Source: https://mepa.cpau.org/A-110
Timestamp: 2020-06-02 06:52:16
Document Index: 186363565

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 91', 'artículo 2']

A-110 INSTRUMENTOS OFICIALES QUE REGLAMENTAN EL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA JURISDICCION NACIONAL
En el año 1944 las profesiones de la agrimensura, arquitectura e ingeniería fueron reguladas en la Capital Federal por el Decreto-Ley 17946/44.
En el año 1955 los honorarios del arquitecto y de las demás profesiones relacionadas con la ingeniería y la agrimensura fueron regulados en la jurisdicción nacional por el Decreto-Ley 7887/55.
Desde entonces, el Congreso y el Poder Ejecutivo han sancionado nuevos instrumentos que fueron complementando, modificando o anulando entre sí, parcial o totalmente los textos originales. En los puntos que siguen se ordenan en forma cronológica todos estos instrumentos y se comentan sus alcances, de acuerdo con la interpretación del Consejo.
DECRETO-LEY 17946/44
Reglamenta las profesiones de agrimensura, arquitectura e ingeniería en la Capital Federal y Territorios Nacionales.
Es este el primer instrumento legal que reglamenta las profesiones de agrimensor, arquitecto e ingeniero en la Capital Federal y Territorios Nacionales. Con él culmina una larga tarea conjunta de la Sociedad Central de Arquitectos y del Centro Argentino de Ingenieros. Su articulado, en el que se destaca la creación de los "Consejos Profesionales de agrimensores, arquitectos e ingenieros", fue la herramienta adecuada que se utilizó hasta 1958, año en que se lo reemplaza por el Decreto-Ley 6070/58, vigente a la fecha.
DECRETO 21803/44
Crea las tres Comisiones que constituirán los primeros Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería.
DECRETO-LEY 8036/46
Ampliatorio del Decreto-Ley 17946/44.
Este instrumento, ratificado por la Ley 13895, fue la primera modificación con fuerza legal que sufrió la reglamentación de la profesión y abrió en forma transitoria las puertas de los Consejos, durante los seis meses que indicaba su art. 2º, a todas "las personas que al 7 de julio de 1944" se encontraban en el país desempeñando alguna de las actividades propias de los profesionales universitarios matriculados en los tres primeros Consejos, siempre que ellas demostrasen haber ejercido esas actividades durante un período no inferior a los diez años anteriores a la fecha del Decreto-Ley.
DECRETO-LEY 7887/55
Es el primer instrumento legal que regula los honorarios para agrimensores, arquitectos e ingenieros en la jurisdicción nacional. Fue publicado en el Boletín Oficial del 19 de Enero de 1956 y posteriormente una enmienda a su artículo 13° fue publicada en dicho Boletín con fecha 1° de junio de 1956. Fue ratificado por Ley N° 14467 publicada en el Boletín Oficial del 9 de mayo de 1958.
Su texto se publica íntegramente en el documento Arancel de honorarios para la jurisdicción nacional (A-103).
DECRETO 128/56
Primer Código de Etica
Este instrumento aprueba el primer "Código de Etica para los profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura". Habían transcurrido once años desde la creación de los Consejos Profesionales y de la atribución otorgada a ellos de "formular los códigos de ética profesional”.
Los proyectos respectivos fueron estudiados y elevados por la vía jerárquica que correspondía en un tiempo verdaderamente razonable, pero sufrieron una prolongadas demora hasta su aprobación por el Poder Ejecutivo Nacional.
DECRETO-LEY 4016/57
Crea la Comisión que proyectará el Decreto-Ley 6070/58
En la parte más importante de este Decreto, su art. 3º, se dispone la creación de una Comisión integrada por un representante del Ministerio de Obras Públicas y catorce representantes titulares de los Consejos. Los quince miembros de la Comisión tuvieron "a su cargo la preparación del proyecto de unificación y perfeccionamiento de todas las disposiciones legales actualmente existentes en procura de una Ley Orgánica del Ejercicio Profesional que asegure la mejor defensa del interés social en juego y la de los propios profesionales".
La labor de esta Comisión tuvo como resultado la sanción del Decreto-Ley 6070/58.
DECRETO-LEY 16146/57
Modifica el Decreto-Ley 7887/55
Este instrumento introdujo modificaciones y agregados al texto del Arancel de Honorarios (Decreto-Ley 7887/55). Su texto es el siguiente:
Buenos Aires, 9 de Diciembre de 1957
Visto el expediente N° 1700/57 y 2851/57 del Registro de los Ministerios de Educación y Justicia y de Obras Públicas, respectivamente y
Que por el Decreto-Ley 7887, del 30 de Diciembre de 1955, se aprobó el Arancel de Honorarios de las diversas profesiones comprendidas en los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, creados por el Decreto-Ley 17946/44 (Ley 13895); que los mencionados Consejos Profesionales, el Centro Argentino de Ingenieros y la Sociedad Central de Arquitectos solicitan la inserción de algunas modificaciones basadas en la observación de la experiencia obtenida desde su vigencia;
Que esas modificaciones tienden a corregir inconvenientes que la práctica ha señalado, contemplando más equitativamente los legítimos intereses, no solamente de los profesionales sino también de todas las partes intervinientes, evitando también interpretaciones dispares o erróneas.
Artículo 1°. Modifícase el Arancel de Honorarios para las profesiones de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, aprobados por el Decreto-Ley N° 7887, del 30 de Diciembre de 1955, mediante las correcciones y agregados que se detallan a continuación:…………………
Artículo 2°. El presente Decreto-Ley será refrendado por el Excmo. Señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educación y Justicia, Obras Públicas, Guerra, Marina y Aeronáutica.
Artículo 3°. Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.
ARAMBURU, Isaac Rojas, Acdel E. Salas, Pedro Mendiondo, Victor J. Majó, Teodoro Hartung, Jorge H. Landaburu.
El texto a que hace mención el artículo 1° determina agregados y modificaciones a los artículos 1°, 6°, 18°, 19° y 83°, los que han sido integrados con el texto del Decreto-Ley 7887/55 y así figuran en el documento A-103: “Arancel de Honorarios para la Jurisdicción Nacional”.
El Decreto-Ley 16146/57 fue ratificado por la Ley 14467.
DECRETO-LEY 6070/58
Reglamenta las profesiones que componen la Junta Central
Este instrumento, ratificado por la Ley 14467, fue resultado del trabajo de la Comisión creada por el art. 3º del Decreto 4016/57, integrada por representantes de los cinco Consejos existentes a esa fecha y un delegado del Ministerio de Obras Públicas. Fueron representantes del que todavía se denominaba "Consejo Profesional de Arquitectura" los arquitectos Hernán Lavalle Cobo y Alejandro Billoch Newbery como titulares y el arquitecto Alberto G. Petersen como suplente.
El Decreto-Ley 6070/58, dada su importancia y vigencia, se reproduce en el documento A-101.
Este Decreto-Ley se mantuvo sin ninguna variante hasta que en el año 1980 el P.E.N. dictó la Ley 22186 por la cual se modificaron los artículos 8 y 14 inciso a), modificaciones incorporadas al texto publicado.
DECRETO 8173/62
Reglamenta el Decreto-Ley 6070/58 y deroga el Decreto 128/56
El art. 1º aprobó "el reglamento anexo al Decreto-Ley 6070/58" y es una pieza de indudable valor, pues constituye la única reglamentación del mismo.
El art. 2º derogó el Código de Etica Profesional vigente y facultó a la Junta Central para establecer las normas hasta tanto proyectase y propusiese a los poderes públicos el Código de Etica correspondiente.
Durante ese mismo año de 1962, la Junta Central estudió y puso en vigencia las normas mencionadas, cumpliendo hasta la fecha su cometido de Tribunal de Etica, impuesto por el Decreto-Ley 6070/58. La norma establecida en 1962 concluye en 1984 con la aparición del decreto 1099.
DECRETO 11174/65
Deroga el Decreto 8173/62
Este Decreto derogó el anterior 8173/62 y dejó establecido que la Secretaría de Estado de Obras Públicas requeriría a la Junta Central la preparación de un proyecto de reglamentación de la ley.
LEY 21165 (1975)
Actualiza los honorarios mediante coeficientes
Esta ley, vigente a partir de octubre de 1975 y utilizada desde entonces para determinar semestralmente el coeficiente de actualización de los honorarios de todas las profesiones que componen la Junta Central, fue derogada en el año 1991 por la ley 23928, de Convertibilidad del Austral.
El coeficiente "c" que se había utilizado hasta entonces para actualizar las cifras dinerarias del Decreto-Ley 7887/55, quedó entonces congelado desde el 01/04/91.
Código de Etica vigente
Después de bastantes años de acatamientos al Código de Etica puesto en vigencia desde 1962 por la Junta Central de Consejos Profesionales, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 1099/84 que recogió las observaciones que habían merecido a los Consejos algunos artículos no muy claros y amplió las "Normas de procedimientos" al tiempo que asimiló las faltas de ética a las disposiciones disciplinarias contenidas en el art. 28 del D.L.6070/58. El documento A-105 "Código de Etica" reproduce el texto del Decreto 1099/84.
En virtud de lo dispuesto en los instrumentos citados, el Consejo interviene en las cuestiones de Etica que se suscitan contra uno o varios arquitectos imputados, sean o no inscriptos en la matrícula. En cuanto al denunciante, puede ser cualquier persona jurídica o de existencia visible. También el propio Consejo puede iniciar causas de ética por una denuncia concreta, por simple información acerca de un hecho público o como consecuencia de una consulta.
De convertibilidad del Austral
La ley 23928 de convertibilidad del Austral, vigente desde abril de 1991, en su artículo 7º derogó todas las leyes que establecieron relaciones de índices de actualización en base a "variación de costos o repotenciación de deudas". La ley 21165 que actualizaba los honorarios mediante coeficientes, a la cual se hizo referencia anteriormente, fue derogada automáticamente por esta Ley.
De desregulación de la economía
Pocos meses después de la aparición de la ley 23928 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 2284/91 que entró en vigencia en noviembre de ese año. Los artículos 6 al 12 de este documento atañen a todos los Consejos Profesionales de la Jurisdicción Nacional que forman la Junta Central. Se trascriben los tres artículos que tienen relación con el ejercicio profesional de la arquitectura en la jurisdicción del CPAU, que son los siguientes:
Artículo 8. "Déjanse sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, comisiones o cualquier otra forma de retribución de servicios profesionales, no comprendidos en la legislación laboral o en convenios colectivos de trabajo, en cualquier clase de actividad, incluyendo los mercados de activos financieros u otros títulos, establecidos, aprobados u homologados por leyes, decretos o resoluciones".
Artículo 10. "Los peritos designados de oficio para intervenir en un proceso judicial o arbitral de cualquier naturaleza estarán sujetos exclusivamente a los honorarios regulados en dicho procedimiento. En los casos de honorarios regulados judicialmente o por un tribunal arbitral, no son oponibles a la parte condenada en costas las convenciones entre la parte vencedora y sus letrados, apoderados o peritos".
Artículo 11. “Ninguna entidad pública o privada podrá impedir, trabar ni obstaculizar directa o indirectamente la libre contratación de honorarios, comisiones o toda otra forma de retribución, no comprendidos en la legislación laboral o en convenios colectivos de trabajo, por la prestación de servicios de cualquier índole, cuando las partes deseen apartarse de las escalas vigentes".
A pedido del Consejo, su asesor letrado produjo un informe que constituye la opinión del Consejo en esta materia y que se reproduce a continuación:
“ El Art. 8º del Decreto-Ley 2284/91 ha derogado el carácter de orden público que anteriores normas legales habían reconocido a los aranceles de honorarios. Ello significa que comitentes y profesionales podrán convenir libremente el monto de sus honorarios sin la existencia de una retribución mínima obligatoria. “
“ En modo alguno debe entenderse que los aranceles profesionales han sido derogados, ellos mantienen su vigencia, solo que son norma supletoria y no imperativa. En materia de honorarios rige el art. 1197 del Código Civil que prevé que “las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”. Pero ante la ausencia de convenio de honorarios rige la norma legal del arancel, pues ésta mantiene vigencia y corresponde su aplicación en forma supletoria. ”
“ En suma, las escalas del arancel de honorarios aprobado por el Decreto-Ley 7887/55 así como las demás disposiciones de dicho cuerpo legal continúan siendo ley vigente y deber ser aplicadas por los jueces salvo que haya existido pacto en contrario. “
“ Cabe señalar, por otra parte, que es la Justicia quien debe resolver si una materia es de orden público y ello debe aplicar derecho en el caso particular mediante el dictado de una sentencia. El hecho que la norma se autocalifique de orden público no obliga al Juez, en cambio, la vigencia de una ley sí lo obliga a aplicarla“
DECRETO 2293/92
Validez nacional de los títulos profesionales
El artículo 1º dispone que todo profesional universitario cuyo título tenga validez nacional podrá ejercer su profesión en todo el territorio de la Nación con "una única inscripción" en el Consejo o Colegio de la jurisdicción que corresponda.
El artículo 2° dispone que todos los profesionales estarán sujetos - salvo en lo que este Decreto establece - a las demás normas legales que reglamentan la profesión en la jurisdicción en la que estuvieren actuando.
Desde la vigencia de este Decreto el CPAU ha abierto un registro para matriculados de otras jurisdicciones, que los habilita a ejercer la profesión dentro de la Capital Federal.
LEY 24432 (1995)
Desregula los honorarios de los auxiliares de la justicia
Esta Ley incorpora agregados o modificaciones al Arancel y al Código Civil y otros cuerpos legales, haciendo extensivo los alcances de la desregulación de los honorarios profesionales a los peritos y demás auxiliares de la justicia.
Distintas disposiciones de esta Ley alcanzan al texto arancelario, pero es su art. 13 el que resume con mayor claridad sus alcances. Su texto dispone: “ Los jueces deberán regular honorarios a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la Justicia, por la labor desarrollada en procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan su actividad, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta, lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder. En tales casos, la resolución que así lo determine deberá indicar, bajo sanción de nulidad, el fundamento explícito de las razones que justificaren la resolución”.
“ Déjanse sin efecto todas las normas arancelarias que rijan la actividad de los profesionales o expertos que actuaren como auxiliares de la Justicia, por labores desarrolladas en procesos judiciales o arbitrales, en cuanto se opongan a lo dispuesto en el párrafo anterior”.
El artículo 13 complementa y acota el agregado introducido por el Decreto-Ley 16146/57 al art. 6° del Decreto-Ley 7887/55, que en su último párrafo estipula: “ La regulación (de los honorarios judiciales a los profesionales a los que se refiere este arancel) se practicará teniendo en cuenta la estimación, lo dictaminado por el Consejo en su caso y las reglas establecidas en el presente Decreto-Ley, pudiendo los jueces apartarse de éstas, mediante resolución fundada, solo en el caso de que el monto resultante no sea equitativo en relación al valor de lo cuestionado”.
Esta misma Ley acota aún más la retribución de los profesionales auxiliares de la Justicia cuando en su art. 1° incorpora al art. 505 del Código Civil un párrafo con el siguiente texto : “………. la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas”.
LEY 24441 (1995)
Modifica el Decreto-Ley 7887/55, el Código de Etica y el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
El título XIII de esta ley: “Desregulación de aspectos vinculados a la construcción en el ámbito de la Capital Federal” incluye disposiciones que derogan, modifican o producen agregados a distintos artículos de los instrumentos que figuran en el acápite. Las nuevas disposiciones no hacen más que reiterar normas ya establecidas por los instrumentos oficiales sancionados a partir del año 1991, mencionados en los puntos precedentes.
En su artículo 91 dispone lo siguiente: “ Derógase el artículo 2° y la obligación de percibir honorarios por etapas prevista en los capítulos II, III y IV del arancel aprobado por Decreto-Ley 7887/55”.
El texto del artículo derogado es el siguiente: “ Definición de los honorarios. Los honorarios constituyen la retribución por el trabajo y la responsabilidad del profesional en la ejecución de la tarea encomendada e incluyen el pago de los gastos generales de su oficina relacionados con el ejercicio de su profesión. Los gastos especiales originados por la encomienda de una tarea profesional deberán ser abonados por el comitente, independientemente de los honorarios”.
Según criterio del Consejo, la derogación del art. 2° del Arancel no acarrearía efectos adicionales a los originados por el Decreto 2284/91, por las siguientes razones:
La derogación de la definición de los honorarios no impide que la acepción continúe existiendo en todo el articulado del Arancel ni evita que su significado figure en cualquier diccionario.
La referencia a los gastos generales de oficina y a los gastos especiales independientes de los honorarios pierde entidad en la actualidad, ante la conveniencia, casi necesidad, de convenir con el comitente los honorarios y los gastos en conjunto y simultáneamente, tal como se comenta y se recomienda en el documento: Honorarios para el ejercicio profesional (A-115). Por otra parte, no ha sido derogado el art. 60° del Arancel que estipula “…....los gastos especiales que en ciertas oportunidades origina el ejercicio profesional: ……….….... no están comprendidos en los honorarios y deberán ser abonados por el comitente”.
Según criterio del Consejo, la derogación de “la obligación de percibir honorarios por etapas prevista en los capítulos II, III y IV del Arancel...”, tampoco acarrearía efectos adicionales a los originados por el Decreto 2284/91, por las siguientes razones:
El cobro en etapas o la valoración relativa de las distintas “etapas”, también es en la actualidad materia de acuerdo con el comitente.
El art. 51° del Arancel, en forma muy precisa determina que “a efectos de la apreciación de tareas parciales, el importe total de los honorarios se considerará dividido de acuerdo con los siguientes cuadros...” y siguen los porcentuales que habitualmente han sido respetados como representativos de la valoración de cada tarea parcial respecto a una encomienda total.
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION (2015)
En su art. 1256 dispone “Las leyes arancelarias no pueden cercenar las facultades de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios”.
Nota: En Julio de 2012 el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo conjuntamente con el Consejo Profesional de Ingeniería Civil propiciaron ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley denominado “Proyecto de arancel para los profesionales inscriptos en los Consejos Profesionales de Arquitectura e Ingeniería Civil” para su aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto perdió estado parlamentario y fue presentado nuevamente en el año 2014, luego de haber recibido varias modificaciones.