Source: https://www.leyex.info/juris/SentenciaC076de2012.htm
Timestamp: 2019-06-26 18:50:38
Document Index: 246998520

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 94', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 182', 'artículo 183', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 879', 'artículo 4', 'artículo 338', 'artículo 29', 'artículo 230', 'artículo 83', 'artículo 333', 'artículo 58', 'artículo 338', 'artículo 363', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 1', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 2', 'artículo 83', 'artículo 333', 'artículo 29', 'artículo 58', 'in dubio', 'artículo 1', 'artículo 338', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 182', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 9', 'artículo 258', 'artículo 161', 'artículo 67', 'artículo 338', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 241', 'artículo 157', 'artículo 338', 'artículo 1', 'artículo 338', 'artículo 1', 'Artículo 10', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 1', 'artículo 363', 'artículo 338', 'artículo 161', 'artículo 9']

La simple discrepancia entre lo exigido por la norma reglamentaria y lo actuado por el Congreso de la República, el Presidente o la administración no implica per se la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma demandada. En estos casos debe tenerse en cuenta que las formas procedimentales establecidas siempre atienden a la realización de un principio sustancial, que resulta axial al carácter democrático a decisión tomada por los órganos políticos dentro de un Estado como el colombiano; por esta razón es que la jurisprudencia ha distinguido entre meras irregularidades y vicios procedimentales, siendo los últimos los que, por afectar un principio sustancial, pueden originar la inconstitucionalidad de una norma en cuyo procedimiento de formación se haya cometido este error. Así pues, al estudiar el posible desconocimiento de las normas del Reglamento del Congreso es necesario, además de señalar su vulneración, el explicar cómo es que con ella se infringe o desconoce algún principio sustancial de rango constitucional que busque ser protegido a través de la formalidad reglamentaria. Solo de esta forma se hará un análisis acorde con la instrumentalidad de las actuaciones procedimentales y, por consiguiente, coherente con su significación sustancial.
DEBATE EN TRAMITE LEGISLATIVO-Concreción del principio democrático/DEBATE EN TRAMITE LEGISLATIVO-Importancia
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil doce (2012)
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, la ciudadana Sonia Esther Osorio Vesga demanda la totalidad de la ley 1430 de 2010, “por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”, por considerar que el precepto mencionado vulnera los artículos 161 y 163 de la Constitución; y 91, 94, 95, 182 y 186 de la ley 5ª de 1992. De no prosperar el anterior cargo, en subsidio, se presenta demanda contra parte del artículo 1º de la ley 1430 de 2010.
1. Votación de las proposiciones mientras se daba lectura al informe de conciliación –folio 3 y 4-.
2. Lectura de las proposiciones mientras se votaba el orden del día –folio 4-.
3. Lectura del informe de conciliación antes de aprobar el orden del día de la respectiva sesión –folio 4-.
4. La publicación de una aclaración al informe de conciliación que no fue publicada junto con el informe, sino, el mismo día en que se discutió el informe, es decir, el 16 de diciembre de 2010 –folio 5-.
5. Al parecer, la aclaración la firmaron 3 o 4 conciliadores, sin que se sepa cuántos conformaron la Comisión Accidental –folio 5-.
6. La Comisión accidental no se conformó como lo señala el Reglamento, pues la misma debe integrarse por los que habían sido ponentes en el segundo debate, que en el Senado fueron 11 senadores y el la Cámara fueron 8 representantes –folio 6-.
7. La aclaración que se hizo al informe de conciliación no fue un simple error mecanográfico, sino que se trata de una modificación que, de acuerdo con la actora, cambia el sentido del artículo 4º del proyecto que estaba en discusión –folio 7-.
8. La aprobación del informe de conciliación en el Senado de la República se hizo sin que se abriera la oportunidad para el debate, tal y como éste es definido por el artículo 94 del Reglamento del Congreso –folio 7-.
Sostiene la actora que la ley en cuestión aparece publicada en el Diario Oficial 47.937 de diciembre 29 de 2010. Sin embargo, mediante certificaciones entregadas como respuesta a un derecho de petición, el subgerente de producción de la Imprenta Nacional manifestó que el texto de la ley 1430 de 2010 fue publicado en la página web de la imprenta el 4 de enero y en papel el cinco de enero, ambos días de 2011 –folios 9, 30 y 31-. Según la accionante, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, ésta debe entenderse como fecha de publicación de la ley 1430 de 2010, pues la misma no es la que aparece en el Diario Oficial en el que se inserta, sino aquella en que se tiene la posibilidad de conocer el diario oficial por parte de la ciudadanía.
En el caso objeto de estudio este hecho significaría el desconocimiento de los artículos 338 y 363 de la Constitución, por cuanto la publicación del artículo 1º de la ley 1430 de 2010, que afecta un impuesto de período, habría tenido lugar una vez iniciado el período fiscal al cual se aplicaría. Previéndose en esta disposición un impuesto que afecta hechos ocurridos durante el período fiscal que inició el 1º de enero de 2011 y que finalizó el 31 de diciembre de ese año, la misma debió haberse publicado antes que comenzara dicho período fiscal. Al no ser este el caso y preverse por su aplicación para el año 2011 por la disposición demandada se estaría yendo en contra de los artículos constitucionales anteriormente mencionados.
Respecto de la petición subsidiaria la asesora del Ministerio sostiene que se equivoca la demandante al entender que existe algo así como una promulgación real y una promulgación formal. El acto de promulgación es definido por el artículo 53 de la ley 4ª de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, que establece que la promulgación se entiende consumada “en la fecha del número en que termine la inserción”. De manera que como la ley 1430 de 2010 aparece publicada en el Diario de fecha 29 de diciembre de 2010, fue esa la anualidad en que se publicó.
Al ser la interpretación de la demandante subjetiva y errada respecto de la situación fáctica que sustenta su acusación, encuentra la asesora del Ministerio que la misma carece del requisito de certeza, por lo que no se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia para que la Corte se pronuncie –folio 91-.
Según la intervención, tanto la no publicación del informe de conciliación, como la falta de debate que se generó como una de sus consecuencias crean un vicio del procedimiento por no garantizar el mínimo de razonabilidad deliberativa y decisoria. Así, señaló respecto del caso en concreto que: “la aclaración intentó ponerse en conocimiento de todos al tiempo que se presentaba el informe de conciliación, lo cual en principio habría bastado si efectivamente, con ésta, hubiera existido debate y deliberación por parte de los congresistas”, es decir que el vicio que conllevaría a la declaratoria de inconstitucional de la ley 1430 de 2010 consiste en la falta de debate, puesto que las modificaciones hechas al informe de conciliación, ni el informe en su totalidad fueron evaluados de la forma debida ni contaron con la opinión informada y libre de quienes decidían en las sesiones plenarias de cada cámara.
Sin embargo, la interviniente considera que antes de declarar la ley totalmente inexequible, lo más recomendable en aras de aplicar el principio de conservación del derecho y de la tarea legislativa, que implican un gran desgaste, es la sola declaración de inexequibilidad del aparte "A partir del año gravable de 2011" contenida en el artículo 1° de la Ley 1430 de 2010, por violación directa a los artículos 338 y 363 de la Carta Política[1].
El Procurador General de la Nación, mediante Concepto No.5209, solicita a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en el Expediente D-8495, donde se señaló la existencia de un vicio en la formación de la Ley 1430, indicando que “en caso de que se considere este vicio como subsanable, ORDENE devolver al Congreso de la República la Ley 1430 de 2010 para que se subsane, y en caso de que se lo considere insubsanable, declare INEXEQUIBLE la Ley 1430 de 2010”.
A continuación se presentan los aspectos centrales del concepto:
El ministerio público pretende determinar si se incurrió en vicios en el proceso de formación de la Ley 1430 de 2010, en especial si se vulneró el principio de publicidad respecto de la publicación del informe de conciliación a la que alude el inciso segundo del artículo 161 de la Constitución Política, además, establecer la verdadera fecha en la cual fue publicada la ley y la fecha en la cual las personas pudieron tener acceso a su contenido.
Respecto del primer planteamiento, el jefe del Ministerio Público indicó como aclaración previa que en el Concepto 5172, rendido en el trámite del Expediente D-8495, se señaló la existencia de un vicio en la formación de la Ley 1430 de 2010, que corresponde al mismo planteado por la demandante en el presente proceso, consistente en el hecho de votar el informe de conciliación el mismo día de su publicación definitiva y en tal ocasión se llegó a la conclusión que tal vicio afecta la ley misma por violar lo plasmado en el artículo 161 de la Constitución Nacional y se dejó en potestad de la Corte precisar si tal yerro, es un vicio subsanable o insubsanable.
Los problemas que presentaría la aprobación de esta aclaración serían:
i) El momento de la publicación: la misma aparece como publicada en la Gaceta del Congreso 1107 de 16 de diciembre, incumpliéndose el requisito de ser publicada por lo menos con un día de antelación –folio 5-.
ii) La firmaron “tres o cuatro” miembros de la Comisión de conciliación, de manera que sería la minoría la que firmó dicho informe y no la mayoría –folio 5-.
iii) La misma, lejos de ser un simple error mecanográfico, cambia el sentido del artículo 4º del proyecto de ley conciliado, pues suprime la expresión “a más de un tercero” y la reemplaza con la expresión “a terceros”. –folio 6-
iv) No existió debate de la aclaración presentada –folio 7-.
Respecto de esta acusación, la Sala declarará la exequibildiad de la ley 1430 de 2010, en razón a que la demanda no logra aportar los elementos probatorios que desvirtúen la fecha de publicación del informe de conciliación que figura en las Gacetas del Congreso 1103 y 1104 de 15 de diciembre de 2010.
Pasa la Sala a sustentar esta conclusión.
3.1.1. Actuaciones procedimentales probadas en desarrollo del procedimiento legislativo de la ley 1430 de 2010
3.1.2. Presunta discrepancia entre la fecha de las Gacetas del Congreso 1103 y 1104 de 2010 y su efectiva publicación.
3.1.3. Incertidumbre respecto de la fecha de publicación manifestada por la accionante
1. El documento que contiene la ley 1430 de diciembre 29 de 2010 fue recibido en la Imprenta Nacional, el día 30 de diciembre de 2010 a las 20:25 horas.
2. La ley 1430 de diciembre 29 de 2010, fue publicado [sic] en el Diario Oficial 47.937 del 29 de diciembre de 2010 y fue publicado en la página Web el día 04 de enero de 2011 a las 9:53 horas y su impresión culminó a las 14:15 horas del día 05 de enero de 2011.
3. Como se manifestó en la respuesta dada en el numeral anterior (2) y acceso al público el día 06 de enero de 2011.
4. El proyecto de ley 124 de 2010 de Cámara fue recibido en la Imprenta Nacional, el día 15 de diciembre de 2010 a las 21:00 horas.
5. El documento (proyecto de ley 124 de Cámara) se publicó en la página Web el día 16 de diciembre de 2010 a las 8:00 a.m., hora en que estuvo a disposición del público y su impresión se realizó el día 16 de diciembre de las 10:50 horas [sic].
i) En las certificaciones expedidas por la Imprenta Nacional no se menciona la fecha de recibo en la Imprenta, ni la fecha de publicación en las Gacetas del Congreso del informe que concilia los proyectos 174 de 2010 del Senado de la República y 124 de 2010 de Cámara de la Representantes en cuestión; y
ii) La certificación que la actora relaciona como contentiva de la prueba de publicación del informe de conciliación, da respuesta a un oficio recibido en una fecha diferente a los aportados al proceso. Razón por la cual, ni siquiera por medio de la pregunta es posible presumir a qué se está respondiendo con la certificación de la Imprenta de fecha 10 de febrero.
Como contraargumento de la conclusión a la que llega la Corte, podría decirse que el Magistrado Sustanciador tenía la facultad de decretar las pruebas que considerara conducentes para determinar si existieron irregularidades en la actuación del Congreso[2] y de esta forma determinar si existe sustento del cargo que solicita declaratoria de inexequibilidad de la ley 1430 de 2010 por el vicio alegado; máxime cuando esta posibilidad es prevista por el propio reglamento de la Corte Constitucional, decreto 2067 de 1991, que en su artículo 10 consagra “Siempre que para la decisión sea menester el conocimiento de los trámites que antecedieron el acto sometido al juicio constitucional de la Corte o de hechos relevantes para adoptar la decisión, el magistrado sustanciador podrá decretar en el auto admisorio de la demanda las pruebas que estime conducentes, las cuales se practicarán en el término de diez días”.
Aunque no sin cierta dificultad, la Corte concluye que el problema jurídico que plantea la demandante es ¿la no elaboración del informe por parte del grupo de ponentes para el segundo debate de cada Cámara desconoce lo preceptuado por el artículo 182 del Reglamento del Congreso?
3.2.1. Solución
El impugnante manifiesta que en el trámite de la Ley 633 de 2000, el Congreso desconoció lo dispuesto en los artículos 175 y 182 de la Ley 5ª de 1992 o Reglamento del Congreso, el primero de las cuales que ordena que en el informe a la plenaria el ponente debe consignar la totalidad de las propuestas consideradas por la comisión, y el segundo que establece el término de cinco días para rendir el informe final que debe ser enviado a la otra cámara, luego de haber sido aprobado el proyecto en la plenaria de una de las células legislativas. Lo anterior, porque la ley demandada fue aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes el 14 de diciembre de 2000, y por el Senado el día siguiente.
Se trata de una situación similar a la que se presenta con el término mínimo de quince días que al tenor del canon 160 Superior, debe transcurrir entre la aprobación de un proyecto en una cámara y su estudio en la otra, el cual no puede ser observado, por obvias razones, cuando sesionan en forma conjunta las comisiones permanentes del Congreso, actuación que, según se explicó, está orientada a agilizar el proceso legislativo.
Adicionalmente, no puede perderse de vista que conforme al artículo 183 del Reglamento del Congreso se autoriza el debate simultáneo de las plenarias de cada una de las cámaras legislativas, cuando la propuesta ha sido discutida y aprobada en primer debate en forma conjunta por las respectivas comisiones constitucionales permanentes del Congreso.”
Adicionalmente, recuerda la Sala que la simple discrepancia entre lo exigido por la norma reglamentaria y lo actuado por el Congreso de la República, el Presidente o la administración no implica per se la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma demandada. En estos casos debe tenerse en cuenta que las formas procedimentales establecidas siempre atienden a la realización de un principio sustancial, que resulta axial al carácter democrático a decisión tomada por los órganos políticos dentro de un Estado como el colombiano; por esta razón es que la jurisprudencia ha distinguido entre meras irregularidades y vicios procedimentales, siendo los últimos los que, por afectar un principio sustancial, pueden originar la inconstitucionalidad de una norma en cuyo procedimiento de formación se haya cometido este error. En este sentido, al estudiar el posible desconocimiento de las normas del Reglamento del Congreso es necesario, además de señalar su vulneración, el explicar cómo es que con ella se infringe o desconoce algún principio sustancial de rango constitucional que busque ser protegido a través de la formalidad reglamentaria. Solo de esta forma se hará un análisis acorde con la instrumentalidad de las actuaciones procedimentales y, por consiguiente, coherente con su significación sustancial.
3.3. Cargo tres: Falta de debate del informe de conciliación
3.3.1. Solución
Los problemas que presentaría la aprobación de esta aclaración y que podrían afectar su validez son:
Por su parte, en el proyecto aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado (antes de la comisión de conciliación), publicado en Gaceta del Congreso 1118 de 22 de diciembre de 2010, incluía la siguiente redacción del artículo 4º:
“Artículo 4°. GMF en operaciones de compensación y liquidación de valores u operaciones de reporto, operaciones simultáneas o transferencia temporal de valores. Modifícase el numeral 5 del artículo 879 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Como puede observarse, nunca existió discrepancia en el aparte señalado entre las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, de manera que una modificación del mismo no estaba dentro del ámbito competencial de la Comisión de Conciliación. Siendo esta la situación, no era necesario que la aclaración fuera firmada por todos los integrantes de la Comisión de Conciliación, pues lo presentado a las plenarias de una y otra cámara no era fruto de la labor mediadora de dicha Comisión, sino, simplemente, la corrección de un error de transcripción de un artículo aprobado en idéntica forma por ambas cámaras, cuya eventual modificación nunca había sido competencia de la Comisión.
Por esta razón la Sala descarta la existencia de un vicio procedimental. En este sentido, resuelve estarse a lo resuelto en la sentencia C-822 de 2011 y declarar exequible el aparte acusado del artículo 4º de la ley 1430 de 2010 por el cargo ahora estudiado.
3.5. Cargo cinco: La comisión accidental se conformó de forma contraria al reglamento del Congreso
3.5.1. Solución
3.6.1. Sentido de la regla especial de vigencia contenida en el artículo 338 de la Constitución
Como ocurre al interpretar cualquier exigencia de tipo formal, su lectura literal debe acompañarse de la indagación acerca del valor sustancial que con ella se busca proteger o aplicar. En este caso, encuentra la Corte que el principio cuya salvaguarda está de por medio es el de seguridad jurídica. En efecto, al considerarse las leyes tributarias leyes que, en general, imponen cargas a las personas que determinan como sujetos pasivos, se ha entendido que éstos deben tener plena claridad respecto de las actividades que generen tributos y el monto al que los mismos ascenderán, para que dichas cargas no resulten un imprevisto que afecte desproporcionadamente el debido proceso –artículo 29 de la Constitución-, la equidad –artículo 230 de la Constitución-, la buena fe ­–artículo 83 de la Constitución-, la libertad de empresa –artículo 333 de la Constitución- o el derecho de propiedad –artículo 58 de la Constitución-[3], entre otros. La exigencia del artículo 338 de la Constitución tiene sentido en cuanto evita la variación intempestiva en las condiciones de tributación de los contribuyentes, de manera que se afecte la confianza legítima que durante un período fiscal se había generado en torno a las reglas de tributación que regirían el mismo. Así, se salvaguarda al sujeto pasivo de los tributos de sorpresas, hechos intempestivos o, incluso, fraudes que un Estado fiscalista pueda obrar en su contra. En ciertas ocasiones esta protección también implica que situaciones acaecidas antes de que la ley entre en vigencia se constituyan en fuente de obligaciones para el sujeto pasivo; por esta razón, en casos anteriores, y a criterio de la Corte de manera errónea, suele entenderse complementada –o, incluso, reiterada- por la limitación del artículo 363 de la Constitución que prohíbe la retroactividad de las leyes tributarias, en cuanto que su objetivo o razón de ser es la misma: evitar que una nueva ley tome como base de imposición hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia.
Se reitera, dichas prohibiciones tienen razón de ser, precisamente, en el principio de seguridad jurídica que debe imperar y la significación fundamental a elementos sustanciales en el Estado constitucional.
La interpretación teleológica del artículo 338 de la Constitución –que entiende como razón de ser del artículo 338 de la Constitución la seguridad jurídica y los resultados equitativos que de su aplicación se desprenden- ha sido el principio de decisión en ocasiones en que la Corte ha tenido que evaluar la aplicación de leyes tributarias que entraban en vigencia una vez iniciado el período fiscal al cual se aplicaban; más exactamente, leyes que entraron a regir en los últimos días del período al que aplicarían. En este sentido, entre otras, se encuentran las sentencias:
i) C-527 de 1996, en la que la Corte encuentra que el artículo 338 de la Constitución está previsto para proteger la buena fe de los contribuyentes[4].
ii) C-1251 de 2001, en la que se discutió la posibilidad de aplicar una disposición sobre el impuesto predial –impuesto de período- en el período en que la ley había entrado en vigencia –ley 641 de 25 de julio de 2000-; en esta ocasión la Corte Constitucional para el estudio de la eventual inconstitucionalidad del artículo demandado, tomó como referencia el principio de equidad que la norma significaba para los contribuyentes y, por consiguiente, la no vulneración del principio de seguridad jurídica que busca garantizar el 338 de la Constitución[5].
iii) C-625 de 2003, en la cual se demandó la expresión “de los previstos en esta ley” del Art. 53 de la ley 550 de 1999, dado que el accionante consideró una violación al derecho de igualdad y equidad frente a los empresarios que adelantaron acuerdos de reestructuración previos a la ley en mención. En esta ocasión se reitera que el artículo 338 de la Constitución no puede aplicarse sin tener en cuenta el principio de equidad[6].
iv) C-430 de 2009, en la que se demandó el artículo 1º de la ley 1250 de 2008, que establecía en el 12% la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados. Dicha norma consagraba que su vigencia sería desde el 1º de noviembre de 2008, sin embargo su entrada en vigencia se dio el 27 de noviembre de ese año. En esta ocasión se reiteró el carácter finalista de la regla especial de vigencia del artículo 338 de la Constitución, entendiendo que el telos de la misma es garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes[7].
Con base en las razones antes expuestas, la Corte resalta que detrás de la consagración literal del artículo 338 de la Constitución, subyace el objetivo de proteger el valor de la seguridad jurídica dentro del ordenamiento jurídico, en cuanto su respeto implica la protección de principios sustanciales del ordenamiento constitucional, como pueden ser el de equidad –artículo 2 de la Constitución -, los de buena fe y confianza legítima –artículo 83 de la Constitución - el de libertad de empresa –artículo 333 de la Constitución -, el debido proceso –artículo 29 de la Constitución- y el de propiedad privada –artículo 58 de la Constitución -.
3.6.3. Hechos que determinan la publicación de una ley
El contexto fáctico que debe analizar la Corte se completa con la información respecto del momento en que se realizó la sesión extraordinaria de la plenaria de la Cámara de Representantes, que de acuerdo con el acta inició a las 0 horas cinco minutos del 17 de diciembre de 2008[8].
3.6.4. Solución al cargo planteado
a) El Diario Oficial n. 47937 tiene fecha de publicación de 29 de diciembre de 2010.
b) Las certificaciones expedidas por el subgerente de producción de la Imprenta Nacional, en las que se manifiesta una fecha distinta de publicación, dan lugar a una duda razonable respecto de la legalidad del proceso de publicación de la ley 1430 de 2010.
c) Ante la ausencia de pruebas irrefutables, al juez de la Constitucionalidad no le queda opción diferente que dar validez a la fecha que aparece en la publicación oficial en que se inserta una ley.
i) Informe de la Procuraduría Primera Distrital ante queja presentada por Juan Esteban Sanín Posada el 14 de julio de 2011, en la que se solicitaba que se investigara la posible ocurrencia de irregularidades en la publicación de la norma [ley 1430 de 2010] –folio 206-; e
ii) Investigación disciplinaria realizada por la propia Imprenta Nacional en contra del subgerente de producción de dicha entidad, funcionario que expidió la certificación de promulgación de la ley 1430 de 2010 en fecha diferente a la que figura en el Diario Oficial en el que la misma se inserta. Dicho proceso, iniciado el nueve (09) de agosto de 2011, finalizó el seis (6) de septiembre con fallo absolutorio –folio 206 y 206 cara B-.
Esta situación conlleva que la certificación expedida por el subgerente de producción de la Imprenta Nacional no ofrezca plena certeza respecto de una fecha de publicación de la ley 1430 de 2010 distinta a la que aparece en el Diario Oficial. Más aun, cuando no se encuentra justificación razonable para que un proceso que generalmente se realiza de un día para otro, en este caso haya tardado seis días, de los cuales cuatro de ellos fueron hábiles; sobre todo, conociendo del impacto y significación de los cuerpos normativos que debían ser publicados.
En escenarios como el antes descrito, en el que existen dudas razonables sobre la legalidad y transparencia de la operación administrativa que dio lugar a la publicación, no puede reconocerse la condición de plena prueba a la simple certificación de un funcionario sobre la fecha de realización de una operación administrativa; en este sentido, la Sala manifiesta que por el contexto en el que fueron expedidas, las mismas no generan certeza respecto del momento en que finalizó el proceso de inserción en el Diario Oficial de la ley 1430 de 2010. En consecuencia, para el juez constitucional esta situación debe resolverse con la aplicación del principio in dubio pro legislatoris y, por consiguiente, se debe optar por la opción más benéfica al mantenimiento del orden jurídico vigente.
Por lo anteriormente dicho, la Corte concluye que en el caso objeto de análisis no se encontró prueba que condujera a concluir sobre una de publicación de la ley 1430 de 2010 distinta a la que figura en el Diario Oficial 47397 de 29 de diciembre de 2010. En acuerdo con esta conclusión, no se encuentra que el aparte demandado del artículo 1º de la mencionada ley esté en contra del artículo 338 de la Constitución, por cuanto sus efectos tuvieron lugar a partir del período fiscal que inicio con posterioridad a su entrada en vigor.
Son estas las razones que llevan a la Corte a concluir sobre la exequibilidad del la expresión “A partir del año gravable 2011” del artículo 1º de la ley 1430 de 2010 por el cargo estudiado.
La respuesta es no, no existe aplicación retroactiva del aparte demandado del artículo 1º de la ley 1430 de 2010. La razón fundamental es que las disposiciones acusadas no iniciaron su vigencia luego de concluido el período fiscal al que se aplican, de manera que desde ningún punto de vista puede hablarse de retroactividad en este caso. Cabe recordar que estaremos ante un caso de retroactividad cuando la ley es aplicada a situaciones consolidadas antes de su promulgación, lo que no ocurre en este caso, pues lejos estaba de concluir el período fiscal 2011 cuando entró en vigencia el aparte demandado; incluso, el mismo ni siquiera había iniciado cuando fue publicada la ley 1430 de 2010.
Por esta razón se declarará la exequibilidad del aparte del artículo 1º de la ley 1430 de 2010 que consagra “A partir del año gravable 2011”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la ley 1430 de 2010 por el cargo de vulneración del artículo 182 del Reglamento del Congreso.
Esta Corporación ha entendido que la exigencia de la publicación con un día de anticipación que prevé el artículo 161 de la Constitución para el informe de conciliación, no puede ser interpretada como una simple ritualidad del trámite legislativo o como un derecho subjetivo del cual puedan disponer libremente los congresistas, porque el conocimiento previo de los textos es lo que garantiza una racionalidad mínima en la deliberación y en la toma de decisiones.
Efectivamente, los textos correspondientes al informe de conciliación de Cámara y Senado, fueron recibidos en la Imprenta Nacional el día 15 de diciembre de 2010, aunque a una hora diferente, el de la Cámara a las 21:00 (9:00p.m) horas y el del Senado a las 21:30 (9:30p.m.) horas; y las Gacetas del Congreso en las que se realizó la publicación estuvieron a disposición del público el día 16 de diciembre de 2010 a las 8:00 am en la versión web y a las 10:15a.m. y 9:20a.m. en la versión impresa. Como la votación se efectúo el 16 de diciembre de 2010, resulta materialmente imposible que el informe hubiese sido publicado y votado con la antelación mínima de un día exigida por el artículo 161 constitucional, modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2003.[9]
A partir del Acto Legislativo 01 de 2003, la línea jurisprudencial[10] que permitía dar a conocer el informe de conciliación en la misma sesión en que se iba a discutir y votar, a través de copia mecánica o de su lectura, se volvió más restrictiva, pues el término se amplió a por lo menos un día antes. En este sentido, se pronunció la Corte en la sentencia C-307 de 2004,[11] al ocuparse de la revisión constitucional del Proyecto de Ley número 081/02 Senado y 228/03 Cámara “Por medio de la cual se establece un mecanismo de inscripción y votación para garantizar el libre ejercicio de este derecho en desarrollo del artículo 258 de la Constitución Nacional, en la que sostuvo expresamente que la exigencia de publicidad del trámite legislativo se extiende hasta los informes de conciliación cuando quiera que haya de acudirse a esa instancia y que para garantizar la racionalidad del debate es necesario que dichos informes se publiquen antes de ser sometidos a la consideración de las respectivas plenarias.
En efecto, el principio de publicidad es una de las garantías que en virtud del principio democrático no pueden ser desconocidas en el desarrollo del trámite legislativo, en tanto cumple una doble función, por una parte, permitir tanto a las minorías como a las mayorías la posibilidad de conocer y estudiar los textos sometidos a su consideración y por ende discutirlos previamente a su aprobación, y de otra, dar a conocer a la sociedad el contenido de los proyectos de ley. Por esta razón, cuando esta garantía no se respeta, la consecuencia es el desconocimiento no solo del derecho que tienen los congresistas a participar en el debate legislativo para expresar sus opiniones, sino también del derecho que tienen la sociedad a estar informada sobre lo que sus representantes proyectan decidir, con lo cual se resta legitimidad y transparencia a las decisiones que en ese contexto se tomen.
Es por esto que esta Corporación ha entendido que la exigencia de la publicación con un día de anticipación que prevé el artículo 161 de la Constitución para el informe de conciliación, no puede ser interpretada como una simple ritualidad del trámite legislativo o como un derecho subjetivo del cual puedan disponer libremente los congresistas, porque el conocimiento previo de los textos es lo que garantiza una racionalidad mínima en la deliberación y en la toma de decisiones, y porque se trata de una garantía institucional de representación efectiva para los asociados que prevalece aún cuando las mayorías y las minorías parlamentarias deciden aprobar un texto desconocido.
Ficciones[12]
2. Para empezar es importante aclarar los puntos relevantes del caso. En efecto, en esta ocasión el asunto en discusión era si la Ley 1430 de 2010 se promulgó en el año 2010 o en 2011, porque si la Ley se publicó en el año 2011, entonces eso significaba que entró en vigencia también ese mismo año debido a que su artículo 67 dispuso: “[l]a presente ley rige a partir de su promulgación”. Y si entró en vigencia en 2011, entonces era constitucionalmente necesario declarar inexequible el aparte de la misma según el cual la eliminación de la deducción por invertir en activos fijos reales productivos estaba llamada a aplicarse “a partir del año gravable 2011”. ¿Por qué? Porque así lo exigía el artículo 338 de la Carta que dispone: “[l]as leyes […] que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley”. Por el contrario, si la Ley fue publicada y entró en vigencia en 2010, un problema de esta naturaleza no tenía por qué suscitarse, pues la Ley comenzaría a aplicarse a partir del período siguiente a su entrada en vigencia (2011).
3. Pues bien, sostuvimos durante todo el debate que la Ley 1430 de 2010 sólo se publicó en el año 2011. Para mostrar que así fue no hacía falta sino leer las pruebas aportadas al proceso. Entre ellas había dos certificaciones del Subgerente de Producción de la Imprenta que cuando menos desvirtuaban que la Ley se hubiese publicado el 29 de diciembre de 2010, pues una decía expresamente que “el documento que contiene la ley 1430 de 2010 de diciembre 29 de 2010 fue recibido en la Imprenta Nacional, el día 30 de diciembre de 2010 a las 20:25 horas”.[13] Si esto fue así, era materialmente imposible que la Ley se hubiera publicado un día antes. Pero otra certificación del mismo Subgerente, indica que la Ley 1430 no pudo haberse publicado el 29 de diciembre de 2010, en tanto señala a la letra que la Ley 1430 fue recibida “el día 29 de diciembre de 2010, por una error involuntario la fecha certificada por esta oficina fue la de inicio del proceso de digitación (30 de diciembre de 2010) y no la de recepción de los documentos”.[14] Si la digitación apenas empezó el 30 de diciembre de 2010, era también materialmente imposible que la Ley 1430 hubiera podido ser publicada el 29 de diciembre de 2010.
4. Pero la prueba de que la Ley 1430 apenas se vino a publicar en 2011 obra en otro fragmento de uno de esos certificados, expedido por el señor Subgerente de Producción de la Imprenta Nacional mucho antes de iniciado este proceso: el 10 de febrero de 2011. Se trata de nuevo del Oficio 1600-034-11 de la Imprenta Nacional, mediante el cual el señor Subgerente de Producción de la Imprenta dio fe de que el documento contentivo de la Ley 1430 de 2010 fue publicado “en la página Web el día 04 de enero de 2011 a las 09:35 horas”, y de que la publicación en físico del mismo “culminó a las 14:15 horas del día 05 de enero de 2011”.[15] Según ese certificado quedaba entonces claro que la Ley se publicó en enero de 2011, y no en diciembre de 2010. No sólo nosotros concluimos que esta prueba era válida, eficaz y elocuente, sino que también lo hicieron el Grupo de Acciones Pública de la Universidad Javeriana, y el Ministerio Público.
5. Por lo mismo, la solución que en nuestro criterio debía dársele a este asunto no planteaba dificultades jurídicas considerables, ya que el texto de la Constitución era claro, y había suficientes razones para respetarlo. Por supuesto, tuvimos en cuenta que la inconstitucionalidad de la norma implicaba una pérdida de ingresos fiscales, pero la sola desventaja fiscal si no viene acompañada de otras razones constitucionales poderosas no es ni puede ser una razón suficiente para contrarrestar la solución que surge del texto constitucional. Y esto lo sostuvimos durante todo el debate, no sólo con fundamento en que era preciso respetar el texto de la Constitución por el hecho de serlo, aunque desde luego esa fue una de las razones que esgrimimos, sino que también ofrecimos concomitantemente los siguientes argumentos:
5.1. Primero que todo, sostuvimos que en un caso como este era más importante que en otros observar lo dispuesto en el texto de la constitución, por tratarse de un problema sobre los límites del poder fiscal. En efecto, nuestra posición descansa sobre la base de que en un contexto tributario, lo mismo que en el ámbito penal, es mucho más imperativo que en los demás interpretar la Constitución en el sentido de que expresa reglas claras y ciertas para los contribuyentes, y no simplemente estándares fácilmente derrotables, por cuanto se trata de asegurarles a todas las personas que no van a verse sujetas al ejercicio imprevisible de poderes tan arduos e intensos como el punitivo y el fiscal. Entre ambos poderes hay desde luego algunas diferencias. Pero nadie dudaría de que la potestad de establecer impuestos y de modificarlos en sentido adverso al contribuyente es un ejercicio intenso de soberanía fiscal.
5.2. Adicionalmente, aceptar como lo hizo la Corte en este caso que los mandatos derivados del texto Constitucional pueden ser ponderados en una materia como esta cuando no hay razones suficientes, sólo para evitar la pérdida de recursos fiscales, significa admitir que los contribuyentes nunca van a tener claridad y certeza de antemano acerca de si un tributo impuesto por el legislador es constitucional, ya que incluso cuando todo indique que no lo es, en últimas podría concluirse algo distinto en procura de asegurar ingresos fiscales. Lo cual, a nuestro modo de ver, es incompatible con el mejor entendimiento de un Estado Constitucional, toda vez que este debe proteger adecuadamente a los habitantes del territorio frente a los abusos del poder fiscal, y eso puede lograrlo de manera óptima sólo si cuenta con reglas claras y ciertas, y si además resuelve seguirlas incluso cuando ello suponga impactar negativamente los ingresos proyectados, para la hacienda pública.
5.3. La observancia del texto constitucional en el ámbito impositivo, especialmente cuando se trata de leyes tributarias adversas al contribuyente, no es una exigencia formalista sino un mandato material de respeto por la seguridad que debe regir el funcionamiento de la economía. Como lo sostuvo el Juez Holmes, en respuesta a quienes amplificaron la máxima del Juez Marshall (expresada en una etapa incipiente de los estados constitucionales, a propósito de que el poder impositivo envuelve el “poder de destruir”): el poder tributario no es el poder destruir, mientras exista una Corte que defienda la Constitución.[16] Y en un campo como el fiscal defender la Constitución significa seguir las reglas de juego aunque estas conduzcan en ocasiones a resultados inesperados.
10. A pesar de todo, la Sala Plena decidió mantenerse en su postura de que la norma legal debía declararse exequible. La mayoría de la Corte resolvió entonces obviar las certificaciones aportadas por el Subgerente de Producción de la Imprenta. En consecuencia, lo que resulta revelador es examinar los motivos que usó la Corte para erosionar la credibilidad de las constancias expedidas por el funcionario mencionado.
11. Efectivamente, el principal motivo empleado por la Sala para minar la fiabilidad de las certificaciones dadas por el Subgerente de la Imprenta, descansa sobre un informe enviado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el cual señala la “posible” existencia de irregularidades en el proceso de publicación de la Ley. Según este informe, esa “posible” existencia de irregularidades dio lugar a que contra el señor Subgerente de la Imprenta se iniciaran al parecer dos investigaciones disciplinarias: una por parte de la propia Imprenta, y otra por parte del Ministerio Público, que terminaron sin reproche disciplinario para la conducta investigada. Sin embargo, según la opinión mayoritaria de la Sala, esas irregularidades impidieron reconocerle “la condición de plena prueba a la simple certificación de un funcionario sobre la fecha de realización de una operación administrativa”. Pues bien, es importante mostrar por qué este motivo no es suficiente para desacreditar los certificados aludidos.
13. Ahora bien, ciertamente habría que darle algún grado suficiente de relevancia a esa “posible” existencia de irregularidades. En consecuencia, no estamos sosteniendo que comportamientos u omisiones anormales deban ser indiferentes para el desenlace de las acciones públicas. Lo que ocurre es que es preciso destacar que en el propio informe presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se aclara concretamente que ya concluyeron los dos procesos disciplinarios contra el señor Subgerente de Producción de la Imprenta, y que en ninguno de los dos fue sancionado. Así, en el adelantado por la propia Imprenta, fue absuelto; y en el iniciado por la Procuraduría, se profirió una resolución inhibitoria por falta de elementos de juicio. Por ende, definitivamente resultaba imperativo aceptar que las pruebas obrantes no sólo no prestan ningún soporte a la tesis de este fallo, según la cual estas irregularidades eran predicables también de los actos de certificación, sino que incluso contribuyen a desestimar esa hipótesis.
14. Es más, el razonamiento probatorio de la Corte para socavar la credibilidad de las certificaciones resulta infundado porque se edifica sobre la base de una falacia por la división. En efecto, la Sala predica injustificadamente de algunas de las partes del proceso en sentido amplio (de las certificaciones) algo que a lo sumo podía predicar fundadamente de todo el proceso de publicación. Es decir, que en este caso la Corte cuando más presentó elementos para sostener la idea de una “posible” existencia de irregularidades en el proceso de publicación (en el todo), pero en el expediente definitivamente no obra ningún medio de prueba que permita sostener fundadamente que todas y cada una de las partes del proceso presentaran algún tipo de vicio o irregularidad, ni mucho menos constan pruebas de que el vicio hubiese afectado puntualmente las certificaciones del Subgerente. Y como no había motivos para predicar dichas irregularidades de las certificaciones del Subgerente, debía dársele fe a lo que este aseveró, a saber: que la Ley 1430 fue expedida en 2011, y no en 2010.
15. Por otra parte, tal vez para evitar que ese error se multiplicara y extendiera hacia todas las partes del proceso de publicación, la Corte se limitó a dudar sólo de unas partes del proceso de publicación (las certificaciones), y no de todas las demás. Así, no extendió la desconfianza hacia otros actos que sin duda hicieron parte también de ese proceso, como por ejemplo la inscripción en el Diario Oficial de la información, bendecida en este fallo con una presunción de veracidad, y según la cual la fecha de publicación de la ley demandada fue el 29 de diciembre de 2010. Es decir, que para no propagar la falacia por la división, la Sala prefirió incurrir en otro error: la incoherencia.
16. Así las cosas, la Sala tenía que llegar a una de tres conclusiones prima facie: o bien no hubo irregularidades en el proceso de publicación de la Ley; o bien las hubo pero no afectaron las certificaciones expedidas por el Subgerente de Producción de la Imprenta; o bien las hubo y afectaron todas las partes integrantes del proceso de publicación en sentido amplio de la Ley 1430 de 2010, incluidas la consignación de la fecha de publicación de la Ley en el Diario oficial, y las certificaciones del Subgerente de la Imprenta. Cualquiera que hubiese sido la conclusión, lo cierto es que no había razones suficientes para considerar que la Ley fue expedida en el año 2010. Si lo primero, no había razones para dudar del proceso ni de las certificaciones, y en consecuencia la presunción debía juzgarse desvirtuada por estas. Si lo segundo, había razones para dudar del proceso pero no de las certificaciones, y la presunción debía considerarse destruida por estas. Si lo tercero, que en todo caso era la conclusión menos plausible, habría existido una duda. Y ante la duda no sólo cabía apelar al principio in dubio pro legislatoris (las dudas deben resolverse a favor del legislador), sino también a otro que en este caso era incompatible con ese, como es el in dubio pro libertate, y que en el ámbito fiscal se traduciría en el in dubio magis contra fiscum est respondendum (en caso de duda debe resolverse más bien contra el fisco), y de acuerdo con los cuales los contribuyentes habrían debido ser liberados de la obligación tributaria que consagra la norma acusada. ¿Cuál de estas alternativas suscribió la Corte?
17. Ninguna. Contra evidencias y razones sostuvo que había una presunción de veracidad de que la Ley 1430 de 2010 se publicó en 2010, y que esta no podía verse desvirtuada por las certificaciones del Subgerente de la Imprenta (por más que estas fueran veraces) en vista de que el proceso tuvo “posible[s]” irregularidades. Ese razonamiento tiene graves problemas, como quedó señalado. En un asunto como este parece razonable interpretar que a la Corte le pareció preciso acudir a una ficción jurídica, donde la realidad es una, pero hay que obrar sin explicitarlo como si hubiese sido otra, para evitar consecuencias indeseables.
18. Y la verdad, en abstracto no nos oponemos al uso responsable de las ficciones jurídicas pues hay ejemplos venerables del buen servicio que le han prestado a la recta impartición de justicia.[17] No obstante, como esta misma Corte lo ha establecido, el uso de las ficciones debe ser “totalmente excepcional”, y tener como propósito evitar decisiones genuinamente inaceptables, por lo absurdas o manifiestamente desproporcionadas.[18] Pero un caso como este no era excepcional, porque las consecuencias que se seguían de aceptar la realidad jurídica no eran absurdas ni por completo inaceptables, como antes lo mostramos.
19. En este asunto lo más correcto era en consecuencia aceptar la realidad debidamente probada y fallar de conformidad con el texto constitucional. Pero para la mayoría esta opinión nuestra resultó “simplista”. Y en ese sentido tuvo algo de razón, porque nuestra postura es simple. Con ello no se la demerita, sino que por el contrario se le reconoce una virtud judicial: la claridad. En cambio, al haberla descalificado por ser simple, la opinión mayoritaria mostró ser proclive a sufrir el vicio de “complicación”, del que hablaba Bentham, y que según éste es culpable de originar o agravar “todos los males contrarios a los fines de la justicia: falta de certeza del Derecho mismo o bien demoras innecesarias, gastos y vejaciones en su ejecución”. No sobra entonces reivindicar esa buena idea de Bentham, de acuerdo con la cual “todo el que desea ver reducidos estos males abriga el ferviente deseo de que la virtud de la simplificación impere en el sistema jurídico y en el procedimiento judicial”.[19]
20. En definitiva, no sólo se utilizó una ficción jurídica cuando no había razones para ello, sino que en pocos días esta misma Corte pasó de sostener en la sentencia C-025 de 2012[20] que no tenía competencia para resolver cuándo es publicada una Ley, a sostener que sí la tiene para definir ese mismo punto. Así, quien vuelva en el futuro la mirada sobre estos fallos, registrará sin duda con asombro que es posible que una Corte sea competente y no lo sea para definir la fecha de publicación de una Ley, y que una Ley sea publicada antes de publicarse. Con razón sostuvo la mayoría que nuestra solución era simple. La que acogió la mayoría es, sin duda, bastante compleja.
ACLARACIÓN PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Oposición objetiva entre contenido de norma demandada y lo dispuesto en la Constitución (Salvamento parcial de voto)
SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD DE REFORMA TRIBUTARIA- Procedencia frente a la imposibilidad de encontrar oposición objetiva de norma demandada y la Constitución (Salvamento parcial de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 1430 DE 2010
No obstante que comparto las decisiones adoptadas en la sentencia C-076 de 2012, he considerado pertinente aclarar mi voto en la presente oportunidad por las razones que expongo a continuación:
1. En la sentencia C-025 de 2012 cuya ponencia estuvo a mi cargo, la Corte dispuso inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra de los artículos 1, 10, 12 y 54 de la Ley 1430 de 2010. El problema jurídico examinado por la Corte en esa oportunidad consistía en determinar si las normas demandadas de la Ley 1430 de 2010 desconocían el principio de irretroactividad de la ley al ordenarse su aplicación desde el período 2011, no obstante que la publicación de la ley habría ocurrido en los primeros días del año 2011 y no el 29 de diciembre de 2010, tal y como se señalaba en la Gaceta del Congreso.
La referida decisión fue adoptada indicando que a esta Corporación no le correspondía adelantar el examen de la validez constitucional de la operación administrativa de publicación de una ley, en tanto ello no hacía parte de los trámites para su aprobación y cuyo control sí le correspondería. Señaló en esa oportunidad:
“El control que le corresponde a la Corte Constitucional, en los términos del artículo 241 de la Carta Política, se dirige de manera específica a determinar la validez constitucional material o formal de las leyes. Esta Corporación, se insiste, no es competente para conocer de actos administrativos (como la orden de promulgación de la ley) y menos aún, de operaciones administrativas (los hechos de impresión y publicación del Diario Oficial). De igual manera, el examen del procedimiento de formación de la ley que le corresponde a la Corte, no comprende la operación administrativa de su publicación, como se advierte del texto del artículo 157 de la Constitución. La promulgación de la ley alude a su publicación en el Diario Oficial, que, por lo general, determina el momento a partir del cual comienza a regir, esto es, de su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico. No es del resorte de la Corte pronunciarse sobre la vigencia o eficacia de las leyes, ni está llamada a declarar la fecha de su impresión y publicación en el Diario Oficial.”
2. En la presente oportunidad y al examinar el sexto cargo, la Corte desplegó un examen relativo al momento en que fue publicada la ley 1430 de 2010 para, a partir de los resultados de tal análisis, concluir que la disposición demandada no desconocía el artículo 338 de la Constitución conforme al cual las leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley.
3. La decisión de no separarme de la decisión de exequibilidad adoptada en esta oportunidad por la Corte y, en lugar de ello adoptar una decisión inhibitoria como la adoptada en la sentencia C-025 de 2012, obedece a que no es posible encontrar una oposición objetiva entre el término establecido en el artículo 1 de la ley 1430 de 2010 y el artículo 338 de la Constitución que conduzca a sostener su inexequibilidad. En efecto el texto del aparte demandado del artículo 1 no dispone que la ley 1430 deba aplicarse a hechos ocurridos durante el mismo período en el que inició la vigencia de la disposición.
[1] Lo anterior con base en que: “con un fallo de inexequibilidad total se obtendría la no aplicación de las disposiciones normativas incluidas en la ley demandada al período en vigencia con efecto retroactivo, es decir, al periodo iniciado el 1 de enero de 2011 ni hacia el futuro; mientras que con la eventual declaración de inexequibilidad, […] se obtendría el beneficio de conservar el trabajo legislativo y dar aplicación posterior al cuerpo normativo a los hechos gravables ocurridos a partir del periodo iniciado el 1 de enero de 2012”.
[2] Artículo 10 del decreto 2067 de 1991; y autos A-360 de 2006, A-221 de 2005, A-055 y A-056 de 2003.
[3] En el mismo sentido se expresó la Corte en la sentencia C-149 de 1993, en la que al interpretar el sentido del artículo 338 de la Constitución concluyó que:
"El fundamento jurídico de las aludidas limitaciones al poder del Congreso, las asambleas y los concejos no es otro que el criterio de justicia, preconizado por la Constitución desde su Preámbulo. Como en el caso de la imposición de sanciones, la de tributos requiere la predeterminación de los mismos y de las reglas exigibles a los contribuyentes a objeto de evitar el abuso del gobernante y de permitir a quienes habrán de pagarlos la planeación de sus propios presupuestos y la proyección de sus actividades tomando en consideración la carga tributaria que les corresponderá asumir por razón de ellas. La persona debe estar preparada para cancelar el impuesto y, por tanto, sufre daño cuando la imposición de gravámenes cubre situaciones o hechos que ya están fuera de su control y previsión.”
Este principio de decisión puede encontrarse, además, en la sentencia C-185 de 1997
[4] En este sentido un apartado de la decisión consagra:
“Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas al contribuyente, modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La razón de la prohibición es elemental: el que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe.”
[5] Un aparte de la sentencia C-1251 de 2001 señaló:
“Ciertamente, aún admitiendo que el impuesto de renta es un impuesto de período y que como tal le sería aplicable el mandato del artículo 338 Superior, en virtud del cual las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen sus aspectos estructurales sólo pueden aplicarse a partir del período que comience después de iniciar su vigencia, no existe ningún problema en que la medida contenida en el artículo 1° de la Ley 601 de 2000 sea aplicada en el periodo fiscal en el cual comenzó a regir este ordenamiento legal, toda vez que al haber eliminado la actualización automática del avalúo catastral con referencia al índice de precios al consumidor, el impuesto a pagar a partir del año gravable de 2000 resulta ser más equitativo, dada la actual situación del mercado inmobiliario.”
[6] En este sentido, además de reiterar lo previsto en las sentencias antes mencionadas, se consagra en la sentencia C-625 de 2003:”Como puede observarse la Corte ha aceptado que excepcionalmente si una norma beneficia al contribuyente puede aplicarse al mismo período por razones de justicia y equidad”
[7] En este sentido, un aparte de la sentencia C-430 de 2009 consagró:
“[E]n materia tributaria esta elasticidad se encuentra limitada por el artículo 363 Superior que establece de manera perentoria que las leyes tributarias no se aplican con retroactividad -sin diferenciar si son o no favorables al contribuyente[7]- y el artículo 338 Superior, según el cual tratándose de leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, sólo pueden aplicarse a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, con lo cual se proscribe de manera categórica cualquier efecto hacia el pasado.
La irretroactividad de las normas jurídicas tributarias se respalda tradicionalmente en el concepto de seguridad jurídica, de manera que la norma impositiva tenga un carácter previo a la producción de los hechos que regula, con el fin de que su alcance pueda ser conocido por los destinatarios de la norma y por los eventuales realizadores de los hechos generadores del gravamen, evitando de esta manera que los sujetos pasivos de la obligación tributaria y, aún los beneficiarios del gravamen, puedan ser tomados por sorpresa, lo que a su turno garantiza la realización del principio de legalidad, a partir del cual se amparan los hechos causados y consolidados bajo el imperio de una norma jurídica.” –negrilla ausente en texto original-
[8] Gaceta del Congreso, n. 37, 16 de febrero de 2009, p. 8.
[9] El artículo 161 de la Constitución, modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2003, establece: “Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un mismo número de Senadores y Representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán conciliar los textos, y en caso de no ser posible, definirán por mayoría.
[10] Por ejemplo, las sentencias C-179 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-688 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[11] MP. Rodrigo Escobar Gil, Manuel José Cepeda Espinosa y Alfredo Beltrán Sierra. (SV y AV. Alfredo Beltrán sierra y Clara Inés Vargas Hernández). Reiterada en la sentencia C-1053 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[12] Poner nombre a un salvamento de voto es una suerte de homenaje al difunto Magistrado Ciro Angarita Barón, quien acostumbraba a hacerlo. Entre otros, cabe recordar ‘En defensa de la normalidad que los colombianos hemos decidido construir’ (a la sentencia C-004 de 1992), ‘Palabras, palabras ¿flatus vocis?’ (a la sentencia T-407 de 1992), ‘Del dicho al hecho’ (a la sentencia T-418 de 1992), ‘Palabras inútiles’ (a la sentencia T-438 de 1992), ‘Otro escarnio irrefragable’ (a la sentencia T-462 de 1992), ‘Justicia constitucional y formalismo procesal’ (a la sentencia T-614 de 1992).
[13] Oficio 1600-034-11 de la Imprenta Nacional, expedido el 10 de febrero de 2011. Folio 30 del expediente.
[14] Oficio 1600-122-11 de la Imprenta Nacional, expedido el 12 de mayo de 2011. Folio 34 del expediente.
[15] Oficio 1600-034-11 de la Imprenta Nacional, expedido el 10 de febrero de 2011. Folio 30 del expediente.
[16] Ver su voto disidente en el caso Panhandle Oil Co. vs. Mississippi ex Rel. Knox, 277 U.S. 218 (1928).
[17] Ver, por ejemplo, las que refiere Perelman, Chaïm: La lógica jurídica y la nueva retórica, Trad. Luis Diez-Picazo, Madrid, Civitas, p. 88 y ss.
[18] Sentencia T-669 de 1996 (MP. Alejandro Martínez Caballero). En esa ocasión, la Corte admitió acertadamente haber esgrimido una ficción jurídica, sólo con el fin de lograr una solución equilibrada a una difícil tensión constitucional.
[19] Bentham, J.: Falacias políticas, Trad. Javier Ballarín, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, pp. 182 y s.
[20] (MP. Mauricio González Cuervo. SV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Pinilla Pinilla).