Source: http://ley.exam-10.com/law/16588/index.html
Timestamp: 2020-01-26 22:28:55
Document Index: 132219470

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 128', 'artículo 139', 'artículo 96', 'artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 105']

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la igualdad
título “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la igualdad
(DEPARTAMENTO DE CONDUCTA DE MERCADO Y RECLAMACIONES)
Don ________________________ con DNI/NIE __________, y domicilio a efectos de notificaciones en calle __________________________ , 280__ – Madrid, afectado por el Procedimiento de Ejecución Hipotecaria ____/201__ del Juzgado de Primera Instancia nº __ de Madrid, ante éste departamento comparezco y como mejor proceda,
PRIMERO.- Que según destaca la web de su entidad, el Banco de España, “El Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones asume las funciones del Servicio de Reclamaciones e incorpora competencias en materia de conducta de mercado, transparencia informativa, buenas prácticas, información a consumidores, educación financiera y resolución de conflictos”.
SEGUNDO.- Que este escrito está relacionado con la conducta de mercado, transparencia informativa, buenas prácticas e información a consumidores.
TERCERO.- Que durante los últimos años, las personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias masivas se han organizado en torno a las Plataformas de Afectad@s por la Hipoteca y otros colectivos sociales. La consecuencia ha sido la paralización de más de 1.200 desalojos forzosos, el realojo de más de 1.200 personas, miles de daciones en pago y alquileres sociales, la recogida de 1.400.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la reestructuración de la deuda, la dación en pago, la condonación de las cantidades pendientes, el alquiler social y contra los desahucios y lanzamientos, además de movilizaciones y denuncias penales contra los responsables de la entidades financieras para exigir el fin de la impunidad financiera. Además de empoderar a los afectados, dando fuerza y eficacia a su capacidad personal para enfrentarse al drama familiar y emocional que les produce la ejecución hipotecaria.
En la sociedad actual existe una auténtica alarma social en esta materia, dadas las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en los años de la crisis económica, y en las decenas de miles que se están tramitando en la actualidad. Esta trágica situación ha de ser tenida en cuenta a la hora de interpretar las normas vigentes pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil, las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo “a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, lo que en la época presente exige una clara visión favorable a los afectados.
CUARTO.- Que en el artículo 1.1 de la Constitución Española se afirma “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico ... la igualdad ...”.
QUINTO.- Que el artículo 14 de la Carta Magna declara que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por ... condición o circunstancia personal o social”. Éste artículo está ubicado en el Título I, relativo a los derechos y deberes fundamentales, y goza de la máxima protección constitucional, que incluye el recurso de amparo constitucional.
SEXTO.- Que el artículo 128 de la Ley Suprema proclama que “Toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general”.
SÉPTIMO.- Y que el artículo 139.1 de la C.E. manifiesta “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.
OCTAVO.- “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno” (artículo 96 de la C.E.), por lo tanto -en este tema- hay que atenerse a lo declarado en el artículo 10.2 de dicha Constitución, “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
NOVENO.- En el artículo 25 de dicha Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se proclama “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”; manifestando, en su artículo 30, que “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
DÉCIMO.- Que es indudable que el principio general de igualdad "es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico en todas sus ramas" (STC 38/1986, de 21 de marzo).
ÚNDECIMO.- Además hay que tener en cuenta que en la regulación financiera existe un principio de igualdad de trato del inversor. Este principio también está presente en el Derecho comunitario.
DUODÉCIMO.- Siendo también donde se reconoce el principio general de igualdad el artículo 1 del Protocolo adicional nº 12 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que entró en vigor en España el 01/06/ 2008.
La entrada en vigor del Protocolo adicional nº 12 contribuye notablemente a una comprensión amplia del principio de igualdad en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que incluye no sólo la igualdad formal o igualdad ante la ley, sino también la igualdad material. Esta comprensión avanzada del principio de igualdad supone reconocer que el Convenio impone no solamente obligaciones negativas a los Estados, para no dictar normas ni adoptar medidas discriminatorias en el sentido de tratar más desfavorablemente a personas en la misma situación, sino también obligaciones positivas de dictar normas y adoptar medidas que traten más favorablemente a aquellas personas que pertenezcan a colectivos que se encuentran en una situación de inferioridad social real. La finalidad sería elevar la condición social de estos colectivos hasta su equiparación real con los demás ciudadanos en el disfrute de los derechos reconocidos en el Convenio.
DECIMOTERCERO.- Existe el Principio general del derecho que propugna la igualdad de trato de las personas de manera que ante situaciones iguales se otorgue el mismo trato. Este tipo de igualdad puede implicar la prohibición de cualquier tipo de discriminación.
La igualdad tambiés es concebida como un valor superior del ordenamiento jurídico en los artículos 1, 9.1, 14 y 139.1 de la Constitución Española.
Es uno de los principios básicos informadores y conformadores del texto constitucional. En su virtud, los poderes públicos quedan encargados de promover las condiciones adecuadas para que los individuos y los grupos gocen de auténtica libertad e igualdad, removiendo los obstáculos que dificulten la participación de los ciudadanos en la vida económica, política, social y cultural. En el mismo sentido, dicho principio actúa como límite de los poderes públicos, los cuales están obligados a proceder de forma que, a hechos iguales, aplicarán consecuencias jurídicas iguales. Para apartarse de los precedentes que marcan el actuar futuro, los poderes públicos deberán fundamentarse en razones suficientemente justificativas; pero nunca en la arbitrariedad.
En todo caso, el principio de igualdad no está reñido con su aplicación en función de las circunstancias concurrentes, que pueden justificar un trato desigual sin incurrir en discriminación o quiebra del principio de igualdad.
DECIMOCUARTO.- Se promulga la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos en cuyo preámbulo se dice “... ninguna entidad de crédito podrá condonar a un partido político más de 100.000 euros al año de deuda ...”; y en el punto 4 (Acuerdos sobre condiciones de deuda) del artículo segundo de dicha Ley Orgánica 5/2012 se manifiesta que “Las condonaciones de deudas a los partidos políticos por parte de las entidades de crédito estarán sujetas al límite de 100.000 euros anuales, para cuyo cálculo se tendrá en cuenta tanto las condiciones del principal de la deuda como de los intereses pactados”.
DECIMOQUINTO.- Fernando Zunzunegui, abogado, consultor especializado en regulación financiera, profesor de Derecho bancario y bursátil en la Universidad Carlos III de Madrid y que fuera asesor de la Comisión Europea, afirmó en un artículo suyo publicado en el año 2012 en el diario eleconomista.es, “En el mercado financiero rige el principio de igualdad de trato del cliente bancario y cualquiera podria pedir igual trato que el que se da a los partidos políticos”.
DECIMOSEXTO.- El Banco de España conoce los datos de las condonaciones que las entidades financieras han realizado a los partidos políticos, pero a pesar de tener esos datos no los hacen públicos.
Y los conoce debido a que es el organismo del Estado español que actúa de banco central nacional y supervisor del sistema bancario español, y dicho conocimiento se produce a través de la Central de Información de Riesgos (CIR).
La CIR es un servicio público que gestiona una base de datos en la que constan, prácticamente, todos los préstamos, créditos, avales, y riesgos en general que las entidades financieras tienen con sus clientes. Para la adecuada evaluación de la situación de empleo, ingresos, patrimonial y financiera del cliente, las entidades consultarán el historial crediticio del mismo, pudiendo acudir para ello a la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Las entidades financieras están obligadas a declarar mensualmente a la Central de Información de Riesgos (CIR) la práctica totalidad de sus riesgos de crédito y los titulares a quienes corresponden, incluyendo los datos, características y circunstancias más significativas.
El Banco de España calculó que, desde la transición hasta 2004, los bancos habian condonado deuda a los partidos políticos -de forma habitual- por una cantidad de 300 millones de euros (50.000 millones de las antiguas pesetas).
El Tribunal de Cuentas lleva años quejándose amargamente de que el Banco de España no atiende a sus requerimientos con su negativa sistemática a aportar todos aquellos datos que obran en su poder sobre los créditos que conceden las entidades financieras a los partidos políticos. Y esa actitud incomprensible está sucediendo en la actualidad, en un momento muy sensible en el tema de la transparencia de dichos partidos ya que, cada día con más perseverancia y vehemencia, la sociedad española reclama acceder a la información pública de sus gobernantes y de los partidos a los que pertenecen, luchando contra la opacidad que se produce, de forma cotidiana, en estos ámbitos de la vida política de este país.
Inclusive, las entidades financieras conceden créditos de los qué los partidos solo van pagando los intereses, sin amortizar prácticamente la deuda y manteniendo el crédito abierto indefinidamente; o bien, si el partido tiene serios problemas para afrontar la deuda, sencillamente condonando el crédito sin justificación suficiente.
En 2007, según declaró el Tribunal de Cuentas, seguian existiendo “diferencias entre los saldos comunicados por las entidades de crédito y la contabilidad entregada por las formaciones políticas” . Las entidades financieras reconocieron la existencia de intereses vencidos no registrados por las formaciones políticas (la deuda vencida ascendí­a, al menos, a 10 millones de €). Es decir, deudas que los partidos se hubieran negado a pagar a tiempo; deudas candidatas a ser condonadas posteriormente.
En su programa de 2011, el Tribunal de Cuentas incluyó la realización de un informe específico al respecto pero, en su agenda para ese año, informó de que no podriá llevarlo a cabo por la falta de colaboración del Banco de España.
Según explicaba, parte de esos datos que reclamaban las Cortes ya estaba en los informes anuales de fiscalización de partido políticos, pero no habia podido avanzar más al no obtener información sobre los créditos de formaciones políticas existentes en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, declarando que "A fin de completar los resultados, se solicitó la colaboración del Banco de España en orden a facilitar información sobre los créditos de los partidos políticos, sin que dicha solicitud fuera atendida, lo que ha supuesto una limitación relevante que ha impedido aportar un valor añadido a los resultados ya incluidos en los informes aprobados".
En febrero de 2012 saltó a los medios de comunicación la noticia, distribuida por la agencia Europa Press, que “El Tribunal de Cuentas ha decidido renunciar a redactar un informe específico sobre la deuda de los partidos ante la falta de colaboración del Banco de España, que no le ha proporcionado la información que había pedido sobre los créditos de las formaciones políticas, según consta en el programa de fiscalizaciones para 2012”.
En la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos, revisión vigente desde el 23 de Octubre de 2012, se obliga a comunicar al Tribunal de Cuentas y al Banco de España, toda aquella información sobre los créditos concedidos por las entidades. Pero el ciudadano, a día de hoy, sigue igual de desinformado. En definitiva, ¿Cuánto dinero habrán repartido las instituciones financieras en los últimos treinta años a formaciones y a políticos individuales a fondo perdido?.
Lo cierto, es que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 3 apartado a, otros sujetos obligados -en cuanto al ámbito de aplicación de la Ley-, se dice “Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales”. Y en el artículo 12, derecho de acceso a la información pública, se afirma “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”.
Pero, aún a pesar de toda esa opacidad alguna información sobre este tema ha aflorado a la opinión pública, aunque haya sido a cuentagotas:
En relación a la información mencionada en los cuatro párrafos anteriores, destacar lo que -vinculado con este tema- pone de relieve el abogado y Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, don Gaspar Ariño Ortiz, en su Informe de octubre de 2009, “La Financiación de los Partidos Políticos”:
Hay que dejar aquí constancia de que en los últimos años las principales entidades prestamistas de los partidos han sido las cajas. Hasta la Ley de Transparencia de 2004, algunos responsables de las más importantes cajas de ahorro se oponían a declarar los préstamos concedidos a los partidos. La citada Ley les obligó a ello, saliendo así a la luz que el saldo vivo de los préstamos (y avales o garantías) concedidos por las cajas era, a finales de 2004, de 80 millones de euros; en 2005, la cifra de créditos acumulados a partidos políticos ascendía a más de 70,2 millones; en 2006 esta cifra subía a casi 100 millones (98,8) y en el año 2007 llegó a los 122,8 millones, una cifra muy elevada. En este momento, la contracción general del crédito parece que ha detenido este proceso de endeudamiento progresivo. Las cajas con mayores cifras de préstamos otorgados a partidos eran La Caixa, Cajasol y BBK. Según fuentes de la CNMV, en 2008 el PSOE sumaba una deuda con las cajas de casi 20 millones de euros (19,5), incluyendo en esta cifra la deuda del PSC; el PP, 2,7 millones de euros; IU-ICV, 11,7 millones de euros; CiU (federación y las dos formaciones), 17,6 millones; PNV, 3,5 millones de euros; ERC, 2 millones; BNG, 2 millones de euros y C. Canaria, 0,8 millones. Algunas formaciones políticas obtienen su financiación básicamente -en muchos casos, exclusivamente- de las cajas de ahorro implantadas en su territorio, en cuyos consejos sientan a sus miembros. Por ejemplo, CiU y ERC reciben de las cajas catalanas el 98%; el PNV de las vascas, el BNG de las gallegas y Coalición Canaria de las cajas canarias en un 100%; PSOE, PP e IU reciben dinero de todas. Es patente la vinculación entre poder político regional y entidad financiera domiciliada en ese territorio.
La Ley de Financiación de 2007 ha venido a regular por primera vez este tema (antes era un tema alegal) abriendo la puerta -como ya he dicho- a partidos y entidades de crédito para llegar a pactos sobre las condiciones de la deuda que mantengan con ellas, “según los usos y costumbres del tráfico mercantil”. Como escribe Lucas Murillo, “la sombra de las condonaciones planea sobre esta previsión legal”. Porque en efecto, es utópico pensar que se van a aplicar a ellos los “usos y costumbres del tráfico mercantil” como dice candorosamente la actual Disposición Transitoria 2ª de la Ley, es decir, las reglas de pago que se aplican a los tenderos o a los industriales. Tanto el PP como el PSOE han tratado siempre de justificar ante el Tribunal de Cuentas la práctica de la condonación como algo “usual” en el mundo financiero; ante la magnitud de las cifras de deuda (especialmente del PSOE) han estado buscando siempre cómo legalizar una “amnistía general encubierta”, aunque es obvio que una condonación de deuda equivale, como ya se ha dicho, a una donación nominativa por encima en muchos casos de lo permitido por la Ley.
Toda esta situación es un flagrante agravio comparativo con respecto a los ciudadanos ya que, como se ha dicho en el punto DECIMOQUINTO, en el mercado financiero rige el principio de igualdad de trato del cliente bancario, aunque en la práctica no se produce esa equivalencia. Hecho gravísimo que conculca derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución de 1978.
DECIMOSÉPTIMO.- Además, en paralelo a todo lo manifestado en el punto anterior, tenemos que, actualmente, el Gobierno del Partido Popular ha solicitado a la banca -Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular- salvar de la liquidación a las concesionarias de ocho autopistas españolas que dejaron de pagar una deuda que asciende a 5.000 millones de euros, solicitando una condonación o quita, ni más ni menos que del 50%, más un aplazamiento a 30 años de la otra mitad a cambio de unos bonos del Tesoro con una rentabilidad del 1%.
ÚNICO.- Que el titular de este escrito pone en conocimiento de esa entidad, Banco de España, que se ha acogido a la condonación de ____________________ € en 2014 y ___________________ € en 2015, respectivamente, en su/s crédito/s – préstamo/s nº ______________________________________, mantenido/s con la entidad ___________________.
, a ____ de ____________ de 2015