Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/Noviembre/1841-111108-2008-07-2328.html
Timestamp: 2017-01-17 10:57:45
Document Index: 273179481

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 168', 'artículo 185', 'artículo\n185', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 175', 'artículo\n125', 'artículo 92', 'artículo 88', 'artículo 108', 'in fine', 'artículo 92', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 202', 'artículo 92', 'artículo 185', 'artículo\n108', 'artículo 185', 'artículo 185', 'artículo 524', 'artículo\n108', 'artículo 125', 'artículo 185', 'artículo 176']

1841-111108-2008-07-2328.html
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos derivados
de la relación de trabajo incoara el ciudadano JOSÉ SURITA, representado
judicialmente por el profesional del derecho Jesús Solórzano, en
contra de la sociedad mercantil MALDIFASSI & CIA C.A., patrocinada
judicialmente por los profesionales del derecho Maximiliano Hernández, Sibeles
del Nogal, Joaquín Montoya, José Luis Ramírez, Raiza Godoy Mercedes, Alexis
Pinto, Miguel Ángel Rodríguez Saturno, Gisela Aranda, Gustavo Urdaneta, Andrés
Troconis, Guillermo Trujillo, Noris Cuervo, Morella Nass, Ricardo Maldonado,
Magaly González de Ohep, Mayuri Meza y Jaime Torres; el Juzgado Superior
Octavo para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en razón de los
recursos de apelación interpuestos por ambas partes, declaró en fecha 31
de octubre de 2007, sin lugar la actividad recursiva propuesta por la parte
demandada, parcialmente con lugar la ejercida por la parte actora, y parcialmente
con lugar la demanda, modificando así el fallo proferido en fecha 19 de julio
de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa
misma Circunscripción Judicial.
Contra dicho fallo la parte accionada anunció y formalizó oportunamente recurso de casación. Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, se dio cuenta del mismo en fecha 6 de diciembre de 2007,
designándose como ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez.
Por auto fechado el 31 de julio de 2008, se acordó fijar la audiencia oral,
pública y contradictoria para el día martes veintiuno (21) de octubre de 2008, a las nueve y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.).
Concluido como fue el debate ante esta Sala, y habiendo
sido proferida la sentencia de forma oral e inmediata, se procede en esta
oportunidad a reproducir la misma in extenso y publicarla, conforme a lo
consagrado en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Por razones de naturaleza
metodológica, se alterará el orden para conocer de las denuncias formuladas,
analizando la cuarta de ellas de manera preliminar, y en caso de resultar procedente,
se descenderá a las actas del expediente para decidir el mérito de la
controversia, prescindiendo del estudio de las restantes delaciones.
Con fundamento en el artículo 168, numeral 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la recurrente denuncia la violación del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el desacato de la reiterada doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social acerca de la manera de
calcular la corrección monetaria. La sentencia recurrida expresa (folios 164 y
165):
En base al criterio anteriormente trascrito, este
Tribunal ordena la corrección monetaria de las cantidades que corresponde pagar
a la demandada, y asimismo practicar experticia complementaria del fallo , por
lo cual el experto designado ajustará el valor actual, tomando en cuenta los
índices de inflación fijados por el Banco Central de Venezuela.
Se ordena la realización de una experticia complementaria
del fallo a los fines de calcular las sumas que en definitiva correspondan al
actor siguiendo los parámetros establecidos precedentemente.
SEXTO: Se ordena la corrección monetaria de las sumas que
resulten determinadas en la experticia complementaria del fallo, que se ha
ordenado desde la fecha de admisión de la demandada hasta el pago definitivo,
con base al índice de precios al consumidor establecido por el Banco Central de
Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas.
Acusa que el Juez de sentencia
recurrida violó por errónea interpretación el contenido y alcance el artículo
185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que su sentencia es contraria a
la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social sobre la manera de calcular la corrección monetaria, porque ordenó la corrección monetaria
sin indicar los lapsos que deben excluirse de su cálculo; que en efecto, la Sala de Casación Social ha decidido que el juez debe excluir del cálculo de la corrección
monetaria “los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por
acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como
huelga de funcionarios tribunalicios, por la transición en la implementación de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales” (Sala de
Casación Social, Sentencia Nº 1165 de fecha 9/8/2005).
Alega que, en este mismo sentido, se
ha pronunciado la Sala de Casación Social en fecha 29/9/2006, s. 1464;
27/9/2005, s. 1220; 16/6/2005, s. 630; 12/4/2005, s. 251); que por este mismo
motivo, el Juez de la sentencia recurrida infringió por falta de aplicación el
artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que de haber acogido la
doctrina de casación sobre la manera de calcular la corrección monetaria
citada, el juez habría excluido del cálculo de la corrección monetaria los lapsos
Para decidirse toma en cuenta:
Ha sido doctrina pacífica y reiterada
de esta Sala de Casación Social que deberán excluirse del lapso sobre el cual
se acuerda la indexación en los casos del régimen procesal transitorio, los
períodos en los cuales la causa se encuentre suspendida por acuerdo de ambas
partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como vacaciones
judiciales, así como el tiempo que tomó la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; igualmente, se ha señalado que su cómputo debe acordarse,
desde la fecha de la notificación o citación de la parte demandada hasta que la
sentencia quede definitivamente firme.
En este sentido, el sentenciador superior se apartó del criterio
jurisprudencial que sobre el cálculo de la indexación ha mantenido esta Sala de
Casación Social, al no haber hecho la referida exclusión, infringiendo así el
artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, motivo por el cual la
presente denuncia es declarada con lugar y así se decide.
Al haber encontrado esta Sala de Casación Social, procedente esta
denuncia, declara nulo el fallo recurrido de fecha 31 de octubre de 2007, proferido por
el Juzgado Tercero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; y
seguidamente, pasa a dictar sentencia sobre el fondo, todo ello, de conformidad
con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Como quiera que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho, la Sala ratifica todas y cada una de sus partes la condena ordenada por el ad quem, en lo
que respecta a la antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso,
indemnización por despido, utilidades, vacaciones fraccionadas y cesta tickets,
desestimando lo pretendido por útiles escolares, botas y braga. Considera
procedentes las indemnizaciones por despido injustificado previstas en el artículo
125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vale decir, la indemnización por despido y
la indemnización sustitutiva del preaviso, no así, el pago por salarios caídos
desde la fecha del despido hasta la sentencia definitiva. Ahora bien, a criterio de esta Sala, y en cumplimiento de la labor
pedagógica que ésta ha asumido, es propicia la oportunidad para hacer algunas
precisiones de carácter normativo y jurisprudencial, relacionadas con los
intereses moratorios y con la corrección monetaria de las cantidades que una
vez concluida la relación laboral queda a deber el patrono al trabajador, su
génesis normativa, su evolución, y algunas propuestas sobre la interpretación
que a éstos debe dársele bajo la óptica de nuestro derecho positivo. Para ello, debe forzosamente referirse, de manera preliminar, a su
antecedente normativo, es decir, al artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que a la letra establece que el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata y que toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. Estima la Sala que para el cabal entendimiento del
contenido de esta previsión constitucional debe precisarse a qué hizo alusión
el constituyente cuando se refirió en este contexto a las “prestaciones
sociales” y para ello debemos puntualizar el sustratum de las
mismas, aparejada de una suerte de breve reseña histórica, y la determinación
de cuáles conceptos conforman esta institución en el marco de nuestro ordenamiento
De una proyección regresiva en el tiempo, se
constata con nitidez la intención legislativa venezolana de dar protección a
los trabajadores cuando cesa la prestación de sus servicios.
Con referencia las prestaciones sociales en el ámbito
patrio, y en razón de este afán proteccionista, surge la incorporación de las mismas
con carácter de fondo de previsión social, vale decir, la prestación de
antigüedad y el auxilio de cesantía, como subsidios económicos ante tal
Debe indicarse que la Constitución Nacional venezolana de 1961 establecía en su artículo 88 el
mandato de adoptar medidas tendientes a garantizar la estabilidad en el trabajo
y el establecimiento de “prestaciones” que recompensaran la antigüedad del
trabajador en el servicio y lo ampararan en caso de cesantía. Éstas, fueron concebidas originariamente como
expectativas de derecho, y la percepción de las mismas dependía de la causa de
finalización de la relación de trabajo, estaban condicionadas a si ésta se
producía por un despido injustificado o un retiro justificado, caso contrario
no surgía la obligación patronal de cancelarlas.
En el año 1974 se modifica este régimen, y “las
prestaciones sociales” (antigüedad-cesantía) se consagran como derechos
adquiridos, que se consolidan sin importar la causa por la cual se ponga fin a
la relación laboral, y a partir de este momento, en ningún caso el laborante
pierde el derecho a la percepción de las mismas.
Coincidiendo con la más calificada doctrina patria,
se puede afirmar que la prestación de antigüedad y el auxilio de cesantía fueron
concebidas como un salario diferido que se consolidaban con el transcurso del
tiempo y se hacían exigibles al término de la relación laboral; que éstas
protegen al trabajador de dos contingencias básicas como son la pérdida del
empleo (auxilio de cesantía), y el reconocimiento a la permanencia en el
trabajo a través de un ahorro (antigüedad), configurándose como el único
patrimonio que aumentaba y acumulaba el trabajador con el transcurso ininterrumpido
del tiempo, exigible al finalizar la relación laboral.
Con la puesta en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, en su artículo 108 se refunden en un solo rubro, “las
prestaciones sociales”, es decir, la antigüedad y el auxilio de cesantía, considerada
como una “indemnización”.
No es hasta que el cuerpo laboral sustantivo de 1990
es reformado, es decir, en fecha 19 de junio de 1997, cuando la “indemnización
por antigüedad” es establecida como “prestación de antigüedad”,
cambio de categorización éste que, a criterio de la más calificada doctrina
patria, es de mayor rigor técnico, puesto que no se trata de un pago
indemnizatorio sino de un pago que nace por la permanencia en el trabajo, por
lo que en el actual contexto jurídico laboral venezolano, la expresión “prestaciones
sociales” es impropia gramatical y conceptualmente hablando, ya que hoy en
día, esta previsión sólo está referida a la “prestación de antigüedad”. Aclarada como ha sido esta imprecisión terminológica
en los párrafos anteriores, fuerza indicarse que, en lo que respecta a la parte
in fine del artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o sea, al establecimiento de la mora debitoris, esto es, que el retraso o incumplimiento de lo que adeuda el patrono al trabajador por concepto de la prestación de antigüedad, genera el deber de pagar intereses de mora desde la fecha en que la misma se hace exigible, vale decir, desde el momento en que efectivamente culmina la relación de trabajo.
En el sentido precedentemente esbozado se pronunció
esta Sala de Casación Social en sentencia Nº 607 de fecha 04 de junio de 2004,
al referirse a la naturaleza jurídica de los intereses moratorios sobre el pago
de la diferencia de prestaciones sociales en los siguientes términos:
Los intereses moratorios no son más que la
consecuencia de la falta de pago oportuno, del retardo o la mora en la cual
incurre el patrono en pagar al trabajador sus prestaciones sociales, al
finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de un capital
perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, los
que se calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, si son causados después de la entrada en vigencia de la Carta Magna.
Es decir, que el reclamo de dichos intereses generados por la tardanza
en el pago de las prestaciones sociales, debe necesariamente computarse después
de la extinción de la relación de trabajo, pues se trata de un interés
moratorio causado por una tardanza culposa del patrono en no cumplir con su
obligación patrimonial frente a su trabajador, que consiste en el pago oportuno
de las prestaciones sociales, una vez finalizada su relación laboral.
Por consiguiente, cuando el patrono no paga
oportunamente las prestaciones sociales, es decir, cuando no las paga al
finalizar la relación de trabajo, surge para el trabajador, además del
derecho de reclamar judicialmente tal pago, el derecho a cobrar intereses de
mora por el retardo en el cumplimiento del pago. (Destacados actuales de la Sala).
Estos intereses no deben ser confundidos con los
intereses devengados por las cantidades acumuladas por la prestación de
antigüedad, a que se contrae el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece que de forma mensual y definitiva deben ser
liquidados y depositados al trabajador en un fideicomiso individual o en la
contabilidad de la empresa y que le deberán ser entregados anualmente y al término
de la relación de trabajo lo que por ello se adeudare.
del criterio anterior, se dejó establecido en reciente sentencia de la Sala Constitucional (Nº 969 del 16 de junio de 2008), lo siguiente:
(…) lo adeudado por concepto de salario y prestaciones sociales, de
conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son créditos de exigibilidad inmediata que no pueden sujetarse a la
determinación de acontecimientos futuros e inciertos, Además, toda mora en el
pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor, que gozan de los
mismos privilegios y garantías de la deuda principal. Asimismo, en dicha
sentencia, esta Sala señaló que el riesgo de las fluctuaciones del valor
monetario corren por cuenta del deudor, lo que también condiciona la necesaria
inmediatez en el pago de las obligaciones laborales, ordenándose finalmente, la
publicación de dicha decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
ello así, se advierte como en el presente caso, la sentencia cuya revisión se
solicita, que fue emitida el 10 de agosto de 2004, esto es, con posterioridad a
la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y al fallo dictado por esta Sala Constitucional, el 11 de abril de 2002, por lo cual se estima que
transgredió la doctrina vinculante fijada por esta Sala, así como infringió el
contenido del artículo 92 de la Constitución, ya que lo ajustado a derecho era que el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo del Régimen
Transitorio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acordase el pago de intereses de mora sobre las cantidades adeudadas y a las
cuales fue condenado el patrono en el fallo referido; los cuales serán
calculados desde la fecha de culminación de la relación laboral, hasta la fecha
de ejecución del fallo. (Destacados
actuales de la Sala.)
corrección monetaria, ratifica esta Sala la fundamentación ideológica que
jurisprudencialmente se le ha dado a la misma y para ello asume como suyo el
criterio sostenido por la Sala Constitucional en decisión Nº 2191 de fecha 06 de diciembre de 2006 cuando dejó establecido que la indexación -o ajuste
inflacionario- opera en virtud del incumplimiento o retardo en el que incurre
una de las partes que se ha comprometido en una obligación, de modo que la
indexación comporta una justa indemnización capaz de reparar la pérdida
material sufrida y compensar el daño soportado, con la finalidad de que la
tardanza en el cumplimiento no comporte una disminución en el patrimonio del
también este máximo órgano jurisdiccional que en consecuencia, y salvo que la
ley diga lo contrario, quien pretenda cobrar una acreencia y no reciba el pago
al momento del vencimiento de la obligación, tiene derecho a recibir el pago en
proporción al poder adquisitivo que tiene la moneda para la fecha efectiva del
mismo, y que sólo así, recupera lo que le correspondía recibir cuando se venció
la obligación y ella se hizo exigible. (S/C 20-03-06 Nº 576).
parte, ratifica esta Sala de Casación Social, el discurrir histórico de esta
institución dentro de la jurisprudencia patria, y a tal efecto reproduce, las
consideraciones formuladas en tal sentido, en decisión Nº 595 de fecha 22 de marzo
de 2007, que a su vez, ratifica la sentencia Nº 111 de fecha 11 de marzo de
2005, en la cual se dispuso que la corrección monetaria en los juicios
laborales que tengan por objeto la cancelación de las prestaciones sociales de
los trabajadores, es declarada materia de orden público social, esto, según lo estimado
por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en
sentencia de fecha 17 de marzo de 1993 (Camillius Lamorell contra Machinery
Care y otro), en la cual se apuntó que el ajuste monetario podía ser acordado
de oficio por el Juez, aun sin haber sido solicitado por el interesado, con
fundamento en la noción de irrenunciabilidad de las disposiciones y normas que
favorezcan a los trabajadores, y basado en que la restitución del valor de las
obligaciones de dinero al que poseía para la fecha de la demanda, no es
conceder más de lo pedido, sino conceder exactamente lo solicitado, teniendo en
cuenta que el trabajador tiene el derecho irrenunciable a la prestación no
disminuida por la depreciación cambiaria. El fallo supra citado de
fecha 17 de marzo de 1993, consideró el salario y las prestaciones sociales
como deudas de valor, caracterizadas porque sólo se cumplen fielmente cuando el
deudor satisface la necesidad que esa obligación está dirigida a cubrir,
independientemente de que la suma de dinero indispensable a tal fin, se haya
incrementado por efecto de la disminución del valor de cambio de la moneda, así
la filosofía de ese fallo en su parte medular se centraba en castigar a aquellas
personas que sin tener argumentos razonables para litigar, usaban abusivamente
el proceso para perjudicar a la parte actora, estimulando la litigiosidad
judicial sobre la base de que si se demandaba una cantidad de dinero y el
proceso se prolongaba muchos años, era rentable para el demandado retardarlo en
atención a que cuando tenía que cancelar en definitiva, lo hacía pagando una
cantidad de dinero irrisoria en comparación con el valor de la moneda para el
momento de introducción de la demanda. Debe agregarse aquí otro
razonamiento jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, y es que cuando
el trabajador demanda asume por hecho que, de tener la razón, recibirá nominal
y materialmente el monto que se le adeuda, por lo que cuando no se respeta el
verdadero valor monetario de la controversia se transgrede el principio de
protección de la confianza legítima, arraigado en otro principio cardinal para
el Estado de Derecho: el de seguridad jurídica, y se favorece el
enriquecimiento sin causa del patrono.
Posteriormente, la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 414 de fecha 28 de noviembre de 1996 (Mario Sánchez
contra Viajes Venezuela, C.A.), precisó que en aquellos juicios laborales que
tuvieran por objeto el pago de prestaciones sociales, el riesgo de la demora
judicial no podía recaer en el trabajador victorioso, sino sobre el patrono que
no tuvo razones para incumplir su obligación y que siempre pudo poner fin al
proceso en todo estado y grado de la causa, clarificando así que en sucesivos
fallos debía excluirse del período computable para el cálculo inflacionario, la
demora procesal por hechos fortuitos o causas de fuerza mayor; por huelgas de
los trabajadores tribunalicios, de jueces, etc., y el aplazamiento voluntario
del proceso por manifestación de las partes (Parágrafo. 2º del artículo 202 del
Código de Procedimiento Civil).
Ahora bien, en relación con la evolución de la corrección
monetaria en materia laboral, el criterio sostenido en forma pacífica y
reiterada por esta Sala de Casación Social con respecto a su cálculo, es que el
mismo debe computarse desde la fecha de la notificación de la parte demandada
hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo el lapso en que
el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, y aquellos
períodos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables
a ellas, es decir, hechos fortuitos o fuerza mayor, criterio éste ratificado
por este alto tribunal, según sentencia de fecha 12 de abril del año 2005.
(Decisión Nº 1176/22-09-2005).
continuación a las consideraciones sobre el premencionado artículo 92, debe
mencionarse que la Sala Constitucional, en la decisión citada anteriormente, al
referirse al contenido del mismo también dejó consagrado:
de deudas de valor, el monto está referido a un valor no monetario, pero que se
cumple mediante el pago de una suma de dinero, por cuanto lo debido al momento
de nacer la obligación no consiste en una determinada cantidad de dinero, sino
en un valor, citándose como ejemplo, el resarcimiento de daños y perjuicios o
el pago de pensiones alimentarias, e insistiéndose en que tales obligaciones se
protegen de la inflación, porque no pierden valor como consecuencia de aquel
fenómeno económico, sino que al no estar cifrada la obligación en dinero, la
inflación no tiene efecto alguno sobre la misma. (Vid. James-Otis RODNER, “El
Dinero. La inflación y las deudas de valor”, Caracas, 1995, p.231 y
siguientes). Esto
último es lo que explica el mandato constitucional de proteger el salario y las
prestaciones sociales de las oscilaciones económicas que, como consecuencia de
factores contingentes o estructurales, que influyen sobre el valor real del
signo monetario y que expuesto al efecto corrosivo del tiempo, disminuyen el
poder adquisitivo, y por ende, las expectativas legítimas, que tienen empleados
y obreros, de disfrutar el producto de su trabajo. El riesgo de las
fluctuaciones del valor monetario corren por cuenta del deudor, lo que también
condiciona la necesaria inmediatez en el pago de las obligaciones laborales (…).
Así las cosas, partiendo de un análisis
gramático-contextual tenemos que dicha norma del cuerpo adjetivo laboral prevé
dos sanciones pecuniarias que paralelamente van consustanciadas con la condena en
los juicios de naturaleza laboral.
En primer término, el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra, el pago de intereses moratorios que se generan a raíz de la condena judicial, es decir, que éstos tienen un origen endógeno procesal, se producen sólo con ocasión de la renuencia del ejecutado a cumplir “voluntariamente con la sentencia” sobre las cantidades condenadas desde la fecha del decreto de ejecución hasta la oportunidad del pago efectivo; se establece como base de cálculo de los mismos, la tasa de
mercado vigente, establecida por el Banco Central de Venezuela para los
intereses sobre prestaciones sociales. Aquí cabe precisar que, para su
determinación basta con remitirse a lo que a este respecto establece el artículo
108 de la Ley Orgánica del Trabajo en relación con la tasa de interés que
devengan las prestaciones sociales, y en lo que se refiere al inicio del
cómputo de los mismos, que éstos correrán desde la fecha del decreto de
ejecución, hasta la materialización de ésta.
Consagra entonces, la norma sub analisis también
la procedencia de la indexación o corrección monetaria desde el decreto de
ejecución de la sentencia hasta la oportunidad efectiva del pago, es decir, que
conteste con la norma ut supra transcrita, en el vigente proceso laboral
la corrección monetaria o indexación procede en aquellos
casos en que, una vez cuantificada la condena, el perdidoso no cumpliere
voluntariamente con la misma, a partir de
la ejecutoriedad del fallo, y no desde la admisión o notificación de la demanda
como sucedía bajo el régimen procesal laboral anterior. En este orden de ideas,
esta Sala ha sostenido lo siguiente:
(…) la Ley Procesal Laboral, contempla la indexación sólo en fase de
ejecución cuando existiere incumplimiento voluntario del condenado, la cual de
conformidad con la norma anteriormente transcrita [artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo] operará desde el decreto de ejecución hasta su
cumplimiento efectivo.
Ahora bien, este criterio debe ser aplicado para aquellos casos en los
cuales la causa se haya ventilado bajo los parámetros de la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de lo contrario, es decir, si se tratare (…) de una causa
que ha sido arrastrada desde el derogado procedimiento laboral, debe aplicarse,
en obsequio a la justicia, el criterio mantenido por esta Sala previo a la
entrada en vigencia de la Ley Adjetiva mencionada, en cuanto a la indexación.
En este mismo orden de ideas, sólo operará la indexación sobre todas las
cantidades ordenadas a pagar, de conformidad con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, si el condenado no cumpliere voluntariamente con lo
ordenado, desde el decreto de ejecución hasta su cumplimiento efectivo (Sentencia N° 630 del 16 de junio de 2005,
caso: José Cristóbal Isea Gómez y otros contra C.A., Electricidad de
Occidente; criterio ratificado entre otras, en sentencias Nos 1.412 y 1.945 del 28 de junio y del 3
de octubre de 2007, casos: Marisela Beatriz Rojas de Rodríguez contra Avon
Cosmétics de Venezuela, y Carlos José Díaz Ríos contra Expresos Caribe
C.A., respectivamente).
Con fundamento en los criterios expuestos y en las normas parcialmente
transcritas, la Sala en ejercicio de su labor interpretativa, fundamentada en
la justicia y la equidad, en su incansable esfuerzo de humanizar el proceso, y
teniendo en cuenta que la nueva concepción que del Estado propugna nuestra
Carta Magna exige una visión del derecho compenetrada con todos los sectores de
la sociedad, a fin de minimizar en lo posible y mediante la interpretación
jurídica, los desajustes que en ella puedan coexistir, lo que implica que la
interpretación y aplicación del derecho tenga en cuenta la realidad social a
fin de no agravar más la condición de vulnerabilidad en que se encuentran
algunos de sus sectores en relación a otros, o a su calidad de vida, tomando en
cuenta que el incumplimiento del pago de las acreencias del trabajador trastoca
el interés social, lo que exige una participación del Juez para que el
postulado constitucional de Estado Social de Derecho y de justicia alcance
concreción práctica (Vid. Sent. S. C. N° 576 del 20 de marzo de 2006), y
después de una profunda revisión de los criterios anteriormente expuestos, esta
Sala estima conveniente hacer las siguientes consideraciones:
La citada norma adjetiva laboral (artículo 185), tal como lo señala la Exposición de Motivos de dicha Ley “plasma como derecho positivo, la inveterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la corrección monetaria
del objeto de la pretensión (…)”. Efectivamente, ya esta Sala de Casación Social se había pronunciado
respecto de la indexación por la pérdida de valor de la moneda durante la fase
de ejecución del proceso, específicamente en la ejecución forzosa del fallo; en
este sentido, entre otras, en decisión N° 12 del 6 de febrero de 2001 (caso: José
Benjamín Gallardo González contra Andy de Venezuela, C.A.) se sostuvo:
(…) una
vez que la sentencia definitiva haya quedado firme y liquidado e indexado como
sea el monto de la condena, el Tribunal, a petición de parte interesada,
decretará la ejecución y fijará el lapso para el cumplimiento voluntario del
fallo, en conformidad con lo establecido en el artículo 524 del Código de
Procedimiento Civil. Si el ejecutado no cumple voluntariamente con la decisión,
el Tribunal ordenará la ejecución forzada y, a petición de parte, decretará
medida ejecutiva de embargo sobre bienes determinados o librará el respectivo
mandamiento de ejecución, para que sea practicada la medida sobre bienes del
deudor, hasta por el doble del monto de la condena más las costas procesales
por las cuales se siga ejecución, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 526 y 527 eiusdem.
vez cobrado el monto inicialmente ordenado por el Tribunal, tendrá derecho el
trabajador a solicitar que el Tribunal de la ejecución, es decir aquél que fue
el Tribunal de la causa, calcule la pérdida de valor de la moneda durante el
procedimiento de ejecución forzosa de lo decidido y ordene pagar la suma
adicional que resulte, la cual asimismo será objeto de ejecución forzosa en
caso de falta de cumplimiento voluntario, pues sólo así puede el proceso
alcanzar su finalidad de garantizar una tutela jurídica efectiva. (Destacados actuales de la Sala).
Como se observa, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo recogió la
jurisprudencia de esta Sala, que ya le atribuía al patrono que hubiese sido
condenado al pago, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda como
consecuencia de la inflación, durante la ejecución forzosa de la sentencia,
máxime cuando tal demora le es imputable porque pudo darle cumplimiento
voluntario al fallo y satisfacer así su deuda con el trabajador.
No obstante, esta Sala aprecia que, limitar la corrección monetaria al
lapso de ejecución forzosa, implica una ruptura con los avances que en la
materia se habían logrado por vía jurisprudencial, al desnaturalizar dicha
figura jurídica. Como señaló la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 17
de marzo de 1993, a que se ha hecho referencia precedentemente, la indexación “debe
restablecer la lesión que realmente sufre el valor adquisitivo de los salarios
y prestaciones del trabajador por la contingencia inflacionaria, corrigiendo la
injusticia de que el pago impuntual de las prestaciones se traduzca a una
ventaja del moroso y en daño del sujeto legalmente protegido con derecho a
Cuando el trabajador, ante el incumplimiento culposo por parte del deudor
de la obligación, activa los órganos de administración de justicia, deberá
esperar el tiempo que necesariamente requiere la culminación del proceso –pese
a que el nuevo proceso laboral destaca frente al anterior por haber acortado
significativamente su duración, al inspirarse en principios de brevedad,
celeridad y concentración, constituye una actividad dinámica que se desarrolla
en el tiempo– para obtener un pronunciamiento judicial. Así, la fase de
cognición de la causa podría implicar una demora en el cumplimiento del
patrono, y, ante la improcedencia de la corrección monetaria durante ese lapso,
es el trabajador quien soporta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda en
razón de la inflación –lo cual constituye una máxima de experiencia conteste
con la consolidada jurisprudencia de este máximo Tribunal–, porque en
definitiva recibe una cantidad inferior a la que se le adeudaba, desde el punto
de vista de su poder adquisitivo y no nominal.
En consecuencia, a fin de permitir que el trabajador obtenga una cantidad
igual a la que se le debía para el momento de poner en mora al empleador, es
indispensable que esa suma sea actualizada a través del mecanismo de la
indexación, lo que debe realizarse incluso en aquellas causas que hayan
comenzado bajo el régimen procesal laboral vigente.
En este orden de ideas, la Sala precisó en fallos anteriores que el cómputo de la corrección monetaria debe hacerse a partir de la fecha en
que haya sido notificada la parte demandada –y no desde la admisión de la
demanda–, porque sólo entonces ésta tiene conocimiento del ejercicio del
derecho de crédito por parte de su titular, quien exige el cumplimiento de la
Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la
presente decisión algunas parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los
jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e
indexación previstos constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva
doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido infra detallado, a
ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo el iter procesal
consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo,
como en los iniciados o que se inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen
adjetivo laboral.
En primer lugar, y en lo que respecta a los intereses moratorios causados
por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo
108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al ser concebida constitucionalmente como
una deuda de valor, se establece que el cómputo de los mismos debe hacerse
desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de
finalización de la relación de trabajo, sea por causa atribuibles a la voluntad
de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la
oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o
En segundo lugar, debe asumirse el mismo criterio establecido en el
párrafo anterior con respecto a la indexación de la cantidad que por prestación
de antigüedad sea adeudada al ex trabajador.
En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar
de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la
fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el
procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados
hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo
los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las
partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.
En cuarto lugar, y en lo que respecta al período a indexar
de las indemnizaciones provenientes de la ocurrencia de accidentes laborales o
enfermedades profesionales, exceptuando lo que concierne al daño moral, su
inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de
citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos
anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme,
excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya
paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza
mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales. En quinto lugar, las condenas indemnizatorias en los juicios
de estabilidad, tales como salarios dejados de percibir y demás establecidas en
el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, se ratifica el criterio asumido
por esta Sala en decisión Nº 254 del 16/03/2004 en el sentido que en los
juicios especiales de estabilidad no se demanda el pago de prestaciones o
indemnizaciones laborales porque el patrono estuviera en mora, en ellos se
solicita la calificación de un despido por el incumplimiento de una obligación
de no hacer, y la sentencia, en caso que se declare procedente, ordena sólo el
reenganche con el pago de los salarios caídos; pero es a partir de esa
declaratoria que se deben los salarios caídos, que son exigibles, no antes, aún
cuando para su cuantificación se tome en cuenta el tiempo del procedimiento
como sanción al empleador, por lo que no puede aplicarse la corrección
monetaria en el procedimiento de estabilidad, en el entendido que si se cumple
con el reenganche y el trabajador regresa a su puesto de trabajo debe recibir
exactamente el monto de los salarios caídos que dejó de percibir, sin imputarle
corrección monetaria porque de hacerlo, primeramente se estaría aplicando la
indexación sin estar presente la mora del patrono, y en segundo lugar, pudiera
darse la circunstancia que el trabajador reenganchado, al indexarle los
salarios caídos, reciba mayor remuneración que la obtenida por otros
trabajadores que realizan idénticas funciones. En sexto lugar, en lo que respecta a las acciones de mero
certeza o de mera declaración, en las que no se pide una resolución de condena
a una prestación, sino la mera declaración de la existencia o inexistencia de
una relación jurídica, las cuales no requieren ejecución, debe señalarse que a
las mismas es inaplicable la institución de la indexación.
En séptimo lugar, en caso de no cumplimiento voluntario de
la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En octavo lugar, estos peritajes serán realizados por un
solo experto designado por el Tribunal Ejecutor.
Es necesario destacar que esta nueva orientación jurisprudencial
únicamente podrá aplicarse hacia el futuro, a partir del dispositivo oral del
fallo proferido por la Sala, a fin de evitar una aplicación retroactiva de un
viraje jurisprudencial, la cual iría en contra de la seguridad jurídica que
debe procurarse en un Estado de Derecho, tal como lo ha afirmado la Sala Constitucional de este alto Tribunal.
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en
Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR
el recurso de casación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia publicada
por el Juzgado Superior Octavo del Trabajo para el Régimen
Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 31 de octubre
de 2007, y PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda, en los términos referidos
en la parte motiva de este fallo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial ut supra identificada. Particípese
de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo ello de
conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días
del mes de noviembre de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
El Magistrado, Magistrado y
N° AA60-S-2007-002328
Publicada en su fecha a