Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/10/registro-oficial-17-de-octubre-del-2000
Timestamp: 2020-02-17 17:13:02
Document Index: 45899576

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 16', 'Artículo 2', 'Artículo 10', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'artículo 200', 'artículo 7', 'artículo 6']

Registro Oficial. 17 de OCTUBRE del 2000
Martes 17 de Octubre del 2000
REGISTRO OFICIAL No. 185
22\n - 542 Proyecto\n de Ley Especial que facilita el retorno de los ecuatorianos jubilados\n en el exterior
22\n - 546 Proyecto\n de Ley Reformatoria al Código de la Salud
22\n - 547 Proyecto\n de Ley Orgánica de Medios de Comunicación Social\n Electrónicos
22\n - 548 Proyecto\n de Ley Orgánica de Control y Auditoria del Estado
-\n Acuerdo de\n alcance parcial\n de complementación económica N0 48 entre el Gobierno\n de la República Argentina y los gobiernos de las repúblicas\n de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países\n miembros de la Comunidad Andina
0030 Autorizase a las compañías\n aéreas: Iberia, Air France, Lacsa y Avianca, la presentación\n de la Declaración Aduanera Simplificada, para el desaduanamiento\n de las mercancías provenientes del extranjero con destino\n a los almacenes especiales "COMAT"
SB\n - 2000 - 0794\n Modificase el Capítulo I "Normas para la determinación\n y cobro de tarifas por consultas a la Central de Riesgos y por\n otros servicios de información electrónica",\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria
253\n - 2000 Zoila América Chafuel\n Pozo en contra de Carlos Hidalgo Jiménez
254\n - 2000\n Dolores Songor Ortiz en contra de Flora Beatriz Capa Ortiz
258\n - 2000\n Glenda Arroyo Alvarado en contra de Luz María Galarza
259\n - 2000\n Rosario Pasquel Beltrán en contra de Eudocia Esperanza\n Cueva Paladines
NOMBRE: "ESPECIAL QUE FACILITA EL RETORNO DE LOS ECUATORIANOS\n JUBILADOS EN EL EXTERIOR".
CODIGO: 22 - 542.
AUSPICIO: H. ROBERTO RODRIGUEZ GUILLEM.
INGRESO: 02 - 10 - 2000.
\n A COMISION: 04 - 10 - 2000.
La Constitución Política de la República,\n en el Título II, capítulo i, artículo 11,\n dispone que los ciudadanos por nacimiento que se naturalicen\n o se hayan naturalizado en otro país, podrán mantener\n la ciudadanía ecuatoriana.
Es imprescindible que el Estado garantice el retorno de los\n ecuatorianos que han laborado en el exterior, sin relación\n de dependencia y han obtenido rentas bajo otras modalidades.
Resulta imperiosa la necesidad de contar con un cuerpo normativo\n que facilite el ingreso de divisas provenientes de este grupo\n de personas naturales, que les permita su manutención\n en el país de origen, una vez que ellos han cumplido con\n actividades productivas por más de 20 años y se\n encuentran a las puertas de la tercera edad y lógicamente\n avocados a enfrentar su vida de una manera digna.
NOMBRE: "REFORMATORIO AL CODIGO DE LA SALUD".
CODIGO: 22 - 546.
AUSPICIO: H. REINALDO PAEZ ZAMORA.
INGRESO: 04 - 10 - 2000.
\n A COMISION: 06 - 10 - 2000.
La Constitución Política del Estado, en el artículo\n 42, garantiza el derecho a la salud, su promoción y protección.
Es necesario modernizar y establecer mecanismos de descentralización\n del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo\n Izquieta Pérez", para lograr la eficiencia en el\n otorgamiento y control del Registro Sanitario, mecanismo que\n garantiza la buena calidad de los productos alimenticios, médicos,\n veterinarios, sanitarios, cosméticos, plaguicidas, etc.
Para garantizar la salud del pueblo las instituciones del\n Estado deben aplicar los principios de calidad y eficiencia,\n según lo manda el Art. 42 de la Constitución; además,\n el Art. 92 de la Carta Fundamental, dispone que la ley establezca\n mecanismos de control de calidad en relación al derecho\n de los consumidores.
NOMBRE: "ORGANICA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL\n ELECTRONICOS".
CODIGO: 22 - 547.
AUSPICIO: H. LEOPOLDO BAQUERIZO ADUM.
INGRESO: 03 - 10 - 2000.
\n COMISION: DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y EL CONTRIBUYENTE.
La Constitución Política de la República\n garantiza como un derecho la Comunicación Social y los\n procedimientos para su protección. El Estado ecuatoriano\n en ejercicio de su soberanía debe mantener la tutela sobre\n los contenidos para garantizar el derecho de los pueblos a ser\n informados y, consecuentemente establecer íntegramente\n la normatividad técnica y jurídica de los servicios\n de radiodifusión.
Es necesario un ordenamiento legal para los servicios de radiodifusión\n en todas sus formas, acorde a la extensión de las nuevas\n tecnologías, coherente con la globalización de\n la información que requieren de una normalización\n universal.
Por medio de la aplicación de la presente ley, se busca\n la participación activa de los servicios de radiodifusión\n en los procesos educativos, de promoción cultural, preservación\n de valores éticos, acorde con los preceptos constitucionales\n imperantes, al derecho internacional y a los lineamientos jurídicos\n enmarcados en el articulado de esta ley.
NOMBRE: "LEY ORGANICA DE CONTROL Y AUDITORIA DEL ESTAIX)".
CODIGO: 22 - 548.
AUSPICIO: H. EDGAR IVAN RODRIGUEZ.
Las normas jurídicas vigentes en materia de control,\n están dispersas, superpuestas y son confusas y contradictorias,\n debido en gran parte a las numerosas derogatorias y modificaciones\n que ha sufrido la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, desde la fecha en que fue expedida.
La actual situación de la República, los requerimientos\n de la sociedad hacen, de manera imperativa, se requiera dictar\n la norma jurídica que le permita cumplir eficientemente\n la misión que la Constitución Política le\n impone al Organismo Superior de Control, así como tener\n su personería jurídica que le asegure el desarrollo\n de sus actividades con autonomía para realizar el control\n en forma independiente e imparcial.
Sin bien los aspectos doctrinarios del control y de la auditoría\n gozan del reconocimiento formal en determinados círculos\n profesionales, aquellos no se hallan recogidos adecuadamente\n por el ordenamiento jurídico y, lo más grave, la\n poca aplicación que tiene en las entidades públicas,\n lo cual suscite conflictos entre la concepción técnica,\n la norma y la práctica.
ACUERDO\n DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACION ECONOMICA N0 48 ENTRE EL\n GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS\n DE COLOMBIA, ECUADOR, PERU Y VENEZUELA, PAISES MIEMBROS DE LA\n COMUNIDAD ANDINA
El Gobierno de la República Argentina y los Gobiernos\n de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y\n Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina, en\n adelante denominados "Partes Signatarias".
CONSIDERANDO: Que es necesario fortalecer y profundizar el\n proceso de integración de América Latina, a fin\n de alcanzar los objetivos previstos en el Tratado de Montevideo\n 1980, mediante la concertación de acuerdos económico\n - comerciales lo más amplios posibles;
La conveniencia de ofrecer a los agentes económicos\n reglas claras y previsibles para el desarrollo del comercio y\n la inversión, propiciando, de esta manera, una participación\n más activa de los mismos en las relaciones económicas\n y comerciales entre la Argentina y la Comunidad Andina;
Que la conformación de áreas de libre comercio\n en América Latina, sobre la base de los acuerdos subregionales\n y bilaterales existentes, constituye uno de los instrumentos\n para que los países avancen en su desarrollo económico\n y social;
Que el 17 de diciembre de 1996, Bolivia, País Miembro\n de la Comunidad Andina, suscribió el Acuerdo de Complementación\n Económica No. 36, mediante el cual se establece una Zona\n de Libre Comercio entre la República de Bolivia y el MERCOSUR;
Que el 16 de abril de 1998, se subscribió un Acuerdo\n Marco para la creación de una Zona de Libre Comercio entre\n la Comunidad Andina y el MERCOSUR;
REAFIRMANDO La voluntad de continuar las negociaciones de\n un Acuerdo de Complementación Económica entre los\n Países Miembros de la Comunidad Andina y los del MERCOSUR,\n para conformar una Zona de Libre Comercio entre los dos bloques;
Celebrar un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación\n Económica al amparo de lo dispuesto en el Tratado de Montevideo\n 1980 y en la Resolución 2 del Consejo de Ministros de\n la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Con la suscripción del presente Acuerdo, las Partes\n Signatarias convienen en establecer márgenes de preferencia\n fijos, como un primer paso para la creación de una Zona\n de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR.
En los Anexos I (Preferencias otorgadas por las Partes Signatarias\n Miembros de la Comunidad Andina), II (Preferencias otorgadas\n por la Argentina) y, Anexo III (Preferencias que Ecuador recibe\n de la Argentina, en los productos de su Lista Especial), se registran\n las preferencias arancelarias y las demás condiciones\n acordadas para la importación de productos negociados\n originarios de los respectivos territorios de las Partes Signatarias,\n clasificados de conformidad con la Nomenclatura Arancelaria de\n la Asociación Latinoamericana de Integración de\n 1993.
El presente Acuerdo no se aplica a los bienes usados y a los\n reconstruidos clasificados en las subpartidas comprendidas en\n los Anexos I, II y III.
Las preferencias arancelarias se aplicarán, cuando\n corresponda, sobre el derecho aduanero o el arancel fijo vigentes\n para la importación de terceros países en cada\n Parte Signataria al momento de la aplicación de la preferencia,\n de conformidad con lo dispuesto en sus legislaciones.
Las Partes Signatarias no podrán aplicar otros gravámenes\n y cargas de efectos equivalentes, distintos de los derechos aduaneros,\n que incidan sobre las importaciones de los productos comprendidos\n en los Anexos I, II y III.
Se entenderá por gravámenes los derechos aduaneros\n y cualquiera otros recargos de efectos equivalentes que incidas\n sobre las importaciones originarias de las Partes Signatarias.
No están comprendidos en el concepto de gravamen: las\n tasas o recargos análogos cuando sean equivalentes al\n costo de los servicios prestados, los derechos antidumping o\n compensatorios, y las medidas de salvaguardia.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3, las\n Partes Signatarias se comprometen a aplicar las preferencias\n porcentuales acordadas para la importación de los productos\n comprendidos en los Anexos I, II y III, cualquiera sea el nivel\n de los derechos aduaneros no preferenciales que se apliquen a\n la importación de dichos productos desde terceros países\n distintos de las Partes Signatarias, excepto lo dispuesto en\n el Capítulo VI y VII del presente Acuerdo.
Las Partes Signatarias no aplicarán restricciones no\n arancelarias a la importación o a la exportación\n de productos de su territorio al de la otra Parte (s) Signataria\n (s), ya sean aplicadas mediante contingentes, licencias o por\n medio de otras medidas, salvo lo dispuesto en los Acuerdos de\n la Organización Mundial del Comercio.
Ninguna disposición del presente Acuerdo será\n interpretada en el sentido de impedir que una Parte Signataria\n adopte o aplique medidas de conformidad con el artículo\n 50 del Tratado de Montevideo 1980 o con los artículos\n XX y XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio\n de 1994.
Para la calificación del origen de las mercaderías\n que se beneficien del presente Acuerdo las Partes Signatarias\n aplicarán el Régimen General de Origen previsto\n en la Resolución 252 del Comité de Representantes\n de la ALADI, texto consolidado y ordenado de la Resolución\n 78 y concordantes.
El Anexo IV establece los requisitos específicos de\n origen aplicables a los productos que corresponda de los Anexos\n I y II.
La competencia en materia de origen será ejercida por\n la Comisión Administradora del presente Acuerdo.
La Comisión adoptará cuando corresponda, las\n decisiones necesarias tendientes a:
a) Asegurar la efectiva aplicación y administración\n del Régimen de Origen
b) Establecer, modificar, suspender o eliminar requisitos\n específicos de origen; y,
c) Atender cualquier otro asunto que las Partes Signatarias\n acuerden con relación a la interpretación y aplicación\n del Régimen de Origen.
En materia de Trato Nacional, las Partes Signatarias se regirán\n por lo dispuesto en el Articulo 46 del Tratado de Montevideo\n de 1980 y el Artículo III del GATT de 1994, así\n como por las Notas Suplementarias a dicho Articulo.
No obstante lo anterior, las Partes Signatarias podrán\n actuar de conformidad con los compromisos asumidos por ellas\n en el Acuerdo sobre Medidas de Inversión Relacionadas\n con el Comercio de la OMC.
En materia de valoración aduanera, las Partes Signatarias\n se regirán por los compromisos que hayan asumido en virtud\n del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo\n VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio\n de 1994, y por la Resolución 226 del Comité de\n Representantes de la ALADI.
En la aplicación de medidas antidumpíng o compensatorias,\n las Partes Signatarias se regirán por sus respectivas\n legislaciones, las que deberán ser consistentes con el\n Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI\n del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994,\n y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la\n Organización Mundial del Comercio.
Asimismo, las Partes Signatarias cumplirán con los\n compromisos asumidos respecto de las subvenciones en el ámbito\n de la Organización Mundial del Comercio.
Las Partes Signatarias se comprometen a notificarse, a la\n brevedad, por intermedio de los organismos competentes, la apertura\n de investigaciones y las conclusiones preliminares y definitivas\n por prácticas de dumping o de subvenciones que afecten\n el comercio recíproco y de ser el caso, la aplicación\n de medidas correctivas y las modificaciones a sus respectivas\n legislaciones.
Las Partes Signatarias se regirán por lo dispuesto\n en la Resolución 70 del Comité de Representantes\n de la ALADI, en la aplicación de medidas de salvaguardia\n a la importación de los productos para los cuales se otorgan\n las preferencias arancelarias establecidas en los Anexos I, II\n y III.
La aplicación de salvaguardias por las Partes Signatarias\n será objeto de examen y seguimiento por la Comisión\n Administradora del Acuerdo.
Lo dispuesto en este Capítulo no impedirá a\n las Partes Signatarias la aplicación, cuando correspondiere,\n de las medidas previstas en el Acuerdo sobre Salvaguardias de\n la OMC y de las medidas previstas sobre la materia en los demás\n acuerdos de la OMC.
OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO Y MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
Las Partes Signatarias no adoptarán, mantendrán,\n ni aplicarán reglamentos técnicos, procedimientos\n de evaluación de la conformidad, disposiciones metrológicas,\n medidas sanitarias y fitosanitarias, que creen obstáculos\n innecesarios al comercio.
Las Partes Signatarias se regirán por los Acuerdos\n sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y sobre Medidas\n Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, así como por el\n Acuerdo Marco para la Promoción del Comercio mediante\n la Superación de Obstáculos Técnicos al\n Comercio, suscrito en el marco de la ALADI.
Las controversias que surjan con relación al presente\n Acuerdo serán objeto del procedimiento previsto en el\n Anexo V.
La administración del presente Acuerdo estará\n a cargo de una Comisión Administradora integrada:
- Por Colombia: el Director de Integración del Ministerio\n de Comercio Exterior.
- Por Ecuador: el Director de Negociaciones Internacionales\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca.
- Por Perú: el Director Nacional de Integración\n y Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de\n Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales\n Internacionales.
- Por Venezuela: el Director General de Comercio Exterior\n del Ministerio de la Producción y el Comercio.
- Por la Argentina: el Director Nacional de Integración\n Económica Americana del Ministerio de Relaciones Exteriores,\n Comercio Internacional y Culto.
La Comisión Administradora se constituirá dentro\n de los treinta (30) días calendario o corridos siguientes\n a la entrada en vigencia del presente Acuerdo, y tendrá\n entre otras, las siguientes funciones:
2) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente\n Acuerdo;
3) Interpretar la aplicación de las normas del presente\n Acuerdo;
5) Evaluar periódicamente los avances y funcionamiento\n general del presente Acuerdo;
6) Promover actividades entre las Partes Signatarias tales\n como la realización de encuentros, la creación\n de grupos de trabajo sobre temas inherentes al Acuerdo y otras\n que surjan de la dinámica del mismo;
7) Ejercer las atribuciones que le confiere este Acuerdo en\n materia de Origen, Salvaguardias y Solución de Controversias;
8) Analizar los obstáculos al comercio que surjan de\n la aplicación de las medidas nacionales de los países\n signatarios, recomendando acciones que contribuyan a removerlos\n y a agilizar las corrientes comerciales mutuas; y,
9) Otras que le encomienden las Partes Signatarias.
Las resoluciones de la Comisión Administradora se adoptarán\n por consenso, salvo lo dispuesto en el artículo 16 del\n Anexo V.
El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión,\n previa negociación, de los restantes países miembros\n de la ALADI.
La adhesión se formalizará una vez negociados\n sus términos y condiciones entre las Partes Signatarias\n y el país adherente, mediante suscripción de un\n Protocolo Adicional que entrará en vigor treinta (30)\n días calendario o corridos después de su depósito\n en la Secretaría General de la ALADI.
El presente Acuerdo entrará en vigor el 1° de agosto\n de 2000, y tendrá vigencia hasta el 15 de agosto de 2001,\n pudiendo ser renovado por acuerdo entre las Partes Signatarias.\n A tal efecto, las Partes Signatarias, conforme a sus legislaciones,\n podrán disponer la aplicación provisional de este\n Acuerdo, hasta tanto se cumplan los trámites para su entrada\n en vigor.
En el momento en que suscriba un Acuerdo de Complementación\n Económica para la creación de una Zona Libre Comercio\n entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR, dicho Acuerdo reemplazará\n al presente.
Las Partes Signatarias podrán denunciar en cualquier\n momento el presente Acuerdo ante la Secretaría General\n de la ALADI, comunicando su decisión a las otras Partes\n Signatarias por lo menos con tres (3) meses de anticipación.\n Una vez formalizada la denuncia cesarán automáticamente\n para la (s) Parte (s) Signataria (s) denunciante (s) los derechos\n adquiridos y las obligaciones contraídas en virtud del\n presente Acuerdo, salvo en lo que se refiere a las preferencias\n recibidas u otorgadas, las cuales continuarán en vigencia\n por el lapso de seis (6) meses contados a partir de la fecha\n del depósito del respectivo instrumento de denuncia, y\n excepto que en la oportunidad de la denuncia, las Partes Signatarias\n acuerden un plazo distinto.
Forman parte integrante del presente Acuerdo el Anexo I (Preferencias\n otorgadas por las Partes Signatarias Miembros de la Comunidad\n Andina); Anexo II (Preferencias otorgadas por la Argentina);\n Anexo III (Preferencias que Ecuador recibe de la Argentina, en\n los productos de su Lista Especial); Anexo IV (Requisitos Específicos\n de Origen) y, Anexo V (Régimen de Solución de Controversias).
El presente Acuerdo se aplica exclusivamente a los productos\n incluidos en los Anexos I, II y III.
Para los productos comprendidos en los Anexos I, II y III;\n y que gocen al mismo tiempo de preferencias arancelarias en virtud\n de la Preferencia Arancelaria Regional o de la Nómina\n de Apertura de Mercados, se aplicará la preferencia más\n favorable.
A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las\n Partes Signatarias deciden dejar sin efecto las preferencias\n arancelarias negociadas y los aspectos normativos vinculados\n a ellas que constan en el Acuerdo de Alcance I>arcial de Complementaciómm\n Económica No. 11, suscrito entre la Argentina y Colombia,\n el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica\n No. 21, suscrito entre la Argentina y Ecuador, el Acuerdo de\n Alcance Parcial de Complementación Económica No.\n 9, suscrito entre la Argentina y Perú, y el Acuerdo de\n Alcance - Parcial de Complementación Económica\n No. 20 suscrito entre Argentina y Venezuela, y sus Protocolos,\n suscritos en el marco del Tratado de Montevideo 1980. Sin embargo,\n se mantendrán en vigor las disposiciones de dichos Acuerdos\n y de sus Protocolos, que traten materias no cubiertas por el\n presente Acuerdo, y aquellas que no resulten incompatibles con\n él.
La Secretaría General de la ALADI será depositaria\n del presente Acuerdo, del cual enviará copias autenticadas\n a las Partes Signatarias.
Los certificados de origen emitidos antes de la fecha de la\n entrada en vigencia del presente Acuerdo serán válidos\n a los efectos de la aplicación de las preferencias en\n él establecidas, siempre y cuando se presenten ante el\n servicio aduanero del país importador dentro de su plazo\n de validez.
Las Partes Signatarias cursarán instrucciones a las\n entidades y organismos certificantes autorizadas en sus respectivos\n países, a efectos de que los certificados de origen que\n se emitan a partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo,\n se ajusten a las disposiciones del mismo.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios suscriben\n el presente Acuerdo en la ciudad de Montevideo, a los veintinueve\n días del mes de junio de dos mil, en un original en idioma\n español.
f.) Carlos Onis Vigil.
f) Arturo Sarabia Better.
f.) José Serrano Herrera.
f.) Carlos Higueras Ramos.
f) Nancy Unda.
6 de julio del 2000.
f.) Juan F. Rojas Penso, Embajador, Secretario General.
PREFERENCIAS OTORGADAS POR LAS PARTES SIGNATARIAS
\n MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA
Observación de los productos de este anexo indicados\n con la llamada (1):
Las restricciones de carácter sanitario u otras para\n la importación de productos agropecuarios incluyendo subproductos\n y su comercialización, serán fijadas en el momento\n de extenderse el respectivo permiso fito y/o sanitario de importación.
La carne y menudencias estarán sujetas a regulación\n de cuotas, establecidas anualmente por el Ministerio de Agricultura.
Los productos agrícolas de consumo directo estarán\n sujetos a la regulación de volúmenes establecidos\n por el Ministerio de Agricultura.
Para el caso de las maderas cada cargamento y cada especie\n estarán amparadas por el correspondiente certificado sanitario\n y una constancia del grado de calidad, expedidos por los organismos\n oficiales pertinentes.
(Anexo 17OCT1;82)
REQUISITOS ESPECIFICOS DE ORIGEN
A. Requisitos específicos de origen que deben cumplir\n Argentina y Perú.
1. Los productos que se detallan a continuación, se\n considerarán originarios cuando sean producidos a partir\n de hilados elaborados en las Partes Signatarias.
(Anexo 17OCT83)
2. Los productos que se detallan a continuación, se\n considerarán originarios cuando sean producidos a partir\n de tejidos internos y externos, producidos en las Partes Signatarias.
(Anexo 17OCT84)
B. Requisitos específicos de origen que rigen para\n el comercio entre Argentina y Venezuela
Los productos que se detallan a continuación, se considerarán\n como originarios siempre que se utilicen materias primas de las\n Partes Signatarias, aún cuando el proceso de refinación\n sea realizado fiera de sus respectivos territorios. En este último\n caso, la producción del bien debe ser realizada por empresas\n nacionales o mixtas de las Partes Signatarias.
El presente requisito especifico de origen se fundamenta en\n el Capítulo 1, artículo primero, literal e) de\n la Resolución 78 de la ALADI, y constituye una excepción\n a las disposiciones de la mencionada resolución en materia\n de expedición directa.
(Anexo 17OCT85)
Las controversias entre las Partes Signatarias con relación\n a la interpretación, aplicación o incumplimiento\n de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo y en los\n instrumentos y Protocolos suscritos o que se suscriban en el\n marco del mismo, se someterán al procedimiento de solución\n de controversias establecido en el presente Anexo, el cual forma\n parte del Acuerdo.
CONSULTAS RECIPROCAS Y NEGOCIACIONES DIRECTAS
Cuando se suscite una controversia, las Partes en la misma,\n en adelante "las Partes", procurarán resolverla\n mediante consultas recíprocas y negociaciones directas,\n en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario o\n corridos prorrogable por acuerdo de las mismas por un plazo idéntico.\n La Parte que se considere afectada solicitará el inicio\n de dichas consultas y negociaciones directas a la otra Parte\n y, simultáneamente, informará a la Comisión\n Administradora del Acuerdo, en adelante "la Comisión".
El plazo a que se refiere el presente Articulo se contará\n a partir de la fecha en que la Comisión Administradora\n reciba la comunicación a que hace referencia el párrafo\n anterior.
Vencido el plazo indicado en el Artículo 2 sin que\n las Partes llegaren a una solución mutuamente satisfactoria\n o si la controversia sólo se resolviere parcialmente,\n cualquiera de ellas podrá solicitar por escrito a la Comisión\n Administradora que se reúna para tratar la controversia.
La Parte que solicita convocar a la Comisión expondrá\n en su petitorio los fundamentos de hecho y de derecho que lo\n sustenten e indicará las disposiciones legales que considere\n aplicables.
La Comisión deberá reunirse dentro de los quince\n (15) días calendario o corridos siguientes a la fecha\n de recepción de la solicitud de convocatoria a que hace\n referencia el Articulo anterior.
La Comisión evaluará el estado de la controversia,\n dando oportunidad a las Partes para que expongan sus posiciones\n y requiriendo, si lo considera necesario, informaciones adicionales\n sobre el caso. En su recomendación, la Comisión\n tendrá en cuenta las disposiciones legales del presente\n Acuerdo, los instrumentos y Protocolos adicionales que considere\n aplicables y los fundamentos de hecho y de derecho.
Sobre la base de lo señalado en el articulo anterior,\n la Comisión formulará su recomendación,\n la que se adoptará por consenso de sus integrantes dentro\n de los treinta (30) días calendario o corridos siguientes\n a la primera reunión en que trató la controversia,\n salvo acuerdo distinto entre las Partes. La Comisión velará\n por el cumplimiento de la recomendación emitida.
Si la Comisión no formulara su recomendación\n o si la recomendación no fuera acatada por las Partes\n dentro del plazo fijado para ello, cualquiera de ellas podrá\n solicitar a la Comisión Administradora la conformación\n de un Grupo de Expertos ad hoc, integrado por tres expertos de\n las nóminas a que hace referencia el Articulo 10.
El Grupo de Expertos será conformado de acuerdo con\n el siguiente procedimiento:
a) Cada una de las Partes designará un experto titular\n y uno suplente de la nómina a que se refiere el Artículo\n 10, dentro de los diez (10) días calendario o comidos\n siguientes de la comunicación mencionada en el Artículo\n 8. El tercer experto y su suplente, quienes no podrán\n ser nacionales de ninguna de las Partes, serán designados\n de común acuerdo dentro de los diez (10) días calendario\n o corridos siguientes a la fecha en que se designó el\n último de los dos expertos antes mencionados. El tercer\n experto presidirá el Grupo;
b) En defecto de nombramiento de experto por alguna de las\n Partes, en el plazo de diez (10) días calendario o corridos\n establecido en el literal a) precedente, la Secretaría\n General de la ALADI hará las designaciones según\n el orden establecido en la nómina de expertos elaborada\n por cada Parte; y,
c) En el caso de que no haya acuerdo entre las Partes para\n designar al tercer experto y su suplente, la Secretaría\n General de la ALADI hará esta designación a través\n de sorteo, sobre la base de la nómina mencionada en el\n Artículo 10;
Los gastos y honorarios de los expertos serán asumidos\n por las Partes que lo designen. Los gastos y honorarios del Presidente\n y demás gastos que demande el procedimiento serán\n asumidos en partes iguales.
Para integrar la nómina de expertos, cada Parte Signataria\n designará ocho (8) expertos en un plazo de tres (3) meses\n calendario desde la suscripción del acuerdo. La nómina\n será integrada por personas de reconocida competencia\n en cuestiones comerciales y de otra naturaleza que puedan ser\n objeto de controversia en el ámbito del acuerdo.
De igual modo, cada Parte Signataria designará hasta\n ocho (8) expertos nacionales de terceros países, a efectos\n de lo previsto en los literales a) y c) del artículo 9.
Los expertos designados deberán observar la necesaria\n independencia de los gobiernos de las Partes Signatarias, no\n deberán tener interés de ningún tipo en\n la controversia, ni tener impedimento para actuar en ella.
Los expertos deberán actuar con imparcialidad, comprometerse\n a mantener el carácter confidencial de las informaciones\n que reciban y no aceptar sugerencias o imposiciones de las Partes\n o de terceros.
Las nóminas de expertos designados por las Partes Signatarias\n serán depositadas en la Secretaria General de la ALADI,\n la que las mantendrá actualizadas con base en las modificaciones\n que éstas le notifiquen. No obstante, dichas modificaciones\n no podrán realizarse una vez iniciada la controversia,\n salvo que la naturaleza de la misma haga indispensable la designación\n de un experto especialmente versado en la materia.
El Grupo de Expertos considerará la controversia presentada,\n teniendo en cuenta las disposiciones del presente Acuerdo, los\n instrumentos y protocolos adicionales que considere aplicables,\n los fundamentos de hecho y de derecho, las informaciones presentadas\n por las Partes y lo actuado en la Comisión.
El Grupo de Expertos adoptará sus propias reglas de\n procedimiento dentro de los diez (10) días calendario\n o corridos contados desde su constitución, las cuales\n garantizarán a las Partes el derecho a la defensa y la\n confidencialidad de la información que éstas le\n suministren.
El Grupo de Expertos tendrá un plazo de treinta (30)\n días calendario o corridos contado desde su constitución\n para emitir su dictamen, el que incluirá conclusiones,\n recomendaciones y plazo de ejecución, y será comunicado\n a la Comisión.
Salvo consenso en contrario, la Comisión adoptará,\n total o parcialmente, las conclusiones y recomendaciones del\n Grupo de Expertos, las comunicará a las Partes dentro\n de un plazo máximo de quince (15) días calendario\n o corridos contado a partir de la recepción del informe\n de los expertos y velará por su cumplimiento.
Si luego de los quince (15) días calendario o corridos\n siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de las\n conclusiones y recomendaciones adoptadas por la Comisión,\n éstas no hubiesen sido cumplidas por la Parte respectiva\n o hubiesen sido cumplidas de manera parcial o incompleta, la\n Parte afectada podrá solicitar a la Comisión que\n convoque nuevamente al Grupo de Expertos para que proponga el\n tipo de medidas aplicables.
El Grupo de Expertos se reunirá dentro de los treinta\n (30) días calendario o corridos siguientes a su convocatoria;\n definirá dichas medidas dentro de los cinco (5) días\n calendario o corridos siguientes a la fecha de su constitución;\n e informará, simultáneamente y para los fines pertinentes,\n a las Partes y a la Comisión. Las medidas podrán\n referirse a la suspensión o retiro, total o parcial, de\n concesiones equivalentes a los perjuicios causados. La Parte\n afectada podrá adoptar tales medidas en cualquier momento,\n a partir de la fecha en que las mismas le sean comunicadas.
La controversia podrá darse por terminada en cualquier\n momento, a partir de la intervención de la Comisión,\n si las Partes llegaren a una solución mutuamente satisfactoria\n la que podrá considerar fórmulas compensatorias\n o de otra índole.
Comparada esta copia con el original es igual. - Lo certifico.
CAE -\n SR - No. 0030
Que, vistos las comunicaciones de 7 de septiembre del 2000,\n suscritas por los señores gerentes de las compañías\n de Aviación Lacsa, Avianca, Iberia y Air France;
Que, mediante acuerdos ministeriales Nos. 004 de 27 de junio\n de 1996, 303 de 6 de agosto de 1997, y resoluciones Nos. 004\n de 18 de diciembre de 1997 y 0018 de 7 de julio de 1999. La Subsecretaría\n de Aduanas y la Corporación Aduanera Ecuatoriana, autorizaron\n el régimen de almacenes especiales a las compañías\n aéreas: Iberia, Air France, Lacsa y Avianca respectivamente;
Que, bajo el régimen de admisión temporal, podrán\n habilitarse almacenes especiales de mercancías, destinadas\n al aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de naves,\n aeronaves y vehículos de transporte terrestre, internacionales,\n de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 61 de la Ley Orgánica\n de Aduanas y 105 del reglamento; y,
Que, en uso de las atribuciones establecidas en los Arts.\n 113 de la Ley Orgánica,
Art. 1. - Autorizar a las compañías aéreas:\n Iberia, Air France, Lacsa y Avianca, la presentación de\n la Declaración Aduanera Simplificada, para el desaduanamiento\n de las mercancías provenientes del extranjero con destino\n a los almacenes especiales "COMAl".
Art. 2. - Encárguese de la aplicación de la\n presente resolución a la Gerencia Distrital de Quito.
Art. 3. - La publicación de la presente resolución\n entrará en vigencia al día siguiente de su publicación\n en el Registro Oficial.
f.) Diego Pachel Sevilla, Subgerente Regional de la CAE.
f) Alcides Parreño Cantos, Jefe Administrativo, Subgerencia\n Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 27 de\n septiembre del 2000.
No. SB\n - 2000 - 0794
Que en el Subtítulo IV "Tarifas por servicios",\n del Título XII "De la Superintendencia de Bancos"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria, consta el Capítulo I\n "Normas para la determinación y cobro de tarifas\n por consultas a la Central de Riesgos y otros servicios de información\n electrónica";
Que es conveniente para el interés público que\n las tarifas establecidas en esas normas consideren una rebaja\n o exoneración para aquellos sectores vulnerables de la\n población, como son las personas de la tercera edad, discapacitados\n y, las personas que reciben el bono de solidaridad, que merecen\n una protección jurídica y social;
Que es necesario introducir reformas a esa normativa; y,
Articulo 1. - En el Capítulo I "Normas para la\n determinación y cobro de tarifas por consultas a la Central\n de Riesgos y por otros servicios de información electrónica",\n del Subtítulo V "Tarifas por servicios", del\n Titulo XII "De la Superintendencia de Bancos" de la\n Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de\n Bancos y de la Junta Bancaria, antes de la Sección Tercera\n "Disposiciones Transitorias", añádase\n una disposición general que diga: "Disposición\n General. - La Superintendencia de Bancos reconocerá una\n exoneración del 50% del pago de las tarifas por servicios\n que presta al público a favor de las personas de la tercera\n edad o discapacitados, para lo cual los beneficiarios deberán\n demostrar su condición especial con la presentación\n del carné expedido por el Ministerio de Bienestar Social\n o el Consejo Nacional de Discapacidades, según el caso.
También exonerará del 100% del pago de las tarifas\n por los servicios indicados a las personas que perciben el bono\n de solidaridad, quienes también deberán acreditar\n su calidad con la documentación respectiva.".
Artículo 2. - La presente resolución tendrá\n vigencia desde su publicación en el Registro Oficial.
Codifíquese, comuníquese y publíquese\n en el Registro Oficial. - Dada en la Superintendencia de Bancos,\n en Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días\n del mes de septiembre del año dos mil.
f.) Luis Luna Osorio, Superintendente de Bancos, encargado.
Lo certifico. - Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a\n veinte y nueve días del mes de septiembre del año\n dos mil.
4 de octubre del 2000.
N0 253\n - 2000
ACTORA: Zoila Chafuel.
\n DEMANDADO: Carlos Hidalgo Jiménez.
Quito, a 27 de julio del 2000; las 09h30.
VISTOS: Carlos Hidalgo Jiménez, ha interpuesto recurso\n de casación, dentro del juicio que por alimentos ha seguido\n en su contra Zoila América Chafuel Pozo, como representante\n legal del menor Daniel Alejandro Hidalgo Chafuel. Corresponde\n a la Sala en aplicación del Art. 7 de la Ley Reformatoria\n a la Ley de Casación, admitir o rechazar el recurso de\n casación interpuesto, al hacerlo, se considera: PRIMERO.\n - El Art. 741 del Código de Procedimiento Civil "las\n resoluciones que se pronuncian sobre alimentos no causan ejecutoria",\n es decir, estas resoluciones que se pronuncian sobre alimentos\n no causan ejecutoria", es decir, estas resoluciones ya sean\n confirmatoria o modificatorias no tienen el carácter de\n finales y definitivas, requisito fundamental para la procedencia\n del recurso de casación deducido, conforme lo señala\n el Art. 2 de la Ley de Casación. - SEGUNDO. - Las reformas\n a la Ley de Casación (R.O. N0 39: 8.4.97), que deben aplicarse\n a partir de su vigencia, limitaron la procedencia del recurso\n para los "procesos de conocimiento", no siendo este\n un proceso de conocimiento, ya que no hay derecho alguno que\n declarar, puesto que lo único que persigue, en la especie\n es fijar la mesada alimenticia por razones socio - económicas,\n siendo este un trámite especial, que en cualquier momento\n puede ser modificado a petición de los justiciables. Por\n lo expuesto, se rechaza el recurso de casación deducido.\n Devuélvase. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo\n y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
RAZON: La copia que antecede es auténtica, ya que fue\n tomada del juicio original N0 998 - 94 que sigue Zoila Chafuel\n contra Carlos Hidalgo Jiménez, Resolución N0 253\n - 2000.
Quito, 18 de septiembre del 2000.
N0 254\n - 2000
ACTORA: Dolores Songor Ortiz.
\n DEMANDADA: Flora Capa Ortiz.
Quito, a 27 de julio del 2000. las 09h40.
VISTOS: Flora Beatriz Capa Ortiz, interpone recurso de casación\n contra la sentencia dictada el 22 de diciembre de 1994 por la\n Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja, que confirma\n en todas sus partes la decisión del señor Juez\n Quinto de lo Civil de Loja. Concedido tal recurso, accede la\n causa a esta Sala; y, para resolver lo pertinente, considera:\n PRIMERO. - La Sala es competente para conocer y decidir este\n recurso en virtud de lo que dispone el artículo 200 de\n la Constitución Política de la República.-\n SEGUNDO. - Verificada la oportunidad del recurso de casación,\n se establece que éste ha sido interpuesto dentro del término\n legal que para el efecto determina la ley. - TERCERO. - Si bien\n el artículo 7 de la Ley de Casación vigente, manda\n que el inferior admita el recurso si éste cumple con los\n artículos 2, 3, 4 y 6, ello, no impide al Tribunal casador,\n revisar las condiciones de admisibilidad, a más de establecer\n la procedencia de los fundamentos jurídicos invocados,\n y, los requisitos formales del recurso de casación prescritos\n en el artículo 6 de la referida ley, son tan esenciales\n como los requisitos sustanciales señalados por el artículo\n 3 ibídem, los que deben constar en forma obligatoria.\n Consta del proceso el escrito de interposición del recurso\n de casación, que no contiene la determinación de\n las causales en las que se funda el recurso de casación\n interpuesto por los recurrentes, incumpliendo con los requisitos\n anteriormente enunciados. Por las consideraciones expuestas,\n se rechaza el recurso de casación interpuesto por Flora\n Beatriz Capa Ortiz. Se solícita un poco más de\n cuidado a la actuaría de la Tercera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Loja con la finalidad de que imprima mayor cuidado\n en la foliación del proceso de conformidad al Reglamento\n de Procesos y Actuaciones Judiciales, que todavía está\n vigente. Notifíquese y publíquese.
Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo,\n Ministros Jueces y Bolívar Peña Alemán,\n Conjuez Permanente. - Certifico. - El Secretario.
Que la una copia que antecede, es tomada de su original, constante\n en el juicio ordinario N0 374 - 95 (Resolución N0 254\n - 2000), que por nulidad de contrato sigue Dolores Songor Ortiz\n contra Flora Capa Ortiz.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala de lo Civil.
N0 258\n - 2000
ACTORA: Glenda Arroyo Alvarado.
\n DEMANDADA: Luz Galarza
Quito, a 27 de julio del 2000; las 10h10.
VISTOS: Interpone recurso de casación Luz María\n Galarza del auto pronunciado por el Juez Cuarto de Inquilinato\n de Quito, que declara procedente el desahucio, disponiendo la\n desocupación y entrega del inmueble a la nueva propietaria,\n una vez que han transcurrido tres meses, bajo las prevenciones\n de lanzamiento. Como el juicio se encuentra en estado de resolución,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La Sala es competente\n para conocer el recurso interpuesto en virtud de la disposición\n constitucional constante en el Art. 200, que está en relación\n con el Art. 1 de la Ley de Casación, toda vez que el juicio\n fue sorteado el 18 de marzo de 1996 y calificado el recurso mediante\n auto de 7 de febrero de 1996, por la Jueza Cuarta de Inquilinato,\n ya que el Art. 2 de la Ley de Casación, antes de su reforma,\n disponía que el recurso procede contra las sentencias\n y autos que pongan fin a los procesos dictados por las cortes\n superiores, los tribunales distritales de apelación; de\n las sentencias y autos que pongan fin a los procesos que no son\n susceptibles de impugnación por medio del recurso de apelació