Source: http://mail.derechos.org/nizkor/arg/libros/duhalde/cap5.html
Timestamp: 2019-07-18 15:39:50
Document Index: 207525173

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 26', 'artículo 293']

Los Robinson. La compulsa
Los Monza. Escenas de Poliladrón
21770. La ley secreta
La gestoría policial
Comunicaciones. La mentira tiene patas cortas
Me comprás, mamí?
tr. Asaltar, chacar. "Si lo relojeaban con tanto vento no sería dificil
que lo achacaran: había que junarlos dos veces".
En Uruguay úsase también con la significación
de cobrar un objeto cualquiera que está en venta, por sobre el precio corriente.
Dícese: "esto es un achaque".
V. tr. (Voz de orígen español popular). Estafar, timar, robar.
También dícese del cobrar en demasía. "... comenzaron a cantar:
Paredón, paredón a todos los que afanaron...'", (La Prensa, 1º Secc. pag 8; 27/5/1973.
m. Acción y efecto de afanar. "Ché, no les dá verguenza.
¡Esto es un afano!
Diccionario de Voces Lunfardas y Vulgares, Fernando Casullo.
Un asesor de la gobernación que ahora es juez me preguntó
el día de la sesión, si yo estaba en contra de la ley:
- Si, le dije.
- Debe haber algo en esta ley -me confió él-,
porque desde la Gobernación, en la calle 6, a la Legislatura,
en apenas cuatro cuadras, aumentó 30 millones.
Relato de un legislador bonaerense
A las cinco de la tarde del 17 de setiembre de 1992 en el Salón Dorado de la Jefatura de la Policía bonarense se inició un negocio. Y el oficial subinspector Gustavo Soarez de Souza sería, 18 meses después, el primer muerto.
A los escribanos de la Provincia, Héctor Savoia y Martín Berterreche, les tomó dos horas y veinte minutos el trámite de recibir las seis ofertas. La Policía bonarense quería comprar 30 helicópteros.
El 8 de ese mes cursaron la invitación para intervenir en una compulsa de precios a las empresas Raca SA, Aviacom SRL, Aerofalcom SA, Tursol, Hangar Uno y Aero-Link SA. Y ese día cada empresa tenía allí a su representante sentado en el Salón Dorado:
- De la Jefatura nos dijeron que querían escuchar propuestas y conocer precios. Tenían intenciones de comprar, pero no habían definido nada, recordó uno de los asistentes.
Las especificaciones mínimas que debían cumplir las ofertas eran: 30 aeronaves de alas rotativas -monoplazas, biplazas o de tres plazas, de pequeño porte-; autonomía mínima de dos horas y media, más cuarenta y cinco minutos de reserva; sistema de comunicación aeronáuticos y aceptación de los policiales; capacidad de gancho de carga y posibilidad de ser equipados con camillas para evacuación médica o transporte de elementos de ayuda; capacidad de operar con flotadores y aterrizar en terrenos no preparados; y capacidad de vuelo estacionario en condiciones de desembarcar tripulantes o izar rescatados con alto margen de seguridad |1|.
En representación de la Policía bonaerense participó de la apertura de ofertas el Director de Administración y Finanzas y el Director de Logística, el mencionado comisario mayor Alberto Tachi, ascendido y nombrado por Klodzyck. La secretaría de Seguridad provincial envió a dos funcionarios. Un civil y un comisario.
La oferta de Robinson Helicopter Company, Inc. llegó a través de su representante en Argentina. El hombre de Hangar Uno, mientras se desarrollaba la compulsa, en voz muy baja le dijo a uno de sus competidores sentado a su lado:
- Yo vengo acá por obligación. Imagináte que si la policía dice que quiere comprar y yo no me presento, los yankis van a decir que me estoy durmiendo. Pero esto es para vos...
Darío Valincenti tenía 28 años y era oficial de la Fuerza Aérea Argentina. Cumplía una misión para encontrar puntos de aterrizaje alternativos al aeropuerto de Camet, en la ciudad de Mar del Plata. Fue el segundo muerto. Aunque no el último:Cinco de las seis oferentes cotizaron 30 helicópteros. Cada propuesta comercial incluyó distintas alternativas técnicas. Se especificó el valor individual de repuestos, accesorios y de los cursos de capacitación para el personal. La firme intención de concretar la operación se desprendía de los 30 renglones que ocupó cada propuesta en el acta de la compulsa.
Excepto Hangar Uno, que apenas destinó nueve renglones a su oferta. Sólo cotizó un Robinson R 22 a U$S 113.800, y un lote de repuestos a U$S 19.388. El más barato.
No siendo para más, siendo las diecinueve horas y veinte minutos, se da por finalizado el acto. Leída que les fue se ratifican de su contenido todo ante mi doy fe |2|.
1. Solicitud de Cotización. La Plata, 8 de setiembre de 1992. Volver
2. Acta de la Apertura de Ofertas. Volver
En enero del 93 el ex juez federal de Mar del Plata, Eduardo Luis Pettigiani, todavía era secretario de Seguridad. Dos años después intentará alcanzar la intendencia marplatense como candidato justicialista. Ante el fracaso de la misión, el gobernador lo va a recomendar para integrar la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Y fue aceptado.
Cinco -de los seis- participantes de la compulsa de precios se enteraron del resultado por los diarios. A primera hora de la mañana del 13 de enero del 93, sobre el escritorio del jefe, había un reclamo en la Jefatura de la Policía bonaerense, en Calle 2 entre 51 y 53. Pettigiani, en su despacho, tenía una copia:
Con fecha 15 de diciembre de 1992, y luego de tomar conocimiento por medios periodísticos de la posible compra de helicópteros marca Robinson modelo R 22, por parte esa Fuerza, solicitamos por carta documento (Expreso Nº 4820) se nos confirmara el carácter de la recepción del primer contingente de un total de 40 unidades de dichos helicópteros y se nos concediera vista de las actuaciones pertinentes. En la seguridad de haber expirado generosamente el plazo fijado para la obtención de una respuesta fehaciente a dicha carta documento, debemos entender que las versiones periodísticas aludidas corresponden a un aviso de preadjudicación |3|.
Las empresas invitadas por la Policía a la compulsa, nunca fueron informadas de su resultado. Tampoco en el caso que fue solicitado por escrito.
Pettigiani defendió casi con vehemencia el sistema de compra directa, en lugar de la licitación pública, como mecanismo de compra del Estado. Al hacerlo planteó un interrogante notable:
- ¿Y si en la licitación yo le manejo el pliego? (..) La contratación directa está permitida -agregó el funcionario- y nosotros utilizamos un sistema previo de concurso de precios que le da total transparencia |4|.
El titular de una de las empresas convocadas objetó la compra de los Robinson. Quiso hacer uso de su derecho a la transparencia, pero abandonó el intento cuando crecieron las presiones a su alrededor. Al punto que, misteriosamente, notó que cada día vendía menos.
- Ni repuestos le compraban.
Antes de dar un paso al costado, el empresario reclamó por escrito aunque sin suerte la transparencia que, un año después, Pettigiani enarboló en su declaración de prensa.
Al no haber sido concedida la vista solicitada -escribió el participe de la compulsa-, nuestra empresa ha resuelto objetar por este medio dicha decisión, por entender que el helicóptero seleccionado no cumple con la totalidad de las especificaciones mínimas requeridas, que se especifican en la carta de invitación a cotizar, existiendo además fundadas dudas sobre la evaluación de las aeronaves ofrecidas.
Elena Cordani vive en Escobar. Habita un chalet espacioso, con un jardín amplio y arbolado. Tiene parrilla y hamaca, donde juegan sus hijos. A las 15,40 hs. del 22 de agosto de 1995 no había nadie en casa. Las ocupaciones de los integrantes de la familia -los chicos en la escuela y los padres en el trabajo-, les impidió ser testigos de un fenómeno desconocido en el barrio: la caída de dos helicópteros en el jardín de su casa |5|.
Nuestra empresa sostiene que el Robinson R 22 no cumple con las siguientes especificaciones mínimas que se solicitan en la carta de invitación a cotizar, encabezó el empresario su reclamo y pasó a detallar:
1- "Autonomía mínima de dos horas y media, más cuarenta y cinco minutos de reserva".
El R 22 no cumple con dicho requerimiento en razón de que en su manual de operaciones en la página 2-8 indica que la capacidad usable del tanque de combustible es de 72,7 lts., y que el consumo aproximado es de 30 lts/h., por lo que la autonomía es de 2 hs. y 24 minutos en total, sin reserva.
2- "Sistema de comunicaciones aeronáuticos y aceptación de los policiales".
En la página 7-13 del manual de vuelo del R 22 bajo el título "Precaución", se especifica que no deben instalarse otros equipos electrónicos que no sean los específicamente aprobados por fábrica. Por lo que para utilizar cualquier equipo electrónico de uso policial se deberá requerir una autorización especial, con la posibilidad de que dicha autorización sea denegada por la fábrica, y la Policía encuentre limitaciones en su operación por dicha causa.
3- "Capacidad de gancho de carga y posibilidad de ser equipada con camillas".
El R 22 no cuenta con camillas para evacuación médica ni tiene posibilidad de instalar bandejas para transporte de carga externa de elementos de ayuda, búsqueda o rescate. La operación con gancho de carga limita seriamente las performances, especialmente a lo relacionado con la carga a transportar, autonomía y velocidad.
4- "Potencia suficiente para operar dentro de los márgenes normales de manual, en las condiciones de temperatura extrema que se presentan en la provincia de Buenos Aires, tanto en época invernal como estival".
En el manual de vuelo del R 22 se especifica claramente que el enfriamiento satisfactorio del motor se demostró hasta una temperatura de 38 grados centígrados. Estas temperaturas son fácilmente alcanzables durante el verano, por lo que es evidente que la operación del helicóptero en esas condiciones configura una situación de riesgo potencial.
5- "Deberá asegurarse el mantenimiento total de los aparatos por personal de la Fuerza en el terreno de operaciones".
Al menos para cumplir con la inspección correspondiente a 2.000 horas de vuelo, los R 22 deben ser enviados mandatoriamente a fábrica -en EE.UU.- los componente principales. esto trae aparejado que una Fuerza como la Policía, que en este momento está siendo capacitada para efectuar el mantenimiento de helicópteros Bolkow BO 105, notablemente más complejos, deba enviar los componentes mencionados a un centro de mantenimiento con características monopólicas, ya que no existe otro similar para comparación de precios o condiciones. Es evidente que no cumple con la especificación requerida de asegurar el mantenimiento total de los helicópteros en el terreno de operaciones.
Se adjunta manual del R 22.
Nada haría cambiar la suerte de la compulsa de precios. La decisión estaba tomada.
El 25 de noviembre de 1992, el gobernador aprobó con su firma y por decreto la contratación directa de 40 helicópteros. La referida compra -señala el decreto- tiene por finalidad proveer a la repartición policial de un equipamiento moderno y adecuado para incrementar su accionar en la prevención y represión de ilícitos, como así también realizar un mejor control de rutas y asistir a la comunidad en casos de accidentes y/o, teniendo en cuenta la amplitud del territorio provincial y la dispersión demográfica de la población, procurando aportar seguridad y tranquilidad a la sociedad en su conjunto.
Además, el Decreto Nº 3608 aclara que se realizó una compulsa de precios en el país y en el exterior.
En abril de 1995 -tres años después- se conoció un informe de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos: de los 855 R 22 existentes en ese país 339 tuvieron accidentes, por lo que el organismo se reservó hasta el 31 de diciembre de 1997 para estudiar y tomar medidas sobre la capacidad de operatividad de estas aeronaves y, eventualmente, disponer la prohibiciòn de vuelo. Un dictamen similar había emitido la propia Policía y la Prefectura Naval Argentina, un año antes de efectuarse la compra.
La cinta ya estaba cortada. El 2 de enero de 1993, en la plazoleta Armada Argentina, sobre el boulevard marítimo marplatense, Duhalde -acompañado por Pettigiani y Klodczyk- lanzó el Plan Piloto de Seguridad Provincial y el Operativo Sol.
La ceremonia se pensó como una postal turística.
Bajo el sol veraniego la bonaerense expuso los Robinson R 22, sin matrícula, y los Monza GL, sin patente.
3. Carta enviada por AVIACOM SRL. Fue firmada por Norberto Andrés Bahamonde, socio gerente. Adjuntó: Copia del Manual de Vuelo del R22, copia solicitud de cotización del 9-9-92, y copia carta documento -Expreso Nº 4820- del 15-12-92. Volver
4. La Nación, 7-3-94. Volver
5. Página/12, 23-8-95. Volver
28 de febrero de 1994. El helicóptero despegó del Aeropuerto de Mar del Plata con dos ocupantes, el piloto y un pasajero. En la comunicación con la TWR-MDP previo al despegue, el helicóptero se identificó:
- Policial 298, dijo el piloto en su único y último contacto radioeléctrico |6|.
Luego de 15 minutos se tuvo conocimiento del accidente. La TWR-MDP intentó comunicarse con el Policial 298, sin resultado.
La aeronave fue hallada en Cobo, a 18 kms. al norte de Mar del Plata, impactada contra el suelo e incendiada parcialmente. Los dos ocupantes fallecieron al momento del accidente.
A las 12,50 hora local -15,50 UTC- el oficial subinspector Gustavo Soares de Souza, piloto privado de helicóptero Nº 51.960, y Darío Oscar Valincente, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, subieron al Robinson en un vuelo que tenía como finalidad ubicar posibles lugares aptos para el aterrizaje y despegue de los helicópteros policiales, mientras desarrollaban tareas de control del tránsito sobre la Ruta 2.
El número de serie del R 22 policial era 2298. Al momento del accidente no tenía matrícula. El Certificado de Aeronavegabilidad es de fecha 3 de julio de 1993. La Inscripción como propiedad de la Policía bonaerense y el Certificado de Matriculación de la aeronave tienen fecha de emisión 22 de julio de 1993. Sin embargo, la documentación del R 22 fue entregada a la Policía tres días después del accidente, en marzo del 94.
El R 22 voló sin matrícula. Por eso el piloto se identificó con la torre de control del aeropuerto de Camet como Policial 298, que eran las últimas tres cifras del número de serie de la nave. De todos modos, ésta fue una irregularidad menor.
Pedro Anastacio Klodczyk, el mejor Jefe que ha tenido la Policía en toda su historia, firmó la resolución 83290 el 29 de noviembre de 1994. Ocho meses después del accidente la fuerza dió por concluido el sumario interno por doble muerte. Por un lado, determinó que el helicóptero siniestrado no es reparable, debiendo instrumentarse su baja de los respectivos registros y, además, estableció que corresponde dictar el pertinente acto administrativo, declarando ajeno al servicio el fallecimiento del causante. La Policía no quería hacerse cargos de los muertos.La resolución de Klodczyk estuvo basada -según suscribió- en el dictamen pericial de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil de la Fuerza Aérea Argentina. Se trata del único organismo con jurisdicción para realizar el análisis, investigación y peritaje de todos los accidentes de aviación que ocurren en el país. Para el jefe policíal no se comprobaron fallas técnicas, de material o mantenimiento, que hayan sido causales del accidente y el origen del mismo se ha debido a fallas operativas.
No se pudo apreciar ninguna falla mecánica -señaló la resolución policial-, constatándose asimismo el perfecto estado de las bujías, circunstancias que llevan a concluir el buen funcionamiento del motor, sin existir la posibilidad de falta de combustible.
El informe de la Junta de Investigaciones de la Fuerza Aérea, sin embargo, reveló otra cosa:
A las 12,50 del 28 de febrero de 1994 el viento en superficie era de 15 kilómetros. La visibilidad era buena y la temperatura agradable, 27º. La ciudad entraba en los últimos días de la temporada veraniega.
Cuando murió Gustavo Soares de Souza tenía 25 años. No era el único integrante de la familia que pertenecía a la bonarense. Su padre y su hermano, todos de Berazategui, compartieron su vocación. Y con suerte parecida.
Su hermano era oficial. En un accidente ocurrido tiempo atrás al suyo, en la localidad de Lanús, recibió quemaduras graves en todo el cuerpo, especialmente en la cara. El patrullero policial en que viajaba explotó por la utilización de gas trucho, según una fuente que tuvo acceso a la investigación de los hechos. El padre, suboficial mayor retirado, era un hombre de corazón frágil. A los tres meses de la caída del R 22 sufrió un ataque cardíaco que puso fin a su vida.
Gustavo de Souza tenía cumplidas 293 horas de vuelo. En avión 43,7 y en helicóptero 249,3. El informe de la escuela de vuelo donde se le impartió el curso de piloto privado indica que tanto en el aspecto teórico de asignaturas como en el práctico el piloto fue poco permeable al aprendizaje. En el aspecto teórico superó esas dificultades con un buen esfuerzo de estudios. En el aspecto de vuelo -señala el informe- logró un desempeño normal a bordo del helicóptero.
El primer vuelo lo realizó el 14 de octubre de 1993, y el curso lo finalizó el 6 de enero de 1994. A los 52 días un médico policial, a cargo de la autopsia, certificó su muerte. Las lesiones que presentan el tripulante y el pasajero, en particular el tipo de lesiones sufridas, son características de las desaceleraciones bruscas que se sufren en caídas de helicópteros.
En cuanto a las lesiones en las piernas -agrega- y su relación con la posición del control de rotor de cola, se observa que el pedal estaba todo hacia la izquierda, correspondiendo esto con la quebradura de la pierna izquierda del piloto en posición estirada.
Los primeros que comprobaron las muertes fueron las personas que se presentaron a tratar de ayudar, tras la caída de la nave en un campo cercano a la Estación de Cobo, del entonces Ferrocarril Gral. Roca. Sólo encontraron parte del plástico del parabrisas a 6 metros del R 22, el resto más alejado, ya que la caída fue de apenas 7 metros. Los que intentaron los primeros auxilios y sacaron a los tripulantes del helicóptero, dijeron que el piloto sobrevivió unos 5 minutos, pero al comprobar que no podían hacer nada, dejaron todo en manos de los bomberos y policías que arribaron al lugar tiempo después del accidente.
La cronología de los hechos anteriores al accidente son tan vertiginosos como, se supone, la caída a tierra de un R 22. Y demostraron, a la vez, que las necesidades políticas deberían respetar la legislación vigente. Incluida la ley de la gravedad.
Los tiempos políticos:
El 8 de setiembre de 1992 se invita a seis empresas a participar de una compulsa de precios por 30 aeronaves.
El 19 de setiembre de 1992 se realiza dicha compulsa.
El 25 de noviembre de 1992 Eduardo Duhalde y Carlos Dellepiane, gobernador y ministro de Gobierno, respectivamente, firman el Decreto 3608 que autoriza la compra directa de 40 Robinson R 22.
El 11 de enero de 1993, la secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía reciben una objeción de compra de los R 22, presentada por una empresa participante de la compulsa de precios.
El 22 de julio de 1993 la aeronave recibe el certificado de Incripción como propiedad de la Policía bonaerense.
El 14 de octubre de 1993 Gustavo de Souza realiza su primer vuelo de capacitación en R 22.
El 1 de enero de 1994 se inicia el Operativo Sol.
El 5 de enero de 1994 Gustavo de Souza finaliza el curso de instrucción.
El 28 de febrero de 1994 de Souza y Valincenti fallecen.
El 9 de mayo de 1994 la Jefatura de la Policía recibe una carta documento de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro que rechaza la denuncia de siniestro referente al accidente del helicóptero Robinson R 22 Mat. 2298.
La revista americana Aviation Safety publicó el 15 de noviembre de 1990 un artículo sobre los R 22. El margen de error en el Robinson es delgado como una navaja, llevó la nota como bajada de un título expresivo: Helicóptero de alto riesgo.
El entrenamiento en fábrica -dice la nota- es obligatorio para los instructores que quieran tomar parte en el programa de seguridad de Robinson. Hay también un mínimo de requerimientos de experiencia. Los requisitos de las tasas más bajas de seguridad incluyen 150 horas de experiencia en vuelo en R 22, si ese es el único helicóptero que han volado, o por lo menos 50 de experiencia en R 22, de un total de 300 horas de vuelo en helicóptero.
De Souza contaba al momento de morir con 190 horas de vuelo en R 22 y un total de 249 en helicóptero. Para reunir los requisitos de fábrica, cuanto menos, faltaban 50 horas de vuelo. Y para cumplir los requisitos de la póliza de seguros faltaban 250 horas.
De acuerdo al rechazo de la denuncia de siniestro, la Caja de Ahorro y Seguro señaló que de Souza y Valincenti no se encontraban debidamente habilitados conforme lo estipulado en el artículo 6 de la póliza, y aclaró que no cubría personas transportadas, aún en operaciones de rescate |7|.
El Estudio Santamarina, a cargo de los peritajes y liquidaciones de seguros, ya le había anticipado por nota -fechada el 7 de abril de 1994- al director de Operaciones Aéreas de la bonaerense, comisario general Héctor Bassino, que de acuerdo a la póliza de seguros vigente las tripulaciones de tales helicópteros están restringidas a instructores con más de 500 horas de vuelo, o vuelos operativos donde ambos tripulantes deben tener como mínimo licencia de vuelo aprobada por el fabricante |8|.
El comisario Bassino conoce de R 22: por milagro salvó su vida cuando cayó a tierra con una de éstas aeronaves en la zona del Delta, acompañado por Pablo Beberina, secretario de juzgado federal Nº 1 de San Isidro.
Contrariamente a lo que había querido leer el comisario Klodczyk -y lo puso por escrito en una resolución que llevó su firma-, el peritaje de la Junta de Investigaciones de la Fuerza Aérea no pudo descartar con total comprobación una detención del motor por falta de combustible.
La improvisación fue total. Lo dice la Fuerza Aérea:
El primer vuelo se desarrolló sin novedad, volando un tiempo aproximado de 1,2 hs.. Esta anotación se obtiene a través del Jefe de Operaciones del Operativo Sol, pero no es coincidente con la que anotó en un borrador la operadora de la TWR. El aeropuerto no llevaba registro oficial de los vuelos locales de patrullaje de la Policía, lo que no permitió hacer una investigación más detallada y precisa, debiendo remitirse las investigaciones a borradores, anotaciones y otros elementos que aportaron los testigos operativos en este accidente.
Los pilotos de los R 22 debían garantizar a la población en su conjunto una seguridad que no estaban en condiciones de ofrecérsela a sí mismos. La modernidad resultó desconcertante para la bonarense. Nadie confirmó oficialmente si el R 22 tenía el combustible suficiente para volar sin el riesgo de precipitarse a tierra, tal como ocurrió.
- Era lo mismo subirse al Torino que al Robinson, graficó una fuente que participó de la investigación.
Mar del Plata recibe turistas de todo el país. Es un buen escenario para montar una escenografía sobre las políticas de seguridad en la provincia. Y había que mostrar a la bonarense ingresar al siglo XXI. El precio era lo de menos.
6. Informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil, Comando de Regiones Aéreas. Llevó la firma de su presidente, Brigadier Horacio José Viola. Investigador Operativo: My. D. Miguel Filipanics. Investigador Técnico: S. M. Rodolfo Malacalza. 19-9-94. Volver
7. Carta Documento de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro a la Policía Bonaerense. Firmada por Carlos Bonicalzi, Jefe de Departamento. Caución y Riesgos Varios, 9-5-94. Volver
8. Carta del Estudio Santamarina, firmada por el Ing. Raúl Santamarina, al Comisario General Héctor Bassino, Director General de Operaciones Aéreas de la Policía bonaerense, 7-4-94. Volver
Doctor: Le adjunto documentación técnica que será de su interés para el buen trabajo que usted lleva adelante referente al equipamiento de helicópteros de la Policía bonarense.
Un helicóptero que tiene tan graves limitaciones y cuidados en el vuelo no puede ser apto para tareas operativas policiales. Además su condición de monomotor no le permite ser usado en todo el espacio aéreo.
¿Sabía usted que en los años 80 el representante de Robinson en la Argentina era la firma ALPIER S.A. -léase Alberto Pierri-
Sepa disculpar que no me identifique, pero deseo contribuir como un simple ciudadano -no soy comerciante del ramo- sin padecer las molestias de que fue objeto usted por atreverse a tratar el tema. Justamente supe de su actuación por la nota de La Nación. Lo felicito: buena suerte y espero que este informe le sea útil.
CHOPPER |9|
Hangar Uno, con oficinas en el aeropuerto de Don Torcuato, está considerada una de las firmas pioneras en la comercialización de helicópteros. Se la reconoce también como una activa lobbista que buscó la liberación de los cielos porteños para el vuelo de helicópteros privados. Según declaraciones periodísticas de su titular, Guillermo Tufró, su escuela de capacitación entrena más de 150 alumnos por año, a 10 mil dólares por curso. Y uno de cada tres alumnos compra su propio helicóptero |10|.
Hangar Uno representa en la Argentina a la firma norteamericana Robinson Helicopter Company Inc. Los precios de sus productos pueden oscilar entre los 110 y los 275 mil dólares. Extrañamente esas variaciones también se producen entre helicópteros del mismo tipo y modelo. Al menos esa es la conclusión que surge luego de comparar distintos presupuestos extendidos por la firma.
El 28 de octubre de 1996 el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich realizó 60 allanamientos. El juez salió a la calle con la sospecha de una presunta defraudación fiscal. Tenía puesta la mira en las empresas comercializadoras de helicópteros, repuestos y en sus escuelas de capacitación. Hangar Uno fue una de las que recibieron la visita del juez.
En los procedimientos Marquevich secuestró documentos que apuntalaron sus sospechas de evasión fiscal e irregularidades en la matriculación de aeronaves. La anomalías, según los trascendidos de prensa, fueron numerosas: aeronaves que no contaban con la matrícula correspondiente, presunta evasión de IVA y Ganancias, ausencia de facturas y, además, uso de máquinas y materiales por encima de la cantidad de horas autorizadas, violando elementales normas de seguridad. El juez desconocía que la bonaerense recibió la matrícula y documentación de un R 22 cuando jamás volvería a volar.
El que tiene plata hace lo quiere. Pero no es lo mismo ser propietario que administrador de los dineros públicos. En julio de 1993, el entonces secretario de seguridad Eduardo Pettigiani, estaba dispuesto a gastar la plata de la provincia. Según sus cuentas el equipamiento necesario para lanzar el Plan de Seguridad provincial iba a redondear una cifra cercana a los 145 millones de dólares. Pero costó más.
Parte de esos mayores costos son los valores pagados a Hangar Uno por los R 22. Al parecer, la empresa aplicó una estrategia de comercialización basada en la cara del cliente.
Los hechos: El 26 de octubre de 1990 Hangar Uno remite un presupuesto al Comando de Aviación Naval de la Armada Argentina: de acuerdo a conversaciones mantenidas oportunamente -señala el texto- pasamos a cotizar una oferta de leasing por cuatro helicópteros Robinson R 22, Mariner, Año 1991. Los mismos se cotizan en base a un equipamiento que Hangar Uno considera adecuado dadas las necesidades de la Armada:
R 22 Mariner	U$S 108.850.-
Equipos especiales recomendados	U$S 19.600.-
Kit completo de esquis y patín de cola	U$S 4.000.-
Pintura básica gris naval	U$S 1.500.-
Desarmado/embalaje para transporte	U$S 1.700.-
Total FOB USA	U$S 135.710.-
Esos valores se aproximan a los precios con que Robinson Helicopter Company comercializó oficialmente los R 22 cinco años después, según un listado de precios a enero de 1995, en Estado Unidos, y con equipamiento standar incluído:
R 22 Mariner	U$S 134.500.-
R 22 Beta Police Helicopter	U$S 125.850.-
R 22 Beta	U$S 125.850.-
El precio que pagó la provincia de Buenos Aires por los R 22 superó esos valores. El Decreto 3608, que aprobó la contratación directa, se funda en la compulsa de precios de setiembre de 1992. Sin embargo, en noviembre de ese año -dos meses después- se pagaron precios más altos a los ofertados y en distintas condiciones a las requeridas.
El representante de Hangar Uno ofertó un R 22, en lugar de los 30 que solicitó el pliego. Tal como se desprende del acta el precio unitario del helicóptero lo estableció en U$S 113.880, y un set de repuestos y accesorios a U$S 19.388.
Pero la operación se concretó en base a la inversión de una regla básica del comercio: a mayor cantidad mejor precio unitario.
Los importes pagados según el Decreto 3608 fueron:
27 R 22 Beta	U$S 3.496.095.-	Precio Unitario	U$S 129.485.-
10 R 22 Mariner	U$S 1.433.350.-	Precio Unitario	U$S 143.335.-
3 R 22 IFR	U$S 435.555.-	Precio Unitario	U$S 145.185.-
6 Set de accesorios	U$S 109.140.-	Precio Unitario	U$S 18.190.-
1 Cto. de repuestos	U$S 1.521.015.-	Precio Unitario	U$S 38.025.-
El secretario Andrés Pettigiani invocó la transparencia de la contratación directa cuando se realiza previamente una compulsa de precios. En este caso, al menos, se alteraron las condiciones y los valores establecidos en el acta de la convocatoria de ofertas. Todo hace suponer que la operación, entonces, se negoció por fuera de ese marco.
Uno de los participantes de la compulsa puso su queja por escrito:
La cotización pedía hasta 30 helicópteros. Posteriormente y por medio de entrevistas periodísticas el Sr. Gobernador y el Sr. secretario de Seguridad mencionaron la compra de 40 unidades. Si dicho cambio de actitud se hubiese puesto en nuestro conocimiento es evidente que ante la posibilidad de venta de una cantidad mayor de unidades, hubiésemos tenido la posibilidad de mejorar sensiblemente los precios y condiciones de nuestra oferta.
La lógica comercial de este empresario lo dejó afuera de la operación. Hangar Uno cotizó unitariamente al R 22 en U$S 113.880, pero por tratarse de una operación sobre 40 unidades lo elevó a U$S 129.485, en su modelo más económico.
Por lo expuesto objetamos la compra de 40 R 22 para la Policía bonaerense y solicitamos se efectúe una Licitación Pública formal con un pliego de requerimientos donde se contemplen claramente los ensayos de evaluación en vuelo, que deberán cumplir los helicópteros ofrecidos, además de las especificaciones mínimas solicitadas.
Aprovechamos la oportunidad para reiterar la solicitud de vista de las actuaciones para la adquisición de los mencionados helicópteros, inspirados en los dichos del Sr. Presidente de la Nación y del Sr. Gobernador, en el sentido de que los actos del Gobierno deben ser públicos para mantener su transparencia. En la seguridad de que si encontramos en dicha vista elementos de juicio suficientes que avalen la adquisición mencionada, nuestra Empresa se compromete a efectuar, por este medio, las rectificaciones y/o retracciones que correspondan.
Por último cabe mencionar que nuestra Empresa se reserva el derecho de efectuar las presentaciones y apelaciones que considera necesarias.
El hombre se reservó sus derechos. Sintió tan de cerca las presiones y le aparecieron tantos obstáculos en su actividad comercial, que optó por meter las apelaciones en la guantera del auto. Situación parecida a la que atravesó el abogado de la familia de una de las víctimas del accidente R 22 en Mar del Plata. Amenazas telefónicas, avisos de explosivos, su automóvil violentado y hace pocos días a su casa particular le arrancaron las rejas y le robaron, fueron las circunstancias que lo llevaron a denunciar lo que considera una feroz persecución, señala una nota publicada por La Nación, el 14 de marzo de 1995.
Tras la aparición de esa denuncia, el abogado recibió en su domicilio de Mar del Plata documentación sobre los R 22. Firmado por Chopper el anónimo revela una supuesta relación entre los helicópteros Robinson y Alberto Reinaldo Pierri, como titular de la firma ALPIER S.A., representante de la marca. Chooper estaba equivocado.
En la calle Donovan 869, de Lanús Este, funcionó en los primeros años de la década del 80 la empresa ARPIER S.A., -con R y no con L-, representante exclusivo de Robinson Helicopter Company, Inc. Según un folleto promocional de la firma Ud. puede fácilmente manejar y guardar el helicóptero en su hangar sin ayuda de terceros.
Además de las virtudes de los R 22 el folleto daba a conocer otros servicios de la empresa: ARPIER S.A., con sus talleres propios en los Hangares del Aeropuerto Internacional de Don Torcuato, asegura un excelente servicio post venta, con atención profesional de asesoramiento, sérvice y mantenimiento, y disposición de un ámplio stock de repuestos. Además, ARPIER S.A. ofrece la posibilidad de incluir en la operación de venta de la aeronave un sencillo curso de piloto, que le permitirá aprender su maravillosamente simple manejo |11|.
La lógica de compra de la bonaerense es extraña: pagó valores más altos a los cotizados en una compulsa por helicópteros que, además, tenían el vuelo prohibido.
9. Anónimo recibido en su domicilio por el Dr. Andrés Barbieri, abogado de la familia De Souza, y ex asesor letrado de la Unidad Regional IV de la Policía de Mar del Plata. Volver
10. Raúl Dellatorre, Página/12. 29-10-96. Volver
11. Texto original de un folleto promocional de ARPIER S.A.. La copia que obtuvo ésta investigación tiene una serie de escrituras manuscritas. Puede leerse: En Argentina C/U u$s 80.000.-. En USA, u$s 45.000.-. Sr. Lorenzo o Pierri. Además de la dirección y teléfonos de Lanús impresos, a mano están escritos dos números de teléfono de San Justo. Volver
- Policía..., todo el mundo quieto.
- ... nosotros no hicimos nada...
- Está todo controlado, Chino.
Rodríguez y el Chino |12|
Se trata de la irregularidad estatal con el mayor número imaginable de testigos. Los hay por millones. Merece estar incluida en el Guinnes:
- ¿Porqué no están patentados los vehículos de la Patrulla bonaerense?, preguntó ésta investigación.
- ¿Cómo que no tienen patente? -exclamó la asesora de la Dirección Nacional del Registro Automotor-. Todos los vehículos deben tener patente...
- Bueno, hay cerca de 3000 patrulleros de la Policía bonaerense que no tienen patente.
- No le entiendo bien qué quiere saber...
- Porqué circulan sin patente.
- Bueno, pero eso se lo tiene que preguntar a la Policía bonaerense.
- Lo hicimos, pero no dan respuesta.
- En el Registro del Automotor se hace la inscripción. Nosotros no controlamos la circulación de los autos inscriptos.
- Esta bien, pero los vehículos tampoco están inscriptos.
- Si no están inscriptos para nosotros no existen.
- ¿Pueden circular así?
- Teóricamente, no.
- Ustedes no hacen el control. ¿Quién lo debería realizar?
- ... justamente..., la Policía de la provincia de Buenos Aires. Parece un contrasentido, ¿no?
En 1992 la Policía bonaerense no necesitaba cambiar su moral ni incorporar la ética. La depuración era un concepto inexistente. Los patrulleros brasileños en las calles del Conurbano, por arte de presencia, iban a traer la seguridad y tranquilidad reclamada en los barrios. Esos patrulleros, además, serían el vehículo ideal para transportar a los uniformados bonaerenses al Siglo XXI.
El objetivo era de tanta trascendencia que los medios para alcanzarlo, incluso, podrían tolerar desprolijidades. A favor de ese detalle sobresalía el hecho que no había modo de descubrirlas. ¿Quién iba a reclamar la documentación vehícular a un patrullero de la Policía? Es ella, precisamente, quien tiene a su cargo los operativos de control caminero. Por lo tanto, ninguno de los 2400 Monza comprados en octubre de 1992 y agosto de 1993, y los adquiridos en diciembre de 1994 -para reponer el tercio averiado-, tienen chapa patente. Es más, ni siquiera cuentan con la documentación imprescindible para circular. Dicho sin vueltas: son patrulleros truchos.
Sobre música insidental. Clima de suspenso. Se escucha una voz que dialoga:
- Bien querido, eh. Muy bien. Estoy muy contento con tu trabajo, che. Tomá, ésto es lo que faltaba, Ibañez le da un sobre con un fajo de billetes y un papel con anotaciones. El malandra lo agarra. Y toma nota, en silencio, del nuevo trabajo:
- Y ahora necesito que me hagas otro favor -sigue Ibañez-. Hay un par de nombres ahí adentro que quiero que me los caminés..., ¿eh?. Andá averiguándome todo lo que hacen. Movimientos, rutinas..., pero todo..., todo lo que hacen. ¿Está claro?.
- Bien pichón. Andá.
El patrón lo palmea y se sube al coche. Enciende el motor. Agarra el celular y marca un número. Arranca y se va hablando con alguien, pero como si estuviera solo. Se pierde en una calle desierta y oscura de Ciudadela. Apenas se ven las luces traseras del coche. Vuelve la música insidental. Y empieza la propaganda |13|.
El 9 de diciembre de 1995 la gobernación publicó en el diario Crónica un suplemento, de doce páginas, a todo color: 1991-1995 Cuatro años de realizaciones bonaerenses, llevó por título. Y agregó: Nunca se hizo tanto en tan poco tiempo. Entre los logros de la primera gestión de gobierno -al día siguiente Duhalde asumiría su segundo mandato- se incluyó la Seguridad. El mayor equipamiento con que haya contado la Policía, rescató el título del recuadro dedicado al tema, acompañado por dos fotografías.
Los elementos centrales de la política del área para remarcar, en ese día de balances, eran: 1) La Policía bonaerense cuenta con un equipamiento como jamás había conocido, revirtiendo un atraso de más de 20 años; 2) Fueron adquiridos 2406 patrulleros, duplicando la cantidad existente a 1991, y el número de helicópteros creció de 2 a 42. El nuevo sistema de comunicaciones está al nivel de los mejores del mundo; y 3) Se registraron éxitos sin precedentes, desbaratando poderosas organizaciones de narcotraficantes y las llamadas 'superbandas'.
Las fotos eran un fiel ejemplo de la política de seguridad provincial, basada en la cantidad de artefactos comprables. Una pertenecía a la presentación en sociedad del equipamiento adquirido: En la Plaza Dardo Rocha, de La Plata, con la Catedral como fondo, se ve una primera formación con los Robinson R 22 y doce filas infinitas de patrulleros. La otra fotografía es un detalle de los Monza: puertas y capot abiertos, en exposición. Claramente se ve que no tiene patente.
La decision de reequipar a la bonaerense se tomó en los primeros días de 1992. A mediados de abril de ese año, Duhalde acordó con Domingo Cavallo, en ese entonces ministro de Economía de la Nación, la compra de los primeros 1400 patrulleros.
- Es una lástima que se halla dejado de fabricar el Falcon, que era el tradicional auto de patrullaje, se lamentó el gobernador por esos días |14|.
Sus asesores en mecánica automotriz le habían hecho saber que los autos de fabricación nacional no son aptos para éstas tareas. Por lo tanto estaba decidido a importar vehículos especiales. La queja presentada por la terminal Sevel y por la asociación que nuclea a las plantas locales pronto quedó en el olvido.
- Para dotar a la provincia de un sistema de seguridad a la altura de los mejores del mundo es necesario adquirir 1500 patrulleros, anunció el gobernador y anticipó que iban a estar a disposición de la Policía desde abril de 1993. Y así ocurrió.
Para efectuar la adquisión de los Monza -al igual que en el caso de los Robinson- se recurrió a una ley secreta de 1978. La firma de sus impulsores, al pié del texto, exhímen de todo comentario: Alfredo Martinez de Hoz, Albano Harguindeguy y Jorge Rafael Videla.
El 6 de setiembre de 1994 Nicolás David Timpero -argentino de 72 años de edad, estado civil casado,instruyendo, domiciliado en la localidad de Temperley- viajó a la ciudad de La Plata. Tuvo que hacerlo en micro. Su coche -un Renault 4S, modelo 1974- estaba secuestrado judicialmente. El hombre tenía una mezcla de bronca e impotencia. Le habían quitado su auto por una falta menor en un operativo caminero.
Juntó sus atributos -sobre todo la bronca- y se fue a La Plata. A las 13,15 de ese día le dijo al Fiscal de Cámaras que venía a a relatar hechos que podrían constituir delitos de acción pública.
Se guardaron las forman:
- Jura pronunciarse con verdad respecto de sus circunstancias personales, le preguntaron.
- Si, respondió el hombre.
Y se pronunció: que desea denunciar que los móviles policiales comprados en Brasil por la provincia de Buenos Aires circulan sin patente y sin el decreto de aduana como para poder circular. Que los únicos coches que se encuentran en condiciones de circular son los del Jefe y Sub Jefe de Policía. Que nada más tiene que denunciar, con lo que concluye el acto, previa e íntegra lectura por parte de la Secretaría, la ratifica, firmando después del señor Fiscal de Cámaras por disposición superior, y por ante mí de todo lo que doy fé. Siguen las firmas.
La maquinaria judicial se puso en movimiento. La causa -Nº 65.638, Juzgado Criminal Nº 6- quedó en el limbo judicial. Sin embargo, en su órbita, reveló que los patrulleros circulan carentes de toda documentación.
En el bar de Dana no hay clientes. El Tarta está solo, los codos apoyados en el mostrador le sostienen la cabeza. Entra Heráclito -el buche-. Nervioso y asustado lo interroga:
- ¿Dónde está el Nene?
- Yo que sé. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo?, responde y repregunta el Tarta.
- ... el Moncho Nuñez..., es caño ese tipo. Anduvo averiguando por el Nene.
- Se corre la bola -le contesta Heráclito a los gritos- que labura para Ibañez.
El Plan de Seguridad mostró su eficiencia en Avellaneda, uno de los primeros distritos del Conurbano que recibió las patrullas. Transcurridas una semanas, fue el mismo gobernador quien explicó los alcances del éxito de su política:
- Los ladrones -afirmó- se trasladaron a Lanús.
Cabe aclarar que el partido de Lanús, vecino de Avellaneda, pertenece también a la provincia de Buenos Aires.
12. Textos originales de un capítulo de la serie Poliládron, Canal 13. Volver
13. Textos originales de un capítulo de la serie Poliládron, Canal 13. Volver
14. Brief, CD Rom, Archivo Periodístico, 28-4-92. Volver
La Ley secreta 21770 fue promulgada -con la legalidad cuestionable de un gobierno de facto- el 27 de marzo de 1978. Y fue utilizada dos décadas después por el gobierno democrático de la provincia de Buenos Aires, según se declaró, para evitar el pago de impuestos y derechos de importación.
Una ley secreta es, por sobre toda las cosas, un impedimento para la publicidad de los actos de gobierno. Y una afrenta al derecho a la información de los ciudadanos de una república.
Su uso, sin embargo, no se ajustó a lo dispuesto por la propia Ley. Y además, el objetivo podría haber sido otro. Si bien no hay manera de comprobarlo, su condición de aplicación también secreta le impide desmentirlo.
La idea inicial que impulsó la Ley 21770 provino, en realidad, del ex general Ramón Camps -judicialmente responsable de miles de asesinatos y aplicaciones de tormentos-. El hombre, en esos años, era el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Su paso por la fuerza marcó la época. Y lo hizo al punto que aún hoy se mantiene su influencia. Para tratar a los detenidos, para resolver investigaciones, para aniquilar enemigos -reales o supuestos- e, Incluso, para reequipar a la bonaerense.
Una vez aprobado el anteproyecto por el gobernador, fue derivado al despacho de Alfredo Martinez de Hoz, ministro de Economía. Los Chicago Boys le dieron forma definitiva. Y de allí fue elevado al Excelentísimo Señor Presidente de la Nación, el ex general Jorge Videla, principal responsable de la época más triste y negra de la historia argentina. Sacado de la cárcel por voluntad individual de otro presidente, Carlos Menem.
En febrero de 1978 el proyecto tenía la redacción definitiva. La característica de secreta apuntaba, sencillamente, a que la guerrilla no se entere del equipamiento incorporado a la Policía. En 1992, resulta evidente que las condiciones se habían modificado. La más elemental era que el país había recuperado las instituciones republicanas y democráticas. Y uno de sus valores esenciales es la transparencia. Un claro contraste con el secreto y la clandestinidad de los gobiernos autoritarios y de facto.
Pero no fue entendido así por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que recurrió a una ley de la dictadura para modernizar a la Policía de la democracia.
- ¿Un amargo?, jefe, le ofrece Rodríguez al comisario Chappe. Entra Gabriel a la Brigada y anuncia:
- Jefe, llamaron de una guardería. Se afanaron un pibe. Acá está la dirección.
- Encargate Chino, ordena el jefe.
El Chino y el Negro salen de la escena. Se palpan la 9 milímetros y se alejan.
- Ahí le dejé el amargo, jefe, grita Rodríguez desde la vereda.
Entra la oficial Verónica Vega. Saluda al jefe. Vuelve a la actividad después del parto. El Nene Carrizo fue papá -¿qué talco?-:
- ¿Cómo estás?, pregunta el jefe. Vega exclama y contesta:
- ... bien. Bien, muy bien.
- También. Lo dejé en una guardería.
- ¿En qué guardería, Vero?
Se acelera el sonido. La escena cambia con velocidad.
Se estima que el total de leyes secretas almacenadas en el Congreso de la Nación asciende a 131. Algunas son tan secretas que ni siquiera se conoce su número. Su acceso, incluso, es restringido para los legisladores. Para conocer el contenido de una ley secreta el legislador debe mencionar el número por anticipado y, únicamente, se le permite su lectura.
Hay leyes secretas, y yo afirmo a la Honorable Camara que en los anales parlamentarios argentinos hay trece o catorce leyes absolutamente secretas. Mas, en el Senado de la Nación existe un libro de Leyes Secretas. No se conocen sino los números, y casi podria afirmar que ni siquiera la fecha, mucho menos el contenido, señaló el diputado Juan González Calderón en la Camara de Diputados de la Nacion, en la sesión del 31 de octubre de 1923.
Los gobiernos militares iniciados en 1966 y en 1976 provocaron una avalancha de leyes secretas. Por lo menos se tienen registradas 57 pertenecientes a esos períodos. Para que se cumpla esa condición, el único requisito que debía cumplir el texto que se convertiría en la norma era estar precedido por el sello secreto en la primera página. Una alternativa que tuvieron esos gobiernos fueron las leyes reservadas. No se publicaron en el Boletín Oficial pero podían aparecer en otras fuentes. Por ejemplo en el Boletín Reservado del Ejército.
La Ley 21770 -a la que ésta investigación tuvo acceso-, no solo es secreta en cuanto a su contenido. Lo es también en sus efectos. Todo importación que se efectúe bajo el amparo de ésta ley está eximida, no solo de impuestos, sino también de controles aduaneros.
Los decretos 2905, 3215, 3512 y 3608, firmados por Duhalde, autorizaron la contratación directa para la adquisición de los patrulleros, helicópteros y pistolas destinadas a la Policía bonaerense. Y lo hicieron bajo el amparo de las disposiciones de la Ley 21770/78, para la excepción de los derechos de importación que otorga el mismo, tal como aclaran los mismos decretos de compra.
Esta ley de facto permite el ingreso de elementos sin verificación previa. Es decir, no hay control aduanero que determine que lo declarado coincide con lo efectivamente ingresado. Es decir: que en el baúl de un Monza se incluyan sustancias ilegales, por ejemplo
Para que los beneficios sean aplicados deben cumplirse una serie de requisitos que, presumiblemente, no han sido tenido en cuenta:
- A quien autoriza a importar es a la Policía de la provincia de Buenos Aires.
- Debe constar la autorización de los ministerios de Interior y Defensa.
- Debe tratarse de material secreto de seguridad.
- Deben tenerse en cuenta las posibilidades de la industria nacional para satisfacer la provisión de los bienes.
En los decretos que dispusieron la contratación directa para la compra de patrulleros no consta la autorización de la autoridad nacional -ministerios de Interior y Defensa-. Un patrullero es material de seguridad relativo. Pero, es evidente, que no se trata de material secreto.
Además, la importación no la efectuó la Policía de la provincia de Buenos Aires -a quien autoriza la Ley- sino TATE S.A., un concesionario local de General Motors, con domicilio legal en la localidad de Florencio Varela, República Argentina.
El Tarta y Heráclito encuentran al Nene en la calle. Estaba marcando un negocio desde la 4X4. Cuando los vé, se cabrea:
- ¿Qué hacen acá? No levanten la perdiz... píren de cá...
- Tenemo' un dato que te puede inte-interesar, dice el Tarta.
- Por hoy banco..., chicanea el Nene.
- No, no. No me jodás -pide Heráclito y confiesa-. Ibañez anduvo averiguando por vos...
- ... ese dolobu me la quiera dar... Lo vamos a tener que delatar. Dale vamos..., suban, suban, ordena el Nene. Se escuchan sirenas de patrulleros sin patente y arrancan sin hacer olas. Cambia la escena.
En línea generales, los considerandos de los decretos que autorizaron la compra por contratación directa de los patrulleros Monza y LUV -4X4-, son la síntesis de la politica de seguridad del gobierno bonaerense. Cinco años después de haber puesto la firma sobre estos decretos, Duhalde confesará públicamente que su política fue un fracaso. La autocrítica, sin embargo, no incluyó ninguna actitud reparadora. Es decir, no hubo quien pague los platos rotos.
Los decretos: En lo referente a las características técnicas, calidad de los materiales y adecuada respuesta de comportamiento para la prestación del servicio requerido por la Repartición, se ha expedido la Dirección de Logística de la Policía -a cargo del comisario mayor Alberto Oscar Tachi, de quien anteriormente se ofreció una reseña-, aconsejando la presente contratación por reunir las unidades a adquirir las condiciones necesarias y suficientes para las tareas a que serán destinadas. (..)
Para poner en funcionamiento el programa, afín de brindar óptimas condiciones de seguridad, fundamentalmente al Conurbano Bonaerense y Partidos aledaños, resulta necesario proceder a la importación de determinados vehículos aptos para todo tipo de procedimientos. (..)
La proporción de pick-up respecto a los automóviles tiene relación directa con la particular geografía de las distintas regiones que integran la provincia de Buenos Aires.
Los estudios realizados sobre las características y estado de las vías de comunicación terrestre entre las dependencias que componen las distintas Unidades Regionales, ha permitido obtener un cuadro de situación real a partir del cual podrá llevarse a cabo una racional distribución de dichos vehículos en todo el territorio de la provincia.
En lo referente al equipamiento específico de la fuerza en materia de móviles policiales, la misma se basa en la concepción de una Policía dinámica, que permita actuar en forma preventiva, principalmente disuasiva y en una inmediata respuesta anta la comisión de cualquier ilicitud.
Para eso resulta imprescindible contar con cantidad y calidad de medios de traslación y equipamiento radial y policial, para dar así una respuesta más eficiente a dicha problemática.
La eficiencia de estos patrulleros, según el ex secretario de Seguridad Alberto Piotti, tiene una vigencia limitada a los tres años de uso. En mayo de 1995, el funcionario dialogó con el diario La Capital, de Mar del Plata, sobre el criterio de la gobernación para el equipamiento de la bonaerense:
- Vamos a renovar -los patrulleros- por tercios, a razón de 800 por año. Serán del mismo tipo y marca que los actuales, pues resultaron muy efectivos y económicos. Cada unidad cuesta unos 9500 pesos y es más caro arreglarlos que comprar nuevos, aseguró Piotti.
Cada Monza costó 9.600 pesos y cada pick-up LUV 15.000 pesos. Esos valores no incluyen los costos de seguros de transporte -unos 90 pesos por unidad- y los de flete -330 y 490 pesos por unidad-, desde Brasil y Chile, respectivamente.
La bondad de estos precios, no debe olvidarse, se basa en la excisión de impuestos aduaneros.
Esta política de renovación por tercios de la dotación de patrulleros tiene un primer beneficiario. TATE S.A. aseguró su quintita. A razón de 800 Monza por año tiene confirmada -y sin mover un dedo- una venta de 7.680.000 pesos.
El 22 de enero de 1994, a la altura del kilómetro 443 de la Ruta 11, cerca de Villa Gesell, hubo un accidente. La pick.up LUV Nº 09056, de la Policía bonaerense, volcó. Era manejada por el sargento Mario Farías, de 31 años de edad. Quedó parapléjico.
- Camila..., Camila..., Camila, grita Ibañez.
- Shh..., lo tengo durmiendo.
- Qué, te agarró un ataque de maternidad ahora.
- Ibañez -dice Camila-, te quiero pedir algo.
- Vos sabés lo que yo quiero. Quiero que Vega y Carrizo vengan al pié. Eso quiero, insiste.
Si, pero después, cuando eso pase, con el bebé ¿qué vas a hacer?
- Y a vos qué te importa.
- Me importa. Porque te quiero pedir que me lo dejes, ¿puede ser?
- ¿A vos?- Si.
- ¿Vos lo vas a criar?
- Si, ¿porqué no?
- Te estoy hablando en serio, Ibañez. Quiero que me lo digas ahora. Vos me lo tenés que dejar a ese bebé. Yo lo quiero...
- Pará un poco, nena. No te hagás la loca conmigo. Todavía no te perdoné lo de la otra vuelta. No te abusés. Encargáte del bebé que yo tengo muchas cosas que hacer, grita Ibañez. Pega un portazo y se vá.
El Operativo Sol estaba en marcha. Al sargento Frías le habían encomendado, en la jerga policial, un QTH. En lenguaje de calle, un operativo imagen en las inmediaciones de Villa Gesell:
- Señor, usted se queda en la camioneta las 24 horas. Y no me la mueve para nada, ordenó el superior.
- Pero, señor, qué hacemos cuando queremos comer, preguntó el sargento.
- Si usted quiere comer se camina los doce kilómetros hasta el pueblo, trae los sanguchitos y come. Pero la camioneta no me la mueve.
Según una fuente cercana a la demanda -por daños y perjuicios- iniciada contra la Policía por el accidente, Frías fue destinado a una actividad para la que no estaba habilitado -no era chofer- y no había recibido la capacitación. Por otra parte, la fuente señaló que entre las barbaridades que se dispusieron cuando se compraron los patrulleros fue el que las chocaba quedaba en 'disponibilidad preventiva'. La medida buscaba disminuir los accidentes, pero ante el temor de quedarse sin el salarios los agentes no salían a correr a los delincuentes. En su lógica decían:
- Escucháme..., yo no me voy a quedar sin el sueldo. Que los corra otro...
El vuelco de la LUV del sargento Frías en Villa Gesell, además, obligó a la superioridad a tomar mayores recaudos. Seis días después del accidente, desde la Unidad Regional IV, se envió un radiograma a todas las unidades de la jurisdicción. El texto, pragmático y de fácil cumplimiento, ordenó: Por razones técnicas y de mayor estabilidad, todas las dependencias que hayan recibido camionetas LUV, deberán colocar en la caja trasera una bolsa de arena.
- A que no sabés quien firmó ese radiograma, preguntó la fuente.
- Mirá lo que son las vueltas de la vida: fue el reemplazante de Klodzyck en la Jefatura de Policía, el comisario Adolfo Vitelli |15|.
15. El testimonio pertenece a un letrado con acceso a la causa. Solicitó reserva de su nombre. Entrevista del autor. Volver
Art. 24.- Cada automotor, durante su existencia como tal,
se identificará en todo el país por una codificación de dominio
formada por letras y números, las que deberán figurar
en el título y demás documentos. Dicha codificación deberá
ser reproducida en placas identificatorias visibles exteriormente,
que se colocarán en la parte delantera y trasera del automotor.
Régimen Jurídico Automotor.
Decreto Ley 6582/58 Ratificado por Ley 14467.
La denuncia efectuada en 1994 por Nicolás Timpero, vecino de Temperley, derivó en una causa judicial. La 65.638, tramitada en el Juzgado Criminal Nº 6, del departamento Judicial de La Plata, a cargo de juez Claudio Bernard. La foja 178 lleva la firma de Pedro Klodzyck. Allí, el jefe que más duró en el cargo en la historia de la provincia, reconoció que los 2400 patrulleros no tienen dominio. Es decir, ni siquiera están reconocidos por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
- Quiero que busquen por todos lados -ordena a los gritos el comisario Chappe-. Hablen con los buches, avísen a todas las taquerías y a las brigadas. Y no quiero que vuelvan hasta que traigan a esa mina, ¿está claro?
- Si señor, murmura el Chino.
Un saxo tristón acompaña la imagen de Vega. Está destruída.
Una vez más el comisario Alberto Tachi protagonizó la escena. El 21 de diciembre de 1993 -un año después de haber recibido los primeros vehículos- la Dirección de Logistica elevó un informe a la superioridad. Objeto: Inscripción patrulleros 0 KM en Reg. Nac. Prop. Automotor.
Los trámites, según el informe, buscaban alguna vía de blanqueo de los automóviles. Esa vía, además, debía ser sin cargo, o al menos barata. El Superior Gobierno de la provincia de Buenos Aires no quería gastar plata en impuestos nacionales.
De este informe, además, se desprende que no existe ninguna documentación sobre el parque automotor de la Policía del Siglo XXI:
Los trámites se iniciaron para obtener: la inscripción inicial del vehículo importado; la inscripción de dominio; placas patente; fórmula cédula del automotor; legajo; formulario 01 (datos registrales del titular); y formulario 12 (verificación del automotor).
Esta operación tenía en esa fecha un costo de 250 pesos por vehículo. Por lo tanto, lo que se buscaba evitar de pagar era un total de 600 mil pesos. Cifra equivalente a los gastos reservados de un gobernador bonaerense.
El informe preliminar de la Dirección de Logística fue derivado a la Asesoría Letrada. Esa dependencia debía buscar el mecanismo para la eximisión en base a los antecedentes en este terreno. En su dictamen señala: Vista la requisitoria efectuada cabe expresar que las cuestiones atinentes a inscripción de dominio son regidas por el decreto Ley 6582/50 (..) que establece que 'los trámites que se realicen ante el Registro Nacional de la propiedad Automotor, deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo nacional, salvo los casos expresamente exceptuados por la reglamentación'. En este sentido (..), las excepciones del pago del arancel no están incluidos los trámites de la naturaleza del que nos ocupa. La Asesoría Letrada, de todos modos, sugiere iniciar las gestiones tendientes a obtener por vía de excepción la regalía pretendida, ante el ministerio de Justicia de la Nación.
Esa gestión, efectivamente, se llevó a cabo. Pero sin éxito. El 2 de marzo de 1994 la Dirección Administrativa -a cargo de Fabián Fernández Garello-, de la secretaría de Seguridad emitió otro informe donde reconoce la gestiòn ante el Subdirector Nacional de los Registros Automotores, Enrique del Canto. Las respuesta del organismo nacional fue contundente: las unidades patrulleras deben cumplimentar necesariamente con el trámite de inscripción de dominio, de conformidad con la normativa vigente.
Dos días después, el 4 de marzo, el comisario Tachi deriva el expediente a la División Automotores. Ordena presupuestar la inscripción dominial. A los cuatro días el sub oficial mayor Padreo Castellani le hace saber que se constituyó en la Seccional Nº 1 del Registro Automotor de La Plata. Para esa fecha los precios habían cambiado. La inscripción dominial, los formularios 13A, 12 y 01, el título y la cédula del automotor, las placas patente y el alta en la Dirección de Rentas, tenían un costo unitario de 350, 10 pesos. Por lo tanto, de los 600 mil pesos iniciales para regularizar los 2400 vehículos se había pasado a 842.340,60 pesos.
Hasta el 4 de abril de 1994 el expediente no incorporó novedades. Pero ese día se detuvo definitivamente.
Música insidental. Viene un tipo caminando por una vereda de Ciudadela. Es de noche. Se ven sombras difusas. Se abre la puerta de una 4X4. Baja Carrizo y apura al tipo. Es Ibañez. Se miran cara a cara:
- ¿Qué tal?, lo sobra.
- Vos sabés Ibañez que me tenés podrido. Y ésto se terminó acá, dice el Nene y lo apunta con el ñoca.
- No, no, no. No seas atolondrado. Tengo a tu nene...
- ... ¿qué?...
- Si. Ya me enteré que era tu hijo..., lo chupamos en una guardería.
- Te juro que te voy a matar.
- Ya te dije que no sea tan atolondrado. Oíme una cosa, si vos querés volver a ver a tu hijo de nuevo con vida me vas a tener que escuchar muy bien, idiota. Vos vas a trabajar para mí. Porque gracias a vos me voltearon mucha merca, mucha. Y vos la vas a recuperar toda, toda. Hasta el último gramo. Y si no, ¿sabés lo que voy a hacer con tu hijo? Exactamente lo mismo que hice con tu papá...
Música insidental. La silueta de Ibañez se va caminando por una vereda de Ciudadela. A lo lejos, se oyen ladridos de perros y sirenas de patrulleros sin patente. Tanda. Doce puntos de ráting se relajan. Algunos hicieron záping.
Con la firma de Pedro Klodzyck se puso punto final a los trámites de regularización de los vehículos. En realidad, según el ex Jefe, nunca se deberían haber llevado a cabo.
(..) la requisitoria formulada habría sido, a juicio del suscripto, -Klodzyck- interpretada erróneamente por el entonces Director General de Administración de la secretaría de Seguridad, Dr. Fabián Fernández Garello -único no uniformado involucrado en las gestiones-, quien tuvo a su cargo los trámites ante las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, toda vez que lo que se pretende no es soslayar el trámite de inscripción del dominio, que resulta obligatorio por imperativo de la ley, sino, realizar todos los trámites que resulten necesarios al efecto tendientes a lograr una exención o disminución del pago de aranceles, que evitaría el drenaje de recursos de las arcas fiscales del Estado provincial en favor del Estado Nacional.
Mirá Ruso, para vivir así
es mejor no morirse nunca...
Aron Tate Ostrowiecki, el Ruso, se inició en el negocio de la venta de coches en la esquina del viejo Canal 7. Su oficina era una mesa del bar La Rambla. Allí conoció a Alberto Olmedo. El capitán Piluso era habitué de ese local. Todas las tardes tomaban café y charlaban :
- Los que venden autos son unos delincuentes, pero vos tenés una cara de ángel..., dijo Tate que le decía Olmedo en los primeros años de la década del sesenta. Entre ambos y desde esos días construyeron una relación que se mantuvo hasta la muerte del Manosanta |16|.
Para Olmedo y Tate la amistad era un culto. Por eso no hicieron negocios. Tate nunca le vendió un coche al Negro Olmedo. Con la Policía bonaerense, en cambio, no tuvo prejuicios.
Tate tiene varias aptitudes que lo distinguen. Una es su habilidad para vender automóviles. La otra es su capacidad para contar cuentos y chistes. De ambas supo hacer una, y con esas armas se ganó la vida. Podría decirse, como él mismo reconoce, que es un buen versero.
El hotel donde se guardó Camila con el bebé está rodeado. Empieza el operativo de rescate.Canas en toda la manzana.
- ¿A dónde está?, pregunta el Nene.
- Adentro -contesta Vega-. Pero no sé dónde carajo se metió.
Tiros. Música insidental. Agentes uniformados y de civil ocupan posiciones. Usan de escudos árboles y coches estacionados. Detrás de uno de ellos aparece Ibañez. Tiene una llamada en el celular:
- Ibañez, no puedo hablar fuerte, murmura despacio Camila .
- En la tercera habitación del primer piso. La que da a la calle lateral.
- Bueno, asomáte a la ventana que te voy a buscar.
Ibañez manda a los suyos que vayan por el frente:
- Entretengan un poco del otro lado, ordena.
El hombre es propietario -por lo menos- de dos agencias General Motors: TATE S.A., en Capital Federal y en Florencio Varela, y del restaurant Bruja's de Punta del Este. Pero también incursionó comercialmente en el rubro bailantero y en el de los juegos de azar.
La revista Alegría reflejó el primer boom de la música tropical en los noventa. El Nº 5, de marzo de 1991, eligió a María Julia Alsogaray para su sección con opiniones de famosos, y al Faro Tropical como 'El baile del mes'. La ex interventora de ENTel, Somisa y luego secretaria de Ambiente Humano reconoció su predilección para moverse con ritmos calientes. Venía de unas vacaciones en Punta del Este, donde se había atrevido a bailar sobre una mesa en la discoteca Bulldog, durante una presentación de Ricki Maravilla:
- Le perdí el miedo al ridículo -reconoció Marijuly-, ya no soy tan rígida. Ahora me animo a hacer cosas que antes ni hubiera soñado. Desde chica me gustó la música. Y la verdad es que ésta onda tropical tiene tanto ritmo que cuando empieza a sonar resulta imposible no moverse...
Para Marijuly el fenómeno bailantero era una cuestión de Estado. O por lo menos se debió a una gestión de su gobierno: La Argentina estaba viviendo con demasiada solemnidad -dijo la funcionaria menemista-, y la culpa la tienen los gobiernos anteriores. Por eso, lo que experimentamos ahora nos llega como una ráfaga de aire fresco. Y la aceptación de ésta música que hoy hace furor es una prueba de lo que digo...
Cinco páginas más adelante de los pareceres de Marijuly la revista Alegría presentaba a sus lectóres El Faro Tropical. La bailanta se acababa de inaugurar. Había sido montada sobre las instalaciones de una antigua estación de servicio: El Faro de los Caminantes, un legendario punto de referencia sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 24.
Se trató de una bailanta bien puesta: tenía una capacidad para 5000 personas. El equipo de sonido, luces y las máquinas de efectos especiales costaron 60 mil dólares. El detalle más característico de la decoración eran las paredes, pintadas en blanco con olitas y pescaditos en colores flúo. Llegaron a trabajar 45 personas, destinadas en tareas de seguridad, estacionamiento, entradas, disc jockey, locutor y los encargados de la barra.
Entre los números musicales que pasaron por el Faro Tropical, según recuerdan algunos bailanteros memoriosos, se destacan Pocho La Pantera, Los de Bohío, Lía Crucet y Los del Málaga. También hay quien recuerda haber visto en ese local al intendente de Florencio Varela -en esos días-, y luego presidente del Ente del Conurbano, Julio Carpinetti.
En el primer piso de la bailanta Tate tenía su reservado. Sobre el escritorio había una foto suya donde se lo veía sonriendo junto al presidente Carlos Menem. Somos muy amigos, le confió a un ex empleado. Hombre de placeres mundanos, dicen los que aseguran conocerlo que a ese sitio subían las minitas que querían tirar el fideo.
Sus allegados confían que Tate siempre se dedicó a la venta de automóviles. Y que tuvo épocas buenas y de las otras. Representó varias marcas y también se dedicó a la importación. Uno de sus Mercedes Benz, dice gente cercana a él, fue comprado por Lucho Aviles. Otros recuerdan un lejano incidente con varios camiones de transporte autos. Cargaban con 100 Peugeot 504 y misteriosamente desaparecieron de la faz de la tierra.
En cuestiones de papeles de autos un ex empleado carga con feos recuerdos. Un compañero de trabajo en la bailanta, por abusar de la fortuna terminó entre rejas y, además, sin empleo:
- El disck jockey recibió como pago un Peugeot 504, usado, color celeste, y a los pocos días lo detuvo la policía. El asunto es que el auto era robado y terminó preso. Yo no se en que terminó la historia, pero ese DJ a la bailanta no volvió más...
Cuando el furor tropical comenzó a decaer, y los números dejaron de ser atractivos, bajó la cortina y apagó las luces del Faro. Pero abrió un Bingo.
La vieja estación de servicio, luego de un par de temporadas de veladas bailanteras, se convirtió en una sala de juegos. En este caso, las fuentes aseguran que el entusiasmo por ésta actividad surgió después de conocer los números del Bingo Avenida. Instalado en Lomas de Zamora, ese bingo es explotado por el Club Atlético Banfield. En las noches de furor, cuando la novedad del bingo explotó en todo el Conurbano, podían llegar a obtenerse ganancias de hasta cinco mil pesos por hora.
En este caso, la amistad con Julio Carpinetti fue relevante. Le facilitó la documentación de una fundación -se verá más adelante-, para habilitar el local. Pero siempre se vuelve al primer amor. Pasado el entusiasmo inicial de los bingos, Tate volvió a los automóviles. Y volvió con todo. De pronto obtuvo la representación de una marca que apenas participaba en el mercado argentino. Y lo más importante, un cliente dispuesto a comprarle 2500 vehículos de contado.
El sitio que reconoce como predilecto es su quincho: El Quincho de Tate. Lo hizo construir dentro de un viejo garage de la Av. San Juan. Con ladrillos a la vista y decorado en estilo de mesón español, los dos amigos -Tate y Olmedo- pasaron allí largas e inolvidables horas:
- Este quincho tiene mucha intimidad, el Negro -Olmedo- me dijo varias veces que es un lugar ideal. Venía a cenar a la salida del teatro, entre las doce y media y la una menos cuarto de la noche, a festejar el rating. Si yo estaba acostado, me levantaba para atenderlo. Nos quedabamos hasta las ocho de la mañana, comiendo, tomando y contándonos anécdotas.
En ese quincho todos los años Olmedo festejaba su cumpleaños. Su amigo Tate le hacía la fiestita con payasos, globos, regalos y piñata.
- A veces venía cuando yo trabajaba, me hacía compañía. Si había clientes se tapaba con un diario para que no lo reconocieran, y se mataba de risa del verso que yo les metía...
Entre sus clientes, tal ves el más importante, está la Policía de la provincia de Buenos Aires. Le vendió más de 3000 automóviles. Una cifra que seguramente en los días del bar La Rambla, con su cara de ángel, no soñó que llegaría a vender en toda su vida.
La participación de TATE S.A. en esas operaciones, sin embargo, generó una serie de interrogantes que no tienen quien los resuelva.
La primera operación, por 1.400 vehículos, se autorizó a través del Decreto 2905, del 22 de octubre de 1992. El artículo 1º, además de una descripción de los autos, señala: Aprobar la contratación directa a realizar por Policía (..) ante la firma TATE S.A.. El Decreto 3215, del 20 de agosto de 1993, por el que se adquirieron otros 1000 vehículos, repite la misma redacción: aprobar la contratación directa a realizar por la Policía ante la firma TATE S.A..
Dentro de la documentación que forma parte de los legajos, se incluyen los datos de forma de la operación: mantenimiento de la oferta, plazo de entrega y forma de pago. Y, también, se conforman los datos de la firma adjudicataria. Entre ellos su domicilio legal: en la provincia de Buenos Aires, Ruta 2, Km 24,500, Florencio Varela.
Si fue la Policía quien tuvo a su cargo la importación de los patrulleros la compra nunca pudo haberse efectuado ante un vendedor local -como es el caso de TATE S.A.-. Sencillamente porque en ese caso no se hubiera tratado de una operación de comercio exterior -una importación-. En ese caso, entonces, hubiera quedado excluída la utilización de la Ley secreta 21770, que brindó el amparo a la operación.
Pero como la compra, efectivamente, se efectuó ante TATE S.A. no corresponde la aplicación de la Ley 21770, por cuanto a quien autoriza a importar es a la Policía bonaerense.
En todo caso, para estar comprendidas dentro de la norma secreta, las operaciones debieron haberse efectuado de modo directo entre el comprador -Policía- y el fabricante -General Motors-. En síntesis: TATE S.A. y la Ley 21770, se excluyen mutuamente.
- Te voy a matar, perra. Te voy a matar..., se promete Vega en voz baja. Camina agazapada por los pasillos del hotel. Lleva el caño agarrado con las dos manos, a media altura. Como en las películas.
Música insidental. Un piano marca el tiempo. Se oyen jadeos. A la vuelta del pasillo termina el capítulo. Pero todavía faltan diez minutos.
- Policía. Métase adentro ya, le grita Vega a un despistado que asomó la cabeza por ese pasillo.
Camila emprendió la retirada. Aparecen algunos heridos.
- Llámen a una ambulancia, ordena alguien. El piano no cesa.
Ibañez está en la vereda. Y Camila le hace señas desde la ventana del primer piso.
- Ahí te lo mando.
- Dale, dice Ibañez y agarra el paquete. Adentro está el bebé de Vega y el Nene.
Se desata la balacera: Tiros de escopeta y de revolver. Autos acelerados, frenos, gritos. Ruidos de botas en las casas. Toques de puertas. Quejas, por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró pa' afuera |17|.
Música insidental. Predominan las cuerdas. Chellos y violas. Más tiros. Llantos de bebé.
- Se acabó Camila -dice Vega que le apunta con el ñoca-.
Te vas a dejar de joder. De atrás aparece Gabriel:- Ya está, Vero. Rescatamos a tu hijo.
- No, grita Vega. No terminó. De atrás aparece el Nene:
- ...Vega..., dice Carrizo para decirle que no la mate. Ahora tenemos mucho por vivir, parece decirle. Largo silencio de Vega. Por fin, dice:
- Llevátela Gabriel. Llevátela.
- Vení, puta, le dice Gabriel y se la lleva. Carrizo y Vero cambian miradas. Se aflojan...
Son las diez menos cinco. Tú amor es un karma, canta Fito. Vega y el Nene se casan por segundo año de éxito consecutivo. Fiesta en una quinta. Brindis entre canas y chorros. En la puerta quedó estacionada la 4X4 del Nene y una patrulla bonaerense. Se ve con claridad que no tiene patente. Todo en orden.
Aparecen los títulos sobre-impresos. Pues me he enamorado -cantan Los Chunguitos-/ te quiero y te quiero/ solo deseo/ estar a tu lado/ soñar con tus ojos/ besarte los labios...
Son las diez de la noche y en el 9 empieza Grondona.
16. Los testimonios de Arón Ostrowiecky fueron extraídos de la publicación Queríamos tanto a Olmedo, Periodismo por Periodistas, TEA. Abril de 1991. Volver
17. Desapariciones, Los Cadillacs, En vivo en Buenos Aires. Letra y música de Rubén Blades. Volver
Hace tres años, cuando asumi el gobierno bonaerense,
nuestra policia tenia enormes carencias, fundamentalmente
en lo que hace a equipamiento, y ahora
vemos que está modernizada y que va camino a ser la
fuerza que yo quiero para el nuevo siglo.
Madrugada del 25 de enero de 1997. Calle Troya, Pinamar. El dueño de casa, Oscar Andreani, festeja su cumpleaños. Desde la vereda se escuchan algunas notas de New York, New York. Pero a los vecinos le preocupaban los ocupantes de un automóvil estacionado en las inmediaciones:
- ¿Qué hacen acá?, ¿ustedes quiénes son?, preguntó Diana -una vecina-
- Somos custodios, le respondió un gordo desde adentro del coche.
- ¿Custodios de quién?, insistió la mujer
El gordo dibujó una sonrisa. Llamó a uno de los suyos que estaba de campana en la esquina. Parecía el jefe. Se acercó al grupo. La miró a Diana con sorna. Después de un breve silencio le dijo:
- Estamos mirando la fiesta.
Ese diálogo terminó en un expediente judicial..
Diana cruzó la calle. Le avisó a uno de los guardias oficiales de la fiesta que había sospechos merodeando en la cuadra. El hombre se dirigió hacia el auto donde estaban los mirónes. A los pocos minutos regresó al sitio donde había quedado Diana, frente a la escena. La previno:
- Métase adentro -le dijo-. Lo que pasa acá es muy raro.
- Si ustedes no llaman a la policía, la llamo yo, le contestó Diana.
- Deje, nosotros no encargamos...
El llamado se hizo. En dos oportunidades se avisó a la Policía bonaerense de Pinamar que había caras extrañas. Y que eran protagonistas de actitudes sospechosas. La primera etapa de las comunicaciones funcionaron correctamente. Eso no evitó que el fotógrafo José Luis Cabezas haya sido secuestrado antes de recibir un balazo en su cien, lo que le quitó la vida.
La segunda comunicación no se produjo. Desde la comisaría de Pinamar no se alertó a ningún patrullero para que concurra al lugar de los hechos.
La falla fue humana.
La población necesita, reclama y exige un sistema de seguridad que evite el incesante crecimiento de la actividad delictiva, diariamente revelado, por los medios de comunicación y también por las estadísticas en materia de daños y atentados contra la propiedad y las personas. (..)
... los procedimientos del gobierno provincial, (están) destinados a un único e intransferible objetivo: dotar a los bonaerenses del más moderno y adecuado sistema de seguridad. Pagando por lo mejor, el mejor precio. (..)
Se consultaron precios a 4 empresas representativas: General Electric, Johnsson, Motorola y Alcatel, recibiéndose sólo ofertas de estas dos últimas, líderes mundiales en telefonía y radiocomunicaciones.
La oferta de Alcatel resultó la más económica -30 millones menos que la más próxima- ofreciendo asimismo la ventaja de un sistema de última generación a nivel de los mejores del mundo.
Se trata de un sistema virtualmente imposible de ser interferido o captado por otros equipos, y comprende encriptados, microondas, centrales telefónicas digitales, telesupervisión, sistema de identificación inmediata y permite equipar a 30 mil agentes.
Permite un ahorro de aproximadamente 7.200.000 pesos por año, sólo en comunicaciones telefónicas -el gasto anual asciende a 12 millones de pesos-. (..)
Es falso que el sistema de compra sea ilegal, pués está perfectamente encuadrado dentro de la legislación vigente. (..) Es un sistema utilizado habitualmente por todos los gobiernos.
Secretaría de Seguridad. Gobernación de la provincia de Buenos Aires.
La solicitada que la secretaría de Eduardo Pettigiani consideró oportuno dar a conocer, bajo el título La mentira tiene patas cortas, apareció publicada en la edición de Clarín del 27 de marzo de 1993. El proceso de compra del sistema de comunicaciones de la Policía tuvo irregularidades que lo llevaron a los estrados judiciales. Y a cuatro años de los hechos aún no había salido.
La ley que autorizó a la provincia a endeudarse hasta la suma de 110 millones de dólares a efectos de adquirir el sistema llevó por número el 11388. Y para obtener su aprobación se echó mano a todo tipo recursos: intentos de extorsión, adulteración del contenido de la versión taquigráfica de una sesión del Senado, presiones de representantes diplomáticos extranjeros hacia legisladores provinciales opuestos a levantar la mano y amenazas a empresarios. Y además se le mintió a la opinión pública.
La apertura de ofertas para la compra del sistema de comunicaciones repitió el proceso que se utilizó para la compra de los Robinson. Se denunciaron irregularidades hasta en la fecha prevista para la presentación del proyecto: el 31 de agosto del 92 la Dirección de Comunicaciones -a través del envió de un fax- fija como fecha límite para la presentación de la propuesta técnico- económica el día 23 de setiembre de 1992, a las 10 hs. El mismo día, horas después, las empresas convocadas reciben otro fax que deja sin efecto el fax anterior. El día siguiente, a través de otro fax, se informa que la propuesta podrá ser presentada hasta el 18 de setiembre, a las 10 hs.
Finalmente sólo se recibieron las propuestas de Alcatel y Motorola. La empresa que presentó la oferta desestimada en ningún momento tuvo una comunicación oficial sobre la decisión final en cuanto a la contratación.
La noche del 30 de diciembre de 1992 en la Legislatura bonaerense hubo una fiesta. Entrada la madrugada ingresaron los mozos con el servicio de lunch. Se descorcharon botellas de champagne y whisky. Los legisladores del oficialismo tenían motivos para festejar. Pero nunca los revelaron.
El Día de los Inocentes -una vez más- se convertíria en una jornada significativa para el duhaldismo: en 24 horas la Legislatura aprobó un proyecto que, ni siquiera, había pasado por las comisiones. El tratamiento fue, a la luz de los hechos, unicameral. Entró como proyecto del Ejecutivo en Diputados el 29 de diciembre, y salió por el Senado el día siguiente con fuerza de ley. No hubo análisis de comisiones ni debate en el recinto, por la sencilla razón que no hubo tiempo para ello:
Art. 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo provincial a endeudarse hasta la suma equivalente a dólares estaudounidenses ciento diez millones, a efectos de adquirir un sistema integral de comunicaciones para la Policía de la provincia de Buenos Aires, y que cubrirá todo el territorio provincial |18|.
Se trató -por la cifra involucrada- de una de las operaciones más importantes del gobierno provincial. La envergadura fue tal que, incluso, conmovió al mercado mundial de las comunicaciones móviles. La firma beneficiada fue una empresa estatal francesa: SOFREMI-Alcatel. La representación diplomática de su país consideró que era oportuno influir de modo directo sobre los encargados de votar la aprobación de la operación:
Cuando se estaba negociando la compra de los equipos de comunicación vino a vernos un funcionario del gobierno socialista francés. Trataron de cambiar nuestra oposición a esa operación. Hubo una reunión con el agregado comercial de la embajada de Francia -en la oficina que tienen en el edificio de Sevel, en Capital-. Quería convencerme de que la compra era excelente. El francés, sin más trámite, me dijo:
- Usted pertenece a un Partido amigo del nuestro. No pueden negarse a que se concrete ésta operación |19|.
El trámite parlamentario:
El artículo 35 de la Constitución provincial señala que no podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara.
El Ejecutivo envió el proyecto de ley el 29 de diciembre de 1992. Fue tratado ese mismo día, sobre tablas. De acuerdo al Reglamento de la Cámara de Diputados se necesita el voto de los dos tercios de los miembros presentes del Cuerpo para autorizar ese tratamiento -o sea sin que el proyecto sea analizado por las correspondientes comisiones de la Cámara-. Como el justicialismo y sus aliados no contaban con el número necesario de legisladores, violaron el Reglamento. Recurriendo a un ardir, consistente en pedir un cuarto intermedio sin hora, lo que se aprobó por simple mayoría. Posteriormente, el día 30 de diciembre, en horas de la madrugada -aproximadamente a las 2,30 hs.- entró el justicialismo al recinto, sin comunicarlo al Bloque de Diputados radicales y le dieron media sanción al proyecto |20|.
A las 11 de la mañana del anteúltimo día de 1992 el Senado inició la sesión:
- Sr. Presidente, los legisladores radicales queremos una copia del proyecto que se somete a votación, pidió el presidente del Bloque, Héctor Bertoncello, al presidente del Cuerpo.
- Sr. Senador, por secretaría se entregará una copia al Bloque. Después de votarlo, contestó Rafael Romá.
El proyecto de ley, que ya contaba con media sanción de Diputados, se trató a libro cerrado. A esta irregularidad se agregó el desconocimiento del artículo 134 del Reglamento de la Cámara de Senadores: En ningún caso podrán ser tratados sin despacho de comisión los proyectos que autoricen gastos.
Finalizada la sesión el Bloque del radicalismo pidió la versión taquigráfica. Nos encontramos con que se ha inventado un pedido de que el Cuerpo se constituye en comisión, para cumplir así con el artículo 134 del Reglamento. Esto constituye para la legislación penal argentina el delito de falsedad ideológica |21|.
El trámite de compra:
La secretaría de Seguridad de la provincia publicó la solicitada en marzo de 1993. Allí anunció que consultó a cuatro empresas para que presenten sus ofertas para proveer el sistema de comunicaciones.
La consulta, como se verá, no es el trámite adecuado para concretar una operación por 110 millones de dólares. Además, esas empresas no gozaron de las mismas condiciones para presentar sus ofertas.
La siguiente es una enumeración de las irregularidades más notorias a juicio de un legislador opositor que participó de la sesión y del proceso de compra:
Un empresario que remitió fax a la Policía denunciando irregularidades recibió amenazas para que cesara en sus críticas.
No se brindó al resto de las empresas suficiente información. Tenemos noticias que el requerimiento que se dio a algunas empresas, luego de un mes de solicitar esa información, constaba de una hoja y hablaba de un sistema troncalizado -diferencia técnica sustancial respecto al comprado-.
Algunas empresas recibieron la carta para que cotizen el 1 de setiembre de 1992, con la exigencia de presentar la oferta el 18 de setiembre, dos semanas después.
Cuando algunas empresas cuestionaron la forma del trámite al secretario de Seguridad, Eduardo Pettigiani respondió que era "una decisión política".
Ante el cariz que tomaban las cosas la empresa SOFREMI-Alcatel remitió una carta en la que "el Estado francés garantiza" el contrato. Como prueba "de buena voluntad" Alcatel entregó en comodato a la Policía 200 radios para patrulleros. Si la operación no se concretaba, podrían ser devueltos sin cargo.
El Decreto de compra:
La adquisición del Sistema Integral de telecomunicaciones, de acuerdo al decreto que la dispuso a través de la contratación directa, estableció un único y excluyente fundamento: la urgente e imprescindible necesidad de proveer los medios de comunicaciones a las nuevas unidades móviles -patrulleros Monza- y aéreas -helicópteros Robinson- adquiridas recientemente |22|.
La solicitada de la secretaría de Seguridad bonaerense dedicó un párrafo a la compra de los patrulleros Monza. De acuerdo al anuncio del organismo, esas unidades fueron comprados totalmente equipados para uso policial.
De esos dos documentos -solicitada y decreto de compra del sistema de comunicaciones- surge una contradicción notable: los patrulleros, contrariamente a lo anunciado, no estaban totalmente equipados para salir a las calles del Conurbano a brindar seguridad: carecían del equipo de comunicaciones.
Además, el decreto de compra no especifica cuál fue el mecanismo utilizado por la provincia para determinar que la proupuesta del Alcatel resultó la más beneficiosa para los intereses de los bonaerenses:
Que el equipamiento en el área de comunicaciones de procedencia francesa ofertado por la empresa SOFREMI y sus representantes Alcatel Radiotelephone y Paloutel, que están dedicadas a la fabricación, comercialización y exportación de este tipo de bienes cuyos parametros son reconocidos a nivel internacional, satisfacen adecuadamente los requerimientos técnicos en la materia; (..)
Que la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado han tomado intervención pronunciandose oportunamente, aprobando el trámite realizado.
Que a sugerencia del señor Fiscal de Estado se ha expedido la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, concluyendo que la comparación de las propuestas recibidas la oferta SOFREMI-Alcatel es la más conveniente desde el punto de vista de los costos y de la tecnología.
Las afirmaciones de ese decreto son parciales. Se trata de una verdad a medias. Los hechos:
El 3 de marzo de 1993, Ricardo Szelagowsky, Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, presentó su dictámen. A su consideración se habían sometido las actuaciones de compra del sistema integral de telecomunicaciones consistente en: un servicio de radio-móvil con equipamiento fijo, móvil y portátil; un servicio de radio enlace de microondas; un servicio de trasmisión de datos facsimil; un servcio de tramsisión telefónica y un servicio de transmisión radial, con destino a la Policía de esta provincia.
En su consideración inicial el Fiscal de Estado se opuso a la realización de la operación. En su segundo dictámen, finalmente, aprueba la compra por una razón ajena al proceso y al bien adquirido: las constancias referidas autorizan a tener por cumplimentados los recaudos que la doctrina requiere para la configuración de la urgencia |23|. Es decir, la operación tuvo la aprobación de la Fiscalía por una cuestión de apuro |24|.
El informe original del Fiscal sostiene que sobre la base de las razones seguidamente expuestas, sostengo que no puede darse curso favorable a la contratación que se propicia en estas actuaciones.
Las razónes de su oposición fueron demoledoras:
Tal como lo ha señalado reiteradamente este Organismo, en casos como el aquí planteado no resulta suficiente la mera invocación de la causal de urgencia o emergencia imprevisibles, sino que es necesario que la misma esté debidamente fundamentada por el funcionario respectivo, tal como lo exige el Reglamento de Contrataciones vigente.
Tal fundamentación constituye un requisito de forma imprescindible e ineludible en el trámite de que se trata, cuya inobservancia determina, por lógica consecuencia, la nulidad del acto que eventualmente puede dictarse en las actuaciones.
Y ese recaudo formal debe ser exigido con mayor rigurosidad en el presenta caso, dada la significativa suma que importa la operación, y su incidencia en el patrimonio provincial a comprometer.
El dictámen de la Fiscalía que, según el decreto de compra, recomendó la operación encontró además irregularidades y anomalías:
a) El pedido de provisión de elementos, que es el trámite inicial en toda licitación pública, licitación privada o contratacaión directa |25|, se llevó a cabo el día 17 de diciembre de 1992, en tanto que tres meses antes, ya se había efectuado una compulsa de precios y se realizó la apertura de los sobres con las ofertas. Ello significa que antes de haberse tomado la decisión de adquirir los elementos en cuestión, y de especificar las características técnicas pertinentes, se realizó la selección del co-contratante.
b) Esa irregularidad se ve particularmente agravada en la especie, dado que no aparecen agregadas a estas actuaciones, las invitaciones que se afirma haber cursado a las distintas empresas, lo cual impide verificar si existe coincidencia entre las especificaciones técnicas y caraceterísticas de los elementos allí consignados, con los que aparecen mencionados en el posterior pedido de provisión de elementos.
c) Además, la ausencia de las referidas invitaciones, reviste trascendencia en este caso, no bien se advierte que en el acta consta que la firma INTEPLA S.A. manifiesta no haber recibido confirmación de fecha y hora para la presentación y apertura de las ofertas. Tal circunstancia, que es decisiva a los efectos de evaluar si se dio participación efectiva a dicha empresa, determina la nulidad de procedimiento seguido en la especie.
El Ejecutivo provincial insistió sistemáticamente en reequipar a la Policía a través del sistema de contratación directa, y desestimó mecanismos más transparentes -y oportunos-, como las liciticaciónes: privadas, públicas, nacionales e internacionales.
La licitación, como mecanismo de selección, permite a la Administración Pública arribar al mejor precio que la plaza puede ofrecer, impide un manejo discrecional -y en algunos casos arbitrario-, de los fondos estatales, y evita connivencia entre funcionarios y contratistas |26|.
Por ninguna razón el fiscal estaba dispuesto a aprobar la operación. Ni por razónes de urgencia ni por cuestiones tecnológicas: ninguna circunstancia (mencionada) acuerda respaldo a la contratación directa que, con base en la invocación de razones de urgencia, se pretende concretar en estas actuaciones; en tanto es indiscutible que aquellas razones de mejoramiento tecnológico y económico en los gastos, están también presentes, en las distintas contrataciones que celebra el Estado.
Por lo tanto, reitero que me opongo por corresponder, a que se dé curso favorable a la contratación directa que se propicia, debiendo seguirse en el presente caso el trámite de licitación pública nacional e internacional, para lo cual se deberán confeccionar las pertinentes clásulas del pliego, con la suficiente claridad y detalle analítico, para posibilitar la participación de la mayor cantidad de oferentes que sea posible.
El dictámen de la Fiscalía de Estado no tuvo eco. El Ejecutivo bonaerense evitó con persistencia someterse al papeleo de una licitación. Pero para ello necesitaba la firma aprobatoria de Szelagowsky. Y la obtuvo.
Las patas de la mentira:
El Fiscal de Estado no fue el único que encontró anomalías en el proceso de compra. Una empresa -BGH/Motorola- partícipe de la convocatoria puso sus quejas por escrito. Y le dió intervención a la representación diplomática de su país de orígen, Estados Unidos. La primera comunicación fue dirigida al gobernador: |27|
Nos dirijimos respetuosamente al señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, en relación a la solicitada de la secretaría de Seguridad, del 27 de marzo de 1993, bajo el título "La mentira tiene patas cortas". (..)
Consideramos que los hechos y datos están relatados de tal forma que se prestan a interpretaciones erróneas en lo que se refiere al punto "radiocomunicaciones". Nos permitimos, por lo tanto, puntualizar al respecto lo siguiente:
En la solicitada se alude al hecho que la oferta de Alcatel resultó 30 millones de dólares más económica que la de Motorola.
Motorola dispone de la más amplia gama de productos y sistemas para satisfacer todo tipo de necesidades de sistemas de comunicaciones para cuerpos policiales. Dicha gama abarca desde los más sencillos y económicos hasta los más sofisticados y avanzados del mundo, permitiendo asimismo que Motorola puede ofrecer la solución óptima adaptada al presupuesto que se asigne a cada proyecto de modernización.
Al momento de la consulta efectuada por la Dirección de Comunicaciones de la Policía de la Provincia, se nos solicitó una propuesta por un sistema "troncalizado" de radiocomunicaciones móviles, y por ende, substancialmente distinto del sistema "convencional" que actualmente tiene en operación la Policía.
Motorola, por lo tanto, ofreció un sistema troncalizado, de acuerdo a lo solicitado. Alcatel, sin embargo, ofreció un sistema convencional, pese a que la solicitud de cotización que recibimos no daba lugar a esta alternativa.
Por lo expuesto consideramos incorrecto comparar, como se lee en la solicitada, los precios de sistemas de distinta naturaleza -uno troncalizado contra uno convencional-, y más aún, presentarlo al conocimiento público sin aclarar que se trata de ofertas no comparables. Se crea de este modo una imagen errónea en la opinión pública de que los productos y sistemas Motorola son muchísimos más costosos -U$S 30 millones-, que los demás fabricantes.
Se afirma en la solicitada que el sistema Alcatel es virtualmente imposible de ser interferido o captado por otros equipos de radio. Esta afirmación es inexacta ya que el 90% de los móviles y el 95% de los portátiles se solcitaron sin encripción, y sus emisiones están expuestas a interferencias y pueden ser captadas por equipos de todo tipo, incluyendo los de aficionados.
Esto ocurre muy especialmente en la banda de 400 MHz, elegida por Alcatel donde existen interferencias generalizadas. La banda de 800 MHz propuesta por Motorola está prácticamente libre de tales interferencias, como lo demuestra, por ejemplo, la telefonía celular.
En relación con los servicios encriptados, las emisiones de los equipos de Alcatel aún siendo inenteligibles, son interferibles. En cambio los equipos Motorola no se pueden captar y por lo tanto son interferibles, merced a su técnica de modulación especial para ocultar emisiones.
Para el caso que la institución policial optara por un sistema de radio convencional, solicitamos se nos permita competir por la provisión del mismo mediante una oferta de tal sistema.
Sin otro particular, saludamos al Señor Gobernador con nuestra consideración más distinguida.
Noe Kenig, chairman de Motorola International Inc. -casa matriz de Schaumbrg, Illinois- envió de modo personal una copia de esa carta al embajador de Estados Unidos en Argentina, Terence Todman, el 15 de abril de 1993.
El gobernador Duhalde estuvo al tanto de la posición fijada por la empresa norteamericana y por su Fiscal de Estado. Nada hizo cambiar la decisión de concretar la operación a través de una contratación directa con SOFREMI-Alcatel.
Lo unico que me preocupa es poner en marcha rápidamente el plan de seguridad que reclama la gente -dijo Duhalde-. Tenemos todos los elementos para brindar un sistema de seguridad eficiente, pero falta uno que es el corazon del mismo: el de comunicaciones, que sirva para que casi instantaneamente la policia este en el lugar del hecho delictivo.
La cartas de Motorola no fueron respondidas. Y el Fiscal, finalmente, tuvo que dar el sí.
El ablande:
En el año 93 abundó el delito. Y en todas sus variantes. Contra la propiedad, homicidios y asaltos. Los piratas del asfalto y las superbandas construyeron sus leyendas en esos días.
Las crónicas repetían estadistidicas del siguiente tenor:
Las cifras ya se tornan escalofriantes: entre 80 y 100 delitos se cometen por dia solo en la zona Norte del Gran Buenos Aires. En lo que va del año mas de 3000 sucedieron en Vicente Lopez y San Isidro. Van desde robos de menor cantidad hasta homicidios (en su mayoria producto de peleas y asaltos). El robo de automoviles crecio un 700% en los ultimos años y ricos y famosos invierten cada vez mas en seguridad privada.
Desde el primer dia de 1993 al 31 de julio ultimo se registraron mas robos en bancos que los apuntados en los doce meses de 1992. Este verdadero ranking del terror da cuenta que desde enero a diciembre de 1992 los ladrones -que en muchas oportunidades utilizaron metodos violentos- perpretarion 37 atracos en entidades bancarias a lo largo de todo el pais, mientras que en siete meses de este virulento 1993 ya se apuntaron 38. Es decir que en 210 dias se registro un robo mas que en doce meses anteriores.
A la hora de hablar de numeros los doce meses de 1992, por ahora, fueron mucho mas provechosos para los grupos comando. Sin incluir el millonario atraco acometido contra el Banco Central de Rosario, los ladrones se alzaron con 5,4 millones de dolares y en los siete meses de 1993 ya se llevan mas de cuatro millones.
Por ultimo, la distribucion geografica de los robos se puede establecer de la siguiente manera: 29 se perpetraron entre la Capital Federal y el Gran Buenos Aires; 4 en Cordoba; 2 en Santa Fe y uno, respectivamente, en Tucuman y Jujuy.
El comisario Klodczyk tenía una respuesta acorde para la violencia que se vivía en las calles del Conurbano. La Policia y Fuerzas Armadas se pueden manejar con mas personal, de acuerdo al incremento de la poblacion, pero no contamos con medios. El sistema anterior requeria de tres a cuatro hombres por vehiculo porque no contaban con otro vehiculo cerca y los sistemas de comunicacion eran deficientes. Ahora los bajamos a dos y en algunos casos a uno, por lo que se nos multiplica automaticamente la presencia.
Con esos argumento se ablandó al Fiscal de Estado. El 23 de abril de 1993 Szelagowski emite su segundo informe:
Analizando los cuadros estadísticos acompañados se advierte, entre otros datos:
1) que los delitos contra la personas se incrementaron entre el primer semestre de 1991 y el primer semestre de 1992 en el 25,28%;
2) que los delitos contra la propiedad en igual lapso, aumentaron en un 52,15%.
3) que los homicidios se incrementaron desde 1991 a 1992 en un 12,54%.
4) que los asaltos a micros aumentaron un 28,20%.
5) que la actividad de los denominados piratas del asfalto, en el período 91-92, se incrementó en un 17,09%.
Las constancias referidas autorizan a tener por cumplimentados los recaudos que la doctrina requiere para la configuración de la urgencia. En efecto, de tales elementos de convicción se desprende que el carácter de concreta, inmediata, probada y objetiva que es menester adoptar el sistema excepcional de contratación que se propicia, en el entendimiento de que el sistema integral de telecomunicaiones que se gestiona contratar, que permirtirá asimismo dotar de elementos de tal tipo a los patrulleros adquiridos, contribuirá de manera positiva a afianzar el valor seguridad en la provincia, reclamado por la opinión pública.
El único fundamento para aprobar la contratación directa fue la urgencia. Importaron los fínes, los medios carecieron de todo valor. Pero a pesar de haber hecho saltar por los aires el reglamento de compra provincial, la seguridad no llegó al Conurbano.
De acuerdo a las cifras de la Policía bonaerense, al analizar el período en que la fuerza se reequipó -adquisición de helicópteros, patrulleros y equipos de comunicaciones-, los delitos violentos aumentaron un 41%. La cifras totales se elevaron de 71.898 en 1994, a 101.676 en 1996. Los homicidios pasaron de 958 a 1.179, y los robos de autos de 21.807 a 31.712 |28|.
El párrafo sustancial que autorizó la contratación, sin embargo, fue premonitorio. El Fiscal de Estado dió la conformidad pero, en realidad, no se hizo cargo de su decisión: en razón de lo expuesto (..), bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios que alegan las razones de urgencia y conveniencia fiscal, puede, si así lo crea oportuno el señor Secretario -Pettigiani-, disponer la prosecusión de la contratación en la forma que se propicia.
Lo expuesto por el fiscal Szelagowski en el segundo informe cuenta con mayores elementos de peso para fundar el rechazo de la operación. Los argumentos que esgrimió el Ejecutivo provincial para cambiar la opinión del fiscal fueron divesos, imaginativos y, también, patéticos.
Las nuevos argurmentos buscaron encuadrar la operación bajo la característica de secreta. El otro argumento desarrollado apuntó a encuadrar la compra en una relación entre Estados, tal como los autoriza el Reglamento de Compras. Pero en su ansiedad el Ejecutivo no reparó que solo alude a relaciones de Estados de una misma Nación:
... (..) resulta inaplicable al caso dado, más allá de que pudiere acreditarse que parte del patrimonio de Alcatel perteneciese al Estado francés, lo que la norma invocada prevé es la contratación directa con organismos total o mayoritariamente nacionales, provinciales o municipales argentinos, más no los extranjeros.
También resulta manifiestamente inatendible la pretensión de encuadramiento de la contratación directa del referido artículo 26, que la autoriza en supuestos en que las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se mantengan secretas. Y resulta inaplicable el inciso pues tal reserva cabe entender que debe estar relacionada con las características de los equipos que en definitiva se adquieran, lo que no impide el ofrecimiento de un número indeterminado de propuestas a través de una licitación pública. Por fín, la reserva invocada no se compadece con la amplia difusión que dieron los medios de comunicaciòn masiva a la contratación que se propicia.
El análisis de precio mereció un estudio paralelo. A las impugnaciones de la fiscalía se añadió un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Los elementos entregados a los organismos de control fueron incompletos:
Se agregó -para el segundo dictámen- un informe sobre precios unitarios detallados, en el que se desglozan los valores ofertados para el equipamiento de radio -portátiles, móviles y fijos-, en tanto no se discriminan los precios correspondientes a microondas -primera y segunda etapa-, ni tampoco las denominadas "Obras civiles, infraestructura y servicios", que se encuentran globalizados.
En particular sobre éstas últimas, no obran constancias sobre torres, elementos de sustentación en general y cimentación de las mismas con las pertinentes caracterizaciones técnicas para su evaluación y posterior construcción. (..)
Finalmente, no resultan suficientemente explícitas las condiciones a través de las cuales la provincia asumirá una deuda de magnitud, habida cuenta que se financia el 85% del monto total a contratar. Así, para el denominado "período previo", la tasa de interés solo se señala que será variable, no indicándose su porcentaje. Para el llamado "período de reembolso" ocurre algo similar, pués solamente hace referencia a una tasa oficial para las exportaciones vigente en Francia.
El dictámen favorable de los valores cotizados por Alcatel y de las caracetrísticas técnicas de los equipos ofrecidos, surgieron luego de un estudio de los responsables del CeTAD de la Facultad de Ingeniería |29|. A pesar de la afirmación de la Asesoría General de Gobierno en el sentido que se trató de un pormenorizado informe, en realidad no contó con un estudio comparativo de tecnología y precio de otros equipos de plaza de posible utilización.
La información suministrada por la Universidad considera que la tecnología ofertada por Alcatel es apropiada para el uso a que será destinada, con la ventaja de que al ser de tipo más abierto que otra más moderna, evita la dependencia que crea el empleo de equipos cuyos protocolos son propiedad del vendedor, impidiendo la utilización de elementos de otras tecnologías o marcas.
Con relación al monto cotizado por Alcatel, los informantes han evaluado el costo de uno de los equipos portátiles denominado 9217 HB SC2, el cual en su país de orígen tendría un precio -por unidad- del orden del 10% superior al cotizado por el oferente. La diferencia se debería a la cantidad de equipos ofrecidos. Al respecto, cabe apreciar que, dado el gran número de equipos portátiles a adquirir, que es del orden de 26 mil, la magnitud de la rebaja por cantidad no aparece como muy significativa. (..)
No obstante, considero que para ampliar el espectro de comparación de precios, deberá contarse con un resultado favorable de la gestión que, en ese sentido, están realizando los técnicos de la Universidad de La Plata en España |30|.
No hubo tiempo. Apenas quince días después del dictámen de la Fiscalía ya estaba redactado, firmado y en vigencia el Decreto 2336. El Ejecutivo bonaerense había logrado la compra del nuevo sistema de comunicaciones a través de la contratación directa.
Si se hubiera esperado a contar con la información de Alcatel-España, la provincia prodría haber ahorrado varios millones de dólares.
Esta investigación obtuvo los precios en Alcatel-España de los mismos productos comprados por la provincia:
Equipos Móviles ATR-420-SC10
Alcatel-Francia	u$s 2.098.-
Alcatel-España	u$s 1.070.-
Se compraron estimativamnete 2.250 unidades.
Equipos portatiles ATR-430-DGC
Alcatel-Francia	u$s 4.197.-
Alcatel-España	u$s 1.090.-
Se compraron estimativamnete 1.280 unidades
Equipos Portátiles ATR-430-SC2 -Mini con teclado-
Alcatel-Francia	u$s 2.146.-
Alcatel-España	u$s 1.132.-
Se compraron estimativamente 24.700 unidades.
De acuerdo a una fuente que participó activamente del proceso de compra, el sobrepresio comparartivo con los valores de Alcatel-España podrá redondear los 33 millones de pesos. El hombre no olvidará jamás el diálogo que mantuvo con un ex funcionario del Ejecutivo:
Un asesor de la gobernación que ahora es juez me preguntó, el día de la sesión, si yo estaba en contra de la ley:
- Debe haber algo en esta ley -me dijo él-, porque desde la Gobernación, en la calle 6, a la Legislatura, en apenas cuatro cuadras, aumentó 30 millones.
El último expediente que pasó por las manos del Fiscal fue el decreto de compra. Los hechos consumados. El 28 de junio, sobre su firma, escribió:
Me notifico del Decreto Nº 2336 precedentemente agregado a estas actuaciones, destacando que no se encuentra cumplimentado el requerimiento previo formulado por este Organismo. (..) Consecuentemente, la contratación de que se trata, tal como se expresara a fojas 223, resulta de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que suscriben el acto.
La operación estaba concretada. Atrás habían quedado los días de sesiones forzadas y de festejos de madrugada. Se habían intentado todos los caminos. Pero nadie explicó porqué, si se trató del mejor precio y de los mejores equipos, se evitó la licitación pública internacional.
El ex legislador, años después, recordó una anécdota menor de aquellos días. La escena sucedió en un despacho de la legislatura. El protagonista ocupa hoy un cargo que le permite manejar fondos frescos para el Conurbano.
A mí me quiso coimear con la ley de los equipos de comunicaciones. Me llamó y me dijo:
- Los senadores hemos decidido darte 50 mil dólares.
Se rascaba la pelada. Es un hombre que cuando se pone nervioso se rasca la pelada y te mira desde abajo. Estabamos él y yo. No puedo probarlo, pero que sucedió no tengas dudas. Me acuerdo hasta del traje clarito que tenía puesto...
18. Ley 11388. Volver
19. Testimonio de un senador provincial de la UCR. Fue uno de los principales opositores a la realización de la operación en las condiciones que se efectuó. Entrevista del autor. Volver
20. Fragmento de una carta enviada al embajador de Francia en Argentina, Pierre Guidoni, por un legislador de la UCR. 11-1-93. Volver
21. Idem 20. Estos hechos derivaron en dos causas judiciales: 8506 y 8555, iniciadas el 26 de febrero de 1993. Se tramitan en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 5, de La Plata, a cargo del juez Federico Atencio. Se denunció la presunta comisión del delito tipificado por el artículo 293 de Código Penal. El hecho delictivo que se pidió que se investigue consiste en la adulteración del contenido de la versión taquigráfica de la sesión del senado bonaerense del 30-12-92, donde se dió sanción definitiva a la que sería la Ley 11.388. (..) También se denunciaron irregularidades en el trámite de adquisición de los equipos por contratación directa.
El juez dividió las denuncias en dos partes. Sobresee la causa en lo que respecta al trámite de compra y se declara incompetente sobre la falsificación del Diario de Sesiones -versión taquigráfica-. Cabe decir que esto último está comrpobado en el expediente. Se envía la causa al Juzgado Nº 1 de La Plata, que se declara competente el 14-2-96, con el número de causa 146.949. Desde el 20-2-96 se encuentra a despacho. Volver
22. Decreto del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires Nº 2336, del 18 de junio de 1993. Lleva las firmas del gobernador Eduardo Duhalde, del ministro de Gobierno, Fernando Galmarini y del ministro de Economía, Jorge Lemes Renicov. Volver
23. Nota de la Asesoría General de Gobierno al Señor Secretario de Seguridad, foja 231, correspondiente al expediente 2137-539.275/92. Volver
24. La Fiscalía de Estado presentó dos dictámenes, el primero de fecha 3 de marzo de 1993, y el segundo del 23 de abril del mismo año. Volver
25. Artículos 5, 6 y 7 del reglamento de Contrataciones. Volver
26. Héctor Mairal, "Licitación Pública"; Rafael Bielsa, "Derecho Administrativo"; Miguel Angel Bercaitz, "Teoría General de los Contratos Adminbistrativos", citados por el fiscal Szelagowsky. Volver
27. Carta del Ing. Alberto Hojman, gerente general de BGH, representante en Argentina de Motorola International Unc., 14 de abril de 1993. Volver
28. Estadística de la Dirección de Seguridad de la Policía bonaerense. Homicidios: En el 94, 958; en el 95,1.020; en el 96, 1.179. Asaltos: En el 94, 18.574; en el 95, 24.579; en el 96, 30.584. Robos: en el 94, 27.028; en el 95, 31.502; en el 96, 35.149. Piratas del asfalto: en el 94, 484; en el 95, 596; en el 96, 761. Robos de autos: en el 94, 21.807; en el 95, 25.718; en el 96, 31.712. Volver
29. Informe de Hugo Lorente y Antonio Quijano, Subdirector y Director respectivamente del CeTAD, Facultad de Ingeniaría, UNLP, 12 de mayo de 1993. Volver
30. En su informe, los ingenieros de la UNLP señalaron: se está realizando en España un procedimiento semejante -cotización-, pero lamentablemente no se ha recibido aún la respuesta, estimándose que la misma estará disponible a la brevedad. Volver