Source: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190329.aspx?qfr=16
Timestamp: 2019-04-24 12:17:36
Document Index: 177202036

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 5']

La Moncloa. 29/03/2019. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]
Madrid, viernes 29 de marzo de 2019
REAL DECRETO-LEY por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.
REAL DECRETO por el que se convocan elecciones de diputados al Parlamento Europeo.
REAL DECRETO por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019.
REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización del personal docente no universitario de la Administración General del Estado para el año 2019, y se modifican el Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Entidad Pública Empresarial Red.es para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles.
ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda relativo a la protección de información clasificada.
ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Protección Medioambiental del bosque de La Herrería.
INFORME sobre los actos conmemorativos del V Centenario de la Vuelta al Mundo Magallanes-Elcano.
ACUERDO por el que se toma conocimiento de los ajustes al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono adoptados en la trigésima reunión de las Partes del Protocolo.
REAL DECRETO por el que se declaran zonas de interés para la Defensa Nacional las propiedades denominadas «Campamento de Tentegorra» y «Campo de Tiro Barranco de Los Sánchez», en la provincia de Murcia.
REAL DECRETO por el que se declaran zonas de interés para la Defensa Nacional las propiedades denominadas «Cuartel de Santa Bárbara» y «Polvorines NSD», en la provincia de Murcia.
REAL DECRETO por el que se declaran zonas de interés para la Defensa Nacional las propiedades denominadas «Acuartelamiento Montejaque» y «Campo de Tiro e Instrucción Las Navetas», en la provincia de Málaga.
REAL DECRETO por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada «Cuartel de Santa Ana», en la provincia de Cáceres.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración de la orden de ejecución para la construcción de cinco fragatas F-110, por un valor estimado de 4.317.800.000 euros.
REAL DECRETO-LEY por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 20.051.812,24 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, para dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2018, por el que se declaran diversos municipios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil".
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 883.996,87 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, para dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2018, por el que se declara la Comunidad Valenciana y el municipio de Tui (Pontevedra) "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil".
ACUERDO por el que se modifican los porcentajes y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo atender la financiación de los satélites de comunicaciones gubernamentales SPAINSAT NG.
INFORME sobre los datos de avance de las cuentas de las Administraciones Públicas del ejercicio 2018 remitidos a las autoridades europeas.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios de mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil, SIVE, en Las Palmas, por importe de 1.389.543 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras del vallado perimetral de los acuartelamientos de la Guardia Civil de Murcia y Cartagena, por importe de 22.629,78 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la tramitación de diversos expedientes de contratación para atender las posibles necesidades derivadas de llegadas extraordinarias de embarcaciones con inmigrantes a las costas españolas, por importe de 5.623.087 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación del muro ecológico situado en la vía de servicio derecha de la autovía A-6 en el punto kilométrico 33+000, en la provincia de Madrid, por importe de 1.218.729,23 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la ampliación de las obras de reparación de daños en dos obras de fábrica en la carretera N-260, entre los puntos kilométricos 152+880 y 171+730, y la protección de un talud en el punto kilométrico 142+400, en la provincia de Gerona, por importe de 595.073,96 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la ampliación de las obras de reparación de los daños producidos por las inundaciones que afectan a la carretera N-651 a su paso por Betanzos, en la provincia de A Coruña, por importe de 328.855,77 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación del firme y demás daños ocasionados por los accidentes ocurridos los días 27 y 28 de octubre de 2018 en la autovía A-2, entre los puntos kilométricos 569+200 y 569+800, calzada ascendente, en la provincia de Barcelona, por importe de 114.878,72 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de muros de sostenimiento debido a abombamientos y a pérdida de materiales, entre los puntos kilométricos 333+910 y 334+700 de la carretera N-260, en la provincia de Lleida, por importe de 1.479.954,41 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación del puente sobre el río Adra situado en el punto kilométrico 391+700 de la carretera N-340a, en la provincia de Almería, por importe de 1.033.885,94 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de daños estructurales y sistema de contención del viaducto sobre el arroyo del Puerto del Pico, en la carretera N-502, punto kilométrico 55+300, en la provincia de Ávila, por importe de 591.712,16 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios de aseguramiento de los desmontes en los puntos kilométricos 303+100 y 321+080 y en varios puntos de riesgo comprendidos entre Tarrasa y Manresa, línea Zaragoza - Barcelona (por Lérida), por un importe de 6.856.500 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios de reparación de la línea 420, bifurcación Las Maravillas - Algeciras y la línea 430, bifurcación Córdoba Mercancías - Los Prados, por los daños graves causados por las inundaciones producidas el 20 y 21 de octubre de 2018 en el ámbito de la Jefatura de Área de Mantenimiento de Córdoba, por un importe de 25.346.326 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios de reparación de la línea 422, bifurcación Utrera - Fuente de Piedra, por los daños graves causados por las inundaciones producidas el 20 y 21 de octubre de 2018 en el ámbito de la Jefatura de Área de Mantenimiento de Sevilla, por un importe de 7.818.250 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de estabilización del talud situado entre los puntos kilométricos 9/370 y 9/790 de la línea 760 Oviedo - Trubia, de la Red de Ancho Métrico, en Asturias, por un importe de 113.222,91 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de estabilización del talud situado entre los puntos kilométricos 386/450 y 386/910 de la línea 770 Santander - Oviedo, de la Red de Ancho Métrico, en Asturias, por un importe de 28.341,81 euros.
REAL DECRETO por el que se regula el sistema nacional de admisión de miembros y socios de la Red EURES en España.
REAL DECRETO por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de un préstamo a la empresa Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A., para el desarrollo del programa SPAINSAT NG de comunicaciones por satélite.
ACUERDO por el que se autoriza la convocatoria para la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, por un importe de 91.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se aprueba el Plan de acción para la internacionalización de la economía española 2019-2020, así como su remisión a las Cortes Generales.
INFORME de la Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural.
REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019.
REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Policía Nacional para el año 2019.
REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2019.
REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, para el personal de la Administración de Justicia para 2019.
ACUERDO por el que se aprueban las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
INFORME del Estudio sobre la evolución del personal en la Administración General del Estado.
REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias.
REAL DECRETO por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultra periférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para la reparación de los daños causados por los temporales marítimos acaecidos en los meses de enero y febrero de 2019 en las provincias de Almería, Asturias, Cádiz y Gipuzkoa, por un importe de 691.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la participación y contribución de España en las prórrogas de los programas MSG y EPS de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), por un importe global de 17.230.000 euros.
REALES DECRETOS por los que se aprueban los nombramientos del presidente y los tres nuevos consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear
REAL DECRETO por el que se nombra delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cantabria a D. EDUARDO ECHEVARRÍA LAVÍN.
REAL DECRETO por el que se nombra delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
REAL DECRETO por el que se nombra presidente del Consejo de Seguridad Nuclear a D. JOSÉ MARÍA SERENA SENDER.
REAL DECRETO por el que se nombra consejero del Consejo de Seguridad Nuclear a D. FRANCISCO MIGUEL CASTEJÓN MAGAÑA.
REAL DECRETO por el que es nombra consejera del Consejo de Seguridad Nuclear a Dª MARÍA DEL PILAR LUCIO CARRASCO.
REAL DECRETO por el que se nombra consejera del Consejo de Seguridad Nuclear a Dª ELVIRA ROMERA GUTIÉRREZ.
REAL DECRETO por el que se nombra presidente del Consejo Social de la Universidad Nacional de Educación a Distanciaa D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA SANZ.
REFORMA DEL RÉGIMEN LEGAL DEL SECTOR DE LA ESTIBA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que avanza en la mejora del marco legal aplicable en la actividad de la estiba.
El Real Decreto-ley 8/2017 modificó profundamente el régimen de funcionamiento de la estiba, estableciendo la libertad de contratación para la prestación de este servicio, que hasta dicha fecha debía realizarse preferentemente por las Sociedades de Estiba (las denominadas SAGEP), de las que formaban parte los estibadores como trabajadores de las mismas.
Tras la experiencia acumulada en los dos años de aplicación del Real Decreto-ley 8/2017, el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley con el objeto de completar y fortalecer el marco jurídico, asegurando una transición ordenada al nuevo marco de competencia.
Así, el Real Decreto-ley dispone una habilitación legal para que a través del Convenio Colectivo se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores para las empresas que decidan salirse de las Sociedades de Estiba (las denominadas SAGEP), asegurando así un derecho que ya se recoge en otros sectores productivos y garantizando así los derechos laborales básicos de los trabajadores y facilitando la estabilidad en el empleo.
Asimismo, se recoge una Modificación de la Ley de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), para establecer las especificidades de los Centros Portuarios de Empleo y del resto de ETT que desarrollen parte de su actividad en el sector de la estiba, con objeto de:
Mejorar su eficacia, teniendo en cuenta las singularidades de este sector.
Y en el caso concreto de los Centros Portuarios de Empleo, para establecer el requisito de que sus propietarios deban tener la licencia de empresa estibadora, de modo que se garantice la vinculación del propietario con la actividad que se realiza y con ello el máximo nivel de profesionalidad.
Asimismo, se refuerza la capacidad de los empresarios en la organización y dirección del trabajo, sin olvidar el protagonismo que se otorga a la negociación colectiva en determinadas cuestiones de la organización de la actividad productiva.
También se modifica el Real Decreto-ley 8/2017 para permitir el uso del contrato de aprendizaje para la formación de estibadores, facilitando así el acceso a la profesión y aumentando su calidad. De esta forma, los alumnos que estén cursando el Certificado de Profesionalidad que da acceso a la profesión podrán beneficiarse de un contrato laboral mientras desarrollan las prácticas.
Este Real Decreto-ley da respuesta a la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de febrero, en la que se insta al Gobierno a culminar el marco normativo de la actividad de la estiba portuaria, con el máximo consenso posible en el sector y respetando los principios de la normativa europea, y con el objetivo final de conjugar los principios de libertad de contratación con los derechos de los trabajadores.
La norma se ha consultado tanto con el sector, para asegurar el máximo consenso posible, como con la Comisión Europea, con el fin de esclarecer los objetivos de la misma y despejar cualquier duda acerca del mantenimiento del marco de libertad de contratación existente a la fecha.
Adaptación normativa del sector de la estiba
Además, el Consejo de Ministros también ha acordado la tramitación urgente del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria.
Este proyecto de Real Decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas especiales a los trabajadores del sector de la estiba portuaria afectados por los cambios estructurales producidos en las relaciones laborales del sector como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13.
La finalidad de este régimen de ayudas es facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad, a los que les quede como máximo 60 meses para llegar a la edad ordinaria de jubilación, en las mejores condiciones y contribuir así a la necesaria reestructuración del sector de la estiba, proporcionando a estos trabajadores una cobertura económica, siempre que cumplan las condiciones y requisitos que se regularán en este Real Decreto. También se modificará el contenido del certificado de profesionalidad para el acceso a la profesión.
ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL
El Consejo de Ministros ha conocido un informe sobre la Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, que tiene como objetivo apoyar e impulsar la transformación digital para crear condiciones de vida y de trabajo atractivas en el medio rural, que contribuyan al poblamiento activo y estable de la España rural y a impulsar el liderazgo de un sector agroalimentario competitivo, sostenible y generador de riqueza.
En esta Estrategia se definen las líneas y las medidas necesarias para impulsar la transformación digital de los sectores agroalimentario y forestal y del medio rural, así como los instrumentos previstos para su implementación.
Se trata, por tanto, de un documento estratégico estructurado de medidas y actuaciones en torno a tres objetivos, el primero de los cuales es la reducción de la brecha digital, tanto la urbana-rural como entre pequeñas y grandes empresas, persiguiendo que haya conectividad para todos.
Como segundo objetivo se plantea el fomento del uso de datos, como motor de impulso sectorial, abordando la interoperabilidad y la apertura de datos de la Administración, la investigación y del sector privado.
Para promover esa modernización del tejido productivo agroalimentario y rural español, se plantean medidas como el fortalecimiento del ecosistema de innovación digital, el asesoramiento para la adopción digital en sistemas de conocimiento e innovación agroalimentarios, forestales y en el medio rural y el fomento del emprendimiento y de nuevos modelos de negocio.
La Estrategia tiene un enfoque integrador con otras políticas públicas europeas y nacionales en el contexto de la digitalización. Así, en el ámbito de la Unión Europea, se alinea con el objetivo transversal de la Política Agraria Común post 2020 de modernización, en el que la innovación y digitalización se configuran como elementos clave para su consecución, así como para la concepción de los sistemas de conocimiento e innovación en la agricultura que deben abordarse para atender a dicho objetivo de modernización.
A escala nacional, tiene una estrecha relación con otras estrategias como la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, la Agenda para el Cambio y otras estrategias en elaboración, como el Marco Estratégico en política de PYME 2030.
Además, contribuye a la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, dado que muchos de los ámbitos de la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural contribuyen a fijar población y combatir el despoblamiento.
Las medidas previstas se instrumentarán a través de actuaciones concretas establecidas en Planes de Acción bienales, en los que se fijarán los compromisos y metas específicas, y cuyas actuaciones se establecerán en función de los presupuestos y de los instrumentos de los programas de la Unión Europea disponibles.
Las actuaciones de los Planes de Acción serán ejecutadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en ocasiones cofinanciadas con fondos comunitarios (por ejemplo, FEADER y de I+D+i para H2020) y en colaboración con los departamentos ministeriales y administraciones competentes en aquellas medidas donde el rol del MAPA es el de impulsor, dinamizador, coordinador o catalizador de las mismas.
Su ejecución se hará en el marco competencial que a cada Administración le corresponda, y con cargo a los créditos presupuestarios que ya tienen asignados.
Dado que el ámbito competencial de la Estrategia es transversal, para abordar la transformación digital desde un enfoque multidisciplinar e integral, los contenidos son fruto de la interlocución y colaboración con otros siete Ministerios como el de Ciencia Innovación y Universidades; de Economía y Empresa; de Educación y Formación Profesional, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de Industria, Comercio y Turismo; de Política Territorial y Función Pública y de Transición Ecológica, las comunidades autónomas, los departamentos implicados en las diferentes medidas propuestas y la Comisión Europea.
NUEVAS ESPECIES DE MAMÍFEROS, REPTILES Y PLANTAS EN EL CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se actualiza el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Esta revisión se realiza a propuesta de varias entidades científicas, y supone añadir al catálogo español tres especies de reptiles (varano de la sabana, pitón real y tortuga de la península, originaria de Florida, un mamífero (cerdo vietnamita) y dos plantas, en este último caso sólo para Canarias (tabaco moruno y la hierba de la pampa, ésta última ya incluida para la Península).
Para las especies citadas queda prohibida con carácter general la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos y se establecen una serie de controles para su tenencia. En el caso de los reptiles y del cerdo vietnamita se trata de especies cuya posesión como mascotas ha ido aumentando en los últimos años. Lo que suele pasar en estos casos es que los dueños de estas mascotas se acaban cansando de ellas o no pueden hacer frente a los cuidados necesarios. En nuestro país algunos centros de acogida se ven ya saturados con ejemplares de estas especies exóticas de los que se deshacen sus propietarios y muchos otros pueden acabar liberados en la naturaleza de forma tanto voluntaria como involuntaria.
En el caso del cerdo vietnamita, un dictamen del Comité Científico de 2016 recomendó incluirlo en el Catálogo español de especies exóticas invasoras por el riesgo sanitario y medioambiental que ya supone su actual presencia asilvestrada en el medio natural. En este sentido, hay que destacar el riesgo de hibridación con el jabalí salvaje que, además de las consecuencias inherentes a la hibridación, podría aumentar los problemas de sobrepoblación de jabalíes que ya existe en muchas regiones de España.
Riesgo sanitario y para la biodiversidad
En el caso de las tres especies de reptiles (varano de la sabana, pitón real y tortuga de la península) se incluyen también por representar un riesgo sanitario y para la biodiversidad. También existe un dictamen del Comité Científico de 2015 que recomendó su catalogación. La pitón real (Python regius) es una especie de serpiente que engulle sus presas vivas o tras asfixiarlas, observando preferencia por roedores. Esto la convierte en una potencial competidora frente a otras especies autóctonas, pudiendo afectar a la cadena trófica.
El varano de la sabana (Varanus exanthematicus), originario de Togo (África), es una especie de lagarto de gran tamaño que encuentra en nuestro territorio condiciones climáticas similares en determinadas épocas del año a las de su región de origen y algunos hábitats comunes como praderas y zonas boscosas. Además de que su dieta encaja con la de las especies que dispondría en nuestros hábitats, su territorialidad, agresividad y tamaño podrían comprometer la supervivencia de numerosas especies autóctonas de nuestro medio natural.
Por su parte, la tortuga de la península (Pseudemys Peninsularis), cuya dieta es fundamentalmente herbívora, puede competir con otros organismos acuáticos, como tortugas autóctonas o peces ciprínidos. Por ello, podría ocasionar daños a la biodiversidad y pérdidas económicas al sector de la pesca fluvial, al tiempo que es transmisora de la salmonelosis.
A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, los propietarios de estas especies que quieran mantenerlas como mascotas, deberán informar, antes del 1 de enero de 2022, sobre dicha posesión a las autoridades competentes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Las autoridades establecerán, en su caso, requisitos como esterilización, marcaje, declaración responsable para no liberarlo. En todo caso, existe obligación de informar si se escapa y prohibición de cesión, comercio y reproducción del animal.
Si no se lo quieren quedar, las administraciones facilitarán la entrega voluntaria de los animales referidos. Esta entrega se podrá realizar en primera instancia, y de forma temporal, y mientras son recogidos por las autoridades competentes en esta materia, en puntos de venta de animales de compañía o domésticos y núcleos zoológicos legalmente constituidos que puedan ser reconocidos por la autoridad competente como habilitados para ello. Excepcionalmente, las administraciones competentes pueden autorizar y habilitar centros de recogida y mantenimiento con instalaciones y terrenos adecuados para su correcto confinamiento y evitar su escape, cumpliendo con las obligaciones de esterilización e identificación.
En el caso de que estas especies ya estén asilvestradas en el medio natural, las administraciones competentes, esto es, las comunidades autónomas, deberán establecer mecanismos de vigilancia y de control poblacional tendentes a su control y posible erradicación.
Lista específica para Canarias
Además, mediante este Real Decreto se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para las Islas Canarias, tal y como establece para las regiones ultraperiféricas de la UE, como es el caso de las Islas Canarias, el Reglamento de la Unión Europea sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.
Este Reglamento, que crea una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión europea (actualmente incluye 49 especies), señala que para las regiones ultraperiféricas, aquellas regiones de la UE fuera del ámbito territorial continental europeo, como la Macaronesia en el caso de España y Portugal, dadas sus singulares características biogeográficas y climáticas y en particular su lejanía, insularidad y el carácter único de su biodiversidad, se debe establecer un listado específico de estas especies exóticas invasoras.
Las especies exóticas invasoras representan una de las principales amenazas para la biodiversidad y los servicios asociados de los ecosistemas, especialmente en aquellos ecosistemas geográfica y evolutivamente aislados, como las islas de pequeñas dimensiones. Los riesgos que dichas especies representan se pueden intensificar debido al aumento del comercio global, el transporte, el turismo y el cambio climático.
Este Real Decreto aprueba esta lista de especies exóticas invasoras, preparada en estrecha colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias. Su objetivo es establecer las normas para reducir al máximo el riesgo de introducción, tanto de forma intencionada como no intencionada, de especies exóticas invasoras y mitigar sus efectos adversos sobre la biodiversidad del archipiélago canario.
Este listado incluye 48 especies, de las cuales 19 son plantas (entre las que destacan el Cacto cilíndrico, el tojo, la alisaja y la cisca), nueve son mamíferos (como la mangosta amarilla, el feneco y el petauro del azúcar), tres son aves (cotorra alejandrina, suirirí color, miná del Himalaya), y el resto (17) son reptiles (como el perenquén tokay, el perenquén diurno de Madagascar, la iguana común y el lagarto espinoso).
Criterio preventivo
Estas especies no estaban incluidas en Catálogo español de especies exóticas invasoras de 2013, pues no están presentes en Canarias en el medio natural o tienen una presencia muy esporádica o puntual. Por ello se otorga en la norma la prioridad al criterio preventivo, regulándose medidas de este tipo respecto de especies exóticas potencialmente invasoras, pues con ello se consigue una mejor rentabilidad coste-beneficio y, en definitiva, una mayor eficacia en la prevención de los daños futuros que podrían ocasionar.
Son especies para las que existe un cierto riesgo de que puedan llegar al medio natural pues se utilizan en el comercio, jardinería, mascotas, etc. y para las que se han hecho análisis de riesgo que demuestran su alta potencialidad como invasoras. Al incluirlas en la Lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión europea en la región ultra periférica de Canarias se prohíbe su posesión, venta, transporte, comercio, introducción en el medio natural, etc., para evitar su escape o introducción accidental.
El Real Decreto, siguiendo las disposiciones del reglamento comunitario, establece diversos sistemas para la detección temprana y erradicación rápida de las especies exóticas invasoras en el caso de que se puedan llegar a introducir en las Islas Canarias. En concreto, se prevé un sistema de vigilancia de las administraciones sobre dichas especies, una serie de mecanismos para realizar controles oficiales sobre las mismas, los medios de notificación en el caso de detección temprana de su presencia en las Islas y los instrumentos para su rápida erradicación.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción 2019-20 de internacionalización de la economía española, que actualiza el análisis de la situación del sector exterior y pretende impulsar una internacionalización de carácter estructural que revierta en mayor creación de empleo a través de la mejora en la competitividad y de la mayor presencia de nuestras empresas en el exterior.
El documento parte de un análisis del sector exterior español, donde se refleja la situación actual de la internacionalización de la economía española:
Récord histórico en exportaciones, que superan los 285.000 millones de euros (+2,9% respecto a 2017).
Mayor número de exportadores regulares, que alcanza una cifra máxima de 51.768 organizaciones.
Mayor inversión extranjera en España, que roza los 40.000 millones de euros de inversión neta (+77% respecto a 2017).
Ofrecer un apoyo a la internacionalización cada vez más adaptado a las necesidades y el perfil de las empresas.
Aprovechar mejor las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial común y de las instituciones financieras y organismos internacionales.
El Plan se basa en las directrices sobre política de internacionalización definidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio:
Promoción de una política comercial progresista e inclusiva. Para ello, se instará a que las negociaciones comerciales de la UE tengan en cuenta objetivos ambiciosos en materia de desarrollo sostenible, cambio climático, comercio, género y pymes.
Incorporación de la sostenibilidad como política transversal de todos los actores de la administración relevantes en materia de internacionalización.
Continuar favoreciendo la diversificación de los mercados y sectores de destino de las exportaciones de bienes y servicios españolas.
Incremento del valor añadido de nuestras exportaciones a través de la innovación, la digitalización y la diferenciación de marca.
Afianzamiento de la cultura orientada al cliente de ICEX, que además incorporará también la sostenibilidad y la digitalización en sus políticas y programas.
Puesta en marcha de medidas para la atracción de inversiones estratégicas en países y sectores prioritarios.
Modernización los instrumentos de apoyo financiero oficial a la internacionalización con el objetivo de contar con instrumentos más ágiles y con mayor alcance en su ámbito de aplicación
CONVOCATORIA ELECCIONES LOCALES
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de convocatoria de elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el día 26 de mayo de 2019.
Las elecciones locales permitirán cubrir los cargos de concejales de los municipios no sometidos a concejo abierto, los alcaldes de los municipios que por tradición o en virtud de normativa autonómica tengan adoptado el régimen de concejo abierto, y los consejeros de los Cabildos Insulares del archipiélago canario.
Asimismo, se convocan elecciones a alcaldes pedáneos u órganos unipersonales de las entidades de ámbito territorial inferior al municipal en el caso de que la convocatoria no se realice por las comunidades autónomas.
Finalmente, la legislación electoral dispone la celebración de nuevas elecciones locales parciales en el plazo de seis meses en aquellas circunscripciones en que no se hubieran presentado candidaturas en las últimas elecciones locales, así como la posibilidad de tener que celebrarlas nuevamente con motivo de un recurso contencioso-electoral cuando se declaren nulas las elecciones celebradas en las mesas que resulten afectadas por irregularidades invalidantes, en el plazo de tres meses desde el dictado de la sentencia.
La campaña electoral durará quince días. Comenzará a las cero horas del viernes 10 de mayo de 2019 y finalizará a las veinticuatro horas del viernes 24 de mayo de 2019.
ACUERDO CON NUEVA ZELANDA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA
El Consejo de Ministros ha autorizado un Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda relativo a la protección de información clasificada.
En 2016, el Consejo de Ministros autorizó la firma de un Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda relativo a la protección de información clasificada. Este Acuerdo nunca se llegó a firmar, ya que Nueva Zelanda reabrió la negociación para introducir modificaciones en el texto. Estos cambios hicieron necesario iniciar de nuevo el procedimiento, por lo que se volvió a negociar un nuevo Acuerdo.
El Acuerdo consta de un Preámbulo, 19 Artículos y un Anexo. En el Preámbulo, las Partes manifiestan su propósito de proteger la información clasificada, intercambiada o generada por las mismas, en materia de defensa.
El Artículo 1 contiene las definiciones de los términos técnicos más comunes empleados en el Acuerdo.
El Artículo 2 señala el objeto del Acuerdo, que es regular el intercambio de la información clasificada que se transmita o genere entre las Partes, o por entidades públicas o privadas, en el ámbito de la defensa.
El Artículo 3 enumera las Autoridades de Seguridad Competentes para la aplicación del Acuerdo. Para España, el secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia y de la Oficina Nacional de Seguridad; para Nueva Zelanda, el director general del Servicio de Inteligencia de Seguridad.
El Artículo 4 contempla un conjunto de disposiciones en materia de seguridad de la información clasificada intercambiada o generada conforme al Acuerdo.
El Artículo 5 recoge los grados de clasificación de seguridad nacionales: Secreto, Reservado, Confidencial y Difusión Limitada; así como sus equivalentes en Nueva Zelanda, en idioma inglés.
El Artículo 6 limita el acceso a la información clasificada a aquellas personas que cuenten con la adecuada Habilitación Personal de Seguridad.
El Artículo 7 determina las restricciones respecto a la divulgación de la información clasificada recibida de la otra Parte.
El Artículo 8 tiene por objeto la cooperación en materia de seguridad, con el fin de que cada Parte pueda obtener la información sobre habilitaciones de seguridad de contratistas bajo su jurisdicción que la otra Parte le solicite.
El Artículo 9 establece los requisitos aplicables a la reproducción, traducción y destrucción de la información clasificada.
El Artículo 10 regula la transmisión de información clasificada para los casos en que el destinatario final de la misma sea un Usuario Receptor dependiente de una de las Partes.
El Artículo 11 recoge las disposiciones aplicables a la transmisión de información clasificada que se efectúe directamente entre las Partes.
El Artículo 12 está dedicado a los contratos clasificados, delimitando su contenido y estableciendo los requisitos que deben cumplir los contratistas que participen en los mismos.
El Artículo 13 determina que las visitas que impliquen acceso a información clasificada estarán sujetas a la previa autorización de la Parte anfitriona.
El Artículo 14 otorga a las Partes la posibilidad de elaborar listas de personas autorizadas a realizar múltiples visitas de seguridad por un periodo de doce meses, que podrá extenderse por un máximo de doce meses.
El Artículo 15 señala que en caso de producirse incidentes de seguridad relacionados con la información clasificada de la otra Parte, la Autoridad del Estado en que se hayan producido iniciará una investigación e informará por escrito a la otra Parte.
El Artículo 16 determina que los gastos producidos por la aplicación del Acuerdo serán sufragados por la Parte que los haya ocasionado.
El Artículo 17 establece que las controversias que surjan en la interpretación o aplicación del Acuerdo, se resolverán mediante consultas entre las Partes.
El Artículo 18 señala que, en ningún caso, la aplicación de las disposiciones del Acuerdo implicará menoscabo de los derechos de propiedad intelectual e industrial vinculados a la información clasificada transmitida.
El Artículo 19, denominado Disposiciones Finales, regula aspectos como la entrada en vigor, la introducción de enmiendas y la denuncia del Acuerdo.
Finalmente, el Anexo A señala los datos que necesariamente deben figurar en la solicitud de visita de seguridad a la que hace referencia el Artículo 13 del Acuerdo.
PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS DEL V CENTENARIO DE LA VUELTA AL MUNDO MAGALLANES-ELCANO
El Consejo de Ministros ha estudiado un informe al Consejo de Ministros acerca del programa oficial de los actos conmemorativos del V Centenario de la vuelta al mundo Magallanes-Elcano.
El programa comienza el 10 de agosto en Sevilla con la conmemoración de la salida en 1519 de las naves que dieron la vuelta al mundo. Al igual que ocurriera hace 500 años, la expedición parará con fines de aprovisionamiento en Sanlúcar de Barrameda, desde donde saldrá de manera definitiva el 20 de septiembre.
Los actos implican a todas las administraciones e instituciones que tienen en común haber participado, en algún momento y de alguna forma, en este hito histórico, y cuentan igualmente con la colaboración de Portugal. Para la conmemoración de este V Centenario, que se prolongará hasta 2022, se ha buscado también dar protagonismo a las iniciativas privadas junto a las actividades académicas e institucionales.
El Real Decreto 582/2017 de 12 de junio de 2017, creó la Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, adscrita al, entonces, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La Comisión Nacional, presidida por la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, se encarga de coordinar las distintas actividades llevadas a cabo por la Administración General del Estado en relación con la celebración del aniversario de la circunnavegación.
El pleno se ha reunido dos veces, la primera bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes, que ostentan la Presidencia de honor de la Comisión, el 30 noviembre 2017, y la segunda, bajo la dirección de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Relaciones con las Cortes e Igualdad, el 12 septiembre de 2018.
Se han creado varios comités especializados según se ha apreciado su necesidad, tal como previene el Real Decreto 582/2017. Éstos son el Comité de evaluación de proyectos, que realiza una propuesta previa a cada reunión de la Comisión Ejecutiva, y el Comité de coordinación de actos de conmemoración de la salida de la expedición, para la coordinación de las acciones que se llevarán a cabo en 2019.
También se han diseñado un logotipo y una página web (www.vcentenario.es ), que es el principal canal de comunicación utilizado para proporcionar información sobre la conmemoración.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma conocimiento de los ajustes al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono adoptados en la trigésima reunión de las Partes del Protocolo.
El Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (en adelante, el Protocolo), se firmó en Montreal el 16 de septiembre de 1987 y entró en vigor para España el 1 de enero de 1989. En la actualidad, los Estados Partes son 197.
Este Protocolo, que desarrolla el Convenio de Viena (en adelante, el Convenio) para la protección de la capa de ozono, ha sido objeto de distintas enmiendas, que han de ser aprobadas por las reuniones de las Partes. España ha aceptado cada una de estas enmiendas, excepto la última (Kigali, 16 de octubre de 2016), en proceso de ratificación.
Así mismo, el Protocolo contempla la posibilidad de que se realicen ajustes de los valores estimados del potencial de agotamiento del ozono que se indican en el Anexo A del mismo, u otros ajustes.
En la 30ª Reunión de las Partes que tuvo lugar en Quito, del 5 al 9 de noviembre de 2018, se adoptó la Decisión XXX/2 relativa a los Ajustes que afectan a las sustancias recogidas en el Grupo 1 del Anexo C del Protocolo, para las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, entre las que se encuentra España.
En principio, el Protocolo prohíbe el uso de los gases hidrofluorcarbonados (HCFC) después de 2020, excepto en el caso de los servicios de mantenimiento de aparatos de refrigeración, que se permiten hasta 2030. Los ajustes que se adoptan ahora extienden esta prórroga a tres nuevos supuestos en los cuales se va a seguir permitiendo el empleo de HCFC:
El mantenimiento de equipos de extinción de incendios y protección contra incendios existentes el 1º de enero de 2020.
Las aplicaciones de disolventes en la fabricación de motores de cohetes.
Las aplicaciones de aerosoles médicos para vía tópica, dirigidos al tratamiento especializado de quemaduras.
Además, se establece que las Partes podrán decidir permitir la producción o el consumo de HCFC para los usos por ellas convenidos como esenciales.
El secretario general de las Naciones Unidas, en calidad de Depositario, ha notificado, que los Ajustes entrarán en vigor el 21 de junio de 2019.
APROBADA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA ESCALA DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL PARA EL AÑO 2019
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil para el año 2019.
Las convocatorias que se publiquen derivadas de esta oferta de empleo público se adecuarán a lo establecido por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público.
Para ingreso directo se autoriza la convocatoria de un total de 758 plazas para militares de carrera y 36 para militares de complemento. De ellas 351 son para el Ejército de Tierra, 163 para la Armada, 151 para el Ejército del Aire y 129 para los Cuerpos Comunes.
Para ingreso como alumno en los centros militares de formación mediante promoción se fijan un total de 1020 plazas, 169 para escala de oficiales, 21 para escalas técnicas, 7 para oficiales enfermeros y 823 para suboficiales.
Se autoriza la convocatoria de 72 plazas para acceso a una relación de servicios de carácter permanente para militares de complemento y de 400 plazas para acceso a una relación de servicios de carácter permanente para militares de tropa y marinería.
Se fija una oferta de un máximo de 150 plazas para acceder a la condición de reservista voluntario.
Por último se autoriza la convocatoria de 65 plazas de ingreso directo al centro docente militar de formación para el acceso a la escala de oficiales de la Guardia Civil.
DECLARACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS PARA LA DEFENSA
El Consejo de Ministros ha aprobado cuatro Reales Decretos por los que se declaran zonas de interés para la Defensa Nacional las propiedades denominadas «Campamento de Tentegorra», «Campo de Tiro Barranco de los Sánchez», «Cuartel de Santa Bárbara» y «Polvorines NSD», en la provincia de Murcia; las propiedades denominadas «Acuartelamiento Montejaque» y «Campo de Tiro e Instrucción Las Navetas», en la provincia de Málaga y la propiedad denominada «Cuartel de Santa Ana», en la provincia de Cáceres.
Las zonas de interés para la Defensa Nacional se establecen en la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, y se desarrollan en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, y tienen por objetivo la salvaguardia de los intereses de la Defensa Nacional, asegurando la seguridad y eficacia de sus organizaciones e instalaciones.
La conveniencia de la declaración de esta zona obedece, fundamentalmente, a la relación entre la legislación sobre protección ambiental de grandes espacios naturales, la ordenación urbanística y las necesidades militares en materia de Acuartelamientos y Bases, con considerables espacios para maniobras y adiestramiento.
La aprobación del Real Decreto obedece a la relación entre la legislación sobre protección ambiental de grandes espacios naturales y las necesidades militares en materia de Bases con campos de maniobras y adiestramiento y que esta relación conlleva la concurrencia sobre un mismo espacio físico de títulos competenciales diferentes (Defensa Nacional y Protección Ambiental) y atribuidos a distintas Administraciones (Administración General del Estado-Ministerio de Defensa y Administraciones autonómicas) e implica la necesidad de evitar el peligro de que las restricciones de uso de todo tipo de esos espacios por razones de protección ambiental anulen o menoscaben gravemente la operatividad de los campos de maniobras militares.
Así, con el Real Decreto aprobado, en la zonas declaradas se considerará prioritario el interés de la Defensa Nacional aunque ello no impide garantizar la protección medio ambiental, imponiendo la obligación de interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de las Fuerzas Armadas de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de las propiedades afectadas, que incluye sólo los terrenos de titularidad estatal adscritos a la Defensa Nacional.
CONSTRUCCIÓN DE CINCO FRAGATAS F-110
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la orden de ejecución para la construcción de cinco fragatas F-110, por un valor estimado de 4.317 millones de euros.
El objeto de la orden de ejecución autorizada es la adquisición por el Ministerio de Defensa de cinco fragatas F-110 construidas por la empresa NAVANTIA.
En la actualidad la Armada cuenta con dos tipos de fragatas: cinco de la clase "Álvaro de Bazán' (F-100) y seis de la clase "Santa María" (FFG o F80). Las fragatas FFG entraron en servicio a partir de 1986, y todas ellas se encuentran en su último tercio de vida y a partir de 2021 empiezan a cumplir los 35 años de servicio por lo que, para mantener las capacidades actuales, será necesario reemplazarlas por las fragatas F-110.
Así, con el programa propuesto se cubre la necesidad de sustitución de las fragatas actuales de la serie F-80, que se encuentran al final de su vida operativa, de forma que se puedan mantener las capacidades actuales de la Armada y cubrir las necesidades futuras que se pudieran derivar de nuevos escenarios operativos, en los que se incluyan nuevas amenazas, y nuevas misiones.
Esta adquisición es de gran relevancia económica, industrial y social para la totalidad de la industria nacional, dada la complejidad del diseño, la integración de sus avanzados sistemas y la propia construcción de las plataformas.
El programa F-110 incluye los siguientes objetivos principales:
Construcción de cinco fragatas, incluidos los correspondientes pertrechos (chalecos salvavidas, material de seguridad interior, estachas de amarre, etc.) y repuestos de primera instalación de cada buque necesarios para garantizar la seguridad de la navegación sin apoyo exterior.
Obtención del Apoyo Logístico Integrado para la clase F-110, que conlleva la información logística del buque, la obtención de documentación logística (Plan de Mantenimiento, el Plan de Aprovisionamiento y el Plan de Adiestramiento, manuales técnicos, documentación de mantenimiento, documentación de apoyo al aprovisionamiento), así como los sistemas necesarios para la implementación de la Maqueta y Gemelo Digital.
Adiestramiento industrial, de operación y mantenimiento para el personal del Ministerio de Defensa involucrado en la construcción de los buques y las dotaciones.
La orden de ejecución autorizada proviene del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y NAVANTIA, y el calendario de pagos se inicia en el año 2019, concluyendo en el año 2032. La entrega de la primera unidad está prevista para el año 2026, y la última para el año 2031.
EL GOBIERNO APRUEBA UN REAL DECRETO-LEY QUE PERMITE A AYUNTAMIENTOS Y CCAA REINVERTIR ESTE AÑO EL SUPERÁVIT DE 2018
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley que permitirá a las entidades locales y a las comunidades autónomas destinar el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles en 2019.
Analizando los datos de ejecución presupuestaria correspondientes al cuarto trimestre de 2018, se observa que algunas comunidades autónomas y un buen número de entidades locales han presentado superávit en sus cuentas.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge que el saldo positivo de las administraciones tiene que ser destinado a amortizar deuda. Sin embargo, contempla una excepción: las denominadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).
Las IFS son aquellas inversiones con una vida útil igual o superior a cinco años que se financian con el superávit de las entidades locales y comunidades autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, para lo cual el expediente de gasto correspondiente debe incorporar una memoria económica referida al período de su vida útil.
Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan el gasto a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Para permitir a los municipios y a las comunidades autónomas beneficiarse de esta medida, el Gobierno aprueba este Real Decreto-ley que habilita a estas entidades a reinvertir su saldo positivo.
Estas Inversiones Financieramente Sostenibles se pueden destinar a la prestación de servicios esenciales, como pueden ser alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.
El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2018 con un déficit de 2,63% del PIB, frente al 3,03% de 2017. De esta forma, el déficit de 2018 se ha reducido un 10,36% al pasar de 35.395 millones en 2017 a 31.727 millones de euros un año después. Una reducción que garantiza a España salir del Procedimiento de Déficit Excesivo, proceso en el que lleva inmerso el país desde 2009. Además, si se incluye la ayuda financiera, que asciende a 78 millones, el déficit se sitúa en el mismo 2,63% del PIB.
Esta disminución del déficit se produce por un incremento de los ingresos de un 6%, un ritmo superior al aumento un 4,7% de los gastos.
Además, el déficit primario -descontando los intereses- se reduce un 75,5% al pasar de los 6.086 millones de 2017 a 1.490 millones en 2018. Este déficit primario equivale al 0,12% del PIB, frente al 0,52% de 2017. Sin incluir la ayuda financiera el saldo primario ascendería a un déficit de 1.412 millones.
Los recursos no financieros en 2018 se han situado en 468.836 millones, que representa un 38,85% del PIB. Esto supone un aumento del 6%, consecuencia de la mejora de los recursos impositivos y de las cotizaciones sociales, que se han incrementado un 4,9%, hasta los 150.114 millones.
Por su parte, el gasto público en 2018 ha registrado un aumento del 4,7%, hasta los 500.641 millones. Una cifra que representa el 41,44% del PIB, 0,45 puntos porcentuales más que el gasto del año anterior. En cuanto a las rúbricas que presentan en 2018 un mayor nivel de gasto, cabe mencionar la remuneración de asalariados, el consumo intermedio o las prestaciones sociales distintas de las trasferencias sociales en especie.
La Administración Central, que incluye al Estado y sus Organismos Autónomos, ha recortado su déficit, excluyendo la ayuda financiera, del 1,85% del PIB en 2017 hasta el 1,5% en 2018, siendo el subsector que más ha reducido el déficit en este periodo.
Los recursos impositivos, que suponen el 85% del total, se han incrementado un 7,4% (11.780 millones más que en 2017) frente a las cotizaciones sociales, que caen un 1,6%.
El resto de los recursos por importe de 9.946 millones, aumentan un 17,3% debido fundamentalmente a los mayores dividendos ingresados por el Banco de España y ENAIRE y a los mayores fondos recibidos de la UE incluidos en las ayudas a la inversión.
La formación bruta de capital fijo, que incluye la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en el caso de la reversión al Estado de determinadas autopistas de peaje, con un valor de mercado estimado de 686 millones, crece un 31,4%.
Por último, las otras transferencias de capital, junto a las ayudas a la inversión, presentan un aumento del 124%, que se explica, por los 1.114 millones correspondiente a la parte de la RPA que no se ha registrado como inversión y por los 622 millones derivados de la exención de la prestación por maternidad. Dentro de la ayuda a la inversión destaca la mayor aportación al ADIF-Alta Velocidad, 312 millones, un 36,2% más, y el aumento del 36,7% en las transferencias a empresas privadas y al exterior.
Este resultado se debe a un incremento de los recursos no financieros del 4,5%, frente a los gastos, que crecen un 4,2%. Destaca la favorable evolución de las cotizaciones sociales, que se incrementan un 5,4% en el conjunto del subsector (7.116 millones de euros), lo que se compensa en parte por las menores transferencias recibidas del Estado para SEPE y FOGASA, por la buena evolución de las cotizaciones.
La buena evolución que registra la Seguridad Social se debe también a los resultados que está dando el Plan Director por un Trabajo Digno 2018, 2019 y 2020 que fue aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de julio de 2018. Entre los resultados obtenidos por este plan cabe destacar que los contratos temporales transformados en indefinidos ascienden a 61.445, lo que supone un 76,3% de las personas trabajadoras afectadas por este Plan. También se ha incrementado la jornada en 8.824 contratos, lo que supone un 17,5% de los trabajadores afectados del plan de choque.
Asimismo, durante el año 2018 se han regularizado 18.851 falsos autónomos y se han registrado 2.284.924 contratos indefinidos, máximo histórico de la serie, lo que supone un 18,4% más que en 2017.
Los ingresos por cotizaciones sociales se han elevado un 5,3%. Por su parte, las transferencias corrientes recibidas del Estado son un 12,6% superiores a las del año anterior, debido fundamentalmente a una transferencia para apoyar el equilibrio financiero de la Seguridad Social por importe de 1.334 millones, sin cuantía equivalente en 2017; las destinadas a complementar las pensiones mínimas aumentan un 1,9%; las destinadas a pensiones no contributivas aumentan un 2,1% y las destinadas al IMSERSO para gastos de dependencia aumentan un 4,9%.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presenta un saldo positivo de 1.480 millones, equivalente al 0,12% del PIB. Destaca el crecimiento de las cotizaciones sociales en un 5,8%, el cual se ve compensado por el descenso de las transferencias recibidas del Estado, que han pasado de 1.632 millones en 2017 a 55 millones en 2018, como consecuencia de los menores pagos por prestaciones por desempleo, por la buena evolución del mercado laboral.
Las comunidades autónomas.han reducido en más de un 33% su déficit, hasta el 0,23% del PIB, lo que supone una disminución de 0,13 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Prácticamente todas las comunidades autónomas.han mejorado su saldo respecto al año 2017. De hecho, 15 de ellas han cumplido el objetivo de déficit, cinco de las cuales cierran 2018 con superávit.
Este resultado está influido por el incremento de los recursos de las comunidades, sobre todo, por el aumento de la recaudación del ITP y AJD en 842 millones. También afecta el incremento de las transferencias netas derivadas del Sistema de Financiación, en 3.824 millones, y los mayores recursos recibidos de los fondos de la UE.
La Administración Local vuelve a registrar superávit por séptimo año consecutivo. Un saldo positivo que asciende a 6.292 millones en 2018. En términos del PIB, el superávit supone el 0,52%, frente al 0,61% del año anterior. Esta evolución se debe a un crecimiento de los empleos no financieros del 2,2%, motivado especialmente por el incremento de las inversiones financieramente sostenibles, frente a los ingresos que crecen un 0,9%.
Estos datos certifican la salida de España del salida del Procedimiento de Déficit Excesivo en el que lleva inmersa desde 2009, permitiendo la entrada en el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al situarse el déficit público de 2018 holgadamente por debajo del valor de referencia del 3% del PIB, tal y como apuntaban no solo las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales, sino el propio Gobierno, reforzando así el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
(DÉFICIT 2018)
MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS SATÉLITES SPAINSAT NG
El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de los límites de los porcentajes y el número de anualidades establecidos en la Ley General Presupuestaria, con el objetivo de posibilitar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la renovación de los satélites SPAINSAT y XTAR-EUR, operados por la empresa HISDESAT.
La instrumentación de la financiación de los nuevos satélites se realizará mediante un Real Decreto de concesión de un préstamo plurianual de 750.000.000 euros a interés cero. Las anualidades del préstamo han de satisfacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 20.09.467C.838 "A Hisdesat para desarrollo satélite de comunicaciones gubernamentales".
Por tanto, los compromisos de gasto que afectan al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el periodo 2020/2022 serán devueltos en el periodo 2023/2037, y los que afectan al Ministerio de Defensa, desde 2023 a 2037.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de noviembre de 2018, autorizó la modificación de los límites de compromisos futuros para el período 2019-2023, sin embargo, el expediente de contratación con la empresa HISDESAT no fue aprobado, por lo que ha sido necesario actualizar la distribución de las anualidades del préstamo:
Acuerdo Consejo Ministros 23 de noviembre de 2018
2018 76.000.000
2019 150.000.000 150.000.000
2020 150.000.000 150.000.000
2021 150.000.000 225.000.000
2022 150.000.000 225.000.000
2023 74.000.000
TOTAL 750.000.000 750.000.000
Los satélites de comunicaciones gubernamentales SPAINSAT ING prestan servicios al Ministerio de Defensa desde el año 2005 y son una parte esencial del sistema de mando y control de Defensa.
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LLUVIAS EN BALEARES, INCENDIOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y EXPLOSIÓN PIROTÉCNICA EN PONTEVEDRA
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de dos créditos con cargo al Fondo de Contingencia para paliar los daños causados por el temporal de lluvias en Baleares, por los incendios en Comunidad Valenciana y la explosión de material pirotécnico en el municipio de Tui (Pontevedra).
En uno de los acuerdos, el Gobierno autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario, por un importe de 20.051.812,24 euros, para financiar los gastos de reparación tras las inundaciones provocadas por las lluvias de octubre de 2018 en la comarca de Levante de la isla de Mallorca.
El Consejo de Ministros del 19 de octubre acordó la declaración de 'Zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil' a una serie de municipios afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes.
Además, el Gobierno autorizó el 23 de noviembre a Baleares a formalizar operaciones de deuda a largo plazo para financiar los gastos de reparación tras ese temporal.
Las inundaciones en la comarca de Levante de Mallorca produjeron daños muy importantes en bienes muebles e inmuebles, así como en infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de carácter público. Además, causó la pérdida de vidas humanas.
Incendios en la Comunidad Valenciana y explosión en Pontevedra
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia y un crédito extraordinario al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por importe de 883.996,87 euros, para financiar los trabajos destinados a paliar los efectos de los incendios forestales acaecidos en agosto de 2018 en Comunidad Valenciana y de la explosión de material pirotécnico registrada el 23 de mayo de 2018 en Tui (Pontevedra).
El Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2018 declaró ambos lugares 'Zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil'.
Durante el mes de agosto de 2018 y, en particular, entre los días 7 y 9, un incendio forestal de grandes proporciones asoló a la Comunidad Valenciana. El fuego se inició en la zona del término municipal de Llutxent (Valencia). La situación meteorológica y lo abrupto del terreno hizo que el incendio se extendiera a los términos municipales de Pinet, Quatretonda, Barx, Gandía, Ador, Rotova, llegando a afectar hasta 3.000 hectáreas, con un perímetro aproximado de 35 kilómetros. El fuego llegó a diversas urbanizaciones y a viviendas aisladas, teniendo que realizarse la evacuación de más de 2.500 afectados.
Por otro lado, el 23 de mayo de 2018 tuvo lugar en la parroquia de Paramos, Pontevedra, una explosión de material pirotécnico que causó graves perjuicios personales y materiales en la zona.
La explosión provocó el fallecimiento de dos personas, 37 heridos y un total de 792 personas afectadas, así como efectos sobre numerosas viviendas.
REGULACIÓN DE LA RED EURES EN ESPAÑA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el sistema para la admisión de miembros y socios de EURES en nuestro país, con el objetivo de proceder al desarrollo normativo preciso para la aplicación efectiva en España del Reglamento EURES.
EURES constituye una red de cooperación entre la Comisión Europea y los Servicios Públicos de Empleo de los estados miembros creada para facilitar la libre circulación de trabajadores dentro de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Es el principal instrumento a escala europea para facilitar la movilidad laboral.
Para poder adaptarse a la evolución del mercado de servicios de contratación es conviente ampliar la composición de la red EURES, lo que mejorará la eficiencia en la prestación de servicios e incrementará la cuota de mercado de la Red, en la medida en que los nuevos participantes aportarán ofertas y demandas de empleo, currículum vitae, y brindarán servicios de apoyo a los trabajadores y empresarios.
Este Real Decreto regula el sistema para la admisión de organizaciones como miembros y socios de EURES conforme a un determinado procedimiento administrativo de autorización que, además, posibilita supervisar las actividades de los nuevos integrantes de la Red y comprobar que respetan la legislación en la aplicación del reglamento, revocando, en caso de necesidad, su admisión.
Sistema Nacional de Admisión
Tras la aprobación de esta normativa, cualquier organización, pública o privada, con o sin ánimo de lucro (incluidos los interlocutores sociales), establecida legalmente en España, podrá solicitar ser miembro o socio de EURES con sujeción a las condiciones que figuran en su reglamento y al Sistema Nacional de Admisión aquí establecido.
La competencia para dicha autorización corresponde a los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas. Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal ejercerá las funciones de Oficina Nacional de Coordinación (ONC) de la Red EURES en España.
PRÉSTAMO PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE SPAINSAT
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a establecer las normas reguladoras de la concesión directa de un préstamo a interés cero, sin exigencia de garantías, a la entidad HISDESAT Servicios Estratégicos S.A por importe total de 750M€ hasta 2022 para la realización del proyecto de desarrollo de los satélites de comunicaciones gubernamentales SPAINSAT NG.
Esta autorización se incluye dentro del marco de colaboración entre el al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Defensa. HISDESAT se encargará de adquirir para este ministerio la capacidad de comunicaciones, denominada Misión Gubernamental, que será ofrecida mediante los satélites SPAINSAT NGI y SPAINSAT NGII, que Hisdesat desarrollará y operará. Asimismo, se encargará de la adquisición del centro de control y de todos los sistemas necesarios para la puesta en explotación y operación de la Misión Gubernamental durante la vida útil de los satélites mencionados.
El programa contará con una participación muy elevada de la industria española. Esta participación duplicará la conseguida en anteriores programas de satélites de HISDESAT y podría alcanzar hasta el 40%.
Por primera vez, la OEP se realiza con una metodología plurianual y con una filosofía de "base 0" para 2019, como año inicial de referencia del período de planificación. Se ha analizado tanto el envejecimiento de plantillas como el resultado de los procesos selectivos y se ha realizado la OEP sobre las necesidades previstas a tres años.
España es un país que envejece y la situación se refleja también en su Administración, que tiene que hacer frente a este reto. Durante los últimos años, el envejecimiento del personal de la AGE forma parte del debate sobre el futuro de nuestro sector público. Para conocer la dimensión del problema y poder adoptar las medidas necesarias, hemos analizado la edad del personal funcionario y laboral.
Situación a 1 de enero de 2019
La AGE (personal de los ministerios, excluyendo FFAA y FCSE) cuenta con 135.476 empleados públicos. La edad media de este personal es de prácticamente 52 años (51,9), casi diez años más que la del conjunto de la población activa del país (42,5).
En la pirámide por edad se aprecia la distribución del personal por grupos de años. Destacan dos reducciones: la primera -colectivo de 40 a 49 años- fruto del efecto de la culminación de los procesos de traspaso de personal a las CCAA. La segunda -efectivos entre 30 y 39 años- refleja los efectos de la crisis económica y la reducción de las tasas de oferta de empleo a límites muy por debajo de los niveles que garantizan la reposición de efectivos.
El reto no es sólo cuantitativo, porque las necesidades son distintas a las de hace 15 años y las circunstancias han cambiado en la Administración: la descentralización y las nuevas tecnologías adquieren cada vez mayor protagonismo y, por tanto, repercuten en la prestación de los servicios públicos. Con estos aspectos, hay que definir los nuevos recursos humanos en función de los sectores más necesitados y de atención directa a la ciudadanía, a través de la adecuada planificación.
La introducción de importantes cambios metodológicos en el diseño de la OEP permite orientar la cobertura de los recursos personales -cuantitativa y cualitativamente- a las necesidades sociales.
Se ha tenido en cuenta la identificación de sectores sensibles por su impacto en las necesidades de la ciudadanía que precisan atención y refuerzo especiales.
Partiendo del análisis y de los sectores prioritarios marcados por los PGE prorrogados, la oferta refuerza servicios públicos de atención a la ciudadanía prestados por la Administración en el territorio: delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, empleo, tráfico, catastro, extranjería... También el sector del I+D+i, lucha contra el fraude fiscal y laboral, Administración penitenciaria y nuevas tecnologías de la información y comunicaciones en la AGE.
En tanto, la OEP 2019 ofrece novedades que permiten mejorar la planificación en el diseño de la política de recursos humanos en la AGE:
Realización de un análisis de la tendencia al envejecimiento de las plantillas.
Estimación plurianual de necesidades por cada departamento para el período 2019-2021, que permitirá distribuir adecuadamente la oferta por grupos teniendo en cuenta que los grupos auxiliar y administrativo tardan seis meses en incorporarse al servicio, mientras que los grupos superiores -por la complejidad de sus procesos selectivos- prolongan ese plazo entre año y medio y dos años.
El análisis de la situación real centra la metodología utilizada tomando el escenario actual como marco de referencia o "base 0" para el conjunto de la programación.
Se ha revisado la tasa de cobertura de las plazas convocadas para optimizar su dotación, evitando desajustes no deseados entre distintos cuerpos o escalas y la convocatoria de plazas que después no se cubren y, por tanto, se pierden.
El presidente del Gobierno y los presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía acordaron en la VI Conferencia de Presidentes, el 17 de enero de 2017, afrontar los cambios demográficos que afectan a España y, de forma específica, la elaboración y el desarrollo, por parte del Gobierno de España, y contando con la colaboración de las comunidades autónomas, las ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades locales, de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de naturaleza global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante.
La evolución demográfica en España, con aspectos tan positivos como el aumento de la esperanza de vida y el crecimiento generalizado de la población en el siglo XXI pero, también negativos, como se refleja en la pérdida de población de buena parte de nuestro territorio, la baja densidad y la caída de la natalidad, supone un desafío para la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. Un desafío que puede poner en riesgo la cohesión social, la vertebración territorial y nuestro modelo de convivencia.
Objetivo general de la Estrategia
El objetivo general de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico es sentar las bases de un proyecto de país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio, a través de la coordinación y cooperación de todas las administraciones públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos y la estrecha colaboración público-privada.
El trabajo realizado desde el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico para la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico se ha guiado por el cumplimiento del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, tanto en el objeto del acuerdo como en su metodología de trabajo y contenido.
En su metodología, la elaboración de la Estrategia se ha realizado con la colaboración de las comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y entidades locales. Por ello, se constituyó en septiembre de 2018 un grupo institucional con comunidades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. Con una metodología de trabajo consensuada, a lo largo de los meses siguientes se han celebrado reuniones periódicas sobre los ejes de la estrategia.
Asimismo, se constituyó el grupo de trabajo específico sobre Reto Demográfico en el marco de la Comisión Nacional de Administración Local, que abre una interlocución directa con representantes de ayuntamientos y de diputaciones provinciales.
OBRAS DE EMERGENCIA PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES EN ALMERÍA, ASTURIAS, CÁDIZ Y GIPUZKOA
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de las obras para la reparación de los daños causados por los temporales marítimos acaecidos en los meses de enero y febrero de 2019 en las costas de las provincias de Almería, Asturias, Cádiz y Gipuzkoa, por un importe de 691.000 euros.
Las obras, iniciadas en el mes de marzo por el procedimiento de emergencia para garantizar la seguridad de las personas y de nuestro litoral, son las siguientes:
Almería: Las actuaciones consisten fundamentalmente en la aportación de arena a la playa erosionada por el temporal y la reparación del tramo del muro dañado en el paseo marítimo de Balerma (El Ejido) con un presupuesto aproximado de 200.000 euros.
Asturias: Las obras consistirán básicamente en la reparación del dique de encauzamiento de la ría de Navia, en el municipio de Coaña, mediante la excavación en la zona marítimo-terrestre del cimiento del dique, recolocación de material existente para formación del núcleo del mismo, recolocación de escollera existente y formación del manto exterior del dique con piedra caliza, procedente de cantera. Su presupuesto asciende a 165.000 euros.
Cádiz: Los efectos del temporal ocasionaron roturas en varios tramos de las murallas pertenecientes al baluarte del Castillo de Santa Catalina, catalogado Bien de Interés Cultural. Las obras se centran en asegurar la muralla para evitar la caída de sillares y proceder a su apuntalamiento, asegurando la seguridad de su uso. Se reforzará la base de cimentación y el núcleo de la muralla en varios tramos, recuperando sillares caídos y reponiendo sillares que faltan con piedra de similares características y se reconstruirá el lienzo de la muralla. La inversión necesaria es de aproximadamente de 246.000 euros.
Gipuzkoa: Las obras en Getaria, donde hay que reparar la rotura del muro de costa en el mirador de la carretera N-634, consistirán, básicamente, en la ejecución de solera de hormigón, colocación de mampostería en el paramento frontal del muro, así como en la corrección y ajuste de la barandilla existente y colocación de baldosas levantadas. La inversión es de aproximadamente 80.000 euros.
ESPAÑA CONTRIBUIRÁ CON 17,2 MILLONES DE EUROS A PROGRAMAS METEOROLÓGICOS INTERNACIONALES
El Consejo de Ministros ha autorizado la participación y contribución de España en las prórrogas de los programas MSG (METEOSAT de Segunda Generación, con 4 satélites) y EPS (Sistema Polar Europeo, con 3 satélites de órbita polar) de EUMETSAT, por un importe global de 17.230.000 euros.
El fin es que España, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), garantice la contribución a los programas de satélites meteorológicos europeos actualmente en órbita. El objeto de esta aportación es la de prorrogar su vida útil con el consiguiente ahorro que esta medida implica. Asimismo, indirectamente supondrá desarrollar un sistema científico más ligado a la industria y a conseguir empresas competitivas en las cadenas de valor globales.
Este crédito se ha autorizado teniendo en cuenta los ejercicios futuros, dado que las prórrogas de los programas citados comienzan a partir de 2023 (para el programa MSG), y 2021 (para el programa EPS).
Claves para la predicción y estudio del sistema climático
Desde el punto de vista técnico, los datos y productos de los sistemas de satélites geoestacionarios y polares son clave para las actividades encomendadas a la AEMET, pues, además de su utilidad intrínseca en la predicción y vigilancia del tiempo, son fuente de datos de observación para la validación de los modelos de predicción numérica, herramienta fundamental para la predicción de los fenómenos meteorológicos adversos, el estudio del sistema climático y sus cambios.
Por ello, no sólo es esencial para las competencias del Ministerio para la Transición ecológica (asumidas a través de la AEMET) sino también de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El Organismo Europeo para la Explotación de los Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) fue instituido por Convenio de fecha 24 de mayo de 1983 -ratificado por España el 22 de enero de 1985-, con el objetivo primordial de establecer, mantener y explotar sistemas europeos de satélites meteorológicos operacionales.
Una parte de las contribuciones que realizan sus Estados Europeos participantes se destinan al presupuesto general del organismo y otra a financiar los programas satelitales en vigor. Dentro de los programas de satélites existen programas obligatorios (para su desarrollo se requiere la aprobación de todos los miembros) y programas opcionales (participan en ellos sólo los miembros que lo desean).
MSG (METEOSAT de Segunda Generación, con 4 satélites) y EPS (Sistema Polar Europeo, con 3 satélites de órbita polar) son programas obligatorios cuya operatividad prevista era 1994-2023 (prorrogable hasta 2033) y 1999-2020 (prorrogable hasta 2033), respectivamente.
NOMBRAMIENTOS DEL PRESIDENTE Y LOS TRES NUEVOS CONSEJEROS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
El Consejo de Ministros ha nombrado, mediante cuatro reales decretos, a Josep Mª Serena i Sender como nuevo presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a Elvira Romera Gutiérrez, Mª Pilar Lucio Carrasco y Francisco Castejón Magaña como nuevas consejeras y consejero del organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en España.
Una vez cumplido el trámite de comparecencia de los candidatos propuestos por el Gobierno ante la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados el pasado 27 de febrero, hoy a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y previa deliberación del Consejo de Ministros, se han aprobado los reales decretos que designan los nuevos nombramientos.
Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la toma de posesión se formalizará en un acto en el Congreso de los Diputados, en una fecha aún por determinar.
Los perfiles de los nuevos miembros del CSN se ajustan a las pautas establecidas en el artículo 5 del Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear que determina que "el presidente y los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear serán designados entre personas de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo, como las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio".
El período de permanencia en el cargo será de seis años, pudiendo ser designados, mediante el mismo procedimiento, como máximo para un segundo período de seis años. Los cargos de presidente y consejeros no pueden ser ostentados por personas mayores de 70 años.
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cantabria.-
D. EDUARDO ECHEVARRÍA LAVÍN
Ha trabajado de analista de laboratorio en el sector del hormigón, ejerciendo de presidente del Comité de Empresa. Ha sido durante 21 años alcalde de Villaescusa.
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.-
D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Es licenciado en Derecho y máster en Dirección y Gestión de Administración Pública. Ha trabajado como secretario general de la Delegación del Gobierno cargo que ejercía en la actualidad. También ha sido subjefe provincial y jefe provincial Tráfico de Murcia, así como jefe Local de Tráfico de Cartagena.
Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear.-
D. JOSÉ MARÍA SERENA SENDE
Es doctor en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y diplomado en Ingeniería y Gestión Ambiental por la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre 1993 y 2018 fue presidente y consejero delegado de Auma Consultores en Medio Ambiente y Energía, SL, y anteriormente ostentó diversos cargos en el Área Metropolitana de Barcelona y en la Corporació Metropolitana de Barcelona. Actualmente, preside la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya.
Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear.-
D. FRANCISCO MIGUEL CASTEJÓN MAGAÑA
Es doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid. En CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) fue científico titular desde 2004 hasta 2015, año en que pasó a ocupar la posición de investigador titular. Actualmente es director de la Unidad de Teoría de Fusión y líder del proyecto "Stellarator Optimization: theory, development and Engineering, dentro de EUROFUSION.
Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear.-
Dª MARÍA DEL PILAR LUCIO CARRASCO
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y master en Consultoría Estratégica de las Organizaciones y Estudios de postgrado en Gobierno y Administración Pública por la misma Universidad. Desde 2014 ocupa la Secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, especializándose en regulación energética y en particular, en la regulación de la seguridad nuclear y de la protección radiactiva. Actualmente es la portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, impulsando numerosas iniciativas relacionadas con el sector energético, el buen gobierno y la transparencia en los organismos reguladores.
Dª ELVIRA ROMERA GUTIÉRREZ
Catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada. Tiene una amplia trayectoria docente, investigadora y de gestión desarrollada desde 1992. Desde noviembre de 2014, es directora del Instituto Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional. Pertenece, entre otros, al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, a su Comisión de Investigación y al Consejo Asesor del PAIDI de la Junta de Andalucía.