Source: https://betajuris.es/asistencia-sanitaria-a-embarazadas-extranjeras-sin-residencia-legal-en-espana/
Timestamp: 2019-10-15 06:12:56
Document Index: 42160689

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 12']

Asistencia sanitaria a embarazadas extranjeras sin residencia legal en España Asistencia sanitaria a embarazadas extranjeras sin residencia legal en España
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Se está hablando mucho en las últimas semanas sobre el derecho a recibir asistencia sanitaria pública las mujeres extranjeras embarazadas y no regularizadas en nuestro país y los requisitos que se les exige en algunos servicios autonómicos de salud (el paradigma del absurdo parece ser el Servicio Madrileño de Salud) para prestarle dicho tipo de asistencia.
Debido a un intercambio de twits y opiniones con algunos seguidores de @yosisanidaduniv sobre el derecho de asistencia (reconocido en la ley) de las extranjeras embarazadas, y como creo que no he sido suficientemente convincente (la realidad es muy tozuda) voy a extenderme aquí en los argumentos jurídicos que sustentan mi opinión por si pudieran servir a quienes deben defenderse de estos recortes (caprichosos e injustos) de sus derechos.
LA TERCA REALIDAD JURÍDICA
Antes de nada hay que aclarar que el derecho a la asistencia sanitaria de la mujer embarazada es un derecho «delegado», puesto que el sujeto a proteger no es ella (al menos no directamente), sino el niño que lleva en sus entrañas. Es decir, puesto que el niño debe ser protegido desde su concepción es necesario proteger sanitariamente a la portadora del mismo.
Sin olvidarnos de ésto, en primer lugar, el derecho internacional asegura la sanidad prenatal y postnatal apropiada, no sólo a niños sino también (lógicamente) a las madres de éstos. La Convención de los derechos del niño, que el Reino de España ratificó en 1990 [aquí el enlace al BOE] (y por lo tanto está obligado a asumir y aplicar) asegura la sanidad prenatal (es decir, a la madre y al feto) y postnatal (es decir, a la madre durante unas semanas tras el parto, y al niño durante su minoría de edad).
La Convención de los derecho del niño, dice en su artículo 2: «Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales».
Más tarde, este mismo Convenio dice en su artículo 24: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.”. Para, posteriormente, en ese mismo artículo, añadir: “2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (…) d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres.”
La normativa nacional está obligada a recoger estos preceptos y desarrollarlos, sin poder modificar, añadir requisitos, o pervertir tanto la letra como su espíritu. Cualquiera de estas «correcciones» sería contrario a derecho.
“Las mujeres extranjeras embarazadas que se encuentren en España tienen asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto. Se le atribuye los mismos derechos que a las españolas”. A este precepto no se le puede añadir ningún tipo de requisito. Esto lo dice una Ley Orgánica, la de Extranjería en su artículo 12.4. No hay matices: “… los mismos derechos que a las españolas”.
La ciudadana extranjera no necesita residir o encontrarse legalmente en España, ni estar empadronada, ni tener que demostrar antigüedad de su estancia/residencia en nuestro país. Se protege así a la mujer y a la maternidad.
Este derecho se inicia con la gestación, continúa durante el embarazo, el parto y se extiende hasta finalizar el puerperio. El derecho a la asistencia sanitaria del período de postparto, sería de seis semanas, que son las que protegen el puerperio de la maternidad biológica.
Desde diferentes colectivos (Yo si sanidad universal, Médicos del Mundo, …) y particulares se está denunciando los requisitos que se exigen en los centros de salud a las mujeres extranjeras embarazadas para poder acceder a la sanidad pública.
Entre esos requisitos exigidos se encuentra la documentación que acredite su situación regular en España (cuando no lo están), o bien otro tipo de documentos que deben solicitar en su país de origen (y que, evidentemente difícilmente o nunca podrán aportar).
Pero el principal requisito que se le solicita a la extranjera no regularizada es el de demostrar que han superado 3 meses de estancia o residencia en nuestro país para lo que exigen que presente un certificado de empadronamiento con una antigüedad superior a esos 3 meses.
Ninguna de estas exigencias están justificadas legalmente. Por tanto, pueden ser consideradas contrarias a derecho. Pero es que la de exigir el certificado de empadronamiento como justificación de residencia anterior a 3 meses es una verdadera barbaridad. Es como si a un estudiante universitario le exiges copia de la matrícula del curso para que demuestre que sabe leer.
LA PERVERSA INTERPRETACIÓN DE LA LEY
Esta postura y las consiguientes exigencias por parte de los servicios de salud derivan de una nefasta interpretación normativa:
«Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española”. Esto es la que dice el famoso, controvertido y tantas veces interpretado artículo 3.ter de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS.
En artículos posteriores de esta misma Ley se establecen una serie de requisitos que las personas extranjeras no residentes legales (y estos artículos no se pueden aplicar nunca las embarazadas) deben cumplir para acceder a la asistencia sanitaria pública.
No tener la obligación de acreditar la asistencia sanitaria por otra vía (prueba diabólica, ¿cómo puede alguien demostrar que no tiene obligación de hacer algo?)
Imposibilidad de exportar el derecho de asistencia desde su país de origen.
Inexistencia de un tercero obligado al pago (una mutua, una aseguradora privada, un seguro concertado,…)
El requisito de la antigüedad en el certificado de empadronamiento, que lo provoca (insisto) una interpretación perversa de la legislación y la jurisprudencia.
Pero al margen de la incorrecta interpretación de esta exigencia para el reconocimiento del derecho de asistencia a los extranjeros no regularizados (vuelvo a repetir, a todos excepto a las embarazadas y menores de edad) no puede ser nunca aplicable a las embarazadas puesto que ellas disponen del derecho de asistencia por otras «vías» legales y apoyado en otras normas jurídicas.
ENTONCES, ¿DEBEN APLICARSE ESTOS MISMOS REQUISITOS A LAS MUJERES EXTRANJERAS NO REGULARIZADAS EMBARAZADAS?
Esta es la gran pregunta. La respuesta es NO.
No se puede aplicar el contenido de este artículo 3.ter a todos los extranjeros no regularizados entre los que se encuentran las mujeres embarazadas. ¿Y por qué?.
Pues además de lo dicho hasta ahora, por lo siguiente:
El Real Decreto 1192/2012 regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de asistencia sanitaria. Esta norma fue desarrollada y publicada después de la entrada en vigor del RDL 16/2012 (el famoso Real decreto de los recortes sanitarios del PP).
Pues bien, el RD 1192/2012 intenta recomponer las gravísimas deficiencias legales que había causado el RDL 16/2012, después de que el legislador se percatara (tarde, pero lo hicieron), que un Real Decreto Ley no puede modificar ni Convenios Internacionales de los que España forma parte, ni normativa europea. Y “parchearon” la Ley 16/2003.
Uno de los parches, es el relativo a la asistencia sanitaria a mujeres extranjeras no regularizadas que se encuentren embarazadas. En la Disposición Adicional 8.2 de este Real Decreto se recogen una serie de SUPUESTOS ESPECIALES en los que debe garantizarse SIEMPRE la asistencia sanitaria pública. Es decir, se trata de supuestos y situaciones distintos a los recogidos en en el artículo 3.ter de la Ley 16/2003 con el que comenzábamos esta entrada.
Dice la Disposición Adicional 8.2 del RD 1192/2012: “Las mujeres extranjeras embarazadas no registradas ni autorizadas como residentes en España a las que se refiere el art. 3.ter de la Ley 16/2003, tendrán derecho a la asistencia sanitaria pública por el SNS con la misma extensión reconocida a las personas que ostentan la condición de aseguradas (…)”
Es decir, en el caso de extranjera embarazada no regularizada, NO se exigen los requisitos para recibir asistencia sanitaria pública que al resto de extranjeros no regularizados, puesto que, como dice el propio Real Decreto, se trata de un SUPUESTO ESPECIAL (de la misma forma que no se pueden exigir esos requisitos a los menores de edad ni en situaciones de urgencia)
Y por si cupiera alguna duda respecto a que esto debe ser así, podemos analizar el objetivo que el legislador se planteaba con la inclusión de esta Disposición Adicional 8 en el RD 1192/2012. Esta Disposición Adicional fue incluida a través de la Disposición Adicional 4.4 del Real Decreto 576/2013.
Pues bien, en el Preámbulo de este RD 576/2013, en donde se pretende “vender” las bonanzas de esta norma que la prestación ofrece (que es, nada más y nada menos, que la asistencia sanitaria pública previo pago) se puede leer: “Por lo que se refiere a las personas que no ostentan la condición de aseguradas ni de beneficiarias, al margen de la asistencia sanitaria en situaciones especiales prevista en el art. 3.ter de la Ley 16/2003, el propio art. 3 de esta Ley contempla para dichas personas una vía específica de acceso a una de las prestaciones que conforman el catálogo de prestaciones del SNS, la prestación de asistencia sanitaria”.
Que traducido a lenguaje común, es: “a este contrato de asistencia sanitaria también pueden suscribirse, mediante pago, los extranjeros que no ostenten la condición de asegurados, quedando al margen la asistencia sanitaria en situaciones especiales” (es decir, embarazadas extranjeras no regularizadas, menores extranjeros no regularizados y asistencia urgente).
PERO ES QUE, HASTA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LO RECONOCE
Por si todos estos argumentos fueran insuficientes, el propio Tribunal Constitucional en su polémica Sentencia 139/2016, del 21 de julio de 2016, (Num Rec 4123/2012 ECLI:ES:TC:2016:139), en la que avala la exclusión de la sanidad pública a los extranjeros sin residencia oficial en España (en respuesta al recurso planteado por el Parlamento de Navarra contra el Real Decreto Ley 16/2012), en su Fundamento de Derecho 10, dice lo siguiente:
“Por ello, no es constitucionalmente reprochable que se contemple la asistencia a las embarazadas y la equiparación de los menores extranjeros en situación irregular con la de los menores españoles y lo mismo sucede en el caso de la asistencia en casos de enfermedad grave y accidente. Igualmente ha de advertirse que la norma no excluye el acceso a las prestaciones sanitarias en los restantes supuestos sino que, únicamente, toma el dato de la ausencia o no de residencia legal en España para exigir la correspondiente contraprestación en los términos del ya citado Real Decreto 576/2013.”
Es decir, el Tribunal Constitucional diferencia la asistencia que deben recibir los extranjeros en SITUACIÓN ESPECIAL (embarazadas, niños y urgencias) y además, defiende que pueda prestárseles asistencia sanitaria sin las exigencias que sí reconoce al resto de extranjeros no regularizados (“no es constitucionalmente reprochable” que se contemple esta asistencia). [Por cierto, dejo para otra entrada el reconocimiento que realiza el Tribunal Constitucional a la asistencia de «enfermedad grave» (no sólo a las situaciones de urgencia) al extranjero no regularizado, ya que éste es otro de los escollos interpretativos que es necesario recordar y aclarar a los servicios de salud] Finalmente, y para mostrar la total vigencia del derecho a recibir asistencia sanitaria en estas SITUACIONES ESPECIALES, (por aquello de lo recientes cambios normativos) hay que recordar que el improductivo y controvertido RDL 7/2018 de acceso universal al SNS ha derogado algunos artículos “clave” del RD 1192/2012, pero ha mantenido vigente la Disposición Adicional 8ª, que recoge las SITUACIONES ESPECIALES en las que hay que reconocer el derecho de asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales españoles, sin exigir los requisitos legales que sí se solicitan al resto de “situaciones ordinarias”, o no especiales.
Por tanto, la asistencia sanitaria pública y a cargo del Sistema Nacional de Salud debe prestarse SIEMPRE a las mujeres extranjeras embarazadas, sea cual sea su situación administrativa, sus circunstancias, el tiempo de residencia en España o su país de origen. Y habrá que prestarla sin condiciones. Sin ninguna condición.
La negativa a prestarla debe acarrear reproche administrativo y/o penal para quien la niega. Y quienes reciben esa negativa tienen que exigir con firmeza la práctica de su derecho.
(1/3) «Las mujeres extranjeras embarazadas NO REGISTRADAS NI AUTORIZADAS como residentes en España a las que se refiere el art. 3.ter de la Ley 16/2003, tendrán derecho a la asistencia sanitaria pública (…)».
Una mujer embarazada que ha llegado como turista (tenga o no pretensión de permanecer después en situación irregular) no está como «no registrada ni autorizada», porque sí está en situación REGULAR y autorizada a permanecer en el país por el tiempo en que dure su visado (para lo que se le ha exigido contratar la cobertura sanitaria por vía privada), o por 90 días si este no es exigible. Las mujeres y niños tendrán el mismo derecho que los españoles a recibir la misma asistencia sanitaria, pero EN TODO MOMENTO, la norma se está refiriendo a mujeres y niños NO REGISTRADAS NI AUTORIZADAS, es decir, que permanecen en situación irregular. (…)
(2/3) Lo que está pidiendo con este artículo es que a aquellas que sí estén autorizadas a permanecer, se les encaje como en situación administrativa irregular cuando no lo están, y deben de acreditar y sufragar los gastos por una vía distinta). Y si Ud. entra en situación de estancia para estudiar o como turista a otro país (aunque pretenda o no luego quedarse), le pasará exactamente lo mismo. (…)
En lo podría no estar de acuerdo, es en la necesidad de solicitar 90 días de padrón (a falta de visado), cuando lo que acredita si ha superado o no el periodo de estancia por el que está autorizada a permanecer, es el sello de entrada estampado en su pasaporte (hablando, en este caso de ciudadanas no europeas).
Lejos de tener el don de la infalibilidad, pero a mi entender (y hasta ahora nadie me ha podido contra-argumentar con peso a lo que explicado), este post es solo una manera de despistar y buscar interpretaciones que, ahora sí, no dan lugar. (…)
(3/3) Dicho lo cual, estoy a favor de la sanidad universal (que incluye a quien se encuentre en situación irregular), y precisamente porque deseo mantenerlo, es que procede y así pienso, que cuando haya un tercer obligado al pago, deba hacerse lo posible para facturar. Y que que cuando se entre como turista, se haga lo mismo, de igual modo, por facturar. De hecho es lo primero que te piden para obtener tu visado…
Lo que no procede es desvirtuar (espero que no adrede) el sentido de la norma.
Espero que argumente si tiene a bien, y no censure estas aclaraciones.
betajuris
Desconozco dónde ha visto usted mi intento de «desvirtuar el sentido de la norma». Básicamente estoy de acuerdo en su planteamiento y en sus razonamientos.
Las extranjeras embarazadas (o lo menores) a quienes me refiero en el post son a extranjeros NO REGULARIZADOS, es decir, ciudadanos que no han entrado a nuestro país por frontera, o si lo hicieron en su momento ya superaron el período de autorización. Por lo tanto, se encuentran en situación irregular (he creído que esto quedaba suficientemente claro). Un extranjero que se encuentra como turista en España, con su correspondiente visado (u otro tipo de autorización) NO ESTÁ en situación IRREGULAR.
No propongo (y me gustaría que me explicara en que parte del post puede interpretarse eso) que quienes estén con autorización en vigor a permanecer en España deban ser tratados como ciudadanos en situación irregular. En todo momento hablo de «mujeres extranjeras embarazadas en situación irregular».
Sobre la facturación a terceros obligados al pago de la asistencia prestada, estoy completamente de acuerdo (aquí puede leer mi postura en otro post)
Respecto a la solicitud de presentación de certificado de empadronamiento a embarazadas extranjeras NO REGULARIZADAS, mantengo lo dicho: 1) se trata de una exigencia artificiosa e ilegal; y 2) en ninguna norma se exige permanencia mínima en España de este tipo de usuarias para tener derecho a recibir asistencia pública.
Soy conocedor de la complejidad de la valoración de este tipo de situaciones. Reconozco las pocas herramientas que se le ofrece a quienes diariamente deben decidir sobre el reconocimiento del derecho a la salud a este tipo de ciudadanos; pero eso no puede servir como justificación para poner trabas donde no hay justificación para que las haya, ni solicitar requisitos o documentos que no exige ninguna norma legal (a esto es a lo que llamo «interpretación perversa de la ley»).
Agradezco sus comentarios. Sirven para contrastar opiniones e interpretaciones y dar opción a argumentarlas.
Cierro esta contestación como la comencé: este post sólo habla de extranjeras embarazadas (y menores) no regularizados. Quienes tienen autorización en vigor SÍ están regularizados, por lo tanto no es a ellos a quienes me refiero.
Comparto su penúltimo párrafo, y agradezco la aclaración. A continuación respondo a su pregunta.
1) Dice:
“La ciudadana extranjera (embarazada) NO NECESITA residir o encontrarse LEGALMENTE en España, ni estar empadronada, NI TENER QUE DEMOSTRAR ANTIGÜEDAD de su estancia/residencia en nuestro país. Se protege así a la mujer y a la maternidad.”
Si a lo que se refiere en el post, según su comentario posterior, es solo a ciudadanas que se encuentran ilegalmente en el país, parece notoria la contradicción con lo reseñado.
A esto me refería, y a las partes siguientes que aludiré, con desvirtuar el sentido de la norma, o a tratar a ciudadanas con permanencia autorizada (periodo estancia) tal que si estuvieran en situación irregular.
Intentaré contestar a cada uno de sus comentarios, en vez de hacerlo en una sola respuesta, tal y como hice en los comentarios anteriores.
¿Dónde encuentra la contradicción? Estoy diciendo que la ciudadana extranjera no necesita residir legalmente ni DEMOSTRAR que es irregular, ni presentar un certificado de empadronamiento.
Pero es que eso no lo digo yo. Lo dice la Ley. Le invito a que, al margen de sus interpretaciones, relacione la/s norma/s en donde se recoja tal requisito.
Distingo perfectamente a las extranjeras con autorización de estancia de aquellas en situación irregular. No mezclo ambas situaciones. Son perfectamente diferenciables.
“Las mujeres extranjeras embarazadas que se encuentren en España tienen asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto. Se le atribuye los mismos derechos que a las españolas”. A este precepto no se le puede añadir ningún tipo de requisito. Esto lo dice una Ley Orgánica, la de Extranjería en su artículo 12.4. No hay matices: “… los mismos derechos que a las españolas”.“
El texto que copia no es el que esgrime la Ley a la que alude desde su modificación en 2012 por la DF 3 del 16/2012, siendo el texto pertinente el que no señala en su post: “Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria.” Punto y final.
El texto que usted entrecomilla al principio del comentario respeta la literalidad de la Disposición Adicional Octava, apartado 2 del RD 1192/2012. Disposición Adicional que está perfectamente en vigor. Creo que lo digo meridianamente claro en el post (y aclaro que esta DA fue añadida por el RD 576/2013). Enlazo en mi entrada la publicación consolidada del BOE.
“Pero el principal requisito que se le solicita a la extranjera no regularizada es el de demostrar que han superado 3 meses de estancia o residencia en nuestro país para lo que exigen que presente un certificado de empadronamiento con una antigüedad superior a esos 3 meses. Ninguna de estas exigencias están justificadas legalmente. Por tanto, pueden ser consideradas contrarias a derecho.»
No estudié Derecho, pero parece coherente que, si la asistencia con cargo a fondos públicos se facilita a aquella ciudadana en situación irregular, y no a las que tienen autorizada la permanencia en situación de estancia (más allá de que tengan o no intención después de permanecer de manera irregular), como digo, parece coherente que entonces se tenga que discernir si, efectivamente está o no está en situación irregular.
Mantengo lo dicho varias veces sobre este punto. El certificado de empadronamiento no demuestra absolutamente nada a los efectos de determinar si un ciudadano/a ese encuentra en situación regular o irregular.
Voy a intentar explicarlo de nuevo, a ver si tengo más éxito:
1) Alguien que ha accedido a territorio español de forma irregular se encuentra en situación irregular desde el primer momento de su entrada. Imagine a un marroquí que ha estado residiendo legalmente en Francia durante tres años con un contrato de trabajo. Finaliza su contrato, no puede renovar su permiso de residencia y permanece en ese país (por tanto, se encuentra de forma irregular en Francia). Cuando transcurren unos meses y no consigue encontrar nuevo trabajo decide venir a España a ver si tiene mejor suerte. Cuando llega a territorio español ya se encuentra de forma irregular. Desde el primer minuto. Si este ciudadano marroquí fuera una mujer y además estuviera embarazada, ¿estaremos de acuerdo en que ya está residiendo de forma irregular en España desde el primer día? ¿Qué aporta un certificado de empadronamiento? ¿Y que demuestra que ese certificado de empadronamiento se hubiera confeccionado hace 91 días? En el día 91 está tan irregular como en el primero. ¿Entonces…?
El certificado de empadronamiento con antigüedad superior a los tres meses sólo sería útil: a) si la embarazada hubiera accedido a España con visado de turista (duración máxima 90 días), b) se hubiera empadronado el primer día de estancia como turista (¿quíen hace ésto?) y c) hubiera dejado transcurrir dicho período sin volver a su país de origen. En ese caso, a partir del día número 91 sí estaría residiendo de forma irregular en España (y podría demostrarlo con el certificado de empadronamiento). Pero, ¿y si el visado hubiera sido para 15 días? ¿No es una barbaridad creer que todas las extranjeras embarazadas han llegado a España por esa vía y con un visado por ese tiempo?
Claro que la Administración tiene que comprobar que esta ciudadana se encuentra en situación irregular. Pero: a) Esa comprobación la debe hacer la propia Administración y puesto que no existe un registro de ciudadanos no regularizados, la Administración tiene que comprobar si esta ciudadana se encuentra con autorización de estancia o residencia. Si no estuviera registrada como tal, queda claro que estaría residiendo de forma irregular; b) no se puede revertir la carga de la prueba hacia quien afirma una negación. Esto en Derecho se llama «principio lógico de la prueba», según el cual se considera mucho más fácíl probar afirmaciones positivas (“dispongo de residencia regular en España” y para ello presento el permiso de residencia) que probar afirmaciones negativas (“soy irregular” o “no he cumplido el código de circulación”, puesto que no puedo probarlo, o es muy difícil hacerlo). En estos casos, la carga de la prueba NO le corresponde a quien afirma el hecho (“soy irregular”), sino a quien se encuentra en una mejor posición para probarlo (que en este caso es la Administración, comprobando sus registros).
Por tanto, la negativa de la asistencia a una extranjera embarazada hasta que demuestre que es irregular es un despropósito legal (y humano). En estos casos, y al tratarse de una asistencia sanitaria NO DEMORABLE, (no es urgente, pero no puede esperar varios meses a ser atendida) la administración sanitaria tiene que: a) conceder la asistencia a la embarazada (puede incluso, hacerle firmar una Declaración responsable), b) posteriormente comprobar si está inscrita en el registro oficial del Ministerio del Interior y, si estuviera registrada con Estancia o Residencia legal, c) proceder a la facturación.
4) Insisto en que el padrón no certifica ni demuestra el tiempo en que ha permanecido, si acaso el sello en pasaporte (aunque se empadrone ayer), y que si bien las recomendaciones señaladas por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de junio a las CCAA, señalan este requisito (de modo chapucero), coincido en que puede ser contrario a derecho, o tiene toda la pinta.
Pero desde luego, no el hecho de que se tenga que comprobar si la paciente tiene o no derecho a la asistencia con cargo a fondos públicos, es decir, comprobar si es está en situación de estancia (turista, etc.), o por el contrario superó el periodo autorizado.
De acuerdo en todo lo que comenta, excepto que usted sólo valora la posibilidad de que la extranjera embarazada haya entrado por frontera, con su pasaporte, y en la aduana le hayan estampado el sello de entrada. Este hecho sólo puede aplicarse a un caso: el de la ciudadana que viene a España como turista y desea asistencia en su período de Estancia. Pero, por mi experiencia, puedo afirmar que estos son casos excepcionales. La gran mayoría de extranjeras embarazadas que solicitan asistencia por no encontrarse regularizadas no entran por frontera y, si bien presentan el pasaporte, no existe sello de entrada alguno.
Y, una vez más, en mi post NO me estoy refiriendo a las turistas con visado y sello en el pasaporte, sino a las que han entrado de forma irregular y se mantienen en esa situación.
En definitiva, tal como queda redactado, Ud. defiende en el post (o así se desprende de él) que no se ha de comprobar el tiempo que la ciudadana lleva permaneciendo en el país, para facilitar la asistencia con cargo a fondos públicos.
Y en lo que incido es que, precisamente, realizando esa comprobación, es como se podrá cumplir con la norma que regula ese derecho para quien se encuentre en situación irregular (y no a aquellas que están legalmente en el país, y que no tengan derecho a la TSI por otros motivos (turismo extracomunitario, con derecho a la TSE que no ha previsto solicitar, etc.), es decir, a aquellas a las que, según esgrime en su comentario, no se está refiriendo en su contenido…
No. Defiendo que hay que comprobar que efectivamente esta ciudadana embarazada que está solicitando asistencia sanitaria se encuentra en situación irregular en España. Pero esa comprobación la puede hacer de forma muy simple la propia Administración sanitaria. Y defiendo que lo debe hacer después de prestar la asistencia.
Primero se presta la asistencia demandada y después se comprueba si se cumplen los requisitos. Estamos hablando del Sistema Sanitario Público, que debe velar por el bien común, que presta un servicio público. No se trata de una empresa privada que persigue mejorar el balance económico (¿se imagina que los bomberos solicitaran las escrituras de la vivienda que está en llamas antes de desplegar las mangueras?)
Muchas gracias por sus comentarios. Nos permiten debatir.
1) Lamentablemente los comentarios permitidos son cortos, pero trataré en un último intento, de aclarar el embrollo.
Dice: “El texto que usted entrecomilla al principio del comentario respeta la literalidad de la Disposición Adicional Octava, apartado 2 del RD 1192/2012. Creo que lo digo meridianamente claro en el post”
Otra vuelta de tuerca…: El texto que entrecomillo de lo que Ud. esgrime en su post no se corresponde con esa DA 8ª del 1992/2012 y lo sabe, sino con una antigua redacción del art. 12 la Ley de Extranjería (no vigente)… ¡a la que Ud. mismo se refirió! El que alude, ahora sí, de esa DA de la 1992/2012, es distinto al que entrecomilló por cuanto añade “no registradas ni autorizadas como residentes en España”. Es por ello que actualmente la Ley de Extranjería remite a esta legislación y no esgrime lo entrecomillado.
2) Por supuesto que quien accede de manera irregular ya es irregular desde el primer día (¿quién ha descartado esa posibilidad?: a mí que me registren…). Lo que recalco es que SÍ es necesario comprobar el periodo de estancia (a diferencia de lo Ud. dice expresamente en el post, aunque después, más o menos, lo rectifique sin hacerlo notar), cuando, de hecho, la mayoría de las veces se accede de manera regular, para permanecer después residiendo sin autorización. Por mi experiencia en cambio, puedo afirmar lo contrario de lo que Ud. manifiesta.
3) En Sanidad nunca se debe negar la asistencia, no es menester incidir en ello por cuanto nadie le ha dicho lo contrario… otra cosa es que después se compruebe si es una asistencia facturable o no…
Me alegra saber que ahora puntualice y defienda que se debe comprobar la situación administrativa del paciente siempre que se solicite una atención, pero lamento decirle que, en mi opinión, su redacción queda explicada tal que si defendiese justo lo contrario cuando tratamos de una embarazada, cuando no es así. Más allá de las valoraciones personales que cada una tenga, me remito a lo legislado. Y esto genera mucha confusión, la misma que generan, en ocasiones, algunas plataformas, perdiendo con ello credibilidad, lo que me parece una lástima.
4) Finalmente, me parece bien que sea la propia administración la que haga las comprobaciones, no sé hasta qué punto hoy por hoy es factible el intercambio de datos a ese nivel, lo que ignoro, y si no lo es, debiera serlo. Pero comprenderá que en la mayoría de las ocasiones lo puede comprobar la propia administrativa (es decir, la propia administración) con un simple vistazo en el pasaporte (salvo casos puntuales a los que Ud. alude, y que sí son minoritarios) y para los que, por el momento, ahora sí, haya de acreditarse con el padrón. Para estos casos concretos, comparto con Ud. en que lo justo sería no tener que solicitar una documentación que no acredita la situación administrativa de la ciudadana, y este apunte sí me parece interesante de explorar.
5) El debate es extenso como para plasmarlo en una retahíla de comentarios cortos de un blog, pero comprenderá que aún es más difícil hacerlo cuando se da la vuelta a todo de manera rocambolesca para ponerlo a su favor, aunque esté en su derecho que pensar lo mismo de mí, si es el caso.
En mi opinión, o muy mal se ha explicado en ese post, o bien ha rectificado sin admitirlo, pero me alegro aun con todo del resultado.
Voy a intentar contestarle a los cinco últimos comentarios en uno sólo. No deseo redundar de nuevo en los mismos argumentos expuestos hasta ahora.
Después de leerle no termino de tener muy clara la razón por la que defienden ustedes su postura. Creo entender que usted defiende la negativa a prestar asistencia sanitaria a una embarazada por si resultara que esta ciudadana fuera extranjera y estuviera regularizada. Por tanto, mejor esperamos a que tengamos la seguridad de que está irregular para prestarle asistencia. Dicho así, ¿no le parece una grandísimo absurdo?. Pues es lo que está sucediendo en algunos servicios de salud y, por lo que yo interpreto, usted defiende.
Sobre el texto entrecomillado, no merece la pena insistir. La comprobación (que puede hacer usted y quien esto lea) es muy simple. Visite la web del BOE y en el buscador teclee: «Real decreto 1192/2012 consolidado» (no se le olvide esto último), y busque la disposición adicional octava. Por si puedo facilitar la labor, le adjunto el link
Sobre la situación administrativa, siempre he dicho lo dicho. Dice que («algunas plataformas» y yo mismo) generamos confusión con nuestras manifestaciones. Posiblemente esa confusión ya la portan ustedes de mucho antes. Reducen ustedes la prestación de un derecho «fundamental» a unos trámites burocráticos. Ese es seguramente el problema. Sus confusiones.
Me aconseja que me remita a lo legislado. Si hiciera usted lo mismo no estaríamos discutiendo de esto. He enlazado en el post «las fuentes», la normativa internacional, los convenios internacionales de los que España es parte y, por lo tanto, tiene la obligación de cumplir. Lo demás son matices interpretables en virtud de lo que dicen esos convenios (no interpretable a juicio de cada uno de los interesados). Lease los convenios internacionales y después interprete las leyes «domesticas». No lo haga al revés. Las últimas se han redactado como consecuencia de los primeros.
Insiste en el padrón como medio (¿alternativo?) de acreditación. Pues yo también insisto: el padrón no acredita nada respecto a la residencia/estancia regular o irregular de un ciudadano (sólo lo hace en algunas circunstancias concretas). Es una forma (más) de burocratizar la asistencia. Le recuerdo que el Ministerio del Interior tiene toda la información. No se necesitan más trámites inútiles.
Me acusa de «dar la vuelta a todo» para ponerlo a mi favor. Ni he dado la vuelta a nada, ni yo me favorezco de lo que defiendo. Se favorece el sentido común, los derechos humanos y el derecho a recibir asistencia sanitaria de todo aquél que lo necesite. De todas formas, me dedico profesionalmente a esto desde hace muchos años y mi postura ha sido siempre la misma. He debatido muchas veces con quienes piensan como usted y no han conseguido aportar ni un sólo argumento para defender racionalmente sus posiciones. Se enrocan en interpretar los matices, en defender las nimiedades. ¡Vayan a las fuentes!
Vayan a las fuentes del sentido común, del sentimiento de humanidad y si esto no funciona, vayan a las del derecho internacional. Vayan al origen de las motivaciones que provocaron a los países del primer mundo a «obligarse» a prestar asistencia pública (y no sólo sanitaria) a una mujer embarazada independientemente de su raza, nacionalidad, situación económica, situación administrativa, color de la piel,… (todo esto también lo dice la ley). Es así de fácil.
Cierro aquí el debate. Creo que han quedado manifiestamente claras nuestras posturas y hemos intentado defenderlas con respeto.
Una vez más, compruebo que hace oídos sordos a lo que escribo, tergiversando, o dándole la vuelta completa a todas mis palabras… para después aludir una falta de argumentos… Antes de recurrir al BOE, sería conveniente hacer lo propio con lo que Ud. propiamente ha escrito en ese post…
Insiste en poner palabras que no he dicho, como que se deba negar la asistencia por si resultada que esta ciudadana estuviera regularizada… cuando he afirmado ¡todo lo contrario..! El absurdo es hacer esa afirmación…
Los argumentos están sobre la mesa, y por supuesto, todo aquello que escribe, respondido.
(1/2) Que cierre por su parte el debate parece darle derecho a tergiversar, cuando no mentir descaradamente sobre lo que digo, censurando lo que se escriba después, a tenor del último comentario no publicado, como tampoco puede que lo sea este, lo que dice mucho del autor.
He leído su nueva redacción del anterior artículo (porque ya no es el mismo, ni se puede siquiera consultar), donde efectivamente, elimina la redacción obsoleta de la Ley de extranjería con un texto no vigente, y añade los entrecomillados correctos, y donde no deja lugar a dudas que se habla (en todo momento) de «NO RESIDENTES NI AUTORIZADOS».
Tiene claro a estas alturas que no se dirime si se ha de facilitar o no, sino si esta va con cago a fondos públicos (lo que sí depende de la situación administrativa, habiéndose de comprobar que no mantienen su estancia autorizada) … pero erre que erre..
Siento informarle que no existe nueva redacción del artículo. El que puede leer es exactamente el mismo que se publicó hace unos días. No he modificado ni una coma. Lo puede usted comprobar fácilmente puesto que Google guarda todas las versiones de los artículos del blog. Compruébelo.
Los argumentos de ambos han quedado suficientemente expuestos. No deseo entrar en polémicas. Mis argumentos son éstos, si no los comparte no sucede nada. Está en su derecho.
(2/2) Después de leerle, me queda claro que no tienen forma de sostener sus «conclusiones» y (conscientemente o no) tiran de la trampa (aunque me decanto más por lo primero).
Y es que la realidad es muy tozuda.
No pluralice. Éstas son MIS conclusiones. Y claro que puedo sostenerlas, lo he hecho ya.
Sinceramente, comienzo a sospechar que tiene usted un problema. Es necesario saber debatir y es necesario saber cuando el tema se ha agotado y el debate ya no nos aportará nada nuevo. El nuestro se agotó hace rato.
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