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Timestamp: 2020-01-26 08:29:48
Document Index: 180266297

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 143', 'artículo 178', 'artículo 143', 'ARTÍCULO 143', 'artículo 93']

Inicio/AMBIENTE/Nueva estrategia de la ANLA favorece licencias expréss: Angélica Lozano
Angélica Lozano Follow on Twitter Send an email 26 mayo, 2015
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REF: Inclusión de parágrafos a los artículos 178, y 143 del Proyecto de Ley “CÓDIGO ELECTORAL”.
En calidad de ciudadano, me permito proponer la inclusión de tres (3) parágrafos al artículo 178° del proyecto de ley “Código Electoral”, y un (1) parágrafo al artículo 143 del mismo proyecto de ley, la primera inclusión, con el ánimo de profundizar la participación democrática, y el conocimiento de nuestro sistema electoral entre la juventud, así como propender por la debida capacitación de la ciudadanía a fin de prevenir alteraciones de orden público originadas por el desconocimiento de las reglas, normas y principios que rigen los procesos electorales. Mientras que la segunda, pretende armonizar el texto del proyecto de ley, relacionado con la función de escrutadores, con la constitución, evitando la consagración legislativa de una vulneración flagrante al derecho al descanso, y a la dignidad del trabajador.
Camilo Andrés Romero Leon
El artículo 178 del TÍTULO X, relativo a LA CAPACITACIÓN ELECTORAL Y LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA, quedará así:
“ARTICULO 178º. DE LA PROMOCION DE LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA. La Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales CEDAE, adelantará proyectos para promover la participación electoral y para fortalecer la democracia en Colombia, entre ellos con programas dirigidos a los niños y jóvenes que promuevan los valores cívicos y democráticos.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral diseñará e implementará programas dirigidos a los partidos y movimientos políticos, para promover la democratización interna, la organización administrativa de los registros de votantes, los mecanismos de consultas internas y la capacitación de los miembros de partidos políticos.
El Gobierno Nacional incluirá dentro de los programas educativos de las instituciones docentes del país, cátedras cívicas y democráticas, que deberán complementar los programas de elecciones de los personeros estudiantiles.
De igual manera, el Gobierno Nacional brindará todo el apoyo presupuestal necesario para el desarrollo de estas actividades de la Organización Electoral, que contribuirán al mejoramiento de las condiciones de vida en sociedad y democráticas de los colombianos.
La Registraduría Nacional del Estado Civil incluirá dentro del material electoral de las votaciones los diplomas electorales personalizados para ser entregados a aquellos ciudadanos que estarán por primera vez habilitados para votar, como un mecanismo para promover la participación ciudadana en las urnas y como un estímulo a aquellos que se encuentran en posibilidad de votar por primera vez”.
Parágrafo 1. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, fijará dentro de un plazo de seis (6) meses, los lineamientos para que los establecimientos educativos oficiales y privados, incluyan dentro PEI (Proyecto Educativo Institucional), y en el Plan de estudios, en el currículo de la “cátedra de Paz” , la obligación de impartir formación sobre los principios rectores de nuestro Código electoral, y también sobre las etapas o dinámicas de los procesos electorales, para corporaciones públicas y cargos uninominales, así como capacitación a los estudiantes de los grados de 10° y 11°, en las funciones de jurados, escrutadores y testigos electorales, a partir de los módulos y guías elaborados para tal efecto por la Registraduría Nacional del Estado Civil .
Parágrafo 2. Los estudiantes, dentro del programa de formación, pondrán en práctica sus conocimientos durante las actividades de participación democrática del gobierno estudiantil (elección de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, representante estudiantil y personero de sus respectivas instituciones y aulas), desempeñando los diversos roles que la ciudadanía y servidores públicos asumen en las jornadas electorales de nuestro sistema democrático, esto es, desempeñando las funciones de jurados, testigos, escrutadores, órganos de control u observación electoral, según corresponda.
Por su parte, los estudiantes del grado 11° próximos a culminar la capacitación de que trata el parágrafo anterior, podrán computar hasta seis (6) horas como parte cumplida de las horas de trabajo social obligatorio , acompañando por el mismo lapso, al personal de las Registradurías Municipales o Departamentales del Estado Civil, como auxiliares administrativos ad honoren, en el desarrollo de las jornadas electorales de nuestro sistema democrático, a fin de que puedan observar y participar directamente del proceso.
Parágrafo 3. Los estudiantes que aprueben el módulo de instrucción de testigos, y completen el ciclo de capacitación, recibirán certificación como testigos electorales expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y la misma tendrá validez, para efectos de la acreditación y entrega de su identificación como testigos electorales.
De otro lado, el artículo 143 del título VII, capítulo quinto, relativo a los ESCRUTINIOS EN COMISIONES, quedará así:
“ARTÍCULO 143º. HORARIO. Las comisiones escrutadoras zonales, municipales, Distrital, departamentales y nacional comenzarán el escrutinio que les corresponde a partir del momento del cierre del proceso de votación, en el lugar que la respectiva Registraduría previamente haya señalado.
Los miembros de las comisiones escrutadoras deberán estar presentes en la sede del escrutinio desde las cuatro (4:00) de la tarde del día de la votación y los escrutinios se iniciarán el primer día a las cinco (5:00) de la tarde y se desarrollará hasta las nueve (9:00) de la noche del mismo día. Cuando no sea posible terminar el escrutinio antes de la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará a las ocho (8:00) de la mañana del día siguiente hasta las nueve de la noche y así sucesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio.
Las comisiones escrutadoras están facultadas para solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, los documentos que se requieran para el desarrollo del escrutinio.
Parágrafo: Para los servidores públicos, que sean designados como miembros de una comisión escrutadora, tendrán derecho a recibir descanso remunerado o compensatorio, consistente en dos (2) días hábiles por el escrutinio del día de votaciones, y media jornada laboral por cada día hábil de escrutinios siguiente, que deberán ser disfrutados dentro de los tres (3) meses siguientes a la jornada electoral; al escrutador remanente que se presente y que no se le asigne función se le otorgará un día de compensatorio.
La Registraduría Nacional del Estado Civil expedirá la constancia que acredite el ejercicio del cargo, reglamentará el procedimiento correspondiente”.
El texto original, es el siguiente:
Como medida principal, se advierte que el proyecto de ley “Código Electoral”, entraña una discriminación negativa e injustificada, entre servidores públicos que desempeñan la función de escrutadores y los jurados de votación, al no establecer para los primeros, estímulos por el desempeño de la función, cuya designación resulta de forzosa aceptación, y además, entraña un relevancia e importancia mayúscula dentro del proceso electoral.
Vale destaca, que el proyecto de ley, en su artículo 93º, prevé como ESTÍMULOS a Los ciudadanos que ostenten la calidad de servidores públicos, y que ejerzan el cargo de jurado de votación, y que cumplan debidamente todas las funciones correspondientes, el incentivo de dos (2) días hábiles compensatorios, que deberán ser disfrutados dentro de los tres (3) meses siguientes a la jornada electoral; y que al jurado remanente que se presente y que no se le asigne función se le otorgará un día de compensatorio. Mientras que la norma omite, consagrar incentivos de igual naturaleza para los integrantes de las comisiones escrutadoras, desoyendo o burlando lo resuelto por la Corte Constitucional, en sentencia C-1005 de 2007, con lo cual, la ley resulta contraria a la constitución al consagrar la vulneración o afectación del irrenunciable derecho al descanso como servidor público, pues de conformidad con lo establecido en el 143 del Proyecto, se exige a los miembros de las comisiones escrutadoras estar presentes en la sede del escrutinio desde las cuatro (4:00) de la tarde del día de la votación, e iniciar el cumplimiento de sus funciones a las cinco (5:00) de la tarde y se desarrollará hasta las nueve (9:00) de la noche del mismo día de la votación. Asimismo, establece que cuando no sea posible terminar el escrutinio antes de la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará a las ocho (8:00) de la mañana del día siguiente hasta las nueve de la noche y así sucesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio.
Como se advierte fácilmente, se impone una carga desproporcionada, a los servidores públicos que ostenta la calidad de escrutadores, al exigir que sacrifiquen en nombre de la democracia, su descanso dominical (del día de las elecciones), y que a partir del segundo día de escrutinios, cumplan jornadas laborales (en comisión) de trece (13) horas, excediendo en cinco (5) horas la jornada ordinaria laboral remunerada que deben cumplir como servidores públicos, es decir, que la norma no prevé remuneración adicional por concepto de horas extras, pero si impone unas condiciones que van franco desmedro del derecho al descanso, y la afectación ostensible del tiempo de calidad con mi núcleo familiar, ello sin computar el tiempo que podrían requerir o invertir los miembros de las comisiones en los traslados o trayectos de ida y regreso, cuando son asignados a municipios diferentes a su lugar de domicilio o residencia, es decir, que el proyecto de ley, so pretexto del servicio al Estado y a la democracia, reduce los derechos y dignidad de sus servidores, cosificándolos pues sustrae de ellos su condición de seres humanos, que requieren descanso, contacto familiar, y les irroga un trato injusto e irrazonable, pues no hay impedimento legal para que se incluya, -como si lo hace el mismo proyecto con los jurados de votación- el derecho a un descanso compensatorio por el trabajo dominical (el día de elecciones) y por las horas de escrutinio que exceden la jornada laboral ordinaria (días hábiles, entre las ocho (8) de la mañana y las seis (6) de la tarde, con descanso intermedio entre doce (12) meridiano y la una y cincuenta y nueve (1:59) de la tarde.
Vale recordar, que la experiencia ha demostrado (en las ultimas 3 elecciones territoriales) que en la mayoría de municipios del país, o por lo menos en el Departamento del Cesar, que las funciones de los escrutadores, deben ser ejercidas por mínimo dos (2) días después de las votaciones, y máximo cinco (5) días después del día de la votación, en razón al regular desempeño de jurados y testigos, en el cumplimiento de sus funciones, lo cual impide terminar el escrutinio el mismo día de la votación, debiendo continuar la audiencia de escrutinio por varias jornadas más.
De otro lado, resulta innegable que un sistema democrático eficaz necesita elecciones periódicas, integradoras,
transparentes y creíbles. De ahí que las funciones de los testigos electorales y los programas de capacitación electoral implementados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, tengan una relevancia especial en nuestra democracia, pues si la sociedad civil, los votantes o futuros votantes, no conocen las reglas de participación, de reclamación, las etapas, las dinámicas internas del proceso electoral y post-electoral, la credibilidad de todo el sistema puede ser cuestionada sin justificación real, y si los electores no tienen una base conceptual clara y precisa, pueden caer en provocaciones o incitaciones impulsadas por actores de inequidad inconformes con los resultados de las urnas, que causen alteraciones del orden público, en desmedro de la institucionalidad y el sistema democrático.
El contexto político actual colombiano, y latinoamericano, y en especial, los estrechos márgenes que definieron la victoria de muchos de los candidatos a los cargos uninominales, en las recientes elecciones territoriales, demuestran la necesidad de consolidar buenas prácticas que aseguren la difusión del conocimiento de las características de nuestro sistema electoral, y un control ciudadano eficaz a los procesos electorales y postelectorales. Por tanto, nuestro reto como sociedad democrática, estos próximos años, será fortalecer y empoderar a la juventud, entregarles el liderazgo en materia control directo al proceso electoral, para que apliquen y exijan con rigor los mayores estándares de integridad profesional y de independencia de los sujetos involucrados en el proceso electoral (votaciones) y post electoral (escrutinios), pues no se puede esperar que nuestras juventudes amen y protejan un sistema electoral que no se conoce, que se siente ajeno, en el que los involucrados son, generalmente hombres mayores, que atesoran el conocimiento para usarlo sólo en su favor.
Por tanto, la capacitación o formación como testigos electorales de los jóvenes bachilleres de los grados 10° y 11° de las instituciones educativas oficiales y privadas, fomentará la transparencia no sólo de los procesos electorales, sino de los mismo testigos en el ejercicio de sus funciones, lo cual contribuirá a crear y fortalecer lazos de los futuros votantes con el sistema electoral colombiano, y los hará depositarios del conocimiento necesario para resguardar la democracia, de los ataques de agentes internos o externos que propendan por la desestabilización, como actualmente ocurre en nuestro en vecindario, lo cual contribuirá al logro de una sociedad más abierta e integradora.
Como quiera que reconocemos que no existen ningún proceso electoral perfecto, resulta pertinente empoderar a los jóvenes, suministrarles las herramientas, competencias y conocimientos para que una vez culminen su formación media o bachillerato, puedan servir a su país como testigos electorales capacitados, veedores, auxiliares administrativos, activistas de la sociedad civil, operarios de las empresas contratistas de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante los certámenes democráticos, o como observadores de organizaciones no gubernamentales independientes, situaciones todas claramente beneficiosas a la democracia, ya que resulta ser una garantía real de unas elecciones justas.