Source: https://www.scribd.com/document/248960216/Silencio-Administrativo
Timestamp: 2019-02-17 06:13:59
Document Index: 390327293

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 202', 'artículo 188', 'artículo 10', 'artículo 541', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 188', 'artículo 188', 'artículo 188', 'artículo 188', 'artículo 239', 'artículo 14', 'artículo 158', 'artículo 105', 'artículo 106', 'artículo 188', 'artículo 218', 'artículo 207', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 188', 'artículo 19']

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1806132056
ORIGEN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO:
En Francia, mediante un Decreto expedido el 2 de noviembre de
1864, por primera vez se estableció la figura jurídica del silencio
administrativo con la finalidad de subsanar el vacío de respuesta de
Posteriormente, mediante una Ley publicada el 17 de julio de 1900
(artículo 3º) se generalizó la aplicación del silencio administrativo a
una decisión implícita de rechazo. De esta manera, ante la ausencia
de pronunciamiento por parte de la administración en un plazo
razonable, la ley optó por presumir que la pretensión del particular
había sido denegada, con el único propósito de acudir a las vías
procesales en demanda de que ésta fuese satisfecha.
II. DEFINICIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO
En el ámbito de las relaciones entre el administrado y las entidades
públicas, la no manifestación oportuna de voluntad de la entidad
(silencio) es considerado un hecho administrativo al cual le sigue un
tratamiento de declaración ficta.
El silencio administrativo es definido como un hecho al cual la ley
concede consecuencias jurídicas con la finalidad de dar solución a la
situación de desprotección o indefensión en que puede hallarse un
expresamente la petición o pretensión por él deducida dentro del
término establecido.
Para el Tribunal Constitucional, el silencio administrativo constituye
un privilegio del administrado frente a la administración para
protegerlo ante la eventual mora de ésta en resolver su petición,
pues quien incumple el deber de resolver no debe beneficiarse de su
aparece por primera vez con el Decreto Supremo Nº 006-67-SC. “Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos” del 11 de noviembre de 1967 (plazo de seis (6) meses). reiterando lo señalado en la ley. en el extremo del plazo (reduce a 30 días). - Posteriormente se expidió el Decreto Ley Nº 26111.propio incumplimiento (SSTC Nºs 0815-2004-AA/TC y 4077-2004AA/TC. así como que interponga recurso de revisión o demanda judicial sin que medie resolución denegatoria de la administración o esperar el pronunciamiento expreso de la administración pública.94-JUS. . Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) reguló de manera íntegra la figura del silencio administrativo. III. del 25 de junio del 2004 y 21 de junio del 2005). que. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL PERÚ - El silencio administrativo. “Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos” del 28 de diciembre de 1992. - Dos años después se emitió el Decreto Supremo N° 002. que modifica la anterior norma. contempló la posibilidad que el administrado se acoja al SAN transcurrido el plazo de treinta (30) días. “Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos” del 28 de enero de 1994. estableciendo en los artículos 33º y 34º los supuestos en los que es posible aplicar el SAP y el SAN en los procedimientos administrativos de evaluación previa. en su vertiente negativa. - La Ley Nº 27444.
la mencionada Ley derogó los artículos 33º y 34º de la LPAG y precisó algunos aspectos que ésta no contemplaba y estableció exigencias. la Ley del Silencio Administrativo. con dicha ley. como excepción. estableciéndose como regla general la aplicación del silencio administrativo positivo y. .En este contexto. se expidió en el mes de julio del 2007. En efecto. el silencio administrativo negativo. mediante el cual se “Aprueban lineamientos para Elaboración y Aprobación de TUPAs y establece disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo”. la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha emitido diversas normas con miras a garantizar su cumplimiento: ü Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM. y con la finalidad de que la administración pública cumpla un papel eficiente en la realización de sus labores cotidianas. A partir de la dación de esta Ley. brinde una mejor atención en los procedimientos a su cargo y garantice el ejercicio de los derechos ciudadanos. Así. informativos y simplificadores de los procedimientos administrativos que tramitan los administrados ante las distintas entidades administrativas del Estado. se otorga una regulación más garantista y preferente en torno al silencio administrativo. cuyo cumplimiento corresponde a todas las instituciones públicas a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. La finalidad de dichos lineamientos es permitir que los TUPAs cumplan con su propósito de ser documentos compiladores. Ley Nº 29060.
aprobado mediante DS Nº 013-2008-JUS. I. Mediante este Decreto se establecen las normas y lineamientos aplicables a las acciones de fiscalización posterior en los procedimientos administrativos sujetos a aprobación automática o a aprobación previa. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO: Procede únicamente en los supuestos en que la administración no resuelva el fondo de la petición del recurrente en el plazo de ley establecido. Esta modalidad opera de manera excepcional presumiendo a favor del administrado que la administración ha adoptado una respuesta de carácter positivo ante la petición formulada. en el 2008. el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo Nº 1029. Esta doctrina ha sido . mediante el cual se modificó la LPAG y la Ley del Silencio Administrativo. IV.ü Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM73que “Regula la Fiscalización Posterior Aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado”. del 23 de junio del 200877. dentro del marco de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y su protocolo de enmienda. CLASES DE SILENCIO ADMINISTRATIVO: El silencio administrativo puede ser positivo o negativo. ü Finalmente. “Ley que regula el Proceso Contencioso- Administrativo”. se debe tener presente el TUO de la Ley Nº 27584. y se dispone la creación de una ü Es de precisar que. publicado el 29 de agosto del 2008.
Al respecto. del 7 de enero del 2003 y 8 de marzo del 2004). APROBACIÓN AUTOMÁTICA DE LO SOLICITADO La aprobación automática de lo solicitado opera ante el incumplimiento de la administración pública de resolver la solicitud del administrado dentro del plazo establecido en la norma especial o el máximo de treinta (30) días. (SSTC Nºs. etc. se busca que las autoridades administrativas informen sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprenden su accionar. ha señalado: “…el administrado puede acogerse al silencio administrativo positivo solo si existe mandato expreso que declare dicho mecanismo procesal”. EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO A. La consulta. se efectúa por escrito y. en reiterada jurisprudencia. al que se adicionan los cinco (5) días que se tiene para notificar a partir de la expedición del acto administrativo. 1280-2002-AA/TC y 1484-2002-AA/TC. particularmente aquella emitida por la propia entidad. indultos. la petición graciable es una solicitud por la cual se solicita al titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación.). . por su parte. la obtención de pensiones de gracia.confirmada por el Tribunal Constitucional que. mediante ella. o la prestación de un servicio cuando no se cuenta con un título legal que permita exigirlo como una petición de interés particular (por ejemplo. Cabe precisar que el silencio administrativo no se aplica en los procedimientos de petición graciable o consultas.
para el que. sino que se requiere que la solicitud cumpla con todos los requisitos y que el SAP esté previsto en el ordenamiento. Por otro lado. tome conocimiento sobre su contenido. se requiere que pertinente. Existen casos en que la solicitud se presenta ante una autoridad que no es competente para conocer el requerimiento.1 de la LPAG. Ahora bien. Independientemente de las razones por las cuales la resolución.Esta adición del plazo de notificación. el solicitante acompañando cumpla la con presentar documentación la solicitud sustentatoria y requerida. éste opera a favor del administrado. conforme se desprende del numeral 16. obedece a que la entrada en vigencia y consecuente obligatoriedad de lo establecido en una resolución administrativa se encuentran condicionadas al hecho de que el administrado. GENERACIÓN DE UN PRESUNTO (RESOLUCIÓN FICTA) ACTO ADMINISTRATIVO . B. no sólo basta el transcurso del plazo. además del transcurso del plazo. por lo que hay que esperar a que sea recibida por la entidad competente de destino para iniciar el cómputo del plazo. una vez cumplido el plazo. situación que se configura con el acto de notificación. y la existencia de un mandato expreso que declare dicho mecanismo procesal. no fue notificada oportunamente. pese a haber sido emitida. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. a quien afectaría tal resolución. el plazo empieza a computarse desde que la administración recibe la solicitud sujeta a SAP.
Con el silencio administrativo positivo se genera un acto administrativo de carácter presunto que pone fin al procedimiento a favor del administrado. contado a partir de la fecha en que el acto administrativo quedó firme. al mismo funcionario. a diferencia del silencio negativo. C. la administración pierde competencia para hacerlo. la operatividad del silencio positivo sí da lugar a la generación de un acto presunto y por tanto a un verdadero acto administrativo. La nulidad de oficio se encuentra contemplada en el artículo 202º de la LPAG. podrá declarar la nulidad de dicha autorización. como sostiene la doctrina. y prescribe al año. según lo dispuesto en el artículo 188º2 de la LPAG. siempre y cuando se agravie el interés público. según el cual sólo puede ser declarada en cualquiera de los supuestos enumerados en el artículo 10º de la mencionada ley. pues producido el SAP se pone fin al procedimiento. En efecto. o revocarla. siguiendo el procedimiento de nulidad de oficio de resoluciones consentidas. Esta facultad le corresponde al funcionario jerárquico superior al que expidió el acto. o si fue emitido por una autoridad no sometida a subordinación jerárquica. mediante una decisión. Si bien la administración ya no puede resolver en forma expresa en sentido contrario a la autorización otorgada mediante una resolución ficta. Tal previsión de un plazo determinado para deducir la nulidad resulta acorde con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. que . INCOMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN POR RAZÓN DEL TIEMPO Vencido el plazo que se tiene para resolver.
a fin de que pueda efectuar sus descargos. Adicionalmente a ello. 161º. señaló: “…mientras al ciudadano común y corriente se le imponen restricciones temporales respecto de la promoción de la acción contencioso–administrativa. Si bien esta exigencia no se contempla expresamente. del 9 de mayo del 2001). al Estado se le faculta a promover la misma acción sin ningún tipo de restricción y con un carácter de imprescriptibilidad absoluta. escuchar al administrado.2. Es oportuno señalar que este artículo no exige a la administración. según el inciso 3) del artículo 541° del Código Procesal Civil. (STC Nº 004-2000-AI/TC. a fin de que tengan la posibilidad de controlar su legalidad.2 de la referida ley. que ninguna autoridad administrativa podrá dictar una anulación de oficio.5º. sin otorgar anteladamente audiencia al interesado para que pueda presentar sus argumentos a favor de la sostenibilidad del acto que le reconoce derechos o intereses. garantizando de ese modo su derecho de defensa. reñida con todo sentido de seguridad jurídica”.al declarar la inconstitucionalidad de la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley Nº 26960. antes de declarar la nulidad. tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido que deriva razonablemente del principio del debido procedimiento administrativo y de los artículos 3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PREVIA SUJETOS AL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO . la resolución anulatoria de oficio debe ser notificada a los administrados concernidos. 187º.
1) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del Estado. Este supuesto contempla las solicitudes que habilitan el ejercicio del derecho a construir.. pues una interpretación en ese sentido podría llevar a desconocer los intereses contemplados en la Primera DTCF de la Ley e involucrar . tal como ocurre en el caso de las licencias y autorizaciones. En este caso se consideran todos los recursos administrativos que puedan interponerse contra la denegatoria ficta (calificado con SAP en el artículo 33º 2 de la LPAG) o contra un acto expreso de la administración (antes calificado con SAN en el artículo 34. la libertad de comercio. teniendo en cuenta que ciertas actividades pueden afectar significativamente el interés público. siempre que no se encuentren contemplados en la Primera DTCF.2 de la LPAG).La Ley del Silencio Administrativo derogó los artículos 33º y 34º de la LPAG y estableció los siguientes procedimientos y supuestos de evaluación previa sujetos al SAP.1. de empresa. Ahora bien. de tránsito. etc. este supuesto no puede ser interpretado literalmente. se debe tener en cuenta la limitación que impone la Primera DTCF. Complementaria y Final de la Ley. 2) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores. y siempre que no se encuentren contempladas en la Primera Disposición Transitoria. Sin embargo.
fundamento jurídico nro. perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. Op. (…) solo es aplicable a aquellos procedimientos de evaluación previa (…) y que han sido reconocidos por las entidades en sus textos únicos de procedimientos administrativos (TUPAs) y. (STC Nº 2753-2004-AC/TC.procedimientos administrativos de oficio.. señalando que: “Si bien es cierto que (…. regulado en los artículos 33º y 188º de la Ley Nº 27444. tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional al señalar: “… [el] silencio administrativo positivo. no lo es a los procesos administrativos disciplinarios en los que la administración ejerce una facultad de fiscalización y sancionadora”. cabe indicar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el supuesto previsto en el artículo 33º. Cit. cuyo texto es análogo al contemplado en el numeral 3) del artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo. en interpretación contrario sensu del inciso 3) de la misma norma legal . 3. y su relación con el supuesto contenido en el numeral 2) del artículo 33º de la LPAG. también lo es que. por tanto. tales como el de fiscalización y sanción. Sobre el particular. cabe señalar que el SAP no procede al interior de un procedimiento administrativo disciplinario.3 de la LPAG. Así. mediante la limitación.) los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo (…) cuando se trata del procedimiento recursal.) 3) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario. en aquellos casos en los que el interesado optó por el silencio administrativo negativo.
no pocas entidades de la administración pública muestran cierta renuencia a reconocer la aplicación del SAP. con lo que surtirá los mismos efectos. Ante dicha situación. mediante la limitación. el SAP opera de manera inmediata (resolución estimatoria ficta). No obstante ello. habilitando al administrado para ejercer sus derechos ante la entidad pública donde efectuó su solicitud. perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos”. el artículo 3º de la Ley del Silencio Administrativo. no están sujetos a silencio positivo aquellos procedimientos de evaluación previa en los que la trascendencia de la decisión final pueda repercutir directamente en administrados distintos a él. del 12 de enero del 2005). con la finalidad de garantizar la eficacia del SAP. dispuso que una vez vencido el plazo para la expedición de la resolución respectiva y habiendo operado el SAP. el administrado puede remitirla por conducto notarial. constituyéndose el cargo de recepción de dicho documento en prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o el trámite. .[LPAG]. menoscabándose de esta manera los derechos del administrado.( STC Nº 4015-2004-AA/TC. el administrado puede presentar una declaración jurada ante la administración pública que configuró dicha aprobación ficta. LA DECLARACIÓN JURADA Y EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO Vencido el plazo para la expedición de la resolución respectiva y cumplidos los requisitos exigidos por ley. exigiendo al administrado el documento donde conste la aprobación del trámite iniciado al cual se aplicó el silencio positivo. En caso de negativa de la entidad para recibir la declaración jurada.
EL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO: Procede ante la omisión de respuesta por parte de la administración. modificado por el D. El silencio administrativo negativo surge por disposición de la ley. II. En esa línea. o seguir esperando a que la administración responda algún día su petición o el recurso interpuesto en sede administrativa. la declaración jurada o el acto certificatorio sólo tiene efectos declarativos y como tal deviene en un medio de probanza. pero entendiendo que la decisión de la autoridad es negativa. Finalmente.1 de la LPAG. Legislativo Nº 1029. no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad”. pero no se aplica de manera automática pues dependerá de la voluntad del administrado recurrir al proceso contencioso– administrativo vencido el plazo establecido en la ley. pero no en elemento constitutivo del silencio.En tal sentido. establece que “la declaración jurada a la que se refiere el artículo 3º de la Ley del Silencio Administrativo. al operar de manera automática el SAP. Ley Nº 29060. Este carácter optativo de acogimiento al silencio administrativo negativo ha sido reconocido por . la nueva redacción del artículo 188º. De esta manera se evita que la combinación del acto previo con la inactividad formal de la administración volatilice el derecho del ciudadano a una tutela judicial efectiva. con la finalidad de permitir al interesado acceder a una vía revisora ulterior. la Ley del Silencio Administrativo también ha previsto la utilización de la declaración jurada en reemplazo de la resolución de aprobación ficta contemplada por la LPAG en el caso de los procedimientos administrativos de aprobación automática.
. a través de su doctrina jurisprudencial. del 25 de junio del 2004 y 21 de junio del 2005). del 16 de noviembre del 2007). ha puntualizado que: “…el administrado (…) transcurrido el plazo para que la Administración resuelva el recurso impugnativo interpuesto. En otra más reciente señala: “…habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la administración se haya pronunciado por la solicitud del demandante ha operado el silencio administrativo negativo. es decir.el Tribunal Constitucional que. tiene la potestad de acogerse al silencio administrativo y así acudir a la vía jurisdiccional. El SAN es un mecanismo que opera sólo por decisión del particular. de la Ley Nº 27444 se encuentra habilitado para interponer los recursos impugnativos y las acciones judiciales pertinentes (…)”. o esperar a que la administración se pronuncie. por lo que el recurrente de acuerdo al artículo 188º. (STC Nº 1972-2007-AA/TC. La no resolución del recurso impugnatorio dentro del plazo de 30 días no puede considerarse como causal de exclusión de la potestad del administrado de esperar el pronunciamiento expreso de la Administración”. no lo obliga.3. 0815-2004-AA/TC y 4077-2004AA/TC. (SSTC Ns. a) OPERATIVIDAD DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO El silencio administrativo negativo es también una técnica legal que permite al ciudadano considerar denegada su petición a efectos de interponer el recurso administrativo o la demanda administrativa correspondiente. o de esperar el pronunciamiento expreso de la Administración. numeral 188.
Tiene. por otro. previsto en el artículo 188º. por consiguiente. habilita al administrado a acudir a la instancia siguiente o a la vía judicial.5 de la LPAG. b) EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO El silencio negativo es una ficción que. En definitiva. ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional al evaluar el SAN y el plazo de prescripción para interponer una demanda de amparo. una naturaleza potestativa.Así lo ratifica la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional que en la STC Nº 1003-98-AA/TC (caso Alarcón Menéndez) señaló: “…habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la administración se haya pronunciado por la solicitud del demandante. o ante el Poder Judicial (proceso contencioso–administrativo). por un lado. según sea el caso y. el máximo Tribunal de la jurisdicción constitucional ha señalado: . garantiza que no se dé inicio al cómputo de plazos para impugnar la denegatoria ficta.3 de la Ley 27444. del 08 de enero del 2007). Este efecto. se encuentra habilitado para interponer los recursos administrativos y las acciones judiciales pertinentes…” (STC Nº 1972º-2007-AA/TC. pues el particular puede esperar a que la administración se pronuncie o decidir impugnar la inactividad administrativa ante el superior. busca proteger los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia. por lo que el recurrente de acuerdo al artículo 188º. ha operado el silencio administrativo negativo. En ese marco. numeral 188º.
(STC Nº 0268-2006-PA/TC. recursos naturales. aun cuando transcurra el plazo para que el administrado pueda acogerse al SAN. . En tal sentido. medio ambiente.“En los supuestos donde el administrado decide acogerse al silencio administrativo negativo (…) el plazo prescriptorio empieza a transcurrir una vez que éste decide acudir al órgano jurisdiccional. incidiendo en: salud. Otro efecto del SAN es que no enerva la obligación de la administración de resolver. En efecto. el acceso a la vía jurisdiccional una vez cumplidos los plazos queda abierto indefinidamente en tanto la administración no dicte resolución expresa. según la Primera DTCF de la Ley del Silencio Administrativo. la administración mantiene la obligación de resolver hasta que se le notifique que el asunto se ha sometido al conocimiento de la autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos respectivos c) LOS PROCEDIMIENTOS SUJETOS AL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO Considerando que la regla general es el SAP. excepcionalmente. momento que tiene lugar justamente cuando se interpone la demanda de amparo”. el SAN se aplica a: ü Casos que afecten significativamente al interés público.101 Sería un contrasentido establecer un plazo límite para acogerse al SAN. del 20 de enero del 2007). pues la incumplidora de su deber de resolver terminaría beneficiándose de su propio incumplimiento. seguridad ciudadana.
debiendo entenderse por interés público aquello que trasciende el estricto ámbito de los intereses de los particulares destinatarios del act V. No significa. a fin de aplicarlo a aquellos casos que sí expongan significativamente el interés público.sistemas financieros / seguros. que a todos los procedimientos administrativos vinculados a las materias anotadas les sea aplicable el SAN y. PRESUPUESTOS PARA ADMINISTRATIVO: LA APLICACIÓN DEL SILENCIO . ü Las autorizaciones para operar casinos y juegos de maquinas tragamonedas. ü Los procedimientos de inscripción registral. defensa nacional y patrimonio histórico cultural de la nación. ü Los procedimientos por los cuales se transfieren facultades de la administración pública. por tanto. las autoridades deben tener mucho cuidado en la calificación. mercado de valores. ü Los procedimientos trilaterales. La aplicación del SAN en los supuestos contemplados en el numeral 1) debe justificarse cuando el procedimiento importe una afectación significativa al interés público. en esa medida. ü Los procedimientos que generen la obligación de dar o hacer del Estado.
Para la aplicación del silencio administrativo se requiere que: a) La petición sea admitida válidamente a trámite. como ha señalado el Tribunal Constitucional. 09904-2006-PA/ TC. 2106-2006-AA/TC y 06905-2006-AA/TC. El SAP o SAN sólo proceden si existe un mandato expreso que declare su aplicación. 0496-2003-AA/TC. su omisión no se puede considerar necesariamente como una aceptación tácita o denegatoria. en reiterada jurisprudencia: “el silencio administrativo no constituye una franquicia del administrado para optar por uno u otro sentido (positivo o negativo)” (SSTC Nros. del 11 de enero del 2006 y del 16 de enero. pues. e) La actuación del administrado sea de buena fe. del 25 de marzo del 2003. d) Haya transcurrido el término preciso para aprobar y notificar la decisión administrativa (dato objetivo). VI. 09902-2006-PA/TC. b) El supuesto esté previsto en el TUPA o en una norma expresa. En este orden de ideas. RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y SERVIDOR PÚBLICO . c) El petitorio del administrado sea jurídica y físicamente posible. 29 de marzo y 10 de abril del 2007). si bien la administración tiene la obligación de dar repuesta a cualquier requerimiento.
trámite. ninguna autoridad debe negarse a recibir una declaración jurada. una negativa sólo será justificada en caso de que la declaración jurada se presente antes de vencer el plazo. Así. Al respecto se debe tener presente que. aún en el caso de la no utilización del formato aprobado por la PCM mediante Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM. dentro de un procedimiento. con relación a la exigencia de pagos contenidos en el TUPA. cabe precisar que. ü Se nieguen injustificadamente a recibir o cumplir la resolución ficta derivada de la declaración jurada. requisito u otra información. siguiendo el precedente vinculante recaído en la STC Nº 3741-2004-AA/TC.Según la Ley del Silencio Administrativo. como principio general. Asimismo. documentación o pago no contenidos en el TUPA de su entidad. ü Se nieguen injustificadamente a reconocer la eficacia del derecho conferido el administrado al haber operado el SAP a su favor. los funcionarios y servidores públicos incurren en falta administrativa sancionable conforme al artículo 239º de la LPAG. el artículo 14º del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM prohíbe a las entidades cobrar tasa alguna en un procedimiento administrativo como condición o requisito previo a la . sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales cuando: ü Incurran en defectos de tramitación al interior del procedimiento (transgresión de plazos u omisión de tramite) ü Exijan a los administrados o administradas un procedimiento.
1 de la LPAG señala que. No obstante. de petición y acceso a la tutela jurisdiccional. la interposición de cualquiera de dichas medidas no constituye un impedimento para el inicio de las acciones civiles y penales a las que hubiere lugar de ser el caso Sobre el particular. los que supongan paralización. siendo nula la norma que aprueba dicho cobro. incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que . es decir. el primero ante el superior jerárquico y el segundo ante el Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad respectiva. toda vez que la doctrina administrativa es unánime al señalar que la queja no procede contra un acto definitivo. los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y. MEDIOS PARA DENUNCIAR AL FUNCIONARIO Y SERVIDOR PÚBLICO Para denunciar a los funcionarios y servidores públicos por las irregularidades anotadas. infracción de los plazos establecidos legalmente. se considera que la Ley del Silencio Administrativo incurre en error al denominar la queja como un recurso. en cualquier momento. el artículo 158º.109 De esa misma manera. en especial. sino contra un acto en trámite. la interposición de la queja inhabilita al administrado o a la administrada para interponer la denuncia ante el OCI. Dichas acciones. VII. se han previsto dos medios: el recurso de queja y las denuncias. son de carácter excluyente.impugnación de un acto emitido por la propia entidad por ser contraria a los derechos constitucionales del debido proceso. ante la conducta activa u omisiva del funcionario o empleado público encargado de la tramitación del expediente que afecte derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado. sin embargo.
aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 129-2009-CEJ. Asimismo. De este modo. En lo que se refiere a la denuncia. la autoridad administrativa superior dictará las medidas correctivas pertinentes respecto del trámite que sigue el procedimiento. por ejemplo. previo traslado al quejado. la LPAG en su artículo 105º ya reconocía el derecho de los administrados y administradas a formular . dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias con la finalidad de sancionar al responsable.– Ante defecto de tramitación será de aplicación lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Así. que se dirige contra un acto administrativo concreto. La autoridad superior deberá resolver la queja dentro de los tres (3) días siguientes. el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. Cabe indicar que la utilización de la queja frente a los defectos de tramitación también se ha regulado en el ámbito disciplinario. debiendo indicarse necesariamente el deber infringido y la norma que lo exige. La queja deberá ser presentada ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento administrativo. a fin de que pueda presentar sus descargos. en el artículo 106º establece: “Queja por defecto de tramitación. lo dispuesto por la Ley del Silencio Administrativo se debe entender como una queja administrativa que busca proteger a las personas frente a la conducta del funcionario público que no cumple con la aplicación del silencio administrativo y resolver con celeridad las cuestiones que han sido sometidas a su consideración por defectos de trámite y no como un acto de impugnación. En caso que se declare fundada.
la indicación de los presuntos autores y partícipes. aprobada mediante Resolución de Contraloría General N° 443-2003-CG. basta que los ciudadanos y ciudadanas. les asiste el derecho de acudir al OCI que le corresponda. es la LPAG. En el supuesto que la denuncia sea rechazada. En tal sentido. el aporte de la evidencia o su descripción para que el OCI proceda a su evaluación. publicada el 14 de enero del 2004. cuya base legal. establece que a todos los ciudadanos. modo y lugar que permitan su constatación. individual o colectivamente. . Luego de ello. Sobre el particular. comuniquen al OCI la relación de hechos. y que el resultado de las investigaciones relacionadas con la interposición de la denuncia o la queja permite a la entidad identificar el actuar negativo del funcionario o servidor público y la determinación administrativa de la falta. sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo lesionado. la Directiva N° 008-2003-CG/DPC “Servicio de Atención de Denuncias”. se deberá comunicar oportunamente al denunciante Es importante señalar que el denunciante no es considerado sujeto del procedimiento.denuncias respecto a aquellos hechos que conocieran y que fueran contrarios al ordenamiento jurídico. sujetándose a los requisitos y tramitación establecidos en la citada directiva. en la etapa de verificación el OCI deberá practicar las diligencias necesarias a fin de comprobar la verosimilitud de la denuncia formulada e informar con prontitud sobre sus resultados. entre otras disposiciones. circunstancias del tiempo. con el objeto de formular denuncias relacionadas con las funciones de la administración pública y que estas sean atendidas conforme a su mérito. no siendo necesario en este caso.
el recurso de reconsideración y el recurso de revisión. el artículo 188º. Al respecto. los recursos administrativos. el artículo 218º establece que: “Son actos que agotan la vía administrativa: a) El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante un autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo negativo.VIII. Cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración. destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. será de aplicación el silencio instancias resolutivas”. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE RECURSOS Según el artículo 207º de la LPAG. los recursos administrativos son el recurso de apelación. administrativo positivo en las siguientes .6 de la mencionada ley señala que: “En los procedimientos sancionadores. en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa. o b) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica” Por otro lado.
al interpretar la Ley del Silencio Administrativo. encontrándose habilitado para acudir al proceso contencioso–administrativo o al proceso constitucional de amparo. señalando que : . En caso de que exista otra instancia resolutiva en la vía administrativa podrá acudir a la instancia superior en aplicación del SAN con la finalidad de que se emita un pronunciamiento expreso. Nº 47274-2003-AA. podrá operar el SAP de producirse nuevamente una desidia de la entidad. la jurisprudencia del Poder Judicial tiene establecido que: “…si bien es cierto (…) existe aún un órgano jerárquicamente superior ante el que debe recurrir el demandante. En ese orden de ideas.De este modo. el administrado puede acogerse al SAN. al darse por agotada la vía administrativa.( Exp. Por su parte. el Tribunal Constitucional. por lo que se ha producido el silencio administrativo negativo. sentencia del 10 de mayo del 2004). también ha admitido la procedencia del SAN ante la falta de respuesta de un recurso de apelación interpuesto contra un sanción en un procedimiento administrativo disciplinario. Consecuentemente. se da por agotada la vía administrativa”. Luego de ello. también lo es que ha optado por interponer el recurso de reconsideración y éste no ha sido resuelto. ante la falta de respuesta por parte de la administración dentro del plazo de ley frente a un recurso de revisión o un recurso de impugnación contra una decisión emitida por una autoridad no sometida a subordinación jerárquica.
En su redacción inicial. la demanda era declarada inadmisible por extemporánea. IX.“. e ineficiencia por parte de la administración. Bajo este marco legal.. trata al silencio administrativo. con ello. Complementaria y Final de la Ley Nº 29060. (STC Nº 00597-2009-PC/TC.el petitorio [aprobar su recurso de apelación y.. como una actuación impugnable. como sucede en otros países. . el artículo 17º. toda vez que la pretensión administrativa se encuentra dentro de las excepciones establecidas en la Primera Disposición Transitoria. transcurrido el plazo indicado. generándose..3 de la Ley del proceso contencioso–administrativo. contempló el plazo de seis (6) meses para demandar el silencio administrativo..”. contempla la posibilidad. indefensión en los ciudadanos al impedirles injustificadamente el acceso a la jurisdicción y la defensa de sus intereses. De este modo. del 16 de marzo del 2009). en su artículo 4º numeral 2). por consiguiente. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y EL PROCESO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO El TUO de la Ley que regula el proceso contencioso– administrativo. computados desde la fecha en que venció el plazo legal para expedir la resolución. dejar sin efecto la resolución que dispuso su pase al retiro]. cuyo cumplimiento se requiere no resulta cierto. de utilizar el contencioso– administrativo contra las omisiones de la administración pública. contradictoriamente a lo dispuesto en el artículo 188º5 de la LPAG115 y pese a que el proyecto de la referida ley disponía que no existía plazo.
pues. conforme a la naturaleza del SAN. En efecto. al constituir el SAN una figura de ejercicio opcional para el particular no cabe el cómputo del plazo para acudir al contencioso– administrativo porque se le estaría otorgando a la administración pública una posición más ventajosa con relación a los particulares.Afortunadamente. como se sabe la citada técnica constituye una garantía del particular frente a la inactividad formal de la administración que opera siempre en beneficio del particular. cuando se trate del SAN. Por tanto. el artículo 19º del TUO de la Ley que regula el proceso contencioso– administrativo supera lo anotado y establece que. se observará lo dispuesto en el numeral 188º. . esta regulación ha sido modificada. De este modo. no se prevé un plazo para recurrir al contencioso–administrativo.5 del la LPAG y que el tercero legitimado puede acudir al proceso–contencioso administrativo en un plazo de tres (3) meses en el caso del SAP. y no al contrario.
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