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Timestamp: 2018-09-19 15:37:37
Document Index: 249609291

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 105', 'artículo 374', 'artículo 368', 'artículo 1321', 'artículo 360', 'artículo 105', 'artículo 6', 'artículo 1321', 'artículo 236', 'artículo 239', 'artículo 249', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 92', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 237', 'artículo 238', 'artículo 1']

﻿ Sentencia SC13602-2015 de octubre 6 de 2015
SENTENCIA SC13602-2015 DE 06 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:ESTADO CIVIL- MEDIO PROBATORIO. EL ESTADO CIVIL, ACLARA, SURGE POR LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS O ACTOS QUE LO CONSTITUYEN LEGALMENTE O POR EL PROFERIMIENTO DEL FALLO JUDICIAL QUE LOS DECLARACUESTIÓN DIVERSA A LA FORMA COMO PUEDE ACREDITARSE, LA CUAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 105 DEL DECRETO 1260 DE 1970, POR HECHOS Y ACTOS RELACIONADOS CON EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA LEY 92 DE 1938, SE PROBARÁN CON COPIA DE LA CORRESPONDIENTE PARTIDA O FOLIO O CON CERTIFICADOS EXPEDIDOS CON BASE EN LOS MISMOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, HEREDERO, SUCESIÓN, PROCESO ORDINARIO, RECURSO DE CASACIÓN, CÓDIGO CIVIL
Sentencia SC13602-2015 de octubre 6 de 2015
SC13602-2015
Radicación 05001-31-10-008-2008-00426-01
(Aprobado en sesión de veintiuno de abril de 2015)
1. Como se desprende del compendio que acaba de hacerse del único cargo propuesto en casación, en su primera parte, dirigida a confutar la conclusión del Tribunal consistente en que la accionante no demostró su condición de heredera del señor Franz Hoffmann Schmidtaler, el recurrente, sin controvertir los argumentos en los que dicha autoridad sustentó esa inferencia, se limitó a afirmar la demostración, con las pruebas que mencionó, de la posesión notoria del estado civil de hija de aquélla en relación con el citado causante.
A su turno, el censor, en el segundo segmento de la acusación, se circunscribió a indicar las razones que, en su concepto, impedían, de un lado, apreciar el documento contentivo de los artículos 165a, 165b y 165c del Código Civil de Austria y, de otro, aplicar esas normas al litigio.
De tales planteamientos, como fueron expuestos, se infieren, por lo tanto, las notorias deficiencias técnicas de que adolece el cargo examinado, toda vez que, como se aprecia, no se indicó en él si el quebranto indirecto de la ley sustancial denunciado, fue resultado de la comisión de errores de hecho o de derecho, ni se explicó en qué consistieron los mismos, en la medida que, de tratarse de los primeros, no se clarificó si el desatino del ad quem consistió en haber preterido, supuesto o tergiversado las pruebas del proceso; y, de los segundos, no se especificó de qué manera se transgredió el régimen legal probatorio.
Esas imprecisiones y vacíos atentan contra las exigencias contempladas en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, concretamente las siguientes:
a) Que los fundamentos de toda acusación se expongan “en forma clara y precisa” (primera parte, inc. 1º, num. 3º), previsión que, como lo ha explicado la Corte, significa que la demanda de casación “debe ser perceptible por la inteligencia sin duda ni confusión”, amén de “exacta” y “rigurosa” y contentiva de “los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento” (CSJ, SC sep. 15/94), de modo que permita establecer en dónde radica y de qué manera se produjo el yerro atribuido al sentenciador de instancia, sin que, por lo tanto, pueda dejarse a esta Corporación la carga de definir o desentrañar los alcances del reproche, habida cuenta de la naturaleza eminentemente dispositiva de la casación.
b) Que los yerros fácticos se comprueben (primera parte, inc. 2º, num. 3º), para lo que “es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habría incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opinión divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por sí sola, retumbe en el proceso. ‘El impugnante —ha puntualizado la Sala—, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurrió el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adoptó una decisión que no debía adoptarse’ (CCXL, pág. 82), agregando que ‘si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como mínimo, explicar qué es aquello que se enfrenta, fundar una acusación es entonces asunto mucho más elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de razón, sino que impone, para el caso de violación de la ley por la vía indirecta, concretar los errores que se habrían cometido al valorar unas específicas pruebas, y mostrar de qué manera esas equivocaciones incidieron en la decisión que se repudia’ (se resalta; auto de ago. 29/2000, exp. 1994-0088), (…). En suma, la exigencia de la demostración de un cargo en casación, no se satisface con afirmaciones o negaciones panorámicas —o generales— sobre el tema decidido, así éstas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciación o descripción del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la decisión adoptada” (CSJ, SC de feb. 2/2001, rad. 5670; se resalta).
c) Y que, en cuanto hace a los errores de derecho, se explique “en qué consiste la infracción” de las normas probatorias quebrantadas por el sentenciador de instancia (segunda parte, inc. 2º, num. 3º), imposición que “es de importancia angular, puesto que de omitirse, como ocurrió en la demanda de casación que se despacha, ‘quedaría incompleta la acusación, en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación’ (Sent. 145, oct. 1º/2004, exp. 7736)” (CSJ, auto de mayo 23/2011, rad. 2002-00282-01).
Se suma a lo anterior, que los argumentos que soportan la acusación, en tanto no comportan un ataque propiamente dicho a los fundamentos del fallo aquí controvertido, sino que más bien recogen la posición que el impugnante tenía y tiene frente al litigio, particularmente, en lo concerniente a los hechos debatidos y a su comprobación, no son idóneos para sustentar el cargo propuesto en casación, ya que, como invariablemente lo ha sostenido esta Corporación, “el recurrente, en cada cargo, como mínimo, debe indicar la causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil en que se respalda y, consonantemente, sustentar la acusación, lo cual no puede hacer de cualquier manera y, mucho menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino con indicación puntual y explicación suficiente de las específicas trasgresiones de la ley —sustancial o procesal— en que incurrió el sentenciador al proferir el fallo cuestionado, y exponiendo los planteamientos que sirven al propósito de demostrar los yerros que se imputen, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, o limitarse a presentar la visión personal que el recurrente tenga de la plataforma fáctica del litigio, actitudes todas que harán inadmisible la acusación que en tales condiciones se formule” (CSJ, auto de oct. 26/2012, rad. 2003-00723-01; se resalta).
2. Al margen de las deficiencias precedentemente advertidas, examinado el cargo en el fondo se encuentra que él, de todas maneras, no está llamado a prosperar, puesto que el argumento toral que lo sustenta, es decir, que la demandante ostenta la posesión notoria del estado civil de hija del señor Franz Hoffmann Schmidtaler, es un medio nuevo y, por lo mismo, un planteamiento fáctico inatendible en casación, amén que él, en sí mismo considerado, no es constitutivo del referido estado civil, como pasa a explicarse.
2.1. Ninguna duda existe de que la acción intentada fue la de petición de herencia, contemplada en el artículo 1321 del Código Civil, y que la actora no acumuló a ella ninguna pretensión encaminada a establecer su filiación respecto del precitado de cujus.
Véase cómo lo pedido en el libelo consistió, básicamente, en que se declarara que la señora Jutha Hoffmann Reder tiene derecho a heredar a su presunto padre y a que se le adjudiquen y entreguen, junto con sus aumentos y frutos, los bienes que él dejó y que legalmente le corresponden.
2.2. Ahora bien, examinados los hechos de la demanda, se establece que en los numerados como quinto y sexto se indicaron las circunstancias que, por una parte, legitimaban a la accionante y, por otra, denotaban su interés para actuar, premisas fácticas que son del siguiente tenor:
QUINTO: Mi poderdante la señora JUTHA SIEGLINDE HOFFMANN REDER fue reconocida por el causante FRANZ HOFFMANN SCHMIDTALER ante la Oficina de Registro Civil de la ciudad de Molln - República de Austria como hija otorgándole el apellido HOFFMANN, tal como se desprende del correspondiente registro civil del 25 de mayo de 1957 que anexo para que sea apreciado en su valor legal.
SEXTO: La señora JUTHA SIEGLINDE HOFFMANN REDER ha ejercido siempre su calidad de hija y por ende ha utilizado siempre y durante toda su vida el apellido HOFFMANN para todos sus actos públicos y privados, tal como la obtención de su cédula de extranjería, su matrimonio con el señor HANS IVACHIM DENK celebrado el 8 de febrero de 1964, en el cual textualmente reza ‘presenció el matrimonio que contrajo HANS IVACHIM DENK, … con JUTHA SIEGLINDE HOFFMANN REDER, hija de Francisco Hoffmann y Herta Josefa Reder’, al igual que lo tienen los hijos habidos dentro del matrimonio, tal como consta en la partida de bautismo y registro civil de nacimiento: ‘HANS PETER DENK HOFFMANN nacido el 25 de abril de 1965 hijo legítimo de HANS J. DENK y JUTHA HOFFMANN, abuelos maternos: FRANZ HOFFMANN y HERTA REDER, padrinos los abuelos maternos’. ‘WALTER DENK HOFFMANN nacido el 28 de julio de 1966’ y ‘CHRISTIANE ELISABETH DENK HOFFMANN nacida el 19 de abril de 1969’ (se resalta).
2.3. Es ostensible, entonces, que la promotora del litigio esgrimió como soporte de la reclamación judicial que elevó, su condición de hija del señor Franz Hoffmann Schmidtaler, conforme al reconocimiento que en tal sentido, según su criterio, figura en el registro civil de nacimiento de ella que aportó.
2.4. Esa posición de la actora se mantuvo a lo largo del proceso, puesto que:
2.4.1. Al descorrer el traslado de la excepción que el demandado planteó en la contestación del libelo introductorio, ella insistió en que la acción propuesta fue la de petición de herencia y advirtió que, por su naturaleza, no era escenario apropiado para que aquél cuestionara su filiación, lo que debió hacer mediante el adelantamiento por separado del correspondiente proceso ordinario de impugnación de la paternidad, cuya caducidad ya había operado (fls. 247 a 251, cdno. 1).
2.4.2. No alegó de conclusión en la primera instancia y, al hacerlo en segunda, reiteró los planteamientos anteriormente compendiados (fls. 7 a 9, cdno. 4).
2.5. Fue mucho después de haber precluído el término consagrado en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, que el apoderado de la convocante, en el escrito que figura del folio 62 al 64 del cuaderno No. 4, manifestó que “atendiendo la profusa prueba sobreviniente aportada por la parte demandada y decretada oficiosamente por su despacho, me permito poner a su consideración la presente ampliación de los alegatos”.
En ese memorial, dicho profesional, a más de que explicitó su inconformidad tanto con la prueba documental aportada por el demandado en la segunda instancia y que fue tenida en cuenta por el Tribunal, como con la ordenación por parte de esa autoridad de otros medios de convicción, expuso:
3. ESTADO NOTORIO DE HIJA.
El CÓDIGO CIVIL ha consagrado una figura que debe ser enarbolada en el caso en cita, como es la dispuesta en el LIBRO PRIMERO TÍTULO XX DE LAS PRUEBAS DEL ESTADO CIVIL CAPÍTULO I en sus artículos 397 y 398, como lo es la posesión notoria del estado civil.
ART. 397.—...
ART. 398.—...
Tal figura es aplicable en el caso en cuestión, habida cuenta del trato que brindó el señor FRANCISCO (sic) HOFFMANN a JUTTA SIEGLIENDE HOFFMAN (sic) REDER como su hija, durante toda su vida y hasta su fallecimiento. Tiempo durante el cual veló por su manutención y la amó y protegió como su hija legítima.
2.6. Por consiguiente, se colige, en primer lugar, que la aducción del argumento relativo a que la demandante tenía la posesión notoria del estado civil de hija del señor Hoffmann Schmidtaler, no fue tempestiva en las instancias y que, por lo mismo, ese planteamiento fáctico no pudo contemplarse y, mucho menos, resolverse en ellas; y, en segundo término, que tal prédica, sólo vino a proponerse en casación, erigiéndose así, según ya se anunció, en un medio nuevo inatendible como sustento del recurso extraordinario que se desata.
2.7. Al respecto, cabe memorar que esta Sala de la Corte tiene decantado que “el fallo impugnado por vía extraordinaria no puede ser juzgado con base en hechos que, por no haber sido oportunamente propuestos en el litigio, no pudieron ser considerados por el sentenciador de instancia y, adicionalmente, porque si así se admitiera, se vulneraría el debido proceso y, más exactamente, el derecho de defensa de la parte contraria, la que, en ese supuesto, no habría tenido forma de controvertir el fundamento fáctico invocado por el recurrente” (CSJ, SC dic. 6/2011, rad. 2003-00113-01).
2.8. Añádese a lo expuesto, que así se admitiera, aunque sólo en gracia de discusión, que la demandada en verdad tiene la posesión notoria del estado civil de hija que alegó, ello no implicaría que ese sea su estado civil, como pasa a explicarse:
2.8.1. El estado civil de una persona es su “situación jurídica en la familia y la sociedad”, que le brinda ciertas prerrogativas en punto del ejercicio de algunos de sus derechos o en la adquisición de unas específicas obligaciones, en relación con el cual cabe apuntar, adicionalmente, que está caracterizado por ser “indivisible, indisponible e imprescriptible”, que su “asignación corresponde a la ley” (D. 1260/70, art. 1º) y que se “deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan”, según la calificación que de ellos igualmente contiene el ordenamiento jurídico (art. 2º, ib.).
2.8.2. Cuestión diversa es la forma como puede acreditarse, toda vez que, según voces del artículo 105 del precitado decreto, en tratándose de “hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio o con certificados expedidos con base en los mismos” y, “[e]n caso de pérdida o destrucción de ellos, (…) con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, (…)” (se resalta).
2.8.3. Forzoso es insistir, de un lado, en que “una cosa es el estado civil de las personas y otra su prueba. Los hechos, actos o providencias que determinen el estado civil, otorgan a la persona a quien se refieren, una precisa situación jurídica en la familia y la sociedad y la capacitan para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. El estado civil, pues, surge una vez se realicen los hechos constitutivos del mismo, como nacer de padres casados o compañeros permanentes, o inmediatamente ocurra el acto que lo constituye como celebrar matrimonio, o, en fin cuando queda en firme la sentencia que los determina, como en el caso de la declaración de paternidad natural. Un determinado estado civil se tiene, entonces, por la ocurrencia de los hechos o actos que lo constituyen o por el proferimiento de la respectiva providencia judicial que lo declara o decreta. Pero estos hechos, actos o providencias que son la fuente del estado civil, sin embargo no son prueba del mismo, porque de manera expresa el legislador dispuso que ‘el estado civil debe constar en el registro del estado civil’ y que ‘los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con una copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos (D. 1260/70, arts. 101 y 105)’ (…)” (CSJ, SC mar. 22/79; se resalta).
Y, de otro, como en tiempo más reciente lo precisó la Corporación, en que “no puede confundirse el estado civil con la prueba del mismo, pues es innegable que son conceptos distintos. El primero surge por la ocurrencia de los hechos o actos que lo constituyen legalmente o por el proferimiento del fallo judicial que los declara; empero, esos hechos, actos o providencias que son la fuente del estado civil no son, per se, su prueba, precisamente porque éste se acredita mediante los documentos previstos y reglamentados con tal propósito por el ordenamiento jurídico. Desde luego que el legislador colombiano de antaño y de ahora, ha procurado que los hechos y actos constitutivos del estado civil estén revestidos de seguridad y estabilidad, por lo que los ha sometido a un sistema de registro y de prueba de carácter especial, caracterizado por la tarifa legal, distinto al régimen probatorio al que están sometidos los actos de carácter meramente patrimonial. De ahí que se ha ocupado de señalar cuáles son las pruebas idóneas para acreditarlo, como también de establecer minuciosamente lo concerniente con su registro en aspectos tales como los funcionarios competentes, el término y oportunidad de la inscripción, etc., regulación que ha ido evolucionando con las diferentes disposiciones que sobre la materia han regido desde 1887” (CSJ, SC jun. 17/2011, rad. 1998-00618-01; se resalta).
2.8.4. Desde otra perspectiva, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que la posesión notoria del estado civil es un “mecanismo estrictamente probatorio a efectos de acreditar, ante el juez competente, el estado civil que no se puede probar por falta de las partidas o folios pertinentes”, con miras a obtener su reconocimiento mediante sentencia (CSJ, SC nov. 27/2007, rad. 1995-05945-01), como se deduce de numeral 6º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, reformatorio del 4º de la Ley 45 de 1936.
2.8.5. En tal orden de ideas se concluye que, en el supuesto de que la aquí demandante en verdad ostente la posesión notoria del estado civil de hija del señor Franz Hoffmann Schmidtaler, dicha circunstancia no traduce, per se, que ese sea su estado civil, situación legal ésta que, como viene de señalarse, requería demostrarse de modo diferente, esto es, con la correspondiente partida o folio del registro civil o con certificado expedido con base en una u otro, pues es claro que la posesión notoria sirve para demostrar un estado civil verdadero del que no se tiene prueba pero no para crear uno diferente al que realmente se tiene, máxime cuando éste se confiesa. La posesión notoria no modifica el estado civil, no remplaza el verdadero ni sustituye la adopción.
2.9. Lo hasta aquí analizado, deja en evidencia que la inferencia del Tribunal consistente en que la actora no demostró su condición de hija del señor Hoffmann Schmidtaler y, por ende, su legitimación para la formulación de la presente acción, sigue en pie y sustenta suficientemente su fallo, puesto que, por una parte, el censor no combatió frontal y certeramente los fundamentos en que ella se soportó y, por otra, la alegada posesión notoria de ese estado civil que se esgrimió en casación para enervarla, no la desvirtuó, en tanto que este planteamiento resulta inaceptable por ser una cuestión fáctica que sólo vino a proponerse en desarrollo de dicho recurso extraordinario y porque no es un medio idóneo para demostrar el referido parentesco y, por lo mismo, la condición de heredera de la accionante respecto del prenombrado causante.
3. Al tiempo, de la precedente deducción se desprende que el otro reproche elevado en la segunda parte del cargo, concerniente con la indebida aplicación por parte del Tribunal de los artículos 165a, 165b y 165c del Código Civil de Austria, carece de significación y trascendencia, pues si como consecuencia de aceptarse esta queja, se excluyeran por completo de la controversia esos preceptos del litigio, ello no alteraría en nada el vacío demostrativo advertido por el ad quem y que constituye el fundamento cardinal de su fallo desestimatorio.
4. Pero además, es claro que lo pretendido por la parte recurrente, aunque llegara a tener éxito en el recurso, en nada mejoraría su situación jurídica frente a la pretendida filiación, pues de no aplicar la normatividad del país de nacimiento, la cual se encontraba vigente en el momento del registro, se llegaría a la aplicación de la ley colombiana como lo pretende la casacionista en sus escritos, y en ella de ninguna manera se podría concluir que la paternidad del cónyuge de su madre con respecto a ella pudiera ser la conclusión a sacar, pues de todas formas es inexistente el reconocimiento también desde la óptica de la legislación colombiana, si se advierte que el sólo apellido sin reconocimiento expreso y declaración judicial que establezca la paternidad, resulta imposible.
Con otras palabras, si se examinara el litigo única y exclusivamente a la luz del ordenamiento jurídico patrio, también habría que concluir que la accionante no comprobó su legitimación para reclamar la herencia del señor Franz Hoffmann Schmidtaler, en tanto que no acreditó ser su hija legítima o extramatrimonial, como seguidamente se dilucida. Es decir, que no lo hizo con las normas de su fuero personal, las de su país de origen, pero tampoco lo habría hecho desde la legislación colombina.
4.1. En lo tocante con el interés de quien gestiona una acción de petición de herencia, la Sala tiene dicho que debe seguirse la misma regla aplicable a todos los derechos reales: “Puede ejercitarla quien sea el titular del correspondiente derecho: verbi gratia, en el de dominio el propietario, y en el de la herencia el heredero; cosa en la que quiso ser explícita la ley, pues para éste último dispuso en el artículo 1321 atrás mencionado: (…) ‘El que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias…’ (resáltase deliberadamente). (…). Que es acción que sólo corresponde al heredero lo tiene suficientemente definido la jurisprudencia, como que en muchas oportunidades ha expresado que ‘es la que confiere la ley al heredero de mejor derecho para reclamar los bienes de la herencia ocupados por otra persona, que también alega título de heredero. Es, pues, una controversia en que se ventila entre el demandante y el demandado a cuál de ellos le corresponde en todo o en más parte el título de legítimo sucesor del causante en calidad de heredero, y, de consiguiente, la universalidad de los bienes herenciales o una parte alícuota sobre estos. Por consiguiente, la cuestión de dominio de los bienes en esta acción es consecuencial y enteramente dependiente de la cuestión principal que allí se discute sobre la calidad de heredero’ (XLIX, 229; LXXIV, 19). Hase dicho, en trasunto, que ‘Es la calidad de heredero en que se apoya el demandante, controvertida por el demandado heredero, lo que constituye la cuestión principal de esta especie de acción’ (LII, 660) (CSJ, SC mayo 20/97, rad. 4754; se subraya).
4.2. La filiación paterna, sin hacer diferencias en los derechos, puede ser matrimonial o extramatrimonial.
4.2.1. La primera tiene lugar en los siguientes supuestos:
a) Cuando el hijo fue “concebido dentro del matrimonio de sus padres” (C.C., art. 213).
b) Cuando fue concebido previamente al matrimonio de sus progenitores y nace con posterioridad a la celebración de dicho acto por parte de ellos (C.C., art. 237).
c) Cuando nace antes del matrimonio de sus padres, pero éstos ya lo había reconocido como hijo extramatrimonial (ib).
d) Cuando el hijo nace precedentemente al matrimonio de los padres y pese a no haber sido reconocido como hijo extramatrimonial, éstos, de consuno, en el acto del matrimonio o en escritura pública, lo legitiman expresamente (C.C., art. 239).
Sobre la legitimación, la Corte tiene dicho que:
A voces del artículo 236 del Código Civil, ‘[s]on también hijos legítimos los concebidos fuera del matrimonio y legitimados por el que posteriormente contraen sus padres,…’. Tal legitimación ocurre ipso jure, si el nacimiento tiene lugar dentro del matrimonio, o si el hijo ya había sido reconocido como extramatrimonial por los esposos. Fuera de esas dos hipótesis, señala el artículo 239 ibídem, ‘el matrimonio posterior no produce ipso jure la legitimidad de los hijos. Para que ella se produzca es necesario que los padres designen en el acta del matrimonio, o en escritura pública, los hijos a quienes confieren ese beneficio, ya estén vivos o muertos’. El acto de legitimación de que trata la norma últimamente citada, como ya lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, tiene como particularidad que la manifestación de voluntad que se requiere para el efecto es la que de consuno expresan los dos padres, de lo cual se deduce que el efecto jurídico perseguido con la misma, no se obtendría con la que provenga de uno solo de ellos. Por otra parte, la ley establece que la legitimación deberá ser notificada a la persona en cuyo beneficio se hace, quien podrá aceptarla o repudiarla, atendiendo diversas formalidades y plazos señalados en el ordenamiento, no obstante lo cual se ha puntualizado que la legitimación se perfecciona con la simple manifestación de voluntad de los contrayentes o comparecientes, según el caso, sin perjuicio de las acciones del legitimado o de sus descendientes para impugnar la legitimación por falta de notificación o aceptación, en los términos del artículo 249 del Código Civil (CSJ, SC ene. 21/2009, rad. 1992-00115-01).
4.2.2. La segunda, esto es, la filiación extramatrimonial, refiere a los hijos habidos “de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí” (L. 45/36, art. 1º) y tiene lugar en los casos del artículo 1º de la Ley 75 de 1968, reformatorio del artículo 2º de la Ley 45 de 1936, que a la letra, en lo pertinente, reza:
El reconocimiento de hijos naturales es irrevocable y puede hacerse:
1) En el acta de nacimiento, firmándola quien reconoce:
3) Por testamento, caso en el cual la revocación de este no implica la del reconocimiento.
4) Modificado Decreto 2272 de 1989, artículo 10. Por manifestación expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya sido objeto único y principal del acto que lo contiene (…) (resaltado y subrayas fuera del texto).
Agrégase el reconocimiento judicial contemplado en el artículo 6º de la Ley 75 de 1968, reformatorio del 4º de la Ley 45 de 1936, que es del siguiente contenido:
Se presume la paternidad natural y hay lugar a declararla judicialmente:
1) En el caso de rapto o de violación, cuando el tiempo del hecho coincide con el de la concepción.
2) En el caso de seducción realizada mediante hechos dolosos, abuso de autoridad o promesa de matrimonio.
3) Si existe carta u otro escrito cualquiera del pretendido padre que contenga una confesión inequívoca de paternidad.
4) En el caso de que entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones sexuales en la época en que según el artículo 92 del Código Civil pudo tener lugar la concepción (…).
5) Si el trato personal y social dado por el presunto padre a la madre durante el embarazo, y parto, demostrado con hechos fidedignos, fuere por sus características, ciertamente indicativo de la paternidad, siendo aplicables en lo pertinente las excepciones previstas en el inciso final del artículo anterior.
6) Cuando se acredite la posesión notoria del estado de hijo (se resalta).
En relación con los hijos extramatrimoniales, la Sala tiene dicho que son los “(…) ‘(…) nacido[s] de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí, (…), cuando ha[n] sido reconocido[s] o declarado[s] tal[es] con arreglo a lo dispuesto en la (…) ley. También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera o viuda por el solo hecho del nacimiento’ (L. 45/36, art. 1º; se resalta). (…). El reconocimiento de los aludidos hijos puede darse en la forma y términos del artículo 1º de la Ley 75 de 1968, mientras que la declaración judicial procede atendiendo las presunciones que sobre el particular consagró el artículo 6º de ese mismo ordenamiento legal (…)” (CSJ, SC ago. 26/2011, rad. 1992-01525-01; se resalta).
4.3. Con pie de apoyo en las anteriores apreciaciones; en el registro civil de nacimiento aportado por la actora, que obra del folio 14 al 22 del cuaderno principal; en los hechos de la demanda; y en la respuesta que a los mismos dio el accionado al replicar el libelo introductorio, se arriba a las siguientes conclusiones:
4.3.1. La demandante no es hija legítima de los esposos Herta Josefa Reder y Franz Hoffmann Schmidtaler, ni legitimada por ellos, como quiera que:
a) Su nacimiento —28 de enero de 1942— acaeció mucho antes a cuando ellos contrajeron matrimonio —24 de agosto de 1946, hecho tercero de la demanda— (C.C., art. 213).
b) No operó la legitimación ipso jure de que trata el artículo 237 del Código Civil, debido a que, se reitera, el nacimiento de la gestora del litigio tuvo lugar antes del matrimonio de los esposos Hoffmann - Reder.
c) No está comprobado que hubiese sido reconocida como hija extramatrimonial por los mencionados cónyuges, antes de que se casaran, de lo que se sigue que tampoco se produjo la legitimación consagrada en el artículo 238 de la obra en cita.
d) En el proceso no milita prueba alguna que acredite que los esposos Herta Josefa Reder y Franz Hoffmann Schmidtaler, voluntariamente y de consuno, legitimaron a la aquí demandante al momento de contraer nupcias o por escritura pública.
4.3.2. De igual modo, no se trata de una hija extramatrimonial del señor Franz Hoffmann Schmidtaler, en razón a que:
a) Su registro civil nada dice respecto a que dicho causante la hubiese reconocido como tal, amén que ese documento no aparece firmado por él, como lo exige el numeral 1º del artículo 1º de la Ley 75 de 1968, como atrás se destacó.
b) Ese medio de convicción carece de anotaciones que indiquen que el reconocimiento se produjo por alguna de las otras formas contempladas en el precitada norma, o por sentencia judicial, careciendo de tal alcance la nota final que reza: “Modificación del Registro: Por medio de la Decisión ZI. Verf/1/1289/1-1946 del 16.9.1946, se concedió al menor de edad el Apellido ‘Hoffmann’, por medio de otorgamiento de dicho nombre (‘Namensgebing’)”.
4.4. Así las cosas, con observancia de las normas jurídicas colombianas que disciplinan el estado civil de las personas y la filiación paterna, tanto la legítima, hoy mejor llamada matrimonial, como la extramatrimonial, se concluye, en definitiva, que en ningún error incurrió el Tribunal cuando aseveró que la actora no demostró su condición de hija del señor Franz Hoffmann Schmidtaler, toda vez que, ciertamente, su registro civil no acredita ese parentesco y las demás pruebas recaudadas no son idóneas para esa demostración, amén que tampoco informan tal hecho.
5. El cargo examinado, por consiguiente, no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 7 de febrero de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Familia, en el proceso ordinario que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído.
Costas en casación a cargo de la impugnante. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 6.000.000, habida cuenta que la parte demandada replicó en tiempo la demanda con la que se sustentó dicho recurso. Por la Secretaría de la Sala, practíquese la correspondiente liquidación.