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Timestamp: 2020-05-30 19:24:11
Document Index: 319560165

Matched Legal Cases: ['artículo 208', 'artículo 211', 'artículo 103', 'artículo 2', 'artículo 82', 'Artículo 73', 'artículo 545', 'artículo 2', 'artículo 3']

En tal sentido, debe reiterarse que esta Sala debe garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, razón por la cual tiene la obligación de controlar que los actos dictados por el órgano legislativo en desarrollo de sus competencias estén sujetos a los principios constitucionales sobre los fines del Estado y los derechos fundamentales, lo que esta Sala ha denominado elementos jurídicos, formando un entramado vinculante para una legislación que aun siendo discrecional políticamente no puede desarrollarse al margen de los postulados constitucionales, por lo que debe declararse la nulidad de toda norma jurídica que los contraríe. (cfr. Sentencias de esta Sala Nros. 85/02 y 794/11).
Finalmente, se derogan todas las leyes y normas que colidan con esta Ley y en particular; el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los Casos de Expropiaciones de Emergencia con Fines de Poblamiento y Habitabilidad, emitido por el ciudadano Presidente de la República el 15 de junio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 9.050, Extraordinario de la misma fecha, dejando expresamente vigente el Decreto N° 8143 del 6 de abril de 2011, con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Igualmente, en la Cláusula Derogatoria Única, se establece que a partir de la publicación de la presente Ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, se identifique la idoneidad y necesidad de ocupar y adquirir terrenos o inmuebles destinados a la construcción de proyectos habitacionales en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, así como que, el valor de la indemnización que corresponde pagar a los afectados deberá calcularse cumpliendo con todos los criterios, trámites, requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, en virtud de la derogatoria del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los Casos de Expropiaciones de Emergencia con Fines de Poblamiento y Habitabilidad.
En conclusión: El objetivo general y abstracto de la ley sancionada por la Asamblea Nacional es transmitir gratuitamente la propiedad de las unidades habitacionales otorgadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros planes del Estado para que los adjudicatarios puedan registrar los correspondientes títulos de propiedad y disponer sin limitaciones de tal derecho de propiedad, así como derogar el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los Casos de Expropiaciones de Emergencia con Fines de Poblamiento y Habitabilidad, para fijar como método de cálculo para el pago a los propietarios de los inmuebles sobre los que se desarrollan las soluciones habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela el establecido en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social.
“(…) es importante precisar que durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, junto a la exigencia reglamentaria ya analizada, encontramos en el artículo 208 constitucional que el Cuerpo Parlamentario, en la primera discusión del proyecto de ley, ha de considerar no sólo la exposición de motivos, sino que está obligado a evaluar sus objetivos, así como su alcance y viabilidad para poder determinar su pertinencia; y obligatoriamente conforme a la previsión del artículo 211 constitucional debe consultarse a los otros Órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas, teniendo prioridad especial por ejemplo, en el derecho de palabra, los Ministros o Ministras en representación del Poder Ejecutivo para oír su opinión sobre el proyecto de ley. Esto nos lleva a entender la obligatoria concertación que debe existir entre la Asamblea Nacional y los otros Órganos del Estado durante la discusión y aprobación de las leyes.
Esto es así, porque el gasto público representa un elemento clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica del Estado, de modo que al ser ejecutado dicho gasto a través del Presupuesto Público como instrumento de gestión del Estado para el logro de los resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por los órganos y entes del Poder Público es indiscutible que sin la aprobación del órgano público competente en materia de planificación, presupuesto y tesorería nacional, no puede estimarse cumplida la exigencia a que se refiere el numeral 3 del artículo 103 del citado Reglamento (…)”.
Del Derecho a la vivienda y el Derecho de propiedad en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia
Así, durante estos diecisiete (17) años se ha gestado un nuevo régimen constitucional venezolano, según el cual todos los derechos previstos en la Constitución son fundamentales, desarrollo constitucional que está ligado con la concepción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que establece nuestra Carta Magna, todo ello en virtud de la evolución del Estado en su rol de garante de los derechos humanos, el cual ha trascendido desde su papel abstencionista y garante de algunos derechos individuales de libertad, hasta el reconocimiento de derechos sociales de carácter prestacional y; de la protección no sólo de los individuos sino de los derechos colectivos.
“(…) El Estado Social va a reforzar la protección jurídico-constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición jurídico-económica o social de debilidad, y va a aminorar la protección de los fuertes. El Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales; y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que su libertad no sea una carga para todos. Como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros. Tal como decía Ridder, ‘...el Estado se habilita para intervenir compensatoriamente, desmontando cualquier posición de poder siempre que lo estime conveniente’, pero, agrega la Sala, fundado en la ley y en su interpretación desde el ángulo de los conceptos que informan esta forma de Estado (…)”.
“(…) En efecto, la existencia de todo Estado Social de Derecho, fiel reflejo del cual es el artículo 2 de la Constitución de 1999, se caracteriza por la incorporación de una cláusula de contenido económico, social y cultural al catálogo tradicional de derechos fundamentales, entre los cuales se insertan los derechos que se invocaron en este juicio. Tal aparición no es sino consecuencia del cometido primario de todo Estado Social de Derecho de alcanzar –siguiendo a Forsthoff (Sociedad industrial y Administración Pública, Estudios Administrativos, Madrid, 1967)- cuál es la procura existencial de las necesidades básicas del individuo para que éste pueda insertarse plena y dignamente en la sociedad, esto es, la garantía de las condiciones mínimas necesarias para que los ciudadanos gocen de una vida digna, lo que es presupuesto de un desarrollo social armónico y, en definitiva, redunda en el proceso de subsistencia y desarrollo del Estado mismo. Esa procura de la justicia social lleva al Estado a que intervenga en el ámbito económico y social, como Estado prestacional (…)”. (Negrillas y subrayado de la Sala).
Es en este marco, debe analizarse la inclusión en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del derecho a una vivienda digna en su artículo 82, el cual consagra que:“Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares (…); para ello, “El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas”, incluyendo este artículo en el Capítulo V, denominado “De los Derechos sociales y de las familias”, lo cual obliga no sólo a valorarlo en su contenido literal, sino también en el contexto en que lo estableciera el Constituyente.
“(…) el derecho a una vivienda adecuada –o digna- no puede ser un derecho retórico, el cual, en efecto, aun cuando dispone de un amplio marco jurídico en nuestro país, debe propenderse a su efectiva concreción, evitando en lo posible que sea desplazado al evanescente mundo de las aspiraciones éticas. La garantía de tal derecho, cuyo contenido trasciende socialmente, implica un real compromiso, una política de acción social” (Vid. Sentencia Nº 1317 del 3 de agosto de 2011 caso: “Mirelia Espinoza Díaz”).”
La concepción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia implica que el Estado tiene la obligación de salvaguardar y garantizar la realización de los derechos sociales de sus ciudadanos, en este caso el derecho a la vivienda, instrumentando medidas que contribuyan al diseño y formulación de políticas sociales en aras de lograr el efectivo ejercicio de dicho derecho constitucional, e impedir que sea vulnerado por las distorsiones del mercado perjudicando a los sectores económicos menos favorecidos.
“(…) Los habitantes de la República tienen el derecho de vivir protegidos contra los riesgos de carácter social que puedan afectarlos y contra la necesidad que de ellos se deriva.
El Estado establecerá en forma progresiva, un sistema amplio y eficiente de Seguridad Social y fomentará la construcción de viviendas baratas destinadas a las clases económicamente débiles (…)”. Subrayado de la Sala.
“Artículo 73.- El Estado protegerá la familia como célula fundamental de la sociedad y velará por el mejoramiento de su situación moral y económica. La ley protegerá el matrimonio, favorecerá la organización del patrimonio familiar, inembargable y proveerá lo conducente a facilitar a cada familia la adquisición de vivienda cómoda e higiénica”. Subrayado de esta Sala.
Clasificación que simplifica Forsthoff (1966), al especificarlos en “derechos de resistencia” y “derechos de exigencias”, entendiendo estos últimos como la situación jurídica del ciudadano frente a la administración prestacional del Estado y aun frente a la sociedad civil, en virtud de la justicia general, el bien común y la solidaridad. (Vid. Los derechos positivos. Las demandas justas de acciones y prestaciones, Algunas consideraciones sobre el tema de los derechos positivos, Lorenzo Peña y Txexu Ausin, en ´Algunas consideraciones sobre el problema de los derechos positivos´, José Manuel Delgado Ocando, Madrid México 2006). En conclusión, el estatus positivo o situación jurídica del individuo en materia social implica la administración prestacional por parte del Estado cuyo objeto es la procura del bien general y la seguridad social según los principios de la justicia social y el fomento de la economía al servicio del hombre (Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Ahora bien, no siempre la concepción de los derechos prestacionales, como el de la vivienda fueron considerados de inmediata ejecución como en el actual Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, ya que anteriormente, el derecho a la vivienda fue visto por algunos como una construcción lingüística de imposible aplicación. Por ejemplo, la concepción como derecho programático sostenida por el constituyente Allan Brewer-Carías, quien expresara en su libro “Constitución de 1999”, página 180: “La satisfacción de este derecho, así formulado, por supuesto que es materialmente una ilusión”. Igualmente, la afirmación de que: “(…) no hay ningún país económicamente avanzado -y es un hecho que lamentablemente se pasa por alto- que el sistema de mercado produzca casas que puedan permitirse los pobres” (La Cultura de la satisfacción. Los impuestos ¿Para qué? ¿Quiénes son los beneficiarios? John Kenneth Galbraith, tr. J.M. Álvarez Flores, Barcelona, Ariel, 1992, Pag. 55”.
“(…) En este contexto, se aprecia que la Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir.
Finalmente, debemos advertir que entendiendo la propiedad privada, en su doble dimensión como institución y como derecho subjetivo, ha experimentado en nuestro siglo una transformación tan profunda que impide concebirla hoy como una figura jurídica limitada exclusivamente al tipo abstracto descrito en el Código Civil, sino que la misma ha sido reconducida en virtud de la progresiva incorporación de finalidades sociales relacionadas con el uso o aprovechamiento de los distintos tipos de bienes sobre los que el derecho de propiedad puede recaer, produciéndose una diversificación de la institución dominical en una pluralidad de figuras o situaciones jurídicas reguladas con un significado y alcance diversos, como entre ellos podría citarse el aprovechamiento del suelo, así como la delimitación y restricción del derecho de edificación en ciertos casos. (Vid. REY MARTÍNEZ, Fernando, ‘La Propiedad Privada en la Constitución Española’, Centro de Estudios Constitucional, pp. 304-327)”.(Ver también sentencia n° 881, dictada por esta Sala el 26 de junio de 2012, caso: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA”). Negrillas de esta Sala.
“Los beneficiarios en cuyo favor se otorgue el correspondiente documento protocolizado de propiedad, de conformidad con la presente Ley, podrán disponer libremente del bien conforme lo establecido en el artículo 545 del Código Civil. Sin embargo, una vez formalizada la entrega en propiedad de la unidad de vivienda, no podrá ser candidato para otros beneficios habitacionales, a los fines de asegurar la oportunidad de nuevos optantes.”
“La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley.”
“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.”
Lo anterior, implicaría una desviación de la función social para la cual fue concebida la unidad de vivienda adjudicada por el Estado (garantizar el derecho de vivienda de un grupo familiar con escasos recursos económicos) significando por una parte un enriquecimiento sin causa de quien comercie con dicho bien, y por otra, que se estaría desvirtuando el esfuerzo que la sociedad en conjunto, a través de los entes públicos, ha realizado para la consecución de los fines del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, materializado en la dotación de viviendas dignas a las familias.
Así, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia si bien no son incompatibles los derechos a una vivienda digna y el de propiedad, los mismos se contraponen sí: el ejercicio del segundo pone en riesgo el primero, por lo que, es necesario que la legislación imponga límites claros al ejercicio del derecho de propiedad por cuanto es el Estado quien debe garantizar el acceso de las familias a una vivienda digna y no el mercado, que en esencia redistribuye los bienes que en él se encuentran sin ninguna valoración ética en favor de los que tienen mayores capacidades económicas para dominarlo, por lo que ciertos bienes, como la vivienda, por su función social deben estar protegidos del libre juego de la oferta y la demanda, especialmente si se trata de inmuebles que han sido financiados y ejecutados con un fin social específico por el Estado.
En este sentido, la experiencia nos muestra en el plano internacional que cuando se deja al mercado la regulación del acceso de las personas a la vivienda se corre el peligro de que una crisis económica se convierta además en una de carácter social más acentuada, en la que los ciudadanos pierden derechos tan preciados como el de contar con un hábitat adecuado para sus familias, tal como ocurrió con la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos de América o los desahucios en el Reino de España, que implicó que miles de personas tuvieran que abandonar sus hogares en privilegio de satisfacer intereses económicos (ver https://actualidad.rt.com/sociedad/203083-eeuu-crisis-desamparo-pobreza,http://www.gerencie.com/origen-de-la-crisis-hipotecaria-y-financiera-en-los-estados-unidos.html,http://www.elmundo.es/ espana/ 2015/06/23/5588055fe2704e960b8b457a.html), riesgo que no resulta admisible en el marco de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que ha hecho grandes esfuerzos para materializar el acceso de sus ciudadanos con menos recursos económicos a habitar con sus familias en una vivienda digna.
Finalmente, debemos acentuar que el derecho a la propiedad no queda abolido en un Estado Social, sino que queda condicionado en muchas áreas, al interés social y, en ese sentido, deben interpretarse las leyes, toda vez que “(...) el fortalecimiento de la sociedad requiere del fortalecimiento del propio Estado. Pero no ciertamente de ‘cualquier Estado’, sino de uno que realice los valores democráticos y que reconociendo sus responsabilidades públicas, sea capaz también de aceptar sus límites (…)”. (Repensando lo Público a través de la Sociedad. Nuevas Formas de Gestión Pública y Representación Social. Nuria Cunill Grau. Nueva Sociedad, pág. 17). (Ver sentencia n°. 85 dictada por esta Sala el 24 de enero de 2002).
Confirma lo expuesto, la presencia que tiene en el ordenamiento jurídico venezolano las disposiciones normativas vigentes, las cuales definen el régimen de bienes, derechos y obligaciones en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la propiedad, enmarcadas en la Gran Misión Vivienda Venezuela, como política de Estado para resguardar y garantizar ese interés social, a saber: (i) Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, (ii) Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, (iii) Ley Especial de Regularización y Ordenamiento de la Tenencia de Tierras de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos, (iv) Ley de Protección Contra la Estafa Inmobiliaria, (v) Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas, (vi) Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los Casos de Expropiaciones de Emergencia con fines de Poblamiento y Habitabilidad Valoración de Terrenos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y; (vii) Ley del Régimen Prestacional del Régimen de Vivienda y Hábitat.
La condonación de las deudas contraídas por todos los beneficiarios de la política pública de vivienda, sin una justificación real o estudio socioeconómico que indique la necesidad de ello para cada caso, entra en contradicción con los principios constitucionales y los valores superiores que deben inspirar al ordenamiento jurídico venezolano previstos en el artículo 2 de la Constitución, como son la solidaridad y la responsabilidad social, así como con los fines del Estado previstos en el artículo 3 de la Carta Magna, el cual señala:
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”. (Subrayado de la Sala).
En este sentido, la política pública para garantizar el acceso de las familias a una vivienda digna en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia no debe confundirse con la demagogia o el clientelismo, ya que la satisfacción de un derecho constitucional no es una prebenda sino la consecución de un fin social que debe ser soportado por todos los integrantes de la sociedad en la medida de sus posibilidades como aporte a las cargas públicas y tiene aparejado además el aporte de los beneficiarios de dicha política pública en el marco de los deberes constitucionales que todos los ciudadanos deben cumplir.
En conclusión, la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público resulta en su conjunto inconstitucional por cuanto, como se evidenció en las líneas precedentes, contraviene los fines del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia al no garantizar que el ejercicio progresivo del derecho de las familias a una vivienda digna no ceda ante el derecho de propiedad, al propender que las unidades habitacionales ingresen al mercado especulativo, para favorecer a quienes ejercen el dominio del mismo en detrimento de quienes ameritan de una protección reforzada por parte del Estado, además de que para su sanción no se habría cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento de formación de leyes previstas en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/187591-343-6516-2016-16-0397.HTML