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Timestamp: 2019-09-17 01:17:16
Document Index: 38130341

Matched Legal Cases: ['artículo 137', 'artículo 136', 'artículo 467', 'artículo 17', 'artículo 363', 'artículo 186', 'artículo 185', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 82', 'artículo 84', 'artículo 398', 'artículo 403']

Acuerdo y Sentencia 51/2012 Corte Suprema de Justicia
ACARDO Y SENTENCIA NÚMERO: 51/12
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los trece días del mes de febrero del año dos mil doce, estando reunidos, en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excelentísimos Señores Ministros, Dres. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARÍA BENITEZ RIERA, ante mi, la Secretaria autorizante, se trajo a consideración el expediente caratulado: "H.A.R.M. y J.C.R.M POR S/ H.P. C/ EL PATRIMONIO EN CIUDAD DEL ESTE", a fin de resolver el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 109, de fecha 6 de diciembre de 2007, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala, de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná y Canindeyú.
Previo estudio del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes.
¿ES ADMISIBLE EL RECURSO INTERPUESTO?.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, arrojó el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y BENITEZ RIERA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Sra. Ministra, Dra. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, dijo: Por cuestión de economía procesal corresponde estudiar el pedido de extinción, conjuntamente con el Recurso Extraordinario de Casación ambos solicitados por la Defensa Pública.
EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL: QUE, el pedido de extinción se funda en que en el caso de autos el casacionista planteo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia - en tiempo y forma, 14 de abril de 2.008 - Recurso Extraordinario de Casación, es decir a mas de tres (3) años sin que hasta la fecha haya sido dictado fallo firme y ejecutoriado.
A fin de estudiar el pedido de extinción, es menester analizar los plazos procesales pertinentes de esta causa a los efectos de ver si tiene cabida o no la extinción de la acción penal, total vez que esta figura es de previo pronunciamiento por su carácter de orden público.
Así, el Recurso Extraordinario de Casación ha sido interpuesto en fecha 14 de abril de 2.008, y el mismo debe ser analizando bajo la luz de la Ley Nº 2341/03, ya en vigencia en el momento de la notificación del acta de imputación antedicha.
Ya la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el alcance de dicha ley es que la misma suspende el plazo de extinción por medio de cualquier recurso presentado ante la instancia correspondiente, de tal forma, la presentación del recurso de casación e inclusive la apelación especial, tornan inviable la extinción de la acción, toda vez que ella no haya acaecido con anterioridad a dichos recursos. Este no es el caso de autos y la interpretación arriba trazada corresponde a la correcta aplicación de la ley citada, la cual en su parte pertinente dispone: "Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspende automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelve lo planteado o el expediente vuelva a origen".
Esta interpretación ya tiene sus antecedentes en los casos "N. D. D. S/ LESIÓN DE CONFIANZA" Y "J. P. P. S/ HOMICIDIO DOLOSO" y es la constante en todos aquellos juicios donde se plantee la extinción de la acción bajo los efectos de la Ley N° 2341/03, por lo cual la extinción de la acción en esta causa deviene improcedente.
En resumen: Conforme a lo expuesto en los párrafos que anteceden, el pedido de extinción debe ser declarado improcedente.
A su turno, el Ministro Sindulfo Blanco manifiesta que se adhiere al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por sus mismos fundamentos respecto al incidente de extinción planteado por la Defensa Publica.
A su turno, el Ministro Luís María Benítez Riera, expresó que esta causa tuvo entrada a su Gabinete en fecha 22 de julio de 2011 y salida en fecha...........................de 2011. Manifestando cuanto sigue:
A los efectos de analizar si en la presente causa ha operado la extinción de la acción penal por el transcurso del plazo máximo de duración del proceso, corresponde antes que nada realizar una breve referencia a la metodología que debe utilizarse para la correcta interpretación de las normas jurídicas, para luego poder desentrañar el verdadero sentido y alcance de las mismas en lo se refieren a la extinción; concluyendo sobre esa base si en el caso particular de autos corresponde o no que la misma sea declarada.
El método es la manera sistemática y ordenada de hacer una cosa, lo que trasladado a la tarea interpretativa, es lo que conoce con el nombre de "hermenéutica jurídica" reconocida como labor que concita la "interpretación de la norma, desentrañando lo que encierra y comprende exactamente, a los efectos de analizar el sentido individual de la norma y su contexto global como integrante de un ordenamiento jurídico determinado".
En este sentido, corresponde al juez para interpretar la norma, analizar susentido lógico exacto y para ello debe incluir en su labor interpretativa los elementos formales y materiales de toda norma jurídica y que son: 1) El Elemento gramatical, que tiene por objeto conocer las palabras de que el legislador se ha servido para transmitir su pensamiento, esto es, interpretar el significado de las palabras. 2) El Elemento lógico, que consiste en la escomposición del pensamiento del legislador; La razón de ser de la ley que comprende tanto el principio en que la norma se inspira, como el fin de la norma; pero si esta conjunción no es posible, debe darse preferencia al fin sobre el motivo, por cuanto una ley que no tienda a la justicia, siquiera inspirada en motivos aparentes, no cumple su misión en la vida práctica, cual es, la de armonizar las relaciones y consolidar la paz social. 3) El Elemento histórico. que indaga el derecho existente sobre la materia en la época que la ley ha sido sancionada, la exposición de motivos, notas explicativas del legislador, etc. Actualmente este elemento se considera inmerso en el anteriormente expuesto (lógico) ya que escudriñar las razones o motivos históricos que precedieran a la sanción de una determinada norma, constituye parte del estudio de la finalidad de la norma. 4) El Elemento sistemático, que consiste en la tarea de sistematizar u ordenar los elementos gramatical, lógico e histórico dentro del conjunto integral de las normas para evitar contradicciones que podrían echar por tierra y tornar estéril la labor intelectual de la interpretación penal y procesal penal.
Es decir, la tarea interpretativa no se agota con el hecho de fijar el sentido literal de una ley o precepto, desentrañar su motivo y fin, sino que se trata de una labor de coordinación, de eliminación de contradicciones y en la construcción, basada en la necesidad de ubicar dicha ley o precepto interpretado en el cuadro de sus relaciones con las demás leyes y preceptos del ordenamiento jurídico.
De esta manera, el perfil que debe tomar en consideración el magistrado para analizar las normas objeto de interpretación al caso particular, se ciñe principalmente a las palabras de la ley, sin dejar de lado la lógica (finalidad) perseguida por el autor de la norma y sistematizarlo a través de una correcta ubicación del resultado de tal suerte a mantener incólume los principios formales de la interpretación que no son otros que los de plenitud y coherencia del orden jurídico.
Sobra esta base se pasará a analizar lo preceptuado en el art. 136 del C.P.P (modificado por ley 2341/03) que establece: Duración Máxima. Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable.
Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento. Todos los incidentes excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez que se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen. Este plazo sólo se podrá extender por doce meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos..."
De la atenta lectura del artículo precedentemente transcripto se desprende que la voluntad del legislador ha sido establecer un plazo cierto de "cuatro años" dentro del cual concluya definitivamente el proceso, previendo igualmente la suspensión automática de dicho plazo para la tramitación de incidentes, recursos, etc; Sin embargo una vez dictada la sentencia de primera instancia, el plazo para los recursos (Apelación Especial y Casación) sólo puede extenderse por doce meses más, periodo dentro del cual ya no cabe la suspensión automática del plazo, según se infiere del propio texto de la norma cuya previsión se halla en un párrafo aparte y posterior al que prevé tal suspensión.
Esta interpretación tiene fundamento principalmente en los elementos lógico, histórico y sistemático de la norma ya que el problema del tiempo con relación al proceso desde la perspectiva de la duración total entre el comienzo de la causa y su finalización, ha cobrado en nuestra época singular relevancia convirtiendo muchas veces en ilusorios los derechos pretendidos por las partes, cobrando así penoso auge el fenómeno que se ha denominado "morosidad judicial" y que se manifiesta en la extraordinaria demora en la tramitación y resolución de las causas.
Ya decía BECCARIA que una pena aplicada distante del hecho que la justifica pierde sus efectos y parece poco menos que como una venganza innecesaria. La imagen pública de la justicia necesita no sólo de los valores de imparcialidad, racionalidad, prudencia, etcétera, sino también de celeridad.
La meta del control de duración del procedimiento es la vigencia efectiva de mecanismos que permitan establecer pautas concretas de desempeño para la función jurisdiccional y también promotiva de la acción, por parte de los componentes de la administración de justicia, a fin de que el Estado pueda realizar una persecución penal eficaz dentro de un plazo razonable que no se prolongue de manera indefinida, de modo que, tanto la ciudadanía como aquella persona que se encontrare sometida a una persecución penal, podrá contar con una definición sobre su situación procesal, dentro de un espacio razonable de tiempo. (Jorge Eduardo Vázquez Rossi. Rodolfo Fabián Centurión. Código Procesal penal Comentado Edición 2010).
La forma en que la normativa procesal intenta concretizar el principio de celeridad, se materializa a través de la imposición de plazos con términos precisos, procurando armonizar "mesura y detenimiento" con "rapidez" dando a los sujetos los lapsos necesarios para el estudio y consideración de las diferentes cuestiones en análisis, pero estableciendo al mismo tiempo límites precisos más
alla de los cuales operará la sanción prevista por la norma, cuya función principal es la de garantizar el efectivo cumplimiento de dicho plazo.
La sanción que nuestro ordenamiento jurídico prevé para el incumplimiento del plazo máximo de duración del proceso se halla previsto en el artículo 137 del C.P.P que dispone: "Vencido el plazo previsto en el artículo arterior el juez o tribunal de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, conforme a lo previsto por este código...."
A la luz de la interpretación realizada precedentemente, corresponde analizar si en el caso en estudio, se ha cumplido con el plazo previsto en el artículo 136 del C.P.P (modificado por ley 2341/03) a los efectos de determinar si le es o no aplicable la sanción prevista en el art. 137 del Código Procesal Penal.
En ese sentido el presente proceso penal tuvo su inicio a través de la detención preventiva del incoado Julio Cesar Riquelme Miranda en fecha 14 de setiembre de 2005, desarrollándose sin suspensiones ni interrupciones con respecto al citado procesado hasta el momento de dictarse sentencia definitiva de primera instancia en fecha 5 de setiembre de 2007.
Computando el tiempo transcurrido entre la fecha en la cual se realizó el primer acto coercitivo - 14 de setiembre de 2005- hasta el día en que se dictó la S.D.N° 124 del 5 de setiembre de 2007, surge con meridiana claridad que la sentencia de primera instancia fue dictada en tiempo oportuno.
Ahora bien, en fecha 10 de setiembre de 2007, la defensa interpone recurso de Apelación Especial contra la S.D.Nº 124 (fs. 127 /131), habiendo sido resuelto por el Tribunal de Apelación a través del Acuerdo y Sentencia N° 109 de fecha 6 de diciembre de 2007, cuya respuesta también ha sido emitida dentro del término legal establecido al efecto.
En fecha 14 de abril de 2008, la Defensora General del Estado, en representación del procesado Julio Cesar Riquelme Miranda, interpone recurso extraordinario de casación contra el Acuerdo y Sentencia dictado por la Cámara de Apelaciones (fs. 140/141 vlto.) y finalmente en fecha 20 de diciembre de 2010, solicita la EXTINCIÓN DE LA ACCION en la presente causa.
Estudiando el tiempo trascurrido desde el inicio del procedimiento, y dejando en claro que no existió suspensión o interrupción alguna del plazo, se llega a la conclusión de que a la fecha ha transcurrido el plazo máximo de llega a la conclusión de que a la fecha ha trascurrido el plazo máximo de CUATRO AÑOS y DOCE MESES de duración del proceso y tramitación de los recursos, motivo por el cual procede declara la EXTINCION DE LA ACCION penal, por imperio de los Arts. 17 de la Constitución Nacional, Art. 8 inc. 8 inc 1 del Pacto de San José de Costa Rica, Art. 136 del C.P.P y su modificatoria la Ley 2341/2003, Art. 25 inc 3º del Código Procesal Penal y demás disposiciones aplicables y DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de JULIO CESAR RIQUELME MIRANDA conforme a lo dispuesto en el Art. 359 inc 3º del C.P.P. ES MI VOTO.
Resuelto el planteamiento en la forma indicada, resulta inoficioso el estudio del Recurso Extraordinario de casación planteado en autos, dejando expresa constancia que la presente causa ya se hallaba extinta al tiempo de tener entrada a este Gabinete. ES MI VOTO.
ADMISIBILIDAD: La Defensora General del Ministerio de la Defensa Pública, Abog. NOYME YORE ISMAEL, interpuso contra el Acuerdo y Sentencia N° 109 del 6 de diciembre de 2007, dictado en los autos arriba mencionados por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala, de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná y Canindeyú, el recurso extraordinario de casación, fundada en el Art. 478 Inc. 3) del Código Procesal Penal, es decir, en el supuesto de que la sentencia en recurso se halla manifiestamente infundada.
Respecto a la admisibilidad del Recurso impetrado lo primero que a ese efecto puede observarse es que el recurso fue presentado, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del plazo fijado por el Art. 480 en concordancia con el Art. 468, ambos del Código Procesal Penal, que es lo que se desprende del cotejo del cargo con la cédula de notificación pertinente (fs. 197/198); además, el interés del condenado para deducirlo, a igual que su capacidad para impugnar la decisión de Segunda Instancia, son incontrovertibles y, por otra parte, la resolución recurrida es, efectivamente, una sentencia de un Tribunal de Apelación.
En estas condiciones, es innegable que la casacionista dio el más pleno cumplimiento a los requerimientos legales, jurisprudenciales y doctrinarios para la admisión de la casación interpuesta, por lo que, a mi criterio, el recurso extraordinario deducido debe ser declarado admisible. ES MI VOTO.
A sus turnos el Ministro Sindulfo Blanco manifiesta que se adhiere al voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa respecto a la admisibilidad del estudio del recurso extraordinario de casación por sus mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, prosiguió diciendo: La recurrente interpuso el recurso extraordinario de casación contra el Acuerdo y Sentencia N° 109 del 6 de diciembre de 2007, dictado en el expediente referido por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala, de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná y Canindeyú (fs. 240); decisión por la que se confirmó la sentencia de Primera Instancia que condenó, al acusado Julio César Riquelme Miranda, a cumplir la pena privativa de libertad de cuatro (4) años (fs. 119).
Pues bien, entrando en materia, primeramente iré examinando los fundamentos de la recurrente, conforme vayan surgiendo de la detallada lectura del escrito que contiene el recurso extraordinario, que corre de fojas 159 a 197. De este modo alega que el Acuerdo y Sentencia atacado resulta manifiestamente infundada, en razón que el Tribunal de Alzada no cumplió con su obligación de considerar "todos los agravios", señalados por el apelante contra la sentencia de primera instancia (fs. 169). Sobre el punto es menester recordar y tener en cuenta las limitaciones que establece el Art. 467 del Código Procesal Penal, al disponer que el recurso "sólo procederá cuando ella se basa en la inobservancia o la errónea aplicación de un precepto legal", lo que significa que, aparte de estas dos causales que hacen a. la apelación especial, ninguna otra puede ser considerada en Segunda Instancia; en consecuencia, no es cierto que el Tribunal de Apelación esté obligado a considerar todos los agravios, aducidos por el o la apelante. Es más, ni siquiera los actos procesales defectuosos pueden ser considerados, cuando el interesado no reclamó "oportunamente su saneamiento o ha hecho la reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta, o cuando se trate de los vicios de la sentencia", según el último párrafo del artículo 467 citado. Si no se hizo ese reclamo y tampoco la reserva en mención, ni los actos procesales defectuosos, a esta altura del proceso, son pasibles de estudio y consideración, salvo que el mismo se trate de una violación a las garantías de rango constitucional.
Por otra parte, la impugnante se limita a determinar que el Ad-quem no se ha expedido sobre los agravios referentes a la violación de las garantías constitucionales previstas en el artículo 17 de la Constitución Nacional (presunción de inocencia) e inobservancia de la declaración de los derechos humanos, sin expresar positivamente en que modo, forma o condición han sido violados dichas garantías. En conclusión, este cuestionamiento, por lo expuesto no tiene razón de ser y, por consiguiente, debe ser desestimado.
El segundo cuestionamiento a dilucidar es el referido a una supuesta lesión al principio de congruencia y en especial al deber del órgano jurisdiccional de dar cumplimiento al artículo 363 numeral 1 del Código Procesa Penal, es decir, la falta de descripción del hecho objeto del juicio y de la calificación jurídica de los mismos. Asevera que ante el Juicio Oral y Público el Jugador al imponer una sanción penal del tipo penal Extorsión Agravada previsto en el artículo 186 del C.P. a título consumado se ha apartado de los términos de la acusación-extorsión simple previsto en el artículo 185 del C.P. en grado de tentativa, violándose de esta forma la normativa prevista en el artículo 400 del Código Procesal Penal.
El referido art. 400 dispone: SENTENCIA Y ACUSACIÓN. La sentencia no podrá dar por acreditado otros hechos u otras circunstancias que los descriptos en la acusación y admitidos en el auto de apertura ajuicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de la apertura a juicio, o aplicar sanciones más graves o distintas a las solicitadas. Sin embargo, el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura ajuicio y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio. Si el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes advertirá al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa".
La norma prevé una primera regla: debe existir congruencia en cuanto a los hechos sustentados en la acusación, los debatidos durante el juicio oral y público y sobre cuyo análisis resulta la decisión del Tribunal de Sentencia. En otras palabras, se prohibe la introducción de otros hechos que no han sido investigados, alegados o discutidos a lo largo de las etapas del proceso, con la salvedad de que lo fueran a fin de beneficiar al acusado. Lo que se prohibe es la introducción arbitraria de hechos no discutidos que agraven la situación de acusado.
Ahora bien, la determinación de los hechos objeto del juicio no resulta equivalente a su calificación jurídica. La cuestión fáctica debe seguir siendo la misma y su subsunción legal puede ser modificada hasta en el momento de dictar sentencia.
Conforme a la descripción normativa, la modificación de la calificación puede tener dos aristas. Primero: si la calificación distinta ha sido considerada o debatida durante el juicio, sería en los casos de tipos penales que cuentan con un tipo base y luego agravaciones. Y otra para los casos en los que ni siquiera hubo consideración de la modificación de la calificación, lo cual resulta obvio cuando conforme al desarrollo del juicio se pudiera detectar la existencia de otros hechos que pudieran sancionados dentro del marco penal de otras figuras típicas abiertamente opuestas a la sometida a juicio.
Para el primer caso, la modificación de la calificación se puede hacer hasta el momento de la sentencia, puesto que no atenta contra derecho alguno ya que por los mismos hechos que fue investigado y acusado ha sido condenado, además como el debate se centró sobre los mismos, las partes pudieron introducir sus incidencias y planteos, decidiendo el Tribunal finalmente si la conducta configura únicamente un tipo base o se verifican agravantes o atenuantes, puesto que en definitiva el tipo penal sigue siendo él mismo.
Distinto es el caso cuando la investigación versó sobre hechos punibles que afectaron a un bien jurídico detenninado y la condena se verifica por una conducta protegida por una norma distinta en relación a un bien jurídico diverso. Para ello debe partirse del concepto de tipo penal. En efecto el art. 14 inc.1º numeral 2 señala: "A los efectos de esta ley se entenderán como (...) tipo legal: el modelo de conducta con que se describe un hecho penalmente sancionado, a los efectos de su tipificación". El tipo penal por tanto incluye tanto la conducta conocida como tipo base además de las posibles atenuantes o agravantes previstos para una morigeración de la pena. Ello se refuerza aún más si se tiene en cuenta la misma disposición penal, pero en cuanto al numeral 3: "tipo base: el tipo legal que describe el modelo de conducta sin considerar posible modificaciones por agravantes o atenuantes".
Tomando en consideración dichas premisas normativas y atendiendo a la redacción de la norma del artículo 400 del CPP, lo que no se permite en definitiva, es una condena sorpresa, donde se debate sobre un tipo legal para luego ser condenado por otro, tal como textualmente lo determina: "... Sin embargo, el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura a juicio y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio". Ello, efectivamente está prohibido por la ley, por que introduce elementos que no han sido debatidos y que ubican al justiciable en estado de indefensión absoluta. Es para esos casos y sólo para los mismos, que la ley prevé la obligación de advertencia. (Acuerdo y Sentencia N° 364 de fecha 25 de mayo de 2.009, dictado en la causa: RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA Abog. ROSA CONCEPCIÓN ZARATE GRECO, en la causa: "CARLOS ADALBERTO MEZA RUIZ S/ ABUSO EN NIÑOS" por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.).
En este caso, el Ministerio Publico formulo acusación contra los imputados H.A.R.M. y J.C.R.M por los hechos punibles de Coacción - 120 del CP. - Extorsión en Grado de Tentativa -185y 26 del CP. El auto de apertura a juicjo oral y público admitió la acusación contra Julio Cesar Riquelme Miranda por extorsión agravada, secuestro y asociación criminal.
El Tribunal de Sentencia calificó la conducta dentro de lo previsto por el art. 186 en concordancia con el art. 27 y 29 del Código Penal. Claramente no existió una condena basada en un tipo penal diverso al considerado en el proceso, con lo cual no existe lesión al principio de congruencia, ni mucho menos afectación al derecho a la defensa en juicio, por lo que al no estar presente presupuesto alguno que amerite la sanción de nulidad de la resolución impugnada, corresponde por tanto sea rechazada la petición.
Por otra lado, en el Acta de Imputación (fs. 14/5), el representante del Ministerio Público ya "encuadró" la conducta del condenado, entre otros, en el Art. 186del Código Penal, individualizando así, entre los hechos punibles, supuestamente perpetrados, la "EXTORSIÓN AGRAVADA" (fs. 15). Por consiguiente, la calificación final del Tribunal de Sentencia, se encuentra en plena coincidencia con la del Acta de imputación (ver fs. 126 y 15), lo que implica la inexistencia del presunto error en la calificación. Siguiendo esta secuencia, se debe considerar lo estatuido por el segundo párrafo del Art. 400del Código Procesal Penal, que faculta al Tribunal de mérito a modificar la calificación legal, siempre que, para ese efecto, no se alteren o reformen los hechos que dieron lugar a la causa, como justamente acontece en los autos en estudio.
Ahora, en cuanto al otro punto que cuestiona, el presunto empleo de medios especiales de investigación policial (fs. 184 y 189/190); es consecuencia manifiesta del equivocado el concepto que la misma tiene de lo que es una entrega vigilada y de la utilización de un agente encubierto en la investigación de un hecho punible. La verdad es que en esta causa nunca se utilizaron esos medios y, para comprobarlo, basta leer cualquier diccionario sobre esas dos técnicas de investigación, sumarle el contenido del artículo 82 en concordancia con el 87 y el artículo 84, todos de la Ley N° 1881/02, y luego cotejar lo leído con las constancias de autos, para determinar la concepción equivocada que la recurrente tiene de esos dos elementos de investigación y constatar, a la vez, que nunca fueron utilizados en este proceso.
El otro tema de controversia, el supuesto de que el Tribunal de Apelación "ha rehuido su primaria labor de elección, interpretación y elaboración de los elementos FÁCTTCOS y jurídicos..." (fs. 167), no hace sino demostrar su indubitable pretensión de que se proceda a un nuevo estudio de los hechos y la consiguiente revaloración de pruebas, so pretexto de un supuesto "abuso de poder" a consecuencia de un allanamiento practicado en un domicilio particular; hecho que refleja, según lo afirma la casacionista, una falta de objetividad del Agente Fiscal interviniente (fs. 185/194). Pero esto del allanamiento ya constituye, en función del acta judicial obrante a fs. 12 de autos, un verdadero despropósito, puesto que ese documento afirma, reafirma y demuestra que el supuesto abuso de poder, no existió, no existe ni puede existir y, desde luego, el nuevo estudio de los "elementos fácticos", al que aspira la casacionista, está absoluta y totalmente prohibido, tanto para el Tribunal de Apelación como para esta Sala Penal al estar definitivamente fijados los hechos en la sentencia apelada, en virtud del principio de inmediación.
Por otro lado, es más que evidente que no se utilizaron, durante la investigación, agentes encubiertos -no debe contundirse con operación encubierta, que es la forma operativa normal de la policía- ni hubo entrega vigilada y, menos todavía, abuso de poder por parte del Fiscal.
Finalmente, pasando a lo que señala el señor Agente Fiscal interviniente, en su dictamen N° 1060/2008 (fs. 252/256), el que la casacionista no debió haber denunciado el fallo de Segunda Instancia, por haberse dictado presuntamente citra petita, exponiendo "como cuestiones supuestamente obviadas circunstancias que nunca tan siquiera se esbozaron mínimamente dentro de los agravios de la apelación,..." (fs. 255). Y la verdad es que ello es realmente así, tal como lo señala el Agente Fiscal, puesto que es lo que se desprende de la más simple lectura de los autos.
Analizado así los fundamentos de la casacionista, obrante en su imprecisa y dilatada presentación, y la contestación del representante del Ministerio Público, corresponde pasar al examen del único tema del recurso extraordinario. La sentencia manifiestamente infundada que, de acuerdo a las innumerables decisiones de la Sala Penal, debe ser una sentencia inmotivada, es decir, realmente no fundada, y no simplemente insuficiente, parca, pobre o escasamente fundada, pues, basta que sea precariamente motivada, pero entendible y lógica, para que no esté manifiestamente infundada (ver Ac. y Sent. N° 2806, de fecha 22 de diciembre de 2003, N° 805 del 23 de abril de 2004 y muchos otros).
Dilucidando así el significado de la frase "manifiestamente infundada" -expresión indudablemente no muy acertada para un Código-, entiendo que sería útil puntualizar, antes de entrar al examen del fondo de la cuestión, lo siguiente: pese a las limitadas facultades que otorga, el mentado Art. 467 del Código Procesal Penal, a los Tribunales de Alzada para el estudio y resolución del recurso de Apelación Especial, eso no le autoriza a dejar de examinar como ha ocurrido- la legalidad y logicidad de una Sentencia de Primera Instancia, obviando naturalmente todo lo que podría constituir un nuevo examen de los hechos y una revaloración de las pruebas; al quedar éstos definitivamente fijados por le Tribunal de Sentencia.
No obstante esa limitación los Tribunales de Apelación tiene un minucioso trabajo que hacer durante e transcurso del examen de la sentencia apelada; trabajo que debe reflejarse en la decisión dictada que, a su vez, deber estar fundada en razones suficientes que legitime su parte dispositiva. Y ello necesariamente debe ser así, puesto que si la sentencia no contiene el testimonio de haberse realizado un examen mínimo de la decisión apelada, la resolución dictada se encontraría, indefectiblemente, inmotivada y, por ende, manifiestamente infundada; uno de los tres exclusivos motivos que hacen a la procedencia de la casación.
Pero ¿en qué consiste ese examen mínimo? Según la jurisprudencia pacífica, uniforme y constante de la Sala Penal, es un examen que debe abarcar la verificación de los siguientes puntos: a) si la causa está o ya estaba extinguida al dictarse la sentencia cuestionada; b) si la sentencia apelada se encuentra fundada en la Constitución y en la Ley; c) si fueron observadas las disposiciones constitucionales que hacen al derecho de la defensa y al debido proceso legal; d) si los hechos se hallan subsumidos a las normas, de tal modo que la calificación legal concuerde con los hechos punibles realmente perpetrados y probados; e) si las pruebas merituadas fueron incorporadas regularmente a la causa y si se respetó el sistema legal de la sana crítica en la apreciación de las mismas; y f) si se procedió a la necesaria valoración lógica de la resolución apelada, la que debe hallarse nítidamente exteriorizada en el "considerando".
Determinada la labor que debe realizar un Tribunal de Alzada durante el transcurso del examen de una sentencia de Primera Instancia, recurrida por Apelación Especial; corresponde que esta Sala Penal proceda al estudio y resolución del Acuerdo y Sentencia recurrido, a fin de definir si se halla manifiestamente infundado o no. Es así que, luego de una lectura meticulosa y reflexiva de la decisión en recurso, se puede fácilmente colegir que los Señores Miembros del Tribunal de Alzada se declararon unánimemente competente para entender la apelación interpuesta y, al mismo tiempo, consideraron admisible el recurso de apelación (fs. 240).
Concluyeron asimismo, "luego de pasar revista a los autos, a la Sentencia Definitiva apelada y al Acta del Debate Oral y Público", que los agravios anotados por el apelante "se hallan ausentes", en razón de que el Tribunal de Sentencia "explica a cabalidad los motivos de hecho y de derecho en que sustentó su decisión, indicando además el valor otorgado a los medios de pruebas admitidos y producidos... valoración conjunta y armónica... realizada al amparo de las reglas de la sana crítica". Afirman también que la decisión apelada "cumple a cabalidad los preceptos legales previstos en el artículo 398 del C.P.P....", llegando a la conclusión que ella es "suficiente, coherente y congruente", enervándose con ello el supuesto de que "el fallo se engloba dentro del marco legal del artículo 403 numeral 4) del C.P.P."; para finalizar que "ante la indudable improcedencia del planteamiento recursivo del apelante al no encontrar sojuzgamiento ni a las normas penales procesales ni a las de fondo, el recurso debe ser rechazado y confirmada la Sentencia Definitiva apelada" (fs 241).
La verdad es que cualquiera que leyera minuciosamente el Acuerdo y Sentencia en casación, difícilmente podría considerarla o tomarla como manifiestamente infundada, pues, es más que evidente que los que dictaron esa resolución consideraron, a mí parecer correctamente, que la decisión del Tribunal de Mérito se adecuaba, sin ninguna duda, a las constancias de autos y a las disposiciones legales correspondientes.
Por consiguiente, sería absolutamente injusto e ilegal declarar que el Acuerdo, y Sentencia impugnado sea una sentencia manifiestamente infundada, desde el momento que ella es una decisión que sobrepasó el examen mínimo que, obligatoriamente, debe hacerse en Segunda Instancia de una apelada resolución del Tribunal de Sentencia.
Siendo ello así, como lo es, mi opinión es que debe rechazarse el recurso extraordinario de casación, con costas por ser absoluta y definitivamente improcedente. ES MI VOTO.
A SU TURNO, el Ministro Sindulfo Blanco manifiesta que se adhiere al voto de la Ministra Preopinante, Alicia Pucheta de Correa, por sus mismos fundamentos.
Con lo que se dio terminado el acto firmando S.S.E.E., todo ante mi que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 51
Asunción, 13 de febrero de 2011.-
RECHAZAR por improcedente el incidente de extinción planteado por la Defensora General del Ministerio de la Defensa Pública, Abog. NOYME YORE ISMAEL.
DECLARAR ADMISIBLE el recurso extraordinario de casación interpuesto contra el ACUERDO Y SENTENCIA N° 109, de fecha 6 de diciembre de 2007, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala, de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná y Canindeyú.
RECHAZAR, con costas, el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por la Defensora General de Ministerio de la Defensa Pública, Abog.NOYME YORE ISMAEL, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 109 del 6 de diciembre de 2007, dictado en los autos arriba mencionados por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala, de la Circunscripción Juricial del Alto Paraná y Canindeyú.
Karinna Penoni .- Secretaria.