Source: https://es.scribd.com/document/130435316/Ley-de-Defensa-de-La-Competencia-Arti
Timestamp: 2019-07-22 07:57:00
Document Index: 3942742

Matched Legal Cases: ['In dubio', 'In dubio', 'in fine', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in fine', 'in dubio']

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La funcin del juez en la aplicacin de la ley de defensa del consumidor Alferillo, Pascual E.
Voces JUEZ ~ OBLIGACIONES DEL JUEZ ~ LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ ORDEN PUBLICO ~ LEY DE ORDEN PUBLICO ~ CLAUSULA INEFICAZ ~ CLAUSULA ABUSIVA ~ APLICACION DE LA LEY ~ INTERPRETACION JUDICIAL Titulo: La funcin del juez en la aplicacin de la ley de defensa del consumidor Autor: Alferillo, Pascual E. Publicado en: LA LEY 02/07/2009, 1 SUMARIO: 1. Introduccin. - 2. Importancia de la interpretacin judicial. - 3. Es una ley de orden pblico. Consecuencias. - 4. In dubio pro consumidor. - 5. Control judicial del contenido del contrato de consumo. - 6. Reflexiones finales. -------------------------------------------------------------------------------1. Introduccin. La Ley N 24.240 de Defensa del Consumidor (Adla, LIII-D, 4125) dictada el 15 de octubre de 1993 abri para el debate un amplio abanico de temas nuevos y algunos de ellos inditos en la historia jurdica nacional. Tan as es que el Poder Constituyente de 1994 plasma la proteccin para este sector de la sociedad, en la norma del art. 42 de la Constitucin Nacional. Al cumplirse quince aos de su vigencia resulta un tiempo oportuno para reflexionar sobre las distintas aristas que ha perfilado su normativa, de las cuales hemos seleccionado para analizar en esta oportunidad, cual es la influencia que tiene la actuacin jurisdiccional en la aplicacin de la norma. Es decir, comprobar como influye el protagonismo judicial, en la vigencia y evolucin de las normas contenidas en la Ley de Defensa del Consumidor. 2. Importancia de la interpretacin judicial. En la dcada del cuarenta del siglo pasado, el profesor Alpio Silveira, siguiendo las enseanzas de Cantaro Ferrini, describa cmo poda ser la actuacin de una ley luego de ser sancionada e ingresar en el sistema normativo de un pas. Con palabras seeras sealaba que "los autores de una disposicin legislativa quieren proveer a determinadas necesidades, con una o ms normas, que debern pasar a formar parte del sistema general del derecho vigente. Ninguna norma est aislada: debe cada una adaptarse dentro del sistema, modificndose y modificando. Todo ello excede cualquier previsin humana ordinaria: las necesidades de la vida son varias, mudables, complejas, de modo que raramente pueda quin dicta la norma tener de ellas noticias completas. Es pues, imposible prever las varias modificaciones que el contenido de la norma o del instituto debe sufrir, para adaptarse al sistema, pues, adems, debe recordarse que, variando las otras partes del sistema, por el continuo desenvolvimiento del derecho (humani juris conditio semper e infinitud decurrit e nihil es in es quod stare perpetuo possit), es inevitable que cambie el reflejo tambin el contenido de aquellas normas y de aquellos institutos que, de momento, no son objeto de variaciones directamente. La disposicin de ley, una vez emitida, es, pues, dentro de ciertos lmites, independiente del legislador: se desenvuelve, evoluciona, se ampla, se restringe, por vas propias y por su fuerza intrnseca (1)". A partir de esta mutacin surge la importancia de la interpretacin judicial que de un modo permanente revisa en sus fallos la conexin de la norma con la realidad, descubriendo tanto las deficiencias no previstas como las consecuencias no deseadas.La trascendencia del actuar jurisdiccional fue destacada por Charles Evans Hughes quien, a principios del siglo XX, seal que "Derecho es lo que los jueces dicen que es".
Este concepto modernamente ha sido reiterado por Ciuro Caldani cuando dijo que "al fin el Derecho es siempre lo que los jueces lo hacen ser, mas este hacer est lejos de ser soberano. Dentro de marcos de factores de poder que dan amplitud a sus posibilidades o las restringen y en mbitos de intereses que tambin incluyen a los propios intereses, los jueces son en mucho, inevitablemente, los protagonistas finales de la construccin del mundo jurdico... (2)". A partir de este criterio Fueyo Laneri entendi que "el factor juez est por encima del factor norma positiva, desde el momento que aqul la integra, la suple o la mejora, o bien, actuando a la inversa, negativamente, la menoscaba o destroza. Por lo tanto, el problema es ms de jueces que de normas, y antes est el juez que la norma en un correcto orden de prelacin. No puede el juez romper abiertamente con la norma positiva y dedicarse a crear un sistema legislativo propio. Pero al interpretar la ley, o al integrarla, como es debido, cientficamente, con equilibrio razonable de las fuentes (formales y materiales) y la seguridad jurdica, puede el juez darle la vitalidad y el significado que en un simple texto no aparece a los ojos de un mediocre o de un miope, y puede llevarla a producir un resultado de justicia del caso, fin de toda sentencia y del Derecho (3)". La trascendencia de la funcin del juez en la aplicacin de la norma civil no pas inadvertida para el legislador desde el nacimiento mismo de la codificacin. En ese sentido, se puede verificar a lo largo de su articulado que Vlez Sarsfield hizo referencia al "juez" y a los "jueces" en ms de doscientos cincuenta artculos y notas y, a la tarea de "juzgar", en casi cincuenta citas. En ellas, se puede comprobar que en muchas ocasiones cuando se alude al trmino "juez" es para indicar al tribunal como rgano jurisdiccional, fundamentalmente cuando trata de fijar la competencia del mismo. En otros artculos, el Cdigo Civil le confiere a los magistrados diversas funciones, como son por ejemplo: la tarea de elegir, de determinar algn elemento de la relacin jurdica, de suplir la voluntad de una de las partes, de depositario de dineros o bienes, de fedatario, etc. De todas estas notas, se infiere que el Cdigo Civil destaca a la prudencia como caracterstica cardinal de la judicatura (4), sobre la cual se construye la confianza que en ella deposita la sociedad a travs de sus legisladores. Esta virtud esencial que debe primar en los jueces es llevada a su mxima expresin por el Dr. Borda cuando al promover la Ley 17.711 (Adla, XXVIII-B, 1810) deposita su confianza en la sensatez y racionalidad de los jueces para alcanzar el objetivo de la regulacin propuesta (5). En la normativa de la Ley de Defensa del Consumidor se observa una especial precaucin por reglar la actuacin del juez en la correcta y activa aplicacin de sus normas entendiendo que en la judicatura reposa el reaseguro de su plena vigencia y el cumplimiento de su ratio legis que es el amparo de los consumidores (6). 3. Es una ley de orden pblico. Consecuencias. En primer lugar corresponde destacar el contenido del art. 65 cuando expresamente regla que "la presente ley es de orden pblico". Como recuerda Rivera, el orden pblico es el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituida en una comunidad jurdica, las cuales, por afectar centralmente la organizacin de stos, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicacin de normas extranjeras (7). Ello permiti aseverar que "las leyes de orden pblico son aquellas que receptan los principios sociales, polticos, econmicos, morales y religiosos cardinales de una comunidad jurdica cuya existencia prima sobre los intereses individuales o sectoriales (8)".
La Suprema Corte de Justicia precis que el legislador, al disponer que es de orden pblico, ha definido a la ley como contenedora de un conjunto de principios de orden superior estrechamente vinculados a la existencia y conservacin de la organizacin social establecida y limitadora de la autonoma de la voluntad (9). A partir de estos conceptos, al ser categorizada la Ley de Defensa del Consumidor como de orden pblico se debe entender que su aplicacin es esencial para el normal desenvolvimiento de la actividad comercial de nuestro pas. Con mayor precisin, Brizzio ha expresado que es innegable que la proteccin al consumidor reglada en la ley 24.240 debe ser emplazada en el mbito del orden pblico econmico (10). Por su parte, Estigarribia Bieber completa la idea sosteniendo que "el "orden pblico econmico de proteccin de la parte dbil" pretende restablecer el equilibrio contractual, afectado por la disparidad de fuerzas, y el de coordinacin, que defiende el "mnimun inderogable", en aras de los derechos esenciales de la persona que ostenta tal situacin de vulnerabilidad (11)". Adems de ello, sin lugar a hesitacin, se coloc a la ley de proteccin del consumidor por encima de los intereses individuales o de algn sector interesado, razn por la cual su aplicacin prima en todo acto de consumo. Este es el criterio que marca como derrotero la Corte Federal al interpretar que los tribunales deben considerar la aplicacin de las leyes de esta categora aun cuando las partes lo omitan (12), por cuanto, evidentemente, existe un inters de la comunidad toda en que as sea. Respecto del punto, Tinti comenta que "como consecuencia del carcter que este artculo confiere a la presente ley, es de plena aplicacin lo que disponen los arts. 19 y 21 del Cdigo Civil, y las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto lo establecido en la presente. Acertadamente se ha sealado que de nada servira que la ley 24.240 atribuyera a los consumidores y usuarios un conjunto de derechos si el empresario estar luego en la posibilidad de imponerles vlidamente la renuncia a ellos (13)". El Tribunal Superior Federal ha sostenido especficamente respecto del tema que "el carcter de orden pblico de la ley nacional de proteccin al consumidor no impide que las provincias e incluso las municipalidades, dentro de sus atribuciones naturales, puedan dictar normas que tutelen los derechos de los usuarios y consumidores, en la medida que no los alteren, supriman o modifiquen en detrimento de lo regulado en la norma nacional" (14). En la provincia de Mendoza, la Sala Segunda de la Cmara de Apelaciones en lo Civil ha sostenido concordantemente que "la ley 24.240 de defensa del consumidor es de orden pblico, por lo que corresponde su aplicacin por el juzgador, aunque el interesado no la haya invocado (15)". De igual modo, se dijo que a pesar de que "los demandados no han reconvenido por nulidad de las clusulas que denuncia como abusivas, pero como el art. 65 regula que la misma es de orden pblico, su aplicacin por la jurisdiccin puede ser de oficio (16)". 4. In dubio pro consumidor La Ley de Defensa del Consumidor, en su nuevo art. 3, precisa el mtodo de cmo debe efectuarse la interpretacin de sus normas. En ese sentido indica que sus disposiciones se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley N 25.156 de Defensa de la Competencia (Adla, LIX-D, 3942) y la Ley N 22.802 de Lealtad Comercial (Adla, XLIII-B, 1346) o las que en el futuro las reemplacen. En su parte in fine reglamenta para todos los actos de consumo que "en caso de duda sobre la interpretacin de los principios que establece esta ley prevalecer la ms favorable al consumidor". La modificacin introducida por la Ley N 26.361 (Adla, LXVIII-B, 1295) no resulta, en tcnica legislativa, la mas acertada dado que anteriormente reglaba con mayor claridad que
"en caso de duda, se estar siempre a la interpretacin ms favorable para el consumidor". Como se infiere, no se interpretan los principios que establece la ley sino que se aplican cuando se analizan las clusulas contenidas en los contratos de consumo que generalmente son predispuestas, para evitar que sean contrarias al inters tuitivo definido por la ley de defensa del consumidor. Ms all de la crtica formulada a la nueva redaccin, esta decisin de la ley es reiterada, en particular, en el art. 37 cuando especficamente regla que "la interpretacin del contrato se har en el sentido ms favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligacin, se estar a la que sea menos gravosa". El principio "in dubio pro", a lo largo de la historia del derecho se ha presentado de diversas formas procurando morigerar las desigualdades que se presentaban en la sociedad, as al inicial "in dubio pro reo" del mbito penal, se le sum el "in dubio pro debitoris" en el rea civil y, en la era industrial, el "in dubio pro operario" para el fuero laboral. Todas estas expresiones de benevolencia jurdica se las procura modernamente contener en un concepto global de "in dubio pro dbil" para defender a la parte social y econmicamente ms vulnerable de las relaciones jurdicas que no siempre es deudor. All es donde se aloja el principio interpretativo que estamos analizando de "in dubio pro consumidor". Esta situacin de inferioridad es bien explicada por Ghersi al decir que "cuando los portadores de derechos (trabajadores y consumidores) se hallan en relaciones jurdicas asimtricas, se considera que adems de los principios generales del derecho y la construccin de una disciplina en particular (derecho del trabajo y derecho del consumidor) debe asumirse un plus: Un principio de proteccin especial, y ello se hace a travs de dos herramientas que en la sistemtica del derecho son universales: la declaracin de orden pblico de la ley y el principio de interpretacin pro... (17)". Ello acontece porque "las empresas en su dinmica capitalista (es decir, corresponderse con la lgica del sistema) asumen una poltica de agresin en sentido de sus costos y de sus beneficios (esto es legtimo econmicamente); en ese orden de cosas, los extremos relacionales (trabajadores/consumidores) sufren aquella agresin y ello se manifiesta en contraponerles la mxima de las obligaciones y la minimizacin de los derechos (hija de esta poltica son las prcticas y clusulas abusivas, etc.) (18)". Otro autor entiende que "la idea de proteccin es derivada de la evidencia de la "inferioridad de los profanos respecto de los profesionales", los cuales tienen una superioridad considerable en las relaciones contractuales. De ello se ha extrado la idea de proteccin al dbil jurdico, como uno de los postulados del Derecho moderno; incluso en el derecho anglosajn, en el cual se toma en cuenta el desequilibrio del "bargaining power" (poder de negociacin) de las partes... (19)". Para completar este apartado cabe consignar que la hermenutica "in dubio pro consumatore" tiene como contrapartida la interpretacin "contra proferentem", es decir en contra del predisponente de los contratos. Ello encuentra "su fundamentacin en la buena fe, puesto que quien abusa de esa posicin dominante, al predisponer condiciones que perjudican a la otra parte, en clusulas oscuras, ambiguas o abusivas, evidentemente no se comporta leal y honestamente; por ello debe ser sancionado... (20)". Federico de Castro y Bravo, citado por Estigarribia Bieber, sostiene al respecto que "el fundamento de la regla contra proferentem es sobradamente conocido. Se basa en el principio de la buena fe concretado en el sentido de exigencia de autorresponsabilidad al sujeto que realiza una declaracin de voluntad. Al realizarla, el sujeto tiene el deber de expresarse claramente (clare loqui), por lo que si no lo hace debe pechar con las consecuencias y consentir que la duda se resuelva en su contra. La regla establece, por lo tanto, una distribucin equitativa del riesgo contractual: en concreto el adherente, que no ha participado en la elaboracin de las clusulas contractuales no tiene por qu compartir los riesgos de una defectuosa formulacin" (21). Con relacin al tema la Corte Federal se ha pronunciado sosteniendo que "la ley 24.240 de Defensa del Consumidor fue sancionada por el Congreso, dentro de las facultades
otorgadas por el art. 75, inc. 12 de la Constitucin Nacional llenando un vaco existente en la legislacin argentina, pues otorga una mayor proteccin a la parte ms dbil en las relaciones comerciales los consumidores recomponiendo, con un sentido tico de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que deben tener los vnculos entre comerciantes y usuarios, que se vean afectados ante las situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana... (22)". En funcin de ese criterio juzg que "si se trata de una ejecucin prendaria iniciada como consecuencia del presunto incumplimiento de un contrato de compraventa de automotores y el acuerdo de voluntades fue instrumentado en un formulario pre impreso, puede ser considerado como un contrato de adhesin, con clusulas generales predispuestas, entre las que se encuentra la prrroga de jurisdiccin, que deben ser interpretadas en el sentido ms favorable a la parte ms dbil de la relacin jurdica, que es el consumidor, de conformidad con el art. 3 de la ley 24.240... (23)". En la misma idea, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza expres que "existe una real desigualdad de las partes en conflicto cuando: por un lado, un sindicato que ostenta parte del poder real; del otro, un necesitado de acceder a una vivienda digna que, durante 15 aos ha pagado una cuota intentando "entrar en un plan"; resulta, pues de aplicacin, la ltima frase del art. 3 de la ley 24.240: "en caso de duda, se estar siempre en la interpretacin ms favorable para el consumidor... (24)". Hasta este punto, en funcin de la calidad de orden pblico conferida de la ley de Defensa del Consumidor, el juez de oficio debe aplicar la regla "in dubio pro consumatore" o su contrapartida "contra proferentem" cuando haya duda sobre el alcance de las clusulas contractuales normalmente predispuestas aun cuando las mismas no sean abusivas. Ello por cuanto si lo fueren, se aplicar el rgimen sancionatorio del art. 37 que ser examinado en los prximos apartados. 5. Control judicial del contenido del contrato de consumo La autonoma de la voluntad como fundamento de la fuerza obligatoria de los contratos para las partes qued plasmada en la letra del art. 1197 del Cdigo Civil como regla bsica. Sin embargo, ello no fue absoluto por cuanto el Cdigo Civil, en su redaccin original, ya prevea lmites, como es por ejemplo la determinacin del objeto de los actos jurdicos (art. 953), de la nulidad de los actos simulados (art. 955 y sig.) o en fraude de los acreedores (art. 961). Con la reforma implementada por la ley 17.711 se incorporaron figuras como la teora del abuso del derecho (art. 1071), de la lesin (art. 954), de la imprevisin (art. 1198), de la reductibilidad de las clusulas penales (art. 656) que permitan, a pedido de parte, reestablecer el equilibrio contractual vulnerado. El control del contenido de los contratos autorizado por el Cdigo Civil permite la actuacin judicial cuando ella es motorizada por la peticin de la parte perjudicada, pero no llega a permitirle un accionar de oficio. En cambio, como se ha examinado, la Ley de Defensa de los Consumidores, al fijar en el art. 65 que es de orden pblico, autoriza el activismo del juez en el control de la configuracin interna del contrato, razn por la cual en la aplicacin del art. 37 est interesado la sociedad toda. 5.1. Los contratos de adhesin. La ley de Defensa de los Consumidores se preocupa por tratar los contratos que se instrumentan en formularios pre-redactados que los consumidores suscriben por adhesin previendo, en el art. 38 (25) que la autoridad vigile que no contengan clusulas abusivas extendiendo el control a las clusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y, en general, cuando dichas clusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido.
Este modo de instrumentar la voluntad contractual, modernamente denominada "por adhesin", ha sido definido por Vallespinos como aquel en el cual el contenido contractual ha sido determinado con prelacin, por uno de los contratantes al que se deber adherir el co-contratante que desee formalizar una relacin jurdica obligatoria (26). Por su parte, Videla Escalada caracteriza como contrato por adhesin cuando la redaccin de las clusulas de la convencin corresponde a una sola de las partes, mientras que la otra slo puede concretarse a aceptarla o rechazarla, pero no a modificarla, que aqulla, denominada proponente, goza de un mayor poder contractual, en cuanto a esa convencin, que el otro sujeto, por disponer de la posibilidad de presentar un servicio o realizar un hecho de inters general, que puede generar un verdadero monopolio (27). Ahora bien, sin lugar a duda que cuando la ley refiere a la autoridad de aplicacin se debe entender, en funcin del contenido del art. 64, que hace referencia a los organismos determinados por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. La pregunta que se impone es si la Administracin de Justicia puede ser incluida como autoridad de aplicacin para que ejerza el control del contenido del contrato predispuesto. Ms all de la respuesta que estimo positiva dado que la judicatura es una autoridad del Estado, al conferirle en el art. 65 el carcter de orden pblico a la ley de proteccin del consumidor le est imponiendo al juez el deber de controlar de oficio la existencia de clusulas abusivas y, a partir, de su calificar declarar la ineficacia de las mismas con independencia del poder de polica de la autoridad administrativa. La doctrina judicial ha considerado que "la adhesin a clusulas predispuestas de una empresa y la existencia de un servicio prestado para un consumidor final indica que debe darse tanto a la ley 24.754 (Adla, LVII-A, 8) como al contrato que vincula a las partes, entre todos los sentidos posibles, el que favorezca al consumidor de conformidad con el art. 42 de la Constitucin Nacional y los arts. 3 y 37 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor... (28)". En el mismo sentido que "en los casos de contratos con clusulas predispuestas cuyo sentido es equvoco y ofrece dificultad para precisar el alcance de las obligaciones asumidas por el predisponente, en caso de duda debe prevalecer la interpretacin que favorezca a quien contrat con aqul o contra el autor de las clusulas uniformes; regla hermenutica que se impone a razn de expresas disposiciones legales (art. 1198, Cd. Civil; art. 218 inc. 3, Cd. de Comercio; art. 3, Ley 24.240)... (29)". De igual modo se ha entendido que "resulta ineludible recordar que por imperio del art. 1198 del Cdigo Civil, los contratos deben celebrarse, ejecutarse e interpretarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosmilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsin. Este principio liminar de comportamiento adquiere especial relevancia dado que en los contratos por adhesin rige otro principio derivado como es el "in dubio contra stipulatorem" cuando la redaccin de las clusulas son redactadas en forma oscura, con terminologa equvoca o confusa. Por ello, en estos casos deben ser interpretadas en contra del predisponente y en favor del adherente, ms cuando ste es deudor, dado que se aplica, de modo concordante, el principio obligacional de "favor debitoris"... (30)". 5.2. Trminos abusivo y clusulas ineficaces. El art. 37 de la Ley 24.240 estatuye que, sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrn por no convenidas las clusulas que enumera. Ello implica que se pronuncia a favor de la validez general del convenio pero excluye de su contenido aquellas clusulas que califica como abusivas. La designacin dada al captulo IX da a entender que existiran "trminos abusivos" y "clusulas ineficaces" como categoras diferentes cuando de su normativa se infiere que debe hablarse de trminos o clusulas abusivas que por ser tales resultan ineficaces. Aclarado ello se observa que la norma guardiana no define, en trminos generales, el concepto de clusulas abusivas, sin embargo el Decreto N 1.798/94 (Adla, LIV-D, 4525),
reglamentario de la Ley 24.240, precisa que "se considerarn trminos o clusulas abusivas las que afecten inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y obligaciones entre ambas partes", constituyndose en definicin legal (31). Por su parte, Estigarribia Bieber, describe a las "clusulas abusivas" como aquellas insertas en un contrato predeterminado generalmente de adhesin a condiciones generales de la contratacin, mediante las cuales, contrariando el principio de la buena fe, se genere un notorio desequilibrio en las prestaciones debidas por cada parte, en perjuicio del adherente; sea por ampliacin de los derechos o restriccin de las obligaciones por parte del predisponente; por ampliacin de las obligaciones o restriccin de los derechos, o de su modo de hacerlos valer, por parte del adherente que en caso que nos ocupa revestira, adems, el carcter de consumidor y, como tal, sera acreedor a la especial tutela del orden pblico econmico-jurdico... (32)". La ley de Defensa del Consumidor regla, en el artculo de referencia, que se tendrn por no convenidas: a) Las clusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daos; b) Las clusulas que importen renuncia o restriccin de los derechos del consumidor o amplen los derechos de la otra parte; c) Las clusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversin de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Como se infiere la enumeracin realizada por la ley protectora tienen la caracterstica de haber redactado las dos primeras, de un modo genrico, sin especificar o definir una hiptesis concreta de clusula abusiva. Es decir, es una norma abierta que impone al juzgador la actividad de analizar en cada contrato de consumo si alguna de sus clusulas configura una hiptesis de abuso en perjuicio del sujeto consumidor. En este punto es oportuno recordar que se debe diferenciar entre interpretar el alcance de una norma jurdica con la hermenutica del contenido del contrato. En la primera, es frecuente que se tenga en cuenta el significado tcnico-cientfico dado que se presume que el legislador se pronuncia en esos trminos. En cambio, para descubrir el verdadero sentido y finalidad de la contratacin resulta relevante no slo la letra y contenido de los instrumentos que se presenten, sino las conductas de stas en punto a la ejecucin del convenio. Adems de ello, la declaracin de voluntad debe ser interpretada con sentido profano, como lo hara una persona comn razonable que no es experta en leyes. Es decir, las contrataciones deben ser interpretadas en un sentido llano, ordinario, lato sin argucias hermenuticas que pretendan modificar el sentido final del convenio. Como se colige, si la tarea del juzgador es ardua cuando debe analizar un contrato realizado por las partes en ejercicio pleno de su voluntad negociadora, se torna por dems compleja cuando debe examinar los contratos con clusulas preelaboradas, pues cuando verifica la existencia de una estipulacin abusiva, de oficio, debe proceder a declarar la ineficacia de la misma en tanto el art. 37 estableci que "se tendrn por no convenidas". Tambin, el Juez deber tener en cuenta que este artculo asegura la proteccin del consumidor reiterando no slo que la interpretacin del contrato se har en el sentido ms favorable para el consumidor, sino que cuando existan dudas sobre el alcance de su obligacin, se estar a la que sea menos gravosa. Sin perjuicio de ello, de igual modo autoriza para los casos en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusin del contrato o en su celebracin o transgreda el deber de informacin o la legislacin de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendr derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o ms clusulas. La doctrina judicial se ha pronunciado sobre el tema sosteniendo que "el decreto 1798, al reglamentar el art. 37 de la ley 24.240, considera trminos o clusulas abusivas a aquellos que afecten inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y obligaciones de ambas partes (33)". Por ello, "corresponde aplicar la regla de interpretacin en el sentido ms favorable al consumidor contenida en el art. 37 de la ley de Defensa del Consumidor (34)".
En esta etapa, el juez, sea motorizado por el pedido del consumidor o de oficio, debe controlar el contenido del contracto de consumo y detectar la inexistencia de clusulas o trminos abusivos. En caso contrario, deber analizar la extensin de la estipulacin inadecuada por excesiva para declarar la ineficacia de la misma excluyndolas del contrato, pues el art. 37 con claridad establece que "se tendrn por no convenidas". Ahora bien, dentro de las hiptesis factibles de acontecer puede que la ineficacia alcance a todo el contrato (nulidad total), en cuyo caso no sera posible avanzar a la segunda etapa que es la integracin de las clusulas que se mantienen vigentes. En cambio, entiende el art. 37 que "cuando el juez declare la nulidad parcial, simultneamente integrar el contrato, si ello fuere necesario". Este tema ser tratado en el punto siguiente. 5.3. La reintegracin del contrato. El primer desafo que se presenta al investigador y, muy particularmente a los jueces para precisar los lmites de su actuacin, es conocer que es lo que la Ley de Defensa del Consumidor ha pretendido al ordenar que luego de declarar la nulidad parcial "integre" el contrato si ello fuere imprescindible. De la compulsa del Diccionario de la Real Academia del idioma espaol, inferimos que cuando se hace referencia a "integrar" (35) se pretende construir un todo completando las partes faltantes. Si aplicamos este significado a un contrato de consumo que parcialmente ha sido declarado ineficaz, surge de inmediato la pregunta: Es posible que el juez complete o supla o reformule las clusulas que ha dejado sin vigencia? Y, en caso, positivo, de que modo lleva a cabo esa tarea? A los fines de iniciar este camino que de modo unnime ha sido calificado como arduo, entendemos con un sentido lgico jurdico que el juez nicamente ingresar en la labor de integrarlo cuando tenga un contrato de consumo parcialmente vigente, pues de lo contrario las partes habran quedado desvinculadas. A partir de ello, el interrogante se traslada a conocer si las clusulas excluidas del contrato pueden o no ser reformuladas por el Juez. Si se opina que la jurisdiccin puede reelaborar, de oficio, la norma declarada ineficaz, estamos frente a lo que se conoce como la actividad creadora del juez llevada a su mxima expresin, pues la ley de proteccin de los consumidores no le fija pauta concreta para realizar esa tarea. En este sentido, cabe resear respecto de la referencia histrica de una integracin contractual citada por Estigarribia de Bieber (36) siguiendo las enseanzas de Mosset Iturraspe, a la "excesiva onerosidad sobreviniente" contenida en la teora de la imprevisin incorporado por la ley 17.711 en el art. 1.198 del Cdigo Civil que el juez define el reestablecimiento del sinalagma contractual deteriorado cuando ello es acreditado en el proceso. En esta hiptesis, entendemos a diferencia del contrato de consumo, siempre el juez acta a instancia de parte. En segundo lugar, cuando la litis se traba por la subsistencia del contrato y se acepta el reestablecimiento del equilibrio de las prestaciones, no se excluyen o nulifican las clusulas, sino que las partes presentan sus pretensiones y el juez define el punto de equilibrio econmico del contrato, en su cuanta. En cambio, se debe tener en cuenta que el art. 37 de la ley 24.240 establece que "se tendrn por no convenidas" las clusulas calificadas como abusivas. En otras palabras, excluye a las mismas del contenido del contrato.
De igual modo acontece cuando la jurisdiccin, a pedido del consumidor, declara la nulidad parcial del convenio, por haber el oferente violado el principio de buena fe, de informar, la legislacin de defensa de la competencia o de lealtad comercial. En pocas palabras, el juez no tiene la posibilidad jurdica de reconstruir la clusula del contrato de consumo que declar ineficaz o no convenida porque la misma ha quedado legalmente excluida del pacto. Por el contrario, debe resolver la cuestin litigiosa planteada con el resto vigente del convenio. A partir de ello, se debe considerar que las clusulas declaradas ineficaces mientras estaban vigentes desplazaron la aplicacin de algunas normas supletorias previstas para el tipo de convenio celebrado, pero cuando se declaran ineficaces la situacin se retrotrae al momento de celebrarse el acuerdo. En funcin de ello, las normas supletorias antes desplazadas por la voluntad privada se integran al contenido del convenio sin que ello implique una aplicacin retroactiva conforme regla el art. 3 in fine del Cdigo Civil. En este punto, cabe aseverar que la integracin de las normas supletorias al contrato de consumo se produce ipso jure, automticamente a partir del momento mismo de quedar firme la declaracin judicial de clusula "no convenida", sin la intervencin del juez. Es decir, la jurisdiccin no integra formalmente el contrato sino que lo hace la propia ley, la cual determina que las normas supletorias pasan a formar parte de la configuracin interna del mismo. Esta segunda interpretacin judicial del contenido pactado (sin las clusulas excluidas por abusivas en el primer anlisis del contrato), va de suyo, se produce a posteriori, cuando el juez reexamina el alcance del contenido del contrato para definir la nueva situacin obligacional del consumidor frente al oferente de la cosa o prestador del servicio. Aclarada nuestra posicin de cmo entendemos se produce la integracin del contrato de consumo, resulta ineludible trascribir el pensamiento expuesto por Estigarribia Bieber sobre el tema cuando observa que la ley "luego de haber basado su mirada en las "normas prohibitivas", que han determinado la declaracin de nulidad de una o ms clusulas contractuales, ante la necesidad de integrar el contrato; en primer trmino, el juez deber analizar si es factible hacerlo mediante una lectura sistmica e integradora, es decir, recurriendo a la "autonoma de la voluntad de las mismas partes", que establecieron un contexto el contenido de todo el contrato de donde tal vez pueda inferirse cul fue su intencin respecto del tema en cuestin... (37)". Si esto no fuere posible, contina la autora, "deber el juez recurrir a las normas supletorias, correspondientes al tipo contractual de que se trate en el caso de contratos nominados o a los de tipos que puedan ser aplicados por analoga en el de los innominados y, a partir de all a fin de determinar la integracin buscada. Si a pesar de ello, eso no resulta aplicable, deber remitirse a los "principios generales del Derecho", principalmente a la "buena fe", como paradigma de conducta para cualquier sujeto que intervenga en una relacin contractual... (38)". Como se colige cuando se hace referencia a que el juez tiene el deber de integrar el contrato se hace referencia a la actividad que desarrolla tiene para dilucidar como ha quedado la nueva configuracin interna del pacto de consumo despus de la declaracin de "no convenida" o de ineficaz de las clusulas abusivas. 6. Reflexiones finales. La ley 24.240, de Defensa del Consumidor, marca un hito trascendente en el nuevo rol que le cabe cumplir a la jurisdiccin en la interpretacin de los contratos de consumo. El juez, de este tiempo, est convocado a contribuir con la efectivizacin de los derechos de los ms dbiles ante el incontenible avance de las asimetras sociales y econmicas producidas por distintas causas, entre las que se destacan: las nuevas tecnologas de produccin y la concentracin del poder econmico.
Sin lugar a duda, esta realidad impone el abandono del clsico estado de pasividad procesal de la magistratura, de actuar nicamente a requerimiento de parte interesada, para tener un activismo en el control cierto y efectivo de la configuracin interna de los contratos de consumo dilucidando y excluyendo, aun de oficio, las clusulas abusivas. Al reglamentar esta nueva dinmica judicial en las distintas normas que hemos analizado, la Ley de Defensa del Consumidor, asegura la concrecin de sus fines tuitivos para con el consumidor, de ah la importancia que tiene conocer la funcin que le ha asignado a la jurisdiccin. Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723) (1) SILVEIRA, Alpio, "La interpretacin de las leyes en el proceso civil", Revista de Derecho Procesal, Ao III 3er Trimestre 1945 Nmero III (Ediar Editores Buenos Aires Argentina), pg. 363, cita a CANTARO FERRINI, Manuale delle Pandette (1900, pg. 34). (2) CIURO CALDANI, Miguel Angel, El juez en el cambio histrico", LA LEY, 2001-D, 1150 - LLP 2002, 1058. (3) FUEYO LANERI, Fernando, "Interpretacin y juez", (Univ. de Chile y Centro de Estudios "Ratio iuris", Santiago de Chile - 1976), pg. 23. Este autor completa su pensamiento sosteniendo que "coloco al juez antes que a la norma positiva, porque un juez de buena calidad en lo intelectual, profesional y humano obtendr de la norma el mayor provecho, la revitalizar, la har eficaz en gran medida, la modernizar, la convertir en justa. Al revs, la mejor de las legislaciones decaer o sucumbir en las manos de un juez mediocre. Por ltimo, la llamada crisis del sistema legislativo logra un paliativo importante y seguro ante el juez de alta calidad". (4) En la nota a los arts. 936, 937 y 938 recuerda que en la ley Romana deja a la prudencia del juez, el efecto de la intimidacin especial por la condicin de la persona. De igual modo, en la nota del art. 3741, siguiendo el pensamiento de Troplong cita que la ley no ha definido la circunstancia de donde resulte la interposicin de personas y refiere a la prudencia del juez, para decidir si la disposicin testamentaria es sincera o carece de verdad. Tambin puede agregarse el texto del art. 3406 que marca a la prudencia. (5) ALFERILLO, Pascual E., "El rol del juez en la Ley 17.711", En memoria del Dr. Guillermo A. Borda, Revista "Hgase Saber", Ao V - N 12 - 2do Trimestre 2003, Edicin Especial, Resistencia - Chaco - Argentina. Colaboracin para libro Homenaje al Dr. Guillermo Borda promovido por la Dra. Mara Laura Estigarribia. (6) CSJN, C. 745. XXXVII; "Caja de Seguros S.A. c. Caminos del Atlntico S.A.C.V.", 21/03/2006, T. 329, P. 695; CSJN, F. 1116. XXXIX; "Ferreyra, Vctor Daniel y Ferreyra, Ramn c. V.I.C.O.V. S.A. s/daos y perjuicios", 21/03/2006, T. 329, P. 646. En este fallo se dijo que "la finalidad de la ley 24.240 (Adla, LIII-D, 4125) consiste en la debida tutela y proteccin del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurdico, de manera que se impone una interpretacin que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantas que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitucin Nacional (Voto del Dr. E. Ral Zaffaroni). (7) RIVERA, Julio Csar, "Instituciones de Derecho Civil - Parte General", T I, (Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997), pg. 99 y siguientes. (8) ALFERILLO, Pascual Eduardo, "Introduccin al Derecho Civil", Universidad Nacional de San Juan - Facultad de Ciencias Sociales - Secretara Acadmica, 2000, pg. 148. (9) CSJN, P. 344. XXIV; "Partido Justicialista s/accin de amparo, 28/09/1993, T. 316, P. 2117, (Voto del Dr. Carlos S. Fayt). (10) BRIZZIO, Claudia R, "La teora general del contrato y el derecho del consumidor", LA LEY, 1998-D, 1285.
(11) ESTIGARRIBIA BIEBER, Mara Laura, "Las clusulas abusivas en la contratacin con consumidores en la legislacin argentina", Tesis doctoral aprobada e indita, facilitada por gentileza de la autora a quin corresponde agradecer tamao acto de bondad cientfica, pg. 121. (12) CSJN, S 1455.XLI; RHE "Sociedad Annima - Dominga B. de Marconetti c. Gobierno de Buenos Aires", 04/09/2007. En el fallo se dijo que "Atento el carcter de orden pblico de la ley de consolidacin, el tribunal debe considerar su aplicacin aun cuando la accionada omita solicitarla". (13) TINTI, Guillermo Pedro, "Derecho del consumidor", (Editorial Alveroni - Crdoba 2001), pg. 124. (14) CSJN, E. 115. XXXIX; REX, "Edelar S.A. s/inconstitucionalidad", 08/05/2007, T. 330, P. 2081, Del dictamen de la Procuracin General, al que remiti la Corte Suprema. (15) Segunda Cmara en lo Civil - Primera Circunscripcin Judicial de Mendoza, Expediente: 25648 "Alenda, Rolando Walter y ot. O.M.G. S.A. Resolucin de contrato Nulidad - Daos y perjuicios", 02/06/1999, LS093 - Fs. 425. (16) Cmara Civil, Comercial y Minera de San Juan, Sala Primera, autos N 18015 "Banco de San Juan S.A. c. Lian Gutirrez, Miguel y otros - Cobro de pesos - Sumario", 27/04/2005, L. de S. T 90 F 173/185. (17) GHERSI, Carlos A., "Cmo juegan las presunciones a favor del ms dbil? Derecho del trabajo. Derecho del consumidor", LA LEY, 2006-D, 775. Este autor cita para avalar su criterio a DWORKIN, Ronald, "Los derechos en serio", pg. 146 (Los casos difciles), Ed. Planeta-Agostini, Barcelona, 1984. (18) Ibidem. Este autor, cita a LOVECE - GARCIA OCIO, "Derechos del consumidor", Ed. LA LEY, Buenos Aires, 2005. (19) BRIZZIO, Claudia R., La teora general del contrato y el derecho del consumidor, LA LEY, 1998-D, 1285. Esta autora sealaba al momento de realizar su investigacin que "en Derecho comparado, la Directiva 93/13/CU prev la "interpretacin ms favorable para el consumidor" (art. 5). El Cdigo Civil italiano, al tratar de la interpretacin del contrato que contiene clusulas ambiguas, establece en el art. 1368 que, cuando una de las partes es imprenditore las clusulas generales sern interpretadas conforme lo que es de prctica general en el lugar en que se encuentra la sede de la empresa (12). Cuando las partes no son profesionales se estar a la interpretacin del lugar de conclusin del contrato. El nuevo Cdigo Civil holands incluye una lista de clusulas que presume irrazonables, "siempre que en el contrato se haya celebrado entre un prestador (predisponente) y una parte contraria que sea persona fsica y no actuar en el ejercicio de una profesin o empresa" (Libro 6, art. 236)...". (20) ESTIGARRIBIA BIEBER, Mara Laura, ob. cit., pg. 147. (21) DE CASTRO Y BRAVO, Federico. 1971. El negocio jurdico, pg. 88. Madrid, Espaa. (22) CSJN, Competencia N 910. XXXV.; "Flores Automotores S.A. s/recurso ley 2268/98", 11/12/2001, T. 324, P. 4349. Este criterio ha sido expuesto en los siguientes fallos: Cm. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, "Modart S.A.C.I.F. e I. c. Sec. de Com. e Inv. DNCI n 2602/95". Causa 12.728/96, 19/11/96; Cm. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, "Citibank N.A. c. Sec. de Com. e Inv. Disp. DNCI 158/97". Causa n 21.422/97, 3/3/98 se dijo que "la ley 24.240 prev el principio 'in dubio pro consumidor' (arts. 3 y 37, segundo prrafo) en la interpretacin del contrato, precepto impuesto para su proteccin y de ineludible aplicacin al caso..."; Cm. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala III, "Citibank N.A. c. Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 179/97" Causa: 21.450/97, 3/7/98: "el art. 3 de la ley 24.240 establece como criterio interpretativo que, en caso de duda, se estar siempre a la ms favorable para el consumidor..."; Cm. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, "Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c. Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 2381/96".
Causa n 6.654/97.14/4/98: "de su artculo 3 surge con claridad que la cobertura normativa referida al consumidor no se limita a la ley 24.240, sino que abarca aquellas otras normas que resulten aplicables a las relaciones jurdicas descriptas en sus primeros dos artculos. En conclusin, como ya fue dicho, las disposiciones de la ley se integran con las normas que resulten afines en la temtica del consumidor (cons. 4)..."; CNCiv. y Com. Fed., sala III, diciembre 16-1994). ED, 167-433: "a la luz de los principios consagrados por el art. 42 de la Constitucin recientemente reformada y de lo establecido por la ley 24240, cabe considerar que, en caso de duda, toda controversia que surja entre el consumidor del servicio pblico de telfonos y la prestataria del mismo deber ser resuelta a favor del primero...". (23) CSJN, C. 825. XLIII; COM "Escobar, Aldo Alberto y otros c. Crculo de Inversores S.A. de Ahorro para Fines Determinados p/ ordinario", 08/04/2008; C. 177. XLII; COM "Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados c. Gimnez, Carmen Elida s/ejecucin hipotecaria", 18/10/2006, T. 329, P. 4403. Del dictamen de la Procuracin General, al que remiti la Corte Suprema. La CSJN en el caso B. 3885. XXXVIII. "Banco de la Nacin Argentina c. Monti, Aldo Horacio s/cobro de pesos", 11/11/2003, T. 326, P. 4541, L.L. 9-12-2003, nro. 106.654 defini la no aplicacin retroactiva, determinando que "corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechaz el reclamo por cobro de pesos contra los usuarios adicionales de una tarjeta de crdito en los trminos de la ley 25.065 (Adla, LIX-A, 62), que no estaba vigente al momento de suscribir el contrato, pero entendi aplicable con sustento en lo dispuesto en el art. 3 de la ley de Defensa del Consumidor (24.240) en cuanto establece que en caso de duda, se decidir por la interpretacin ms favorable al consumidor, pues lo resuelto prescindi de tratar el agravio referido a la aplicacin de una legislacin posterior a la celebracin del contrato, fundado en el reconocimiento de la documentacin y la confesin ficta de los demandados. Del dictamen de la Procuracin General, al que remiti la Corte Suprema...". (24) Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Expte: 75569 "Manino, Pedro Lucio en J: Manino, Pedro Centro Empleados de Comercio - Cobro de Pesos - Inconstitucionalidad Casacin", 17/11/2003, LS331 - Fs. 185. (25) Art. 38. Contrato de Adhesin. Contratos en Formularios. La autoridad de aplicacin vigilar que los contratos de adhesin o similares, no contengan clusulas de las previstas en el artculo anterior. La misma atribucin se ejercer respecto de las clusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas clusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido. Art. 39. Modificacin Contratos Tipo. Cuando los contratos a los que se refiere el artculo anterior requieran la aprobacin de otra autoridad nacional o provincial, sta tomar las medidas necesarias para la modificacin del contrato tipo a pedido de la autoridad de aplicacin. (26) VALLESPINO, Carlos Gustavo, "El contrato por adhesin a condiciones generales", Editorial Universidad, pg. 237/238; Cmara Civil, Comercial y Minera de San Juan, Sala Primera, autos N 18015 "Banco de San Juan S.A. c. Lian Gutirrez, Miguel y otros Cobro de pesos - Sumario", 27/04/2005, L. de S. T 90 F 173/185. (27) VIDELA ESCALADA, Federico, "Contrato por adhesin" en Estudios de Derecho Civil en Homenaje a Hctor Lafaille, Depalma, Buenos Aires, 1968, pg. 730. (28) CSJN, C. 595. XLI; RHE "Cambiaso Pres de Nealn, Celia Mara Ana y otros c. Centro de Educacin Mdica e Investigaciones Mdicas", 28/08/2007, T. 330, P. 3725, E.D. 10-1-08. J.A. 25-6-08 (supl.). (Voto de la mayora, al que no adhirieron los Dres. Enrique Santiago Petracchi y E. Ral Zaffaroni). (29) CSJN, Capital Federal, 15/12/1998 "Romero Victorica de Del Sel, Mara del R. c. Qualitas Mdica, S.A. s/Ordinario" ED 181,324; L.L. 1999 B, 118-98455; Cmara Civil, Comercial y Minera de San Juan, Sala Primera, autos N 18015 "Banco de San Juan S.A. c. Lian Gutirrez, Miguel y otros Cobro de pesos Sumario", 27/04/2005, L. de S. T
90 F 173/185. En particular se ha dicho que "Los usuarios de un servicio de tarjeta de crdito, en cuanto han celebrado al respecto contrato en base a clusulas predispuestas, se hallan protegidos por la ley de defensa del consumidor, cuyo art. 4 le impone a la empresa prestadora el deber de informar, en forma detallada y suficiente, sobre las ventajas y desventajas de dicho servicio de tarjeta de crdito, al efecto de que los primeros puedan realizar una eleccin racional y fundada al momento de contratar...". CFCA II, Capital Federal, 4/11/1997, "Dinners Club Argentina S.A.C. y de T. c. Secretara de Comercio e Inversiones - Disp. DNCI 165/97", E.D. 176, 175- 48452; Cmara Civil, Comercial y Minera de San Juan, Sala Primera, autos N 18015 "Banco de San Juan S.A. c. Lian Gutirrez, Miguel y otros - Cobro de pesos - Sumario", 27/04/2005, L. de S. T 90 F 173/185. (30) Cmara Civil, Comercial y Minera de San Juan, Sala Primera, autos N 18015 "Banco de San Juan S.A. c. Lian Gutirrez, Miguel y otros - Cobro de pesos - Sumario", 27/04/2005, L. de S. T 90 F 173/185; ver REZZONICO, Juan Carlos, "Contrato con clusulas predispuestas - Condiciones negociales generales" (Astrea) pg. 603. En el caso resuelto por CNCiv. y Com. Fed., sala III, diciembre 16-1994. ED 167-433, se juzg que "en la solucin de conflictos existentes entre los usuarios y la empresa prestataria del servicio telefnico, cabe tener presente que la relacin que une a ambas partes es un tpico contrato de adhesin; por lo que, en caso de duda deber siempre favorecerse a los primeros. Enfoque, este ltimo, que resulta acorde con lo dispuesto por el art. 42 de la Constitucin recientemente reformada y con la ley 24.240 de defensa del consumidor...". (31) La Directiva Europea 93/13/CEE de la Unin Europea de fecha 5 de abril de 1993, en su art. 3 establece que 1. Las clusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarn abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerar que una clusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesin. El hecho de que ciertos elementos de una clusula o que una clusula aislada se hayan negociado individualmente no excluir la aplicacin del presente artculo al resto del contrato, si la apreciacin global lleva a la conclusin de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesin. El profesional que afirme que una clusula tipo se ha negociado individualmente asumir plenamente la carga de la prueba. 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de clusulas que pueden ser declaradas abusivas. Por su parte, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Espaa conceptualiza en su art. 82 que: 1. Se considerarn clusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prcticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. 2. El hecho de que ciertos elementos de una clusula o que una clusula aislada se hayan negociado individualmente no excluir la aplicacin de las normas sobre clusulas abusivas al resto del contrato. (32) ESTIGARRIBIA BIEBER, Mara Laura, ob. cit., pg. 178. (33) Cm. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 8/10/96, "Mdicus S.A. c. Sec. de Com. e Inv. Res. DNCI 39/96", Causa n 3.966/96. En particular en el caso resuelto por la Cmara Comercial, Sala A, 17/4/96, "La Holando Sudamericana Ca. de Seguros S.A. c. MAVI S.R.L. s/Sumario"; y "Ro Cuarto S.A.C.I.F.I.M.A. c. MAVI S.R.L. s/Sumario", JA 19.03.97, se ha juzgado que "cabe declarar la nulidad de una clusula limitativa de responsabilidad del depositario de bienes almacenados, que sufrieran destruccin, ante el acaecimiento de un incendio, toda vez que en el caso es abusiva al desnaturalizar el concepto de obligacin y atenta contra el principio de buena fe que resulta indispensable en el cumplimiento de stas (Conf. Ley 24.240: 37 y CCIV 3; STIGLITZ, "Derecho y Defensa del Consumidor", Pg. 287; CAZEAUX - TRIGO REPRESAS, "Derecho de las Obligaciones", T. I, Pg. 89), al no existir evidencia alguna que dicha clusula en cuestin haya sido negociada individualmente, por cuanto se halla preredactada y el adherente no ha podido participar o influir en el mentado pacto de exoneracin de responsabilidad, siendo
una clusula sorpresiva que se incorpora clandestinamente al dorso de los remitos de ingreso de mercaderas al depsito, tomando desprevenido al depositante, no obstante las consecuencias que apareja, ya que una de las partes depositario intenta liberarse totalmente de las consecuencias patrimoniales por las que debera responder, de no existir aqulla, importando una renuncia del acreedor a un derecho eventual en los trminos del CCIV 872 de ejercer la accin indemnizatoria, provocando un desequilibrio de tal entidad entre los derechos y obligaciones que compromete el principio de equivalencia o de mxima reciprocidad. (34) Cm. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 2/5/96, "Confiable S.A. c. MIN. E. O.S.P. - Sec. Ind. Y Com. - DNCI N 1076/95", Causa 51.697/95. En el caso definido por la Cm. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala V, "Diners Club S.A.C. y T. c. Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 204/97". Causa n 21.416/97, 4/3/98 se consider que "ante esta nueva modalidad de venta de productos o servicios nace una responsabilidad solidaria, por lo cual, resulta ajustada a derecho la resolucin que declara invlida la clusula que determina que Diners Club S.A.C. y T. no es responsable en caso de "promociones especiales Diners" por las obligaciones de los establecimientos adheridos al sistema Diners, respecto de los denunciantes. (35) Diccionario de la Lengua Espaola - Real Academia Espaola. Integrar. (Del lat. integrare). 1. tr. Dicho de las partes: Constituir un todo. 2. tr. Completar un todo con las partes que faltaban. 3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. U. t. c. prnl. 4. tr. comprender (contener). La coalicin ganadora integraba liberales y socialistas. 5. tr. Aunar, fusionar dos o ms conceptos, corrientes, etc., divergentes entre s, en una sola que las sintetice. El nuevo enfoque integra las dos teoras anteriores. 6. tr. Mat. Determinar por el clculo una expresin a partir de otra que representa su derivada. Real Academia Espaola (http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=integrar). (36) ESTIGARRIBIA BIEBER, Mara Laura, ob. cit.; MOSSET ITURRASPE, Jorge, "El arte de juzgar y la discrecionalidad del juez en relacin a las clusulas abiertas", Revista LA LEY 1998-A, pg. 973. (37) ESTIGARRIBIA BIEBER, Mara Laura, ob. cit., pg. 208. (38) Idem. La autora completa su idea sosteniendo que "como ya mencionramos, en primer trmino, deber recurrirse al "todo" del mismo contrato, a efectos de encontrar all mismo la gua para realizar la integracin. Si ello no es posible, remitirse a las normas correspondientes al contrato tpico o aplicable por analoga, que forman parte del derecho dispositivo supletorio y que, al haber resultado nula, por abusiva la clusula que nominalmente expresaba la voluntad en contrario resulta plenamente vlido en su aplicacin, puesto que, justamente, est previsto para el caso que no hubiese acuerdo que lo descartara y, en este caso, hubo, pero desapareci "ad nuttum". Estas normas tienen el carcter de supletorias, y como tal deben ser aplicadas...".
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