Source: https://colegiodeabogados.co/boletin-juridico-laboral-edicion-agosto-de-2020/
Timestamp: 2020-08-15 13:22:59
Document Index: 167869395

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'in dubio', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 53', 'artículo 141', 'artículo 4', 'artículo 3']

Boletín Jurídico Laboral Edición Agosto de 2020 - Colegio de Abogados del Trabajo
BOLETÍN JURÍDICO LABORAL
Edición Agosto de 2020
Gobernadora: Mirna Wilches
Director: Iván Jiménez Uribe
Equipo Editorial y de Redacción
Daniel Nuncira
Editorial: Bienvenida de la Nueva Gobernadora Mirna Wilches
Presentamos una nueva edición de nuestro Boletín de actualización jurisprudencial y normativa dirigido a nuestros colegiados y a la comunidad académica, en general, pero esta vez bajo la dirección del doctor Iván Jiménez.
El Boletín comenzó a erigirse como herramienta fundamental para el ejercicio de nuestra profesión, gracias al impulso y liderazgo de cada Gobernador o Gobernadora, al trabajo desinteresado e encomiable del doctor Juan Pablo Amaya, pero también al apoyo voluntario de un nutrido equipo conformado por abogados destacados de nuestro Colegio, como lo son hoy: María Carolina Martínez, Darío Ramírez, José David Ochoa, Juan Pablo Amaya, Juliana Gordillo, Oscar Mondragón, Paola Gutiérrez , Santiago Martínez, Daniel Nuncira.
La alta difusión que ha tenido, en los últimos tiempos, a través de las plataformas tecnológicas y redes sociales, lo han convertido en una fuente de consulta usual por el mundo del derecho laboral.
De ahí que, en el presente período gubernamental, se fortalecerá su publicación puntual, así como la construcción de contenido de calidad y novedoso.
Se destaca, en este nuevo número, las reseñas de sentencias muy relevantes para nuestro estudio, por medio de las cuales la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia abandona criterios relacionados con el procedimiento para declarar huelgas distintas a las contractuales, el pago de intereses moratorios cuando hay retardo en el pago de pensiones del régimen de transición y, la eliminación del requisito de convivencia mínima de cinco años para el caso de muerte del afiliado no pensionado.
Adicionalmente, se incluyen importantes comentarios sobre nuevas normas expedidas durante el estado de emergencia por el Gobierno Nacional, que son de obligatoria consulta.
Esperamos que el contendido de este boletín, sea de utilidad para todos sus lectores.
Cumbre Virtual de la OIT: El Mundo del Trabajo y el COVID-19
El pasado mes de Julio se realizó la Cumbre Mundial de la OIT en donde se analizaron los impactos de la Pandemia por el COVID-19 en el mundo del trabajo. Aunque el virus no ha discriminado a quien afecta, es claro que desde el punto de vista laboral ha sido más cruel con la población más desfavorecida y vulnerable.
Luego de haberse celebrado el centenario de la OIT y antes de que iniciara esta Pandemia, el mundo del trabajo se enfrentaba al desarrollo de iniciativas que permitieran cerrar la brecha de la desigualdad y la informalidad en el mundo laboral. Así mismo, se buscaba fortalecer el diálogo social y la prosperidad compartida para el desarrollo de las naciones de una manera equilibrada.
Ahora bien, estos objetivos tuvieron necesariamente que modificarse en su prioridad, debido a que esta pandemia ha reportado que más de 305 millones de empleo se han perdido y se redujo el 10,7% de las horas trabajadas en el segundo trimestre del año. Adicional a lo anterior, los números de crecimiento económico reportan un histórico negativo y los retos están por venir ya que se prevé una recesión económica que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.
En conclusión, esta cumbre realizó análisis sobre: los esfuerzos y ayudas económicas desplegadas por los Gobiernos en el mundo; la vulnerabilidad de la mujer en la pandemia; las dificultades que tendrán los jóvenes que estaban próximos a incursionar en el mundo laboral; los retos que tendrán en el futuro los trabajos mediante plataformas; la nueva normalidad y lo que trae consigo para el mundo del trabajo.
Por último la OIT ha reiterado la necesidad de adoptar respuesta frente al COVID-19 mediante la adopción de 4 pilares:
Pilar 1: Estimular la economía y el empleo.
Pilar 2: Apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos.
Pilar 3: Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo.
Pilar 4: Recurrir al diálogo social para encontrar soluciones.
Huelgas Sin Reglas
Corte Suprema de Justicia. Sentencia S.L.1680 del 24 de junio de 2020. M.P. Clara Cecilia Dueñas
Mediante la sentencia de la referencia la Corte Suprema de Justicia cambia su propia jurisprudencia sobre las huelgas que no tienen regulación expresa en cuanto a su procedimiento en el Código Sustantivo del Trabajo y hace precisiones sobre la viabilidad de que los trabajadores ejerzan el derecho humano y fundamental a la huelga en actividades esenciales, siempre que el servicio en el cual opere el cese no ponga real y verdaderamente en riesgo la vida, la salud o seguridad de las personas.
Resulta ser un verdadero hito, pues de tiempo atrás, dicha Corporación advertía que el procedimiento para el ejercicio de las nuevas formas de huelga tales como: la huelga por causas imputables al empleador, la huelga por solidaridad o la huelga por razones sociopolíticas, habría de seguir el mismo procedimiento de la huelga en el marco del conflicto colectivo una vez fracasado el arreglo directo.
Para la Corte este procedimiento resulta lesivo al ejercicio del derecho pues limita el derecho fundamental por simple analogía; la huelga regulada del CST es para un conflicto en particular; el procedimiento para la votación de la huelga no está enmarcado en el debido proceso pues la huelga no es una sanción y; supeditar acciones mayoritarias resultaba un obstáculo a exigir la reivindicación de sus derechos.
Teniendo en cuenta que el presente Boletín exclusivamente pretende informar a los colegiados antes que divulgar un pensamiento, nos abstendremos de generar opiniones respecto de este importante hito. Sin perjuicio de ello, hacemos un llamado a las partes a no perder de vista el espíritu de nuestro amado derecho laboral, promover relaciones justas que lleven a un entendimiento pacífico de las relaciones en el marco de la coordinación económica y el equilibrio social y no olvidar al maestro Martínez Vivot cuando en su obra Elementos del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social expresó: “La decadencia de las huelgas generales, con desprestigio para los dirigentes obreros y el consiguiente daño para los trabajadores, alcanza su punto máximo cuando se reiteran con ínfimos motivos y al servicio de causas políticas, que no comparte abrumadoramente la clase trabajadora.”.
Colpensiones tendrá tres meses para capacitar a sus funcionarios en la aplicación del principio de condición más beneficiosa
Corte Constitucional. Sentencia T-188 de 2020. M.P. Gloria Stella Ortiz
Por: Iván Jiménez Uribe
Con el fin de corregir los conceptos utilizados por Colpensiones en el reconocimiento de pensiones de invalidez bajo aplicación del principio de condición más beneficiosa, la Corte Constitucional en sede de tutela ha ordenado a Colpensiones unificar sus conceptos y criterios de aplicación, alrededor de lo previsto en las Sentencias SU-442 de 2016 y SU-556 de 2019.
Al respecto, la Corte Constitucional, conmina a Colpensiones a no desconocer, que el principio de la condición más beneficiosa no se restringe a la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente para la estructuración de la invalidez, sino que debe extenderse dicho principio a la aplicación de todo el esquema normativo anterior a la estructuración de la invalidez, a partir del cual la persona obtuvo una expectativa legítima de pensionarse por invalidez.
La orden en particular, obedece a que Colpensiones en sus distintas resoluciones y a juicio de la Corte, estaba aplicando criterios de manera diferencial, de modo que en algunos casos se aplicaban las sentencias de unificación antedichas y en otros, precedentes anteriores, lo que conllevó a la Corte a ordenar que se unifiquen los criterios dentro de Colpensiones y se alineen a las sentencias de unificación en cita.
Para tal unificación conceptual, Colpensiones debe capacitar dentro del término de tres meses a todos los funcionarios del área de reconocimiento de prestaciones, para que apliquen lo previsto en las Sentencias SU-442 de 2016 y SU-556 de 2019.
Cambio jurisprudencial respecto de los beneficiarios y los requisitos de la pensión de sobrevivientes.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia SL1730 del 3 de junio de 2020. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al estudiar el caso de un reconocimiento de una pensión de sobrevivientes de origen laboral a favor de los hijos menores del afiliado fallecido, así como de su compañera permanente, introdujo un cambio jurisprudencial en el marco de la nueva integración de la Sala, revisando así la doctrina que de manera reiterada había sentado dicha Corporación a lo largo de diferentes sentencias, en las que se enfatizaba que la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para cónyuge como para compañero o compañera permanente, era de cinco (5) años, independientemente de si el causante de la prestación era un afiliado o un pensionado.
En términos generales, la nueva posición jurisprudencial, se sustenta en los siguientes aspectos:
Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, ha sido clara la intención del legislador al establecer una diferenciación entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte de afiliados al sistema no pensionados, y la de pensionados, esto es, la conocida como sustitución pensional, previendo como requisito tan solo en este último caso, un tiempo mínimo de convivencia. Lo anterior, para procurar con ello evitar conductas fraudulentas, «convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes», por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión.
Conforme al análisis de lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado al sistema que fallece, no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia, sino la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia y vigente para el momento de la muerte.
Para determinar quién ostenta la calidad de compañero o compañera permanente, debe acudirse a la noción Constitucional de familia, desarrollada por la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-521 de 2007.
Así, aplicando el principio in dubio pro operario, se concluye que la convivencia mínima de cinco (5) años, en el supuesto previsto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado.
Sala Laboral cambia de postura y aplica intereses moratorios a pensiones de régimen de transición.
Corte Suprema de Justicia S.L. 1681 de 03 de junio de 2020. M.P. Clara Cecilia Dueñas
Por: José David Ochoa
En esta oportunidad la Corte analizó el caso de un trabajador que demandó a Colpensiones para que se le diera aplicación al régimen de transición y, en consecuencia, se reconociera su derecho pensional de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, al contar con veinte años de servicios y sesenta años para el 2008. En primera instancia se condenó a Colpensiones al reconocimiento pensional con el consecuente pago del retroactivo y, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá modificó la sentencia apelada para, entre otras cosas, condenar a Colpensiones al reconocimiento de intereses de mora de los que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Dado el resultado de la segunda instancia, Colpensiones recurrió en casación la decisión, pues en su entender, los intereses moratorios contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sólo resultan aplicables a pensiones reconocidas en virtud de la misma Ley 100 y del Acuerdo 049 de 1990. Por lo anterior, debía casarse la sentencia, para en su lugar absolver a la entidad de la condena impuesta por este concepto.
La Corte resuelve no casar la sentencia y, para ello da cuenta de la postura tradicional sostenida por dicha Corporación, en cuanto a la generación de intereses moratorios, según la cual, los mismos sólo se generaban en caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se reconocieran con fundamento a la integralidad de la misma norma. No obstante, en esta oportunidad, la Corte realizó un cambio de jurisprudencia con fundamento en tres consideraciones:
El pago puntual de la pensión cuenta con fundamento constitucional en el artículo 53 de la Constitución y, para ello, no se hace distinción alguna entre los tipos o modalidades pensionales. Asimismo, expone la Corte, que los perjuicios generados por la mora en el pago de las mesadas pensionales no son exclusivos de un régimen legal, por lo que no existe justificación objetiva para dar tratos diferenciales ante el mismo hecho, esto es, la mora en el pago de la pensión.
Existe consenso doctrinario y jurisprudencial en torno a que, ante la mora en el pago de la pensión, debe resarcirse el perjuicio mediante un mecanismo legal. Sin embargo, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no existía claridad en cuanto a cuál era ese mecanismo y su fundamento, de manera que, lo que hizo el artículo 141 de la norma en cita fue homogenizar el fundamento legal para la reparación de los perjuicios generados por el pago inoportuno de la pensión.
El régimen de transición no es un régimen excluido de la Ley 100 de 1993; por el contrario, corresponde a una regulación especial que se engloba en la misma norma, lo que hace que sea parte del sistema general de pensiones.
En este orden de ideas, consideró la Corte que el Tribunal no erró al condenar a Colpensiones al reconocimiento de los intereses de mora, por cuanto los mismos aplican para todas las pensiones legales reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.
Modernización en el Trámite Revisión Acciones De Tutela
Corte Constitucional – Directriz en Medio del COVID-19
Por: María Carolina Martínez
A partir del 31 de julio del año en curso, el envío de las acciones de tutela para su eventual revisión por parte de la Corte Constitucional deberá realizarse únicamente por medios electrónicos y por parte de los Despachos Judiciales. De esta forma, a partir de la fecha no se enviarán a la Corte Constitucional los expedientes en físico para su eventual revisión. Tampoco serán objeto de selección, y consecuentemente serán rechazados de plano, los expedientes remitidos por las partes de una acción de tutela.
El envío debe contener la demanda de tutela, el fallo de primera instancia, la impugnación y la sentencia de segunda instancia. No instante, si la Corte Constitucional dentro del proceso de selección lo encuentra necesario podrá solicitar al Despacho Judicial respectivo el envío de las piezas complementarias o de todo el expediente, el cual deberá ser remitido electrónicamente en su integridad en el evento en que la acción de tutela se seleccione para revisión.
La remisión mencionada se realizará a través de canales como el Sistema de información Tyba, para los Despachos Judiciales que tramitaron las tutelas a través de este medio, y la Plataforma Electrónica de Remisión de Tutelas creada por la Corte Constitucional, para quienes no hayan implementado el sistema Tyba o cualquier otro canal que la Corte Constitucional habilite para este fin.
Levantamiento parcial de suspensión de términos ante el Ministerio del Trabajo.
Ministerio del Trabajo Resolución 1294 de 2020.
Por: Oscar Gabriel Mondragón
Teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo a través de las Resoluciones 0784 del 17 de marzo y del 01 de abril de 2020 adoptó medidas de prevención del contagio del COVID-19 y estableció que no correrían términos procesales en los trámites, actuaciones y procedimientos de competencia de varias de sus dependencias, así como, se suspenderían las visitas de inspección, audiencias de conciliación, constataciones y en general funciones que implicaran el desplazamiento de funcionarios, mediante la Resolución 1294 del 14 de julio de 2020, determinó levantar la suspensión parcial de términos en actuaciones y procedimientos relacionados con:
En asuntos de derecho laboral colectivo
Cambios en las juntas directivas o estatutos sindicales.
Cancelación de registros sindicales.
Denuncia de convenciones y pactos colectivos, depósitos de estos.
Inscripción de organizaciones sindicales
En asuntos de derecho laboral individual
Comprobación de circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito en casos de suspensión de contratos de trabajo.
Aprobación de reglamento de trabajo de las empresas de servicios temporales y autorización de funcionamiento, autorización para trabajar horas extras y autorización de trabajo para adolescentes.
Autorización para el pago parcial de cesantías para la realización de planes de vivienda
Reconocimiento y cancelación de personería jurídica de asociaciones de pensionados
Certificación de trabajadores en situación de discapacidad.
Convocatoria de integración de Tribunales de Arbitramento
Gestión, suscripción y seguimiento de acuerdos de formalización laboral.
Acciones de inspección consistentes en la exigencia de informaciones a los empleadores para impedir que se violen disposiciones relativas a las condiciones de trabajo, protección a los trabajadores y el derecho de libre asociación sindicales.
Esta medida iniciará a partir del 21 de julio de 2020 y la expedición de cada actuación se podrá adoptar mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada y su notificación se realizará por medios electrónicos.
Manual Operativo del Ministerio del Trabajo para el Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia no Remunerada
Ministerio del Trabajo – Anexo de la Resolución No. 1262 del 10 de julio de 2020
Por: Juliana Gordillo
El Ministerio del Trabajo por medio del artículo 4 de la Resolución No. 1262 del 10 de julio de 2020, adoptó un Manual Operativo que tiene como objetivo determinar los procesos y condiciones a los que se deben sujetar la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y demás actores que participan en el Programa de Auxilio a Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada consagrado en el Decreto 770 de 2020, en aras de identificar los beneficiarios y la correspondiente entrega de las transferencias monetarias no condicionadas.
La Entidad recordó que los beneficiarios del Programa de Auxilio a Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada son: (i) quienes devengan hasta cuatro (4) SMLMV y se les ha suspendido el contrato de trabajo o se encuentran en licencia no remunerada; (ii) los trabajadores dependientes de postulantes al PAEF que cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por el Decreto Legislativo 677 de 2020; y (iii) quienes no están cubiertos por una serie de programas sociales del Gobierno. A la vez, puso de presente los roles y funciones que deben desempeñar el Ministerio del Trabajo, la UGPP, el DNP, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Registraduría Nacional del Estado Civil, FOGAFÍN y las entidades financieras.
El documento contiene la operación del Programa frente a los recursos del Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia no Remunerada, estableciendo transferencias en montos de $160.000 que se otorgan hasta por tres (3) veces, a quienes se les hubiere suspendido el contrato o se encontrasen en licencia no remunerada para los meses de abril, mayo y/o junio de 2020.
Entre otros aspectos, el procedimiento implica que la UGPP identifique los potenciales beneficiarios, para posterior revisión del DNP frente a programas sociales e identificación de FOGAFÍN respecto a la existencia de productos financieros. De otra parte, la UGPP elabora un acto administrativo que remite al Ministerio del Trabajo para que se efectúe el cruce de información con la Registraduría Nacional del Estado Civil y se identifique a los fallecidos. Posteriormente, las entidades financieras validan la actividad de los productos financieros y, finalmente, después de una serie de actos administrativos, se giran los recursos.
Medidas transitorias para la capacitación y entrenamiento del trabajo en alturas en el marco de emergencia sanitaria causada por el COVID – 19
Ministerio del Trabajo Resolución 1248 del 3 de julio de 2020
Mediante concepto emitido por el Ministerio del Interior, se infiere que la capacitación y entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en alturas hace parte de las actividades exceptuadas que contempló el Decreto 749 de 2020 en su artículo 3 numeral 41 al listar las actividades de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Por lo anterior, el Ministerio del Trabajo reguló las siguientes directrices transitorias durante la vigencia de la emergencia sanitaria:
Ámbito de aplicación: Trabajadores, proveedores de capacitación y entrenamiento en trabajo seguro en alturas que obtengan autorización por parte de las alcaldías o gobernaciones de su jurisdicción.
Todo trabajador que desee acceder al reentrenamiento debe presentar el último certificado como trabajador autorizado para realizar el trabajo en alturas a su empleador.
Los oferentes de servicios de capacitación y reentrenamiento registrados ante el Ministerio del Trabajo podrán ofrecer los programas de formación complementaria en trabajo en alturas, siempre que estén autorizados para reactivar sus operaciones en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID- 19 y además: (a) Apliquen los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social y cuenten con la debida aprobación de las alcaldías o gobernaciones competentes, y (b) El acto administrativo debe estar registrado en la plataforma de registro de oferentes para el servicio de capacitación y entrenamiento en alturas que administra la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo.
Capacitación virtual transitorio (contenido teórico): Los oferentes pueden ofrecer las capacitaciones para los trabajadores operativos mediante plataformas virtuales de manera transitoria, siempre que adecuen la plataforma virtual y garanticen una interacción en vivo con el entrenador y se evidencie el registro de cumplimiento de todas las sesiones teóricas.
Capacitaciones practicas: se deben realizar de manera presencial en los espacios habilitados garantizando todos los protocolos de bioseguridad.
Los certificados que venzan durante la emergencia sanitaria se entenderán prorrogados automáticamente hasta un mes más contado a partir de la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
El incumplimiento a las disposiciones de esta Resolución será sancionado por el Ministerio del Trabajo con multas de hasta 500 SMLMV.
El Ministerio de Transporte, en Concepto del 5 de junio de 2020, aclaró, que las personas que se movilizan en cuarentena, encontrándose dentro de una de las excepciones de movilidad, no requieren de autorización previa o de autorización de alguna autoridad para movilizarse.
El Ministerio de Salud, en Concepto del 6 de julio de 2020, aclaró, que las sanciones por violación de los protocolos de bioseguridad pueden ser impuestas por las entidades territoriales, sin perjuicio que estas deban dar aviso a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo.
Con el Decreto 1013 de 14 de julio de 2020, se reglamenta la deducción tributaria para empleadores proveniente de los préstamos condonables a trabajadores destinados a educación; deducción, que estará sujeta a dos condiciones principalmente: 1. Que no se establezca la condonación con cargo a la permanencia en el empleo. 2. Que no se obligue al trabajador a restituir el préstamo, ya que este será condonado.
La Ley 2040 de 2020, fue expedida con la intención de generar beneficios impositivos en favor de quienes contraten adultos mayores que no hayan obtenido una pensión, con el fin de ayudar a la población mayor. Los beneficios en materia de impuestos conllevarán deducciones pero también compromisos para mantener la vinculación del adulto mayor con un mínimo de estabilidad garantizada para que su empleador obtenga el beneficio.
Con la expedición de las Leyes 2039 y 2043 de 2020, se da plena validez a las prácticas laborales y participación en grupos de investigación, monitorías entre otros tales como contratos de trabajo durante la formación académica, contratos de aprendizaje, convenios docencia servicio, pasantías, judicaturas, contratos de prestación de servicio, los cuáles se tendrán como experiencia profesional válida para la inserción al mercado laboral de los jóvenes. Adicionalmente, se exigirá a las entidades públicas publicar anualmente convocatorias para práctica y al Ministerio del Trabajo reglamentar las equivalencias entre la experiencia que será reconocida en estas prácticas y experiencias previas a la graduación de un programa académico y aquellas obtenidas con posterioridad.
En sentencia de 15 de julio de 2020 con radicación 67633, la Corte Suprema de Justicia aclara, que procede la protección de estabilidad laboral reforzada por fuero de salud en contratos a término fijo y, que por ende las decisiones de no renovación, deben en estos casos obedecer a criterios de racionalidad y objetividad para evitar criterios discriminatorios en perjuicio de los sujetos protegidos.