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Timestamp: 2018-10-17 04:03:32
Document Index: 139840202

Matched Legal Cases: ['artículo 338', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 424', 'artículo 294', 'artículo 424', 'artículo 338']

﻿ Sentencia T-266 de marzo 10 de 2008
SENTENCIA T-266 DE 10 DE MARZO DE 2008
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS JUDICIALES. PARA LA PROCEDENCIA DE LA MISMA DEBE PROBARSE EL AGOTAMIENTO DE LAS ACCIONES ORDINARIAS EN EL PROCESO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DENTRO DE UN TÉRMINO PRUDENCIAL QUE NO CONTRAVENGA LOS PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y SEGURIDAD JURÍDICA.
Sentencia T-266 de marzo 10 de 2008
SALA CUARTA DE REVISÓN
Sentencia T-266 de 2008
Ref.: Expediente T-1.736.565
Establece que reside en el primer piso del inmueble ubicado en la Calle 88 A No. 34-20, bien que fue heredado por el señor José Rafael Uribe Cepeda y sus hermanos por sucesión de su madre, según escritura de hijuela que acompaña a la demanda de tutela, pero que figura a nombre de Blanca Cecilia Uribe Cepeda, como consta en el certificado de tradición y libertad que igualmente allega.
La accionante considera que la práctica de la diligencia de lanzamiento ordenada por el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá vulnera los derechos fundamentales invocados, como quiera que fue producto del error judicial al que este fue inducido por las partes, quienes acordaron ilegalmente la preexistencia de un contrato de arrendamiento con el fin de privar a la actora del derecho a la vivienda del que goza legítimamente.
La demandante señala que sus hijos no han podido seguir estudiando ya que su padre, el señor José Rafael Uribe Cepeda, desde el momento de la separación, no los apoya económicamente. Sobre el particular, la actora aporta certificados laborales propios y de sus dos hijos mayores, según los cuales ella devenga un salario mensual de cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y tres pesos ($ 468.763) y sus hijos reciben cada uno propinas mensuales de promedio doscientos mil pesos ($ 200.000).
Finalmente, reprocha la actuación de la accionante en el sentido de que aún teniendo conocimiento del proceso desde el 18 de noviembre de 2005, solo hasta este momento se preocupó por interponer la acción de tutela, lo que a su juicio, desvirtúa el requisito de inmediatez.
4. Vinculación de terceros interesados.
i) Declaración ante notario, del 18 de julio de 2007, en el que la actora aduce ser madre cabeza de familia de tres hijos de 19, 18 y 5 años de edad que conviven bajo el mismo techo, en la calle 88 A Nº 34-20, y dependen económicamente de ella (fl. 1).
ii) Registros civiles de nacimiento de sus tres hijos (fls. 2-4).
iii) Copia de audiencia pública, del 6 de diciembre de 2004, dentro del proceso de protección promovido por la accionante contra su compañero permanente, en el que la Comisaría Doce de Familia de Carácter Policivo aprueba el acuerdo entre las partes según el cual el señor José Uribe desalojaría la vivienda en el término de un mes, ambos se comprometen a cesar las agresiones y a resolver ante las autoridades competentes los conflictos sobre patria potestad y demás concernientes a la unión entre compañeros permanentes (fls. 5-9).
iv) Copia de sentencia del 19 de diciembre de 2006, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Gachetá, Cundinamarca, dentro del proceso penal por la conducta punible de violencia intrafamiliar contra José Rafael Uribe Cepeda, en la que se condena a este último a la pena principal de 24 meses de prisión (fls. 10-21).
v) Certificado de tradición y libertad del inmueble ubicado en la calle 88 A Nº 34-20, que a marzo de 2007 reporta como propietarios a María Leonor Cepeda (50%) y Blanca Cecilia Uribe Cepeda y Luis Antonio Cepeda (50%) (fl. 22).
vi) Copia de escritura pública de liquidación herencial de María Leonor Cepeda, en la que se reparte el 50% del inmueble ubicado en la Calle 88 A Nº 34-20, entre sus hijos Blanca Cecilia Uribe cepeda, José Vicente Uribe Cepeda, José Rafael Uribe Cepeda y Luis Antonio Cepeda, y su fallecido esposo, Aníbal Uribe Cepeda, representado por Julio Aníbal Uribe Millán y Sonia Yolanda Uribe Millán (fls. 23-29).
vii) Certificados laborales de la accionante y sus dos hijos mayores (fls. 31-33).
viii) Copia de la diligencia de entrega practicada el 16 de julio de 2007 y aplazada para el 31 de julio del mismo año (fls. 34).
El a quo realizó una inspección judicial al expediente contentivo del proceso de restitución de inmueble arrendado, promovido por la señora Blanca Cecilia Uribe Cepeda contra José Rafael Uribe Cepeda, en la que encontró que el demandado había dejado transcurrir el traslado de la demanda en silencio, por lo cual, el 21 de julio de 2005, el juzgado profirió sentencia ordenando declarar terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre las mismas partes, y de manera consecuente, la inmediata restitución del inmueble arrendado.
Consideró el a quo que de la manera como transcurrieron los hechos en el tiempo, se colige la posibilidad de ser cierta la intención fraudulenta de las partes en el proceso de restitución de inmueble arrendado, toda vez que la declaración extraprocesal del contrato de arrendamiento es posterior a la orden de la comisaría de familia de desalojo del señor José Rafael Uribe Cepeda, prueba que fue determinante para la decisión dentro del proceso.
La Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del 13 de Septiembre de 2007, revocó la sentencia proferida por el a quo y, en consecuencia, negó la tutela impetrada por la señora María Gilma Guzmán Moreno, para lo cual precisó que, en tratándose de acciones de tutela promovidas contra providencias judiciales, de manera reiterada la jurisprudencia constitucional ha establecido que el amparo constitucional obra solo cuando se está ante una “actuación judicial de hecho” o “vía de hecho”, la que ostenta una naturaleza excepcional, cuya declaración requiere de la observancia de una clara desviación del ordenamiento jurídico y del desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso.
Respecto del caso en concreto, el ad quem señaló que, al ser la accionante un tercero con relación al contrato de arrendamiento y al proceso de restitución bajo estudio, era la diligencia de entrega el momento procesal para oponerse y alegar los derechos que le asistían. En efecto, la actora, en dicha oportunidad alegó ser poseedora del inmueble materia del litigio y se opuso a la diligencia de entrega, la cual fue rechazada de plano, sin que ejerciera los recursos que procedían, según el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, silencio de la actora que hace improcedente la acción de tutela.
Ahora bien, respecto de la representación que pretende hacer de sus hijos, la Sala encuentra que la acción solo es procedente en relación con su hijo menor de edad James Stiven Uribe Guzmán, de quien ostenta la representación legal.
El Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1º, 2º y 13 del Decreto 2591 de 1991, está legitimado como parte pasiva en el presente proceso de tutela, por tratarse de una autoridad pública.
4. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La acción de tutela, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, es un mecanismo judicial preferente y sumario, dispuesto para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas. De esta noción, la jurisprudencia constitucional ha derivado dos presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela, cuales son, la subsidiariedad y la inmediatez (1) , cuya verificación se torna más rigurosa en los casos en que la acción se dirige contra providencias judiciales, en atención a la necesidad de armonizar la realización de los derechos fundamentales de las personas con los principios constitucionales de la autonomía e independencia jurisdiccional, la seguridad jurídica y la cosa juzgada, entre otros (2) .
Respecto del requisito de subsidiariedad, esta Corporación ha manifestado, en desarrollo del artículo 6º del Decreto 2591, que la acción de tutela, en principio, no procede cuando exista otro mecanismo de defensa judicial que resulte idóneo y eficaz para la protección de los derechos que invoca el interesado (3) . Sobre el particular, ha establecido esta Corte lo siguiente:
“(...) si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional” (Sent. SU-111/1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
“Por todo lo anterior, y frente a cada caso en concreto, resulta indispensable analizar si el peticionario ejerció en debida forma los medios procesales establecidos en el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos fundamentales cuyo amparo solicita a través de la acción de tutela” (4)(5) .
La Sala considera oportuno recordar que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales torna más rigurosa la verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en atención a que la eventual vulneración de derechos fundamentales en el curso de un proceso judicial tiene un escenario natural para ser reparada, cual es, el mismo proceso que se adelanta, toda vez que en su desarrollo las partes disponen de diferentes recursos y facultades para desatar los mecanismos de control jerárquicos a lo largo del trámite que se adelante, los cuales propenden por la garantía de los derechos de quienes en él intervienen y por la corrección oportuna de los errores en que incurran las autoridades judiciales (6) .
En cuanto al principio de inmediatez, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el ejercicio de la acción de tutela debe hacerse en un término razonable, oportuno y justo, en relación con el acto presuntamente violatorio de los derechos fundamentales (7) . En torno a este presupuesto, la Corte ha precisado lo siguiente:
“(…) se debe insistir en la relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad (8) . Al respecto, se ha establecido que no procede la acción de tutela contra sentencias judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo que resulta claramente desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial, por la vía de la acción de tutela (…) (9) .
Ahora bien, dicha inmediatez no necesariamente significa que la interposición de la acción de tutela debe efectuarse sin mediación de un intervalo de tiempo entre la causa que da lugar a la interposición de la tutela y esta, ya que, por ejemplo, el accionante puede intentar por medios diversos a la tutela que cese la vulneración o amenaza a sus derechos fundamentales. Es así como la Corte ha analizado que en ciertas ocasiones “existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes” (10) . y en consecuencia, ha admitido la procedibilidad de la tutela cuando ha transcurrido un periodo de tiempo entre las acciones u omisiones que dan lugar a la tutela y el momento de interposición de esta, siempre que el ejecutado haya acudido sin éxito a los mecanismos procesales ordinarios” (11) .
d) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales (12) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
[g]. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado (13) .
[h]. Violación directa de la Constitución” (14) .
5.1. Recuento del proceso de restitución de inmueble arrendado promovido por la señora Blanca Cecilia Uribe Cepeda contra el señor José Rafael Uribe Cepeda.
— El 28 de abril de 2005 la señora Blanca Cecilia Uribe Cepeda promovió proceso de restitución de inmueble arrendado contra el señor José Rafael Uribe Cepeda, respecto del bien ubicado en el primer piso de la Calle 88 A Nº 34-20 de Bogotá. En la demanda se adujo que entre las partes existía contrato de arrendamiento verbal desde el 10 de enero de 2002, con canon equivalente a cien mil pesos mensuales y que el arrendatario lo habitaba con su compañera permanente, María Gilma Guzmán Moreno y sus tres hijos, Claudia Marcela, José Rafael y James Stiven.
El proceso se fundó en el incumplimiento del arrendatario en el pago de los cánones de arrendamiento de los meses de febrero, marzo y abril de 2005 y de los servicios públicos domiciliarios cuya deuda ascendía a la suma de setecientos diez mil pesos ($ 710.000).
— El 21 de julio de 2005, el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá, considerando que se hallaba probada la relación contractual y frente al silencio del demandado, resolvió declarar terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en litigio y, en consecuencia, ordenó la restitución del inmueble arrendado.
— El 18 de noviembre de 2005 se llevó a cabo la diligencia de restitución a la cual se opuso la señora María Gilma Guzmán Moreno, aduciendo que (i) no fue notificada del proceso, (ii) su esposo no tiene contrato de arrendamiento, ya que es copropietario del inmueble, (iii) habita el inmueble hace ocho años desde el fallecimiento de su suegra, (iv) los hermanos de su esposo habían acordado el pago de una cuota mensual de cincuenta mil pesos que, sin embargo, no fue cumplida por ninguno, (v) todos debían aportar para los servicios pero que el problema con la demandante era que el esposo no cancelaba por lo que los agredía verbalmente. Señala que el lanzamiento es porque supuestamente el señor le vendió a la hermana su parte en el inmueble, operación que nunca le comunicó. Aduce que su esposo no vive en la casa desde el 26 de enero de 2005. En consecuencia solicita la suspensión de la diligencia hasta que la justicia penal decida sobre la acusación de fraude procesal.
— El 16 de julio de 2007, se continúa con la diligencia de entrega del inmueble que, sin embargo se suspende por cuanto nadie responde en el interior del mismo.
— El 12 de octubre de 2007 se lleva a cabo la diligencia de entrega del inmueble en litigio en la que la señora María Gilma Guzmán Moreno entrega el inmueble a la demandante.
De acuerdo con el parágrafo primero del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, a la demanda de restitución de inmueble arrendado debe acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de este prevista en el artículo 294 ejusdem o prueba testimonial siquiera sumaria. De igual forma, la demanda deberá indicar los cánones adeudados y a ella se acompañará la prueba siquiera sumaria de que se han hecho al arrendatario requerimientos privados o judiciales.
Ahora, el numeral segundo del parágrafo tercero del artículo 424 ejusdem prescribe que si al tiempo de practicarse la diligencia se encuentra en el bien alguna persona que se oponga a ella, el juez aplicará lo dispuesto en el artículo 338 del mismo cuerpo normativo. Efectivamente, la accionante se opuso a la diligencia de entrega del 18 de noviembre de 2005, alegando ser poseedora del inmueble. El juez del proceso de restitución, sin embargo, rechazó de plano la oposición por cuanto la actora no allegó prueba sumaria de la calidad de poseedora que alegaba, sin que esta apelara la decisión, no obstante encontrarse asesorada por su abogado de confianza, con lo que, al término de la diligencia, la decisión quedó en firme.
En este sentido, la Sala resalta que como la accionante, quien se encontraba asistida por un abogado de confianza, no apeló el rechazo que el juez hizo de su oposición, la acción de tutela resulta improcedente, toda vez que esta no puede constituir una instancia adicional en la que se repare la incuria de los sujetos procesales.
“La Sala recuerda que la acción de tutela es un mecanismo de carácter subsidiario y preferente que no está dispuesto en el ordenamiento jurídico para remediar la incuria de las partes dentro del proceso y que no constituye una tercera instancia en la que estas puedan reabrir el debate que ha sido abordado por los jueces ordinarios y que ha hecho tránsito a cosa juzgada a través de una decisión judicial. De igual forma, se considera relevante poner de presente que no es dado al juez de tutela revisar las providencias proferidas en procesos ordinarios, siempre que se encuentre acreditada la garantía de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción y que no se encuentre configurada ninguna de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales”.
Respecto del derecho a la vivienda digna, esta corporación ha establecido que su vulneración se presenta en los eventos en que el acto que se reputa lesivo del mismo sea ilícito, ilegítimo o desproporcionado (15) , circunstancia cuya acreditación, en el caso concreto, requeriría la desvirtuación de la presunción de legalidad que cobija a la providencia en la que el juzgado demandado rechazó la oposición formulada por la actora, que sin embargo no tuvo lugar, en atención a que la actora dejó pasar las oportunidades procesales dispuestas para tal efecto, sin oponerse a lo decidido.
De otra parte, la Sala pone de presente que el derecho a la vivienda digna es un derecho prestacional que, en principio, no es susceptible de protección a través de la acción de tutela salvo que se demuestre la conexidad con un derecho fundamental (16) , carga de la prueba que no es satisfecha por la accionante, dado que no precisa qué derechos fundamentales se verían lesionados con el lanzamiento del inmueble en el que reside con sus tres hijos.
De igual forma, la Sala señala que a la actora, ante la inminencia del desalojo como consecuencia del incumplimiento del contrato de arrendamiento, le asiste la posibilidad de satisfacer su derecho a la vivienda digna optando por una vivienda arrendada, para lo cual cuenta con los recursos propios y los de sus hijos que derivan de sus respectivas actividades laborales, sin que dicha imposición resulte desproporcionada. En efecto, según el material que reposa en el expediente, la actora devenga un salario mensual de $ 468.763 y sus hijos devengan propinas mensuales equivalentes, en promedio a $ 200.000 cada uno, con lo que el núcleo familiar cuenta aproximadamente con una suma de $ 868.763 mensuales, con lo que pueden procurarse una vivienda mediante la celebración de un contrato de arrendamiento, con el fin de satisfacer el derecho a la vivienda digna.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2007 por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por las razones expuestas en esta providencia.
(3) Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(4) Sentencia T-282 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo orden de ideas, recientemente la Sala declaró improcedente la acción de tutela instaurada por una accionante, demandada dentro de un proceso ejecutivo iniciado en el año 2002, que no hizo uso de los medios de defensa procesales a su alcance para controvertir las actuaciones del despacho judicial que condujeron a que dicha dependencia dictará sentencia desfavorable, ordenara el remate del inmueble y liquidara de oficio el crédito hipotecario (T-444 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(5) Corte Constitucional, Sentencia T-112 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(6) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-147 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(7) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-961 de 1999.
(8) Sentencia T-606 de 2004.
(10) Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(11) Corte Constitucional, Sentencia T-909 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(14) Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(15) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-373 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(16) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1091 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.