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Timestamp: 2018-11-19 21:06:15
Document Index: 17393079

Matched Legal Cases: ['Artículo 182', 'Artículo 193', 'artículo 174', 'Artículo 38', 'Artículo 30', 'Artículo 1', 'Artículo 24', 'artículo 245', 'Artículo 1', 'artículo 245', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 37', 'Artículo 216', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 22', 'Artículo 21', 'Artículo 31', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo 57', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 96', 'Artículo 102', 'in fine', 'Artículo 147', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'Artículo 173', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 179', 'Artículo 181', 'Artículo 183', 'Artículo 185', 'Artículo 195', 'Artículo 203', 'Artículo 204', 'Artículo 205', 'Artículo 206', 'artículo 15', 'artículo 27']

La infracción al derecho de autor y el rol de Indecopi en su prevención - Abrecht
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La infracción al derecho de autor y el rol de Indecopi en su prevención
Rosalia Quiroz Papá de García
La protección a los derechos de autor en el Perú siempre fue preocupación de los juristas, desde la independencia y la posterior promulgación de la primera Constitución del Perú (1823), se plasmaron en un sin número de normas estos derechos, es así que para conocer de cerca el marco jurídico que rige la protección al Derecho de Autor, inicialmente y en forma cronológica hacemos referencia a las normas más importantes que sobre la materia se han promulgando a lo largo de la vida republicana, para luego citar y describir la ley expresa como es el Decreto Legislativo 822, materia de la tesis.
3.1. Cronología de la normatividad jurídica sobre derecho de autor
1823.- La primera Constitución del Perú del 12 de noviembre de 1823, reconoció y declaró la inviolabilidad de la Propiedad Intelectual. Capítulo II. Educación Pública, que a la letra dice:
Artículo 182.- La Constitución garantiza este derecho.
1. Por los establecimientos de enseñanza primaria, de ciencias, literatura y artes.
2. Por premios que se conceden a la dedicación y progresos distinguidos.
3. Por institutos científicos, cuyos miembros gocen de dotaciones vitalicias competentes.
4. Por el ejercicio libre de la imprenta que arreglará una ley particular
5. Por la inviolabilidad de las propiedades intelectuales
Capítulo V. Garantías Constitucionales.
Artículo 193.- Sin embargo de estar consignados los derechos sociales e inviolables de las personas en la organización de esta ley fundamental se declaran inviolables:
7. La libertad de imprenta en conformidad con la ley que la arregle.
1849.- Primera Ley de Propiedad Intelectual, promulgada durante el Gobierno de Ramón Castilla, siendo presidente del Senado don Antonio de la Fuente y de la Cámara de Diputados son Bartolomé Herrera. El Congreso de la República aprobó: “Considerando que está garantizado por el artículo 174 de la Constitución de 1839 la inviolabilidad de las propiedades intelectuales, se designan las penas en que incurran los que la violen”. El contenido de esta Ley en sólo nueve artículos de carácter genérico, señalaba los alcances, a quiénes y a qué producción afectaba; el tiempo que duraba la protección; el procedimiento para la inscripción; y, las sanciones para su infracción. Además, disponía depositar en las Bibliotecas Públicas las ediciones de las obras que se publicaban en su localidad, la misma que tuvo vigencia hasta 1961.
1915.- El Ministerio de Instrucción de entonces, ordena que la Biblioteca Nacional abra un libro especial de Registro Cronológico de autores.
1920.- La Constitución de este año en su Título IV, indica:
Artículo 38.- La propiedad es inviolable, bien sea material, intelectual, literaria o artística (…).
1933.- La Constitución de esta fecha también incorpora como Derechos de la persona el Derecho a la Propiedad Intelectual, en su :
Artículo 30.- El Estado garantiza y protege los derechos de los autores e inventores. La ley regulará su ejercicio.
1936.- El Código Civil de este año legisla el derecho de autor en el título referido al Contrato de Edición: “Art. 1665. Por el contrato de edición, el autor de una obra literaria, científica o artística, se compromete a entregar dicha obra al editor…”.
1961.- Ley 13714 de Derecho de Autor, promulgada por Manuel Prado, con nueve títulos y 159 artículos, norma jurídica muy completa para su época, cuyo contenido era:
Título I. De la protección de la ley
Título II. De los titulares del derecho de autor
Título III. De la duración del derecho del autor
Título IV. De los atributos del derecho de autor
Título V. Limitación al derecho de autor
Título VI. Del registro del derecho de autor
Título VII. De la transmisión de los derechos patrimoniales
Título VIII. De las infracciones, medidas preventivas y de los procedimientos
Título IV. Disposiciones transitorias
Esta norma creó el Registro Nacional de Derecho de Autor en el ámbito de la Biblioteca Nacional del Perú, cuya inscripción era facultativa, y su omisión no privaba el ejercicio de los derechos.
1962.- Decreto Supremo N° 062-DE.- Reglamento que estableció una Oficina de Bibliografía y Registro Nacional de Derecho de Autor en la Biblioteca Nacional, con posterioridad se aprobó el Reglamento de Inscripciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor.
1965.- Ley N° 15792, promulgada durante el gobierno de Arq. Fernando Belaunde Terry, señalaba:
Artículo 1.- La renta, en calidad de derechos de autor, que obtengan los autores peruanos por su producción, sea ésta científica, literaria, artística o de cultura en general, está exenta de toda contribución.
1979.- Constitución Política del Perú,
6.- A la libertad de creación intelectual, artística y científica. El Estado propicia el acceso a la cultura y la difusión de ésta.
1980.- Decreto Ley N° 22994, norma que aprueba el Convenio de adhesión a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Artículo Primero.- Apruébese el “Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, firmado en Estocolmo, Suecia, el 14 de Julio de 1967.
1982.- Ley 23506 Ley de Habeas Corpus y de Amparo.- Procede en defensa de los derechos de creación artística, intelectual y científica.
Artículo 24.- La acción de amparo procede en defensa de los siguientes derechos:
6) De la libertad de creación artística, intelectual y científica.
1982.- Ley N° 23535, ampliatoria del inciso séptimo del artículo 245 del Código Penal, que tipifica la piratería como delito común, que a la letra dice: Artículo 1°.- Amplíase el inciso 7º del artículo 245 del Código Penal la ley siguiente:
7°.- El que vendiera o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o grabados; el que vendiere, gravare o arrendar como propios, bienes ajenos; y el que copiare o reprodujere – directa o indirectamente – por cualquier medio de impresión, grabación o fijación una obra literaria, artística o científica, sin la autorización escrita del autor o del editor o del productor de videogramas o de obras cinematográficas, o de otros causahabientes, y el que de cualquier forma distribuyere al público los ejemplares ilícitos, los vendiere, los arrendare, los mantuviere ocultos o en depósitos o los introdujere en el país sin perjuicio de su previa incautación, así como de los elementos utilizados para su reproducción.
1985.- Ley 24182 Ley de Depósito Legal, aprobada durante el gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry.
Artículo 1.- Los autores e impresores de libros, folletos, textos musicales, grabaciones fonográficas, reproducciones impresas de dibujos, pinturas, mapas, planos, programas de actuaciones o espectáculos y en general, de todo texto impreso dentro del territorio nacional, con tiraje superior a 1 000 ejemplares están solidariamente obligados a remitir a la Biblioteca Nacional, dentro del término de treinta días de concluida la impresión, seis ejemplares de toda edición, los que serán distribuidos en la siguiente forma: cuatro ejemplares para la Biblioteca Nacional.- Un ejemplar para la biblioteca municipal de la capital del departamento donde se edita, y, un ejemplar para la Biblioteca del Congreso Nacional. Si el tiraje fuera menor de 1 000 ejemplares, la obligación se reduce a un ejemplar para cada una de las entidades indicadas .
1984.- Resolución Legislativa N° 23979.
El Congreso de la República, en uso de la facultad que le confiere… ha resuelto la adhesión de los siguientes Instrumentos Multilaterales:
“Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas” del 08 de setiembre de 1886; “La Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión” de 26 de Octubre de 1961. “La Convención Universal sobre Derecho de Autor” revisada en París el 24 de Julio de 1971, y sus Protocolos 1 y 2 anexos a la misma; el “Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas”, Contra la reproducción no autorizada de sus Fonogramas del 29 de Octubre de 1971; y “Convenio sobre la distribución de señales portadoras de Programas Transmitidas por Satélite” hecho en Bruselas el 21 de Mayo de 1974 .
1988.- Resolución Jefatural N° 203-88-BNP.
La Biblioteca Nacional del Perú preocupada por que la legislación sobre derecho de autor, que seguía vigente por más de 25 años, y frente a los cambios acelerados que se venía dando en la sociedad, el conocimiento, la tecnología y los medios de comunicación, es que considera necesario elaborar un anteproyecto que permitiera actualizar y reformar la Ley de Derecho de Autor , es así que aprueba esta Resolución, convocando a su vez la participación de diferentes personalidades y sectores como la Sociedad de Autores y Compositores, Asociación Peruana de Autores y Compositores, Asociación Nacional de Escritores y Artistas (ANEA), Asociación Peruana de Artistas Plásticos, Cámara Peruana del Libro y la Federación de Periodistas del Perú, todos ellos comprometidos con el tema de los derechos intelectuales.
Artículo 1.- Constituir una Comisión encargada de la elaboración y redacción de un Ante-Proyecto de Reforma y Actualización de la Ley de Derechos de Autor, previa la revisión de la legislación pertinente.
1991.- D.S. 0024-DE-91, la Dirección de Derecho de Autor en la Biblioteca Nacional del Perú, a partir de este Decreto, tiene competencia para sancionar (multa) las infracciones al Derecho de Autor, considerando un hecho revolucionario porque hasta la fecha no se había concretado una situación similar.
1991.- Ley N° 25326, establece:
Artículo 1.- Los impresores de libros y folletos, están obligados a remitir a la Biblioteca Nacional, seis (6) ejemplares, los mismos que son distribuidos de la siguiente forma:
Tres (3 ) para la Biblioteca Nacional del Perú
Uno (1) para la Biblioteca del Senado de la República; y,
Uno (1) para la Biblioteca de la Cámara de Diputados.
Asimismo, establece tal obligatoriedad para las publicaciones periódicas, además de los mapas, planos, almanaques, reproducciones de pinturas, dibujos, partituras, grabaciones en disco y en cintas magnetofónicas. Obliga también a los organismos del Estado a cumplir con estas disposiciones.
1992.- El nuevo Código Penal.
Contiene en el Libro II, Título VII, Capítulo I, artículos 216 al 221, los delitos contra los derechos intelectuales, que luego, con la promulgación del Decreto Legislativo 822, fueron modificados con penas más severas que van hasta los ocho años de cárcel. Posteriormente por Ley Nº 27729, nuevamente se modifica el Art. 216°, y se sustituyen los artículos 222°, 2223°, 224° y 225° del Código Penal.
1992.- Decreto Ley 25688.
Norma que crea el INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y el Tribunal de Defensa de la Competencia. Cuya estructura orgánica y funcional a partir de la fecha se incorpora al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, crea además la Oficina de Derecho de Autor, que hasta ese momento funcionaba en la Biblioteca Nacional del Perú. Cabe destacar, el Título I De la Finalidad y Domicilio.
Artículo 2.- El INDECOPI es el organismo encargado de las aplicación de las normas legales destinadas a proteger:
a) El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores; b) Los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones conforme lo estipula el Artículo 30 del presente Decreto Ley; c) La calidad de los productos, y, d) Otros que se le asignen.
Capítulo II. De las Oficinas.
Oficina de Derechos de Autor.
Artículo 30.- El INDECOPI tiene tres Oficinas destinadas a la protección de los derechos de la propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, que son las siguientes:
Artículo 37.- Corresponde a la Oficina de Derecho de Autor cautelar, proteger y registrar los derechos de autor y derechos conexos sobre obras artísticas en todas sus manifestaciones y sobre software, así como mantener el depósito legal intangible. Asimismo, lleva el registro de las asociaciones autorales.
1993.- La nueva Constitución Peruana:
8.- A la libertad de creación intelectual, artística , técnicas y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
1993.- Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decisión 351)
Acuerdo firmado en Lima en diciembre de 1993 por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Llamado también Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, que entre otras finalidades fue la de uniformar las normas de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, permitiendo que todos estos países tengan una relación más fluida en materia de derechos intelectuales. Instrumento jurídico que sirvió de antecedente a la nueva Ley de Derecho de Autor, sobre la base de los puntos de este tratado se aprobó en 1996 el Decreto Legislativo 822.
1996.- Decreto Legislativo 822, Ley de Derecho de Autor. El mismo que será descrito en el capítulo referido al marco jurídico de la presente tesis.
1997.- Ley 26905 Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú.
Están obligados a cumplir con esta ley, los editores, impresores, productores o fabricantes de toda obra impresa, grabación fónica, programa de computadora, videocinta y cualquier otro soporte que registre información, que se edite o grabe, bajo cualquier sistema o modalidad, en el territorio nacional, así como a los extranjeros que distribuyan en el territorio nacional.
Se entregará tres ejemplares de cada libro, folleto o documento más de 1000 ejemplares; dos ejemplares de publicaciones periódicas, un ejemplar de otros materiales especiales: discos compactos, películas, etc.
Sanciones.- De no cumplir la ley se sancionará con multa no menor de media UIT ni mayor de cinco UIT
1998.- Decreto Supremo N° 017-98- ED, Reglamenta la Ley de Depósito Legal.-
Cuyo texto señala que tiene por finalidad de enriquecer el Patrimonio Cultural Bibliográfico, informático e Informativo de la Nación, haciendo la distinción entre:
Material bibliográfico.- Documentos informativos impresos en papel: libros, folletos, publicaciones periódicas (diarios, revistas, boletines, periódicos, memorias, anuarios y similares), enciclopedias, guías, diccionarios, volantes, mapas, planos, carteles, afiches, almanaques, calendarios, tarjetas postales, partituras, grabados, láminas sueltas, estampados, cromos, anuncios artísticos y similares.
Material especial, los documentos informativos impresos, grabados o fijados en distintos soportes tales como: discos, disquetes, discos compactos, CD-ROMs, cintas magnéticas, casetes, películas cinematográficas, videocasetes, programas grabados, televisivos y radiales, diapositivas, programas de ordenador y otro soporte que contenga información como monedas, medallas y similares. Obliga a los impresores, a los editores, productores, fabricantes y/o distribuidores.
2002.- Ley Nº 27729.- Ley que modifica diversos artículos del Código Penal.- Esta norma promulgada en mayo del 2002, modifica el Artículo 216 del Código Penal, a su vez, sustituye los artículos 222º, 223º, 224º, 225º y 288º del Código Penal referidos a los delitos contra la propiedad industrial. El Art. 216 -que es de nuestro interés – corresponde exclusivamente a quienes infrinjan las normas del Derecho de Autor. Este artículo fue modificado inicialmente al promulgarse el Dec. Leg. 822 (1996), la misma que establecía pena privativa de libertad de uno a tres años y de diez a sesenta días multa. La modificación actual (2002) eleva la pena de 2 a 4 años, “…a quien estando autorizado para publicar una obra, lo hiciere en una de las formas siguientes:
Sin mencionar en los ejemplares el nombre el autor, traductor, adaptador, compilador o arreglador.
Estampe el nombre con adiciones o supresiones que afecten la reputación del autor como tal o, en su caso, del traductor, adaptador, compilador o arreglador.
Publique la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones, o cualquier otra modificación, sin el consentimiento del titular del derecho.
Publique separadamente varias obras, cuando la autorización se haya conferido para publicarlas en conjunto, o las publique en conjunto, cuando solamente se le haya autorizado la publicación de ellas en forma separada” .
Este artículo ha sido tipificado como delitos de abuso de la autorización concedida, (Ricardo Antequera y Marisol Ferreyros), sostienen además, que, quines infringen los incisos a) y b), vulneran el derecho moral de paternidad del autor. El inciso c), vulnera también el derecho moral de integridad y el derecho patrimonial de transformación. Sobre la efectividad de la ley, los directivos de la Cámara Peruana del Libro sostienen que ésta carece de eficacia por cuanto las penas, no conllevan a una carcelería efectiva.
3.2. Ley Sobre el Derecho de Autor. Decreto Legislativo N° 822.
Por constituir el tema central de la tesis, es necesario citar y describir los contenidos que están directamente relacionados al tema de investigación; algunos puntos de la Ley no son descritos por no tener relación directa al tema. La descripción se desarrolla respetando la estructura temática de la misma.
3.2.1. Titulo preliminar .- El objeto de la ley es la protección de los autores de las obras literarias y artísticas y de sus derechohabientes, así como a los titulares de los derechos conexos, al margen de la nacionalidad, domicilio y lugar de publicación .
3.2.2. Definiciones
La ley en su Artículo 2°, incluye un gran número de términos empleados en el desarrollo de la ley, extractaremos lo que a nuestro juicio son los más importantes para efectos del trabajo.
Autor.- Es la persona natural que realiza la creación intelectual
Artista, intérprete o ejecutante.- Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folklore, así como el artista de variedades y de circo.
Copia o ejemplar.- Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción.
Distribución.- Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de transferencia de propiedad o posesión de dicho original o copia.
Editor.- Persona natural o jurídica que mediante contrato con el autor o su derechohabiente se obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra por su propia cuenta.
Licencia.- Es la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarla en una forma determinante y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia.
Obra.- Toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgado o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse.
Obra derivada.- La basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en el arreglo, la adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto.
Obra literaria.- Toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado.
Publicación.- Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.
Reproducción.- Fijación de la obra o producción intelectual en un soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, y la obtención de copias de toda o parte de ella.
Reproducción reprográfica.- Realización de copias en facsímil de ejemplares originales o copias de una obra por medio distintos de la impresión, como la fotocopia.
Titularidad.- Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Ley.
Titular originario.- La que emana de la sola creación de la obra.
3.2.3. obras objeto de la protección del Derecho de Autor
Título I, enumera un conjunto de obras producto del ingenio, tanto obras literarias o artísticas y que deben ser protegidos desde el momento de su creación, sin que se exija ningún requisito ni formalidad previa. Entre las que menciona:
Artículo 5°.- Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:
a) Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos. b)Las obras literarias, alocuciones y sermones o las explicaciones didácticas. c) Las composiciones musicales con letra o sin ella. d)Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas en general. e) Las obras audiovisuales. f) Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías. g) Las obras de arquitectura. h) Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía. i) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. j)Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad. k) Los programas de ordenador. l) Las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido. m) Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, editoriales y comentarios. n) En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.
3.2.4. Obras derivadas.- Se denomina así a todas aquellas obras que se basan en otras ya existentes.
Artículo 6.- Sin perjuicio de los derechos que subsisten sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, son también objeto de protección como obras derivadas siempre que revistan características de originalidad.
Los resúmenes y extractos.
Las demás transformaciones de una obra literaria o artística o de expresiones del folklore.
3.2.5. La ley no protege.- Expresamente la norma establece que no están protegidos los
Artículo 9.- No son objeto de protección por el derecho de autor:
Las ideas, contenidas en las obras literarias o artísticas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.
Los textos oficiales de carácter legislativo, administrativo o judicial, ni las traducciones oficiales de los mismos, sin perjuicio de la obligación de respetar los textos y citar la fuente.
Las noticias del día, pero, en caso de reproducción textual, deberá citarse la fuente de donde han sido tomadas.
Los simples hechos o datos.
3.2.6. Titulares del derecho de autor.- El Título II de la ley, realiza una distinción entre el autor, el titular originario y el titular derivado.
Artículo 10°.- El autor es el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, de orden moral y patrimonial, reconocidos por la presente ley. Sin embargo, la ley reconoce que se podrán beneficiar otras personas naturales o jurídicas, en los casos expresamente previstos en ella.
Artículo 11°.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona natural que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.
3.2.7. Contenido del Derecho de Autor.- La norma en su Título III, señala que la protección al derecho de autor abarca dos contenidos básicos: uno de orden moral (fuero interno) y otro de orden patrimonial (conjunto de bienes que una persona posee o adquiere por cualquier título)76
a) Los derechos morales
Artículo 22°.- Son derechos morales:
El derecho de modificación o variación
El derecho de retiro de la obra del comercio
Características .- Estos derechos presentan características propias que la ley expresamente menciona:
Artículo 21°.- Los derechos morales reconocidos por la presente ley, son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. A la muerte del autor, los derechos morales serán ejercidos por sus herederos, mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposición legal en contrario.
b) Los derechos patrimoniales.- Comprende el conjunto de derechos que conllevan a cautelar la explotación económica de la obra del autor.
Artículo 31°.- El derecho patrimonial comprende especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
e. La importación al territorio nacional de copias de la obras hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio inclusive mediante transmisión.
3.2.8. Duración del derecho patrimonial.- A diferencia de los derechos morales que son perpetuos, estos derechos tienen un límite de duración, el mismo que lo estable la legislación de cada país.
Artículo 52°.- El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil.
Artículo 53.- En las obras anónimas y seudónimas, el plazo de duración será de setenta años a partir del año de su divulgación, salvo que antes de cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 55°.- Si una misma obra se ha publicado en volúmenes sucesivos, los plazos de que trata esta ley se contarán desde la fecha de publicación del último volumen.
Artículo 57.- El vencimiento de los plazos previstos en esta ley implica la extinción del derecho patrimonial y determina el pase de la obra al dominio público y, en consecuencia, al patrimonio cultural común. También forman parte del dominio público las expresiones del folklore.
3.2.9. Límites al derecho de explotación.- La ley ha previsto los casos en los que una obra puede ser comunicada sin autorización del titular, entre los que tenemos:
Artículo 41°.- Las obras del ingenio protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna, en los casos siguientes:
Cuando se realicen en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista un interés económico directo o indirecto y que la comunicación no fuere deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte; por cualquier medio.
Las efectuadas en el curso de actos oficiales o ceremonias religiosas, de pequeños fragmentos musicales o de partes de obras de música, siempre que el público pueda asistir a ellos gratuitamente y ninguno de los participantes en el acto perciba una remuneración específica por su interpretación o ejecución en dicho acto.
Las verificadas con fines exclusivamente didácticos (…).
Las que se realicen dentro de establecimiento de comercio, para los fines demostrativos de la clientela (…).
Las realizadas como indispensables para llevar a cabo una prueba judicial o administrativa.
Artículo 42°.- Las lecciones dictadas en público o en privado, por los profesores de las universidades, instituciones superiores y colegios, podrán ser anotadas y recogidas en cualquier forma, por aquellos a quienes van dirigidas, pero nadie podrá divulgarlas o reproducirlas en colección completa o parcialmente, sin autorización previa y por escrito de los autores.
Artículo 43.- Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor:
La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro (…).
La reproducción por reprografía de breves fragmentos o de obras agotadas, publicadas en forma gráfica, para uso exclusivamente personal.
La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos que no tengan directa o indirectamente fines de lucro (…).
La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles, plazas u otros lugares públicos (…).
El préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro.
3.2.10. Transmisión de los derechos y la explotación por terceros.- El autor puede transmitir sus derechos a terceros, para lo cual la ley ha establecido:
Artículo 88.- El derecho patrimonial puede transferirse por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa, por cualquiera de los medios permitidos por la ley.
Artículo 89°.- Toda cesión entre vivos se presumen realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario. (…).
3.2.11. El contrato de edición.- La edición es el acto mediante el cual, el editor que puede ser una persona natural o jurídica, entabla una relación contractual con el autor o su derechohabiente a fin de publicar y difundir su obra.
Artículo 96°.- El contrato de edición es aquel por el que el autor o sus derechohabientes, ceden a otra persona llamada editor, el derecho de publicar, distribuir y divulgar la obra por su propia cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 102°.- El autor tiene el derecho irrenunciable de dar por resuelto el contrato de edición:
Si el editor no cumple con editar y publicar la obra dentro del plazo pactado y si éste no se fijó, dentro de un máximo de seis meses, a partir de la entrega del ejemplar original al editor.
Si estando facultado el editor para publicar más de una edición y, habiéndose agotado los ejemplares para la venta, no procede a publicar una nueva, dentro de los dos meses, salvo pacto en contrario. (…).
3.2.12. La gestión colectiva.
Se entiende por gestión colectiva al sistema de administración de los derechos de autor y de derechos conexos, en donde los autores delegan en organizaciones legalmente constituidas, la administración de sus derechos en forma asociada.
Artículo. 146.- Las sociedades de autores y de derechos conexos, constituidas o por constituirse para defender los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, necesitan para los fines de su funcionamiento como sociedades de gestión colectiva, de una autorización de la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi y están sujetas a su fiscalización, inspección y vigilancia en los términos de esta ley y, en su caso, de lo que disponga el Reglamento. Dichas entidades serán asociaciones civiles sin fines de lucro, tendrán personería jurídica y patrimonio propio, y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o ajena a su propia función.
Artículo 147.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más título que dichos estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario , que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares. (…).
3.2.13. Función Administrativa del Estado.- El Estado está obligado de proteger los derechos de autor, como tal la ley ha creado el Indecopi, y como parte de su estructura orgánica a la Oficina de Derecho de Autor ODA, la misma que cuenta con una serie de funciones.
3.2.14. La Oficina de Derechos de Autor
Artículo 168.- La Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, es la autoridad nacional competente responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos: posee autonomía técnica, administrativa y funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo y resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio.
Artículo 169.- La Oficina de Derechos de Autor tendrá las atribuciones siguientes:
Orientar, coordinar y fiscalizar la aplicación de las leyes, tratados o convenciones internacionales de los cuales forme parte la República, en materia de derecho de autor y demás derechos reconocidos por la presente ley, y vigilar su cumplimiento.
Desempeñar, como única autoridad competente, la función de autorización de las entidades de gestión colectiva, y de ejercer su fiscalización en cuanto a su actividad gestora en los términos de esta ley.
Presenta, si lo considera pertinente, denuncia penal, cuando tenga conocimiento de un hecho que constituya presunto delito.
Actuar como mediador, cuando así lo soliciten las partes, o llamarlas a conciliación, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley.
Emitir informe técnico sobre los procedimientos penales que se ventilen por los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos.
Ejercer de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley, estando obligados los usuarios a brindar las facilidades y proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida.
Dictar medidas preventivas o cautelares y sancionar de oficio o a solicitud de parte todas las infracciones o violaciones a la legislación nacional e internacional sobre el derecho de autor y conexos, pudiendo amonestar, multar, incautar o decomisar, disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimiento.
Establecer, de ser el caso, en los procedimientos sometidos a su competencia, las remuneraciones devengadas a favor de los titulares del derecho.
Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derecho de autor, derechos conexos y otros derechos intelectuales reconocidos por esta ley, pudiendo coordinar al efecto con organismos nacionales e internacionales afines a la materia.
Normar, conducir, ejecutar y evaluar las acciones requeridas para el cumplimiento de la legislación de derecho de autor y conexos y el funcionamiento del Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos.
Llevar los registros correspondientes en el ámbito de su competencia, estando facultada para inscribir derechos y declarar su nulidad, cancelación o caducidad conforme al Reglamento pertinente.
Llevar el registro de los actos constitutivos de las entidades de gestión colectiva reguladas por esta Ley, así como sus posteriores modificaciones.
Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia.
Sistematizar la legislación relativa al Derecho de Autor y derechos conexos y proponer las disposiciones y normas que garanticen su constante perfeccionamiento y eficacia.
Requerir la intervención de la Autoridad Política competente y el auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones.
Promover la ejecución forzosa o cobranza coactiva de sus resoluciones
Proponer y coordinar los programas de cooperación nacional e internacional en el área de su competencia.
Participar en eventos internacionales sobre derecho de autor y conexos.
Las demás que le señalen las leyes y su reglamento.
3.2.15. El Registro.- El acto mediante el cual se inscriben o anotan, las características de las obras del autor, para dar fe de los hechos o actos registrados.
Artículo 170°.- La Oficina de Derechos de Autor, llevará el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos, donde podrán inscribirse las obras del ingenio y los demás bienes intelectuales protegidos por esta Ley, así como los convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales, o por los que se autoricen modificaciones a la obra. El registro es meramente facultativa para los autores y sus causahabientes no constitutivo, de manera que su omisión no perjudica el goce ni el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y garantizados por la presente Ley. (…).
Artículo 171°.- La inscripción en el registro no crea derechos, teniendo un carácter meramente referencial y declarativo, constituyendo solamente un medio de publicidad y prueba de anterioridad.
Artículo 172°.- Cualquiera de los titulares de derechos sobre una misma obra, interpretación o producción está facultado para solicitar su registro y los efectos de inscripción beneficiarán a todos.
3.2.16. El Procedimiento Administrativo.- Cuando se produce la infracción al derecho de autor, una de las vías que la ley permite es poner en marcha el procedimiento administrativo ante la Oficina de Derecho de Autor de Indecopi.
Artículo 173.- Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se interpongan ante las autoridades judiciales competentes, los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en la legislación sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, o sus representantes, podrán denunciar la infracción de sus derechos ante la Oficina de Derechos de Autor en su condición de Autoridad Administrativa Competente: no constituye esta última, en ninguno de los casos, vía previa.
Artículo 175°.- Las acciones administrativas por infracción prescriben a los dos (2) años, contados desde la fecha en que cesó el acto que constituye infracción.
3.2.17. Medidas preventivas o cautelares.- La autoridad administrativa de Indecopi, está facultado para establecer las medidas preventivas o cautelares, como una garantía de que los actos de infracción no se sigan cometiendo, ellas están señaladas en la ley.
Artículo 176°.- Sin perjuicio de lo establecido en el Título V del Decreto Legislativo N° 807, los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en esta Ley o sus representantes, sin menoscabo de otras acciones que les corresponda, podrán pedir, bajo su cuenta, costo y riesgo, el cese inmediato de la actividad ilícita del infractor en los términos previstos en este Capítulo. Con este fin, la Oficina de Derechos de Autor, como autoridad administrativa, tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares rápidas y eficaces (…).
Artículo 177°.- Las medidas preventivas o cautelares serán, entre otras:
Artículo 179.- Cualquier solicitante de una medida preventiva o cautelar, debe cumplir con presentar ante la autoridad administrativa, las pruebas a las que razonablemente tenga acceso y que la autoridad considere suficientes para determinar que:
a. El solicitante es el titular del derecho o tiene legitimación para actuar.
b. El derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente; y,
c. Cualquier demora en la expedición de esas medidas podría causar un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.
Artículo 181°.- La Oficina de Derechos de Autor tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares en virtud del pedido de una sola parte, sin necesidad de notificar previamente a la otra, en especial cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo inminente de que se destruyan las pruebas.
3.2.18. Las infracciones.- Entendido como la transgresión, quebrantamiento o incumplimiento de la ley, que exige de la autoridad su sanción.
Artículo 183°.- Se considera infracción, la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Artículo 185°.- Cuando los hechos materia del procedimiento administrativo constituyan presunto delito, la Oficina de Derechos de Autor podrá formular denuncia penal ante el Ministerio Público. (…).
3.2.19. Las sanciones
Art. 186.- La Oficina de Derechos de Autor está facultada para imponer las sanciones que correspondan a las infracciones del derecho de autor y derechos conexos protegidos en la legislación, de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Oficina.Se considerará como falta grave aquella que realizare el infractor, vulnerando cualquiera de los derechos y en la que concurran al menos alguna de las siguientes circunstancias:
La vulneración de cualquiera de los derechos morales reconocidos en la presente ley.
El obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización, sean éstos directos o indirectos.
La presentación de declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, repertorio utilizado, identificación de los titulares del respectivo derecho, autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares o toda otra adulteración de datos susceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares protegidos por la presente Ley.
La realización de actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la respectiva autorización de la Oficina de Derechos de Autor. Que haya tenido la infracción cometida.
La difusión que haya tenido la infracción cometida
La reiterancia o reincidencia en la realización de las conductas prohibida.
Multa de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias.
3.2.20. El procedimiento civil .- Además del procedimiento administrativo, la ley prevé la posibilidad de acudir a la vía civil, a fin de exigir la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
Artículo 195°.- Cuando por motivo de la violación de las disposiciones contenidas en la presente ley, el interesado opte por acudir a la vía civil, se tramitará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento abreviado previsto en el Código Procesal Civil y las disposiciones contenidas en la legislación especial.
3.2.21. Ámbito de aplicación de la ley.- Referido a la nacionalidad o domicilio del titular, así como al lugar de publicación de la obra.
Artículo 203°.- Las obras, interpretaciones y ejecuciones o artísticas, producciones fonográficas, emisiones de radiodifusión o transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, grabaciones audiovisuales, fijaciones fotográficas y demás bienes intelectuales extranjeros, gozarán en la República del trato nacional, cualquiera que sea la nacionalidad o el domicilio del titular del respectivo derecho o el lugar de su publicación o divulgación.
3.2.22. Procedimiento ante el Tribunal .- La vía administrativa tiene como última instancia la resolución que emita el Tribuna de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, con lo cual queda agotada el procedimiento en esta vía.
Artículo 204.- Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho. Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo y en el Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, las Oficinas competentes
deberán conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.
Artículo 205.- Recibidos los actuados por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que la cumpla con presentar sus argumentos en un plazo de cinco (5) días.
Artículo 206.- No se admitirá medios probatorios salvo documentos. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrán solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si este se referirá a cuestiones de hecho o de derecho. La actuación de denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala del Tribunal, según la importancia y trascendencia del caso. Citadas las partes a informe oral, éste se llevará a cabo con quienes asistan a la audiencia.
3.3. El Derecho de Autor en los Convenios Internacionales
La protección al derecho de autor, surge inicialmente en el ámbito del derecho interno, posteriormente, con el correr de los años se fue internacionalizando gracias al derecho internacional. A fines del Siglo XIX, el acuerdo de varios estados hizo posible la firma en 1886 del primer acuerdo multilateral: el Convenio de Berna para la Protección Literaria y Artística, tratado que ha sido complementado y revisado en sucesivas etapas, que finalmente culmina en diciembre de 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que inserta en su texto los derechos de autor, con lo cual marcó un hito de trascendental importancia para la posterior protección de las obras del autor.
Cabe mencionar también la Convención Universal sobre Derechos de Autor, adoptada en Ginebra en 1952 y revisada en París en 1971 y sus protocolos anexos 1 y 2, y la Convención Internacional sobre Protección a los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, suscrita en 1961 y conocida como Convención de Roma. Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en el marco de las Naciones Unidas, en su artículo 15, inciso 1 aprobado en 1966, reconoce el derecho de toda persona a “Beneficiarse de la protección de los interese morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”, que refuerza así, lo establecido en el artículo 27° de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
3.3.1. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
Sistema internacional de protección al Derecho de Autor suscrito en 1886, integrado por 128 países y administrado por la OMPI, ha sido revisado varias veces, defiende los derechos de los autores e intelectuales. Desde su texto original los artículos de este Convenio distinguieron con claridad el tipo de obras protegidas, el tiempo de protección, así como el derecho que les asistía a los autores de proteger el producto de su creación. El Perú se integró en 1988, encontrándose vigente desde 1989 los países de México, Perú, Argentina y los Estados Unidos.
Este Convenio se sustenta en los siguientes principios:77
Trato Nacional para los autores, quienes tienen garantizados la protección a sus derechos, en todos los Estados de la Unión, sin importar su nacionalidad.
La protección está sujeta sin necesidad de cumplir formalidades, basta con ser parte del Estado.
La protección es automática, no tiene que probar que la ley lo defiende y ampara.
La protección mínima, reconoce derechos mínimos con los cuales se puede obtener medidas cautelares, como los derechos económicos, morales, periodo de protección.
3.3.2. Convención de Roma
En 1961 se aprueba la Convención de Roma cuya finalidad fue la de proteger a los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, reconoce los Derechos de los artistas, que son derechos diferentes a los derechos de autor, son los derechos conexos del artista, el que canta, representa, lee, interpreta o ejecuta. Esta Convención universaliza el sistema de protección y como señala su Artículo Primero: La protección prevista en la presente Convención dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna de las disposiciones de la presente Convención podrá interpretarse en menoscabo de esa protección”. La Convención es administrada por la OMPI, con la participación de la UNESCO y la OIT, actualmente tiene 49 miembros. El período mínimo de protección establecido en la Convención es de 20 años a partir del año en que se da la fijación en un fonograma y a las interpretaciones.
3.3.3. La Convención Universal de Ginebra (1952)
Convención que fue adoptada en 6 de setiembre de 1952, con la finalidad de armonizar las distintas convenciones, arreglos y tratados sobre derechos de autor, incluyendo a los países no se habían adherido a la Convenio de Berna. Su Artículo I.- Cada uno de los Estados contratantes se compromete a adoptar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores, o de cualesquiera otros titulares de estos derechos, sobre las obras literarias, científicas y artísticas tales como los escritos, las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura grabado y escultura.
Esta Convención fue revisada por única vez en 1971.
3.3.4. Acuerdo General de Tarifas Y Aranceles (GATT)/ ADPIC
Acuerdo General de Tarifas y Aranceles (GATT), Se inició en la última Ronda de Uruguay en 1987 y concluyó en 1993 con la participación de alrededor de cien países sobre los siguientes principios. Sherwoo, Robert (1992). Primero, si cualquiera de esos países reduce las barreras específicas al comercio, pondrá en general esas reducciones al alcance de todas las otras partes del acuerdo. Segundo, la protección de la industria local en las partes contratantes (países miembros) se ha de alcanzar mediante aranceles aduaneros y no por medio de otras medidas con influencia sobre el comercio, como cuotas, subsidios, valuaciones aduaneras distorsionadas y otras prácticas restrictivas no justificadas. Tercero, si se otorga una concesión arancelaria a otros países, no puede ser retirada sin ofrecer una compensación. Es un tratado que tiene por finalidad uniformar los sistemas arancelarios y tarifarios de los países miembros, dentro del aspecto netamente comercial sobre los derechos intelectuales, es decir, de aquella parte que puede ser objeto de transacción económica, se menciona al software, las bases de datos y las obras cinematográficas. Este capítulo fue denominado como el Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS), y trata básicamente del copyrigth, o el respeto a los derechos patrimoniales del autor.
Posteriormente, en 1995 entra en vigencia el Acuerdo Internacional sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), como parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), confirmando así “el tremendo valor de los productos de la mente y su papel en el comercio” Sherwood, Robert (1992). En base a este acuerdo, los países miembros están obligados a prever en su legislación una protección más amplia pero no inferior a la exigida en el mismo (Art. 1). Se fijan distintos plazos para que los países miembros adecuen sus legislaciones. Así tenemos que alrededor de los 30 países miembros más desarrollados adecuaron sus legislaciones durante 1995, en tanto que los países en desarrollo, el plazo venció a los cinco años de vigencia, el 1 de enero del 2002. Posteriormente, luego de la frustrada reunión de Seattle (diciembre 1999), en la cumbre Ministerial de Doha, Qatar, el período de transición se extendió hasta el 1.1.2016. La nueva ronda multilateral de negociaciones comerciales, iniciada en enero del 2002 incluye a más de 140 países, entre ellos los tigres del Asia, China y Taiwán.
En el caso de América se viene negociando el ALCA, el mismo que pretende establecer una zona de libre comercio desde Alaska a Tierra del fuego. Félix Rozanski (2002) afirma: “Sólo recientemente se está tomando conciencia en la región del papel que puede cumplir la propiedad intelectual como factor para el crecimiento. Los valores espirituales y culturales de las creaciones, en particular de las literarias y musicales, tienen un fuerte arraigo en nuestro medio, pero los aspectos económicos y comerciales relacionados con la creación y la innovación en bienes y servicios son menos conocidos” .
3.3.5. Régimen Común Sobre Derecho De Autor y Derechos Conexos Decisión N° 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- En los países del Grupo Andino, las normas sobre propiedad intelectual han sufrido una serie de modificaciones sustanciales. Así tenemos que en octubre de 1993, se reemplazó la Decisión 85 de 1974, por la Decisión 344 , la misma que regula las patentes; los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos industriales, las marcas y las denominaciones de origen. La Decisión 351, previo a la firma de este acuerdo se llevó a cabo la Ronda de Uruguay en los años 1987 y 1993, este régimen se aprobó en Lima, diciembre de l993, que trata íntegramente del Derecho de Autor y demás derechos conexos aplicado a todas “las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico”, incluye una normativa especial para las bases de datos y los programas de computación los que en base al Acuerdo ADPIC (TRIPS), son considerados obras literarias.
Se caracteriza por ser un Tratado de carácter regional, se le llamó también Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Uno de sus objetivos fue uniformizar las legislaciones sobre la materia en los diferentes países miembros del Acuerdo de Cartagena, así como eliminar las barreras entre las legislaciones sobre derechos de autor y derechos conexos de los países miembros. Fue el antecedente inmediato a la nueva ley de Derecho de Autor en el Perú, cuya estructura no difiere sustancialmente al contenido del tratado en mención, salvo algunos casos cuya modificación se dio en la norma interna, así tenemos:
El Decreto Leg. 822, Art. 40°, a diferencia de la Decisión 351 exceptúa del decomiso en fronteras, a aquellas “mercancías piratas” que “se encuentran en transito”, modificación que ha sido criticada.
El Decreto Leg. 822, Art. 43 literal f), elimina el pago de remuneración a las reproducciones licitas, el mismo que en la Decisión 35, articulo 22 si contempla este pago al señalar “sin la autorización del autor y sin pago de remuneración alguna”. Frente a esta contradicción en las normas, considerando la primacía de la Decisión 351 sobre la ley interna, prima el tratado en mención.
Sobre la gestión colectiva, el Decreto Leg. 822 no contempla los contratos de representación celebrados con las sociedades de gestión del extranjera, hecho que si esta contenido en la Decisión 351, pero, frente a esta omisión prima la norma comunitaria.
Los puntos mas importantes de la Decisión 351 son: Del alcance de la protección. De los titulares de derechos. Del Derecho Moral. De los Derechos Patrimoniales. De la duración de la protección. De las limitaciones y excepciones. De los programas de ordenador y bases de datos. De la transmisión y cesión de derechos. De los Derechos Conexos. De la Gestión Colectiva. De las Oficinas Nacionales Competentes de Derecho de Autor y Derechos Conexos. De los Aspectos Procesales.
Consecuentemente, en lo sustancial la ley de Derecho de Autor en el Perú, incluye los mismos contenidos que el tratado antes mencionado.
3.3.6. Convenciones del Sistema Interamericano
Tratado de Montevideo 1889.- Se firma gracias a la influencia del Convenio de Berna, con la participación de diferentes países de América Latina, referido a la propiedad literaria y artística.
Convención de México 1902.- Tuvo características muy similares al Tratado de Montevideo.
La Convención de Río de Janeiro 1906.- Regula la protección internacional del derecho de autor y la propiedad industrial (patentes de invención, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y comercio). Se constituye una Unión de las Naciones de América para centralizar el Registro de obras literarias y patentes, que se registran en cada una de las naciones signatarias.
La Convención de Buenos Aires 1910.- Sobre derechos de autor y su protección legal.
El Acuerdo de Caracas, 1911.- Sanciona a los usurpadores de la propiedad literaria o artística.
La Convención de la Habana, 1928.- Para la protección de las obras del autor.
Segundo Tratado de Montevideo, 1939.- Para las obras del intelecto, reconocimiento del derecho moral de los autores.
Convención de Washington, 1946.- Los expertos reunidos en Washington, acuerdan:
Se utiliza “derecho de autor” en ves de “propiedad literaria artística”
Se protegen las obras inéditas
Se habla de derechos reservados
Su aplicación fue desplazado por la adhesión al Convenio de Berna y la Convención Universal.
Adhesión a los principales Convenios Internaciones sobre propiedad intelectual en América Latina y el Caribe
Argentina.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra, PCT, UPOV Y Convención de Roma
Bahamas.- Convenio de Berna, Convención de País
Barbados.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra, PCT
Y Convención de Roma.
Bolivia.- Convenio de Berna, Convención de País y Convención de Roma
Brasil.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra, PCT y Convención de Roma.
Canadá.- Convenio de Berna, Convención de País, PCT, UPOV y Convención de Roma.
Chile.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra, UPOV Y Convención de Roma
Colombia.- Convenio de Berna, Convención de Ginebra y Convención de Roma.
Costa Rica.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra, y Convención de Roma.
Cuba.- Convención de País
Ecuador.- Convenio de Berna, Convención de Ginebra y Convención de Roma.
El Salvador.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra Y Convención de Roma.
Guatemala.- Convención de Ginebra y Convención de Roma
Guyana.- Convenio de Berna, Convención de París, Convención de Ginebra
Haití.- Convenio de Berna, Convención de Ginebra
Honduras.- Convenio de Berna, Convención de París, Convención de Ginebra y Convención de Roma.
Jamaica.- Convenio de Berna, Convención de Ginebra y Convención de Roma
México.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra, PCT y Convención de Roma
Panamá.- Convención de Ginebra y Convención de Roma
Paraguay.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra y Convención de Roma
Perú.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra y Convención de Roma
Rep. Dominicana.- Convención de País y UPOV.
Surinam.- Convenio de Berna, Convención de País
Trinidad y Tobago.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra y
USA.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra, PCT y
Uruguay.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra, UPOV y Convención de Roma
Venezuela.- Convenio de Berna, Convención de País, Convención de Ginebra
PCT.- Tratado de Cooperación de Patentes
UPOV.- Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
Fuente.- WIPO, Industrial Property and Copyright, Enero, 1996.
Países signatarios de las primeras Convenciones interamericanas sobre propiedad industrial
Argentina Montevideo 1889 y Buenos Aires 1910 Patentes y marcas
Bolivia Montevideo 1889, Buenos Aires 1910, Bolivariano 1911, Santiago 1923 Patentes y marcas
Brasil Río de Janeiro 1906 , Buenos Aires 1910 sobre patentes y marcas
Colombia Bolivariano 1911- patentes) Washington 1929 (marcas)
Chile México 1902 , Río de Janeiro 1906, Bolivariano 1911 sobre Patentes y marcas
Ecuador Río de Janeiro 1906 y Buenos Aires 1910, Bolivariano 1911 sobre Patentes y marcas
Paraguay Montevideo 1889, Buenos Aires 1910, Santiago 1923 sobre patentes y marcas y Washington 1929(marcas)
Perú Montevideo 1889, Buenos Aires 1910,Bolivariano 1911 sobre Patentes y marcas, Washington 1929 (marcas)
Uruguay Montevideo 1889, Buenos Aires 1910, Santiago 1923 sobre Patentes y marcas
Venezuela Bolivariano 1911 (patentes)
Fuente: INTAL/BID, 1987, basado en Organización de los Estados Americanos, OEA/SER X/11 (1973).
3.3.7. Leyes y Tratados contra la piratería electrónica en el nuevo milenio
a) Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA).- La Digital Milleniun Copyright Act. Aprobado por el Congreso de los EE.UU. 1998, la misma que fue firmada por el presidente Bill Clinton, contiene la protección global contra la piratería electrónica. Otorga fuerza a los artistas y otros tenedores de derechos para combatir la piratería de música, películas y otras obras protegidas. Esta ley ha generado reacciones en contra, la acusan de otorgar excesivo poder a la industria, limitando los derechos de los consumidores y poniendo en peligro la innovación tecnológica, a su vez que los opositores sostienen que es una ley ineficaz e inconstitucional.
b) Tratado WCT.- Tratado adoptado en la Conferencia Diplomática de la OMPI, en diciembre de 199. Entró en vigencia en marzo del 2002, suscrito por más de 60 países, cuya finalidad es adaptar la protección de la propiedad intelectual al nuevo entorno digital. Protege a los autores, compositores y otros creadores en las áreas de la literatura, arte, música, películas, software y otras obras creativas. Los autores pueden beneficiarse de la protección jurídica en caso de distribución, alquiler comercial y comunicación al público de sus obras en la red.
c) Tratado WPPT.- Adoptado por la OMPI, entró en vigencia en mayo del 2002, suscrito y ratificado por 30 países. Sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. Protege a los productores de fonogramas (incluyendo a los compact discs, cassettes y otras grabaciones musicales) producidas por empresas, incluye además a los artistas, intérpretes y ejecutantes, tales como cantores y músicos. Su objetivo es actualizar la protección internacional de derechos de autor y derechos afines en la era de Internet. Podrán beneficiarse de los derechos exclusivos de reproducción, distribución, alquiler comercial y puesta a disposición del público de sus interpretaciones, ejecuciones.
Ambos tratados tienen por finalidad establecer una base jurídica con dos finalidades:
a) Proteger a los creadores de los piratas en el ciberespacio
b) Convertir a Internet en una plataforma de la que puedan sacar provecho como “medio fiables para crear, distribuir y controlar el uso de sus obras en el entorno digital”.
Kamil Idris, señala que estas normas se concibieron como barrera contra la violación sistemática de los derechos de autor que está barriendo los ingresos de la industria de la música. Se trata de velar por la protección de los creadores (artistas, compositores, escritores, músicos) frente a los piratas de Internet, son fundamentales para el futuro desarrollo de Internet, el comercio electrónico y la industria cultural y de la información.
La importancia de estos tratados es que van a permitir un adecuado comercio electrónico, porque entre otros, los dos tratados establecen un requisito de autorización por parte del autor, el productor de fonogramas y el intérprete antes que una obra puedas “estar disponible” para la comunicación interactiva, como es el caso de colocarla en Internet. Los tratados requieren de protección contra ciertos actos que pretendan decodificar, eludir o eliminar medidas tecnológicas (acceso o controles de copiado), o información sobre administración de derechos (información sobre titularidad de derechos o plazos de licencias) que los titulares apliquen en sus obras o grabaciones. Finalmente, los tratados de la OMPI crean la protección legal a favor de las medidas de protección tecnológica (MPTs), o tecnología de control de accesos, que servirán para impedir la piratería cibernética
3.3.8. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.- En materia de tratados internacionales cabe destacar la labor de esta organización, en especial en los tiempos modernos. La OMPI es una organización internacional cuyo objetivo esencial es la de fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. Por cuanto considera que dichas obras, amplían las fronteras de la ciencia y la tecnología y enriquecen el mundo de la literatura y de las artes. Su labor permite mejorar la calidad de vida y su disfrute, además de generar riqueza para las naciones. OMPI con sede en Ginebra (Suiza) es uno de los 16 organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo la administración de 23 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la protección de la propiedad intelectual, conformada por 178 Estados miembros. 78
El mensaje del Director General Kamil Idris – Enero de 200279 señala entre otros puntos lo siguiente: La Comisión Asesora en materia de Políticas, de la OMPI, afirma lo siguiente:
“Los derechos de propiedad intelectual son un elemento esencial en el empeño de responder al imperativo de desarrollo para todos, que al final del siglo XX es la responsabilidad universal más importante que se plantea a la humanidad”
Continúa, uno de los mayores desafíos a los que la OMPI debe responder hoy es traducir en hechos concretos el potencial que ofrece la propiedad intelectual como herramienta de desarrollo económico en el siglo XXI, si está asociada al desarrollo del capital humano, se traducirá en una sociedad bien preparada, competente y motivada y en una dinámica combinación al servicio de la creatividad y la innovación, la generación de ingresos, la promoción de inversiones, el enriquecimiento cultural, la prevención de la “fuga de cerebros” y el impulso de la salud económica. La brecha que existe entre los países desarrollados y las naciones en desarrollo, no puede considerarse por la falta de creatividad o innovación sino en la escasez de información difundidas sobre la propiedad intelectual y su potencial como instrumento al servicio del crecimiento económico. Si todas las naciones y sus dirigentes tomaran las medidas necesarias para integrar las políticas estratégicas de propiedad intelectual en sus planes de creación de riqueza, en pocos decenios disminuiría el actual desfase entre las economías basadas en los activos que ofrecen los conocimientos y el resto del mundo.
Un hecho que dio lugar a la necesidad de crear un organismo internacional que protegiera la propiedad intelectual fue en 1873, cuando se organizó la Exposición internacional de invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores bajo el temor que sus ideas fueran robadas y que éstos pudieran utilizarse en otros países para fines comerciales. Es así que el año 1883, se adoptó el Convenio de País para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional que permitía a los nacionales de un país obtener la protección en otros países para sus creaciones intelectuales patentes, marcas, dibujos y modelos industriales.El Convenio de París entró en vigencia en 1884, luego que se fusionaran las Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual. Dos años después en 1886, se adopta el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que tenía por objetivo otorgar la protección internacional a los nacionales de los Estados contratantes, así como controlar su uso y recibir un pago por el uso.
la Convención de Berna de 1886 para la protección de las obras literarias y artísticas. ” A los efectos del presente Convenio se entenderá por:
VIII. “Propiedad intelectual”, los derechos relativos:
A la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.
En 1893, se fusionan las oficinas administrativas tanto del Convenio de París y del Convenio de Berna, organización establecida en Berna (Suiza) más conocida por su sigla francesa de BIRPI, y precursora de la actual OMPI.
La Convención por la que se estableció la OMPI fue firmada en 1967 y entró en vigencia en 1970. Este organismo se convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas el 17 de diciembre.
Reconoce que la propiedad intelectual abarca dos ramas: la propiedad industrial (patentes y otros derechos sobre inventos tecnológicos, marcas registradas, diseños industriales, nombres de origen, etc.) y los derechos de autor y otros derechos conexos (obras literarias, musicales y artísticas; filmes; actuaciones de intérpretes; fonogramas, etc.).
En 1974, la OMPI se constituyó en un organismo especializado del sistema de organizaciones de la Naciones Unidas, y por el año 1978, la Secretaría de la OMPI, señala su nueva sede en Ginebra. Con el desarrollo de las actividades relacionadas a sus objetivos( 1996) la OMPI firma un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La OMPI, tiene como objetivo esencial velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial, con la finalidad de fomentar el desarrollo industrial y cultural estimulando la actividad creadora y facilitando la transferencia de tecnología y la difusión de obras literarias y artísticas, de tal forma que será posible que la ciencia y la tecnología pueda incrementar su aporte al bienestar de la humanidad.
Se encargará de los servicios administrativos de la Unión de París, de las Uniones particulares establecidas en relación con esa Unión, y de la Unión de Berna;
Podrá aceptar el tomar a su cargo la administración de cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual, o el participar en esa administración;
Prestará su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-jurídica en el campo de la propiedad intelectual.
Reunirá y difundirá todas las informaciones relativas a la protección de la propiedad intelectual y efectuará y fomentará los estudios sobre esta materia publicando sus resultados;
Mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuará registros en esta materia y publicará los datos relativos a esos registros.
Adoptará todas las demás medidas apropiadas.
Tratados y Convenios que administra
Convención Internacional (Convención de Roma) sobre la protección de los artísticas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).
Los dos últimos tratados que administra la OMPI, responden a la necesidad de proteger los derechos de autor y los derechos conexos en el entorno de la red mundial (Internet), que con el desarrollo cada más sofisticado de las nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones, como el magnetoscopio (fines de los setenta), la revolución digital (década de los ochenta), e Internet (en los años noventa), constituyen una verdadera amenaza a la protección de los derechos de autor. En la música, la tecnología ha facilitado la comprensión de archivos musicales, que son fáciles de cargar y descargar en Internet, así como almacenar en dispositivos móviles. En cuanto al material audiovisual, es mucho más fácil de copiar y de publicar en Internet en sitios web no autorizados. Se podría así piratear millones de copias. Por lo que el WTC y el WPPT, los tratados internacionales más reciente en este ámbito, contengan disposiciones especiales que prohíben eludir las medidas de protección tecnológica de las obras amparadas por el derecho de autor.80
Este organismo promueve la aceptación más amplia de los tratados vigentes y su revisión, así como estimula la concertación de nuevos tratados y colabora en la preparación de leyes nacionales. Presta a su vez, asistencia técnico-jurídica a los países en desarrollo; reúne y divulga información, y mantiene servicios de registro internacional u otras formas de cooperación administrativa entre los Estados miembros de las “Uniones” que administra la OMPI y se fundan en tratados, convenios y acuerdos que datan de 1883.
Administración y financiación de sus actividades
La Conferencia está compuesta por todos los Estados miembros y una Asamblea General integrada por los mismos Estados que además pertenecen a la Unión de París o a la Unión de Berna. Los órganos directivos de la OMPI y las Uniones administradas por ella se reúnen por lo general en períodos conjuntos de sesiones para aprobar sus programas y presupuestos y para examinar y determinar políticas.
La mayor parte de su presupuesto (más de 200 millones de francos suizos por año ) los cubre, con el aporte de los Estados miembros, representando tal contribución el 15% del total de sus presupuesto, y la diferencia del 85% lo constituyen los ingresos que genera los principales sistemas de registros. Cuenta además con un fondo de reserva especial que le permite financiar la inversión a largo plazo, tales como compra de equipo informático.
Requisitos para ser Estado miembro
Pueden ser miembro de la OMPI:
Cualquier Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o de la Unión de Berna para la Protección de las Obras Artísticas y Literarias.
Cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos especializados, o del Organismo Internacional de Energía Atómica, o que sea parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; y todo Estado invitado por la Asamblea General de la OMPI a convertirse en Estado miembro de la Organización. Por consiguiente, únicamente los Estados pueden ser miembros de la OMPI.
Para convertirse en miembro de la OMPI, un Estado debe depositar un instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Director General de la OMPI, en Ginebra. La Organización contaba cuenta con 178 Estados miembros.81
Para casos de controversia en materia de derechos de propiedad intelectual, encontramos el Centro de Arbitraje y Mediación, que apoya a personas naturales o jurídicas de cualquier Estado, a solucionar sus controversias con rapidez y menor costo que un proceso judicial. Para dicho efecto, el Centro cuenta con cerca de un millar de mediadores o árbitros de más de 70 países, procedimiento que puede llevarse a cabo en cualquier país, idioma y frente a su propia normatividad en la materia.
A fines de la década del 90, este Centro recibió la autorización de la Corporación de Asignación de Números y Nombres de Internet (ICANN) para actuar en calidad de mediadores frente a las demandas interpuestas en virtud de su Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio. El Centro cuenta con un sistemas de línea para la solución de controversias, a fin que los involucrados o las partes, se comuniquen por Internet sin necesitar la presencia física.
Academia Mundial de La OMPI
La información consultada en la red, señala que la OMPI considera que el capital humano de los países de desarrollo es la clave para que se beneficien plenamente de los sistemas nacionales e internacionales de propiedad intelectual, como tal, cuenta con una Academia que se esfuerza por promover los recursos humanos estableciendo programas de formación para asesores en materia de políticas, responsables de planes de desarrollo y otros sectores pertinentes. Entre sus actividades, cabe destacar:
Nuevas técnicas de formación y enseñanza
Un Centro de Enseñanza a Distancia por Internet
Módulos y material docente adoptados a las necesidades de los clientes
Utilización de medios informativos de acceso público para divulgar información en materia de propiedad intelectual
Para la consecución de esos objetivos, la OMPI lleva a cabo una amplia gama de actividades destinadas a los países en desarrollo y en colaboración con estos últimos, así como para otros países, a saber: modernización y ampliación de oficinas nacionales de propiedad intelectual así como asistencia a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con miras a sintonizar su legislación y administración en materia de propiedad intelectual con las disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC. En 1999, más de 14.00 mujeres y hombres de unos 125 países en desarrollo participaron en más de 200 cursos, seminarios y otros reuniones organizadas en el marco del Programa de la OMPI de cooperación para el desarrollo.
Permanentemente la OMPI considera entre sus prioridades, ayudar a los países en desarrollo a modernizar sus sistemas de propiedad intelectual de la forma más económica y oportuna posible. Para lo cual pone en marcha los Planes de Acción de Orientación Nacional, es decir, planes integrados de asistencia específicamente adaptada al país de que se trate cuya duración se extiende de uno a tres años. Treinta y nueve planes fueron emprendidos por la OMPI en 1999, en el año 2000, 81 planes, tanto en África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico y los Países Árabes.
76 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena. Barcelona, Ed. Ramón Sopena, S.A., 1980. T. 3, p.2844
77 Busta Grande, Fernando. El Derecho de Autor en el Perú. Lima, Ed. Grijley, 1997, P.250.
78 http://www.wipo.int/about-wipo/es/overview.html (Consulta: 17 de abril de 2002).
79 http://www.wipo.int/about-wipo/es/dgo/dgki-2002.html (Consulta: 29 de mayo de 2002).
80 http:/www.wipo. (consulta: 25 de febrero de 2002).
81 http://www.wipo.int/int/members/index-es.html (Consulta: 18 de abril de 2002).
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