Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Chile698.03sp.htm
Timestamp: 2019-12-16 13:50:31
Document Index: 82494728

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 4']

Chile Petición 698/03 - Lucía Morales Compagnon e hijos
INFORME Nº 61/05[1]
PETICIÓN 698/03
LUCÍA MORALES COMPAGNON E HIJOS
1. El 3 de septiembre de 2003, el abogado Nelson Caucoto (“el peticionario”) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”) en contra de la República de Chile (el “Estado”) por la presunta violación de los derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y recurso judicial (artículo 25), conjuntamente con la violación de las obligaciones de respetar los derechos y adoptar medidas (artículos 1(1) y 2) previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la “Convención Americana”) alegadamente ocurridos por la falta de reparación e indemnización del daño sufrido por Lucía Morales Compagnon, Jorge Roberto, Carolina Andrea, Lucía Odette y María Teresa Morales Osorio, esposa e hijos, respectivamente, del señor Jorge Ovidio Osorio Zamora, quien fuera secuestrado de su lugar de trabajo el 17 de septiembre de 1973 y ejecutado arbitrariamente el 16 de octubre de 1973 en el marco de La Caravana de la Muerte, por acción de un grupo de militares durante la dictadura militar. [2]
4. El 3 de septiembre de 2003, la Comisión recibió una denuncia presentada por el abogado Nelson Caucoto, de la cual acusó recibo el 22 de septiembre del mismo año. El 12 de mayo de 2004, la Comisión transmitió la denuncia al Gobierno, con carta fechada el 4 de mayo, para que éste presentara su contestación dentro del plazo de dos meses. El 18 de febrero de 2005 el Gobierno de Chile respondió a la petición. La respuesta del Estado fue presentada siete meses fuera de plazo y el Estado no había solicitado una prórroga para contestar ni dio una explicación por el atraso de su respuesta.[3] El 22 de febrero de 2005, la Comisión transmitió la respuesta del Estado al peticionario. El 26 de abril de 2005, la Comisión recibió la respuesta del peticionario a las observaciones del Estado, la cual retransmitió a este último mediante nota fechada el 11 de agosto de 2005, sin solicitar observaciones al respecto dado que las observaciones del peticionario reiteraron los argumentos planteados en la petición. No hubo más correspondencia con las partes desde esa fecha.
5. La petición alega que el 17 de septiembre de 1973, el señor Jorge Ovidio Osorio Zamora, militante socialista y profesor de la Universidad de Chile, fue detenido en su lugar de trabajo por personal de Investigaciones de Chile. De allí fue trasladado a la Cárcel Pública de la Serena donde quedó a disposición de funcionarios militares. En ese lugar fue visitado por su cónyuge en diversas ocasiones. El 16 de octubre de 1973, el peticionario fue ejecutado junto con otras 14 personas en el Regimiento Militar Arica. De acuerdo con la petición, esta ejecución se realizó ordenada por funcionarios de la denominada “Caravana de la Muerte”, cuya jefatura militar informó, a través de la prensa, que “Conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempo de Guerra se ejecutó a las siguientes personas (…) Jorge Ovidio Osorio Zamora y otras 14 personas”. La petición denuncia igualmente que el cadáver del señor Osorio fue inhumado ilegalmente en una fosa común del Cementerio La Serena.
8. En 1997, la esposa y los hijos del señor Osorio Zamora presentaron una demanda por indemnizaciones ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago (Juicio “Morales con Fisco de Chile, Rol 4720-97). El 27 de enero de 1999, el Octavo Juzgado Civil negó la reparación solicitada, aduciendo que conforme a las normas de derecho civil, la acción indemnizatoria estaba prescrita. Los demandantes apelaron dicho fallo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Dicho tribunal, a través de sentencia de 10 de diciembre de 2002, confirmó el fallo de primera instancia. Contra este fallo, los demandantes interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia que fue declarado desierto el 25 de marzo de 2003, por no haberse cumplido con la formalidad en su tramitación consistente en el pago de unas fotocopias. Así, el expediente volvió al tribunal de origen y con fecha 2 de abril de 2003 se dictó la resolución de “cúmplase” que es la última decisión pronunciada en la causa.
9. La señora Morales recibió una pensión de subsistencia (cónyuges) y beneficios de educación y salud a determinados beneficiarios (hijos) hasta el cumplimiento de una determinada edad bajo la Ley 19.123. Los gobiernos constitucionales otorgaron esos beneficios a familiares de las victimas, afirma el peticionario, pero no se puede confundir esas pensiones y beneficios asistenciales y de subsistencia con medidas reales de reparación.
10. El peticionario denuncia que la aplicación de normas de derecho civil, destinadas a regular las relaciones entre particulares, a un conflicto de derecho público reglado por la Constitución y los Tratados Internacionales de derechos humanos es “extraordinariamente erróneo, perjudicial para el interés de las víctimas, sus familiares y violatorio del derecho internacional de los derechos humanos”. Así, al aplicar los jueces estas disposiciones que niegan el derecho a la reparación, ponen al Estado de Chile en una flagrante situación de vulneración de la Convención Americana, puesto que de acuerdo con el artículo 2(1) de ese tratado, los Estados deben adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convención, lo cual no ha ocurrido en la especie. Por tanto, el peticionario solicitó a la Comisión que acogiera la denuncia y declarara que las resoluciones de los tribunales de justicia chilenos, al aplicar las normas de prescripción del derecho civil a la temática de las violaciones de derechos humanos y con ello impedir la justa reparación a los familiares de las víctimas, viola los compromisos asumidos por el Estado de Chile al suscribir la Convención Americana, en particular los derechos consagrados en los artículos 1(1), 2, 8 y 25 de este tratado.
14. El Gobierno de Chile depositó su instrumento de ratificación en la OEA con sujeción a la siguiente declaración o reserva:
17. La Comisión, previamente al análisis de la admisibilidad de la denuncia, lo considera necesario aclarar que el peticionario en el presente caso no denunció la ejecución extrajudicial del señor Jorge Ovidio Osorio Zamora, ni una posible violación del artículo 4 de la Convención Americana. El objeto de la denuncia tampoco concierne la investigación penal de esa ejecución extrajudicial. El peticionario cuestiona la negativa de los tribunales chilenos de conceder una indemnización a la señora Morales, sobre todo después del reconocimiento de la responsabilidad estatal por el caso en el “Informe Rettig”, y la compatibilidad de tales decisiones con las obligaciones del Estado bajo la Convención Americana.
18. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a la señora Lucía Morales Compagnon, Jorge Roberto Morales Osorio, Carolina Andrea Morales Osorio, Lucía Odette Morales Osorio y María Teresa Morales Osorio, respecto a quien Chile se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Chile es un Estado parte en la Convención Americana, desde el 21 de agosto de 1990, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
19. La Comisión posee competencia ratione materiae porque el peticionario alega violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana que, si se probaran, podrían constituir violaciones de los artículos 1(1), 2, 8 y 25 de dicha Convención. El peticionario también alegó violación de los artículos 4, 5, 7, 24 y 63(1) de la Convención Americana pero no sustentaron esas supuestas violaciones ni con argumentos ni pruebas. Específicamente, el peticionario alega denegación de justicia en el caso de autos, en virtud de que en 2003 la Corte Suprema chilena declaró prescripto su solicitud de indemnización por los daños morales ocasionados con las alegadas detención arbitraria y ejecución del señor Jorge Ovidio Osorio Zamora por parte de funcionarios estatales. Específicamente, el peticionario alega denegación de justicia en el caso de autos, en virtud de que la Corte Suprema chilena rechazó en 2003 su solicitud de indemnización por los daños morales ocasionados con las alegadas detención arbitraria, tortura y ejecución del señor por parte de funcionarios estatales.
22. En el presente caso, la totalidad del proceso judicial que constituye el objeto de la denuncia, se desarrolló con posterioridad a la fecha de la ratificación de la Convención Americana. En adición, la Comisión posee competencia ratione temporis, porque las sentencias se dictaron el 27 de enero de 1999, el 25 de marzo de 2003 y el 2 de abril de 2003, fechas en que ya estaba en vigor para el Estado chileno la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en el Convención Americana.
24. El peticionario alegó que la resolución de la Corte Suprema chilena fechada el 25 de marzo de 2003, que declaró “desierto” el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Cortes de Apelaciones de Santiago, determinó el agotamiento de los recursos previstos en el derecho interno chileno.[4] En consecuencia, la Comisión considera que se cumplió el requisito estipulado en el artículo 46(1)(1) de la Convención Americana.
25. El artículo 46(1)(b) de la Convención establece que toda petición debe presentarse dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya notificado al peticionario la sentencia definitiva que agota los recursos internos. El peticionario alega que la denegación de justicia se consumó con la sentencia de la Corte Suprema del 25 de marzo de 2003. El peticionario presentó su denuncia ante la Comisión el 3 de septiembre de 2003. La Comisión concluye que la petición se presentó dentro del período establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención.
27. La Comisión toma nota de que en la petición se plantean importantes cuestiones referentes a la denegación de justicia por la falta de reparación civil de de los familiares de una víctima de graves violaciones a sus derechos humanos que han sido cobijadas por impunidad penal a través la aplicación de una ley de amnistía que perpetua el incumplimiento del Estado de sus obligaciones de respeto, garantía y adopción de medidas adecuadas a nivel interno. Por tanto, la Comisión concluye que en la denuncia del peticionario se describen actos que, de ser probados, podrían configurar violaciones a los derechos protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones de los artículos 1(1) y 2, por lo cual se han cumplido los requisitos del artículo 47(b).
[2] Además el peticionario alegó violación de los artículo 4, 5, 7, 24 y 63(1), los cuales no fueron sustentados por la denuncia. La Comisión decidió durante su 119º periodo de sesiones de abrir este caso, entre otros, por la alegada violación del derecho a garantías judiciales. Como se explica en el párrafo 17 (infra) el meollo de la petición se refiere al rechazo de una reparación judicial y no a la ejecución extrajudicial del señor Osorio.
[4] “Desierto” es un termino jurídico usado en Chile que significa “un recurso que no se sostiene luego en plazo o forma”.