Source: https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-numero-1581-2017-694093657
Timestamp: 2019-07-24 00:13:17
Document Index: 95834395

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 189', 'artículo 45', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2']

Decreto número 1581 de 2017, por el cual se adiciona el Título 3 a la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para adoptar la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, y se dictan otras disposiciones - 28 de Septiembre de 2017 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 694093657
Artículo 1º. Modificación. Modifíquese la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para adicionar el Título 3, con el siguiente texto:
CAPÍTULO 7. - arts. 2 y 3
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189, y en desarrollo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 74 de 1968, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972, y el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, y
Que la "ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos" incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 16 de 1972, consagra en su Parte I, artículo 1º, numeral 1 el deber estatal de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". De igual manera, este tratado, en su artículo 2º, ordena a los Estados Parte adoptar medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en ese instrumento internacional.
Que la "Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción", aprobada mediante la Ley 554 de 2000, prevé el compromiso de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersona en todo el territorio colombiano, implementar las medidas de prevención que busquen reducir el riesgo de muerte y lesiones causadas por estos artefactos explosivos, sensibilizando a la población y promoviendo comportamientos seguros, como también dar asistencia integral a las víctimas. De igual forma, instrumentos como la Ley 759 de 2002 tienen por objeto la implementación de esta Convención.
Que la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 51 de 1981, contempla el deber estatal de garantizar la adopción de medidas especiales para la protección de la mujer frente a cualquier tipo de discriminación.
Que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en Sentencia T-025 de 2004, frente a la situación de la población desplazada en Colombia. Con ocasión de ello, la Corte ha emitido diferentes autos de seguimiento, como los Autos 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 2011 dirigidos al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa Nacional y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hoy Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En estos instrumentos, la Corte Constitucional ha señalado la existencia de vacíos protuberantes en la prevención de violaciones a los derechos humanos de la población desplazada, la ausencia de un sistema nacional de prevención, y la necesidad de adoptar una política pública en la materia que incluya un mecanismo de coordinación nación territorio con obligaciones específicas para las entidades del orden nacional y del territorial.
Que el Decreto Ley 2893 de 2011, en su artículo 2º, numerales 2, 10, 11 y 12, impone al Ministerio del Interior, en coordinación con las entidades del orden nacional y territorial competentes, la obligación de formular e implementar una política pública de prevención de violaciones a los derechos humanos, con un enfoque integral, diferencial y social.
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País", adoptado mediante la Ley 1753 de 2015 establece como estrategias para garantizar la seguridad y justicia para la construcción de la paz, el fortalecimiento de la seguridad, la plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de la Justicia como uno de los pilares en los cuales deben basarse el Estado y la sociedad.
Que el Gobierno nacional adelantó el proceso de formulación de la política de prevención de violaciones de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de personas, grupos y comunidades, con el fin de superar las falencias estructurales de política pública identificadas por la Corte Constitucional en sus providencias respecto del estado de cosas inconstitucional en relación con el desplazamiento forzado. De tal manera, las acciones y medidas tendientes a la prevención incorporadas en esta...