Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/acuerdo-2-de-2005?documento=legcol&contexto=legcol_4c9dddc4fd644f1dadb6aee5d437ad99&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 21:54:36
Document Index: 297862878

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3']

﻿ ACUERDO 2 DE 2005
ACUERDO 2 DE 2005
“Por el cual se definen los criterios de participación de las organizaciones de población desplazada”.
“Por el cual se señala la metodología para dar cumplimiento al Decreto 620 de 2005”.
El Consejo Directivo Nacional, del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA,
en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los numerales 15 y 16 del artículo 3º del Decreto 249 de 2004, y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 620 de marzo 7 de 2005, y
Que la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada, con el fin de que las autoridades nacionales y territoriales responsables implementen las políticas correspondientes y ejecuten las leyes pertinentes; adopten dentro de la órbita de sus competencias, los correctivos que permitan superar tal estado;
Que el artículo 36 de la Ley 789 de 2002 en su inciso 1º establece que podrán ser objeto del contrato de aprendizaje en cualquiera de sus modalidades, todos los oficios u ocupaciones que requieran capacitación académica integral completa para su ejercicio y se encuentren reconocidos como propios de formación educativa técnico-profesional, tecnológica o profesional universitaria titulada, de conformidad con los parámetros generales establecidos por las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o normas que las sustituyan, modifiquen, adicionen, reglamenten o regulen de manera específica estas materias;
Que la citada sentencia, fue el resultado de la revisión de 108 acciones de tutela, correspondientes en su gran mayoría a expedientes de vigencias 2001 y 2002;
Que de conformidad con el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 789, le corresponde al SENA publicar el listado de oficios y especialidades respecto de los cuales ofrece programas de formación profesional integral, sin perjuicio de que puedan ser objeto de este contrato de aprendizaje los oficios u ocupaciones que requiriendo de capacitación de conformidad con el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 789 de 2002, no cuenten con programas y cursos de formación impartidos por esta institución;
Que en el ordinal 3º de la parte resolutiva de la Sentencia T-025, la honorable Corte dispuso: “Segundo—Comunicar, por medio de la secretaría general, el estado de cosas inconstitucional al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, CNAIPD, para que dentro de la órbita de su competencia y en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales verifique la magnitud de esta discordancia y diseñe e implemente un plan de acción para superarla...;
Que el 7 de marzo de 2005 fue expedido el Decreto 620, por el cual se señalan los criterios para la determinación de los oficios y ocupaciones objeto del contrato de aprendizaje y se dictan otras disposiciones;
Que en el artículo 1º del citado decreto se establece que para determinar el listado de los oficios u ocupaciones objeto del contrato de aprendizaje, deberán tenerse en cuenta los criterios allí señalados;
c) Ofrecer a las organizaciones que representan a la población desplazada oportunidades para participar de manera efectiva en la adopción de las decisiones que se tomen con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional e informarles mensualmente de los avances alcanzados”;
Que el artículo 2º del decreto establece que la cuota de aprendices de que trata el artículo 33 de la Ley 789 de 2002, se determinará con base en el listado elaborado por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será aprobado por el consejo directivo nacional;
Que en el ordinal 3º del auto 178 del 29 de agosto de 2005, se ordenó al Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada por la violencia que: “En un plazo de tres (3) meses... diseñe, implemente y aplique prontamente todos los procedimientos y correctivos que sean necesarios para superar las dificultades… relativo a la ‘evaluación del cumplimiento de la orden contenida en el literal c) del ordinal 2º de la parte resolutiva de la Sentencia T-025 de 2004’, a fin de que en el plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la comunicación del presente auto, se hayan superado efectivamente esas dificultades, tanto a nivel nacional como en el ámbito territorial, se establezcan las condiciones necesarias orientadas a garantizar el goce efectivo del derecho de participación a la población desplazada…”;
Que igualmente el citado decreto en su artículo 3º señala que para determinar la cuota de aprendices en empresas en las que sus trabajadores laboren menos de la jornada ordinaria de trabajo, se deberá sumar las horas laboradas por los trabajadores con dicha jornada y dividirlas por el número de horas correspondientes a la jornada máxima legal diaria y que el resultado de dicha operación corresponderá al número de trabajadores sobre el cual se determinará la cuota mínima de aprendices;
Que en el considerando 11 del auto 178, la Corte determinó: “... es preciso que las distintas entidades responsables de programas o componentes de atención a la población desplazada, tanto del orden nacional como territorial, al adoptar correctivos a los problemas específicos señalados por las entidades y organizaciones evaluadoras, a fin de garantizar que el avance hacia la superación del Estado de cosas inconstitucional se haga a un ritmo más acelerado y sostenido, deben adelantar las siguientes acciones, dentro de la órbita de sus competencias, de acuerdo con el experticio que tienen y a partir del mayor o menor nivel de respuesta a las necesidades de los desplazados actualmente existente en cada entidad:
Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 620 de marzo 7 de 2005,
viii) Garantizar la participación oportuna y efectiva de las organizaciones de población desplazada, tanto a nivel nacional como en el ámbito territorial, en el proceso de diseño e implementación de los correctivos a los problemas detectados por las distintas entidades que participaron en el proceso de evaluación del cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, así como en el seguimiento y evaluación de los programas y componentes de atención a la población desplazada a cargo de cada entidad, con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada”;
ART. 1º—Para efectos de la expedición del listado de oficios y ocupaciones, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 1º del Decreto 620 de marzo 7 de 2005, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, a través de las direcciones de formación profesional, de empleo y del sistema nacional de formación para el trabajo, deberán realizar los correspondientes estudios por sectores productivos, en un plazo que no exceda de tres meses, contados a partir de la expedición del presente acuerdo.
Que se hace necesario definir los criterios de participación de las organizaciones de población desplazada en el proceso de diseño e implementación de los correctivos a los problemas detectados por las distintas entidades que participaron en el proceso de evaluación del cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, así como en el seguimiento de los programas y componentes de atención a la población desplazada a cargo de cada entidad, con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada,
ART. 2º—Mientras se expide el nuevo listado, y por tanto se regulan las cuotas de aprendizaje con base en este y en lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 620 de 2005, las direcciones regionales se abstendrán el imponer sanciones a los empleadores, con base en las cuotas reguladas con la normatividad anterior.
ART. 17.(sic)—De la vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
ART. 1º—Criterios de participación de las organizaciones de población desplazada. Con el fin de acatar lo dispuesto por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y el auto 178 del 29 de agosto de 2005, las entidades comprometidas en el cumplimiento de la citada providencia deberán ofrecer a las organizaciones de población desplazada, representadas por los miembros de la Mesa nacional de fortalecimiento a OPD, la oportunidad de participar de manera efectiva, en la adopción de las decisiones relativas a la superación del estado de cosas inconstitucional, de conformidad con los siguientes criterios:
1. Remitir con anticipación la decisión proyectada, a los representantes de la población en situación de desplazamiento, otorgándose a estos la oportunidad para presentar observaciones.
Dado en Bogotá, D.C., a 29 de marzo de 2005.
2. Valorar debidamente las observaciones, de tal forma que haya una respuesta respecto de cada observación, sin que ello implique que se deban concertar las decisiones.
ART. 2º—Participación de los representantes de la Mesa de fortalecimiento a OPD en los espacios legalmente constituidos. Las entidades involucradas en la atención a la población desplazada deberán garantizar la participación de los miembros de la Mesa de fortalecimiento de OPS, en las diferentes instancias de coordinación del SNAIPD definidas en el Decreto 250 de 2005, tanto en el nivel nacional como en el territorial.
ART. 3º—Participación de la población desplazada en el nivel territorial. Las entidades del SNAIPD a nivel nacional y territorial, coordinadas por la acción social, con el apoyo de la unidad técnica conjunta, UTeC, propiciarán la participación de los representantes de la población desplazada, en los comités territoriales y la conformación de las mesas temáticas en este mismo nivel, conforme a lo establecido en la Ley 387 de 1997.
Dado en Bogotá, D.C., a 1º de diciembre de 2005.