Source: https://html.rincondelvago.com/gestion-financiera-y-publica_1.html
Timestamp: 2019-10-23 03:13:11
Document Index: 287151247

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 35', 'artículo 102', 'artículo 103', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 116', 'artículo 120', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 105', 'artículo 53', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 54', 'artículo 140', 'artículo 10', 'artículo 109', 'artículo 110', 'artículo 140', 'artículo 34', 'artículo 11', 'artículo 110', 'artículo 29', 'artículo 111', 'artículo 112', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 37', 'artículo 111', 'artículo 24', 'artículo 111', 'artículo 13', 'artículo 52', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 143', 'artículo 142', 'artículo 23', 'artículo 19', 'artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 105', 'artículo 46', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 62', 'artículo 61', 'artículo 82', 'artículo 56']

Encuentra aquí información de Gestión Financiera y Pública para tu escuela ¡Entra ya! | Rincón del Vago
418 GESTIÓN FINANCIERA Y PÚBLICA
LA GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS
La gestión tributaria. Delimitación y ámbito
El artículo 90 LGT, que abre el Título III, dedicado a « la gestión», prescribe:
«las funciones de la Administración en materia tributaria se ejercerán con separación en sus dos órdenes de gestión, para la liquidación y recaudación, y de resolución de las reclamaciones que contra aquélla gestión se susciten, y estarán encomendadas a órganos diferentes»
El precepto usa el término «gestión tributaria» en su sentido más amplio, abarcando la liquidación y la recaudación. Esto es, dos funciones distintas, dirigidas:
La liquidación a determinar la cuantía del tributo.
La recaudación a hacer efectivo el cobro de dicha cuantía.
Pese a ello, la propia LGT, y las leyes de los distintos tributos, usan frecuentemente el término «gestión» en un sentido más estricto, para referirse únicamente a la primera de las fases, la de determinación de la cuantía del tributo. Con este alcance más restringido, aún es susceptible de una nueva restricción, en la medida que la determinación de la cuantía del tributo puede englobar en su seno la comprobación del hecho imponible y de las circunstancias en que se devengó la prestación. Incluso incardinándose a veces en un mismo procedimiento, se trata de funciones distintas. La liquidación, como estricta determinación de la cuantía, y la comprobación como indagación y verificación de los hechos y circunstancias relevantes para la aplicación del tributo.
Su configuración inicial en la LGT
La LGT establece cuatro fases en el procedimiento de liquidación:
La iniciación del procedimiento se puede realizar por alguno de los siguientes medios.
De oficio: únicamente en los tributos recaudados mediante recibo a partir de un padrón o censo de contribuyentes.
Declaración del sujeto pasivo: el artículo 35 LGT prevé la obligatoriedad de que los sujetos pasivos presenten las declaraciones exigidas por el respectivo tributo. La declaración se presentará cuando haya sucedido un hecho imponible. El artículo 102 LGT, establece que «cuando se produce un hecho imponible de carácter económico el sujeto pasivo debe presentar la declaración correspondiente». La presentación de una declaración no implica la aceptación del gravamen. Nunca se podrá exigir la declaración bajo juramento. La declaración ha de ser espontánea por eso no podrá entenderse que un procedimiento se inicia por declaración cuando ésta se presenta por un requerimiento. La declaración debe contener el hecho imponible y los elementos necesarios para la determinación de la deuda y los datos identificativos del sujeto pasivo (contribuyente).
El plazo será el fijado por cada uno de los impuestos. La forma será escrita, con los correspondientes impresos aprobados para cada impuesto. Sus efectos serán, si es completa y veraz, el considerar el deber cumplido, el considerar iniciado el procedimiento de gestión. Se presumen ciertas, sin embargo, la Administración no está obligada a ajustar sus liquidaciones a lo declarado.
La actuación investigadora de los órganos administrativos, es una facultad de la Administración de comprobar los datos declarados por el contribuyente. Como consecuencia de esta investigación la Administración podrá poner en marcha el proceso de liquidación. Los órganos facultados para realizar la investigación son los de Inspección.
La liquidación provisional
Es la fase siguiente del procedimiento, consistente en un acto administrativo por el que la Administración, a la vista de los datos declarados por el sujeto, o que obraran previamente en su poder, cuantifica el tributo y exige el importe al obligado.
La comprabación
La comprobación persigue la verificación de los datos ya conocidos o aportados por el sujeto pasivo y la investigación de todos cuantos sean relevantes para cuantificar el tributo. Sirven también para obtener acreditaciones de los mismos que puedan utilizarse, si es preciso, como medio de prueba en futuras controversias.
La liquidación definitiva
La liquidación definitiva es el acto que concluye el procedimiento, suponiendo un pronunciamiento definitivo y ya inalterable de la Administración sobre la cuantía del tributo, a la vista de todos los datos obtenidos de la comprobación, y en el que se confirma o rectifica la anterior liquidación provisional.
La gestión tributaria tras la extensión de las autoliquidaciones
A partir de la reforma fiscal de 1977-1978, los impuestos estatales asumen la autoliquidación como modo de gestión, consistiendo básicamente en que el propio obligado tributario, al presentar su declaración de los hechos relevantes para el tributo, efectúa él mismo el cálculo de su importe, aplicando los elementos de cuantificación descritos por la ley, e ingresa dicho importe. Ello provoca cambios en la estructura de la gestión tributaria, que en síntesis son las siguientes:
No se precisa la intervención administrativa previa para la aplicación y efectividad del tributo. Es el propio sujeto el que lo cuantifica a diferencia del procedimiento de la LGT que requería la determinación por la Administración mediante la liquidación provisional previa al ingreso.
La intervención administrativa se convierte en una tarea de comprobación y control de lo actuado por el sujeto y con carácter eventual, desarrollándose tras el ingreso de la autoliquidación
Se ponen en juego institutos, sujetos y prestaciones distintos de la tradicional obligación tributaria, y el anterior protagonismo administrativo se desplaza por una gestión basada en la intervención de los obligados, que asumen deberes y obligaciones en relación con tributos ajenos a ellos.
Hay que hacer dos precisiones a estos cambios:
La autoliquidación por el sujeto nunca es liquidación provisional ni acto de liquidación, pues éste sigue siendo pronunciamiento administrativo sobre la cuantía del tributo.
Al desplazarse la intervención administrativa a tareas de comprobación y control de lo actuado por el sujeto, son las potestades de indagación y de comprobación las que se potencian, siendo atribuidas a los órganos de la Inspección, que incluso llegan a asumir la liquidación definitiva del tributo.
Actualmente, la gestión en sentido amplio de los tributos estatales y de aquellos recursos que compete exigir al Estado, está encomendada desde el uno de enero de 1992, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La AEAT gozará, para llevarla a cabo, de las competencias y potestades que anteriormente se reconocían a los órganos del Ministerio de Economía y Hacienda, tanto para la liquidación como para la comprobación y la recaudación.
Se creó por el artículo 103 LPE para 1991. Es un Ente de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Es la que actúa por cuenta y nombre del Estado y es responsable de la aplicación de los procedimientos de gestión. La preside el Secretario de Estado de Hacienda, que nombra un Director de la Agencia. Consta de un Consejo de dirección regido por algunos Directores Generales. Tiene presupuesto propio dentro de los Presupuestos Generales del Estado y, además, autonomía para seleccionar a su personal, tanto funcionario como laboral.
La prueba en los procedimientos de gestión tributaria
La Administración determina la deuda tributaria mediante unos instrumentos de prueba, es decir, demostrando la realidad de los datos declarados. la Administración para demostrar esta veracidad tiene los siguientes medios:
La declaración del contribuyente.
La confesión del interesado.
Las presunciones de tipo legal:
Iuris tantum: destruible con prueba en contrario.
Iuris iure: no destruible con prueba en contrario.
Los medios de prueba que puede utilizar el administrado frente a la Administración son cualquiera de los considerados válidos en derecho.
Procedimientos de liquidación de los tributos
La liquidación de los tributos
El concepto de liquidación se suele usar en un doble sentido:
Como un procedimiento para establecer la deuda tributaria.
Como el acto que cierra el procedimiento, cuantificar la deuda tributaria.
La liquidación debe ser notificada, cualquier defecto de forma puede invalidar una notificación.
Debe contener los datos identificativos, plazo de ingreso, recursos posibles, etc.
Si se notifica por correo (aviso de recibo), debe figurar la fecha, firma, DNI, y si no es el interesado en calidad de que firma.
Se puede enviar un agente tributario. Si no es posible la notificación, se utiliza en edicto, se publica en el BOP y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente.
Concepto, contenido y función en la LGT
El artículo 102 LGT, define la declaración como «todo documento por el que se manifieste o reconozca espontáneamente ante la Administración tributaria que se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible. Reglamentariamente se determinarán los supuestos en que sea admisible la declaración verbal».
El contenido de la declaración contemplada por el precepto, tiene una doble limitación. Referirse solamente a hechos, y, además, no a cualquiera sino al hecho imponible o sus elementos.
La función de la declaración así concebida es la de iniciar el procedimiento de liquidación, impeliendo a la Administración a liquidar. En cambio, no expresa esta declaración una manifestación de voluntad del declarante de pagar el tributo, pues la presentación de la declaración no supone aceptación o reconocimiento del gravamen.
La naturaleza de la declaración, atendidos su contenido y función, es la de una acto debido del sujeto pasivo. Supone el cumplimiento de un deber jurídico-público establecido por las leyes de los distintos tributos, y en tal medida cuando el precepto alude a su carácter «espontáneo» debe entenderse como cumplimiento voluntario de ese deber preexistente y de origen normativo, por contraposición a las declaraciones presentadas como consecuencia de requerimiento administrativo. Requerimiento que puede responder a un incumplimiento previo del sujeto o a que se exige declarar a quienes no estaban sujetos por la norma, siendo entonces dicho acto de requerimiento la fuente de su deber concreto.
La declaración liquidación
A partir de la extensión de las autoliquidaciones en los últimos años, la declaración-liquidación en que aquéllas consisten encierra un contenido y una función distintos a los de las declaraciones de hechos del artículo 102.
El contenido es triple, englobando:
Una declaración: en cuanto relación de hechos relevantes para el cálculo de la prestación que se pone en conocimiento de la Administración.
Una cuantificación o liquidación: de la obligación tributaria, que supone un conjunto de operaciones jurídicas desarrolladas por el sujeto que incluyen la calificación de los hechos y la aplicación de los elementos de cuantificación previstos por la ley.
Un ingreso: si resulta de ese cálculo una cuota positiva.
De ahí que la función de la autoliquidación vaya más allá de la mera comunicación de hechos o de la iniciación del procedimiento, pues supone, en realidad, el cumplimiento de la prestación, expresando la voluntad del sujeto de extinguir el tributo en la cuantía por él calculada. Y así ocurre si no interviene posteriormente la Administración ejerciendo su potestad de comprobación e investigación.
Régimen jurídico y efectos de la declaración tributaria
La forma de la declaración no viene regulada con carácter general, pues aunque el artículo 102.1 se refiera a «documentos», se admite en el mismo la forma verbal cuando reglamentariamente se determine. Pese a ello, las leyes de los distintos tributos remiten a los modelos reglamentarios, por lo que aunque la declaración en otro formato deba tenerse por presentada, podrá requerirse al sujeto para su subsanación.
El tiempo para presentar la declaración viene expresado por las normativas reguladoras de cada una, constituyendo infracción simple su omisión en el periodo señalado. Si se trata de autoliquidación y supone también dejar de ingresar, habrá infracción grave, provocándose, según los casos, recargos, intereses de demora y sanciones.
El lugar de presentación es la sede del órgano competente para la gestión del tributo, determinado territorialmente. Sin perjuicio de que si comporta ingreso se realice a través de entidad financiera colaboradora en la recaudación.
En cuanto a los efectos de la declaración, además de los correspondientes a sus funciones propias, debe destacarse que no es vinculante para la Administración, pero si ésta liquida sobre datos distintos de los declarados deberá expresarlos al sujeto, bajo pena de provocar indefensión.
Por su parte, el artículo 116 LGT, esgrime frente al sujeto pasivo la presunción de certeza de los hechos declarados, por lo que éste no podrá rectificarlos más que demostrando que incurrió en error de hecho.
En el caso de las autoliquidaciones, la rectificación a la baja de las mismas, por razón de hecho o de derecho, no puede llevarla a cabo por si sólo el sujeto pasivo, sino que debe solicitarse a la Administración. Si se trata de autoliquidaciones que arrojen mayor cuantía a la inicial, se admite la declaración complementaria con el correspondiente ingreso, aunque no sustituye automáticamente a la primera, siendo un elemento más de juicio, aceptado y aportado por el sujeto, para cuando la Administración, en su caso, dicte liquidación
Los actos de liquidación
Contenido y funciones
El acto de liquidación es el acto de la Administración por el que ésta determina el importe de la prestación y ejerce su pretensión de cobro. De acuerdo con estas dos funciones básicas, su contenido es el siguiente:
Determinación precisa y exacta de la cuantía de la prestación o, en su caso, de la no existencia de deuda.
Identificación del concepto liquidado, expresando el tributo o la prestación de que se trate, el presupuesto de hecho realizado, sujeto gravado, periodo impositivo, etcétera.
Identificación del órgano que dicta la liquidación, a efectos de verificar su competencia.
Criterios que han servido para liquidar la prestación, con especial mención de los valores y magnitudes utilizados, elementos de cuantificación aplicados en el caso concreto, etc., lo que constituye su motivación.
La pretensión de cobro, si procede, con mandato de ingresar, indicando los medios de pago, órgano y plazos para llevarlo a cabo.
Como acto administrativo que es, el acto de liquidación reúne, además, todas las notas que caracterizan a éstos, como la presunción de legalidad y su secuela de ejecutividad inmediata en virtud de la autotutela administrativa.
Como características externas, caba añadir la necesidad de su notificación como requisito de eficacia y su recurribilidad, en vía administrativa y posterior contenciosa ante los Tribunales de justicia.
Clases de actos de liquidación y régimen jurídico
Clases de actos de liquidación
El artículo 120 LGT dispone que las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.
Según el apartado 3, el resto de las liquidaciones que no sean definitivas serán las provisionales.
Según el apartado 2, son liquidaciones definitivas «las practicadas previa comprobación administrativa del hecho imponible y de su valoración, haya mediado o no liquidación provisional», así como, «las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo que se establece en la ley de cada tributo, sin perjuicio de la prescripción».
Existen dos criterios para la diferenciación de este tipo de liquidaciones:
Criterio sustantivo: según el cual es liquidación definitiva la dictada cuando la Administración cuenta con todos los elementos de juicio y datos relevantes para la cuantificación de la prestación, obtenidos a través de la comprobación. Es liquidación provisional la dictada como un primer pronunciamiento administrativo, a sabiendas de que no se conocen todos los datos determinantes de la cuantía, reservándose la Administración la potestad de comprobarlos e investigarlos.
Un criterio más firme para la distinción es el del régimen jurídico de unas y otras, concretamente su posibilidad de modificación en la vía de gestión. La liquidación provisional nace con vocación de ser modificada, como resultado de la comprobación exhaustiva. La liquidación definitiva no se puede modificar en vía de gestión, es el pronunciamiento ultimo de la Administración y sólo mediante impugnación o procedimientos especiales de revisión podrán ser alteradas.
Sean provisionales o definitivas, ambas constituyen un acto de liquidación, por lo que unas y otras exigen el ingreso, manteniendo la provisional sus plenos efectos y eficacia indefinida en tanto no se dicte la definitiva o concurra el tiempo necesario para adquirir este carácter.
La notificación de los actos de liquidación
Abordada por los artículos 124 y 125 LGT, la notificación se erige, como en el resto del Derecho público, en requisito de eficacia de los actos de liquidación, elevándose por la jurisprudencia constitucional a principio esencial del procedimiento administrativo para evitar la indefensión.
El artículo 124.1 expresa inequívocamente esa exigencia, ordenando que junto a los elementos esenciales del acto de liquidación, la notificación indique el lugar, plazo y forma del ingreso, así como los recursos, plazos y órganos competentes para resolverlos.
La modalidad ordinaria de notificación es la domiciliaria, mediante envío certificado con aviso de recibo y entregándose al destinatario o persona mayor de catorce años que se halle en el domicilio, haciendo constar su identidad y relación o parentesco con el sujeto pasivo.
El mismo artículo 124 prevé excepcionalmente la notificación edictal o por anuncios, en tributos periódicos recaudados mediante recibo una vez notificada individualmente el alta en el padrón y la liquidación inicial.
Cuando se rehuse la notificación o no sea posible por causa no imputable a la Administración, se seguirá el régimen de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 105 LGT. En síntesis, si se rechaza, se tendrá por realizada; si tras dos intentos no se ha podido efectuar, se publicaran anuncios en el Boletín Oficial correspondiente y en la Delegación del último domicilio conocido para que el interesado comparezca ante el órgano para ser notificado, en el plazo de diez días tras el anuncio, transcurridos los cuales se tendrá por efectuada la notificación.
Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto realice actos que dejen constancia de su conocimiento de la resolución (interponga recurso, efectúe el ingreso, etc.) Si la notificación era personal y contenía el texto integro del acto, se subsanarán sus defectos a los seis meses si no se solicitó por el sujeto su rectificación.
Concepto y clases de base imponible
En los tributos variables, cuyo hecho imponible es susceptible de realizarse en distinto grado o intensidad, como la obtención de la renta, o la titularidad de un patrimonio, no puede la ley determinar directamente el importe de la obligación, debiendo prever para hacer posible la liquidación, unos elementos de cuantificación que aplicados al caso concreto permitan obtener la cuota tributaria.
Los dos más importantes son la base imponible y los tipos de gravamen, sujetos a reserva de ley, pues mediante ellos se obtendrá el quantum del tributo.
La base imponible constituye, ante todo, la medida del hecho imponible o de alguno de sus elementos. En otros términos, puesto que este último es manifestación de capacidad económica, la base imponible expresa la capacidad económica concreta demostrada al verificarse el presupuesto de hecho del tributo. Para ello es necesario que la base guarde congruencia con el hecho, de manera que sea efectivamente medición de éste.
En los ejemplos antes citados, la base imponible sería el importe de la renta obtenida o el valor del patrimonio.
En un segundo aspecto, la base imponible es elemento de cuantificación del tributo, constituyendo el primer eslabón lógico y jurídico en el proceso de liquidación, puesto que éste persigue obtener una cuantía en función de unos datos y hechos concretos realizados por el sujeto pasivo.
Finalmente, el artículo 53 LGT, define la base liquidable como el resultado de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones establecidas por la Ley propia de cada tributo. Más que una clase o tipo de base imponible, se trata de una magnitud diferente, que no existe en todos los tributos, y que cuando se prevé obedece a ciertas reducciones por motivos de protección, estímulo fiscal, o mínimos exentos, se entiende que ha de minorar la capacidad económica medida por la base imponible.
Clases de bases imponibles:
Monetarias: se expresan en dinero.
No monetarias: se expresan en magnitudes distintas al dinero (litros, m2).
Unitarias o agregadas: se aplica a toda ella un mismo tipo de gravamen.
Desagregadas: se fracciona la resultante de un mismo hecho imponible para aplicar tipos diferentes a sus distintos componentes.
Alternativas, subsidiarias o complementarias: según la ley del tributo prevea magnitudes diferentes que guardan entre ellas ese tipo de relación.
Los métodos de determinación de la base imponible
Consisten en los medios e instrumentos para medir en cada caso el hecho real llevado a cabo por un sujeto y subsumible en el hecho imponible del tributo. En función de ellos se obtendrá la base imponible.
Existen tres métodos de determinación de la base imponible:
Estimación directa: dice el artículo 48 LGT, se servirá de las declaraciones y documentos presentados, o de los datos consignados en los libros y registros comprobados administrativamente. Se basa en datos reales, es el que mejor sirve para determinar la real capacidad económica del sujeto.
Estimación objetiva: a diferencia del anterior, se caracteriza por usar índices, módulos o coeficientes de carácter objetivo, establecidos por las normas para una pluralidad de sujetos, actividades, operaciones, etc. Actualmente, es en el IRPF donde adquieren mayor relevancia, se basa en atribuir cifras objetivas de rendimientos a ciertos módulos, como el personal, consumo de energía, superficie del local, etc., fijándolos por sectores de actividad. Es de carácter voluntario, admitiéndose la renuncia con la cual se pasaría a la estimación directa.
Estimación indirecta: se regula por los artículos 50 y 51 LGT. Sus dos caracteres fundamentales son el tratarse de un régimen subsidiario de los anteriores y el basarse en datos de índices generales y objetivos, sin perjuicio de poder utilizar datos reales del sujeto cuando se conozcan. El presupuesto de hecho que autoriza a utilizar este régimen es el incumplimiento por el sujeto pasivo del deber de declarar, de sus deberes contables, o su negativa, resistencia u obstrucción a la actuación inspectora. Los medios para la estimación indirecta, que se utilizan son: datos y antecedentes del sujeto pasivo, cifras objetivas o estadísticas de ventas en el sector etc. El artículo 51 LGT, exige un informe razonado de la Inspección sobre la procedencia del régimen y los medios utilizados, intentando evitar con ello la discrecionalidad o el abuso en la apelación al mismo.
Los tipos de gravamen
El artículo 54 LGT, se refiere a ellos como «los de carácter proporcional o progresivo que corresponda aplicar sobre la respectiva base liquidable para determinar la cuota».
Se trata, en suma, de elementos de cuantificación que expresan la porción de la capacidad económica medida por la base que se reserva al ente público, y de cuya aplicación sobre ella se obtendrá la cuantía a ingresar en concepto de cuota tributaria.
En cuanto a las clases de tipos de gravamen, la primera distinción atiende a cómo venga expresada la base imponible: magnitudes no monetarias o monetarias:
Fijo: las bases imponibles se expresan en magnitudes no monetarias. Se aplican tipos de gravamen consistentes en cantidades de dinero por unidad de base imponible (ptas./litro, por ejemplo).
Variables: las bases imponibles se expresan en magnitudes monetarias. Se aplican tipos de gravamen expresados en porcentajes, denominándose alícuotas. Éstas pueden ser:
Proporcionales: son las que no varían a medida que los hace la base imponible, manteniéndose como un porcentaje constante sea cual sea la cuantía de aquélla (por ejemplo en el impuesto sobre sociedades).
Progresivos: son las que aumenta el porcentaje a medida que lo hace la base imponible, de manera que a mayor base corresponderá un porcentaje mayor como alícuota (por ejemplo en el IRPF). Dicha progresividad a su vez pueden ser:
Por tramos: se aplica, el porcentaje correspondiente al nivel de base imponible, a toda ella.
Por escalones: se aplica a cada tramo de base imponible el porcentaje correspondiente, por lo que sólo al tramo superior se le aplicará la alícuota más alta determinada por ese nivel de la base imponible.
Procedimientos de comprobación. La inspección de los tributos
La comprobación en el marco de la gestión tributaria
Configuración originaria en la LGT y evolución posterior
La comprobación entendida como una subfase del procedimiento de liquidación, se insertaba en el mismo entre la liquidación provisional y la definitiva, consistiendo en la verificación del hecho imponible y sus circunstancias y de los valores, elementos, y datos relevantes para cuantificar el tributo. Todo ello con el objetivo de obtener unos datos firmes y una constancia de los mismos que pudieran fundamentar la liquidación definitiva.
El acto final que concluye la comprobación se inserta en el procedimiento de liquidación, suministrando los datos necesarios para poder dictar la liquidación definitiva.
La actividad comprobadora de los órganos de gestión
Orgánicamente, la LGT la atribuía genéricamente a la Administración, participando en ella los órganos gestores y los inspectores, de los que constituía su función típica, no sólo comprobando lo declarado por el sujeto, sino investigando hechos no conocidos. Pero ofreciendo sus resultados para que el órgano gestor dictara la liquidación.
Tras la extensión de las autoliquidaciones por la reforma fiscal de 1977-78, y la reorganización de la Inspección en 1977, los órganos gestores van perdiendo competencias comprobadoras en favor de los inspectores, llegando a asumir éstos, desde la reforma parcial de la LGT de 1985, la función de dictar liquidación definitiva.
La reforma en 1995 de la LGT revitaliza las funciones comprobadoras de los órganos gestores, atribuyéndoles la comprobación abreviada, a la que sigue una liquidación provisional de oficio a cargo del propio órgano gestor. Esta comprobación abreviada permite a la Administración gestora comprobar las declaraciones por contraste con los datos y justificantes aportados con ellas, con los que previamente estuvieran en poder de la Administración, y con los que, en su caso, sean requeridos al sujeto, pero sin poder alcanzar estos últimos la contabilidad de las actividades empresariales y profesionales. Con ello se posibilitan controles masivos de las declaraciones, con cruce informático de los datos consignados en ellas y los que obran ya en poder de la Administración, sin necesidad de acudir a un procedimiento más formal y rígido como el inspector.
Configuración de la comprobación inspectora en el Reglamento de Inspección
Es función de la Inspección comprobar la situación tributaria de los sujetos pasivos con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes, procediendo, a la regularización correspondiente. Con ello se confirma el papel de la Inspección en la comprobación tributaria y el tradicional carácter indagatorio de la actividad inspectora, en busca de la verdad o, por lo menos, de hechos y datos que por resultar probados o por su aceptación por el sujeto, puedan ser considerados firmes para fundamentar la liquidación. Pero a esta labor se añade la de «regularizar» la situación tributaria mediante la oportuna liquidación definitiva, lo que supone asumir las tareas jurídicas que ésta comporta. Por tanto, la actuación inspectora pasa de actividad meramente comprobadora sobre los hechos a completarse con la actividad aplicadora de las normas jurídicas que supone la función de liquidar.
En segundo lugar, dicha actividad se desarrolla a través del cauce jurídico del procedimiento administrativo, sean uno o varios, según los casos, intentando incluso el Reglamento asimilarlo a un proceso contradictorio, lo que no cabe, siendo en todo caso unas actuaciones impulsadas y resueltas por la Administración.
En tercer lugar, dichas actuaciones tienen carácter eventual, no siendo siempre necesarias para la aplicación de tributos. Pero cuando se den tendrán carácter reglado, en coherencia con el origen legal del tributo y los principios del actuar administrativo. Son, en tal sentido, una función administrativa en el seno de la más amplia función tributaria, cuyo contenido concreto se describe por el artículo 140 LGT y el art, abarcando la comprobación e investigación y la regularización de situaciones tributarias mediante las oportunas liquidaciones definitivas.
Investigar el hecho imponible.
Integración definitiva de la base imponible mediante la comprobación —estimación directa— o mediante la investigación —estimación indirecta—.
Practicar las liquidaciones resultantes.
Realizar actuaciones inquisitivas o de información
Actuaciones inspectoras para la gestión de los tributos
Se enumeran por el articulo 9 RGIT, que incluyen:
De comprobación e investigación.
De obtención de información con trascendencia tributaria.
Según el artículo 10.1 RGIT, tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento por los sujetos pasivos y obligados tributarios de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Pública.
Por su parte, el artículo 109 LGT, distingue entre comprobación, referida a los hechos y datos declarados por el sujeto, e investigación, sobre lo no declarado, pero los dos ámbitos se desdibujan ya en el artículo 110. Se atribuyen conjuntamente a la Inspección por el artículo 140 LGT, de modo que se desarrollan conjunta e indistintamente en este tipo de actuaciones.
Se trata, por tanto, de la función típica y hasta definidora de la actividad inspectora, a través de la cual el particular y la Inspección aportarán datos y pruebas de los hechos, debiendo el órgano administrativo tomar en consideración, no sólo los susceptibles de gravamen, sino también los que pueden favorecer al sujeto pasivo. Pero las mismas actuaciones incluyen la función de determinar la exactitud de las operaciones de liquidación practicadas por los sujetos obligados, estableciéndose la regularización procedente de su situación tributaria. Pero sin incluir en la deuda la sanción, pues según el artículo 34 de la Ley 1/1998, ésta será objeto de acto separado del de liquidación y resultado de expediente distinto.
Según el artículo 11 RGIT, las actuaciones de comprobación e investigación pueden tener carácter general (abarca la globalidad de las situación tributaria del sujeto respecto a todos los tributos) o parcial (carácter excepcional, sólo a determinado tributo).
Los medios de comprobación se enumeran en el artículo 110 LGT, que concluye con una cláusula abierta e indeterminada que permite acudir a «cualquier otro antecedente o información». De la enumeración se deduce que se da a los órganos inspectores libertad de elección entre estos medios, no habiendo prioridad entre unos y otros. Pero deberá explicitarse cuales se utilizan y de qué manera, siendo importante que se guarde la debida proporcionalidad en su uso y que éste responda a las causas que lo justifican, en evitación de la arbitrariedad y la desviación de poder.
El uso de los medios citados en el precepto se basa en el reconocimiento de potestades a la Inspección:
Examen de la documentación del sujeto pasivo (art. 142 LGT).
La visita y entrada en locales y explotaciones del particular (art. 143 LGT).
La de obtención de datos, tanto del propio sujeto (art. 35.2 LGT), como de terceros (art. 111 LGT).
Frente a estas potestades existen también unos deberes concretos de los obligados y el genérico de soportar las actuaciones inspectoras y colaborar en su realización, pudiendo determinar su incumplimiento sanciones autónomas o el agravamiento de las procedentes por la falta de ingresos que se hubiera cometido.
Tras el artículo 29 de la Ley 1/1998, las actuaciones de comprobación e investigación finalizan con la liquidación definitiva por la propia Inspección.
Las actuaciones de obtención de información —art. 12 RGIT— se dirige a conocer todos los datos y antecedentes con trascendencia tributaria que obren en poder de un sujeto y afecten a terceros distintos de él, siempre que éste último no tuviera el deber genérico de facilitarlos a la Administración.
Dicha potestad es, pues, el correlato del deber de colaboración que recae sobre quien sin ser sujeto pasivo ha de suministrar datos de otros a requerimiento de la Administración.
Ámbito y contenido del deber de colaboración
El ámbito subjetivo se formula en el apartado 1 del artículo 111 con suma amplitud, al imponerse a toda persona natural o jurídica, pública o privada, y especificándose especialmente para entidades, organismos y funcionarios públicos por el artículo 112 LGT.
El ámbito objetivo, aun formulado también ampliamente, registra una doble limitación. Por un lado, abarcará toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria. Por el otro, habrá de tratarse de datos deducidos de las relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.
El apartado 2 del artículo 111 contempla dos modalidades del deber de colaboración.
Una general, fijada por las normas para ciertos sujetos y cierto tipo de datos, que habrán de comunicarse con carácter periódico y sin relación con ningún sujeto o tributo determinado (modelo 347).
Una segunda modalidad, a requerimiento individualizado de la Inspección que recaen sobre un sujeto determinado y un tipo de datos concretos, aunque puedan éstos referirse a una pluralidad indeterminada de terceros que se hayan relacionado con el obligado.
Límites al deber de colaboración
Aparte de los genéricos dimanantes de su necesario ejercicio conforme a su regulación y finalidad, el propio artículo 111, apartados 3, 4 y 5, menciona ciertos límites específicos:
El secreto bancario, mencionado por el apartado 3, supone más que un límite en sentido absoluto, una exigencia de requisitos especiales que habrán de observarse cuando se soliciten datos amparados por el mismo.
El secreto de correspondencia mencionado en el apartado 4, y mejor formulado por el artículo 37 RGIT, como secreto de comunicaciones, constituye un nuevo límite al deber de colaboración, dada la posición preeminente de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, que incluso hace nulas las pruebas obtenidas judicialmente con violación de los mismos.
El derecho a la intimidad, que aun citado en relación con los profesionales, se erige en límite general al deber de colaboración, con las salvedades expuestas por la jurisprudencia constitucional, complementando, además, otros límites de los citados por el artículo 111.
El secreto estadístico, citado por el apartado 4, no goza de tan alta fundamentación como los anteriores, pero la ley tributaria cede ante él para asegurar las finalidades estadísticas, concretándose como protegido el dato primario obtenido con dicha finalidad, según la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
El secreto profesional puede remitirse también a la Constitución, cuyo artículo 24 lo reconoce frente a los Tribunales, por lo que con mayor razón cabrá oponerlo ante la Administración. El apartado 5 del artículo 111 LGT y la jurisprudencia constitucional perfilan sus contornos, aclarando que cubrirá los datos privados no patrimoniales que los profesionales conozcan por su actividad y que afecten al honor y la intimidad de sus clientes, y datos confidenciales en ejercicio de sus funciones de asesoramiento y defensa. Nunca alcanzará las relaciones económicas entre profesional y cliente ni tampoco podrá amparase en él el profesional para impedir su propia comprobación. Un contenido específico de este secreto es el del protocolo notarial, pero reducido a lo que afecte al honor y la intimidad. Concretamente lo referido a las cuestiones matrimoniales —salvo el régimen económico— y a las materias de los artículos 34 (libro reservado de testamentos y codicilos) y 35 (reconocimiento de hijos) de la Ley Orgánica del Registro y del Notariado de 1862.
Según el artículo 13 RGIT, tienen por objeto la tasación o comprobación del valor declarado de bienes, rentas, productos, derechos y patrimonios en general, de acuerdo con los medios de valoración admitidos por el ordenamiento.
Dichas actuaciones podrán desarrollarse autónoma y diferenciadamente o en el seno de unas actuaciones de comprobación e investigación. En el primer y segundo caso, si lo prevé la ley del tributo, finalizarán con un acto de comprobación que se notificara al sujeto. En los restantes, se incluirá su resultado en el procedimiento y en el acto de liquidación.
Destaca dentro de estas actuaciones la de comprobación de valores, originaría de los tributos que gravan el tráfico patrimonial pero extendida hoy a los restantes, que la refiere no sólo a bienes, sino también a rentas, productos y demás elementos del hecho imponible, citando a continuación los medios de comprobación, sin criterios de prioridad entre ellos.
Adquiere especial relieve la tasación pericial contradictoria que podrá ser promovida por el sujeto pasivo. Consiste en que una vez solicitada y acordada, el perito de la Administración y el del sujeto pasivo emiten sus valoraciones, Si la primera no excede a la segunda en más de un 10% ni en más de 20 millones de pesetas, prevalecerá la del perito del sujeto pasivo. Si la diferencia es mayor, la Administración nombrará como tercer perito al que corresponda por orden de entre las listas suministradas por los Colegios Profesionales. La tasación de éste será la que se tome como valor comprobado y servirá de base para la liquidación.
Según prevé el artículo 52.2, el momento de solicitar la tasación pericial será el primer plazo que haya para recurrir contra la liquidación, o, en su caso, el acto de comprobación del valor cuando hubiera notificación separada de éste.
Existe la posibilidad de acuerdo entre la Administración y el sujeto pasivo, el valor que se acuerde será vinculante para la liquidación, por un máximo de tres años, dándose por aceptado el que proponga el sujeto si no se responde en plazo.
Régimen jurídico de las actuaciones inspectoras
Sujetos de los procedimientos inspectores
Los órganos de inspección están integrados en la AEAT, dentro del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, están compuestos por:
Oficina Nacional de Información (ONI)
Órganos inspección
Unidad Central de Información (UCI)
Órganos de inspección
El articulo 5 RGIT, dispone que las funciones atribuidas a la Inspección serán desarrolladas por los funcionarios de los órganos con competencia inspectora.
Como obligados en el procedimiento de inspección, el artículo 24 RGIT, enumera los sujetos pasivos de los tributos, los retenedores a cuenta, los sucesores en las deudas tributarias, los responsables solidarios, las Sociedades dominantes en grupos de sociedades sujetas al régimen de beneficio consolidado, los infractores y los sujetos al deber de colaboración.
El RGIT regula los derechos y deberes de quienes intervienen en el procedimiento, considerando a los inspectores como Agentes de la Autoridad a efectos de las responsabilidades penales y administrativas de quienes les opongan resistencia o incurran en atentado o desacato, y vinculando a todas las Autoridades a prestarles apoyo y colaboración. Se impone, por otra parte, un riguroso deber de sigilo y estricto secreto respecto a los datos que conozcan por razón del su cargo.
En cuanto a los obligados, el artículo 24.2, les obliga a «prestar la mayor colaboración», reconociéndoles el derecho a ser informados del alcance de las actuaciones y a su presencia en toda actuación investigadora.
El artículo 143 LGT señala el lugar de los actos de inspección, pudiendo ser indistintamente el domicilio del sujeto o de su representante, el de realización de las actividades gravadas, donde exista alguna prueba del hecho imponible y en las oficinas públicas de la Administración.
Por su parte, el artículo 142 LGT señala que los libros y documentos del sujeto se examinarán en su domicilio, local o despacho, salvo los registros exigidos por las normas tributarias y sus justificantes que podrán ser requeridos para su examen en las oficinas de la Administración. Será la Administración la que determine el lugar de actuación.
En cuanto al tiempo de las actuaciones inspectoras, el artículo 23 RGIT, se limita a señalar que se realizarán durante el horario laboral de la Oficina o del local del sujeto en que se lleven a cabo, sin que puedan autorizarse días y horas excepcionales.
Las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, abarcando la liquidación, están fijadas en un plazo máximo de doce meses, salvo que concurran las circunstancias previstas en la norma.
Iniciadas las actuaciones proseguirán hasta su terminación, reflejando con ello el impulso de oficio y la celeridad y eficiencia que deben guiar el procedimiento.
El procedimiento de las actuaciones inspectoras
La iniciación del procedimiento se regula por los artículos 29 y 30 RGIT, que señala que podrá ser por cuatro causas
Por iniciativa de la Inspección. Es el modo ordinario de iniciación, en aplicación de los planes de Inspección, a los que el artículo 19.6 RGIT, concedía carácter reservado, pero cuyos criterios habrán de hacerse públicos a tenor del artículo 26 de la Ley 1/1998.
Por orden superior escrita y motivada.
Por denuncia pública. La denuncia pública no pone en marcha automáticamente las actuaciones, sino que ante ella, la Inspección examinará su fundamentación y decidirá el inicio de las actuaciones, archivándola si no la considera verosímil.
Por petición del obligado. La petición del obligado, en fin, sólo se admite cuando lo prevé en concreto la ley del tributo.
En cualquier modalidad, el artículo 30.1 dispone que se comunicará al interesado indicando el alcance de las actuaciones y requiriéndole, en su caso, para comparecer en las oficinas públicas y aportar la documentación. Se admite la iniciación mediante visita sin comunicación previa. En todo caso, al iniciarse habrá de expresarse al interesado su alcance y los derechos y obligaciones que le incumben (art. 27 Ley 1/1998).
Efectos de la iniciación
Los efectos del inicio de actuaciones los señala el apartado 3 del artículo 30 RGIT, consistiendo en los siguientes:
La interrupción del plazo de prescripción del derecho a liquidar y a imponer sanciones de la Administración.
Los ingresos efectuados después por los interesados no evitaran las sanciones, aunque serán relevantes para liquidar los intereses de demora.
Las declaraciones presentadas con posterioridad no serán espontáneas.
Las declaraciones de los sujetos a deber de colaboración no impedirán las sanciones por su incumplimiento.
Se tendrán por no planteadas las consultas que se formulen en adelante.
Simétricamente a estas previsiones, el artículo 31.4 RGIT, considera que en caso de interrupción injustificada de las actuaciones no se entenderán producidos estos efectos, por lo que no se habrá interrumpido el plazo de prescripción, y, de llevarse a cabo, las declaraciones y los ingresos que se realicen tras la interrupción injustificada se considerarán espontáneos.
En cambio, el artículo 29 Ley 1/1998, que fija una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros doce meses ante ciertos motivos, aunque pudiendo interrumpirse justificadamente dicho plazo conforme reglamentariamente se determine, sólo atribuye como efecto al exceso de dicha duración máxima o a la interrupción injustificada por más de seis meses la no interrupción de la prescripción que el inicio de las actuaciones había producido, sin mencionar el resto de efectos del artículo 30 RGIT.
El desarrollo del procedimiento se impulsará de oficio en el marco temporal examinado, a cargo de los mismos actuarios que lo iniciaron, salvo causa justificada, abstención o recusación. El sujeto no puede desatender los requerimientos salvo causa justificada, incurriendo en infracción en caso contrario, que si se repite será apreciado como negativa u obstrucción a la labor inspectora, con el consiguiente agravamiento de la sanción.
La terminación del procedimiento, según el artículo 42 RGIT, se producirá cuando se entiendan obtenidos los datos recabados, se hayan reunido los elementos necesarios para liquidar el tributo o para su valoración, o en general, cuando se haya cumplido el objetivo para el que se abrieron las actuaciones, debiendo formalizarse documentalmente, conforme señala el artículo 43 RGIT.
Según el artículo 44 RGIT, las actuaciones se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas.
Las comunicaciones son los documentos mediante los que la Inspección se relaciona unilateralmente con cualquier persona, según el artículo 45 RGIT, conteniendo requerimientos, manifestaciones al interesado de hechos que le afecten, etc., debiendo notificarse con arreglo a los requisitos generales del ordenamiento y siguiendo los apartados 3 a 7 del artículo 105 LGT.
Las diligencias se extienden —según el artículo 46 RGIT— para hacer constar hechos o circunstancias relevantes que se produzcan en el curso de las actuaciones, así como las manifestaciones del obligado, solicitándose su firma si se extienden en su presencia. No contienen ningún tipo de declaración, son preparatorias de las actas, tienen eficacia probatoria.
Los informes se emitirán de oficio o a petición de terceros, cuando resulten preceptivos, se soliciten por la Administración u otros poderes públicos o resulten necesarios para aplicar los tributos, justificando en este caso la conveniencia de su emisión.
Las actas de inspección son documentos que recogen el resultado de las actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo la regularización tributaria del obligado o declarando correcta su actuación, y conteniendo una propuesta de liquidación como acto preparatorio de la misma.
Según el artículo 145 LGT, su contenido será:
Identificación del sujeto.
Regularización procedente.
Conformidad o disconformidad del obligado.
En síntesis, una descripción del hecho imponible y demás elementos relevantes para cuantificar el tributo, y una propuesta de liquidación basada en ellos.
Pese a su indudable trascendencia, la normativa y la jurisprudencia no las considera actos administrativos, sino, como máximo, actos de tramite preparatorios de las liquidaciones que de ellas derivan. Poe eso, no se admite su impugnación, sino sólo la de esas liquidaciones, resultantes de las mismas, siendo al reclamar contra éstas cuando se podrán alegar los posibles defectos del acta.
En la actualidad la jurisprudencia parece considerar como impugnables los actos de trámite.
El valor probatorio de las actas lo aborda el artículo 145.3 LGT, expresando que tienen naturaleza de documento público y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización (valor probatorio), salvo que se acredite lo contrario.
Régimen jurídico de las actas de inspección
El RGIT lleva a cabo diversas clasificaciones, atendiendo a diversos criterios.
Actas previas y definitivas
Son regla general las segundas, procediendo las primeras, según el artículo 50 RGIT, cuando no se tengan los datos para proponer la regularización total de la situación tributaria del sujeto, pero puede llevarse ésta a cabo parcialmente. Darán lugar a una liquidación que será provisional y a cuenta de la definitiva que se gire respecto a la total situación tributaria.
Atendiendo al resultado de las actuaciones, el artículo 51 RGIT, tipifica las actas sin descubrimiento de deuda como aquellas que dan lugar a una liquidación sin deuda a ingresar por el sujeto, estas pueden ser:
Las actas de comprobado y conforme proceden cuando el sujeto actuó correctamente y no se precisa regularización (art. 52 RGIT).
Actas con propuesta de regularización
Las actas sin descubrimiento de deuda con propuesta de regularización cuando proceda la regularización pero ésta no arroje cuantía a ingresar por el sujeto, debido a exenciones, a devoluciones, etcétera.
Se recogen en los artículos 146 LGT y 57 RGIT, se extienden cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible y sin requerir la presencia del obligado, acompañándose informe sobre los hechos y medios de prueba empleados, que se detallarán en el acta.
Actas de conformidad y actas de disconformidad
La última clasificación, a efectos de su tramitación, es la más relevante, pues toda acta ha de reconducirse a uno de sus tipos, distinguiéndose entre actas de conformidad y actas de disconformidad.
Las actas de conformidad se extienden cuando el obligado acepta íntegramente su contenido, lo que significa que asume tanto los hechos descritos en ella como la propuesta de liquidación que contiene, firmando el acta y dándose por notificado de su contenido. Al contar con su aceptación, constituirán en el futuro un medio de prueba destacado, pues el sujeto queda vinculado a los hechos a los que prestó su conformidad. Puede discutirlos solamente si demuestra que al prestarla incurrió en error de hecho, conforme prescribe el artículo 62.2 RGIT y reitera el artículo 61.3, que admite la impugnación de la liquidación resultante del acta de conformidad, pero no por los hechos que la fundan, salvo que se alegue el error de hecho. Junto a este efecto probatorio, la conformidad es también contemplada como criterio graduador de las sanciones por el artículo 82.3 LGT, fijándose su efecto en una rebaja de 30 puntos porcentuales en la sanción.
Esta confluencia de efectos favorables de la conformidad para la Administración y para el particular la hacen deseable como finalización de las actuaciones inspectoras, e incluso se ha querido entrever en ella una especie de terminación convencional del procedimiento. No puede asimilarse, sin embargo, a ésta, pues ni la materia tributaria es disponible, y sujeta a convención, ni la Administración queda vinculada a seguir la propuesta contenida en un acta de conformidad, ya que el Inspector Jefe, a quien compete la liquidación definitiva derivada de ella, podrá apartarse de la propuesta.
Las actas de disconformidad son aquéllas con las que el sujeto no se muestra conforme, sea con los hechos, sea con lo propuesta de la liquidación o con ambos aspectos. El artículo 56 RGIT ordena entregarle un duplicado, y si se niega a recibirlo se le remitirá por los medios admitidos en Derecho, acompañándose el acta un informe del actuario ampliando los fundamentos de su propuesta y las circunstancias que han impedido la conformidad.
Tramitación de las actas y liquidaciones resultantes de ellas
Finalizadas las actuaciones y documentadas en actas, se abre la fase de liquidación, también encomendada a la Inspección, pero en este caso al Inspector Jefe.
Las actas de conformidad se entregan al interesado en el momento de firmar su conformidad, junto con los documentos de ingreso, y se remite copia al Inspector Jefe. Si en el plazo de un mes, desde la fecha del acta, el obligado no ha recibido notificación de éste, se entenderá producida la liquidación definitiva de acuerdo con la propuesta contenida en el acta, abriéndose desde ese día el plazo para el ingreso, así como el de reclamaciones.
Durante ese mes, el Inspector Jefe puede decidir:
Dictar liquidación definitiva corrigiendo los errores materiales o aritméticos observados en la propuesta, notificándola al interesado y abriéndose el período voluntario de pago.
Abrir expediente por error en la apreciación de los hechos o por aplicación indebida de las normas jurídicas en la propuesta de liquidación, debiendo notificarlo con la motivación al interesado dándole un plazo de quince días para alegaciones, dictando la liquidación definitiva durante los quince siguientes.
Dejar sin efecto el acta y reabrir las actuaciones inspectoras, por un período máximo de tres meses, tras lo cual se expedirá nueva acta que se presentará al sujeto y se tramitará según sea de conformidad o disconformidad.
La tramitación de las actas de disconformidad contempla que tras el séptimo día desde su entrega al interesado o desde su recepción por el mismo, se abre un período de alegaciones de quince días, previa puesta de manifiesto del expediente. Tras él, y en el plazo de un mes, el Inspector Jefe dictará la liquidación definitiva, pudiendo acodar también durante ese plazo que prosigan las actuaciones inspectoras durante un tiempo máximo de tres meses, tras los cuales, si se formaliza nueva acta se tramitará según sea de conformidad o disconformidad. Si no se formaliza, se pondrá de nuevo de manifiesto el expediente al interesado concediéndole un nuevo período de alegaciones de quince días, dictando liquidación definitiva el Inspector Jefe durante el mes siguiente.
Las actas con prueba preconstituida, en fin, se notifican al interesado, que en el plazo de quince días, a la vista del expediente, podrá presentar alegaciones o prestar su conformidad. Si concurre ésta se tramitará el acta con arreglo a este carácter, y si se formulan alegaciones se dictará liquidación definitiva por el Inspector Jefe en el mes siguiente al período de alegaciones.
Recursos y reclamaciones contra las actas de inspección (no entra)
Para tomar decisiones acertadas de inversión - financiación, núcleo fundamental de la financiación de la empresa, se requiere no sólo una comprensión de los principios económicos básicos, sino también un buen conocimiento de los medios financieros disponibles y de los mercados en que se negocian.
Parte de los recursos pueden ser generados por la propia empresa a través del proceso de autofinanciación, pero normalmente éstos no son suficientes para cubrir sus necesidades de inversión, por lo que tiene que acudir a buscar financiación a fuentes externas.
Los agentes económicos que operan en un sistema económico, del cual el sistema financiero es un subsistema, se pueden encuadrar en:
Las economías domesticas.
Estas unidades básicas producen, consumen, ahorran e invierten. Consideradas, en general, como unidades de gasto, cada una de ellas puede tener en un momento determinado un déficit que debe cubrir buscando recursos, será entonces un prestatario último, unidad inversora o acumulador de capital; si tuviese un superávit que debe colocar, será entonces un prestamista último o unidad ahorradora.
Una misma unidad básica puede ser en simultáneamente en un mismo período de tiempo unidad de gasto con déficit y superávit.
Para cubrir sus déficits las unidades de gasto emiten, o sea, crean activos financieros que se denominan «títulos primarios», que colocan o venden a los ahorradores para conseguir los fondos que se adapten mejor a sus necesidades. Estos títulos primarios se pueden colocar directamente entre los ahorradores últimos o utilizando los servicios de agentes especialistas que ponen en contacto oferta y demanda de títulos.
Es muy difícil que las necesidades de los prestatarios últimos se adapten exactamente a los deseos de los ahorradores finales, ya que hay que tener en cuenta varios parámetros, como son volumen de fondos, coste o rentabilidad de los mismos y vencimiento o maduración.
Para resolver este problema de encajar necesidades de unos con deseos de otros, aparecen intercalados entre ellos los intermediarios financieros. Éstos cumplen una función básica de transformación de activos financieros, tomando títulos primarios de los prestatarios, proporcionándoles los fondos adecuados a sus necesidades y cediendo títulos secundarios, indirectos o transformados a los ahorradores.
A veces se simplifica el esquema diciendo que los intermediarios financieros (pensando básicamente en los bancos) toman dinero a corto plazo, inseguro y muy fluctuante de los ahorradores y lo transforman en dinero a largo plazo, estable y seguro, que proporcionan a los inversores.
con superavit
Títulos primarios
Coop Crédito
Entidades financiación
En un sentido general, el Sistema Financiero de un país está formado por el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es el de canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit.
Su función se considera fundamental en las economías de mercado al no coincidir, en general, ahorradores e inversores. La labor de intermediación, llevada a cabo por las instituciones que componen el Sistema Financiero, se considera básica para realizar una transformación de los activos financieros primarios emitidos por las unidades inversoras, en activos financieros indirectos, más acordes con las preferencias de los ahorradores.
El grado de eficiencia logrado en este proceso de transferencia será tanto mayor cuanto mayor sea el flujo de recursos de ahorro generado y dirigido hacia la inversión productiva y cuanto mas se adapte a las preferencias individuales.
Los activos primarios emitidos por las entidades de gasto con déficit son colocados entres las unidades de gastos con superávit, directamente o a través de intermediarios o agentes especialistas.
Algunos autores distinguen dos casos:
Financiación directa (los propios emisores colocan los títulos entre los inversores).
Financiación indirecta (la colocación se apoya en los agentes especialistas).
La función de intermediación en sentido estricto, es cuando el intermediario financiero emite un activo financiero nuevo que se denomina «indirecto o secundario» (cuenta corriente, depósito de ahorro, depósito a plazo, etc.), realizando una labor de transformación importantísima y vital en la economía que permite la utilización de muchos recursos que en otro caso permanecerían ociosos.
Reciben el nombre de intermediarios financieros el conjunto de instituciones especializadas en la mediación entre prestamistas y prestatarios últimos de la economía. No deben confundirse nunca con los agentes especialistas de los mercados financieros, que también realizan funciones de mediación e intermediación, aunque en ocasiones también se les llame intermediarios.
La característica básica de los intermediarios financieros es que realizan un proceso de transformación de activos. Realizan un proceso productivo, reciben unas entradas o inputs (dinero y activos financieros), y los someten a un proceso de transformación convirtiéndolos en salidas o outputs (dinero y activos financieros), aumentando el valor de los mismos.
El proceso productivo no es evidente ni aparente, pero los inputs se reciben con unas características de volumen, coste, plazo y riesgo distintas a las de los outputs. Los intermediarios financieros reciben de sus clientes como inputs dinero y activos en volúmenes pequeños, con vencimiento a corto plazo e incluso a la vista, proporcionan a estos mismos clientes o a otros distintos como outputs dinero y activos financieros en el volumen deseado, generalmente grande, y con vencimiento a medio y largo plazo.
Los intermediarios financieros se suelen clasificar en dos grandes grupos: bancarios y no bancarios, aunque actualmente es cada vez más tenue y menos útil la diferencia.
Como ya indicamos, los activos primarios son los emitidos por las unidades de gasto con déficit para financiarse y que se colocan directamente, sin transformación, entre los ahorradores. Pero lógicamente, si para vender esos activos cada emisor tuviera que buscar personalmente a los inversores interesados, el proceso sería largo y costoso. Por eso, en todos los sistemas financieros desarrollados existen «agentes especialistas», cuya misión consiste en acercar oferta y demanda de activos.
Estos agentes especialistas no realizan ninguna transformación de activos, simplemente compran los activos primarios a los emisores y los venden a los ahorradores. Su papel es también importante en el sistema, pues al contar con información sobre oferta y demanda existente para cada activo, reducen drásticamente los costes de búsqueda e intermediación.
Existen tres tipos básicos de especialistas, según la responsabilidad que asuman y las funciones que cumplen en el mercado:
Brokers. Son especialistas que sólo pueden operar por cuenta ajena. Se limitan a trasladar al mercado las órdenes de compra y venta que reciben de sus clientes, pero no pueden crear oferta y demanda. Son tomadores de precio, simples comisionistas no corren riesgos. Por cada operación que «casan» reciben un pago o «comisión».
Dealers. Son especialistas que operan por cuenta propia. Crean oferta y/o demanda en el mercado. Son mediadores y los beneficios que consiguen son consecuencia de la asunción de riesgos y de la gestión de su propia cartera. Compran activos primarios que mantienen en cartera y posteriormente venden a otros inversores. Si se cumplen sus expectativas sobre la evolución del precio de los activos, obtendrán un beneficio por la diferencia de precios.
Market makers o creadores de mercado. Son dealers que se especializan en algunos títulos en los que actúan como dadores de precio. Aseguran la liquidez del mercado, ya que cotizan continuamente precios «en firme» de compra y venta de los activos en que se especializan.
Los activos financieros son títulos emitidos por las unidades económicas de gasto, que constituyen un medio de mantener riqueza para el propietario y un pasivo para quien lo emite o genera. Cumplen dos funciones:
Ser elementos de transparencia de fondos entres agentes económicos.
Instrumento de transparencias de riesgos.
Los dos tipos de activos financieros más importantes emitidos por las empresas son las acciones (títulos de renta variable) y las obligaciones (títulos de renta fija), si bien las continuas innovaciones financieras ya no permiten distinciones tan claras, puesto que son muchos los títulos que se lanzan con características mixtas.
Es evidente que cuando un inversor analiza un activo financiero que se cotiza en un mercado real, debe estudiar sus características básicas de liquidez, rentabilidad y riesgo para, basándose en ellas, juzgar y valorar la calidad del activo y tomar decisiones acertadas.
Liquidez. Tiene que ver con la facilidad y rapidez de conversión en dinero sin pérdidas de su valor por parte del activo. La liquidez confiere certidumbre de su rápida conversión en dinero sin sufrir pérdidas. La liquidez de un activo financiero depende de los mercados en que se negocia. El activo será más líquido cuanto más rápido y con menos coste se encuentre contrapartida para las órdenes de compra o venta al precio de mercado. Una condición necesaria para que un activo sea líquido es que sea transmisible. Pero, además, hace falta que sea negociable para facilitar las transacciones.
Rentabilidad. Tiene que ver con la capacidad de producir resultados del activo financiero. Los resultados que produce un activo para su propietario durante un cierto período de tiempo se suelen medir por el ratio o cociente entre el incremento de valor experimentado durante el período y el valor al inicio de éste. Este ratio mide los resultados en términos relativos (%) y se suele denominar rentabilidad, rendimiento o retorno. Se debe tener siempre presente que lo que representa rentabilidad del activo para el propietario es, precisamente, el coste del activo para el emisor.
Riesgo. Tiene que ver con la solvencia del emisor y garantías del activo. Con la probabilidad de cumplimiento de todas las obligaciones que conlleva la emisión del activo. En un mundo incierto, los inversores exigen distinto rendimiento a los activos según el nivel de riesgo que éstos tengan. Cuando los activos financieros se negocian en un mercado eficiente, el riesgo total del activo no es la característica más significativa. El riesgo total se puede separar en dos componentes: riesgo sistemático y riesgo específico o no sistemático.
El riesgo sistemático recoge las características del riesgo debidas al mercado, mientras que el riesgo específico recoge las características propias del titulo. El inversor para evitar este último tipo de riesgo mediante la diversificación, combinando adecuadamente los activos al elegir la composición de su cartera de inversión. Por esta razón, el mercado sólo remunera el riesgo sistemático de los títulos o carteras.
En definitiva, son las tres características de liquidez, rentabilidad y riesgo las que definen un activo financiero. Como la liquidez depende del mercado, dado el nivel de liquidez de los activos, el inversor debe analizar el binomio rentabilidad-riesgo para tomar sus decisiones de inversión.
En los sistemas económicos modernos cabe distinguir tres tipos de mercado:
Mercados de productos en los que se negocian activos realies.
Mercados financieros en los que se negocian activos financieros.
Mercados de trabajo en los que se contratan activos humanos.
Un mercado financiero es cualquier lugar o sistema, mediante el cual se compran y venden activos financieros y se determina su precio.
Por una parte, el mercado debe poner en contacto oferta y demanda de activos, siendo poco importante el sistema que utilice para ello. Puede tratarse de un lugar físico, como el clásico parqué de las Bolsas de Valores, donde se encuentran compradores y vendedores manifestando sus deseos, o de un sistema de teléfono, télex, fax u ordenador que reciba las órdenes para realizar las operaciones. Por otra parte, sea cual sea el sistema utilizados, debe determinar inequívocamente el precio del activo.
En una sociedad capitalista el ideal de funcionamiento de un mercado competitivo es la utopía del «mercado perfecto». Lo que se busca con la ficción del mercado perfecto es la certeza de que el precio que se forma para un bien es, en todo momento, «el precio justo», el precio de mercado, el verdadero precio que refleje el valor de mercado del activo.
Lo que se suele exigir realmente a los mercados financieros es que cumplan lo mejor posible sus funciones que, básicamente, son:
Poner en contacto oferta y demanda del mercado.
Ser un mecanismo apropiado para fijar el precio.
Diseminar información sobre las condiciones de compra y venta de los activos a través de la determinación sistemática del precio.
Proporcionar liquidez a los activos.
Reducir los plazos y los costes de intermediación.
Reducir los coste de búsqueda e información de los agentes participantes.
El grado de cumplimiento de dichas funciones nos permite hablar de la calidad del mercado, que se basa en la idea fundamental de que su estructura, sus elementos integrantes y su funcionamiento sea tal que garantice en lo posible que en él se forme un verdadero precio de mercado.
Al estudiar los mercados reales suelen señalarse suelen señalarse una serie de características que permiten cuantificar, en cierto modo, la calidad del mercado. Se dice que un mercado será tanto mejor cuanto más amplio, transparente, libre, profundo y flexible sea.
Las características de un mercado financiero son:
La característica de transparencia tiene relación directa con la información. El volumen de información, la publicidad, la fiabilidad, la velocidad de transmisión y el menor coste inciden en ella.
La característica de libertad tiene relación directa con la ausencia de restricciones para la entrada y salida del mercado.
La característica de flexibilidad tiene relación directa con la facilidad y rapidez de reacción de los agentes participantes ante la aparición de cambios en los precios de los activos o de otras condiciones del mercado.
La característica de profundidad tiene relación con la existencia de órdenes de compra y venta por encima y por debajo del precio al que se está intercambiando un activo en cada momento. (Existencia de curvas de oferta y demanda en cada momento).
La característica de amplitud, en el ámbito general del mercado, tiene relación directa con el número de activos que en él se negocian. En el ámbito de un activo concreto, tiene relación con el volumen suficiente de órdenes de compra y venta para cada precio, y de su sensibilidad ante variaciones del precio.
Evidentemente, los dos puntos clave, más o menos controlables, para que un mercado financiero función bien, son la información y la seguridad de que ningún participante individual o institucional pueda influir sobre el precio.
Por ello, todas las medidas legales y reglamentarias que se tomen para asegurar la imposibilidad de manipulación en la formación del precio y para que la mayor cantidad posible de información fluya a un mercado, se haga pública y se transmita con rapidez, inciden directamente en la mejora de la calidad de dicho mercado.
Los mercados financieros, como cualquier otro mercado, admiten múltiples clasificaciones según cuál sea el criterio elegido.
En función de la fase de negociación de los activos financieros, se clasifican en:
Mercados primarios o de emisión. Son aquellos en que el emisor del activo coloca éste por primera vez. Un activo sólo se negocia una vez en el mercado primario, la primera transacción y el mercado desaparece. Los emisores encuentran financiación exclusivamente en este tipo de mercado.
Mercados secundarios. Todas las restantes transacciones efectuadas posteriormente tienen lugar en el mercado secundario. Así pues, mercados secundarios son mercados de activos «viejos», de segunda mano.
Esta clasificación tiene importancia por cuanto los emisores encuentran financiación exclusivamente en los mercados primarios, los mercados secundarios sólo tienen por objeto dotar de liquidez a los activos.
En función de las características (plazo/riesgo) del activo financiero:
Mercados monetarios o de dinero. En este mercado se negocian activos de alta liquidez y bajo riesgo, con vencimiento a corto plazo, las empresas pueden financiar su activo circulante o colocar sus excedentes temporales de tesorería.
Mercados de capitales. En este mercado se negocian activos financieros con vencimientos a medio y largo plazo, acuden las empresas a buscar financiación para sus inversiones de activo fijo y de capital de trabajo.
La característica del plazo es distintiva para el mercado de capitales, pero no siempre para el monetario, donde lo más importante es el bajo riesgo y la facilidad de los activos para convertirse en dinero.
El mercado de crédito
Cuando se estudia el mercado de capitales es tradicional hacer hincapié en el mercado de títulos y prescindir del análisis del mercado de crédito. En parte, esto es debido a la dificultad que presenta su estructuración por la diversidad y peculiaridades de los activos financieros que se negocian.
Dado que hemos insistido en la idea de que el mercado de capitales es donde deben acudir las empresas en busca de financiación a medio y largo plazo, no podemos obviar que sólo las empresas de tamaño apreciables que cotizan en Bolsa pueden considerar como fuente de financiación importante, segura y periódica la emisión de acciones y obligaciones. La mayoría de las empresas deben acudir al crédito y préstamo para conseguir recursos financieros.
El mercado de crédito es un mercado no organizado, de búsqueda directa, en el que los activos intercambiados presentan el mayor grado de diversidad de todos los mercados financieros. Aunque crédito y préstamo se suelen utilizar como sinónimo, para Suárez el crédito viene a ser la posibilidad que la empresa tiene, sobre la base de su solvencia, de endeudarse, ya sea emitiendo títulos-valores o pidiendo préstamos.
El crédito en sentido de préstamo es una transferencia temporal del poder de disposición sobre un capital a cambio de la promesa, por parte del deudor, de pagarle al acreedor unos intereses y devolver, además, dicho capital en una fecha o dentro de un plazo establecido.
La tipología es muy variada porque depende de muchas características: clase de contrato, modalidad, plazo, forma de pago, rentabilidad coste, tipo de garantía, etc. Desde el punto de vista de la empresa, las características más importantes del préstamo son: volumen de fondos, plazo y coste.
Como es un mercado no organizado, la consecución de un préstamo debe plantearse como la confección de un traje «a medida».
Volumen de fondos. El volumen de fondos que se consiga y el plazo y condiciones de su devolución debe corresponder a las necesidades de inversión de la empresa, mientras que las otras características o condiciones debe dar lugar a un coste «razonable» y asumible por la empresa basándose en la rentabilidad de sus inversiones.
Vencimiento. El crédito se clasifica en a corto, a medio y a largo plazo. Aunque no hay unanimidad al respecto, se considera a corto plazo cuando el vencimiento es inferior a dieciocho meses. Los vencimientos inferiores a tres años corresponden a créditos a medio plazo y los superiores a largo plazo. En estos dos casos el pago de intereses y devolución del principal deben ser atendidos por los flujos que genera la inversión en que se materializan. En condiciones normales, los créditos a medio plazo son más baratos y fáciles de conseguir, por lo que en ocasiones se utilizan como créditos «puente» o «prefinanciación», mientras se gestiona la fuente financiera definitiva a largo plazo.
Instrumentación. En cuanto a la instrumentación de los créditos, se suelen distinguir entre préstamos propiamente dichos y póliza o cuenta de crédito. Se suelen incluir también en esta clasificación otras modalidades de financiación para la empresa, incluso las no documentadas, como el descubierto en cuenta corriente, los anticipos sobre documentos, el crédito comercial y el descuento comercial.
Garantía. Los intermediarios financieros que conceden préstamos y créditos exigen no sólo un cierto nivel de solvencia del acreedor, sino también la aportación de garantías adicionales suficientes para recuperar los fondos que ceden. La garantía puede ser hipotecaria, personal, etc.
Coste del crédito. Aunque se referencia bajo la rúbrica «tipo de interés», en su cálculo deben tenerse en cuenta todo tipo de cargas (comisiones, gastos, compensaciones, etc.). También da lugar a una clasificación de los créditos según se trate de interés anticipado, interés vencido, interés fijo o interés variable.
Forma de pago. La forma concreta de pago da lugar a diferencias. La cuota única implica un único pago que recoge todos los intereses y la devolución del principal. La cuota constante recoge pagos periódicos de la misma cuantía. Los intereses van disminuyendo y aumentando la devolución de principal. La cuota decreciente suele corresponder a la devolución de una parte constante del principal y la cuota variable se utiliza para designar fórmulas de pago no comprendidas en los casos anteriores.
Los mercados primarios o de emisión
El mercado primario o mercado de emisión de títulos es el lugar, mecanismo o sistema por el que se venden por primera vez los valores. Es pues, aquella parte del mercado de capitales donde acuden las empresas, y otras unidades con déficit, para recabar recursos financieros, a largo plazo, de los ahorradores mediante la emisión de acciones y de obligaciones.
Broker: Venta a comisión
Dealer: Venta en firme
Mixto: acuerdo stand-by
La Ley establece unos requisitos mínimos que deben cumplirse, con la salvedad de que el Gobierno podrá exceptuar total o parcialmente de su cumplimiento a determinadas emisiones.
Los requisitos mínimos para la emisión son:
Comunicación a la Comisión Nacional Mercado Valores (CNMV) del proyecto de emisión, que será público. El contenido y formalidades se determinará reglamentariamente.
Exigencia y registro de una auditoria independiente de los estados financieros del emisor cuyo alcance, número de ejercicios, etc., se determinará reglamentariamente.
Presentación y registro previo a la Comisión Nacional de un folleto informativo cuyo contenido se ajustará reglamentariamente, pero que debe contener obligatoriamente las características de los valores, reproducción literal de las conclusiones de la auditoría, procedimiento de colocación de los valores y toda la información necesaria para que los inversores puedan juzgar con fundamento la inversión correspondiente.
Transcurso de unos plazos mínimos entre las distintas fases, que también será objeto de reglamentación.
Una vez cumplidos todos estos requisitos de información, se puede proceder a la venta o colocación de los títulos.
La forma más sencilla de organizar el mercado de emisión, a la vez que la más barata para la empresa, es la colocación privada de la totalidad de la emisión en las carteras de inversores institucionales. En este caso se pactan previamente todas las condiciones de la transacción. También se denomina colocación privada cuando la emisión va dirigida exclusivamente a grupos muy concretos de tomadores (trabajadores empresa).
Cuando el emisor quiere colocar los títulos entre inversores individuales se hace a través de ofertas al público en general, colocación pública. Estas ventas puede realizarlas directamente el emisor o contar para ello con los servicios de especialistas.
Los especialistas financieros tienen una doble faceta, aconsejan al emisor sobre todas las características que debe tener el mercado primario para que la emisión resulte un éxito y actúan como colocadores de los activos. Pueden actuar como simples brokers, con una venta a comisión, como dealers, venta en firme, o una mezcla de ambos, un acuerdo stand-by.
Como es lógico, el mercado primario necesita de un tiempo para realizarse, a lo largo del cual se desarrollan varias fases: se debe diseñar muy bien la operación, buscar un buen especialista que lleve desde el primer momento la emisión, vender los activos y cerrar el proceso entregando los títulos.
Una emisión tendrá éxito si se venden todos los títulos emitidos al precio esperado. Los factores determinantes de éxito de una emisión son:
Precio de emisión. Es el factor más importante en el mercado de emisión. Cuanto más bajo sea más fácil es la venta de los títulos, pero el emisor conseguirá menos fondos de esta fuente de financiación.
Volumen de emisión. El número de títulos o volumen de emisión, condiciona el esfuerzo de ventas que se debe hacer. Cuantos menos títulos haya que colocar, más rápido y sencillo será el mercado. El volumen y precio son interdependientes, se deben establecer, conjuntamente, una vez fijadas las necesidades de financiación.
Distribución de los títulos de la empresa. La distribución de los títulos viejos de la empresa también influye en la colocación de los nuevos títulos, sobre todo en el caso de emisión de acciones. Si los títulos viejos están muy repartidos es mucho más fácil y seguro colocar emisiones nuevas que si eéstos están en manos de pocos inversores.
Apoyo de un buen especialista. La elección de un buen especialista que lleve el mercado primario desde el primer momento es también una condición para asegurar el éxito del mismo. Esta elección puede hacerse por negociación directa o a través de un concurso o subasta pública que seleccione al que presente mejores condiciones. Si se trata de un mercado importante por su volumen, el especialista no es único, sino que se forma un grupo para llevar la emisión.
Publicidad adecuada. La publicidad es otro parámetro a fijar, si es excesiva resulta cara y si es insuficiente se pueden perder ventas.
Elección de un buen momento. Acertar con el momento en que el mercado está en condiciones de absorber los títulos es un factor externo y aleatorio que determina el éxito del mercado de emisión.
Las acciones que emite la empresa
Los activos financieros más importantes que emiten las empresas son las acciones y las obligaciones. Tradicionalmente, las acciones reciben la denominación genérica de títulos de renta variable, o títulos-riesgo, mientras que las obligaciones se conocen como títulos de renta fija, o títulos-renta.
La acción es un título-valor que representa una parte alícuota del capital social de una sociedad anónima.
Las acciones proporcionan a sus propietarios la facultad de ejercer los siguientes derechos:
Participación, tanto en el supuesto de disolución de la sociedad, en donde el accionista recibirá la parte que le corresponda de la masa social, como en el caso de supervivencia, en que tiene derecho a una participación en las ganancias.
Asistencia y voto en las juntas de la sociedad, siempre que se posea el número mínimo de acciones que prevén los estatutos para estos casos.
Derecho preferente de suscripción, para adquirir nuevas acciones cuando la empresa amplíe su capital.
Transmisibilidad, o posibilidad de vender los títulos correspondientes.
Como contrapartida, el accionista debe asumir dos obligaciones básicas: el pago o desembolso total de su aportación, y la responsabilidad por las deudas y pérdidas de la empresa, en la medida del capital aportado.
El rendimiento de las acciones se deriva de su derecho a participar en los beneficios de la empresa a través de los dividendos. Se denomina «dividendo activo» aquella parte del beneficio anual de la empresa que se acuerda repartir entre los accionistas.
Las acciones se pueden negociar en mercados secundarios que si funcionan bien proporcionan liquidez y precio de mercado a los títulos. Normalmente, los mayores rendimientos en la inversión en acciones provienen de las plusvalías conseguidas en el mercado por diferencia entre los precios de compra y venta.
Tanto el beneficio futuro de la empresa como el precio de venta, en su caso, no son variables conocidas, el rendimiento o rentabilidad de las acciones es una variable arriesgada. Esta recoge por una parte el riesgo del emisor a través de la variabilidad de los beneficios potenciales y, por otra parte, un riesgo derivado de los cambios de los precios en el mercado secundario.
Al citar los derechos básicos que confiere una acción a su titular, incluimos el derecho de suscripción preferente de los accionistas cuando la empresa amplía el capital social. La justificación de este derecho se debe a que no todos los beneficios que va generando la empresa se reparten en forma de dividendos a lo largo del tiempo; y a través del proceso de autofinanciación, los accionistas renuncian a una parte de los beneficios, que la empresa destina a Reservas y reinvierte en su actividad.
Acciones vistas desde el punto de vista de la empresa:
Fuente de financiación (entrada fondos):
Constitución sociedad.
Ampliaciones capital
Coste de financiación (salida de fondos):
Pago de dividendos: en función del resultado de la empresa, política dividendos (autofinanciación, reparto accionistas).
No hay obligación de devolver el capital aportado (reducciones capital).
Tipología de las obligaciones
Las obligaciones o, con un sentido más general, los empréstitos, son operaciones de préstamo en las que el capital prestado se divide en un número elevado de operaciones de préstamo elementales, que se van reembolsando de acuerdo con un plan general y unitario de amortización, y en las que todas tienen, a priori, unas condiciones financieras equivalentes.
Las partes alícuotas en que se divide la operación de préstamo se materializan a través de títulos-valores que reciben el nombre de: obligaciones, bonos, cédulas, pagarés etc.
Estos activos que son distintos por su formalización y características fiscales, jurídicas y financieras, podemos denominarlos en sentido amplio como obligaciones, sus características básicas son:
Ser activos representativos de partes alícuotas de un préstamo.
El propietario del activo es un acreedor de la empresa.
Tienen un período de vida determinado, o sea, nacen para ser amortizados.
Su rendimiento normalmente se paga a través de un interés fijo, pero lo importante es que el rendimiento no depende de los resultados o beneficios de la empresa.
Consideramos como obligación típica la que el precio de emisión coincide con el nominal, la remuneración se hace a través de un tipo de interés fijo, que se paga periódicamente (anual o semestralmente) y en la que en el momento de la amortización la empresa devuelve el nominal.
Los derechos de los obligacionistas son el cobro de los intereses acordados y la devolución capital aportado.
Punto de vista del obligacionista:
Liquidez: no se devuelve el total del capital aportado hasta el fin de la operación, existe la posibilidad de venta en el mercado secundario.
Rentabilidad: (hasta el vencimiento) es fija, acordada a priori (% interés) si se procede a su venta en el mercado secundario existe la posibilidad de las plusvalías.
Riesgo: la insolvencia de la empresa, evolución del mercado (evolución % interés)
Punto de vista de la empresa:
Entrada de fondos: única a la emisión del empréstito.
Salida de fondos: múltiple, pago en términos amortizativos del empréstito y las obligaciones
Coste de financiación: % interés acordado en el empréstito. Pago términos amortizativos operación (cuota interés + cuota capital) en función del sistema de amortización escogido.
Los mercados secundarios: la Bolsa de Valores
El correcto funcionamiento del mercado de capitales, en general, y del mercado primario de emisión, en particular, depende de la existencia de mercados secundarios de negociación que proporcionen liquidez a los activo financieros.
Las Bolsa de Valores son mercados secundarios organizados y oficiales, donde se negocian generalmente activos financieros a largo plazo, previamente admitidos a cotización, mediante la intervención de intermediarios especializados.
Son los mercados secundarios más importantes y mejor organizados de los sistemas financieros desarrollados.
La Ley de Mercado de Valores se ocupa de regular un marco general al que deben adaptarse los mercados secundarios oficiales. La Ley trata tres tipos de mercados oficiales:
Mercado Bursátil (renta variable) Bolsas + Mercado continuo.
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones en Cuenta (renta fija).
El papel fundamental de la Bolsa es contar con la organización y los mecanismos adecuados para establecer el precio de mercado de los valores que se cotizan en ella. Si funciona bien, es decir, si el mercado es libre, transparente, amplio y profundo, cumplirá perfectamente estas funciones.
Al tratarse de un mercado secundario no resulta evidente el papel que juega respecto a la emisión de títulos, que es cuando las empresas y emisores consiguen los fondos necesarios para llevar a cabo sus inversiones. Las Bolsas no proporcionan directamente financiación a las empresas, pero por el hecho de dotar de liquidez a los títulos y de garantizar un precio de mercado, neutral e idéntico para todos los participantes, facilita y amplía considerablemente el mercado primario de las empresas que cotizan en Bolsa.
Con la publicación de la Ley del Mercado de Valores cambia totalmente la estructura y el funcionamiento del Mercado Bursátil español.
Los distintos elementos que componen su estructura son:
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Órgano de nueva creación encargado de ordenar, supervisar e inspeccionar los mercados de valores y toda la actividad relacionada con ellos. Admite, excluye y suspende los valores a cotización oficial garantizando la calidad de los títulos.
La Comisión Nacional ordena los mercados de valores dictando las normas necesarias a través de Circulares que son publicadas en el BOE, siendo este vehículo el utilizado para desarrollar toda su capacidad normativa e informativa.
También entra dentro de su competencia la verificación previa de las condiciones de admisión de valores para su cotización en mercados secundarios oficiales, así como su exclusión o suspensión temporal. En definitiva, la Comisión tiene en sus manos las clave para garantizar la calidad de los títulos que se negocien en la distintas bolsas.
Agentes Especialistas. Todas las operaciones se hacen a través de los agentes especialistas miembros de las Bolsas de Valores. Hay dos tipos de agentes especialistas: las Sociedades de Valores, agentes mediadores o dealers, que pueden actuar por cuenta propia y/o ajena, y las Agencias de Valores, agentes comisionistas o brokers, que sólo pueden actuar por cuenta ajena.
Mercados. Existen cuatro Bolsas de Valores de ámbito nacional, situadas físicamente en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y un Servicio de Interconexión Bursátil entre ellas, estando abierta la posibilidad de creación de otras Bolsas de ámbito más o menos amplio. El Servicio de Compensación y Liquidación de Valores gestionará todos los valores admitidos a cotización oficial en las distintas Bolsas.
Activos. Aunque de momento se negocian sólo las acciones y obligaciones emitidas por las empresas privadas y organismos públicos, existe la posibilidad de ampliar el mercado con otros tipos de activos para los que intereses establecer mercados secundarios oficiales.
Después de haber estudiado el mercado de capitales, abordamos el análisis de los mercados monetarios. Aunque ya indicamos que el mercado monetario es el mercado financiero donde se negocian activos a corto plazo, no existe un acuerdo general sobre el concepto y la delimitación del mismo.
Los activos financieros que se negocian en los mercados monetarios son buenos sustitutos del dinero e incluso a veces se usan directamente como medios de pago, en muchas ocasiones se usan como sinónimos los términos «mercado monetario» y «mercado de dinero».
Los mercados monetarios se clasifican:
Las características más importantes de los mercados monetarios son:
Mercados al por mayor. Significa que no todas las operaciones que se hacen a corto plazo tienen la consideración de pertenecer al mercado monetario, sino aquellas realizadas en mercados muy especializados de carácter mayoristas. Por eso, el hecho de que el montante o volumen mínimo de las operaciones sea muy elevado no significa ninguna barrera para la entrada al mercado, sino que sólo refuerza su carácter mayorista.
Bajo riesgo. Existe una gran garantía y solvencia por parte de los emisores. La mayor parte de los títulos que se negocian son emitidos por el Estado, o por grandes empresas públicas o privadas de reconocida solvencia.
Alta liquidez. Sólo se consigue si existen mercados secundarios organizados que garanticen en todo momento la total liquidez de los activos del mercado monetario. La liquidez es consustancial con la definición de este tipo de mercados.
Emitidos a corto plazo. Es quizás una de las más discutidas y muchos autores no la consideran básica. La implicación más importante es que los activos del mercado monetario son siempre representativos de una deuda a corto plazo.
Intervención de agentes especialistas. No es típica de los mercados monetarios, sino que corresponde a todo tipo de mercados organizados y con mucha más razón a los mayoristas y a los más especializados.
Ausencia práctica de regulación financiera. Dado que las operaciones que se realizan son a corto, y a muy corto plazo, los monetarios suelen ser mercados muy ágiles y rápidos en la transmisión, ejecución y compensación de órdenes, con poco «papeleo» y certificaciones, en los que lo fundamental es transmitir información en tiempo real y la seriedad y solvencia de los participantes. Son mercados muy flexibles y están dotados de una gran capacidad de innovación. Los mercados monetarios deben ser mercados muy bien reglamentados pero exentos de regulación por parte de las autoridades monetarias.
Funciones del mercado monetario
Los mercados monetarios contribuyen, o deben contribuir a:
La eficiencia de las decisiones financieras de los agentes económicos.
Financiación ortodoxa del déficit público.
El logro de los objetivos de política monetaria.
Formación de una adecuada estructura temporal de los tipos de interés.
Las empresas deben financiar con recursos a medio y largo plazo sus necesidades de inversión en activo fijo y fondo de maniobra y con recursos a corto plazo sus necesidades de circulante. Si los recursos a largo plazo los proporciona el mercado de capitales, el mercado monetario proporciona los recursos a corto plazo. Los mercados monetarios permiten a las empresas colocar en excelentes condiciones de mercado las puntas de tesorería y todo tipo de recursos para que no permanezcan ociosos incluso durante periodos muy cortos de tiempo.
El mercado monetario permite una financiación ortodoxa del déficit público que no provoque las tensiones inflacionistas propias del anterior sistema de recurrir al Banco de España.
La eficiencia de las decisiones financieras es algo exigible al Estado al igual que a todos los agentes económicos. Bajo esta óptica, es lógico que el Estado financie sus necesidades estructurales de activos fijos con obligaciones a largo plazo, mientras que el déficit anual que se presente debería financiarse con emisiones de títulos a corto plazo, dado su carácter coyuntural.
El mercado monetario permite o debe permitir una eficaz ejecución de la política monetaria del Gobierno, al poder controlar el Banco España, el crecimiento de las magnitudes monetarias a través del mismo.
El mercado monetario debe contribuir a la formación de una adecuada estructura temporal de los tipos de interés. La relación entre el tipo de interés y el vencimiento, para activos financieros que se diferencian únicamente en su vencimiento, es decir, que sean del mismo emisor y de las mismas características (estructura temporal tipo interés ETTI).
Activos públicos más importantes
La característica básica de los títulos del mercado monetario es que son títulos de deuda a corto plazo, menos de dieciocho meses, y emitidos por el método del descuento. No pagan intereses y el rendimiento implícito surge al ser el precio de emisión inferior al nominal (descuento) y amortizarse por el valor nominal.
La regulación de las primeras emisiones de deuda del Tesoro formalizada en Letras del Tesoro se produce en junio de 1987 y se inscribe dentro del nuevo Sistema de Anotaciones en Cuenta para la Deuda del Estado.
Las Letras del Tesoro se representan exclusivamente en anotaciones contables. Se pueden emitir a cualquier plazo no superior a dieciocho meses y su valor nominal no puede ser inferior a un millón de pesetas.
El mercado primario se organiza por el procedimiento de subastas competitivas, o asignando directamente la emisión, total o parcialmente, al Banco España.
En el mercado secundario, en un principio se podían realizar dos clases de operaciones: compraventa simple al contado y compraventa con pacto de recompra en fecha fija (REPOS). Las Letras del Tesoro a parte de contribuir a la financiación del déficit público y ser un útil instrumento de la política monetaria, su precio se ha convertido en tipo de interés de referencia en los mercados interbancarios y de recursos de clientes de las entidades de depósito.
Los pagarés de empresa son promesas de pago, emitidas por grandes empresas, con vencimiento a corto plazo y colocadas entre inversores importantes o institucionales por bancos o intermediarios financieros, mediante su venta al descuento.
Los vencimiento suelen ser seis meses y un año, y dado el mayor riesgo de estos activos, su rendimiento o tipo de interés que ofrecen debe ser superior a los de la deuda del Tesoro.
Proporcionan a la empresa financiación más barata (desintermediación bancaria). En el mercado primario se utilizan diversos métodos de emisión. Las grandes empresas suelen realizar periódicamente subastas competitivas, otras veces los emisores negocian previamente el volumen y tipo con los demandantes de los activos en los mercados mayoristas.
El principal canal de negociación, en el mercado secundario, es el mercado interbancario, donde los especialistas —los demandantes suelen ser grandes instituciones financieras— toman posiciones para su propia cartera o para cederlos con posterioridad a sus clientes.
La Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF), creada en 1987, intenta desde hace tiempo ordenar y reglamentar el mercado de Pagarés de Empresa.
El mercado de dinero: mercado interbancario
En él se realizan las siguientes operaciones:
Operaciones de deposito: en forma de préstamos de dinero individualizados en cuanto % interés, importe y plazo.
Operaciones de dobles.
Es un mercado muy especializado con una operatoria al por mayor, fundamentalmente a muy corto plazo, y basado operativamente en el Servicio Telefónico del Mercado del Dinero creado por el Banco de España, puesto en marcha en junio de 1976.
En el Mercado Interbancario intervienen todas las entidades adscritas al Servicio Telefónico del Banco España (grandes empresas y entidades de crédito).
Al igual que todos lo mercados monetarios españoles, el interbancario está organizado y reglamentado por el Banco España. Opera básicamente a través de conexiones telefónicas y apoyado técnicamente por una red sostenida por especialistas que actúan como brokers estrictos, que no son miembros del mercado y que se denominan «Mediadores de los Mercados Monetarios».
En este mercado se negocian principalmente depósitos, es decir, préstamos individualizados en cuanto a importe, plazo y tipo de interés. Suelen ser a muy corto plazo (día a día, una semana, hasta varios meses). También se intercambian títulos monetarios, públicos o privados, principalmente en operaciones dobles.
En este mercado es donde se forma el precio del dinero a corto plazo, que se toma como referencia en operaciones de tipos de interés variable, se denomina MIBOR y es el tipo de interés de oferta en el Mercado Interbancario de Madrid.
En este mercado, cajas y bancos diariamente rentabilizan sus excedentes monetarios o financian sus necesidades de liquidez momentánea.
El mercado de deuda anotada
El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones tiene por objeto exclusivo la negociación de la Deuda Pública representada mediante anotaciones en cuenta, así como los valores emitidos por las CC.AA., Organismos Públicos y otras Instituciones nacionales e internacionales que estén autorizadas por el Ministerio Economía y Hacienda.
La Teoría General de Sistemas se apoya en el concepto de sistema. Una definición concisa y clara del mismo es la basada en su consideración como un conjunto de elementos —materiales, humanos e inmateriales— interdependientes, relacionados mediante una estructura organizativa para la consecución de un fin.
Cruz y Durán proporcionan una definición más elaborada de sistema, caracterizándolo como «un conjunto de elementos ordenados según las normas de cierta estructura y relacionados para el cumplimiento de ciertos objetivos, basándose en determinadas funciones características, cuyo logro se puede conocer a través del análisis de la sucesión de estados en que se puede estudiar el sistema».
Representación gráfica del sistema empresa
(Proceso directivo)
-Inmovilizado
-Bienes/servicios
-Rec Financieros
-Remun al capital
-Rec Humanos
(Proceso logístico)
La empresa puede conceptualizarse como un sistema, ya que se caracteriza por se un conjunto de elementos —humanos, materiales e inmateriales— que, mediante un proceso de transformación, y gracias a cierta estructura organizativa, tiende a la consecución de una serie de objetivos.
La descomposición del sistema empresa en subsistemas se puede efectuar siguiendo diferentes criterios. Para ello, nos vamos a centrar tanto en la naturaleza de los procesos que se llevan a cabo para alcanzar los fines y objetivos propuestos, como en las distintas áreas funcionales de la unidad económica.
La empresa como una organización se plantea unos fines y objetivos a satisfacer; satisfacción que debe ser alcanzada a través de dos procesos diferentes pero íntimamente relacionados: el proceso logístico y el proceso directivo.
Procesos básicos de la empresa
El subsistema físico va asociado al proceso logístico.
En él se producen todas las transformaciones necesarias para la obtención y venta de los bienes o servicios que contribuirán a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Dentro del proceso logístico se distinguen dos tipos de operaciones o procesos paralelos, aunque de distinta naturaleza:
El real. En el se agrupan todas las operaciones asociadas a las tareas de aprovisionamiento —tanto de bienes de equipo como materias primas—, producción de bienes y servicios y venta de los mismos, pudiendo asociar un subsistema específico a cada una de dichas áreas.
El monetario o financiero. Contempla los flujos monetarios asociados a las operaciones anteriores. Dentro del mismo se encuadran el subsistema funcional de financiación y el de inversión.
Se ocupa del proceso de fijación de objetivos, así como de todas las actividades necesarias para alcanzar los mismos; es el coordinador del resto de los subsistemas. Tradicionalmente, en el proceso administrativo se han distinguido tres fases o funciones específicas: la planificación, la organización y el control.
La planificación. Fija objetivos empresariales, plantea las actividades a desarrollar para conseguirlas.
La organización. Relaciona de forma precisa los medios disponibles en la empresa (materiales y humanos).
El control. Verifica el grado de cumplimiento de los objetivos, proponen acciones correctoras si estos no se cumplen.
Representación gráfica de los procesos básicos de la empresa
PROCESOS BÁSICOS QUE TIENEN LUGAR EN LA EMPRESA
Fases del proceso de Admón.
PROCESO LOGÍSTICO-REAL
Subsistema físico-económico
• Subsistema aprovisionamiento
• Subsistema producción
• Subsistema comercial
PROCESO LOG-FINANCIERO
• Subsistema de financiación
• Subsistema de inversión
El subsistema físico
El subsistema físico transforma los factores de producción en productos terminados. Este subsistema está dividido a su vez en:
Subsistema físico-económico.
El subsistema físico-económico
Representa la entrada de bienes (materias primas, mano de obra, etc.) y la salida de productos terminados y bienes o servicios. Se clasifica en:
Subsistema de producción.
Subsistema comercial.
Subsistema de I+D
El subsistema de aprovisionamiento
Toda empresa, para llevar a cabo su actividad, necesita disponer de un conjunto de inputs (conjunto de factores necesarios para obtener el producto), a los que incorpora utilidad mediante un proceso productivo. Este subsistema debe ocuparse de las cuestiones relacionadas con la previsión, materialización y gestión de las inversiones de naturaleza física. En consecuencia, algunas de las funciones típicas de dicho subsistema son:
Determinar si conviene adquirir en el exterior los elementos que se precisan, o si es preferible producirlos en la propia empresa.
Seleccionar a los proveedores y/o subcontratistas.
Definir la gestión de compras y de almacenes.
Concretar los procedimiento de recepción, los medios de almacenamiento, la organización del almacén, el mantenimiento del mismo, etc.
Llevar a cabo el control de calidad de los inputs.
Determinar la política de pedidos y el criterio de reposición.
Toda empresa debe conocer el nivel mínimo de inputs que ha de mantener, a fin de evitar «rupturas» en el proceso de producción debidas a la falta de aquéllos.
El subsistema de producción
La producción, función que caracteriza e identifica a la empresa, consiste en el desarrollo de una actividad creadora de bienes y/o servicios encaminados a satisfacer necesidades humanas, de forma que la utilidad de los elementos obtenidos sea superior a la de los empleados para su ejecución.
El concepto de producción puede contemplarse bajo una doble vertiente: una técnica y una económica.
Desde el punto de vista técnico se define producción como el proceso físico de transformación de ciertos elementos (inputs) en bienes o servicios (outputs). Desde la perspectiva económica, es todo proceso orientado a la obtención de bienes y servicios aptos para satisfacer necesidades humanas.
El objetivo de este subsistema se centra en la coordinación de medios de producción, con la finalidad de obtener unos productos según el plan establecido por el órgano de dirección.
Sin pretender ser exhaustivos, algunas de las misiones propias del subsistema de producción son:
Definición de las características técnicas del producto a fabricar.
Diseño del sistema de producción.
Determinación del diseño de la planta, entendiendo por tal la ordenación de todos los medios físicos de producción.
Organización del factor trabajo en todas sus vertientes (asignación de tareas, sistema de remuneración etc.).
Mantenimiento y conservación de instalaciones y de la capacidad productiva.
Ejecución del producto sobre la base del diseño realizado.
Control del proceso técnico y de producción.
Análisis de la programación temporal de tareas.
El subsistema comercial
El subsistema comercial es aquel encargado de colocar los elementos previamente adquiridos o la producción en el mercado. Sin embargo, el concepto moderno extiende su cometido a otras tareas, tales como: investigar qué desean o necesitan los consumidores; diseñar un producto que satisfaga esos deseos o necesidades; determinar su precio de venta; concretar la promoción y publicidad que convenga realizar, así como los canales de distribución más adecuados.
El marketing empezó a adquirir importancia con el paso de una economía en la que escaseaban los productos a una economía caracterizada, por la sobreproducción. Ello llevó a que la empresa empezara a preocuparse por conocer el entorno, el comportamiento de los consumidores, y su reacción ante las distintas variaciones que se producían en el mercado, llegándose incluso a estimular la creación de demandas (algo muy común hoy en día). El marketing se encarga, por tanto, de conocer a fondo el mercado y, planificar el modo de actuación que permita alcanzar los objetivos establecidos.
Los medios o variables de acción (conocidas como las cuatro variables P) de los que dispone el departamento comercial son:
Producto (Product). Este término hace referencia no sólo a las características técnicas del producto, sino también a otras variables como la marca, el tipo de envase, la asistencia técnica que se ofrece, etc.
Precio (Price). El departamento comercial decidirá el precio del producto, así como todos los aspectos relacionados con la política de precios.
Lugar de venta (Place). La empresa seleccionará los canales de distribución y pondrá los productos en puntos de venta accesibles a los consumidores potenciales.
Promoción (Promotion). A través de todas las formas de promoción comercial —publicidad, propaganda, visitas de los representantes, descuentos por lanzamiento—, se intenta informar a los consumidores potenciales sobre la existencia y las características del producto, y persuadirles para que lo adquieran, llegándose en ocasiones a crear una nueva necesidad en un segmento del mercado.
Otra faceta del subsistema comercial es la relativa a la investigación de mercados, a través de la cual se pretende recoger y analizar información sobre: los deseos y necesidades de los consumidores, la acogida del producto ofertado, el nivel de éxito de las campañas de publicidad, etc., con la finalidad de ayudar a la dirección en la toma de decisiones.
El subsistema de investigación y desarrollo (I+D)
El subsistema de I+D posee unas características muy peculiares. Esta función cobra sentido en la medida que se ve a la empresa como una organización cuya vida está continuamente amenazada por la actuación de otras empresas competidoras. Efectivamente, en un entorno competitivo la empresa deberá luchar por descubrir nuevos productos, por diseñar nuevos procesos que reduzcan el coste de fabricación, etc.
La investigación no sólo consiste en avanzar en el campo de la tecnología sino también a cualquier otra innovación empresarial que contribuya a afianzar la empresa en el mercado. Por lo que se refiere a posibles políticas de investigación se pueden adoptar:
Defensiva. Pretende introducir modificaciones con el fin de alargar la vida de los productos, reducir sus costes de fabricación o, sencillamente, ampliar su cuota de mercado.
Ofensiva. Intenta aportar modificaciones sustanciales mediante la incorporación de nuevos procesos o de nuevos productos.
El subsistema financiero
En el proceso logístico-financiero se encuadran todos los flujos de naturaleza monetaria que se producen en la unidad económica. Este subsistema se ocupa, en consecuencia, de la corriente monetaria asociada a los flujos reales. De ahí que los procesos logístico-real y logístico-financiero puedan asimilarse a las dos caras de una misma moneda, siendo necesaria una gestión totalmente coordinada y conjunta de las funciones que ambos desempeñan. De hecho, es frecuente que personal perteneciente a uno de ellos participe en la toma de decisiones del otro, debido a la estrecha vinculación entre ambos.
El subsistema financiero tiene asignadas dos funciones especificas:
La función de financiación o captación de fondos.
La función de inversión o asignación de los fondos obtenidos.
Cobro de las ventas o
Pago de adquisiciones y compras
SUBSISTEMA FÍSICO-FINANCIERO
Capitales ajenos
El subsistema financiero debe preocuparse principalmente de:
Captar los fondos externos que menor coste supongan.
Determinar la estructura financiera.
Concretar la política de dividendos y la de autofinanciación.
Gestionar la liquidez.
Proporcionar información sobre la posible evolución de la dimensión de empresa y sobre la estructura económica.
Distribuir los fondos totales de que dispone la empresa entre los distintos departamentos.
Investigar cada una de las alternativas posibles de inversión.
Jerarquizar las inversiones por orden de preferencia para la empresa.
Analizar las decisiones de inversión secuenciales.
Asignar un presupuesto escaso entre las distintas alternativas de inversión rentables.
El subsistema de financiación representa un papel clave en la empresa. La función genérica que se atribuye a la gestión financiera es la captación de los fondos necesarios y colocación de los mismos en las mejores inversiones.
La concepción de la función financiera, en la actualidad, supone analizar no sólo el pasivo de la empresa y el coste del mismo, sino también la utilización de dichos fondos y la rentabilidad obtenida.
La moderna gestión financiera supone un rotundo cambio cualitativo en el tratamiento de los problemas financieros; ese distinto tratamiento está basado en la incorporación de modelos analíticos para la adopción de decisiones, los cuales exigen la cuantificación de todo tipo de variables, así como la fijación de una función objetivo.
Tradicionalmente, el objetivo de la empresa se definía como la maximización del beneficio. En la actualidad, en contraposición al establecimiento de un único objetivo, se aboga por la consideración de un conjunto de éstos.
A pesar de que hoy en día existe bastante consenso en que la empresa debe alcanzar diversos objetivos, la moderna administración financiera acepta, con carácter genérico, el de maximizar el valor de mercado de la empresa desde el punto de vista de los propietarios. Por tanto, toda decisión que contribuya a tal maximización será considerada adecuada desde la perspectiva financiera contemporánea.
Estructura económica y financiera de la empresa
La estructura económica, que se corresponde con el activo del balance, representa la inversión de los recursos financieros en bienes y derechos.
Basándose en su función económica, las inversiones se pueden dividir endos grandes grupos:
Conjunto de bienes y derechos vinculados a la empresa durante varios ejercicios económicos. Esto es, que poseen la característica de permanencia. Su transformación total en dinero exige el transcurso de un período largo de tiempo. Dichos bienes constituyen la estructura sólida de la unidad económica y son los que determinan, fundamentalmente, la capacidad productiva de la misma. Desde el punto de vista contable se conocen como «activos fijos».
Conjunto de bienes y derechos que sufren modificaciones sustanciales dentro de un ejercicio económico. A través de su transformación y a través de su venta, se convierten en derechos de cobro o en dinero; el disponible, en bienes y servicios mediante el acto de adquisición; las deudas de clientes, al cobrarse, se transforman en disponible, etc. Estos bienes se conocen como «activos circulantes».
La estructura financiera, que se corresponde con el pasivo del balance, recoge el origen o naturaleza de los recursos financieros de la empresa., se establecen los siguientes tipos de fuentes financieras:
Según su propiedad pueden ser recursos propios o ajenos.
Los recursos propios forman el patrimonio neto de la empresa (pasivo no exigible), y son el principal componente de la financiación básica de la unidad económica. El patrimonio neto —o simplemente neto— está compuesto por diversas partidas:
Aportaciones de capital efectuadas por los propietarios de la unidad económica.
Reservas, entendidas como conjunto beneficios no distribuidos y mantenidos en la empresa.
Activos ficticios. Gastos cuya proyección económica trasciende a más de un ejercicio.
Los recursos ajenos son fondos procedentes de terceras personas ajenas a la propiedad de la empresa, de forma que ésta se compromete a devolverlos, junto con los intereses estipulados, en el plazo pactado (pasivo exigible).
Según la madurez de los capitales.
Se denomina capitales permanentes (exigible a largo plazo), al conjunto de fondos que por su naturaleza están vinculados a la empresa durante un largo período de tiempo. Su misión es financiar las inversiones permanentes de la misma. El capital permanente está integrado por los recursos propios y los recursos ajenos a largo y medio plazo.
El exigible a corto plazo es el conjunto de fondos cuyo vencimiento tiene lugar en un periodo de tiempo relativamente reducido.
Según se hayan generado dentro o fuera de la empresa.
Los recursos financieros internos, también conocidos como «autofinanciación», son aquellos que la empresa genera por sí misma, fondos creados por la propia actividad de la empresa y mantenidos en la unidad económica. El objetivo de los mismos puede ser doble: reforzar la riqueza de la unidad económica, o mantenerla, dando lugar —como recoge nuestro actual plan contable— a dos modalidades de autofinanciación:
Autofinanciación por enriquecimiento. Eleva, en términos reales, la capacidad empresarial. Es la autofinanciación propiamente dicha.
Autofinanciación de mantenimiento. Pretende mantener intacta la inversión efectiva de la empresa. Las partidas que se pueden agrupar dentro de esta autofinanciación son dos: en primer lugar, las amortizaciones, que desde el punto de vista financiero suponen la recuperación, en forma líquida, de los activos inmovilizados, con el objetivo de poder financiar las futuras renovaciones de los mismos; y, las provisiones, que son retenciones de recursos con la finalidad de cubrir gastos, pérdidas o deudas que estén claramente especificadas en cuanto a su naturaleza.
Los recursos financieros externos son aquellos obtenidos del exterior de la empresa, ya sea por aportaciones de sus socios, emisión de empréstitos u obtención de otros tipos de préstamos o créditos.
Los ciclos internos de la empresa y el periodo medio de maduración
En el desenvolvimiento normal de la empresa se producen multitud de operaciones que, desde el punto de vista temporal, se presentan de forma bastante regular. Así, los bienes de equipo que forman la infraestructura material de la unidad económica, permanecerán en la empresa mientras contribuyan a la realización de la actividad productiva, siendo reemplazados al terminar su vida útil o cuando hayan quedado obsoletos. Su valor se recupera paulatinamente, a medida que se van depreciando, por medio de un mecanismo de incorporación del valor de la depreciación a los costes de producción, proceso que se denomina amortización.
Hay otras inversiones de naturaleza totalmente distinta (los activos circulantes), cuya rotación es más elevada que la de los activos fijos, produciéndose la renovación de cada uno de ellos dentro del ciclo de explotación.
De lo expuesto se desprende la existencia de dos ciclos en la empresa:
El ciclo largo o de renovación del inmovilizado, cuya duración depende, fundamentalmente, de la vida útil de los bienes de equipo.
El ciclo corto, conocido también como ciclo de explotación, ciclo de ejercicio o ciclo dinero-mercancia-dinero. Está asociado a la inmovilización y liquidación del activo circulante. su duración media se denomina periodo medio de maduración (PMM).
El concepto de PMM se puede interpretar desde dos perspectivas:
Desde el punto de vista productivo sería el tiempo medio que transcurre entre la adquisición de los activos circulantes y el momento del cobro de la producción.
Desde la perspectiva financiera se entiende por tal el tiempo promedio que transcurre desde que se invierte una unidad monetaria en el ciclo de ejercicio hasta que ésta se recupera mediante el cobro de la producción vendida.
Bajo la perspectiva financiera, el período medio de maduración se divide en cinco subperíodos:
Subperíodo de almacenamiento (pa) de inputs. Tiempo que, por término medio, transcurre desde la adquisición de los inputs hasta que son incorporados al proceso productivo.
Subperíodo de fabricación (pf). Tiempo que, por término medio, se requiere para la elaboración de los productos.
Subperíodo de venta (pv). Tiempo que, por término medio, se tarda en colocar la producción, ya sea a los consumidores finales o a los intermediarios.
Subperíodo de cobro (pc). Tiempo que media entre el momento de la venta de la producción y el cobro de la misma.
Subperíodo de pago (pp). Tiempo que, por termino medio, transcurre desde que se adquieren los inputs hasta que éstos se pagan. Durante este período los activos circulantes adquiridos son financiados por los proveedores.
A través de determinadas políticas o prácticas empresariales se puede tratar de reducir el período medio de maduración (disminuyendo pa,pf,pv,pc y/o aumentando pp). Ello produce indudables ventajas a la empresa, ya que se consigue aumentar la velocidad de circulación del dinero en la misma, y, por tanto, incrementar el volumen de operaciones que se financiaran por unidad monetaria invertida en circulante, lo que conducirá a un incremento de beneficios.
La determinación del período medio de maduración sirve de punto de referencia para delimitar qué se entiende por corto y largo plazo en una unidad económica concreta; así, desde la perspectiva empresarial, se define como corto plazo todo período inferior al PMM, y por largo plazo el que rebasa tal intervalo.
Relaciones de equilibrio entre las estructuras económica y financiera
Desde la perspectiva financiera, se dice que existe equilibrio cuando se pueden satisfacer, a su vencimiento, todas las obligaciones de pago sin verse alterado el normal desarrollo de la actividad, ni resentirse la rentabilidad de la empresa.
Para que exista solvencia financiera se debe verificar una correspondencia entre la naturaleza de los recursos financieros y la de los bienes y derechos en que éstos se materializan. Se está en equilibrio cuando los recursos ajenos obtenidos son reembolsados a su vencimiento, con la realización normal de las inversiones efectuadas. Para ello, los fondos fijos deben financiar las inversiones permanentes de la empresa, entendiendo por tales tanto al activo fijo como la parte «estable» del circulante. El resto de las inversiones en circulante será financiado con recursos a corto plazo.
La parte del activo circulante financiada con capitales permanentes recibe el nombre de fondo de maniobra (FM), capital de trabajo o capital circulante. También puede definirse como el excedente de los capitales permanentes sobre el activo fijo. El primer concepto se centra en la estructura o materialización de éste, mientras que el segundo hace referencia a su financiación.
Las necesidades de capital permanente (fondos fijos) de una empresa vienen determinadas básicamente por las inversiones en activos fijos que se pretenda efectuar, lo cual dependerá a su vez de múltiples factores, como: sector productivo, tamaño, intensificación de maquinaria, etc.; ahora bien, en el ciclo de explotación se requiere la inmovilizacion de recursos en materias primas, energía, mano de obra, etc., por lo que en la empresa siempre se mantiene un nivel mínimo (estable) de elementos de circulante.
El activo circulante puede descomponerse en dos partes:
La parte estable, aunque técnicamente es líquida, constituye, desde la perspectiva financiera, una inmovilización permanente, por lo que requiere recursos financieros de la misma naturaleza.
La parte variable, al ser de naturaleza fluctuante, deberá financiarse con créditos a corto plazo, puesto que carece de sentido destinar recursos permanentes a necesidades transitorias que, por tanto, a corto plazo desaparecerán, quedando estos fondos infrautilizados.
El fondo de maniobra deberá ser positivo: de lo contrario se incurriría en una situación de inestabilidad financiera, al estar financiadas parte de las inversiones a largo plazo con recursos a corto plazo. Para que exista equilibrio financiero debe existir «una adecuada correspondencia entre la exigibilidad de los recursos financieros obtenidos por la empresa y la liquidabilidad de los activos adquiridos con tales recursos.
Como conclusión, podemos afirmar que, desde el punto de vista financiero, suele resultar excesivamente arriesgado financiar todo el activo circulante con recursos a corto plazo. Este es el motivo por el que el fondo de maniobra puede tener la consideración de un fondo de solvencia o garantía para hacer frente a la evolución ordinaria de la empresa.
Estructura económico-financiera de una empresa «tipo»
El coste de la financiación empresarial
Retención Bfos.
(autofinanciación enriquecimiento)
Cuotas amort.
(autofinanciación mantenimiento)
(aportación capital, socios)
coste nulo
con coste (dto comercial)
(dto comercial, ptmos c/p, cta cto)
(préstamos, emprestitos l/p)
La elección entre las distintas fuentes y productos financieros, dependerá del coste efectivo de la financiación. El objetivo es analizar cómo se calcula el coste efectivo para la empresa de los distintos medios financieros externos, tanto a corto como a largo plazo. Para poder calcular el coste efectivo anual de la utilización de una fuente financiera es necesario saber capitalizar y descontar.
Capitalizar una determinada cantidad de dinero «C0» al año «n» a partir del momento actual «t0», consiste en encontrar una masa monetaria equivalente «Cn» en esa fecha futura «tn».
(C0,t0) (Cn,tn)
C0 Cn
Capitalizar: Cn = C0 (1+i)n
Ejemplo de capitalización:
C0= 1.000.000.- pts.
i = 10% (0,10)
Cn = C0 (1+i)n; Cn= 1.000.000 (1+0,10)1 = 1.100.000.-
Cn = C0 (1+i)n; Cn= 1.000.000 (1+0,10)5 = 1.610.000.-
Descontar o actualizar
La operación inversa de hallar el equivalente monetario en el momento presente de una cantidad de dinero disponible con certeza en el futuro se llama actualizar o descontar.
(Cn,tn) (C0,t0)
Descontar: C0 = Cn (1+i)-n
Ejemplo de descontar:
Cn= 1.000.000.- ptas.
C4 = Cn (1+i)-n; C4= 1.000.000 (1+0,10)-1 = 909.090.-
C0 = Cn (1+i)-n; C0= 1.000.000 (1+0,10)-5 = 620.921.-
620.921.-
909.090.-
0 t 1 2 3 4 5
i = (1+ in)n -1
efectivo periodal
n = 365 ti diario (i365)
n = 12 ti mensual (i12)
n = 4 ti trimestral (i4)
in= (1+ i)1/n - 1
n = 3 ti cuatrimestral (i3)
n = 2 ti semestral (i2)
tanto nominal anual
Demanda agregada y producción
Sector públicoPlanificación de FinanzasTributos y actuaciones tributarias inspectoras