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Timestamp: 2018-12-09 20:02:48
Document Index: 347053763

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 156', 'artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 155', 'artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 209', 'artículo 25', 'artículo 25']

﻿ Sentencia 2014-03198 de enero 15 de 2015
SENTENCIA 2014-03198 DE 15 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:RESPECTO DEL TÉRMINO PARA RESOLVER PETICIÓN DE REPARACIÓN ADMINISTRATIVA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. ANTE EL VACÍO EXISTENTE EL JUEZ DE TUTELA DEBE ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO PARTICULAR PARA DETERMINAR SI SE PRESENTA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN. SE ARGUMENTA QUE EL TÉRMINO DE 60 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY 1448 DE 2011, PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS, TAMBIÉN ES APLICABLE A LA RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE REPARACIÓN ADMINISTRATIVA, SIN EMBARGO DICHO ANÁLISIS PRESENTA UNA DIFICULTAD Y ES QUE NO ES LO MISMO DECIDIR SI UNA PERSONA DEBE O NO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS, A RESOLVER SI UNA PERSONA TIENE DERECHO A SER REPARADA ADMINISTRATIVAMENTE CON UNA SUMA DE DINERO. POR OTRA PARTE SE PLANTEA LA POSIBILIDAD DE RESOLVER EL VACÍO NORMATIVO CON LA APLICABILIDAD DE LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (DECRETO 1 DE 1984), O DEL ACTUAL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), QUE ESTABLECEN FRENTE A PETICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR EL TÉRMINO DE 15 DÍAS. LO CUAL RESULTA INSUFICIENTE EN ATENCIÓN A LA COMPLEJIDAD DE LOS ASUNTOS QUE DEBE RESOLVER LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. POR LO CUAL SE CONCLUYE QUE EL JUEZ DE TUTELA TENIENDO EN CUENTA LAS PARTICULARIDADES DEL CASO EN CONCRETO, DEBE ESTABLECER SI SE HAN VULNERADO O NO LOS DERECHOS INVOCADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO DE PETICIÓN, VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, DERECHOS DE LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, REPARACIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, INDEMNIZACIÓN A LA VÍCTIMA POR VÍA ADMINISTRATIVA
Sentencia 2014-03198 de enero 15 de 2015
Radicación: 11001-03-15-000-2014-03198-00(AC)
Demandado: Unidad Administrativa Especial para la Integración y Reparación Integral a las Víctimas
Lo anterior, lo fundamentó en los siguientes hechos y consideraciones (fls. 1-4):
La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas guardó silencio frente a los hechos y pretensiones planteados por la parte demandante.
El artículo 21 del Decreto 1290 de 2008 establecía que “Los interesados en la reparación individual por vía administrativa deberán diligenciar, bajo la gravedad del juramento, una solicitud con destino al comité de reparaciones administrativas, en un formulario debidamente impreso y distribuido por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social”.
Para ello, el comité de reparaciones administrativas debía resolver la solicitud de reparación en el orden de recepción, para lo cual contaba con un término no mayor de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social” (art. 27). Contra dicha decisión procedía el recurso de reposición, como lo señalaba el parágrafo 1º del artículo 16.
“ART. 155.—Régimen de transición para solicitudes de indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición del presente decreto.
Las solicitudes de indemnización por vía administrativa formuladas en virtud del Decreto 1290 de 2008, que al momento de publicación del presente decreto no hayan sido resueltas por el comité de reparaciones administrativas, se tendrán como solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas y deberá seguirse el procedimiento establecido en el presente decreto para la inclusión del o de los solicitantes en este registro. Si el o los solicitantes ya se encontraren inscritos en el registro único de población desplazada, se seguirán los procedimientos establecidos en el presente decreto para la entrega de la indemnización administrativa.
En efecto, nótese como el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011 señala que las solicitudes de indemnización por vía administrativa formuladas en virtud del Decreto 1290 de 2008 que no hayan sido resueltas por el otrora comité de reparaciones administrativas, se tendrán como solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas, con el fin de que las mismas se tramiten de conformidad con el Decreto 4800 de 2011, aclarando que si las personas que realizaron dichas solicitudes ya están inscritas en el registro único de población desplazada, lo que corresponde es seguir respecto éstas con el trámite previsto en la norma antes señalada, teniendo en cuenta que quienes están incluidos en el registro único de población desplazada ya hacen parte del registro único de víctimas, por lo que no deben solicitar su inclusión a éste, salvo que quieran declarar su victimización frente a otras de las violaciones previstas en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 o hayan sufrido un nuevo hecho victimizante con posterioridad a su inclusión en el registro único de población desplazada(1).
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994”(2).
“(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico; (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados, es decir, la correspondencia entre la petición y la respuesta, excluyendo fórmulas evasivas o elusivas y; (iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición”(7) (resaltado fuera de texto).
“En reiterada jurisprudencia, esta corporación ha señalado que el derecho de petición comprende no sólo la posibilidad de que las personas puedan dirigirse a la autoridad, en interés general o particular, sino el derecho a obtener de ésta una pronta respuesta(10) del asunto sometido a su consideración y dentro del término previsto en la ley, sin que ello implique que la contestación deba ser en uno u otro sentido, es decir favorable o desfavorable a los intereses del peticionario(11), pues es evidente que la entidad al responder no está por ello obligada a acceder a lo solicitado en el derecho de petición(12). Así, la Corte Constitucional ha señalado:
“El derecho de petición no implica una prerrogativa en cuya virtud la administración se vea precisada a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. La resolución, producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera que si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta, quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional”(13) (resaltado fuera de texto).
1. TUTÉLASE el derecho fundamental de petición de Edgar Fernando Melo Caicedo, vulnerado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que en el término de los 60 días siguientes a la notificación de la providencia se resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, la petición de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa elevada por Edgar Fernando Melo Caicedo, notificando en el mismo término la respuesta correspondiente.
Envíese copia de esta providencia al tribunal de origen cópiese y notifíquese. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
(4) Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz. En Sentencia T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la Corte: “…[las respuestas simplemente formales o evasivas]… no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución…” (resaltado fuera de texto).
(7) Corte Constitucional, Sentencia T-051 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(8) Verbigracia, según el inciso segundo del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo el derecho de petición de consulta debe resolverse en un plazo máximo de 30 días; el de petición de acceso a documentos públicos, debe resolverse en 10 días y entregarse las copias requeridas a los 3 días siguientes de conformidad con el artículo 25 de la Ley 57 de 1985; y en materia pensional debe analizarse el tipo de petición para establecerse la norma aplicable y por consiguiente el término exigible, como ampliamente lo expuso la Sección Segunda, Subsección B en sentencia de la Sala del 18 de septiembre de 2008, radicado 2008-00339- 01, con ponencia del consejero de Estado Gerardo Arenas Monsalve, y la Corte Constitucional en las sentencias T-1098 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-304 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-273 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería, T-511 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-350 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, y T-051 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(13) Sentencia T-242 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Ver, entre otras, las sentencias T-170 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra); T-518 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); T-396 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); y T-316 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
(14) En tal sentido pueden apreciarse las siguientes sentencias: 1) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de julio de 2012, expediente 25000-23-24-000-2012-00341-01, C.P. Susana Buitrago Valencia. 2) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de abril de 2012, expediente 25000-23- 24-000-2012-00070-01, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. 3) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de agosto de 2012, expediente 25000-23-25-000-2012-01323-01, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.