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Timestamp: 2019-10-18 20:46:54
Document Index: 42535477

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 4', 'artículo 26']

Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. TITULO VII. Garantías y régimen jurídico
1. Los extranjeros gozarán en España de la protección y garantías establecidas en la Constitución y las leyes.
2. Las resoluciones gubernativas adoptadas en relación a los extranjeros habrán de dictarse y notificarse de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, y, en cualquier caso, con audiencia del interesado, en la forma que prevén los artículos siguientes.
3. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, no será necesario que los acuerdos de imposición de sanciones especifiquen aquellas circunstancias cuyo conocimiento ponga en peligro la seguridad interior o exterior del Estado.
1. La tramitación de los expedientes de expulsión, en los supuestos del párrafo 1, apartados a), c) y f) del artículo 26, tendrá carácter preferente.
2. Cuando, de las investigaciones practicadas, se deduzca la oportunidad de decidir la expulsión se dará traslado de la propuesta motivada y por escrito al interesado, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de cuarenta y ocho horas. En los supuestos en que se haya procedido a la detención preventiva del extranjero, éste tendrá derecho a asistencia letrada que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, si no comprende o habla el castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos.
3. La ejecución de la orden de expulsión en estos supuestos se efectuará de forma inmediata.
1. Los demás expedientes sancionadores se seguirán con la realización de las investigaciones y la práctica de las pruebas que se juzguen necesarias, de oficio o a instancia de parte.
2. Concluido el período probatorio, se concederá audiencia al interesado, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.
3. Producido el trámite de audiencia, se formulará propuesta de resolución.
No suspenderán la tramitación de los expedientes de expulsión ni la ejecución de las resoluciones que en los mismos recaigan, en cualquiera de los supuestos del artículo 26,las solicitudes de asilo, que no se hubieran presentado, reglamentariamente documentadas, con anterioridad a la incoación de dichos expedientes, salvo en el caso contemplado en el párrafo segundo del artículo 4.º, 1, de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado o en el supuesto de que las solicitudes de asilo se fundamentasen en causas justificativas producidas con posterioridad a dicha incoación.
1. Los extranjeros que fueren objeto de una orden de expulsión vendrán obligados a abandonar el territorio español en el plazo fijado en la citada orden, que no podrá ser inferior a setenta y dos horas. En caso de incumplimiento, se procederá a su detención y conducción hasta el puesto de salida por el que haya de hacerse efectiva la expulsión. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34.
2. La ejecución de la orden de expulsión, tanto en el caso de procedimientos sumarios como ordinarios, se efectuará a costa del extranjero expulsado si tuviere medios económicos para ello. Caso contrario, se comunicará al representante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.
Las resoluciones administrativas adoptadas en relación con los extranjeros, serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes. En ningún caso podrá acordarse la suspensión de las resoluciones administrativas adoptadas de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
Inciso 2º del artículo 34 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987, 7 julio («B.O.E.» 29 julio).
1. Toda expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un período mínimo de tres años.
2. No será preciso expediente de expulsión para la devolución, por orden del Gobernador civil de la provincia, de los extranjeros que, habiendo sido expulsados, contravengan la prohibición de entrada en España, ni para aquellos que hayan entrado ilegalmente en el país, salvo en el supuesto contemplado en el artículo 4.º, 1, de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado.
3. La instrucción y resolución de los expedientes de expulsión tendrá carácter individual, no pudiendo en consecuencia acordarse la expulsión de extranjeros con carácter colectivo.
1. No obstante lo establecido en la presente Ley, los ciudadanos andorranos tendrán los mismos derechos y obligaciones que los españoles en orden al ejercicio de su profesión u oficio en España, siempre que las titulaciones académicas necesarias para dicho ejercicio hubieran sido expedidas como consecuencia de estudios realizados en centros del sistema educativo español.
2. Se autoriza al Gobierno para establecer los requisitos y condiciones en que los ciudadanos andorranos puedan prestar servicios en ámbitos propios de la función pública española radicados en el territorio de Andorra.
La situación de los extranjeros que se encuentran en España, insuficientemente documentados, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, podrá ser regularizada, salvo que hubieran incurrido en causas de expulsión previstas en los apartados c), d) y f) del artículo 26.1, siempre que los extranjeros o los empleadores, en su caso, así lo soliciten, presentando la documentación necesaria, dentro del plazo de tres meses, a contar desde la indicada fecha.
Aquellos trabajadores que por su nacionalidad estuviesen exentos de la obligación de obtener permiso de trabajo por la normativa anterior a esta Ley, dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, para regularizar su situación.
Tienen el carácter de Ley Orgánica los preceptos que se contienen en los Títulos I, VI y VII y en los artículos 11.1, 2, 3 y 4; 13.2 y 3; 15.1 y 3; 22.2 y 3; así como la presente Disposición Final.
Quedan derogadas la Ley 118/1969, de 30 de diciembre, la Ley 58/1980, de 15 de noviembre, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.