Source: https://boe.vlex.es/vid/postal-liberalizacion-postales-160529
Timestamp: 2019-10-16 15:57:54
Document Index: 167312202

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 55', 'artículo 579', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 18', 'Artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 53', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 22', 'Artículo 13', 'artículo 70', 'artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 12', 'Artículo 17', 'artículo 26', 'Artículo 18', 'artículo 128', 'Artículo 19', 'artículo 52', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 19', 'Artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 28', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 11', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 20', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 18', 'artículo 41', 'artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 29', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 32']

Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 160529
Fecha de Entrada en Vigor: 15 de Julio de 1998
Marginal: BOE-A-1998-16713
TÍTULO II. La prestación de servicios postales en régimen de libre concurrencia
CAPÍTULO II. Autorizaciones administrativas generales - arts. 9 y 10
CAPÍTULO III. Autorizaciones administrativas singulares - arts. 11 a 13
CAPÍTULO I. Delimitación de las obligaciones de servicio público - art. 14
CAPÍTULO II. Servicio postal universal - arts. 15 a 21
CAPÍTULO III. Otras obligaciones y derechos de carácter público en la prestación de los servicios postales - arts. 22 y 23
CAPÍTULO IV. Contraprestaciones por la carga financiera derivada de las obligaciones de prestación del servicio postal universal - arts. 24 a 28
Sección 1ª. Separación de cuentas - art. 29
Sección 2ª. Tarifas y precios - arts. 30 a 32
Sección 3ª. Tasas postales - arts. 33 a 47
Norma citada en: 1626 sentencias, 67 artículos doctrinales, 109 disposiciones normativas, 4 formularios, 263 resoluciones administrativas, una noticia
el establecimiento de un marco jurídico que recoja los derechos y obligaciones de usuarios y operadores (Título I); b) un ámbito liberalizado de actuación de los operadores postales, previéndose el régimen de libre concurrencia respecto de una parte muy importante del sector, en armonía con el artículo 38 de la Constitución (Título II), y c) la regulación del servicio postal universal que a todos corresponde a un precio asequible y, particularmente, la determinación de un régimen de reserva en favor del operador al que se encomienda la prestación de aquél, con arreglo a un sistema de tarifas (Título III).
Artículo 1 Objeto de la Ley y naturaleza de los servicios postales.
El objeto de la presente Ley es la regulación de los servicios postales con el fin de garantizar la prestación del servicio postal universal a todos los ciudadanos, satisfacer las necesidades de comunicación postal en España y asegurar un ámbito de libre competencia en el sector.
Los servicios postales son servicios de interés general que se prestan en régimen de competencia. Sólo tienen la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones de servicio público, los servicios regulados en el Título III.
Artículo citado en: 13 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Se regirán por lo dispuesto en esta Ley los siguientes servicios postales:
Los de recogida, admisión, clasificación, tratamiento, curso, transporte, distribución y entrega de los envíos postales. Son envíos postales aquellos que incluyan objetos cuyas especificaciones físicas y técnicas permitan su tráfico, al menos, a través de la red postal pública.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley los servicios realizados en régimen de autoprestación.
Artículo citado en: 30 sentencias, 3 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
Artículo 3 Secreto e intervención de las comunicaciones postales.
En la prestación de los servicios postales, los operadores deberán garantizar el secreto de las comunicaciones, de conformidad con el artículo 18.3 de la Constitución, y el cumplimiento de lo establecido en el artículo 55.2 de ésta y en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los operadores que presten servicios postales no podrán facilitar ningún dato relativo a la existencia del envío postal, a su clase, a sus circunstancias exteriores, a la identidad del remitente y del destinatario ni a sus direcciones. Se aplicará, en su caso, lo previsto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal.
Los servicios postales, en función de las condiciones exigibles en su prestación, se clasifican en las siguientes categorías:
Servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal. Dentro de ellos, a su vez, se distingue entre:
Servicios reservados al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal.
Servicios no reservados al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal.
Servicios no incluidos en el ámbito del servicio postal universal.
Los servicios a los que se refiere la letra A) del apartado anterior se prestarán conforme a lo dispuesto en el Título III. Los servicios indicados en la letra B) del número anterior se prestarán en régimen de libre competencia, de acuerdo con lo establecido en el Título II.
Artículo citado en: 12 sentencias, 2 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas
Artículo 5 Resolución de controversias.
Los operadores postales y los usuarios podrán someter las controversias que surjan, en relación con la prestación de los servicios postales, al conocimiento de las Juntas Arbitrales de Consumo, con arreglo a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Cuando se susciten controversias entre los operadores de los servicios postales y los usuarios que no se hayan sometido a las Juntas Arbitrales, será competente para resolverlas el órgano del Ministerio de Fomento que reglamentariamente se determine. La norma reglamentaria establecerá, asimismo, los requisitos para la formulación de la queja por el usuario y el procedimiento a seguir para su tramitación, que estará basado en los principios de celeridad y gratuidad. La resolución que se dicte, podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Corresponderá al órgano del Ministerio de Fomento que reglamentariamente se determine, la resolución de las controversias que surjan entre el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal y otros operadores postales que lleven a cabo servicios incluidos en el ámbito de aquél, en relación con la existencia o no de los derechos exclusivos, la suficiencia o insuficiencia de las garantías ofrecidas a los usuarios y la posibilidad de acceso a la red postal pública. Igualmente, el citado órgano, resolverá sobre la eventual producción de daños al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, derivados de la actuación de otros operadores. La resolución que se dicte en estos supuestos, podrá impugnarse en vía contencioso-administrativa.
Reglamentariamente, se determinará la responsabilidad en la que incurrirán los operadores postales, en caso de destrucción o extravío de los envíos o incumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios, reconociendo a cualesquiera usuarios, si procediere, el derecho a obtener la oportuna indemnización.
Artículo 6 Principios aplicables.
TÍTULO II La prestación de servicios postales en régimen de libre concurrencia Artículos 7 a 13
Artículo citado en: 6 sentencias, 2 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
Artículo 8 Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales.
Artículo citado en: 34 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II Autorizaciones administrativas generales Artículos 9 y 10
Artículo 9 Ámbito y condiciones de las autorizaciones generales.
Se requerirá autorización general para la prestación de servicios postales que no precisen otro tipo de autorización administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, por no estar incluidos en el ámbito del servicio postal universal.
El otorgamiento de las autorizaciones generales se realizará con carácter reglado y de modo automático, siempre que el interesado asuma la obligación de cumplir los requisitos esenciales para la prestación del servicio postal. Igualmente deberá comprometerse éste al pleno acatamiento de las disposiciones que regulan los citados requisitos esenciales, previstas en la normativa sectorial y de desarrollo de esta Ley.
Se consideran, a efectos de esta Ley, requisitos esenciales para la prestación del servicio postal, el respeto, conforme al artículo 18.3 de la Constitución Española, al derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, la obligación de protección de los datos y los establecidos por la normativa sectorial sobre seguridad del funcionamiento de la red en materia de transporte de sustancias peligrosas, protección del medio ambiente y ordenación territorial.
Artículo citado en: 7 sentencias, un artículo doctrinal, 3 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
Artículo 10 Procedimiento para la obtención de las autorizaciones generales.
Los interesados en prestar un servicio postal no incluido en el ámbito del servicio postal universal, deberán comunicarlo al Ministerio de Fomento, sometiéndose, expresamente, a las condiciones a las que se refiere el artículo anterior y aportando toda la información necesaria para delimitar claramente el servicio correspondiente.
Los datos relativos al titular de la autorización general, se harán constar en el Registro General al que se refiere el artículo 8. No podrá comenzarse la prestación del servicio hasta el momento en que se haya practicado de oficio la correspondiente inscripción, en el plazo de tres meses desde la recepción de la comunicación. A falta de inscripción registral en el plazo señalado, el interesado podrá comenzar la prestación del servicio. El certificado de inscripción registral acreditará la existencia de la autorización general.
A los efectos de esta Ley y para la prestación de servicios postales no incluidos en el ámbito del servicio postal universal, tendrá valor equivalente a la inscripción en el Registro al que se refiere el artículo 8, la inscripción en el regulado en el artículo 53 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, siempre que el interesado aporte a la Secretaría General de Comunicaciones la certificación registral de inscripción en él y sin perjuicio de que ésta pueda solicitarle datos complementarios.
CAPÍTULO III Autorizaciones administrativas singulares Artículos 11 a 13
Artículo 11 Ámbito de las autorizaciones administrativas singulares.
Artículo 12 Condiciones que pueden imponerse a los titulares de autorizaciones administrativas singulares.
Las de servicio público que, con arreglo a lo establecido en el artículo 22, le sean exigibles.
Las propias del servicio postal universal que asuma voluntariamente y que deberán figurar en las ofertas de los servicios que dirija a los usuarios.
La de no perturbar, en la prestación de los servicios, los derechos especiales o exclusivos y el régimen de reserva establecido en beneficio del operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal.
Artículo 13 Procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones administrativas singulares.
Los interesados en llevar a cabo un servicio postal incluido en el ámbito del servicio postal universal, pero no reservado al operador al que se encomienda la prestación de aquél, dirigirán sus solicitudes, con la documentación exigible, al Ministerio de Fomento. En la solicitud, los interesados deberán hacer constar su compromiso de asumir el cumplimiento de las condiciones a las que se refiere el artículo anterior y acreditar el pago de las tasas para la financiación del servicio postal universal.
Las solicitudes deberán contener los datos señalados en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se tramitarán de acuerdo con el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones administrativas, establecido en dicha Ley y en sus normas de desarrollo.
Transcurrido el plazo de tres meses sin que hubiera recaído resolución expresa, podrá entenderse estimada la solicitud.
Se inscribirán, de oficio o a instancia de parte según proceda, los datos relativos a las autorizaciones administrativas singulares otorgadas por acto expreso o presunto, en el Registro al que se refiere el artículo 8 de esta Ley.
TÍTULO III Obligaciones de servicio público: el servicio postal universal y otros derechos y obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios postales Artículos 14 a 47
CAPÍTULO I Delimitación de las obligaciones de servicio público Artículo 14
Artículo 14 Delimitación de las obligaciones de servicio público.
Los prestadores de servicios postales para los que se requiera autorización administrativa singular, de conformidad con lo dispuesto en el Título II de esta Ley, y el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal estarán sujetos a las obligaciones de servicio público, de acuerdo con lo establecido en este Título.
El cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la prestación de los servicios postales para los que aquéllas sean exigibles, se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en este Título. En todo caso, corresponde al Ministerio de Fomento el control del cumplimiento de dichas obligaciones.
A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se establecen las siguientes categorías de obligaciones de servicio público:
Obligaciones de prestación del servicio postal universal que tendrá las contraprestaciones establecidas en el capítulo IV de este Título.
Otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general, en los términos de lo dispuesto en el capítulo III de este Título.
CAPÍTULO II Servicio postal universal Artículos 15 a 21
Artículo 15 Concepto y ámbito del servicio postal universal.
Se entiende por servicio universal el conjunto de servicios postales de calidad determinada en la Ley y sus Reglamentos de desarrollo, prestados de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios.
Se incluyen en el ámbito del servicio postal universal los siguientes servicios, cuya prestación deberá garantizarse en la forma que se determine reglamentariamente:
Servicio de giro.
Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo de soporte, de hasta 2 Kg de peso.
Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta 10 Kg de peso.
Los envíos nacionales y transfronterizos de publicidad directa, de libros, de catálogos, de publicaciones periódicas y los restantes cuya circulación no esté prohibida, serán admitidos para su remisión en régimen de servicio postal universal, siempre que ésta se lleve a cabo con arreglo a alguna de las modalidades previstas en este apartado.
Que esté formado por cualquier comunicación que consista únicamente en anuncios, estudios de mercado o publicidad, b) Que contenga un mensaje similar, aunque el nombre, la dirección y el número de identificación que se asigne a sus destinatarios sean distintos en cada caso, c) Que se remita a un número significativo de destinatarios.
Que se dirija a las señas indicadas por el remitente en el objeto mismo o en su envoltura, e) Que su distribución se efectúe en sobre abierto, para facilitar la inspección postal.
El servicio postal universal incluirá, igualmente, la prestación de servicios accesorios de certificado y de valor declarado. Los servicios de certificado y de valor declarado permiten, en los envíos postales a que se refiere el apartado anterior, otorgar una mayor protección al usuario frente a los riesgos de deterioro, robo o pérdida, mediante el pago al operador de una cantidad predeterminada a tanto alzado, en el primer caso, o de una cantidad proporcional al valor que unilateralmente les atribuya el remitente, en el segundo.
Cada servicio integrado en el servicio postal universal, incluirá, por lo menos, las siguientes prestaciones:
La recogida, admisión, clasificación, tratamientos, curso, transporte, distribución y entrega de cartas y tarjetas postales de hasta 2 Kg de peso.
La recogida, admisión, clasificación, tratamiento, curso, transporte, distribución y entrega de los paquetes postales cuyo peso no exceda de 10 Kg.
Los servicios de envío certificado y los envíos con valor declarado, accesorios de los establecidos en las letras a) y b) de este apartado.
El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá modificar, previo informe del Consejo Asesor Postal, la delimitación del servicio postal universal, en función de la evolución tecnológica, de la demanda de servicios en el mercado, de las necesidades de los usuarios o por consideraciones de política social, de acuerdo con los límites fijados en la normativa comunitaria que sea de aplicación.
Artículo citado en: 18 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 9 resoluciones administrativas
Artículo 16 Condiciones exigibles en la realización del servicio postal universal al operador al que se encomienda su prestación.
El operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal deberá cumplir, en la prestación de los servicios incluidos en el ámbito de aquél, además de las obligaciones a las que se refiere el artículo 12, los compromisos respecto a la admisión y entrega de los envíos que se señalan en los apartados2y3 de este artículo.
La admisión por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal de los envíos que se lleven a cabo en el ámbito de éste, se sujetará a las siguientes condiciones:
Respecto de la entrega de los envíos que se realicen dentro del servicio postal universal el operador, al que se encomienda su prestación, deberá cumplir las siguientes condiciones:
Se realizará en la dirección postal señalada en la cubierta, salvo en el caso de concurrir las circunstancias excepcionales que reglamentariamente se determinen, con arreglo a lo previsto en la Directiva 97/67/CE. Se entiende por dirección, a efectos postales, la identificación de los destinatarios por su nombre y apellidos, si son personas físicas o por su denominación o razón social si se trata de personas jurídicas, así como las señas de un domicilio o los datos que reglamentariamente se prevean para la entrega de los envíos en las oficinas de la red pública postal.
Los envíos se entregarán al destinatariooala persona que éste autorice o serán depositados en los casilleros postales o en los buzones domiciliarios, individuales o colectivos. Se entenderán autorizados por el destinatario para recibir los envíos, de no constar expresa prohibición, las personas mayores de edad presentes en su domicilio que sean familiares suyos o mantengan con él una relación de dependencia.
En cualquier caso, el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal deberá respetar, en la prestación de los servicios incluidos en el ámbito de aquél, los siguientes principios:
Artículo 17 Obligaciones del operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal en la realización de éste.
El operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal deberá llevarlo a cabo de acuerdo con las normas de calidad previstas al efecto, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
El Gobierno fijará, mediante Real Decreto, los parámetros de calidad para la prestación del servicio postal universal. Dichos parámetros, que podrán actualizarse y revisarse periódicamente, se referirán, especialmente, a la extensión de la red, a las facilidades de acceso, a las normas de distribución y entrega, a los plazos para el curso de la correspondencia, a la regularidad y a la fiabilidad de los servicios. En todo caso, se exigirá, al menos, una recogida en los puntos de acceso que se determinen y una entrega en la dirección postal de cada persona física o jurídica, todos los días laborables y, como mínimo, cinco días a la semana, respetando lo señalado en el apartado 3.a) del artículo anterior. En dicho Real Decreto se establecerán las consecuencias del incumplimiento de los parámetros de calidad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 26.1.
Tendrán valor equivalente a los parámetros fijados por el Gobierno, las normas aprobadas en el ámbito de la Unión Europea para los servicios transfronterizos intracomunitarios.
Asimismo, el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal deberá informar a los usuarios de las características de los servicios incluidos en su ámbito y, en particular, de las condiciones de acceso, los precios, el nivel de calidad, las garantías exigibles, el procedimiento para las reclamaciones y las normas técnicas sobre la materia que hayan sido publicadas en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». Por Orden del Ministerio de Fomento se establecerá el contenido mínimo de este derecho de información.
Artículo 18 Servicios reservados al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal.
Quedarán reservados, con carácter exclusivo, al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, al amparo del artículo 128.2 de la Constitución y en los términos establecidos en el capítulo siguiente, los siguientes servicios incluidos en el ámbito de aquél:
La recogida, la admisión, la clasificación, la entrega, el tratamiento, el curso, el transporte y la distribución de los envíos interurbanos, certificados o no, de las cartas y de las tarjetas postales, siempre que su peso sea igual o inferior a 350 gramos, para que cualesquiera otros operadores puedan realizar este tipo de actividades, respecto de los objetos que integren envíos interurbanos, el precio que habrán de exigir a los usuarios deberá ser, al menos, cinco veces superior al montante de la tarifa pública correspondiente para los envíos ordinarios de objetos de la primera escala de peso de la categoría normalizada más rápida.
El servicio postal transfronterizo de entrada y de salida de cartas y tarjetas postales, con los límites de peso y precio establecidos en el apartado B). Se entiende por servicio postal transfronterizo, a los efectos de esta Ley, el procedente de otros Estados o el destinado a éstos.
La relación de servicios reservados, determinada en el apartado anterior, será revisada por el Gobierno para adaptarla a las exigencias del proceso liberalizador, contenidas en la Directiva 97/67/CE, relativa a las Normas comunes para el desarrollo del Mercado Interior de los Servicios Postales en la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, en los plazos que ésta prevé para la armonización del régimen de reserva.
Artículo citado en: 47 sentencias, 4 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, 12 resoluciones administrativas
Artículo 19 Derechos especiales y exclusivos atribuidos al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal.
Para garantizar la prestación del servicio postal universal se otorgan al operador que presta dicho servicio los siguientes derechos especiales:
La condición de beneficiario en el procedimiento de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública, que se sujetará al trámite especial de urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, para la realización de todas las obras e instalaciones necesarias para la prestación del servicio postal universal, correspondientes a proyectos debidamente autorizados.
La exención de cuantos tributos graven su actividad vinculada a los servicios reservados.
El derecho a entregar notificaciones de órganos administrativos y judiciales, con constancia fehaciente en su recepción, sin perjuicio de la aplicación, a los distintos supuestos de notificación, de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las entidades que gestionen la red de ferrocarriles y los puertos y aeropuertos nacionales deberán ceder espacios destinados a las actividades de encaminamiento de los envíos postales incluidos en el servicio postal universal y reservados al operador al que se encomienda su prestación.
Asimismo, para garantizar la prestación del servicio postal universal, se otorgan al operador que preste dicho servicio los siguientes derechos exclusivos:
El derecho al establecimiento de apartados postales destinados a la entrega de correspondencia, siempre que no incorporen servicios liberalizados, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
La distribución de los sellos de Correos u otros medios de franqueo a los que se refiere la letra siguiente de este apartado, pudiendo realizarse la venta al por menor, a través de la red postal pública o a través de terceros, en los términos que se determinen reglamentariamente.
El derecho a la utilización exclusiva de la denominación «Correos», del término «España» o de cualquier otro signo que identifique al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal o al carácter de los servicios que, dentro de su ámbito, éste preste. Reglamentariamente, se desarrollará el citado régimen de exclusiva.
Artículo citado en: 87 sentencias, 4 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 126 resoluciones administrativas
Artículo 20 Planificación del servicio postal universal.
La prestación del servicio postal universal se realizará de conformidad con las previsiones legalmente establecidas y las que determine el Gobierno en el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal.
El Plan de Prestación del Servicio Postal Universal deberá contener las previsiones sobre su financiación a que se refiere el párrafo segundo del apartado anterior.
Artículo 21 Responsabilidad en la prestación del servicio postal universal.
El operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal responderá económicamente, salvo caso de fuerza mayor, de la adecuada prestación de los servicios que lo integran, cuando los envíos se entreguen en régimen de certificado o de valor declarado.
El Gobierno fijará la cuantía máxima de la indemnización por la pérdida o deterioro de los envíos certificados, así como las cantidades mínimas y máximas en las que podrán asegurarse los envíos en régimen de valor declarado.
CAPÍTULO III Otras obligaciones y derechos de carácter público en la prestación de los servicios postales Artículos 22 y 23
Artículo 22 Otras obligaciones de servicio público.
Artículo citado en: un artículo doctrinal, 21 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Artículo 23 Red postal pública.
Sin perjuicio de la titularidad patrimonial de los bienes que integran la red postal pública, el derecho a gestionarla corresponde al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal. Este derecho de gestión de la red postal pública de ejercerá separando contablemente los ingresos y gastos, que genere la prestación del servicio postal universal, de los demás ingresos y gastos que se produzcan.
A estos efectos se entiende por red postal pública el conjunto de los medios de todo orden, empleados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, que permiten:
El tratamiento, el curso y el transporte de estos envíos desde el punto de acceso a la red postal hasta el centro de distribución, y c) La distribución y la entrega en la dirección indicada en el envío.
Los bienes integrantes de la red postal pública tendrán la consideración de afectos, por la Administración, al servicio postal universal y deberán ser objeto de mantenimiento y conservación, de acuerdo con la normativa vigente.
Asimismo, se atribuye al operador, al que se encomienda la prestación del servicio postal universal para el establecimiento de la red postal pública, el derecho a la ocupación del dominio público, mediante la instalación de buzones destinados a depositar los envíos postales, previa autorización del órgano competente de la Administración titular de aquél. Los titulares del dominio público no podrán, a estos efectos, dar un trato discriminatorio al operador citado, respecto del otorgado a otros operadores.
Artículo citado en: 11 sentencias, 3 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
CAPÍTULO IV Contraprestaciones por la carga financiera derivada de las obligaciones de prestación del servicio postal universal Artículos 24 a 28
Artículo 24 Derechos reconocidos al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal en compensación por la carga financiera de él derivada.
Para el mantenimiento del servicio postal universal y en los términos establecidos en este capítulo se otorgan al operador al que se encomienda su prestación los siguientes derechos:
La realización de los servicios reservados que se determinan en el artículo 18.
La financiación, mediante el Fondo de Compensación del Servicio Postal Universal, de las cargas financieras derivadas de la prestación de éste.
Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1 de este artículo, dicho operador dispondrá de los derechos especiales y exclusivos que se determinan en el artículo 19.
Artículo 26 Fondo de Compensación del Servicio Postal Universal.
Se crea el Fondo de Compensación del Servicio Postal Universal, cuya finalidad es garantizar su financiación. Los activos en metálico procedentes de las aportaciones que se establecen en el artículo 27 integrarán este Fondo y se depositarán en una cuenta, a tal efecto.
Las aportaciones para la financiación del coste neto se realizarán por los operadores postales que estén obligados al pago de las tasas que se regulan en el capítulo V de este Título, de acuerdo con los principios de igualdad, transparencia y no discriminación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28.
Artículo 27 Financiación del Fondo de Compensación del Servicio Postal Universal.
Los ingresos derivados de las tasas que se establecen en la sección III del capítulo V de este Título.
Los ingresos derivados de la financiación procedente de los Presupuestos Generales del Estado, en los términos que se establecen en el artículo siguiente.
Artículo 28 Financiación complementaria por el Estado.
CAPÍTULO V Obligaciones de carácter económico Artículos 29 a 47
Sección 1ª Separación de cuentas Artículo 29
Artículo 29 Obligación de separación de cuentas.
Artículo citado en: 15 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 4 resoluciones administrativas
Sección 2ª Tarifas y precios Artículos 30 a 32
Artículo 30 Tarifas.
Las tarifas a las que se refiere este artículo tienen la naturaleza jurídica de tasas y estarán destinadas directamente a cubrir las necesidades de gestión del operador que presta el servicio postal universal. La gestión y recaudación de estas tasas corresponderá a la entidad habilitada.
Sólo por Ley podrán modificarse los parámetros, los elementos de cuantificación y el porcentaje máximo de bonificaciones que se indican en este artículo y establecerse coeficientes de actualización de las cuantías de las tasas. La modificación de las cuantías fijas resultantes de la aplicación de los parámetros y elementos de cuantificación a que se refiere este artículo podrá efectuarse mediante Orden ministerial.
Se podrán aplicar bonificaciones de hasta un máximo del 50 por 100 del importe de las tarifas a los usuarios, siempre que la cantidad efectivamente satisfecha cubra suficientemente el coste de los servicios afectados. Estas bonificaciones se concederán en función del volumen de los envíos que entregue un mismo usuario y del ahorro que suponga para la Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos la composición de los destinos, o el que, de forma previa a su transporte o distribución, aquel los clasifique y ordene, o los deposite en determinados lugares de admisión.
A los efectos de lo previsto en el apartado anterior se considerarán, en su caso, como parámetros y elementos de cuantificación para cada una de las tarifas los siguientes:
Para la tarifa primera, relativa a servicios postales que tengan por objeto cartas y tarjetas postales, en el ámbito reservado:
El ámbito de circulación.
Para la tarifa segunda, sobre servicios relativos a las modalidades de curso ordinario y entrega de los envíos a los que se refiere la tarifa precedente:
La circunstancia de ser el envío certificado.
Los envíos mediante valor declarado.
Tratarse de entrega a domicilio.
La circunstancia de ser entrega en lista.
El envío con acuse de recibo.
El envío con aviso de recibo.
La entrega para almacenaje.
La entrega en apartados.
La petición de devolución.
La reexpedición o el cambio de señas.
La contabilización para la devolución del franqueo satisfecho, no utilizado por causas imputables al interesado.
La insuficiencia de franqueo, de conformidad con el coste de cada modalidad.
Para la tarifa tercera, que afecta al giro postal:
Para la tarifa cuarta, sobre certificaciones relativas a la prestación de servicios incluidos en el servicio postal universal reservado, se tomará en cuenta la expedición de la certificación.
Estarán exentos del pago de tarifas por la prestación del servicio postal universal reservado:
Los remitentes de envíos a los que la Unión Postal Universal confiera tal derecho, con el alcance establecido en los instrumentos internacionales que hayan sido ratificados por España.
Artículo 31 Precios de los servicios postales no reservados.
Artículo 32 Sistemas de pago.
El franqueo es una de las formas de pago de los servicios postales al prestador del servicio postal universal, consistente en el abono de las tarifas o los precios mediante sellos de Correos.
Los servicios postales que preste el operador al que se refiere el apartado 1 de este artículo no incluidos en los reservados dentro del servicio postal universal podrán pagarse, además de mediante sellos de Correos, según las estipulaciones del oportuno contrato, mediante cualquier otro medio de pago admitido en derecho.
Sección 3ª Tasas postales Artículos 33 a 47
Artículo 33 Tasa de contribución a la financiación del servicio postal universal.
Artículo 34 Tasa por el otorgamiento de autorizaciones administrativas singulares.
Se crea la tasa por otorgamiento de autorizaciones administrativas singulares. La tasa será de aplicación en todo el territorio español.
La tasa regulada en este artículo se regirá por lo establecido en la presente Ley, en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y, en su defecto, por la Ley General Tributaria y demás disposiciones aplicables.
Constituye el hecho imponible de la tasa el otorgamiento de autorizaciones administrativas singulares para la prestación de servicios postales. El procedimiento para la exacción de la tasa se establecerá reglamentariamente.
Será sujeto pasivo de la tasa la persona natural o jurídica que solicite la autorización administrativa singular a que se refiere el artículo 11.
La cuota a ingresar en concepto de la tasa será de 100.000 pesetas para cada tipo de servicio si el ámbito de su prestación es urbano y 200.000 pesetas si el ámbito es interurbano o internacional. Sin perjuicio de ello, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio actualizará dicho importe.
El devengo se producirá en la fecha de presentación de la solicitud para la obtención de una autorización administrativa singular para la prestación de servicios postales.
Artículo 35 Tasa por expedición de certificaciones registrales.
Artículo 36 Competencias del Estado.
Artículo 37 Facultades del Gobierno y del Ministerio de Fomento.
Corresponde al Gobierno la elaboración de las previsiones para la ordenación y desarrollo del sector postal y, en particular, la aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal al que se refiere el artículo 20.
El Ministro de Fomento propondrá al Gobierno la política de desarrollo del servicio postal universal y asegurará su ejecución.
Artículo 38 Consejo Asesor Postal.
Se crea el Consejo Asesor Postal que, presidido por el Ministro de Fomento o la persona en quien él delegue, se constituye como máximo órgano asesor del Gobierno en materia de servicios postales.
Las funciones del Consejo serán de estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a los servicios postales y se ejercerán de oficio o a petición del Gobierno.
El Gobierno establecerá la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor Postal, cuyos miembros representarán a las Administraciones públicas, al operador prestador del servicio postal universal, a los usuarios, a las asociaciones empresariales del sector y a los sindicatos más representativos de los trabajadores en éste.
Artículo citado en: una sentencia, 5 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas
Artículo 39 Funciones inspectoras y régimen sancionador.
Serán competencias del Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría General de Comunicaciones, la inspección de los servicios postales que se regulan en la presente Ley y la aplicación del régimen sancionador.
Los funcionarios del Ministerio de Fomento encargados de la inspección postal tendrán, en el ejercicio de sus competencias, la consideración de autoridad pública y podrán solicitar, a través de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Artículo 40 Personas responsables.
La responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las normas de ordenación de los servicios postales será exigible:
En las infracciones cometidas con ocasión de la prestación de servicios al amparo del correspondiente título habilitante, a la persona física o jurídica titular del mismo.
En las infracciones cometidas con ocasión de la prestación de servicios sin el correspondiente título habilitante, cuando éste sea legalmente exigible, a la persona física o jurídica que realice la actividad y, subsidiariamente, a la que tenga la disponibilidad de los equipos o instalaciones o esté en posesión de los envíos postales.
En los demás casos, a las personas físicas o jurídicas que incurran en los hechos tipificados como infracción.
De las infracciones cometidas en la prestación de servicios postales utilizando una determinada marca comercial responderá, con carácter solidario, su propietario si se aprecia una actuación concertada entre él y el infractor.
Artículo 41 Clases de infracciones.
Las infracciones a las normas de ordenación de los servicios postales se clasifican en muy graves, graves y leves.
El incumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación del servicio postal universal que haga que éste resulte gravemente comprometido.
La realización de servicios postales reservados al operador prestador del servicio postal universal sin su autorización, poniendo en peligro la prestación de éste.
El incumplimiento de las obligaciones que constituyan el presupuesto para el otorgamiento de los títulos habilitantes de los servicios postales, cuando afecte gravemente a los requisitos esenciales a los que se refieren los artículos 9.3 y 12 o perjudique sustancialmente la prestación del servicio postal universal.
La violación grave del régimen de los derechos especiales o exclusivos concedidos al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal.
La recepción de correspondencia incluida en el ámbito de reserva a que se refiere el artículo 18, seguida de su entrega a personas o entidades ajenas a la entidad a la que se encomienda la prestación del servicio postal universal, cuando pueda perjudicar gravemente a éste.
La negativa a ser inspeccionado y la obstrucción o resistencia a la actividad inspectora de la Administración.
La utilización de signos identificativos que induzcan a confusión con aquellos cuyo uso se reserva al operador al que se encomienda la prestación del servicio universal, por operadores distintos a éste. Se incluye en este supuesto el empleo de rótulos, anuncios, emblemas, sellos fechadores o impresos que puedan inducir a confusión con los que emplea el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal.
La actuación destinada a ocasionar fraude en el franqueo, cuando perjudique gravemente la prestación del servicio postal universal.
La comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones graves.
Las establecidas en las letras a) a i) del apartado 2 de este artículo, cuando no se den las circunstancias que permitan calificar la infracción como muy grave.
La mera oferta al público de la prestación de servicios postales reservados.
La comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones leves.
La negativa a facilitar o comunicar, fehacientemente y en el plazo concedido al efecto, los datos requeridos por la Administración, cuando deban ser exhibidos o facilitados, conforme a lo previsto por la normativa reguladora de los servicios postales.
El incumplimiento por el operador de las reglas previstas en la normativa sobre consumidores y usuarios, en el trato que se dé a estos últimos.
Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas a los operadores o a los usuarios por la normativa postal vigente para garantizar la correcta prestación de los servicios postales a los operadores o a los usuarios, salvo que deba ser considerado como infracción muy grave o grave, de conformidad con lo establecido en los apartados2y3deeste artículo.
Artículo citado en: 26 sentencias, un artículo doctrinal, 6 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Las infracciones leves se sancionarán con multa de 25.000 hasta 1.000.000 de pesetas, las graves con multa de 1.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas y las muy graves con multa de 10.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas.
Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones recogidas en el artículo 41, cuando la actividad constitutiva de la infracción requiera autorización administrativa para su ejercicio, podrán llevar aparejadas, como sanciones accesorias, el precintado, la incautación de los equipos o vehículos o la clausura de las instalaciones, hasta tanto no se disponga del oportuno título habilitante.
Las infracciones muy graves, en atención a las circunstancias que concurran en su comisión, podrán dar lugar a la revocación de la autorización administrativa para la prestación del servicio por el infractor.
Se faculta al Gobierno para que, mediante Real Decreto, actualice la cuantía de las sanciones previstas, en función de las modificaciones que experimente el índice de precios al consumo.
La sanción firme por la infracción tipificada en el artículo 41.2.b) llevará aparejada, desde que se produzca, la inhabilitación del infractor para el ejercicio de la actividad postal por el plazo de dos años.
Artículo 43 Medidas cautelares.
Las infracciones a que se refiere el artículo anterior, podrán dar lugar a la adopción de medidas provisionales. De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano competente para resolver podrá adoptar, en cualquier momento y mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y salvaguardar los intereses generales.
Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la detención de los envíos postales para su examen, en la clausura de las instalaciones en que se vengan ejerciendo las actividades o en el precintado de los medios utilizados, durante el plazo máximo de un año.
Artículo 44 Indemnización de daños y perjuicios.
Artículo 45 Procedimiento para la imposición de sanciones.
Disposición adicional primera Operador habilitado para la prestación del servicio postal universal.
Disposición citada en: 101 sentencias, 7 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
Disposición adicional segunda La emisión y distribución de sellos y demás signos de franqueo.
Disposición adicional tercera Nombramiento de Carteros Honorarios de la Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.
Disposición adicional cuarta Contribución del operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal a su financiación.
Disposición adicional quinta Régimen interno aplicable a la Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.
La Entidad pública empresarial dispone de autonomía para la dirección de su personal, la determinación de su estructura organizativa y la fijación de su régimen retributivo, dejando a salvo las competencias atribuidas a los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda por la legislación general de Función Pública y organización administrativa.
La contratación de la Entidad se sujetará al derecho privado y se llevará a cabo con arreglo a los principios de publicidad, concurrencia y salvaguarda de sus intereses. Ello se entiende, sin perjuicio de las funciones de coordinación que, en materia de suministros informáticos, puedan corresponder a los órganos de la Administración del Estado.
Disposición transitoria primera Derechos existentes a la entrada en vigor de esta Ley.
La Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos podrá, durante un año contado desde la entrada en vigor de esta Ley, seguir prestando los servicios postales no incluidos en el ámbito del servicio postal universal que viniese realizando con anterioridad. En dicho plazo deberá solicitar los correspondientes títulos habilitantes que, en su caso, sean necesarios para la prestación de los servicios, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
A las entidades que dispongan de título habilitante para la prestación de servicios u operaciones postales, al amparo de la normativa anterior a la entrada en vigor de esta Ley, se les garantiza la posibilidad de continuar prestándolos durante el plazo de un año desde que ésta se produzca, debiendo solicitar, en los tres primeros meses de dicho plazo, al órgano competente la transformación de su título en el que les sea exigible, de acuerdo con la nueva normativa.
Las entidades que antes de la entrada en vigor de esta Ley vinieran prestando servicios postales no reservados, sin haber obtenido el correspondiente título habilitante, podrán continuar realizando esta actividad en los términos que se establecen en la presente disposición transitoria.
Los títulos habilitantes obtenidos en virtud de esta disposición transitoria y que se otorguen con anterioridad a la aprobación de las normas de desarrollo de esta Ley tendrán carácter provisional hasta transcurridos tres meses desde la aprobación de aquéllas, en los términos que en ellas se establezcan y su obtención no presupone el derecho a obtener un título definitivo. Éste, si se otorgare, deberá, en todo caso, atenerse a las obligaciones impuestas en las citadas normas de desarrollo.
Disposición citada en: 13 sentencias, una disposición normativa, una resolución administrativa
Disposición transitoria segunda Contabilidad del operador encargado de la prestación del servicio postal universal y de los demás operadores postales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 29, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal deberá disponer de una contabilidad analítica, debidamente auditada, que permita conocer el coste de éste y, en su caso, de los servicios obligatorios a que se refiere la disposición adicional segunda. La contabilidad analítica se ajustará a lo que se disponga reglamentariamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Directiva 67/97/CE, del Parlamento Europeo, y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las Normas comunes para el desarrollo del Mercado Interior de los Servicios Postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio.
Hasta que se cumpla el plazo para la adopción de la contabilidad analítica, a la que se refiere al apartado anterior, a los usuarios que tengan derecho a la obtención de las bonificaciones que se establecen en el artículo 30 se les podrán seguir aplicando las mismas sin cumplir los requisitos que sobre adaptación a costes se establecen en esta Ley.
Los operadores que, además de realizar otras actividades, presten servicios postales, deberán llevar una contabilidad separada, respecto de los ingresos y gastos que de ellos se deriven, en el plazo máximo de dos años, contados desde la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición transitoria tercera Distribución de sellos de Correos por «Tabacalera, Sociedad Anónima».
Disposición transitoria cuarta Sistemas de franqueo.
Los sistemas de franqueo vigentes en la fecha de publicación de la presente Ley podrán continuar empleándose hasta la aprobación del reglamento previsto en el artículo 32.
Las autorizaciones para la utilización de los sistemas de franqueo vigentes mantendrán su validez durante el plazo de un año desde la aprobación del referido reglamento. Transcurrido dicho plazo, sus titulares deberán solicitar el título habilitante correspondiente.
Disposición transitoria quinta Régimen transitorio de los sellos de Correos.
Disposición transitoria sexta Vigencia del régimen de tarifas establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
Quedan igualmente derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango a esta Ley se opongan a lo en ella establecido.
Disposición final primera Competencia del Estado.
Disposición final segunda Plan de Prestación del Servicio Postal Universal.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Ministro de Fomento elevará al Consejo de Ministros, para su aprobación mediante Real Decreto, el proyecto de Reglamento de Prestación de los Servicios Postales. Dicho Reglamento recogerá las normas de carácter reglamentario vigentes hasta la entrada en vigor de esta Ley en lo que no se opongan a lo en ella establecido.
DECRETO 227/2001, de 27 de septiembre, de creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León.
ORDEN FORAL 247/2001, de 27 de junio, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se propone la modificación de la estructura orgánica de la Dirección General de Cultura, con la creación del Negociado de Protección del Patrimonio.