Source: https://www.scribd.com/document/35884708/Comunicacion-a-Fiscalia
Timestamp: 2017-10-22 23:44:36
Document Index: 398629387

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 24', 'artículo 62', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 154', 'artículo 11', 'artículo 154', 'artículo 6', 'artículo 71', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 24', 'artículo 6']

AL FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA.
COMUNICACIÓN DE HECHOS Y/O DENUNCIA AL MINISTERIO FISCAL SOBRE PRESUNTA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMUNICANTE/DENUNCIANTE Esther Cuadrado Barbería.
PRESUNTO RESPONSABLE/DENUNCIADO Consellería de educación, Xunta de Galicia. PRIMERO Mi hijo Arturo tiene un trastorno de espectro autista, por el que se le ha reconocido un grado de discapacidad de un %, y un nivel de , según se acredita en la documentación adjunta. SEGUNDO Se procede el pasado septiembre a cambiar la matrícula escolar de mi hijo Arturo al CEIP Salgado Torres según resolución de la comisión de escolarización. Dicho cambio de centro se lleva a cabo porque la Sra. Villaverde, en calidad de Jefa Territorial de la Consellería de educación de la provincia de A Coruña, manifiesta la imposibilidad de prestar los apoyos educativos necesarios, dadas las necesidades educativas permanentes que presenta Arturo, en el centro educativo en el que estaba matriculado. El cambio de centro se lleva a cabo con el conocimiento, por escrito, por parte de la Consellería de educación del perjuicio directo que se le iba a causar al niño, dado su diagnóstico, las relaciones sociales y condiciones para su integración con sus iguales que ya se daban en el centro donde estaba matriculado. TERCERO Desde el pasado 16 de marzo, dado que el centro escolar nos plantea una propuesta de escolarización para el curso 2010/2011 y organización de recursos extraordinarios contraria al dictamen de escolarización de Arturo, a sus necesidades psicopedagógicas, y a lo dispuesto en el Decreto 330/2009 de 4 de junio por el que se establece el currículo de educación infantil en la Comunidad autónoma de Galicia, registro una serie de escritos en el Registro Único de la Xunta de Galicia en la ciudad de A Coruña, en los que solicito el mantenimiento de la atención a las NEE de Arturo según principios de atención centrada en su persona, y no según otros condicionantes ajenos a él, además de solicitar información relativa al proceso de enseñanza/aprendizaje de Arturo y sobre las medidas de acceso al currículo tomadas durante el curso 2009/2010.
CUARTO Presento ante la Comisión Técnica de Accesibilidad dependiente del Servicio de Promoción de la Accesibilidad de la Consellería de Traballo, y ante la Comisión permanente especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad, denuncias por entender que el CEIP Salgado Torres es un centro ordinario de escolarización preferente para niños con trastornos generalizados del desarrollo/trastorno del espectro autista y no reune unas condicioens mínimas de accesibilidad, sobre todo en lo relativo a barreras de la comunicación y el currículo. QUINTO Presento denuncia ante la Agencia española de Protección de datos por entender que se nos está negando el acceso al expediente escolar y a la información relativa al proceso de enseñanza-aprendizaje de Arturo a pesar de lo dipuesto en el artículo 71.4 de la LOE. SEXTO El pasado 30 de abril registro escrito en el Registro Único de la Xunta de Galicia en la ciudadde A Coruña, dirigido a la sra. Villaverde, Jefa territorial de la consellería de educación, el sr. director del CEIP Salgado Torres, al EOE de la provincia de A Coruña, al Sr. Gay, jefe de la inspección educativa de A Coruña, en el que se autorizo a que se realicen los trámites oportunos para iniciar el procedimiento de solicitud de flexibilización del periodo de escolarización obligatoria de mi hijo, autorización condicionada a: - La toma por parte de la Consellería de educación de las medidas de carácter organizativo necesarias para eliminar cualquier actitud discriminatoria, tal y como se recoge en la orden de 6 de octubre de 1995. - Entendiendo como un ajuste razonable, tal y como se recoge en el artículo 24.2 de la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad ratificada por España, que la consellería de educación, teniendo en cuenta las circunstancias del centro, debe poner en marcha una unidad adicional de 5 años de educación infantil, y por tanto, reducir la ratio de los grupos y repartir entre las tres unidades resultantes los alumnos con NEE. - Que se nos comunique por escrito qué medidas de adaptación al currículum se han llevado a cabo con Arturo, tal y cómo se contempla en la Orden de 6 de octubre de 1995. Motivación e información detallada por escrito de las medidas tomadas. - Qué medidas se van a tomar para garantizar el derecho a la educación inclusiva de Arturo, en igualdad de oportunidades con sus compañeros, y de acuerdo a sus necesidades. - Se garantice el cumplimiento de su dictamen de escolarización, y la puesta a disposición de Arturo de todos los medios personales y materiales necesarios para garantizar su educación y formación efectiva. - Determinación detallada por parte del EOE de los apoyos necesarios, especificando de forma detallada de qué forma deben prestarse y en qué lugar, teniendo en cuenta tanto las características personales de Arturo, como la efectividad de los apoyos prestados en le curso 2009/2010, y la situación del aula dónde estaría escolarizado, tal y como se recoge en el decreto 320/1996 de 26 de julio. - Que se garantice el mantenimiento a la atención a las NEE de Arturo según los principios de atención centrada en su persona, y no según otros condicionantes ajenos a él.
Mi postura y la de mi marido como padres de Arturo es conocida por la Jefa territorial de educación de la provincia de A Coruña, la sra. Villaverde, y por el Jefe de la Inspección educativa de la provincia de A Coruña, el sr. Gay, con los que mantuvimos una entrevista el pasado 29 de junio a petición de la señora Villaverde, entrevista en la que abordamos esta cuestión. Además , Jefe del departamento de Orientación del CEIP Salgado Torres en el informe de evaluación psicopedagógica emitido el pasado marzo refleja lo siguiente en el apartado de Conclusiones y orientaciones: “Por todo lo anteriormente expuesto, creemos, desde el departamento de orientación que solicitar la flexibilización de la duración de la escolaridad en educación infantil y retrasar en un año el inicio de la escolaridad obligatoria en educación primaria sería una medida muy beneficiosa para el alumno (….) Esta propuesta choca con las condiciones en que se llevaría a cabo esta medida, ya que los grupos donde se escolarizaría el alumno tienen una elevada ratio (25 alumnos, 1 con NEE, y 21 alumnos, 2 con NEE). La propuesta lógica sería elegir un gurpo con menor número de alumnado. Por otro lado, existe la opción de que el alumno inicie la escolaridad obligatoria, siga con el grupo de referencia en el que está integrado y donde es bien aceptado y querido por sus compañeros y compañeras, y se revisen los apoyos que precisaría para seguir avanzando en sus aprendizajes. La familia no se muestra de acuerdo con la propuesta de flexibilización ya que considera que las condiciones que oferta el centro perjudican a Arturo, al tener que compartir aula y apoyos con otros alumnos con NEE. La familia manifiesta la necesidad de que el alumno reciba las horas de apoyo individualizadas y se reduzcan las ratios en las aulas para aceptar una flexibilización.” Recibimos comunicación de la citada resolución el sábado 7 de julio por correo ordinario, (resolución con fecha de salida de la consellería 21 de julio) a pesar de estrecho márgen el lunes 9 de agosto presentamos recurso de alzada y solicitud de suspensión de la citada resolución ( ref: JGC/GSB/JM, nº de informe: 931/ 1). Entedemos que la resolución incurre en las causas de nulidad previstas por el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece la nulidad de pleno derecho de los actos de las administraciones públicas que lesiones los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. La citada resolución se dicta además prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, ya que según se dispone en el artículo 30 de la orden de 27 de diciembre de 2002, por la que se establecen las condiciones y criterios para la escolarización en centros sostenidos con fondos públicos del alumnado de enseñanzas no universitarias con necesidades educativas especiales, en el que se establece el procedimiento para solicitar la flexibilización para acogerse a las flexibilizaciones a las se se hace referencia en los artículos anteriores la direción del centro presentará la oportuna solicitud en la correspondiente delegación provincial. Ésta se acompañará de la siguiente documentación: b) Conformidad expresa de los padres o tutores legales del alumnos. No pudiendo deducirse esta conformidad expresa ni del escrito registrado el pasado 30 de abril, no habiéndose cumplido hasta la fecha 12 de agosto de 2010, ninguna de las condiciones manifestadas en dicho escrito; ni del informe de evaluación psicopedagógica firmado por Fernando Espiñeira Riveiros, Jefe del Departamento de Orientación del CEIP Salgado Torres, y habiendo además manifestado personalmente nuestro criterio a la sra. Villaverde y al sr. Gay, Jefa Territorial de Educación de la provincia de A Coruña y Jefe de
la inspección educativa de la provincia respectivamente. DISPOSICIONES NORMATIVAS VULNERADAS • El artículo 4.3 de la Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se regulan las adaptaciones al currículo en las enseñanzas de régimen general establece que las medidas de refuerzo educativo se harán constar con un comentario en el informe a las familias y no tendrán constancia en el libro de escolaridad. El artículo 15 de la Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se regulan las adaptaciones al currículo en las enseñanzas de régimen general establece que las familias de los alumnos y alumnas que sigan alguna adaptación curricular recibirán la información pertinente de las decisiones adoptadas sobre la misma. En caso de desacuerdo podrán reclamar delante del director o directora del centro y de persistir su disconformidad, delante del servicio de inspección educativa correspondiente, que deberá resolver. El artículo 10.2 de la Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se regulan las adaptaciones al currículo en las enseñanzas de régimen general establece que la adaptación curricular se reflejará como AC (adaptación curricular) en el expediente académico del alumno o alumna, en el informe a los padres o responsables legales. El artículo 20.1 del Decreto 320/1996 de 26 de julio, de ordenación de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales establece que los padres de los alumnos con necesidades educativas especiales serán informados de forma periódica de las decisiones que afecten al proceso educativo de sus tutelados. El artículo 16 c) de la Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se regula la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que cursan enseñanzas de régimen general y se establece el procedimiento y los criterios para la realización del dictamen de escolarización, establece que “el equipo psicopedagógico de apoyo y, si es el caso, el departamento de orientación, informará a la familia sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica y los servicios educativos de la zona y la propuesta de escolarización e incluirá en la documentación la opinión firmada por los padres o tutores legales sobre dicha propuesta”. El artículo 13 d) de la Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se regula la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que cursan enseñanzas de régimen general y se establece el procedimiento y los criterios para la realización del dictamen de escolarización, establece que “ el dictámen de escolarización incluirá “ la opinión de los padres en relación a la propuesta de escolarización”. El artículo 8.4 Decreto 330/2009 de 4 de junio, por el que se establece el currículo de educación infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia establece que “ las familias recibirán recibirán periódicamente la información necesaria sobre el progreso de las niñas y de los niños, y los canales que se creen para este efecto tendrán que hacerse explícitos en los correspondientes proyectos educativos. El artículo 25 de la orden de 25 de junio de 2009 establece que “la información recogida de la evaluación contínua se trasladrá a las familias, como mínimo, en un informe escrito trimestral. Los centros educativos establecerán el contenido y formato do documento de información a las familias, en los que se comunicarán los datos sobre los progresos y dificultades detectadas en la consecución de los objetivos establecidos en el currículo, sobre el proceso de integración
socioeducativa, sobre el grado de iniciación en el desenvolvimiento de las competencias básicas, y de ser el caso, sobre las medidas de apoyo y refuerzo educativo adoptadas o propuestas” y el artículo 20.4 del decreto 330/2009 de 4 de junio, por el que se establece el currículo de educación infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia “Las consideraciones derivadas del proceso de evaluación deberán ser comunicadas periódicamente a las familias o tutores legales con el objetivo de hacerles copartícipes del proceso educativo de sus hijos e hijas.” El artículo 8.4 del decreto 330/2009 de 4 de junio establece que las familias recibirán periódicamente la información necesaria sobre el progreso de las niñas y de los niños. El artículo 9.4 del decreto 330/2009 de 4 de junio establece que los centros educativos atenderán a las niñas y niños que presenten necesidades educativas especiales buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus características y necesidades personales. El artículo 11.1 del decreto 330/2009 de 4 de junio establece que con el objeto de respetar la responsabilidad fudamental de las madres y los padres o tutores en esta etapa, los centros cooperarán estrechamente con ellos y establecerán mecanismos para favorecer su participación en el proceso educativo de sus hijos y de sus hijas. Es legítima la cesión o comunicación de datos de carácter personal solicitada en los escritos referefenciados, tal y cómo determinó la agencia de protección de datos en el informe 227/2006 que estableció que en lo que se refiere a los datos que guarden relación con las funciones de educación y formación establecidas en el citado artículo 154 del Código Civil, existe una norma con rango de ley que habilita la cesión o comunicación de datos de carácter personal, por lo que la cesión de los datos académicos o psicopedagógicos que guarden directa relación con los deberes formativos se encontrará amparada en el artículo 11. 2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con el artículo 154 del Código Civil. El artículo 6.1 del decreto 320/1996 de ordenación de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que los centros en los que se impartan las enseñanzas correspondientes a la educación infantil, educación primaria, y educación secundaria obligatoria escolarizarán al alumnado con necesidades educativas especiales cuando en el informe del equipo psicopedagógico de apoyo de la Consellería de Educación e Ordenación universitaria se aconsej tal modalidad de escolarización como la más adecuada, manteniendo en todo caso una distribución equilibrada de estos alumnos, considerando su número y sus especiales circunstancias, de forma que puedan desarrollar eficazmente el objetivo de integración, según lo establecido en la disposición adicional segunda de la ley orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, El artículo 71.4 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos. El derecho a la igualdad de Arturo, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condicioón o circunstancia personal o social, según se establece en el artículo 14 de la
Constitución española y el artículo 4 de la ley 51/2003. El respeto a su dignidad como persona, y el libre desarrollo de su personalidad. (artículo 10 de la Constitución española). Su derecho a la educación, que tal y como reconoce el artículo 27 de la Constitución española debe tener por objeto el pleno desarrollo su personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, considerando además lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad: derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, acceso a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones que los demás, en la comunidad en que vivan, derecho a la realización de ajustes razonables en función de las necesidades individuales, derecho a medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. Una vulneración del punto XIX de la Carta europea de derechos de las personas con autismo, adoptada, por el Parlamento Europeo el 9 de Mayo de 1996 que establece que “ las personas con autismo (o sus representantes), deben tener derecho al acceso a su ficha personal en lo que concierne el área medica, psicológica, psiquiátrica y educativa”. Una discriminación indirecta de Arturo Piñeiro Cuadrado por razón de su discapacidad, entendiendo por discriminación indirecta “ cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.” según lo establecido en el artículo 6 de la ley 51/2003 de Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
En vista de las circunstancias, he solicitado por tanto que mi hijo, Arturo inicie la escolaridad obligatoria, siga con el grupo de referencia en el que está integrado y donde es bien aceptado y querido por sus compañeros y compañeras, y se revisen los apoyos que precisaría para seguir avanzando en sus aprendizajes, tal y como se refleja en el informe de evaluación psicopedagógica firmado por , Jefe del Departamento de Orientación del CEIP Salgado Torres. Según se desprende de la resolución REF. JGC/GSB/JM Nº de informe 931/1 el centro ha cursado una propuesta de adaptación curricular, no disponiendo como madre de Arturo de ningún tipo de comunicación y o información a pesar de las garantías de información y comunicación que establecen tanto en la ley orgánica de educación como en la legislación gallega relativa a educación y necesidades educativas especiales.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS Resolución de escolarización. Escrito registrado el 16 de marzo de 2010. Escrito registrado el 30 de abril de 2010. DNI de Arturo Piñeiro Cuadrado.. DNI de Esther Cuadrado Barbería. Certificado de minusvalía. Informe psicopedagógico emitido por el Orientador del centro, Denuncia ante la agencia española de protección de datos. Denuncia ante la oficina especializada del Consejo Nacional de la discapacidad. Denuncia ante la Comisión Técnica de accesibilidad. Resolución con Ref. JGC/GSB/JM Recurso de alzada a la resolución de ref. JGC/GSB/JM. Solicitud de suspensión de la resolución con Ref. JGC/GSB/JM.
Esther Cuadrado Barbería. Arteixo 12 de agosto de 2010. Esther Cuadrado Barbería.
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