Source: http://colombiaaldia.co/estados/boletines/boletin_2_2011/index.htm
Timestamp: 2018-12-11 05:10:41
Document Index: 290132757

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 52', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 258', 'artículo 589', 'artículo 702', 'artículo 714', 'artículo 714', 'Artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 66', 'artículo 62', 'artículo 136', 'artículo 510', 'artículo 171', 'artículo 87', 'artículo 30', 'artículo 66', 'Artículo 66']

Boletín 02/2011
Carrera 3 ª No. 2-18 Popayán
Tel: 8240458/Telefax Secretaría: 8240151
Secretario (E): Dr. ELADIO ARMANDO RENGIFO ORDOÑEZ
Relator: Dr. CARLOS ALFREDO VALVERDE MOSQUERA
Sin lugar a dudas la jurisprudencia cobra cada día mayor importancia como fuente del derecho. De ello dan testimonio las diferentes sentencias de las Altas Corporaciones Judiciales, Tribunales y demás Jueces de la República. La transformación de los contenidos jurídicos ha llevado a que en la cotidiana consulta que realiza el aplicador del derecho y, la sociedad en general, como destinataria del mismo, sea ineludible el acudir a lo manifestado por los jueces en sus providencias ya que los falladores interpretan, desarrollan, vivifican el derecho, alejándolo del estancamiento.
Se observa en los pronunciamientos de los Jueces de la República la debida elaboración -a manera de tejido- del producto final que justifica, en gran manera, la estructura funcional de la Rama y del procedimiento judicial: la sentencia. La mejor manera de desarrollar competencias interpretativas, argumentativas y propositivas se encuentra residida en la labor de leer la sentencia judicial.
El Tribunal Administrativo del Cauca no es ajeno a dicha realidad, por ello, ponemos a disposición de los lectores, el Boletín Número 02 de Agosto de 2011, con una recopilación de sentencias expedidas por nuestra Corporación en el mes de Julio de la misma anualidad. Esperamos que el aporte del Boletín, pero sobre todo, las sentencias de los juzgadores, contribuyan a enriquecer la cultura jurídica de la localidad y de la Nación.
-Relatoría Tribunal Administrativo del Cauca-
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011.
1. ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO/ Falta de renuencia/Rechazo de plano de la demanda. SAULO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ vs INPEC – 20110029601/ M.P. Moisés Rodríguez Pérez.
2. ACCIÓN POPULAR/Sala de Necropsias/ Las pruebas demuestran que no existe violación de derechos colectivos. HAROLD ARMANDO VELASCO VIVAS vs. MUNICIPIO DE PIENDAMÓ y Otros/ 20090030801/ M.P. Hilda Calvache Rojas.
3. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de Petición/Falta de respuesta de fondo/ ELÍAS TROCHEZ CUETIA vs. EJÉRCITO NACIONAL/ 20110029000 / M.P. Hilda Calvache Rojas.
4. ACCIÓN DE TUTELA/Derecho a la Salud/ Entrega de Medicamentos No-Pos/ ROGER MARINO ERAZO CRUZ vs. DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL/ 20110032200 /M.P. Carmen Amparo Ponce Delgado.
5. ACCIÓN DE TUTELA/ Pensiones/ Improcedente si la vía ordinaria es expedita. MARIO HERNÁN CÓRDOBA ESTRADA VS DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA FINANCIERA. 20110035401. MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
6. ACCIÓN DE TUTELA/ Derechos Étnicos y Educativos/Gobernador de Cabildo tiene legitimación por activa/El Departamento debe prestar servicio educativo sin argumentar falta de recursos. JOSÉ ENRIQUE GUETIO Vs. NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y OTROS. 20110035600. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delegado.
7. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/ Deber ser garantizado en los procesos disciplinarios abiertos a los internos. EDIMER MINA BEJARANO Vs. INPEC. 20110027901. M.P. Carlos Hernando Jaramillo Delegado.
8. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia Tutela /No se agotaron las vías ordinarias para controvertir la providencia judicial. José Antonio Paguanquiza Paucar vs. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán. 20110032500. MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
9. ACCIÓN DE TUTELA/ Incidente de desacato/ No procede interponer tutela por los mismos hechos. JOSE ALIRIO ANGULO GONZALEZ vs. INPEC. 201100326 00. MP. Moisés Rodríguez Pérez.
10. ACCIÓN DE TUTELA / Derecho al descanso/ Las diferencias en la interpretación normativa no pueden afectar un derecho fundamental. LUCY DAMAR MARTÍNEZ PEÑA vs DESAJ – CONSEJO SECCIONAL JUDICATURA POPAYÁN. 20110035700. MP. Moisés Rodríguez Pérez.
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/Los costos de intervención quirúrgica los debe asumir la EPS. GERARDO HUMBERTO CRUZ REALPE vs. POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y OTRO. 20110029600. MP. Hilda Calvache Rojas.
12. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/El que no haya contrato con la clínica, no exime de practicar la cirugía. VICTOR GABRIEL BAHOS VIDAL vs. POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD. 20110034400. MP. Hilda Calvache Rojas.
13. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho al debido proceso/ No se violenta cuando el aspirante a un concurso no cumple con los requisitos exigidos. MARIO ERNESTO TORRES CERÓN vs. COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. 20110030100. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
14. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de petición en materia pensional/ El administrado no puede asumir cargas que no le corresponden. LIBARDO GARCÉS LÓPEZ vs. CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL. 20110030400. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
15. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ El tratamiento integral lo ordena el juez conforme a lo prescrito por el médico tratante/ Sufragación de los gastos de transporte del paciente a otra ciudad. JOSÉ ELÍ JEJEN EUSCATEGUI vs. SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA Y CAPRECOM. 20110025701 MP. Moisés Rodríguez Pérez.
16. ACCIÓN DE TUTELA/ La respuesta dada por la Entidad debe notificarse al peticionario. JHON FERLY MUÑOZ ZAMBRANO vs EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD. 20110034200. MP. Moisés Rodríguez Pérez.
16-1. HABEAS CORPUS/ Carácter residual/El Juez de Ejecución de penas es el que realiza la valoración sobre la redención de la pena. JHON FREDDY CASTILLO vs JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS. 20110036501. MP. Moisés Rodríguez Pérez
17. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Facultad discrecional en Fuerzas Militares no puede ser arbitraria/ La carga de la prueba de la arbitrariedad corresponde al accionante. Diego Libardo García Castiblanco vs Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. 20040146000. MP. Carmen Amparo Ponce Delgado
18. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Auditoría DIAN/ Condiciones para beneficios sobre activos fijos. EMTEL ESP vs DIAN. 20020106000. MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
19. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Facultad de revisión de la DIAN sobre liquidación de bases gravables. GENELEC S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Vs DIAN. 20030108000. MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
20. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Concurso público/ Aspiración del demandante a ser nombrado era una mera expectativa y no un derecho adquirido. Hermes Orlando Díaz Mera vs Departamento del Cauca. 20040061400. MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
21. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Sentencia inhibitoria/ Por omisión del demandante de incluir todos los actos que debieron ser demandados. JORGE ADRIÁN MUÑOZ HOYOS vs. NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL. 20040006200. MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
22. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Junta y Tribunal Médico Laboral/ Las actas que niegan la pensión de invalidez, son demandables. JAIRO LÓPEZ ANGULO vs NACIÓN - MINDEFENSA – POLICÍA NACIONAL. 20070000700. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
23. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Competencia /para controversias originadas por sanciones disciplinarias. GUSTAVO ADOLFO CAMPO NIEVA vs NACIÓN – MINDEFENSA – POLICIA NACIONAL. 20070005201. MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
24. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/ Daños causados por particulares exigen de prueba para responsabilizar al Estado. ESTER JULIA CARABALÍ, SILVIO VELASCO ERAZO, JOSÉ VICENTE CAMAYO ZAMBRANO y otros vs NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL y otros. 2002167600(Acumulado). MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
25. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/ Responsabilidad del Estado por privación injusta de libertad/ se debe analizar cada caso en concreto para verificar el daño. CARLOS ANTONIO ENRIQUEZ MARTINEZ Y OTROS vs NACIÓN/FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 20050038300. MP. Moisés Rodríguez Pérez.
26. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/ Responsabilidad médica/Condición médica propia del paciente no genera responsabilidad de la Entidad. AMALFI EUGENIA ANACONA y otros vs DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA. 20030036600. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
27. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/ Término de caducidad/ Se adiciona con el tiempo que duró el trámite conciliatorio. MYRIAN OCORO HUILA VALENCIA vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MUNICIPIO DE GUAPI. 20080009000. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
28. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/ Por incumplimiento de fallo judicial/ Término de caducidad. CEFERINA RUIZ MONTAÑO vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MUNICIPIO DE GUAPI. 20080009500. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
29. ACCIÓN CONTRACTUAL/ Carga de la prueba/ Inversión de la carga de la prueba hacia la Entidad demandante. EMSSANAR vs MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA. 20050122500. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
30. ACCIÓN CONTRACTUAL/ Liquidación contractual/El firmar el acta de liquidación sin reparo alguno, cierra la vía judicial. CONSTRUCCIONES GBG UNIVERSAL LTDA Y OTRO vs INVÍAS. 1999207600. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
31. EJECUTIVO/ Excepción de inoponibilidad/Falta de competencia para realizar la liquidación unilateral del convenio. NACIÓN – MINAGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL vs MUNICIPIO DE GUAPI. 20040046201. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
32. EJECUTIVO CONTRACTUAL/ Condena en costas/Sometimiento al Código de Procedimiento Civil. FINDETER vs. MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY. 20060039301. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
Sentencia: diecinueve de julio de dos mil once
Expediente: 20110029601
Tema Tratado: Falta de renuencia/Rechazo de plano de la demanda.
“En el presente asunto, el actor se limitó a expresar sus inconformidades por los varios procesos penales iniciados en su contra de los cuales dice desconocer su trámite, por lo que concluye que el INPEC, le vulnera sus derechos fundamentales. No aporta ningún documento, ni menciona en su escrito qué deber legal o administrativo la entidad demandada no ha dado cumplimiento, ni mucho menos aporta la prueba de la renuencia dicho cumplimiento, razón por la cual, es claro que no cumple con los requisitos previstos por la jurisprudencia para agotar el requisito de procedibilidad de la acción de cumplimiento. Sobre el particular, la Sala debe reiterar que la renuencia como presupuesto de procedibilidad de la acción limita el contenido y alcance de la orden de cumplimiento, puesto que de no ser así se obligaría al demandado a cumplir sobre situaciones respecto de las cuales no se le solicitó y que por lo tanto no ha incurrido en renuencia en la forma prevista en la ley. En este sentido, esta Corporación, en un asunto de idénticas características al presente, dispuso en sentencia del 9 de diciembre de 2010, lo siguiente: “De conformidad a lo indicado, considera la Sala que al no cumplir la renuencia, como requisito de procedibilidad de la acción, con las exigencias previstas por la jurisprudencia administrativa y constitucional para tal efecto, la demanda objeto de impugnación debió haberse rechazada de plano, de conformidad con lo previsto en la parte final del inciso primero del artículo 12 de la Ley 393 de 1997, razón por la cual deberá revocarse la decisión del juez de instancia que concedió las súplicas de la demanda y en su lugar proceder al rechazo de la misma”.
Sentencia: veintiséis de julio dos mil once
Expediente: 20090030801
Tema Tratado: Sala de Necropsias/ Las pruebas demuestran que no existe violación de derechos colectivos.
“Ahora, aterrizado al caso concreto se puede avizorar que no hay pieza probatoria que permita establecer con seriedad una violación flagrante de los derechos colectivos mencionados en la demanda; por el contrario, puede observarse que el servicio de necropsia a cadáveres se ha venido prestando en el municipio de Piendamó, pues como lo demuestra la declaración rendida por el señor Julio Cesar Manzano Cano (fls. 8 y 9 C. Pruebas), por lo menos se tiene que el servicio se ha prestado hace 21 años, fecha que menciona el declarante como el período en que ha venido desarrollando la actividad forense. Entre otras cosas, expresa que existe, en la actualidad, una infraestructura destinada a tal labor, con acceso restringido, fuente de agua corriente, fluido eléctrico y los elementos para la realización de la inspección cadavérica. Finalmente se tiene que el señor se encuentra vinculado en el ejercicio forense través de la E.S.E. de Piendamó, contando con autorización médica para la inspección cadavérica y con certificación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como persona idónea para el desempeño de esta particular labor (fls. 11 y 12 C. Pruebas). En la misma media, obra en el plenario un oficio suscrito por la Secretaría de Gobierno Municipal en la cual se manifiesta la existencia de una “morgue municipal” la cual cuenta con buena ventilación e iluminación natural, además del acceso restringido al público y un acceso directo de vehículos para el transporte de los occisos ( fl. 15 C. Pruebas). En efecto, con los elementos de prueba insertos en el expediente no hay elemento que demuestre la violación de los derechos colectivos del goce a un ambiente sano y la seguridad y salubridad públicas, todo lo contrario, existen piezas que prueban la prestación del servicio de necropsia que, si bien no dispone de la infraestructura más calificada ni la tecnología más avanzada, cuenta con las instalaciones, personal y equipos suficientes para prestar un servicio en condiciones aptas, de modo que no resulten lesionados los intereses de la comunidad. En este sentido, resulta atinada la decisión adoptada en primera instancia pues como bien lo manifestó el fallador, no existe fuerza probatoria que acredite la violación de derechos colectivos que amerite la intervención del juez constitucional”.
Sentencia: seis de julio de dos mil once
Expediente: 20110029000
Tema Tratado: Derecho de petición/Falta de respuesta de fondo.
“De lo expuesto se tiene que, efectivamente se elevó derecho de petición, al cual se le dio contestación el 05 de mayo de 2009, sin haber resuelto de fondo lo solicitado, siendo así, considera la Sala que lo expuesto por la Entidad, no resuelve lo requerido por el peticionario, ya que solo se limitó a señalar que tan pronto se esclareciera lo sucedido se le informaría, afirmación que hasta la presente fecha no ha sido resuelta. De esta manera, resulta claro que el derecho de petición del accionante continúa siendo vulnerado, vale decir, que ha pasado más de dos años sin que la demandada se haya pronunciado, excediendo el término legal establecido para tal efecto, ni tampoco ha notificado a la parte accionante las razones por las cuales no se ha pronunciado de fondo”.
Sentencia: trece de julio de dos mil once
Expediente: 20110032200
Tema Tratado: Derecho a la Salud / Entrega de Medicamentos No-Pos.
“En este contexto, encuentra la Sala que la entidad demandada ha incurrido en una mora injustificada para suministrar el medicamento Seroquel y los audífonos superpotentes requeridos por el señor ERAZO CRUZ, pues si bien el día 20 y 26 de enero del presente año ya fueron radicadas las solicitudes ante el Comité Técnico Científico, éste no ha dado respuesta y por ende no ha sido posible entregar lo requerido por los médicos tratantes del accionante. Siendo ello grave, pues el medicamento Seroquel es necesario para controlar el comportamiento del accionante, y los audífonos, como es lógico, son urgentes para poder permitirle, en parte, el desarrollo de su vida de forma digna. Corolario de lo antedicho, la Sala encuentra acreditada la necesidad del suministro del medicamento y elementos ortopédicos excluidos del Plan de Servicios de Salud de la Policía Nacional, y en consecuencia se dará preponderancia a la orden librada por los médicos tratantes. Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T-1083 de 2003 dijo: “4.5.1. La decisión de un médico tratante de ordenar una droga excluida del plan obligatorio de salud, por considerarla necesaria para salvaguardar los derechos de un paciente, prevalece y debe ser respetada, salvo que el Comité Técnico Científico, basado en (i) conceptos médicos de especialistas en el campo en cuestión, y (ii) en un conocimiento completo y suficiente del caso específico bajo discusión, considere lo contrario. 4.5.2. Una EPS o una ARS pueden reemplazar un medicamento comercial a un paciente con su versión genérica siempre y cuando se conserven los criterios de (i) calidad, (ii) seguridad, (iii) eficacia y (iv) comodidad para el paciente. (Acuerdo 228 de 2002 del CNSSS, art. 4°). En virtud de la protección a los derechos del paciente, los cambios de medicamentos o tratamiento que se desee hacer en un caso específico, deben fundarse en (i) la opinión científica de expertos en la respectiva especialidad y (ii) la historia clínica del paciente, esto es, los efectos que concretamente tendría el tratamiento o el medicamento en el paciente.” Así las cosas, la Sala encuentra necesario tutelar los derechos fundamentales deprecados por el accionante, ordenando además se suministre tanto el medicamento, cómo los audífonos ortopédicos. De igual manera, y atendiendo a la prestación de una atención integral de salud en los términos que ha señalado la jurisprudencia constitucional, se ordenará a la entidad demandada que se surta el tratamiento integral del estrés postraumático padecido por el actor.
Sentencia: doce de julio de dos mil once.
Expediente: 20110035401
Tema Tratado: Pensiones/ Improcedente si la vía ordinaria es expedita.
“La tutela, al tener un carácter subsidiario, surge como improcedente para la defensa efectiva de los derechos presuntamente vulnerados por la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO, pues ésta no tiene como finalidad alguna, pretermitir las vías judiciales ordinarias, y cómo se puede dilucidar en el presente caso, no existen rezones para argumentar que el demandante no se encuentra en la capacidad de soportar la carga de adelantar un proceso ordinario”
Sentencia: veintiséis de julio de dos mil once
Expediente: 20110035600
Tema Tratado 1: Derechos Étnicos y Educativos/Gobernador de Cabildo tiene legitimación por activa.
“Previamente la Sala precisa que en el caso bajo estudio se acredita la legitimación por activa, toda vez que la agenciosa oficiosa del señor JOSÉ ENRIQUE GUETIO se ejerce a nombre de 87 niños, siendo del caso puntualizar que efectivamente el señor GUETIO es el Gobernador del Cabildo al que pertenecen los niños y por ende al ser el representante legal de la comunidad indígena de Cerro Tijeras puede ejercer esta acción en aras de defender los derechos a la diversidad étnica y cultural, el derecho colectivo a la existencia del pueblo indígena, el derecho colectivo a la identidad cultural, el derecho a una educación étnica diferencial y el derecho a la consulta previa, libre e informada, que estima vulnerados y devienen en fundamentales para las comunidades indígenas”.
Tema Tratado 2: Derechos Étnicos/El Departamento debe prestar servicio educativo sin argumentar falta de recursos.
“Por ende frente a los 87 niños que se refieren en la tutela, se establece que es deber del Departamento del Cauca asegurarles la prestación del servicio educativo teniendo en cuenta sus condiciones étnicas, sin que sea de recibo aducir la falta de recursos como justificación para no prestar tal servicio, pues el goce del derecho fundamental a la educación en los niños no puede resultar perjudicado por la falta de planificación y adopción de acciones concretas por parte del Estado. Ahora, se considera que no sólo se vulneran los derechos fundamentales de los niños relacionados en los anexos 64 a 67 del expediente, sino de todo el CABILDO INDÍGENA DE CERRO TIJERAS pues al dejar a unos miembros de su comunidad sin el servicio educativo se atenta no sólo contra derechos fundamentales individuales sino también contra los derechos fundamentales de la comunidad indígena como tal, pues se amenaza concretamente su identidad cultural que como lo explica la jurisprudencia se preserva con el derecho a la educación. Por ende es del caso amparar el derecho a la identidad cultural y a la educación del CABILDO INDÍGENA DE CERRO TIJERAS, ordenando al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA y a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA que en el término de 10 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia adopte las medidas de carácter presupuestal y demás gestiones pertinentes, a fin de prestar el servicio educativo a los niños relacionados en los anexos visibles a folios 64 a 67 del expediente, recuperando las clases que se hayan dejado de dictar a efectos de garantizar la calidad educativa”.
Sentencia: veinticinco de julio de dos mil once
Expediente: 20110027901
Tema Tratado: Debido proceso/ Deber ser garantizado en los procesos disciplinarios abiertos a los internos.
“Para el presente caso, la Sala evidencia que el señor Edimer Mina Bejarano se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán y le fue impuesta una sanción disciplinaria consistente en la suspensión de 10 visitas (Fls 13 a 22). En el proceso disciplinario al tutelante se le escuchó en diligencia de descargos donde se puede constatar que el mismo solicitó: “(…) pongo como testigos a mis trece compañeros que se encontraban en la UTE calabozo. (…)” (fl. 4) Pese a esta petición de pruebas, el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario continuó el trámite del proceso disciplinario, teniendo únicamente como pruebas de la falta las declaraciones del personal de Custodia y Vigilancia, sin decretar las pruebas solicitadas por el interno, arguyendo que este no había suministrado los nombres y apellidos de quienes pretendía fueran escuchados como testigos, siendo ello impertinente. (fl. 17) Ante esta situación se evidencia que la autoridad investigadora está revestida de competencias que le permiten esclarecer los hechos que originaron la apertura del proceso disciplinario, en desarrollo del derecho fundamental al debido proceso, debiendo decretar las pruebas solicitadas por el presunto infractor y las que se estimen necesarias a efectos de establecer la comisión de la conducta disciplinable. Por ello la Sala comparte la posición del Juzgado, que establece la violación del derecho fundamental al debido proceso del accionante, pues considera sus condiciones particulares que no le permiten ejercer una defensa profesional y verifica que en la diligencia de descargos el disciplinado efectivamente pidió que se citara a 13 de sus compañeros de celda que presenciaron los hechos materia de la investigación. Por tanto, ello es suficiente para entender que hay una solicitud de una prueba testimonial que no exige otro formalismo más en el caso bajo estudio, puesto que la autoridad carcelaria cuenta con los datos suficientes para saber a qué personas hace referencia el recluso, pudiendo escuchar su versión en aras de tramitar un proceso disciplinario imparcial. La autoridad carcelaria no puede desconocer que las medidas sancionatorias deben obedecer a un proceso disciplinario que garantice la efectividad de los derechos fundamentales como el debido proceso, pues como bien se dijo este derecho se aplica tanto en decisiones judiciales como administrativas y no puede ser desconocido pese a la relación de especial sujeción de los reclusos”.
Sentencia: quince de julio de dos mil once.
Expediente: 20110032500
Tema Tratado: Improcedencia Tutela / No se agotaron las vías ordinarias para controvertir la providencia judicial.
“….la parte accionante no manifiesta ni acredita haber interpuesto recurso de reposición en contra del Auto Interlocutorio 534 proferido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, o en su defecto, que el Juzgado le haya negado tal posibilidad. Luego entonces, se tiene que el señor PAGUANQUIZA PAUCAR, no agotó las vías ordinarias para controvertir la providencia judicial que considera vulneradora de sus derechos fundamentales. Por tanto, no es la tutela el mecanismo idóneo para revivir una discusión jurídica que debió plantearse oportunamente ante el juez natural del Proceso. De otra parte, no encuentra la Sala que el hecho de que la demanda instaurada vaya a ser resuelta por el Consejo de Estado, y no por el Juzgado Administrativo, se constituya un perjuicio irremediable o se amenacen los derechos fundamentales. Requisitos estos, indispensables para la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. En consecuencia se observa que la tutela impetrada por el señor JOSÉ ANTONIO PAGUANQUIZA PAUCAR, es improcedente, por cuanto a pesar de haber contado con las vías ordinarias para exponer los argumentos en contra del Auto Interlocutorio 534 del JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, no fue interpuesto el recurso de reposición. En mérito de lo expuesto, se procederá a declarar la improcedencia de la presente acción”.
Sentencia: once de julio de dos mil once
Expediente: 20110032600
Tema tratado: Incidente de desacato/ No procede interponer tutela por los mismos hechos.
“Por lo anterior, por tratarse de temas exclusivos de la acción de tutela que fue de conocimiento del Juzgado Sexto Administrativo, se negará la presente acción, por cuanto en caso de informidad del actor ante el incumplimiento de la orden del Juez Constitucional, el actor, tiene la posibilidad de presentar un incidente de desacato para que sea tramitado bajo la misma cuerda procesal de la Acción de Tutela, mas no podrá impetrar una nueva acción, por cuanto las circunstancias de hecho y de derecho, fueron ya objeto de la tutela Constitucional. Así mismo, la parte actora, tiene la facultad en el trámite del incidente previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, de vincular al cumplimiento al fallo de tutela, tanto al Juez de Ejecución de Penas, como al Instituto Nacional Penitenciario, quienes tienen su cargo la vigilancia del cumplimiento de la condena y custodia respectivamente, por lo tanto, es imperativo que sus traslados deben ser ordenados y coordinados por estas dos autoridades, mientas que para el Ejército Nacional, ya le fue impuesta la carga del tratamiento integral por el Juez Administrativo Constitucional”.
Sentencia: veintinueve de julio de dos mil once
Expediente: 20110035700
Tema tratado: Derecho al descanso/ Las diferencias en la interpretación legal no pueden afectar un derecho fundamental.
“Al tenor de la normatividad citada, el derecho al descanso es un derecho fundamental que se debe proteger a la trabajadora LUCY DAMAR MARTÍNEZ; quien labora en el cargo de Juez Segunda Penal Municipal, con Funciones de Conocimiento por lo tanto su cargo tiene directa relación con el Sistema Penal acusatorio, en donde sus funcionarios, tienen vacaciones individuales, dada la necesidad del servicio. Para la Sala no existe duda alguna que la norma aplicable es la Circular 044 de 2005, tal como lo ha manifestado el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, y no se puede aplicar la Circular PSAC-05-89 de 2005, como lo pretende la Dirección Ejecutiva de Administración judicial, con el objeto de que se encargue una persona del juzgado como ha sucedido en oportunidades anteriores, teniendo como finalidad el ahorro presupuestal, ya que las personas encargadas no se les cancela el salario del cargo que asume porque como bien lo dice esta dirección se le encargan funciones, no el cargo. Y se aplica la ley 344 de 1996. Así las cosas la discusión entre los dos entes antes mencionados ha llevado a que la accionante LUCY DAMAR MARTINEZ PEÑA, sea la perjudicada al no poder disfrutar sus dos periodos de vacaciones correspondientes al 15 de junio de 2009 y el 14 de junio de 2010 y el periodo correspondiente al 15 de junio de 2010 y el 14 de junio de 2011; la simple disputa de interpretación de un derecho fundamental por cuestiones de carácter legal, no puede vulnerar ese derecho al descanso remunerado que la servidora judicial merece, por lo tanto la vulneración consiste en que la Dirección Ejecutiva Seccional del Cauca, se ha negado a proferir el certificado de disponibilidad presupuestal bajo el entendido que se aplica una Circular 05-89 que de manera expresa excluye a los funcionarios del Sistema Penal Acusatorio, que le es aplicable a los jueces promiscuos que tiene el sistema de vacaciones individuales, pero no que pertenecen de manera exclusiva a dicho sistema, puesto que no solo tiene competencia como jueces penales sino que igualmente lo tiene en las áreas de familia, civil, y laboral en algunos, a ellos si se les aplica la figura del encargo; siempre y cuando existan más de tres empleados en el juzgado y que uno de ellos por lo menos se encuentre en propiedad.
Sentencia: cinco de julio de dos mil once.
Expediente: 20110029600
Tema tratado: Derecho a la salud/Los costos de intervención quirúrgica los debe asumir la EPS.
“Se ha sostenido que cuando los derechos a la vida y a la salud de una persona se encuentra amenazados o vulnerados, como consecuencia de la no prestación de servicios de salud, incluidos y no incluidos en el POS y en el POS-S, y en disposiciones del régimen propio de la seguridad social de las Fuerzas Militares y de La Policía Nacional, tales como intervenciones quirúrgicas, diagnósticos, tratamientos, y el no suministro de medicamentos, entre otras circunstancias, justificada en excusas meramente económicas, o en reglamentaciones legales, éstas deberán inaplicarse o no tenerse en cuenta, porque obstaculizan la protección debida a los mencionados derechos. En dichos eventos, se protegen los derechos a la vida y a la salud en aplicación de los postulados constitucionales. En este orden de ideas, la Corporación se abstendrá de ordenar a la Dirección de Sanidad de la Policía Cauca, la expedición de la ordene de apoyo, habida cuenta de la carencia actual de objeto; sin embargo en el evento que se llegara a ordenar la intervención quirúrgica, el costo de ésta, debe ser asumido por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Cauca, y de la misma manera le serán prestados efectivamente los procedimientos, tratamientos y medicamentos que requiera su estado de salud, en aras de garantizar los derechos a la salud y a la vida del accionante, por lo que así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.
Expediente: 20110034400
Tema tratado: Derecho a la salud/Militares pensionados/El que no haya contrato con la clínica, no exime de practicar la cirugía.
“En este orden de ideas, la Sala estima que, siendo la salud un derecho fundamental previsto en la Constitución Política, en su artículo 49, es por lo tanto una obligación estatal de garantizar la prestación a todas las personas, y en especial de satisfacer este derecho a quienes en razón de la prestación de los servicios patrios han expuesto su vida, en aras de garantizar la seguridad a los ciudadanos, merecen entonces, una retribución a dicha labor que el Estado a través de sus Instituciones Militares y de Sanidad presten el servicio de salud que requieran quienes como lo ha manifestado la H. Corte Constitucional han adquirido enfermedades con ocasión del servicio, situación que no debe ser indiferente ahora cuando ya se encuentra pensionado. En este orden de ideas, el argumento esgrimido por parte de la Dirección de Sanidad, de que no se tiene contrato con la Clínica la Estancia para realizar las cirugías ordenadas, no es razón suficiente para incumplir con la obligación de practicarle dicho procedimiento, como tampoco para exonerarla de su cumplimiento, justamente porque se trata de la garantía de un derecho fundamental, carga que el accionante no tiene porqué soportar”.
Sentencia: primero de julio de dos mil once
Expediente: 20110030100
Tema Tratado: Derecho al debido proceso/ No se violenta cuando el aspirante a un concurso no cumple con los requisitos exigidos.
“La COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL excluyó al señor MARIO ERNESTO TORRES CERÓN del concurso de méritos desarrollado bajo la convocatoria No. 001 de 2005 por no cumplir con los requisitos requeridos para el empleo 2617 de la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC- que exige como nivel educativo el título de formación técnica profesional en sistemas o aprobación de 2 años de educación superior en ingeniería de sistemas. (fl. 37) De acuerdo a los documentos aportados por el accionante se determina que en efecto, el actor no cumple con el requisito mínimo al que se viene haciendo referencia pues como se corrobora en los documentos aportados con la solicitud de tutela (Fls.10 y 11), únicamente se certifica por parte del Colegio Mayor del Cauca que el tutelante aparece registrado como ESTUDIANTE de la tecnología en desarrollo de software en el primer y segundo período respectivo y el otro documento es una constancia en la que la Universidad Cooperativa de Colombia precisa que el actor cursó el programa de Ingeniería de Sistemas de primero a quinto semestre, quedándole pendientes asignaturas de tercer y quinto semestre. Por lo anterior la Sala infiere que el tutelante fue excluido por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para aspirar al empleo ofertado mediante la Convocatoria No. 001 de 2005, sin que se observe violación de algún derecho fundamental puesto que la COMISIÒN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL se ciñe a las exigencias indicadas previamente. (…) En este sentido la Sala concluye que el actor tampoco acató la regla en la que se le precisaba el término para efectuar la reclamación ante la no admisión, que de todas formas tal como ya se corroboró se dio por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el empleo No. 2617”.
Sentencia: cinco de julio de dos mil once
Expediente: 2011 00304 00
Tema tratado: Derecho de petición en materia pensional/ El administrado no puede asumir cargas que no le corresponden.
“El actor fue retirado del servicio activo conforme a la Resolución No. 04383 del 29 de diciembre de 2010 (fl. 16), la que le fue debidamente notificada el 4 de enero de 2011 (fl. 17); conforme a las normas que regulan lo atinente a la asignación de retiro se establece que la POLICÍA NACIONAL debía remitir la documentación respectiva a fin de que la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL procediera a reconocer la asignación de retiro dentro de los 3 meses siguientes al reporte de la novedad de retiro del actor, es decir, se tenía hasta el 4 de abril de 2011 para efectuar el reconocimiento de la asignación. Sin embargo, CASUR refiere que la hoja de servicios, documento necesario para efectuar el reconocimiento de la asignación le fue remitida el 7 de abril de 2011, por lo que justifica que a la fecha continúe en trámite el reconocimiento de la asignación de retiro. En estos términos, si bien se podría interpretar que la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL cuenta con 3 meses contados desde el momento que recibe los documentos pertinentes para reconocer la asignación de retiro, a juicio de la Sala ese no es el fin de la norma. Para el Tribunal lo pretendido con la normatividad es que una vez se produce la novedad de retiro, se cuenta con un término de 3 meses para tramitar y reconocer la asignación de retiro; es decir, se trata de un lapso durante el cual la POLICÍA NACIONAL informa y pone en conocimiento de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, los documentos pertinentes a efectos de que esta última reconozca la asignación. Por lo tanto, la demora en el trámite interno que se da entre las dos entidades accionadas, no es una carga que deba asumir el tutelante, pues el mismo Decreto No. 1211 de 1990, señala que es el Jefe de Personal con aprobación del respectivo Comandante de la Fuerza el que procede a expedir la hoja de servicios (…) En consecuencia, la petición que presenta el actor el 29 de abril de 2011 es una reiteración de la solicitud de reconocimiento de la asignación de retiro, que debió efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la novedad de retiro que acaeció el 4 de enero de 2011. Como ello no ha sucedido, se configura la violación del derecho de petición…”
Sentencia: quince (15) de julio de dos mil once.
Expediente: 20110025701
Tema Tratado 1: Derecho a la salud/ El tratamiento integral lo ordena el juez conforme a lo prescrito por el médico tratante.
Tema Tratado 2: Derecho a la salud/ Sufragación de los gastos de transporte del paciente a otra ciudad.
“Para que no quede duda alguna, retomando las consideraciones anteriormente traídas a colación en este fallo, en sentencia T-1158 de 2001 la H. Corte Constitucional sostuvo que el postulado de accesibilidad al servicio supone la remoción de todos los obstáculos formales y materiales que limiten el goce de éste. En tal sentido, la estructura sobre la cual descansa el Sistema de Seguridad Social en Salud, compuesta, de acuerdo a la Ley 100 de 1993, por un conjunto de normas, instituciones y procedimientos, debe asegurar que la efectiva prestación del servicio no sea entorpecida por la existencia de barreras que promuevan factores de discriminación que alejen a determinados sectores de la población de la posibilidad de disfrutar de este servicio. Es así como encontramos que el hecho de no contar con la capacidad económica suficiente para acarrear con los gastos de transporte y así recibir la atención requerida, se constituye en un claro obstáculo a la prestación integral del servicio, pues de una u otra manera se le impide acceder al tratamiento médico indispensable para su óptima evolución, convirtiéndose en una clara violación al derecho a la salud, a toda luz evidente basándonos en el desarrollo Jurisprudencial que ha tenido este contenido. (…) En relación con la falta de capacidad económica de la agenciada, la jurisprudencia constitucional ha señalado una presunción en el caso de las personas que pertenecen al régimen subsidiado y que han sido clasificados por la encuesta SISBEN, por lo que, en estos eventos, las condiciones descritas permiten presumir que ni el señor JOSÉ ELÍ JEJEN EUSCATEGUI, ni muchos menos su esposa en calidad de agente oficioso, cuentan con los recursos suficientes para sufragar por ellas mismas los costos de transporte que implican el traslado a la ciudad de Cali para que la Agenciada reciba la atención de rehabilitación anteriormente descrita”.
Sentencia: quince de julio de dos mil once
Expediente: 20110034200
Tema Tratado: Derecho de petición /La respuesta dada por la Entidad debe notificarse al peticionario.
“Con relación a lo anterior en primera medida se puede referir que el derecho de petición invocado por la actora ha sido vulnerado, por cuanto en el proceso se demostró la existencia de la presentación de la petición, pero no se demostró por parte de la entidad demandada que se haya dado respuesta al actor de la petición, por cuanto no se demuestra que el peticionario haya recibido tal respuesta, sin embargo aunque se encuentra a folios 17, la respuesta dada por la entidad al derecho de petición, por parte del Ejército Nacional, no se acredita que el peticionario haya recibido efectivamente dichas respuestas, es decir que se le haya notificado dicha respuesta”.
TITULO 16 - 1
Acción: Habeas Corpus
Sentencia: julio diecinueve de dos mil once
Expediente: 20110036501
Tema Tratado: Carácter residual/El Juez de Ejecución de Penas es el que realiza la valoración sobre la redención de la pena.
“Así las cosas, existe un mecanismo al interior del proceso seguido en contra del señor JHON FREDDY CASTILLO, donde deben debatirse los argumentos que sirven de sustento a esta acción constitucional, como lo es, la petición de redención de pena, situación que corresponde decidir al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, al tenor de lo dispuesto expresamente en el numeral 4° del artículo 51 del Código Penitenciario y Carcelario antes citado, pero no es este juez constitucional el que debe realizar la valoración fáctica sobre la redención de pena y mucho menos sobre el cumplimiento total de la pena para acceder a la libertad del condenado. De lo anteriormente expuesto, es claro que frente a lo solicitado a través de esta vía constitucional, el Hábeas Corpus no puede prosperar por no ser el medio idóneo para definir la petición de libertad y por ser esta una acción de carácter residual”.
TITULO 17
Sentencia: Junio treinta de dos mil once
Expediente: 20040146000
Tema Tratado: Facultad discrecional en Fuerzas Militares no puede ser arbitraria/ La carga de la prueba de la arbitrariedad corresponde al accionante.
“Se observa que el acto administrativo a través del cual se adoptó la decisión de retirar del servicio activo al demandante, obedece a la facultad discrecional otorgada al Gobierno y que está contenida en los artículos 99, 100 literal a) numeral 8 y 104 del Decreto 1790 de 2000 antes citados. Si bien es cierto, se tiene que la entidad demandada dio una aplicación correcta a las normas, contando efectivamente con la recomendación de retiro emitida por el Comité de Evaluación para efectos de resolver por medio de la Resolución acusada el retiro del señor DIEGO LIBARDO GARCIA CASTIBLANCO, lo que se cuestiona, según los cargos alegados por el demandante, es la desviación de poder dada la arbitrariedad en la que pudo incurrir la Administración al momento de hacer uso de la facultad discrecional. El Consejo de Estado en reiteradas sentencias ha interpretado la causal de desviación de poder, como una modalidad de ilegalidad que se predica del elemento teleológico del acto administrativo, que en los actos discrecionales gira en torno a lograr la mejor prestación del servicio público y la buena marcha de la administración, lo cual constituye la esencia de su ser. Se advierte, sin embargo que tal discrecionalidad no implica arbitrariedad, pues ésta debe estar basada en los principios de racionalidad y razonabilidad. Así pues, que quien alegue la causal de desviación de poder para aducir que el acto administrativo discrecional de retiro no se expidió por razones del buen servicio, deberá cumplir con la carga probatoria de aportar pruebas que acrediten que la decisión se produjo por motivos ajenos al mejoramiento del servicio o la incoherencia entre los antecedentes laborales del agente retirado y la medida adoptada con el acto de retiro, extralimitando la facultad discrecional conferida legalmente al nominador. (….) Del material probatorio reseñado, llama la atención de la Sala el hecho de que entre la última anotación en la que se consignó una felicitación por el excelente desempeño del actor en el cargo, y su retiro de la entidad sólo transcurrió un término de cuatro días. Se observa que entre el período comprendido de julio de 2003 a de febrero de 2004 (fecha de su retiro), el actor fue objeto de varias felicitaciones y anotaciones positivas frente a su desempeño en el cargo, sin que en la misma se haya registrado ningún aspecto negativo en su contra, debiendo la entidad demandada, en el evento de existir una conducta negativa por parte del actor que le llevara a tomar tal decisión, acreditar tal hecho en el proceso y no simplemente escudarse en la presunción del buen servicio, pues tal prerrogativa legal no puede llevarse al extremo de justificar decisiones incoherentes de la administración. Ante la ausencia de argumentos y pruebas que legitimen la decisión adoptada por la entidad, cobra valor la afirmación del demandante en cuanto a que no existieron motivos razonables para desvincularlo, hecho que torna la decisión en arbitraria y por tanto viciada de ilegalidad. Aunque la ley le ha concedido al Gobierno la facultad para el retiro discrecional del personal, tal prerrogativa debe ejercerse dentro de un marco de razonabilidad y en el presente caso, no se explica cómo la permanencia del señor DIEGO LIBARDO GARCIA CASTIBLANCO en la institución demandada perjudique el servicio, cuando en su hoja de vida sobresalen las anotaciones positivas por su buen desempeño en el cargo. Si bien la Sala ha considerado en varias oportunidades que la idoneidad para el ejercicio del cargo y el buen desempeño de las funciones, no otorgan a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, ni constituye, por sí sola, causal de anulación del acto, en este caso, resulta necesario resaltar la trayectoria profesional del demandante, el cual se evidencia en las felicitaciones obtenidas y en que no fue sujeto de sanciones disciplinarias, para precisar que la decisión de retiro del demandante se apartó de las razones del buen servicio fundamento de todos los actos administrativos de carácter discrecional, toda vez, que se encuentra demostrado en el proceso que no fue coherente el actuar de la administración al tomar decisiones contradictorias en un lapso de tiempo tan corto, como se explicó anteriormente. En virtud de lo anterior, se procederá a declarar la nulidad del acto que resolvió el retiro del actor, con el consiguiente restablecimiento de su derecho al reintegro”.
ETITULO 17TITULO 17
Sentencia: julio siete de dos mil once (2011)
Expediente: 20020106000
Tema Tratado: Auditoría DIAN/ Condiciones para beneficios sobre activos fijos.
“La Sala atendiendo el criterio interpretativo del Consejo de Estado, acerca de los objetivos y alcances del artículo 258-1 del E.T., considera que el beneficio allí consagrado únicamente procede en aquéllos casos en que efectivamente se demuestre que los activos adquiridos o nacionalizados durante el período gravable (para el caso, el año gravable 1997) sean activos fijos (que se capitalizan), es decir, que no se incorporan como materia prima o hacen parte del costo del bien enajenado o servicio prestado, y que adicionalmente se pruebe que tal bien se dedica a la actividad productora de renta, concepto que no puede interpretarse de manera general como cualquier bien (tangible e intangible) que adquiera la empresa, sino aquél que tenga relación directa con la generación de ingresos. Bajo las anteriores consideraciones, concluye la Sala que los cuestionamientos planteados en la demanda, no son suficientes para desvirtuar las glosas propuestas por la Administración Tributaria, puesto que la las conclusiones a que llegaron los auditores de la DIAN se fundamentan en los propios registros y soportes contables de la empresa según los cuales no se encontró evidencia de que los mismos hubieren sido incorporados a un activo productor de renta, sino que por el contrario permiten deducir que se trata de materias primas necesarias para prestar el servicio (ejemplo manguitos, conectores, pares, bloques de conexión, etc); o que se trata de activos no destinados a la prestación del servicio de telefonía (ej: vidrios para escritorios, videograbadoras o programas de software), o que corresponden a activos adquiridos en otro período fiscal, por lo cual no guardan el principio de causación con las rentas declaradas. Por las anteriores consideraciones, la Sala concluye que los cargos formulados no están llamados a prosperar y en consecuencia se denegaran las pretensiones”.
TITULO 19
Sentencia: julio catorce de dos mil once
Expediente: 20030108000
Tema Tratado: Auditoría DIAN/ Facultad de revisión de la DIAN sobre liquidación de bases gravables.
“De la anterior disposición se deduce claramente, que la corrección se da a iniciativa del contribuyente, quien debe presentar un proyecto a la Administración Tributaria, que una vez aprobado se convierte en una Liquidación Oficial de Corrección que reemplaza a la declaración privada, estableciéndose un silencio administrativo positivo, ya que si dentro de los seis meses siguientes a la petición la Entidad no se ha pronunciado "el proyecto de corrección sustituirá la declaración inicial" La jurisprudencia contencioso administrativa ha sido reiterativa en torno al alcance de esta disposición y ha señalado que en tratándose de la solicitud de corrección a una declaración tributaria de impuestos nacionales, el procedimiento previsto en el artículo 589 del Estatuto Tributario, no autoriza a la Administración para debatir aspectos de fondo en la liquidación del correspondiente impuesto, sino que la limita a verificar que se cumplan los requisitos formales exigidos en la norma, para la procedencia de la corrección, de tal forma que si las autoridades tributarias tienen algún cuestionamiento a las bases gravables declaradas o aspectos de fondo de la declaración, deberán adelantar el proceso de determinación oficial, pues la misma norma así lo autoriza, esto en armonía con el artículo 702 ibídem, según el cual, la Administración de Impuestos podrá modificar, por una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, mediante liquidación de revisión. La modificación de las declaraciones privadas de los contribuyentes debe cumplirse dentro de los términos establecidos en el artículo 714 y previa la expedición de un requerimiento especial. No resulta acertada la argumentación del demandante en cuanto deduce que, por el hecho de haberse expedido liquidación de corrección, la Administración Tributaria está impedida para verificar de fondo la liquidación privada, porque el hecho de que el acto mediante el cual se aprueba la corrección, se denomina liquidación oficial, no le quita el contenido de liquidación privada, ya que mantiene fielmente los datos consignados por el propio contribuyente. De manera que, mientras dicha declaración no haya adquirido firmeza en los términos del artículo 714 ibí, es susceptible de modificaciones tanto por el propio contribuyente, como por la Administración. Igualmente se equivoca cuando interpreta como una revocatoria directa de tal acto, la expedición de una liquidación oficial de revisión a la misma, puesto que la Administración no está dejando sin efecto un acto administrativo anterior, sino que está ejerciendo la facultad de revisión que la misma norma le autoriza sobre la liquidación de las bases gravables y demás datos consignados por el propio contribuyente, de manera que no se puede hablar de situaciones consolidadas intangibles en su favor y menos que la Administración necesite su autorización para modificarlas”.
Expediente: 20040061400
Tema Tratado: Concurso público/ Aspiración del demandante a ser nombrado era una mera expectativa y no un derecho adquirido.
“En el caso que ocupa la atención de la Sala, está acreditado que el Departamento del Cauca convocó a concurso abierto el 26 de enero de 1999, para proveer el cargo de Conductor Mecánico código 5310-03. A dicho concurso se inscribió el señor HERMES ORLANDO DÍAZ MERA presentando las respectivas pruebas. Dentro de las pruebas aportadas, a folio 127 del cuaderno de pruebas, aparece un cuadro de resultados finales de fecha 09 de agosto de 1999, donde el demandante tiene un puntaje de 65.256, por el cual efectivamente tendría el primer lugar. Sin embargo, no aparece información adicional que permita establecer que tal resultado es el definitivo, puesto que nada se menciona sobre la oportunidad para solicitar revisión o interponer recursos, o si estos ya fueron resueltos, de manera que no hay certidumbre sobre la posición final del demandante dentro de la lista y por tanto que sus expectativas de ser nombrado fueran ciertas. Por otro lado, resulta evidente que los resultados finales de la Convocatoria No. 082 de 1999, fueron publicados con posterioridad a la expedición de la sentencia de la Corte Constitucional – 12 de julio de 1999, y por lo tanto a esta fecha, no se había elaborado ni publicado la lista de elegibles, de manera que la aspiración del demandante a ser nombrado era una mera expectativa y no un derecho adquirido. Es preciso reiterar, que como consecuencia de la sentencia C 372 de 1999, perdieron vigencia las normas que otorgaban competencia a las Entidades Públicas para adelantar los concursos de selección para proveer cargos en el sistema de carrera administrativa (Artículo 14 de la Ley 489 de 1998). En cuanto a los concursos que se encontraban en trámite, conforme la posición adoptada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se estableció que se podía alegar derechos adquiridos para acceder al nombramiento, siempre que al 12 de julio de 1999, se haya publicado y se encuentre en firme la lista de elegibles. En este sentido, como consecuencia de la Sentencia de la Corte Constitucional, en la que se declaró la inexequilibidad del artículo 14 de la Ley 489 de 1998, el Departamento del Cauca, carecía de fundamento legal para expedir los actos administrativos de conformación de lista de elegibles y nombramiento dentro del proceso de selección, por efecto de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos al tenor de la causal 2° del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo. Finalmente, debe mencionar la Sala, frente al fallo de tutela de la Corte Constitucional – T 559 de 2000, citado por el demandante como fundamento del cargo de violación al derecho a la igualdad alegado, que en dicha sentencia, la Corporación analizó un caso en el que, dentro de un concurso de meritos, al 13 de julio de 1999, (al día siguiente de haberse desfijado el edicto por medio del cual se notificó la sentencia C 372 de 1999) únicamente faltaba la conformación de la lista de elegibles, en tanto ya habían sido realizadas las pruebas, se habían publicado los resultados finales y se habían agotado los recursos contra estos, faltando efectivamente, únicamente la elaboración de la lista de elegibles. Pues bien se reitera, que en el caso sub examine, al momento de ejecutoria de la sentencia C 372, no se habían publicado aun los resultados finales de las pruebas, las cuales según obra en el expediente fueron publicadas el 9 de agosto de 1999, faltando igualmente se resolvieran los recursos que contra estos se interpusieron, por lo tanto es evidente que el cargo formulado por el actor no está llamado a prosperar. En este orden, la Sala no encuentra procedente la declaratoria de nulidad de los actos acusados, en tanto los mismos se encuentran ajustados a derecho, en consecuencia se negaran las pretensiones de la demanda”.
TITULO 21
Sentencia: Julio doce de dos mil once
Expediente: 20040006200
Tema Tratado: Sentencia inhibitoria/ Por omisión del demandante de incluir todos los actos que debieron ser demandados.
“El actor solicita como pretensiones de la demanda, y como consecuencia de la nulidad que se declare, se le incluyan unas afecciones médicas que no le fueron incluidas inicialmente, y con las cuales él considera, el monto de la indemnización reconocida será mayor. En el presente caso, se pretende la nulidad de la resolución que reconoció una indemnización a favor del actor por las lesiones sufridas en un accidente de tránsito para permitir se le incluyan consecuencias médicas que el actor considera debieron haberse tenido en cuenta al momento de determinar la merma de la capacidad laboral, circunstancia esta que según él le habría generado un mayor índice de indemnización. Sin embargo, resulta ser que el acto demandado, si bien es el definitivo que fija la posición de la administración frente al accionante, no incluye las afecciones que solicita el demandante, ya que estas fueron señaladas por las actas de la Junta Médica y el Tribunal de Revisión, pues claramente son dichos actos los que desarrollan de manera profunda el tema. Por su parte, la resolución de reconocimiento, solamente se limita a realizar una operación aritmética para determinar el monto de la indemnización a pagar. Luego entonces, resultaba necesario, si se pretendía declarar la nulidad de un acto administrativo para obtener la inclusión de enfermedades que presuntamente no fueron tenidas en cuenta, que se demandara también las actas de la Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, pues sólo de esta forma se garantizaba la extracción del ordenamiento jurídico de todos los actos que componen el conjunto de la decisión y que configuran el acto administrativo complejo. Si así no se hizo, no puede el juzgador, de oficio, adherir al acto o actos demandados, los que debieron serlo, pero que por decisión o por omisión del demandante no lo fueron, y, en consecuencia, se debe declarar la inepta demanda por no cumplir la misma con la exigencia legal de individualizar debidamente el acto demandado. Así pues, al no poder declararse la nulidad del acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía que sirvió de sustento para proferir la Resolución No. 29803 del 10 de septiembre de 2003, atendiendo a la naturaleza del acto que se pretende demandar, es decir, un acto complejo, y, observando que en el presente caso sólo se demandó la Resolución No. 29803 del 10 de septiembre de 2003, es decir el acto último y definitivo que profirió la administración, sin haber sido demandados los que le sirvieron de fundamento, debe declararse la Sala inhibida para realizar pronunciamiento alguno respecto a las pretensiones de la presente demanda, por haberse configurado en el presente asunto la inepta sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales”.
TITULO 22
Expediente: 20070000700
Tema Tratado: Junta y Tribunal Médico Laboral/ Las actas que niegan la pensión de invalidez, son demandables.
“Conforme a la posición jurisprudencial actual, es posible demandar directamente las actas de la Junta y del Tribunal Médico Laboral, sin necesidad de que previamente se acuda ante la entidad a fin de obtener el acto administrativo “definitivo” en el cual se niegue la pensión de invalidez, situación que difiere de lo sucedido en el asunto de la referencia, a cuya época, tal como se extracta de la demanda, y se observa en proveído de 24 de junio de 2005, ­-radicado 2005 0087 00, actor Jairo López Angulo-, el Consejo de Estado consideraba que ellas no eran susceptibles de control jurisdiccional, posición sostenida hasta la segunda mitad del año 2007”.
TITULO 23
Expediente: 20070005201
Tema Tratado: Competencia /para controversias originadas por sanciones disciplinarias.
“El Consejo de Estado venía sosteniendo que la competencia para conocer de las sanciones disciplinarias que implican retiro temporal o definitivo del servicio, radica en los Jueces Administrativos o en los Tribunales Administrativos dependiendo de la cuantía de las pretensiones, que por ende el Consejo de Estado únicamente conoce de tales asuntos cuando carecen de cuantía. Sin embargo, la posición jurisprudencial sobre este aspecto no ha sido unánime y recientemente en Auto de Sala Plena del 18 de mayo de 2011, Expediente 0145-10, C.P. VICTOR HERNANDO ALVARADO, la Sección Segunda ratificó el precedente según el cual esa Corporación tiene competencia en única instancia para decidir las controversias originadas en la imposición de las sanciones de suspensión y destitución del cargo de las entidades del orden nacional, sin considerar el aspecto de la cuantía. No obstante, la Sala analiza que el art. 40 de la Ley 153 de 1887 señala: “ARTICULO 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.” Lo cual implica que con la reciente interpretación del Consejo de Estado, se precisa una regla de orden procesal que rige hacia futuro y no opera de manera retroactiva; en este entendido, la demanda que da origen a este proceso y el fallo que se profiere en primera instancia se surten en un momento en el que aún se consideraba la cuantía para efectos de determinar el Juez competente. Por lo anterior, esta Corporación es competente para conocer del caso concreto en segunda instancia”.
TITULO 24
Magistrado Ponente: CARMEN AMPARO PONCE DLEGADO
Sentencia: Julio siete de dos mil once
Expediente: 2002167600 (Acumulado)
Tema Tratado: Daños causados por particulares exigen de prueba para responsabilizar al Estado.
“En efecto, no le son imputables a las autoridades públicas, los daños a la vida o bienes de las personas cuando son causados por los particulares, en consideración a que las obligaciones del Estado están limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”. En tales condiciones es evidente la ausencia de pruebas que permitan siquiera vislumbrar un indicio de responsabilidad en cabeza de la demandada, lo que sin duda constituye una falta al deber de la carga de la prueba, presupuesto fundamental en este tipo de acciones. Como ya se mencionó en las consideraciones de esta providencia, el Estado está llamado a responder patrimonialmente a título de falla en el servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, entre otros casos, cuando una persona solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra, o cuando no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones. Así las cosas, no existe en los expedientes, pruebas válidas que acrediten las conductas omisivas del Ejercito Nacional y la Policía Nacional, frente a una solicitud de protección de los señores mencionados. No siendo su muerte un hecho previsible, dada la relatividad de la obligación a cargo de las entidades demandadas, así como el cumplimiento de la misma en los términos en que ha sido establecida y de acuerdo con los estándares racionalmente exigibles, se impone concluir que el daño no le es imputable a los demandados. En consecuencia, se deniegan las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 20050038300
Tema Tratado: Responsabilidad del Estado por privación injusta de libertad/ se debe analizar cada caso en concreto para verificar el daño.
“La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. En este caso, es evidente que la parte demandante ha sufrido un perjuicio por la privación de la libertad de CAYO o CARLOS ANTONIO ENRIQUEZ MARTINEZ y su vinculación en un proceso penal que concluyó con sentencia absolutoria a su favor. El régimen de responsabilidad respaldado en el daño antijurídico, atribuye al Estado la obligación de reparar los perjuicios causados en ejercicio de actuaciones tanto ilícitas como lícitas, así haya existido apego a la legalidad por parte de la Fiscalía al proferirle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. (…) Conforme a las reglas de la experiencia, resulta cierto que desde el momento en que se realiza la detención del señor CAYO o CARLOS ANTONIO ENRIQUEZ MARTINEZ, se le produjo permanente angustia y preocupación al verse involucrado en una proceso penal, debiendo además, soportar la privación de su libertad, intranquilidad que se traduce en una afectación moral que la entidad demandada debe sin lugar a dudas, resarcir”.
TITULO 26
Expediente: 20030036600
Tema Tratado: Responsabilidad médica/Condición médica propia del paciente no genera responsabilidad de la Entidad.
“La misma demanda, la historia clínica y el resto del acervo probatorio valorado, dirigen inequívocamente a concluir que la señora Anacona Jiménez padeció la antedicha enfermedad, de lo que han dado certeza las actividades que realizaba en el año 2002, la localización del dolor –desde la muñeca hasta el codo -a lo largo de todo el antebrazo-, la limitación funcional inclusive de las actividades manuales más simples con su miembro superior derecho, y los lapsos entre las consultas, en los cuales sospecha la Sala, y tal como se anotó en una de las anamnesis, la señora Aanacona desarrollaba actividades propias de las que originaban, una y otra vez, la Tenosinovitis de Quervain. En el asunto de la referencia no se ha corroborado una falla en el servicio médico, y por el contrario, lo demandado correspondió a una condición médica de la señora Anacona Jiménez, con sus causas, tratamiento y consecuencias debidamente acreditados, y que no da lugar a la responsabilidad demandada”.
TITULO 27
Tema Tratado: Término de caducidad/ Se adiciona con el tiempo que duró el trámite conciliatorio.
“El término de caducidad empezó a correr desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria de la Sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación esto es, desde el 31 de enero de 1997. Aquí se precisa que la norma establece que es el día siguiente al acaecimiento de la omisión (art. 136 CCA), no el día hábil siguiente como lo pretende el apelante. Debe tenerse en cuenta que el término de caducidad se cuenta en años, lo que significa, según lo establece el artículo 62 de la ley 4 de 1913 (Código de Régimen Político y Municipal), que el término se computa “según el calendario”, y que el mismo ha de observarse desde “el momento siguiente a la medianoche del día anterior (art. 61 ibídem). El término de caducidad de la acción de reparación directa debe entenderse adicionado por el de duración de la etapa conciliatoria, por tanto, a los dos años deben sumarse los días hábiles que efectivamente duró el trámite conciliatorio. Si la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el día 30 de octubre de 1998 y la audiencia se realizó el 1 de febrero de 1999, la etapa conciliatoria duró 47 días hábiles, descontados los días de vacancia judicial que se presentaron entre el 20 de diciembre de 1998 y el 10 de enero de 1999. Se tiene por tanto que si a los dos años iniciales de caducidad de la acción, que terminaron el 31 de enero de 1999, se le adiciona el término de 47 días hábiles que duró el trámite conciliatorio, descontada la vacancia judicial de la semana santa, se tiene que el actor debió presentar su demanda hasta el día 14 de abril de 1999. Como la demanda fue presentada el 16 de abril de 1999, se concluye, como acertadamente lo afirmó el a quo, que a esa fecha la acción de reparación directa incoada se hallaba caducada. Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que el razonamiento del Tribunal se ajusta a derecho”.
TITULO 28
Sentencia: Julio veintiocho de dos mil once
Expediente: 20080009500
Tema Tratado: Por incumplimiento de fallo judicial/ Término de caducidad.
“Por todo lo anterior, concluye la Sala que las sentencias de lo contencioso administrativo son de obligatorio cumplimiento una vez estén ejecutoriadas; esto es, que la administración tiene el deber de cumplirlas una vez estén ejecutoriadas. En consecuencia, el término de caducidad de la acción de reparación directa que pretenda la declaratoria de responsabilidad por un incumplimiento de un fallo judicial, y la condena por los perjuicios que se estimen ocasionados, inicia a partir del día siguiente a su ejecutoria, pues desde allí se puede predicar el incumplimiento de la administración a la obligación contenida en el fallo. (….) Aplicando lo anterior al asunto de la referencia, para la Sala es claro que la acción de reparación directa está caducada, en tanto que el fallo por cuyo incumplimiento se demanda la declaratoria de responsabilidad y la condena por los perjuicios ocasionados, se profirió y quedó ejecutoriado en el año 2001, mientras que la demanda se presentó en el año 2008, con lo cual se ha superado ampliamente el término de 2 años previsto en el artículo 136.8 del CCA. En consecuencia, se declarará de oficio la caducidad de la acción, y la inhibición para conocer de fondo el asunto”.
TITULO 29
Expediente: 20050122500
Tema Tratado: Carga de la prueba/ Inversión de la carga de la prueba hacia la Entidad demandante.
“La Sala, previa remisión al acervo probatorio indicado en el numeral 5.2 de esta providencia, concluye que Emssanar no probó el esgrimido cumplimiento de sus obligaciones contractuales, carga que se le imponía por las siguientes razones: i) la resolución 2402 goza de presunción de legalidad, ii) la motivación es una negación indefinida –incumplimiento de obligaciones del contratista-, lo que releva en este caso a la administración a demostrarla iii) en consecuencia, se invirtió la carga de la prueba hacia la demandante –es decir, Emssanar debía demostrar el cumplimiento de las obligaciones del contrato-. De manera que no prospera el cargo aducido contra la resolución 2402, consistente en la falsa motivación”.
TITULO 30
Sentencia: veintiocho de julio de dos mil once
Expediente: 1999207600
Tema Tratado: Liquidación contractual/El firmar el acta de liquidación sin reparo alguno, cierra la vía judicial.
“En el presente caso el actor afirma en la pretensión No. 4 de la demanda que en el evento en que se hubiere liquidado el contrato, sin incluir en ella el pago de la diferencia por concepto de los reajustes de precios alegados, el juez del contrato debe proceder a realizarlo, lo que implica que se parte del supuesto que al momento de la presentación de la demanda, no ha existido la liquidación del contrato, situación fáctica que aparece rebatida por la realidad procesal al comprobarse que en el presente caso se ha llevado a término una liquidación final del contrato de manera bilateral, según se evidencia con la copia autenticada aportada por la demandada, donde se verifica que el actor no ha dejado ningún tipo de salvedad en la mencionada liquidación bilateral. (…) Lo que aparece palmariamente probado es que el contratista procedió a firmar el acta bilateral de liquidación definitiva del contrato, sin ningún tipo de reserva, o salvedad, pues nada de ello aparece en el cuerpo del referido documento, y si no se incluyeron en ella las reclamaciones del contratista formuladas durante la ejecución o las que pretendió hacer después, no es posible que luego demande judicialmente el incumplimiento de la administración, dada la fuerza vinculante de ese acto para las partes. En el presente caso, los demandantes desconocieron el alcance de la diligencia de liquidación del contrato, el cual por demás está suficientemente señalado por el art. 60 de la ley 80 de 1993, en cuanto establece que el acta de liquidación del contrato debe contener las sumas de dinero recibidas por el contratista, la ejecución de las prestaciones a su cargo, las obligaciones a cargo de las partes, las indemnizaciones a favor del contratista, los acuerdos, conciliaciones y transacciones. De ahí que firmar el documento que da cuenta de ella sin condiciones ni reparos expresos, cierre el camino para su revisión judicial. Así las cosas, como en el presente caso la liquidación del contrato se hizo de mutuo acuerdo, se entiende que las partes finiquitan o dan por extinguidas las obligaciones surgidas del contrato y se ponen a paz y salvo, así no se haga manifestación expresa de ello en el acta respectiva. En consecuencia, al advertirse que hay un desconocimiento del actor respecto del acta de liquidación bilateral del contrato, no es procedente presentar la reclamación judicial sobre los aspectos no reservados en el acta de liquidación del contrato, por lo que se denegarán las pretensiones de la demanda”.
TITULO 31
Expediente: 20040046201
Tema Tratado: Excepción de inoponibilidad/Falta de competencia para realizar la liquidación unilateral del convenio.
“Como no se acordó un plazo para la liquidación bilateral en los términos de referencia, el término inició desde la finalización del convenio, hasta el 30 de abril de 2000. Desde esta fecha principió el término para la liquidación unilateral -2 meses-, el cual terminó el 30 de junio de 2000. Sin embargo, la liquidación unilateral del convenio se adoptó en resolución de 8 de mayo de 2003 –fl. 11 y 12, cuando, según lo arriba expuesto, la administración carecía de competencia para hacerlo. Con base en ello, el juez declaró en su fallo la excepción de inoponibilidad del título ejecutivo, la cual para este caso -precisa la Sala- significa la imposibilidad de oponer un acto administrativo nulo por falta de competencia. En consecuencia, se confirmará el fallo apelado”.
TITULO 32
Acción: Ejecutivo Contractual
Expediente: 20060039301
Tema Tratado: Condena en costas/Sometimiento al Código de Procedimiento Civil.
“Al haberse efectuado la liquidación unilateral por parte de FINDETER el 25 de mayo de 2001 en resolución 990 –folios 14 a 16-, es evidente que se efectuó por fuera del término legal, el cual es preclusivo, es decir, por fuera de ese término la entidad contratante se convierte en incompetente para ejercer dicho procedimiento, por lo que la Sala coincide con la apreciación hecha por el Juez de instancia en la providencia de 12 de abril de 2011, la cual será confirmada. Debe agregar la Sala que se mantiene la decisión del A quo de condenar en costas al ejecutante, por cuanto la sentencia declaró excepciones y fue totalmente favorable al ejecutado, presupuesto previsto para la antedicha condena, en el artículo 510, literal “b” del CPC. Cabe explicar que la condena en costas dentro del proceso ejecutivo se somete a las normas propias de ese proceso, y no a las previsiones del artículo 171 del CCA, por lo cual, no se tienen en cuenta para su imposición consideraciones subjetivas de la posición asumida por la parte vencida. Ello, porque el proceso ejecutivo en la jurisdicción contenciosa administrativa se tramita conforme al CPC, por así disponerlo el artículo 87 del CCA”.
JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO DE INTERÉS
Sentencia: veinticinco de mayo de dos mil once
Expediente: 25000-23-26-000-2000-00580-02(23650)
Tema tratado 1: El objeto de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa está determinado por el sujeto a juzgar en tratándose del Estado y no por la naturaleza de la función que se juzga.
“(…) la jurisdicción en lo contencioso administrativo conoce de las controversias que se presenten con ocasión de la actividad contractual o precontractual de entes que ostenten el carácter estatal, sin importar si éstos se someten o no al estatuto general de contratación de la administración pública y sus modificaciones. En efecto, como lo ha señalado la Sala, mediante esta reforma legal operó la sustitución de un criterio funcional por uno orgánico de la cláusula general de asignación de competencias a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Se reitera, entonces, que: “ (…) la cláusula general de competencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo ya no gravita en torno al ‘juzgamiento de controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado’, como señalaba la disposición expresamente derogada del artículo 30 de la ley 446, que adoptaba un criterio material, sino que ahora se optó por un criterio orgánico, en tanto el objeto de esta jurisdicción quedó determinado por el sujeto a juzgar en tratándose del Estado y no por la naturaleza de la función que se juzga. (…)
Tema tratado 2: La derogatoria de un acto administrativo no impide su estudio judicial/ El decaimiento del acto administrativo no impide el juicio de legalidad del acto.
“La Sala adelantará el estudio del acto acusado en tanto la modificación y derogación de normas sólo produce efectos hacia el futuro, es válido el enjuiciamiento de su legalidad, mientras estuvo vigente en su texto original. Y aunque el proceso de enajenación de la propiedad accionaria finalmente no se llevó a cabo, como lo aseguran los accionados, dado que fue cancelado, ello no inhibe de pronunciamiento judicial, como pasa a verse. En efecto, el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo dispone: “Artículo 66. Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: (…) 5. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho (…)” A partir de este precepto, jurisprudencial y doctrinariamente se ha construido el instituto del “decaimiento del acto administrativo” como una suerte de “extinción” del mismo. Sin embargo, esta Corporación ha sostenido mayoritariamente que la figura del decaimiento del acto administrativo no impide el juicio de legalidad del mismo, en tanto éste debe realizarse según las circunstancias vigentes al momento de su expedición y habida consideración de que el decaimiento sólo opera hacia el futuro (…) En tal virtud la presunción de legalidad que ostentan los actos administrativos tan sólo puede ser desvirtuada por el juez del acto, de suerte que ni el “decaimiento” del acto administrativo ni su derogatoria traen aparejado el juicio de validez del mismo. En consecuencia, tal y como lo señaló el a quo y lo planteó el Ministerio Público en las dos instancias, la excepción propuesta en el sentido aludido no está llamada a prosperar, pues ni la derogatoria ni el decaimiento de un acto administrativo impiden su control judicial, en tanto la validez debe apreciarse al momento en que entró a regir y a producir efectos.
Sentencia: once de agosto de dos mil diez
Expediente: 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593)
Tema tratado: Pérdida de oportunidad/ Noción/ Definición doctrinal.
“La pérdida de oportunidad o pérdida de chance alude a todos aquellos eventos en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta éste que genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial; dicha oportunidad perdida constituía, en sí misma, un interés jurídico que si bien no cabría catalogar como un auténtico derecho subjetivo, sin duda facultaba a quien lo ha visto salir de su patrimonio material o inmaterial para actuar en procura de o para esperar el acaecimiento del resultado que deseaba, razón por la cual la antijurídica frustración de esa probabilidad debe generar para el afectado el derecho a alcanzar el correspondiente resarcimiento”.
Sentencia: dieciocho de mayo de dos mil once
Expediente: 68001-23-15-000-2003-02336-01 (167-2009)
Tema tratado: Individualización del acto administrativo/ Principio de prevalencia del derecho sustancial/ Principio de acceso a la administración de justicia /
“Si bien es cierto que el demandante no individualizó ni demandó correctamente los actos administrativos que integran la unidad jurídica que lo afectó (resoluciones 057 y 0118 de 2003), pues reemplazó uno de ellos por otro que había sido previamente revocado (resolución 036 de 2003), también lo es que ese error, generado en gran medida por una inconsistencia en que incurrió la administración en el trámite del proceso disciplinario, no puede tener la virtualidad de cercenar el acceso efectivo a la administración de justicia. Máxime cuando la decisión que no se enjuició y que se echa de menos (resolución 057 de 2003) es fiel reproducción de la que se demandó (resolución 036 de 2003).Para la Sala es un deber ineludible de los Jueces evitar, hasta donde ello sea posible, las sentencias inhibitorias por cuanto ellas nada resuelven y son el reconocimiento de un trámite inadecuado del proceso que bien pudo ser corregido o subsanado desde el comienzo”.
Sentencia: siete de julio de dos mil once
Expediente: 05001-23-24-000-1994-00332-01(20835)
Tema tratado: Acto terrorista/ Teoría del daño especial /Aplicación /Daño anormal y excepcional/ No se configura el hecho exclusivo de un tercero/ Deber de protección del Estado.
“En concepto de la Sala, el acervo probatorio aporta seguridad inconcusa sobre la intención de los autores del acto terrorista: atacar a la Policía Nacional y a la institucionalidad que representa, esto es, al Estado. Estos hechos sirven como fundamento de aplicación de la teoría del daño especial, visión que acentúa su enfoque en la lesión sufrida por la víctima, que debe ser preservada frente al perjuicio no buscado, no querido, ni tampoco merecido. Esta teoría, con fuerte basamento en la equidad y la solidaridad, se enmarca dentro de los factores objetivos de imputación de responsabilidad estatal con los que se ha enriquecido este catálogo. En el presente caso, el análisis de los hechos arroja como resultado la ocurrencia de un daño, que a todas luces tiene la característica de ser anormal y excepcional, es decir, un daño antijurídico que los demandantes no tenían la obligación de soportar en cuanto les impuso una carga claramente desigual respecto de la que asumen comúnmente los ciudadanos como consecuencia de la labor de mantenimiento del orden público que cumplía el Estado por medio del poder, la función y la fuerza de policía. (…). La teoría del daño especial es conveniente, no solo porque brinda una explicación mucho más clara y objetiva sobre el fundamento de la responsabilidad estatal, sino por su gran basamento iusprincipialista que nutre de contenido constitucional la solución que en estos casos profiere la justicia contencioso administrativa. Sin descartar desde luego, que en algunos eventos de actos terroristas, podrán aplicarse los otros regímenes de responsabilidad -falla del servicio y riesgo excepcional-, si las facticidades que se juzgan así lo reclaman, pues se itera, la teoría del daño especial es subsidiaria, en el entendimiento de que sólo se aplica, si los hechos materia de juzgamiento no encuentran tipicidad, en alguno de aquéllos otros sistemas de responsabilidad administrativa a los que ya se aludió. (…)Considerar los actos de terrorismo como el hecho exclusivo de un tercero, en términos del mal llamado nexo de causalidad, implicaría condenar a la impotencia a la población, dado que quien tiene el deber jurídico de protegerla, porque tiene el monopolio legítimo de la fuerza, es el Estado, encarnado en sus fuerzas militares y de policía”.