Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-734-08.htm
Timestamp: 2019-06-24 13:35:58
Document Index: 94917876

Matched Legal Cases: ['Artículo 363', 'artículo 43', 'artículo 7', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 365', 'artículo 4', 'artículo 366', 'artículo 46', 'artículo 39', 'Artículo 364', 'artículo 44']

El derecho de asociación sindical está sujeto a que la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se ajusten al orden legal y a los principios democráticos. Esto se traduce en el cumplimiento de unos requisitos mínimos, que son determinados por el legislador, en desarrollo de los principios y garantías sindicales, y adicionalmente, Convenios internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, cuando sea necesario para la finalidad que persiga, en garantía de “la seguridad nacional, el orden, la salud o moral pública, los derechos y deberes ajenos y, en general el cumplimiento de cualquier finalidad que estime valiosa, siempre y cuando no afecten el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que lo desnaturalicen o impidan su norma o adecuado ejercicio.
“Artículo 363. Modificado por el artículo 43 de la ley 50 de 1990[1]. Una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector del trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar, la constitución del sindicato, con la declaración de los nombres e indentificación de cada uno de los fundadores. El inspector o el alcalde a su vez, pasarán igual comunicación al empleador inmediatamente”.
Manifiesta que la norma demandada viola los artículos 25, 39, y el 7 del Convenio 87 de la OIT, reconocida por la Ley 26 de 1976. Plantea que la adquisición de la personalidad jurídica de los sindicatos de empleadores y trabajadores exige solamente la reunión de sus miembros con el cumplimiento de los demás requisitos legales, y por tanto no debe ser obligatorio la notificación a los empleadores o cualquier otra entidad estatal, por la intolerancia que existe en nuestro país en cuanto a los reclamos de los derechos laborales de los trabajadores. Señala que el Convenio 87 de la OIT que integra el bloque de constitucionalidad, en su artículo 7 determina que la adquisición de la personalidad jurídica por parte de las organizaciones sindicales, de cualquier orden, así como las federaciones, confederaciones y demás, no puede ser sujeta a ningún tipo de condiciones que se dirijan a limitar el derecho de constituir organizaciones o afiliarse a las mismas. Fundamenta la inconstitucionalidad de la norma acusada en que los “Trabajadores[2]” (sic) pueden tomar medidas hostiles o violentas en contra de quienes le hayan creado un sindicato por ir en contra de sus intereses. Igualmente manifiesta que el Código Sustantivo del Trabajo, por ser preconstitucional (anterior a la Constitución de 1991), no se enmarca dentro de la óptica garantista que la Constitución contiene, y por ello le corresponde a la Corte Constitucional actualizarlo.
2.1.1. Consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, es una modalidad del derecho de libre asociación. Consiste “en la voluntad de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una, en defensa de sus intereses comunes, sin autorización previa o la injerencia o intervención del Estado o de los empleadores.”[8]
2.1.2. De acuerdo con la Constitución Política el contenido y alcance de los derechos de asociación deben fijarse con arreglo a los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, y tenerse en cuenta de manera específica el Convenio 87 de la OIT,[10] que obliga a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo a poner en práctica el derecho de los trabajadores y empleadores expresados en lo siguiente: “(i) constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar sus estatutos, sin autorización previa; (ii) redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades; por tanto, (iii) las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que limite este derecho o entorpezca su ejercicio. (iv) las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa; (v) tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. (vi) los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, a respetar la legalidad.”
La Corte, respecto del derecho de libertad sindical ha manifestado que comprende: “(i) el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos de intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; (ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del estado; (iii) el poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto, retiro y exclusión de sus miembros, régimen disciplinario, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen a su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos salvo las limitaciones que válidamente puede imponer el legislador; (iv) la facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de sus administración, así como las políticas, planes y programas de acción que mejor convenga a sus intereses, con la señalada limitación; (v) la garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por vía administrativa, sino por vía judicial; (vi) el derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones internacionales; (vii) la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical.”[11]
Adicionalmente, Convenios internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, cuando sea necesario para la finalidad que persiga, en garantía de “la seguridad nacional, el orden, la salud o moral pública, los derechos y deberes ajenos y, en general el cumplimiento de cualquier finalidad que estime valiosa, siempre y cuando no afecten el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que lo desnaturalicen o impidan su norma o adecuado ejercicio.” [13]
Las organizaciones sindicales adquieren la personería jurídica a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, es decir, desde su fundación.[14] En consecuencia, esta disposición cumple con los presupuestos del artículo 39 de la Constitución Política, en cuanto los sindicatos y asociaciones sindicales “se constituye por sí y ante sí, y únicamente por los trabajadores, sin intervención del Estado, y con el solo hecho de su fundación, en la respectiva asamblea constitutiva, en la que naturalmente quedará el acta de constitución.”[15]
El artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 4° de la Ley 584 de 2000 determinó que: “Todo sindicato de trabajadores deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleva el Ministerio de la Protección Social”. El artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 46 de la Ley 50 de 1990, establece el trámite que debe realizar en la actualidad el Ministerio de la Protección Social.
Sobre el particular, es preciso señalar que la Corte Constitucional[16] ya se pronunció sobre la constitucionalidad de las normas que exigen la inscripción de los sindicatos en el “registro sindical” al señalar que “(…) no infringe el artículo 39 de la Constitución, ni las normas citadas en el Convenio 87, el hecho de que en la ley se establezca que la organización sindical recién creada y que ya tiene personería jurídica, cumpla con posterioridad, con unos requisitos legales paras que sea inscrita ante la autoridad correspondiente, para los efectos mencionados de publicidad, seguridad y prueba de su existencia.”
[14] Artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 44 de la Ley 50 de 1990: “Toda organización sindical de trabajadores, por el solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica.” La Ley 50 de 1990 tuvo “como finalidad adecuar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo a los convenios de la O.I.T, y en cuanto a la personería jurídica de las organizaciones sindicales, propuso modificaciones sustanciales, tanto a nivel conceptual como procedimental, eliminando trámites y requisitos innecesarios para la constitución de sindicatos.” ( Exposición de motivos de la Ley 50 de 1990, citada en la Sentencia C- 567 de 2000, MP: Alfredo Beltrán Sierra).