Source: https://www.aemol.com/blog.php?type=news&pag=11
Timestamp: 2018-12-13 04:02:56
Document Index: 28225101

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 316', 'artículo 14', 'artículo 318', 'artículo\n6', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 44', 'artículo 4', 'artículo 305']

Sanción a una residencia de ancianos por facilitar datos de ancianos a una farmacia 01-12-2016
El Supremo mantiene la sanción a una residencia de la tercera edad por vulnerar la Ley de Protección de Datos, al dar a una farmacia una lista con datos de residentes como el DNI, nombre y cuenta banc...
LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE DEBES BORRAR DE TU FACEBOOK 30-11-2016
El uso de las redes sociales tiene muchos aspectos positivos, pero también esconde peligros de los que no siempre somos conscientes. Uno de ellos, el distorsionado concepto de privacidad. Y es que a m...
PERMISO DEL SEPBLAC, SOFTWARE PIONERO 30-11-2016
Las autoridades antiblanqueo abrieron la puerta en febrero y a principios de noviembre el banco presentó su servicio Alta Inmediata.
Hace poco más de un año, el consejero delegado de BBVA, Carlos ...
Hace poco más de un año, el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, lamentaba las dificultades que a menudo la regulación imponía a los bancos para implementar las nuevas tecnologías, y reclamaba públicamente a las autoridades valentía para innovar con normativas que permitieran a las entidades desarrollar todo el potencial de dispositivos móviles e informáticos en el sector financiero.
Las autoridades de protección de datos (AEPD) y de prevención del blanqueo, pese a los constantes avances técnicos, optaban por establecer límites físicos y legales radicales (como la obligación de acudir físicamente a una oficina bancaria) antes de permitir la puesta en marcha de aplicaciones completamente virtuales.
"Pedimos que haya una evolución en la regulación a la altura de lo que la tecnología ya permite. Por ejemplo, la normativa a día de hoy no permite abrir una cuenta con un dispositivo móvil en España, a pesar de que hay tecnologías móviles más fiables que la apertura en persona. En otros países sí se puede", tal y como se quejaba a finales de octubre del pasado año.
Apenas un año después, a inicios de noviembre, BBVA presentaba públicamente su nuevo servicio de Alta Inmediata desde el móvil. Es decir, una aplicación y un desarrollo tecnológico que por fin permite a los usuarios abrir una cuenta bancaria de forma remota y a través de un dispositivo telefónico. Solo es necesario enviar una foto del documento nacional de identidad, otra del usuario, y posteriormente formalizar la operación a través de una videollamada. Todo sin necesidad de presentarse en una sucursal. Otra entidad financiera española volcada en la tecnología, Self Bank, presentó también recientemente un sistema propio (Self Now) que permite a sus clientes abrir una cuenta solo a través de una webcam o la cámara del Smartphone.
En el año transcurrido desde la queja pública de Carlos Torres y la presentación de su aplicación para abrir una cuenta a distancia, el banco presidido por Francisco González ha trabajado codo con codo con las autoridades y sus equipos internos de desarrollo hasta poder disponer de una solución tecnológica que contara con el visto bueno de los reguladores.
Todo se desencadenó el pasado 12 de febrero. Ese día el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) publicó una autorización general para que todos los bancos ("sujetos obligados") pudieran desarrollar aplicaciones de identificación no presencial mediante videoconferencia de acuerdo con la normativa antiblanqueo.
"La innovación tecnológica en el sector financiero tiene el potencial de reducir costes, aumentar la competencia y proporcionar un mejor servicio a los clientes. Consecuentemente, resulta conveniente favorecer el uso de nuevas tecnologías siempre que las mismas proporcionen niveles de seguridad adecuado", reconocía el Sepblac en su escrito, en el que desarrollaba 15 puntos a tener en cuenta por parte de los propios bancos a la hora de llevar a cabo sus aplicaciones.
Entre las exigencias de las autoridades antiblanqueo estaba la obligación ineludible por parte de las entidades de documentar detalladamente y testar la eficacia y seguridad de la nueva tecnología de identificación, "reseñando por escrito los resultados". Tal y como explican fuentes conocedoras del proceso, los responsables de BBVA trabajaron durante meses en la implementación de un software especial y una aplicación con tecnología "de reconocimiento biométrico" para pasar el examen del Sepblac.
Pese a que BBVA y Self Bank han sido los primeros bancos en presentar soluciones de este tipo, fuentes financieras anticipan un aluvión de las mismas durante los próximos meses, toda vez que la autorización del regulador antiblanqueo es general, y potencialmente está abierta a todas las entidades que sean capaces de desarrollar aplicaciones que cumplan con los requisitos legales y técnicos.
Protección de datos sanciona con 20.000 euros a Groupon por almacenar datos tarjetas de crédito 29-11-2016
La Agencia Española de Protección de Datos ha impuestos una multa de 20.000 euros a Groupon por infringir la Ley de Protección de Datos (LOPD) al almacenar los datos de las tarjetas de crédito de sus ...
Según la resolución de la Agencia que recoge el blog Protección de datos personales, impuso la sanción el pasado mes de diciembre, tras las denuncias interpuestas por cuatro clientes que indicaron que el formulario de compra recordaba sus datos bancarios y no ofrecía posibilidad de modificar este hecho.
El documento especifica que "en su página web que no almacena los datos de las tarjetas de crédito, pero al realizar compras se comprueba que la aplicación rellena automáticamente el dato de la tarjeta de crédito y el código de seguridad (CVC o CVV)".
Ante las reclamaciones de los clientes, la AEPD se puso en contacto con Groupon para notificar las acusaciones. La respuesta de la web de cupones de descuento fue que ellos no guardan los datos de los compradores, sino "la pasarela de pagos" y que "los clientes pueden elegir si desean o no que se conserve el número de la tarjeta".
Sin embargo, en sus comprobaciones el ente público detecta que no es cierto que se de la opción de elegir si dichos datos han de ser guardados o no. "Al realizar una segunda compra se verifica que el sistema no solicita el número de tarjeta de crédito, sino que ofrece los anteriormente utilizados", explica.
La resolución, recogida por el blog Protección de datos personales, indica que Groupon "no ha proporcionado información clara y precisa" respecto del tratamiento al que se someten los datos personales, sino que incluso "se informa precisamente de lo contrario".
¿Y QUIÉN DICE QUE MI PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS CUMPLE? 29-11-2016
Cabe recordar que es diferente contar con un modelo de compliance general en la compañía, que afecta a todos los ámbitos de cumplimiento en su sentido más amplio (commitments y requirements; compromis...
Cabe recordar que es diferente contar con un modelo de compliance general en la compañía, que afecta a todos los ámbitos de cumplimiento en su sentido más amplio (commitments y requirements; compromisos y obligaciones) que contar, como desarrollo natural de éste, con los diversos modelos por áreas que puedan afectar a la actividad propia de cada compañía. En este segundo tipo de modelos se situarían los llamados Planes de Prevención Penal (o de Delitos) de las empresas.
¿CUÁNTO DINERO GANA FACEBOOK CON TUS DATOS? 24-11-2016
Facebook sigue siendo la reina de las redes sociales. La compañía fundada por Mark Zuckerberg ha visto como sus ingresos se dispararon en el tercer trimestre del año hasta los 7.0...
LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER 24-11-2016
La vía de transferencia de responsabilidad penal a la persona jurídica por incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control cometido por personas físicas sometidas a la autor...
La vía de transferencia de responsabilidad penal a la persona jurídica por incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control cometido por personas físicas sometidas a la autoridad del órgano dotado de facultades de organización y control parece abrir la vía de la responsabilidad penal, como persona física, del llamado compliance officer. La responsabilidad penal de la persona jurídica se apoya en la transferencia de responsabilidad penal por la actividad de las personas físicas autoras materiales de un delito de los tasados en el código penal, cometido actuando en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en su beneficio, ya sea directo o indirecto, por tanto, la conclusión de que para declarar la responsabilidad penal de la persona jurídica se necesita la comisión del hecho punible por una persona física para que se produzca esa transferencia de responsabilidad penal resulta acertada, aunque con matices, ya que no es necesaria la condena de un sujeto en concreto para que la pena sea impuesta a la persona jurídica, solo desde esta perspectiva se puede entender la obligación de la empresa de demostrar el correcto ejercicio de las facultades de control y vigilancia y en consecuencia, haberse dotado de un adecuado sistema de control del cumplimiento normativo en materia penal. Esto implica que podemos encontrarnos con un escenario en el cuál, se produzca una imputación de una persona física de las citadas como susceptibles de transferir responsabilidad penal a la persona jurídica, y que por tanto, esta persona física sea autora del tipo penal concreto imputable, y en consecuencia, responsable penal a título de autor, cooperador necesario o cómplice en toda la extensión de la pena que le corresponda como persona física, independientemente de la que le pudiera corresponder a la persona jurídica, en esta situación podría llegar a encontrase el propio compliance officer. Para discernir la responsabilidad del compliance officer debemos partir del artículo 31 bis del CP, introducido por la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica la Ley 10/95 del código penal, y que aclara la responsabilidad penal de la persona jurídica por incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control, aunque lo cierto es que, no nos encontramos ante un concepto tan novedoso como para no encontrar criterios de interpretación, legales y jurisprudenciales, suficientes para aclarar si la responsabilidad del compliance officer procede por el mero hecho de ejercer sus funciones en el seno de la empresa, en tal sentido podemos remitirnos a los criterios que el Tribunal Supremo maneja en lo que se refiere a la realización omisiva de un ilícito penal en los delitos de resultado, interpretando, vía artículo 11 del texto punitivo, que la comisión por omisión es de apreciar cuando el omitente se encuentra en posición de garante y su deber consiste en impedir el resultado, equiparando, en ese caso, la realización activa y la omisiva, debido a que el garante omitente tiene un comportamiento equivalente al del sujeto activo. Otra referencia jurisprudencial, más cercana a la cuestión, la encontramos en el delito del artículo 316 relativo a la infracción de normas de prevención de riesgos laborales y la determinación del sujeto activo del mismo, entendiendo el Tribunal Supremo, que, en primer lugar, la responsabilidad recae sobre el empresario ya que en el ámbito laboral es el que tiene el dominio del riesgo, en definitiva, el que está legalmente obligado a exigir y a facilitar los medios y procurar las condiciones para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene exigibles. Pero, aunque el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha configurado un deber de seguridad imputado al empresario, el concepto de autor en el ámbito penal es independiente o autónomo del concepto administrativo extendiéndose también a todos aquellos que ejerzan de hecho facultades de dirección y organización sobre la prestación laboral, tanto se trate de mandos superiores como de intermedios o subalternos, incluso de hecho, es más, el artículo 318 alude también a ?quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello?, refiriéndose a la responsabilidad penal directa de las personas pertenecientes a la plantilla de la empresa y careciendo de poder de decisión, sí se hallan en situación idónea por su perfil profesional para evitar el peligro. Quizá la clave la podríamos encontrar en la posición de garante en la evitación del incumplimiento normativo, en este sentido el Tribunal Supremo establece que la responsabilidad no se deriva de una relación jerarquizada entre sujetos sino de su relación objetiva con los hechos, así el Tribunal Supremo entiende, en relación con el delito relativo a la infracción de normas de prevención de riesgos laborales que quien tiene posibilidad fáctica de evitar la situación de peligro y estando jurídico-laboralmente obligado a hacerlo, no lo hace, es autor del delito. A la vista de lo anterior parecería clara la responsabilidad penal del compliance officer por el mero hecho de ejercer su función, sin embargo, esta conclusión, aparente, es engañosa, porque para delimitar su responsabilidad no debe acudirse a automatismos alejados del derecho penal y resulta necesario analizar, desde criterios de eficacia e idoneidad, aspectos esenciales en su labor como son la coherencia de la estructura de control generada por la empresa, si en el desarrollo de sus funciones de compliance asume una posición de control o de coordinación, si la empresa tiene una estructura descentralizada, el alcance y la forma en la que se han delegado en él las funciones de control, incluso si asume funciones indelegables que corresponden exclusivamente a la dirección de la empresa, o si el oficial de cumplimiento, según esa estructura de control, está lo suficientemente cerca del posible riesgo como para convertirlo en un garante real del necesario y obligado cumplimiento normativo como para concluir que su inactividad alcanza el rango de omisión del deber de control susceptible de ser tipificado como delito. A nuestro modo de ver la solución a esta cuestión la encontramos partiendo, en primer lugar, de un compromiso inequívoco de la alta dirección de la empresa para evitar la comisión de delitos, en segundo lugar, de la creación, implantación y apoyo claro a un programa razonable de compliance dotado de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito en el seno de la persona jurídica, en tercer lugar, si la empresa ha posicionado al compliance officer dentro de la estructura de control de la misma en una situación en la que, verdaderamente, pueda ser un garante del cumplimiento normativo por expresa delegación de funciones reflejada contractualmente y acorde con la legalidad, dotado de autonomía, independencia, iniciativa y asignación presupuestaria suficiente, tanto económicamente como de medios, para hacer frente a la responsabilidad que asume. Definida así la figura del propio compliance officer es como se ha de entender que la función de compliance en la supervisión, control y coordinación del modelo de prevención será idónea y efectiva y podría exigírsele, en su caso, una hipotética responsabilidad penal como persona física ya que una atribución automática de dicha responsabilidad sería contraria a los principios del derecho penal, responsabilidad, qué, en todo caso, no eximiría al consejo de administración u órgano directivo de la empresa por ser el verdadero garante de la adopción de programas de compliance penal.
SANCIÓN A UNA PERSONA JURÍDICA POR DELITO MEDIOAMBIENTAL 24-11-2016
Esta entidad no contaba con un Programa de Compliance adaptado que podría haberla eximido de dichas sanciones. Reparando el daño efectuado si que consigue la atenuación de la pena, que inicialmente er...
Esta entidad no contaba con un Programa de Compliance adaptado que podría haberla eximido de dichas sanciones. Reparando el daño efectuado si que consigue la atenuación de la pena, que inicialmente era de 21900 y cese de actividad definitivo. De ahí la importancia de contar con un asesoramiento personalizado en Cumplimiento Normativo o un Compliance Officer que dé una respuesta eficaz ante la comisión de delitos en el seno de la organización.
LAS MULTAS DE COMPETENCIA SE REBAJAN GRACIAS AL COMPLIANCE 24-11-2016
"CEDER DATOS A UN FICHERO DE MOROSOS DEBE CUMPLIR CIERTAS NORMAS" 23-11-2016
El carácter coercitivo de la inclusión de una deuda en los denominados ficheros de morosos es una práctica habitual que pretende medir la solvencia de una persona; sin embargo, ex...
El carácter coercitivo de la inclusión de una deuda en los denominados ficheros de morosos es una práctica habitual que pretende medir la solvencia de una persona; sin embargo, existe un gran rigor normativo para su gestión en el ámbito de la protección de datos.
Alrededor de lo anterior habló ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Miguel del Palacio Lacambra, magistrado del Juzgado de primera instancia número 8 de Oviedo, que en la conferencia titulada "La protección del usuario ante la indebida inclusión en ficheros de morosos" dejó claro que la cesión de datos a un fichero ha de seguir unas pautas muy claras, que a veces no se cumplen. Por eso, "la inclusión indebida en un fichero de morosos da lugar a una indemnización, aunque la cuantía es difícil de valorar", indicó el magistrado.
Del Palacio hizo hincapié en el hecho de que el daño al afectado se sigue produciendo hasta que se materializa la exclusión del fichero, operación para la que la ley otorga un plazo de cuatro años. "Lo que ocurre es que a veces puede que el perjudicado desconozca que se ha llevado a cabo esa exclusión", señaló.
Miguel del Palacio cerró ayer el ciclo "La abogacía, una profesión al servicio de la ciudadanía", organizado por el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Oviedo, que dirige Luis Albo, en colaboración con el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Fue presentado por Pedro Paulino Sánchez, abogado y coordinador general del Centro de Estudios.
En su opinión, cuando existe una solicitud de cancelación o rectificación justificada se debe eliminar la existencia del dato en el fichero, según avalan sentencias del Supremo. "En esos casos, la actuación no debe limitarse a pasar la pelota a quien trasladó el dato al fichero", agregó.
Además, las personas jurídicas también pueden quedar tuteladas por el derecho al honor en lo tocante a la trascedencia que esa consideración indebida de morosos puede tener en su imagen de marca, "ya que la consideración de morosos les puede lesionar con creces a la hora de contratar con terceros", explicó el magistrado. En virtud de ese derecho, el usuario puede ejercer la petición de cancelación o rectificación. Los denominados ficheros de morosos se califican jurídicamente como "ficheros de cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitadas por el acreedor o por quien actúe por su cuenta e interés" en la normativa española de protección de datos y, a su vez, forman parte de la categoría de "ficheros de solvencia patrimonial y crédito".
LOS ACTIVOS DE LAS MARCAS REGISTRADAS, FUNDAMENTALES EN LOS ACUERDOS DE FUSIÓN Y ADQUISICIÓN 23-11-2016
Ya se trate de una ?megafusión? propuesta en el sector farmacéutico o de una adquisición de mercado medio en la industria de alimentos y bebidas, la consolidación se ha convertido en una parte inevita...
Ya se trate de una ?megafusión? propuesta en el sector farmacéutico o de una adquisición de mercado medio en la industria de alimentos y bebidas, la consolidación se ha convertido en una parte inevitable de los negocios modernos en casi todos los rincones del mundo. A medida que las organizaciones buscan una mayor eficiencia y escala operativa, se produce un constante aumento de las fusiones y adquisiciones en todo el espectro de la industria. De hecho, según el último informe de Cross-Border M&A Index de Baker & McKenzie hubo un aumento del 14% en los acuerdos transfronterizos en el primer trimestre de 2016 en comparación con el mismo período del año pasado, con compradores anunciando acuerdos por un total de 302.582 millones de euros.
El valor financiero de una empresa es obviamente una parte fundamental de cada acuerdo de fusiones y adquisiciones y cuando las empresas que se fusionan hacen un balance de sus activos, la propiedad intelectual representa un porcentaje significativo de su valor. Una de las prioridades más importantes en cada transacción comercial es identificar y analizar adecuadamente los activos de propiedad intelectual ya que la propiedad, validez, aplicabilidad y transferibilidad de los derechos de propiedad intelectual de una empresa afecta directamente el valor del negocio.
En el mercado de hoy en día, orientado hacia las marcas, la propiedad intelectual registrada, como las marcas, se encuentra entre los activos corporativos más valiosos de una organización. Centrarse en las marcas durante el proceso de ?due diligence? (debida diligencia) de fusiones y adquisiciones es ahora tan importante como investigar patentes, derechos de autor u otros activos de propiedad intelectual y pasar por alto este paso podría dar lugar a costosas sorpresas que no se harán evidentes hasta mucho tiempo después.
Desafortunadamente, esto no es un riesgo teórico. El hecho de no examinar las marcas registradas durante el proceso de ?due diligence? de una manera apropiada para el acuerdo en cuestión puede conducir a la reevaluación, cambio de precio o cambios estructurales de la transacción. Existen casos documentados de las consecuencias de esto en el pasado, incluyendo el caso de un fabricante global de automóviles que pagó tres cuartos de millón de dólares para comprar una compañía de automóviles de lujo y más tarde descubrió que si bien había comprado el derecho a fabricar los coches, no tenía propiedad de la marca registrada. Las compañías finalmente llegaron a un acuerdo, pero la firma compradora admitió que, si hubiese conocido estas circunstancias, el precio hubiese sido mucho más bajo del que pagó finalmente.
Por ello, la revisión exhaustiva sobre las marcas registradas y su validación debe llevarse a cabo al inicio del proceso de ?due diligence? ya que puede ayudar a evitar las connotaciones negativas y los costes innecesarios asociadas con estos errores.
El proceso de revisión y validación beneficia claramente a ambas partes involucradas en una fusión o adquisición. Por un lado, ofrece toda la información crítica sobre la validez y el alcance de los activos de la marca que afectarán al valor total de la venta a los compradores. El proceso proporcionará la información crítica necesaria para permitir al comprador abordar cuestiones estratégicas de marca, como la capacidad de utilizar las marcas en categorías relevantes para su negocio específico, los mercados globales en los que se pueden utilizar y cuándo caducarán los registros para evitar cualquier problema posterior.
Por otro lado, para los vendedores, el proceso de revisión y validación de la marca les ayudará, en última instancia, a lograr una transacción sencilla y directa. Contar con esta información detallada, precisa y completa también puede resultar valioso durante las etapas de negociación ya que ayudará al vendedor a establecer el valor total de sus activos de propiedad intelectual.
Tanto si la actividad de fusiones y adquisiciones es un acontecimiento puntual para una organización o si una empresa está preparando un acuerdo, es importante conocer al detalle la validación de las marcas registradas. Hay varios elementos fundamentales en el proceso, el primer requisito básico es identificar todos los activos de marcas registradas en la cartera del vendedor. La empresa tiene que confirmar la propiedad de todas sus marcas registradas, comprobando la cadena de títulos para asegurarse de que cada marca se archiva en el nombre del propietario correcto. El estado de esas marcas también tendrá que ser investigado para asegurarse de que son actuales, incluyendo la determinación de las fechas de vencimiento y las solicitudes pendientes.
La validación adecuada de las marcas registradas también debe incluir la identificación de la jurisdicción en la que está registrada cada una de ellas, teniendo en cuenta las jurisdicciones que son ?first-to-use? (primero en usarlo) en comparación con aquellas que son ?first-to-file? (primero en patentarlo). Algunos países pueden reconocer derechos de marcas comerciales de derecho consuetudinario basados ??en el uso de una marca, mientras que otras jurisdicciones dan prioridad al primero en presentar una solicitud de marca, independientemente de su uso.
Otro paso importante es examinar las clasificaciones de bienes y servicios para confirmar que cubren el uso previsto por el comprador. Los registros de nombres de dominio también deben ser validados para confirmar que los nombres de dominio de importancia son propiedad del vendedor y no de un empleado o directivo específico dentro de la empresa, un licenciatario u otra entidad.
El acuerdo externo
Mientras que cada vez más compañías son conscientes de la importancia de validar la marca registrada, las complejidades y el tiempo asociado a este proceso, si se hace de forma adecuada, pueden representar un desafío importante para los departamentos legales internos de las empresas. Hay muchas facetas de la revisión y la validación de una marca registrada, que son muy importantes y que por su complejidad no puede ser llevada a cabo por muchas organizaciones porque no cuentan con la experiencia o los recursos internos necesarios para llevarlas a cabo correctamente. En estos casos, es aconsejable buscar la ayuda de expertos externos que pueden ser la solución más sensata, para asegurar que toda la cartera sea correctamente revisada y verificada y así poder garantizar que la información es actual y está tan actualizada como sea posible.
En cada acuerdo de fusiones y adquisiciones se plantean grandes desafíos tanto en términos financieros como reputacionales, y las empresas ya no pueden permitirse pasar por alto la contribución que las marcas registradas hacen al valor financiero de una empresa. Existen soluciones sencillas para reducir la complejidad de la ?due diligence? de marcas registradas, por lo que las organizaciones pueden concentrar sus esfuerzos en la transacción en sí y no sufrir costosas consecuencias no previstas.
La Agencia Española de Protección de Datos impone a Google una multa de 150.000 euros 22-11-2016
Google deberá hacer frente a una multa de 150.000 euro...
Sanción de 20.000  a empresa de Gestión de Impagados 22-11-2016
Por una infracción del artículo
6.1 de la LOPD ( consentimiento inequívoco del afectado para el tratamiento
de sus datos de carácter personal), tipificada como grave en el artículo 44.3.b)...
de sus datos de carácter personal), tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de la LOPD
Sanción de 50.000  a entidad financiera 22-11-2016
Por la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, en relación
con el artículo 29.4 de la misma norma y en relación también con los artículos 38, 39 y
43 del RLOPD; infracción tipificada como gr...
43 del RLOPD; infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.c) de la LOPD.
El artículo 4.3 de la LOPD dispone que: Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.
LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES, LAS MAS SANCIONADAS EN PROTECCION DE DATOS 22-11-2016
Inserción indebida en ficheros de morosos y altas fraudulentas, principales reclamaciones ante la AEPD....
Inserción indebida en ficheros de morosos y altas fraudulentas, principales reclamaciones ante la AEPD.
El fiscal solicita un año y tres meses de prisión y multa e indemnización de 480.648 euros 21-11-2016
Un empresario ovetense de la construcción se sentará hoy en el banquillo de los acusados por defraudar en el IVA, presuntamente, más de 240.000 euros a Hacienda. El juicio est&aac...
Un empresario ovetense de la construcción se sentará hoy en el banquillo de los acusados por defraudar en el IVA, presuntamente, más de 240.000 euros a Hacienda. El juicio está señalado para mañana en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, a las 10,00 horas.
El acusado era, desde el año 1999, socio y administrador único de una empresa de construcción con sede en Oviedo. El Ministerio Fiscal sostiene que la empresa eludió el ingreso de cuotas por importe de 240.324,05 euros mediante la deducción de cuotas soportadas sin soporte documental en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del ejercicio 2007.
Según el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal, por el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2007. Y solicita que se condene al acusado a 1 año y 3 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo; el pago de una multa de 240.324,05 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago; pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años y abono de las costas procesales.
Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado pague a Hacienda 240.324,05 euros, con los intereses de demora, todo ello con responsabilidad civil solidaria y directa de la mercantil, que será también responsable directa y solidaria de la pena de multa impuesta al acusado.
¿PUEDO TENER UNA NEWSLETTER? 17-11-2016
Evidentemente sí, pero legalmente no es tan sencillo, ya que tendrás en tu poder datos personales de usuarios que debes proteger para mantener la privacidad. Debes avisar siempre a los usuarios de la ...
Evidentemente sí, pero legalmente no es tan sencillo, ya que tendrás en tu poder datos personales de usuarios que debes proteger para mantener la privacidad. Debes avisar siempre a los usuarios de la finalidad de esos datos, por ejemplo, enviar información o publicidad sobre las ofertas de tus productos o servicios. Esta regulación está al amparo de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y, además de preservar su confidencialidad, deberás permitir al usuario acceder a sus propios datos, modificarlos, que puedan ser eliminados de la base de datos o cancelar alguna de las finalidades para la que prestó sus datos pero sin que desaparezcan de la base de datos.
¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA MARCA DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL? 17-11-2016
Mucha gente cree que registrando su denominación social en el Registro Mercantil, el nombre quedará automáticamente protegido como marca. Se trata de un error bastante común.
El nombre comercial ...
El nombre comercial es un signo distintivo. Su función es la de diferenciar e individualizar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o semejantes; tiene una función importante, pues sirve para canalizar la propia clientela.
El nombre comercial no es preciso que coincida con la denominación social y puede elegirse, por tanto, un nombre comercial diferente de la denominación social. En el caso de las personas naturales tampoco es necesario que el nombre comercial coincida con su nombre civil (nombre y apellidos), puede elegirse como nombre comercial una denominación diferente. Una misma persona natural o jurídica puede tener, si lo desea, varios nombres comerciales para identificar actividades empresariales pertenecientes a diferentes sectores del tráfico económico.
Es importante entender la diferencia entre la marca, nombre comercial y denominación social. Conforme se ha indicado anteriormente, la marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.