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Timestamp: 2020-04-08 19:53:55
Document Index: 12013175

Matched Legal Cases: ['artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 374', 'artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 102', 'artículo 272']

informe | La Verdadera Intencion
HONDURAS Revela la Comisión de la Verdad: “Zelaya fue removido del poder ilegalmente”
Revela la Comisión de la Verdad: “Zelaya fue removido del poder ilegalmente”
http://www.ellibertador.hn/?q=article/revela-la-comisi%C3%B3n-de-la-verdad-%E2%80%9Czelaya-fue-removido-del-poder-ilegalmente%E2%80%9D
Artículo | June 9, 2011 – 7:28pm
Tegucigalpa.La Comisión de la Verdad y Reconciliación, (CVR), divulgó este día un
informe que especialistas en leyes de la Universidad de Harvard en Estados
Unidos realizaron sobre lo suscitado antes durante y después del golpe de
Estado del 28 de junio de 2009, y deja al descubierto la conspiración que hizo
la extrema derecha para derrocar a Manuel Zelaya.
En el informe se detalla que el Poder Legislativo
de ese entonces no tenía facultades legales para destituir del cargo de
Presidente a “Mel”; tampoco los militares tenían competencia para arrestar y
deportar a Zelaya hacia Costa Rica.
Los juristas llegaron a la conclusión que la actual
Constitución tiene serias falencias en cuanto a las funciones que los poderes
del Estado deben cumplir.
Es por ello que este grupo de consultores
contratados por la CVR recomiendan que se deben dar profundas reformas
constitucionales tales como la “reconsideración” de los artículos pétreos.
Uno de los principales problemas en el caso de
Honduras es que el texto constitucional es vago o silencioso en varios puntos
Este informe ha sido elaborado para la Comisión de
la Verdad y Reconciliación de Honduras. Tiene dos objetivos: en primer lugar
dar un análisis jurídico y constitucional de los acontecimientos que rodearon
la destitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales del poder en junio de
2009 (Parte IV del informe), y segundo, hacer recomendaciones para las reformas
constitucionales y legales con el fin de evitar sucesos similares en el futuro
(Parte V del informe). El informe también incluye, en la Parte III, un breve
resumen de los hechos pertinentes.
Los hechos relativos a la destitución de junio de
2009 del presidente Zelaya Rosales del poder involucraron tres peligros
distintos a la gobernabilidad democrática. El primero es el riesgo de que los
ejecutivos principales u otros actores políticos poderosos abusen de su poder
para engrandecerse a sí mismos o para socavar a otras instituciones
democráticas. Hay un riesgo significativo en muchos países de que estos actores
puedan ser capaces de erosionar la democracia desde dentro. El segundo es el
riesgo significativo de que los militares puedan intervenir en los
acontecimientos políticos y, en particular en las transferencias irregulares de
poder. Es fundamental que los militares no asuman el papel político que una vez
habitualmente poseyeron en América Latina.
El tercero es la falta de claridad en los textos
constitucionales sobre el papel institucional que debe ser jugado por los
diferentes actores institucionales durante una crisis. Los textos
constitucionales de numerosos países no ofrecen una orientación clara en cuanto
a cómo los diferentes actores deben actuar durante una crisis, ni se explica
cómo manejar los conflictos entre estos actores.
Un observador muy probablemente llegaría a la
conclusión de que tanto el presidente Zelaya Rosales y muchas de las
instituciones que participaron en su remoción del poder actuaron de manera
ilegal e inconstitucional en ciertos puntos. Zelaya Rosales probablemente actuó
inconstitucionalmente al proponer la “consulta” o “encuesta” de la Cuarta Urna,
y cuando él insistió con ese proyecto a pesar de las órdenes judiciales
Al mismo tiempo, Zelaya Rosales, probablemente no
fue removido de su cargo por un proceso legal. El Congreso aprobó un proyecto
de ley que pretendía sacar a Zelaya Rosales de su cargo, pero el Congreso no
parecía tener la facultad constitucional de destituir al presidente. Y los
miembros de las Fuerzas Armadas actuaron inconstitucionalmente cuando sacaron a
Zelaya Rosales del país.
Los tres peligros para la democracia identificados
en este caso –la erosión del ejecutivo de la gobernabilidad democrática, la
intervención militar en la política, y la falta de claridad acerca de las
funciones institucionales de los diferentes actores políticos– son difíciles de
manejar en un texto constitucional y por los actores políticos.
críticos. Lo más importante, no hay ninguna hoja de ruta constitucional clara
que exponga los motivos de fondo para la destitución presidencial, el proceso
de destitución, y las funciones de las diversas instituciones durante el
Por lo tanto, ponemos de relieve las
recomendaciones posibles para el texto. También recomendamos reformas
encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho en el país, y en particular el
Poder Judicial. Hacer del Poder Judicial un árbitro más eficaz en una crisis
institucional disminuiría la posibilidad de recurrir a proceso
extra-constitucional.
La Parte IV del informe ofrece la evaluación
jurídica de los siguientes eventos: (A) las acciones del presidente Zelaya
Rosales con respecto al proceso de la “Cuarta Urna”; (B) el proceso penal que
se inició en contra de Zelaya Rosales, (C), el proyecto de ley del Congreso que
pretendía sacar a Zelaya Rosales de la Presidencia y nombrar a un nuevo
presidente, y (D) el papel de las Fuerzas Armadas tanto al negarse a obedecer
las órdenes de Zelaya Rosales con respecto a la Cuarta Urna, y en la remoción
de Zelaya Rosales del país.
El proceso de la Cuarta Urna apuntaba a la
celebración de una “consulta popular” o “encuesta de opinión” no vinculante con
el fin de evaluar si el público favorecía la convocatoria de una Asamblea
Constituyente para redactar una nueva Constitución nacional en Honduras. Zelaya
Rosales emitió dos decretos ejecutivos anunciando este proceso y dejando su
administración en manos del Instituto Nacional de Estadística. También emitió
un acuerdo ejecutivo, que ordenaba a las Fuerzas Armadas prestar apoyo a la
Nuestra conclusión es que Zelaya Rosales carecía de
autoridad legal para llamar al país a una “consulta popular” o “encuesta de
opinión” a través de decreto ejecutivo. Además, ilegalmente, puso la gestión de
la encuesta en manos del Instituto Nacional de Estadística, que no estaba
autorizado para ejercer esta función.
El Instituto Nacional de Estadística, a diferencia
de otras instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, no estaba equipado
adecuadamente para garantizar que un proceso de votación en todo el país se
desarrollara en forma justa. También violó las normas legales y
constitucionales relacionadas con los militares al ordenar a las Fuerzas
Armadas apoyar la encuesta. Más críticamente, Zelaya Rosales violó la norma
constitucional que dicta que las Fuerzas Armadas deben ser “apolíticas” al
tratar de involucrarlas en una lucha institucional entre los poderes del
Acotamos que no queda claro si Zelaya Rosales violó
el artículo 239 de la Constitución. El artículo 239 prohíbe la reelección presidencial,
y junto con el artículo 374 hace la prohibición inamovible bajo ninguna
circunstancia. El artículo 239 también establece que cualquier persona que
“rompa” dicha prohibición o “proponga su reforma”, junto con “aquellos que lo
apoyan al hacerlo, directa o indirectamente”, deberán “poner fin de inmediato”
al ejercicio de sus cargos y no serán elegibles para servir en un cargo público
durante diez años. Estos hechos plantean difíciles interrogantes sobre el
alcance del artículo 239 y sobre si las disposiciones constitucionales pueden
ser verdaderamente inamovibles. Creemos que estas preguntas tienen respuesta en
el marco de la Constitución de Honduras.
Por último, tomamos nota de que Zelaya Rosales
actuó ilegalmente al desobedecer las órdenes del Tribunal Contencioso
Administrativo que indicaban que debía desistir de la realización de la
encuesta propuesta. Independientemente de si esas órdenes judiciales eran
correctas en todos los aspectos, nunca fueron revertidas por un tribunal de
rango superior. Por lo tanto, deberían haber sido obedecidas.
También llegamos a la conclusión de que aspectos
importantes relacionados con la destitución de Zelaya Rosales de su cargo, el
28 de junio de 2009, eran ilegales e inconstitucionales. Hay acusaciones
criminales en contra de Zelaya Rosales, que tienen fecha de presentación ante
la Corte Suprema el 25 de junio y 26 de junio. Sin embargo, no podemos
determinar si las acusaciones fueron presentadas en realidad en esas fechas.
Fueron mantenidas en secreto hasta el 30 de junio de 2009, dos días después de
la destitución de Zelaya Rosales. Ninguna disposición legal existente parece
permitir que un proceso judicial se mantenga en secreto una vez que la
acusación ha sido presentada.
El proceso penal contra Zelaya Rosales pudo haber
sido legal en otros aspectos clave. La Constitución permite a la Corte Suprema
intentar juzgar a altos funcionarios, y el Código de Procedimiento Penal regula
este proceso. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y el Código
Penal, los funcionarios de alto rango pueden ser suspendidos durante el proceso
penal por determinados delitos y pueden ser objeto de destitución en caso de
Este procedimiento se siguió en el caso en contra
de Zelaya Rosales, hasta el momento en que las órdenes de aprehensión fueron
ejecutadas. La orden de detención ordenaba a los militares de capturar a Zelaya
Rosales y llevarlo ante el juez competente para una audiencia inicial. La
Constitución permite que las órdenes de detención puedan ser ejecutadas por
militares en lugar de personal de la Policía en caso necesario.
La participación militar en el cumplimiento de las
órdenes era sin duda necesaria en este caso. Si bien el proceso penal hubiera
sido una forma legal de sacar a Zelaya Rosales de su cargo, ese proceso no se
completó correctamente. El proceso fue interrumpido el 28 de junio de 2009,
cuando los militares encargados de detener a Zelaya Rosales lo sacaron del país
en lugar de hacerle comparecer ante el juez competente.
Llegamos a la conclusión de que lo más probable es
que el Congreso no destituyó correctamente a Zelaya Rosales de su cargo. El
Congreso emitió un proyecto de ley el 28 de junio de 2009 que pretendía
censurar a Zelaya Rosales, destituirlo de su cargo, y nombrar al presidente del
Congreso como presidente interino de la República. El proyecto de ley siguió
correctamente la línea de sucesión. Sin embargo, no destituyó correctamente a
Zelaya Rosales de su cargo. El Congreso tiene el poder para censurar a los
funcionarios de Estado. Sin embargo, no se le da el poder explícito para
remover a los funcionarios ejecutivos, ya sea en la Constitución o en las
leyes. Así que el Congreso parece carecer de la facultad de remover al
presidente de su cargo.
Un análisis del artículo 239, de manera poco probable
modificará esta conclusión. Como se mencionó anteriormente, no está claro si
Zelaya Rosales violó efectivamente este artículo constitucional. Incluso si lo
hubiese hecho, no está claro qué tipo de proceso de sanción se aplicaría. Este
artículo establece que cualquier persona que “rompe” la disposición de no
reelección o “proponga su reforma” debe “cesar de inmediato en el ejercicio de
su cargo…”. Creemos que es poco probable que esta disposición sea de aplicación
directa y que automáticamente resulte en la destitución del presidente. Alguna
institución competente debe determinar primero que el artículo ha sido violado.
Tampoco creemos que sea probable que le dé al Congreso el poder de la
destitución que de otra manera no posee.
Por último, llegamos a la conclusión de que los
dirigentes de las Fuerzas Armadas actuaron correctamente cuando se negaron a
obedecer las órdenes de Zelaya Rosales para apoyar el proceso de Cuarta Urna.
Estas órdenes eran ilegales, y en virtud de la Constitución, las Fuerzas Armadas
no pueden obedecer órdenes ilegales.
Sin embargo, los miembros de las Fuerzas Armadas
actuaron inconstitucionalmente cuando sacaron a Zelaya Rosales del país. El
artículo 102 de la Constitución de Honduras impide la expatriación de los
ciudadanos. Por otra parte, mientras que el artículo 272 da a las Fuerzas
Armadas el deber de defender las instituciones del Estado, esta tarea debe
llevarse a cabo de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las Fuerzas Armadas
no tienen ningún poder extra-constitucional de arbitrar entre las instituciones
del Estado durante una crisis. No sabemos si alguna otra institución o actor
político consultó con las Fuerzas Armadas o les ordenó remover a Zelaya Rosales
del país. Cualquier participación en esta decisión de otras instituciones de
Estado o actores políticos también sería inconstitucional.
en este caso – la erosión del ejecutivo de la gobernabilidad democrática, la
funciones institucionales de los diferentes actores políticos.
La Parte V del informe contiene nuestras
recomendaciones para la reforma constitucional y legal, basada en nuestro
conocimiento del derecho constitucional y política, así como en un estudio de
los textos constitucionales pertinentes, tanto dentro de la región como en el
mundo. Nos enfocamos en tres temas diferentes: (A) reformas encaminadas a
aclarar el proceso de remoción de altos funcionarios y, especialmente,
ejecutivos de alto rango; (B) reformas encaminadas a fortalecer el Estado de
Derecho en Honduras, y (C) reformas para clarificar los procesos relevantes de
reforma constitucional y para que estos procesos sean más estables.
Un problema importante en Honduras es que los
motivos de fondo para la destitución de un alto funcionario político, el
proceso de destitución, y el papel de las distintas instituciones durante ese
proceso no están claramente establecidos en el texto constitucional.
La creación de una hoja de ruta clara en el texto
constitucional ayudaría a evitar acciones extra-constitucionales, como las
ocurridas el 28 de junio. Por consiguiente, recomendamos que se enmiende la
Constitución para articular claramente los motivos para la destitución
presidencial, así como las instituciones que se encargarán de la destitución
presidencial y el proceso que se seguirá.
También se recomienda que las funciones de algunas
instituciones, especialmente el Congreso y las Fuerzas Armadas, durante el
proceso de destitución queden claramente especificadas. Es particularmente
importante que las Fuerzas Armadas no obtengan facultades extralegales para
arbitrar una crisis política.
También recomendamos reformas encaminadas a
fortalecer el Estado de Derecho en Honduras. Hacemos hincapié en tres puntos.
El primero es la transparencia en los procesos judiciales, en particular en los
casos que involucren a altos funcionarios.
Estos procesos no deben nunca llevarse a cabo en
secreto. La segunda es que el Poder Judicial, y en particular la Corte Suprema,
debe asumir las competencias adecuadas y la independencia para actuar como
árbitro entre las instituciones políticas en el caso de una crisis. Esto
reduciría la probabilidad de recurrir a medios extra-legales durante una
crisis. Por último, nuestro objetivo es reducir la probabilidad de violaciones
de los derechos humanos durante una emergencia. Con este fin, se recomiendan
cambios tanto al Poder Judicial como al régimen que regula los estados de
excepción en Honduras.
Por último, se recomiendan una serie de reformas
destinadas a los procesos de cambio constitucional en el país. Se recomiendan
reformas para aclarar los mecanismos de democracia directa – es importante que
la Constitución establezca claramente si ciertos dispositivos se pueden
utilizar, en qué condiciones, y para qué fines. También es importante que los
mecanismos de democracia directa se diseñen de forma que se reduzca al mínimo
la probabilidad de abuso por parte de un jefe del ejecutivo con el objetivo de
engrandecer su poder o debilitar a otras instituciones democráticas.
También se recomienda la reconsideración de las
disposiciones constitucionales pétreas como la prohibición de la reelección
presidencial en Honduras. Al no proporcionar ningún mecanismo legal para el
cambio constitucional, estos artículos pueden invitar a la inestabilidad y
crisis. Se sugiere mecanismos alternativos, tales como umbrales mayores para la
modificación de determinados artículos, que pueden ser más apropiados. Sin embargo,
no expresamos una opinión sobre la conveniencia de la prohibición de la
reelección presidencial en sí. Los países han adoptado una variedad de enfoques
sobre este asunto, y muchos de ellos pueden ser razonables en el contexto
HONDURAS;Comisio de la Verdad y Reconciliacion