Source: http://studylib.es/doc/366514/inmisiones-indirectas--tutela-jur%C3%ADdico-privada
Timestamp: 2018-02-18 06:53:57
Document Index: 374923126

Matched Legal Cases: ['artículo 2314', 'artículo 2319', 'artículo 2319', 'in fine', 'in fine', 'artículo 291']

Inmisiones indirectas: Tutela jurídico privada
OBJETO DE LA RELACION JURÍDICA: Patrimonio.
1. Patrimonio: Concepto.
El conjunto de los bienes de una persona constituye su patrimonio
(art. 2312 CC).
Dentro del conjunto vasto y heterogéneo de derechos de que las
personas son titulares (derechos personalísimos, políticos, de familia,
reales, creditorios, intelectuales, etc.) hay algunos que sirven para la
satisfacción de sus necesidades económicas y que por ello pueden
apreciarse en dinero; el conjunto de estos derechos constituye su
Quedan, por consiguiente, fuera de él los inherentes a la personalidad (tales
como el derecho al honor, a la vida, a la libertad) y los de familia (como los que nacen
entre cónyuges, la patria potestad, tutela, curatela, etc.), aunque a veces tienen
repercusión económica. Así, por ejemplo, una lesión corporal producida por un hecho
ilícito hace nacer el derecho a la indemnización de los daños, pero el derecho a la
integridad física, afectado no tiene por objeto satisfacer necesidades de carácter
económico. Es verdad que, en caso de una lesión a la vida, a la libertad, al honor, el
daño causado se repara con el pago de una suma de dinero; pero ello no significa que
aquellos derechos sean apreciables en numerario, sino que el hombre, en la insuficiencia
de sus posibilidades, no posee otra forma de compensar el daño sufrido; pero el dinero
será siempre un medio grosero e imperfecto de reparación. Si, en cambio, se tratara de
una lesión a un derecho patrimonial, la reparación será plena y perfecta.
Tampoco forman parte del patrimonio algunos hechos económicamente valiosos,
como son la fuerza o capacidad de trabajo de una persona, la clientela, etcétera.
La doctrina nacional en forma generalizada, con la casi única excepción
de Guillermo Borda sostiene que el patrimonio no sólo estará formado por
derechos, sino también por las deudas.
Los derechos patrimoniales son aquellos que sirven para la
satisfacción de las necesidades económicas del titular y que son
susceptibles de valor.
Tradicionalmente se dividen en dos grandes categorías: reales y
personales; en el derecho moderno se hace necesario admitir una tercera
categoría, distinta de las anteriores, la de los derechos intelectuales.
A) Derecho real es un poder o facultad que se tiene directamente
sobre una cosa; el típico es el derecho real de dominio, que importa un
poder de señorío, de goce y de disposición de la cosa.
B) Derecho personal, en cambio, es la facultad que se tiene de exigir
de otra persona el cumplimiento de una obligación; en otras palabras, es
una vinculación jurídica que une a dos personas –una sujeto activo, otra
sujeto pasivo- (o grupos de personas) en virtud de la cual el deudor (sujeto
pasivo) debe satisfacer al acreedor (sujeto activo) la prestación debida (la
prestación es conducta humana que puede consistir en un dar, en un hacer o
un no hacer). Tal es el caso de la obligación de pagar una suma de dinero,
de hacer una obra, de prestar un servicio, o de abstenerse de hacer algo.
De esta diferencia conceptual se siguen las siguientes diferencias.
a) En los derechos reales no hay sino dos elementos: el titular y la
cosa sobre la cual se ejerce el derecho; en los personales, en cambio, hay
tres: el sujeto activo o acreedor, el sujeto pasivo o deudor y lo debido o
prestación, que puede consistir en una obligación de dar (si, por ejemplo, se
debe una suma de dinero), de hacer (v.gr., el contrato de trabajo) o de no
hacer (como es la obligación del locador de abstenerse de todo acto que
importe perturbar al inquilino en el goce de la cosa locada).
b) Los derechos reales se llaman absolutos en el sentido de que se tienen erga
omnes, contra cualquiera que pretenda perturbar al titular en el goce de la cosa; dan
origen a acciones reales, cuyo objeto es mantener el derecho y que se ejercen tantas
veces como sea necesario para defenderlo. Los personales son relativos, pues se tienen
contra personas determinadas, que son el o los deudores; por eso, las acciones
personales sólo pueden dirigirse contra ellos y tienden a la extinción del derecho, pues
una vez cobrado el crédito cesa la obligación.
c) El titular de un derecho real goza del jus persequendi, o sea la facultad de
hacerlo valer contra cualquiera que se halle en posesión de la cosa; aunque el principio
no es absoluto y sufre excepciones: una de ellas sería el caso del poseedor de buena fe
de cosas muebles, contra quien no puede ejercerse reivindicación (art. 2412) Los
derechos personales, en cambio, no gozan de este privilegio.
d) También es inherente al derecho real el jus preferendi, en virtud del cual
descarta a todos los derechos creditorios y, además, determina su rango según su
antigüedad (como en la hipoteca) o excluye cualquier otro (como el dominio). El
derecho personal, al menos en principio, supone una completa igualdad para sus
diversos titulares, salvo el caso de privilegios.
e) Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley y, por ello,
El Código Civil enumera el dominio y el condominio, el usufructo, el
uso y la habitación, las servidumbres activas, el derecho de hipoteca, la
prenda, la anticresis, la superficie forestal (art. 2503 CC). Habría que agregar,
todavía la posesión, los establecidos en otras leyes civiles como la propiedad civil y los
derechos reales del derecho mercantil: la prenda con registro, el warrant, etc. La
prohibición de que las partes interesadas puedan crear otros derechos reales que
aquellos establecidos en la ley (art. 2502) obedece a la preocupación del poder público
por todo lo atinente al régimen de la propiedad, a la cual se vinculan estrechamente
ellos, y que podría quedar alterada en sus mismos fundamentos si se admitiese la
libertad de convenciones; es éste un problema de capital importancia para el orden
económico social. En cambio, los derechos personales son ilimitados en su
número; las partes pueden crear tantos como convenga a sus intereses,
formando el contrato una regla a la cual deben someterse como a la ley
misma (art. 1197 Cód. Civ.).
C. Derechos intelectuales.- En el derecho antiguo no se conocían otros
derechos patrimoniales que los reales y los personales. La explotación económica de la
producción artística estaba suficientemente protegida con ellos: el escultor, el pintor, el
artesano eran dueños de su obra y podían venderla. La literatura, en cambio, no ofrecía
iguales posibilidades, puesto que la reproducción era manuscrita y, por tanto, el número
de ejemplares limitadísimo. El aprovechamiento económico de la obra literaria era
imposible y los autores, si no tenían fortuna propia, debían vivir de la generosidad de
algún Mecenas.
Fue la invención de la imprenta la que creó el problema, al permitir la
reproducción de grandes números. El autor se vio de pronto ante la posibilidad de
obtener apreciables ganancias con la venta de ejemplares. Pero si bien se advirtió desde
un comienzo la justicia de reconocerle al autor el derecho de lucrar con el producto de
su ingenio, la imprenta creó otro problema no menos importante: hizo fácilmente
reproducibles y divulgables todas las ideas políticas, económicas y religiosas, lo que se
juzgaba peligroso para el Estado de aquella época. Se imaginó, entonces, un recurso que
permitía conciliar el interés pecuniario del autor con el contralor de lo que pretendía
imprimirse: la Corona concedía un privilegio para publicar la obra, si ésta no contenía
nada que pudiera ser objeto de censura.
El sistema era, desde luego, insatisfactorio, puesto que los derechos del autor
quedaban librados al arbitrio del Príncipe; y cuando la Revolución Francesa hizo
triunfar el principio de la libertad de imprenta, era ya inevitable reconocer a los autores
un verdadero derecho de reproducir sus obras y explotarlas económicamente, sin
depender de la concesión graciosa de un privilegio; y para acentuar categóricamente su
calidad de derecho natural, no susceptible de ser desconocido, se lo llamó propiedad
intelectual, denominación que, pese a su evidente impropiedad, tuvo éxito, precisamente
porque importaba una reafirmación del derecho.
Casi al mismo tiempo sobrevino otro problema igualmente desconocido en la
antigüedad. El maquinismo y la gran industria dieron lugar a la valoración económica
de los inventos técnicos y científicos. La nueva figura jurídica de los derechos
intelectuales venía también a proteger a los inventores.
Se trata de una tercera categoría de derechos patrimoniales, de
naturaleza sui generis. Puede definirse como un derecho a la explotación
económica temporaria de la obra o idea intelectual, por el autor.
La obra artística, técnica, científica, etcétera, origina, además de los
derechos intelectuales de naturaleza patrimonial, el llamado derecho moral
de autor. Es un derecho personalísimo, nacido de la necesidad de proteger
eso tan íntimo y profundo que es el propio pensamiento. El autor tiene
derecho a cuidar la integridad de la idea u obra, a perfeccionarla, a
oponerse a que se deformen sus conceptos; puede decidir si la obra ha de
publicarse o no, y en qué momento. En fin, puede oponerse a su
publicación e, inclusive, destruirla. Este último derecho no es sin embargo
absoluto. Parece justísimo reconocerlo en ciertos casos, como ocurriría con un literato
o filósofo que sufre una evolución espiritual y abomina de sus primeras obras; aun
cuando hubiera cedido sus derechos intelectuales sobre éstas a un tercero, conserva
siempre el derecho a destruirlas, quedando obligado, desde luego, a indemnizar al
cesionario. Pero si se trata de obras expresadas en un solo ejemplar (cuadros, esculturas)
el autor únicamente puede destruirlas si es, al propio tiempo, dueño de la cosa.
El derecho moral de autor, de naturaleza extrapatrimonial, se vincula
con la personalidad misma del hombre y es, por lo tanto, intransmisible e
3. Bienes y Cosas.
A. La palabra bienes es usada en nuestra legislación con dos
significados distintos. En su acepción genérica, designa todos los objetos
materiales e inmateriales susceptibles de valor económico (art. 2312) Cód.
Civ.); las cosas quedan, pues, incluidas dentro de este concepto general.
En su significado restringido, bienes, por oposición a cosas, designa
los objetos inmateriales económicamente valiosos.
B. Dentro de la terminología de nuestro Código, se llaman cosas a
los objetos materiales susceptibles de tener un valor (art. 2311)
Ahora bien: ese valor económico implica que la cosa debe ser susceptible de
aprehensión por los individuos. Así, por ejemplo, el aire, el mar, que no pueden ser
poseídos exclusivamente por nadie y que están al servicio de todos los hombres, no son,
jurídicamente hablando, cosas.
Entre muchas clasificaciones sólo nos referiremos a éstas:
a. Cosas muebles e inmuebles
La posibilidad de moverse preside esta primera y más importante
división de las cosas. Los inmuebles se encuentran fijos en un lugar; los
muebles, en cambio, pueden trasladarse de un sitio a otro, ya sea por sus
propios medios (semovientes) o por una fuerza externa. Esta regla, sin
embargo, no es absoluta.
I. Cosas inmuebles.- Los inmuebles pueden ser tales por su
naturaleza, por accesión, por destino, o por su carácter representativo.
i. Inmuebles por naturaleza.- Según el artículo 2314: Son
inmuebles por su naturaleza las cosas que se encuentran por sí mismas
inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman
su superficie y profundidad; todo lo que está incorporado al suelo de una
manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del
Esta es una inmovilidad natural, que no depende del obrar humano.
Abarca, ante todo, la tierra misma, con sus superficies sólidas o fluidas; se
comprenden en este concepto inclusive los ríos porque, aunque sus aguas
se desplazan, el cauce permanece siempre en el mismo lugar. Asimismo, lo
que está incorporado al suelo de una manera orgánica, como son los
vegetales en general (árboles, cereales, plantas florales, etc.). Pero la
incorporación debe tener carácter permanente; de ahí que los almácigos que están
destinados a transportarse de un lugar a otro sean muebles (nota al art. 2315) Tampoco
son inmuebles las plantas de maceta, puesto que no están incorporadas al suelo y
pueden moverse.
Finalmente, alude el artículo comentado a todo lo que se encuentra
bajo el suelo sin el hecho del hombre. Tal es el caso de los minerales
sólidos, líquidos o gaseosos: minas de metales preciosos, napas petrolíferas
o gaseosas, etcétera
La inmovilización, casi está de más decirlo, cesa no bien las cosas dejan de estar
incorporadas al suelo o de formar parte de él. Los minerales extraídos, los frutos
cosechados, son muebles desde el instante en que se los separa de la tierra.
ii. Inmuebles por accesión física.- Son inmuebles por accesión las
cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión
física al suelo, con tal que esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad
(art. 2315), Cód. Civ.).
La razón es que dichas cosas forman un todo inseparable con el
suelo, sin el cual, por así decirlo, no se concibe su existencia. Tal sería el
caso de los edificios, pues no obstante haberse formado de partes muebles
(ladrillos, cañerías, cemento, puertas, ventanas, etc.), el todo forma algo
separado y diferente de las partes, que sólo puede existir adherido
físicamente al suelo.
La adhesión física al suelo debe tener carácter de perpetuidad, es
decir, que tendrá que haberse realizado con el propósito de hacerla durar
todo el tiempo que su conservación lo permita. Las adhesiones transitorias
no son inmuebles; tal es el caso de los pabellones de una exposición, la
tienda de un circo, los galpones levantados para guardar materiales de una
obra, etcétera.
A diferencia de los inmuebles por destino, no interesa aquí la persona que realiza
la adhesión; puede ser el propietario, el arrendatario, el simple poseedor a título
precario, pues ello no altera el hecho de la adhesión física, determinante de la
Sin embargo, las cosas muebles que están adheridas al inmueble en mira de la
profesión del propietario o de una manera temporaria, conservarán su naturaleza de tales
no obstante hallarse fijadas en el edificio (art. 2322, Cód. Civ.). Tal es el caso de los
aparatos de un dentista, el taller de un carpintero, etcétera. En cambio, deben
considerarse inmuebles las maquinarias de una fábrica, ya sea que se las incluya dentro
de esta categoría, por estar adheridas físicamente con carácter permanente al edificio, ya
sea que se las considere inmuebles por destino
La inmovilización por accesión cesa desde que los muebles son separados del
suelo; tal ocurre, por ejemplo, con los materiales de demolición de un edificio, que
deben reputarse muebles aunque los propietarios se propusieran construir de inmediato
otro (art. 2319, Cód. Civ.).
iii. Inmuebles por destino.- Se llaman inmuebles por destino las
cosas muebles puestas por el propietario al servicio de un inmueble (arts.
2316 y 2320, Cód. Civ.).
Para que estas cosas, que no quedan adheridas al suelo, ni
inmovilizadas, sean reputadas inmuebles es necesario:
1) que hayan sido puestas al servicio del inmueble; debe haber entre el fundo y
los muebles una relación de destino, de modo que éstos sirvan a la finalidad de aquél;
2) que hayan sido puestas en él con carácter permanente;
3) que las haya colocado el propietario, sus representantes o los arrendatarios, en
ejecución del contrato de arrendamiento (art. 2320 Cód. Civ.). Si hubiesen sido puestas
por los usufructuarios, sólo se considerarán inmuebles mientras dure el usufructo (art.
2321, Cód. Civ.).
Ejemplo de inmuebles por destino son los arados y útiles de labranza
de un fundo, los bancos de un colegio, el lecho, mesas, sillas de una casa
habitación, etcétera. En cambio no lo son el dinero, los documentos y papeles, las
colecciones científicas o artísticas, los libros y sus estantes, las medallas, las armas, los
instrumentos de artes y oficios, las joyas, las ropas de uso, los granos, caldos,
mercaderías, ni otras cosas que no formen el ajuar de la casa (art. 2323 Cód. Civ.). Casi
era innecesario que la ley lo dijera expresamente, porque es evidente que estas cosas no
están al servicio del inmueble
Al crear la categoría de inmuebles por destino se ha perseguido una finalidad práctica, como es
la de evitar la separación entre el inmueble, y los accesorios necesarios para su explotación o su
aprovechamiento más cómodo y eficaz; de tal manera, el legado de un inmueble, por ejemplo, supone el
de los muebles que lo adornan. Pero esta razón resulta muy pobre para justificar semejante creación
"contra natura". Se introduce con ella confusión en conceptos que debieran ser claros, se violenta la
naturaleza de las cosas; y todo inútilmente, pues al fin perseguido se lograría atribuyendo a los muebles el
carácter de accesorios del fundo y haciéndoles seguir la suerte de la cosa principal.
La inmovilización por destino cesa desde que las cosas han sido retiradas del
fundo por quien tenga derecho a hacerlo.
iiii. Inmuebles por carácter representativo.- Son inmuebles por su carácter
representativo los instrumentos públicos de donde constare la adquisición de derechos
reales sobre bienes inmuebles, con exclusión de los derechos reales de hipoteca y
anticresis (art. 2317)
II. Cosas muebles.- Las cosas pueden ser muebles por su naturaleza
o por su carácter representativo.
i. Muebles por naturaleza.- Son muebles por naturaleza los que
pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismos, sea
que sólo se muevan por una fuerza externa, con excepción de los que sean
accesorios de los inmuebles (art. 2318, Cód. Civ.). Las que se mueven por
sí solas se llaman semovientes.
En el artículo 2319 el Código alude a diversas hipótesis que podrían resultar
dudosas y afirma que son muebles: 1) Todas las partes sólidas o fluidas del suelo,
separadas de él, como las piedras, tierra, metales, etcétera; dentro de este concepto
quedarían los árboles, las plantas y sus frutos, una vez separados del suelo. 2) Las
construcciones asentadas en la superficie del suelo con un carácter provisorio, tales
como pabellones de una exposición, la tienda de un circo, etcétera. 3) Los tesoros,
monedas y otros objetos puestos bajo el suelo. 4) Los materiales reunidos para la
construcción de edificios, mientras no estén empleados. 5) Los que provengan de una
destrucción de los edificios, aunque los propietarios hubieran de construirlos
inmediatamente con los mismos materiales.
ii. Muebles por su carácter representativo.- Según el artículo 2319,
in fine, son muebles por su carácter representativo todos los instrumentos
públicos o privados de donde constare la adquisición de derechos
personales; asimismo lo son los instrumentos públicos donde constaren
derechos reales de hipoteca y anticresis (arg. art. 2317 in fine) ( y los
públicos o privados que comprueben la existencia de derechos reales sobre
III. Muebles: Semovientes, locomoviles
Dentro de las cosas muebles, existen dos especies que en nuestros
días exigen un tratamiento especial: los semovientes, cuyo significado en la
riqueza nacional resulta obvio destacar, y los locomóviles, que tienen hoy
un gran valor económico. Esta necesidad de un régimen especial resulta
particularmente evidente en materia de transmisión de la propiedad; no es posible que el
ganado o los automotores puedan enajenarse como cualquier otra cosa mueble, sin
formalidad alguna, por la simple tradición. Este es, sin embargo, el régimen del Código
Civil, y si es explicable que VÉLEZ no pudiera prever el problema de los automóviles,
en cambio no se justifica la omisión de un régimen especial para los ganados, cuando en
su época estaba en plena vigencia el sistema de la marca.
En cuanto a los semovientes, la omisión del legislador fue llenada por los
códigos rurales, que establecieron la formalidad de la marca y de la señal registradas
para la transmisión de la propiedad del ganado. Esto importaba una exigencia no
contenida en el Código Civil y por lo tanto inválida, ya que para éste basta la tradición.
Pero la jurisprudencia, siguiendo una idea de BIBILONI, supo conciliar el régimen del
Código con la exigencia de la marca y la señal; como la propiedad de las cosas muebles
se adquiere por la posesión de buena fe (art. 2412 se ha decidido que no puede invocar
buena fe el poseedor del ganado que no ha cumplido con el régimen de marcas y
señales, impuesto no sólo por las leyes locales, sino también por una larga costumbre.
En cuanto a los automotores el decreto 6582/58, creó el Registro de
Automotores; la propiedad de los vehículos se transmite por la inscripción
en el Registro del contrato respectivo, que puede ser formalizado en
instrumento público o privado.
b. Cosas registrables y no registrables
Mientras el dominio de inmuebles debe siempre registrarse (art.
2505) para ser oponible a terceros interesados, las cosas muebles se dividen
en aquellas cuya registración es obligatoria (buques, aeronaves,
automóviles), en algunos casos para adquirir el dominio o en otros casos
sólo para la oponibilidad a terceros y aquellas cuyo registro o no es posible
(por ej., las fungibles o consumibles) o no es legalmente obligatorio (ej, un
televisor, una heladera, una computadora). Cuando hablamos de
registración nos referimos a que los derechos reales dominio, usufucto,
hipoteca, etc, sobre el bien registrable deben inscribirse en un registro
especial: Ej. Registro de la Propiedad inmueble, Registro Automotor)
4. El patrimonio como garantía de los acreedores.A. Concepto.
El patrimonio es la garantía del pago de las deudas, puesto que los
acreedores tienen derecho a ejecutar los bienes del deudor y a cobrarse de
ellos. Se dice comúnmente que es la prenda común de los acreedores. La
palabra prenda no está tomada, desde luego, en el sentido del derecho real,
que exige una cosa concreta sobre la cual recaer, mientras que el
patrimonio es cambiante. Lo que ocurre es que los bienes del deudor,
cualquiera sea la fecha de su adquisición, responden por todas las deudas;
pero el deudor mantiene la plena libertad para disponer de ellos, en tanto no
se inicie el proceso de ejecución y se trabe embargo.
Es necesario, empero, hacer dos salvedades: en primer lugar, no
todos los acreedores están en un pie de igualdad para el cobro de sus
créditos; en segundo término, no todos los bienes son ejecutables. Nos
ocuparemos de estos temas en los párrafos siguientes.
B) Distintas clases de acreedores.Puede ocurrir que los bienes del deudor no alcancen a cubrir sus
obligaciones. En tal caso, no sería justo que todos los acreedores,
cualquiera sea el origen o naturaleza del crédito y las necesidades que está
destinado a llenar, se satisfagan en un pie de igualdad. Ha sido preciso
establecer un orden de preferencias, que contemple aquel problema.
De ahí que existan distintas clases de acreedores: privilegiados y
comunes o quirografarios. Entre los privilegiados hay que distinguir
aquellos cuya preferencia surge exclusivamente de la ley y aquellos cuya
prelación se origina en un derecho real de garantía.
a) A veces es la ley por sí sola y sin ninguna intervención de la
voluntad de las partes, la que fija el orden de las preferencias. Las partes no
pueden alterar ese orden ni crear privilegios no establecidos en la ley (art.
3876). Se explica que así sea porque de lo contrario bastaría un acuerdo de
partes para perjudicar a los otros acreedores, lo que no es admisible.
Estos privilegios se clasifican en generales (que son los que recaen
sobre la generalidad de los bienes del deudor) y especiales (que son los que
recaen sólo sobre una cosa o bien determinado).
b) Los acreedores que tienen un derecho real de garantía gozan
también de una preferencia en el pago de sus créditos. Aquí interviene la
voluntad de las partes para crear el privilegio, pues son ellas las que
constituyen el derecho real. Pero esa voluntad no basta por sí sola para
crear arbitrariamente una preferencia; sólo tiene efectos si las partes se
apoyan en alguno de los derechos reales que, conforme con la ley, permiten
crear un orden de preferencias. Por ej. la hipoteca.
Es menester aclarar que la ley fija el orden de cobro de estos créditos
mencionados en a y b, sin atender sobre si derivan directamente de la ley o
de un derecho real de garantía sino según su exclusivo criterio.
c) Finalmente, los acreedores comunes o quirografarios son los que
carecen de toda preferencia; deben cobrar después de los privilegiados y de
los que tienen a su favor un derecho real de garantía y lo hacen a prorrata
de sus respectivos créditos, si los bienes del deudor no alcanzaran a
satisfacerlos en su totalidad.
C. Bienes excluidos de la garantía común.No todos los bienes están sujetos a la ejecución por los acreedores.
Es importante destacar la evolución experimentada por el derecho en este
punto, evolución inspirada en un sentimiento de caridad cristiana. De la
prisión por deudas se ha pasado al reconocimiento de que algunos bienes
son inembargables, siendo visible la tendencia a aumentarlos en número y
proporción. El motivo que inspira estas excepciones es siempre el mismo:
que no debe privarse a los hombres de lo que es indispensable para cubrir
sus necesidades más imprescindibles. Pero lo que se ha modificado
últimamente es el concepto de cuáles son esas necesidades más imperiosas,
que hoy se juzgan con espíritu amplio y generoso, incluyendo lo que es
menester para una vida decorosa y para poder trabajar.
Es necesario cuidar, sin embargo, que en este camino no se avance
más allá de los justos límites, porque ello sería favorecer la mala fe, el
incumplimiento de la palabra empeñada y burlar las legítimas esperanzas
En nuestro derecho positivo, se han declarado inembargables los siguientes
bienes, entre otros1:
a) La pensión de alimentos (art. 374 CC)
b) El usufructo de que los padres gozan sobre los bienes de sus hijos, en la
proporción necesaria para cumplir con las cargas enumeradas en el artículo 291 (gastos
de subsistencia, educación, enfermedades, intereses de capitales vencidos durante el
usufructo, etc.) (art. 292, Cód. Civ.).
c) El lecho cotidiano del deudor, su familia y sus hijos, las ropas y
muebles de su indispensable uso, los instrumentos necesarios para la
profesión, arte u oficio que ejerza). Aplicando estas normas, la
jurisprudencia ha decidido que no es embargable el juego de comedor, ni el
sofá y dos sillones que amueblan el living de una casa de familia de la clase
media, ni los muebles de escritorio o libros de jurisprudencia de un
abogado, los aparatos de consultorio de un médico o dentista (1150) , la
máquina de escribir, la heladera eléctrica, la radio, la máquina de coser, el
camión de un transportador.
Existe al respecto una gran dispersión legislativa, y numerosas leyes nacionales, provinciales, decretos
etc. que se ocupan de ello. Sólo mencionamos algunos y resaltamos las más importantes.
d) Los sueldos y salarios sólo son embargables hasta el 20% (ley
14443). Esta inembargabilidad no rige para créditos provenientes de
alimentos y litis expensas (art. 1º , ley 14443). La ley no es aplicable a los
no a los honorarios profesionales, ni a los derechos de autor, aunque si son
única entrada cabe fijar un porcentaje.
e) Los sueldos de los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales
por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercadería, salvo
determinadas proporciones y condiciones fijadas en el decreto 6574 de 1943.
f) Las jubilaciones y pensiones; salvo que el embargo tenga origen
en cuotas de alimentos o litis expensas; así lo han dispuesto las leyes de
jubilaciones para trabajadores en relación de dependencia (ley 18037, art. 44 , inc. c) y
para trabajadores autónomos (ley 18038, art. 32 Ver Texto, inc. c); disposiciones
similares tienen las leyes de jubilaciones de la Policía Federal (decreto 33.265/44, art.
127), los retiros y pensiones militares (decreto 13641/48, art. 32), las pensiones de
amparo (decreto 10196/43, art. 18), las pensiones a la vejez (decreto 3627/66).
D. Bienes excluidos de la garantía común: El Bien de familia.
El tema va en archivo en power point por separado.
E. Dinamismo de la Garantía común.
Dado que el patrimonio es esencialmente dinámico y los elementos
que lo integran entran y salen de él los acreedores disponen de distintos
medios para asegurar la intangibilidad del mismo. Mencionaremos sólo
Es una orden judicial que individualiza un bien determinado del
deudor, afectándolo al pago del crédito en razón del cual se traba el
embargo. Si son cosas registrables se efectiviza (traba) mediante la
anotación en el Registro, si es cosa no registrable el juez ordenará el
embargo y podrá dejarla en depósito del mismo deudor o de un tercero.
El embargo puede ser
a) Preventivo (se traba para evitar que una sentencia se torne ilusoria
durante el tiempo del trámite del proceso y hasta llegar a ella), en nuestro
derecho procesal santafesino, todo el que invoca un crédito y presta fianza
suficiente puede solicitar embargo.
b) Ejecutivo: Es el primer paso para la venta forzada de un bien del
deudor, y procede cuando el acreedor exhibe un título que trae aparejada
ejecución (pagaré, cheque) o una sentencia de condena a su favor (caso en
el cual algunos autores lo llaman ejecutorio)
El embargo crea una preferencia a favor de los embargantes
anteriores a menos que el deudor se concurse.
B. Efectos en cuanto al tráfico de bienes registrables
Los mismos pueden venderse. En materia de inmuebles el artículo
Art. 20 de la ley provincial 6435 dice: “El Registro General no inscribirá
con carácter definitivo documento alguno en el que se invoque certificación
por la que se haya hecho saber la existencia de algún gravamen o medida
cautelar sin que consten cancelados en el mismo o tomado expresamente
a sus cargo por el adquirente...”
¿Qué responsabilidad tiene el adquirente?
Según una tesis restringida solo por el monto por el cuál el
embargo fue anotado “Si bien es cierto que de acuerdo con el sistema de
nuestro ordenamiento civil (arts. 1174 y 1179), el adquirente de un bien
debe soportar el embargo y responder con la cosa transmitida, ello es así
hasta la concurrencia del monto por el que fue trabado –con más su
reajuste por depreciación monetaria... En tanto no constituye algo
substancialmente diverso a la deuda originaria. Por el contrario el sucesor
a titulo singular en el dominio no debe responder por la totalidad del
crédito en ejecución -aun cuando sean nuevas cuotas de la misma
obligación- en la medida que la ampliación de su cuantía no sea registrada,
y de ese modo oponible erga omnes al tiempo de la enajenación. Que ello es
así pues las certificaciones pertinentes traducen la medida cuantitativa de la afectación
del inmueble (art. 22 ley 17.801) no siendo oponible a los terceros adquirentes, de
buena fe, toda otra carga que no emerja de los asientos registrales, so pena de afectar el
tráfico jurídico”
Según otra tesis (amplia) “Autos Czertok, Oscar y Otro c/
Asistencia Médica Personalizada S.A. Y Otro s/ Ejecución de AlquileresEjecutivoCamara Nacional Civil en Pleno 23/8/2001
El adquirente de una cosa registrable, embargada por monto
determinado, para obtener el levantamiento de la medida cautelar, no puede
liberarse pagando solo el monto inscripto; sino que responde también: Por
la desvalorización monetaria, (si correspondiere), por los intereses, por las
costas, por las sucesivas ampliaciones, y por las demás consecuencias del
B. Inhibición General de Bienes.
Cuando se ignoran los bienes del deudor o estos son insuficientes,
queda sólo la posibilidad de trabar una inhibición general de bienes, que
por orden judicial se anota en el Registro de la Propiedad y durante su
vigencia impide al deudor enajenar los bienes inmuebles que tenga o llegue
a adquirir luego por cualquier título, y estén asentados en ese Registro.
En el orden santafesino la inhibición general de bienes también
crea una prelación a favor del acreedor que solicito con anterioridad la
inhibición a menos que el deudor se concurse.
C. Anotación de litis.
Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión en
juicio que puede tener como consecuencia la modificación de la inscripción
Llena una función de publicidad del litigio para que el acreedor
pueda oponer el derecho alegado a los terceros que adquiriesen derechos
sobre bienes registrables objeto del juicio. Estos terceros deberán soportar
los efectos de la sentencia que se dicte sin poder aducir su ignorancia al
respecto, ni alegar buena fe.
PARTE GENERAL DE DERECHO CIVIL Tema 22:−/ El patrimonio. Patrimonio empresarial.
Código Civil • Clases • Empresario • Patrimonio empresarial • Ciudadano • Empresa • Persona jurídica • Bienes y Cosas • Características • Derechos valuables • Artículos • Régimen Jurídico de los frutos
Patrimonio. Definición. El patrimonio es el conjunto de bienes y obligaciones correspondientes...
Derechos reales • Legislación mexicana • Deudor • Derechos activos • Derechos extrapatrimoniales • Bienes y obligaciones • Derecho Procesal mexicano • Contenido económico • Activo • Derechos de crédito • Obligaciones propter rem • Patrimonio personalidad
Teoría general del Derecho Real
Derecho Civil Patrimonial mexicano • Legislación mexicana • Eficacia frente a terceros • Extinción • Concepto jurídico y económico de los bienes • Derechos Reales y de crédito • Patrimonio • Usufructo
El uso de costos de calidad para estimular la mejora de procesos en
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Estatal Colima
Patrimonio: COSAS: ART 2311 (texto originario derogado)
Consumibles • Inmuebles • Derecho Civil. Bienes. Personas físicas • jurídicas. Bienes muebles • no divisibles • dentro de comercio. Deudor. Acreedor. Embargo • Fungibles • no fungibles • Divisibles • no consumibles
TEMA VI: LOS BIENES 1.−Concepto De Bien Y De Cosa.
Derechos reales • Propiedad: modos de adquirir • Adquisición y pérdida • Derecho Civil Patrimonial español
RESUMEN BIENES Patrimonio: Teorías sobre el Patrimonio.
Bienes fiscales, de uso público • Relación jurídica • Acreedores • Patrimonio • Teoría clásica, moderna • Bienes inmuebles, muebles
De dólares, impuestos y costos…
Bienes muebles e inmuebles • Contratos mercantiles • Derecho Mercantil o Comercial español