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Timestamp: 2019-12-09 13:37:42
Document Index: 181400874

Matched Legal Cases: ['artículo 137', 'artículo 145', 'artículo 176', 'artículo 140', 'artículo 143', 'artículo 42', 'artículo 133', 'artículo 137']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-17061
Documento BOE-A-2019-17061
«BOE» núm. 285, de 27 de noviembre de 2019, páginas 130219 a 130232 (14 págs.)
El registrador, Luis Fernández del Pozo. Registrador Mercantil n.º 14 de Barcelona».
El registrador. María Azucena Bullón Manzano. Registrador Mercantil n.º 10 de Barcelona.»
«Al amparo de lo dispuesto en los artículos 324 y ss. de la Ley Hipotecaria, interpongo recurso (…) frente a la calificación negativa emitida por el Registro Mercantil de Barcelona –Núm. 10–, de fecha 19 de julio de 2019 (…) por la que se deniega la inscripción del Auto de fecha 2 de abril de 2019 dictado en el seno del Procedimiento de Quiebra Voluntaria de la Mercantil Grand Tibidabo, S.A., seguido ante el Juzgado de Primera Instancia Núm. 9 de los de Barcelona –autos núm. 640/1.999–, (…) así como el Acta otorgada en fecha 8 de julio de 2019 ante el Notario de Madrid, Don Valerio Pérez de Madrid Carreras, bajo el número de su protocolo 1.839, por el que se elevan a público los acuerdos adoptados por la Junta relativos a la disolución de la sociedad, la apertura de liquidación así como nombramiento de liquidadores (…), y en base a las siguientes
Se corresponde, por tanto, la de “concurso yacente”, de una inscripción de alcance limitado respecto al que tenía la anotación o inscripción de la declaración del concurso. El convenio puede expresar determinadas restricciones a la libre facultad de disposición de los órganos de la sociedad salida del concurso y el Registro debe publicar esas limitaciones y, para mayor claridad, en general, el convenio; pero si el convenio no expresa ninguna limitación esa DGRN, según creemos entender, justifica la presencia de las anotación o inscripción de “concurso yacente” porque considera que así lo exige el texto de la norma –art. 176.1.2g, que en sede de causas de conclusión del concurso sitúa, no en la fecha de la sentencia de aprobación del convenio, sino en la firmeza del “auto que declare el cumplimiento del convenio...”, la conclusión del concurso–, y en que, aunque el convenio no contenga ninguna limitación, tenga esa publicación de “concurso yacente” por sí sola determinada finalidad con efectos hipotecarios o registrales, entre los que se mencionan el efecto sobre los procedimientos de ejecución hipotecaria, o la eventual continuación de acciones de reintegración; pero sin que ello deba suponer, salvo –repetimos– que el convenio las estableciera– limitación alguna a los efectos recuperatorios de las facultades de disposición y administración de la concursada y, por tanto, a los efectos previstos en el art. 133.2 LC “Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que en su caso se establezcan en el propio convenio...”. Así lo recuerda la citada RDGRN cuando, en relación al efecto de la inscripción de “concurso yacente” respecto a posibles acciones de reintegración señala: “La inscripción no impedirá el acceso a los registros públicos de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular registral la acción de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite» (artículo 137 de la Ley Concursal).”
Y a la Dirección General de Registros y Notariado, que previo los trámites legales oportunos, se dicte Resolución a la mayor brevedad, por la que con estimación del presente Recurso, revoque la calificación de la Sra. Registradora Mercantil de Barcelona de fecha 19 de julio de 2019, y en su lugar ordene que proceda a la inscripción del Acta otorgada en fecha 8 de julio de 2019 ante el Notario de Madrid, Don Valerio Pérez de Madrid Carreras, bajo el número de su protocolo 1.839, por el que se elevan a público los acuerdos adoptados por la Junta relativos a la disolución de la sociedad, la apertura de liquidación así como el consiguiente nombramiento de liquidadores, una vez se hay procedido la cancelación del asiento registral correspondiente al nombramiento de la Sindicatura de la Quiebra.»
«Se advierte:
2.º Que en el escrito de interposición del recurso no se han formulado alegaciones ni impugnaciones, en relación a los defectos señalados bajo los números 2 y 3 en la nota de calificación de fecha 19 de julio de 2019, del citado documento presentado en este registro según el asiento 2025 del Diario 1313.»
1. Al margen de la mayor o menor precisión de los términos expresados en el escrito de recurso a los que se refiere el registrador accidental en su informe, es indudable que lo único que debe decidirse en este expediente (y a ello limita el mismo recurrente su impugnación) es si son o no inscribibles los acuerdos de disolución de la sociedad «Gran Tibidabo, S.A.» –conforme a los artículos 363.1.a) y 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital– y nombramiento de liquidadores adoptados en la junta general de accionistas de 27 de mayo de 2019.
2. Como ha puesto de relieve la doctrina más autorizada, la disolución de la sociedad (como presupuesto para su extinción mediante la liquidación de su patrimonio una vez agotadas todas las relaciones jurídicas pendientes de la misma, tanto con terceros, especialmente con los acreedores, como con los socios) puede tener lugar aun cuando dicha persona jurídica esté incursa en un procedimiento para la satisfacción de los derechos de los acreedores por insolvencia de la misma, el cual tiene por finalidad esencial la satisfacción de los acreedores además de facilitar la conservación de la empresa –mediante el convenio entre la sociedad deudora y los acreedores–, de modo que únicamente en caso de que se abra la fase de liquidación dicha satisfacción de los acreedores se llevará a cabo mediante la extinción de la sociedad, pues la apertura de dicha fase necesariamente tiene como consecuencia la disolución de la sociedad, con la consiguiente liquidación de la misma que habrá de realizar la administración concursal (cfr. artículo 145.3 y disposición transitoria primera de la Ley Concursal y artículos 371.1 y 376.2 de la Ley de Sociedades de Capital).
3. Ciertamente, de la regulación legal vigente resulta que la existencia de un convenio debidamente aprobado por el juez no pone fin al procedimiento concursal que sólo finalizará cuando así lo declare el propio juez de lo Mercantil por auto en el que se declare su cumplimiento (artículo 176 de la Ley Concursal). Vigente el convenio cualquier acreedor puede instar la acción de incumplimiento y solicitar del juez que así lo declare (artículo 140), lo que conllevará su rescisión y la apertura de oficio de la fase de liquidación (artículo 143). Pero es también cierto que en cualquier supuesto y desde la aprobación judicial del convenio cesan los efectos de la declaración del concurso que quedan sustituidos en su caso por los previstos en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración e información establecidos en el artículo 42, que subsistirán hasta la conclusión del procedimiento (artículo 133.2) que puede establecer medidas limitativas y prohibitivas sobre las facultades de administración y disposición del deudor, medidas que «serán inscribibles en los registros públicos correspondientes y, en particular, en los que figuren inscritos los bienes o derechos afectados por ellas. La inscripción no impedirá el acceso a los registros públicos de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular registral la acción de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite» (artículo 137 de la Ley Concursal).
4. De las consideraciones anteriores resulta que, respecto de la única cuestión en que el recurrente centra la cuestión debatida, y en cuanto la registradora se refiere a un eventual incumplimiento del convenio como obstáculo que impide la inscripción de la disolución de la sociedad –incumplimiento que no consta–, la calificación impugnada no puede ser mantenida.