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Timestamp: 2020-02-24 14:06:00
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Matched Legal Cases: ['artículo 169', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'Artículo 82', 'artículo 66']

Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Agosto de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 31971310
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Agosto de 2007
RECURSO DE CASACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO VÍCTOR MANUEL COLLADO, EN REPRESENTACIÓN DE GRUPO MÉDICO DIEZ (X) Y/O JORGE E. PUERTA Q., CONTRA LA SENTENCIA DE 3 DE AGOSTO DE 2006, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: IVÁN KRAVCIO GUARDIA -VS- GRUPO MÉDICO DIEZ (X) Y/O JOR... (ver resumen completo)
licenciado V.M.C., actuando en representación de GRUPO MÉDICO
DIEZ (X) y/o J.E.P.Q., interpuso recurso de casación laboral contra
la Sentencia de 3 de agosto de 2006, emitida por el Tribunal Superior de
Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso del proceso laboral
instaurado por: I.K. Guardia contra Grupo Médico Diez (X) y/o Jorge E.
I-ANTECEDENTES DEL CASO
El Señor Iván Kravcio Guardia, a través de su apoderado judicial presentó demanda laboral contra la sociedad Grupo Médico Diez (X) y/o el señor J.E.P., para que se les condene, de manera solidaria, al pago B/.4,919.74 en concepto de derechos adquirido, más recargos e intereses y costas del proceso, a razón de despido injustificado que se dio el 3 de mayo de 2003.
El Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, mediante Sentencia Nº19 de diez (10) de abril de dos mil seis (2006), condenó a la sociedad Grupo Médico Diez (X) a pagarle al demandante la suma de B/.2,698.81, en concepto de vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional y prima de antigüedad, y salario del 1 de abril al 3 de mayo, más los intereses del artículo 169 del Código de Trabajo. Con respecto al señor J.E.P. se declaró probada la excepción de inexistencia de la relación de trabajo y por lo tanto se le absolvió de la demanda.
Luego de que ambas partes apelaran la decisión proferida, el Tribunal Superior de Trabajo, en la sentencia que se impugna, decidió confirmar la resolución de primera instancia, situación que motiva el recurso que nos ocupa.
II- CARGOS DEL CASACIONISTA
La norma que el casacionista considera se ha vulnerado con la Sentencia de 3 de agosto de 2006, es el artículo 82 del Código de Trabajo, que conceptúa a qué personas se les considera trabajadores.
Alude que la violación de esta norma se da porque, tal como quedo expuesto en los hechos y en las pruebas evacuadas, la relación de trabajo con el doctor K. fue de junio a diciembre de 2003, y de enero a mayo de 2004 no se mantuvo una relación de subordinación jurídica o dependencia económica.
Sostiene que la naturaleza del servicio cambió, ya que el D.K. aceptó un trabajo en la Caja de Seguro Social, debido a un mejor salario, lo que motivó su renuncia, a partir de enero de 2004, a sus servicios en la Sociedad demandada. Es en este momento cuando decide, postergar sus servicios al Grupo Médico Diez (X), S.A. dependiendo de la disponibilidad que ofreciera su cargo en la Caja de Seguro Social. Lo anterior explica que primero se le pagaba como trabajador y luego se le remuneraba por servicios profesionales.
A juicio del casacionista, lo anterior implica que
se dio un error en la apreciación de la prueba con respecto a la norma que se
considera violada, aceptando que efectivamente hubo una relación de trabajo,
pero sólo hasta diciembre de 2003. Por
lo que solicita se case la sentencia recurrida.
III-EXAMEN DE LA SALA
Luego del vencimiento de los términos establecidos
en la ley laboral, sin que mediara oposición del trabajador, la Sala procede a
analizar los cargos de violación impetrados contra la Sentencia de 3 de agosto de 2006, emitida por el Tribunal
Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.
El casacionista señala que la sentencia impugnada viola el artículo 82 del Código de Trabajo, toda vez que la relación jurídica entre el Dr. Iván Kravcio Guardia y el Grupo Médico Diez (X), varío de relación de trabajo a servicios profesionales a partir del 1 de enero de 2004 y por tanto, no hay despido injustificado ni se le adeudaba ninguna suma en concepto de derechos adquiridos. Agrega que, el Tribunal Superior confirma la sentencia de primera instancia luego de un error en la apreciación de la norma que considera violada, ya que las pruebas evacuadas en la audiencia, dan cuenta que la relación de trabajo culminó en diciembre de 2003.
Agrega que no hay dependencia económica porque el Dr. Kravcio inició labores a partir de enero de 2004 en la Caja de Seguro Social, obteniendo en este lugar una mejor remuneración; no habiendo tampoco subordinación jurídica, ya que la prestación de servicio del Dr. Kravcio para el Grupo Médica Diez (X), S.A., dependía de la disponibilidad que nuevo trabajo le daba.
El Tribunal Superior de Trabajo decidió confirmar la Sentencia de la primera instancia, luego de realizar las consideraciones siguientes, con relación al tema que nos ocupa:
En efecto, del análisis de
las pruebas documentales y testimoniales, según las reglas de la sana crítica,
la empresa demandada no ha logrado demostrar que el Sr. I.K. GUARDIA
hubiera sido contratado mediante contrato por servicios profesionales para
prestar servicios como Médico Ortopeda y C. y que su remuneración fuera
mediante honorarios profesionales y menos aún que sus servicios los prestara en
condiciones de independencia y autonomía.
Muy por el contrario las constancias procesales revelan que se dio una
prestación de servicios de naturaleza laboral, es decir bajo subordinación
jurídica o dependencia económica, tal como lo establecen los artículos 62,64 y
65 del Código de Trabajo
Obran a fojas 40, Certificación expedida por el empresa demandada el 13 de febrero de 2004, firmada por el Lic. V.H.S. contador independiente, en donde se deja constancia que el Dr. I.K. GUARDIA labora como Médico Ortopeda devengando un salario mensual de B/.1.338.00, más turnos mensuales con un promedio de B/.450.00 al mes y que al mismo solo se le hacen los descuentos que exige la ley. Dicho documento fue debidamente reconocido en contenido y firma por el firmante a fojas 118.
El artículo 82 del Código de Trabajo que se estima infringido, dispone lo siguiente:
"Artículo 82. Son trabajadores todas las personas naturales que se obliguen mediante un contrato de trabajo verbal o escrito, individual o de grupo, expreso o presunto, a prestar un servicio o ejecutar una obra bajo la subordinación o dependencia de una persona."
La pretensión del casacionista se centra en que el Dr. Kravcio a partir del 1 de enero de 2004 dejo de tener la calidad de trabajador y pasa a tener con la empresa en cuestión una relación civil, es decir, de prestación de servicios profesionales.
Sin embargo, tal como lo expresa el Tribunal
Superior, del análisis del caudal probatorio, se desprende que, si bien es
cierto que el Dr. Kravcio presentó su renuncia a partir del 1 de enero de 2004,
se dio una continua prestación de un servicio, que la empresa no logró
demostrar que era de carácter civil.
Y esto es así, ya que el artículo 66 del Código de trabajo establece una presunción juris tantum a favor del trabajador, que establece que "se presume la existencia del contrato de trabajo y de la relación de trabajo entre quien presta `personalmente un servicio o ejecuta una obra, y la persona que recibe aquél o éstas." Esta presunción, admite prueba en contrario, sin embargo, la empresa no logró desvirtuar que la prestación del servicio derivaba de una relación civil y no de una labora.
Por el contrario, las constancias probatorias existentes en el expediente dan cuenta que existe una prestación de servicio del Dr. I.K. a la sociedad Grupo Médica Diez (X), S.A. y que la relación jurídica era de tipo laboral.
De las consideraciones expuestas por el Tribunal Superior de Trabajo de la Primera Sección en contraste con las constancias probatorias, no se observa que se haya incurrido en un error manifiesto, error que salte a la vista sin mayor dificultad, en la apreciación de las pruebas y la aplicación de las normas laborales; o que se haya infringido la regla de la sana crítica basado en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conducen a dar por establecido un hecho sin estarlo o al contrario.
En consecuencia, los cargos alegados por el apoderado de los demandados no alacanzan a probar que la sentencia recurrida haya violado la normativa laboral en cuestión, por tanto, lo procedente es no consentir a la pretensión del casacionista.
Por las razones expuestas, la Sala Tercera de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de tres (3) de agosto de dos mil seis (2006), proferida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial dentro del proceso laboral: I.K. Guardia -vs- Grupo Médico Diez (X) y/o J.E.P..
Las costas se adiciona en un 10% de la condena.