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Timestamp: 2019-09-23 09:45:46
Document Index: 32923345

Matched Legal Cases: ['artículo 0449', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 115', 'artículo 2', 'artículo 132', 'artículo 216']

﻿ Sentencia 1998-03925 de marzo 27 de 2014
SENTENCIA 1998-03925 DE 27 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- MUERTE DE SOLDADO REGULAR. LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, SÓLO ESTÁN OBLIGADAS A SOPORTAR LAS CARGAS QUE SON INHERENTES A ESTE, TALES COMO LA RESTRICCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LIBERTAD Y LOCOMOCIÓN, PERO NO LOS RIESGOS ANORMALES O EXCEPCIONES. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE ESTABLECIÓ QUE LA MUERTE DEL SOLDADO REGULAR FUE CAUSADA POR ALGUNA ACTIVIDAD ENDILGADA EN VIRTUD DE SUS FUNCIONES COMO SOLDADO CONSCRIPTO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, POR TANTO, EL ESTADO DEBE RESPONDER PATRIMONIALMENTE BAJO EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, SERVICIO MILITAR, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, MUERTE DEL SOLDADO
Sentencia 1998-03925 de marzo 27 de 2014
Exp.: 29714
Rad.: 050012331000199803925 01
Actor: Luis Miguel Herazo Castillo y otros
Demandado: Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
7. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).
9. Yovadis Enrique Herazo Acosta era soldado regular del Ejército Nacional desde el 22 de mayo de 1996.
El extinto soldado Herazo Acosta Yovadis Enrique fue dado de alta como soldado regular mediante O/D. Nr. 123 artículo 0449 de fecha 22 de mayo de 1996, la hoja de vida no se anexa en vista a que el día 9 de febrero de 1998 se incendió la pieza del archivo quemándose en su totalidad el archivo de la sección primera quedando acta acentada (sic) Nr. 123 del año 1996 (oficio allegado por la primera división de la cuarta brigada del Batallón de Infantería Girardot, fl. 81, cdno. 1).
10. El 8 de julio de 1997, el soldado regular Yovadis Enrique Herazo Acosta falleció durante el desarrollo de una operación militar en el municipio de Ituango, Antioquia, luego de sufrir un “choque hipovolémico” causado por heridas producidas por proyectiles de arma de fuego (concepto rendido por comandante del Batallón de Infantería 10 Girardot, registro de defunción, fls. 11 y 85, cdno. 1).
11. Yovadis Enrique Herazo Acosta era nieto de Asunción Cristina Castillo Martínez, hijo de Alenis de la Candelaria Acosta Herazo y Luis Miguel Herazo Castillo, y hermano de Eider José Herazo Acosta, Deivi Antonio Herazo, Patricia Elena Herazo Fúnez, Tania Elena Herazo Contreras, José Luis Herazo Acosta, Johanna Asunción Herazo Fúnez y José Miguel Herazo Contreras (registros civiles de nacimiento, fls. 9-33, cdno. 1).
12. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis el daño, consistente en la muerte del soldado regular Yovadis Enrique Herazo Acosta, es imputable a la entidad demandada.
13. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado que el 8 de julio de 1997, el entonces soldado regular Yovadis Enrique Herazo Acosta, perdió la vida durante una operación militar de control y la revisión del área, en el municipio de Ituango, Antioquia.
14. En lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, es preciso señalar que la jurisprudencia del Consejo de Estado distingue entre la responsabilidad de la administración por daños sufridos en ejercicio del servicio militar obligatorio y con ocasión del mismo, de la que surge de aquellos daños padecidos por un integrante de las fuerzas armadas incorporado voluntariamente al servicio. Dicha distinción tiene fundamento en que, mientras en el primer caso la prestación del servicio militar es impuesta a algunos ciudadanos por el ordenamiento jurídico(2), en el segundo evento, la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, con lo que asume los riesgos inherentes al desempeño de la carrera militar.
15. Lo anterior implica que las personas que prestan servicio militar obligatorio, solo están obligadas a soportar las cargas que son inherentes a este, tales como la restricción a los derechos fundamentales de libertad y locomoción, pero no los riesgos anormales o excepcionales(3). En contraste, quienes prestan el servicio en forma voluntaria, asumen todos aquellos riesgos que naturalmente están relacionados con el desempeño de las actividades de la milicia.
16. Así las cosas, comoquiera que el Estado impone a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio, la prestación de un servicio en virtud del cumplimiento de un deber público que supera su voluntad, la organización estatal debe responder por los daños que provengan i) de un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar el soldado, ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel, al cual normalmente estaría sometido y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial(4).
17. No debe perderse de vista que, en tanto el Estado imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado, pues se trata de una persona que se encuentra sometida a la custodia y cuidado de aquel, y si en determinados casos dicha persona se ve envuelta en una situación de riesgo, ello implica que la administración debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública, a menos que demuestre que el daño provino de una causa extraña.
18. Igualmente, en relación con los soldados que prestan servicio militar obligatorio, se debe tener en cuenta la aplicación del principio iura novit curia, toda vez que el juez debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado, con fundamento en uno cualquiera de los regímenes de imputación antes mencionados.
19. Por otra parte, si la actuación o el hecho que causa el daño es imputable a un tercero o a la propia víctima, pero, en todo caso, tal resultado perjudicial ocurrió con ocasión de las labores del servicio militar que presta el soldado conscripto, la entidad no puede exonerarse de responsabilidad pues, en esa eventualidad, le es atribuible jurídicamente el daño bajo el régimen de responsabilidad objetiva(5).
20. De este modo, aunque el daño provenga del ejercicio de una actividad riesgosa, inclusive el caso fortuito no podrá excluir o atenuar la responsabilidad de la persona pública, ya que se parte del hecho de que el evento ocurrido tiene un origen interno al servicio.
21. En el caso concreto, se acreditó que Yovadis Enrique Herazo Acosta fue “dado de alta(6) como soldado regular”(7) el 22 de mayo de 1996.
22. Respecto de la prestación de servicio militar obligatorio, la Ley 48 de 1993 “por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, estableció en el artículo 3º que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones con las prerrogativas y las exenciones que se prevean.
23. Además, el artículo 10 de dicho precepto consagró la obligación expresa de todo varón colombiano de “definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller”.
Así mismo, dicha disposición señaló:
ART. 13.—Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar:
24. De lo anterior se colige que Yovadis Enrique Herazo Acosta fue inscrito para prestar el servicio militar obligatorio como soldado regular, por lo cual para el juzgamiento del presente caso se aplicará el régimen objetivo de responsabilidad.
25. En la demanda se afirmó que la muerte del soldado Yovadis Enrique Herazo Acosta ocurrió como consecuencia de las fallas por parte de la entidad demandada durante el desarrollo de una operación militar de registro y control, debido a que no se llevaron a cabo de manera correcta los procedimientos de operación anti guerrilla, lo cual puso en riesgo a los soldados que desarrollaron la mencionada operación.
(Sic) 24. A pesar de que en el expediente no se estableció con certeza la configuración de una falla en el servicio que hubiera ocasionado el daño, el título de imputación aplicable al caso permite endilgar la responsabilidad del mismo a la entidad demandada, pues en el concepto emitido por el comandante del Batallón de Infantería 10 Girardot, está claro que la muerte del soldado “ocurrió en cumplimiento de misiones especiales para el mantenimiento del orden público por acción directa del enemigo”(8), lo cual quiere decir que ocurrió durante labores del servicio y por causa y razón del mismo, con lo cual se encuentra acreditado que se trató de un daño que la parte demandante no estaba en la obligación de soportar.
25. La Sala concluye que la muerte del soldado regular Yovadis Enrique Herazo Acosta fue causada por alguna actividad endilgada en virtud de sus funciones como soldado conscripto dentro de la institución, por tanto, es posible, bajo el régimen de responsabilidad objetiva, atribuirle la responsabilidad patrimonial del daño a la entidad demandada.
26. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales y materiales con fundamento en las pretensiones formuladas en la demanda y en las pruebas obrantes dentro del proceso.
27. Los perjuicios morales son los generados en “el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien”(9). Este daño tiene existencia autónoma y se configura cuando concurren los siguientes criterios generales: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.
28. En consideración a la naturaleza de ese daño, es el juez administrativo, quien de manera discrecional debe determinar el monto de la indemnización a reconocer, facultad que está regida por las siguientes reglas: (i) esa indemnización se hace a título de compensación y no de restitución, ni de reparación; (ii) debe darse aplicación al principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) su cuantificación debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del perjuicio y su intensidad, y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(10).
29. Dado que el monto de la indemnización por el perjuicio moral depende de la intensidad del daño, la Sala ha señalado que cuando este se produce en su mayor grado, como en el caso de la muerte de uno de los parientes más cercanos (padres, hijos) o del cónyuge o compañero permanente, deben reconocerse al afectado 100 smlmv a la fecha de la sentencia(11), lo cual “no significa que no pueda ser superior cuando se pide una mayor indemnización y se alega y demuestra una mayor intensidad en el padecimiento del daño moral”(12).
30. La Sala encuentra que el parentesco del occiso con su abuela, sus padres y hermanos están debidamente acreditados. De igual manera, se puede inferir que los familiares del señor Yovadis Enrique Herazo Acosta padecieron pena, aflicción o congoja con su muerte, con lo cual se los tiene como damnificados por tal suceso(13). Es decir, a partir de un hecho debidamente probado llamado “indicador”, que en este caso es el parentesco, se infiere o deduce a través del razonamiento lógico, otro hecho llamado “indicado”, que corresponde al sufrimiento y tristeza padecidos por los parientes más próximos de la víctima(14).
31. Con base en lo anterior, la Sala condenará a la entidad demandada a pagar a Alenis de la Candelaria Acosta Herazo y Luis Miguel Herazo Castillo, la suma equivalente a 100 smlmv a cada uno, y a Asunción Cristina Castillo Martínez, Eider José Herazo Acosta, Deivi Antonio Herazo, Patricia Elena Herazo Fúnez, Tania Elena Herazo Contreras, José Luis Herazo Acosta, Johanna Asunción Herazo Fúnez y José Miguel Herazo Contreras, la suma equivalente a 50 smlmv a cada uno, en compensación por el daño moral padecido como consecuencia de la muerte de Yovadis Enrique Herazo Acosta.
32. La Sala accederá al reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de los padres del fallecido, debido a que se encuentra probado, que la víctima para el momento de su muerte contaba con 20 de edad, por lo cual se presume que aún vivía con sus padres, y no se demostró lo contrario.
33. Debido a que no obra en el expediente prueba alguna que dé cuenta del salario devengando por Yovadis Enrique Herazo Castillo, se liquidará con base en el salario mínimo.
34. El salario mínimo legal mensual vigente para 1997, fecha en que ocurrió el daño, era de $ 172 005.
Rh = Renta histórica, $ 172 005
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 113,98 que es el correspondiente a diciembre de 2013
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 42,63 que es el que correspondió al mes de julio de 1997, mes en que ocurrió el hecho dañoso.
35. Teniendo en cuenta que el valor actualizado del salario mínimo legal mensual vigente correspondiente a 1997, es menor que el salario mínimo legal mensual vigente en la actualidad, la liquidación se realizará con base en este último ($ 616 000), con un aumento del 25 % correspondiente a las prestaciones sociales, para una total de $ 770.000.
36. A la suma anterior se le restará el 50% que se presume disponía para sus gastos personales ($ 385 000), y se dividirá en 6 partes iguales, en virtud de que la víctima tenía 5 hermanos mayores de edad(15) y, de acuerdo con las reglas de la experiencia, cada uno de ellos tiene el deber de aportar en partes iguales al sostenimiento del hogar, por tanto, solo se liquidará por el monto que corresponde a su aporte. Finalmente, la suma que se presume era lo que el occiso dedicaba al sostenimiento del hogar paterno es de $ 61.166.
37. En cuanto al periodo a indemnizar, este deberá contarse a partir de la fecha de la ocurrencia del daño —jul. 8/97— hasta que la víctima hubiera cumplido los 25 años —ene. 3/2002—, pues, de acuerdo con la jurisprudencia(16), se presume que las personas ayudan económicamente a sus padres hasta dicha edad.
38. Por lo anterior, la indemnización a que tienen derecho Luis Miguel Herazo y Alenis de la Candelaria Acosta Herazo, comprende un periodo que se cuenta desde el momento en que ocurrieron los hechos (jul. 8/97) hasta que la víctima hubiere cumplido 25 años (ene. 3/2002).
Ra = Renta actualizada, es decir $ 61 166
N = Número de meses transcurridos desde el daño hasta la fecha de la sentencia, esto es, 54,6 meses.
S = $ 3’814.900
39. Este resultado se dividirá en dos cuotas para cada uno de los padres, así, el valor correspondiente a lucro cesante a favor de Luis Miguel Herazo y Alenis de la Candelaria Acosta Herazo es de un millón novecientos siete mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 1’907.450) para cada uno.
40. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.
REVOCAR la sentencia de 21 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:
1. Declarar patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, por la muerte del soldado regular Yovadis Enrique Herazo Castillo.
1.1. Cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv) a favor de cada una de las siguientes personas: Alenis de la Candelaria Acosta Herazo y Luis Miguel Herazo Castillo.
1.2. Cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv) a favor de cada una de las siguientes personas: Asunción Cristina Castillo Martínez, Eider José Herazo Acosta, Deivi Antonio Herazo, Patricia Elena Herazo Fúnez, Tania Elena Herazo Contreras, José Luis Herazo Acosta, Johanna Asunción Herazo Fúnez y José Miguel Herazo Contreras.
3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante las siguientes sumas de dinero:
3.1. Un millón novecientos siete mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 1.907.450) a favor de Alenis de la Candelaria Acosta Herazo.
3.2. Un millón novecientos siete mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 1.907.450) a favor de Luis Miguel Herazo Castillo.
6. En firme este fallo devuélvanse los expedientes al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a las partes actoras las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
(1) En la demanda, presentada el 3 de diciembre de 1998, la pretensión mayor, correspondiente al perjuicio moral, fue estimada en $ 30.000.000. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1998 fuera de doble instancia, debe ser superior a $ 18.850.000.
(2) De acuerdo con el artículo 216 de la Constitución “(...) todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. // La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar”.
(3) Se reiteran en este punto las consideraciones realizadas por la Sala en las sentencias del 27 de noviembre de 2006 (Exp. 15.583), y del 6 de junio de 2007, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(6) “Darse de alta: loc. verb. Inscribirse en un cuerpo, profesión, organismo, asociación, etc.”. Diccionario de la Real Academia Española.
(7) Concepto rendido por comandante del Batallón de Infantería 10 Girardot (fl. 85, cdno. 1).
(8) folio 85, cuaderno 1.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 2003, Expediente 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(10) Sentencia de 8 de marzo de 2007, Expediente 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(11) Sentencia de 10 de agosto de 2005, Expediente 16205, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(14) Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, Expediente 12703, C.P. María Elena Giraldo.
(15) La indemnización del lucro cesante corresponde al periodo en el cual la víctima hubiera aportado económicamente al sostenimiento del hogar, es decir, desde el 8 de julio de 1997, que corresponde a la fecha de su fallecimiento, en la cual ya era mayor de edad, hasta el 3 de enero de 2002, cuando hubiere cumplido 25 años. Advierte la Sala que, aunque el occiso tenía 7 hermanos, solo 5 de ellos (Tania Elena Herazo Contreras, José Luis Herazo Acosta, Johanna Asunción Herazo Fúnez, José Miguel Herazo Contreras y Luis Miguel Herazo Castillo, Patricia Elena Herazo Fúnez) tenían el deber de aportar económicamente durante el mencionado periodo indemnizatorio, pues en el caso de sus otros dos hermanos, Eider José Herazo Acosta, Deivi Antonio Herazo, su deber económico con el hogar inició en el 2006 y 2010 respectivamente, cuando estos cumplieron su mayoría de edad. Así las cosas, como no eran mayores de edad durante el periodo indemnizatorio, para determinar la cuota de aporte del occiso, no se contarán como hermanos con el deber de aportar económicamente durante dicho periodo.
(16) Consejo de Estado, sentencia del 9 de junio de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Expediente 15129.