Source: https://boja.vlex.es/vid/extraordinarias-proteccion-trabajadores-402626450
Timestamp: 2019-10-19 10:32:11
Document Index: 398839482

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 2', 'artículo 11', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 161', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 161', 'artículo 6', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 14', 'artículo 130', 'artículo 10']

Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis. - BOJA. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Legislación - VLEX 402626450
Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis.
Artículo 2. Clases de ayudas sociolaborales.
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas sociolaborales.
Artículo 4. Cuantificación y condiciones de las ayudas sociolaborales.
Artículo 5. Medidas para favorecer la empleabilidad y la recolocación en el mercado de trabajo.
Artículo 6. Régimen de incompatibilidades.
Artículo 7. Procedimiento para las ayudas a la financiación pública de los contratos de seguro colectivo de rentas, objeto de novación.
Artículo 8. Procedimiento para el reconocimiento de las ayudas directas en forma de rentas e indemnizaciones.
Artículo 9. Fiscalización de las ayudas.
Artículo 10. Verificación y control.
Artículo 11. Extinción y suspensión de las ayudas sociolaborales.
Artículo 12. Obligación de colaboración y declaración.
Artículo 13. Justificación y reintegro de las ayudas.
Norma citada en: 139 sentencias, un artículo doctrinal, 8 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas, 13 noticias
Apoyar la necesidad de contribuir a la financiación pública de las ayudas sociolaborales de carácter individual comprometidas hasta la fecha para los trabajadores afectados por situaciones de crisis de las empresas con las que mantenían relación laboral.
Instar al Consejo de Gobierno a adoptar las medidas necesarias que permitan el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales el 14 de febrero de 2011 relativos a los ex-trabajadores del grupo Santana.
Instar al Consejo de Gobierno a adoptar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de los compromisos firmados en relación al pago de las ayudas sociolaborales, entre otros, de las personas trabajadoras afectadas por la situación de liquidación de la Compañía Aseguradora Apra Leven.
Artículo 2 Clases de ayudas sociolaborales.
Ayudas previas a la jubilación ordinaria, consistentes bien en la financiación de la prima de los contratos de seguro colectivo de rentas bien en prestaciones económicas mensuales, hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria o situaciones asimiladas descritas en el artículo 11.1.a).
Ayudas extraordinarias, consistente en una cuantía a tanto alzado y por una sola vez, de conformidad con lo establecido en los acuerdos de acompañamiento social de los procesos de reestructuración empresarial.
Artículo 3 Beneficiarios de las ayudas sociolaborales.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas sociolaborales previstas en el presente Decreto-ley las personas en situación de desempleo que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía estén incluidas en los siguientes colectivos:
Colectivos de ex-trabajadores y ex-trabajadoras que fueron beneficiarios de ayudas sociolaborales instrumentadas a través de contratos de seguro colectivo de rentas, se hallen o no en proceso de financiación de sus primas por parte de la Junta de Andalucía, que se concretan en el apartado 2 de este artículo, cuya ayuda consistirá en la financiación del referido contrato de seguro una vez adecuado a lo indicado en el artículo 4.1 del presente Decreto-ley.
Colectivos de ex-trabajadores y ex-trabajadoras contemplados en acuerdos de medidas sociolaborales en los que participó la Junta de Andalucía que se concretan en el apartado 3 de este artículo. En este caso la ayuda consistirá en una prestación económica mensual.
Colectivos de ex-trabajadores y ex-trabajadoras contemplados en acuerdos de medidas sociolaborales en los que participó la Junta de Andalucía, que se concretan en el apartado 4 de este artículo. En este caso la ayuda consistirá en una cuantía a tanto alzado y por una sola vez.
Las personas incluidas en los colectivos referidos en la letra a) del apartado anterior son ex-trabajadores y ex-trabajadoras beneficiarios de ayuda sociolaboral instrumentada a través de contrato de seguro colectivo de rentas, que pertenecieron a las siguientes empresas o conjuntos de empresas:
Complejo Bodeguero Bellavista, S.L.U. (n.º de póliza: 1-83-190-001-210 y 1-83-190-001-211. Aseguradora: Generali Seguros).
Mac-Puar Componentes, S.L. (n.º de póliza: 1-83-190-001-240. Aseguradora: Generali Seguros).
Hytasal (Asociación 14 de noviembre) (n.º de póliza: 1-83-190-001-302. Aseguradora: Generali Seguros).
Tubos Reunidos Aplicaciones Tubulares de Andalucía, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-406. Aseguradora: Generali Seguros).
Altadis, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-425 y 1-83-190-001-592. Aseguradora: Generali Seguros).
Europa Center, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-544. Aseguradora: Generali Seguros).
Azucareras Reunidas de Jaén, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-588. Aseguradora: Generali Seguros).
Sociedad Útiles del Sur, S.L. (Santana) (n.º de póliza: 5-83-190-000-343. Aseguradora: Generali Seguros).
Delphi Automotive Systems España, S.L. (DASE) (n.º de póliza: 5-83-190-001-777 y 5-83-190-002-111. Aseguradora: Generali Seguros).
Compañía Minera del Marquesado, S.L.L. (n.º de póliza: 1-83-190-001-923 y 1-83-190-001-395. Aseguradora: Generali Seguros).
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-956. Aseguradora: Generali Seguros).
Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla (n.º de póliza: 1-83-190-000-978. Aseguradora: Generali Seguros).
Minas de Alquife (n.º de póliza: 1-83-190-001-027. Aseguradora: Generali Seguros).
Cetro Aceitunas, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-043. Aseguradora: Generali Seguros).
SOS Cuétara, S.A. (1-83-190-001-044. Aseguradora: Generali Seguros).
ABB Trans and Distr SYS (1-83-190-001-839 y 1-83-190-001-050. Aseguradora: Generali Seguros).
Nexprom, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-065. Aseguradora: Generali Seguros).
Minas Herrería, Zarza, Insersa, MRT (n.º de póliza: 1-83-190-001-096. Aseguradora: Generali Seguros).
Smurfit Container España, S.L. (n.º de póliza: 1-83-190-001-190. Aseguradora: Generali Seguros).
Lactimilk, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-327; 1-83-190-001-328 y 1-83-190-001-913. Aseguradora: Generali Seguros).
Bodegas Williams & Humbert S.C.P. (n.º de póliza: 1-83-190-001-372. Aseguradora: Generali Seguros y 2003022. Aseguradora: Vida Caixa).
Tragsa (n.º de póliza: 1-83-190-001-431. Aseguradora: Generali Seguros).
Astilleros de Huelva, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-461. Aseguradora: Generali Seguros).
Cerámicas Syre, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-490 y 1-83-190-001-131. Aseguradora: Generali Seguros).
Springer Arteferro, S. Coop. (n.º de póliza: 1-83-190-001-028 y 1-83-190-001-537. Aseguradora: Generali Seguros).
Promi Forja, S.L. (n.º de póliza: 1-83-190-000-707. Aseguradora: Generali Seguros).
aa) Industria Naval Auxiliar Bahía de Cádiz (n.º de póliza: 5-83-190-001-754. Aseguradora: Generali Seguros).
cc) González Byass (n.º de póliza: 1-83-190-001-934, 1-83-190-001-935 y 1-83-190-001-936. Aseguradora: Generali Seguros).
ee) Mina de Almagrera, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-004. Aseguradora: Generali Seguros).
ff) Bolsa de Tharsis (n.º de póliza: 1-83-190-001-008. Aseguradora: Generali Seguros).
gg) Asociación Trabajadores de la Prensa de Cádiz (Grupo Joly) (n.º de póliza: 1-83-190-001-173. Aseguradora: Generali Seguros).
hh) La Cartuja de Sevilla (n.º de póliza: 1-83-190-001-273, 1-83-190-001-401 y 1-83-190-001-402. Aseguradora: Generali Seguros).
kk) Calderinox (n.º de póliza: 1-83-190-002-081. Aseguradora: Generali Seguros).
Las personas incluidas en los colectivos referidos en la letra b) del apartado 1 son:
Los doscientos ochenta y siete ex-trabajadores y ex-trabajadoras que fueron beneficiarios de ayudas sociolaborales instrumentadas a través de contratos de seguro colectivo de rentas, que vieron suspendido el cobro de las mismas como consecuencia del proceso de liquidación por concurso en que se encuentra la Compañía Aseguradora APRA LEVEN, N.V., y que presentaron solicitud para acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de Empleo de 13 de marzo de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a las personas trabajadoras beneficiarias de una ayuda sociolaboral en virtud de un expediente de reestructuración de empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, afectadas por la situación de liquidación de la referida compañía aseguradora. Dichos ex-trabajadores pertenecieron a las siguientes empresas:
- Aglomerados Morell, S.A. (n.º de póliza: 3644).
- Germans, S.A. (n.º de póliza: 3451 a 3453 y 3455 a 3461).
- Bilore, S.A. (n.º de póliza: 3499, 3500 a 3504; 3622 y 3623).
- Muebles de Madera Promi, S.L. (n.º de póliza: 3765 y 3766).
- Cuerotex Pilatex, S.L. (n.º de póliza: 3606).
- Bonpunt, S.A.U. (n.º de póliza: 3505 a 3602).
- Cydeplast Pet, S.L. (n.º de póliza: 3666 a 3671).
Colectivo de ex-trabajadores acogidos al Plan Linares Futuro:
Colectivo de ex-trabajadores de Delphi Automotive Systems España, S.L. (DASE):
Colectivo de ex-trabajadores de Boliden Apirsa, S.L.:
Los colectivos de ex-trabajadores a que se refieren la letra c) del apartado 1 son los siguientes:
Colectivo de ex-trabajadores de Astilleros de Sevilla:
Artículo 4 Cuantificación y condiciones de las ayudas sociolaborales.
Los ex-trabajadores integrantes de los colectivos contemplados en el apartado 2 del artículo anterior percibirán ayudas previas a la jubilación ordinaria instrumentadas mediante la financiación de la prima de los contratos financiados por la Junta de Andalucía, previa su novación con arreglo a las siguientes condiciones:
El importe de la renta mensual no podrá superar, en ningún caso, el importe de la pensión máxima prevista en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio del incremento que sobre dicha cuantía de ayuda suponga la financiación del convenio especial con la Seguridad Social, en los supuestos en que legalmente proceda.
No podrá ser beneficiario de la renta mensual persona distinta del trabajador o trabajadora afectado por el expediente de regulación de empleo u otro procedimiento de despido.
No podrán seguir percibiéndose estas ayudas una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación, conforme al artículo 161.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o adquieran la condición de pensionistas o por jubilación de forma anticipada, conforme a la normativa de Seguridad Social que resulte aplicable en cada caso.
En ningún caso, la aportación de la Administración de la Junta de Andalucía en la financiación de la prima incluirá comisiones o gastos externos de intermediación u otros semejantes devengados o de los que sea acreedora persona física o jurídica distinta a la compañía aseguradora.
Las ayudas previas a la jubilación ordinaria para los ex-trabajadores incluidos en el apartado 3 del artículo anterior se articularán a través de ayudas directas, abonadas por la Junta de Andalucía individualmente a cada ex-trabajador o ex-trabajadora.
Para las personas a que se refieren la letra a) del apartado 3 del artículo anterior, el importe de la ayuda mensual ascenderá al 80% de la media de las rentas pendientes de percibir mensualmente desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha en que se cumpla la edad de jubilación establecida en la póliza de referencia, una vez descontada la subvención de carácter excepcional concedida por la Consejería de Empleo en el ejercicio 2011 como ayuda sociolaboral.
Para las personas a que se refiere las letras b) y c) del apartado 3 del artículo anterior, el importe de la ayuda mensual ascenderá al 80% de la media del salario bruto correspondiente a las retribuciones devengadas en los seis últimos meses en activo en la empresa afectada por el proceso de reestructuración referido en el artículo anterior, incluida la parte proporcional de la paga extraordinaria devengada en el período correspondiente.
Para las personas a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo anterior, el importe de la ayuda mensual ascenderá a la cuantía resultante del cálculo según lo previsto en la letra anterior, incrementado anualmente en el mismo porcentaje que las pensiones contributivas del sistema público de la Seguridad Social, con un máximo de un 2% anual.
Desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley para los colectivos contemplados en el artículo 3.3, apartados c) y d).
Desde la fecha de la notificación de la Resolución de Habilitación emitida por la Consejería competente en materia de Empleo de acuerdo con lo estipulado en la extinta Orden de 1 de abril de 2011 para los colectivos del artículo 3.3, apartado b).
Desde la fecha de suspensión de los pagos por la liquidación de la compañía aseguradora, esto es, desde el 1 de enero de 2011, para los colectivos del artículo 3.3 apartado a).
Las ayudas extraordinarias que se establecieron para cada uno de los colectivos de los ex-trabajadores y ex-trabajadoras incluidos en el apartado 4 del artículo anterior, se instrumentarán a través del abono individualmente por la Junta de Andalucía de una cuantía a tanto alzado y por una sola vez, son las que se señalan a continuación:
Para los ex-trabajadores acogidos al Plan Linares Futuro:
Para los ex-trabajadores de Astilleros de Sevilla, S.A. la cuantía de la ayuda sociolaboral es la equivalente a la establecida en concepto de indemnización para cada trabajador en el Expediente de Regulación de Empleo, autorizado mediante Auto núm. 382/2011 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Sevilla, de fecha 19 de diciembre de 2011, en la pieza de cuestión incidental de especial pronunciamiento 954/2011 de los Autos 924/2010.
Para los ex-trabajadores de Delphi que, estando incluidos en el expediente de regulación de empleo autorizado mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Cádiz, Incidente concursal núm. 151/2007, solicitaron antes del 28 de septiembre de 2012, día de la celebración de la Comisión de Seguimiento de Delphi, que aún no han percibido la cuantía de la ayuda sociolaboral establecida en concepto de «Proyecto Personal de Inserción (PPI)» recogida en el XI Desarrollo del Protocolo de Colaboración de los Acuerdos de Delphi suscritos el 4 de julio de 2007, será la cuantía citada.
Artículo 5 Medidas para favorecer la empleabilidad y la recolocación en el mercado de trabajo.
Artículo 6 Régimen de incompatibilidades.
Artículo 7 Procedimiento para las ayudas a la financiación pública de los contratos de seguro colectivo de rentas, objeto de novación.
Una vez presentada la propuesta de novación del contrato de seguro colectivo de rentas a que se refiere el artículo 4, la Comisión Técnica prevista en el artículo siguiente emitirá informe sobre la correcta adaptación del contrato de seguro a las condiciones establecidas y sobre la participación pública que corresponda para la financiación de la correspondiente prima, a través de la cual se articula la ayuda sociolaboral.
El órgano competente para dictar la resolución de reconocimiento del pago de la financiación pública de la prima será la persona titular de la Dirección General competente en materia de relaciones laborales.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, y se computará a partir de la fecha en que se presente la propuesta de novación del contrato de seguro colectivo de rentas. Dicha resolución será motivada y contendrá las condiciones acordadas y los plazos de financiación.
Artículo 8 Procedimiento para el reconocimiento de las ayudas directas en forma de rentas e indemnizaciones.
El procedimiento para la tramitación de las ayudas directas de la Junta de Andalucía se iniciará de oficio, impulsándose con la mayor celeridad, dada su naturaleza y excepcionalidad, teniendo en cuenta lo previsto en la disposición adicional primera.
La instrucción del procedimiento corresponderá a una Comisión técnica formada por funcionarios públicos nombrados al efecto, con un mínimo de tres.
El órgano competente para dictar la resolución definitiva de reconocimiento del derecho a ayuda sociolaboral será la persona titular de la Dirección General competente en materia de relaciones laborales.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, y se computará a partir de la fecha en que se dicte el acuerdo de inicio del expediente. Dicha resolución será motivada y contendrá las condiciones para su aplicación.
Artículo 9 Fiscalización de las ayudas.
Las resoluciones de reconocimiento del derecho a las ayudas previstas en este Decreto-ley, así como sus modificaciones cuando generen nuevo gasto o el reajuste de los créditos ya comprometidos, estarán sometidas al trámite de fiscalización previa, en el que la Intervención competente comprobará los siguientes extremos:
Que el derecho se reconoce por aprobación del órgano competente.
Que el crédito al que se pretende imputar el gasto es el adecuado a su naturaleza.
Que existe suficiente remanente en el crédito indicado para dar cobertura al gasto propuesto.
Que, en el supuesto de contraer compromisos de gasto de carácter plurianual, se cumple lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Que constan las correspondientes propuestas de resolución emitidas por la Comisión Técnica instructora del expediente para el reconocimiento del correspondiente derecho, en la que debe constar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios para dicho reconocimiento.
Para la fiscalización del correspondiente reconocimiento de la obligación y propuesta de pago, la Intervención competente comprobará los siguientes extremos:
Que la obligación resulta líquida, vencida y exigible.
Que la propuesta de pago procede de un gasto fiscalizado.
Que consta el correspondiente informe del órgano responsable de la verificación y control de las ayudas, en el que se concluya la regularidad en la gestión y disfrute de las ayudas concedidas y que, por tanto, son susceptibles de ser abonadas.
Para la fiscalización de la justificación de los pagos, la Dirección General competente en materia de relaciones laborales aportará a la Intervención competente certificado acreditativo de la regularidad en la gestión y uso de las ayudas, que deberá ser comprensivo de los siguientes extremos:
Para las ayudas previas a la jubilación ordinaria consistentes en la financiación de contratos de seguro colectivo de rentas:
Que la compañía aseguradora ha recibido y anotado en su contabilidad el importe del pago correspondiente al periodo a que se contrae el documento contable de justificación.
Que la compañía aseguradora ha abonado a los beneficiarios el pago correspondiente al periodo objeto de justificación, con expresión de las cuantías liquidas abonadas y las retenciones practicadas, en su caso.
Que la compañía aseguradora ha informado de las incidencias habidas en el mantenimiento de los asegurados relativas al periodo objeto de justificación.
Que la entidad bancaria ha realizado las transferencias de las rentas a los beneficiarios de los contratos de seguros.
Para las ayudas previas a la jubilación ordinaria consistentes en prestaciones económicas mensuales, que se ha realizado la efectiva transferencia de las rentas mensuales.
Para las ayudas extraordinarias, la justificación se producirá en el momento previo al pago y consistirá en el cumplimiento de los requisitos que acreditan el reconocimiento del derecho.
La justificación de las ayudas de los apartados a) y b) se producirá durante el primer trimestre de cada anualidad en relación con los pagos realizados durante la anualidad inmediata anterior.
Artículo 10 Verificación y control.
La Dirección General competente en materia de relaciones laborales realizará la actividad de control y justificación de las ayudas sociolaborales respecto de los beneficiarios y las entidades aseguradoras.
Las actuaciones de control verificarán la adecuada y correcta aplicación de los fondos a la finalidad para las que han sido otorgadas las ayudas y en particular:
El mantenimiento de los requisitos y condiciones previstos para su concesión durante todo el periodo de vigencia del derecho a la percepción de la ayuda.
La recepción de los fondos por parte de las compañías aseguradoras y su aplicación a la financiación de las ayudas.
La efectiva percepción de las ayudas por los beneficiarios.
El alta de los ex-trabajadores y las ex-trabajadoras como demandantes de empleo y su participación en las acciones de empleabilidad.
El seguimiento de las incidencias en los contratos de seguro colectivo de rentas.
La actividad de verificación y control de las ayudas se extenderá mientras los ex-trabajadores tengan derecho a las correspondientes prestaciones y aun después de su extinción, a fin de verificar el correcto empleo de los fondos públicos.
Las tareas de verificación y control reguladas en este artículo se realizarán sin perjuicio de las que competen a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y, en su caso, al Tribunal de Cuentas.
Artículo 11 Extinción y suspensión de las ayudas sociolaborales.
El derecho a percibir las ayudas sociolaborales se extinguirá de concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
Cuando los beneficiarios cumplan la edad ordinaria de jubilación, conforme al artículo 161.1.a) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o adquieran la condición de pensionistas de incapacidad permanente o por jubilación de forma anticipada, conforme a la normativa de Seguridad Social que resulte aplicable en cada caso.
Por renuncia del interesado, comunicada formalmente a la Consejería competente en materia de Empleo.
Por incumplimiento reiterado de las obligaciones de justificación, colaboración y declaración previstas en el presente Decreto-ley.
Por incumplimiento de la obligación de inscripción como demandante de empleo, una vez requerido para ello.
Las ayudas sociolaborales se suspenderán por las siguientes causas:
Incumplimiento de las obligaciones de justificación, colaboración y declaración o hacerlo fuera de plazo.
Durante la tramitación del expediente de extinción de la ayuda por las causas d) y e) del apartado anterior.
Durante el periodo en que se produzca la obtención de ingresos procedentes de fondos públicos o de entidades privadas, que dé lugar a la incompatibilidad prevista en el segundo párrafo del artículo 6 del presente Decreto-ley.
Artículo 12 Obligación de colaboración y declaración.
Los beneficiarios y las entidades aseguradoras quedan obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación y autorización sea requerida en la tramitación de los expedientes de ayudas y en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Consejería competente en materia de Empleo, a cuyo fin esta tendrá las siguientes facultades:
El acceso a información obrante en los registros de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Agencia Tributaria de Andalucía, del Servicio Público Estatal de Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo y de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Asimismo, los beneficiarios están obligados a comunicar a la Consejería competente en materia de Empleo, en el plazo de diez días desde que se produzca, cualquier variación en las condiciones y requisitos que fundamentan el derecho a la ayuda sociolaboral.
La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará obstrucción a las actuaciones de verificación y control de las ayudas y constituirá causa de suspensión del pago de las mismas y, en su caso, de extinción del derecho a percibirlas y causa de reintegro, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
Artículo 13 Justificación y reintegro de las ayudas.
Los beneficiarios de ayudas sociolaborales a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 3 deberán acreditar el mantenimiento de las condiciones determinantes de la concesión de las ayudas, en cuanto a la situación de supervivencia mediante la presentación de la fe de vida y en cuanto a la situación laboral y de ingresos económicos mediante una declaración responsable referida al año inmediato precedente. Ambas condiciones deberán acreditarse durante el primer trimestre de cada anualidad de la siguiente manera:
Los referidos en la letra a) del artículo 3.1, ante la compañía aseguradora.
Los referidos en la letra b) del artículo 3.1, ante la Dirección General competente en materia de relaciones laborales. En este supuesto, se admitirá la acreditación de la situación de supervivencia, además de la forma prevista con carácter general, mediante la comparecencia ante funcionario público competente.
Las entidades aseguradoras justificarán la efectiva transferencia de las rentas a los asegurados y las incidencias producidas durante la vigencia de los contratos de seguro colectivo de rentas, debiendo procederse a ello, durante el primer trimestre de cada anualidad en relación al año inmediato precedente.
Son causas de reintegro, con exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento de pago de la ayuda hasta la fecha en que se dicte la resolución acordando la procedencia del reintegro:
La obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control previstas en este Decreto-ley o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración en el presente Decreto-ley con motivo del otorgamiento de la ayuda y de las que se establezcan en la resolución de concesión.
Artículo 14 Régimen sancionador.
La Administración de la Junta de Andalucía ejercerá, en el ámbito de sus competencias, la potestad sancionadora respecto a las actividades realizadas por las entidades aseguradoras y los ex-trabajadores que se refieran a las materias recogidas en el presente Decreto-ley.
Serán responsables de las infracciones previstas en el presente Decreto-ley, por acción u omisión, tanto los ex-trabajadores, como las entidades aseguradoras y quienes ostenten cargos de administración o dirección en las mismas. Esta responsabilidad administrativa será sancionable de acuerdo con lo previsto en el presente artículo y demás normativa que resulte de aplicación.
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, de acuerdo con lo previsto en el artículo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las infracciones se clasifican en graves y leves.
Constituyen infracciones graves de las entidades aseguradoras y de quienes ostenten cargos de administración o dirección en las mismas:
La falta de atención de los requerimientos de información previstos en el artículo 10.2, referidos a verificar la aplicación de los fondos a las finalidades previstas.
El incumplimiento de las obligaciones de colaboración y facilitación de documentación necesaria para el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Consejería competente en materia de Empleo.
El incumplimiento de la obligación de justificar de las efectivas transferencias de las rentas a los ex-trabajadores que resulten beneficiarios de los contratos de seguro colectivo de rentas.
El pago de comisiones, gastos externos de intermediación o conceptos equivalentes, con cargo a la aportación de la Administración de la Junta de Andalucía en la financiación de la prima, cuyo destinatario final sea persona distinta de la compañía aseguradora.
Constituyen infracciones graves de los ex-trabajadores:
El falseamiento de las condiciones requeridas para la obtención de las ayudas sociolaborales u ocultar aquellas que hubieran impedido el reconocimiento de su derecho o que hubieran debido provocar su suspensión o extinción.
La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de verificación y control que desarrolle la Consejería competente en materia de Empleo.
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de este Decreto-ley, que no constituyan infracción grave con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores.
Las infracciones a que se refieren los apartados anteriores darán lugar a la imposición de las sanciones siguientes:
La iniciación y tramitación de los procedimientos sancionadores por infracciones previstas en el presente artículo corresponderá a la Consejería competente en materia de Empleo.
Disposición adicional primera Simplificación administrativa.
Disposición adicional segunda Compensación.
Disposición adicional tercera Recuperación posesoria de inmuebles.
Disposición adicional cuarta Régimen de responsabilidades.
Disposición adicional quinta Suspensión de los procesos de renovación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros andaluzas.
La iniciación de los procesos de renovación de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía quedará en suspenso en tanto no se efectúe la adecuación de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, en materia de órganos de gobierno.
Los procesos de renovación de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que hubiesen quedado suspendidos conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la presente disposición se iniciarán o reanudarán, según corresponda, tras la entrada en vigor de la disposición que adecue la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, una vez adaptados los Estatutos y Reglamento de las entidades a la nueva disposición, debiendo estar finalizados en el plazo máximo de 8 meses.
Disposición final primera Modificación de la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Andalucía.
a) Alto cargo de la Administración autonómica, conforme a la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, a excepción de la Presidencia del Consejo.
ORDEN FORAL 279/2014, de 30 de abril, del Consejero de Políticas Sociales por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de Empleo D...
RESOLUCION DE 30 DE DICIEMBRE DE 1993, de la Direccion general de la Energia, por la que se hacen publicos los Nuevos precios maximos de Venta de Gas natural para usos industriales.
Real Decreto 1456/1989, de 1 de Diciembre, sobre Traspaso de Funciones de la administracion del Estado a la Comunidad autonoma de Galicia en materia de Calificacion y Registro administrativo de Sociedades anonimas laborales.
LEY 8/1995, de 4 de abril, de Concesion de Credito extraordinario para financiar las actividades de Promocion del año jubilar lebaniego, por un total de 225.000.000 de Pesetas.
LEY FORAL 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2004.