Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-4064-de-diciembre-6-de-1993?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414f91f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-24 16:17:26
Document Index: 301856984

Matched Legal Cases: ['artículo 2512', 'artículo 2535', 'artículo 1527', 'artículo 882', 'artículo 882', 'artículo 1571', 'artículo 368', 'artículo 375', 'artículo 368', 'artículo 305', 'artículo 305', 'artículo 305', 'artículo 368', 'artículo 368', 'artículo 368', 'artículo 882', 'artículo 882', 'artículo 882', 'artículo 89', 'artículo 230', 'artículo 882', 'artículo 882', 'artículo 882', 'artículo 882', 'artículo 882', 'artículo 1527', 'artículo 882', 'in fine', 'artículo 882', 'artículo 882', 'artículo 376']

﻿ SENTENCIA 4064 DE DICIEMBRE 6 DE 1993
SENTENCIA 4064 DE 06 DE DICIEMBRE DE 1993
CONTENIDO:ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO CAMBIARIO, REQUISITOS PARA SU EJERCICIO
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO CAMBIARIO, PROCESO CIVIL, TÍTULO VALOR, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:266 DE FEBRERO DE 1994, PÁG.141
Sentencia 4064 de diciembre 6 de 1993
Ref.: Expediente 4064
Santafé de Bogotá, D.C., seis de diciembre de mil novecientos noventa y tres.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha quince (15) de junio de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de mayor cuantía seguido por el Banco Cafetero contra Lorenzo Pascua García.
1. Mediante escrito presentado el 19 de julio de 1989 por el Banco Cafetero a través de apoderado constituido para el efecto, cuyo conocimiento por reparto correspondió al Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta capital, se entabló demanda ordinaria contra Lorenzo Pascua García, para que con su citación y audiencia se declare que se ha enriquecido injustamente a costa del actor por no haber pagado oportunamente el pagaré contenido en la hoja de seguridad Nº KK-00698193, por valor de ochenta y nueve millones setecientos doce mil cuatrocientos ochenta pesos con cuarenta y siete centavos ($ 89.712.480.47); como consecuencia de lo anterior y del empobrecimiento correlativo de la entidad demandante, pide se declare que el demandado está en la obligación de pagar al acreedor las sumas incorporadas en el referido pagaré, los intereses estipulados en el mismo a la tasa del 36% anual desde el día de la creación del título hasta el día en que se efectúe el pago final de la obligación, y también se le imponga al demandado la obligación de pagar las costas procesales.
Fundamenta el actor su pretensión en que Lorenzo Pascua García y la sociedad Consorcio de Maquinaria S.A., el 19 de julio de 1984 suscribieron el pagaré contenido en la hoja de seguridad Nº KK-00698193 declarándose deudores del Banco Cafetero por la suma de ochenta y nueve millones setecientos doce mil cuatrocientos ochenta pesos con cuarenta y siete centavos ($ 89.712.480.47), obligándose a pagar en caso de mora intereses a la tasa del 36%, suma que a la fecha de la presentación de la demanda no había pagado el demandado o la sociedad suscriptora, encontrándose extinguida por prescripción la acción cambiaria directa emanada de aquél título en favor de su legítimo tenedor que lo es el banco demandante.
2. Notificado el auto admisorio, el demandado dio oportuna respuesta a las pretensiones deducidas, oponiéndose a su reconocimiento y proponiendo como defensa la falta de cumplimiento del Banco Cafetero de sus compromisos adquiridos y la que denominó “petición de modo indebido”.
3. Planteada la cuestión litigiosa en los extremos que se dejan resumidos y tramitada la primera instancia con la práctica de pruebas solicitadas por ambas partes, a ella se le puso fin con la sentencia del tres (3) de mayo de 1991, por la cual el juzgado del conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó al Banco Cafetero a pagar las costas del proceso.
4. Inconforme con lo así resuelto, el actor interpuso recurso de apelación que se surtió ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá y fue resuelto mediante providencia del quince (15) de junio de 1992 por la cual se revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, se condenó al demandado a pagar al Banco Cafetero la suma de ochenta y nueve millones setecientos doce mil ochenta pesos con cuarenta y siete centavos ($ 89.712.080.47) (sic) más los intereses pactados por las partes, imponiéndole a la parte demandada la obligación de pagar las costas causadas en ambas instancias, decisión ésta última de mayoría pues uno de los integrantes de la respectiva Sala dejó a salvo su voto.
II. Los fundamentos de la sentencia recurrida
1. Entrando directamente en el estudio de la decisión apelada por la parte actora y suponiendo desde luego que se encuentran satisfechos los presupuestos procesales indispensables para que pueda haber pronunciamiento de mérito, advierte el Tribunal que el juzgador de primera instancia “...no acertó en el planteamiento del problema...”, ello debido a que el artículo 2512 del Código Civil, al definir la prescripción, no requiere de la existencia de una sentencia judicial que reconozca sus efectos liberatorios “...como resultado de la excepción propuesta por el deudor demandado en el proceso ejecutivo...”. Por el contrario y según la descripción que de la figura hace dicho precepto, “...la prescripción extintiva opera por el abandono de las acciones por un tiempo determinado...” y así lo corrobora el texto del artículo 2535 del Código Civil al tenor del cual “...solamente...” son dos los elementos de la prescripción extintiva de las acciones y derechos, el mero transcurso del tiempo señalado por la ley y la inacción del acreedor, de donde se infiere, dice la corporación, que por desconocer estos preceptos la providencia recurrida debe revocarse y en su lugar emprender el estudio “...de las demás condiciones de la acción por enriquecimiento sin causa...”.
2. Esa tarea la inicia remontándose a los artículos 831 y 882 del Código de Comercio para hacer ver que en cuanto a este último concierne y a diferencia de lo que acontece en el ámbito civil respecto de las obligaciones extinguidas por prescripción “que solo sobreviven en el limbo de las obligaciones naturales...” de conformidad con el numeral 2º del artículo 1527 del Código Civil, en materia de títulos valores afectados por la caducidad o por la prescripción “...las obligaciones que de ellos dimanan conservan su fuerza constrictiva...”, es decir que estos instrumentos, no obstante incidir sobre ellos la prescripción y por imperativo del referido precepto mercantil, “...están dotados de acción para demandar su cumplimiento...”. Esto obedece, explica el Tribunal, a que el artículo 882 del Código de Comercio contiene, en la que es su hipótesis normativa pertinente, una verdadera transmutación de la acción que le asiste al tenedor de un título valor prescrito, habida cuenta que en este evento “...la acción cambiaria sufre una metamorfosis para convertirse en actio in rem verso” y de ahí, entonces, que sea necesario puntualizar los rasgos que de la primera sucumben para “...así precisar los particulares perfiles de la acción de enriquecimiento sin causa...”.
Y situado el razonamiento en este punto concreto, luego de dedicarle al tema algunas apreciaciones en extremo confusas acerca de la manera apropiada de demostrar un enriquecimiento para los propósitos que vienen examinándose, afirma la Sala sentenciadora que al actor, para alcanzar éxito en su pretensión, le basta aportar el título valor en tanto constituye un documento apto de suyo en orden a probar la lesión patrimonial sufrida, pues en gracia de esta fuerza evidenciadora del instrumento, “...el antiguo acreedor cambiario traslada la carga de la prueba al demandado a quien corresponderá controvertir para hacer decaer (sic) las declaraciones que el título valor contiene...”; residen, pues, en el título valor especiales atributos para soportar por sí solo el derecho a la restitución ejercitado por quien entabla la acción de enriquecimiento, toda vez que a este último, según el criterio del Tribunal, “...no se le exige reconstruir todo el itinerario negocial para descubrir el momento y el grado del desbalance patrimonial pues tal desequilibrio se generó como lo dice la ley en el momento mismo en que operó la prescripción pues allí fue cuando la obligación originaria se extinguió y a su vez periclitó la acción cambiaria...”, luego es a la parte demandada a la que le corresponde el peso de “...remontarse al negocio genitivo de la emisión” si su intención es la de desvirtuar la “...declaración que subyace en el título valor...”, cosa que por lo demás en el caso presente no sucedió y en consecuencia la demanda debe prosperar.
En síntesis, apoyándose en el concepto teórico de la transformación de las acciones que en superficial esbozo la misma providencia propone, y dando por sentado igualmente que lo implanta como regla positiva de derecho sustancial el inciso último del artículo 882 del Código de Comercio, el fallo impugnado tiene su espina dorsal en los siguientes párrafos que, en procura de reconstruir con absoluta fidelidad el pensamiento del juzgador ad quem, son en realidad muy elocuentes: “...Afirma la Sala —a modo de corolario después de haber repetido varias veces lo mismo— que en la emisión de un título valor a la par que el creador está asumiendo una obligación cambiaria, está creando un documento provisto de autenticidad cuya infirmación en cuanto a contenidos (sic) compete al deudor demandado, ya sea como réplica a la acción cambiaria o como rechazo a la acción de enriquecimiento...”, añadiendo a renglón seguido que por consiguiente “...no es labor del demandante la reconstrucción de los dos patrimonios, tarea por demás compleja, para descifrar cómo se produjo el enriquecimiento y el correlativo empobrecimiento pues basta con la evidencia ostensible que muestra el título, pues las declaraciones que en él subyacen son los lazos que unen los dos patrimonios y revelan suficientemente el deterioro de uno de aquellos patrimonios en beneficio del otro por causa de la prescripción...”.
3. Por último, estima el sentenciador que por tratarse de una obligación que “...de su forma originaria devino en cambiaria y ahora por enriquecimiento, no varía en nada la solidaridad...” y por lo tanto, en las circunstancias particulares del caso en litigio, podía ser exigida íntegramente a cualquiera de los deudores, siendo en este evento el demandado quien fuera el escogido por el banco demandante para proceder contra él, circunstancia que en opinión de los dos magistrados integrantes de la mayoría, es decisiva para obtener la “convicción” buscada acerca de que al demandado, no obstante el carácter solidario de la responsabilidad que le imputan, se le puede exigir “...la totalidad de la obligación que reposa en el pagaré presunto...” porque entre otras cosas, no obró del modo que, en los términos del artículo 1571 del Código Civil, no le está permitido hacerlo a los deudores solidarios, raciocinio disparatado en grado sumo que desde luego contribuye a poner una vez más de manifiesto el precipitado discurrir que caracteriza la sentencia en cuestión.
Cuatro cargos formula el recurrente contra la sentencia, los tres primeros invocando la primera de las causales consagradas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil y el último denunciando un presunto defecto de inconsonancia que por su naturaleza ha de despacharse primeramente. De los restantes prospera el tercero y por ese motivo al estudio de estas dos acusaciones debe reducirse la Corte por disponerlo así el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.
Invocando el numeral 2º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 305 del mismo estatuto, sostiene el recurrente que la sentencia adolece de incongruencia “...por dejar por fuera la resolución principal que el demandante pidió...”, es decir omitió “...increíblemente” hacer un pronunciamiento acerca de lo que en forma enfática y clara se le pidió, y también se abstuvo “...de estudiar y analizar las pruebas que condujeron al reconocimiento de las excepciones propuestas o a su rechazo por falta de prueba...”, excepciones que como puede observarse a simple vista, no fueron falladas.
1. En lo relacionado con el contenido de los pronunciamientos definitivos de las autoridades jurisdiccionales en materia civil, es bien sabido que el principio de la congruencia desempeña un papel de cardinal importancia consagrado expresamente en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, precepto éste según el cual se exige una rigurosa adecuación del fallo con el objeto y la causa que identifican la pretensión y la oposición que, eventualmente, contra ella haya podido resultar planteada en el proceso; significa el postulado en referencia, entonces, que se deben resolver todas las cuestiones esenciales que sean materia de litigio y, además, que la decisión ha de guardar consonancia con lo pedido y lo resistido. Así, la causal segunda de casación está instituida para corregir el vicio de construcción formal que surge cuando la sentencia se pronunció sobre puntos ajenos a lo pedido o no cubrió plenamente las pretensiones formuladas por las partes, es decir, “...cuando sus decisiones no guardan conformidad con las pretensiones del demandante, o con las excepciones propuestas por el demandado, o con las que en ella deban ser reconocidas de oficio, ya porque se otorgue más de lo pedido por las partes, ora porque se decida sobre asuntos extraños al litigio, o en fin porque se omita proveer sobre alguno de los extremos caracterizadores del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 305...” (G.J. T. CLXXXVIII, págs. 64 y 163); luego, en tesis general, puede decirse que adolecen del vicio de incongruencia aquellas providencias en que el sentenciador no emite pronunciamiento, total o parcialmente positivo o negativo, acerca de los temas litigiosos eficazmente formulados por las partes, o no se circunscribe a estos extremos o, en fin, provee sobre ellos pero sin respetar sus límites cualitativos o cuantitativos.
Así las cosas, la causal de inconsonancia prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, responde a un error in procedendo pues proviene del incumplimiento, por parte del juez, de una norma de procedimiento que le impone un específico comportamiento al emitir su fallo, condicionado por la necesaria conformidad entre el objeto de la petición y la resolución; queda, pues, entendido que la sentencia civil es congruente cuando se ajusta a las peticiones de las partes objetivamente hablando, independientemente si es acertada o errónea, es decir, sin atender al argumento acogido por el juzgador para pronunciarla, pues dicha causal “no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo” (G.J., tomo LXXXVIII, pág. 882). Y cuando se trata de incongruencia negativa, para que proceda el cargo la omisión del Tribunal de decidir sobre un extremo de la litis debe ser real, producto de olvido o inadvertencia, y no que haya sido resuelto en forma adversa, caso en el cual no puede ser atacada tal resolución con base en la causal segunda puesto que de todas formas implicó “un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte, que sólo podía ser impugnado a través de la causal primera si con él se violó directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegaría a la conclusión de que el fallo sólo sería congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable...” (G.J., tomo CXXXVIII, pág. 36). En otras palabras, no es deficiente un fallo ni en tal concepto se le puede tener para infirmarlo en casación cuando en él hay proveimiento acerca de una cuestión litigada, ello por cuanto si el Tribunal se ocupa de estudiar el punto y decidirlo con vista en razones que en todo caso hace explícitas en su providencia, no puede hablarse de deficiencia alguna que determine la procedencia del recurso por la causal segunda.
2. Pasando ahora al asunto que ocupa la atención de la Sala, se tiene que si bien es cierto que en la sentencia no se lee una declaración expresa de enriquecimiento sin causa por parte del demandado, no por eso puede aseverarse que el Tribunal no estudió tal pretensión por cuanto precisamente por tenerla como demostrada, resolvió condenar al demandado a pagar la suma en la cual el actor afirmó que se había enriquecido en razón a la prescripción del título bancario por él exhibido, ello aparte de que aun cuando hubiera lugar a entender las cosas de otro modo, la verdad es que el recurrente no tiene interés jurídico para denunciar esa deficiencia pues como lo tiene dicho la Corte desde antiguo, “...Es vano el cargo por inconsonancia cuando la sentencia no es acorde con las pretensiones deducidas por la parte demandante, si quien invoca la causal segunda por tal motivo no es esta parte sino el demandado, a quien no perjudica la inconsonancia...” (G.J., tomos LXXIX, págs. 855 y CXXXVIII, pág. 37, entre muchas otras).
En cuanto a la supuesta abstención del fallador de apreciar las pruebas que soportan las excepciones propuestas porque no fueran falladas ni reconocidas las que de oficio ha debido tener en cuenta, debe advertirse que, siguiendo los lineamientos dejados en claro líneas atrás sobre la naturaleza de la causal segunda de casación, el supuesto defecto denunciado, como determinante de incongruencia, en el último aparte del cargo, dado su contenido y la disconformidad del censor no con su falta objetiva dentro de la resolución sino con el fondo de la misma, radicado en una abstención del Tribunal en el estudio de las pruebas que soportaban las excepciones propuestas, debió denunciarse con apoyo en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil por cuanto es precisamente por esta vía por la que cabe formular los vicios derivados de la supuesta omisión en “analizar las pruebas que condujeran al reconocimiento de las excepciones propuestas”.
Bastan, pues, las anteriores consideraciones para inferir que este cargo debe desecharse.
Tomando pie en el numeral primero del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, acusa la sentencia del Tribunal de violar directamente los artículos 1º, 2º, 822, 831 y 882 del Código de Comercio.
Y en orden a justificar su tesis, inicia el desarrollo del cargo insistiendo en los argumentos acogidos por el salvamento de voto de la sentencia que impugna, referidos ellos a la necesaria prueba del enriquecimiento y el empobrecimiento correlativo cuando se ejerce una acción del tipo de la que es objeto de este proceso, exigencia normativa que sostiene no fue tenida en cuenta por el ad quem por cuanto “del único hecho cierto y determinado que aparece en el proceso, cual es el de la prescripción del título, presumió automáticamente el enriquecimiento del demandado y de rebote el empobrecimiento del demandante, hasta por la suma señalada en el documento, sin siquiera fundamentarla correlatividad del empobrecimiento”, error que tuvo su origen en la desnaturalización que hizo del recto significado atribuible al artículo 882 del Código de Comercio, significado que se desprende de reiterada doctrina jurisprudencial que se ocupa de citar a espacio la censura, y que de paso llevó al Tribunal a no vincular al proceso al otro codeudor quien también pudo haberse enriquecido. “Entonces para poder continuar la acción únicamente contra el señor Lorenzo Pascua García —sostiene el casacionista— primeramente el Tribunal debió establecer que únicamente él fue el enriquecido, y no también la sociedad codeudora Consorcio de Maquinaria S.A. y luego establecer el monto de dicho enriquecimiento y que éste era correlativo al empobrecimiento del Banco Cafetero; elementos esenciales de esta acción que no aparecen demostrados, sino supuestos, como lo reconoce el Tribunal en la providencia impugnada. Requisitos que deben aparecer comprobados para que el demandante pueda iniciar y continuar esta acción...”.
En síntesis, la sentencia de instancia viola la ley sustancial “...al reconocer la acción de enriquecimiento contra Lorenzo Pascua, sin que se reunieran los requisitos que se desprenden de la ley y la jurisprudencia para esta clase de acciones...”, luego debe casarse en tanto que la corporación ad quem “...sólo observó la existencia de una prescripción...” y de ahí, por efecto de haberle cambiado su genuino significado al inciso final del artículo 882 tantas veces citado, tuvo por probado el enriquecimiento del demandado con exclusión del que hubiera podido reportar en su patrimonio la sociedad Consorcio de Maquinaria S.A., el correlativo empobrecimiento del banco demandante, la condición discutible del título de contenido crediticio atribuible a la contragarantía en que se fundan las pretensiones de dicha institución, el origen de este último documento en un acto realizado en función de pago respecto de obligaciones preexistentes y, en fin, la carencia de otras acciones a las que el Banco Cafetero pudiera acudir legalmente ante el hecho de que “...la obligación fundamental no se canceló...”.
1. Como es bien sabido, junto a las acciones cambiarias en sentido estricto que se ocupa de regular en detalle el capítulo VI del título 3º del libro tercero del Código de Comercio, alude este estatuto a otra acción distinta, de naturaleza muy propia, que aparece consagrada en el inciso final del artículo 882 ibídem y a la que se denomina, de acuerdo con bien caracterizados antecedentes que se remontan hasta el artículo 89 de la Ordenanza Alemana de 1848, acción de enriquecimiento cambiario. De ella se predica por lo general que es un “extremun remedium iuris” concedido a quien fuere tenedor de un título valor de contenido crediticio para liberarlo de consecuencias injustas que no son insólitas debido al rigor cartular, de modo tal que pueda resarcirse del daño experimentado procediendo contra el librador, el aceptante o el emisor en aquellos eventos en que demuestre que por efecto de la prescripción o el perjuicio del instrumento derivado de la caducidad, ellos obtuvieron un provecho indebido; acerca de las controversias de doctrina existentes sobre su naturaleza es en verdad mucho lo que se ha escrito y para los propósitos de este fallo, enmarcados inevitablemente por la necesidad de corregir el cúmulo de desaciertos hermenéuticos contenidos en la sentencia impugnada y que la censura se ocupa de denunciar, basta con señalar los que son rasgos sobresalientes del régimen jurídico de acuerdo con el cual opera la mencionada acción, destinando los párrafos siguientes a definir el significado que ella tiene y las condiciones que desprendiéndose de esa que constituye su concepción normativa básica, han de reunirse para su ejercicio exitoso.
En este orden de ideas, lo primero en que debe hacerse hincapié es que la acción de enriquecimiento cambiario tiene un fundamento inconfundible que lejos de reducirse a una degradación procesal de las acciones cambiarias de suyo incomprensible, acaba por identificarse en últimas con el que le sirve de soporte a la acción común por enriquecimiento sin causa a expensas de otro, acción esta de la que se tiene dicho por la jurisprudencia nacional hace más de medio siglo (G.J., tomo XLV, pág. 28) que a la manera de los principios generales de derecho, domina los textos positivos como expresión inmediata e imperativa de la noción de equidad aplicable de conformidad con los artículos 5º, 8º y 48 de la Ley 153 de 1887, hoy con mayor razón ante el texto del segundo inciso del artículo 230 de la Constitución Nacional, cada vez que se presente un desplazamiento de valores que produzcan un incremento patrimonial en determinado sujeto a costa del patrimonio de otro, consumado de una manera apenas en apariencia conforme a derecho, pero en el fondo desprovisto de justificación, que pueda servirle de base y que, por lo tanto, le atribuye al perjudicado la condigna acción de reembolso. En otras palabras y contra lo que parece dar a entender la sentencia materia de impugnación, no es en modo alguno acertado ver en la acción de la que viene hablándose una especie de sobrante de la acción cambiaria dotado por añadidura de la fascinadora virtud de hacer en buena medida inoperantes la prescripción y la caducidad en el campo de los instrumentos negociables, sino que la perspectiva correcta es la de considerarla como una modalidad peculiar de la acción “in rem verso” que con amplitud cada vez mayor se desenvuelve en muchas de las disciplinas jurídicas, puesto que sólo una calificación dogmática semejante, dicen autorizados expositores contemporáneos, “...se corresponde con la finalidad de las normas, puesto que (..) la misma consiste en garantizar una compensación para un desplazamiento patrimonial que el derecho estricto —en este caso las normas sobre prescripción y perjuicio de la letra— establece por razones de protección del tráfico, pero que no tiene justificación en el ámbito de las relaciones causales subyacentes; esta es precisamente la función de las normas sobre enriquecimiento...” (Derecho de los títulos-valor, Alfred Hueck y Claus W. Canaris, cap. 2º, parq. 15).
No cabe duda, pues, que el remedio subsidiario consagrado en el inciso final del artículo 882 del Código de Comercio se pone de manifiesto en un recurso “in extremis”, arbitrado por el legislador para afrontar un problema de justicia conmutativa que emerge ante situaciones que el propio sistema de regulación implanta, imbuido por exigencia de la severidad formal inherente a la función económica que está llamada a cumplir la circulación rápida y segura de los títulos valores, por manera que cuando alguien deriva de este rigor excepcional un aprovechamiento injusto a expensas del patrimonio de otro que también ha sido partícipe de las mismas relaciones cambiarias, este último, en la medida de su personal empobrecimiento, cuenta con la posibilidad de obtener la restitución de aquello en que el primero resultó enriquecido, desde luego todo en el bien entendido, se repite, que al ordenamiento en esta materia más le preocupa evitar la consolidación de un beneficio para quien en justicia no podía pretenderlo, que reparar anormalmente el daño experimentado por una persona que al fin de cuentas concurrió a su producción, vale decir por una persona cuyo comportamiento omisivo tuvo injerencia en los hechos que por obra de la prescripción o de la caducidad, impidieron el ejercicio eficaz de acciones cambiarias de cobro o de acciones emergentes de la causa en la emisión o negociación de los títulos de que se trata.
2. Siendo entonces la acción de enriquecimiento cambiario una aplicación típica de la doctrina general que prohíbe enriquecerse sin justificación a expensas de otro; visto como queda así mismo que a los fenómenos en los que suele ponerse de manifiesto el riguroso formulismo característico de los títulos valores y de los que es ejemplo el régimen de prescripción y de caducidad a que están sometidos los recursos de cobro que de dichos documentos emergen, se les priva por el ordenamiento del carácter de justas causas para consolidar desplazamientos patrimoniales no obstante que en su producción haya podido jugar papel de alguna importancia la culpa o la voluntad de la víctima; y en fin, delineada la noción básica de aquella acción haciendo especial énfasis en su finalidad, corresponde ahora separar con claridad los elementos que permiten identificarla y muy sobre el texto del artículo 882 del Código de Comercio, definir los requisitos condicionantes de su ejercicio exitoso, todo ello con el único propósito de hacer ver que a ese precepto en su inciso final, sin quebrantarlo por errónea interpretación, no puede atribuírsele un sentido que cual ocurre con el acogido por el Tribunal ad quem para aplicarlo en este caso particular, conduce a arruinar por completo el orden legal en cuanto a la operancia efectiva de la caducidad y la prescripción de las acciones cambiarias concierne.
a) En primer lugar, sujeto legitimado por activa para hacer valer el medio del que viene hablándose, lo es por principio quien fuera tenedor del título prescrito o perjudicado, vale decir el primer beneficiario si no hubo negociación, el último endosatario o el obligado de regreso que haya rescatado el documento y asuma así la posición de acreedor cartular, pero siempre y cuando se trate, además, de la persona que en razón de haberse producido cualquiera de esos eventos dotados por definición de eficacia liberatoria para los responsables por el pago del título, resulte empobrecida por incidir en detrimento de su patrimonio el desplazamiento de bienes de tal manera ocurrido, condición esta última que es esencial por cuanto se desprende de la naturaleza misma de la acción ejercida cuyo objeto, valga insistir una vez más en ello, es corregir un enriquecimiento sin causa realmente consumado, lo que se alcanza mediante la restitución específica de la cosa desplazada o de su valor por equivalencia medido en términos monetarios actuales, y no el de malograr las finalidades de interés general que la ley positiva persigue al consagrar la prescripción y la caducidad en materia de títulos de crédito, permitiéndole al tenedor de un efecto de esta clase que, por la vía del “enriquecimiento” y apoyándose únicamente en esta posición, obtenga igual recaudo al que le esta vedado por dejar pasar un plazo perentorio de caducidad o por dar tiempo con su falta de actividad a que transcurra y expire el término de prescripción extintiva.
b) Por lo que hace a la legitimación sustancial para obrar por pasiva, en abstracto también son sujetos posibles de la acción el librador, el aceptante, el otorgante y los endosantes en tanto reporten ventaja del desequilibrio patrimonial que se trata de nivelar, aspecto este del tema que no requiere de comentarios adicionales distinto al de anotar que, como lo indica la doctrina, han de ser personas colocadas de tal manera que entre el enriquecimiento del extremo pasivo y el empobrecimiento del actor exista y se compruebe un vínculo de causalidad estrictamente cambiaria (cfr. Gilberto Peña C., La letra de cambio: teoría y práctica, núm. 85.1).
c) Finalmente, al tenor de la norma que consagra la acción (inciso final del artículo 882 del Código de Comercio) se infiere que desde el punto de vista de los hechos relevantes para su correcta configuración jurídica, son en esencia tres las condiciones indispensables para que sobre ella pueda recaer una decisión judicial estimatoria, condiciones que son las mismas que de acuerdo con jurisprudencia uniforme y reiterada constituyen los presupuestos de la acción “in rem verso” común, la cual —ha dicho esta Corporación— “no puede tener cabida sino en subsidio de toda otra y siempre que a lo menos concurran tres requisitos: Que el demandado se haya enriquecido, que el demandante se haya empobrecido correlativamente y que este desplazamiento patrimonial carezca de causa que lo justifique desde el punto de vista legal...” (G.J., tomo CXXXVIII, pág. 380, y C.C. pág. 93). De este modo, son tales condiciones las siguientes:
i) Que por haber perdido la acción cambiaria contra todos los obligados al pago del título y, además, al no poder ejercitar acción causal contra ninguno de ellos, el acreedor no cuente con otro recurso del que pueda echar mano para enjugar el daño. Se trata, pues, de una pretensión de procedencia subsidiaria cuyo supuesto medular es que la ley no haya previsto otra fuente específica para fundar la obligación de restitución cuyo cumplimiento aquél reclama, a lo que debe unirse naturalmente la existencia de un título valor de contenido crediticio desprovisto de ejecutabilidad en razón del decaimiento de las acciones cambiarias de regreso o por prescripción tanto de estas como de las directas, situación que por sabido se tiene, también por mandato del artículo 882, inciso tercero, del Código de Comercio entraña la imposibilidad de ejercicio de acciones causales pues a ellas se extienden los efectos obstativos y extintivos de los referidos fenómenos.
ii) Que el responsable por el pago del instrumento y señalado en la respectiva demanda en concepto de demandado, haya obtenido un provecho injustificado con ocasión de su emisión o posterior transferencia. Y es lo cierto que el alcance de este presupuesto no tiene por qué convertirse en factor de inútiles especulaciones teóricas siempre que se tenga presente que, “...en la figura del enriquecimiento sin causa existe un desplazamiento de riqueza a cargo del que se presenta como acreedor y a favor del que ha recibido, sin que tal desplazamiento esté apoyado en una causa...” (G.J. núm. 1930, pág. 803) de donde se sigue que en este campo y siguiendo de cerca las enseñanzas de los tratadistas (A. Von Thur, Tratado de las obligaciones, tomo I, cap. V, núm. 51), del enriquecimiento del firmante del documento, beneficiado con la prescripción o la caducidad, cabe afirmar que puede consistir en un incremento patrimonial —lucrum emergens— o bien en una pérdida que se evita —damnum cessans— como consecuencia, por ejemplo, de la cancelación sin fundamento jurídico de deudas que gravan el patrimonio o del ahorro de gastos.
iii) La tercera y última condición es la existencia de un empobrecimiento correlativo que, en sentido amplio, equivale al perjuicio que ha experimentado el demandante. En otras palabras, sin mediar esta circunstancia de hecho es lo cierto que el sólo enriquecimiento de una persona, procurado por otra, no alcanza a sustentar la acción en estudio por manifiesta ausencia de interés para obrar; necesario es que el enriquecimiento sea a expensas o a costa de otro, “otro” que ha de ser por fuerza el empobrecido y a la vez el actor que sostiene en juicio la pretensión de reembolso, toda vez que de darse en forma distinta las cosas, ningún sentido podría tener aquella acción ordenada de suyo a restaurar determinado equilibrio entre dos patrimonios, quebrantado sin justa causa.
3. Llegados a este punto en el análisis, es claro que las ideas recapituladas en los dos apartes anteriores de estas consideraciones son suficientes para identificar, por lo menos en sus rasgos generales, los efectos que en términos económicos le son inherentes a la acción de enriquecimiento cambiario, efectos que como enseguida pasa a verse, nunca pueden enfocarse con la esotérica perspectiva que muestra la sentencia recurrida.
Acaecido el enriquecimiento sin causa, nace en favor de la persona empobrecida una acción restitutoria que en cuanto al monto de sus posibles resultados, tiene dos límites que es imposible rebasar pues representan aplicación concreta de los postulados que están en la base misma de dicha acción. En efecto, dado que su función es en síntesis la de restablecer la integridad de un patrimonio con referencia otro patrimonio, la acción “in rem verso” en ninguna de sus modalidades puede convertirse en fuente de provecho injustificado para el actor ni tampoco en motivo legítimo de pérdida para el demandado, y es por eso que se dice que aquél monto no puede exceder el enriquecimiento ni superar el empobrecimiento, luego si no llegaren a coincidir ambos extremos en un caso determinado, el límite del reembolso vendrá impuesto por el menor de esos valores que, por lo tanto, en el supuesto contemplado en el inciso final del artículo 882 del Código de Comercio tantas veces citado a lo largo de esta providencia, no puede tenerse por probado a cabalidad apelando exclusivamente a la literalidad del título y de las declaraciones en él incorporadas, haciendo de contera recaer sobre la parte demandada la carga “...por demás compleja...” de remontarse al “...negocio genitivo de la emisión” y “reconstruir todo el itinerario negocial” para desvirtuar esos factores de linaje cartular que en su contra y a pesar de haber caducado o prescrito el instrumento, continúan operando como si nada hubiera pasado.
No. En consecuencia con las explicaciones, precedentes si algo queda por fuera de cualquier género de duda es que, de atenderse a la fuente de la que nace cada una, a las notas que las individualizan y al régimen jurídico tanto sustancial como procesal que les es aplicable, no son igualables, de una parte, la obligación cambiaria cuyo objeto es el pago del título, mermada considerablemente en su efectividad civil por obra de la caducidad o de la prescripción hasta el punto de pasar a ser apenas una obligación natural que según los términos del artículo 1527 del Código Civil ningún derecho confiere para exigir su cumplimiento, y de otra parte la obligación de reintegro de un eventual enriquecimiento consumado como consecuencia de uno de esos dos fenómenos, para así moldear sobre semejante equiparación la desacertada inteligencia que en la especie de esta litis el sentenciador de instancia le dio al inciso último del artículo 882 del Código de Comercio y que lo condujo a aseverar que por virtud de esta disposición, al titular de un crédito cambiario perjudicado o prescrito, escudándose además en la letra del documento que lo instrumenta, le basta invocar la regla general y abstracta que dicho precepto legal consagra. Muy por el contrario, en litigios de esta índole cuyo verdadero sentido no es, valga insistir una vez más, el de autorizar la furtiva cobranza de un efecto negociable degradado, sino el de hacer posible la restitución de un enriquecimiento que debe efectuar el demandado en la parte que corresponda a su personal empobrecimiento, ha de entenderse entonces que es al actor a quien le compete establecer la existencia de esta obligación, carga que lejos de poderse reputar satisfecha mediante la exhibición del título del que es tenedor, lo constriñe a justificar probatoriamente, con la precisión adecuada, la concreta procedencia de la acción de enriquecimiento en relación con las particularidades que ofrezca el respectivo desequilibrio patrimonial, es decir las condiciones que de conformidad con la doctrina jurisprudencial imperante en el país, debe reunir la nombrada acción para no pasar de ser un saludable remedio subsidiario de equidad a un foco malsano de grave perturbación.
En suma, el Tribunal inquirió con desacierto el recto sentido, la finalidad y el espíritu informador del precepto consagrado en el tercer inciso, in fine, del artículo 882 del Código de Comercio y como directa consecuencia de esa equivocación, invirtiendo con menoscabo evidente para la parte demandada las reglas ordinarias sobre la carga de la prueba que en materia de obligaciones prescriben los artículos 1757 del Código Civil y 177 del Código de Procedimiento Civil, la condenó en favor del establecimiento bancario demandante, cuyo supuesto empobrecimiento no se demostró en los autos, a restituir un enriquecimiento expresado en un monto igual al importe de la “contragarantía” presentada en original con la demanda (cfr. folio 26 del cuaderno 1), ello sin tener siquiera en cuenta, como con acierto lo hace ver la ponderada salvedad de voto de la magistratura ponente, que ese instrumento no se extendió “...como consecuencia del contrato de mutuo por igual valor al allí consignado, sino que fue el resultado de varias operaciones sin que en realidad se sepa si la cuantificación allí impuesta corresponde a un real enriquecimiento del demandado...” y pasando por alto, además, que por su propia naturaleza y para los efectos de la acción “in rem verso”, el sistema de solidaridad entre los suscriptores de un título valor impone la necesidad, palpable a todas luces, de demostrar de manera concluyente el empobrecimiento del acreedor y los correlativos enriquecimientos respecto de cada uno de los deudores a los que por esta vía se demanda.
Por las razones expuestas, pues, el cargo prospera y en tal virtud la sentencia recurrida ha de ser infirmada.
IV. La sentencia de instancia
En orden a dictar el fallo de reemplazo y con fundamento en las mismas consideraciones ya expuestas para despachar el cargo de fondo que alcanzó prosperidad, basta con advertir, una vez efectuada desde luego la detenida revisión del expediente, que sobre la base de entender en su genuino significado el inciso final del artículo 882 del Código de Comercio y ante los límites infranqueables que desde el punto de vista fáctico le señaló la institución demandante a la pretensión de pago por ella entablada, no puede quedar alternativa distinta a la de desestimar la demanda, habida consideración que no se probó en el curso del proceso que, en provecho exclusivo del patrimonio del “codeudor autónomo” Lorenzo Pascua García y no de la sociedad Consorcio de Maquinaria S.A., también suscriptora del pagaré, la cual es ignorada del todo, se haya desplazado un valor que además de pertenecer a los activos patrimoniales de aquella institución financiera demandante, tenga expresión cuantitativa exactamente igual a la cantidad de $ 89.712.480.47 que aparece registrada en la “contragarantía” y a la cual se contrae aquella pretensión.
Se confirmará por lo tanto y por este motivo específico, la providencia objeto de apelación.
En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que en el proceso de la referencia y con fecha quince (15) de junio de 1992 profirió el Tribunal Superior de Bogotá. Y actuando en sede de instancia, atendidas las razones dadas en la parte expositiva de esta providencia, CONFIRMA en su lugar la decisión desestimatoria de primer grado.
Para los efectos del artículo 376 del Código de Procedimiento Civil y en tanto la sentencia casada haya tenido cumplimiento, quedan sin valor los actos procesales realizados con tal fin. En consecuencia, el juzgado de primera instancia adoptará en su momento las medidas pertinentes.
En casación no hay lugar a costas ante la prosperidad del recurso. Las de segunda instancia son de cargo del apelante. Tásense en su oportunidad.
Cópiese, notifíquese y devuélvase la actuación al Tribunal de origen.
Rafael Romero Sierra—Eduardo García Sarmiento—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero.