Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-920-02.htm
Timestamp: 2017-11-21 19:33:18
Document Index: 203872693

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 47', 'artículo 39', 'artículo 47', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 5', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47']

La jurisprudencia ha dicho que los trabajadores, y también los sindicatos, se encuentran en una situación de subordinación respecto del empleador que habilita la vía de la tutela. Específicamente, en relación con los sindicatos, la Corte ha señalado que se encuentran en una situación de subordinación indirecta que los habilita para interponer la acción de tutela por las actuaciones u omisiones del empleador. En el caso que ocupa la atención de la Sala, la acción de tutela se interpone frente a una empresa privada, por un grupo de empleados y por el sindicato del que hacían parte, en relación con la que consideran una terminación irregular de sus contratos de trabajo, que lesiona sus derechos fundamentales, razón por la cual puede predicarse la existencia de una situación de subordinación que habilita la tutela contra particulares.
No cabe hacer un pronunciamiento sobre la regularidad o irregularidad del comportamiento de COLGAS S.A., el cual habrá de ventilarse ante la jurisdicción ordinaria laboral, ante la cual podrá establecerse si ha habido violación de las garantías que el ordenamiento ofrece a los trabajadores y las medidas que cabrían para restablecer sus derechos. A esa jurisdicción corresponderá, se repite, determinar si estamos ante un caso de despido colectivo que requería previa autorización de las autoridades del trabajo, si se desconoció el fuero sindical o si debe reconocerse una indemnización para los trabajadores cuyos contratos se dieron por terminados. En cuanto hace a la violación de derechos fundamentales y en particular del derecho de asociación sindical, en esta instancia de revisión la Sala ha podido constatar que no se han desvirtuado las razones que puso de presente el empleador para la terminación de los contratos de trabajo y que tampoco se han acreditado hechos que muestren que la misma haya estado orientada a desarticular el sindicato.
Accionante: Gabriel Hernando Alvarez y otros
Dentro del proceso de tutela identificado con el número de radicación T-584666, instaurado por Gabriel Hernando Alvarez Gil, Hugo Fernando Angarita Florez, José Rafael Bernal Caicedo, Andrés Cárdenas Bautista, Isidro Antonio Caro Avila, Luis Antonio Chaguala, Luis Eduardo Chamorro Holguín, Clara Consuelo Escobar de Ariza, Jairo Antonio Enciso Manjarrés, Eulises González González, Víctor Manuel González Guevara, José Reinaldo Guzmán Avila, Abel Monroy Torres, Juan Bernardo Monroy Gutierrez, Orlando Muñoz, Hector Osorio Mojica, Guillermo Parra Molina, Edgar Alirio Penagos Yepes, Luis Eduardo Perdomo Triviño, José Edilberto Rodríguez Buitrago, Luis Alberto Ruiz Casallas, Carlos Julio Sánchez Nocua, Marco Fidel Torres Arévalo y Rosa Elvira Torres de Torres, actuando en nombre propio, y Luis Eduardo Perdomo Triviño, en su condición de Representante Legal y Presidente de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética, SINTRAMIENERGETICA, Seccional Bogotá, en contra de la Compañía Colombiana de Gas S.A. ESP COLGAS S.A. ESP.
En escrito de febrero 11 de 2002, Luis Eduardo Perdomo Triviño, actuando en su condición de representante legal de SINTRAMIENERGETICA, Seccional Bogotá, y con la coadyuvancia de María Briseida Combariza Gamba, Pedro Antonio Muñoz Gutiérrez y Carlos Julio Gómez Masmela, adicionó la acción de tutela previamente interpuesta, para solicitar que se disponga el reintegro de los coadyuvantes, que también fueron injustamente despedidos en condiciones idénticas a las planteadas en la tutela inicial.
El Representante Legal de COLGAS S.A., mediante escrito de febrero 7 de 2002, complementado en escrito de febrero 12, se opuso a las pretensiones de la demanda.
4.Los hechos
4.2.En diciembre 31 de 2001 COLGAS S.A. ESP. contaba con 32 trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo a término indefinido, de los cuales 30 se encontraban afiliados al sindicato de industria SINTRAMIENERGETICA.
4.3.Los días 9, 11, 29 y 30 de enero de 2002 el representante legal de COLGAS S.A. ESP. comunicó a 26 trabajadores sindicalizados la decisión de la empresa de dar por terminados, con efecto inmediato, sus contratos de trabajo, “... de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º numeral 2º del decreto 2351 de 1965, norma que subrogó el artículo 47 del C.S.T.”. Del mismo modo se comunicó la terminación del contrato de trabajo a una empleada no sindicalizada pero que se beneficiaba de la convención colectiva de trabajo.
4.4.Para dar por terminados los contratos de trabajo la empresa argumentó que habían desaparecido las causas que dieron lugar a los mismos, debido, fundamentalmente, a que desde el 28 de octubre de 2001 la Compañía no ejecuta actividad alguna de distribución de gas propano sin medidor; a que en diciembre de 1999 Ecopetrol prescindió de los servicios de COLGAS para la comercialización y distribución de cocinol y a que el mercado se había deteriorado y registraba una evidente reducción en los niveles de distribución.
4.5.De los trabajadores cuyos contratos se dieron por terminados, trece se encontraban amparados por fuero sindical. Para tomar su determinación la empresa no solicitó autorización del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social ni se levantó el fuero sindical.
4.6.La organización sindical había presentado, el 20 de febrero de 2001 un pliego de peticiones, que no se resolvió en la etapa de arreglo directo. Convocado el tribunal de arbitramento obligatorio, éste expidió, el 23 de noviembre de 2001 un laudo arbitral que fue recurrido por ambas partes y que para la fecha de la acción de tutela se encontraba a estudio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
4.7.En febrero de 2001 la empresa había despedido a 10 trabajadores sindicalizados.
4.8.De conformidad con los trabajadores, la empresa ha desarrollado una conducta abiertamente antisindical, manifestada específicamente en las sanciones disciplinarias impuestas a varios directivos del sindicato, restricciones en el acceso a permisos sindicales y no pago de los aportes convencionales descontados por nómina a los trabajadores sindicalizados. La empresa, por su parte, desmiente estas afirmaciones y expresa que las sanciones impuestas se han regido por las normas reglamentarias y con garantía del debido proceso, que está al día en el pago de los aportes convencionales y que los permisos sindicales se tramitan con sujeción a las disposiciones vigentes en la empresa.
4.9.Los trabajadores afirman que para el desarrollo de las actividades propias de su objeto la empresa, de manera indirecta, a través de contratos comerciales, ha vinculado aproximadamente a ciento veinte personas; la empresa, a su vez, expresa que sólo tiene nueve trabajadores en misión, en áreas administrativas, que no tienen relación alguna con la actividad productiva en donde laboraban las personas que fueron desvinculadas.
4.10.Veinticuatro de los empleados de Colgas S.A. ESP. cuyos contratos de trabajo se dieron por terminados en enero de 2002, según certificación de la revisoría fiscal de la empresa, trabajaban para la división de distribución de gas sin medidor, cocinol, mercadeo y ventas y servicios generales. Agrega la revisoría fiscal que desde el 28 de octubre la compañía no distribuye gas sin medidor.
4.11.Mediante comunicación de 29 de diciembre de 1999, Ecopetrol decidió prescindir de los servicios de Colgas S.A. ESP, para la distribución de cocinol.
4.12.La revisoría Fiscal de Colgas S.A. ESP. certifica que a febrero de 2002, la empresa contaba con cuatro trabajadores con contrato a término indefinido, de los cuales tres son sindicalizados. Así mismo certifica que la empresa cuenta con los servicios de diez personas vinculadas por intermedio de una empresa temporal y que, adicionalmente, la empresa tiene contratos de prestación de servicios para vigilancia, asesoría laboral, asesoría comercial, revisoría fiscal, y auditoría de gestión.
4.13.Según certificaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cundinamarca, no se ha autorizado el cierre de la empresa ni el despido colectivo de sus trabajadores, ni se está adelantando trámite en ese sentido.
4.14.Según Resolución 140 de 1997 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, la empresa en 1997 no era viable. En dicha resolución se determinó que la misma debía someterse a un plan de reestructuración con el objeto de asegurar su viabilidad operativa y financiera.
4.15.Después de varias ampliaciones del plazo inicial para la presentación del plan de ajuste y del rechazo de uno que fue presentado por la empresa sin el lleno de los requisitos previstos en la Res. 140 de 1997, el Plan de ajuste propuesto por la empresa fue aprobado en marzo de 2000 y su ejecución contemplaba programas de capitalización, reestructuración administrativa, que incluía reducción en la planta de personal y reasignación de cargos, ampliación y adquisición de mercados, y terminación de la distribución de cocinol.
4.16.Pese a que la empresa fue capitalizada y se adelantó el programa de reestructuración, un estudio de Invercor, contratado por la empresa, señala en agosto de 2001, que de no realizarse un severo ajuste la empresa no es viable y habría que valorarla en condiciones de liquidación. Entre las razones para ello se menciona la Resolución 10 de 2001 de la CREG que modifica la fórmula tarifaria para determinar el precio al usuario final del servicio público domiciliario de Gases Licuados del Petróleo GLP.
4.18.Mediante requerimiento realizado por esta Sala en sede de revisión las partes manifestaron:
4.18.1.La empresa accionada manifiesta que “... en la actualidad COLGAS S.A. no realiza ninguna actividad de carácter comercial en desarrollo de su objeto, esto incluye las actividades de comercialización de gas a usuarios con o sin medidor y la distribución de cocinol ...”
4.18.2.Expresa, así mismo, que, como consecuencia de la Resolución 10 de 2001 de la CREG la distribución de GLP dejó de ser rentable para la empresa, y los volúmenes de comercialización empezaron a reducirse drásticamente, al pasar de 2.230.853 galones de GLP en febrero de 2001 a 1.624.416 galones en octubre del mismo año, lo que llevó a los accionistas a la decisión de suspender la distribución de GLP, lo que tácitamente implicaba la suspensión de todas las actividades comerciales de la empresa.
4.18.3.Informa también la empresa que en el periodo comprendido entre octubre de 2001 y enero de 2002, en desarrollo de las decisiones adoptadas por la asamblea de accionistas, finalizó todas las actividades de distribución de GLP, razón por la cual, una vez terminado ese periodo la operación comercial de la empresa era prácticamente nula. Según certificación de la revisoría fiscal COLGAS S.A. no realiza ventas de cocinol desde diciembre del año de 1999 y las ventas de G.L.P. se suspendieron paulatinamente a partir de junio de 2001, noviembre de 2001 y a partir del 1º de junio de 2002 no realiza ninguna actividad en ventas.
4.18.4.De acuerdo con la comunicación enviada por la empresa, para la fecha de este fallo, tiene un solo empleado en nómina y no existe ningún personal vinculado a COLGAS por medio de terceros.
4.18.5.El Representante Legal de SINTRAMIENERGETICA seccional Bogotá, a su vez, reitera que la decisión de la empresa de dar por terminados los contratos de trabajo de los accionantes obedece al propósito de acabar con la organización sindical para disminuir sus costos operacionales.
4.18.6.Agrega que de tiempo atrás la empresa venía adelantando acciones para “... trasladar sus operaciones comerciales y de distribución de gas, a terceras personas vinculadas mediante el sistema de contratistas o de agencias comerciales ...”
4.18.7.Expresa también que COLGAS S.A. cedió a la empresa ASOGAS, que pertenece al mismo grupo económico, una parte importante de su mercado y señala que “...COLGAS S.A. ha desarrollado sistemas complejos de triangulación de sus operaciones a través de terceras empresas que son del mismo grupo económico, como es el caso de ASOGAS. Por consiguiente, sus actividades se continuaron prestando pero bajo otras modalidades de contratación, para romper las cargas laborales que suponen la existencia de una convención colectiva de trabajo.”
Los accionantes presentan a continuación las razones por las cuales consideran que la acción de tutela es procedente en este caso y puntualizan que COLGAS S.A. ESP “... optó por los despidos con la doble intención de menoscabar el ejercicio del derecho de asociación sindical e impedir la realización del derecho a la contratación colectiva.”
La orden que emita el juez de tutela, en concepto de los accionantes, también debe orientarse a que la empresa se abstenga de cualquier acción que tenga por objeto “... coaccionarnos para que aceptemos modificar las condiciones laborales y remuneratorias de que gozábamos hasta antes de los despidos...”.
7. Fundamentos de la oposición
- En la anterior hipótesis “[e]s perentorio determinar [...] cual ha sido la causa de las terminaciones unilaterales masivas de los contratos de trabajo, con el fin de esclarecer si han tenido alguna relación con la vinculación sindical de los peticionarios, caso en el cual deberán ser reivindicados los derechos previstos en el artículo 39 de la Constitución, que garantizan del derecho de asociación sindical.” (Sentencia T-436 de 2000)
4.Impugnación.
Por otra parte, precisa la Sala que, también de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, los trabajadores individualmente considerados no están legitimados para promover la acción de tutela cuando la pretensión se contrae a la protección de los derechos de la organización sindical, puesto que en esos casos es la propia organización la que debe procurar la defensa de los mismos.
4.2.Legitimación pasiva.
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que cuando los hechos de los que se desprende la eventual violación de los derechos fundamentales tienen su origen en la relación laboral, las condiciones de subordinación que para los trabajadores se derivan de ésta, se mantienen a efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela, aún cuando la misma se haya dado por terminada.[1]
En el caso que ocupa la atención de la Sala, la acción de tutela se interpone frente a una empresa privada, por un grupo de empleados y por el sindicato del que hacían parte, en relación con la que consideran una terminación irregular de sus contratos de trabajo, que lesiona sus derechos fundamentales, razón por la cual puede predicarse la existencia de una situación de subordinación que habilita la tutela contra particulares.
4.3.Derechos constitucionales violados o amenazados.
Sobre el derecho de asociación sindical la Corte, en Sentencia T-678-2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, expresó que “[s]i bien es cierto los procesos laborales ordinarios (...) permiten asegurar la protección de los derechos de contenido individual, también lo es que en ellos no se puede adelantar un análisis profundo respecto del derecho de asociación sindical.” Agregó la Corte que para la protección de los derechos de la organización sindical, procede, en tal evento, la acción de tutela, en la medida en que los procesos laborales que se instauren por los distintos trabajadores afiliados “... no aseguran un análisis conjunto para determinar si la asociación obrera resultó afectada en sus derechos fundamentales.”
Encuentra la Sala, por consiguiente, que en el presente caso la acción de tutela es procedente para la protección del derecho de asociación sindical, razón por la cual habrá de proseguirse con el examen de fondo de la solicitud en orden a establecer si se ha producido una vulneración del mismo que requiera la protección del juez constitucional.
En particular, la Corte se ha referido a la facultad que la ley reconoce al empleador para dar por terminado de manera unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo, con el pago de una indemnización al trabajador, para señalar que “ bajo ninguna circunstancia esta atribución puede ejercerse con el propósito de limitar o menoscabar los derechos de la contraparte, particularmente el derecho de asociación y representación sindicales.”
En el presente caso el empleador manifiesta haber fundamentado su decisión en lo previsto en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5º numeral 2º del Decreto 2351 de 1965, norma según la cual “[e]l contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo”.
Sobre el alcance del artículo 5º del Decreto 2351 de 1965, en cuyo primer numeral se dispone que “[e]l contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido”, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que su propósito fue el de consagrar un derecho para el trabajador —la estabilidad— y el deber correlativo para el patrono de respetarlo. Agregó la Corte Suprema de Justicia que esa estabilidad no depende del arbitrio patronal, “... como para que pueda entenderse que al empresario le basta con hacer desaparecer, o propiciar el desaparecimiento de las causas que dieron origen al contrato o la materia del trabajo para que aquél se tenga como extinguido en forma legal y justificada.” Puntualizó esa alta Corporación que en cada caso concreto es necesario establecer las razones que habrían dado lugar a la terminación del contrato, puesto que si ellas obedecen a hechos o circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, “... el contrato terminará automáticamente por ministerio de la ley; pero si sobrevienen por el querer exclusivo de una de ellas; porque [las] ha procurado en busca de mayores beneficios personales, la expiración del vínculo será imputable a quien con ese comportamiento la haya provocado y auspiciado, tendrá el carácter de ruptura unilateral y deberá asumir las consecuencias previstas en la ley para estos casos’’. [2]
Así, la posibilidad de terminación unilateral que la ley otorga al patrono en los contratos individuales de trabajo, no debe abrir las puertas para que aquél, amparado en ella, prescinda, sin control ni medida y de manera colectiva o masiva, de los servicios de los trabajadores bajo su dependencia para mermar el número de miembros activos de los sindicatos” [3].
A partir de las anteriores consideraciones, la Corte ha identificado una serie de situaciones en las cuales se presentaría un ejercicio abusivo de la facultad de dar por terminado el contrato de trabajo en detrimento de los derechos fundamentales de los trabajadores, entre las cuales enunció, por vía de ejemplo, aquellas en las cuales tal facultad se utilice para: “(i.) desconocer el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, afiliarse a éstos o a permanecer en ellos, (ii.) promover la desafiliación a dichas asociaciones, (iii.) adoptar medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse al sindicato, (iv.) obstaculizar o desconocer el ejercicio del derecho de huelga, en los casos en que éste es garantizado, (v.) constreñir la libertad de expresión o la escogencia de profesión y oficio, o (vi.) burlar el derecho y la posibilidad que se le reconoce a los sindicatos para representar a los trabajadores e intervenir en defensa de sus propios intereses en todos los casos en los que el empleador adopta decisiones o fija posturas que afectan o interesan a la entidad sindical.”[4]
En primer lugar, la Corte se refirió al “número de trabajadores sindicalizados despedidos”, para señalar que debe valorarse de distinta manera la terminación del contrato laboral que se aplica a un número reducido de empleados que aquella que afecta a un número más elevado. Sobre este particular es necesario tener en cuenta, también, el tamaño del sindicato, porque aunque no se trata de un aspecto meramente numérico, si puede resultar significativo el contraste entre el número de trabajadores despedidos y el numero total de miembros del sindicato. Tratándose de sindicatos de industria el impacto que sobre el sindicato tengan las decisiones de una sola empresa puede ser muy reducido. También debe tenerse en cuenta la proporción de trabajadores sindicalizados en la empresa y la incidencia de los sindicalizados en el conjunto de los despedidos, por que si bien ha señalado la Corte que no basta con incluir algunos trabajadores no sindicalizados entre los despedidos, para despejar la duda sobre el ánimo persecutorio, no puede dejar de considerarse la circunstancia de que exista una cierta correspondencia entre la distribución de los trabajadores de la empresa entre sindicalizados y no sindicalizados y la composición, desde el mismo punto de vista, de los trabajadores despedidos. Se trata, por otra parte, de una ponderación compleja, porque dicha distribución puede no ser uniforme en las distintas áreas de la empresa y así, puede ocurrir que la alta incidencia de trabajadores sindicalizados entre aquellos cuyos contratos se dan por terminados, responda, por ejemplo, a que el despido obedece a la reestructuración de un área en la cual el número de sindicalizados era proporcionalmente mayor.
En segundo lugar, la Corte se refirió al “papel de los empleados sindicalizados que se despiden”, debido a que “... también es posible establecer diferencias en las consecuencias que produce el despido de simples afiliados a la organización, de algunos de sus activistas de base o el de los propios miembros de los cuadros directivos –que necesariamente se encargan de la representación del sindicato y la promoción de sus intereses-.”
A este respecto cabe observar que en la ponderación, tanto la frecuencia como de la oportunidad, deben tenerse en cuenta las condiciones laborales de la empresa y el tamaño de su planta de personal. Si hay despidos relativamente frecuentes pero obedecen a un plan de reestructuración o una disminución programada del volumen de operaciones, en función, por ejemplo, de variaciones en la demanda de los bienes o servicios que ofrece la empresa, no aparecería claro el propósito de agredir a la organización sindical, lo que muy seguramente ocurriría cuando, en una hipótesis distinta, los despidos frecuentes se compensan con vinculación de personal nuevo, porque la planta de la empresa, así como su nivel de operaciones, se mantienen inalterados.
Finalmente, la Corte señaló que es necesario comprobar el animus con el que el empleador actúa. Al respecto expresó: “Este es un elemento fundamental dentro del ejercicio de ponderación que se propone, pues revela la intención con la que obra el patrono al acudir a la terminación unilateral, sin justa causa, de los contratos de trabajo de sus trabajadores sindicalizados. Así, resulta inaceptable que éste, prevaliéndose de una atribución legal intente desmembrar al sindicato, desestimular la afiliación de los trabajadores al mismo, o perseguir a sus miembros –tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte-, pues en todos estos eventos es evidente que la facultad contenida en la ley se convierte en un instrumento que desconoce derechos fundamentales de los trabajadores.”
4.1.2. Terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador
4.1.3. Terminación de los contratos de trabajo cuando desaparece la materia del trabajo
El contenido de esa disposición no tiene desarrollo expreso en la ley, razón por la cual las condiciones para su aplicación y su contenido específico deben determinarse por los jueces laborales. Esa indeterminación de la norma puede dar lugar a que, a su amparo, el empleador adopte decisiones unilaterales que, con una apariencia de legalidad, se traduzcan en violación de los derechos de los trabajadores, en particular del derecho de asociación sindical. Tal circunstancia, entonces, apunta hacia la insuficiencia de los medios ordinarios para brindar efectiva protección para el derecho de asociación sindical, puesto que si bien cada uno de los trabajadores podría, por separado, acreditar ante el juez que no es cierta la razón esgrimida por el empleador para dar por terminado el contrato, no habría en esos procesos un espacio adecuado para la apreciación del conjunto de los despidos y de su impacto sobre la organización de los trabajadores. Adicionalmente, cuando la misma razón para el despido se predica de varios trabajadores, la consideración aislada de los casos de terminación del contrato, que incluso podría encontrarse ajustada, en general, a la realidad, no permitiría apreciar si en el conjunto hubo un propósito orientado a debilitar o desarticular la asociación sindical. Por tal razón en este caso es necesario que se acrediten las razones que dan lugar a la terminación del contrato para desvirtuar la afirmación de los trabajadores de que la misma obedeció al propósito de perseguir a su asociación sindical.
En ese contexto sería posible identificar diversas hipótesis que apuntarían hacia la conclusión de que en ellas existe un caso de persecución sindical cuando se dan por terminados varios contratos de trabajo al amparo de lo dispuesto en el artículo 47 del CST. Así, por ejemplo, tal situación se presentaría cuando la terminación de los contratos, no obstante obedecer a situaciones objetivas y verificables, afecta de manera selectiva e injustificada a personal sindicalizado, o cuando no obstante que se argumenta la desaparición de la materia propia del trabajo, se contrata nuevo personal para la realización de actividades similares a las que cumplían aquellos trabajadores que fueron desvinculados, o, incluso, eventualmente y en ciertas condiciones, cuando se acude a contratos con terceros en orden a la ejecución de las mismas actividades que desarrollaba el personal sindicalizado. Sobre el alcance del artículo 47 del CST, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que “... mientras persista la empresa, entendida en su concepción legal de unidad de explotación económica, y no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios, no puede admitirse que la desaparición del cargo o el oficio que desempeñe el trabajador faculte al patrono para finalizar el contrato...”[5], situación que, de presentarse haría imperativa la ponderación orientada a establecer una eventual vulneración del derecho de asociación sindical cuando así se le ha sido solicitado al juez de tutela.
4.2. Análisis del caso concreto
En el origen de la presente acción de tutela se encuentra el hecho de que la empresa COLGAS S.A. ESP. decidió dar por terminados, con efecto inmediato, los contratos de trabajo de 26 trabajadores sindicalizados y una trabajadora no sindicalizada pero que se beneficiaba de la convención colectiva de trabajo. La empresa manifestó obrar con base en lo dispuesto en el artículo 5º numeral 2º del Decreto 2351 de 1965, norma que subrogó el artículo 47 del C.S.T.
Para dar por terminados los contratos de trabajo la empresa argumentó que habían desaparecido las causas que dieron lugar a los mismos, debido, fundamentalmente a que desde el 28 de octubre de 2001 la Compañía no ejecuta actividad alguna de distribución de gas propano sin medidor, a que en diciembre de 1999 Ecopetrol prescindió de los servicios de COLGAS para la comercialización y distribución de cocinol y a que el mercado se había deteriorado y registraba una evidente reducción en los niveles de distribución.
4.2.1.De la terminación de los contratos de trabajo
Como se ha señalado en esta providencia, no le corresponde al juez de tutela determinar si la decisión de la empresa se inscribe dentro del ámbito del artículo 47 del C.S.T., asunto que concierne a los jueces laborales, pero si debe, en desarrollo de la tarea de ponderación que se ha considerado necesaria con miras a la protección del derecho de asociación sindical, determinar si tal decisión cuenta con un soporte fáctico que le proporcione una base distinta del objetivo de persecución que ha sido señalado por los accionantes.
4.2.1.1. Los elementos de convicción aportados al expediente muestran que desde hace ya varios años COLGAS S.A. ESP ha venido presentando una situación de deterioro en su actividad empresarial, al punto que en 1997 la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG dictaminó que la empresa no era viable y que debía someterse a un plan de reestructuración. Se puede apreciar, así mismo, que después de algunas dilaciones, la empresa en el año 2000 puso en marcha un plan de reestructuración que contemplaba programas de capitalización, reestructuración administrativa, que incluía reducción en la planta de personal y reasignación de cargos, ampliación y adquisición de mercados, y terminación de la distribución de cocinol. En desarrollo de ese plan de reestructuración, al decir de la empresa, ésta fue capitalizada en un suma superior a los 7.355 millones de pesos. Sin embargo, un estudio de Invercor, contratado por la empresa, expresa en agosto de 2001, que de no realizarse un severo ajuste la empresa no sería viable y habría que valorarla en condiciones de liquidación. La empresa atribuye el fracaso del plan de reestructuración, entre otras razones, a la Resolución 10 de 2001 de la CREG que modifica la fórmula tarifaria para determinar el precio al usuario final del servicio público domiciliario de Gases Licuados del Petróleo GLP.
Las certificaciones de revisoría fiscal aportadas por la empresa muestran, según el balance de prueba a 31 de diciembre de 2001, una pérdida operacional de 4.343 millones, una pérdida neta de 3.628 millones y unas pérdidas acumuladas de 11.503 millones, así como una drástica reducción de operaciones comerciales entre los meses de febrero y octubre de 2001. En octubre de 2001 se decidió suspender la operación distribución de GLP porque generaba pérdidas.
Del mismo modo, la revisoría fiscal de Colgas S.A. ESP. certificó que a febrero de 2002, la empresa contaba con cuatro trabajadores con contrato a término indefinido, de los cuales tres eran sindicalizados y con diez personas vinculadas por intermedio de una empresa temporal para desarrollar labores administrativas. Certificó también que la empresa tenía contratos de prestación de servicios para vigilancia, asesoría laboral, asesoría comercial, revisoría fiscal, auditoría de gestión y empresa de servicios temporales. Se acompañaron certificaciones de dos empresas de servicios temporales conforme a las cuales las personas vinculadas a través suyo, diez en total, cumplían, en general, labores administrativas, en especial en el área de distribución de gas con medidor.
Finalmente la revisoría fiscal certificó que 24 de las personas cuyos contratos terminaron en enero de 2002 “... trabajaban para la división de distribución de gas sin medidor, Cocinol, mercadeo y ventas y servicios generales”, precisando que desde el 28 de octubre la empresa no distribuye gas sin medidor.
Por otra parte de acuerdo con la manifestación que por solicitud de esta Sala, en sede de revisión, realizó la empresa en agosto de 2002, COLGAS S.A. no se encuentra desarrollando ningún tipo de actividad comercial, sus actividades son netamente administrativas, cuenta para ello con un solo empleado y las labores administrativas se cumplen mediante asesores externos y a través de un acuerdo con la empresa CASAGAS S.A. para el manejo administrativo, financiero y contable.
4.2.1.2. Frente a la situación que se acaba de describir y que COLGAS S.A. puso de presente como sustento de su decisión de dar por terminados los contratos de trabajo, los accionantes manifestaron que se trataba de una “engañosa realidad” detrás de la cual la empresa escondía su propósito de desconocer el derecho de asociación sindical y de impedir la entrada en vigencia de nuevas condiciones colectivas de trabajo que se fijaron mediante la decisión de un tribunal de arbitramento obligatorio.
Es preciso, entonces, entrar a dilucidar cuales son los fundamentos de esa apreciación de los trabajadores. Precisa la Sala, que no se refiere en este acápite a las razones que esgrimen los accionantes para cuestionar la validez o la regularidad jurídica de la conducta de la empresa, sino a los hechos que fundamentarían su afirmación según la cual la terminación de los contratos de trabajo no tuvo objetivo distinto que el de perseguir a la organización sindical y desconocer el derecho a la negociación colectiva, y que, correlativamente desvirtuarían las razones presentadas por el empleador.
No corresponde, entonces, examinar aquí, si se trataba o no de una terminación de los contratos de trabajo en los términos del artículo 47 del C.S.T., si se está ante un caso de despido colectivo que habría requerido la previa autorización de las autoridades del trabajo, o si se desconoció o no el fuero sindical, sino que lo que debe establecerse es la situación objetiva en la que se produjo la terminación de los contratos de trabajo.
A ese efecto los demandantes hacen las siguientes manifestaciones:
5.Los contratos de trabajo de las personas que fueron despedidas eran a término indefinido y la continuidad de los mismos no estaba supeditada a que se mantuviesen las actividades de distribución de gas propano sin medidor o a la comercialización o distribución de cocinol, que son solo algunas de las actividades realizadas por COLGAS S.A.
De manera implícita se estaría afirmando que la empresa continúa prestando una serie de actividades distintas de aquellas que se dieron por terminadas y en las cuales podrían ser reubicados los trabajadores cuyos contratos se dieron por terminados.
6.La empresa ha venido incrementando el número de trabajadores vinculados mediante empresas suministradoras de mano de obra y mediante contratos comerciales para la distribución del gas, al punto que se han identificado 120 personas que prestan sus servicios a la empresa bajo modalidades precarias de contratación.
7.“... los motivos que adujo la compañía querellada para dar por terminados los contratos de trabajo no corresponden a la verdad de los hechos, pues las actividades que veníamos desarrollando los trabajadores despedidos continúan realizándose con personal vinculado a la empresa mediante el sistema de agencias suministradoras de mano de obra o a través de trabajadores que firman contratos comerciales de prestación de servicios” (subrayado en el original).
De las anteriores afirmaciones de los accionantes sería posible concluir que (i) la disminución de la actividad económica de la empresa no sería real sino supuesta, (ii) la empresa mantendría vinculadas, a través de agencias de servicios temporales, contratos de prestación de servicios con terceros, o contratos comerciales, a 120 personas aproximadamente, y (iii) la empresa continuaría cumpliendo una serie de actividades en desarrollo de su objeto social.
4.2.1.3. Como tales conclusiones resultan contrarias a lo que consta en las certificaciones de la revisoría fiscal de la empresa y que ya ha sido reseñado, y como quiera que los demandantes no aportaron elementos de convicción que les sirvieran de soporte, esta Sala de Revisión consideró necesario solicitar a las partes que suministraran una información complementaria.
En su respuesta a la solicitud de la Sala los accionantes, en sede de revisión, manifiestan que:
8.La empresa venía adelantando, de tiempo atrás, acciones para trasladar sus operaciones comerciales y de distribución de gas, a terceras personas vinculadas mediante el sistema de contratistas o de agencias comerciales, al punto que buena parte de las personas que en la demanda se relacionaron como vinculadas en modalidades precarias, eran trabajadores directamente vinculados a COLGAS S.A. y luego de sus retiros suscribieron contratos de naturaleza comercial para realizar actividades que antes se encontraban bajo la órbita administrativa de la empresa.
9.COLGAS promovió la creación de una cooperativa de trabajo asociado denominada Cooperativa Distribuidora de Gas – CODIGAS, a la cual se encuentran afiliados varios trabajadores despedidos o retirados de la empresa.
10.COLGAS aparece en el año 2001 como la segunda principal distribuidora de gas entre los distribuidores minoristas. Se anexa copia de un informe de ventas de GLP, en el cual no se alcanza a distinguir quien es la entidad responsable de su elaboración, no obstante que se expresa que la fuente de los datos es ECOPETROL.
11.COLGAS cedió una parte importante de su mercado a ASOGAS S.A. ESP, empresa en la que tienen participación mayoritaria personas que también la tienen en COLGAS S.A.
12.La empresa desplazó y entregó en arrendamiento a terceros sus operaciones económicas y continúa prestando las actividades de distribución de gas y de mantenimiento a través de esos terceros.
13.“... si la empresa estuviera en una situación económica tal que impidiera su continuidad en el mercado, que no lo está, ha debido acudir a la figura de la liquidación y solicitar previamente la autorización para el cierre de sus actividades. Ninguno de estos eventos ha ocurrido sencillamente porque liberada de sus cargas laborales, aparentemente insolventada, y burlados los derechos de los trabajadores, volverá a trasladar sus operaciones comerciales a la razón social de COLGAS, sin las cargas de la existencia de una organización sindical.”
En las anteriores afirmaciones de los accionantes cabe distinguir entre las que reiteran y precisan los hechos de la demanda y aquellas que se refieren a hechos nuevos no debatidos en el trámite de las instancias de tutela.
En efecto, una es la hipótesis, planteada desde la demanda, según la cual la empresa continuaría desarrollando su objeto mediante personal contratado a través de agencias de empleos temporales, contratos de prestación de servicios o contratos comerciales con terceros y otra, muy distinta, aquella según la cual la empresa habría cedido a terceros sus operaciones comerciales, caso en el cual no estaría desarrollando actividades en desarrollo de su objeto, ni mantendría contratos para hacerlo indirectamente, a través de esos terceros. En esta segunda hipótesis la empresa ya no desarrollaría actividad alguna, no existiría contrato con terceros respecto de las operaciones propias de su objeto, sus estados financieros no registrarían ningún movimiento por ese concepto, pero existiría un acuerdo informal y un propósito encubierto que le permitirían recuperar el mercado una vez se hubiesen disminuidos sus cargas laborales.
4.2.1.3.1. En relación con los hechos presentados en sede de revisión que darían soporte a las afirmaciones contenidas en la demanda, encuentra la Corte que, en general responden a aseveraciones y apreciaciones de los accionantes, que carecen de soporte probatorio y que, en principio no tendrían la capacidad de desvirtuar lo expresado por la empresa.
- Aunque en su escrito los accionantes relacionan siete personas que, entre otras, tendrían la calidad de contratistas de la empresa, no aportan prueba alguna en torno a la existencia de contratos de COLGAS con tales personas, ni sobre la naturaleza que tendrían los mismos, al paso que en la certificación de la revisoría fiscal aportada por la empresa se hace constar que no existe ningún contrato comercial para el desarrollo del objeto social.
- En cuanto hace a la creación de CODIGAS, cabe señalar que no existe soporte que acredite la participación de COLGAS en ese proceso, ni información sobre el papel que cumple dicha entidad cooperativa en el mercado de gas, ni sobre las relaciones que pudiesen tener los dos entes.
- Por otra parte, las cifras que presentan los accionantes, que corresponderían a la facturación de G.L.P. de ECOPETROL a los distribuidores minoristas, no resultan incompatibles con la afirmación de la empresa acerca de la paulatina disminución en sus operaciones de distribución de G.L.P. desde junio de 2001 y particularmente desde el mes de noviembre de ese año. Habría una diferencia sustancial entre la facturación que habría reportado ECOPETROL y las ventas certificadas por la revisoría fiscal de la empresa para los meses de noviembre y diciembre. Sin embargo, tal diferencia, que estaría por constatarse y explicarse, no tiene, de la manera como ha sido presentada, la aptitud para desvirtuar la certificación de la revisoría fiscal.
4.2.1.3.2. En lo que hace a la cesión del mercado entre empresas pertenecientes a un solo grupo económico, observa la Sala que se ha presentado por los accionantes un conjunto de afirmaciones e inferencias que se refieren a un hecho nuevo, que no fue planteado en la demanda ni durante el trámite de las dos instancias, que por consiguiente no fue objeto de debate procesal y que no podría fundamentar la decisión de tutela en sede de revisión. De tal hecho, por otra parte, se predica la necesidad de un amplio debate sobre aspectos de hecho y de derecho que desbordarían el ámbito propio de la acción de tutela.
En efecto, de las pruebas disponibles es posible concluir que en el mercado de gas se realizan operaciones comerciales entre las empresas distribuidoras y hay desplazamientos de mercado de unas compañías a otras. En particular, en el estudio presentado por INVERCOR y aportado por la empresa, se pone de presente cómo COLGAS en un momento dado, asumió parte del mercado de ASOGAS S.A. A su vez, en informe de la Gerencia de COLGAS sobre el desarrollo del plan de reestructuración, del 6 de febrero de 2002, se da cuenta de la adquisición por COLGAS del mercado de la empresa BOGOTANA DE GAS, a partir de abril de 2000, y del arriendo del mercado de ASOGAS. Se señala también en dicho informe, que “... la pérdida de margen nos obligó a devolver el mercado arrendado”, devolución que se habría hecho efectiva a partir del 1 de junio de 2001. En comunicación de febrero 7 de 2002 dirigida por COLGAS a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se expresa que “... actualmente COLGAS no tiene ningún contrato vigente con Asogas”.
Al margen de las consideraciones que sobre las anteriores operaciones pudiesen hacerse respecto su corrección comercial, nada muestra que tales operaciones comerciales u otras similares que pudo haber desarrollado COLGAS, tuviesen como propósito afectar la situación laboral de la empresa, permitirle insolventarse o ceder transitoriamente la totalidad de sus operaciones comerciales.
El asunto planteado por los accionantes requeriría un complejo análisis probatorio, para saber, por ejemplo, si el mercado que liberó COLGAS cuando cesó sus actividades de distribución, fue cedido, de manera informal, porque en principio no figura contrato alguno en tal sentido, a ASOGAS o fue asumido por esta empresa de manara espontánea, y en este último caso, qué parte del mercado habría sido asumido por ASOGAS y qué parte por otros operadores. Cual es el volumen total comercializado de G.L.P. y si se ha presentado una afectación significativa del mismo por el incremento en la participación del gas natural; si se han reducido los márgenes de los distribuidores; si resultaba económicamente viable proseguir con la distribución de gas dada la estructura de costos de la empresa. Solamente una detenida consideración de los anteriores y de otros asuntos relacionados permitiría establecer si la conducta de COLGAS S.A. ESP que ha sido objeto de censura a través de la acción de tutela obedece a una maniobra de la empresa para perjudicar a los trabajadores y a su organización sindical, o si es el resultado de un conjunto de circunstancias que afectan la viabilidad financiera y operativa de la empresa. Sería preciso, pues, establecer si han existido operaciones de cesión, compra o arrendamiento de mercados, cuales son las características de las mismas y si se ajustan a las disposiciones que regulan la materia, para, después hacer una valoración sobre si ellas obedecen a una situación ordinaria del mercado o se trata de movimientos anormales orientados a desarticular la organización sindical en la empresa.
4.2.1.4. Ese amplio debate probatorio, en principio, desbordaría el ámbito de la acción de tutela, instrumento de protección de los derechos fundamentales que de manera general tiene como presupuesto la acreditación procesal de dos extremos, la titularidad del derecho y los hechos de los que se derivaría la violación o amenaza del mismo. Dado el carácter informal de la acción, su finalidad protectora y la naturaleza sumaria del procedimiento, existe una amplia flexibilidad en materia probatoria. Debe tenerse en cuenta que en sede de tutela es frecuente que no exista controversia en torno a la titularidad del derecho o la ocurrencia de los hechos que motivan la acción, lo cual permite que el juez tome su decisión a partir de lo afirmado por el accionante y no controvertido por el demandado. En otros casos las pruebas aportadas por las partes o decretadas de oficio por el juez, permiten que, en el breve término de la acción, se puedan establecer con nitidez los asuntos sobre los que habrá de versar el pronunciamiento del juez. Pero cuando quiera que en uno de los extremos existe controversia y esa controversia sea de tales dimensiones que exija un trámite probatorio complejo, no susceptible de surtirse en el término de diez días en el que debe resolverse la acción, en principio, se excluye la vía extraordinaria de la tutela. En tales situaciones resultaría evidente que el asunto debe plantearse a través de las acciones ordinarias previstas en el ordenamiento jurídico y por medio de las cuales, con respeto de las garantías del debido proceso para todos los afectados, sería posible dilucidar los extremos objeto de controversia. De esta remisión a la vía ordinaria se exceptuarían aquellos asuntos susceptibles de ser tratados por separado y de los cuales pueda acreditarse que son violatorios de un derecho fundamental, caso en el cual cabría la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Dentro de ese carácter breve y sumario de la acción de tutela, la ley ha previsto que en ausencia de respuesta del demandado el juez puede fallar con base en lo afirmado por el demandante y en la pruebas adicionales que considere del caso decretar. Pero tal no es el caso cuando el demandado se opone a lo afirmado por el accionante y menos cuando aporta abundantes elementos de convicción para sustentar su posición.
4.2.1.5. En el presente caso resulta evidente que el juez de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas que obran en el expediente y ello explica los manifiestos yerros en los que incurrió en la reconstrucción de la situación fáctica.
Así, a partir de lo afirmado por los accionantes, el juez dio por descontado que los trabajadores cuyos contratos se dieron por terminados fueron sustituidos por trabajadores en misión y no tuvo en cuenta las distintas certificaciones aportadas por la empresa que claramente mostraban que ello no ocurrió así.
Sin entrar a analizar aspectos particulares que muestran la deficiente apreciación que hizo el juez de las pruebas, es necesario destacar que el primer aspecto de la controversia giraba en torno a las razones por las cuales se dieron por terminados los contratos de trabajo de los accionantes. La empresa expresó, con amplio respaldo documental, que ello obedeció a que habían desaparecido las actividades para los cuales habían sido contratados. Sin que esto comporte anticipar un juicio sobre materias que habrá de resolver el juez laboral, no encuentra la Sala que pueda afirmarse, como lo hace el juez de primera instancia, que ello no se ha acreditado, cuando obran certificaciones de la revisoría fiscal en aspectos tales como que la empresa, para el momento en que ocurrieron los hechos que motivaron la acción, no distribuía cocinol, ni G.L.P. sin medidor, actividades a las que mayoritariamente estaban vinculados los accionantes. Tampoco se tuvo en cuenta las pruebas que se orientaban a demostrar que tal situación obedeció a hechos ajenos a la empresa, la cual se habría visto forzada a suspender sus operaciones comerciales.
Así, en la Sentencia T-436 de 2000, la Corte, previa consideración sobre la necesidad de “... determinar en las circunstancias materia de análisis, cuál ha sido la causa de las terminaciones unilaterales masivas de los contratos de trabajo, con el fin de esclarecer si han tenido alguna relación con la vinculación sindical de los peticionarios...”, dispuso la práctica de unas pruebas, a partir de las cuales llegó a la conclusión de que el despido tenía una clara connotación antisindical. Particularmente se indagó acerca del número de trabajadores sindicalizados entre el total de los que fueron despedidos, el motivo de los despidos, si los cargos que desempeñaban los trabajadores despedidos fueron suprimidos, o en caso contrario, quién adelantaba ahora las funciones que ellos tenían a su cuidado y cómo se cubrían las áreas de actividad de la empresa que ellos atendían.
El análisis de las pruebas llevó a la Corte, en ese caso, al convencimiento sobre el animo antisindical de los despidos, la grave afectación que para el sindicato de industria al que pertenecían los trabajadores se produjo como consecuencia de los mismos, y la existencia de contratos de prestación de servicios para el desarrollo de las mismas actividades que cumplían los trabajadores despedidos.
No obstante el especial deber de protección del Estado para con los trabajadores, que comporta incluso el deber interpretación favorable a éstos cuando existan dudas en la aplicación de las fuentes formales del derecho, el juez no puede perder de vista su papel como agente neutral al que se le ha confiado la misión de decidir de manera equilibrada y sobre bases objetivas las controversias que sean puestas a su consideración.
No cabe, por consiguiente, hacer un pronunciamiento sobre la regularidad o irregularidad del comportamiento de COLGAS S.A., el cual habrá de ventilarse ante la jurisdicción ordinaria laboral, ante la cual podrá establecerse si ha habido violación de las garantías que el ordenamiento ofrece a los trabajadores y las medidas que cabrían para restablecer sus derechos. A esa jurisdicción corresponderá, se repite, determinar si estamos ante un caso de despido colectivo que requería previa autorización de las autoridades del trabajo, si se desconoció el fuero sindical o si debe reconocerse una indemnización para los trabajadores cuyos contratos se dieron por terminados. En cuanto hace a la violación de derechos fundamentales y en particular del derecho de asociación sindical, en esta instancia de revisión la Sala ha podido constatar que no se han desvirtuado las razones que puso de presente el empleador para la terminación de los contratos de trabajo y que tampoco se han acreditado hechos que muestren que la misma haya estado orientada a desarticular el sindicato.
Con todo, en general, la anterior constatación no sería por si misma suficiente para descartar la procedencia del amparo, y se haría necesario proseguir con la ponderación de los restantes elementos identificados por la Corte para estos casos, porque por sus particulares circunstancias, el hecho objetivo de la terminación de una determinada operación de una empresa, puede utilizarse como la ocasión para actividades de persecución sindical, como sería el caso, por ejemplo, de que no obstante que desaparece la actividad materia de algunos contratos de trabajo, algunos trabajadores son reubicados en otras áreas de la empresa, con criterio selectivo, discriminando en el proceso a los sindicalizados.
13.2.1.Ponderación en torno a la eventual vulneración del derecho de asociación sindical
4.2.2.2. En relación con la oportunidad en la que se dieron por terminados los contratos, observa la Sala que, según la información suministrada por la empresa, el hecho se produjo después de un largo proceso de crisis y luego de una consideración sobre la viabilidad de las distintas operaciones de la compañía, cuya actividad se había venido disminuyendo. Debe tenerse en cuenta que no obstante que estaba en marcha un proceso de negociación colectiva, ya se había proferido un laudo arbitral y el mismo, por recurso de las partes, se encontraba en trámite de homologación ante la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto, la decisión que sobre la materia corresponde adoptar a la Corte Suprema resulta independiente de la capacidad negociadora de las partes, y la terminación de los contratos no puede verse como un recurso de presión por parte de la empresa orientado a mejorar sus posición negociadora o a deteriorar la de la organización sindical.
4.2.2.4. Tampoco el papel que jugaron los empleados despedidos durante la época previa a la terminación de sus contratos es un factor de particular relevancia en este caso, por cuanto, finalmente, la empresa prescindió de la casi totalidad de sus trabajadores activos, sin que pueda apreciarse una conducta selectiva orientada a golpear a algunos trabajadores en razón de su papel en la organización sindical o en el conflicto colectivo. Existía, si, un ambiente de tensión laboral, como consecuencia de la difícil situación que atravesaba la empresa, la presencia de personal inactivo, el fracaso de las formulas de arreglo y la diferencia de percepciones sobre la situación y sus repercusiones sobre los trabajadores. En ese contexto, se presentaron sanciones disciplinarias demasiado drásticas en opinión de los trabajadores, malestar expresado por la empresa por la ausencia de flexibilidad para reubicar a los trabajadores inactivos, percepción de los empleadores de que se trataba de hacer reubicaciones sin reconocer las garantías salariales previstas en la convención, o diferencias en torno al trámite de los permisos sindicales.
4.2.2.4. El Sindicato de la Industria Minera y Energética SINTRAMIENERGETICA es un sindicato de industria, razón por a cual, en este caso, el empleador ha manifestado que, dado que cuenta con 10 seccionales y más de 2.800 afiliados en todo el país, mal puede decirse que su estabilidad sufra mengua por la terminación de los contratos de menos de 30 de sus miembros en una sola empresa. La Corte ha dicho que el tratarse de un sindicato de industria no es óbice para que pueda verse afectado por la conducta persecutoria de una sola empresa, en la medida en que la misma puede repercutir en otras empresas, y dar lugar a una progresiva erosión del sindicato por la sistemática disminución de sus miembros. Los trabajadores manifiestan que al reducirse el número, por debajo de 25 se impediría la presencia del sindicato en la empresa. Observa la Sala que no se ha mostrado que, en relación con o como consecuencia de lo acontecido en COLGAS S.A., haya habido despidos en otras empresas o una disminución significativa del número de afiliados al sindicato, tampoco se acredita que COLGAS S.A. sea la única empresa en la seccional Bogotá del sindicato y finalmente, de nuevo, la empresa ha cesado en sus operaciones, situación que debe valorarse por las autoridades competentes, pero que no permite afirmar que los despidos se hayan hecho para desarticular el sindicato, puesto que ello supondría la continuidad de la actividad empresarial, al margen de las actividades sindicales que se habrían logrado desmontar. En este caso la situación ha afectado a la empresa en su propia operación comercial y no cabe apreciar en ello el ánimo de persecución sindical.
4.2.2.5. Finalmente, ya ha sido objeto de consideración en esta providencia, el hecho de que el empleador puso de presente una serie de factores para justificar su determinación y que no se ha acreditado que alrededor de esos factores o con ocasión del los mismos el empleador hubiese obrado con el propósito de hostigar al sindicato o perseguir a sus miembros.
No le corresponde al juez de tutela determinar si los contratos se terminaron automáticamente, como lo pretende el empleador, porque desaparecieron las causas que es dieron origen; si se trató de unos despidos sin justa causa o de algún modo irregulares; si se violó el fuero sindical que amparaba a algunos trabajadores; si cabe o no el reintegro de todos o de algunos de los trabajadores; si se trató o no de un despido colectivo si previa autorización de las autoridades del trabajo, asuntos todos para los cuales los interesados debe acudir, y al menos algunos lo han hecho ya, a la jurisdicción ordinaria laboral.
Encuentra la Sala que existe una situación en la que, de hecho, una empresa terminó toda actividad en desarrollo de su objeto comercial e, independiente de la calificación que de la conducta de la empresa hagan los jueces laborales y las autoridades del trabajo, tal situación es distinta a aquella en la cual la empresa desvincula unilateralmente a unos trabajadores no obstante que mantiene inalterada su estructura organizacional y el giro ordinario de sus negocios.
Lo que estaba de por medio en sede de tutela, se repite, era la eventual violación del derecho de asociación sindical, y no encuentra la Sala que se hayan acreditado los presupuestos mínimos que habilitan la protección de ese derecho por parte del juez de tutela.
13.2.2.Sobre el derecho sindical de representación
Los accionantes consideran que la conducta de la empresa en el presente caso es contraria al derecho de asociación sindical y entre sus pretensiones está la de que se disponga que el empleador “... deberá informar previamente a la organización sindical sobre cualquier movimiento de personal que afecte o vulnere su existencia y protección legal.”
En la Sentencia T-1328 de 2001 la Corte expresó que “... cuando un empleador decide terminar unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo de un grupo de trabajadores sindicalizados, además de cumplir con los requisitos legales para el efecto –expresados, por ejemplo, en el pago de una indemnización previa, o en el reconocimiento y respeto de la institución del fuero sindical, cuando a ello haya lugar-, debe, en aplicación directa de la Carta Política, velar por la integridad del derecho de asociación sindical de sus empleados y del sindicato al que pertenecen, lo cual supone, por lo menos, informar al sindicato sobre tal hecho con el propósito de que la organización pueda actuar en defensa y representación de sus intereses colectivos y los de sus afiliados.”
En el presente caso están presentes circunstancias distintas de aquellas que motivaron el anterior pronunciamiento de la Corte, puesto que de acuerdo con el empleador, y esto es materia que habrá de dilucidarse por la jurisdicción ordinaria del trabajo, no se trató de un despido de los trabajadores con o sin justa causa, sino de la terminación de los contratos debido a que desaparecieron las causas que les dieron origen y la materia del trabajo. Esta hipótesis supone, por un lado, la existencia de hechos ajenos a la voluntad del empleador que arrojan como resultado la necesidad de dar por terminados los contratos de trabajo, y, por otro, que la terminación de los contratos no tiene un contenido de sanción o censura a los trabajadores, por cuanto los hechos que motivan su desvinculación no les son imputables. No obstante lo anterior, lo cierto es que los hechos se dieron en un ambiente de tensión en las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, y si bien la empresa manifiesta que la situación que condujo a la terminación de los contratos era conocida por los trabajadores, al punto que uno de los accionistas que participó en la asamblea general de accionistas convocada para evaluar la crítica situación de la empresa, fue el Gerente de la Cooperativa de trabajadores de COLGAS S.A., lo cierto es que no hubo comunicación formal al sindicato sobre la decisión de dar por terminados los contratos. Y aunque se manifieste que se trataba de una terminación automática, lo cierto es que de por medio estaba una decisión de la empresa que resultó sorpresiva para los trabajadores, máxime si se tiene en cuenta que estaba pendiente la decisión de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
Es claro que, independientemente del sustento jurídico que pueda tener la decisión de la empresa, la misma afectaba gravemente los intereses tanto de los trabajadores individualmente considerados, como los de su organización sindical, la cual, por sustracción de materia, no podría operar en la empresa. Al haber procedido como procedió la empresa desconoció el derecho de asociación sindical, al no haber permitido que SINTRAMIENERGETICA actuase en representación de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores de COLGAS S.A.
La Corte ha expresado que la protección de esta faceta del derecho de asociación sindical, cuando el desconocimiento de la misma no sea concurrente con hechos que permitan establecer la existencia de persecución sindical, no conlleva una orden de reintegro de los trabajadores, sino una conminación al empleador para que al dar por terminados los contratos de trabajo informe previamente a la organización sindical. Sin embargo, como quiera que la empresa en este momento, salvo el gerente, no cuenta con trabajadores activos, ni tampoco opera en ella la organización sindical, no cabe la emisión de orden alguna en sede de tutela, sin perjuicio de las sanciones administrativas o judiciales que la conducta adoptada puedan implicar para la empresa y las repercusiones que la misma pueda tener en el ámbito laboral.
Primero.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá por medio del cual se negó el amparo solicitado por Gabriel Hernando Alvarez Gil, Hugo Fernando Angarita Florez, José Rafael Bernal Caicedo, Andrés Cárdenas Bautista, Isidro Antonio Caro Avila, Luis Antonio Chaguala, Luis Eduardo Chamorro Holguín, Clara Consuelo Escobar de Ariza, Jairo Antonio Enciso Manjarrés, Eulises González González, Víctor Manuel González Guevara, José Reinaldo Guzmán Avila, Abel Monroy Torres, Juan Bernardo Monroy Gutierrez, Orlando Muñoz, Hector Osorio Mojica, Guillermo Parra Molina, Edgar Alirio Penagos Yepes, Luis Eduardo Perdomo Triviño, José Edilberto Rodríguez Buitrago, Luis Alberto Ruiz Casallas, Carlos Julio Sánchez Nocua, Marco Fidel Torres Arévalo y Rosa Elvira Torres de Torres, actuando en nombre propio, y Luis Eduardo Perdomo Triviño, en su condición de Representante Legal y Presidente de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética, SINTRAMIENERGETICA, Seccional Bogotá, en contra de la Compañía Colombiana de Gas S.A. ESP COLGAS S.A. ESP.
[1] Ver Sentencia T-438-1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[2] CSJ Cas. Laboral, sent. mar. 17/77.
[3] Sentencia T-436 de 2000.
[4] Sentencia T-1328 de 2001
[5] CSJ Cas. Laboral, sent. mar. 17/77..