Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0243_ES.html
Timestamp: 2019-07-20 15:14:36
Document Index: 327729387

Matched Legal Cases: ['artículo 294', 'artículo 53', 'artículo 4', 'artículo 94', 'artículo 157', 'artículo 141', 'artículo 84', 'artículo 290', 'artículo 98', 'artículo 290', 'artículo 290', 'artículo 290', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 34', 'artículo 148', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 2', 'Artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 104', 'artículo 105', 'Artículo 21', 'artículo 111', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 104', 'artículo 105', 'artículo 67', 'Artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 23', 'artículo 91', 'artículo 47', 'artículo 56', 'artículo 48', 'artículo 57', 'artículo 63', 'artículo 74', 'artículo 75', 'artículo 450', 'artículo 84', 'Artículo 84', 'artículo 85', 'artículo 88', 'artículo 89', 'artículo 91', 'artículo 13', 'artículo 91', 'artículo 92', 'artículo 153', 'artículo 94', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 104', 'artículo 16', 'artículo 98', 'artículo 395', 'artículo 449', 'artículo 84', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 84', 'artículo 16', 'artículo 501', 'artículo 99', 'artículo 103', 'artículo 104', 'artículo 97', 'artículo 98', 'artículo 101', 'artículo 102', 'artículo 104', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 99', 'Artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 393', 'artículo 98', 'artículo 101', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 73', 'artículo 98', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 92', 'artículo 128', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 92', 'artículo 128', 'artículo 104', 'Artículo 104', 'artículo 73', 'artículo 104', 'artículo 100', 'artículo 104', 'artículo 100', 'artículo 92', 'artículo 104', 'artículo 128', 'artículo 141', 'Artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 105', 'artículo 108', 'artículo 109', 'artículo 92', 'artículo 113', 'Artículo 113', 'artículo 104', 'artículo 86', 'artículo 105', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 104', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 15', 'artículo 116', 'artículo 117', 'artículo 2', 'artículo 119', 'artículo 21', 'artículo 120', 'artículo 3', 'artículo 125', 'artículo 111', 'artículo 10', 'artículo 129', 'artículo 104', 'artículo 130', 'artículo 92', 'artículo 129', 'artículo 131', 'artículo 34', 'artículo 133', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 131', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 131', 'artículo 92', 'artículo 104', 'artículo 131', 'artículo 19', 'artículo 34', 'artículo 134', 'artículo 136', 'artículo 3', 'artículo 141', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 142', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 104', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 104', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 104', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 104', 'artículo 92', 'artículo 141', 'Artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 128', 'artículo 92', 'artículo 104', 'artículo 92', 'artículo 104', 'artículo 92', 'artículo 104', 'artículo 92', 'artículo 104', 'artículo 92', 'artículo 128', 'artículo 141', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 142', 'artículo 145', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 146', 'artículo 161', 'artículo 104', 'artículo 1']

Procedimiento : 2016/0364(COD)
Ciclo relativo al documento : A8-0243/2018
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sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital
Ponente: Peter Simon
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0854),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 53, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0474/2016),
– Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de 8 de noviembre de 2017(1),
por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital
(1) La Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(5) y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) se adoptaron en respuesta a la crisis financiera que se desencadenó en 2007-2008. Estas medidas legislativas han contribuido de manera importante a fortalecer el sistema financiero de la Unión y han dotado a las entidades de mayor resiliencia frente a posibles futuras perturbaciones. Aun siendo muy exhaustivas, estas medidas no abordaban todas las deficiencias constatadas que afectan a las entidades. Además, algunas de las medidas propuestas inicialmente han estado sujetas a cláusulas de revisión o no se han especificado en grado suficiente que permita su correcta aplicación.
(2) La presente Directiva tiene por objeto abordar las cuestiones suscitadas por las disposiciones que han demostrado no ser suficientemente claras y, por tanto, han estado sujetas a interpretaciones divergentes, o que se han considerado excesivamente onerosas para determinadas entidades. Contiene, asimismo, adaptaciones de la Directiva 2013/36/UE que son necesarias a raíz de la adopción de otra legislación pertinente de la Unión, como la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(7) o las modificaciones, paralelamente propuestas, del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Por último, las modificaciones propuestas suponen una mayor adaptación del marco regulador actual a la evolución internacional, a fin de favorecer la coherencia y la comparabilidad entre países.
(2 bis) Una de las lecciones fundamentales que dejó la crisis financiera en Europa fue la inadecuación de su marco institucional y político para prevenir y hacer frente a las desigualdades dentro de la Unión. Habida cuenta de la evolución institucional reciente en la Unión, resulta necesaria una revisión exhaustiva del marco de la política macroprudencial. Es importante racionalizar el mecanismo de coordinación entre las autoridades, simplificar la activación de los instrumentos de la política macroprudencial y ampliar el conjunto de herramientas macroprudenciales para garantizar que las autoridades pueden hacer frente a los riesgos sistémicos de manera oportuna y eficaz. Los cambios legislativos deben incluir, entre otros elementos, la revisión de las competencias respectivas de las autoridades macroprudenciales a nivel nacional y de la Unión de tal forma que se delimiten mejor las responsabilidades en los ámbitos de la evaluación de riesgos y la elaboración de políticas, incluidos los procedimientos de coordinación y notificación entre autoridades. La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) debe desempeñar un papel fundamental en la coordinación de las medidas macroprudenciales, así como en la transmisión de información relativa a las medidas macroprudenciales previstas en los Estados miembros, en particular mediante la publicación en su sitio web de las medidas macroprudenciales adoptadas y mediante el intercambio de información entre autoridades tras las notificaciones de las medidas macroprudenciales previstas.
(3) Las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera podrían ser empresas matrices de grupos bancarios, por lo que se prevé aplicar requisitos prudenciales basados en la situación consolidada de esas sociedades de cartera. Dado que las entidades controladas por tales sociedades puede que no siempre cumplan los requisitos en base consolidada, resulta coherente con el ámbito de la consolidación que las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera queden incluidas en el ámbito de aplicación directa de la Directiva 2013/36/UE y del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Por tanto, resulta necesario prever un procedimiento de autorización específico para dichas sociedades, así como su supervisión por las autoridades competentes. Esto garantizaría que los requisitos prudenciales consolidados los cumpla directamente la sociedad de cartera, que no estará sujeta a requisitos prudenciales aplicados a nivel individual.
(4) Se encomiendan al supervisor en base consolidada las principales responsabilidades por lo que atañe a la supervisión en base consolidada. Por consiguiente, es necesario que la autorización y supervisión prudenciales de las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera se atribuyan también al supervisor en base consolidada. El Banco Central Europeo, en el ejercicio de su cometido de efectuar la supervisión en base consolidada de las empresas matrices de las entidades de crédito, conforme al artículo 4, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo(8), debe también ser responsable de la autorización y supervisión de las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera.
(5) El informe de la Comisión COM(2016) 510, de 28 de julio de 2016, puso de manifiesto que, aplicados a entidades pequeñas y poco complejas, algunos de los principios, tales como los requisitos sobre diferimiento y pago en instrumentos que establece el artículo 94, apartado 1, letras l) y m), de la Directiva 2013/36/UE, resultan demasiado gravosos y no guardan proporción con sus ventajas prudenciales. En él, se consideraba, asimismo, que el coste de aplicar estos requisitos es superior a sus ventajas prudenciales en el caso del personal con un bajo nivel de remuneración variable, pues tales niveles de remuneración variable conllevan poco o ningún incentivo que mueva a dicho personal a asumir un exceso de riesgo. Por consiguiente, si bien todas las entidades deben estar obligadas, en general, a aplicar todos los principios a todo aquel de su personal cuyas actividades profesionales afecten significativamente a su perfil de riesgo, es necesario que la Directiva exima a las entidades pequeñas y poco complejas, y al personal con un bajo nivel de remuneración variable, de los principios sobre diferimiento y pago en instrumentos.
(6 bis) El principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor se establece en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las entidades de crédito y las empresas de inversión han de aplicar este principio de forma coherente. Por tanto, deben aplicar una política de remuneración imparcial en cuanto al género.
(6) Es necesario establecer criterios claros, sistemáticos y armonizados para identificar las entidades pequeñas y poco complejas, así como los niveles de remuneración variable que se consideran bajos, a fin de garantizar la convergencia supervisora y favorecer condiciones equitativas entre las entidades y una adecuada protección de los depositantes, los inversores y los consumidores en toda la Unión. Al mismo tiempo, resulta conveniente otorgar a las autoridades competentes cierta flexibilidad para adoptar un enfoque más estricto cuando lo consideren necesario.
(7) La Directiva 2013/36/UE exige que una parte sustancial, y en todo caso al menos el 50 % de cualquier elemento de remuneración variable consista en un equilibrio de acciones o intereses de propiedad equivalentes, en función de la estructura jurídica de la entidad de que se trate, o instrumentos vinculados con acciones u otros instrumentos no pecuniarios equivalentes, en el caso de una entidad de crédito no cotizada; y, si es posible, otros instrumentos de nivel l o nivel 2 que reúnan determinadas condiciones. Este principio limita la utilización de instrumentos vinculados a acciones a las entidades no cotizadas y obliga a las entidades cotizadas a utilizar acciones. El informe de la Comisión COM(2016) 510, de 28 de julio de 2016, indicaba que el uso de acciones puede conllevar importantes costes y cargas administrativas para las entidades cotizadas. Por otra parte, cabe obtener ventajas prudenciales equivalentes permitiendo que las entidades cotizadas utilicen instrumentos vinculados a acciones que reflejen el valor de las acciones. Así pues, la posibilidad de utilizar instrumentos vinculados a acciones debe extenderse a las entidades cotizadas.
(8) Las adiciones de fondos propios impuestas por las autoridades competentes son un factor importante por lo que atañe al nivel global de fondos propios de las entidades y son pertinentes para los participantes en el mercado, ya que el nivel de fondos propios adicionales impuesto afecta al umbral a partir del cual se aplican las restricciones sobre los pagos de dividendos, los pagos de incentivos y los pagos relativos a instrumentos de capital de nivel 1 adicional. Procede definir claramente las condiciones en que deben imponerse adiciones de capital, a fin de garantizar la aplicación uniforme de las normas en todos los Estados miembros y el buen funcionamiento del mercado.
(9) Las adiciones de fondos propios impuestas por las autoridades competentes deben fijarse en función de la situación específica de la entidad y deben estar debidamente motivadas. Estos requisitos ▌deben utilizarse para cubrir los riesgos a los que se exponen las entidades individuales como consecuencia de sus actividades, incluidos los que reflejan el impacto de determinados modelos empresariales o de la evolución del mercado sobre el perfil de riesgo de una entidad individual. No obstante, no deben entrar en conflicto con los tratamientos específicos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y destinados a evitar consecuencias indeseadas para la estabilidad financiera, la oferta de crédito y la economía real.
(9 bis) Los riesgos que se derivan de la importancia sistémica de una entidad deben tenerse en cuenta para los colchones de capital, pero también para el cálculo de la ratio de apalancamiento, de conformidad con la decisión del Comité de Basilea sobre un colchón para los bancos de importancia sistémica mundial. Por ello, debe introducirse un ajuste de la ratio de apalancamiento para las entidades de importancia sistémica mundial (EISM), que debe fijarse en un 50 % de los requisitos relativos a una mayor capacidad de absorción de pérdidas ponderada por riesgo de las EISM.
(9 ter) La revisión y evaluación supervisora debe tener en cuenta el tamaño, la estructura y la organización interna de las entidades y la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. Cuando entidades distintas tienen perfiles de riesgo similares, por ejemplo porque tienen modelos empresariales o una localización geográfica de las exposiciones similares o dependen del mismo sistema institucional de protección, las autoridades competentes deben poder adaptar la metodología de los procesos de revisión y evaluación para detectar las características y riesgos comunes de entidades con ese mismo perfil de riesgo. Sin embargo, esa adaptación no debe impedir que las autoridades competentes tengan debidamente en cuenta los riesgos específicos que afectan a cada entidad ni alterar la naturaleza específica para cada entidad de las medidas impuestas.
(10) El requisito de ratio de apalancamiento constituye un requisito paralelo a los requisitos de fondos propios basados en el riesgo. Por tanto, cualquier adición de fondos propios impuesta por las autoridades competentes para hacer frente al riesgo de exceso de apalancamiento debe agregarse al requisito de ratio de apalancamiento mínimo y no a los requisitos mínimos de fondos propios basados en el riesgo. Además, todo el capital de nivel 1 ordinario utilizado por las entidades para cumplir sus obligaciones en materia de apalancamiento puede utilizarse también para cumplir sus requisitos de fondos propios basados en el riesgo, inclusive los requisitos combinados de colchón.
(11) Las autoridades competentes deben tener la posibilidad de comunicar a las entidades cualquier otro ajuste del importe de capital por encima de los requisitos mínimos de fondos propios, los requisitos de fondos propios adicionales y los requisitos combinados de colchón que consideren que dichas entidades deben efectuar para afrontar situaciones futuras, ya sea previsibles o remotas. Se trata de una orientación que constituye un objetivo de capital, por lo que debe considerarse que se sitúa por encima de los requisitos de fondos propios y los requisitos combinados de colchón, en el sentido de que el incumplimiento de tal objetivo no activa las restricciones en materia de distribuciones previstas en el artículo 141 de la presente Directiva, y esta y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 no deben establecer exigencias de divulgación obligatoria por lo que atañe a esa orientación. Cuando una entidad incumpla reiteradamente el objetivo de capital, la autoridad competente debe estar facultada para tomar medidas de supervisión y, en su caso, imponer requisitos de fondos propios adicionales.
(12) En las respuestas a la convocatoria de datos de la Comisión en relación con el marco regulador de los servicios financieros de la UE se señalaba que la carga que representa la presentación de información se ve incrementada por la información sistemática que las autoridades competentes exigen de manera adicional a los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013. La Comisión debe elaborar un informe en el que se identifiquen esos requisitos adicionales de información sistemática, y evaluar si son coherentes con el código normativo único sobre la presentación de información a efectos de supervisión.
(13) Las disposiciones de la presente Directiva 2013/36/UE sobre el riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión están relacionadas con las disposiciones pertinentes del Reglamento n.º [XX] por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013, que prevé un plazo de aplicación más largo para las entidades. En aras de la concordancia en la aplicación de las normas sobre el riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión, las disposiciones necesarias para cumplir las disposiciones pertinentes de la presente Directiva deben aplicarse a partir de la misma fecha que las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) n.º [XX].
(14) Al objeto de armonizar el cálculo del riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión cuando los sistemas internos de la entidad para la medición de dicho riesgo no sean satisfactorios, debe facultarse a la Comisión para que adopte normas técnicas de regulación dirigidas a establecer los pormenores de un método estándar, mediante las normas técnicas de regulación previstas en el artículo 84, apartado 4, de la presente Directiva a través de actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
(15) Con vistas a que las autoridades competentes identifiquen mejor qué entidades pueden estar expuestas a un exceso de pérdidas en sus actividades de la cartera de inversión, por posibles variaciones de los tipos de interés, la Comisión debe poder adoptar normas técnicas de regulación que especifiquen los seis escenarios de shock a efectos de supervisión que todas las entidades deben utilizar para calcular los cambios en el valor económico del patrimonio neto a que se refiere el artículo 98, apartado 5, las hipótesis comunes, basadas en normas internacionales, que todas las entidades han de emplear en sus sistemas internos a efectos de ese mismo cálculo y de cara a determinar la posible necesidad de establecer criterios específicos que permitan identificar las entidades con respecto a las cuales puede estar justificado adoptar medidas de supervisión a raíz de una disminución de los ingresos netos por intereses atribuibles a variaciones de los tipos de interés, mediante actos delegados adoptados en virtud del artículo 290 del TFUE y conforme a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
(17) En algunos Estados miembros, los bancos públicos de desarrollo y las cooperativas de crédito han estado tradicionalmente exentos de la legislación de la Unión sobre las entidades de crédito. Con el fin de garantizar condiciones de competencia equitativas, debe permitirse también que otros bancos públicos de desarrollo y cooperativas de crédito estén exentos de la legislación de la Unión sobre las entidades de crédito y operen solo conforme a salvaguardas reglamentarias nacionales acordes con los riesgos en que incurran. En aras de la seguridad jurídica, es necesario establecer criterios claros con respecto a esas exenciones adicionales y delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que atañe a verificar si determinadas entidades o categorías de entidades cumplen dichos criterios.
(17 bis) La realización de la Unión Bancaria supone un importante avance para crear mercados transfronterizos que funcionen correctamente y para garantizar que los clientes de los bancos se pueden beneficiar de los efectos positivos derivados de un mercado bancario europeo armonizado e integrado que garantice la igualdad de condiciones para los bancos europeos. Se han hecho progresos notables en la realización de la Unión Bancaria, pero siguen existiendo algunos obstáculos, por ejemplo en lo que respecta a las opciones y facultades discrecionales. La armonización de las normas sigue resultando especialmente difícil en el ámbito de las exposiciones transfronterizas importantes dentro de un grupo, ya que el Mecanismo Único de Supervisión no tiene competencias exclusivas en este ámbito. Por otra parte, las actividades transfronterizas en la Unión Bancaria se rigen integralmente por la metodología utilizada por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), por lo que para un banco ubicado en un país de la zona del euro es menos atractivo ampliar su actividad a otro país de la zona del euro que en su propio mercado nacional. En consecuencia, tras consultar exhaustivamente al BCE, a la JERS y a la ABE, la Comisión debe revisar el marco vigente, manteniendo al mismo tiempo un enfoque equilibrado y adecuado desde el punto de vista prudencial con respecto a los países de origen y de acogida y teniendo presentes los posibles beneficios y riesgos para los Estados miembros y las regiones.
(17 ter) Los bonos del Estado desempeñan un papel fundamental a la hora de ofrecer activos líquidos de alta calidad a los inversores y fuentes de financiación estables a los gobiernos. Sin embargo, las entidades financieras de algunos Estados miembros han invertido excesivamente en bonos emitidos por sus propios gobiernos, lo que ha provocado una «distorsión nacional» excesiva. Dado que uno de los principales objetivos de la Unión Bancaria consiste en romper el nexo entre el riesgo bancario y el riesgo soberano, y que el marco regulador de la Unión sobre el tratamiento prudencial de la deuda soberana debe seguir siendo coherente con la normativa internacional, los bancos deben seguir esforzándose por lograr una mayor diversidad en las carteras de títulos soberanos.
(18) Antes de la adopción de actos en virtud del citado artículo 290 del TFUE, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
(19) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, reforzar y perfilar la legislación ya vigente en la Unión, que garantiza que requisitos prudenciales uniformes se apliquen a las entidades de crédito y a las empresas de inversión en toda la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(20) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.
(21) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2013/36/UE en consecuencia.
Artículo 1Modificaciones de la Directiva 2013/36/CE
La Directiva 2013/36/UE queda modificada como sigue:
a) El apartado 5 queda modificado como sigue:
1) El punto 16 se sustituye por el texto siguiente:
«16) en los Países Bajos, al “Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV”, a la “NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij”, al “NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering”, a la “Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV” y a las “kredietunies,”.».
2) Se añade el punto 24 siguiente:
«24) En Croacia, a las “kreditne unije” y al “Hrvatska banka za obnovu i razvitak”,».
«5 bis. Sin perjuicio de las entidades enumeradas en el apartado 5, la presente Directiva no se aplicará a aquellas entidades en relación con las cuales la Comisión establezca en un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 148, basándose en la información de que disponga, que cumplen la totalidad de las siguientes condiciones, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales:
a) que la entidad haya sido creada ▌por la administración central, una administración regional o una autoridad local de un Estado miembro;
b) que las disposiciones jurídicas y de otro tipo que regulen su actividad corroboren que ▌los objetivos incluyen actividades de interés general, como la concesión de financiación para el desarrollo o la promoción a determinadas actividades económicas o zonas geográficas del Estado miembro de que se trate;
c) que esté sujeta a un marco de supervisión que garantice su estabilidad financiera;
d) que la administración central, administración regional o autoridad local, según proceda, esté obligada a proteger la viabilidad de la entidad o garantice, directa o indirectamente, al menos el 75 % de sus pasivos o requisitos de fondos propios, requisitos de financiación o exposiciones;
e) que no pueda aceptar depósitos minoristas, a excepción de los garantizados por la administración central, la administración regional o la autoridad local;
f) si la entidad ha sido establecida por una administración regional o una autoridad local, que la mayoría de sus actividades se limiten al Estado miembro en el que esté situada su administración central;
g) para las entidades cuyos requisitos de fondos propios, requisitos de financiación o exposiciones estén garantizados en menos del 75 % directa o indirectamente por la administración central, una administración regional o una autoridad local de un Estado miembro de conformidad con la letra d), que el valor total de sus activos sea inferior a 30 000 millones EUR;
h) que la ratio del total de sus activos respecto del PIB del Estado miembro de que se trate sea inferior al 30 %.
La Comisión verificará periódicamente si una entidad sujeta a un acto delegado adoptado en virtud del artículo 148 sigue cumpliendo las condiciones establecidas en el párrafo primero.
5 ter. Sin perjuicio de las entidades enumeradas en el apartado 5, la presente Directiva no se aplicará a aquellas categorías de entidades de un Estado miembro con respecto a las cuales la Comisión establezca en un acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 148, basándose en la información de que disponga, que las entidades que componen tal categoría se consideran cooperativas de crédito con arreglo a la legislación nacional de un Estado miembro y reúnen las siguientes condiciones:
a) que sean entidades financieras de naturaleza cooperativa;
b) que estén integradas exclusivamente por una serie de socios que comparten determinadas características o intereses personales predefinidos;
c) que solo puedan prestar servicios financieros y de crédito a sus miembros;
d) que solo puedan aceptar depósitos o fondos reembolsables procedentes de sus socios ▌;
e) que solo pueden llevar a cabo las actividades mencionadas en los puntos 1 a 6 y 15 del anexo I de la presente Directiva;
f) que estén sujetas a requisitos prudenciales adecuados y eficaces, incluidos requisitos mínimos de capital, y a un marco de supervisión de efectos similares al establecido por el Derecho de la Unión;
g) que el valor agregado de los activos de esta categoría de entidades sea inferior o igual al 3 % del PIB del Estado miembro de que se trate ▌;
h) que sus actividades se limiten al Estado miembro en el que esté situada su administración central.
La Comisión verificará periódicamente si una categoría de entidades sujeta a un acto delegado adoptado en virtud del artículo 148 sigue cumpliendo las condiciones establecidas en el párrafo primero.».
«6. Los entes a que se refieren el apartado 5, puntos 1 y 3 a 24, y los actos delegados adoptados conforme a los apartados 5 bis y 5 ter del presente artículo se considerarán entidades financieras a efectos del artículo 34 y del título VII, capítulo 3.».
«6 bis. Los Estados miembros velarán por que se publique una lista de las entidades excluidas de la aplicación de la presente Directiva con arreglo a los apartados 5 bis y 5 ter, junto con la información sobre el alcance de cualquier protección de depósitos.».
d) Se añade el apartado 7 siguiente:
«Los criterios establecidos en los apartados 5 bis y 5 ter, por los cuales una entidad puede quedar exenta mediante un acto delegado adoptado en virtud del artículo 148, no se aplicarán bajo ninguna circunstancia a las entidades que han quedado exentas anteriormente con arreglo a la lista contemplada en el apartado 5.
A más tardar [5 años después de la entrada en vigor], la Comisión podrá revisar, en el caso de las entidades enumeradas de conformidad con los apartados 5 bis y 5 ter, el marco jurídico y de supervisión nacional aplicables a dichas entidades ▌teniendo en cuenta ▌los criterios que ▌se indican en los apartados 5 bis y 5 ter.».
a) En el apartado 1, se añaden los siguientes puntos:
«60) «Autoridad de resolución»: una autoridad de resolución tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/59/UE.
61) «Entidad de importancia sistémica mundial (EISM)»: una EISM según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 132, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
62) «Entidad de importancia sistémica mundial no de la UE» una entidad financiera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 133, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
63) «Grupo»: un grupo según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 137, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
64) «Grupo de un tercer país»: un grupo cuya empresa matriz esté establecida en un tercer país.
64 bis) «Política de remuneración imparcial en cuanto al género en una entidad de crédito o empresa de inversión»: una política de remuneración basada en la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.».
«3. A efectos de la aplicación de los requisitos establecidos en la presente Directiva y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en base consolidada, así como del ejercicio de la supervisión en base consolidada con arreglo a la presente Directiva y al Reglamento (UE) n.º 575/2013, los términos «entidad», «entidad matriz de un Estado miembro», «entidad matriz de la UE» y «empresa matriz» se aplicarán también a las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera que estén sujetas a los requisitos establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre una base consolidada y estén autorizadas de conformidad con el artículo 21 bis.».
3) En el artículo 4, el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:
«8. Los Estados miembros velarán por que cuando autoridades distintas de las autoridades competentes estén facultadas para llevar a cabo la resolución, esas otras autoridades cooperen estrechamente y consulten con las autoridades competentes en lo relativo a la preparación de los planes de resolución y en toda otra circunstancia, cuando así lo exijan la presente Directiva, la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(9) o el Reglamento (UE) n.º 575/2013.».
3 bis) En el artículo 8, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«Los Estados miembros dispondrán que las entidades de crédito cuenten con la autorización correspondiente de las autoridades competentes antes de comenzar sus actividades, incluidas las enumeradas en el anexo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 a 14, los Estados miembros establecerán las condiciones para dicha autorización y las notificarán a la ABE.».
4) En el artículo 8, el apartado 2 queda modificado como sigue:
«a) la información que debe proporcionarse a las autoridades competentes en la solicitud de autorización de las entidades de crédito, incluido el programa de actividades contemplado en el artículo 10, así como la información necesaria por lo que atañe a las condiciones de autorización establecidas por los Estados miembros y notificadas a la ABE conforme al apartado 1;».
«b) los requisitos aplicables a los accionistas y socios con participaciones cualificadas, o, en caso de que no haya participaciones cualificadas, a los veinte mayores accionistas o socios, de conformidad con el artículo 14; y».
«2. El apartado 1 no se aplicará a la recepción de depósitos u otros fondos reembolsables por:
a) un Estado miembro;
b) autoridades regionales o locales de un Estado miembro;
c) organismos públicos internacionales de los que uno o varios Estados miembros sean miembros;
d) personas o empresas cuyo acceso a la actividad y su ejercicio esté explícitamente regulado por legislación de la Unión distinta de la presente Directiva y del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
e) las entidades a que se refiere el artículo 2, apartados 5, 5 bis y 5 ter, cuya actividad se rige por la legislación nacional.».
«Artículo 10Programa de actividades y estructura organizativa
Los Estados miembros dispondrán que la solicitud de autorización se acompañe de un programa de actividades en el que se indique el tipo de operaciones previstas y la estructura organizativa de la entidad de crédito, con indicación de las empresas matrices, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera del grupo.».
7) En el artículo 14, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. Las autoridades competentes denegarán la autorización de iniciar la actividad de entidad de crédito si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sólida y prudente de la entidad de crédito, no estuvieran convencidas de la idoneidad de los accionistas o socios de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 23, apartado 1. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 23, apartados 2 y 3, y en el artículo 24.».
8) En el artículo 18, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:
«d) deje de cumplir los requisitos prudenciales que se establecen en las partes tercera, cuarta y sexta del Reglamento (UE) n.º 575/2013, excepto por lo establecido en sus artículos 92 bis y 92 ter, o impuestas en virtud del artículo 104, apartado 1, letra a), o el artículo 105 de la presente Directiva, o deje de ofrecer garantías de poder cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores, y en especial deje de garantizar los activos que le hayan confiado los depositantes;».
9) Se insertan los artículos 21 bis y 21 ter siguientes:
«Artículo 21 bisAutorización de sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de cartera
1. Los Estados miembros exigirán a las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera que obtengan autorización del supervisor en base consolidada, determinado de acuerdo con el artículo 111.
Cuando el supervisor en base consolidada sea distinto de la autoridad competente del Estado miembro en el que la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera haya sido creada, el supervisor en base consolidada consultará a la autoridad competente.
2. La solicitud de autorización a que se refiere el apartado 1 contendrá información sobre lo siguiente:
a) la estructura organizativa del grupo del que la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera sea parte, con indicación precisa de las filiales y, en su caso, las empresas matrices;
b) el cumplimiento de los requisitos en materia de dirección efectiva de la actividad y localización de la administración central que establece el artículo 13;
c) el cumplimiento de los requisitos en materia de accionistas y socios que establece el artículo 14.
3. El supervisor en base consolidada podrá conceder la autorización únicamente si tiene el convencimiento de que se cumplen todas las condiciones siguientes:
a) que la sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera sujeta a los requisitos establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 esté en condiciones de garantizar el cumplimiento de esos requisitos;
b) que la sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera no obstruya la supervisión efectiva de las entidades filiales o las entidades matrices.
4. Los supervisores en base consolidada exigirán a las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera que les faciliten la información que necesitan para verificar la estructura organizativa del grupo y el cumplimiento de los requisitos de autorización a que se refiere el presente artículo.
5. Los supervisores en base consolidada solo podrán revocar la autorización concedida a una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera cuando dicha sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera:
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie a esta expresamente o haya vendido todas sus filiales que sean entidades;
b) haya obtenido la autorización por medio de falsas declaraciones o por cualquier otro medio irregular;
c) deje de reunir las condiciones a las que la autorización esté vinculada;
d) esté sujeta a los requisitos establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en base consolidada y haya dejado de cumplir los requisitos prudenciales que se establecen en las partes tercera, cuarta y sexta del Reglamento (UE) n.º 575/2013 o impuestos en virtud del artículo 104, apartado 1, letra a), o el artículo 105 de la presente Directiva, o deje de ofrecer garantías de poder cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores;
e) se encuentre en alguno de los restantes supuestos de revocación de la autorización previstos por el Derecho nacional; o
f) cometa una de las infracciones a que se refiere el artículo 67, apartado 1.
Artículo 21 terEmpresa matriz intermedia de la UE
1. ▌Dos o más entidades en la Unión que pertenezcan a un mismo grupo de un tercer país contarán con una sola empresa matriz intermedia de la UE que esté establecida en la Unión.
1 bis. Las autoridades competentes podrán permitir a las entidades contempladas en el apartado 1 tener dos empresas matrices intermedias de la UE cuando dichas autoridades determinen que el establecimiento de una sola empresa matriz intermedia de la UE:
i) entraría en conflicto con el requisito obligatorio de separación de las actividades con arreglo a la normativa del tercer país en el que la empresa matriz última del tercer país tenga su administración central; o
ii) haría que la resolubilidad fuera menos eficaz que en el caso de dos empresas matrices intermedias de la UE con arreglo a una evaluación realizada por la autoridad competente de resolución de la empresa matriz intermedia de la UE, previa consulta a la autoridad de resolución de la empresa matriz de la empresa matriz intermedia de la UE.
1 ter. Cuando dos o más entidades en la Unión que pertenezcan a un mismo grupo de un tercer país cuenten con dos empresas matrices intermedias de la UE conforme al apartado 1 bis que estén autorizadas como entidades de crédito conforme al artículo 8 o autorizadas como sociedades financieras de cartera o sociedades financieras mixtas de cartera conforme al artículo 21 bis, la supervisión en base consolidada será ejercida por:
i) la autoridad competente de la entidad de crédito o, cuando haya varias entidades de crédito, de la entidad de crédito con el total de balance más elevado;
ii) la autoridad competente de la empresa de inversión con el total de balance más elevado, cuando el grupo no cuente con ninguna entidad de crédito, en caso de que la empresa matriz intermedia de la UE esté autorizada como sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera conforme al artículo 21 bis.
No obstante lo dispuesto en el inciso i) del presente apartado, cuando una autoridad competente supervise en base individual más de una entidad de crédito dentro de un grupo, el supervisor en base consolidada será la autoridad competente que supervise en base individual una o varias de las entidades de crédito dentro del grupo cuando la suma de los totales de balance de dichas entidades de crédito supervisadas sea superior a la de las entidades de crédito supervisadas en base individual por parte de cualquier otra autoridad competente.
No obstante lo dispuesto en el inciso ii) del presente apartado, cuando una autoridad competente supervise en base individual más de una empresa de inversión dentro de un grupo, el supervisor en base consolidada será la autoridad competente que supervise en base individual una o varias de las empresas de inversión del grupo con el total de balance más elevado en términos agregados.
El supervisor determinado con arreglo al presente apartado será el supervisor en base consolidada de conformidad con el capítulo 3 del título VII.
1 quater. En caso de que se autoricen dos empresas matrices intermedias de la UE conforme al apartado 1 bis, se considerarán como un grupo a efectos de la designación de una autoridad de resolución de grupos con arreglo a la Directiva 2014/59/UE, y dicha autoridad de resolución de grupos tendrá todas las facultades y poderes con respecto a las empresas matrices intermedias de la UE que habría tenido si hubieran constituido un grupo con una empresa matriz de la UE.
2. Los Estados miembros exigirán que las empresas matrices intermedias de la UE obtengan autorización de entidad conforme al artículo 8, o de sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera conforme al artículo 21 bis.
3. Los apartados 1, 1 bis y 2 no se aplicarán cuando el valor total de los activos en la Unión del grupo del tercer país sea inferior a 30 000 millones EUR, a menos que dicho grupo sea una EISM no de la UE.
4. A efectos del presente artículo, el valor total de los activos en la Unión del grupo de un tercer país incluirá lo siguiente:
a) los activos totales de cada entidad en la Unión del grupo de un tercer país, según se desprenda de su balance consolidado; y
b) los activos totales de cada sucursal del grupo de un tercer país autorizada en la Unión conforme al artículo 47.
No obstante lo dispuesto en el presente apartado, y previa solicitud por escrito de un grupo de un tercer país, la autoridad competente podrá dispensar parcial o totalmente del cumplimiento del requisito establecido en la letra b), atendiendo a las circunstancias de cada caso, previa consulta a la autoridad competente de resolución y a la autoridad de origen del grupo de un tercer país y previa evaluación del tamaño y la complejidad de las operaciones del grupo de un tercer país en la Unión, el tamaño de los activos en las sucursales del grupo de un tercer país y el tamaño del valor total de los activos en la Unión en comparación con el valor total de los activos del grupo de un tercer país. Se consultará a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que el grupo de un tercer país tenga sucursales registradas, y dichas autoridades aprobarán la dispensa parcial o total de cumplimiento del requisito establecido en la letra b).
5. Las autoridades competentes notificarán a la ABE toda autorización concedida con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 y la siguiente información con respecto a cada grupo de un tercer país que opera en su jurisdicción:
a) los nombres y el importe de los activos totales de las entidades supervisadas que pertenecen a un grupo de un tercer país y los tipos de actividades que están autorizadas a realizar;
b) los nombres y el importe de los activos totales correspondientes a las sucursales autorizadas en dicho Estado miembro conforme al artículo 47;
c) el nombre y la forma jurídica de cualquier empresa matriz intermedia de la UE establecida en dicho Estado miembro y el nombre del grupo de un tercer país al que pertenece.
6. La ABE publicará en su sitio web la lista de todas las empresas matrices intermedias de la UE que hayan recibido autorización en la Unión.
Las autoridades competentes velarán por que exista una ▌empresa matriz intermedia de la UE para todas las entidades que pertenezcan al mismo grupo de un tercer país.
6 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los grupos que operen a través de más de una entidad en la Unión y tengan un valor total de activos igual o superior a 30 000 millones EUR, o las filiales de una EISM de un tercer país, el [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] contarán con una empresa matriz intermedia de la UE o, en el caso mencionado en el apartado 1 bis, dos empresas matrices intermedias de la UE a más tardar el [fecha de aplicación de la presente Directiva más tres años].
6 ter. La ABE presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se tenga en cuenta la información recibida con arreglo al apartado 5 antes del [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva más cuatro años]. En dicho informe se examinará como mínimo:
a) si los requisitos del presente artículo son practicables, necesarios y proporcionados, y si otras medidas serían más apropiadas;
b) el impacto de los requisitos de separación estructural en otras jurisdicciones.
6 quater. En un plazo de dos años tras la entrada en vigor de la presente Directiva, la ABE presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe sobre el trato de las sucursales de terceros países en el marco de la legislación nacional pertinente de los Estados miembros. En dicho informe se examinará como mínimo:
a) si las prácticas de supervisión contempladas en la legislación nacional para las sucursales de terceros países varían entre los Estados miembros, y en qué medida;
b) si un trato diferente de las sucursales de terceros países podría conducir a un arbitraje regulatorio;
c) si sería necesario y apropiado armonizar en mayor medida los regímenes nacionales para las sucursales de terceros países, especialmente en lo que se refiere a las sucursales de terceros países importantes.
La Comisión presentará, si procede, una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo basada en las recomendaciones formuladas por la ABE.».
10) En el artículo 23, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) la reputación, conocimientos, capacidades y experiencia, con arreglo a lo indicado en el artículo 91, apartado 1, de todo miembro del órgano de dirección que vaya a dirigir la actividad de la entidad de crédito como consecuencia de la adquisición propuesta;».
11) En el artículo 47, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. Las autoridades competentes notificarán a la ABE lo siguiente:
a) todas las autorizaciones de sucursales concedidas a entidades de crédito que tengan su administración central en un tercer país;
b) los activos y pasivos totales de las sucursales autorizadas de entidades de crédito que tengan su administración central en un tercer país, según se comuniquen periódicamente.
La ABE publicará en su sitio web la lista de todas las sucursales de terceros países autorizadas a operar en los Estados miembros, indicando el Estado miembro y los activos totales de cada sucursal.».
11 bis) En el artículo 56, se añaden las letras f bis) y f ter) siguientes:
«f bis) las autoridades competentes mencionadas en el artículo 48 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo;
f ter) las autoridades competentes u organismos responsables de la aplicación de las normas relativas a la separación estructural dentro de un grupo bancario.».
11 ter) En el artículo 57, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«1. No obstante lo dispuesto en los artículos 53, 54 y 55, los Estados miembros garantizarán que se mantiene un intercambio de información entre las autoridades competentes y las autoridades responsables de la supervisión de:».
11 quater) En el artículo 63, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
«Los Estados miembros dispondrán que las autoridades competentes puedan exigir, como mínimo, la sustitución de una persona mencionada en el párrafo primero si dicha persona actúa incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo primero.».
11 quinquies) El artículo 74 se modifica como sigue:
«1. Las entidades se dotarán de sólidos procedimientos de gobierno corporativo, incluida una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que esté expuesta o pueda estarlo, mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables correctos, así como políticas y prácticas de remuneración que sean compatibles con una gestión adecuada y eficaz de riesgos y que la promuevan. Dichas políticas y prácticas de remuneración serán imparciales en cuanto al género.
2. Los sistemas, procedimientos y mecanismos contemplados en el apartado 1 serán exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos inherentes al modelo empresarial y las actividades de la entidad. Se tomarán en consideración los criterios técnicos establecidos en los artículos 76 a 95.
3. La ABE formulará directrices sobre los sistemas, procedimientos y mecanismos contemplados en el apartado 1, de conformidad con el apartado 2. Un año después de la adopción de la presente Directiva, la ABE emitirá directrices sobre la política de remuneración imparcial en cuanto al género para entidades de crédito y empresas de inversión. Dos años después de la publicación de dichas directrices y sobre la base de la información recopilada por las autoridades nacionales competentes, la ABE elaborará un informe sobre la aplicación de las políticas de remuneración imparciales en cuanto al género por parte de las entidades de crédito y las empresas de inversión.»
12) En el artículo 75, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Las autoridades competentes recabarán la información divulgada de conformidad con los criterios de divulgación establecidos en el artículo 450, apartado 1, letras g), h), i) y k), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como la información facilitada por las entidades de crédito y las empresas de inversión sobre la brecha salarial de género, y ▌utilizarán dicha información para comparar las tendencias y prácticas en materia de remuneración. Las autoridades competentes facilitarán a la ABE dicha información.».
13) El artículo 84 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 84Riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión
1. Las autoridades competentes velarán por que las entidades implanten sistemas internos o utilicen el método estándar para identificar, evaluar, gestionar y reducir los riesgos derivados de posibles variaciones de los tipos de interés que incidan tanto en el valor económico del patrimonio neto como en los ingresos netos por intereses procedentes de las actividades de la cartera de inversión de una entidad.
2. Las autoridades competentes velarán por que las entidades implanten sistemas para evaluar y controlar los riesgos derivados de posibles variaciones de los diferenciales crediticios que incidan tanto en el valor económico del patrimonio neto como en los ingresos netos por intereses procedentes de las actividades de la cartera de inversión de una entidad y que no se expliquen por los riesgos contemplados en el apartado 1.
3. Las autoridades competentes podrán exigir que una entidad utilice el método estándar a que se refiere el apartado 1 cuando los sistemas internos implantados por las entidades para evaluar los riesgos contemplados en el apartado 1 no sean satisfactorios. En ese caso, las autoridades competentes deberán explicar su razonamiento a la entidad de que se trate.
4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar, a los fines del presente artículo, los principios de un método estándar que las entidades puedan utilizar a efectos de evaluar los riesgos contemplados en el apartado 1, incluyendo un método estándar simplificado, alternativo y calibrado de forma prudente para las entidades cuyos activos totales sean inferiores a 5 000 millones de euros.
La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [un año después de la entrada en vigor].
5. La ABE emitirá directrices para especificar lo siguiente:
a) los criterios que rijan el sistema interno de la entidad para evaluar los riesgos a que se refiere el apartado 1;
b) los criterios aplicables por las entidades para la identificación, gestión y reducción de los riesgos a que se refiere el apartado 1;
c) los criterios aplicables por las entidades para la evaluación y el control de los riesgos a que se refiere el apartado 2;
d) los criterios para determinar qué sistemas internos aplicados por las entidades a efectos del apartado 1 no son satisfactorios según lo contemplado en el apartado 3;
La ABE emitirá dichas directrices a más tardar [un año después de la entrada en vigor].».
14) En el artículo 85, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Las autoridades competentes velarán por que las entidades apliquen políticas y procedimientos para evaluar y gestionar la exposición al riesgo operativo, incluido el riesgo de modelo y los riesgos resultantes de la externalización, que abarquen asimismo los eventos poco frecuentes pero muy graves. Las entidades definirán lo que constituye un riesgo operativo a efectos de dichas políticas y procedimientos.».
14 bis) En el artículo 88, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
«Los Estados miembros garantizarán al menos que los órganos de dirección de una entidad supervisen los préstamos a las partes vinculadas de forma continuada y notifiquen dichos préstamos a la autoridad competente en caso de que los préstamos en cuestión puedan entrañar conflictos de intereses. Las autoridades competentes tendrán la facultad de prohibir o limitar tales préstamos.».
14 ter) En el artículo 89 se añade el apartado siguiente:
«5 bis. A más tardar el 1 de enero de 2020, la Comisión, previa consulta a la ABE, la AESPJ y la AEVM, examinará si la información a que se refieren las letras a) a f) del apartado 1 sigue siendo adecuada, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto previas, los acuerdos internacionales y la evolución legislativa en la Unión, y si se puede añadir al apartado 1 otra información pertinente.
A más tardar el 30 de junio de 2020, la Comisión, basándose en las consultas a la ABE, la JERS y la AEVM, informará de la evaluación a que se refiere el apartado 5 bis al Parlamento Europeo y al Consejo, y, si procede, presentará una propuesta legislativa a dichas instituciones.».
14 quater) El artículo 91 se modifica como sigue:
«1. Las entidades, incluidas las sociedades de cartera financieras y las sociedades de cartera financieras mixtas tendrán la responsabilidad principal de garantizar que los miembros del órgano de dirección tengan en todo momento la oportuna reputación, así como los conocimientos, competencias y experiencia indispensables para ejercer sus funciones. ▌Los miembros del órgano de dirección cumplirán, en particular, los requisitos previstos en los apartados 2 a 8.
«7. El órgano de dirección poseerá colectivamente los conocimientos, competencias y experiencia oportunos para poder entender las actividades de la entidad, incluidos los principales riesgos. La composición general del órgano de dirección reflejará una gama de experiencias debidamente amplia.
8. Cada uno de los miembros del órgano de dirección actuará con honestidad, integridad e independencia de ideas, evaluando y cuestionando, en su caso, de manera efectiva las decisiones de la alta dirección y vigilando y controlando de manera efectiva el proceso de decisión de la dirección. Este requisito no implicará la prohibición de que los miembros de las empresas afiliadas o los entes afiliados formen parte del órgano de dirección en el marco de su función de supervisión.».
«13 bis. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, las autoridades competentes podrán evaluar, a su discreción, el cumplimiento por parte de las entidades de los requisitos en virtud del artículo 91, apartados 1 a 8, relativos al órgano de dirección en su función de supervisión antes o después del nombramiento de uno de sus miembros.».
15) El artículo 92 queda modificado como sigue:
a) Se suprime el apartado 1.
«Las autoridades competentes velarán por que, al fijar y aplicar la política de remuneración global, incluidos los salarios y los beneficios discrecionales de pensión, de las categorías de personal cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo y que abarcan a los altos directivos, los empleados que asumen riesgos, los que ejercen funciones de control, así como todo trabajador que reciba una remuneración global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración que el de los altos directivos ▌, las entidades se atengan a los siguientes principios de manera acorde con su tamaño, su organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades.».
b bis) En el apartado 2, se añade el siguiente punto:
«a bis) la política de remuneración será imparcial en cuanto al género: los trabajadores y las trabajadoras recibirán la misma remuneración por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor;».
«2 bis. El apartado 2 del presente artículo y los artículos 94 y 95 se entenderán sin perjuicio del pleno ejercicio de los derechos garantizados por el artículo 153, apartado 5, del TFUE, de los principios generales del Derecho contractual y laboral nacional, de la legislación nacional y de la Unión aplicable a los derechos y la participación de los accionistas y las responsabilidades generales de los órganos de dirección de la entidad de que se trate, y de los posibles derechos de los interlocutores sociales a celebrar y aplicar convenios colectivos, con arreglo al ordenamiento jurídico y los usos nacionales.».
16) El artículo 94 queda modificado como sigue:
a) En el apartado 1, letra 1), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente:
«i) acciones o intereses de propiedad equivalentes, en función de la estructura jurídica de la entidad de que se trate; o instrumentos vinculados a acciones o instrumentos no pecuniarios equivalentes, en función de la estructura jurídica de la entidad de que se trate;».
a bis) En el apartado 1, la letra m) queda modificada como sigue:
m) una parte sustancial, y en todo caso al menos el 40 % del elemento de remuneración variable se diferirá durante un periodo no inferior a ▌cinco ▌años y se adaptará correctamente a la naturaleza de los negocios, sus riesgos y las actividades del miembro del personal correspondiente.
No se percibirá la remuneración pagadera en virtud de las disposiciones de aplazamiento más rápidamente que de manera proporcional. En el caso de un elemento de remuneración variable de una cuantía especialmente elevada, se diferirá como mínimo el 60 %. La duración del período de aplazamiento se determinará teniendo en cuenta el ciclo económico, la naturaleza del negocio, sus riesgos y las actividades del miembro del personal de que se trate;
«3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los principios enunciados en las letras l) y m), y en la letra o), párrafo segundo, no se aplicarán a:
a) aquellas entidades a título individual, que puedan también estar sujetas a la consolidación prudencial o formar parte de un grupo bancario, el valor de cuyos activos sea, en promedio, igual o inferior a 8 000 millones EUR durante el período de cuatro años inmediatamente anterior al actual ejercicio;
b) aquellos miembros del personal cuya remuneración variable anual no exceda de 50 000 EUR y no represente más de la cuarta parte del total de su remuneración anual.
No obstante lo dispuesto en la letra a), la autoridad competente podrá decidir que las entidades a título individual, que puedan también estar sujetas a la consolidación prudencial o formar parte de un grupo bancario, cuyo activo total sea inferior al umbral a que se refiere dicha letra a) no estén sujetas a la excepción debido a la naturaleza y el alcance de sus actividades, su organización interna o, en su caso, las características del grupo al que pertenezcan.
No obstante lo dispuesto en la letra b), la autoridad competente podrá decidir que los miembros del personal cuya remuneración anual variable sea inferior al umbral y al porcentaje a que se refiere dicha letra b) no estén sujetas a la excepción debido a las especificidades del mercado nacional en términos de prácticas de remuneración o a la naturaleza de las responsabilidades y el perfil profesional de aquellos.
4. Antes de [cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión, en estrecha colaboración con la ABE, reexaminará la aplicación del apartado 3 y elaborará un informe al respecto que presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si procede, de una propuesta legislativa.
5. La ABE aprobará directrices para facilitar la aplicación del apartado 3 y garantizar su aplicación coherente.».
17) El artículo 97 se modifica como sigue:
a) En el artículo 97, apartado 1, se suprime la letra b).
b) Se inserta el nuevo apartado siguiente:
«4 bis. Las autoridades competentes podrán adaptar los métodos para la aplicación del proceso de revisión y evaluación a que se refiere el apartado 1 con el fin de tener en cuenta a las entidades con un perfil de riesgo similar, tales como modelos empresariales o localización geográfica de las exposiciones similares. Dichos métodos adaptados podrán incluir criterios de referencia orientados al riesgo e indicadores cuantitativos y no incidirán en la naturaleza específica para cada entidad de las medidas impuestas con arreglo al artículo 104.
En caso de que las autoridades competentes utilicen metodologías adaptadas de conformidad con el presente apartado, lo notificarán a la ABE. La ABE controlará las prácticas de supervisión y emitirá directrices para especificar cómo se evaluarán los perfiles de riesgo similares a efectos del presente apartado y para garantizar una aplicación coherente y proporcionada de métodos similares adaptados a las entidades en toda la Unión. Esas directrices se adoptarán de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».
18) El artículo 98 queda modificado como sigue:
a) En el apartado 1, se suprime la letra j).
a bis) Se insertan los apartados 3 bis y 3 ter siguientes:
«3 bis. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación de las directrices a que se refiere el artículo 395, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la ABE elaborará, a más tardar el … [dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], proyectos de normas técnicas de regulación para desarrollar una norma metodológica para las autoridades competentes en la que se especifique un límite agregado adecuado para las exposiciones de entidades bancarias paralelas que realicen actividades bancarias fuera de un marco reglamentado, así como límites individuales para las exposiciones de entidades de ese tipo.
A efectos del presente apartado, la ABE elaborará los criterios apropiados para definir el concepto de «entidad bancaria paralela» en el sentido de empresa que realiza al menos una o varias actividades de intermediación crediticia.
La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [fecha].
3 ter. A más tardar el 1 de diciembre de 2021, las autoridades competentes llevarán un seguimiento de las transacciones complejas de financiación estructurada a que se refiere el artículo 449 ter del Reglamento (UE) n.º 575/2013, con el fin de identificar las transacciones estructuradas que puedan producir beneficios fiscales significativos.
Notificarán a la Comisión cualquier transacción que pueda suponer un riesgo de beneficios fiscales significativos.».
«5. La revisión y evaluación efectuadas por las autoridades competentes abarcarán la exposición de las entidades al riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión. Se exigirá la adopción de medidas de supervisión como mínimo en el caso de las entidades en las que el valor económico del patrimonio neto a que se refiere el artículo 84, apartado 1, disminuya en una cifra superior al 15 % de su capital de nivel 1 como consecuencia de una variación súbita e inesperada de los tipos de interés según alguno de los seis escenarios de shock a efectos de supervisión aplicados a los tipos de interés, o en caso de que la entidad sufra una gran disminución de sus ingresos netos por intereses como resultado de un cambio repentino e inesperado en los tipos de interés según alguno de los escenarios de shock a efectos de supervisión aplicados a los tipos de interés. Podrán suspenderse las medidas de supervisión si las autoridades competentes concluyen, basándose en la revisión y evaluación del riesgo de tipo de interés, que la entidad no está expuesta en exceso al riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión y que la entidad gestiona adecuadamente el riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión.
A efectos del presente artículo, se entiende por medidas de supervisión una de las siguientes medidas:
a) medidas en virtud del artículo 104, apartado 1, y del artículo 104 bis;
b) hipótesis de modelización y paramétricas comunes, distintas de las contempladas en el apartado 5 bis, letra b), que las entidades deberán reflejar en los cálculos del valor económico del patrimonio neto con arreglo al artículo 84, apartado 1;».
«5 bis. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar a los fines del apartado 5 lo siguiente:
a) seis escenarios de shock a efectos de supervisión que deberán aplicarse a los tipos de interés para cada divisa;
b) hipótesis de modelización y paramétricas comunes que las entidades deberán reflejar en los cálculos del valor económico del patrimonio neto con arreglo al apartado 5;
c) hipótesis de modelización y paramétricas comunes que las entidades deberán reflejar en los cálculos de los ingresos netos por intereses y la especificación de lo que constituye un descenso significativo.
Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».
c bis) Se insertan los apartados 7 bis, 7 ter y 7 quater siguientes:
«7 bis. Con vistas a la aplicación proporcional de los requisitos establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, las autoridades competentes deberán detallar en el marco del proceso de evaluación y revisión supervisoras, cómo han tenido en cuenta el tamaño y el alcance de las actividades de una entidad, así como la complejidad de los riesgos derivados del modelo empresarial de la entidad.
7 ter. A efectos del apartado 3 ter del presente artículo, la ABE publicará, a más tardar el 1 de junio de 2021, directrices de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 para especificar parámetros y criterios cualitativos y cuantitativos a fin de identificar las transacciones estructuradas que puedan producir beneficios fiscales significativos.
7 quater. La ABE estudiará la introducción de criterios técnicos para el proceso de revisión y evaluación supervisoras de los riesgos relacionados con las exposiciones a actividades que están asociadas de manera sustancial a los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), con el fin de evaluar, entre otras cosas, las posibles causas y efectos de tales riesgos para las entidades, tomando en consideración la información disponible sobre sostenibilidad procedente de las entidades, así como el trabajo realizado en relación con el informe a que se refiere el artículo 501 quinquies bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
A los fines del párrafo primero, el informe de la ABE incluirá, como mínimo, los siguientes elementos:
a) la definición de riesgos relacionados con los factores ASG, riesgos físicos y riesgos de transición, incluidos los riesgos relacionados con la depreciación de los activos debido a cambios reglamentarios y criterios y parámetros cualitativos y cuantitativos pertinentes para evaluar tales riesgos, así como una metodología para evaluar si esos riesgos pueden surgir a corto, medio o largo plazo y pueden tener un impacto financiero significativo en una entidad;
b) si las concentraciones significativas de exposiciones crediticias específicas podrían conllevar un aumento de los riesgos relacionados con los factores ASG, los riesgos físicos y los riesgos de transición para la entidad en cuestión;
c) la descripción de los procesos que pueda utilizar una entidad para determinar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con factores ASG, los riesgos físicos y los riesgos de transición;
d) los parámetros y mediciones que puedan utilizar supervisores y entidades para evaluar el impacto de los riesgos relacionados con los factores ASG a corto, medio y largo plazo, los riesgos físicos y los riesgos de transición, en la concesión de préstamos y la intermediación financiera;
e) si sería adecuado desarrollar criterios específicos para las pruebas de resistencia y los análisis de escenarios climáticos prospectivos en las carteras de las entidades reguladas para evaluar sus riesgos relacionados con el medio ambiente, sus riesgos físicos y sus riesgos de transición, incluidos los riesgos relacionados con la depreciación de los activos debido a cambios normativos y al ajuste de las carteras de préstamos a escala de la Unión con el factor climático.
La ABE presentará un informe con sus conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a más tardar [dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].
Sobre la base de ese informe, la ABE podrá, si procede, adoptar directrices para introducir criterios relacionados con los factores ASG para el proceso de revisión y evaluación supervisoras que tengan en cuenta las conclusiones del informe de la ABE a que se refiere el presente apartado.».
19) En el artículo 99, apartado 2, se suprime la letra b).
20) Se suprime el artículo 103.
21) El artículo 104 queda modificado como sigue:
«1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 97, el artículo 98, apartados 4 y 5, el artículo 101, apartado 4, el artículo 102 y la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las autoridades competentes estarán facultadas, como mínimo, para tomar las medidas siguientes:
a) exigir a las entidades que mantengan fondos propios adicionales superiores a los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, en las condiciones establecidas en el artículo 104 bis;
b) exigir que se refuercen los sistemas, procedimientos, mecanismos y estrategias aplicados de conformidad con los artículos 73 y 74;
c) exigir a las entidades que presenten un plan para restablecer el cumplimiento de los requisitos de supervisión conforme a la presente Directiva y al Reglamento (UE) n.º 575/2013 y fijen un plazo para su ejecución, y que introduzcan en el plan las mejoras necesarias en lo que atañe a su alcance y al plazo de ejecución;
f) exigir la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y sistemas de las entidades, incluidas las actividades externalizadas;
g) exigir a las entidades que limiten la remuneración variable como porcentaje de los ingresos netos, cuando resulte incompatible con el mantenimiento de una base sólida de capital;
i) prohibir o restringir la distribución por la entidad de dividendos o intereses a accionistas, socios o titulares de instrumentos de capital de nivel 1 adicional, siempre y cuando la prohibición no constituya un evento de impago de la entidad;
j) imponer obligaciones de presentación de información adicionales o más frecuentes, incluida información sobre la situación de capital y liquidez;
l) exigir la comunicación de información adicional solo de forma ad hoc.
2. A efectos del apartado 1, letra j), las autoridades competentes solo podrán imponer requisitos de presentación de información adicionales o más frecuentes a las entidades cuando la información que deba comunicarse no sea reiterativa y se dé uno de los siguientes supuestos:
a) que se cumpla cualquiera de las condiciones a que se refieren las letras a) y b) del artículo 102, apartado 1;
b) que la autoridad competente considere razonable imponer dichos requisitos para recabar los datos a que se refiere el artículo 102, apartado 1, letra b);
c) que la información adicional se exija durante el período de duración del programa de examen supervisor de la entidad conforme al artículo 99.
La información que pueda exigirse a las entidades se considerará reiterativa, con arreglo al párrafo primero, si la autoridad competente ya dispone de información igual o sustancialmente igual, o dicha autoridad puede elaborarla u obtenerla por otros medios que no sean la imposición a la entidad de la obligación de presentarla. Cuando la autoridad competente disponga de información en un formato o nivel de detalle distintos de los de la información adicional que haya de presentarse, dicha autoridad no exigirá tal información adicional si ese formato o nivel de detalle no le impide elaborar información esencialmente similar.».
22) Se insertan los artículos 104 bis, 104 ter y 104 quater siguientes:
«Artículo 104 bisRequisitos de fondos propios adicionales
1. Las autoridades competentes impondrán los requisitos de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), ▌cuando, a la luz de las revisiones efectuadas de conformidad con los artículos 97 y 101, constaten la existencia de cualquiera de las siguientes situaciones en relación con una determinada entidad:
a) que la entidad está expuesta a riesgos o elementos de riesgo no cubiertos o no suficientemente cubiertos por los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 según lo especificado en el apartado 2;
b) que la entidad no cumple los requisitos establecidos en los artículos 73 y 74 de la presente Directiva o en el artículo 393 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y la mera aplicación de otras medidas administrativas o supervisoras puede no bastar para mejorar suficientemente los sistemas, procedimientos, mecanismos y estrategias en un plazo adecuado;
c) que los ajustes contemplados en el artículo 98, apartado 4, se consideran insuficientes para que la entidad pueda vender o cubrir sus posiciones en un plazo corto sin incurrir en pérdidas importantes en condiciones de mercado normales;
d) que la evaluación efectuada conforme al artículo 101, apartado 4, pone de manifiesto que el incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del método permitido dará lugar probablemente a unos requisitos de fondos propios insuficientes;
e) que la entidad reiteradamente incumple la obligación de constituir o mantener un nivel de fondos propios adicionales suficiente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 104 ter, apartado 1.
e bis) otras situaciones específicas de cada entidad que la autoridad competente considere que pueden suscitar problemas importantes de supervisión.
Las autoridades competentes ▌impondrán el requisito de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), para cubrir los riesgos que afronten entidades concretas debido a sus actividades, incluidos los que reflejen el impacto de determinados modelos de negocio o evoluciones del mercado en relación con el perfil de riesgo de una entidad concreta.
2. A efectos del apartado 1, letra a), solo se considerará que los riesgos o elementos de riesgo no están cubiertos o suficientemente cubiertos por los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 si los importes, los tipos y la distribución del capital que la autoridad competente considera adecuados teniendo en cuenta la revisión supervisora de la evaluación realizada por las entidades conforme al artículo 73, párrafo primero, son superiores a los requisitos de fondos propios de la entidad conforme a las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
A efectos del párrafo primero, el capital considerado adecuado deberá cubrir todos los riesgos significativos o elementos de dichos riesgos cubiertos o no cubiertos adecuadamente por el requisito de fondos propios específico. Esto podrá incluir los riesgos o elementos de riesgo expresamente excluidos de los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Podría incluir los elementos siguientes:
a) los riesgos significativos de cada entidad o los elementos de esos riesgos excluidos expresamente de los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
b) los riesgos significativos de cada entidad o los elementos de esos riesgos que se hayan podido subestimar incluso si se han cumplido los requisitos aplicables establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
Las autoridades competentes evaluarán los riesgos a los que la entidad esté expuesta, teniendo en cuenta el perfil de riesgo específico de cada entidad. Entre los riesgos o elementos de riesgo a que se refiere el apartado 1, letra a), no se incluirán los riesgos respecto de los cuales la presente Directiva o el Reglamento (UE) n.º 575/2013 prevean un tratamiento transitorio, o los riesgos que estén sujetos a disposiciones sobre derechos adquiridos.
El riesgo de tipo de interés derivado de posiciones de la cartera de inversión solo podrá considerarse significativo si surge un caso contemplado en el artículo 98, apartado 5, salvo si la autoridad competente concluye, al ejecutar el proceso de revisión y evaluación supervisoras, que la entidad no está expuesta en exceso al riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión y que la gestión por la entidad del riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión es adecuada.
3. Las autoridades competentes determinarán el nivel de fondos propios adicionales requeridos en virtud del artículo 104, apartado 1, letra a), como la diferencia entre el capital considerado adecuado con arreglo al apartado 2 y los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
4. Las autoridades competentes exigirán a las entidades que cumplan el requisito de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), con ▌fondos propios y en las siguientes condiciones:
a) ▌las tres cuartas partes del requisito de fondos propios adicionales se satisfarán con capital de nivel 1;
b) ▌las tres cuartas partes del capital de nivel 1 se compondrán de capital de nivel 1 ordinario.
No obstante lo dispuesto en el primer párrafo, la autoridad competente podrá exigir a la entidad que cumpla el requisito de fondos propios adicionales con una porción superior del capital de nivel 1 o del capital de nivel 1 ordinario cuando sea necesario y habida cuenta de las circunstancias concretas de la entidad.
Los fondos propios utilizados para cumplir el requisito de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), no se utilizarán para cumplir ninguno de los requisitos de fondos propios establecidos en el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 o los requisitos combinados de colchón definidos en el artículo 128, apartado 6, de la presente Directiva, o la orientación sobre los fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104 ter.
No obstante lo dispuesto en el párrafo tercero, los fondos propios utilizados para cumplir el requisito de fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra a), impuesto por las autoridades competentes para afrontar riesgos o elementos de riesgo no suficientemente cubiertos por el artículo 92, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 podrán utilizarse para cumplir los requisitos combinados de colchón a que se refiere el artículo 128, punto 6, de la presente Directiva.
5. La autoridad competente justificará ▌por escrito a cada entidad la decisión de imponer un requisito de fondos propios adicionales conforme al artículo 104, apartado 1, letra a), al menos mediante una exposición clara de la evaluación completa de los elementos mencionados en los apartados 1 a 4. Esto incluye, en el caso mencionado en el apartado 1, letra d), una declaración específica de las razones por las cuales la imposición de una orientación de capital ya no se considera suficiente.
Artículo 104 terOrientación sobre los fondos propios adicionales
1. Con arreglo a las estrategias y los procedimientos a que se refiere el artículo 73 y previa consulta a la autoridad competente, las entidades establecerán un nivel adecuado de fondos propios que satisfaga a la autoridad competente y sobrepase suficientemente los requisitos establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y en la presente Directiva, incluidos los requisitos de fondos propios adicionales impuestos por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 104, apartado 1, letra a), incluyendo para garantizar que los fondos propios de la entidad pueden absorber las posibles pérdidas constatadas con arreglo a las pruebas de resistencia con fines de supervisión a que se refiere el artículo 100 sin incumplir:
a) un nivel mínimo fijo de fondos propios establecido por las autoridades competentes, pudiendo estas tener en cuenta medidas de gestión creíbles y ajustes dinámicos en el balance que puedan producirse en el horizonte de previsión; o
b) ▌los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera, cuarta, quinta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y los requisitos de fondos propios adicionales impuestos por las autoridades competentes conforme al artículo 104, apartado 1, letra a), en virtud de los cuales estas tendrán en cuenta medidas de gestión creíbles y ajustes dinámicos en el balance que puedan producirse en el horizonte de previsión.
2. Las autoridades competentes revisarán periódicamente el nivel de fondos propios establecido por cada entidad de conformidad con el apartado 1, teniendo en cuenta los resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas con arreglo a los artículos 97 y 101, incluidos los resultados de las pruebas de resistencia a que se refiere el artículo 100.
3. Las autoridades competentes comunicarán a las entidades los resultados de la revisión prevista en el apartado 2 y la orientación con fines de supervisión sobre los fondos propios establecidos de conformidad con el apartado 1.
4 bis. Los fondos propios utilizados para respetar el nivel de fondos propios adicionales en virtud del apartado 1 del presente artículo no se utilizarán para cumplir ninguno de los requisitos de fondos propios establecidos en el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, el requisito contemplado en el artículo 104 bis de la presente Directiva o los requisitos combinados de colchón definidos en el artículo 128, punto 6, de la presente Directiva.
5. Las entidades que incumplan las expectativas a que se refiere el apartado 3 no estarán sujetas a las restricciones a que se refiere el artículo 141.
5 bis. La ABE revisará la aplicación del presente artículo, incluido el apartado 1, letras a) y b), e informará a la Comisión al respecto en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva. Sobre la base de ese informe, la Comisión presentará, si procede, una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo.
Artículo 104 quaterCooperación con las autoridades de resolución
1. Las autoridades competentes consultarán a las autoridades de resolución antes de determinar cualquier requisito de fondos propios adicionales conforme al artículo 104, apartado 1, letra a), y antes de comunicar a las entidades cualquier expectativa de ajuste del nivel de los fondos propios, de acuerdo con el artículo 104 ter. A estos efectos, las autoridades competentes facilitarán a las autoridades de resolución toda la información disponible.
2. Las autoridades competentes informarán a las autoridades de resolución pertinentes del requisito de fondos propios adicionales impuesto a las entidades conforme al artículo 104, apartado 1, letra a), y de cualquier expectativa de ajuste del nivel de los fondos propios de acuerdo con el artículo 104 ter.».
23) En el artículo 105, se suprime la letra d).
24) En el artículo 108, se suprime el apartado 3.
25) En el artículo 109, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:
«2. Las autoridades competentes exigirán a las empresas matrices y filiales sujetas a la presente Directiva que cumplan las obligaciones establecidas en la sección II del presente capítulo en base consolidada o subconsolidada, a fin de velar por que los sistemas, procedimientos y mecanismos requeridos en virtud de la sección II del presente capítulo sean coherentes y estén bien integrados y que se pueda facilitar cualquier tipo de datos e información pertinentes a efectos de supervisión. En particular, velarán por que las empresas matrices y filiales que estén sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva apliquen dichos sistemas, procedimientos y mecanismos en aquellas de sus filiales que no estén sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva, inclusive las establecidas en centros financieros extraterritoriales. Los mencionados sistemas, procedimientos y mecanismos también deberán ser coherentes y estar bien integrados, y dichas filiales también deberán estar en condiciones de facilitar cualquier tipo de datos e información pertinentes a efectos de supervisión. Las empresas filiales, que no están sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva, cumplirán sus requisitos sectoriales a nivel individual.
3. Las obligaciones resultantes de la sección II del presente capítulo y relativas a filiales que no estén, ellas mismas, sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva no serán de aplicación si la entidad matriz de la UE puede demostrar a las autoridades competentes que la aplicación de la sección II es ilícita conforme al ordenamiento jurídico del tercer país en el que esté establecida la filial.
3 bis. A los efectos del apartado 2, la ABE elaborará, en consulta con la AEVM, proyectos de normas de regulación respecto de los aspectos prácticos de la aplicación de las normas sobre remuneración en virtud de la presente Directiva para las empresas filiales, que no están sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva.
Habida cuenta del tamaño, la organización interna y la naturaleza de las entidades, y del alcance y la complejidad de sus actividades, así como del hecho de que la legislación sectorial específica prevalecerá cuando los requisitos específicos de la presente Directiva entren en conflicto con los requisitos sectoriales, en los proyectos de normas de regulación se especificarán los criterios cualitativos y los criterios cuantitativos adecuados para determinar las categorías de tomadores de riesgos del grupo, así como las clases de instrumentos que reflejan el perfil de riesgo del grupo.
En ese contexto, la ABE evaluará, en consulta con la AEVM, y, caso de ser necesario, modificará las normas técnicas de regulación existentes sobre los criterios para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una incidencia significativa en el perfil de riesgo de una entidad con arreglo al artículo 92, apartado 2, de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».
26) El artículo 113 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 113Decisiones conjuntas sobre requisitos prudenciales específicos en función de las entidades
1. El supervisor en base consolidada y las autoridades competentes responsables de la supervisión de las filiales de una entidad matriz de la UE, de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE en un Estado miembro, harán cuanto esté en su poder por alcanzar una decisión conjunta:
a) sobre la aplicación de los artículos 73 y 97 para determinar la adecuación del nivel consolidado de fondos propios mantenido por el grupo de entidades en relación con su situación financiera y perfil de riesgo y el nivel de fondos propios requerido para la aplicación del artículo 104, apartado 1, letra a), a cada uno de los entes del grupo y en base consolidada;
b) sobre las medidas para solventar cualesquiera cuestiones significativas y constataciones importantes relacionadas con la supervisión de la liquidez, inclusive en lo que respecta a la adecuación de la organización y el tratamiento de los riesgos conforme al artículo 86 y en lo que respecta a la necesidad de aplicar requisitos de liquidez específicos en función de las entidades, de conformidad con el artículo 105 de la presente Directiva.
1 bis. El supervisor en base consolidada informará a las autoridades competentes responsables de la supervisión de las filiales de una entidad matriz de la UE, de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE en un Estado miembro, de cualesquiera expectativas de ajuste del nivel consolidado de fondos propios de conformidad con el artículo 104 ter, apartado 3.
2. La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1 se adoptará:
a) a efectos del apartado 1, letra a), en un plazo de cuatro meses a partir de la presentación por el supervisor en base consolidada, a las demás autoridades competentes pertinentes, de un informe que incluya la evaluación de riesgos del grupo de entidades, de conformidad con el artículo 104 bis;
b) a efectos del apartado 1, letra b), en un plazo de cuatro meses a partir de la presentación por el supervisor en base consolidada de un informe que incluya la evaluación del perfil de riesgo de liquidez del grupo de entidades, de conformidad con los artículos 86 y 105.
c) a efectos del apartado 1, letra c), en un plazo de cuatro meses a partir de la presentación por el supervisor en base consolidada de un informe que incluya la evaluación de riesgos del grupo de entidades, de conformidad con el artículo 104 ter;
La decisión conjunta también tomará debidamente en consideración la evaluación de riesgos de las filiales realizada por las autoridades competentes pertinentes con arreglo a los artículos 73, 97, 104 bis y 104 ter.
La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), se expondrá en documentos que contengan una motivación completa y que el supervisor en base consolidada facilitará a la entidad matriz de la UE. En caso de desacuerdo, el supervisor en base consolidada, a petición de cualquiera de las demás autoridades competentes afectadas, consultará a la ABE. El supervisor en base consolidada podrá consultar a la ABE por iniciativa propia.
3. En ausencia de la citada decisión conjunta entre las autoridades competentes en los plazos a que se refiere el apartado 2, el supervisor en base consolidada adoptará una decisión en base consolidada respecto a la aplicación de los artículos 73, 86 y 97, el artículo 104, apartado 1, letra a), y los artículos 104 ter y 105, tras tomar debidamente en consideración la evaluación de riesgos de las filiales realizada por las autoridades competentes pertinentes. Si, al final de los plazos a que se refiere el apartado 2, alguna de las autoridades competentes afectadas ha remitido el asunto a la ABE de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, el supervisor en base consolidada aplazará su decisión a la espera de la decisión que la ABE pueda adoptar de conformidad con el artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento, y resolverá con arreglo a la decisión de la ABE. Los plazos a que se refiere el apartado 2 se considerarán períodos de conciliación en el sentido del citado Reglamento. La ABE adoptará su decisión en el plazo de un mes. El asunto no se remitirá a la ABE una vez finalizado el período de cuatro meses o tras haberse adoptado una decisión conjunta.
Las autoridades competentes respectivas, responsables de la supervisión de las filiales de una entidad de crédito matriz de la UE, de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE tomarán una decisión sobre la aplicación de los artículos 73, 86 y 97, el artículo 104, apartado 1, letra a), y los artículos 104 ter y 105 en base individual o subconsolidada, tras tomar debidamente en consideración las observaciones y las reservas manifestadas por el supervisor en base consolidada. Si, al final de los plazos a que se refiere el apartado 2, alguna de las autoridades competentes afectadas ha remitido el asunto a la ABE de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, las autoridades competentes aplazarán su decisión a la espera de la decisión que la ABE pueda adoptar de conformidad con el artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento, y resolverán con arreglo a la decisión de la ABE. Los plazos a que se refiere el apartado 2 se considerarán períodos de conciliación en el sentido del citado Reglamento. La ABE adoptará su decisión en el plazo de un mes. El asunto no se remitirá a la ABE una vez finalizado el período de cuatro meses o tras haberse adoptado una decisión conjunta.
Las decisiones se expondrán en documentos que contengan una motivación completa y tendrán en cuenta la evaluación de riesgos, las observaciones y las reservas manifestadas por las demás autoridades competentes a lo largo de los plazos a que se refiere el apartado 2. El supervisor en base consolidada facilitará el documento a todas las autoridades competentes afectadas y a la entidad matriz de la UE.
Cuando se haya consultado a la ABE, todas las autoridades competentes tomarán en consideración el dictamen recibido, y explicarán cualquier variación significativa respecto del mismo.
4. La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1 y, en su defecto, las decisiones adoptadas por las autoridades competentes conforme al apartado 3 se reconocerán como decisiones determinantes y serán aplicadas por las autoridades competentes de los Estados miembros considerados.
La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1 y cualesquiera decisiones adoptadas en su defecto conforme al apartado 3 serán actualizadas cada año o, en circunstancias excepcionales, cuando una autoridad competente responsable de la supervisión de filiales de una entidad matriz de la UE, de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE presente al supervisor en base consolidada una solicitud por escrito plenamente motivada de que se actualice la decisión sobre la aplicación del artículo 104, apartado 1, letra a), y los artículos 104 ter y 105. En el segundo caso, podrán encargarse de la actualización de modo bilateral el supervisor en base consolidada y la autoridad competente que haya presentado la solicitud.
5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para asegurar unas condiciones de aplicación uniformes del proceso de decisión conjunta a que se refiere el presente artículo, por lo que respecta a la aplicación de los artículos 73, 86 y 97, el artículo 104, apartado 1, letra a) y los artículos 104 ter y 105, con objeto de facilitar las decisiones conjuntas.
La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el 1 de julio de 2014.
Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».
27) En el artículo 116, párrafo primero, se añade la frase siguiente:
«Se establecerán también colegios de supervisores cuando todas las filiales de una entidad matriz de la UE, una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE estén situadas en un tercer país.».
27 bis) En el artículo 117 se añade el apartado siguiente:
«4 bis. Las autoridades competentes, las unidades de información financiera y las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión de las entidades obligadas enumeradas en el artículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2, de la Directiva (UE) 2015/849 por lo que respecta al cumplimiento de la presente Directiva, cooperarán estrechamente entre sí en el marco de sus competencias respectivas, e intercambiarán la información que sea pertinente al respecto en el marco de la presente Directiva, del Reglamento (UE) 575/2013 y de la Directiva (UE) 2015/849.».
28) En el artículo 119, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 bis, los Estados miembros adoptarán todas las medidas que resulten necesarias para la inclusión de las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera en la supervisión consolidada.».
29) En el artículo 120, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. Cuando una sociedad financiera mixta de cartera esté sujeta a disposiciones equivalentes en virtud de la presente Directiva y de la Directiva 2009/138/CE, en particular en términos de supervisión en función del riesgo, el supervisor en base consolidada podrá, de común acuerdo con el supervisor de grupo del sector de seguros, aplicar a esa sociedad financiera mixta de cartera únicamente lo dispuesto en la presente Directiva en relación con el sector financiero más importante, tal como se define en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2002/87/CE.».
29 bis) En el artículo 125 se añade el apartado siguiente:
«1 bis. Cuando, con arreglo al artículo 111, el supervisor en base consolidada de un grupo con una sociedad financiera mixta de cartera matriz sea diferente del coordinador determinado con arreglo al artículo 10 de la Directiva 2002/87/CE, las dos autoridades cooperarán a efectos de la aplicación de la presente Directiva y del Reglamento (UE) n.º 575/2013 en base consolidada. Con vistas a facilitar y establecer una cooperación eficaz, el supervisor en base consolidada y el coordinador dispondrán de acuerdos escritos de coordinación y cooperación.».
29 ter) El artículo 129 se modifica como sigue:
«El Estado miembro que decida aplicar una exención de este tipo lo notificará a la JERS. La JERS transmitirá la notificación, dentro de un plazo determinado, a la Comisión Europea, ▌la ABE y las autoridades competentes y designadas de los Estados miembros afectados.».
«5. Las entidades no utilizarán el capital de nivel 1 ordinario que mantengan para cumplir el requisito previsto en el apartado 1 del presente artículo con el objeto de cumplir cualesquiera requisitos impuestos por los artículos 104 y 104 bis o la orientación contemplada en el artículo 104 ter.».
29 quater) El artículo 130 se modifica como sigue:
«Las entidades observarán la obligación impuesta por el apartado 1 mediante capital de nivel 1 ordinario, que tendrá carácter adicional a todo capital de nivel 1 ordinario mantenido para cumplir el requisito de fondos propios impuesto por el artículo 92, apartado 1, letras a) a c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la obligación de mantener un colchón de conservación de capital conforme al artículo 129 de la presente Directiva y cualquier requisito impuesto por los artículos 104, 104 bis y 104 ter de la presente Directiva.».
30) ▌El artículo 131 queda modificado como sigue:
«1. Los Estados miembros designarán la autoridad encargada de determinar, en base consolidada, las entidades de importancia sistémica mundial (EISM), y, según sea el caso, en base individual, subconsolidada o consolidada, otras entidades de importancia sistémica (OEIS), que hayan sido autorizadas en sus territorios. Dicha autoridad será la autoridad competente o la autoridad designada. Los Estados miembros podrán designar más de una autoridad.
Toda EISM estará conformada por lo siguiente:
a) un grupo encabezado por una entidad matriz de la UE, una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE; o
b) una entidad que no sea filial de una entidad matriz de la UE, de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE.
Las OEIS podrán ser, bien un grupo encabezado por una entidad matriz de la UE, una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE, bien una entidad.».
« ▌La ABE, tras consultar a la JERS, elaborará normas técnicas de regulación sobre los criterios con arreglo a los que se fijarán las condiciones en las que se aplicará el presente apartado a propósito de la evaluación de las OEIS y la metodología para la concepción y calibración de los porcentajes de colchón. Dichas normas técnicas de regulación tomarán en consideración los marcos internacionales en el ámbito de la contabilidad para las entidades de importancia sistémica a nivel nacional y sus particularidades a escala de la Unión y nacional.
La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el 30 de junio de 2020.
Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo segundo, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».
«5. La autoridad competente o la autoridad designada podrá imponer a cada una de las OEIS, en base consolidada, subconsolidada o individual, según sea el caso, la obligación de disponer de un colchón para las OEIS de hasta un 3 % del importe total de exposición al riesgo, que constará de capital de nivel 1 ordinario y tendrá un carácter adicional a dicho capital; en este sentido, se tendrán en cuenta los criterios para la identificación de la OEIS.».
d) Se inserta el apartado 5 bis siguiente:
«5 bis. La autoridad competente o la autoridad designada podrá imponer un colchón para OEIS superior al 3 % del importe total de exposición al riesgo, a reserva de la aprobación de la Comisión.
En un plazo de dos meses a partir de la notificación a que se refiere el apartado 7, la JERS remitirá a la Comisión un dictamen sobre la idoneidad del colchón para OEIS. La ABE también podrá remitir a la Comisión un dictamen sobre el colchón, de conformidad con el artículo 34, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
En el plazo de dos meses a partir de la notificación, la Comisión, teniendo en cuenta la valoración de la JERS y de la ABE, cuando proceda, y si está convencida de que el colchón para OEIS no va a suponer perjuicios desproporcionados para el conjunto o partes del sistema financiero de otros Estados miembros o de la Unión en su conjunto, de modo que se cree un obstáculo al adecuado funcionamiento del mercado interior, adoptará un acto de ejecución por el que se autorice a la autoridad competente o a la autoridad designada a adoptar la medida propuesta.».
e) En el apartado 7, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«7. Antes de fijar un colchón para OEIS o de modificarlo, la autoridad competente o la autoridad designada lo notificará ‎‎▌a la JERS ▌un mes antes de la publicación de la decisión a que se refiere el apartado 5. La JERS transmitirá la notificación a la Comisión, a la ABE y a las autoridades competentes y designadas de los Estados miembros dentro un plazo determinado. En la notificación se describirán pormenorizadamente los elementos siguientes:».
f) El apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:
«8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 133 y en el apartado 5 del presente artículo, cuando una OEIS sea una filial bien de una EISM o de una OEIS que sea una entidad matriz de la UE y esté obligada a mantener un colchón para OEIS en base consolidada, el colchón aplicable en base individual o subconsolidada para la OEIS no sobrepasará el más bajo de los porcentajes siguientes:
a) la suma del porcentaje de colchón más elevado de las EISM u OEIS aplicable al grupo en base consolidada y del 1 % del importe total de exposición al riesgo, calculado de acuerdo con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y
b) el 3 % del importe total de exposición al riesgo, calculado de acuerdo con el artículo 92 apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, o el porcentaje que la Comisión haya autorizado para su aplicación al grupo en base consolidada.».
«9. Habrá ▌cinco subcategorías de EISM. Tanto el límite inferior como los límites entre las diferentes subcategorías dependerán de los resultados de la aplicación del método de identificación. Los límites entre las diferentes subcategorías contiguas se determinarán con claridad con arreglo al principio de incremento lineal constante de la importancia sistémica, entre cada una de las subcategorías que resultará en un incremento lineal de la exigencia de capital de nivel 1 ordinario adicional, con excepción de la subcategoría más elevada. A los efectos del presente apartado, se entenderá por importancia sistémica la repercusión previsible en el mercado financiero mundial de las dificultades por las que atraviese una EISM. Se atribuirá a la subcategoría inferior un colchón para las EISM del 1 % del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el colchón atribuido a cada una de las subcategorías se incrementará paulatinamente en gradientes del 0,5 % del importe total de exposición al riesgo de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, hasta alcanzar la cuarta subcategoría a la que también se aplicará dicho incremento. Se impondrá a la subcategoría superior del colchón para las EISM un colchón del 3,5 % del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
Si se clasifica una entidad en la subcategoría más elevada del colchón para las EISM, se añadirá inmediatamente otra subcategoría nueva. El colchón atribuido a cada una de las subcategorías subsiguientes se incrementará paulatinamente en gradientes del 1 % del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.».
h) El apartado 12 se sustituye por el texto siguiente:
«12. La autoridad competente o la autoridad designada notificará ▌a la JERS ▌los nombres de las EISM y OEIS y las correspondientes subcategorías en las que se han clasificado las primeras. La JERS transmitirá la notificación a la Comisión y a la ABE dentro de un plazo determinado, y hará públicos sus nombres. La autoridad competente o la autoridad designada hará pública la subcategoría en la que se ha clasificado cada EISM.
Cada año, la autoridad competente o la autoridad designada revisará la identificación de las EISM y OEIS y la clasificación por subcategorías de las primeras, e informará de sus resultados a la entidad de importancia sistémica afectada, así como a la JERS, que transmitirá los resultados a la Comisión ▌y a la ABE dentro de un plazo determinado. La autoridad competente o la autoridad designada harán públicos tanto la lista actualizada de entidades de importancia sistémica identificadas, como la subcategoría en la que se ha clasificado a cada una de las EISM identificadas.».
i) El apartado 13 se sustituye por el texto siguiente:
«13. Las entidades de importancia sistémica no utilizarán el capital de nivel 1 ordinario que mantengan a los efectos de los requisitos contemplados en los apartados 4 y 5 para dar cumplimiento a ninguno de los requisitos impuestos al amparo del artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y los artículos 129 y 130 de la presente Directiva, o al amparo de los artículos 102 y 104 de la presente Directiva.».
j) El apartado 14 se sustituye por el texto siguiente:
«14. Cuando se exija a un grupo, en base consolidada, ▌un colchón para EISM y un colchón para OEIS, se aplicará el colchón más elevado.
Cuando se exija a una entidad, en base individual o subconsolidada, un colchón para OEIS y un colchón contra riesgos sistémicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133, se aplicará la suma de los dos.
Cuando se exija a un grupo, en base consolidada, un colchón para EISM, un colchón para OEIS y un colchón contra riesgos sistémicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133, se aplicará la suma de lo siguiente:
a) el colchón más elevado entre el colchón para EISM y el colchón para OEIS;
b) el colchón contra riesgos sistémicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.».
30 bis) El artículo 133 queda modificado como sigue:
«1. Los Estados miembros podrán establecer la constitución de colchones contra riesgos sistémicos de capital de nivel 1 ordinario para el sector financiero o uno o varios de sus subsectores, para todas las exposiciones o un subsector de ellas, con el fin de prevenir o paliar los riesgos sistémicos o macroprudenciales ▌que no estén cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 575/2013 ni por el artículo 131 de la presente Directiva, es decir, los riesgos de que se produzca una perturbación del sistema financiero que pueda tener consecuencias negativas graves en dicho sistema y en la economía real de un Estado miembro concreto.
«3. A efectos del apartado 1, podrá exigirse que las entidades mantengan, además del capital de nivel 1 ordinario para cumplir el requisito de fondos propios impuesto por el artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, un colchón contra riesgos sistémicos ▌de capital de nivel 1 ordinario, basado en las exposiciones a las que se aplica el colchón contra riesgos sistémicos, de acuerdo con el apartado 8 del presente artículo, sobre una base individual, consolidada o subconsolidada, según corresponda de conformidad con la parte primera, título II, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
El porcentaje del colchón global contra riesgos sistémicos de una entidad se calculará como la suma de los importes especificados en las letras a) y b) dividida por el importe especificado en la letra c), expresada en porcentaje:
a) los colchones contra riesgos sistémicos aplicados a todas las exposiciones para todas las entidades o, cuando proceda, a todas las exposiciones para subsectores de entidades;
b) los colchones contra riesgos sistémicos aplicados a las exposiciones de sectores o subsectores individuales; y
c) el importe total de la exposición al riesgo calculado con arreglo al artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
La correspondiente autoridad competente o designada podrá exigir que las entidades mantengan el colchón contra riesgos sistémicos tanto en base individual como consolidada o subconsolidada. El colchón contra riesgos sistémicos se aplicará a los riesgos no cubiertos por el colchón para EISM o el colchón para OEIS con arreglo al artículo 131.
4. Las entidades no utilizarán el capital de nivel 1 ordinario que mantengan a los efectos del cumplimiento del requisito contemplado en el apartado 3, para dar cumplimiento a alguno de los requisitos impuestos al amparo del artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y los artículos 129, 130 y 131 de la presente Directiva, o al amparo de los artículos 102, 104 y 104 bis y la orientación contemplada en el artículo 104 ter de la presente Directiva.».
«6. Cuando ▌una entidad forme parte de un grupo o subgrupo al que pertenezca una EISM u OEIS, ello no supondrá en ningún caso que dicha entidad esté sujeta, en base individual, a unos requisitos combinados de colchón inferiores a la suma del colchón de conservación de capital, del colchón de capital anticíclico, y a la suma de los colchones para OEIS o contra riesgos sistémicos que se le aplique en base individual.
9. El colchón contra riesgos sistémicos se aplicará a todas aquellas entidades respecto de las cuales las autoridades del Estado miembro interesado sean competentes de conformidad con la presente Directiva, o a uno o varios subsectores de dichas entidades, y se fijará por escalones de ajuste gradual o acelerado ▌. Podrán establecerse requisitos diferentes para diferentes subsectores de un sector, exposiciones sectoriales o, si procede, subsectores de exposiciones sectoriales. El colchón contra riesgos sistémicos no afrontará los riesgos cubiertos por el marco establecido en el artículo 131.».
e) El apartado 11 queda modificado como sigue:
«11. Antes de fijar un porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos de hasta el 3 % o de modificarlo en este sentido, la autoridad competente o la autoridad designada lo notificará a ‎‎▌la JERS ▌un mes antes de la publicación de la decisión a que se refiere el apartado 16. La JERS transmitirá la notificación a la Comisión Europea, a la ABE y a las autoridades competentes y designadas de los Estados miembros afectados dentro un plazo determinado. Si el colchón es aplicable a exposiciones ubicadas en terceros países, la autoridad de supervisión o designada también lo notificará a la JERS. La JERS transmitirá la notificación a las autoridades de supervisión de esos terceros países. En la notificación se describirán pormenorizadamente los elementos siguientes:».
ii) Se suprime la letra e).
f) El apartado 12 queda modificado como sigue:
«12. Antes de fijar el colchón contra riesgos sistémicos en un porcentaje superior al 3 % o de modificarlo en ese sentido, la autoridad competente o designada lo notificará a la JERS. La JERS transmitirá la notificación a la Comisión, ▌a la ABE y a las autoridades competentes y designadas de los Estados miembros afectados dentro un plazo determinado. Si el colchón es aplicable a exposiciones ubicadas en terceros países, la autoridad competente o designada también lo notificará a la JERS. La JERS transmitirá la notificación a las autoridades de supervisión de esos terceros países. En la notificación se describirán pormenorizadamente los elementos siguientes:».
g) El apartado 14 se sustituye por el texto siguiente:
«14. ▌Si algún subsector del sector financiero es una filial cuya empresa matriz está establecida en otro Estado miembro, la autoridad competente o la autoridad designada del Estado miembro que fije el colchón lo notificará a las autoridades del Estado miembro en cuestión, a la Comisión y a la JERS. La Comisión y la JERS dispondrán de un plazo de treinta días hábiles, desde la notificación, para formular una recomendación sobre las medidas adoptadas de conformidad con el presente apartado. En caso de desacuerdo de las autoridades, o en caso de que tanto la Comisión como la JERS emitan una recomendación negativa, la autoridad competente o designada planteará la cuestión a la ABE y le solicitará asistencia con arreglo al artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. La decisión de fijar el colchón para esas exposiciones quedará en suspenso hasta que la ABE se haya pronunciado.».
h) En el apartado 15, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«15. En un plazo de treinta días hábiles a partir de la notificación a que se refiere el apartado 12, la JERS remitirá a la Comisión un dictamen sobre la idoneidad del colchón contra riesgos sistémicos. También la ABE podrá remitir a la Comisión un dictamen sobre el colchón, de conformidad con el artículo 34, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».
i) En el apartado 16, el párrafo primero se modifica como sigue:
«a) el porcentaje o porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos;».
«b) las exposiciones a las que se aplica el porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos;».
30 ter) En el artículo 134, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. El Estado miembro que reconozca el porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos en lo que respecta a las entidades autorizadas en el ámbito nacional lo notificará a la JERS. La JERS transmitirá la notificación a la Comisión, ▌a la ABE y al Estado miembro que fije dicho porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos dentro un plazo determinado.».
30 quater) El artículo 136 queda modificado como sigue:
a) En el artículo 3, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«3. La autoridad designada evaluará la intensidad del riesgo cíclico, macroprudencial o sistémico con carácter trimestral y, en caso de cambios, fijará o ajustará el porcentaje adecuado del colchón anticíclico para su Estado miembro y, al hacerlo, la autoridad designada tendrá en cuenta lo siguiente: ».
«7. Cada autoridad designada anunciará el colchón anticíclico aplicable con carácter trimestral mediante publicación en su sitio web. El anuncio incluirá, como mínimo, la siguiente información:
a) el porcentaje de colchón anticíclico aplicable;
b) el ratio créditos/PIB pertinente y su desviación con respecto a la tendencia a largo plazo;
c) la pauta de colchón calculada de conformidad con el apartado 2;
d) una justificación de ese porcentaje de colchón;
e) en el supuesto de que se incremente el porcentaje del colchón, la fecha a partir de la cual las entidades habrán de aplicar ese porcentaje incrementado a efectos del cálculo de su respectivo colchón de capital anticíclico específico;
f) si la fecha a que se refiere la letra e) es posterior en menos de doce meses a la fecha del anuncio previsto en el presente apartado, una referencia a las circunstancias excepcionales que justifican ese plazo abreviado de aplicación;
g) en el supuesto de que se disminuya el porcentaje del colchón, el período indicativo durante el cual no se prevé aumento alguno de dicho porcentaje, junto con una justificación de ese período.
Las autoridades designadas notificarán a la JERS cada trimestre el porcentaje del colchón anticíclico aplicable y la información especificada en las letras a) a g). La JERS publicará en su sitio web todos esos porcentajes de colchones notificados e información conexa.
Las autoridades designadas de los Estados miembros participantes, definidas en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, también notificarán cada trimestre al BCE el porcentaje del colchón anticíclico aplicable y la información especificada en las letras a) a g).».
31) En el artículo 141, los apartados 1 a 6 se sustituyen por el texto siguiente:
«1. Sin perjuicio de las medidas adoptadas conforme al artículo 104 de la presente Directiva y a los capítulos II y III de la Directiva 2014/59/UE, las autoridades competentes prohibirán a las entidades que cumplan los requisitos combinados de colchón ▌proceder a una distribución en conexión con el capital de nivel 1 ordinario o realizar pagos vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional que lleven a una disminución de este hasta un nivel en el que ya no se respeten los requisitos combinados de colchón.
2. Sin perjuicio de las medidas adoptadas conforme al artículo 104 de la presente Directiva y a los capítulos II y III de la Directiva 2014/59/UE, las autoridades competentes exigirán a las entidades que no se atengan a los requisitos combinados de colchón que calculen el importe máximo distribuible (“IMD”) de conformidad con el apartado 4 y notifiquen dicho IMD a la autoridad competente.
Cuando sea de aplicación el párrafo primero, las autoridades competentes prohibirán a dichas entidades emprender cualquiera de las siguientes actuaciones antes de haber calculado el IMD:
b) asumir una obligación de pagar una remuneración variable o beneficios discrecionales de pensión, o pagar una remuneración variable si la obligación de pago se asumió en un momento en que la entidad no se atenía a los requisitos combinados de colchón;
3. Las autoridades competentes prohibirán a las entidades que incumplan o rebasen sus requisitos combinados de colchón distribuir más del IMD calculado con arreglo al apartado 4 a través de alguna de las actuaciones a que se refiere el apartado 2, párrafo segundo, letras a), b) y c). ▌
4. Las autoridades competentes exigirán a las entidades que calculen el IMD multiplicando la suma calculada según lo previsto en el apartado 5 por el factor determinado de conformidad con el apartado 6. El IMD se reducirá como consecuencia de cualquiera de las actuaciones contempladas en el apartado 2, párrafo segundo, letras a), b) o c).
5. La suma que deberá multiplicarse de conformidad con el apartado 4 consistirá en:
a) los beneficios intermedios no incluidos en el capital de nivel 1 ordinario en virtud del artículo 26, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, previa deducción de las cantidades pagadas a raíz de cualquiera de las actuaciones contempladas en el apartado 2, párrafo segundo, letras a), b) o c) del presente artículo;
b) los beneficios al cierre del ejercicio no incluidos en el capital de nivel 1 ordinario en virtud del artículo 26, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, previa deducción de las cantidades pagadas a raíz de cualquiera de las actuaciones contempladas en el apartado 2, párrafo segundo, letras a), b) o c) del presente artículo;
c) las ganancias acumuladas y los beneficios provisionales y al cierre del ejercicio ya incluidos en el capital de nivel 1 ordinario en la medida en que se generen de forma recurrente y siempre que:
i) las distribuciones se limiten a una cantidad que impida que la entidad reduzca su capital de nivel 1 ordinario a un cuartil más bajo de los requisitos combinados de colchón;
ii) la entidad demuestre, a satisfacción de la autoridad competente, que es capaz de generar dichos beneficios en los doce meses siguientes al incumplimiento; y
iii) la autoridad competente apruebe el plan de conservación del capital a que se refiere el artículo 142;
d) los importes que habrían de pagarse en concepto de impuestos de conservarse los elementos especificados en las letras a) y b) del presente apartado.
6. El factor se determinará del siguiente modo:
a) cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se utilice para cumplir alguno de los requisitos de fondos propios previstos en el artículo 92 bis y el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como en los artículos 45 quater y quinquies de la Directiva 2014/59/UE y el artículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva, expresado en porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del citado Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el primer cuartil (es decir, el más bajo) de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0;
b) cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se utilice para cumplir alguno de los requisitos de fondos propios previstos en el artículo 92 bis y el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como en los artículos 45 quater y quinquies de la Directiva 2014/59/UE y el artículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva, expresado en porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del citado Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el segundo cuartil de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,2;
c) cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se utilice para cumplir alguno de los requisitos de fondos propios previstos en el artículo 92 bis y el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como en los artículos 45 quater y quinquies de la Directiva 2014/59/UE y el artículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva, expresado en porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del citado Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el tercer cuartil de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,4;
d) cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se utilice para cumplir alguno de los requisitos de fondos propios previstos en el artículo 92 bis y el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como en los artículos 45 quater y 45 quinquies de la Directiva 2014/59/UE y el artículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva, expresado en porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del citado Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el cuarto cuartil (es decir, el más alto) de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,6.
“Qn” indica el número ordinal del cuartil correspondiente.».
32) Se inserta el artículo 141 bis siguiente:
«Artículo 141 bisIncumplimiento de los requisitos combinados de colchón
1. Se considerará que una entidad incumple los requisitos combinados de colchón a los efectos del artículo 141 cuando no disponga de fondos propios y de pasivos admisibles cuyo importe y calidad sean los necesarios para satisfacer al mismo tiempo los requisitos definidos en el artículo 128, apartado 6, y cada uno de los requisitos establecidos en:
a) el artículo 92, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el artículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva;
b) el artículo 92, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el artículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva;
c) el artículo 92, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el artículo 104, apartado 1, letra a), de la presente Directiva;
c bis) el artículo 92, apartado 1, letras d) y d bis), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, si procede, y el requisito contemplado en el artículo 104 bis de la presente Directiva;
d) el artículo 92 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y los artículos 45 quater y 45 quinquies de la Directiva 2014/59/UE.
Los fondos propios mantenidos para cumplir el requisito contemplado en el artículo 128, apartado 6, no se utilizarán también para dar cumplimiento a los requisitos definidos en los artículos 45 quater, 45 quinquies y 45 sexies de la Directiva 2014/59/UE.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, no se considerará que una entidad incumple los requisitos combinados de colchón a los efectos del artículo 141 cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) que la entidad cumpla los requisitos combinados de colchón definidos en el artículo 128, apartado 6, cuando se consideren adicionales a cada uno de los requisitos contemplados en las letras a), b) y c) del apartado 1;
b) que el incumplimiento del requisito definido en el artículo 128, apartado 6, cuando se considere adicional al requisito a que se refiere el apartado 1, letra d), obedezca exclusivamente a la incapacidad de la entidad de emitir o sustituir los pasivos que no satisfagan o ya no satisfagan los criterios sobre admisibilidad o vencimiento establecidos en los artículos 72 ter y 72 quater del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
c) que el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 1, letra d), no se prolongue más de seis meses;
c bis) que la entidad en cuestión no sea una EISM.».
32 bis) El artículo 142 queda modificado como sigue:
«Cuando una entidad no cumpla
a) los requisitos combinados de colchón o
b) el requisito combinado para el ajuste de la ratio de apalancamiento, consistente en un ajuste de la ratio de apalancamiento específico de cada entidad y un ajuste de la ratio de apalancamiento para OEIS,
elaborará un plan de conservación del capital y lo presentará a la autoridad competente en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que compruebe su incumplimiento de dichos requisitos, a no ser que la autoridad competente autorice un plazo mayor de hasta 10 días.
Las autoridades competentes solamente concederán estas autorizaciones basándose en la situación individual de una entidad de crédito y teniendo en cuenta la escala y la complejidad de las actividades de la entidad.
«c) un plan y un calendario de aumento de los fondos propios con el objetivo de cumplir plenamente los requisitos que la entidad no haya cumplido con arreglo al apartado 1;».
«La autoridad competente evaluará el plan de conservación del capital y solo lo aprobará si considera que, de ejecutarse, el plan tiene razonables probabilidades de permitir la conservación u obtención de capital suficiente para que la entidad pueda cumplir los requisitos que la entidad no haya cumplido con arreglo al apartado 1 en un plazo que la autoridad competente juzgue adecuado.
33) En el artículo 145, se añaden las letras j) y k) siguientes:
«j) complementación del artículo 2, apartado 5 bis y 5 ter, estableciendo, a la luz de la información de que disponga:
i) si las entidades o categorías de entidades cumplen las condiciones establecidas en dichos artículos; o
ii) si las entidades o categorías de entidades han dejado de cumplir las condiciones establecidas en dichos artículos;
k) introducción de modificaciones en la lista que figura en el artículo 2, apartado 5:
i) suprimiendo entidades o categorías de entidades cuando la entidad o categoría de entidades pertinentes haya dejado de existir;
ii) introduciendo las modificaciones necesarias cuando el nombre de la entidad o categoría de entidades haya variado.».
34) En el artículo 146, se suprime la letra a).
35) En el artículo 161 se añade el apartado 10 siguiente:
«10. A más tardar el 31 de diciembre de 2023, la Comisión examinará la ejecución y aplicación de las facultades de supervisión a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letras j) y l), y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.».
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar [un año después de la entrada en vigor de la presente Directiva], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir de [un año + un día después de la entrada en vigor de la presente Directiva]. No obstante, las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a las modificaciones que establece el artículo 1, apartados 13 y 18, referidas a los artículos 84 y 98 de la Directiva 2013/36/UE se aplicarán a partir de [dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva].
DO L 34 de 31.1.2018, p. 5.
DO C ... de ..., p. …
Última actualización: 19 de julio de 2018 Aviso jurídico