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Me ha parecido bien publicar en esta web el artículo de Ricardo Pazos Castro sobre la retroactividad de la cláusula suelo | Abogados Carranza
Me ha parecido bien publicar en esta web el artículo de Ricardo Pazos Castro sobre la retroactividad de la cláusula suelo
Enviado por Ramón de Román Díez el Sáb, 12/24/2016 - 16:51.
A propósito de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (Gutiérrez Naranjo)
ricardo.pazos@usc.es
La STS del Pleno de la Sala 1ª de 9 de mayo de 2013 (LA LEY 34973/2013)) declaró que las cláusulas suelo litigiosas eran abusivas, y en consecuencia nulas, por no superar el «control de transparencia». Al mismo tiempo, limitó los efectos temporales de la declaración del carácter abusivo de las cláusulas. La nulidad no afectaría ni a las situaciones ya cerradas por resolución judicial con fuerza de cosa juzgada, ni a los pagos efectuados con anterioridad a la fecha de la publicación de la sentencia. Una de las críticas que se hicieron a la STS de 9 de mayo de 2013, y que ha dado lugar a la sentencia del TJUE Gutiérrez Naranjo, objeto de este breve comentario (1) , se refería a la posible incompatibilidad de dicha limitación temporal con el artículo 6.1 de la Directiva de cláusulas abusivas. Este precepto obliga a los Estados miembros a garantizar que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, y asimismo que el contrato seguirá siendo obligatorio en los mismos términos si puede subsistir sin las cláusulas abusivas.
II. LA SENTENCIA DEL TJUE
La sentencia Gutiérrez Naranjo declara que el artículo 6.1 de la Directiva de cláusulas abusivas se opone a la limitación en el tiempo de los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo de una cláusula. Por consiguiente, tales efectos restitutorios no pueden quedar circunscritos a las cantidades pagadas indebidamente, en aplicación de la cláusula abusiva, con posterioridad a la resolución judicial que declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión. El Tribunal de Justicia se aparta así de las conclusiones del Abogado General, que fueron presentadas el pasado 13 de julio de 2016.
La sentencia parte de la base de que la STS de 9 de mayo de 2013 no otorgó a los consumidores un nivel de protección más elevado que el de la Directiva de cláusulas abusivas por el simple hecho de aplicar el control de transparencia material o cualificada. De lo contrario, los efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula irían más allá del ámbito de aplicación de la Directiva, por lo que el TJUE no podría pronunciarse al respecto (sentencia Gutiérrez Naranjo, apartados 47 a 51).
El artículo 6.1 de la Directiva de cláusulas abusivas es una norma de orden público que pretende corregir el desequilibrio entre las partes existente en los contratos con consumidores. Asimismo, dado que existe un interés público en proteger a los consumidores, los Estados deben prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas. Para cumplir estos objetivos, el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual. Además, el juez está obligado a dejar sin aplicación pura y simplemente la cláusula abusiva, no pudiendo modificar su contenido (sentencia Gutiérrez Naranjo, apartados 53 a 60).
A partir de las observaciones anteriores, el TJUE concluye que el artículo 6.1 de la Directiva implica que la cláusula abusiva no pueda desplegar efecto alguno sobre el consumidor. La no vinculación de éste a las cláusulas abusivas exige que, cuando haya abonado determinadas cantidades en virtud de una cláusula que sea declarada como tal, tendrá derecho al reembolso de tales cantidades (sentencia Gutiérrez Naranjo, apartados 61 a 63). Los Estados miembros tienen libertad para articular las condiciones de la no vinculación de los consumidores a las cláusulas abusivas, pero en ningún caso pueden privarles del contenido sustancial de la protección que les dispensa el Derecho europeo. En consecuencia, la referida libertad se ve limitada, en el sentido de que la declaración del carácter abusivo de una cláusula debe conllevar en favor del consumidor, necesariamente, un derecho a la restitución de todas las cantidades indebidamente abonadas (sentencia Gutiérrez Naranjo, apartados 64 a 66).
No obstante lo anterior, la protección del consumidor en el sentido indicado no es absoluta. En particular, puede verse limitada a través de las normas procesales internas que atribuyen a una resolución fuerza de cosa juzgada, así como también mediante la fijación de plazos preclusivos para recurrir. Estos mecanismos no son contrarios a la jurisprudencia europea, de manera que la STS de 9 de mayo de 2013 podía establecer legítimamente que la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo no afectaría a las situaciones ya decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada (sentencia Gutiérrez Naranjo, apartados 67 a 69).
Ahora bien, este tipo de mecanismos deben distinguirse de una limitación temporal de los efectos de una sentencia que afecta al contenido sustancial del derecho de los consumidores a no estar vinculados por cláusulas abusivas. En este sentido, la STS de 9 de mayo de 2013 priva a todos los consumidores de ese derecho, en su vertiente de poder obtener la devolución íntegra de las cantidades indebidamente pagadas. Otorga una protección limitada, incompleta e insuficiente, que no puede considerarse un medio adecuado y eficaz para conseguir que cese el uso de la cláusula declarada abusiva. Además, el Tribunal de Justicia pone de relieve que, para asegurar la aplicación uniforme del Derecho de la Unión, sólo el Tribunal mismo puede decidir sobre las limitaciones temporales aplicables a la interpretación que deba realizar de la normativa europea (sentencia Gutiérrez Naranjo, apartados 70 a 73).
Por las razones anteriores, el Tribunal de Justicia declara que la limitación temporal de los efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula es contraria al artículo 6.1 de la Directiva de cláusulas abusivas.
Antes de analizar las cuestiones de fondo de la sentencia Gutiérrez Naranjo, tengo que manifestar que no son infundadas las dudas existentes sobre si la controversia entraba dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de cláusulas abusivas. A día de hoy, no hay duda de que la exigencia de transparencia que contienen los artículos 4.2 y 5 de la Directiva incluye la transparencia material o cualificada. Pero esta interpretación no ha hecho aparición en el Derecho europeo hasta la sentencia Kásler y Kaslerné Rábaide 30 de abril de 2014 (2) . En cambio, en el ordenamiento jurídico español el control de transparencia podría considerarse una creación de la STS de 9 de mayo de 2013. Y, si este último es el momento relevante para determinar si la controversia está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva de cláusulas abusivas, el TJUE debía haber rechazado conocer del asunto, porque el Tribunal Supremo sí habría aumentado el nivel de protección conferido por la Directiva, tal y como era interpretada entonces.
Entrando ya en el fondo de la sentencia Gutiérrez Naranjo, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece declarar contraria al Derecho europeo la limitación temporal de efectos contenida en la STS de 9 de mayo de 2013, en realidad esa declaración sólo alcanza a una parte de la sentencia. Según el Tribunal Supremo, la nulidad de las cláusulas abusivas no afectaría «a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia». Pues bien, la primera vertiente de este pronunciamiento se ve respaldada por el Tribunal de Justicia, porque admite la limitación temporal con relación a las situaciones ya decididas por resoluciones anteriores con fuerza de cosa juzgada (sentencia Gutiérrez Naranjo, apartado 68).
En el mismo sentido, es difícil poder atacar los acuerdos extrajudiciales en los que el consumidor haya renunciado a obtener la devolución de todas las cantidades abonadas indebidamente. No puede olvidarse que la jurisprudencia europea reconoce que el derecho del consumidor a una protección efectiva «comprende la facultad de renunciar a hacer valer sus derechos», incluyendo «renunciar a que no se aplique una cláusula abusiva» (sentencia Sales Sinués (3) , apartados 25 y 40). Aunque estas afirmaciones fueron hechas para garantizar el respeto de la voluntad del consumidor que, informado por el juez de que la cláusula abusiva no le vincula, otorga un consentimiento libre e informado a dicha cláusula, quizás podrían alegarse para justificar la validez de los acuerdos extrajudiciales eventualmente celebrados.
Ante esta situación, cabe preguntarse si tienen algún recurso las personas afectadas por una resolución con fuerza de cosa juzgada, recaída con posterioridad a la STS de 9 de mayo de 2013, en la que se aplique la limitación temporal establecida por ella. En mi opinión, la respuesta debe ser negativa. Sin embargo, no puedo evitar mencionar otra posible vía de actuación, aunque desde mi punto de vista no quepa utilizarla en este caso. Se trataría de solicitar una indemnización con base en la responsabilidad patrimonial de la Administración por violación del Derecho de la Unión Europea.
El derecho de los particulares a la reparación por este concepto es una hipótesis harto compleja que está sometida al cumplimiento de tres requisitos: a) que la norma europea infringida tenga por objeto conferir derechos a los particulares; b) que la violación de dicha norma esté suficientemente caracterizada; y c) que exista una relación causal directa entre la infracción y el daño sufrido (sentencia Tomášová (4) , apartado 22). Para determinar si se ha producido una violación suficientemente caracterizada, podría tenerse en cuenta el incumplimiento por parte del órgano jurisdiccional de su obligación de remisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece el artículo 267 del TFUE (LA LEY 6/1957) (sentencia Tomášová, apartado 25). De este modo, quizás resultaría posible sostener que el Tribunal Supremo cometió una vulneración del Derecho europeo cuando no advirtió que limitar temporalmente los efectos de su sentencia podía resultar contrario a la Directiva de cláusulas abusivas, lo que le debería haber llevado a presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Ahora bien, es dudoso que pueda triunfar una reclamación como ésta con base en semejantes argumentos, pues la norma europea relevante no parece conferir un derecho a los particulares.
Por el contrario, la limitación temporal de los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo sí resulta contraria a la Directiva de cláusulas abusivas en su segunda vertiente. Esto es, porque impide a los consumidores afectados por la STS de 9 de mayo de 2013, o a los consumidores con litigios pendientes de resolución, obtener el completo reembolso de las cantidades indebidamente pagadas.
Aparentemente, el Tribunal de Justicia descarta que un tribunal nacional pueda llevar a cabo una limitación temporal de los efectos de una sentencia. Pero no lo hace de forma expresa y rotunda. El Tribunal europeo dice que a él le corresponde en exclusiva la potestad de limitar en el tiempo los efectos de «la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión», con el fin de garantizar la aplicación uniforme y general del Derecho europeo (sentencia Gutiérrez Naranjo, apartado 70). Pero el Tribunal Supremo no ha invadido esa potestad exclusiva del Tribunal de Justicia, porque su sentencia no recogía la interpretación de un acto normativo de la Unión Europea efectuada por el TJUE.
La sentencia Gutiérrez Naranjo no hace un análisis exhaustivo de en qué medida una facultad de limitar en el tiempo los efectos de una sentencia, con carácter puntual y extraordinario y por parte de un órgano jurisdiccional nacional supremo, es compatible con el Derecho europeo. De la sentencia puede inferirse que para el Tribunal de Justicia cualquier tipo de limitación temporal de los efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula es contraria al Derecho de la Unión, salvo la limitación que resulte de normas procesales internas. Pero esta conclusión, que sin duda garantiza a los consumidores un mayor nivel de protección, puede ser objeto de controversia. Por eso creo que el Tribunal de Justicia debería haber sido más claro y detallado en sus razonamientos, e incluso haber intentado anticiparse a las posibles críticas o argumentos en contra.
Me parece evidente que otorgar a cualquier juez nacional la facultad de limitar temporalmente los efectos de una sentencia en la que declare el carácter abusivo de una cláusula contravendría el objetivo a largo plazo de la Directiva de cláusulas abusivas. Pero quizás no suceda lo mismo cuando esa facultad se confiere únicamente al Tribunal Supremo u órgano jurisdiccional equivalente de cada Estado miembro, supeditándose al mismo tiempo al cumplimiento de las estrictas condiciones que el Tribunal de Justicia ha fijado a la hora de limitar temporalmente los efectos de sus propias resoluciones. Es decir, la concurrencia de la buena fe subjetiva de los empresarios, de una parte, y la acreditación del riesgo de un trastorno grave para la economía general, de otra (sentencias RWE Vertrieb (5) , apartado 59, y Schulz y Egbringhoff (6) , apartados 57 y 58).
En cuanto al objetivo inmediato de la Directiva de cláusulas abusivas, la única forma de garantizar que los consumidores no se vean vinculados por este tipo de cláusulas es, efectivamente, impidiendo la limitación temporal de los efectos de la declaración de una cláusula como abusiva. Pero, si el Tribunal de Justicia puede limitar los efectos de sus decisiones judiciales, habrá casos en los que él mismo podría justificar una vinculación parcial a las cláusulas abusivas.
En definitiva, lo que puede despertar mayores dudas de la sentencia Gutiérrez Naranjo es que no admita en ningún caso que la limitación temporal de los efectos de una sentencia sea acordada por un órgano jurisdiccional supremo nacional, sin hacer un esfuerzo adicional para explicar la diferencia que justifica lo que sucede con respecto a sus propias sentencias. El argumento de que sólo así puede asegurarse la aplicación uniforme del Derecho de la Unión no es, sin embargo, convincente. Para alcanzar ese fin, bastaría que hubiera precisado las condiciones que deben cumplirse para que, en su caso, la limitación temporal pueda ser acordada por el órgano nacional correspondiente.
Veremos cómo se da cumplimiento a la sentencia Gutiérrez Naranjo, la cual tiene implicaciones jurídicas que trascienden del Derecho de obligaciones y contratos. El reembolso de las cantidades afectaría, por ejemplo, a las personas que hayan disfrutado de deducciones por la adquisición de vivienda habitual en su declaración de la renta, lo que puede implicar el deber de cumplir sus obligaciones tributarias mediante la realización de declaraciones complementarias.
Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016 (Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco, S.A.U; Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, ECLI:EU:C:2016:980).
Sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 (Árpád Kásler y Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282).
Sentencia del TJUE de 14 de abril de 2016 (Jorge Sales Sinués/Caixabank, S.A., y Youssouf Drame Ba/Catalunya Caixa, S.A. [Catalunya Banc, S.A.], C-381/14 y C-385/14, ECLI:EU:C:2016:252).
Sentencia del TJUE de 28 de julio de 2016 (Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR y Pohotovosť s.r.o., C-168/15, ECLI:EU:C:2016:602).
Sentencia del TJUE de 21 de marzo de 2013 (RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180).
Sentencia del TJUE de 24 de octubre de 2014 (Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG, y Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH, C-359/11 y C-400/11, ECLI:EU:C:2014:2317).