Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-632-de-abril-10-de-2018?documento=legcol&contexto=legcol_77e7f5f7ee1344259c6efcda10b0535a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-19 12:37:31
Document Index: 63704526

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 329', 'artículo 56', 'artículo 6', 'artículo 329', 'artículo 356', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 330', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 140']

﻿ DECRETO 632 DE ABRIL 10 DE 2018
DECRETO 632 DE 10 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:MINISTERIO DEL INTERIOR. DICTA LAS NORMAS FISCALES Y DEMÁS NECESARIAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS TERRITORIOS INDÍGENAS UBICADOS EN ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, GUAINÍA Y VAUPÉS.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMUNIDAD INDÍGENA, COMISIÓN NACIONAL DE TERRITORIOS INDÍGENAS, JURISDICCIÓN INDÍGENA, GOBIERNO DEL TERRITORIO INDÍGENA, AUTONOMÍA POLÍTICA DEL PUEBLO INDÍGENA, FUNCIONES DEL GOBIERNO DEL TERRITORIO INDÍGENA, TERRITORIO INDÍGENA, AUTORIDAD INDÍGENA, CONSEJO INDÍGENA, FUNCIONES DEL CONSEJO INDÍGENA, MUNICIPIO INDÍGENA, MINISTERIO DEL INTERIOR, AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA, DERECHOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
“Por el cual se dictan las normas fiscales y demás necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés”.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 7º y 8º de la Constitución Política, es deber del Estado proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación, razón por la cual la pervivencia integral de los Pueblos Indígenas, a través de sus culturas, sistemas de organización social y política, y la integridad de sus territorios, es fundamental para la conformación de la Nación colombiana.
Que aun cuando el Decreto 1953 de 2014 constituye el reconocimiento de un régimen especial para poner en funcionamiento los territorios indígenas, se requiere desarrollar un régimen específico para los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, en razón de las particularidades dadas por su dispersión geográfica, la alta diversidad cultural y los valores ambientales de sus territorios que, en algunos casos, en zonas de frontera han salvaguardado la soberanía nacional.
Que se requiere el ejercicio de las facultades conferidas al Gobierno nacional por el artículo transitorio 56 de la Constitución Política, en armonía con lo establecido en los artículos 7º, 13, 246, 287, 329, 330, 356 y 357 de la misma Constitución y el Convenio 169 de 1989 de la OIT, ratificado mediante la Ley 21 de 1991, especialmente lo previsto en sus artículos 2º y 4º, con el fin de: (i) expedir las normas fiscales y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas, necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos en las actuales áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés; y (ii) establecer un sistema gradual y progresivo de fortalecimiento de la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios, permitiendo que las comunidades y pueblos indígenas decidan de acuerdo con sus particulares sistemas de planificación, administración y gobierno, las competencias y el manejo de recursos.
Que la honorable Corte Constitucional, en la Sentencia C-617 de 2015, con ocasión de la constitucionalidad del Decreto 1953 de 2014, precisó que el artículo 56 transitorio constitucional establece una competencia cualificada, dado que las normas que se expiden en el ejercicio de lo dispuesto en el mencionado artículo tienen naturaleza legislativa y, por regla general, solo perderán su vigencia, cuando sea expedida la ley a la que se refiere el artículo 329 de la Constitución Política, de esta manera las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 56 transitorio no se encuentran agotadas.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º del Convenio 169 de 1989 de la OIT, el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías llevó a cabo el proceso de consulta previa para la construcción y elaboración Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y las distintas entidades del Gobierno.
Objeto, ámbito de aplicación, naturaleza jurídica y principios
ART. 1º—Objeto. El presente decreto establece las normas transitorias relativas a la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas ubicados al interior de los resguardos en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés; los mecanismos para el relacionamiento entre los gobiernos propios de los pueblos indígenas ubicados en estos territorios y las disposiciones para su organización fiscal y su coordinación con las entidades territoriales, en tanto se expide la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política. En todo caso reconociendo, que el beneficiario de la asignación especial del sistema general de participaciones es el resguardo indígena de conformidad con la establecido en el artículo 356 de la Constitución Política.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. La normativa dispuesta en el presente decreto aplica de manera exclusiva a los territorios indígenas ubicados en las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés.
ART. 3º—Naturaleza jurídica. Los territorios indígenas ubicados en las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés que se pongan en funcionamiento, serán organizaciones político-administrativas de carácter especial, para el ejercicio de las funciones públicas establecidas en el presente decreto, a través de sus autoridades propias.
ART. 4º—Principios. El funcionamiento de los territorios indígenas ubicados en las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, se orientará primordialmente por sus usos, costumbres, tradiciones y sistemas propios de regulación y la legislación colombiana vigente, para el desarrollo de los principios constitucionales de República unitaria, autonomía de las entidades territoriales, pluralismo democrático, participación ciudadana y colectiva, integridad cultural y territorial de los pueblos indígenas y prevalencia del interés general.
1. Desarrollo propio: el Estado mediante la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas busca garantizar el derecho de los pueblos y comunidades a establecer sus propias prioridades en materia de desarrollo integral, en los términos del artículo 7º del Convenio 169 de 1989 de la OIT, en armonía con el plan nacional de desarrollo y la sostenibilidad ambiental que garantice condiciones adecuadas de vida para las generaciones presentes y futuras.
10. Aplicación voluntaria: la solicitud para la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas será de carácter facultativo para aquellos pueblos y comunidades determinados en el artículo 2º del presente decreto.
Funciones de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés
ART. 5º—Funciones generales de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas. Los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés que se pongan en funcionamiento en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, tendrán las siguientes funciones:
Conformación, registro e inscripción de los consejos indígenas de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés
ART. 6º—Consejo indígena. Los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas que se pongan en funcionamiento en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, serán gobernados a través de los consejos indígenas, entendidos como la forma de gobierno indígena, conformados y reglamentados a través de sus usos y costumbres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 de la Constitución Política.
ART. 7º—Representante legal del consejo indígena. El consejo indígena, de acuerdo con el reglamento interno establecido por las autoridades que lo integran, designará un representante, quien ejercerá la representación legal y las funciones administrativas del consejo para la solicitud de registro del mismo, delimitación y puesta en funcionamiento del territorio indígena.
ART. 8º—Registro del consejo indígena. El representante legal presentará la solicitud de registro del consejo indígena, ante la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior (DAIRM), en el formulario establecido para tal efecto, el cual se acompañará de los siguientes documentos:
Solicitud para poner en funcionamiento los territorios indígenas en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés
ART. 9º—Presentación de la solicitud. El representante legal del consejo indígena presentará la solicitud para la puesta en funcionamiento del territorio indígena ante la DAIRM, en el formulario establecido para tal efecto, el cual se deberá acompañar de los siguientes documentos:
ART. 10.—Verificación de la solicitud. La DAIRM verificará que la solicitud para la puesta en funcionamiento del territorio indígena cumpla con los requisitos descritos en el artículo 9º del presente decreto. Si hiciere falta alguno, se requerirá por escrito y por una sola vez al representante legal del consejo indígena para que aporte la información faltante, en un plazo de treinta (30) días hábiles, a la dirección de notificación señalada en la solicitud. Si vencido el plazo no se aporta la documentación requerida, se entenderá que el representante legal del consejo indígena desiste de la solicitud, sin perjuicio de que pueda presentarla nuevamente.
ART. 11.—Traslado de la solicitud a los departamentos. La DAIRM pondrá en conocimiento de los departamentos en cuya jurisdicción se pretende poner en funcionamiento el territorio indígena, la solicitud presentada por el representante legal del consejo indígena para que en el término de treinta (30) días hábiles, aquellos presenten las observaciones o sugerencias que estimen pertinentes sobre la propuesta de los mecanismos de articulación y coordinación.
ART. 12.—Delimitación de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas. La DAIRM dará traslado de la solicitud de delimitación del territorio indígena al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para que suministre la cartografía oficial a escala disponible, debiendo remitirla en un plazo de diez (10) días hábiles a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) informando de ello a la DAIRM.
ART. 13.—Información demográfica de los territorios indígenas ubicados en las áreas no municipalizadas. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizará la identificación de la población del territorio indígena que se pretende poner en funcionamiento, y certificará su proporción en el total de la población del resguardo indígena dentro del cual se encuentra, previa entrega por parte de la ANT de la delimitación de la que trata el artículo 12 del presente decreto.
ART. 14.—Metodología para la producción de la información demográfica. El DANE generará el documento metodológico, por medio del cual definirá los criterios para la identificación de la población del territorio indígena que se pretende poner en funcionamiento y su relación con el total de la población del resguardo indígena dentro del cual se encuentra, de acuerdo con el artículo 13 del presente decreto.
ART. 15.—Protocolos para la realización del conteo poblacional. El DANE realizará la planeación y programación de las actividades de recolección de información demográfica, de acuerdo con los fines de este decreto, teniendo en cuenta las características geográficas, sociales y culturales de dicho territorio, y con la participación de las autoridades tradicionales respectivas.
ART. 16.—Reserva estadística y fines del conteo poblacional. Los resultados del conteo poblacional de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas que se pondrán en funcionamiento quedarán sujetos al artículo 5º de la Ley 79 de 1993, y serán utilizados únicamente para los fines establecidos en el presente decreto. Los resultados de la información poblacional serán entregados por parte del DANE a la ANT.
ART. 17.—Acto administrativo de delimitación del territorio indígena. Cumplidos todos los requisitos, la ANT expedirá el acto administrativo de delimitación del territorio indígena, el cual será notificado al representante legal del consejo indígena y comunicado a la DAIRM, al DANE y al IGAC.
ART. 18.—Acuerdo intercultural. En virtud del núcleo esencial del derecho a la autonomía de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas y a la igualdad material de sus habitantes e instituciones, el Ministerio del Interior protocolizará mediante la expedición de un acto administrativo el acuerdo intercultural de puesta en funcionamiento del territorio indígena, y en particular dispondrá:
ART. 19.—Fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de las funciones asumidas por los territorios indígenas de las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés comprenden la totalidad de los ingresos que perciban por concepto de recursos propios, recursos de cofinanciación, cooperación, los que administren por concepto de la asignación especial del sistema general de participaciones para resguardos indígenas, y cualquier otra fuente que ingrese al territorio para la implementación de su plan de vida su equivalente.
ART. 20.—Cofinanciación. Los recursos a que hace referencia el presente decreto podrán ser utilizados para cofinanciar proyectos de inversión con otras entidades públicas o privadas de cualquier orden, enmarcados en su plan de vida o su documento equivalente y/o las políticas sectoriales respectivas.
ART. 21.—Asesoría y asistencia técnica. El Ministerio del Interior, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el marco de sus competencias, brindará la asistencia técnica a los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas que se pongan en funcionamiento, para el cumplimiento de las funciones y la administración de los recursos a que hace referencia el presente decreto.
ART. 22.—Régimen de ejecución de recursos. Los actos o contratos que expidan o celebren los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, se regirán por las normas del estatuto orgánico de presupuesto, el estatuto general de contratación de la administración pública, las normas contables definidas por la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias.
ART. 23.—Régimen presupuestal. Para la programación, administración y ejecución de los recursos de que trata el presente decreto, los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas se sujetarán a las disposiciones contenidas en el estatuto orgánico de presupuesto.
Administración de los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones para resguardos indígenas (AESGPRI) por los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas
ART. 24.—Facultad para administrar y ejecutar los recursos. Los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas puestos en funcionamiento en virtud de este decreto, podrán administrar y ejecutar los recursos de la AESGPRI.
ART. 25.—Reconocimiento de la puesta en funcionamiento del territorio indígena y de la administración directa de la AESGPRI. El territorio indígena deberá contar con el reconocimiento por parte del resguardo indígena al cual pertenece, de su puesta en funcionamiento y de la administración directa de los recursos de la AESGPRI, previo a la solicitud de administración de tales recursos.
ART. 26.—Participación proporcional en los recursos de la AESGPRI. Los recursos para la administración y ejecución por parte de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas, obedecerán a los que en razón a su población les correspondan proporcionalmente del total asignado por la Nación al Resguardo Indígena al cual pertenecen, certificada por el DANE, sin que lo anterior pueda tener impacto sobre el cálculo de la Asignación Especial para Resguardos Indígenas a nivel nacional, en el marco de los artículos 26 del Decreto 1953 de 2014 y 103 de la Ley 715 de 2001.
ART. 27.—Administración y ejecución de los recursos de la AESGPRI. Los recursos de la AESGPRI sólo serán ejecutados a través de proyectos de inversión debidamente formulados, los cuales deberán estar en concordancia con los planes de vida, o su documento equivalente, e incluidos en el presupuesto anual.
ART. 28.—Solicitud para la administración directa. Los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas que decidan asumir la administración y ejecución de los recursos de la AESGPRI presentarán, a través de su representante legal, por intermedio de la DAIRM, solicitud expresa dirigida al DNP acompañada de los siguientes documentos:
ART. 29.—Régimen de responsabilidades. Los representantes legales de los territorios indígenas que administren y ejecuten los recursos de la AESGPRI, serán sujetos de control administrativo y responsables fiscal, penal y disciplinariamente por la administración de dichos recursos.
ART. 30.—Procedimiento de verificación de los requisitos de la solicitud. Radicada la solicitud, el DNP verificará que se hayan allegado los documentos que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los requisitos que trata el artículo 28 del presente decreto, dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Cuando no se presenten los documentos necesarios, el DNP requerirá al representante legal del territorio indígena a la dirección de notificación que conste en la solicitud, para que allegue los documentos faltantes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
ART. 31.—Cuenta maestra. Los territorios indígenas ubicados en las áreas no municipalizadas, que administren y ejecuten los recursos de la AESGPRI, manejarán dichos recursos en una cuenta maestra, según lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1753 de 2015, en la Resolución 3841 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Resolución Conjunta 660 de 2018 de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación Nacional y Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que las modifiquen, o sustituyan.
ART. 32.—Registro de cuenta maestra. Dentro del mes siguiente a la expedición de la aprobación de la solicitud de administración y ejecución de la AESGPRI, los territorios indígenas deberán registrar una única cuenta maestra ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el giro de los recursos, de conformidad con los requerimientos establecidos por dicho Ministerio.
ART. 33.—Oportunidad para asumir la administración. Los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas, que asuman la administración y ejecución de recursos de la AESGPRI, lo harán a partir del 1º de enero de la vigencia fiscal siguiente a la fecha en que cumplan los requisitos previstos en el presente decreto, y solamente administraran los recursos que le sean transferidos a la cuenta maestra a partir de esta fecha.
ART. 34.—Garantía de inversión territorial. Los recursos de que trata el presente decreto se recibirán por parte de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas, sin perjuicio de los recursos que los correspondientes departamentos deben invertir en cada uno de los territorios indígenas, conforme con sus competencias legales y fuentes de financiamiento.
ART. 35.—Presentación de informes. Los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas que se pongan en funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto en este decreto, respecto de la administración y ejecución de los recursos públicos, deberán diligenciar y presentar los informes y formatos que sean requeridos por las entidades del orden nacional, y por los organismos de control en los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.
ART. 36.—Monitoreo, seguimiento y control. La administración y ejecución de los recursos de la AESGPRI por parte de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas estarán sujetos a la aplicación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral del gasto que se realice con los recursos del sistema general de participaciones, prevista en el Decreto 28 de 2008 o la norma que lo modifique o sustituya.