Source: https://supremo.vlex.es/vid/559007506
Timestamp: 2020-02-23 13:55:39
Document Index: 147532435

Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 46', 'artículo 24', 'artículo 46', 'in dubio', 'artículo 61', 'artículo 846', 'artículo 846']

STS 40/2015, 12 de Febrero de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 559007506
STS 40/2015, 12 de Febrero de 2015
Número de Recurso: 10676/2014
ASESINATO. TRIBUNAL JURADO. DECLARACIONES SUMARIALES. El recurrente reclama la vulneración de derechos fundamentales al motivarse la decisión del Jurado en pruebas no practicadas en el Juicio Oral. La interpretación del Tribunal Supremo del art. 46 LOTJ y arts. 730 y 714 LECrim, comporta que podrán introducirse en el Juicio Oral aquellas declaraciones sumariales que cumplan con todas las exigencias constitucionales y puedan someterse a contradicción por las partes. No ha lugar a la casación.
Sentencia citada en: 50 sentencias, 2 temas prácticos
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por La Acusación Particular, en representación de Teodulfo , Rafaela , Delfina , contra sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial Oficina del Jurado de Alicante, procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de Villajoyosa, que condenó a Constancio como autor de dos delito de asesinato y confirmar la sentencia apelada en todos sus términos; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Guillermo , representado por la Procuradora Sra. Ortiz Cañavate, y dichos recurrentes representados por el Procurador Sr. Grado Viejo.
1.- El Juzgado de Instrucción nº 1 Villajoyosa, instruyó diligencias con el nº 1/2012, y una vez concluso fue elevado a Tribunal de Jurado de la Audiencia Provincial de Alicante, que con fecha 23 de junio de 2014 , dictó sentencia que fue recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala Civil y Penal, recurso que fue resuelto por sentencia de fecha 24 de octubre de 2013 , que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
En la presente causa se declaran los siguientes: En la tarde del día 20 de Julio de 2011 aproximadamente a las 20:horas Constancio mayor de edad y sin antecedentes penales, de nacionalidad Marroquí, hijo de Ovidio y Regina con numero de NIE NUM000 y sin conocimiento de Guillermo , que se encontraba en la ITV de Benidorm, decidió acabar con la vida de Carmen , de 26 años de edad, y su hijo Alfredo , de siete años de edad.
Para ello, aprovechando que se encontraba en el taller propiedad de Guillermo , donde ambos acusados trabajaban y que dicho taller ocupa la planta baja de un edificio cuya planta superior está destinada a las viviendas, por un lado de Guillermo y por otro de los fallecidos, cogió un machete que pudo utilizar a modo de arma. Desde allí subió a la vivienda de Carmen , aprovechando la facilidad para entrar en la misa, derivada de la relacion de confianza que mantenía con ella, debido a que días antes había subido a instalar en el ordenador de Carmen un dispositivo USB. En ese momento, se dirigió al cuarto de estar donde se encontraba el menor Alfredo tumbado en el sofá y, de manera repentina e imprevista comenzó a golpearle con el machete, impactando en seis ocasiones, varias en la cabeza, causándole lesiones que provocaron su fallecimiento casi en el acto. Luego Constancio empezó a acuchillar a Carmen con el arma, propinándole numerosas cuchilladas y golpes, falleciendo Carmen como consecuencia de los 25 impactos que le asestó.
SEGUNDO.- Dicha sentencia contenía el siguiente fallo: De conformidad con el veredicto emitido por el Jurado, debo CONDENAR y CONDENO a Constancio , como responsable en concepto de autor, de dos delitos de asesinato ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada uno de ellos, de dieciocho años de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de dichas penas de privación de libertad, y al pago de la mitad de las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular y las de la Abogacía del Estado y Generalitat Valenciana, debiendo indemnizar a los legítimos herederos de Rafaela y Alfredo , en la cantidad de 300.000 euros por la muerte de Carmen y de 180.000 euros por la muerte del menor, más los intereses legales del articulo 576 de la LEC .
Por otro lado, de conformidad con el veredicto emitido por el Jurado, debo de ratificar la absolución de Guillermo emitida en la forma prevista en el articulo 67 de la Ley del Jurado respecto a los hechos enjuiciados en ésta causa, declarando respecto a éste acusado las costas de oficio.
Se establece que tiempo máximo de prisión a cumplir por el acusado que ha sido condenado, de acuerdo con el artículo 76 a) del Código Penal , es de 25 años de prisión.
Abónese al acusado la totalidad de tiempo de prisión provisional sufrida por esta causa para el cumplimiento de las expresadas penas de privación de libertad.
Únase esta Sentencia al Acta del Jurado.
Segundo.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal dictó el siguiente pronunciamiento:
Desestimar los recursos de apelación interpuestos por la parte de la acusación particular de Dª Delfina , Dª Rafaela Y D. Teodulfo , y por la parte del acusado y condenado D. Constancio contra la sentencia 12/2013, de fecha cuatro de octubre de dos mil trece, pronunciada por la Ilma Sra. Dª Francisca Bru Azuar Magistrada-Presidente del Tribunal Del Jurado, constituido en el ámbito de la Iltma. Audiencia Provincial de Alicante, en el Procedimiento del Tribunal del Jurado nº 8/2012, seguida en los tramites del Procedimiento especial del Tribunal del Jurado, dimanante del Procedimiento de la Ley del Jurado 1/2012, instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Villajoyosa, y confirmar la misma.
Imponer a las partes apelantes las costas causadas por sus respectivos recursos de apelación.
Tercero .- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley, por el acusado Teodulfo , Rafaela , Delfina , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
PRIMERO.- Por quebrantamiento de forma conforme al art. 851.10 de la LECrim ., al haberse dictado Sentencia sin la concurrencia de número de votos necesarios exigidos por ley, y en el art. 851.10 de la LECrim ., al existir manifiesta contradicción entre los hechos declarados probados".
SEGUNDO .- Por Infracción de Ley Precepto Constitucional al amparo del artículo al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al haberse producido un error en la apreciación de la prueba y en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la votación prevenida el día veintinueve de enero de dos mil quince.
RECURSO INTERPUESTO POR Teodulfo , Rafaela , Delfina (Acusación Particular).
El motivo primero por quebrantamiento de forma conforme al art. 851.1 LECrim , al haberse dictado sentencia sin la concurrencia del número de votos necesarios exigidos por la Ley y en el art. 851.1 LECrim , al existir manifiesta contradicción entre los hechos declarados probados (sic).
En el primer motivo, al amparo del art. 846 bis c) entienden los recurrentes que la Magistrado Presidente debió haber acordado la devolución del acta del veredicto al Jurado al existir una total falta de motivación del acta del veredicto y la vulneraciones de derechos fundamentales, al fundamentar la decisión en pruebas no practicadas en el acto del juicio oral, lo cual supone no solo una vulneración del art. 24 CE , en lo que se refiere al principio de inmediación, sino una flagrante vulneración del art. 46 LOTJ .
-Así sostiene que el Jurado considera probado el hecho tercero del objeto del veredicto cuando el mismo resulta contradictorio con las pruebas practicadas en el acto del juicio oral por lo que solo puede haberse basado en pruebas que no son tales y en declaraciones que carecen de valor probatorio.
-El acta del veredicto mantiene que la condena de Constancio se fundamenta en la autoinculpación del mismo, sin que la misma exista en la vista oral, sino que esta se produjo en su declaración policial ante la Guardia Civil el 29.7.2011, declaración que no tiene valor probatorio de conformidad con el art. 46 LOTJ , por no haber sido prestada ante la autoridad judicial. En el resto de sus declaraciones, sin negar su participación en los hechos, manifiesta que lo cometen otras personas, hasta que en su declaración en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Villajoyosa el 10.9.2011, reconoce haber perpetrado los asesinatos en compañía de Guillermo .
Igualmente destaca que es en aquella declaración policial de 29.7.2011 la única en que Constancio habla de la utilización de un machete, en el resto de sus declaraciones habla de una hacha-azada y un cutre; lo que concuerda con el resto de las pruebas practicas ya que tras su primera declaración ante la Guardia Civil, Constancio entregó un hacha-azada en la que aparecían pelos pegados, no existe evidencia alguna de la existente de un machete y las heridas causadas a las dos víctimas son compatibles de ser causadas por el hacha-azada y el cúter, tal y como expresaron tanto la policía científica como lo forenses.
Por tanto considera que el Jurado se baso para emitir el veredicto en diligencias que no constituyen prueba realmente y así lo hacen constar en la propia acta del veredicto, por lo que la misma debió ser devuelta por la Magistrado Presidente, advirtiendo al Jurado de la necesidad de motivar su decisión en pruebas válidas.
- Con carácter previo es preciso efectuar una doble reflexión sobre la naturaleza del recurso de casación en relación a la función competencia del Tribunal del Jurado.
Así - SSTS. 660/2010 de 12.12 , 1126/2003 de 19.12 , 41/2009 de 29.1 , 168/2009 de 12.2 , 717/2009 de 17.6 , 438/2012 de 16.5 , 838/2014 de 12.12 , debemos recordar que en sus orígenes históricos, la casación no era sino un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los Tribunales, a efectuar por el Tribunal de Casación que en funciones de verdadera "policía jurídica" depuraba y eliminaba aquellas resoluciones judiciales que se apartaban de la interpretación correcta fijada, precisamente, por la Sala de Casación, que de este modo se convertía en garante y custodio del principio de seguridad jurídica, esencial en todo sistema jurídico y al que se refiere el art. 9 apartado 3 de la Constitución en términos de existencia y de efectividad "....la Constitución garantiza.... la seguridad jurídica...." de ahí su naturaleza de recurso extraordinario. Con ello se garantizaba, igualmente el principio de igualdad ante la Ley, pues quedaba garantizada una idéntica interpretación y aplicación de la misma en todos los procesos.
- Efectuada esta precisión previa el motivo carece de fundamento por la sentencia dictada en apelación da adecuada respuesta a las cuestiones planteadas por los recurrentes con argumentos que deben ser asumidos.
En efecto la alegación de que el veredicto se fundamenta en elementos probatorios no practicados en el plenario: declaración del coimputado Constancio en sede policial en cuanto a su autoría que no implican a Guillermo y el uso del machete no puede sostenerse.
Como sostiene la sentencia recurrida la alegación acerca de la valoración de la declaración autoinculpatorio de Constancio realizada ante la Guardia Civil, contrariamente a lo referido por los recurrentes no fue utilizada como una prueba fundamental de cargo. Tal y como motiva el Jurado la culpabilidad de Constancio se evidencia no solo de su inculpación en los hechos -al inicio de la vista oral preguntado si se consideraba autor del delito, contestó que sí-, sino por las manifestaciones efectuadas en las conversaciones telefónicas, cuya audición y lectura tuvo lugar en las sesiones del juicio oral, en las que Constancio decía a su hermana "he sido yo, he sido yo, por mi propia cuenta", "quería sentirse un poco fuerte", y por las gotas de sangre de Carmen halladas en las zapatillas de Constancio (folios 427 y 428 acta del juicio).
En cuanto la declaración efectuada en sede policial, la misma fue valorada por el Jurado de manera conjunta con las otras siete declaraciones que prestó, a efectos de apreciar que su versión de los hechos ha ido cambiando, acabando por implicar al otro acusado, Guillermo , e incluso aludiendo a la presencia de unos "rumanos" que también tuvieron intervención en los hechos. Ese conjunto de declaraciones fue utilizado como referente en la Sentencia dictada por la Magistrada-Presidente a efectos de valorar la credibilidad del acusado y condenado, concluyendo que sus declaraciones no guardan coherencia ni verosimilitud ni por tanto fiabilidad, habiendo acogido el Jurado la versión de autoinculpación que ofreció ante la Guardia Civil por verse corroborada por las pruebas antes indicadas.
Finalmente, tal y como justifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, las declaraciones del condenado se incorporaron a la vista del Juicio Oral a instancias del Ministerio Fiscal y de la defensa del acusado y absuelto Guillermo , todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , sin que el acceso a las mismas por los miembros del Jurado a los efectos de valorar la credibilidad de la versión dada por el condenado infrinjan ni dicho precepto ni el artículo 24 de la Constitución Española . A tal efecto, es doctrina de esta Sala que el conocimiento de la diversidad de las declaraciones ofrecidas en el sumario puede ser conocida por el Jurado a través del interrogatorio contradictorio en el que, aún sin leer tales declaraciones, de acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , aquellas quedan evidentes y documentadas en el acta ( STS 672/2012 ). En todo caso, aún cuando se prescinda de dicha declaración ello no causa inexistencia de la prueba de cargo, pues existen otras contenidas en la motivación del veredicto antes reseñadas.
En efecto la sentencia Tribunal Supremo 1053/2013 de 30.9 , nos recuerda que el Tribunal del Jurado es un órgano jurisdiccional más, incluido dentro de la organización judicial española en el ámbito de la justicia penal, de tal manera que, sin perjuicio de las especialidades procedimentales derivadas de las peculiaridades de cada tipo de procedimiento, los principios, las reglas y los criterios que se tienen en cuenta en relación a los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los que se ejercita la pretensión penal no pueden verse substancialmente afectados por el hecho de que el enjuiciamiento se realice ante uno u otro Tribunal, diferenciados entre sí por su composición con jueces profesionales o legos, pero sujetos unos y otros en la misma medida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
En esta dirección la STS. 672/2012 de 5.7 , es clara al respecto al recordar que: "Desde esta realidad, esta Sala de Casación ni puede en su condición de garante del control de legalidad , apreciar unos supuestos de ilegalidad que se atiene escrupulosamente a las previsiones de la Ley del Jurado, ni debe superar la contradicción apreciable entre las previsiones legales contenidas en el art. 46-5º apartado primero en relación con el art. 53-3º y el art. 46-5º apartado segundo mediante la inaplicación de toda la regulación legal correspondiente a la incorporación al acta de los testimonios cuando en definitiva, por ese conocimiento de las actuaciones sumariales no se produce sic et simpliciter la quiebra del principio de que "nada llega juzgado al Plenario" y por otro lado, el conocimiento de la diversidad de declaraciones ofrecidas en el sumario puede ser conocida por el Colegio de Jurados a través del interrogatorio contradictorio en el que, aún sin leer tales declaraciones, de acuerdo con el art. 46-5, aquellas quedan evidentes y documentadas en el acta, habiéndose aceptado por reiterada doctrina del T.C. y de esta Sala --SSTS de 17 de Marzo de 1993 , 7 de Noviembre de 1997 , 23 de Septiembre de 1998 , 14 de Mayo de 1999 , 14 de Enero de 2000 , entre otras muchas--, la legalidad de tal prueba que no puede cuestionarse en relación al juicio por Jurados salvo que se acepte el riesgo de romper la unidad del sistema de justicia penal de suerte que las normas de admisión de las pruebas sean diferentes, según se esté ante un Tribunal de Jueces o un Colegio de Jurados. En tal sentido, STS 162/2006 de 15 de Febrero .
A lo anterior debe añadirse que la decisión de valorar la declaración del acusado prestada con las debidas garantías ante el Juez de Instrucción, se acomoda al carácter estructural de los principios de valoración probatoria, "cuya vigencia no puede depender de las variaciones que cada modalidad de procedimiento acoge" - como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo-, sin perjuicio de que puedan preverse peculiaridades en su práctica en aras a potenciar los principios de oralidad e inmediación. En este sentido, desde el prisma constitucional, carece de sentido que la decisión del procedimiento a seguir -sumario, abreviado o ante el Tribunal del Jurado- pueda definir el acervo probatorio.
- Respecto a que el Jurado se inclinara por el apartado 3 del objeto del veredicto en cuanto a que en los hechos solo intervino Constancio y el arma utilizada fuera un machete, y no un hacha-azada y un cúter, en contra de la tesis de la Guardia Civil expuesta en sus manifestaciones y ratificada en la vista del juicio oral, el Jurado llegó a tal convicción a la vista de las declaraciones de los forenses que ratificaron en la vista oral su informe (folios 93 a 117), en el sentido de que no descartaban que se hubiera usado un arma de morfología compleja, que no podían precisar el numero de agresores, aunque eran partidarios de más de un agresor, aunque no descartaron la autoría de uno solo que podía haber acometido a las víctimas portando en una mano el hacha-azada y en la otra un cúter, y que la muerte del niño se debió a traumatismo craneal con fractura y hundimiento por objeto contundente, sin especificar qué tipo de objeto fue el utilizado.
Pues bien -como ya hemos adelantado ut supra- lo primero que debe señalarse es que el recurso de casación se interpone no contra la sentencia del Tribunal del Jurado, sino contra la dictada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación interpuesto por el acusado contra aquélla. Y, en este ámbito, al pronunciarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la misma reclamación que allí se formuló, se expresa con todo acierto y fundamento que la valoración de la prueba practicada corresponde exclusivamente al propio Jurado, de cuyo resultado, manifestado en su veredicto, se obtendrá la relación de hechos probados, que necesariamente se han de integrar en la sentencia que dicte el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado; del mismo modo que el Jurado no puede pronunciarse sobre calificaciones jurídicas acerca de los hechos sometidos a su veredicto, el Magistrado-Presidente no puede dictar sentencia si no es a partir de los hechos declarados probados en el veredicto; corresponde pues al Jurado, en exclusiva, la valoración de la prueba practicada, y, declarados probados en el veredicto los hechos derivados de la prueba practicada, no le cabe al Magistrado-Presidente, existiendo prueba de cargo, posibilidad de desconocerlos, ni de hacer otra valoración de prueba diferente a la decidida por el Jurado.
- Por último en cuanto a que la utilización del machete no debió ser permitida su inclusión en el objeto del veredicto -apartado 3- por la Magistrado Presidente, al deducirse su utilización exclusivamente de la declaración prestada por Constancio ante la Guardia Civil -que no constituye verdadera prueba- con independencia de que tal afirmación, tal como acertadamente precisa la defensa del recurrido Guillermo en su escrito de impugnación del recurso, no es cierta, por cuanto la mención al machete no solo aparece en aquella declaración inicial de 29.7.2011, sino que en la ratificación ante el Juez instructor de 1.8.2011 se refiere a la presencia de "un cuchillo grande", lo cierto es que -como hemos dicho en SSTS. 487/2008 de 7.7 y 454/2014 de 10.6 , que dada la trascendencia del trámite que señala el objeto del veredicto, el Legislador no ha excluido a las partes, muy al contrario, les ha otorgado una importante intervención, haciéndoles igualmente responsables de su contenido, en cuanto tiene conferido el derecho a participar en su redacción definitiva mediante la oportuna audiencia. Así se plasma en el art. 53.1 LOTJ . pudiendo las partes solicitar las inclusiones y exclusiones que estimen pertinentes y pudiendo formular protesta respecto a las peticiones que les fueran rechazadas. Es decir, que las partes asumen junto con el Magistrado Presidente ante el Jurado, una función de colaboración para incluir en el objeto del veredicto todos los elementos que pueden influir en la decisión que ha de tomar el Jurado al declarar los hechos probados de dicho veredicto. Esta función se debe cumplir, como ya se ha indicado, pidiendo inclusiones y exclusiones en el objeto del veredicto, lo que supone que también pueden pedir aclaraciones en la redacción para evitar contradicciones. Por ello parece evidente que las partes no pueden guardar silencio cuando adviertan que en el objeto del veredicto se incurre en algún defecto, para luego dictada la sentencia y advertido el tenor de la misma pretender la nulidad de lo actuado con repetición del juicio oral. La doctrina más autorizada considera que la Ley, con muy buen criterio, parte de que los defectos que pueden subsanarse en la instancia deben quedar subsanados en la misma y de que no puede resultar favorecido por la nulidad, bien quien contribuyó a ella, bien quien pudo evitarla y no lo hizo. La exigencia de protesta previa no es un mero requisito de forma del que pueda decirse que cabe incurrir en formalismo, si se exige su aplicación con rigor técnico, es un requisito que hace al correcto desarrollo del proceso, pretendiendo evitar declaraciones de nulidad que hacen desmerecer en el concepto público la sentencia.
El motivo segundo por infracción de Ley al amparo del art. 849.2 LECrim , al haberse producido un error en la apreciación de la prueba y en el art. 849.1 LECrim .
Entiende la recurrente en el segundo motivo entienden los recurrentes que no se ha producido una motivación siguiendo un razonamiento lógico que permita fundamentar el veredicto y la absolución de Guillermo . Refieren la existencia de una serie de indicios que no han sido valorados por el Jurado, que de haberse tenido en cuenta quizá hubieran cambiado el signo de su decisión; a tal efecto apuntan a la declaración autoinculpatoria de Constancio -quien mantuvo que el asesinato lo cometió en compañía de Guillermo -, que no se lleva a cabo por motivos espurios ni de venganza y se encuentra corroborada por elementos periféricos, como la aparición de huellas dactilares de Guillermo en el interior de la puerta de la vivienda y junto al cadáver de Carmen ; la relación que con ésta había mantenido Guillermo , o la limpieza de la terraza por Guillermo después de cometerse los asesinatos; cuestionando la valoración de la prueba efectuada por el Jurado para considerar que las mismas no son concluyentes sobre la participación de Guillermo .
Finalmente, alegan los recurrentes la existencia de una contradicción en el acta. Consideran que se produce porque en la votación de la primera propuesta el objeto del primer veredicto se rechaza por cuatro votos a favor y cinco en contra, la segunda se rechaza por nueve votos en contra y la tercera se admite por siete votos a favor y otros dos en contra, por lo que entiende que al menos dos jurados consideran que el crimen se comete por Constancio y Guillermo con el hacha azada y el cúter -punto 1 del objeto del veredicto- y al mismo tiempo consideran que el crimen se comete sólo por Constancio con el machete -punto 3 del objeto del veredicto-, lo que a su juicio resulta contradictorio. Igualmente, considera la existencia de contradicción en el veredicto al considerar culpable a Constancio -hecho segundo- por nueve votos y el hecho tercero se aprueba por siete votos a favor y dos en contra, lo que evidencia una nueva contradicción. Si dos jurados no consideran probado el hecho tercero del veredicto, incurren en contradicción con el resultado de las votaciones respecto de los hechos primero y segundo del veredicto, contradicciones que debieron determinar la devolución del acta al Jurado.
- El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución suficientemente motivada haciendo comprensible a las partes y, en general, a la sociedad, el fundamento racional, fáctico y jurídico de la decisión judicial, aunque la misma sea perjudicial al acusado, sin que tal cometido imponga la necesidad de que la motivación sea pormenorizada o exhaustiva, siendo suficiente una escueta exposición de la misma ( SSTS 69/2007 y 403/2007, de 16 de diciembre ) quedando salvaguardado cuando el justiciable, después de un juicio con plenas garantías, recibe del órgano jurisdiccional una respuesta fundada en derecho a todas y cada una de las pretensiones aducidas con independencia de que tal respuesta sea estimatoria o desestimatoria ( SSTS 170/2010 y 436/2010 ).
Como han señalado las sentencias de esta Sala de 29 de mayo y 11 de septiembre de 2000 ( núms. 960/2000 y 1240/2000 ), ( STS 132/2004, de 4 de febrero , STS 816/2008, de 2 de diciembre , STS 300/2012, de 3 de mayo , 888/2013, de 27 de noviembre , y la muy reciente STS 45/2014, de 7 de febrero , entre otras), tratándose de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado no puede exigirse a los ciudadanos que integran por sí solos el Jurado de hechos y de culpabilidad, el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que puede exigirse a un Juez profesional y experimentado y por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado sólo exige (art. 61.d ) «una sucinta explicación de las razones...» que han tomado en consideración los ciudadanos jurados como elementos de convicción para declarar probados los hechos y la participación en ellos del acusado, razones que deberán ser complementadas, cuando sea necesario y de forma congruente con lo expresado por el Jurado, por el Magistrado-Presidente en tanto en cuanto pertenece al Tribunal y ha contemplado atentamente el desarrollo del juicio, motivando la sentencia de conformidad con el art. 70.2 de la LOTJ , ( STS 29 de mayo de 2000 ).
Debe tenerse en cuenta que la valoración de la prueba corresponde al Tribunal de instancia y que al Tribunal de casación le corresponde sólo controlar la racionalidad del proceso valorativo, y en el caso, como se ha expuesto, no es posible atender las pretensiones del recurrente encaminadas a sustituir la valoración de la prueba realizada por el Tribunal del Jurado, que no cabe tildar en modo alguno de arbitraria o errónea.
Los recurrentes cuestionan la valoración de la prueba hecha por el Jurado y motivada en el acta del veredicto. En definitiva alegan que el Jurado no ha tenido en cuenta las pruebas practicadas en el sentido pretendido por ellos, esto es, que a su juicio no ha quedado probado el objeto 3 del veredicto respecto de la autoría de los hechos por Constancio , utilizando un machete como arma homicida, asimismo cuestionan la motivación del veredicto en cuanto a la absolución de Guillermo .
El Tribunal del Jurado, en este extremo, entiende que no existen pruebas suficientes contra Guillermo , las declaraciones de Constancio respecto a la participación de Guillermo han sido cambiantes y equívocas, sin ofrecer fiabilidad suficiente, en unos casos indica que fue él solo, en otros implica a Guillermo y en otros incluso introduce la figura de "unos rumanos" en la escena del crimen. Además, la tesis de la Guardia Civil expuesta en sus investigaciones y ratificada en el acto del juicio oral, relativa a que fueron dos los autores del crimen y que las armas empleadas fueron una hacha azada y un cúter, fue puesta en contradicho por la declaración de los forenses, quienes, tras ratificar sus informes, manifestaron que la causa de la muerte del niño se debe a un traumatismo craneal con fractura y hundimiento por objeto contundente, sin especificar qué tipo de objeto fue el utilizado; tampoco podían precisar el número de agresores, aún cuando eran partidarios de más de un agresor.
También motivan dicha no culpabilidad del Sr. Guillermo en el informe del servicio de biología, no impugnado por las partes, donde se indica que no se obtienen muestras de ADN de Guillermo en el lugar de los hechos.
Termina el Jurado acogiéndose al principio in dubio pro reo, manifestando que considera que no existen pruebas suficientes contra Guillermo .
Como ya hemos adelantado, la valoración de las pruebas en el procedimiento del Tribunal del Jurado, corresponde a éstos, y en el caso presente, el Magistrado- Presidente da cuenta de la especialmente rigurosa actuación de los componentes del jurado, señalando que explicándose en el acta del veredicto las razones por las que el Jurado considera probados los hechos imputados a Constancio y su culpabilidad, asimismo, da las razones de por qué acogen la tesis de la defensa de Guillermo , descartando su participación en los hechos, pues allí aparecen no sólo los elementos de convicción, sino también las razones de la convicción, dando una justificación racional y suficiente de sus pronunciamientos, superando con creces la exigencia legal prevista en el artículo 61 d) Ley Orgánica del Tribunal del Jurado .
Es preciso recordar, en primer término, como ha hecho esta Sala en diversas resoluciones, el criterio restrictivo implantado por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a la extensión del control del recurso de apelación y de casación sobre las sentencias absolutorias cuando se dirimen cuestiones de hecho relacionadas con la apreciación de pruebas personales, criterios instaurados por la sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002 , que se han visto reafirmados y reforzados en numerosas resoluciones posteriores del mismo Tribunal (SSTC 170/2002 , 197/2002 , 118/2003 , 189/2003 , 50/2004 , 192/2004 , 200/2004 , 178/2005 , 181/2005 , 199/2005 , 202/2005 , 203/2005 , 229/2005 , 90/2006 , 309/2006 , 360/2006 , 15/2007 , 64/2008 , 115/2008 , 177/2008 , 3/2009 , 21/2009 y 118/2009 , entre otras). En esas resoluciones el Tribunal Constitucional considera que se vulnera el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías cuando el Tribunal de la revisión, sin respetar los principios de inmediación y contradicción, procede a revisar y corregir la valoración o ponderación de las pruebas efectuada por el juez de instancia y revoca, en virtud de una reinterpretación de unas pruebas que no ha practicado, la sentencia absolutoria apelada.
El respeto a los principios de inmediación, contradicción y publicidad, y también el de defensa impide, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que los órganos de la revisión modifiquen la valoración de tales pruebas sin haberlas practicado de forma directa y personal en la instancia de revisión. Es por ello que la pretensión de revisión que el recurrente, acusación particular, plantea sobre la base de una revaloración de la prueba, carece de posibilidad de ser estimada por no realizar esta Sala la percepción de la prueba y no disponer de la presencia del acusado para poder expresar su defensa. La resolución del presente recurso pasa, en segundo lugar, por reafirmar la inexistencia en derecho español de un derecho de presunción de inocencia invertido ( STS 120/2009, de 9 de febrero ; y 1289/2005, de 10 de noviembre ).
Sin olvidar que aunque la motivación de las sentencias es exigible ex art. 120 CE "siempre", esto es, con independencia de su signo, condenatorio o absolutorio. No obstante ha de señalarse que en las sentencias condenatorias el canon de motivación es más riguroso que en las absolutorias pues, de acuerdo, con una reiterada doctrina constitucional, cuando están en juego otros derechos fundamentales -y entre ellos cuando están en juego el derecho a la libertad y el de presunción de inocencia, como sucede en el proceso penal- la exigencia de motivación cobra particular intensidad y por ello se refuerza el canon exigible ( SSTC. 34/97 de 15.2 , 157/97 de 13 , 7 , 200/97 de 24.11 , 109/2000 de 5.5 , 169/2004 de 6.10 ).
Finalmente no resulta ocioso señalar que aún admitiendo que las armas utilizadas fuesen el hacha-azada y el cúter e incluso la intervención de dos personas, ello no implica que automáticamente esa segunda persona debe ser Guillermo , al suponer un salto cualitativo que es expresamente rechazado por el Tribunal del Jurado.
- Por último alegan los recurrentes la existencia de una contradicción en el acta. Consideran que se producía en la votación de la primera propuesta del objeto del veredicto que se rechaza por cuatro a favor y cinco en contra, la segunda se rechaza por nueve votos en contra y la tercera se admite por siete a favor y otros dos en contra, por lo que entienden que al menos dos jurados consideran que el crimen se comete por Constancio y Guillermo con el hacha azada y el cúter -punto. 1 objeto del veredicto- y al mismo tiempo consideran que el crimen se comete solo por Asan con el machete -punto 3 del objeto- lo que a su juicio resulta contradictorio. Igualmente consideran la existencia de contradicción en el veredicto al considerar culpable a Constancio por unanimidad por 9 votos, cuando el hecho tercero se aprueba por 7 a favor y 2 en contra.
Las contradicciones son evidentes pues al menos dos jurados consideran probados al mismo tiempo el hecho primero y el tercero del objeto del veredicto, y si dos jurados consideran no probado el hecho tercero no pueden considerar culpable a Constancio de cometer el hecho tercero.
Contradicciones que debieron determinar la devolución del acta del veredicto al Jurado para que solventaran las mismas, lo cual no se produjo, y debe determinar la nulidad del juicio y su repetición con jurado distinto.
Impugnación que no debe ser acogida.
Como decíamos en SSTS. 454/2014 de 10.6 , 487/2008 de 17.7 , 636/2006 de 8.6 , 357/2005 de 20.4 , que la LOTJ, ha partido de una articulación secuencial del objeto del veredicto en el art. 52 de la misma, estructurando las diversas cuestiones que han de someterse a la consideración del Tribunal de Jurado, y que son trasunto, como es lógico, de las alegaciones fácticas de las partes incorporadas a sus escritos de acusación y de defensa. Tal articulación es consecuencia de una serie de premisas, de las que parte la ley: primero, sirven para que el Magistrado-Presidente pueda redactar los hechos probados de la Sentencia que haya de dictarse, condenatoria o absolutoria, incorporando al "factum" todos los elementos que el jurado entienda como probados y que construyan el propio hecho probado, desde su comienzo hasta su consumación, con todos los avatares que las partes hayan planteado como acontecidos, incluidos también todos los elementos del llamado juicio de culpabilidad y de sus circunstancias en relación con la capacidad mental del acusado. En segundo lugar, sirven también para que la motivación se estructure en cada una de las proposiciones que se les formulan, sin que sea necesario naturalmente que tal motivación sea incardinable en cada una de las preguntas o proposiciones, sino que bastará una motivación general, con tal que el jurado explique sucinta pero suficientemente las pruebas en que se ha basado para dictar su veredicto. Pero tal estructuración secuencial de proposiciones sin duda facilita la labor intelectual de motivación, pues supone detenerse mentalmente en cada uno de los grados o estructuras de los hechos en su configuración secuencial para determinar en qué elementos probatorios se apoyó el jurado, dejando nota sucinta de tal explicación ( STS. 12.3.2001 ).
Siendo así no debe inadmitirse la alegación de contradicciones en el acta al veredicto. En efecto, tal y como afirma la sentencia del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, las votaciones sobre los hechos de producen sucesivamente en los términos de lo prescrito en el art. 59.1 LOTJ .
En los puntos 1,2 y 3 del objeto del veredicto se proponen las tres versiones de los hechos planteadas respectivamente por la acusación, la defensa de Constancio y la defensa de Guillermo . En primer lugar se declara no probado el punto 1 -autoría conjunta de Constancio y Guillermo - con la mayoría legal pertinente al ser hecho desfavorable, con cuatro a favor y cinco en contra, con lo que tal versión queda descartada por el Jurado y deja abierta la votación de los otros dos hechos objeto del veredicto. Después se vota el punto 2 -autoría de Guillermo , que resulta no probado por nueve votos- lo que no resulta contradictorio con la votación anterior pues aquellos cuatro jurados que votaron a favor de la actuación conjunta de los dos, no consideraron probado que sólo actuara Guillermo . Por último se vota el siguiente punto 3 del objeto del veredicto -autoría de Constancio - que se declara probado por siete a favor y dos en contra, cumpliendo la mayoría legal necesaria. Es cierto que dos jurados que votaron a favor de la actuación conjunta de los dos acusados (punto 1), también lo hicieron a favor de la actuación única de Constancio (punto 3) pero ello no implica las contradicciones invocadas, ya que como afirma el TSJ, la votación sucesiva de cada hecho propuesto en el objeto del veredicto y su resultado no predeterminan necesariamente el siguiente, en especial cuando plantean relatos históricos incompatibles entre si y autorías distintas.
No cabe hablar de contradicción entre diversos hechos declarados probados en el acta del veredicto, porque resulta solo probado un punto (el numero 3). Lo que sucede es que se vota sucesivamente y con distintos resultados cada punto sobre el particular y el Jurado solo da por probado uno, sin que los resultados de las votaciones anteriores deban proyectarse sobre las siguientes.
Y en cuanto a que la cuestión nº 3 relativa a la autoría de Constancio se declara probada por 7 votos a favor y 2 en contra y sin embargo el Jurado considera culpable al mismo por 9 votos, debemos recordar que tal discordancia solo afectaría a Constancio y no a Guillermo cuya condena postulan los recurrentes y aquel se ha aquietado con su condena al no formalizar el recurso de casación. Ello obliga a recordar la reiterada doctrina de esta Sala, SSTS. 84/2010 de 18.2 , 987/2011 de 5.10 , 974/2012 de 5.12 , 115/2014 de 25.2 ), que, con expresa referencia a las SSTC. 13.5.88 , 6.4.89 , señala que la casación se concibe únicamente para defender y ejercitar derechos propios pero no ajenos.
- Finalmente existen otras causas de desestimación de la contradicción denunciada. Así debemos precisar STS. 753/2014 de 13.1 , que ese motivo de apelación, exige que el quebrantamiento de normas y garantías procesales cause indefensión, aunque implique vulneración de derecho fundamental constitucionalmente garantizado, pues únicamente la norma excepciona en ese caso, la oportuna reclamación de subsanación, pero ni siquiera la carga de haberse formulado la oportuna protesta, como expresamente indica el inciso final del precepto.
Así la sentencia de esta Sala núm. 436/2014, de 9 de mayo : "En cuanto al presupuesto de protesta y reclamación previa para la admisión a trámite de la apelación, debemos recordar que, cuando el motivo de ésta es precisamente uno de los supuestos que se enuncian en el apartado a) párrafo segundo del artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , el último inciso de ese precepto exige la temporánea protesta, aunque la alegación de infracción de un derecho fundamental exime de la reclamación previa. Cuando la alegación de aquella vulneración se refiera al derecho a la tutela judicial, subsistiría la exigencia de protesta, siquiera esa exigencia no se compadece con la exención de previa reclamación de subsanación".
Es cierto que la previsión legal invocada por el recurrente 63.1.d) LOTJ, ordena al Magistrado la devolución del acta con audiencia de las partes, pero a estas compete la denuncia del defecto. La denuncia nos recuerda la sentencia de esta Sala núm. 267/2013 de 22 de marzo , constituye una carga para las partes. La admisibilidad del recurso de apelación, por el cauce del apartado a) del artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se condiciona a la indefensión como consecuencia y a la previa reclamación como medio de subsanación. Efectivamente dicha norma procesal, después de excluir la necesidad de previa reclamación, cuando la apelación se funda en la vulneración de un derecho fundamental, enuncia, entre los motivos que exigen esa reclamación, por su dimensión de infracción de mera legalidad, la concurrencia de motivos de los que debieran haber dado lugar a la devolución del acta del veredicto al Jurado.
Mientras que en autos, la parte calló ante las contradicciones que a su entender contenían los hechos declarados probados entre sí; aludiendo exclusivamente a la invariabilidad del contenido del acta. Aunque ello no obedeciera a estrategia de defensa, el silenciar la causa de nulidad en ese momento, e invocarla después con la expectativa de éxito consiguiente por vía de recurso, posibilita una arbitraria disposición de un Tribunal diverso al que ya se mostró contrario a la pretensión de la parte después recurrente; y esta mera posibilidad, indica la ya citada sentencia de esta Sala núm. 267/2013 de 22 de marzo , justifica la exigencia estricta del presupuesto de admisibilidad del recurso ulterior que la ley impone. Bien entendido, que no consta en modo alguno que en el caso que juzgamos, tal ardid hubiera sido la razón del silencio de las partes en el trámite de entrega del veredicto; pero aún así su reclamación era exigible como carga ineludible para disponer de la vía impugnativa de la apelación.
Desestimándose el recurso se imponen las costas art. 901 LECrim .
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por La Acusación Particular, en representación de Teodulfo , Rafaela , Delfina , contra sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial Oficina del Jurado de Alicante, procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de Villajoyosa, que condenó a Constancio como autor de dos delito de asesinato y confirmar la sentencia apelada en todos sus términos; y condenamos a los recurrentes al pago de las costas causadas en la tramitación de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Candido Conde-Pumpido Touron D. Jose Manuel Maza Martin D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Antonio del Moral Garcia Dª. Ana Maria Ferrer Garcia
SAP Tarragona 529/2011, 6 de Octubre de 2011