Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32006R1848
Timestamp: 2019-10-19 13:33:39
Document Index: 405532520

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 13']

No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2015; derogado por ver 32015R1971
El artículo 2 del Reglamento (CE) no 1290/2005 crea dos Fondos para alcanzar los objetivos de la política agrícola común: un Fondo Europeo Agrícola de Garantía (denominado en lo sucesivo «FEAGA») y un Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (denominado en lo sucesivo «FEADER»).
El artículo 9 del Reglamento (CE) no 1290/2005 establece los principios que rigen la protección de los intereses financieros de la Comunidad y las garantías de la gestión de los fondos comunitarios.
Habida cuenta de la experiencia adquirida por la Comisión y por los Estados miembros, el sistema previsto en el Reglamento (CEE) no 595/91 del Consejo, de 4 de marzo de 1991, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agraria común, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 283/72 (2), debe ajustarse con vistas a armonizar su aplicación en los Estados miembros, intensificar la lucha contra las irregularidades, reforzar la eficacia del sistema de denuncia de irregularidades, tener en cuenta que los casos individuales de irregularidades a partir de ahora serán liquidados según lo previsto en los artículos 32 y 33 del Reglamento (CE) no 1290/2005 y cubrir tanto el FEAGA como el FEADER a partir del 1 de enero de 2007. A tal efecto, procede asimismo disponer que se incluyan en ese sistema las irregularidades relativas a la asignación de los ingresos según el artículo 34, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 1290/2005.
Es necesario especificar que la definición de «irregularidad» utilizada a efectos del presente Reglamento se toma del artículo 1, apartado 2, del Reglamento del Consejo (CE, Euratom) no 2988/95, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (3).
Es necesario definir el concepto de «sospecha de fraude», teniendo en cuenta la definición de fraude del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (4).
Es necesario especificar que la definición de «primer acto de comprobación administrativa o judicial» se toma del artículo 35 del Reglamento (CE) no 1290/2005.
Es también necesario definir los términos «quiebra» y «agente económico».
Para aumentar el valor añadido del sistema de notificación, la obligación de notificar casos de sospecha de fraude a efectos del análisis de riesgo debe determinarse más claramente y con este fin la calidad de la información que debe suministrarse ha de definirse con mayor precisión.
Con objeto de determinar la naturaleza de las prácticas fraudulentas y los efectos financieros de las irregularidades y de controlar la recuperación de las sumas indebidamente pagadas, procede asimismo disponer que las irregularidades se comuniquen a la Comisión por lo menos cada trimestre; dicha comunicación debe ser complementada mediante información sobre el progreso de los procedimientos judiciales o administrativos.
Los resultados globales del ejercicio de notificación anual serán puestos en conocimiento del Comité contemplado en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 94/140/CE de la Comisión, de 23 de febrero de 1994, relativa a la creación de un Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude (5).
Para facilitar el informe que los Estados miembros deben realizar y para mejorar su eficacia, conviene incrementar el límite mínimo, fijado en función de la suma afectada por la irregularidad, a partir del cual los casos de irregularidades deben ser notificados por los Estados miembros, y precisar las excepciones a dicha obligación de notificación.
Conviene establecer tipos de conversión para los Estados miembros que no participan en la zona euro.
Hay que tener en cuenta las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (6), y de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (7).
El presente Reglamento no afectará a las obligaciones que se deriven directamente de la aplicación de los artículos 32, 33 y 36 del Reglamento (CE) no 1290/2005 y del Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión (8).
«irregularidad»: con arreglo a lo establecido en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95, toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o pueda tener por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido;
«agente económico»: de acuerdo con el significado que le atribuye el artículo 1 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1681/94 de la Comisión (9), toda persona física o jurídica u otra entidad que participa de una financiación del FEAGA o del FEADER, a excepción de los Estados miembros en el ejercicio de sus prerrogativas de autoridad pública, o que reciben tal ayuda, o que tienen que pagar ingresos con destino específico en el sentido del artículo 34, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 1290/2005;
«primer acto de comprobación administrativa o judicial»: de acuerdo con el significado que le atribuye el artículo 35 del Reglamento (CE) no 1290/2005, la primera evaluación por escrito de una autoridad competente, administrativa o judicial que, basándose en hechos concretos, demuestre la existencia de una irregularidad, sin perjuicio de la posibilidad de que posteriormente, a raíz del procedimiento administrativo o judicial, la comprobación deba revisarse o retirarse;
«sospecha de fraude»: de acuerdo con el significado que le atribuye el artículo 1, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1681/94, una irregularidad que ha sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial que da lugar a la incoación de un procedimiento administrativo y/o judicial a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento intencional, en particular de un fraude en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas;
«quiebra»: los procedimientos de insolvencia en el sentido del artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo (10).
las organizaciones comunes de mercado afectadas, los sectores y los productos concernidos;
la disposición comunitaria que se ha infringido;
la fecha y la fuente de la primera información escrita que hizo sospechar que se había cometido una irregularidad;
en su caso, si las prácticas llevan a una sospecha de fraude;
cómo se descubrió la irregularidad;
en su caso, los Estados miembros y los terceros países implicados;
el período o momento en el que se cometió la irregularidad;
las autoridades nacionales o los órganos que elaboraron el informe oficial sobre la irregularidad y las autoridades responsables del seguimiento administrativo o judicial;
la fecha en la cual se estableció el primer acto de comprobación administrativa o judicial sobre la irregularidad;
la identidad de las personas físicas o jurídicas implicadas o de otras entidades que hayan participado en la comisión de la irregularidad, excepto cuando esta información sea irrelevante para combatir irregularidades, dada la naturaleza de la irregularidad en cuestión;
la cantidad total de gastos en la operación en cuestión y, en su caso, la distribución de su cofinanciación entre contribuciones de la Comunidad, nacionales, privadas y otras;
el importe afectado por la irregularidad y, en su caso, su reparto entre contribución comunitaria, nacional, privada u otra en los casos en que no se hubiera efectuado ningún pago a las personas y otras entidades identificadas en la letra l), y las sumas que habrían sido indebidamente pagadas si no se hubiera constatado la irregularidad;
la suspensión de los pagos, en su caso, y las posibilidades de recuperación;
solo en el caso de las irregularidades relativas al FEADER, el número ARINCO o el CCI (Código Común de Identificación) del programa afectado.
aquellos en que el único aspecto de irregularidad consista en una falta en la ejecución parcial o total de la operación cofinanciada por el FEADER, como consecuencia de la quiebra del beneficiario final o del destinatario último; no obstante, deberán notificarse las irregularidades que precedan a una quiebra y cualquier sospecha de fraude,
los señalados a la autoridad administrativa por el beneficiario final o el destinatario último de forma voluntaria y antes de su descubrimiento por la autoridad competente, bien antes o después del pago de la contribución pública,
los casos en que la autoridad administrativa constate un error sobre la posibilidad de financiación del gasto y proceda a su corrección antes del pago de la contribución pública.
dicha irregularidad pueda tener repercusiones muy rápidas fuera de su territorio, o
se ponga de manifiesto que se ha recurrido a una nueva práctica irregular.
1. En aquellos casos en que las irregularidades se refieran a cantidades inferiores a 10 000 EUR en una financiación de la Comunidad, los Estados miembros únicamente transmitirán a la Comisión la información a que se hace referencia en los artículos 3 y 5 si la Comisión así lo requiere expresamente.
los Estados miembros que no pertenecen a la zona euro aplicarán el mismo tipo de cambio que hayan utilizado al efectuar los pagos a los beneficiarios o percibir ingresos, conforme al Reglamento (CE) no 2808/98 de la Comisión (11) y a la normativa agraria sectorial,
en los casos no contemplados en el primer guión, como pueden ser las operaciones para las que la legislación agrícola sectorial no haya fijado un hecho generador, el tipo de cambio aplicable será el tipo de cambio fijado por el Banco Central Europeo antes del mes con cargo al cual el gasto o el ingreso asignado se declare a la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) no 883/2006 de la Comisión (12).
2. Sin perjuicio de dichos contactos, cuando la naturaleza de la irregularidad sugiera que pueden existir prácticas idénticas o similares en más de un Estado miembro, el asunto se presentará ante el Comité mencionado en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 94/140/CE (denominado en lo sucesivo «el Cocolaf ») o ante sus grupos de trabajo de conformidad con su artículo 3, apartado 3.
2. Para los casos cuya repercusión financiera sea de menos de 10 000 EUR, los Estados miembros podrán presentar una única comunicación final.
(7) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Decisión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(9) DO L 178 de 12.7.1994, p. 43. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2035/2005 (DO L 328 de 15.12.2005, p. 8).
(12) DO L 171 de 23.6.2006, p. 1.
Se suprime el artículo 2
Artículo 5, apartado 2 [suprimido por el Reglamento (CE) no 1290/2005]
Artículo 6 (suprimido)
Artículo 7, apartado 1 [suprimido por el Reglamento (CE) no 1290/2005]
Artículo 7, apartado 2 (suprimido)
Artículo 13 (nuevo)