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Timestamp: 2020-01-19 02:31:05
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Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 149']

DS. Senado, Comisiones, núm. 199, de 12/11/2001
Año 2001 VII Legislatura Comisiones. Núm. 199
celebrada el lunes, 12 de noviembre de 2001
--General de Estabilidad Presupuestaria (Número de expediente 621/000033).
--Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Número de expediente 621/000034).
Antes de entrar en el orden del día, corresponde proceder a la aprobación del acta de las sesiones celebradas los días 18 de abril y 24 de octubre de 2001. Dichas actas han sido previamente repartidas a los portavoces de los grupos parlamentarios por lo que, si la Comisión está de acuerdo, pueden aprobarse por asentimiento.
¿Pueden considerarse aprobadas por asentimiento? (Pausa.) Quedan aprobadas.
--GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (621/000031).
--ORGANICA COMPLEMENTARIA A LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (621/000034).
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora dictaminar los proyectos de Ley General de Estabilidad Presupuestaria
y Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Esta Presidencia propone ordenar la sesión de la siguiente forma. En primer lugar, defender los vetos presentados a ambos proyectos de ley de forma conjunta y, por lo tanto, también el turno en contra y el turno de portavoces. A continuación, se someterían a votación dichas propuestas de veto. En segundo lugar, defender igualmente de forma conjunta las enmiendas presentadas a ambos proyectos de ley haciendo un único turno en contra y de portavoces.
En cuanto a la votación final, la propuesta sería solicitar que la Ponencia se manifestara sobre si se incorpora o no alguna enmienda, votando de forma única y por separado ambos textos de los proyectos de ley.
Para la defensa de las dos propuestas de veto número 1 presentadas por don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.
El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias.
Señor Presidente, también hay presentada una enmienda de veto de don Anxo Manuel Quintana.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, en este turno se defenderán las tres propuestas de veto.
El señor CABRERO PALOMARES: Al primer proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria se ha presentado un veto de don Anxo Manuel Quintana y don José Cabrero, y al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, uno de don Anxo Manuel Quintana.
El señor CABRERO PALOMARES: Desde Izquierda Unida interpretamos este proyecto de ley como una vuelta de tuerca más en la pretensión de limitar la actividad económica del sector público bajo el paraguas de ensalzar las bondades que para la economía produciría el equilibrio presupuestario, al tiempo que se demoniza el déficit público por sus efectos sobre la inflación y los tipos de interés, siendo todo eso relativo y casual. Lo cierto es que el déficit público no es más inflacionista ni presiona más sobre los tipos de interés que si la actividad que financia la realizase el sector privado de la economía, ya que los efectos macroeconómicos que se obtienen por acometer, por ejemplo, una infraestructura no difieren si es llevada a cabo por el sector público o por el sector privado, puesto que en ambos casos se consumen los mismos recursos financieros del propio sistema.
A este respecto habría que recordar que el déficit público debe ser un instrumento de política macroeconómica y no un objetivo en sí mismo. Para lo que nos preocupa, desde el punto de vista del sector público, es más importante el grado de endeudamiento y la capacidad de obtener ingresos fiscales que el déficit concreto de un ejercicio económico, y es en este punto donde el Gobierno del Partido Popular, con la reforma fiscal, ha originado un importante coste en términos de recaudación, ya que las bajadas impositivas tienen un carácter estructural y son más preocupantes que los desequilibrios presupuestarios coyunturales. Con la estructura de ingresos y la presión fiscal inferior a la media comunitaria que tiene nuestro país y con las medidas tributarias que se aplican, el ataque al déficit público se traduce en un ataque al gasto público que hará que la protección social necesaria para nuestro país supere los déficit sociales que mantenemos respecto a la media de la Unión Europea, por lo que, desde nuestro punto de vista, será imposible alcanzar esos niveles de cobertura social.
Asimismo, otro efecto que tendría esta ley sería la obligación de mantener el equilibrio presupuestario de las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. Por lo tanto, cuando está por ver cuál será el nuevo modelo de financiación y de suficiencia económica de las Comunidades Autónomas, así como qué es lo que ocurrirá con los ingresos que los ayuntamientos reciben del propio Impuesto sobre Actividades Económicas --dado que el Gobierno anuncio que quiere que desaparezca este impuesto--, nos parece que la presentación de este proyecto de ley es una presión innecesaria para llevar a cabo una buena negociación con estas Administraciones, ya que esta ley cuestiona abiertamente la competencia de las mismas en materia presupuestaria y supeditará la misma a la consecución del déficit cero.
Damos por defendidas las enmiendas de veto de don Anxo Manuel Quintana al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria y el veto al proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria.
A continuación, para la defensa de la propuesta de veto número 3 al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria y la número 2 al proyecto de ley orgánica complementaria, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, como suele ser habitual en el trabajo en Comisión, nuestro Grupo va a dar por defendidos ambos vetos sin entrar a profundizar porque consideramos que en la justificación de los vetos están suficientemente razonadas nuestras posiciones. En el Pleno tendremos ocasión de debatir con mayor amplitud esta materia.
En principio hemos manifestado nuestros desacuerdos tanto con la propuesta de ley planteada y debatida en el Congreso como con la que aquí nos llega, y en todo caso esperamos que se abra un debate de aquí al Pleno, que es la semana que viene, para poder intentar un acuerdo. Sería beneficioso para todas las partes y para las Comunidades Autónomas, incluso para la propia perspectiva de aprobación de los presupuestos y de la atención a la coyuntura económica que viene, que hubiera una flexibilización en las posiciones del Gobierno en esta materia, con lo cual damos
por defendidos nuestros vetos a ambos proyectos de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
A continuación corresponde la defensa de la propuesta de veto número 4 al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria y número 3 al proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria, presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Aroz.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado dos propuestas de veto que son idénticas, ya que entendemos que los dos proyectos de ley forman un conjunto. Las razones de presentación de los vetos son de orden político, jurídico y económico, y no voy a entrar en la exposición de estas razones en la medida en que vamos a mantener para Pleno dichos debates y, por tanto, tendremos ocasión de extendernos más. Sí quiero señalar, señorías, que estos vetos se han presentado a partir de unas razones y unas objeciones graves a estos proyectos de ley, pero también con un objetivo constructivo: además de poner de manifiesto estas objeciones --como decía--, hemos pretendido modestamente impulsar un diálogo entre todos los grupos que permita llegar a un acuerdo para modificar los aspectos más nocivos de estas normas.
Consideramos que los dos proyectos de ley son un intento --legítimo y loable si se quiere-- del Gobierno de propiciar, de trasladar o de acordar un pacto de estabilidad interno --de alguna manera trasladar el pacto de estabilidad y crecimiento que hay a nivel europeo a nivel interno--, pero en la medida en que esto es así entendemos que debería contar con un amplio acuerdo de las administraciones territoriales y de los partidos políticos españoles, algo con lo que no cuenta; no cuenta ni con el respaldo de la mayoría de las administraciones territoriales ni con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos españoles, aunque en las Cámaras, dada su mayoría absoluta, puedan ser aprobadas por esta razón. Con ese objetivo constructivo hemos avanzado, incluso dentro de las propuestas de veto, las líneas de lo que podría ser ese acuerdo en torno a la estabilidad presupuestaria.
Esta es la primera ocasión que tengo de hacer este planteamiento puesto que nuestro Grupo no ha participado en la Ponencia --no fue acordada su participación en la Ponencia--; por tanto, hoy, que tengo esta ocasión de dirigirme a la Comisión, quisiera hacerlo directamente al Grupo mayoritario de la Cámara para decirle al Grupo Parlamentario Popular que nuestro Grupo Parlamentario, Entesa Catalana de Progrés, considera de gran trascendencia el que pueda conseguirse un amplio pacto sobre el principio de estabilidad presupuestaria y sobre su regulación, aceptando este principio y aceptando que éste debería ser el compromiso de todas las administraciones públicas en esa dirección.
Por tanto, quiero dirigirme al Grupo mayoritario de la Cámara para que haga posible una modificación de los aspectos más nocivos de estos proyectos de ley sobre la base del diálogo entre todos los grupos, que, como ya se ha puesto de manifiesto por algún otro grupo, es la disposición de todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Aroz.
A continuación corresponde la defensa de la propuesta de veto número 5 al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria y número 4 al proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Lerma.
Vista la actitud del Grupo del Gobierno, quizá procediera decir únicamente que sostenemos las enmiendas y los vetos para el Pleno, y hemos terminado; sin embargo me parece que de aquí al Pleno queda una oportunidad más de reflexión, como también quedaba --y por desgracia ya hemos liquidado-- desde la Ponencia hasta esta Comisión. Yo voy a insistir una vez más en desvelar --si se quiere-- dos planteamientos antes del Pleno, porque me parece muy importante la ley y, por lo tanto, también la reconsideración.
En mi opinión este proyecto de ley, aun siendo oportuno en lo que a la voluntad de conseguir la estabilidad presupuestaria se refiere, presenta tres problemas. El primero se deriva de la definición de la propia estabilidad presupuestaria, no sólo rigurosa, sino en mi opinión también contraproducente en la actual situación económica, cuando más necesaria se hace la intervención de los poderes públicos para evitar caer en una recesión. Me parece bastante evidente que disminuirá la recaudación de los impuestos, de acuerdo con la previsión del Gobierno, y que se plantea-rá el déficit público. Por tanto, si de verdad queremos mantener el empleo y conseguir un cierto nivel de estabilidad tendremos que hacer compatible la caída de los ingresos con el descenso de los gastos; y, obviamente, los gastos que se van a reducir son los gastos de inversión, con lo cual, seguiremos profundizando en la recesión.
Así pues, como digo, un primer problema se presenta con la definición de estabilidad, algo que ha tenido claro la Unión Europea dejando para ello un margen del 3 por ciento, que este Gobierno no quiere asumir. Y aunque me parece bien que en una época de crecimiento se intente hacer lo posible por tener bien hechos los deberes, considero suicida que en un momento económico como el que vivimos sostengamos ese planteamiento.
El segundo problema que presenta este proyecto de ley se deriva de la voluntad del Gobierno de asumir competencias que no le son propias. Esta no es sólo mi opinión, sino que el propio Consejo de Estado hace en su informe una serie de recomendaciones --que el Gobierno no ha asumido-- para evitar la inconstitucionalidad, que a mi entender está muy clara en el caso de las Comunidades Autónomas
y también en el de la Administración local. Se dice en dicho informe que se hace primar claramente el principio de coordinación sobre el principio de autonomía financiera; cosa que podría ser razonable si se debiera a la voluntad del Gobierno de vigilar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de acuerdo con los pactos suscritos con la Unión Europea.
Pero no es así: se debe a una decisión política rigurosa del Gobierno y no a la vigilancia de unos acuerdos desde el punto de vista del pacto de estabilidad.
Y el tercer problema, que me parece el más importante, consiste en la torpeza con que ha sido llevada esta ley. Si nos atenemos a las demandas de los grupos nacionalistas de esta Cámara --a lo que podríamos denominar reivindicaciones territoriales--, podemos observar por los planteamientos de las enmiendas de dichos grupos que tenemos un funcionamiento muy razonable del Estado de las Autonomías. Así, los grupos nacionalistas aceptan que, por ejemplo, un órgano mixto como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera --en el que, como todo el mundo sabe, el Gobierno tiene una amplia representación-- sea el garante de que las Comunidades Autónomas y el Estado cumplan los pactos de estabilidad. Por tanto, en función de esas enmiendas considero más bien modestas las pretensiones de los grupos nacionalistas, dicho sea con todos los respetos, y creo que sería muy inteligente por parte del Gobierno el aceptarlas. Creo que con eso ganaríamos mucho, porque conseguiríamos un pacto interno de estabilidad presupuestaria muy claro con todos los agentes implicados, algo que de alguna forma ya hemos conseguido ya que esta ley es redundante tras la actuación por parte de las administraciones territoriales, las cuales, afortunadamente, han cumplido en general el pacto de estabilidad. Estamos hablando, pues, de una ley teóricamente innecesaria. Pero, además, a través de sus enmiendas los grupos nacionalistas admiten claramente la posibilidad de que el Gobierno controle esa estabilidad. Repito, pues, que son reivindicaciones muy modestas para conseguir algo tan importante en estos momentos como es un pacto de estabilidad consensuado con todos los territorios e instituciones.
Por tanto, ya adelanto que considero muy razonables esas enmiendas, que estoy dispuesto a aceptar todas ellas, y le digo al Gobierno que si no acepta esos planteamientos perderemos una gran oportunidad, no sólo para conseguir un pacto de estabilidad interna que nos hace falta para llegar a la estabilidad presupuestaria, sino también un pacto muy importante para el funcionamiento del Estado de las Autonomías, pacto que hasta ahora, lamentablemente, no hemos podido conseguir. Insisto en que me parece torpe el no tomar la palabra a los enmendantes de esta ley para así conseguir ese pacto de estabilidad. Yo sería partidario de reconsiderar esa posición, porque creo que ganaríamos mucho tanto económicamente como desde el punto de vista del funcionamiento del Estado. No hacerlo es perder una gran oportunidad y una torpeza sin límites que yo, desde luego, no estoy dispuesto a cometer.
Por último, con el planteamiento de no tomar prácticamente ninguna decisión en Comisión, salvo el mantenimiento de las enmiendas, de alguna forma estamos subvirtiendo el orden normal del funcionamiento de esta Cámara, lo cual hace excesivamente extensos los plenos y acorta excesivamente los plazos de la Comisión.
Habiéndose defendido todas las propuestas de veto, corresponde ahora un turno en contra.
Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Caneda.
Con un tono moderado y constructivo, como el que se ha empleado en todas las intervenciones, he de decir que entiendo que el Senador Lerma haga referencia a que queremos dejar el debate de los vetos para el Pleno, de lo que somos conscientes, pero no ocurre lo mismo en el caso de las enmiendas, que posteriormente vamos a debatir en Comisión para llegar a donde se tenga que llegar.
Por lo que se refiere a los vetos, creo que se produce un distanciamiento. En la tramitación de estas leyes se ha intentado el diálogo y el acuerdo, pero está claro que, afortunadamente, en democracia puede ocurrir que haya diferencia de conceptos, por lo que, a pesar de haber sido flexibles y haber aceptado enmiendas en muchas de las direcciones apuntadas por los portavoces, no se ha llegado todavía a un acuerdo por parte del mayor número de grupos.
Y sin menoscabo de dejar ese debate para el Pleno, paso a hacer algunos comentarios en relación con las distintas intervenciones. Por lo que respecta al Senador Cabrero, he de decirle que existe un problema conceptual, que se ha repetido en casi todas las intervenciones. El Grupo Popular considera que el equilibrio presupuestario no es de ninguna manera coyuntural --es decir, no se busca porque ahora las cosas vayan bien y cuando vayan mal tengamos que modificar la ley en seis meses debido a ciertos hechos que condicionen la situación económica--, sino una cuestión conceptual. Pensamos que el equilibrio presupuestario es bueno y que gracias al mismo se consigue un mayor crecimiento económico y la creación de empleo. Lo que sí se contempla en la ley es que sea lo suficientemente flexible para que cuando llegue una época mala se pueda admitir el déficit --en la salvaguarda de que ese déficit sea coyuntural y no la norma-- y se pongan en marcha los mecanismos adecuados para recuperar el equilibrio, que insisto que es bueno para la economía, como así se ha demostrado.
Se ha hablado de que cuando la economía entra en una etapa de menor crecimiento, que no de recesión --porque no se puede hablar ni mucho menos de recesión en la economía española--, se debe recurrir a una mayor intervención pública. Sin embargo, nosotros no creemos en ello. No hay pruebas evidentes de que eso sea conveniente, ni en el pasado español, ni en otras economías, como en la japonesa, en la que después de muchos años de crisis se intentan intervenciones masivas con las que no se obtienen resultados. Respetamos profundamente que otros crean en
esos experimentos, pero nosotros no creemos que obtengan esos resultados sino todo lo contrario. Cuando se condiciona, se motiva y fundamenta la economía en el déficit público, las consecuencias son negativas porque se detraen fondos de la economía del sector privado y se encarece el precio del dinero; es decir, se desencadena todo un círculo negativo que nosotros, aunque respetamos esa postura, no estamos dispuestos a favorecer.
Por último, la Senadora Aroz ya ha señalado que se ha buscado el diálogo, pero no se han podido llegar a acuerdos, aunque se han aceptado enmiendas en el Congreso de los Diputados. Además, quiero hacer algún comentario sobre varias reflexiones que han planteado sus señorías. En cuanto a la definición de estabilidad he de decir que, incluso en el mismo veto se plantea prácticamente lo mismo; nosotros queremos que la situación habitual sea de equilibrio y aunque la ley no está cerrada al desequilibrio, queremos que sea algo excepcional, que pasemos de una cultura donde lo normal era el déficit a otra en la que lo normal sea el equilibrio y excepcionalmente, porque la coyuntura lo marque, se pueda recurrir al déficit como forma de financiación.
Tampoco estoy de acuerdo en que el Gobierno central pretenda asumir competencias que no le corresponden. Desde el primer momento en que se ha empezado a tramitar esta ley hemos hablado de corresponsabilidad, pero siempre se sigue la tendencia de que hay que descentralizar y nosotros ya estamos en un Estado muy descentralizado, más aún después de los últimos acuerdos de financiación autonómica. Sin embargo, paralelamente a esta descentralización, tenemos que buscar sistemas de coordinación para poder trabajar juntos y tenemos que buscarlos sin ningún tipo de complejos. De la misma manera que se admite una coordinación de España con la Unión Europea, se tiene que admitir internamente, porque es una máquina que funciona con todas las administraciones, que mueve presupuestos muy importantes y hay que estar empujando en la misma dirección y con los mismos criterios.
Casi todos los grupos parlamentarios defienden el criterio de estabilidad y nosotros entendemos que lo que pretende esta ley es llegar a ese acuerdo para trabajar juntos. Lejos de creer que estamos asumiendo competencias que no son del Gobierno central, mantenemos que sería una dejación de funciones el no buscar estos sistemas de coordinación entre las distintas administraciones, para lograr un objetivo común: el crecimiento económico. No somos más papistas que el Papa, pero sí tenemos un problema que no tienen otros países de nuestro entorno; nosotros tenemos que crecer --como estamos haciendo en los últimos años-- por encima de la media de la Unión Europea para poder converger en términos reales. Hasta ahora, lo hemos conseguido y, en este momento, también está ocurriendo porque es cierto que cuando hay crisis crecemos a un ritmo menor, pero siempre mayor que la media de la Unión Europea, lo que hace que sigamos manteniendo una posición de ventaja para el acercamiento al nivel de renta medio. Este es el criterio que seguimos y, por eso, lo estamos defendiendo.
En cuanto a si ha habido un mayor o menor grado de torpeza en la tramitación de esta ley, he de reconocer que es posible que algo haya habido, y siempre es recomendable que se asuma, pero también hay que señalar que se ha alargado intencionadamente parra buscar el diálogo y que hasta el último momento se tiene que intentar llegar a acuerdos; sin embargo, estamos convencidos de que el equilibrio presupuestario tiene mucho que ver con el éxito de la política económica de los últimos seis años y que esta ley no se ha hecho en un momento extemporáneo sino cuando, tanto las administraciones territoriales españolas como las de la Unión Europea --en los consejos de Amsterdam o Lisboa--, han insistido en la importancia de acabar con los desequilibrios que habían hecho tanto daño a la economía europea, y muy especialmente a la española. Hemos traído estas leyes a las Cámaras cuando esto se ha producido porque pensamos que seguir en esa línea, en la senda del equilibrio presupuestario, nos va a permitir seguir creciendo y seguir creando empleo al ritmo que España necesita.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Caneda.
A continuación, corresponde el turno de portavoces al Grupo Parlamentario Mixto, que no desea hacer uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la Senadora Morales.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria queremos mostrar nuestra posición favorable al objetivo macroeconómico de la estabilidad presupuestaria y a la necesidad de saneamiento de las finanzas públicas.
Por tanto, compartimos los principios generales que se han plasmado en estas leyes, aunque con ciertos matices; matices que esperamos que se mejoren en la tramitación de los proyectos de ley, a lo largo del debate en Comisión y en Pleno de las próximas semanas, ya que estos dos proyectos de estabilidad presupuestaria van a suponer un gran esfuerzo --más allá incluso de las propias exigencias de la Unión Europea y del pacto de estabilidad y endeudamiento--, tanto para la Administración General del Estado como para las Comunidades Autónomas, sobre todo si tenemos en cuenta las carencias que existen en España en materia de infraestructuras, que pueden generar desequilibrios entre las distintas Comunidades.
Tenemos que tener en cuenta que, tal y como están redactadas ahora mismo estas leyes, su aprobación supondrá una cierta cesión de soberanía presupuestaria por parte de las Comunidades Autónomas hacia el Estado y, por eso, aunque básicamente estamos de acuerdo con las mismas, desde nuestro punto de vista necesitan unas mejoras que esperamos se puedan ir consensuando en el debate de las enmiendas que tramitemos posteriormente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Morales.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.
Después de escuchar la posición del grupo parlamentario que representa al Gobierno, quiero reiterar los argumentos que aquí se han expuesto porque, desde nuestro punto de vista, esto es un poco más de lo mismo; cada día estamos más convencidos de que se aprovechan todas las circunstancias posibles para volver a un Estado de las preautonomías.
A nuestro modo de ver, éste es un asunto grave, que tendremos ocasión de desarrollar en el Pleno, pero con la propia enmienda que hoy se nos ha presentado al artículo 8.2, nos reafirmamos en nuestra opinión porque no se modifica el citado artículo, de la misma manera que haremos a lo largo del debate del articulado.
Nosotros vamos a mantener los vetos planteados para su debate en el Pleno porque esta ley debería haber seguido otros caminos, como ya ha manifestado el Senador Lerma en la defensa de sus vetos.
Creo que las Comunidades Autónomas, incluso aquellas que reivindicamos mayor autonomía, hemos hecho un esfuerzo en el sentido de reconocer que existen órganos de coordinación que pueden ser un punto de encuentro para la búsqueda de soluciones al déficit económico que se plantee en los presupuestos.
A continuación, corresponde el turno de palabra al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que no desea intervenir.
En primer lugar, he de reiterar mi convicción de que la única forma real de mantener el déficit presupuestario en esta situación va a ser recurrir al recorte de inversiones lo que, sin ninguna duda, va contra la voluntad de España de hacer posible la convergencia real con Europa y contra la competitividad necesaria para alcanzarla.
Por otro lado, esa situación me parece tan grave como el recorte competencial a que se somete a las Comunidades Autónomas porque, además, he de insistir en la idea de que se trata de reivindicaciones modestas y con una voluntad clara de coordinación, por lo que el hecho de perder esta oportunidad es, desde mi punto de vista, más que torpeza un despropósito.
Voy a recomendar, una vez más, que se busque el consenso ya que hay muchas posibilidades de alcanzarlo, de acuerdo con las reivindicaciones planteadas. Creo que el Gobierno tiene la capacidad necesaria para impulsar ese consenso con Comunidades Autónomas y administraciones locales, que también se ven tremendamente afectadas por esta ley, y pienso que, en este momento, tenemos en la mano un instrumento muy positivo para conseguir un pacto de estabilidad.
Por lo demás, los desequilibrios de la Unión Europea, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, no cabe relacionarlos con la política de déficit, sino con otras muchas causas que habría que analizar en algún momento detenidamente, pero el déficit no es lo que ha provocado la subida de los tipos de interés, sino más bien decisiones totalmente ajenas a los problemas que generaron el déficit. En cualquier caso, este debate lo dejaremos para el Pleno.
Quiero hacer dos comentarios. El hecho de que no se tenga déficit no significa, ni mucho menos, que tengan que decaer las inversiones. Tenemos una prueba evidente: año 1995, déficit 6,7 por ciento, inversiones mínimas. Año 2001, equilibrio, y sin embargo subida de las inversiones; no tiene una correlación directa el tema, sino cómo se lleven las cuentas públicas en conjunto.
Por otro lado, sí habría que tener algo en cuenta, a la hora del debate en Pleno. La ley, en este tema, como en el aspecto de la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, dice lo que dice; no dice lo que otros dicen que dice. Por tanto, sería recomendable que el debate se tuviera sobre las cosas que figuran en la ley, no sobre lo que se dice que figura en la ley.
Finalizado el debate, se someterán a continuación a votación las propuestas de veto presentadas a ambos proyectos de ley, para cuya aprobación basta la mayoría simple. En caso de ser aprobada alguna de estas propuestas de veto, se dará por finalizado el debate correspondiente al proyecto de ley, y en el supuesto de que sean rechazadas se continuará el debate en la forma habitual, es decir, con la defensa de las enmiendas.
Vamos a iniciar la votación con las propuestas de veto presentadas al proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria. En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, presentada por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 16; abstenciones, una.
Votamos ahora la propuesta de veto número 2, presentada por el Senador Quintana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 14; abstenciones, una.
Propuesta de veto número 3, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Efectuada le votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 14.
Propuesta de veto número 4, presentada por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 15.
Por último, votamos la propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 14.
Pasamos ahora a la votación de las propuestas de veto presentadas al proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Votamos en primer lugar la propuesta de veto número 1, presentada por el Senador Quintana.
Votamos la propuesta de veto número 2, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Propuesta de veto número 3, presentada por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés.
Por último, votamos la propuesta de veto número 4, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Finalizada la votación de las propuestas de veto, y habiendo sido rechazadas, corresponde a continuación entrar en el debate de las enmiendas presentadas a ambos proyectos de ley que, tal y como hemos dicho al principio de la sesión, será una defensa conjunta de las enmiendas a ambos proyectos.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la número 1 a la número 24, presentadas al proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, y la enmienda número 1 al proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, presentadas igualmente por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.
Doy por defendidas las enmiendas al proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria de la número 1 a la número 24, de los Senadores de Izquierda Unida, y de la número 25 a la número 58, del Bloque Nacionalista Gallego, del Senador Quintana, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
En cuanto al proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, damos por defendidas la enmienda número 1, de Izquierda Unida, y desde la número 2 a la número 21, del Senador Quintana (El señor Vicepresidente, Alegre Escuder, ocupa la Presidencia.), para ser coherentes con el planteamiento defendido en cuanto a las propuestas de veto a ambos proyectos de ley.
Consideramos que no se puede demonizar el déficit público para conseguir acercarnos más a la cohesión y a la convergencia en términos reales con la Unión Europea. Para posibilitar la inversión y políticas sociales es necesario que haya inversión pública, gasto público y, desde ese punto de vista, el déficit cero que planteaba la ley General de Estabilidad Presupuestaria, demoniza y penaliza las posibilidades de inversión y de gasto público, y en esa línea planteamos nuestras enmiendas que damos por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Escuder): Muchas gracias, Senador Cabrero.
Para defender las enmiendas 59 a 77 del proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria y 22 a 34 del proyecto de Ley Orgánica complementaria, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo ha presentado 12 enmiendas al articulado de la ley General y otras 18 a la Ley complementaria. El motivo de su presentación es precisamente el de ser consecuentes con los planteamientos que vamos a hacer en la defensa de los vetos de esta ley. Nuestro Grupo considera que --lo ha sometido a diferentes consultas-- por lo que se refiere al proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria son inconstitucionales bastantes de los artículos que aquí figuran y citaré entre ellos el 1, el 2.1 c), el 2.2, el 3, el 6, el 7, 8, 9 etcétera, lo cual significa una posición
del Gobierno claramente de incumplimiento de los objetivos que están planteándose con otros argumentos políticos en relación al respeto constitucional y al respeto del Estado de las Autonomías.
Nuestro Grupo no va a entrar ahora en el debate una a una de las enmiendas, porque tendremos oportunidad de hacerlo, si es que no existe otra posición por parte del Gobierno, a lo largo del debate de Pleno para el que vamos a mantener todas las enmiendas que hemos presentado. Pero nuestro Grupo, sobre todo, quiere hacer hincapié en que ha presentado tres enmiendas, que son exactamente las números 30, 31 y 32, que hacen referencia precisamente al respeto al régimen foral reconocido también en la Constitución y a la actividad financiera de la Comunidad Autónoma del País Vasco por lo que estas leyes y los objetivos que en ellas se persiguen deberían incluirse dentro de los acuerdos que actualmente se están estableciendo o negociando entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma del País Vasco para el establecimiento de la ley de Concierto y de Cupo.
Para nosotros, el mantenimiento de la ley, tal y como está, es contradictorio con el intento de llegar a acuerdos en esta materia. En los reconocimientos de esta condición del régimen foral propio y dentro de ese régimen foral, de la ley de Conciertos y de lo que se acuerde entre ambos Gobiernos, deberían incluirse los objetivos que se pretenden alcanzar con esta Ley que supone precisamente una contradicción, insisto, con una negociación para llegar a un acuerdo en materia de concierto económico.
Mi Grupo ha presentado no solamente una propuesta, como se hizo en el Congreso, sino dos alternativas más que consideramos deberían ser estudiadas por el Gobierno, si existiera voluntad política de llegar a un acuerdo y de cubrir los objetivos que estas leyes se plantean dentro de un acuerdo político amplio.
Mi Grupo va a dar por defendidas todas las enmiendas presentadas a los dos proyectos de ley y las mantendrá también para su debate en el Pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Escuder): Gracias, Senador Albistur.
Para la defensa de las enmiendas 78 a 81 y 35 a 43, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra la Senadora Morales.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo de Coalición Canaria presenta una serie de enmiendas al proyecto de Ley General Estabilidad Presupuestaria y al proyecto de ley complementaria.
En cuanto al proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria presentamos la enmienda número 78 al artículo 6.2 en el sentido de que no se puedan tomar decisiones en un ámbito de la Administración que repercutan a otras sin tener en cuenta las consecuencias que para lograr la estabilidad presupuestaria se deriven de ella. Cuando se impone un principio tan estricto como la estabilidad presupuestaria hay que garantizar la atribución de las responsabilidades entre administraciones y ejemplos de ello tenemos, por ejemplo, la reciente aprobación de la Ley del Menor donde no se recoge la financiación de las Comunidades Autónomas que tienen que soportar esta ley.
En la enmienda 79 a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, así como en las números 37, 38, 39 y 40 a la ley complementaria proponemos que donde dice: «corresponde al Gobierno de la Nación velar por...» diga: «corresponde al Gobierno de la Nación y al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su ámbito...» y sigue la frase. Entendemos que con esta ley ya hay una cesión importante de las competencias de las Comunidades Autónomas del Estado y para evitar esto de una forma amplia se debe potenciar el Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano consultivo y de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas y que se puede hacer el seguimiento de los objetivos de la presente ley desde este Organo y desde su Secretariado. Por lo que a través de esta enmienda pretendemos darle al Consejo la competencia de velar por el cumplimiento de la ley conjuntamente con el Gobierno.
La enmienda 80 al artículo 20 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria propone la adición a dicho artículo de un nuevo punto en el capítulo tercero con el siguiente texto: «En el supuesto de que la liquidación presupuestaria de las entidades locales, así como en los entes y organismos autónomos públicos dependientes de aquélla, se sitúe en una posición de superávit, éste se podrá aplicar a financiar el presupuesto de gastos de inversión del ejercicio siguiente o a reducir su endeudamiento neto.» Entendemos que la ley debe recoger la posibilidad de que en caso de liquidación del presupuesto con superávit se pueda bajar la deuda que debe ser el objetivo de cada administración y utilizarse para realizar un esfuerzo en el gasto de inversión al año siguiente. Esto implicaría que la reducción del déficit permitiera la compensación interanual de resultados y lo que es lo mismo se utilicen resultados financieros y remanentes de tesorería.
En la enmienda número 81 al artículo 24 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, añadimos un punto 5 que diría: «El Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas articularán los instrumentos de colaboración precisos para el intercambio de información de naturaleza presupuestaria y financiera relativa a las entidades locales.» Lo que se pretende con esta enmienda es que se posibilite el ejercicio de las competencias de tutela financiera en aquellas Comunidades Autónomas que tengan competencias y simplificar y racionalizar el suministro de información de las entidades locales al resto de las Administraciones.
La enmienda número 35 al artículo 6.3 de la ley complementaria pretende añadir un párrafo nuevo en el que se diga que «el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria para cada Comunidad Autónoma deberá considerar el nivel de endeudamiento previo, el nivel competencial y la posición relativa de endeudamiento previo, el nivel competencial y la posición relativa de endeudamiento en relación con parámetros como producto interior bruto regional, la población y los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma correspondiente.» El
objetivo es posibilitar la corrección de los desequilibrios de partida de las distintas Comunidades Autónomas en cuanto a nivel de endeudamiento, ya que de no ser así podrían generarse nuevos desequilibrios entre las diferentes Comunidades.
En la enmienda número 36 a la Ley Orgánica complementaria proponemos crear un nuevo apartado en el artículo 6, en el que se diga que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria de la Administración de las Comunidades Autónomas, así como en los entes y organismos autónomos públicos dependientes de aquélla, se sitúe en una posición de superávit, éste se podrá aplicar a financiar el presupuesto de gastos de inversión del ejercicio siguiente o a reducir su endeudamiento neto, y que ya justificábamos en una enmienda parecida en la ley orgánica.
La enmienda número 41, a la disposición adicional única, propone el siguiente texto en el apartado tres, último del párrafo: «En todo caso, las operaciones de crédito a que se refiere el apartado dos anterior, precisará autorización del Estado cuando, de la información suministrada por las Comunidades Autónomas, se constate el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.» Entendemos que de esta manera se permitiría a las Comunidades Autónomas acudir a operaciones financieras a corto plazo para resolver problemas de tesorería, ya que la autorización estatal supondría una ralentización y contraviene la finalidad de estas operaciones.
Por último, en la enmienda número 42 proponemos que donde dice «Haciendas Forales», debe decir «Regímenes económicos-fiscales especiales». Creemos que no solamente las haciendas forales deben tener esta consideración específica en la disposición final primera, sino que se debe hacer lo propio con el Régimen Económico-fiscal Canario, ya que tienen el mismo fundamento constitucional. Esta misma propuesta hacemos en la enmienda número 43 a la disposición final primera, para que se reconozca también el Régimen Económico-fiscal de Canarias con la misma argumentación que en la enmienda anterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Escuder): Muchas gracias, Senadora Morales.
A continuación, para la defensa de las enmiendas números 82 a 98 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y 44 a 49 de la Ley Orgánica Complementaria, presentadas conjuntamente por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como ya ha manifestado el señor Presidente, nuestro Grupo no tiene enmiendas propias, sino conjuntas con el Grupo Parlamentario Socialista.
Son enmiendas que provienen del Congreso y propuestas que nuestro Grupo Parlamentario apoya. Por tanto, voy a darlas por defendidas sumándome a la defensa que va a realizar el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Escuder): Gracias, Senadora Aroz.
En una defensa conjunta de todas las enmiendas diré, como ya he mencionado en mi intervención general del veto, que la gravedad de estos proyectos requiere un tratamiento diferente al que se ha tomado, porque no se trata solamente de dos proyectos de ley más, ya que en este caso incluso pueden llegar a poner en cuestión el pacto constitucional, hecho que a mí me parece de una gravedad tremenda.
Por lo demás, en las enmiendas hemos establecido un proyecto de coordinación del Gobierno de una nación con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos con respeto a la Constitución. Pero también estamos dispuestos a discutir cualquier otro procedimiento de coordinación que se nos plantee, hecha la salvedad, naturalmente, del que contiene el proyecto de ley porque, como ya he dicho, desde nuestro punto de vista, contiene múltiples aspectos de inconstitucionalidad y dificultades graves en su seno, que harán muy difícil, no ya la coordinación, que sin este proyecto de ley ya se ha hecho efectiva, sino que, además, pondrán en cuestión tanto la autonomía de los entes locales, como, sobre todo, la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, incluso poniendo en cuestión la voluntad de cumplimiento del contenido de esta ley.
Por tanto, no deberíamos perder una nueva oportunidad para intentar definir cuáles son esos mecanismos de coordinación, aceptados por todos y con respeto a la Constitución, de aquí a la discusión del Pleno, con la mejor voluntad de acuerdo porque de esta forma ganaríamos dos cosas: fundamentalmente el mejor funcionamiento del Estado de las Autonomías y la posibilidad de coordinación y, simultáneamente, un mejor funcionamiento de la economía. Es evidente que no es lo mismo el crecimiento sostenido de los últimos años, que una etapa donde el crecimiento, como mínimo, se empieza a ralentizar. Y lo que se puede hacer cuando los ingresos se van cumpliendo de acuerdo con las previsiones e, incluso, se supera esa posibilidad, precisamente porque la economía va mejor, no se puede hacer, y mucho menos con imposición, cuando la economía comienza a crecer algo menos y todas las economías del entorno comienzan a tener dificultades evidentes. Es una situación que requiere un tratamiento diferente y, sobre todo, una mayor flexibilidad.
En realidad, como hemos puesto de manifiesto en la presentación de las enmiendas, este proyecto viene a fijar otro procedimiento de déficit pero no acabar con él, como no podía ser de otra manera.
Por otra parte, también hemos presentado alguna enmienda dirigida a un objetivo muy importante, aunque quizá pase por alto el proyecto de ley, y es que el hipotético superávit se aplique necesariamente a aquello que lo ha generado, y no que se dedique, como ahora hace el Gobierno, a financiar el déficit del Estado con la Seguridad Social o con los fondos del desempleo, que no nos parece bien.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Escuder): Gracias, Senador Lerma.
Por último, para la defensa de les enmiendas números 104 a 112, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo mantiene las nueve enmiendas que el señor Presidente ha citado al proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria, pero asimismo también ha presentado doce enmiendas al proyecto de Ley Orgánica complementaria y, por tanto, en este turno voy a defender ambos bloques de enmiendas.
Sin entrar en el detalle de cada una de ellas y, en aras de la brevedad que se ha mantenido a lo largo de toda esta sesión, la mayor parte de nuestras enmiendas pretenden solventar lo que para nosotros políticamente es el principal problema de estos proyectos de ley y lo que motiva nuestra oposición a los mismos, que es lo que entendemos como una agresión a las competencias autonómicas y, muy en concreto, a su autonomía financiera. Muchas de estas enmiendas van dirigidas precisamente a corregir esta situación. Nuestro Grupo considera que se trata de un tema prioritario, que por sí solo justifica nuestro planteamiento contrario a estos proyectos de ley.
Hay enmiendas que se refieren a otros aspectos competenciales, por ejemplo, dentro de las nueve enmiendas al proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria, concretamente las números 107, 108 e, incluso, la 109, pretenden subsanar lo que entendemos como un recorte de competencias a las Comunidades Autónomas en cuanto a su función de tutela de la financiación de las corporaciones locales. Hay otras enmiendas de tipo técnico, pero también importantes, como la número 106, con cuya introducción se pretende un mayor respeto a lo previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no yendo más allá de lo que en él se prevé como tratamiento del déficit, sobre todo en situaciones cuyunturales más difíciles y respetando, por tanto, la previsión que allí se contempla.
Asimismo, mantenemos una enmienda en cada uno de los proyectos de ley para dar lo que, desde nuestro punto de vista, ha de ser un correcto tratamiento. Por un lado, en el proyecto de Ley General Presupuestaria, cuando se habla del carácter básico de la ley adaptándolo a la estructura que la Constitución prevé en el tema de competencias, y por otro, en la Ley Orgánica complementaria, la enmienda número 61 pretende que se consideren una serie de artículos que no forman parte de una ley orgánica porque con ello se atenta a las competencias de las Comunidades Autónomas.
Repito que en el Pleno entraremos en más detalle sobre estas 21 enmiendas, que doy por defendidas para su mantenimiento en el Pleno.
Quiero aprovechar esta intervención, ya que éste va a ser el único turno en el que va a intervenir nuestro Grupo en esta sesión, para explicar brevemente nuestro voto favorable a los vetos ya que, aunque compartimos plenamente el objetivo de estabilidad --es evidente que nuestro Grupo durante estos últimos años ha apoyado una política claramente encaminada a lograr la estabilidad presupuestaria, y asimismo, en el Gobierno de la Generalitat también ha quedado demostrado que éste es un objetivo que de forma práctica se ha reflejado en el tratamiento que allí se ha dado--, sin embargo creemos que este proyecto de ley no justifica este objetivo ni técnica, ni, sobre todo, políticamente. No podemos darle apoyo por lo que representa de agresión a las competencias autonómicas y sobre todo a las competencias de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Escuder): Gracias, Senador Cambra.
Debo pedirle perdón por no haber citado sus enmiendas al proyecto de ley orgánica, pero en mi defensa queda claro que en el guión que facilitan a la Mesa no vienen especificadas, evidentemente sí en los Boletines del Senado.
A continuación, para el turno en contra, tiene la palabra el Senador Soto.
El señor SOTO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de hacer referencia a los criterios sobre el voto en contra de las enmiendas, quisiera hacer una pequeña aclaración en relación con una posible corrección técnica al informe de la Ponencia sobre una enmienda presentada en su momento por el Grupo Parlamentario Popular al artículo 8.2. Los servicios de la Cámara nos aconsejaron hacer una corrección técnica porque entendían que, jurídicamente, la redacción era más correcta de acuerdo con el nuevo texto que acabo de repartirles a sus señorías con el fin de poder perfeccionar el texto de la ley.
Respecto a los criterios del Grupo Parlamentario Popular sobre las enmiendas de los distintos Grupos, lamentándolo mucho, no vamos a poder aceptar en este trámite ninguna de ellas porque, como bien ha dicho el Senador Caneda, la estabilidad presupuestaria no es una idea coyuntural, sino que es un concepto estructural, es decir un concepto de fondo que, de una forma decidida, va a modificar la cultura financiera y la mentalidad de los gestores y de los responsables de las finanzas públicas.
Esta incorporación del concepto de estabilidad presupuestaria se produce precisamente en un marco muy concreto, tanto en España como en la Unión Europea. En primer lugar, tenemos los compromisos presupuestarios de los Estados miembros de la Unión Europea derivados del propio Tratado de Amsterdam y del Consejo de Santa María de Feira en Portugal. Frente a lo que opinaba el Senador Lerma de que España va más allá en esos compromisos de una forma restrictiva --y la portavoz de Coalición Canaria también incidía en ese tema--, creemos que estamos ajustándonos de una forma muy precisa a los criterios de esos compromisos adquiridos en las instancias de la Unión Europea. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
En segundo lugar, en España estamos en el marco de la estabilidad porque es un seguro enganche en la delimitación competencial de nuestra Constitución a la vista de la situación económica. El Estado tiene competencias exclusivas --hay que recordarlo-- en las bases y en la coordinación de la planificación de la actividad económica, y por tanto, en un momento determinado, como Estado tenemos que aplicar estos criterios establecidos en la Constitución, no podemos hacer dejación de las previsiones competenciales del Estado.
Hay que tener en cuenta un tercer punto, como punto de cierre de este marco de referencia, que es la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y de los entes locales, y la corresponsabilidad fiscal. Parece obvio que debe existir un equilibrio en la delimitación y en la gestión competencial en materia económica y financiera entre el Estado y las Comunidades Autónomas y también con los entes locales, teniendo en cuenta la cada día mayor participación en la corresponsabilidad económica y fiscal, fundamentalmente de estos últimos. Pero concebir la presente Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica complementaria como un intento de recorte e intromisión --y no voy a citar palabras expresas de algún portavoz-- del Estado en la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y de los entes locales es desconocer cuál es la clave de futuro en la gestión de los dineros públicos en la Unión Europea, que pasa obligatoriamente por el concepto de estabilidad presupuestaria. Seguir miméticamente con ideas keynesianas en la gestión del presupuesto público como elemento anticíclico de la marcha de la economía, ni ha resuelto situaciones de crisis anteriores ni ha mejorado la posición macroeconómica de ningún país de la Unión Europea en los últimos veinte años, eso es así y creo que el señor Lerma lo conoce perfectamente. Es cierto que la disciplina que se viene aplicando en los Presupuestos Generales del Estado ha venido acompañada de acuerdos importantes con las Comunidades Autónomas en los últimos años en materia de rigor presupuestario y control del gasto. Y si este camino de la disciplina y el control del gasto ha dado buenos frutos en el crecimiento de nuestra economía y de nuestro empleo, parece sensato dar un paso más, un paso cualitativo hacia la estabilidad presupuestaria precisamente como garantía para poder seguir creciendo y creando empleo. Este es un criterio que podemos apoyar todos los grupos como criterio general a pesar de las dificultades conceptuales que existen entre algunos Grupos y el Grupo Parlamentario Popular en relación con la importancia del presupuesto y su estabilidad. Ese paso lo debe dar todo el sector público.
El ámbito de la Ley es general a todas las Administraciones públicas y al resto del sector público. La Ley establece criterios de equilibrio para que no puedan existir conflictos competenciales en la aplicación de esa coordinación del Estado sobre los presupuestos públicos. Sería un error de oportunidad no aprovechar los mecanismos de coordinación y cooperación que la normativa contempla para llegar a esa estabilidad presupuestaria, y sería un error mayor hacer llamadas a posibles conflictos competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas en un momento económico en el que la colaboración en la consecución de objetivos comunes en materia económica es imprescindible para la buena marcha de nuestra economía. Además, esta posición de posible confrontación pondría en peligro la sólida posición que nuestra economía está manteniendo en el entorno de la Unión Europea en los últimos años.
No me voy a referir a ninguna enmienda en concreto de ningún Grupo porque --tal como han dicho los distintos portavoces-- habrá tiempo en el Pleno para hacer un exhaustivo análisis de cada una de ellas, sin embargo sí que es bueno aludir a algunas de ellas precisamente por entender que la Ley no sólo no deja de respetar sus principios, sino que están expresamente establecidos.
En cuanto a la intervención del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, he de decir que el respeto al régimen foral en las dos leyes en ningún caso se pone en duda lo más mínimo. No obstante, también le quiero decir que si podemos estudiar alguna cuestión relacionada con sus enmiendas en la que de alguna manera quede perfecta constancia en la Ley de este respeto de régimen foral, antes del Pleno trataremos de buscar una redacción que sea lo más lógica posible. En cualquier caso, no hay contradicción en lo que dice la Ley porque en ningún momento afecta al respeto al régimen foral con la negociación de la Ley de concierto, Ley de cupo, al menos así lo entiende nuestro Grupo.
Respecto a algunas enmiendas relacionadas por Coalición Canaria, debo decirle que en el debate del Congreso de los Diputados quedaron prácticamente aclaradas el 90 por ciento de sus enmiendas, incluso algunas de las que se mantienen fueron parcialmente aceptadas en el Congreso. Por supuesto las Haciendas Forales tienen un encaje perfecto en la Ley en cuanto a los órganos de coordinación, de informe y de apoyo a través de lo que la propia ley establece.
Estamos de acuerdo en que hay que potenciar el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, pero precisamente esta Ley si algo hace es potenciar dicho Consejo.
No estamos de acuerdo en intentar compensar, como propone una de sus enmiendas, los superávit de un año con los posibles déficit de años futuros, porque no se podría entrar en esa cadena si queremos mantener el concierto de estabilidad presupuestaria.
Frente a lo que el señor Lerma plantea en estos proyectos de ley como una grave situación, poniendo en cuestión el pacto constitucional, le llamo a la responsabilidad. Estos proyectos de ley son estrictamente operativos, de compromisos internacionales precisamente para garantizar el crecimiento económico con un instrumento clave como es la estabilidad presupuestaria. Podemos estar más o menos de acuerdo sobre qué criterios deben guiar esa estabilidad presupuestaria, pero el respeto de los dos proyectos de ley al entramado constitucional y competencial entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales es claro.
Entiendo que manipular, como ha hecho usted, parte del informe del Consejo de Estado no va a evitar que las
garantías de constitucionalidad de ambos proyectos en relación con la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y los entes locales sea un hecho cierto. Señor Lerma, se lo digo así de claro.
En cuanto a la mayor o menor flexibilidad, también el proyecto de ley tiene posibilidades de asumir situaciones de déficit coyunturales y transitorios y soluciones a los mismos. En ese sentido, el proyecto de ley es especialmente flexible, lo que no puede proponer es que los déficit se conviertan, de forma habitual, en una forma de gestión de los presupuestos.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, debería estar tranquilo el portavoz, en cuanto a que aquí no se produce ninguna agresión competencial, precisamente se produce lo que he comentado antes, un equilibrio entre unos compromisos internacionales con la Unión Europea y un objetivo muy claro que comparte con toda seguridad, como bien ha expresado su propio Grupo, de apoyo a la estabilidad presupuestaria. Con las mejoras que se han introducido en la redacción del proyecto de ley a través de las propias enmiendas que presentó su Grupo en el Congreso, será cuestión de que seamos todos especialmente flexibles, es decir, no buscar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas como único «leimotiv» para conseguir la estabilidad presupuestaria, sino tratar de comprender las competencias estatales y reflejar precisamente en las propias instancias que los propios proyectos marcan, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por qué no, la propia Comisión General de Comunidades Autónomas de esta Cámara, aquellos instrumentos de colaboración para poder ponernos de acuerdo en qué manera puntualmente se tiene que llegar a esa estabilidad presupuestaria en todas las administraciones públicas.
El Estado lo que hace en estos proyectos es marcar un principio y las reglas generales de juego pero, lógicamente, la autonomía financiera de cada Comunidad podrá, en su caso, aplicar en sus presupuestos de qué manera va a llegar a ese concepto básico de estabilidad presupuestaria.
Buscar más cuestiones a los dos proyectos de ley sería, entiendo yo, ir más allá de lo que el propio espíritu de la ley pretende.
Por mi parte, en el Pleno analizaremos a fondo algunas enmiendas importantes y en este momento no me cabe añadir ninguna otra cuestión.
Abrimos, a continuación, un turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Quiero agradecer al señor Soto sus palabras como respuesta a las inquietudes formuladas por los grupos de la oposición.
Lamentablemente, utilizando sus propios términos, el Gobierno y el Partido que lo sustenta se van a quedar solos frente a Europa, y en Europa se van a preguntar cómo una ley que es tan europea tiene una contestación interna en los grupos de la oposición y en las Comunidades Autónomas, y todos tenemos un montón de cartas en nuestros despachos enviados por un sinnúmero de ayuntamientos, donde también el Grupo Parlamentario Popular ha votado a favor de un acuerdo municipal.
Esta es una preocupación que a uno como ciudadano de este Estado le preocupa, ya que debemos dar otra idea ante Europa. Realmente, si uno ha aprendido algo después de tantos años, habiendo dejado la universidad hace mucho tiempo y habiendo estudiado tantas cosas, es que lo estructural no existe. Si hasta se pone en duda que Dios exista, en economía lo estructural es francamente algo de lo que, al menos en un sitio tan serio como éste, no podemos hablar. Porque, además, a través de lo coyuntural queremos cambiar las estructuras económicas para mejorarlas y hacerlas más acordes con la coyuntura y, por lo tanto, más flexibles, más cambiables y que sirvan para el bien público. En este caso concreto, apoyo las palabras del señor Lerma y las del resto de los portavoces de los grupos de la oposición, que han manifestado que estamos cuestionando un acuerdo que se alcanzó hace más de 20 años con la Constitución, en donde se fijó un perfil del Estado con un reconocimiento de una autonomía para las Comunidades Autónomas.
Además, ustedes acaban de elaborar un proyecto de ley --que por cierto todavía no ha entrado en las Cámaras-- de financiación, y este otro proyecto de ley que debería haber venido después lo único que hace es poner condiciones a un incremento de recursos que ha sido reconocido a las Comunidades Autónomas y, a pesar de que se haya dicho que hay que leer las cosas que en la ley se dicen, nosotros, habiendo leído las cosas que en la ley se dicen, deducimos que las Comunidades Autónomas están condicionadas en su forma de gastar. Nos preocupa que no haya una Posición de reflexión por parte del Gobierno en torno a esta unánime actuación de la oposición.
Agradezco las palabras al señor Soto en cuanto a esa puerta que nos deja abierta en relación a nuestras tres enmiendas, y gustosamente nos pondremos a trabajar para poder llegar a un acuerdo, evitar cualquier otra fuente de conflicto y profundizar en un acuerdo que considero es necesario en la coyuntura política actual.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la Senadora Aroz.
Un denominador común de las propuestas de veto y enmiendas parciales que se han presentado por parte de todos los Grupos es la consideración de que el proyecto de ley supone una vulneración de la autonomía financiera de las administraciones territoriales, Comunidades Autónomas y entidades locales.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha rebatido este argumento diciendo que no es la pretensión del proyecto de ley. Pero, señorías, las buenas intenciones no
bastan. En España tenemos un entramado jurídico, unas normas, una distribución competencial que hay que respetar cuando se intenta hacer cualquier regulación, incluso de la estabilidad presupuestaria.
Como aportación al debate, sin perjuicio de que podamos continuarlo en el Pleno, quisiera recordar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual las decisiones que el Estado adopte sobre la base del artículo 149.1.13a de la Constitución Española, deben ceñirse estrictamente a aquellos aspectos indispensables para la consecución de los fines que se persiguen --Sentencia del Tribunal Constitucional 171/96--. No caben, en principio, medidas unilaterales del Estado de carácter general ni configurar como básicas previsiones normativas, que se han demostrado innecesarias, para el cumplimiento de un determinado fin. Este es el contenido sustancial de la Sentencia del Tribunal Constitucional. Y la cuestión central, a juicio de nuestro Grupo y de otros Grupos Parlamentarios que también lo han planteado, es si la ley resulta o no necesaria para el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Nosotros no cuestionamos, señorías, el objetivo de estabilidad presupuestaria, nuestro Grupo está a favor del objetivo de estabilidad presupuestaria incluso con carácter estructural, como defiende el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero estamos hablando de si resulta o no necesaria una ley. Para responder a ello hay que remitirse a los hechos y a los propios argumentos del Gobierno: la evolución del déficit. Señorías, si aceptamos lo que el Gobierno y el Partido Popular esgrime legítimamente como un éxito de su Gobierno --los logros alcanzados en la corrección del déficit-- y si aceptamos los hechos, que nosotros reconocemos --que se ha producido una evolución del déficit positiva, es decir, un déficit hacia abajo que ha sido fundamental para el acceso a la Unión Económica y Monetaria en 1999--, se demuestra que no resulta indispensable una ley para seguir avanzando en esa dirección y en el objetivo de conseguir un déficit cero o un superávit.
Y respecto al papel que pueden jugar las Administraciones territoriales en ese objetivo, hay que tener en cuenta dos aspectos: uno, que el déficit de las Administraciones territoriales es irrelevante --representa tan solo el 0,1 por ciento del producto interior bruto según el documento de actualización del Programa de Estabilidad de 2000 a 2004-- y dos, y más importante, que existen unos mecanismos de coordinación en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como se ha mencionado reiteradamente, desde 1992, que han demostrado su idoneidad para alcanzar la reducción del déficit. El Pacto de Estabilidad con las Comunidades Autónomas ha funcionado y las Comunidades Autónomas están avanzando en el objetivo de estabilidad presupuestaria, como se puso de manifiesto en la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas en la que participaron los consejeros de las distintas Comunidades Autónomas, quienes manifestaron, empezando por el Consejero de la Generalitat de Cataluña y también otros, el objetivo de estabilidad presupuestaria para el presupuesto de 2002.
Por tanto, señorías, el objetivo de reducción del déficit se ha conseguido sin necesidad de una ley y los mecanismos de coordinación han funcionado. ¿Pueden mejorarse? Sin duda pueden mejorarse, pero no, señorías, a través de la imposición sino del diálogo, que es lo que estamos reclamando todos los grupos parlamentarios en este trámite, entendiendo que es un trámite idóneo el del Senado para conseguir una regulación de la estabilidad presupuestaria que para que sea eficaz, para que funcione, necesita ser apoyada por el conjunto de las Administraciones territoriales, Comunidades Autónomas y ayuntamientos, y también por los partidos políticos. Como les ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista reiteradamente, no desaprovechen esta oportunidad, no desaprovechen este trámite del Senado donde todos los grupos están dispuestos a asumir el principio de estabilidad presupuestaria, pero corrigiendo los aspectos más nocivos de este proyecto de ley, que son básicamente dos aumentando el común denominador: uno, la vulneración de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos y, dos, las limitaciones que se van a producir en la inversión pública y en el desarrollo de las dotaciones de infraestructuras y servicios que nuestro país necesita para avanzar en la convergencia real con Europa.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Gracias.
Pienso que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha equivocado la intención del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros no tenemos ninguna pretensión de encabezar una protesta política contra el Gobierno por este proyecto de ley. Si el problema fuera exclusivamente de discusión política, hubiéramos podido empezar perfectamente por preguntar qué quieren ustedes corregir, porque probablemente los mayores déficit les corresponden a las Comunidades Autónomas donde gobiernan ustedes y a los propios ayuntamientos; pero me parece que ésa es una discusión banal en este momento con lo que estamos enfrentando. O podríamos discutir perfectamente sobre la política keynesiana o la política que han hecho ustedes, y tendríamos que preguntarnos qué han corregido ustedes de déficit, porque ustedes lo que han hecho ha sido vender, privatizar sin liberalizar las mejores empresas españolas, con lo cual, en realidad, ustedes de corrección de déficit nada de nada. Podríamos entrar por ese camino --y yo creo que tendríamos razón--, pero no es ése el problema que yo estoy planteando aquí.
El problema que estamos planteando es más serio que la estricta política coyuntural, y lo reitero una vez más sin ninguna voluntad de confrontación. Nosotros tenemos establecido un procedimiento de funcionamiento democrático en España que hasta ahora ha ido bien; pues modifiquemos las cosas que van mal, pero las que van bien procuremos mantenerlas o perfeccionarlas todavía. No es, repito, mi propósito abanderar ninguna oposición; mi propósito
es que las reglas de juego en las que hemos estado de acuerdo hasta ahora las procuremos mantener, y creo muy sinceramente, sin manipular ningún tipo de información --además el informe del Consejo de Estado está a disposición de todos--, que está bastante claramente expresado que tengamos cuidado con las reglas de juego.
Por lo demás, insisto en que en este proceso se trata ni más ni menos que de hacer honor al papel constitucional del Senado, que es la Cámara de representación territorial. Seamos capaces de que esa representación territorial funcione correctamente aceptando los pactos --generosos, creo yo, insisto-- que ofrecen los grupos nacionalistas de la Cámara al Gobierno, y en este caso también al principal partido de la oposición, y funcionemos mejor, que es de lo que se trata, siendo un poco más abiertos en la concepción del Estado de las Autonomías que diseña la Constitución.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Soto.
Yo no quisiera entrar en un debate tan prolijo como ha propuesto el señor Lerma para ver qué déficit había, cómo se ha reducido el déficit y qué medidas han sido buenas por parte del Gobierno para llegar precisamente adonde estamos. La evidencia de las cifras, como bien sabe el señor Lerma, es tan clara que pocas discusiones pueden ser tan obvias para el Gobierno como decir cómo estábamos hace seis años y cómo estamos ahora en términos macroeconómicos --de déficit o los que quiera el señor Lerma.
En cualquier caso, yendo al tema, yo entiendo que la estabilidad presupuestaria funciona como un principio rector de la política fiscal de las Administraciones Públicas. Si se llegara a esa estabilidad, éstas pueden optar por, una de dos, o reducir gastos o aumentar ingresos utilizando precisamente, entre otras medidas, su capacidad fiscal --por ejemplo, la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas--. Este es un principio rector y la ley es escrupulosa con la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, no determina el contenido de las medidas que deben adoptar las Administraciones, únicamente establece el deber de adaptar su normativa al cumplimiento del objetivo general de estabilidad presupuestaria, así de claro y así de conciso.
De cualquier manera, para que no piense el señor Lerma que esto de la estabilidad es una ocurrencia del Gobierno, yo le recordaré que tanto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea como las orientaciones generales de política económica de las instituciones europeas, instan a los Estados miembros de la Unión a continuar el saneamiento de las cuentas públicas más allá del nivel mínimo para cumplir los requisitos del citado Pacto de Estabilidad, más allá del nivel mínimo, que es lo que parece que se deducía de las afirmaciones de la señora Aroz. Por tanto, debe generarse un margen suficiente adicional para conseguir la estabilidad cíclica de la economía --así de sencillo desde el punto de vista económico--; no es suficiente con llegar a ese nivel mínimo, hay que generar un margen suficiente complementario para conseguir la estabilidad cíclica de la economía. Este es el objetivo de los dos proyectos de ley y, por supuesto, yo estaré encantado de que también los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas del PP asuman como principios inspiradores de su política económica precisamente equilibrar sus presupuestos.
Las reglas de juego, señor Lerma, están bastante claras. Es más: con la determinación de estas dos leyes precisamente se da más énfasis a los elementos institucionales de colaboración entre las Comunidades Autónomas, los entes locales y el propio Gobierno central.
Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación de estos dos proyectos de ley. Esta Presidencia interpreta, por lo manifestado por el portavoz del Grupo Popular, que la Comisión va a someter a votación el proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria en los mismos términos en que fue aprobado en Ponencia y remitida por el Congreso de los Diputados, y el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, tal como fue aprobado por la Ponencia, con la corrección técnica correspondiente a la enmienda número 99, originaria del Grupo Popular, corrección propuesta por el Senador Soto. ¿Es así? (Asentimiento.) Por tanto, en primer lugar, votamos el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, seis; abstenciones, una.
A continuación, votamos el proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria. (Pausa.)
Sólo resta designar a la persona que presentará estos dos proyectos de ley en el Pleno de la próxima semana. ¿El Grupo Popular tiene alguna propuesta al respecto?
El señor SOTO GARCIA: Estamos a disposición del señor Presidente, para que designe a la persona que considere más oportuna.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia propone que sea la Secretaria Primera de la Mesa, la Senadora Simonelli, quien los presente.