Source: https://cidhmorelos.wordpress.com/tag/tortura/
Timestamp: 2018-03-21 21:58:17
Document Index: 84317324

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 33', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 15']

Tortura | Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
abril 27, 2017 · 13:10
La tortura es una práctica generalizada entre las corporaciones policíacas y militares en México. Los informes de organizaciones internacionales y nacionales defensoras de derechos humanos así lo demuestran. Prevenir, investigar y sancionar para erradicar la práctica de la tortura es una necesidad apremiante para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. La probación por el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y sancionar la Tortura y otros Tratos y o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, significa un paso significativo en ésta dirección, sin embargo, será precisamente la aplicación práctica de éste instrumento legal lo que permita evitar que la tortura se siga utilizando para fabricar culpables y mantener la impunidad.
Sobre éste tema, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este organismo internacional destacó que la adopción de esta ley atiende una de las recomendaciones formulada al Estado Mexicano por varios mecanismos internacionales de derechos humanos, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, con ocasión de su visita al país en octubre de 2015.
Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos sumamos a la exigencia de que se aplique integralmente éste nuevo ordenamiento general contra la terrible práctica de la tortura hasta lograr su erradicación.
marzo 10, 2017 · 12:14
Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la República
Av. Congreso de la Unión #66. (entrada por Sidar y Rovirosa). Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15969, México, D.F
Correo electrónico: maria.murguia@congreso.gob.mx
Distinguida Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez,
Reciba atentos saludos de las organizaciones abajo firmantes. Nos dirigimos a la Cámara de Diputados a través de su conducto en seguimiento al dictamen sobre el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, actualmente pendiente de discusión y aprobación en esta H. Cámara.
Como destacamos en una carta abierta previa transmitida al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, consideramos que la promulgación de una ley general contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (LGT, de ahora en adelante) es una oportunidad única e histórica para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que sienta las bases para la erradicación de la tortura en el país y aborde las problemáticas institucionales en este ámbito. Sin embargo, nos unimos a la preocupación expresada por la articulación de organizaciones de derechos humanos de México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en las últimas semanas respecto varios cambios introducidos por parte de las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de esta Cámara a la minuta aprobada por el Senado el 29 de abril de 2016, los cuales conducirían a perpetuar la práctica de la tortura y la impunidad por este abominable crimen en México. Vinculado a lo anterior, queremos expresar nuestra inquietud por el hecho de que en el proceso que culminó en estos cambios no se contó con participación de personas y organizaciones expertas en la materia.
En este marco, las organizaciones abajo firmantes exhortamos a la Cámara de Diputados a evitar que se introduzcan modificaciones a la minuta que supondrían un retroceso respecto la minuta aprobada por el Senado, la cual, salvo ciertos puntos puntuales que señalamos a continuación, consideramos que satisface los estándares internacionales en la materia, como también considera el Relator sobre Tortura de la ONU[1].
En particular, respecto a la minuta enviada por el Senado, insistimos en tres aspectos que se deberían modificar para alcanzar los más altos estándares internacionales en la materia, tal y como ya destacamos en la carta abierta anterior:
1. Es absolutamente esencial garantizar la exclusión de la prueba obtenida mediante tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante (TPCID) sin contemplar excepción alguna: Nos parece sumamente importante que la LGT excluya cualquier precepto, supuesto o circunstancia susceptible de ser entendida o usada como una excepción a la regla de la inadmisibilidad de toda prueba obtenida directa o indirectamente bajo tortura y TPCID. La observancia de esta directriz constituye una conditio sine qua non para la erradicación de hecho y de derecho del uso de pruebas obtenidas bajo coacción y, en consecuencia, para la eliminación de la principal causa detrás de la práctica endémica de la tortura y TPCID en el sistema penal mexicano. La prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos es inequívoca y no admite excepción alguna[2]. Por estas razones, se debe eliminar las excepciones asociadas a los conceptos de “descubrimiento inevitable”, “fuente independiente” y “nexo atenuado” previstas en el artículo 50.
2. Investigación y sanción de superiores jerárquicos: Nos parece fundamental que la LGT establezca la responsabilidad de todo superior jerárquico responsable por actos de tortura o TPCID por acción u omisión, esta última cuando no haya ejercido un control apropiado sobre sus subordinados o cuando aquél supiera o poseyese información que le permitiera concluir que los subordinados estaban cometiendo o iban a cometer tortura o TPCID. Teniendo en cuenta lo precedente, urgimos a la eliminación de la referencia en el artículo 13 de la responsabilidad por “ordenar” actos de tortura y su sustitución por un lenguaje que incluya todas las formas de autoría y responsabilidad previstas en la normatividad nacional e internacional.
3. Consentimiento para procedimientos médicos y científicos: En el artículo 24.III, instamos a que la Cámara modifique el lenguaje referente a la posibilidad de realizar procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento, para aclarar que dicha excepción se refiere a personas menores de 18 años. Lo anterior, para que no se interprete en el sentido de validar la práctica vigente de someter a personas adultas con discapacidad a procedimientos sin su consentimiento y sin haber proporcionado los apoyos necesarios para posibilitar una decisión acorde con la voluntad de la persona, tal y como exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2007.
Respecto a las modificaciones a la minuta introducidas en la Cámara de Diputados:
1. Para ser conforme a los estándares internacionales, la LGT debería establecer de forma inequívoca que las autoridades competentes tienen la obligación de realizar u ordenar una investigación pronta e imparcial cuando hay motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o TPCID (ver artículo 12 de la Convención contra la Tortura y otros TPCID) y/o ante cualquier queja o denuncia de tortura o TPCID (ver artículo 13 de la Convención contra la Tortura y otros TPCID). En este sentido, se debe suprimir el requisito adicional agregado por las Comisiones referidas en el artículo 33.II del dictamen, mismo que requeriría, en casos de denuncia, que además de la misma existan “elementos objetivos o evidencia razonable” de tortura.
2. Respecto el artículo 16 del dictamen, todo servidor público, cuando existan indicios de que puede estar involucrado en actos de tortura o TPCID, debería ser apartado de la investigación de actos de tortura o TPCID y de la investigación en cuyo marco se cometió tales actos. Dicha medida no se puede limitar a casos de vinculación al proceso, tal y como está previsto en la minuta modificada por la Cámara de Diputados. La participación en la investigación sobre hechos susceptibles de constituir tortura o TPCID de quienes hay razones fundadas para creer que podrían estar implicados en dichos hechos pondría en cuestión la imparcialidad y, en consecuencia, la efectividad de tales investigaciones, las cuales muy improbablemente culminarían en el ejercicio de acción penal. En caso de sí existir vinculación a proceso, el servidor público debería ser suspendido del cargo mientras dure el proceso, para prevenir que se repitan hechos semejantes.
3. La minuta de LGT aprobada por el Senado incluía una serie de causales que permitían al Ministerio Público de la Federación solicitar la remisión de una investigación estatal al fuero federal, incluyendo cuando los agentes implicados en actos de tortura pertenecían a la institución a la que correspondería la investigación en el fuero común, cuando la Fiscalía Especializada competente no iniciaba la investigación y cuando esta no se realizaba de forma pronta, imparcial y exhaustiva. Sin embargo, las Comisiones dictaminadoras de la Cámara eliminaron estas y otras causales de atracción (artículo 22), lo que puede representar un obstáculo insalvable a la imparcialidad y la efectividad de la investigaciones de tortura y TPCID. En consecuencia, las organizaciones firmantes instamos a que se retome la versión aprobada por el Senado.
4. Finalmente, es muy importante que la LGT, respecto al establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), recoja los requisitos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), en particular en lo relativo a su autonomía funcional y financiera, así como en lo relativo a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar el monitoreo efectivo de las condiciones de detención. Para lograr lo anterior, la LGT debería retomar los estándares y recomendaciones en la materia del Subcomité para la Prevención de la Tortura (que visitó México en diciembre pasado), así como de organizaciones especializadas como es la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).
Agradeciéndole de antemano la atención a la presente, nos despedimos muy respetuosamente,
– Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
– Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)
– Amnistía Internacional (AI)
– Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
– Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT)
– Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)
– Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
– Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PI)
– Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights)
Dip. Álvaro Ibarra Hinojosa
Presidente, Comisión de Justicia, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
alvaro.ibarra@congreso.gob.mx
Presidente, Comisión de Derechos Humanos, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Coordinador, Grupo Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
fmartinez.neri@congreso.gob.mx
Dip. César Octavio Camacho Quiroz
Coordinador, Grupo Parlamentario del PRI, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
cesar.camacho@congreso.gob.mx
Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza
Coordinador, Grupo Parlamentario del PAN, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
marko.cortes@congreso.gob.mx
Coordinador, Grupo Parlamentario del Partido Verde, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
jesus.sesma@congreso.gob.mx
Coordinadora, Grupo Parlamentario de Morena, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
norma.nahle@congreso.gob.mx
Coordinador, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
clemente.castaneda@congreso.gob.mx
Coordinador, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
luis.valles@congreso.gob.mx
Coordinador, Grupo Parlamentario de Encuentro Social, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
alejandro.gonzalez@congreso.gob.mx
hcastillejos@cjef.gob.mx
raul.cervantes@pgr.gob.mx
canciller@sre.gob.mx
[1] Ver Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sobre México, Doc. ONU A/HRC/34/54/Add.4, 17 de febrero de 2017, párr. 9.
[2] Cabe destacar que ningún Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes ha formulado una reserva al artículo 15 (exclusión de la prueba ilícita), lo que refleja su aceptación universal y su condición de norma de derecho internacional consuetudinario.
Etiquetado con ley contra tortura, Tortura
junio 27, 2016 · 11:24
Eliminar el uso de la tortura obligación pendiente
Imprescindible que la Ley General anti-tortura cumpla obligaciones del Estado para que funcione nuevo sistema penal y se atienda a víctimas
26 de junio de 2016.- Hoy, en el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, las organizaciones e instituciones académicas firmantes, quienes durante los últimos diez meses hemos aportado insumos técnicos para la Ley General anti-tortura, hacemos un llamado por que el Estado garantice los derechos de las víctimas y el funcionamiento del nuevo sistema penal eliminando el uso de la tortura como método para la fabricación de pruebas. Al mismo tiempo, reprobamos la desinformación que todavía existe sobre la tortura y las víctimas de este grave delito.
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.,
abril 18, 2016 · 12:02
Declaración de OSC contra la tortura
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SE PRONUNCIAN POR EL VIDEO DIFUNDO EN EL QUE SE OBSERVA A MILITARES Y POLICIAS REALIZANDO INTERROGATORIOS BAJO TORTURA 
En un video difundido en redes sociales se observa como elementos del ejército y policía federales torturan a una joven mujer como para obtener información. 
La Secretaría de la Defensa Nacional abrió la investigación en la jurisdicción militar por el delito de “desobediencia”. 
Estos hechos ameritan una profunda investigación y demuestran la necesidad de contar en México con un marco normativo adecuado que reconozca la grave problemática de la tortura y ésta se investigue, se castigue y se repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Este jueves 14 de abril, circuló por redes sociales un video en el que un grupo de militares y policías torturan a una joven con el empleo de bolsas para provocar ahogamiento y con la simulación de ser ejecutada. Según la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, pero fueron hechos públicos hasta el día de hoy mediante la difusión de un video en redes sociales. Destacamos que en su comunicado, la propia SEDENA reconoció la autenticidad del video y los hechos que se documentan. De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades militares tuvieron conocimiento de los actos hasta el 10 de diciembre de 2015 por lo que la SEDENA dio “vista inmediata al Ministerio Público Militar” y el 4 de enero del 2016, a un año de los hechos, informó a la Procuraduría General de la República para que “determine la responsabilidad en cuanto a “las afectaciones civiles”. Las autoridades militares, señalan también, que fue hasta el 11 de enero que se dictó auto de formal prisión a la policía militar y el elemento de tropa, “quienes están a disposición del Juez Quinto Militar como probables responsables de los hechos y sujetos a proceso penal por el delito de encubrimiento.”.
Estos hechos, incluyendo la conducta pública de los mandos militares minimizando la gravedad de los hechos, explican la institucionalidad de la tortura en nuestro país y demuestran la necesidad que el marco normativo se modifique para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por ello, los hechos que exhibe el video, y otros muchos casos más de tortura, deben ser considerados para acelerar y profundizar la discusión que actualmente se llevan a cabo en el Senado sobre los contenidos de la Ley General de la materia.
Exigimos de la Procuraduría General de la República, como una instancia civil, investigue y acuse ante jueces ordinarios a los responsables de estos hechos sucedidos en 2015, e informe de los avances sobre las investigaciones. De la misma forma exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que realice el contacto con la persona, que se observa en el video siendo torturada, para verificar su situación legal y su afectación psicológica, ya que como señalan los medios de comunicación, esta persona actualmente se encuentra detenida.
Consideramos, que Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe intervenir e integrar de oficio una queja por violaciones graves a los derechos humanos e investigar: la cadena de mando la conducta de las autoridades superiores que ordenaron estas conductas y el alcance de la autoría intelectual de estos hechos.
ASILEGAL A.C Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, AFADEM Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. A.C. Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADHAC A.C Colectivo contra la Tortura y la Impunidad CCTI Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, CCDH. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. Documenta A.C. Fundación para el Debido Proceso Legal A.C Fundar, Centro de Análisis e Investigación. A.C IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. A.C. México, Derechos Humanos. Presunción de Inocencia A.C. Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Miguel Sarre, Maestro en Derechos Humanos y actual académico del ITAM. Carlos Ríos, Consultor en Derechos Humanos.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad IberoamericanaPuebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)