Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-362-de-junio-10-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fecef530070103fae0430a01015103fa&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-19 17:15:12
Document Index: 26414435

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 152', 'Artículo 28', 'Artículo 25', 'Artículo 11']

﻿ Sentencia T-362 de junio 10 de 2014
SENTENCIA T-362 DE 10 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CONOCER DE DERECHOS COLECTIVOS, ASÍ DERECHOS FUNDAMENTALES TENGAN CONEXIDAD. SE AFIRMÓ QUE LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES EL MECANISMO IDÓNEO PARA DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD, A LA VIVIENDA Y AL AGUA POTABLE EN CONEXIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE, DADO QUE EL RECURSO IDÓNEO ES EL DE ACCIÓN POPULAR. ASÍ, MEDIANTE ESTE TIPO DE ACCIÓN EL JUEZ ADMINISTRATIVO CUENTA CON FACULTADES QUE LE PERMITEN ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, TODO ELLO CON EL FIN DE EVITAR UN DAÑO O HACER QUE EL MISMO CESE, LO CUAL PERMITE UNA PROTECCIÓN INMEDIATA DEL DERECHO QUE SE CONSIDERA AMENAZADO O VULNERADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, DAÑO AMBIENTAL, DERECHO DE UTILIZACIÓN DE AGUAS, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA SALUD, DERECHO A VIVIENDA DIGNA
Sentencia T-362 de junio 10 de 2014
Ref.: Expediente T-4.195.828
Acción de tutela instaurada por Piedad Morales Gómez y otros, contra la sociedad Asfaltos y Triturados de la Sabana SAS y otros.
Derechos fundamentales invocados: Agua potable, salud y vivienda digna.
Temas: Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar la protección de derechos e intereses colectivos
Problema jurídico: ¿Es procedente la acción de tutela para solicitar la protección del derecho fundamental al medio ambiente en conexidad con la salud, la vivienda y el agua potable, presuntamente vulnerados por una empresa minera que, autorizada por la autoridad ambiental, realiza voladuras cerca de una zona residencial?
En la revisión del fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Madrid, Cundinamarca, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Civil Municipal de la misma localidad, dentro de la acción de tutela incoada por el Piedad Morales Gómez, Mauricio Herrera Gómez, Baudilio López Ramírez y José Amador Galvis, contra Asfaltos y Triturados de la Sabana SAS.
Los ciudadanos Piedad Morales Gómez, Mauricio Herrera Gómez, Baudilio López Ramírez y José Amador Galvis interpusieron acción de tutela en contra de la empresa Asfaltos y Triturados de la Sabana SAS (en adelante ATS SAS), por considerar que esta entidad está vulnerando sus derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda digna, debido al uso de explosivos en la extracción de material en la recebera El Cajón, aledaña a sus lugares de residencia, en el barrio Pablo VI del municipio de Madrid.
1.1.1. El 30 de abril de 2012, el señor Hernando Leaño Orozco, propietario de la cantera El Cajón, localizada en la vereda La Punta, municipio de Madrid (Cundinamarca), y la sociedad Asfaltos y Triturados de la Sabana —ATS SAS—, encargada de la ejecución y desarrollo de la actividad minera en dicha cantera, solicitaron a la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR Cundinamarca) autorizar el sistema de arranque de materiales mediante el uso de explosivos, en el marco del Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental (en adelante PMRRA).
1.1.2. Mediante Resolución 2606 del 26 de noviembre de 2012, la CAR Cundinamarca autorizó el uso de explosivos en la cantera El Cajón, pero bajo ciertas condiciones(1); entre ellas, se indicó que solo podrá efectuarse una voladura cada 45 días, con el acompañamiento de la industria militar.
1.1.3. Los accionantes manifiestan que la recebera El Cajón está ubicada junto al barrio Pablo VI, a la altura del kilómetro doce de la vía Bogotá-Medellín, lugar donde ellos residen. Advierten que la explotación del material “se hace sobre el sistema de recarga de los acuíferos que surten el pozo profundo por medio del cual se extrae el agua de suministro para el acueducto comunal”; además, afirman que las explosiones impactan las viviendas vecinas a la cantera.
1.2.1. Copia de la Resolución 2606 del 26 de noviembre de 2012, “Por la cual se aprueba el cambio de un método de arranque de minerales”, expedida por la corporación Autónoma de Cundinamarca (fls. 9 a 12, cdno. primera instancia).
1.2.3. Informe del avance de actividades en la cantera El Cajón, con ocasión de la implementación del Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, elaborado por Ingeoambiental Consultores Ltda., y entregado a la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por parte de Asfaltos y Triturados de la Sabana SAS.
El Juzgado Civil Municipal de Madrid (Cundinamarca) avocó el conocimiento de la acción de tutela y mediante auto calendado el 22 de julio de 2013, ordenó correr traslado de la misma a la empresa Asfaltos y Triturados de la Sabana SAS, y, además, vincular a la Procuraduría General de la Nación, la alcaldía municipal de Madrid, a Indumil, al propietario de la cantera Hernando Leaño Orozco, a la Inspección de Policía de Madrid, a Asuservipuente, al Secretario de Medio Ambiente de Cundinamarca y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En respuesta, dichas entidades manifestaron:
1.3.1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
1.3.2. Personería Municipal de Madrid (Cundinamarca).
1.3.3. Industria Militar, Indumil.
1.3.4. Secretaría de Ambiente de Cundinamarca.
1.3.5. Alcaldía municipal de Madrid (Cundinamarca).
1.3.6. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
En primer lugar, considera que el Juzgado Civil Municipal de Madrid no tiene competencia para conocer de la acción de tutela de la referencia. Aduce que las Corporaciones Autónomas Regionales del país tienen “rango” de autoridades del orden nacional y, en consecuencia, el amparo debe ser resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Este argumento lo sustenta en varias sentencias proferidas por la Corte Constitucional(2), de las cuales extrae que dichas entidades administrativas son del orden nacional y pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo.
El día 2 de mayo de 2013, funcionarios de la Oficina Provincial Sabana Occidente de la CAR realizaron visita de seguimiento y control al área de registro Minera NO. 02-007, Cantera El Cajón y al pozo profundo de la Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal Asuservipuente, la cual fue acogida mediante el Informe Técnico No. 0709 de 23 de julio de 2013, en donde se determinó que para tomar una decisión de fondo sobre las condiciones expuestas en la Resolución 2606 del 26 de noviembre de 2012 y en especial para evaluar la posible incidencia y consecuencia de la utilización de explosivos sobre el Pozo profundo y la Planta de Tratamiento con el fin de tomar determinaciones para proteger el recuro agua, se requiere programar una nueva visita.
1.3.7. Asfaltos y Triturados de la Sabana SAS.
Aduce que los accionantes cuentan con otros mecanismos de protección judicial, además de que las actuaciones administrativas aún no han culminado, pues actualmente se encuentra en curso ante la CAR Cundinamarca una solicitud tendiente a dejar sin efectos la Resolución 2606 del 26 de noviemde 2012, mediante la cual está autorizada para utilizar explosivos en el proceso de extracción de minerales.
Además de lo anterior, manifiesta que no existe prueba técnica que demuestre los supuestos quebrantos de derechos fundamentales por parte de la sociedad Asfaltos y Triturados SAS
2.1. Sentencia de primera instancia - Juzgado Civil Municipal de Madrid, Cundinamarca.
En tal medida, aclararon que su principal pretensión es que se ordene la suspensión del uso de explosivos en los procedimientos de extracción de material de la cantera El Cajón, para así, a través del amparo, evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable sobre sus derechos fundamentales a la vivienda digna, al acceso al agua potable, a la salud y a la vida. Además, sostuvieron que la acción de tutela también está dirigida a la protección transitoria de sus derechos “hasta tanto, los mecanismos de defensa judicial permitan la revocatoria de la Resolución 2606 de noviembre 26 de 2012”.
2.3. Segunda instancia - Juzgado Civil del Circuito de Madrid, Cundinamarca.
3.2.1. Informe de la Defensoría del Pueblo —Defensoría delegada para los derechos colectivos y del ambiente—.
— Copia del acta de visita a la comunidad del Barrio Pablo VI.
— Imágenes fotográficas de la visita realizada tanto a la empresa ATS SAS como al Barrio Pablo VI.
3.2.2. Informe de la Procuraduría General de la Nación —Procuraduría Delegada para asuntos Ambientales y Agrarios—.
3.2.3. Informe Técnico OPSO 0575 del 9 de mayo de 2014, elaborado por la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
3.2.4. Escrito de la empresa Asfaltos y Triturados de la Sabana SAS
3.2.5.Informe de la diligencia de inspección judicial realizada por el Juzgado Civil Municipal de Madrid, Cundinamarca.
En esta oportunidad, un grupo de ciudadanos, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela para solicitar que sean protegidos sus derechos fundamentales al agua, a la salud y a la vivienda digna, por considerar que estos se ven afectados por la empresa Asfaltos y Triturados de la Sabana SAS, al hacer uso de explosivos en la extracción de material de la recebera El Cajón, ubicada en el municipio de Madrid, cuya área de influencia, según los demandantes, abarca sus casas, las que presuntamente sufren daños estructurales debido a las vibraciones producto de las explosiones. Además de lo anterior, también advierten que la cantera está cerca al acueducto veredal, lo que según ellos pone en grave riesgo las fuentes hídricas subterráneas que surten de agua el sector donde residen.
Posteriormente, en caso de que se supere el análisis de procedencia, la Sala definirá si al hacer uso de explosivos para la extracción de material en la recebera El Cajón, la empresa Asfaltos y Triturados de la Sabana SAS y a la CAR Cundinamarca, al haber autorizado tal práctica, vulneran los derechos fundamentales al agua, a la salud, a la vivienda digna y, además, el derecho al medio ambiente de los accionantes, quienes residen cerca a dicha cantera.
4.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para la protección de los derechos colectivos.
Por definición, la acción de tutela (art. 86) fue instituida en la Constitución Política para la defensa y garantía de los derechos fundamentales de carácter subjetivo e individual, mientras que la acción popular (art. 88) tiene como finalidad asegurar la protección judicial efectiva de los derechos e intereses colectivos, afectados o amenazados por autoridades judiciales o por un particular, teniendo como finalidad: “a) evitar el daño contingente (preventiva), b) hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre esa categoría de derechos e intereses (suspensiva), c) o restituir las cosas a su estado anterior”(3).
Ha dicho esta corporación que la defensa de los derechos e intereses colectivos encuentra asidero, por ejemplo, frente a “aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotación de los recursos naturales, los productos médicos defectuosos, la imprevisión en la construcción de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteración en la calidad de los alimentos, la publicidad engañosa, los fraudes del sistema financiero, etc.”(4).
“Caso diferente es que en ocasiones, al configurarse la violación de un derecho fundamental derivada del desconocimiento de un derecho colectivo por una autoridad pública o un particular, el juez deba darle prelación a la protección mediante acción de tutela, en razón de la inmediatez que exige la defensa de un derecho de ese rango. Así, esta corporación ha aceptado que, no obstante existir la posibilidad de acudir en tal evento al ejercicio de una acción popular, proceda el amparo por la vía de la tutela y así dejar a salvo un derecho fundamental”(5).
No obstante, también debe recalcarse que la acción de tutela y la acción popular tienen puntos en común, como la protección de un derecho constitucional (individual o colectivo) producto de la amenaza o vulneración por parte de una autoridad pública o particular y, más cercano aún, la de prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En cuanto a este último punto, la jurisprudencia ha sido extensa, estableciendo que la acción de tutela procede, a pesar de la existencia de otros mecanismos de protección, para evitar la ocurrencia de un perjuicio, es decir, se reviste de carácter preventivo. Asimismo, la acción popular tiene una naturaleza preventiva, lo que significa que “su ejercicio o promoción judicial no está supeditado o condicionado a que exista un daño o perjuicio de los derechos e intereses que se buscan proteger. Es suficiente que se presente la amenaza o el riesgo que se produzca el daño, para que pueda activarse el mecanismo de la acción popular”(6).
Este criterio fue inicialmente expuesto por esta corporación en la Sentencia T-067 de 1993(7), y posteriormente recogido por la Sala Plena en la SU-442 de 1997(8), oportunidad en la cual se advirtió sobre la inescindible conexión entre los derechos fundamentales y colectivos:
Por lo anterior, en Sentencia T-1451 de 2000(9), la Corte Constitucional recopiló los lineamientos de algunas sentencias de tutela y definió varias subreglas para que el juez de tutela determinara si en el caso sometido a su conocimiento, el mecanismo adecuado era la acción popular o la acción de tutela:
“Primer criterio: La trascendencia que pueda tener un derecho colectivo en el ámbito de los derechos fundamentales, no lo hace perder su naturaleza de colectivo y su protección, por tanto, ha de lograrse a través de la acción diseñada para el efecto, y ésta no es otra que la acción popular. Sin embargo, si de la vulneración de un derecho de esa naturaleza, se desprenden graves consecuencias para derechos fundamentales, la acción de tutela como mecanismo de defensa para éstos, será procedente (Sent. T-406/92; T-244 y T-453/98, entre otras).
Estas subreglas fueron acogidas y sintetizadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia SU-1116 de 2001(10), en la siguiente forma:
“... (i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea “consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo”. Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y ‘no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza’”.
Al respecto, en la Sentencia T-299 de 2008(11), esta corporación abordó el estudio de la acción de tutela presentada por una pareja que actuaba en nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18 años, contra la empresa prestadora del servicio público de energía Codensa S.A., con el fin de obtener la protección constitucional del derecho al ambiente sano, en conexidad con los derechos a la salud, la integridad física y la vida, por cuanto el apartamento que ocupaban en un edificio residencial se encontraba ubicado sobre un cuarto especial que guardaba una subestación eléctrica, lo cual generaba que los electrodomésticos de su hogar sufrieran de constantes descargas de energía, circunstancia que, según los accionantes, constituía un riesgo inminente para la salud y la integridad física de la familia y otros residentes del edificio, ante el potencial peligro de los equipos de la subestación estallaran.
Asimismo, en Sentencia T-734 de 2009(12), la Corte conoció el caso de una ciudadana que interpuso acción de tutela solicitando la protección del derecho fundamental a la salud, debido al colapso y deterioro de la tubería del alcantarillado del condominio donde reside, lo que ocasionó el desbordamiento de aguas negras, llegando incluso a inundar algunas viviendas.
Más adelante, en la Sentencia T-517 de 2011(13), la Corte revisó una acción de tutela interpuesta por varios ciudadanos que consideraban que la antena de telefonía móvil instalada cerca de sus residencias ponía en peligro su derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y a disfrutar del espacio público. En tal sentido, la Sala consideró necesario verificar si, en efecto, existía un nexo causal entre la radiación generada por la instalación de la torre, y las supuestas complicaciones de salud de las personas que residen en el sector.
“Esta breve referencia muestra que en principio la Ley 472 de 1998 es un instrumento idóneo y eficaz para enfrentar las vulneraciones o amenazas a los derechos colectivos (...). En tales circunstancias, la entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados (...), para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la tutela (C.P. art. 86), que en el expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario. En efecto, en determinados casos puede suceder que la acción popular resulta adecuada para enfrentar la afectación del derecho colectivo vulnerado, pero ella no es suficiente para amparar el derecho fundamental que ha sido afectado en conexidad con el interés colectivo. En tal evento, la tutela es procedente de manera directa, por cuanto la acción popular no resulta idónea para proteger el derecho fundamental. Pero si no existen razones para suponer que la acción popular sea inadecuada, entonces la tutela no es procedente, salvo que el actor recurra a ella “como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en curso y cuando ello resulte indispensable para la protección de un derecho fundamental”(14).
La Corte, a partir de los elementos de convicción allegados al expediente y, en especial, de los informes y recomendaciones adjuntadas como pruebas(15), señaló que no podía llegarse a la conclusión “que la antena base de telefonía celular instalada por Comcel S.A. en el barrio El Recreo de Montería, sea la causa, tal y como lo afirman los accionantes, del padecimiento de cáncer de algunos residentes del sector y de la muerte de otros por la misma enfermedad”(16).
De estas sentencias se desprende entonces que, al momento de analizar si la acción de tutela es procedente para proteger un derecho colectivo, el juez constitucional debe recordar siempre que, en principio, existe un mecanismo destinado para ello que es la acción popular. Sin embargo, excepcionalmente ha considerado procedente la tutela cuando, además de un derecho colectivo, se afecta un derecho individual fundamental y los medios de defensa a disposición del tutelante no son idóneos —como la acción popular— o en el caso se advierte un inminente perjuicio irremediable de naturaleza iusfundamental.
Los ciudadanos Piedad Gómez Morales, Mauricio Herrera Gómez, Baudilio López Ramírez y José Amador Galviz (sic) Casas, residentes del barrio Pablo VI del municipio de Madrid, Cundinamarca, y vecinos de la recebera El Cajón, interpusieron acción de tutela contra la empresa ATS SAS, por considerar que vulneró sus derechos fundamentales a la vivienda digna, al agua potable, a la salud y a la vida digna, debido a la labor de explotación minera que realiza en la mencionada cantera, en donde, a partir de la Resolución 2606 del 26 de noviembre de 2012 expedida por la CAR, se autorizó el uso de explosivos para la extracción de material de construcción. Alegan que las explosiones que han generado afectación estructural de algunas de las viviendas del sector y, además, han puesto en grave riesgo el acueducto que provee de agua a la comunidad. En consecuencia, solicitan al juez de tutela se ordene la suspensión inmediata del uso de explosivos en la cantera El Cajón, hasta tanto “la autoridad ambiental determine con certeza científica que los explosivos utilizados por estos no amenazan ni ponen en peligro los recursos hídricos de la zona, el acueducto veredal, las viviendas y la comunidad en general colindante a la Recebera el Cajón”(17).
En primera instancia, el Juzgado Civil Municipal de Madrid, Cundinamarca, determinó que la acción de tutela era improcedente como mecanismo principal de protección judicial, aduciendo que lo buscado por los accionantes es la revocatoria de un acto administrativo emitido por la autoridad ambiental, pretensión que pude solicitarse por otros medios judiciales. Además, sugirió que cuando un grupo de personas acude a solicitar la protección de varios derechos fundamentales, la acción de protección de intereses y derechos colectivos (L. 1437/2011, art. 44) resulta idónea para tal fin.
El juez de alzada confirmó la decisión del a quo por considerar que para la suspensión de las actividades mineras, los accionantes cuentan con otros mecanismos de defensa idóneos que establece el ordenamiento jurídico para suspender los actos administrativos que infrinjan normas constitucionales, cuyo ejercicio debe hacerse ante la justicia contencioso administrativa. Al respecto, hizo referencia a los artículos 152 y siguientes del Código Contencioso Administrativo(18), disposiciones que establecen los casos en los que procede la suspensión provisional. De otro lado, advirtió que se encuentra pendiente el informe técnico de la CAR Cundinamarca, como resultado de la visita técnica, el cual es necesario para que se adopten las medidas correspondientes. Finalmente, indicó que la decisión adoptada por la CAR Cundinamarca es susceptible de control judicial a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
5.2. Examen de procedencia de la acción de tutela.
Así entonces, la Sala encuentra probado que los accionantes son titulares de los derechos fundamentales a la salud, al agua potable y a la vivienda digna, que alegan como vulnerados, pues según se desprende de las actas de vecindad llevadas a cabo por la empresa ATS SAS en el marco de la socialización de las actividades mineras con la comunidad, ellos residen en el barrio Pablo VI, cuya fuente de agua potable proviene del acueducto veredal llamado Puente Piedra.
5.2.2. Legitimación en la causa por pasiva.
Cuando la acción de tutela está dirigida contra un particular, ha dicho la Corte, en concordancia con el art. 42 del Decreto 2591 de 1991, que deben cumplirse ciertos requisitos para que proceda la acción: “(i) éste tenga a su cargo la prestación de un servicio público; (ii) cuando con su actuar afecte gravemente el interés colectivo o; (iii) en casos en los que el accionante se encuentre en situación de subordinación e indefensión con respecto al agresor”(19).
En el caso sub examine, las actividades de extracción minera mediante explosivos realizadas por ATS SAS han puesto de presente la probable afectación de algunos derechos fundamentales de los accionantes, los cuales están relacionados con un interés colectivo, referido al medio ambiente, pues exponen que las explosiones han afectado estructuralmente sus viviendas y, además, pueden llegar a ocasionar daños en la fuente hídrica que les provee agua potable.
Adicionalmente se advierte que existe una relación de indefensión entre el accionante y el presunto agresor. La jurisprudencia ha diferenciando los conceptos de subordinación e indefensión así: (i) la subordinación hace referencia a la situación en que se encuentra una persona cuya obligación jurídica es acatar las órdenes de un tercero, como consecuencia de un contrato o relación jurídica, constituyéndose entre las partes una relación de jerarquía; (ii) el estado de indefensión, por su parte, está caracterizado por la inexistencia de algún tipo de relación jurídica y, propiamente, tiene su origen en la ausencia o insuficiencia de medios físicos y jurídicos de defensa para resistir u oponerse a la agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales(20).
Lo anterior permite a la Sala afirmar que en el presente caso los accionantes se encuentran en un estado de indefensión respecto de ATS SAS, pues alegan que las explosiones que esta lleva a cabo para extraer material, amenazan el disfrute sus derechos fundamentales, situación ante la cual no tienen ningún poder de control e intervención, pues la empresa cuenta con el correspondiente aval legal. Además, los demandantes han solicitado la intervención de las autoridades ambientales sin haber obtenido a la fecha una respuesta.
5.2.3. Análisis del requisito de subsidiariedad.
Reitera la Sala que uno de los elementos de procedencia de la acción de tutela, conforme el artículo 86 Superior, es que no existan otros mecanismos de defensa judicial a disposición del actor para lograr la protección de sus derechos fundamentales. De allí que la misma norma sostenga que el recurso de amparo es de carácter subsidiario, es decir, solo procede ante la ausencia de otras herramientas judiciales o cuando aunque existen, no son idóneas y eficaces para lograr una protección de los derechos fundamentales que se alegan como vulnerados, o ante la inminencia de un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental.
5.2.3.1. Análisis de procedencia ante la acción popular.
Ahora bien, continuando con el análisis de procedencia, la Sala recuerda que la principal pretensión de los accionantes en el proceso de la referencia va dirigida a que se suspenda el uso de explosivos en la recebera El Cajón, los cuales son usados por la empresa ATS SAS para la extracción de mineral, práctica que fue avalada por la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mediante Resolución 2606 del 26 de noviembre de 2012.
En primer lugar, a través de la acción popular los accionantes pueden solicitar al juez administrativo que tome las medidas cautelares necesarias para que suspenda el uso de explosivos en la cantera El Cajón, pues de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso, el juez podrá, a petición de parte o de oficio, “decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado”. En este mismo sentido, se indica que puede “a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando”(21).
En concordancia con lo anterior, el nuevo Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(22) otorgó un mayor alcance a esta facultad del juez administrativo, señalando que ante una situación de urgencia es posible que decrete una medida cautelar sin necesidad de notificar a la parte demandada(23).
En tal sentido, la Ley 472 de 1998 otorgó amplias facultades en materia probatoria al juez, para que reúna los elementos probatorios necesarios para determinar el grado de vulneración o amenaza del derecho colectivo invocado. Por ejemplo, “podrá ordenar a las entidades públicas y a sus empleados rendir conceptos a manera de peritos, o aportar documentos u otros informes que puedan tener valor probatorio. Así mismo, podrá requerir de los particulares certificaciones, informaciones, exámenes o conceptos(24)”.
Además, el juez dispone de los recursos necesarios para evaluar la situación de amenaza, toda vez que puede “c) ordenar con cargo al Fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo”(25).
Por último, el ejercicio de la acción popular no tiene término de caducidad definido, por lo que puede ser ejercida en cualquier tiempo mientras subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo(26).
5.2.3.2. Análisis de procedencia frente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Los jueces de instancia consideraron que al haber sido un acto administrativo (Res. 2606/2012, nov. 26) el que autorizó el uso de explosivos en la recebera El Cajón, los demandantes deben hacer uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para atacar dicha actuación, y así lograr que cesen sus efectos.
5.2.3.3. Análisis de procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, aun existiendo mecanismos judiciales idóneos, es preciso demostrar que esta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental. Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad(27).
“(...) Se realizaron pruebas de voladuras el 11 de septiembre y el 30 de octubre de 2013 y el 22 de enero de 2014, en las cuales se tomaron los puntos de registro similares en los tres eventos y de acuerdo con los resultados presentados en el documento, estos se encuentran por debajo de los límites permisibles según la normatividad internacional y nacional, consultada por el usuario, es decir que los puntos monitoreados no se afectan por la utilización de explosivos al interior de la cantera El Cajón.
Además de lo anterior, al hacer el análisis del área de Registro Minero de Cantera 02-007, con respecto a lo establecido en el artículo 4º de la Resolución 222 de 1994 del MAVDT, se deduce que el área de la Cantera el Cajón, está en zona incompatible con la minería y el instrumento de control es un PMRRA y la extracción que se realice con fundamento en estos estudios, debe ser decreciente buscando el cierre definitivo de la explotación minera y adecuando las áreas intervenidas”.
Por su lado, la Procuraduría General de la Nación —Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios— afirmó que en el año 2013, adelantó una investigación a la recebera El Cajón y aledañas, por posibles afectaciones ambientales. Como resultado, emitió el informe técnico 39-2013, en el cual dejó constancia del incumplimiento de algunos condicionamientos impuestos por la CAR Cundinamarca a la empresa ATS SAS, en el marco del PMRRA(28).
— De acuerdo con los datos arrojados por la medición hecha a través de GPS, la planta de tratamiento de agua se encuentra aproximadamente a 200 metros de la voladura y el pozo profundo a 430 metros de la misma.
— Las pilas de material se encontraron descubiertas, a pesar de que conforme al permiso ambiental es obligación mantenerlas cubiertas para evitar la emisión de material particulado por acción del viento.
— Las voladuras se han hecho en secuencia, acercándose hacia el sitio donde se hace el beneficio del material. También destacó la información suministrada por el ingeniero, según el cual está planeado que las tronaduras se hagan en forma progresiva hacia las trituradores, lo que a juicio de la Procuraduría significa que van directo hacia la planta de tratamiento y el pozo.
— No observaron un manejo adecuado de las aguas de escorrentía, toda vez que no existen cunetas o estructuras similares para su manejo al interior de la mina.
— Destacaron el buen estado de la polisombra ubicada en el perímetro de la mina y que a la vez cumple una función de cercamiento.
— El pozo profundo que surte de agua a la comunidad se encuentra ubicado aproximadamente a 430 metros del último sitio de voladura, tiene una profundidad de 211 metros y un diámetro de 10 pulgadas.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo —Defensoría delegada para los derechos colectivos y el ambiente—, tras la visita realizada a la cantera El Cajón el 6 de mayo de 2014, informó que “... no se estaban cubriendo minerales con ningún tipo de poli sombras o plásticos especializados para dicho fin, implicando esto que las partículas se esparzan con el viento y se dirijan a otros sectores”.
“... no se estaban cubriendo los minerales con ningún tipo de poli sombras o plásticos especializados para dicho fin, implicando esto que las partículas se esparzan con el viento y se dirijan a otros sectores”.
“... para determinar el impacto que ha tenido el uso de explosivos para la explotación minera en la recebera El Cajón, sobre los acuíferos o fuentes de agua subterránea que provee a la comunidad del barrio Pablo VI del municipio de Madrid-Cundinamarca, así como sobre la estructura de sus viviendas, se requiere de manera urgente la realización de un informe técnico; el cual esta entidad no puede realizar toda vez que carece de la capacidad técnica y operativa que el mismo exige”.
No hay indicios de que, si se continúa con las explosiones, se vaya a causar en un futuro cercano un daño irremediable en términos de los derechos invocados por los demandantes. Si bien la información suministrada por los organismos de control dan cuenta de algunas irregularidades en que ha incurrido la empresa ATS SAS en la implementación del PMRRA, ello no constituye en manera alguna una situación de peligro inminente y grave para las viviendas de los habitantes del barrio Pablo VI o el acueducto que los surte de agua potable.
La Sala también observó que los accionantes también podían hacer uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para, a través de esta, solicitar la suspensión de la Resolución 2606 de 2012, que autorizó el uso de explosivos en la recebera El Cajón, y obtener medidas de reparación.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2013 por el Juzgado Civil del Circuito de Madrid, Cundinamarca, que confirmó la sentencia proferida el 1º de agosto de 2013, emitida por el Juzgado Civil Municipal del mismo municipio.
Magistrados: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva, con salvamento de voto.
(1) De acuerdo con el acto administrativo, los explosivos se podrán utilizar bajo los siguientes parámetros: “A. El uso de explosivos estará supeditado a la aprobación que para el efecto expida la industria militar. Bajo ninguna circunstancia y amparado en este acto administrativo el Señor Hernando Leaño Orozco, o sus contratistas podrán llevar a cabo voladuras sustrayéndose del régimen previsto por el Ministerio de Defensa y la Industria Militar. // B. El diseño definitivo de la perforación y de la voladura, la secuencia de encendido y el manejo de micro-retardos, debe ser guiado por una empresa que esté debidamente reconocida en la Industria Militar, para el efecto el Señor Hernando Leaño Orozco, deberá aportar a la corporación los documentos que acrediten el cumplimiento de este condicionante, dentro de los 15 días calendarios previstos a la fecha de programación de cada voladura”.
(2) Cita los fallos C-593 de 1995, C-275 de 1998, entre otros.
(3) Ver Sentencia C-644 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(4) Ver Sentencia C-377 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(5) Ver Sentencia C-215 de 1999, M.P. (E) Martha victoria Sáchica.
(6) Sentencia C-644 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(7) Magistrados Ponentes: Fabio Morón Díaz y Ciro Angarita Barón.
(9) M.P. (E) Martha Victoria Sáchica.
(12) M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(14) “En el mismo sentido pueden consultarse entre otras las sentencias SU-257 de 1997, T- 576 de 2005, SU-1116 de 2001”.
(15) Entre ellas la Circular 270 de 2007, emitida por el Ministerio de Comunicaciones, en la que aclaran inquietudes relacionadas con la instalación de estaciones radioeléctricas de telecomunicaciones; la copia del estudio realizado por el Medical College of Wisconsin sobre los campos electromagnéticos y salud humana; la Nota Descriptiva 304 emitida por la Organización Mundial de la Salud en mayo de 2006; el concepto emitido por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; copias del informe “Efectos de las radiaciones no ionizantes (RNI) en la Salud Humana, y su implicación en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones” y, por último, el Informe de la Veeduría Ambiental Regional al Macizo de Iguaque.
(16) La Corte complementó tal afirmación señalando: “Al respecto es de precisar que al no existir un concepto científico en virtud del cual se pueda determinar la incidencia de la radiación emitida por la torre en la afectación de la salud de los residentes, en principio, no es posible atribuírsele a la instalación de la antena de telefonía móvil celular las implicaciones aludidas por los accionantes, de cuya salud probablemente afectada nada se acredita”.
(17) Folio 35, cdno. de primera instancia.
(18) Asume la Sala que se refiere al antiguo Código Contencioso Administrativo (D. 1/84), cuyo artículo 152 consagra los eventos en que el Consejo de Estado y los Tribunales Contencioso Administrativos pueden suspender provisionalmente los actos administrativos.
(19) Sentencia T-655 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(20) Sentencia T-694 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(21) Al respecto, puede consultarse el auto del 29 de julio de 2004, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero, donde el Consejo de Estado dejó en firme las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá, quien en aplicación del principio de precaución, había ordenado a los demandados abstenerse, provisionalmente, a autorizar o permitir el almacenamiento o depósito en la ciudad de Tunja de materiales tóxicos.
(22) Ley 1437 de 2011.
(23) ART. 234.—Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.|| La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.
(24) Artículo 28, Ley 472 de 1998.
(25) Artículo 25, Íbíd.
(26) Artículo 11, Íbíd.
(27) Esta doctrina ha sido reiterada en las sentencias de la Corte Constitucional, T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, SU-544 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-1316 de 2001, M.P. (E): Rodrigo Uprimny Yepes, T-983-01, M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras.
(28) El informe técnico de la Procuraduría llegó a las siguientes conclusiones: “1. Esta mina se encuentra en zona no compatible con la minería según la zonificación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo.// 2. Según Resolución 1928 de 27 de julio de 2011, por medio de la cual se aprobó el Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, dentro de las obligaciones establece: ‘1. Instalar mojones debidamente anclados, equidistantes y acotados dentro del área delimitada y establecida por la corporación a las que se hizo referencia en el numeral anterior, con el propósito de llevar un control de explotación sobre la cantera y los predio (sic) de donde se van a extraer los materiales de construcción’. Delimitación que no se lleva a cabo incumpliendo de esta forma el referido acto administrativo.// 3. En la misma Resolución establece esta obligación de implementar señalización sobre la velocidad de los vehículos en la vía pública y dentro de la mina, no obstante, en la visita no se pudo constatar la ubicación de la misma. // 4. Igualmente ordena: ‘Establecer una barrera de polisombra en el perímetro del predio de la recebera o barrera viva, con el fin de controlar la emisión de ruido y la migración de gases y material particulado especialmente, teniendo en cuenta la cercanía de la cantera con la Autopista Medellín’. La barrera viva solo se ha iniciado a un lado de la trituradora, cerca de donde se ubica la comunidad y no en la totalidad del perímetro de la mina. Así mismo, llama la atención del mal estado de la polisombra que dificulta el cumplimiento de su función. De otro lado, es cuestionable el tamaño de los árboles sembrados, pues estos como están no mitigan el material particulado generado por la actividad de la mina. // 5. En el PMRRA autorizado se impone la obligación de adelantar una fase de retiro y almacenamiento de material estéril, sin embargo, durante la visita se evidenció un manejo inadecuado de dicho material. // 6. Las guías minero-ambientales sugieren que: ‘Para garantizar el correcto manejo de las aguas lluvias, especialmente en zonas de ladera, se construirá un canal interceptor sobre el perímetro de la instalación’. Adicionalmente, el numeral 20 del acto administrativo por medio del cual ‘se aprueba del PMRRA establece la obligación de realizar un buen manejo de aguas de escorrentías a través de zanjas y sedimentadores’. Situación que no se presenta debido a que no se observa zanjas perimetrales y los presuntos sedimentadores que están funcionando son provisionales, inadecuados e insuficientes para el adecuado manejo de ls aguas lluvias de un área tan extensa. Lo cual presuntamente ha generado que las aguas lluvias drenen hacia la vía La Punta, donde se estanca e impide el paso de la comunidad. // 7. EL PMRRA prohíbe ‘hacer el mantenimiento de maquinaria dentro del área del registro Minero ni en cercanías a las márgenes de los drenajes que atraviesan el área’. No obstante, durante la visita se evidenció el abastecimiento de combustible de maquinaria y una presunta zona de mantenimiento y adecuación de las mismas. // 8. Es alarmante que a la fecha de la visita informen sobre la realización de dos pruebas de extracción de material con explosivos, sin embargo, dentro del expediente solo reposa la autorización para una prueba y actualmente la autoridad ambiental está a la espera de concepto técnico para la aprobación de este método. Así mismo, es preocupante que se haya otorgado el permiso sin tener la certeza absoluta de que no se va a generar ningún tipo de afectación, prueba de ello es lo conceptuado en el informe técnico OPSP 0708 de 23 de julio de 2013, en el cual señalan que solicitan el concepto técnico de un hidrólogo para saber las afectaciones que pueden generar las voladuras en el pozo profundo.// 9. Se llevó a cabo el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad, no obstante, estos no son suficientes para controlar los impactos ambientales generados por la misma. Ejemplo de esto es que los árboles que se sembraron no están evitando que el material particulado se levante y salga del perímetro de la mina”.