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Timestamp: 2019-10-15 14:28:30
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Se puede cobrar la pensión por viudedad aunque no haya convivencia permanente
Cesión de la cartera de clientes, ¿cómo tributa?
El Supremo abre la puerta a una oleada de demandas de autónomos y pymes por el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)
Tribunal Supremo: Abusivo el contrato de mantenimiento de unos ascensores suscrito por una comunidad de propietarios
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Se puede cobrar la pensión por viudedad aunque no haya convivencia permanente15/10/2019
advocatiPensiónviudedadAlt advocatiAdvocati AbogadosPensión de viudedad
La justicia reconoce el derecho a la pensión de viudedad permanente a un hombre, a pesar de no haber estado casado más de un año y no convivir de forma permanente con su esposa. La mujer falleció a causa de un cáncer.
La pareja llevaba conviviendo desde hacía tiempo y finalmente decidieron contraer matrimonio. Sin embargo, la unión duró apenas un año porque la mujer falleció a causa de un cáncer. Entonces, el esposo solicitó la prestación de viudedad permanente, pero solo se le concedió por un periodo de dos años, lo que le llevó a volver a reclamar la pensión.
La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de Madrid acaba de ponerse de parte del hombre, reconociendo su derecho a la pensión de por vida, a pesar de que el matrimonio fue corto y, además, la pareja únicamente convivía los fines de semana, los días festivos y las vacaciones.
Ante estas circunstancias, ¿qué motivos han visto los jueces para posicionarse de su parte? En primer lugar, la existencia de una relación de pareja desde el año 1995, que finalizó en matrimonio civil en 2014. Según contempla el dictamen del TSJ, aunque sólo hubiera un año de unión (hasta 2015), la pareja mantenía una relación estable desde hacía tiempo, un hecho que el viudo ha conseguido demostrar y la justicia ha visto como razón clara para concederle la prestación permanente que solicitó.
Pero, además, el tribunal se ha fijado en otra circunstancia clave, ligada al hecho de que el matrimonio no conviviera de forma permanente en su domicilio: la enfermedad del padre de la mujer. Aquejado de una grave dolencia, el padre de la esposa requería de una atención diaria y constante, lo que llevó a que se turnara con su hermana en el cuidado del anciano. Mientras una hija -la fallecida- lo hacía de lunes a viernes, la otra se encargaba de su asistencia los fines de semana y festivos. Esta es la razón de que la mujer no pudiera convivir con su marido de modo continuo.
En resumen y según recoge el dictamen del tribunal madrileño, "no hay duda de que concurre el supuesto de convivencia de dos años que exige la ley". Aclara igualmente que el concepto de matrimonio no significa una convivencia diaria bajo el mismo techo, sino que, en casos como éste, basta con que suponga "mantener una relación estable de afectividad análoga a conyugal". De tal forma que el fallo del TSJ ha sido tajante al dictar que "se declara el derecho a la pensión vitalicia de viudedad de la Seguridad Social a causa del fallecimiento de su esposa".
(Fuente EL PAÍS)
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Cesión de la cartera de clientes, ¿cómo tributa?14/10/2019
IvaadvocatiIrpfAlt advocatiAdvocati AbogadosCesión cartera de clientesCartera de clientes
Si estás decidido a vender tu cartera de clientes debes saber el tratamiento fiscal que se aplica a esta operación, tanto desde el punto de vista del IRPF como del IVA. Es importante analizar las implicaciones fiscales que conlleva dicha transmisión.
La transmisión de una cartera de clientes es una operación sujeta a varios impuestos. En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habrá que determinar si ha existido pérdida o ganancia patrimonial. En lo relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido, la operación queda sujeta al impuesto debiendo el cedente repercutir la cuota correspondiente del IVA al tipo impositivo general del 21 por ciento al destinatario de la cesión.
Implicación en el IRPF
La cartera de clientes vinculada a la actividad económica que viene desarrollando el consultante constituye un elemento patrimonial afecto a aquélla, conforme con lo dispuesto en el artículo 29.1 de la LIRPF.
En consecuencia, su transmisión producirá una ganancia o pérdida patrimonial, según lo previsto en el artículo 28.2 de la LIRPF. Así, la ganancia o pérdida patrimonial derivada de la venta de la cartera de clientes se determinarán según lo dispuesto en el artículo 34.1, b) de la LIRPF, esto es: por diferencia entre los valores de adquisición (si esta se hubiera realizado mediante precio) y transmisión del elemento patrimonial transmitido.
La integración de esta renta se efectuará, en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la Ley del Impuesto, en la base imponible del ahorro.
Implicación en el IVA
En varias consultas, la Dirección General de Tributos ha dejado claro que la cesión de la cartera de clientes constituye una operación sujeta al Impuesto.
El órgano consultivo ha señalado que la aplicación del supuesto de no sujeción del artículo 7, apartado 1º, exige que el conjunto de los elementos transmitidos sea suficiente para permitir desarrollar una actividad económica autónoma en el transmitente, situación que deberá analizarse en cada caso concreto.
En ese sentido, la cesión de la cartera de clientes no puede considerarse, aisladamente, como una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial.
En tales condiciones, la transmisión de la cartera de clientes constituye una mera cesión de derechos, y, en consecuencia, queda sujeta al Impuesto debiendo el cedente repercutir la cuota correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo general del 21 por ciento al destinatario de la operación.
(Fuente Legal Today)
ADVOCATI ABOGADOS es un despacho profesional con experiencia desde 1.993 en temas tributarios y fiscales, por ello, no dude en ponerse en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o problema con la Agencia Tributaria (AEAT), OAGER o cualquier problema de impuestos.
El Tribunal Supremo avala el decreto que regula las viviendas de uso turístico en Castilla y León02/10/2019
advocatiVivienda turísticaAlt advocatiAdvocati Abogados
EL ALTO TRIBUNAL DESESTIMA EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
La sentencia, con ponencia del magistrado José Manuel Bandrés, indica que la exigencia de que la actividad de cesión del alojamiento sea “de forma habitual” (artículo 4 c) no resulta irrazonable.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que el Decreto de la Junta de Castilla y León sobre la regulación de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en dicha comunidad no vulnera la Constitución.
Considera que tampoco vulnera la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley de garantía de la unidad de mercado.
En concreto, concluye que los preceptos relativos a la regulación del régimen jurídico aplicable en función de elementos temporales (artículo 4 c y d), a la exigencia de distintivo (artículo 6) no atentan contra la libre competencia.
Tampoco lo hacen por tanto, los requisitos de las viviendas de uso turístico (artículos 7 a 12), a la atención telefónica durante 24 horas (artículo 25) y a la inclusión con carácter orientativo de los precios en catálogos, directorios, guías o sistemas informáticos (artículo 30.4).
De este modo, desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Esta había solicitado la nulidad de dichos preceptos, y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon, que solo anuló el artículo 3.2 del Decreto que prohibía el alquiler por habitaciones.
La exigencia de que la actividad de cesión del alojamiento sea “de forma habitual” no es irrazonable
El motivo es que determina que los arrendamientos ocasionales no quedan sometidos a la citada reglamentación al no considerarse, propiamente, como actividad turística.
También rechaza que la exigencia de que el hospedaje tenga un carácter temporal, que no exceda del plazo de dos meses (artículo 4 d), o que suponga una restricción ilegítima al ejercicio de la actividad.
Por ello, no requiere una específica justificación de obedecer a razones imperiosas de interés general, dado el margen normativo que, en desarrollo de la ley 14/2010, de Turismo de Castilla y León, corresponde a la Junta.
Tampoco vulnera dicha normativa, según la sentencia, el artículo 6 del Decreto que establece la obligación de la empresa prestadora del servicio de alojamiento de uso turístico de exhibir en la entrada de la vivienda una placa identificativa de la actividad.
En este sentido, asegura que carece de justificación argumentar que constituye una carga económica excesiva y desproporcionada para el operador.
En relación con la imposición de condiciones estándares referidas al acondicionamiento de las viviendas (artículos 7 al 12), la Sala explica que está justificada en la medida que trata de garantizar una determinada calidad del producto turístico en defensa y protección de los derechos de los consumidores.
Agrega que esa misma finalidad persigue la obligación de la empresa de facilitar atención telefónica al cliente durante las 24 horas del día (artículo 25).
Esto, según la Sala, no es una carga innecesaria y excesiva carente de justificación, ya que está destinada a resolver las incidencias que pudieran surgir durante la estancia y, por ello, garantizar la protección de los derechos de los usuarios a la prestación de un buen servicio de hospedaje.
No impone un servicio de asistencia telefónica
Ese precepto, según los magistrados, no impone un servicio de asistencia telefónica que deba ser atendido por un personal responsable cualificado de forma permanente, sino de facilitar únicamente a los clientes un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.
Esto es, para que puedan resolverse cualquier tipo de situaciones que puedan surgir en la prestación del servicio de hospedaje, lo que evidencia que su fundamento es la de proteger los derechos de los consumidores y usuarios.
Por último, la Sala señala que tampoco obstaculiza la existencia de competencia en el mercado ni limita el ejercicio de la actividad comercial el artículo 30.4 del Decreto referido a la recogida de datos sobre precios de los alojamientos de uso turístico con fines estadísticos, informativos o publicitarios.
El tribunal no considera que la recogida de dichos datos por la Administración con efectos meramente estadísticos o divulgativos pueda tener incidencia sobre la política de precios, ni que esa información pueda servir de base para proponer recomendaciones colectivas.
(Fuente CONFILEGAL)
El Supremo abre la puerta a una oleada de demandas de autónomos y pymes por el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)01/10/2019
IvaadvocatiSiiAlt advocatiAdvocati AbogadosSuministro Inmediato de Información del Iva
Una sentencia del alto tribunal anula el plazo que se dio para renunciar al nuevo sistema de gestión del IVA
La planificación financiera es vital para la liquidez y supervivencia de las empresas. La agenda de las compañías está fuertemente condicionada por los impuestos a los que tiene que hacer frente. El más presente en su día a día es el IVA, un impuesto que obliga a las entidades a mantener un continuo flujo de activos e información con la Agencia Tributaria. Cualquier modificación en el régimen de aplicación del impuesto obliga a una adaptación, y puede motivar decisiones estratégicas de las entidades. Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Cinco Días, abre la puerta a una oleada de reclamaciones de miles de autónomos y empresas (sociedades y grupos) por los daños y perjuicios causados por el Estado, que creó unas expectativas que ahora se ven frustradas tras el fallo.
El pasado mes de julio, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal dictó una resolución que declaró nulo de pleno derecho el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se introdujo cierto régimen transitorio para 2017 en materia de IVA. La normativa, anulada por defectos formales, vino a posibilitar para determinados contribuyentes, a excepción de las grandes empresas, la renuncia al nuevo modelo de gestión: el llamado Suministro Inmediato de Información del IVA (SII), introducido en diciembre de 2016. El reglamento de 2017 ampliaba el plazo, hasta julio de ese año, para que las sociedades y autónomos pudieran rechazar el SII. Su entrada en vigor había cogido por sorpresa y sin margen de maniobra a muchos contribuyentes. Quedar excluído del nuevo sistema informatizado suponía, por otro lado, renunciar a los regímenes especiales que otorgaban una serie de ventajas a las compañías.
La declaración de nulidad del citado real decreto supone que dicho plazo nunca existió y, por tanto, las renuncias formalizadas no han sido válidas. Como consecuencia, estos empresarios han quedado incluidos automáticamente en el SII en los ejercicios 2017, 2018 y 2019, con todo lo que ello comporta.
Como explica Miguel Caamaño, letrado del asunto y abogado en Caamaño, Concheiro & Seoane (CCS Abogados), muchos empresarios, autónomos, sociedades y grupos de empresas, se vieron obligados a renunciar a sus regímenes especiales (que les ofrecían opciones para generar o bien un importante ahorro fiscal o la disponibilidad de recursos financiaros) ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema, que implicaba unos cambios organizativos y técnicos para los que no estaban preparadas. Ente otras modificaciones, señala el abogado, las empresas debían tener sobre alimentados sus servidores para suministrar información continua a través de la sede electrónica de la AEAT.
A título de ejemplo, apunta Caamaño, muchos empresarios causaron baja por efecto del Real Decreto 529/2017 en el Régimen de Devolución mensual (REDEME) y otros quedaron excluidos nada menos que del régimen especial del grupo de entidades del IVA.
Uno de los efectos más importantes de la sentencia del Tribunal Supremo, subraya Caamaño, es la posibilidad de que autónomos, sociedades y grupos de empresas reclamen los daños y perjuicios colaterales sufridos. La mayor trascendencia de la sentencia, explica el letrado, estriba en la responsabilidad patrimonial del Estado, “que deberá de hacer frente, previa demanda, a una importante cantidad para indemnizar a miles de contribuyentes españoles (autónomos, sociedades mercantiles y grupos)”. Son pérdidas cuantificables y demostrables, opina el experto fiscalista, por la renuncia a unos regímenes sobre la base de una norma estatal que ha sido declarada nula de pleno derecho. Pérdida de oportunidades, problemas de liquidez y otras decisiones han afectado a la caja de estos contribuyentes, que ahora pueden unirse en plataformas de afectados para reclamar al Estado.
(Fuente Cinco Días)
Tribunal Supremo: Abusivo el contrato de mantenimiento de unos ascensores suscrito por una comunidad de propietarios26/09/2019
Comunidades de VecinosadvocatiascensorAlt advocatiAdvocati Abogados
Sala de lo Civil del Supremo: Abusivo el contrato de mantenimiento de unos ascensores suscrito por una comunidad de propietarios
La empresa de mantenimiento de ascensores ENOR ha perdido el juicio contra una Comunidad de Propietarios de Noia, A Coruña, por contener, el contrato, una cláusula abusiva.
Los nueve magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo consideran abusivo el contrato de mantenimiento de unos ascensores, suscrito por una Comunidad de Propietarios de Noia, A Coruña, con la empresa Ascensores Enor, S.A.
En consecuencia han anulado la sentencia de la segunda instancia, dictada por el tribunal se la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña, que condenó a la Comunidad de Propietarios de Avenida Coruña 47-San Bernardo 19-21, a indemnizar a la compañía de ascensores con 10.264 euros, más las costas procesales de la primera instancia.
De esta forma, con su fallo –469/2019 de 17 de septiembre pasado– el Alto Tribunal, ha confirmado el fallo realizado por el Juzgado de Primera Instancia 2 de Noia, que desestimó la demanda.
Según el Supremo, el caso resuelto, cuyo recurso extraordinario se presentó por infracción procesal, se trataba de un contrato de los calificados como «a todo riesgo», con una duración de cinco años, que se prorrogaban tácitamente por periodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con noventa días de antelación.
Para el caso de que alguna de las partes desistiera del contrato, se establecía una penalización del 50% de las cuotas pendientes hasta la fecha establecida para su finalización.
CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS
En su sentencia, de la cual ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, la Sala estima el recurso de casación formulado por la comunidad de propietarios y considera que un plazo de duración del contrato tan extenso y con esas consecuencias asociadas es contrario a la normativa sobre cláusulas abusivas.
El tribunal entiende que resulta razonable que la empresa de mantenimiento de ascensores exija un tiempo mínimo que le permita organizar su infraestructura y, en caso de contratos «a todo riesgo», amortizar la adquisición de piezas costosas.
Pero ello no puede suponer una vinculación excesiva que impida a los consumidores aprovecharse de las mejores prestaciones de otros empresarios.
El riesgo que supone para la empresa la baja de los clientes no puede suprimirse restringiendo indebidamente los legítimos derechos económicos de los consumidores, dice el Alto Tribunal.
Debe quedar fijado en sus justos términos, mediante el establecimiento de plazos razonables que permitan al empresario organizar la prestación del servicio y a los consumidores beneficiarse de las mejores ofertas que hagan otros empresarios del sector.
El Pleno, formado por los magistrados Francisco Marín Castán, presidente, Antonio Salas Carceller, Francisco Javier Arroyo Fiestas, Ignacio Sancho Gargallo, Eduardo Baena Ruiz, Pedro José Vela Torres, María Ángeles Parra Lucán, José Luis Seoane Spiegelberg y Sarazá Jimena, considera que la empresa de mantenimiento de ascensores no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen una duración superior a tres años, que es el plazo máximo que, en concordancia con los criterios mantenidos por un sector importante de las Audiencias Provinciales, y en línea también con lo mantenido por la autoridad nacional de la competencia, se considera razonable para un contrato de esta naturaleza, habida cuenta de que se trata de un contrato que incluye la obligación de la empresa de mantenimiento de sustituir, a su cargo, las piezas averiadas.
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