Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r11-l25-1990.html
Timestamp: 2016-05-02 19:24:39
Document Index: 290991991

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 110', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 117', 'Artículo 119', 'artículo 43', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 43']

n�m. 306 de 22 de diciembre de 1990
Vigencia desde 22 de diciembre de 1990. Esta revisi�n vigente desde 1 de enero de 2005hasta 28 de julio de 2006.
52,98 € + IVA Régimen de deberes y responsabilidad de los administradores en las sociedades de capital Luis Hernando Cebriá (Coordinador) 72 € + IVA El proceso de ejecución forzosa Álvaro Gutiérrez Berlinches (Coordinador)
119.23 € + IVA Sumario
Artículo 2. Legislación sobre productos farmacéuticos y normativa básica.
Artículo 3. Obligación de suministro y dispensación.
Artículo 4. Incompatibilidades profesionales.
Artículo 5. Obligaciones de información entre las Administraciones Públicas.
TÍTULO II. DE LOS MEDICAMENTOS.
CAPÍTULO I. DE LOS MEDICAMENTOS RECONOCIDOS POR LA LEY Y SUS CLASES.
Artículo 6. Medicamentos legalmente reconocidos.
CAPÍTULO II. DE LA EVALUACIÓN, AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y CONDICIONES DE DISPENSACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS.
Artículo 10. Condiciones para la autorización de especialidades farmacéuticas.
Artículo 11. Garantías generales de la evaluación.
Artículo 12. Garantías de seguridad, no toxicidad o tolerancia.
Artículo 14. Garantías de calidad, pureza y estabilidad.
Artículo 20. Garantías en prevención de accidentes.
Artículo 22. Autorizaciones sometidas a reservas.
Artículo 23. Denegación de autorización.
Artículo 24. Validez temporal.
Artículo 25. Alteración del régimen.
Artículo 26. Suspensión y revocación.
Artículo 27. Procedimiento para modificación, suspensión o revocación.
Artículo 28. Publicación.
Artículo 29. Procedimientos simplificados para medicamentos suficientemente conocidos por la autoridad sanitaria.
Artículo 30. Asociaciones a dosis fijas.
Artículo 33. Actualización del expediente.
Artículo 34. Medicamentos de elevado interés terapéutico.
CAPÍTULO III. REQUISITOS SANITARIOS DE LOS DEMÁS MEDICAMENTOS.
Artículo 35. Requisitos de las fórmulas magistrales.
Artículo 36. Requisitos de los preparados oficinales.
Artículo 37. Requisitos de los medicamentos extranjeros sin autorización española.
Artículo 38. Medicamento en investigación.
CAPÍTULO IV. MEDICAMENTOS ESPECIALES.
SECCIÓN I. MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS.
Artículo 39. De las vacunas y demás medicamentos biológicos.
SECCIÓN II. MEDICAMENTOS DE ORIGEN HUMANO.
Artículo 40. Medicamentos derivados de la sangre, del plasma y de los demás fluidos, glándulas y tejidos humanos.
SECCIÓN III. MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES Y PSICÓTROPOS.
Artículo 41. Estupefacientes y psicótropos.
SECCIÓN IV. MEDICAMENTOS DE PLANTAS MEDICINALES.
SECCIÓN V. MEDICAMENTOS VETERINARIOS.
Artículo 43. Condiciones generales y definiciones.
Artículo 44. Autorización y registro.
Artículo 45. Garantías, seguridad, eficacia e identificación.
Artículo 46. Causas de denegación, suspensión o revocación.
Artículo 47. Investigación en animales.
Artículo 48. Entidades de fabricación.
Artículo 49. Prescripción veterinaria.
Artículo 50. Dispensación de medicamentos veterinarios.
SECCIÓN VI. RADIOFÁRMACOS.
Artículo 53. SECCIÓN VII. PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS.
Artículo 54. Medicamentos homeopáticos.
SECCIÓN VIII. GASES MEDICINALES.
CAPÍTULO V. FARMACOPEA Y CONTROL DE CALIDAD.
Artículo 55. Real Farmacopea Española y Formulario Nacional.
Artículo 56. Control de calidad por la autoridad sanitaria.
CAPÍTULO VI. FARMACOVIGILANCIA.
Artículo 57. Obligación de declarar.
Artículo 58. Sistema español de farmacovigilancia.
TÍTULO III. DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS.
CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 59. Definición.
Artículo 60. Respeto a postulados éticos.
Artículo 61. Revocación del consentimiento.
Artículo 62. Aseguramiento del ensayo.
Artículo 65. Intervención administrativa.
Artículo 66. Procedimiento del ensayo.
Artículo 67. Financiación del ensayo.
Artículo 68. Requisitos comunes de los ensayos clínicos en el Sistema Nacional de Salud.
Artículo 69. Publicaciones.
TÍTULO IV. DE LOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS.
CAPÍTULO I. DE LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS.
Artículo 70. Autorización y requisitos.
Artículo 71. Obligaciones del titular de la autorización de laboratorio farmacéutico.
Artículo 72. Normas de correcta fabricación.
Artículo 73. Modificación, suspensión y revocación de la autorización .
Artículo 74. Registro unificado de laboratorios farmacéuticos.
Artículo 75. Director técnico.
Artículo 76. Fabricación por terceros.
CAPÍTULO II. DE LOS ALMACENES MAYORISTAS.
Artículo 77. Artículo 78. Distribución mayorista.
Artículo 79. Exigencias de funcionamiento.
Artículo 80. Director técnico.
TÍTULO V. DE LAS GARANTÍAS SANITARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEDICAMENTOS.
Artículo 81. Importaciones.
Artículo 82. Exportaciones.
Artículo 83. TÍTULO VI. DEL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS.
CAPÍTULO I. DE LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DE LA RECETA.
Artículo 84. Actuaciones de las Administraciones Públicas.
CAPÍTULO II. DE LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE MEDICAMENTOS A PROFESIONALES SANITARIOS.
Artículo 86. Información y promoción dirigida a los profesionales sanitarios.
CAPÍTULO III. DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.
Artículo 87. Funciones para garantizar el uso racional del medicamento en la atención primaria.
Artículo 88. Oficinas de farmacia.
Artículo 89. Prescripción DOE.
Artículo 90. Sustitución por el farmacéutico.
CAPÍTULO IV. DEL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS EN LA ATENCIÓN HOSPITALARIA Y ESPECIALIZADA.
Artículo 91. Estructuras de soporte para el uso racional de los medicamentos en los hospitales.
Artículo 92. Farmacia hospitalaria.
CAPÍTULO V. DEL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
Artículo 93. Principio de igualdad territorial y procedimiento coordinado.
Artículo 94. Procedimiento para la financiación pública .
Artículo 95. Obligaciones de los pacientes.
Artículo 96. Valoración de la prescripción.
Artículo 97. Colaboración farmacias-Sistema Nacional de Salud.
Artículo 98. Información agregada.
TÍTULO VII. DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS.
Artículo 99. De las comisiones y comités.
TÍTULO VIII. DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS.
Artículo 100. Fijación del precio inicial.
Artículo 101. Características de la fijación del precio.
Artículo 102. Información económica.
Artículo 104. Revisión de los precios.
CAPÍTULO I. INSPECCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES.
Artículo 105. Inspección.
Artículo 110. Otras medidas.
Artículo 112. TÍTULO X. TASA.
Artículo 113. Creación, normativa y ámbito territorial.
Artículo 114. Hecho imponible.
Artículo 115. Exenciones.
Artículo 117. Cuantía.
Artículo 119. Pago.
TÍTULO XI. DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Ingresos de los empresarios, grupos empresariales, fabricantes e importadores de medicamentos y sustancias medicinales por descuentos por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. DISPOSICIÓN DEROGATORIA. DISPOSICIÓN FINAL. Don Juan Carlos I,Rey de España.
La ordenación de los medicamentos es una necesidad universalmente sentida. La Organización Mundial de la Salud ha instado reiteradamente a los Estados miembros a establecer y aplicar una política de envergadura en relación con los medicamentos. Esta organización desarrolla en este campo, desde hace varios decenios, funciones normativas, asesoras y de intercambio de información que por su magnitud y calidad constituyen punto de referencia insoslayable.
Incorporar sus frutos y resultados en beneficio de la salud de los españoles y contribuir con nuestras capacidades al circuito de solidaridad internacional que la OMS supone, exige mejoras legales e institucionales.
La Comunidad Económica Europea, por su parte, ha desarrollado desde 1965 una intensa actividad de armonización del Derecho por directivas y recomendaciones referentes a los medicamentos con medidas que suponen la cristalización de toda una tradición occidental en defensa del interés de los pacientes y de los consumidores.
Prueba de ello son las numerosas Directivas ya promulgadas reguladoras de las condiciones sanitarias exigibles para la comercialización de las especialidades farmacéuticas y los procedimientos comunitarios armonizadores de las decisiones nacionales a ellas referidas; los mecanismos de cooperación establecidos para la vigilancia de reacciones adversas y el intercambio de información cuando está en juego la seguridad de los enfermos, así como las recientes disposiciones de índole socioeconómica orientadas a la unificación del mercado europeo.
En los últimos 25 años casi todos los países desarrollados han promulgado sus leyes del medicamento. Puede hablarse de dos generaciones de leyes del medicamento, una primera, hasta los años sesenta, exige seguridad, pero no reclama demostración de eficacia. Después de 1962, la catástrofe de la talidomida introduce un cambio fundamental y permite hablar de una segunda generación de leyes que exigen seguridad y eficacia demostrada con ensayos clínicos controlados. En los Estados Unidos en ese año se aprueban las enmiendas Kefauver-Harris a la Food, Drugs and Cosmetics Act. En 1964 también alteran su legislación Noruega y Suecia. Inglaterra aprueba su Ley en 1968.
Suiza llega a la Convención Intercantonal en 1971, Alemania promulga su Ley en 1976. En 1983 lo hace Austria, Bélgica y Grecia. Japón también ha introducido modificaciones legislativas en varias ocasiones desde 1961. Ahora, quizás, estemos ante una tercera generación de leyes del Medicamento: la preocupación se ha desplazado desde los requisitos que ha de cumplir el producto hasta las condiciones para su uso racional.
Nuestra Constitución contiene ya las piedras angulares en que apoyar el relanzamiento de la participación de España en esa dinámica mundial al establecer en su artículo 43 el derecho a la protección a la salud y señalar como competencia exclusiva del Estado en su artículo 149.1.16, la competencia y la responsabilidad de la legislación sobre los productos farmacéuticos.
Conforme con las aludidas tendencias y compromisos internacionales y con el mandato constitucional, la Ley del Medicamento pretende, en primer término, propulsar el progreso de la atención a la salud proporcionando apoyo institucional firme a un decidido empeño por aprovechar los beneficios y reducir los riesgos que los medicamentos son susceptibles de proporcionar. Los medicamentos han conseguido en los últimos ochenta años éxitos memorables en la prevención y lucha contra el dolor y la enfermedad. Flagelos que desde antiguo afligían a la humanidad como la viruela han sido borrados de la faz de la tierra por no mencionar más que un ejemplo al que podrían añadirse muchos otros. En realidad una gran parte de los actos y procedimientos médicos o quirúrgicos incluyen un tratamiento medicamentoso. Los beneficios de los medicamentos no solo se expresan en términos de vidas salvadas y sufrimientos evitados, sino también en términos de tiempo de enfermedad y hospitalización acortados, así como en ahorros económicos muy importantes por la función sustitutiva que cumplen en relación con terapias precedentes menos eficaces.
La industria farmacéutica necesita un marco legal estable que constituya su referencia estratégica y que esta Ley viene a cristalizar. Es una industria con futuro para la cual los mecanismos públicos de fiscalización sanitaria, que regulan su acceso al mercado con nuevos productos e influyen en sus actividades de investigación y en el proceso de la competencia, resultan vitales. El mercado español de medicamentos es el octavo mundial y las empresas establecidas en España tienen volúmenes agregados de producción, empleo y comercio exterior y realizan un esfuerzo de investigación y desarrollo tecnológico que hacen de este uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.
El principio de intervención pública, sometiendo la comercialización de medicamentos a autorización sanitaria y registro previos que a estos efectos tienen carácter constitutivo y que determina que los medicamentos sean legalmente reconocidos y no clandestinos.
Una lista cerrada de las categorías de medicamentos legales.
Las condiciones a las que se debe ajustar la investigación de medicamentos, especialmente en personas.
Los criterios que deben regir el proceso de evaluación, previo a la autorización, de la especialidad farmacéutica para comprobar que se puede poner en el mercado:
Alto nivel técnico, garantizado con la realización y firma por expertos calificados de los estudios y protocolos; definición de procedimientos correctos de laboratorio y clínicos y normas de correcta fabricación.
Producto seguro, eficaz, de calidad, correctamente identificado, con información apropiada y actualizado según el progreso técnico, lo cual se garantiza con estudios analíticos, farmacológicos, toxicológicos y clínicos, controles de calidad, denominaciones, etiquetado, envase, ficha técnica y prospecto reglados y autorización de validez quinquenal, todo ello conforme a las Directivas Comunitarias.
Empresa con capacidad, garantizada con la oportuna autorización.
Actuación administrativa responsable, ágil, neutral, rigurosa, cierta y flexible, asegurada con la atribución de competencias a un órgano especializado; un procedimiento detallado, licencias y fichas técnicas normalizadas, organizadas en un registro e informatizadas y con singularidades cuando vengan exigidas por las circunstancias del producto.
La Ley regula también las condiciones de la fabricación y del tráfico exterior con instrumentos tales como la Real Farmacopea Española, el Formulario Nacional y las normas de correcta fabricación.
El sistema de intervención pública prosigue una vez que el medicamento es puesto a disposición de los profesionales sanitarios y del público. Se regula la vigilancia de reacciones adversas, ratificando el deber de declararlas y dando las normas básicas de funcionamiento del sistema español de farmacovigilancia como elemento integrador de los planes y programas realizados por las diferentes Administraciones Públicas y profesionales sanitarios de una parte y por la industria farmacéutica de otra.
También establece la revisión de medicamentos para ajustar los ya disponibles a los requisitos de la Ley.
Esta disposición persigue primordialmente objetivos sanitarios, pero también implica objetivos económicos y empresariales.
Un mecanismo de evaluación riguroso, ágil y neutral es fundamental para el desarrollo empresarial al garantizar el acceso al mercado, rápido y sin discriminaciones entre empresas. También promueve la investigación y desarrollo tecnológico más eficiente al primar productos terapéuticos relevantes. Mantiene las potestades de la Administración para la intervención directa de los precios de las especialidades farmacéuticas, justificada por la presencia de fallos del mercado muy importantes. También incluye los preceptos precisos para permitir una política de fomento de la transparencia del mercado: facilita, en sus aspectos técnicos, la celebración de concursos competitivos como métodos de compra por los hospitales; promociona la utilización de denominaciones comunes internacionales para facilitar el empleo de los medicamentos genéricos; regula la facultad del farmacéutico para sustituir, por causa legítima, marcas comerciales que se refieren a productos iguales y el control administrativo de la publicidad que contribuye a la transparencia del mercado.
El Título I, relativo a las disposiciones generales, comprende únicamente cinco artículos. El artículo primero parte de la consideración de que son objeto de regulación por esta Ley, no solo los medicamentos de uso humano y veterinarios, sino también los productos sanitarios que son utilizados con finalidad terapéutica, preventiva o diagnóstica, que, por ello, con sus peculiaridades, han de quedar ineludiblemente sometidos por evidentes razones de eficacia, seguridad y calidad, a las normas, criterios y exigencias propias con objeto de alcanzar idénticos fines que en esta Ley se pretenden para los medicamentos.
Con carácter prevalente, la competencia estatal viene recogida, de una parte, en la competencia exclusiva que atribuye al Estado el artículo 149.1.16. de la Constitución, al reservar a este en exclusiva la legislación sobre productos farmacéuticos, y de otra, la competencia que el mismo precepto atribuye también al Estado para establecer las bases y coordinación general de la Sanidad.
En base a estas consideraciones, el artículo segundo señala que preceptos de la Ley son legislación farmacéutica, y como tal competencia exclusiva del Estado, tanto para su establecimiento en esta Ley como para la futura promulgación de otras normas legales o reglamentarias, y cuales otros tienen la consideración de normas básicas o de coordinación general de la Sanidad, o de normas relativas al régimen económico de la Seguridad Social, sin hacer mayores precisiones sobre las otras habilitaciones concurrentes, cuya explicitación resultaría prolija.
El Título II, rubricado genéricamente como de los medicamentos y calificado expresamente como legislación farmacéutica, esta dividido en varios Capítulos, dedicados, respectivamente, a regular los medicamentos y sus clases, la evaluación, autorización, registro y condiciones de dispensación de las especialidades farmacéuticas, los requisitos sanitarios de los demás medicamentos, los medicamentos especiales, la farmacopea y control de calidad y la farmacovigilancia.
El Capítulo I establece cuales son los medicamentos legalmente reconocidos y sus definiciones a los efectos de la Ley.
El Capítulo II regula una parte esencial de toda legislación farmacéutica, como es la relativa a la evaluación, autorización y registro de especialidades farmacéuticas.
A través de los artículos 9 a 34, la Ley regula en primer término todo el proceso, requisitos y garantías exigibles para la concesión de la autorización de los medicamentos, estableciendo las garantías de seguridad, no toxicidad o tolerancia, de eficacia, de calidad, pureza y estabilidad, de identificación y de información que deben reunirse para la correspondiente autorización. Esto se configura como un proceso singularizado y de tracto sucesivo que culmina con un pronunciamiento expreso del órgano estatal en el que éste decide no solo si el producto ha de autorizarse como medicamento, sino también otros extremos tales como la financiación o su condición de especialidad publicitaria.
El Capítulo IV se dedica a los medicamentos especiales, regulando a través de diferentes Secciones, los medicamentos biológicos, los de origen humano, los medicamentos estupefacientes y psicótropos, los de plantas medicinales, radiofármacos, homeopáticos y los medicamentos veterinarios. Estos últimos son objeto de regulación de acuerdo con la normativa comunitaria. En consonancia con esta, la Ley regula estos productos partiendo de la configuración y del carácter de medicamento que les otorga la normativa comunitaria y que exige, consecuentemente, su regulación en una Ley del Medicamento, teniendo en cuenta, por otra parte, su posible incidencia en el ser humano, de forma indirecta, mediante el consumo de alimentos.
Los dos últimos Capítulos V y VI de este Título II abordan, respectivamente, la farmacopea, como código de reglas que deben respetarse, y la farmacovigilancia, en su doble vertiente de recogida y comunicación de la información sobre reacciones adversas a los medicamentos.
El Título III está dedicado a los ensayos clínicos con un tratamiento jurídico de éstos que pretende combinar los dos factores que confluyen en esta materia: la necesidad de su existencia como mecanismo necesario para los avances científicos y el obligado respeto a los derechos fundamentales de quienes sean sometidos a los ensayos clínicos. Dada la naturaleza de esta actividad, la Ley regula con precisión la intervención administrativa en los ensayos clínicos, exigiendo su expresa autorización caso a caso, previa evaluación por ella de todos los elementos personales, materiales y de investigación.
El Título IV de la Ley consta de dos Capítulos dedicados a los laboratorios farmacéuticos y a los almacenes mayoristas.
El Capítulo I se configura en la Ley como normativa encuadrada bajo el título competencial de legislación de productos farmacéuticos, ya que la autorización de un laboratorio farmacéutico no podría entenderse disociada o como un acto independiente a la autorización de la especialidad farmacéutica misma, toda vez que la autorización de ésta viene condicionada, entre otras cosas, por la valoración, comprobación y análisis de todo el equipamiento humano, material y técnico del laboratorio que, por ello, se integra como un todo en el proceso de autorización de la especialidad. El Capítulo II, dedicado a los almacenes mayoristas, se concibe como normativa básica a fin de asegurar un contenido homogéneo de estos establecimientos, otorgando especial relieve a la figura del director técnico, dada la trascendencia sanitaria que tiene la manipulación de los productos farmacéuticos en esta fase de su distribución.
El Título V, considerado igualmente como legislación farmacéutica, regula en total consonancia con la normativa comunitaria, las garantías sanitarias del comercio exterior de medicamentos.
De acuerdo con la ultima orientación de las más modernas leyes del medicamento, la Ley dedica todo el Título VI al establecimiento de una serie de normas y principios sobre el uso racional de los medicamentos. Dada la amplitud, y hasta cierto punto heterogeneidad de lo establecido en este Título, sus preceptos participan y son reflejo unas veces de la competencia estatal sobre legislación farmacéutica, mientras que otras son calificados como normativa sanitaria básica, o como normas relativas al régimen económico de la Seguridad Social, teniendo presente siempre que, en cuanto al uso racional de los medicamentos deben garantizarse las condiciones de igualdad básica en el derecho a la protección de la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución.
Para la adecuada comprensión de este Título y de su contenido, es preciso tener en cuenta que bajo la denominación genérica de uso racional de los medicamentos, concepto recientemente consagrado por la OMS, se engloban en la actualidad todo aquel conjunto de actividades que van destinadas no solo a una adecuada utilización por el posible paciente del medicamento sino también, y sobre todo, medidas reguladoras de extremos como la formación e información, condiciones, establecimientos, forma e instrumentos de dispensación tanto al público como en centros de atención sanitaria y formas de posible financiación pública de los medicamentos. Se trata, en definitiva, de un conjunto de medidas y materias de ineludible regulación en una norma legal sobre medicamentos y que si bien dispares y diferentes entre sí, pueden no obstante, agruparse bajo la rubrica dada a este Título por constituir ese uso racional un fin último al que, con independencia de otros, todas ellas responden.
Establece el principio de potenciación de programas de formación universitaria y continuada de farmacología y farmacia clínicas, así como el desarrollo de un adecuado sistema de información de medicamentos.
Regula los principios de las recetas médicas.
Impone las normas que han de regir la información y promoción dirigida a los profesionales sanitarios.
Impulsa la introducción de mejoras en la atención primaria, especializada y hospitalaria.
El Título VII de la Ley instrumenta, a través de comisiones consultivas, la participación de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud, de investigación y desarrollo y docente en la evaluación y control de los medicamentos de acuerdo con la orientación ya marcada en la Ley General de Sanidad y en armonía con los países de la Comunidad Económica Europea que cuentan con una elevada tradición en este tipo de participación y coordinación necesarios para proteger la neutralidad de las decisiones y el aprovechamiento de los recursos.