Source: https://es.scribd.com/doc/99534969/Ley-16744-Sobre-Accidentes-Del-Trabajo-y-Enfermedades-Profesionales
Timestamp: 2017-02-23 21:05:15
Document Index: 236974343

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 56', 'artículo 5', 'artículo 7', 'Artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 33', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 3', 'Artículo 76', 'artículo 184', 'artículo 65', 'artículo 212', 'artículo 155', 'artículo 68', 'artículo 32', 'artículo 160']

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: Ignacio Ramírez Villegas : Seguridad Social y Relaciones Laborales : Laura Hernández Baeza Olga Campos Rojas Jorge Vicencio Escobar : Junio de 2012
Introducción Características de la Ley Personas Protegidas Afiliación al Sistema de la Ley 16.744 Riesgos Cubiertos Prestaciones que otorga la Ley Automarginación a la cobertura de la Ley 16.744 Financiamiento del Seguro Administración del Seguro Procedimiento de denuncia de Accidentes del Trabajo19 Recursos o medios de Reclamación 20
02 04 05 07 08 10 13 14 16 19
Prevención de Riesgos: 1. Intervención de Estado 2. Intervención de la Empresa 3. Intervención del Trabajador Conclusiones Bibliografía
En Chile nuestra legislación se remonta prácticamente a los tiempos de la dominación española, la cual mediante Reales Cédulas bajo Carlos V y Felipe II “Prohibía usar los indios como bestias de carga, excepto cuando se trataba de transportar artículos esenciales, debiendo en todo caso ocuparse mayores de 18 años y con cargas no mayores de 25 Kg. y en casos de accidentes en las minas los lesionados deberían recibir de los encomenderos atención médica y 50 % de su jornal”. La primera ley que se dictó en materia de accidentes del trabajo en nuestro país fue la número 3.170, de 1916. Esta legislación se inspiró en la teoría de la responsabilidad patronal o teoría del riesgo profesional, lo que implicaba que la empresa, patrón o empleador era responsable de los hechos dañosos que ocurrieran al trabajador, no sólo por haber creado una órbita de riesgo, sino por obtener utilidades de la actividad del trabajador. Por esta razón, debía responder incluso de los accidentes producidos por culpa del trabajador y demás de los ocurridos frente a casos fortuitos. Esta ley presentó serios defectos, ya que no contempló la cobertura de las enfermedades profesionales y, además, enunciaba taxativamente las actividades susceptibles de ocasionar accidentes del trabajo, lo cual significaba que si el accidente no se había producido dentro de las actividades del listado, la víctima quedaba sin protección. El 8 de septiembre de 1924 se dictó la ley Nº 4.055, que amplió su cobertura a las enfermedades profesionales, pero mantuvo el criterio de mantener una nómina de actividades. El Código de 1931, que fue una recopilación de leyes, incorporó a su texto la ley Nº 4.055, pero eliminó la nómina de actividades en las cuales podía producirse el accidente. En los términos del Código bastaba que aquel se produjese a causa del trabajo para que la víctima quedara protegida. Se exceptuaban los accidentes debidos a fuerza mayor y los producidos intencionalmente por el trabajador. En toda esta legislación no existía la obligatoriedad de contratar un seguro para amparar a los trabajadores frente a los riesgos profesionales, lo cual quiere decir que el asegurarlos era facultativo para el empleador, en términos tales que, de no hacerlo, era la empresa la que debía responder a las prestaciones médicas y pecuniarias. Frente a estas deficiencias se dictó la ley 16.744, que estableció un seguro obligatorio frente a los riesgos profesionales.
La Ley señalada se complementa por una serie de textos legales destinados a reglamentar ciertas y determinadas materias entre los cuales resulta de interés destacar los siguientes: -Decreto Supremo Nº 101, de 1968, que constituye el Reglamento general de aplicación de la Ley 16.744. -Decreto Supremo Nº 109, de 1968, que aprueba el Reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. -Decreto Supremo Nº 110, de 1968, que establece la escala para la determinación de la cotización adicional diferenciada del artículo 15 de la ley. -Decreto Supremo Nº 173, de 1970, que aprueba el Reglamento para la aplicación de los artículos 15 y 16 de la ley 16.744. (Aumentos y disminuciones de la tasa adicional diferenciada). A contar del 1 de julio el año 2001 este Reglamento será reemplazado por el Decreto Supremo N° 67 publicado en el Diario Oficial del 7 de marzo del año 2000. -Decreto Supremo Nº 285, de 1969, que aprueba el Estatuto Orgánico de las Mutualidades de Empleadores. -Decreto Supremo Nº 313, de 1973, que incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la ley 16.744. -Decreto Supremo Nº 40, de 1969, que aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. -Decreto Supremo Nº 54, de 1969, que aprueba el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
II CARACTERÍSTICAS DE LA LEY 16.744
1) Como lo indica su artículo 1, crea un seguro obligatorio frente a los riesgos profesionales, lo cual significa que todos los empleadores quedan afectos a sus normas y que para los trabajadores constituye un derecho irrenunciable.
2) Suprime la Teoría del Riesgo Profesional. 3) Desaparece la Responsabilidad Patronal, que se reemplaza por el concepto de Responsabilidad Social. 4) No se requiere del seguro del Empresario, sino que se asegura al trabajador por cuenta del Empleador.
El Seguro es administrado por el Estado y también por entidades particulares. Lo más importante de esta Ley, es la incorporación de la prevención de riesgos profesionales, es decir, a lo reparativo se incorpora lo preventivo, lo que significa que todos están obligados a hacer algo para prevenir riesgos, tanto la Empresa, el Estado como también el Trabajador.
Hace aplicación de los principios de la universalidad subjetiva, pues otorga una protección de amplia cobertura, casi para todos los sectores de la población. El principio de la solidaridad, lo cual se constata básicamente en el régimen financiero, al cual contribuyen todos los empleadores. El principio de la integridad, ya que se cumplen las cuatro acciones propias de la seguridad social (preventiva, reparadora, recuperadora y rehabilitadora), a través de prestaciones sanitarias y económicas. El principio unitario, lo cumple plenamente pues las normas establecidas son únicas y uniformes para todos los miembros de la comunidad, afirmando la igualdad frente a iguales estados de necesidad.
III PERSONAS PROTEGIDAS
De acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 3, se encuentran protegidos por la Ley:
Los trabajadores por cuenta ajena cualesquiera que sean las labores que ejecuten, sean ellas manuales o intelectuales, o cualquiera que sea la naturaleza de la empresa, institución, servicio
o persona para quien trabaje, incluso los servidores domésticos y los aprendices. Se entiende por "trabajadores por cuenta ajena" a todos los trabajadores cuyas relaciones laborales con las entidades empleadoras de cualquier naturaleza que sean, se rijan por las disposiciones del Código del Trabajo y leyes complementarias.
Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipalidades y de instituciones administrativas descentralizadas del Estado. Respecto de estos trabajadores y en virtud de lo dispuesto el Decreto Nº 102, de 1969, la ley rigió en forma supletoria, ya que si al momento de dictarse el citado Decreto -que fue el que incorporó a los funcionarios públicos al Sistema- tenían protección en contra de estos riesgos, por expresa disposición de la ley, la mantendrían en iguales condiciones. Sin embargo, el 7 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial la ley 19.345, que dispuso la aplicación de la ley 16.744 a los siguientes trabajadores del sector público:1 a) A los trabajadores de la Administración Civil del Estado, centralizada y descentralizada. b) A los trabajadores de las Instituciones de Educación Superior del Estado. c) A los trabajadores de las Municipalidades, incluido el personal traspasado a la Administración Municipal de conformidad con lo dispuesto en el D.F.L. Nº1-3063, de 1980, del Ministerio del Interior, que hubiera optado por mantener su afiliación al régimen previsional de los empleados públicos. d) A los funcionarios de la Contraloría General de la República. e) A los funcionarios del Poder Judicial. f) A los funcionarios del Congreso Nacional. g) A los Parlamentarios afiliados a un régimen previsional de pensiones.
3. Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingresos para el respectivo plantel. Debe tratarse de establecimientos del Estado o reconocidos por éste y que sobre la base de programas reconocidos por el Ministerio de Educación deban realizar labores técnicas, agrícolas o industriales que originen fuente de ingresos. Los estudiantes tienen derecho a todos los beneficios de la ley, excepto a los
Circular 1.388, de 10 de enero de 1995, de la Superintendencia de Seguridad Social.
subsidios, pero tratándose de las prestaciones económicas, sólo sobre la base de mínimos. 4. Los trabajadores familiares. independientes y los trabajadores
La Ley facultó al Presidente de la República para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones en que deberían incorporarse al régimen del seguro las personas indicadas en esta letra d). De acuerdo a lo anterior, a través de diversos textos legales se han incorporado los siguientes trabajadores independientes: 1.- Pirquineros independientes (DFL 19, de 1984). 2.- Campesinos asignatarios de tierras (DFL 448, de 1976). 3.- Suplementeros imponentes del ex SSS (DS 244, de 1977). 4.- Conductores de automóviles de alquiler imponentes de ex Empart (D.S. 68,1983). 5.- Conductores propietarios de automóviles motorizados de movilización colectiva, transporte escolar y de carga, afiliados al D.L. 3.500. (DFL 54, de 1987). 6.- Comerciantes autorizados para trabajar en la vía pública, afiliados al Antiguo o al Nuevo Sistema. (DFL 90, de 1987). 7.- Pescadores artesanales independientes (DFL 101, de 1989). Del punto de vista doctrinario, se ha entendido que los trabajadores familiares son aquellas personas que desarrollan una actividad normalmente dentro de un grupo familiar, unidos directa o indirectamente por vínculos de parentesco, no necesariamente por consanguinidad, bajo la dirección de un jefe de familia. Se trata, normalmente, de trabajos artesanales. En la práctica la ley 16.744 no les ha sido aplicada, porque no se ha dictado la reglamentación correspondiente.
5. Los dirigentes de las Federaciones Sindicales, de la CUT y los que desempeñan cargos de representación popular.
Los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica educacional.
IV AFILIACIÓN AL SISTEMA DE LA LEY 16.744
De acuerdo al artículo 4 la afiliación es automática, es decir, la afiliación de un trabajador efectuada para los demás efectos de previsión se entenderá hecha, por el solo ministerio de la ley, para el seguro, salvo que la entidad empleadora esté adherida a una Mutual. Por su parte el Código del Trabajo señala que el empleador es responsable de las obligaciones de afiliación y cotización que se originan del seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulados por la ley 16.744. El artículo 4 de la ley señala que tratándose de contratistas o subcontratistas, el dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente responsable de las obligaciones que en materia de afiliación y cotización afecten a sus contratistas respecto de sus trabajadores. Igual responsabilidad afectará al contratista en relación con las obligaciones de sus subcontratistas. De acuerdo al artículo 56 de la ley, si el empleador ha incurrido en retraso en el integro de las cotizaciones y el respectivo trabajador se ve afectado por un riesgo profesional, NO se le impide a éste el derecho a las prestaciones y la entidad administradora correspondiente deberá cobrar al empleador las cotizaciones, intereses y multas. Situación de los funcionarios públicos. Según la Circular Nº 1.388, en conformidad a las normas sobre afiliación de la Ley Nº 16.744, al entrar en vigencia la Ley Nº 19.345 (1º de marzo de 1995), el personal del Sector Público a que esa ley se refiere, debe entenderse automáticamente incorporado al INP, a menos que su entidad empleadora se encuentre adherida o se adhiera a una Mutualidad de Empleadores. Dicha afiliación supone la incorporación de la totalidad de su personal, sin perjuicio de lo que se tratará respecto de las Mutualidades.
V RIESGOS CUBIERTOS
1.- Accidente del trabajo De acuerdo al artículo 5 se entiende por tal "toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte". Estaremos frente a un accidente producido por causa del trabajo cuando se produce como consecuencia inmediata y directa del mismo, es decir, cuando el accidente ocurre dentro de las labores que desempeña el trabajador y en el lugar en que debe ejecutarlas.
La ocasión, en cambio, está constituida por aquellas circunstancias que acompañan a la realización del hecho o que lo favorecen. En este caso, no se necesita que el accidente sea imputable al hecho del trabajo.
Se incluye dentro del concepto de accidente del trabajo el denominado "accidente del trayecto. Son los accidentes ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo. Así como también aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo. De acuerdo a lo anterior, son básicamente tres los requisitos que se exigen para configurar un accidente del trayecto: racionalidad en el camino a seguir; camino normal o habitual y trayecto sin interrupciones.
2.- Enfermedades profesionales De acuerdo al artículo 7, es tal "la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte." Esta materia fue reglamentada por el Decreto Nº 109, de 7 de junio de 1968, ("Reglamento para la declaración, evaluación y revisión de enfermedades profesionales"). En este Decreto están señalados distintos tipos de enfermedades profesionales, indicándose, además, los agentes que pueden producirlas y las incapacidades que generan. Esta enumeración debe revisarse por lo menos cada tres años por la Superintendencia de Seguridad Social, la que, con informe del Servicio de
Salud, propondrá al Ministerio de Salud las modificaciones que estime pertinentes. No obstante, si alguna enfermedad profesional no está señalada en la lista, la ley facilita a la víctima la posibilidad de acreditarla como tal ante el respectivo organismo administrador. La resolución que dicte este organismo será consultada ante la Superintendencia, la que deberá decidir dentro del plazo de 3 meses, con el informe del Servicio de Salud.
VI PRESTACIONES QUE OTORGA LA LEY
Médicas: (Artículo 29) Se otorgan gratuitamente, hasta la curación completa de la víctima o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por la enfermedad o accidente, y son las siguientes: a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. b) Hospitalización, si fuere necesaria a juicio del médico tratante. c) Medicamentos y productos farmacéuticos. d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. e) Rehabilitación física y reeducación profesional.
f) Los gastos de traslado y cualquier que sea necesario para el otorgamiento de los beneficios.
Económicas: con estas prestaciones se pretende sustituir la pérdida o disminución del ingreso del afectado y para estos efectos la ley clasifica los accidentes y enfermedades en razón de los resultados que producen, así tenemos accidentes o enfermedades que producen: 1.2.3.4.5.Incapacidad temporal. Invalidez parcial. Invalidez total. Gran invalidez. La muerte de la víctima.
PREST ACIONES ECONOMICAS Según tipo de Invalidez o Incapacidad Tipo de Incapacidad o Invalidez Incapacidad Temporal Grado de Incapacidad Permite recuperación total del trabajador y su reintegro a sus labores habituales. Monto a Percibir S ubsidio Promedio de las ulimas tres liquidaciones mas aproximadas al inicio de la licencia.
Indem nización Desde un 15%y menor a un 70% Desde 1 1/2 sueldo base hasta 15 sueldos base Entre un 40%y menor a un 70% P ensión Mensual Equivalente al 35%del sueldo base, vigente hasta los 65 años P ensión Mensual Equivalente al 70%del sueldo base, vigente hasta los 65 años P ensión Mensual Equivalente al 100%del sueldo base, vigente hasta los 65 años
Igual o superior a un 70% Gran invalido es aquel que requiere la asistencia de otra persona, para realizar los actos elementales de su vida.
Los montos por invalidez se aumentan en un 5% por cada una de los hijos, en exceso de dos, se causen asignación familiar. En ningún caso dichos montos pueden exceder del 50%, 100% o 140% respectivamente.
PRES ACIONES ECONOMICAS T Según tipo de Beneficiario con ocasión de muerte
Benefiaciarios Directos
Monto a que tiene derecho.
Pensión Vitalicia Pierde su derecho si c ontrae Viuda mayor de 45 años nuevas nupcias, pero tiene o invalidad de c ualquier derecho a que se le paguen edad. de una sola vez 2 años de pensión. Pensión Anual Serorrogará mientras tenga a su cuidado hijos menos de 18 años o menores de 23 que cursen estudios, o hijos inválidos. Perde su derecho al contraer nuevas nupc ias. C ancelará por mismo plazo y condiciones que para la viuda sobreviviente. Pension T emporal Aumentará en un 50% si el hijo careciera de padre o madre con anterioridad a la fecha d falleciemiento de accidentado.
50% de la pensión básic a, reajustada por aumentos legales, con vigencia hasta su muerte.
Viuda menor de 45 años.
50% de la pensión básic a, reajustada por aumentos legales.
Madre de los hijos "naturales" del c ausante (conviviente) Hijos menores de 18 años o menores de 23 que cursen estudios superiores, o hijos inválidos de c ualquier edad.
30% de la pensión básic a, reajustada por aumentos legales.
20% de la pensión básic a, reajustada por aumentos legales.
Benefiaciarios Indirectos
Monto a que tiene derecho. 20% de la pensión básic a, reajustada por aumentos legales. 20% de la pensión básic a, reajustada por aumentos legales.
Padre Inválido
Pensión Vitalicia Pensión T emporal A menores de 18 años o menores de 23 años que cursen estudios superiores, o descendientes inválidos de cualquier edad.
Desc endientes
VII AUTOMARGINACIÓN A LA COBERTURA DE LA LEY 16.744
La Ley no se ha referido específicamente a esta situación, es más, ha calificado al seguro como obligatorio, lo cual, sin embargo, no ha impedido que en los hechos se hayan registrado situaciones en que los afiliados son atendidos en establecimientos ajenos a organismo administrador que corresponde. La Superintendencia de Seguridad Social ha sostenido que la víctima de un accidente del trabajo no puede optar entre la atención médica que conforme al artículo 29 de la Ley 16.744, debe brindarle el respectivo organismo administrador y la que podría otorgarle otro establecimiento ajeno al sistema. En todo caso, la automarginación no comprende los subsidios por incapacidad laboral, los cuales deben pagarse por el organismo administrador de la ley 16.744, y se suspenderán sólo a pedido del médico tratante, cuando el enfermo se negare a seguir tratamiento o dificultase o impidiere deliberadamente su curación, según lo dispone el artículo 33.
VIII FINANCIAMIENTO DEL SEGURO
De acuerdo al artículo 15, el seguro se financia con los siguientes ingresos: 1.- La cotización básica general Corresponde al 0,95 % de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador. De acuerdo al artículo 17 las cotizaciones se calculan sobre la base de las mismas remuneraciones o rentas por las que se cotiza para el régimen de pensiones de la respectiva institución de previsión del afiliado. Las empresas que tienen la calidad de administradoras delegadas deben enterar esta cotización, en su totalidad, en el Instituto de Normalización Previsional, conjuntamente con los aportes que deban realizar en éste.
La Superintendencia, a través de la Circular Nº 1.663, instruyó a los organismos administradores señalando que la mencionada cotización tiene el carácter de previsional y uniforme respecto de todos los empleadores, cualquiera que sea la actividad económica de éstos. Esta cotización pasará a formar parte de un Fondo de Contingencia, que estará destinado a solventar mejoramientos extraordinarios de pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios para los pensionados. La obligación de la Mutualidad de destinar recursos a este Fondo subsistirá hasta que complete la suma equivalente al 80% del Gasto Ajustado de Pensiones.
Según lo dispuesto por la Superintendencia en la Circular citada, el mayor ingreso que perciba el Instituto de Normalización Previsional por aplicación de la cotización extraordinaria, deberá destinarlo exclusivamente al objeto indicado en el artículo 6º transitorio, esto es, al financiamiento del seguro social contra riesgos profesionales. 2.- Cotización adicional diferenciada Además de la cotización básica estudiada, las empresas pueden estar afectas a una cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la misma, la cual es determinada por el Presidente de la República y no puede exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles. De acuerdo al artículo 16 de la ley, las empresas o entidades que implanten medidas de prevención que rebajen apreciablemente los riesgos de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales, podrán solicitar que se les reduzca la tasa de cotización o, incluso, que se les exima de ella si alcanzan un nivel óptimo de seguridad. Por el contrario, las empresas o entidades que no ofrezcan condiciones satisfactorias de seguridad y/o higiene, o que no implanten las medidas de seguridad que el organismo competente les ordene, deberán cancelar la cotización adicional con recargo de hasta un 100%, sin perjuicio de las demás sanciones que les correspondan. Las exenciones, rebajas o recargos de la cotización adicional se determinarán por las mutualidades de empleadores respecto de sus empresas adherentes y por los Servicios de Salud respecto de las demás empresas. De las resoluciones señaladas se puede reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, en conformidad a las reglas generales en materia de reclamaciones, la que resolverá previo informe del Servicio de Salud correspondiente.
IX ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO DE LA LEY DE ACCIDENTE
Se distinguen dos tipos de administración: 1.- Administración propiamente tal. 2.- Administración delegada. 1.- La administración propiamente tal Podemos subdistinguir administración privada 1.1 Administración estatal. una administración estatal y una
a) Administración por el INP. (Hoy IPS) Administra el seguro respecto de sus imponentes al sistema estatal, como sucesor legal de las cajas de previsión, otorgando las prestaciones económicas, salvo los subsidios por incapacidad temporal. b) Administración por los Servicios de Salud. Otorgan las prestaciones médicas y el subsidio por incapacidad temporal para los afiliados al INP. (Hoy IPS) 1.2 Las mutualidades de empleadores.
Se trata de personas jurídicas -corporaciones- que no persiguen fines de lucro y que tienen por fin administrar el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de acuerdo a la legislación respectiva. De acuerdo al artículo 12 de la Ley, el Presidente de la República podrá autorizar la existencia de estas instituciones, otorgándoles la correspondiente personalidad jurídica, cuando cumplan con las siguientes condiciones: a) Que sus miembros ocupen, en conjunto, 20.000 trabajadores, a lo menos, en faenas permanentes. b) Que dispongan de servicios médicos adecuados, propios o en común con otra mutualidad, los que deben incluir servicios especializados, incluso en rehabilitación. c) Que realicen actividades permanentes de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. d) Que no sean administradas directa ni indirectamente por instituciones con fines de lucro.
e) Que sus miembros sean solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por ellas. Las mutualidades están fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social y deben ser administradas por un Directorio integrado por igual número de representantes de los adherentes y de los trabajadores que presten servicios a los empleadores adheridos a la mutual. El número de directores debe ser determinado en los estatutos y durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Situación de los funcionarios públicos. La Ley Nº 19.345, dispuso en su artículo 3 que, en términos generales, para adherirse a una Mutualidad, las entidades empleadoras requerirán la autorización previa del Ministerio correspondiente. En todo caso, para efectuar la adhesión será obligatorio que la entidad empleadora consulte previamente a las respectivas Asociaciones de Funcionarios en el ámbito regional. La Circular Nº 1.388 de la Superintendencia señaló que, atendido el texto legal y la historia fidedigna de su establecimiento, tal consulta no es vinculante para los Jefes de Servicios. La adhesión debe comprender a todos los funcionarios en el ámbito regional respectivo. Tal adhesión puede efectuarse de manera separada por cada entidad empleadora o en forma conjunta con otra u otras; en este último evento, además de la autorización indicada, se necesita el acuerdo de los Jefes Superiores respectivos. De no producirse éste, debe resolver sobre las materias el o los Ministros de los cuales dependan o a través del cual se relacionen con el Ejecutivo. En el caso de adhesión conjunta, las entidades empleadoras serán consideradas como una sola para la determinación de la cotización adicional diferenciada. Las entidades empleadoras del sector público no pueden integrar los directorios de las Mutualidades, ni concurrir a la elección de los mismos. Sí lo pueden hacer los trabajadores del sector público, cumpliendo los respectivos requisitos legales. 2.- Administración delegada
Puede ser realizada por la propia empresa o por organismos intermedios o de base, en los cuales los organismos con administración propiamente tal han delegado sus funciones. 2.1 Empresa. Esta modalidad es conocida como "autoseguro", y en este caso es la propia empresa la que administra el seguro respecto de sus trabajadores otorgando las prestaciones que la ley señala, tanto médicas como pecuniarias, excepto las pensiones. Para poder contar con autoseguro las empresas deben reunir ciertos requisitos: a) Ocupar habitualmente en sus faenas 2.000 o más trabajadores. (Según informe de la Dirección del Trabajo) b) Poseer y mantener servicios médicos adecuados, con personal especializado en rehabilitación. c) Deberán realizar actividades permanentes y efectivas de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Las condiciones señaladas en las letras b) y c) son fiscalizadas por el Servicio de Salud. d) Deben otorgar beneficios iguales o superiores a los que concedan los organismos con administración propia. e) No podrán otorgar ni pagar pensiones. Estas prestaciones se siguen pagando por el servicio o Caja de Previsión que corresponda. f) Deberán constituir, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que asumen, una garantía que consistirá en un depósito hecho en el servicio o Caja de Previsión delegante, equivalente a dos meses de las cotizaciones que les hubiese correspondido enterar en conformidad a la ley. g) Deberán incluir en la protección que otorguen a la totalidad sus trabajadores. 2.2 Organismos intermedios o de base. Están constituidos por los servicios de bienestar de las empresas y también por las organizaciones sindicales, en los cuales los organismos con administración propiamente tal delegan las funciones de recaudación y entrega de beneficios, en calidad de intermediarios.
X PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
La ley 16.744 deja sometida toda denuncia de accidente del trabajo y su posterior tramitación a un procedimiento netamente administrativo. Personas obligadas a denunciar a) La propia empresa, tan pronto como ocurra el hecho. Si no lo hace puede ser sancionada con multa. b) El médico tratante, que debe efectuarla en el acto mismo en que tome conocimiento. c) La víctima o causa-habiente. d) EL comité paritario. e) Cualquier persona que tome conocimiento del hecho. Los tres últimos deben hacerlo dentro de 24 horas de ocurrido el hecho. La Superintendencia ha dictaminado que si no se da cumplimiento a estas obligaciones en los plazos señalados, de todas formas el afectado tiene derecho a las prestaciones. (Artículo 76 de la Ley y 71 y siguientes del Reglamento Nº 101).
XI RECURSOS O MEDIOS DE RECLAMACION
Para determinar qué recursos proceden hay que distinguir. a) En contra de las resoluciones de los Servicios de Salud o Mutualidades que recaen en circunstancias de hecho relativas a materias de orden médico se puede reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles contado desde la notificación, ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. En contra de las resoluciones de esta comisión puede reclamarse ante la Superintendencia, dentro del plazo de 30 días hábiles, desde la respectiva notificación, sin ulterior recurso. b) En contra de las demás resoluciones de los servicios de salud y organismos administradores, se puede reclamar ante la Superintendencia, dentro del plazo de 90 días hábiles. c) El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las ISAPRE o de las mutualidades, basado en que la afección tiene o no, origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la
licencia o reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas y pecuniarias que correspondan.
XII PREVENCIÓN DE RIESGOS
Sin duda alguna es éste uno de los aspectos más trascendentes de la ley 16.744, pues tiene por finalidad evitar que ocurran los siniestros protegidos. Toda la estructura de la Ley descansa en lograr se desarrollen las labores en ambientes seguros. La responsabilidad del empleador en esta materia no desaparece por el sólo hecho de pagar las cotizaciones. En la actualidad es un derecho de todo trabajador el efectuar la prestación de sus servicios en un ambiente exento de riesgos laborales. El artículo 184 del Código del Trabajo establece que el empleador está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Deberá, asimismo, disponer de los elementos necesarios para prestar, en caso de accidentes de sus trabajadores, oportuna y adecuada atención médica, farmacéutica y hospitalaria. Acorde con lo anterior la ley 16.744 y su reglamentación contienen normas tendientes a lograr una efectiva prevención de riesgos laborales, consagrándose derechos y obligaciones a los diversos sujetos intervinientes, los que están constituidos por el Estado, la empresa y los trabajadores. 1.Intervención del Estado
El Sistema Nacional de Servicios de Salud constituye el continuador legal del Servicio Nacional de Salud. Los servicios de salud fueron creados, con un carácter esencialmente descentralizado. A.- Facultad genérica de supervigilancia y fiscalización. El artículo 65 de la Ley, establece expresamente que corresponde a los servicios de salud la competencia general en materia de supervigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo, cualesquiera que sean las actividades que en ellas se realicen, incluso respecto de aquellas empresas del Estado. Debe tenerse presente la amplitud de esta facultad, que comprende no sólo las materias de seguridad propiamente tales, sino que también aquellas relativas a la higiene del lugar de trabajo. A fin de dar cumplimiento a este deber, el artículo 212 del Decreto Supremo Nº 42 de 1986 permite a la autoridad sanitaria inspeccionar y registrar cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de trabajo, sean
ellos públicos o privados en la forma dispuesta por el artículo 155 del Código Sanitario y previo el decreto de allanamiento respectivo, dictado, respecto de las empresas por el Director del Servicio de Salud respectivo. B.- Facultad de los servicios de salud para disponer medidas específicas de higiene y seguridad en el trabajo. Esta facultad se consagra expresamente en el artículo 68 de la Ley de acuerdo al cual las empresas o entidades están obligadas a implantar todas las medidas de seguridad que los servicios u organismos administradores les prescriban, de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes. El incumplimiento de estas obligaciones puede ser sancionado con multas, recargo de la cotización adicional e, incluso con la clausura del sitio de trabajo que signifique un riesgo inminente para la salud de los trabajadores o de la comunidad. C.- Facultad de los servicios de salud para fiscalizar las instalaciones médicas de los demás organismos administradores. Esta fiscalización alcanza a las mutualidades y a las empresas de administración delegada. 2.- Intervención de la empresa La empresa tiene un rol indiscutible en la materia. A.- Obligaciones generales. a.- Toda empresa o entidad, cualquiera sea el número de los trabajadores, está obligada a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. b.- Los empleadores deben proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de protección necesarios. c.- Las empresas deben implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente los Servicios de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentren afectas.
d.- Los trabajadores afectados de alguna enfermedad profesional deben ser trasladados, por la empresa donde prestan sus servicios, a otras faenas o labores donde no estén expuestos al agente causante de la enfermedad. e.- Las empresas que exploten faenas en que trabajadores suyos puedan estar expuestos al riesgo de neumoconiosis, deben realizar un control radiográfico semestral de tales trabajadores. f.- Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. B.- Organismos especializados en prevención de riesgos a.- Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. En toda empresa, faena, sucursal o agencia, en que trabajen más de 25 personas, se deben organizar y constituir Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. Estos Comités están compuestos por tres representantes del empleador y tres representantes de los trabajadores. Estos últimos se eligen mediante votación secreta y directa de todos los trabajadores de la respectiva industria, faena, sucursal o agencia. Los personas industria Higiene y representantes del empleador deben ser preferentemente vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen en la o faena en que se haya constituido el Comité Paritario de Seguridad.
Para ser elegido miembro representante de los trabajadores se requiere tener más de 18 años de edad; saber leer y escribir, encontrarse trabajando en la respectiva industria o faena y haber pertenecido a la empresa un año como mínimo y, por último, acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales dictado por alguno de los organismos administradores del seguro, o en su defecto, prestar o haber prestado servicios en el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de la empresa, en tareas relacionadas con la prevención de riesgos profesionales por lo menos durante un año. Los miembros de los Comités Paritarios duran dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos.
Las funciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad son las siguientes: 1. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección; 2. Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas a que pertenecen como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad; 3. Investigar las causas de los accidentes del enfermedades profesionales, que se producen en la empresa; trabajo y
4. Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador; 5. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad, que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales; 6. Cumplir las demás funciones o misiones que les encomiende el organismo administrador respectivo; y 7. Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de los trabajadores en organismos públicos o privados, autorizados para cumplir esta finalidad o en la misma empresa, industria o faena bajo el control y dirección de estos organismos. La ley 19.069, sobre Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva, hoy parte integrante del Código del Trabajo, contempló en su artículo 32 -hoy 243- un fuero laboral, hasta el término de su mandato, en favor de uno de los representantes titulares de los trabajadores en el respectivo Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Finalmente, podemos señalar que entre las funciones de las organizaciones sindicales está la de propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de la competencia de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, pudiendo además, formular planteamientos y peticiones ante éstos y exigir su pronunciamiento. b.- Los departamentos de prevención de riesgos profesionales. En aquellas empresas mineras, industriales o comerciales que ocupen más de 100 trabajadores, es obligatoria la existencia de un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, el que debe ser dirigido por un experto en prevención, el cual, a su vez, forma parte, por
derecho propio (con derecho a voz pero no a voto), de los Comités Paritarios. Estos Departamentos de Prevención son dependencias de las empresas, encargados de planificar, organizar, ejecutar y supervisar acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. C.- Responsabilidad del empleador. El empleador puede incurrir en responsabilidad administrativa, civil e incluso penal. a.- Responsabilidad administrativa. Se traduce en la imposición de sanciones que significan perjuicios económicos para el empleador como es el caso de las multas, alzas en la tasa de cotización adicional y clausura del establecimiento respectivo. b.- Responsabilidad civil. Los delitos y cuasidelitos civiles se caracterizan por la producción de algún daño. c.- Responsabilidad penal. Los penales en cambio pueden ser castigados por la ley, causen o no daño. Un delito o cuasidelito penal a su vez puede ser también civil, si es que además de estar penado en la ley, ha ocasionado un daño sea material o penal.
3.- Intervención del trabajador El objetivo final de la prevención de riesgos es la protección de la vida y salud del trabajador, lo cual si bien se traduce en la consagración de diversos derechos en su favor, no lo exime del cumplimiento de ciertas obligaciones. a.- La obligación del trabajador es acatar las normas sobre seguridad que en forma directa determine la empresa a través del reglamento interno, las cuales normalmente son un reflejo de la voluntad del legislador.
La infracción a estas normas le significará al trabajador la imposición de las sanciones que el propio Reglamento establezca, las cuales consistirán en multas en dinero proporcionales a la infracción, no pudiendo en ningún caso exceder del 25% de la remuneración diaria del trabajador. b.- Si un accidente o enfermedad ocurre debido a negligencia inexcusable de un trabajador, se le debe aplicar por el respectivo Servicio de Salud una multa, aún en el caso de que él mismo hubiese sido víctima del accidente. Al Comité Paritario de la respectiva empresa le corresponde decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador. En aquellas empresas que no están obligadas a contar con un Comité Paritario no rige esta disposición. c.- No debe olvidarse que toda obligación del empleador en esta materia constituye un derecho para el trabajador y aunque la legislación no lo establece expresamente, le asiste el derecho a negarse a trabajar en aquellas faenas que entrañen un riesgo para su vida o su salud, lo cual podría válidamente considerarse como una causa justificada al tenor de la causal de despido consagrada en el artículo 160 N° 4 de nuestro Código del Trabajo.
Sobre la base de los antecedentes expuestos y desde una perspectiva de los aspectos que puedan afectar de manera negativa o positiva a la Administración Pública se puede concluir lo siguiente: En términos globales, la incorporación de los funcionarios de la administración pública a la “plena” cobertura de la ley 16.744 ha sido un proceso largo y no falto de problemas, requiriendo una permanente motivación y capacitación del personal en todos sus niveles; esto ha implicado la redefinición de tareas, programas e incluso objetos institucionales, con la consiguiente orientación de los recursos, muchas
veces escasos, con que cuentan estos servicios, lo anterior, con el objetivo de lograr ambientes laborales más seguros tanto para los funcionarios, como para los usuarios de las diferentes instalaciones. • Existe una preocupación por los niveles de ausentismo que se registran a causa de los accidentes y/o enfermedades profesionales, y su directa incidencia en la disminución de la efectividad y eficiencia de la función pública. Aunque la prevención de riesgos no incide directamente en las remuneraciones, si puede tener efecto indirecto al incidir en el incumplimiento de las metas institucionales, e incluso podría afectar la obtención de incrementos de remuneraciones al que tiene acceso los funcionario, a través de los bonos de modernización dispuestos por el Gobierno. • El que cada Servicio cuente con ambientes más seguros influirá positivamente en la percepción, por parte de los funcionarios, de su trabajo. Esta condición de seguridad también influirá en la percepción, por parte de los usuarios, de la calidad de los servicios otorgados, que es lo que finalmente espera el proceso modernizador de la gestión pública. • En la medida que se logre consolidar una visión preventiva, sobre una visión curativa, de la siniestrabilidad laboral, se logrará la plena aplicación a la ley 16.744 en la gestión de cada servicio, también incidirá en el incremento de la eficiencia organizacional. • Los Directivos de estas instituciones deben asumir un rol protagónico en aspectos de prevención de riesgos, ya sea a través de su propia gestión, o apoyando a los comités paritarios de higiene y seguridad.
Asociación Chilena de Seguridad. www.achs.cl Biblioteca del Congreso Nacional, Ley 16.744, del Ministerio del Trabajo, www.bcn.cl
Instituto de Previsión Social, www.ips.gob.cl. Instituto de Seguridad del Trabajo, www.ist.cl
Superintendencia de Seguridad Social. www.suseso.cl Fuentes Directas:  Canales Sergio, Prevencionista de Riesgo de las SS.FF.AA.
Vilches Muñoz Eduardo, Prevencionista de Riesgo de la Ilustre Municipalidad de El Bosque.
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