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Timestamp: 2019-11-12 12:12:49
Document Index: 91953847

Matched Legal Cases: ['Artículo 9', 'Artículo 33', 'artículo 46', 'artículo 41', 'artículo 469', 'artículo 469', 'artículo 469', 'artículo 873']

Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Malta
El término «medio ambiente» no aparece en la Constitución de Malta, y son pocas las disposiciones pertinentes y aplicables a los asuntos relacionados con la protección ambiental y con el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Son los siguientes:
Artículo 9: El estado protegerá el entorno natural y el patrimonio histórico y artístico de la nación.
Artículo 33: El derecho a la vida de todo ciudadano está garantizado como derecho humano fundamental. La redacción de esta disposición es amplia y se puede interpretar que incluye el derecho a disfrutar de un entorno saludable como uno de los aspectos del derecho a la vida. No obstante, hasta el momento nunca se ha sometido a los tribunales malteses ningún asunto que haya requerido tal interpretación.
El artículo 46 hace referencia al derecho de todo ciudadano a llevar un asunto constitucional ante los tr ibunales contra el Gobierno si considera que este último está violando sus derechos humanos o los de cualquier otra persona.
Como se ha indicado en los párrafos precedentes, la citada disposición es lo bastante amplio y los jueces malteses probablemente en una situación similar examinen la jurisprudencia similar en otros Estados europeos y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aceptan la interpretación de que el derecho a la vida incluye el derecho a disfrutar de un entorno saludable.
El sistema jurídico de Malta está basado en el modelo de Derecho civil continental. La legislación maltesa hunde sus raíces en el Derecho romano, al tiempo que su Derecho administrativo presenta importantes influencias del Derecho británico. Las únicas fuentes del Derecho en Malta son la constitución, los códigos, las leyes promulgadas por el Parlamento y los actos subsidiarios que las desarrollan. El Tribunal de mayor rango del país es el Tribunal Constitucional, que escucha y resuelve litigios específicos, incluidas las violaciones de derechos humanos. Todos los asuntos relativos a las violaciones de derechos humanos son tramitados en los tribunales civiles de primera instancia; el Tribunal Constitucional actúa como última instancia judicial. Existe una distinción entre los tribunales penales y los tribunales civiles; asimismo, ambos tipos de órganos se dividen en tribunales de rango inferior y superior. El sistema judicial se compone de dos oficinas:
Los que presiden los tribunales de rango superior y los de segunda instancia (tribunal de apelación) y los magistrados que presiden los tribunales de rango inferior y se ocupan de llevar a cabo las investigaciones penales. Los tribunales de rango inferior son menos formales que los de rango superior y entienden de los litigios civiles y delitos menores.
Los delitos y las acciones civiles se sustancian ante los correspondientes tribunales de primera instancia. Cualquiera de las partes en litigio puede apelar la decisión de los tribunales de primera instancia.
Los particulares únicamente pueden recurrir las resoluciones del Tribunal de Apelación si concurren las dos circunstancias siguientes:
(a) Un ciudadano de la UE puede alegar la existencia de una violación de la legislación de la UE en Malta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
(B) Únicamente en materia de derechos humanos, un particular puede elevar el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de que no esté satisfecho con la decisión del Tribunal Constitucional.
No existen órganos judiciales especializados en asuntos ambientales. Hay organismos administrativos. La práctica de la búsqueda de un foro de conveniencia no constituye una posibilidad real, puesto que las leyes maltesas especifican claramente dónde deben presentarse las demandas judiciales y no existe la jurisdicción concurrente. La única excepción a la norma anterior estriba en que el Gobierno tiene derecho a escoger si un litigio civil en el que sea parte debe ser resuelto por la Sala Primera del Tribunal civil (tribunal de rango superior) o por el Tribunal de Magistrados (tribunal de rango inferior). La Sala Primera de los tribunales civiles también tiene jurisdicción para entender de los litigios no cuantificables. Es muy poco frecuente que se entablen demandas civiles en asuntos medioambientales ante los tribunales de magistrados debido a la limitación de cuantía existente, y también porque muy a menudo los demandantes deben enfrentarse al Gobierno. La principal diferencia entre los tribunales civiles y los tribunales de magistrados es de naturaleza formal, especialmente en cuestiones procesales.
El Tribunal de Apelación civil se compone de un juez perteneciente a los tribunales de magistrados y tres jueces de Sala Primera de los tribunales civiles. Ambas partes gozan de igualdad de oportunidades para recurrir las decisiones dictadas por los tribunales civiles de primera instancia de rango superior e inferior. Puede recurrirse la sentencia en su totalidad o en parte. El recurrente puede interponer recurso contra el recurrido. Que a su vez puede responder por escrito o presentar un recurso incidental contra otra parte de la sentencia. Cuando ambas partes deciden recurrir la decisión del Tribunal de Primera Instancia, una de las partes recurre primero y a continuación la otra responde por escrito o presenta un recurso incidental contra otra parte de la sentencia. El Tribunal de Apelación puede confirmar la sentencia parcialmente o en su totalidad, aunque también puede revocar por completo la sentencia original. La resolución del Tribunal de Apelación es definitiva. El procedimiento de apelación ante los tribunales civiles de rango superior es, de nuevo, más formal que el que se sigue para la interposición de recursos ante los tribunales civiles de rango inferior. Existe una serie de tribunales que ejercen una función decisoria pero que no forman parte de los tribunales de justicia. Dichos tribunales gozan de competencias limitadas y específicas. El Tribunal Constitucional actúa como tribunal de apelación en todos los asuntos relacionados con la violación de los derechos humanos que hayan sido tratados por la Sala Primera de los tribunales civiles en el ejercicio de sus competencias constitucionales. En el caso de que se aporten nuevas pruebas o de que se detecten deficiencias graves en el proceso judicial, cabe la posibilidad de presentar una impugnación para que el asunto vuelva a juzgarse en la jurisdicción penal y civil. La Ley establece los motivos por los que tal impugnación puede ser admisible.
El título VI del Código de Organización y procedimiento civil establece la posibilidad de volver a juzgar un asunto sobre el que ya haya resuelto el tribunal civil cuando:
La sentencia se haya obtenido mediante fraude de cualquiera de las partes;
b) no se haya entregado la demanda jurada a la parte vencida, y dicha parte no haya comparecido en el procedimiento judicial;
c) cualquiera de las partes se haya inhabilitado para el litigio para demandar o ser demandada judicialmente, siempre que no se haya alegado y resuelto motivo;
d) la sentencia haya sido dictada por un tribunal carente de jurisdicción, siempre que no se haya impugnado y resuelto dicha sentencia;
e) la sentencia contenga una aplicación errónea de la ley;
f) la sentencia verse sobre cualquier asunto no incluido en la demanda;
g) la sentencia exceda la demanda interpuesta;
h) la sentencia contradiga una sentencia previa dictada en un juicio sobre el mismo asunto y con las mismas partes, y que constituya cosa juzgada, siempre que dicha excepción no se haya alegado y resuelto;
i) cuando la sentencia contenga disposiciones contradictorias;
j) la sentencia esté basada en pruebas que, en un juicio posterior, se determine que son falsas o que fueran declaradas como tales en una sentencia anterior pero la parte vencida no estaba al corriente de este hecho;
k) con posterioridad a la sentencia se haya obtenido algún documento concluyente y la parte que lo presente no tuviera conocimiento de él o no hubiera podido presentarlo antes de que se dictase la sentencia lícitamente;
l) la sentencia sea consecuencia de un error procesal o de los documentos de la causa.
En los tribunales de rango superior e inferior, se solicitará la apertura de un nuevo juicio ante un Tribunal de Primera Instancia a través de una demanda jurada, y ante un tribunal de segunda instancia a través de una demanda, que debe ir acompañada de una garantía de costas. La solicitud deberá ir acompañada de una cautio judicatum solvi. Plazo para solicitar un nuevo juicio es de tres meses a partir de la fecha de la sentencia recurrida, o según proceda. En ningún caso podrá solicitarse un nuevo juicio una vez transcurridos cinco años desde el momento en que se dictó la primera sentencia. El Tribunal de Apelación tiene derechos de modificación. Esto significa que puede alterar o sustituir la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Los procesos judiciales en materia ambiental no presentan características específicas. Cuando se incumple una ley medioambiental, las autoridades públicas, terceros o ambos están legitimados para ejercer una acción civil de indemnización por daños y perjuicios. En el caso de que la indemnización reclamada sea inferior a 1 000 EUR, la demanda debe interponerse ante los tribunales civiles de rango inferior. El demandante presenta una demanda en la que describe los hechos que constituyen el objeto del litigio y solicita al Tribunal que declare al demandado responsable y evalúe los daños producidos. Si los daños son mayores, la demanda debe interponerse ante la Sala Primera instancia de los tribunales civiles. En ese caso, la demanda debe ir acompañada de la correspondiente declaración jurada y de la lista de testigos a los que desee citar el demandante. En el caso de que se infrinjan todas las leyes medioambientales, la policía presenta los cargos correspondientes contra el infractor ante los tribunales penales. Los procedimientos de apelación ante los tribunales civiles y penales en asuntos medioambientales son idénticos a los que se siguen en cualquier otro tipo de asunto. El tribunal puede citar a sus propios peritos y llevar a cabo cualquier investigación que estime adecuada. Las partes presentan sus listas de testigos al tribunal, pero este es libre de nombrar a los peritos que considere oportuno para que aporten información.
El Decreto nº 116/2005 sobre la libertad de acceso a la información sobre la normativa medioambiental transpone la Directiva 2003/4/CE, de 2005, relativa al acceso del público a la información medioambiental. De acuerdo con las disposiciones de la citada norma, el solicitante de información medioambiental puede ser una persona física o jurídica. El solicitante podrá pedir a la autoridad competente, la autoridad de medio ambiente y planificación de Malta (MEPA), que le proporcione cualquier información medioambiental en poder de éste o cualquier otra autoridad pública, sin que dicha persona se vea obligada a declarar un interés directo en cuanto a la razón por la que solicita la información. La solicitud puede efectuarse por escrito o por correo electrónico. En el caso de que la información medioambiental solicitada obre en su poder o pueda acceder a ella de forma inmediata, la AMEP facilitará dicha información al solicitante en el plazo de 30 días desde la recepción de la solicitud. Este período se ampliará en 30 días más cuando el volumen y la complejidad de la información impidan suministrarla antes. La AMEP notificará al solicitante dicha ampliación del plazo y le explicará los motivos de esta. Además, podrá negarse a facilitar la información medioambiental solicitada en el caso de que dicha información:
Sea manifiestamente irrazonable, esté formulada de un modo excesivamente general o afecte a material, documentos o datos que todavía no estén completos. En este último caso, la AMEP indicará el nombre de la autoridad que esté elaborando el material así como el plazo previsto para su conclusión;
Concierna a comunicaciones internas, teniendo en cuenta el interés público al que responda su revelación;
Pudiera afectar negativamente a la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas, cuando tal confidencialidad esté dispuesta por la ley, las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad pública, la buena marcha de la justicia, la posibilidad de una persona de tener un juicio justo o la capacidad de una autoridad pública para efectuar una investigación de índole penal o disciplinaria;
Esté relacionada con la confidencialidad por afectar a información comercial o industrial, cuando la legislación nacional o comunitaria establezca la confidencialidad de dicha información a fin de proteger un interés económico legítimo;
Afecte al interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto tributario, los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad de los datos y de los expedientes personales respecto de una persona física si esta persona no ha consentido en la revelación de esa información al público, cuando dicho carácter confidencial está previsto en el Derecho nacional o comunitario y a menos que la persona haya consentido la divulgación de la información que se da con carácter voluntario.
Pueda poner en peligro la protección del medio ambiente (por ejemplo, la ubicación de especies poco comunes).
La normativa dispone que los motivos de la denegación se interpretarán:
de manera restrictiva y
El interés público al que responda la revelación se ponderará con el interés al que responda la denegación de dicha revelación. La autoridad competente no podrá denegar la revelación de información medioambiental cuando la solicitud se refiera a información sobre las emisiones al medio ambiente. De conformidad con el artículo 41, apartado 1, letra a), de la Ley de medio ambiente y planificación del desarrollo (LMAPD), en caso de que una solicitud de información medioambiental sea denegada o respondida de forma inadecuada o errónea por la AMEP, el interesado podrá recurrir la decisión ante el Tribunal de examen de la planificación y el medio ambiente. El plazo para recurrir la denegación de una solicitud de información medioambiental por parte de la AMEP (o una respuesta inadecuada o errónea a dicha solicitud) es de 30 días a contar desde la fecha en que comunique su decisión al solicitante. La primera vista oral del Tribunal debe celebrarse en un plazo de tres meses a contar desde la recepción del recurso interpuesto. La resolución del tribunal será firme y vinculante siempre que esté respaldada por dos de su tres miembros. Las resoluciones judiciales son siempre públicas. El recurso contra la resolución judicial solo puede referirse a las cuestiones de Derecho. Dicho recurso debe presentarse ante el Tribunal de Apelación (jurisdicción civil de rango inferior) en un plazo de 20 días a contar desde la decisión del Tribunal. La normativa no incluye disposición alguna que obligue a la AMEP a incluir información sobre los recursos disponibles, si bien la notificación puede incluir una referencia a ellos. Los tribunales pueden escuchar las pruebas aportadas a puerta cerrada con el fin de acceder a información que no haya sido revelada. Asimismo, están facultados para ordenar a la AMEP o a cualquier autoridad que revele información si tal medida está justificada desde un punto de vista legal sobre la base de su derecho de examen en relación con cualquier acto u omisión cometido por una autoridad pública.
La AMEP es la Agencia de Medio Ambiente de Malta y, al mismo tiempo, el organismo regulador en cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la planificación del desarrollo. Cuenta con los siguientes órganos, que son los responsables de decidir sobre los procedimientos administrativos en los que se tratan asuntos medioambientales:
A) la Junta de la AMEP, compuesta por un mínimo de 13 y un máximo de 15 miembros, uno de los cuales será el Presidente. La función de la Junta de la AMEP es resolver cualquier solicitud relacionada con:
actividades o acontecimientos que revistan una importancia significativa para la nación;
la seguridad nacional u otros intereses nacionales, o que pudiera afectar a los intereses de otros Estados, gobiernos o solicitudes relativas a actuaciones sujetas a una EIA;
Cambios de criterio, cuando estos hayan sido adoptados por la propia AMEP.
(B) La Comisión Ejecutiva de la AMEP, que consta de cuatro direcciones:
La Dirección de protección del medio ambiente,
La Dirección de Planificación del Desarrollo,
la dirección de servicios corporativos y la dirección ejecutiva.
(c) Las direcciones anteriormente enumeradas están sujetas a la supervisión y el control generales de la Autoridad y del Director General. La Comisión Ejecutiva es responsable (entre otros asuntos) de la concesión de las licencias y los permisos necesarios en aplicación de las diversas leyes sobre planificación medioambiental y del desarrollo.
D) la Comisión de Medio ambiente y planificación (CMAP) puede incluir varias subcomisiones que se encarguen de tramitar diferentes tipos de solicitudes (relativas, por ejemplo, a zonas de desarrollo exterior, áreas de conservación urbana, etc.). La CMAP estará integrada por 5 miembros, incluido su presidente. El órgano ejecutivo de la AMEP delega en la CMAP la tarea de resolver todas las solicitudes de permiso, salvo aquellas cuya decisión corresponde en exclusiva a la Junta de la AMEP.
(e) El Tribunal de planificación del medio ambiente y el desarrollo atiende los recursos interpuestos contra las decisiones administrativas adoptadas por los órganos administrativos enumerados anteriormente. Este órgano encargado de la adopción de decisiones administrativas se creó en virtud de la LMAPD. Cuenta con 3 miembros. Su Presidente es una persona experta en el ámbito de la planificación medioambiental y del desarrollo; los otros dos miembros son un abogado y un arquitecto. Existen salas en las que rotan diferentes personas que desempeñan las funciones de Presidente o miembros del Tribunal en función de su especialización y del asunto de que se trate. El Secretario del Tribunal es el responsable de elegir a sus miembros en función del asunto que se vaya a tratar.
Antes de someter el caso a los tribunales debe agotarse la vía administrativa. El Tribunal de examen de la planificación y el medio ambiente debe escuchar en primer lugar las apelaciones, y los recursos interpuestos contra una decisión de este Tribunal ante los tribunales de justicia solo pueden referirse a las cuestiones de Derecho. De lo contrario, la decisión del citado tribunal será definitiva. Los planes de ordenación territorial, los planes de zonificación y otras modalidades normativas de decisiones relevantes desde el punto de vista medioambiental que definan el uso del territorio pueden ser revisados por los tribunales en virtud de:
(a) ya sea su derecho a revisar las decisiones adoptadas por los organismos públicos, según se expone en el apartado V o
B) si un solicitante los recursos interpuestos contra la decisión del tribunal de examen de la planificación y el medio ambiente sobre una cuestión de Derecho.
Esta regla se aplica a los recursos interpuestos contra la AMEP sobre:
jurisprudencia (a) de la Autoridad relativas al control del desarrollo;
B) la ejecución de dicho control;
C) jurisprudencia adoptadas por la autoridad relativas a la protección del medio ambiente, incluidas las relacionadas con las evaluaciones medioambientales, la PCIC, la información medioambiental y la reparación de los daños ambientales.
El proceso de EIA y PCIC solo está sujeto al examen judicial en lo tocante a la legalidad procesal y sustantiva cuando los tribunales puedan actuar de la forma anteriormente expuesta. Es necesario señalar, no obstante, que aunque la PCIC constituye en sí misma un permiso, no es así en el caso de la EIA. Aunque se apruebe la EIA, esta constituye un proceso preparatorio exigido por ley y la AMEP sigue estando obligada a evaluar la EIA presentada y a tenerla en consideración a la hora de decidir si otorga un permiso o no. La capacidad procesal ante los tribunales nacionales depende de si se cumplen las condiciones descritas anteriormente. Los tribunales pueden examinar las decisiones administrativas en asuntos en los que se trate un permiso otorgado por la AMEP solamente una vez que el demandante haya agotado los recursos administrativos y haya presentado la correspondiente demanda ante el citado tribunal de examen. En todos los demás casos, cuando se haya producido un acto o una omisión administrativa sujetos a examen de conformidad con lo previsto en el apartado V de este informe. Los tribunales determinan si el demandante ha participado como parte interesada o como parte opositora. No obstante, las ONG medioambientales cuyos estatutos incluyan el objetivo de la protección del medio ambiente deben gozar de capacidad procesal de acuerdo con las normas reguladoras de la PCIC y de la EIA.
Dado que la EIA no constituye en sí misma un permiso, el proceso de EIA no admite la solicitud de medidas cautelares. No es posible impugnar un proceso de EIA ante los tribunales a menos que la persona interesada pueda alegar de algún modo que el proceso se llevó a cabo de manera contraria a la ley y pueda incoar una acción relativa al acceso a la justicia contra actos u omisiones. Hasta el momento nunca se ha planteado tal situación. No existen reglas especiales aplicables a los procedimientos de EIA. La legislación reguladora de la PCIC no incluye referencia alguna a la posibilidad de imponer medidas cautelares. Se puede aplicar el mismo procedimiento descrito para el caso de la EIA. Sin embargo, dado que la PCIC es un permiso, la AMEP puede imponer una garantía financiera que se perdería si la licencia no se respetaron y está facultado para solicitar al operador que adopte todas las medidas necesarias en casos de emergencia por lo que podría incluso emitir un aviso de ejecución cerrar la planta.
El Código de Organización y procedimiento civil (COCP), concretamente en su artículo 469 bisA, contempla la posibilidad de someter a examen judicial cualquier acto promulgado exclusivamente por el sector público. La jurisdicción civil de los tribunales de justicia pueden investigar la validez de un acto administrativo de una autoridad pública y declararlo nulo, inválida, o sin efecto cuando el acto administrativo está, en violación de la Constitución, y cuando el acto administrativo queda fuera del ámbito del poder por parte de la autoridad pública por las siguientes razones:
La letra a) por acto emane de una autoridad pública que carezca de autorización para promulgarlo;
(b) a la autoridad pública haya incumplido los principios de la justicia natural o los requisitos procesales obligatorios al promulgar el acto administrativo o en las deliberaciones previas sobre este; o
C) cuando el acto administrativo constituya un abuso de poder por parte de la autoridad pública de que se lleva a cabo con fines espurios o sobre la base de consideraciones irrelevantes; o cuando el acto administrativo sea contrario a la ley.
El término «acto administrativo» incluye la promulgación, por parte de una autoridad pública, de:
cualquier orden, licencia, permiso, decisión o desestimación de cualquier demanda presentada por un demandante, pero no incluye ninguna medida relacionada con la organización o administración interna de la citada autoridad;
La expresión «autoridad pública» hace referencia aquí al Estado de Malta, incluidos sus ministerios y departamentos, autoridades locales y cualquier organismo público creado en virtud de la ley.
En aplicación del artículo 469 bisA del COCP, una acción destinada a impugnar un acto administrativo:
Debe presentarse en un plazo de seis meses a contar desde la fecha en que el interesado tenga conocimiento o pudiera haber tenido conocimiento de dicho acto administrativo, la que sea anterior;
Las disposiciones de dicho artículo no se aplicarán en los casos en los que la forma de responder o de obtener reparación esté establecida en cualquier otra ley;
El demandante puede solicitar una indemnización por daños basándose en la presunta responsabilidad civil en que haya incurrido la autoridad pública como consecuencia de la promulgación del acto administrativo en cuestión;
El Tribunal no concederá la mencionada indemnización cuando, pese a que el acto administrativo sea anulado, la autoridad pública no hubiera actuado de mala fe o de forma poco razonable o cuando la indemnización exigida por el demandado pudiera haber sido desestimada de manera lícita y razonable por cualquier otra autoridad.
En consecuencia, el COCP establece un derecho general de acceso a la justicia para cualquier «parte interesada», que puede pedir a los tribunales que examinen la validez del acto administrativo o el incumplimiento de cualquier ley.
Toda persona puede recurrir la decisión de un tribunal cuando este se pronuncie sobre la validez de un acto administrativo en virtud del artículo 469 bisA del COCP.
El plazo disponible para interponer un recurso es el mismo que en el caso del resto de recursos que pueden presentarse ante los tribunales civiles. En el caso de los recursos interpuestos contra las resoluciones de los tribunales de rango superior ante el Tribunal de Apelación, el plazo es de 20 días a contar desde la fecha de pronunciamiento de la sentencia.
Para presentar un recurso es necesario entregar un escrito en el registro del tribunal que dictó la sentencia que se pretende recurrir.
El recurso puede afectar a toda la sentencia o solo a determinadas partes de ella. Tanto el demandante como el demandado pueden interponer un recurso.
El Decreto nº 126/2008 sobre la prevención y reparación de los daños medioambientales, 2008, establece un marco de responsabilidad medioambiental. La AMEP es la autoridad competente y el organismo regulador en esta materia. Esta normativa únicamente se aplicará en el caso de que se produzca un daño medioambiental o surja una amenaza inminente de que se produzca tal daño como consecuencia de una contaminación de naturaleza difusa, siempre y cuando sea posible establecer una relación causal entre el daño y las actividades de cada operador. La AMEP podrá incoar procedimientos de recuperación de los costes contra el operador o contra un tercero que haya causado los daños o la amenaza inminente de daños, en relación con las medidas adoptadas en virtud de estos Reglamentos en un plazo de cinco años a partir de la fecha en que las medidas se han completado, o el operador responsable o tercero ha sido identificado, si ésta es posterior. El decreto nº 126/2008 define el concepto de «costes» como aquellos costes justificados por la necesidad de garantizar la aplicación correcta y efectiva de esta normativa, incluidos los siguientes:
los costes derivados de la evaluación del daño medioambiental causado;
una amenaza inminente de que se produzca dicho daño;
las alternativas de actuación disponibles;
los costes administrativos, legales y de ejecución;
los costes asociados a la recopilación de datos y otros gastos generales, de seguimiento y supervisión.
El concepto de «daño» se define como un cambio adverso y cuantificable experimentado por un recurso natural o como el deterioro de un servicio de recursos naturales. Estos daños pueden producirse de forma directa o indirecta. La AMEP:
determinará qué operador ha provocado el daño o la amenaza inminente;
evaluará la importancia del daño y establecerá las medidas de reparación que sea necesario adoptar, tomando como referencia el anexo II.
La AMEP puede instar al operador pertinente a llevar a cabo su propia evaluación y a suministrar la información y los datos que considere necesarios. Asimismo, podrá exigir o facultar a terceros para que adopten las medidas preventivas o de reparación necesarias. Cualquier decisión adoptada en virtud de esta normativa que imponga medidas preventivas o de reparación indicarán con exactitud los motivos que justifiquen su adopción. La decisión se notificará de forma inmediata al operador afectado, y al mismo tiempo se informará a este de los recursos que tenga a su disposición en virtud de las leyes aplicables y de los plazos a los que estén sujetos dichos recursos. Personas físicas o jurídicas afectadas, o que puedan verse afectadas, por los daños medioambientales, o que tenga un interés suficiente en la toma de decisiones de carácter medioambiental relativas al daño, podrá presentar a la autoridad competente observaciones relativas a incidentes de daños ambientales de los cuales tenga conocimiento. Además, podrán solicitar a la AMEP que adopte las medidas oportunas en aplicación de la citada normativa.
Se considerará que una persona tiene un «interés suficiente» si está registrada como opositora de acuerdo con la LMAPD o si es una parte interesada identificada o consultada en virtud de las disposiciones del Reglamento de evaluación del impacto ambiental de 2007.
El interés de cualquier organización no gubernamental que promueva la protección del medio ambiente y satisfaga los requisitos establecidos en la legislación nacional se considerará suficiente a efectos de la consideración del «interés suficiente».
La solicitud de acción deberá ir acompañada de la información y los datos pertinentes que respalden las observaciones formuladas en relación con el daño medioambiental en cuestión.
Cuando la solicitud de acción y las observaciones formuladas demuestren de forma plausible la existencia de un daño medioambiental, la AMEP procederá a su examen. En tales circunstancias, la AMEP dará al operador pertinente la oportunidad de expresar su punto de vista con respecto a la solicitud de acción y a las observaciones formuladas. En cuanto sea posible y de conformidad con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, dicho organismo informará a las personas que tengan un interés suficiente en el asunto y hayan formulado observaciones a la autoridad de su decisión de estimar o desestimar la solicitud de acción, justificando en todo caso su decisión. A continuación, la propia AMEP someterá el asunto a los tribunales y, en su caso, presentará los cargos que procedan contra un operador si considera que este debe ser declarado responsable de haber provocado un daño medioambiental. Hasta el momento la AMEP no ha tenido la ocasión de incoar una acción como la descrita ante los tribunales malteses.
El público en general puede recurrir al Defensor del Pueblo, al amparo de la Ley del Defensor del Pueblo, con el fin de solicitar el dictamen de dicha institución sobre el ejercicio justo y equitativo de las funciones de un ministerio o de cualquier otro ente público. La Decisión del Defensor del Pueblo no es vinculante. Asimismo, en el seno de la Oficina del Defensor del Pueblo existe un auditor de la AMEP, que se ocupa específicamente de las cuestiones relacionadas con este organismo. Cualquier persona puede acudir al Comité de usuarios para informarse sobre las actuaciones de la AMEP en el ejercicio de sus competencias y pedir al Presidente de dicho comité que investigue dichas actuaciones y se pronuncie sobre el asunto. Las decisiones del Presidente del Comité de usuarios no son vinculantes. La acusación particular no está contemplada en los asuntos de naturaleza medioambiental.
Deben demostrar un interés directo, salvo en situaciones relacionadas con una violación de los derechos humanos (de acuerdo con la Constitución). Debe ser una entidad registrada como opositora a un permiso de planificación del desarrollo o una parte interesada identificada o consultada en aplicación de las disposiciones del Reglamento de evaluación del impacto ambiental de 2007.
Pero deben estar registradas como entidades opositoras.
Solo existe en el marco de la EIA y la PCIC y el derecho de acceso a la información en lo tocante al derecho de examen de una decisión adoptada por la Autoridad. En el ámbito de la responsabilidad medioambiental, la EIA y la PCIC, el interés de cualquier organización no gubernamental que promueva la protección del medio ambiente y satisfaga los requisitos establecidos en la legislación nacional se considerará suficiente a efectos de la consideración del «interés suficiente». Para impugnar los permisos de planificación del desarrollo, estas organizaciones pueden acudir a los tribunales siempre y cuando hayan agotado previamente la vía administrativa, y la impugnación se referirá únicamente a las cuestiones de Derecho. En un asunto reciente, el tribunal interpretó incluso que el interés suficiente exigía que estas organizaciones deberían haberse registrado como entidades opositoras.
Únicamente si su objeto social guarda relación con el asunto.
Únicamente si actúan a título personal y están registrados como entidades opositoras.
Únicamente si actúan a título personal y existe un interés directo.
Solamente si están registradas en la UE.
Se exige que las ONG extranjeras estén registradas en la UE para gozar de capacidad procesal.
En un asunto reciente, el Tribunal desestimó una demanda interpuesta por una ONG contra un particular argumentando que dicha organización carecía de capacidad procesal cuando acusó a la persona en cuestión de violar las condiciones de un permiso de desarrollo (ordenación territorial) que le había otorgado la AMEP. La capacidad procesal de las ONG está estrictamente definida en la Ley reguladora de los derechos de acceso a la información y en la normativa sobre la EIA y la PCIC. La demanda interpuesta por la ONG en cuestión no iba dirigida contra la autoridad sino contra un particular. Las normas procesales son las mismas para todos los sectores en los que una persona pueda oponerse a un permiso medioambiental o de planificación del desarrollo. Cuando se expide un permiso, cualquier persona puede impugnarlo, y cuando se concede el permiso, únicamente los opositores pueden presentar un recurso contra el Tribunal de planificación del medio ambiente y el desarrollo. En la vía judicial, los recursos interpuestos sobre el mismo asunto solo pueden hacer referencia a las cuestiones de Derecho y únicamente puede presentarse un recurso una vez agotada la vía administrativa. Es improbable que los tribunales lo acepten, ya que los órganos jurisdiccionales solo podrán aceptar el acceso a la justicia de cualquier persona cuando haya sido interpuesto de conformidad con el procedimiento descrito en el punto 5. El único caso de actio popularis que pueden ser realizadas por una persona en nombre de otra es que la violación de los derechos humanos fundamentales recogidos en la Constitución. Otras instituciones y entes estatales (como los defensores del pueblo, los fiscales, etc.) carecen de capacidad procesal. A menos que la legislación aplicable lo indique expresamente, como en el caso del acceso a la información medioambiental, la normativa relativa a la EIA y la PCIC no otorga ningún tipo de derecho de acceso a la justicia a las personas que carezcan de un interés directo. En primer lugar debe agotarse la vía administrativa ante el Tribunal de planificación del medio ambiente y el desarrollo; solo entonces podrá interponerse un recurso, que únicamente podrá referirse a las cuestiones de Derecho.
Es obligatorio contar con asesoramiento jurídico. El procedimiento no difiere en modo alguno en los asuntos de naturaleza medioambiental. El asesoramiento jurídico sigue los procedimientos habituales ante los tribunales civiles y penales. No existe un sistema específico al respecto. Por lo general, cualquier abogado puede asumir la defensa en un asunto medioambiental. La especialización en Derecho ambiental no es posible, dado que las economías de escala de Malta no permiten que los abogados y los bufetes jurídicos se ocupen en exclusiva de este tipo de asuntos, que son muy poco frecuentes. Entre la profesión jurídica son más habituales los asuntos relacionados con permisos de planificación del desarrollo que con permisos medioambientales. El único grupo de abogados malteses especializados en Derecho ambiental pertenece al mundo académico, concretamente al Departamento de Derecho medioambiental y recursos naturales de la Facultad de Derecho. En ocasiones, este departamento ha proporcionado asesoramiento pro bono. También puede darse el caso de que haya abogados que ofrezcan asesoramiento gratuito a las ONG en materia medioambiental, pero no existe ninguna entidad jurídica oficial ni ONG que ofrezca asesoramiento jurídico gratuito en estos temas.
La presentación de pruebas en los procedimientos judiciales en los que se tratan asuntos medioambientales sigue las mismas normas que se aplican en el sistema judicial general. Los dictámenes de los peritos no son vinculantes para los jueces, en el sentido de que, aunque citen a peritos, están facultados para decidir con independencia de la opinión de estos. El sistema jurídico maltés concede a los jueces una discreción absoluta. ni siquiera están sujetos a la jurisprudencia previa, si bien son libres de tenerla en cuenta y lo hacen con frecuencia. Aunque las resoluciones judiciales son de naturaleza ejecutiva, no constituyen leyes en sí mismas.
El tribunal puede imponer medidas cautelares si lo considera oportuno. No existen condiciones que establezcan la inmediata aplicabilidad de las decisiones administrativas, con independencia de que se haya interpuesto un recurso o una demanda judicial. El Tribunal solo puede estimar una solicitud de orden de cesación en el marco de un procedimiento judicial. El artículo 873 del Código de Organización y procedimiento civil establece la posibilidad de imponer esta medida, que se utiliza para impedir que una persona haga algo que pueda ser perjudicial para quien haya solicitado la imposición de dicha medida. El tribunal no estimará la solicitud a menos que esté convencido de que sea necesario hacerlo para proteger cualquier derecho del solicitante, y de que este aparente prima facie poseer tal derecho. La petición se notificará a la parte contra la que vaya dirigida. Que tendrá derecho a presentar sus alegaciones en el plazo de diez días. En casos urgentes, el Tribunal podrá reducir este plazo. Si la otra parte no se opone a la solicitud, el tribunal puede estimarla. En un primer momento, puede emitir una orden provisional en los términos que considere adecuados en función del caso, para posteriormente adoptar una decisión definitiva sobre el asunto. El Tribunal, tras el nombramiento de la solicitud de audiencia, decidirá sobre su pertinencia tras recibir cualquier prueba que considere oportuno, en el plazo más breve posible, a más tardar un mes a partir del día en que el exhorto se habían presentado y confirmado el juramento y las partes han sido debidamente notificados. La decisión del Tribunal relativa a la imposición de medidas cautelares es recurrible.
No existen categorías específicas de las costas a las que pueda tener que hacer frente el demandante para acceder a la justicia en los asuntos medioambientales. Las tasas judiciales pueden variar entre 100 y 300 EUR. El propio recurso de gastos asciende a 170 EUR, mientras que cada notificación cuesta 7 EUR. Un cálculo aproximado, los honorarios de un perito ascender aproximadamente a entre 70 y 100 EUR por hora de trabajo. La solicitud de orden de cesación 7 EUR, y cada notificación cuesta 47 EUR. Un depósito o una garantía podrá ser establecido por el Tribunal de Justicia. En todos los casos es aplicable el principio de que quien pierde paga, si bien, por lo general, la persona que sea declarada culpable debe asumir las costas en las que haya incurrido la otra Parte durante el proceso judicial. No obstante, el Tribunal también puede optar por repartir las costas.
En los asuntos medioambientales, los tribunales no pueden otorgar exenciones del pago de las costas procesales, derechos, tasas judiciales, tributación de las costas, etc. No existe ningún otro tipo de mecanismo de asistencia financiera disponible para los demandantes. Tampoco existe la posibilidad de disponer de asistencia jurídica en los procedimientos civiles. Este servicio únicamente se ofrece en los procedimientos penales. Esto significa que la asistencia jurídica no cabe en los asuntos medioambientales, a menos que el demandado haya cometido un delito. Oficialmente, los bufetes jurídicos no ofrecen asesoramiento jurídico pro bono, aunque las ONG pueden contar con este tipo de ayuda en el caso de que los bufetes decidan colaborar con ellas a título gratuito. No existen consultorios jurídicos que se ocupen de asuntos medioambientales. No existen abogados ni bufetes jurídicos especializados en los asuntos medioambientales de interés público.
El plazo del que disponen los órganos administrativos para adoptar una decisión es de tres meses, aunque puede ampliarse. No se contemplan sanciones contra los órganos administrativos por adoptar decisiones con retraso. La legislación tampoco establece plazos máximos para los procedimientos judiciales en los asuntos ambientales, ni para el tribunal ni para las partes. Por lo tanto, los tribunales no están sujetos a un plazo máximo para dictar su resolución. En ocasiones, los tribunales malteses tardan mucho tiempo en resolver sus asuntos: Incluso en ocasiones diez, cinco y veinte años. No existe una pauta que permita establecer la duración típica de un procedimiento judicial en materia medioambiental ni el plazo en que cabe esperar que se adopte una decisión en un asunto. Los tribunales no están sujetos a un plazo legal para dictar sentencia. No se contemplan sanciones contra los tribunales por adoptar decisiones con retraso.
El público suele cuestionar las decisiones adoptadas en la fase de consulta pública, pero también puede impugnarlas una vez adoptadas. Hasta el momento no se ha incoado ningún procedimiento judicial; Solamente se han llevado a cabo protestas. En Malta no se proporciona información al público sobre el acceso a la justicia en los asuntos medioambientales de un modo estructurado ni accesible. Existe en el país un sistema de arbitraje, pero solamente para resolver los litigios de Derecho civil (y, por tanto, no es posible acudir a él para resolver los asuntos relacionados con el acceso a la justicia en asuntos ambientales). La Ley de medio ambiente y planificación del desarrollo contempla un mecanismo de resolución extrajudicial de litigios, aunque solo es posible recurrir a él en los procedimientos penales para tratar de alcanzar un acuerdo con las personas acusadas de violar las leyes medioambientales. Por lo tanto, el mecanismo no es aplicable a los asuntos relacionados con el acceso a la justicia. No obstante, los demandantes, los opositores y la AMEP pueden celebrar reuniones informales.
La Constitución establece el derecho a no sufrir discriminación por razón de raza o nacionalidad. En los procedimientos judiciales está permitido utilizar diferentes lenguas. Si es necesario, el Tribunal proporciona un intérprete. El derecho a un juicio imparcial garantiza la prestación de servicios de traducción en los procedimientos judiciales si son necesarios. Dichos servicios corren por cuenta del Estado.
Sírvase describir las normas procesales aplicables en los asuntos relacionados con problemas medioambientales generados en otro país. (5 frases)
La normativa relativa a la EIA y el Decreto nº 114/2006 establecen la posibilidad de celebrar consultas transfronterizas. Cuando el Ministro de Medio Ambiente tiene conocimiento de que un proyecto llevado a cabo en Malta puede tener efectos significativos en el medio ambiente en otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro que pueda verse afectado significativamente lo solicite, el Ministro enviará al Estado miembro afectado, tan pronto como sea posible y no después de informar a la ciudadanía maltesa, la siguiente información:
(a) una descripción del proyecto, junto con toda la información disponible sobre sus posibles efectos transfronterizos;
B) la información pertinente sobre el procedimiento de evaluación del impacto ambiental
C) la información sobre la naturaleza de las decisiones que puedan adoptarse; asimismo, dará al Estado afectado un plazo razonable para indicar si desea participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Si el Estado afectado receptor de la información indica al Ministro que desea participar en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, este último le enviará la información recopilada en relación con la intervención propuesta. El Estado afectado celebrará consultas con el Ministro, en las que se abordarán, entre otras, las cuestiones siguientes:
A) los potenciales efectos transfronterizos del proyecto y a las medidas contempladas para reducirlos o eliminarlos,
B) las Partes acordarán un plazo razonable para la duración del período de consulta.
(c) el Estado afectado podrá tomar las disposiciones necesarias para que la información se ponga a disposición durante un plazo de tiempo razonable, de sus autoridades y de la población residente en su territorio establecido por acuerdo entre las Partes;
D) el Estado afectado enviará su opinión al Ministro, quien lo remitirá a la AMEP.
La transmisión de información referente a los efectos transfronterizos potenciales y la recepción de dicha información por el Estado afectado están sujetas a la legislación maltesa. El Ministro dará a conocer al Estado afectado la decisión definitiva sobre el proyecto propuesto junto con los motivos y consideraciones que justifiquen dicha decisión, incluyendo información sobre el proceso de participación pública en el que se basó y sobre cualquier condición anexa. Asimismo facilitará, cuando sea necesario, una descripción de las principales medidas dirigidas a evitar, reducir y, si es posible, contrarrestar los principales efectos adversos del proyecto. El Ministro informará inmediatamente al Estado afectado sobre las medidas que pueda ser necesario adoptar para mitigar o eliminar los efectos transfronterizos adversos significativos, y celebrará consultas con dicho Estado para analizar dichas medidas. La AMEP proporcionará al Ministro toda la documentación e información que este pueda requerir. El Decreto nº 126/2008 sobre la prevención y reparación de los daños medioambientales también contiene una serie de disposiciones referentes a los daños medioambientales transfronterizos en los casos en que el daño medioambiental provocado afecte a otros Estados miembros de la UE o sea probable que lo haga. Si se produce un daño medioambiental, Malta debe proporcionar suficiente información a los Estados miembros de la UE que puedan resultar afectados. El concepto de población afectada en un contexto transfronterizo es el mismo que el que se aplica a los nacionales, a cualquier persona física o jurídica y a las ONG que trabajan en el ámbito del medio ambiente. No existe una relación específica de asuntos en los que los particulares o las ONG puedan escoger entre diferentes tribunales o países. La elección dependerá de la decisión de los tribunales que conozcan del asunto.