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Timestamp: 2020-05-31 12:52:45
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671 LEC Archives | Business Advice Spain
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Posted on 10 marzo, 2020 24 abril, 2020 by Business Advice Spain
Los juicios entorna a la interpretacion del articulo 671 LEC (Ley Enjuiciamiento Civil) siguen su curso. Muchos registradores aún siguen el criterio erróneo de su Direccion General («DGRN»). Decimos erróneo porque aunque la DGRN siga defendiendo su punto de vista, los tribunales siguen negandoselo (la abundante mayoría rotundamente además). En este post: «671 LEC – jurisprudencia 4» repasamos el estado de la jurisprudencia.
Y aunque los tribunales dicen que el tema no es pacifico, solo hace falta consultar la jurisprudencia y se observará que las resoluciones contra del punto de vista de la DGRN es abundante. Ultimamente no nos consta ninguna resolución que está a favor de la DGRN. Ni esn su punto de vista de que 671 LEC no debería ser interpretado literalmente, ni en su opinión de que el registrador no se extralimita cuando niega la isncripcion en base a la literalidad de 671 LEC.
Abajo la tabla actualizada que indica las resoluciones a favor y en contra de la interpretacion literal y si el registrador se ha extralimitado en el caso concreto. Continue reading «671 LEC – jurisprudencia 4»
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Posted on 30 septiembre, 2019 24 abril, 2020 by Business Advice Spain
Aqui va la sentencia entera en cuanto al articulo 671 de la LEC del juzgado de primera instancia de Murcia en contra de la DGRN: Sentencia Juzgado de Primera Instancia 13 de Murcia. La comentamos más elaboradamente aqui.
También la Audiencia Provinicial de Soria reitera su criterio (1. extralimitación por parte del registrador cuando «corrije» el Letrado de la Administación de Justicia denegando la inscripción. Y 2; el 671 LEC está claro y meridiano: se puede optar por 50% o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos) en una nueva sentencia de 2 de septiembre de 2019.
Vale refleccionar sobre el hecho de que la jurisprudencia cada vez más se decante por la interpretación literal del concepto. Sin embargo los tribunales no condenen en costas por razón de que existen resoluciones judiciales «ya que se han dictado diversas sentencias en sentido favorable a la argumentación de los registradores». Pero la gran mayoría de las resoluciones van en contra de la argumentación. El próximo paso debe ser que condenen en costas a los registradores. Continue reading «671 LEC – Murcia contra la DGRN II»
Posted in Noticias & OpinionesTagged 671 LEC, DGRN, Murcia, vivienda no habitual
Posted on 16 septiembre, 2019 7 diciembre, 2019 by Business Advice Spain
Desde el juzgado de primera instancia numero 13 de Murcia nos llega la Sentencia 00211/2018 en cuanto a la interpretación de 671 LEC. Es interesante porque de Murcia no se había encontrado jurisprudencia al respecto. La sentencia del juzgado de Murcia en contra de la DGRN se suma al corriente mayoritario de jurisprudencia que rechaza la interpretación hecha por la Dirección General de Notarios y Registradores («DGRN»).
Tras una ejecución especial de bienes hipotecados, en la que, acordada la práctica de subasta sin que a la misma concurrieran otros licitadores, se adjudicó la finca a la demandante de conformidad con los artículos 671 y 674 LEC por el total de la deuda, se formuló demanda de juicio verbal contra la calificación de la registradora (y, en el mismo sentido, la calificación sustitutoria que se instó) por la que se denegó la inscripción por considerar que no quedaba acreditado que la adjudicación cubriera el 50% del valor de tasación de subasta, con base entre otros, en lo contenido en Resolución de la DGRN de 20 de septiembre de 2017.
Según el juez, el asunto debatido pasa por avalar una de las siguientes interpretaciones:
el legislador, al redactar el 671 LEC, ha querido expresamente permitir que la adjudicación de inmuebles en el caso de subasta sin postores se haga por menos del 50 % del valor de tasación, siempre que cubra la cantidad que se deba por todos los conceptos.
el legislador, al redactar el 671 LEC, no quiso hacer esa expresa previsión y la discordancia entre la redacción el art. 671 y los arts. LEC 670.4º (subasta de inmuebles con postores) y art. LEC 651 (subasta de muebles sin postores) obedece a una imprecisión o laguna legal.
Mientras que la segunda interpretación vendría avalada por criterios de equidad e interpretación conjunta y teleológica de los distintos preceptos de la LEC sobre subastas de muebles e inmuebles, la primera vendría avalada por la interpretación literal del art. 671 (véase en particular la conjunción disyuntiva «o»).
Así expuesta la cuestión, admitiendo que es una «cuestión perfectamente discutible en Derecho», se opta por amparar la posición sostenida por la demandante, en aquel caso, CAJAMAR CAJA RURAL SCC, «por ser la que viene siendo acogida en precedentes resoluciones judiciales». Y cita:
El AAP Almeria, Civil sección 1 del 15 de febrero de 2017;
El AAP Cordoba, Civil sección 1 de 20 de noviembre de 2013;
El AAP Rioja, Civil sección 1 de 13 de abril de 2018.
Despues, se pega en la sentencia el fundamento de derecho CUARTO del Auto de la Audiencia Provincial de La Rioja antes citada (aqui reproducido en naranja):
CUARTO.- 1.- Rechazados así los argumentos del Auto apelado, se trata ahora de resolver el fondo del asunto, cosa que como hemos explicado no hizo el Auto apelado. Hay que partir de que el artículo 691.4 Ley de Enjuiciamiento Civil remite a la subasta de bienes inmuebles, lo que nos remite al artículo 671 Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata en suma de interpretar este artículo 671.1 Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso de subasta sin postores.
2.- Lo primero que debemos decir es que la regulación que contempla el artículo 671 Ley de Enjuiciamiento Civil es omnicomprensiva, esto es, el precepto regula con minuciosidad y vocación de exclusividad y plenitud el supuesto de que no haya postores en la subasta en sede de una ejecución de bienes inmuebles. No hay en su regulación ninguna laguna que deba ser colmada acudiendo a una improcedente aplicación analógica de normas. Por lo tanto, no precisa en absoluto ser completado por el artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula el supuesto de la ausencia de postores en la ejecución de bienes muebles. Huelga decir que estamos ante una ejecución hipotecaria. El artículo 691.4 establece claramente que la subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, ser realizará con arreglo a lo dispuesto en esta Ley para la subasta de bienes inmuebles. Es patente pues la voluntad del legislador de excluir las reglas de la subasta de bienes muebles en sede de ejecución hipotecaria, puesto que establece que deben aplicarse las reglas de las subastas de bienes inmuebles aunque el bien hipotecado sea un bien mueble. La subasta de bienes inmuebles está regulada por el artículo 671 y es el único que debemos aplicar. No estamos ante una ejecución de bienes muebles, y por lo tanto, no se puede aplicar el artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de sostener una interpretación del artículo 671 Ley de Enjuiciamiento Civil contraria a su literalidad.
3.- Centrándonos por lo tanto en el artículo 671 Ley de Enjuiciamiento Civil , su redacción deriva de la Ley 1/13 de 14 de mayo. Observamos que en él se distinguen dos supuestos:
(i) por un lado si se trata de vivienda habitual; (ii) por otro, si es una subasta de inmueble que no es vivienda habitual.
(i) En el primero caso (vivienda habitual) el acreedor puede adjudicárselo por el 70% del valor de tasación si la suma que se le adeuda por todos los conceptos se superior a este porcentaje. Pero si la suma que se le adeuda por todos los conceptos (incluidos intereses y costas) es inferior al 70% del valor de tasación pero superior al 60%, puede adjudicárselo entonces por el importe de la deuda por todos los conceptos.
Esta es la interpretación de este apartado que sigue, por ejemplo, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona sección 3 del 11 de diciembre de 2017 y es el criterio seguido por la DGRN en resolución de 20 de septiembre de 2017 (BOE 16 octubre 2017).
Hay que significar que esta solución, especialmente tuitiva con el deudor cuando el bien inmueble es vivienda habitual, responde al espíritu y finalidad de la Ley 1-2013, de 14 de mayo, que fue la que introdujo este precepto, cuya » ratio legis» era precisamente el aumentar la protección a los ejecutados en el caso de ejecución de su vivienda habitual.
(ii) El caso de que el bien inmueble no sea vivienda habitual, la solución es distinta. Es mucho menos tuitiva. Ello es lógico, pues en estos casos no juega el principio inspirador de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, principalmente proyectado a la protección de los deudores cuando la ejecución se proyectase sobre vivienda habitual. En este caso de subasta sin postores en caso de inmuebles que no son vivienda habitual, el artículo 671 Ley de Enjuiciamiento Civil , en su redacción aplicable (que es la otorgada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, aplicable en virtud de lo prevenido en la D.T.4 ª), establecía que si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de veinte días, pedir la adjudicación del bien, y si no se trata de la vivienda habitual del deudor, el acreedor puede entonces pedir la adjudicación del bien «por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.»
Adelantamos ya que la conjunción disyuntiva «o» -que hemos enfatizado mediante subrayado y letra negrita-, a nuestro juicio deja bien claro en el precepto que el Legislador, en caso de vivienda no habitual, permite al acreedor en caso de subasta sin postores optar por cualquiera de estas dos alternativas:
El Juzgado no puede imponer ninguna de estas dos soluciones al acreedor. Y ya hemos dicho que el acreedor BBVA había optado claramente por la segunda de estas dos alternativas.
4.- A este respecto, por ejemplo, el AAP BCN sección 14 del 21 de mayo de 2015 razona: «[…] la hipoteca se constituye sobre vivienda no habitual, y las razones de justicia material que acertadamente se argumentan en el auto, no son cuestionadas por esta sala, pero la actuación de los órganos judiciales se ha de regir por el principio de legalidad ( artículo 9.3 y 117 CE ) al que nos encontramos sometidos jueces y tribunales. Es al legislador al que corresponde introducir en el ordenamiento jurídico aquellas previsiones que se consideren oportunas para establecer el necesario reequilibrio de intereses en conflicto y dar respuesta legal a los problemas que está generando la actual situación económica en relación a las ejecuciones de hipotecas. En definitiva, la cuestión objeto de este recurso queda así circunscrita a la interpretación que debe hacerse del artículo 671 de la LEC ., el cual resulta aplicable por remisión del art. 691. 4, esto es si tras celebrada la subasta sin ningún postor, puede el acreedor hipotecario pedir indistintamente la adjudicación de los bienes por la cantidad que se le deba por todos los conceptos por el 50 por 100 de su valor de tasación. Más limitadamente si es posible la adjudicación por ese porcentaje (en el caso estudiado por 80.658,33 euros), si la deuda es de 22.826,43 euros y la respuesta debe ser positiva, siempre y cuando, según hemos expuesto se hayan cumplido los preceptos que rigen la adjudicación (670.7 LEC posibilidad de pago hasta momento antes de la adjudicación y 672 LEC entrega del sobrante al resto de acreedores o al deudor en último término).
Quinto.-La opción de la ejecutante, no supone un abuso de derechos ni mala fe en su proceder, sino tan sólo la legítima opción de ejecución de un derecho en el marco y sede de un procedimiento de ejecución hipotecario. En definitiva no puede acogerse la interpretación que el juzgador de instancia realiza del artículo 671 de la LEC, debiendo en consecuencia ser estimado el recurso y dictar auto de aprobación del remate por las cantidades que resultan y se acreditan en el presente procedimiento de ejecución hipotecaria, previa verificación de la posibilidad
de enervación ofrecida al deudor (670.7 LEC)…»
Por su parte, resulta muy claro el Auto de la Audiencia Provincial de Malaga, Sección 5ª de 21 de abril de 2016, cuando refiriéndose al artículo 671 de la precitada Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en caso de inmueble que no sea vivienda habitual razona que «la normativa legal establece una disyuntiva en favor de la acreedora ante la no comparecencia de licitadores a la subasta, cual sucedió en nuestro caso, bien la adjudicación de los bienes subastados por el 50% de su valor de tasación «o» la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, quedando patente que la ahora apelada accedió a la segunda de las alternativas que le eran concedidas, sin que, en modo alguno, sea de observar infracción normativa alguna…»
Por su parte, el Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, sección 8ª, del 15 de diciembre de 2015 razona lo siguiente: «[…] estamos de acuerdo con ese razonamiento, pues nos parece que efectivamente el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no proporciona fundamento para una conclusión distinta ya que establece claramente una disyuntiva y permite al ejecutante optar entre la adjudicación por el 50% del valor por el que el bien salió a subasta o por la cantidad debida por todos los conceptos.»
En igual línea, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona sección 14 del 12 de febrero de 2015 establece: » […] la interpretación propuesta en la resolución apelada, aunque ugerente, no podemos compartirla porque es contraria a las más elementales reglas hermenéuticas que disciplinan la interpretación pues vista la literalidad del párrafo 1º del artículo 671 LECi ( ‘si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 50 por 100 de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos’) parece evidente que la opción que se contiene en dicho precepto corresponde al acreedor ejecutante y no al órgano judicial. De hecho, en las posteriores reformas de las que fue objeto este precepto el legislador en ningún momento ha cuestionado este derecho de opción del acreedor y sí solo modificado los términos de la misma cuando de la vivienda habitual del deudor se trate, elevando primero al 60% el porcentaje mínimo de adjudicación ( art. 2.3 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio ) y luego al 70% ( art. 7 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo , de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social)»
Los argumentos de todas estas resoluciones los hacemos nuestros.
5.- Por todo lo expuesto, procede estimar el recurso y revocar tanto el auto de 29 de julio de 2016 desestimatorio del recurso de revisión, como el decreto de 24 de febrero de 2016 y la diligencia de ordenación de 13 de enero de 2016, y acordar haber lugar a lo solicitado por el ejecutante, debiendo el Juzgado dar lugar a la adjudicación de la finca objeto del procedimiento a favor del ejecutante por la c cantidad total que se le adeuda por todos los conceptos (131.253,75 euros).
No hay lagunas legales en la redacción de 671LEC
El argumento final de la sentencia del juzgado de Murcia, tras hacer suyos los de las resoluciones citadas, en especial, los de la última, es el de que en definitiva, no apreciamos razones para considerar acreditado que la redacción del art. 671 LEC presenta lagunas legales que deban ser integradas por el juzgador, ni que el resultado práctico de la aplicación de su literalidad resulte absurdo, contrario a Derecho o incompatible con el espíritu que inspira el conjunto de la regulación procesal de la subasta. Por ello, el art. 3 CC nos lleva a interpretar el precepto conforme al propio sentido de sus palabras y no conforme a criterios de equidad.
En Business Advice Spain nos especializamos en recursos contra la DGRN especificamente en temas de adjudicaciones. Si quiere saber más sobre la sentencia que bautizamos «Murcia en contra de la DGRN», contáctanos aquí o llámanos en 610 739 364.
Posted in Noticias & OpinionesTagged 671 LEC, DGRN, Murcia, vivienda no habitualLeave a Comment on 671 LEC – Murcia en contra de la DGRN I
Posted on 16 septiembre, 2019 23 septiembre, 2019 by Business Advice Spain
Llamativo artículo en la Revista Acta Judicial nº 4, julio-diciembre 2019 sobre 671 LEC – la LAJ y el deudor en «las facultades del LAJ en la protección del deudor-consumidor» (que es un concepto interesante porque muchas veces los deudores son personas jurídicas cuando se trata de viviendas no habituales y que difícilmente se pueden calificar como “consumidores” además nada excluye que el acreedor puede ser una persona física, o sea, un consumidor). El Letrado de la Administración de Justicia Jaime Font de Mora Rullán repasa la jurisprudencia relacionada con la posición de la DGRN en cuanto a la interpretación de 671 LEC. Este órgano mantiene que, según el artículo 671 LEC, no es posible adjudicar un inmueble que no sea vivienda habitual por menos de 50% del valor de su tasación. Hace una interpretación sistematica del artículo en lugar de aplicarlo literalmente porque la interpretación literal puede conducir a situaciones injustas en la opinión de la DGRN.
Interpretación de la DGRN es conflictiva
Pero tal y como observa Jaime Font de Mora Rullán la interpretación de la DGRN no es de fácil aceptación, y encuentra bastante resistencia de las Audiencias Provinciales. Primero enseña el escritor que la doctrina de la DGRN parece colisionar con la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a la interpretación del enriquecimiento injusto, y, segundo, menciona 2 resoluciones judiciales de Audiencias Provinciales (La Rioja y la de Tenerife) en contra de este posicionamiento. Además, anota que una de las resoluciones fundamentales (el de 12 de mayo de 2016) de esta “doctrina” ya fue anulada por el tribunal de Las Palmas (Por cierto, la DGRN aún debe dar publicidad a la revocación! Red.). Pero después de esa batería de argumentos e instancias en contra cita una sola resolución de un juzgado de primera instancia que sí está a favor de la interpretación de la DGRN para enseñar que el asunto no es del todo pacífico entre los tribunales.
Observación llamativa del escritor
Y dice que: “En cualquier caso, sin perjuicio de reconocer que esta cuestión, por su enorme trascendencia y relevancia práctica y económica, debería ser abordada expresa y definitivamente por el legislador, lo cierto es que los argumentos de la DGRN resultan convincentes y perfectamente defendibles frente a la pretendida invasión jurisprudencial que denuncia la última resolución citada.”
Esta observación nos choca. El Letrado de la Administración de Justicia no parece tener en cuenta lo que acaba de decir: La interpretación de la DGRN no se alinea con la del Tribunal Supremo en cuanto al enriquecimiento injusto y la cantidad de Juzgados de primera instancia (como la de Murcia) y Audiencias Provinciales que rechazan la doctrina de la DGRN supera en gran mayoría la jurisprudencia a favor. La jurisprudencia menor rechaza, la doctrina de la DGRN entre otras razones, porqué opinan que esa cuestión sí ha sido abordada expresa y definitivamente por el legislador. En varios momentos (Ley 1/2013, la reforma de la Ley 42/2015) el legislador ha tenido la posibilidad de modificar la ley para «acercarla», si quiere, a la punta de vista de la DGRN. Pero no lo ha hecho. Se trata de un inmueble que NO es vivienda habitual por lo cual no merece la misma protección. El asunto, de verdad, está zanjado por los tribunales en contra de la opinión de la DGRN. Para constatarlo solo hace falta comparar la jurisprudencia a favor y en contra. ¿El escritor no lo vea o sí lo vea, pero no lo reconoce? ¿Será porque forma parte de un grupo de trabajo con registradores? ¿Será porque no suena bien el hecho de que un acreedor se adjudica algo de un deudor por un precio supuestamente demasiado bajo? ¿O es un “fallo ante puerta vacía”, que simplemente olvida ponderar la cantidad de jurisprudencia a favor con la de en contra?
La protección del deudor-consumidor
Y el LAJ termina con: “En conclusión, respecto a esta concreta cuestión procesal: ¿qué debería hacer el Letrado de la Administración de Justicia si quiere proteger al deudor hipotecario-consumidor realizando una interpretación progresiva de la normativa procesal? Pues no permitir que en los supuestos del artículo 671 de la LEC se realice ninguna adjudicación por debajo del 50% del valor de tasación del bien, que pasaría a ser así el importe mínimo de cualquier adjudicación, y dando a la posibilidad de adjudicación del art. 670.4 último inciso un carácter absolutamente excepcional, procurando que el traslado al ejecutado en estos casos se realice de forma personal y efectiva siempre que resulte posible.”
Pero la cuestión es rara y parece que quiere dar una autorización a la interpretación de la DGRN la cual ha sido rechazada ya tantas veces por los tribunales. Si un LAJ aplique el criterio de la DGRN su decreto en fin y al cabo será anulado por los tribunales.
En nuestra opinión, la pregunta debe ser ¿qué debería hacer el Letrado de la Administración de Justicia si quiere proteger al deudor hipotecario-consumidor siguiendo la ley procesal? Pues parece seguir la ley tal y como está escrita claramente por el legislador e interpretada así por la vasta mayoría de los tribunales españoles.
Si desea más información sobre este asunto de «671 LEC – la LAJ y el deudor», contáctanos por email o llámanos en 0034 610 739 364.
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671 LEC – Interpretación Jurisprudencia 2
Posted on 30 agosto, 2019 7 diciembre, 2019 by Business Advice Spain
A continuación del primer post aquí, las resoluciones judiciales en contra de la doctrina de la Dirección General de Registradores y Notarios («DGRN») empieza ser tan abundante que este asunto merece un post actualizado. Asi que presentamos: «671 Lec – Interpretación jurisprudencia 2″:
671 LEC – Vivienda no habitual
La doctrina de la DGRN que diga que no se puede adjudicar una vivienda no habitual por menos de 50% del valor de tasación en caso de que no haya postores es rechazado por la gran mayoría de los jueces.
En general los jueces mantienen que la redacción de 671 LEC es lo suficientemente claro para interpretarlo literalmente. Y si no fuera así, muchas veces los jueces están de opinión que los registradores se extralimitan en sus funciones calificativas cuando rechazan la inscripción de un decreto de adjudicación librado en procedimiento judicial, vestido de todas las garantías legales, por parte del Letrado de Administración de Justicia.
AP de Madrid también en contra de la DGRN
La Audiencia Provincial de Madrid es la última en pronunciarse a favor de la interpretación literal en contra de la DGRN.
¿Cambio de doctrina de la DGRN?
Últimamente la DGRN empieza a revocar calificaciones aquí y aquí de sus registradores por la supuesta razón de no ser lo suficientemente fundamentados. Según la DGRN es esencial que la calificación negativa menciona la posible actuación del Letrado de la Administración de Justicia en cuanto a la apreciación y valoración de las circunstancias concurrentes al caso. Si el registrador omite referencia a esa posibilidad se revoca la calificación.
La DGRN deja en el aire porque se considera esa referencia esencial. Entendemos que le gustaría que 671LEC tendría un mecanismo igual que 670.4 LEC. Pero revocar la calificación por no mencionarla… Otra razón puede ser visto la cantidad de jurisprudencia en contra de su doctrina, podría ser una excusa para empezar a revocar calificaciones antes de que lo hagan los jueces.
Según la DGRN: «En el presente caso, la nota de calificación recurrida, si bien fundamentada en diversas resoluciones de este Centro Directivo que transcribe parcialmente, señala como defecto simple y llanamente el de que «no puede adjudicarse la finca por una cantidad inferior a dicho 50% del tipo de subasta», omitiendo toda referencia a la posible actuación del letrado de la Administración de Justicia en cuanto a la apreciación y valoración de las circunstancias concurrentes al caso, de forma que, oídas las partes y firme el decreto de aprobación del remate, nada obstaría para la inscripción de la adjudicación por cantidad inferior al 50% del valor de subasta, como consecuencia de la interpretación integradora de los preceptos citados conforme se ha expuesto anteriormente.»
La resolución revocada de 12 de mayo de 2016
En sus resoluciones más recientes la DGRN sigue apoyándose en su resolución de 12 de mayo de 2016 que debería haber revocado por orden de la AP de las Palmas de Gran Canaria: «No cabe, por todo lo expuesto, sino la total desestimación del recurso de apelación interpuesto, debiendo dar la DGRN la correspondiente publicidad a la revocación de la resolución de dicha DGRN -en su día publicada en el BOE- producida por la sentencia de primera instancia apelada que confirmamos.»
Marcador 17-6
Desde 2010 el marcador es el siguiente: a favor de literalidad: 17 En contra: 6.
Creemos que, viendo tantas resoluciones judiciales en su contra la DGRN debería dejar de ser un obstáculo cambiar su rumbo. El legislador ha sido claro en su objetivo y por lo tanto en su redacción de 671 LEC. Además ha tenido varias oportunidades de cambiar si lo hubiere querido y no lo ha hecho.
Nro resolucion Audiencia Provincial Asunto de fondo
2646/2019 AAP Madrid Otro
209/2019 SAP – Santa Cruz de Tenerife 50%
231/2018 SAP TERUEL 50%
112/2019 SAP Soria 50%
657/2018 AAP Cordoba Error de salto
46/2018 AAP Rioja 50%
308/2018 AAP Toledo Error de salto
146/2018 AAP Huelva Error de salto
56/2017 AAP Almeria 50%
62/2017 AAP Mallorca Error de salto
344/2016 AAP Malaga 50%
209/2016 AAP Guadalajara Error de salto
539/2016 AAP Valencia 50%
37/2015 AAP BCN 50%
129/2015 AAP BCN 50%
320/2015 AAP Cádiz 50%
Articulo de la magistrada Carmen del Castillo explicando porque es extralimitación.
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671 LEC – Interpretación literal
Posted on 20 junio, 2019 28 octubre, 2019 by Business Advice Spain
En diciembre de 2018 la Audiencia Provincial de Teruel se pronunció a favor de la interpretación literal del articulo 671 LEC en cuanto a la parte concerniente a la vivienda no habitual. Con esa interpretación literal del concepto secundó la posición de muchos tribunales en contra de la interpretacion sistematica de la Dirección General de Notarios y Registradores.
Una caja había recurrido la denegación de inscripción por parte de la registradora. La denegación se fundó en resoluciones de la Dirección General de Notarios y registradores (DGRN). Entre otras en la resolución de 12 de mayo de 2016. Que luego la AP de Las Palmas ordenó su revocación, por contener una interpretación errónea del articulo 671 LEC.
el juez confirmó la interpretación por parte de la registradora apoyándose en la doctrina de la DGRN y en resoluciones judiciales. Sin embargo, estas resoluciones versaban sobre la vivienda habitual y no sobre el asunto en cuestión: la vivienda NO habitual. Que es otra cosa, por si acaso. La sentencia es copia/ pega por parte del juez de las resoluciones y no motiva mucho más.
a contrario explica que la literalidad del articulo 671 LEC no ofrece duda, que no se puede exigir un límite mínimo que no existe, y que el articulo le ofrece al ejecutante una elección entre pedir la adjudicación por el 50% del valor de tasación o por el valor de todos los conceptos.
Además, la audiencia confirma que la voluntad del legislador ha quedado clara y que no existe laguna legal. Esta voluntad se refleja en la actuación del legislador por modificar la ley, pero pocos meses después de modificarla volver a introducir la opción de «todos los conceptos» en el 671 LEC específicamente para la vivienda no habitual.
Por último, declara que la interpretación que hace la DGRN implicaría no aplicar la ley y que esta «innovación» se reserva al legislador y no a los registradores.
Aquí encuentra un resumen de las resoluciones judiciales en cuanto a este asunto: la interpretación de 671 LEC y la extralimitación del registrador (y DGRN) cuando niegan la inscripción de la adjudicación.
Posted on 23 mayo, 2019 20 junio, 2019 by Business Advice Spain
El otro día publicó www.regispro.es, moderado por el registrador de propiedad Joaquin Delgado, un artículo sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife. La sentencia es dura con la doctrina de la Dirección General de Registradores y Notarios (DGRN) en cuanto a su interpretación y actuación en torno al articulo 671 LEC. El articulo tiene una nota critica en cuanto a la a la interpretación de su Dirección General.
Don Joaquin enumera 3 argumentos porque está en contra de la interpretación de su órgano gobernante en cuanto a la vivienda no habitual:
«1.- Porque para aplicar analógicamente el articulo 670.5 LEC (lo cual ya es de por sí cuestionable) la DGRN parte de una premisa errónea, como es la que entender (erróneamente) que siempre que la mejor postura sea inferior al 50% del valor de subasta se aplica la facultad del Secretario para decidir si aprueba o no la adjudicación (con posible recurso de revisión en caso afirmativo). En realidad, no basta que la mejor postura sea inferior al 50%, sino que ha de ser, además, inferior a la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Por lo tanto, si procede aprobar directamente y sin facultades moderadoras del secretario-letrado un remate por importe inferior al 50% si el importe no es inferior a la deuda prevista, ¿por qué no va a ser posible, como preve la ley, adjudicar la finca a falta de postores por importe inferior al 50% si tal importe no es inferior a la deuda que se liquide?
2.- Porque la particular interpretación que hace la DGRN implica, no matizar, sino eliminar directamente una de las dos posibilidades que ofrece el precepto interpretado (adjudicarse la finca por el importe adeudado, aunque sea inferior al 50% del valor de tasación, si no es inferior a la deuda total).
3.- Porque resulta poco afortunado hacerlo con el argumento de que la DGRN se considera autorizada a censurar y corregir al legislador porque “el legislador no ha tenido la precisión y el acierto de prever en el caso de los bienes inmuebles (artículo 671) una norma similar a la que sí se establece para los muebles (artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil” (es decir, no permitir la adjudicación por debajo de un determinado porcentaje del valor de subasta)«.
Dice mucho que incluso ahora los propios registradores critican la posición de su Dirección General. Pero lo que es más importante y que debe ser razón para la DGRN retirar su doctrina conflictiva, para dejar de crear problemas para sus registradores es:
“En todo caso, como la DGRN sigue insistiendo en tal interpretación, los interesados ya no suelen perder el tiempo en recurrir ante la propia DGRN las calificaciones registrales que la aplican (pues saben que van a perder el recurso gubernativo), sino que cada vez más interponen recurso judicial directo, en el cual, casi siempre los tribunales están revocando la calificaciones negativas y desautorizando la interpretación de la DGRN, sobre todo cuando no se trata de vivienda habitual.”
O sea, Joaquin Delgado señala el mismo resultado que nosotros ya enseñamos en nuestra recopilación de resoluciones judiciales en cuanto al asunto. Los tribunales no secundan la posición de la DGRN. Esto implica coste para los registradores (costas procesales) y frustración en cuanto a una Dirección General distanciada y enrocada en su torre de marfil. Seguramente Don Joaquin no es el único registrador que no está de acuerdo y sería interesante ver cuantos registradores se allanan en demandas relacionadas con estos asuntos.
El comentario y nota critica entero de Don Joaquin se encuentra aqui.
Si quiere saber más puede escribirnos o llamarnos en línea especial: 610 739 364.
Posted on 22 mayo, 2019 16 septiembre, 2019 by Business Advice Spain
Una vez más una Audiencia Provincial, esta vez la de Santa Cruz de Tenerife, juzga que el registrador se extralimita cuando interprete a 671 LEC según la doctrina de la DGRN y actúa conforme.
La pregunta es cuando retirará la Dirección General de Registradores y Notarios (“DGRN”) su doctrina errónea y por tanto conflictiva.
Si es afectado por una resolución de un registrador o DRGN contáctanos, y le ayudamos. Puede escribirnos o llamarnos en línea especial: 610 739 364.
El registrador había negado la inscripción del testimonio del decreto de adjudicación del inmueble expedido por el Letrado de Justicia. El registrador defiende su actuación manteniendo que “habiendo solicitado la ejecutante la adjudicación por la suma que se le debe por todos los conceptos, la adjudicación de la finca no puede efectuarse por cantidad inferior al 50% del valor de tasación.”
Argumentos en contra la registradora/ DGRN
El juez en primera instancia no había apreciado error de interpretación, ni una extralimitación en la función calificadora de la registradora, aunque el ejecutante sí lo alegó. En segunda instancia sí logra éxito total cuando reproche de nuevo al registrador lo siguiente:
que no puede hacerse una interpretación sistemática y conjunta de los artículos 651 y 671 de la LEC porque no puede extrapolarse o aplicarse por analogía a los inmuebles un precepto (el art. 651) pensado para bienes muebles, máxime cuando se trata de un local comercial y el deudor es una entidad mercantil, por lo que no es aplicable el espíritu y finalidad que se atribuye en la sentencia recurrida a la reforma hipotecaria, pues si bien la redacción del precepto dimana de la Ley 1/2.013, que es especialmente tuitiva cuando se trata de la vivienda habitual del deudor, no lo es cuando el inmueble no constituye vivienda habitual (Quien también está en contra de una una interpretación sistemática es el profesor catedrático Cordón) ;
considera que el artículo 671 es completo y omnicomprensivo (igual que la AP de La Rioja) de todos los supuestos en que no haya postores en la subasta de bienes inmuebles, por lo que no presenta lagunas que hayan de ser colmadas por una interpretación analógica de otros preceptos, siendo, además, que dicho precepto constituye lex especialis para los bienes inmuebles, con respecto del artículo 651, que también es ley especial respecto de los muebles;
que la Reforma de la LEC por la Ley 42/2.015 no introdujo ninguna variación en los preceptos controvertidos, a pesar de que la DGRN ya había manifestado su tesis, por lo que es arriesgado atribuir al legislador “un olvido” o “falta de previsión” (igual que el profesor Cordón);
inexistencia de abuso de derecho o enriquecimiento injusto (véase TS 2015 comentado por Cordón);
El registrador se extralimita de su función de calificación, e invade funciones jurisdiccionales (igual que por ejemplo: la opinión de la magistrada Carmen Castillo y la de la AAP Cordoba (literalidad y referencia a TS).
Defensa registradora/ DGRN
La registradora insiste en que su tesis (y, por ende, de la DGRN) da coherencia al sistema, y que, en definitiva, el art. 327 del RH obliga a la demandada a respetar la doctrina de la DGRN.
La función esencial de un registrador de la propiedad es la calificación de los documentos presentados como requisito previo a su inscripción, pero dicha función no puede invadir funciones estrictamente jurisdiccionales;
consideramos que sea cual fuere la concepción (amplia o estricta) que se tenga o quiera dársele a las competencias del registrador de la propiedad derivadas de los preceptos legales más arriba señalados, consideramos que en el presente caso se ha extralimitado;
La calificación, con relación a esos terceros, juega para garantizar el tracto sucesivo y evitar situaciones de indefensión si no ha sido parte o no ha tenido posibilidad de intervención, pero no cuando ha intervenido, como es el caso del titular de la vivienda afectada por la adjudicación, que ha sido parte, siendo el Tribunal el que ha de velar porque no sufra indefensión;
No es un “obstáculo que surja del registro”. Un obstáculo sería la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o no ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial. El registrado aquí está, erróneamente, protegiendo o favoreciendo a una entidad que es parte en el procedimiento, y es ella quien tiene la defensa de sus derechos.
O sea, el registrador y/ o la DGRN no puede
innovar el ordenamiento jurídico, función que corresponde al legislador que es el que ha de introducir en el mismo, caso de considerarlo necesario, aquellas previsiones que considere oportunas para restablecer el deseable equilibrio de intereses en conflicto;
invadir competencias jurisdiccionales, pues son los tribunales los que han de dar respuesta a los problemas que la aplicación de la norma esté generando. El registrador se extralimita actuando de esta forma;
favorecer o tomar partido por una de las partes que litigan en el proceso de ejecución, en este caso, la ejecutada, pues no de otra forma puede entenderse que la parte que ha instado el procedimiento de ejecución, que lo ha seguirlo por todos sus trámites, que se ha visto favorecida por resoluciones firmes que le otorgan la adjudicación del bien, vea cercenadas por un ente extraño al proceso sus legítimas expectativas procesales.
El sitio de la DGRN
Y, finalmente, la Audiencia Provincial advierte que las Resoluciones de la DGRN (respecto de las que en el escrito de oposición al recurso se dice que los registradores de la propiedad están obligados a respetar conforme a lo dispuesto en el art. 327 de la Ley Hipotecaria) ni son fuente del derecho (ni siquiera la jurisprudencia lo es, pues solo se le atribuye una función de complemento del ordenamiento jurídico, según el art. 1.6 del CC) ni constituyen doctrina alguna, sino que son resoluciones de un órgano administrativo sometidas al control jurisdiccional.
Aquí encuentra un resumen de jurisprudencia actualizado a día de hoy.
671 LEC – Interpretación Jurisprudencia 1
Posted on 11 abril, 2019 28 octubre, 2019 by Business Advice Spain
En este post «671 LEC – Interpretación Jurisprudencia 1» repasamos la jurisprudencia menor en cuanto a su interpretación (literal o no) de 671 LEC.
112/2019 SAP Soria extralimitacion y a favor de literalidad 50%
231/2018 Audiencia Provincial de Teruel 50%
209/2016 Audiencia Provincial Guadalajara Error de salto
Póngase en contacto si quiere más información sobre «671 LEC – Interpretación Jurisprudencia 1».
Posted in Noticias & OpinionesTagged 671 LEC, DGRN, vivienda no habitualLeave a Comment on 671 LEC – Interpretación Jurisprudencia 1
Posted on 14 marzo, 2019 29 octubre, 2019 by Business Advice Spain
Los registradores y su Dirección General (la «DGRN») se extralimitan de su función calificadora cuando revisan (o fuerzan su revisión) la interpretación de unas normas materiales y procesales (671 LEC) hecha por un Letrado de Justicia («LAJ»). La competencia de revisar corresponde únicamente a los Juzgados y Tribunales competentes.
Pongase en contacto si quiere más información sobre Los registradores se extralimitan – 671 LEC.
https://businessadvicespain.com/es/2019/04/11/671-lec-interpretacion-repaso-de-la-jurisprudencia-menor/
Posted on 23 febrero, 2019 20 junio, 2019 by Business Advice Spain
Posted on 8 febrero, 2019 20 junio, 2019 by Business Advice Spain
Resumen del articulo escrito por Carmen del Castillo, magistrada, en la revista de los LAJ.
Ella es de la opinion de que los registradores se extralimitan cuando entran en el fondo de una cuestión judicial. Segun ella, la función calificadora del Registrador, como garante exclusivo del control de los documentos que pretenden ingresar en el Registro de la Propiedad, no es absoluta ni tampoco ilimitada. La autora se refiere a la situación, expansivamente creciente, en la que cuando el decreto de adjudicación que ha aplicado el artículo 671 en su literalidad (sin atender, por consiguiente, a la interpretación correctiva que el Centro Directivo propone) llega al Registro y resulta calificado por el Registrador de la Propiedad, el mismo emita una calificación negativa entrando en el fondo de la resolución dictada por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado y enmendando su contenido, al entender el calificador que es aplicable la doctrina que sostiene el Centro Directivo.
La autora quiere que reflexionemos «sobre el alcance, frente a una resolución judicial, de la calificación registral mediante la que se pretende alterar el contenido de una resolución que procede del juzgado, para adaptarla a la doctrina del Centro Directivo que ni es vinculante para el órgano jurisdiccional ni tampoco constituye fuente de Derecho. En la situación descrita, en que el Registrador suele calificar como “defecto subsanable” la aplicación literal por parte del Juzgado del artículo 671 de la Ley Procesal.» La autora «considera que el órgano judicial que conoce de la cuestión que se plantea en el juicio verbal iniciado contra la calificación negativa del Registrador de la Propiedad, sin necesidad de entrar a ponderar el fondo del asunto –interpretación, en uno u otro sentido, del contenido del artículo 671.1 de la LECiv-, debe estimar la demanda planteada en su integridad y acordar la improcedencia de la denegación de la inscripción registral de la resolución calificada negativamente, toda vez que lo contrario supondría consagrar la inaceptable injerencia del calificador en una decisión judicialmente adoptada.»
Según la autora, el Registrador de la Propiedad no tiene «asignada competencia alguna para interpretar y aplicar la norma, función atribuida en exclusiva a los jueces y tribunales. En este sentido, tanto la legislación hipotecaria como la Ley Procesal limitan con claridad las facultades y competencias que tienen atribuidas de manera expresa los Registradores, sin que en ningún supuesto quepa por parte de los órganos registrales – unipersonales o colegiados- entrar a cuestionar la interpretación y aplicación de la Ley, función que por otra parte corresponde, única y exclusivamente a los órganos jurisdiccionales.»
El ámbito de la calificación registral
«El ámbito al que debe limitarse la calificación registral resulta precisado con referencia a determinados preceptos esenciales. Así, procede considerar inicialmente que nuestra Constitución consagra el principio de legalidad en el artículo 9 y, en el marco de los Registros de la Propiedad, este principio resulta contemplado en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, a cuyo tenor “los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro”. Cuando se trata de documentos judiciales, la calificación registral se encuentra regulada en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, que limita la calificación a la competencia del Jugado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro.»
«En suma, el Registrador no puede calificar el fondo del asunto que se contiene en la resolución judicial que para su calificación se le presenta porque la ley se lo impide, obviamente, al carecer de la jurisdicción y de los medios procesales que el Derecho positivo concede al tribunal para decidir. Así, expedido un decreto firme –incluso, en ocasiones, ya liquidado a efectos fiscales- mediante el que se aprueba el remate de la finca ejecutada de conformidad con la previsión legal contenida en el artículo 671 de la LECiv, resulta difícilmente admisible la calificación como defecto subsanable la no adecuación de la interpretación de la norma al criterio hermenéutico del Centro Directivo que, en todo caso y como ya se ha indicado, en manera alguna vincula al tribunal. Pues de dudosa admisión resulta la posibilidad de subsanación pretendida, en su caso, por el Registrador de la Propiedad, ya que sin la concurrencia de un error previo (aritmético, de transcripción o de cálculo) no es de recibo que un funcionario ajeno al proceso demande la modificación unilateral del precio de adjudicación del bien que ha resultado aprobada por el juzgado de conformidad con la legislación vigente.
En suma, en estos supuestos la aplicación del particular criterio del Registrador puede resultar lesiva, además, por no resultar factible en estos casos modificar lo efectivamente verificado en el juzgado con el único propósito de adecuarlo, con carácter retroactivo, a la calificación del Registrador de la Propiedad, lo que, a último, podría llegar a suponer incluso una correlativa declaración de nulidad de lo correctamente actuado por el órgano judicial.
En definitiva, considero que no resulta de recibo la determinación de la legalidad por parte del Registrador de la Propiedad respecto de la adjudicación verificada en un procedimiento judicial que se ha desarrollado con las garantías legales y de acuerdo con las prescripciones normativas en vigor, pues la capacidad de control del calificador registral se encuentra claramente definida y limitada por la legislación (arts. 18 de la LH y 100 del RH, ya referidos), careciendo el Registrador de la potestad de interpretar, juzgar y ejecutar lo juzgado, atribuida en exclusiva al órgano judicial, y limitándose su función a la valoración de la legalidad de la forma extrínseca del documento, en definitiva del control acerca de si el mismo reviste los requisitos adecuados para su inscripción, en tanto que respecto del contenido del mismo su análisis debe circunscribirse a la circunstancia de que el acuerdo adoptado sea válido y no atente contra la Ley, la moral y el orden público (art. 1255 del CC), resultando, por otra parte, que el Registrador únicamente puede considerar los documentos presentados y el contenido de los asientos que constan tabularmente.«
Autora: Carolina del Carmen Castillo MartínezMagistrado. Doctora en Derecho. Profesora Titular de Derecho Civil (excedente) Profesora Asociada de Derecho Civil Universitat de València
Aqui se encuentra un resumen de jurisprudencia sobre este asunto.
Posted on 14 enero, 2019 29 octubre, 2019 by Business Advice Spain
671 LEC la DGRN se equivoca con su «interpretación correctora» del articulo 671 LEC y la vivienda no habitual.
Aquí se encuentra un resumen de las resoluciones judiciales en cuanto a la interpretación de 671 LEC. Y la extralimitación del registrador (y DGRN) cuando niegan la inscripción de la adjudicación.
Para cualquier aclaración o duda, puede ponerse en contacto con nosotros aqui o llamarnos en 610 739 364.
671 LEC la DGRN se equivoca.
En la nota de Don Faustino Cordón Moreno, Catedrático de Derecho Procesal, se analiza críticamente la resolución de la DRGN, que propone realizar una interpretación sistemática de la segunda de las opciones previstas en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sede de subasta de bienes inmuebles, aplicando el límite previsto en el artículo 651 para la subasta de bienes muebles.
En el caso de la subasta de un bien inmueble sin postores (subasta desierta), el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce al acreedor ejecutante la facultad («podrá el acreedor…») de solicitar, en el plazo de los veinte días siguientes al del cierre de la subasta, la adjudicación del bien. Las condiciones de esta adjudicación, según el citado precepto, son las siguientes: «Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 % del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 % del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 %. Se aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos contenida en el artículo 654.3». Y concluye el artículo: «Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el secretario judicial (letrado de la Administración de Justicia), a instancia del ejecutado, procederá al alzamiento del embargo». La resolución analizada recoge el supuesto de hecho previsto en este precepto: la subasta (en el caso de un bien inmueble que no era la vivienda habitual del ejecutado) había quedado desierta y el acreedor ejecutante optó por la adjudicación del bien por la cantidad que se le debía por todos los conceptos (principal, intereses y costas). Su peculiaridad es que esta cantidad (debida por el ejecutado) era muy inferior (2713 €) a la del importe de la tasación del bien a los efectos de su subasta (189 600 €).
La cuestión que se plantea en la resolución —y que pretendo abordar en esta nota— es si la interpretación del alcance de esta opción del acreedor (adjudicarse el bien por la cantidad que se le deba por todos los conceptos) debe ajustarse a la letra del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o, por el contrario, es preciso realizar una interpretación sistemática que, además, tenga presente los fines de la ejecución forzosa.
2. La solución de la Dirección General
La Dirección General de los Registros y del Notariado, y previamente la registradora de la Propiedad autora de la calificación recurrida ante el centro directivo, optaron por la interpretación sistemática: 1) La registradora, partiendo de «la evidencia de la absoluta desproporción entre el valor de tasación de la finca fijado por perito tasador de la Administración de Justicia, y el de la adjudicación y remate», considera aplicable al caso —por la remisión contenida en el artículo 655.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en las subastas de bienes inmuebles «serán aplicables las normas de la subasta de bienes muebles, salvo las especialidades que se establecen en los artículos siguientes»)— la norma de su artículo 651, que, después de disponer para el caso de subasta de bienes muebles, a semejanza del artículo 671 (para inmuebles) que «[s]i en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30 % del valor de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos», incorpora (para la subasta de bienes muebles) una norma que no está prevista en el artículo 671 (para la subasta de inmuebles): «En ningún caso, ni aun cuando actúe como postor rematante, podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los bienes (muebles), ni ceder el remate o adjudicación a tercero, por cantidad inferior al 30 % del valor de tasación». Y aplicando el criterio de este último precepto, concluye su calificación diciendo: «… entiendo que la adjudicación y posterior cesión debían haberse verificado por el 50 % del valor de tasación, por aplicación de los mismas reglas que se aplican a las subastas de bienes muebles, y no por el valor de la deuda, pues la adjudicación por este último importe, sólo sería posible si fuera igual o superior al tanto por ciento señalado como límite del valor de adjudicación». Por tanto, conforme a la precedente doctrina, aun no tratándose de una vivienda habitual, si el ejecutante ejerce la opción de adjudicarse el bien por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse por una cifra inferior al 50 % del valor de tasación de la finca, aunque tal limitación no esté prevista en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 2) La Dirección General ratifica el criterio de la registradora de considerar procedente una interpretación sistemática del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (a la luz de lo dispuesto en su artículo 651), reforzándolo con unos argumentos que tienen que ver con la exigencia —que considera ineludible— de respetar una serie de garantías básicas en el proceso de ejecución que impidan la indefensión del demandado, entre las que se encuentra el respeto del equilibrio «entre los intereses del ejecutante (obtener la satisfacción de su crédito) y del ejecutado (no sufrir un perjuicio patrimonial mucho mayor que el valor de lo adeudado al acreedor)». En su opinión, el legislador ha querido que el procedimiento de apremio garantice este equilibrio de intereses, y admitir que el acreedor pueda solicitar la adjudicación de la finca por una cantidad que represente menos del 50 % de su valor de tasación supone la ruptura de aquél, produciéndose un resultado distorsionador. El argumento precedente lo completa la Dirección General con la aplicación del artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, en el caso de una subasta con postores, contiene un conjunto de normas tuitivas del interés del ejecutado. Y, con base en dichos fundamentos, concluye la resolución: «La interpretación de una norma no puede amparar el empobrecimiento desmesurado y sin fundamento de una parte,y el enriquecimiento injusto de la otra […]. El legislador no ha tenido la precisión y el acierto de prever en el caso de los bienes inmuebles (art. 671) una norma similar a la que sí se establece para los muebles (art. 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».
3. El fundamento de la doctrina precedente
Con toda razón, la resolución de la Dirección General considera evidente que el procedimiento de apremio regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil «sólo será reconocible si se respetan una serie de garantías básicas que impiden la indefensión del demandado que va terminar perdiendo la propiedad del bien objeto de ejecución». Porque también en el proceso de ejecución entran en juego las garantías procesales constitucionales (art. 24 de la Constitución española) y, en concreto, la interdicción de la indefensión, siquiera de una manera diferente a como lo hacen en el proceso de declaración, debido a que en el de ejecución se actúa para hacer efectiva una responsabilidad (del deudor) que ya ha sido declarada en sentencia (o consta en un título extrajudicial al que la ley reconoce eficacia ejecutiva). Para el acreedor ejecutante, cuya satisfacción constituye el fin esencial de la ejecución, el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva en sede de ejecución comporta que tiene derecho al cumplimiento del mandato que el título ejecutivo contiene, es decir, a la realización de los derechos reconocidos en él o, de otra forma, la imposición forzosa a la parte vencida del cumplimiento de las obligaciones correspondientes, «ya que, si no fuera así, las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna» (cfr. la STC 152/1990, de 4 de octubre, con doctrina reiterada por las SSTC 107/1992, de 1 julio, y 18/1997, de 10 de febrero). La Ley de Enjuiciamiento Civil es congruente con esta doctrina constitucional y adopta un conjunto de medidas tendentes a la protección más enérgica del acreedor ejecutante; el deber del ejecutado de manifestar sus bienes, la participación activa del juez en su búsqueda, el deber de colaboración de todos los organismos y registros públicos y, sobre todo, la nueva regulación de la ejecución provisional y de la ejecución no dineraria son algunas de ellas. Pero las garantías son atributo también del deudor ejecutado. En lo que ahora interesa, se le reconocen estas dos:
1) En primer lugar —ha dicho el Tribunal Constitucional—, repugna al respeto a la dignidad humana, configurada como el primero de los fundamentos del orden político y de la paz social en el artículo 10.1 de la Constitución española, «que la efectividad de los derechos patrimoniales se lleve al extremo de sacrificar el mínimo vital del deudor, privándole de los medios indispensables para la realización de sus fines personales así como en la protección de la familia, el mantenimiento de la salud y el uso de una vivienda digna y adecuada» (STC 113/1989, de 22 de junio). Por eso —como dice esta misma sentencia—, «resulta razonable y congruente crear una esfera patrimonial intangible a la acción ejecutiva de los acreedores que coadyuve a que el deudor pueda mantener la posibilidad de una existencia digna»; y a ello responden, por ejemplo, las normas sobre inembargabilidad o limitación del alcance del embargo de determinados bienes por razones sociales (v. arts. 606 y 607 LEC).
2) Pero, además, debe respetarse el principio de proporcionalidad, conforme al cual el proceso de ejecución ha de tender a satisfacer al acreedor causando en el patrimonio del deudor sólo el perjuicio que a tal fin sea necesario. Este principio se encuentra implícito en la Ley de Enjuiciamiento Civil (tiene una manifestación clara, por ejemplo, en las normas sobre suficiencia del embargo de los articulos 581.1, 584 y 612.1), pero estaba recogido en el artículo 565 del Borrador (de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que disponía: «en el proceso de ejecución cuidará el tribunal de que sus actuaciones no afecten al ejecutado sin proporción a la utilidad que de ellas se obtenga para satisfacer el derecho del acreedor ejecutante». La norma obedece al principio elemental de que la protección del derecho del ejecutante —fin fundamental de la ejecución— no legitima el abuso de derecho por su parte y aparece recogida en resoluciones de nuestros tribunales ya antes de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000; el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de septiembre de 1991, por ejemplo, alude al «respeto debido a la necesaria Análisis | Octubre 2017 5 proporcionalidad entre la deuda y los bienes trabados […], con el fin de protección del ejecutado, sin menoscabar el derecho a la ejecución del ejecutante». El problema, obviamente, radica en determinar cuál es el alcance de este principio de proporcionalidad y, en relación con él, del abuso de derecho; y, en nuestro caso, si dicho alcance impone la interpretación defendida por la Dirección General de los Registros y del Notariado.
4. Apreciaciones críticas
No se puede desconocer que la doctrina del centro directivo es razonable, aunque los tribunales no la han secundado (v. el AAP Pontevedra, Sección 6.ª, sede de Vigo, de 26 de julio del 2011, JUR 2011\307616, o el AAP Ciudad Real, Sección 2.ª, de 7 de marzo del 2006, JUR 2006\160755), salvo un estudio detenido de la jurisprudencia más reciente. No obstante, me parece que, partiendo de su fundamento (el enriquecimiento desproporcionado —y, por ello, injusto, según dice la misma resolución— del acreedor ejecutante a costa del empobrecimiento correlativo del deudor ejecutado), hay que efectuar las siguientes observaciones:
1) La interpretación sistemática llevada a cabo del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es forzada. En efecto, el artículo 655.2 dispone que en las subastas de bienes inmuebles serán aplicables las normas de la subasta de bienes muebles, salvo las especialidades que se establecen en los artículos siguientes. La aplicación, por tanto, del artículo 651 en virtud de esta remisión supone partir de que el artículo 671 no contiene una especialidad para la subasta de inmuebles, sino una laguna o un olvido. Y ello es discutible. En efecto, resulta arriesgado atribuir a un olvido del legislador la no previsión de un límite cuantitativo a la adjudicación del bien, como el previsto en el artículo 651, en el caso de que el acreedor ejecutante opte, en la subasta sin postores, por pagar la cantidad total que se le deba por todos los conceptos. Por lo menos, por estas dos razones: la primera, por la proximidad de los preceptos que regulan la subasta sin postores en el caso de muebles (art. 651) y en el de inmuebles (art. 671); obsérvese, en cambio, el paralelismo que existe, por ejemplo, entre los artículos 650 y 670, sobre la aprobación del remate en la subasta de bienes muebles e inmuebles, respectivamente; y la segunda, porque por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, se produjo una modificación del precepto sin que el legislador introdujera innovación alguna al respecto, a pesar de que la doctrina contenida en la resolución analizada ya estaba establecida por la Dirección General.
2) El Tribunal Supremo sostiene que «el enriquecimiento sin causa (y la conducta abusiva que lo genera) no puede ser aplicado a supuestos previstos y regulados por las leyes, pues entre otras razones, no está a disposición del juzgador corregir, en razón de su personal estimación sobre lo que sea justo en cada caso, las resultas de la aplicación Análisis | Octubre 2017 6 de las normas (STS 128/2006, de 16 de febrero). Ciertamente, en sentencias posteriores (v. la STS de 13 de enero del 2015) ha matizado esta postura afirmando que el enriquecimiento injusto «podría advertirse cuando, tras la adjudicación, y en un lapso de tiempo relativamente próximo, el acreedor hubiera obtenido una plusvalía muy relevante, pues este hecho mostraría que el crédito debía haberse tenido por satisfecho en una proporción mayor, y al no serlo, el acreedor obtiene un enriquecimiento injusto con la plusvalía, o por lo menos con una parte de la misma»; pero no es este nuestro caso. Obsérvese que, como dijo el Auto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 2.ª), de 7 de marzo del 2006 (JUR 2006\160755), la ley fija como mínimo legalmente admisible el importe global de lo reclamado, por cuanto en caso contrario no tiene sentido la alternativa que ofrece el citado artículo 671: «Y señalado un mínimo legal […], no cabe hablar de abuso del derecho». Téngase en cuenta, además, que, si se ha llegado a la subasta sin postores, será normalmente porque el bien subastado carece de valor. Y, en el caso de que lo tuviera, como ocurre en el planteado en la resolución analizada, el artículo 670.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor ejecutante, podrá el deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas. Por lo tanto, una vez solicitada en forma la adjudicación del bien en pago de la deuda por todos los conceptos por parte del ejecutante, la parte ejecutada no queda privada de su derecho a liberar sus bienes.
3) La referencia al artículo 670.4 no parece del todo acertada porque no contiene el mismo supuesto. Ciertamente —dice el precepto—, «[c]uando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobará el remate en favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 % del valor de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas». Pero continúa: «Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el secretario judicial responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. En este último caso, contra el decreto que apruebe el remate cabe recurso directo de revisión ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. Cuando el secretario judicial deniegue la aprobación del remate, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente», artículo este que concede al acreedor ejecutante la opción que estamos analizando. Esta última norma especial, prevista ciertamente por el legislador «para circunstancias extraordinarias y con una serie de garantías específicas», no es, como dice la resolución, que deba «integrarse igualmente para el supuesto del artículo 671, por lo que en esta hipótesis será preciso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 670.4», sino que directamente abre la puerta a ese artículo en caso de denegación de la aprobación del remate. Como dice el Auto de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 1.ª), de 27 de mayo del 2010 (JUR 2010\388843), el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil está regulando no sólo el supuesto de que la subasta se celebre sin postores, sino también el de que, aun existiendo postores, se deniegue la aprobación del remate cuando no se alcance el mínimo exigible o, no alcanzándose, el letrado de la Administración de Justicia deniegue la aprobación del remate.
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