Source: https://es.scribd.com/document/206084895/La-Constitucion-y-El-Derecho-Internacional-de-los-Derechos-Humanos-Resumen
Timestamp: 2017-11-25 00:29:28
Document Index: 129774626

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 133', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 63', 'artículo 50', 'artículo 68', 'artículo 65']

Descripción: Resumen del artículo de Jorge Carpizo para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, elaborado por Tania Pérez F.
Resumen del artículo de Jorge Carpizo para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, elaborado por Tania Pérez F.
RESUMEN DEL ARTÍCULO: LA CONSTITUCION Y EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE JORGE CARPIZO Universidad Nacional Autónoma de México
– Instituto de Investigaciones Jurídicas. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. XII, 2012, pp. 801-858. Elaborado por Tania Pérez Figueroa. El derecho internacional de los derechos humanos abarca los sistemas universal y regionales instituidos por los Estados, en ejercicio de su soberanía, por medio de convenciones, tratados y pactos multilaterales, que los obligan, con la finalidad de proteger los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, tanto a través del reconocimiento de dichos derechos como de la creación de garantías procesales para los casos en que el orden interno no ha sido efectivo para defenderlos.  Tres distinguidos juristas, especialistas del derecho internacional de los derechos humanos, consideran que las singularidades de éste son: o Su índole ideológica, cuanto su fundamento se encuentra en la noción de la superioridad de los valores inherentes a la dignidad de la persona humana. Es complementario del derecho interno, debido a que sólo se actualiza cuando los instrumentos nacionales protectores fracasan, no existen o no funcionan en la realidad. Es una garantía mínima, en virtud de que no aspira a ser omniprotector, sino que son los derechos mínimos que toda persona debe poseer. Es derecho protector, vigilante de que se cumplan los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos en beneficio de los habitantes de los Estados parte. La progresividad que se fortalece por la gran flexibilidad de los preceptos de los tratados y convenciones de la materia.
El derecho internacional de los derechos humanos es relativamente reciente. Es sobre todo la reacción de la humanidad —de los países vencedores y sus aliados— a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, de las cuales tampoco ellos dejaron de ser actores. El remordimiento es un sentimiento válido si impulsa acciones positivas. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt pronunció un importante discurso sobre cuatro libertades fundamentales y esenciales que debían fundamentar un orden moral: la de expresión, la de creer en una religión, el abrigo contra la miseria y la liberación del miedo. Durante la guerra los aliados comenzaron a pensar en ellas, y al respecto se celebraron reuniones y conferencias. Dichos discursos y proyecto son, entre otros, los antecedentes de la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuya Carta marca el comienzo del derecho internacional de los derechos humanos. La Carta dio un vuelco a la concepción
tradicional del derecho internacional, de que éste regía exclusivamente las relaciones entre los Estados, para abrir las puertas a los individuos y a los grupos sociales como sujetos de dicho derecho. Así comenzaba una nueva etapa, los pinitos del derecho internacional de los derechos humanos.  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de mayo de 1948, nació, en el seno de la IX Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá, con la calidad de recomendación, y sin seguirse los procedimientos propios de un tratado o convención. La Declaración Universal de Derechos Humanos de diciembre de1948, asimismo, en la actualidad, tiene valor jurídico, el que fue reconocido, sin oposición de ningún Estado, en el acta final de la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos de Teherán de 1968, en la cual, con claridad, se asentó que “la Declaración enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional”. Además, la Declaración Universal ha sido el fundamento para que la Asamblea General de la ONU emita resoluciones que condenan violaciones de derechos humanos, 7 y hoy es parte del derecho internacional consuetudinario, que obliga a todos los Estados. Un gran mérito de la Declaración Universal fue que logró el consenso de los Estados miembros de la ONU. Ningún Estado votó en contra, aunque hubo ocho abstenciones. Urgía su aprobación, porque ya había comenzado la Guerra Fría; se abría una interrogación sobre su viabilidad. Un año después, en 1949, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU comenzó el proceso para la redacción de un pacto que precisara los derechos y las libertades de la Declaración Universal, que la hiciera obligatoria, y que estableciera la organización y los procedimientos para la presentación de quejas por las violaciones del pacto. Comenzaba un trayecto prolongado y lleno de vicisitudes. En 1951, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU finalizó el proyecto de pacto, cuya redacción había comenzado dos años antes. La Asamblea General determinó que debían ser dos pactos para separarlos de carácter individual de aquellos de índole social y económica. En 1954, esa Comisión había terminado la redacción de los dos proyectos de pactos; se discutieron durante diez años, y en diciembre de 1966 la Asamblea General los hizo suyos. Sin embargo, la defensa más acabada, y hasta ahora más efectiva, de los derechos humanos se encuentra en los sistemas regionales, especialmente el europeo y el americano, al existir órganos jurisdiccionales cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio para los Estados que han reconocido la competencia contenciosa de alguno de esos órganos. El sistema americano se fortaleció y entró en una nueva etapa con la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, que inició su vigencia el 18 de julio de 1978, y a la que comúnmente se denomina Pacto de San José, por haberse suscrito en la capital de Costa Rica.
Dicho Pacto de San José se caracteriza por: o o o o Una enumeración amplia de los derechos humanos protegidos. El otorgamiento de nuevas facultades a la CIDH. En consecuencia, la ratificación del valor jurídico de dicha Declaración. La creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con dos distintas competencias: una consultiva y otra contenciosa para vigilar el cumplimiento y hacer efectivos los derechos reconocidos en dicho Pacto. Hoy en día esa protección se extiende a otros instrumentos regionales, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El Pacto de San José se inspiró en forma especial en el sistema regional europeo con la creación de una Corte de plena jurisdicción, aunque, desde luego, existen entre ellas marcadas diferencias. Soberanía y derecho internacional de los derechos humanos no son conceptos antagónicos, sino deben ser armonizados en razón del valor de la persona humana y de su dignidad. El orden jurídico y político se crea para asegurar los derechos de la persona humana y, precisamente, por ello es que el Estado, en ejercicio de su soberanía, acepta las declaraciones, tratados, convenciones y pactos internacionales de derechos humanos, así como los mecanismos que van a vigilar y hacer efectivos dichos instrumentos internacionales, y los derechos que protegen. Héctor Fix-Zamudio indica que la progresiva y constante influencia del derecho internacional, especialmente el de los derechos humanos, en las Constituciones de Iberoamérica se puede contemplar desde tres perspectivas: a) los tratados se encuentran inmediatamente debajo de la Constitución, pero con preeminencia sobre el derecho interno, como en Portugal, España, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y México; b) se reconoce que los tratados internacionales, en forma expresa o implícita, se encuentran al mismo nivel que la Constitución, como en Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, y c) la doctrina comienza a advertir una tendencia a que a esos tratados se les reconoce un carácter superior a la misma Constitución, como en el artículo 26 de la de Venezuela de 1999, la cual ordena que los instrumentos internacionales de derechos humanos prevalecen en el orden interno si establecen normas y garantías más favorables que aquellas contenidas en la Constitución y en las leyes. En México, la jerarquía de las normas la establece el artículo 133 c: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión….
De esta forma, el derecho internacional de los derechos humanos es una de las fuentes del derecho constitucional mexicano, en cuanto amplía los derechos humanos reconocidos en nuestro orden jurídico interno, y en cuanto la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales —la Corte IDH— nos es obligatoria, sin desconocer los informes yrecomendaciones de otros órganos creados en tratados internacionales de derechos humanos que México ha ratificado. Los elementos enunciados en los incisos anteriores integran primordialmente un bloque constitucional de derechos humanos. Todos esos componentes hay que respetarlos, interpretarlos y acatarlos, hay que contemplarlos como una unidad armónica que persiguen la misma finalidad: hacer vigente y real el principio de la dignidad humana a través de la mejor y más completa protección de los derechos humanos. El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos debe ser respetado por todos los titulares pasivos de los derechos humanos, desde el poder reformador de la Constitución, las autoridades y funcionarios administrativos, los legisladores, los jueces y los titulares de los órganos constitucionales autónomos de los tres niveles de gobierno, hasta los poderes fácticos e incluso los individuos. Así, una de las bases, y probablemente la principal, de este bloque de constitucionalidad son los principios ya mencionados de pro homine y de intepretatio pro homine, los cuales son extremadamente cercanos entre sí, y que hay que armonizarlos con los principios de jerarquía y de competencia, sin que exista una regla general de aplicación.
En México, no hay que descuidar el conocimiento de los derechos humanos en las Constituciones de las entidades federativas, ya que algunas de ellas han sido o son más vanguardistas que la propia Constitución federal. La Constitución de Sinaloa, reformada en mayo de 2008 hace suyos en el artículo 4 bis, los derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales e incorporados al orden jurídico mexicano. Se reconoce, entonces, la eficacia directa de esos instrumentos internacionales que vinculan a todos los poderes públicos de esa entidad federativa. México es parte de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en vigor desde el 27 de enero de 1980 y ratificada por nuestro país el 25 de septiembre de 1974. Esta Convención se apega al criterio contemporáneo más generalizado en cuanto al uso del término “tratado”, como el más adecuado para abarcar todos los instrumentos en los cuales de cualquier modo se consigna un compromiso internacional y sobre los que existe una gran variedad de denominaciones, como convención, protocolo, pacto, carta, acuerdo o canje de notas. Todo Estado queda obligado a respetar de buena fe, no sólo la letra, sino también el espíritu mismo del tratado internacional del cual es parte contratante. El incumplimiento o inejecución de cualquiera de las obligaciones insertas en el tratado es susceptible de ser sancionado por el derecho internacional a través del mecanismo de la responsabilidad internacional. Los tratados de derechos humanos se caracterizan y se diferencian de los demás tratados por su técnica de interpretación teleológica; los tratados en general se llevan a cabo para beneficio de los Estados, al establecerse derechos y obligaciones mutuos; los de derechos humanos se aceptan en beneficio o en favor de las personas que se
encuentren en su jurisdicción, 24 aunque es imposible desconocer que muchos Estados se adhieren a una convención o tratado de derechos humanos no por gusto, sino por la presión de sus sociedades, expresada por organizaciones no gubernamentales, intelectuales, académicos, líderes sociales y artistas, o también como una muestra de prestigio para mostrar internacionalmente que en ese país existe un sistema democrático y protector de los derechos humanos, y que no teme la vigilancia internacional al respecto.  A México le costó trabajo ratificar algunos de los tratados más importantes de derechos humanos, debido a la idea tradicional de soberanía que prevaleció durante muchos años en los medios político, jurídico y académico. Los dos Pactos de la ONU de 1966 los ratificó hasta 1981. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 también hasta ese mismo año de 1981, y sin reconocer la competencia contenciosa de la Corte IDH. Asimismo, en 1981 se ratificaron otros importantes instrumentos internacionales sobre la materia. La renuencia a ratificar dichos tratados bien se ejemplifica con que se adhirió hasta el año 2000 a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, lo cual fue absurdo, tratándose de un país que siempre tuvo las puertas abiertas a miles de refugiados, como aconteció en los casos de la guerra civil española o de las dictaduras de América Latina. En la interpretación de los tratados de derechos humanos existe un “margen de apreciación nacional”, en el cual el tribunal del país está autorizado a tomar en cuenta las peculiaridades y realidades jurídicas, económicas y sociales de esa nación, sin que se viole el tratado, y siempre y cuando ese “margen” sea susceptible de control internacional, debido a que él no debe implicar un subterfugio al cumplimiento de las obligaciones del Estado contenidas en el instrumento internacional. Esta teoría la sostienen la antigua Comisión y la Corte Europea de Derechos Humanos y precisan que no implica una franquicia para el Estado, sino que es una consecuencia de la democracia y el pluralismo, y que el tribunal nacional, al conocer su realidad con proximidad, se encuentra en una buena posición para evaluar, en cada caso concreto, los matices en la aplicación del tratado internacional, pero sin transgredir su contenido. Se parte del supuesto de que el tribunal nacional conoce a profundidad las peculiaridades del país y el contexto en el cual los derechos humanos deben ser respetados. Por ningún motivo es un camino para evadir el cumplimiento del tratado. En consecuencia, si no existe control internacional de ese “margen”, éste no puede permitirse. Un buen número de estudiosos del tema están de acuerdo, para efectos didácticos, con identificar la evolución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en cinco etapas fundamentales.31La primera está constituida por los antecedentes del sistema, en donde se encuentra una amalgama de instrumentos internacionales de diverso alcance jurídico, como ciertas convenciones, declaraciones y resoluciones de diverso género, por ejemplo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, acompañada por la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de 1948. La segunda se encuentra constituida por la formación del sistema interamericano de protección, destacándose aquí el papel fundamental de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada por la resolución VIII de la V Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores que se celebró en Santiago de Chile en 1959. La tercera evoluciona a partir de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ella acontece una verdadera institucionalización convencional del sistema. Esto sucede en 1978, con la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
de 1969, la cual “establece” la Comisión y crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos como sus órganos de supervisión y decisión, respectivamente. A partir de entonces la Comisión Interamericana desempeña un doble papel: a) como órgano previsto en la Carta de la OEA para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en los países que no han ratificado la Convención Americana, y b) como órgano de supervisión del cumplimiento de la mencionada Convención en relación con los países ratificantes de la misma. La cuarta es la consolidación del sistema, desarrollada a partir de la década de los ochenta. En esas fechas se genera una sustancial jurisprudencia de la Corte IDH; se adoptan los dos protocolos adicionales a la Convención Americana: sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988, por una parte, y el relativo a la Abolición de la Pena de Muerte de 1990, por la otra. La quinta está marcada por el perfeccionamiento de la protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunado a los otros sistemas de protección a nivel global (por ejemplo, los dos Pactos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos), en los que existe complementariedad, coordinación y coexistencia.  El sistema interamericano de protección de los derechos humanos, como ya expresé, cuenta con dos órganos especializados para vigilar el cumplimiento de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), a saber: la CIDH, que es un órgano cuasi judicial, una especie de ministerio público y de ombudsman, y la Corte IDH, con dos competencias: una de carácter consultivo y otra de jurisdicción plena o contenciosa. Las peticiones individuales de mexicanos ante la CIDH han sido y son abundantes, y desde el comienzo de esta función a cargo de la Comisión. La primera solución amistosa exitosa en relación con México aconteció en diciembre de 2000, con el Informe de la Solución Amistosa núm. 107/00, en el caso 11, 808 sobre la ejecución extrajudicial de una persona por parte de un miembro del ejército mexicano. El acuerdo que se alcanzó incluyó el ejercicio de la acción penal contra el presunto homicida, quien posteriormente fue encontrado culpable, la indemnización de carácter económico a los familiares de la víctima y apoyos económicos a la viuda e hijos menores de edad hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Otros casos han seguido a éste. La CIDH ha decretado medidas cautelares en casos graves, que generalmente están relacionados con situaciones en que se encuentra en peligro la vida o la integridad personal. México ha respondido afirmativamente y con diligencia, aunque no siempre los resultados han sido exitosos. La Corte IDH es un órgano no permanente, cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica, aunque puede celebrar sesiones en otras ciudades. La Corte IDH se integra por siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, que son electos a título personal por la Asamblea General de la OEA, en votación secreta, a propuesta de los Estados partes de la Convención Americana y no es necesario que sea nacional del Estado proponente, pero no puede haber dos jueces de la misma nacionalidad. Edith Márquez, señala que la Corte IDH: Fuera de su competencia administrativa y presupuestaria... el ejercicio de las competencias judiciales, tanto consultiva como contenciosa, que la Convención le confió, depende de decisiones que previamente deben
adoptar principalmente los Estados o la Comisión, sin que la Corte esté capacitada para emprender iniciativas tendientes a proteger los derechos humanos sin haber sido expresamente requerida para ello.  De acuerdo con el Pacto de San José de 1969, solamente los Estado partes y la CIDH poseen el derecho de someter un caso a la decisión de la Corte IDH. Queda claro que las personas privadas o particulares no poseen un derecho de acceso a la jurisdicción contenciosa, esto es, carecen de locus standi. El solo hecho de que un Estado sea parte de la CADH no es suficiente para conferirle jurisdicción automática a la Corte, sino que necesariamente se requiere de un acto adicional de sometimiento expreso a su jurisdicción, el cual puede presentarse ya sea mediante el consentimiento otorgado antes de que surja la controversia (jurisdicción compulsoria), o bien mediante el consentimiento otorgado después de que ha surgido el diferendo (jurisdicción voluntaria). El artículo 28 del Estatuto de la Corte IDH indica que la CIDH comparecerá y será tenida como parte en todos los casos relativos a la función jurisdiccional de aquélla. Para que la CIDH esté en posibilidades de someter un caso ante la Corte, de la práctica interamericana se pueden desprender ciertas condiciones o requisitos, que son “condiciones mínimas”, para que un affaire sea sometido a la Corte IDH.
El artículo 63.2 de la CADH señala la posibilidad de que la Corte dicte medidas precautorias: En caso de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. El procedimiento comprende una fase escrita y una oral. El proceso comienza con el informe de fondo (demanda) que presenta la CIDH, y al cual se refiere el artículo 50 del Pacto de San José. Es decir, se somete el caso a la jurisdicción de la Corte. Dentro del procedimiento oral, la presidencia fija el número de audiencias necesarias para el desahogo de testigos, declarantes y peritos en su caso. Todos ellos pueden ser interrogados tanto por los jueces como por los representantes de las partes. Aunque la Convención Americana no señala en el procedimiento la intervención de los individuos —generalmente la víctima o sus representantes—, desde los primeros tiempos de la Corte Interamericana, la CIDH designó a aquellos como sus asesores, y así podían intervenir en el juicio como parte del equipo de la Comisión, y su contribución generalmente fue muy activa. Una vez terminadas estas etapas, la Corte IDH dicta sentencia; ésta debe ser debidamente motivada, y cualquiera de los siete jueces puede acompañar el fallo con una opinión individual, o con una opinión disidente. El fallo que dicta la Corte Interamericana tiene carácter definitivo y es inapelable. La Corte admite únicamente el “recurso de interpretación”, que procede sólo en caso de
desacuerdo sobre el sentido o alcance de la resolución, siempre y cuando se solicite en el plazo de noventa días a partir de la fecha de la notificación del mismo.  El párrafo 2 del mencionado artículo 68 establece que la parte de la sentencia que condena al pago de una indemnización compensatoria habrá de ejecutarse en el país sancionado. El artículo 65 de la CADH señala que la Corte en su informe anual a la Asamblea General de la OEA debe indicar el Estado y el caso cuya sentencia no ha sido cumplida. La jurisprudencia de la Corte IDH es obligatoria para los Estados que reconocen su competencia contenciosa, porque es la interpretación de última instancia de la CADH. Por las razones expuestas no existe duda alguna de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte IDH para todas las autoridades de un Estado parte de la Convención Americana que hayan aceptado la competencia contenciosa de la Corte, y el desarrollo de esta obligatoriedad es lógico y congruente con las características de los derechos humanos. 36. En el Caso Cabrera García y Montiel Flores, la Corte IDH avanzó a pasos de gigante y ha creado el control difuso de convencionalidad; el control de convencionalidad lo deben realizar todos los órganos del Estado para la plena efectividad protectora de la Convención Americana. el control de convencionalidad lo deben realizar todos los órganos del Estado para la plena efectividad protectora de la Convención Americana.
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