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Timestamp: 2020-02-25 16:26:04
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Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 67', 'artículo 34', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 51', 'artículo 19', 'artículo 77', 'artículo 95', 'artículo 138', 'artículo 111', 'artículo 24', 'artículo 34', 'artículo 51', 'artículo 34', 'artículo 13', 'artículo 55', 'artículo 35', 'artículo 52', 'artículo 70', 'Artículo 15']

REVISTA-2-Legislacion-LEY 4/2003, DE 11 DE MARZO, DE CAJAS DE AHORROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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LEY 4/2003, DE 11 DE MARZO, DE CAJAS DE AHORROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad de Madrid, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 26.3.1.5 de su Estatuto de Autonomía y de conformidad con lo previsto en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), dictó la Ley 5/1992, de 15 de julio, de Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid. Esta Ley se ha revelado como un instrumento eficaz, en orden a la actividad financiera y social de la Caja, de tal suerte que en el período transcurrido se ha duplicado tanto el balance como el beneficio, además de dotar a la Obra Social con un porcentaje cercano al 26 por ciento del excedente total.
En primer lugar, supone la adaptación a las modificaciones introducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (Ley Financiera), que da nueva redacción a determinados preceptos de la LORCA, con la finalidad global de aumentar los niveles de democratización y profesionalización de las Cajas de Ahorros. En este marco se encuadran las distintas medidas abordadas por el artículo 8 de la Ley Financiera y, en concreto, las que afectan a las siguientes materias:
- Límite del 50 por ciento de la representación pública y porcentajes mínimos y máximos de representación de los sectores de impositores y empleados.
- Requisitos de los componentes de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros.
- Procedimiento de elección de Consejeros Generales en representación del grupo de impositores.
- Requisitos para acceder al cargo de Consejero General, duración e irrevocabilidad del mandato.
- Requisitos para acceder al cargo de vocal del Consejo de Administración, duración e irrevocabilidad del nombramiento.
Además, la Ley Financiera se ocupa de aumentar la eficiencia de las Cajas de Ahorros con medidas tales como, permitir la delegación de facultades del Consejo de Administración en los órganos de gobierno de las entidades que constituyan alianzas entre Cajas de Ahorros, acuerdos de colaboración entre Cajas de Ahorros y fusiones entre Cajas con sedes sociales en diferentes Comunidades Autónomas.
En definitiva, con esta nueva Ley de la Comunidad de Madrid se da cumplimiento al mandato contenido en la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley Financiera en relación a la adaptación con la misma, en el plazo de seis meses, de la legislación de las Comunidades Autónomas en materia de Cajas de Ahorros.
En segundo lugar, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 5/1992 ha permitido, por una parte, contar con la experiencia necesaria para desarrollar y clarificar diversos aspectos relativos al desenvolvimiento de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros con sede social en nuestra Comunidad y, por otra, disponer de una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Además, el importante número de disposiciones de diferente jerarquía dictadas sobre esta materia desde aquella fecha, aconseja introducir cambios tendentes a clarificar las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de Cajas de Ahorros y a recoger dichas competencias en una norma de rango suficiente.
Razones de seguridad jurídica han determinado la conveniencia de elaborar un texto de nueva planta que no se limita a la regulación de los órganos de gobierno de las Cajas, aunque tampoco es, ni pretende ser, un texto exhaustivo de cuantas materias de diversa naturaleza están relacionadas con las actividades de las Cajas.
Así, el Título I, contiene disposiciones generales dedicadas, entre otras prescripciones, al ámbito de aplicación de la Ley, que se limita a las Cajas de Ahorros con domicilio social en la Comunidad de Madrid, quedando, en su caso, para otras disposiciones el ejercicio de competencias de la Comunidad sobre las actividades de las Cajas de Ahorros con domicilio social fuera de la propia Comunidad. En el mismo Título se contempla adecuar el deber de guardar reserva acerca de informaciones sobre clientes y la exclusividad en el ejercicio de actividades y usos de denominaciones reservadas a las Cajas de Ahorros.
Se contempla, además, la existencia de dos Registros, uno, genérico, de Cajas de Ahorros en el que deben inscribirse todos los actos relativos a las mismas y otro, específico, de Altos Cargos.
El Título II recoge las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de Cajas de Ahorros, que se encontraban hasta ahora en disposiciones dispersas de diferente jerarquía, actualizándolas y adecuándolas a la legislación básica del Estado. Así, por vez primera en sede legal, se regula el régimen jurídico de las Cajas de Ahorros respecto de su constitución, transformación y extinción, así como lo relativo a las modificaciones estatutarias y de reglamentación electoral.
Se recogen, además, las competencias más destacables de la Comunidad de Madrid en materias tan esenciales para las Cajas como las relativas a su Obra Benéfico-Social.
El Título III, sobre los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros, recoge en su Capítulo I las disposiciones comunes a todos ellos; regulando, entre otros, los principios de actuación de los miembros que los componen, a quienes se exigen particulares requisitos de honorabilidad comercial y profesional.
Destaca, igualmente, el régimen de retribuciones que se adecua a la nueva regulación sobre causas de incompatibilidad de los miembros de determinados órganos de gobierno.
El Capítulo II, regula la Asamblea General, destacando en este ámbito la creación de un nuevo sector de representación de intereses sociales y colectivos. Se trata del sector de Entidades representativas, que se une a los sectores ya tradicionales de Corporaciones Municipales, Impositores, Entidades Fundadoras, Asamblea de Madrid y Empleados. Con esta nueva representación se pretende aumentar el nivel de democratización de las Cajas, dando cabida a la sociedad civil. Los componentes de este sector de representación vienen mayoritariamente definidos en la Ley, de manera que están presentes las Organizaciones empresariales y Sindicales que forman parte del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid así como las Universidades. Además este nuevo sector está conformado por fundaciones, corporaciones o asociaciones de carácter cultural, científico cívico, económico y profesional de interés para las Cajas de Ahorros o de reconocido arraigo en nuestra Comunidad. Respetando la autonomía de las Cajas de Ahorros, estas últimas entidades son designadas por acuerdo de la Asamblea General a propuesta del Consejo de Administración.
Otra de las novedades más destacables es la modificación de los porcentajes de representación de los distintos sectores. Tal modificación parte de la premisa de que la representación conjunta de Entidades y Corporaciones Públicas no sobrepase la mitad de los derechos de voto de los órganos rectores.
En este sentido, se ha producido una reducción sustancial de la presencia pública en los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros con domicilio social en la Comunidad de Madrid, de manera que se rebaja el peso tanto de las Corporaciones Municipales como de la Asamblea de Madrid en las Asambleas Generales, Consejos de Administración y Comisiones de Control.
En definitiva, la representación pública en las Cajas de Ahorros de nuestra Comunidad se sitúa en torno al 35 por ciento lo que supone cumplir eficazmente el objetivo de aumentar la profesionalización de los órganos de gobierno de estas entidades de crédito de tanta relevancia económica y social.
Igualmente destacan las modificaciones realizadas en el Estatuto de los Consejeros Generales. En este sentido, siguiendo el objetivo de aumentar la profesionalización, se establecen nuevos períodos máximos de mandato, mayores requisitos de acceso al cargo y nuevas causas de inelegibilidad e incompatibilidad, además de la irrevocabilidad del nombramiento.
Finalmente, se clarifican algunos aspectos relativos al funcionamiento de la Asamblea. Destaca especialmente la idea de mantener reforzada la toma de decisiones sobre asuntos trascendentes que afecten a las Cajas y que deben ser resueltos mediante la búsqueda y consecución del mayor grado de acuerdo entre los agentes concernidos, como ha venido siendo norma habitual desde la publicación de la Ley 5/1992, sobre todo, en aspectos de gran importancia para el futuro como son las emisiones de determinados instrumentos financieros computables como recursos propios, es decir las cuotas participativas.
Los Capítulos III y IV, dedicados al Consejo de Administración y a la Comisión de Control, respectivamente, presentan novedades respecto del Estatuto de los vocales del Consejo de Administración y de los miembros de la Comisión de Control. La nueva regulación se establece en paralelo a lo ya recogido para los Consejeros Generales.
Destaca especialmente, respecto de los vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control, la existencia de dos nuevas causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Una viene determinada por el seguimiento facultativo que hace la presente Ley del límite de edad exigido, como requisito para la elección, por parte de la Ley Financiera. Se ha considerado conveniente fijar el límite de los setenta años como condición de elegibilidad.
La segunda causa supone incidir, por vía autonómica, en la línea de la profesionalización. Así, si bien con anterioridad a la presente Ley se establecía como causa de incompatibilidad tener la condición de Diputado en la Asamblea de Madrid, ahora se profundiza en este sentido, de manera que es causa de incompatibilidad tener la condición de miembro de las Cortes Generales, del Parlamento Europeo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas así como, tener la condición de Alcalde, Concejal, o Alto Cargo de cualquier Administración Pública.
El Título IV se ocupa, con carácter novedoso, de las normas de conducta. Se trata de trasladar a los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros y a sus miembros algunas técnicas de control que se están llevando a cabo en el mundo empresarial y que pueden suponer una apuesta mayor por la transparencia, como son la elaboración de normas de conducta y buen gobierno, de acuerdo con el principio de autorregulación.
A continuación el Título V incorpora al contenido sustantivo de la Ley las líneas básicas que deben inspirar la gestión de la finalidad social de las Cajas, cual es la reversión a la sociedad de una parte importante de su excedente. Se prevé que dicha gestión de su Obra Social, pueda realizarse a través de una Fundación cuyo Patronato estará formado por los miembros del Consejo de Administración de la Caja, si bien, además, el Consejo de Administración podrá decidir la integración, como patronos, de Consejeros Generales que no ostenten la condición de Vocales de dicho Consejo de Administración.
Por su parte, el Título VI recoge también por primera vez, en norma con rango de Ley, como no podía ser de otra manera, el régimen sancionador aplicable a las Cajas de Ahorros con domicilio social en la Comunidad de Madrid, incorporando la normativa vigente sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
Finalmente se recogen dos disposiciones adicionales y cinco disposiciones transitorias, abarcando estas últimas, fundamentalmente, el período temporal entre la entrada en vigor de la presente Ley y la necesaria adaptación de Estatutos y Reglamento Electoral, que deberá preceder a la renovación de los órganos de gobierno. La Ley finaliza con una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
En el marco de la legislación básica del Estado, la presente Ley tiene por objeto establecer la regulación sobre creación y extinción de las Cajas de Ahorros cuyo domicilio social radique en el territorio de la Comunidad de Madrid, así como otras cuestiones relativas a su régimen jurídico y, en particular, la regulación de sus órganos de gobierno y el régimen sancionador aplicable a dichas entidades de crédito.
Operaciones de las Cajas de Ahorros
Las Cajas de Ahorros podrán realizar, para el cumplimiento de sus fines, todas las operaciones económicas, financieras y de interés social que sean conformes a su naturaleza particular como Cajas y entidades de crédito, y al ordenamiento jurídico.
Ejercicio de actividades y uso de denominaciones reservadas
a las Cajas de Ahorro
1. En el marco de la legislación básica del Estado, ninguna persona física o jurídica, nacional o extranjera, podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes Registros, ejercer en el territorio de la Comunidad de Madrid las actividades legalmente reservadas a las Cajas o utilizar las denominaciones genéricas propias de estas u otras que puedan inducir a confusión con ellas.
2. Las personas o entidades que infrinjan lo dispuesto en el apartado anterior serán sancionadas con multa de hasta 150.000 euros. Si requeridas por la Consejería competente para que cesen inmediatamente en la utilización de las denominaciones o en la realización de actividades, continuaran utilizándolas o realizándolas serán sancionadas con multa de hasta 300.000 euros, que podrá ser reiterada con ocasión de posteriores requerimientos.
3. Será competente para la formulación de los requerimientos y para la imposición de las multas contempladas en el apartado anterior la Consejería que tenga atribuidas estas competencias dentro de la Comunidad de Madrid. Los requerimientos se formularán previa audiencia de la persona o entidad interesada y las multas se impondrán con arreglo a lo señalado en el Título VI de la presente Ley.
4. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso de orden penal, que puedan resultar exigibles.
Deber de guardar reserva acerca de informaciones sobre clientes
1. Las Cajas de Ahorros y demás personas sujetas a la ordenación y disciplina de las entidades de crédito están obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgación.
2. Se exceptúan de este deber las informaciones respecto de las cuales el cliente o las leyes permitan su comunicación o divulgación a terceros o que, en su caso, le sean requeridas o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisión. En este caso, la cesión de la información deberá ajustarse a lo dispuesto por el propio cliente o por las leyes.
3. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo será considerado infracción grave y se sancionará en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en el Título VI de la presente Ley.
1. En el Registro de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid, a cargo de la Consejería competente, se inscribirán todas las Cajas con domicilio social en su territorio. Serán objeto de inscripción los actos relativos a las mismas y, en particular, los Estatutos y Reglamentos Electorales, así como sus modificaciones.
2. Asimismo la Consejería competente llevará un Registro de Altos Cargos de las Cajas de Ahorro con domicilio social en la Comunidad de Madrid, al que estas entidades deberán comunicar cualquier modificación que afecte a los miembros de sus órganos de gobierno así como a sus Directores Generales.
3. El nombramiento, acuerdo de separación y reelección de los Consejeros Generales, vocales del Consejo de Administración, miembros de la Comisión de Control y Directores Generales se comunicará a la Consejería competente en el plazo máximo de los quince días hábiles siguientes al que se produzca, realizándose la oportuna inscripción en el Registro.
Los mencionados nombramientos, acuerdos de separación y reelecciones, a excepción de los relativos a Consejeros Generales, serán también objeto de comunicación, en el mismo plazo, al Banco de España.
Órganos competentes de la Comunidad de Madrid
En el marco de lo dispuesto en la presente Ley y en la legislación básica estatal, la Comunidad de Madrid ejercerá sus competencias administrativas en materia de supervisión, inspección y control de la actividad económico-financiera y benéfico-social de las Cajas de Ahorros con domicilio social en el territorio de la Comunidad de Madrid a través de la Consejería competente en materia de Hacienda Pública y política financiera.
Autorización de Cajas de Ahorros
1. Corresponde a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid, previo informe del Banco de España, autorizar la creación de las Cajas de Ahorros cuyo domicilio social radique en el territorio de la Comunidad de Madrid.
2. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los seis meses siguientes a su recepción en la Consejería competente o al momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a su recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto, podrá entenderse desestimada.
3. Una vez concedida la autorización, con aprobación de los Estatutos y cumplidos los requisitos que se señalan en el artículo siguiente, se otorgará la escritura fundacional de la Caja.
Tras su constitución e inscripción en el Registro Mercantil, deberá quedar inscrita en los Registros Especiales del Banco de España y de la Consejería competente.
Serán requisitos para obtener y conservar la autorización:
a) Contar con un fondo de dotación mínimo vinculado permanentemente al capital fundacional de 18.030.363,13 euros.
b) Limitar estatutariamente el objeto a las actividades propias de una entidad de crédito.
c) No reservar a los fundadores ventaja o remuneración especial alguna.
d) Contar, en todo momento, con una buena organización administrativa y contable y con procedimientos de control interno adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad.
e) Los componentes de los órganos de gobierno serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional.
f) Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en el territorio de la Comunidad de Madrid.
1. Las solicitudes de creación se dirigirán a la Consejería competente e irán acompañadas de los siguientes documentos:
a) Programa de actividades, en el que se indicarán, en especial, el género de operaciones que se propongan realizar, la estructura de la organización de la Caja, tanto administrativa como contable, y los procedimientos de control interno.
b) Relación de miembros y circunstancias de los fundadores.
c) Proyecto de Estatutos Sociales y de Reglamento Electoral de la Entidad.
2. En todo caso, en la instrucción del procedimiento, cabrá exigir a los fundadores cuantos datos, informes o antecedentes se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente Ley.
La Consejería competente, mediante resolución motivada, denegará la autorización de creación de una Caja de Ahorros cuando no se cumplan los requisitos señalados en los artículos anteriores, así como cuando el buen ejercicio de la supervisión de la entidad pueda ser obstaculizado por los vínculos estrechos que la misma mantenga con otras personas físicas o jurídicas, por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del país a cuyo derecho esté sujeta alguna de dichas personas físicas o jurídicas, o por problemas relacionados con la aplicación de dichas disposiciones.
a) Un vínculo de control en el sentido que determina el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
b) El hecho de poseer, de manera directa o indirecta, o mediante un vínculo de control, el 20 por ciento o más de los derechos de voto o del capital de una empresa o entidad.
Autorizada la creación de una Caja, en el término de doce meses a contar desde su notificación, deberán los fundadores otorgar la oportuna escritura fundacional de la entidad, inscribirla en el Registro Mercantil y en los Registros Especiales del Banco de España y de la Comunidad de Madrid, y dar inicio a sus operaciones.
En otro caso, se entenderá caducada la autorización otorgada, conforme a lo previsto en el artículo siguiente de la presente Ley.
Caducidad y revocación de la autorización
1. La autorización concedida de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, caducará si no se da comienzo a las actividades autorizadas dentro de los doce meses siguientes a la fecha de notificación de la autorización por causa imputable al interesado.
2. La autorización concedida a una Caja de Ahorros sólo puede ser revocada en los siguientes supuestos:
a) Si renuncia de modo expreso a la autorización concedida.
b) Si interrumpe de hecho sus actividades durante un período superior a seis meses.
e) Si carece de fondos propios suficientes o no ofrece garantía de poder cumplir sus obligaciones con relación a sus acreedores.
f) Si la Caja es excluida del Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros.
g) Como sanción, según lo previsto en la legislación básica del Estado y en la presente Ley.
3. El Gobierno, a propuesta del Consejero competente, acordará la revocación. No obstante, este último será competente para acordarla en los casos de renuncia o exclusión del Fondo de Garantía.
4. La revocación y la caducidad de la autorización llevarán implícitas la disolución de la Caja y la apertura del período de liquidación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la presente Ley.
5. La revocación y la caducidad de la autorización se harán constar en todos los Registros públicos correspondientes y, tan pronto sea notificada a la entidad, conllevará el cese de la misma en cuantas operaciones vinieran amparadas por la concesión de la autorización revocada o, en su caso, caducada.
1. La modificación de los Estatutos y del Reglamento Electoral de las Cajas de Ahorros estará sujeta al procedimiento de autorización y registro establecido en el artículo 7 de la presente Ley, si bien la solicitud de modificación deberá resolverse dentro de los dos meses siguientes a su recepción en la Consejería competente, transcurridos los cuales podrá entenderse estimada.
2. No requerirán autorización previa, aunque deberán ser comunicadas al Banco de España y a la Comunidad de Madrid para su constancia en los Registros Especiales, las modificaciones estatutarias que tengan por objeto:
a) Cambio del domicilio social dentro del territorio de la Comunidad de Madrid.
b) Aumento del fondo de dotación.
c) Incorporar textualmente a los Estatutos preceptos legales o reglamentarios de carácter imperativo o prohibitivo, o en estricto cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.
d) Aquellas otras modificaciones para las que la Consejería, en contestación a consulta previa formulada al efecto por la Caja afectada, haya considerado innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de la autorización.
Las comunicaciones al Banco de España y a la Consejería competente deberán efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la adopción del acuerdo de modificación estatutaria.
Fusiones de Cajas de Ahorros
1. Corresponde al Gobierno autorizar, previo informe del Banco de España, cualquier proceso de fusión del que sea parte una Caja de Ahorros con domicilio social en la Comunidad de Madrid.
2. Serán requisitos necesarios para autorizar la fusión:
a) Que las entidades que deseen fusionarse no estén en proceso de liquidación, ni que respecto de ellas exista acuerdo de disolución.
b) Que queden a salvo los derechos y garantías de las personas físicas o jurídicas afectadas por la fusión.
d) Que se garantice en lo posible la estabilidad laboral de las plantillas de las entidades fusionadas.
e) Que se equiparen razonablemente las condiciones económico-laborales de los trabajadores de las entidades fusionadas a la situación más ventajosa de cualquiera de las entidades que conformen la integración.
f) Que los Consejos de Administración de cada una de las entidades aprueben el proyecto de fusión.
3. El proyecto de fusión habrá de contener como mínimo:
a) La denominación, domicilio y datos en el Registro Mercantil y en los correspondientes Registros administrativos de las Entidades participantes en la fusión, así como la denominación y domicilio de la entidad resultante de la fusión.
b) Proyecto de escritura fundacional de la nueva entidad, que deberá recoger el proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral.
c) Informe del Consejo de Administración de cada una de las Entidades participantes relativo a justificación económica de la fusión, viabilidad del proyecto, nueva estructura técnica y financiera, nuevo plan estratégico de la entidad resultante, sistema de integración de las plantillas laborales, proyectos de continuidad de las obras sociales y previsiones o compromisos alcanzados con los representantes de los trabajadores sobre integración, estabilidad y equiparación de condiciones económico-laborales de las plantillas.
d) Balances de fusión de cada una de las entidades y balance conjunto resultante de la fusión.
e) Proyecto de acuerdo de la fusión que se someterá a las respectivas Asambleas Generales.
4. El acuerdo de fusión deberá ser aprobado por las respectivas Asambleas Generales y requerirá, en el caso de entidades con domicilio social en la Comunidad de Madrid, la asistencia de la mayoría de los miembros, siendo necesario, además, como mínimo, el voto favorable de los dos tercios de los asistentes.
5. La nueva entidad que resulte de dicho proceso de fusión deberá ser inscrita en el Registro Especial del Banco de España y en el de la Comunidad de Madrid, siempre que su domicilio social radique en su territorio. En tal caso, los Estatutos y Reglamento Electoral deberán presentarse ante la Consejería competente, que podrá requerir la modificación de aquéllos preceptos que no se ajusten a la legislación vigente, elevándose al Gobierno la correspondiente propuesta.
6. Cuando se produzca una fusión entre Cajas con sede social en la Comunidad de Madrid y otras Cajas con sede en otras Comunidades Autónomas, la autorización para la misma habrá de acordarse conjuntamente por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas afectadas.
7. En el caso de fusión de Cajas de Ahorros con creación de nueva entidad domiciliada en el territorio de la Comunidad de Madrid y disolución de las entidades fusionadas, la elección de los órganos de gobierno se realizará en el plazo de un año a partir de la aprobación de los Estatutos y Reglamento.
Durante este plazo transitorio, los órganos de gobierno de la entidad creada por fusión serán los que se fijen en los pactos de fusión, respetando, en todo caso, lo establecido en la legislación vigente.
8. En el caso de fusiones por absorción, quedarán disueltos los órganos de gobierno de la Caja absorbida y su administración, gestión, representación y control corresponderá a los de la entidad absorbente.
1. Los acuerdos de disolución y liquidación de Cajas de Ahorros, previamente adoptados por sus órganos de gobierno, deberán ser autorizados por el Gobierno, a cuyo fin recabará el oportuno informe previo del Banco de España.
2. Aprobada la disolución, salvo cuando ésta se produzca como consecuencia de un proceso de fusión, se abrirá el correspondiente período de liquidación que estará sujeto al control de la Consejería competente.
3. La adjudicación del remate que resulte de la liquidación se realizará de acuerdo con lo que dispongan los Estatutos procurando, en todo caso, el mantenimiento, hasta donde resulte factible, de las obras benéfico-sociales establecidas.
4. La disolución y liquidación de las Cajas de Ahorros debe ser inscrita en el Registro Especial del Banco de España y en el de la Comunidad de Madrid.
5. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las normas básicas sobre la materia, en especial las que regulan el Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros.
Competencias en materia de apertura de oficinas
1. La apertura de nuevas oficinas por las Cajas de Ahorros que no alcancen los niveles mínimos de recursos propios establecidos por la legislación básica del Estado o vulneren los límites máximos de riesgos, quedará sometida a la autorización previa de la Consejería competente que sólo podrá otorgarla previo informe favorable del Banco de España.
2. Las Cajas de Ahorros con domicilio social en la Comunidad de Madrid comunicarán a la Consejería competente la apertura y cierre de oficinas.
Competencias en materia de inversiones, tomas de participación
u otras operaciones
La Consejería competente autorizará, con carácter previo, las inversiones de las Cajas de Ahorros que tengan su domicilio social en la Comunidad de Madrid, siempre que impliquen la toma de control de la sociedad y su importe supere el 5 por ciento de los recursos propios computables de la Caja, de acuerdo con la normativa del Banco de España.
Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación en aquéllos casos en que la inversión, aún no suponiendo la toma de control de la sociedad, supere en su importe el 2 por ciento de los activos totales del grupo consolidado de la Caja.
Competencias en materia de cuentas anuales y otras informaciones
Las Cajas de Ahorros vendrán obligadas a remitir a la Consejería competente, en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, las siguientes informaciones:
a) La Memoria, Balance y Cuenta de Resultados.
b) Los estados financieros de las sociedades en las que exista posición de control directo o indirecto.
c) Cuantos datos resulten precisos para permitir a la misma el ejercicio de las facultades contenidas en la presente Ley.
Competencias en materia de distribución de excedentes y obras benéfico-sociales
Corresponderá a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la legislación básica estatal:
a) Autorizar los acuerdos de la Asamblea General de las Cajas de Ahorros, adoptados a propuesta del Consejo de Administración, relativos a la distribución de excedentes anuales y al presupuesto anual de la Obra Benéfico-Social propia o en colaboración, así como los correspondientes informes de rendición de cuentas de su ejecución y su liquidación.
Reglamentariamente se desarrollará el sometimiento a autorización previa de los proyectos de obras sociales no previstos en el presupuesto anual o que impliquen una variación sustancial del mismo, así como cualquier otra cuestión relativa a las obras benéfico-sociales.
b) Autorizar los Estatutos de las Fundaciones, así como sus modificaciones, que las Cajas de Ahorros pudieran constituir para la gestión y administración, total o parcial, de sus Obras Benéfico-Sociales, propias o en colaboración, de acuerdo con lo establecido en el Título V de la presente Ley.
Competencias en materia de suspensión de acuerdos de los órganos de gobierno de la Caja con facultades ejecutivas
La propuesta de suspensión de la eficacia de los acuerdos a que se refiere el artículo 67.2 de la presente Ley será resuelta por la Consejería competente en el plazo de un mes a contar desde su recepción, sin perjuicio de las demás acciones que legalmente procedan. La resolución se notificará al Presidente del Consejo de Administración y al de la Comisión de Control. Transcurrido dicho plazo no podrá acordarse la suspensión, salvo que la Comisión reitere la propuesta.
2. Cuando el cargo de Consejero General se ejerza por miembros de las Cortes Generales, del Parlamento Europeo y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, Alcaldes, Concejales o por Altos Cargos de cualesquiera Administraciones Públicas, sólo podrán percibir las indemnizaciones que correspondan.
Número de miembros y sectores representados
No podrán formar parte de estas entidades aquellas que cuenten con cualquier otro tipo de representación, directa o indirecta, en la Caja de Ahorros, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34.2.b) referido a las organizaciones sindicales.
Porcentajes de representación
Consejeros elegidos por el sector de Corporaciones Municipales
1. Los Estatutos y el Reglamento Electoral de la Caja distribuirán el número de Consejeros Generales correspondientes a este sector entre las Corporaciones Municipales en las que la Caja tenga oficinas operativas, en función del número de oficinas y del volumen de recursos captados en cada Municipio, pudiéndose establecer por el Reglamento Electoral criterios de ponderación para mejorar la representatividad en este sector, de acuerdo con el ámbito geográfico de actuación de la Caja.
2. Los Consejeros Generales elegidos por las Corporaciones Municipales serán designados directamente por éstas en representación de los intereses generales, asignando, en primer lugar, y por orden de importancia numérica un representante a cada uno de los grupos políticos integrantes de cada una, y distribuyendo a continuación los representantes restantes en proporción a la importancia numérica de los grupos políticos integrantes, con el objetivo de asegurar la representación en la Asamblea General de la pluralidad de los intereses colectivos. En el supuesto de que a una Corporación Municipal le correspondiese un solo Consejero General, resultará elegido el que obtenga la mayoría de los votos de los miembros del Pleno.
3. Las Corporaciones Municipales que sean fundadoras de Cajas de Ahorro que operen en el mismo ámbito de actuación de otra Caja no podrán nombrar Consejeros Generales en esta última.
Consejeros elegidos por el sector de impositores
1. Los Consejeros Generales del sector de impositores se elegirán por el sistema de compromisarios.
a) Los compromisarios y sus suplentes se elegirán por sorteo ante Notario, de entre los impositores de la Caja de Ahorros que reúnan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 y 5 del artículo 37 de la presente Ley, que se agruparán en lista única, no pudiendo figurar relacionados más que una sola vez, con independencia del número de cuentas de que pudieran ser titulares.
El número de compromisarios titulares será el resultante de multiplicar por diez el número de Consejeros Generales correspondientes a este sector. En todo caso, el número de suplentes será el resultante de multiplicar por diez el número de compromisarios titulares que resultare.
b) Una vez producidas las oportunas aceptaciones de la designación y cubiertas, en su caso, las vacantes con los correspondientes suplentes, los compromisarios definitivamente designados elegirán, mediante votación personal y secreta, a los Consejeros Generales de este sector.
c) Podrán ser candidatos a Consejeros Generales por este sector cualesquiera impositores de la Caja que reúnan los requisitos previstos en los apartados 1, 2 y 5 del artículo 37 y no se encuentren incursos en las causas de inelegibilidad establecidas en el apartado 1 del artículo 38, ambos de la presente Ley.
d) La elección se hará por listas cerradas y bloqueadas. La asignación de puestos de Consejeros Generales a cubrir por este sector se efectuará de forma proporcional a los votos obtenidos por cada candidatura. No serán tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 5 por ciento de los votos válidos emitidos.
3. En cada caso, la votación se celebrará en la forma y con los requisitos que establezca el Reglamento Electoral.
Consejeros designados por el sector de las personas
o Entidades Fundadoras
2. En el supuesto de Cajas cuyas personas o Entidades Fundadoras no estén identificadas en sus Estatutos, o bien estándolo no puedan o no deseen designar su representación, los Consejeros Generales que les correspondiesen se repartirán proporcionalmente entre los restantes sectores, pudiendo también asignar una parte de su representación a Corporaciones Locales que, a su vez, no sean fundadoras de otras Cajas de Ahorros en su ámbito de actuación, siempre de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 28 de esta Ley.
Consejeros elegidos por el sector de la Asamblea de Madrid
Los Consejeros Generales correspondientes al sector de la Asamblea de Madrid serán elegidos, en representación de los intereses generales por la propia Asamblea, asignando en primer lugar un representante a cada uno de los grupos y distribuyendo a continuación los representantes en proporción a la importancia numérica de los grupos políticos integrantes de la Cámara y según los procedimientos que ésta determine, de entre personas de reconocido prestigio en materias relacionadas con la actividad de las Cajas.
Consejeros elegidos por el sector de los empleados
Consejeros Generales elegidos por el sector de Entidades representativas
1. El sector de las Entidades representativas estará conformado por las Organizaciones Empresariales y Sindicales que formen parte del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/1991, de 4 de abril, de Creación del Consejo Económico y Social, por las Universidades Públicas sobre las que ejerza competencias la Comunidad de Madrid así como por fundaciones, asociaciones o corporaciones de carácter cultural, científico, cívico, económico o profesional de interés para la Caja de Ahorros en su ámbito de actuación o de reconocido arraigo en la Comunidad de Madrid o en Madrid en su calidad de capital del Estado.
a) Un 50 por ciento corresponderá a las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/1991, de 4 de abril, de Creación del Consejo Económico y Social. Dicho porcentaje se repartirá paritariamente entre Organizaciones Empresariales y Sindicales.
b) Un 10 por ciento corresponderá a las Universidades Públicas sobre las que ejerza competencias la Comunidad de Madrid, en la forma que las mismas establezcan.
c) Un 40 por ciento corresponderá al resto de entidades a que se refiere el apartado 1 anterior.
3. Los Consejeros Generales correspondientes al sector de Entidades representativas serán elegidos por estas Entidades, en el número máximo que se establezca para cada una de ellas, y de entre personas de reconocido prestigio o experiencia en las materias relacionadas con la actividad de la Caja.
4. Los Estatutos y el Reglamento Electoral de la Caja de Ahorros determinarán los procedimientos para la designación de las Entidades representativas a que se refiere la letra c) del apartado 2 del presente artículo; igualmente, establecerán el procedimiento para la elección por estas Entidades de las personas para el cargo de Consejeros Generales.
5. La designación de las entidades a que se refiere la letra c) del apartado 2 de este artículo y el número de representantes por entidad se hará por acuerdo de la Asamblea General, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.1.k) de la presente Ley.
6. La sustitución o variación de las Entidades a que se refiere la letra c) del apartado 2 de este artículo y el número máximo de personas a elegir por cada una de ellas habrá de hacerse, de conformidad con lo que establezcan los Estatutos y el Reglamento Electoral y mediante acuerdo de la Asamblea General.
Período de mandato y renovación
Requisitos para acceder al cargo
2. Además de los requisitos anteriores, para ser elegido compromisario o Consejero General por el sector de los impositores, se requerirá ser impositor de la Caja de Ahorros a que se refiere la designación al tiempo de formular la aceptación del cargo y, tener esta condición, con una antigüedad superior a dos años en el momento del sorteo o la elección, o, indistintamente, haber mantenido en el semestre natural anterior a la fecha del sorteo o elección un movimiento o un saldo medio en cuentas no inferior a lo que se determine en los Estatutos y Reglamento Electoral de la Caja de Ahorros.
Causas de inelegibilidad e incompatibilidad
d) Los que desempeñen cargos de confianza en las Administraciones Públicas para los cuales hayan sido nombrados por el Gobierno de la Nación o el Gobierno de una Comunidad Autónoma.
1. La convocatoria de la Asamblea General se hará por el Consejo de Administración, mediante comunicación personal a los Consejeros Generales y anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado" y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como en dos periódicos de entre los de mayor circulación de la capital, por lo menos quince días antes de la fecha de celebración, sin que se tenga en cuenta este día para el cómputo del plazo.
Información a los Consejeros Generales
Votos y acuerdos
3. Los Vocales de cada sector en el Consejo de Administración se designarán por la Asamblea, como cuerpo electoral único, a propuesta del propio Consejo o de, al menos, un 10 por ciento de los Consejeros Generales integrantes del sector. En el caso de que por un sector hubiera pluralidad de propuestas, éstas deberán contener el orden de preferencia de los candidatos, si bien la pluralidad de propuestas que puedan producirse en el sector de empleados deberán ser sometidas, previamente, a votación entre los Consejeros Generales del sector, mediante la formulación de candidaturas cerradas y bloqueadas y asegurando que los resultados de la votación se atribuirán proporcionalmente a cada una de dichas candidaturas, para conformar la propuesta de candidatos del sector que se llevará a la Asamblea General. Los puestos en el Consejo que correspondan a cada sector se atribuirán en proporción al número de votos obtenidos por cada candidatura, resultando elegidos los que ocupen los lugares preferentes en las mismas. Cada candidatura deberá contener un número de suplentes igual al de titulares, con indicación de la correspondencia entre cada uno de ellos.
En el sector de Corporaciones Locales, las respectivas representaciones en la Asamblea General propuestas por los tres grupos políticos con mayor implantación en el conjunto de los Municipios de la Comunidad de Madrid tendrán un representante cada una de ellas que, para asegurar la representación en el Consejo de Administración de la pluralidad de los intereses generales, en todo caso será asignado primeramente y por orden de importancia numérica.
Los puestos restantes que correspondan al sector de Corporaciones Locales se distribuirán de acuerdo con un criterio proporcional, entre las candidaturas que, en su caso, pudieran presentarse.
4. En el supuesto de que alguno de los sectores no eleve propuesta de candidatura, ésta se formulará por la Presidencia.
Causas de inelegibilidad y de incompatibilidad
Requisitos para operaciones financieras con la Caja
Presidente, Vicepresidentes y Secretario
Atribución al Presidente de funciones ejecutivas
a) Requerirán para su validez el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo; esto no obstante, los que supongan la revocación de tales acuerdos sólo requerirán la mayoría absoluta del Consejo.
Comisión Ejecutiva y Comisiones Delegadas
La designación de los miembros en la Comisión de Control por el sector de Corporaciones Locales se ajustará a las reglas establecidas en el artículo 51.3 de la presente Ley y ello para garantizar que las respectivas representaciones en la Asamblea General propuestas por los tres grupos políticos con mayor implantación en el conjunto de los Municipios de la Comunidad de Madrid tengan representación a su vez en la Comisión de Control.
Elección y estatuto de los miembros
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19.b) de la presente, la aprobación de los Estatutos de dicha Fundación, así como su modificación, requerirán el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Patronato. El nombramiento de los patronos y su renovación, deberán ser aprobados por mayoría del Consejo de Administración de la Caja.
Disciplina, inspección y sanción
En el marco de la legislación básica estatal, y sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder a la Administración General del Estado y al Banco de España, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente, ostentará las funciones de disciplina y sanción respecto de las Cajas de Ahorros con domicilio social en la Comunidad de Madrid.
En materia de disciplina e inspección, la Consejería competente podrá celebrar convenios con el Banco de España.
Las Cajas de Ahorros, así como quienes ostenten cargos de administración o dirección en las mismas, que infrinjan normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito, emanadas del Estado o de la Comunidad de Madrid, incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en la legislación básica estatal y en la presente Ley.
1. Quien ejerza en la Caja de Ahorros cargos de administración o dirección será responsable de las infracciones muy graves o graves cuando estas sean imputables a su conducta dolosa o negligente.
2. Podrán ser declarados responsables de las infracciones muy graves o graves cometidas por las Cajas de Ahorros, los miembros de sus órganos colegiados de administración, control y dirección, salvo en los siguientes casos:
a) Cuando quienes formen parte de los órganos colegiados no hubiesen asistido a las reuniones correspondientes o hubiesen votado en contra o salvado su voto en relación con las decisiones o acuerdos que hubiesen dado lugar a las infracciones.
b) Cuando dichas infracciones sean exclusivamente imputables a Directores Generales u otras personas con funciones ejecutivas en la Entidad.
Competencias en materia sancionadora
1. La competencia para la instrucción de los expedientes sancionadores corresponde a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid.
2. La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al Gobierno, a propuesta de la Consejería competente.
3. La imposición de sanciones por infracciones graves y leves corresponderá al Consejero competente.
4. En el supuesto de infracciones muy graves o graves, la propuesta de resolución deberá ser informada preceptivamente por el Banco de España.
5. Cuando los órganos competentes de la Comunidad de Madrid tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de infracción que deba ser sancionada por los órganos competentes de la Administración General del Estado o por el Banco de España, darán traslado de los mismos al Banco de España.
Para la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley serán de aplicación los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como las normas reguladoras del ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid.
Las infracciones de normas de ordenación y disciplina a que se refiere el artículo 77 de esta Ley se clasificarán en muy graves, graves y leves.
a) La realización de los actos que a continuación se relacionan, sin autorización cuando esta sea preceptiva, sin observar las condiciones básicas fijadas en la misma, u obtenerla por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular:
- Creación de Cajas de Ahorros.
- Fusión, absorción, disolución y liquidación de estas entidades, así como la cesión global de su activo y pasivo o su escisión.
- Modificación de Estatutos y Reglamento Electoral.
- Distribución de reservas expresas u ocultas.
- Apertura de nuevas oficinas.
b) El ejercicio de actividades ajenas a su objeto social exclusivo legalmente determinado, salvo que tengan carácter meramente ocasional o aislado.
c) La realización de actos u operaciones prohibidas por las normas de ordenación y disciplina con rango de Ley o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado.
d) La negativa o resistencia a la actuación inspectora de la Consejería competente, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al efecto.
e) El incumplimiento del deber de veracidad informativa a los clientes y al público en general si, por el número de afectados o por la importancia de la información, tal incumplimiento puede estimarse como especialmente relevante.
f) La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado cuya obtención directa implicaría la comisión de, al menos, una infracción grave.
g) Presentar deficiencias en la organización administrativa y contable, o en los procedimientos de control interno, siempre que, por poner en peligro la viabilidad de la entidad, tales deficiencias puedan estimarse especialmente relevantes.
h) La no convocatoria de Asamblea General extraordinaria, cuando sea solicitada al menos por un tercio de los Consejeros Generales o a petición de la Comisión de Control de acuerdo con los Estatutos Sociales.
i) La vulneración reiterada de las normas reguladoras de los procesos electorales para la elección y designación de los órganos de gobierno.
j) La comisión de una infracción grave si, en los cinco años anteriores, hubiera sido impuesta a la entidad sanción firme por el mismo tipo de infracción.
k) La falta de adaptación de los Estatutos y Reglamento Electoral en los plazos legalmente previstos.
2. Específicamente, constituyen infracciones muy graves de los miembros de la Comisión de Control:
b) No proponer a la Consejería competente la suspensión de acuerdos adoptados por el órgano o los cargos de administración y dirección, cuando estos infrinjan manifiestamente la Ley y afecten injusta y gravemente a la situación patrimonial, a los resultados, al crédito de la Caja de Ahorros o a sus impositores o clientes, o no requerir en tales casos al Presidente para que convoque Asamblea General con carácter extraordinario.
c) La comisión de una infracción grave si, en los cinco años anteriores, hubiera sido impuesta sanción firme por el mismo tipo de infracción.
a) La realización de actos u operaciones sin autorización, cuando ésta sea preceptiva, sin observar las condiciones básicas fijadas en la misma, u obtenerla por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular, salvo en los casos en que ello suponga la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior.
c) La realización meramente ocasional o aislada de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley o reglamentario, o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas.
d) El incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por la normativa correspondiente en las operaciones crediticias que gocen de subvención de intereses u otras ayudas públicas.
e) La falta de remisión a la Consejería competente de cuantos datos o documentos hayan de remitírsele o requiera en el ejercicio de sus funciones, o la falta de veracidad en los mismos. A estos efectos se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por la Consejería competente al recordar por escrito la obligación o reiterar el requerimiento.
f) El incumplimiento del deber de veracidad informativa a los clientes de la entidad o al público en general, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.
g) La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado contrario a las normas de ordenación y disciplina, siempre que dichas infracciones no se califiquen como muy graves.
h) La vulneración de normas sobre cumplimentación de estados de rendición de cuentas, comunicación de datos y demás documentos previstos por la normativa autonómica.
i) La efectiva administración o dirección de la Caja por personas que no ejerzan de derecho en la misma un cargo de dicha naturaleza.
j) Presentar deficiencias, en la organización administrativa y contable, o en los procedimientos de control interno, siempre que tales deficiencias no sean consideradas como infracción muy grave.
k) El quebrantamiento del deber de secreto en las deliberaciones y acuerdos de la Asamblea General, Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Comisiones Delegadas y Comisión de Control.
m) La comisión de una infracción leve si en los dos años anteriores hubiera sido impuesta a la entidad sanción firme por el mismo tipo de infracción.
2. Específicamente, constituyen infracciones graves de los miembros de la Comisión de Control:
a) La negligencia grave en el ejercicio de las funciones que legalmente tienen encomendadas, siempre que no esté comprendida en el apartado 2.a) del artículo anterior.
b) La falta de remisión a la Consejería competente de los datos o informes que deben hacerle llegar o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones o su remisión con notorio retraso.
c) No proponer a la Consejería competente la suspensión de acuerdos adoptados por el órgano o los cargos de administración y dirección, cuando la Comisión entienda que vulneran las disposiciones vigentes o afectan injusta y gravemente a la situación patrimonial, a los resultados, al crédito de la Caja de Ahorros o a sus impositores o clientes, siempre que ello no constituya infracción muy grave conforme a lo dispuesto en el apartado 2.b) del artículo anterior, o no requerir en tales casos al Presidente para que convoque Asamblea General con carácter extraordinario.
Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de obligada observancia para las Cajas comprendidas en normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito que no constituyan infracción muy grave o grave conforme a lo dispuesto en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, así como la falta reiterada de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Comisiones Delegadas o Comisión de Control, entendiéndose por falta reiterada la no asistencia a cuatro sesiones consecutivas u ocho en el transcurso de un año.
Sanciones a la entidad por la comisión de infracciones muy graves
Por la comisión de infracciones muy graves será impuesta a la Caja infractora, una o más de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de hasta el 1 por de sus recursos propios o hasta 300.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
c) Amonestación pública con publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Sanciones a la entidad por la comisión de infracciones graves
Por la comisión de infracciones graves se impondrá a la Caja de Ahorros una o más de las siguientes sanciones:
b) Amonestación pública con publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Sanciones a la entidad por la comisión de infracciones leves
Por la comisión de infracciones leves se impondrá a la Caja de Ahorros una de las siguientes sanciones:
Sanciones a las personas responsables por infracciones muy graves
1. Con independencia de la sanción que corresponda imponer a la Caja de Ahorros infractora por la comisión de infracciones muy graves, podrán imponerse las siguientes sanciones a quienes ejerciendo cargos de administración, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por importe no superior a 150.000 euros.
c) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la misma entidad por un plazo máximo de cinco años.
d) Inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación, en su caso, del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en la Caja, por plazo no superior a diez años.
2. Las sanciones aplicables a los miembros de las Comisiones de Control de la Caja de Ahorros que sean responsables de las infracciones muy graves serán las previstas en las letras b), c) y d) del apartado anterior. Además podrá imponerse la sanción de multa de hasta 60.000 euros. Para la determinación de la sanción concreta se tendrán en cuenta, en la medida en que puedan resultar aplicables, los criterios previstos en el artículo 95 de la presente Ley.
Sanciones a las personas responsables por infracciones graves
1. Con independencia de la sanción que corresponda imponer a la Caja infractora por la comisión de infracciones graves, podrán imponerse las siguientes sanciones a quienes ejerciendo cargos de administración, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la infracción:
d) Inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación, en su caso, del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en la Caja, por plazo no superior a un año.
2. Las sanciones aplicables a los miembros de las Comisiones de Control de las Cajas de Ahorros que sean responsables de las infracciones graves, serán las previstas en las letras a), b) y d) del apartado anterior del presente artículo. Además podrá imponerse la sanción de multa de hasta 30.000 euros. Para la determinación de las sanciones concretas se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior de la presente Ley.
Sanciones a las personas responsables por infracciones leves
b) Multa por importe de hasta 15.000 euros.
Las sanciones impuestas conforme a lo dispuesto en esta Ley serán inmediatamente ejecutivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de la posibilidad de suspensión de la ejecución del acto, según lo establecido en el artículo 111 de la citada Ley.
1. Cuando la sanción consista en multa, su importe deberá ser ingresado en la Tesorería de la Comunidad de Madrid.
2. Si la sanción correspondiente no fuese cumplida en el plazo que se señale, el Consejero competente podrá imponer multas coercitivas a las personas que ostenten, de hecho o de derecho, cargos de administración o dirección en la Caja de Ahorros. Dichas multas coercitivas podrán ser reiteradas cada siete días y su cuantía máxima no podrá ser superior a 60.000 euros en cada ocasión.
Inscripción y publicación de las sanciones impuestas
1. La imposición de las sanciones, con excepción de la amonestación privada, se hará constar en los registros administrativos de Cajas de Ahorros y de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y del Banco de España.
2. Las sanciones de suspensión, separación e inhabilitación, una vez sean ejecutivas se harán constar, además, en el Registro Mercantil.
3. Una vez que las sanciones impuestas a la Caja de Ahorros o a quienes, de hecho o de derecho, ejerzan cargos de administración o dirección en la misma sean ejecutivas deberán ser objeto de comunicación a la inmediata Asamblea General que se celebre.
4. Las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el "Boletín Oficial del Estado" y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID una vez que sean firmes. También será objeto de dicha publicación la de amonestación pública.
El Consejero competente que imponga las restantes sanciones por infracciones graves podrá disponer asimismo su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID una vez que las mismas adquieran firmeza.
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.
4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves y graves prescribirán a los tres años y las impuestas por infracciones leves a los dos años.
6. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves se determinarán atendiendo a los siguientes criterios:
c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones, constitutivos de la infracción.
d) La importancia de la Caja de Ahorros correspondiente, medida en función del importe total de su balance.
e) Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema financiero o la economía regional.
g) La conducta anterior de la entidad en relación con las normas de ordenación y disciplina que le afecten, atendiendo a las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas, durante los últimos cinco años.
2. Para determinar las sanciones aplicables entre las previstas en los artículos 85 al 90 anteriores, ambos inclusive, se tomarán en consideración, además, las siguientes circunstancias:
b) La conducta anterior del interesado, en la misma o en otra entidad de crédito, en relación con las normas de ordenación y disciplina, tomando en consideración al efecto, las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos cinco años.
Ponderación de porcentajes correspondientes a los sectores
de representación de los Órganos de Gobierno
Los porcentajes establecidos en esta Ley para determinar el número de miembros de cada sector en los diversos Órganos de Gobierno, se ponderarán sobre el número total de sus integrantes, atribuyéndose a cada sector un número de puestos en cada órgano igual al de la cifra entera que le haya correspondido como resultado de la operación anterior.
Si, después de efectuada esta asignación, quedasen aún puestos por atribuir, cada uno de ellos se adjudicará sucesivamente a los sectores que corresponda, por orden descendente de fracciones decimales. En caso de empate para la atribución de algún puesto entre las fracciones decimales obtenidas por dos o más sectores, se asignará a aquel de los sectores empatados al que haya correspondido una cifra entera mayor.
Extensión del régimen de retribuciones de los miembros
El régimen previsto en el artículo 24 de esta Ley será de aplicación a los órganos colegiados de gobierno, dirección o asesoramiento de cualquier empresa o entidad integrada en el grupo empresarial dependiente de las Cajas de Ahorros a que se refiere esta Ley.
Adaptación de Estatutos Sociales y Reglamento Electoral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid procederá, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, a aprobar una versión reformada de sus Estatutos y Reglamento Electoral, al objeto de adaptarlos a lo dispuesto en la presente Ley.
Si transcurriera el plazo de seis meses sin la modificación correspondiente de los Estatutos y Reglamento Electoral de la Cajas de Ahorro para su adecuación a la presente Ley, quedará facultada la Consejería competente para proceder a su adaptación y aprobación definitiva.
Elección de Consejeros Generales por el sector
de Entidades representativas
La elección por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid de Consejeros Generales por el sector de Entidades representativas, a que se refiere el artículo 34 de la presente Ley, que tenga lugar por primera vez tras su entrada en vigor, se llevará a cabo, antes del 30 de junio de 2003, por las Entidades que designe el Consejo de Administración de la Caja, y conforme al número de Consejeros que para cada una se establezca. Si el Consejo de Administración no presentara dicha propuesta en el plazo indicado, la designación se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.4, y ello sin perjuicio de lo establecido en el último inciso del artículo 34.3, ambos de la presente Ley.
El número total de Consejeros Generales elegibles por este sector será el de 25, salvo en el supuesto previsto en el artículo 13.2 de los Estatutos Sociales vigentes de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que será de 32 Consejeros Generales.
Renovación de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid
La renovación de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid al objeto de adaptar su composición a lo establecido en la presente Ley, se ajustará a las siguientes reglas:
1.a Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de aprobación de los Estatutos y del Reglamento Electoral conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, todos los sectores que hayan de ajustar el número de sus Consejeros Generales procederán a elegir aquellos que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 a 34, ambos inclusive, de la presente Ley.
Para producir los ajustes necesarios en la Asamblea General, en el proceso de elección a que se refiere el párrafo anterior, se procederá a la elección de todos los Consejeros Generales que correspondan según los nuevos Estatutos y Reglamento Electoral a los sectores de Corporaciones Municipales, Entidad fundadora, Asamblea de Madrid y Entidades representativas, para un nuevo mandato completo que finalizará el año 2009. Estas últimas Entidades se elegirán de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la presente Ley.
Los Consejeros Generales que igualmente sean necesarios para ajustar el número de Consejeros del sector de impositores y del sector de empleados, en su caso, serán elegidos de los candidatos pertenecientes a las mismas listas de las elecciones del año 2001 que no fueron nombrados entonces, atendiendo a su orden de colocación y con los mismos criterios de proporción, según los resultados obtenidos en las votaciones en aquel proceso para el número que actualmente resulte necesario elegir; estos Consejeros Generales por los sectores de impositores y de empleados, en su caso, serán nombrados por el tiempo de mandato que reste a los de estos sectores, que finalizará excepcionalmente en el año 2006.
La constitución de la Asamblea General elegida de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá lugar dentro de los tres meses siguientes a la finalización de los procesos de elección. Dicha constitución tendrá el efecto de producir el cese de la totalidad de los actuales Consejeros Generales, con excepción de aquéllos de los sectores de impositores y de empleados, en su caso, cuyo mandato no finaliza excepcionalmente hasta 2006. No obstante, si alguno de estos últimos optara por concurrir a las elecciones por los sectores de Corporaciones Municipales o de Asamblea de Madrid previstas en el párrafo anterior, deberá renunciar previamente a su cargo de Consejero General.
2.a La Asamblea General prevista en la regla precedente procederá a la elección de los Vocales del Consejo de Administración que correspondan conforme a lo dispuesto en esta Ley y en los nuevos Estatutos de la Entidad; esta elección se realizará de la forma siguiente:
a) La Asamblea General elegirá o reelegirá, en su caso, la totalidad de los Vocales del Consejo correspondientes a los sectores de Corporaciones Municipales, entidad fundadora, Asamblea de Madrid y Entidades representativas, cuyo mandato de seis años finalizará en el año 2009. Estas últimas entidades se elegirán según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la presente Ley.
b) La Asamblea General procederá a la elección o reelección, en su caso, según proceda, de aquellos Vocales del Consejo de Administración por los sectores de impositores y empleados que correspondan para ajustar el número de éstos al establecido en los nuevos Estatutos de la Entidad para estos sectores; el tiempo de su mandato será el que resta a los Vocales de estos sectores, que finalizará excepcionalmente en el año 2006.
3.a La Asamblea General procederá igualmente a elegir o reelegir, en su caso, los miembros de la Comisión de Control que corresponda a los sectores de Corporaciones Municipales, entidad fundadora, Asamblea de Madrid y Entidades representativas, conforme al número que se establezca en los nuevos Estatutos de la Entidad, cuyo mandato de seis años finalizará en el año 2009. Del mismo modo, la Asamblea General procederá a la elección o reelección, en su caso, de aquellos miembros de la Comisión de Control por los sectores de impositores y de empleados que correspondan para ajustar el número de éstos al establecido en los nuevos Estatutos de la Entidad para estos sectores; el tiempo de su mandato será el que resta a los miembros de estos sectores, que finalizará excepcionalmente en el año 2006.
Inicio del régimen de irrevocabilidad e incompatibilidades
El nuevo régimen de irrevocabilidad e incompatibilidad de los Consejeros Generales, vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control de las Cajas de Ahorros establecido en los artículos 39, 55.2.c), 57 y 69.2 de esta Ley, será aplicable a los cargos nombrados con posterioridad al 1 de junio de 2003.
Los vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control que incurran en la causa de incompatibilidad prevista en el citado artículo 55.2.c) permanecerán en sus respectivos cargos hasta el momento en que se produzca su sustitución, de acuerdo con lo señalado en la disposición transitoria anterior.
Reelección en caso de cumplimiento del período máximo
Los Consejeros Generales, los vocales del Consejo de Administración y los miembros de la Comisión de Control que ostenten el cargo a la entrada en vigor de la presente Ley, aunque hayan cumplido el período máximo establecido en el apartado 1 del artículo 35, en el apartado 1 del artículo 52 y en el artículo 70, o que lo cumplan durante el período electoral vigente a 31 de diciembre de 2003 podrán permanecer en el cargo durante tal mandato y uno más, si resultaren reelegidos por la representación que ostenten.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley, y en particular las siguientes:
- Ley 5/1992 de Presidencia de la Comunidad de Madrid, de 15 de julio, de Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de julio).
- Ley 7/1992 de Presidencia de la Comunidad de Madrid, de 4 de noviembre, de Renovación de los Órganos de Gobierno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 17 de noviembre).
- Ley 5/1994 de Presidencia de la Comunidad de Madrid, de 23 de junio, de modificación de los artículos 33 y 50 de la Ley 5/1992, de 15 de julio, de Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de junio).
- Artículo 15 de la Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de diciembre).
El Gobierno y, en su caso, la Consejería de Hacienda, podrán dictar las disposiciones que requiriese la aplicación de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
BOCM DE 18 DE MARZO DE 2003