Source: https://ecoleygranada.es/covid19-medidas-ertes-7/
Timestamp: 2020-04-10 20:12:35
Document Index: 9883745

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 273', 'artículo 22', 'artículo 47', 'artículo 23', 'artículo 41', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 22', 'artículo 273', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 47', 'artículo 264']

COMUNICADO COVID19 VII – ECOLEY | Economistas & Abogados
18th marzo 2020 /0 Comentarios/en Covid /por lalaau
MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS SOBRE LOS
El Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 de 17 de marzo de 2020 ha establecido en relación a los ERTES lo siguiente:
En el artículo 22 se establecen las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.
En el primero de sus puntos establece en qué casos la inspección de trabajo y seguridad social podrá establecer que provienen de fuerza mayor y por tanto beneficiarse de la exención del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece:
“2. En los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato, la empresa ingresará la aportación que le corresponda, debiendo la entidad gestora ingresar únicamente la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior” (Se refiere a la aportación del trabajador 273.1)
Así, el citado artículo 22 del RDL 8/2020, en su primer punto establece:
“1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre”
Continuando en el punto 2 del citado que, decidido por la empresa plantear el ERTE por dicha causa (fuerza mayor), se aplicarán las siguientes especialidades,
respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de:
Informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19,
La correspondiente documentación acreditativa
Deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá́ ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas, en el plazo de 5 días, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se evacuará en el plazo improrrogable de 5 días, y el cual deberá́ limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
Por otro lado, los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción, relacionadas con el COVID-19, se ocupa el artículo 23 del RDL 8/2020 estableciendo las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:
“a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará́ integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará́ conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará́ integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá́ estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá́ exceder del plazo máximo de 7 días”.
El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días”
Mención aparte merece el artículo 24 del citado Real decreto Ley, por cuanto que, a buen seguro, va a generar la mayoría de las dudas y problemas de tramitación del los ERTEs planteados, dado que si bien y acreditada por la inspección de trabajo la fuerza mayor temporal, el artículo 24, apartado 1, establece:
“1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así́ como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial”.
Para los expedientes de regulación de empleo temporal por causas técnicas, organizativas, de producción o económicas no existirá dicha excepción, y por tanto deberán asumir la cotización de la cuota empresarial de todos los trabajadores en situación de suspensión de contratos y reducción de jornada.
En los próximos días se va a producir una saturación de ERTEs, inicialmente planteados por fuerza mayor, que no reuniendo las características establecidas en el artículo 22.1, serán rechazados por la inspección de trabajo, con el consiguiente retraso en la tramitación, y la consiguiente asunción por parte del empresario del coste de nóminas y cuota empresarial de dicho periodo, por lo que la recomendación debería ser la de asegurar de manera fehaciente la fuerza mayor que se pretenda alegar o en su defecto plantearlos por las otras causas establecidas aunque ello suponga asumir la cuota empresarial, dado que pese a los plazos establecidos que apenas va a reducir los plazos anteriormente establecidos, se evitaran dilaciones innecesarias y costosas.
En cuanto a la prestación por desempleo de los trabajadores incluidos en un ERTE, el artículo 25 establece las medidas extraordinarias establecidas a tal efecto, estableciendo:
“En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas:
El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
También podrán acogerse a dichas medidas, además de las personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es decir:
Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los regímenes especiales de la Seguridad Social que protegen dicha contingencia, con las peculiaridades que se establezcan reglamentariamente.
Los trabajadores emigrantes que retornen a España y los liberados de prisión, en las condiciones previstas en este título.
Los funcionarios interinos, el personal eventual, así como el personal contratado en su momento en régimen de derecho administrativo al servicio de las administraciones públicas.
Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares Baleares y los cargos representativos de las organizaciones sindicales constituidas al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, que ejerzan funciones sindicales de dirección, siempre que todos ellos desempeñen los indicados cargos con dedicación
exclusiva o parcial y perciban por ello una retribución, en las condiciones previstas en este título para los trabajadores por cuenta ajena.
Los altos cargos de las administraciones públicas con dedicación exclusiva que sean retribuidos por ello y no sean funcionarios públicos, en las condiciones previstas en este título para los trabajadores por cuenta ajena, salvo que tengan derecho a percibir retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese. Estos dos últimos estrían obligados a cotizar por la contingencia de desempleo
Así como aquellos que tengan la condición de socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.
“a) La base reguladora de la prestación será́ la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.
b) La duración de la prestación se extenderá́ hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.”
En cuanto a los trabajadores fijos discontinuos, las prestaciones por desempleo percibidas por dichos trabajadores y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará́ al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará́ a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá́ de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación.
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