Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091215-III.html
Timestamp: 2018-12-18 19:05:31
Document Index: 234291882

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 89', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 58', 'Artículo 58', 'artículo 28', 'artículo 13', 'artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 79', 'artículo 115', 'artículo 58', 'artículo 42', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 74', 'artículo 44', 'artículo 71', 'artículo 58', 'artículo 146', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 50', 'artículo 62', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 21', 'artículo 162']

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2912-III, martes 15 de diciembre de 2009.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que exhorte al titular de la SSP a realizar lo conducente a fin de que los ex servidores públicos de Michoacán detenidos en la operación realizada en esa entidad sean trasladados al Cereso Licenciado David Franco Rodríguez, de Morelia, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la STPS a efecto de que elabore y coordine un programa de empleo para los jóvenes, con la participación correspondiente de las demás entidades del gobierno federal, según la asignación de recursos del Presupuesto de 2010, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SCT a expedir con la mayor brevedad el Reglamento de Mensajería y Paquetería, previsto en los artículos 8, 9, 58 y quinto transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para lo cual se sugiere analizar y, en su caso, atender las recomendaciones formuladas por las Comisiones de Competencia Económica, y Federal de Mejora Regulatoria, a cargo del diputado David Ricardo Sánchez Guevara, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a definir mediante la Sedesol una política de Estado en materia de desarrollo social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, relativo al Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social como medida tendente a impulsar el desarrollo de México y de sus habitantes, a cargo del diputado Manuel Cadena Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para que el censo de población y vivienda de 2010 se lleve a cabo al menos en los mismos términos que el de 2000, a cargo del diputado Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que retire definitivamente todos los cargos contra Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas ñhañhus presas injustamente en el Cereso femenil de San José del Alto, Querétaro, y que se haga extensivo al gobernador de dicha entidad este alegato social, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de Baja California Sur, estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán a aprobar las leyes y, en su caso, las adecuaciones correspondientes para cumplir la reforma constitucional, publicada el 7 de mayo de 2008, en materia de contabilidad gubernamental, a cargo del diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que realice estudios técnicos que le permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo federal con miras a que se declare área natural protegida la zona geográfica de la isla de Petatán, en Cojumatlán de Régules, Michoacán, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Matamoros a llevar a cabo las acciones conducentes al rescate, al buen funcionamiento y a la adecuada operación del relleno sanitario del municipio para evitar un mayor derramamiento de basura y contaminación del ambiente, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se crea el comité de competitividad y mejora regulatoria, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar la posibilidad de implantar programas para apoyar la condonación de créditos vencidos de cuantías mínimas a los clientes de las liquidadas sociedades nacionales que integraban el Sistema Banrural, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, así como a los congresos locales y la Asamblea Legislativa del DF, a proponer y aprobar normas y medidas que prevean la erradicación del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos o que al menos lo reduzcan de manera paulatina hasta su eliminación a partir de enero de 2010, a cargo del diputado José Antonio Arámbula López, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a instaurar la comisión especial de cuencas hidrológicas de México, a cargo del diputado José Manuel Marroquín Toledo, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales a diseñar e implantar una reforma hacendaria integral, que comprenda el pacto federal, en beneficio de los ciudadanos, a cargo del diputado Francisco Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el esquema nacional la vacuna contra el virus del papiloma humano, y a suministrarla paralelamente a las mexicanas de entre 9 y 55 años de edad, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a solicitar al IEDF que someta a plebiscito la aprobación de la reforma del Código Civil del Distrito Federal relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Profeco y a la Secretaría de Economía que promuevan la producción, la venta y el uso de juguetes que ejerciten y estimulen la mente y despierten en niños y en adolescentes el respeto de la vida, la lealtad, la consideración del adversario, y la comprensión, la tolerancia y el entendimiento entre los hombres, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Morelos a emitir el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para dicha entidad, así como a implantar acciones con perspectiva de género en la procuración de justicia, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, integrantes de diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, someten a discusión y, en su caso, aprobación del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
El 26 de mayo de 2009, elementos de la entonces Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano realizaron una operación en Michoacán, diligencia en la que en cumplimiento de diversas órdenes de localización y presentación emitidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en México Distrito, Federal, detuvieron a varios funcionarios estatales y municipales de Michoacán de Ocampo.
En consecuencia, el 16 de junio de 2009, el agente del Ministerio Público mencionado determinó que en virtud de que en la averiguación previa A.P.PGR/ SIEDO/ UEIDCS/ 398/ 2008 no se habían agotado las líneas de investigación, acordó el inicio de la indagatoria A.P.PGR/ SIEDO/ UEIDCS/ 205/ 2009, que el 17 de ese mes fue consignada ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, situado en el centro federal de readaptación social número 4, Noroeste, en Tepic, Nayarit, que motivó la causa penal 2/2009, dentro de la cual el 25 de junio del año en curso el juez del conocimiento dictó auto de formal prisión.
Por otra parte, el 29 de junio de 2009 fueron detenidos 3 ex servidores públicos más, quienes se encuentran en la misma situación, igual que otro que detenido en el penal de Puente Grande, en Jalisco.
A partir de los hechos mencionados, los ex servidores públicos michoacanos se encuentran confinados en el centro de readaptación social Venustiano Carranza y en el centro federal de readaptación social número 4, Noroeste, respectivamente, ambos en Nayarit, y radicados en los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del mismo estado y uno más que se encuentra en el centro de readaptación social de Puente Grande, Jalisco.
Ante ello, y por propio derecho, mediante oficio de fecha 19 de noviembre de 2009, los procesados, con base en las normas y prácticas del sistema de prevención y readaptación social del país y en aras de mejorar las condiciones de confinamiento y defensa, solicitaron al comisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal la procedencia de su traslado al centro de readaptación social Licenciado David Franco Rodríguez, de Morelia, Michoacán, rogando que éste se realice con la supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En apoyo de dicha demanda, el senador presidente del Grupo Plural para dar seguimiento a la situación jurídica y procesal de los ex funcionarios del estado de Michoacán recluidos en Nayarit de la Cámara de Senadores, licenciado Carlos Sotelo García, con otros legisladores, ha realizado gestiones con autoridades federales, tanto de procuración como aplicación de justicia, a fin de atender la demanda de los presuntos responsables de la comisión del delito de delincuencia organizada.
El director general de Prevención y Readaptación Social en Michoacán de Ocampo, doctor Jaime Álvarez Ramos, a petición del senador Carlos Sotelo García, presidente de dicho grupo plural, y por instrucciones del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, en el oficio número DGPRS/ 4547/ 2009, de fecha 21 de noviembre de 2009, manifiesta al gobernador de Michoacán que no hay inconveniente en que se lleve a cabo el traslado de los ex funcionarios mencionados al centro de readaptación social Licenciado David Franco Rodríguez, de Morelia, si así lo consideran las instancias correspondientes, tomando en cuenta la calidad de procesados que guardan estas personas, ya que cuenta con la infraestructura, las condiciones y las medidas de seguridad adecuadas al efecto.
En el mismo sentido, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, en el oficio número GEM/ 103/ 2009, de fecha 23 de noviembre de 2009, manifiesta al comisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal que no hay inconveniente para que los ex funcionarios de esa entidad federativa puedan ser trasladados, en atención de la solicitud hecha por el mismo senador presidente del grupo plural, por medio de la cual le requieren que exprese su anuencia e informe a la autoridad competente si existe la posibilidad de que los ex funcionarios mencionados puedan ser trasladados a un centro de reclusión de Michoacán de Ocampo. En el mismo acto, el gobernador de Michoacán remitió oficio enviado por el doctor Jaime Álvarez Ramos, director general de Prevención y Readaptación Social de Michoacán.
El 30 de octubre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 72/2009, sobre el caso de la operación realizada en Michoacán, dirigida al licenciado Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República, y al ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, en la cual se manifiestan una serie de irregularidades y violaciones de las garantías de debido proceso, legalidad y presunción de inocencia, entre otras, establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos regionales e internacionales.
El perfil de alta peligrosidad y criminológico en que han sido clasificados y sometidos los inculpados no corresponde al de estar confinados en dichos centros de readaptación social. No es concordante el lugar de internamiento con sus conductas, de antes y después de su reclusión. Por eso no se debe criminalizar a los presuntos responsables, conforme lo establece la citada recomendación de la CNDH 72/2009, que a la letra dice: "Debe hacerse efectivo el ejercicio pleno de las garantías procesales y evitar la criminalización de personas respecto a las que no existen elementos suficientes para hacer probable responsabilidad".
Además, como se describe en la citada recomendación, hay hechos contundentes, recabados en los medios de comunicación y testimonios directos, donde se expone que los ex servidores públicos detenidos no presentaron oposición en su detención, no estaban armados ni se encontraban bajo el efecto de alguna droga o alcohol. Incluso dos de ellos, el procurador y el subprocurador de Morelia comparecieron voluntariamente ante el Ministerio Público y, pese a ello, se violaron sus derechos humanos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, la situación a que se enfrentan los procesados, al encontrarse lejos de sus comunidades de origen, es propia a las dificultades para llevar a cabo su defensa y ejercitar plenamente el derecho a la debida defensa desde su detención, pues el hecho de trasladarse cotidianamente a Nayarit implica un gasto oneroso, aún más porque de acuerdo con las investigaciones que se realizaron a los inculpados por SIEDO, la mayoría de éstos carece de recursos económicos, lo que refiere que cuentan con escasos medios para su defensa.
La Constitución General prevé en el artículo 20 las garantías fundamentales para los inculpados, que han de aplicarse conforme a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, de forma tal que puedan ejercer, entre otros derechos, el que se presuma su inocencia, a contar con la asistencia de un abogado para organizar su defensa y se les facilite toda la información relativa a su proceso, además a estar recluidos en centros cercanos a su domicilio.
Las personas que están recluidas preventivamente y a quienes aún no se dicta sentencia ni se les acredita responsabilidad penal por delito alguno pueden ser juzgadas en el lugar más cercano a su domicilio, facilitándoles con ello su defensa para recibirles testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan, auxiliándoseles para obtener, en su caso, la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley.
Tal y como lo establecen ordenamientos de carácter regional e internacional suscritos y ratificados por nuestro país, como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las personas privadas de su libertad son sujetos de derecho. Dicho de otra manera, quienes se encuentran recluidas aun cuando están sujetas a un proceso penal por la comisión de un delito conservan todos los derechos que no han sido restringidos o limitados por una resolución judicial.
Las personas detenidas en Michoacán que se encuentran recluidas en Tepic, Nayarit, sujetas a proceso pueden ser trasladadas a ese estado a fin de que su proceso sea sustanciado en ese estado y ello les facilite el ofrecimiento de testigos o pruebas que pudieran rendirse a su favor considerando, según consta en las diligencias practicadas, que se les acusa por hechos ocurridos en su lugar de origen, por lo que la sustanciación del procedimiento en un lugar distinto ha complicado su defensa, afectando su derecho a un debido proceso.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno plural de la Cámara de Diputados el siguiente
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que exhorte al secretario de Seguridad Pública a realizar lo conducente a fin de que los ex servidores públicos de Michoacán detenidos en el caso de la operación realizada en Michoacán sean trasladados al centro de readaptación social Licenciado David Franco Rodríguez, de Morelia, Michoacán.
Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Camilo Ramírez Puente, Víctor Manuel Báez Ceja, Juan Enrique Ibarra Pedroza, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Diego Guerrero Rubio (rúbrica).
Onésimo Mariscales Delgadillo, en nombre propio, como diputado federal a la LXI Legislatura, y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que elabore y coordine un programa de empleo para los jóvenes del país, con la participación que corresponda a las demás entidades del gobierno federal, tomando en consideración, la asignación de recursos del Presupuesto 2010, con base en los siguientes
1. El creciente desempleo, es una manifestación de las irregularidades de la política económica aplicada, al no responder a la demanda de mayores fuentes de trabajo, con salarios, sueldos y prestaciones, que garanticen mejores niveles de vida para los trabajadores y sus familias
2. Los mexicanos están agobiados. No creen en la política y mucho menos en el modelo económico. La desesperanza se escucha en el transporte público, en las pláticas de café y puede leerse en los chats que ahora están tan de moda en nuestro país.
3. Hace algunos años, el presidente Felipe Calderón se autodenominó "Presidente del Empleo". Sin embargo, para la mayoría de los mexicanos eso fue un engaño pues están viviendo una etapa de desencanto, desánimo y desatención por parte del gobierno federal, además los jóvenes son excluidos de la oportunidad del primer empleo porque siempre les piden experiencia mínima de un año.
4. Y los errores políticos que el Presidente Calderón ha cometido al olvidar la inclusión de los jóvenes en la fuerza de trabajo son por demás evidentes. Para muestra, lo siguiente: La tasa de personas que se quitaron la vida en 2006, último año con el que se cuenta registro, fue de 3.2 por cada cien mil individuos.
El 28.6% de los intentos se concentra en la población de entre 15 y 19 años, y 16.6% de los suicidios consumados son de jóvenes de entre 20 y 24 años.
El consumo de drogas también aumentó. La Secretaría de Salud reporta que en los últimos nueve años la drogadicción se incrementó 50%.
En 2002 había 158 mil personas adictas en el país. Ahora son 307 mil.
Otro dato que habla de la violencia detonada por el incipiente nivel de vida, es la delincuencia, la cual, año tras año, según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se incrementa 2% e involucra a cada vez más jóvenes y mujeres.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población desocupada asciende a 2.9 millones de personas. 5. Y por si esos datos fueran poco creíbles, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi reportó que en el tercer trimestre del año 2.9 millones de personas en el país estuvieron desocupadas, con lo que la tasa de desempleo llegó a 6.2%. De acuerdo con el reporte del Inegi, 159 mil personas perdieron su empleo, 145 mil renunciaron y otras 22 mil cerraron su negocio, mientras que más de 40 mil refirieron no tener ninguna experiencia laboral.
La misma encuesta expone que en el tercer trimestre de 2009 las tasas de desocupación más altas correspondieron a Chihuahua y Coahuila de Zaragoza con 9.7% cada una, Distrito Federal 8.7%, Nuevo León 8.5%, Querétaro 8.4% y Aguascalientes con 8.2%.
6. Sabemos que la crisis económica que está atravesando nuestro país, presiona fuertemente al sector laboral nacional y por primera vez en muchos años, está por encima de 6% de la población económicamente activa, lo que revela un crecimiento notable de la demanda no satisfecha de muchos mexicanos por obtener un ingreso.
7. Asimismo, en el Presupuesto para el año 2010 aprobado por esta Cámara, se autorizaron recursos crecientes a diferentes secretarías de Estado para infraestructura, salud, educación, campo y, sobre todo, para generación de empleos.
Por lo expuesto, solicito, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta con
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal instruya a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que coordine y elabore el Programa de Empleo para los Jóvenes del país, con la participación que corresponda a las demás entidades del gobierno federal, tomando en consideración la asignación de recursos del Presupuesto 2010.
Segundo. Se solicita del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que informe a esta soberanía, dentro de un plazo de tres meses, sobre las acciones y medidas que haya realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior.
Tercero. Comuníquese a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de esta Cámara, a efecto de que sirva de enlace con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y dé seguimiento al debido cumplimiento de este acuerdo.
Diputados: Onésimo Mariscales Delgadillo, José Luis Marcos León Perea, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbricas).
David Ricardo Sánchez Guevara, diputado federal a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a expedir el reglamento de Mensajería y Paquetería previsto en los artículos 8, 9, 58 y quinto transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que tiene su origen en la siguiente
El 22 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El artículo quinto transitorio de dicha ley establece que, mientras se expiden los nuevos reglamentos, se aplicarán las disposiciones reglamentarias y administrativas en vigor. No obstante, es necesario señalar que han transcurrido más de quince años, tiempo en el que el Ejecutivo federal no ha cumplido lo establecido en el artículo 89, fracción I, de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Es decir, el Ejecutivo federal está obligado, desde hace más de quince años, a proveer, dentro de la esfera administrativa, el cumplimiento de expedir lo siguiente: 1. La fracción IV del artículo 8o. de la misma Ley dispone que para la prestación de los servicios de paquetería y mensajería se requiere de permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Artículo 8o. Se requiere permiso otorgado por la Secretaría para:
2. El párrafo tercero del citado artículo dispone a la letra:
3. Por otro lado, el artículo 9 de la ley en comento vuelve a insistir en que los permisos para los servicios de mensajería y paquetería se otorgarán en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Así el texto del primer párrafo de esta disposición establece lo siguiente:
Artículo 9o. Los permisos a que se refiere esta Ley se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.
4. El artículo 58 de la Ley establece con claridad lo siguiente:
Artículo 58. La prestación del servicio de paquetería y mensajería requiere de permiso que otorgue la Secretaría en los términos de esta Ley y estará sujeto a las condiciones que establezca el Reglamento respectivo. A este servicio se le aplicarán las disposiciones de la carta de porte. Aún cuando a la fecha hay establecidas en el país más de 2,500 empresas dedicadas al servicio de paquetería y mensajería, el Ejecutivo federal ha omitido el cumplimiento a su obligación antes referida, con la consecuente falta de certeza jurídica en las inversiones de los agentes económicos que participan de la actividad. Estas empresas en su mayoría pequeñas y medianas generan más de 30 mil empleos a nivel nacional, atienden a más de 400 mil usuarios y contribuyen al buen funcionamiento tanto de empresas como de sectores enteros de la economía, permitiendo la instrumentación de formas de manufactura y modelos logísticos, como el denominado "justo a tiempo", que hacen eficientes y agilizan los tiempos de entrega, facilitando por ende la distribución de mercancías, donde las empresas pequeñas y medianas (mismas que no cuentan con áreas especializadas de logística) son las más beneficiadas. El personal ocupado está altamente capacitado, por lo que sus remuneraciones están por encima de la media nacional en el sector servicios. Las inversiones en activos fijos, equipo de transporte, centros de logística, centros de atención a clientes, tecnología de rastreo y unidades de recolección y entrega de las empresas superan los 12,000 millones de pesos.
Asimismo, conforme aumenta la participación de México en el comercio mundial, se genera una creciente demanda de servicios de paquetería y mensajería confiables, rápidas, seguras, en tiempos predeterminados y con rutas regulares de entrega, que sigue en aumento cada día, no obstante la drástica caída reflejada en los flujos de inversión extranjera directa durante los últimos 12 meses.
Por lo anterior, la no expedición del reglamento correspondiente para los servicios de mensajería y paquetería es una laguna normativa que se ha traducido en que la empresa que se dedique a brindar este servicio se encuentre imposibilitada para solicitar el permiso correspondiente, toda vez que la misma Secretaría, al no existir reglamentación alguna, se niega a expedir los mismos, a pesar de que éstos se están provistos en la ley. Lo anterior ha causado que las empresas dedicadas a la paquetería y mensajería lleven a cabo su actividad sin el permiso respectivo en franca violación a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De tal forma, las empresas mexicanas ya sea que cuenten con inversión mexicana o extranjera dedicadas a estas actividades se encuentran en una situación de inseguridad jurídica plena. Más aún, el tratamiento que estas empresas reciben por parte de las autoridades competentes se encuentra alejado de la legalidad, dado que sus servicios no se encuentran regulados y, sin embargo, son equiparados arbitrariamente con los de carga, no obstante que en la actualidad no existe ninguna disposición legal o reglamentaria que establezca cualquier tipo de restricción al tamaño, peso o dimensiones de los vehículos o envíos que puedan utilizar o transportar las empresas de mensajería y paquetería.
Por lo tanto, la única manera en que dichas empresas salgan del estado de inseguridad jurídica total, es mediante la expedición del reglamento para los servicios de paquetería y mensajería. Cabe destacar que ante esta circunstancia algunas empresas de paquetería y mensajería han recurrido a la tramitación de recursos administrativos e incluso de amparos, a efecto de que les sean otorgados los permisos correspondientes para poder circular en carreteras federales.
En este tenor, con fecha 1 de septiembre de 2009 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la respectiva Manifestación de Impacto Regulatorio y Anteproyecto de Reglamento de Mensajería y Paquetería con base y para los efectos de lo señalado en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Cabe destacar que, en virtud de las implicaciones que el referido anteproyecto de Reglamento pudiera generar en materia de competencia económica, con fecha 17 de septiembre de 2009 la citada Comisión Federal de Mejora Regulatoria solicitó a la Comisión Federal de Competencia Económica, con base en el convenio de colaboración administrativa suscrito entre ambas dependencias el 9 de marzo de 2005, plantear su opinión en torno al tantas veces referido anteproyecto de reglamento.
El 7 de octubre de 2009 el ciudadano Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria su opinión en materia de competencia económica y libre concurrencia a propósito del anteproyecto de reglamento en comento. En dicha opinión el organismo encargado de combatir la prácticas monopólicas en los Estados Unidos Mexicanos recomienda a la Secretaría de Comunicaciones, entre otras acciones, eliminar la restricción propuesta respecto del tamaño de vehículos que podrían ser operados por los prestadores del servicio de mensajería y paquetería, ello por considerar que dicha restricción constituye una barrera artificial que dificultaría la libre concurrencia y dañaría la eficiencia del mercado de servicios de mensajería y paquetería. Semejante recomendación fue ratificada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria mediante su dictamen de fecha 21 de octubre de 2009, en el cual solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que analice y atienda cada uno de los comentarios y sugerencias formulados por la Comisión Federal de Competencia Económica.
En virtud de lo antes expuesto, y considerando 1. Que es facultad y obligación exclusiva del Ejecutivo federal expedir el Reglamento de Mensajería y Paquetería de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
2. Que desde diciembre de 1993 hasta la fecha el Ejecutivo federal no ha expedido el citado reglamento.
3. Que es necesario conminar al titular del Ejecutivo federal a ejercer su facultad y llenar la laguna normativa que afecta a este importante sector de la economía del país. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración y aprobación el siguiente:
Único. Por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ejercer su facultad en materia reglamentaria, con la mayor brevedad, para cumplir con la obligación de expedir el Reglamento de Mensajería y Paquetería previsto en los artículos 8, 9, 58 y quinto transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para lo cual cordialmente se sugiere se analicen y, en su caso, atiendan, las recomendaciones formuladas por las Comisiones de Competencia Económica y Federal de Mejora Regulatoria, respectivamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.
Diputado David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica)
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, José Francisco Yunes Zorrilla, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social a definir una política de Estado en materia de desarrollo social con base en los siguientes
La política de desarrollo social del gobierno federal requiere de una profunda revisión y un análisis exhaustivo para que pueda funcionar con eficacia, eficiencia y con un verdadero interés por mejorar los niveles de desarrollo social y humano de la población.
Se requiere elevar la política pública al nivel de Estado que el desarrollo social necesita, para lograr trascender los periodos sexenales y evitar los cambios de visión partidistas. La visión de una política de Estado va mucho más allá de los periodos de gobierno. Basa su identidad en la concurrencia de la propia sociedad, que es la guía y el beneficiario último de esta política.
El Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) ha exhortado –en su último informe de evaluación de la política de desarrollo social– a los tres órdenes de gobierno para que exista una mayor participación en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas sociales.
Se requiere que se fomenten mayores mecanismos de participación ciudadana tanto en la formulación y aplicación como en la evaluación de los programas sociales para el logro de los objetivos y para la mejora de la coordinación entre sectores y programas, y así el objeto de la política social no esté fragmentado y disperso.
El Coneval, al evaluar programas como Oportunidades o el de Abasto Social, ha demostrado fallas en la metodología de selección de beneficiarios, en la focalización e implementación de ambos programas.
Lamentablemente en gran parte de los programas sociales existe duplicidad de objetivos y metas, motivo por el cual la mayoría de los indicadores de gestión necesitan ser adecuados y ajustarse a las nuevas condiciones sociales que nuestro país enfrenta.
De igual manera existe una evidente falta de claridad y actualización en la cuantificación de la población potencial y objetivo, ya que la cobertura es limitada es necesaria la evaluación de impacto que permita ponderar su contribución a la solución de la problemática social.
El artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social dicta que la planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el programa nacional de desarrollo social; y el plan nacional de desarrollo. Cabe mencionar que en la praxis, lo estipulado no se aplica, ya que los municipios y entidades se encuentran muy limitados en la participación de la planeación del desarrollo social.
Asimismo, el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social establece que los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo federal. Lo anterior hace evidente que los municipios, la importancia que el nivel municipal debe tener en la definición activa en la planeación y diseño de las reglas de operación de los programas sociales.
El artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 faculta a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Desarrollo Social para poder opinar sobre las reglas de operación emitidas por el Ejecutivo federal conforme lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con objeto de que la aplicación de los recursos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Lo anterior da pauta al diseño de políticas públicas de Estado en materia social, en la cual hay una participación activa del Poder Legislativo, Ejecutivo, entidades federativas y municipios.
El artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 establece la posibilidad de que el Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia competente, suscriba convenios de coordinación en términos de la Ley de Planeación con las entidades federativas. Lo anterior abre una mayor posibilidad de cooperación entre la federación y los estados para ampliar los horizontes de planeación y dar seguridad a los proyectos sociales en beneficio de la población más marginada.
De acuerdo a la última evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social en torno a la política social del gobierno federal, ésta arroja resultados negativos y preocupantes en cuanto a la transparencia de los recursos asignados.
El Coneval ha presentado recientemente una nueva metodología multidimensional para medir la pobreza en nuestro país, lo que demuestra que es necesario emprender políticas transversales de largo aliento que consideren diversos factores como la exigibilidad de los derechos sociales como elemento fundamental para el desarrollo social.
Si bien se ha tenido un avance en la descentralización de recursos federales en coordinación con las entidades federativas y los municipios, la transparencia de los recursos que son ejercidos para cada programa ha sido deficiente, ineficaz y alejada del principio de rendición de cuentas que debe contener toda Política de Estado en materia social. Por tanto, no existe una planeación estratégica de mediano y largo plazo que fomente la transparencia en la cobertura de los programas. Por ello, se requiere reforzar los sistemas de evaluación en el país, especialmente en los estados y municipios, a fin de que se cuente con un sistema nacional de evaluación de la transparencia y rendición de cuentas de cada programa de desarrollo social.
Por lo antes expuesto y con base en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno el siguiente
Único. Se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social a definir una política de Estado en materia de desarrollo social, que sea incluyente y verdaderamente federalista, que tenga como principios rectores la transparencia y rendición de cuentas y la exigibilidad de los derechos sociales.
El suscrito, Manuel Cadena Morales, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea proposición para que se analice y se aporte al Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social como medidas necesaria para impulsar el despliegue de México y de las condiciones de vida de los habitantes.
I. Las actuales circunstancias en que se encuentra nuestro país producto de la crisis económica, el desempleo, la inseguridad, la falta de credibilidad en las instituciones, y la desesperanza, obligan a todos los mexicanos a participar y a promover una gran alianza social en beneficio de México. Un acuerdo nacional para el crecimiento económico y el desarrollo social que tenga como objetivo replantear el papel del Estado, de sus instituciones y de la sociedad en la construcción de un México más incluyente, justo, moderno y competitivo.
II. Para impulsar un acuerdo nacional contamos con elementos que permiten asegurar que esta alianza social tendría éxito. México posee un enorme potencial en su gente, con vastos recursos naturales, con riqueza cultural y con proyección internacional, condiciones que lo favorecen y lo posicionan como un país de enormes ventajas competitivas. Al mismo tiempo, estas circunstancias, ofrecen a su población la posibilidad de acceder a más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar que les permitan insertarse con éxito a un contexto mundial que exige ser más competitivos.
III. Es urgente adoptar medidas que promuevan la unidad y convoque a todos los actores, pues hoy observamos con desesperanza, la agudización de la pobreza y la marginación, fenómenos que reflejan a una sociedad desigual y de profundas carencias sociales en donde la falta de acceso a las oportunidades de educación, salud, vivienda, seguridad y a los satisfactores básicos indispensables es una constante. Estos problemas de índole política, económica, estructural y social contribuyen a ahondar las diferencias y a segmentar a la población entre ricos y pobres.
IV. El impulso de un consenso nacional debe detonar la creación de los procedimientos institucionales que permitan generar un desarrollo sustentable y sostenido que articule a las áreas productivas con el entorno local. Es decir, por un lado inversión en infraestructura y servicios públicos adecuados y, por el otro, la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas, con el debido cuidado de los recursos naturales.
En este sentido, es necesario estimular un conjunto de políticas incluyentes que aprovechen las vocaciones productivas de las regiones para la generación de riqueza, a partir de la coordinación de esfuerzos entre las esferas gubernamentales y privadas, tomando en cuenta aspectos relacionados con la distribución de la riqueza.
V. Al mismo tiempo es imperativo que en este despliegue de energías se incluya a todas los grupos sociales, especialmente, a los que son víctimas de discriminación llámese económica, política religiosa, social, negándoles sus derechos más elementales. Ello envuelve a grupos étnicos, ideológicos, raciales e indigentes, entre otros, que son víctimas de trato desigual.
VI. La marginación es hoy día sinónimo de pobreza, de sufrimiento a causa de las injustas condiciones económicas en que viven millones de mexicanos debido a la falta de recursos destinados primero, a su mejoramiento y en segunda instancia a su erradicación. Es indispensable que se promueva entre las personas de escasos recursos un seguro de desempleo y un fondo de pensiones y jubilaciones, y la conformación de un sistema universal de salud.
VII. El empleo es un derecho humano al que todos los individuos debemos tener acceso. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que la tasa de desocupación se disparó en los últimos doce meses de 4.3 por ciento en septiembre de 2008 a 6.4 por ciento en el mismo mes de 2009. Sin duda, para generar las fuentes ocupacionales requeridas, es necesario impulsar iniciativas vinculadas con la educación, lo que permitirá que las personas puedan construir un futuro más promisorio, y al mismo tiempo, disfrutar de un modo de vida digno. Lo anterior, dará como resultado fortalecer el ingreso familiar, y defender y generar nuevas fuentes de trabajo.
VIII. Somos consientes de que los recursos disponibles del sector público son y serán insuficientes debido a que contamos con un sistema recaudatorio con enormes deficiencias que refleja profundas inequidades. Esto obliga a que los distintos actores de la sociedad impulsemos una reforma fiscal integral y progresiva en donde pague más quien ha tenido mayores ingresos, lo que nos permitirá generar las condiciones necesarias para un desarrollo viable con justicia.
En la recaudación y en el ejercicio del gasto público, entendemos que la rendición de cuentas y la transparencia deben ser una constante y son prerrequisitos inevitables de la respuesta institucional en un sistema democrático, en el que existe la evaluación social del ejercicio del gobierno, con la finalidad de garantizar la correcta aplicación de los ingresos públicos recaudados, y su custodia.
IX. Actualmente contamos con una institución bancaria privada cuya actividad crediticia destinada al sector empresarial se ha visto reducida sustancialmente y al mismo tiempo se ha concentrado en las grandes empresas. Al respecto, en 1997, la proporción del crédito de la banca múltiple al sector empresarial privado como proporción del PIB pasó de 29.1 por ciento al 14.0 por ciento en 2008, porcentaje que contrasta de manera muy desfavorable con respecto a otros países como Chile (80 por ciento), España (90 por ciento), Canadá (61 por ciento) y Brasil (40 por ciento).
La banca privada y de desarrollo tiene una enorme importancia en el financiamiento a los sectores económicos estratégicos generadores de empleo y de crecimiento económico en el país, por lo que es importante vincularla de manera más activa al desarrollo del país.
X. Es necesario replantear el modelo federalista del Estado mexicano sustentado en un nuevo esquema de relaciones intergubernamentales que opere bajo principios de cooperación, corresponsabilidad e interdependencia entre los distintos ámbitos de gobierno. Lo que obliga a impulsar la redistribución de competencias y facultades entre los gobiernos federal, estatal y municipal, en las cuales se otorgue a las entidades federativas un papel más activo y decisivo en la creación e implantación de políticas públicas para el desarrollo del país.
XI. Finalmente, lo que hoy nos ocupa es redefinir el papel del Estado mexicano en el desarrollo. Es impostergable que a partir de las experiencias y los resultados obtenidos en la economía durante los últimos años transitemos de un estado asistencialista a la construcción de un Estado de bienestar donde tengamos capacidad de propiciar oportunidades de crecimiento con equidad y desarrollo individual de manera integral para todos los habitantes de este país.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Primero. Se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que analicen el documento titulado Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social con la finalidad de que desde nuestros espacios aportemos las ideas necesarias que hagan posible una alianza social para beneficio de la sociedad mexicana.
Segundo. Integrar un grupo de diputados que, con base en el Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social, organicen y den seguimiento conjuntamente con la Cámara de Senadores a las aportaciones de los legisladores, al proceso de elaboración del texto final del acuerdo, y al impulso de su realización.
Tercero. Respetuosamente se solicita a la Junta de Coordinación Política se exhorte a la colegisladora a fin de que analice y –de ser procedente– se proponga las adecuaciones para la redacción del texto definitivo del acuerdo en comento, así como, designar un grupo de senadores que conjuntamente con los diputados elegidos por esta soberanía, promuevan la materialización del acuerdo.
Cuarto. Publicar íntegramente en el Diario de Debates estos puntos de acuerdo y el Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 15 de diciembre de 2009.
El que suscribe, Teofilo Manuel García Corpus, diputado federal a la LXI Legislatura, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes
I. Por diversos medios de comunicación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha informado que la cédula básica y la encuesta complementaria contarán con una reducción significativa de reactivos para aplicarse en el levantamiento destinado para el censo 2010, y de manera particular se ha reiterado en los medios de comunicación que dicha reducción será de 55 a 23 preguntas de la cédula básica.
II. Que los especialistas agrupados en la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) en sendas comunicaciones enviadas por su presidente a esta soberanía y de manera especial a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, así como a los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos de la Cámara de Diputados, señalaron que de aplicarse el censo con esa reducción no se contará con un instrumento de las características de un censo, sino de un simple conteo que posibilita conocer solamente el volumen poblacional y un breve conjunto de variables para identificar de manera muy reducida ciertas características de la población.
III. Que la Somede considera que esta reducción es de suma gravedad, toda vez que no serán conocidos aspectos fundamentales para detectar los cambios que la dinámica demográfica de la población viene presentando en las últimas décadas y que ello no permitirá disponer de información de localidades pequeñas, de manera particular aquellas que son menores de 50 000 habitantes, en detrimento de la planeación e instrumentación de las políticas de desarrollo económico, social y político de la población indígena
IV. Que de acuerdo con la misma Somede y con diversos investigadores y responsables de la planeación para el desarrollo en nuestro país, "la gravedad del asunto radica en que se lesiona al instrumento demográfico y estadístico mas importante de nuestro país y se consagran insuficiencias para ejercicios comparables con los datos de la serie histórica y se omiten reactivos que producen regularmente información estratégica para la Nación mexicana , sus políticas públicas y la planeación en los tres niveles de gobierno".
V. Que como se desprende de la información de los censos de los últimos 20 años, la población indígena del país se ha caracterizado por contar con una gran movilidad demográfica en donde es posible encontrar representantes de pueblos indígenas en estados de la República donde antes no lo existían y que la cantidad de localidades de filiación indígena se han diversificado y multiplicado a nivel nacional con una gran cantidad de comunidades menores a 50, 000 habitantes y que para la atención de estas poblaciones, tanto urbanas, como suburbanas y rurales, es necesaria la información derivada de estos censos.
VI. Que en la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta legislatura, llevada a cabo el 8 de diciembre del año en curso, derivado de la preocupación que nos expresan los representantes del programa México Nación Pluricultural de la UNAM, se realizó un análisis de esta situación, llegándose al acuerdo unánime de emitir un punto de acuerdo en los siguientes términos:
Único. Se exhorta al Presidente de la República a emitir, en congruencia con las declaraciones que ha hecho sobre los tratos de su gobierno con la población indígena, las instrucciones correspondientes a efecto de que se tomen las medidas necesarias para que el censo de población y vivienda 2010 se lleve a cabo, al menos, en los mismos términos que el pasado censo del 2000.
El 25 de noviembre se conmemora en el mundo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Irónicamente, en esa fecha la Procuraduría General de la República presentó ante el juzgado cuarto de distrito en Querétaro, conclusiones acusatorias contra las indígenas ñhañhus Alberta Alcántara y Teresa González –presas desde agosto del 2006–, solicitando se les condene y se les imponga la pena más alta, que podría alcanzar más de 40 años de prisión, por el mismo delito por el que se acusaba a Jacinta Francisco Marcial: "haber secuestrado con lujo de violencia –al decir del acta ministerial– a 6 policías judiciales federales en el tianguis de su modesto pueblo de Santiago Mexquititlan, del estado de Querétaro.
El 8 de septiembre último me permití presentar un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que retirara todos los cargos contra estas indefensas y débiles mujeres indígenas, a quienes se les acusaba, sin prueba consistente alguna, ni más testigos que los propios policías, de una ridícula acusación que causó escándalo y protestas que rebasaron las fronteras nacionales. El 17 de septiembre Jacinta Francisco Marcial fue liberada por falta de pruebas, pero Teresa González y Alberta Alcántara siguen en prisión, con los mismos absurdos cargos que violan su libertad y agravian todavía más a las mujeres, justamente cuando nuestra lucha, en México y el mundo, es contra la violencia que sufren las mujeres, particularmente las más débiles, marginadas y pobres.
Estos son asuntos que como legisladores no podemos callar. No podemos aceptar y menos acostumbrarnos a convivir con semejantes injusticias. Los indígenas han sido víctimas históricamente de la corrupción de una burocracia judicial y administrativa que los ha sometido a sanciones y penas, muchas veces por errores o menosprecio racista, que han lastimado en primer término a la misma justicia.
Ningún grupo social como los indígenas ha sufrido y sufre tantas vejaciones. Por eso es justificada su lucha contra los atropellos de que son objeto; contra los que explotan sus recursos naturales; contra los que les roban sus tierras, y contra la rapacidad de los intermediarios que les compran barato y les venden caro. No podemos admitir más, las arbitrariedades de quienes, como en este caso, se ensañan contra ellos.
¿Cuántos indígenas existen en el país, privados injustamente de su libertad como Teresa González y Alberta Alcántara? No pido que este grupo social goce de un estado de excepción. Alego que los indígenas son parte de nuestra sociedad, pero por su condición de vulnerabilidad es necesario tomar en cuenta sus circunstancias sociales, su lacerante realidad, su identidad, su cultura, sus usos y costumbres. ¿Cuántos indígenas alojados en las cárceles podrían alcanzar una pronta libertad si se atienden estas razones y se estudian, sin prejuicio alguno, cada uno de sus casos?
Señor Presidente: A punto de culminar este intenso periodo ordinario de sesiones he sentido la necesidad de plantear este asunto, no sólo por convicción y por los profundos valores humanos que contiene, sino también porque creo que tenemos la obligación, como legisladores que somos, de velar por el buen desempeño de las instituciones que tienen que ver con la aplicación de la justicia. Por ello, me permito presentar el siguiente
Único. Que la honorable Cámara de Diputados, a través del Presidente de la Mesa Directiva, solicite a la Procuraduría General de la República que retire definitivamente todos los cargos contra Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas ñhañhus presas injustamente en el Cereso femenil de San José del Alto del estado de Querétaro; y hacer extensivo este alegato social al señor gobernador del estado de Querétaro.
Señor Presidente: Le pido que este punto de acuerdo sea tomado como de urgente y obvia resolución. Es cuanto, señor presidente.
Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo décimo segundo del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de la votación; el que suscribe, diputado federal Daniel Gabriel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
El pasado 7 de mayo de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional para regular las fechas y formas de llevar a cabo la fiscalización superior en nuestro país, a fin de volverla más oportuna, eficiente y eficaz.
La citada reforma constitucional incluyó diversas consideraciones en torno a la fiscalización en nuestro país; entre las que destacan, la introducción del concepto "contabilidad gubernamental"; que hace referencia a la facultad del Congreso de la Unión de legislar a fin de establecer criterios uniformes y homogéneos para el control y registro del patrimonio público en los tres órdenes de gobierno; mismo que se materializó el 31 de diciembre del 2008 con la publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además, con la reforma constitucional al artículo 79 se establecieron, como principios rectores del proceso de fiscalización la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad; con la finalidad de cumplimentar eficazmente los tiempos y procesos establecidos para la rendición de cuentas; ampliando la facultad de la ASF para que ésta pueda fiscalizar directamente los recursos federales que ejerzan los estados, municipios y el Gobierno del DF, con excepción de las participaciones federales, así como los recursos federales que ejerza cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los que se transfieran a fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos.
Aunado a las modificaciones mencionadas, se recorrieron las fechas de presentación de la Cuenta Pública y del Informe del Resultado de su revisión para el 30 de abril y 20 de febrero respectivamente y se previó el fortalecimiento de la autonomía presupuestal, técnica y de gestión de las entidades de fiscalización superior locales, así como el establecimiento de reglas claras para el nombramiento y remoción de sus titulares, que igualmente, en la citada reforma quedaron materializados al establecerse constitucionalmente la obligación y necesidad de que las entidades de fiscalización superior locales cuenten con dichas autonomías en el ejercicio de sus atribuciones y que la elección de sus titulares sea por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales por periodos no menores de 7 años, contemplando igualmente los requisitos mínimos de elegibilidad que deberán cubrir los titulares y aspirantes a dicho cargo.
Ahora bien, a pesar de que el artículo segundo transitorio del decreto estableció, para el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados y del Distrito Federal un plazo máximo de un año para realizar las reformas necesarias y adaptar sus legislaciones a lo establecido en la reforma constitucional; actualmente a más de un año de la publicación, continúan existiendo entidades federativas que no han realizado las reformas planteadas y que por consiguiente, no se encuentran acordes al texto de la Constitución Política federal.
Al respecto, destaca que de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, actualmente las Legislaturas de Baja California Sur, Guanajuato, estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán no han realizado la totalidad de las modificaciones pertinentes para acatar el mandato constitucional, pues aún cuentan con omisiones legislativas primordialmente en lo concerniente a la contabilidad gubernamental; situación de suma importancia si tomamos en cuenta que una de las áreas más grandes de opacidad se manifiesta en la magnitud de los recursos federales transferidos a estados y municipios, que representan aproximadamente el 30 por ciento del total del gasto federal programable.
Por todo lo anteriormente expuesto, y a fin de fortalecer la eficiencia y control dentro de la administración pública local, se pone a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
Primero. Se hace un exhorto respetuoso a los Congresos locales de Baja California Sur, estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán para que aprueben las leyes y en su caso, las reformas correspondientes para dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 7 de mayo de 2008 en materia de contabilidad gubernamental.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:
El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.
Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.
Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.
En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.
Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.
Por lo anterior, se presenta el siguiente
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Baja California a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
Diputado José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica)
El suscrito diputado José Manuel Hinojosa Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a realizar en la zona geográfica de la isla de Petatán ubicada en el municipio de Cojumatlan de Regules, en el estado de Michoacán, los estudios técnicos necesarios que le permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo federal con miras a que éste la declare área natural protegida, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de las siguientes:
1. Año con año durante el mes de octubre, los pelícanos borregones, o cuyo nombre científico es Pelecanus erythorhynchos, originarios de las regiones de la Columbia Británica, Alberta, Manitoba y Ontario, pertenecientes a Groenlandia y Canadá, emigran a la isla Petatán, ubicada en la ribera del lago de Chapala, dentro del municipio de Cojumatlán, en el estado de Michoacán, hasta el mes de abril, que regresan a sus lugares de origen.
2. Durante esta temporada, la llegada de esta majestuosa especie se convierte en un espectáculo natural para los residentes del lugar y para los cientos de turistas de la región e inclusive de otros países que acuden a verlos, trayendo consigo una derrama importante de recursos económicos, lo cual reactiva la economía del lugar.
3. Cabe hacer mención, que estas aves no sólo arriban a la isla de Petatán, en menor cantidad se pueden llegar a observar en La Palma, perteneciente al municipio de Venustiano Carranza, e inclusive, en coordinación con los municipios de Pajacuarán, Briseñas y Vista Hermosa, se ha llevado a cabo el "Festival Cultural del Pelícano Borregón", mediante el cual buscan promover la preservación de dicha especie.
4. A la fecha se han realizado diversas gestiones por parte de los ayuntamientos involucrados, ante diversas instancias del gobierno estatal, a efecto de poder proteger este santuario natural y a su vez, recibir apoyos económicos para la alimentación y cuidado de esta especie, sin embargo, dichos esfuerzos no han tenido eco en los funcionarios estatales, razón por la cual, es necesario que el gobierno federal intervenga y brinde la protección necesaria a estos migrantes extranjeros, que buscan tener un lugar placentero para no padecer del crudo invierno que en sus países de origen se presenta y que los obliga a volar miles de kilómetros para sobrevivir.
5. Dada la importancia de proteger a esta especie así como el hábitat al que emigra, se considera necesario establecer esta área geográfica como una área natural protegida, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 3 fracción II, 5 fracción VIII, 45, 46, 47 bis, 57 58 y 60 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:
Único. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a realizar en la zona geográfica de la isla de Petatán ubicada en el municipio de Cojumatlan de Regules, en el estado de Michoacán, los estudios técnicos necesarios que le permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo federal con miras a que éste la declare área natural protegida.
La suscrita, diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno municipal de Matamoros a llevar a cabo las acciones pertinentes para el rescate, buen funcionamiento y adecuada operación del relleno sanitario que se encuentra en dicho municipio, a fin de evitar un mayor derramamiento de basura y contaminación al medio ambiente con base en las siguientes
Con recursos de los tres órdenes de gobierno y aporte locales, el relleno sanitario del municipio de Matamoros en Tamaulipas, el cual constaba de 103 hectáreas y una capacidad para recibir hasta 700 toneladas diarias de basura, fue puesto en operación el 2 de noviembre de 2005, dando servicio al área urbana de Matamoros, las comunidades rurales y el área de la Laguna Madre. Asimismo, se han firmado convenios con otros municipios mediante los cuales su cabecera municipal y principales comunidades formalizaron su acceso al uso del relleno, como es el caso del municipio de Valle Hermoso.
Dicho relleno tenía una perspectiva de hasta 40 años de vida útil, lo cual se ha visto reducido debido al reporte de diversas irregularidades y mala administración que se han denunciado en los últimos meses. Esto aunado al hecho de que dicho terreno tienen un faltante de tierra la cual es de suma importancia.
Si bien es cierto que como su nombre lo indica, un relleno sanitario debe de funcionar bajo ciertos estándares de calidad para el control y tratamiento de la basura que se genera a diario a fin de tener un control de los residuos orgánicos e inorgánicos; circunstancias que, al no cumplirse, hacen que el relleno se encuentre siniestrado.
Cabe mencionar que el lugar en el cual se deposita la basura, actualmente cuenta con una exagerada altura y un sobrepeso, lo que trae como consecuencia la derrama del contenido así como enfermedades a la población que vive en los alrededores.
Los beneficios que se adquieren como resultado del tratamiento de la separación de la basura pueden ser muy productivos y aprovechables para la población, siempre y cuando los mecanismos para la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos sean los adecuados.
Actualmente, consideramos que el relleno sanitario que se encuentra en Matamoros no tiene la suficiente capacidad para que pueda brindar un servicio adecuado en los próximos 40 años, tiempo para el que fue creado dicho lugar, esto sin añadir que realmente no se llevan a cabo los procedimientos para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos.
El relleno sanitario que fue motivo entonces de promoción política, hoy se encuentra en el abandono y problemas muy graves. La primera celda se encuentra casi saturada porque se está depositando basura sin compactar. Su vida útil se ha acortado. Su manejo ha sido tan descuidado que se requiere de una inversión de millones de pesos para rescatarlo.
Asimismo, otra de las consecuencias que se generan es que debido al estado actual de siniestro en que se encuentra el relleno, no puede ser concesionado para su tratamiento, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Protección Ambiental para el desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas y la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, motivo por el cual le corresponde en primer lugar al municipio la responsabilidad de la operación de los sistemas de limpieza, por lo que de igual manera tiene la obligación de resarcir los daños que se generen en los mismos, en términos de los dispuesto por el artículo 115 constitucional.
Único. Se exhorta al gobierno municipal de Matamoros a llevar a cabo las acciones pertinentes para el rescate, buen funcionamiento y adecuada operación del relleno sanitario que se encuentra en dicho municipio, a fin de evitar un mayor derramamiento de basura y contaminación al medio ambiente.
La que suscribe, Norma Sánchez Romero, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Uno de los problemas que enfrenta México es su falta de competitividad en distintos sectores y niveles, lo que requiere del diseño de una estrategia de competitividad sistémica para la planeación y el desarrollo económico, sostenible y sustentable.
La competitividad es el detonante para crear las condiciones para la generación de empleos, estabilidad macroeconómica, distribución de la riqueza, mejores niveles educativos y promoción de una cultura empresarial.
Nuestro país presenta una paradoja que debemos resolver: somos el país más abierto, (se tienen 12 acuerdos de libre comercio, con dieciocho países y casi todos los países de la Unión Europea) pero somos de los menos globalizados.
En el contexto de la globalización, la competitividad surge como un instrumento de suma importancia para lograr el crecimiento y desarrollo económico. En este sentido, la competitividad de cada país se basa en buena medida en las relaciones y capacidades de los sectores económicos y sociales, y en la sujeción de estos a las disposiciones legales. Por lo anterior, la competitividad es vista de manera compleja y sistemática pues se basa en múltiples y variadas relaciones productivas.
Existen determinantes sectoriales y sistemáticos de competitividad. • Los determinantes sectoriales de la competitividad son: las características del mercado, la organización de la industria y las características de la competencia.
• Los determinantes sistemáticos de la competitividad son: la política macroeconómica, aspectos políticos institucionales, régimen de regulación, infraestructura, condiciones sociales, aspectos locales regionales e internacionales. El Poder Legislativo es parte fundamental en el desarrollo y consolidación de la competitividad de un país, ya que por medio de éste se establecen las bases jurídicas para un mejor desempeño del sector económico, por lo que resulta trascendental el papel que juega el Poder Legislativo.
Como parte de una política de Estado para el desarrollo, también es indispensable fomentar el enfoque de desarrollo económico, potenciando la vocaciones productivas del país en distintas regiones con planeación y coordinación de los diferentes poderes y niveles de gobierno, sobre todo para proponer una visión estratégica en el diseño de planes y programas regionales con visión de corto, mediano y largo plazos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el contexto de 2011.
Al promover la competitividad y el desarrollo económico, el Estado mexicano cumplirá con su obligación constitucional de ser el promotor del progreso, y el Congreso, particularmente, de representante e interlocutor de la sociedad para promover acciones normativas construyendo la estructura legal que regule las estrategias de competitividad en un marco de igualdad en beneficio del país.
La competitividad es la capacidad de atraer y retener inversiones y talento. Debemos generar acuerdos por encima de intereses privados, políticos y sindicales; ya que de no lograrlos seguirá el estancamiento y la relegación a la competencia por labores de bajo valor agregado. El desplome de la demanda en nuestro principal mercado de exportación lleva necesariamente a voltear al mundo para fuentes alternativas de inversión.
La frontera de México que comparte con Estados Unidos tiene una longitud de 3 mil 326 kilómetros lineales, la frontera que compartimos con Guatemala tiene una longitud de 871 kilómetros y con Belice, 251 kilómetros, México posee cerca de 11 mil kilómetros de costas.
Tomando como base principal nuestra condición geográfica, México puede y debe ser el eje logístico del mundo.
Para aprovechar las áreas de oportunidad, la tendencia macroeconómica global y la apertura comercial alrededor del mundo, nuestra visión debe estar enfocada a la competitividad.
Si como país logramos establecer una planeación estratégica adecuada, mantener una buena calidad en la infraestructura, ofrecer procedimientos legales ágiles, acercar tecnología al país, automáticamente elevaremos la atracción de inversiones, y por ende la competitividad.
La inversión en educación, investigación aplicada y en salud emergen como la prioridad máxima en un entorno global donde cada vez más las posibilidades de desarrollo de los países y las personas depende de su capacidad para añadir valor agregado a través de la innovación.
Están pendientes las reformas que permitan liberar el potencial productivo de México en sectores como el energético, el financiero y las telecomunicaciones.
Reformas legislativas inmediatas o de corto plazo bajo el criterio de necesidad y urgencia, para acelerar el ejercicio del gasto público con eficiencia y transparencia, para promover y agilizar la inversión pública en infraestructura, mejorar la eficiencia del sistema financiero, promover el crédito y adoptar medidas para proteger el empleo, fortalecer la seguridad social y promover y regular la inversión privada.
Estas reformas legislativas requieren de la acción inmediata del gobierno para presentar las iniciativas correspondientes y del Congreso de la Unión para evaluarlas y dictaminarlas en este periodo ordinario de sesiones.
Compromisos de mediano plazo, que involucran cambios sustantivos a leyes e instituciones en las cuales los grupos parlamentarios establecen compromisos para integrar una agenda de trabajo prioritario en los próximos meses.
Es necesario aplicar medidas suficientes y oportunas para enfrentar los efectos inmediatos de la crisis económica internacional, al tiempo de promover políticas de cambios estructurales que garanticen el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Las acciones deben traducirse en la creación de nuevos empleos, en la defensa del ingreso de las familias y el crecimiento económico.
Legislación en materia de órganos de regulación económica (Ley Federal de Competencia Económica, y Código Penal Federal).
Otorgar mayores facultades a los órganos reguladores para que puedan imponer multas económicas que sean comparables a las que se aplican internacionalmente, especificar sanciones penales para casos de prácticas monopólicas absolutas en todos los sectores y en todas las regiones, medios efectivos para que los consumidores puedan reclamar daños y perjuicios, así como emitir opiniones sobre el otorgamiento de concesiones y autorizaciones.
Además, las resoluciones de dichos órganos tendrán carácter vinculatorio.
Política de tratados y acuerdos comerciales. Revisar la política comercial para fortalecer el mercado interno, la generación de empleo y la capacidad exportadora de la economía nacional.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 70 y 71 de su Reglamento para el Gobierno Interior se somete a consideración del pleno los siguientes
Primero. Que se crea el Comité de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura.
Segundo. Se conforma el Comité de Competitividad y Mejora Regulatoria como una junta de apoyo a las comisiones relacionadas con la materia en la Cámara de Diputados, con el objeto de proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad, y coadyuvar en el diseño, planeación y aplicación de estrategias, políticas, planes y programas, así como de ordenamientos jurídicos para elevar la competitividad sistémica de México, para la aprobación de los temas de agenda.
Tercero. El comité estará integrado por diputadas y diputados, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al pleno de los diputados.
Cuarto. El comité impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al pleno de la honorable Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo económico y fomento a la competitividad, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Quinto. El comité funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comités establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones por y hasta el término de la LXI Legislatura.
Dado en el Palacio Legislativo, el 15 de diciembre del 2009.
Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica)
El suscrito, diputado Gumercindo Castellanos Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a evaluar la posibilidad de implementar programas para apoyar la condonación de créditos vencidos de cuantías mínimas a los clientes de las liquidadas sociedades nacionales de crédito que integraban el Sistema Banrural; y al Banco de México, a analizar la emisión de disposiciones generales que permitan eliminar antes de un año el registro de información de créditos de cuantías mínimas de los clientes que basan sus actividades en el sector agropecuario nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce al sector agropecuario y pesquero nacional como estratégico y prioritario para el desarrollo nacional, pues además de proveer alimentos para las familias mexicanas, representa una importante fuente de divisas para la economía, al mantener su dinamismo exportador.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),1 en el año 2008 el sector agropecuario nacional, considerando la agricultura, ganadería, pesca, aprovechamiento forestal y caza, produjo un total 1,779.1 miles de millones de pesos, equivalentes al 3.7% del producto interno bruto de nuestro país.
En el campo mexicano vive aproximadamente una cuarta parte de la población en donde, a pesar de los grandes avances en el combate a la pobreza, aun un importante porcentaje de habitantes se encuentra en pobreza alimentaria.
Esta situación es resultado de diversos factores, entre ellos, la falta de productividad impidiendo que la población que vive en estas zonas pueda mejorar sus condiciones de vida. Así pues, el sector agropecuario y pesquero continúa siendo el de menor productividad, ya que ésta representa sólo una cuarta parte de la del sector industrial y menos de una quinta parte de la del sector servicios.
El campo mexicano requiere de medidas estructurales que permitan incrementar su productividad y con ella, la calidad de vida de sus pobladores, siendo eje central los procesos que favorezcan la canalización rápida y efectiva de recursos a la actividad productiva. En este sentido, un tema fundamental es el financiamiento, pues a través de éste se logra adquirir activos e insumos productivos para incrementar su eficiencia.
De acuerdo a los resultados del Censo Agropecuario presentados por el Inegi en el 2007, en México existe un total de 5.5 millones de unidades de producción, de las cuales 4.0 millones cuentan con actividad agropecuaria o forestal. De éstas, sólo 159.3 mil unidades de producción contaron con disposición de crédito para la actividad agropecuaria y forestal, siendo Financiera Rural la principal institución de financiamiento.
Estas cifras denotan el bajo acceso al crédito por parte del sector agropecuario nacional, indicando la importancia de impulsar acciones en este sentido. Por estas razones, el presidente Felipe Calderón plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo la estrategia de "promover el financiamiento y la capitalización en el medio rural".
Esta estrategia señala que canalizar recursos considerando las circunstancias específicas de las actividades productivas del campo, así como la naturaleza propia de los proyectos de inversión, representa una de las mejores vías para contribuir a elevar el nivel de bienestar de la población que habita en las comunidades rurales, al permitir que los proyectos generen ingresos para los beneficiarios directos, además de constituir importantes fuentes de empleo formal para la población, lo que impacta directamente en las familias rurales.
Acciones emprendidas por el gobierno federal para capitalizar e invertir en el campo, impulsar a los intermediarios financieros rurales, la promoción de la inversión, la instrumentación de esquemas de riesgo, permitirán incrementar el flujo de recursos, en especial para aquellos productores rurales que tienen la capacidad de accesar a los beneficios financieros.
Sin embargo, en materia de financiamiento tenemos grandes retos a enfrentar, tales como el elevado número de productores que se encuentran en los registros de las sociedades de información crediticia (buró de crédito) por haber incumplido en los pagos.
Estas sociedades representan un importante avance para evitar que los acreedores sean defraudados, incrementando con tal acción la certeza jurídica para los dueños de los recursos y permitiendo que cada uno de los solicitantes de crédito asuma la responsabilidad de los actos, impidiendo que el resto tenga que pagar por las acciones de otros.
Sin embargo, en el sector rural, muchas productores de bajos recursos han sido enviados con un mal historial crediticio a los registros de las sociedades de información crediticia, siendo muchas veces la causa de los incumplimientos en los pagos la presencia de fenómenos meteorológicos que arrasan con los cultivos, provocando la pérdida de las inversiones realizadas y con ello, la posibilidad de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones. Esta situación se ve ampliamente potencializada por la casi ausente presencia de instrumentos de cobertura de riesgo, en especial para los pequeños productores.
Cabe señalar que los productores mexicanos muestran una cultura de pago, sin embargo, las condiciones socioeconómicas muchas veces lo impiden, así como la presencia de personas y organizaciones que con afanes políticos o de lucro, obstaculizan y, con ello, dañan a los productores cumplidos y comprometidos con sus compromisos financieros.
Así pues, en el sector rural, es común la presencia de personas que engañan al prometer soluciones fáciles y rápidas, en especial, en cuanto a liquidación de adeudos, prometiendo que, con sólo el 50% del valor de los adeudos, podrán solventar los compromisos y evitar con ello manchar su historial crediticio.
Ante esta falsa oportunidad, los productores, muchos de ellos con un bajo nivel educativo, desembolsan recursos que no hacen más que alimentar la corrupción, con la consecuente afectación a los productores, pues ni se solventa el adeudo, ni se impide que el incumpliendo en los pagos afecte el historial crediticio.
Esta práctica generó que un gran número de productores, muchos de ellos con adeudos menores a mil pesos, vieran afectado su historial crediticio, por lo que al solicitar un crédito ante una institución financiera, en especial ante la Financiera Rural, no fueran sujetos de crédito.
Esta imposibilidad los orilla a buscar financiamientos alternativos, muchas veces sumamente costos, tales como las casas de empeño, agiotistas o créditos comerciales que, notablemente son más caros que los otorgados por las instituciones financieras, generándoles un costo adicional que les resta competitividad.
De ahí que la presente proposición con punto de acuerdo busca exhortar a la Financiera Rural para que evalúe la posibilidad de condonar los créditos vencidos de cuantías mínimas a los productores que basan sus actividades en el sector agropecuario nacional, para evitar que adeudos menores a mil pesos, por ejemplo, impidan el acceso al financiamiento futuro. De la misma manera, este exhorto busca atender las particularidades del sector rural, que este año se ha visto afectado por sequías y plagas.
Asimismo, apelando a las disposiciones contenidas en el párrafo octavo del artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, se exhorta al Banco de México para que analice emitir disposiciones que permitan eliminar antes de un año el registro de información de créditos de cuantías mínimas de los clientes del sector agropecuario nacional a efecto de evitar que un mal historial crediticio, generado por el incumplimiento de pago de cantidades mínimas impidan que los productores tengan acceso al financiamiento del sistema financiero formal, obligándolos a contratar créditos en condiciones sumamente desventajosas, o en su caso, generando el estancamiento de la actividad productiva y con ello, la producción alimentaria y el empleo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la presente proposición con
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar la posibilidad de implantar programas para apoyar la condonación de créditos vencidos de cuantías mínimas a los clientes de las liquidadas sociedades nacionales de crédito que integraban el Sistema Banrural.
Segundo. Se hace un respetuoso exhorto al Banco de México a analizar, conforme al artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la emisión de disposiciones generales que permitan eliminar antes de un año el registro de información de créditos de cuantías mínimas liquidados de los clientes que basan sus actividades en el sector agropecuario nacional.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 15 de diciembre de 2009.
Diputado Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica)
El suscrito, diputado José Antonio Arámbula López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes
El impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos es un impuesto federal que se empezó a cobrar en nuestro país desde el 1 de Enero de 1962, con fundamento en un artículo de la Ley de Ingresos de ese año, siendo presidente de México el licenciado Adolfo López Mateos, precisamente un año antes de que se formalizara la candidatura de nuestro país ante el Comité Olímpico Internacional para ser anfitrión de la Olimpiada de 1968, después de la cual este impuesto se especifico en una ley vigente por dos años, que por el sistema presidencialista y de partido único de Estado que se vivía, se fue alargando hasta nuestros días, siendo así que el cobro del impuesto por tener vehículo se convirtió en una de las formas más efectivas de recaudación fiscal durante ya más de 40 años, el cual ha ido en aumento por el crecimiento del parque vehicular en nuestro país.
En un principio, la tenencia se cobraba solo sobre vehículos automotores terrestres, pero en los 80 se amplió a yates, aviones, helicópteros, motocicletas entre otros, entregándose en un principio participaciones federales de este impuesto a los estados y municipios hasta de 30 por ciento, por lo que actualmente el total de dicha recaudación es administrado por los estados y municipios de acuerdo con lo establecido en la propia Ley de Coordinación Fiscal.
Atendiendo la propuesta del presidente Felipe Calderón Hinojosa de terminar con el cobro del citado impuesto, el Congreso de la Unión aprobó en octubre de 2007 la abrogación de la Ley de Impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos a partir del 1 de enero de 2012. Esta fecha fue establecida con el objetivo de otorgar a las entidades federativas un plazo adecuado para prever la sustitución de ingresos que dejarían de percibir por el entero de este impuesto.
Sin embargo, cuando las entidades federativas establezcan nuevos impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal previsto en la ley aún vigente, se suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate, a fin de evitar la duplicidad del impuesto.
En la actualidad, el impuesto de la tenencia o uso de vehículos es un impuesto cobrado en México a todos los propietarios de vehículos automotores, ya sean de fabricación nacional o importados, el cual es cobrado por el gobierno federal a través de los estatales en los primeros tres meses de cada año.
La tenencia vehicular afecta de manera directa parte de los ingresos, utilidades o rendimientos obtenidos por el contribuyente de manera individual, perturbando por su puesto la economía familiar.
Dicho impuesto resulta de igual manera gravemente lesivo para la industria automotriz nacional, que aun y encontrándose en una severa crisis mundial ocupa el segundo lugar en importancia, situándose sólo después del petróleo en la economía nacional, mencionado como dato estadístico que, aunque la producción es variable se arman 2 millones de autos al año en México, con un nivel de exportación a diversos países de 80 por ciento de su producción, siendo además una de las principales industrias precursoras de empleo en nuestro país, generando más de 1 millón de empleos directos formales y bien remunerados, por lo que gran parte de los mismos estarían en riesgo al no apoyar a esta industria tan importante para la nación.
El sector automotor es reconocido a nivel mundial como sector "punta de lanza" del desarrollo económico y social, por sus múltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de la actividad industrial. En nuestro país la industria automotriz esta posicionada a lo largo y ancho de la República Mexicana, siendo de gran importancia su presencia en estados tales como Coahuila, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Sonora, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Aguascalientes, estado de México y Morelos, en los cuales actúa como la principal promotora de fuentes de empleos.
Esta soberanía debe ser consciente que el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, afecta de manera grave la economía de las familias mexicanas y en consecuencia a la industria automotriz nacional, la cual se ha sumergido en una franca crisis económica, previéndose una reducción para el año próximo de entre 20 y 25 por ciento.
La tenencia es un impuesto incoherente, toda vez que el uso del vehículo no es fuente de riqueza ni de ingresos que justifique el gravamen, además de que los autos son bienes que demeritan su valor rápidamente.
La eliminación de este impuesto para el próximo periodo fiscal por parte de la federación y cada una de las entidades federativas, o su correspondiente reducción de manera paulatina hasta su total eliminación sería una medida que ayudaría a las familias en esta época de crisis, impulsando de manera directa la economía de la industria automotriz nacional.
Es por ello que la federación y las entidades federativas deben ajustarse a la situación que está pasando el país en materia económica, apoyando a la sociedad mexicana y a la industria automotriz nacional mediante la eliminación del multicitado impuesto a la tenencia, debiendo aplicar medidas adicionales como lo es la reducción del gasto publico la desaparición de secretarias innecesarias entre otras medidas para cubrir el gran hueco fiscal que dejaría la eliminación de este impuesto, puesto que esta vez debe ser la burocracia de cada uno de los estados la que se amarren el cinturón y busque los mecanismos necesarios para minimizar el impacto que sufrirán las entidades al dejar de cobrar dicho impuesto.
Primero. Se hace un respetuoso exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, así como a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del DF, a proponer y aprobar normas y medidas que prevean la erradicación del cobro del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos o al menos se reduzca de manera paulatina hasta su total eliminación a partir de enero de 2010.
Segundo. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, así como a los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del DF, a proponer y aprobar medidas de austeridad en el ejercicio del gasto, con objeto de crear un ahorro sustancial que permita erradicar el cobro el impuesto local que tenga a bien aprobar como sustituto del impuesto del impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos.
Diputado José Antonio Arámbula López (rúbrica)
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado José Manuel Marroquín Toledo, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
El agua es el recurso natural más importante en el medio ambiente y para el desarrollo de las actividades del ser humano. Resulta asombroso identificar la relación y necesidad de utilizar este recurso en cada una de las acciones que realizamos a diario. Así es, el agua compañeros diputados, resulta indispensable para la vida en armonía del ser humano que, al ser un recurso limitado y en los últimos años escaso, requiere más que nunca de una correcta administración y una eficiente utilización.
Sin embargo, y aun cuando nuestro planeta está compuesto prácticamente por tres cuartas partes de agua, el agua dulce es apenas el 3 por ciento del total. Al respecto, las fuentes de agua dulce se clasifican en superficiales como lagos, lagunas y presas; y subterráneas como mantos acuíferos constituidos por arena, grava o roca que contienen agua. Para el caso de México, tenemos una disponibilidad anual de agua dulce per cápita de 5 mil metros cúbicos, lo cual ubica a México como un país con riqueza media en recursos hidráulicos.1
Los cuerpos de agua superficiales naturales, como los ríos, integran cuencas hidrológicas, que representan a su vez sistemas ecológicos en los que las infiltraciones principales están interconectadas, ya sea el caso de cuencas cerradas que vierten el agua en lagos o cuencas abiertas, que vierten el recurso en el mar.
Sólo por mencionar un dato, se considera que el volumen medio anual de los ríos en México es de 360 millones de metros cúbicos. Cerca del 60 por ciento de este caudal lo aportan siete ríos que drenan el 27 por ciento del territorio, lo que indica fehacientemente una distribución desequilibrada.
Estas consideraciones permiten evidenciar la importancia de coordinar esfuerzos en la formulación de políticas públicas que, de una manera simple, puedan delimitar una planeación sencilla y esquemas para el eficiente aprovechamiento del agua en el país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, una cuenca hidrográfica constituye la unidad territorial básica para la planeación y el manejo de los recursos naturales, entre los que destaca el agua. Por su parte, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una cuenca hidrológica se define como el área determinada en que el agua que escurre en un río es captada. En México, contamos con 320 de estas cuencas, ubicadas en 37 regiones hidrológicas, por lo cual resulta fundamental entender que también sirven como territorios delimitados para facilitar el estudio del ciclo que cumplen los recursos hidráulicos en el ecosistema y en las actividades humanas.
A partir de 1993, para una mejor estructura de las políticas públicas, planes, información, manejo y aprovechamiento del agua de cada una de las cuencas hidrológicas, se establecieron los denominados "Consejos de Cuenca", de los cuales, se han constituido a la fecha 25; 17 comisiones de cuenca, 22 comités de cuenca y 76 cotas.2
Toda la información que vierte en el sistema de cuentas hidrológicas de México resulta imposible de procesar por una sola comisión ordinaria, como lo es la Comisión de Recursos Hidráulicos de esta honorable Cámara de Diputados, incluso, la Constitución contiene los elementos necesarios para elaborar una ley reglamentaria en materia del manejo integral de cuencas hidrológicas, sin embargo, esa ley potencial no existe en la actualidad.
Por lo expuesto, les reitero que el propósito de este punto de acuerdo es exhortar a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, previa aprobación de quienes conformamos el pleno de la Cámara de Diputados, para crear una Comisión Especial de cuencas hidrológicas de México, que tenga por objeto formular un diagnóstico sobre la situación de las cuencas hidrológicas nacionales, que incluya una revisión y análisis de la calidad del agua y de las aguas residuales que no reciben tratamiento previo a su descarga a los cuerpos receptores; enunciar la cobertura y dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con los que cuenta la población aledaña a cada una de estas cuencas hidrológicas; además de delimitar un Programa Nacional de Cuencas Hidrológicas, en el cual se viertan las sugerencias de políticas públicas e instrumentos en los que concurran los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para la protección ambiental y el equilibrio ecológico de las cuencas hidrológicas de México.
Con base en las consideraciones vertidas, y haciendo referencia a los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Único. Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política, para que en el marco de sus atribuciones, instaure la Comisión Especial de Cuencas Hidrológicas de México para cumplir con los objetivos vertidos y expuestos en la presente exposición de motivos.
1. Comisión Nacional del Agua, México 2008.
2. Revista latinoamericana de recursos naturales. FAO.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 15 de diciembre de 2009.
Diputado José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica)
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para al Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo según los siguientes
La planeación del desarrollo es una obligación constitucional del Estado mexicano, entendiendo al Estado no sólo como el gobierno federal, sino a todas las partes que lo componen, desde la célula básica que es la sociedad organizada, pasando por los municipios, las entidades federativas y los Poderes de la Unión. Esta planeación es obligación de todos los estados y los municipios del país a partir de 1983, a través de la Ley Nacional de Planeación del Desarrollo, la cual sirvió de base para lo que hoy día conocemos como el sistema nacional de planeación.
La Constitución federal establece en los artículos 40 y 41 que la federación y los municipios son soberanos dentro de su competencia, los artículos 42 y 43 establecen las partes que integran la federación y el artículo 44 establece claramente el sentido centralista en la práctica de los Poderes de la Unión, así como la premisa de establecer dicha centralidad en el estado del valle de México, dejando clara que la centralidad prevalecerá a pesar de traslado alguno.
Con la inclusión del municipio al modelo mexicano, se reducen en la práctica las competencias estatales, en afectar las atribuidas por el gobierno federal, quien aumenta su influencia al trasladar al campo de la administración lo que no se haya resuelto en el campo de las conceptualizaciones políticas.
El antecedente de esta centralidad queda establecida por primera vez dentro de la primera Constitución Política del país en 1984, dónde se establece el régimen federal, el cual tuvo como objetivo principal unir sin fusionar y diferenciar sin dividir.
En la Constitución de 1857 se planteó la necesidad de una distribución que delimitara tanto el poder federal como el estatal, es entonces que hasta la Constitución de 1917, dónde quedó establecido que la federación, los estados y los municipios son soberanos dentro del ámbito de cada una de sus competencias.
Para 1972 se coordinaban 18 estados de la república y a partir de 1973, con la reforma a la Ley Federal sobre Ingresos Mercantiles, que elevó la tasa federal del 1.8 al 4 por ciento, eliminando la tasa de los estados que era del 1.2 por ciento. Desde ese entonces, el fisco federal fue disminuyendo la posibilidad de que los estados pudieran aplicar sus propias contribuciones, surgiendo un nuevo federalismo fiscal que se consolidó en 1980 con la publicación de la actual Ley de Coordinación Fiscal y en 1990 nace el sistema nacional de coordinación fiscal.
Es importante señalar que el progreso que hemos tenido en el pacto federal y el surgimiento de una nueva organización federalista han sido a través de un largo proceso dónde la organización y representación en los órdenes de gobierno, en nuestra célula principal que es el municipio, dio cabida al surgimiento de nuevas leyes federales y reformas estructurales en materia del federalismo hacendario y la autonomía hacendaria que estos deben tener.
Ahora en el marco de una nueva reforma hacendaria integral, quienes estamos preocupados por fortalecer el federalismo mexicano e integrar un nuevo esquema de la forma de distribuir los recursos federales y las obligaciones que los municipios adquieren al interior de su propia hacienda municipal. Debemos luchar porque se integre esta parte tan importante dentro de una reforma integral que sin duda alguna beneficiará en este nuevo esquema federalista, dejando a un lado la importancia constitucional de mantener un centralismo y la radicación central de los Poderes de la Unión, para dar cabida a este esquema de autonomía a través del pacto federal renovado y fortalecido en lo que refiere a los recursos públicos federales emanados de la federación.
A lo largo de la historia se ha establecido, de manera paulatina la exigencia en que los gobiernos estatales renuncien poco a poco a exigir impuestos que alguna vez fueron locales, a cambio de recibir una parte de los ingresos federales, lo cual se ve reflejado en la Ley de Coordinación Fiscal, creada en 1953.
Actualmente quienes serán los encargados del diseño e implantación de la nueva reforma hacendaria integral, propuesta desde hace varios meses por el Ejecutivo federal y la mayoría de los partidos políticos, deberán tomar en consideración la autonomía presupuestal que se requiere desde las entidades federativas hasta los municipios, respetando las tres esferas de gobierno en conjunto con sus derechos y obligaciones.
Es menester del Legislativo adecuar nuestro marco legal, a efecto de coadyuvar en el fortalecimiento de las tres esferas de gobierno y la participación en los niveles de los Poderes de la Unión. Es momento de insertar nuestra participación como representantes de la nación en un tema de relevancia nacional que sin duda alguna tendrá auge en los próximos días.
La reforma hacendaria integral debe diseñarse con la participación de los municipios y los especialistas en la materia, no sólo en el ámbito federalista o del pacto federal, sino también de los que han estudiado y analizado la evolución y las necesidades de los municipios al margen de sus propias haciendas municipalistas y de la planeación del desarrollo de éstos.
Por lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Único. Se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales a emprender el análisis, diseño e implantación de una reforma hacendaria integral que tome en consideración el pacto federal en beneficio de los ciudadanos.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 15 de diciembre de 2009.
Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)
La que suscribe, diputada a la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a incluir en el esquema nacional la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), y a suministrarla paralelamente a las mexicanas de entre 9 y 55 años de edad.
En los últimos años, el sistema nacional de salud ha instaurado diversas estrategias para garantizar el acceso a los servicios de salud a todos los mexicanos, reduciendo las brechas y desigualdades propiciadas por las condiciones sociales y económicas de la población y para atender los retos derivados de las transiciones demográficas y epidemiológicas.
Parte de estos esfuerzos se ha canalizado a través del fortalecimiento del Seguro Popular, el Seguro Médico para una Nueva Generación y Caravanas de la Salud, programas que han permitido acercar los servicios de salud a las poblaciones más desprotegidas y con bajo índice de desarrollo humano.
Hoy, 80 millones de mexicanos cuentan con algún tipo de afiliación a instituciones públicas de salud; se ha reducido en 8 por ciento la mortalidad materna y en 22 por ciento la infantil.
La vacunación, rubro preventivo por excelencia, tiene una cobertura superior a 98 por ciento en niños menores de 5 años. Es el esquema de vacunación más amplio de Latinoamérica, pues incluye 13 inoculaciones; sin embargo, no cuenta en su programa con la vacuna contra el VPH.
El del papiloma humano es un virus de transmisión sexual que no es nuevo. El contagio se da principalmente por medio del contacto genital, y al menos 50 por ciento de las personas que han tenido experiencias sexuales tendrán el VPH en algún momento. Pese a esto, muchos no saben de él, y la mayoría de los infectados no presenta síntomas, lo cual conlleva a que alguien pueda tener el VPH aun cuando hayan transcurrido años desde el contagio.
La infección por ciertos tipos de VPH es la causa principal de cáncer cervical, el cual afecta en todo el mundo a casi 500 mil mujeres anualmente y cobra más de 250 mil vidas.
En México, alrededor de 30 por ciento de las mujeres en edad reproductiva han presentado alguna infección de este tipo, dando lugar al cáncer cervicouterino, neoplasia que se ubica en los primeros lugares de mortalidad por cáncer de este grupo poblacional. Tan sólo en 2007, la tasa de mortalidad fue de 14 mil 300 decesos por cada 100 mil mujeres de 25 años y más. Se elevó súbitamente año con año, y afecta principalmente a entidades como Chiapas (21 mil 800), Oaxaca (21 mil 600), Veracruz (21 mil 600) y Campeche (21 mil 200).
El científico alemán Zur Hausen publicó en 1976 un revolucionario estudio sobre la relación del VPH y el cáncer cervical. Sus investigaciones permitieron que, en 1992, se iniciara el desarrollo de la vacuna. Ésta comenzó a aplicarse en 2006, y México fue uno de los primeros países donde se autorizó su aplicación, lo que significó un gran avance en la lucha contra este mal.
La vacuna está hecha mediante ingeniería genética, con partículas parecidas al agente infeccioso. No se trata de virus vivos o atenuados, como se hace en la mayoría de los casos. En éste, son partículas sintéticas que se ensamblaron y se hicieron similares al virus. Una vez que se inyecta en el cuerpo, simula una infección y el organismo empieza a producir anticuerpos o defensas, pero sin generar enfermedad, de tal manera que cuando hay contacto con un agente real, las defensas están muy altas y el cuerpo lo elimina en consecuencia.
En un inicio, la vacuna estuvo indicada únicamente para un rango de población de entre 9 y 26 años que no llevara vida sexual. Actualmente, diversos estudios han revelado que puede servir en mujeres hasta de 55 años de edad con vida sexual activa, hayan tenido o no lesión por VPH.
En el grupo de edad de 9 a 26 años, la protección es de 100 por ciento, pues en teoría no han tenido contacto con el VPH, y en el rango de 26 a 55 años se habla de una protección que va desde 70 hasta 80 por ciento.
El costo de la vacuna contra el VPH sigue siendo elevado. El precio al público en la actualidad es de 2 mil pesos cada dosis, y se requieren tres. Debido a los costos, los sectores de mayor pobreza no tienen acceso a ella.
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud, si bien ha realizado una estrategia desde 2008 para inmunizar a 300 mil mujeres entre la población femenina de 35 a 64 años de edad en 125 municipios con menor índice de desarrollo urbano en Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz, queda mucho por hacer. Por ello, a fin de llevar la lucha contra el cáncer cervicouterino para disminuir la incidencia de este padecimiento, que cada año cobra la vida a 4 mil 100 mujeres que habitan en áreas rurales y marginadas, con menor índice de escolaridad y sin acceso regular a los servicios de salud.
Por otra parte, la vacunación generalizada puede disminuir la necesidad de atención médica, biopsias y procedimientos agresivos asociados con el seguimiento de pruebas anormales de papanicolaou, lo que ayudaría a reducir los costos de atención médica y la ansiedad relacionada con las pruebas anormales de papanicolaou y procedimientos de seguimiento que realiza el Estado; esto es, la fuerte carga económica que representaría para el gobierno la aplicación de las vacunas a manera de prevención, se reflejaría claramente en la disminución o erradicación de la enfermedad.
Aunado a ello, de acuerdo con las investigaciones realizadas en los últimos tiempos, si la vacuna fuera aplicada a la mayoría de las mujeres, en 20 años se estaría hablando del cáncer cervicouterino como un problema ajeno, erradicándolo casi en su totalidad, y –por tanto– dejaría de enunciarse como uno de los cánceres que más muertes causa en el país.
Por lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a incluir en el esquema nacional la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, y a suministrarla paralelamente a las mexicanas de entre 9 y 55 años de edad.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 15 de diciembre de 2009.
La que suscribe, María de la Paz Quiñones Cornejo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo:
A raíz de la iniciativa presentada por el diputado del Partido de la Revolución Democrática David Razu, que pretende modificar el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal para que se incluya en la definición de matrimonio la unión entre personas del mismo sexo, el presente punto de acuerdo busca que se realice un plebiscito, es decir una consulta directa a la población del Distrito Federal, de manera que la decisión que tome la Asamblea Legislativa goce de la legitimación ciudadana.
La unión de matrimonios del mismo sexo es un tema controvertido que suele dividir a la sociedad. La modificación de la definición de matrimonio que se busca aprobar en la Asamblea Legislativa, excluye la complementariedad sexual hombre-mujer que lo define, y elimina la procreación como uno de sus fines, buscando modificar las leyes relativas a la adopción. Lo anterior ha provocado la polarización de la sociedad, en razón de que el concepto de matrimonio está sumamente arraigado en la cultura mexicana.
Las personas homosexuales deben de ser respetadas y protegidas, evitando cualquier tipo de discriminación en su contra de manera que se les garantice en todo momento la salvaguarda de sus derechos humanos. En este sentido, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia, mediante la cual las personas homosexuales pueden registrar públicamente su unión y gozar de los beneficios que esta Ley les otorga.
Recientemente la encuesta realizada por el gabinete de Comunicación Estratégica manifiesta un rechazo mayor al 60 por ciento tratándose en el Distrito Federal a dicha iniciativa, lo que nos hace pensar que si esta ley se impone en la Asamblea por mayoría, tendría un efecto de rechazo y su consecuente costo político en otros estados de la República, por lo que de acuerdo a los principios que rigen a un estado democrático habría que tomar en cuenta el consenso social.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Único. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa, V Legislatura, que se someta a plebiscito la reforma al Código Civil para el Distrito Federal en lo relativo al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Diputada Paz Quiñones Cornejo (rúbrica)
El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
En general, un juguete tiene por objetivo la recreación, sin exceptuar otras funciones, como la formación, el aprendizaje, el desarrollo o la estimulación de los aspectos intelectual, psicológico, sensorio-motriz y de convivencia social. En los niños, el juguete es un concepto imprescindible y toma su máximo valor en el contexto del desarrollo humano. La función del juguete en los niños es apoyar el desarrollo de múltiples aspectos, tanto el físico como el psicológico. A través del juguete, exploran, descubren, aprenden e interactúan con múltiples objetos y problemas que forman parte importante de su adecuado desarrollo como individuos.
El juego está relacionado con todos los aspectos de la vida y contribuye al desarrollo físico, mental y social de los niños. Es un medio de aprender a vivir, no es un mero pasatiempo. Por tanto, los juguetes deben estar al servicio de los niños, no al revés.
Comprar un juguete u otro es inculcar un modo de vida, además de contribuir o no al desarrollo físico, emocional o social del menor según el juguete escogido. El juguete, como la educación, no es neutral. Un escaparate de juguetes es la copia del mundo de los adultos: los mayores se matan, se preparan para la guerra, hacen distinción entre sexos.
Hay juguetes que imitan armas o sirven para jugar a matar. Sabemos que el cine o la televisión introducen a los niños en un ambiente de agresividad. Los juguetes bélicos no fomentan la colaboración sino la competencia, el típico "yo puedo", el viejo esquema de buenos contra malos.
Suponen la iniciación a un sistema social competitivo y violento. Así, la violencia asumida por los niños será en el futuro la base de las relaciones sociales: el más fuerte triunfa, tiene razón y, además, es el bueno. Matar y morir forma parte del juego, y en ello subyace un desprecio por la vida humana.
Hay juguetes mucho más adecuados que los bélicos para orientar hacia una creatividad constructiva nuestra agresividad natural, que no debemos confundir con violencia.
Otros juegos reproducen los papeles del hombre y de la mujer en la sociedad, se convierten en un instrumento ideológico del que se sirve el sistema para perpetuarse. De ese modo, los niños, por medio del juguete, asimilan la discriminación y reproducen los esquemas machistas y patriarcales que imperan en la sociedad. Esos esquemas se reflejan principalmente en la diferenciación de los juegos y los juguetes según los sexos, y así estaremos creando al varón posesivo y activo y a la mujer "cenicienta" del hogar, dedicada al marido y a sus hijos, sin tener posibilidades de cumplir otro papel en la sociedad.
Además, hay juguetes que se caracterizan fundamentalmente por su inutilidad pedagógica a la hora de desarrollar la imaginación de los niños. Éstos quedan reducidos a ser meros espectadores pasivos, y de ahí que al poco tiempo se aburran y olviden al juguete o lo destrocen para ver qué tiene adentro.
Es preocupante la indiferencia de la sociedad respecto a la importancia del juego, y la creciente explotación comercial de la infancia a través de los medios de comunicación y producción. Lo que importa es vender más para ganar más, que estos juguetes sean educativos o no queda fuera de los planteamientos del mercado capitalista, que busca sus intereses y no los de los niños.
derivado del contexto actual de inseguridad en el país, debemos ser conscientes de no vender o comprar artículos que promueven una cultura de violencia.
Desde pistolas de agua hasta juegos de video, tanques de guerra, espadas o soldaditos, estos juguetes son considerados en el rango de juguetes bélicos. Debemos superar la concepción de que los juguetes son meros objetos para el entretenimiento en la vida de los niños.
Aunque para los psicólogos y los sociólogos el juego es una vía importante de expresión del niño, que le permite recrear sus fantasías y conocer su entorno, en los últimos años las actividades lúdicas mal orientadas también motivan situaciones de violencia extrema. La agresividad en las personas es natural porque tiene orígenes bioquímicos. Esa agresividad puede transformarse en algo negativo o puede canalizarse positivamente, de manera que la persona invierta esa energía en hacer algo productivo.
En el caso de los menores, es sencillo ver cómo canalizan mucha de su agresividad y frustración por medio de los juguetes, pero también en sus ratos de ocio. Si a esa agresividad natural se agregan juguetes que exaltan la violencia, se forma un caldo de cultivo para una sociedad muy violenta.
Mediante la entrada de miles de juguetes en territorio nacional, empresarios, principalmente de procedencia extranjera, acercan a los infantes muñecas "muertas", acciones de violencia, pistolas y juegos de asesinatos. Según los expertos, los motivará a reproducir en la etapa adulta esa práctica violenta.
Permitir que los niños usen juguetes bélicos les da a entender que la violencia es una forma adecuada de resolver los conflictos y de vivir en sociedad.
La cultura de paz requiere no sólo que se eliminen los juguetes bélicos sino, también, que se tomen medidas complementarias.
Necesitamos una intervención integral, que vaya más allá de eliminar cierto tipo de juguetes. Sin embargo, definitivamente, el primer paso es sustituir los objetos considerados bélicos en nuestra cultura porque para resolver conflictos de desigualdad y de diversidad no se debe echar mano a la fuerza, el poder ni la violencia.
La manera en que influyen puede explicarse de la siguiente forma: el niño, al tener en la mano una pistola, un rifle o cualquier otro juguete bélico, ve como algo normal el uso de las armas. Empieza con una pistola de agua para apuntar a un compañerito a fin de matarlo; ahí hay un acto de violencia, y así se generan las conductas hacia el futuro.
De cara a las fiestas decembrinas, los niños sueñan con juguetes nuevos, y los padres se enfrentan a la abrumadora oferta que se presenta en calles y grandes almacenes.
La alternativa que propongo son juguetes que ayuden al desarrollo integral de los niños, que reúnan una serie de características:
Deben poder manejarlos, moverlos, desarmarlos si es preciso, cambiarlos de forma. Se trata de conseguir que en el juego los protagonistas sean los niños, no los juguetes.
Que sean de fácil manejo, no muy complicados, ni tan frágiles que tengan que estar guardados.
Tienen que potenciar la capacidad creativa e intelectual, y desarrollar la cooperación y relación con otros niños.
Por último, que hagan pensar a los niños, utilizar su imaginación y fantasía. Con ello no se busca ser deterministas ni fanáticos, viendo por ejemplo en el niño que juega con un juguete bélico un futuro asesino. Tampoco se piense que no debe comprarse nunca un determinado juguete si nos lo piden, ya que según las circunstancias no comprárselo puede producir efectos más negativos, sobre todo si el origen de esta demanda (publicidad, amigos u otro) sigue creándole la necesidad de él.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Único. Se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la secretaría de economía que promuevan la producción, la venta y el uso de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente y despierten en niños y en adolescentes el respeto de la vida, la lealtad, el respeto del adversario, la comprensión, la tolerancia y el entendimiento entre los hombres.
Los suscrita, Ana Estela Durán Rico, integrante de la LXI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes
La violencia contra las mujeres es un fenómeno que lesiona severamente los derechos de las mujeres. En nuestro país, tristemente, tenemos varios casos que ilustran el hecho con profusión.
En Morelos, las muertes violentas de mujeres constituyen un problema de inseguridad que se ha extendido de manera alarmante ante la omisión de las autoridades estatales. La situación demanda acciones firmes y urgentes por parte de los Poderes Ejecutivo y Judicial encaminadas a inhibir el delito, procurar e impartir justicia, así como atender adecuadamente a las víctimas.
Es preciso atender los pendientes para la plena aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, vigente desde 2007. Dentro de lo que ha faltado por hacer en este sentido, es la expedición del reglamento respectivo, ya que hasta la fecha el gobernador de Morelos no lo ha publicado incumpliendo con lo que establece el segundo transitorio de la ley mencionada, lo que significa en términos prácticos un impedimento para la plena aplicación de la ley.
Recientemente, integrantes de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Morelos han reclamado una disculpa pública al procurador de Justicia de aquella entidad, Pedro Luis Benítez Vélez, quien al concluir una comparecencia ante dicha comisión expresó que "aprendan a prevenir y no a provocar" y que "es mejor que las mujeres se vayan a sus casas". Esta desacertada declaración deja constancia de la lamentable incomprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres, y dada la investidura del funcionario supone graves implicaciones. Esta equívoca actitud conduce a la toma de decisiones erróneas sobre este grave problema que atenta contra la seguridad de las morelenses.
En cuestión de cifras, el mes pasado la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos dio a conocer que de acuerdo con estadísticas de la procuraduría morelense, el número de muertes alcanza las 233.
Sin embargo, existe divergencia en las cifras respecto a otras, esto es producto de la carencia de una metodología precisa para que el Ministerio Público detecte la naturaleza de las muertes violentas de mujeres como independientes de las del homicidio simple.
El manejo indistinto del feminicidio no es un problema exclusivo de Morelos, ya que debido a la codificación penal en nuestro país y la carencia de modelos de atención específicos hacen necesario que los legisladores acoten un tipo penal que establezca bajo qué circunstancias la privación de la vida de una mujer ha de entenderse como feminicidio. Por ello, es menester que el Estado impulse la formación con perspectiva de género en los Ministerio Públicos para que atiendan adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia.
Es así, como el aumento de casos de violencia en Morelos ponen en evidencia la insuficiencia de instrumentos legales y de infraestructura existente en Morelos para procurar e impartir justicia a las mujeres víctimas de la violencia.
Elevamos el llamado de justicia que hacen las organizaciones civiles integrantes del Comité contra el Feminicidio en Morelos. De la misma forma retomamos como antecedente la solicitud presentada por el senador Mario López Valdez en abril de 2007, en la que alertaba sobre la problemática de feminicidios en esta misma entidad y que hasta el momento ha quedado pendiente de dictamen.
Es por lo antes expuesto que se somete a consideración de esta soberanía los siguientes
Uno. Se exhorta al gobernador de Morelos a publicar a la mayor brevedad posible el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, así como a diseñar e instrumentar acciones con perspectiva de género en la procuración de justicia de esa entidad.
Dos. Se exhorta al procurador de Justicia de Morelos a informar a esta soberanía si dentro del marco institucional de la dependencia que dirige se plantean acciones con perspectiva de género y, en caso negativo, se le conmina a que en el ámbito de sus atribuciones diseñe estrategias y planes que consideren acciones sobre dicho enfoque de género, a mantener actitudes de respeto integral y a omitir manifestaciones verbales denostativas hacia las mujeres mexicanas.
Diputada Ana Estela Durán Rico (rúbrica)
El suscrito, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a efecto de que se dictamine, a la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo con base en los siguientes
En sesión ordinaria de la honorable XVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California celebrada el 17 de julio del año en curso, se acordó mediante dictamen número 322 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales remitir a esa honorable soberanía la iniciativa de decreto que reforma la fracción II del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fecha 23 de mayo de 2003, el suscrito, que en ese momento ostentaba el cargo de elección popular de diputado por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, integrante de la honorable XVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción II, 28, fracción I, y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, presenta ante la asamblea la iniciativa de reforma señalada, a fin de que se envíe al Congreso de la Unión para estudio y aprobación.
Recibida la iniciativa en comento, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Héctor Edgardo Suárez Córdova, de acuerdo con la facultad que le confiere el artículo 50, fracciones II, inciso f), y VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, la turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de esa legislatura.
Una vez recibida y analizada, estudiada que fue en todos y cada uno de sus términos, dicha comisión, en cumplimiento de lo previsto en la fracción III del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, realizó el dictamen procedente a favor y por unanimidad.
Es facultad del Congreso del estado iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como proponer la reforma o derogación de unas y otras, de conformidad con lo previsto en los artículos 27, fracción II, y 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Con el texto vigente del artículo 162, si un trabajador gana cinco salarios mínimos diarios y es separado de su empleo, la prima de antigüedad que recibirá deberá tener como tope máximo del salario diario lo equivalente a dos salarios mínimos.
La iniciativa pretende reformar la fracción II del artículo 162 del ordenamiento citado, a efecto de establecer que para determinar el pago de indemnización por concepto de prima de antigüedad que deba otorgarse al trabajador por la separación de su empleo se tome como base el salario que percibe en el momento de que aconteciera el suceso.
Otorgar una prima de antigüedad, con base en un salario por debajo del percibido y acordado en el momento de la contratación, resulta a todas luces una injusticia, principalmente si consideramos que el salario con el que se contrata a un trabajador se asienta en el contrato como un acuerdo entre voluntades con relación al grado de calificación del trabajo que se realizará.
Es así que se pretende que la indemnización por concepto de prima de antigüedad, se calcule y se otorgue respetando el salario que los trabajadores perciben al momento en que son despedidos o que renuncien de manera voluntaria después de 15 años de servicio continuo.
En virtud de considerar que la reforma a la fracción II del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido que lo sostiene la iniciativa, beneficiará a los trabajadores en el momento en que les sea otorgada la prima por antigüedad y a fin de alcanzar una mayor equidad en la remuneración por el tiempo dedicado al trabajo socialmente útil, así como en razón de todos los antecedentes y considerandos aquí expuestos.
De acuerdo al artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión encargada del estudio, análisis y dictamen correspondiente debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se recibió.
No obstante lo anterior, la iniciativa en comento se presentó en la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social el 18 de septiembre de 2003. Es decir, han transcurrido seis años y la comisión referida no ha presentado al pleno de la Cámara el dictamen respectivo, incumpliendo así lo establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que emita el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, emplazándola para un día determinado, y si ni así se presentase el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.