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Timestamp: 2017-03-29 03:13:06
Document Index: 378908306

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 49', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 386', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 386', 'artículo 243']

ANA SANTANDER ORTIZ & ASOCIADOS, ESCRITORIO JURIDICO, ASESORES.: LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PREVISTOS EN CONTRATO CON EL CLIENTE, SE RECLAMAN POR EL PROCEDIMIENTO BREVE:
LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PREVISTOS EN CONTRATO CON EL CLIENTE, SE RECLAMAN POR EL PROCEDIMIENTO BREVE:
Para interés del público en general, publico extracto de sentencia dictada por
la Sala Constitucional del 11-05-2011, (con algunas modificaciones, para
facilitar su comprensión) : "...De modo que, conforme al criterio
asentado en la anterior decisión, la cual esta Sala hace suya, se precisa que,
en el caso de que un abogado demande sus honorarios profesionales basados en un
contrato pactado con su cliente con anterioridad a la actuación que deba
realizar, el procedimiento que debe seguirse para dirimir el cumplimiento o no
de ese contrato es el juicio breve (el cual debe ser conocido por un Tribunal
con competencia civil), conforme a lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Abogados,..."."...VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR "...Ahora bien, con relación al cobro de
honorarios profesionales del abogado y el tribunal competente para conocer de
ese tipo de demanda, esta Sala asentó, en la sentencia N° 3325, del 4 de
noviembre de 2005 (caso: Gustavo Guerrero Eslava y otro ), lo siguiente: Ahora
bien, en una pretensión por cobro de honorarios profesionales pueden
presentarse diferentes situaciones, razón por la cual debe establecerse de
forma clara y definida el procedimiento a seguir en estos casos y por vía de
consecuencia, el tribunal competente para interponer dicha acción autónoma,
ello con el propósito de salvaguardar el principio del doble grado de
jurisdicción y los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso. En
tal sentido apunta la Sala que, conforme a la norma contenida en el señalado
artículo 22 de la Ley de Abogados la reclamación por
concepto de honorarios profesionales extrajudiciales, será resuelta por vía del
juicio breve. Sin embargo, en lo atinente a la reclamación surgida en
juicio contencioso no existe una remisión expresa, a un procedimiento propio,
sino que lo vincula y concentra al juicio contencioso donde se genera la
actuación del profesional del derecho. Es allí, dentro del juicio, donde el
abogado va pretender cobrar sus honorarios a su poderdante o asistido. Por
ello, CABE DISTINGUIR CUATRO POSIBLES SITUACIONES que pueden
presentarse y que, probablemente, dan origen a trámites de sustanciación
diferentes, ante el cobro de honorarios por parte del abogado al cliente a
quien representa o asiste en la causa, a saber: 1) cuando el juicio en el cual
se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre, sin
sentencia de fondo, en primera instancia; 2) cuando cualquiera de las partes ha
ejercido apelación y esta haya sido oída en el solo efecto devolutivo; 3)
cuando dicho recurso se haya oído en ambos efectos y, 4) cuando la sentencia
dictada en el juicio haya quedado definitivamente firme, surgiendo la
posibilidad en este supuesto, que el juicio entre a fase ejecutiva, si es que se
condenó al demandado. A juicio de la Sala, EN EL PRIMER SUPUESTO,
es decir, cuando el juicio en el cual se pretende demandar los
honorarios profesionales causados, se encuentre, sin sentencia de fondo, en
primera instancia, cuando el juicio en el cual el abogado pretende
demandar los honorarios profesionales causados a su cliente, se encuentre en un
tribunal de primera instancia, la reclamación de los mismos, se
realizará en ese proceso y por vía incidental. En lo que respecta al SEGUNDO
SUPUESTO, cuando cualquiera de las partes ha ejercido apelación y esta haya
sido oída en el solo efecto devolutivo, -cuando se haya ejercido el recurso
ordinario de apelación y éste fue oído en el efecto devolutivo- la
reclamación de los honorarios profesionales judiciales, se realizará, igual que
en el caso anterior, en ese mismo juicio y en primera instancia. En el TERCER
SUPUESTO, cuando dicho recurso se haya oído en ambos efectos -ejercido
el recurso de apelación y oído en ambos efectos- no obstante, el juzgado de
primera instancia haber perdido competencia con respecto a ese procedimiento, la
reclamación de los honorarios profesionales judiciales causados en ese juicio
que ahora está en un Juzgado Superior, deberá ser intentada de manera autónoma
y principal ante un tribunal civil competente por la cuantía, ello a
fin de salvaguardar tanto el principio procesal del doble grado de
jurisdicción, a la parte que resulte perdidosa en la fase declarativa del
juicio de cobro de honorarios profesionales judiciales, como los derechos
constitucionales de defensa y al debido proceso establecidos en el artículo 49
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el CUARTO
SUPUESTO, cuando la sentencia dictada en el juicio haya quedado
definitivamente firme, surgiendo la posibilidad en este supuesto, que el juicio
entre a fase ejecutiva, si es que se condenó al demandado, último de
los supuestos -el juicio ha quedado definitivamente firme- al igual que en el
anterior, sólo quedará instar la demanda por cobro de honorarios profesionales
por vía autónoma y principal ante un tribunal civil competente por la cuantía, si
es el caso, ya que la expresión del tantas veces señalado artículo 22 de la Ley
de Abogado ‘la reclamación que surja en juicio contencioso’, en cuanto al
sentido de la preposición “en” que sirve para indicar el lugar, el tiempo, el
modo, significa evidentemente que el juicio no haya concluido y se encuentre en
los casos contenidos en el primer y segundo supuesto antes referidos, es decir,
dentro del juicio sin que éste haya terminado, para que, entonces, pueda
tramitarse la acción de cobro de honorarios profesionales por vía incidental en
el juicio principal (ver, igualmente, el contenido de la sentencia dictada por
esta Sala, N° 935, del 13 de junio de 2008, caso: Raiza Vallera León). Sin
embargo, las cuatro situaciones señaladas en la anterior sentencia NO
SE REFIEREN A AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES LOS HONORARIOS PROFESIONALES
DEMANDADOS PROVENGAN DE UN CONTRATO DE HONORARIOS PACTADOS PREVIAMENTE ENTRE EL
ABOGADO Y SU CLIENTE, ESTO ES, LOS HONORARIOS PROFESIONALES EXTRACONTRACTUALES (por
ser previos a todo juicio). En ese sentido, esta Sala precisa, tal como lo
señaló la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del
Área Metropolitana de Caracas, que el 27 de mayo de 1980, la Corte en Pleno de
la entonces Corte Suprema de Justicia anuló el artículo 23 del Reglamento de la
Ley de Abogados y, asentó, para tal fundamentación, lo siguiente: La Corte
considera que de la lectura de dicho precepto legal [artículo 386 del Código de
Procedimiento Civil] se desprende evidentemente que el juicio breve es el
indicado para la tramitación y decisión de la discusión del cobro de honorarios
extrajudiciales resultantes de contrato expreso o tácito, ya tenga su origen en
el monto de los mismos por existir incorformidad entre las partes o en el
derecho mismo a cobrarlos, o sea, sobre la eficacia del contrato que los causó,
por lo que en art. 23 del mencionado Reglamento, al ordenar el juicio ordinario
al cobro de los honorarios extrajudiciales estipulados en contrato previo, se
crea una regulación que, no sólo invade la competencia del Congreso Nacional en
la materia de legislación procesal judicial, sino que también contraría,
desacatando su espíritu y razón, la norma legal que crea el juicio breve
para el cobro de los honorarios extrajudiciales sin distinción alguna. Quizás
lo que ha determinado la elaboración de la doctrina señalada es el empleo de la
frase consignada en el artículo 22 de la Ley, que dice: Cuando exista
“inconformidad” entre el abogado y su cliente sobre el monto de honorarios
extrajudiciales, se seguirá el juicio breve, por dar idea dicha frase de que
sólo pueden cobrarse, observándose los trámites de este juicio, los honorarios
extrajudiciales contractuales, cuyo monto es discutido, mientras que la
discusión sobre el derecho a cobrarlos, o sea, sobre la eficacia del contrato,
queda excluida de dicho juicio, Pero esta interpretación es equivocada por ser
inconcebible que el Legislador hubiera tenido el propósito, al usar la frase
consignada en el dicho art. 22, de someter a los trámites del juicio breve
solamente la discusión por el cobro de los honorarios extrajudiciales en cuyo
monto haya inconformidad entre el abogado y su cliente y dejar afuera la
discusión sobre la eficacia del contrato, o sea, lo que recae sobre el derecho
a cobrarlo. Lo correcto es pensar que por no aparecer dato alguno en el
dicho precepto que excluya expresamente de los trámites del juicio breve la
discusión del derecho al cobro de los honorarios extrajudiciales, o sea, de la
eficacia del contrato que les dio origen, deben entenderse que con la
interpretación que ahora se le da quedó plasmada la intención del Legislador de
facilitar al abogado el cobro de sus honorarios profesionales al remitir esa
discusión a los expeditos trámites del juicio breve, en vez de remitirla a los
más difíciles y onerosos del juicio ordinario. De ahí que por aplicación de los
principios de hermenéutica que han dejado sentados, se concluye que la
frase consignada en el art. 22 de la Ley de Abogados, en la que se dice: “En
caso de inconformidad entre el abogado y su cliente sobre el monto de los
honorarios extrajudiciales, se resolverá por el juicio breve”, debe entenderse:
“Cuando exista discusión entre el abogado y su cliente sobre el cobro de
honorarios extrajudiciales, se resolverá por la vía del juicio breve”,
quedando, por tanto, comprendidos en éste los estipulados por contrato expreso
o tácito, sea discutido o no su monto, o el derecho a cobrarlos, por
lo que en el art. 23 del Reglamento de la Ley de Abogados, al establecer el
juicio ordinario para la tramitación del cobro de los honorarios
extrajudiciales estipulados contractualmente, se incurrió, como se arriba se ha
dicho, no sólo en el error de invadir la facultad legislativa que
potestativamente le corresponde al Congreso Nacional, sino también en el de
haber alterado el precepto legal citado en su espíritu y propósito. Por lo
demás aun en el supuesto de que no existiere señalado en el art. 22 de la Ley
de Abogados el procedimiento para el cobro de los honorarios extrajudiciales resultantes
de contrato previo, tampoco pudo el Reglamento de dicha Ley, en su art. 23,
someterlo al juicio ordinario ni aun con la justificación de reafirmar el art
234 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto dado su objeto tal
reafirmación no le corresponde hacerla al Poder Ejecutivo, sino a quien en la
compete fijar el procedimiento a seguirse es al Poder Judicial en la
oportunidad en que el Juez decide el caso concreto en que se le presente su
discusión [ver el contenido de la sentencia en la Gaceta Forense N° 108,
Volumen I, Tercera Etapa, Páginas 37 y siguientes] . De modo que, conforme al
criterio asentado en la anterior decisión, la cual esta Sala hace
suya, se precisa que, en el caso de que un abogado demande sus
honorarios profesionales basados en un contrato pactado con su cliente con
anterioridad a la actuación que deba realizar, el procedimiento que debe
seguirse para dirimir el cumplimiento o no de ese contrato es el juicio breve
(el cual debe ser conocido por un Tribunal con competencia civil), conforme
a lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Abogados, que prescribe: El
ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los
trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos
en las Leyes. Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente
en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales,
la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el
Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá
acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda. La
reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar
honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad
con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la
relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias (destacado
y subrayado por esta Sala). En efecto, esta Sala observa que lo que se ventila
en las demandas de honorarios profesionales previamente pactados a través de un
contrato necesariamente tiene relación con la materia civil, esto es, con
las reglas concernientes al cumplimiento o no del contrato, su resolución,
entre otros aspectos, por lo que la solución judicial de esos
conflictos contractuales le corresponde únicamente a un “Tribunal Civil
competente por la cuantía”. Por lo tanto, esta Sala destaca que la Sala N° 1 de
la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas, a pesar de que declaró con lugar la demanda de amparo constitucional,
anuló el procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales
que fueron pactados previamente a través de un contrato por uno de los abogados
accionantes y la ciudadana Eloísa de las Mercedes González, por lo que, aun
cuando el Tribunal a quo obvió notificar a ésta última, sería inútil reponer la
causa al estado de que se notifique a todas las partes para que se celebre la
audiencia constitucional, toda vez que la consecuencia del amparo
constitucional sería la misma: ordenar que el juicio primigenio, de estimación
e intimación de honorarios, se celebre ante un Tribunal con competencia en lo
civil, máxime cuando la competencia por la materia es de orden público, como lo
ordenó la sentencia apelada. En consecuencia, esta Sala declara inadmisible la
apelación ejercida, el30 de julio de 2009, por la abogada Yolanda Ceiba Torres,
en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado Vigésimo Sexto de Control del
Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión
dictada, el 27 de julio de 2009, por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones
del mismo Circuito Judicial Penal, que declaró con lugar la acción de amparo
constitucional propuesta. Así se decide...". Sala Constitucional 11-05-2011. ACTUALIZACION: En Sentencia de la
Sala de Casación Civil, del TSJ, del 08 de Noviembre del 2011, se estableció
que “es nula por indeterminación objetiva la sentencia
que declara que el abogado tiene derecho a cobrar honorarios, si no fija el
monto de los mismos, por cuanto dicho derecho no puede ser genérico,
ilimitado o indeterminado, sino por el contrario debe ser cierto y estar
reflejado en la sentencia que resuelve la fase de conocimiento, a fin de que
exista un parámetro para la posterior retasa, en caso de acogerse la parte
intimada a tal derecho, o para la correcta ejecución del fallo si éste no es
ejercido, o habiendo sido ejercido, es objeto de posterior renuncia por la no
consignación de los honorarios de los retasadores, se colige que el
juez de alzada incurrió en el vicio de indeterminación objetiva, al no fijar el
monto máximo o límite de los honorarios intimados, al acordar en la fase de
conocimiento del juicio el derecho a cobro del abogado intimante, con
la infracción del artículo 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil,
que comporta la nulidad de la sentencia Dra. Ana
LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PREVISTOS EN CONTRATO CON EL CLIENTE,
SE RECLAMAN POR EL PROCEDIMIENTO BREVE