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Timestamp: 2020-07-08 22:01:33
Document Index: 187881112

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 180', 'Artículo 186', 'Artículo 192', 'Artículo 231', 'Artículo 232', 'Artículo 233', 'Artículo 234', 'Artículo 235', 'Artículo 236', 'Artículo 237', 'Artículo 238', 'Artículo 239', 'Artículo 240', 'Artículo 241', 'Artículo 242', 'Artículo 243', 'Artículo 244', 'Artículo 245', 'Artículo 246', 'Artículo 247', 'Artículo 248', 'Artículo 249', 'artículo 177', 'artículo 47', 'artículo 47', 'Artículo 114', 'artículo 48', 'artículo 59', 'artículo 39', 'artículo 182', 'artículo 46', 'artículo 185', 'artículo 46', 'Artículo 193', 'artículo 46', 'Artículo 194', 'artículo 46', 'artículo 9', 'artículo 9']

Artículo 1 La Administración local de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Artículo 2 Entidades locales riojanas
Artículo 6 Registro de entidades locales de La Rioja
Artículo 7 Competencias y funciones atribuidas a la Comunidad Autónoma de La Rioja por su carácter uniprovincial
CAPÍTULO I. EL TERRITORIO
CAPÍTULO II. LA POBLACIÓN
CAPÍTULO III. DENOMINACIÓN, CAPITALIDAD Y SÍMBOLOS DE LOS MUNICIPIOS
SECCIÓN 1. Municipios en Régimen de Concejo Abierto
SECCIÓN 2. Municipios Monumentales
SECCIÓN 3. Municipios con núcleos de población diferenciados
SECCIÓN 4. Logroño, capital de la Comunidad Autónoma
TÍTULO III. DE LAS DEMÁS ENTIDADES LOCALES
Artículo 51 Derecho de libre asociación entre municipios
Artículo 52 Potestades
SECCIÓN 2. Estatutos y constitución
Artículo 54 Procedimiento de aprobación de los estatutos
Artículo 55 Constitución de las mancomunidades y de sus órganos de gobierno
Artículo 56 Modificación de los estatutos
SECCIÓN 3. Medidas de fomento
Artículo 57 Fomento de las mancomunidades
Artículo 58 Operaciones de crédito
Artículo 59 Obligatoriedad de las aportaciones
CAPÍTULO II. MANCOMUNIDADES DE INTERÉS COMUNITARIO
Artículo 60 Mancomunidades de interés comunitario
Artículo 62 Procedimiento de declaración
Artículo 63 Del fomento de las mancomunidades de interés comunitario
CAPÍTULO III. LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA RIOJA
Artículo 64 Configuración de la demarcación
Artículo 65 Aprobación de la demarcación
Artículo 66 Modificación de la demarcación
CAPÍTULO IV. DE LAS COMARCAS
Artículo 67 Naturaleza y fines
Artículo 68 Potestades de la comarca
Artículo 69. Ter ritorio, denominación y capitalidad
Artículo 70 Creación por Ley
Artículo 71 Competencias propias
Artículo 72 Competencias transferidas o delegadas
Artículo 73 Gestión por la comarca de servicios autonómicos
Artículo 74 Traspaso de competencias de mancomunidades, consorcios o de otros entes asociativos municipales a las comarcas
CAPÍTULO V. LA ENTIDAD METROPOLITANA
Artículo 75 Creación por Ley
CAPÍTULO VI. ENTIDADES LOCALES MENORES
Artículo 76 Creación y disolución
Artículo 77 Potestades
Artículo 78 Procedimiento de creación y disolución
Artículo 80 Organización
Artículo 81 Funcionamiento
Artículo 82 Participación en las decisiones municipales
Artículo 83 Vacante de Alcalde pedáneo y Comisiones gestoras
CAPÍTULO VII. OTRAS ENTIDADES LOCALES
Artículo 84 Normas peculiares y su modificación
TÍTULO IV. DE LA TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA A LAS ENTIDADES LOCALES Y DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN
Artículo 85 Transferencia, delegación y encomienda de competencias
Artículo 86 Entidades locales beneficiarias e iniciación del procedimiento
CAPÍTULO II. LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS
Artículo 87 Régimen jurídico de la transferencia de competencias
Artículo 88 Recursos económicos
CAPÍTULO III. LA DELEGACIÓN
Artículo 89 Competencias susceptibles de delegación
Artículo 90 Aprobación de la delegación
Artículo 91 Control de las competencias delegadas
Artículo 92 Obligaciones
Artículo 93 Revocación y avocación de competencias
Artículo 94 Financiación
CAPÍTULO IV. LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN
Artículo 95 Régimen jurídico de la encomienda de gestión
CAPÍTULO II. RELACIONES ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LAS ENTIDADES LOCALES
SECCIÓN 1. Colaboración, cooperación y auxilio
SECCIÓN 2. De la coordinación, gestión integrada y subrogación
CAPÍTULO III. RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES LOCALES
CAPÍTULO IV. CONSEJO RIOJANO DE COOPERACIÓN LOCAL
TÍTULO VI. DE LAS HACIENDAS LOCALES
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y ACUERDOS
CAPÍTULO IV. IMPUGNACIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS LOCALES Y EJERCICIO DE ACCIONES
CAPÍTULO V. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAS
TÍTULO VIII. BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES
Artículo 180 Desafectación de bienes comunales para su posterior cesión
Artículo 186 Intervención de la Comunidad Autónoma en los actos de disposición de bienes
Artículo 192 Fomento de la deforestación
TÍTULO IX. ACTIVIDADES, OBRAS, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN
CAPÍTULO II. DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS ENTIDADES LOCALES
SECCIÓN 2. De los servicios y actividades de carácter económico
SECCIÓN 3. Formas de gestión
CAPÍTULO IV. LA ACCIÓN DE FOMENTO
CAPÍTULO V. OBRAS PÚBLICAS LOCALES
TÍTULO X. DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES
Artículo 231 Personal de las Entidades locales
Artículo 232 Competencias de las Corporaciones Locales
Artículo 233 Oferta de empleo
Artículo 234 Retribuciones
Artículo 235 Régimen estatutario de los funcionarios locales
Artículo 236 Formación y perfeccionamiento del personal
CAPÍTULO II. DE LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
Artículo 237 Funciones públicas necesarias
Artículo 238 Competencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Artículo 239 Cooperación al desempeño de las funciones públicas necesarias
CAPÍTULO III. DE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS DE CARRERA
Artículo 240 Escalas y subescalas de funcionarios de carrera
Artículo 241 Movilidad funcional
Artículo 242 Selección
Artículo 243 Tribunales de selección
Artículo 244 Provisión de puestos de trabajo
CAPÍTULO IV. DEL PERSONAL LABORAL Y EVENTUAL
Artículo 245 Personal laboral
Artículo 246 Personal eventual
CAPÍTULO V. AGRUPACIONES PARA SOSTENIMIENTO DE PERSONAL COMÚN
Artículo 247 Clases
Artículo 248 Procedimiento de creación
Artículo 249 Agrupaciones de personal con sede administrativa común
Disposición Transitoria Única Procedimientos de alteración de términos municipales en tramitación
Disposición Final Primera Habilitación de desarrollo reglamentario
Disposición Final Segunda Mancomunidades de interés comunitario
Apartado 4 del artículo 177 introducido por el apartado primero del artículo 47 de la Ley [LA RIOJA] 7/2014, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015 («B.O.L.R.» 29 diciembre). Disposición adicional única introducida por el apartado segundo del artículo 47 de la Ley [LA RIOJA] 7/2014, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015 («B.O.L.R.» 29 diciembre).
Artículo 114 redactado por la disposición final primera de la Ley [LA RIOJA] 11/2013, 21 octubre, de Hacienda Pública de La Rioja («B.O.L.R.» 25 octubre/«B.O.E.» 8 noviembre), en la redacción dada por el apartado cuarto del artículo 48 de la Ley [LA RIOJA] 7/2014, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015 («B.O.L.R.» 29 diciembre).
R Coordinación Autonómica y Local 3 Feb. 2014 (acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-CA La Rioja en relación con la L 11/2013 de 21 Oct., Hacienda Pública)
Véase Res. 3 febrero 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja («B.O.E.» 24 febrero), que modifica el presente artículo.
Apartado 2 del artículo 59 redactado por el artículo 39 de la Ley [LA RIOJA] 13/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014 («B.O.L.R.» 30 diciembre).
Número 6 del artículo 182 introducido por el número primero del artículo 46 de la Ley [LA RIOJA] 6/2009, 15 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010 («B.O.L.R.» 23 diciembre), con efectos desde el 27 de diciembre de 2009. Número 1 del artículo 185 redactado por el número segundo del artículo 46 de la Ley [LA RIOJA] 6/2009, 15 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010 («B.O.L.R.» 23 diciembre), con efectos desde el 27 de diciembre de 2009. Artículo 193 redactado por el número tercero del artículo 46 de la Ley [LA RIOJA] 6/2009, 15 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010 («B.O.L.R.» 23 diciembre), con efectos desde el 27 de diciembre de 2009. Artículo 194 introducido, en su actual redacción, por el número cuarto del artículo 46 de la Ley [LA RIOJA] 6/2009, 15 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010 («B.O.L.R.» 23 diciembre), con efectos desde el 27 de diciembre de 2009.
La Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con el artículo 9.8 de su Estatuto de Autonomía, tiene competencias de desarrollo legislativo y ejecutivo en materia de «régimen local». Éste es el título jurídico que legitima la aprobación de la presente Ley de Administración Local. Ello no supone desconocer que el Estatuto recoge otros títulos competenciales referidos a la Administración Local (Arts. 5; 8.Uno.3; 9.7; 13; 19; 27; 33; 53 y Disposición Transitoria Primera). Los contenidos sustantivos recogidos en esos preceptos constituyen, sin embargo, submaterias o fragmentos que deben entenderse englobados, en la actualidad, en aquel título competencial principal de régimen local, al que nada añaden en sentido estricto. Esas abundantes referencias a la Administración Local en el Estatuto son, en todo caso, un reflejo de la especial sensibilidad hacia los problemas del gobierno local y de la organización territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Tras la reforma del Estatuto de 1999, La Rioja tiene, pues, la máxima competencia en la materia sin otro límite, obvio, por otra parte, que su ejercicio se realice en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, como oportunamente establece el párrafo inicial del referido artículo 9 del Estatuto. Han quedado superadas, por tanto, las limitaciones competenciales derivadas de la originaria redacción del Estatuto de Autonomía, de 1982, que explican el corto alcance -pese a su pretencioso título- de la Ley 3/1993, de 22 de septiembre, de Régimen Local de La Rioja, que ahora se deroga.
El Parlamento de La Rioja, sensible al profundo significado político que tiene el gobierno local como expresión del autogobierno ciudadano, aprueba, mediante la presente Ley, el marco jurídico general por el que se regirán las Entidades Locales de La Rioja. Una Ley ajustada a las características de su Administración Local y a las necesidades y exigencias que el momento presente y el inmediato futuro demandan. Con ese criterio está concebida esta Ley que, respetuosa con la minuciosa legislación básica estatal, aprovecha todos aquellos elementos positivos de la legislación propia que ahora se deroga, así como las experiencias innovadoras seguidas por otras Comunidades Autónomas en materia de régimen local que resultan de eficacia contrastada.
La Rioja es una Comunidad Autónoma uniprovincial de reducida extensión territorial, integrada por 174 municipios y cuatro entidades locales menores. Un ochenta por ciento de los municipios tiene menos de 1.000 habitantes. Solo dos municipios, excluido Logroño, superan la cifra de 10.000 habitantes, y en el municipio capital de la Comunidad Autónoma reside el cincuenta por ciento de la población. Un territorio, pues, con una extensa red de pueblos y ciudades organizados en municipios que configura un sistema poblacional descompensado, debido a la singular posición de Logroño -justificativa del régimen privativo de capitalidad contemplado en esta Ley- y al desequilibrio apreciable entre el valle y la sierra. Ésta es la realidad a la que va dirigida la nueva norma, realidad que la condiciona y a la que, a un mismo tiempo, pretende ordenar y mejorar.
Las líneas maestras de la ordenación de la organización territorial las ha establecido el Estatuto de Autonomía. La Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con el Art. 5.1, estructurará su organización territorial en municipios. El municipio es la única entidad local necesaria, puesto que la comarca, tras la reforma estatutaria de 1999, ha perdido el carácter necesario reconocido en la redacción originaria de 1982. Su creación es, ahora, de acuerdo con el Art. 5, apartados 2 y 27 del Estatuto, una mera posibilidad libremente acordada por el Parlamento, decisión basada, en su caso, en estrictas razones de política territorial. La condición de Comunidad Autónoma uniprovincial de La Rioja supone la inexistencia de Diputación Provincial -en particular, de sus órganos de representación y gobierno-, cuyas competencias, medios y recursos son asumidos por los órganos de la Comunidad Autónoma (Art. 13 EAR y, en el mismo sentido Art. 40 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985).
La presente Ley, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, hace del municipio la pieza básica de la organización, en cuanto institucionalización del sistema de autogobierno ciudadano o, lo que es lo mismo, expresión del principio democrático aplicado a la gobernación del territorio. No puede ignorarse, sin embargo, que en el municipio concurre una doble dimensión como entidad pública representativa y administración prestadora de servicios. En efecto, el municipio como entidad representativa es insustituible en el sistema establecido por la Ley, como cauce inmediato de participación de los ciudadanos en los asuntos de la colectividad. Pero ese carácter, con ser extraordinariamente importante y condición necesaria para hablar con propiedad de gobierno local, no es suficiente para justificar su existencia como entidad administrativa básica de la organización territorial. El municipio debe ser, además, una Administración prestadora de servicios a los ciudadanos que lo integran. Es el ejercicio de estas tareas públicas lo que justifica su existencia. La Ley asume plenamente este planteamiento y saca las oportunas consecuencias en el plano organizativo y competencial.
Por lo que hace referencia a los aspectos organizativos, la Ley renuncia a modificar imperativamente el mapa municipal si bien, para mejorar su configuración y funcionalidad limita la creación de nuevos municipios a los que tengan más de 500 habitantes; establece exigentes reglas para la alteración de municipios y medidas de fomento de las agrupaciones y fusiones y, asimismo, contempla la novedosa figura de los programas de reorganización territorial para paliar las consecuencias del despoblamiento rural. En cuanto a la organización municipal, la Ley renuncia a establecer con carácter general una organización complementaria, pues ésta debe corresponder a cada municipio en ejercicio de su potestad de autoorganización. Las normas imperativas contempladas tienen como finalidad garantizar el pluralismo político (grupos políticos municipales, comisiones) y la participación ciudadana, sin perjuicio de que en los municipios puedan dictarse normas más favorables.
Asimismo, el principio de autogobierno ciudadano explica la regulación de fórmulas de gobierno directo como la del Concejo abierto que la Ley desarrolla completando la insuficiente regulación básica estatal, lo que ha de permitir que esta fórmula se expanda en el futuro; mantiene, mejorada, la gestión descentralizada con personalidad propia de las entidades locales menores para aquellas que tengan al menos cincuenta habitantes o los sistemas de gestión desconcentrada sin personalidad de los núcleos separados (Juntas de Vecinos) que tengan, al menos, cien vecinos, fórmula que puede contrarrestar las tendencias segregacionistas siempre presentes o que, en el caso de las Juntas de Distrito o Barrio, constituye un cauce de participación vecinal en los pueblos y ciudades de más de 5.000 habitantes. Asimismo, la fidelidad a las exigencias derivadas del principio de autogobierno ciudadano explica la admisión de los regímenes municipales especiales (además del Concejo abierto ya mencionado, los municipios monumentales; los municipios con núcleos de población diferenciados; el régimen de capitalidad para la ciudad de Logroño, así como el reconocimiento de su realidad metropolitana).
En el marco del referido plano organizativo, la Ley no ignora la debilidad constitutiva de la mayoría de nuestros municipios y para contrarrestar la apuesta decididamente por el asociacionismo municipal, mediante la fórmula de las mancomunidades de municipios, que ha demostrado con creces su funcionalidad por su carácter voluntario y su flexibilidad para ajustarse al nivel territorial que requiera la ejecución de las obras o servicios locales. Las mancomunidades de interés comunitario -cuya declaración corresponde al Gobierno de La Rioja, cuando su ámbito coincida con las demarcaciones territoriales aprobadas previamente por el Parlamento- constituyen un elemento director y correctivo de esa espontaneidad asociativa municipal que, a la postre, puede resultar disfuncional y un anticipo de futuras estructuras organizativas de ámbito supramunicipal, que podrán asumir las funciones que corresponderían a una entidad comarcal. Por lo demás, la fórmula de los consorcios constituye una manifestación del asociacionismo municipal potenciado por su extensión a la Administración de la Comunidad Autónoma y ofrece experiencias muy fructíferas de colaboración como el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja y el Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil (CEIS-RIOJA).
En relación con la comarca, la Ley adopta una posición de cautela coherente con la opción estatutaria relativa a su carácter no necesario. Esta circunstancia aconseja y obliga a ser prudentes, razón por la que se renuncia a poner en marcha de forma inmediata el proceso de creación de las comarcas, dado que no se perciben como una necesidad imperiosa y pudieran resultar una imposición artificiosa y voluntarista del legislador. Ello no supone, sin embargo, renuncia alguna a su posible constitución futura, que puede verse propiciada por la experiencia de las mancomunidades de interés comunitario. En tal sentido, la Ley atribuye al Parlamento la aprobación de la demarcación territorial de La Rioja como paso previo y necesario para la posible creación posterior de las comarcas que también corresponde al Parlamento. Será la Ley de creación la que determine sus elementos constitutivos, su organización, competencias y recursos económicos.
En el plano competencial, la Ley resuelve la cuestión de la determinación de las competencias locales remitiendo a lo que dispongan las Leyes del Estado y de La Rioja. Tras una apariencia engañosa, ésta es una fórmula extraordinariamente simple por varias razones: porque la determinación por Ley de las competencias municipales es una garantía derivada del principio de autonomía; por ser ésa una función propia de las Leyes sectoriales y no de las Leyes generales de régimen local, como la experiencia histórica demuestra; y, finalmente, pero no por ello menos importante, porque esa fórmula no es óbice a la operatividad del principio de autonomía como título habilitante de la actividad municipal, esto es, allá donde no exista previsión legal específica, el principio de autonomía despliega su virtualidad para legitimar cuanto sea de interés para la colectividad local, constituye una cláusula potencialmente universal de la acción municipal.
En respuesta a las exigencias derivadas del llamado «Pacto Local», la Ley establece las bases jurídicas con arreglo a las cuales se procederá a la transferencia, delegación y encomienda de gestión de competencias de la Comunidad Autónoma a favor de los municipios y demás Entidades locales (Título IV). Se trata de un complejo proceso de redistribución de las competencias de base negociada cuya concreción precisa no resulta fácil -dada la heterogeneidad de las Entidades Locales- para lo que se constituirán las oportunas Comisiones sectoriales o mixtas en las que estarán representadas ambas partes.
Relacionado con la dimensión financiera del «Pacto Local», el Título VI, relativo a las Haciendas Locales, tiene un contenido muy delimitado y breve. Tras reiterar el principio de suficiencia concreta el alcance de la tutela financiera que corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el sistema de compensación de deudas. Como novedad más destacable otorga rango legal al Fondo de Cooperación Local, instrumento de cooperación financiero a las obras y servicios de las entidades locales cuya cuantía anual fijará la Ley de Presupuestos Generales de La Rioja.
El Título VII de la Ley, relativo a las Disposiciones comunes a las Entidades locales, es buen exponente de la finalidad compiladora en una materia de general y constante aplicación que no precisa desarrollo reglamentario general, salvo en los municipios de cierta envergadura, cuyo Reglamento orgánico debe ser, en ese caso, el instrumento adecuado para establecer las peculiaridades organizativas y de funcionamiento que sean necesarias. Con esa intención está regulado el estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales, que incorpora normas para hacer frente al transfuguismo político; el régimen de funcionamiento, donde se ordena y sistematiza la dispersa legislación estatal aplicable; el procedimiento y régimen jurídico de los actos y acuerdos locales, que establece el imprescindible engarce con la legislación de procedimiento común; la impugnación de actos y acuerdos locales y el ejercicio de acciones y, finalmente la información y participación ciudadanas.
El Título VIII, establece la regulación general del régimen jurídico y aprovechamiento de las distintas clases de bienes de las Entidades Locales, que integra y complementa la normativa básica estatal, en aquellas materias que deben tener rango legal por afectar a su calificación o a actos de disposición, como es el caso de la desafectación de bienes comunales para su posterior cesión a terceros en casos de interés público. Regula la adscripción y aportación de bienes a organismos y sociedades locales; otorga suficiente cobertura legal a ciertos aprovechamientos específicos derivados de sus bienes que han adquirido notable importancia económica para muchos pequeños municipios; flexibiliza el régimen de enajenación de bienes cuando su finalidad es la promoción de actividades económicas, así como regula la permuta de cosa futura y la reforestación de montes.
En el Título IX se regulan las actividades, obras, servicios y contratación de las Entidades Locales en el que se clarifica el régimen legal de la intervención local en la actividad de los particulares y la actividad económica y de prestación de servicios. Con esa finalidad establece las reglas generales de otorgamiento de licencias y autorizaciones, su tipología y las causas de revocación o anulación. En concordancia con la más reciente jurisprudencia constitucional autoriza que las Ordenanzas locales puedan tipificar infracciones y sanciones en aquellas materias de su competencia exclusiva y en ausencia de previsión legal específica. En materia de servicios y actividad económica sistematiza y actualiza la legislación básica estatal, así como clarifica el régimen de la iniciativa pública local en materia económica, a partir de la distinción entre actividades ejercidas en régimen de monopolio (las reservadas) y en régimen de libre concurrencia, suprimiendo el equívoco concepto de la «municipalización». En cuanto a las obras públicas locales establece su concepto y clases, así como los requisitos para su ejecución, aspectos necesitados del oportuno desarrollo reglamentario. Finalmente en materia de contratación recoge las previsiones organizativas imprescindibles, remitiendo, en cuanto al régimen sustantivo, a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
El Título X contiene una regulación mínima del régimen del personal al servicio de las Entidades Locales, dado que es aplicable directamente la legislación básica estatal relativa a los habilitados nacionales -en relación con los cuales determina las específicas competencias que corresponden a la Administración regional- así como al resto del personal de las Entidades Locales. Acoge, sin embargo, algunas novedades dignas de mención que resultan de extraordinaria importancia para la función pública local y su debida articulación con la regional. Es el caso de la creación de la subescala de gestión que permite la equiparación de las escalas de funcionarios locales con las regionales, base para establecer las equivalencias adecuadas y la movilidad funcionaria. Establece la práctica profesionalización de los tribunales de selección del personal de las Entidades locales, como garantía del principio constitucional de mérito y capacidad. Permite que la selección del personal pueda ser encomendada a la Escuela Riojana de Administración Pública, quien realizará convocatorias conjuntas, previsión que redundará en la mejora cualitativa y homologación profesional de la función pública. Finalmente, contempla la agrupación de Entidades locales para el sostenimiento de personal común, no limitado a las funciones públicas necesarias.
La Ley se cierra con la previsión de las imprescindibles Disposiciones Transitorias (en cuanto al procedimiento aplicable a los expedientes de alteración de términos municipales); Derogatoria (que afecta a la Ley 3/1993, de 22 de septiembre) y Finales (habilitación al Gobierno para el desarrollo reglamentario que resulte necesario y reconocimiento de mancomunidades de interés comunitario mientras no se apruebe la demarcación territorial).