Source: https://es.scribd.com/document/534610/DECRETO-NUMERO-1468-LEY-DE-INQUILINATO
Timestamp: 2017-05-29 08:31:05
Document Index: 151567063

Matched Legal Cases: ['Artículo 147', 'Artículo 168', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 5', 'artículo 22', 'Artículo 3', 'Artículo 30', 'Artículo 40', 'Artículo 40', 'Artículo 40', 'Artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 39', 'artículo 45', 'artículo 426', 'artículo 250']

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Que es de absoluta y urgente justicia dictar normas legales que armonicen los intereses antagónicos, tiendan a solucionar en forma satisfactoria y expedita los graves problemas derivados del arrendamiento de inmuebles urbanos y procuren el equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes en tal género de contratos, en los cuales debe prevalecer el interés social sobre el particular; POR TANTO, Con fundamento en el inciso 1o, del Artículo 147, en el inciso 19 del Artículo 168 y en los Artículos 42, 87 y 126 de la Constitución de la República,
ARTICULO 1. Se declara de utilidad pública y de interés social el arrendamiento de toda clase de viviendas y de locales urbanos destinados a cualquiera otra finalidad. ARTICULO 2. Los beneficios que esta ley establece en favor de los inquilinos son irrenunciables y, en consecuencia, carecerán de validez las estipulaciones contractuales que los contravengan. La presente ley prevalecerá también sobre todo lo estipulado en contratos de arrendamiento o subarrendamiento celebrados con anterioridad a su vigencia. ARTICULO 3. Para todos los efectos de esta ley se entienden por: a) LOCADOR: El propietario, usufructuario, arrendante o subarrendante legales de bienes inmuebles urbanos o de partes de éstos; b) INQUILINO: Quien recibe u ocupa en arrendante o en subarrendante legales de bienes inmuebles urbanos o partes de éstos; c) VIVIENDAS: Los inmuebles urbanos o partes de los mismos dados en alquiler para destinarlos a habitación del inquilino y del grupo familiar que no él conviva en el mismo alojamiento;
d) LOCALES: Los inmuebles urbanos o partes de los mismos destinados a tiendas, almacenes, bodegas, fábricas, talleres, oficinas y negocios o actividades de cualquiera otra naturaleza sean o no índole lucrativa, y que no tengan el carácter de viviendas; y e) RENTA O ALQUILER: La suma que deba pagarse en dinero o que deba retribuirse en cualquiera otra forma convencional por el inquilino a cambio del uso a que se destinen las viviendas o locales. La calidad de bienes inmuebles urbanos se fijará exclusivamente por resolución de la Municipalidad respectiva. ARTICULO 4. Esta ley no se aplicará a viviendas o locales amueblados, reputándose como tales los que comprendan en el arrendamiento o en el subarrendamiento mobiliario con valor mayor de un mil quetzales, sin incluirse en dicha cantidad las estanterías, los equipos y artefactos destinados al servicio permanente del inmueble o a proporcionar a éste comodidad, tales como refrigeradoras, cocinas, calentadores de agua, lavadoras, secadoras, aparatos de radiodifusión para aficionados o de radiorrecepción, televisores y cosas similares. El valor real del mobiliario será fijado en su caso, por el juez de inquilinato, a solicitud del locador o del inquilino aplicando para el efecto, por analogía lo que esta ley dispone en cuanto al avalúo de viviendas y locales.
ARTICULO 5. Se declara ilegal todo aumento de alquileres de viviendas o locales urbanos, debiendo mantenerse como máximo, el alquiler que, conforme a los contratos respectivos, percibían los locadores el 1°, de noviembre de 1960. Las rentas de los inmuebles construidos y arrendados o subarrendados con anterioridad a la fecha últimamente mencionada, quedan en consecuencia, congeladas e incurrirán en las sanciones que esta ley establece quienes las aumenten o amenazaren al inquilino con exigirle la desocupación por causales no autorizadas en la presente ley o lo cohiban de cualquiera otra manera ilegal a desocupar el bien arrendado. ARTICULO 6. Por las viviendas y locales que hubieren estado desocupados el 1°, de noviembre de 1960 no podrá cobrarse mayor renta que la que pagaba el último inquilino, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. ARTICULO 7. Unicamente podrán aumentarse los alquileres que estaban vigentes el 1°, de noviembre de 1960 o que cubría el último inquilino, en su caso, cuando el propietario del raíz hubiere efectuado nuevas construcciones, ampliaciones o mejoras de importancia en inmuebles desocupados. En tales cosas, y para los efectos del cómputo de la renta a que se refiere el Artículo 22, el valor real que el inmueble tenía anteriormente se elevará en una suma igual a la efectivamente invertida en tales obras, de conformidad con lo que conste en la licencia municipal obtenida para efectuar tales obras y en la inspección municipal posterior a la conclusión de las mismas. ARTICULO 8. Los inmuebles que se hubieren construido después del 1°, de noviembre de 1960 y que aún no hubieren sido dados en arrendamiento; y los que se construyan o terminen de construir en el futuro, quedarán completamente libres de las limitaciones que, en materia de rentas, ordena esta ley. En consecuencia, las partes gozarán, en cuanto a ellos, del derecho de libre contratación. ARTICULO 9. Será igualmente de libre contratación, el alquiler de las viviendas o locales cuando el valor real y total de cada uno de ellos exceda de veinte mil quetzales. ARTICULO 10. Todo inquilino que no estuviere conforme con el importe de la renta que le correspondiere pagar de acuerdo con los Artículos 5º, 6º y 7º de esta ley y que no hubiere podido llegar a un arreglo con el locador, tendrá derecho a promover las diligencias correspondientes a fin de que dicha renta sea rebajada y de que se aplique a la vivienda o al local que aquél ocupare la renta máxima que el tribunal competente fijará de conformidad con el siguiente artículo. ARTICULO 11. El inquilinato interesado en obtener rebaja del alquiler que estuviere pagando, la solicitará por escrito al juzgado de inquilinato en la capital o a los tribunales competentes en los departamentos de la República. La rebaja podrá obtenerse conciliatoriamente ante el juez o por resolución judicial mediante la aplicación, al avalúo y reavalúo reales de los bienes arrendados, de las cuotas que se fijan en el artículo 22. ARTICULO 12. El avalúo o reavalúo, en tal caso, se efectuará por expertos, designados uno por el inquilino, uno por el locador y el tercero por el juez competente. ARTICULO 13. El inquilino propondrá en su escrito inicial el nombramiento de un experto por su parte y el juzgado señalará al locador el término de dos días para designar el suyo. Si venciere este término sin que el locador hubiere nombrado su experto o éste no se presentare a desempeñar el cargo, el juez de oficio,
nombrará al experto por parte del locador. Nombrados los peritos de ambas partes, el juez dentro del termino de dos días, nombrará a su vez al tercero para el caso de discordia. Los expertos, dentro del término máximo de cinco días de la fecha en que se hubiere nombrado al tercero, procederán, previa inspección ocular del bien de que se trate, a practicar el avalúo o reavalúo correspondiente y lo comunicará al juez en comparecencia o por escrito y, en todo caso, bajo juramento legal. En la capital de la República y en los centros urbanos en que residieren valuadores legalmente autorizados o valuadores o rectificadores fiscales, el experto tercero deberá tener cualquiera de esas calidades. Quienes tuvieren carácter oficial no podrán negarse, sin causa justa, al desempeño del encargo, so pena de destitución. En los municipios en que hubiere tablas o normas debidamente aprobadas para la práctica de avalúos fiscales o municipales, los peritajes deberán ceñirse a éstas, hasta donde sea posible. ARTICULO 14. Cada parte cubrirá los honorarios de su experto y la mitad de los correspondientes al experto tercero. Los honorarios de los peritos designados conforme a esta ley se limitan a la tercera parte de los autorizados por el Decreto gubernativo 1406. ARTICULO 15. Si el valúo o revalúo fijados fueren mayores que los consignados en la matrícula fiscal para la totalidad del raíz, el tribunal, dentro del tercer día, oficiará a la Sección de Matrícula correspondiente para que sin demora se aumente el valor declarado, del inmueble. Los valúos o revalúos en que se fijare al inmueble un valor inferior al registrado en la matrícula fiscal, no producirán modificación alguna de ésta. Las sumas declaradas en la matrícula fiscal no influirán en la fijación de los valores a que se refiere esta ley. Los avalúos se basarán en el valor real del bien arrendado. ARTICULO 16. Todo avalúo y reavalúo se limitará al bien arrendado cuya rebaja de alquiler se hubiere solicitado. ARTICULO 17. Cuando el bien arrendado formare parte de un edificio de más de un piso, el valor del terreno se calculará de conformidad con las siguientes normas: a) El piso situado al nivel de la calle (primer piso), se calculará aplicando el área correspondiente el valor unitario del terreno propiamente dicho; y b) El piso o pisos situados encima o debajo del nivel de la calle se computarán así: El segundo piso con un valor equivalente a la mitad del valor unitario del terreno ocupado por el primero; el tercer piso con un valor unitario equivalente a la tercera parte del valor del terreno del primero y así sucesivamente. En los entrepisos no podrán computarse valor alguno por concepto del terreno. El avalúo o reavalúo justipreciará separadamente el valor asignado al terreno ocupado, el valor de la construcción y el valor de los servicios de que gozare la vivienda o el local. ARTICULO 18. La rebaja que deberá obligatoriamente resolver el tribunal, exclusivamente en favor del inquilino solicitante, será equivalente a la diferencia entre el alquiler máximo que correspondiere a la vivienda o al local de conformidad con los artículo 5, 6 y 7 de esta ley y la suma que resulte aplicando el avalúo definitivo la cuota correspondiente al mismo, conforme al artículo 22. ARTICULO 19. No podrá solicitarse por el mismo inquilino rebaja de alquiler, sino después de transcurridos dos años de haber obtenido la rebaja anterior por concepto del mismo inmueble. ARTICULO 20. Las rebajas resueltas definitivamente por el tribunal, principiarán a regir el día en que deba pagarse el próximo vencimiento de alquiler. ARTICULO 21. Si por concepto del avalúo o reavalúo correspondiere al locador cobrar una renta mayor que las autorizadas como máximas en los Artículos 5º, 6º y 7º, estas rentas máximas no podrán aumentarse. ARTICULO 22. El alquiler que obligatoriamente deberá fijar el tribunal respectivo en favor del inquilino que promoviere diligencias para obtener rebaja, se ajustará a la siguiente tabla de alquileres: I. Viviendas o locales valuados en cinco mil quetzales 5,000.00), o menos, seis por millar (6%o) al mes.
II. Viviendas o locales valuados en quince mil quetzales .15,000.00), o menos, pero en más de cinco mil quetzales (Q.5,000.00): siete por millar (7%o) al mes. III. Viviendas o locales valuados en veinte mil quetzales (Q.20,000.00), o menos, pero en más de quince mil quetzales (Q.15,000.00): ocho por millar (8%o) al mes. ARTICULO 23. La renta continuará pagándose, en todo caso, por mensualidades vencidas. Cada pago periódico de renta producirá automáticamente una prórroga del contrato por el mismo lapso que medie entre dos vencimientos sucesivos de alquileres. Toda estipulación en contrario será nula. ARTICULO 24. Los hoteles, pensiones, posadas, mesones y casas destinadas a hospedaje no quedan sujetos a las limitaciones de alquileres que esta ley dispone, ni al pago de rentas por mensualidades vencidas.
ARTICULO 25. Todo contrato de arrendamiento o de subarrendamiento que se celebre con posterioridad a la fecha en que esta ley entre en vigor, deberá constar por escrito y expresará el nombre y generales del locador y del inquilino; los datos necesarios para la exacta identificación de la vivienda o local arrendado; el destino de éstos; precio de la renta y todas las modalidades del convenio. ARTICULO 26. Los contratos en que se estipule una renta mensual de diez quetzales (Q.10.00) o menos, estarán exentos del impuesto del papel sellado y timbres. ARTICULO 27. La falta de contrato escrito de arrendamiento o de subarrendamiento, celebrado con posterioridad a la vigencia de esta ley, será imputable al locador, quien incurrirá por esa omisión, en una multa equivalente a un mes de renta. ARTICULO 28. El locador queda estrictamente obligado a extender y a entregar en el acto al inquilino un recibo firmado por cada mensualidad de alquiler que perciba. La violación de este artículo hará incurrir al locador en una multa equivalente a un mes de renta. El impuesto del papel sellado y timbres correspondientes a los recibos será pagado exclusivamente por el locador. ARTICULO 29. No tendrán validez alguna las obligaciones (pagarés, documentos, letras, etc.), firmados o aceptados por los inquilinos en favor del locador, su cónyuge o familiares, a menos de que se pruebe que directa o indirectamente no constituyen un medio para burlar la renta máxima fijada. ARTICULO 30. El contrato de subarrendamiento se rige por las mismas disposiciones que esta ley establece para el contrato de arrendamiento. Quien diere en subarrendamiento partes de un inmueble no podrá percibir, en total, por aquel concepto, más del 20% del alquiler que deba pagar al locador, incluyéndose el alquiler que correspondiere a la vivienda o local que el subarrendante ocupare. La acción para valuar estos, corresponderá tanto al locador como a los inquilinos. ARTICULO 31. Los subarrendatarios no tendrán más derechos que los directamente contraídos con el subarrendante. Por consiguiente, deberán desocupar a más tardar el día que lo haga éste, a menos de que celebren arreglo especial previo y escrito con el locador. ARTICULO 32. El locador, de un inmueble o de parte de éste, no podrá negarse a darlo en arrendamiento a familias con niños, ni discriminar acerca de la raza, credo político, condición social o nacionalidad de los posibles inquilinos, siempre que éstos acreditaren previamente su solvencia total por concepto del contrato convenido con el locador de la vivienda o local que hubieren ocupado inmediatamente antes de solicitar el nuevo arrendamiento. ARTICULO 33. Cualesquiera actos o medidas coactivos que el locador ejecute para obligar al inquilino a la desocupación y que no hubieren sido acordados por el tribunal competente se declaran ilegales y serán sancionados conforme el Código Penal. En consecuencia, se prohibe a los locadores suspender temporal o definitivamente los servicios de agua potable y de luz eléctrica, dejar al descubierto los techos de las viviendas y locales, remover sus pisos, obstruir los desagües, impedir el uso normal y corriente de la cocina y de los servicios sanitarios y quitar puertas, ventanas o rejas sin causa justa y anuencia previa de los inquilinos, a menos de que el locador hubiere obtenido autorización legal previa, de conformidad con la ley. ARTICULO 34. Cuando el locador no estuviere solvente por cuotas de servicio de agua o de servicio eléctrico, éstos no podrán ser suspendidos sin que antes se notifique tal insolvencia por escrito al inquilino, quien podrá efectuar los pagos correspondientes dentro de los diez días siguientes a la notificación, quedando facultado para entregar, como dinero efectivo, al tiempo de efectuar el próximo
pago de alquileres, los recibos que acreditaren la satisfacción de aquellos pagos y de las cuotas pagadas por reanudación de tales servicios. ARTICULO 35. Para dar en arrendamiento viviendas o locales, el locador deberá obtener previamente autorización escrita de Sanidad Pública, en la que conste que el bien reúne las condiciones sanitarias mínimas exigidas por esta ley y los reglamentos respectivos. Esta autorización deberá extenderse en un término no mayor de diez días contados de la fecha de recepción de la solicitud. ARTICULO 36. No podrá concederse autorización sanitaria para el arrendamiento de viviendas o locales que carecieren de piso artificial en toda la extensión del área cubierta. ARTICULO 37. Cuando se arrienden viviendas o locales que den a la calle y que no tengan acceso a los servicios interiores, el locador estará obligado a proveerlos de instalación sanitaria mínima de inodoro y lavamanos. ARTICULO 38. A petición de parte, el juez fijará al obligado un plazo que no excederá de sesenta días para que proceda a la pavimentación o a la instalación del servicio antes mencionado y en caso de incumplimiento, lo sancionará con multa de diez a cincuenta quetzales, sin perjuicio del nuevo señalamiento con iguales sanciones. En caso de incumplimiento del obligado, el inquilino podrá hacer por su cuenta cualesquiera de los trabajos a que se refiere este artículo, cuyo costo, debidamente comprobado, descontará de los alquileres en la forma que fije el juez respectivo. ARTICULO 39. Todo inquilino gozará del derecho de poner fin al contrato de arrendamiento o subarrendamiento de la vivienda o el local que ocupare, siempre que diere aviso escrito o notificare al locador en la vía voluntaria judicial, por lo menos con treinta (30) días de anticipación si se tratare de viviendas y de sesenta (60) días de anticipación si se tratare de locales. Tal aviso no podrá darse legalmente por inquilinos que no estuvieren solventes por el pago de alquileres. En todo caso, el inquilino queda obligado a permitir que cualesquiera interesados, autorizados por escrito por el locador, visiten el bien arrendado para inspeccionarlo, dentro del término comprendido entre la fecha de la notificación y el día en que aquél lo proyectare desocupar. El inquilino que no diere esas facilidades será sancionado conforme a esta ley.
ARTICULO 40. Unicamente podrá demandarse la desocupación de la vivienda o del local objeto de un contrato de arrendamiento, en cualquiera de los casos siguientes: a) Cuando el propietario requiera la vivienda para habitarla él, su cónyuge o concubinario, sus hijos, sus padres o unos y otros, siempre que compruebe plenamente esa necesidad; b) Cuando el inmueble necesite reparaciones indispensables para mantener su estado de habitabilidad o de seguridad normales, circunstancias que se acreditarán con informes de la Oficina de Ingeniería Municipal y de la Dirección General de Sanidad en la ciudad de Guatemala, y fuera de ella, con el informe de la municipalidad respectiva y de la Delegación Sanitaria Departamental. Tales informes deben puntualizar si las reparaciones son necesarias a los fines indicados y si para ejecutarlas es preciso que el inquilino desocupe. El arrendatario tendrá derecho a ocupar nuevamente el inmueble cuando se hayan terminado las reparaciones y el propietario haya promovido una nueva graduación de la renta, de conformidad con las prescripciones de esta ley, concediéndole para lo último, el término de quince días; c) Cuando vaya a construirse en el inmueble una nueva edificación, siempre que el dueño acompañe los planos aprobados por la Municipalidad y que justifique que cuenta con los recursos necesarios para emprender la obra a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la desocupación; d) Cuando el propietario pruebe que necesita el local para cualesquiera de los fines indicados en el inciso d) del Artículo 3º, siempre que no cuente con otro para tal fin o que, cuando fuere propietario de otro local, el que deseare ocupar presentare condiciones más adecuadas; e) Cuando el subarrendante obtuviere, como consecuencia de los subarrendamientos, un valor mayor del alquiler que se fija en el Artículo 30 de esta ley; f) Cuando se trate de inmuebles del Estado o de las municipalidades que sean necesarios para la instalación de sus dependencias, oficinas o servicios; g) Cuando el arrendatario o subarrendatario dedique el inmueble a usos distintos para los que fue contratado y principalmente cuando con ellos se contravengan la moral y las buenas costumbres;
h) Cuando el arrendatario o subarrendatario no esté solvente con el pago de la renta, adeudando por lo menos dos meses vencidos; e i) Cuando el inquilino cause a la vivienda o local deterioros provenientes de su negligencia o de contravención a los términos del contrato respectivo o de los reglamentos sanitarios o municipales, exceptuándose únicamente el demérito normal debido al uso a que el bien arrendado se destine conforme al contrato. ARTICULO 41. En los casos a que se refieren los incisos a), b), c) y f) del Artículo 40, el aviso de desocupación debe darse cuando menos, con tres meses de anticipación. Si la desocupación procede en inmuebles ocupados por escuelas oficiales o particulares, sólo podrá hacerse efectiva en el período de vacaciones. El tribunal ante quien se inicie demanda de desahucio, no dará trámite a la misma, en tanto el demandante no acompañe la constancia de haber hecho el depósito correspondiente a dos mensualidades a favor del arrendatario. ARTICULO 42. En los casos en que se demande la desocupación con fundamento en los incisos a), c) y d) del Artículo 40, el locador debe depositar en la Tesorería Nacional o en sus agencias, una cantidad igual al importe de dos mensualidades a favor del arrendatario, depósito que se entregará a éste en concepto de indemnización por daños y perjuicios, si dos meses después de la fecha en que se haya realizado la desocupación no se ha instalado en su inmueble o en parte del mismo, según sea el caso, la persona para quien se solicitó, no se ha derribado el edificio, vivienda o local o no se ha instalado el negocio a que se refiere el inciso d) del Artículo 40, según el caso. Tales extremos se constatarán por el Tribunal correspondiente. El locador podrá recuperar dicha suma cuando acreditare que ha cumplido con las causales invocadas.
DE LA CONSIGNACION
ARTICULO 43. En el caso de que el locador se niegue a recibir la renta, ésta podrá depositarse en el tribunal respectivo, siempre que el inquilino adjuntare a la solicitud de consignación el último recibo que acreditare el pago del alquiler correspondiente al mes anterior o, caso contrario, siempre que la consignación se haga con base en las diligencias en que constare la consignación precedente. Toda consignación posterior a la primera se tramitará y resolverá en la misma cuerda acumulándose las diligencias, a menos de que éstas se encontraren en diferentes instancias. Bastará el depósito para que cese como causal la mora en el pago, siempre que el inquilino no estuviere insolvente por más de dos mensualidades vencidas, de alquiler. Si el inquilino depositare el valor de las rentas que se le demanden y estuvieren conformes con el contrato de arrendamiento, con el recibo o con las constancias de consignaciones anteriormente aprobadas, el pago se declarará bien hecho. Mientras la consignación no se hubiere declarado improcedente, el inquilino no podrá retirar la suma consignada.
ARTICULO 44. El término para contestar la demanda de desocupación es de tres días y el de prueba, incluyendo la tacha de testigos, de diez. Concluido el término de prueba, se agregarán a los autos las que se hubieren rendido y el juez señalará día para la vista, la cual se efectuará dentro del término de diez días. La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes. ARTICULO 45. El inquilino que no presentare el último recibo que debió pagar o no acreditare su solvencia con el comprobante de la consignación hecha, no podrá proponer artículos de previo pronunciamiento, excepciones de género alguno, ni recursos de cualquiera naturaleza. ARTICULO 46. Para la desocupación se fijará un término de quince días, si se tratare vivienda y de treinta días, si se tratare de local. Pasados los términos señalados para la desocupación sin haberse ésta efectuado, se procederá al lanzamiento a costa del inquilino. Los términos fijados en los Artículos 44, 45 y en éste, son improrrogables.
ARTICULO 47. El lanzamiento del inquilino, definitivamente decretado por juez competente no dará derecho a aquél al pago de indemnización alguna. ARTICULO 48. En caso de lanzamiento de inquilinos de escasos recursos, la Policía Nacional recogerá de la calle los bienes del desahuciado y los llevará a un lugar seguro, mientras éste busca a dónde trasladarlos.
ARTICULO 49. Todas las controversias que se susciten entre locadores e inquilinos y que no tengan trámites especiales señalados en esta ley, se ventilarán en forma de incidente, aplicándose para el efecto los Artículos 219, 220 y 221 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. De los recursos contra lo resuelto por el Juzgado de Inquilinato, conocerán en grado los jueces de 1°, Instancia que designe en acuerdo la Corte Suprema de Justicia.
ARTICULO 50. El locador que cobrare más de la renta que conforme a esta ley correspondiere pagar, será sancionado con una multa de cincuenta quetzales (Q.50.00) a trescientos quetzales (Q.300.00), y quedará obligado, además, a devolver al inquilino todos los excesos que hubiere cobrado, ya sea en efectivo o compensándolos en alquileres. ARTICULO 51. La violación del juramento legal exigido por el primer párrafo del Artículo 13, será sancionado como delito de perjurio. ARTICULO 52. Toda violación de la presente ley no sancionada específicamente en ella y las contravenciones al primer párrafo del artículo 15, al artículo 16, al párrafo final del artículo 17, al artículo 19, al artículo 23, al párrafo final del artículo 28, a los artículos 30, 32, 35, 36, al párrafo final del artículo 39 así como la prolongación de los términos judiciales fijados en este cuerpo legal, serán sancionadas con multas no menores de diez quetzales (Q.10.00), ni mayores de doscientos quetzales (Q.200.00), los cuales impondrá el tribunal respectivo o el superior en grado, o el superior jerárquico en lo administrativo, según sea el caso. En igual sanción incurrirá el juez que diere curso a alguna de las defensas prohibidas por el artículo 45. ARTICULO 53. La obligación de pagar las multas y el derecho a cobrar los excesos en el pago de la renta, prescriben a los dos años. ARTICULO 54. Toda multa deberá enterarse en la Tesorería de Fondos Judiciales o en sus agencias, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que fuere notificada la resolución. Las multas que se impusieren al locador podrán ser cubiertas por el inquilino, mediante orden del juez, quien fijará la forma en que el inquilino sea reintegrado de las mismas. ARTICULO 55. Podrá demandarse la desocupación del subarrendante que hubiere recibido de los subarrendatarios sumas por concepto de alquileres y que no hubiere pagado al locador, por lo menos, el total éstas, a más tardar dentro de los diez días siguientes a la fecha en que le debiere cubrir el alquiler. En tal caso el subarrendante incurrirá en la pena establecida en el artículo 426 del Código Penal y el propietario, a su solicitud, será autorizado por el juez para que, sin perjuicio del desahucio del subarrendante, continúe percibiendo el importe de los subarrendamientos.
ARTICULO 56. Aunque sin perder su vigencia, en lo que respecta a lo regulado en esta ley, no tendrán aplicación todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias que impidan o restrinjan el eficaz cumplimiento de la misma o que consigne mayores términos que los fijados en este decreto. ARTICULO 57. El Juzgado de Inquilinato, creado por el Decreto presidencial número 178, continuará en funciones de conformidad con esta ley, y como parte del Organismo Judicial. ARTICULO 58. El Organismo Judicial deberá organizar juzgados de inquilinato en los lugares en que la eficaz aplicación de esta ley así lo demande. Los titulares serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia.
ARTICULO 59. Los jueces de inquilinato deberán ser ciudadanos de reconocida honradez, guatemaltecos naturales y abogados colegiados. ARTICULO 60. Los juicios de desahucio en que no se hubiere dictado sentencia, seguirán sus trámites hasta la ejecución del fallo. Las actuaciones judiciales en trámite se regirán por lo dispuesto en el inciso 13 del artículo 250 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. ARTICULO 61. El Organismo Ejecutivo reglamentará la presente ley. ARTICULO 62. Se deroga el Decreto número 178 del Presidente de la República. ARTICULO 63. Esta ley entrará en vigor quince días después de su publicación en el Diario Oficial. Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en Guatemala, a los veintidós días del mes de junio de mil novecientos sesenta y uno. RUBEN FLORES AVENDAÑO, Presidente. OTTO PALMA FIGUEROA, Secretario. EDUARDO TARACENA DE LA CERDA, Secretario. Palacio Nacional: Guatemala, primero de julio de mil novecientos sesenta y uno. Publíquese y cúmplase. MIGUEL YDIGORAS FUENTES. El Ministro de Economía, JOAQUIN PRIETO BARRIOS. El Ministro de Gobernación, GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ.
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