Source: https://es.scribd.com/doc/145696522/Resolucion-y-Recurso-Nulidad-TOP-Pto-Montt
Timestamp: 2017-02-23 05:01:26
Document Index: 243771488

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarsePuerto Montt, dieciocho de mayo de dos mil trece.A lo principal; Téngase por interpuesto recurso de nulidad presentado por el Fiscal Adjunto de esta ciudad don Marcelo Maldonado González, en contra de la sentencia dictada por este Tribunal con fecha 08 de mayo de 2013. Conforme a lo dispuesto en los artículos 372, 376 inciso 2°, 377, 378, 380 y 381 del Código Procesal Penal, se lo declara ADMISIBLE. Concédese y elévense, los antecedentes correspondientes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, para su conocimiento y resolución. Al efecto, remítase la carpeta digital incorporando copia de la sentencia definitiva, el escrito de interposición del recurso y su proveído, además del registro oficial de audio de la audiencia de juicio oral y de la audiencia de comunicación de sentencia. Al Otrosí; Téngase por ofrecida. Notifíquese vía correo electrónico a los intervinientes. Ruc 1210006794-1 Rit N° 23 - 2013.
Dictó la magistrado doña Patricia Miranda Alvarado, Juez de Turno del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt.
Certifico: Que, con esta fecha se notificó por el estado diario la resolución que antecede y se remitió vía correo electrónico al Fiscal Adjunto de Puerto Montt don Marcelo Maldonado González y al Defensor Particular don Jaime Millan Stuven. Puerto Montt, 18 de mayo de 2013. Jorge Oyarzún Díaz Ministro de Fe
EN LO PRINCIPAL EN EL OTROSI
: Interpone Recurso de Nulidad. : Ofrece Prueba.
TRIBUNAL DEL JUICIO ORAL EN LO PENAL DE PUERTO MONTT
MARCELO MALDONADO GONZÁLEZ, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Puerto Montt, domiciliado en calle Pedro Montt N° 56, de esta ciudad, en Investigación RUC N° 1210006794-1 y rol interno de Tribunal N° 23-2013, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, a US., respetuosamente expongo: Encontrándome dentro de plazo legal y según lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c), 352, 372, 373 letra b) y 374 letra e), todos del Código Procesal Penal, vengo en interponer recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva pronunciada en esta causa, con fecha 8 de mayo de 2013, por medio de la cual se absolvió a Daniel Back y Valeska Mabel Paredes Álvarez, como autores de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 1 y 3 de la Ley 20000. Fundo el recurso en la causal prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, toda vez que en el pronunciamiento de la sentencia se hizo una errónea aplicación del derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, a fin de que se anule el juicio y la sentencia de conformidad a lo dispuesto en el Art. 386 del Código Procesal Penal, determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento, disponiendo en su lugar la remisión de los autos al Tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste disponga la realización un nuevo juicio oral fijando día y hora para tal efecto, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer. En subsidio de la causal anterior, invoco la causal del artículo 374 letra e) en realicón al art. 342 letra C) y art. 297 del Código Procesal Penal, esto es : “Cuando , en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e);”., a fin de que se anule el juicio oral y la sentencia de conformidad a lo dispuesto en el Art. 386 del Código Procesal Penal, determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento,
disponiendo en su lugar la remisión de los autos al Tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral fijando día y hora para tal efecto.
I.- ANTECEDENTES DEL RECURSO:
El Ministerio Público presentó acusación en contra de Daniel Back y Valeska Mabel Paredes Álvarez, en calidad de autores del delito de Tráfico ilícito de Drogas, en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 1 y 3 de la ley 20000, fundando dicha acusación en los siguientes hechos: “El día 07 de marzo de 2012, a las 17:30 horas aproximadamente, en el domicilio de los imputados ubicado en Sector Caleta Andrade s/n, Isla Llancahué, Comuna de Hualaihué, los imputados Valeska Mabel Paredes Álvarez y su marido Daniel Back, mantenían cerca de 02 Kilos 210 gramos peso bruto de marihuana cannabis sativa, droga que tenían y poseían en su poder y guardaban en dicho domicilio, sin contar con autorización competente para ello y que no estaba destinada para su consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo.” Los hechos señalados en el acápite anterior, son constitutivos del delito de tráfico ilícito de drogas (marihuana) en grado de consumado, ilícito sancionado en el artículo 3, en relación al artículo 1 de la Ley N° 20.000, en las hipótesis de posesión y guarda de la droga. El delito objeto de la acusación se encuentra en grado de desarrollo de consumado, según dispone el artículo 7 del Código Penal. La participación que se atribuye a los acusados es la de autores del delito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 N° 1, en relación al artículo 15 N° 1 del Código Penal.
En el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Penal, de fecha 8 de mayo de 2013, se absolvió a los acusados Daniel Back y Valeska
Mabel Paredes Álvarez, del delito de Tráfico ilícito de Drogas, que se le había atribuido en calidad de autores, señalando lo siguiente: “DECIMO: Hechos acreditados. Que sobre la base de la prueba producida, es posible dar por establecido los siguientes hechos: “El día 07 de marzo de 2012, a las 17:30 horas aproximadamente, en el domicilio ubicado en el Sector Caleta Andrade s/n, Isla Llancahué, Comuna de Hualaihué, Valeska Mabel Paredes Álvarez y Daniel Back mantenían y guardaban una cantidad no determinada de marihuana cannabis sativa, sin contar con autorización competente para ello, la que estaba destinada para su consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo.”
“DUODECIMO: Pasando al análisis del caso que nos reúne, podemos observar que los hechos acreditados en caso alguno logran subsumirse en la figura contemplada en el artículo 3° de la Ley N° 20.000. En efecto, si bien la sustancia incautada en el terreno de Daniel Back y Valeska Paredes, esto es, marihuana, corresponde a aquellas descritas en el artículo 1° de la mencionada ley, no se logró determinar fehacientemente la cantidad de cannabis sativa ni su calidad. Como ya se tuvo oportunidad de explicar, además de no existir claridad sobre el peso bruto de la sustancia extraída en el lugar, tampoco existe certeza acerca de la calidad de la misma, ya que el único examen científico realizado en la investigación sobre la sustancia se limitó a constatar en una muestra de 0.65 gramos su carácter de cannabis sativa, sin que se especificara tampoco a cuál de los contenedores descubiertos correspondía exactamente. En otras palabras, no existen elementos probatorios que permitan afirmar que la totalidad de la sustancia hallada por los efectivos policiales sea cannabis sativa, pues no se realizó un análisis completo del mismo, o por lo menos no se explicitó la forma ni de donde se extrajo la muestra finalmente examinada. Desde esa perspectiva, cabe determinar conforme a los hechos que se dieron por probados, que la cantidad encontrada era indeterminada, pero que al menos existió a criterio de estos sentenciadores una pequeña cantidad, suficiente para afirmar que era marihuana, de acuerdo a lo declarado por la perito químico Georgina Muñoz en relación a los 0.65 gramos de sustancia que le correspondió examinar. Por lo anterior, no es posible concluir que la guarda y posesión se circunscribe dentro de una dinámica de tráfico ilícito de drogas, el más grave de los delitos que considera la legislación especial sobre la materia.”
III.- INVOCO COMO CAUSAL PRINCIPAL DE NULIDAD, LA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 373 LETRA B) DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL: Se invoca esta causal toda vez que en el pronunciamiento de la sentencia se ha hecho una errónea aplicación del derecho, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. La sentencia recurrida, tiene entre sus fundamentos los siguientes: 1.- Que existe duda acerca de “la forma o protocolo” seguido para la toma de muestra que se le proporcionó a la perito Muñoz. 2.- Que la cantidad analizada es mínima, por lo que poco nos puede decir acerca de la totalidad de la sustancia incautada. 3.- Considera el delito de Tráfico ilícito de drogas delito de peligro concreto y No abstracto como sostiene la Fiscalía. 4. Cuestiona no haberse determinado la calidad de la sustancia incautada. Estas conclusiones provienen de una errónea aplicación de los artículos 1, 3, 4, 41 y 43 de la Ley 20.000, conforme se expone a continuación: A.- ERRÓNEA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 41 y 43 de la Ley 20000: El artículo 41 inciso tercero de la Ley 20000 señala que “Las sustancias estupefacientes o sicotrópicas y sus materias primas y las que contengan hidrocarburos aromáticos deberán destruirse en el plazo de quince días por el Servicio de Salud respectivo, una vez separada una cantidad técnicamente suficiente para los análisis de que trata el artículo 43, siempre que respecto de dichas sustancias no se discuta su legítima tenencia o posesión por terceros.” A su vez, el artículo 43 de la misma Ley, en sus dos primeros incisos, establece que “El Servicio de Salud deberá remitir al Ministerio Público, en el más breve plazo, un protocolo del análisis químico de la sustancia suministrada, en el que se identificará el producto y se señalará su peso o cantidad, su naturaleza, contenido, composición y grado de pureza, como, asimismo, un informe acerca de los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública.
Conservará, en todo caso, una determinada cantidad de dicha sustancia para el evento de que cualquiera de los intervinientes solicite nuevos análisis de la misma, de conformidad a los artículos 188, inciso tercero, y 320 del Código Procesal Penal.” El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt estimó que existe duda acerca de “la forma o protocolo seguido para la toma de muestra que se le proporcionó a la perito Muñoz, máxime si la misma perito indicó haber recibido una muestra en sobre cerrado para ser analizada y que solo indicaba el número del acta y peso. Surge la duda, en consecuencia, del origen de esta muestra, de la falta de determinación del contenido principal al que correspondía y la razón por la que se remite una sustancia de peso 0,65 gramos y no de otro peso cualquiera sea éste, o por último el contenedor completo para los efectos que la perito realice el procedimiento de toma de muestras para su pericia”. Asimismo, estimó que “la cantidad analizada es mínima, por lo que poco nos puede decir acerca de la totalidad de la sustancia incautada en el terreno de los acusados en relación a su calidad, máxime si podría perfectamente la droga estar mezclada con otras sustancias, cuestión que supera el tipo de análisis efectuado, tal como indicó la profesional, salvo que fuera perceptible visualmente la mezcla. Tampoco resulta aclaratorio el oficio resolución N° 166 de fecha 22 de marzo de 2012, del Servicio de Salud Reloncaví, que remite los resultados de análisis químico de la droga decomisada, ya que el citado documento no explica cómo es posible afirmar que los 2030 gramos netos respectivos son de cannabis sativa, en circunstancia que la perito antes aludida dejó en claro que únicamente analizó 0.65 gramos desconociendo el origen de la misma. ” Lo anterior, constituye una evidente errónea aplicación de la norma antes transcrita, atendidos los siguientes argumentos: a.- La existencia de un procedimiento de carácter científico que esta regulado en la propia Ley no puede ser objeto de ninguna duda, pues para llegar a la conformación de dicha actuación en los términos que lo desarrolla en la actualidad el Servicio de Salud, existió el proceso propio de la elaboración de la Norma. Así, es el propio legislador quien da certeza a una determinada actuación de carácter científico. b.- La actuación de la perito y la separación de una muestra de 0,65 gramos solo puede ser objeto de cuestionamiento si no se satisface con el concepto legal de “técnicamente suficiente”, es decir, si la muestra No es de una cantidad que tiene la capacidad de ser analizada de acuerdo a las técnicas científicas del servicio de salud. En el caso en concreto, dicha suficiencia fue plenamente suficiente para realizar el análisis que fue concluyente en el sentido que lo incautado y periciado correspondía a cannabis sativa, por
desprenderse así del análisis microscópico y de la prueba “Fast blue” que dio positivo a la presencia de canabinoles, principio activo de la marihuana. c.- De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Muestra es “Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de él.” Desde esta perspectiva, si entendemos que aplicando el procedimiento establecido en la Ley, respondiendo al concepto de suficiencia técnica se debe extraer como conclusión necesaria que si una “parte o porción” corresponde a Marihuana cannabis sativa y tiene principio activo canabinol, el total de lo incautado y recepcionado por el Servicio de salud corresponde a la misma sustancia y de ello es factible colegir que no se puede cuestionar el oficio resolución N° 166 de fecha 22 de marzo de 2012, del Servicio de Salud Reloncaví, por no explicar como puede “afirmar que los 2030 gramos netos respectivos son de cannabis sativa”, en atención a que es la propia ley la que explica el porque se puede afirmar que los 2030 gramos netos respectivos son de cannabis sativa, al establecer el procedimiento señalado en las normas de los artículo 41 y 43 de la Ley 20000. d.- Asimismo, cuando surgen cuestionamientos acerca del análisis efectuado por el servicio de salud, es la misma ley la que provee de mecanismos para que los intervinientes que estén interesados en aclararlos o contradecir sus conclusiones, puedan tener acceso a la muestra objeto de análisis, la que incluso se conserva hasta por dos años, sin que dicho procedimiento haya sido utilizado por la defensa u otro interviniente en el caso de autos. Por lo antes expuesto, es que aparece de manifiesto que se ha incurrido en una errónea aplicación de los artículos 41 y 43 de la Ley 20.000, pues el mecanismo en virtud del cual se separó una cantidad, se analizó y se llegó a dichas conclusiones, es un mecanismo válido establecido en la Ley. B.- ERRÓNEA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 20000:
El artículo 1° de la Ley 20000 señala que “Los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización, serán castigados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.”
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt estimó que “No resulta extraño afirmar, dado lo expuesto en el párrafo anterior, que estamos ante un delito de peligro , el que en consecuencia se perfecciona por el solo riesgo o por la mera posibilidad de detrimento del bien jurídico tutelado. En todo caso, podemos sostener que necesariamente la puesta en peligro debe ser cierta , esto es, ha de establecerse in situ que las acciones desplegadas por el agente, realmente pusieron en peligro el bien protegido, que éste se vería afectado por las concretas acciones del autor.” De lo anterior se colige que el tribunal estima que el delito de tráfico de drogas es un delito de Peligro Concreto Lo anterior, constituye una evidente errónea aplicación de la norma en comento, atendidos los siguientes argumentos: a.- El artículo 1° de la Ley 20000 es claro, las sustancias sujetas a la presente Ley basta que sean “ capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud ”. De ello se extrae que basta la mera capacidad de la sustancia de provocar los efectos que establece la Ley para que se entienda por ende satisfecho el Tipo penal. Así, el delito en comento es un delito de peligro abstracto y de mera actividad y ello es concluido por el Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, Magistrado don Mauricio Rettig Espinoza, quien siguiendo al propio profesor Hernández Basualto considera, incluso respecto del delito de microtráfico que “es un delito de peligro abstracto, por cuanto es el legislador el que presupone que la conducta descrita en el tipo penal es peligrosa para la salud pública, no siendo necesario que en el caso particular se deba acreditar que el bien jurídico fuera efectivamente puesto en peligro. Así, tratándose de un bien jurídico colectivo, el legislador decidió ampliar la protección del bien jurídico al adelantar la barrera punitiva 1 para garantizar la seguridad de la salud pública.” b.- De hecho, es respecto del delito de microtráfico y No del delito de Tráfico por el que estaban acusados los imputados del que surgen los cuestionamientos sobre la naturaleza de la figura típica ya que en el caso que la cantidad encontrada sea tan ínfima que del examen químico respectivo no se pueda determinar con suficiencia que característica de droga (como por ejemplo pasta base o clorhidrato de cocaína) o si claramente estaba destinada al consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, es la propia Ley en el artículo 4° quien desdibuja dicho peligro, dejando la conducta impune. c.- Entender que el delito de tráfico es un delito de peligro concreto, coloca al ente persecutor en la necesidad de acreditar que existió un riesgo real para la salud pública. Requisitos que el legislador
HERNÁNDEZ BASUALTO…, p. 125.
no ha establecido, en circunstancias que lo único exigido es capacidad de poner en riesgo y no es riesgo cierto como sostiene el tribunal en su sentencia, que a nuestro juicio, es una errónea interpretación de la norma. Por lo antes expuesto, es que aparece de manifiesto que se ha incurrido en una errónea aplicación del artículo 1° de la Ley 20000 , pues la sentencia no debió exigir acreditar un peligro cierto y por el contrario debió entender que por el sólo hecho de existir una cantidad de droga, consistente en marihuana de cerca de 2 kilos, 210 gramos, existía un riesgo a la salud pública establecido en la propia Ley y por ende, se configuraba el tipo penal de Tráfico ilícito de drogas. C.- ERRÓNEA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3 y 4 de la Ley 20000: El artículo 3 de la Ley 20000 señala que “Las penas establecidas en el artículo 1º se aplicarán también a quienes trafiquen, bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con las materias primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias. Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.” A su vez el artículo 4 de la misma Ley establece que “El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro. Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito
o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título .” El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt estimó que “los hechos acreditados en caso alguno logran subsumirse en la figura contemplada en el artículo 3° de la Ley N° 20.000. En efecto, si bien la sustancia incautada en el terreno de Daniel Back y Valeska Paredes, esto es, marihuana, corresponde a aquellas descritas en el artículo 1° de la mencionada ley, no se logró determinar fehacientemente la cantidad de cannabis sativa ni su calidad.” Lo anterior, constituye una evidente errónea aplicación de la norma antes transcrita, atendidos los siguientes argumentos: a.- No existe en la norma del artículo 3° un requisito acerca de la cantidad de droga que debe ser considerada como tráfico. Al establecer la necesidad de una cantidad fehaciente, se aparta de la exigencia normativa que simplemente circunscribe como requisito, poseer o guardar y asimismo que ese objeto ilícito que se posee y guarde consista en droga. En el caso en concreto incluso la propia defensa en su alegato de clausura sostuvo que “en el domicilio del matrimonio Back Paredes, funcionarios de Carabineros encontraron una cantidad de 2 kilos de sustancia de origen vegetal que se determinó como perteneciente a cannabis sativa según el servicio de salud pública. Los imputados han alegado que ha sido cosechada por ellos esta sustancia, para el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo.” b.- Por otra parte plantear como requisito que se deba determinar la calidad de la droga para acreditar un delito de Tráfico ilícito, también se aparta de la exigencia normativa pues lo único que se debe establecer es que sea una sustancia de las que describe el artículo 1° que por reglamento engloba la Canabis sativa. c.- Conforme el artículo 4 de la Ley 20000, es respecto de “Pequeñas cantidades” en que se exige determinar dicha cantidad específica y su calidad y no respecto de la figura del artículo 3°. Ello porque la misma figura del artículo 4 establece una excepción basada en la cantidad cuando las características o pureza de esta son tan insuficientes que claramente permiten de una manera racional establecer sin lugar a dudas que están destinadas en una exigencia copulativa a consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. d.- En el caso concreto es el propio imputado Back que en carta dirigida al señor primer ministro de Luxemburgo, ofrecida por la defensa, le indica que lo que le fue encontrado en su predio corresponde a un consumo que puede realizarse en un año, por ende mal podría exigirse la determinación de calidad o cantidad si la droga poseída y guardada por los imputados tenía la posibilidad de surtirlos en su consumo por un lapso de tiempo considerable.
Por lo antes expuesto, es que aparece de manifiesto que se ha incurrido en una errónea aplicación de los artículos 3 y 4 de la Ley 20000, pues no es exigencia del tipo penal de Tráfico, a diferencia de la exigencia del tipo penal de Microtráfico, que se determine cantidad y calidad de la droga. INFLUENCIA DEL VICIO Y REPARACIÓN: De lo precedentemente señalado, fluye que los errores de derecho cometidos han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, toda vez que, de no existir tales errores, el Tribunal habría estimado como válida la pericia de la Químico Georgina Muñoz López y habría necesariamente dado validez al oficio 166 del servicio de salud y por ello determinado que a los imputados se les incautó al menos 2030 gramos peso Neto de Marihuana Cannabis Sativa, y asimismo, habría establecido que dicha sustancia tiene la capacidad de producir efectos tóxicos y nocivos para la salud y que independiente de la cantidad y calidad se configuraba el tipo penal de Tráfico Ilícito de Drogas, dictando sentencia condenatoria, por lo que, el único modo de reparar el perjuicio producido a este interviniente, en cuanto a hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado, es la anulación del fallo impugnado y del juicio oral en que se pronunció.
IV.- SE INVOCA COMO CAUSAL SUBSIDIARIA DE NULIDAD, LA ESTABLECIDA EN EL ART. 374 LETRA E) DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL: Para el supuesto que se decidiere no acoger la causal de Nulidad antes invocada, vengo en invocar en forma subsidiaria, la causal prevista en el artículo 374, letra e) del Código Procesal Penal, pues en la sentencia recurrida se han omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c) del mismo Código. El artículo 342 del Código Procesal Penal regula y fija el contenido de la sentencia y específicamente en su letra c) señala la necesidad de que exista una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado. Indica también la necesidad de mencionar la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297. A su vez el inciso tercero del artículo 297 del Código procesal penal establece en términos imperativos que “La valoración de la
prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare.” En efecto, el tribunal no ha expuesto, tal como lo exige la norma, el razonamiento que le permitió llegar a determinadas conclusiones probatorias, por lo que la sentencia adolece de una manifiesta falta de fundamentación. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 297 CPP EN LA VALORACIÓN DEL “ACTA DECOMISO DROGA” a.- Como consta del considerando décimo, el tribunal llegó entre otra a las siguientes conclusiones “En relación a la cantidad de marihuana encontrada en el lugar, cabe en primer lugar consignar que fundamental a este respecto es la documentación aportada por el acusador fiscal, desde que ella da cuenta de mediciones a través de los instrumentos que deben ser adecuados a ese fin, derivando las afirmaciones dadas por los testigos Grandón Villagra y Epuñán Cortes precisamente de esas mediciones. Sin embargo, contrariamente a su objetivo, la documentación pertinente no da certeza alguna de la cantidad de marihuana encontrada en el domicilio de los encartados, dando pie a dudas razonables sobre su entidad y cantidad, desde que en ellos no aparecen consignadas en forma clara y precisa el respectivo peso de la sustancia. En efecto, de la sola observación del documento “Acta decomiso droga” de fecha 07 de marzo de 2012, de OS7 de Puerto Montt, al momento de referirse al peso bruto aproximado de la bolsa de nylon y los dos contenedores de papel con marihuana elaborada en su interior, aparece claramente enmendada, no dando certeza a los juzgadores, si la cantidad indicada es 2 kilos 210 gramos o 110 u otra cantidad, pues uno de los números de gramaje está alterado, no quedando clara la cifra respectiva. Esto se suma a que el documento “Acta de pesaje y prueba campo cannabisspray 1 y 2”, de OS7 Puerto Montt, al momento de indicar el pesaje bruto de la sustancia encontrada y examinada, igualmente lo hace con una cifra enmendada o alterada, no quedando claro si el pesaje corresponde a dos kilos 910 gramos, o 210 gramos u otro cifra similar. “
b.- En dicho considerando, el tribunal concluyó en forma sucinta, que determinados hechos habían sido probados, utilizando las siguientes
expresiones: “En efecto, de la sola observación del documento “Acta decomiso droga” de fecha 07 de marzo de 2012, de OS7 de Puerto Montt, al momento de referirse al peso bruto aproximado de la bolsa de nylon y los dos contenedores de papel con marihuana elaborada en su interior, aparece claramente enmendada.”
c.- Importa para el adecuado análisis, que dicha prueba documental fue incorporada mediante su lectura integra por parte del Fiscal, sin que al momento de su incorporación surgiera ningún incidente o cuestionamiento sobre su veracidad, autenticidad o integridad, ni siquiera conforme la norma del artículo 336 del código Procesal penal, que regula estos aspectos, ello porque dicha prueba tenía como correlato el testimonio de quienes la habían suscrito y daban fe de sus guarismos y asimismo, existían otros documentos mecanografiados incorporados como prueba y que daban certeza y claridad. De esta forma, sin que surgiera ningún incidente y aparte del sucinto predicamento antes referido, el tribunal no expuso ningún otro fundamento más para llegar a las conclusiones probatorias señaladas por las que desvirtúa la prueba de cargo, por lo que la sentencia adolece de una manifiesta falta de fundamentación infringiendo directamente el estándar que le fijan los artículo 342 letra c) y 374 letra e) del Código Procesal Penal. Como lo expresa el artículo 297 inciso final del Código Procesal Penal, la fundamentación de la sentencia deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. Tal situación, como aparece de manifiesto en la sentencia, resulta imposible, pues el tribunal, señalando solo que es de la “mera observación”, pasa en forma automática sin justificación alguna desde el señalamiento de una prueba documental a conclusiones probatorias que desvirtúan y generan duda respecto de toda la prueba de cargo.
Así, el tribunal llega a una conclusión por la que resta validez a la prueba de cargo, no obstante que la información introducida por los testigos Grandón Villagra y Epuñán Cortes, ambos contestes que lo incautado en el predio de los imputados correspondía a 2 kilos 210 gramos de marihuana y sus conclusiones dan cuenta que se le hizo prueba de campo, conclusiones y testimonio que no fueron rebatidas
ni contrastadas por ningún perito ni testigo de la defensa y de ello no se hizo cargo el tribunal en la sentencia. d.- Lo antes expuesto ha sido analizado y resuelto ya por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, mediante un fallo que acogió el recurso de nulidad deducido por el Ministerio Público, expresando lo siguiente: “DECIMO PRIMERO: Que la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en el sentido que el tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiese desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los medios de prueba. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar a las conclusiones a que llegare la sentencia. El inciso 2º del artículo 36, aplicable en la especie por ser común a todo tipo de resoluciones dictadas en el juicio oral, declara que la simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno aquella debida fundamentación. De todo lo relacionado resulta muy claro que el nuevo proceso penal obliga a los jueces en su sentencia a indicar todos y cada uno de los medio probatorios atinentes a fijar los hechos y circunstancias propuestos por los intervinientes, expresar sus contenidos y en base a ellos razonar conforme a las normas de la dialéctica a fin de evidenciar las motivaciones que se han tenido en cuenta para preferir uno del otro o para darle preeminencia (Rol Nº1743, sentencia de 2 de julio de 2003; Rol Nº 964-03, fallo de fecha 12 de mayo de 2003). DECIMO SEGUNDO: Que la doctrina también se pronuncia en tal sentido, el solo hecho de consagrar la libre valoración de la prueba importa que el tribunal deberá hacer un análisis de los hechos y las pruebas para llegar a las conclusiones (Código Procesal Penal, Anotado y Concordado, Pág.305,Emilio Pfeffer Urquiaga); el solo hecho de consagrar la libre valoración de la prueba importa que el tribunal deberá hacer un análisis de los hechos y las pruebas para llegar a las conclusiones. (Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral, Tomo I, J. Cristóbal Núñez Vásquez, Pág. 328). La apreciación de la prueba entonces debe ser íntegra, en cuanto el tribunal debe hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida en tiempo y forma en el proceso, incluso aquella que hubiera desestimado. Que en opinión de esta Corte, el tribunal debe valorar toda la prueba rendida y decidir si es suficiente para vencer la presunción legal de inocencia, más allá de toda duda razonable. El Tribunal es soberano para valorar la prueba rendida de conformidad al artículo 297 del Código Procesal Penal, pero le es imperativo hacerse cargo de ella, incluso de la que desestimare.” (Sentencia dictada en causa Rol Corte 415-2005, con fecha 30 de Diciembre del año 2005)
POR TANTO, en mérito de lo expuesto y vistas las disposiciones legales citadas, SOLICITO A US: Tener por interpuesto recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada en esta causa con fecha 8 de mayo de 2013, y concederlo para ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, elevando el presente recurso y los antecedentes pertinentes, a fin que dicho alto Tribunal, conociendo del mismo, lo acoja en todas sus partes, anulando el juicio y la sentencia impugnada, en virtud de los antecedentes esgrimidos en lo principal de este escrito, determinando el estado del procedimiento en que debe quedar la causa, ante el Tribunal no inhabilitado que corresponda, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral fijando día y hora para tal efecto. OTROSI: Solicito a US., tener presente que se ofrece, en los términos del artículo 359 del Código Procesal Penal, copia de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, de fecha 8 de mayo de 2013 y copia del audio del juicio en especial en lo relativo a la rendición de la prueba documental, la que solicito sea remitida al tribunal de alzada conforme el soporte técnico respectivo.
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