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Timestamp: 2019-10-14 02:01:24
Document Index: 201935217

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo
Publicado en DOUEL núm. 151 de 21 de Mayo de 2014
Artículo 3 Delitos
Artículo 4 Inducción, complicidad y tentativa
Artículo 5 Sanciones aplicables a las personas físicas
Artículo 7 Sanciones aplicables a las personas jurídicas
Artículo 8 Jurisdicción
Artículo 9 Instrumentos de investigación
Artículo 10 Obligación de transmitir los billetes y monedas de euro falsos para el análisis y la detección de falsificaciones
Artículo 12 Informes de la Comisión y revisión
Artículo 13 Sustitución de la Decisión marco 2000/383/JAI
(5) Los Reglamentos (CE) nº 1338/2001 (5) y (CE) nº 1339/2001 (6) del Consejo establecen las medidas necesarias para la protección del euro frente a la falsificación, en particular, medidas para retirar de la circulación los billetes y monedas de euro falsificados.
(8) La presente Directiva se basa, actualizándola, en la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo (8) . Completa la citada Decisión marco mediante otras disposiciones relativas a la graduación de las sanciones, a los instrumentos de investigación y al análisis, identificación y detección de los billetes y monedas de euro falsos durante los procesos judiciales.
(15) Tradicionalmente la falsificación de moneda es un delito severamente penado en los Estados miembros. Esto se debe a su gravedad y a su fuerte impacto en los ciudadanos y empresas, así como a la necesidad de garantizar la confianza de ciudadanos y empresas en la autenticidad del euro y de otras monedas. Hecho particularmente cierto en el caso del euro, que es la moneda común de alrededor de 330 millones de personas de la zona del euro y la segunda moneda internacional más importante.
(16) Los Estados miembros deberían contemplar sanciones penales en su Derecho nacional en relación con las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de lucha contra la falsificación de moneda. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias y deben incluir penas de prisión. El grado mínimo de la pena máxima de prisión prevista en la presente Directiva para los delitos que en ella se contemplan debe aplicarse, al menos, a las formas más graves de dichos delitos.
(17) La graduación de las sanciones debe ser efectiva y disuasoria, pero no debe ir más allá de lo que es proporcional a los delitos. Aunque en el Derecho nacional de los Estados miembros la transmisión intencionada de moneda falsa que se ha recibido de buena fe pueda ser sancionada con otro tipo de pena, incluida la de multa, los citados Derechos nacionales deben contemplar la prisión como pena máxima. Las penas de prisión aplicables a las personas físicas tendrán una importante fuerza disuasoria para los posibles delincuentes, con efectos en toda la Unión.
(18) Puesto que la presente Directiva establece unas normas mínimas, los Estados miembros pueden adoptar o mantener normas más graves para los delitos de falsificación de moneda.
(19) La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de los principios y normas generales del Derecho penal nacional sobre aplicación y ejecución de sentencias de conformidad con las circunstancias concretas de cada caso.
(21) Para garantizar el éxito de las investigaciones y del procesamiento por delitos de falsificación de moneda, los responsables de investigar y procesar por tales delitos deberían tener la posibilidad de utilizar herramientas de investigación eficaces como las que se utilizan para combatir la delincuencia organizada u otros delitos graves. Si procede, entre esas herramientas podrían figurar, por ejemplo, la interceptación de las comunicaciones, la vigilancia encubierta (incluida la electrónica), el control de las cuentas bancarias y otras investigaciones financieras. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, el principio de proporcionalidad, el uso de dichas herramientas de conformidad con el Derecho nacional debería ser acorde con la naturaleza y gravedad de los delitos investigados. Debería respetarse el derecho a la protección de los datos personales.
(22) Los Estados miembros deberían determinar su jurisdicción en consonancia con el Convenio de Ginebra y las disposiciones sobre determinación de la jurisdicción incluidas en otras normas de Derecho penal de la Unión, esto es, con relación a los delitos cometidos en su territorio y a los delitos cometidos por sus nacionales, habida cuenta de que, por lo general, es mejor que los delitos sean enjuiciados por la jurisdicción penal del país en el que se producen.
(23) El destacado papel del euro para la economía y la sociedad de la Unión, así como la amenaza específica que se cierne sobre él como moneda de importancia mundial, evidenciada por el considerable número de imprentas situadas en terceros países, exigen una medida de protección adicional. Por lo tanto, debe determinarse la jurisdicción para conocer de los delitos relacionados con el euro cometidos fuera del territorio de un Estado miembro determinado, para el caso de que el delincuente se encuentre en el territorio de ese Estado miembro y no sea extraditado o en el caso de que los billetes o monedas de euro relacionados con el delito sean detectados en dicho Estado miembro.
Dada la situación objetivamente diferente de los Estados miembros cuya moneda es el euro, lo propio es que la obligación de determinar esa jurisdicción se aplique solamente a esos Estados miembros. A efectos del enjuiciamiento de los delitos contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra a), y en el artículo 3, apartados 2 y 3, cuando estén relacionados con el artículo 3, apartado 1, letra a), así como con la inducción, complicidad y tentativa en la comisión de dichos delitos, la determinación de la jurisdicción no debería estar supeditada a la condición de que los actos sean constitutivos de delito en el lugar en el que se cometieron. Al ejercer dicha competencia, los Estados miembros deberían tener en cuenta si la jurisdicción penal del país donde se cometieron tales delitos los persigue y respetar el principio de proporcionalidad, en particular con relación a las condenas impuestas por un tercer país por la misma conducta.
(24) El análisis y la identificación de billetes y monedas de euro falsos se centraliza en los Centros Nacionales de Análisis y en los Centros Nacionales de Análisis de Monedas, respectivamente, designados o establecidos de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1338/2001. El análisis, la identificación y la detección de billetes y monedas de euro falsos deberían también poderse hacer durante los procesos judiciales en curso para acelerar la detección del origen de la fabricación de las falsificaciones en una investigación o proceso penal determinados y para evitar e impedir que ese tipo de falsificaciones sigan circulando, sin menoscabo del principio del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. De este modo se contribuiría a la eficacia de la lucha contra los delitos de falsificación y al mismo tiempo incrementaría el número de transmisiones de falsificaciones aprehendidas durante procesos penales en curso, a reserva de las limitadas excepciones en que únicamente deba facilitarse el acceso. En general, las autoridades competentes deberían autorizar la transmisión física de las falsificaciones a los Centros Nacionales de Análisis y a los Centros Nacionales de Análisis de Monedas. En determinadas circunstancias, por ejemplo en los casos en que solo unos pocos billetes o monedas falsos constituyen la prueba del proceso penal o cuando la transmisión física conlleve el riesgo de destrucción de pruebas como las huellas, las autoridades competentes deberían poder decidir si permiten el acceso a los billetes y monedas.
(25) Es necesario recopilar datos comparables sobre los delitos a los que se refiere la presente Directiva. Con el fin de conseguir una visión más completa del problema de la falsificación a escala de la Unión y, de este modo, contribuir a articular una respuesta más eficaz, los Estados miembros deben transmitir a la Comisión los datos estadísticos pertinentes sobre el número de delitos relativos a los billetes y monedas falsos y el número de personas enjuiciadas y condenadas.
(26) A fin de alcanzar el objetivo de luchar contra la falsificación de billetes y monedas de euro, se debería tratar de celebrar, con arreglo a los procedimientos establecidos al respecto por el Tratado, acuerdos con terceros países, en particular con aquellos que usan el euro como moneda.
(27) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, especialmente, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, en particular, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto a la vida privada y familiar, la libertad profesional y el derecho a trabajar, el derecho a dirigir una empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el derecho de la defensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, así como el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción. La presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de tales derechos y principios y debe aplicarse en consecuencia.
(28) El objetivo de la presente Directiva es modificar y ampliar las disposiciones de la Decisión marco 2000/383/JAI. Dada la importancia, por su número y trascendencia, de las modificaciones que se han de realizar, y en aras de la claridad, debe sustituirse en su integridad dicha Decisión marco respecto de los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.
(29) Dado que el objetivo de la presente Directiva, en concreto, la protección del euro y otras monedas contra la falsificación, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros de forma individual, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(30) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
(31) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.
(32) De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción de la presente Directiva, y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.
La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de los delitos y sanciones en el ámbito de la falsificación del euro y otras monedas. También introduce disposiciones comunes para reforzar la lucha contra esos delitos y mejorar su investigación y garantizar una mejor cooperación contra la falsificación.
a) «moneda»: los billetes y monedas cuya circulación está legalmente autorizada, incluidos los billetes y las monedas de euro cuya circulación está legalmente autorizada en virtud del Reglamento (CE) nº 974/98;
b) «persona jurídica»: cualquier entidad que tenga personalidad jurídica con arreglo al Derecho aplicable, con excepción de los Estados u otros organismos públicos en el ejercicio de su potestad pública y de las organizaciones internacionales públicas.
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que constituyan un delito, cuando se cometan intencionadamente, las siguientes conductas:
a) la fabricación o alteración fraudulentas de moneda, independientemente del medio empleado al efecto;
b) la puesta en circulación fraudulenta de moneda falsa;
c) la importación, exportación, transporte, recepción u obtención de moneda falsa con el objeto de ponerla en circulación, sabiéndola falsa;
d) la fabricación, recepción, obtención o posesión fraudulentas de:
i) instrumentos, objetos, programas y datos informáticos y otros medios especialmente adaptados para la falsificación o alteración de moneda, o
ii) elementos de seguridad como hologramas, marcas de agua u otros componentes de la moneda que sirvan para protegerla contra la falsificación.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las conductas mencionadas en las letras a), b) y c) del apartado 1 también sean castigadas en el caso de billetes o monedas que se fabriquen o se hayan fabricado utilizando instalaciones o materiales legales infringiendo los derechos o condiciones con arreglo a los cuales las autoridades competentes pueden emitir billetes o monedas.
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que también sean castigadas las conductas mencionadas en los apartados 1 y 2 en el caso de billetes y monedas no emitidos todavía pero que están destinados a la circulación como moneda de curso legal.
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la inducción o la complicidad relacionadas con los delitos a que se refiere el artículo 3 sean castigadas como delito.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la tentativa de comisión de alguno de los delitos a que se refieren el artículo 3, apartado 1, letras a), b) y c), el artículo 3, apartado 2, y el artículo 3, apartado 3, en relación con las conductas contempladas en el artículo 3, apartado 1, letras a), b) y c), sea castigada como delito.
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las conductas a que se refieren los artículos 3 y 4 sean castigadas con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el delito a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra d), los delitos a que se refieren el artículo 3, apartado 2, los delitos a que se refiere el artículo 3, apartado 3, en relación con las conductas contempladas en el artículo 3, apartado 1, letra d), sean castigados con una sanción máxima que contemple la pena de prisión.
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los delitos a que se refieren el artículo 3, apartado 1, letra a), y el artículo 3, apartado 3, en relación con las conductas contempladas en el artículo 3, apartado 1, letra a), sean castigados con una pena máxima de prisión de al menos ocho años.
4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los delitos a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 3, apartado 3, en relación con las conductas contempladas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), sean castigados con una pena máxima de prisión de al menos cinco años.
5. En relación con el delito a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b), los Estados miembros podrán contemplar sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias distintas de las mencionadas en el apartado 4 del presente artículo, entre ellas multas y penas de prisión, si la moneda falsa se recibió sin conocimiento de que fuera falsa pero se puso en circulación a sabiendas de ello.
b) una autoridad para adoptar decisiones en su nombre, o c) una autoridad para ejercer el control en su seno.
e) la clausura temporal o definitiva de los establecimientos utilizados para cometer el delito.
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para determinar su jurisdicción para conocer de los delitos contemplados en los artículos 3 y 4 cuando:
a) el delito se haya cometido total o parcialmente en su territorio, o
b) el responsable criminal del delito sea uno de sus nacionales.
2. Cada Estado miembro cuya moneda sea el euro adoptará las medidas necesarias para determinar su jurisdicción para conocer de los delitos mencionados en los artículos 3 y 4 cometidos fuera de su territorio, al menos cuando se refieran al euro y:
a) el responsable criminal del delito se halle en el territorio del Estado miembro y no sea extraditado, o
b) los billetes o monedas de euros falsos relacionados con el delito hayan sido detectados en el territorio de dicho Estado miembro.
A efectos del enjuiciamiento de los delitos a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra a), y el artículo 3, apartados 2 y 3, cuando están relacionados con el artículo 3, apartado 1, letra a), así como la inducción, la complicidad y la tentativa de dichos delitos, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que su jurisdicción no esté supeditada a la condición de que los actos sean un delito en el lugar en el que hayan sido cometidos.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas, unidades o servicios responsables de la investigación o enjuiciamiento de los delitos contemplados en los artículos 3 y 4 dispongan de instrumentos de investigación eficaces, como los que se utilizan en los casos relacionados con la delincuencia organizada u otros delitos graves.
Los Estados miembros garantizarán que durante un proceso penal se permita sin demora el examen, por parte del Centro Nacional de Análisis y del Centro Nacional de Análisis de Monedas, de los billetes y monedas de euro supuestamente falsos para el análisis, identificación y detección de ulteriores falsificaciones. Las autoridades competentes transmitirán sin demora las muestras necesarias, y a más tardar una vez se haya dictado una resolución definitiva por lo que respecta al proceso penal.
Los Estados miembros transmitirán a la Comisión cada dos años, como mínimo, datos sobre el número de delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 y el número de personas enjuiciadas y condenadas por dichos delitos.
A más tardar el 23 de mayo de 2019, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. Este informe evaluará la medida en que los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva. Dicho informe deberá, en caso necesario, ir acompañado de una propuesta legislativa.
Queda sustituida, en relación con los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, la Decisión marco 2000/383/JAI, sin perjuicio de las obligaciones de esos Estados miembros en lo que se refiere a los plazos de incorporación al Derecho nacional de la Decisión marco 2000/383/JAI.
En el caso de los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, las referencias a la Decisión marco 2000/383/JAI se entenderán hechas a la presente Directiva.
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 23 de mayo de 2016. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Véase la letra g) de la disposición final sexta de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).
DO C 179 de 25.6.2013, p. 9.
DO C 271 de 19.9.2013, p. 42.
Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (DO L 139 de 11.5.1998, p. 1).
Reglamento (CE) nº 1339/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, que amplía los efectos del Reglamento (CE) nº 1338/2001 por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación a los Estados miembros que no han adoptado el euro como moneda única (DO L 181 de 4.7.2001, p. 11).
Nº 2623, p. 372. Serie de Tratados de la Sociedad de Naciones, 1931.
Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro (DO L 140 de 14.6.2000, p. 1).