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Timestamp: 2019-05-22 09:01:54
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Documento BOE-A-2010-4518
«BOE» núm. 67, de 18 de marzo de 2010, páginas 26647 a 26683 (37 págs.)
BOE-A-2010-4518
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2010/02/26/1
En esta línea, las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, celebradas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas –la primera de ellas celebrada en México en el año 1975, y las posteriores: Copenhague 1980, Nairobi 1985 y Pekín 1995–, han contribuido a situar la causa de la igualdad de género en primera línea del debate mundial. La Declaración y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 han establecido las dos estrategias fundamentales para el desarrollo eficaz de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres: una, la transversalidad de género, siendo necesaria la vinculación de la totalidad de los poderes públicos, y dos, la representación equilibrada. Si bien es cierto que en estos últimos diez años, se han producido actuaciones de continuidad en el impulso que supuso sobre todo Beijing-Pekín, como ha sido el documento de Beijing + 10.
Para Europa ha sido fundamental, partiendo de la influencia de todas las actuaciones en el seno de la ONU, el trabajo realizado desde la creación de la entonces llamada Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, relacionadas temporalmente con los efectos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En este ámbito de la Unión Europea han sido numerosas las directivas, recomendaciones, resoluciones y decisiones relativas a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, habiéndose desarrollado igualmente diversos programas de acción comunitaria para la igualdad de oportunidades. El Tratado de Ámsterdam, aprobado por el Consejo Europeo de Ámsterdam el 16 y 17 de junio de 1997, en sus modificaciones al Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957, constitutivo de la Comunidad Europea, incluye en su artículo 2 una referencia específica a la igualdad entre el hombre y la mujer como misión de la Comunidad. Igualmente, en el apartado 2 del artículo 3 se incorpora el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad, que deberá inspirar todas las acciones y políticas comunitarias. También hay que destacar que los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establecen tanto el principio de igualdad ante la ley como la prohibición de discriminación. Además, la Carta contiene un artículo específico, el 23, dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres y a las acciones positivas como medidas compatibles con la igualdad de trato. Asimismo, se han aprobado normas comunitarias específicas, como la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, y la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres al acceso a bienes y servicios y su suministro, y la
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación.
El proceso de descentralización, que a partir del texto constitucional conduce al Estado autonómico, conlleva que sean diversos los poderes públicos que tienen que proyectar y desarrollar políticas de promoción de la igualdad de oportunidades. Es el caso de Canarias y de su Comunidad Autónoma, que recoge en su Estatuto de Autonomía, dentro del título preliminar, en el artículo 5 sobre Derechos y Deberes, de forma expresa en su punto 2 a), que «Los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como principios rectores de su política: a) La promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y de la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran». Así mismo, el artículo 30 del Estatuto de Autonomía, recoge en el punto 2, dentro de las competencias exclusivas, «régimen de sus organismos autónomos, de acuerdo con la legislación básica del Estado»; así en la creación del Instituto Canario de la Mujer se da cumplimiento a toda la materia de igualdad recogida como mandato en la Constitución española y en todos los tratados internacionales de los que participe España.
Artículo 4. Principios generales que informan la actuación de la Administración pública.
16. La obligación de diseñar, presupuestar y poner en marcha sistemas de protección, información y acompañamiento a todas mujeres víctimas de la violencia de género, facilitando la coordinación de los distintos cuerpos y fuerzas policiales que operan en Canarias en el ejercicio de las funciones que legalmente les corresponden.
Artículo 6. Informe de evaluación de impacto de género.
Artículo 7. Plan estratégico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Artículo 8. Cambio de ubicación del área de gobierno responsable de la igualdad.
Artículo 9. Enfoque de género en el Presupuesto.
Artículo 10. Lenguaje no sexista e imagen pública en medios de comunicación social y publicidad.
Artículo 11. Estadísticas e investigaciones con perspectiva de género.
Artículo 12. Representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados.
Artículo 13. Contratación pública.
Artículo 14. Ayudas y subvenciones.
Artículo 15. Principio de igualdad en la educación.
Artículo 16. Promoción de la igualdad de género en los centros educativos.
Artículo 17. Currículo.
Artículo 18. Materiales curriculares y libros de texto.
Artículo 19. Formación del profesorado.
Artículo 20. Consejos escolares.
Artículo 21. Inspección educativa.
Artículo 22. Igualdad de oportunidades en la Educación Superior.
Artículo 23. Proyectos de investigación.
Artículo 24. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
Artículo 25. Perspectivas de género en el Sistema Público de Empleo y Formación de Canarias.
3. Los planes de empleo del Gobierno de Canarias contemplarán medidas y programas integrales de acción positiva específica para los perfiles de mujeres y hombres con mayores dificultades en el acceso, la permanencia y la promoción en el mercado de trabajo, especialmente aquéllos en los que confluyan varias causas de discriminación y mayores condiciones de vulnerabilidad social y laboral.
Artículo 26. Incentivos a la contratación de mujeres.
Artículo 27. Trabajo doméstico.
Artículo 28. Promoción empresarial.
Artículo 29. Calidad en el empleo.
Artículo 30. Perspectiva de género en los ámbitos laboral, empresarial y sindical de Canarias.
Artículo 31. Negociación colectiva.
Artículo 33. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Artículo 34. Empleo en el sector público canario.
Artículo 35. Planes de igualdad en la Administración pública.
Artículo 36. Protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
Artículo 37. Actuaciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad.
Artículo 38. Entidades colaboradoras.
Artículo 39. Marca de Excelencia Canaria en igualdad.
Artículo 40. Derecho y deber de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito público y privado.
Artículo 41. Organización de espacios, horarios y creación de servicios.
Artículo 42. Teletrabajo y trabajo en el domicilio.
Artículo 43. Conciliación en las empresas.
Artículo 44. Conciliación en el empleo público.
Artículo 45. Perspectiva de género en el Sistema Sanitario Público de Canarias.
Artículo 46. Investigación biomédica.
Artículo 47. Igualdad y perspectiva de género en la protección y promoción de la salud.
Artículo 48. Igualdad en las políticas de bienestar social.
Artículo 49. Mujeres mayores.
Artículo 50. Cuidadoras y cuidadores de personas dependientes.
Artículo 51. Inclusión social.
Artículo 53. Personas prostituidas.
Artículo 54. Personas con discapacidad.
Artículo 55. Mujeres e interculturalidad.
Artículo 56. Derecho al embarazo y la maternidad.
Artículo 57. Vivienda, urbanismo y planeamiento.
3. Asimismo, facilitarán el acceso a las viviendas protegidas de las mujeres víctimas de violencia de género, y de aquéllas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, en función de las condiciones especialmente gravosas que pudieran concurrir.
Artículo 58. Nuevas tecnologías.
Artículo 59. Mujeres del medio rural.
2. Los poderes públicos de Canarias desarrollarán acciones dirigidas a eliminar la discriminación de las mujeres del medio rural y favorecer su incorporación al ámbito laboral, a la formación y a las nuevas tecnologías, así como su plena participación en la vida pública. Asimismo, garantizarán el ejercicio del derecho a la titularidad compartida en explotaciones agrarias.
Artículo 60. Participación política.
Artículo 61. Espacios electorales.
Artículo 62. Participación social.
Artículo 63. Fomento de las asociaciones de mujeres.
Artículo 64. Participación en ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales y deportivos.
Artículo 65. Imagen de las mujeres y de los hombres.
Artículo 66. Medios de comunicación social.
Artículo 67. Comisión Interdepartamental para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Artículo 68. Unidades de igualdad de género.
Artículo 69. Observatorio de la Igualdad de Género.
Artículo 70. Consejo Canario de Igualdad de Género.
Artículo 71. Coordinación de los poderes públicos de Canarias para la igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 72. Evaluación de la aplicación de la ley.
Artículo 73. Igualdad de trato en el acceso al uso de bienes y servicios y su suministro.
Artículo 74. Acción de cesación y rectificación de la publicidad ilícita.
Disposición adicional segunda. Modificaciones en la legislación autonómica de Canarias.
Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley 1/1994, de 13 de enero, del Instituto Canario de la Mujer.
«Artículo 1. El Instituto Canario de la Mujer pasará a denominarse ‘Instituto Canario de Igualdad’ como organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la consejería competente de Bienestar Social. Funcionalmente dependerá de Presidencia de Gobierno.»
«Artículo 6. El Consejo Rector estará formado por:
Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común.
1) La rúbrica del capítulo IV pasa a ser «De los adjuntos o las adjuntas».
«Artículo 11-bis (nuevo). De la Adjuntía especial de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género.
La feminización de la pobreza; el desempleo femenino; el impago de pensiones compensatorias y alimentarias; las responsabilidades familiares no compartidas; el abandono temprano y el retorno tardío al mercado de trabajo o la precariedad de las condiciones de salud muestran mayor incidencia sobre –y se generan en mayor índice entre– mujeres reclusas y ex reclusas; mujeres migrantes y de minorías étnicas; mujeres víctimas de tráfico o explotación sexual; mujeres víctimas de violencia de género y de prácticas culturales contra la dignidad y la integridad física, psíquica y sexual; mujeres mayores y discapacitadas; mujeres dependientes o cuidadoras; mujeres drogodependientes; madres adolescentes; mujeres en situación de aislamiento, ruralidad, marginalidad de áreas urbanas o dificultades de acceso a los recursos sociales, educativos, laborales o culturales; mujeres pensionistas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.
Constituye impacto el conjunto de resultados, efectos, productos o respuestas –previstas y no previstas, deseadas o no– que se registran en una población o ámbito de actuación tras una intervención o la aplicación de una norma, medida, política o disposición. La evaluación del impacto de género es el examen de las políticas, normas, planes, programas y medidas en función de indicadores diferenciales de género, a fin de conocer el modo en el que afectarán a mujeres y hombres y poder adoptar las medidas correctoras necesarias. Comporta, en consecuencia, su revisión y adaptación para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad real y efectiva de ambos sexos.
Conjunto organizado de medidas adoptadas por las empresas, públicas o privadas, dirigidas a promover condiciones y relaciones laborales de igualdad entre mujeres y hombres. Los planes de igualdad en la empresa deben contemplar actuaciones integrales en relación con el conjunto de desigualdades de género puestas de manifiesto por un diagnóstico sistemático en el seno de la empresa, que pueden extenderse a la siguiente casuística: condiciones de acceso al empleo; contratación; estabilidad laboral; promoción; formación ocupacional y profesional; formación en igualdad de género; igualdad de retribución por trabajo de igual valor; eliminación de la segregación vertical y horizontal; adecuada clasificación ocupacional y profesional de puestos de trabajo de mujeres y hombres; conciliación de la vida familiar y laboral; relaciones laborales no discriminatorias; protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo; representación equilibrada de mujeres y hombres; representación y protección sindical frente a condiciones de vulnerabilidad laboral; participación equilibrada de ambos sexos en la negociación colectiva y en la elaboración de los convenios colectivos; creación de la figura de la promotora, promotor o agente de igualdad de género en la empresa; aplicación de criterios de lenguaje, comunicación y publicidad no sexistas; criterios y mecanismos de actuación, seguimiento y evaluación de impacto de género; seguridad y salud laboral, con especial protección de los derechos de las mujeres embarazadas, puérperas y lactantes, reconociendo el derecho a la acumulación de los periodos de lactancia en el horario laboral.
a) Horizontal.–Presencia mayoritaria de las mujeres en familias ocupacionales del sector de los servicios, en los ámbitos de la enseñanza, la salud, los servicios sociales, más cercanos a las condiciones de vida de las personas, con mayor saturación laboral, superior tasa de desempleo e inferior retribución y reconocimiento social. Presencia mayoritaria de los hombres en sectores industriales y tecnológicos, en ámbitos económicos y técnicos, con mayores oportunidades de inserción laboral y profesional, mayor remuneración y reconocimiento social.
b) Vertical.–Presencia mayoritaria de las mujeres en las escalas y niveles inferiores de poder adquisitivo, poder, responsabilidad y reconocimiento social, en empleos en precario y con mayor saturación laboral y superior tasa de desempleo que los hombres. Presencia de los hombres en escalas y niveles de superior poder adquisitivo, poder, responsabilidad y reconocimiento social, en condiciones laborales de mayor estabilidad y oportunidades laborales.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de febrero de 2010.–El Presidente, Paulino Rivero Baute.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 45, de 5 demarzo de 2010)
Publicada en el BOC núm. 45, de 5 de marzo de 2010.
el art. 2 y SE AÑADE las disposiciones adicionales 4 a 6, por Ley 7/2019, de 9 de abril (Ref. BOE-A-2019-6775).
los arts. 7 y 8, por Ley 9/2014, de 6 de noviembre (Ref. BOE-A-2014-11996).
los arts. 33.5, 69.1, 70.1 y 71, por Ley 4/2012, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2012-9282).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 100, de 26 de abril de 2010 (Ref. BOE-A-2010-6560).
Capítulo IV y AÑADE el art. 11 bis a la Ley 7/2001, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2001-16727).
arts. 1 y 6 de la Ley 1/1994, de 14 de enero (Ref. BOE-A-1994-3921).
Ley 3/2007, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2007-6115).
Ley 16/2003, de 8 de abril (Ref. BOE-A-2003-13618).