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Timestamp: 2020-01-19 07:35:54
Document Index: 10382969

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Sentencia nº 968 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 23 de Julio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593327782
Número de Expediente: 15-0664
Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 8 de junio de 2015, los abogados Raif El Arigie y Nerylu Goatache, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 78.304 y 78.303, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil TEXTILES ZANZIBAR C.A., anteriormente denominada Z.d.V., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 19 de mayo de 1998, bajo el N° 50, Tomo 213-A-Qto, solicitaron la revisión de la sentencia N° 482, dictada por la Sala Político Administrativa de este M.Ó.J. el 29 de abril de 2015, mediante la cual se declararon sin lugar las apelaciones interpuestas contra la sentencia N° 2010-1440, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 19 de octubre de 2010, a través de la cual se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo dictado por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), el 20 de septiembre de 2006, identificado con el alfanumérico MILCO-SIEXCJ-058-2006, que revocó el acto administrativo identificado con el alfanumérico RIED 2004-1681, dictado el 20 de diciembre de 2004, que registró la capitalización de acreencias en la sociedad mercantil Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.).
El 12 de junio de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El 30 de junio de 2015, la presentación judicial de la solicitante de revisión solicitó pronunciamiento en la presente causa.
La representación judicial de la solicitante de revisión fundamentó la revisión en los siguientes términos:
Que, el 20 de diciembre de 2004, la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), dictó el acto administrativo identificado con el alfanumérico RIED 2004-1681, a través del cual registró la capitalización de acreencias en la sociedad mercantil Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.).
Que, el referido acto se dictó conforme a la doctrina que tenía la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), para la fecha, según la cual, “las capitalizaciones de acreencias podían tener por objeto cualquier acreencia legítima que un tercero tuviese contra la empresa en que la capitalización tenía lugar, independientemente de las razones por las cuales esa deuda hubiere sido contraída”.
Que aun cuando dicho acto causó estado y reconoció derechos a favor de su representada, fue revocado mediante el acto dictado por la misma Superintendencia el 20 de septiembre de 2006, identificado con el alfanumérico MILCO-SIEXCJ-058-2006, en el cual se estableció que era necesario aplicarle a su representada “la correcta interpretación a la norma del cual emana el Registro de Inversión Extranjera Directa al 18 de octubre de 2004, N° 2004-1681, por concepto de Nueva Capitalización de Acreencias, emitido en fecha 20 de diciembre de 2004”.
Que tal revocatoria “reexaminó la interpretación que se venía dando al asunto y se consideró que se podía aplicar la nueva doctrina a nuestra representada, aun cuando ello implicó modificar el criterio que venía sosteniendo de forma pacífica y reiterada la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) desde 2004, según el cual, ‘las capitalizaciones de acreencias podían tener por objeto cualquier acreencia legítima que un tercero tuviese contra la empresa en que la capitalización tenía lugar, independientemente de las razones por las cuales esa deuda hubiere sido contraída”.
Que “la Sala Político Administrativa de ese Alto tribunal observó tal situación y no sólo no controló la violación del principio de seguridad jurídica, sino que también incurrió en una violación de su propia doctrina, al modificar para el propio caso bajo examen, la doctrina que venía aplicando desde la sentencia N° 970, de fecha 7 de agosto de 2012, según la cual, ‘la capitalización de los pasivos de las empresas venezolanas receptoras de inversiones provenientes de sociedades mercantiles extranjeras, debe registrarse en la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), como Inversiones Extranjeras Directas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto N° 2.095, referido al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como en el artículo 3 del Decreto N° 356 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones, publicada en Gaceta Oficial N° 5.390 de fecha 18 de noviembre de 1999’.
Que “luego que la Administración decidió aplicar otra interpretación a la capitalización de acreencias y en consecuencia, revocó un acto que había causado estado y que no adolecía de ninguno de los vicios de nulidad absoluta a que se refiere el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Sala Político Administrativa de ese Supremo Tribunal, lejos de controlar la írrita actuación, incurrió en la misma violación del principio de confianza legítima, pues para la fecha en que la Sala Político Administrativa de ese Alto Tribunal dictó la sentencia objeto de revisión, estaba vigente el criterio desarrollado en la decisión N° 970, de fecha 7 de agosto de 2012”.
Que lo expuesto constituye una evidente violación de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, según los cuales, el cambio de doctrina por parte de la Administración y de la propia Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal “solo podía ser aplicado con efectos ex nunc, es decir, a futuro desde la publicación de la sentencia que estableció el nuevo criterio y, además, para los casos que se hubiesen planteado con posterioridad al mismo, pues los expedientes iniciados con anterioridad a la nueva doctrina, se encuentran vinculados a la expectativa legítima de ser resueltos conforme a la doctrina vigente al momento de su interposición, salvo que el cambio de criterio beneficie al justiciable y, en consecuencia, no afecte negativamente su situación procesal (Vid. sentencia N° 1350 dictada por la Sala Constitucional del M.T. el 5 de agosto de 2008, en el caso Desarrollo Las Américas, C.A.)”.
Que la propia Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal reconoció que “la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) se había extralimitado en sus funciones al dictar el acto administrativo identificado con el alfanumérico MILCO-SIEXCJ-058-2006, el 20 de septiembre de 2006, pues declaró la nulidad absoluta del acto dictado el 20 de diciembre de 2004, sin que éste estuviese viciado de incompetencia ni de ninguno de los otros vicios dispuestos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.
Que tal extralimitación de funciones implica una evidente violación del principio de juridicidad a que se refiere el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que “los actos administrativos que originen derechos subjetivos (como es el caso del acto administrativo identificado con el alfanumérico RIED 2004-1681, dictado el 20 de diciembre de 2004, que registró la capitalización de acreencias de nuestra representada), no pueden ser revocados ni anulados por la propia Administración, salvo que se encuentren viciados de nulidad absoluta, por algunos de los vicios taxativamente establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.
Que “(e)n efecto, la facultad que tiene la Administración para reconocer la nulidad absoluta de sus actos, es una potestad reglada que procede solo y únicamente, ante la verificación de los vicios de nulidad absoluta que se encuentran expresamente consagrados en el referido artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y por tanto, fuera de estos casos, no es posible que la Administración anule o revoque los actos que han originado derechos a los particulares”.
Que “en ningún caso la potestad anulatoria de la Administración se puede justificar en un cambio de criterio que califique como un error las interpretaciones que la propia Administración le haya dado en el pasado a determinadas situaciones”.
Que “(p)or el contrario, solo los vicios contenidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos pueden dar lugar al desarrollo de la potestad anulatoria de la Administración y como quiera que la propia Sala Político Administrativa de ese Alto Tribunal desechó la existencia de uno de esos vicios en el administrativo [sic] identificado con el alfanumérico RIED 2004-1681, dictado el 20 de diciembre de 2004, que registró la capitalización de acreencias de nuestra representada, resulta patente que la sentencia bajo examen violentó los artículos 137 y 138 de la Carta Magna, ya que convalidó el desarrollo de la potestad de autotutela fuera de los límites del principio de juridicidad que rige a las potestades de la Administración. Así solicitamos sea declarado”.
Que, al mismo tiempo, se violó la doctrina de esta Sala sobre la cosa decidida administrativa, según la cual, “los actos administrativos que la adquieren (bien por agotamiento de la vía o por caducidad de los recursos administrativos) únicamente pueden ser revisados en vía judicial, salvo la facultad de autotutela de la Administración, que como se afirmó supra, opera solo cuando el acto no ha reconocido derechos a particulares o cuando se trata de un acto viciado de nulidad absoluta (Vid. sentencia número 233, dictada por esa Sala el 11 de marzo de 2005, en el caso Fiscal General de la República)”.
Que “como se indicó anteriormente, la propia Sala Político Administrativa reconoció que el acto administrativo identificado con el alfanumérico RIED 2004-1681, dictado el 20 de diciembre de 2004, que registró la capitalización de acreencias en la sociedad mercantil Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa no se encuentra viciado de nulidad absoluta y como quiera que tampoco había sido recurrido en sede administrativa, resulta patente que había causado estado y que gozaba de la inmutabilidad de la cosa decidida administrativa que lo hacía irrevisable por parte de la Administración”.
Que “resulta patente la violación del derecho a la seguridad jurídica de nuestra representada, ya que no le está dado a la Administración revisar las actuaciones que hayan causado estado y que no se encuentren viciadas de nulidad absoluta, como en el presente caso”.
Que, igualmente, “la decisión sobre la cual versa el presente asunto violó los principios de necesidad, pertinencia y carga de la prueba, toda vez que, desestimó la violación del principio de confianza legítima sobre la base de que no cursaban en autos elementos de prueba que permitieran constatar tal alegato, sin advertir, que éste no era un hecho controvertido, pues la propia Administración había reconocido que la revocatoria obedecía a la necesidad de ‘aplicarle la correcta interpretación a la norma del [sic] cual emana el Registro de Inversión Extranjera Directa al 18 de octubre de 2004, N° 2004-1681, por concepto de Nueva Capitalización de Acreencias, emitido en fecha 20 de diciembre de 2004’, es decir, que se había revocado el acto porque se reexaminó la interpretación que se venía dando al asunto y se consideró que se podía aplicar la nueva doctrina a nuestra representada, aun cuando ello implicó modificar el criterio que había sosteniendo de forma pacífica y reiterada la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) desde 2004, según el cual, ‘las capitalizaciones de acreencias podían tener por objeto cualquier acreencia legítima que un tercero tuviese contra la empresa en que la capitalización tenía lugar, independientemente de las razones por las cuales esa deuda hubiere sido contraída”.
Que “la propia Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), reconoció, en el acto impugnado, que había aplicado un cambio a la interpretación que venía dando desde 2004 a la capitalización de acreencias como un tipo de inversión extranjera directa”.
Que “(p)or tanto, no era necesario probar la modificación sobrevenida del criterio aplicado a nuestra representada, pues se trató de un hecho admitido y los hechos admitidos se encuentran excluidos de prueba, pues la actividad probatoria responde a los principios de necesidad de la prueba (las partes tienen la carga procesal de aportar al proceso los medios de prueba a través de los cuales pueden comprobar los hechos litigiosos o controvertidos, no así los admitidos), pertinencia de la prueba (no es necesario probar sino los hechos controvertidos en el proceso, es decir, los que son objeto de debate y en este caso fue expresamente reconocida la aplicación de una nueva interpretación) y carga de la prueba (según el cual, la partes deben probar las afirmaciones que no han sido aceptadas y que como tales, son hechos litigiosos)”.
Que con fundamento en lo expuesto, solicitan se declare ha lugar la revisión y en consecuencia, se anule el fallo objeto del presente análisis.
La Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia n° 482, dictada el 29 de abril de 2015, estableció lo siguiente:
Corresponde a esta Sala decidir los recursos de apelación ejercidos el 3 y 9 de marzo de 2011, por los abogados J.A.P. y A.J.L.B., actuando en ese mismo orden con el carácter de apoderados judiciales de las empresas Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) y Z.V., S.A., contra la sentencia N° 2010-1440 dictada el 19 de octubre de 2010 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y medida cautelar innominada de suspensión de efectos, contra el acto administrativo N° MILCO-SIEXCJ-058-2006, del 20 de septiembre de 2006, emanado de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), que revocó el Registro de Inversión Extranjera Directa N° RIED 2004-1681 de fecha 20 de diciembre de 2004, correspondiente a la capitalización de las acreencias en Z.V., S.A. como una Inversión Extranjera Directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), para lo cual se observa:
1.- De la denuncia de error de juzgamiento (falso supuesto de derecho).
Alega la representación de las recurrentes que la sentencia apelada incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho al interpretar de forma errada las normas dispuestas en el artículo 1 de la decisión N° 291 de la Comunidad A.d.N. (C.A.N), adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 22 de marzo de 1991, relacionado con el Régimen Común de Tratamientos de los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, y en el artículo 2 del Decreto Presidencial N° 2.095 de fecha 13 de febrero de 1992, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.930 del 25 de marzo de ese mismo año, contentivo del Reglamento del Régimen Común de Tratamientos de los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.
En tal sentido, esgrime que el fallo objeto de impugnación yerra al considerar, lo siguiente:
a) Que se entenderán como una inversión extranjera directa los aportes provenientes del exterior propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa nacional, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios, excluyendo de tal definición a los productos terminados.
b) Que se concebirá la capitalización de acreencias como una inversión extranjera directa dentro de la modalidad de aporte proveniente del exterior en moneda extranjera libremente convertible, sólo cuando la deuda a capitalizar provenga de la importación de plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios, mas no de la importación de bienes cuyo proceso de producción esté ya finalizado.
Con el fin de demostrar el error de juzgamiento cometido por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la representación judicial de las empresas apelantes señala que la solicitud de registro de inversión extranjera directa efectuada por sus mandantes se fundó en que la sociedad mercantil extranjera Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), vendió a Z.V., S.A., una cantidad de bienes comprendidos por prendas de vestir y accesorios bajo la modalidad de crédito y, ante la falta de pago por parte de la deudora, la empresa extranjera decidió capitalizar su acreencia, a través de la adquisición de parte de las acciones pertenecientes a la sociedad mercantil que opera en territorio nacional.
Así, esgrime que el aludido aporte debe ser considerado una inversión extranjera directa por cualquiera de las siguientes razones: i) la expresión ‘tales como’ le otorga un carácter enunciativo a la norma, lo cual permite incluir tanto productos intermedios como bienes terminados, estos últimos, como ocurre en el caso de autos son los comprendidos por prendas de vestir y accesorios adquiridos por la sociedad mercantil Z.V., S.A.; y ii) porque cualquier acreencia capitalizable, derivada o no de la importación de plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios o incluso de productos terminados, debe ser entendida como una inversión extrajera directa.
Aduce, que la capitalización de una acreencia, constituye un contrato por el cual el acreedor de una sociedad mercantil acuerda efectuar el pago de su acreencia mediante la entrega por la empresa deudora de una determinada cantidad de acciones, lo cual tiene el efecto de mejorar la situación financiera de esta última, al sustituir un pasivo a plazo cierto o incluso vencido, por un pasivo pagado con el aporte de capital, asimilable al aporte proveniente del exterior en moneda extranjera libremente convertible, previsto sin limitación alguna en las señaladas normas.
Ahora bien, en relación con el error de juzgamiento denunciado por los apoderados judiciales de las empresas recurrentes, observa esta Sala que ha sido su jurisprudencia pacífica considerar dicha figura en dos casos: (i) cuando el Juez, al dictar un determinado fallo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o que no guardan la debida vinculación con el o los asuntos objeto de decisión, verificándose así el denominado falso supuesto de hecho; y (ii) cuando los hechos que sirven de fundamento a la decisión existen y se corresponden con lo acontecido o son verdaderos, pero el órgano jurisdiccional al emitir su pronunciamiento los subsume en una norma errónea o inexistente en el derecho positivo, o incurre en una errada interpretación de las disposiciones aplicadas, caso en el cual se materializa el falso supuesto de derecho. (Vid., entre otras, las sentencias identificadas con los números 00183, 01000 y 00516, de fechas 14 de febrero de 2008, 20 de julio de 2011 y 15 de mayo de 2012, respectivamente).
Precisado lo anterior, corresponde a esta M.I. verificar si en la sentencia N° 2010-1440 dictada en fecha 19 de octubre de 2010, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo erró en la interpretación de las disposiciones aplicadas, para lo cual observa que el artículo 1 de la decisión N° 291 de la Comunidad A.d.N. (C.A.N), adoptada el 22 de marzo de 1991 en la Comisión del Acuerdo de Cartagena con ocasión del Quincuagésimo Quinto Período de Sesiones Ordinarias de dicho organismo, que regula el Régimen Común de Tratamientos de los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, aplicable al caso de autos en razón del tiempo y expresamente derogado con la promulgación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras N° 1.438 dictado en fecha 17 de noviembre de 2014 por el Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 del 18 de ese mismo mes y año, establece lo siguiente:
‘Artículo 1.- Para los efectos del presente régimen se entiende por:
Inversión Extranjera Directa: Los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios (…)’.
Asimismo, aprecia la Sala que en el artículo 2 del Decreto Presidencial N° 2.095 del 13 de febrero de 1992, contentivo del Reglamento del Régimen Común de Tratamientos de los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.930 de fecha 25 de marzo de ese mismo año, también aplicable al asunto bajo estudio en razón del tiempo y expresamente derogado con la promulgación del referido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras N° 1.438, se establece lo que sigue:
‘Artículo 2.- A los efectos de las definiciones contenidas en el Capítulo I de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se consideran:
1. Inversión Extranjera Directa:
a) Los aportes provenientes del exterior propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, destinadas al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas o reacondicionadas, equipos nuevos o reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios’.
Igualmente, se observa que el Manual de Procedimientos para el Usuario, dictado por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), hace referencia a las Modalidades de Inversión Extranjera Directa, disponiendo lo siguiente:
‘Divisas: Inversión en moneda extranjera libremente convertible como aporte al capital de una empresa, proveniente del exterior, propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras. Es registrada en dólares y bolívares, al tipo de cambio vigente a la fecha de su ingreso al país.
Conversión de Deuda Pública Externa en Inversión’.
De la interpretación de las normas antes transcritas se entiende a la institución de la inversión extranjera directa como el aporte proveniente del exterior, propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, destinados al capital de una empresa en la República Bolivariana de Venezuela.
Igualmente, conforme a las aludidas disposiciones, dicha contribución se puede efectuar mediante: a) aportes en moneda libremente convertible; b) la entrega de bienes físicos o tangibles, tales como: plantas industriales, maquinarias nuevas o reacondicionadas, equipos nuevos o reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios; c) la capitalización de acreencias; d) la inversión en moneda nacional; e) las contribuciones tecnológicas intangibles; y f) la conversión de deuda pública externa en inversión.
Ahora bien, para una mejor comprensión de la naturaleza de la figura de la inversión extranjera directa en la República Bolivariana de Venezuela, se debe a.e.p.l. el supuesto referido a la entrega de bienes físicos o tangibles, en el que a través de la expresión ‘tales como’ se hace referencia de manera enunciativa a las opciones con las que cuenta una empresa extranjera para efectuar aportes a otra empresa, bien sea nacional, mixta o extranjera, que opera en territorio nacional.
En tal sentido, se observa que las normas in comento mencionan bienes ‘tales como’ plantas industriales, maquinarias nuevas o reacondicionadas, equipos nuevos o reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios, los cuales -al contrario de lo señalado por la representación judicial de las empresas apelantes- refieren a la idea de una contribución bien sea al inicio, durante el desarrollo o incluso para el perfeccionamiento de un proceso productivo, mas no se alude de forma alguna a un aporte de bienes cuya cadena productiva esté ya concluida y sólo reste su comercialización.
A esta conclusión se arriba al observar los atributos propios de los bienes mencionados en las normas bajo estudio. Por ejemplo, las plantas industriales, maquinarias nuevas o reacondicionadas, equipos nuevos o reacondicionados, repuestos, partes y piezas, están claramente destinadas a establecer, continuar o perfeccionar un proceso de producción; tal aporte podría implicar igualmente una significativa importación o transferencia de tecnología favorable tanto para las empresas receptoras como para el país en el cual realizan sus actividades.
Asimismo, la mención a los aportes en materias primas y productos intermedios, conlleva a pensar en bienes destinados a un proceso productivo que, sin lugar a dudas, difiere considerablemente de la idea de la simple comercialización de un artículo terminado, pues la intención no es que la inversión extranjera directa beneficie únicamente al inversionista extranjero y a la empresa receptora, quienes con la venta de sus mercancías obtendrán una ganancia, sino que debe verse también favorecido el país receptor en virtud bien sea de la transferencia de tecnologías o por el incremento de la tasa de empleos y el crecimiento del producto interno bruto, consecuencia ineludible del establecimiento de los medios de producción en territorio nacional.
Con lo antes señalado, se pueden observar distintas modalidades de inversión extranjera directa, tales como: a) la importación de maquinaria, equipos u otros bienes físicos tangibles aportados al capital de una empresa como compra no reembolsable; b) la importación de divisas para inversiones en moneda nacional como aporte directo al capital de una empresa; c) la adquisición de derechos, acciones o bonos convertibles en acciones emitidos por las instituciones financieras; d) los aportes en especie al capital de una empresa consistente en intangibles, tales como contribuciones tecnológicas o marcas y patentes, en los términos que dispone el Código de Comercio; y e) la capitalización de aquellos recursos en moneda nacional con derecho de giro al exterior, estos son, los créditos externos, las utilidades con derecho a giro, y las sumas por concepto de importaciones reembolsables, entre otras.
Por otra parte, observa la Sala que en nuestro país impera un régimen de restricciones o de regulación del mercado nacional de divisas para evitar el tránsito desventajoso de capital bajo circunstancias que pudiesen afectar la estabilidad de la moneda nacional, de manera que esta sea preservada como garantía del desarrollo económico de la nación y del bienestar social de sus habitantes.
En tal sentido, debe hacerse mención a la Providencia N° 056 publicada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.006, de fecha 23 de agosto de 2004, mediante la cual se establece el régimen para la administración de divisas correspondientes a las inversiones internacionales y a los pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como de contratos de importación de tecnología y asistencia técnica, que en sus artículos 1 y 5 establece, lo siguiente:
‘Artículo 1. La presente Providencia establece el régimen aplicable para autorización de adquisición de divisas requerida para honrar compromisos derivados de las actividades de inversión internacional en la República Bolivariana de Venezuela, por parte de las empresas debidamente constituidas o domiciliadas en el país, que sean receptoras de dichas inversiones.
(…) omissis (…).
g) Original y copia del documento de Registro de Inversión Extranjera Directa, expedido por el organismo nacional competente, con sus respectivas modificaciones vigentes, cuando corresponda,
(…) omissis (…)’.
Conforme a lo dispuesto en las normas antes transcritas, el régimen aplicable para la autorización de adquisición de divisas requerida para honrar compromisos derivados de las actividades de inversión internacional en la República Bolivariana de Venezuela, por parte de las empresas debidamente constituidas o domiciliadas en el país, receptoras de dichas inversiones, exige, entre otros requisitos, el Registro de Inversión Extranjera Directa, expedido por el organismo nacional competente.
Lo antes señalado reviste especial importancia en el caso bajo estudio, pues implica que el Estado está interesado en controlar y velar por la correcta inscripción de la inversión extranjera directa, a los fines de otorgar las divisas necesarias para el funcionamiento de las empresas receptoras de las mismas, con la finalidad de contrarrestar movimientos perjudiciales de capital que bajo ciertas circunstancias pudiesen afectar la estabilidad de la moneda nacional, de manera que esta sea preservada como garantía de desarrollo económico de la nación y del bienestar social de sus habitantes.
Así pues, la inversión extranjera directa en la República Bolivariana de Venezuela está profundamente ligada al control de divisas y, por supuesto, al desarrollo económico de la nación y, en tal sentido, la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) como órgano encargado en nuestro país de la correcta aplicación de las normas antes transcritas, debe velar para que dichos aportes se realicen siempre en productos no terminados que impliquen, bien sea una transferencia de tecnología o un incremento de la tasa de empleos, resultado necesario del establecimiento de los medios de producción en territorio nacional con lo cual, sin lugar a dudas, se favorecen tanto las sociedades mercantiles extranjeras inversoras, como las empresas receptoras y, primordialmente, el Estado venezolano que considera apropiado invertir en dicha operación al otorgar divisas con la señalada finalidad.
En efecto, la norma contenida en el artículo 1° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras N° 1.438 dictado en fecha 17 de noviembre de 2014 por el Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 del 18 de ese mismo mes y año, establece lo siguiente:
‘Artículo 1°.- El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene por objeto establecer los principios, políticas y procedimientos que regulan al inversionista y las inversiones extranjeras productivas de bienes y servicios en cualquiera de sus categorías, a los fines de alcanzar el desarrollo armónico y sustentable de la Nación, promoviendo un aporte productivo y diverso de origen extranjero que contribuya a desarrollar las potencialidades productivas existentes en el país, de conformidad con la Constitución, las leyes y el Plan de la Patria, a los fines de consolidar un marco que promueva, favorezca y otorgue previsible a la inversión’.
Bajo esta perspectiva debe ser analizado el supuesto relacionado con la solicitud en estudio, la cual para alcanzar la calificación de Registro de Inversión Extranjera Directa, debe estar destinada no sólo al beneficio de las empresas receptora e inversionista extranjera, sino que debe promover el desarrollo armónico y sustentable de la Nación, con un aporte productivo y diverso de origen extranjero que favorezca el desarrollo de las potencialidades productivas de nuestro país para consolidar un marco favorable a la inversión, conforme a los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y lo previsto en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario, de fecha 4 de diciembre de 2013.
Aunado a lo anterior, cabe resaltar que la Administración negó la solicitud de registro de Inversión Extranjera formulada, bajo el argumento de que la acreencia que mantiene la empresa inversora proviene de intereses y que al ser considerado un pasivo no puede ser registrada, criterio que no comparte esta Sala, pues para DIEBOLD LATIN A.H.C. el pago de la deuda generada por intereses constituye un activo que al ser destinado al capital de una empresa, se convierte en una Inversión Extranjera que debe ser registrada, a tenor de lo previsto en el numeral 1 del artículo 3 del Decreto N° 358 y literales a) y b) del artículo 2 del Decreto N° 2.095, antes transcritos. Así se establece.’
‘…En relación a los productos (bienes) y su clasificación, esta Corte señala que a pesar de que la norma tiene carácter enunciativo cuando se refiere a bienes físicos o tangibles, igualmente, alude en general a productos que no han culminado el proceso productivo, sino que por el contrario, en el campo de la inversión pueden verse participando dentro de dicho proceso.
Ello así, considera esta Corte que la (IED) a la cual hace referencia la norma al indicar aporte en bienes físicos o tangibles, está dirigida a bienes distintos a los bienes o productos terminados, de hecho la norma no hace mención a ellos, y si bien es enunciativa al indicar bienes ‘tales como’, dicha norma está aludiendo a la materia prima y a bienes intermedios, que actúan en el proceso de producción y que no han agotado la fase de elaboración o transformación, es decir, se refiere a bienes que van adquiriendo en el proceso un valor agregado, distinto del que tenían en principio frente a la unidad y costo de producción, en el cual incluso es empleada la mano de obra para que dicho producto sea culminado y sea mostrado en el mercado. Cuestión distinta del producto terminado, en el cual todas las fases de producción han sido concluidas y que sólo esperan ser comercializadas.
En consideración a lo anterior, esta Corte evidencia que el aporte realizado bajo la forma de (IED) de Inditex, S.A. en Z.V., C.A., se trata de bienes terminados y no de un aporte en moneda libremente convertible, como pretende la parte recurrente sea reconocido, en defecto que no se considere el aporte de bien físico o tangible, en razón de lo cual desecha lo señalado por la parte recurrente respecto a este último tipo de aporte. Así se declara.
(…) omisiss (…)
[Por otra parte] la recurrente pretende cumplir oportunamente con la empresa acreedora; mediante esta capitalización -cesación de pagos y/o reestructuraciones de pasivos- lo que se verifica al señalar ‘(…) Lo cierto es que se genera una deuda para con una persona jurídica extranjera y luego se decide capitalizar esa deuda, en vez de obligar a la empresa deudora a pagarla. (…) No hay como se observa un aporte de bienes físicos o tangibles, terminados o no, de INDITEX al capital de Z.V.. Lo que se aporta es una acreencia contra ésta última, a cambio de la cual INDITEX obtiene acciones de Z.V.. (…)’.
En este orden de ideas, observa esta Corte que [el] interés individual de la sociedad recurrente no está en correspondencia con el desarrollo buscado a través de la inversión extranjera directa en Venezuela, el cual está vinculado a la satisfacción de los intereses colectivos de la Nación, mediante el progreso económico. Y esto último, en definitiva, no puede menos que ser entendido como una violación de los fines del régimen de promoción y protección de inversiones, los cuales el Estado como garante está obligado a tutelar. (…)
De allí que, sin duda alguna observa esta Corte que para la SIEX es de sumo interés que se verifiquen los motivos que son génesis del crédito (venta de ropa y accesorios), ya que, a todo evento lo que se persigue es evitar que la capitalización de créditos sea utilizada como un mecanismo para remitir al exterior sumas de dinero que de otra forma no serían remesables. (…) lo anterior responde a que inclusive las divisas que son solicitadas a la Administración Cambiaria (CADIVI) para el desarrollo de la inversión, deben ser afectadas por ciertos fines, como así lo señala el artículo 2 de la Providencia Nº 056, mediante la cual se establece el Régimen para la Administración de Divisas correspondiente a las inversiones internacionales y a los pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias así como de contratos de importación de tecnología y asistencia técnica’.
Como puede observarse, en la sentencia apelada la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo actuó apegada a derecho al determinar que la operación realizada por las empresas recurrentes, consistente en la venta de acciones de la sociedad mercantil Z.V., S.A. a la Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), con la finalidad de saldar la obligación resultante de la venta bajo la modalidad de crédito de una cantidad de bienes comprendidos por prendas de vestir y accesorios, no puede enmarcarse dentro de los supuestos establecidos tanto en el artículo 1 de la Decisión N° 291 de la Comunidad A.d.N. (C.A.N) que regula el Régimen Común de Tratamientos de los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, como en el artículo 2 del Decreto Nro.2. 095 contentivo del Reglamento del Régimen Común de Tratamientos de los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, supra transcritos, pues se trata de un aporte efectuado con la finalidad de pagar la compra de productos terminados listos para su comercialización y no de una contribución en bienes intermedios destinados a establecer, continuar o perfeccionar un proceso de producción en el territorio nacional.
En consecuencia, se declara inexistente el vicio de error de juzgamiento alegado por la representación judicial de las empresas apelantes en relación con la correcta interpretación de las señaladas normas. Así se decide.
2.- De la denuncia del vicio de falso supuesto de hecho, relacionado con la violación de la cosa juzgada administrativa.
Alega la representación judicial de las empresas apelantes que el fallo objeto de impugnación incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho al considerar que el acto administrativo N° MILCO-SIEXCJ-058-2006 del 20 de septiembre de 2006, dictado por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), mediante el cual se revocó el acto administrativo N° RIED 2004-1681 del 20 de diciembre de 2004, que registró la capitalización de acreencias en la sociedad mercantil Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), no violó la cosa juzgada o cosa decidida administrativa prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En tal sentido, esgrimen que el acto administrativo N° RIED 2004-1681 de fecha 20 de diciembre de 2004, que registró la capitalización de acreencias en la sociedad mercantil Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), se dictó conforme a derecho, en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de inversiones extranjeras, por una autoridad competente y generó en las recurrentes derechos subjetivos; por tanto, según su opinión, no está viciado de nulidad absoluta y no podía ser revocado por la administración sin incurrir en la violación de la cosa juzgada administrativa.
Sobre el particular, aprecia la Sala que el fallo apelado señaló acerca del vicio de error de juzgamiento (falso supuesto de hecho), relacionado con la violación de la cosa juzgada administrativa, denunciado por las recurrentes, lo siguiente:
‘…En estos términos, conviene resaltar como se señaló en el punto anteriormente analizado que, la inversión extranjera directa de capitalización de acreencia, obvio lo dispuesto en la normativa de inversiones establecida al respecto, de allí que el acto que otorgó el registro, se trata de un acto administrativo incapaz de producir derechos subjetivos en beneficio de la parte recurrente, en consecuencia, pudiese ser revocado por la propia Administración en ejercicio de la potestad de autotutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (…).
Ello impide que en el presente caso se configure la cosa decidida administrativa, pues como se desprende de las decisiones de nuestro m.T. precitadas, la limitación de resolver nuevamente sobre el registro de inversión extranjera directa, deriva de la presunción de legalidad de un acto administrativo del superintendente de inversiones extranjeras. (…) En virtud de lo cual, esta Corte desestima el alegato analizado. Así se declara’.
Ahora bien, como se señaló en líneas antecedentes en relación con el error de juzgamiento (falso supuesto de hecho), ha sido jurisprudencia pacífica de esta Sala, considerar que éste se configura cuando el Juez al dictar un determinado fallo fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o que no guardan la debida vinculación con el o los asuntos objeto de decisión.
En el caso bajo estudio, la representación judicial de las recurrentes, denuncia el error de juzgamiento o falso supuesto de hecho sobre la base de una supuesta violación a la cosa juzgada administrativa no advertida en el fallo apelado, pues en dicha decisión la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo consideró que el registro de la inversión extranjera directa de capitalización de acreencia N° RIED 2004-1681, de fecha 20 de diciembre de 2004, la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) subvirtió lo dispuesto en la normativa de inversiones y, en consecuencia, no puede producir derechos subjetivos en beneficio de particulares, por lo que podía ser revocado por la Administración en ejercicio de su potestad de autotutela.
Sobre el particular, debe la Sala señalar que tanto la potestad de revisión de los actos administrativos por parte de los órganos de la Administración Pública, como el principio de autotutela administrativa están regulados en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los cuales establecen lo siguiente:
‘Artículo 82. Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular, podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico’.
‘Artículo 83. La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella’.
Los preceptos normativos transcritos consagran la potestad revocatoria de la Administración Pública dentro de ciertos límites, al establecer que los actos administrativos no originarios de derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos en favor de un particular y no se encuentren viciados de nulidad absoluta, podrán ser anulados en cualquier momento, de oficio o a solicitud de los particulares, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó o por el superior jerárquico. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 00516, del 11 de abril de 2007, recaída en el Caso: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura).
En cuanto al alcance de la potestad de autotutela de la Administración Pública, esta Sala ha precisado en reiteradas oportunidades, lo siguiente:
‘…una de sus manifestaciones más importantes es la potestad revocatoria, que no es más que la posibilidad de poder revisar y corregir sus actuaciones administrativas y, en consecuencia, la facultad para extinguir sus actos administrativos en vía administrativa.
Así las cosas, observa esta Sala que si bien la norma antes referida consagra la posibilidad de la Administración de revisar en cualquier momento de oficio o incluso a solicitud de particulares los actos por ella dictados, esa facultad debe ejercerse siempre y cuando se detecte alguno de los vicios de nulidad absoluta señalado taxativamente en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.’. (Vid., sentencia N° 01107 del 19 de junio de 2001, reiterada en las decisiones Nros 00687, 00581 y 01646 de fechas 18 de junio de 2008, 17 de junio de 2010 y 30 de noviembre de 2011, respectivamente).
Bajo esa premisa, la Sala Constitucional de este M.T., en sentencia N° 360 del 24 de marzo de 2011, precisó lo siguiente:
‘…La potestad de autotutela administrativa efectivamente involucra, en lo que se refiere a la revisión de actos administrativos, tres elementos adicionales como son la potestad confirmatoria, cuando la
Administración reitera el contenido del acto previo; la potestad convalidatoria, que comprende aquellos supuestos en que el ente u órgano subsana vicios de nulidad relativa; la potestad revocatoria, la cual obedece a que la Administración puede extinguir el acto administrativo cuando constate vicios que lo revistan de nulidad absoluta, o cuando por razones de mérito o conveniencia de la Administración o por interés público necesiten dejar sin efecto el acto revisado. El ejercicio de estas potestades supone la emisión de un nuevo acto que deje sin efecto el anterior y que pase a ocupar su lugar en condición igualmente definitiva, para lo que, estima la Sala, resulta necesaria la apertura de un procedimiento administrativo que garantice la participación del interesado. La potestad revocatoria tiene por limitante -tal como lo ha delineado la jurisprudencia en materia contencioso administrativa- la imposibilidad de extinguir un acto que haya otorgado derechos subjetivos, salvo que el mismo adolezca de vicios que lo invistan de nulidad absoluta, pues en este caso mal puede sostenerse que un acto nulo de nulidad absoluta, sea, a la vez, declarativo de derechos (véase sentencias de la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal, números 00/1460 y 00/1793).
Como se mencionara, el ejercicio de la potestad revisora conlleva el inicio de un procedimiento administrativo, el cual, luego de sustanciado, culmina con la decisión definitiva por parte de la Administración, la cual puede convalidar, confirmar o revocar el acto; pero solamente el proveimiento administrativo con carácter definitivo puede cumplir con los efectos de la potestad revocatoria, por lo que los demás actos que sustancien el procedimiento de primer grado no pueden tener tal carácter…’.
De lo anterior se deduce, que la potestad revocatoria de la Administración Pública, tiene entre otras limitantes la imposibilidad de extinguir actos que hayan otorgado derechos a los particulares, salvo que éstos se encuentren viciados de nulidad absoluta. Asimismo se desprende de la referida decisión que la posibilidad de revisar la validez de un acto conlleva al inicio de un procedimiento administrativo, lo cual permite garantizar el derecho a la defensa y debido proceso de los administrados.
En el caso bajo estudio aprecia la Sala que el acto administrativo N° MILCO-SIEXCJ-058-2006 de fecha 20 de septiembre de 2006, mediante el cual la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), revocó el acto administrativo N° RIED 2004-1681 de fecha 20 de diciembre de 2004, que registró la capitalización de acreencias en la sociedad mercantil Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), señaló lo siguiente:
‘…Ahora bien, esta Superintendencia al emitir el Registro de Inversión Extranjera N° 2004-1681, al 18 de octubre de 2004, por concepto de Nueva Capitalización de Acreencias, en fecha 20 de diciembre de 2004; se extralimitó en sus funciones ya que solo puede registrar dichas capitalizaciones por las modalidades establecidas en el artículo 23 del decreto 2095; en dicho decreto no se encuentran los productos terminados como modalidad de inversión; por lo tanto el registro objeto de esta revisión está viciado desde su inicio, ya que esta administración al registrar como Inversión Extranjera Directa la capitalización de acreencia la cual tiene su origen en la importación de productos terminados, se extralimitó en sus funciones.
Así pues, el acto producto de esta revisión, afecta el interés público por cuanto esta Administración se extralimitó al otorgar un Registro de Inversión Extranjera Directa, por un supuesto no normado en el Decreto N° 2095. Por ende, la única forma de enmendar el vicio cometido por esta Administración, es anular el Registro de Inversión Extranjera al 18 de octubre de 2004, N° 2004-1681, por concepto de Nueva Capitalización de Acreencias, emitido en fecha 20 de diciembre de 2004, otorgado a ‘INDITEX’, y así se decide’.
De la lectura del acto administrativo transcrito, lo primero que debe resaltar esta Sala es el error de interpretación en el cual incurrió la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) al señalar haberse extralimitado en sus funciones (refiriéndose expresamente a la causal de nulidad absoluta por incompetencia del órgano que dicta el acto, establecida en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos) por registrar una transacción que no cumplía con los requisitos previstos para la configuración de la inversión extranjera directa prevista tanto en el artículo 1 de la Decisión N° 291 de la Comunidad A.d.N. (C.A.N), adoptada en la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 22 de marzo de 1991 con ocasión del Quincuagésimo Quinto Período de Sesiones Ordinarias de dicho organismo, que regula el Régimen Común de Tratamientos de los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, como en el artículo 2 del Decreto Presidencial N° 2.095 de fecha 13 de febrero de 1992, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.930 del 25 de marzo de ese mismo año, contentivo del Reglamento del Régimen Común de Tratamientos de los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, pues en los supuestos de hecho contenidos en dichas normas no se encuentran los productos terminados como modalidad de inversión.
En efecto, tal error de interpretación se evidencia de la lectura del artículo 11 de la mencionada Decisión N° 291 de la Comunidad A.d.N. (C.A.N) y del artículo 3 del señalado Decreto Presidencial N° 2.095, los cuales disponen:
‘Artículo 11.- [Decisión N° 291 de la Comunidad A.d.N. (C.A.N)] Los Países Miembros designarán al organismo u organismos nacionales competentes que tendrán a su cargo la aplicación de las obligaciones contraídas por las personas naturales o jurídicas extranjeras a que se refiere el presente Régimen’.
‘Artículo 3.- [Decreto Presidencial N° 2.095] La Superintendencia de Inversiones Extranjeras adscrita al Ministerio de Hacienda, con rango de Dirección General Sectorial, es el organismo nacional competente a todos los efectos previstos en las Decisiones 291 y 292 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en consecuencia, ejercerá todas las atribuciones que éstas y las demás decisiones que la Comisión confieren a dicho Organismo’.
No obstante lo anterior, es menester señalar, tal como se estableció en el punto N° 1 de esta motivación, que en el acto administrativo N° RIED 2004-1681 del 20 de diciembre de 2004, la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) también erró al registrar la capitalización de acreencias en la sociedad mercantil Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), pues la operación realizada por las empresas recurrentes, tuvo la finalidad de saldar la obligación resultante de la venta bajo la modalidad de crédito de una cantidad de bienes comprendidos por prendas de vestir y accesorios, lo que no se puede enmarcar dentro de los supuestos establecidos tanto en el artículo 1 de la decisión N° 291 de la Comunidad A.d.N. (C.A.N) que regula el Régimen Común de Tratamientos de los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, como en el artículo 2 del Decreto Nro. 2.095 de fecha 13 de febrero de 1992, contentivo del Reglamento del Régimen Común de Tratamientos de los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, supra transcritos, por tratarse de la capitalización de acciones producto de una deuda surgida con ocasión de un aporte efectuado en productos terminados listos para su comercialización y no de una contribución en bienes intermedios destinados a establecer, continuar o perfeccionar un proceso de producción en el territorio nacional.
Igualmente, reitera la Sala que las inversiones extranjeras directas en la República Bolivariana de Venezuela deben comportar la aportación de bienes a un proceso productivo o industrial favorable para la economía nacional, en virtud bien sea de la transferencia de tecnologías o por el incremento de la tasa de empleos y el crecimiento del producto interno bruto, lo cual reviste tal actividad del interés público al que se hace mención en la sentencia N° 360 dictada el 24 de marzo de 2011 por la Sala Constitucional de este M.T., supra transcrita, e impide que un acto administrativo dictado en contravención a las normas contenidas tanto en el artículo 1 de la decisión N° 291 de la Comunidad A.d.N. (C.A.N) como en el artículo 2 del Decreto Nro. 2.095 de fecha 13 de febrero de 1992, sea capaz de crear derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para los solicitantes del registro de una determinada inversión extranjera directa.
La referida decisión establece como uno de los requisitos para la revocatoria de un acto administrativo firme, que ‘…la Administración puede extinguir el acto administrativo cuando constate vicios que lo revistan de nulidad absoluta, o cuando por razones de mérito o conveniencia de la Administración o por interés público necesiten dejar sin efecto el acto revisado’. (Destacado de este fallo).
Así pues, aprecia la Sala que al ser errados los fundamentos del acto administrativo N° RIED 2004-1681 de fecha 20 de diciembre de 2004, mediante el cual se registró la capitalización de acreencias en la sociedad mercantil Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), éste no pudo crear derechos subjetivos para las señaladas empresas, pues la aludida actividad administrativa está revestida de interés público y su revocatoria en ejercicio del poder de autotutela de la Administración Pública establecido en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, está ajustada a derecho y no conlleva a la violación de la cosa juzgada o cosa decidida administrativa prevista en el numeral 2 del artículo 19 eiusdem.
En consecuencia, se desestima la denuncia de error de juzgamiento bajo la modalidad de falso supuesto de hecho, efectuada por la representación judicial de las empresas apelantes sobre la base de que el fallo objeto de impugnación erró al considerar que el acto administrativo N° MILCO-SIEXCJ-058-2006 de fecha 20 de septiembre de 2006, dictado por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), mediante el cual se revocó el acto N° RIED 2004-1681 del 20 de diciembre de 2004, que registró la capitalización de acreencias en la sociedad mercantil Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), toda vez que éste no violó la cosa juzgada o cosa decidida administrativa prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se decide.
3.- Denuncias de violación del principio de irretroactividad de los criterios administrativos y del principio de confianza legítima.
Alegan los apoderados judiciales de las empresas apelantes que el fallo recurrido erró al desechar la denuncia de violación del principio de irretroactividad de los criterios administrativos, establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, formulada contra el acto N° MILCO-SIEXCJ-058-2006 de fecha 20 de septiembre de 2006, dictado por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), mediante el cual se revocó el acto administrativo N° RIED 2004-1681 del 20 de diciembre de 2004, que registró la capitalización de acreencias en la sociedad mercantil Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.).
En tal sentido, esgrimen que según el criterio sostenido por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) con anterioridad a la emisión del acto administrativo N° MILCO-SIEXCJ-058-2006 de fecha 20 de septiembre de 2006, las capitalizaciones de acreencias podían tener por objeto cualquier crédito legítimo que un tercero mantuviese contra la empresa en la que la capitalización tuviera lugar, independientemente de las razones por las cuales esa deuda se hubiese contraído.
Señalan que en el referido acto la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), modificó sus pautas sobre capitalizaciones de acreencias y pasó a considerar que los créditos capitalizados pueden ser registrados como inversión extranjera directa sólo cuando deriven de deudas originadas por la adquisición por parte de empresa receptora de la inversión, de plantas industriales, maquinarias nuevas o reacondicionadas, equipos nuevos o reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.
Igualmente esgrimen que en virtud de lo anterior, el acto recurrido está viciado de nulidad absoluta conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues infringió el principio de la confianza legítima de los administrados frente a las actuaciones de la Administración, derivado de la seguridad jurídica en el ámbito económico consagrada en el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues al no mantener el criterio sostenido hasta la emisión del acto recurrido y revocar un acto administrativo firme que había generado derechos subjetivos, transgredió ese ‘saber a qué atenerse’ en el que consiste la seguridad jurídica en un estado de derecho.
Aducen como razones suficientes para que sus representadas tuviesen confianza legítima en las decisiones de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), las siguientes: a) la existencia de un acto administrativo definitivamente firme que le otorgaba el registro de inversión extranjera a su capitalización de acreencias; b) la presencia de un criterio administrativo previo según el cual tales capitalizaciones eran consideradas inversiones extranjeras directa, sin importar el origen de las mismas; y c) una norma legal que impide la aplicación retroactiva de los criterios administrativos.
En tal sentido, denuncian que la sentencia recurrida incurre en el error de considerar que la revocatoria del registro de inversión extranjera directa de las empresas recurrentes se efectuó conforme a las disposiciones que regulan la materia, como si no existiera en el presente caso una expectativa a favor de dichas sociedades mercantiles en el sentido de que éstas pudieran considerar que la capitalización de acreencias efectuada por ellas constituía una inversión extranjera directa, ya que sus aportes han debido ser en bienes distintos a los bienes terminados.
Sobre el particular, aprecia la Sala que en el fallo apelado la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dispuso lo que sigue:
‘…[se] observa que los criterios empleados para determinar la posibilidad de capitalizar la acreencia fundados en la normativa, no son absolutos, sino que atienden a determinados condicionamientos que se constatan en cada situación concreta considerando los elementos y características de la Inversión -por ejemplo, necesidad de la inversión, los recursos invertidos, la capacidad de producción con el bien aportado, la asistencia técnica, el valor agregado- no constituyendo así fórmulas rígidas que deben aplicarse en cada caso sin que medie la apreciación de las circunstancias que lo conforman por la SIEX. Es por todo lo anterior que en casos como el de autos no es posible afirmar que los referidos criterios, establecidos por la Administración, sean inmutables y definitivos.
Ello así, no se constata que la SIEX haya aplicado un criterio distinto de lo establecido en la norma aplicable al caso de autos, por cuanto lo que hizo estuvo ajustado al contenido de lo que realmente se entiende como inversión extranjera directa, ello en consideración igualmente de los principios que abordan el progreso y economía nacional. Así mismo, consideró en qué casos es permisible la capitalización de acreencias, analizando los bienes a los cuales hace referencia la norma aplicable, realizando en consecuencia, una aplicación expresa y con ello la interpretación correcta a esta normativa que regula este tipo de inversión.
En consideración a lo anterior, observa esta Corte que la SIEX, no incurrió en la aplicación de criterios administrativos, sino en la aplicación idónea de la norma, en virtud de lo cual se desecha la presente denuncia. Así se declara’.
Ahora bien, se observa que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos preceptúa lo siguiente:
‘Artículo 11. Los criterios establecidos por los distintos órganos de la administración pública podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. En todo caso, la modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los actos definitivamente firmes.’
El contenido de la norma transcrita, alude al valor de los criterios sentados por la Administración, los cuales pueden variar, obviamente, por cuanto los organismos integrantes de ésta obedecen a las mutaciones de la sociedad en la cual operan, exigiéndose sólo que tales variaciones no se apliquen a situaciones anteriores, salvo cuando sean más favorables para los administrados, lo cual no es más que la aplicación del principio de la irretroactividad de las disposiciones generales a situaciones nacidas con anterioridad a su pronunciamiento.
Dicho precepto igualmente establece que la reforma de los criterios no es motivo para la revisión de los actos firmes. En tal sentido, debe señalarse que la firmeza de los actos es considerada como fundamento del principio de la confianza legítima, sobre la base del cual las actuaciones reiteradas de un sujeto frente a otro, en este caso de la Administración Pública, hacen nacer expectativas jurídicas que han de ser apreciadas por el juez y justamente, los criterios administrativos, si bien pueden ser cambiados, son idóneos para crear tales expectativas. (Vid. Sentencia Nº 514 de esta Sala, de fecha 03 de abril de 2001, Caso: The Coca-Cola Company).
En el caso bajo estudio es importante señalar la inexistencia de pruebas en el expediente para demostrar que el acto N° MILCO-SIEXCJ-058-2006 del 20 de septiembre de 2006, emanado de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), mediante el cual fue revocado el registro N° RIED 2004-1681 del 20 de diciembre de 2004 relativo a la capitalización de acreencias en la sociedad mercantil Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), implique la modificación sobrevenida de un criterio o actuación previa y mucho menos reiterada de la referida superintendencia frente a las empresas recurrentes.
En efecto, tal como se señaló en el punto número 2 de esta motivación, al ser errados los fundamentos del acto administrativo N° RIED 2004-1681 de fecha 20 de diciembre de 2004, mediante el cual se registró la capitalización de acreencias en Z.V., S.A., como una inversión extranjera directa de la empresa Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), no creó expectativas jurídicas razonables de confianza legítima en las recurrentes, pues la aludida actividad administrativa está revestida de interés público y su revocatoria no conlleva a la aplicación sobrevenida de un criterio nuevo a un caso decidido, sino a la corrección de un error de interpretación en ejercicio del poder de autotutela administrativa, establecido en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En consecuencia, esta Sala declara improcedente el vicio denunciado por la representación judicial de las apelantes, relacionado con la violación de los principios de irretroactividad de criterios administrativos y de confianza legítima. Así se decide.
4.- Denuncia de violación del principio de igualdad y no discriminación.
Por último, alega la representación judicial de las recurrentes que el acto administrativo impugnado violó el derecho a la igualdad y no discriminación, consagrado en los artículos 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, según los cuales todas las personas son iguales ante la Ley, pues habiendo decidido la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) en casos anteriores otorgar el registro de inversión extranjera directa a la capitalización de acreencias como la presentada por sus mandantes, se apartó de tal criterio sin justificación, actuando de forma desigual y discriminatoria.
En tal sentido, denuncian que el fallo apelado erró al desconocer la existencia de elementos que demuestran en el presente caso un tratamiento desigual y discriminatorio en los términos antes planteados por parte de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX).
Acerca de esta denuncia, aprecia la Sala que el fallo apelado señaló, lo que sigue:
‘…Ello así, efectuado el análisis de las actas procesales que conforman el presente expediente, en primer lugar y como punto necesario para establecer la posible vulneración del derecho a la igualdad de las sociedades mercantiles recurrentes, observa este Órgano Jurisdiccional que de las actas que conforman el presente expediente no se evidencia elemento o prueba alguna que le permita siquiera presumir la existencia de un trato determinado otorgado por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) a alguna sociedad mercantil que se encuentre en la específica situación de la recurrente, en razón de ello, prima facie resulta como no acreditado el supuesto trato discriminatorio o desigual en perjuicio de las recurrentes frente a otros sujetos en idénticas circunstancias. (Vid. Sentencia Nº 2007-796, de fecha 07 de mayo de 2007).
En efecto, para poder avanzar en el análisis de la posible vulneración del derecho a la igualdad de las empresas recurrentes, es necesario, en primer lugar que se haya verificado un caso específico de trato en apariencia discriminatorio y, en segundo lugar, que no exista razones válidas que permitan justificar el trato diferenciado otorgado; de manera que, no existiendo evidencia concreta del primero de los supuestos antes referidos, esto es, que se haya aplicado de manera distinta el supuesto de hecho establecido en la ley, resulta consecuente declarar improcedente la violación del derecho a la igualdad denunciado por la parte recurrente. Así se declara’.
‘Artículo 21.- Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona...’.
En cuanto a esta norma, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que el principio de igualdad y no discriminación debe interpretarse como el derecho que tienen todos los ciudadanos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros; asimismo, se ha precisado que la discriminación existe también cuando en situaciones análogas o semejantes se decide de manera distinta o contraria sin aparente justificación. (Vid. Sentencias de esta Sala Nros 00674 y 00333 de fechas 4 de junio de 2008 y 18 de abril de 2012, respectivamente).
Asimismo, es importante precisar que para acordar la tutela requerida en caso de violación del derecho a la igualdad, la parte presuntamente afectada debe demostrar la veracidad de sus planteamientos, pues sólo se acreditará un trato discriminatorio cuando se demuestre que frente a circunstancias similares y en igualdad de condiciones, se ha manifestado un tratamiento desigual. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 00972 del 1° de julio de 2009).
Al respecto se advierte que en el caso bajo examen la parte recurrente no aportó a los autos elemento probatorio alguno que permita a esta Sala concluir que en situaciones análogas el órgano recurrido haya decidido de manera distinta, esto es, que la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) haya procedido a realizar el registro de inversiones extranjeras directas a otras empresas en la misma situación en la que se encuentran las empresas Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) y Z.V., S.A., en franca violación del derecho a la igualdad.
Igualmente, aprecia la Sala que a los fines de demostrar la referida violación, la representación judicial de las empresas apelantes, señaló que la aludida lesión constitucional se puede corroborar tanto en los actos emitidos por dicho Órgano Contralor publicados en las Gacetas Oficiales, como en la información extraída vía Internet por la página web de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), de la cual se hará una relación para que el sentenciador pueda tener el patrón de comparación para examinar la entidad de la violación.
Sin embargo, la información referida por los apoderados judiciales de las empresas recurrentes no consta en el expediente; en consecuencia, debe desecharse la denuncia de violación del derecho a la igualdad y no discriminación opuesta por los apoderados judiciales de las empresas recurrentes. Así se declara.
Por los razonamientos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación ejercido por los apoderados judiciales de las empresas Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) y Z.V., S.A., contra la sentencia N° 2010-1440 dictada en fecha 19 de octubre de 2010 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.
De manera preeliminar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, al respecto, observa que, conforme lo establecido en el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tiene atribuida la competencia de “(…) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (…)”.
En atención a la norma parcialmente transcrita y como quiera que en el presente caso, se somete a revisión la sentencia N° 482, dictada por la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal el 29 de abril de 2015, esta Sala se declara competente para conocer y decidir la revisión solicitada, advirtiendo que la misma estará supeditada al examen que de las actas procesales se realice para verificar la existencia de un error evidente o inexcusable en la interpretación de la Constitución, o de la sustracción absoluta de los criterios interpretativos de normas y principios constitucionales adoptados por esta Sala Constitucional, así como también de algún tipo de violación constitucional en la que, por estar envuelto el orden público, sea necesaria la intervención del máximo intérprete constitucional. Así se declara.
Por otra parte, esta Sala ha sostenido en casos anteriores que la labor tuitiva del Texto Constitucional, mediante la revisión extraordinaria de sentencias, no se cristaliza de forma similar a la establecida para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. Antes bien, el hecho configurador de la revisión extraordinaria no es el mero perjuicio, sino que, además, se verifique un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, la indebida aplicación de una norma constitucional, un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces en su actividad jurisdiccional, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. De tal manera que, sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, la revisión de la sentencia (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso: “Margarita de Jesús Ramírez”).
En el orden de las ideas anteriores, G.M. afirma que la seguridad jurídica consiste en la “...regularidad o conformidad a Derecho y la previsibilidad de la actuación de los poderes públicos y, muy especialmente, de la interpretación y aplicación del Derecho por parte de las Administraciones públicas y los jueces y tribunales” (Derecho Constitucional. Vol. I. Cuarta Edición, p. 65). En criterio del referido autor, dicho principio propugna la exclusión del comportamiento imprevisible generador de inseguridad jurídica, pues “...sólo en un ordenamiento en la que la seguridad jurídica sea un principio predominante pueden los ciudadanos defender adecuadamente sus intereses y derechos.”
Así, el principio in comento tiende a que los particulares conozcan de antemano que conducta puede suponer la modificación de su estatus jurídico, y es precisamente en este contexto que esta Sala dictó la decisión N° 5082, el 15 de diciembre de 2005, caso: R.J.F.J., en la cual dejó establecido lo que a continuación se transcribe:
El simple cambio de una línea jurisprudencial no debe obedecer a caprichos irrazonables o a simples intereses particulares, sino debe atender a razones de mérito que justifiquen en un determinado momento el vuelco legal, mediante la elaboración por parte de la Sala protagonista o innovadora del cambio jurisprudencial de las justificaciones que incidieron en dicha variación, ya que si bien la sentencia constituye el acto por excelencia de los órganos jurisdiccionales mediante la cual se logra la resolución de una controversia suscitada entre dos partes, la misma cuando es emanada del M.T. tiene por finalidad mitigada establecer una uniformidad jurisprudencial entre los Tribunales integrantes de la República.
En el mismo sentido de la decisión parcialmente transcrita, se encuentra la sentencia N° 578 del 30 de marzo de 2007, caso: M.E.L.G.D.J., en la cual estableció lo siguiente:
...En cuanto a los asuntos que se someten a la consideración del Alto Tribunal, por efecto de una sentencia de reenvío, asiste a la parte interesada, un derecho adquirido a la revisión del fallo por la Corte, no sólo mediante un recurso de nulidad, (...) sino también por efecto de un recurso de casación propuesto contra la decisión de reenvío.
... Cuando ha sido casada la sentencia por denuncia planteada por una de las partes, la inadmisibilidad del recurso -por razones de cuantía- propuesto por la otra parte contra la sentencia de reenvío ocasionaría un desequilibrio procesal repudiado por los artículos 15 y 204 del Código de Procedimiento Civil en desarrollo de derechos constitucionales. En consecuencia, el requisito de la cuantía para la admisión del recurso de casación será examinado sólo en la primera oportunidad en que se interpone el recurso. Por lo que de presentarse la casación múltiple contra las decisiones de reenvío, éstas quedan excluidas de la revisión de tal requisito....
Observa esta Sala, que todas las sentencias mencionadas, son anteriores al 5 de octubre de 1998, oportunidad en la cual el apoderado de la recurrente, anunció recurso de casación contra la sentencia de reenvío dictada por el Juzgado de los Municipios Girardot y M.B.Y.d.E.A., es decir, era perfectamente factible pensar que el recurrente confiara que era esa y no otra, la cuantía que le iba a ser exigida a la hora de anunciar un nuevo recurso de casación, mucho más, cuando esa era la postura de la Sala de Casación Civil de este Tribunal, aun cuando ya había sido dictada la Resolución N° 619 por parte del entonces Consejo de la Judicatura, que aumentó la cuantía para recurrir a casación de Bs. 250.000,00 a Bs. 5.000.000,00.
En principio, debe destacar esta M.I. que en el presente caso, la capitalización de acreencias fue acordada entre los accionistas de las empresas Diebold Latin A.H.C., INC. (empresa inversora) y Diebold Oltp System, C.A. (empresa receptora), según Asamblea General de Accionistas celebrada el 13 de diciembre de 2007, en los términos que siguen:
(…) con vista al Balance General presentado a la Asamblea, esta acuerda que el pago de la totalidad de las nuevas acciones suscritas por la sociedad DIEBOLD LATIN A.H.C., INC., lo realice mediante la capitalización de las cuentas que tiene por cobrar a DEBOLD OLTP SYSTEMS, C.A. por la suma de DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES (Bs. 2.150.000.000,00), que aparece reflejado en el pasivo del balance General de la compañía en pasivo circulante corto plazo: DIEBOLD LATIN A.H.C., INC., 2.150.000.000,00 (…)
Conforme a lo expuesto, la capitalización de acreencias se verificó en el caso concreto, cuando la empresa DIEBOLD LATIN A.H.C., INC., en lugar de cobrar los intereses y misceláneos que DEBOLD OLTP SYSTEMS, C.A. le adeudada, suscribió nuevas acciones en dicha empresa.
2) Inversión extranjera directa, inversión subregional, inversión de capital neutro e inversión de una Empresa Multinacional Andina: las definidas como tales en las Decisiones aprobadas por la Comunidad A.d.N., y en su reglamentación en Venezuela (…)
Asimismo, destaca esta M.I. que si bien la acreencia que mantiene la empresa DIEBOLD LATIN A.H.C., INC., (inversora), está constituida por intereses y misceláneos adeudados por DEBOLD OLTP SYSTEMS, C.A (receptora), conforme al informe elaborado por la firma contable Espineira, Sheldon y Asociados, cursante en el expediente administrativo, dicha circunstancia (acreencia constituida por intereses) no la excluye de la aplicación de la normativa que rigen la materia, toda vez que de acuerdo a lo previsto en el literal b) del citado artículo 2 del Decreto N° 2.095, constituye una Inversión Extranjera Directa “las inversiones y reinversiones (…) provenientes de utilidades, ganancias de capital, intereses, amortizaciones de préstamos (…)”. (Resaltado de la Sala).
Artículo 9. El Superintendente de Inversiones Extranjeras tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
3. Registrar las inversiones extranjeras directas.
Con base en los argumentos precedentemente expuestos, esta Sala considera procedente el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho denunciado, pues, tal y como lo alegara tanto la accionante como el Ministerio Público, el capital y los intereses adeudados por DEBOLD OLTP SYSTEMS, C.A., constituyen por una parte, un pasivo para la empresa receptora, y por la otra, un activo para la empresa inversora DIEBOLD LATIN A.H.C., INC., que al ser capitalizado mediante la suscripción de nuevas acciones de la empresa receptora, constituye una Inversión Extranjera Directa, a tenor de lo establecido en el citado artículo 2 del Decreto N° 2.095 y en el numeral 1 del artículo 3 del Decreto N° 356; y por tanto, es susceptible de ser registrada. Así se decide.
…Ahora bien, esta Superintendencia al emitir el Registro de Inversión Extranjera N° 2004-1681, al 18 de octubre de 2004, por concepto de Nueva Capitalización de Acreencias, en fecha 20 de diciembre de 2004; se extralimitó en sus funciones ya que solo puede registrar dichas capitalizaciones por las modalidades establecidas en el artículo 23 del decreto 2095; en dicho decreto no se encuentran los productos terminados como modalidad de inversión; por lo tanto el registro objeto de esta revisión está viciado desde su inicio, ya que esta administración al registrar como Inversión Extranjera Directa la capitalización de acreencia la cual tiene su origen en la importación de productos terminados, se extralimitó en sus funciones.
Así pues, el acto producto de esta revisión, afecta el interés público por cuanto esta Administración se extralimitó al otorgar un Registro de Inversión Extranjera Directa, por un supuesto no normado en el Decreto N° 2095. Por ende, la única forma de enmendar el vicio cometido por esta Administración, es anular el Registro de Inversión Extranjera al 18 de octubre de 2004, N° 2004-1681, por concepto de Nueva Capitalización de Acreencias, emitido en fecha 20 de diciembre de 2004, otorgado a ‘INDITEX’, y así se decide
Artículo 11.- [Decisión N° 291 de la Comunidad A.d.N. (C.A.N)] Los Países Miembros designarán al organismo u organismos nacionales competentes que tendrán a su cargo la aplicación de las obligaciones contraídas por las personas naturales o jurídicas extranjeras a que se refiere el presente Régimen
Artículo 3.- [Decreto Presidencial N° 2.095] La Superintendencia de Inversiones Extranjeras adscrita al Ministerio de Hacienda, con rango de Dirección General Sectorial, es el organismo nacional competente a todos los efectos previstos en las Decisiones 291 y 292 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en consecuencia, ejercerá todas las atribuciones que éstas y las demás decisiones que la Comisión confieren a dicho Organismo