Source: http://mariasantosv.blogspot.com/2015/05/recurso-ante-el-tepjf-para-revocar-la.html
Timestamp: 2017-08-20 21:02:26
Document Index: 238524178

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 94', 'artículo 470', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 94', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 95', 'artículo 94', 'artículo 464', 'artículo 14', 'artículo 42']

María Santos Villarreal: Recurso ante el TEPJF para revocar la decisión del INE de tramitar erróneamente nuestra petición
Recurso ante el TEPJF para revocar la decisión del INE de tramitar erróneamente nuestra petición
Dado que el INE decidió tramitar nuestra petición de #QuitenRegistroAlVerde como queja, se interpuso este recurso. ¿Por qué? Porque al tramitar la petición como queja (y no como lo que es) y abrir un Procedimiento Ordinario Sancionador, queda abierta totalmente la posibilidad de desechar la petición; basándose en el principio general del derecho: non bis in idem. Esto, dado que las conductas que narramos en los hechos ya fueron juzgadas y sancionadas con multas.
Por eso es que impugnamos ante el TEPJF esta decisión: porque nosotros no pedimos lo que el INE se lanzó a hacer. Ellos deben de determinar si procede o no la pérdida de registro del PVEM como un acuerdo del Consejo General del INE, no salirse por la tangente y tramitarlo como Procedimiento Ordinario Sancionador (pudiendo así, desecharla fácilmente).
Se desconoce si el tramitar nuestra petición como queja y no como debe de ser es producto de ignorancia del INE o si es un acto plenamente deliberado y consciente para poder zafarse de resolver lo que estamos pidiendo conforme a derecho.
Varios consejeros han dicho en los medios que sí se está analizando nuestra petición. Esto es una verdad a medias, porque la tramitaron erróneamente. Se desconoce si estas declaraciones en medios las hacen para quedar ante la ciudadanía como que sí se atendió la solicitud pero al final (por lo ya explicado) desecharla y hacer quedar a los peticionarios como que fuimos nosotros quienes no respetamos el non bis in idem al presentar la petición.
Pero no. No vamos a caer en la trampa. Por eso, impugnamos la decisión de tramitar nuestra petición como Procedimiento Ordinario Sancionador y esperamos la resolución del TEPJF. A continuación, pueden leer el texto íntegro del recurso presentado y los tecnicismos jurídicos.
TEXTO ÍNTEGRO DEL RECURSO PARA REVOCAR LA DECISIÓN DEL INE DE TRAMITAR NUESTRA PETICIÓN CIUDADANA COMO QUEJA
Asunto: se interpone juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano
México, D.F., a 08 de mayo de 2015
Sergio Aguayo Quezada, por mi propio derecho, y en mi calidad de representante común de los ciudadanos Miriam Morales Sanhueza, Marcela Azuela Gómez, Carlos Alberto Serdán Rosales, María Esther Azuela Gómez, Aleida Calleja Gutiérrez, Mario Arriagada Cuadriello, Ximena Ramos Pedroza Ceballos, Ana Eugenia López Rico, Luis González Plascencia, Mony Sacha de Swaan Addati, Juan Fernando Ibarra del Cueto, Paulina Arriaga Carrasco, Alfredo Lecona Martínez, Carlos Alberto Brito Ocampo, Denise Eugenia Dresser Guerra, Eduardo Huchim May, Miriam Morales Sanhueza, María Santos, Martha Tagle, Mónica Tapia Álvarez, Alfredo Figueroa Fernández y las 139,432 personas que suscribieron la plataforma Change.org #QuitenRegistroAlVerde que se adjunta en versión electrónica al presente escrito, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el sito en C. Héroes de Padierna 166, col. San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, 10200, México Distrito Federal, con el debido respeto comparezco para exponer:
Con fundamento en los artículos 1, párrafos uno al tres; 8; 35, fracción V; 41 segundo párrafo, Base I, párrafos uno y dos, Base II, párrafos uno y tres, Base III, apartado A), párrafos dos y tres; y 134, párrafos siete y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 2, inciso b); 9; 79, párrafo 1; y 80, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 54, párrafo 1, incisos a) y f); 94, párrafo 1, inciso e) y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, acudo a promover juicio para la protección de los derechos político-electorales[1] en contra del Acuerdo de fecha 4 de mayo de la presente anualidad, dictado dentro del expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015, y, en cumplimiento al artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, manifiesto:
I. Nombre del actor y domicilio para recibir notificaciones
II. Acto o resolución impugnado
Lo es el Acuerdo suscrito por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, de fecha 4 de mayo de la presente anualidad, dictado dentro del expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015.
III. Autoridad responsable
Lo es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
1. El 29 de abril del año que corre, el que suscribe el presente medio de impugnación, en conjunto con un grupo de ciudadanos, presentamos un escrito ante el Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del cual relatamos una serie de hechos y consideraciones que, a nuestros juicio, demuestran que el Partido Verde Ecologista de México ha actualizado el supuesto previsto en el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, al incurrir en una serie de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las demás leyes secundarias en materia electoral, por lo que, en ejercicio de nuestro derecho de petición, solicitamos el inicio del procedimiento previsto en el numeral aludido, a fin de que, antes de la jornada electoral del 7 junio de este año, y por la naturaleza y gravedad de los bienes jurídicos tutelados -equidad y autenticidad de las elecciones-, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita la declaratoria de pérdida de registro del instituto político referido.
2. El 06 de mayo de la presente anualidad a las 11:00 horas, se nos notificó el acuerdo dictado el 04 de mayo de 2015 dentro del expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015, por medio del cual la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral tiene por recibido el escrito a que se ha hecho referencia en el hecho anterior, y califica nuestra petición como denuncia, ordenando que sea encausada a través de un procedimiento ordinario sancionador.
En la parte que interesa, el contenido del acuerdo referido determina lo siguiente:
PRIMERO. RADICACIÓN. Téngase por recibida la documentación de cuenta y fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/SAQ/CG/90/PEF105/2015.
SEGUNDO. LEGITIMACIÓN. Se reconoce la legitimación con que comparecen los denunciantes señalados en el proemio del presente acuerdo, para todos los efectos legales procedentes, toda vez que los mismos comparecen por propio derecho, y por tanto son aptos para interponer la presente denuncia.
TERCERO. DOMICILIO PROCESAL Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN. Se tiene como domicilio procesal el señalado para tal efecto en su escrito inicial de denuncia y como representante común de todos ellos a la persona que ahí se enuncia.
QUINTO (SIC). HECHOS DENUNCIADOS. Los hechos en que medularmente se sustenta la denuncia presentada por los hoy promoventes, aducen a un conjunto y magnitud, según su propio dicho, de violaciones graves, sistémicas y reiteradas, cometidas en contra de la Constitución y de las leyes en materia electoral, en el marco de los comicios del presente proceso electoral 2014-2015, atribuible al Partido Verde Ecologista de México, con motivo del incumplimiento dado a diversas previsiones establecidas en dichas normas, así como de acuerdos dictados por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en su contra, las cuales a consideración de los denunciantes, en su conjunto, ameritan sancionar a ese instituto político con la pérdida de su registro como partido político a nivel nacional.
SEXTO. COMPETENCIA Y VIA PROCESAL. En atención a que el motivo de inconformidad hecho valer por los quejosos hacen referencia a la violación sistemática y reiterada de diversas disposiciones que regulan la materia electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México, las cuales, a su parecer, ameritan la cancelación y/o pérdida de su registro como partido político nacional, y tomando en consideración que este Instituto Nacional Electoral instaurará el procedimiento sancionador ordinario cuando tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras que sean materia del procedimiento especial sancionador, como lo es el caso que nos ocupa, la presente denuncia deberá tramitarse bajo las reglas de rigen tal procedimiento.
Lo anterior, ya que el motivo por el cual se inicia el presente procedimiento, no encuadra en alguna de las hipótesis de procedencia del procedimiento especial sancionador previstas en el artículo 470 de La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que esta autoridad electoral nacional es competente para conocer del presente asunto, a través del procedimiento ordinario sancionador, previsto en el Libro Octavo, Título Primero, Capítulo Segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
SÉPTIMO. RESERVA DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA Y EL EMPLAZAMIENTO. Previo a determinar la procedencia o no del presente asunto, es decir, su admisión o desechamiento, se reserva acordar lo conducente al respecto, hasta en tanto se culmine la etapa de investigación que esta autoridad administrativa electoral, en uso de sus atribuciones, considera pertinente practicar para mejor proveer.
V. A g r a v i o s
a) Fuente del agravio: Lo constituye la violación a nuestro derecho humano de petición.
b) Artículos violados: Lo es, por inobservancia, el artículo 1º, 8º y 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) Concepto de agravio: El acto reclamado nos causa agravio porque infringe nuestro derecho de petición, ya que no se ajusta a los extremos exigidos por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el escrito descrito en el hecho marcado con el numeral 1 del apartado anterior fue dirigido a una autoridad específica, esto es, al Consejero Presidente y a las Consejeras y Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y, por tal motivo, correspondía a este órgano atender y dar respuesta al mismo en atención a que así lo dispone el precepto que se cita, a saber, el artículo 94 párrafo 1 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) que señala claramente que es a juicio del Consejo General que deberá determinarse la perdida de registro, tal como se solicita en la petición.
Al respecto, es preciso señalar que en los puntos petitorios Segundo y Cuarto de nuestro escrito de petición señalamos lo siguiente:
Como se ve, nuestro escrito de petición no estaba dirigido a un órgano indeterminado del Instituto Nacional Electoral, sino que, por el contrario, solicitamos en forma precisa y conforme a nuestro derecho fuese el Consejo General el que resolviera y diera respuesta.
En este sentido, el acuerdo de la Unidad Técnica referida, además de hacer una interpretación indebida y sobre la que omite una explicación, muestra con claridad la no coincidencia entre la autoridad a la que está dirigido el escrito y la que lo atiende, toda vez que contraviene lo mandatado por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tal motivo, nos vulnera el derecho humano que en él se tutela. El dispositivo constitucional que invocamos señala textualmente lo siguiente:
Como se puede advertir, el texto constitucional es claro: su segundo párrafo determina expresamente que la autoridad a la que se haya dirigido el escrito de petición, es en la que recae la obligación de dictar un acuerdo que, en breve término, debe ser comunicado al peticionario.
No obstante lo mandatado por el texto constitucional, y a pesar de que recaía sobre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la obligación constitucional de dar respuesta a nuestra petición, es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral la que atiende nuestra solicitud y, a través del acto impugnado, nos comunica que el encausamiento de la misma se hará a través de un procedimiento ordinario sancionador. Contrario, incluso, a diversas jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del TEPJF:
Ahora bien, en esta parte, el agravio que exponemos no se agota exclusivamente en un tema de índole meramente formal u orgánico (determinación de la autoridad obligada a dar respuesta), sino que, a través de esta lesión, se trastoca también la parte sustantiva que planteamos en nuestro escrito de petición, ya que, al atender nuestra solicitud una autoridad que carece de competencia para hacerlo y a la que no fue dirigida, produce —como consecuencia lógica— que la vía procesal por la que pretende encauzarla sea incorrecta. Esta situación quedará explicada en el siguiente agravio que a continuación se expone:
2. SEGUNDO AGRAVIO
a) Fuente del agravio: Lo constituye la violación al derecho que tenemos los ciudadanos a que la renovación de los poderes se realice mediante elecciones equitativas y auténticas, como consecuencia de la indebida fundamentación y motivación, al establecer una vía indebida para atender la petición que formulamos.
b) Artículos violados: Lo son, por inobservancia o indebida aplicación, los artículos 14; 16 y 41, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 54, párrafo 1, incisos a) y f); 94, párrafo1, inciso e) y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos y en lo establecido en los artículos 209, párrafos 2, 3, 4 y 5; 242, párrafo 5; 442, párrafo 1, incisos a), f) e i); 443, párrafo 1, incisos a), b), c), e), h), i) y l); 449, párrafo 1, incisos c), e) y f); 452, párrafo 1, incisos a), b), y e) y 456 párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
c) Concepto de agravio: El acto reclamado nos causa agravio porque infringe nuestro derecho a la celebración de elecciones auténticas y con equidad, ya que, al dictarse el auto de radicación —al que hicimos mención en el hecho marcado con el numeral 2 del presente escrito— sin la debida fundamentación y motivación, se desvía y desatiende nuestro derecho de petición por un cause procesal inapropiado que podría hacer nugatorio el derecho sustantivo que planteamos en nuestro escrito de petición, sin que la autoridad reconozca, cite y tutele lo establecido en el artículo 8º de la Constitución de forma expresa, fehaciente, congruente, y clara, como se advierte en la cita siguiente:
La autoridad omite señalar que en el ejercicio del derecho humano de petición, en el escrito de fecha 29 de abril de 2015, se presentaron puntos petitorios expresos, citados previamente y anexos al presente recurso, en donde se solicita claramente que dé inicio al procedimiento que hace referencia el artículo 94 párrafo 1 inciso e). En ningún momento solicitamos ni fundamentamos el inicio de una Queja por la vía del Procedimiento Ordinario Sancionador (POS).
La autoridad omite expresar las razones por las que atenderá por esta vía la petición que le fue formulada, pues de la lectura de nuestro escrito se desprende que no pretendemos que se juzgue dos veces por la misma conducta al partido de mérito, pues es de nuestro conocimiento que tal pretensión sería contraria a la Constitución y a la ley, y, en consecuencia, provocaría su desechamiento, tal como se prueba en los siguientes párrafos contenidos en nuestra petición:
El derecho de petición está consagrado en la Constitución (CPEUM) a partir de los artículos 8 y 35 fracción V, y en el sistema jurídico mexicano incluso a través de diversas jurisprudencias[2] Las autoridades se encuentran obligadas a su protección y tutela.
En otro de los puntos de la petición solicitamos con toda claridad, que las autoridades valoren nuestros argumentos cuando resuelvan los asuntos pendientes de resolución, lo que de ninguna manera debe intrpretarse como una solictud de queja o denuncia por nuestra parte, tal como se advierte en el siguiente párrafo:
Del mismo modo, sabemos que existen un conjunto de procedimientos ¾especiales y ordinarios sancionadores y en materia de fiscalización¾ que aún se encuentran pendientes de resolución, en cuyo caso, pedimos formalmente se realice una valoración de la gravedad y reiteración de las conductas del PVEM, violatorias de la Constitución y de la …
Contrario a lo anterior, la autoridad nos atribuye el carácter de denunciantes a partir de la narración de hechos en los que plateamos el sustento de nuestra petición; como se podrá advertir, muchos de ellos son sentencias y resoluciones firmes, cuyo propósito es hacer notar al Consejo General la sistematicidad y gravedad de las conductas del PVEM y así estar en condición de valorar en su respuesta y posible resolución la evidencia de una estrategia encaminada a violentar la equidad y a la autenticidad de las elecciones. Veamos:
Es evidente que la autoridad no hace distinción entre el concepto de pérdida (al que se refiere la LGPP) y de cancelación (al que se refiere la LEGIPE) previstos en la normatividad electoral, pues de una interpretación gramatical, sistemática y funcional, se desprende que la cancelación está prevista como sanción a un tipo de conducta establecido en la ley, mientras que la pérdida obedece a un hecho o circunstancia diversa que el Legislador no previó fueran atendidas expresamente por la misma vía, pues mientras para la cancelación se establecen conductas expresamente calificadas como graves y reiteradas, en relación especialmente a aspectos vinculados a la fiscalización, el dispositivo de la Ley General de Partidos Políticos permite hacer una valoración integral de conductas sistemáticas, cuya acepción es diversa a la de reiteración, pues la sistematicidad corresponde a una cualidad que, de conjunto, se ajusta a un orden y a un fin específico, en cambio, la reiteración debe ser equiparada a la reincidencia respecto de una misma conducta. En la sistematicidad existen pluralidad de conductas y momentos, coordinación y medios comisivos distintos y un elemento teleológico. Así lo expresamos en la petición que formulamos:
Debe referirse que uno de los antecedentes más relevantes en donde se estudió la sistematicidad, y se desarrolló un análisis puntual sobre los elementos que conforman un sistema, fue el caso conocido como “Los amigos de Fox”, identificado con la clave SUP-RAP-98-2003.[3]
En efecto, si el escrito de petición lo dirigimos al Consejero Presidente y a las Consejeras y Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, fue precisamente porque es este órgano el competente para resolver el procedimiento a que se refiere el artículo 94 y 95 de la Ley General de Partidos Políticos y, que es distinto al Procedimiento Ordinario Sancionador que instruye la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Nos causa agravio que nuestra petición sufra el reenvío a una autoridad incompetente y el consecuente reencauzamiento a una vía procesal inadecuada porque ésta, es decir, el POS, tiene como finalidad la imposición de sanciones a consecuencia de la comisión de infracciones electorales, siendo que en nuestro escrito de petición en ningún momento solicitamos que la autoridad electoral conociera de las infracciones electorales que ahí relatamos, puesto que la mayoría de ellas han sido ya resueltas por la autoridad electoral, e incluso, por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que otras se encuentran pendientes de resolución.
De tal forma si se permite que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral continúe conociendo de nuestra solicitud a través de un procedimiento ordinario sancionador, el aspecto sustantivo de nuestro derecho fundamental de petición podría terminar por violentarse en el momento en que la autoridad electoral determine que no ha lugar a imponer sanción alguna en base al principio non bis in idem, ya que se puede argumentar que los hechos que nosotros relatamos en nuestro escrito ya fueron resueltos.
Conforme a lo anterior, insistimos en que en nuestro escrito de petición no relatamos hechos nuevos porque nuestra intención nunca fue presentar una queja que siguiera su curso a través del Procedimiento Ordinario Sancionador o del Procedimiento Especial Sancionador, sino que relatamos una serie de hechos que demostraban cómo el Partido Verde Ecologista de México había actualizado la hipótesis del artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que solicitábamos que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, una vez instaurado el procedimiento a que se refiere el citado artículo 94 y el 95 de la misma ley, emitiera la declaratoria de pérdida de registro del instituto político de referencia.
Las razones que nos llevan a sostener que el procedimiento regulado por los artículos mencionados de la Ley General de Partidos Políticos es distinto al Procedimiento Ordinario Sancionador, se pueden desprender de su interpretación sistemática y, para tal efecto y mayor claridad en el argumento, se inserta a continuación el contenido del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos:
Como se puede apreciar, la naturaleza jurídica de las siete causales contenidas en el artículo trasunto no es la de infracciones electorales o hipótesis típicas que deban ser sancionadas a través de algún procedimiento sancionador, pues es claro que, por ejemplo, los supuestos contenidos en los inciso f) y g), esto es, fusionarse o disolverse, no tienen carga alguna de antijuricidad que los haga merecedores de reproche punitivo alguno, por lo que la declaratoria de pérdida de registro que llegase a acordarse en base a esas causales no coincide, necesariamente, con la manifestación de la potestad sancionadora del Instituto Nacional Electoral que se expresa mediante el POS. Incluso el inciso e) que invocamos en nuestra petición comparte esta característica ya que, aunque —en lo individual— el incumplimiento de obligaciones al que alude el mismo podrían traducirse en hipótesis típicas, la hipótesis global que supone el inciso en sí, no comparte esta naturaleza, pues también aquí debe emitirse una declaratoria de pérdida de registro y no una sentencia (naturaleza jurídica en la que al final se traduce la resolución que resuelve un procedimiento sancionador) que imponga sanción de pérdida de registro.
Ahora bien, en la parte que interesa, el artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos señala textualmente lo siguiente:
En consecuencia, como ya advertimos, no debe permitirse que la petición que elevamos al Consejo General para que inicie el procedimiento a que se refieren los artículo 94 y 95 de la Ley General de Partidos Políticos y emita, la declaratoria de pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México sea conocida, en su lugar, por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a través del Procedimiento Ordinario Sancionador a que se refiere el artículo 464 y siguientes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de, en su caso imponer una sanción. Si esta situación se permite, podría hacerse nugatorio el derecho de los ciudadanos a elecciones auténticas, pues, so pretexto de obstáculos procesales como el principio non bis in indem, la autoridad podría llegar a la conclusión de que no ha lugar a declarar la pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México, sin atender los argumentos que motivaron la petición de mérito y, con ello, volver nugatorio nuestro derecho de petición, pues, con autonomía de que la autoridad arribe a una conclusión diversa a la nuestra sobre el procedimiento a que hacen referencia el 94 y 95 de la LGPP, es su obligación dar respuesta fundada y motivada a la petición que se les ha formulado.
La no respuesta, la posposición, o no atención a la petición que hemos formulado y el reencauzamiento por la vía del procedimiento ordinario, podría dar lugar a que, por omisión, se violen nuestro derecho humano de petición.
En este sentido, debe protegerse el derecho de los ciudadanos a que su voto se ejerza en favor sólo de opciones que han competido respetando las reglas democráticas, pues, por la magnitud de los hechos y las consideraciones que fueron descritas en el escrito de petición, no resulta reparable el daño a la equidad de la competencia política que ha ocasionado el Partido Verde, a través de la imposición de las demás sanciones singulares previstas en la ley. Así, la protección de la celebración de elecciones auténticas por parte de las autoridades electorales, supone restablecer la equidad de la competencia política, retirando el registro a un partido cuyo actuar ha infringido no sólo un conjunto de reglas y prohibiciones específicas (como el modelo de comunicación política, las aportaciones de personas prohibidas y las que son las características de la propaganda impresa, los artículos promocionales utilitarios, la entrega de dádivas, entre otras), sino que ha trastocado de forma generalizada e irreparable la naturaleza misma del proceso de competencia democrática.
Así, los plazos y términos previstos en el POS, pueden involuntariamente incluso, atentar contra el deber de resguardar los principios fundamentales de la competencia política, razón por la cual hemos solicitado se resuelva antes de la jornada electoral. Debe así quedar de manifiesto que la vía por la que la autoridad pretende reencausar un derecho humano como es el de petición, impide su tutela efectiva y expedita. Nuestra pretensión no tiene otro propósito que la autoridad valore de manera clara nuestras razones en defensa de las reglas de la democracia y determine lo que en derecho corresponda.
1. Documental pública: Consistente en:
a) El acuerdo suscrito por el maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, de fecha 4 de mayo de la presente anualidad, dictado dentro del expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015.
b) El escrito de fecha 29 de abril de la anualidad que corre, suscrito por quien también eleva el presente medio de impugnación, en conjunto con un grupo de ciudadanos, y el cual fue presentado ante el Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mismo que quedó descrito en el hecho marcado con el numeral 1 del presente recurso.
Dichas pruebas se ofrecen en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
VII. Puntos petitorios
PRIMERO.- Tenerme por interpuesto el presente juicio para la protección de los derecho político-electorales del ciudadano en tiempo y forma.
SEGUNDO.- Previo a los trámites de ley, determinar la revocación del acuerdo que se impugna.
TERCERO.- Ordenar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral dé respuesta a la petición de iniciar el procedimiento para determinar la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México, en términos de lo previsto en los artículos 94, párrafo 1, inciso e), y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de la normatividad electoral en el marco de los comicios de 2015, con base en los hechos y agravios expuestos en el presente medio de impugnación, lo razonado en el escrito de petición y lo que se determine en los procedimientos que aún se encuentran pendientes de resolución y tomando en cuenta las consideraciones de derecho formuladas en el presente escrito.
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 8; y 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez oído en defensa el Partido Verde Ecologista de México, ordenar al Consejo General de este Instituto resolver y responder sobre la pérdida del registro del PVEM en los términos del escrito de petición, previo a celebración de la jornada electoral del proceso electoral federal 2014-2015, con base en los argumentos y consideraciones de derecho formuladas en el presente escrito.
[1] Si bien es cierto que, al tratarse de un asunto en el que está implicada la futura probable imposición de sanciones, podría actualizarse el supuesto del artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por ello, podría pensarse que el medio de impugnación que resulta procedente es el recurso de apelación (en el SUP-RAP- 499/2011 la Sala Superior aceptó tramitar la impugnación de un acto intermedio —no definitivo, como es la resolución final— de la autoridad electoral dentro de un procedimiento ordinario sancionador), lo cierto es que se estimó que, al tratarse también del derecho de petición, se actualizaba la vía del juicio para la protección de los derecho político-electorales del ciudadano, pues es ésa la conclusión que se obtiene de la lectura de las tesis aisladas y jurisprudencias en materia electoral, en especial de la 36/2002, cuyo rubro es JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN.
[2] Entre otras, las Jurisprudencias 13/2007 y 32/2010 de la Sala Superior del TEPJF
[3] En éste el TEPJF vinculó la sistematicidad a la existencia de las características siguientes:
Publicadas por María Sv a la/s 13:22