Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2008-00102-de-abril-8-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_da29baefd5050000e0430a0101510000&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-31 19:43:36
Document Index: 218588711

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 132', 'ARTÍCULO 19', 'artículo 348', 'artículo 132', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 132', 'artículo 139', 'artículo 50', 'artículo 366', 'artículo 228', 'artículo 29', 'artículo 13']

﻿ Auto 2008-00102 de abril 8 de 2013
AUTO 2008-00102 DE 08 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:PAGO DE PORTES DE CORREO. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD QUE RIGE A LOS PROCESOS AGRARIOS, NO LIBERA DE LA CARGA DEL PAGO DE PORTES DE CORREO QUE IMPONE EL ARTÍCULO 132 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LA GRATUIDAD ESTÁ CONDICIONADA A LA TUTELA DE DERECHOS DE QUIEN SE LE CONCEDE AMPARO DE POBREZA, Y PARA LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO BASTA QUE EL INTERESADO AFIRME QUE SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 19 DEL DECRETO 2303 DE 1989.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DE PERTENENCIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, AMPARO DE POBREZA, PROCESO AGRARIO
Auto 2008-00102 de abril 8 de 2013
Ref.: Expediente 545183103002-2008-00102-01
Bogotá, D.C., ocho de abril de dos mil trece.
Aprobado en sala del trece (13) de marzo de dos mil trece (2013).
1. Dispone el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil al regular lo concerniente a la procedencia del recurso de reposición y la oportunidad para formularlo, que “[s]alvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen”, circunstancias dentro de las cuales encuadra la presente situación.
2. Pretenden los inconformes que se reconsidere la inadmisión del recurso, aduciendo que la jurisdicción agraria es gratuita, por lo que el pago de portes de correo no aplica para este asunto, y que como uno de los demandados es discapacitado, por su condición de invidente, merece una especial protección.
3. Está acreditado y tiene incidencia en la decisión que se está adoptando, lo siguiente:
a) Que Graciela Vélez Contreras adelantó proceso ordinario de pertenencia contra personas indeterminadas.
b) Que al trámite comparecieron Eduardo, Cecilia y Ramón Antonio Vélez Contreras, desconociendo la calidad de poseedora alegada por la accionante, quien es su hermana, y afirmando que el predio disputado forma parte del inmueble Quinta Vélez, vinculado a la sucesión de José Vicente Vélez Gómez, padre de todos ellos.
c) Que la primera instancia accedió a la usucapión en sentencia que confirmó el ad quem.
d) Que Ramón Antonio, Eduardo y Cecilia Vélez Contreras, interpusieron casación contra el fallo de segundo grado.
e) Que el tribunal concedió el recurso el 31 de enero de 2012 y dispuso dar cumplimiento al artículo 132 del Código de Procedimiento Civil (fls. 203 al 205, cdno. 8).
f) Que el porte de envío del expediente lo pagó por fuera de tiempo “el secretario” del vocero judicial, para esa época, de Eduardo y Cecilia Vélez Contreras (fls. 15 al 18).
g) Que desde el momento en que Eduardo Vélez Contreras intervino por primera vez en el pleito, y hasta la fecha, siempre ha estado representado por profesional del derecho debidamente reconocido.
4. No se abre paso a la reposición pretendida por las razones que a continuación se exponen:
a) Ninguna discusión plantean los recurrentes en relación con la extemporaneidad en la satisfacción de los emolumentos necesarios para remitir el plenario a esta corporación, motivo por el cual quedan enhiestos los pilares que soportan la decisión discutida.
Empero, el descontento lo edifican en la gratuidad, que califican de absoluta en los procesos agrarios y la discapacidad de uno de ellos.
b) El artículo 16 del Decreto 2303 de 1989, en su numeral primero, establece que:
“En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de este decreto, conforme a lo establecido en el título IV del Código de Procedimiento Civil, serán facultades y así mismo deberes del juez: (...) 1. Procurar que no se desvirtúen los fines y principios a que se refiere el artículo antes citado, en especial los atinentes a la igualdad real de las partes ante la justicia, mediante la tutela de los derechos de la más débil, a la gratuidad de aquella, la simplicidad, concentración y brevedad de las actuaciones y, por ende, celeridad de los procesos, cuya paralización debe impedir, dándoles el impulso necesario, como también los relativos a la inmediación del juez y sana crítica en la apreciación de la prueba, todo ello sin menoscabo del principio fundamental del debido proceso”.
Quiere decir que el “principio de gratuidad” en esos términos queda condicionado a la “tutela de los derechos de la [parte] más débil”, que no puede ser otra diferente a aquella que se le concede amparo de pobreza, en los términos del capítulo IV del citado estatuto, que en su artículo 19 lo contempla para “todo campesino de escasos recursos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso”.
Para la concesión del beneficio, según el artículo 21 ibídem, “bastará que el interesado afirme, personalmente o por conducto de su representante, bajo juramento que se considerará prestado por la sola presentación de la solicitud, que se encuentra en una de las condiciones establecidas en el artículo 19 de este decreto”.
En este caso en particular ninguno de los recurrentes, ni su apoderado, formuló, teniendo la prerrogativa para hacerlo, solicitud en ese sentido. Antes por el contrario, asumieron la contienda como si no lo necesitaran. Prueba de ello se evidencia con el pago extemporáneo del porte. Dicho de otra manera, no asume una carga quien considera que no está compelido a ello.
Esto significa que, a pesar de las condiciones que ahora de manera novedosa alegan, estaban plenamente enterados del deber y de la obligación de satisfacer dicho compromiso pecuniario.
c) Refuerza lo anterior el artículo 14 de la misma compilación, en virtud del cual “[l]os jueces y magistrados aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción es conseguir la plena realización de la justicia en el campo, en consonancia con los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección de la parte más débil en las relaciones de tenencia de tierra y de producción agraria” (resaltado extraño al texto), sin que implique la exoneración de las cargas propias que consagran las normas adjetivas, para obtener la satisfacción de los derechos sustanciales cuya protección se busca.
No se puede olvidar, como lo recordó la Corte en auto de 7 de septiembre de 2011, Expediente 2005-00079, que “[e]n punto a las cargas procesales, como lo tiene dicho la jurisprudencia, ‘debe el recurrente ceñirse estrictamente a la reglamentación que de ellas haga la ley, la que por su carácter indiscutiblemente procesal, está dada por norma de imperativo cumplimiento’, agregando que cuando la ley, ‘a más de imponer la carga, establece la forma y el tiempo en que debe cumplirse’ excluye el arbitrio del litigante ‘a quien entonces no le queda manera de cumplirla útilmente de modo diverso’ (autos 038, abr. 14/88, y 7262, sep. 21/88)’ (auto, abr. 21/2008, Exp. 00026)”.
d) En contra de lo que pregonan los censores, respecto de la falta de alcance en los debates agrarios del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil en vista de la especialidad normativa sobre la materia, como bien lo señala el artículo 139 del Decreto 2303 de 1989, en los aspectos no contemplados allí “se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procesos agrarios, con los objetivos que persigue este estatuto y los principios que lo inspiran”.
Pues, bien, en relación con el recurso de casación en el citado decreto solo figura el artículo 50, que establece “una restricción de tipo legal que la circunscribe a los casos expresamente señalados en el indicado precepto y sin que sea aplicable la reglamentación general prevista en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil” (auto, nov. 22/2011, Exp. 2006-00063).
Pero en tal regulación se guardó silencio sobre las causales, oportunidad, legitimidad para interponerla, justiprecio del interés, concesión, efectos, admisión, trámite y requisitos de la demanda; lo que quiere decir que para agotar tales pasos se hacen obligatorias las pautas contempladas en los artículos 368 al 374 del estatuto procesal civil.
e) La referencia que se hace a los artículos 387 ibídem y 4º de la Ley 1394 de 2010, es descontextualizada pues tales estipulaciones se refieren al arancel judicial, que corresponde a “una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia”, ajena a los gastos y erogaciones que necesariamente deben asumir las partes en cumplimiento del deber de “prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias”, estrictamente relacionados con el proceso.
f) Si bien el artículo 228 de la Constitución Política advierte que en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, a renglón seguido acota que “los términos procesales se observaran con diligencia y su incumplimiento será sancionado”, efecto adverso predicable también de quienes intervienen activamente en el litigio y están obligados a que este se adelante con celeridad y cumpliendo las reglas del debido proceso, que constituye una garantía de orden superior de conformidad con el artículo 29 ejusdem.
g) En cuanto a la condición de “inválido (invidente)” que aduce el recurrente Eduardo Vélez Contreras, la misma no implica un trato preferencial al de los demás participantes ante los estrados judiciales. Admitir esa atestación sería tanto como desconocer que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación”, como lo pregona el artículo 13 id.
Si bien, según el inciso tercero del mismo canon constitucional, “[e]l Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o metal, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”, no quiere decir que se les apliquen diferentes raceros para el ejercicio de las facultades y obligaciones establecidas en la legislación procesal.
Con mayor razón, cuando el propósito de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 1346 de 2009, “es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (resaltado ajeno al texto).
Adicionalmente, Eduardo Vélez Contreras no ha actuado como una parte aislada, sino para una masa sucesoral de la cual también participan los demás hermanos comparecientes, con quienes ha compartido vocería profesional, y siempre ha contado con representación judicial en defensa de sus intereses, sin que la ceguera que padece sea por sí constitutiva de debilidad en el escenario judicial.
5. Consecuentemente, se mantendrá la providencia cuestionada.
6. En atención a que la Procuraduría General de la Nación remitió oficio a la Sala relacionado con el tema aquí debatido, de manera complementaria, se le remitirá copia de la presente providencia para su información.
1. No reponer el auto mediante el cual se declaró inadmisible y, consecuentemente, desierto el recurso de casación dentro del asunto de la referencia.
2. Enviar copia de este proveído al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, de la Procuraduría General de la Nación.
3. Prevenir a la secretaría para que cumpla lo aquí ordenado.