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Timestamp: 2020-06-04 14:04:48
Document Index: 151420625

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 130', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 128', 'artículo 646', 'artículo 313', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

Régimen jurídico que regula facturas aceptadas
Al respecto de los artículos denunciados como infringidos por falta de aplicación, es decir, 1.264, 1.265 y 1.737 del Código Civil –relacionados con la obligación de cumplir los compromisos tales como fueron contraídos, de las cargas que acarrean la obligación de dar y del principio nominalista o de la obligación de restituir el préstamo conforme el monto numéricamente expresado en el contrato, respectivamente-, 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela –atinente a las obligaciones en moneda extranjera y el deber de pagar su equivalente en moneda de curso legal al tipo corriente en el lugar de la fecha de pago- y del artículo 2° del Convenio Cambiario Nro. 14 -relacionado con el tipo de cambio oficial aplicable al pago de deuda pública externa, cuyo tipo de cambio es de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América-; así como, el error de interpretación del artículo 130 de la citada Ley del Banco Central -en lo que respecta a la obligación de presentar cualquier escrito, asiento o documento ante tribunales u otras oficinas públicas en bolívares cuando se trate de operaciones de intercambio internacional en moneda extranjera-, esta Sala estima importante definir ab initio los supuestos específicos de procedencia de los vicios denunciados, y luego deberá: 1) explicar el régimen jurídico que regula facturas aceptadas, 2) determinar si el cobro de bolívares formulado vía intimación constituye una obligación cifrada en moneda extranjera o se trata de un simple cobro de bolívares; 3) en caso de tratarse de una deuda interna cifrada en moneda extranjera será necesario explicar la aplicación del principio nominalista a esta categoría de obligaciones, para finalmente 4) examinar las normas dispuestas en la Ley del Banco Central de Venezuela relacionadas con las obligaciones y cuentas en monedas extranjeras y su aplicación al caso concreto.
En este sentido, el error de interpretación se produce en la labor de juzgamiento de la controversia, especialmente por la falta que puede cometer el juez al determinar el contenido y alcance de una regla que fue correctamente elegida y aplicada para solucionar el conflicto surgido entre las partes, bien sea en la hipótesis abstractamente prevista en la norma, o en la determinación de sus consecuencias jurídicas, esto es, “…cuando no le da a la norma su verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido…”. (Vid. sentencia de fecha 6 de abril de 2011, Exp. Nro. AA20-C-2010-000675).
Por su parte, el vicio de falta de aplicación, se produce cuando se niega vigencia a una norma dispuesta para resolver el conflicto. Sobre el particular, esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, señalando que “…si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó…”. (Vid. sentencia de fecha 1 de marzo de 2012, caso: Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros).
En cuanto al régimen jurídico que aplica a las facturas aceptadas, cabe destacar la previsión contenida en el artículo 124 del Código de Comercio, el cual expresamente dispone las obligaciones mercantiles y su liberación se prueban, entre otros “con facturas aceptadas”.
El artículo 124 del C. Com. hace resaltar la importancia que tiene la factura como prueba de las obligaciones mercantiles; es, pues, un instrumento privado (Arts. 1.363 y sigs. Del C.C.) y su fuerza probatoria se rige por los principios comunes, pero respecto de la “eficacia probatoria” de la factura hay que distinguir: la factura prueba contra el que la extiende por el sólo hecho de su emisión, y con independencia de si ha sido o no aceptada; la factura prueba contra el que la recibe, sólo si fue aceptada...
Del criterio parcialmente transcrito, se observa la trascendencia de la aceptación de una factura comercial, a los fines de llegar a constituir prueba de obligaciones mercantiles, pues tal acto de aceptación comporta en principio una asunción de deberes para el comprador, entre ellas, el pago del precio convenido, según las modalidades establecidas, por tanto de no hacerse uso de los medios dispuestos en la ley destinados a enervar sus posibles efectos, como es la impugnación oportuna, se corre el riesgo de que la factura aceptada constituya prueba efectiva contra el que recibe la mercancía e inclusive recepción de un servicio de ser el caso.
Como puede observarse de lo anterior, las facturas pueden evidenciar modalidades, términos y condiciones de lo pactado por las partes en una convención.
Ahora bien, en esta oportunidad, resulta fundamental referirse a las reglas particulares dispuestas para las obligaciones denominadas o pactadas en moneda extranjera, tratadas en la Ley del Banco Central de Venezuela. Así, en el capítulo III titulado “De las obligaciones, cuentas y documentos en moneda extranjera”, en su artículo 128 establece lo siguiente:
Una vez precisado lo anterior, esta Sala considera importante transcribir parcialmente lo decidido por el juez de alzada, a los fines de constatar los fundamentos de derecho empleados para resolver el presente caso. Así, el referido juez ad quem estableció lo siguiente:
“…MEDIOS PROBATORIOS DE LAS PARTES
Copia al carbón de factura N° 020079 de fecha 30-01-2001, la cual fue emitida por Smith de Venezuela C.A., Rif N° 7009588-1 y NIT: 0004259742, marcada con la letra ‘B’, a Pesca Barinas S.A., Avenida Elías Cordero Barinas Estado Barinas en la cual se describen herramientas varias por un monto de un millón quinientos ochenta mil doscientos cuarenta y uno con setenta y seis céntimos (Bs. 1.580.241,76) y diez mil trescientos sesenta y cinco con treinta y siete dólares ($ 10.365,37), se observa sello húmedo al reverso en el cual se lee Pesca Barinas, C.A., recibido firma ilegible en fecha 14-02-2001, la cual fue agregada a los autos al folio (22).
Copia al carbón de factura N° 0200823 de fecha 28-02-2001, la cual fue emitida por Smith de Venezuela C.A., Rif N° 7009588-1 y NIT: 0004259742, marcada con la letra ‘C’ a Pesca Barinas S.A., Avenida Elías Cordero Barinas Estado Barinas en la cual se describen cargo por alquiler de hidrajarde 4-3/4”, por un monto de un millón doscientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y siete bolívares con ochenta y tres (Bs. 1.287.987,83) y doce mil seiscientos ochenta y cinco ($ 12.685), se observa sello húmedo en el cual se lee Pesca Barinas C.A., recibido por firma ilegible, de fecha 19-03-2001, la cual fue agregada a los autos folio (23).
Copia simple de Proforma Factura N° 0200823 de fecha 28-02-2001, la cual fue emitida por Smith de Venezuela C.A., Rif N° 07009588-1 y NIT: 0004259742 a Pesca Barinas S.A., Avenida Elías Cordero Barinas Estado Barinas en la cual se describen alquiler de hidrajarde 4-3/4” por un monto de un millón doscientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y siete bolívares con ochenta y tres (Bs. 1.287.987,83) y doce mil seiscientos ochenta y cinco ($ 12.685), la cual fue agregada a los autos al folio (24).
Copia simple de hoja de entrega N° ilegible de fecha 20-12-2000, la cual fue emitida por Smith de Venezuela C.A., a Pesca Barinas S.A., Avenida Elías Cordero Barinas Estado Barinas en la cual se describe alquiler de hidrajarde 43/4 “ OD X NC 38” por concepto de alquiler, la cual fue agregada a los autos al folio (25).
Copia simple de Nota de Recepción N° 1852 de fecha 28-02-2001, la cual fue emitida por Smith de Venezuela C.A., a Pesca Barinas S.A., en la cual se describe hidrajarde 43/4 “OD X 3 ½ “IF PIN X BOX, y se lee enviado por firma ilegible y recibido por firma ilegible la cual fue agregada a los autos al folio (26).
Copia simple de Revisión de Contrato N° S/N de fecha 20-12-2000, la cual fue emitida por Smith de Venezuela C.A., a Pesca Barinas C.A., en la cual se describe hidrajarde 43/4 “OD X 3 ½ “IF PIN X BOX, herramienta por concepto de alquiler, el cual se lee que fue realizado por el ciudadano Marcos Correa, firma ilegible la cual fue agregada a los autos al folio (27).
Factura original N° 0200896, con N° de Control 3053, de fecha 28-05-2001, la cual fue emitida por Smith Internacional de Venezuela C.A., marcada con la letra ‘D’ a Pesca Barinas S.A., Avenida Elías Cordero Barinas Estado Barinas en la cual se describen herramientas varias por un monto de un millón seiscientos setenta y tres mil ciento noventa y dos con sesenta y ocho céntimos (Bs. 1.673.192,68), y siete mil setecientos dólares ($ 7.700,00), se observa sello húmedo en el cual se lee Pesca Barinas C.A., recibido por firma ilegible, de fecha 7-06-2001, la cual fue agregada a los autos folio (28).
Factura original N° 0200897, con N° de Control 3054, de fecha 28-05-2001, la cual fue emitida por Smith Internacional de Venezuela C.A., marcada con la letra “E” a Pesca Barinas S.A., Avenida Elías Cordero Barinas Estado Barinas en la cual se describen herramientas varias por un monto de seiscientos veinte mil quinientos veintisiete con cincuenta céntimos (Bs. 620.527,50), y seis mil dólares ($ 6.000,00), se observa sello húmedo en el cual se lee Pesca Barinas C.A., recibido por firma ilegible, de fecha 07-06-2001, la cual fue agregada a los autos folio (29).
Factura original N° 0200898, con N° de Control 3055, de fecha 28-05-2001, la cual fue emitida por Smith Internacional de Venezuela C.A., marcada con la letra ‘F’ a Pesca Barinas S.A., Avenida Elías Cordero Barinas Estado Barinas en la cual se describen herramientas varias por un monto de cuatrocientos setenta y ocho mil setenta y dos bolívares con veintiséis céntimos (Bs. 478.072,26), y cuatro mil seiscientos dólares ($ 4.600,00), se observa sello húmedo en el cual se lee Pesca Barinas C.A., recibido por E. Sira, de fecha 7-06-2001, la cual fue agregada a los autos folio (30).
Factura original N° 0200899, con N° de Control 3056, de fecha 28-05-2001, la cual fue emitida por Smith Internacional de Venezuela C.A., marcada con la letra ‘G’ a Pesca Barinas S.A., Avenida Elías Cordero Barinas Estado Barinas en la cual se describen herramientas varias por un monto de un millón seiscientos sesenta y nueve mil sesenta y uno con sesenta y dos céntimos (Bs. 1.669,061,62), y siete mil setecientos dólares ($ 7.700,00), se observa sello húmedo en el cual se lee Pesca Barinas C.A., recibido por E. Sira, de fecha 7-06-2001, la cual fue agregada a los autos folio (31).
Factura original N° 0200900, con N° de Control 3057, de fecha 28-05-2001, la cual fue emitida por Smith Internacional de Venezuela C.A., marcada con la letra ‘H’ a Pesca Barinas S.A., Avenida Elías Cordero Barinas Estado Barinas en la cual se describen herramientas varias por un monto de seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete bolívares con cero cinco céntimos (Bs. 636.447,05), y seis doscientos dólares ($ 6.200,00), se observa sello húmedo en el cual se lee Pesca Barinas C.A., recibido por E. Sira, de fecha 07-06-2001, la cual fue agregada a los autos folio (32).
Factura original N° 0200901, con N° de Control 3058, de fecha 28-05-2001, la cual fue emitida por Smith Internacional de Venezuela C.A., marcada con la letra ‘I’ a Pesca Barinas S.A., Avenida Elías Cordero Barinas Estado Barinas en la cual se describen herramientas varias por un monto de setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta tres bolívares (Bs. 744.633,00), y siete mil doscientos dólares ($ 7.200,00), se observa sello húmedo en el cual se lee Pesca Barinas C.A., recibido por E. Sira, de fecha 07-06-2001, la cual fue agregada a los autos folio (33).
Factura original N° 0200902, con N° de Control 3059, de fecha 28-05-2001, la cual fue emitida por Smith Internacional de Venezuela C.A., marcada con la letra ‘J’ a Pesca Barinas, S.A., Avenida Elías Cordero Barinas Estado Barinas en la cual se describen herramientas varias por un monto de cuatrocientos setenta y ocho mil setenta y dos bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 478.072,25), y cuatro mil seiscientos dólares ($ 4.600,00), se observa sello húmedo en el cual se lee Pesca Barinas C.A., recibido por E. Sira, de fecha 7-06-2001, la cual fue agregada a los autos folio (34).
El presente juicio versa sobre una acción de cobro de bolívares por intimación, incoado por la sociedad mercantil Smith Internacional de Venezuela, C.A.; contra la empresa Pesca Barinas, C.A.
La acción interpuesta tiene como propósito reclamar unas sumas de dinero presuntamente adeudadas por la demandada a la aquí actora Smith Internacional de Venezuela, C.A.; por concepto de alquiler de herramientas y equipos diversos destinados a la actividad petrolera, y en principio a la parte actora le correspondía probar al órgano jurisdiccional la existencia de tal obligación.
En el caso que nos ocupa, se ha verificado que la demandada no contestó la demanda y no promovió oportunamente medio probatorio alguno en el presente juicio, y la acción de cobro de bolívares por intimación fundamentada en las facturas objeto fundamental de la pretensión y que se encuentran insertas en los folios 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, del presente expediente se encuentra prevista en nuestro ordenamiento, específicamente en el artículo 646 de la Ley adjetiva.
Dadas las condiciones que anteceden, siendo que no se produjo la contestación de la demanda, ni tampoco hubo promoción de pruebas en tiempo hábil, resulta forzoso declarar que en el presente caso se ha verificado la confesión ficta de la parte demandada, por lo que la presente demanda de cobro de bolívares por la vía de intimación debe ser declarada con lugar…
En consecuencia, se condena a la sociedad mercantil Pesca Barinas, C.A., ya identificada, a pagar a la empresa Smith Internacional de Venezuela, C.A., la cantidad de noventa y tres millones noventa y ocho mil quinientos treinta y seis con seis céntimos (Bs. 93.098.536,6), hoy noventa y tres mil noventa y ocho bolívares con cincuenta y tres céntimos (Bs. 93.098,53), desglosados de la manera siguiente:
1. Factura N° 020079 de fecha 30-01-2001, marcada con la letra ‘B’, por un monto de un millón quinientos ochenta mil doscientos cuarenta y un bolívares con setenta y seis bolívares (Bs. 1.580.241,76), al folio (22).
Bs. 1.580.241,76 10.365.37 (Tasa aplicada 1.251,75)= Bs. 12.974.851,9
Total Bs. 14.550.093,66
2. factura N° 0200823 de fecha 28-02-2001, marcada con la letra ‘C’ por un monto de un millón doscientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y siete con treinta y tres céntimos (Bs. 1.287.987,33), folio (23).
Bs. 1.287.987,83
$ 12.685 (Tasa aplicada 1.251,75)= Bs. 15.878.448,75
Total Bs. 17.166.436,58
3. Factura original N° 0200896, con N° de Control 3053, de fecha 28-05-2001, marcada con la letra ‘D’ por un monto de un millón seiscientos setenta y tres mil ciento noventa y dos bolívares con sesenta y ocho (Bs. 1.673.192,68), folio (28).
Bs. 1.673.192,68
$ 7.700 (Tasa aplicada 1.251,75)= Bs. 9.638.475,00
Total Bs. 11.311.667,68
4. Factura original N° 0200897, con N° de Control 3054, de fecha 28-05-2001, marcada con la letra ‘E’ por un monto de seiscientos veinte mil quinientos veintisiete bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 620.527,50), folio (29).
Bs. 620.527,5
$ 6.000 (Tasa aplicada 1.251,75)= Bs. 7.510.500,00
Total Bs. 8.131.027,5
5. Factura original N° 0200898, con N° de Control 3055, de fecha 28-05-2001, marcada con la letra ‘F’ por un monto de cuatrocientos setenta y ocho mil setenta y dos bolívares con veintiséis céntimos (Bs. 478.072,26), folio (30).
Bs. 478.072,26
$ 4.600 (Tasa aplicada 1.251,75)= Bs. 5.758.050,00
Total Bs. 6.236.122,26
6. Factura original N° 0200899, con N° de Control 3056, de fecha 28-05-2001, marcada con la letra ‘G’ por un monto de un millón seiscientos sesenta y nueve mil sesenta y un bolívares con sesenta y dos céntimos (Bs. 1.669,061,62), folio (31).
Bs. 1.669.061,62
Total Bs. 11.307.536,62
7. Factura original N° 0200900, con N° de Control 3057, de fecha 28-05-2001, marcada con la letra ‘H’, por un monto de seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete con cero cinco céntimos (Bs. 636.447,05), folio (32).
Bs. 636.447,05
$ 6.200 (Tasa aplicada 1.251,75)= Bs. 7.760.850,00
Total Bs. 8.397.297,05
8. Factura original N° 0200901, con N° de Control 3058, de fecha 28-05-2001, marcada con la letra ‘I’ por un monto de setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres bolívares (Bs. 744.633,00), folio (33).
Bs. 744.633,00
$ 7.200 (Tasa aplicada 1.251,75)= Bs. 9.012.600,00
Total Bs. 9.757.233,00
9. Factura original N° 0200902, con N° de Control 3059, de fecha 28-05-2001, marcada con la letra ‘J’ por un monto de cuatrocientos setenta y ocho mil setenta y dos bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 478.072,25), folio (34).
Bs. 478.072,25
Total Bs. 6.236.122,25
TOTAL A PAGAR Bs. 9.168.235,95
Bs. 83.930.300,65
Bs. 93.098.536,60 (Hoy Bs. 93.098,53)
Esa cantidad total de: noventa y tres millones noventa y ocho mil quinientos treinta y seis bolívares con sesenta céntimos (Bs. 93.098.536,60), hoy noventa y tres mil noventa y ocho bolívares con cincuenta y tres céntimos (Bs. 93.098,53), se corresponde al monto adeudado tal y como se evidencia de las facturas que se encuentran insertas en los folios 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, marcados con las letras B, C, D, E, F, G, H, I y J, no obstante que la parte actora estimó el capital total adeudado en: noventa y tres millones ciento ocho mil quinientos cuarenta y cinco bolívares con cero nueve céntimos (Bs. 93.108.545,oo), hoy Bs. 93.108,54, es decir, que existe una diferencia entre la cantidad demandada y la que en definitiva se ordena aquí cancelar, debiendo resaltarse que dicha diferencia obedece a que este Tribunal verificó el valor o cantidad adeudada en cada factura, siendo la primera cantidad señalada la correcta.
En cuanto al pedimento de la parte actora, en relación a que se ordene el pago de las cantidades adeudadas a la tasa de cambio que se encuentre vigente para el momento de su pago, este Tribunal niega lo solicitado, en virtud de que a las cantidades adeudas se les aplicó la tasa de cambio vigente a la fecha de la interposición de la demanda ($ 1.275,75), haciendo en ese momento la conversión de dólares a bolívares que es la moneda de curso legal en este país; por lo que al haberse realizado la conversión lo procedente es el cálculo de los intereses moratorios que generen las cantidades adeudas, tal y como lo acordó este Tribunal. Y así se declara…”. (Negrillas de esta Sala).
De la sentencia recurrida parcialmente transcrita, se observa que el juez superior en el capítulo titulado “de la demanda” relaciona el particular primero y segundo del libelo de demanda, introducido en fecha 21 de junio de 2002 y reformado el 20 de enero de 2003, específicamente la parte en la que el actor solicita que se condene a la demandada a pagar “…primero: La cantidad de nueve millones ciento setenta y ocho mil doscientos cuarenta y cinco bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 9.178.245,45). Segundo: la cantidad de sesenta y siete mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con treinta y siete centavos de dólar (US$ 67.050,37). Dicha cantidad equivale a… (Bs. 83.930.300,64), a la tasa de cambio de un mil doscientos cincuenta y un bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 1.251,75) por un dólar… a los solos y únicos efectos de cumplir con la Ley del Banco Central de Venezuela. Cantidad esta que solicita sea pagada en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica o en Bolívares a la tasa de cambio para el momento de su pago… Quinto: El pago de los intereses que se sigan causando durante el presente procedimiento, sobre las cantidades reclamadas en bolívares…”.
Asimismo, se observa que el juez en sus consideraciones para decidir circunscribió la presente causa a “una acción de cobro de bolívares vía intimación”, cuya “…acción interpuesta tiene como propósito reclamar unas sumas de dinero presuntamente adeudadas por la demandada a la actora Smith Internacional de Venezuela, C.A.; por concepto de alquiler de herramientas y equipos diversos destinados a la actividad petrolera…” pretensión esta soportada esencialmente en un cúmulo de facturas aceptadas, las cuales relaciona en el siguiente orden: “1) Factura N° 020079… bs. 1.580.241,76 y $ 10365,37...; 2) factura Nro. 0200823… bs. 1.287.987,83 y $ 12685...; 3) factura original Nro.0200896… bs. 1.673.192,68 y 7700$...; 4) factura original N° 0200897… bs. 620.527 y $ 6000...; 5) factura original N° 0200898… bs. 478.072,26 y $ 4600...; 6) factura original N° 0200899… 7700$...; 7) factura original N° 0200900… bs. 636.447, 05 y $ 6.200...; 8) factura original N°0200901… bs. 636.447,05 y 7200$...; 9) factura original 0200902… bs. 744.633,00 y 4600$...” y respecto de las cuales consideró que conforme “…se evidencia de las facturas que se encuentran insertas en los folios 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, marcados con las letras B, C, D, E, F, G, H, I y J…” la suma que debía pagar “…la sociedad mercantil Pesca Barinas, C.A., ya identificada… a la empresa Smith Internacional de Venezuela, C.A…” según la totalización, por una parte relacionó la deuda en bolívares estableciendo un monto de “Bs. 9.168235, hoy 9.168,23 –folio 349-”, y por otra ordenó la deuda en dólares de la siguiente manera “$ 10.365,37, $ 12.685,00, $ 7.700,00, $ 6.400, $ 4.600, $7.700, $ 6.200, $ 7.200 y $ 4.600, cuta sumatoria ascendía al monto de “…ochenta y tres millones novecientos treinta mil trescientos bolívares con sesenta y céntimos (Bs. 83.930.300,65), hoy en día ochenta y tres novecientos treinta bolívares con treinta céntimos… -folio 349-”, resultado éste que obtiene mediante la aplicación de la “…tasa de cambio vigente a la fecha de la interposición de la demanda…” es decir, de mil doscientos cincuenta y un bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 1.251,75), hoy en día un bolívar con veinticinco céntimos (Bs. 1.25), sobre los montos en dólares relacionados previamente.
Como puede observarse de la sentencia recurrida, constan dos deudas principales, por una parte, la deuda originalmente cifrada en bolívares tal como consta de las facturas y respecto de las cuales el juez superior estableció que ascendía al monto de (Bs. 9.168.235,95, hoy en día 9.168,23), y por la otra, las convenidas expresamente en dólares –así tratadas en las facturas- cuya suma arroja “…la cantidad de sesenta y siete mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con treinta y siete centavos de dólar (US$ 67.050,37)…”, dichas deudas –tanto la expresada en bolívares como en dólares soportadas en las facturas referidas por el juez en su sentencia- no se corresponden entre sí pues obedecen a distintas causas. De allí que esta Sala, a propósito de la primera denuncia de infracción de ley, revisará exclusivamente la deuda nominada en moneda extranjera, la cual asciende al monto de “(US$ 67.050,37)”.
Al amparo de lo previsto en el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia el vicio de error de interpretación de los artículos 1.271, 1.273, 1.277 y 1.737 del Código Civil, así como de falta de aplicación, nuevamente de los artículos 1.264 y 1.265 del Código sustantivo, por cuanto el juez superior ignoró “…el hecho notorio de la inflación y de la pérdida de valor o poder adquisitivo de la moneda…”.
El formalizante para soportar su denuncia argumenta lo siguiente:
“…Establece la recurrida:
“‘Por otra lado, en cuanto a la indexación solicitada por la parte actora este Juzgado también niega dicho pedimento, en virtud de que en el presente fallo ha sido acordado el pago de intereses moratorios ordenándose para ello una experticia complementaria del fallo. Y así se declara’.
En primer lugar, con el debido respeto, hacemos constar nuestro asombro por el hecho de que en un tribunal superior de la República se incurra en un pronunciamiento erróneo de esta naturaleza.
Como es del pleno dominio de los ciudadanos Magistrados, desde la muy conocida sentencia de esta honorable Casación Civil, de fecha 30 de septiembre de 1992 (Inversiones Franklin y Paúl S.R.L. contra R. Montilla), se han venido estableciendo y ratificando los siguientes conceptos que copiamos a fines meramente ilustrativos:
‘…En nuestra legislación está consagrado el principio nominalista, en el artículo 1.737 del Código Civil, el cual establece:
‘La obligación que resulta del préstamo de una cantidad de dinero, es siempre la de restituir la cantidad numéricamente expresada en el contrato. En caso de aumento o disminución en el valor de la moneda, antes de que esté vencido el término de pago, el deudor debe devolver la cantidad dada en préstamo y no está obligado a devolverla sino en las monedas que tengan curso legal al tiempo del pago’.
Surge así, la distinción entre obligaciones de dinero y obligaciones de valor.
Las primeras son aquellas donde el deudor se compromete a pagar a sus acreedores, una determinada cantidad de dinero y Messineo agrega: ‘En las obligaciones de dinero el objeto debido es sólo una suma de signos monetarios de curso legal o sin él, pero siempre con prescindencia del valor real o poder adquisitivo que dicha suma representa. El deudor cumple entregando el objeto convenido, esto es, una suma igual a la pactada, sin atender a la posible depreciación de los signos monetarios a la posible depreciación de los signos monetarios que integran esa suma’
Las segundas (deudas de valor) se caracterizan porque la prestación debida no está integrada por una suma de dinero, aunque se extinga la obligación, pagándose una determinada cantidad dineraria.
Este principio nominalista, anteriormente reseñado, enseña que las deudas de dinero deben ser pagados (sic) en la cantidad que aparezca como debida, independientemente de su valor para el momento del pago, tal como está concebida en el artículo 1.737 Código Civil.
Sin embargo, un análisis detallado del referido precepto sustantivo, refleja una atenuación en cuanto a la circunstancia de que el deudor entre en mora, en cumplimiento de sus obligaciones.
En efecto, la disposición citada, consagra la hipótesis de que el aumento o disminución en el valor de la moneda, no incide ni influye en la obligación contraída si ocurre antes de que esté vencido el término de pago, empero, por interpretación a (sic) contrario, si la variación en el valor de la moneda en que se va a pagar la obligación ocurre después de la fecha a tiempo establecido, es posible el ajuste que establezca el equilibrio roto por el aumento o disminución en el poder adquisitivo de la misma…
El examen del precepto en comento abre la posibilidad de aplicar el método indexatorio, aún en aquellos casos de deudas dinerarias, siempre que el deudor haya entrado en mora.
Concatenando esta disposición con la del artículo (sic) 1.277 ejusdem, observa la Sala que no existe antagonismo en sus considerandos.
Estos conceptos han venido siendo reiterados por esta honorable Sala de Casación Civil y, también, hoy día por la Sala Constitucional.
Por otra parte, en la decisión a la que hicimos referencia y transcribimos parcialmente, se asentaron, igualmente, los siguientes conceptos:
‘Siendo la inflación un hecho notorio, el efecto que produce sobre el valor adquisitivo de la moneda, es perfectamente inferible a través de los conocimientos de hecho del juez. Al emplear las máximas de experiencia, puede el juez deducir que el aumento en el valor de la cosa dañada o debida es una consecuencia de la contingencia inflacionaria, resultando indispensable para repararlo o reponerlo, emplear una cantidad mayor de dinero que aquella que fue estimada al momento de producirse la decisión o al tiempo del vencimiento del derecho de crédito’.
En consecuencia, al sentenciar en la forma como lo hizo el juez de la recurrida, estableciendo que al haberse ordenado el pago de intereses moratorios sobre la suma capital establecida como debida infringió los dispositivos señalados como infringidos, a saber:
1) El artículo 1.264 del Código Civil, por falta de aplicación, por (sic) al no ordenar el ajuste monetario por inflación, implicó que se ordenó cumplir una obligación no en la forma como fue contraída por cuanto el valor capital ordenado pagar es menor.
2) El artículo (sic) 1.265 del Código Civil por falta de aplicación por cuanto, por la misma razón, no se está ordenando la entrega de la misma cosa, no se está ordenando la entrega del mismo capital debido.
3) Los artículos 1.271, 1.273 y 1.277 del Código Civil por error de interpretación por cuanto los daños y perjuicios debidos al acreedor por retardo en la ejecución de la obligación, representados en el pago de intereses moratorios, no significan para el acreedor el pago de la suma capital debida, no compensan a éste por la pérdida d valor o de poder adquisitivo de la moneda que el deudor debe entregarle a su acreedor.
4) El artículo 1.737, igualmente por errada interpretación, por cuanto el sentenciador no tomó en cuenta que, por argumento a (sic) contrarío, de lo dispuesto expresamente en este dispositivo, el deudor sí debe compensar a su acreedor si la disminución del valor de la moneda ocurrió con posterioridad al término del pago.
5) Finalmente, el sentenciador de la recurrida infringió una máxima de experiencia al no tomar en cuenta un hecho manifiestamente notorio como es el hecho de la inflación, de la pérdida de valor o poder adquisitivo de la moneda.
Los dispositivos a aplicar por el sentenciador son los que han sido denunciados como infringidos por falta de aplicación, así como ha debido de aplicar sus conocimientos personales del fenómeno inflacionario, hecho notorio, y, finalmente, ha debido de aplicar los dispositivos señalados como infringidos por errada interpretación pero correctamente interpretados en todo su contenido y alcance en la forma como hemos explicado.
Estas infracciones resultados determinantes en la dispositiva del fallo como se evidencia del párrafo transcrito y por cuanto, como se evidencia del texto de la dispositiva de la sentencia, no se acuerda el ajuste por inflación de las sumas debidas por capital ordenadas pagar…”.
De la denuncia parcialmente transcrita, se observa que el formalizante delata fundamentalmente el error de interpretación de los artículos 1.271, 1.273 y 1.277, todos del Código Civil, así como la falta de aplicación de los artículos 1.264 y 1.265 ibidem, por cuanto afirma que el juez de la recurrida negó “...la indexación solicitada por la parte actora, en virtud de que en el fallo recurrido se acordó intereses de mora…”, es decir, el referido sentenciador pareciera presumir que se haría un doble pago de acordar ambos conceptos, con lo cual en criterio del recurrente “…si la variación del valor de la moneda en que se va a pagar la obligación ocurre después de la fecha o al tiempo de pago, es posible el ajuste del equilibrio roto por aumento o disminución del poder adquisitivo…”, de modo que, el juez al negar la indexación o “…el ajuste por inflación de las deudas cifradas bolívares ordenadas a pagar…”, desconoció derechos propios de la parte actora que debieron ser salvaguardados.
Al respecto de las normas denunciadas por error de interpretación, específicamente los artículos 1.271 y 1.273, 1.277 todos del Código Civil, -atinentes a: 1) la condena del deudor por daños y perjuicios derivados de la inejecución de la obligación como de su retardo sin que medie causa extraña no imputable, 2) razón de ser de los daños y perjuicios impuestos al deudor por la pérdida sufrida por el acreedor y de la utilidad privada; y 3) en casos puntuales de deuda de sumas de dinero, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el cumplimiento consisten siempre en el pago del interés legal, salvo acuerdo especial y los daños se deben desde el mismo día de la mora, respectivamente-; y de las normas delatadas por falta de aplicación, esto es, los artículos 1.264 y 1.265 eiusdem contenidas en el capítulo de los efectos de las obligaciones, así como la violación de la máxima de experiencia en cuanto al fenómeno de la inflación; esta Sala en primer orden reedita los supuestos bajo los cuales se configuran los vicios delatados, es decir, error de interpretación y falta de aplicación, ya desarrollados en el capítulo primero de esta sentencia; y en segundo lugar, advierte que mediante la presente denuncia de fondo el formalizante manifiesta fundamentalmente su desacuerdo, en cuanto a la negativa dada por el juez superior de acordarle la indexación judicial solicitada en el libelo sobre los montos cifrados en bolívares en las facturas, específicamente por cuanto concedió los intereses de mora.
Por tanto, cuando se hace referencia a la indexación judicial, el elemento a considerar no es la mora sino la actualización del valor de la moneda, que se ha depreciado por el transcurso del tiempo, por tanto resulta innegable que la obligación de pago de sumas de dinero por contraprestación de servicios que esté diferida en el tiempo, puede quedar afectada en cuanto a su valor por efecto de la inflación.
Al respecto del tema del ajuste por inflación mediante la indexación judicial, específicamente por retardo procesal como presupuesto para concederlo, representa un tema que no resulta extraño para esta Sala, pues mediante sentencia de fecha 17 de marzo de 1993, caso: Camillius Lomerell contra Machinery Care y otros se consideró que “…La justificación del método de la indexación judicial está en el deber que tiene el Juez de la acción indemnizatoria, que la víctima obtenga la reparación real y objetiva del daño sufrido... Como puede observarse, la doctrina de la Sala de Casación Civil ha establecido que la indexación judicial permite el reajuste del valor monetario y evita el mayor perjuicio al acreedor, por efecto del retardo procesal…. el correctivo que la indexación concede, es por el retardo en el proceso, y por ello, no puede amparar situaciones previas a este último”.
En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación ejercido contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Barinas de fecha 12 de diciembre de 2011. En consecuencia, ANULA la sentencia recurrida y ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva decisión atendiendo al criterio asentado en esta decisión. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (6) días del mes de agosto de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación..."
Exp. Nro. AA20-C-2012-000134