Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/SU913-01.htm
Timestamp: 2019-06-17 02:51:02
Document Index: 273183262

Matched Legal Cases: ['artículo 232', 'artículo 247', 'artículo 169', 'artículo 169', 'artículo 80', 'artículo 169', 'artículo 169', 'artículo 6', 'artículo 36', 'artículo 169']

SU913-01
Sentencia SU.913/01
En sentir de la Corte Constitucional, existe otro medio judicial. Es el consagrado en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal anterior (220 actual) consagra la acción de revisión, que sería aplicable en el presente caso. mediante la acción de revisión ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, puede plantear el accionante, a través del defensor, la causal de prescripción. No se puede argüir que el tema de la prescripción ya fue definido en la sentencia, porque precisamente la revisión es contra sentencias ejecutoriadas y, con mayor razón cuando se trata de una sentencia proferida en única instancia.
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Idoneidad y eficacia
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por existencia de mecanismo de defensa judicial
Referencia: expediente T-413.359
Bogotá, D.C., 29 de agosto de dos mil uno (2001).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, quien la preside, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
3. El señor Lucio afirma que fue condenado por un juez “incompetente , sin debido proceso, sin respeto de la legalidad y sin presunción de inocencia”. Considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía de hecho. SOLICITA que se conceda la tutela, se declare la nulidad de la sentencia condenatoria del 14 de agosto del año 2000, y “Que como consecuencia de las dos declaraciones anteriores se ordene a la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, que dicte nueva sentencia, respetando esta vez los derechos fundamentales al debido proceso y a la presunción de inocencia, para lo cual tendrá en cuenta las motivaciones fácticas, procedimentales y jurídicas que se precisen en el fallo de tutela”. Como se aprecia la tutela se dirige exclusivamente contra la referida sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal.
Objeta el comportamiento del Juzgador penal porque “La Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- para resolver mi situación jurídica en la sentencia de fondo, no tenía por qué definir si el contrato que consta en la escritura pública #0964 del 5 de marzo de 1992, en virtud de la cual el señor Prieto me vendió el local 112 del Centro comercial Hacienda Santa Bárbara fue simulado o no”. De todas maneras considera que el juzgador penal confundió la simulación absoluta con al simulación relativa y que esta equivocación incidió en el “discurso jurídico de la Sala de Casación Penal, y a la luz de la exposición de Germán Enrique Prieto, que el fallador sigue en todo lo que me sea desfavorable, pero abandona a la hora de admitir lo que penalmente me beneficia y libera, se impone concluir, entonces, que la simulación no fue absoluta sino relativa, pues al lado del acto aparente las partes acordaron un negocio jurídico oculto que implicaba para el suscrito la facultad de dar el bien en garantía de deudas personales y para la contraparte la obligación de mantener la cosa en el lugar convenido o prefijado”. Este “error judicial” dio paso a la condena, según el peticionario. Y pone de presente que el Agente del Ministerio Público, en la audiencia, dijo: “..todo lo que hay en el proceso son dudas, que los indicios encuentran contraindicios y si no obra en el proceso prueba que conduzca a la verdad, no podrá dictarse sentencia condenatoria de conformidad con el artículo 247 C.P.P.”
5. Por otro aspecto, plantea falta de competencia de la Corte Suprema, especialmente porque, en su sentir, la acción estaba prescrita. Argumenta que “a la hora de decidir sobre la solicitud de prescripción de la acción penal se apelara a la descabellada idea de confundir contrato con documento y se confeccionara en el aire un agravante de responsabilidad por haber aducido el segundo como prueba documental -en este caso necesaria, porque no había mas- de dicho contrato”. Insiste en que se aplicó erróneamente la causal de agravación de la pena contemplada en el artículo 169 del Código Penal, pues confundió la figura jurídica de la simulación de los contratos con la de la simulación de las pruebas. En su opinión, esta agravación incidió en el término de prescripción. Resalta, además, que el propio Ministerio Público había pedido la extinción de la acción penal por prescripción.
6. Alega que también se violó el debido proceso porque hay una frase en la sentencia según la cual “No puede aceptar la Sala la pretendida cancelación del precio con letras de cambio como quiera que estos instrumentos no son medios de pago”. Para el peticionario este es otro error jurisdiccional
“En los hechos que sustentan la acción relata que el 15 de mayo de 1992, compró a la sociedad FOTO FLASH, representada por el señor Germán Enrique Prieto Heredia, un laboratorio fotográfico marca ACE STAGE 1, que consta de una procesadora de película, una impresora de papel y un procesador de papel, tal como se lee en la cláusula primera del documento suscrito por las partes, documento que en momento alguno fue redarguido de falso en el proceso penal que culminó con la sentencia ya identificada. El precio de la venta fue de $52.000.000,oo, y su pago se acordó así: $20.000.000,oo, el día de la firma del contrato, $20.000.000,oo, el día 30 de mayo de 1992, y $12.000.000,oo el día 30 de junio del mismo año. Estos pagos se hicieron con unas letras de cambio, como lo precisó en su ampliación de indagatoria y consta en el documento contractual que anexó a su denuncia contra el señor Prieto.
El 2 de junio de 1992, las partes suscribieron un OTROSI al contrato, por el cual renunciaron a la condición resolutoria, reafirmaron la voluntad contractual, y dejaron en claro que sólo quedaba pendiente de solución la suma de $12.000.000,oo.
Las mismas partes celebraron verbalmente otro contrato, en virtud del cual el señor Germán Prieto, trabajaría el equipo fotográfico, en el local donde se encontraba, en la calle 140 Nº 12-10 local 105, y se repartían las utilidades netas a razón del 50% para cada uno.
En ejercicio del derecho de propiedad que de ese modo había adquirido sobre el Laboratorio Fotográfico, el 28 de mayo de 1992, celebró con la Central Cooperativa de Crédito y Desarrollo Social Ltda. Coopdesarrollo, un contrato de prenda abierta sin tenencia del acreedor, de conformidad con lo establecido en los artículos 1207 y 1219 del Código de Comercio, con el fin de garantizar el pago de $30.000.000,oo que recibió a título de mutuo con intereses de la citada entidad crediticia.
El 25 de junio de 1993, recibió una comunicación suscrita por el Gerente de Coopdesarrollo -Sucursal Bogotá, en donde le informan que donde debía estar el Laboratorio Fotográfico ACE STAGE 1, se pudo constatar que éste no se encontraba, por lo que SOLICITA en forma inmediata indicar la nueva dirección donde se encuentra el citado equipo.
Dentro de ese marco de discrepancias sustanciales se agotó la investigación y la Fiscal 260 de la Unidad Tercera de Delitos Querellables, por medio de la Resolución de 28 de diciembre de 1995, precluyó la investigación a favor de Germán Enrique Prieto Heredia y ordenó expedir copia con destino a la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, con el fin de que se investigara la posible comisión de los delitos de Falsa Denuncia contra persona determinada y fraude procesal en que él hubiese podido incurrir. El proveído fue confirmado por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santa Fe de Bogotá y Cundinanarca, el 16 de diciembre de 1996, con la precisión de que se extendiera la investigación, en el alto tribunal, a los delitos de estafa y falsedad, atribuidos a él por las circunstancias de haber solicitado crédito en los bancos, apoyado en documentos ficticios, injustos que también impetró fueran investigados en relación con el señor Prieto, Salta a la vista que el documento en que consta la compraventa no es falso en ninguna de sus parta y tampoco ficticio.
El 16 de enero de 1998, la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal, inició la investigación contra él, con el fin de determinar si constituían delito los hechos puestos en su conocimiento por la Fiscal 260.”
10. El 23 de septiembre de 1998 la Corte Suprema dictó resolución de acusación en contra del procesado como “autor del hecho punible de falsas imputaciones ante las autoridades”. En la providencia (folio 30 de la misma) se consideró que el delito estaba agravado conforme al artículo 169 del Código Penal, en las páginas siguientes se explicó por qué existía la agravación y en la página 32 expresamente se dijo: “Así las cosas, el término de prescripción alegado por la defensa no puede computarse solo en relación con la figura básica de la falsa denuncia, sino también en consideración a la agravante, razón por la cual, de conformidad con el artículo 80 del Código Penal, debe tenerse como tal el de 5 años y 4 meses. Este lapso no se ha cumplido aún en el caso”. La Corte consideró que la falsa imputación estaba agravada (artículo 169 del Código Penal) por lo siguiente: i) para denunciar al señor Prieto el procesado Lucio “acudió a la simulación de pruebas, en el sentido de que hizo valer en la instancia penal los contratos que él sabía eran meramente aparentes”; ii) materialmente acompañó la denuncia de pruebas fingidas para darle mas verosimilitud; iii) “Pero, si para persuadir la investigador, el actor aporta pruebas fingidas, tal es un ingrediente adicional no requerido para la tipificación básica de la falsa imputación, en cambio si es estructurante de la circunstancia de agravación, en razón del mayor daño que se infiere al interés jurídico”. De todo lo anterior colige la Corte Suprema: “indudablemente los contratos fingidos se orientaban a fijar la convicción de que el señor Lucio López era el verdadero propietario del bien mueble y que consecuentemente el denunciado Prieto Heredia si se había apropiado del mismo”.
11. El afectado interpuso recurso de reposición. Alegó que no se daba la circunstancia de agravación del artículo 169 del C.P. El 20 de octubre de 1998, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió “No reponer la providencia fechada el 23 de septiembre pasado, por medio de la cual se dictó resolución acusatoria en contra del Senador Carlos Alonso Lucio López como autor del hecho punible de falsa denuncia contra persona determinada, agravada por la simulación de pruebas”.
4. Providencia de 1° de noviembre de 2000, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre cancelación provisional de una escritura.
Lo es la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de diciembre de 2000. No concedió la tutela porque según el Tribunal, el actor planteó una controversia jurídica y probatoria que hace improcedente el amparo solicitado. El a-quo menciona y cita como precedente jurisprudencial la T-073/97.
T. TEMAS JURIDICOS FRENTE AL CASO CONCRETO
1. Improcedencia de la acción de tutela cuando existe un medio judicial idóneo y eficaz alternativo
La procedencia de la tutela es un aspecto que solo podrá determinarse por el juez de tutela, en el caso concreto. De ahí que la tutela, "sólo será procedente en aquellos casos en los cuales quien la interponga no cuente con ningún otro mecanismo judicial de defensa o cuando se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable sobre uno o varios de los derechos fundamentales del demandante”[1].
En desarrollo de la norma constitucional, el numeral primero del artículo 6° del decreto 2591 de 1991 indica que no procede la tutela “cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales” y agrega que estos medios se aprecian en cada caso concreto, “en cuanto a su eficacia”. La eficacia se califica como medio idóneo. Puesto que si éste existe, no podría hablarse de una de las características de la tutela: la subsidiariedad. En la T-01/92 se dijó esta característica.
“Tiene, pues, esta institución, como dos de sus caracteres distintivos esenciales (los de mayor relevancia para efectos de considerar el tema que ahora se dilucida) los de la subsidiariedad y la inmediatez; el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (art. 86, inc. 3 C.P.)”
El anterior criterio fue ratificado en la T-543/1992, sentencia que precisamente determinó que no hay tutela contra providencias judiciales (salvo si ocurre una via de hecho). En la T-543/92, la Corte Constitucional dijo:
El presupuesto de no procedibilidad de la acción de tutela es precisamente la existencia de otro medio legal de defensa que la jurisprudencia constitucional ha caracterizado de distintas maneras. En la citada sentencia T-543/92 se calificó de "medio judicial apto", en la T-159/94 empleó el término "expeditos procedimientos judiciales" en cuanto que la existencia de éstos impide la procedibilidad de la tutela.
En todo caso, la jurisprudencia ha reiterado que no procede la acción de tutela cuando existe un medio alternativo idóneo para proteger el derecho fundamental que se considera violado. En efecto, la Corte en sentencia T-067/98[2], expresó:
2. Debe existir equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y las medidas idóneas alternativas existentes
Vale recordar que la actuación en la justicia ordinaria se inicia con la denuncia del señor Lucio contra el señor Prieto. Esto implicó la tramitación del proceso por presunto abuso de confianza cometido por Germán Enrique Prieto, que finalizó con una preclusión de investigación. Esa Resolución de la Fiscal 260 (proferida el 28 de diciembre de 1995) también ordenó expedir copia con destino a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se investigara la posible comisión de los delitos de falsa denuncia contra persona determinada y fraude procesal. Esta decisión fue confirmada el 16 de diciembre de 1996 con la precisión de que también se investigara por estafa y falsedad. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió fallo condenatorio contra Carlos Alonso Lucio y dijo en la sentencia que la acción no había prescrito porque hubo una circunstancia de agravación punitiva y por ende la pena es de cinco años cuatro meses. El procesado y el Ministerio Público siempre han discrepado de la existencia de la prescripción. Por lo tanto, hay que estudiar si frente a la circunstancia alegada por el actor en la tutela, sobre extinción de la acción penal, el camino adecuado para definir tal tema es el de la tutela, o, si por el contrario, habría otra vía judicial.
En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Primero. REVOCAR la sentencia de 4 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, -Sección Cuarta- Subsección "A" que denegó la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Alonso Lucio López, y en su lugar DECLARARLA improcedente.
Segundo. Por Secretaría dése cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Salvamento de voto a la Sentencia SU.913/01
ACCION PENAL-Prescripción/DEBIDO PROCESO-Vulneración por falta de competencia del juez (Salvamento de voto)
Considero que el actor, no simulo pruebas y en consecuencia no era procedente la circunstancia de agravación punitiva, que dedujo la Honorable Corte Suprema de Justicia. El efecto es que la acción penal se encontraba prescrita y por ello, el juez pierde la competencia para dictar la sentencia; en este caso concreto la Corte no podía dictar ningún fallo y al dictarlo, privó de la libertad a una persona, violándole el derecho a su libertad personal. En mi sentir se violaron varios derechos fundamentales como el debido proceso, ya que el juez carecía de competencia y la competencia hace parte del debido proceso; se violó el derecho a la libertad personal y la sanción afecta otro derecho fundamental como es el derecho a elegir y ser elegido
SIMULACION DE CONTRATO-Naturaleza civil (Salvamento de voto)
La simulación no es un delito, sino un convenio entre dos partes del cual se derivan diversas consecuencias en relación con la simulación se deben aplicar las normas del Derecho Civil, razón por la cual coincido con el actor en que la Corte Suprema le dio una connotación penal a un pacto de naturaleza civil, lo cual es un problema de debido proceso, pues con ello se extendió el término de prescripción de la acción penal, la cual era una causal de cesación de procedimiento. Al no darse la circunstancia específica de agravación punitiva, la acción se encuentra prescrita toda vez que desde la comisión del delito hasta cuando quedó ejecutoriada la resolución de acusación había transcurrido más de cinco (5) años, término en el cual prescribe el ilícito de falsa denuncia contra persona determinada art. 167 de C. P., cuya pena máxima es de cuatro (4) años, prescribible en cinco (5) de conformidad con el art. 80 del C. P."
Referencia: expediente T-413359
Considero que el señor Carlos Alonso Lucio, no simulo pruebas y en consecuencia no era procedente la circunstancia de agravación punitiva, que dedujo la Honorable Corte Suprema de Justicia. El efecto es que la acción penal se encontraba prescrita y por ello, el juez pierde la competencia para dictar la sentencia; en este caso concreto la Corte no podía dictar ningún fallo y al dictarlo, privó de la libertad a una persona, violándole el derecho a su libertad personal. En mi sentir se violaron varios derechos fundamentales como el debido proceso, ya que el juez carecía de competencia y la competencia hace parte del debido proceso; se violó el derecho a la libertad personal y la sanción afecta otro derecho fundamental como es el derecho a elegir y ser elegido del señor Carlos Alonso Lucio.
Considero que aun cuando exista un medio de defensa, debería examinarse sí procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por vulneración del derecho a la libertad y debido proceso.
El suscrito Magistrado coincide con el concepto del representante de la sociedad, agente del ministerio público cuando dijo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia: "La declaratoria de simulación con efectos penales no lleva implícita la nulidad del contrato creador del negocio jurídico, ni puede decirse que es falso, que carece de valor, ni menos que es una prueba simulada, si no esta declarada por la justicia civil; entonces, si el contrato exhibido para denunciar a PRIETO es real, válido y auténtico, así como también que el anexo del mismo era necesario para acreditar la propiedad del bien mueble, en la media en que el delito de abuso de confianza se configura cuando el sujeto se apropia de cosa mueble ajena, y para probar ese hecho era necesario allegar el documento que así lo señalara; esto es el contrato en el que constaba que PRIETO HERRERA le había vendido a LUCIO LOPEZ, la maquinaria fotográfica, la prueba no fue simulada para efectos de la presentación de la denuncia, como lo exige el art. 169 del C.P., que dice: 'si para los efectos descritos en los artículos anteriores...', (artículos 168 falsa autoacusación, art. 167 falsa denuncia contra persona determinada y art. 166 falsa denuncia) "...el agente simula pruebas, las penas respectivas se aumentarán hasta en una tercera parte, a menos que esta conducta por sí misma constituya otro delito" (subraya el despacho), y en el sub-exámine el documento que se dice es simulado, se elaboró para simular una venta con fines de acreditar una solvencia económica de LUCIO LOPEZ ante las entidades financieras para obtener créditos, más no para denunciar a PRIETO HERRERA por el supuesto delito de abuso de confianza, razón por la cual no se configura la agravante del artículo 169 del C.P.
Al no darse esta circunstancia específica de agravación punitiva, la acción se encuentra prescrita toda vez que desde la comisión del delito hasta cuando quedó ejecutoriada la resolución de acusación había transcurrido más de cinco (5) años, término en el cual prescribe el ilícito de falsa denuncia contra persona determinada art. 167 de C. P., cuya pena máxima es de cuatro (4) años, prescribible en cinco (5) de conformidad con el art. 80 del C. P."
[1] Sentencia T-162 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.