Source: http://laesquinadeharkonnen.obolog.es/nuestro-concepto-imposibilidad-contratacion-plan-intervenciones-colectivas-entidades-privadas-animo-lucro-2468064
Timestamp: 2019-01-19 21:55:38
Document Index: 10743852

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 14', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 44', 'artículo 26', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 355']

“ARTÍCULO 14. CONTRATACIÓN DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL. Las intervenciones colectivas se contratarán con las instituciones que tengan capacidad técnica y operativa, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 de la presente resolución y cumpliendo con la normatividad vigente en materia de contratación estatal, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:
PARÁGRAFO 1o. La institución que sea contratada para ejecutar las acciones PIC no podrá subcontratarlas. Sin embargo, podrá contratar las actividades de apoyo que permitan la ejecución de las intervenciones, procedimientos, actividades y adquisición de insumos, descritos en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente resolución.”
Y es así como el Ministerio de Salud deja claro que, si bien es cierto, se confiere autonomía contractual a las Direcciones Territoriales en Salud, ello no implica, que se deja de lado el hecho que el la contratación del PIC se debe hacer prioritariamente con la ESE vinculada a la entidad territorial; ya que se concede dicha prioridad por mandato legal ( LEY 715 DE 2001, RESOLUCION 518 DE 2015) y no por voluntad de las partes. Teniendo en cuenta lo anterior, se muestra diáfano y protuberante, el hecho que en materia de contratación del PIC no es de recibo el fraccionamiento de la contratación salvo los eventos taxativamente señalados en el artículo 14 de la Resolución 518 de 2015.
Reiterándose lo anterior, con la prohibición establecida en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 de 2001 que a su tenor reza: “(…) Ningún municipio podrá asumir directamente nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes y están obligados a articularse a la red departamental (…)” y la orden dada por el artículo 26 de la la Ley 1122 que a su tenor reza: “La prestación de servicios de salud por parte de las instituciones públicas solo se hará a través de Empresas Sociales del Estado (ESE) que podrán estar constituidas por una o varias sedes o unidades prestadoras de servicios de salud. En todo caso, toda unidad prestadora de servicios de salud de carácter público deberá hacer parte de una Empresa Social del Estado.”
Amén de lo anterior, al analizar la naturaleza jurídica de las ESE encontramos que las mismas se erigen en las instituciones a través de las cuales las entidades territoriales pueden ( o deben) cumplir con sus competencias en materia de salud y que por el contrario la descentralización hecha por la Ley 100 de 1993 no se hace para cambiar su naturaleza jurídica sino para que los recursos que ya no se obtendrán directamente vía presupuesto se obtengan a través de la contratación con las entidades territoriales.
Es así como las normas citadas, dejan claro que si las entidades territoriales crean las ESE para la prestación de los servicios que les compete, o amplían sus servicios, y luego tales servicios se van a contratar con otras instituciones, esas contrataciones serían contrarias a los preceptos de la Ley 715 de 2001 y Ley 1122 de 2007; y que solamente se puede dejar de contratar con las ESE en las situaciones específicamente previstas en la norma, relacionadas con la falta de capacidad o insuficiencia de servicios ofrecidos por la entidad y que ir en contravía de lo anterior, sería desconocer la finalidad de las normas que han previsto que las inversiones públicas en salud que tienen a cargo las entidades territoriales, deben ser ejecutadas a través de sus ESE.
Por último pero no por ello menos importante para la cuestión objeto del presente concepto, tenemos que el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN a través de DECRETO 092 DE 2017 reglamentó la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro ,estableciendo taxativamente en su artículo 2 la procedencia de la contratación así :
“Artículo 2. Procedencia de la contratación con entidades privadas son ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Las Entidades Estatales del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del artículo 355 de la Constitución Política y del presento decreto, siempre que el Proceso de Contratación reúna las siguientes condiciones.
La Entidad Estatal deberá acreditar en los Documentos del Proceso la autorización respectiva”
Por todo lo anterior, huelga concluir que existe una clara imposibilidad de contratar el PIC a través de entidades privadas sin animo de lucro que debe ser tenida en cuenta por las entidades territoriales, a fin de evitar incurrir en faltas disciplinarias.
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