Source: http://www.iurisprudente.com/2015/02/los-intereses-de-demora-y-sus-limites.html?showComment=1437567981983
Timestamp: 2020-01-17 22:47:49
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Iuris Prudente: Los intereses de demora y sus límites: la ley de represión de la usura, la legislación sobre cláusulas abusivas y la Ley 1/2013 de protección de los deudores hipotecarios. Los efectos de la declaración del interés de demora como abusivo y la Sentencia TJUE de 21 de enero de 2015.
Los intereses de demora y sus límites: la ley de represión de la usura, la legislación sobre cláusulas abusivas y la Ley 1/2013 de protección de los deudores hipotecarios. Los efectos de la declaración del interés de demora como abusivo y la Sentencia TJUE de 21 de enero de 2015.
La Sentencia del TJUE de 21 de enero de 2015 aborda los efectos de la declaración como abusiva de una cláusula de interés de demora, relacionando esta cuestión con la imposición por nuestro legislador de un límite (el triple del interés legal del dinero) al interés moratorio en el artículo 114.3 Ley Hipotecaria, según la reforma del mismo efectuada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, llamada de "medidas de protección de los deudores hipotecarios" (también conocida como "Ley anti-desahucios"), y en la Disposición Transitoria 2ª de dicha Ley 1/2013, que establece la retroactividad atenuada y media del límite legal.
Vista esta sentencia, lo primero a considerar es si la Ley 1/2013 verdaderamente merece el título que ha recibido. A mayor abundamiento, podríamos recordar la Sentencia del propio TJUE de 17 de junio 2014, que enjuicia, lógicamente para mal, el que se negara al deudor hipotecario la posibilidad de recurrir si se desestimaba su oposición frente a una cláusula abusiva, mientras que sí se concedía este derecho al acreedor en la hipótesis inversa (desliz que fue corregido por el Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, que da nueva redacción al apartado 4 del artículo 695 LEC). Y sin olvidar su probablemente principal hallazgo, la hipoteca "parcialmente ológrafa" (artículo 6.2 Ley 1/2013), figura que por fin parece haber encontrado un adalid a la altura de sus méritos, nuestro Centro Directivo.
La Sentencia TJUE de 21 de enero de 2015 parte de que el ámbito de la legislación sobre cláusulas abusivas es distinto al de la Ley 1/2013. En realidad, solo por esta razón no se declara que las indicadas normas de la Ley 1/2013 sean contrarias a la Directiva comunitaria de protección de consumidores. Sin embargo, como veremos, ambas normativas en gran medida se solapan, lo que se resuelve en esta sentencia a favor de la aplicación preferente de la de protección de consumidores.
Particularmente cuestionable resulta la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013, dado que en los préstamos anteriores a Ley 1/2013, el tipo de demora sobrepasaba frecuentemente la barrera del veinte por ciento, y en ocasiones, no por poco, teniendo dicha Disposición Transitoria, si uno quisiera ser mal pensado, la apariencia de un intento legislativo, ahora frustrado, de sanar parcialmente la nulidad total de unos intereses hipotéticamente abusivos.
En la entrada me referiré a diversas cuestiones que plantea la sentencia y a otras colaterales que me entretienen (que en eso estoy aquí sobre todo, en entretenerme): comenzaré por la distinción entre intereses remuneratorios y moratorios, pues ambos tienen distinta naturaleza y les son de aplicación normas diferentes. Después me ocuparé de las distintas normativas que inciden en los límites de intereses, como la legislación contra la usura, la Ley 1/2013 y la legislación sobre cláusulas abusivas. Por último, me referiré a las consecuencias que, según la sentencia, debe tener la declaración como abusiva de una cláusula de interés moratorio, lo que puede suponer la ineficacia, siquiera parcial, de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013 e, incluso, del propio artículo 114.3 Ley Hipotecaria.
Un apunte histórico sobre el interés.
En el Éxodo, Yavé ordena a Moisés que se prohíba prestar con interés entre miembros del pueblo elegido, prohibición reiterada por el Deutoronomio (lo que no incluía a los gentiles, y por ello, y porque no tenían muchas más alternativas, los judíos, o más bien algunos de entre ellos, a quienes no afectaban tampoco las prohibiciones canónicas, asumieron durante la Edad Media el negocio del préstamo con usura, como se llamaba entonces al interés, lo que no contribuyó demasiado a su popularidad, por otra parte).
También fueron contrarios al cobro de interés la mayoría de los filósofos clásicos, entre ellos el más influyente en los siglos venideros, Aristóteles, según el cual "el dinero es estéril y no genera dinero" (y de quien se ha dicho que "después de haber reconocido que el dinero era estéril, no por eso dejó de correr y afanarse tras él como tras la cosa más fecunda que había en el mundo". Joaquín Escriche en “Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia” 1884, citado por Francisco Javier Jiménez Muñoz, en la obra que se menciona después).
El derecho romano admitió el pacto de pagar interés (usura) en el mutuo. El esquema era sustancialmente equivalente al que recoge nuestro Código Civil. El mutuo era naturalmente gratuito, pero cabía la estipulación de pago de usura. Si se pagaban intereses sin estar estipulados, no podrían reclamarse ni imputarse al capital.
La Iglesia Católica fue heredera de las ideas contrarias a la usura. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino recoge la posición de Aristóteles, aunque ya se empiezan a apreciar matices entre los teólogos cristianos de la época (al fin y al cabo, los monasterios eran entonces importantes centros comerciales). Aunque la posición de la Iglesia continuó siendo formalmente contraria durante mucho tiempo, según Francisco Javier Jiménez Muñoz, existía una tolerancia de facto (La usura. Evolución histórica y patología de los intereses. Dykinson 2010).
Por la propia inercia del desarrollo comercial, iniciado en los siglos XIV y XV, en las ciudades del norte de Italia (que el capitalismo no lo inventaron los anglosajones), en unión a la nueva situación surgida de la Reforma protestante, se admite de modo cada vez más general en la legislación civil el préstamo con interés. Los planteamientos económicos liberales no hicieron sino confirmar la libertad en la fijación de precios y de establecimiento de interés. Se argumentó que el dinero es naturalmente productivo, en cuanto puede ser invertido con rentabilidad, y quien se priva voluntariamente del uso del mismo tiene derecho a obtener una compensación. Este sistema de libertad de fijación de precio y de intereses es, no lo olvidemos, el actualmente vigente en nuestro derecho, sin perjuicio de lo después diremos y, particularmente, fue el que recogió el Código Civil, que suprime la rescisión por lesión en el precio y no señala límite alguno al interés que puedan pactar las partes.
Los intereses remuneratorios. La imposibilidad de considerar abusivos en cuanto al fondo los intereses remuneratorios.
El interés remuneratorio puede ser considerado el precio de la cesión de un capital. Esto debe resaltarse, pues la legislación de protección de consumidores, tanto europea como nacional, asumiendo los postulados económicos expuestos, desliga el concepto de cláusula abusiva del de precio justo. Por ello, el artículo 4.2 de la Directiva de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas, dispone: "La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible".
En cuanto al alcance de la transposición de esta regla a nuestro derecho, ha existido una cierta discrepancia jurisprudencial. Partiendo de la posibilidad de que los Estados miembros ampliasen la protección del consumidor recogida en la Directiva, admitida en el artículo 8 de la misma (y específicamente en esta materia por el artículo 8.bis, introducido por la Directiva 2011/83/UE), la Sentencia del TJUE de 3 de junio 2010 declaró que el legislador español no había recogido el límite expuesto al transponer la Directiva al derecho interno, considerando que, conforme a la legislación española, el precio del contrato, entendiendo como tal el interés remuneratorio, podría ser considerado abusivo.
Al respecto, algún autor apunta que en el trámite parlamentario de la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación, por la que se traspone la Directiva de 1993 a la LDCU, se aprobó una enmienda que suprimía la trasposición de la Directiva en este concreto punto del precio, argumentando, precisamente, que un interés remuneratorio excesivo debería considerarse abusivo (Ignacio Fernández de Fenespleda et ál. Cláusulas abusivas en la contratación bancaria. Editorial Bosch. 2014)
Frente a esta tesis, la Sentencia Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012 expresamente sostiene la opinión contraria, considerando que la reforma de la LDCU por la LCGC (que sustituyó la expresión «justo equilibrio de las contraprestaciones» por «desequilibrio importante de los derechos y obligaciones) supuso la exclusión de la posibilidad de controlar el carácter abusivo del interés remuneratorio, como precio del contrato
Esta sentencia nos dice que el único límite legal al interés remuneratorio es la añeja Ley de represión de la usura o Ley Azcárate de 23 de julio de 1908, cuyos presupuestos de aplicación, por otra parte, han sido muy debatidos, e implican la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados (“interés notablemente superior al normal del dinero” “manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso” “condiciones leoninas” “angustiosa situación”, lo que remite, a mi juicio, a su necesaria aplicación solo en el ámbito judicial, en el que, por cierto, se establece expresamente la libertad absoluta de valoración judicial de la prueba, excluyéndose expresamente, en este ámbito, el carácter de prueba privilegiada del documento público -artículo 319.3 LEC-). La declaración del interés como usurario determina la nulidad del préstamo, quedando obligado el prestatario exclusivamente a devolver el capital prestado, acarreando la nulidad del préstamo la de la hipoteca que lo garantice (el caso de esta sentencia era de un préstamo hipotecario otorgado por una entidad de crédito a unos particulares por un capital de 158.000 euros, firmado en el año 2006, con plazo de devolución de un año y un interés remuneratorio del 20,50, tipo que, por cierto, no se estimó usurario por el Tribunal, que declara que el que un interés sea elevado no implica por sí mismo que sea usurario, destacando como circunstancia a tener en cuenta el nivel de riesgo del prestatario y recordando que la Ley de la usura debe aplicarse restrictivamente, lo que abunda en lo antes dicho sobre la dificultad de aplicación de esta Ley por operadores jurídicos fuera del ámbito judicial).
Es cierto que, en previas sentencias (4 de noviembre de 2010 y 1 de diciembre de 2010), el Tribunal Supremo se había hecho eco de la tesis de la Sentencia del TJUE de 3 de junio de 2010, pero, como se ha apuntado por algún autor, se trataba, como la propia sentencia europea, de casos relativos a la cláusula de redondeo del tipo de interés, la cual puede ser considerada como accesoria en el contrato.
En las sentencias recientes sobre cláusulas suelo, el Tribunal Supremo confirma su tesis sobre la imposibilidad de declarar abusivo el fondo de la cláusula de intereses remuneratorios y, por ello, la cláusula suelo se enjuicia exclusivamente desde la perspectiva de su transparencia, posibilidad que deja a salvo la Directiva europea.
En cuanto a la consecuencia de la declaración de un interés como usurario, la nulidad del préstamo y la obligación de devolver solo el capital, parece que en ocasiones resultara excesivo a un Tribunal, lo que le lleva a descartar el carácter usurario del préstamo y acudir a otros mecanismos integradores del interés remuneratorio, sin una base legal clara. Por ejemplo, el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 9 de septiembre de 2014, en el que en un reconocimiento de deuda entre dos sociedades mercantiles, que carecían de la condición de consumidor, lo que excluye la posibilidad de declarar abusivo cualquier interés, rechaza la aplicación de la Ley Azcárate, por considerar que no estaba probada la "angustiosa situación" del deudor, pero, a pesar de ello, considera que un interés diario del 10%, equivalente a un interés anual de 3650%, es inadmisible en nuestro derecho, acudiendo como criterio integrador al tipo medio de los intereses moratorios del año del la firma del préstamo, según los datos del Banco de España (18%), argumentando la necesidad de evitar un "enriquecimiento injustificable".
Los intereses de demora. Su posible consideración como abusivos.
A diferencia de los intereses remuneratorios, los de demora no se consideran una contraprestación por la cesión del capital, sino una pena o sanción por un incumplimiento contractual. Esto es, su naturaleza es similar a la de una cláusula penal.
La legislación española sobre cláusulas abusivas, en consonancia con la Directiva Europea de 1993, contempla dentro de la lista de cláusulas prohibidas la imposición de indemnizaciones desproporcionadamente altas al consumidor que incumpla sus obligaciones (artículo 85.6 TRLDCU).
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 (caso Aziz), entre otras cuestiones, se refiere expresamente a la declaración del carácter abusivo de un interés de demora (en el caso de la hipoteca del Sr. Aziz, firmada en el año 2007, el interés moratorio era del 18,50%). Esta sentencia analiza el concepto de "indemnización desproporcionadamente alta", en relación al interés de demora. Dice la Sentencia:
"el juez remitente deberá comprobar en particular, como señaló la Abogado General en los puntos 85 a 87 de sus conclusiones, por un lado, las normas nacionales aplicables entre las partes en el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores y, por otro lado, el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos".
Por lo tanto, admite que se utilicen, como criterios comparativos, además del interés legal, otras normas que establezcan intereses de demora, como podría ser la Ley 1/2013, al margen de que el tipo máximo de esta no debe ser vinculante, ni a favor ni en contra, en la decisión del Tribunal sobre el carácter abusivo del interés moratorio, como después veremos, o el criterio, también utilizado, de 2,5 veces dicho interés, previsto para los descubiertos en cuenta corriente por la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo (siendo, por cierto, los Tribunales los únicos órganos con competencia legal para declarar abusiva una cláusula de intereses, que esto conviene recordarlo de vez en cuando).
La misma sentencia (caso Aziz) recuerda que en la valoración de una cláusula como abusiva debe tenerse en cuenta la naturaleza del bien o servicio que recibe el consumidor (artículo 4 Directiva 1993). Esto podría significar que el caso de un préstamo sobre una vivienda habitual pudiera tener un tratamiento diferente de el préstamo garantizado con otros bienes, cuestión sobre la que volveremos más adelante.
La reciente Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, aplicable a los préstamos hipotecarios con consumidores con hipoteca sobre inmueble residencial. El artículo 28 de dicha Directiva, relativo a las demoras y ejecución hipotecaria, establece que los Estados miembros podrán exigir que los recargos impuestos al consumidor por impago “no excedan de lo necesario para compensar al prestamista de los costes que le acarree el impago”, y si el Estado miembro autorizara a imponer recargos adicionales al consumidor: “Los Estados miembros que se acojan a esta posibilidad determinarán el valor máximo de tales recargos”. Al margen de lo genérico de los términos de la Directiva, parece que conforme a la misma, cuando el interés de demora o el recargo por incumplimiento excediese de los costes del impago, que será lo habitual, el Estado que lo permita debe establecer límites máximos al interés. Esto, en nuestro derecho, se vincularía, precisamente, con el límite legal de la Ley 1/2013, aunque en esta Ley el límite se prevé solo en el caso de “vivienda habitual”, mientras la Directiva se refiere al caso más general de hipoteca sobre “inmueble residencial”.
*** El interés ordinario no puede ser superior al de demora.
Esta es la tesis sostenida por la Resolución DGRN de 7 de abril de 2016 (dictada con posterioridad a la redacción inicial de la entrada). Aun reconociendo que el control de abusividad no se extiende a los intereses ordinarios, la DGRN considera un límite implícito en la naturaleza de estos el que no sean superiores a los de demora. En el caso se fijaba un interés ordinario del 14,99% y un interés de demora del 10,50% (tres veces el interés legal del dinero), aunque la propia resolución reconoce que se podía haber fijado un interés de demora superior, al no estar la operación dentro del ámbito del artículo 114.3 LH (préstamo para adquirir la vivienda habitual), del que después nos ocuparemos.
"Es evidente que todo interés de demora –como ya se ha dicho–, por su propia condición de cláusula indemnizatoria o disuasoria tiene que ser superior al interés ordinario que tiene una función meramente remuneratoria, y ambos tipos de interés deben guardar en todo caso una cierta proporción, pronunciándose siempre la Ley en el sentido de que los intereses de mora deben calcularse partiendo de los intereses ordinarios previamente pactados o de su asimilado el interés legal del dinero".
*** Nota sobre las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015 y de 3 de junio de 2016, recaídas con posterioridad a haber redactado la entrada.
El caso de los préstamos personales.
La Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015 se pronuncia sobre el carácter abusivo de los préstamos personales a consumidores, esto es aquéllos no garantizados con hipoteca.
Comienza el Tribunal Supremo recordando la posibilidad de declarar abusivo un interés de demora, el cual no constituye el precio ni el objeto principal del contrato y su naturaleza de indemnización por incumplimiento no es contraria a esta posibilidad, siendo de aplicación la regla de la legislación de consumidores según la cual son abusivas las cláusulas que impongan al consumidor una indemnización excesivamente alta por el incumplimiento contractual.
En cuanto al criterio para determinar la abusividad, según el Tribunal, el hecho de que el préstamo no esté garantizado con hipoteca conlleva la necesidad de aplicar, de entre los distintos criterios normativos que en nuestra legislación limitan los intereses de demora, uno de carácter estricto, teniendo en cuenta que los intereses ordinarios, al ser el préstamo personal, ya habrán sido más elevados que los que existirían en un préstamo hipotecario.
Por ello, y basándose el artículo 579 LEC, que establece como interés de demora procesal el que resulte de sumar dos puntos al interés legal del dinero, establece la sentencia como doctrina jurisprudencial que se considerará abusivo en un préstamo personal entre un prestamista profesional y un prestatario consumidor el que exceda de sumar dos puntos al interes remuneratorio pactado.
También se refiere esta sentencia del Tribunal Supremo a qué consecuencias debe tener la declaración de abusividad de la cláusula, en relación con la Sentencia del TJUE de 21 de enero de 2015 que aquí analizamos, lo que remito a lo que después diré al respecto.
La extensión de esta misma doctrina a los préstamos hipotecarios.
Esta sentencia de 22 de abril de 2015 había argumentado que la inexistencia de una garantía real era determinante de que el interés ordinario fuera normalmente más elevado, lo que le condujo al criterio de fijar la abusividad en el límite indicado.
No obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016 extiende la misma doctrina sobre el carácter abusivo del interés de demora que exceda en dos puntos del ordinario a los préstamos hipotecarios con consumidores, considerando abusivo todo interés de demora que exceda en dos puntos el interés ordinario, declarando expresamente que el cumplimiento del límite legal del artículo 114.3 Ley Hipotecaria (del que después me ocupo) no excluye el posible carácter abusivo del interés pactado, con cita de los Autos del TJUE de 11 de junio de 2015 y 17 de marzo de 2016, y optando por la aplicación al préstamo durante la mora del interés pactado como ordinario (aunque esto suponga, en realidad, una integración de la cláusula abusiva). Esta doctrina recae en casos de préstamos hipotecarios con consumidores para la adquisición de vivienda habitual.
Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2019, en un préstamo para financiar la adquisición de la vivienda habitual del prestatario, considera abusivo el interés de demora por ser superior al doble del ordinario, sin ninguna referencia al criterio expresado de exceder en dos puntos el remuneratorio (lo que plantea la duda de si el anterior criterio jurisprudencial sigue vigente).
La Resolución DGRN de 25 de enero de 2017 considera no aplicable la referida regla según la cual el tipo de demora no podrá exceder en dos puntos del ordinario a los tipos máximos a efectos hipotecarios, argumentando sobre los peculiares efectos de la responsabilidad hipotecaria como límite a la ejecución del acreedor (relativo, además, en su relación con el deudor), sin que pueda exigirse en la calificación que el interés máximo de demora a efectos hipotecarios sea superior en dos puntos al tipo máximo ordinario a efectos hipotecarios. Dice la resolución:
"Es en este exclusivo ámbito del devengo obligacional de intereses moratorios en el que la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016 ha fijado como criterio objetivo de abusividad, para el caso de ser aplicable la normativa de protección de los consumidores, el que los intereses moratorios no pueden ser superiores en más de dos puntos a los intereses ordinarios pactados. E, igualmente, sólo en este ámbito obligacional es aplicable la doctrina de este Centro Directivo, recogida en las Resoluciones de 30 de marzo y 22 de julio de 2015 y 7 de abril y 20 de junio de 2016, relativa a que la cuantía del interés moratorio, dado su carácter indemnizatorio, debe ser siempre igual o superior a la cuantía de los intereses ordinarios. Pero en lo tocante a la configuración de la responsabilidad hipotecaria que garantice los intereses que se puedan devengar por uno u otro concepto y dentro de los límites legales imperativos (artículos 114.2.º y .3.º de la Ley Hipotecaria y 220 del Reglamento Hipotecario), opera la libertad de pacto, la cual puede ejercitarse, bien no garantizando los intereses devengados de un tipo determinado, bien fijando una cobertura en número de años distinta para cada tipo de interés, bien señalando un tipo máximo de cobertura superior a uno respecto del otro, sin que tengan que guardar ninguna proporción ya que estructuralmente nada impide que la garantía de uno u otro tipo de interés sea inferior a los efectivamente devengados, como nada impide la garantía parcial de la obligación principal. En este sentido, la garantía hipotecaria puede garantizar parte de la obligación, principal o de intereses (artículos 1255 y 1826 del Código Civil)".
En el caso, la cifra máxima fijada para la responsabilidad hipotecaria por intereses moratorios era inferior a la que resultaría de fijar como tipo máximo a efectos hipotecarios por intereses de demora dos puntos más del tipo máximo a efectos hipotecarios para el interés ordinario, aunque la argumentación de la resolución serviría para el caso de que fuera superior, pues hace referencia clara a la libertad de pacto en este ámbito y a la no necesidad de proporción entre ambos tipos máximos hipotecarios, de demora y ordinarios, limitando expresamente el ámbito de la jurisprudencia citada a lo obligacional.
La aplicación al interés de demora de la Ley Azcárate de represión de la usura.
En cuanto a si cabe aplicar los intereses de demora la Ley Azcárate de represión de la usura, la tesis jurisprudencial mayoritaria es contraria a esta posibilidad (Sentencias Tribunal Supremo de 2 octubre 2001, 4 junio 2009 y 26 octubre 2011). No obstante, existen excepciones a esta posición dominante, como la de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2013, en la que se confirma la sentencia de la Audiencia que expresamente consideró aplicable al interés de demora la Ley de represión de la usura.
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2014 sigue esta tesis, declarando nulo por usurario conforme a la Ley Azcárate un interés de demora del 30% en un préstamo a seis meses, afirmando que la Ley de represión de la usura es de aplicación tanto a intereses remuneratorios como a los moratorios, y que el interés usurario no puede ser objeto de integración judicial.
La aplicación de la Ley Azcárate llevaría consigo un efecto especial, la nulidad de la propia hipoteca (Sentencia de 22 de febrero de 2013, confirmando doctrina jurisprudencial anterior).
Otra cuestión a tener en cuenta es que la Ley Azcárate no limita su ámbito de aplicación personal, sería tanto de aplicación a operaciones entre prestamistas profesionales como particulares, y tanto a operaciones con consumidores como con empresarios o profesionales.
El límite legal a los intereses moratorios introducido por la Ley 1/2013.
La Ley 1/2013 introdujo un párrafo 3º en el artículo 114 Ley Hipotecaria, según el cual:
El límite legal es por naturaleza variable, pues el interés legal del dinero se fija anualmente (así, para el año 2015 se ha fijado en el 3,5%), lo que, desde el punto de vista de la responsabilidad hipotecaria, nos remite a la figura de la hipoteca de máximo.
También prohíbe la norma el pacto de anatocismo, salvo en el caso de que el precio obtenido en el remate no sea suficiente para pagar la deuda, en cuyo caso el 579.2.a LEC prevé la liberación del deudor de toda la deuda pagando un porcentaje de ella en un plazo máximo, incrementándose lo debido con el interés legal, para cuya aplicación se permite capitalizar los intereses de demora pendientes.
En relación con la aplicación temporal de esta limitación, la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013 dispone:
En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella cantidad conforme a lo dispuesto en el apartado anterior”.
Se establece en dicha Disposición Transitoria 2ª una retroactividad limitada de la norma, en grados atenuado y medio, en cuanto solo afecta a intereses no devengados a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, o a los que se hubieran devengado con anterioridad a la misma pero que no hubieran sido satisfechos. No afectaría, por el contrario, a los intereses de demora ya satisfechos por el deudor.
Doctrina de la DGRN sobre el límite legal de la Ley 1/2013.
En cuanto a la doctrina de la DGRN recaída sobre estos artículos, podemos resumirla del siguiente modo:
- Estos límites legales deben ser tenidos en cuenta en el momento de la inscripción de la hipoteca y ser objeto de calificación registral (y también de control notarial, añado yo de mi cosecha), sin que pueda sostenerse que solo deban ser apreciados en el momento de la ejecución judicial (Resolución DGRN de 18 de noviembre de 2013).
- Para la aplicación de estos límites no basta con que la hipoteca recaiga sobre una vivienda habitual, sino que es preciso, además, que el préstamo o crédito garantizado con la hipoteca sobre la vivienda habitual se destine a financiar la adquisición de la misma vivienda habitual. Prevalece el tenor del artículo 114.3º Ley Hipotecaria, que así lo dispone, sobre la Exposición de Motivos de la Ley 1/2013 y la Disposición Transitoria 2ª de ésta, que se refieren únicamente al dato de recaer la hipoteca sobre la vivienda habitual, no pudiendo el artículo 114.3 Ley Hipotecaria ser objeto de interpretación extensiva -consideración ésta que contrasta con las de la misma DGRN sobre la expresión manuscrita, como después veremos- (Resoluciones de 26 de noviembre de 2013 y de 25 de abril de 2014).
- Para determinar si el préstamo o crédito se destina a financiar la adquisición de la vivienda habitual se tendrán en cuenta los datos de hecho que resulten de la operación. Así, si el préstamo hipotecario se formaliza en escritura inmediatamente consecutiva a la escritura de compra de la vivienda habitual, se puede presumir racionalmente que la finalidad del mismo es financiar la adquisición, lo que determinará la aplicación de los límites legales (Resolución DGRN de 25 de abril de 2014). Sin embargo, cuando la adquisición de la vivienda es muy anterior al préstamo, aunque esto no descarte por sí solo que la finalidad de la operación crediticia pudiera ser la financiación de la adquisición de la vivienda, por ejemplo, en casos en que existe un préstamo anterior que se sustituye por el nuevo o en que el precio hubiera quedado aplazado, se ha considerado que, en principio, no existen indicios suficientes para estimar que el préstamo esté vinculado a la adquisición. Así, Resolución de 26 de noviembre de 2013, en que la adquisición de la vivienda se produce en el año 2007 y el préstamo hipotecario sobre la vivienda habitual objeto de calificación registral se formaliza en el año 2014, habiendo existido un previo préstamo hipotecario el año 2012. En sentido similar, la Resolución DGRN de 3 de junio de 2014, que destaca que la adquisición de la vivienda habitual fue anterior en más de 14 años al préstamo hipotecario sobre la misma.
- Es necesario que el límite legal se respete no solo en la responsabilidad obligacional, sino en la hipotecaria, debiendo esto resultar claramente de la propia escritura, lo que supone que en la misma cláusula de responsabilidad hipotecaria por intereses de demora se haga referencia al límite legal, directamente o por remisión a otra cláusula. Así, no basta con que en la escritura se contenga una cláusula conforme a la cual los intereses de demora respetarán el límite legal, si en la cláusula que fija la responsabilidad hipotecaria por intereses de demora se establece un tipo máximo que excede del límite legal, sin precisar en dicha cláusula de responsabilidad hipotecaria que dicho tipo máximo a efectos hipotecarios solo se aplicará si es inferior al máximo legal (Resolución de 25 de abril de 2014). Sería bastante con que esta precisión se hiciera por remisión, estableciéndose en la cláusula de responsabilidad hipotecaria, en la que fije un tipo máximo superior al legal, que el máximo a efectos hipotecarios debe respetar lo previamente pactado en otra cláusula de la escritura a efectos obligacionales en la que se establezca que dichos intereses no podrán superar el límite legal (Resolución DGRN de 29 de mayo de 2014). La Resolución DGRN de 30 de marzo de 2017 rechaza la inscripción de una cláusula de una hipoteca en la que se preveía "para el caso que el contrato de préstamo fuera para adquisición de vivienda habitual, el límite máximo frente a terceros en el caso de intereses moratorios no podrá ser superior a tres veces el interés legal del dinero vigente en cada momento", por fijarse esta limitación solo respecto de terceros, afirmando que el límite de la responsabilidad hipotecaria por los intereses moratorios debe jugar tanto entre las partes como en relación con terceros.
¿En qué momento debe apreciarse el cumplimiento de los requisitos del artículo 114.3 Ley Hipotecaria?
El artículo 21 Ley Hipotecaria, también modificado por la Ley 1/2013, dispone, en su apartado 3º:
"En las escrituras de préstamo hipotecario sobre vivienda deberá constar el carácter, habitual o no, que pretenda atribuirse a la vivienda que se hipoteque. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el momento de la ejecución judicial del inmueble es vivienda habitual si así se hiciera constar en la escritura de constitución".
La Resolución DGRN de 26 de noviembre de 2013, ya citada, afirma, en relación con la exigencia introducida en el artículo 21.3 Ley Hipotecaria:
"El mandato legal se extiende por tanto a cualquier hipoteca en garantía de préstamo constituida sobre vivienda respecto de la que exige una declaración formal sobre su carácter o no de vivienda habitual. Es trascendente esta circunstancia porque la inscripción de tal carácter, que desde ese momento está protegida por la legitimación registral, determinará de futuro el conjunto normativo aplicable a la vivienda".
Aunque en el momento de la constitución de la hipoteca debe quedar determinado si se cumplen los requisitos de aplicación del artículo 114.3 Ley Hipotecaria, podemos plantearnos qué sucede en los casos en que se produzca de modo sobrevenido la adquisición o pérdida de la condición de vivienda habitual:
- Adquisición sobrevenida de la condición de vivienda habitual.
Podría suceder que se obtuviese un préstamo para financiar la adquisición de una vivienda que no fuese inicialmente la habitual del prestatario y que se garantizase el préstamo con hipoteca sobre esa misma vivienda, lo que no encajaría en el supuesto de hecho del artículo 114.3 Ley Hipotecaria, pero que con posterioridad el prestatario fijase en la vivienda referida su residencia habitual.
En contra de la aplicación del artículo 114.3 Ley Hipotecaria a este caso se podría afirmar que permitiría al prestatario alterar unilateralmente y de forma sobrevenida los términos del contrato de préstamo hipotecario, pero, en realidad, esta alteración proviene de la aplicación de una norma legal y no de la voluntad unilateral del prestatario. También podría argumentarse que el tenor literal del artículo 114.3 Ley Hipotecaria es favorable a que sus requisitos se deben cumplir en el momento de la formalización de la hipoteca.
No obstante, el propio artículo 21.3 Ley Hipotecaria, al establecer la presunción de que la vivienda que consta registralmente como habitual lo es en el momento de la ejecución, parece dar a entender que es en dicho momento, el de la ejecución, en el que se debe tener en cuenta si la vivienda ha tenido o no la condición de habitual.
La Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013 sigue el criterio de aplicar el límite legal retroactivamente a préstamos hipotecarios anteriores a su entrada en vigor, lo que se puede trasladar, a mi juicio, a esta hipótesis de que la vivienda pase a tener la condición sobrevenida de habitual.
Esta es, además, a mi juicio, la interpretación más conforme con la finalidad protectora de la Ley.
En todo caso, la limitación de intereses solo se aplicaría desde el momento en que la vivienda adquiriese dicho carácter de habitual, y no se extendería retroactivamente, según creo, a posibles intereses de demora ya devengados y satisfechos al tipo pactado superior al límite legal, según el criterio que resulta de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013.
Lo dicho es al margen de que, si en la escritura se declara que no se trata de la vivienda habitual, no quepa exigir la constancia en la misma de la limitación legal, ni siquiera a efectos hipotéticos de cambio de condición de la vivienda. Será durante la ejecución de la hipoteca cuando se deba apreciar esta circunstancia.
Con todo, esto podría plantear dudas en relación con terceros adquirentes del crédito hipotecario que pudieran invocar la protección de la fe pública registral, al no constar registralmente la condición de vivienda habitual determinante de la aplicación del límite legal. A mi juicio, la aplicación sobrevenida del artículo 114.3 Ley Hipotecaria tendría el carácter de límite legal del derecho de hipoteca, no quedando sujeto, como sucede con las limitaciones legales de los derechos reales, al juego de la fe pública registral.
- La pérdida sobrevenida de la condición de vivienda habitual.
En esta hipótesis inversa a la anterior, entiendo que, de igual modo, debe tenerse en cuenta la posible pérdida de la condición de habitual de la vivienda, aunque inicialmente tuviera este carácter y aunque en la escritura de préstamo hipotecario se hubiese recogido el límite legal.
Del mismo modo que en el caso anterior, entiendo que esta tesis es la que responde a la finalidad de la Ley, pues si la vivienda en el momento de la ejecución, al que se refiere expresamente el artículo 21 Ley Hipotecaria, no tiene la condición de habitual, no parece que exista razón para imponer el límite legal.
Con todo, puede suceder que las partes hayan pactado el tipo de demora exclusivamente teniendo en cuenta el límite legal, en cuyo caso, la pérdida sobrevenida de la condición de vivienda habitual no afectará al pacto, pues entender que dicho pacto de intereses queda privado de causa sería perjudicial para el propio acreedor, pues nos remitiría a la aplicación del simple interés legal.
Sería así posible, según creo, que en la escritura de préstamo hipotecario se pacte que el límite legal solo será de aplicación mientras el bien hipotecado conserve la condición de vivienda habitual. Esto planteará qué sucedería con los posibles intereses de demora devengados durante el tiempo en que la vivienda tuvo efectivamente el carácter de habitual y que se hubieran satisfecho teniendo en cuenta el límite legal, cuando sobrevenidamente la vivienda habitual pierde el carácter de tal. A mi juicio, cabría defender que la pérdida sobrevenida de la condición de vivienda habitual no afectará a los intereses ya satisfechos mientras tuvo la vivienda esta condición ni permitirá a la entidad de crédito exigir el posible mayor interés de demora que la escritura pudiera haber previsto para el supuesto de pérdida de la condición de vivienda habitual, aplicando el mismo criterio de retroactividad atenuada que recoge la Ley en el supuesto inverso.
Los respectivos ámbitos de aplicación del artículo 114.3º Ley Hipotecaria y Disposición Transitoria 2ª Ley 1/2013 y de la legislación sobre cláusulas abusivas.
La Sentencia TJUE de 21 de enero de 2015 considera que el artículo 114.3 LH y la Disposición Transitoria 2ª Ley 1/2013 no comprenden exclusivamente al consumidor, sino que su aplicación puede extenderse a operaciones con no consumidores. Dice la Sentencia:
“el ámbito de aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 comprende cualquier contrato de préstamo hipotecario y, de este modo, no coincide con el de la Directiva 93/13, la cual únicamente se refiere a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor. De ello se sigue que la obligación de respetar el límite máximo del tipo de interés de demora equivalente a tres veces el interés legal del dinero, tal como la impuso el legislador, no prejuzga en absoluto la apreciación por parte del juez del carácter abusivo de una cláusula por la que se establecen intereses de demora."
El ámbito personal de la legislación sobre protección de consumidores viene determinado en el Texto Refundido de la Ley de defensa de los consumidores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2017, de 16 de noviembre. Particularmente, debe tenerse en cuenta el artículo 3 de dicho TRLDC, según el cual, en su párrafo 1º: "A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión".
La redacción de este artículo procede de la reforma efectuada en el TRLDCU por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, tras la cual, el primer párrafo del artículo se refiere exclusivamente a las personas físicas, delimitando el concepto de consumidor de acuerdo con las recientes Directivas comunitarias, como la de 25 de octubre de 2011.
En cuanto a las personas jurídicas, que antes se comprendían en el párrafo único con las físicas, pasan, tras la reforma, a estas contempladas en este párrafo 2º del artículo 3, que sigue refiriéndose a actuar fuera de un ámbito comercial o empresarial, añadiendo el requisito de la falta de ánimo de lucro:
“Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”.
La Ley 1/2013 no exige la condición de empresario o profesional del prestamista y, en este sentido, es claro que no coincide su ámbito con el de la legislación de protección de consumidores.
Tampoco exigen las citadas normas de la Ley 1/2013 que el prestatario sea consumidor. Sin embargo, parece que el prestatario que solicite un préstamo para adquirir una vivienda habitual y la hipoteque en garantía del mismo, siguiendo la doctrina de la DGRN sobre el ámbito de estas normas, tendrá la condición de consumidor. Por ello, será frecuente que los ámbitos de las leyes sobre cláusulas abusivas y de la Ley 1/2013 se solapen, lo que conduce a la aplicación prioritaria de la normativa de consumidores, que excluye la posibilidad de integración de la cláusula abusiva, como veremos.
El caso de los prestamistas no profesionales.
Mientras la legislación de defensa de los consumidores es aplicable solo a bienes o servicios prestados por empresarios o profesionales, como hemos dicho, la Ley 1/2013 no condiciona la aplicación de los límites por ella impuestos ni a la condición de empresario del prestamista ni a la de consumidor del prestatario. Por lo tanto, los límites legales de la Ley 1/2013 son también aplicables a posibles prestamistas no profesionales. También sería aplicable a estos prestamistas “no profesionales” la Ley de represión de la usura, cuyo ámbito objetivo (cualquier tipo de préstamo o crédito) difiere del de aquélla.
Entre otros aspectos de la Ley 1/2013, además de la limitación del interés de demora, es aplicable a prestamistas particulares la exigencia de que el valor de tasación a efectos de subasta sea como mínimo el 75% del valor de tasación hipotecario, que recoge el artículo 682.2 LEC, según la redacción dada al mismo por la Ley 1/2013, lo que implica la obligación de incorporar a la escritura de préstamo hipotecario entre particulares el correspondiente certificado de tasación oficial de entidad homologada. La aplicación de esta regla a los préstamos entre particulares la declaran las Resoluciones DGRN de 22 de enero de 2014, 31 de marzo de 2014 (que rechaza un certificado de un ingeniero técnico agrícola) o 12 de septiembre de 2014, entre otras. Sin embargo, debe precisarse que el incumplimiento de este requisito no afecta ni a la validez de la hipoteca ni a la posibilidad de su ejecución judicial, sino solo a la de acudir a las reglas del procedimiento especial de ejecución sobre bienes hipotecados, con lo que su virtualidad es limitada, al margen de que en caso de ejecución por la vía ordinaria fuera preciso realizar un avalúo antes de la subasta.
También es de aplicación general otra norma reformada por la Ley 1/2013, el artículo 693 LEC, conforme al cual, solo cabe pactar el vencimiento anticipado del préstamo por el impago de tres cuotas mensuales o de un número de cuotas que equivalga al incumplimiento durante tres meses.
Otra cuestión a tener en cuenta en el préstamo hipotecario entre particulares es la obligación de acreditar ante notario los medios de pago. La Resolución DGRN de 11 de marzo de 2013, relativa a una hipoteca en garantía de un reconocimiento de deuda, declara que en el préstamo mutuo garantizado con hipoteca, que califica como contrato oneroso aunque no sinalagmático, la entrega de cantidades por el prestamista al prestatario está sujeta a la obligación de identificación de los medios de pago, en los términos expresados en el artículo 24 de la Ley del Notariado y 177 del Reglamento Notarial.
Sin embargo, debe recordarse que la legislación notarial no prohíbe el pago en metálico. Por ello, no sería contrario a dicha legislación que la entrega del préstamo se hiciese en efectivo y con anterioridad a la firma de la escritura, limitándose a exigir la normativa notarial la manifestación de las partes en tal sentido. Cuando se trate de préstamos superiores a 100.000 euros, quedarían sujetos a la obligación de declaración del movimiento de efectivo. En cuanto a la limitación que establece el artículo 7 de la Ley 7/2007, de 29 de octubre, para los pagos en metálico superiores a 2500 euros, exige que una de las partes intervenga en condición de empresario o profesional. Con todo, debe recordarse que una cosa es que no estemos ante una sociedad de crédito registrada y otra que el que habitualmente concede préstamos, sea a través de una sociedad de cualquier tipo, o sea persona física, no sea un empresario o profesional, tanto a efectos de esta Ley 7/2007, como de la legislación de protección de los consumidores, al margen de la dificultad que pueda tener detectar la habitualidad del prestamista en su actuación.
Porque, en ocasiones, más que de un prestamista no profesional, se tratará de un prestamista profesional pero no registrado como tal, lo que es de licitud cuestionable, pues para desarrollar profesionalmente actividades de crédito dirigidas al público se exige en nuestra legislación cumplir unos requisitos.
En esta materia destaca la Ley 2/2009, de 31 marzo, cuyo ámbito es la concesión de préstamos hipotecarios a consumidores por personas físicas o jurídicas, con carácter profesional, así como la intermediación en la concesión de préstamos, siempre que no se trate de entidades de crédito o sus agentes. Esta Ley impone a los prestatarios e intermediarios profesionales, además de la obligación de inscribirse en un registro, una serie de deberes precontractuales y contractuales, disponiendo que el notario no autorizará los préstamos que incumplan los requisitos establecidos en la Ley (artículo 18). En cuanto a la obligación de inscripción en un registro, aunque algunas resoluciones de la DGRN consideraron que no era exigible este requisito por no haber sido creados en dicho momento los registros correspondientes, actualmente, el Real Decreto 106/2011, de 28 de enero, crea el registro estatal para estas empresas y regula el procedimiento de inscripción. Aunque esta Ley 2/2009 limita su ámbito a los préstamos hipotecarios, en general la actividad profesional de concesión de préstamos puede quedar sujeta a control público por los organismos competentes, a instancia, entre otros, de cualquier autoridad -por ejemplo, el notario- (véase en tal sentido la Disposición Adicional 4ª de la Ley 10/2014, de ordenación de las entidades de crédito).
La Resolución DGRN de 4 de febrero de 2015 rechaza la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario entre dos personas físicas, por no haberse cumplido los requisitos de la Ley 2/2009, considerando que la declaración de la parte prestamista en la escritura de no dedicarse profesionalmente a dicha actividad quedaba desvirtuada por constar inscritos 20 préstamos hipotecarios a su nombre en diferentes Registros de la Propiedad, lo que resultó del servicio de interconexión entre los registros (al cual, por supuesto, no tiene acceso el notario; por cierto que la resolución desestima el segundo de los defectos alegados que se refería a un interés de demora, el cual se había pactado en un 12%, más el 5% de lo impagado, más una comisión).
En sentido similar, la Resolución DGRN de 31 de mayo de 2016 confirma la calificación que exigía el cumplimiento de los requisitos de la Ley 2/2009 a una constitución de préstamo hipotecario a favor de una persona física, sobre la base de ser titular dicha persona de 35 préstamos hipotecarios en Registros de toda España, información que se obtuvo, a fin de calificar, a través del servicio de interconexión de los registros, considerando que dicho número de préstamos era un dato objetivo que por sí mismo permitía calificar al prestamista de profesional, rechazando la alegación de este de hallarse dichos préstamos ya cancelados o ser de escasa cuantía.
La Resolución DGRN de 7 de julio de 2016, confirmando anterior doctrina y en una interpretación finalista de la Ley 2/2016, considera de aplicación la norma cuando se trate de una cesión de créditos y el cesionario tenga la condición de prestamista profesional, lo que en el caso resulta de acreditarse aparecer como cesionario en dos cesiones realizadas en breve plazo, exigiendo la inscripción del cesionario del crédito en el Registro de Especial de las CCAA ,
La Resolución DGRN de 13 de septiembre de 2016, después de ratificar su previa doctrina sobre aplicación de la Ley 2/2009 a los cesión de créditos hipotecarios a favor de profesionales, presenta la peculiaridad de rechazar que un acta notarial de notoriedad tramitada para justificar la no profesionalidad del cesionario, basada en la sola declaración de dos testigos, uno de los cuales era el administrador de la sociedad cedente, y sin notificación a los deudores, como terceros interesados, pueda servir de base para revocar la calificación registral, que se apoyaba en la consulta del servicio de interconexión de los registros, argumentando que dicha acta de notoriedad no cumplía con los requerimientos previstos en el Reglamento Notarial.
¿Podrían ser el artículo 114.3º Ley Hipotecaria y la Disposición Transitoria 2ª Ley 1/2013 de aplicación a personas jurídicas?
Lo normal será que el deudor en un préstamo o crédito para adquirir su vivienda habitual sea una persona física.
No obstante, estos artículos de la Ley 1/2013, relativos al interés de demora, no limitan expresamente su ámbito de aplicación a las personas físicas, a diferencia de otros artículos de misma la Ley 1/2013, como el 6.2 (el de la expresión manuscrita, al margen de la interpretación extensiva que de este artículo ha realizado la DGRN, a la que después me refiero). Cabría, por ello, plantear la aplicación del límite legal del interés de demora a una persona jurídica que adquiriera un inmueble para destinarlo a vivienda habitual de sus socios o directivos. Por ejemplo, la DGRN ha admitido que una sociedad mercantil pueda acogerse a la exención del seguro decenal prevista para el auto-promotor de una vivienda unifamiliar para uso propio.
Sin embargo, la Resolución DGRN de 17 de diciembre de 2013 rechaza la aplicación de la obligación de declarar si el bien hipotecado es la vivienda habitual, en relación con el régimen especial previsto para éstas, incluido el límite al interés de demora, en un caso de un préstamo hipotecario a favor de una sociedad mercantil, aludiendo a que la finalidad de la norma es la protección de deudores personas físicas y familias, como resulta de su Preámbulo. Dice la Resolución:
"ni la propia finalidad de la Ley 1/2013, que está dirigida a deudores hipotecarios personas físicas, ni el propio concepto de vivienda habitual, ajeno por completo al ámbito societario y que no ofrece relación alguna con su domicilio, ni los precedentes normativos, permiten sostener que cuando se hipoteca una vivienda perteneciente a una sociedad mercantil deba realizarse manifestación alguna en relación a su eventual carácter «habitual»".
La Resolución se refiere expresamente a las sociedades mercantiles. Quizás fuera más discutible el caso de una sociedad civil que adquiriese la vivienda con objeto de su uso por los socios como vivienda habitual de los mismos, lo que sería un objeto propio de una sociedad civil (expresamente nos dice el Código Civil que la sociedad civil particular puede tener por objeto “cosas determinadas, su uso o sus frutos” -artículo 1678 Código Civil-).
¿Podrían el artículo 114.3º Ley Hipotecaria y la Disposición Transitoria 2ª Ley 1/2013 ser de aplicación a los hipotecantes no deudores?
La redacción del párrafo 3º del artículo 114 Ley Hipotecaria prevé su aplicación al "préstamo o crédito para la adquisición de la vivienda habitual garantizado con hipoteca sobre la misma vivienda".
Como ya hemos visto, la DGRN ha señalado que esta norma prevalece sobre el tenor literal de otras como la Disposición Transitoria 2ª que solo hacen referencia a hipoteca de la vivienda habitual, de manera que no es aplicable el límite legal a quien hipoteca su vivienda habitual si no lo hace para garantizar el préstamo destinado a la adquisición de su vivienda habitual. Este criterio parece excluir del ámbito de la norma al hipotecante no deudor que hipoteca su vivienda habitual en garantía de una deuda ajena.
Es cierto que la Resolución DGRN de 29 de septiembre de 2014 declaró que el artículo 6.2 de la Ley, relativo a la expresión manuscrita y que, según la clara letra de la norma, comprende solo el caso de prestatario persona física que hipoteca una vivienda (no necesariamente la habitual), es de aplicación a un préstamo a favor de una persona jurídica, en garantía del cual unos terceros, personas físicas, hipotecan su vivienda habitual.
Después de una apasionada defensa de la olografía y de lanzar alguna que otra admonición sobre el notario, que para esto toda ocasión le debe parecer buena, la DGRN, de modo algo confuso, se refiere a la aplicación del límite legal del interés de demora a su caso, en el que intervenían hipotecantes no deudores, lo que, por cierto, contradiría sus anteriores pronunciamientos sobre el ámbito de esta limitación, afirmando:
"El hipotecante no deudor queda afectado directamente por la limitación a la variabilidad de los intereses y por el hecho de constituir el bien hipotecado su vivienda habitual. De ahí las previsiones que establecen las cláusulas décima y undécima del título calificado, en relación a la posible ejecución futura de la vivienda, estableciendo cautelas y limitaciones respecto de los intereses de demora que estableció la Ley 1/2013 al dar nueva redacción a los artículos 114.3 , 575 bis, 579 y 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".
Al margen de lo discutible que puede ser aplicar extensivamente una norma tan excepcional como la expresión manuscrita, la extensión de la limitación de intereses al hipotecante no deudor, que podría, quizás, deducirse del párrafo transcrito, por mucho que no sea ésta la cuestión decidida en la resolución y que la expresión del párrafo no sea clara, parece contraria a la posición de la misma DGRN de aplicar la limitación de intereses solo al caso de que el préstamo garantizado con la hipoteca se destine a la adquisición de la misma vivienda habitual hipotecada, salvo quizás supuestos excepcionales en que el prestatario solicita el préstamo para adquirir su vivienda habitual y en garantía del préstamo se hipoteca la vivienda de un tercero, y aun en este caso, no encajaría el supuesto en el tenor literal de la norma.
Consideración del hipotecante no deudor como consumidor.
En cuanto a si el hipotecante no deudor puede tener la condición de consumidor y serle de aplicación el régimen de cláusulas abusivas, parece que dependerá de que el préstamo sea también concedido a un consumidor. En la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de Cáceres de 25 de enero de 2015, que después citaremos, el préstamo se otorgaba a un hijo de los hipotecantes. Aunque el hijo tenía la condición de empresario, no se estimó justificado que el préstamo se otorgase para una actividad empresarial (su finalidad declarada era la refinanciación de deudas, sin entrar ahora en la debatida cuestión de sobre quién recae la carga de la prueba de la condición de consumidor). Sin embargo, la propia sentencia recuerda que la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2002 negó la condición de consumidor a unos fiadores solidarios de un préstamo mercantil. Esto hace dudar de que, si el préstamo hubiera sido para una actividad mercantil, se considerase a los hipotecantes no deudores consumidores, aunque estos no tuvieran la condición de empresarios o profesionales.
¿Pueden existir deudores hipotecarios que sean consumidores y que no encajen en el supuesto de hecho de las normas de la Ley 1/2013 sobre limitación de intereses de demora?
Una lectura apresurada de la Ley 1/2013 podría llevarnos a pensar que solo el préstamo sobre una vivienda habitual tiene límites en el interés de demora, con el argumento "inclusio unius exclusio alterius".
Sin embargo, quien adquiera una segunda vivienda puede tener la condición legal de consumidor y resultar protegido por la legislación de protección de los consumidores, aun sin encajar en el supuesto de hecho de los artículos de la Ley 1/2013 sobre limitación de intereses de demora.
Esto al margen de que el juez pueda valorar la distinta naturaleza de los bienes para apreciar el carácter abusivo o no de la cláusula, según ya hemos dicho.
El caso del deudor en situación de umbral de exclusión.
La Ley 1/2013 modificó el artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, según el cual:
"1. En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión, el interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor solicite a la entidad la aplicación de cualquiera de las medidas del código de buenas prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, será, como máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2 por cien sobre el capital pendiente del préstamo.
2. Esta moderación de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el presente Real Decreto-ley."
Los efectos de la declaración como abusiva de una cláusula de interés de demora y su relación con las normas de la Ley 1/2013 sobre límite al interés moratorio.
La declaración como abusiva de una cláusula debe determinar su nulidad, sin que el juez nacional pueda integrarla según personal criterio. En este sentido se pronunciaron ya las Sentencias del TJUE de 14 de junio de 2012 y 14 de marzo de 2013. Esta doctrina jurisprudencial dio lugar a la modificación del artículo 83 TRLDC, por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, para suprimir la facultad judicial de integración de las cláusulas abusivas.
No obstante, el que el legislador estatal, mediante la tantas veces mencionada Ley 1/2013, haya impuesto un límite legal al interés de demora, lo que es tanto como decir que, para nuestro legislador, hasta ese límite el interés de demora es válido, plantea tanto si cabe declarar abusivo un interés que respete el límite legal, como si es posible la integración de la cláusula abusiva de intereses, no mediante el propio criterio del juez, sino ajustando el tipo al máximo legal, tal como hace expresamente la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013.
En este sentido, la Ley 1/2013 ha tenido efectos negativos para su “protegido” nominal, pues ha propiciado el desarrollo en la jurisprudencia menor de una línea de resistencia a la declaración de nulidad absoluta de los intereses moratorios, acudiéndose frecuentemente en las decisiones judiciales a criterios integradores legales.
Por poner algún ejemplo, aunque han sido múltiples los criterios seguidos:
- La Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 5 de septiembre de 2014 que, afirmando no desconocer el contenido de la sentencia del TJUE de 14 de junio de 2012, considera que debe distinguirse entre cláusulas intrínsecamente nulas y cláusulas no intrínsecamente nulas, situando entre las últimas las de intereses moratorios, afirmando que el devengo de intereses de demora es reconocido en nuestra legislación de modo reiterado, y que prescindir de los mismos de modo absoluto sería una solución discriminatoria frente al deudor cumplidor, aceptando su integración mediante la aplicación del criterio del 2,5 veces el interés legal del dinero, por la que había optado la entidad de crédito en su liquidación.
- La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 10 de junio de 2014, que ya se había referido expresamente a la posibilidad de integrar el interés de demora abusivo mediante la aplicación de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 1/2013, considerando que el propio TJUE había admitido la integración de las cláusulas abusivas mediante la aplicación de una norma legal interna.
Es esta línea jurisprudencial menor la que se verá afectada por la Sentencia TJUE de 21 de enero de 2015, que ocupándose directamente de la cuestión de la abusividad de la cláusula de intereses en relación con la Ley 1/2013, declara que la sustitución de la cláusula declarada abusiva por una disposición legal supletoria interna, solo podrá darse cuando:
“la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a consecuencias de tal índole que representaran para éste una penalización”.
Esta excepción a la regla general de no integración de la cláusula abusiva no entiende la sentencia que concurra en el caso de declaración de nulidad de una cláusula abusiva de intereses moratorios, pues la nulidad de la cláusula de intereses moratorios no determina la nulidad de todo el contrato.
Según la indicada sentencia del TJUE, el juez nacional que declare nula una cláusula de intereses por abusiva solo puede dejar de aplicarla y no cabe integrarla reduciéndola al límite legal. Dice el fallo de la sentencia, que transcribo:
“El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional con arreglo a la cual el juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria está obligado a hacer que se recalculen las cantidades debidas en virtud de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que fija intereses de demora calculados a partir de un tipo superior a tres veces el interés legal del dinero con el fin de que el importe de dichos intereses no rebase ese límite, siempre que la aplicación de la disposición nacional:
- no prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional del carácter abusivo de tal cláusula y
- no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva”.
- Sería posible que una cláusula de interés de demora que no rebase el limite legal del triple del interés legal del dinero fuese considerada abusiva por un Tribunal. La cuestión no es puramente teórica si tenemos en cuenta que Juntas de Jueces de diversas localidades habían llegado a acuerdos que oscilaban entre el triple del interés legal, lo que se ajustaría al límite legal, y 2,5 veces dicho interés legal, como criterios para declarar el carácter abusivo de un interés de demora, y ese segundo límite es inferior al de la Ley 1/2013. No obstante, parece que tras la Ley 1/2013, se tenderá a ajustarse al límite legal como criterio de abusividad, aunque esta solución no es imperativa para el juez nacional, según la propia sentencia analizada.
- Una vez declarada la cláusula abusiva no procede su integración con ningún criterio, incluido el de la Ley 1/2013, sino su anulación total.
Tampoco cabría, según entiendo, acudir la aplicación del artículo 1108 Código Civil y afirmar que la nulidad de la cláusula de interés de demora no excluye la aplicación de este artículo que, a falta de interés moratorio pactado, aplica como indemnización por mora el interés legal (como han hecho diversas sentencias judiciales), pues sería igualmente proceder a la integración de una cláusula abusiva por aplicación de una disposición legal, que es lo que rechaza la sentencia analizada.
La doctrina de esta sentencia TJUE ya ha sido aplicada por alguna resolución judicial interna. Por ejemplo, el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cáceres de 25 de enero de 2015, el cual declara que si el interés de demora se considera abusivo, no cabe su integración reduciéndolo al triple del interés legal del dinero, considerando inaplicable a las cláusulas abusivas la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013 (esta sentencia, por cierto, considera también abusiva la habitual cláusula por la que se calcula el interés con un año de 360 días, equiparándola a las de redondeo del interés).
Además, si la cláusula se considera abusiva por nula, cabrá plantear la restitución de los intereses de demora ya satisfechos, lo que se aparta también del régimen de la Disposición Transitoria 2ª Ley 1/2013 (dejando al margen del discutido caso de las cláusulas suelo, la regla general es la retroactividad de la declaración de nulidad).
Por último, apuntar que otro supuesto en el que se ha discutido la posibilidad de integrar una cláusula abusiva en virtud de un precepto legal, ha sido el de la cláusula de vencimiento anticipado por impago de una cuota, al prever el actual artículo 693 LEC, tras la reforma de la Ley 1/2013, que el vencimiento solo pueda ser por impago de tres cuotas, existiendo planteada una cuestión prejudicial sobre si el simple hecho de que la entidad de crédito en un préstamo hipotecario que contenga dicha cláusula de vencimiento anticipado espere tres meses para declarar el vencimiento puede suponer evitar el efecto de la nulidad de la cláusula abusiva, que en el caso sería el levantamiento de la ejecución (cuestión que se está planteando ante los Tribunales, a pesar de que la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2008 se había pronunciado en contra del carácter abusivo de la cláusula de vencimiento por impago de una sola cuota).
Con posterioridad a estas notas, la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015, que declara como doctrina jurisprudencial que será abusiva en un préstamo a un consumidor sin garantía hipotecaria toda cláusula que supere en 2 puntos el tipo remuneratorio pactado, aceptando la no posibilidad de integración ni de moderación de la cláusula declarada nula, considera, sin embargo, que la consecuencia no debe ser la no aplicación de interés alguno a las cantidades mientras se hallen en mora, sino que lo que procederá será la aplicación a las mismas del tipo remuneratorio pactado, dejándose de aplicar simplemente el incremento de demora, y señalando que no es obstáculo para esta aplicación del tipo remuneratorio pactado el que el Banco hubiera declarado vencido anticipadamente el préstamo. Esta doctrina ha sido confirmada para los préstamos hipotecarios por la
(Nota.- Con posterioridad a haber redactado la entrada, se ha dictado el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de marzo de 2016, asunto C-613/2015, al que ya he aludido en la entrado, pues es expresamente citado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016.
En el caso se decide sobre la abusividad de dos cláusulas de un préstamo hipotecario, formalizado en el año 2007, entre una entidad de crédito y un consumidor:
- El establecimiento de un interés de demora del 19%.
- La previsión de vencimiento anticipado "en caso de falta de pago de cualquiera de los vencimientos de intereses y plazos de amortización del capital prestado".
Interpuesta por el demandado en procedimiento especial de ejecución oposición por considerar abusivas ambas cláusulas, el juez nacional plantea cuestión de prejudicialidad sobre la posible contradicción con la Directiva 93/13 de dos normas internas:
- El artículo 114 de la Ley Hipotecaria, según la redacción dada por la Ley 1/2013, que sólo permite al juez nacional, para valorar el carácter abusivo de una cláusula que fija los intereses de demora, comprobar si el tipo de interés pactado supera 3 veces el tipo de interés legal y no otras circunstancias.
- El artículo 693 de la LEC, que permite reclamar de forma anticipada la totalidad del préstamo por incumplimiento de tres cuotas mensuales, sin tener en cuenta otros factores como la duración o la cuantía del préstamo o cualesquiera otras causas concurrentes relevantes y que, además, condiciona la posibilidad de evitar los efectos de dicho vencimiento anticipado a la voluntad del acreedor, salvo en los casos de hipoteca que grave la vivienda habitual del deudor.
El Tribunal resuelve mediante Auto la cuestión prejudicial, pues así es posible cuando esta "pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no suscite ninguna duda razonable".
Según el TJUE:
"los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 no permiten que la apreciación, por parte del juez nacional, del carácter abusivo, en el sentido de esta Directiva, de una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que fija el tipo de los intereses de demora y de una cláusula del mismo contrato que determina las condiciones del vencimiento anticipado del préstamo quede limitada a criterios como los definidos en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria y en el artículo 693 de la LEC".
Reitera, además, el TJUE su anterior doctrina sobre la imposibilidad de integrar una cláusula declarada nula por abusiva, ni siquiera, como regla genera, cuando esta integración venga establecida por una norma legal interna, lo que es directamente contradictorio con el sentido de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2013. Dice el Auto del TJUE:
"los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, en su caso procediendo a su anulación, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor ... Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha reconocido al juez nacional la facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional, siempre que esta sustitución se ajuste al objetivo del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y permita restablecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes del contrato. No obstante, esta posibilidad queda limitada a los supuestos en los que la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a consecuencias de tal índole que representaran para éste una penalización ... No obstante, en el litigio principal, y sin perjuicio de las comprobaciones que a este respecto deba realizar el órgano jurisdiccional remitente, la anulación de las cláusulas contractuales en cuestión no parece que pueda acarrear consecuencias negativas para el consumidor, ya que, por una parte, los importes en relación con los cuales se iniciaron los procedimientos de ejecución hipotecaria serán necesariamente menores al no incrementarse con los intereses de demora previstos por dichas cláusulas y, por otra parte, interesa al consumidor que no se declare el vencimiento anticipado del reembolso del capital prestado".
En consecuencia, según esta doctrina, el juez nacional, en aplicación de la Directiva comunitaria, podría estimar abusiva una cláusula de vencimiento anticipado por impago, aun cuando no vulnerase el límite de mensualidades establecido en el artículo 693 LEC, y podría considerar abusivo un interés de demora, aun cuando se ajustase a lo previsto en el artículo 114 Ley Hipotecaria (como hemos visto que ha sucedido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016, siempre que apreciase el desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso. La consecuencia de la declaración de abusividad sería, en todo caso, la inexigibilidad del interés de demora, sin poder ser sustituido por otro, y la no declaración de vencimiento anticipado del contrato).
Publicado por Francisco Mariño Pardo en 20:04:00
Etiquetas: consumidores, derecho civil, derecho de obligaciones, derecho hipotecario
Lis S. 22 de julio de 2015, 14:26
Enhorabuena. Estupendo artículo compañero.
Francisco Mariño Pardo 22 de julio de 2015, 14:34
Unknown 21 de agosto de 2015, 11:34
Buscando un título adecuado para guardar este artículo, finalmente lo he encabezado con un "MUY BUENO" . Gracias por compartir esta clara asociación de ideas.
Francisco Mariño Pardo 21 de agosto de 2015, 12:31
Jose Díaz Reixa 1 de septiembre de 2015, 17:39
Magnífico artículo compañero, muy completo y trabajado. Compartido en twitter. @josediazreixa
Francisco Mariño Pardo 1 de septiembre de 2015, 18:00
Muchas gracias por el comentario y por el tweet.
Unknown 23 de octubre de 2015, 17:06
Unknown 23 de febrero de 2016, 0:12
Unknown 29 de marzo de 2016, 2:06
criaturilla 5 de abril de 2016, 19:24
Y cuando se trata de un interés de demora en un prestamo a una pyme? Es abusivo un 29%?
Jose A. 12 de abril de 2016, 18:28
El artículo es redondo, perfecto. Solo me queda la duda de si, declarada la abusividad del interés de demora, y su consiguiente nulidad de pleno derecho, se puede exigir la devolución de las cantidades ya cobradas.
Francisco Mariño Pardo 12 de abril de 2016, 19:44
Gracias. De todas formas, desde que lo escribí ya han salido nuevas cosas, que debería incorporar, pero no he tenido tiempo. En cuanto a lo de la abusividad, pues si la cláusula de intereses es declarada nula, debería dar lugar a la devolución de lo cobrado, sin que pudiera integrarse por el Tribunal aplicando otro interés distinto al pactado, como el triple del legal del dinero o incluso el interés legal del dinero y desde el principio del préstamo, a pesar de lo que disponen las Disposiciones Transitorias de la Ley 1/2013. Eso es lo que resulta de la sentencia del TJUE que motivó la entrada. La cuestión dudosa se ha planteado con las cláusulas suelo, pues el Tribunal Supremo ha dicho que solo permite reclamar los intereses cobrados en aplicación de la cláusula suelo anulada desde la fecha de su primera sentencia (creo que es de mayo de 2013). Tengo entendido, de todas formas, que la cuestión sobre la retroactividad de la declaración de abusividad en las cláusulas suelo se ha planteado por algún Tribunal ante el TJUE y está pendiente de resolución, hasta donde alcanzo.