Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0978&from=RO
Timestamp: 2019-09-21 03:01:47
Document Index: 190072334

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 34', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 33', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 14']

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La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y de desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. De conformidad con las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, en especial su punto 33, el principio de reconocimiento mutuo debe convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y penal en la Unión.
El 29 de noviembre de 2000 el Consejo, de conformidad con las Conclusiones de Tampere, adoptó un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal (2). La presente Decisión Marco es necesaria para completar las medidas 5 y 6 de dicho Programa, que tratan del reconocimiento mutuo de resoluciones destinadas a obtener pruebas.
En su punto 3.3.1, el programa de La Haya (3), incluido en las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 4 y 5 de noviembre de 2004, insiste en la importancia de la terminación del programa global de medidas destinadas a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y destaca como prioritaria la introducción del exhorto europeo de obtención de pruebas, en adelante denominado «el exhorto».
La Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros (4), fue la primera medida concreta en materia de Derecho penal que implementa el principio de reconocimiento mutuo.
La Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (5), aborda la necesidad del reconocimiento mutuo inmediato de resoluciones para prevenir la destrucción, transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de pruebas. Sin embargo, cubre solo la parte de la cooperación judicial en materia penal en cuanto a pruebas, y el traslado subsiguiente de las mismas se deja a los procedimientos de asistencia judicial.
Es por tanto necesario mejorar más la cooperación judicial aplicando el principio de reconocimiento mutuo a una resolución judicial, bajo la forma de un exhorto europeo, con el fin de obtener objetos, documentos y datos para su uso en procesos penales.
El exhorto podrá utilizarse para obtener cualquier objeto, documento o dato para su uso en los procedimientos en materia penal para los que puede emitirse. Estos pueden ser, por ejemplo: objetos, documentos o datos de un tercero; los procedentes de un registro de los locales del sospechoso, incluido su domicilio; datos históricos sobre el uso de cualquier servicio incluidas transacciones financieras; documentos históricos de declaraciones, entrevistas e interrogatorios; y otros documentos, incluidos los resultados de técnicas de investigación especiales.
El principio de reconocimiento mutuo se basa en un alto nivel de confianza entre los Estados miembros. Para fomentar esta confianza, la presente Decisión Marco debe contener salvaguardias importantes para proteger derechos fundamentales. El exhorto deberá, por lo tanto, ser emitido solamente por los jueces, los tribunales, los jueces de instrucción, los fiscales y cualesquiera otras autoridades judiciales que definan los Estados miembros de conformidad con la presente Decisión Marco.
La presente Decisión Marco se adopta con base en el artículo 31 del Tratado y se refiere por consiguiente a la cooperación judicial en el contexto de esa disposición, destinada a contribuir a la obtención de pruebas para los procedimientos que se definen en el artículo 5 de la presente Decisión Marco. Aun cuando otras autoridades además de los jueces, tribunales, jueces de instrucción y fiscales puedan desempeñar una función en la obtención de tales pruebas de conformidad con el artículo 2, letra c), inciso ii), la presente Decisión Marco no abarca la cooperación policial, aduanera, fronteriza y administrativa, que están reguladas en otras disposiciones de los Tratados.
La definición de la expresión «registro o incautación» no debería invocarse respecto de la aplicación de ningún otro instrumento aplicable entre Estados miembros de la Unión Europea, y en particular del Convenio del Consejo de Europa de asistencia judicial en materia penal de 20 de abril de 1959 y los instrumentos que lo complementan.
Solo se emitirá un exhorto cuando los objetos, documentos o datos requeridos sean necesarios y proporcionados en relación con el propósito del proceso penal. Además, solo deberá emitirse un exhorto cuando los objetos, documentos o datos de que se trate pudieran obtenerse con arreglo a la legislación del Estado de emisión en un caso comparable. La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estas condiciones recaerá en la autoridad de emisión. Por consiguiente, los motivos de denegación del reconocimiento o la ejecución no tratarán de estas cuestiones.
La autoridad de ejecución debe utilizar los medios menos invasivos posibles para obtener los objetos, documentos o datos buscados.
La autoridad de ejecución solo deberá estar obligada a ejecutar el exhorto en busca de datos electrónicos que no se encuentren en el Estado de ejecución en la medida que lo permita su legislación.
El Estado de emisión debería tener la posibilidad, si así lo dispone la legislación nacional del Estado de emisión por la que se incorpore el artículo 12, de solicitar la autoridad de emisión que se atenga a determinadas formalidades y procedimientos relativos a los procesos jurídicos o administrativos que puedan contribuir a que las pruebas requeridas sean admisibles en el Estado de emisión, como el sellado oficial de un documento, la presencia de un representante del Estado de emisión o el registro de horas y fechas con vistas a establecer una cadena de pruebas. Estas formalidades y procedimientos no darán lugar a medidas coercitivas.
La ejecución de un exhorto deberá llevarse a cabo, en la medida de lo posible y sin perjuicio de las garantías fundamentales previstas en el Derecho nacional, de conformidad con las formalidades y procedimientos que indique explícitamente el Estado de emisión.
Para asegurar la eficacia de la cooperación judicial en materia penal, deben limitarse la posibilidad de negarse a reconocer o a ejecutar el exhorto, así como los motivos para posponer su ejecución. En particular, para determinadas categorías de delito no debería ser posible negarse a ejecutar el exhorto alegando que el acto en que se basa no constituye un delito conforme al ordenamiento jurídico nacional del Estado de ejecución (doble tipicidad).
Será posible denegar un exhorto cuando el reconocimiento o ejecución del mismo en el Estado de ejecución suponga la violación de una inmunidad o privilegio en dicho Estado. No existe una definición común de lo que constituye una inmunidad o un privilegio en la UE y, por consiguiente, corresponde a la normativa nacional establecer la definición exacta de esos términos, los cuales podrán incluir protecciones aplicables a las profesiones de médicos y abogados, pero no deberán interpretarse en un sentido que se oponga a la obligación de suprimir determinados motivos de denegación que figuran en el artículo 7 del Acto del Consejo, de 16 de octubre de 2001, por el que se establece, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (6).
Debería ser posible denegar el reconocimiento o la ejecución de un exhorto en la medida en que la ejecución perjudique intereses esenciales de seguridad nacional, obstruya la fuente de información o suponga la utilización de información clasificada relativa a determinadas actividades de inteligencia. No obstante, se acepta que tal motivo de no reconocimiento o no ejecución se aplicaría solo cuando, y en la medida en que, los objetos, documentos o datos no fueran utilizados por estos motivos como prueba en un caso nacional comparable.
Las disposiciones específicas establecidas en el artículo 13, apartado 3, en relación con el artículo 13, apartado 1, letra f), inciso i), no prejuzgan la manera ni la medida en que se alegan los demás motivos de denegación contemplados en el artículo 13, apartado 1.
Se necesita establecer plazos para garantizar que la cooperación en la obtención de objetos, documentos o datos para uso en procesos penales en la Unión Europea sea rápida, eficaz y coherente.
Todos los Estados miembros disponen en su ordenamiento jurídico de vías de recurso contra los motivos de fondo sustantivas en que se fundan las resoluciones sobre obtención de pruebas, que incluyen la determinación de la necesidad y proporcionalidad de la resolución, aun cuando esas vías de recurso puedan diferir entre Estados miembros y aplicarse en distintas fases del procedimiento.
Es necesario establecer un mecanismo para evaluar la eficacia de la presente Decisión Marco.
Dado que el objetivo de la presente Decisión Marco, a saber, sustituir el sistema de asistencia judicial en materia penal para obtener objetos, documentos o datos, entre los Estados miembros, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor, a nivel de la Unión, el Consejo puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad a que se refiere el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en ese último artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
Los datos personales tratados de forma automatizada en el contexto de la implementación de la presente Decisión Marco se protegerán de conformidad con los instrumentos correspondientes, incluidos los principios del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos personales, así como por la protección complementaria ofrecida por la presente Decisión Marco conforme al artículo 23 del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 29 de mayo de 2000 (7).
El exhorto está llamado a coexistir con los actuales procedimientos de asistencia judicial, pero dicha coexistencia ha de considerarse transitoria hasta el momento en que, conforme al Programa de La Haya, los tipos de obtención de pruebas excluidos del ámbito de aplicación de la presente Decisión Marco estén sujetos igualmente a un instrumento de reconocimiento mutuo, cuya adopción dará lugar a un régimen completo de reconocimiento mutuo que sustituirá a los procedimientos de asistencia judicial actuales.
Se alienta a los Estados miembros a elaborar, para sí mismos y en interés de la Unión Europea, unos cuadros que muestren, en la medida de lo posible, la correlación entre las disposiciones de la presente Decisión Marco y las disposiciones nacionales de aplicación y a comunicarlos a la Comisión junto con el texto de la norma nacional de aplicación de la presente Decisión Marco.
La presente Decisión Marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejado por la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, y en particular por su capítulo VI. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión Marco podrá interpretarse en el sentido de que impide la negativa a ejecutar un exhorto cuando existan razones objetivas para suponer que dicho exhorto ha sido dictado con fines de persecución o sanción a una persona por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, orientación sexual, nacionalidad, lengua o opiniones políticas, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones.
La presente Decisión Marco no afecta al ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros por lo que respecta al mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior de conformidad con el artículo 33 del Tratado.
1. El exhorto europeo de obtención de pruebas, en adelante denominado «el exhorto», es una resolución judicial emitida por una autoridad competente de un Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos de otro Estado miembro para los procedimientos mencionados en el artículo 5.
«Estado de emisión»: el Estado miembro en que se ha emitido el exhorto;
«Estado de ejecución»: el Estado miembro en cuyo territorio se encuentran los objetos, documentos o datos o, en el caso de los datos electrónicos, en cuyo territorio son directamente accesibles conforme a la legislación del Estado de ejecución;
un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal, o
cualquier otra autoridad judicial según se defina por el Estado de emisión y que, en el caso de que se trate, actúe en calidad de autoridad de investigación en procesos penales y tenga competencia para ordenar la obtención de pruebas en casos transfronterizos con arreglo a la legislación nacional;
«autoridad de ejecución»: una autoridad que, conforme a la legislación nacional que incorpore la presente Decisión Marco, tiene competencia para reconocer o ejecutar un exhorto de conformidad con la presente Decisión Marco;
«registro o incautación»: cualesquiera medidas adoptadas en el marco de un proceso penal por las que se requiera a una persona física o jurídica, por imperativo legal, la entrega o la participación en la entrega de objetos, documentos o datos, y cuyo incumplimiento pueda conllevar la ejecución sin el consentimiento de la persona o dar lugar a una sanción.
que mantenga entrevistas, tome declaraciones o inicie otros tipos de interrogatorios con sospechosos, testigos, expertos o cualquier otra persona;
que obtenga información en tiempo real mediante intervención de comunicaciones, vigilancia discreta o control de cuentas bancarias;
que analice objetos, documentos o datos existentes;
que obtenga datos de comunicaciones retenidos por proveedores de un servicio de comunicaciones electrónicas accesible al público o de una red de comunicaciones pública.
3. El intercambio de información sobre condenas penales extraída del registro de antecedentes penales se llevará a cabo con arreglo a la Decisión 2005/876/JAI del Consejo, de 21 de noviembre de 2005, relativa al intercambio de información de los registros de antecedentes penales (8), y demás instrumentos pertinentes.
en los procesos penales entablados por una autoridad judicial o que van a entablarse ante una autoridad judicial por hechos constitutivos de delito con arreglo a la legislación nacional del Estado de emisión;
en los procedimientos incoados por autoridades administrativas por hechos tipificados en la legislación nacional del Estado de emisión por ser infracciones de disposiciones legales, y cuando la decisión pueda dar lugar a un procedimiento ante una autoridad jurisdiccional competente, en particular, en materia penal;
en los procedimientos incoados por autoridades judiciales respecto a hechos tipificados en la legislación nacional del Estado de emisión por ser infracciones de disposiciones legales, y cuando la decisión pueda dar lugar a ulteriores procedimientos ante una autoridad jurisdiccional competente, en particular, en materia penal, y
los objetos, documentos o datos recabados son necesarios y proporcionados al objeto de los procedimientos contemplados en el artículo 5;
los objetos, documentos o datos podrían obtenerse conforme a la ley del Estado de emisión en un caso comparable si estuvieran disponibles en su territorio, aunque hubiera que utilizar para ello medidas procesales diferentes.
procedimientos para los que el exhorto puede emitirse;
otros procedimientos judiciales y administrativos relacionados directamente con los mencionados en la letra a);
prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública.
cualesquiera medidas que hubieran estado disponibles en un caso nacional semejante en el Estado de ejecución lo estén también a los efectos de la ejecución del exhorto, y
se disponga de medidas, con inclusión del registro o la incautación, a efectos de la ejecución del exhorto, cuando este se refiera a cualquiera de los delitos que se mencionan en el artículo 14, apartado 2.
si, en los casos mencionados en el artículo 14, apartado 3, el exhorto se refiere a actos que no constituyen un delito con arreglo a la legislación del Estado de ejecución;
si no es posible ejecutar el exhorto mediante ninguna de las medidas de que dispone la autoridad de ejecución en el caso específico con arreglo al artículo 11, apartado 3;
si, en uno de los casos a los que se hace referencia en el artículo 11, apartados 4 o 5, no se ha validado el exhorto;
si el exhorto se refiere a hechos delictivos que:
conforme a la legislación del Estado de ejecución se consideren cometidos en su totalidad, o en una parte importante o esencial, en el territorio de este o en un lugar equivalente a su territorio, o
se cometieron fuera del territorio del Estado de emisión y la legislación del Estado de ejecución no permite la acción penal contra tales delitos en caso de haber sido cometidos fuera del territorio de aquel Estado;
si, en un caso concreto, su ejecución pudiera lesionar intereses esenciales de seguridad nacional, comprometer a la fuente de la información, o implicar la utilización de información clasificada relacionada con determinadas actividades de inteligencia, o
si el formulario previsto en el anexo está incompleto o es manifiestamente incorrecto y no se ha completado o subsanado en un plazo razonable fijado por la autoridad de ejecución.
fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (9),
ayuda a la entrada y a la residencia en situación ilegal,
homicidio, lesiones graves,
falsificación y piratería de productos,
falsificación de medios del pago,
si el formulario previsto en el anexo está incompleto o es manifiestamente incorrecto, hasta que se complete o se corrija, o
si, en uno de los casos a los que se refiere el artículo 11, apartados 4 o 5, el exhorto no ha sido validado, hasta que se produzca dicha validación.
si su ejecución puede perjudicar una investigación penal o actuaciones judiciales penales en curso, hasta el momento que el Estado de ejecución lo considere razonable, o
si los objetos, documentos o datos de que se trate están siendo utilizados en otros procedimientos, hasta que ya no se requieran con este fin.
si considera, en el curso de la ejecución del exhorto y sin haber realizado otras averiguaciones, que puede ser oportuno emprender medidas de investigación no previstas en un principio o que no podían detallarse cuando se expidió el exhorto, a fin de que la autoridad de expedición pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate;
si la autoridad competente del Estado de ejecución determina que el exhorto no se ha ejecutado de conformidad con el Derecho del Estado de ejecución;
si comprueba que, en el caso de que se trate, no puede cumplir las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad de emisión de conformidad con el artículo 12.
sin demora, por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita:
de la transmisión del exhorto la autoridad competente responsable de su ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5;
de toda resolución adoptada con arreglo al artículo 15, apartado 2, de denegar el reconocimiento o la ejecución del exhorto, y de los motivos de la resolución;
del aplazamiento de la ejecución o del reconocimiento del exhorto, de las razones a las que obedece el aplazamiento y, si ello fuera posible, de la duración probable de este;
de la imposibilidad de ejecutar el exhorto debido a la desaparición o destrucción de los objetos, documentos o datos o a la imposibilidad de encontrarlos en el lugar indicado en el exhorto, o a la falta de precisiones suficientes sobre la ubicación de los objetos, documentos o datos, a pesar de haberse consultado a la autoridad competente del Estado de emisión.
apartados 1 y 3 del artículo 13,
apartado 4 del artículo 23.
(1) DO C 103 E de 29.4.2004, p. 452.
(5) DO L 196 de 2.8.2003, p. 45.
(6) DO C 326 de 21.11.2001, p. 1.
(7) DO C 197 de 12.7.2000, p. 1.
(8) DO L 322 de 9.12.2005, p. 33.
Cuando la ejecución de un exhorto europeo de obtención de pruebas en virtud de la Decisión marco 2008/978/JHA del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal (1) exija el registro o la incautación, la República Federal de Alemania se reserva el derecho en virtud del artículo 23, apartado 4, de dicha Decisión marco, de supeditar la ejecución a la verificación de la doble tipificación en el caso de los delitos relacionados con el terrorismo, los delitos informáticos, el racismo y la xenofobia, el sabotaje, el chantaje y la extorsión y la estafa enumerados en el artículo 14, apartado 2, de la citada Decisión marco, a menos que la autoridad de emisión haya declarado que el delito de que se trate cumple los siguientes criterios de conformidad con la legislación del Estado de emisión:
Todo acto que constituya un delito en el sentido y según la definición del Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear de 13 de abril de 2005, del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 9 de diciembre de 1999 o en el sentido de cualquiera de los tratados que se enumeran en su anexo, o
Todo acto tipificado en virtud de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (2), o
Todo acto prohibido según la Resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 14 de septiembre de 2005.
Delitos informáticos: Los delitos definidos en la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información (3), o en el Título 1 de la Sección I del Convenio Europeo sobre la Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001.
Racismo y xenofobia: Los delitos definidos en la Acción Común 96/443/JAI del Consejo, de 15 de julio de 1996, relativa a la acción contra el racismo y la xenofobia (4).
Sabotaje: Todo acto que cause ilegal e intencionalmente daños a gran escala a una instalación del Estado, a cualquier otra instalación pública, al sistema de transportes públicos o a otra infraestructura que provoque o que pueda provocar una importante pérdida económica.
Chantaje y extorsión: La exigencia, con amenazas, uso de la fuerza o mediante cualquier otra forma de intimidación, de bienes, promesas o ingresos o de la firma de cualquier documento que contenga una obligación o del que se derive una obligación, enajenación o liberación de un pago.
Estafa: La utilización de nombres falsos, usurpación de cargos o utilización de medios fraudulentos para abusar de la confianza o de la buena fe de las personas con el fin de apropiarse de algo perteneciente a otra persona.
(3) DO L 69 de 16.3.2005, p. 67.