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Timestamp: 2018-08-20 09:44:05
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Description: sobre el seniat en venezuela
sobre el seniat en venezuela
Impuestos en Venezuela?
Luis C. Oliveros B. Lunes, 14 de marzo de 2005
A lo largo de toda de nuestra historia los venezolanos nos hemos acostumbrado a no pagar Impuestos, por diferentes motivos (corrupción, fácil evasión, bajo ingreso, supuesto bajo nivel de ganancias, costumbre), sentimos mucho dolor a la hora de transferir parte de nuestros ingresos y ganancias al Estado. Por si esto fuera poco, los gobiernos de turno a través de muchos años, se dieron a la tarea de llevar a cabo una política fiscal basada en los Ingresos provenientes del Petróleo, y cuando estos no alcanzaban, sencillamente, nos endeudábamos o devaluábamos y se solucionaba el problema, pero ninguno, tal vez por conveniencia electoral o sobrevivencia política, se le ocurría la “loca y peligrosa” idea, de mejorar el sistema de recaudación tributaria. Como era de preverse, esta práctica colapsó las finanzas públicas venezolanas. Siempre se culpó de todo esto al supuesto “inmenso tamaño del gasto público venezolano”, el cual ha rondado cerca del 20% del PIB, sin embargo este argumento resulta totalmente falso cuando nos comparamos con los países desarrollados, los cuales alcanzan casi un 40%, los europeos un 35% y los asiáticos un 25% del PIB. Por lo tanto, evidentemente en este caso el problema no es de tamaño. La insostenibilidad fiscal venezolana presenta dos orígenes, por un lado es que si bien es cierto que tenemos un nivel de gasto público bajo, la estructura de este no es funcional para el desarrollo del país, debido a que produce bienes y servicios públicos que no siempre son los mas adecuados y necesarios para generar altos niveles de bienestar entre la población, y mucho menos entre los estratos de la población mas necesitada. El otro origen puede ser catalogado de tan o mas grave que el anterior, y es que cuando analizamos la parte de los ingresos públicos, nos encontramos unos ingresos fiscales no petroleros (Ingresos por Impuestos) sumamente bajos, llegando a representar casi un 10% del PIB, porcentaje que representa la mitad de los ingresos tributarios en los países latinoamericanos, quienes a su vez, se han caracterizado por tener estructuras tributarias muy bajas en comparación con el resto del mundo. Esto nos da una idea de donde está ubicado nuestro país en este renglón. Por tal motivo, cualquier caída (por pequeña que esta sea) del ingreso petrolero tiene y seguirá presentando por muchos años, efectos devastadores en las finanzas públicas venezolanas. Evidentemente la solución a este problema no puede ser nunca aumentar las tasas de los impuestos, ya que esto conllevaría inmediatamente a un incremento en los niveles de evasión tributaria (Curva de Laffer). Muy por el contrario, el esfuerzo del Ejecutivo debe ir orientado a cambiarle esa mentalidad al venezolano sobre la importancia que representa el pago de Impuestos. Campañas institucionales “vendiendo estas bondades”, pero muy importante: acompañadas de mejoras en los servicios públicos, infraestructura, etc., donde se palpe que ante un incremento de la recaudación, el estado puede cumplir mejor su labor de proveedor de servicios y bienes públicos de calidad. La experiencia nos indica que se debe disminuir nuestra vulnerabilidad fiscal a la inestabilidad del mercado petrolero. Para esto es imperiosa la necesidad de incrementar la recaudación de ingresos no petroleros, concentrando esfuerzos en aumentar la efectividad de la recaudación del impuesto, castigando a los evasores y estableciendo tasas de impuestos un poco mas bajas. Las tan sonadas y comentadas reformas a las leyes tributarias que se vienen discutiendo en nuestro país en la actualidad, pudiera ser la oportunidad que se nos presenta para mejorar
todo nuestro escenario fiscal. Sin duda, mejoras en estas leyes sentarían las bases en el futuro, para un mejor comportamiento de la política fiscal, elemento clave para toda recuperación económica.
1.1 OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA La Administración Tributaria tiene como objetivo procurar el máximo de recaudación de tributos al mínimo costo dentro de las normas jurídicas establecidas. La evasión representa el obstáculo fundamental que la administración tributaria debe enfrentar para cumplir con su objetivo esencial. 1.2 OBJETIVO DE LA RECAUDACION 1.2.1 Objetivo general: Asegurar la correcta y oportuna recaudación de los tributos administrados por SUNAT, sobre los contribuyentes que conforman su directorio. 1.2.2 Objetivos específicos: Proveer un sistema eficiente de control de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, tanto Principales Contribuyentes (PRICO) como para los medianos y pequeños contribuyentes (MEPECOS). Proveer de un sistema eficiente de información a las áreas operativas. Individualizar e identificar a los contribuyentes y categorizarlos mediante el Sistema de Registro Unico de Contribuyentes (RUC) en línea. Determinar los mecanismos de control y seguimiento de la deuda de los contribuyentes PRICOS Y MEPECOS. Establecer procedimientos adicionales para controlar el cumplimiento de las obligaciones formales de los contribuyentes 2. DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE RECAUDACION EN LA DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES (1980 al 1991): - Universo desactualizado de contribuyentes. - Existencia de gran cantidad de tributos. - Falta de información oportuna. - Como el cobro de los tributos estaba a cargo del Banco de la Nación, se presentaba las siguientes situaciones: - La información de los pagos y declaraciones de todo el Perú debía ser remitida a Lima para su ingreso y procesamiento. - La conciliación era manual, por lo tanto la información era desactualizada e inconsistente. - Exclusivamente el Banco de la Nación se encargaba de los procedimientos de fraccionamiento y cobranza coactiva. - La recaudación y el proceso de recaudación se operaban con el sistema de la oficina de informática y Estadística del Ministerio de Economía, el cual tenía las siguientes características. - La emisión de Libretas Tributarias se realizaba en tres dependencias: Lima, Trujillo y
Arequipa. - El sistema estaba sobrecargado por contener información pasiva, es decir gran cantidad de deudas incobrables y datos no confiables.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción: Algunas definiciones de carácter tributario El Sistema Tributario en Venezuela Características Generales del Sistema Tributario en Venezuela. Principios de Rango Constitucional. Conclusiones: Bibliografía: Introducción: El siguiente trabajo ha sido realizado con la finalidad de conocer todo sobre el sistema nacional de recaudación de tributos en Venezuela, y su importancia, la cual surge desde 1830 con la Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores, que luego se estructura en 1871 mediante el Ministerio de Hacienda. Al pasar de los años la recaudación de tributos en Venezuela decayó, trajo como consecuencia el desinterés y falta de cultura tributaria. No es sino hasta principios de los 90 que esto comienza a cambiar. Venezuela firma tratados con el Banco Internacional de Desarrollo y el Centro Interamericano de Administración Tributaria, respectivamente.
Como es de saber, Venezuela como país cuya primordial fuente de ingresos ha derivado históricamente del petróleo e hidrocarburos y de la explotación de nuestras riquezas provenientes de recursos no renovables, no había concedido real importancia al tema de la tributación ya que la renta petrolera sustituía el esfuerzo que los ciudadanos debíamos aportar en la construcción de un país, lo que se traducía en un escaso nivel de madurez tributaria. Hoy, y desde hace algunos años, esa realidad ha cambiado en forma drástica, y la constatación de que los recursos petroleros no son suficientes y además volátiles, finalmente, se analizan algunos aspectos del Sistema Tributario en Venezuela, en cuanto a su reseña histórica, elementos esenciales, así como principios constitucionales básicos y antecedentes. Algunas definiciones de carácter tributario
Exención, en una acepción amplia, hace referencia a que una actividad o un sujeto no van a tener que hacer frente a un tributo. Se identifica así el término con la noción de beneficio fiscal. En un sentido más estricto, la exención delimita negativamente el hecho imponible o los elementos cuantitativos del tributo. A través de la exención, la obligación tributaria no nace. El Sistema Tributario en Venezuela I- Notas Históricas del Sistema Tributario Venezolano Los cambios profundos que trae aparejados cualquier proceso de transformación, han requerido la adopción de ciertas estrategias que permitan lograr eficientemente los objetivos planteados. La primera de dichas estrategias se inició en el año 1989, con la propuesta de una Administración para el Impuesto al Valor Agregado, que luego fuera asumiendo paulatinamente el control del resto de los tributos que conformaban el sistema impositivo nacional para ese momento. A mediados de 1994, se estructuró un programa de reforma tributaria, dentro de un esfuerzo de modernización de las finanzas públicas por el lado de los ingresos, que en Venezuela se denominó "Sistema de Gestión y Control de las Finanzas Públicas" (conocido por sus siglas o Proyecto SIGECOF), el cual fue estructurado con el apoyo del Banco Mundial, propiciando la actualización del marco legal y funcional de la Hacienda Pública Nacional, muchas de cuyas regulaciones se remontaban a los años 20 de esta centuria. Dicha reforma
seguía las tendencias que en ese mismo sentido se habían generalizado en nuestra América Latina, como consecuencia de la crisis de deuda pública de la década de los 80, conjuntamente con los programas de reforma del Estado y de ajuste fiscal entendidos como posibles soluciones a dicha crisis. Con esta reforma se pretendió la introducción de ciertas innovaciones importantes como la simplificación de los tributos, el fortalecimiento del control fiscal y la introducción de normas que hicieran más productiva y progresiva la carga fiscal. Dentro del marco así creado, también se consideró importante dotar al Estado venezolano de un servicio de formulación de políticas impositivas y de administración tributaria, cuya finalidad declarada por el primer Superintendente Nacional Tributario en el año 1996 consistía en "reducir drásticamente los elevados índices de evasión fiscal y consolidar un sistema de finanzas públicas, fundamentado básicamente en los impuestos derivados de la actividad productiva y menos dependiente del esquema rentista petrolero.". Ese cambio tan relevante se logró a través de la creación del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, (en lo adelante SENIAT, hoy en dia se le conoce como Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria), mediante Decreto Presidencial Número 310 de fecha 10 de agosto de 1994, como un Servicio con autonomía financiera y funcional y con un sistema propio de personal, en atención a las previsiones respectivas de nuestro Código Orgánico Tributario. Como punto adicional, consideramos necesario destacar que conjuntamente con la creación del SENIAT, se adoptó también un sistema de Contribuyentes Especiales, para atender y controlar a los contribuyentes de mayor significación fiscal, adoptando así una estrategia que ya había sido ensayada con éxito en otros países de América Latina, con estructuras socioeconómicas cuyo común denominador es una alta concentración de la riqueza, tales como Argentina y Colombia, como pioneros y luego Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador. Se lograba de esta forma, el control de una parte importante de la recaudación, mediante el uso de una menor cantidad de fondos, reorientando los recursos siempre escasos de nuestra administración hacia los contribuyentes con mayor potencial fiscal. Finalmente, a partir de la reciente promulgación de nuestra nueva Constitución en diciembre de 1999, luego del particular proceso constituyente vivido en el país, el Sistema Tributario en Venezuela ocupa un lugar destacado en los presupuestos de la República, toda vez que se adelanta, una vez más, un proceso de reforma tributaria tendiente a mejorar el sistema tributario Venezolano, en la Asamblea Nacional se están discutiendo temas de vital importancia para el futuro de nuestro sistema tributario, entre ellos podemos mencionar a la tan esperada Ley de Hacienda Pública Estadal, cuya promulgación esta en mora por parte de la A.N., la cual esta obligada, por mandato constitucional, a promulgar dicha ley en un lapso perentorio, pero aun no se ha promulgado, asimismo,. Se estudia la aplicación de un nuevo y especial tributo al cual se le ha denominado "Monotributo", el cual pechara los ingresos del sector de la economía informal, es decir el comercio informal. Asimismo, muy pronto entrara en vigencia un nuevo tributo derivado de la no menos polémica Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Se ha sabido por informaciones extra-oficiales que el Ministerio de Agricultura y Tierras tiene una lista con más de 300 fincas que están reportadas como ociosas y abandonadas, a las cuales se les aplicará todo el peso de la Ley
de Tierras y Desarrollo Agrario, y se comenzará con el cobro del impuesto a la improductividad. Este tributo se declarará al Fisco a partir del 31 de marzo de 2003, a través del Seniat, y tomará en consideración el año de siembra y la cosecha de este año, con un método similar al que se usa para el impuesto sobre la renta. El titular de Agricultura, Efrén Andrade, reveló que han localizado fincas con más de 5.000 hectáreas totalmente improductivas y con tierras de primera calidad, que tendrán que cancelar, por lo menos, 1 millardo de bolívares en impuestos anuales. Para estos casos, el ministro anunció que se aplicará la tasa más alta prevista en la Ley de Tierras, es decir, de 12,5%, sobre el rendimiento real del terreno. Este rendimiento será publicado en la Gaceta Agrícola de acuerdo con el resultado del programa de siembra del año pasado, por rubro. II. Características Generales del Sistema Tributario en Venezuela. Partiendo del presupuesto de que toda sociedad se constituye con el objetivo de lograr un fin común, y como consecuencia lógica de esta premisa, se establecen las normas que habrán de regir su funcionamiento conjuntamente con los organismos que sean necesarios para la realización de este fin colectivo. El desarrollo de esta idea de sociedad, como cualquier otra actividad, genera costos y gastos, los cuales, como resulta obvio, deben ser cubiertos con los recursos propios de esa colectividad, bien porque en su seno se realizan tareas que le produzcan tales ingresos, o bien, y sobre todo, porque ésta percibe los aportes de sus miembros. La Constitución de nuestra República contiene estatutos que rigen el funcionamiento del país y, en su artículo 136 establece que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos. Para hacer efectiva esa contribución o colaboración se recurre a la figura de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) incorporando expresamente en el artículo precitado esa conexión, como no se había hecho en nuestras constituciones precedentes, pero, concatenando aquella norma con el dispositivo contenido en el artículo 316 de la Carta Fundamental, que a la letra señala: "El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos." En aplicación de esta disposición constitucional, el sistema tributario - y no un determinado impuesto - establecerá la obligación de contribuir en atención a la capacidad económica del sujeto pasivo; con tal fin, los tributos no pueden ser calculados sobre una base proporcional sino atendiendo al principio de progresividad, mecanismo que debe respetarse para que el Estado pueda cumplir con la obligación de proteger la economía nacional y de lograr un adecuado nivel de vida para el pueblo. III-Principios de Rango Constitucional. Cabe señalar que en el Derecho Tributario Nacional, concebido como un todo, siempre se había destacado con especial deferencia el hecho de que, desde su creación como tal la República adoptó el principio de legalidad o de reserva legal en materia
tributaria, con rango constitucional. Así lo encontramos recogido desde la Constitución de 1811, dictada por el Congreso que decretó la independencia de Venezuela y expresamente consagrado en nuestra Carta Magna de 1830, a través de la cual se dio vida al Estado Venezolano, en la disposición respectiva que le atribuyó al Congreso la facultad de crear "...impuestos, derechos y contribuciones para atender a los gastos nacionales, velar sobre su inversión y tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo y demás empleados de la República." Este principio, con algunas diferencias, se repite y recoge en la Constitución de 1819. La disposición así concebida, se mantuvo con ligeras variantes en todas nuestras Constituciones promulgadas desde entonces hasta hoy. No obstante, un importante avance se introduce en nuestra nueva Carta Fundamental, promulgada el 31 de diciembre de 1999, en la cual se añade a la norma cuya redacción se había mantenido sin mayores modificaciones, la prohibición del efecto confiscatorio de cualquier tributo que cree la Ley, con lo cual, no sólo se reserva a ésta la facultad de crear cualquier impuesto, sino que además se impone al legislador una limitación del más alto rango normativo, en el sentido de atender a la justicia y equidad de las exacciones a ser creadas, so pena de violación del derecho de propiedad, que desde siempre ha contado en nuestro país con esta protección constitucional. Dicha limitación, conocida como el principio de no confiscatoriedad, el cual esta consagrado en el siguiente Art. de nuestra CNRB que se transcribe de esta manera: "Artículo 317: No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén establecidos en la Ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las Leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio." Se ha hecho especial énfasis en este principio y la fórmula seleccionada para consagrarlo en nuestra nueva Constitución, toda vez que al representar los tributos invasiones de parte del Poder Público en las riquezas particulares y una innegable limitación de la libertad y propiedad privada, se ha aceptado pacíficamente en el ámbito internacional, que tales invasiones o limitaciones se hagan exclusivamente a través de la Ley. Se ha considerado necesaria la breve disquisición precedente, por cuanto en nuestro país es mucho lo que se ha discutido sobre esos casos de excepción previstos en nuestro régimen constitucional, en los que se contemplaba la posibilidad para el Ejecutivo Nacional, a través de la figura del Presidente de la República, de intervenir en una serie de materias reservadas a la ley. (De hecho, la última reforma de nuestro Código Orgánico Tributario, se hizo mediante un Decreto-Ley). Por otra parte, y conjuntamente con la relevancia y significación del principio de legalidad, la recién promulgada Constitución, establece, como lo hacía la derogada de 1961 según vimos al inicio de esta sección, que el sistema tributario en su conjunto procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, y en este marco dispone que se deberá atender al principio de progresividad, a la protección
de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, sustentándose para ello en un sistema eficiente de recaudación de los tributos. (Artículo 316, CNRB). La norma antes referida se complementa con la previsión contenida en el aparte final del artículo 317 ejusdem que enuncia los principios en los que debe soportarse la administración tributaria, señalando que ésta gozará de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con la normativa que sea aprobada a tal efecto por la Asamblea Nacional, y su máxima autoridad deberá designarla el Presidente de la República de conformidad con las normas previstas en la Ley. Finalmente, cabe destacar que El Poder Nacional tiene asignada, de conformidad con en el artículo 156, la potestad tributaria, en los rubros siguientes: - La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes, y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución y la Ley. - La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial. - La creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control correspondan a los Municipios, de conformidad con la Constitución. Además, el Poder Nacional tiene competencia para regular la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios de los Estados; y para establecer el régimen del Situado Constitucional de los Estados y la participación municipal en el mismo (Art.164, Ord. 4); y para regular la coparticipación de los Estados en tributos nacionales (Art. 164.Ord. 6). Nuestra Constitución de 1999, tiene asignada en forma directa los Estados las potestades tributarias que se señalan a continuación: - La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales. - La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas. Además, le corresponden las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones y las que le sean atribuidas; lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales y demás ingresos definidos en el artículo 137 "ejusdem", y las competencias residuales, previstas en el ordinal 11 de conformidad con el principio propio de las federaciones en este particular. Los Municipios tienen asignadas, de conformidad con el artículo 179 de la Constitución, las siguientes potestades tributarias:
- Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en la Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística. - El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.
El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que les sean atribuidas. Conclusiones:
BREWER CARIAS, Allan R. Derecho Administrativo. Los Supuestos Fundamentales del Derecho Administrativo. Tomo I. U.C.V. Caracas, 1975. PALACIOS MARQUEZ, Leonardo. La Obligación Tributaria. Comentarios al Código Orgánico Tributario 1994. Caracas, 1995 Allan R. Brewer-Carías. "La Constitución de 1999". Editorial Arte, Caracas 2000 Codigo Organico Tributario Paginas Web Visitadas:
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