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Timestamp: 2017-10-22 22:37:26
Document Index: 157381868

Matched Legal Cases: ['artículo 367', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 121', 'de lege ferenda', 'artículo 367']

BREVES REFLEXIONES EN RELACIÓN AL ACUERDO PLENARIO Nº 1-2016/CIJ-116 – Cathedralex
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29.08.2016 Comisión de Investigación Acuerdo Plenario N° 1-2016/CIJ-116, Caso 'Buscaglia Zapler', Caso 'Chu Serrato', Caso 'La Parada', II Pleno Extraordinario de las Salas Permanente y Transitoria, Violencia y resistencia contra la autoridad 0
Rafael A. Vega Llapapasca
Abogado por la UNMSM, profesor contratado en el año académico 2015 de la Cátedra Derecho Penal IV en la misma casa de estudios, con estudios concluidos en la maestría en Ciencias Penales también en la UNMSM, miembro del Instituto Cesare Beccaria. Actualmente labora en el Estudio Rodríguez Hurtado
En un texto anterior[1] el autor de estas líneas mencionó que los estudios de los delitos contra la administración pública centran sus esfuerzos generalmente en aquellos tipos penales que castigan a los intraneus, es decir, a los funcionarios o servidores públicos, quizá por una “preocupación por aquellos que (…) traicionan la lealtad que deben no solo a su empleador, sino a las instituciones que son parte de un sistema de administración el Estado del país en el que viven y del cual esperan eficiencia y probidad”[2], pero fue la realidad, como siempre, la que nos obligó a desentrañar adecuadamente los delitos contra la administración pública perpetrados por particulares ante circunstancias controvertidas.
Fue así que el principal interés de dicho texto fue analizar el delito de violencia y resistencia a la autoridad en sus modalidades simple (art. 366º CP) y agravada (art. 367º CP) en el marco de los casos Silvana Buscaglia Zapler (quien insultó y tiró al suelo el sombrero de un efectivo policial) y Víctor Hugo Chu Serrato (quien insultó a otro), ambos sentenciados por dichos ilícitos, pero con distinta suerte: la primera fue condenada a 6 años y 8 meses de pena efectiva y que recientemente ha sido indultada por el gobierno saliente de Ollanta Humala; el otro a pena suspendida, por un acuerdo de terminación anticipada. En ambos casos se discutió ardorosamente sobre sí su accionar se podía subsumir en los tipos penales bajo estudio, si realmente podíamos considerarla como “violencia”, más aún si tomamos en cuenta que los efectivos policiales materialmente podían reducir sin problemas a estas personas, planteando la pregunta “¿realmente el bien jurídico (administración pública) se veía en riesgo?”[3].
Exégesis del Acuerdo Plenario N° 1-2016/CIJ-116 (La agravante del Delito de Violencia y Resistencia contra la Autoridad Policial: Tipicidad y Determinación Judicial de la Pena)
El ruido mediático de las condenas que acarrearon las circunstancias antes mencionadas motivó diversos pronunciamientos: desde quienes aprobaban a rajatabla tales decisiones judiciales, en pos de la exigencia de respeto a las instituciones estatales, a otros (entre los que me incluyo) que rechazaban dichos fallos por considerar que no se analizó debidamente los hechos y/o lo que la dogmática penal refería respecto a los tipos penales pertinentes. Ahora, la Corte Suprema, en este II Pleno Extraordinario de las Salas Permanente y Transitoria ha querido dejar sentada su posición (parágrafo La Situación Problemática 1, fundamento 7º), con el agregado que es un precedente vinculante para el resto de magistrados de nuestro país.
Lo primero que habría que tomar en cuenta es que la Corte Suprema considera que el problema principal, en el marco de la aplicación de los arts. 366° y 367° CP, fue el no apreciar adecuadamente la aplicación del “principio de proporcionalidad” (fundamento 12º), como “ayuda a la verificación constitucional de la norma”, en tanto “no solamente se compone de elementos normativos y descriptivos, en la misma cohabitan derechos fundamentales”, debiendo estar sujeta y conforme a la Constitución.
El Supremo Tribunal sugiere hacer un test de proporcionalidad para determinar la constitucionalidad de la norma (fundamento 13°), pasando por un triple filtro: el primero de adecuación o idoneidad (si la norma coadyuva a un fin constitucionalmente legítimo); el segundo de necesidad (verificación de si no existe un mecanismo alternativo que permita lograr el fin constitucional); el tercero de proporcionalidad (implica la evaluación de los efectos positivos o negativos de la norma, de ello dependerá su constitucionalidad);
Asimismo se resalta que el sistema penal está sometido a la Constitución (fundamento 14°), debiendo interpretarse las normas que la componen (sean de naturaleza material o procesal) de acuerdo a sus principios (se mencionan el de legalidad, el de lesividad y el de culpabilidad), de esta manera la característica de última ratio de la norma penal (reiteramos cualquiera sea su naturaleza) no es meramente enunciativa, sino que el comportamiento reprimido “cause un impacto lo suficientemente importante para que se justifique la intervención penal”.
Yendo al análisis propio del artículo 367° CP, la Corte Suprema reconoce que las últimas modificatorias a dichos tipos responden a circunstancias de contexto: menciona que la Ley N° 30054 que la modificó se dio a partir de los hechos del desalojo del mercado de comerciantes “La Parada” el 02 de marzo de 2014 (fundamento 17°), que dejó como saldo numerosos efectivos policiales gravemente heridos. El legislador refiere que tal modificación normativa no se dio para que la justicia castigue cualquier acción física (acto menor) tomada contra la autoridad: desobediencias, actos ofensivos o insultos se subsumirán en otros tipos penales.
Entienden que los actos de violencia en agravio de la integridad de los funcionarios o servidores públicos deben tener una motivación (fundamento 19°): “rechazar el ius imperium del Estado representado en el ejercicio del Poder, competencias y facultades que aquella legalmente ostenta y ejerce. Son, pues, formas de resistencia activa y violenta contra dicho poder y autoridad”.
La Corte Suprema aclara que, encontrándose los ataques a la integridad de los efectivos policiales dirigidos precisamente a desobedecer, resistir o desconocer la autoridad del Estado, estos deben ser circunscritos a la naturaleza del agravio perpetrado (fundamento 20°):
Si la lesión es “menos que leve” (¿una falta?) la pena no podrá pasar de 3 años de privación de la libertad, tomando como criterio cuantitativo el artículo 122°, inc. 3, lit. a (agravante cualificada de falta leve).
Si se produjeron “lesiones leves”, la pena deberá ser no menor de 3 ni mayor de 6, nuevamente tomando como criterio cuantitativo el artículo 122°, inc. 3, lit. a (agravante cualificada de falta leve).
Si se produjeron “lesiones graves”, la pena deberá ser no menor de 6 ni mayor de 12, tomando como criterio cuantitativo el artículo 121°.
La última parte del plenario se ocupa nuevamente respecto al principio de proporcionalidad (fundamento 21°) esta vez vinculado con la determinación judicial de la pena, añadiendo que para establecer la escala de la misma deben atenderse al contexto: así insultos o escupitajos no serán considerados violencia contra la autoridad agravada, al no afectar realmente el bien jurídico bajo protección, concordando con el artículo previamente señalado (Vega Llapapasca, pp. 71-72). Incluso el Plenario hace referencia a la imposición de la pena por debajo del mínimo (fundamento 22°) en circunstancias excepcionales (estar bajo los efectos de drogas o alcohol, repeler la propia detención, o actuar en defensa errónea de un familiar); asimismo hace referencia a “bonificaciones procesales” en casos de confesión sincera, sometimiento a la terminación anticipada o a la conclusión anticipada.
Finalmente la Corte Suprema hace el pedido al Presidente del Poder Judicial de hacer una propuesta de lege ferenda para modificar el artículo 367° CP, formulando un tipo atenuado, cuya pena será no menor de seis meses ni mayor de cuatro años, “cuando los actos de intimidación o violencia no revistan gravedad”.
La Corte Suprema no ha podido dejar pasar el escándalo mediático, se dio cuenta de la exagerada reacción por parte de sus pares de instancias previas, en contra de hechos que revestían poca o ninguna vulneración a los bienes jurídicos y que en el caso de Buscaglia Zapler (entre otros, no fue la única) la llevaron a la cárcel.
En tiempos en que la sociedad exige “mano dura” contra la delincuencia, las autoridades ante la ausencia de respuestas reales en contra de la verdadera criminalidad toma decisiones apresuradas para con hechos que no revisten importancia, llevando a las instancias superiores a hacer control de daños, corrigiéndoles la plana.
Nos preguntamos si la Corte Suprema actuará de la misma forma en todos los casos en los que sus a-quos sean cuestionados, más aún si se tiene en cuenta que el Sr. Presidente del Poder Judicial por un lado refiere que existen errores judiciales[4], pero por otro indica tajantemente que los magistrados no tienen que dar explicaciones de sus fallos[5].
[1] Vega Llapapasca, Rafael, El delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Cuando se utilizan cañones para matar hormigas, Lima: Actualidad Penal, 23, 2016, pp. 64-72.
[2] Vega Llapapasca, El delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Cuando se utilizan cañones para matar hormigas, ob. cit., p. 64.
[3] Ibid, p.65.
[4] La República, “Presidente del Poder Judicial admite errores de jueces”, La República, Lima, 26 de julio de 2016. Recuperado el 29 de agosto de 2016 de http://goo.gl/q0A2iP.
[5] RPP Noticias, “Poder Judicial: ‘Jueces no tienen que dar explicaciones de sus fallos a nadie’, RPP Noticias, Lima, 24 de agosto de 2016. Recuperado el 29 de agosto de 2016 de http://goo.gl/EXkwPb.
Penal, Procesal
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