Source: https://derecholocal.es/novedad-legislativa/competencia-para-resolver-reclamaciones-sobre-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-en-asturias
Timestamp: 2020-05-26 17:51:38
Document Index: 264614446

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 38', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 63', 'artículo 66', 'artículo 24', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 9', 'artículo 47', 'artículo 6']

Competencia para resolver reclamaciones sobre transparencia y acceso a la información pública en Asturias - El Derecho Local
Competencia para resolver reclamaciones sobre transparencia y acceso a la información pública en Asturias
Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por el que se atribuye al Consejo la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
BOPA 39/2020 de 26 de Febrero de 2020
Si bien el art. 63 de la Ley asturiana 8/2018, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés crea el Consejo de transparencia y buen Gobierno del Principado de Asturias y atribuye a su presidente la competencia para conocer de las reclamaciones que se presenten en materia de derecho de acceso a la información pública dictadas por su administración propia y las entidades integradas en el sector público de ésta, y por las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial (art. 17 Ley 8/2018 y art. 24 LT), hasta que tenga lugar la efectiva puesta en funcionamiento de este Consejo propio, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias atribuye al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, mediante la firma de este Convenio, la competencia para la resolución de dichas reclamaciones.
La Comunidad Autónoma debe comunicar a las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial la firma del convenio, dando traslado de la notificación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Las reclamaciones de acceso a la información pública pueden presentarse en cualquier registro público de las administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio y, en general, en los previstos en el art. 16 LPACAP.
Los registros de las entidades locales deben enviar la reclamación presentada al órgano competente de la Comunidad autónoma, quien, a su vez, la debe remitir por vía electrónica al buzón del Consejo de transparencia y buen Gobierno.
Por su parte, el Consejo de transparencia y buen Gobierno debe remitir por vía electrónica a las administraciones implicadas las resoluciones dictadas y notificarlas a los interesados.
La obligación de conocer las reclamaciones comprende aquéllas que se hubiesen formulado con anterioridad a la entrada en vigor del convenio y que sean posteriores a 21 de junio de 2019.
Este convenio tiene una vigencia de dos años, surtiendo efectos desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicación en el BOE, y pudiendo ser prorrogado por un período bienal mediante acuerdo expreso de ambas partes, y con anterioridad a la finalización de su plazo de duración.
No obstante, la vigencia puede terminar con anterioridad en caso de ponerse en funcionamiento efectivo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias. En este caso, las reclamaciones que se encuentren pendientes de resolución en ese momento serán resueltas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal y formarán parte de la liquidación final del convenio que se practique tras su extinción.
Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2019 Convenio entre el Principado de Asturias (a través de la Consejería de Presidencia) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por el que se atribuye al Consejo la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, que prevé la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,
En Oviedo, 18 de febrero de 2020.—El Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.
De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Rita Camblor Rodríguez, Consejera de Presidencia, nombrada para este cargo mediante Decreto 14/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, en representación de la Administración del Principado de Asturias, en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 3 del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma y autorizada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de diciembre de 2019.
De otra parte, D. Francisco Javier Amorós Dorda, ejerciendo las funciones de Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por vacante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Primero.—Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
Segundo.—Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de la Ley.
Tercero.—Que la disposición adicional 4.ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma corresponderá al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones y el sector público de éstas, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial.
Cuarto.—Que la citada disposición adicional 4.ª, en su número 2, contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas atribuyan al Consejo la competencia para la resolución de las reclamaciones referidas en el apartado anterior, mediante la celebración del correspondiente convenio en el que se estipulen las condiciones en que aquéllas sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.
Quinto.—Que el artículo 63 de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias y atribuye a su presidente en su artículo 66 la competencia para conocer de las reclamaciones que se presenten en materia de derecho de acceso a la información pública.
Sexto.—Que, hasta que tenga lugar la efectiva puesta en funcionamiento de su Consejo propio, es de interés de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias hacer uso de la facultad que le confiere la disposición adicional 4.ª, número 2, de la LTAIBG para atribuir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la competencia para la resolución de las reclamaciones de su artículo 24 en los supuestos de resoluciones dictadas por su Administración propia y las entidades integradas en el sector público de ésta, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial.
Séptimo.—Que, a tal efecto, las partes convienen en suscribir el presente convenio, que se ajustará a las siguientes
Obligaciones de carácter general.
1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se obliga a conocer las reclamaciones en materia de acceso a la información que puedan interponerse al amparo de la LTAIBG y de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, respecto de los actos de la Administración de la Comunidad Autónoma y su sector público, así como de las Entidades Locales comprendidas en su territorio y su sector público.
3.La obligación de conocer las reclamaciones comprende igualmente aquellas que se hubiesen formulado con anterioridad a la entrada en vigor del convenio y que sean posteriores a 21 de junio de 2019.
Obligaciones de carácter económico.
1. La Comunidad Autónoma se obliga a sufragar con cargo a sus propios recursos los gastos derivados de la ejecución de este Convenio.
4. La Comunidad Autónoma ingresará anualmente en el Tesoro Público los costes derivados de la tramitación, resolución, notificación y seguimiento de las reclamaciones comprendidas en el ámbito de este convenio y de elaboración de las correspondientes resoluciones.
5. La Comunidad Autónoma, una vez satisfecho el pago, podrá resarcirse de los gastos que se deriven de las tramitaciones de reclamaciones competencia de las Entidades Locales y del resto de sujetos que integran el sector público, tanto autonómico como local, repitiendo por el importe que resultase de aplicación.
Vigencia y modificación del Convenio.
1. Este convenio tendrá vigencia de dos años, surtiendo efectos desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.8, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. El convenio podrá prorrogarse por un período bienal mediante acuerdo expreso de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de duración y sin que en ningún caso exceda de los plazos establecidos en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores la vigencia de este convenio terminará con anterioridad a la fecha señalada en el caso de que se ponga en funcionamiento efectivo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, tal y como se establece en la cláusula siguiente.
4. En el caso de que se plantee la modificación de este convenio, ésta deberá ser acordada por acuerdo unánime de las partes firmantes.
Denuncia y extinción del Convenio.
1. La Comunidad Autónoma podrá denunciar este convenio comunicándolo al Consejo por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que desee la terminación del mismo.
2. Corresponderá a la Comisión el seguimiento de la ejecución de las resoluciones del Consejo. En este sentido, cuando la resolución se refiera a un acuerdo o acto de alguna de las Entidades Locales de ámbito territorial obligadas por este convenio, ésta podrá designar a un representante que participará en la correspondiente sesión de la comisión.
3. Las partes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la misma, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso -administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
5. La Comisión de Seguimiento contará con un comité técnico de asesoramiento que informará, caso de ser necesario, aquellas reclamaciones que, por involucrar cuestiones técnicas específicas del ámbito local o autonómico, requieran un asesoramiento por parte del Consejo. El comité estará formado por los representantes de la Comisión de Seguimiento más un experto designado por la Comunidad Autónoma, un experto designado, en su caso, por la Entidad Local que corresponda, que sustituirá a uno de los representantes de la Comunidad, y un tercero designado por el Consejo.
Las resoluciones del Consejo serán impugnables ante la jurisdicción competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1. c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.
1. Este convenio tiene la consideración de convenio interadministrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.2. a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, resultándole asimismo aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, encontrándose excluido del ámbito de la contratación pública.
En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman este convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.