Source: https://laborgali.blogspot.com/2012/02/
Timestamp: 2017-06-23 12:09:41
Document Index: 295202996

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30']

LABORGALI: febrero 2012
LABORGALI
SOCIAL - LABORAL *relaciones y ciencias sociolaborales *Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
El despacho de Baldo
Soraya Sáenz de Santamaría azuza a los sindicatos
¿Quiere el Gobierno español una huelga general?
Podría parecernos, a la vista de los acontecimientos, que el Gobierno de España, desea y promueve, la convocatoria de una huelga general, para así justificar la contundencia de su reforma laboral.
La Vicepresidenta, doña Soraya Sáenz de Santamaría, quiere dejar mal a los sindicatos ante la opinión pública, haciendo una reflexión sobre una posible conducta desleal de las organizaciones sociales, por percibir fondos públicos para su financiación.
El viejo recurso a la financiación pública de las organizaciones sociales, recurso hipócrita de ciertos políticos, requiere de cierta aclaración, que parece no querer afrontar ninguna autoridad conocedora de la materia. Es necesario diferenciar y respetar, dentro de todo el conglomerado de partidas que mueven los fondos públicos, aquellas que están destinadas a hacer frente a los gastos que ocasiona la democrática y legítima representación de los trabajadores, la cual, viene dada por el sufragio en las urnas, en las elecciones legalmente convocadas, de donde salen los representantes unitarios, directamente elegidos por las trabajadoras y trabajadores. De tales resultados electorales, surge la -representatividad sindical- porcentaje que, entre otras cuestiones de derecho, establece también la medida de las cuantías económicas que habrán de recibir las organizaciones en razón de los resultados electorales.
A mi entender, con independencia del legítimo debate que pueda haber, sobre la adecuada forma de organizar las cuentas de la representación legal de los trabajadores; con el actual sistema, no se está pagando a unas organizaciones sindicales concretas, por el mero hecho de existir, como podría ser el caso de los Partidos Políticos, aquí, con gran parte de los fondos públicos que se señalan (de otros habrá de dar cuenta también quien paga), se está pagando a los representantes legales de los trabajadores, de cuya fuerza representativa, emana la legitimidad de unas organizaciones -más representativas- para ostentar el privilegio legal de sentarse en las negociaciones de alto calado.
Para el Gobierno español y para el partido político que lo sustenta, parece resultar esencial la deslegitimación de las organizaciones sindicales, así, enturbiando la información, diciendo verdades a medias, se trata de conseguir debilitar la fuerza de los propios trabajadores.
Los representantes de los trabajadores, son personas físicas elegidas en las urnas y que como tales, ostentan unos derechos y garantías para poder operar en la empresa, ante el empresario y ante las instituciones, siempre en defensa de los trabajadores, tanto de quienes les han elegido como de aquellos que decidieron no hacerlo, por tratarse de una decisión democrática y libre.
Por otra parte, para aunar la fuerza representativa emanada de las elecciones sindicales, ya sea a nivel de unidad electoral, o lo sea en los distintos ámbitos territoriales -local, provincial, autonómico, nacional, europeo o internacional global-; los trabajadores, a través de sus representantes se organizan para equilibrar el desnivel brutal de fuerza existente entre la parte social y la patronal. Es muy peligroso simplificar tanto las cosas, más peligroso resulta consentir que torticeramente, una y otra vez se pretenda desvirtuar la organización de los trabajadores; pensemos con calma, que cualquier anomalía en la organización de las clases trabajadores en general, habrá de solucionarse por estas, nadie de fuera, está legitimado para hacerlo, menos aún quien actúa como gestor, gobernante y empresario. En la actualidad, la fuerza y el poder empresarial, en muchos casos resulta in-identificable. Estamos siendo testigos a diario, de la continua subvención y ayuda, sin límites y sin fondo con la que, con el dinero de los ciudadanos, se está sufragando el despilfarro de los grandes financieros, ante la insolidaridad de otros poderosos; observamos atónitos, como los gobiernos, incluido el actual de España, bailan al son de las órdenes y caprichos del poder. Ahora tenemos que oír a la Vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, leyéndonos la cartilla, para hacernos creer que la solución del paro, que ella misma en campaña decía saber atajar, digo, para hacernos creer que, la solución consiste en quitarle a los trabajadores, a los consumidores, sin tocar a los más ricos quienes, podría ser, estén expectantes a la posibilidad de explotación de parte de lo público, concretamente de aquello que deje rentabilidad.
La Vicepresidenta, no se ha fijado en las propias empresas públicas, cuya responsabilidad es directa de su Gobierno, algunas de las cuales sufren con mayúsculas de despilfarro injustificado. Qué nos puede contar doña Soraya Saénz de la irregular situación de cierta empresa pública, sociedad anónima, del control de sus gastos, de una empresa pública en la que hay funcionarios, muchos de los cuales han superado los 35 años cotizados y tienen más de 55 años, que vendrían a resultar más rentables económica y socialmente, como jubilados anticipados, dejándose paso a parados jóvenes, ¿no resultaría esto más rentable, que la opción imparable de prestar ayudas para pre-jubilaciones de entidades financieras y otras empresas, las cuales no dejan espacio para el empleo?
Hacer una reforma laboral, a todas luces contraria al derecho constitucional, no es la solución, igual que no lo sería dejar sin comer, sin médico o sin escuela a sus hijos, aquellos padres que no han sabido equilibrar sus economías domésticas.
Algunos a quienes no se les escucha, hablan de que -hay alternativa- lo que no podemos consentir es que los actuales gobernantes, ahora por sorpresa, traten de encontrar la solución a costa de los trabajadores y trabajadoras, o de sus representantes a quienes solo sus electores habrán de pedir cuentas.
Quien debe dar la cara y gobernar para los ciudadanos es el Gobierno, sin cebarse en los débiles porque eso, no podemos consentirlo.
Salvo mejor parecer
bgg...
VIGO (Baldo)
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Berretum
Carteros Rurales, olvidados de casi todos
Leemos los compromisos adquiridos por la empresa con ciertos sindicatos firmantes, tanto en el “*Acuerdo General 2009-2013, de Regulación de las condicion...
Postgrado - Universidad Alcalá de Henares
Experto Europeo en Relaciones Sociolaborales Duración: 2 años, 142 créditos Titulación. 2º Ciclo Universitario Propio. Alcalá de Henares La titulación de Experto Europeo en Relaciones Sociolaborales, es de Estudios propios de Segundo Ciclo Universitario de la Universidad de Alcalá de Henares. Amparándose para dicha titulación en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto de Reforma Universitaria. Los requisitos de acceso a esta titulación son idénticos a los exigidos para la obtención de una Licenciatura (al tratarse de un segundo ciclo, requiere de la posesión previa, de al menos, una diplomatura universitaria), consta de 142 créditos (1420 horas) distribuidas en dos años académicos. Áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento ante las que se elige el profesorado son las correspondientes a cada materia, combinando siempre la experiencia teórica y la práctica. - Economía. - Psicología.- Empresa. - Sociología.- Derecho. - etc.La creación de estos estudios responde a los objetivos de la Comisión de la Unión Europea de crear un espacio común europeo para la educación y la formación, asumiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y las propuestas del Consejo de Europa de adecuar los procesos de formación a fin de hacer frente a las nuevas exigencias del mercado de trabajo y la Seguridad Social. La titulación ha estado dirigida a titulados universitarios, de derecho, psicología, sociología, etc. y muy especialmente graduados sociales. Los titulados Expertos Europeos en Relaciones Sociolaborales, son especialistas en áreas sociolaborales para la empresa desde la perspectiva del ámbito europeo común. Por tanto, en consonancia con los planes y objetivos de la Comisión de las Comunidades Europeas. son expertos en:a) La resolución de problemas sociolaborales de la empresa que puedan facilitar la colaboración eficaz entre trabajadores y empresarios, en consonancia con los objetivos de la Administración Comunitaria. b) Orientar los caminos de la cooperación en un espacio europeo sin fronteras. c) Elaborar programas de trabajo que sirvan de factor de integración social. d) Armonizar las exigencias de la economía: competitividad y creación de empleo.
Máster Universitario en Dirección y Gestión Laboral
Las tres llaves
Las tres llaves representan la naturaleza tripartida de la OIT y hacen referencia a la colaboración entre gobiernos, empleadores y trabajadores para la elaboración del Derecho internacional del trabajo. El tripartismo, principio fundador de la Organización, que fue formulado por vez primera por la Delegación británica de la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, permitió a la OIT ocuparse de los problemas "más reales para la mayoría de personas de todo el mundo".
Aquí en el cielo (Eric Clapton)
Cantata de Santa María de Iquique (Quilapayún)
Casas de cartón (por Javier Alvarez)
Música en la memoria
Qué dirá el Santo Padre (Quilapayún)
Derecho del Trabajo - Relaciones y Ciencias Sociolaborales
Derecho Sindical - Sindicatos
Ministro de Fomento - José Blanco
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
Vigo economía
et alia...
et alibi...
* CELANOVA
...Cum de fraude disputatur. / Cuando se trata sobre el fraude...
Papinianus, libro trigensimo primo quaestionum. Generaliter cum de fraude disputatur, non quid non habeat actor, sed quid per adversarium habere non potuerit, considerandum est.Papiniano, libro 31 de las cuestiones. Generalmente cuando se trata sobre el fraude, se ha de tener en cuenta, no lo que ya no tiene el demandante, sino lo que no pudo obtener a causa de su adversario.Papinianus, libro trigensimo secundo quaestionum. Fraudis interpretatio semper in iure civili non ex eventu dumtaxat, sed ex consilio quoque desideratur.Papiniano, libro 32 de las cuestiones. En derecho civil, siempre se hace la interpretación del fraude atendiendo no sólo al resultado sino también a la intención.
Vigo al Trabajo
Aligera la Carga - Seguridad en el Trabajo
LIBERTAD DE EXPRESIÓNEl TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, en Sentencia de 23 de abril de 1992, dijo:"La libertad de expresión no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta del otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquél contra quien se dirige, pues, así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe "sociedad democrática"
El esclavo en las leyes de las Siete Partidas.
PARTIDA IV, TITULO XXIII "omes o son libres, o son siervos o aforrados a que se llaman en latín libertos"
PARTIDA IV, LEY I, TITULO XXI "Servidumbre es postura é esablecimiento, que fizeron antiguamente las gentes, por la qual los omes que eran naturalmente libres, se fazen siervos, é se meten a señorío de otro contra razón de natura. E siervo tomó ese nome de una palabra que llaman en latín servare, que quiere tanto dezir en romance como guardar"
PARTIDA IV, LEY VIII, TITULO XX "como yudio, nin moro, non puede aver christiano por siervo"
En CANARIAS - La madre de un estudiante muerto en una manifestación...En todos estos años, ninguna autoridad o gobierno me han dado una explicación de por qué murió Javier.Leer: La deuda con Javier Fernández Quesada
Artículos Laborgali desde 2005...
Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948 El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios". Preámbulo Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2 1.	Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2.	Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11 1.	Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2.	Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13 1.	Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2.	Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14 1.	En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2.	Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15 1.	Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2.	A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16 1.	Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2.	Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3.	La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17 1.	Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2.	Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 20 1.	Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2.	Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21 1.	Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2.	Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3.	La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23 1.	Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2.	Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3.	Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4.	Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25 1.	Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2.	La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Artículo 26 1.	Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2.	La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3.	Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27 1.	Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2.	Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 28 Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29 1.	Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2.	En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3.	Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30 Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración