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Timestamp: 2020-07-12 04:11:58
Document Index: 37004649

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'ARTÍCULO 52', 'artículo 65', 'artículo 82', 'ARTÍCULO 53', 'artículo 33', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 45', 'artículo 51', 'artículo 23', 'artículo 37', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 7', 'artículo 7']

Modificaciones aprobadas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, comentadas en la guía de fiscalidad y tributación del inversor y ahorrador de invierto y ahorro.
REAL DECRETO-LEY 11/2020 DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL COVID-19
En el Boletín Oficial del Estado de 1 de abril de 2020 se publica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en el que se aprueban las medidas que se detallan a continuación. Téngase en cuenta que en el Boletín Oficial del Estado de 8 de abril de 2020 se publica el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario en el que se realizan algunas modificaciones al Real Decreto-ley 11/2020 que están tomadas en consideración en este artículo. Además también debe tenerse en cuenta que en el Boletín Oficial del Estado de 9 de abril de 2020 se publica la Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. También debe tenerse en cuenta que en el Boletín Oficial del Estado de 29 de abril de 2020 se publica el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en el que se realizan algunas modificaciones al Real Decreto-ley 11/2020 que están tomadas en consideración en este artículo.
1.-ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA
1.1.-Entrada en vigor. El presente Real decreto-ley 11/2020 entra en vigor el 2 de abril de 2020 a excepción del artículo 37, sobre Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que entra en vigor el 3 de abril de 2020.
1.2.-Vigencia. Con carácter general, las medidas previstas en el presente Real decreto-ley 11/2020 mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este Real decreto-ley 11/2020 que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
2.-APLAZAMIENTO DE DEUDAS DERIVADAS DE DECLARACIONES ADUANERAS (ARTÍCULO 52)
En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda aduanera y tributaria correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde el 2 de abril de 2020 hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada Ley 58/2003 y el importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros.
3.-SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LAS ENTIDADES LOCALES (ARTÍCULO 53 Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA)
Con efectos aplicables sobre los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prevé que lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, será de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4.-AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA RECURRIR
5.-PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN, CADUCIDAD Y OTROS
6.-MORATORIAS Y OTRAS MEDIDAS SOBRE ALQUILERES
-Se prohíben los desahucios de inquilinos en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19 durante seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020.
-Se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.
-Se establece una moratoria automática en el pago de su renta de vivienda habitual para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras. Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles. La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas aplazadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses. El propietario también podrá elegir por aplicar una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses. Respecto de esta moratoria arrendaticia sobre vivienda habitual, conforme a la modificación realizada mediante el Real Decreto-ley 16/2020, el plazo para solicitar la moratoria será de tres meses (antes de la modificación realizada por el Real Decreto-ley 16/2020 el plazo era de un mes) a contar desde el 2 de abril de 2020.
-Se regula también la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, en cuyo caso, el inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta arrendaticia de la vivienda habitual. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo. En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá intereses ni gastos para el solicitante, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Respecto de esta moratoria arrendaticia sobre vivienda habitual, conforme a la modificación realizada mediante el Real Decreto-ley 16/2020, el plazo para solicitar la moratoria será de tres meses (antes de la modificación realizada por el Real Decreto-ley 16/2020 el plazo era de un mes) a contar desde el 2 de abril de 2020.
-Para personas que tengan problemas más permanentes para el pago del alquiler, se establece también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual y que podrán ser añadidas a las indicadas anteriormente.
7.-MORATORIA HIPOTECARIA Y DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS NO HIPOTECARIOS
8.-DERECHOS ARANCELARIOS NOTARIALES Y REGISTRALES MORATORIA HIPOTECARIA
- Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la moratoria hipotecaria legal en los términos del apartado 3 del artículo 13 del Real Decreto-ley 8/2020 y de la formalización e inscripción de la novación del préstamo hipotecario en los supuestos del apartado 4 del artículo 13 del Real Decreto-ley 8/2020, serán satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificarán en un 50 por ciento.
9.-EXENCIÓN AJD PARA NOVACIONES MORATORIA HIPOTECARIA DE VIVIENDA HABITUAL
Se modifica la redacción del número 28 añadido al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que ahora queda con la siguiente redacción:
10.-PLANES DE PENSIONES. DISPONIBILIDAD EN CASO DE DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD DERIVADOS DE LA CRISIS SANITARIA POR COVID-19
Se amplían los supuestos en los que se pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones, de forma que podrán recurrir a las mismas las personas que estén inmersas en un expediente de regulación temporal de empleo y los autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos del COVID-19. En concreto, las características de esta disponibilidad quedan establecidas del modo siguiente:
-Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:
c) Conforme a la redacción inicial del Real Decreto-ley 11/2020 se preveía en el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ahora bien, este supuesto contemplado en esta letra c) se modifica por el Real Decreto-ley 16/2020 quedando en los siguientes términos:
-El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a:
a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo para el supuesto previsto en el apartado a) anterior.
b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público para el supuesto recogido en el apartado b) anterior.
c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el supuesto recogido en el apartado c) anterior.
-Téngase en cuenta que reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en los supuestos indicados anteriormente por lo que en dicho caso deberá estarse a lo que se disponga al respecto.
-En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.
-Asimismo debe tenerse en cuenta que esta posibilidad de disponibilidad será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
11.-SEGURIDAD SOCIAL
Moratorias en el pago de las cotizaciones sociales:
-Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Ley 8/2015, de 30 de octubre. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.
-Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La moratoria, en los casos que sea concedida, afectará al pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se encuentren suspendidas con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
12.-NUEVAS AYUDAS SOCIALES
-Subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. Se crea un subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar que hayan visto su jornada reducida o su contrato extinguido como consecuencia del COVID-19. El importe de esta prestación, que tiene carácter retroactivo si la causa es la actual crisis sanitaria, será el equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada. Será compatible con el mantenimiento de otras actividades, sin que, en ese caso, la suma de retribuciones pueda exceder el importe del Salario Mínimo Interprofesional.
-Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal. Asimismo, se establece que las personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses que se hubiese extinguido tras la declaración del Estado de Alarma y que no alcancen el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación por desempleo pueden percibir un subsidio extraordinario equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), estableciendo requisitos de acceso en función de la situación de rentas del hogar familiar.
13.-OTRAS MEDIDAS
-Las empresas no podrán cortar los suministros básicos en la vivienda habitual de ningún ciudadano durante el estado de alarma. Así, expresamente se declara que no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones.
- Se adoptan diferentes medidas de protección al consumidor en los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. En estos casos, los consumidores podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días. En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad, sin que esto suponga la rescisión del contrato salvo por la voluntad de ambas partes. En cuanto a servicios prestados por varios proveedores, caso, por ejemplo, de los viajes combinados, el consumidor podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista (dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del Estado de Alarma y, en caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso).
-En el ámbito del sector de telecomunicaciones, la norma matiza que la suspensión de la portabilidad afecta a aquellas operaciones en las que exista necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a tiendas o de que se realicen intervenciones físicas en su domicilio, excepto en casos de fuerza mayor. Además, y para evitar que el consumidor se pueda ver perjudicado por la suspensión de las operaciones de portabilidad, se establece que los usuarios no puedan ver sus tarifas incrementadas durante el tiempo en que no puedan solicitar un cambio de compañía.
-Se establecen limitaciones en la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego como una medida de freno a la ludopatía (artículo 37).
-Se establecen diferentes medidas para que los autónomos y las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago.
-Se prevé la posibilidad de utilizar métodos de identificación por videoconferencia para la expedición de certificados electrónicos cualificados. Los certificados así emitidos serán revocados por el prestador de servicios al finalizar el estado de alarma, y su uso se limitará exclusivamente a las relaciones entre el titular y las Administraciones públicas.
-Se regulan distintas previsiones en materia de concursos de acreedores en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-Ley 11/2020 y, además, se introduce una nueva Disposición adicional décima «Especialidades en aplicación del Capítulo II a las empresas concursadas» en el Real Decreto-Ley 8/2020.
-En el ámbito societario se da nueva redacción al artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020 (Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado) y al artículo 41 del Real Decreto-Ley 8/2020 (Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas).
-Otras leyes modificadas. También resultan modificadas la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, en la que se modifica el artículo 7 bis; la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva; la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias y la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Asimismo se regula la tramitación de la autorización de operaciones en curso y de operaciones de importe reducido incluidas en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.