocasiones -hasta siete- que precisó asistencia médica, negaba Olegario ser objeto de agresión, pese a la incompatibilidad de lo narrado con las heridas y/o lesiones observadas por la médico del Centro, sufriendo el día 2 de noviembre, tras un incidente con un menor y al ser sancionado y trasladado al módulo 0, de observación, el destrozo y sustracción de su ropa, pues en aquél modulo 2, los menores habían dispuesto con libertad de las llaves de las celdas, hasta que en fechas recientes fueron cambiadas las cerraduras. Todos estos comportamientos de acoso ininterrumpidos por el resto de los menores del Centro, fueron menoscabando la salud psíquica de Olegario, quién en la última semana de su vida procedió a encerrarse en su habitación, limitando la conversación con otros internos, negándose a bajar al patio o a participar de la realización de cualquier actividad o programa del centro, evitando coincidir con otros internos que, permanentemente, le anunciaban que si coincidían con él le iban a matar, sin que conste, pese a la reciente activación del protocolo de suicidio y su visible deterioro psíquico, que los empleados de Centro (educadores y guardias de seguridad) llevaran a cabo una intervención para ayudar a Olegario y evitar no sólo agresiones de los compañeros del Centro de Menores sino también posibles conductas de autolisis del menor, a pesar de que eran conscientes de su frágil situación psíquica.
Siendo así que el citado Centro de Menores " Nivaria", encargado de la ejecución judicial de las medidas de internamiento en régimen cerrado y semicerrado, presentaba un claro déficit en su funcionamiento, desarrollando la seguridad un grupo de veinticinco vigilantes de seguridad, de los cuales la mayoría (dieciocho) carecía de habilitación así como de la más mínima formación y experiencia, en cuanto que habían sido contratados por la empresa de Seguridad Integral Canarias SA hacía escasos días, siendo quienes impartían la mayoría de las veces directamente castigos corporales y aplicaban medidas de contención física y psiquiátrica, y cuyo cuerpo de educadores igualmente carecía de experiencia, por lo que imperaba una situación caótica y deplorable en el desarrollo diario de la convivencia, estando las citadas medidas judiciales controladas en manos, ya de personal inexperto, ya de personal sin la más mínima formación, que ejercían su labor con constantes irregularidades, campando los menores con libertad en el módulo cerrado con connivencia de vigilantes y educadores, de todo lo cual era sabedora la Dirección General del Menor y la Familia, pues recientemente, en agosto de ese año tuvo que cesar a la anterior Fundación que lo gestionaba, pese a lo cual no ejercitaba en necesario control.
2.ª.- Encontrándose el menor Olegario en el módulo 0, módulo "de observación", donde -ante la precariedad de medios- convivían, por disposición de la propia Administración en las seis celdas, los sancionados y los refugiados, y ante la situación de acoso y hostigamiento que sufría por el resto de los menores, especialmente por parte del menor Evaristo, quien era uno de los cabecillas del centro, efectúa la petición de Refugio a las 12.00 horas P.M. del día 5 de noviembre, en base a que: "quería estar sólo", procediéndose de forma inmediata por la Dirección del Centro y ante los incidentes protagonizados, a acceder a la misma, consistiendo dicho estado de refugio "en realizar actividades obligatorias con otro menor que se encuentre en su misma situación pero por otros motivos, con orientación psicosocial, e intervención paralela del grupo de convivencia", imponiéndosele no obstante desde la Dirección del centro, la convivencia, primero con Hacinar, y posteriormente con Samuel hasta el día 11 de noviembre de 2004 en que éste último solicitó que lo sacaran de la celda que compartía con Olegario, pues según decían era un chivato, sufriendo Olegario esa tarde amenazas de muerte e insultos por los menores del citado módulo 0, que sabían de su estado psíquico y el tratamiento con transxilium 50 mg que llevaba, y que era conocido por los menores y acusados en su intención de hacer insoportable la estancia del menor en el Centro, lo que provocó un estado de pánico, sin querer salir de la celda ni siquiera a orinar. El menor Evaristo, en el expediente no NUM001 incoado por la Fiscalía de Menores a raíz de la muerte de Olegario, sería condenado por el Juzgado de Menores de S/C de Tenerife en virtud de sentencia 27 de junio de 2008 por la comisión de un delito de amenazas de muerte vertidas ese mismo día 12 de noviembre.
3.ª.- Ante tal situación de permanente acoso al que el citado menor se veía sometido por otros internos, especialmente por Evaristo, el acusado, Juan Antonio, mayor de edad y con antecedentes penales no susceptibles de computarse a efectos de reincidencia, vigilante de seguridad del centro (empleado de la mercantil Seguridad Integral Canaria S.A.), pese a carecer de la más mínima formación para ello, y ni tan siquiera estar habilitado legalmente para actuar como vigilante de seguridad, habiendo visto como aquel menor le llegaba a agredir físicamente a Olegario, no sólo no intervenía conscientemente en ningún instante en auxilio del menor a pesar de estar obligado a ello, precisamente por ser el agresor uno de los cabecillas del centro, sino que con la finalidad de vengarse por haber propiciado el traslado de un compañero a Las Palmas, a sabiendas de su débil fortaleza psíquica, le sometió a un estado continuo de humillación y temor llamándole chivato e hijo de pu**, a la vez que le agredía y menospreciaba, creando en el mismo un sentimiento de angustia e inferioridad, quebrándole su resistencia física y moral, y anulando su autoestima, todo ello ejecutado desde una posición de abuso de poder que le daba desarrollar en el interior del centro su función de vigilante de seguridad y ser el menor un interno sometido a una medida judicial en régimen cerrado.
Así pues, de esta forma y concretamente, en fecha indeterminada, pero en todo caso muy próxima al 12 de noviembre de 2004, en que Olegario ya se encontraba en el módulo 0, el acusado Juan Antonio, de enorme corpulencia física y cuyo aspecto era claramente intimidador, en compañía de otro acusado, Sebastián, mayor de edad y con antecedentes penales no susceptibles de computarse a efectos de reincidencia, e igualmente vigilante de seguridad del centro (contratado por Seguridad Integral canaria S.A.), pese a carecer igualmente de la mínima formación para ello, y no estando tampoco habilitado legalmente para actuar como vigilante de seguridad, abusando de su cargo, pues no podían abrir la celda sin autorización de los educadores, se dirigieron a Olegario que se encontraba en la celda compartiéndola con Samuel, con el mismo fin de venganza por su actuación para con otro compañero que "por su culpa trasladaron a Las Palmas, y tras lograr el primer acusado mediante el uso de la fuerza que éste cayera al suelo, le puso un pie encima de la cabeza al tiempo que le insultaba llamándole "chivata", todo ello ante la atenta mirada de Sebastián que asentía al "espectáculo que se estaba produciendo" sin hacer ninguna intervención para evitarlo, pues junto a aquél abrió la celda, pudiendo hacerlo y llegando a apoyarlo verbalmente y a reírse.
Del mismo modo, el día 12 de noviembre de 2004, Juan Antonio, quien esa noche estaba desempeñando sus funciones de vigilante en el módulo 2, en la planta superior, se personó sin justificación ni autorización en el módulo de observación de la planta baja al menos en siete ocasiones, y al menos en dos de ellas, una sobre las 20.30 horas y otra sobre las 22 horas, al pasar por fuera de la celda no 6 y a través de la rendija de la puerta, con igual abuso de su función, se dirigió de forma muy agresiva a Olegario, profiriéndole numerosos insultos y expresiones intimidatorias, llegando a decirle que era una "chivata de mierda", "un hijo de pu** y que le iba a matar", al mismo tiempo que le recriminaba que por su culpa hubieran trasladado a Las Palmas a un compañero, teniendo origen sus acusaciones al menor en comentarios que había hecho Olegario en los que relataba que por algunos empleados del centro se suministraba sustancias prohibidas a los internos.
En este caso, tales hechos fueron presenciados por la acusada, Concepción, educadora del centro, coordinadora y con funciones de asistencia y acompañamiento de los menores en todo momento, la cual pese a tener encomendado legalmente el mantenimiento del orden interno así como el pleno respeto de los derechos de los menores, entre los que destaca el derecho a la integridad personal, esa tarde-noche ya en el momento de incorporarse a su puesto en el módulo 0, sobre las 20.30 horas presenció una primera actuación abusiva e intimidatoria del vigilante de seguridad Juan Antonio hacia el menor Olegario, que se encontraba en situación de refugio, y demandaba especial protección, y a sabiendas de que le tenía amenazado por ser un chivato y que le maltrataba verbalmente por venganza, no sólo no la evitó, sino que no hizo absolutamente nada, permitiendo las sucesivas amenazas y humillaciones de dicho vigilante al citado menor esa noche sobre las 22.00 horas pese hallarse presente, como las del resto de los menores, especialmente por parte de Evaristo, ni tomó medidas para que no volviese a ocurrir, ni prohibió al acusado Juan Antonio su bajada a dicho módulo a lo largo de la noche, ni le amonestó ni hizo que le amonestaran cuando podía hacerlo, ya poniendo los hechos en inmediato conocimiento de la Directora del centro, ya del Director de Seguridad, ni solicitó el auxilio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante la comisión de dichas amenazas de muerte.
La acusada Concepción, educadora, pese al estado de intranquilidad del menor, y sabiendo de su trastorno psíquico e intranquilidad en se encontraba, no volvió en toda la noche a preocuparse del mismo, quien incluso llegó a tapar la rejilla de la celda con un trapo para no ser observado, lo que no está permitido, como tampoco hizo constar en parte de incidencia alguno, que Eliseo abandonó su servicio entorno las 23,30 horas para subirse a dormir al módulo 2, y que sobre las 00,49 entrarían de la calle cuatro vigilantes de seguridad, entre ellos el acusado Pedro Francisco, jefe de seguridad, que no se encontraban de servicio al Centro, y se había ido a cenar con tres vigilantes más al salir del servicio, portando copas en las manos y dando gritos de alegría, marchándose al cabo de hora y media.
Todos estos acusados, sabedores de los padecimientos mentales del menor, y a quien todas las noches, sobre las 20,30 horas le era suministrado por la ATS del Centro, Sra. Ángeles, transxilum 50 mg., así como de las humillaciones, acosos y hostigamientos de que era objeto por otros menores, ejercían en el marco de sus respectivas responsabilidades, por disposición legal y bajo el control y supervisión de la Dirección General del Menor y de la Familia, funciones en ese centro y en desenvolvimiento del servicio legalmente establecido para que los menores cumplieran las medidas judiciales que le eran impuestas.
3.º.- Ante tal estado de máxima angustia, temor, anulación de autoestima y abandono se dejó por parte de los acusados al menor Olegario esa noche, que sería hallado, entorno las 08,30 horas, del día del día 13 de noviembre de 2004, muerto en la celda n.º NUM002, con una bolsa de plástico en la cabeza que le provocó una sofocación, generando una parada cardiorrespiratoria secundaria a un edema agudo de pulmón, produciéndose el fallecimiento entre las 0 y las 4 horas del día señalado.
4.º.- Igualmente esa tarde- noche, se encontraban en el centro los vigilantes de seguridad Julio y Eliseo, mayores de edad y sin antecedentes penales, también acusados, si bien no ha quedado acreditado que estuvieran presentes cuando Juan Antonio profirió las amenazas ni que les fuera solicitado auxilio por parte de la educadora que los presenció, como tampoco consta que se encontrara presente el acusado Pedro Francisco, Jefe de seguridad y superior inmediato de aquellos dos, ni que el vigilante Cipriano, mayor de edad y sin antecedentes penales, estuviera presente y consintiera tales agresiones y acosos, ni que llegara a agredirlo de forma reiterada durante esos días.
5.º.- El Centro de Menores "Nivaria", es un organismo dependiente de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, y estaba gestionado a través de la Fundación Canaria de Juventud "Ideo", siendo encomendada por dicha Administración Pública su seguridad y vigilancia a la entidad "Protección Integral Canaria S.A.".
"FALLAMOS.- Que condenamos a Juan Antonio como autor responsable de un delito de torturas del art. 174.2 C.P. de menor gravedad, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 C.. a la pena de UN AÑO Y SEIS MESES de PRISIÓN e inhabilitación absoluta durante ocho años y costas en proporción.
Que condenamos a Sebastián y a Concepción como autores responsables criminalmente de un delito de torturas del art. 176 en relación con el art. 174.2 C.P. de menor gravedad, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 C.P. a las penas de UN AÑO de PRISIÓN e inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años y costas en proporción.
Igualmente condenamos a los acusados a Juan Antonio, Concepción y Sebastián, en la proporción y cuota indicada en el correspondiente fundamento, a que indemnicen a los padres del menor Olegario, D. Cayetano y D.ª Pilar, en la cuantía de 60.000 euros por los perjuicios sufridos por su hijo con ocasión del delito de torturas, siendo responsables civiles subsidiarios la entidad Protección Integral Canaria, Fundación Ideo y la Dirección General de Protección del menor y la Familia del Gobierno de Canarias, con los intereses legales del art. 576 LEC, absolviendo de la pretensión civil a la Cía aseguradora Ocaso." (sic)
"LA SALA RESUELVE: Aclarar de esta Sala de fecha el FALLO de la sentencia debiendo afirmarse que la condena en costas incluye las de la acusación particular, así como sustituir la mención de la entidad Protección Integral canaria por la de "Seguridad Integral Canaria S.A., integrándose el ENCABEZAMIENTO con el nombre de la citada Letrada, D.ª Vanessa García Ortílés." (sic)
1.º.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 de la LECrim. por aplicación indebida del tipo del delito de tortura.
2.º.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 de la LECrim al revestir a los agentes de seguridad de carácter de autoridad o funcionario público.
1.º.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim por infracción de ley, por aplicación indebida del tipo de la tortura.
2.º.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim. por infracción de ley, por la consideración legal del acusado como autoridad.
1.º.- Por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, del art. 24 de la CE, en base a los arts. 852 de la LECrim. y 5.4 de la LOPJ.
2.º.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 de la LECrim. por aplicación indebida del art. 176 en relación con el art. 174.2 ambos del CP.
3.º.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.2 de la LECrim. por error en la valoración de la prueba.
Único.- Al amparo del art. 849 de la LECrim. por indebida aplicación de los arts. 109 y 115 del CP.
2.- En nuestra Sentencia TS de 10 de mayo de 2007, recurso 3281/2007, establecimos que, por lo que respecta a los tipos penales de tortura del artículo 174 y ss, y en cuanto a la acción, que el sujeto activo tiene que abusar de su cargo, lo que significa un comportamiento extralimitativo, prevaliéndose de su condición pública, lo que produce una cierta intimidación para la consecución de sus fines y de sensación de impunidad en su comportamiento, y en cuanto al resultado, que consiste en atentar contra la integridad moral de una persona. El derecho a la integridad moral está reconocido constitucionalmente en el art. 15 de nuestra Carta Magna, que proscribe con carácter general los tratos degradantes, y que se conecta directamente con la dignidad de la persona, cuyo artículo 10.º atribuye a la misma ser el fundamento del orden político y de la paz social.
Conviene recordar una precisión, que ya hicimos en nuestra Sentencia TS n.º 5846/2009 de 28 de septiembre, al advertir que la cuestión de la gravedad es resuelta de manera diferenciada cuando el sujeto activo es funcionario público, cual es el caso de los artículos 174 y siguientes del Código Penal, porque, en este caso, a diferencia de los supuestos del artículo 173 del mismo Código Penal, el delito existe incluso cuando el atentado no fuere grave. La sentencia, en cualquier caso ya tipificó lo imputado como menos grave.
Como deriva del artículo 177 del Código Penal, tampoco se requiere otro resultado añadido al atentado a la integridad moral.
SEGUNDO.- También como infracción de ley, se impugna la tipificación de los hechos probados como constitutivos del delito del artículo 174 del Código Penal. Ahora lo cuestionado es la condición del recurrente como posible sujeto típico de dicho delito al no concurrir, según el recurrente, la condición de funcionario público en el mismo.
Olvida el recurrente que es precisamente esa condición la que lleva a que los vigilantes de seguridad se deban clasificar entre los sujetos a que se refiere el artículo 24.2 del Código Penal, en cuanto que, conforme a la citada Ley, y habiendo sido legalmente investido de esa condición, la función que desempeña tiene, a los efectos penales, la consideración de funcionario, lo que, como en el caso de la Sentencia n.º TS 850/2006 de 12 de julio, le reportaría la exención de responsabilidad penal, si se adecua al ejercicio proporcionado de la misma.
El tipo penal del artículo 176 se configura como un tipo de omisión pura. Sin duda la decisión del legislador parte del juicio de equivalencia a que se refiere el artículo 11 del Código Penal. Pero no lo remite al momento de aplicación de la norma al caso. De ahí que no sea exigible en el enjuiciamiento la constatación de una determinada posición de garante. El legislador la subsume implícitamente al describir la situación típica del delito omisivo: otras personas, diversas del sujeto activo del delito del artículo 176, llevan a cabo los hechos previstos en los artículos anteriores, en este caso la del artículo 174.2, del Código Penal.
1.º) que exista una mínima actividad probatoria;
2.º) la exigencia de validez en los medios de prueba que justifican la conclusión probatoria ratificando la imputación de la acusación. Así pues la convicción del Juzgador debe atenerse al método legalmente establecido para obtenerla, lo que ocurre si los medios de prueba pueden ser considerados válidos y el debate se somete a las condiciones de contradicción, igualdad y publicidad;
3.º) que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. Y eso en relación a los elementos esenciales del delito, tanto objetivos como subjetivos, y, entre ellos, a la participación del acusado;
4.º) la motivación del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de signo incriminatorio;
5.º) a falta de prueba directa, la prueba de cargo sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito puede ser indiciaria, siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano.
Así lo han recordado las Sentencias Tribunal Constitucional n.º 22/2013 de 31 de enero, citando la doctrina que arranca ya de la STC n.º 31/1981 de 28 de julio y la STC n.º 142/2012 de 2 de julio que recuerda la sentencia Tribunal Constitucional n.º 128/2011.
a) Así, en cuanto al control de la razonabilidad de la motivación con la que se pretende justificar, más que demostrar, la conclusión probatoria, hemos resaltado que, más que a la convicción subjetiva del juzgador, ha de acreditarse que puedaasumirse objetivamente la veracidad de las afirmaciones de la imputación. Para predicar tal objetividad debe constatarse la inexistencia de vacío probatorio, porque se haya practicado medios de prueba que hayan aportado un contenido incriminador. Pero, además, la revisión de la valoración hecha por el juzgador de instancia de tales medios y contenidos debe permitir predicar de la acusación una veracidad que se justifique por adecuación al canon de coherencia lógica que excluya la mendacidad de la imputación, partiendo de proposiciones tenidas por una generalidad indiscutidamente por premisas correctas.
La razonabilidad de esta inferencia exige, a su vez, que se adecue al canon de su lógica o coherencia, siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, y también al canon de la suficiencia o carácter concluyente, excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia ( STC n.º 117/2007 ).
( Sentencias TS núms. 762/12 de 26 septiembre, 638/12 de 16 de julio y 648/12 de 17 de julio, reiterando lo dicho en la núm. 542/12 de 21 de junio, resolviendo el recurso n.º 1358/2011 y SSTS núms. 122/2012 de 22 de febrero, 103/12 y 99/12 de 27 de febrero, 1342/11 de 14 de diciembre, 1370/11 y 1432/11 de 16 de diciembre, 1385/11 de 22 de diciembre, 1270/2011 de 21 de noviembre, 1276/11 de 28 de noviembre, 1198/11 de 16 de noviembre, 1192/2011 de 16 de noviembre, 1159/11 de 7 de noviembre ).
Y particularmente los acontece res que sucedían en relación al menor Philip tampoco podían ser ignorados por quien desempeñaba las funciones de coordinadora de educadores, aunque sólo fuera porque aquél había sido situado en las condiciones de "refugiado", dato éste que una elemental lógica lleva a inferir con objetiva certeza que la acusada conocía. Cualquiera que fuese la escasez del tiempo en que esa función se desempeñara. Bastante era en cualquier caso para que aquella peculiar condición del interno le llevase a tomar conocimiento de los antecedentes que habían conducido a su instauración. Si, como impone el Decreto 36/2002 de Canarias, cada menor debe ser objeto de un proyecto educativo personalizado no es concebible que la coordinadora de educadores no conociera el del Olegario. Basta al respecto la lectura del artículo 20 de dicho Decreto. Para inferir el conocimiento por la recurrente se añade la relación que mantenía con los vigilantes, fluida potencial fuente informativa, que pone de manifiesto la grabación por cámara de vídeo, que detecta como comparte desenfadada a la llegada al centro a las 6.40 horas de la mañana incluso con posterioridad a presenciar la conducta del coacusado Sr. Juan Antonio, según da cuenta la sentencia, partiendo del informe testifical policial sobre aquella grabación.
La otra referencia que combate la recurrente es la que concierne a la actitud de la misma en relación con el contenido obligatorio de su función.
No obstante en su declaración en juicio oral la Directora del centro manifestó que los vigilantes, además de a las órdenes de su jefe inmediato, estaban también a la orden de los educadores, si se solicitaba la intervención de dichos vigilantes. Obviamente con más razón si la intervención del vigilante era oficiosa e innecesaria y solamente debida a una espuria iniciativa personal. Ejemplo de esa superioridad en las situaciones de relación directa con el menor era la exigencia de la presencia de un educador si se abría la puerta de la celda.
En cuanto a la no actuación obstativa del comportamiento del otro penado por parte de la recurrente es significativo el contenido de su propia declaración en juicio oral. Allí dijo que no dio parte del incidente del menor con el otro penado porque "le restó importancia". En dicha declaración se contradice diciendo, por un lado, que su turno era de noche, periodo en el que los que se "encargaban"· eran los de seguridad, a quienes no era su función vigilarles. Pero, por otro lado, intenta exculparse diciendo que puso el incidente en conocimiento de Pedro Francisco, su jefe, y reconoció que ante cualquier incidente tenía que "haber un educador presente".
No obstante el Tribunal contó con el testimonio de D. Jose Carlos, al que otorga una credibilidad que no podemos cuestionar, quien afirma que cuando ocurrieron los incidentes del otro penado con el menor el día 12, estaba presente la aquí recurrente con otros. Y, precisa, no sólo no hicieron nada sino que "los que lo vieron se reían". También el menor testigo Samuel manifiesta creer que estaba presente la educadora, dato que ésta no niega, afirmando que desde luego, ésta "no hizo nada para que se solucionara la situación".
El segundo argumento del motivo tampoco es aceptable. Pretende la recurrente que la situación que presencia el día 12 no puede valorarse como "degradante". No alcanzamos a entender donde coloca la recurrente la línea que separa lo que debe considerarse degradante. Para el Tribunal de instancia, y para este Tribunal "proferir numerosos insultos y expresiones intimidatorias, llegando a decirle (al menor interno) que era una chivata (sic) de mierda, un hijo de pu** y que le iba a matar" constituye en la más benévola de las evaluaciones posibles una degradación del destinatario, tanto más repugnante, además de muestra de cobardía, cuanto que se trata de un menor, privado de libertad, bajo dependencia del que dispensa el trato y en situación, no solo contextual, sino personal, de refugiado dentro del régimen del centro. Constituye algo más que la mera infracción formal de lo dispuesto en el artículo 56.2 a) de la Ley de responsabilidad penal del menor que proclama el: Derecho a que la entidad pública de la que depende el centro vele por su vida, su integridad física y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o innecesario en la aplicación de las normas.
Tal aspecto es doblemente aludido en el recurso. Desde una vertiente fáctica en referencia a la "existencia" de una norma que imponga ese deber. Y desde una perspectiva jurídica de "interpretación" de la regulación del contenido de su empleo. Ya hemos dejado el primer aspecto en el anterior fundamento al rechazar el primero de los motivos. En cuanto a la interpretación del contenido de la función desempeñada, aún no compartiendo la calificación de su puesto como integrante del Equipo Técnico en el sentido que al mismo confiere la norma canaria de 2002 antes citada, ni la aplicación del estatuto de educador propio de centros asistenciales, regulado por Decreto 40/2000 de Canarias, debemos partir de los principios básicos de actuación que impone la norma de 2002 en sus artículos 3 y 4. Toda la actividad de los centros para la ejecución de medidas de internamiento se ajustará a los criterios rectores previstos en la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Y, tanto en la organización como en el funcionamiento de los centros para la ejecución de medidas de internamiento se garantizará el respeto a los derechos que la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores reconoce específicamente a los menores o jóvenes internados.
En todo caso, en cuanto personal integrado en el centro debe asumir la función que para la entidad impone la ley de responsabilidad penal del menor en su artículo 56.2. a) que acabamos de transcribir.
2.- En primer lugar debe recordase que, como dijimos en la Sentencia n.º 562/2013 de 26 de junio, que: Es criterio consolidado de esta Sala que la cuantificación de la indemnización ex delicto corresponde al Tribunal sentenciador, correspondiendo solo a esta Sala Casacional la revisión de las bases sobre las que se hubiese fijado en garantía de la interdicción de toda decisión arbitraria ex art. 9-3.º C.E.-- SSTS de 7 de Abril 1990; 2 de Octubre 2000; 25 de Septiembre 2001 y 89/2003 de 22 de Enero--.
Y en concreta referencia al daño moral decíamos también en dicha sentencia que El daño moral solo puede ser objeto del control casacional cuando resulte manifiestamente arbitrario y desproporcionado -- STS 105/2005 --, como consecuencia de la interdicción de toda decisión arbitraria, como antes de ha dicho, ex art. 9-3.º de la Constitución.
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por Concepción, Sebastián, Juan Antonio y la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincialde Santa Cruz de Tenerife, con fecha 19 de octubre de 2012. Con expresa imposición de las costas causadas en los presentes recursos de casación.
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1121940
Tema: Re: Los vigilantes de seguridad, a los efectos penales, tienen la consideración de funcionarios Mar 24 Dic 2013, 5:45 pm
Sin meterme en el fondo de la cuestión. He aquí una sentencia del mismísimo Tribunal Supremo que basándose en nuestra definición como auxiliares de las FFCC de Seguridad equipara a un VS a un funcionario público a efectos penales sin haber estado presente ningún miembro de estás mientras sucedían los hechos.
Insisto. Es cosa juzgada y no voy a entrar en la justicia o no de la sentencia. Pero si se nos equipara penalmente para lo malo. Entonces, ¿cuál es el problema que están viendo algunos para equipararnos a la hora de protegernos penalmente?
Tema: Re: Los vigilantes de seguridad, a los efectos penales, tienen la consideración de funcionarios Mar 07 Abr 2015, 1:23 pm
¡Hola! Debéis centrar la atención en el concepto de funcionario a efectos penales que es distinto al concepto a efectos administrativos. Para el derecho penal es funcionario todo aquel que participa en la función pública y esto abarca muchas funciones. Mirad este enlace http://lawcenter.es/w/blog/view/59973/concepto-de-funcionario-a-los-efectos-penales-se-trata-de-un-concepto-mas-amplio-que-el-que-se-utiliza-en-el-ambito-del-derecho-administrativo-pues-mientras-que-para-este-los-funcionarios-son-personas-incorporadas-a-la-administracion-publica-por-una-relacion-de-servicios-profesionales-y-retribuidos-regulada-por-el-derecho-administrativo-por-el-contrario-el-concepto-penal-de-funcionario-publico-no-exige-las-notas-de-incorporacion-ni-permanencia-sino-fundamentalmente-la-participacion-en-la-funcion-publica
Tema: Re: Los vigilantes de seguridad, a los efectos penales, tienen la consideración de funcionarios Miér 08 Abr 2015, 8:12 am
Nuestra falta de formación, bla, bla, bla, lo chulopiscinas que somos, bla, bla, bla, que somos de una empresa privada, bla, bla, bla, que es seguridad pública, bla, bla, bla...
Los funcionarios y periolistos siempre pondrán pegas a nuestra labor.
A lo mejor dentro de 15-20 años, la cosa cambia.
Tema: Re: Los vigilantes de seguridad, a los efectos penales, tienen la consideración de funcionarios Dom 19 Abr 2015, 9:42 pm
No quiero ofender a nadie pero estas personas juzgadas no son vigilantes titulados ,ni formados ,ni nada y están al cargo de personas y con bastante problemática ¿quién permite eso?
Lo chistoso es que creo que esta empresa de seguridad siga trabajando y que el juez permita todas estas irregularidades cuando quedan mas que demostradas yo pienso que alguien de oficio la habría denunciado por este servicio?lo de funcionario o no comparándome con estos individuos pues como que me da igual no cabe lo que siempre para lo malo somos lo que les venga bien para que sea mas fuerte el delito
El único delito y mas grabe es que estas instituciones por amiguísimos ,politiqueo o por dinero pongan en riesgos la vida de menores
Tema: Re: Los vigilantes de seguridad, a los efectos penales, tienen la consideración de funcionarios Lun 20 Abr 2015, 1:45 am
No quiero ofender a nadie pero estas personas juzgadas no son vigilantes titulados...
Tema: Re: Los vigilantes de seguridad, a los efectos penales, tienen la consideración de funcionarios Lun 20 Abr 2015, 3:13 am
El titular mismo lo dice y cuando lo lees se ve que no son vigilantes
Tema: Re: Los vigilantes de seguridad, a los efectos penales, tienen la consideración de funcionarios Lun 20 Abr 2015, 4:23 am
...Son hechos declarados probados que uno de los acusados, vigilante de seguridad del centro, abusando de su cargo, y sin autorización de los educadores, se dirigió a la celda del menor con la finalidad de vengarse por su actuación para con otro compañero...
Tema: Re: Los vigilantes de seguridad, a los efectos penales, tienen la consideración de funcionarios Lun 20 Abr 2015, 7:49 am
La propia sentencia lo dice:
Sentencia TS escribió:
...presentaba un claro déficit en su funcionamiento, desarrollando la seguridad un grupo de veinticinco vigilantes de seguridad, de los cuales la mayoría (dieciocho) carecía de habilitación así como de la más mínima formación y experiencia, en cuanto que habían sido contratados por la empresa de Seguridad Integral Canarias SA hacía escasos días, siendo quienes impartían la mayoría de las veces directamente castigos corporales y aplicaban medidas de contención física y psiquiátrica, y cuyo cuerpo de educadores igualmente carecía de experiencia,
De los condenados:
Sentencia TS, hecho probado 3º escribió:
...el acusado, Juan Antonio, mayor de edad y con antecedentes penales no susceptibles de computarse a efectos de reincidencia, vigilante de seguridad del centro (empleado de la mercantil Seguridad Integral Canaria S.A.), pese a carecer de la más mínima formación para ello, y ni tan siquiera estar habilitado legalmente para actuar como vigilante de seguridad...
...en compañía de otro acusado, Sebastián, mayor de edad y con antecedentes penales no susceptibles de computarse a efectos de reincidencia, e igualmente vigilante de seguridad del centro (contratado por Seguridad Integral canaria S.A.), pese a carecer igualmente de la mínima formación para ello, y no estando tampoco habilitado legalmente para actuar como vigilante de seguridad, abusando de su cargo...
El tema en esta sentencia creo que viene motivado porque en los centros de menores no es obligatorio que el personal de interior sea Vigilante de Seguridad, siendo además, los únicos que, sin ser funcionarios o estar habilitados, pueden portar elementos de contención y defensa(defensas, grilletes, cascos y escudos).
Artículos 54 y siguientes del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Tema: Re: Los vigilantes de seguridad, a los efectos penales, tienen la consideración de funcionarios