Source: https://es.scribd.com/document/82613528/Proyecto-de-Ley-Modificacion-del-articulo-148-del-Decreto-Ley-10-081-83
Timestamp: 2017-06-26 16:12:31
Document Index: 328706166

Matched Legal Cases: ['artículo 148', 'Artículo 1', 'artículo 148', 'Artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 5', 'artículo 72']

Proyecto de Ley Modificación del artículo 148 del Decreto-Ley 10.081/83Cargado por Jorge SrodekRelated InterestsCriminal LawPoliceRightsState (Polity)VirtueRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPROYECTO DE LEY EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEYArtículo 1: Modifíquese el artículo 148 del Decreto-Ley 10.081/83, el que quedará
redactado de la siguiente manera: ‘‘Artículo 148: Es obligatorio marcar el ganado mayor antes de cumplir el año y señalar el ganado menor antes de cumplir los seis meses de edad. Está prohibido contramarcar, el que así lo hiciere recibirá una multa, cuyo monto será determinado por la Autoridad de Aplicación, independientemente de las sanciones penales que le podrían corresponder. Podrá hacerse uso de una "marca de venta" sin perjuicio de la marca que acredita la propiedad del ganado. Autorízase a reducir a marca propia el ganado adquirido, previa intervención municipal.
FUNDAMENTOS El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 148 del Decreto-Ley 10.081/83, donde se establece la oportunidad en que se debe marcar y señalar el ganado, como una de las obligaciones de los productores ganaderos, a la vez que se determina la prohibición de contramarcar el mismo. Por lo tanto parece adecuado establecer una sanción frente a la vulneración de tal conducta, configurándola dentro de las facultades del poder de policía del estado. De esta manera se complementaría con el Decreto-Ley 8.785/77, el cual se ocupa de las faltas agrarias, y es anterior al código rural de la provincia de Buenos Aires, cuerpo normativo que data del año 1983. Dentro del capítulo I, de la sección I, del Libro II, de la normativa en cuestión, se aborda todo lo referente a la producción ganadera, declarándose obligatorio para cada productor marcar y señalar el ganado. Como sostiene el administrativista Juan Carlos Cassagne*: “… entre las situaciones jurídicas pasivas en que se encuentra el administrado frente a la Administración Pública, cabe distinguir la obligación del deber en sentido estricto, el que asume una gran trascendencia en el Derecho Público. Mientras la obligación nace de la relación jurídica y encuentra su contrapartida en el derecho subjetivo de otro sujeto (en este caso el Estado), el deber opera en dirección genérica, y tiene su origen no en una relación subjetiva sino en la potestad de la Administración. Se desprende de esta particular naturaleza que tienen los deberes administrativos que, aquí los particulares no tienen ante si (como ocurre en la obligación) a un sujeto que pueda reclamarles directamente la ejecución de su deber sino que estarán ante un poder que actúa en garantía del cumplimiento efectivo del deber, mediante la amenaza de aplicación de sanciones”. Este deber es de relevante importancia para la organización de todo aquello relacionado con dicha temática, así como también se establece, por ejemplo, que no puede haber dos señales iguales y la obligación de su registración. Considerando todo esto, es que parecería incompleto no establecer la correspondiente sanción a la infracción de la disposición complementaria de no poder contramarcar los animales. La modificación propuesta se encuentra dirigida a ordenar la ley a los tiempos que corren hoy en día. Todo lo dicho precedentemente se orienta a logar una más completa organización con el objetivo de no dejar ninguna laguna con respecto a lo que tiene que ver con la producción de ganado, por lo tanto su objeto no es otro que terminar de completar el capítulo disponiendo una sanción del tipo de la multa, a quien falte a la prohibición de contramarcar. La aplicación de una pena de multa tiene una naturaleza que apunta a lograr una prevención general positiva, no represiva, por supuesto no siendo la misma de un carácter confiscatorio ni mucho menos, sino simplemente un apercibimiento que se traduzca en evitar situaciones que, aunque están prohibidas, pueden ocurrir; lo que se busca es disuadir al posible infractor por medio de una sanción concreta, establecida dentro de las facultades que el “poder de policía” le confiere al estado en pos de la protección del interés publico. Claro esta decir que esta intervención estatal, siempre debe estar sujeta a la Constitución, para asegurar la perfecta compatibilidad entre el ejercicio de los deberes personales o individuales y el bien común. Citando nuevamente a Juan Carlos Cassagne* esta “… actitud interventora puede ser positiva o negativa, en el primer supuesto puede consistir en la creación de derechos o facultades que hasta entonces el administrado no tenía, éstos se contraponen a los actos de gravamen o desfavorables que serian los establecidos por esta reforma al artículo 148, que inciden negativamente en la posición de las personas, que van desde limitaciones de los derechos y la delimitación de sus contenidos hasta las llamadas
potestades ablatorias pasando por las prestaciones forzosas, la imposición de deberes y asimismo sanciones. Todo esto conforma la dinámica del obrar estatal”. Volviendo al mencionado “poder de policía” del estado, y siguiendo con el pensamiento del Dr. Cassagne, ese poder se encuentra reservado a la actividad reglamentaria de los derechos por vía legislativa, la coacción, en este caso, no integra la sustancia del concepto, sino que ésta es sólo un accidente que se pone en ejercicio cuando fracasan las medidas preventivas o intimaciones que formule la Administración en orden al cumplimiento de las obligaciones, deberes y cargas que las normas imponen a los particulares. La sanción tiene un carácter netamente administrativo, muy diferente al derivado de un ilícito penal. Esta postura encuentra su sostén en la doctrina administrativista, de la que uno de sus principales exponentes es Jiménez de Asúa quién considera que los bienes tutelados por el derecho penal y el administrativo son distintos, lo que influye en forma sustancial en ambos regímenes de punición, esto se ve reflejado también en su prescripción, ya que una se buscará en la norma administrativa y la otra en la penal. El autor citado precedentemente sostiene que el derecho penal administrativo tiene naturaleza propia y difiere del derecho criminal, el cual ataca los bienes jurídicamente protegidos, en tanto que en la rama administrativa sólo representa una lesión a simples intereses administrativos declarados de igual manera. Lo que existe entre ambas puniciones es una diferencia ontológica, lo que también constituye el soporte de la reforma propuesta. En resumen, lo que se busca con el presente proyecto es lograr completar las disposiciones del código rural, adecuándolo a las necesidades de hoy en día, ya que distan desde su sanción casi 30 años, lo que hace imperante su actualización. Por lo expuesto es que solicito a los Señores legisladores la aprobación del presente Proyecto de Ley.
*Juan Carlos Cassagne, “Derecho Administrativo”, Tomo II, Capitulo II.
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