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Timestamp: 2018-02-20 21:06:52
Document Index: 100682667

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 27', 'artículo 19', 'Artículo 22', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 36', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 26', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'artículo 31', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 57', 'artículo 53', 'artículo 54', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'artículo 54', 'artículo 53', 'Artículo 63', 'artículo 54', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 31', 'artículo 57', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 312', 'artículo 149']

Inteligencia Criminal: Ley de Extranjeria
LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, EN SU REDACCIÓN DADA POR LA LEY ORGÁNICA 8/2000, DE 22 DE DICIEMBRE
1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la declaración de estado de excepción o sitio en los términos previstos en la Constitución, y excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que justificaron la adopción de las mismas, podrán consistir en la presentación periódica ante las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 6. Participación pública. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales atendiendo a criterios de reciprocidad, en los términos que por Ley o Tratado sean establecidos para los españoles residentes en los países de origen de aquéllos.
2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga los reglamentos de aplicación.
1. Los extranjeros tendrán el derecho de reunión, conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 8. Libertad de asociación. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Todos los extranjeros tendrán el derecho de asociación, conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España.
Artículo 9. Derecho a la educación. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
2. Los extranjeros residentes en España podrán acceder, en igualdad de condiciones que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. A tal efecto podrán presentarse a las ofertas de empleo público que convoquen las Administraciones públicas.
Artículo 11. Libertad de sindicación y de huelga. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 13. Derecho a ayudas en materia de vivienda. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con ellos a los familiares que se determinan en el artículo 17. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Reglamentariamente se podrá determinar el tiempo previo de convivencia en España que se tenga que acreditar en estos supuestos. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 17. Familiares reagrupables. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o estén incapacitados, de conformidad con la Ley española o su Ley personal y no se encuentren casados. Cuando se trate de hijos de uno sólo de los cónyuges, se requerirá además que éste ejerza en solitario la patria potestad o se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en España.
d) los ascendientes del reagrupante o su cónyuge, cuando estén a su cargo y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.
Artículo 18. Procedimiento para la reagrupación familiar. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
3. Cuando se acepte la solicitud de reagrupación familiar, la autoridad competente expedirá a favor de los miembros de la familia que vayan a reagruparse la autorización de residencia, cuya duración será igual al período de validez de la autorización de residencia de la persona que solicita la reagrupación.
Artículo 19. Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
a) Obtenga una autorización para trabajar.
b) Acredite haber vivido en España con su cónyuge durante dos años. Este plazo podrá ser reducido cuando concurran circunstancias de carácter familiar que lo justifiquen.
a) Cuando alcancen la mayoría de edad.
b) cuando obtengan una autorización para trabajar.
2. Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, salvo lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
3. En los procedimientos administrativos estarán legitimadas para intervenir como interesadas las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes, expresamente designadas por éstos. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
4. En los procesos contencioso-administrativos en materia de extranjería estarán legitimadas para intervenir las entidades que resulten afectadas en los términos previstos por el artículo 19.1.b) de la Ley reguladora de dicha jurisdicción. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
2. El régimen de ejecutividad de los actos administrativos dictados en materia de extranjería será el previsto con carácter general en la legislación vigente, salvo lo dispuesto en esta Ley para la tramitación de expedientes de expulsión con carácter preferente. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 22. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
1. Los extranjeros que se hallen en España y que carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa de asistencia jurídica gratuita tienen derecho a ésta en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de asilo. Además, tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice.
2. Los extranjero residentes que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en iguales condiciones que los españoles en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan.
e) Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
1. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 26. Prohibición de entrada en España. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
2. A los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos para la entrada, les será denegada mediante resolución motivada, con información acerca de los recursos que puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deban formalizarlo, y de su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio, y de intérprete, que comenzará en el momento mismo de efectuarse el control en el puesto fronterizo.
Artículo 27. Expedición del visado. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
c) Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en España. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 29. Enumeración de las situaciones. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
1. Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia, residencia temporal y residencia permanente.
Artículo 30. Situación de estancia. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) .
Artículo 31. Situación de residencia temporal. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
2. La situación de residencia temporal se concederá al extranjero que acredite disponer de medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de tiempo por el que la solicite sin necesidad de realizar actividad lucrativa, se proponga realizar una actividad económica por cuenta propia o ajena y haya obtenido la autorización administrativa para trabajar a que se refiere el artículo 36 de esta Ley, o sea beneficiario del derecho a la reagrupación familiar. Reglamentariamente se establecerán los criterios a los efectos de determinar la suficiencia de los medios de vida a que se refiere el presente apartado.
3. La Administración podrá conceder el permiso de residencia temporal a los extranjeros que en su momento hubieran obtenido tal permiso y no lo hubieran podido renovar, así como a aquéllos que acrediten una permanencia en territorio español durante un período mínimo de cinco años. Reglamentariamente se determinarán los requisitos para acceder a la residencia temporal por esta vía, en especial por lo que se refiere a la justificación de medios económicos de subsistencia, y permanencia de forma continuada en el territorio español.
4. Podrá otorgarse un permiso de residencia temporal cuando concurran razones humanitarias, circunstancias excepcionales o cuando se acredite una situación de arraigo, en los supuestos previstos reglamentariamente.
7. Excepcionalmente, por motivos humanitarios o de colaboración con la Justicia, podrá eximirse por el Ministerio del Interior de la obligación de obtener el visado a los extranjeros que se encuentren en territorio español y cumplan los requisitos para obtener un permiso de residencia. Cuando la exención se solicite como cónyuge de residente, se deberán reunir las circunstancias de los artículos 17 y 18 y acreditar la convivencia al menos durante un año y que el cónyuge tenga autorización para residir al menos otro año.
2. Tendrán derecho a residencia permanente los que hayan tenido residencia temporal durante cinco años de forma continuada. Se considerará que la residencia ha sido continuada aunque por períodos de vacaciones u otras razones que se establezcan reglamentariamente hayan abandonado el territorio nacional temporalmente. Con carácter reglamentario y excepcionalmente se establecerán los criterios para que no sea exigible el citado plazo en supuestos de especial vinculación con España. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 33. Régimen especial de los estudiantes. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
5. La realización de trabajo en una familia para compensar la estancia y mantenimiento en la misma mientras se mejoran los conocimientos lingüísticos o profesionales se regularán de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos internacionales sobre colocación «au pair».
Artículo 34. Residencia de apátridas, indocumentados y refugiados. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
2. El extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior manifestando que por cualquier causa insuperable, distinta de la apatridia, no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y que desea ser documentado por España, después de practicada la pertinente información, podrá excepcionalmente obtener, en los términos que reglamentariamente se determinen un documento identificativo que acredite su inscripción en las referidas dependencias. En todo caso, se denegará la documentación solicitada cuando el peticionario esté incurso en algunos de los supuestos del artículo 26.
Artículo 35. Residencia de menores. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
1. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas, que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias.
3. La Administración del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor y previo informe de los servicios de protección de menores resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen o a aquél donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España.
4. Se considerará regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una Administración pública. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se le otorgará un permiso de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores.
Artículo 36. Autorización para la realización de actividades lucrativas. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 37. Permiso de trabajo con cuenta propia. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 38. El permiso de trabajo por cuenta ajena. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
2. El permiso de trabajo tendrá una duración inferior a cinco años y podrá limitarse a un determinado territorio, sector o actividad.
3. El permiso de trabajo se renovará a su expiración si:
a) Persiste o se renueva el contrato u oferta de trabajo que motivaron su concesión inicial, o cuando se cuente con una nueva oferta de empleo en los términos que se establezcan reglamentariamente.
b) cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiere otorgado una prestación contributiva por desempleo, por el tiempo de duración de dicha prestación.
c) cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral durante el plazo de duración de la misma.
d) cuando concurran las circunstancias que se establezcan reglamentariamente. A partir de la primera concesión, los permisos se concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico, sector o actividad.
Artículo 39. El contingente de trabajadores extranjeros. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 40. Supuestos específicos. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
a) La cobertura de puestos de confianza en las condiciones fijadas reglamentariamente.
b) El cónyuge o hijo de extranjero residente en España con un permiso renovado.
c) Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación.
e) Los que hubieran gozado de la condición de refugiados durante el año siguiente a la cesación de la aplicación de la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de refugiados por los motivos recogidos en su artículo I.C.5.
j) Los menores extranjeros en edad laboral con permiso de residencia que sean tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integración social, y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen.
k) Los extranjeros que obtengan el permiso de residencia por el procedimiento previsto en el artículo 31.3 de la presente Ley. Dicho permiso tendrá la duración de un año.
Artículo 41. Excepciones al permiso de trabajo. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
a) Los técnicos y científicos extranjeros, invitados o contratados por el Estado, las Comunidades Autónomas o los Entes locales.
j) Los españoles de origen que hubieran perdido la nacionalidad española.
Artículo 42. Régimen especial de los trabajadores de temporada. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 43. Trabajadores transfronterizos y prestación transnacional de servicios. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
1. Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente, deberán obtener la correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general.
De las tasas por autorizaciones administrativas
Artículo 44. Hecho imponible. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
a) La expedición de visados de entrada en España.
b) La concesión de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España.
c) La concesión de permisos de residencia en España.
d) La concesión de permisos de trabajo.
e) La concesión de tarjetas de estudios.
f) La expedición de documentos de identidad de indocumentados.
Artículo 45. Devengo. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 46. Sujetos pasivos. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 47. Exención. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
No vendrán obligados al pago de las tasas por la expedición de los permisos de trabajo los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, los sefardíes, los hijos y nietos de español o española de origen, y los extranjeros nacidos en España, cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia.
Artículo 48. Cuantía de las tasas. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
3. Se consideran elementos y criterios esenciales de cuantificación, que sólo podrán modificarse mediante norma del mismo rango, los siguientes:
a) en la expedición de los visados de entrada en España, la limitación de los efectos del visado al tránsito aeroportuario, la duración de la estancia, el número de entradas autorizadas, así como, en su caso, el hecho de que se expida en frontera. También se tendrán en cuenta en la determinación del importe de esta tarifa los costes complementarios que se originen por la expedición de visados cuando, a petición del interesado, deba hacerse uso de procedimientos tales como mensajería, correo electrónico, correo urgente, telefax, telegrama, o conferencia telefónica.
c) en la concesión de permisos de residencia, la duración del permiso, así como su carácter definitivo o temporal, y, dentro de estos últimos, el hecho de que se trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones.
d) en la concesión de permisos de trabajo, la duración del permiso, su extensión y ámbito, el carácter y las modalidades de la relación por cuenta ajena, así como, en su caso, el importe del salario pactado.
e) en la concesión de tarjetas de estudios, la duración del permiso y el hecho de que se trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones.
4. Los importes de las tasas por expedición de visados se adecuarán a la revisión que proceda por aplicación del Derecho comunitario. Se acomodarán, asimismo, al importe que pueda establecerse por aplicación del principio de reciprocidad.
Artículo 49. Gestión, recaudación y autoliquidación. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre).
Artículo 52. Infracciones leves. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 53. Infracciones graves. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 54. Infracciones muy graves. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Lo establecido en las dos letras anteriores se entiende también para el caso en que el transporte aéreo o marítimo, se realice desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio español.
Artículo 55. Sanciones. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
b) Las infracciones graves con multa de 50.001 hasta 1.000.000 de pesetas.
c) Las infracciones muy graves con multa desde 1.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas.
Artículo 57. Expulsión del territorio. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
5. La sanción de expulsión no podrá ser impuesta salvo que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos:
d ) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral.
7. Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento por delitos castigados con penas privativas de libertad inferiores a seis años, el Juez podrá autorizar, previa audiencia del Fiscal, su salida del territorio español, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o su expulsión, si ésta resultara procedente de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores del presente artículo, previa sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador.
No serán de aplicación las previsiones contenidas en el párrafo anterior cuando se trate de delitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 515.6.º, 517 y 518 del Código Penal.
Artículo 58. Efectos de la expulsión y devolución. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
4. La devolución será acordado por la autoridad gubernativa competente para la expulsión.
5. La devolución acordada en aplicación de la letra a) del apartado 2, conllevará la reiniciación del cómputo del plazo de prohibición de entrada que hubiese acordado la orden de expulsión quebrantada. Asimismo, en este supuesto, cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, la autoridad gubernativa solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión.
Artículo 60. Retorno. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 61. Medidas cautelares. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al interesado de resguardo acreditativo de tal medida.
d) Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de setenta y dos horas, previas a la solicitud de internamiento.
Artículo 62. Ingreso en centros de internamiento. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
1. Cuando el expediente se refiera a extranjeros por las causas comprendidas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 54, así como a), d) y f) del artículo 53, en el que se vaya a proponer la expulsión del afectado, la autoridad gubernativa podrá proponer al Juez de Instrucción competente que disponga su ingreso en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador. La decisión judicial en relación con la solicitud de internamiento del extranjero pendiente de expulsión se adoptará en auto motivado, previa audiencia del interesado.
Artículo 63. Procedimiento preferente. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
1. La tramitación de los expedientes de expulsión, en los supuestos de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 54, así como las a), d) y f) del artículo 53 tendrán carácter preferente.
2. Cuando de las investigaciones se deduzca la oportunidad de decidir la expulsión se dará traslado de la propuesta motivada por escrito al interesado, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de cuarenta y ocho horas. En los supuestos en que se haya procedido a la detención preventiva del extranjero, éste tendrá derecho a asistencia letrada que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos.
3. En el supuesto de la letra a) del artículo 53, cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad permiso de residencia temporal por situación de arraigo, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.4 de esta Ley, el órgano encargado de tramitar la expulsión continuará la misma, si procede por el procedimiento establecido en el artículo 57.
Artículo 64. Ejecución de la expulsión. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 65. Carácter recurrible de las resoluciones sobre extranjeros. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 66. Obligaciones de los transportistas. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 68. El Consejo Superior de Política de Inmigración.
3. El Gobierno complementará y regulará, mediante Real Decreto, la composición, funciones y régimen de funcionamiento del Consejo Superior de Política de Inmigración. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 69. Apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán a los sindicatos, organizaciones empresariales y a las organizaciones no gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social, facilitándoles ayuda económica, tanto a través de los programas generales, como en relación con sus actividades específicas.
Artículo 70. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
DISPOSICIONES ADICIONALES DE LA LEY 4/2000, DE 11 DE ENERO
Disposición adicional primera. Plazo máximo para resolución de expedientes. (Redactada conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
2. Las solicitudes de prórroga del permiso de residencia así como la renovación del permiso de trabajo que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se resolverán y notificarán en el plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas.
Disposición adicional segunda. Subcomisiones de Cooperación. (Redactada conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY 4/2000, DE 11 DE ENERO
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA DE LA LEY 4/2000, DE 11 DE ENERO. Derogación normativa.
DISPOSICIONES FINALES DE LA LEY 4/2000, DE 11 DE ENERO
«Artículo 312.
«Título XV bis. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
DISPOSICIONES ADICIONALES DE LA LEY 8/2000, DE 22 DE DICIEMBRE
Los Ministerios de Justicia y del Interior adoptarán las medidas necesarias para que la Comisión Técnica constituida en el seno del Ministerio de Justicia para el estudio de la reforma del sistema de penas del Código Penal, examine las modificaciones necesarias en relación con los delitos de tráfico ilegal de personas, en particular en los casos en los que intervengan organizaciones que, con ánimo de lucro, favorezcan dicho tráfico.
"4. Las disposiciones establecidas en los apartados anteriores no serán de aplicación a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de delitos a que se refieren los artículos 312, 318 bis, 515.6.º, 517 y 518 del Código Penal."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY 8/2000, DE 22 DE DICIEMBRE
1. Los distintos permisos o tarjetas que habilitan para entrar, residir y trabajar en España a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley que tengan validez a la entrada en vigor de la misma, la conservarán por el tiempo para el que hubieren sido expedidas.
3. En su renovación, los titulares de permiso de trabajo B inicial, podrán obtener un permiso de trabajo C, y los permisos de trabajo B renovado o C, un permiso permanente. Reglamentariamente se establecerá la tabla de equivalencias con los permisos anteriores a la Ley.
El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá los requisitos que permitan, sin necesidad de presentar nueva documentación, la regularización de los extranjeros que se encuentran en España y que habiendo presentado solicitud de regularización al amparo de lo previsto en el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, hayan visto denegada la misma, exclusivamente, por no cumplir el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES DE LA LEY 8/2000, DE 22 DE DICIEMBRE
1. Tienen carácter orgánico los siguientes preceptos de la Ley 4/2000, según la numeración que establece esta Ley, los contenidos en el Título I, salvo los artículos 10, 12, 13 y 14; del Título II, los artículos 25 y 31.2 y del Título III los artículos 53, 54.1 y 57 a 64. Asimismo tienen carácter orgánico las disposiciones adicional segunda, derogatoria y el apartado primero de esta disposición final primera de la presente Ley, así como las disposiciones finales primera a tercera de la Ley 4/2000.
2. Los preceptos de la presente Ley, que no tengan carácter orgánico, se entenderán dictados al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª y 2.ª de la Constitución.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley Orgánica, aprobará el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Esta Ley Orgánica entrará en vigor al mes de su completa publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Publicado por Nan en 14:10