Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A341-06.htm
Timestamp: 2017-11-25 09:35:58
Document Index: 297221477

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 40', 'artículo 189', 'artículo 23', 'artículo 331', 'artículo 1']

A341-06
Auto 341/06
CORTE CONSTITUCIONAL-No está dentro de sus atribuciones resolver conflictos de competencia entre jueces de la misma jurisdicción que cuenten con superior jerárquico común/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Criterios funcional y orgánico reserva a la Corte Constitucional su conocimiento cuando no existe superior jerárquico común
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Entidad y organismo estatal sujeta a régimen especial según Ley 489 de 1998
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Naturaleza y estructura según Ley 99 de 1993
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Naturaleza sui generis constituyéndose como organismo del orden nacional
ACCION DE TUTELA CONTRA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Competencia del Tribunal Superior, Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura
ACCION DE TUTELA CONTRA ALCALDIA MUNICIPAL Y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Competencia del Consejo Seccional de la Judicatura
Referencia: expediente ICC-1050
Conflicto de Competencia entre el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito
1.- El doctor Luís Ernesto Cantillo González, en su calidad de apoderado de Carlos Arturo Ferreira, María Floripes Rodríguez, Roberto Molina, Pablo Emilio Camargo y Gloria María Peña Cuellar, interpuso acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de Pitalito y contra la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ante los Juzgados Penales Municipales. Lo anterior, solicitando su protección a los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, a un ambiente sano y del derecho de petición, supuestamente vulnerados por las entidades accionadas.
2.- El accionante afirma que desde hace aproximadamente tres meses, se construyó en el municipio de Pitalito un bar denominado “Triada Bar”, que en su opinión, sobrepasa los límites de contaminación sonora permitida. De la misma manera el establecimiento referido, según los actores, desconoce normatividad en materia de licencias ambientales. Por tanto, se está ocasionando un grave perjuicio a los vecinos del sector.
3.- Por lo anterior, el 7 de septiembre de 2006 los accionantes elevaron un derecho de petición ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, para que, en su carácter de autoridad ambiental delegada, intervenga en el problema presentado. Hasta el momento no se ha dado respuesta alguna por parte de la entidad.
4.- El Juzgado Segundo Penal Municipal, mediante auto del 2 de octubre de 2006, remitió el proceso a los Juzgados Penales del Circuito al considerar que la Corporación Autónoma Regional era una entidad del sector descentralizado nacional.
5. – El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, mediante auto del 4 de octubre de 2006, señaló que en virtud de lo señalado en jurisprudencia de esta Corporación, en particular en la Sentencia C-578 de 1999, las Corporaciones Autónomas Regionales no pueden ser considerados como organismos del sector descentralizado, sino organismos nacionales autónomos, y por tanto el conocimiento de la acción corresponde a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, Administrativos o Consejos Seccionales de la Judicatura. Por tanto, remitió el proceso a la Oficina Judicial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Huila con el fin de que se realizara el reparto correspondiente.
6.- El Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Magistrada Ponente. Dra. Teresa Elena Muñoz de Castro, mediante auto del 10 de octubre de 2006, consideró que en virtud de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen sus funciones en una porción del territorio, y en consecuencia, deben ser consideradas como entidades descentralizadas. En otras palabras, remite, nuevamente, el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, y plantea el conflicto negativo de competencia.
7.- El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, mediante auto del 12 de octubre de 2006, aceptó el conflicto de competencia planteado y remitió este expediente a la Corte Constitucional.
2.- En ese orden de ideas, cuando en el trámite de una solicitud de tutela las autoridades judiciales proponen conflicto negativo de competencia, la controversia debe ser dirimida por la Corte Constitucional si las dos autoridades judiciales hacen parte de jurisdicciones distintas y, por lo mismo, carecen de superior jerárquico común[2]. Así las cosas, dado que el presente conflicto de competencias se presentó entre autoridades pertenecientes a diferentes jurisdicciones, esto es, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre el mismo.
Ante la Corte se plantea el aparente conflicto de competencia entre el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito. Para resolver el caso concreto se considera:
1.- El conflicto que ahora se analiza gira en torno de la naturaleza jurídica de la entidad demandada, en este sentido, con el objeto de determinar la competencia en el asunto de la referencia, es importante hacer alusión a las normas que la regulan y a la jurisprudencia de esta Corporación referida a la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales.
2. -El artículo 150 de la Constitución Política, Numeral 7 señala:
7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta. (Subrayado fuera del texto)
3.-Por otra parte, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998: “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales se regulan por el régimen especial establecido en la Constitución y en las respectivas leyes. Este artículo reza:
“ARTICULO 40. ENTIDADES Y ORGANISMOS ESTATALES SUJETOS A REGIMEN ESPECIAL. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes.”
4. De la misma manera, la naturaleza y estructura de las Corporaciones Autónomas Regionales fue desarrollada por la Ley 99 de 1993, las cuales son definidas por su artículo 23 como “ entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.”
5. Como puede entonces verse las Corporaciones Autónomas Regionales son organismos autónomos creados por la Constitución, sujetas a un régimen especial, que cumplen cometidos públicos de interés del Estado y de la Comunidad, que ejecutan planes, políticas, y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales dentro de un ámbito biogeográfico determinado por la ley. Sin embargo, resulta procedente establecer la ubicación de tales entidades dentro de la estructura administrativa del Estado, situación que ha sido definida por la Corte Constitucional, en anteriores pronunciamientos.
6. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación al estudiar la naturaleza jurídica de dichos organismos, ha establecido que estos no pueden ser considerados como células típicas de la organización descentralizada o por servicios, sino como entidades administrativas del orden nacional. En sentencia C-593 de 1995[3], reiterada por la Sentencia C-423 de 1994[4] y C-596 de 1998[5] la Corte señaló:
7. También, en la sentencia C-578 de 1999[6], en relación con la naturaleza especial de las Corporaciones Autónomas Regionales, se consideró que en virtud de los postulados contenidos en nuestra Carta, las Corporaciones Autónomas Regionales no se articulan al sistema ordinario de la descentralización por servicios, ni están adscritas, por ende, a ningún ministerio o departamento administrativo, esta posición también se encuentra contenida en las Sentencias C-794 de 2000[7], C-1345 de 2000[8], C-251 de 2003[9], C-894 de 2003[10]. En consecuencia, su naturaleza es sui generis, constituyéndose como un organismo del orden nacional.
La Corte ya había definido, en cierta forma, el perfil jurídico de las Corporaciones, caracterizándolas como "organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central nacional y la descentralizada por servicios y territorialmente..."[11].
9.- Analizado lo anterior, se logra constatar que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena es una entidad de orden nacional, con un régimen especial de autonomía.
10.- Por su parte, el decreto 1382 de 2000, por el cual se establecen las reglas para el reparto de la acción de tutela, prescribe expresamente que:
A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental. (art. 1º, num.1º y 2).” [12]
11.- De ello se deduce manifiestamente que, corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos o Consejos Seccionales de la Judicatura, el conocimiento, en primera instancia, de las acciones de tutela que sean presentadas contra una Corporación Autónoma Regional al ser una autoridad pública del orden nacional.
12.- Por todo lo anterior, la Corte Constitucional ordenará remitir el expediente al Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Sala Jurisdiccional Disciplinaria con el fin de que asuma el conocimiento de la acción de amparo interpuesta por el doctor Luís Ernesto Cantillo González, en su calidad de apoderado de Carlos Arturo Ferreira, María Floripes Rodríguez, Roberto Molina, Pablo Emilio Camargo y Gloria María Peña Cuellar contra la Alcaldía Municipal de Pitalito y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
ÚNICO: REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela interpuesta por el doctor Luís Ernesto Cantillo González, en su calidad de apoderado de Carlos Arturo Ferreira, María Floripes Rodríguez, Roberto Molina, Pablo Emilio Camargo y Gloria María Peña Cuellar contra la Alcaldía Municipal de Pitalito y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, al Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para adelante la correspondiente actuación judicial.
Salvamento de voto al Auto 341/06
Peticionario: LUIS ERNESTO CANTILLO GONZALEZ Y OTROS
[3] M. P. Fabio Morón Díaz
[6] M.P. Antonio Barrera Carbonell
[10]M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esta Sentencia se señaló: “Así, por ejemplo, la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución, no circunscribe su actividad a una determinada región en el sentido estricto del término, sino a un sistema fluvial, dándole gran importancia al desarrollo de las comunidades ribereñas. En relación con dicho sistema, a esa corporación se le encomiendan una serie de funciones, en las cuales se observa la concepción constitucional general respecto de las corporaciones autónomas regionales. Se trata de entidades de naturaleza mixta, técnica y política, encargadas de funciones de administración de los recursos naturales, y de planeamiento.”
[11] C-593 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz
[12] En el Auto A- 030/05. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra se señaló: “El Decreto 1382 señala en su artículo 1º, numeral 1º que “[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional (...) serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura.”; al ser la entidad accionada autoridad pública del orden nacional, deberán conocer del caso los jueces señalados en la norma transcrita.