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Timestamp: 2018-04-19 17:13:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 247', 'artículo 187', 'artículo 127', 'artículo 29', 'artículo 247', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 220', 'artículo 247', 'artículo 225', 'artículo 187', 'artículo 127', 'e contrario', 'artículo 127']

Casacion n° 12. 853 C/ carlos arturo lizcano cardenas
CASACION N° 12.853
C/ CARLOS ARTURO LIZCANO CARDENAS
Proceso Nº 12853
Aprobado Acta N°093
Santa Fe de Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil (2000).
Se procede a resolver el recurso de casación interpuesto en defensa del procesado CARLOS ARTURO LIZCANO CARDENAS, contra la sentencia del otrora Tribunal Nacional que confirmó la condena impuesta por homicidio, terrorismo, rebelión, hurto agravado y daño en bien ajeno.
La noche del 15 al 16 de diciembre de 1992 estallaron varios artefactos explosivos en Cúcuta, uno colocado a manera de “carrobomba” frente a la SIJIN, otro en el CAI 8 de la vía al aeropuerto, el tercero en la cárcel Modelo y quince más fueron desactivados en diferentes sitios de la ciudad.
Previamente habían sido hurtados un bus, una volqueta del municipio y un campero, vehículos utilizados en los atentados, que fueron atribuidos a la llamada “Unión Camilista” del E. L. N..
En la explosión acontecida en la SIJIN resultó muerto el agente de Policía José María Palacios.
El mismo día 16, en la casa de CARLOS ARTURO LIZCANO CARDENAS, ubicada en la calle 3ª N° 9-64, se encontraron 2 cajas de madera, una lámina de zinc y un poco de brea, elementos iguales a los empleados en la elaboración de los referidos artefactos. También fue hallada una carta o informe dirigido al “comandante Simón” de dicho grupo armado, con relación a alguien que se hacía pasar por guerrillero.
Una Fiscalía Regional de Cúcuta abrió investigación, declaró personas ausentes a CARLOS ARTURO LIZCANO CARDENAS, LUIS EMILIO GARCES ASCANIO y PEDRO JULIO ECHEVERRY SALDARRIAGA, decretó detención preventiva al primero y se abstuvo de hacerlo con relación a los otros. Capturado LIZCANO CARDENAS, fue oído en indagatoria.
Cerrada la instrucción, el 5 de abril de 1995 se declaró la nulidad de lo actuado con relación a GARCES ASCANIO y ECHEVERRY SALDARRIAGA y fue proferida resolución de acusación contra CARLOS ARTURO LIZCANO CARDENAS, por rebelión, terrorismo, homicidio, hurto agravado y daño en bien ajeno (fs. 274 y Ss. cd. 3). Providencia apelada por el sindicado, que adquirió firmeza el 6 de junio de 1995, cuando el ad quem se abstuvo de decidir el recurso ante la falta de sustentación (fs 8 y Ss. cd. 4).
Correspondió a un Juzgado Regional de esa ciudad adelantar el juicio y, previa la correspondiente citación, el 24 de enero de 1996 condenó al procesado a 18 años de prisión, multa de 40 salarios mínimos legales mensuales y 10 años de interdicción de derechos y funciones públicas. Fallo que, apelado por el defensor y la Fiscalía, fue confirmado por el entonces Tribunal Nacional mediante sentencia del 6 de mayo siguiente, objeto de casación.
Al amparo de las causales tercera y primera de casación, el defensor formula los reproches al fallo impugnado, así:
CARGO PRIMERO: Dice el censor que la sentencia fue proferida en un juicio viciado de nulidad, con vulneración del artículo 29 de la Carta, por cuanto el allanamiento y registro a la residencia de su poderdante fue efectuado sin cumplir con las formalidades legales.
Señala que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso, según el citado artículo 29, en armonía con el 28 ibídem y el 343 del Código de Procedimiento Penal.
Anota que no se pudo establecer la flagrancia para así practicar el allanamiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 312 y 344 del Código de Procedimiento Penal y, por ende, se requería orden judicial de autoridad competente. Además, la sentencia se basó en la prueba allegada en esa diligencia.
Sostiene que los menores Carlos Arturo Lizcano y Víctor González Pabón fueron retenidos ilegalmente y, con la falta de orden judicial para efectuar el allanamiento, se incurrió en violación al debido proceso y en práctica rechazada nacional e internacionalmente, situación que acusa como aplaudida por el Ministerio Público y el “servicio judicial”, quedando así desvalido su representado.
Anota que la llamada mediante la cual se informó a las autoridades sobre el lugar de donde salían las bombas no existió, al no haber un testimonio que la refrende, ni un vecino dio fe de tal acto. Fue “a partir de la retención ilegal del menor y de las amenazas proferidas contra su vida por los agentes de la SIJIN que pudieron llegar a la morada de mi protegido judicial y no por una tal ‘llamada anónima’.”
Argumenta que el Tribunal incurrió en ese error in procedendo de garantía y, por eso, solicita la nulidad a partir de la diligencia de allanamiento y registro.
CARGO SEGUNDO: El demandante acude de nuevo a la causal tercera de casación para formular este reproche, por violación del debido proceso (art. 304-2 C. de P. P.).
Aduce que el Tribunal profirió sentencia de segunda instancia, a pesar de existir una manifiesta irregularidad en la condena de CARLOS ARTURO LIZCANO CARDENAS, quien fue condenado por homicidio agravado y este delito no se le había imputado en la resolución de acusación.
Considera que también se vulneró el derecho de defensa, al no tener el sindicado oportunidad de ejercerlo frente a ese cargo.
Por lo anterior, solicita se decrete la nulidad a partir del auto que citó para sentencia.
CARGO TERCERO: El censor invoca falso juicio de identidad, que llevó a la violación indirecta del artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, al partir el Tribunal del supuesto equivocado de estar todos los delitos imputados plenamente establecidos, siendo que el sindicado no actuó, participó, ideó, ejecutó, ni consumó cada uno de los hechos punibles endilgados.
Señala que se dio excesiva credibilidad a un documento, dirigido al “comandante Simón”, nombre supuesto atribuido al sindicado. También se confirió una extraordinaria valoración probatoria a un grupo de indicios, sin estar debidamente demostrado el hecho indicador, establecido con la supuesta incautación de elementos para fabricar explosivos, pero dos de los agentes de Policía no ingresaron al inmueble donde se dice fueron halladas esas cosas. Agrega que la apreciación de los indicios conculca el derecho de contradicción, al no haberle brindado al procesado la oportunidad de discutir, objetar, controvertir o desvirtuarlos, con lo cual hubiera podido demostrar su inocencia, pues el abandono de su residencia se dio por instinto de conservación, a sabiendas “de la arbitrariedad y brutalidad” con que actúan “los agentes de seguridad del Estado”.
Dice que el procesado al reconocer que elaboraba cajas de madera, de lo cual derivaba su sustento, no confesó calificadamente, pues no estaba aceptando responsabilidad, al contrario de lo concluido por el Tribunal, que con ello violó el principio de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.
Por lo anterior, solicita casar el fallo y absolver a su representado.
CARGO CUARTO: El libelista aduce violación directa de la ley sustancial, al haberse tergiversado el artículo 187 del Código Penal, modificado por el 1° del Decreto 180 de 1988, sobre terrorismo.
Dice que el ad quem consideró que los atentados del 15 y 16 de diciembre de 1992 fueron realizados por el E. L. N. y como se parte del convencimiento de la militancia del procesado en esa organización, se le ha condenado como terrorista.
Manifiesta que el error se presenta en la interpretación del elemento provocar o mantener en estado de zozobra la población o un sector de ella, pues se desconoce el sentido de la disposición y hace extensiva a situaciones no contempladas. El acto no fue dirigido contra la población civil, sino contra las fuerzas represivas del Estado, como típico acto de combate. No se puede asimilar cualquier inestabilidad en el orden público o el combate con el terror.
Por lo anterior, solicita casar parcialmente la sentencia atacada y se absuelva del terrorismo.
CARGO QUINTO: El impugnante dice que se dejó de aplicar la exclusión de pena consagrada en el artículo 127 del Código Penal.
El rebelde tiene un objetivo que trasciende su individualidad e interés egoísta; disiente de la exclusión y la marginalidad, buscando propiciar un nuevo sistema político y social, conducido por el altruismo y la nobleza.
Para el casacionista, combatiente no es solamente el subversivo que interviene en un choque instrumental y físico, sino que el concepto se extiende a todo rebelde. Considerar que el combate está limitado espacial y temporalmente, o que viene a circunscribirse únicamente frente a los actos allí desarrollados, es penalizar a los levantados en armas por su pensamiento y asumir un derecho penal de actor y no de acto.
Afirma que la lucha subversiva requiere de una organización con infraestructura logística, propagandística, financiera y humana, que permita la continuidad de la acción rebelde.
Señala que el terrorismo, el homicidio, el hurto y el daño en bien ajeno no escapan a la unidad de designio que caracteriza al subversivo. El ataque de la guerrilla a un CAI de la Policía, el hostigamiento a un organismo de seguridad del Estado, el enfrentamiento con la guardia penitenciaria para liberar los rebeldes, son actos de combate que no difieren de la toma de un poblado y están comprendidos dentro de la rebelión, produciéndose la exención de pena por los otros delitos.
Por lo anterior, solicita casar parcialmente el fallo y dar aplicación a la norma que dice fue excluida.
El Procurador Segundo Delegado en lo Penal estima que la demanda no está llamada a prosperar, por las razones que a continuación se resumen.
CARGO PRIMERO: La presunta ilegalidad de la diligencia de allanamiento y registro se limita a su propia existencia, pero no representa afectación alguna de la actuación procesal, como se deriva del artículo 29 de la Constitución Nacional. Se trata de un vicio in iudicando y no in procedendo, al contrario de lo alegado por el impugnante, quien ha debido acudir a la causal primera de casación y no a la tercera.
CARGO SEGUNDO: La incongruencia entre la resolución de acusación y la sentencia debe ser alegada por la causal segunda de casación y no por la tercera. Además se trató de un lapsus calami en la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, en donde se dijo que se condenaba, entre otros delitos, por homicidio agravado, cuando hacía referencia al hurto agravado imputado en el calificatorio. Se debe dar prevalencia al derecho sustancial y no se ha perjudicado a ninguna de las partes con ese yerro de redacción.
CARGO TERCERO: Señala el Representante del Ministerio Público que el libelista se basa en el falso juicio de identidad en la apreciación probatoria, pero alega como si se tratara de un falso juicio de convicción, en lo relacionado con la aplicación del artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, que consagra la certeza sobre los componentes del hecho punible. Pretende hacer prevalecer su criterio, al ignorar que las sentencias gozan de la doble presunción de acierto y legalidad. Además, no especifica qué parte del indicio ataca, sino que lo menciona en forma genérica.
CARGO CUARTO: Expresa el Procurador Delegado que los subversivos obraron con dolo directo en la actuación desarrollada contra las fuerzas represivas del Estado, pero responden por dolo eventual o indirecto con relación a los resultados colaterales que sus acciones produjeran, como la eventual muerte de civiles por el estallido de los explosivos, efectos que no sucedieron, pero deben responder por el terrorismo o estado de zozobra generado en la población civil. De tal manera, no se malinterpretó el artículo 1° del Decreto 180 de 1988.
CARGO QUINTO: Anota que el censor no demostró que los delitos conexos al de rebelión, que se subsumiría en este tipo penal, no configuren actos de ferocidad o barbarie, máxime que fue condenado por el delito de terrorismo; sin embargo, guardó silencio sobre esta parte de la figura que alega, deficiencia que no puede ser suplida en casación.
CARGO PRIMERO: El censor aduce que la sentencia impugnada fue proferida en un proceso viciado de nulidad, al haberse allanado y registrado la residencia del acusado sin orden escrita de autoridad competente, recolectándose allí pruebas que posteriormente fueron el sustento de la condena, con lo cual se afectó el debido proceso.
Es sabido que el vicio en una prueba se circunscribe a ella y no afecta el resto de la actuación; no se trasmite a otros medios de convicción ni al proceso, pues no incide en un trámite, en su desenvolvimiento regular y continuo sin quebranto de las estructuras de la investigación ni del juzgamiento.
Por eso en el artículo 29 de la Constitución se consagra que la prueba es nula de pleno derecho, mas no el proceso en el cual se aduce. Con tal prueba o sin ella, la actuación puede iniciarse, proseguir y finalizar, y la anomalía no afecta el restante diligenciamiento, salvo que se trate de actuación exigida como base de otros pasos procesales (indagatoria).
Si se alega la ilegalidad del allanamiento y de las pruebas allí recolectadas, se llegaría a un probable yerro de derecho consistente en falso juicio de legalidad, al tomársela en cuenta a pesar de estar viciada en su práctica y aducción. Correspondía entonces al impugnante acudir a la causal primera de casación, por violación indirecta de la ley, y no a la causal tercera; sin embargo, equivocadamente invocó ésta.
CARGO SEGUNDO: El demandante alega nulidad a partir de la citación para sentencia, por violación del derecho de defensa, al haberse condenado por homicidio agravado cuando fue imputado el cargo de homicidio simple.
En el evento de que se hubiere presentado tal anomalía, como se vulneraba tanto el debido proceso, por haberse dictado sentencia sin acusación para el caso concreto, como la defensa al no brindarse oportunidad al procesado de ejercerla frente a un cargo sorpresivo, tiene definido esta Sala que aunque pudo el censor acudir a la causal segunda de casación, al existir inconsonancia entre el enjuiciamiento y el fallo, no es fatal que lo hubiere intentado por la tercera.
No obstante, el vicio que imputa el demandante no se presentó en realidad, pues la resolución de acusación fue proferida por homicidio, terrorismo, rebelión, daño en bien ajeno y hurto. El Juzgado de primera instancia analizó la prueba en lo concerniente a esos delitos, estimó que el sindicado era responsable de ellos y tasó la pena por tal concurso; pero, en la parte resolutiva, al hurto agravado lo denominó homicidio agravado. Equívoco que fue subsanado por el ad quem al señalar que confirmaba la sentencia por rebelión, homicidio, terrorismo, hurto y daño en bien ajeno.
Desde el punto de vista sustancial, nunca se condenó al sindicado por un delito o una agravante no imputada en la resolución de acusación. El error de escritura en que incurrió el a quo en la parte resolutiva de la sentencia, fue corregido por el Tribunal, con lo cual se da la respectiva consonancia entre las dos providencias, mencionada en el ordinal segundo del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal.
La inexistencia del error alegado lleva a la improsperidad del reproche.
CARGO TERCERO: El impugnante sostiene que hubo falso juicio de identidad en la valoración probatoria, que llevó a la violación indirecta del artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, que consagra la certeza para condenar.
La censura es formulada incompletamente, al no especificarse el sentido de la vulneración y queda sin saberse si hace relación a la falta de aplicación o la indebida aplicación de la ley.
El libelista considera que se presentan falsos juicio de identidad, porque “se otorga credibilidad excesiva a un documento”, o el juzgador “al motivar su decisión le otorga una extraordinaria valoración probatoria al grupo de indicios”, u “otorgándole inexplicablemente un resultado probatorio de gran alcance” y otras expresiones similares. Se trata de enunciados generales, que debía concretar y que no configuran el error de hecho que aduce, pues éste consiste en la tergiversación de una prueba para hacerle decir algo que no aparece en su contenido material.
Tampoco se puede determinar si con esas frases está haciendo alusión al falso juicio de convicción, como si se le hubiera dado un valor excesivo a una probanza. Para ello debía acudir al falso juicio de convicción, el cual tiene cabida en un sistema tarifado y no con el actual Código de Procedimiento Penal que consagra la sana crítica en la apreciación probatoria, en donde el juzgador se orienta por las reglas de la lógica, las leyes de la ciencia y las máximas de la experiencia.
De otra parte, no pocas veces el censor se muestra inconforme con la credibilidad dada por el juzgador a las pruebas. Busca imponer su peculiar forma de analizar los medios de convicción y revivir el debate probatorio, cuando la casación no es una tercera instancia ni fue instituida para dirimir criterios opuestos, sino que es un juicio técnico a la legalidad de la sentencia.
Además, el demandante mezcla el cargo con otra causal, al aducir que se violó el principio de la no contradicción probatoria, con violación del derecho de defensa, para lo cual debió acudir a la causal tercera de casación y no conformar una mixtura inadmisible, incongruente e insuperable, por el carácter extraordinario y rogado de la impugnación, pues le correspondía formular los reproches, con claridad, precisión, en forma separada y subsidiaria, según lo dispuesto en el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal.
En forma genérica se refiere a los indicios que soportan el fallo, pero no los especifica y deja en el aire el motivo del disenso, al no señalar si ataca la prueba del hecho indicador, la inferencia lógica o el poder de persuasión. Manifiesta su inconformidad al respecto, pero no realiza esfuerzo alguno por demostrar error en la apreciación de las pruebas indirectas.
El reproche tampoco está llamado a prosperar.
CARGO CUARTO: El casacionista aduce violación directa de la ley sustancial, al interpretarse erróneamente el precepto que tipifica el terrorismo (art. 187 del C. P., modificado por el art. 1° del Dto. 180 de 1988, convertido en legislación permanente por el art. 4° del Dto. 2266 de 1991), pues no se buscó provocar o mantener en estado de zozobra a la población. Los ataques del E. L. N. fueron dirigidos contra el Ejército, la Policía y la Cárcel de Cúcuta, con el propósito de liberar subversivos, sin que se afectara a los civiles ni estuvieron encaminados contra la sociedad.
El impugnante no explica qué elemento constitutivo del tipo penal fue interpretado errónamente, ni tampoco especifica si le fue mutado el sentido a la norma para extender o recortar su alcance; sin embargo, se vislumbra que hace referencia a que los insurgentes no pretendieron con los hechos endilgados afectar a la sociedad, con lo cual considera que el comportamiento desarrollado no se enmarca en el descrito, en forma abstracta y genérica, por el precepto invocado.
A pesar de lo argumentado por el demandante, se aprecia que en las acciones del 15 y el 16 de diciembre, que se dice estaban dirigidas contra las fuerzas militares, no se colocó explosivo alguno en instalaciones del Ejército, la Armada o la FAC, ni exclusivamente se adelantaron contra un CAI o la sede de la SIJIN, pues la magnitud de la explosión del carro-bomba necesariamente afectaba los lugares aledaños, al no estar ubicado en un paraje despoblado sino dentro de la ciudad.
No puede perderse de vista que fueron colocados múltiples petardos en lugares densamente poblados, cuyos estallidos perturbarían la tranquilidad de la ciudadanía, causarían alarma colectiva, confusión y caos, y los que alcanzaron a explosionar vulneraron la seguridad pública, mientras que los otros pusieron en peligro ese bien jurídico.
Se trata del uso de medios masivos de destrucción, que originan gran conmoción y evidencian crueldad innecesaria en los procedimientos, que conllevan hostilidad, pavor y exposición a daños innecesarios, no solamente para indiscriminadas personas sino para los bienes.
Muestra de ello, en el caso concreto, es “la toma de la cárcel Modelo”, reconocida en el boletín “Informativo de la Frontera” del E. L. N., al ser atacada el área donde estaban los reclusos y fueron colocados petardos en las casas fiscales, lugar de residencia de los guardianes. Además, las explosiones en otros sitios de la ciudad alcanzaron los edificios de TELECOM y el Hotel Tonchalá, en donde, como es natural, se alojaban varios huéspedes, y también resultaron afectados diversos predios.
Aunque el fin principal era liberar algunos rebeldes, no puede
hacerse a un lado que se emplearon medios capaces de causar estragos, fueron colocados 18 artefactos en diferentes sitios de la ciudad y los subversivos que lo hicieron tenían conocimiento que eran elementos de destrucción masiva, que podían resultar muertos y heridos, daños a inmuebles y automotores, y generar pavor y zozobra en la población, eran conscientes de todo ello, querían demostrar su poderío bélico frente a las autoridades estatales y la comunidad y, por eso, no se detuvieron, no cambiaron de plan, sino que asumieron esos riegos. Tales consecuencias previstas, estrechamente ligadas con lo querido, que no los contuvieron y sí acogieron, sirven para reprochar el haber actuado con dolo indirecto o eventual.
Al respecto esta Sala, en auto del 14 de diciembre de 1994, rad. 9887, M. P. Ricardo Calvete Rangel, indicó:
“Ante el asunto en estudio, es obvio que aun admitiendo la confusa tesis de que la acción iba dirigida contra la familia..., el medio utilizado llevaba implícito producir el mismo resultado de terror y de zozobra en todos los habitantes del sector, y sobre eso tenía plena conciencia el acriminado, pues no se puede llegar hasta el extremo de pretender que por existir una finalidad directa, esa circunstancia excluya como también previstos y queridos por el autor, aquellos resultados vinculados de manera necesaria o eventual con lo directamente perseguido por él...”
De ahí que no se de la interpretación errónea de algunos de los elementos que hallan tipificación en lo previsto en el artículo 187 del Código Penal, pues los medios masivos de destrucción
empleados la noche de los sucesos y las detonaciones en varios puntos de la ciudad generaron pavor y zozobra en la población. Por eso, no se equivocó el Tribunal al subsumir esos hechos en los descritos en dicha norma y no se presenta el error de juicio endilgado.
El reproche tampoco está llamado prosperar.
CARGO QUINTO: El impugnante acude a la violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación del artículo 127 del Código Penal que disponía: “Exclusión de pena. Los rebeldes y sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”.
Como se vislumbra de lo expresado en la respuesta al cargo anterior, los actos propios de la actividad subversiva realizada esa noche no constituyeron combate, el cual debe entenderse como “un enfrentamiento armado de carácter militar, regular o irregular, colectivo, determinado en tiempo y espacio, con el propósito de someter al contrario y con el fin último de imponer un nuevo régimen constitucional o derrocar al Gobierno Nacional… Confrontación que implica una lucha de contrarios, una reacción ante un ataque que depende no sólo de la capacidad de respuesta, sino que exige además la posibilidad de que se pueda repeler”, como se indicó en sentencia del 27 de mayo de 1999, rad. 12.661,
con ponencia de quien ahora cumple igual función.
Así no puede tenerse como tal el ataque a la cárcel de Cúcuta, no obstante que la guardia penitenciaria ofreciera alguna resistencia, en su exclusiva función de custodiar a los reclusos. Lo mismo debe decirse sobre la colocación de un petardo que se hace explotar en un CAI de la Policía, en donde se efectúa un atentado sorpresivo contra un grupo humano al cual no se brinda la oportunidad de defenderse. No es posible considerar estos actos como una contienda militar, cuando no hay enfrentamiento y una de las partes supuestamente intervinientes no está constituida por militares o el objetivo no tiene ese carácter.
Más aún, si hipotéticamente se considerare que las acciones desarrolladas esa noche por los insurgentes configuraren combate, no debe olvidarse, como ya se precisó en la contestación al cargo anterior, que tales actos, por haberse empleado medios masivos de destrucción, capaces de producir colectivo estrago, llevaban implícita la producción del pavor y la zozobra en la ciudad de Cúcuta. Es decir, constituyeron actos de terrorismo, lo cual significa que tampoco se cumple esta otra exigencia, necesaria para la supuesta exclusión de pena de otros hechos punibles.
Independientemente de los efectos del fallo C-456 de la Corte Constitucional, proferido el 23 de septiembre de 1997, como se observa que en el caso examinado no concurren la totalidad de los
requisitos consagrados en el inexequible artículo 127 del Código Penal, no se presenta el yerro endilgado.
En mérito de lo expuesto y de acuerdo con el concepto del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,