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Timestamp: 2020-02-20 11:13:30
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Tema 8 Régimen Jurídico del Tráfico y la Circulación
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Temario Específico ESTT - OEP 2011
Parte Común: Seguridad Vial
Actualizado en Junio de 2011
EL CONSEJO SUPERIOR DE SEGURIDAD VIAL: ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES. LAS COMISIONES DE TRÁFICO Y SEGURIDAD DE LA CIRCULACION VIAL EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. GRUPOS DE TRABAJO.
1. El consejo superior de seguridad vial: estructura, organización, objetivos y funciones.
1.1. Evolución.
1.2. Regulación actual.
1.3. Naturaleza y composición.
1.4. Estructura orgánica y funciones.
- El Pleno. Funciones
- Comisión Permanente. Funciones.
- La Comisión Local de Seguridad Vial.
2. Las comisiones de tráfico y seguridad de la circulación vial en las comunidades autónomas.
2.1 Composición y funciones.
2.2 La Comisión autonómica.
El Consejo Superior de Seguridad Vial se constituye como el órgano de consulta y participación para el desarrollo y ejecución de la política de seguridad vial.
Como órgano colegiado, su regulación básica se encuentra en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (artículos 38 a 40) y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículos 22 a 27).
La Ley 18/1989 de 25 de julio, de bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su Base tercera, creó el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial - denominación que conservó el Consejo hasta su última reforma en noviembre de 2009-, como órgano consultivo, para garantizar la coordinación de las competencias de las diferentes Administraciones Públicas, que, con participación de representantes de las mismas y de las organizaciones profesionales, económicas y sociales más significativas relacionadas con el Tráfico y la Seguridad Vial, informará sobre las cuestiones objeto de esta Ley.
Como se aprecia, el arranque de la actual configuración del Consejo –hay que recordar que su antecedente inmediato lo constituyó la Comisión Nacional de Seguridad de la Circulación Vial, creada por el Real Decreto 1089/1976, de 23 de abril- respondió a la necesidad de coordinación de todos los actores implicados de una u otra forma en el ámbito de la seguridad vial, y, en consecuencia, nació con una vocación abiertamente participativa, dando entrada al mismo no solo a las distintas Administraciones Públicas, titulares de diferentes grados de competencia en el desarrollo de las políticas de seguridad vial, sino también a múltiples organizaciones representativas de intereses sociales directamente relacionadas con el tráfico y la seguridad vial. La exposición de motivos del primer reglamento regulador del Consejo abundaba en esta premisa al subrayar que las posibilidades de actuación del nuevo órgano se veían incrementadas -respecto a la anterior Comisión Nacional- tanto por la mayor cooperación profesional, económica y social prevista, como por acentuarse, dentro del campo de la propia Administración, la participación de las esferas autonómica, provincial y municipal.
Este planteamiento estaba en clara sintonía con la asunción de fórmulas participativas en el funcionamiento de las Administraciones Públicas introducidas por la Constitución de 1978, y que, posteriormente, consagraría la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Efectivamente, esta norma, al regular el funcionamiento básico de los órganos colegiados, contempla una nueva tipología de los mismos cuya composición y funcionalidad se separaba de la regulación establecida por la anterior ley de procedimiento administrativo de 1958, dictada en una circunstancia histórica y política en la que la participación de otras administraciones o de organizaciones sociales resultaba impensable.
En desarrollo de la mencionada base tercera, el artículo 8 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, reguló el Consejo, adscribiéndolo al Ministerio del Interior, cuyo Ministro detentaría la presidencia; definió sus funciones de propuesta, asesoramiento, informe y coordinación; creó una Comisión del Consejo en cada Comunidad Autónoma –las Comisiones de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en las Comunidades Autónomas- y una Comisión para el estudio del tráfico y la seguridad en vías urbanas. Si bien estableció que la composición definitiva del Pleno, en lo referente a la integración de las organizaciones profesionales, económicas y sociales, así como la composición y el funcionamiento de sus distintos órganos fueran determinados reglamentariamente, lo que se cumplimentó con el Real Decreto 1124/1991, de 12 de julio.
Este reglamento fue modificado, en octubre de 1992, por el Real Decreto 1314/1992, que posibilitó la presencia en el órgano, siquiera de manera ocasional, de cualquier organización profesional, económica o social, relacionada con el tráfico y la seguridad vial cuando surgiera la conveniencia de tratar asuntos que afectaran a sectores diferentes de los trece previstos o cuando se considerara valiosa la cooperación de organizaciones que no ostentasen representación permanente en el Pleno.
Con el transcurso del tiempo, factores como el aumento de Departamentos ministeriales vinculados de manera diversa a la actividad del Consejo, la necesidad de mejorar la situación del tráfico y la seguridad vial y de valorar los índices de siniestralidad en España, y la necesidad de reforzar y aumentar la eficacia de todos los órganos del Consejo, pero muy especialmente del Pleno, de las Comisiones en las Comunidades Autónomas y la específica para el tráfico y la seguridad vial en vías urbanas, aconsejaron llevar a cabo nuevas modificaciones que, además, permitieran la participación de cuantos sectores pudieran irse viendo implicados en cuestiones de tráfico y seguridad de la circulación vial y que, con las garantías y procedimientos regulados, se hubieran de integrar en el seno del Consejo.
Así, el 9 de octubre de 1998 fue aprobado el nuevo Real Decreto 2168/1998, de 9 de octubre, en sustitución de los anteriores, para regular la organización y funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en el que, como cambios más significativos:
- se ampliaba a 27 el número de sectores o entidades representantes de organizaciones profesionales, económicas y sociales (hasta entonces habían sido trece), consolidando la política declarada de integrar en el órgano colegiado a todo el abanico sectorial relacionado con el tráfico;
- y, en el ámbito de las competencias de las Comisiones de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en las Comunidades Autónomas, se otorgaba a estas la posibilidad de crear Comisiones Provinciales de Tráfico y Seguridad Vial para el estudio de asuntos delimitados geográficamente. Se determinó que estas Comisiones Provinciales estuvieran presididas por el Subdelegado del Gobierno, actuando como vocal ponente el Jefe de Tráfico de la provincia respectiva.
Con la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se introdujo una adecuación de las normas que regulaban el Consejo, al recogerse, en el apartado cinco de su artículo único, una modificación del artículo 8 de la Ley relativo a su composición y competencia. En concreto, el texto
- reforzó la función de informe del órgano, al determinar que el Consejo emitiría en todo caso, y no solo cuando fuera requerido para ello, informe sobre convenios y tratados internacionales, así como de los proyectos de disposiciones de carácter general en materia de circulación de vehículos.
- Respecto de su composición, estableció una representación ponderada de las distintas Administraciones Públicas, así como de las diversas organizaciones profesionales, económicas y sociales en el Pleno. Esta se determinaría reglamentariamente, dentro de los siguientes límites: diecinueve miembros con voz y voto que representarán a la Administración General del Estado; diecinueve miembros con voz y voto que representarán a las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla; diecinueve miembros con voz y voto que representarán a la Administración Local y veintisiete miembros con voz y voto que representarán a las organizaciones a que se refiere el párrafo anterior.
La modificación introducida por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, en los apartados 2 y 4 del artículo 8 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, tuvo su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 317/2003, de 14 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, publicado en el BOE el 3 de abril, actualmente en vigor.
Sin embargo, hay que advertir que la reciente entrada en vigor de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora ha modificado, de nuevo, el objeto, funciones y composición del Consejo Superior de Seguridad Vial, invalidando parte de los preceptos recogidos en el Real Decreto 317/2003. En consecuencia, huelga decir que urge la elaboración de una nueva disposición reglamentaria y que, mientras tanto, seguirá siendo de aplicación el reglamento de 2003 en todo aquello que no contradiga lo dispuesto en dicha ley.
1.3. Naturaleza y composición
Se define al Consejo Superior de Seguridad Vial como un órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito al Ministerio del Interior, que tiene como fin el impulso y mejora del tráfico y la seguridad vial tanto en el ámbito urbano como interurbano.
En cuanto a su composición, determina el Reglamento que el Consejo estará integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y de las Administraciones locales, así como de los sectores o entidades más representativos de las organizaciones profesionales, económicas y sociales y de consumidores y usuarios más significativas y directamente vinculadas con el tráfico y la seguridad vial.
Sin embargo, hemos de tener en cuenta la redacción de dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre que, a este respecto, determina que ” Para la mejor consecución de sus fines, el Consejo estará integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades y Ciudades Autónomas, de las Administraciones Locales y de las entidades, fundaciones, asociaciones de víctimas, sector social de la discapacidad y organizaciones profesionales, económicas y sociales de ámbito estatal más representativas directamente vinculadas con la seguridad vial”.
La ley 18/2009 introduce en la composición del Consejo dos novedades a tener en cuenta: por un lado, incorpora al Pleno a asociaciones de víctimas y sector social de la discapacidad vinculadas directamente con la seguridad vial; y, por otro, introduce criterios de representatividad a la hora de elegir a los miembros de lo que podríamos denominar la “parte social” del Consejo, que como veremos más abajo, solo están esbozados en el reglamento de 2003.
1.4. Estructura orgánica.
La Ley 18/2009, de 23 de noviembre, establece la siguiente estructura orgánica del Consejo Superior de Seguridad Vial:
La Comisión Autonómica.
La Comisión Local de Seguridad Vial y
Su composición, régimen jurídico, orgánico y funcional se determinarán reglamentariamente (que a la fecha de redacción de este temario, como decimos, todavía no se ha producido).
El Pleno es el máximo órgano colegiado del Consejo. Se podrá reunir siempre que sea necesario, previa convocatoria de su presidente y, al menos, una vez al año.
Está integrado por representantes de las Administraciones Públicas y por representantes de organizaciones profesionales, económicas y sociales.
Lo preside el Ministro del Interior, siendo Vicepresidente primero el Subsecretario del Interior y Vicepresidente segundo el Director General de Tráfico.
Las funciones de Secretaría corresponden al Observatorio Nacional de Seguridad Vial cuya Directora las ejerce con voz pero sin voto.
En la actualidad el Pleno está compuesto, además, por los siguientes miembros:
A) Representantes de las Administraciones Públicas:
Por la Administración General de Estado, un total de diecinueve, que son, además del presidente y de los dos vicepresidentes, los siguientes vocales con categoría, al menos, de Director General, todos ellos con voz y voto:
Dos del Ministerio del Interior:
Dos del Ministerio de Fomento:
Un representante por cada uno de los siguientes Ministerios (Nota: la denominación de los Departamentos ministeriales se ha adaptado a la establecida por el Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales):
Estado Mayor Conjunto (EMACOM)
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
Dirección General de Cooperación Local.
Además, se mantiene la participación del Director General del Instituto de la Juventud que acudía en representación del extinto Ministerio de Igualdad.
Por la Administración autonómica, un vocal representante, con voz y voto, de cada una de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. En total diecinueve con categoría de Director General.
Diecinueve representantes, con voz y voto, de las entidades locales elegidos por la federación o asociación de municipios y provincias de ámbito estatal con mayor implantación (a saber, la Federación Española de Municipios y Provincias).
B) Representantes de organizaciones profesionales, económicas y sociales: un total de veintisiete miembros con voz y voto.
Sectores y entidades representados (por cada sector o entidad que se relaciona a continuación, habrá un representante):
Real Automóvil Club de España.
Centros de reconocimiento de conductores, representados por la Asociación Española de Centros Médicos Psicotécnicos (ASECEMP).
Compañías aseguradoras de automóviles, representadas por Agrupación de Seguros de Automóviles (UNESPA).
Concesionarios de autopistas, representados por Asociación de Sociedades Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA).
Constructoras y consultoras de carreteras, representadas por Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Consumidores y usuarios, representados por la Unión de Consumidores de España (UCE).
Empresas de conservación de carreteras, representadas por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX).
Empresas especializadas en señalización, control y gestión de tráfico, representadas por la Asociación de empresas de Tráfico (PEMTRA).
Empresas de publicidad, representadas por la Federación de empresas de Publicidad (FNEP).
Entidades de asistencia en carretera, representadas por la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera (ANEAC)
Escuelas de conductores, representadas por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
Estaciones de inspección técnica de vehículos, representadas por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV)
Fabricantes de automóviles, representadas por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).
Fabricantes de motocicletas, ciclomotores y bicicletas, representadas por la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (ANESDOR).
Talleres de reparación, representadas por la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA).
Investigación en materia de tráfico y seguridad vial, representadas por la Asociación Española de la Carretera y Asociación Técnica de la Carretera.
Medios de comunicación (sin representación en la actualidad).
Organizaciones religiosas con interés en materia de educación vial, representadas por Pastoral de la carretera.
Organizaciones sin ánimo de lucro con especial interés en materia de educación o seguridad vial, representadas por el Instituto MAPRE.
Organizaciones de automovilistas en general, representadas por el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC).
Organizaciones de ciclistas, representadas por la Asociación de Ciclistas Profesionales.
Organizaciones de motoristas, representadas por el Real Moto Club de España.
Departamento de transporte de viajeros del Comité Nacional de Transportes por Carretera.
Departamento de transporte de mercancías del Comité Nacional de Transportes por Carretera.
Organizaciones profesionales y sindicales, específicas o genéricas, relacionadas con el transporte de viajeros y mercancías por las vías públicas. Participan la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. y la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de U.G.T.
Fabricantes de equipos y componentes de automoción, representados por la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automóviles (SERNAUTO).
Para la designación de las organizaciones pertenecientes a los sectores arriba enumerados se establece el siguiente sistema de elección:
a) Las organizaciones interesadas lo solicitarán a la Comisión Permanente, acompañando una breve memoria justificativa de su actividad e interés, en la que se designará a la persona que vaya a asumir su representación y posibles sustitutos.
La Comisión Permanente admitirá o denegará la participación solicitada después de comprobar el cumplimiento de las condiciones que se estimen necesarias para participar en el órgano consultivo.
b) Si fueran varias las organizaciones solicitantes por parte de un mismo sector, la Comisión Permanente recabará de las mismas que se pongan de acuerdo en el término de un mes sobre la persona que ha de representar a todas ellas. Caso de no lograrse el acuerdo, decidirá la Comisión Permanente, previa audiencia de las organizaciones interesadas, prefiriendo a las de ámbito estatal más significativas en el sector más directamente relacionadas con el tráfico y la seguridad vial.
C) Representantes ocasionales.
En esta categoría podemos englobar a aquellos representantes que, en razón de los asuntos a tratar, pueden ser convocados a participar en las reuniones del pleno con voz pero sin voto y de una forma no permanente. Pueden ser:
Representantes de las Administraciones Públicas.
Representantes de otros sectores profesionales, económicos o sociales.
A este respecto, el reglamento determina que, bajo los condicionantes referenciados, podrán ser convocados a las reuniones del Pleno representantes de organizaciones profesionales, económicas y sociales directa o indirectamente relacionadas con el tráfico y la seguridad vial que pertenezcan a sectores distintos de los enumerados o que, aun perteneciendo a los mismos, no hayan obtenido representación en el Pleno.
La convocatoria de estos participantes ocasionales en las deliberaciones del Pleno se efectuará por el Presidente o, en su caso, por el Secretario, por propia iniciativa o a instancia de alguno de los miembros del Pleno.
Aunque el reglamento no lo determina, esta atribución del Presidente o del Secretario se ha de suponer extensible a la convocatoria de los participantes ocasionales que acudan en representación de las Administraciones Públicas.
El reglamento especifica, también, el procedimiento de incorporación de nuevos u otros miembros al Pleno, de tal forma que éste podrá decidir la incorporación al Consejo de algún otro miembro no enumerado en los apartados anteriores y cuya representación se estime de interés, siempre que ello no suponga superar los límites establecidos por la ley en lo que a su composición se refiere.
A tal efecto, la Comisión Permanente, por propia iniciativa o, en su caso, a petición de la organización interesada o de cualquier otro miembro del Pleno, estudiará la petición y elaborará un informe, que se elevará al Pleno, que recoja la conveniencia de acceder a dicha petición y las medidas a adoptar en caso de que la nueva incorporación obligue a una reestructuración del Consejo.
- Funciones del Consejo.
La nueva regulación introducida por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, cambió las atribuciones del Consejo, dirigiéndolo más a funciones de información y planificación que a funciones decisorias. Según esto, el Consejo Superior de Seguridad Vial ejercerá las siguientes funciones:
El futuro desarrollo reglamentario determinará qué funciones de las reseñadas podrá delegar el Pleno en la Comisión Permanente o en los grupos de trabajo creados en el seno del Consejo.
En tanto no se produzca el nuevo desarrollo reglamentario, seguirá integrada por los siguientes miembros:
Presidente: Subsecretario de Interior
Vicepresidente: Director General de Tráfico
Los representantes en el Pleno de los Ministerios de Interior, Fomento, Educación, Política Territorial y Administración Pública, Sanidad, Política Social e Igualdad y Ciencia e Innovación.
Cuatro representantes de las Comunidades Autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla, elegidos entre sí por los vocales que representen a dichas comunidades o ciudades en el Pleno, de modo anual y rotativo.
Cuatro representantes de las entidades locales designados por los vocales que representen a dichas entidades en el Pleno, entre ellos mismos, también de forma anual y rotativa.
La posibilidad de que los representantes de las organizaciones profesionales, económicas y sociales participen en la Comisión Permanente debe determinarse en el nuevo reglamento.
En cualquier caso, y de acuerdo con el reglamento vigente, cuando los asuntos a tratar así lo aconsejen, serán convocados a las reuniones de esta comisión, con voz pero sin voto, tanto otros vocales del Pleno, como cualquier otra persona que se estime pertinente. Por otra parte, el Pleno podrá decidir en cualquier momento la posibilidad de que formen parte de la Comisión Permanente, como miembros de pleno derecho, otros representantes distintos de los descritos, cuando tal circunstancia se entienda positiva para la operatividad de dicha Comisión.
La Comisión Permanente se reunirá siempre que sea necesario, cuando su Presidente la convoque.
La comisión permanente ejercerá, según el actual reglamento, además de las que le encomiende o delegue el Pleno, las funciones siguientes:
b) Emitir directamente los informes que se determinen reglamentariamente, dando cuenta posteriormente al Pleno, cuando por la urgencia o índole de la cuestión a tratar no resulte aconsejable esperar a una sesión del mismo o convocarlo con tal objeto.
d) Constituir grupos de trabajo que se consideren necesarios, supervisar su actuación y recibir sus informes, elevando, cuando proceda, sus propuestas al Pleno.
f) Resolver aquellos asuntos que por su carácter no necesitan acceder al Pleno, despachando directamente el Vicepresidente, cuantos pudieran serle delegados, y el Secretario, los de trámite.
h) Estudiar, a iniciativa propia o a petición de las organizaciones interesadas, la posible integración en el Consejo de nuevos miembros y elaborar, en su caso, el correspondiente informe para su elevación al Pleno, según el procedimiento descrito más arriba.
De acuerdo con el apartado 5º del artículo 8 de la Ley sobre tráfico y seguridad vial la Comisión Local de Seguridad vial es uno de los órganos que integran el Consejo Superior de Seguridad Vial. El vigente reglamento denomina a esta comisión, Comisión para el estudio del Tráfico y la Seguridad Vial en las Vías Urbanas por lo que, hasta que no se produzca la publicación de un nuevo reglamento, seguiremos lo establecido en el mismo.
Esta Comisión está integrada por los siguientes miembros:
Presidente: el Director General de Tráfico, que la convocará siempre que sea necesario.
a) Un representante por cada uno de los siguientes Ministerios: Interior, Fomento, Política Territorial y Administración Pública y Ciencia e Innovación.
b) Dos representantes de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla elegidos por los que representan a éstas en el Pleno.
c) Cuatro representantes de entidades locales, elegidos por la Federación o Asociación de Municipios de ámbito estatal con mayor implantación.
Cuando los asuntos a tratar así lo aconsejen, podrán ser convocados a sus reuniones, con voz pero sin voto, los vocales del Pleno o sus representantes, así como otras personas que se estimen pertinentes.
Efectuar y canalizar estudios relativos al tráfico y la seguridad vial en las vías urbanas.
Proponer medidas, en el ámbito de su competencia, para su inclusión en la planificación nacional de seguridad vial o para su directa elevación al Pleno.
Proponer normas de carácter general dentro del ámbito de sus competencias.
Coordinar el tráfico y la seguridad vial en el ámbito urbano.
2. LAS COMISIONES DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
El apartado 6º del artículo 8 de la Ley sobre tráfico y seguridad vial establece que podrán crearse Consejos Territoriales de Seguridad Vial. El reglamento vigente denomina a estos Consejos Territoriales, Comisiones de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y, en tanto no se produzca un nuevo desarrollo reglamentario, seguiremos lo establecido en el mismo.
2.1. Composición y funciones.
Estas Comisiones, que se reunirán cuando sus presidentes las convoquen y, al menos, una vez al año, están integradas por los siguientes miembros:
Presidente: Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Hasta doce representantes de la Administración General del Estado con competencia directa o indirectamente relacionada con el tráfico y la seguridad vial nombrados por el Delegado del Gobierno en la correspondiente Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla.
Hasta doce representantes de la Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla, designados por ésta. Uno de esos vocales, elegidos al efecto en la Comunidad Autónoma o Ciudad, la representará en el Pleno y, en su caso, en la Comisión Permanente.
Hasta doce representantes de entidades locales, elegidos por las dos Federaciones o Asociaciones de Municipios y Provincias de ámbito autonómico con mayor implantación en proporción a su representatividad respectiva, atendiendo al número de entidades asociadas y a la población de las mismas.
En las Comunidades Autónomas donde existan consejos o cabildos, se podrá convocar un representante por cada cabildo o consejo insular existente.
Secretario: un funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico en que radique la Delegación del Gobierno.
Cuando los asuntos a tratar así lo aconsejen podrán ser convocados a las reuniones de las Comisiones, tanto cualquiera de los vocales del Pleno, como cualquier otra persona que se estime pertinente, compareciendo todos ellos con voz pero sin voto.
Especialmente se cuidará la posible participación de las organizaciones profesionales, económicas y sociales que teniendo presencia activa en la Comunidad Autónoma o Ciudad representen a los sectores o entidades enumerados por el Real Decreto.
a) Cooperar en la elaboración y ejecución de los Planes de Seguridad Vial
d) Constituir, si se estima conveniente para facilitar el desempeño de sus funciones, los grupos de trabajo que se consideren necesarios, supervisar su actuación, recibir sus informes y elevar, en su caso, sus propuestas a la Comisión Permanente.
e) Asesorar en materia de tráfico y seguridad vial si, en el ámbito de sus competencias, tal asesoramiento le fuera solicitado por los correspondientes órganos de decisión de la Comunidad Autónoma o Ciudad, o por cualquier otro de la Administración en el ámbito provincial o local.
f) Constituir, en su caso, las Comisiones Provinciales de Tráfico y Seguridad Vial mencionadas, determinar su composición y supervisar sus actuaciones.
Las Comisiones de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en las Comunidades Autónomas, podrán crear Comisiones Provinciales para el estudio de asuntos delimitados geográficamente, de cuya actuación se dará cuenta a las Comisiones en las Comunidades Autónomas y cuyos miembros llevarán a cabo el correspondiente seguimiento.
2.2. La Comisión Autonómica.
Si bien el artículo 149.1.21 de la Constitución confiere la competencia exclusiva en materia de tráfico y de circulación de vehículos a motor al Estado, las Comunidades Autónomas han ido asumiendo determinadas competencias relacionadas con la materia a través de sus propios Estatutos. Como ya se conoce, las Comunidades que tienen transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico son el País Vasco y Cataluña. En cuanto a Navarra, en virtud de su origen foral, conserva en esta materia competencias sobre vigilancia de la circulación vial y denuncia de infracciones, en colaboración con la Guardia Civil. Por otra parte, el resto de Comunidades han ido adquiriendo importantes atribuciones relacionadas con las carreteras, el transporte, la sanidad y la industria.
Se entiende, pues, la necesidad de crear un órgano específico que permita coordinar las políticas de seguridad vial de todas las Comunidades Autónomas, promoviendo la concertación y el intercambio de experiencias, además proponer al Gobierno medidas y actuaciones relacionadas con la seguridad vial.
Con esta filosofía nace la Comisión Autonómica, creada por la ley 18/2009, de 23 de noviembre, como un nuevo órgano integrado en el Consejo Superior, y cuya composición y funciones deben desarrollarse reglamentariamente.
Los Grupos de Trabajo son órganos del Consejo Superior de Seguridad Vial que se ocupan del estudio de aquellos asuntos para los que hayan sido creados y funcionan bajo la dirección y control de la Comisión que los haya establecido (léase la Comisión Permanente del Consejo Superior o las Comisiones de Tráfico y Seguridad vial de las Comunidades Autónomas).
Su composición es muy abierta y pueden formar parte de ellos personal especializado de las diferentes Administraciones Públicas, de las entidades, asociaciones y sectores profesionales que desarrollan actividades relacionadas con la seguridad vial, y cualquier otra persona cuya presencia se estime pertinente.
Puede otorgárseles carácter permanente o puntual. Los primeros son creados para el desarrollo de una actividad dilatada en el tiempo. Los segundos se constituyen para abordar un asunto concreto y concluyen tan pronto como cumplen con el trabajo que les fue encomendado. A su vez, los grupos pueden, en uno u otro caso, crear subgrupos o grupos delegados a quienes encomienden las tareas aún más concretas y específicas.
El reglamento de 2003 perfiló determinadas áreas donde se fomentaría la creación de grupos de trabajo:
Comunicación y divulgación,
investigación y reconstrucción de accidentes,
normativa y asuntos jurídicos,
educación vial, formación vial y exámenes de conducir,
y telemática aplicada al tráfico.
De la actividad de los grupos de trabajo se da cuenta cada año a la Comisión Permanente y posteriormente al Pleno.
Los grupos de trabajo por las características de su convocatoria, composición y funcionamiento, se han mostrado como una herramienta de primer orden en el fomento de la participación e implicación de las organizaciones representativas de intereses sociales, de las universidades, de los centros de investigación públicos y privados y de otras entidades especializadas, en la elaboración y diseño de las políticas públicas de seguridad vial. Cabe destacar, en este sentido, el papel desempeñado por estos grupos en la definición de objetivos y líneas estratégicas, así como en la identificación y priorización de actuaciones, de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de febrero de 2011. A modo de ejemplo, enumeramos los grupos constituidos para participar en la elaboración de la Estrategia:
Estudios e investigaciones. Creado con el objetivo de mantener una relación estable con los centros de investigación para el seguimiento de la diagnosis, la evaluación y la identificación de prioridades en la elaboración de la Estrategia de Seguridad Vial
Ciclistas. Constituido con la participación de las organizaciones de ciclistas más representativas, para estudiar la seguridad vial de los ciclistas en general.
Motocicletas. Creado en 2007, cuenta con dos subgrupos de trabajo uno de información y conocimiento de las motocicletas y otro sobre formación de conductores de motocicletas. Desde entonces, ha estudiado un amplio abanico de temas relacionados con: las pruebas para el acceso al permiso de conducción, accidentalidad, formación de los conductores, implicación del sector en la seguridad, seguridad de las vías, etc
Niños. Creado para el estudio de los objetivos a incluir en el nuevo plan, de los indicadores y de las principales áreas de actuación.
Mayores. Analizó temas como aptitud para la conducción, medicamentos y conducción, educación vial, conductores y peatones..
Jóvenes. Estudió temas como la conducción acompañada, reducción tasas de alcoholemia para conductores noveles, efectos de las campañas de concienciación, etc.
Furgonetas. Estudió la correcta definición de furgonetas y del colectivo a estudiar, la mejora de la información de las bases de datos, la implantación del tacógrafo, movilidad, etc.
Peatones. Trato temas como el patrón de accidentalidad del peatón, análisis de movilidad, zonas peatonales, zonas 30, etc
Infraestructuras. Estudió la elaboración de un manual de buenas prácticas que de soluciones a las diversas problemáticas de la infraestructura. Diferenciación funcional de las diferentes vías. Tratamiento de las zonas de transición entre zonas urbana y no urbana, identificación de los tramos de concentración de accidentes.
Alcohol, drogas y medicamentos. Se estudio el tratamiento legal, médico, social de estos temas relacionados con la conducción.
Vehículo. Renovación del parque de vehículos, registro de vehículos, elementos de seguridad, ITV.
Víctimas. Tratamiento de las víctimas desde el punto de vista social, jurídico, asistencial, asociativo, etc
Ley 6/1997, de14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminsitración General del Estado.
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por elque sxe aprueba el teto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
El procedimiento administrativo común (comentarios, jurisprudencia, formularios) Tomo I. Ed. Tirant lo Blanc.
Autor: Ángel Luis Sedano Santos Tema 6. Página de