Source: https://www.scribd.com/document/269529700/T-339-13
Timestamp: 2018-12-16 18:58:07
Document Index: 411518317

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 42', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 86', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 34', 'artículo 4326', 'artículo 43', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 153', 'artículo 162', 'artículo 42', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 36']

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Hecho superado y daño
La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el
momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo
se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de
amparo, verbi gratia se ordena la prestación del servicio que se negaba,
razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna
innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante
la decisión del juez de tutela ha acaecido antes de que él mismo diera
orden alguna. Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño
consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho
fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la
acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede es
el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho
CARENCIA ACTUAL DE
CONSUMADO-No impide a la Corte Constitucional
pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de
derechos fundamentales y futuras violaciones
La configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto no impide
un pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de
derechos fundamentales y la corrección de las decisiones judiciales de
instancia por parte de la Corte Constitucional, salvo la hipótesis del
daño consumado antes de la presentación de la acción de amparo, ya
que allí ésta es improcedente en virtud del artículo 6, numeral 14, del
Decreto 2591 de 1991. Lo anterior en razón a que ésta cumple la función
de fijar la interpretación de los derechos fundamentales como autoridad
suprema de la jurisdicción constitucional.
por ordenamiento jurídico/LEGITIMACION EN LA CAUSA
POR ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE
TUTELA-Requisitos
DERECHO A LA SALUD-Comprende el derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud
DERECHO A LA SALUD-Mecanismos esenciales e
interrelacionados de disponibilidad, calidad, aceptabilidad y
accesibilidad según Comité de Derechos Económicos, Sociales y
DERECHO A LA SALUD-Deber de garantizar el acceso a los
servicios de salud, libre de trámites y procedimientos
administrativos engorrosos e innecesarios
La Corte Constitucional ha considerado reiteradamente que el derecho a
acceder a los servicios de salud es el presupuesto mínimo para el goce
efectivo del derecho a la salud, el cual debe garantizarse de forma
preferente a las personas mayores afiliadas al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, debido a su especial condición de
TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE SALUD Y SU NEXO
CON EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD/GARANTIA DE
ACCESIBILIDAD ECONOMICA EN SALUD-Servicio de salud
en zona diferente al de residencia por falta de recursos económicos
del paciente y su familia para traslado
CUBRIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA
PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Serán cubiertos por
recursos de la prima adicional en lugares de dispersión geográfica y
en los demás serán cubiertos por la UPC
Con relación a la necesidad de transporte intermunicipal por parte de
los usuarios del sistema se puede concluir que si un usuario del Sistema
de Salud es remitido a un municipio diferente al de su residencia para
acceder a un servicio, y a dicho municipio se le reconoce una prima
adicional o una UPC diferencial mayor, el servicio de transporte deberá
entenderse incluido en el POS y tendrá que ser cubierto por la EPS.
Para este fin, se pregunta la Sala: ¿Qué es la UPC-adicional y a qué
zonas geográficas se reconoce? La UPC adicional es una prima o valor
adicional reconocido por la CRES a diversas zonas geográficas por
concepto de dispersión geográfica. Es decir, un valor aplicable para las
áreas de algunos departamentos en los cuales hay una menor densidad
poblacional, que a su vez puede representar un mayor gasto por los
sobrecostos de atención en salud derivados, entre otros, del transporte
PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL SISTEMA DE
SALUD-Reiteración
jurisprudencia/PRINCIPIO DE INTEGRIDAD EN LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-La prestación del
servicio de salud debe ser oportuna, eficiente y de calidad
Esta Corte ha desarrollado toda una línea jurisprudencial para darle
plena aplicación al principio de integralidad y de esa manera garantizar
plenamente el derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos.
Por ello, ha dispuesto que la atención a la salud debe ser integral y
comprender el cuidado, el suministro de medicamentos, las
intervenciones quirúrgicas, las prácticas de rehabilitación, la realización
de exámenes de diagnóstico y seguimiento así como todo otro
componente que el médico tratante valore como necesario para el
restablecimiento de la salud del paciente. Ahora bien, es importante
precisar que cuando las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud
reconocen insumos o medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de
Salud –POS- pero su prestación no es garantizada oportunamente,
amenazan gravemente el derecho fundamental a la salud del paciente.
Sobre esta hipótesis la Corte ha dispuesto que la prestación de los
servicios debe ser oportuna, eficiente y de calidad a fin de garantizar la
efectiva e integral prestación del servicio y respetar el derecho a la salud
CONSUMADO-Fallecimiento del actor durante el trámite de la
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA
EDAD-Vulneración por EPS al negar transporte dentro de la ciudad
para tratamiento de hemodiálisis
El Estado o las entidades prestadoras de salud deben cubrir los costos
del transporte al interior de una misma ciudad, en los eventos en los
cuales, (i) el tratamiento sea imprescindible para asegurar el derecho a
la salud y la integridad de la persona; (ii) el paciente o sus familiares
carezcan de recursos económicos para sufragar los gastos de
desplazamiento, y (iii) la imposibilidad de acceder al tratamiento por no
llevarse a cabo el traslado genere riesgo para la vida, la integridad
física o la salud del paciente.
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE PERSONA
DE LA TERCERA EDAD-Orden a EPS asuma gastos de
transporte para tratamiento de diálisis en otra ciudad
Magistrado Ponente ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá D.737 (acumulados) Acción de tutela instaurada por William Oswaldo Naranjo Gómez.100]. C.774. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional.773.486.100 y T-3.770.737]. T-3.486].774. específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991.. en contra de la NUEVA EPS (Bogotá).770.773. ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos el seis (6) de diciembre de dos mil doce (2012) por la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia [T3. I. como agente oficiosa de David de Jesús Franky Ariza. María Victoria Calle Correa y Alberto Rojas Ríos. en contra de Humanavivir EPSS. ANTECEDENTES 4 . todos en única instancia. en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012) por el Juzgado Once (11) Administrativo Oral del Circuito de Cali [T3. quien la preside. trece (13) de junio de dos mil trece (2013).Referencia: Expedientes T-3. integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva. Luis Alberto Cortes en contra de la NUEVA EPS (Cali) y Myriam Castro de Franky. como agente oficioso de José Sinforoso Galvis Pabón. y el tres (3) de enero de dos mil trece (2013) por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Zipaquirá [T-3.
770. padeciendo Insuficiencia Renal Crónica –IRC. 1.486) Hechos 1. como agente oficioso.O. les fue negada por distintas EPS la prestación del servicio de transporte en ambulancia que requerían para desplazarse a las IPS donde se les practica el procedimiento de diálisis.En auto del quince (15) de febrero de dos mil trece (2013). momento desde el cual se le practica diálisis tres (3) veces por semana1. Manifiesta que también requirió a la EPS para que la negativa de la prestación del servicio fuera revisada por el Comité Técnico Científico. T-3..El Sr. de 87 años de edad.774. Hematoma cerebral organizado. José Sinforoso Galvis Pabón (T-3.486. Trastorno deglutor”. 2. Actualmente padece múltiples enfermedades.. la Sala de Selección de Tutelas Número Dos. William Oswaldo Naranjo Gómez. José Sinforoso Galvis Pabón. decidió seleccionar los expedientes T-3. 5 .S.El Sr. servicio que le fue negado por no estar incluido en el P.Indica que debido a la complejidad de la enfermedad de su padre. 1 Folios 13 y 14 del cuaderno principal. a fin de que pudiera trasladarse a la unidad renal donde se le realiza diálisis periódicamente. acumularlos y repartirlos al Magistrado Alexei Julio Estrada. se encuentra afiliado a la NUEVA EPS en calidad de cotizante del régimen contributivo.. entre ellas “delirium hipoactivo. aduce que desde el 30 de octubre de 2012 éste fue remitido al programa de hospitalización domiciliaria. insuficiencia renal crónica (ICR). Señala que ese mismo día solicitó autorización a la EPS para que le prestara a su padre el servicio de ambulancia.773. la necesidad del servicio de ambulancia es urgente e inminente pues la falta de diálisis pone en riesgo su salud y su vida. Diabetes mellitas tipo II.737. Hipertensión arterial (HTA).estadio 5 (terminal). petición que tampoco prosperó. integrada por los Magistrados Maria Victoria Calle Correa y Luis Guillermo Guerrero Pérez.100 y T-3. Ulcera esofágica.770. 3. Esta Sala de Revisión decidirá conjuntamente sobre las acciones de tutela impetradas por tres personas de la tercera edad que.
Así mismo. Se exceptúan de esta norma las zonas donde se paga un UPC diferencial mayor. 6 . es decir no reviste el carácter de urgencia ni de internación. los únicos Departamentos en donde las EPS se encuentran a cargo de los gastos de transporte son el Amazonas. Guajira. Vaupés.P. Concretamente. Arauca.A. intervenciones y procedimientos”.” Así. requiere que “se ordene la cobertura integral de las patologías POS y NO POS que se hallen mediante exámenes. además se trata de [un] usuario que requiere un servicio programado y ambulatorio. Caquetá. dio contestación a la solicitud de tutela e indicó. San Andrés y Providencia. Putumayo. en donde todos los gastos de transporte estarán a cargo de la E. al indicar que “cuando en el municipio de residencia del paciente no se cuente con algún servicio requerido.Fundamentos jurídicos de la solicitud de tutela Afirma el accionante que de los anteriores hechos se desprende que la NUEVA EPS ha vulnerado los derechos a la salud. a la vida y a la seguridad social de su padre al negarle el servicio de ambulancia que requiere para acceder al procedimiento de diálisis.S. Casanare. señaló que “el servicio de transporte no es un servicio de salud. éste podrá ser remitido al municipio mas [sic] cercano que cuente con el [sic]. Vichada y la Región de Urabá. Sucre. Indicó que la Resolución 5261 de 1994 proferida por el Ministerio de Salud es perentoria al señalar que tales prestaciones no corresponden a las EPS. que ha venido asumiendo todos los servicios médicos que ha requerido el usuario. Solicita que “se ordene a la NUEVA EPS. Los gastos de desplazamiento generados en las remisiones serán responsabilidad del paciente. Choco. 2 Folio 3 del cuaderno principal. generar las autorizaciones de las ambulancias para el traslado a la unidad renal tendientes al tratamiento de diálisis y generar las que hicieren falta… como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”2. con relación a la solicitud de garantizar el tratamiento integral. Meta. por lo que estos gastos deben ser asumidos por el usuario o su familia”. Guainía. este se presta a través de una cita previa. salvo en los casos de urgencia debidamente certificada o en los pacientes internados que requieran atención complementaria. sobre la solicitud de la prestación del servicio de traslado en ambulancia a la unidad renal. Respuesta de la entidad demandada La NUEVA EPS S. Guaviare.
. adujo que no existe una vulneración o perjuicio irremediable que deba ser protegido a través de la presenta acción. 3 Sentencia T-233 de 2011. sostuvo que las pretensiones formuladas por el accionante desbordan el ámbito de protección del juez constitucional. conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pruebas que obran en el expediente 1. de querer concederse.Copia de la historia clínica del paciente del 30 de octubre de 2012 donde consta impresión diagnóstica de “ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5 EN HEMODIÁLISIS 3 VECES POR SEMANA… DIAS DE DIÁLISIS MARTES. 7 del cuaderno principal). ni la verdadera urgencia para la prestación del servicio.Copia del oficio de remisión del paciente al programa domiciliario (Fl. ni sus familiares cercanos tiene los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida. no podrá olvidarse el mantenimiento del equilibrio económico del sistema procediendo ordenar los respectivos recobros ante el FOSYGA.Manifestó igualmente que no lograron acreditarse los requisitos que. Actuaciones procesales Única instancia Mediante sentencia del seis (6) de diciembre de dos mil doce (2012). pues las mismas implican un desconocimiento de la normatividad legal y de la jurisprudencia de la Corte. Por último. Con base en lo anterior. no logró acreditarse por el actor la falta de capacidad económica para asumir dicho costo. Reiteró que la Corte Constitucional ha dispuesto que los pacientes serán trasladados a las EPS “únicamente en los eventos donde se acredite que (i) ni el paciente. concluye diciendo que en este caso. la integridad física o el estado de salud del usuario”3. JUEVES Y SÁBADO” (Fl. Y sin embargo.. la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia denegó la solicitud de tutela impetrada. 14 del cuaderno principal). razón por la cual deberá declararse improcedente. deben estar presentes para inaplicar las normas del régimen de seguridad social en salud. En este sentido. 2. 7 .
5 Folio 4 del cuaderno principal. ni órdenes médicas en ese sentido. 7 Folio 11 del cuaderno principal donde consta ampliación de los hechos de la demanda de tutela..2.En concepto médico suministrado por el Departamento de Auditoría de la NUEVA EPS se indicó que “en junio del presente año 2012. Luis Alberto Cortes (T-3.U. se decidió que la petición de traslado en ambulancia no interinstitucional devenía improcedente. diabetes mellitas e hipertensión arterial crónica”4. y en virtud del artículo 42 del Acuerdo 029 de 2011.U.Señala que actualmente solo recibe una pensión correspondiente a un salario mínimo6 y que “por falta de plata la mayor parte de las veces voy caminando y me demoro aproximadamente dos horas y media… [y] por mi estado de salud y lo avanzado de mi edad me he caído varias veces por los huecos de las calles y la gente me ayuda a atravesar la autopista”7. al no suministrarle el servicio de ambulancia que requiere para acceder al procedimiento de diálisis. a la vida y a la seguridad social. entre otros. no se encontró registro clínico de la solicitud. 8 . 3.. Luis Alberto Cortes.V de Cali. Por el contrario.V. 4 Folio 2 del cuaderno principal. de 70 años de edad quien se encuentra afiliado a la NUEVA EPS como pensionado. 8 Folios 18 y 19 del cuaderno principal. 6 Folio 4 del cuaderno principal. Solicita se le ordene prestarle el servicio de transporte en ambulancia de su residencia a la unidad renal RTS BAXTER AGENCIA H. Fundamentos jurídicos de la solicitud de tutela Afirma el accionante que de los anteriores hechos se desprende que la NUEVA EPS ha vulnerado sus derechos a la salud. padece actualmente “INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL ESTADO 5.773...El Sr. de Cali. 4. a pesar de lo anterior.Aduce que desde el año 1999 le han practicado hemodiálisis tres (3) veces por semana5 y que debido a la pérdida de visión y a su imposibilidad de caminar requiere una autorización del servicio de ambulancia que le permita trasladarse hasta la Unidad Renal RTS BAXTER agencia H. 2.100) Hechos 1. el paciente solicit[ó] transporte en ambulancia para asistir a los procedimientos de hemodiálisis”8 pero que.
Actuaciones procesales Única instancia Mediante sentencia del treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012). Por último indica que el servicio de transporte no es un servicio médico que deba asumir la NUEVA EPS y que por esta razón. sin que existan registros clínicos ni órdenes médicas que sustenten la petición realizada”. el Juzgado Once (11) Administrativo Oral del Circuito de Cali. algunas decisiones judiciales que lo ordenan están llevando a la entidad al colapso económico.Copia de la epicrisis. Pruebas que obran en el expediente 1.Respuesta de la entidad demandada La NUEVA EPS dio contestación a la acción de tutela aduciendo que el actor no aportó a la demanda “la respectiva orden médica expedida por el médico tratante… o médico adscrito a alguna de nuestras IPS en la cual se ordene el servicio de transporte solicitado” 9. el paciente solicita transporte en ambulancia para asistir a los procedimientos de hemodiálisis. éste no logró acreditar una verdadera falta de capacidad económica pues se encuentra pensionado con un salario mínimo y actualmente convive con su compañera permanente quien aporta con ingresos al núcleo familiar. Señaló que la entidad accionada aportó concepto médico del Departamento de Auditoria en el cual se señaló que “en junio del presente año 2012. Unidad Renal RTS Agencia HUV (Folio 1 y 2 del cuaderno principal). que su vida estaría en riesgo de no acudir a realizarse la diálisis. Así mismo. 9 Folio 14 del cuaderno principal. 9 . es decir.. servicio de nefrología. indicó que si bien el accionante padece insuficiencia renal crónica terminal. denegó la solicitud de tutela impetrada. no existe constancia de la negación de tal servicio. señaló que dicho servicio NO POS de alto costo no ha sido solicitado ante el Comité Técnico Científico teniendo en cuenta que está expresamente excluido del Acuerdo 008 de 2009. y que por esta razón. Así mismo.
que el viaje le sienta mal y se enferma. Sobre la solicitud de prestación de tratamiento integral. motivo por el cual se le practican diálisis periódicamente11. Actualmente padece “Síndrome Cardio Renal. completo y eficiente”. David de Jesús Franki Ariza (T-3. de 65 años de edad. cuando el mismo no ha sido definido claramente. 10 Folio 1 del cuaderno principal. Respuesta de la entidad demandada La EPS-S HUMANA VIVIR dio contestación a la acción de tutela señalando que no se aprecia en ninguno de los anexos la existencia de orden médica que prescriba la necesidad del servicio de ambulancia. Fundamentos jurídicos de la solicitud de tutela Afirma el accionante que de los anteriores hechos se desprende que la EPS HUMANA VIVIR EPS . Solicita se le ordene prestarle el servicio de transporte en ambulancia para los desplazamientos a las diálisis. en representación de su esposo. 10 . aduce que tres veces por semana se desplaza con éste en transporte público al lugar donde se le practican las diálisis en Zipaquirá.774.. reside en el municipio de Chía y se encuentra afiliado a la EPS-S HUMANA VIVIR del Régimen Subsidiado. entre otros.El Sr.. También solicitó “un servicio o tratamiento integral. la entidad estipuló que “la tutela no es procedente para ordenar la atención de un tratamiento integral. al no suministrarle el servicio de ambulancia que requiere para acceder al procedimiento de diálisis. 11 Folio 33 del cuaderno principal.Copia de la cédula de ciudadanía del actor (Folio 3 del cuaderno principal). 3. a la vida y a la seguridad social. EPOC. seguro.ha vulnerado sus derechos a la salud. David Jesús Franki Ariza.. Myriam Castro de Franki.2.La Sra. oportuno. Agrega que “todas las semanas sufrimos por el transporte ya que no tenemos los medios económicos para el desplazamiento a Zipaquirá” y además. no se específica por el actor qué tipo de transporte requiere y no se allega por éste prueba alguna de que dicho servicio hubiese sido negado la EPS.737) Hechos 1. 2. Enfermedad Renal Crónica”10.
éstos deben ser y estar claramente detallados (con precisión)”12. 11 . II. 2. Con base en las anteriores consideraciones solicita declarar la improcedencia de la tutela.P.. de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia 1. Adujo que el actor no demostró haber elevado petición alguna ante la EPS-S HUMANA VIVIR para la autorización del servicio de transporte en ambulancia y que tampoco consta en el expediente una orden médica que permita concluir que se necesita el servicio. 12 Folio 41 del cuaderno principal. 5 del cuaderno principal).Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de las acciones de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.. Sobre la pretensión de que se le brinde a su esposo tratamiento integral genérico y abierto. Pruebas que obran en el expediente 1.Copia del resumen de la historia clínica (Fl. el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Zipaquirá denegó la solicitud de tutela impetrada. Actuaciones procesales Única instancia Mediante sentencia del tres (3) de enero de dos mil trece (2013). localidad Chía.máxime cuando se trata de hechos o acontecimientos que pueden ser eventuales o sobre los cuales no se tiene plena certeza de que vayan a suceder… para que proceda el amparo constitucional por servicios médicos.Copia del carné de afiliación a la E.S. numeral 9o. Cundinamarca. 8 al 16 del cuaderno principal).. el a quo sostuvo que “no existe circunstancia que indique que la mencionada EPSS podría estar faltando a su deber con relación a la salud del accionante o que se infiera que se le han negado otros servicios… como tampoco se puede establecer que en un futuro la EPSS HUMANA VIVIR vaya a vulnerar derechos”.-S Humanavivir.. Nivel 1 (Fl.
la Sala reiterará lo que la Corte Constitucional ha sostenido sobre: (i) el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.. Reiteración de jurisprudencia. la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela.En atención a lo expuesto deberá determinarse si las EPS demandadas (NUEVA EPS y HUMANAVIVIR) vulneraron los derechos fundamentales a la salud. (ii) el principio de integralidad en la prestación del servicio de salud. (iv) el transporte intermunicipal o intraurbano. (iii) la accesibilidad a los servicios de salud como derecho preferente de las personas de la tercera edad. y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental. En otras palabras. esto es. de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro. generalmente. razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. 12 . La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo. caería en el vacío. Lo anterior se presenta. la integridad personal.Presentación del caso y planteamiento del asunto objeto de revisión 2. la vida digna. a partir de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden de los jueces de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto. como el medio indispensable para acceder a un servicio de salud autorizado. Asuntos previos: La carencia actual de objeto y la legitimación para actuar como agente oficioso o representante en las acciones de tutela. el mínimo vital y la seguridad social de los accionantes al negarles el servicio de transporte en ambulancia que solicitan para poder desplazarse a las instituciones donde se les presta el servicio médico de diálisis. La carencia actual de objeto 4. privado o en ambulancia. verbi gratia se ordena la prestación del servicio que se negaba... Por otro lado.A fin de resolver los casos. aquello que se pretendía lograr mediante la decisión del juez de tutela ha acaecido antes de que él mismo diera orden alguna. 3.
Por último. el/la demandante ha fallecido por causas distintas a la falta de satisfacción de las pretensiones de la demanda13. Se debe insistir en que. Lo anterior en razón a que ésta cumple la función de fijar la interpretación de los derechos fundamentales como autoridad suprema de la jurisdicción constitucional. la orden de los jueces de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto quede en el vacío. en caso de que presente un daño consumado. numeral 14. No se trataba entonces de un hecho superado. La agencia oficiosa y la representación 13Otro ejemplo es el propuesto en la sentencia T-988 de 2007 en la que tanto la EPS como los jueces de instancia se rehusaron ilegítimamente a practicar la interrupción voluntaria de un embarazo producto de un acceso carnal violento en persona incapaz de resistir. pero tampoco de un daño consumado en vista de que el nacimiento tampoco se produjo. cualquier orden judicial dirigida a la interrumpir el embarazo resultaba inocua. la configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto no impide un pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y la corrección de las decisiones judiciales de instancia por parte de la Corte Constitucional. Ante la negativa.Recuérdese que la acción de tutela tiene un carácter eminentemente preventivo. En este orden de ideas. pues la pretensión de la actora de acceder a una IVE dentro del sistema de salud en condiciones de calidad fue rechazada. 13 . 14Ver las sentencias T-988 de 2007 y T-615 de 2012. sino de alguna otra circunstancia que determine que. por ejemplo. del Decreto 2591 de 1991. lo que es lo mismo. A manera de ejemplo. según recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional14. la jurisprudencia de esta Corte también ha sostenido en recientes sentencias que es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado. ya que allí ésta es improcedente en virtud del artículo 6. igualmente. el tutelante perdieran el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo porque. cualquier orden judicial resultaría inocua o. la mujer terminó su gestación por fuera del sistema de salud. por regla general. pues sólo excepcionalmente se permite ordenar algún tipo de indemnización por la vulneración del derecho fundamental. ello sucedería en el caso en que. por una modificación en los hechos que originaron la acción de tutela. salvo la hipótesis del daño consumado antes de la presentación de la acción de amparo. en sede de revisión. caería en el vacío pues no se puede impedir que se siga presentando la violación o que acaezca la amenaza. por lo que.
deberá manifestarse en la solicitud. los interdictos y las personas jurídicas. por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales. más no por disposición legal. cuando el titular del derecho se encuentra imposibilitado para ejercer su propia defensa y opta. (iv) por medio de agente oficioso. que la agencia oficiosa tiene ocurrencia: “(i) cuando el agente oficioso manifiesta que actúa como tal. en todo momento y lugar. en ejercicio de su autonomía individual. Por último. Por esta razón. “por sí misma o por quien actúe a su nombre. prevé en cuanto a la legitimidad e interés de quien interpone el amparo que “la acción de tutela podrá ser ejercida. bien de forma directa o a través de otra persona. cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.5. de forma reiterada. la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.El artículo 10° del Decreto 2591 de 1991 que reglamenta la acción de tutela. las hipótesis para la interposición de la tutela son: (i) el ejercicio directo. (iii) por medio de apoderado judicial. (ii) por medio de representantes legales. que nos interesa para los asuntos que se examinan. y (iii) cuando la existencia de la agencia no implica una 14 . (ii) cuando se puede inferir del contenido de la tutela que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra. se debe recordar que la misma se encuentra a su vez amparada por el Texto Constitucional que en su artículo 86 define la tutela como un mecanismo con el que cuenta toda persona para reclamar. caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo. como en el caso de los menores de edad.. no puede olvidarse que la Corte Constitucional ha establecido.” (Subrayas fuera del texto original). por delegar su actuación en una persona distinta a su apoderado judicial . La jurisprudencia constitucional ha profundizado tales preceptos y ha especificado que la tutela puede ser incoada. y finalmente. quien actuará por sí misma o a través de representante (…) También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. los incapaces absolutos. Respecto de la figura de la agencia oficiosa. cuando quien interpone la acción de tutela es a quien se le está vulnerando el derecho fundamental.
La accesibilidad también implica que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud. a los sectores más vulnerables y marginados de la población. 15 . en especial. 15 Ver la sentencia T-531 de 2002. la Corte Constitucional ha recurrido a lo dispuesto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos recurriendo en reiteradas oportunidades a la Observación General N° 14 del Comité DESC de la ONU mencionada anteriormente 16. ii) Accesibilidad física: los establecimientos. Los establecimientos. el cual nos interesa para el análisis de estos casos. las personas con discapacidades y las personas con VIH/SIDA.. las personas mayores. bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. En este documento. dentro de la jurisdicción del Estado Parte. como las minorías étnicas y poblaciones indígenas. como el agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados. bienes y servicios de salud deben ser accesibles. bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población. 16 Ver la sentencia T-1019 de 2007. Sobre el primero de ellos. el Comité manifestó que los elementos esenciales del derecho a la salud. en especial los grupos vulnerables o marginados. a los más vulnerables y marginados como las personas de la tercera edad. disponibilidad. aceptabilidad y calidad. incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. sin discriminación alguna. Los servicios de salud deben ser accesibles a todos.Para la determinación del contenido y alcance del derecho fundamental a la salud. la accesibilidad comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidades. de hecho y de derecho. las mujeres. los niños. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: i) No discriminación: los establecimientos. los adolescentes.relación formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos”15. sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. se dispuso lo siguiente: “b) Accesibilidad. se encuentran a una distancia geográfica razonable. 6. Además. son la accesibilidad.
económicas o de información que le impidan a los usuarios del sistema acceder a la prestación efectiva de los servicios de salud autorizados. debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo. incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. la sentencia T-233 de 2011 estableció que “toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que [le] impidan acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad. y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado. a fin de asegurar que esos servicios.iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos.” Por esta razón es que esta Corte ha sostenido que la accesibilidad o el derecho de acceso a la salud. 18 Ibíd. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada. estén al alcance de todos. se debe concluir que las entidades prestadoras del servicio de salud están vulnerando el derecho fundamental a la salud de los afiliados al no garantizar el acceso17. cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de su residencia. en comparación con los hogares más ricos. Con todo. 16 . debe ser concebido como “el presupuesto mínimo para el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”18. 17 Ver la sentencia T-173 de 2012. en lo que se refiere a los gastos de salud. de modo tal que si existen barreras físicas. bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. En este sentido. el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad”. iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar. recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Bajo este entendido se ha sostenido que el derecho a la salud comprende también la garantía de accesibilidad a los servicios de salud que sean ordenados por el médico tratante. sean públicos o privados.
medidas de rehabilitación física y psicológica destinadas a mantener la funcionalidad y la autonomía de las personas mayores. el Comité..N) y de la íntima relación que guarda su protección con la dignidad humana y la vida de este grupo poblacional. privado o en ambulancia.Debido a la distribución geográfica de las distintas instituciones prestadoras del servicio de salud. reafirma la importancia del enfoque integrado de la salud que abarque la prevención. el cual debe garantizarse de forma preferente a las personas mayores afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esas medidas deben basarse en reconocimientos periódicos para ambos sexos.7. y por diversos motivos. Sobre el particular. El transporte intermunicipal o intraurbano. la Corte Constitucional ha considerado reiteradamente que el derecho a acceder a los servicios de salud es el presupuesto mínimo para el goce efectivo del derecho a la salud. no en todos los casos los usuarios pueden acceder a los servicios de salud que requieren en su lugar de residencia. En algunas ocasiones. 8. garantía que se deriva de la especial protección que la Constitución consagra en favor de las personas de la tercera edad (artículo 46 C..Así mismo cabe destacar que el derecho a la salud de los adultos mayores ha sido considerado un derecho fundamental y autónomo. conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la observación general No. la curación y la rehabilitación. y la prestación de atención y cuidados a los enfermos crónicos y en fase terminal. el Comité de Derechos Económicos. En resumen. la entidad de salud responsable se ve obligada a remitir al usuario a una zona geográfica distinta. 17 . Sociales y Culturales de la ONU. 6 (1995). ahorrándoles dolores evitables y permitiéndoles morir con dignidad” (Negrita fuera del texto original). en su Observación General No 14 que establece: “En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores. como el medio indispensable para acceder a un servicio de salud autorizado. debido a su especial condición de vulnerabilidad.
N. no cuentan. con la capacidad económica que les permita asumir los costos del transporte hasta las IPS donde se les prestan los servicios autorizados. Veamos: El parágrafo del artículo 2 de la Resolución No. No obstante.De conformidad con el principio constitucional de solidaridad (artículo 48 C. como se señaló con anterioridad.) desarrollado en el artículo 2° de la Ley 100 de 1993. el elemento de la accesibilidad económica21. indica que “los gastos de desplazamiento generados en las remisiones serán de responsabilidad del paciente. los gastos de transporte y estadía –de ser necesariosdeben ser asumidos en principio por el paciente o por su familia19. T-1228 de 2005. el usuario podrá ser remitido al municipio más cercano que sí cuente con el servicio. practicado algún procedimiento o prestado algún servicio que requiere. 20 Ibíd. T-223 de 2005. Para estos casos. salvo en los casos de urgencia debidamente certificada o en los pacientes internados 19 Sentencia T-173 de 2012. 5261 de 199422 del Ministerio de Salud señala que cuando la entidad responsable no cuente con algún servicio requerido en el municipio de residencia. T-542 de 2009. Así mismo. ha integrado al concepto de derecho fundamental a la salud. T-739 de 2004. 22 “Por la cual se establece el Manual de Actividades. cuando un usuario del Sistema de Seguridad Social en Salud es remitido a otro municipio diferente al de su residencia con el fin de que le sea suministrado algún medicamento. y su EPS no puede hacerlo en el lugar de residencia. no se les impongan cargas económicas desproporcionadas. ni ellos ni sus familiares. en comparación con quienes sí pueden sufragar el costo del servicio. Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sobre este tema se han expedido múltiples acuerdos y resoluciones en las cuales se ha entendido que el transporte es un medio para acceder a los servicios de salud. existen casos en los cuales los usuarios del Sistema que son remitidos a un municipio diferente al de su residencia para acceder a un servicio de salud. permitiendo su autorización en algunos casos. T-1087 de 2007. T-905 de 2005. pues el derecho a la salud comprende también la garantía de accesibilidad económica a los servicios ordenados”20. T-550 de 2009 y T-736 de 2010. la Corte Constitucional ha considerado reiteradamente que “no se les puede exigir que paguen el traslado y la estancia en un sitio distinto al de su residencia. Esta dimensión del derecho garantiza que a los usuarios que cuenten con menores recursos. Esto responde a que la Corte. 21 Ver al respecto las sentencias T-884 de 2003.” 18 .
el artículo 42 del Acuerdo 029 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud23. la norma consagra que el transporte debe hacerse en ambulancia. el traslado en ambulancia. 25 Sentencia T-173 de 2012. cuando existía limitación de oferta de servicios en un lugar o municipio. lo cual permite concluir que “la ambulancia no es el único medio”25. el cual sustituyó el Acuerdo 028 de 201124. 19 . con base en su estado de salud. Posteriormente. El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el medio geográfico donde se encuentre el paciente. Si a criterio del médico tratante el paciente puede ser atendido por otro prestador. en caso necesario. para acceder a un servicio o atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud . El Plan Obligatorio de Salud incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional de los pacientes remitidos. en las zonas geográficas en las que se reconozca por dispersión”. El transporte debe hacerse en el medio disponible en el área geográfica donde se encuentre el paciente y con base en (i) el estado de salud del paciente. se preveía la remisión por parte de un profesional de la salud. En principio. Parágrafo. 24 El Acuerdo 08 de 2009 de la Comisión de Regulación en Salud regulaba el servicio de transporte ambulatorio. que requieran de atención en un servicio no disponible en la institución remisora. de conformidad con la normatividad vigente. el Acuerdo 306 de 2005 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud –CNSSS-. será cubierto con cargo a la Prima Adicional de las Unidades de Pago por Capitación respectivas. Se garantizaba así mismo el transporte de los pacientes ambulatorios y hospitalizados por los cuales las EPS del régimen subsidiado recibían prima adicional o unidad de pago por capitación diferencial. En todos los casos.C. 23 El artículo 42 del Acuerdo 029 de 2011. el concepto del médico tratante y el destino de la remisión.” De otro parte. en donde todos los gastos de transporte estarán a cargo de la E. (ii) el concepto del médico tratante y (iii) el lugar de remisión.P. señaló que el POS incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional de los usuarios que requieran un servicio no disponible en la institución remisora. requerían ubicación en un nivel de atención adecuado. también hace parte del Plan Obligatorio de Salud.P. diferencial mayor. establecía que el Plan Obligatorio de Salud cubría el traslado interinstitucional de pacientes hospitalizados por enfermedades de alto costo que. consagrando en su artículo 34 que el “servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia. teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde están siendo atendidos. no disponible en el municipio de residencia del afiliado. establece: “Transporte o traslado de pacientes. Se exceptúan de esta norma las zonas donde se paga una U. pero posteriormente indica que se prestará en el medio que esté disponible.que requieran atención complementaria.S. siempre y cuando mediara la remisión de un profesional de la salud. Igual ocurre en caso de ser remitido a atención domiciliaria”. por sus condiciones de salud y limitaciones en la oferta de servicios.
Además. no disponible en el municipio de residencia del afiliado. será cubierto con cargo a la prima adicional de las Unidades de Pago por Capitación respectivas. Dispone que el servicio debe ser cubierto con cargo a la prima adicional de las unidades de pago por capitación respectivas. El servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia. El artículo 4326 de ese mismo acuerdo regula el tema del transporte del paciente ambulatorio en medio diferente a la ambulancia para acceder a un servicio no disponible en el municipio de residencia del afiliado. en las zonas geográficas en las que se reconozca por dispersión”. en caso necesario. En resumen. con relación a la necesidad de transporte intermunicipal por parte de los usuarios del sistema se puede concluir que si un usuario del Sistema de Salud es remitido a un municipio diferente al de su residencia para acceder a un servicio. y a dicho municipio se le reconoce una prima 26 El artículo 43 del Acuerdo 029 de 2011 señala: “Transporte del paciente ambulatorio. para acceder a un servicio o atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud. el parágrafo de este mismo artículo estableció que si a criterio del médico tratante el paciente podía ser atendido por otro prestador o podía ser remitido a atención domiciliaria. el traslado en ambulancia. 20 . también hacía parte del Plan Obligatorio de Salud. en las zonas geográficas en las que se reconozca por dispersión.
Así. Caquetá. mensualmente cada EPS recibe.para el régimen contributivo y la UPC-S para el subsidiado. entre otros. 27 En la sentencia C-978 de 2010 se explicó con claridad el concepto de la UPC. en tanto eje del equilibrio financiero del Sistema General de Seguridad Social en Salud. el servicio de salud tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. un valor aplicable para las áreas de algunos departamentos en los cuales hay una menor densidad poblacional. puesto que su objetivo fundamental es financiar en su totalidad la ejecución del POS. Chocó.aspx 21 . De ahí que la Corte haya considerado que la UPC constituye la unidad de medida y el cálculo de los mínimos recursos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para cubrir. en uno y otro régimen. y parcialmente subsidiada por el Sistema de Salud. y será definida por la Comisión de Regulación en Salud –CRES-. la UPC tiene carácter parafiscal. De esta manera. Tal como lo ha destacado la jurisprudencia de esta Corte. para cubrir los costos de los servicios que ofrece el Sistema de Seguridad Social en Salud a sus usuarios.minsalud.” 28 http://www.gov. al valor del aseguramiento per cápita que da derecho al usuario a recibir del sistema la atención en salud que requiera. Para este fin. Veamos: “La jurisprudencia de esta Corporación ha destacado la relevancia de la denominada Unidad de Pago por Capitación –UPC-. tecnología y hotelería. el servicio de transporte deberá entenderse incluido en el POS y tendrá que ser cubierto por la EPS. en condiciones de prestación media. De este modo. como valor fijo mediante el cual se unifican los costos del paquete básico de los servicios en salud que ofrece el sistema: el Plan Obligatorio de Salud (POS) para el contributivo y el Plan Obligatorio de Salud (POS-S) para el subsidiado. ente que recogió algunas de las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud -CNSSS.adicional o una UPC27 diferencial mayor. en el del Régimen Subsidiado de Salud. La UPC es un valor per capita que paga el Estado a la EPS “por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos” en el POS para cada afiliado. la Unidad de Pago por Capitación no representa simplemente el pago por los servicios administrativos que prestan las EPS. que a su vez puede representar un mayor gasto por los sobrecostos de atención en salud derivados. se pregunta la Sala: ¿Qué es la UPC-adicional y a qué zonas geográficas se reconoce? La UPC adicional es una prima o valor adicional reconocido por la CRES a diversas zonas geográficas por concepto de dispersión geográfica. teniendo en cuenta para ello los estudios técnicos hechos por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Protección Social). Guajira.co/salud/Paginas/UPC_S. lo cual significa “la prestación del servicio en condiciones de homogenización y optimización”. Es decir. El artículo 10° del Acuerdo 19 de 2010 reconoce la UPC adicional en los siguientes términos: "Reconocer para el 2011. de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad. Arauca. Guaviare. Meta. tecnología y hotelería. Dicha unidad es el reconocimiento de los costos que acarrea la puesta en ejecución del Plan Obligatorio de Salud (POS) por parte de las Empresas Promotoras de Salud. Casanare.. Guanía. una prima adicional del 11. independientemente de su capacidad económica y de su aporte al sistema. que proviene de las cotizaciones de trabajadores y empleadores en el caso del régimen contributivo. por cada afiliado el valor de una UPC o UPC-S. sino que plasma. Esta unidad se establece en función del perfil epidemiológico de la población relevante. el cálculo de los costos para la prestación del servicio de salud en condiciones medias de calidad. Putumayo. se entiende que la UPC corresponde. Para el efecto.47% a la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPCS) de los Departamentos de Amazonas. en especial. dentro de los parámetros del POS. del transporte de pacientes 28. el legislador diseño la Unidad de Pago por Capitación –UPC.
en principio.N). la Resolución No. Villavicencio. Bello.San Andrés y Providencia. Envigado. 1° C. por el usuario o su familia. como se indicó anteriormente. Vichada y de la región de Urabá. Cali. Vaupés. 22 . Riohacha. Esta última excepción consiste en que cuando los usuarios no cuenten con suficientes recursos económicos. Sin embargo. los subsidien ayudándoles a superar las barreras de tipo económico que soportan para acceder a los servicios de salud que requieren. aquellos próximos a centros urbanos29." Lo anterior significa que cuando el municipio remisor no cuenta con una UPC mayor. sea ésta adicional o diferencial. Pero además. el servicio de transporte ha de ser cubierto. Se exceptúan de este valor las ciudades de Arauca. Sabaneta y Soledad. explicado anteriormente. surgió otro tipo de prima adicional llamada diferencial. El artículo 11° del Acuerdo 129 de 2010 reconoce la UPC diferencial en los siguientes términos: "Fijar la prima diferencial en el 7. tendrán derecho a que el Estado y la sociedad. Itagüí. Se aplica por zona geográfica a los municipios ‘conurbados’. Sucre. Ésta es aplicable para las zonas geográficas que presenten mayor siniestralidad respecto del resto de municipios del país. Y en 29 Ibíd. Medellín y Barranquilla y los municipios conurbados de Soacha.57% del valor de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) de los subsidios plenos.5261 de 1994 consagra dos excepciones para este supuesto: (i) la urgencia debidamente certificada o (ii) el caso de los pacientes internados que requieran atención complementaria. existe una tercera: (iii) la excepción por accesibilidad económica. lo que significa que tiene derecho también a los medios de transporte y gastos de estadía precisos para poder recibir la atención requerida. Florencia. como se estableció en la sentencia T-173 de 2012. Sincelejo. Yopal y sus respectivas áreas de influencia. en virtud del principio de solidaridad (art. es decir. En este mismo sentido la sentencia T-760 de 2008 señaló que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud que requiera. para las ciudades de Bogotá. en las cuales se aplicará la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPCS)" Con posterioridad a la creación de prima adicional para las zonas geográficas por dispersión geográfica.
la sentencia T-149 de 2011 de esta Corte estableció: “(…) es obligación de todas las E. para la práctica de tratamientos de rehabilitación o tratamientos médicos periódicos que no requieren hospitalización? ¿Quién debe asumir los costos del transporte en esta hipótesis no prevista por la ley? La respuesta está en que la jurisprudencia de esta Corporación también ha hecho extensiva la excepción de la accesibilidad económica a estos casos. (ii) que requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) que ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado. En esta misma sentencia. por tratarse de una prestación que se encuentra comprendida en los contenidos del POS. sostuvo que “la obligación se traslada a las EPS en los eventos concretos donde se acredite que (i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) que de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la dignidad. la sentencia T-1079 de 2001 señaló: Esta posición ha sido reiterada en múltiples pronunciamientos.S. se pregunta la Sala ¿qué ocurre en los casos en los cuales el usuario necesita desplazarse desde su lugar de residencia a una IPS que se ubica en su misma ciudad. por ejemplo. la Corte se pronunció sobre el derecho de los usuarios a que se brinden los medios de transporte y estadía a un acompañante. advirtiendo que de no garantizarse el acceso a la prestación de los servicios de salud que se necesitan con cierto grado de periodicidad. En este mismo sentido.relación con esto.. 9. cuando ellas mismas autorizan la práctica de un determinado procedimiento médico en un lugar distinto al de la residencia del paciente. 23 . se estaría vulnerando el derecho a la salud del paciente por interrumpir la continuidad de su tratamiento. la vida. la integridad física o el estado de salud del usuario”. suministrar el costo del servicio de transporte. señalando que se deben cumplir en el caso concreto los siguientes requisitos: (i) que el paciente sea dependiente de un tercero para su desplazamiento. Así.P. Esto dentro de la finalidad constitucional de que se remuevan las barreras y obstáculos que les impiden a los afiliados acceder oportuna y eficazmente a los servicios de salud que requieren con necesidad”. por ejemplo.Ahora bien.
Ordenar una fisioterapia. En esta ocasión. afecta la seguridad social integral. pero no se facilita la llegada e ingreso al sitio donde se va a efectuar tal tratamiento. hasta el lugar donde se le practicaban a éste las terapias físicas.” Así mismo. la Corte estableció que el deber de proveer el traslado de pacientes. pueden ser catastróficas. no tiene explicación que no se preste el servicio de ambulancia por parte de la correspondiente EPS. como es lógico. sino que este concepto. se decidió el caso de una menor inválida a quien la EPS le había negado el servicio de transporte en ambulancia para poder asistir a las citas de fisioterapia dentro de su misma ciudad. sesiones de fisioterapia. La obligación de acudir a un tratamiento corresponde en primer lugar al paciente y a su familia. (…) No es aceptable exigirle a un niño inválido. pero al mismo tiempo obstaculizar su práctica. si se trata de un inválido y además de un niño y si la familia no tiene recursos para contratar un vehículo apropiado. a la cual la EPS le había negado el servicio de transporte para desplazarse con su hijo desde su casa.Verbi gratia. 24 . Pero. ocupacionales y del lenguaje. que tome transporte público para ir y venir a las sesiones de fisioterapia. extiende sus márgenes hasta comprender los elementos requeridos por el ser humano para disfrutar de una vida digna30 (ii) el paciente o sus familiares carecen de recursos 30 Ver la sentencia T-364 de 2005. en estricto sentido. Al respecto se debe observar que la salud no se limita a la conservación del conjunto determinado de condiciones biológicas de las que depende. en casos no comprendidos en la legislación podía resumirse de la siguiente manera: “(i) el procedimiento o tratamiento debe ser imprescindible para asegurar el derecho a la salud y la integridad de la persona. Las dificultades son enormes y las secuelas. como en el caso materia del presente fallo. la Corte ordenó “prestar el servicio de ambulancia que requiere para todos los tratamientos la menor” considerando que: “No existe accesibilidad si se programan. al usar tal medio de transporte público. que incluye. la Corte conoció de la acción de tutela interpuesta por la madre de un menor de edad con retardo mental psicomotor. a la luz de lo dispuesto en los artículos 1° y 11 del Texto Constitucional. en sentencia T-1158 de 2001. la accesibilidad a la atención.9% de incapacidad. la vida humana. Para este caso. en sentencia T-391 de 2009. con 84.
T-197 de 2003. lo cual puede implicar tener derecho a los medios de transporte para poder recibir la atención requerida. la Corte decidió ordenar a la EPS el suministro de transporte debido a la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el actor. T-1079 de 2001. T-467 de 2002. esta Corporación reiteró la línea jurisprudencial anterior en un caso similar al señalar que aunque el transporte no es un servicio médico. que además. para determinar en qué casos debe garantizarse el derecho al transporte al interior de una misma 31 Ver las sentencias T-786 de 2006. que por ausencia de recursos económicos. la cual incluye su fase de recuperación32”. T-861 de 2005. sea necesario para garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 32 Ver las sentencias T-786 de 2006.” Agregó que los jueces constitucionales. Agregó que la obligación de asumir el transporte de una persona se trasladará a las EPS únicamente en los eventos donde se acredite que: “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida. T-408 de 2005. también en este caso. padeciendo diabetes y enfermedad renal crónica. Pues bien. T-197 de 203. le fue suspendido por la EPS el servicio de transporte en ambulancia para acudir a la unidad renal donde se le practicaba la diálisis. toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud que requiera. En sentencia T-739 de 2011. 25 . la integridad física o el estado de salud del usuario. la Corte manifestó que mediante el auxilio de transporte “se busca eliminar las barreras.”33 Mediante sentencia T-861 de 2005. T-861 de 2005. tengan los pacientes para acceder a un servicio médico. Por último. con base en la ya mencionada excepción de accesibilidad económica. T-900 de 2002 33 Sentencia T-197 de 2003. T900 de 2002. T-408 de 2005. la sentencia T-523 de 2011 revisó el caso de enfermo renal crónico de 60 años de edad a quién la EPS le había negado el suministro de transporte para asistir a la hemodiálisis tres veces por semana. la integridad física o la salud del paciente.económicos para sufragar los gastos de desplazamiento31 y (iii) la imposibilidad de acceder al tratamiento por no llevarse a cabo el traslado genera riesgo para la vida. En esta oportunidad. este Tribunal asumió el conocimiento del caso de una persona de 56 años de edad a quien.
ciudad. en casos especiales como los mencionados anteriormente: (i) cuando los municipios o departamentos remitentes reciban una UPC adicional (servicio incluido en el POS) y (ii) cuando las especiales circunstancias de vulnerabilidad económica y debilidad manifiesta del paciente (menores y adultos mayores) sean manifiestas. Con base en ello. diagnóstico.. el cual ha sido destacado de manera importante por el Comité de Derechos Económicos. El principio de integralidad en la prestación del servicio de salud. la Ley 100 numeral 3° del artículo 153 propone el principio de protección integral.Un componente determinante de la calidad en la prestación del servicio público de salud es el principio de integridad (principio de integralidad). de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud”. a sus familiares.” 10. de conformidad con las circunstancias particulares del interesado y de acuerdo a las pruebas que obran en el expediente. tanto (i) el traslado de pacientes desde su domicilio a la institución prestadora de servicios de salud en la misma ciudad. 26 . ha dispuesto que la atención a la salud 34 Ver las sentencias T-391 de 2009 y T-739 de 2011. corresponde en primer término al usuario o. con el fin de garantizar el derecho de accesibilidad a los servicios de salud autorizados a los usuarios. información y fomento de la salud y la prevención. es posible que las EPS asuman gastos de traslado de manera excepcional 34. como (ii) el traslado de pacientes interinstitucional o intermunicipal para la práctica de algún procedimiento o la prestación de algún servicio del cual no dispone la IPS remitente. en cantidad. en virtud del principio constitucional de solidaridad. Sociales y Culturales. esta Corte ha desarrollado toda una línea jurisprudencial para darle plena aplicación al principio de integralidad y de esa manera garantizar plenamente el derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos. oportunidad. las regulaciones en materia de salud y la jurisprudencia constitucional colombianas. tratamiento y rehabilitación. Por ello. En efecto.En conclusión. Reiteración de jurisprudencia. calidad y eficiencia. No obstante. deben evaluar. “si la medida es esencial para conservar la salud del paciente o compromete la vida digna y la integridad física. Lo anterior. 11.. así: “El sistema general de seguridad social en salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación.
la cual bajo ningún supuesto puede recaer sobre cosas futuras.”37 En definitiva. las intervenciones quirúrgicas. de manera concreta por el médico tratante. la protección de este derecho implicaría que el juez constitucional hiciera determinable la orden en el evento de conceder el amparo. a lo que estime el paciente.36 Por otro lado. el suministro de medicamentos. y no. amenazan gravemente el derecho fundamental a la salud del paciente. 27 . es decir. una orden de tutela reconozca la atención integral en salud se encontrará sujeta a los conceptos que emita el personal médico.pero su prestación no es garantizada oportunamente. Sobre esta hipótesis la Corte ha dispuesto que la prestación de los servicios debe ser oportuna. por ejemplo. las prácticas de rehabilitación. En concreto. (ii) por el reconocimiento de un conjunto de prestaciones necesarias dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión. 37 Sentencia T-053 de 2009. este Tribunal ha entendido que el principio de integralidad no puede entenderse de manera abstracta. el reconocimiento de la prestación integral del servicio de salud debe ir acompañada de indicaciones precisas que hagan determinable la orden del juez de tutela. en los supuestos en los que el conjunto de prestaciones que conforman la garantía integral del derecho a la salud no estén necesariamente establecidos a priori . o (iii) por cualquier otro criterio razonable. la realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el restablecimiento de la salud del paciente35. eficiente y de calidad a fin de garantizar la efectiva e integral prestación del servicio y respetar el derecho a la salud del usuario. la sentencia T-398 de 2008 dispuso acertadamente que las órdenes indeterminadas de los/las jueces/zas de tutela dirigidas a prestar atención 35 Sentencia T-518 de 2006 36 Sentencia T. es importante precisar que cuando las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud reconocen insumos o medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS. Ahora bien. por ejemplo.760 de 2008. Así. “(i) mediante la descripción clara de una determinada patología o condición de salud diagnosticada por el médico tratante.debe ser integral y comprender el cuidado.
para acudir a las diálisis. en primer lugar. 13. Además. en el segundo caso. que en la práctica a éstos les resultaba imposible actuar por su propia cuenta.774. En ambos casos. hematoma cerebral organizado. del hecho que para la fecha de la interposición de la acción de tutela ambos se encontraban en el estadio 5 terminal de su enfermedad renal debiendo ser sometidos al procedimiento de diálisis tres veces por semana.En segundo lugar.. en el primer caso. Lo anterior por cuanto padecen 38 Delirium hipoactivo. ulcera esofágica y trastorno deglutor. y síndrome cardio renal y enfermedad renal crónica. respectivamente. diabetes mellitas tipo II. antes de entrar a resolver el problema jurídico planteado.A partir de los anteriores hechos y consideraciones corresponde determinar. la Sala infiere del diagnóstico médico de los pacientes 38. los tres peticionarios se encuentran gravemente enfermos lo cual los coloca en una situación de debilidad manifiesta. según la jurisprudencia de esta Corporación. Estas son las razones que permiten concluir que en los dos supuestos. Análisis de los casos concretos 12.Para lo anterior deberá determinarse. o del cual (ii) no se conocen las prestaciones que requiere para mejorar su estado de salud. y especialmente. si en los casos T-3. respectivamente). respecto de los tres casos analizados.486 y T-3. la agencia oficiosa resultaba procedente. de su avanzada edad (87 y 65 años de edad. el señor William Oswaldo Naranjo Gómez y la señora Myriam Castro de Franky se encontraban legitimados para actuar como agentes oficiosos de José Sinforoso Galvis Pabón y de David de Jesús Franky.770. el derecho fundamental a la salud deberá protegerse de manera directa y autónoma en razón a la protección reforzada que estos merecen por su condición de sujetos de especial protección constitucional. 14. si en estos casos la acción de tutela resultaba procedente para solicitar que se ordenara a las EPS demandadas autorizar el servicio de transporte en ambulancia que necesitaban los pacientes con enfermedad renal crónica. cuando el sujeto activo de una acción de amparo es una persona de la tercera edad. 28 . tres veces por semana. como se mencionó en los fundamentos fácticos... insuficiencia renal crónica.737. pueden resultar problemáticas a la hora de pretender su cumplimiento y no se compadecen de los recursos del Estado. hipertensión arterial. vale la pena reiterar que.integral a un paciente respecto del cual (i) no existe claridad médica sobre su patología o condición de salud.
La Insuficiencia Renal Crónica o –IRC. Ver el link: http://www. Ahora bien.Pues bien.pdf 40 Folio 6 del cuaderno de la Corte. Universidad Autónoma de México UNAM. José Sinforoso Galvis Pabón (T-3. Posteriormente. a través de la Secretaría General de la Corte. deberá entenderse que desaparece el objeto jurídico de la acción de tutela.mx/temas/2009/02_feb_2k9.. para poder continuar con vida.770. y se debe declarar su improcedencia por 39 “INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA”.Para este primer caso. 29 . y ante la ausencia de un sujeto titular de derechos fundamentales. permiten concluir que las acciones de tutela interpuestas sí resultaban procedentes. vulneró los derechos fundamentales a la salud. Unidad de Proyectos Especiales. el Sr. la integridad personal. estadio 5: terminal.insuficiencia renal crónica. la Sala pudo constatar. la vida digna.ha sido definida por la medicina como un “proceso fisiopatológico multifactorial de carácter progresivo e irreversible que frecuentemente lleva al paciente a un estado terminal”39. Lo anterior denota la evidente relevancia constitucional que guardan los asuntos revisados. que su padre. como es el caso de los actores. Lo anterior significa que para una persona con IRC en estadio 5 terminal. en el cual él mismo termina necesitando una terapia de reemplazo renal (TRR). en conjunto. nos fue remitido el correspondiente Registro Civil de Defunción40. 15. llegándole incluso a ocasionar la muerte. pues la necesidad y urgencia con la que requieren los pacientes el servicio de transporte hasta las unidades renales donde se les practica la diálisis es innegable. esclarecida su procedencia. deberá determinarse si la negativa de las EPS (NUEVA EPS y HUMANAVIVIR EPS-S) de autorizar el servicio de transporte desde el domicilio de los pacientes hasta las instituciones donde se les practica la diálisis.486) 16.. a través de información suministrada por Víctor Galvis en llamada telefónica efectuada el lunes 27 de mayo de 2012.unam.medicinaysalud. las anteriores razones. ya sea mediante diálisis periódica o trasplante de riñón. el no recibir el tratamiento de diálisis tres veces por semana podría poner en grave riesgo su vida y su salud. el mínimo vital y la seguridad social de los accionantes. José Sinforoso Galvis había fallecido en el trámite de revisión de la acción de tutela. En virtud de lo anterior.
Con relación a la pretensión del actor relacionada con el suministro de transporte. este Tribunal ha establecido que le corresponde al Estado o a las EPS. que el tratamiento sea imprescindible para asegurar el derecho a la salud y la integridad de la persona. Por esta razón. Así las cosas. insuficiencia renal crónica (ICR) estadío 5: terminal. la Sala encuentra que. Para lo anterior. Pues bien. Sin embargo. en tercer lugar. en virtud del elemento de la accesibilidad económica. petición que según éste tampoco prosperó. entre muchas otras. Hematoma cerebral organizado. en primer lugar. según la epicrísis clínica del señor José Galvis. en los casos en que su práctica implica el desplazamiento a un lugar distinto al de su residencia. Así por ejemplo. debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo. corresponde determinar si en el presente caso existía mérito suficiente para conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor.O. éste padecía de “delirium hipoactivo. que el paciente o sus familiares carezcan de recursos económicos para sufragar los gastos de desplazamiento y. que la imposibilidad de acceder al tratamiento por no llevarse a cabo el traslado genere riesgo para la vida. deberá acreditarse. según lo afirmado por éste en la solicitud de amparo.S. También señaló que requirió a la EPS para que la negativa de la prestación del servicio fuera revisada por el Comité Técnico Científico. Trastorno 41 Ver la sentencia T-391 de 2009. garantizar el acceso mediante el suministro de transporte. tienen derecho a que se remuevan los obstáculos que le impidan acceder a un servicio de salud que requieran con urgencia. Diabetes mellitas tipo II. y el usuario no puede asumir los costos de dicho traslado. el día 30 de octubre de 2012 solicitó autorización a la EPS para que se le prestara el servicio de ambulancia. 17. 30 .. la integridad física o la salud del paciente. esta Corte ha sido clara al establecer que la configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto no impide un pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y la corrección de las decisiones judiciales de instancia por parte de la Corte Constitucional. servicio que le fue negado por no estar incluido en el P. en segundo lugar. la Corte Constitucional ha entendido en reiterados pronunciamientos41 que todas las personas. pero en especial las personas vulnerables como los adultos mayores. Ulcera esofágica. a fin de poder trasladarse para la práctica de la diálisis. Hipertensión arterial (HTA).carencia actual de objeto.
Sin embargo. para este asunto no procede ordenar la atención integral en salud solicitada. por la carencia de objeto que presenta el caso. en consecuencia. el no lograr el acceso a la misma podría estar ocasionando. por cuanto las órdenes indeterminadas de los jueces de tutela dirigidas a prestar atención integral a un paciente respecto del cual no se conocen las prestaciones futuras que requiere para mejorar su estado de salud. el paciente solicit[ó] transporte en ambulancia para asistir a los procedimientos de hemodiálisis” 43 Así 42 Ver la sentencia T-398 de 2008. ordenará prevenir a la NUEVA EPS para que en lo sucesivo no incurra en el incumplimiento de sus deberes respecto de la prestación de los servicios de salud de sus usuarios.. 43 Folios 18 y 19 del cuaderno principal. en el cual se indicó que “en junio del presente año 2012. 31 .Por las anteriores razones la Sala considera que había lugar a conceder parcialmente el amparo de los derechos fundamentales del actor y.773. de acuerdo a las pruebas que obran en el expediente. la Sala pudo constatar que el accionante sí solicitó a la NUEVA EPS (Cali) el subsidio para los gastos de transporte desde su domicilio. la Sala sólo procederá a declararla y a confirmar la sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se había denegado la solicitud impetrada..En este caso. Pues bien. en todos los casos de enfermos renales terminales. la muerte misma (requisitos 1 y 3). hasta la unidad renal donde se le practica la diálisis dentro de la misma ciudad.deglutor”. Así se pudo comprobar en concepto médico suministrado por el Departamento de Auditoría de la NUEVA EPS.100) 20. Así mismo. Así mismo. razón por la cual le suministraban tres veces a la semana el tratamiento de hemodiálisis. 18. razón por la cual. a ordenar la autorización del servicio de transporte. “pueden resultar problemáticas a la hora de pretender su cumplimiento y no se compadecen de los recursos del Estado”42. por las razones expuestas en esta providencia. No obstante. en el presente caso la EPS no desvirtuó en la contestación de la demanda la falta de capacidad económica del actor y de sus familiares para asumir los costos del transporte (requisito 2). la hemodiálisis para una persona en estadio 5 se convierte en un tratamiento indispensable para conservar la vida. 19. Luis Alberto Cortes (T-3..
U. la cual. no le alcanza para asumir los costos del transporte debiendo desplazarse a pie por largos trayectos.mismo. se encontró que “en virtud del artículo 42 del Acuerdo 029 de 2011.. como se indicó en las consideraciones de esta sentencia sobre el elemento de la accesibilidad económica a los servicios de salud. [la EPS] decidió que la petición de traslado en ambulancia no interinstitucional devenía improcedente”. (i) el tratamiento sea imprescindible para asegurar el derecho a la salud y la integridad de la persona. pone en riesgo la salud y la vida del paciente (requisitos 1 y 3). corresponde en principio al paciente o a su familia. éste sufría de “INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL ESTADO 5. y (iii) la imposibilidad de acceder al tratamiento por no llevarse a cabo el traslado genere riesgo para la vida. según lo manifestado bajo la gravedad del juramento en el escrito de tutela. si bien se encuentra afiliado a la NUEVA EPS como pensionado. según las reglas jurisprudenciales descritas. en virtud del principio de solidaridad. en los eventos en los cuales. sufragar los gastos derivados del transporte. Sin embargo. una persona con IRC en estadio 5 terminal requiere de la diálisis periódicamente para poder vivir. actualmente solo recibe una pensión correspondiente a un salario mínimo46. 32 . el Estado o las entidades prestadoras de salud deben cubrir los costos del transporte al interior de una misma ciudad. por lo tanto no se recogen las sustancias tóxicas de la sangre [produciendo] un estado urecimico terminal con falla multisistemática y posterior muerte”. la integridad física o la salud del paciente. razón por la cual le suministraban tres veces a la semana45. 46 Folio 4 del cuaderno principal.Por otro lado. 21.V de Cali. Esto le permite a la Sala concluir que la imposibilidad de asistir al tratamiento médico. (ii) el paciente o sus familiares carezcan de recursos económicos para sufragar los gastos de desplazamiento. pues no efectuarla impide que “se realice el intercambio entre el líquido de la hemodiálisis y la sangre. Así las cosas. En este sentido señaló que “por falta de plata la mayor parte de las veces voy caminando y me demoro aproximadamente dos horas y media … [y] por mi estado de salud y lo avanzado de mi edad me he 44 Folio 2 del cuaderno principal. diabetes mellitas e hipertensión arterial crónica”44. De otra parte. Como quedó expresado con anterioridad. en el caso concreto se pudo demostrar que el actor. el tratamiento de hemodiálisis desde 1999 en la Unidad Renal RTS BAXTER agencia H. según la historia clínica del señor Luis Alberto Cortes. 45 Folio 4 del cuaderno principal.
que en la solicitud de amparo la agente oficiosa adujo bajo la gravedad del juramento que la EPS-S HUMANAVIVIR “conoce de la situación médica de mi esposo. se ordenará revocar la sentencia proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo Oral del Circuito de Cali mediante la cual se había denegado la solicitud impetrada. para en su lugar conceder el amparo. Así. en primer lugar. se le brinde el servicio de transporte.caído varias veces por los huecos de las calles y la gente me ayuda a atravesar la autopista”47 (requisito 2). a pesar de que le correspondía 47 Folio 11 del cuaderno principal donde consta ampliación de los hechos de la demanda de tutela. y si aún no lo hubiere hecho. adelante todas las gestiones necesarias encaminadas a que al señor LUIS ALBERTO CORTES.774.En conclusión. asumiendo los gastos de transporte desde su domicilio hasta el lugar donde se le practica el tratamiento médico. Para esto se ordenará a la NUEVA EPS (Cali) que en el término de cuarenta y ocho (48) horas. dado que esta aseveración no fue desvirtuada en la contestación de la demanda por parte de la demandada. necesita con urgencia la autorización del servicio de transporte en ambulancia para trasladarse hasta la unidad renal..Para este caso la Sala advierte.. habiéndose demostrado en este caso la incapacidad económica del actor y sus limitaciones funcionales para acudir solo a las citas periódicas de diálisis debido a la especial condición de vulnerabilidad generada por el deterioro de su salud. la cual no puede acompañarlo a las citas pues trabaja todos los días en jornada continua. David de Jesús Franky Ariza (T-3. Así. contadas a partir de la notificación de esta providencia. 33 . Para lo anterior deberá determinar previamente qué tipo de transporte requiere el actor. a fin de que le sea practicado el tratamiento de diálisis que requiere para mejorar su estado de salud. Manifiesta que vive con su compañera permanente. autorizando aquel que mejor se ajuste a las necesidades de su patología y al medio del que disponga la EPS en el área geográfica donde se encuentre el paciente. y que debido a la progresiva pérdida de visión que ha venido experimentando y a sus dificultades para caminar en razón a la diabetes.737) 23. 22. pero tampoco me resuelve nada frente al tema del trasporte para la realización de las diálisis que fueron ordenadas por el médico tratante”. corresponde a la NUEVA EPS velar por la protección de la salud del actor.
habrá lugar a que la EPS o el Estado cubran los costos del transporte cuando (i) el tratamiento sea imprescindible para asegurar el derecho a la salud y la integridad de la persona. Esto lo que significa es que cuando el municipio remisor no cuenta con una UPC adicional o diferencial mayor. entre otras). no le correspondería a la EPS demandada asumir el costo del transporte del actor. sino la 34 . (ii) el paciente o sus familiares carezcan de recursos económicos para sufragar los gastos de desplazamiento.hacerlo debido a la inversión de la carga de la prueba que opera en estos casos.5261 de 1994). y a dicho municipio se le reconoce una UPC adicional o diferencial mayor. el servicio de transporte deberá entenderse incluido en el POS y tendrá que ser cubierto por la EPS. la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que existen tres hipótesis en las cuales se puede excepcionar la regla anterior: Primero. En el presente caso. el municipio de Chía no cuenta con una UPC adicional o diferencial mayor. De este modo. David Franky. Pues bien. Segundo: cuando los pacientes internados requieran atención complementaria (R.. 24. con relación a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de esta sentencia sobre la necesidad de transporte intermunicipal por parte de los usuarios del sistema. la grave situación de salud por la que atraviesa el Sr.De otra parte. hace del procedimiento de diálisis un recurso indispensable para conservar no solo su salud. por el usuario o su familia. razón por la cual. No. en principio.5261 de 1994). cuando exista una urgencia debidamente certificada (R. No. en principio. el servicio de transporte debe ser cubierto. se debe recordar que si un usuario es remitido a un municipio diferente al de su residencia para acceder a un servicio. Al igual que en los dos casos precedentes. conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 19 de 2010 y en el artículo 11 del Acuerdo 129 del mismo año. Sin embargo. y (iii) la imposibilidad de acceder al tratamiento por no llevarse a cabo el traslado genere riesgo para la vida. conforme a la última excepción. la Sala puede inferir que la EPS sí conocía de la necesidad del servicio de transporte del Sr. Tercero: cuando los usuarios no puedan asumir los costos del transporte. el actor requiere ser trasladado del municipio de Chía al municipio de Zipaquirá donde se encuentra la Unidad Renal en la que se le practica la diálisis. David Franky al encontrarse en el estadio 5. la integridad física o la salud del paciente. terminal de su Insuficiencia Renal Crónica. en virtud del principio de accesibilidad económica (sentencias T-149 de 2011 y T-173 de 2012.
Por último. 50 Folio 6 del cuaderno de la Corte. para en su lugar conceder el amparo. adelante todas las gestiones necesarias encaminadas a que al señor DAVID DE JESUS FRANKY ARIZA. se le brinde el servicio de transporte.51. en virtud del principio de accesibilidad económica a los servicios de salud. y si aún no lo hubiere hecho. al establecer que. Para esto se ordenará a la EPS-S HUMANAVIVIR que en el término de cuarenta y ocho (48) horas. con base en las pruebas que obran en el expediente. se pondría en riesgo la salud y la vida del paciente (requisitos 1 y 3). para la práctica de la diálisis que requiere para subsistir. Así. se constató que el actor actualmente se encuentra afiliado a la EPS-S HUMANA VIVIR del Régimen Subsidiado. contadas a partir de la notificación de esta providencia.vida misma. 14 del Comité DESC. corresponde a la EPS o al Estado la obligación de costear los gastos de transporte intermunicipal (Chía a Zipaquirá) del actor. no se encuentra acreditado cual es el tratamiento o medicamentos concretos que el mismo requiere para tratar su patología.. Así.Finalmente. 35 . 26. a fin de que le sea 48 Ver la sentencia T-1024 de 2010. la Sala recuerda que la Corte Constitucional ha reiterado en varias oportunidades que en cabeza de los beneficiarios del SISBEN recae una presunción sobre su falta de capacidad de pago48.Por lo anterior se ordenará revocar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Zipaquirá mediante la cual se había denegado la solicitud impetrada. 49 Folio 5 del cuaderno principal. por cuanto “la acción de tutela no procede contra actos futuros e inciertos”51. 25. si se imponen barreras económicas al actor que carece de recursos para acudir al tratamiento médico. lo cual permite a inferir claramente su falta de capacidad económica (requisito 2). validado el 11 de febrero de 201350. desarrollado por la jurisprudencia de esta Corte en aplicación de la Observación General No.. nivel 149 y que registra como beneficiario del SISBEN con un puntaje de 32. Así se encuentra consignado en el resumen de la historia clínica del paciente que obra a folio 20 del cuaderno principal. la diálisis es un “procedimiento que debe realizarse como urgencia vital. y en este caso. la Sala anota que en este caso particular no puede ordenarse la atención integral en salud solicitada. 51 Ver la sentencia T-502 de 2006. por muerte si no se realiza”. en su caso. con relación a la necesidad de acreditar la falta de capacidad económica para asumir el costo del transporte. Pues bien.
dentro del proceso T-3. autorizando aquel que mejor se ajuste a las necesidades de su patología y al medio del que disponga la EPS en el área geográfica donde se encuentre el paciente.773. para en su lugar CONCEDER el amparo. Para lo anterior deberá determinar previamente qué tipo de transporte requiere el actor. PREVENIR a la NUEVA EPS para que en lo sucesivo no incurra en incumplimiento de sus deberes respecto de la prestación de los servicios de salud de sus usuarios.REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Zipaquirá. mediante la cual se había denegado la solicitud impetrada. Segundo. RESUELVE Primero. ORDENAR a la NUEVA EPS (Cali) que en el término de cuarenta y ocho (48) horas. En este sentido.774. para en su lugar CONCEDER PARCIALMENTE el amparo.486. a fin de que le sea practicado el tratamiento de diálisis que requiere para mejorar su estado de salud. ORDENAR a la EPS-S 36 . Tercero.practicado el tratamiento de diálisis que requiere para mejorar su estado de salud.737. IV. Por último. autorizando aquel que mejor se ajuste a las necesidades de su patología y al medio del que disponga la EPS en el área geográfica donde se encuentre el paciente. En este sentido. dentro del proceso T-3. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. DECISIÓN En mérito de lo expuesto. Para lo anterior deberá determinar previamente qué tipo de transporte requiere el actor.100. y si aún no lo hubiere hecho.. En este sentido.REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo Oral del Circuito de Cali. JOSÉ SINFOROSO GALVIS PABON. la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional.. mediante la cual se denegó la solicitud impetrada por el Sr.770. por las razones expuestas en esta providencia. mediante la cual se había denegado la solicitud impetrada.DECLARAR la carencia actual de objeto dentro del proceso T3. adelante todas las gestiones necesarias encaminadas a que se le brinde el servicio de transporte al señor LUIS ALBERTO CORTES. y por mandato de la Constitución Política. administrando justicia en nombre del pueblo. contadas a partir de la notificación de esta providencia..
contadas a partir de la notificación de esta providencia. adelante todas las gestiones necesarias encaminadas a que al señor DAVID DE JESUS FRANKY ARIZA. ALBERTO ROJAS RIOS Magistrado LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado MARIA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General 37 . Cuarto. publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. comuníquese. y si aún no lo hubiere hecho.. se le brinde el servicio de transporte. a fin de que le sea practicado el tratamiento de diálisis que requiere para mejorar su estado de salud. Para lo anterior deberá determinar previamente qué tipo de transporte requiere el actor. autorizando aquel que mejor se ajuste a las necesidades de su patología y al medio del que disponga la EPS en el área geográfica donde se encuentre el paciente.Por Secretaría General líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese.HUMANAVIVIR que en el término de cuarenta y ocho (48) horas.
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