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Timestamp: 2020-04-07 14:30:56
Document Index: 324725374

Matched Legal Cases: ['Artículo 105', 'Artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 105', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 14', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'artículo 9', 'artículo 24', 'Artículo 40']

Resumen Ley Transparencia - XDOC.ES
Resumen Ley Transparencia
LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. El Consejo de Transpa
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Solicitud de Informacion Publica - LEY de TRANSPARENCIA
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LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Funciones. La Ley de Transparencia tiene un triple alcance (art. 1 Objeto): 1. Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. 2. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública. 3. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. REGULACIÓN LEGAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: I. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Artículo 105 La ley regulará: b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. II. LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. III. LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) se configura en nuestro sistema jurídico como la norma básica en materia de acceso a la información pública, teniendo carácter básico y siendo, por tanto, aplicable a todas las Administraciones Públicas en los términos del artículo 149.1.18° de la Constitución. En este sentido, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, previsto en el artículo 105.b) de la Constitución, se rige en primer lugar por ésta y, en segundo 1
lugar, por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPCAP). La Ley 19/2013 cuenta con tres títulos: -
Título I: Transparencia. Regula dos aspectos de la Transparencia: Publicidad Activa e Información Pública. Título II: Buen Gobierno. Título III: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
TÍTULO I. TRANSPARENCIA: ÁMBITO SUBJETIVO (arts. 2 y 3): Las disposiciones de este título se aplicarán a: *a) AGE, CCAA, EELL *b) EEGG y SSCC de la SS, MUTUAS COLABORADORAS DE LA SS. *c) OO.AA., AGENCIAS ESTATALES, EEPP EMPRESARIALES, *d) Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, incluidas las Universidades públicas. e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. f) La Casa del Rey, el Congreso, el Senado, el TC y el CGPJ, así como el BE, el CE, el DP, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. g) Las sociedades mercantiles con capital público superior al 50 por 100. h) Las fundaciones del sector público. i) Las asociaciones constituidas por estos organismos. j) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. k) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. *De la a-d son AAPP.
PUBLICIDAD ACTIVA: Consiste en la obligación de ciertos sujetos a publicar de forma periódica y actualizada la información relevante para garantizar la transparencia de su actividad. Artículo 5 Principios generales 1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. […] 3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos. 4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. […] 5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. ¿Cuál es la información que deben publicar? Arts. 6-8. -
Información institucional, organizativa y de planificación (funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa, organigrama actualizado, planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, etc.) Información de relevancia jurídica (Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos, proyectos de Reglamentos, memorias e informes, etc.) Información económica, presupuestaria y estadística (contratos, convenios, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, cuentas anuales, retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables, etc.).
¿Quién controla el cumplimiento de la obligación de publicar esta información? Art. 9. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (depende del MHFP).
El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. ¿Dónde se publica esta información? Art. 10. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia (hoy MHFP), que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación. El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: Accesibilidad, Interoperabilidad, Reutilización.
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Arts. 12-24): Ámbito subjetivo (12): Todas las personas en los términos del art. 105 b) de la CE desarrollados por esta Ley.
Ámbito objetivo del Derecho de acceso (13): Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Límites del derecho de acceso: •
Lista del art. 14.
El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional. b) La defensa. c) Las relaciones exteriores. d) La seguridad pública. e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. 4
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. h) Los intereses económicos y comerciales. i) La política económica y monetaria. j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. l) La protección del medio ambiente. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada. En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida. •
Protección de datos personales. Art. 15.
- Datos especialmente protegidos según LO 15/1999 (art. 7.2): ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Acceso solo con consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que los haya hecho públicos antes. - Datos especialmente protegidos según LO 15/1999 (art. 7.3): origen racial, salud y vida sexual, comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen amonestación pública: consentimiento expreso. Si no son datos especialmente protegidos (pero sí personales): acceso previa ponderación entre el interés público en su divulgación y los derechos de afectados. Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso (art. 17): Se iniciará el procedimiento por solicitud dirigida al titular del órgano que posea la información. Deberá contener entre otros extremos la identidad del solicitante y la información solicitada. El peticionario no está obligado a motivar su solicitud. Subsanación: 10 días (en caso contrario, desistimiento de la petición). Si puede afectar a derecho o intereses de terceros se les dará audiencia durante 15 días para que puedan realizar alegaciones.
Causas de inadmisión (art. 18): a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. Plazo para resolver: 1 mes, ampliable 1 mes si el volumen o complejidad de la información lo hiciera preciso. Falta de resolución: silencio desestimatorio. Recursos: -Reclamación potestativa ante el CTBG, previa a la vía contencioso-administrativa. Interposición: 1 mes desde el día siguiente a la notificación o nacimiento del silencio. Tramitación según la Ley 39/2015. Plazo para resolver: 3 meses. Falta de resolución: silencio desestimatorio. Contra la resolución o desestimación presunta de esta reclamación cabe la interposición de RCA (no cabe recurso potestativo de reposición). - Directamente RCA. *No cabe interponer reclamación potestativa ante el CTBG contra las decisiones de acceso a la información pública de ciertos órganos: La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. Por tanto, solo cabrá acudir a la vía CA. Formalización del acceso: preferentemente por vía electrónica. Plazo no superior a 10 días desde la notificación de la resolución. Si ha habido oposición de un tercero, es necesario esperar el plazo de interposición de RCA y, en caso de interponerse, a su resolución confirmando el derecho de acceso. Gratuito, salvo, en su caso, copias o cambio de formato. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 6
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (hoy MHFP). 2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines. Artículo 34 Fines El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad: • Promover la transparencia de la actividad pública, • Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, • Salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y • Garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Artículo 35 Composición El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos: a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión. La Subdirección General de Reclamaciones y Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno, como órganos jerárquicamente dependientes del Presidente del Consejo. Artículo 36 Comisión de Transparencia y Buen Gobierno La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá todas las competencias que le asigna esta Ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo. Dicha Comisión estará compuesta por: a) El Presidente. b) Un Diputado. c) Un Senador. d) Un representante del Tribunal de Cuentas. e) Un representante del Defensor del Pueblo. f) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos. g) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 7
h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Artículo 37 Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (hoy MHFP), entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación. 2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (hoy MHFP), por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso. Artículo 38 Funciones 1. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones: a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley. b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto. d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales. e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley. g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga. h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.
2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes funciones: a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley. b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo II del título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta Ley. d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el procedimiento. f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto. g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario. Artículo 40 Relaciones con las Cortes Generales El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.
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