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Timestamp: 2016-12-06 22:21:56
Document Index: 79409253

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 369', 'artículo 28', 'artículo 60', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 7', 'artículo 39', 'Artículo 17', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 769', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 3', 'artículo 50', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 7', 'artículo 23']

⭐Indemnizaciones por daños personales e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Indemnizaciones por daños personales e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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Soledad Pereyra Castilla
1 4/2000 Indemnizaciones por daños personales e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Sumario Exención en el IRPF de las indemnizaciones por daños personales No todos los daños indemnizables están exentos Reconocimiento judicial de la cuantía de la indemnización 1. Alcance 2. Fórmulas intermedias: aspectos legales y doctrinales Cuantía de la indemnización legalmente establecida Las percepciones derivadas de contrato de seguro de daños concertado por la víctima La forma de percepción de la indemnización Tabla de Consultas de la DGT Bibliografía Exención en el IRPF de las indemnizaciones por daños personales Qué efecto impositivo produce sobre la renta personal de una persona, víctima de un daño personal, el hecho de que ésta cobre una cantidad de dinero en concepto de indemnización de daños y perjuicios? La figura impositiva que, con carácter fundamental, incide en la obtención de renta por parte de los contribuyentes personas físicas es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por ello, la exposición que sigue se ceñirá a la regulación del mencionado impuesto. Según el art. 6 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias (LIRPF) el hecho imponible del impuesto es la obtención de renta por parte del sujeto pasivo. No obstante, el art. 7 LIRPF incluye una serie de supuestos que, aunque constituyen hechos imponibles del IRPF, no son rentas tributables por dicho impuesto 1. Entre ellos cabe destacar el contemplado por la letra d) del art. 7 LIRPF 2, en virtud del cual se hallarán exentas de tributación: Abogado, Cuatrecasas Abogados. El equipo de que, en esta ocasión, ha coescrito este artículo está compuesto por Pablo Salvador Coderch, Jordi Carrasco Martín, Oliver García Muñoz, Álvaro Luna Yerga y Sonia Ramos González. 1 Se entiende por hecho imponible «el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 12 4/2000 «Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños físicos o psíquicos a personas, en la cuantía legal o judicialmente reconocida». Dicho precepto establece, además, una serie de requisitos de carácter cuantitativo para que los importes indemnizatorios percibidos puedan beneficiarse de la exención. Así, deberá tratarse de importes recibidos «en la cuantía legal o judicialmente reconocida», de modo que resulta preciso establecer una distinción en función del medio a través del que se hayan obtenido las indemnizaciones susceptibles de exención. No todos los daños indemnizables están exentos No todos los daños indemnizables están exentos; sólo lo están, como acabamos de ver, los daños físicos o psíquicos a personas y, además, en la cuantía legal o judicialmente reconocida. En interpretación del concepto de daño contenido en el art. 7.d) LIRPF, bastante más estricto que la noción de daño en Derecho Civil (art CC y jurisprudencia que lo desarrolla), la Dirección General de Tributos (DGT) ha acogido como daños personales toda lesión corporal o psíquica que derive de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del damnificado y que produzca la invalidez temporal o permanente o incluso la muerte. De entre las Consultas de la DGT sobre esta cuestión, referidas todas ellas a la previgente Ley 18/1991, de 6 junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 18/1991) ; y cabe destacar esta última, cuyo tenor reitera el de las anteriores: «Hay que entender que la expresión las indemnizaciones por daños a del precepto transcrito de la Ley del Impuesto reconoce la exención para aquellas indemnizaciones a que vienen obligados por la normativa civil aquellos que causen daño a otro, y entendiendo por daño toda lesión corporal o psíquica que derive de una causa violenta, súbita, externa, ajena a la intencionalidad de la obligación tributaria» (art Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria - LGT-). La realización del hecho imponible determinará su sujeción al tributo de que se trate. En sentido contrario, si no se realiza el hecho imponible, bien porque la Ley así lo precise expresamente para algunos supuestos (art. 29 LGT) o bien porque así resulte de la interpretación de la descripción típica del hecho imponible, nos hallaremos ante un supuesto de no sujeción. Junto a estos supuestos, se habla de exención cuando, pese a realizarse el hecho imponible, no nace la obligación tributaria porque el legislador así lo ha dispuesto. 2 El art. 9.Uno.e) de la anterior ley reguladora del IRPF, Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, preveía que estaban exentas: «Las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos a personas, en la cuantía legal o judicialmente reconocida, así como las percepciones derivadas de contratos de seguro por idéntico tipo de daños hasta 25 millones de pesetas». 23 4/2000 persona y que produce la invalidez temporal o permanente o incluso la muerte, ( )». La restricción que realiza la legislación tributaria de la exención de las indemnizaciones por sólo algunos daños personales suscita, entre otras, tres órdenes de cuestiones: a) En primer lugar, sólo los daños personales invalidantes están incluidos en el art. 7.d) LIRPF. En consecuencia, las indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de la causación de este tipo de daños estarán sujetas y no exentas del impuesto. Para el concepto de invalidez temporal, hay que tener en cuenta el art a) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), según el cual tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad laboral transitoria: «Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación». b) En segundo término, la DGT, en Consulta de , parece haber excluido el daño moral del concepto de daño personal, pues ha declarado que: «[L]a norma [art. 9.1.e) Ley 18/1991] se refiere única y exclusivamente a cantidades -indemnizaciones o percepciones, según la vía de su reconocimiento- reparadoras de daños físicos y psíquicos a personas y no a indemnizaciones de tipo moral..., por lo que en este sentido -[las] indemnizaciones por daños morales- estarían plenamente sometidas a tributación por el IRPF...». Esta interpretación plantea algunos interrogantes que permiten poner en duda su corrección: b.1) Si el daño moral está excluido del concepto de daño psíquico del artículo 7.d) LIRPF, qué daños se incluyen en aquél? No parece razonable excluir de la exención todas las indemnizaciones por daños morales que se asocian a daños psíquicos sin una repercusión somática clara. b.2) La interpretación de la DGT obliga, a efectos tributarios, a distinguir la cuantía de las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos de las concedidas por daño moral. La empresa no parece fácil si tenemos en cuenta, en primer lugar, que los jueces y magistrados españoles no suelen desglosar las partidas indemnizatorias en función del tipo concreto de daño causado y, en 34 4/2000 segundo lugar, que las cuantías de las indemnizaciones básicas recogidas en los baremos incluidos en el Anexo de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (Ley 30/1995), que «tendrán la consideración de indemnizaciones en la cuantía legalmente reconocida» (art. 1.3), incluyen el daño moral. De la breve discusión anterior resulta con razonable certeza que las indemnizaciones por daños físicos y psíquicos que se ajusten a los baremos legales sobre daños morales están incluidas en la exención en estudio. c) Por último, la DGT ha considerado que las indemnizaciones derivadas de enfermedad profesional gozan de la exención del art. 7.d) LIRPF. En este sentido, puede verse la Consulta de , según la cual el concepto de enfermedad profesional debe encontrar acomodo en el concepto de daños acogido por la DGT: «En el caso consultado (...) se produce ese daño o perjuicio (...) al trabajador, puesto que en el ejercicio de su profesión contrae una enfermedad de carácter infeccioso que ha motivado la declaración de invalidez permanente total y, además, su cuantía ha sido declarada judicialmente. Por ello, la cuantía percibida en concepto de indemnización estará exenta en virtud de lo señalado en la letra e) del artículo 9 de la Ley 18/1991, de 6 de junio». Reconocimiento judicial de la cuantía de la indemnización 1. Alcance Quedará exonerado de tributación por el IRPF el importe de las indemnizaciones reconocidas por decisión judicial. El texto legal no limita en modo alguno su cuantía, pues, a diferencia de las indemnizaciones cuya cuantía se determine legalmente, las fijadas en virtud de sentencia judicial se hallarán exentas en el IRPF. Así lo ha entendido la DGT en Consulta de cuando, al distinguir las distintas posibilidades de percibir una indemnización, dispuso textualmente que: «a) Cuantificación fijada por un juez o un tribunal, bien en sentencia o por Auto (artículo 369, Ley de Enjuiciamiento Civil). La indemnización estaría exenta cualquiera que sea su importe». 45 4/2000 Debe observarse además que, según el tenor literal del art. 7.d) LIRPF, sólo gozarían de exención los importes indemnizatorios que se hubieran fijado tras la finalización de un proceso judicial, una vez que el juez, oídas las partes intervinientes y habiendo valorado las pruebas y testimonios aportados, dictara auto o sentencia que pusiera fin al proceso. Sin embargo, la DGT ha interpretado extensivamente la expresión «judicialmente reconocidas», considerando que también podrán quedar exentas las que denomina fórmulas intermedias. Así, en Consulta de , ha señalado que en ellas se encuadra todo supuesto de aproximación voluntaria de las posturas de las partes en conflicto, siempre que medie algún tipo de intervención judicial: «( ) b) Fórmulas intermedias. Con esta expresión se quiere hacer referencia a aquellos casos en los que existe una aproximación voluntaria en la postura de las partes en conflicto, siempre que haya algún tipo de intervención judicial. A título de ejemplo se pueden citar los siguientes: acto de conciliación judicial, allanamiento, renuncia, desistimiento y transacción judicial. En estos casos la indemnización estará igualmente exenta por la totalidad de su importe». En sentido idéntico se pronuncian las Consultas de , , o Así pues, la DGT ha dispuesto una enumeración ejemplificativa de los distintos supuestos que integrarían esa categoría de "fórmulas intermedias", destacando, entre otros, los actos de conciliación judicial, allanamiento, renuncia, desistimiento o transacción judicial. 2. Fórmulas intermedias: aspectos legales y doctrinales En el concepto de "fórmulas intermedias" se incluyen algunos de los hoy denominados actos de disposición del objeto del juicio, contemplados en el art de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 3 (LEC 2000): «Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero». Obsérvese, con todo, que el arbitraje no está incluido en el concepto de "fórmulas intermedias" acogido por la DGT, ya que el laudo arbitral no requiere homologación judicial para desplegar sus efectos. La ley define la transacción como «(...) un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o 3 Cuya entrada en vigor se producirá el (D.F. 21ª). 56 4/2000 ponen término al que había comenzado» (art CC). La transacción judicial se diferencia de la extrajudicial en que, en aquélla, el órgano jurisdiccional homologa el acuerdo alcanzado por las partes mediante resolución en forma de auto, tal y como dispone el art LEC : «Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin». En la LEC todavía vigente 5, de 1881 (LEC 1881), no existe un precepto general equiparable al art LEC 2000; las únicas referencias a la transacción judicial las encontramos en supuestos procesales concretos, tales como los regulados por los arts. 1360, , y 2025 a 2030 LEC Para el allanamiento el art LEC 2000 dispone: «Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante». En relación con diferentes procedimientos jurisdiccionales, el allanamiento se regula en los arts. 41 y 1541 LEC Según Juan MONTERO AROCA, el allanamiento es un «acto procesal del demandado por el que éste manifiesta su voluntad de no oponerse a la pretensión del actor o de abandonar la oposición ya interpuesta, conformándose con la misma» 6. También aquí se produce un acercamiento de posiciones entre las partes con anterioridad a la finalización normal del proceso. Para que el allanamiento origine la inmediata terminación del proceso ha de consistir en un acto de reconocimiento total de la demanda, que se formalizará en una sentencia condenatoria, no contradictoria, sobre el fondo del litigio conforme a las pretensiones, a nuestros efectos, indemnizatorias del demandante. En contraposición, cuando la conformidad del demandado se refiera a alguna o algunas de las peticiones del actor, concurrirá un allanamiento parcial que se formalizará mediante auto y no implicará la finalización del proceso, sino que comportará que la futura sentencia deba reconocer u otorgar la parte de la 4 El auto como forma de resolución judicial se contempla con carácter general en el art ª LEC 2000, precepto que reconoce expresamente como uno de sus posibles contenidos la aprobación judicial de la transacción. En cambio, el art. 369 LEC 1881 delimita el contenido del auto como forma de resolución judicial sin citar de forma expresa la homologación judicial de la transacción. 5 En 27 de octubre de MONTERO AROCA, Juan, y otros, El nuevo proceso civil (Ley 1/2000). Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág7 4/2000 pretensión allanada, a nuestros efectos, de carácter indemnizatorio, tal y como dispone el art LEC 2000: «Cuando se trate de un allanamiento parcial el tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento (...)». La renuncia es un acto procesal, unilateral y expreso del demandante por el que manifiesta su dejación de la acción ejercitada o del derecho en que fundamenta su pretensión; así, la renuncia extinguirá el proceso, mediante sentencia no contradictoria y desestimatoria de la pretensión con absolución del demandado. La renuncia se contempla con carácter general en el art LEC 2000: «Cuando el actor manifieste su renuncia a la acción ejercitada o al derecho en que funde su pretensión, el tribunal dictará sentencia absolviendo al demandado, salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible. En este caso, se dictará auto mandando seguir el proceso adelante». Al igual que en las anteriores figuras examinadas, en la LEC 1881, los arts. 57, 547, 552 y 669 tan sólo hacen referencia a la renuncia en relación con concretas actuaciones procesales 7. La DGT presupone -al igual que en el allanamiento, si bien con inversión de sujetos- que dicho acto ha supuesto un acercamiento entre las partes en conflicto, por lo cual resultará igualmente aplicable la exención del art. 7.d) LIRPF. Al respecto, debe observarse lo siguiente: a) Por definición de renuncia -acto de dejación de derechos u otras posiciones jurídicas subjetivas- no parece imaginable un caso en el que de una renuncia derivara derecho indemnizatorio alguno susceptible de exoneración por el art. 7.d) LIRPF. En el caso de producirse una renuncia que instrumentara un acuerdo previo entre las partes en el que se hubiera pactado una indemnización habría una transacción extrajudicial, a efectos de la exención del art. 7.d) LIRPF. La renuncia, entonces, formaría parte de este acto más complejo sólo para dotar a la transacción extrajudicial de los requisitos que exige la DGT para constituir una "fórmula intermedia". b) En la renuncia, al contrario que en el allanamiento, sería cuestionable incluso el pretendido acercamiento de las posturas de las partes en 7 Algunos autores como José María GIL SÁEZ, Cuestiones de Derecho Procesal Civil, CGPJ, Madrid, 1995, págs , distinguen entre la renuncia total, que extinguirá el procedimiento, y la parcial que, sin producir dicho efecto, obligará al juez a absolver de lo renunciado, debiendo pronunciarse sobre el resto. 78 4/2000 litigio, dado que no existe negociación alguna, como sí ocurre en la transacción, ni sometimiento a la voluntad de la otra parte, parecidamente a lo que sucede en el allanamiento. Cualquier posible acercamiento de posturas que pudieran alcanzar las partes se plasmará, no en el proceso renunciado, sino en una transacción judicial o extrajudicial. Resulta, por tanto, confuso que la DGT incluya dentro del concepto de "fórmulas intermedias" esta figura. El desistimiento es, según Juan MONTERO AROCA «un acto procesal del demandante consistente en una declaración de voluntad por la que anuncia su deseo de abandonar el proceso pendiente iniciado por él, de modo que su pretensión queda imprejuzgada, al no dictarse pronunciamiento alguno sobre la misma» 8 y, por tanto, puede ser objeto de un nuevo proceso posterior. La definición de esta figura se contempla, con carácter general, en el art y 3 LEC 2000, que reproducimos, mientras que la LEC 1881 sólo hace referencia a esta figura respecto a concretos trámites procesales en los arts. 409, 410, 728 y 846 a 848: «El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía». «Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de tres días. Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo expresado en el párrafo anterior, el tribunal dictará auto de sobreseimiento y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto. Si el demandado se opusiera al desistimiento, el juez resolverá lo que estime oportuno». Por tanto, la LEC 2000 regula dos tipos de desistimiento: el unilateral, producido por la voluntad única del demandante en los casos mencionados en el art LEC 2000, y el bilateral, procedente en todos los demás casos, en los que se exigirá oír al demandado. En todo caso, el desistimiento se plasmará en un auto judicial; así, si bien no recae resolución judicial alguna, la Hacienda Pública da por supuesto que sí se ha producido una intervención judicial (aunque sea tan sólo por la admisión a trámite de la demanda interpuesta) y que, sin perjuicio de que exista acuerdo o no entre las partes, resulta indudable que se ha producido un acercamiento en sus posturas 8 MONTERO AROCA, Juan, y otros, op. cit., pág9 4/2000 contrapuestas, puesto que el demandante ha abandonado su pretensión, acomodándose a la propuesta inicialmente presentada por la otra parte 9. La inclusión del desistimiento en el concepto de "fórmulas intermedias" también plantea algunos problemas: a) Como hemos apuntado en la renuncia, por la propia definición de desistimiento no es fácil encontrar un caso en el que del desistimiento derivara derecho indemnizatorio alguno susceptible de exoneración por el art. 7.d) LIRPF. Así, en caso de darse un desistimiento como consecuencia de que las partes hubieran alcanzado un acuerdo previo en el que se pactara una indemnización, nos encontraríamos ante una transacción extrajudicial. De nuevo, el desistimiento formaría parte de un acto más complejo que instrumentaría una transacción extrajudicial previa con el propósito de dotarla de los requisitos de las "fórmulas intermedias". b) En el desistimiento sería cuestionable, además, el alcance de la intervención judicial, en especial en los casos de desistimiento unilateral. Por todo esto, también resulta dudosa la inclusión del desistimiento en el concepto de "fórmulas intermedias". Tanto en el caso de renuncia como en el de desistimiento el problema es que, o bien hay una transacción previa y es extrajudicial, o bien se abre una brecha al fraude procesal, pues cabe transigir y llevar sólo al proceso la demanda y luego renunciar o desistir para ratificar una transacción anterior, que nunca fue objeto de discusión en el proceso. Sólo nos hallaremos ante una "fórmula intermedia" cuando ésta no constituya fraude de ley. Cuantía de la indemnización legalmente establecida El segundo supuesto que posibilita la exención consiste en que la cuantía percibida en concepto de indemnización se corresponda con la legalmente establecida. Por ello, si las partes no acuden a los Tribunales por haber llegado a un acuerdo extrajudicial, se hace necesaria, para que el importe percibido tenga la consideración de renta exonerada de gravamen, la existencia de una norma 9 En la doctrina, puede verse Miguel GIL DEL CAMPO, Indemnizaciones laborales y por daños físicos y psíquicos y otras prestaciones exentas en el IRPF. Impuestos (Compendio) 1995, págs. 445 a 456. Según este autor, la interpretación amplia del concepto judicialmente reconocidas conlleva que toda fórmula jurídica que posibilite un reconocimiento judicial será válida para considerar exento el importe que con la misma se haya obtenido, sin necesidad de esperar hasta una sentencia judicial. 910 4/2000 reguladora de las cuantías a percibir como indemnización por daños, dependiendo de la gravedad de los mismos y las circunstancias en las que el daño se haya producido. El caso más importante de regulación legal de las cuantías indemnizatorias es el de los daños causados por accidentes de circulación, dada la frecuencia de accidentes que tienen lugar en el desarrollo de aquella actividad Desde la entrada en vigor de la Ley 30/1995, que sustituye la anterior escala contenida en la Orden Ministerial de fecha 5 de marzo de 1991, así como cualquier otra que pudiera resultar de aplicación, ha de atenderse a los baremos incluidos en ella para el cálculo de las indemnizaciones que, de acuerdo con el art. 1.3 de su Anexo, «tendrán la consideración de indemnizaciones en la cuantía legalmente reconocida». En consecuencia, la indemnización que satisfaga la Entidad Aseguradora por daños físicos o psíquicos a personas estará exenta en el IRPF siempre que su cuantía no supere la determinada conforme a la escala prevista en la Ley 30/1995. El exceso, en cambio, tributará por renta. Al efecto, la DGT, en la Consulta , estableció que: «( ) 1. Indemnización de cuantía legalmente reconocida. Cuando una norma determine una cuantía de la indemnización, su percepción estará exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el supuesto de que la indemnización exceda de las cuantías legalmente fijadas, el exceso estará sujeto y no exento del Impuesto. ( ) 2. (...) 3. Indemnización fijada por acuerdo extrajudicial. Estará sujeta y no exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la cuantía de la indemnización que exceda del importe fijado normativamente ( )». La aplicabilidad de la Ley 30/1995 se ha visto gravemente afectada por la STC , que declara inconstitucional y, en consecuencia, nulo, el total contenido del apartado letra B) "factores de corrección" por perjuicios económicos de la Tabla V del Anexo, relativa a las indemnizaciones por incapacidad temporal. Tiene sentido considerar inconstitucional parte del contenido de la Tabla V de la Ley 30/1995 y, sin embargo, mantener para las restantes tablas el mismo criterio de corrección declarado nulo? La STC ha debilitado la Ley 30/1995, por cuanto no sería de extrañar que en el futuro se plantearan nuevas impugnaciones de los restantes supuestos del mismo texto legal que resuelven, de manera similar, si no idéntica a la declarada inconstitucional, la valoración del daño. Se plantea la duda sobre la aplicabilidad analógica de la Ley 30/1995 a sectores del tráfico distintos del que constituye su ámbito material. (art. 1º.1 del Anexo). Las Consultas de la DGT examinadas no se pronuncian sobre el tema, dado que todas las que conocemos resuelven consultas sobre accidentes 1011 4/2000 de tráfico. La posibilidad o no de aplicar analógicamente la Ley 30/1995 a otros sectores de la actividad social o económica ha sido contemplada por la doctrina. Algún autor, como Mariano MEDINA CRESPO 10, se ha manifestado a favor de la analogía: «Aunque el sistema no ordene el uso del mecanismo analógico y oculte la posibilidad y necesidad de su uso, tal posibilidad y necesidad existe, pues no se impide expresamente (quod non prohibitum, permissum), máxime teniendo en cuenta que el derecho de la responsabilidad civil es por esencia reparatorio y no sancionador en absoluto; y es incontestable por ello que tal mecanismo no puede preterirse y ha de utilizarse cuando lo impongan las exigencias intrínsecas del sistema, puestas al servicio de la plenitud y la coherencia normativas». En línea parecida, el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 13 de octubre de 2000, prevé en su art. 1.Uno la ampliación de la exención del art. 7.d) LIRPF a las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos derivadas de un contrato de seguro de accidentes concertado por la víctima. Para estos casos, el Proyecto establece como límite legal de la exención la cuantía que resulte de aplicar los baremos previstos en la Ley 30/1995. Si la Ley amplía el ámbito material de aplicación de la Ley 30/1995 para este tipo de indemnizaciones, no encontramos obstáculo a la aplicación analógica de dichos baremos para las restantes indemnizaciones a que hace referencia el art. 7.d) LIRPF. Sin embargo, Jesús FERNÁNDEZ ENTRALGO ha rechazado la aplicación analógica de la Ley 30/1995, basándose en el principio de especialidad de la Ley y en la finalidad que ésta persigue: «Sólo en los casos en que el elemento extraño [a la conducción de vehículo de motor] se convierta en el centro de gravedad de la imputación objetiva de la creación del riesgo (Pantaleón, 1990) no procederá la aplicación de esta normativa especial, porque ésta, por interpretación de su finalidad, a tenor de lo que se infiere de su art. 1 (criterio teleológico, el decisivo para la interpretación de las normas jurídicas, con arreglo al art. 3.1 del Código Civil), regula exclusivamente la responsabilidad por el resarcimiento de las consecuencias perjudiciales de un hecho que entraña un riesgo generado directamente por la circulación de un vehículo de motor» 11. Por lo tanto, si en los casos en que a la conducción de un vehículo de motor se suma una causa externa sobre la que recae el centro de gravedad de la 10 MEDINA CRESPO, Mariano. La valoración civil del daño corporal. Bases para un tratado. Análisis jurídico del sistema incluido en la Ley 30/1995. Doctrina y Jurisprudencia. Tomo I. Dykinson, Madrid, 1999, pág FERNÁNDEZ ENTRALGO, Jesús. Valoración y resarcimiento del daño corporal. La reforma del sistema resarcitorio de los daños corporales derivados de la conducción de vehículos a motor, en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. Marcial Pons, Madrid, 1997, pág12 4/2000 imputación objetiva de creación del riesgo el autor citado niega la aplicación de la Ley 30/1995, con más razón deberá negarse la misma en los casos completamente ajenos a la circulación de vehículos de motor. Con todo, la falta de aplicación analógica de la Ley 30/1995 nos conduciría a un resultado discriminatorio: por qué deberían tributar las indemnizaciones derivadas de cualesquiera otros tipos de accidentes distintos a los de circulación? Acaso no son unas y otras indemnizaciones derivadas de responsabilidad civil por daños físicos o psíquicos y, por tanto, merecedoras de la exención del art. 7.d) LIRPF? Las percepciones derivadas de contrato de seguro de daños concertado por la víctima Las percepciones indemnizatorias por daños físicos o psíquicos derivadas de un contrato de seguro de daños concertado por la víctima merecen una mención especial, dado que su régimen fiscal ha experimentado una constante evolución en la regulación del IRPF. El art. 9.Uno.e) Ley 18/1991 distinguía claramente entre indemnizaciones por daños físicos o psíquicos a personas, con independencia de que el causante del daño se hallara o no cubierto por un seguro de responsabilidad civil, de las percepciones que el sujeto accidentado recibiera con motivo de haber concertado un seguro que cubriera las contingencias de daños físicos o psíquicos sufridos por él mismo: «Art. 9.Uno. Estarán exentas las siguientes rentas: (...) e) Las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos a personas, en la cuantía legal o judicialmente reconocida, así como las percepciones derivadas de contratos de seguro por idéntico tipo de daños hasta 25 millones de pesetas». Para el segundo supuesto, la Ley 18/1991 restringía la exención en el IRPF a los primeros pts., estando sujeto y no exento el exceso sobre dicha cuantía en concepto de incremento de patrimonio regular (art. 44 Ley 18/1991). La nueva LIRPF alteró sustancialmente este panorama. En efecto, el art. 7.d) LIRPF ha suprimido la exención prevista para estas percepciones y ha provocado con ello su completa tributación en el IRPF en concepto de incremento de patrimonio regular. Esta modificación legislativa no parece acertada, por cuanto ambas indemnizaciones lo son por el mismo concepto: el padecimiento de daños físicos o psíquicos por la víctima. Esta más que probable falta de justificación 1213 4/2000 de un trato jurídico diferenciado entre ambas situaciones, con base en el único criterio de que la indemnización sea satisfecha por la compañía aseguradora de la víctima, en el primer supuesto, o del causante, en el segundo, parece estar en el origen de la modificación de la LIRPF prevista en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 13 de octubre de El Proyecto amplía la exención del art. 7.d) a las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales derivadas de contratos de seguro de accidentes en los siguientes términos: «Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños [daños físicos o psíquicos] derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1ª del artículo 28, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en la Ley sobre Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a Motor, en su redacción dada por la Ley 30/1995». El límite de pts. históricamente previsto en la Ley 18/1991 puede verse así sustituido por el más general de la cuantía legalmente establecida, entendiéndose por tal aquélla que se determine conforme a los baremos contenidos en el Anexo de la Ley 30/1995. La forma de percepción de la indemnización La reparación del daño puede realizarse de distintas formas: in natura, en especie o por equivalente, es decir, mediante el pago de una indemnización. Y es esta última forma de reparar el daño la que constituye el objeto de estudio. Por este motivo, no nos ocuparemos en este trabajo del estudio del régimen fiscal aplicable a la reparación in natura o en especie del daño. La indemnización se paga, normalmente, en forma de capital. Sin embargo, a veces, por disposición legal, judicial o por acuerdo entre las partes, la indemnización se abona en forma de renta periódica o perpetua. Hasta aquí hemos tratado del régimen fiscal aplicable a la indemnización abonada en forma de capital. Veamos, a continuación, cuál es el régimen fiscal aplicable a las indemnizaciones concedidas en forma de renta periódica o perpetua por disposición legal, por resolución judicial o por acuerdo entre las partes. a) En los casos de pensiones indemnizatorias o cuasi indemnizatorias que deben pagarse por mandato legal, el régimen fiscal viene determinado, para algunos casos concretos, por la propia LIRPF: así, por ejemplo, las 1314 4/2000 pensiones percibidas por los afectados por el VIH reguladas en el Real Decreto Ley 9/1993, de 28 de mayo; o aquéllas derivadas de accidentes laborales, reguladas en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Así, el art. 7.b) LIRPF declara exentas «las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana, reguladas en el Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo». Parecidamente, la letra f) del art. 7 LIRPF declara exentas «las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyen como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez (...)». Por el contrario, las pensiones percibidas por los trabajadores como consecuencia de encontrarse en una situación de incapacidad temporal o permanente, de carácter parcial o total, estarán sujetas al IRPF en concepto de rendimientos del trabajo, tal y como dispone el art a).1ª LIRPF. Para los restantes casos en los que la ley permite u obliga al pago de una indemnización en forma de pensión y que no se hallan expresamente contemplados en el art. 7 LIRPF, las rentas percibidas por la víctima se hallarán exentas en su totalidad, tal y como lo ha reconocido la DGT en Consultas de y : «Cuando legalmente se reconoce tanto el montante de la indemnización como la forma (capital o renta) en que ésta ha de satisfacerse a la víctima del accidente de tráfico, la exención será total en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas». b) Cuando no es la ley sino una resolución judicial la que determina el pago de la indemnización en forma de renta periódica o perpetua, dicha indemnización estará exenta de tributación. En este sentido se ha manifestado la DGT en las Consultas de y : «Cuando judicialmente se reconoce tanto el montante de la indemnización como la forma (capital o renta) en que esta ha de satisfacerse a la víctima del accidente de tráfico, la exención será total en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a la víctima perceptora de aquélla». Pueden verse ejemplos de reconocimiento judicial de las indemnizaciones en forma de renta periódica en las SSTS, 1ª, ; ; ; c) En tercer lugar, si la pensión indemnizatoria no deriva directamente de la ley ni de resolución judicial, sino de un acuerdo entre las partes, tributa en el IRPF en concepto de rendimiento de capital mobiliario, según el art b) y c) LIRPF, que regula las rentas vitalicias y temporales. A este respecto, es indiferente que el acuerdo alcanzado por las partes sustituya una indemnización reconocida judicial o legalmente en forma de capital. 1415 4/2000 La Consulta de la DGT de , si bien referida a este último supuesto, reconoce la sujeción de la pensión indemnizatoria al IRPF en concepto de rendimiento de capital mobiliario 12 : «(...) [L]a renta constituida [por las partes] estará sometida a gravamen del art. 37.Uno.3.e) de la Ley del Impuesto [Ley 18/1991]». La remisión que en la Consulta de se efectúa al art. 37.Uno.3.e) de la Ley 18/1991, debe entenderse hoy realizada al citado art b) y c) de la LIRPF. Así pues, procede extremar la cautela a la hora de decidir la forma de percepción de una indemnización por daños físicos o psíquicos, por cuanto los efectos tributarios en uno u otro supuesto resultan sustancialmente distintos. Tabla de Consultas de la DGT Fecha Bibliografía FERNÁNDEZ ENTRALGO, Jesús. Valoración y resarcimiento del daño corporal. La reforma del sistema resarcitorio de los daños corporales derivados de la conducción de 12 No quisiéramos dejar el régimen de sustitución de la renta en forma de capital por una renta periódica en manos de un único criterio administrativo. Por ello, Ignacio PÉREZ ROYO, Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Marcial Pons, Madrid 1999, ha expuesto a este respecto que: «La forma en que se abone la indemnización capital o renta- será indiferente a efectos de la exención que venimos comentando siempre que tal forma haya sido legal o judicialmente establecida. Ahora bien, si una indemnización fijada en forma de capital es sustituida por voluntad de las partes por una renta, entonces habrá que entender que a la indemnización en sí se superpone un contrato de renta temporal o vitalicia que, como tal, generará a efectos del impuesto un rendimiento del capital mobiliario». 1516 4/2000 vehículos a motor, en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. Marcial Pons, Madrid, GIL DEL CAMPO, Miguel, Indemnizaciones laborales y por daños físicos y psíquicos y otras prestaciones exentas en el IRPF. Impuestos (Compendio) GIL PÉREZ, Antonio; TERRASA MONASTERIO, Miquel; SÁNCHEZ LÓPEZ, Andrés (directores). Comentarios al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre la Renta de no residentes, Aranzadi, Navarra, GIL SÁEZ, José María, Cuestiones de Derecho Procesal Civil. CGPJ, Madrid, MEDINA CRESPO, Mariano. La valoración civil del daño corporal. Bases para un tratado. Análisis jurídico del sistema incluido en la Ley 30/1995. Doctrina y Jurisprudencia. Tomo I. Dykinson, Madrid, MONTERO AROCA, Juan, y otros, El nuevo proceso civil (Ley 1/2000). Tirant lo Blanch, Valencia, PÉREZ ROYO, Ignacio. Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Marcial Pons, Madrid Mostrar más
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