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Timestamp: 2019-05-21 07:35:30
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Matched Legal Cases: ['artículo 99', 'Artículo 23', 'artículo 20', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 97', 'Artículo 41', 'artículo 45', 'artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 97', 'artículo 63', 'artículo 41']

Diario de Sesión: Sesión Especial N° 58
DETERMINACIÓN DE TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO Y SUS IMPLICANCIAS PARA LOS CONSUMIDORES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES. Proyectos de acuerdo.
INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
Sesión 58ª, en miércoles 2 de mayo de 2001
(Especial, de 16.10 a 18.49 horas)
Prosecretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
II. Apertura de la sesión	8
III.Actas	8
IV.Cuenta	8
Permiso constitucional	8
Determinación de tarifas del sector eléctrico y sus implicancias para los consumidores residenciales e industriales. Proyectos de acuerdo	8
1.	Moción de los diputados señores García-Huidobro, Cardemil, Leay, Longton, Orpis, Prokurica, Recondo, Sánchez, y de las diputadas señoras Guzmán, doña María Pía, y Pérez, doña Lily, que deroga disposiciones que imponen penas corporales por no pago de multas impuestas por juzgados de policía local en materias de su competencia y crea sistema alternativo de cumplimiento de condena (boletín Nº 2699-06)	42
2.	Oficio del Tribunal Constitucional, por el cual remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto que establece un seguro de desempleo (boletín Nº 2494-13)	44
-Del diputado señor Villouta, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 3 de mayo en curso para dirigirse a la República Argentina.
-De la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala los días martes 8 y miércoles 9 de mayo en curso, a partir de las 11 horas, para discutir y votar las indicaciones de S.E. el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial (boletín Nº 2416-03).
-De los diputados señores Kuschel, Alessandri, Bertolino, Jaramillo, Rojas y Melero, cupos adicionales de pensiones asistenciales para la Décima Región.
-Del diputado señor Kuschel, deudas con proveedores de servicios de salud.
-Del diputado señor Jarpa, pavimentación camino Chillán-Tanilvoro, Octava Región.
-De los diputados señores José Pérez, Acuña, José García, Jaramillo, Krauss, Ortiz, Osvaldo Palma, Mora y Naranjo, recursos extraordinarios para el SAG.
-Del diputado señor Pedro Muñoz, medidas de protección de la condición zoosanitaria de Magallanes.
-Del diputado señor José Pérez, fiscalización de los denominados “embutidos”.
-De los diputados señores Ceroni, Acuña, Girardi, Jaramillo, Felipe Letelier, Vilches, Villouta, Mora, Osvaldo Palma, José Pérez y Rocha, vertederos ilegales en Parral.
-De los diputados señores Rincón, García-Huidobro y Velasco, remodelación Avda. La Compañía, de Graneros.
-De los diputados señores Navarro y Velasco, deudas hipotecarias Población Teniente Merino, comuna de Coronel.
-Del diputado señor Molina, rechazo a construcción de la red de agua potable y alcantarillado comuna de Monte Patria.
-De los diputados señores Krauss, Acuña, Naranjo, Ortiz y de la diputada señorita Sciaraffia, patrimonio histórico de Humberstone.
-Asistieron los siguientes señores diputados: (101)
-Asistieron, además, los ministros del Interior , señor José Miguel Insulza; de Economía, Fomento y Reconstrucción, y de Minería, señor José De Gregorio; de Vivienda y Urbanismo, y de Bienes Nacionales, señor Jaime Ravinet, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, señora Vivianne Blanlot.
-Concurrieron, también, los senadores señores Jorge Lavandero y Roberto Muñoz Barra.
El acta de la sesión 51ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 52ª queda a disposición de las señoras y señores diputados.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo para sesionar simultáneamente con la Sala los días martes 8 y miércoles 9 de mayo próximo, a partir de las 11 horas, a fin de discutir y votar las indicaciones de su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.
Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Edmundo Villouta para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 3 de mayo en curso, para dirigirse a la República Argentina.
A continuación, corresponde debatir sobre el proceso de determinación de tarifas del sector eléctrico y sus implicancias para los consumidores residenciales e industriales.
El tiempo previo de 15 minutos corresponde al Comité de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado señor Tomás Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Señor Presidente , ¿por qué una sesión especial para discutir sobre tarifas eléctricas? Habríamos preferido no hacerla, porque propusimos un proyecto de acuerdo para constituir una comisión investigadora. Con ese propósito solicitamos el acuerdo para alterar el orden de la tabla y un Comité consideró que no era conveniente cambiarlo, por razones muy respetables. Estimamos que era indispensable constituir una comisión investigadora para despejar las que, a nuestro juicio, representan irregularidades en el proceso de fijación de tarifas eléctricas entre los años 2000 y 2001.
Ahora, hay un hecho indesmentible, cual es que las tarifas están subiendo. Las autoridades dicen que el motivo principal son los cambios en los precios de nudo, de generación y transmisión, que dicen relación con el estímulo que consideran indispensable con el objeto de incentivar las inversiones en un sector absolutamente deprimido y con peligro de que se produzca algún tipo de crisis por racionamiento, el cual se viene anunciando desde el año pasado.
Hemos descubierto alteraciones en las tarifas eléctricas por factores relativos a la determinación de los precios de nudo y de distribución. Por ejemplo, por concepto de dichas alteraciones, Chilectra , en cuatro años, recibiría recursos que alcanzarían a 207 millones de dólares que no le corresponderían. Además, el efecto práctico es que las tarifas de distribución, en Santiago, como consecuencia de esos cambios, están 38 por ciento más altas de lo que debieran. Si no hubieran ocurrido todas estas variaciones o irregularidades, los precios de las tarifas residenciales de la capital estarían exactamente en los mismos niveles del año pasado o, incluso, habrían bajado, aun cuando se hubieran aceptado incrementos moderados por otro tipo de causas explicables en los valores por generación y transmisión.
Nosotros señalamos que se alteraron los estudios requeridos por ley con el objeto de determinar los valores agregados de distribución. Es más, hemos dicho, en un documento extenso, que todos los señores diputados tienen en su poder desde anoche -el cual es respuesta al que, a su vez, la Comisión Nacional de Energía distribuyó en la Cámara de Diputados cuando hicimos la denuncia-, que, finalmente, esa Comisión Nacional determinó tarifas sobre la base de valores superiores a los que las propias empresas -en este caso, Chilectra - declararon como costo indispensable para realizar su actividad.
No coincidieron los valores agregados de distribución de la Comisión Nacional de Energía con los de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles al momento de fijar los costos de explotación.
Pero estas irregularidades no sólo afectan a Chilectra, sino también a siete empresas del país -y, a lo menos, a 36 distritos de diputados presentes en la Sala-, cuales son: CGE, Eliqsa S.A., de Iquique; Elecda S.A., de Antofagasta ; Emelat S.A., de Atacama ; Conafe , Río Maipo S.A. y Puente Alto, las cuales -reitero- presentan variaciones en sus valores de distribución.
En segundo término, hemos dicho que la Comisión Nacional de Energía subió todos los factores de coincidencia para Chilectra, convirtiendo a Santiago en una ciudad con las redes de distribución menos compartidas del país y en una de las más rurales. Expresamos que la Comisión Nacional de Energía, a través de esta decisión, hizo letra muerta de un fallo favorable que obtuvo, en 1996, bajo la administración del Presidente Frei , con el objeto de defender sus fijaciones tarifarias.
En tercer término, hemos advertido que, sin metodologías previas, se aumentaron los precios de subtransmisión en Chile para todas las distribuidoras del país, generando incertidumbre y arbitrariedades que solamente conocimos antes de 1992, cuando se fijaron las primeras reglas al respecto.
Hemos manifestado, asimismo, que en los aumentos de los valores de subtransmisión se aplicó para Chilectra un factor de enmallamiento que no se le reconoce a ninguna otra distribuidora urbana semejante en el país.
En lo que se refiere a los precios de nudo, hemos planteado que la Comisión Nacional de Energía introdujo cambios que nada tienen que ver con la crisis externa, del dólar, del petróleo, o con un peligro de racionamiento.
Hemos hecho notar que la Comisión Nacional de Energía cambió metodologías, de modo que subió los valores de nudo muy por sobre lo razonable.
Ha habido cambios en los cálculos de los precios del carbón. Le introdujeron variables absolutamente absurdas que suponen cálculos distintos a los aplicables en Chile hasta la última fijación. Recientemente, se fijaban sobre la base del precio de los cuatro carbones más baratos del país, pero ahora se consideran todos los disponibles, como si las empresas no tuvieran el criterio suficiente como para operar en forma racional o eficiente al tomar sus decisiones.
Se han traspasado a los usuarios los costos de las tarifas por la demora de Endesa en la puesta en funcionamiento de la central Ralco. Se cambia el criterio de la Comisión Nacional de Energía en esta materia, en cuanto a respetar los planes indicativos de obras señalados en cada caso por las empresas.
También hemos dicho que estas irregularidades, que comprometen la probidad de la jefa de servicio de la Comisión Nacional de Energía, deben ser aclaradas, y ella tiene la responsabilidad de contestar. Ella ha estado a ambos lados del escritorio: regulando a Chilectra y actuando como su consultora en los mismos temas por lo cuales la empresa se ha favorecido en la actualidad. En la práctica, ésta le ha pagado honorarios por concepto de consultoría que corresponden a los incrementos indebidos que estamos denunciando.
Hemos aseverado que la GTD es una empresa consultora vinculada a la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía. Fue contratada para fijar los parámetros que sirvieron de base para establecer los estudios de valor agregado; pero finalmente esa misma empresa, o profesionales ligados a ella, fueron contratados para modificar de manera irregular esos estudios sobre la base de una curva de ajuste de costos que ni siquiera existe dentro de los referidos parámetros. ¿Cuándo ha sucedido, en un sistema de licitación, que la misma empresa que realiza las bases termine adjudicándose la licitación? En este caso, ha ocurrido eso y nos parece irregular.
Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Energía, a través de su secretaria ejecutiva, ha validado los mismos informes que esa empresa, ligada a ella, ha suministrado a través de Chilectra con el objeto de servir de base de antecedentes para determinados incrementos.
Finalmente, termina sentada en el directorio, junto al presidente de la principal corporación reguladora y distribuidora eléctrica, por lo menos del Área Metropolitana, como si eso no fuera nada. ¿Qué pasaría si el contralor general de la República terminara metido en una sociedad en conjunto con un alcalde al que él está llamado a fiscalizar? Cualquiera reaccionaría.
Hasta ahora hemos recibido tres respuestas, antes de que el detalle de estas acusaciones se pueda conocer más en profundidad. Se nos ha contestado que la Comisión Nacional de Energía tiene atribuciones para modificar los estudios de valor agregado y que lo hizo para adecuarlo a una curva de ajuste de costos.
Nosotros afirmamos que no las tiene y que nunca se ha hecho esto. Además, preguntamos por qué lo hizo, incluso, por sobre el valor pedido por Chilectra, de 25 millones de dólares por año, en relación con lo que esa empresa informó al momento de calcular sus costos de explotación.
Se nos señaló que esta acusación no tiene fundamento, porque Chilectra ha bajado sus ingresos.
Queremos decir, a quienes nos han respondido en esos términos, que están confrontando mal las cifras, porque aquí no corresponde comparar el proceso tarifario de hoy con el de 1996, donde sí hubo una caída, sino hacer una comparación entre lo que se hizo ahora y lo que se debió hacer. Desde ese punto de vista, estamos diciendo que esta fijación terminó compensando una caída que habría sido mucho mayor si se hubieran aplicado los criterios correctos.
Además, las cifras que entrega la Comisión Nacional de Energía no cuadran con las de Chilectra. Mientras la Comisión Nacional de Energía indica caídas de 10,4 por ciento, Chilectra acusa caídas de 4,6 por ciento.
¿Qué llevó a Chilectra a reconocer caídas en sus ingresos entre 1996 y esta fecha? Ya en 1999 estaba rentando muy por sobre lo que le correspondía y las tarifas debían sincerar esa realidad. Si uno estimaba que las tarifas debían bajar, la pregunta era ¿cuánto? La Comisión Nacional de Energía dio una respuesta, y nosotros, otra. Eso, unido a los cambios de los precios de nudo y a los de subtransmisión, ha determinado que el público, los usuarios, paguen más de lo que debieran pagar.
Se nos ha expresado que los factores de coincidencia debían subir y hemos dicho que la demanda en este tiempo ha aumentado, lo cual podría señalar que, al capturar los efectos de una economía de escala, los costos debieran bajar.
Se nos ha dicho que la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía no está vinculada a la consultora GTD y que, incluso, nunca ha sido una empresa de su propiedad; pero a la secretaria ejecutiva se le olvida decir que ella misma, ante presentaciones de sus clientes nacionales y extranjeros, aparece como directora ejecutiva de GTD, pero no hasta 1997 ni 1998, sino hasta el 2000.
Se nos ha hecho presente que el factor de enmallamiento aplicado para Chilectra no es una creación de GTD, sino que de una consultoría de Sebastián Bernstein. Hemos replicado que eso no es cierto; que la única empresa que tiene enmallamiento es Chilectra y no otras distribuidoras con características semejantes.
Se nos ha manifestado que GTD no hizo el estudio para Chilectra, que determinó los aumentos de los factores de coincidencia. Nosotros podemos decir que GTD ha dicho lo contrario.
Se nos ha afirmado que había obligación de ajustar los precios por subtransmisión; pero nuevamente debemos decir que, como la demanda ha aumentado y los costos unitarios han bajado, esos reajustes de los valores de subtransmisión debieran bajar y no subir.
No sé por qué existe tanto temor de crear una comisión investigadora. ¿Por qué someterla a un filtro? ¿Por qué tener que decir una cosa medio eufemística como: “Terminemos en una comisión de estudio. Convirtamos esto en un tema académico. Dejemos que la Comisión de Minería y Energía decida si estas acusaciones son serias o no?”. Aquí estamos en presencia de acusaciones directas, concretas, que merecen ser despejadas en beneficio del público y también de quien es objeto de ellas, lo cual debe ser hecho en una instancia formal. El público tiene derecho a saber cómo se establecen sus tarifas eléctricas, y hoy existen autoridades que pregonan alzas inevitables, con el objeto de financiar un proceso de inversión que, en realidad, ha sido bastante controvertido por otros especialistas del rubro.
Algunos hacen gárgaras con el tema de la fiscalización; pero en algunas oportunidades terminan con lealtades muy mal entendidas. No sé efectivamente dónde tienen sus compromisos reales: si con los usuarios o con otro tipo de personas.
Aquí no tenemos 120 expertos en electricidad. Yo tampoco lo soy; pero hay que dar una oportunidad, una instancia real y objetiva, para que las personas que sí tienen opinión puedan fundamentar sus acusaciones a cara descubierta.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía se ha transformado en la principal crítica de autoridades de anteriores administraciones de la Concertación, del gobierno del Presidente Frei, y les ha exigido que asuman sus responsabilidades respecto de las bajas artificiales de los precios de la energía eléctrica. En verdad, no sabemos con quién quiere discutir esa persona, porque los ministros de la época a cargo de los procesos tarifarios, hoy son secretarios de Estado de la actual administración. Algunos dicen: “Aquí la responsabilidad la tiene el ministro de Economía ”, en circunstancias de que el titular de dicho ministerio no firmó este decreto de distribución tarifaria en noviembre pasado.
Ha sido hasta sintomático que, en los últimos días, nada menos que el presidente de Endesa-España haya terminado defendiendo, desde Madrid , a esas autoridades.
Si el país se expuso a un cambio tan brutal de políticas eléctricas, cuando el Presidente Frei inyectó una mayor inversión de 3 mil millones de dólares, incorporó el gas y bajaron los precios, pero terminamos con alza de los mismos, las críticas por la falta de inversión, que conlleva el riesgo de racionamiento para el próximo año, al producirse tal cambio de política tarifaria, merecen una base de consenso, que actualmente no existe.
Mientras no despejemos estas dudas, la eficacia para hacer modificaciones futuras en la ley eléctrica también estará comprometida, porque estas tarifas son las bases sobre las cuales se van a calcular los futuros incrementos.
Termino haciendo la siguiente reflexión como mensaje hacia las empresas:
Las empresas debieran calcular muy bien a dónde apuestan más: a una ganancia fácil, que hoy construyen sobre la base de arbitrariedades y que el día de mañana se les puede volver en contra, o a tener autoridades eléctricas de verdad, que puedan explicar adecuadamente los fundamentos de sus cálculos, respecto de un tema que afecta a los usuarios y a la población en general, en un momento bastante sensible.
Si en un desarrollo regulado queremos generar certidumbre y confianza para un proceso de inversión, lo correcto es no supeditar decisiones de esta naturaleza al capricho de una autoridad, sino que sean fruto de una reflexión un poco más profunda, que tengamos la oportunidad de conocerlas.
Si este tipo de acusaciones no merecen una comisión investigadora, no sé qué se necesita para tener una. Aquí estamos hablando del ejercicio de una atribución que es propia de esta Cámara de Diputados. Si algunos quieren ponerle un filtro, convertirla en una discusión un poco romántica o académica, allá ellos; pero tenemos un deber y esperamos cumplirlo bien.
Señor Presidente , nosotros apoyamos la formación de una comisión investigadora respecto del tema.
En Chile, cada cinco años, necesitamos disponer del doble de energía eléctrica si nuestra economía crece al 7 por ciento anual. Si la economía se estanca, se acaba el problema.
Los sectores eléctricos de generación y de distribución son monopolios naturales por las economías de escala que requieren. Se debe producir y distribuir en grandes cantidades para que la energía eléctrica llegue a precios bajos a la población. Por ello, deben ser regulados, fijándoseles los precios claves. Esta fijación debe garantizar el crecimiento armónico y concordante de la oferta y de la demanda, dicho en términos generales.
En el caso de nuestro país, la provisión de energía depende de variables controlables y de otras incontrolables. En las últimas destacan períodos de gran sequía, incluso terremotos y eventualmente sabotajes. Hace dos años tuvimos sequía, escasez energética y racionamiento. En el proceso, a mi juicio, la opinión pública e incluso muchos de los diputados presentes, pidieron al Gobierno establecer multas en caso de que el suministro se cortara o no fuera suficiente en condiciones poco claras y poco definidas en la ley.
En esa oportunidad, preguntamos a la autoridad:
1º	¿De dónde provendrán los recursos de las empresas para pagar las multas y compensaciones? No hubo respuesta del Gobierno; pero, en realidad, todos los tientos salen del mismo cuero. O sea, los consumidores tenemos que pagar las provisiones o especies de primas para afrontar estas eventualidades en la cuenta de la luz.
2º	¿Serán mayores gastos y menores impuestos?
3º	¿Serán mayores tarifas?
4º	¿Qué es un año seco y cuál es el límite o umbral para establecerlo?
5º	¿Cómo se establece un episodio como el que tuvimos, con siete años sucesivos de sequía, con excepción de 1997 -porque esto lo discutimos en 1998 y 1999-? Tampoco tuvimos respuesta.
6º	¿Cómo y cuándo se gatillará algún componente de precio que estimule el ahorro de energía eléctrica o que desincentive su consumo? No tenemos ningún mecanismo al respecto.
7º	¿Quiénes y cuándo definen estos conceptos, y cuándo entran en operación?
En la oportunidad, hace dos años, nadie respondió con precisión. ¿Tendremos respuesta hoy en una sesión especial para “debatir sobre el proceso de determinación de tarifas del sector eléctrico y sus implicancias para los consumidores residenciales e industriales”?
A mi juicio, el Gobierno ha manejado mal el proceso de determinación de tarifas eléctricas y, tal como sucedió con el precio del petróleo durante la última campaña presidencial, ha mantenido los precios de la energía eléctrica demasiado bajos por mucho tiempo y ahora se ve en la obligación de subirlos, porque la inversión no es suficiente para garantizar el abastecimiento.
Ahora, preguntamos nuevamente: ¿en qué quedó la rebaja de 4 por ciento en el precio de la energía eléctrica, como consecuencia de la llegada del gas por tubería desde Argentina? ¿Por qué no traemos energía por cable, atravesando la cordillera, desde Argentina? ¿Por qué no interconectamos el sistema central, desde Taltal a Chiloé, con el sistema del norte?
En 1998, a propósito de la sequía -como lo mencioné-, nos ocupamos del tema, pero los problemas de funcionamiento del Centro de Despacho Económico de Carga, CDEC, subsisten. Fallas de información, fallas de la autoridad y problemas de incentivo para enfrentar situaciones de déficit o de crisis, no fueron resueltos. Incluso, pueden haberse agravado con la modificación legal del artículo 99 bis, aprobada por el Congreso en 1999. El precio de la energía debe reflejar el costo marginal de su generación, incluso, el grado de escasez relativa de agua.
En cuanto a las graves denuncias del diputado señor Tomás Jocelyn-Holt , tendrán que ser aclaradas adecuadamente -espero- en la comisión investigadora que decida constituir la Sala.
Señor diputado , han terminado los cinco minutos asignados por su bancada.
Señor Presidente , lamento que esta discusión, que legítimamente el Congreso debe desarrollar, sobre fijación de tarifas en el sector eléctrico y el gran tema de las inversiones para asegurar el crecimiento de generación acorde a los niveles de la demanda y desarrollo del país, esté teñida de improperios, descalificaciones, injurias y calumnias del diputado señor Jocelyn-Holt en contra de la señora Vivianne Blanlot .
Quiero decirle al señor Jocelyn-Holt que varios diputados, de Gobierno y de Oposición, hemos estado trabajando en la fiscalización de las empresas eléctricas. Sin embargo, a él nunca lo he visto fiscalizando ni tampoco exigiendo que se paguen las compensaciones, como hemos visto a muchos diputados de la Comisión de Minería y Energía, entre ellos, al diputado señor Rincón y a otros parlamentarios de la Democracia Cristiana. Jamás, reitero, he visto a Tomás Jocelyn-Holt hablar de la fiscalización de las empresas eléctricas. Por tanto, no acepto que venga a lanzar una sombra de duda respecto de los parlamentarios que históricamente hemos estado fiscalizando de manera permanente a las empresas eléctricas, en particular sobre las compensaciones y otros temas que, incluso, algunos hemos denunciado en días pasados.
Veo en esto un afán electoralista de Tomás Jocelyn-Holt y un intento de hacer recaer en la secretaria el efecto político que provoca un reajuste de tarifas en la población. Además, algunos de los asesores que informan a ese señor diputado respecto de estas irregularidades buscan desregular las tarifas y lograr que sea, única y exclusivamente, el mercado el que determine, no sólo el precio de nudo, sino el conjunto de las tarifas de generación, transmisión y distribución.
En primer lugar, quiero decir que cuando el diputado Jocelyn-Holt plantea que la secretaria ha favorecido a Chilectra con el aumento, no del precio de nudo -como ha sostenido en la prensa-, sino a través de las tarifas de distribución, no ha tenido en cuenta que la fijación de tarifas no la realiza la Comisión Nacional de Energía, sino el Ministerio de Economía; que la Comisión Nacional de Energía elabora los informes técnicos, que son aprobados por el ministro de Economía y plasmados en decretos que firma ese secretario de Estado , quien, a la vez, es presidente de la Comisión Nacional de Energía; que estas tarifas han sido vistas con el Presidente de la República , don Ricardo Lagos , y que, finalmente, la Contraloría General de la República ha tomado razón de los decretos, que, en este caso, no recibieron observación alguna y ratificaron de esta forma la legitimidad de los procedimientos.
Quiero decir también que esta fijación de tarifas no pilla de sorpresa a nadie, puesto que la secretaria de la Comisión Nacional de Energía, Vivianne Blanlot ha sostenido, desde el inicio de su gestión, la necesidad de reformular el cálculo del precio de nudo y el proceso de fijación de tarifas, de manera de estimular las inversiones en el sector eléctrico.
La señora Blanlot desarrolló en dos oportunidades una amplia presentación en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde hizo una detallada exposición a parlamentarios de la Concertación y de la Oposición sobre el tema, y nunca recibió ninguna observación concreta de alguno de los colegas que hoy suscriben el documento del diputado Jocelyn-Holt .
En ninguno de esos encuentros participó ese señor diputado , lo cual, por cierto, no lo inhabilita ni lo descalifica, pero debería, al menos, actuar con mayor cautela y no lanzar injurias y calumnias a la secretaria de Energía del país.
Vamos a los temas de fondo, dado que las afirmaciones que ha hecho en la prensa el diputado señor Jocelyn-Holt adolecen de notables confusiones.
En primer lugar, la Comisión Nacional de Energía calcula semestralmente los precios de nudo, que equivalen al precio de producción al cual venden las generadoras a las distribuidoras. Cada cuatro años fija las tarifas de distribución, que representan el cobro al usuario final por el servicio de transporte y comercialización, y finalmente, los precios de subtransmisión, que son de mayor voltaje que 23 KV y que no pertenecen a los sistemas troncales de transmisión que se fijan junto con los precios de nudo, sin que la ley establezca la periodicidad de su revisión.
Respecto de las tarifas que se aplicaron el año 2000, los ingresos totales de distribución correspondientes a 27 de las 34 empresas que operan en el país, se redujeron en porcentajes que varían entre 3 y 10 por ciento. Por tanto, contrariamente a lo que ha sostenido en los diarios el diputado señor Jocelyn-Holt , no se reajustaron las tarifas de distribución; es un error conceptual de ese señor diputado , que no tiene mayor vínculo con el tema. Lo que sí aumentó es el precio de nudo, que es la porción de producción en la cuenta total. Por tanto, hay una evidente confusión del diputado acusador respecto de los efectos de dos niveles de precio que se mueven de manera independiente.
Es falso sostener, como lo ha hecho el diputado señor Jocelyn-Holt en la prensa, una supuesta ilegalidad en la que habría incurrido la Comisión Nacional de Energía al calcular un valor agregado de distribución que se aparta de la cifra determinada por los consultores contratados para este efecto. Al respecto, la ley es clarísima al señalar que el valor agregado de distribución es calculado por la Comisión Nacional de Energía, la que contrata para estos estudios de costos a consultoras externas, en este caso, varias empresas, ninguna de las cuales puede fijar el precio de distribución, tarea que sólo le compete a la Comisión Nacional de Energía. Esto lo corroboró plenamente la Contraloría General de la República en la toma de razón del decreto tarifario.
La tesis del diputado Jocelyn-Holt nos llevaría a pensar que la Comisión Nacional de Energía debe enajenar su rol regulador y delegarlo en consultores privados, que tienen opiniones diversas y contradictorias en estos procesos. Eso es absurdo. La Comisión Nacional de Energía es la que determina esta tarifa y contrata consultores para recibir una información adecuada; pero no pueden ser las consultoras las que fijen una política que corresponde a una regulación del Estado.
Respecto del precio de nudo, cada uno puede tener una opinión distinta de la de Vivianne Blanlot y de la Comisión Nacional de Energía sobre la correlación de los precios que fija la autoridad, como reflejo correcto de los costos en que los sistemas eléctricos deben incurrir para entregar un servicio de calidad, que exige el regulador estatal.
Yo mismo tengo muchas observaciones respecto de la dimensión del aumento de las tarifas eléctricas; pero, desgraciadamente, esta discusión no apunta al reajuste de las tarifas eléctricas, sino a supuestas irregularidades en que habría incurrido la secretaria en su fijación. Sin embargo, el señor diputado no entrega ni un solo antecedente que así lo confirme.
Al respecto, la Comisión Nacional de Energía ha señalado que las reducciones de precio implementadas en los años 1997 y 1998 implicaron la caída de las rentabilidades esperadas para las inversiones futuras, a tasas de entre 5 y 7 por ciento. Según la Comisión Nacional de Energía, ésta fue la principal causa de la falta de aumento de la oferta de generación y del peligro de racionamiento en el sistema interconectado central en los próximos años.
Quiero decir que aquí hay varios colegas de la Comisión de Minería y Energía, en la cual Vivianne Blanlot sostuvo esta tesis desde la primera vez que nos reunimos. Puede estar equivocada, podemos discutir sobre el tema, podemos pensar que era mejor la fijación de precio de nudo que se hacía en el gobierno anterior, que tendía a la baja; pero ése es un tema opinable, discutible, y no implica que se haya favorecido a alguna empresa.
Como decía, puede ser discutible la posición de la Comisión Nacional de Energía, en cuanto a que para el país y los consumidores es prioritario que los precios lleguen a los niveles reales, lo que permitirá la recuperación de la inversión y, con ello, la seguridad del suministro.
Es discutible, en mi opinión, que esto se haga justo cuando se produce un alza del precio internacional de los combustibles, que afecta a las tarifas eléctricas, y cuando en el país existe más de medio millón de desocupados. Sin embargo, es efectivo que la Comisión Nacional de Energía ha aplicado la metodología que la ley establece, cuidando que los valores de los insumos y de otras variables que son consideradas en el cálculo reflejen costos aproximados, como el de falla, la disponibilidad de energía, plazos de incorporación de los nuevos proyectos y que, por tanto, el crecimiento de la oferta y de la demanda, la representación multinodal de los sistemas de generación y de transmisión, los factores de penalización de energía y de la potencia se puedan conjugar, buscando asegurar que el país no viva una crisis energética, la cual resultaría gravísima para la reactivación de la economía chilena y las perspectivas de desarrollo.
Respecto de los precios de subtransmisión, donde también hay un confusión del colega Jocelyn-Holt en la afirmación que hizo en esta Sala, cabe señalar que éstos no se recalcularon en los últimos años y que, al hacerlo ahora, recogen un aumento en el costo que se aplica a las empresas de manera diferenciada.
Finalmente, y esto debemos reconocerlo todos, tenemos un frágil equilibrio entre demanda, que ha estado en crecimiento, y oferta, que se ha mantenido muy estable. En definitiva, no ha habido inversiones nuevas, sino sólo empresas multinacionales que han comprado algunas de generación de energía eléctrica ya existentes.
Si analizamos las variables -no las menciono por el escaso tiempo de que dispongo-, veremos que en abril de 2002 estaremos en un mismo nivel entre oferta y demanda de energía eléctrica. La demanda eléctrica crece año a año en dos puntos sobre el PIB, producto interno bruto, esto es 8 por ciento al año. Esto significa que anualmente debemos tener 400 megavatios de nueva oferta eléctrica, y no los tenemos. Ahora, esto puede surgir de las nuevas inversiones de mediano y largo plazo que el país requiere. Ninguna inversión, como Nehuenco, se recupera en un año, sino en muchos años, y para ello se requiere que haya tasas que generen rentabilidades atractivas para una inversión de esta magnitud, pero también se puede hacer a través de la interconexión interna. Entre el sistema del norte y el del centro del país se puede hacer lo que el Presidente Lagos ha encargado a la Comisión Nacional de Energía y al ministerio correspondiente: trabajar fuertemente en la interconexión con Argentina, algo que, de acuerdo con el cálculo hecho por el economista Sebastián Piñera , debería costar alrededor de 80 millones de dólares, lo cual es complejo por problemas de regulación, de decreto. El marco regulatorio existente es aún insuficiente para esta interconexión, porque también ahí se requiere un gran nivel de inversión.
Hay quienes dicen: ¿Para qué invertir en nuevas centrales si ustedes se van a interconectar con Argentina, con lo cual estas nuevas centrales no van a ser necesarias? Hay aquí un tema de fondo por resolver, que va mucho más allá del problema planteado por el colega Tomás Jocelyn-Holt .
Me parece que debemos discutir cómo garantizar que este país no tenga déficit de energía eléctrica, con un sistema cada vez más diversificado -porque es evidente que tenemos problemas hídricos en el país, ya que las inversiones no han aumentado en el último período-, y cómo lograr que el reajuste tarifario destinado a lograr mayor rentabilidad no golpee a los sectores más pobres.
¿Qué pedimos hace una semana con el senador Núñez y otros parlamentarios de Gobierno y de Oposición al ministro de Economía ? Un subsidio al consumo de energía eléctrica, tal como existe respecto del agua potable, para 500 mil familias, cosa que costaría entre 20 millones y 25 millones de dólares, lo cual permitiría que el aumento de tarifa, necesario para la activación de inversiones, no afecte a los sectores más modestos y necesitados del país.
Espero que la discusión sea sobre los temas de fondo y no prime el criterio electoralista del diputado Tomás Jocely-Holt , porque la energía eléctrica no es un tema que se decida en La Reina o en Peñalolén, como su candidatura a diputado .
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini, por nueve minutos.
Señor Presidente, estamos en presencia de un tema país, y lo voy a enfocar desde ese punto de vista.
Entre l990 y 1998, la producción eléctrica en nuestro país ha sido mucho más alta que en el resto de América Latina. Se ha incrementado en un 77 por ciento, de 18.374 gigavatios a 32.600, lo cual da un promedio de incremento de 8,5 por ciento, mucho más que el producto interno bruto. Es decir, en los últimos años estamos consumiendo más energía, más electricidad que la actividad propia del país, lo cual significa que existe un sector económico pujante, agresivo y obviamente atractivo para los inversionistas.
¿Cuál ha sido la inversión promedio? Hasta l998, antes de la crisis, 608 millones de dólares; es decir, se hicieron ampliaciones, tanto en energía eléctrica como termoeléctrica. El asunto es qué sucede hacia adelante después del impacto de 1998.
Allí se detuvo la inversión y es lo que hoy me preocupa. Quizás podamos sacar algo positivo de esta discusión, más allá de clarificar los términos puntuales a los cuales ya me referiré. Anticipo responsablemente -como lo hiciera en Cerro Castillo con el Presidente Frei , en 1998, cuando discutíamos la crisis asiática, oportunidad en la cual este diputado no se equivocó, y como también lo hiciera respecto del desempleo hace un año y medio, cuando tampoco se equivocó-, como experto en el tema, por haber trabajado en empresas eléctricas, que en las actuales condiciones, a comienzos de 2003, nuestro país volverá a tener cortes de luz, falta de suministro y racionamiento eléctrico.
Este es el tema de fondo, más allá de que hayamos manejado las tarifas o no. Hacia el usuario, el consumidor, debe apuntar una política eléctrica de país. Me refiero a ese millón cien mil clientes, casas, medidores que existen sólo en la Región Metropolitana, que atiende Chilectra , y los más de cinco millones de consumidores. Hay que determinar en forma adecuada los precios de nudo, de transmisión. ¡Ojo!, no está acotado a lo que es peaje, la transmisión, fase intermedia entre la producción y la distribución y a quien consume estos cargos. Hay que acotar el tema del Sins, Sistema Interconectado del Norte y del Sur. Antes se cargaban al sur, zona central, diversos costos que desde hace un par de años, cuando se creó una central en Taltal, se cargan al norte. Disminuyen allá, aumentan en el sur.
Hablaba el diputado Leal de los factores de pérdida en el traslado. Lo cierto es que ese es un tema demasiado técnico para ser tratado en una sesión de Sala como ésta, en cinco o diez minutos. El tema tarifario eléctrico es similar al del agua potable.
Sobre la base de una ley dictada hace tres años, que no me tocó aprobar, hemos planteado junto al senador Gazmuri y al diputado Aguiló, de la Séptima Región, donde nos vemos afectados, revisar cómo se calculan las tarifas en la actualidad.
Esta ley, dictada en 1981, fue en esa época uno de los grandes éxitos del gobierno militar respecto del sector eléctrico, cuando comenzaron las privatizaciones. Han pasado 20 años.
Señor ministro de Economía , hoy necesitamos un proyecto que haga viable la energía para el consumidor, que lo proteja con indemnizaciones adecuadas, y que cuando falle el servicio que le da suministro constante, imponga sanciones y compense los malos ratos. Es decir, el consumidor necesita información veraz y oportuna; pero no esta discusión o la que vamos a tener en la Comisión de Minería, que es para técnicos y personas de alto nivel.
El consumidor necesita saber por qué paga ese costo fijo, qué se le agrega y cómo le afecta desde el nudo hasta la distribución.
Se requiere protección al consumidor y fortaleza de la Superintendencia, porque ¿qué querrán las empresas? Con la máxima libertad posible y en un amplio mercado de competencia, querrán fijar los precios. Pero ¡cuidado con el síndrome de California! Allá, en Estados Unidos, el “reino de la libertad”, el sistema fue tan desregulado que ahora están reclamando las distribuidoras de ese país, que vendieron mucha energía sin que hubiera generación. Ahora están pidiendo volver a la regulación para establecer bien qué le corresponde a cada cual.
En este esquema, quiero volver a lo que planteaba el diputado Jocelyn-Holt . Para tranquilidad de todos, quiero que revisemos el proceso de fijación tarifaria, pero desde 1990. Citemos a la señorita María Isabel González , quien hace dos años estuvo aquí con el señor Landerretche -eran de mi gobierno-; estaba también el diputado señor Leal . Fuimos a las comisiones mixtas. Quiero una lista de todos los asesores que han participado en esta materia. Desde Tohá hasta un pariente mío que estuvo en la Comisión Nacional de Energía, Sergio Lorenzini . Hagamos transparencia.
No voy a avalar ninguna cosa a favor de Chilectra o de las generadoras. Trabajé en esa empresa y me retiré cuando la privatizaron. Ese es otro cuento. Por ley nunca nos dejaron analizar lo ocurrido durante los períodos anteriores. Con los expertos, con los que saben, hagamos un estudio en la Comisión de Minería de estos diez años de la Concertación. Si como consecuencia de él resultan procedentes algunas sanciones, habrá que tomarlas en cuenta y sugerirlas. Esto es muy parecido al alza del petróleo. Lo analizamos el año pasado con la Oposición, que planteaba que había un manejo político del Fondo de Estabilización. Aquí ganan las distribuidoras o las generadoras; el paquete es el mismo. El que paga al final es el consumidor.
La fijación tarifaria es un tema país. Actuemos con altura de miras. Estoy de acuerdo en que es bueno hacer un análisis técnico, ver los parámetros, establecer quién tiene la razón, si se ha hecho bien o mal, si hay influencia indebida o no. Eso es sano para el país; pero más lo es -y se lo pido a los ministros presentes- contar cuanto antes con la ley correspondiente, iniciativa que debe discutirse en el Congreso. Y es buena la oportunidad, porque a veces el Gobierno debate con los empresarios, los trabajadores o las asociaciones fuera del Congreso, y nos traen el paquete armado. Por lo menos, los diputados democratacristianos queremos estar presentes en la discusión. Somos nosotros los que votamos; por lo tanto, aquí es donde tienen que converger todas las opiniones. Ojalá que el proyecto de acuerdo, que voy a respaldar, se analice en la Comisión de Minería con la seriedad que corresponde. Si hay imputaciones concretas, deberán ser resueltas y aclaradas donde proceda, porque más allá de un problema relativo a una autoridad, estamos jugando con el futuro del país, con los cientos y miles de gigavatios que necesitamos. Con esto no estoy diciendo que le garantizaremos un negocio a las generadoras.
No importa que las generadoras peleen con las que tienen la transmisión. En el Congreso, el Gobierno y la Concertación debemos pelear por los consumidores, que son los que hoy nos escuchan y los más afectados.
Señor Presidente , me parece que debemos entrar en el tema a que nos convoca esta sesión especial, y no caer en detalles ni descalificaciones de personas que hoy desempeñan cargos de Gobierno, como es el caso de la señora Vivianne Blanlot .
En la Comisión de Minería hemos tenido un acercamiento bastante grande con la Comisión Nacional de Energía y, además, un permanente contacto para conocer los cambios que se van a hacer a la ley eléctrica.
En línea gruesa, deberíamos apuntar a tener una legislación que nos permita allegar nuevas inversiones, darle estabilidad y crecimiento al mercado eléctrico, porque, si funciona bien, incidirá en el crecimiento del país. La falla del sector eléctrico significará un obstáculo para su desarrollo.
Chile fue un país revolucionario en materia eléctrica en la década de los años 80. Tuvo una legislación pionera, que permitió liberalizar mercados, la que paulatinamente fue copiada por distintos países latinoamericanos, los que, con el correr del tiempo, han flexibilizado mucho más el sistema, han fijado criterios que favorecen abiertamente el crecimiento de esta área y, además, han logrado -algo que es muy importante- una competitividad dentro de las empresas eléctricas, tanto generadoras como distribuidoras, lo que en nuestro país no se ha obtenido hasta la fecha.
Por lo tanto, el objetivo que debería tener el Ejecutivo , el Congreso y los empresarios y trabajadores, en conjunto, es tratar de crear un marco regulatorio moderno, competitivo y que favorezca el crecimiento global de este sector. Para ello se requiere una legislación que cree incentivos propios de mercado, que garanticen dos factores básicos: la seguridad del suministro y la calidad del servicio. Obviamente, esto pasa por contar con una política tarifaria, tanto en el precio del nudo como de distribución y de transmisión. Es decir, una política tarifaria que dé estabilidad al sistema y no que se encuentre en permanente discusión si subió o no, si será correcta o incorrecta.
Para garantizar las inversiones se necesita una política estable en el tiempo, que sea conocida por todos los actores y, por cierto, por los consumidores. Y, a mi juicio, eso tampoco existe. Hoy la política tarifaria ha llevado a permanentes conflictos entre las empresas. Si uno analiza, por ejemplo, la política de precios en la transmisión, se encuentra con juicios dispares entre las empresas respecto de cuánto le cobra una a la otra por transmitirle la energía. Eso deberíamos superarlo a la brevedad.
En esa perspectiva, la UDI apoya el proyecto de acuerdo, no los ataques personales. Siempre debe haber transparencia -es un tema que preocupa a todos los chilenos- sobre por qué se nos cobran determinados precios y cuál es su sentido. Si generan transparencia e información a los consumidores, apoyaremos las iniciativas sobre la materia.
Lo que ocurre hoy no se entiende. Por ejemplo, hace dos años me correspondió participar en algunas modificaciones a la ley eléctrica. En ese estudio, tuve que elaborar la indicación relativa a las compensaciones para los usuarios; sin embargo, pasa el tiempo, está la legislación, pero no se concretan dichas compensaciones. Es decir, esa legislación es letra muerta. Eso hace que, en general, la ciudadanía tenga desconfianza en el sistema, no porque haya una mala actuación, sino por no existir claridad y transparencia, a causa de que no opera el sistema en forma fluida. Eso nos debiera convocar como Congreso.
Aprovecho la presencia del ministro de Economía para pedirle que ojalá envíe a la brevedad el proyecto que modifica la ley eléctrica, porque esta transición y el anuncio de esa iniciativa generan cierta incertidumbre en las inversiones. Pienso que los inversionistas, de una u otra manera, quieren saber cómo será ese proyecto y como resultará la ley en definitiva.
Tal como lo ha planteado la Comisión Nacional de Energía, me parece que la tramitación va en buena línea; pero hay que legislar cuanto antes para que el mercado sea cada día más competitivo y opere según la teoría que lo rige, buscando incentivos para la inversión. Obviamente, en la medida en que eso funcione así, tendremos las dos cosas que nos interesan como país: seguridad y calidad en términos de suministro. Eso nos importa porque hoy, si uno analiza las inversiones en el sector eléctrico, comprobará que son nulas y que, de 2003 para adelante, no hay proyectos. Es increíble que en un país que cuenta con recursos hídricos no haya ningún proyecto para construir una central hidroeléctrica, la que permitiría a los consumidores obtener energía más barata.
Tenemos solamente dos proyectos de ciclo combinado, que se materializarían antes del 2003. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de ello? Sin duda, una es la inestabilidad en el sistema, como consecuencia de que no hay un proyecto de ley que clarifique cuál será la línea y el camino que nos permitirá, el día de mañana, vigorizar un sector tan importante para el desarrollo de Chile.
Desde esa perspectiva, anuncio que apoyaremos el proyecto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Minería pueda investigar la política tarifaria, con el objeto de que los chilenos tengan claridad respecto de estas alzas de tarifas.
No quiero entrar prejuiciado en ese debate, sino sólo con interés por conocer los temas. Tengan la seguridad de que, en la medida en que detectemos alguna irregularidad, seremos los primeros en decir la verdad y en levantar nuestro dedo acusador para que se rectifiquen las cosas.
Señor Presidente , comenzaré diciendo -quizás- una cosa sabida, pero que es bueno mencionarla: Juro, por mi honor, representar con mis palabras no solamente a mi bancada, sino, además, a los electores de mi distrito, pero, por ningún motivo, a una empresa determinada del ámbito de la generación, de la transmisión o de la distribución de energía, ni de aquellas que operan con carbón, gases o hídricos. Simplemente, trataré de exponer la experiencia que he tenido en los once años que he trabajado en la Comisión de Minería y Energía, y la que he adquirido en representación de esta Cámara durante los seis años en que he sido presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano.
Luego, quiero aclarar que me he confundido un tanto, porque he visto una disimilitud -por no decir una antinomia- en la convocatoria a sesión, que tiene por objeto “debatir sobre el proceso de determinación de tarifas del sector eléctrico y sus implicancias para los consumidores residenciales o industriales”, lo cual me parece muy claro; pero, además, está la posibilidad de que se esté poniendo en el banquillo de los acusados a la actual secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, a quien tampoco represento.
Considero que debemos hacer una distinción entre ambas materias, porque una cosa es nuestra función legislativa y otra la fiscalizadora, que se complementan.
En primer lugar, deseo manifestar algo respecto de la primera función, por cuanto entiendo que el objeto de la sesión es debatir sobre el proceso de determinación de tarifas del sector eléctrico. Para eso necesitaríamos mucho tiempo; pero estimo que algunos colegas que me han antecedido en el uso de la palabra han sido muy claros: se trata de estudiar un procedimiento que fije, cada cuatro años, las tarifas de distribución, y, cada seis meses, el precio de nudo de generación y, por consiguiente, de transmisión.
Hay todo un procedimiento, que trataré de reseñar en forma breve. Para fijar el precio de nudo, por ejemplo, hay variables en el mercado internacional y en el doméstico, en la demanda y en la oferta prevista, etcétera. Y cada una de ellas tiene, a su vez, otras condicionantes, como el valor de la tasa de cambio, del precio internacional del gas, del carbón, etcétera. Hay todo un procedimiento técnico que, como bien se ha señalado, culmina en un informe que hace la Comisión Nacional de Energía, cualquiera sea la persona que esté a su cargo, para entregarlo al ministro de Economía , quien, finalmente, firma el decreto. Este procedimiento, malo o bueno, es la consecuencia de los sucesivos cambios que se han hecho en la legislación.
Quiero recordar una importante reunión, a la cual, pese a que fuimos muchos los invitados, sólo asistimos pocas personas. Me refiero a un evento de carácter internacional, al cual concurrieron los expertos más destacados del sector continental de América Latina -y también del Norte-, para estudiar los diferentes aspectos que inciden en todo el tema eléctrico. La conferencia se efectuó en el Hotel Carrera, en seis reuniones quincenales. Contó con una asistencia promedio de 150 personas, incluida gente de todos los sectores, dos senadores y dos diputados. Lamento que no concurrieran, a lo menos, miembros de la Comisión de Energía, algunos de los cuales han hablado aquí en forma extensa, porque allí podrían haber verificado cómo se fue configurando la línea programática de lo que es hoy el proyecto sobre ley eléctrica.
Esta iniciativa la hemos seguido algunos, y la señora secretaria ejecutiva ha informado, a lo menos tres veces, respecto de la manera como ella se está configurando. Tenemos información de que el proyecto ya salió del Ministerio de Economía y de que, en este momento, está en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. La principal conclusión es que este proyecto debiera llegar pronto al Congreso Nacional e ingresar a trámite legislativo en esta Cámara.
También es necesario considerar la ley del Defensor Público, porque, en cierta manera, se complementa o incide en el tema eléctrico.
Me duele cuando los diputados, en especial de las mismas coaliciones, se pelean entre ellos. El ánimo que debe prevalecer en este trabajo es de total transparencia. Por eso, mi bancada está dispuesta a cumplir con su función fiscalizadora, además de la legislativa, pero con seriedad, en un ambiente que lleve a obtener leyes que posibiliten el mejoramiento del país y beneficien a los consumidores.
Por eso, quiero que la Comisión de Minería siga investigando no solamente la legislación, sino también los actos que alguien denuncie porque, a su juicio, son irregulares.
Tiene la palabra la diputada señora María Victoria Ovalle, por ocho minutos.
La señora OVALLE (doña María Victoria) .-
Señor Presidente , esta sesión especial ha sido convocada para debatir un tema de vital importancia para el desarrollo y crecimiento nacional, como es el valor de la energía, su modo de calcularlo y la forma de determinar las tarifas del sector eléctrico y sus tremendas implicancias, tanto para los consumidores residenciales como para los industriales.
Es sabido que la energía eléctrica es un elemento indispensable para transformar nuestras materias primas, a fin de que tengan valor agregado, y que las mismas sufren ciclos de precios circunstanciales, que derivan en trastornos económicos y políticos. Ejemplos claros de esa situación fueron ayer el salitre y hoy el cobre; pero también es sabido que los productos finales con alto valor agregado tienen, por momentos, ciclos de precios irrelevantes, incluso, a veces, inexistentes.
Es sabido que la energía, por lo tanto, es un elemento sustantivo e indispensable para la estabilidad económica, política y social, al permitir a los países pasar de la etapa de exportadores de materias primas a exportadores de productos con valor agregado, lo que permite, a su vez, importantes crecimientos en los salarios de los trabajadores.
Esas realidades evidentes se ven frustradas en Chile por los monopolios eléctricos de posición dominante, los cuales han logrado, incluso, el cambio en el sistema de tarifación de su actividad monopólica natural, estableciendo que sean determinadas a futuro sobre la base de las expectativas de crecimiento de la oferta energética que ellos mismos producen y controlan, en lugar de establecerse de acuerdo con parámetros objetivos y no sujetos a un mero afán de lucro de los monopolios, que atentan contra la libre competencia.
En Chile existe una barrera de entrada a la actividad hidroeléctrica, y ahí radica el problema. No se trata de que haya falta de inversión, sino de que nadie puede invertir, porque el Estado, al privatizar Endesa , modificó también el sistema de uso de aguas.
Endesa acumula en la actualidad, según ha denunciado la propia autoridad, el 87 por ciento de los derechos de agua de Chile, país que cuenta con ventajas naturales innegables para la producción hidroeléctrica. La cordillera de los Andes, receptáculo de aguas lluvia y de nieves, debiera asegurar, al igual que en Noruega, la fuente de producción de una de las energías más limpias, no contaminantes y más baratas del mundo.
Ahora, las empresas eléctricas, con el monopolio en su mano, en virtual boicot y ejerciendo una presión indebida, han suspendido sus inversiones en el sector que controlan, logrando modificaciones en los sistemas de tarifación en su provecho, con claro perjuicio de los consumidores y del desarrollo industrial del país. Dos veces han obtenido aumentos de precios que no se condicen con la realidad.
La disculpa de la autoridad es que se les debe garantizar una rentabilidad mínima, al menos de un 10 por ciento, para que inviertan, a fin de que no se produzca un próximo racionamiento. ¿Me puede decir alguien de los aquí presentes a qué empresa hoy, chica, mediana o grande, le aseguran una rentabilidad de un 10 por ciento en medio de esta tremenda crisis, en la cual las empresas luchan por subsistir? ¿El Estado le asegura rentabilidad a los agricultores, pequeños industriales y al comercio? No, señores. El empresario que invierte debe correr el riesgo, y si el negocio no es tan productivo, que lo venda. Debemos legislar para que la producción de energía sea libre. No hablemos de fijación de tarifas ni de libertad de las mismas, sino de liberalizar la producción de energía. Ése es el meollo del asunto. La modificación del Código de Aguas descansa todavía en el Senado. Aquí, hace más de dos años, alguien se atrevió a levantar la voz para solucionar este problema. Si lo hubiéramos hecho, tal vez habríamos evitado realizar esta sesión.
Se llegó a acuerdo para legislar sobre los derechos de agua y respecto de todas las materias que estamos tratando hoy. Si se hubiera procedido en esa forma, tal vez habríamos evitado muchas catástrofes; pero la presión indebida de una empresa monopólica, hace dos años, no permitió que eso se llevara a efecto. Y aquí le digo al Poder Legislativo: levantemos nuestra voz, porque no es posible que las presiones de esta empresa, incluso para subir las tarifas, prevalezcan hasta hoy. Mediante cuantiosos gastos, ella ha logrado acallar una voz crucial en el tema de las hidroeléctricas.
Quienes somos liberales y creemos en la libre empresa, debemos defenderla de su peor enemigo, que no es el Estado, sino los monopolios, que desacreditan la libertad de emprender y destruyen el crecimiento de los pueblos para lucrar a costa de los consumidores.
El gobierno del Presidente Lagos, en lugar de validar el boicot virtual y permitir el paro ilegal de quienes controlan la actividad energética para no producir y así aumentar las tarifas y sus beneficios, debe optar por la aplicación de drásticas medidas y, además, mandar rápidamente a trámite legislativo la ley eléctrica correspondiente.
En ningún país de economía social de mercado los derechos son fijados por la unilateral decisión de los monopolios que controlan la actividad y amenazan con no producir, a fin de lograr aumentos tarifarios. En Chile ello tampoco debe ocurrir, a pesar de que nuestro país es especialmente vulnerable, dado su menor tamaño y mercado interno, frente a la actitud de grandes consorcios que condenan a los chilenos a cercenar sus expectativas y posibilidades de crecimiento.
Llamo a los colegas a formar una Comisión investigadora para saber realmente si lo ocurrido con las alzas de tarifas es efectivo. No hay que tener temor a la transparencia ni a investigar.
Por eso, hoy mi voto va a ser favorable a la aprobación del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el señor ministro de Economía , Minería y Energía.
El señor DE GREGORIO ( Ministro de Economía , Minería y Energía).-
Señor Presidente , he sido invitado a la Cámara a un debate de gran importancia para el país, como el que se refiere al proceso de fijación de tarifas eléctricas. Hemos venido aquí a explicar y a argumentar en torno de esto, teniendo como marco la política eléctrica de nuestro país.
Nos parece de vital importancia que tanto este tema como todos los que involucren directamente a cada uno de los ciudadanos de nuestro país sea debatido de manera abierta y transparente. Nos parece que esto es bueno y esencial para el perfeccionamiento de nuestra democracia y la necesaria transparencia que requiere nuestra institucionalidad regulatoria.
A continuación y para ser breve, quiero referirme a los procesos de fijación tarifaria de los años 2000 y 2001.
Desde octubre de 1999, los precios de nudo han evolucionado al alza y lo seguirán haciendo, toda vez que estimaciones razonables y objetivas muestran que ello es consistente con crecimientos esperados de la demanda, mayores que los de la oferta, habida consideración de las estimaciones de hidrología y otros parámetros relevantes. De hecho, se espera que la demanda por energía crezca a tasas del 7 al 9 por ciento por año, lo cual requiere de una serie de inversiones que eleven la oferta de energía a niveles consistentes con el crecimiento de la demanda.
Por ejemplo, se necesita la construcción de nuevas plantas generadoras que eleven la capacidad instalada del sistema en un 50 por ciento durante la presente década, 5 mil megavatios de potencia; la realización de nuevas inversiones en los segmentos de distribución para hacer frente a normas más estrictas respecto de calidad de servicio, alrededor de 2 mil millones de dólares en los próximos diez años; el mejoramiento de la red de transmisión y la concreción de nuevas interconexiones nacionales e internacionales que involucren unos 2.500 megavoltios amperes; la concreción de nuevas inversiones en electrificación rural, que ha pasado de un 55 por ciento en 1992 a un 78 por ciento el año 2000, lo que probablemente se realizará con energías renovables, por ejemplo, solares y eólicas, para alcanzar a las comunidades más aisladas.
La situación de mediano plazo es difícil, ya que con escenarios pesimistas en cuanto a lluvias en los años 2001 y 2002, podrían generarse fallas de energía en el sistema interconectado central en los próximos tres años. De hecho, bastaría que sólo el 2001 fuera un año seco para tener problemas de racionamiento a fines de este año y durante el 2002.
Para hacer frente a este problema, se están implementando una serie de políticas tendientes a resolverlo. En el corto plazo, se alinearon los precios de la energía, con el fin de entregar las señales adecuadas de escasez para incentivar nuevas inversiones en el sector, en particular las inversiones rápidas en plantas térmicas diesel. Junto a ello, se trabajará en el corto plazo en un proyecto de ley que facilite las integraciones de los sistemas eléctricos, en particular entre el Sing, con exceso de capacidad térmica, y el SIC.
Se está implementando una reforma de segunda generación al sector eléctrico, que busca modernizarlo, eliminar las barreras a la entrada al sector, en particular en generación; eliminar ambigüedades en los peajes de transmisión, y la separación estructural del segmento de transmisión del de generación.
En consecuencia, las alzas del precio de nudo son, en términos generales, una herramienta correcta que entrega señales de escasez. Cuestionar eso y cualquier intento por mantener esas tarifas artificialmente bajas, son sólo pan para hoy y hambre para mañana. Exactamente la misma conclusión se aplica para los precios de distribución.
Querer imponer tarifas aún menores a las ya establecidas a fines del año pasado, entregará pésimas señales; se hará más difícil la materialización de nuevas inversiones, necesarias para entregar una mejor calidad de servicio, en particular, con mayores estándares de calidad en el suministro de clientes regulados, lo cual conllevará un costo social muy alto para quienes precisamente se pretende beneficiar con tarifas más bajas de lo pertinente.
Sin querer ser exhaustivo respecto de la fijación de tarifas de distribución, subtransmisión y generación de fines del año 2000, quiero entregar algunos comentarios al respecto, referidos a algunas dudas que se han planteado en esta sesión.
Respecto de las tarifas de distribución, es conveniente aclarar que el precio final a consumidores puede descomponerse en los cargos por distribución y los cargos por producción. Los primeros corresponden a las tarifas de distribución de electricidad, mientras que los segundos, a los precios de nudo. El proceso de fijación tarifaria para ambos tipos de precios se hace por separado.
Las tarifas de distribución de los clientes de Chilectra, en rigor, los precios medios al consumidor final, cayeron en 10,4 por ciento en el proceso de fijación tarifaria del año 2000. Comparada con las otras distribuidoras, esta empresa fue la que vio caer sus ingresos en mayor proporción. Asimismo, el decreto tarifario de noviembre de 2000 establece reducciones adicionales de aproximadamente 1,5 por ciento por año, a partir del 1º de enero de 2001 hasta enero de 2004, para todas las empresas de distribución.
En segundo lugar, la Comisión Nacional de Energía, así como todo regulador de un servicio básico, tiene el derecho y el deber de mejorar las metodologías de cálculo de los precios regulados, todo dentro del marco permitido por la ley. En consecuencia, el proceso tarifario que finalizó con la rebaja del precio de distribución en noviembre de 2000, considera criterios diferentes y mejorados respecto de los utilizados en los anteriores procesos tarifarios.
Yendo hacia algunos temas específicos, se argumenta que se redujo arbitrariamente el parámetro que mide la utilización de las redes eléctricas por parte de usuarios residenciales, es decir, las horas de uso, en particular en el caso de Chilectra. Lo importante en este caso es fijar la variación general de los precios de distribución y no en ciertos parámetros particulares. Debo insistir en que, por primera vez, la autoridad decreta una reducción fuerte en las tarifas de distribución.
Por consiguiente, si se quiere revisar un parámetro en particular, debe hacerse un estudio acabado de dicho parámetro, así como en cualquier otro respecto del cual las autoridades o las empresas involucradas tuviesen una duda razonable acerca de su valor. Esto, obviamente, podría tornar impracticable el proceso regulatorio en tiempo, dinero y habilidad técnica, sin saber hacia dónde queremos ir en materia de regulación de servicios básicos.
Se cuestiona también que la Comisión Nacional de Energía incurrió en ilegalidad al calcular un valor agregado de distribución que se aparta de la cifra calculada por los consultores contratados para ello. En este sentido, la ley es clara al señalar que este costo de distribución es calculado por la Comisión Nacional de Energía, basada en estudios de costo, con consultores externos.
Como en este proceso se contrató a varios equipos de consultores, que hicieron su tarea en forma independiente unos de otros, se requirió un grupo consultor, también externo, en conjunto con especialistas de la Comisión Nacional de Energía, para que uniformaran criterios y dieran coherencia global a los valores finales para todas las áreas.
Así, técnicamente hablando, la Comisión Nacional de Energía consideró una función de costo de la industria, utilizando la información disponible a partir de variables tales como tamaño de mercado, densidad de demanda y costos registrados por la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustibles.
Los valores agregados de distribución por la Comisión Nacional de Energía fueron revisados en su globalidad, sobre la base de dicha función, y con estos resultados se concentró la atención en valores medibles y medidos y no en valores supuestos.
La alternativa de tomar valores propuestos por la CNE en los cálculos de cada consultor independiente, habría significado incurrir en la inconsistencia de método entre distintas áreas geográficas, lo que, obviamente, sería incorrecto.
Respecto de las tarifas de subtransmisión, se cuestiona la introducción de un factor de aumento de precio que no estaría presente en cálculos anteriores, el llamado enmallamiento. Se dice que ésta es una medida injustificada y que sólo beneficiaría a una empresa.
Respecto de esto, quisiera enfatizar que esta medida apunta a mejorar los estándares de seguridad en el sistema de distribución. Por ello se ha propuesto -y se avanza en ello también en el anteproyecto de ley- separar y pagar las inversiones en subtransmisión destinadas a generar esa mayor seguridad de suministro.
Esta nueva metodología se basa en la desarrollada por la consultora Sinex para la Comisión Nacional de Energía el año 1996. Como la metodología aplicada tradicionalmente establece cargos para remunerar sistemas radiales, los cuales son menos complejos, el enmallamiento aparecería como un sistema ad hoc para beneficiar a una empresa. Sin embargo, lo que sucede es que dicha empresa tiene activos invertidos en enmallar su red; por ello recibió este mayor pago. No obstante, también lo recibirá cualquier otra distribuidora que realice estas inversiones. En términos simples, esto mejora la calidad de servicio, puesto que en un sistema enmallado la energía se puede proveer desde varios puntos.
Respecto de los precios de subtransmisión, en 1996 la anterior administración se comprometió a reevaluar los precios correspondientes, que estaban claramente desfasados al no haberse adaptado al crecimiento de los sistemas, desde 1992.
Conforme con la necesidad de alinear los precios con los costos reales y generar señales adecuadas para el buen funcionamiento del mercado, la Comisión Nacional de Energía elevó en cerca de un 50 por ciento en promedio las tarifas de subtransmisión. Sin embargo, aun con estas alzas y teniendo presente la caída de los precios de distribución, las tarifas consolidadas, por ejemplo de la empresa Chilectra, cayeron en poco más de un 5 por ciento.
De esta forma, se aprobaron aumentos sustantivos en la remuneración de la subtransmisión en noviembre del año 2000, aumentos que se deben al desfase entre el costo real actual y los precios que se arrastraban desde el año 1992.
Respecto del precio de nudo, tres críticas han rondado al proceso de fijación que culminó en octubre del año pasado.
Se argumentó que se cambió el criterio metodológico en el cálculo del costo de las centrales térmicas. Desde 1987 se usaba el promedio de los tres y a veces cuatro carbones más baratos en el mercado, suponiendo que las empresas son eficientes en su provisión de insumos y que pueden importar estos carbones. Ahora, sin embargo, se consideró en la muestra un carbón proveniente de Estados Unidos, el cual es 35 por ciento más caro que el promedio de los cuatro carbones más baratos. Uno de ellos, sin embargo, el carbón chino, no ha sido comprado por las generadoras debido a problemas contractuales con sus vendedores.
Así, la metodología usada por la Comisión Nacional de Energía en el año 2000 promedia el precio de los carbones factibles de ser comprados. Sin embargo, se deja constancia de que no se han considerado carbones que no hayan sido importados a Chile, por lo cual la crítica contiene elementos incorrectos.
Aun cuando no apareció en la reciente discusión, ya en noviembre de 2000 se mencionó que el cálculo de las tarifas de precio de nudo suponía un crecimiento de la demanda para el año 2000 de 14 por ciento, siendo que la tasa esperada era sólo de 9,5 por ciento. Eso no es efectivo, ya que el crecimiento estimado no es que haya sido de 14 por ciento, sino de 10,8 por ciento para el año 2000. Se reconoce que éste es un punto por sobre lo real; pero era la mejor estimación al momento de realizar el estudio tarifario, debido, en particular, a que se sobreestimó la capacidad de recuperación general de la economía chilena.
No obstante, la Comisión Nacional de Energía mantuvo el criterio de un 8 por ciento de crecimiento promedio, ya que el 10,8 por ciento de crecimiento de la demanda estimada para el año 2000 resulta también al considerar que el crecimiento de la demanda fue de sólo un 5,3 por ciento en los años 1998-1999.
Se critica, por último, el plan de obras propuesto por la Comisión Nacional de Energía, pues era razonable pensar, por ejemplo, a la luz de lo informado por la prensa, que El Teniente podría estar licitando el suministro de una central de gas para operar a principios del año 2003, así como otras versiones de prensa que indicaban que centrales del Sing serían trasladadas al Sistema Interconectado Central.
La mejor respuesta a este punto es que si queremos ser serios en la fijación de precios de nudo, debemos hacernos los sordos ante las informaciones aparecidas en la prensa sobre la entrada en funcionamiento de eventuales centrales. Hay que fijarse en los planes de inversión de manera seria, lo que significa revisar y actualizar los costos de los proyectos, establecer cronogramas razonables de inversión, incluir planes indicativos de inversión en transmisión, etcétera. Todo ello conduce al plan de obras utilizado. De acuerdo con la información disponible el año pasado, no entrarían centrales al SIC a principios del año 2003. Obviamente, esta situación no es igual hoy día, y así lo recoge el plan de obras utilizado para determinar los precios de nudo en abril de 2001.
Quiero reafirmar nuestro convencimiento de que es necesario que estos temas sean analizados de cara al país, con la requerida profundidad y con la total colaboración e intervención de todos los que puedan aportar a enriquecer este análisis. El Ministerio del ramo y la Comisión Nacional de Energía, desde ya, manifiestan su plena disposición a continuar analizándolos.
Quiero destacar que mi exposición ha sido relativamente breve, porque se repartió a todos los señores diputados un informe sobre la fijación de las tarifas eléctricas, que incluye un estudio detallado, de 30 páginas, sobre la forma en que se determinan los precios, un set de láminas y un resumen sobre los principales criterios de fijación de precios. Por último, para quienes no tengan tiempo de analizar todos estos antecedentes en detalle, contiene un resumen ejecutivo. Si alguien no los tiene o desea mayor información sobre los estudios realizados, están disponibles en la biblioteca de la Comisión Nacional de Energía.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.
Señor Presidente , agradezco la presencia en la Sala del triministro de Economía, Minería y Energía. Nos habría gustado contar también con la presencia del superintendente de Servicios Eléctricos y Combustibles y de la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía.
Asimismo, felicito al honorable diputado señor Tomás Jocelyn-Holt por la petición de esta sesión especial, suscrita por más de cincuenta parlamentarios. No creo que en esto exista un ánimo electoralista, con el fin de obtener dividendos políticos en las futuras elecciones parlamentarias, sino que se trata de un problema real que está afectando a los usuarios.
En el caso específico de las comunas de la provincia de San Antonio, como Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena , San Antonio y Santo Domingo , que tengo el honor de representar en esta Cámara, son las que pagan la luz más cara del país. Es un hecho de la causa. Por ello, existe molestia, indignación y rabia acumuladas por los excesivos cobros de que son objeto, mes a mes, cada uno de los modestos pobladores de las comunas mencionadas. No cabe duda de que hay algo raro en este asunto.
Puedo señalar antecedentes generales que afectan a los usuarios de la Compañía Eléctrica del Litoral, subsidiaria de Chilquinta y relacionada con Chilectra. Las tarifas eléctricas que rigen para el sector que señalo estuvieron afectas a la tarifa BT-1B hasta fines del año 2000. Las cuentas comprendían el cargo fijo, cargo por energía, consumo real, cargo por potencia base durante todo el año, correspondiente al mayor consumo de enero y febrero, con un precio mayor por kilovatio. Es decir, la tarifa se calcula sobre la base del exceso de consumo que existe durante el período estival -enero y febrero-, y se cobra en forma pareja el resto del año. Incluso, el cargo por potencia de invierno, repetición del consumo real en los meses de mayo a septiembre, se cobra a un precio mucho mayor por kilovatio.
Para un usuario de la provincia de San Antonio, con un consumo promedio mensual de 150 kilovatios, el precio del kilovatio de consumo real es casi 300 por ciento superior al valor fijado para el cargo por energía. Al 15 de diciembre de 2000, la compañía debió informar a los usuarios acogidos a la tarifa BT-1 sobre las opciones de facturación a las cuales podían acogerse a contar del 1 de enero de 2001, según lo establecido en los decretos Nºs 632 y 723, del Ministerio de Economía, publicados en el Diario Oficial de 16 de diciembre de 2000. La compañía cumplió esto en forma parcial, dejando sin información a más del 50 por ciento de los usuarios.
Las opciones, en términos simples, ofrecen dos tipos de tarifación. En un caso, se carga al usuario el precio del consumo durante los meses de verano con un valor por kilovatio cinco veces superior al correspondiente a la energía consumida. La potencia adicional de verano es de 100,71 pesos y el cargo por energía de 23,29 pesos por kilovatio. En realidad, es un abuso incalificable que estamos sufriendo en forma permanente.
Como señalaba, la Compañía Eléctrica del Litoral, subsidiaria de Chilquinta, incluye otros rubros de cobro que son para la risa. Aparte del cargo fijo por energía, potencia y una serie de “chivas” que figuran en la boleta, aparece otro cargo: una multa “por ensuciar la corriente”. Esto es, lisa y llanamente, un abuso insoportable para los clientes.
Pero la Compañía Eléctrica del Litoral no sólo distribuye energía eléctrica con los cobros excesivos ya dichos, sino que, además, vende electrodomésticos, línea blanca, bicicletas, televisores y otros productos. Ahora, si el consumidor no paga alguna de las cuotas correspondientes a la compra de uno de esos enseres, de inmediato se le corta el suministro de energía eléctrica.
Estamos muy preocupados por ese problema, que es tema recurrente en cada una de las reuniones que sostenemos con los pobladores más modestos de las comunas del distrito Nº 15.
Reitero que éste no es un recurso electoralista ni mucho menos, sino un reclamo que obedece a una inquietud de los pobladores, que no saben hasta cuándo van a soportar estos excesos, pues las alzas de tarifas respecto del año 2000, en algunos casos,...
¿Me permite, señor diputado ? Ha terminado su tiempo.
Señor Presidente , sólo deseo redondear la idea.
Solicito al ministro que, a través de las autoridades competentes, fiscalice como corresponde a esa distribuidora de energía eléctrica del litoral central, que ha incurrido en cobros inadmisibles.
En el tiempo que corresponde al Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
Señor Presidente , sería conveniente agregar a todas las intervenciones, en particular a la última, que las empresas eléctricas cobran las tarifas que autoriza el Gobierno, a través de una resolución fundada del Ministerio de Economía. Es muy importante que la ciudadanía tenga presente este hecho, pues ya hemos vivido campañas, con cierto sesgo demagógico, en que se confunde a la opinión pública, haciendo responsable a un sector de la economía de los problemas reales y concretos que sufren las personas.
Hoy hemos sido citados a esta sesión especial, pedida por un grupo de parlamentarios de la Concertación, en contra de la voluntad de otro sector de la misma, y se han denunciado irregularidades que, legítimamente, algunos diputados enrostran a una determinada funcionaria pública.
Desconozco las razones por las cuales esa funcionaria pública no está hoy presente en la Sala, porque en la intervención del ministro de Economía no escuché una defensa, una respuesta, ni menos una explicación sobre las acusaciones que aquí se le plantearon públicamente.
Por lo tanto, tenemos una sesión trunca, porque se acusa de irregularidades a una funcionaria pública, que tiene el rango de secretaria, y el ministro no responde las objeciones. Por ende, nos vemos obligados a solicitar una comisión investigadora.
Pero tengamos clara una cosa: en breve tiempo más los chilenos verán alzadas las tarifas de energía eléctrica.
En segundo lugar, las empresas -y aquí quiero hablar de la Octava Región, uno de cuyos distritos represento- también verán alzadas de una manera muy sustantiva sus cuentas de energía eléctrica. Es decir, esta situación de alzas anunciada por el Gobierno genera, en un contexto de alto desempleo, de situación económica y social verdaderamente lamentable, un problema adicional a todas y cada una de las familias.
¿Por qué pasan estas cosas? Algunos diputados dicen que se debe a irregularidades, que se favoreció a una empresa, que la secretaria forma parte de una empresa consultora y le arregló los precios a una distribuidora, como Chilectra. No queda despejado, ni de las intervenciones de los parlamentarios de la Concertación ni menos de la del ministro , que eso es así.
Pero, en definitiva, la gente ve alzadas sus tarifas, porque, como explicaba el ministro , no ha habido un cronograma claro de inversiones en materia de energía, a causa de los errores de los gobiernos de la Concertación durante los años 1997 y 1998. Por suerte, no escuchamos en ninguna de las intervenciones que la culpa era del gobierno militar. ¡Tampoco la tiene el gobierno argentino, el Banco Mundial ni la globalización! Aquí la culpa y la responsabilidad, claramente, la tienen los gobiernos de la Concertación, que, de repente, se dan cuenta de que en el año 2003 ó 2004 tendremos apagones. ¿Por qué? Porque no ha habido inversión en el sector. ¡Pero si han sido ustedes mismos los que han generado una y otra dificultad a las inversiones en esta área!
Como diputado , represento a las comunas de la provincia del Biobío. En el alto Biobío, hemos visto que la gente de la Concertación ha hecho lo imposible para evitar que se construya Ralco , y a fin de impedir la inversión en los sectores eléctricos; hoy, como no hay inversión, hay que subir las tarifas y la gente debe pagar más.
En la Octava Región, donde la tasa de cesantía está por sobre la media nacional y existe el segundo lugar de pobreza -estamos llenos de campamentos- según las encuestas oficiales, la decisión del Gobierno es alzar con mayor fuerza las tarifas.
Debemos tener una política mucho más clara. Como lo dijimos en 1997 y lo reiteramos en 1998, necesitamos una política y reglas claras para que existan inversiones y no aumenten las cuentas de la luz en la forma en que hoy se está haciendo, lo que afecta en especial a las regiones.
Hace poco tiempo, con muchos bombos y platillos, el Gobierno anunció lo que se llama “diesel ciudadano”. ¿Dónde se va a vender el diesel ciudadano? ¡En Santiago! En regiones, no. Éste también es un tema de energía. ¿Y ustedes saben dónde se procesará ese diesel ciudadano, que se venderá en Santiago y que es mucho menos contaminante y más sano para la salud de las personas? En la refinería Petrox , de Talcahuano.
Hoy, la gente paga mucho más caro el litro de bencina en regiones que en Santiago, pese a que en la Octava Región está la mayor refinería del país. Es decir, se toman una y otra vez medidas que afectan a las personas y a la pequeña y mediana empresa, la cual ve cómo sube un componente esencial de sus costos, la energía, por la adopción de decisiones erróneas en el pasado.
Espero que la autoridad -así lo he escuchado en la intervención del ministro en su visión a futuro- haya recapacitado para generar una política estable en el tiempo, con un cronograma de inversiones y de obras que se realicen a medida que el país las vaya requiriendo, y no que se produzcan obstáculos para concretarlas desde la Concertación, la coalición oficialista, el Gobierno.
Reitero, hoy el país y, en particular, los sectores más pobres, están pagando las falencias de una política que claramente fue errónea entre los años 1997 y 1998.
La pelea de los diputados de la Democracia Cristiana con la gente del Partido Socialista y del PPD, con la secretaria militante de ese sector de la coalición de gobierno, ojalá pudiera superarse y clarificarse a la brevedad, en cuanto a si las acusaciones aquí planteadas son ciertas o no. A mi juicio, ésta era una buena ocasión para dilucidarlas. De no ser así...
Ha terminado su tiempo y el de su bancada, señor diputado .
Concluyo, señor Presidente .
De no ser así, nos veremos obligados a formar una comisión investigadora, que se transformará, como todas, en una guerrilla política que en nada resuelve los problemas de la gente.
Señor Presidente , como planteé en mi intervención, son muchos los detalles que podríamos entregar para dilucidar las dudas respecto de la fijación de tarifas, pero todos ellos están en el informe.
Por intermedio de su Señoría, solicito la autorización de los señores diputados para que ingrese a la Sala la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, que se encuentra en la Cámara, para que pueda responder algunos de los planteamientos que aquí se han hecho.
Sin duda, no hay tiempo suficiente para ir a los detalles, pero podemos seguir discutiendo el tema sin ningún problema.
Si les parece a los señores diputados, se autorizará el ingreso a la Sala de la señora secretaria.
Señor Presidente , esta sesión se inició con una exposición del diputado señor Jocelyn-Holt , en la cual hace gravísimos cargos a la secretaria. El ministro no los ha contestado, de manera que sería importante que ella lo haga.
Le ruego que no use indebidamente el Reglamento, señor diputado.
Señor Presidente , de la discusión habida se desprende la necesidad imperiosa de que el Ejecutivo envíe pronto un proyecto al Congreso Nacional, que legisle sobre la materia, para así evitar los problemas que tuvimos durante los años 1997 y 1998, oportunidad en que los consumidores y usuarios se vieron sobrepasados por las empresas.
Quiero recordar al diputado señor Víctor Pérez que la vinculación con las empresas eléctricas la tienen ellos. El señor Yuraszeck esperaba los resultados electorales en las oficinas de la UDI; de modo que a nosotros no nos pueden acusar...
¡Vendió las acciones!
Antes de que las vendiera, esperaba los resultados electorales en las oficinas de la UDI. De manera que la vinculación está por el lado de él y no por el nuestro.
Coincidimos en que se debe avanzar en el tema técnico en la comisión; en que es perfectamente posible que lo analice, lo estudie, y si las conclusiones son tan claras respecto del tema, avancemos en él. Pero hagamos las cosas en serio.
Por ejemplo, la UDI y Renovación Nacional siempre se han opuesto a legislar, tanto en el caso de las empresas sanitarias como en el de las eléctricas, para regular el factor equis y traspasar la productividad a los usuarios.
Por lo tanto, aquí hay un tema de fondo respecto del cual no pueden esconder lo que han hecho, firmado y aprobado en esta Cámara, para luego decir que están defendiendo a los usuarios, en circunstancias de que no lo hicieron antes.
Uno de los aspectos más importantes es que el proceso sea trasparente, porque aparece como secreto. Los informes hechos tanto por la empresa como por el ente regulador y los consultores son secretos. Queremos que eso cambie. Ojalá que la nueva ley termine con el secreto del proceso tarifario y que la opinión pública conozca los temas; incluso, que pueda ser como en otros países, donde se publica la opinión de la empresa, del ente regulador y de los consumidores. Eso no está contemplado.
¿Por qué este proceso tiene que ser necesariamente secreto? ¿Cuál es el objetivo de que se mantenga el secreto sobre la negociación tarifaria? ¿Por qué no se pueden publicar los informes que tienen las empresas, los consultores o el ente regulador? ¿Por qué no pueden participar los usuarios en el tema de la fijación tarifaria? Esos son los temas de fondo.
Ojalá que los usuarios tengan plena confianza de que aprobaremos una ley que los beneficie y defienda, porque hasta el momento no ha sido así, y la vinculación, lo oscuro, siempre ha estado por el lado de la Derecha y no por el nuestro.
Tiene la palabra la señora Vivianne Blanlot, secretaria de la Comisión Nacional de Energía.
La señora BLANLOT, doña Vivianne (Secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía).-
Señor Presidente , aunque las circunstancias no son las más felices, creo que el tema tarifario, la política energética y eléctrica son tan importantes que no deja de ser bueno que se estén discutiendo en este momento. La situación del sector eléctrico amerita darle una mirada seria, responsable y con mucho sentido de país. Las discusiones sobre las personas y respecto de temas políticos y electorales le hacen muy mal al país y ojalá no prosperaran.
En esta Sala me hicieron acusaciones extremadamente serias, que nunca debieron haber sido formuladas y que no lo habrían sido si quienes las hicieron se hubieran preocupado antes de averiguar un poco más acerca de cómo se están llevando los procesos tarifarios. Las personas que las hicieron se dejaron guiar por especialistas totalmente desconocidos en el sector, que han entregado información parcial y falsa.
Lamento tener que expresar esto, porque podríamos estar usando este tiempo para analizar políticas públicas favorables para el país, pero me tengo que defender de algunas acusaciones. Primero, no tengo ni he tenido nunca relación alguna con la empresa Chilectra. Segundo, nunca he sido empleada, profesional o consultora en particular de ninguna empresa eléctrica ni de energía de este país ni de ningún otro. Tengo 25 años de profesión a mis espaldas, lo cual me ha permitido entender este sector y entrar desde el primer día con una agenda muy clara.
También se dijo que he participado en empresas consultoras que han realizado estudios para la Comisión Nacional de Energía. De las empresas que normalmente hacen estudios para la Comisión hay, por lo menos, seis con las cuales he participado en algún momento de mi vida para hacer estudios en conjunto. Es decir, tendría que haber nacido el 11 de marzo de 2000 para no haberme relacionado nunca antes con nadie del sector de energía y habría sido tan ignorante que estaríamos ahora, quizás, pagando las consecuencias.
No quiero referirme más al tema. Mi declaración de intereses y de bienes se encuentra en la Contraloría para quien la quiera ver; también están mis declaraciones de impuestos. El resto de mi defensa sobre el tema lo haré frente a los consumidores y no más frente a personas que me han atacado de manera tan vil.
Haré algunos alcances sobre los procesos tarifarios. La fijación del precio de nudo se hace estrictamente de acuerdo con una metodología establecida en la ley con mucho detalle. Lo único que podemos hacer semestre a semestre es dar un valor realista a las variables que intervienen. Eso hemos hecho. No efectuamos ningún cambio que no signifique tratar de calcular mejor lo que establece la ley.
Me parece increíble que en una época en que están subiendo brutalmente los precios de los combustibles en el mercado internacional, en que aumentó la tasa de cambio de una manera bastante fuerte durante un año y que, además, tenemos una demanda que crece con una rapidez mayor que la oferta, alguien piense que los precios de generación puedan bajar o mantenerse estables. Eso es una aberración. Si alguien les quiere prometer a los consumidores que los precios de generación serán más bajos, también habría que decirles que en uno o dos años más tendremos racionamiento, porque una cosa va aparejada con la otra. Con este tema no se puede jugar.
Por otra parte, las tarifas de distribución se calculan cada cuatro años. Nos correspondió fijarlas en noviembre de 2000 y toda la información que la Comisión Nacional de Energía utilizó, como insumos, y todos los estudios contratados, elaborados y enviados a la Contraloría están a disposición de quien los quiera ver. Estamos hablando de cantidades monumentales de papel, pero están disponibles. No tenemos ni hemos tenido ninguna información secreta desde el 11 de marzo de 2000.
Los resultados de los estudios de tarifas son muy claros. En distribución, todas las empresas -excepto una o dos- bajaron brutalmente sus ingresos, no porque quisimos bajar las tarifas, sino porque en la misma medida en que aumenta la demanda bajan los costos por economías de escala. Eso es algo de la naturaleza del sector. La que más bajó fue Chilectra, no porque tuviéramos algún sesgo en contra de la empresa, sino porque tiene enormes economías de escala que no habían sido debidamente aquilatadas en fijaciones anteriores, por problemas metodológicos. Entonces introdujimos algunos mejoramientos metodológicos que permitieron absorber ese impacto, lo cual significó una reducción en las tarifas medias de Chilectra, por el aspecto de distribución de su negocio, de 10 por ciento. Puede haber algunas discrepancias sobre el porcentaje; pero hay que fijarse si lo están sacando por sobre el número previo o el final, y ahí se darán cuenta de cualquier error.
Por último, los sistemas de subtransmisión estaban muy subvaluados desde 1994. No se fijaron nuevas tarifas en 1996, cuando correspondía, y debimos tomar la iniciativa de poner al día un valor que debió haberse fijado bastante antes, que se había dejado sin revaluar justamente para evitar que subiera el precio a los consumidores. Tuvimos que revaluarlo, porque el efecto de no tener un sistema de subtransmisión bien diseñado y mantenido era bajar la calidad del servicio a las personas que viven en grandes ciudades. Por lo tanto, no había otra opción desde el punto de vista técnico, y lo hicimos. Aun así, en la mayor parte de las ciudades el costo conjunto de distribución y subtransmisión bajó. En el caso de Chilectra, en alrededor de 5 por ciento.
Creo que no hay nada más que agregar. Toda la información está a disposición de los diputados y, por cierto, de cada uno de los ciudadanos en la Comisión Nacional de Energía e, incluso, en nuestra página web.
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN .-
Señor Presidente , el tema de fondo, independientemente de las explicaciones dadas, es que todos los consumidores residenciales, desde Taltal a Chiloé, han experimentado un aumento de tarifas. Hablar de bajas de porcentajes de esto o lo otro no es el tema. Lo concreto es que en mayo las cuentas que llegarán a los hogares de las familias, muchas de las cuales a lo mejor nos están viendo a través del canal de la Cámara, aumentarán. No importa si un 6 por ciento en Santiago o un 40 por ciento más al sur. Lo concreto es que habrá aumentos tarifarios importantes. ¿Y qué queremos determinar acá? Si esos aumentos se han hecho con estricto apego a la ley que regula el sector, con el objeto de garantizar la transparencia de la fijación tarifaria y resguardar el interés del usuario.
Es cierto que la energía más cara es la que no existe; pero un gran mentor me enseñó que entre usuario y empresa uno siempre debe estar con los usuarios del país, siempre. Por lo tanto, lo importante es si se han fijado los precios resguardando el interés del usuario, según las normas que para ello establece la ley. El tema no es otro.
Entonces, si el proceso de fijación tarifaria se hizo con una ley modificada en 1999 -los diputados de la Comisión de Minería y Energía lo saben muy bien-, en que, en forma expresa y clara, establecimos la obligatoriedad de las empresas eléctricas de compensar por la energía no entregada en tiempo y forma -y no sólo no entregada, sino también las bajas de voltaje- y las compensaciones se establecieron por ley, durante lo que se denominó la crisis energética en Chile en 1998 y 1999, y en la legislación de emergencia de mayo de 1999, y aún no se han pagado a los usuarios, uno puede preguntar, en forma absolutamente legítima, si esas compensaciones fueron consideradas a la hora de fijar el aumento tarifario. Independientemente de todos los cálculos matemáticos que están en la ley y que son fórmulas ingenieriles que pretenden expresar toda posibilidad de fijación tarifaria, lo concreto es que, a partir de 1999, la ley aseguró las compensaciones al usuario. Por lo tanto, uno tiene el derecho de exigir que esas compensaciones no pagadas sean consideradas a la hora de aumentar el costo energético a los usuarios del país. ¿Qué legitimidad tiene un aumento de costo de energía si la deuda pendiente no está pagada?
Hicimos eso, porque en Chile, hasta antes de esa reforma, a cualquier usuario que no pagara se le cortaba el suministro de energía eléctrica y se le cobraba por corte y reposición, servicio anexo no regulado en la ley -en la actualidad, está en proceso de regulación-, y multas e intereses. Pero si la empresa no otorga el servicio, paga Moya. Nadie paga. Al usuario no se le pregunta si se le murió la madre o si tiene problemas económicos; simplemente, se le corta el suministro. Si la empresa no otorga el servicio o lo otorga mal, no paga. Se hizo esa modificación y las compensaciones están pendientes. Quiero saber qué pasa con eso.
Cuando se dice que los diputados miembros de la Comisión de Minería y Energía nunca hemos planteado estos temas, eso es una gran mentira; lo hemos hecho permanentemente, desde que el ministro asumió su cartera. Siempre hemos sostenido que las compensaciones están pendientes y que queremos saber cuándo se pagarán y quién hará que se cumplan. Todos los reclamos interpuestos ante tribunales por las eléctricas han sido perdidos. Ahí están las compensaciones pendientes, pero no se puede determinar su monto. ¿Cómo no es posible determinarlas si se puede establecer cuánto cobrar por corte y reposición y por multa e intereses, pero no por lo que la empresa no entregó, a pesar de ser su obligación? En consecuencia, ¿cuánto ganaron ilegalmente por esos contratos no adecuadamente servidos y esos suministros no otorgados?
Si uno revisa la prensa y lee lo dicho por los gerentes de las eléctricas, ¿qué señalan? El gerente Valenzuela , de Energía Global International, prevé una ganancia operacional en su generadora: 30 por ciento más para el ejercicio eléctrico de este año. ¿Qué dice el subgerente de Electroandina? Utilidad del 2000 y, por lo tanto, proyecto de utilidad para el 2001, entre 10 y 15 por ciento. ¿Qué dicen los representantes de la generadora más grande en nuestro país? Sostienen que en 2000 tuvieron ganancias por 108 millones de dólares. El año 2000 fue malo por distintas razones, entre otras, por un incremento del 43,6 por ciento en el resultado operacional, por un mejor comportamiento de la hidrología en Chile -lo dijo Endesa el 6 de febrero de 2001-, por mejores saldos operacionales en las filiales de Colombia, Perú y Brasil. ¡Ojo con este tema! significa que no todo resultado operacional, positivo o negativo, se explica por factores exclusivamente locales. El día de mañana, resultados operacionales negativos pueden ser reflejo de situaciones externas y no internas, que serán traspasadas a nosotros. Bajan los costos fijos en la distribución y, en definitiva, los costos de administración y ventas disminuyen en 32,6 por ciento. Esto es lo que algunos trabajadores han denominado el plan Génesis. Hasta hoy no se aclara si ese plan ha disminuido la seguridad en el sistema. Pero, por esos ahorros, hay un claro beneficio para la empresa.
Sigo: aumento de 25,9 por ciento en la venta física de energía -lo dice Endesa-, lo que totaliza 20 mil gigavatios y representa el 68,5 por ciento de las transmisiones del sistema interconectado central. Casi el 70 por ciento del sistema es controlado por esta empresa.
En España, recientemente se trataron de fusionar dos grandes empresas, Endesa e Iberdrola, que se habrían constituido en el mercado energético más grande del mundo, con más de 40 millones de clientes. El gobierno español se negó a esa operación. Les puso condiciones. Entre otras, que los beneficios de inversión por el cambio al eurodólar debían perderlos por lo menos en un 50 por ciento. Pero les dijo que no a la fusión, porque significaba un monopolio tremendo. Y no estamos hablando de una concentración de 70 por ciento, sino de otra, en el mercado español, entre Endesa e Iberdrola, de sólo 60 por ciento.
Las empresas sostienen que han tenido utilidades, y cuando la Comisión Nacional de Energía da como fundamento para aumentar las tarifas la necesidad de crear condiciones económicas para incentivar la inversión en el sector eléctrico, las mismas empresas, entre otras, Enersis , sostienen que esas condiciones no son suficientes. ¿Signi-fica, entonces, que necesitamos nuevos aumentos tarifarios?
La energía más cara es la que no existe, pero siempre, entre la empresa y el consumidor, hay que estar con el consumidor. ¿Cómo le explicamos al consumidor -no en fórmulas extrañas ni con el enmallamiento-, al que las empresas le deben plata, millones de dólares, que las tarifas subirán, que la ley de 1999 es letra muerta y no sirve en Chile? ¿Qué legitimidad tendrá la Cámara para volver a legislar sobre la reforma a la ley eléctrica, si la hecha con motivo de la crisis de 1998 y 1999 es letra muerta? Mediante una modificación en 1999, que decía: “En todo caso, el ejercicio de acciones jurisdiccionales no obstará al pago de las compensaciones”, se judicializó el tema, las empresas perdieron sus recursos, pero las compensaciones aún no han sido pagadas.
¿Qué pasa con esos 20, 25 ó 30 -no se ha determinado cuántos- millones de dólares que aún están pendientes? ¿Qué legitimidad tiene un aumento tarifario cuando el que genera, distribuye y vende puede aumentar sus tarifas y no importa lo que deba a los usuarios, y, sin embargo, si el usuario no paga, le decimos: “Suspéndale el suministro y cóbrele por corte y reposición”, sin importar que aún no esté regulado el cobro por corte y reposición? Pero no importa, olvidemos la deuda pendiente.
Eso es lo que queremos aclarar. Entre otras cosas, si las compensaciones fueron consideradas, y si lo fueron, de qué manera. En caso contrario, ¿por qué no se consideraron? ¿Qué fórmula matemática maravillosa, señor ministro , será capaz de explicar la no consideración de este factor que, repito, venimos señalándolo desde el año pasado? No es un tema que no hayamos planteado en las reuniones que sostenemos habitualmente.
Y si, aun así, éstas son condiciones necesarias para generar energía según el principio de que la más cara es la que no existe, ¿por qué las propias empresas reconocen utilidades operacionales en 2000 y, sin embargo, señalan que estas medidas anunciadas recientemente no son suficientes para crear condiciones de incentivo para generar energía en Chile?
Estamos traspasando al usuario las deficiencias en la capacidad generadora en Chile. Nos atoramos en un reglamento y no fuimos capaces de ir a la reforma de la ley hasta que nos vimos con la crisis eléctrica en Chile. Hoy, ni siquiera el proyecto ha entrado -que me corrijan mis colegas si me equivoco-, y aunque hace más de dos años que lo esperamos, no hay nueva ley eléctrica, no obstante que la iniciativa estaba afinada durante el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle en enero de 2000 y fue un compromiso de mayo de 1999. No hubo ley eléctrica en 1999 ni en 2000. Lo he dicho en la comisión y los diputados saben que es así: no hubo ley eléctrica en 2000; tampoco la hubo en enero, febrero o marzo de 2001. Si terminó abril, ¿cuándo la habrá?
¡Ojo!, se trata de un proyecto de ley que requiere de discusión, por lo técnicamente complejo, no de seis meses, sino de un año o un año y medio, sólo en la Cámara, sin considerar el tiempo en el Senado, y con normas de transición, que ya se están anunciando, de tres años. Y sin comisión investigadora.
En consecuencia, podemos decir que no habrá ley eléctrica en Chile en el gobierno del Presidente Lagos. Un año de discusión en la Cámara, uno en el Senado como mínimo -es un proyecto complejo- y tres años de normas de transición.
¿Qué pasa con la interconexión? Se anuncia la interconexión entre el norte y el centro. No existe. Lo venimos señalando hace no sé cuánto tiempo. Interconexión con Argentina, lo mismo.
Precios para una mayor calidad del servicio. ¿De qué calidad me hablan? No hay calidad del servicio cuando quien debe otorgarlo genera apagones o bajas de voltaje y no compensa al usuario. ¿Esa es calidad de servicio?
¿Dónde está la representación de los usuarios a la hora de fijar las tarifas eléctricas en Chile?
No puedo evitar un análisis. Carbones factibles de ser comprados no es lo mismo que carbones más baratos. Las empresas tienen que buscar carbones más baratos. Si las empresas tienen que lucrar buscan eficiencia. Entonces, lo lógico es considerar como parámetros los carbones más baratos, no los factibles de ser comprados. Es algo elemental, y si no es elemental, bueno, esperamos que en la comisión investigadora nos enseñen cómo los carbones más baratos nunca serán preferidos por las empresas, porque éstas quieren los carbones factibles de ser comprados. Así de sencillo. Y no hablemos del petcoke, porque estamos con ese tema hace bastante tiempo.
Por estas razones fundamentales es indispensable formar una comisión investigadora, pues las compensaciones siguen pendientes, y, entre las empresas y los usuarios, la Democracia Cristiana se queda con los usuarios.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches, por siete minutos.
Señor Presidente , la honorable Cámara de Diputados debate la fijación de tarifas eléctricas, tema muy sensible, porque últimamente se han anunciado alzas que se aplicarán, a partir de mayo, en once de las trece regiones del país, las que provocarán, obviamente, un malestar generalizado.
No obstante que eso es lo que nos ha motivado para participar en esta sesión, no puedo dejar de señalar que en su intervención el diputado democratacristiano Tomás Jocelyn-Holt ha hecho denuncias muy graves, aunque uno no puede decir que las comparte o no, porque la información que se nos ha entregado con detalles está hecha por expertos sobre la materia y nosotros sólo consideramos las ideas que se vierten en la Sala.
Sin embargo, la señora Vivianne Blanlot merece todo nuestro respeto. En la Comisión de Minería y Energía, especialmente, hemos tenido su particular atención y ella ha informado sobre los temas que se le han requerido en diversas oportunidades. Pero las denuncias que se han hecho en esta ocasión son muy graves, porque se ha hablado de arbitrariedad. De todos modos, no constituyen un ataque a ella como persona, sino al cargo o la responsabilidad que tiene en la fijación de tarifas.
Partiré con algo simple. Los usuarios, cuando pulsan el interruptor, no escogen la empresa que les va a dar el servicio eléctrico, pues están sometidos a la que domina en el mercado. Por lo tanto, obviamente, las tarifas deben ser reguladas. Por eso, la ley establece que cada cuatro años se fijen las tarifas de distribución y cada seis meses se calcule el precio de nudo.
Según análisis que hicimos en la Comisión de Minería y Energía, la tendencia en los últimos años ha sido a la baja de las tarifas y del precio de nudo. En éste, prácticamente, se llegó al 47 por ciento de rebaja.
Con posterioridad, a partir de 1999, ha habido un alza en el precio de nudo. Las justificaciones son muchas. Por ejemplo, se habla de la necesidad de dar señales de precios que incentiven a los inversionistas a invertir en el parque generador, con el fin de brindar mayores posibilidades de energía.
Debo decir con bastante claridad, aprovechando que el ministro de Minería y Energía está presente, que la autoridad de gobierno ha mostrado una debilidad que ha afectado al país. Por ejemplo, no ha sido capaz de aclarar la situación de Ralco, tal vez uno de los proyectos de central hidroeléctrica más grande que se construirá. Es más, ha habido escándalos en torno de él. Creemos que la autoridad ha sido débil en su manejo.
También ha sido débil y ha actuado con un poco de soberbia en la fijación de precios, pues no ha escuchado las peticiones que hemos hecho los diputados en representación de la población. En esta materia es absolutamente necesaria la regulación por el efecto dominante que tienen las empresas generadoras.
Las diferencias entre los estudios para fijar las tarifas han sido reconocidas en años anteriores y están en diversos informes. Por ejemplo, en 1996 la diferencia mínima fue de 33 por ciento y la máxima de 50 por ciento.
Por eso, comparto lo que se ha dicho por parte de las autoridades, en el sentido de que hay distintas apreciaciones de los expertos ante iguales condiciones para definir las tarifas de nudo.
En consecuencia, ante las acusaciones que se han hecho en la Sala, creo absolutamente necesario que la Comisión de Minería y Energía se transforme en investigadora, porque tenemos que aclarar la situación. Las tarifas del servicio eléctrico son muy sensibles al bolsillo de los chilenos y es nuestra responsabilidad informar con exactitud lo que ocurre.
Se ha señalado que no hay una ley eléctrica moderna como la que se había anunciado. Los gobiernos de la Concertación se comprometieron, en años anteriores, a enviar el proyecto, pero hasta hoy lo estamos esperando.
Son muy importantes las señales que dé el país, porque para su desarrollo necesita de un crecimiento de 500 megavatios anuales, cifra que no se alcanzaría. La responsabilidad, obviamente, es de los inversionistas; pero las señales que entregue la autoridad al mercado eléctrico deben ser correctas, transparentes y adecuadas.
Finalmente, anuncio que votaremos a favor de la creación de una comisión investigadora, porque creemos que es necesario aclarar las denuncias que se han hecho, para bien de las autoridades y de la transparencia de la información, mediante juicios certeros y sin acusaciones en el aire, que descalifican a personas que merecen todo nuestro respeto.
Se han agotado todos los tiempos de las bancadas.
En uso de las facultades de la Mesa, se suspende la sesión por 10 minutos.
Proyecto de acuerdo de los señores Jocelyn-Holt, Acuña, Ascencio, Palma, don Joaquín; Vilches, Rincón, Velasco, señora Ovalle, doña María Victoria; señores Elgueta y Reyes, y en calidad de adherente, el señor Villouta.
1.	Que en este último año, las tarifas eléctricas han experimentado alzas importantes para los clientes residenciales e industriales en todo el país y que dichas alzas han sido objeto de controversia pública.
2.	Que estas alzas son producto de los cálculos realizados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en las fijaciones de precios de nudo correspondientes a abril de 2000, octubre de 2000 y abril de 2001 y en la fijación de valores agregados de distribución de octubre de 2000.
3.	Que según ha reconocido la misma CNE, las alzas tarifarias se deben, además de los aumentos de los precios del dólar y del petróleo, a cambios metodológicos introducidos por ésta en las fijaciones mencionadas y que afectan tanto a los precios de nudo como a los valores agregados de distribución y que dichos cambios merecen un análisis acucioso para determinar su procedencia y legitimidad.
4.	Que la CNE ha justificado las alzas en los precios de nudo por la falta de inversión en el sector y las perspectivas de una crisis energética para el año 2002. Que lo inquietante ha sido que los cambios no han producido variaciones en el parque generador.
Que la propia secretaria ejecutiva de la CNE ha hecho acusaciones a sus antecesores en el cargo y a las autoridades que la han precedido, afirmando que dichas autoridades habrían bajado artificialmente los precios, generando así la inquietud respecto de la continuidad de las políticas de los gobiernos de la Concertación.
Que entre los especialistas existen dudas acerca de la efectividad de la política empleada para incentivar las inversiones en el sector.
Que los cambios en la política de precio de nudo representan cambios que exigen un debate informado y un grado de consenso respecto de los objetivos que con ella se pretenden producir.
5.	Que algunos parlamentarios han acusado directamente a la secretaria ejecutiva de la CNE, de beneficiar en forma arbitraria e ilegal a la empresa Chilectra S.A. en el proceso de fijación de valores agregados de distribución de octubre de 2000. Acusaciones que han consistido en que el proceso de fijación de tarifas de distribución benefició arbitrariamente a dicha empresa en montos superiores a los US$ 207 millones en los cuatro años de vigencia de dichas tarifas.
6.	Que se ha acusado a la CNE de modificar informes requeridos por ley en el proceso de fijación tarifaria y que la CNE no está facultada para alterar dichos resultados. Que en dicha fijación, la CNE habría construido tarifas sobre montos superiores a los informados por Chilectra y con valores agregados de distribución superiores a los que correspondían por la reglamentación vigente.
7.	Que se ha acusado a la CNE de alterar irregularmente los valores agregados de distribución en 7 empresas adicionales, aparte de Chilectra (CCG, Eliqsa, Elecda, Emelat, Conafe, Río Maipo y Puente Alto). En todos estos casos, la CNE calculó tarifas sobre la base de costos superiores a los informados por las propias empresas a la SEC. En total, esta irregularidad terminaría comprometiendo, aparte de los 16 distritos de la Región Metropolitana, los distritos de Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Viña, Rancagua, San Fernando, Rengo, Curicó, Linares, Talca, Constitución, Parral, San Carlos, Chillán, Concepción, Talcahuano, Lota, Temuco y Villarrica.
8.	Que se ha acusado a la CNE de alterar los factores de coincidencia, de modo de beneficiar a Chilectra, de tal manera que Santiago inexplicablemente pasaría a ser el lugar de menor utilización compartida de las redes de distribución y tarifariamente una de las zonas más rurales del país. Que dicha modificación perjudicaría especialmente a clientes residenciales y que, con ellas, Chilectra pasaría a tener incrementos netos por concepto de compras, contradiciendo lo dicho por la CNE.
9.	Que los aumentos en los valores de subtransmisión no han obedecido a metodologías previamente establecidas y que no recogerían adecuadamente el incremento en la demanda, así como las economías de escala involucradas. Que se ha aplicado para Chilectra un factor de aumento en los cargos por subtransmisión, que no se ha aplicado a ninguna otra distribuidora semejante.
10. Que se han hecho acusaciones que afectan la probidad funcionaria de la secretaria ejecutiva de la CNE, en el sentido de que implicarían que dicha funcionaria habría actuado como consultora de Chilectra en los mismos temas que hoy la empresa se habría visto favorecida. Que ha empleado una empresa vinculada a ella para fijar los términos y modificar los informes requeridos por ley, y que ha terminado validando sus propios informes que le han llegado a la CNE vía la empresa afectada.
11. Que la secretaria ejecutiva de la CNE se ha defendido de lo anterior negando la veracidad de las acusaciones y que, por su gravedad, se hace necesario dilucidar si son o no efectivas, tanto para clarificar la actuación de la CNE como para despejar la responsabilidad individual de las personas que han sufrido cuestionamientos.
12. Que el público tiene derecho a saber cómo se construyen sus tarifas eléctricas y que se hace necesario disponer de una vasta gama de información que sólo puede ser analizada detenidamente en una comisión especializada que, a su vez, pueda informar a esta Sala de si los criterios técnicos utilizados y si su aplicación se ha ajustado a la normativa vigente o, de si, por el contrario, se ha perjudicado injustificadamente a los usuarios.
Que resulta necesario dar tranquilidad a los usuarios de que no están sufriendo cobros indebidos y que las autoridades eléctricas cumplen su rol regulador de manera imparcial y apegada a la normativa vigente, constituyendo una eficaz contraparte, de modo que los mercados funcionen adecuadamente.
En razón de los antecedentes expuestos, venimos a presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
Facultar a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados para investigar, en el plazo de sesenta días, los últimos procesos de tarifas eléctricas realizados por la Comisión Nacional de Energía en año 2000 y 2001, evaluar los criterios técnicos utilizados, si éstos se ajustan tanto técnica como legalmente a la normativa del sector eléctrico, su incidencia en los precios a los usuarios residenciales e industriales del país, así como si se han comprometido faltas a la probidad administrativa en los mismos”.
Señor Presidente , solicito suspender la sesión por algunos minutos, porque necesitamos copia del proyecto de acuerdo cuyo texto no hemos conocido previamente y es muy complejo, dado que habla de materias técnicas. En estas condiciones, no podemos votar a favor ni en contra.
Corresponde votar el proyecto de acuerdo.
Reglamento, señor Presidente .
Tiene la palabra por un minuto, señor diputado.
Señor Presidente, entiendo que hay más de un proyecto de acuerdo.
Entonces, pido a los colegas que demuestren su vocación democrática. Solicito conocer ambos proyectos de acuerdo.
Todos queremos mandatar a la Comisión de Minería y Energía para que estudie exhaustivamente esta materia, y como recién he conocido el primer proyecto de acuerdo, me gustaría conocer también el segundo.
Es mi facultad y mi derecho saber lo que votaré.
Señores diputados, se han presentado dos proyectos de acuerdo.
En conformidad con el Reglamento, la Mesa tiene facultad para proceder oportunamente a la lectura del segundo proyecto de acuerdo.
¡Que se lea!
En votación el primer proyecto de acuerdo; posteriormente, se dará lectura al segundo.
Antes de votar, primero hay que leer los dos.
Señor Presidente, que se lean ambos, porque están referidos a la misma materia.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 2 abstenciones
Acuña, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arratia, Ascencio, Bertolino, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Elgueta, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, Jiménez, Jocelyn-Holt, Leay, León, Longton, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Mora, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Víctor), Prokurica, Reyes, Rincón, Seguel, Silva, Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).
Aguiló,Bustos, Ceroni, Encina, Hales, Jaramillo, Leal, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Pérez (don José), Saa (doña María Antonieta), Salas y Tuma.
Allende (doña Isabel) y Navarro.
Proyecto de acuerdo Nº 558, suscrito, en calidad de autores, por los diputados señores Aguiló, señora Muñoz, doña Adriana; Luksic, Bustos, Lorenzini, Salas, Valenzuela, Pérez, don José; Ojeda, Jaramillo; y en calidad de adherentes, por los señores Encina, Sánchez, Allende, doña Isabel; Núñez, Jarpa, Tuma y Letelier, don Felipe:
“En virtud del debate realizado producto del proceso de fijación tarifaria y que se produce en aumentos de precios para todo el Sistema Interconectado Central (SIC), la Cámara de Diputados acuerda:
Otorgar a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el carácter de comisión especial, con el propósito de investigar y estudiar el reciente proceso de fijación tarifaria, velando por el derecho de los consumidores eléctricos de nuestro país; proponiendo medidas que así lo permitan, en un plazo de 60 días”.
Ambos proyectos de acuerdo no son incompatibles.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.
Aguiló,Allende (doña Isabel), Bustos, Ceroni, Encina, García (don René Manuel), Gutiérrez, Hales, Jaramillo, Jarpa, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Montes, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Ortiz, Pareto, Pérez (don José), Reyes, Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Tuma y Valenzuela.
Acuña, Arratia, Ascencio, Jiménez, Jocelyn-Holt, León, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Velasco y Villouta.
-Se abstuvo el diputado señor Elgueta.
-Se levantó la sesión a las 18.49 horas.
Moción de los diputados señores García-Huidobro, Cardemil, Leay, Longton, Orpis, Prokurica, Recondo, Sánchez y de las diputadas señoras Pía Guzmán y Lily Pérez .
Deroga disposiciones que imponen penas corporales por no pago de multas impuestas por juzgados de policía local en materias de su competencia y crea sistema alternativo de cumplimiento de condena. (boletín Nº 2699-06)
“La medida alternativa de cumplimiento de sentencias que imponen multas que trae consigo la reclusión nocturna y/o el arresto o detención del infractor, en la práctica se transforma, de una u otra manera, en una forma de torcer la voluntad del legislador de no considerar ciertas conductas como merecedoras de la aplicación, vía sanción, de una pena privativa de libertad.
En efecto, cabe sostener que la ley, atendiendo a diversos factores, determina el tipo de sanción que una conducta ilícita o antijurídica merece.
Pues bien, es así que la sociedad considera, por ejemplo, el bien jurídico protegido, la trascendencia y/o peligro de la conducta reglada, el tipo o clase de persona sobre la cual habrá de recaer la sanción, entre otros, para que en definitiva decida que lo más justo es la aplicación, en el caso en cuestión, de una multa y no otra pena de mayor gravedad.
No obstante lo anterior, por una vía indirecta, los hechos y los entes llamados a aplicar la sanción superan la voluntad del legislador y, en muchos casos, igual llegan a la aplicación de una pena corporal o privativa de libertad, en cualquiera de sus formas, para el sujeto infractor, a pesar de que primitivamente se excluyó tal posibilidad en los casos en que sólo se estimaba la multa como sanción suficiente para compensar el daño producido.
En efecto, tal mecanismo de facto opera de la siguiente manera: Si se aplica una multa y ésta no se paga en tiempo y en forma, procede, según la actual legislación, que el Tribunal emita una orden de detención o arresto o, en su caso, decrete la reclusión nocturna, pero no por el hecho de que la conducta lleve consigo tal posibilidad, sino que paradojalmente, porque simplemente no se pagó la multa que la ley a través del sentenciador, estimó aplicable para ese caso en particular. Entonces tenemos que un infractor “multado” paga con privación de libertad una pena impuesta por el órgano competente por el solo hecho de que no puede o no quiere desembolsar el valor equivalente a la multa que era la sanción primera y única que la ley consideró para su falta, contravención o infracción.
En definitiva, nos encontramos con un caso más de prisión por deudas, puesto que la pena corporal se da, en el hecho, por el no pago de una multa que se fija en dinero.
La modificación que se propone no hace otra cosa que velar por que se cumpla fielmente con la voluntad legislativa, esto es, que si la sanción es de tipo pecuniaria, sea ésa la única sanción que pueda y deba aplicarse. Si el sacrificio del infractor debe ser en dinero, tal como se propone en el presente proyecto, es esta la única forma que la sociedad estima pagada la deuda que el infractor tiene para con ella.
Con lo anterior, además, se posibilita la obtención de recursos y la redistribución de los mismos, toda vez que las municipalidades no perciben ingresos.
Artículo único.- Sustitúyense los artículos 23 y 24 de la ley Nº 18.287 sobre procedimientos ante los juzgados de policía local, por los siguientes:
Artículo 23.- Transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo anterior y no acreditado el pago de la multa, el juez a su arbitrio podrá adoptar una o más de las siguientes medidas:
a)	Decretar la anotación de tener pago de multa pendiente en cualesquiera de los registros públicos que mantiene el Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación.
b)	Decretar el cumplimiento de servicios comunitarios consagrado en el artículo 20 bis;
c)	Despachar orden de retención de dineros que le pertenezcan al infractor o a que éste tenga derecho a percibir de cualquier empleador, institución u organismo de que pueda ser reclamado, con el fin de que sea remitido al tribunal el monto equivalente a lo adeudado por concepto de multa, reajustes e intereses, los que deberán ser enterados en Tesorería municipal.
El no cumplimiento por parte de las personas, organismos o instituciones de la retención ordenada por el tribunal, los hará responsables solidariamente del pago de la multa respectiva.
Se entenderá el no cumplimiento de lo ordenado por el tribunal cuando de la persona, organismo o institución llamada a hacer la retención, el tribunal no tenga respuesta dentro del plazo de treinta días de requeridos para este efecto. Se presumirá requerido para efectuar la retención, transcurridos tres días contados desde el despacho de oficio o carta certificada por parte del tribunal para este efecto.
Artículo 24.- Cuando estuviere pendiente el pago de una multa y ello constare en cualquier registro público en que el tribunal haya hecho anotar esta circunstancia, el infractor no podrá renovar licencia de conducir, ni obtener permiso de circulación para los vehículos de su propiedad, ni optar a la obtención de cualquier beneficio o subsidio que se financie con fondos públicos, como asimismo participar o intervenir en cualquier licitación o concurso público que implique directa o indirectamente el financiamiento fiscal.
Artículo 24 bis.- Una vez cumplida la pena de multa, ya sea por pago o por cumplimiento alternativo que decrete el juez, o por resolución que la dé por cumplida, atendidas las posibilidades económicas y/o sociales del infractor, circunstancia que habrá de acreditarse mediante informe social emitido por un profesional designado por el juez, el Secretario del Tribunal certificará este hecho y entregará copia de dicha certificación al interesado para los efectos de eliminar las anotaciones que estuvieren vigentes y que digan relación precisamente con la causa en que se dictó la respectiva medida.
Artículo 24 ter.- El juez quedará facultado para acumular las multas que en un mismo tribunal hayan sido aplicadas en un año calendario a un mismo infractor, aunque provengan de procesos distintos, otorgándole una solución única de acuerdo a las facultades que le entrega esta ley.
Cuando por aplicación de lo dispuesto en este artículo, el infractor estuviere obligado a pagar más de 8 UTM, el juez podrá remitir copia de los antecedentes al alcalde , para los efectos de que éste instruya el cobro judicial mediante el procedimiento que para estos efectos contempla el título IX del decreto ley Nº 3.063, Ley de Rentas Municipales. Con todo, si el juez optare por este procedimiento, no podrá hacer uso de las medidas alternativas de pago de multas que contempla la ley”.
Santiago, abril 24 de 2001.
“Oficio Nº 1609
Tengo el honor de remitir a vuestra Excelencia copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal, en los autos rol Nº 321, relativos al proyecto de ley que establece un seguro de desempleo, remitido a este Tribunal para su control de constitucionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República.
(Fdo.): OSVALDO FAÚNDEZ VALLEJOS , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario”
“Santiago, veinticuatro de abril de dos mil uno.
1º	Que, por oficio Nº 3.298, de 19 de abril de 2001, la honorable Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que establece un seguro de desempleo, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 41 y cuarto transitorio del mismo;
3º	Que, el artículo 97 de la Constitución Política establece: “Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.”;
4º	Que, las normas del proyecto sometidas a control, disponen:
“Artículo 41.- Los recursos del Fondo de Cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario se invertirán en los instrumentos financieros que el artículo 45 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, autorice para el Fondo de Pensiones Tipo 2, de acuerdo a los límites que el Banco Central de Chile haya establecido para ese Fondo”.
“Artículo cuarto.- Durante los tres primeros años contados desde la fecha de inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora, el Banco Central de Chile podrá establecer, previo informe de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, límites máximos de inversión para los Fondos de Cesantía, superiores a los permitidos en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, para el Fondo de Pensiones Tipo 2. Durante dicho plazo, no se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 42.”;
5º	Que, de acuerdo al considerando segundo, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;
6º	Que, los preceptos contemplados en el artículo 41 y en el artículo cuarto transitorio, ambos del proyecto sometido a conocimiento de este Tribunal, son propios de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 97, de la Carta Fundamental, al otorgar nuevas atribuciones al Banco Central de Chile;
7º	Que, consta de autos que las normas a que se ha hecho referencia en el considerando anterior han sido aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República, y que sobre ellas no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad;
8º	Que, las disposiciones contempladas en el artículo 41 y en el artículo cuarto transitorio, ambas del proyecto remitido, no son contrarias a la Constitución Política de la República.
Y, visto, lo prescrito en los artículos 63, 82, Nº 1º e inciso tercero y 97 de la Constitución Política de la República, y lo dispuesto en los artículos 34 al 37 de la ley Nº 17.997, de 19 de mayo de 1981,
Se declara: Que los artículos 41 y cuarto transitorio del proyecto remitido, son constitucionales.
Devuélvase el proyecto a la honorable Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal , oficiándose. Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese.
Rol Nº 321.
Pronunciada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente don Osvaldo Faúndez Vallejos , y los ministros señor Eugenio Valenzuela Somarriva , señora Luz Bulnes Aldunate , señores Servando Jordán López y Juan Agustín Figueroa Yavar .
DON LUIS PARETO GONZÁLEZ