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Timestamp: 2020-07-09 08:05:20
Document Index: 9429972

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 42', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 37']

Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de Agosto de 2000. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Serie C No. 68 - Jurisprudencia - VLEX 428297878
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de Agosto de 2000. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Serie C No. 68
Caso: Durand y Ugarte Vs. Perú
Sentencia de 16 de agosto de 2000
En el caso D. y U.,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), integrada por los siguientes jueces: *
Carlos Vicente de R.R., Juez y
F.V.R., J. ad hoc;
de acuerdo con los artículos 29 y 55 de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente sentencia:
Al presentar la demanda ante la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y 26 y siguientes del Reglamento entonces vigente.[1] La Comisión planteó este caso para que la Corte decidiera si el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) había violado los siguientes artículos de la Convención: 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4 (Derecho a la Vida), 7.6 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales), 25.1 (Protección Judicial) y 27.2 (Suspensión de Garantías), en perjuicio de los señores N.D.U. y G.P.U.R.. La Comisión solicitó que la Corte ordenara al Perú llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los culpables de las violaciones cometidas; informar sobre el paradero de los restos mortales de los señores D.U. y U.R., y entregar éstos a los familiares de los fallecidos. Finalmente la Comisión pidió que la Corte ordenase al Estado que
repare e indemnice plenamente tanto material como moralmente, a los familiares de N.D.U. y G.P.U. por el grave daño sufrido a consecuencia de las múltiples violaciones a los derechos consagrados en la Convención [y que] pagu[e] los gastos en que han incurrido los familiares y representantes de las víctimas tanto en su desempeño en la Comisión como en la Corte Interamericana en la tramitación de este caso.
En el escrito de alegato final la Comisión alegó la supuesta violación del artículo 5.2 de la Convención Americana.
La Corte es competente para conocer del presente caso. El Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 21 de enero de 1981.
El 27 de abril de 1987 la Comisión recibió una denuncia por supuestas violaciones de derechos humanos en agravio de los señores D.U. y U.R.. El 19 de mayo del mismo año remitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia, de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de la Comisión, y le solicitó información sobre el agotamiento de los recursos internos.
El 19 de enero de 1988 la Comisión reiteró al Estado la solicitud de que presentara la información correspondiente al caso. El 8 de junio siguiente insistió en la solicitud, indicando que, de no recibir respuesta, consideraría la aplicación del artículo 42 de su Reglamento, que dispone que
[s]e presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido trasmitidos al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad con el artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa.
El 23 de febrero de 1989 la Comisión requirió la información una vez más. El 31 de mayo siguiente, los peticionarios pidieron que se tuvieran por ciertos los hechos denunciados.
El Perú presentó un escrito fechado el 29 de septiembre de 1989, en el cual manifestó que
[e]n lo que respecta a los casos 10.009 y 10.078, los que, como es de dominio público, se encuentran en proceso judicial ante el Fuero Privativo Militar del Perú de conformidad con las leyes vigentes, se debe señalar que no se ha agotado la jurisdicción interna del Estado, por lo que sería conveniente que la CIDH aguarde la culminación de la misma antes de pronunciarse de manera definitiva sobre los mencionados casos.
El 7 de junio de 1990 la Comisión solicitó al Estado información sobre el agotamiento de los recursos internos, el proceso en trámite ante el fuero militar y el paradero de los señores D.U. y U.R.. El Estado no respondió a este requerimiento.
El 5 de marzo de 1996 la Comisión aprobó el Informe No. 15/96, que transmitió al Estado el 8 de mayo del mismo año. En la parte dispositiva de dicho Informe, la Comisión resolvió:
DECLARAR que el Estado del Perú es responsable de la violación en perjuicio de G.P.U.R. y de [N.D.U., del derecho a la libertad personal, a la vida y a una efectiva protección judicial, así como de las garantías judiciales del debido proceso legal que reconocen, respectivamente, los artículos 7, 4, 25 y 8 de la Convención Americana y que, asimismo, en el presente caso el Estado peruano no ha cumplido con la obligación de respetar los derechos y garantías que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana.
RECOMENDAR al Estado del Perú que pague una adecuada, pronta y efectiva indemnización compensatoria a los familiares de las víctimas por el daño moral y material causado como consecuencia de los hechos denunciados y comprobados por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
SOLICITAR al Gobierno del Perú que en el plazo de 60 días a partir de la notificación del presente informe, comunique a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las medidas que hubiera adoptado en el presente caso, de conformidad con las recomendaciones contenidas en el párrafo anterior.
TRANSMITIR el presente Informe de acuerdo con el artículo 50 de la Convención Americana y comunicar al Gobierno del Perú que no está autorizado a publicarlo.
SOMETER el presente caso a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si, en un plazo de sesenta días, el Estado peruano no diese cumplimiento a la recomendación a que se refiere el párrafo 2.
El 5 de julio de 1996 el Estado remitió a la Comisión una copia del Informe preparado por un Equipo de Trabajo constituido por representantes de diversas dependencias del Estado. De ese Informe se desprende, según la Comisión, que el Perú no había dado cumplimiento a sus recomendaciones.
La demanda fue presentada ante la Corte el 8 de agosto de 1996. La Comisión designó como delegado al señor J.S.D., como delegado suplente al señor Á.T.M. y como asesor al señor D.E.A.; por su parte, los señores R.G., K.S., J.M.V., V.K., A.D. y M.M. fueron nombrados como asistentes. El 9 de marzo de 1998 la Comisión designó como sus nuevos delegados a los señores H.B. y D.E.A.. Por nota recibida el 18 de junio de 1998 la señora M. comunicó a la Corte su renuncia a la participación en el presente caso.
El 23 de agosto de 1996 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó la misma al Estado.
El 6 de septiembre de 1996 el Perú comunicó a la Corte la designación del señor J.H.S. como agente.
El 19 de septiembre de 1996 el Presidente, a solicitud del Estado, amplió el plazo para la designación del juez ad hoc hasta el 8 de octubre de 1996. El 4 de los mismos mes y año, el Perú designó J. ad hoc al señor F.V.R..
El 20 de septiembre de 1996 el Estado presentó un escrito en el cual interpuso siete excepciones preliminares y solicitó a la Corte, de acuerdo con las excepciones deducidas, que dispusiera el archivo de la demanda.
El 29 de octubre de 1996 la Comisión presentó la contestación a las excepciones preliminares y solicitó a la Corte que las desestimara en su totalidad.
El 22 de noviembre de 1996 el Estado solicitó una prórroga del plazo para la contestación de la demanda, la cual fue concedida hasta el 20 de diciembre de 1996. El 26 de noviembre de 1996 el Estado presentó su contestación a la demanda, en la cual solicitó que se le concediera la posibilidad de “hacer llegar en escrito complementario, suficiente documentación que servir[ía] para comprobar [sus] aseveraciones”. Al respecto, el 3 de diciembre de 1996 el Presidente de la Corte le otorgó plazo hasta el 6 de enero de 1997.
El 6 de enero de 1997 el Perú presentó una nota relacionada con el ofrecimiento de pruebas y el 15 de enero de 1997 remitió “dos folletines de corte subversivo [titulados P. y ¡Día de la Heroicidad!] en [los] que aparecen los nombres de N.D.U. y [G.P.D.R., como participantes que no se rindieron en el motín” ocurrido en el penal S.J.B., conocido como El Frontón (en adelante “El Frontón”), y solicitó que la Corte admitiera dicha documentación como prueba.
El 22 de enero de 1997 la Comisión Interamericana presentó observaciones al escrito del Estado de 6 de enero de 1997, y señaló que el mismo constituía “una ampliación de la contestación de la demanda interpuesta por la CIDH, lo que no se compadece con lo previsto en el Reglamento de la Corte, particularmente en el artículo 37”.
El 18 de marzo de 1997 la Secretaría solicitó al Perú, a pedido de la Comisión, que remitiera la siguiente documentación: lista de internos entregada por el Jefe de Identificación del Penal S.J.B. al 2do. Juzgado de Instrucción Permanente de Marina; resolución de 17 de julio de 1987 dictada por el 6to. Tribunal Correccional de Lima; y dictámenes de mayoría y minoría emitidos por la Comisión Investigadora del Congreso del Perú sobre los sucesos acaecidos el 18 y 19 de junio de 1986. El 19 de mayo de 1997 el Estado informó que tenía dificultades para localizar la resolución del 17 de julio de 1987, en...