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Timestamp: 2018-10-22 04:08:33
Document Index: 62462405

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 90', 'artículo 241', 'artículo 25', 'artículo 27']

Resolución de TEAC, 00/3746/2005, 31-05-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3746/2005 de 31 de Mayo de 2007
No es actividad económica de promoción inmobiliaria la simple gestión para obtener el cambio de régimen urbanístico de unos terrenos, por lo que no es aplicable el beneficio de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).
En la Villa de Madrid, a 31 de mayo de 2007, visto el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesto por la entidad ..., S.L. con CIF: ..., y en su nombre y representación por Don ..., con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra la Resolución dictada en fecha 19 de agosto de 2005 por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., en la reclamación económico administrativa número ..., relativa, a la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1999, con un importe de 1.789.305,54 euros.
PRIMERO: ..., S.L., fue objeto de actuaciones inspectoras por parte de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., en relación con el Impuesto sobre Sociedades y el ejercicio 1999, que dieron lugar a la incoación, el 5 de marzo de 2003, de Acta de Disconformidad, modelo A02, número ..., emitiéndose en igual fecha el preceptivo informe ampliatorio.
La liquidación propuesta en el Acta, determinaba una deuda tributaria a ingresar por importe de 1.789.305,55 euros, que presentaba el siguiente desglose:
CUOTA 1.541.394,43
INTERESES DE DEMORA 247.911,12
DEUDA A INGRESAR/A DEVOLVER 1.789.305,55
SEGUNDO: Transcurrido el plazo para la presentación de las correspondientes alegaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56.1 del RD 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Inspección de los Tributos (RGIT), sin que éstas se hubieren producido, se dictó Acuerdo de liquidación, el día 18 de agosto de 2003, por el que se confirmaba la propuesta de regularización contenida en el Acta, que fue notificado a la obligada tributaria en fecha 26 de agosto.
1. Las actuaciones inspectoras se iniciaron mediante Comunicación de inicio de fecha 10 de julio de 2002, habiendo sido notificada al interesado el 3 de septiembre de 2002. Las actuaciones tienen carácter parcial, limitándose a la comprobación de:
- La dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) del ejercicio 1999.
- La materialización y permanencia de las dotaciones a la RIC de los ejercicios 1996, 1997 y 1998.
- La deducción por Inversiones en Canarias del ejercicio 1999.
2. El obligado tributario se constituyó mediante Escritura Pública de 25 de febrero de 1972.
Según el artículo 2 de los Estatutos sociales, constituía su objeto social la construcción, ampliación y explotación de hoteles y actividades conexionadas con dicho objeto; dicho objeto social fue ampliado mediante Escritura de 10 de marzo de 1999, a una diversidad de actividades que van desde la explotación agrícola hasta la importación-exportación, pasando por toda actividad relacionada con el ramo de la construcción.
3. La entidad está dada de alta en el Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas 1612 "Captación de agua", y la actividad principal desarrollada es la de "arrendamiento de inmuebles", para la cual cuenta con la organización empresarial necesaria, según se ha comprobado en las actuaciones inspectoras.
4. La sociedad redujo el resultado contable en 732.761.297 pesetas (4.403.984,09 €) por dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias en el ejercicio 1999.
Los beneficios declarados por la entidad tienen su origen en el resultado extraordinario obtenido por la enajenación de inmovilizado, ya que la actividad ordinaria de la sociedad resultó deficitaria.
Así la Inspección entendió que se debe proceder a la regularización de la dotación de la R.I.C. del ejercicio 1999, por considerar que, el beneficio obtenido en la enajenación no es apto para acogerse a este beneficio fiscal, ya que se deriva de una renta extraordinaria generada por la mera tenencia o titularidad de activos no relacionados con el desarrollo de una actividad económica.
5. El desglose de las partidas que constituyen el haber de la cuenta de Pérdidas y Ganadas es el siguiente:
- Importe neto de la cifra de negocios: 16.350.138 pesetas (98.266,31 €), correspondiendo a las actividades de captación de agua y arrendamientos.
- Beneficio en enajenación de inmovilizado: 1.551.000.000 pesetas (9.321.697,74 €), correspondiendo a la enajenación de un terreno que no estaba afecto a actividad alguna.
El bien transmitido fue una parcela urbana situada en ..., término municipal de ... en ..., que había sido adquirido por 31.000.000 pesetas (186.313,75 €) y que se vendió en 1.582.000.000 pesetas (9.508.011,49 €) el 2 de julio de 1999.
El importe de la transmisión se percibió de forma aplazada, así:
- Año 1999: 864.716.814 pesetas (5.197.052,72 €).
- Año 2000: 441.182.048 pesetas (2.651.557,51 €).
- Año 2001: 245.101.138 pesetas (1.473.087,51 €).
- Ingresos financieros: 158.988 pesetas (955,54 €), correspondiendo a retribución de las cuentas bancarias.
- Otros ingresos: 12.059 pesetas (72,48 €).
El acuerdo de liquidación concluye que "Con los datos anteriormente señalados se observa que el obligado tributario calcula la reducción por dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias incluyendo como base de cálculo el beneficio obtenido por la enajenación del terreno no afecto a la actividad. Este beneficio, sin embargo, no se considera apto para acogerse a la R.I.C. puesto que se trata de un beneficio extraordinario que procede de la mera titularidad de un activo fijo que no está relacionado con la actividad económica". Por ello, se procede a incrementar la base imponible del Impuesto del ejercicio 1999 en 732.761.297 pesetas (4.403.984,09 €).
CUARTO: Disconforme con el acuerdo de liquidación anteriormente mencionado, en fecha 10 de septiembre de 2003, la interesada interpuso reclamación económico-administrativa, referenciada con el número ..., ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., al amparo del artículo 2.a) del RD 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas (RPREA).
En fecha 26 de noviembre de 2003, se notificó a la entidad, la puesta de manifiesto del expediente administrativo, presentando, tras la prórroga del plazo otorgado, con fecha 29 de diciembre de 2003, el correspondiente escrito de alegaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 90 del RPREA.
a) En primer lugar, la entidad alega que dentro de su objeto social se encuentra el de promoción inmobiliaria, que además figura "dada de alta desde 1991 en al actividad de compraventa de terrenos, epígrafe 615.1 de la Licencia Fiscal entonces vigente, referente a la venta de edificaciones y de terrenos que tengan la consideración de suelo, según acredita con testimonio notarial de la declaración de alta en la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, modelo 881. Asimismo figura desde esa fecha inscrita en el Censo en la referida actividad, lo que se acredita igualmente con el testimonio notarial de la declaración censal modelo 036".
"Con los referidos antecedentes que se han dejado acreditados (y sin perjuicio de que se acredite asimismo en fase probatoria), no cabe sostener, como afirma la Inspección, que el beneficio obtenido por ..., S.L. en el ejercicio 1999 al transmitir los terrenos afectos al PAU, Plan Parcial y Proyecto de Urbanización ..., es un beneficio derivado de la mera titularidad de activos no relacionados con actividad económica, sino que, por el contrario, estamos ante una actividad de promoción inmobiliaria realizada desde muchos años atrás, sujeta a los vaivenes de la batalla administrativo-judicial que se ha dejado expuesta en los apartados anteriores, actividad que nunca renunció a ejercer, como lo prueba la aprobación oficial de dos Planes Parciales y dos Proyectos de Urbanización diferentes, primero el de ... y luego el de ...".
b) En segundo lugar señala que, aún en el supuesto de que se considerara que el beneficio de la venta procede de un bien no afecto a la actividad económica, la normativa reguladora de la RIC sólo exige que la dotación se efectúe con cargo a los beneficios del ejercicio, sin hacer distinción entre los beneficios ordinarios o extraordinarios de la empresa.
Finalmente solicita al TEAR que dicte "resolución en cuya virtud se declare el derecho de mi representada a dotar la Reserva para Inversiones en Canarias en el ejercicio 1999 con el beneficio de la venta de los terrenos afectos al Plan Parcial y Proyecto de Urbanización ..., y en consecuencia, anule el acuerdo de liquidación impugnado, con indemnización de los daños y perjuicios sufridos por tal motivo, entre ellos los gastos originados por la suspensión del ingreso de la deuda tributaria.
QUINTO: El día 19 de agosto de 2005, el Tribunal Regional de ... dictó fallo acodando desestimar, en primer instancia, la reclamación económico-administrativa presentada y confirmar el acuerdo impugnado.
La resolución fue notificada a la interesada el 28 de septiembre de 2005.
SEXTO: En fecha 28 de octubre de 2005, ..., S.L., al amparo del artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), interpuso, en plazo, recurso de alzada ante este Tribunal Central frente a la reseñada Resolución del Tribunal Regional, mediante escrito en el que reitera, en síntesis, las alegaciones vertidas en primera instancia.
SEGUNDO: Las cuestiones planteadas en el mismo se centran en determinar si las dotaciones efectuadas por la entidad ..., S.L. en el ejercicio 1999, son aptas para la dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias, y en particular, si existe o no afectación de los terrenos transmitidos a la actividad económica de la empresa, y en su defecto, si las dotaciones pueden efectuarse con cargo a beneficios de carácter extraordinario.
Este beneficio fiscal se aplicará de acuerdo a lo dispuesto en los apartados 3 a) 8 de este artículo, en los mismos términos que los exigidos a las sociedades y demás entidades jurídicas".
QUINTO: La primera de las cuestiones planteadas por el recurso de alzada presentado por el contribuyente, es la de determinar si los terrenos transmitidos en 1999, cuyo beneficio se utilizó por la entidad para la dotación de la RIC de ese periodo, tienen la consideración de activos afectos a una actividad económica, y en particular, a la actividad económica de promoción inmobiliaria.
En este sentido, alega la entidad que durante el ejercicio de referencia, realizaba tres actividades distintas: la de captación de agua, la de arrendamiento de inmuebles y la de compraventa de terrenos. Seguidamente, reconoce compartir la afirmación de la Inspección de que los terrenos transmitidos no se encontraban afectos a ninguna de las dos primeras actividades, pero que sin embargo sí lo estaba a la actividad de promoción inmobiliaria.
Para acreditar tal afectación, así como el desarrollo de dicha actividad, la entidad manifiesta que "en ningún momento, ha pretendido basar la prueba de la actividad económica exclusivamente en el objeto social, sino como un indicio, entre otros, de su prolongada actividad dedicada a la urbanización y promoción inmobiliaria, hasta el punto de lograr, tras vencer numerosas dificultades, la aprobación de dos Planes Parciales y dos Proyectos de Urbanización, indicio, el del objeto social, que naturalmente ha de valorarse junto a los otros documentos acreditativos de la actividad de mí representada aportados al expediente. Obviamente, la aprobación de los Planes Parciales y de los Proyectos de Urbanización constituyen el paso necesario para proceder a la venta de los terrenos urbanos que se realiza en la escritura de 2-7-1999 y de los hechos acreditados: objeto social, altas en el Censo y en la Licencia Fiscal, promoción de dos Planes Parciales y dos Proyectos de Urbanización, escritura de compraventa, se desprende claramente la voluntad de mí representada de ejercer la actividad de compraventa de terrenos urbanos".
De los documentos aportados por la entidad en primera instancia, este Tribunal reconoce que la misma efectuó todos los trámites necesarios para lograr la aprobación del Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial "...", sobre los terrenos transmitidos, así como la existencia del Proyecto de Urbanización, pero sin embargo, considera que ello no es suficiente para entender que la entidad desarrolló la actividad de urbanización y promoción inmobiliaria sobre el terreno en cuestión, ya que la entidad, una vez aprobado definitivamente el Plan, procedió, antes de iniciar la ejecución de las obras de urbanización, a la enajenación del mismo.
De acuerdo con la escritura de venta de 2 de julio de 1999, el terreno se transmite sin que sin hubieran iniciado las obras para ejecutar el proyecto de urbanización, cuya obligación asume la parte compradora del inmueble.
En el caso que nos ocupa, la entidad no ha desarrollado, respecto al terreno enajenado, una auténtica actividad de promoción ni urbanización inmobiliaria, ya que sus actuaciones se han limitado, eso sí, con resaltable insistencia, a conseguir que el mismo se incluyera dentro del Plan de Actuación Urbanística, y por ende, su calificación como urbanos, para, una vez obtenido, proceder, sin efectuar las obras de ejecución dirigidas a la urbanización de los terrenos y la promoción inmobiliaria, a transmitir los mismos, que tras dichas actuaciones habrían elevado considerablemente su valor, al pasar de ser simples "eriales rústicos" a suelo urbano.
Es por ello, que al no considerarse que en relación al inmueble controvertido, la entidad haya realizado actividad económica alguna, debemos confirmar el criterio seguido por la Inspección de entender que el beneficio obtenido con su venta, deba calificarse como "una renta extraordinaria generada por la mera tenencia o titularidad de activos no relacionados con el desarrollo de una actividad económica", desestimando la primera alegación de la interesada.
Determinada la inexistencia de la actividad de promoción y urbanización, este Tribunal no entiende necesario entrar a examinar si se dan o no los requisitos del artículo 25.2 de la Ley 40/1998, que por otra parte nuestra normativa tributaria sólo exige en relación a las actividades de arrendamiento y compraventa de inmuebles, y no en relación a la promoción inmobiliaria.
SEXTO: Como cuestión subsidiaria, la entidad alega que del artículo 27 de la Ley 19/1994 "no se desprende la imposibilidad, aún en el supuesto de que se estimara que el beneficio de la venta procede de un bien no afecto a actividad económica alguna, dotar la RIC con aquél, dado que lo que exige la referida norma es que la dotación proceda del beneficio del ejercicio, sin hacer distinción alguna entre beneficio ordinario o extraordinario de la entidad mercantil que se acoge a este incentivo fiscal a la inversión".
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 124/2009, 16-02-2012
Orden: Administrativo Fecha: 16/02/2012 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Navarro Sanchis, Francisco Jose Num. Recurso: 124/2009
IS R.D.LEG. 4/2004 - REG ESPECIALES - EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN - ART. 108: PEQUEÑA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Materia131953 - IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES R.D.LEG. 4/2004 - REGÍMENES ESPECIALES - EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓNPreguntaUna entidad que realiza una pequeña actividad económica, pero más del 50% de sus ingresos derivan de la mera titularidad...
Resolución de TEAC, 00/3717/2005, 31-05-2007
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 31/05/2007 Núm. Resolución: 00/3717/2005