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Timestamp: 2018-01-24 10:00:30
Document Index: 220917602

Matched Legal Cases: ['artículo 377', 'artículo 279', 'artículo 103', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46']

PRESENTACIÓN ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO, EDICIÓN 2001, MONTEVIDEO, 319 PÁGINAS
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122002000200027
PRESENTACIÓN ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO,
EDICIÓN 2001, MONTEVIDEO, 319 PÁGINAS
El programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer creó, hace siete años, el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, generando un espacio para el diálogo académico y científico de derecho público en el ámbito latinoamericano, con especial énfasis en el derecho constitucional, procesal constitucional, administrativo e internacional público, con sus consiguientes interrelaciones.
En anuario constituye un aporte inapreciable para la comunidad académica del derecho público, para los magistrados y para los juristas que desean mantenerse al día en los temas de dogmática y de análisis jurisprudencial desde México en el norte de nuestro continente hasta Argentina y Chile en el sur del mismo, no existiendo en nuestra América latina otra publicación periódica del mismo tipo y características.
I. EN EL ÁMBITO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO EN EL PRESENTE ANUARIO SE AGRUPA SIETE TRABAJOS:
I.1.- El primero de ellos del profesor de Derecho Constitucional y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, Martín Risso, desarrolla el tema de la Declaración de inconstitucionalidad por omisión, materia que ha sido institucionalizada a nivel constitucional en nuestra América morena, sólo en Brasil. El profesor Risso conceptualiza y concreta un análisis diacrónico de la institución en Europa y América latina, destacando en el ámbito europeo su constitucionalización en la Carta Fundamental de Yugoslavia de 1974, en su artículo 377, como dos años después, en la Constitución portuguesa de 1976, en el artículo 279, además de las construcciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional de Karlsruhe, de la Corte Constitucional italiana y los aportes dogmáticos de la doctrina española. En el ámbito latinoamericano se constitucionaliza la declaración de inconstitucionalidad por omisión en la Constitución brasileña de 1988, artículo 103; además de ser considerada en constituciones provinciales argentinas, donde destaca el art. 257 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, realizando luego un detenido análisis de las normas Constitucionales uruguayas, con apoyo en los mejores aportes dogmáticos de la doctrina constitucional del país, sosteniendo la tesis de que frente a la inconstitucionalidad por omisión, el intérprete judicial debe aplicar la Constitución e integrar el ordenamiento jurídico inferior, considerando en dicho proceso, cuando fuere procedente, los tratados internacionales ratificados por el Estado.
I.2. El profesor argentino Mario Midón, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, se refiere a uno de los temas que mayor preocupación causa en el derecho constitucional argentino, materia que fue analizada, en profundidad, en las Jornadas Argentino Chilenas de Derecho Constitucional celebradas en la Universidad de Talca, en Chile, a mediados del año pasado, ellos son los conocidos Decretos de Necesidad y Urgencia, utilizados por los gobiernos en forma discrecional y muchas veces, arbitraria, respecto de los cuales un destacado constitucionalista argentino, el colega Bidart Campos se preguntaba ¿cuántas emergencias es capaz de soportar la República?, siendo dicha legislación utilizada en los diferentes ámbitos de la actividad nacional.
El profesor Midón analiza la regulación constitucional de dichos decretos de necesidad y urgencia en Argentina y su perfeccionamiento en la reforma constitucional de 1994, estableciéndose su utilización sólo para los casos de imposibilidad de que el Congreso Nacional pudiera legislar sobre la materia, lo que no se ha producido en la práctica, utilizándose como un instrumento de conveniencia por los gobiernos en forma discrecional, sin que en la práctica se ejerza control jurisdiccional, potenciando aún más las potestades del Ejecutivo dentro del sistema presidencialista argentino, constituyendo una muestra de los desfases entre norma y práctica política, preocupación que es similar en otros países latinoamericanos.
I.3. El profesor Néstor Pedro Sagüés, catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de Argentina, presenta una monografía sobre las cláusulas de salvaguardia de la Constitución frente a los gobiernos de facto, analizando los contenidos y características de las cláusulas antigolpistas en América latina, en los aspectos relativos a la subsistencia de la vigencia de la Constitución, la nulidad de los actos del usurpador, los delitos del agresor al orden constitucional, las inhabilitaciones políticas de quienes han ejercido cargos en gobiernos de facto y las cláusulas de desobediencia ante el régimen de facto. El autor afirma el sentido ético político y de docencia republicana de dichas cláusulas, sin perjuicio de considerar la vigencia relativa de dichos preceptos, por el hecho del reemplazo de dichas normas constitucionales o de toda la Constitución con eficacia por parte de diversos regímenes autoritarios en el contexto de Latinoamérica.
I.4. El catedrático de derecho constitucional y magistrado suplente del Tribunal Constitucional de Bolivia, José Antonio Rivera Santibáñez, analiza la doctrina constitucional emanada de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como guardián del orden constitucional desde 1999 hasta 2001, donde se analiza el principio de reserva legal en la regulación de los derechos fundamentales sin afectar el núcleo esencial de ellos en acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, artículo 4, y la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 20; el principio de conservación de la norma a través de la interpretación conforme a la Constitución, que posibilita mantener la norma legal aprobada por los órganos colegisladores en aquella interpretación considerada constitucional, como asimismo, las sentencias exhortativas conforme a una interpretación constitucional previsora, en las cuales se exhorta a los órganos colegisladores a subsanar los vicios dentro de un plazo determinado, bajo conminación de declararlas inconstitucionales en caso de incumplimiento, posición que han adoptado diversos Tribunales Constitucional europeos y latinoamericanos.
El Profesor Rivera analiza y defiende el recurso de Amparo Constitucional de derechos y garantías constitucionales desarrollado ante el Tribunal Constitucional, frente a resoluciones u omisiones ilegales o indebidas de toda autoridad o funcionario, incluidas las resoluciones judiciales, respecto de esta competencia del Tribunal Constitucional no puede invocarse la cosa juzgada, constituyendo tales resoluciones judiciales "vías de hecho" que deben ser superadas por afectar derechos sustantivos o adjetivos (debido proceso), posición concordante con la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y de otros tribunales constitucionales latinoamericanos y europeos. El análisis termina con una ejemplificación de fallos del Tribunal Constitucional que amparan la vida, la salud y la libertad personal.
I.5. El catedrático de Derecho Penal y Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Milton Cairoli Martínez, analiza el rol de la jurisdicción administrativa en Uruguay. El magistrado Cairoli presenta la peculiar realidad del Uruguay, donde no existe Ministerio de Justicia ni Consejo Superior de la Judicatura, estando confiada la tarea administrativa a la Suprema Corte de Justicia que ejerce una competencia administrativa sobre todos los tribunales y personal auxiliar de los mismos, asumiendo los procesos administrativos contra los funcionarios del Poder Judicial.
El autor analiza también la función del Tribunal de lo Contencioso administrativo con su competencia exclusiva de anular los actos administrativos inválidos, sin perjuicio de que los tribunales ordinarios puedan controlar dichos actos, todo ello en ausencia de disposición Constitucional que le reconozca competencia exclusiva al Tribunal Contencioso Administrativo.
I.6. La inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos en Guatemala es analizada por el Magistrado de la Corte Constitucional, Luis Felipe Sáenz Juárez; quien luego de referirse a contenidos conceptuales introductorios, plantea el carácter mixto del sistema de control de constitucionalidad guatemalteco, siendo de especial consideración la inconstitucionalidad en casos concretos, considerando su naturaleza jurídica y finalidad, los preceptos jurídicos impugnables, la legitimación activa, sus presupuestos y tramitación como acción, excepción o incidente, como los efectos estimatorios y desestimatorios de la sentencia.
I.7. La profesora española de Derecho Penal, María Inmaculada Ramos Tapia y el Doctor en Derecho y representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Programa Estado de Derecho, Jan Woischnik, plantean la necesidad de considerar los principios constitucionales en la determinación legal de los marcos penales, planteando la necesidad de considerar los principios constitucionales en la determinación legal de los marcos penales, en especial los de legalidad penal, dignidad humana y de proporcionalidad, deteniéndose con mayor profundidad en este último, analizando las facetas abstracta y concreta de dicho principio, asimismo, se consideran las categorías y los criterios de importancia del bien jurídico, grado de afectación del mismo, la forma de ataque al bien jurídico, la comparación con supuestos análogos, la trascendencia social del hecho, el grado de ejecución y las formas de participación, todos los cuales permiten discernir una pena proporcionada de una que no lo es, sin perjuicio de un margen razonable de discrecionalidad judicial en la aplicación al caso concreto.
II. EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SE PRESENTA TRES TRABAJOS:
II.1. El primero se refiere al derecho de declaración, aclaración o rectificación en el ordenamiento jurídico chileno, teniendo como fuentes el art. 19 Nº12 inciso 3 de la Constitución, el artículo 14 de la CADH y la Ley de Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo Nº19.733 de junio de 2001, que regula la materia en su título IV, desarrollándose en forma sistemática una conceptualización del mismo como un derecho ­ acción de ejecución directa o inmediata, avalado por la jurisprudencia consultiva de la Corte IDH; se analiza en el trabajo los valores protegido por la institución, la legitimación activa, el sujeto pasivo, las condiciones y modalidades del ejercicio del derecho, el procedimiento, la sentencia y la sanción por el incumplimiento de la sentencia.
II.2. El profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Dr. Dino Carlos Caro Coria, se refiere a un tema de permanente actualidad en América latina en los últimos años, las libertades de expresión e información y el rol de los medios de comunicación, materia que ha sido objeto de decisión por los órganos jurisdiccionales internos y sobre lo que se han producido diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El autor analiza las fuentes internacionales e internas del Derecho a la libertad de expresión e información, teniendo en consideración la 4 Disposición Final de la Constitución peruana de 1993, que prevé que las normas relativas a derechos y libertades reconocidos por la Constitución, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú, lo que impide restringir su ámbito protector sin afectar la delimitación y el contenido esencial de los derechos.
Así se analiza los diversos pronunciamientos de la Comisión y Corte Interamericana que prohibe la censura previa, salvo en el caso de protección de la infancia o adolescencia y en los casos de Estados de Excepción constitucional, considerando la responsabilidad ulterior por la información difundida. El autor reflexiona sobre los límites a la libertad de información, el derecho de rectificación y respuesta en el derecho peruano y la responsabilidad de los medios de comunicación social.
El trabajo termina con la consideración de las acciones de Amparo y de Hábeas Data en protección de los derechos analizados y de la vida privada de las personas.
II.3. El ex - Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia y profesor de Derecho Comunitario, Jorge Antonio Giammattei, desarrolla el tema "Los derechos fundamentales, la Corte Centroamericana de Justicia y la protección del medio ambiente", ubicando la Corte Centroamericana de Justicia dentro del Sistema de Integración Centroamericano, donde se establece como principio fundamental el irrestricto respeto, tutela y promoción de los Derechos Fundamentales, como lo disponen los artículos 3 y 4 del Protocolo de Tegucigalpa, los cuales deben ser garantizados por la Corte Centroamericana de Justicia, analizándose en el trabajo la tarea realizada por dicho tribunal en materia medioambiental considerando la normativa comunitaria centroamericana.
El autor plantea la tesis que la Corte Centroamericana tendría competencia en materia de derechos humanos respecto de aquellos órganos e instituciones del Sistema de Integración Centroamericano, no sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
III. EN EL TERCER ÁMBITO TEMÁTICO DEL ANUARIO ENCONTRAMOS SEIS TRABAJOS RELACIONADOS CON DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS:
III.1. El primero es desarrollado por el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de México, don Humberto Román, y trata sobre el Tratado de Libre Comercio para América del Norte y la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, en el que se consideran diversas situaciones acontecidas con los paneles binacionales y el uso del juicio de amparo para conocer en vía jurisdiccional interna de los actos de autoridad, pudiendo resolver sobre actos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, recurridos en un panel binacional, cuya resolución o bando fue recurrido de amparo; generándose la situación de que los actos y resoluciones del panel binacional deben ser cumplidos por la Secretaría de Economía, cuyos actos administrativos sí son posibles de controlar por el Amparo.
III.2. El Ministro de la Corte Suprema Argentina, Adolfo Roberto Vázquez, reflexiona sobre los conceptos de Soberanía supranacionalidad e integración referida a los países del Mercosur.
El Magistrado Vázquez analiza las limitaciones a la soberanía para los países de Europa que significó el Tratado de Roma para los países de América y la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de la atribución de jurisdicción al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en América latina.
Se profundiza sobre la habilitación de delegación de competencias y jurisdicción a organizaciones supranacionales establecida por el art. 75 inc. 24 de la Constitución argentina, posibilitando los procesos de integración económica, social y cultural, lo que no está presente en los ordenamientos constitucionales de otros países del Mercosur, poniendo dificultades a procesos de integración más intensos y profundos, lo que ya ha significado problemas respecto de la primacía del derecho comunitario, en especial, en los casos de Uruguay y Brasil.
III.3 y 4. El tercer y cuarto trabajos de esta área se refieren a Guatemala, tratando la recepción y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
3. En la primera de las ponencias correspondiente al catedrático y ex magistrado de la Corte Constitucional de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre, quien plantea el rango constitucional de la normativa internacional ratificada en materia de derechos humanos en base a jurisprudencia de la propia Corte Constitucional en sentencias de 1990 (Ríos Montt), de 1995 (Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas); y en 2000 (preeminencia de la CADH), además de sostener su oportunidad judicial directa asumida en diversos casos a través de sentencias de la Corte Constitucional.
A su vez, el Presidente de la Corte Constitucional de Guatemala, Sr. Rodolfo Rolmoser, analiza la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el ámbito interno guatemalteco, a partir del artículo 46 de la Constitución de 1986 que establece la preeminencia del derecho internacional y el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
En tal sentido, analiza la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, señalando jurisprudencia desde 1990 en que se considera, en una interpretación sistemática, armónica y finalista, que la norma antes transcrita constituye un reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado, considerando que los tratados de derechos humanos se jerarquizan con carácter de norma constitucional que concuerda con el resto del texto formal de Constitución.
Ante el eventual conflicto entre dicho artículo 46 y el art. 204 que establece el principio que "la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado, se considera que el artículo 46 constituye una excepción a la regla general, lo que queda confirmado por los arts. 3 y 114 de la ley de amparo, la que establece con claridad la excepción de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones ratificados por Guatema la prevalecen sobre el derecho interno, además de precisar su aplicación directa y preferente de tales derechos frente a las normas internas, citando abundante jurisprudencia sobre aplicación de la Convención de Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; CADH y Convenio 169 de la CI del Trabajo. Así, puede sostenerse una orientación creciente de ordenamientos jurídicos y Cortes que asumen una interpretación bajo los mismos estándares protectores de los derechos humanos, entendiendo que ellos conformen el bloque constitucional de derechos.
III.5.- El magistrado alemán Norbert Bernadorff plantea la situación de los actos y decisiones de las organizaciones internacionales que exceden sus competencias, interrogándose sobre la aplicación de la regla "ultra vires" en el ámbito del Derecho Internacional en la medida que exista un órgano de control y verificación de tales actos, para lo cual analiza las diversas posiciones doctrinales y categorías conceptuales desarrolladas, concluyendo en la necesidad de crear un procedimiento de revisión de legalidad de los actos y decisiones de las organizaciones internacionales, constatando, asimismo, que los Estados miembros ejercen a menudo el derecho de contestar la validez de los actos y decisiones de las organizaciones internacionales, las cuales se consideran anulables.
III.6. Finalmente, el investigador del Instituto Max Plack, Jan-Michel Simón, analiza la jurisdicción universal desde la perspectiva del Derecho Público, analizando la doctrina, como asimismo, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, además de buscar una salida operativa a la imprecisión del término jurisdicción del Estado.
Del análisis que se concreta se deduce la existencia de jurisdicción universal en actos relativos a tortura, violaciones graves del derecho humanitario internacional y el genocidio que se funda en la protección de los derechos humanos, que emana del concepto del ser humano como persona y su relación con la sociedad, que no puede separarse de la naturaleza humana universal que no depende de la voluntad de los Estados sino de las normas internacionales en las cuales la voluntad del Estado constituye un elemento esencial.
Así, el Anuario que reseñamos nos ofrece un variado abanico de reflexiones y análisis de Derecho Público nacional e internacional, que enriquecen nuestras perspectivas y nos provocan la inquietud de profundizar en algunos de dichos análisis; además, la lectura del mismo nos aporta nueva información a ser procesada y reflexionada.
El Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano cumple, con esta nueva entrega, su función de información y puente de comunicación entre académicos y operadores jurídicos en el ámbito del Derecho Público nacional e internacional, esperando que dicho texto pueda mantenerse y desarrollarse por muchos años más, siendo una publicación única en su género, de circulación latinoamericana.