Source: https://www.scribd.com/document/330668609/ZUBIRI-pdf
Timestamp: 2018-12-15 17:06:27
Document Index: 227909946

Matched Legal Cases: ['artículo 335', 'artículo 632', 'artículo 438', 'artículo 1243', 'artículo 632', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 478', 'artículo 347', 'artículo 348', 'artículo 219', 'artículo 347', 'artículo 347']

¿Qué es la sana crítica?
La valoración judicial del dictamen experto*
Decía el profesor Garrigues, citando a Vivante, al
abordar el tema del método en la investigación del
derecho mercantil: no se permita jamás tratar una
institución jurídica si no se conocen a fondo la estructura técnica y la función económica de la misma:
acudan a las bolsas, a los bancos, a las agencias, a
las sociedades mercantiles, a las secretarías judiciales, en busca del material necesario para comprender aquella estructura y aquella función.1
Los jueces, para comprender la realidad económica
a la que aplicamos el derecho, no tenemos que asomarnos a las secretarías judiciales, que son el ámbito
propio en el que desarrollamos nuestra función. Pero
sí debemos acudir a las demás instituciones enunciadas, hemos de conocer los avances en la economía,
el mundo de la empresa, el mercado de capitales y
otras instituciones que la realidad económica va
haciendo surgir, con más rapidez de la que la norma
jurídica es capaz de seguir.
De este modo daremos plenitud de contenido a
aquella vieja, pero a mi juicio totalmente viva, definición de Ulpiano acerca de lo que significa la jurisprudencia: divinarum atque humanarum rerum notitia,
iusti atque iniusti scientia2 Conviene que el juez, además de un conocimiento técnico del derecho, tenga
noticia de todo lo divino y lo humano; especialmente,
en lo que ahora nos concita, de todo aquello que forma parte de la actividad de los hombres, y entre ella,
de la economía y de la empresa. Noticia que no ha de
ser mero dato extraído de un titular de prensa, de
conversación superficial o de prejuicio instalado en el
sentir común, sino que debe hacer honor a su nombre y constituir auténtico conocimiento, aunque no
exhaustivo, de estas materias.
A mi juicio, el conocimiento de la realidad económica por parte de los jueces ha de ser todo lo amplio que resulte posible, pero no habrá de constituirse por mero aluvión de contenidos, aportados
de forma acrítica, sino que deberá integrar la capacidad reflexiva para valorar la actual organización
económica, de forma abierta y no unidireccional,
planteando hipótesis alternativas a la realidad circundante. Y esa formación económica, en cuanto
facilitada por el propio Poder Judicial, habría de es* El presente trabajo constituye el resultado de la reflexión
surgida tras la preparación y desarrollo del curso sobre Contabilidad y Auditoría, celebrado en Valencia, octubre de 2003, en el
seno del Plan de Formación Continuada para Jueces y Magistrados del Consejo General del Poder Judicial, en el que fui codirector, juntamente con Alfred Albiol Paps. Quiero agradecer a los
allí concurrentes las ideas surgidas del debate, que en parte se
Joaquín Garrigues: Curso de derecho mercantil. Tomo I,
edición, pag. 42.
Digesto 1, 1, 10. La jurisprudencia es el conocimiento de las
cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto.
Versión castellana, de Álvaro D’Ors y otros. Aranzadi, 1968.
tar dirigida no a la autosatisfacción del juez, que se
siente puesto al día en materias que cobran hoy
gran relevancia y notoriedad, que están de moda; ni
tampoco a preparar expertos juristas con amplios
conocimientos de derecho de la empresa, prestos a
dejar la jurisdicción para integrarse en el mundo vip
de grandes entidades empresariales y financieras.
Sin menospreciar estas opciones personales, creo
que la formación económica del juez ha de estar
dirigida a un mejor, más acertado ejercicio de la jurisdicción, lo que se realiza a través del proceso,
interpretando el derecho según la realidad social
del tiempo actual y conforme a los preceptos y
principios constitucionales —arts. 3.1 del Código
Civil y 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial—,
sin olvidar, en todo caso, para quién administramos
justicia. En último término, recordando siempre que
las garantías vienen establecidas para la protección
del más débil.3
No obstante, y en cuanto no tenemos capacidad
personal de conocer, el proceso pone en nuestras
manos un instrumento fundamental para ayudarnos
a adoptar la decisión jurídicamente adecuada a la
controversia que es sometida a nuestro conocimiento: el dictamen del perito.
El artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos
dice que cuando sean necesarios conocimientos
científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar
hechos o circunstancias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán
aportar al proceso el dictamen de peritos que posean
los conocimientos correspondientes o solicitar, en los
casos previstos en esa Ley, que se emita dictamen
por perito designado por el tribunal.
La pericial se configura como un medio de prueba
indirecto y de carácter científico, a través del cual se
pretende lograr que el juez, que desconoce cierto
campo del saber humano, pueda valorar y apreciar
técnicamente unos hechos que ya han sido aportados al proceso por otros medios probatorios, y así
tenga conocimiento de su significación científica, artística o técnica, siempre que tales conocimientos especiales sean útiles, provechosos u oportunos para
comprobar algún hecho controvertido.
Se ha discutido doctrinalmente si la pericial es un
medio de prueba o si el perito es un mero auxiliar
del juez. Discusión que estimo irrelevante en estos
momentos, pues en todo caso el hecho de constituir un especial auxilio a la actividad del juez a la
hora de valorar los hechos por aportarle las máximas de experiencia necesarias para constatarlos,
la consolida como medio de prueba.
Davis Echandía estudia detalladamente esta cuestión, enlazándola con la relativa a la valoración de la
Luigi Ferrajoli, Derechos y garantías: la ley del más débil,
trad. de P. Andrés Ibáñez y A. Greppi, Trotta, 1999.
págs. Este criterio de la libre valoración de la prueba pericial es recogido en multitud de sentencias del Tribunal Supremo. salvo que falte. debe motivar su decisión cuando ésta resulte contraria al dictamen pericial unánime. sino que le ilustran sobre el caso y le dan su parecer. 7 Angel Santiago Martínez García: obra citada.6 En opinión del magistrado Martínez García. quedando en cambio dispensado de justificar su rechazo cuando el dictamen tampoco dé razones del resultado al que llega. que corresponde a “la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes” (STS de 4 de marzo de 1994). citando a Couture. tomo II. y sistematiza los supuestos en que el Tribunal Supremo entiende que no se han seguido los postulados de la sana crítica. citado por Ángel Santiago Martínez García: La prueba en el proceso civil. no pudiendo aceptar conclusiones que no se basen en hechos y datos que el mismo considere probados. 20 y 24 de abril de 1989”. y considera la sana crítica. El profesor Font Serra recoge ampliamente esta doctrina. nos lleva directamente al artículo 632 de esta última que deja en libertad al juzgador para apreciarla según las reglas de la sana crítica que ha de exponer en su acogimiento o rechazo — sentencias de 6 de febrero de 1987 y 22 de febrero de 1989— sin que esa apreciación.9 2.1. 183 y ss.prueba pericial. Al decir de Cortés Domínguez. págs. 53 . obviamente la reclaman para la peritación. correctamente interpretados y valorados. la sentencia de 28 de noviembre de 1992 expresa: “la prueba pericial debe ser valorada libremente por el juzgador de acuerdo con la sana crítica. La prueba. Entre otras. Examen judicial del informe Creo que. ria en sí misma”. El contenido normativo de ese precepto se mantiene en el artículo 438 de la vigente Ley procesal civil. no puede invocarse en casación la infracción de precepto alguno en tal sentido. pág. “La doctrina moderna está de acuerdo en esta libertad. 7 de marzo. al no existir reglas preestablecidas que rijan el criterio estimativo de la prueba pericial. cuando se decida por una de las alternativas de las varias que haya (sobre todo si es la minoritaria) y cuando se decida por uno de los dictámenes contradictorios. 1993. Págs. por lo que no puede ser atacada en casación.5 2. 5 Valentín Cortés Domínguez. sin que tengan que sujetarse al dictamen de los peritos. gran parte de ellas dedicadas a explicar la inatacabilidad en casación de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de instancia. mantiene que “La remisión que el invocado artículo 1243 del Código civil hace a la Ley de Enjuiciamiento civil para determinar el valor de la prueba pericial. puesto que no constan en norma legal alguna concreta que pueda ser invocada en el recurso de casación las reglas a que deba sujetarse.8 Por su parte Font Serra expresa. no se llega a entrar en el fondo de la cuestión. citando jurisprudencia.7 Los procesalistas coinciden en que. 94. con mayor razón consideran que las conclusiones del dictamen nunca vinculan al juzgador”4. que se entiende por reglas de la sana crítica una combinación de los criterios lógicos y de las máximas de experiencia que debe utilizar el juez para apreciar la prueba. Los peritos no suministran al juez su decisión. el principio es el de libre valoración por parte del juez. 41 y ss. 347. pero éste puede llegar a conclusiones diversas a las que han obtenido los peritos. 2002. 34. y comoquiera que éste no puede incurrir en la arbitrariedad. 278-279. artísticas o científicas. La valora6 Eduardo Font Serra: El dictamen de peritos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. salvo que esa valoración conduzca a una situación absurda. La interpretación que de tales preceptos se ha hecho generalmente por la doctrina y por la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo entiende que la prueba de peritos es de libre apreciación para jueces y tribunales. optando por el que le resulte más convincente y objetivo. Montero Aroca mantiene que no existen reglas legales de valoración. con cita de jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo. con estas y otras explicaciones. a mi juicio— le parece artificiosa. 9 Eduardo Font Serra: El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso civil. validez y eficacia probatoria. Frente al sistema de prueba legal o tasada. En este sentido. ilógica o contradicto4 Devis Echandia: Teoría general de la prueba judicial. las legislaciones modernas reconocen la libertad del crítica del juez frente a la pericia. Y la de 24 de octubre de 2001. sin embargo. como el “razonar humano” (STS de 29 de enero de 1991). quienes estiman que no se trata de un verdadero medio de prueba. sino de un acto auxiliar para ilustrar al juez en materias técnicas. recogiendo doctrina anterior. Quienes defienden la libre valoración por el juez de las pruebas en general. LA VALORACION JUDICIAL DE LOS DICTAMENES DE PERITOS: SIGNIFICADO DE LA SANA CRITICA El artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 expresaba que los jueces valorarán la prueba pericial según las regla de la sana crítica. 8 Juan Montero Aroca: La prueba en el proceso civil. En Cuadernos de derecho judical. Civitas. que consideramos indispensable para que el perito no usurpe la función jurisdiccional del juez y para que éste pueda controlar cabalmente si el dictamen cumple o no los requisitos para su existencia. Cuadernos de derecho judicial. pues el juez tiene siempre la facultad y el deber de examinar la concatenación lógica y la fuerza convincente del dictamen. pág. llegar a una conclusión acerca de la existencia de los hechos alegados por las partes”. Pág. sirva para fundamentar un recurso de casación como han establecido las sentencias de 14 de febrero. el medio de prueba es “el mecanismo a través del cual el órgano judicial adquiere una serie de conocimientos sobre los hechos objeto de debate que permiten. 104 y ss. recogiendo un criterio generalizado. descripción que —con razón.
Una vez 10 Javier Hernández García: Juez y ciencia. la valoración de las pruebas por parte del juez de la decisión”12. págs. especialmente a los jueces. bajo el título Judges and Science. citando a Taruffo.. la costumbre y los principios generales del derecho. Hernández García pone el dedo en la llaga. las partes tienen derecho a que no sea ignorada. en el mejor de los casos. 11 Davis Echandía. a su vez. En la obra colectiva Science. 1. como la casación. cuando razona sobre que “en España no existe. 13 de noviembre de 2001 y 25 de junio de 2002. el examen del informe y la libertad de crítica por el juez. claridad expositiva. La valoración de la prueba ha de hacerse conforme a las reglas de la lógica. Some Thoughts on Spanish Experience. entre muchas otras. 347. Obra inédita. La preocupación fundamental de los jueces en relación con la prueba científica sigue centrándose. en la juridificación de la valoración del resultado científico aportado. estudie la valoración de la prueba pericial efectuada por el órgano a quo. pero una vez declarado pertinente no debe ignorar sus resultados. sin que los razonamientos del tribunal sean arbitrarios. pero que no puede equipararse sin más a la libre valoración de la prueba. y libre crítica exige necesariamente que la decisión sea explicada y sujeta. still assesses it acording to the cultural standars of the average person”. Sala Primera. Lo que sucede es que. Collegio Ghislieri. sino evaluada a la hora de fijar los hechos relevantes para la decisión. número 47. un problema de relación entre dos culturas. Cuya cita puedo hacer por gentileza del autor. un diálogo interdisciplinar que permita a los operadores jurídicos.11 Pero la libertad de crítica no exime al juez de realizarla con racionalidad. one can say that in Spain. para posteriormente ignorar su contenido. por otro. de cánones singulares (racionalidad conclusiva. de modo que no cabe fundar el recurso de casación en la infracción de dicha norma ni en el error de hecho en la apreciación de la prueba. es decir. que nunca ha sido realmente fijado en sus contornos ni por el legislador ni por el Tribunal Supremo. Law and the Courts in Europe. julio de 2003. al crear jurisprudencia. aprehender la solución a los problemas apuntados. en la mayor parte de los casos genéricas. Es por tanto práctica improcedente la de admitir toda la prueba que se propone. Sólo en casos en que se invoque razonablemente la arbitrariedad del tribunal sentenciador será posible que la Sala de casación. como —art. mediante la aportación de fórmulas generales (sana crítica. respecto de la pericial. para sustentar el criterio de la libre valoración. . en los aspectos procedimentales de producción del medio probatorio y. ha publicado nuevas reflexiones sobre el tema. aparece como paradigmática la Sentencia del Tribunal Supremo. establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley. que intentar legitimar comportamientos sustancialmente elusivos de los deberes judiciales de motivación justificativa de los presupuestos de la decisión”. cualificación del perito. 632 de la Ley de Enjuiciamiento civil que dispone que el Tribunal de instancia apreciará la prueba pericial según las reglas de la sana crítica y la jurisprudencia lo interpreta en el sentido de que debe respetarse la valoración pro12 Jordi Ferrer Beltrán: Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones. donde indica: “Although it is risky to generalize. el principio de libre valoración de la prueba por parte del juzgador comporta. en términos generales. Pavia 2004. en estos términos: “el art. Sigue observándose. desde la perspectiva del thema decidendi procesalmente planteado: la admisibilidad de un recurso de naturaleza extraordinaria.6 del Código Civil— instrumento que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que. prudente arbitrio) y. en muchos casos. como resume la sentencia de 28 de febrero de este mismo año. ante un concepto jurídico tan sumamente indeterminado. The judge. de la no revisabilidad en casación. in a large number of cases where scientific evidence is offered. pág. de modo reiterado. los jueces hemos quedado sin armas ni bagajes para valorar cuestiones científicas o técnicas.ción de la prueba conforme a la sana crítica supone un pronunciamiento del legislador. desterrado de los motivos de casación. A mi juicio. como destaca Damaska. Dicho recurso no cabe por razón de infracción de una norma procesal que no impone una determinada forma de valoración de la pericia. El juez tiene la llave de la decisión acerca de la pertinencia del material probatorio que se trata de aportar al proceso. ausencia de contradicciones internas o externas) que nada tienen que ver con las condiciones exigidas por el método científico para que una conclusión o hipótesis pueda ser tenida como aproximativamente fiable o segura. examinando todas y cada una de las que se hayan llevado a cabo en el mismo. libre arbitrio no puede equivaler a arbitrariedad. en la que aborda a la vez el acceso a la casación por infracción de normas reguladoras de la prueba y la valoración de la pericia por los tribunales de instancia. incoherentes o contradictorios. in contrast to other countries. Como expone Ferrer Beltrán. Fórmulas valorativas cuya finalidad no es otra. 28-29. Trataré de explicar estos conceptos. por un lado. la jurisprudencia ha resuelto la cuestión en la forma en que era procedente hacerlo. En este sentido. pero manteniendo la posibilidad de esta revisión en caso de arbitrariedad de la decisión: STS de 13 de julio de 1995. a la crítica de un tribunal de orden superior. en Jueces para la Democracia. Afirma: “la doctrina de esta Sala es muy reiterada sobre la valoración y apreciación de la prueba pericial. obra citada. 54 que se declaró la pertinencia de una prueba. libre convencimiento. en su función nomofiláctica. de 9 de octubre de 2003. contrario al principio de prueba legal o tasada. Información y Debate. El juez ha de valorar las pruebas practicadas en el proceso. the gap between the way the judge finds the facts and the way the scientific methods generate the evidence has not been reduced. dada la naturaleza extraordinaria de este recurso. En este punto diversas sentencias del Tribunal Supremo han efectuado consideraciones.10 Recordando lo dicho por Davis Echandía. el reconocimiento del derecho de las partes a que sean admitidas y practicadas las pruebas relevantes para demostrar los hechos que fundamentan su pretensión es “una garantía ilusoria y meramente ritualista si no se asegura el efecto de la actividad probatoria. o lleven al absurdo.
cuando se refiere a “la cantidad de contrabando irracionalista introducido por teorías. sobre la acreditación de unos determinados extremos controvertidos. no empleando palabras propias14. no tasada. o sencillamente se sustituía la valoración de la prueba efectuada por el inferior sin garantías efectivas de que la nueva apreciación fuera a ser más correcta. hay que partir. esa norma de nuevo cuño.batoria a no ser que sea contraria a derecho. Comunicación al Curso sobre La Sentencia penal. 55 . redactada en jerga impenetrable. no sometida al control de una instancia superior. la racionalidad de las decisiones judiciales acerca de las cuestiones de hecho. el estilo de las resoluciones judiciales entre nosotros. págs. se ha propiciado una valoración: a) no sujeta a criterios de racionalidad. siempre bien aderezada de gerundios. valorable por el juzgador. 1992. siguiendo en la forma el torturado y torturador modelo de la francesa phrase unique. por tanto. 195-196. se declaraban. pero dicha evaluación resulta imposible en supuestos de empleo de términos de pura generalidad. y que tan excelente acogida les ha dispensado hasta hace no mucho tiempo la jurisprudencia dominante en nuestro propio país”. Por ello. 14 Ya en 1992 me pronuncié afirmativamente acerca de la necesidad de motivación sobre la prueba practicada y su valoración. que si bien la prueba de peritos es de apreciación libre. Haré gracia de los argumentos sustentados al respecto. están en el proceso aceptados o acreditados. ya que éste puede evaluar la irracionalidad de la argumentación cuando es explícita. entre otras. con cita de la precedente de 28 de junio de dicho año. pero recordaré simplemente los criterios hoy adoptados con práctica unanimidad. como ha recogido la sentencia de 20 de febrero de 1992. Valencia. bien valorando las pruebas conforme a su criterio. De forma que. En este sentido resulta esclarecedora la crítica de Igartúa. es de libertad del juzgador a quo. que cifran la valoración de la prueba en criterios como la intuición subjetiva. con fórmula sacramental y sin ninguna pretensión explicativa. Subsiste. porque. y otras de corte similar. con ello.2. constitutivos de una determinada infracción penal. muy difundidas. en cuanto que los hechos que lo constituyen. como hubiera sido procedente para lograr. en la medida en que proviene de un debate y de la resultancia de unas pruebas practicadas en el proceso. bien manteniendo que la valoración efectuada por el órgano inferior — en su caso— correspondía a las facultades del juzgador de primera instancia y no debían ser sustituidas por un tribunal que carece de la inmediación en cuanto a la prueba practicada. La motivación de las sentencias. en concreto. 275 y ss. sino las más autorizadas del magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés: El precepto contenido en el artículo 120. valoración de la prueba pericial en concordancia con la restante prueba practicada. valoración conjunta del material probatorio. La expresión de valoración en conciencia de la prueba. una vez atribuido a ésta de modo inequívoco el carácter de deber —constitucional— del juez. la sentencia penal estándar. págs. han señalado que la valoración de la prueba pericial en el recurso de casación. 1995. ilógica o absurda. cuando el órgano a quo tergiverse las conclusiones periciales de forma ostensible o falsee de forma arbitraria sus dictados o extraiga conclusiones absurdas o ilógicas”. del alcance de la exigencia. de una vez por todas. Y dicha fijación. sin que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación. la función jurisdiccional es. Y lo haré. o se mantenía la realizada en primera instancia en aras de la inmediación. Si el Tribunal Supremo ha fijado las pautas enunciadas. antes que la de llevar a cabo una exégesis de la norma jurídica. la cuestión fundamental ¿en qué consisten las reglas de la sana crítica? Porque al haberse actuado en la forma indicada no se ha delimitado el concepto y. Tales hechos seguidamente. b) finalmente. la certeza moral o cosas por el estilo. no se ha realizado por el Tribunal Supremo una exégesis de la norma procesal. Motivación sobre las cuestiones fácticas Mucho se ha escrito acerca de la exigencia de motivar sobre las cuestiones fácticas objeto del proceso y. Esta tradición sigue harto viva todavía en la práctica de muchos juzgados y tribunales. no dan respuesta suficiente al derecho de las partes a una decisión judicial fundada y no hacen posible la revisión de la decisión por parte del órgano superior. más que cerrar. Cuadernos de derecho Judicial. fue a proyectarse en un contexto caracterizado por la escasa cultura y la práctica todavía más pobre de la fundamentación de las resoluciones judiciales. haciéndolo como si de una derivación puramente mecánica se tratase. Madrid. En efecto. No debemos olvidar que el ejercicio de la jurisdicción comporta la determinación de cuál es el derecho para el caso concreto. realmente abre el problema de la motivación. por otra parte plenamente consolidada. por lo que se encuentra privada del acceso casacional y sólo podrá casarse tal valoración. decide con claridad la posibilidad de acceso a un recurso de naturaleza extraordinaria. Como es bien sabido. por lo que no puede invocarse en casación la infracción de precepto alguno en tal sentido —sentencias de 1 de febrero y 19 de octubre de 1982 y 11 de octubre de 1994— no debe olvidarse que la sentencia de 13 de julio de 1999. comporta la necesidad de un análisis valorativo de tales probanzas. los tribunales y audiencias de grado inferior han seguido el mismo criterio. Así. Esta doctrina. según su prudente criterio. en tanto que son relevantes. enormemente importantes para la decisión de los litigios. resulta inexclusable plantearse el problema de sus dimensiones. por el hábito de la declaración apodíctica de ciertos hechos como “probados”. aunque a 13 Igartúa Salaverría. Sin embargo.13 2. Valoración de la prueba. estaba caracterizado por la declamación. la sentencia de 21 de febrero de 2003: En cuanto a la crítica de la pericia y de su apreciación por el juzgador de segundo grado.3 de la Constitución. motivación y control en el proceso penal. la de fijar los hechos comprobados.
No resulta difícil adivinar que la renuncia —ésta quizás más que implícita— a dar realidad en la práctica a exigencias de principio como la que nos ocupa. En Jueces para la Democracia. en algún punto de ella. (sólo) a la expresión de la motivación. que cuenta con una franca aceptación en nuestra jurisprudencia. es garantía para las partes. Sobre todo en un sistema procesal que tiene al principio de presunción de inocencia como regla de juicio.partir de momentos relativamente próximos. Motivar. diría) o comprometerle. Por eso. retroactúa sobre la propia dinámica de formación de la motivación y de la misma resolución en todos sus planos. sobre todo. cuanto expresa sobre “la falacia de la íntima convicción”: este sistema permite entender la expresión “el juez es libre” de una manera más o menos amplia: desde la libertad absoluta. Lo malo es que la renuncia no es. la sentencia no dejaría de estar dirigida a terceros. aplicar el derecho. hasta la libertad limitada a la razón. en este caso probatorio. En Cuadernos de derecho Judicial. y justificar significa justificarse. Hechos y argumentos. como parece querer sugerirse. por otra parte. y porque. a su vez. incluso en el caso hipotético de que toda la actividad probatoria fuera de la llamada directa. la verdad es que el alcance de la claudicación es bastante mayor. sino que no puede carecer de esa proyección interna sobre el propio operador a la que nos hemos referido.3 de la Constitución. resulta obligado fijar los hechos para. con objeto de garantizar hasta el límite de lo posible la racionalidad de su decisión. la exigencia de motivación res56 ponde a una finalidad de control del discurso. responde a criterios inequívocamente pragmáticos. habría todo lo más cierta tolerancia con la reserva para el propio órgano decisor de los motivos de su opción acerca de la quaestio facti. aunque en los casos de esa falta de motivación que se designa como motivación implícita. al buen juicio o a un procedimiento racional de investigación sobre los hechos. con unos parámetros de racionalidad expresa y de conciencia autocrítica mucho más exigentes. no es lo mismo resolver conforme a una corazonada. después de un cuidadoso análisis de la prueba. sino a la motivación misma. aquélla no encuentra confirmación plausible en ésta. ha comenzado a experimentar cambios cuyo relieve no sería justo desconocer. obligando a quien la adopta a operar. En efecto. Tal es. el caso de la llamada motivación implícita. se formulan con tanta firmeza. julio de 2003. págs. Sobre todo tratándose de supuestos de la llamada prueba “directa”. la que más padece es en apariencia la dimensión extraprocesal del precepto del artículo 120. a dar por bueno lo que no son sino verdaderas ausencias de motivación. escribe Gianformaggio. en lo que hace referencia a la quaestio facti. descubrir si la sentencia recurrida responde a cánones de racionalidad en la decisión sobre los hechos para. Cito. 115 y ss. entrar en la corrección de la aplicación del derecho. fácilmente pasan luego. Por último. 16 Véase en el artículo de González Lagier. “significa justificar. Porque esa difícil eventualidad (donde además directa no significa necesariamente simple) nunca excluiría aquel peligro y por ende no podría autorizar al juez a rebajar el nivel de la racionalidad exigible en su trabajo. que incluye la arbitrariedad o la irracionalidad. dar razón del propio trabajo admitiendo en línea de principio la legitimidad de las críticas potenciales. que es lo que impone que se le dote de la información necesaria para que resulte un texto autosuficiente. Pero también lo es que. a toda la sociedad. Sala Segunda. Y es que. citando a Ferrajoli. que “se baste a sí misma”. Las sentencias penales tienen un apartado expresamente dedicado a la declaración de los hechos probados —art. La exigencia de trasladar a terceros los (verdaderos) motivos de la decisión. puede decirse. lo que. por todas. de alguna de las “peligrosas sugestiones de la ‘certeza subjetiva’”. la legitimidad de un control”. caso de recurso. de 11 de noviembre de 2002. La motivación acerca de la prueba practicada y los resultados que de ella se desprenden comporta una exigencia de autocontrol del juez. aunque en una consideración superficial tal vez cupiera pensar que. Regla que tantas veces obliga a resolver contra la propia convicción moral. permite ejercer el derecho a los recursos mediante la motivación de la discrepancia. efectivamente. las propias resoluciones en las que ese criterio se expresa. Un control. implicarle (complicarle. lejos de resolverse en una simple exteriorización formal de éstos. los hechos que el juez o tribunal entiende comprobados. Y. como convicción. que no puede escudarse en razones íntimas de conciencia. en el marco de la racionalidad legal. y cuyo fin es. Esto. nº 1841: La valoración de la prueba corresponde al 15 Perfecto Andrés Ibáñez: Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal. va abriéndose camino entre nosotros una cierta nueva cultura de la motivación en la que. por ejemplo. 39 y 49. sino que ha de expresar la racionalidad de sus inferencias16 A la vez. ya desde el principio. desde ellos. no es así. del juez. y explicar el porqué. que. . en cualquier caso. sin necesidad de remisiones a las actas del proceso”15 Entiendo incontestable la necesidad de motivación de la sentencia en relación con la valoración de la prueba: la sentencia debe fijar. nº 47. sin embargo. no obstante lo categórico de muchas de las aserciones. 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal—. sin solución de continuidad. pesa más el lastre del viejo decisionismo inmotivado que el impulso emanado del imperativo del texto fundamental. para evitar la aceptación acrítica. cuando. Así. Efectivamente. o motivación “no dicha”. Información y Debate. aunque la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa no contengan esta previsión. como se ha visto. la STS. La sentencia penal. que hacerlo con criterios idóneos para ser comunicados. en casos como los comprendidos en esa fórmula. acto seguido. añade que la primera de estas interpretaciones “ha dado lugar a una de las páginas políticamente más amargas e intelectualmente más deprimentes de la historia de las instituciones penales”. esa expresión de las razones que justifican la decisión permitirá al tribunal de orden superior. págs. Es cierto que la relevancia de la motivación en la materia goza de autorizado reconocimiento jurisprudencial del más alto rango. quienes tienen derecho a conocer las razones por las que se he adoptado una decisión. 13-1992. por cierto —conviene insistir— no sólo de procedencia externa.
y simplicidad (tanto en la experiencia ordinaria como en la científica. apartado 3º permite a las partes interrogar a los peritos sobre método. Según Copi. En todo caso. En el proceso civil. 9 y ss. En Estudios de Derecho judicial. compatibilidad con las hipótesis previamente establecidas (una hipótesis compleja no admite contradicción entre sus distintos segmentos. el juez puede seguir los criterios adoptados por el experto. 741 LECrim. para evitar toda posible arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional (art. En este punto creo que nos puede ayudar el precepto contenido en el artículo 478 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 57 . Popper ha puesto de relieve que el status científico de una teoría viene determinado por su sometimiento a procesos de refutabilidad y control. Como acertadamente pone de relieve Hernández García. Para ello es necesario que exprese en el informe las operaciones llevadas a cabo. aptitud para explicar (debe optarse por la que más y mejor explica). adaptándolo a la realidad actual y generalizándolo a las restantes jurisdicciones. para realizar su valoración. sino que puede apartarse de él. resulta necesario que el juez. Esta estructura lógica del informe resulta aplicable a todos ellos. debe ser autoconsistente).3 Valoración comparativa en supuestos de discrepancia En los casos en que existe un solo informe técnico. que indique las reglas de la ciencia que ha seguido para elaborar el informe. Pero es especialmente en supuestos de discrepancia entre los peritos actuantes cuando el juez ha de realizar un especial esfuerzo de valoración. y no resulta desmentida por ninguno de ellos. de su apreciación como experto. y según hemos visto. 2. total o parcialmente. 117. No obstante. armónicamente. con humildad intelectual. premisas. o de que los hechos de los que parte uno y otro son diferentes. y Hempel muestra cómo las afirmaciones que constituyen una explicación científica deben ser susceptibles de una verificación empírica. Len- guaje forense. aunque el juez carece de los conocimientos técnicos nece- 17 Perfecto Andrés Ibáñez: La argumentación probatoria y su expresión en la sentencia. es preferible la teoría más simple que se adapta a todos los hechos disponibles)17. que llegan a conclusiones valorativas distintas. dictándola los peritos y suscribiéndola todos los concurrentes. Una hipótesis puede estimarse verdadera cuando se muestra compatible con los datos probatorios. susceptibilidad de control (ha de resultar posible formular observaciones que permitan confirmarla o invalidarla). y establece que: “El informe pericial comprenderá. en caso de discrepancia. 2º) Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado. extendida y autorizada en la misma forma que la anterior. conclusiones y otros aspectos del dictamen.Tribunal sentenciador (art. que la motivación de sus resoluciones exige la justificación interna y externa de sus conclusiones. El Secretario extenderá esta descripción. y su seguimiento puede servir al juez para realizar una sana crítica del informe. págs. 1. las exigencias que debe satisfacer una hipótesis para que pueda ser tomada en consideración son las siguientes: relevancia (el hecho que se trata de explicar debe ser deducible de ella).3 CE y art. el artículo 347. exigida por las normas procesales —artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.3 CE). no está obligado a seguir el dictamen. en el estado o del modo en que se halle. el juez puede determinar si ésta proviene del método de valoración empleado por el perito. en la materia que nos ocupa. porque los integra y explica en su totalidad. es decir. a fuentes documentales— para asegurar que los datos de hecho que ha tenido en cuenta el perito son correctos: si no lo fueran. el juez debe abandonar concepciones iluministas de la valoración probatoria y debe admitir. al propio tiempo. si fuere posible: 1º) Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo. para dar satisfacción al derecho del justiciable a la tutela judicial efectiva (art. En ese espacio de justificación interna ha de dar cuenta de los presupuestos cognitivos de que parte. valorando —en su caso— las discrepancias que puedan hallarse entre los varios dictámenes periciales. adaptando la norma a las peculiaridades del caso.1. las conclusiones a que llega no podrían tenerse por correctas. 3º) Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos. 32-2000. en su irrenunciable función valorativa de la prueba. el cual está obligado a motivar suficientemente sus resoluciones (art.). los elementos fácticos a valorar por el experto son susceptibles de comprobación por otros medios probatorios. El perito ha de hacer constar los elementos fácticos de que parte. El juez puede comprobar que el perito haya actuado conforme al método científico. 2. una conclusión científica ha de poder ser sometida a un test. 741 de la Criminal— determine cuál de ellos resulta convincente. 24. al que cita Andrés Ibáñez. Así. 120. y hacer suyas en los hechos probados las conclusiones a las que ha llegado el perito. para que puedan ser contrastados. y el juez puede y debe acudir a éstos —singularmente. El indicado precepto se sitúa en sede de la actividad investigadora del juez instructor. Como presupuesto básico de fiabilidad.1 CE). 9.3 CE) y. con el doble objetivo de que puedan conocerse públicamente las razones que las sustenten y de que sea posible su control por los órganos judiciales superiores competentes. pues concurriendo varios dictámenes de expertos emitidos sobre unos mismos hechos. conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte”. motivando en todo caso la decisión. Fijará los hechos y describirá la fuente de su conocimiento. Por ello.
Normalmente. surge enseguida la pregunta: ¿qué hacer con estos conocimientos.18 Como nos recuerda Hernández García. sí puede tener la capacidad necesaria para evaluar la fiabilidad del perito. Es decir. el juez puede valorar las conclusiones a que llega. EL CONOCIMIENTO PERSONAL DEL JUEZ El magistrado Murillo García-Atance pone de relieve como parece haber en la libre valoración de esa prueba contradicción con lo que constituye su naturaleza. Esto nos acerca a la cuestión de la relevancia probatoria del conocimiento personal que el juez pueda tener de una determinada materia científica o técnica. 21 Mauricio Murillo García-Atance y otros: la función pericial de los arquitectos al servicio de la Administración de Justicia. .sarios para actuar como perito. en cuanto que los hechos que se pretende acreditar son ya conocidos por el juez como fuente directa. Se puede no saber hacer una cosa y. — la general aceptación de un particular procedimiento puede ser un importante factor para considerarlo admisible ante un tribunal. derivar del propio contenido de la prueba practicada. como medio de valoración por un experto de otros hechos. hacer o razonar como el perito. y deben medir el grado en que es fiable. Pero para ello no puede utilizar razones intimistas. las conclusiones a que llegan no deberán ser sensiblemente discrepantes. Obra citada. 58 — en caso de una particular técnica científica. poder criticarla y ello es la razón de la libre valoración de la prueba pericial21. una vez fijados los hechos de partida y determinada la fiabilidad del método científico utilizado por el perito. con cita de la Sentencia de la propia Sala de 12 de mayo de 1986 y la del Tribunal Supremo alemán de 6 de julio de 1990. 18 En este punto conviene recordar el criterio sustentado por la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1992. Ediciones de la Universidad de Navarra. el TS concluía afirmando que “se debe considerar que existe una ley causal natural cuando. pág. “the judge must distinguish between good science and the so-called junk science”: el juez debe distinguir entre la buena ciencia y la llamada ciencia basura19. en un tratado clásico en la materia22. más que en orden a los conocimientos científicos que el juez pudiera tener de una determinada materia. adquirido fuera del proceso. a mi juicio. se ha planteado la cuestión desde la perspectiva del derecho procesal alemán. y su comprensión está —como la de cualquier otro— sujeta a posibilidades de error. págs. Versión española de Andrés de la Oliva Santos. de conocimiento personal de uno u otro de los peritos. para lo que resulta necesario contra con esos conocimientos técnicos. siempre que ésta haya sido comprobada en un número relevante de casos iguales. en la que expresa una amplia exposición sobre la fiabilidad del método científico. como criterios de valoración de los dictámenes científicos: — para que una aserción o inferencia sea considerada como conocimiento científico. El juez. ya adquiridos o que puedan adquirirse en el futuro? La doctrina se ha planteado la cuestión de la relevancia del conocimiento personal del juez respecto de los hechos relevantes. y en relación con la relación de causalidad entre la distribución de aceite de colza con anilina y el síndrome tóxico. pero quiero dejar constancia de mi opinión discrepante. En estos supuestos el juez valorará los diferentes dictámenes. pág. 3-1994. en referencia a doctrina consolidada en el proceso anglosajón. puede existir aquí una variable de valoración que tenga en cuenta pronósticos de comportamiento futuro. 3. obra citada. — una conclusión científica debe ser verificable empíricamente. sin embargo. Las razones que justifican una opción tienen que estar ausentes de prejuicios. 22 Friedrich Stein El conocimiento personal del juez. 19 Javier Hernández García. que valorar luego sus argumentos. corresponde a la propia praxis de la investigación científica. Stein. Pero si las partes pueden poner en duda en el proceso la credibilidad de un testigo. En su fundamento de derecho segundo. testifical o documental. y se haya descartado como fiable cualquier otra hipótesis. acerca de la innecesariedad de prueba de declaración o interrogatorio de parte. Tras una larga consideración. es necesario que haya sido producida conforme al método científico. donde la experiencia del experto pueda ser apreciable. tales condiciones son suficientes para garantizar una decisión racional del caso desde el punto de vista del Derecho Penal”. en el caso conocido como de la colza. Así. Lo que. En todo caso. o de que el informe haya sido aportado por una de las partes o adoptado a instancia del propio órgano judicial. Cuadernos de Derecho Judicial. no es lo mismo saber ver. 61. 95 y ss. sin necesidad de comprobar la verificación de la tesis en todos los casos imaginables. Hernández García recoge algunos criterios establecidos por la “doctrina Daubert”. conoce un determinado hecho a través de los sentidos. los tribunales han de considerar la proporción de error. sea posible descartar que el suceso haya sido producido por otras causas. en función de su capaci20 Javier Hernández García. 1973. 60. comprobado un hecho en un número muy considerable de casos similares. Pues si estamos avanzando en la conveniencia de ampliar los conocimientos de los jueces en materias relacionadas con nuestra función jurisdiccional. en la medida que esto siga siendo posible conforme a las leyes procesales. pues si se parte de que el juez no sabe o no lo bastante de aquello de lo que es objeto del dictamen pericial ¿por qué no ha de vincularle una apreciación científica. en cuanto el juez puede tener conocimientos suficientes de materias técnicas o científicas que le permiten prescindir de la pericia. hacía referencia a la existencia de “cursos causales no verificables”. No es este el momento de pronunciarse acerca de esa cuestión. artística o técnica? Sin embargo. no sometidos al rigor del método científico. si los distintos peritos intervinientes parten de los mismos elementos fácticos y utilizan los mismos parámetros de valoración. Pamplona. mientras que una técnica que es muy conocida pero tiene un débil soporte en la comunidad científica puede ser vista con escepticismo. en cuanto ciudadano.20 3. que utiliza la inducción como criterio lógico para la validez científica de una proposición. más que como innecesariedad de la pericial. y ser explicitadas en la fundamentación de la sentencia. entendiendo la conveniencia de introducir en el proceso los hechos de los que el propio juzgador tiene conocimiento personal. A tal efecto. y optará por uno u otro.
Por ello. pero en modo alguno los posibles conocimientos que pueda tener de otras disciplinas. pudiera asimilarse por analogía a las reconocidas en el número 12 del precepto. que pueden solicitar de aquél las aclaraciones necesarias para fijar la exactitud de las conclusiones a que ha llegado y su relevancia para la decisión que demandan del juzgador. En cuanto a los conocimientos técnicos que el juez pueda tener. lo que se producirá a los efectos contenidos en el artículo siguiente. Y por eso. la verdad formalizada. Para los últimos. que aparece en el proceso ex novo en la sentencia. Y no puede serlo porque: a) ese conocimiento personal del juez no es. los protegidos por presunciones legales. ajenos a su conocimiento jurídico. no para convertirnos en auténticos expertos en la materia. pues los componentes del tribunal de alzada no habrían de tener. más como estatua ajena a las cuestiones que se debaten que como árbitro no contendiente.dad o incapacidad para comprender unos hechos que afirman conocer. y el juez estará en condiciones reales de efectuar su valoración conforme a una capacidad crítica24. conclusiones a las que ha llegado y posibles alternativas.1. o valoración de la prueba pericial por otro perito. No obstante. expresiones al uso como “los jueces somos de letras”. Y éste es un momento en el que el juez suele permanecer mudo. que ha de fundarse en los hechos admitidos. la búsqueda de la verdad necesita de unas garantías que sólo se aseguran a través del proceso y sus principios configuradores —contradicción y aportación de parte. apartado 5º. Incluso se ha planteado la posibilidad de que este conocimiento personal del juez sobre los hechos constituyese causa de abstención que. Pues bien. permite a las partes pedir la crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria. a través del cauce adecuado. justificándola. mediante la constancia en el proceso de la titulación habilitante que un determinado juez tuviera en su poder. la formación en cuestiones económicas ha de servir. Para los primeros. ciertamente podrá realizarse una más sana crítica desde el conocimiento de la materia. de la justicia. a otras que resaltan la función formal del proceso y la necesidad de hallar. han de servir para la aplicación de la norma jurídica y. esta exclusión del conocimiento es contraria a la búsqueda de la verdad y. En esta materia se enfrentan. sometimiento a comprobación de los resultados habidos. ciertamente. conceptuaciones que dan especial relevancia a las exigencias de la llamada justicia material. en la medida de lo posible. ya que el ejercicio de la jurisdicción sólo avala los conocimientos jurídicos del titular de ella. el conocimiento personal del juez no habría venido al proceso aportado como 23 La prueba sobre la prueba. ni para sustituir a los peritos en los procesos judiciales. pero buen conocedor de las cuestiones debatidas. b) aunque pudiera ser objetivamente evaluable ese conocimiento. y que sirven para valorar otros hechos desde una perspectiva técnica o científica. aun no reconocida entre las establecidas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. creo que ha de llegarse a una solución similar. que desde la absoluta ignorancia.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al tribunal formular preguntas a los peritos y requerir de ellos explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado. o “los jueces no entendemos de números o de cuentas”. y constituye un despilfarro de conocimiento. era práctica admitida en el proceso penal. Lo que evidentemente no podría realizarse respecto de los conocimientos técnicos o científicos que un determinado juez pudiera tener. son imágenes negativas que hemos de ir desterrando de nuestro lenguaje cotidiano. c) caso de recurso. El momento en que el perito emite su dictamen ante el juez o tribunal constituye un punto culminante en el proceso. según hemos 24 El artículo 347. prueba y no habría sido sometido a la necesaria contradicción procesal. En definitiva. de la estimación o desestimación de una pretensión procesal. Desde mi punto de vista. los mismos conocimientos expertos que el juez que ha resuelto en primera instancia. con ello. científicamente contrastable. el conocimiento personal del juez sobre una determinada materia científica o técnica puede servir a la hora de realizar la función valorativa de la prueba aportada como pericia. y no puede ser sometido a la cross examination. tanto en lo que respecta a los puntos de partida fácticos que ha tenido en cuenta al emitir su dictamen. De este modo. la prueba cobrará toda su importancia. 59 . el mayor grado de conocimiento de los jueces sobre las cuestiones a que se refiere el dictamen ha de servir para que entable un diálogo fecundo con el perito. En el civil el artículo 347. en definitiva. ni a una prueba sobre la credibilidad de la prueba anterior?23 Entiendo que el juez que tenga conocimiento personal de los hechos relevantes para la decisión del proceso debería excluir ese conocimiento al momento de dictar sentencia. regulador de la valoración de la prueba. la Sala en su función revisora no tendría elementos de juicio para poder valorar ese conocimiento personal. como en lo referente al informe mismo: método científico aplicado. la opinión más acertada es aquella que impide que el conocimiento personal del juez pueda constituir fuente probatoria de los hechos que. la relevancia del conocimiento técnico del juez aparece en dos momentos procesales: 1) la emisión del dictamen del perito. sino para poder valorar críticamente las opiniones expertas de los técnicos. en la medida en que sea necesario justificar la decisión —especialmente. El informe emitido por el experto es sometido a las preguntas de las partes. aprehendido a través del estudio y la cualificación. principalmente— y el interés de la sociedad sólo se colma si esa verdad formalizada se ha logrado. aun en el caso de que el juez hubiese razonado ampliamente sobre el por qué de la decisión adoptada. los acreditados en el propio proceso y los de conocimiento general (hechos notorios). a fin de preservar a la decisión de la necesaria imparcialidad objetiva del juzgador. La valoración de la prueba se expresará así en la fundamentación jurídica como un juicio sobre el juicio del experto. por esa vía y sólo por esa. en un determinado proceso. 2) la valoración de la prueba practicada. de entrada. Si ésta ha de valorarse según criterios de sana crítica. ¿cómo puede hacerse esa misma crítica respecto al conocimiento del propio juez. necesariamente.
Entre la consideración de la apelación como un novum iudicium. Sala Segunda. 4. analiza el papel que ha de desempeñar la jurisdicción de apelación. ante cualquiera de las jurisdicciones. y refiriéndose al proceso penal. el derecho a la defensa y. en consecuencia. tienen una naturaleza mixta. Conde-Pumpido Tourón. me inclino decididamente por la segunda opción. de modo que en tales casos el nuevo examen por el Tribunal de apelación de la declaración de culpabilidad del acusado exige una nueva y total audiencia en presencia del acusado y los demás interesados o partes adversas”. tanto en el orden civil. afirmando que “la apelación no se puede resolver en un proceso justo sin un examen directo y personal del acusado que niegue haber cometido la infracción considerada punible. lleva a la conclusión de que el resultado de la prueba de peritos y su valoración puede ser revisado por el tribunal de segunda instancia que. para fijar definitivamente la cuestión fáctica. en definitiva. en el penal y en el contencioso administrativo. Lo que ha de implicar en el futuro que la parte que inste un recurso de apelación fundado en error de hecho en la valoración de la prueba habrá de solicitar. y que “el derecho a un proceso con todas las garantías impone para la ponderación de la prueba personal”. pese a meritorios esfuerzos realizados por la doctrina y a recientes sentencias del Tribunal Constitucional que han abordado el tema. caso de entender no ajustada a derecho la decisión apelada. la práctica de la prueba cuya valoración se ponga en duda en la vista pública de la apelación. Pero. la función del tribunal de apelación es la de revisar la corrección de la valoración de la prueba efectuada por el juez de primera instancia. cuál el alcance de la revisión de la cuestión fáctica y. a la realización de la idea de justicia en el caso concreto. al analizar la posibilidad de revisión de la prueba por parte del tribunal de apelación. y a que la decisión de éste sea revisada por un tribunal superior. haciendo cita de doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. la duda o la expresión del perito. o como la revisio prioris instantiae. En este punto han incidido diversas Sentencias recientes del Tribunal Constitucional. 2002. y el tribunal acceder a ello. especialmente. estima también el recurso deducido porque el Tribunal desconoció el derecho del demandante a un proceso con todas las garantías. de modo general. al haberse pronunciado la condena en apelación sin haberse celebrado vista pública. que han estimado recursos de amparo por vulneración del derecho a un proceso con garantías. en definitiva. he de confesar que la proximidad de la instauración de la segunda instancia en el proceso penal. . y ello aunque no se den los requisitos comprendidos en las normas procesales para el recibimiento a prueba en segunda instancia. pues las cuestiones técnicas y científicas inciden con mayor frecuencia en las relaciones jurídicas.. Las partes tienen derecho a que su pretensión sea examinada por un juez imparcial predeterminado por la ley. CONCLUSION La prueba pericial es cada día más relevante para la decisión de los litigios. Entiendo que es la fórmula más adecuada para satisfacer el derecho a un juicio justo. La STC 230/2002. expresa que existen “.visto. REVISION DE LA VALORACION POR UN TRIBUNAL SUPERIOR Siempre he sido partidario de la generalización de la segunda instancia. practicando allí nuevas pruebas que habrán de ser valoradas por el tribunal juntamente con la valoración de la practicada en la primera instancia. determinar la consecuencia jurídica adecuada. aplicar el derecho a los hechos que entienda acreditados. me sume en la preocupación. pues en apelación la Audiencia Provincial no observó los principios de inmediación y contradicción que presiden el proceso penal. en caso de que la primera haya fallado. y la realización práctica en muchos casos de la apelación civil. o en la fase probatoria como se permite en la Ley de Enjuiciamiento 25 Cándido Conde-Pumpido Tourón: Ponencia sobre El recurso de casación penal. Cuál sea. en Jornadas sobre la casación. en definitiva.determinadas limitaciones en cuanto a la revisión de la valoración probatoria. La Sentencia de la misma Sala 118/2003. no están todavía suficientemente resueltas. en supuestos en que el juez se aparte de las conclusiones del perito o existan informes contradictorios—. que sólo banalizan la exigencia de fundamentar las decisiones judiciales. de 9 de diciembre de 2002. a mi juicio. Pero no impide una revisión fáctica de todo aquello en que el Tribunal revisor pueda situarse en cuanto al medio de 60 prueba en la misma o en similar posición a la que se encontraba el órgano de instancia”25. 5. Sin embargo. sino la fiabilidad de sus conclusiones y lo acertado de la valoración por el tribunal a quo. por cuanto se permite en determinados supuestos el recibimiento a prueba en segunda instancia. de 16 de junio de 2003. tras ello. la posibilidad de una nueva valoración de la prueba en la segunda instancia. Consejo General del Poder Judicial. podrá redefinir los hechos y. Madrid. que se concretan en el respeto al principio de inmediación y a las impresiones directas que ésta lleva consigo. pero no a una segunda oportunidad procesal. son cuestiones que.. la subsunción de éstos en el supuesto de hecho de la norma jurídica para. bien aportados junto a la pretensión inicial. Lo que respecto a la prueba pericial. la fijación de los hechos acreditados y. que se documenta por escrito y en la que lo relevante no es el gesto. Cierto que nuestra apelación. octubre. el alcance del juicio revisorio ante el tribunal de apelación. Así se logrará realmente la motivación de la sentencia sobre las cuestiones de hecho y sobre las valoraciones técnicas. Esto implica la necesidad de práctica de dictámenes expertos en el proceso. dejando definitivamente de lado las generalidades al uso.
2000. Madrid. nº 32/1995. Madrid. Información y Debate. Auditorías y revisiones de cuentas en la prueba pericial contable en ambas jurisdicciones. En Jueces para la Democracia. BIBLIOGRAFIA Andrés Ibáñez. Editorial Trotta. Apuntes jurisprudenciales. Editorial Trotta. Editorial Tirant lo blanch. 5. En la obra colectiva Science. número 38. Madrid.A. Ponencia presentada en las Jornadas sobre “La casación: Unificación de doctrina y casación autonómica”. Law and the Courts in Europe. Número 47. La Ley-Actualidad. Hernando: Teoría general de la prueba judicial. Illescas Rus. Zaragoza. Tirant lo blanch. S.Civil. Madrid. Información y Debate. Perfecto: Ética de la función de juzgar. Cuadernos de Derecho Judicial. Taruffo. Jordi: Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones. en Jueces para la Democracia. que sirva para disipar cualquier sombra de arbitrariedad y permita a la parte a la que no favorezca la apreciación instar la revisión de esa valoración probatoria ante un tribunal superior. número 31. Información y Debate. Tomo II. Editorial Civitas. 1973. de Jordi Ferrer Beltrán. Derecho concursal II. Eduardo: El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso civil. en Jueces para la Democracia. Font Serra. Rives Seva. Ediciones Universidad de Navarra. la función casacional quedará adecuadamente dimensionada en sus justos términos. 1996. Michele: La prueba de los hechos. Cuadernos de Derecho Judicial. Conde Pumpido Tourón. Antonio Pablo: La prueba en el proceso penal. Luigi: Garantías. de P. M. Serra Salvador. Andrés Ibáñez y A. José Luis: Plan General de Contabilidad y resoluciones del I. Ley 1/2000. 61 . Gallizo Larraz. Barcelona. de Enjuiciamiento Civil. número 47. Lluis: Fundamentos de la prueba judicial civil. Pisarello. Mauricio. octubre de 2002. Greppi. motivación y control en el proceso penal. 1995. Pavia. S. y fijar su relevancia en el proceso conforme a un criterio lógico y explicitado. Friedrich: El conocimiento privado del juez. de Enjuiciamiento Civil. julio de 2000. Vicente: La casación y el derecho a los recursos. 2001. número 40. como es común en el proceso penal. y otros: Sistemas de información contable. de Enjuiciamiento Civil. 1988. Bosch. julio de 2003. González Lagier. de otros conocimientos científicos y técnicos no jurídicos. trad. Murillo García-Atance. Barcelona. Madrid. Información y Debate. Descubrir estas carencias puede ser el comienzo del camino para subsanarlas. Valencia. editor. de A. Ferrajoli. Actualidad Penal. en La prueba. Ediciones Pirámide. Font Serra. Ferrer Beltrán. casa editorial. Bosch. Hernández García. y otros: la función pericial de los arquitectos al servicio de la Administración de Justicia. Madrid. Información y Debate. Jiménez Villarejo. Consejo General del Poder Judicial. los tribunales debemos valorar —es decir. Daniel: Hechos y argumentos (racionalidad epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal). Iñaki: El dictamen de peritos en la Ley 1/2000. Madrid. no ignorar— la prueba practicada. José C. especialmente. terreno en el que los jueces estamos todavía en mantillas. julio de 2003. Pacheco Guevara. 3. Valencia. Valencia. Muñoz Sabaté. 2ª edición. Juan: Valoración de la prueba. Gimeno Sendra. Pamplona. 1996. 2002. Consejo General del Poder Judicial. Balagué Doménech. en Jueces para la Democracia. 2002. José Luis (coordinador). marzo de 1998. Planificación contable española. Igartúa Salaverría. en Justicia 88. 1988. 2000. trad. J.C. De este modo. de Cabo y G. Vicente. Información y Debate. Carlos: La prueba pericial en los delitos económicos. Andrés Ibáñez. marzo de 2001. Collegio Ghislieri. Editorial Librería General. M. Editorial Tirant lo blanch. Eduardo: El dictamen de peritos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. A. Joan: La prueba pericial en el proceso civil español. en Jueces para la Democracia. Traducción de Andrés de la Oliva Santos. Barcelona. Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Esparza Leibar. número 46. Andrés: Efectos de la disposición adicional cuarta de la Ley de auditoría de cuentas. Some Thoughts on Spanish Experience. 2004. en Jueces para la Democracia. Luigi: Derechos y Garantías: la ley del más débil. número III. Stein. Martín Sánchez. L. marzo de 2003. Gallizo Larraz. Cándido: El recurso de casación penal. 2002. Javier: Judges and Science. de velar por la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y de asegurar que los tribunales no actúan con arbitrariedad. Tomás: La prueba pericial judicial y extrajudicial. 2001. Picó i Junoy. 2000. Queda por fijar los criterios de lógica en la valoración de la prueba y. de segunda instancia. Ángel Vicente: La prueba pericial en la Ley 1/2000. 2001. 1989. 2001. Perfecto: Sobre el valor de la inmediación. editor. Editorial Dykinson. Devis Echandía. 1994. 2001. Madrid. Ferrajoli. trad. Bosch.: La prueba pericial contable en las jurisdicciones civil y penal. J. 1999. bien mediante la práctica en el juicio oral. Cuadernos de Derecho Judicial. Buenos Aires. Editorial Aranzadi. Zavalia editor. En todo caso. Montero Aroca. Segunda edición. Juan: La prueba en el proceso civil.C.
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