Source: http://mbrfiscal.com/la-reconsideracion-administrativa/
Timestamp: 2013-12-11 16:55:18
Document Index: 33733602

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 71', 'ARTÍCULO 36', 'artículo 36', 'artículo 114', 'artículo 36']

Asesores fiscales y patrimoniales
La reconsideración administrativa
Publicado el 30/05/2012 por roberto	El recurso de reconsideración como estrategia para impugnar una resolución administrativa cuando los términos para ejercer un medio de defensa ordinario se han agotado.
Todo orden jurídico contempla derechos y obligaciones para los sujetos a quien va dirigida la norma; la materia fiscal no constituye excepción a ello así, entre otras garantías, el contribuyente tiene el irrenunciable derecho de ser oído y vencido en juicio mediante un procedimiento seguido a forma de juicio y con las formalidades esenciales que establezcan las leyes, lo anterior tiene su génesis en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Así el contribuyente, por disposición constitucional, siempre tendrá el irrenunciable derecho a defenderse de una resolución que le sea dada a conocer por cualquier autoridad fiscal, ya sea mediante un recurso de revocación, juicio contencioso administrativo o, en su caso, el juicio de amparo, en este orden de ideas, la ley prevé plazos para ejercer el derecho a defenderse, dichos términos se encuentran contenidos en las leyes o códigos que regulan la materia objeto de la resolución a impugnar, lo anterior en tratándose de recursos administrativos. Ahora bien, cuando se trata de impugnar una resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debemos tomar en cuenta que el término previsto para interponer el juicio contencioso administrativo es de45 días, no obstante lo anterior, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece que cuando en las resoluciones que se emitan las autoridades no establezcan el plazo que tiene el contribuyente para interponer los medio de defensa, se duplicará el término antes señalados, es decir, éste será de noventa días. Cabe resaltar que derivado de las reformas, publicadas el pasado 10 de diciembre de 2010, a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, es necesario tomar en cuenta los términos que regirán a los llamados juicios sumarios en razón de la cuantía, para su oportuna promoción. Ahora bien, suele suceder por diversas razones fenecen los términos antes comentados, razón por la cual, en forma aparente, no queda otra salida más que el pago de las cantidades determinadas por la autoridad.
Pudiera pensarse que el único camino que queda es el de efectuar el pago del crédito fiscal pero esto no es así, ya que no todo esta perdido, por ello se hace indispensable conocer todas las posibilidades que las leyes nos otorguen con el objetivo de sacar el máximo provecho de ello, en este orden de ideas, el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación contempla la figura de la reconsideración administrativa, que básicamente consiste en solicitarle a la propia autoridad, que revise y reconsidere una resolución que afecta los intereses del contribuyente.
A partir del 1 de enero de 1996, se reformó el numeral anteriormente citado, al cual se le adicionaron los párrafos tercero y cuarto, mismos que actualmente se encuentran vigentes. En términos simples, la figura de la reconsideración administrativa, tiene como propósito establecer un trato más justo a los contribuyentes en los casos en los que notoriamente les asista la razón
El Ejecutivo Federal, dada la facultad que le confiere el artículo 71 de la Ley Suprema, envió al Congreso de la Unión la creación de un procedimiento excepcional mediante el cual las autoridades fiscales estarán en posibilidad de revisar sus propias resoluciones, desfavorables al particular, pudiendo, en su caso, confirmarlas, modificarlas o revocarlas.
A efecto de analizar la disposición en comento, se hace la siguiente transcripción:
“Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal.”
“Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes.”
De la trascripción anterior se desprende lo siguiente:
1) Constituye una facultad discrecional para la autoridad.
2) Que la resolución a reconsiderar, se haya emitido en franca contravención a las disposiciones fiscales.
3) Que no se haya interpuesto medio de defensa alguno.
4) Que haya transcurrido el término que para la prescripción establece el Código Fiscal.
La potestad de revisar y de reconsiderar que prevé la norma transcrita, tiene por objeto el constituir una forma de autocontrol de los actos administrativos en el ámbito fiscal, y su finalidad es el que prevalezca, esencialmente, el derecho sobre cualquier resolución que adolezca de las formalidades indispensables para considerarse legal.
En ese sentido, es de resaltar lo que establece el último párrafo del numeral previamente citado, en el sentido de que la resolución recaída a un recurso no podrá ser impugnada, debiendo entender por ello, que no podrá ser combatida mediante medio de defensa ordinario alguno, sin embargo: la mencionada resolución debe emitirse debidamente fundada y motivada, luego entonces, al carecer de los mencionados requisitos de validez, violenta las garantías individuales, mismas que son susceptibles de atacarse a través del juicio de garantías.
Así lo estableció nuestro Máximo Tribunal al emitir la siguiente jurisprudencia:
Registro No. 175015
Tesis: 2a./J. 61/2006
RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1996. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL RESULTADO EN CUANTO AL FONDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el ejercicio de las facultades conferidas a las autoridades hacendarias para revisar y, en su caso, modificar o revocar por una única vez las resoluciones administrativas que emitan sus inferiores jerárquicos que sean desfavorables a los intereses de los particulares, que se prevé en el artículo 36, tercero y cuarto párrafos, del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1o. de enero de 1996, no constituye un recurso ni una instancia jurisdiccional a través del cual puedan combatirse tales determinaciones, en la medida en que la reconsideración administrativa se instituyó como un mecanismo excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos en materia fiscal, que tiene como fin otorgar un trato justo a los contribuyentes que notoriamente les asista la razón y que hubieran perdido toda posibilidad de controvertirlos, siempre que el crédito no haya prescrito, lo que justifica el que estas resoluciones no puedan ser controvertidas a través de algún medio ordinario de defensa. Ahora bien, la resolución que recaiga a dicha reconsideración está sujeta a los requisitos de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su incumplimiento puede combatirse en amparo indirecto en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de la materia, si se estima que aquélla es violatoria de garantías.Lo anterior porque el juicio de amparo no es un medio de defensa ordinario, sino un medio de control constitucional que conforme a su naturaleza tiene el carácter de extraordinario, como se desprende de los artículos 103 y 107 constitucionales que lo regulan, por lo que procede únicamente respecto de aquellos actos contra los cuales la ley secundaria no concede recurso alguno, por virtud del cual puedan repararse los perjuicios que dichos actos ocasionan al particular.
En conclusión, es dable afirmar que cuando se han agotado los términos previstos en las disposiciones fiscales para interponer los medios de defensa ordinarios, no todo esta perdido, el recurso objeto de esta colaboración constituye el medio idóneo para ejercer el derecho de defensa con que cuenta el contribuyente.
L.C. y L.D. Roberto Valenzuela Lozano
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