Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-1354-2004-14-09-2006-51671
Timestamp: 2018-10-16 22:46:08
Document Index: 399905736

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 9', 'artículo 87', 'artículo 85', 'artículo 87', 'artículo 39', 'artículo 87', 'artículo 114', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16']

Resolución de TEAC, 00/1354/2004, 14-09-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1354/2004 de 14 de Septiembre de 2006
Núm. Resolución: 00/1354/2004
No se consideran como gastos de reparación del ejercicio, sino como mayor valor del inmovilizado, ya que los bienes encajan en la definición que realiza el Plan General de Contabilidad del inmovilizado. No procede la deducibilidad fiscal de determinados servicios de apoyo a la gestión prestados a la entidad reclamante, ya que no se acredita de forma indubitada la realidad de los mismos. Proceden los ajustes de la Inspección en relación con las eliminaciones e incorporaciones relativas a las provisiones de cartera, en régimen de consolidación, ya que si la sociedad que sale del grupo se lleva sus bases imponibles negativas (al no haber podido ser compensadas en el grupo), la incorporación de la provisión eliminada se realizará en el momento en que abandona el grupo, puesto que no se computa doblemente la pérdida. Por el contrario, si las pérdidas de la filial fueron aprovechadas por el grupo, la incorporación de la provisión eliminada se realizará cuando se produzca la recuperación del valor de la cartera a fin de evitar el doble cómputo de la pérdida, como ocurre en el caso concreto.
En la Villa de Madrid, a 14 de septiembre de 2006 vista la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad X, S.A., con N.I.F. ..., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra los actos administrativos de liquidación tributaria de la Oficina Nacional de Inspección, sede ..., de la A.E.A.T. de fecha 20 de febrero de 2004, relativos al Impuesto sobre Sociedades (Régimen de grupos), ejercicios 97/98, 98/99 y 99/00, y cuantías, 200.112,87 €, 87,61 € y 509.917,50 € respectivamente.
PRIMERO.- Con fecha 12 de noviembre de 2003, los servicios de Inspección de la O.N.I., sede ..., incoaron a la hoy reclamante 3 actas de disconformidad (A02) números ... y ... por el impuesto y ejercicios antes citados respectivamente. En dichas actas se hace constar, en síntesis, lo siguiente:
A) Las actuaciones inspectoras se refieren al grupo consolidado ..., del cual es sociedad dominante X, S.A. extendiéndose sus periodos impositivos de 1 de febrero a 31 de enero del año siguiente.
B) Se proponen las siguientes modificaciones a las bases imponibles declaradas:
- En el ejercicio 97/98, no se considera deducible un gasto de 1.750.000 pts. por no estar justificado documentalmente. Igualmente, en dicho ejercicio se considera que los servicios prestados por Y, S.A., Z, S.A. y W, S.L. (entidades vinculadas), por un importe total de 67.639.992 pts., no son fiscalmente deducibles según el artículo 16.5 LIS.
- En los periodos 97/98 y 99/00 se activan una serie de gastos de la sociedad dependiente V, S.A., respecto de los cuales la Inspección ha considerado que deberían formar parte del inmovilizado material. Los bienes activados en el periodo 97/98 producen el efecto de disminuir la base imponible por la amortización de los mismos en los siguientes ejercicios regularizados.
- En los ejercicios 98/99 y 99/00 se aumenta la base imponible por entender que la extinción del grupo de sociedades o la exclusión del grupo fiscal de una sociedad participada que obtuvo pérdidas no habilita a la incorporación de las provisiones de cartera eliminadas durante los periodos en los que se ha tributado conforme a este régimen, ni tampoco excluye la obligación de eliminar las provisiones de cartera dotadas en el ejercicio de extinción o de exclusión.
Se adjuntan a las actas los preceptivos informes ampliatorios en los que, en síntesis, se desarrollan los motivos de regularización.
SEGUNDO.- Presentadas alegaciones por la entidad, el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la O.N.I. dictó en fecha 20 de febrero de 2004 acuerdos de liquidación en los que se confirman las propuestas de regularización contenidas en las actas, si bien en los ejercicios 98/99 y 99/00 se realiza un ajuste adicional, minorando la base imponible al considerar como gasto fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades, cuotas de IVA soportado no deducibles como consecuencia de la regularización por IVA. La deuda tributaria resultante de los tres acuerdos de liquidación asciende a las siguientes cantidades (en euros):
EJERCICIO CUOTA INTERESES DEUDA TRIBUTARIA
97/98 152.623,85 47.489,02 200.112,87
98/99 70,14 17,47 87,61
99/00 427.071,48 82.846,02 509.917,50
Estos acuerdos fueron notificados al obligado tributario el 26 de febrero de 2004.
TERCERO.- Disconforme con dichos acuerdos, la entidad interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central el 12 de marzo de 2004. Puesto de manifiesto el expediente, formuló alegaciones referidas en síntesis a la improcedencia de la regularización practicada en relación con las eliminaciones intragrupo, la deducibilidad de los gastos contabilizados y no admitidos por la Inspección y la improcedencia de la calificación de determinados gastos como un mayor activo, solicitando la anulación de los acuerdos de liquidación.
PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo las cuestiones a resolver las siguientes: 1ª) la procedencia o no de los ajustes inspectores en relación con las eliminaciones e incorporaciones relativas a las provisiones de cartera; 2ª) la deducibilidad de determinados servicios de apoyo a la gestión prestados a la reclamante; 3ª) la deducibilidad de gastos no justificados documentalmente a juicio de la Inspección; 4ª) el carácter o no de inmovilizado material de determinados gastos contabilizados por la reclamante.
SEGUNDO.- La normativa aplicable a los periodos objeto de comprobación viene dada por la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS) y el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, por el que se aprueba su Reglamento.
Por lo que se refiere al Régimen de grupos de sociedades (denominado actualmente de consolidación fiscal), su regulación se recoge en el Título VIII, Capítulo VII, artículos 78 a 96 LIS, siendo su característica principal el carácter voluntario. El artículo 85 LIS se refiere a la base imponible del grupo de sociedades, señalando que la base imponible se determinará sumando:
TERCERO.- La primera de las cuestiones a tratar se refiere, como se ha indicado anteriormente, a la procedencia o no de los ajustes inspectores en relación con las eliminaciones e incorporaciones relativas a las provisiones de cartera.
Según consta en el expediente, V, S.A. sociedad dependiente integrada en el grupo, es titular a su vez del 100% del capital de varias sociedades, por tanto, integrantes también del grupo. Una de las citadas sociedades es T, S.A. la cual en el ejercicio 98/99 deja de formar parte del grupo. Finalmente en el ejercicio 99/00 el grupo se extingue. Se indica a continuación las provisiones de cartera dotadas en cada ejercicio por V, S.A., así como las eliminaciones e incorporaciones de las eliminaciones de ejercicios anteriores realizadas por el grupo como consecuencia de tales provisiones:
Dotación V, S.A. Eliminación(+)/Incorporación Eliminación (-)
97/98 98/99 99/00 97/98 98/99 99/00
T, S.A. 345.374 276.301 28.185.851 345.374 -345.374 -
Participadas 3.213.257 112.024.917 96.756.730 3213.257 112.024.917 -115.238.174
Total 3.558.631 112.301.218 124.942581 3.558.631 111.679.543 -115.238.174
Es decir, en el ejercicio 98/99 en el que T, S.A. deja de formar parte del grupo, la reclamante incorporó la eliminación de la provisión dotada en el periodo anterior por 345.374 pts. Y en el ejercicio 99/00 en el que desaparece el grupo, la reclamante incorpora las provisiones eliminadas en el periodo 97/98, 3.213.257 pts., y en el periodo 98/99, 112.024.917 pts., correspondientes a las demás sociedades participadas, lo que da un total de 115.238.174 pts.
Por su parte, la Inspección considera que el hecho de que una sociedad deje de formar parte del grupo o el grupo se extinga no habilita a incorporar las provisiones eliminadas en ejercicios anteriores, sino que antes al contrario, se debe realizar la eliminación de las provisiones dotadas en los ejercicios en que se producen tales contingencias.
Argumenta para ello que, si bien no estaba vigente el artículo 85.2 LIS en la redacción dada por la Ley 24/2001, el cual se remite al Real Decreto 1815/1991 por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas, la remisión a dicha norma resulta igualmente procedente por la vía del artículo 9.2 de la Ley General Tributaria: "...tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del Derecho Administrativo y los preceptos de Derecho Común...". En base a dicho Real Decreto, la eliminación que nos ocupa se clasifica como eliminación inversión-fondos propios. Así, la dotación a la provisión debe ser eliminada en el ejercicio en que se efectúa (ajuste positivo). Tratándose de una corrección valorativa, la provisión debe mantenerse mientras perduren las circunstancias que la motivaron, es decir, mientras la sociedad participada incurra en pérdidas. De este modo, obtenidos beneficios por la sociedad participada, la provisión debe revertir y así como la dotación dio lugar a una eliminación, la reversión debe dar lugar la incorporación de dicha eliminación (ajuste negativo). La salida de la sociedad participada del grupo o la extinción del grupo son por tanto circunstancias irrelevantes para que se produzca dicha incorporación. Cita finalmente el nuevo artículo 87.3 LIS vigente a partir de 1-1-2002, el cual señala que la incorporación se realizará cuando la sociedad participada deje de formar parte del grupo y asuma el derecho a la compensación de la base imponible negativa correspondiente a la pérdida que determinó la corrección de valor.
Por su parte, la reclamante considera que la Inspección está infringiendo el principio de irretroactividad al aplicar preceptos no vigentes. Igualmente entiende que la remisión al Derecho común como supletorio es improcedente, puesto que no existe laguna al regularse esta cuestión por la norma específica que es la LIS. A juicio de la reclamante, la actuación de la Inspección pone de manifiesto su desconocimiento de la técnica de consolidación contable que parte de cero año a año, por lo que no tiene sentido el término de incorporación. Igualmente conduce a una situación de doble imposición cuando la filial posteriormente obtiene beneficios pues tributan en sede de ésta y también en la matriz (al contabilizar la reversión de la provisión), resultando imposible técnicamente la incorporación de la eliminación al estar ante un nuevo grupo fiscal.
Como cuestión previa, este Tribunal Central considera que, si bien las normas del régimen de consolidación fiscal no se refieren explícitamente a esta eliminación, debe entenderse no obstante incluida en el concepto general de eliminación del artículo 85 LIS al indicar la forma de cuantificar la base imponible. La hipótesis contraria carece de fundamento puesto que supondría que la misma pérdida se deduciría doblemente en el ejercicio en que se produce: en la filial al integrar su base imponible negativa en la del grupo, compensándola, y en la matriz al deducir la dotación a la provisión por esas mismas pérdidas. Una vez asumido que la dotación a la provisión de cartera debe eliminarse en el ejercicio en que se efectúa, hemos de señalar a continuación que lógicamente, sólo debe ser objeto de eliminación la dotación en el importe en que sea fiscalmente deducible.
Una vez aclaradas estas cuestiones previas, cabe referirse a continuación a la verdadera cuestión controvertida que nos ocupa, que es el tratamiento de la provisión cuando la sociedad participada abandona el grupo (se vende su participación) o se extingue el grupo. Pues bien, este Tribunal considera que no debe aceptarse el criterio de la reclamante en virtud del principio de capacidad económica. Al incorporarse en el ejercicio en que se producen tales circunstancias las provisiones antes eliminadas, se estaría produciendo un doble cómputo de la pérdida, si bien en dos periodos distintos: primero, en el ejercicio en que la sociedad participada generó las pérdidas, y segundo, en el momento de su salida del grupo o extinción de éste, al realizar el grupo de sociedades la incorporación de la dotación en su día eliminada. En este mismo sentido y sobre esta cuestión se ha pronunciado este Tribunal Central en dos ocasiones, señalando lo siguiente:
"Pues bien, en el fondo se trata de que la solución que se adopte ha de salvaguardar siempre el principio de tributación según la capacidad económica -art. 31.1 de la Constitución-, que en el IS se traduce en el gravamen de la renta obtenida en el período impositivo (minorada, en su caso, por la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores) (arts. 4.º y 10 de de la Ley del IS, Ley 43/1995). Así las cosas, no cabe duda de que la aplicación del artículo 87 de la Ley del IS no puede hacerse con una pura interpretación literal que conduzca a un doble cómputo de una misma pérdida -aun en distintos ejercicios-, y menos aún cuando simultáneamente se pretende extender su ámbito más allá del que le es propio, que son las eliminaciones de resultados por operaciones intragrupos, que nada tiene que ver con el supuesto al que ahora nos referimos.(...). Por otra parte, si la sociedad que sale del grupo no vuelve a obtener beneficios tras su salida, con el criterio del recurrente el doble cómputo de la pérdida sería definitivo (pues no operarían los mecanismos correctores de la no compensación de bases negativas -derecho que, salvo en el caso últimamente expuesto, la sociedad que sale del grupo no se lleva consigo-; ni el de la no aplicación de la doble imposición de dividendos, que no existirían al no haber beneficios)". Resolución de 26-9-2003 (R.G. 1373/2002).
"Según el artículo 39.4 del Código de Comercio: "La valoración por el valor inferior, en aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores, no podrá mantenerse si las razones que motivaron las correcciones de valor hubieran dejado de existir". Por lo que cuando se produzcan tales circunstancias, parece lógico admitir que, al igual que se elimina la dotación, también deberá eliminarse la reversión de la misma, lo que es equivalente a decir que sólo cuando la sociedad dependiente obtenga beneficios suficientes para cubrir las pérdidas que motivaron la corrección valorativa, procederá la incorporación de la eliminación. Debe nuevamente observarse que, si con ocasión del abandono de la sociedad dependiente del grupo de sociedades, se practicase la incorporación de la eliminación, sin haberse producido la recuperación de valor, la base imponible del grupo de sociedades se determinaría incorrectamente, puesto que en la misma se incluiría una partida negativa, la incorporación, que corresponde a una base imponible negativa de la sociedad dependiente ya integrada en la base imponible del grupo de sociedades en un período impositivo anterior". Resolución de 25-6-2004 (R.G. 7592/2000).
Cabe finalmente señalar que ésta es la solución que da la nueva redacción del artículo 87.3 LIS por la Ley 24/2001, no vigente en los periodos que nos ocupan, pero que en definitiva no introduce ninguna novedad sino tan sólo una mejora técnica: "Se practicará la incorporación de la eliminación de la corrección de valor de la participación de las sociedades del grupo fiscal cuando las mismas dejen de formar parte del grupo fiscal y asuman el derecho a la compensación de la base imponible negativa correspondiente a la pérdida que determinó la corrección de valor. No se incorporará la reversión de las correcciones de valor practicadas en períodos impositivos en los que la entidad participada no formó parte del grupo fiscal".
Por lo tanto, si la sociedad que sale del grupo se lleva sus bases imponibles negativas (al no haber podido ser compensadas en el grupo), la incorporación de la provisión eliminada se realizará en el momento en que abandona el grupo, puesto que entonces no se computó doblemente la pérdida. Si por el contrario, como es nuestro caso, las pérdidas de la filial fueron aprovechadas por el grupo, la incorporación de la provisión eliminada se realizará cuando se produzca la recuperación del valor de la cartera a fin de evitar el doble cómputo de la pérdida.
En consecuencia, deben desestimarse las alegaciones de la reclamante sobre esta cuestión y confirmar el criterio de la Inspección.
CUARTO.- La segunda de las cuestiones a tratar se refiere a la inadmisión por parte de la Inspección en el ejercicio 97/98 de un gasto de 1.750.000 pts. por no estar justificado documentalmente.
La reclamante considera que, tratándose de un gasto financiero por apertura de una línea de crédito, su justificación documental se encuentra en el extracto bancario aportado. Por su parte, la Inspección entiende que dicho extracto no puede ser considerado factura a los efectos de justificar documentalmente el gasto.
Al tratarse de una cuestión de prueba, su análisis ha de partir de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 230/1963 General Tributaria: "Tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo". Siendo la deducción del gasto un derecho de la reclamante, es a ésta y no a la Administración Tributaria a quién incumbe probar la realidad del mismo. Una vez fijada la carga de la prueba, se plantea a continuación si es admisible cualquier medio de prueba válido en derecho o si por el contrario rige un principio de prueba tasada. A este respecto, debe señalarse que las leyes reguladoras de cada tributo pueden imponer requisitos formales especiales de deducibilidad. Es el caso de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido que fija como documento justificativo para la deducción la factura completa que reuna todos los requisitos reglamentarios. En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, a falta de regulación específica sobre la cuestión, la jurisprudencia ha ido sentando el principio de que prima la efectiva realidad del gasto sobre los aspectos formales. Y al estar los gastos originados en operaciones realizadas por empresarios y profesionales, el medio de prueba privilegiado es lógicamente la factura. Ello no significa que sea el único medio de prueba admisible, pues el sujeto pasivo puede hacer uso de cualquier otro siempre que con ello demuestre la efectiva adquisición de bienes o servicios. Tampoco significa que la mera factura pruebe la realidad del gasto (vease el caso de las facturas falsas), si no va acompañada de otros justificantes (contratos, medios de pago, etc.) que acrediten el mismo. En definitiva, la Administración Tributaria deberá ponderar las circunstancias concurrentes a la hora de decidir, en base a los medios de prueba aportados por el obligado tributario, si los mismos son suficientes o no para justificar la deducción.
En el caso que nos ocupa se plantea si el extracto bancario aportado por la reclamante es suficiente o no para acreditar la realidad del gasto. Pues bien, este Tribunal Central considera que, no siendo necesaria la factura como antes se ha expuesto, el mero extracto bancario no es tampoco suficiente para acreditar el gasto. Dicho extracto aportado acredita un movimiento bancario por salida de fondos de la cuenta de la reclamante, pero nada más. Si la reclamante pretende demostrar que esa salida se corresponde con un gasto financiero por la apertura de una línea de crédito debería haber probado precisamente esto último, es decir, el gasto en sí y no la corriente monetaria asociada al mismo, pudiendo haber aportado el contrato de apertura del crédito suscrito con el banco. Debe tenerse en cuenta igualmente que lo que es deducible es el gasto financiero (intereses, comisiones), no la devolución de las cantidades dispuestas, como resulta obvio, sin que se sepa no obstante a que corresponde la salida de fondos. Debería por tanto haberse aportado el contrato con la entidad financiera, el cual sí habría especificado las condiciones de la línea de crédito y por tanto los gastos financieros para la reclamante asociados a la misma. A este respecto puede citarse la sentencia de la Audiencia Nacional de 26-5-2005: "Es cierto que en el expediente existe constancia de la documentación aportada por la sociedad con el fin de acreditar la realidad de las comisiones cuya deducibilidad pretende, al amparo de lo establecido en el art. 13 de la Ley 61/1978, del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, la Sala considera que, la documentación aportada, consistente en los apuntes contables y en documentos acreditativos de transferencias al exterior -cheques bancarios, órdenes de pago...-, así como declaraciones juradas de distintas empresas en las que reconocen haber «recibido» comisiones de la hoy recurrente, no acredita de forma indubitada la «realidad» de los concretos servicios prestados por las sociedades que se alega perciben las referidas «comisiones», siendo importante subrayar la inexistencia de documento alguno -factura, contrato etc.- acreditativo de la realidad del servicio de intermediación que se dice prestado. Así, pues, la Sala entiende que la documental aportada por la recurrente al presente procedimiento no acredita de forma indubitada la realidad de la comisión".
QUINTO.- La siguiente cuestión a tratar se refiere a la deducibilidad de los servicios de apoyo a la gestión prestados por Y, S.A., Z, S.A. y W, S.L. (entidades vinculadas).
La Inspección los rechaza por la vinculación de dichas sociedades con la reclamante. En virtud del artículo 16.5 LIS, tales contratos de servicios deben establecer los métodos de distribución de los gastos atendiendo a la criterios de continuidad y racionalidad, sin que tales métodos estén fijados en los contratos aportados. Igualmente, señala la Inspección que solicitó a la entidad cualquier antecedente que obrara en su poder para conocer el verdadero contenido del servicio prestado, sin que se hayan aportado.
Por su parte, la reclamante sostiene que los servicios existen y se han prestado. Obedecen a que una vez constituido el grupo X, S.A., las funciones de dirección general fueron parceladas entre cuatro entidades, las tres anteriores y Q, S.L., para ser posteriormente asumidas por un director general. La prueba de los servicios prestados radica en los contratos y facturas aportados; pretender que se aporten más documentos es excesivo, tales servicios no necesariamente han de tener reflejo documental, y si existieran, no estaría obligada la sociedad a conservarlos. Aún así, ha aportado un dossier de la consultora ... encargado por Y, S.A. Resulta además incoherente que la Inspección no admita los servicios de las tres primeras entidades y sí el de Q, S.L. Finalmente considera la interesada que el requisito de los métodos de distribución de gastos del artículo 16.5 LIS sólo es aplicable cuando son varios los destinatarios de los servicios prestados y no cuando es sólo uno, como en este caso X, S.A.
A nuestro juicio, los gastos aquí controvertidos, como cualquier otro gasto, requieren cumplir, según reiterada jurisprudencia, los requisitos de realidad y efectividad de los mismos. Tratándose de pagos entre sociedades vinculadas, la justificación de la realidad de los servicios recibidos cobra especial relevancia al objeto de evitar que dichos pagos encubran únicamente una mera redistribución de los beneficios entre las sociedades vinculadas. Conviene dejar claro que la vinculación no es motivo de por sí para denegar el gasto a la receptora del servicio, puesto que si se prueba la realidad del mismo, aunque exista vinculación, la Administración Tributaria sólo tendrá la facultad de valoración a valor de mercado en los términos del artículo 16 de la LIS.
Los contratos controvertidos que se plantean, habitualmente denominados contratos de arrendamiento de servicios, consultoría, asesoramiento o apoyo a la gestión, dado su contenido a veces genérico, suelen plantear ciertas dificultades en lo que se refiere a la concreción de su objeto en tareas concretas, así como a la plasmación documental de los resultados de tales trabajos, puesto que en muchas ocasiones dichos servicios se prestan en el día a día de forma verbal, sin necesidad de constancia documental. Es por ello que tradicionalmente han sembrado dudas razonables en la Inspección de los Tributos acerca de la efectividad de los servicios, máxime cuando, como en el caso que nos ocupa, se suscriben entre entidades vinculadas.
Un criterio que consideramos adecuado en estos casos a la hora de decidir es atender a la necesidad del servicio por parte de la entidad receptora. De este modo, si las necesidades de tales servicios están ya cubiertas por la propia sociedad a través de su propio personal (laboral o de otro tipo) u otros contratos, cabría concluir que existe una duplicidad de funciones, que nos conduce a pensar que los servicios prestados en virtud de los contratos no son en realidad efectivos. En caso contrario, los servicios prestados por el consultor sí cobrarían relevancia, pues vienen a suplir esa carencia de organización directiva.
En el caso que nos ocupa, entendemos que sí cabe apreciar una cierta duplicidad entre el objeto de los distintos contratos, consistentes en el desarrollo de las grandes líneas o áreas directivas de toda organización (la política comercial, aspectos financieros, recursos humanos, etc.) y las propias funciones del órgano de administración de la reclamante, así como sus apoderados. Según resulta de los estatutos de la reclamante incorporados al expediente, corresponde al Consejo de Administración "la suprema dirección y administración de la compañía...". En este mismo sentido, en la escritura de constitución se otorgan poderes al presidente y vicepresidentes del Consejo para "llevar la dirección de los negocios de la empresa, nombrar y despedir factores y empleados, señalar sus funciones y retribuciones...", siendo éste precisamente el objeto de los distintos contratos.
Igualmente, se ha de constatar si a cambio de los importes facturados existe un servicio efectivamente suministrado, o lo que es lo mismo, que los pagos hechos por la reclamante tienen como contrapartida una auténtica contraprestación que le reporta un beneficio o utilidad. En este sentido, cabe señalar que ni los contratos ni las facturas documentan utilidades concretas para la reclamante, como pudiera ser la implantación de mejoras técnicas u organizativas concretas en alguno de los campos o nuevos métodos o sistemas, en cuyo caso, sí podríamos hablar de verdaderos servicios de consultoría. Al contrario, podría pensarse que bajo la forma de un asesoramiento totalmente genérico, tales contratos podrían encubrir una retribución de fondos propios (no deducible para quien lo paga) previamente pactada entre los socios.
Por lo que se refiere al tema de la prueba, es cierto que se han aportado los contratos, las facturas y un dossier encargado a una consultora externa. Sin embargo, la reclamante no aportó a petición de la Inspección la relación de las personas a través de las cuales se prestaron los servicios, lo que sin duda habría dado una mayor credibilidad a los mismos. Se ha de recordar que los propios contratos preven la formación de un equipo asesor.
En definitiva, y sin necesidad de entrar en el cumplimiento del artículo 16.5 LIS, entendemos que no se ha acreditado suficientemente la realidad de los servicios recibidos, por lo que el gasto no es deducible. Debemos por tanto desestimar las alegaciones de la interesada y confirmar el ajuste inspector.
SEXTO.- La última de las cuestiones a tratar se refiere al carácter o no de inmovilizado material de determinados gastos contabilizados por la reclamante. Dichos gastos se refieren, según las facturas, a cambio de canalones, 2 baterías, 2 cofres ... y un cargador en 1997, y pavimentación del aparcamiento en 1999.
Resolviendo la cuestión planteada, este Tribunal considera que tales bienes encajan en la definición que realiza el Plan General de Contabilidad del inmovilizado (elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa), así como en los conceptos de ampliación y mejora, no pudiendo subsumirse como pretende la reclamante en la definición de reparación y conservación, dado que los mismos son susceptibles de determinar una mayor capacidad y eficiencia productiva. En consecuencia, deben considerarse como un mayor valor del inmovilizado y no como gastos del ejercicio.
En este sentido, desestimamos la pretensión de la interesada y confirmamos el criterio de la Inspección.
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, vista la presente reclamación económico-administrativa, ACUERDA: Desestimar la reclamación interpuesta y confirmar los tres acuerdos de liquidación impugnados.
Resolución Vinculante de DGT, V1089-11, 28-04-2011
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 28/04/2011 Núm. Resolución: V1089-11