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Timestamp: 2019-12-15 05:49:46
Document Index: 346910312

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 147', 'artículo 145', 'artículo 81', 'artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 81']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 9-1, de 09/09/2016
cve: BOCG-12-B-9-1
Núm. 9-1
Presentada por Les Corts Valencianes.
Autor: Comunitat Valenciana-Les Corts.
Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (corresponde a los números de expediente 127/000003 de la IX Legislatura, 127/000001 de la X Legislatura y 127/000001 de la XI Legislatura).
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.1.4.º del Reglamento, calificar la iniciativa presentada como Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía, admitir a trámite, trasladar al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de conformidad con el Punto Segundo.2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía, de 16 de marzo de 1993, comunicándolo al Parlamento proponente.
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Durante sus más de cuatro años de vigencia, la reforma operada en el Estatut d'Autonomia a través de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, ha supuesto un salto cualitativo muy importante para las legítimas aspiraciones de la Comunitat Valenciana a la hora de alcanzar el máximo nivel competencial, siempre desde el respeto hacia las competencias del Estado y sin cuestionar ni poner en riesgo la preservación de un modelo autonómico basado en la igualdad y la solidaridad interterritoriales.
De este modo, la Comunitat Valenciana acometió un proceso de reforma al que, durante 2006 y 2007, se sumaron otras cinco comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León e Illes Balears-, y que se está prolongando en el tiempo con la adopción de nuevas iniciativas de reforma estatutaria -Navarra-, a través de la Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra; Extremadura, mediante un procedimiento todavía en curso, o Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia mediante proyectos que, por diversos y variados motivos, no han visto la luz hasta el momento.
Con sus sentencias 31/2010, de 28 de junio; 46/2010 y 47/2010, de 8 de septiembre; 48/2010, de 9 de septiembre, y 49/2010, de 29 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha resuelto algunos de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña y ha legitimado, mediante la aplicación reiterada de la aludida técnica de la interpretación conforme, muchos de esos controvertidos contenidos, permitiendo así que, en desarrollo de esas previsiones estatutarias, los legisladores estatal y autonómico puedan crear todo un nuevo marco normativo que consolide esa situación sobre la base de la regulación establecida por el Estatuto reformado.
Desde la Comunitat Valenciana no se quiso, en su momento, incluir dentro del nuevo Estatut d'Autonomia cláusulas o previsiones que pudieran condicionar indebidamente al Estado en el ejercicio de sus competencias y que, por esto mismo, pudieran ser dudosamente compatibles con la Constitución. Pero en el Fundamento Jurídico 138 de su Sentencia 31/2010, de 28 de junio, el Tribunal Constitucional ha establecido, al enjuiciar la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que un inciso como el antes indicado no vincula a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues los compromisos financieros formalizados en los estatutos de autonomía no constituyen un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los Presupuestos Generales de cada ejercicio económico. Según el alto tribunal, es el propio Estado el que, atendiendo a todas las variables concurrentes en cada caso, debe decidir si procede dotar, y en qué cuantía, las asignaciones correspondientes. En consecuencia, a tenor de la decisión adoptada por el máximo intérprete de la norma suprema, la disposición adicional tercera del Estatuto catalán, interpretada en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones, no es contraria a la Constitución.
Como quiera que, por un lado, el pueblo valenciano aspira legítimamente a recibir del Estado el mismo trato que el pueblo catalán o el andaluz y, por otra parte, nada parece impedir, desde el punto de vista constitucional, la inclusión de incisos como los antes reseñados en un Estatuto de Autonomía, el resultado de la suma de ambos factores es esta reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, encaminada a hacer visibles las consecuencias económicas del reconocimiento de una población que alcanza ya los cinco millones de habitantes y que, por tanto, necesita un volumen de inversiones apto para satisfacer las necesidades derivadas del importante crecimiento demográfico acaecido durante los últimos años. Con la iniciativa consistente en modificar la disposición adicional primera de la norma institucional básica valenciana, no se hace sino reivindicar para la Comunitat Valenciana lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que es legítimo para otras comunidades autónomas, más aún en un caso como el valenciano, en el que se arrastra un importante déficit dé inversiones a causa del efectivo, pero no reconocido, incremento poblacional.
Por todo ello, se prevé que la inversión del Estado en la Comunitat Valenciana, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, sea equivalente al peso de la población de esta Comunitat sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años, a fin de procurar la imprescindible estabilidad y la necesaria progresión en el volumen de recursos que se invierta en nuestro territorio, y se contempla la creación de una Comisión, integrada por representantes de la administración estatal y de la administración autonómica, que será la encargada de velar por el cumplimiento de ese criterio distributivo. El artículo 147.3 de la Constitución Española establece que la reforma de los estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, En el mismo sentido se pronuncia el artículo 145 del Reglamento del Congreso de los Diputados. En línea con lo indicado por el precepto constitucional, el título X del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, integrado únicamente por su artículo 81, determina el procedimiento a seguir para llevar a cabo una reforma estatutaria, y atribuye la iniciativa al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a dos grupos parlamentarios y a las Cortes Generales. En relación con dicho precepto, los artículos 129 y 170 del Reglamento de Les Corts regulan cómo ha de tramitarse la iniciativa de reforma, y el apartado a del artículo 18 de la Ley del Consell asigna a éste, entre otras funciones de carácter normativo, la de proponer a Les Corts la reforma del Estatut d'Autonomia. Finalmente, el artículo 10.1 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, indica que dicha institución ha de dictaminar, con carácter preceptivo, los anteproyectos de reforma del Estatut d'Autonomia.
En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de su norma institucional básica y conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el pueblo valenciano, representado por Les Corts, propone a las Cortes Generales la aprobación mediante ley orgánica de la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Artículo único. Modificación de la disposición adicional primera del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril.
Se modifica la disposición adicional primera del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, cuya nueva redacción pasa a ser la siguiente:
1. La inversión del Estado en la Comunitat Valenciana, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años.