Source: http://alteritat.net/eupv/loufrc.htm
Timestamp: 2018-04-23 06:01:45
Document Index: 378357699

Matched Legal Cases: ['artículo 170', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 51', 'artículo 27', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 42', 'artículo 27', 'artículo 42', 'artículo 149', 'artículo 72', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 43', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 27']

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LOU
El Grupo Parlamentario de IU LV-CA, con arreglo a lo previsto en el artículo 170.1.1 del Reglamento de la Cámara y resoluciones posteriores que desarrollan dicho artículo, formula la siguiente propuesta de interposición de recurso de inconstitucionalidad a la totalidad de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y subsidiariamente a los artículos que se enumeran al final.
A. La Ley Orgánica de Universidades que el GP de IU LV-CA propone sea recurrida ante el TC atenta contra la autonomía universitaria reconocida en la CE en su artículo 27.10.
El citado artículo 27 de la CE, en su punto 1., afirma que "todos tienen derecho a la educación". Cuando hablamos del derecho a la educación en el ámbito universitario es necesario tener en cuenta la autonomía universitaria, ya que ésta no sólo se configura como una institución de garantía (para eliminarla sería necesaria la reforma de la constitución), sino que además es un derecho fundamental de acuerdo con el Tribunal Constitucional (en adelante TC) en la sentencia STC 26/1987. El TC considera que la autonomía universitaria es un verdadero derecho fundamental porque de otra forma "la autonomía universitaria quedaría simplemente supeditada a la medida en que quiera reconocerse por la ley". Al incluir la CE la autonomía universitaria entre los derechos de la sección primera, del capítulo II, del Título I, se le da este estatus de derecho fundamental, y además se le hace gozar de las garantías de estos derechos, entre la que encontramos la más importante en la cuestión que nos atañe, la garantía del contenido esencial.
El contenido esencial es definido por el TC como las "ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los especialistas en derechos" (STC 11/1981). Estas ideas contribuyen en cada momento a delimitar una imagen del Derecho y de los conceptos que lo perfilan, de tal forma que el legislador ordinario no puede regular un derecho fundamental haciéndolo irreconocible, es decir, el legislador ordinario debe respetar el contenido esencial.
La autonomía universitaria recoge la autonomía normativa (autonomía para regular sus propias normas de funcionamiento), la autonomía financiera (autonomía para elaborar y gestionar su propio presupuesto), y autonomía administrativa (autonomía para regular su administración, construyendo su propio aparato burocrático y reclutando sus propios funcionarios). En otras palabras, se podría decir que la autonomía universitaria está formada por todos los elementos necesarios para el aseguramiento de la libertad académica (FJ 4, STC 26/1987), entendiendo ésta (la libertad académica, como la libertad de cátedra, investigación y estudio. Así pues, los elementos necesarios para asegurar esta libertad serían la autonomía normativa, financiera y administrativa.
Así pues, el artículo 2 de la LOU –que en práctica copia de la LRU establece los principios de la autonomía universitaria deducidos del artículo 27.10 de la CE-, entra en colisión en varias ocasiones con otros artículos de la propia ley y éstos con el citado artículo de la CE:
el artículo 11.2. vulnera la autonomía universitaria en su facultad para regular los centros de titularidad pública o privada que pretendan adscribirse a una universidad pública para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial.
El artículo 15.2 vulnera la autonomía universitaria al introducir en el Consejo de Gobierno "tres miembros del Consejo Social, no pertenecientes a la propia comunidad universitaria".
Los artículos referidos a la habilitación nacional previa (artículos 57 a 66) además de discriminar a la universidad pública respecto de la privada ya que a ésta sólo se le exige que el 25 % de su profesorado esté habilitado, atenta contra la autonomía universitaria puesto que conlleva más competencias para la administración central y los grupos de presión académica estatales e impiden que las universidades puedan elaborar el perfil del candidato o candidata que estimen pertinente.
En el Título IX el artículo 51, por cuanto limita la contratación de profesores colaboradores a "sólo en aquellas áreas de conocimiento que establezca el gobierno" limitando así la autonomía universitaria (artículo 27.10 de la CE). En el mismo Título los artículos 58.3 y 59.3 por cuanto limita las convocatorias de pruebas de habilitación y concursos de acceso tanto al cuerpo de profesores titulares de Escuelas Universitarias como al cuerpo de catedráticos de las mismas a "sólo en aquellas áreas de conocimiento que establezca el gobierno".
Además de estas posibles inconstitucionalidades referidas a la vulneración de la autonomía universitaria se aprecian otras de carácter diverso:
La disposición transitoria segunda, que regula la elección del claustro en un plazo máximo de seis meses tras la aprobación de la LOU, además de discriminar de nuevo a la universidad pública con respecto a la privada ya que a ésta en la transitoria tercera se le da un plazo de quince meses, por cuanto atenta contra el principio de irretroactividad expresado en el artículo 9.3 de la CE. La LRU establecía en su disposición transitoria segunda los mismos plazos para la elección de claustro constituyente y de rector, pero esta prontitud del cambio de instituciones (retroactividad) estaba justificada porque se trataba de adaptar el sistema universitario español al ordenamiento jurídico constitucional ya que esta materia se regulaba aún por leyes franquistas, lo que no es el caso.
El artículo 19 que regula la composición del Consejo de Departamento, a pesar del añadido que reza "en todo caso, los Estatutos garantizarán la presencia de una representación de los estudiantes y del personal de administración servicios" entra en contradicción con el artículo 6.3 de la propia ley que establece que "las universidades públicas se organizan de forma que en sus órganos de gobierno y representación quede asegurada la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria", esta representación debe establecerse conforme a los apartados 5 y 7 del artículo 27 de la CE. El término "presencia" recogido en la ley no garantiza la "participación efectiva" en sus competencias (apartado 5 del artículo 27 de la CE) ni la intervención en el control y gestión (apartado 7 del artículo 27 de la CE) puesto que el mismo artículo de la LOU dice taxativamente que el Consejo de Departamento estará integrado por "los doctores miembros del Departamento, así como por una representación del resto del PDI".
El artículo 42.1 hace una regulación incorrecta que puede ser inconstitucional al señalar que "el estudio en la universidad es un derecho de todos los españoles". Con respecto a este artículo la CE establece en su artículo 27.1 que "Todos tienen derecho a la educación" y el TC en numerosas ocasiones ha interpretado que con "todos" la Carta Magna se refiere a toda persona, con independencia de la nacionalidad de origen. También hay que señalar que cuando se habla en el texto constitucional de derecho a la educación se refiere a todas las educaciones y, por tanto, también se incluye a la universitaria.
El artículo 42.3 posibilita el que las universidades "establecerán los procedimientos para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en centros de las mismas..." lo que puede entrar en colisión con la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes y la igualdad en el ejercicio de los derechos recogido en el artículo 149.1.primera de la CE.
El artículo 72.2 por entrar en contradicción con el artículo 9.3 de la CE en lo referente al principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al exigir a las universidades privadas solamente el 25 % del total del profesorado con título de doctor.
Igualmente, entendemos que la LOU vulnera el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 19.1 que establece que "Corresponde a la Comunidad Autónoma la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de sus competencias..." Los artículos de la LOU que pueden verse afectados son:
1. El artículo 4.1.b) al establecer que tanto la creación de universidades públicas como el reconocimiento de universidades privadas puede hacerse "Por ley de las Cortes Generales, a propuesta del gobierno (central)...". En el mismo sentido la adicional primera en lo referente a la creación de universidades públicas o el reconocimiento de privadas en la Comunidad Andaluza.
2. El artículo 10.1 por cuanto ignora la capacidad andaluza de regulación de los Institutos Universitarios de Investigación.
3. El artículo 43.1 ya que limita las competencias de la nuestra Comunidad Autónoma reconocidas en el artículo 19.1 del Estatuto de Autonomía en lo referente a la oferta de plazas en las universidades públicas al reducir aquellas, en el párrafo segundo del apartado citado de dicho artículo, a la sola comunicación al Consejo de Coordinación Universitaria.
4. La disposición adicional cuarta.2 por cuanto restringe las competencias andaluzas que se derivan del artículo 19.1 del Estatuto de Autonomía en lo referente a la creación de universidades privadas. En conclusión, si en los apartados A y C de esta exposición de motivos mostramos que la Comunidad Autónoma Andaluza tiene competencias plenas en materia de educación en todos sus niveles y grados y las universidades tienen potestad reglamentaria en virtud del principio de autonomía de las mismas y la LOU, en vez de regular exclusivamente lo básico, regula estas materias de forma reglamentaria; así como las posibles inconstitucionalidades contenidas en el apartado C, entendemos que el recurso de inconstitucionalidad debe ser a la totalidad de la ley en la línea de la inconstitucionalidad de la ley del suelo del 92 que declaró el TC al entender que las CC. AA. tienen asumidas las competencias en aquella materia y, en caso de no prosperar, subsidiariamente en los artículos y apartados citados.
Por todo ello, se formula para su aprobación la siguiente
PROPUESTA DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Primero: Presentar recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades por atentar contra las competencias plenas reconocidas en el artículo 19.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y asumidas por la Comunidad Autónoma Andaluza así como contra el principio y derecho fundamental de autonomía universitaria establecido en el artículo 27.10 de la Constitución Española.
Segundo: Subsidiariamente presentar recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 4.1.b) y Disposición Adicional Primera; 10.1 segundo párrafo; 11.2; 15.2; 19; 42.1; 42.3; 43.1; parte del 51; 58.3 y 59.3 en la frase "sólo en aquellas áreas de conocimiento que establezca el Gobierno previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria"; 57 a 66; 72.2; Disposición Adicional Cuarta. 2 en su párrafo último y Disposición Transitoria Segunda en el apartado 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como todos los artículos que en conexión con los anteriores puedan ser contradictorios con la Constitución.
Parlamento de Andalucía, a 6 de febrero de 2002
NOTA: El 13 de febrero se ha aprobado en sesión plenaria del Parlamento de Andalucía que
se personará recurriendo la LOU. En el acuerdo de esta institución se recogen casi todos los artículos que planteó IU LV-CA, incluyendo el 19 y el 42.3, que inicialmente el PSOE no preveía incluir. No han aceptado incluir el 42.1 alegando que lo que planteaba IU LV-CA ya se dice en la Ley de Extranjería, sin tomar en consideración la situación que se produciría si ésta fuera modificada o derogada.