Source: https://es.scribd.com/doc/19272540/Leyes-de-Policia-en-la-Republica-Dominicana
Timestamp: 2016-02-09 01:58:35
Document Index: 31744593

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'Artículo 154', 'artículo 140', 'artículo 11', 'artículo 14', 'Artículo 55', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 55', 'Artículo 13', 'Artículo 55', 'Artículo 19', 'Artículo 18', 'Artículo 191', 'Artículo 55', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 5']

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Art. 3-. La policía obliga y protege a todos los habitantes del territorio y no reconoce otras prerrogativas que las establecidas por la Constitución, las leyes y el derecho internacional. Art. 4-. La policía se divide en gubernativa y municipal. Ambas son comunes a las disposiciones de esta Ley. Art. 5-. La policía gubernativa será ejercida por los cuerpos que para tal fin están creados y se crean en lo sucesivo. Art. 6-. Las funciones de policía se dividen en administrativas y judiciales. Art. 7-. La policía en sus funciones administrativas depende del Secretario de Estado de lo Interior y Policía; en las provincias recibe órdenes de los gobernadores y en las comunes de los jefes comunales en lo que se relaciona con la ley sobre el régimen de provincias. Art. 8-. En el ejercicio de sus funciones administrativas está obligada a asegurar la tranquilidad pública, el mantenimiento del orden y la ejecución de las leyes y de los reglamentos de administración pública, a la vez que a poner en práctica todas las previsiones de la ley para evitar la realización de crímenes, delitos y contravenciones. 1
Leyes de Policía en la República Dominicana antes de 96-04
Art. 9-. La policía municipal la ejercerán los cuerpos que pare ello sostengan los ayuntamientos, de quienes dependerán directa e indirectamente en todo lo que se refiera al desempeño de sus funciones. Art. l0-. Las funciones judiciales de la policía tanto municipal como gubernativa son las siguientes. lo. 2o. Comprobar las contravenciones y perseguirlas ante el alcalde de la común. Recibir las denuncias, quejas e informes relativos a las contravenciones.
3o. Comprobar las infracciones y delitos así como a recibir las denuncias, quejas e informes relativos a las mismas y someter los delincuentes ante el Procurador Fiscal si fuere en la cabecera de provincia y ante el alcalde si fuere en una común. 4o. Denunciar los crímenes a los funcionarios señalados anteriormente, siguiendo la regla enunciada para el caso de que ocurrieren en cabeceras de provincias o en comunes. 5o. Dar aviso inmediatamente al Fiscal o al Juez de Instrucción en los casos de flagrante delito en las cabeceras de provincias y al Alcalde en las comunes siempre que se trate de uno de aquellos hechos a que se contrae el artículo 32 del Código de procedimiento Criminal, cumpliendo sin tardanza cuantas órdenes le trasmitan estos funcionarios, ya para el esclarecimiento del hecho o de sus circunstancias, ya para la captura de sus autores o cómplices si no hubiere podido efectuaría en el acto mismo de la comisión del crimen. CAPITULO II Procedimiento Art. 11. Las contravenciones se comprobarán por medio de actas que inmediatamente después de haberlas sorprendido levantarán al efecto el agente, oficial o jefe que haya intervenido. (Artículo 154 del C. de P. Cr.). En esas actas se mencionará la naturaleza y circunstancia de las contravenciones, su autor, tiempo y lugar en que se hubieren cometido. (Art. 12 del C. de P. Cr.). Cuando no fuere posible el acta, el agente, oficial o Jefe interviniente formulará un parte por escrito o a falta de éste hará un relato verbal, haciendo las mismas menciones indicadas para las actas. Art. 1 2. Si fuere el primer jefe de uno de los cuerpos de policía el que sorprendiere la contravención después de proceder en una de las formas que indica el artículo anterior, presentará el acta o dirigirá el parte o hará el relato verbal ante el Alcalde de la Común ateniéndose para actuar ante este Magistrado a las reglas establecidas en el artículo 140 y siguientes del C. de P. Criminal.
Art. 13. Si fuere un agente oficial o Jefe subalterno el que sorprendiere la contravención después de proceder en una de las formas que indica el artículo 11, entregará el acta, dirigirá el parte o hará el relato verbal al Jefe del Cuerpo para que este siga el procedimiento que establece el artículo precedente. En este caso el Alcalde podrá hacer comparecer a la audiencia al funcionario que haya sorprendido la contravención, siempre que ello sea necesario para el esclarecimiento del hecho. Art, 14. Cuando se sorprendiere una contravención durante la noche, si el autor de ella no tiene domicilio conocido, o si teniéndolo, se hallare de tránsito, la policía lo pondrá en seguro arresto y al día siguiente lo hará comparecer ante el Alcalde para ser juzgado. Si la contravención fuere sorprendida durante el día y su autor se hallare dentro de una de esas o de ambas condiciones, será conducido ante el Alcalde en el término de tres horas con igual objeto. En los demás casos se seguirán las reglas establecidas en los artículos 142, 143, 144, 145, 146 y 147 del Código de Procedimiento Criminal. Art. 15. Cuando la contravención fuere cometida en la noche o en horas en que no esté abierta la Alcaldía de la Común, si el contraventor tuviese domicilio conocido y depositase una fianza de diez pesos ante la Comisaría Municipal, puede ser liberado del arresto a que se refiere el artículo 14. Si éste no compareciere al día siguiente, quedará la fianza a favor de la Caja Comunal. Art. 16. En todos los casos en que la prueba de la contravención consistiere en el acta, prueba o relato a que se contraen los artículos precedentes, el Alcalde, luego que el funcionario de policía a quien están encomendadas las funciones del ministerio público haga conocer aquéllos, autorizará al acusado a presentar sus alegatos y pronunciará su sentencia ineludiblemente en la misma audiencia. (Ver Ley 3603 1953 GO 7580). Art. 17 La sentencia deberá contener los nombres, domicilio y profesión del acusado, el nombre y calidad del funcionario que sorprendió la contravención, exposición sumaria del hecho y la pena que se aplica. Deberá también citar el artículo de la ley en que ésta se funda. Art. 18. Cuando no hubiere más prueba que la testimonial o cuando hubiera parte civil constituida, se seguirán las reglas establecidas en los artículos 148, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 161 y 163 del Código de Procedimiento Criminal. Art. 19. En todos los casos de no comparecencia del acusado se procederá contra él en la forma que establecen los artículos 149, 150 y 151 del mismo Código. El plazo que éste señala para la oposición será de veinticuatro horas.
Art. 20. Si se tratare de una infracción castigada con pena correccional o criminal, el Alcalde declinará el conocimiento de la causa y enviará las diligencias practicadas, así como al acusado o los acusados, al Procurador Fiscal del Distrito Judicial. Art. 21. Cuando hubiese recurso de apelación, bastará hacer la declaración de éste en Secretaría, o por acto separado, notificado al Fiscal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito, aún cuando la sentencia no hubiere sido notificada al procesado. Bastará a tal efecto el pronunciamiento de ella, que obligatoriamente ha de hacerse en audiencia. Art. 22. La sentencia será ejecutada por el Ministerio Público en la parte que le concierne. Si la condenación consistiere en una multa, y ésta no se hiciere efectiva en un plazo de veinticuatro horas después del pronunciamiento de la sentencia, cuando no hubiere lugar a apelación; o si lo hubiere, en el mismo plazo después de vencido el término de ésta, se procederá a poner en estado de arresto al condenado, quien sufrirá esta pena a razón de un día por cada peso. Igual regla se seguirá para hacer efectivos los costos, tanto en primera como en última instancia. Cuando se tratare de sentencia en defecto, el plazo a que ese artículo se refiere se contará a partir de la notificación de la sentencia por el Ministerio Público al condenado, en su persona o en su domicilio, salvo oposición. Art. 23. La comprobación de los delitos se hará de la misma manera que la de las contravenciones. Art. 24. La prueba testimonial no se admitirá para la comprobación de las contravenciones y delitos sino cuando por falta de una intervención de la policía, inmediata al hecho, no existieren acta, parte, ni relato. CAPITULO III Orden y seguridad Art. 25. Además de los hechos castigados como contravenciones en el Libro IV del Código Penal y en las leyes, se considerarán como tales las señaladas por esta Ley y serán penados en la forma que ella establece. Art. 26. Serán castigados con multa de RD$l.OO a RD$5.OO y con prisión de uno a cinco días, o con una de estas penas solamente. lo. Los dueños o encargados de casas en ruinas que dentro del mes de la publicación de esta ley no hicieren tapar las puertas y ventanas de modo que sea imposible introducirse en ellas. Si dentro de ocho días francos después de esta condena no se hubiere conformado el dueño o encargado a esta disposición el Ayuntamiento designará un operario que ejecute
el trabajo por cuenta del que haya sido condenado, debiendo decidir el Alcalde sobre el precio en caso de contestación. 2o. Los que dentro de las poblaciones soltaren o por descuido dejaren vagar cerdos, burros, caballos, mulos y otros animales. 1.Los perros que salgan a la calle deberán llevar un bozal y ser conducidos por sus dueños o encargados, atados a una cadena o cuerda. 2.Los perros que vagaren sin requisitos se matarán en la forma que disponga el Ayuntamiento 3o. Los dueños de animales atacados de hidrofobia que no los hicieren matar inmediatamente se comprobare la siguiente. 4o. Los que hubieren hecho o dejado penetrar en el interior de un lugar habitado toda clase de animales confiados a sus criados. 5o. Los que confiaren a un niño menor de quince años, para conducción de vehículos de cualquier clase. 6o. Los que escaparen sus monturas dentro de las poblaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren incurrir por los daños que pudieren causar. 7o. Los que tiraren piedras dentro de las poblaciones. Si fueren menores de edad la pena se impondrá a los padres o encargados. 8o. Los que en bautizos arrojaren monedas a las calles.
9o. Las personas grandes y padres o encargados de los niños que en bautizos o matrimonios molestaren con gritos o saltos. Las personas grandes o niños que tal falta cometieren serán conducidos a la oficina de Policía. lOo. Los que cantaren o hicieren cantar canciones deshonestas.
11o. Los que con cualquier motivo profirieren palabras obscenas donde puedan ser oídas o escandalizaren en la vía pública, en lugares públicos o donde tenga acceso el público, y 12o. Los que voluntariamente se exhibieren, se bañaren o trabajaren en los lugares públicos en los que tenga acceso el público, quebrantando las reglas del pudor y de la decencia. Art. 27. Los ayuntamientos ordenarán la reparación o demolición de los muros, construcciones o edificios que en las vías públicas pongan en peligro la vida de los transeúntes.
Art. 28. En el caso del artículo anterior la resolución será comunicada al propietario con orden de efectuar la demolición o la reparación en un plazo determinado. Si el día indicado el propietario no hubiere hecho cesar el peligro, el Ayuntamiento someterá el asunto al Alcalde Comunal, quien por su decisión fundada en juicio pericial fijará el plazo para la ejecución de los trabajos. El síndico procederá de oficio y a costa del propietario cuando la sentencia no haya sido cumplida en el término señalado. Art. 29. Se prohíbe a los dueños de fábricas poner toda clase de material en la calle; pero si por la naturaleza de la construcción fuere necesario obstruir una parte de la vía o hubiere peligro de pasar cerca o por debajo de la fábrica, deberán poner una bandera blanca en el día y un farol encendido en la noche bajo la pena de RD$3.00 de multa sin perjuicio de indemnización por los daños que causare la inobservancia a estas prescripciones. Art. 30. Todo pozo, algibe o sumidero, tanto en las poblaciones como en los campos, deberá estar completamente cubierto, o tener un local de piedra, mampostería o madera a una altura que no podrá ser inferior a un metro bajo pena de RD$5.00 de multa al dueño, la cual se seguirá imponiendo cada quince días hasta que estuviere en regla sin perjuicio de los daños a que pudiese dar lugar la falta de cumplimiento de esta disposición. Art. 31. Los menores de diez y seis años que se encontraren jugando o vagando por las calles y plazas u otros lugares públicos, serán conducidos a la oficina policial, hasta que los reclamen quienes tengan derecho, a los cuales se prevendrá tengan mayor cuidado y vigilancia en lo adelante de sus hijos, pupilos o domésticos, y se les impondrá una multa de un peso si por descuido de su parte reincidieren en la misma falta dichos menores; a la tercera vez serán considerados como vagos y se seguirá contra ellos el procedimiento indicado en el párrafo 2o. de la Sección V, Libro III del Código Penal. Art. 32. Todo dueño o encargado de establecimiento donde existan mesas de billar, que permitiere la presencia de menores de diez y seis años incurrirá en una multa de tres pesos por cada menor. En igual pena incurrirán los dueños o encargados de vallas de gallos que permitieren la presencia de niños a las jugadas. Art. 33. Serán castigados con multa de dos a cinco pesos y con prisión de dos a cinco días, o con una de estas penas solamente: lo. Los empresarios de transporte que pusieren al servicio coches o carros suspensos por orden de la policía por razones de seguridad de los pasajeros. 2o. Los que alteraren los precios de tarifa de coches, carretas, botes y otros servicios análogos sin haberlo sometido antes a la aprobación del Ayuntamiento o de la autoridad correspondiente según el caso. 3o. 6 (Derogados Ley 1268-1946 GO 6513)
4o. 5o.
(Derogados Ley 1268-1946 GO 6513) (Derogados Ley 1268-1946 GO 6513)
6o. (Derogados Ley 1268-1946 GO 6513) Los que en el servicio emplearen animales heridos o maltratados. 7o. Los que ataren bestias o cualquier otra clase de animales en árboles o verjas de los jardines de las plazas, paseos públicos y avenidas, o en los postes de las líneas de telégrafos, teléfonos y luz eléctrica. 8o. Los familiares o encargados de la guarda de los locos o dementes, que los dejaren vagar sin la debida vigilancia. Art. 34. El que se encontrare en cualquier lugar público en estado de enajenación mental, será recogido por la policía y previo reconocimiento de facultativos, será reducido a un manicomio, si sus padres o encargados no garantizaren su conservación en un lugar seguro. En caso de locura furiosa se procederá a las medidas que aseguraren la persona del furioso. Art. 35. Toda persona que encontrare objetos perdidos en cualquier lugar está obligada a depositarios en la oficina de policía en el término de tres días, bajo pena de dos pesos de multa. Art. 36. La persona que dé aviso a la policía de la existencia de un objeto perdido o robado en poder de otra persona que lo oculta o detiene. tendrá derecho a una prima de cinco por ciento sobre el valor de la cosa que se hubiere recuperado. Esta prima será pagada por el dueño del objeto reinvindicado. Art. 37. La policía está obligada a conservaren depósito los objetos, que, sustraídos o perdidos, le sean entregados, hasta que sean reclamados por sus dueños, previa justificación, o se subastesen conforme a la ley. Art. 38. El jefe de la oficina de policía deberá hacer público en los periódicos de la localidad y si en ésta no los hubiere, en los de la localidad más cercana, durante treinta días, los objetos que se encuentren depositados y a la disposición de sus dueños. Vencido este término se procederá a rematarlos en pregón público y su producido neto será entregado al Ayuntamiento que lo destinará a las instituciones de beneficiencia. La contravención a este artículo será castigada con destitución y al pago del duplo del valor de los objetos extraviados sin perjuicio de lo que disponen las leyes penales.
Art. 39. Toda persona que celebrase un espectáculo en que por cualquier concepto se exigiere una contribución y no hubiere tenido la licencia correspondiente será condenada a una multa de cinco pesos y al pago de los derechos que por la licencia hubiere debido pagar. En igual pena incurrirán los que traspasaren la licencia concedida. Art. 40. Toda persona que hiciere disparos de armas de fuego sin necesidad justificada donde constituyan peligro o causen alarma, será castigada con una multa de uno a cinco pesos y prisión de uno a cinco días o con una de estas penas solamente y además a la confiscación del arma. Art. 41. En los lugares donde no existan establecimientos públicos destinados a impedir la mendicidad ésta no podrá ser ejercida sin autorización de la policía, previa certificación de facultativo en que se acredite la imposibilidad física para el trabajo. CAPITULO IV Ornato e Higiene Art. 42. No podrá levantarse ningún edificio sino llenando los requisitos y condiciones de solidez, omato e higiene determinados por los Ayuntamientos de acuerdo con las correspondientes juntas de sanidad . Art. 43. Serán castigados con multa de uno a cinco pesos: lo. Los que sacudieren hacia la calle objetos que contengan polvo, como alfombras, paños y otros análogos, así como los que colocaren en balcones, galerías y ventanas objetos de uso interior. 2o. Los que vendieren víveres o artículos alimenticios corrompidos o adulterados, sin perjuicio de la confiscación de dichos artículos y la reparación de los daños que ocasione el uso de dichos artículos. 3o. Los que vendieren pan mal cocido o lo confeccionaren con harina en mal estado sin perjuicio de la confiscación del artículo, y la reparación de los daños que ocasionare el uso de dicho artículo. 4o. Los que lavaren ropa, bañaren o abrevaren animales o de cualquier otro modo ensuciaren las fuentes, surtidores o acueductos públicos. 5o. Los que quemaren basura dentro de las poblaciones.
6o. Los que en los patios o huertas de sus casas tuvieren pantanos o estanques de aguas corrompidas o depósitos de materias en estado de putrefacción. 7o. Los que en patios tuvieren depósitos de agua destapados.
Los que en las poblaciones tuvieren corrales de reses y cerdos.
Por la necesidad comprobada los Ayuntamientos podrán autorizar a las familias a tener en su patio una res o cabra parida. 9o. Las que sacaren o consintieren sacar de los Hospitales, Lazaretos y establecimientos semejantes, ropas, víveres o cualesquiera otros objetos capaces de ocasionar contagio o infestar el aire. l0o. Los dueños o empresarios de cualquier establecimiento industrial como hoteles, fondas, cafés, panaderías, carnicerías, barberías y otros que permitiesen la entrada o aceptasen como empleados a personas con enfermedades contagiosas. 1lo. Los que arrojaren basuras, aguas corrompidas, mosquitos, o cualesquier otras inmundicias dentro de las poblaciones. 12o. Los que por los caños de sus casas arrojaren o dejaren aguas residuales sucias o corrompidas dejando formar pantanos en la boca de dichos caños. 13o. Los que no mantuvieren limpio el frente de sus respectivas casas.
14o. Los que abrieren hoyos o zanjas en las calles, plazas o caminos sin la autorización correspondiente. 15o. Los que pegasen avisos o cualquier papel en las paredes de los edificios públicos o casas particulares sin permiso de los que las habitan o sus dueños, salvo los visos emanados de autoridad competente. 16o. Los que no cercaren los solares o terrenos que tuvieren dentro de las poblaciones. Si ocho días después de la condena el dueño no lo hubiere ejecutado, la policía podrá hacerlo ejecutar a costa del propietario. 17o. (Mod. OE 777-1922 GO 3346) Los que construyesen escalones, quicios y rampas que sobresalgan de la línea del edificio, sin perjuicio de ser destruidos y arreglados por cuenta del dueño, "Disponiéndose que, previa la aprobación del Secretario de lo Interior y Policía, cualquier Ayuntamiento podrá, mediante ordenanza municipal, prescribir las condiciones en que puedan construirse rampas que conduzcan a edificios pertenecientes a particulares". 18o. Los que ocuparen un espacio cualquiera de las calles o caminos con los edificios que levantaren, sin perjuicio de la demolición del edificio a costa del infractor. 19o. Los que en las poblaciones botaren a las calles animales muertos.
Art. 44. La policía hará sepultar o incinerar fuera de la población en los lugares apropiados los animales muertos que se encontraren en las calles y demás lugares públicos. 9
Art. 45. Los médicos municipales y comisiones de los Ayuntamientos o juntas de sanidad y la policía, inspeccionarán constantemente los establecimientos donde se fabriquen o vendan artículos alimenticios, para informarse si hay infracción contra la higiene, así como inspeccionarán también con la frecuencia que estimaren conveniente todos los establecimientos públicos, como escuelas, colegios, cárceles y casas de beneficencia con el mismo objeto. Queda absolutamente prohibido salir fuera de las poblaciones a comprar los comestibles que para ellas conduzcan los campesinos. Art. 46. Serán castigados con multa de uno a cinco pesos y con prisión de uno a cinco días o con una de estas penas solamente: lo. Los deudos o los particulares que conservaren un cadáver sin inhumarlo más de 24 horas, excepto en el caso en que uno o más facultativos determinen retardar el entierro, o cuando se hayan llenado las precauciones debidas para conservarlo. 2o. Los que inhumaren antes de veinticuatro horas los cadáveres de los que muriesen repentinamente sin que un atestado médico certifique que ha comenzado la putrefacción. En los casos de epidemia o cuando la muerte hubiere sido producida por enfermedad infecciosa, el entierro se hará en el más breve plazo posible previa certificación médica. Art. 47. Queda prohibido llevar descubiertos por las calles los cadáveres, aunque vayan en carros con cristales. Art. 48. En caso de muerte violenta o en que haya intervenido la justicia no se procederá a sepultar el cadáver sin la orden del juez competente. Art. 49. Se prohíbe hacer inhumaciones después de las seis de la tarde y antes de las seis de la mañana, excepto en caso de epidemia o enfermedad infecciosa, y previo permiso del médico municipal o de sanidad y del comisario de policía. Queda terminantemente prohibido enterrar fuera de los cementerios, excepto en los casos de epidemia o fuerza mayor aprobada. Art. 50. Queda prohibido inhumar cadáveres en las bóvedas de las iglesias. Esta prohibición sólo se levantará en los casos previstos por la Ley del 17 de mayo de 1853.
Uso de armas, juegos y rifas Art. 51. Sólo el Gobierno puede poseer armas y municiones de guerra. Para poseer un arma de las consideradas de guerra se necesita un poder o permiso especial de autoridad competente. Art. 52. Toda persona que sin el poder o permiso especial de que habla el artículo anterior, poseyese una o más armas o municiones de guerra y, en el término de un mes después de publicada esta ley no las entregare al Gobernador de la Provincia, o a la autoridad más inmediata al lugar donde resida, será condenada a cinco pesos de multa, cinco días de prisión y a la confiscación del arma y municiones, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir como autor o cómplice de sustracción o robo de cosas perteneciente al Estado. Art. 53. (Derogado por Ley 1025 1945 GO 6345). Art. 54. Todo el que en su propia casa, o en otra cualquiera, o en cualquier sitio, estableciere o consintiere juego de envite o azar, sea cual fuere su denominación y forma de jugarse, los que figuraren como banqueros del juego, así como los que tomaron parte en él serán considerados incursos en el art. 410 del Cód. Penal y juzgados conforme a sus prescripciones. Art. 55. Se autoriza a los Ayuntamientos para reglamentar lo que juzguen más conveniente respecto al juego de gallos, no pudiendo autorizarlo en otros días sino los domingos y días feriados. Tampoco podrán autorizarlo en lugares donde no haya puesto de policía con carácter permanente. CAPITULO VI De los espectáculos públicos Art. 56. La policía está obligada a inspeccionar y vigilar toda clase de diversiones o espectáculos públicos. Con este fin concurrirá a los teatros, circos, y en general a toda casa, establecimiento o lugar en donde deba representarse un espectáculo público, para conservar el orden y hacer cumplir los programas respectivos. Ningún espectáculo público tendrá lugar sin permiso de la policía. Art. 57. Quedan prohibidas las lidias de toros excepto en los casos en que sean desempeñadas por cuadrillas de toreros que posean los conocimientos que el arte requiere.
Art. 58. No se podrá jugar carnaval ni salir de máscaras, sino en carnes tolen das y cuando lo permita la autoridad correspondiente. CAPITULO VII De los mataderos Art. 59. Los Ayuntamientos fijarán en sus respectivas comunes los lugares destinados a la matanza de animales y expendio de carnes. Art. 60. Queda prohibida la matanza para el consumo, de animales enfermos o muy flacos, bajo la pena de pérdida de la carne y multa de cinco pesos. Art. 61. Cuando se expenda carne de toro u otra, el carnicero o vendedor deberá tener indicado en una tablilla a la vista del público y con toda claridad la clase de carne que tiene a la venta. Art. 62. Los animales destinados a ser beneficiados para el consumo público, deberán estar en lugar sombreado donde coman y beban a satisfacción, hasta pocas horas antes del momento en que deban ser sacrificados. CAPITULO VIII Sobre cortes de madera Art. 63. Ningún amo de corte, comprador, comisionado o encargado podrá relabrar una pieza de madera, rehozaría, ni hacerle ninguna operación que contribuya a quitarle las antiguas marcas y martilios, sin hacerlas verificar por la autoridad correspondiente, acompañado de dos testigos que se cercioren del número de piezas y sus marcas. Estarán también obligados y llevar una nota por número o marcas de los individuos a quienes han comprado. En ningún caso podrán hacerse las operaciones a que se refiere el artículo anterior, en los ríos, caminos y carriles. Art. 64. Ningún comprador podrá hacer la adquisición de maderas relabradas sin que el vendedor pruebe haber cumplido con todas las formalidades exigidas por la ley a pena de ser perseguido el vendedor como sospechoso de robo, conforme a las leyes, y perder el comprador de maderas. En todos los casos en que el comprador rehúse denunciar el nombre del vendedor, sufrirá la pena que a éste le quepa. Art. 65. Nadie podrá hacer compras de maderas a un oficial de corte sin que previamente se le presente la autorización del dueño o encargado que tiene para la venta, bajo las penas del artículo anterior. 12
Se comprende en el número de los oficiales, a los boyeros, rameros, carrileros y en fin, a todo el que se ocupe en trabajos de cortes de maderas. Art. 66. Cuando un arnó de corte mande oficiales a sus montes, estará obligado a librarles un documento por el cual se compruebe que trabajan por su orden a pena de ser perseguidos los oficiales. Art. 67. Ningún individuo podrá trabajar caoba, u otras maderas excepto los dueños o encargados del terreno, sin que tenga por escrito el consentimiento del propietario. Art. 68. (Derogado por Ley 1688-1948 GO - 6785) Se prohíbe cortar maderas de caoba, para la exportación, de un diámetro menor de diez pulgadas. Se prohíbe así mismo cortar pinos para la exportación, o para el consumo, de un diámetro menor de siete pulgadas. Los dueños de cortes quedan obligados a reponer los árboles, plantando dos por cada uno que corten. CAPITULO IX De la crianza, hatos y monterías Art. 69. La crianza de animales domésticos puede hacerse de dos modos en la República. lo. En cercas a propósito.
2o. Fuera de cercas, en aquel Ios lugares que por sus condiciones o por la voluntad expresa de todos sus dueños permitan semejante práctica siempre que no perjudique a la agricultura. Art. 70. Para los efectos del artículo anterior se dividen los criadores en dos clases: hateros y criadores. Son hateros todos aquellos que tengan por lo menos doscientas cabezas de ganado vacuno o caballar o el triple de ganado menor de lana o de cerda. Son criadores todos aquellos que lo tengan doscientas cabezas de ganado mayor ni el triple de ganado menor. Art. 71. Los hatos y criaderos podrán establecerse en terrenos deslindados, cercados o no y en terrenos pro in divisos llamados comuneros siempre que así lo dispongan los dueños y que se hallen a la distancia que determina la presente ley, sino estuvieren bajo cerca, de las ciudades cabeceras de provincia. Art. 72. En los terrenos cercados el hatero o criador podrá tener el número y clase de animales que estime convenientes siempre que los mantenga debidamente e impida que pasen a otros terrenos a causar daños a los demás propietarios. 13
Art. 73. No se podrá tener hatos o criaderos de animales fuera de cerca. lo. En el radio de cuatro kilómetros en las ciudades capitales de provincias y en las poblaciones asiento de comunes. 2o. En todo terreno declarado zona agrícola.
3o. En los lugares donde existan o se establezcan labranzas de frutos exportables o de consumo que lleguen, cada una, a dos o más caballerías en cultivo. Art. 74. La declaratoria de zona agrícola será dictada por el Poder Ejecutivo por si o sobre instancia del Ayuntamiento respectivo. El Poder Ejecutivo dispondrá por vía de reglamentación el tiempo en que los dueños de animales deban extraerlos de los lugares declarados zona agrícola. Art. 75. No es obligatoria la cerca en las labranzas que se hagan en terrenos declarados zonas agrícolas o terrenos de agricultura. Cuando las labranzas se hallen en terrenos no declarados zonas agrícolas la cerca es obligatoria y el dueño de las labranzas no puede reclamar en el caso de que se le introduzcan animales en su cerca a menos que éstos tengan las empalizadas en buena condición, conforme al uso de seguridad establecido en el lugar. Art. 76. Las reses y demás animales grandes que se encuentren sueltos en los terrenos destinados a la agricultura serán apresados, dándose parte de ello a la autoridad rural para que exija del dueño los daños que hubieren causado. Si éste no se aviniere a ello se participará al Alcalde de la común, quien oídas las partes y justificado el hecho dictará sentencia determinando el montante de la indemnización y ordenando se satisfaga con el producido de la venta de los animales aprehendidos, en el caso de que el dueño no las satisficiere inmediatamente, y el remanente de la venta, silo hubiere, se entregará al dueño o al encargado. Si los gastos excediesen del valor de los animales capturados el dueño de éstos satisfará la diferencia con lo que poseyere. Queda pohibido en absoluto en todo territorio de la República la crianza de cerdos fuera de cerca. En el caso de que contraviniendo esta disposición de la Ley, los cerdos perjudiquen la agricultura, tiene derecho el perjudicado a reclamar los daños y perjuicios contra el dueño y en caso de reincidencia y después de previo aviso testificado por la autoridad rural podrá hacerlos matar, dando parte a sus dueños para que los utilice sin que éstos puedan reclamar nada por ellos. Art. 77. Los hateros y criadores que tengan más de cincuenta cabezas de ganado mayor o el triple de ganado menor estarán exentos del servicio militar, así como un hijo o un peón a su elección por cada número igual a la cifra señalada, de aumento.
Art. 78. Todo hatero o criador tendrá una señal y un hierro o estampa para distinguir con ellos sus animales de los de los demás hateros y criadores. Los animales pequeños serán señalados en las orejas; los grandes serán estampados y señalados o estampados solamente si así le conviniere a su dueño. 1.Una copia de la estampa, hecha de zinc o sobre madera lisa, se deposiará en la alcaldía, presentando los hombres buen os y el Alcalde de la Sección que testifiquen ser la del hatero o criador. 2.- Tanto de lo que se relaciona con la estampa como con la señal se levantará acta que será escrita en un registro especial de la alcaldía. Una copia de dicha acta se expedirá al interesado en papel sellado del tipo de veinte y cinco centavos libres de costo. Art. 79. Queda absolutamente prohibido, donde hubiere más de de un dueño, estampar o señalar en el monte y fuera de los sitios y corrales destinados a esa operación en cada hato o criadero. En terreno ajeno nadie puede estampar o señalar sin autorización del dueño del terreno y siempre en los sitios o canales destinados a esa operación. Art. 80. Nadie puede destruir ni modificar las señales que el dueño haya puesto al animal, sólo el que justifique haberlo comprado legalmente. Si no se justificase la nueva propiedad el que haya modificado o destruido la señal será considerado como ladrón y juzgado como tal. 1.- La estampa anula la señal, si no fueren ambas del mismo propietario, pero ninguno puede poner su estampa a un animal que no tenga su señal si no puede justificar con un acto traslativo de dominio que el dueño de la señal le traspasó el animal. A falta de estas formalidades se tendrá por dueño verdadero al dueño de la señal. 2.- Queda prohibido usar señales de tal extensión que puedan borrar las marcas de otra señal. Al que contrariamente a este precepto usare dos mochos profundos se le negará el atributo de propiedad. Art. 81. Nadie podrá vender, permutar ni traspasar de ningún modo la propiedad de un animal, si no es propietario de la primitiva señal y estampa de ese animal o si no tiene un poder especial, en debida forma que lo autorice a enajenarlo, o si no posee un documento traslativo de la propiedad de ese animal. Art. 82. Cuando en los campos un individuo beneficie para vender un animal, bien sea ajeno o suyo, estará obligado a hacerlo públicamente y a dar parte de ello a la autoridad del lugar o a su encargado, mostrándole a la vez la estampa o señal, comprobando la propiedad o autorización del dueño. Art. 83. Queda prohibido llevar animales de una común a otra o la carne de los cueros de ellos, sin la debida constancia o certificación de ser de buena procedencia y que las carnes son de animales sanos. Toda persona desconocida o sospechosa será detenida
por las autoridades hasta averiguar si los animales o las carnes o cueros le pertenecen o tiene autorización de su dueño para disponer de ellos. Art. 84. (Mod. Ley 5900 - 62. GO. 8670) Cuando se encontrare en un municipio un animal cuyo dueño no sea conocido, el propietario encargado del terreno en donde se hallare el animal dará parte de ello al Alcalde Pedáneo del lugar para que éste lo participe al juez de paz del municipio, quien dejará el animal al cuidado del mismo pedáneo o de otra persona que éste le indique y en seguida se pondrá aviso en uno de los periódicos, o en la gaceta oficial, designando en dicho aviso, con claridad, la clase, color, señales, estampas y marcas particulares del animal. Si transcurrido un mes después de la publicación del primer aviso, no se hubiere presentado su dueño, el animal será puesto en venta pública en presencia del Síndico o de un representante del Ayuntamiento y con su producido se pagara los gastos que se hubieren ocasionado en el cuido del animal, y el sobrante se depositará en la Tesorería Municipal a disposición del dueño si pareciese en el término de tres meses, y si no, la suma ingresará en la Caja Municipal como propiedad del Municipio. Art. 85. El individuo que cortare alambre de cercas, abriese empalizadas o facilitase de cualquier modo la cobertura de cercados sin intención de destruir linderos, será castigado con prisión de un mes a un año. El dueño, encargado, mayoral o peones al servicio de la casa, que por su negligencia o descuido fuesen causa de que los animales se escaparen de los cercados o hicieren daño de cualquier naturaleza incurrirá en la pena de cinco días de prisión y RD$5.00 de multa. Art. 86. Cuando en las manadas de animales de crianza fuera de cerca se introdujese un animal entero de inferior calidad, los dueños o encargados de las manadas exigirán desde luego, que se saque de ellas y si no se hiciese inmediatamente tienen derecho a ocurrir a la autoridad rural para hacer castrar dicho animal o sacarlo del lugar y enviárselo al dueño a costa de éste. El mismo derecho tiene si el animal padeciere de enfermedad contagiosa. Art. 87. Cuando se declare en la crianza epizootia u otra enfermedad contagiosa en los animales, los dueños o mayorales de los hatos o criaderos estarán obligados a aislar los animales atacados de la enfermedad y quemar o hacer quemar inmediatamente, con aviso a la autoridad inmediata, todos los que mueran de dicha enfermedad, a fin de impedir la propagación del contagio. Art. 88. Queda prohibido soltar animales dañinos de cualquier especie que sea. Los infractores a esta disposición estarán obligados a destruir a su costa dichos animales, o a sufragar los gastos de su destrucción, siendo además en todo tiempo responsables de los daños que ocasionaren dichos animales. Art. 89. Serán considerados animales dañinos y por consiguiente sujetos a que cualquiera pueda matarlos, los perros y gatos monteses o jíbaros, y los perros y gatos mansos cuando entren a las siembras a comerse el maíz u otros frutos o a matar en terreno ajeno los animales domésticos y sus crías.
Art. 90. Se prohibe dejar animales muertos en las vías públicas, cañadas, arroyos y ríos. Las autoridades rurales obligarán a los dueños de dichos animales a retirarlos y quemarlos. Art. 91. (Mod. OE 151 - 1922. GO - 3341) Queda igualmente prohibido pasar embarbascado o con yerbas o raíces que tengan propiedades narcóticas como la baígua y otras parecidas, o con dinamita u otros explosivos de gran fuerza para matar o atontar los peces. Los infractores serán penados con multa de RD$5.00 a RD$25.00 o con prisión de un día por cada peso de la multa que haya que satisfacer. El juez alcalde de la común correspondiente tendrá jurisdicción para oír y determinar todos los casos previstos en este artículo. Art. 92. Se prohíbe cazar en lugares donde duermen y procreen las palomas y las guineas, bajo pena para el infractor de cinco días de prisión y RD$5.00 de multa. Art. 93. A fin de que no se agoten los manantiales o cabezadas de los ríos y arroyos, queda prohibido a los dueños de tierras derribar el arbolado que exista en esos lugares en un espacio de cincuenta metros alrededor del nacimiento de dichos manantiales. Se prohíbe así mismo la destrucción del arbolado en las orillas de las corrientes pequeñas o que no sean permanentes, en seis metros a una y otra argen. Los infractores estarán penados con prisión de un mes a un año. Art. 94. Tanto los agricultores como los criadores tienen derecho a tomar de los ríos, arroyos y lagunas que pertenezcan al Estado toda el agua que necesiten para labores o crianzas siempre que no perjudiquen las poblaciones o los demás vecinos, todo conforme a lo prescrito sobre la materia en el Código Civil. Art. 95. Ningún individuo podrá entrar en las monterías ni cazar animales monteses si no es propietario en el lugar o si no está autorizado por escrito por uno que lo sea, so pena de ser considerado como ladrón y juzgado como tal. Art. 96. Cuando un propietario de monterías quisiere usar del derecho de entrar en ella deberá participarlo a los demás condueños y no podrá matar animales señalados sin la correspondiente autorización de sus dueños, debiendo dejarse las orejas a los que haya matado. De lo contrario, será considerado como ladrón. En las monterías que sean de un solo dueño se observarán las reglas de entrada que éste prescriba. Art. 97. Nadie podrá dar fuego a las sabanas ni a sus labranzas, sin dar aviso a sus vecinos limítrofes y con las precauciones usadas en tales casos, para evitar que cause daño a terceros, siendo cada cual responsable del perjuicio que ocasionare. CAPITULO X
Disposiciones generales Art. 98. La policía ocurrirá sin dilación al requerimiento de las autoridades o de los particulares para contener toda clase de excesos que turben la tranquilidad pública. Art. 99 Para la represión de los desórdenes o aprehensión de los delincuentes, la policía no hará uso de sus armas a menos de ser evidentemente agredida con armas. Tampoco maltratará a ninguna persona. Los agentes de policía, como agentes de orden público deberán conservar siempre la circunspección y seriedad que sus funciones demanden. Art. 100. Las autoridades de policía pueden hacer uso de la fuerza pública para hacer obedecer y hacer cumplir las leyes y disposiciones emanadas de autoridad competente. Al efecto las autoridades militares y aún los individuos particulares están obligados a prestarles sus servicios. Art. 101. Para las infracciones de la presente ley cuya pena no esté determinada se impondrá de uno a cinco días de prisión según la gravedad del caso. Art. 102. Cuando la contravención no merezca más que una multa de simple policía, el infractor podrá librarse del juicio pagando la multa y los gastos que se hubieren causado hasta su aquiescencia. Art. 103. En los casos de insolvencia la multa será compensada con prisión de un día por cada peso de multa. Art. 104. El producido de las multas por contravenciones a la presente ley, ingresará en la Caja Comunal respectiva y no podrá dársele otro destino, so pena de pérdida del empleo del que lo hiciere y el pago del duplo de la suma distraída. 1.- Los Secretarios de las Alcaldías dirigirán al fin de cada mes al ayuntamiento respectivo, un estado de las multas que se hubieren impuesto consignando el Agente de Policía que hubiese presentado la contravención. Este estado llevará el "visto bueno" del Alcalde. 2.- Los oficiales de la policía rural (Alcaldes Pedáneos) cobrarán de la Tesorería Municipal el 50 % de las multas que hicieren ingresar. Art. 105. Los Gobernadores y Jefes Comunales, los Ayuntamientos y Alcaldes Constitucionales, la Guardia Republicana, Comisarios Municipales y demás autoridades, y Alcaldes Pedáneos son responsables de la ejecución de la presente ley en los términos que ella establece, debiendo remover todos los obstáculos que se les presenten para que la agricultura y la crianza prosperen y la policía sea completamente administrativa. Art. 106. El Poder Ejecutivo expedirá los reglamentos que juzgue necesarios sobre todos los ramos de Policía. 18
También los ayuntamientos dictarán los que estimen convenientes en lo que concierne a sus atribuciones. Art. 107. Los Gobernadores de Provincias proveerán a todas las autoridades de su dependencia de un sello que determine la función o el cargo que ejerce, el cual deberá estamparse en todos los actos en que intervenga dicha autoridad. Art. 108. La presente Ley, deroga toda otra en lo que le sea contraria y será enviada al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales. Dada en la sala de sesiones de la República, a los once días del mes de marzo de 1911; año 68 de la Independencia y 48 de la Restauración. El Presidente: Ramón O. Lovatón.- Los secretarios: Carlos Ginebra, José R. López. Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de marzo de 1911; año 68 de la Independencia y 48 de la Restauración. El Presidente: A. Acevedo.- Los secretarios: Tancredo Castellanos, 1. A. Cernuda. Ejecútese, comuníquese por la Secretaría de Estado correspondiente, debiendo publicarse en todo el territorio de la República para su cumplimiento. Dada en Santo Domingo, Capital de la República, a los 27 días del mes de marzo de 1911; año 68 de la Independencia y 48 de la Restauración. El Presidente de la República, R. CACERES. Refrendado: El Secretario de Estado de lo Interior y Policía: Miguel A. Román hijo DECRETOS CONTENIDOS EN ESTE CAMPO. Dec. No. 480-97 que transfiere el uso de la base en la que operaba en Comando Aéreo Norte, Fuerza Aéreo Dominicana, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, a la Policía Nacional, para que opere en la misma el Comando Norte de dicha institución. Dec. No. 389-99 dispone que la Junta de Retiro de la Política Nacional estará integrada en lo adelante por los incumbentes de varios departamentos de esa institución. Decreto No. 415-01 sobre el uso del Uniforme Militar. 19
Publicación Oficial Listín Diario Pág 8A Sección La República Sábado 7 de abril del 2001 Dec. No. 480-97 que transfiere el uso de la base en la que operaba en Comando Aéreo Norte, Fuerza Aéreo Dominicana, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, a la Policía Nacional, para que opere en la misma el Comando Norte de dicha institución. LEONEL FERNANDEZ Presidente de la República Dominicana NUMERO: 480-97 CONSIDERANDO: Que la Comandancia Regional Norte de la Policía Nacional funciona en la actualidad en la Fortaleza San Luis, de Santiago de los Caballeros, recinto que debe conservarse como patrimonio cultural y monumento histórico por lo que resulta inadecuado a su actual uso; CONSIDERANDO: Que en el recinto que ocupaba el Comando Aéreo Norte de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) en la misma ciudad, está ocupado por un Destacamento de la FAD destinado a preservar el lugar, siendo de mayor utilidad que sea destinado a la Comandancia Regional Norte de la P. N.; En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente D E C R E T O: Artículo 1.- Se transfiere el uso de la base en la que operaba el Comando Aéreo Norte, Fuerza Aérea Dominicana, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, a la Policía Nacional para que opere en la misma el Comando Regional Norte de dicha institución. Artículo 2.- Comuníquese a la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y a la Jefatura de la Policía Nacional para los fines correspondientes. Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y siete, año 154 de la Independencia y 135 de la Restauración.
Leonel Fernández (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Dec. No. 389-99 dispone que la Junta de Retiro de la Política Nacional estará integrada en lo adelante por los incumbentes de varios departamentos de esa institución. LEONEL FERNANDEZ Presidente de la República Dominicana NUMERO: 389-99 En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente D E C R E T O: ARTICULO UNICO.- En lo adelante, la Junta de Retiro de la Policía Nacional estará integrada por los Oficiales Policiales que ocupen los cargos que se describen a continuación, los cuales ostentarán las calidades indicadas en cada caso: 1.- El Inspector General de la Policía Nacional, Presidente; 2.- El Comandante del Comando Regional Central de la Policía Nacional, Vicepresidente; 3.(Modificado por Dec. No. 554-99)."3.- El Encargado de la Oficina de Libramiento y Contabilidad, P. N., Tesorero". 4.- El Consultor Jurídico de la Policía Nacional, Secretario; 5.- El Oficial Ejecutivo del Palacio de la Policía Nacional, Vocal; 6.- El Oficial Encargado de la Oficina de Personal y Ordenes de la Policía Nacional, Vocal; 7.- El Oficial Director del Cuerpo Médico y Sanidad de la Policía Nacional, Vocal; 8.- El Director General de Educación y Entrenamiento Policial, Vocal.
Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de septiembre del año mil novecientos noventa y nueve, años 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.
Leonel Fernández Decreto No. 1238-00 que crea el Estado Mayor Mixto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. HIPOLITO MEJíA Presidente de la República Dominicana NUMERO: 1238-00
CONSIDERANDO: Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encuentran inmersas en un proceso de modernización para su fortalecimiento y desarrollo, siendo la Reserva de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional parte de las mismas, en consonancia con lo que estatuye el Artículo 13 de la Ley No.873, del 31 de julio de 1978 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas). CONSIDERANDO: Que la Dirección General de la Reserva de las Fuerzas Arinadas y la Policía Nacional debe de disponer de una reglamentación orgánica en grado de responder a los nuevos requerimientos y funciones que son de su competencia. CONISDERANDO: Que para responder con capacidad y eficiencia al objeto de su creación, es necesario la existencia de un organismo con carácter institucional que contribuya a interrelacionar las actividades de los cuadros permanentes y los cuadros de reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente DECRETO: ARTICULO 1.- Se crea el Estado Mayor Mixto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ARTICULO 2. El Estado Mayor Mixto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estará integrado de la forma siguiente:
a) El Director de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quien será el Jefe de Estado Mayor Mixto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. b) El Subdirector de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quien será el Subjefe de Estado Mayor Mixto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. C) Un oficial superior activo de cada una de las instituciones castrenses, como Delegado, designado por el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, en virtud de lo que estatuye el Artículo 19 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. d) Un oficial superior activo perteneciente a la Policía Nacional designado por el jefe de esa institución. e) Cuatro Oficiales Generales o Superiores retirados que ejercerán las funciones de Jefes Divisionales de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en sus respectivas ramas. f) Un oficial general retirado como Inspector General. g) El Consultor Jurídico de la Dirección de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ARTICULO 3.- El Estado Mayor Mixto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se regirá de conformidad con las leyes y disposiciones administrativas vigentes en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ARTICULO 4.- El Estado Mayor Mixto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberá proceder a la elaboración de un reglamento orgánico, el cual deberá ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo. DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil, años 157 de la Independencia y 138 de la Restauración. HIPOLITO MEJíA Decreto No. 1194-00 que crea el Servicio Nacional de Protección Ambiental o Policía Ambiental, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. HIPOLITO MEJíA Presidente de la República Dominicana
CONSIDERANDO: Que en función de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No.64-00 del 18 de agosto del año 2000, coordinando a tales fines con la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, las acciones a ejecutar para la aplicación de la política sobre medio ambiente y los recursos naturales del país. CONSIDERANDO: Que para lograr la protección real del medio ambiente y los recursos naturales en todo el territorio de la República Dominicana, es necesario la creación de una entidad especializada que tenga la capacidad técnica, confiabilidad y rectitud moral a los fines de prevenir y controlar las acciones y hechos que constituyan degradaciones, daños, perjuicios e infracciones ambientales que deterioran el medio ambiente y los ecosistemas, afectando negativamente la calidad de vida de toda la población dominicana, actual y futura. VISTA la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, del 18 de agosto del año dos mil (2000), en sus Artículos 15, numeral 8; Artículo 18, numeral 24 y Artículo 191. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente: DECRETO: ARTICULO 1.- Se crea el Servicio Nacional de Protección Ambiental, o Policía Ambiental, como organismo dependiente y adscrito a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ARTICULO 2.- El Servicio Nacional de Protección Ambiental, o Policial Ambiental, tendrá las funciones siguientes: 1. Hacer cumplir todas las disposiciones establecidas en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No.64-00, del 18 de agosto del año dos mil (2000), así como también cualquier otra disposición, norma o regulación que emane de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o de cualquier otra institución o poder del Estado Dominicano, relativas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
2. Tomar todas las medidas preventivas pertinentes para evitar que se cometan violaciones a las disposiciones antes mencionadas. 3. Investigar, perseguir, detener y someter ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales a las personas o instituciones que incurran en violaciones a las leyes ambientales o cualesquiera otras normativas relacionadas, actuando apegados a las disposiciones que garantizan los derechos civiles de los ciudadanos. 4. Ejecutar programas y proyectos de capacitación técnica que mejoren el eficiente desempeño de sus miembros en las funciones que les competen. 5. Coordinar con las distintas instituciones públicas las acciones que garanticen la más eficiente ejecución de las funciones que les han sido asignadas. En especial, asistir a los servicios de guarda foresta y de guarda parques. ARTICULO 3.- El Servicio Nacional de Protección Ambiental o Policía Ambiental estará bajo el mando de un Mayor General o Vice-Almirante de las Fuerzas Armadas, como jefe con categoría de Subsecretario de Estado y un subjefe con rango de General de Brigada o Contralmirante de las Fuerzas Armadas, designados por el Presidente de la República. ARTICULO 4.- Se instruye a las Secretarías de Estado de las Fuerzas Armadas y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que especialicen partidas presupuestarias destinadas a viabilizar la organización y puesta en operación del Servicio Nacional de Protección Ambiental, o Policía Ambiental, tanto en lo que resta de la ejecución presupuestaria del presente año 2000 como para el Proyecto de presupuesto para el año 2001. ARTICULO 5.- Se instruye a los Secretarios de Estado de Medio Ambiente y de las Fuerzas Armadas a que establezcan la coordinación necesaria para la puesta en funcionamiento del Servicio Nacional de Protección Ambiental o Policía Ambiental, creados mediante el presente decreto. DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil, años 157 de la Independencia y 138 de la Restauración. HIPOLITO MEJíA HIPOLITO MEJIA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Número: 415-01
CONSIDERANDO: Que se presentan situaciones en las cuales sería necesario el uso del uniforme para los oficiales retirados de alta graduación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que son designados por el Poder Ejecutivo para desempeñar algunas funciones en el Gobierno. CONSIDERANDO: Que corresponde al Presidente de la República, disponer en todo tiempo, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas de la Nación, mandarlas por sí mismo o por medio de la persona o personas que designe para hacerlo, conservando siempre su condición de Jefe Supremo de las mismas, así como también, fijar el número de dichas fuerzas y disponer de ellas para fines del servicio público. CONSIDERANDO: Que resulta necesario establecer una reglamentación para el uso del uniforme de los miembros de los distintos cuerpos armados y de la Policía Nacional colocados en situación de retiro y que son designados para desempeñar alguna función pública. VISTA: La Ley No. 873, de fecha 31 de julio de 1978 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas). En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente: DECRETO: Artículo 1.- A los Oficiales que hayan dejado de pertenecer a los distintos cuerpos armados de la Nación, sólo se les permitirá el uso del uniforme, siempre y cuando sean nombrados por el Poder Ejecutivo para desempeñar alguna función pública, y que así se contemple en el Decreto de su designación. Artículo 2.- Para el uso del uniforme, será mandatorio que el oficial designado pertenezca formalmente a la Reserva, así como también tener buen estado de salud física y mental y además no haber sido separado de las filas de los cuerpos armados por condenación de alguna pena aflictiva o infamante. Artículo 3.- Los Oficiales de los distintos cuerpos armados de la Reserva que sean designados para desempeñar alguna función pública y que en el Decreto de su designación se les autorice el uso del uniforme, solo podrán usar el uniforme de la institución a la que pertenecían al momento de ser colocado en situación de retiro; en horas laborales y mientras permanezcan en las funciones para las que sean designados o para asistir a actividades oficiales. Artículo 4.- Por otra parte, a partir de la publicación del presente Decreto, los miembros de los distintos cuerpos armados que pertenezcan a la Reserva, no serán utilizados en funciones que conlleve el ejercicio del mando efectivo de tropa.
DADO en Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos (2) días del mes de abril del año dos mil uno; años 158 de la Independencia y 138 de la Restauración. HIPOLITO MEJIA ================================================= Decreto No. 1301 del 21 de diciembre de 2000, que crea la Dirección General de la Policía de Turismo (POLITUR). G.O.10068.145. OTRAS LEYES POLICIALES, LA MAYORIA NO VIGENTES. Policía del 12 de abril de 1911. G.O. 8528. Ley No. 285 de 1966 que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional, G.O.8992.23, modificado por: Ley No. 158 de 1967, G.O.9036.5. Ley No. 365 del 25 de Agosto del 1972, modifica arts. 8 y 18. G.O.9276.76. Ley No. 867 de 1978, G.O.9487.85. Ley Institucional de la Policía Nacional No. 6141 de 1962, G.O.8724.3, modificada por: Ley No. 6178 del 1 de febrero del 1963. G.O.8735. Ley No. 254 del 12 de mayo del 1964, G.O.8859.20 Ley No. 153 de 1966, que modifica nuevamente el art. 41. G.O.8975.12. Ley No. 186 de 1966, que modifica el Art. 124 nuevamente. G.O.8981.9. Ley No. 196 del 20 de octubre del 1967, que deroga el párrafo 1 agregado por la Ley No. 6178 del 1 de febrero del 1963, al Art. 16. G.O. 9058. Ley No. 326 del 26 de Junio del 1968, que agreda dos párrafos al Art. 49. G.O.9088.15. Ley No. 448 de 1976, del 21 de Octubre del 1976; que agrega un párrafo único al Art. 85 de la Ley Institucional de la Policía Nacional. G.O.9413.28 Ley No. 876 de 1978, G.O.9487.182. Ley No. 538 del 14 de diciembre del 1964, que modifica el Art. 125 de la Ley Institucional de la Policía Nacional No 6141, del 28 de diciembre del 1962. G.O. 8911.
Ley No. 529 del 11 de diciembre del 1969, que establece una escala para jubilar a las viudad e hijos menores de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que pierdan la vida en cumplimiento de su deber. G.O. 9169. Ley No. 21 del 27 de septiembre de 1965, que reintegra a sus respectivas instituciones, a los oficiales y alistados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cancelados entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965 y dicta otras disposiciones. G.O. 8947. Ley No. 592 del 27 de enero de 1965, que dispone que el Dr. Donald J. Reid Cabral, Presidente del Triunvirato, asuma temporalmente la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; suprimir las cuatro Subsecretarías de Estado de dicha Secretaría y dicta otras disposiciones. G.O. 8921. Ley No. 574 del 13 de enero del 1965, que denomina la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y dispone que en lo adelante la Policía Nacional se regirá por la Ley y Reglamentos de las Fuerzas Armadas. G.O. 8919. Ley No. 347 del 31 de julio del 1964, que creó el consejo de Guerra de Apelación de la Policía Nacional. G.O. 8880. (Derogada por la Ley No. 643 del 8 de marzo del 1965. G.O.8934). Policía Especial de Bancos: Ley No. 57 de 1963 (policía Especial de los Bancos del Estado) G.O.8783.4. Ley No. 5230 del 9 de Octubre del 1959, sobre sanciones a las faltas disciplinarias cometidas por los miembros de la Policía Nacional. G.O.8413. Modificada por: Ley No. 373 del 20 de agosto del 1964, que modifica el apartado c) del artículo 5. G.O. 8884. Ley No. 345 del 29 de agosto del 1964, que suprime los Consejos de Guerra de Primer Grado, Segundo Grado y Grado superior Permanente, dentro de las jurisdicciones militares y crea e integra los Consejos de Guerra de Primera Instania y el Consejo de Guerra de Apelación. G.O. 8878. Modificada por: Ley No. 637 del 3 de marzo del 1965, que modifica los arts. 5 y 6. G.O. 8932. Ley No. 370 del 18 de agosto del 1964, que agrega un segundo párrafo al Art. 3. G.O.8883. Ley No. 6134 del 17 de diciembre del 1962, que instituye el día 28 de octubre de cada año, Día de la Policía Nacional. 28
G.O. 8721. Ley No. 5828 del 24 de febrero del 1962, que suprime la insignia del Generalísimo de las Fuerzas Armadas en las banderas del Ejército Nacional, Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. G.O. 8642.17. LA LEY NO. 1022, DEL 1935, Sustituyó la Policía Municipal, por la Policía Nacional. Resolución No. 5493 del año 1961, del Congreso Nacional, que aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la Compañía Seguros, Auxilios y Viviendas C. por A., sobre el traspaso de las operaciones del Ahorro Obligatorio a la citada empresa. G.O. 8552 Ley No. 5452 del 15 de diciembre de 1960, que agrega los Artículos 24, 25 y 26 a la ley no. 3024, del 2 de agosto de 1951, mediante la cual se instituye la Junta Pro-Viviendas para alistados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. G.O. 8531. Ley No. 5450 del 15 de diciembre de 1960, que dispone que la Junta Administradora de Retiro de las Fuerzas Armadas y de la policía Nacional, puede celebrar contratos sobre venta o traspaso de su patrimonio. G.O. 8531. Decreto No. 415-01 del dos (2) días del mes de abril del 2001, respecto del uso del Uniforme Militar. Decreto No. 241-01 del 14 de febrero de 2001, que crea el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), adscrito a la Secretaría de Estado de Interior y Policía. G.O.10072.160. Decreto No. 240-01 del 14 de febrero de 2001, que acoge a plenitud el Plan Integral de Reforma de la Policía Nacional, presentado al Presidente de la República por la Comisión de la Reforma y Modernización de la Policía Nacional. G.O.10072.159. Decreto No. 239-01 del 14 de febrero de 2001, que crea el Museo Policial Dominicano, integra su Consejo Directivo y el Patronato de Apoyo a dicho museo. G.O.10072.156. Decreto No. 238-01 del 14 de febrero de 2001, que que transfiere la competencia hasta ahora atribuida al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), y la competencia atribuida a la Policía Nacional en materia de custodia y vigilancia de las cárceles nacionales, a la Procuraduría General de la República. G.O.10072.155.29
Decreto No. 237-01 del 14 de febrero de 2001, que que dispone que los oficiales, alistados y asimilados de la Policía Nacional respetarán y protegerán la dignidad humana y los derechos de todas las personas. G.O.10072.153.Decreto No. 236-01 del 13 de febrero de 2001, que crea el Instituto de Dignidad Humana de la Policía Nacional. G.O.10072.151.Decreto No. 1238-00 del 22 de noviembre del 2000, que crea el Estado Mayor Mixto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. G.O. 10065.216. Decreto No. 906-00 del 5 de octubre de 2000, que declara de interés nacional la Reforma y Modernización de la Policía Nacional, y crea e integra una comisión para tales fines. G.O.10061.84. Decreto No. 697-00 del 4 de septiembre de 2000, que crea e integra la Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. G.O.10058.70. Decreto No. 49-00, que excluye de la aplicación del Decreto 1-2000 de fecha 6 de Enero del presente año, todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. G.O. Decreto No. 389-99 del 6 de septiembre del 1999, que dispone que la Junta de Retiro de la Policía Nacional estará integrada en lo adelante por los incumbentes de varios departamentos de esa institución. G.O.10026 Modificado por Dec. No. 554-99 que modifica el Numeral 3 del Artículo Unico del Decreto No. 389-99. G.O.10032. Decreto No. 412-98 del 27 de octubre del 1998, que modifica el Art. 2 del Decreto No. 3081 del 1968. Integra nuevamente el Consejo Directivo del Círculo Deportivo de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. G.O.10004 Decreto No. 342-98 que crea la Patrulla Aérea de la Policía Nacional a cargo de la Jefatura de la Policía Nacional. G.O.10003 Decreto No. 480-97, del 14 de noviembre del 1997, que transfiere el uso de la base en la que operaba el Comando Aéreo Norte, Fuerza Aérea Dominicana, en la ciudad de
Santiago de los Caballeros, a la Policía Nacional, para que opere en la misma el Comando Norte de dicha institución. G.O. 9967. Decreto No. 115-89 del 23 de marzo del 1989; que instruye a la Policía Nacional para que proceda a dar cumplimiento a la Ley No. 558 del 1973 y a la Res. 46/71 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que prohiben pintar letreros, dibujos, emblemas, grabados y anuncios, en paredes, viviendas, edificios, monumentos, etc. G.O.9756.16. Decreto No. 476-88 del 11 de Octubre del 1988. Que crea una Comision Especial para realizar una depuracion de los archivos y tarjeteros de la Policia Nacional, y dicta otras disposiciones. G.O.9745.37 Decreto No. 34-87 que concede Franquicia Postal y Telegráfica a la Hermandad de Pensionados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. G.O.9702.133. Decreto No. 4664 del 18 de febrero de 1970, que suprime la Jefatura Administrativa de la Policía Nacional. G.O.9177. Decreto No. 2368 del 13 de mayo del 1968, que crea una Academia de Cadetes de la Policía Nacional. G.O.9098.43. Decreto No. 2378 del 13 de mayo del 1968, que nombra Tesorero y Volales de la Junta Administradora de Subsidios para Alistados de la Policía Nacional. G.O. 9098.51. Decreto No. 8101 del 10 de mayo del 1962, que denomina en lo adelante la Sociedad de Tiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, "General Ramón Matías Mella". G.O. 8692.15. Decreto No. 7883 del 15 de marzo del 1962, que integra la Junta Compradora de todo equipo para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. G.O. 8647.4. Policía Especial de Bancos: Decreto No. 1055 de 1955 que crea la Policía Especial de Bancos, G.O.7870.20. Decreto No. 1201 del 5 de Mayo del 1966 que crea dentro de la Policía Nacional un cuerpo especializado que se denominará Policía Electoral. G.O.8983. Decreto No. 7312 del 1961, que pasa la Policía Nacional a depender de la Secretaría de Estado de Interior y Cultos. 31
G.O. 8621. Decreto No. 6284 del 15 de diciembre de 1960, que dicta disposiciones sobre el funcionamiento del Ahorro Obligatorio y de Previsión para los Alistados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. G.O.8531.13. Decreto No. 5563 del 25 de febrero de 1960, que dispone que la persona que ocupe el cargo de Jefe de la Policía Nacional, formará parte en los sucesivo de la Junta Compradora de todo equipo para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. G.O.8454.10.