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Timestamp: 2020-07-08 03:51:33
Document Index: 129231900

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 95', 'artículo 37', 'artículo 174', 'artículo 271', 'artículo 125', 'artículo 228', 'artículo 223', 'artículo 296', 'artículo 71', 'Artículo 125', 'artículo 243']

AUTO 2016-00079 DE 24 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:ALCANCE DE LA POSTULACIÓN PROCESAL PARA LOS COADYUVANTES O IMPUGNADORES EN EL PROCESO ELECTORAL. EL COADYUVANTE O IMPUGNADOR POR DISPOSICIÓN LEGAL SOLO PUEDE REALIZAR ACTOS PROCESALES PERMITIDOS A LA PARTE A LA QUE AYUDA EN CUANTO NO IMPLIQUE DISPOSICIÓN DEL DERECHO EN LITIGIO. EN RELACIÓN AL PROCESO ELECTORAL LAS ACTUACIONES DE LOS COADYUVANTES SE ENCUENTRAN LIMITADAS CON MAYOR AHÍNCO, Y NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE, DEBE ESTAR EN CONSONANCIA CON LA ACTUACIÓN QUE DESPLIEGUE QUIENES EN SENTIDO ESTRICTO CONFORMEN LA LITIS. LOS LÍMITES IMPUESTOS A LA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS BUSCAN NO SOLO DAR CELERIDAD AL PROCESO, SI NO DELIMITAR DE FORMA PRECISA EL OBJETO DE LA CONTROVERSIA PUESTA A CONOCIMIENTO DEL JUEZ.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERVINIENTES EN EL DERECHO ELECTORAL, SANCIONES A LOS INTERVINIENTES POR DELITO CONTRA EL PROCESO ELECTORAL, PROCESO ELECTORAL, INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN JUICIO ELECTORAL, INTERVENCIÓN ADHESIVA, INTERVENCIÓN COADYUVANTE
Auto 2016-00079 de agosto 24 de 2016
Dra. Lucy Jeannette Bermúdez
Expediente: 73001-23-33-000-2016-00079-03
Actor: ARlid Mauricio Devia Molano
Demandado: JUlián Andrés Prada Betancourt Personero de Ibagué
Bogotá D.C., veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis
Auto que rechaza de plano la solicitud de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento del asunto.
Resuelve el Despacho la solicitud de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento del asunto por importancia jurídica presentada por el señor Mario Germán Iguarán Arana, en calidad de impugnante.
El señor Arlid Mauricio Devia Molano, a través de apoderado, presentó demanda de nulidad electoral el 14 de enero de 2016(1), ante el Tribunal Administrativo del Tolima, con las siguientes pretensiones(2):
“1.1. (…) Declarar la nulidad de la decisión adoptada por el Concejo Municipal de Ibagué en sesión de 10 de enero de 2016, por medio del cual se efectuó la ELECCIÓN de JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT como Personero Municipal de Ibagué para el periodo de 2016-2020 por cuanto no reúnen (sic) las calidades y requisitos establecidos en la Ley y en la norma reguladora de la convocatoria pública.
1.2. (…) Declarar la nulidad de la decisión adoptada por el Concejo Municipal de Ibagué en sesión de 10 de enero de 2016, por medio del cual se efectuó la ELECCIÓN de JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT como Personero Municipal de Ibagué para el periodo de 2016-2020 por cuanto está incurso en causal de inhabilidad prevista en el artículo 174 literal g) de la Ley 136 de 1994 y la prevista en el numeral 3 del artículo 95 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 aplicable a la elección de personeros conforme a lo previsto en el literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994”. (fl. 116)
a) El Concejo Municipal de Ibagué suscribió un convenio interadministrativo de cooperación con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) con el fin de adelantar el “concurso público y abierto de méritos para la elección de personero Municipal”.
b) El 4 de noviembre de 2015, el Concejo Municipal concedió autorización a la Mesa Directiva del Concejo para que realizara la convocatoria pública para “llevar acabo el concurso abierto y público de méritos para la elección del personero”.
c) Mediante resolución 292 de 13 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva realizó la convocatoria pública a concurso público y abierto de méritos para la elección del personero. En dicha resolución se establecieron las reglas del concurso, sus etapas eliminatorias y clasificatorias, el sistema de puntuación y el cronograma del concurso.
d) El 10 de enero de 2016 se llevó a cabo por el Concejo Municipal la elección como personero municipal del señor JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT, quien tomó posesión del cargo ese mismo día.
e) El señor JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT celebró contrato de prestación de servicios profesionales No. 901 de 5 junio de 2015 con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). Dicho contrato tenía como objeto prestar “sus servicios profesionales como Abogado para a apoyar a la Dirección Territorial Tolima (…)”. El lugar de ejecución del contrato era la ciudad de Ibagué y tenía un término de seis meses y quince días. (fl. 71)
2. De la solicitud de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento del asunto por importancia jurídica
Mediante memorial allegado el 10 de agosto del año en curso, el señor Mario Germán Iguarán Arana, impugnante, solicitó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento del asunto por importancia jurídica, así como, por el cambio de contexto normativo en el presente caso.
Para tal fin, argumentó que el cambio del régimen de elección del Personero Municipal implicó la derogatoria tácita de algunas inhabilidades que se justificaban cuando el sistema de elección no era por medio de concurso de méritos.
Por ello, con fundamento en el artículo 271 del CPACA, señaló la necesidad de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento del asunto por importancia jurídica, trascendencia social y necesidad de sentar jurisprudencia respecto al contenido y alcance de la interpretación de las inhabilidades previstas en los artículos 174 literal g) y 95 numeral 3°de la Ley 136 de 1994.
Este Despacho es competente para resolver la solicitud de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento del asunto, realizada por el señor Mario Germán Iguarán Arana, impugnante, de conformidad con lo establecido en el artículo 125(3) del CPACA.
2. Del alcance de la postulación procesal para los coadyuvantes o impugnadores en el proceso electoral
El coadyuvante o impugnador por disposición legal, en forma independiente solo puede realizar los actos procesales permitidos a la parte a que ayuda en cuanto no estén en oposición con los de ésta y siempre que no implique disposición del derecho en litigio.
La razón de ello se debe a su connotación como parte procesal, toda vez que su existencia dentro del proceso es permitida y validada en calidad de sujeto accesorio a uno principal -demandante o demandado-; así que la limitación en su actuar deviene de que no demanda en ejercicio propio ni frente a su derecho, sino en forma anexa o accesoria respecto de otro, lo cual restringe su margen de acción y le impide realizar actos procesales o formular postulaciones autónomas que dispongan del derecho o la situación en litigio.
No obstante, y en relación al proceso electoral, el alcance restringido de las facultades procesales de los terceros intervinientes, que éstos sean coadyuvantes o impugnadores, se explica igualmente por la naturaleza especial del mismo.
En efecto, la acción electoral tiene como principal objetivo la salvaguarda y protección del “interés colectivo de la pureza del sufragio.”(4), que exige una cierta celeridad en su trámite, puesto que la legalidad de los actos administrativos de elección no puede estar sujeta a una incertidumbre indefinida.
De allí que no sea sorprendente que las actuaciones de los coadyuvantes o impugnadores se encuentren limitadas con mayor ahínco en el procedimiento electoral; el carácter expedito de este procedimiento conlleva al establecimiento de reglas que condicionan las conductas desplegadas por este tipo de terceros intervinientes, pues las mismas “deben estar sujetas y en armonía con la conducta que adelante la parte a la cual acompañan.”(5)
Por otra parte, el tema de la coadyuvancia ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sección Quinta, consideraciones que este Despacho hace propias en la presente providencia.
Se hace referencia en forma concreta a la sentencia de 27 de marzo de 2014(6), en la que se indicó que las partes y los coadyuvantes tienen posibilidades de actuación dentro del proceso que resultan diferenciables, por cuanto mientras las partes actúan de manera autónoma, los otros intervinientes encuentran como condicionamiento de sus intervenciones el interés de la parte a la que apoyan, habiéndose inclusive señalado que su posición es la de contribuir a enriquecer argumentalmente la posición de la parte coadyuvada, como actualmente se evidencia del contenido del artículo 228 del C.P.A.C.A., para el tema específico de los procesos electorales, cuyo texto reza: “En los procesos electorales cualquier persona puede pedir que se la tenga como impugnador o coadyuvante. Su intervención solo se admitirá hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de celebración de la audiencia inicial”.
Disposición ésta que en armonía con el artículo 223 ibídem, aplicable por el principio de remisión normativa previsto en el artículo 296(7) ib., limita la actuación del coadyuvante en los siguientes términos: “(…) podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con las de ésta”, y en virtud del artículo 71 del C.G.P. -antes 52 del C.P.C.- siempre que esos actos procesales “no impliquen disposición del derecho en litigio” y además, “tomará el proceso en el estado en que se encuentre al momento de su intervención”.
Así las cosas, aunque el legislador haya autorizado la participación de cualquier persona en el proceso electoral, ello no significa que dicha intervención pueda ser considerada como autónoma e independiente, ya que como se expresó, ésta “debe estar en perfecta consonancia con la actuación que despliegue quienes en sentido estricto conforman la Litis, es decir, las partes.”(8)
Sin embargo, lo anterior no se traduce en un fenómeno de “volatilidad” de la naturaleza pública de la acción electoral, “pues los límites impuestos a la participación de terceros buscan no solo dar celeridad al proceso, sino delimitar de forma precisa el objeto de la controversia puesta a conocimiento del juez”(9).
En este caso la parte demandada, esto es, el señor JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT no solicitó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento del asunto
En consecuencia, se advierte exceso en el límite de la postulación del señor Mario Germán Iguarán Arana, impugnador, toda vez que la parte a la que ayuda -demandada- no hizo manifestación similar, por lo que lo procedente será rechazar de plano la solicitud de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento del asunto por importancia jurídica.
De conformidad con todo lo anterior, este Despacho:
RECHAZAR DE PLANO la solicitud de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento del asunto, interpuesta por el impugnante, señor Mario Germán Iguarán Arana.
Magistrados: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Consejera
1 Folios 3 a 93.
2 Las pretensiones de la demanda fueron aclaradas mediante escrito de subsanación de 23 de febrero de 2016.
3 “Artículo 125 CPACA. De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de súplica.”
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente No. 05001-23-31-000-2007-00437-00. Actor: Flor de María Ruíz Marulanda. CP Susana Buitrago Valencia.
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente No. 11001-03-28-000-2015-00019-00. Actor: William Yesid Lasso. CP Alberto Yepes Barreiro.
6 Expediente 54001-23-31-000-2012-00001-03. Actor: Santiago Liñán Nariño. Demandado: Alcalde del Municipio de Cúcuta. C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, cuyas consideraciones en su generalidad son aplicables al este caso. En este se invocan los siguientes antecedentes: Sección Primera. 28 de octubre de 2010. Expediente núm. 2005-00521-01, Actor: José Omar Cortés Quijano, C.P. Dra. María Elizabeth García González y de la Sección Quinta. M.P. Mauricio Torres Cuervo. Sentencia de 23 de septiembre de 2010. Rad.No. 07001-23-31-000-2009-00034-01. Actor: Albeiro Vanegas Osorio y otro. Demandado: Gobernador del Departamento de Arauca y sentencia de 7 de marzo de 2011. EXP N° 110010328000201000006-00. M.P. María Nohemí Hernández Pinzón. En época más reciente la figura procesal fue estudiada en auto de la Consejera Ponente de Bogotá D.C., tres (3) de diciembre dos mil catorce (2014). Exp. 11001-03-28-000-2014-00031-00. Actor: Eduardo Quiroga Lozano. Demandado: Representante a la Cámara por el Departamento de Arauca.
7 “Aspectos no regulados. En lo no regulado en este título –se refiere al Título VIII sobre ‘Disposiciones especiales para el trámite y decisión de las pretensiones de contenido electoral’- se aplicarán las disposiciones del proceso ordinario en tanto no sean incompatibles con la naturaleza del proceso electoral”.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente No. 11001-03-28-000-2015-00019-00. Actor: William Yesid Lasso. CP Alberto Yepes Barreiro.