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Timestamp: 2017-07-23 22:37:40
Document Index: 200784547

Matched Legal Cases: ['artículo 78', 'artículo 58', 'artículo 190', 'artículo 252', 'Artículo 177', 'artículo 16']

Miércoles 5 de Julio de 2017Gaceta: LXIII/2SPR-19/73050	Miércoles 5 de Julio de 2017Gaceta: LXIII/2SPR-19/73050	Proposiciones de Ciudadanos Legisladores Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a generar mecanismos extraordinarios en la investigación del presunto espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos para asegurar garantías de independencia, así como permitir la intervención de un panel de expertos independientes que dé certeza al proceso de indagación.SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN. Sen. DavidMonreal ÁvilaPROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A GENERAR MECANISMOS EXTRAORDINARIOS EN LA INVESTIGACIÓN DEL PRESUNTO ESPIONAJE A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS DE DERECHO HUMANOS PARA ASEGURAR GARANTÍAS DE INDEPENDENCIA, ASÍ COMO PERMITIR LA INTERVENCIÓN DE UN PANEL DE EXPERTOS INDEPENDIENTES QUE DE CERTEZA AL PROCESO DE INDAGACIÓN
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
El 11 de febrero de 2017, el diario The New York Times publicó un artículo de Nicole Perlroth que evidenciaba y señalaba el presunto espionaje por parte de algunas oficinas gubernamentales del Estado mexicano hacia activistas e investigadores en temas de salud. Dicho artículo menciona que Simón Barquera, Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, en el año 2016, empezaron a recibir mensajes de texto con hipervínculos, los cuales se sospecha contenían un código invasivo de un programa espía desarrollado por NSO Group, empresa que radica en Israel y vende herramientas de espionaje digital exclusivamente a gobiernos y que se presumía tiene contacto con varias agencias oficiales de México. [*]
Antes de que el diario estadounidense publicara el presunto espionaje hacia activistas, el 7 de julio de 2015, “Animal Político”, portal web de noticas, reveló que México pagó más de 100 millones de pesos en los últimos cuatro años a la empresa de ciber seguridad italiana Hacking Team, la cual vende software malicioso a 35 países en el mundo y colocó a México como su principal cliente, por encima de Rusia, Uzbekistán, Sudán, Chipre o Egipto. “La lista de clientes en México incluye desde instancias como el CISEN, la Policía Federal y Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta gobiernos locales como el del Estado de México, Jalisco o Querétaro”. [*]
Las conclusiones a las que llegó The New York Times en su primer reportaje referente al espionaje, sobre el móvil que motivó intervenir las comunicaciones de los tres activistas e investigadores anteriormente mencionados, es que participaban en la elaboración del impuesto sobre las bebidas azucaradas y la planeación de una campaña mediática con el fin de impulsar que el dicho gravamen aumentara al doble, sospechosamente coincidió con el hackeo e intimidación para Barquera, Calvillo y Encarnación. En esta tesitura, organizaciones de la sociedad civil exhortaron al Ejecutivo Federal a que actúe e investigue los señalamientos por espionaje en contra de defensores de la salud en México y que se hicieron públicos a partir del informe técnico elaborado por Citizen Lab con ayuda de ONG locales de derechos digitales, SocialTic y R3D, y publicado por el periódico The New York Times. Dos de estos tres defensores colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con la Sociedad Civil y el gobierno en la iniciativa de Alianza por el Gobierno Abierto (AGA). [*]
“La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral conformada por 75 países que trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción y usar la tecnología como habilitador de esta apertura. En México, ésta opera a través de un Secretariado Técnico Tripartita (STT), que es el espacio de toma de decisiones compuesto por tres partes: Poder Ejecutivo (SFP), órgano garante (INAI) y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) para la toma de decisiones de la AGA”. [*]
No obstante, ante la negativa del Gobierno para hacer caso sobre la denuncia por espionaje realizada por las Organizaciones de la Sociedad Civil, estas anunciaron su retiro de los trabajos del STT después de más de cinco años de trabajo en este espacio de interlocución, por la pérdida de confianza hacia el gobierno y la falta de condiciones de co-creación y diálogo con el Gobierno Federal para continuar dentro del proceso. [*]
La ola de acusaciones en contra del Gobierno Federal por presuntos actos de espionaje hacia activistas explotó cuando The New York Times publicó su segundo artículo refiriéndose al espionaje gubernamental hacia activistas y ahora sumando como blancos a abogados que investigaron la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de Ley anticorrupción, y dos periodistas de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por autoridades encargadas de la seguridad pública. Además es señalado el intento de espionaje para familiares de los activistas y periodistas, incluido un menor de edad. Para el diario estadounidense, el software conocido como “Pegasus” fue utilizado por el gobierno mexicano para monitorear la vida diaria de las personas anteriormente mencionadas por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendario. Dicha herramienta puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.
“Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana”. [*]
Todos los supuestos que se mencionaron con anterioridad se consolidaron ante la filtración de los contratos con los que la Procuraduría General de la República adquirió el software “Pegasus”, los contratos filtrados por el noticiero de Milenio Televisión, informaron que la compra se hizo a la empresa “Tech Bull”, en octubre de 2014, y que al inicio era utilizado por subprocuradurías para investigaciones. Según la información presentada por los medios de comunicación, en marzo de 2015 se terminó de instalar el programa. [*]
El tema de la intervención de comunicaciones ha sido convulsivo para el marco jurídico mexicano, la Ley Federal de Telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2017 y aprobada en el Senado de la República por 80 votos a favor y 37 en contra, en su artículo 190 autoriza a los concesionarios de telecomunicaciones a: Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, […].
Contar con un área responsable disponible las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año, para atender los requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas a que se refiere este Título. El mismo precepto menciona que las comunicaciones privadas son inviolables, exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 252, hace referencia a que un acto de investigación es la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, mismas que requiere autorización previa del Juez de control para ser intervenidas. Por su parte, Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada, menciona que las solicitudes de intervención deberán señalar, además, la persona o personas que serán investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación privada a ser intervenida; su duración; y el procedimiento y equipos para la intervención y, en su caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.
Finalmente, el Artículo 177 del Código Penal Federal, sanciona de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa, a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente.
Por otro lado, ninguna de las disposiciones que se mencionaron anteriormente pueden ser aplicadas en detrimento al derecho a la privacidad de los ciudadanos, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual establece el derecho a la intimidad, el derecho a no ser molestado arbitrariamente por parte de las autoridades y la inviolabilidad de las comunicaciones.
El primer párrafo del artículo antes mencionado prohíbe que las autoridades puedan emitir actos de molestia a las personas, familia, propiedades, domicilios; es decir, es una garantía de seguridad jurídica que protege precisamente a los ciudadanos contra actos arbitrarios por parte de las autoridades.
Por su parte, el párrafo décimo segundo señala que: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas”.
Bajo esta información, el Gobierno puede intervenir una comunicación sólo cuando tenga autorización fundada y motivada por un Juez, de lo contrario se estarían violentando derechos humanos como son la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones. La crisis que vive México en materia de derechos humanos se hace aún más evidente ante un espionaje sin labor de inteligencia, convirtiéndose simplemente en paranoia ineficaz y autoritaria. Las instituciones del Estado deben reforzar la construcción de la democracia, los servicios de inteligencia están creados para perseguir a personas que dañan a la población y al Estado; sin embargo, en México el espionaje sirve para intimidar, hostigar o perseguir a las personas críticas del gobierno. Aun cuando la Presidencia de la República ha negado que realiza espionaje a activistas y periodistas con el argumento de que no hay pruebas de que agencias gubernamentales estén involucradas, contra la información aquí descrita del New York Times, Animal político sus acciones y filtraciones de comunicaciones privadas de varios actores políticos a los medios de comunicación muestran lo contrario. No es tema menor, la protección del Estado a la privacidad de las personas se está poniendo en tela de juicio, las autoridades encargadas de proteger están atacando a cualquiera que no siga un discurso oficialista o esté investigando a la autoridad por temas de corrupción, cuestiones que en ningún Estado Democrático de Derecho suceden, sencillamente es inadmisible. La última acción anunciada por el Gobierno mexicano es la investigación que realizará la Procuraduría General de la República (PGR) con ayuda de expertos internacionales para aclarar el caso de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en internet); la Unión Internacional de Telecomunicaciones; la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA); la Escuela Superior de Ingeniería del IPN, y con Héctor Osuna, extitular del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La PGR solicitará a las empresas que desarrollan equipo de espionaje información sobre qué gobiernos los han adquirido. Por otro lado, la PGR pedirá a los afectados aportar su teléfono móvil para realizar un análisis forense, tener fotografías de los mensajes recibidos e identificar el virus que los afectó. En razón de lo anterior se propone el presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a generar mecanismos extraordinarios en la investigación del presunto espionaje a periodistas y activistas de derecho humanos para asegurar garantías de independencia en la investigación, así como permitir la intervención de un Panel de Expertos Independientes que dé certeza al proceso; asimismo, se le solicita un informe detallado, que trasparente todos los contratos relacionados a la compra de tecnología de espionaje y prolija el uso que se le han dado a estas herramientas y el benéfico que ha tenido la sociedad. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que:
Genere mecanismos extraordinarios en la investigación de presunto espionaje a periodistas y activistas de derecho humanos para asegurar garantías de independencia en la investigación, así como permitir la intervención de un Panel de Expertos Independientes que dé certeza al proceso de investigación. Rinda un informe detallado, que trasparente todos los contratos relacionados a la compra de tecnología de espionaje y prolija el uso que se le han dado a estas herramientas, y el beneficio que ha tenido la población. SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Trasparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a que actúe, en el marco de sus atribuciones, como órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, en las investigaciones que se realicen con motivo de la utilización de tecnología de espionaje por parte del Gobierno Federal hacia periodistas y activistas de derechos humanos. Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 5 días del mes de julio de 2017. [*] Perlroth, Nicole. “Programas de espionaje fueron usados contra promotores de un impuesto a los refrescos en México”, The New York Times, [en línea], consultado el 26 de junio de 2017, disponible en: https://www.nytimes.com/es/2017/02/11/programas-de-espionaje-fueron-usados-contra-impulsores-de-un-impuesto-a-los-refrescos-en-mexico/
[*] Arturo Ángel, “México, el principal cliente de una empresa que vende software para espiar”, Animal Político, [en línea], consultado el día 26 de junio de 2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/07/empresa-de-hackers-exhibida-por-venta-de-software-espia-a-paises-represores-y-mexico-resulta-su-principal-cliente/
[*] “Por espionaje, Sociedad Civil concluye participación del Secretariado Técnico Tripartita”, IMCO, [en línea], consultado el 26 de junio de 2017, disponible en: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/la-alianza-para-el-gobierno-abierto-en-mexico-y-el-espionaje-digital/ [*] Ídem. [*] Ídem.
[*] Ahmed, Azam y Perlroth Nicole. “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, The New York Times, [en línea], consultado el 26 de junio de 2017
[*] “Pegasus inició supuesto espionaje a periodistas y activistas en administración de Arely Gómez”, Animal Político, [en línea], consultado el 3 de julio de 2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/06/pegasus-espionaje-arely-gomez/ http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=73050 INFOMEX