Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6646
Timestamp: 2020-02-18 14:12:54
Document Index: 338935427

Matched Legal Cases: ['Artículo 40', 'in fine', 'artículo 40', 'Artículo 47', 'Artículo 75', 'Artículo 131', 'Artículo 134', 'Artículo 157', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 40', 'Artículo 22', 'Artículo 76', 'Artículo 76']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 7/2010
SENTENCIA 7/2010, de 27 de abril
ECLI:ES:TC:2010:7
1. Con fecha 26 de marzo de 2002 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque, en nombre y representación de sesenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por el que se interpone recurso de inconstitucionalidad contra el art. 40 de la Ley 10/2001, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002 (que da nueva redacción al art. 14 de la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos), por entender que dicho precepto vulnera los arts. 31 y 134.7 CE.
a) El escrito de recurso comienza señalando que la modificación legislativa operada por el precepto impugnado trae causa de la delegación de capacidad normativa en el impuesto sobre actos jurídicos documentados realizada en virtud de la Ley estatal 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, cuyo art. 13.5 establece que las Comunidades Autónomas podrán regular el tipo de gravamen de los documentos notariales. Haciendo uso de esta facultad, las Cortes Valencianas aprobaron la Ley 10/2001, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002, cuyo art. 40 modificó el art. 14 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, incrementando el tipo de gravamen general aplicable a los actos jurídicos documentados para las primeras copias de documentos notariales, que pasa del 0,5 al 1 por 100.
b) Los Diputados recurrentes consideran que la inconstitucionalidad del precepto recurrido se habría producido, en primer lugar, porque la forma de introducir la modificación legal, mediante la Ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana, es contraria al principio de reserva de ley, citando expresamente los arts. 31 y 134.7 CE, si bien su argumentación se ciñe a la prohibición de crear tributos mediante Ley de presupuestos. En este sentido, sostienen los recurrentes que esta prohibición se justifica por la especialidad de las leyes de presupuestos, ya que los plazos para su tramitación son más breves y además existe una limitación en la presentación de enmiendas, consistente en que las enmiendas que propongan un aumento de los gastos deberán acompañar una disminución de igual cuantía en otras partidas, y las que supongan una minoración de ingresos requerirán la conformidad del Consell de la Generalitat para su tramitación (art. 126 del Reglamento de las Cortes Valencianas).
c) En segundo lugar, señalan los recurrentes que la mayoría de la doctrina científica ha postulado la supresión del impuesto sobre actos jurídicos documentados, ya que la configuración de su hecho imponible, esto es, la simple formalización de un acto inscribible en escritura pública, no respeta el principio de capacidad económica, y que, además, resulta contrario a las Directivas europeas de armonización de los impuestos indirectos, en las que se propugna, en aras de suprimir los obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios, el establecimiento de un sistema común del impuesto sobre el volumen de negocios. En el impuesto sobre actos jurídicos documentados) el legislador no respeta el principio de capacidad contributiva, pues el hecho imponible viene configurado por la simple formalización de un acto en escritura pública que sea inscribible.
d) Terminan su escrito los recurrentes afirmando que este tributo, en la regulación impugnada, afecta a la obligación de los poderes públicos de garantizar el acceso de todos a una vivienda digna, establecido en el art. 47 CE, ya que el incremento de tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos documentados, que pasa del 0,5 al 1 por 100 en todos los casos, salvo que se trate de las primeras copias de escrituras que documenten adquisiciones de vivienda habitual, supuesto en que el tipo se reduce al 0,1 por 100 (frente al anterior 0,4 por 100), implica un encarecimiento del coste de la vivienda, puesto que la mayoría de los hechos imponibles de este impuesto afectan al proceso constructivo (compra del solar, declaración de obra nueva, división de propiedad horizontal, préstamo hipotecario del promotor para la adquisición de la vivienda).
2. Mediante providencia de 4 de junio de 2002 el Pleno, a propuesta de la Sección Primera de este Tribunal, acordó admitir a trámite el recurso, dando traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y a las Cortes de la Comunidad de Valencia, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno de la Nación, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Asimismo acordó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y el “Diario Oficial de la Generalidad Valenciana”.
3. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 14 de junio de 2002, el Abogado del Estado comunicó que, dado que el presente procedimiento se refiere a una ley autonómica que es recurrida por motivos que no afectan a los intereses o competencias del Estado, no formula alegaciones, personándose a los solos efectos de que le sean notificadas las resoluciones que en su día se dicten.
4. La Presidenta del Senado, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 20 de junio de 2002, comunicó que esta Cámara ha adoptado el acuerdo de darse por personada en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. La Presidenta del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 21 de junio de 2002, comunicó a su vez que dicha Cámara ha adoptado el acuerdo de darse por personada en el proceso, ofreciendo asimismo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC
5. El día 28 de junio de 2002 presentó en el Registro General de este Tribunal su escrito de alegaciones la Presidenta de las Cortes Valencianas.
Por otro lado indica la Presidenta de las Cortes Valencianas que la modificación del tipo aplicable de gravamen a las operaciones sujetas al impuesto sobre actos jurídicos documentados aparecía primero en el Informe de la Secretaría General de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo sobre el Anteproyecto de Ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2002, especificándose que no afectaba a las operaciones relativas a la adquisición de vivienda; más tarde, el Proyecto de Ley de presupuestos para 2002, que tuvo su entrada en las Cortes Valencianas el 31 de octubre de 2001, ya contenía el art. 40 ahora impugnado, con una modificación de tipos idéntica a la finalmente aprobada. Se presentaron a dicho artículo las enmiendas 83 y 84, de supresión del apartado segundo, por parte del Grupo Parlamentario Esquerra Unida del País Valencià y del Grupo Socialista- Progressistes, las cuales fueron debatidas en Comisión y en Pleno, siendo ambas rechazadas. A la vista de estos datos, considera la Presidenta de las Cortes Valencianas que no ha existido limitación alguna para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a la Ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2002.
Por lo que se refiere a la alegada vulneración del art. 134.7 CE, considera la Presidenta de las Cortes Valencianas que, en virtud de la doctrina del Tribunal Constitucional (cita las SSTC 116/1994, de 18 de abril; 149/1994, de 12 de mayo; 130/1999, de 1 de julio; 180/2000, de 29 de junio; y 274/2000, de 15 de noviembre), dicho precepto regula un instrumento estatal (la Ley de presupuestos generales del Estado), y no puede inferirse sin más su aplicación analógica a las Comunidades Autónomas, cuyas instituciones se rigen por sus Estatutos de Autonomía y por las leyes estatales delimitadoras de competencias. Considera especialmente relevante la Presidenta de las Cortes Valencianas la cita de la STC 149/1994, de 12 de mayo, porque en la misma también se analizó por el Tribunal Constitucional una modificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, concluyéndose que del art. 134.7 CE no se puede deducir un principio general de prohibición de modificar tributos por medio de leyes de presupuestos autonómicas sin la previa habilitación de una ley tributaria sustantiva. De acuerdo con ello, sostiene la Presidenta de las Cortes Valencianas que no existe la pretendida vulneración del art. 134.7 CE que denuncian los recurrentes, en la medida en que ni siquiera este precepto constitucional es aplicable a las Comunidades Autónomas. Por otra parte, ni en la Ley 14/1996, de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, ni en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), existe precepto alguno que contenga la mencionada prohibición de modificar tributos por medio de leyes de presupuestos autonómicas sin la previa habilitación de una ley tributaria sustantiva, y lo mismo cabe decir respecto del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Añade la Presidenta de las Cortes Valencianas que la modificación de un tributo mediante la Ley de presupuestos resulta técnicamente más correcta que acudir a las denominadas “leyes de acompañamiento”, debido a la escasa seguridad jurídica que éstas tienen.
6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 2 de julio de 2002 se personó en el presente proceso constitucional y formuló alegaciones el Letrado de la Generalidad Valenciana, interesando que se dicte Sentencia por la que se desestime el recurso de inconstitucionalidad.
Con referencia a las peculiaridades de la tramitación parlamentaria de la ley de presupuestos, acude de nuevo el Letrado de la Generalidad Valenciana a la doctrina de la STC 116/1994, y cita asimismo el art. 124 del Reglamento de las Cortes Valencianas, donde se establece que “[e] n el estudio, debate y aprobación de los Presupuestos de la Generalitat se aplicará el procedimiento legislativo común”, de modo que la única especificidad en la tramitación parlamentaria de la ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana es la reserva de iniciativa a favor del Consell de la Generalitat, pero en modo alguno los grupos políticos parlamentarios ven disminuidas en la tramitación del proyecto de Ley de presupuestos de la Generalitat sus facultades de debate y enmienda, con relación a los demás proyectos de Ley.
Tampoco se habría extralimitado mediante la norma impugnada el contenido material posible de la ley de presupuestos, a juicio del Letrado de la Generalidad Valenciana, ya que se produce una vinculación entre el contenido de la norma impugnada, que modifica el tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos documentados, con la materia presupuestaria, concretamente con la previsión de ingresos para el ejercicio presupuestario. Pero, además, el precepto impugnado cumple la habilitación a favor de la ley de presupuestos llevada a cabo por una ley tributaria sustantiva, concretamente con la disposición final primera de la Ley 13/1997, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos. La Ley 13/1997 puede ser considerada ley tributaria sustantiva en el sentido que se ha dado a este término por la doctrina constitucional, que considera como tal, ya desde la STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 3, “cualquier Ley que, exceptuando la de presupuestos, regule elementos concretos de la relación tributaria”.
Respecto a la pretendida vulneración del art. 31 CE, que los recurrentes entienden producida en la medida en que el establecimiento de un tipo fijo en el impuesto sobre actos jurídicos documentados vulnera el principio de capacidad económica, sostiene el Letrado de la Generalidad Valenciana que la norma impugnada se limita a modificar el tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos documentados, de modo que no es posible plantear la constitucionalidad de la existencia misma del impuesto, que viene establecida por otras disposiciones legislativas. Pero, en todo caso - continúa el Letrado de la Generalidad Valenciana-de la normativa reguladora del impuesto resulta que su hecho imponible aparece configurado por la formalización de un acto en escritura pública que sea inscribible, acto que ha de tener un contenido valuable económicamente, con lo que se cumple en este tributo el principio de capacidad contributiva.
7. Mediante providencia de 26 de diciembre de 2009 el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 b) LOTC, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, acordó atribuir el conocimiento del presente recurso de inconstitucionalidad a la Sala Primera, a la que le ha correspondido por turno objetivo, señalando de aplicación la doctrina constitucional contenida en las SSTC 27/1981, de 20 de julio; 37/1987, de 26 de marzo; 65/1987, de 21 de mayo; 76/1990, de 26 de abril; 150/1990, de 4 de octubre; 116/1994, de 18 de abril; 173/1996, de 31 de octubre; 14/1998, de 22 de enero; 174/1998, de 23 de julio; 180/2000, de 29 de junio; 3/2003, de 16 de enero; y 327/2006, de 20 de noviembre.
8. Por providencia de 22 de abril de 2010 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.
1. Conforme se ha expuesto con mayor detalle en los antecedentes de esta Sentencia, el presente recurso de inconstitucionalidad ha sido promovido por sesenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra el art. 40 de la Ley 10/2001, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002, que da nueva redacción al art. 14 de la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, al entender los recurrentes que el precepto impugnado, en cuanto incrementa el tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos documentados, que se eleva con carácter general desde el 0,5 por 100 al 1 por 100, vulnera la prohibición de modificación de los tributos mediante ley de presupuestos (art. 134.7 CE) y los principios de capacidad económica y reserva de ley en la creación o modificación de tributos (art. 31 CE).
“Artículo 40. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2. En los demás casos, el 1 por ciento’”.
2. Previamente al análisis de las cuestiones suscitadas en este proceso conviene llamar la atención sobre la circunstancia de que la regulación de los tipos de gravamen aplicables en el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la Comunidad Valenciana se estableció inicialmente por el art. 14 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se fijaba el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos en el 0,4 por 100 si se trata de primeras copias de escrituras que documenten adquisiciones de vivienda habitual, y en el 0,50 por 100 en los demás casos. A su vez, la disposición final primera de esta misma Ley habilitó a la Ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana para modificar los tipos de gravamen. En ejercicio de esta habilitación el art. 40 de la Ley 10/2001, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002, ahora impugnado, reformó el art. 14 de la Ley 13/1997, modificando los tipos de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos documentados aplicable a los documentos notariales, tipos que, con carácter general, se incrementan al 1 por 100 (frente al anterior 0,5 por 100), mientras que cuando se trate de primeras copias de escrituras que documenten adquisiciones de vivienda habitual el tipo se reduce al 0,1 por 100 (frente al anterior 0,4 por 100).
La regulación contenida en el citado art. 14 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, trae causa de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias, dictada en desarrollo de lo dispuesto en el art. 157.1 a) CE y en los arts. 10 y 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en la redacción dada a estos dos últimos preceptos por la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre, de modificación parcial de la LOFCA. En efecto, el art. 13.5 de la Ley 14/1996 estableció que, “[e]n relación con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de actos jurídicos documentados, las Comunidades Autónomas podrán regular el tipo de gravamen de los documentos notariales”.
3. Efectuadas las precisiones que anteceden, debemos proceder a examinar los motivos en los que los Diputados recurrentes fundamentan las presuntas infracciones constitucionales que achacan al precepto legal impugnado.
En efecto, debemos recordar que, con arreglo a reiterada doctrina constitucional, de la dicción literal del art. 134 CE se desprende con toda claridad que las reglas contenidas en el mismo tienen por objeto directo la regulación de institución estatal, en concreto de una fuente normativa del Estado (la ley de presupuestos generales del Estado), entendido éste en su sentido estricto, esto es, en su acepción de organización central o general del Estado, y no de una institución de las Comunidades Autónomas (SSTC 116/1994, de 18 de abril, FJ 5; 149/1994, de 12 de mayo, FJ único; 174/1998, de 23 de julio, FJ 6, y 130/1999, de 1 de julio, FJ 5). En este sentido, tenemos declarado a partir de la STC 116/1994, de 18 de abril, que del límite que consagra el inciso segundo del art. 134.7 CE “no puede inducirse un principio general de prohibición de modificar tributos por medio de las leyes de presupuestos autonómicas o forales sin la previa habilitación de una ley tributaria sustantiva” (STC 116/1994, FJ 5), puesto que, “de los preceptos constitucionales que regulan instituciones del Estado no pueden inferirse, sin más, reglas y principios de aplicación, por vía analógica, a las instituciones autonómicas homólogas” (entre otras, SSTC 116/1994, FJ 5; 174/1998, FJ 6, y 3/2003, FJ 6).
4. Y es que, como también hemos declarado en reiterada doctrina, el canon de constitucionalidad aplicable a las fuentes normativas de las Comunidades Autónomas es el que se contiene “en sus respectivos Estatutos de Autonomía, en las leyes estatales que, dentro del marco constitucional, se hubiesen dictado para delimitar las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas y, por supuesto, en las reglas y principios constitucionales aplicables a todos los poderes públicos que conforman el Estado en sentido amplio y, evidentemente, en las reglas y principios constitucionales específicamente dirigidos a las Comunidades Autónomas” (SSTC 116/1994, de 18 de abril, FJ 5; 174/1998, de 23 de julio, FJ 6; y 180/2000, de 29 de junio, FJ 5).
5. Pues bien, el vigente EAV (Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril) dispone, en términos que no difieren de los establecidos en su redacción original, que “[l]a potestad legislativa dentro de la Comunitat Valenciana corresponde a Les Corts, que representan al pueblo” (art. 21.1 EAV), siendo función de Les Corts, entre otras, la de “aprobar los presupuestos de la Generalitat” [art. 22 a) EAV]; por otra parte, “el presupuesto de la Generalitat será único y se elaborará con criterios homogéneos con los del Estado” y “tiene carácter anual” (art. 76.2 EAV); “el presupuesto incluirá necesariamente la totalidad de los ingresos y gastos de los organismos y en su caso, los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios establecidos por Les Corts” (art. 76.3 EAV) y “debe ser presentado a Les Corts al menos con dos meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio”, entendiéndose prorrogado el del ejercicio anterior si no estuviere aprobado el primer día del ejercicio (art. 76.4 EAV).
Por su parte, la LOFCA dispone en su art. 21.1 que “los presupuestos de las Comunidades Autónomas tendrán carácter anual e igual período que los del Estado, atenderán al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos de los organismos y entidades integrantes de la misma y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a tributos atribuidos a las referidas Comunidades”.
La lectura de los anteriores preceptos legales pone de manifiesto la sustancial identidad entre las normas que integran el bloque de la constitucionalidad aplicable a los presupuestos de la Comunidad Valenciana y lo que dispone, respecto de los presupuestos generales del Estado, el art. 134 CE, precepto a partir del cual este Tribunal ha elaborado su doctrina general acerca de los límites materiales de las leyes de presupuestos. Ciertamente no podía ser de otro modo, dado que “la norma constitucional y la estatutaria (así como las normas que las desarrollan) no hacen otra cosa que recoger una serie de principios que son consustanciales a la institución presupuestaria y al sistema parlamentario” (STC 3/2003, FJ 6) y, por ello, hemos llegado a deducir “en su consecuencia, la existencia de un principio general de que el contenido de la ley de presupuestos autonómica se adecue a la función institucional que le es propia, sin que puedan incluirse en ella normas que no guarden relación directa con el programa de ingresos y gastos o con los criterios de política económica en que se sustentan, o que no sean un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del presupuesto” (SSTC 174/1998, de 23 de julio, FJ 6; 130/1999, de 1 de julio, FJ 5, y 202/2003, de 17 de noviembre, FJ 10).
La modificación normativa operada por la norma impugnada ha consistido, conforme antes quedó expuesto, en modificar los tipos de gravamen de un determinado tributo, el impuesto sobre actos jurídicos documentados, debiendo recordarse que es doctrina de este Tribunal que “la modificación de tributos no puede considerarse materia ajena a la previsión de ingresos de la Comunidad” (STC 116/1994, de 18 de abril, FJ 8). A ello ha de añadirse que la modificación operada es meramente cuantitativa, resultando del todo evidente la conexión que el precepto impugnado tiene con el contenido de la ley de presupuestos. Además, la decisión de modificar los tipos de gravamen adoptada por la Generalitat Valenciana, en la medida que afecta específicamente a las primeras copias de escrituras que documenten adquisiciones de vivienda habitual, se configura asimismo como un instrumento de su política económica sobre un determinado sector, el inmobiliario, lo cual se adecua a la concepción del presupuesto como “vehículo de dirección y orientación de la política económica” (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 2; 65/1987, de 21 de mayo, FJ 6; 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4; y 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 4, entre otras muchas). Por todo ello, debemos concluir afirmando la adecuación a la Constitución del precepto impugnado, por resultar suficientemente justificada la inclusión del mismo en una ley de presupuestos, sin extralimitar el contenido material de este tipo de leyes.
6. El siguiente motivo de inconstitucionalidad que aducen los recurrentes es la pretendida incompatibilidad del precepto impugnado con el principio de capacidad económica garantizado por el art. 31.1 CE.
Dijimos tempranamente en la STC 27/1981, de 20 de julio, que el art. 31.1 CE ciñe el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a unas fronteras precisas: de un lado, “la de la capacidad económica de cada uno” y, de otro, “la del establecimiento, conservación y mejora de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (FJ 4). En relación con el primer límite, además de que en este caso no se proyectaría sobre la ley autonómica sino sobre la ley estatal del impuesto, norma que en este proceso no podemos considerar, es claro, en todo caso, que el tributo tiene en cuenta la capacidad económica puesto que la cuota resultante estará siempre relacionada con la cuantía del acto jurídico documentado. En relación con el segundo límite, y a partir del pronunciamiento antes citado, ha sido doctrina reiterada de este Tribunal que la progresividad no es exigible de cada tributo en particular, sino del sistema tributario en su conjunto [SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4 in fine; 37/1987, de 26 de marzo; 76/1990, de 26 de abril , FJ 6 b); 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9; 173/1996, de 31 de octubre, FJ 1; 14/1998, de 22 de enero, FJ 11 b); y 327/2006, de 20 de noviembre, FJ 4]. Por consiguiente, en un sistema tributario justo pueden tener cabida tributos que no sean progresivos, siempre que no se vea afectada la progresividad del sistema. No obstante, la decisión del legislador de fijar un determinado tipo de gravamen en un concreto tributo podría también llegar a vulnerar el principio de progresividad, lo que sucederá cuando una medida concreta en tal sentido afecte a la justicia del conjunto del sistema, ya que “el legislador constituyente ha dejado bien claro que el sistema justo que se proclama no puede separarse, en ningún caso, del principio de progresividad ni del principio de igualdad” (STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4).
Hemos considerado que igualdad, progresividad y capacidad económica son conceptos íntimamente entrelazados, hasta el punto de que “una cierta desigualdad cualitativa es indispensable para entender cumplido este principio. Precisamente, la que se realiza mediante la progresividad global del sistema tributario en que se alienta la aspiración a la redistribución de la renta” (STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4); y asimismo hemos afirmado que “desde el momento en que el art. 31.1 de la Constitución atribuye a aquellos principios una función inspiradora del entero sistema tributario justo, su aplicación al ámbito sancionador no puede suscitar especiales reparos, pues dentro de un sistema tributario justo encuentra natural acomodo la regulación del régimen de infracciones y sanciones” (STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 6 b). Finalmente, la complejidad que entraña examinar el cumplimiento del principio de progresividad también se puso de manifiesto en la STC 150/1990, de 4 de octubre, en la cual constamos que la progresividad también está limitada por la prohibición de confiscatoriedad del art. 31.1 CE, y asumimos “la dificultad de situar con criterios técnicamente operativos la frontera en la que lo progresivo o, quizá mejor, lo justo, degenera en confiscatorio” (STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9).
Partiendo de esta doctrina es claro que el cumplimiento del principio de progresividad del sistema tributario guarda una estrecha relación con el significado y alcance del concreto tributo examinado. En el presente supuesto nos encontramos con un impuesto, el de actos jurídicos documentados, en su modalidad de documentos notariales, cuya incidencia en el conjunto del sistema tributario es escasa si la comparamos con la de otros impuestos de mayor peso específico. Este sería el caso de las figuras impositivas más relevantes del sistema y así hemos considerado que “es sobre todo a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas como se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal en el sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad, lo que lo convierte en una figura impositiva primordial para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los principios de justicia tributaria que impone el art. 31.1 CE” (STC 134/1996, de 22 de julio, FJ 6), y concluido que es “innegable que el impuesto sobre la renta de las personas físicas, por su carácter general y personal, y figura central de la imposición directa, constituye una de las piezas básicas de nuestro sistema tributario”, siendo el tributo “en el que el principio de capacidad económica y su correlato, el de igualdad y progresividad tributarias, encuentran una más cabal proyección, de manera que es, tal vez, el instrumento más idóneo para alcanzar los objetivos de redistribución de la renta (art. 131.1 CE) y de solidaridad (art. 138.1 CE) que la Constitución española propugna (STC 19/1987, FJ 4) y que dotan de contenido al Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE)” (SSTC 134/1996, de 22 de julio, FJ 6; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7, y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7).
7. Finalmente hemos de descartar que el precepto impugnado vulnere el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE, párrafo primero).
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 1846-2002
Interpuesto por sesenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el artículo 40 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2001, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002.
Límites a la ley de presupuestos; principio de capacidad, reserva de ley tributaria y derecho a la vivienda: validez de la norma autonómica que modifica el tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos documentados.
El precepto impugnado establece un nuevo tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos documentados, en su modalidad de documentos notariales, incrementándolo, con carácter general, del 0,5 al 1 por 100. Los Diputados recurrentes cuestionan la norma por vulnerar los principios de capacidad económica y de reserva de ley en la creación o modificación de tributos establecidos por el art. 31 CE, en relación con lo dispuesto en el art. 134.7 CE, que prohíbe que la ley de presupuestos cree tributos o los modifique si no existe una ley tributaria sustantiva que así lo prevea.
La Sentencia rechaza las pretendidas vulneraciones por considerar que, por imperativo del art. 31.3 CE, la creación de tributos y la regulación de sus elementos esenciales ha de realizarse por ley, siendo la ley de presupuestos ley en sentido tanto material como formal. En relación con el art. 134.7 CE, la Sentencia observa que no es aplicable a las leyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas. Si se atiende al bloque de constitucionalidad y, en particular, al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la ley de presupuestos de la Generalitat se encuentra expresamente habilitada para modificar los tipos de gravamen. Por otro lado, la Sentencia estima que el precepto impugnado no atenta contra el principio de progresividad del sistema tributario por establecer un tipo de gravamen proporcional y por tener una repercusión escasa en el sistema tributario global. Se descarta, finalmente, que el precepto impugnado vulnere el art. 47.1 CE porque los recurrentes no han cumplido con la carga de fundamentar de manera suficiente cuáles son los motivos que ponen en riesgo el derecho de los ciudadanos a acceder al disfrute de una vivienda digna y adecuada en la Comunidad Valenciana.
Aplica la doctrina sobre las reglas y principios constitucionales específicamente dirigidos a las Comunidades Autónomas (SSTC 116/1994, 174/1998 y 180/2000), sobre los límites materiales de las leyes de presupuestos (SSTC 130/1999, 3/2003 y 202/2003) y sobre el principio de progresividad (STC 27/1981, de 20 de julio).
El precepto impugnado se adecua a la Constitución al modificar en una forma meramente cuantitativa de los tipos de gravamen del impuesto, lo que no puede considerarse materia ajena a la previsión de ingresos de la Comunidad, resultar evidente la conexión que el precepto impugnado tiene con el contenido de la ley de presupuestos y configurarse como un instrumento de la política económica sobre un determinado sector, el inmobiliario, lo cual se adecua a la concepción del presupuesto como vehículo de dirección y orientación de dicha política económica (SSTC 27/1981, 116/1994, 274/2000) [FJ 5].
Si bien las leyes de presupuestos autonómicas están sometidas a las limitaciones materiales que prevean las normas que integran el bloque de la constitucionalidad, se descarta que el art. 40 de la Ley 10/2001 de presupuestos de la Generalitat Valenciana vulnere el art. 134.7 CE, al no contener el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana una limitación expresa de similar naturaleza a la establecida en el citado precepto constitucional, ni figurar tampoco esta limitación entre los preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de financiación de las Comunidades Autónomas (STC 116/1994) [FJ 4].
La regulación de los elementos esenciales de un tributo por ley de presupuestos en ningún caso puede vulnerar el principio de reserva de ley del art. 31.3 CE, pero distinto es, que esa regulación pueda ser contraria a lo dispuesto en el art. 134.7 CE, porque este precepto afecta a las leyes de presupuestos generales del Estado no resultando de aplicación, esta limitación constitucional, a las leyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas [FJ 3].
El canon de constitucionalidad aplicable a las fuentes normativas de las Comunidades Autónomas es el que se contiene en sus respectivos Estatutos de Autonomía, en las leyes estatales que, dentro del marco constitucional, se hubiesen dictado para delimitar las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas y en las reglas y principios constitucionales aplicables a todos los poderes públicos (SSTC 116/1994, 180/2000) [FJ 4].
El precepto impugnado, en cuanto establece en el impuesto sobre actos jurídicos documentados aplicable a los documentos notariales un tipo de gravamen proporcional, no atenta contra el principio de progresividad del sistema tributario, por lo que debemos rechazar que se haya vulnerado el art. 31.1 CE [FJ 6].
El impuesto sobre actos jurídicos documentados no es un tributo global sobre la renta o sobre el consumo, por lo que no puede decirse que constituya uno de los pilares básicos o estructurales de nuestro sistema tributario ni el instrumento más idóneo para alcanzar los objetivos de redistribución de la renta y de solidaridad, de manera que no puede afirmarse que la modificación de su tipo de gravamen repercuta sensiblemente en el criterio de reparto de la carga tributaria entre los contribuyentes [FJ 6].
El artículo impugnado no pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a acceder al disfrute de una vivienda digna y adecuada en la Comunidad Valenciana, por lo que se descarta la pretendida lesión del art. 47 CE, toda vez que los recurrentes no han cumplido con la carga de fundamentar de manera suficiente cuales son los motivos por los cuales la misma se habría producido [FJ 7].
Ley de las Cortes Valencianas 10/2001, de 27 de diciembre. Presupuestos de la Generalidad Valenciana para el ejercicio 2002
Artículo 47 párrafo 1, f. 7
Artículo 75.3, f. 3
Artículo 131.1, f. 6
Artículo 134.7, ff. 1, 3, 4
Artículo 157.1 a), f. 2
Artículo 10 (redactado por la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre), f. 2
Artículo 11 (redactado por la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre), f. 2
Artículo 13.5, ff. 1, 2
Artículo 14 (redactado por la Ley de las Cortes Valencianas 10/2001, de 27 de diciembre), ff. 1 a 5
Artículo 14 (redactado por las Leyes de las Cortes Valencianas 11/2002, de 23 de diciembre; 14/2005, de 23 de diciembre; 14/2007, de 26 de diciembre y 16/2008, de 22 de diciembre), f. 2
Artículo 40, ff. 1 a 6
Ley de las Cortes Valencianas 11/2002, de 23 de diciembre. Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalidad Valenciana
Ley de las Cortes Valencianas 14/2005, de 23 de diciembre. Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat
Artículo 22 a), f. 5
Artículo 76.3, f. 5
Artículo 76.4, f. 5
Ley de las Cortes Valencianas 14/2007, de 26 de diciembre. Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalidad
Derecho a la viviendaDerecho a la vivienda, Doctrina constitucional, f. 7
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentadosImpuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Principio de progresividadPrincipio de progresividad, f. 6
Leyes de presupuestos de las Comunidades AutónomasLeyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Límites materiales de las leyes de presupuestosLímites materiales de las leyes de presupuestos, ff. 5, 6
Reserva de ley tributariaReserva de ley tributaria, Naturaleza, ff. 1, 3
Comunidad ValencianaComunidad Valenciana, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7