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Timestamp: 2017-10-23 21:39:40
Document Index: 377165912

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 9', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 6', 'Artículo 17']

Ley 1/1997, de 21 de febrero, de régimen sancionador en materia de vivienda. TITULO I. Infracciones y sanciones
Ley 1/1997, de 21 de febrero, de régimen sancionador en materia de vivienda
Publicado en DOCV núm. 2940 de 27 de Febrero de 1997 y BOE núm. 89 de 14 de Abril de 1997
Vigencia desde 27 de Abril de 1997. Revisión vigente desde 01 de Enero de 1999
1. No exponer en sitio visible, durante el período de construcción, el cartel indicador, según modelo oficial, de estar acogida la construcción al régimen de viviendas de protección pública.
2. La inexistencia en sitio visible, en los inmuebles acogidos al régimen de viviendas de protección pública, de la placa acreditativa de su condición, conforme al modelo oficial.
5. El suministro por parte de las compañías suministradoras de agua, gas o electricidad a usuarios de viviendas, sin la previa presentación de la cédula de habitabilidad o de la cédula de calificación definitiva, en el caso de primera ocupación en viviendas de protección pública.
6. La temeridad en la denuncia de supuestas infracciones tipificadas en la presente Ley.
7. La omisión del visado por la Administración de los contratos de viviendas de protección pública.
El concepto «viviendas de protección pública» contenido en el presente artículo ha sido introducido por Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 10/1998, 28 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalidad Valenciana («D.O.G.V.» 31 diciembre), en sustitución del anterior concepto «viviendas de protección oficial».
1. No incluir en los contratos de compraventa y arrendamiento de viviendas de protección pública las cláusulas establecidas como obligatorias en las disposiciones legales, así como la omisión del visado por la Administración, cuando los contratos infrinjan la normativa vigente.
2. Dedicar las viviendas de protección pública a usos no autorizados o alterar el régimen de uso y utilización de las mismas establecido en la calificación definitiva.
3. No destinar a domicilio habitual y permanente, o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses, las viviendas de protección pública, así como aquéllas en que se hubiese obtenido financiación pública, manteniéndose esta exigencia durante el plazo establecido en sus normas específicas.
5. La ejecución por el promotor de obras en viviendas de protección pública, sin la previa autorización del órgano competente de la Administración, que modifique el proyecto aprobado, aunque se ajusten a las ordenanzas técnicas y normas constructivas que sean aplicables.
6. La ejecución, sin la previa autorización del órgano competente de la Administración, de cualquier construcción no prevista en el proyecto, alterando los elementos comunes del inmueble, en especial, terrados, fachadas y balcones, una vez obtenida la calificación definitiva.
7. El incumplimiento, por acción u omisión, de las obligaciones establecidas en resoluciones firmes dictadas en procedimientos administrativos referentes al régimen legal de viviendas de protección pública, financiación protegida y cédulas de habitabilidad. Cuando medie reincidencia o mala fe podrá calificarse dicha conducta como muy grave.
11. El incumplimiento de la obligación de conservación y mantenimiento de las viviendas de promoción pública por parte de sus ocupantes.
1. Falsear los requisitos exigidos para la obtención de financiación protegida en la promoción, adquisición, uso o rehabilitación de viviendas.
2. Falsear las condiciones personales, familiares o económicas en las declaraciones o documentación exigidas para el acceso o uso a viviendas promovidas por entes públicos.
3. Utilizar los recursos económicos obtenidos mediante la financiación protegida para destinarlos a fines distintos de los que motivaron su otorgamiento.
4. No ajustar la ejecución final de las obras de protección pública al proyecto calificado provisionalmente por la Administración, en lo relativo a superficies, diseños y habitabilidad, de manera que impida la obtención de la calificación definitiva.
5. El incumplimiento por parte de los promotores de la normas técnicas de habitabilidad establecidas por la Generalitat Valenciana que dé lugar a la denegación de la cédula de habitabilidad por el órgano administrativo competente para su expedición.
6. La percepción de sobreprecio, prima o cantidad en virtud de compraventa o arrendamiento de viviendas de protección pública, que supere los precios o rentas máximas establecidos en la legislación vigente.
7. Percibir de los compradores de viviendas de protección pública cantidades a cuenta del precio, sin autorización expresa de la Administración o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente.
8. La transmisión por actos ínter vivos de terrenos incluidos en los proyectos de construcción, así como la cesión de la titularidad del expediente de promoción de viviendas de protección pública, sin haber obtenido la autorización expresa de la Administración.
9. La falsedad de los documentos o certificaciones expedidos por los promotores o la dirección facultativa de las obras de edificación de viviendas que resulten fundamentales para la obtención de la resolución administrativa.
10. Las acciones u omisiones, por culpa o negligencia, de promotores, constructores o facultativos durante la ejecución de las obras de viviendas de protección pública, que diesen lugar a vicios o defectos graves que afecten a la edificación o habitabilidad de las viviendas.
Artículo 7 Concurrencia con el orden jurisdiccional penal
1. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración deducirá el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador, en tanto la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento.
2. De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración continuará el expediente sancionador con arreglo a los hechos que los Tribunales hayan declarado probados.
Artículo 8 Multas y su graduación
1. Las infracciones tipificadas en los artículos 4, 5 y 6 serán sancionadas con multa en las siguientes cuantías:
a) Con multa de 25.000 hasta 100.000 pesetas, las infracciones leves.
b) Con multa de más de 100.000 hasta 500.000 pesetas, las infracciones graves.
c) Con multa de más de 500.000 hasta 5.000.000 de pesetas, las infracciones muy graves.
Estas cuantías podrán ser revisadas y actualizadas por el Gobierno Valenciano.
2. Si el beneficio que resulte de la comisión de la infracción fuese superior al de la multa que le corresponde, deberá ser ésta incrementada en la cuantía equivalente al beneficio obtenido.
c) La reiteración o reincidencia por comisión del hecho en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme, aunque la comisión de los hechos se llevara a término en obras diferentes de protección pública, por el mismo promotor, constructor, facultativo o propietario de la vivienda.
Artículo 9 Medidas complementarias
a) Descalificación de la vivienda, con pérdida de los beneficios obtenidos.
c) Inhabilitación temporal de uno a cinco años para intervenir en la redacción de proyectos o en la construcción de viviendas de protección pública o rehabilitación de viviendas con algún tipo de ayuda técnica o financiación protegida en calidad de técnicos, promotores y constructores.
Sin perjuicio de aplicar las sanciones procedentes en las resoluciones de los procedimientos sancionadores, podrá imponerse, en su caso, a los infractores la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, así como la realización de las obras de reparación y conservación y las necesarias para acomodar la edificación a las normas técnicas dictadas por la Generalitat Valenciana.
Artículo 10 Cese de conductas infractoras
Artículo 11 Naturaleza independiente de las sanciones
Artículo 12 Desahucio o pérdida del derecho de uso
La comisión de infracciones graves o muy graves tipificadas en esta Ley efectuadas por arrendatarios, u ocupantes por cualquier título, de viviendas de propiedad pública, podrá dar lugar al desahucio o a la pérdida del derecho de uso, ejecutados en los términos establecidos por la legislación vigente, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan.
En el caso de la imposición de la obligación de realizar obras a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se procederá en el mismo acto de la notificación de la resolución al expedientado a requerirle para la ejecución de aquéllas en el plazo máximo señalado, que podrá ser prorrogado por causa justificada y por un período no superior a la mitad del inicialmente establecido.
Artículo 14 Ejecución forzosa
1. La ejecución de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores podrá realizarse mediante la aplicación de las medidas de ejecución forzosa previstas en el capítulo V del título VI de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, autorizándose en cualquier caso a la Administración de la Generalitat Valenciana a imponer multas coercitivas en la cuantía de 100.000 pesetas, la primera, y de 200.000 pesetas, las sucesivas, en tanto no se subsane la causa que haya motivado la sanción.
Artículo 15 Condonación
Artículo 16 Plazos
En el caso de las infracciones tipificadas en el artículo 6.10 de esta Ley, la prescripción se producirá a los cinco años a contar desde la fecha de la calificación definitiva, salvo que se trate de defectos de construcción a la vista, en cuyo caso dicho plazo se reducirá a un año a contar desde la entrega de la vivienda.
Cuando se trate de una infracción continuada, se tomará como fecha inicial del cómputo la del último acto con que la infracción se consuma.
Artículo 17 Organos competentes
El procedimiento sancionador se ajustará al que, con carácter general, establezca el Gobierno Valenciano y, en su defecto, al establecido con carácter general por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Consellería competente en materia de vivienda habilitará las medidas necesarias para que, en cualquier momento, el órgano administrativo que se determine pueda inspeccionar, ante los indicios de supuestas infracciones a la normativa de actuaciones protegibles en materia de vivienda, o simplemente a título de muestreo, el cumplimiento de los requisitos legales que han posibilitado el acceso a una vivienda con ayudas públicas.
Asimismo, podrán ser objeto de inspección las supuestas infracciones a las normas de habitabilidad y diseño en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
El Gobierno Valenciano desarrollará mediante Decreto la constitución, funciones, competencias y procedimiento de la inspección prevista en la presente disposición.
A los procedimientos sancionadores ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior, excepto en aquello que favorezca al presunto infractor.
Se autoriza al Gobierno Valenciano a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a las determinaciones de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor a los dos meses desde su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».