Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/T-512-09.htm
Timestamp: 2017-10-20 07:10:59
Document Index: 94045990

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 140', 'artículo 217', 'artículo 218', 'artículo 123', 'artículo 150', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 173', 'artículo 142']

T-512-09
Sentencia T- 512 de 2009
Sentencia T-512/09
REGIMEN ESPECIAL PRESTACIONAL DE LA FUERZA PUBLICA
La existencia de un régimen especial prestacional de seguridad social, implica la imposibilidad de someter a sus beneficiarios al sistema normativo general (Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003); por el contrario, su especialidad conduce a crear o regular distintas modalidades de prestaciones que permitan reconocer el fin constitucional que legitima su exclusión del sistema general, es decir, es indispensable adoptar medidas de protección superiores, en aras de propender por la igualdad material, la equidad y la justicia social de las minorías beneficiadas con la especial protección prevista en la Constitución. La Corte Constitucional al hacer un estudio del régimen especial prestacional de las Fuerzas Públicas explicó que la existencia de prestaciones especiales a favor de los miembros de la fuerza pública, lejos de ser inconstitucionales, pretenden hacer efectivos los principios de igualdad material y equidad, a partir del establecimiento de unas mejores condiciones que permitan acceder a un régimen pensional más benéfico en tiempo, en porcentajes o en derechos, “en aras equilibrar el desgaste físico y emocional sufrido durante un largo período de tiempo, por la prestación ininterrumpida de una función pública que envuelve un peligro inminente”
Resulta claro que la asignación de retiro goza de una naturaleza prestacional que es susceptible de reconocimiento por el retiro del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la normatividad de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Adicionalmente, es indiscutible que dicha prestación cumple un fin constitucional determinado, pues conforme a lo expuesto, tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la fuerza pública, con un tratamiento diferencial encaminado a mejorar sus condiciones económicas por la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares.
DERECHO FUNDAMENTAL AL MINIMO VITAL-Requisitos que deben comprobarse para acreditar vulneración
La Corte ha establecido, de igual manera, que los requisitos que deben comprobarse para acreditar la vulneración del mínimo vital, se resumen en que (i) el salario o mesada sea el ingreso exclusivo del trabajador o pensionado o existiendo ingresos adicionales sean insuficientes para la cobertura de sus necesidad básicas y que (ii) la falta de pago de la prestación genere para el afectado una situación crítica tanto a nivel económico como psicológico, derivada de un hecho injustificado, inminente y grave. De modo pues que, resulta evidente para esta Corporación la relación íntima e inescindible que surge entre el derecho a la seguridad social y el derecho fundamental al mínimo vital, vínculo que cobra aún mayor fuerza tratándose de los adultos mayores, pues de la protección del primero de ellos, dependerá la garantía de este último y viceversa, lo cual se verá materializado en el respeto al reconocimiento y pago oportuno de las mesadas pensionales o, en el caso del personal que integra la Fuerza Pública, de la llamada asignación de retiro que se equipara a las conocidas pensiones de vejez y jubilación. Por ende, en la actualidad no existe duda en torno a que el derecho fundamental al mínimo vital de los adultos mayores goza de una protección especial por parte del Estado en procura de vivificar sus fines esenciales a la luz del preámbulo constitucional.
DESCUENTOS MAXIMOS PERMITIDOS A LAS MESADAS PENSIONALES Y ASIGNACIONES DE RETIRO
En tratándose de los descuentos efectuados sobre los salarios y pensiones, y las medidas cautelares que puedan recaer sobre dichas prestaciones, la jurisprudencia constitucional ha precisado que ellos son permitidos, siempre y cuando respeten la regulación especial en la materia, y no sobrepasen los topes máximos previstos en ella. Resumiendo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional avala la posibilidad de efectuar descuentos sobre las mesadas pensionales siempre que se cumplan con unas condiciones: (i) el límite máximo de descuento permitido a las mesadas pensionales por todo concepto, corresponde al 50% de la misma previas deducciones; (ii) como resultado de los descuentos un pensionado no podrá recibir una mesada inferior al salario mínimo; (iii) este derecho constituye una garantía al mínimo vital de los pensionados y de sus familias, que les permita percibir los recursos necesarios para subsistir de acuerdo con sus condiciones sociales, económicas y personales, en tanto él ha visto disminuida su capacidad de trabajo; y (iv) esta es una garantía que se encuentra en íntima relación con derechos como la dignidad humana, el trabajo y la seguridad social.
DERECHO AL MINIMO VITAL-Requisitos que deben comprobarse para acreditar vulneración en un caso concreto de un trabajador o de un pensionado para que se considere amenazado o vulnerado
PENSIONADO-Marco legal relacionado con los montos máximos de descuento a sus mesadas
MESADA PENSIONAL-Límite máximo de descuentos/DERECHO AL MINIMO VITAL DEL PENSIONADO-Vulneración por descuentos en las mesadas superiores al 50%
La Corte Constitucional tiene dicho que se trata de normas de orden público que el pagador debe observar obligatoriamente y de las cuales los terceros interesados no pueden derivar ningún derecho más allá de lo que ellas permiten, de modo que si por cualquier circunstancia el límite legal impide hacer los descuentos autorizados por el pensionado para cumplir sus compromisos patrimoniales, los acreedores estarán en posibilidad de acudir a las autoridades judiciales competentes y hacer valer sus derechos de acuerdo con las normas sustanciales y de procedimiento vigentes. Porque ni siquiera con autorización expresa del mismo pensionado, el pagador podrá practicar, ni los terceros exigir, descuentos directos a la mesada pensional más allá de lo permitido por la ley. Por ende, esa libertad de disposición salarial no es absoluta ya que debe ajustarse a otros derechos, también de rango constitucional como son la protección a la familia, de los menores y de los ancianos. Es obligación del pagador propender porque se cumplan los límites máximos permitidos en materia de descuentos respecto a las asignaciones de retiro; no hacerlo implicaría una flagrante violación al derecho fundamental al mínimo vital del pensionado. Encuentra la Corte que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ha venido desconociendo sin justificación alguna, la previsión legal de acuerdo con la cual las entidades pagadoras de pensiones no pueden efectuar descuentos a las mesadas de sus pensionados superiores al 50% de las mismas. Reitera esta Sala que el límite máximo del 50% a los descuentos efectuados sobre las mesadas pensionales por cualquier concepto, previsto en los decretos 1073 de 2002 y 994 de 2003, son plenamente aplicables a los pensionados por los regímenes especiales exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, dentro de los cuales se encuentran los miembros de la Fuerza Pública, y particularmente al caso de los demandantes en esta acción de tutela. En consecuencia, esta Sala de Revisión protegerá el derecho fundamental de los actores y de su familia al mínimo vital, y ordenará a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que en lo sucesivo se abstenga de efectuar descuentos por cualquier concepto a las asignaciones de retiro de los señores, superiores al 50 % de las mismas.
DEUDAS CONTRAIDAS POR PENSIONADOS Y QUE SE DESCONTABAN DE NOMINA EXCEDIENDO EL 50%-Las Cooperativas y entidades acreedoras tienen mecanismos distintos para efectuar el cobro
Referencia: expediente T-2270666
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil nueve (2009).
Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá y la Sección Tercera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvieron la acción de tutela promovida por Luis Felipe Becerra Becerra y Ciro Antonio Guevara Ocampo contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
1.3. Luis Felipe Becerra Becerra, de 60 años de edad, informa que en el desprendible de pago del mes de diciembre de 2008, después de aplicarle los descuentos, le llegó como pensión neta la suma de $59.269,oo, situación que se agravó en enero de 2009 porque sólo recibió $6.492,oo. Por su parte, Ciro Antonio Guevara Ocampo, de 53 años de edad, indica que en los meses de diciembre y enero de 2009 recibió la suma de $25.259,oo. En sentir de los accionantes tales sumas no les alcanza para su sustento y el de sus familias, afectándoles el mínimo vital toda vez que no reciben ningún ingreso adicional.
Mediante escrito radicado el 11 de febrero de 2009, la apoderada judicial de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, solicitó al juez de instancia declarar improcedente la acción de tutela al tenor del artículo 6° del decreto 2591 de 1991.
Para fundamentar su solicitud indicó que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares efectúa los descuentos reportados por entidades de naturaleza asociativa, cooperativa y del ramo militar, cuyo objeto social redunda en el bien común, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Cooperativas. Adujo que en desarrollo de su objeto social, la Caja de Retiro realiza el pago de asignaciones de retiro y pensiones de beneficiarios a más de 30.000 afiliados, circunstancia que hace imposible efectuar una evaluación y control de cada uno de los descuentos autorizados por el personal militar mes a mes, “pues es el militar quien dispone de su asignación de retiro y es el responsable de sus obligaciones frente a las entidades o cooperativas”[1].
Explicó que la Caja de Retiro accionada para aplicar los descuentos de nómina hasta el 100% sobre la asignación de retiro se apoya en el régimen especial que cobija a la fuerza pública, en virtud del cual se expidió la Directiva Permanente No. 17741 del 13 de agosto de 1990 que determinó los procedimientos para el trámite de libranzas, directiva que fue estudiada el 3 de noviembre de 1992 por la Sección Primera del Consejo de Estado, quién declaró nula la expresión “el beneficiario podrá comprometerse hasta el 50% de su asignación”. Concluyó que los militares en retiro pueden comprometerse por deudas hasta el 100% de la prestación, después de los descuentos de ley; por ello, mediante resolución interna No. 2733 del 31 de agosto de 2004 se actualizó el procedimiento para efectuar los descuentos por nómina al personal militar que goce de asignación de retiro, de acuerdo con las facultades establecidas en el numeral 30 del artículo 20 del Acuerdo 08 de 2002, por el cual se adoptaron los estatutos internos de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Indicó que los descuentos efectuados a los accionantes fueron autorizados por éstos como titulares de la asignación y que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, dando cumplimiento al artículo 140 de la ley 79 de 1988, los realiza simultáneamente con el pago que hace al pensionado y procede a entregar las sumas debitadas a las entidades financieras o a las cooperativas correspondientes. Por ello, en concepto de la entidad accionada, no sólo se está cumpliendo con lo establecido en el ordenamiento legal, sino también con la voluntad de los militares en retiro de disponer de su pensión.
A folio 4 ibídem, obra copia del desprendible de nómina del señor Luis Felipe Becerra correspondiente al mes de diciembre de 2008, en el cual se observa que el total devengado fue de $2’893.322,oo y el total de las deducciones fue de $2’834.053,oo, por lo cual el neto a pagar al militar retirado fue de $59.269,oo. Los descuentos corresponden a los siguientes rublos:
$1’205.208
$425.913
$2.834.053
A folio 5 del cuaderno 1 se visualiza copia del desprendible de nómina del señor Luis Felipe Becerra correspondiente al mes de enero de 2009, en el cual aparece que el total devengado fue de $2’893.322 y el total de las deducciones fue de $2’886.830, por lo cual el neto a pagar al militar retirado fue de $6.492,oo. En ese mes ingresó un nuevo descuento de “Sonaempres” por valor de $52.777,oo, con fecha de inicio enero de 2009 y finalización en el mes de septiembre del mismo año.
A folio 7 y 8 del expediente, se observan copia de los desprendibles de nómina del señor Ciro Antonio Guevara Ocampo correspondientes a los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, en los cuales se evidencia que devenga una asignación mensual de $1’924.273, que las deducciones efectuadas ascienden a $1’899.014 y que el neto a pagar es la suma de $25.259 mensuales. En su caso los descuentos atañen a los siguientes conceptos:
$304.555
$144.524
$221.079
$1.899.014
A folio 9, ibídem, se observa copia del recibo de nómina del señor Luis Felipe Becerra Becerra correspondiente al mes de febrero de 2009, en el cual figura el ingreso de dos nuevos descuentos a favor de “Acolbonodonac” por valor de $35.200,oo mensuales y “Coovestidos” por valor de $68.800,oo mensuales. El neto que se pagó al accionante durante ese mes fue de $17.936,oo.
II. SENTENCIAS QUE SE REVISAN:
Finalmente, precisó que “no es de recibo la justificación de la tutelada de efectuar descuentos sin límite alguno sobre la mesada de sus pensionados con base en sentencias de cumplimiento que le han ordenado hacerlo, pues dichas sentencias se han cuidado de condicionar a que dichos descuentos sean efectuados, previo el cumplimiento de los requisitos de ley, esto es, que el total de los descuentos autorizados por el pensionado no supere el cincuenta (50%) de la mesada pensional”[2].
La apoderada judicial de la entidad accionada impugnó el fallo de primera instancia haciendo una transcripción idéntica de los argumentos que expuso al contestar la acción de tutela. Nuevamente indicó que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares efectúa los descuentos reportados por entidades de naturaleza asociativa, cooperativa y del ramo militar, cuyo objeto social redunde en el bien común, y que las deducciones que reportan las asignaciones de retiro de los accionantes fueron autorizados directamente por éstos sin necesidad de aval por parte de la entidad demandada.
Resaltó, así mismo, que la situación económica estrecha de los accionantes es fruto de una mala utilización de su patrimonio porque “si voluntariamente solicitaron créditos a entidades financieras y por los mismos recibieron sumas considerables de dinero, han debido buscar que las sumas recibidas fueran invertidas en actividades que les generaran a su vez un ingreso superior a los costos financieros pagados por dichos créditos; si así no lo hicieron deben asumir las consecuencia de sus actos, por lo que nadie puede beneficiarse de su propia incuria”[3]. Finalizó diciendo que permitir a los accionantes aprovecharse de la buena fe de las entidades con las cuales suscribieron sus créditos alegando una vulneración al mínimo vital, es aceptar que los actores desconozcan obligaciones adquiridas legalmente en ejercicio de la libre disposición de sus mesadas pensionales.
Para tal efecto, la Sala se ocupará del estudio previo de los siguientes temas: (i) El derecho a la seguridad social: énfasis en el régimen especial prestacional de la Fuerza Pública y en la naturaleza jurídica de la asignación de retiro; (ii) El derecho fundamental al mínimo vital; (iii) Descuentos máximos permitidos a las mesadas pensionales y asignaciones de retiro; y después analizará, (iv) El caso concreto.
La Carta de 1991 constitucionalizó la seguridad social en los artículos 48 y 49. La Corte Constitucional en sentencia T-323 de 1996[4], explicó la razón de ser de esa protección:
Con el propósito de salvaguardar el derecho a la seguridad social en pensiones, la jurisprudencia ha dicho que éste es un derecho subjetivo. Así se expresó en la sentencia T-1752 de 2000. Es, pues, un derecho a algo, reclamable ante los funcionarios administrativos y también ante los funcionarios judiciales por cuanto la justicia es una función pública y los ciudadanos tienen acceso a ella (artículos 228 y 229 C.P.).
En busca de un punto de unión entre el derecho a la seguridad social y los artículos 150, numeral 19, literal e), 217 y 218 del Texto Superior, la Corte ha reconocido que los miembros de la fuerza pública tienen derecho a un régimen prestacional especial, “en razón al riesgo latente que envuelve la función pública que prestan y desarrollan”[5]. Así, el artículo 217 de la Carta Fundamental, determina que las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional[6]. Por su parte, el artículo 218 de la Constitución, le asigna a la policía nacional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
Este régimen especial de la Fuerza Pública a partir del potencial riesgo que comportan sus funciones, tiene su origen no sólo en la consagración expresa de los citados artículos de la Constitución, sino también en el mismo artículo 123 de la Carta Política que establece la diversidad de vínculos jurídicos que se presentan en el desarrollo de la función pública (v.gr. los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales); y que, en mayor o menor medida, con sujeción a lo previsto en el artículo 150-19 del mismo estatuto Superior, permite al legislador regular de diversa manera el régimen salarial, prestacional y de seguridad social de dichos servidores.
Es por ello que la existencia de un régimen especial prestacional de seguridad social, implica la imposibilidad de someter a sus beneficiarios al sistema normativo general (Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003); por el contrario, su especialidad conduce a crear o regular distintas modalidades de prestaciones que permitan reconocer el fin constitucional que legitima su exclusión del sistema general, es decir, es indispensable adoptar medidas de protección superiores, en aras de propender por la igualdad material, la equidad y la justicia social de las minorías beneficiadas con la especial protección prevista en la Constitución.
La Corte Constitucional al hacer un estudio del régimen especial prestacional de las Fuerzas Públicas explicó que la existencia de prestaciones especiales a favor de los miembros de la fuerza pública, lejos de ser inconstitucionales, pretenden hacer efectivos los principios de igualdad material y equidad, a partir del establecimiento de unas mejores condiciones que permitan acceder a un régimen pensional más benéfico en tiempo, en porcentajes o en derechos, “en aras equilibrar el desgaste físico y emocional sufrido durante un largo período de tiempo, por la prestación ininterrumpida de una función pública que envuelve un peligro inminente”[7].
Tal régimen especial contempla como prestación económica la asignación de retiro, que en palabras de esta Corporación es “una modalidad de prestación social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto grado de especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del servicio y las funciones que cumplen los servidores públicos a quienes se les reconoce. Se trata, como bien lo afirman los intervinientes, de establecer con la denominación de “asignación de retiro”, una pensión de vejez o de jubilación para los miembros de la fuerza pública, en la medida que el resto del ordenamiento especial de dichos servidores públicos, se limita a regular las pensiones de invalidez y sobrevivientes” [8].
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el mínimo vital es un derecho fundamental, el cual se deriva directamente del Estado Social de Derecho y se encuentra relacionado estrechamente con la dignidad humana, como valor fundante del ordenamiento jurídico, así como con la garantía del derecho a la vida misma, a la salud, al trabajo y a la seguridad social. En este sentido, en concepto de la Corte Constitucional, el derecho fundamental al mínimo vital “constituye la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”[9]
Con respecto al contenido del derecho al mínimo vital, para la Corte es claro, que el mismo no se agota con la satisfacción de las necesidades mínimas de la persona, o de su grupo familiar, que simplemente le procure la mera subsistencia. Por el contrario, tiene un contenido mucho más amplio, en cuanto comprende tanto lo correspondiente a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas para su subsistencia, como lo necesario para procurarle una vida en condiciones dignas, lo cual implica la satisfacción de necesidades tales como alimentación, vestuario, salud, educación, vivienda, recreación y medio ambiente, que consideradas todas en su conjunto, constituyen los presupuestos para la construcción de una calidad de vida aceptable para los seres humanos[10]. El derecho al mínimo vital o “mínimo de condiciones decorosas de vida” deriva del principio de dignidad humana y de los derechos al trabajo y a la igualdad de los trabajadores y de los pensionados
Para dimensionar correctamente el citado derecho, es necesario tener en cuenta que él debe ser considerado frente a un caso en concreto y no en abstracto, lo cual implica una valoración cualitativa, y no cuantitativa del contenido del mínimo vital de cada persona en un determinado asunto, de acuerdo con sus condiciones sociales, económicas y personales. Lo anterior significa, que el juez frente a un caso concreto, en el que se solicita protección para el derecho fundamental al mínimo vital, debe realizar una actividad valorativa de las especiales circunstancias que rodean a la persona y a su entorno familiar, a sus necesidades básicas, y a los recursos de los que requiere para satisfacerlas, de tal forma que pueda determinar, si vista la situación, se esta en presencia de una amenaza, o vulneración efectiva del derecho al mínimo vital, y por ello se hace necesario que se otorgue la protección judicial solicitada[11].
La Corte ha establecido, de igual manera, que los requisitos que deben comprobarse para acreditar la vulneración del mínimo vital, se resumen en que (i) el salario o mesada sea el ingreso exclusivo del trabajador o pensionado o existiendo ingresos adicionales sean insuficientes para la cobertura de sus necesidad básicas y que (ii) la falta de pago de la prestación genere para el afectado una situación crítica tanto a nivel económico como psicológico, derivada de un hecho injustificado, inminente y grave[12].
Particularmente, en lo que tiene que ver con el derecho al mínimo vital de los pensionados, esta Corporación reiteró en sentencia T-338 de 2001[13] que su afectación ha de ser valorada en concreto y no en abstracto y ha señalado que “[l]a valoración del mínimo vital del pensionado no es una calificación discrecional, sino que depende de las situaciones concretas. Por consiguiente, el concepto de mínimo vital no se identifica con el salario mínimo ni con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer y para subsistir, sino con la apreciación material del valor del trabajo realizado antes de obtener la jubilación y de las necesidades y propósitos que la persona se plantea para él y su familia (T-439/2000); es decir que se trata de un aspecto cualitativo y no cuantitativo. La jurisprudencia ha considerado que son factores importantes, pero no exclusivos, para su análisis, la edad del pensionado y la dependencia económica de la mesada pensional, de parte del pensionado y su familia.”
En esa misma sentencia, este Tribunal también señaló que el derecho al mínimo vital de los pensionados, también resulta afectado por la falta, o el retraso injustificado o pago parcial de las mesadas pensionales, razón por la cual “el pago debe ser completo, y si el pensionado recibió sólo un porcentaje, esta circunstancia se convierte en indicio de que vive de la pensión, ya que de lo contrario no la recibiría sino cuando se la entregaran íntegra.”
En tratándose de los descuentos efectuados sobre los salarios y pensiones, y las medidas cautelares que puedan recaer sobre dichas prestaciones, la jurisprudencia constitucional ha precisado que ellos son permitidos, siempre y cuando respeten la regulación especial en la materia, y no sobrepasen los topes máximos previstos en ella. Así, esta Corporación indicó que estas normas no tienen un carácter dispositivo, sino que son de orden público[14]. Con respecto a las citadas disposiciones este Tribunal Constitucional ha expresado“que se trata de normas de orden público que el empleador debe observar obligatoriamente y de las cuales los terceros interesados no pueden derivar ningún derecho más allá de lo que ellas permiten, de modo que si por cualquier circunstancia el límite legal impide hacer los descuentos autorizados por el trabajador para cumplir sus compromisos patrimoniales, los acreedores estarán en posibilidad de acudir a las autoridades judiciales competentes y hacer valer sus derechos de acuerdo con las normas sustanciales y de procedimiento vigentes. Porque ni siquiera con autorización expresa del trabajador, el empleador podrá practicar, ni los terceros exigir, descuentos directos al salario más allá de lo permitido por la ley”[15].
La normatividad relativa a los descuentos permitidos a las mesadas pensionales, a saber, el artículo 1° del Decreto 994 de 2003 (modificatorio del decreto 1073 de 2002), estipula con claridad que los descuentos que se hagan a las mesadas pensionales no pueden ser de tal entidad que impliquen que el beneficiario reciba menos del 50% de la suma que por este concepto le corresponde. Aclara la misma disposición que la limitación al monto se aplica sobre la suma que resulte una vez efectuadas las deducciones relacionadas con aportes al sistema de salud y a las cajas de compensación familiar. Por ende, como bien lo ha establecido esta Corporación que “la suma que reciba un pensionado por concepto de mesadas pensionales no podrá, en ningún caso, ser inferior al 50% del valor neto de la totalidad del valor que le fuera reconocido, ni tampoco podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, como protección a los derechos al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana de quienes después de toda una vida de labores, cumplen con los requisitos para acceder a su pensión de jubilación, de acuerdo con la normatividad vigente”[16].
Resumiendo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional avala la posibilidad de efectuar descuentos sobre las mesadas pensionales siempre que se cumplan con unas condiciones: (i) el límite máximo de descuento permitido a las mesadas pensionales por todo concepto, corresponde al 50% de la misma previas deducciones; (ii) como resultado de los descuentos un pensionado no podrá recibir una mesada inferior al salario mínimo; (iii) este derecho constituye una garantía al mínimo vital de los pensionados y de sus familias, que les permita percibir los recursos necesarios para subsistir de acuerdo con sus condiciones sociales, económicas y personales, en tanto él ha visto disminuida su capacidad de trabajo; y (iv) esta es una garantía que se encuentra en íntima relación con derechos como la dignidad humana, el trabajo y la seguridad social.
En efecto, la Corte ha admitido la existencia de diferentes regimenes pensionales, legales y convencionales, a través de los cuales es posible acceder al derecho a la pensión. No obstante lo anterior, para esta Corporación[17] es claro, que la Constitución Política no establece, por ninguna causa, ningún trato diferenciado al interior del universo conformado por los pensionados en razón a las garantías mínimas que a ellos les asisten.
Esta Corporación ha admitido la coexistencia con el Régimen General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, de distintos régimen especiales, dentro de los cuales se encuentra el de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, para quienes el legislador plasmó en la ley 923 de 2004 las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional en procura de fijar el régimen pensional y de asignación de retiro de aquellos. En dicha ley reguló que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de retiro de la Policía Nacional serán las entidades responsables de las labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes (artículo 3.9). Igualmente, instituyó que todo régimen pensional y/o de asignación de retiro del personal de la Fuerza Pública, que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley, carecerá de efecto y no creará derechos adquiridos (artículo 5).
“ARTÍCULO 173. INEMBARGABILIDAD Y DESCUENTOS: [L]as asignaciones de retiro, pensiones y demás prestaciones sociales a que se refiere este Estatuto no son embargables judicialmente salvo en los casos de juicios de alimentos, en los que el monto del embargo no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) de aquellas.
Cuando se trate de obligaciones contraídas con el Ramo de Defensa podrán ordenarse directamente los descuentos del caso por la correspondiente autoridad administrativa, los cuales tampoco excederán del cincuenta por ciento (50%) de la prestación afectada.”
En complemento de lo anterior, resulta pertinente reiterar que “las normas que limitan el porcentaje de descuento máximo permitido a las mesadas pensionales son de orden público y buscan proteger el derecho al mínimo vital de los pensionados y sus familias, reafirmando que su justificación está en garantizar un ingreso mínimo para atender sus necesidades”[18].
Sobre el tema, la Corte Constitucional tiene dicho que se trata de normas de orden público que el pagador debe observar obligatoriamente y de las cuales los terceros interesados no pueden derivar ningún derecho más allá de lo que ellas permiten, de modo que si por cualquier circunstancia el límite legal impide hacer los descuentos autorizados por el pensionado para cumplir sus compromisos patrimoniales, los acreedores estarán en posibilidad de acudir a las autoridades judiciales competentes y hacer valer sus derechos de acuerdo con las normas sustanciales y de procedimiento vigentes[19]. Porque ni siquiera con autorización expresa del mismo pensionado, el pagador podrá practicar, ni los terceros exigir, descuentos directos a la mesada pensional más allá de lo permitido por la ley, ya que como lo había dicho la Corte al referirse a los límites de inembargabilidad de las pensiones: “se trata de dineros que, si bien hacen parte del patrimonio del beneficiario de la pensión, no constituyen prenda común de los acreedores de aquél, pues gozan de la garantía de inembargabilidad, plasmada como regla general y vinculante, con las excepciones legales, que son de interpretación y aplicación restrictiva.” [20]
De entrada, la Sala realza que en lo que concierne a los excesivos descuentos o deducciones pensionales, es viable la tutela aún como mecanismo definitivo para evitar un perjuicio irremediable[21], como es la afectación al mínimo vital de los actores ya que sus asignaciones de retiro son requerimiento básico e indispensable para asegurar la digna subsistencia, en cuanto de allí deriva la preservación vital y coadyuva a satisfacer elementos esenciales del ser humano.
Para tal fin es preciso señalar que en el caso concreto de los actores y de sus familias, encuentra esta Corporación que (i) la única fuente de recursos de los accionantes para satisfacer sus necesidades básicas y su digna subsistencia provienen de su mesada pensional, y que adicional a ella no reciben ningún ingreso o ayuda económica, hecho que no fue desvirtuado en el proceso de tutela; (ii) que los descuentos efectuados por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares corresponde a $2’886.830,oo en el caso de Luis Felipe Becerra y de $1’899.014,oo en el caso de Ciro Antonio Guevara, lo cual supera en ambas situaciones el 50% del valor de su asignación mensual de retiro; (iii) como consecuencia del exceso en los descuentos efectuados por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, los actores no pueden satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias, circunstancia que los ha sumido a ellos y a sus familias en una crisis económica, en tanto sólo reciben por concepto de mesada pensional la suma de $6.492,oo y $25.259,oo respectivamente, y los gastos por concepto arrendamiento, compra de medicamentos, alimentación y pago de estudios a hijos menores ascienden lógicamente a valores muy superiores a esos, por lo cual a todas luces es insuficiente la mesada neta que reciben para satisfacer sus necesidades particulares; y que (iv) no obstante lo anterior han seguido recibiendo sus reducidas mesadas lo cual permite presumir que la necesitan para su subsistencia[22]. Por lo anterior, para esta Sala de Revisión es claro que el derecho fundamental de los actores al mínimo vital está siendo objeto de vulneración por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al efectuar descuentos superiores al 50% de la asignación de retiro que los accionantes reciben.
Entonces, no es de recibo que la Caja demandada esté efectuando los descuentos pensionales excediendo el máximo tope legal permitido, so pretexto de dar cumplimiento a la Directiva Permanente 17741 del 13 de agosto de 1990 emanada de esa misma entidad, la cual si bien fue demandada en acción de simple nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa y el Consejo de Estado en sentencia del 3 de noviembre de 1992 decidió declarar su nulidad respecto a la expresión “el beneficiario podrá comprometer hasta el 50% de su asignación descontando los siguientes rubros: timbres, ley 33 de 1985, retención en la fuente, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (5%) y Caja de Vivienda Militar (7%)”, no se puede perder de vista que tal decisión no es vinculante para el caso concreto porque (i) Se trata de un pronunciamiento producido en un contexto normativo diferente, ya que hay preceptos legales posteriores (decretos 1073 de 2002 y 994 de 2003) que de manera explícita reconocen la protección al 50% de las mesadas pensionales, para nuestro caso, equiparables a las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública; (ii) Existen desarrollos jurisprudenciales del Tribunal Constitucional posteriores a la decisión del Consejo de Estado, en los cuales con notoria claridad se ha protegido el derecho fundamental al mínimo vital de los pensionados en procura de limitar las deducciones de sus mesadas hasta un 50%; y, (iii) Para efectos de libranzas, títulos valores o cualquier otro documento suscrito por el deudor pensionado, las sumas que éstos adeuden a las cooperativas solo podrán ser retenidas y deducidas hasta el máximo tope legal permitido, y no de “cualquier cantidad que haya de pagar a sus trabajadores o pensionados” (artículo 142 de la ley 79 de 1988) porque, se repite, puede comprometer el mínimo vital como sucedió en el caso de los accionantes.
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 25 de marzo de 2009 por la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se revocó la sentencia proferida el 18 de febrero de 2009 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá que inicialmente había concedido la protección solicitada en el proceso de la referencia, y en su lugar TUTELAR el derecho fundamental al mínimo vital de los señores Luis Felipe Becerra Becerra y Ciro Antonio Guevara Ocampo, por las razones expuestas en la presente providencia.
Segundo. ORDENAR a la Caja de retiro de las Fuerzas Militares que a partir del periodo de pago siguiente a la notificación de esta providencia, se abstenga de efectuar descuentos por cualquier concepto, a las mesadas pensionales de los señores Luis Felipe Becerra Becerra y Ciro Antonio Guevara Ocampo, superiores al 50 % de las mismas.
[1] Cfr. folio 48 del cuaderno 1.
[2] Cfr. folio 80 cdno 1.
[3] Cfr. anverso del folio 15 cuaderno 2.
[5] Sentencia C-432 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[15] Sentencia T-1015 de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[16] Sentencia T-827 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[17] Ver entre otras las sentencias C-461 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y C-862 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[18] Sentencia T-664 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[21] Sentencia T-716 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[22] Sentencia T-338 de 2001, M.P. Marco Gerado Monroy Cabra. En este fallo la Corte consideró que si el pensionado recibe un pequeño porcentaje de la pensión, esa circunstancia se convierte en indicio de que vive de ella porque si no se hubiese rehusado a recibirla hasta tanto la cancelaran integra.