Source: http://expertoenderecho.blogspot.com/2018/07/es-susceptible-de-recurso-de-apelacion.html
Timestamp: 2019-11-21 23:38:47
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Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'Artículo 69', 'Artículo 303', 'artículo 69', 'artículo 185', 'artículo 36', 'artículo 69', 'artículo 303', 'artículo 69', 'artículo 303', 'artículo 277', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 303', 'Artículo 16']

V.2019/11.#EXPERTOENDERECHO®:: ¿ES SUSCEPTIBLE DE RECURSO DE APELACIÓN EL AUTO DE APERTURA A JUICIO? ¿QUE DICE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?
El señor Guido Ramón Ventura Williams, mediante instancia de fecha doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013) recurre ante el Tribunal Constitucional mediante una acción directa de inconstitucionalidad contra la sentencia núm. 1294/2013, de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013), dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial del Distrito Nacional.
El señor Guido Ramón Ventura Williams formuló dicha acción con el propósito de que se declare la inconstitucionalidad de la referida decisión jurisdiccional contra la que se promueve alegada violación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y debido proceso.
Infracciones constitucionales alegadas por el señor Guido Ramón Ventura Williams.
El señor invocó la declaratoria de inconstitucionalidad contra la Sentencia núm. 1294/2013, de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013), dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial del Distrito Nacional, contra la cual formuló alegada violación al artículo 69.9 de la Constitución de la República, así como también al 303 del Código Procesal Penal, los cuales se transcriben a continuación:
Constitución Dominicana: Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 9. Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia.
Código Procesal Penal: Artículo 303 - Auto de apertura a juicio. “El juez dicta auto de apertura a juicio cuando considera que la acusación tiene fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una condena. La resolución por la cual el juez ordena la apertura a juicio contiene: 1) Admisión total de la acusación; 2) La determinación precisa de los hechos por los que se abre el juicio y de las personas imputadas, cuando el juez sólo admite parcialmente la acusación; 3) Modificaciones en la calificación jurídica, cuando se aparte de la acusación; 4) Identificación de las partes admitidas; 5) Imposición, renovación, sustitución o cese de las medidas de coerción, disponiendo en su caso, la libertad del imputado en forma inmediata; 6) Intimación a las partes para que en el plazo común de cinco días, comparezcan ante el tribunal de juicio y señalen el lugar para las notificaciones. Esta resolución no es susceptible de ningún recurso. Efectuadas las notificaciones correspondientes, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el secretario remite la acusación y el auto de apertura a juicio a la secretaría del tribunal de juicio correspondiente.
El accionante reclama mediante su acción directa de inconstitucionalidad la revocación, con todas sus consecuencias legales, de la Decisión Judicial núm. 1294/2013, antes citada que, a su juicio, violenta diversas situaciones jurídicas y procesales, de manera específica el artículo 69.9 de la Constitución de la República, así como también el 303 del Código Procesal Penal.
En este sentido, se debe observar que la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales ha previsto un procedimiento distinto para impugnar las sentencias que hubieren agotado todas las vías previstas para su revisión y que además hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En la especie se está impugnando una sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial del Distrito Nacional, razón por la cual el Tribunal Constitucional no se encuentra ante ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 185.1 de la Constitución. Asimismo, no se configura ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, por lo que la presente acción deviene inadmisible por estos elementos.
Con lo anterior se verifica que en el escrito del recurso los accionantes no hacen una exposición o juicio de confrontación preciso acerca de las razones por las cuales los artículos 303 del Código Procesal Penal, y 69.9 de la Constitución en su contenido, son contrarios a las normas constitucionales enunciadas en el contexto de sus argumentaciones; es decir, no revelan una contradicción objetiva y verificable entre el contenido de la norma atacada y los textos de la Constitución presuntamente violados, sino que tan solo transcriben textos legales y constitucionales sin formular motivos de inconstitucionalidad.
Con relación a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 69.9 de la Constitución que refiere: “Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia” y el artículo 303 del Código Procesal Penal, que indica “El auto de apertura a juicio no es susceptible de ningún recurso”, resulta que en principio todas las sentencias son apelables, salvo disposición en contraria de la ley, tal como lo indica el citado artículo 69 de la Constitución; es decir, depende de la organización legal de la competencia de los casos que conozcan el tribunal que decida sobre el asunto.
En el caso que nos ocupa resulta que el auto de apertura a juicio se conoce ante un juez de la instrucción, es decir, el juez encargado solo de la organización del proceso penal (preparatorio); por tanto, su decisión no es susceptible de ningún recurso según el artículo 303 del Código Procesal Penal.
Dicha decisión no resulta apelable porque como indicamos en el párrafo anterior el juez de la instrucción solo prepara y organiza el proceso penal, es decir, no emite una decisión definitiva sobre el proceso y por tanto, no tiene decisión final; solo envía a juicio de fondo los casos que, según las pruebas, evalué procedentes, contrario a lo que sucede con el auto de no ha lugar, que sí le pone fin al proceso penal y que por lo tanto puede ser recurrido.
En definitiva, no es una decisión que le pone fin a un proceso penal, sino que al contrario, en caso de dar apertura a juicio, se envía ante el juez penal e inicia un proceso acusatorio, del que luego emanarán sentencias penales, las cuales sí son apelables.
El tribunal constitucional tiene como precedente en la Sentencia TC/0142/14, párrafo h) lo siguiente:
En ese tenor, si bien en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a recurrir tiene rango constitucional, su ejercicio está supeditado a la regulación que determine la ley para su presentación, puesto que corresponde al legislador configurar los límites en los cuales opera su ejercicio, fijando las condiciones de admisibilidad exigibles a las partes para su interposición debiendo respetar su contenido esencial y el principio de razonabilidad que constituyen el fundamento de validez de toda norma destinada a la regulación de derechos fundamentales. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional comparada ha dicho que “…es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos -positivos y negativos- que deben darse para su ejercicio…
La jurisprudencia constitucional comparada admite como requisito de exigibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad que la infracción denunciada sea imputable a la norma objetada, disponiendo que: La Corte ha sistematizado las exigencias materiales que debe cumplir la demanda y ha señalado que, sin caer en formalismos técnicos (…) los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta).
Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios, ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia).
De lo anterior se desprende que todo escrito contentivo de una acción directa de inconstitucionalidad debe indicar las infracciones constitucionales que se le imputan al acto o norma infraconstitucional cuestionada. En ese sentido, el escrito introductivo de una acción directa que busca declarar la existencia de una infracción constitucional debe tener:
1. Claridad. Significa que la infracción constitucional debe ser identificada en el escrito en términos claros y precisos.
2. Certeza. La infracción denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional objetada.
3. Especificidad. Debe argumentarse en qué sentido el acto o norma cuestionada vulnera la Constitución de la República.
4. Pertinencia. Los argumentos invocados deben ser de naturaleza constitucional y no legal o referida a situaciones puramente individuales.
Este criterio relativo a los requisitos mínimos de exigibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad ha sido también reconocido por este tribunal en el precedente fijado en su Sentencia TC/0095/12 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), por lo que al no cumplirse en el presente caso con los requisitos de claridad y especificidad, por el hecho de que en el contexto de su instancia los accionantes no señalan, ni realizan las argumentaciones pertinentes de cuáles textos constitucionales han sido vulnerados por los artículos 420 y 422 del Código Procesal Penal, el mismo deviene en inadmisible en tanto que este tribunal no puede constatar cuáles han sido las infracciones inconstitucionales de que adolecen las referidas disposiciones normativas.
En esa virtud, tal y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0007/13, del 11 de febrero, podemos afirmar que la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta en el presente caso no se encuentra sujeta al control jurisdiccional de la constitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 185, numeral 1, de la Constitución y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, con lo que se ratifica el criterio sobre el objeto de la acción directa de inconstitucionalidad establecido en las sentencias TC/0052/12, TC/0053/12, TC/0055/12, TC/0066/12, TC/0067/12, TC/0068/12, TC/0074/12, TC/0075/12, TC/0076/12, TC/0077/12, TC/0078/12, TC/0086/12, TC/0087/12, TC/0089/12, TC/0102/12, TC/0103/12, TC/0104/12, del año dos mil doce (2012), TC/0008/13, TC/ 0064/13, TC/0083/13, TC/0084/13, TC/0087/13, TC/0095/13, TC/0247/13 y TC/0248/13, en las cuales se ha determinado la inadmisibilidad de la acción directa contra decisiones jurisdiccionales u otra actuación distinta de las contenidas en los artículos 185.1 de la Constitución y 36 de la referida ley núm. 137-11.
En efecto, la Constitución y el texto de la ley no contemplan la posibilidad de accionar por vía directa contra decisiones jurisdiccionales, pues tanto el artículo 277 de la Constitución como los artículos 53 y siguientes de la Ley núm. 137-11 prescriben el recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional como un mecanismo extraordinario, cuyo objeto es unificar la interpretación de las normas y principios constitucionales, en su calidad de máximo y último intérprete de la Carta Sustantiva.
Sin embargo, en la decisión TC/0242/16 relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el Procurador General de la República contra la Sentencia núm. 177, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014) el Tribunal Constitucional estableció que de acuerdo con el referido artículo 53, el recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.
En ese sentido, en tribunal verifico el cumplimiento de los indicados supuestos, pues el recurrente no tuvo la oportunidad de invocar las referidas violaciones en el ámbito del Poder Judicial, ya que, según se alega, fueron cometidas en el transcurso del conocimiento de los recursos de casación de que se trata. Por otra parte, la decisión recurrida no es susceptible de recursos en el ámbito del Poder Judicial, por haber sido dictada por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia. Por último, las violaciones de referencia son imputables, en la eventualidad de que se hayan cometido, a los jueces que dictaron la sentencia recurrida.
El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa cumple con lo establecido en el párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137 -11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, ya que su examen permitirá seguir desarrollando el criterio sobre lo imperativo de realizar la tutela judicial efectiva mediante la adecuada y correcta motivación de las sentencias.
En el presente caso, el recurso se fundamenta en la violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, que constituyen garantías fundamentales, es decir, que se está invocando la tercera causal indicada en el párrafo anterior, caso en el cual, según el mismo artículo 53, el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos:
Como consecuencia de un proceso penal seguido a los señores Elías Wessin Chávez, José Jacobo de León Garrido y Elvis Leonor Arias Morbán, la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó contra los mismos auto de apertura a juicio, el cual fue recurrido en casación por dichos imputados y se produjo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
La presente decisión aborda el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el Ministerio Público contra la Sentencia núm. 177, del dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que confirmó el auto de no ha lugar dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción a favor de los señores Elías Wessin Chávez, José Jacobo de León Garrido y Elvis Leonor Arias Morbán.
El auto de no ha lugar dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción fue recurrido en apelación y la Tercera Sala de la Corte de Apelación lo revocó, dictando, en tal sentido, un auto de apertura a juicio, que, al ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia y revocado por esta, dio como resultado la decisión atacada ante este plenario por el Ministerio Público.
Este tribunal, al analizar las argumentaciones esbozadas por la Suprema Corte de Justicia al revocar la decisión de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ha podido verificar las apropiadas argumentaciones de la misma, las cuales retenemos y hacemos propias, específicamente las contenidas en el primer considerando de la página 141, donde la Suprema Corte de Justicia sostiene:
(…) la Corte a-qua al emitir el auto de apertura a juicio prejuzgo las pruebas aportadas por la acusación y determino en qué sentido los imputados incurrieron en algunas de las infracciones aducidas en la acusación; por consiguiente; vulnero el debido proceso de ley.
En este mismo sentido, sostuvo la Suprema Corte de Justicia que (…) resulta prudente indicar que un envío por ante el tribunal de juicio en la forma recogida por la Corte a-qua no garantiza el debido proceso de ley, toda vez que la posición adoptada por esta vulnero el estado de inocencia que le asiste a los procesados y transmite un mandato de culpabilidad, con lo cual no se garantizaría el principio de legalidad ni el respeto a las garantías fundamentales (…)
Y es que la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, más que ocuparse de su atribución de verificar sobre la pertinencia o no del fardo probatorio presentado por el Ministerio Público para sustentar una acusación, en función de lo establecido por el artículo 303 del Código Procesal Penal, cuestionó los razonamientos del juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción, que dictó el auto impugnado, y en base a las dudas que plantea, intentó encuadrar las pruebas aportadas al tipo penal.
En tal sentido, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, como fundamento para la revocación del auto de no ha lugar y dictar un auto de apertura a juicio, en la página 13 de la supraindicada decisión, presenta como una de sus principales argumentaciones y ratio decidendi lo siguiente:
(…) pues si la juez-aquo entendió que se encontraba frente a hechos que no constituyen tipos penales de acuerdo al marco normativo vigente, esa sola comprobación bastaba para emitir un Auto De No Ha Lugar, sin necesidad de pasar a examinar la prueba desde la perspectiva de una suficiencia que no tenía razón de ser, ya que si los hechos no son tipos penales no existen entonces pruebas capaces de variar esa verdad inmutable, según su criterio externado en la decisión.”
Contrario a lo sostenido por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en función de los artículos 303 y 304 del Código Procesal Penal, el juez de la instrucción debe hacer una evaluación armónica y conjunta de todos y cada uno de los elementos que componen la acusación, como son la tipificación, individualización de imputados, relación fáctica y pertinencia y licitud de los medios probatorios, y de este modo , preservar el amplio catálogo de derechos que componen el debido proceso.
Según lo verificado por este plenario, la Suprema Corte de Justicia con su decisión ha preservado la presunción de inocencia que beneficia a los imputados y les ha salvaguardado el debido proceso.
Se pretendía que el juez de la instrucción efectuase análisis parciales de los elementos que componen la acusación, cuando lo que efectivamente debe realizar, y de hecho verificó al dictar su auto de no ha lugar, fue desarrollar un análisis armónico y holístico de dichos elementos que les sirvieron de sustento al adoptar su decisión.
Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley.
Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional DECIDE: admitir, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el procurador general de la República contra la Sentencia núm. 177, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).