Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-24109-de-febrero-23-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204218e9f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 16:32:07
Document Index: 62655583

Matched Legal Cases: ['artículo 271', 'artículo 213', 'artículo 205', 'artículo 271', 'artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 181', 'artículo 189']

﻿ AUTO 24109 DE FEBRERO 23 DE 2006
AUTO 24109 DE 23 DE FEBRERO DE 2006
CONTENIDO:CASACIÓN PENAL. SU REGULACIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL NO ES MENOS SEVERA QUE LA DEL ANTERIOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:DELITO CONTRA LOS DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR, DEFRAUDACIÓN, PROCEDIMIENTO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:412 DE ABRIL DE 2006, PG.641
Auto 24109 de febrero 23 de 2006
Aprobado: Acta 18
Bogotá, D.C. veintitrés de febrero del dos mil seis.
Mediante sentencia del 27 de abril del 2004, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá declaró al señor Rosendo Almanza Villalobos autor penalmente responsable del delito de defraudación a los derechos patrimoniales de autor. Le impuso 27 meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 22,5 salarios mínimos legales mensuales de multa, lo exoneró del deber de indemnizar perjuicios y le otorgó la condena condicional.
El fallo fue recurrido por el defensor y ratificado por el tribunal superior de la misma ciudad el 7 de diciembre siguiente.
La Sala se pronuncia sobre los presupuestos y sobre los temas técnico-formales de la demanda presentada.
El 21 de octubre del 2002, a las 2 de la tarde, integrantes de la Policía Nacional realizaron un registro en la “Librería Rosvic”, ubicada en la calle 50 B sur número 34-04 de Bogotá y de propiedad de Rosendo Almanza Villalobos e incautaron 787 libros “piratas” de diferentes autores, producto de reproducciones bibliográficas no autorizadas.
Adelantada la investigación, el 16 de octubre del 2003 la fiscalía acusó al procesado como autor de la conducta punible de defraudación a los derechos patrimoniales de autor, prevista en el artículo 271 del Código Penal.
De conformidad con el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal del 2000, la Sala inadmitirá la demanda porque no reúne los requisitos mínimos establecidos en la ley procesal penal.
1. La normatividad aplicable.
Para las épocas de comisión de la conducta punible, 22 de octubre del 2002, y de proferimiento de la sentencia de segunda instancia, 7 de diciembre del 2004, regía el actual Código de Procedimiento Penal, la Ley 600 del 2000.
De conformidad con su artículo 205, el recurso de casación es viable contra fallos de segunda instancia proferidos por el tribunal superior
“en los procesos que se hubieran adelantado por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años”.
El artículo 271 del Código Penal del 2000 para la conducta de defraudación a los derechos patrimoniales de autor, a la cual se adecuaron los hechos investigados en la acusación y en las sentencias, prevé una pena máxima de cinco (5) años de prisión. Desde este punto de vista, es incuestionable que no procede el recurso extraordinario por vía normal.
2. Para que el sujeto procesal inconforme pudiera optar por el recurso extraordinario, la única opción a la que podría acudir sería la del denominado discrecional o excepcional.
Esta institución se encuentra regulada en el inciso 2º del artículo 205 citado en la siguiente forma:
De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales.
Del mandato legal deriva que para que la Corte pueda admitir el recurso se impone que la parte inconforme presente los argumentos jurídicos a través de los cuales demuestre que acceder a su pedido sirve para que la corporación se pronuncie sobre uno o los dos presupuestos allí reglados: para desarrollar la jurisprudencia nacional o para garantizar los derechos fundamentales.
El demandante ni siquiera anunció que optaba por esa especie del recurso. Tampoco ofreció algún análisis al respecto. Y la Sala, en virtud del principio de limitación, no puede suponer los aspectos que harían viable la admisión del libelo, circunstancia que conduce a su rechazo.
La Corte, entonces, desconoce los temas que, a juicio del recurrente, habilitarían la revisión de fondo, porque son sus estudios los que permiten el pronunciamiento del tribunal de casación con el fin de determinar su procedencia, en el entendido de que prueben que pueden servir para la doble finalidad de unificar su doctrina o garantizar los derechos fundamentales y resolver el caso concreto.
En conclusión, en términos del artículo 205 de la Ley 600 del 2000, la demanda no puede ser aceptada porque (a), no procede la casación común, en razón de la pena prevista para el delito; y, (b), no se cumplen los presupuestos y requerimientos técnico formales propios de la casación excepcional o discrecional.
3. Si se pensara en que la nueva normatividad procesal —la Ley 906 del 2004—, que rige desde el 1º de enero del 2005, es menos odiosa para asuntos como este porque no supedita el recurso a un límite punitivo y porque ya no distingue entre casación ordinaria y excepcional, bastaría responder, en breve síntesis, que no es cierto porque:
Uno. En la nueva regulación, en todo caso, cualquiera que sea la causa aducida hay que vincularla íntimamente con la prueba de afectación de los derechos o garantías fundamentales, como lo exige la parte final del colon del artículo 181.
Dos. De acuerdo con los artículos 181 y 184 del mismo estatuto, una demanda que no demuestre la utilidad del recurso para efectos de alguna de las finalidades de la casación, no puede ser relacionada para estudio de fondo del proceso. Dicho de otra forma, en la demanda se debe comprobar que la casación es trascendente para efectivizar el derecho material, para hacer respetar las garantías de las partes, para reparar los agravios inferidos por la justicia y/o para unificar la jurisprudencia. Esa trascendencia la tiene que evidenciar el casacionista en su escrito.
Cuatro. A diferencia de la normatividad tradicional, incluida la Ley 600 del 2000, el nacimiento y trámite de la casación en el nuevo estatuto suspende los términos de prescripción, como dispone su artículo 189.
Cinco. Si antes bastaba con la presentación de la demanda, ahora el casacionista debe confeccionarla, presentarla y, si es admitida, tiene que sustentar sus afirmaciones en audiencia pública ante la Sala Penal de la Corte, y eventualmente responder a todas las inquietudes y dudas que sobre el recuso interpuesto y su contenido le puedan plantear todos o algunos de los magistrados integrantes de la misma (art. 184, inc. 4º).
Seis. Y si se mira el punto en términos aritméticos que repercuten en el principio de celeridad, obsérvese cómo el nuevo estatuto prevé un lapso máximo de 125 días para resolver el recurso desde el momento en que se apersona del mismo la Corte (30 días, para decidir sobre la admisión; 30 para la sustentación del recurso; 60 para dictar el fallo; y hasta 5 para la audiencia de notificación del mismo), mientras en el anterior el término total no excedería de 73 días (3, para admitir —o 10 para inadmitir—; 20, para el procurador, 30, para registrar el proyecto; y 20 para decidir).
Como difícilmente se podría decir que el nuevo Código de Procedimiento Penal es menos severo que el anterior en materia de casación, resultaría imposible acudir a él para decir que por benignidad se aplicaría al caso de autos, simplemente porque no exige un mínimo punitivo y porque ya desapareció la diferencia entre casación ordinaria y casación excepcional.
Como no se cumplen, entonces, los requisitos mínimos fijados en la ley para la aceptación de la demanda, tendrá que ser rechazada.
Súmese: la revisión del expediente permite afirmar que no existen ostensibles causales de nulidad ni patentes violaciones de derechos fundamentales, razón por la cual la Sala no se ocupa oficiosamente de tomar decisiones sobre el fondo del proceso.
Magistrados: Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla—Javier Zapata Ortiz.