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Timestamp: 2018-11-15 19:32:12
Document Index: 125025346

Matched Legal Cases: ['artículo 112', 'artículo 40', 'artículo 19', 'artículo 62', 'artículo 6', 'artículo 45', 'artículo 133', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 131', 'artículo 138', 'artículo 63', 'artículo 252', 'artículo 509', 'artículo 140', 'artículo 565', 'artículo 686', 'artículo 507', 'artículo 50', 'artículo 523', 'artículo 525', 'artículo 533', 'artículo 529', 'artículo 148', 'artículo 39', 'artículo 47', 'artículo 568', 'artículo 566', 'artículo 131', 'artículo 49', 'artículo 131', 'artículo 164']

﻿ RESOLUCIÓN 951 DE 2002
RESOLUCIÓN 951 DE 07 DE OCTUBRE DE 2002
CONTENIDO:DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. ADOPTA EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE LOS TRÁMITES POR JURISDICCIÓN COACTIVA.
DIARIO OFICIAL N°:44977 DE OCTUBRE 26 DE 2002
RESOLUCIÓN 951 DE 2002
“Por la cual se adopta el procedimiento interno de los trámites por jurisdicción coactiva en la Dirección Nacional de Estupefacientes”.
El Director Nacional de Estupefacientes,
en uso de las facultades legales conferidas por la Ley 30 de 1986, el Decreto 01 de 1984, Decreto 2159 de 1992 modificado por el Decreto 1575 de 1997, y la Ley 489 de 1998, y
Que el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 confirió facultad a las entidades públicas del orden nacional para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor por jurisdicción coactiva, de conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo;
Que el Decreto 2174 de 1992, facultó a los ministros, jefes de unidad administrativa especial, presidentes o directores de cada organismo y demás funcionarios con dicha competencia de acuerdo con la Constitución y la ley, para delegar el ejercicio de la jurisdicción de cobro coactivo, en el jefe de la oficina jurídica o dependencia que hiciera sus veces, otorgándoles los poderes previstos en la ley;
Que en cumplimiento de tal obligación legal, los artículos 4º y 18 del Decreto 2159 de 1992 (modificado por el D. 1575/97), dispusieron la creación de la división de cobro coactivo dentro de la estructura orgánica de la Dirección Nacional de Estupefacientes y le asignó las siguientes funciones:
1. Efectuar el cobro de multas impuestas a favor de la dirección por parte de las autoridades competentes a quienes sean declarados responsables de infringir el estatuto nacional de estupefacientes.
2. Instruir los expedientes con el fin de iniciar los trámites pertinentes encaminados a obtener el recaudo de las multas impuestas.
3. Adelantar la etapa correspondiente al cobro persuasivo con el fin de procurar una mayor celeridad en el recaudo de las sumas adeudadas, motivo por el cual podrán celebrar acuerdos de pago.
4. Iniciar y llevar hasta su terminación la etapa de cobro coactivo en todos aquellos casos en los cuales no se logre el recaudo en la etapa de cobro persuasivo o no sea posible adelantar esta etapa.
5. Adelantar el cobro de multas impuestas por la dirección en virtud del incumplimiento de los actos administrativos proferidos por la entidad.
6. Dirigir la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos de la dependencia.
7. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y que sean asignadas por las normas vigentes;
Que como desarrollo de esto, el director nacional de estupefacientes, dictó la Resolución 339 del 29 de marzo de 1996, por la cual delegó la facultad de cobro coactivo y otorgó poder al jefe de la división de cobro coactivo para adelantar los procedimientos de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva de los créditos exigibles a favor de la entidad;
Que la jurisdicción coactiva comprende el procedimiento administrativo encaminado a hacer efectivo un título ejecutivo, conforme a lo normado en los artículos 68 del Código Contencioso Administrativo y 562 del Código de Procedimiento Civil, y que por la naturaleza, de ser el Estado “juez y parte”, no entraña el ejercicio de la función jurisdiccional, por cuanto en ella no se discuten derechos; se busca, exigir el cumplimiento compulsivo de una obligación cuando el sujeto pasivo de la misma, no la ha cumplido;
Que, se cobran a través de la jurisdicción coactiva, los títulos ejecutivos que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la entidad, siendo para el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes, las sentencias debidamente ejecutoriadas que imponen la obligación de cancelar una suma de dinero a favor de la entidad, o los actos administrativos ejecutoriados que imponen la obligación de pagar una suma líquida de dinero a favor de la entidad, en los casos previstos en la ley;
Que para la ejecución en el cobro de deudas fiscales, se sigue el trámite del proceso ejecutivo de mayor, menor y mínima cuantía del Código de Procedimiento Civil, en cuanto no se oponga al capítulo que lo rige dentro del Código Contencioso Administrativo, esto, en el entendido de que el ordenamiento que rige todo el actuar de la división de cobro coactivo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, como ente administrativo que es, es el último de los citados; sin desconocer de otra parte, que lo que allí se cobra, son condenas impuestas por jueces penales, acorde con las normas del Código Penal y de Procedimiento Penal, que en todo caso son igualmente aplicables por analogía;
Que la jurisdicción coactiva carece de aparato judicial propio, el cual es reemplazado por un funcionario investido legalmente, para ejercer dicha jurisdicción en cada entidad; así mismo, adolece de un procedimiento propio, siendo aplicables las normas de los códigos Contencioso Administrativo, de Procedimiento Civil, Penal y de Procedimiento Penal;
Que el proceso por jurisdicción coactiva se desarrolla ante funcionarios administrativos, dentro de las reglas del proceso ejecutivo. Existiendo sobre éste, un control jurisdiccional ejercido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo;
Que las obligaciones o deudas que pueden hacerse efectivas por medio de esta jurisdicción son sólo las derivadas de causas diferentes a los contratos estatales, ya que éstas son de conocimiento exclusivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo;
Que el artículo 40 de la Ley 30 de 1986 modificado por el artículo 19 de la Ley 365 de 1997 indica que para hacer efectivo el pago de las multas impuestas por violación al estatuto nacional de estupefacientes, se podrán embargar y secuestrar bienes del sindicado, según lo prescrito en el Código de Procedimiento Civil; indicando igualmente, que “el funcionario judicial decretará el embargo y secuestro preventivo de los bienes de propiedad del sindicado que no se hallen incautados con ocasión del hecho punible, en cuantía que considere suficiente para garantizar el pago de la multa prevista en tales artículos, y designará secuestre. Una vez decretado el embargo y secuestro, tanto su práctica como el régimen de formulación, decisión y trámite de las oposiciones a la misma, se adelantará conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. En la sentencia condenatoria se ordenará el remate de los bienes embargados y secuestrados dentro del proceso, para lo cual se tendrán en cuenta los trámites prescritos en el Código de Procedimiento Civil”;
Que la mayoría de las sentencias allegadas a la Dirección Nacional de Estupefacientes, división de cobro coactivo, para hacer efectivo el pago de la multa, no cuenta con bienes embargados y/o rematados, imponiéndose la necesidad de realizar la indagación y posterior decreto de las medidas cautelares por esta entidad;
Que la división de cobro coactivo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, debe cumplir con las funciones que le han sido asignadas en las normas que regulan la materia, así como, en el manual de procedimientos; entre las que cabe resaltar, la de “iniciar y llevar hasta su terminación el proceso de cobro por jurisdicción coactiva en todos los expedientes en que no se logre el recaudo a través del cobro persuasivo”;
Que se hace necesario, al interior de la Dirección Nacional de Estupefacientes, crear un reglamento único que rija la materia del cobro coactivo, que comprenda de manera sistemática, todas las regulaciones contenidas en las normas penales, adjetivas civiles y contencioso administrativas, a fin de contribuir en un mejor desarrollo de las labores en esta área,
Adopción, definición y finalidad
ART. 1º—Adóptase el procedimiento interno para el trámite de los procesos por jurisdicción coactiva, en la Dirección Nacional de Estupefacientes.
ART. 2º—La jurisdicción coactiva, es un procedimiento administrativo encaminado a producir y hacer efectivo un título ejecutivo conforme a las normas de los artículos 68 del Código Contencioso Administrativo y 562 del Código de Procedimiento Civil, por tanto, no implica el ejercicio de la función jurisdiccional. En este proceso no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de recurso ante la jurisdicción penal, o por la vía gubernativa.
ART. 3º—El proceso de cobro coactivo, consiste en realizar las actuaciones, tendientes a lograr el cobro y recaudo de las multas impuestas a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por los jueces de la República, o autoridades administrativas; mediante la ejecución forzada de las acreencias contenidas en sentencias o actos administrativos debidamente ejecutoriados, constitutivos por sí mismos de obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles.
ART. 4º—Corresponde a la división de cobro coactivo de la Dirección Nacional de Estupefacientes el cobro de las multas impuestas por violación a la Ley 30 de 1986 y delitos conexos; así como las derivadas de actos administrativos proferidos por la misma entidad.
ART. 5º—La facultad de cobro coactivo que radica en cabeza del director nacional de estupefacientes, se delega, en el jefe de la división de cobro coactivo de la entidad o quien haga sus veces, para adelantar los procedimientos de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva de los créditos exigibles a favor de esta entidad dentro del territorio nacional.
Requisitos de las sentencias y actos administrativos como título ejecutivo para iniciar el trámite coactivo
ART. 6º—Constituyen título ejecutivo para el cobro por jurisdicción coactiva en la Dirección Nacional de Estupefacientes, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible los siguientes:
1. Las sentencias condenatorias proferidas por violación a la Ley 30 de 1986 y delitos conexos, que impongan la obligación de pagar una suma líquida de dinero y se encuentren debidamente ejecutoriadas.
2. Todo acto administrativo ejecutoriado, que imponga a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes la obligación de pagar una suma líquida de dinero en los casos previstos en la ley.
ART. 7º—Para efectos del proceso de cobro coactivo que se adelanta en esta división deberá entenderse por sentencia que presta mérito ejecutivo, la remitida por el órgano juzgador o autoridad competente con el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Plena identificación del condenado: nombres y apellidos completos, tipo y número del documento de identidad.
2. Certeza respecto del valor de la multa, la cual, si se determinó en salarios mínimos legales, debe especificar el año para el cual se liquidarán.
Constancia secretarial indicando que la providencia se encuentra debidamente ejecutoriada, especificando la fecha en que se surtió ésta.
ART. 8º—Un acto administrativo que sirve de fundamento al cobro coactivo, se entiende ejecutoriado de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, cuando:
1. Contra él no procede recurso alguno.
2. Cuando los recursos interpuestos se han decidido.
3. Cuando vencido el término para interponerlos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma, o cuando se renuncie expresamente o se desista de ellos.
ART. 9º—Para efectos del proceso coactivo al interior de la Dirección Nacional de Estupefacientes, las sentencias o actos que sean remitidos a la división correspondiente para el cobro coactivo, que no cumplan con los requisitos señalados en el artículo precedente, no constituirán pleno título para la iniciación del proceso coactivo, en todo caso, se solicitará al órgano juzgador o autoridad competente el reenvío de los mismos, indicando las falencias por las cuales no se da inicio al trámite, a fin de que sean subsanadas.
Mandamiento de pago requisitos y notificación
ART. 10.—Reunidos los requisitos señalados en el artículo 6º de esta resolución, se inicia el proceso de ejecución por jurisdicción coactiva con la expedición del mandamiento de pago en contra del condenado y a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el que se ordena la cancelación de las obligaciones pendientes derivadas de las multas más los intereses, el cual debe expresar:
1. La fecha del acto.
2. La autoridad que impuso la pena.
3. Nombres y apellidos completos del deudor; tipo y número de documento de identidad.
4. Valor de la multa expresado en letras y números.
5. El término que posee el deudor para hacer el pago de la obligación, así como la tasa de interés que se aplicará a la obligación hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la misma.
6. Los números de cuenta bancaria que posea la entidad para hacer efectivo, el recaudo de la obligación.
7. El fundamento legal en el que se sustenta la actuación.
8. El término para recurrir el acto y/o proponer excepciones.
9. El nombre y firma del funcionario facultado para ejercer la acción coactiva.
ART. 11.—La notificación del mandamiento de pago se hará personalmente en la división de cobro coactivo de la DNE; o en su defecto, en el despacho de la autoridad juzgadora o de la encargada de la ejecución de la pena.
Para llevar a cabo la notificación personal del multado, fuera de la división de cobro coactivo, ésta solicitará mediante oficio al cual se adjuntará el mandamiento de pago, la realización de la diligencia; la autoridad competente, una vez practicada la misma, remitirá con destino al expediente la constancia de notificación.
ART. 12.—De no lograrse la notificación personal, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es decir, a través de edicto emplazatorio, que permanecerá fijado en la secretaría del despacho de la autoridad juzgadora o de la encargada de la ejecución de la pena, por el término de 10 días hábiles. Para dar aplicación a lo dispuesto en este artículo, se remitirá solicitud a éstos en los términos del artículo anterior.
ART. 13.—Para los fines de la notificación del mandamiento de pago, operará la notificación por conducta concluyente, en los casos que de conformidad con la ley sea procedente.
ART. 14.—No habrá recurso contra los actos de trámite, preparatorios o de ejecución, excepto los casos previstos en norma expresa.
ART. 15.—Contra el mandamiento de pago procede el recurso de reposición ante el funcionario que lo profirió o quien haga sus veces, y el de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que se concederá en el efecto devolutivo; el auto que por vía de reposición lo revoque será apelable en el efecto diferido.
De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago; los recursos de apelación y queja, se surtirán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 16.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad y con indicación del nombre del recurrente.
2. Acreditar el pago de lo que el recurrente reconoce deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea exigible conforme a la ley.
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar nombre y dirección del recurrente.
ART. 17.—Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos expuestos, será rechazado; contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja, tal como lo establece el artículo 53 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 18.—Deben presentarse en escrito separado, dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en que se haya notificado el mandamiento de pago al ejecutado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 131 Código Contencioso Administrativo, de los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva, conocerá privativamente y en única instancia el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.
ART. 19.—El funcionario ejecutor rechazará de plano los incidentes que no estén autorizados por la ley, los que se promuevan fuera del término, y aquellos cuya solicitud no reúna los requisitos formales, esta decisión se tomará mediante auto apelable en el efecto devolutivo, de acuerdo con lo señalado en los artículos 165 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil.
Cuando el trámite de los incidentes sea admitido, el funcionario enviará copia del expediente, así como el original del cuaderno que contiene el trámite incidental, al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.
ART. 20.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil, el escrito de excepciones debe presentarse mediante apoderado, señalando los fundamentos de hecho y derecho en que se funda, aportando y solicitando las pruebas que el excepcionante considere pertinentes. Las excepciones incoadas deben ser precisas, no caben las excepciones genéricas.
ART. 21.—Por expresa remisión del artículo 252 del Código Contencioso Administrativo, las excepciones propuestas en este proceso, se regulan según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
ART. 22.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 509 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil sólo podrán proponerse como excepciones la de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; así como la de nulidad en los casos previstos en los numerales 7º y 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esto es, indebida representación del multado o la indebida notificación.
ART. 23.—Previa, simultánea o posteriormente a librar el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 513 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil.
ART. 24.—El funcionario solicitará de las distintas dependencias privadas y públicas como: oficina de instrumentos públicos, Cámara de Comercio, oficinas de tránsito y transporte, capitanías de puerto y entidades bancarias, entre otras, las informaciones necesarias que permitan establecer los bienes o ingresos del deudor, tal como lo señala el artículo 565 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 25.—El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si practicado el avalúo de los bienes embargados éstos excedieren la suma indicada deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado, de acuerdo con lo señalado en los artículos 512 y 517 Código de Procedimiento Civil.
PAR.—El avalúo de los bienes embargados, lo hará la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través de los organismos o entidades que presten este servicio, teniendo en cuenta el valor comercial de éstos, y lo notificará personalmente o por correo certificado.
Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular, designado por la entidad, caso en el cual el multado deberá cancelarle los honorarios, en un término no superior a treinta (30) días contados desde el día de la notificación o de la constancia de envío por correo certificado en que se le anuncie la designación. Contra este avalúo no procede recurso alguno.
ART. 26.—Cuando en el proceso de jurisdicción coactiva se decrete el embargo de bienes embargados en uno de otra jurisdicción, la medida se comunicará inmediatamente sin necesidad de auto que lo ordene, al juez de la otra jurisdicción, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trata.
Cuando en el proceso de jurisdicción coactiva se haya practicado el embargo, en los procesos que contra el multado se adelanten en otra jurisdicción, podrá pedirse el remanente dentro del primero de los citados.
ART. 27.—Si del certificado de registro, resulta que los bienes embargados están gravados, el funcionario ejecutor hará saber al acreedor la existencia del proceso, mediante notificación personal, a la dirección de éste, si se tuviere, o se solicitará sea realizada por e l juez que conoce de la medida.
ART. 28.—De la resolución que decrete el embargo de bienes se enviará una copia a la oficina de registro correspondiente. Cuando sobre dichos bienes, ya existiere otro embargo, registrado, el funcionario lo inscribirá y comunicará a la administración y al juez que ordenó el embargo anterior, en igual sentido procederá la división de cobro coactivo, informando al juez sobre la existencia del proceso de jurisdicción coactiva y el monto de la multa más los intereses, solicitándole ponga a disposición de la entidad el remanente del remate.
ART. 29.—Para el secuestro de bienes se aplicarán las siguientes reglas:
1. El secuestre será designado de la lista de auxiliares de la justicia, que manejen las autoridades judiciales del municipio de ubicación del inmueble.
2. En el auto que lo decrete se señalará fecha y hora para la diligencia.
3. La entrega de bienes al secuestre se hará previa relación de ellos en un acta en la que se indicará el estado en el que se encuentren.
4. Los vehículos serán depositados por el secuestre en la bodega de que disponga, tomando las medidas adecuadas para su conservación y mantenimiento.
En todo lo demás se estará a lo dispuesto por los artículos 682 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
ART. 30.—Para efectos de la oposición al secuestro se seguirán las reglas del artículo 686 del Código de Procedimiento Civil que son aplicables al proceso administrativo coactivo.
ART. 31.—Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:
1. Cuando el multado cancele la totalidad de lo debido.
2. Cuando opere la figura de la prescripción de la pena.
3. Si se ordena la terminación del proceso coactivo por la revocatoria del mandamiento de pago o por prosperar las excepciones propuestas.
4. Por muerte del multado.
Remate de bienes y pago
ART. 32.—El funcionario ejecutor dictará sentencia que ordene el remate de los bienes embargados, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado. Esta sentencia será notificada y contra ella no procede ningún recurso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 507 Código de Procedimiento Civil.
La liquidación del crédito y de las costas se practicará por separado.
ART. 33.—Con base en el avalúo practicado y una vez designado el secuestre la división de cobro coactivo llevará a cabo el remate de los bienes entregándolos para tal efecto a una entidad especializada, autorizada para ello por el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 del D. E. 2651 de 1991 adoptado como legislación permanente por la Ley 446 de 1998.
La entidad autorizada para llevar a cabo el remate de los bienes objeto de embargo y secuestro, podrá sufragar los costos o gastos que demande el servicio de remate, con el producto de los mismos y de acuerdo con las tarifas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
El funcionario ejecutor mediante auto señalará el plazo dentro del cual la entidad autorizada deberá practicar la diligencia de remate y fijará la base de la licitación que será el 70% del avalúo de acuerdo con lo señalado en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 34.—El remate se anunciará al público, siguiendo las reglas señaladas en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil, cuya elaboración estará a cargo de la entidad autorizada para la práctica del remate y el costo será deducido del valor del mismo.
El depósito para hacer postura y el excedente entre el precio base y el precio final de venta serán recaudados por la entidad autorizada para llevar a cabo el remate y la liquidación y el correspondiente reembolso a la Dirección Nacional de Estupefacientes deberá hacerlos dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de adjudicación.
ART. 35.—La entidad autorizada para el remate deberá extender un acta de dicha diligencia en la que se hará constar como mínimo:
Fecha y hora en que se llevó a cabo.
Nombre de los postores.
Especificación de los bienes rematados y procedencia del dominio del ejecutado.
Precio del remate.
Si la licitación quedare desierta por falta de postores, se dejará consignado en el acta, y se abrirá nueva licitación, para la cual se seguirán las reglas del artículo 533 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 36.—La entidad autorizada para el remate se encargará de que el rematante consigne el saldo del precio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la diligencia de remate, conforme lo establece el artículo 529 Código de Procedimiento Civil.
ART. 37.—Pagado oportunamente el precio el funcionario ejecutor, aprobará el remate mediante auto en el que se dispondrán además:
1. La cancelación de los gravámenes prendarios o hipotecarios que afecten el bien objeto de remate.
2. La cancelación del embargo y el secuestro.
3. La expedición de copia del acta del remate y del auto aprobatorio, con destino a la notaría que corresponda al lugar de ubicación del inmueble para su protocolización. Copia de la escritura se agregará el expediente.
4. La entrega del bien por el secuestre al rematante.
5. La entrega del remanente al ejecutado, si éste no estuviere embargado en otro proceso del que se tenga conocimiento.
6. La cancelación de los impuestos y demás gravámenes sobre el bien.
Liquidación del crédito y las costas
ART. 38.—Sólo habrá lugar a condenar en costas cuando en el expediente aparezca que se causaron, y su liquidación incluirá el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de los auxiliares de la justicia y demás gastos judiciales, debidamente comprobados.
ART. 39.—Para la liquidación del crédito deberá tenerse en cuenta el capital, esto es el monto de la multa impuesta y de los intereses de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago.
ART. 40.—De las anteriores liquidaciones será notificado el demandado a fin de que dentro de los tres (3) días siguientes formule las objeciones que considere, vencido este término el funcionario ejecutor las aprobará mediante auto contra el cual no procede recurso alguno.
Formas de terminación del proceso
ART. 41.—Son formas de terminación del proceso:
1. El pago total de la multa.
2. La muerte del multado.
3. La prescripción.
PAR.—De acuerdo a lo establecido en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, en estos procesos no es aplicable la figura de la perención.
ART. 42.—Para efectos del pago de la multa impuesta, el funcionario ejecutor, podrá celebrar acuerdos de pago, fraccionando el pago de la misma máximo hasta en veinticuatro (24) cuotas de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 numeral 6º del Código Penal.
PAR.—Los intereses causados desde la ejecutoria del título, y hasta la fecha en que se suscriba el acuerdo de pago, se incluirán en el valor objeto de acuerdo. A partir de esta fecha cesará la causación de intereses, salvo que el condenado incurra en incumplimiento a lo acordado, evento en el cual se harán exigibles en su totalidad.
PAR. TRANS.—Las multas impuestas en sentencias proferidas con anterioridad al 24 de julio de 2001, que constituyan título ejecutivo para el cobro y sean objeto del acuerdo de pago de que trata este artículo, podrán fraccionarse hasta en treinta y seis (36) meses de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Decreto-Ley 100 de 1980.
ART. 43.—Cuando el funcionario ejecutor tenga conocimiento de la muerte del multado, decretará la cancelación del proceso, ordenará levantar las medidas cautelares que hubieren sido decretadas y el consecuente archivo del expediente, siempre que obre prueba sumaria de este hecho.
ART. 44.—La acción de cobro de las multas prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles, y el de la multa a partir del día siguiente de la ejecutoria del acto que la imponga.
El término prescriptivo de la pena de multa se interrumpirá con la decisión mediante la cual se inicia el procedimiento de ejecución coactiva de la misma.
El término de prescripción de la acción de cobro, se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, y por el otorgamiento de facilidades para el pago.
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la notificación del mandamiento de pago.
La prescripción podrá decretarse de oficio o a solicitud del multado.
Del cobro persuasivo
ART. 45.—Es el conjunto de gestiones que la división de cobro coactivo, debe realizar, sin perjuicio de la obligación de adelantar el trámite coactivo, para la recuperación ágil de la cartera, incluyendo el capital e intereses; teniendo como propósito lograr un acercamiento con el deudor, tratando de agilizar el recaudo de la multa y/o el cumplimiento del pago mediante el otorgamiento de plazos, con el lleno de los requisitos legales.
Para proceder al cobro persuasivo es necesario conocer el monto total de la deuda a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes; así como tener conocimiento pleno del deudor, su identificación y localización.
ART. 46.—La acumulación de procesos se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil para este tema, con lo cual, podrán acumularse varios procesos coactivos si tienen un ejecutado común y se ha librado mandamiento de pago en cada uno de ellos, sin perjuicio de que en un mismo mandamiento de pago se puedan exigir varias obligaciones.
Cabe anotar que sólo es posible la acumulación de procesos cuando el funcionario ejecutor esté conociendo de dos o más procesos ejecutivos contra un mismo deudor, y los títulos base de la ejecución estén determinados en los artículos 68 Código Contencioso Administrativo y 562 Código de Procedimiento Civil.
ART. 47.—Si del certificado del registrador resulta que los bienes embargados están gravados, el funcionario ejecutor hará saber al acreedor de la existencia del proceso coactivo, a través del juzgado de conocimiento, o mediante carta certificada que será enviada a la personería del municipio de residencia de aquel, o en su defecto al juzgado municipal del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 568 Código de Procedimiento Civil, para que pueda hacer valer su crédito ante juez competente.
El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviará al juez que adelante el proceso para el cobro del crédito con garantía real o se depositará a la orden de la entidad ejecutora para los fines indicados en el inciso anterior, tal y como lo ordena el artículo 566 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 48.—Mientras entran a operar los juzgados administrativos, el trámite incidental de excepciones, seguirá adelantándose conforme a lo establecido en el artículo 131 del Código Contencioso Administrativo, una vez éstos entren en funcionamiento, el trámite se adelantará según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 446 de 1998 que modificó el artículo 131 del Código Contencioso Administrativo, y según lo expresado en el parágrafo del artículo 164 de la misma ley.