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Timestamp: 2019-09-23 15:58:15
Document Index: 228773912

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 67', 'artículo 40', 'artículo 67', 'artículo 66', 'artículo 12', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 3', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 66']

﻿ SENTENCIA 21709 DE AGOSTO 25 DE 2004
SENTENCIA 21709 DE 25 DE AGOSTO DE 2004
CONTENIDO:DESPIDO COLECTIVO DE TRABAJADORES OFICIALES. NO ES NECESARIO OBTENER LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 50 DE 1990. SEGÚN LA LEY 489 DE 1998 ESTABLECIÓ A CARGO DEL GOBIERNO LAS FUNCIONES DE SUPRIMIR CARGOS Y ADOPTAR LA PLANTA DE PERSONAL DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEL ORDEN NACIONAL, POR LO TANTO, ES UNA ATRIBUCIÓN EXCLUYENTE QUE NO LE PERMITE AL MINISTERIO EN COMENTO AUTORIZAR ESAS MEDIDAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, PLANTA DE PERSONAL, SUPRESIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DESPIDO COLECTIVO
Sentencia 21709 de agosto 25 de 2004
Rad. 21709
Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil cuatro.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de La Previsora S.A. compañía de seguros, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 14 de marzo de 2003, en el juicio que le adelanta Jaime Melo Páez.
Jaime Melo Páez demandó a La Previsora S.A. compañía de seguros, para obtener, de manera principal, su reintegro al cargo que desempeñaba el 23 de septiembre de 1999, fecha en que fue despedido y el pago de salarios y prestaciones sociales compatibles con el reintegro, con los aumentos legales y/o convencionales, desde la fecha de su desvinculación; subsidiariamente pretendió al pago de los salarios, de la nivelación salarial y prestacional, los subsidios de almuerzo y transporte que se le adeudan; así como las primas semestrales, de vacaciones, de navidad y de antigüedad, las vacaciones, la bonificación especial de navidad, la participación en utilidades y el auxilio de cesantía y sus intereses; la indemnización por despido y por daños y perjuicios; los valores adeudados por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones (incluida la moratoria) y la indexación.
Adujo que se vinculó a la demandada el 19 de enero de 1981 hasta el 23 de septiembre de 1999; que su último salario fue de $ 1.869.436; que desempeñó el cargo de subgerente en la ciudad de Neiva; que estuvo afiliado a la organización sindical “Sintraprevi”, por lo que se beneficiaba de las convenciones colectivas; que su desvinculación se debió a despido colectivo de más del 30% de los trabajadores de la compañía, sin autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sin que se explicaran y demostraran los motivos que llevaron a la reestructuración; que la demandada le adeuda la reliquidación de cesantía y sus intereses, salarios, prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales y que el despido le causó graves perjuicios materiales y morales.
La demandada, en la respuesta a la demanda (fls. 36 a 39, cdno. ppal.), se opuso a las pretensiones del actor; aceptó los extremos de la relación laboral, el cargo desempeñado, que era beneficiario de la convención colectiva a la terminación del contrato de trabajo; que tenía un salario mensual de $ 1.585.938; adujo en su favor que canceló lo que adeudaba por ley y convención y que no existió despido colectivo. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción, buena fe de la demandada, compensación y pago.
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., mediante sentencia del 25 de junio de 2002 (fls. 159 a 169, cdno. ppal.), absolvió a la demandada de las pretensiones del demandante; declaró probadas las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas y pago e impuso costas a la parte actora.
El Tribunal Superior de Bogotá, D.C., por fallo del 14 de marzo de 2003 (fls. 273 a 283, cdno. ppal.), resolvió la apelación del actor; revocó el de primera instancia y, en su lugar, condenó a la demandada a reintegrar al actor al cargo que desempeñaba el 23 de septiembre de 1999, sin solución de continuidad, y a pagarle la suma de $ 1.585.938 mensuales, con sus incrementos legales y/o convencionales a partir del 24 de aquellos mes y año, hasta cuando sea reintegrado, también ordenó sufragar las prestaciones sociales compatibles con el reintegro y las cotizaciones al sistema de seguridad social; autorizó a la demandada para descontar del total de las condenas las sumas pagadas por cesantía, intereses a la cesantía e indemnización por despido; declaró probada la excepción de compensación y no impuso costas en la alzada.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró que:
“... es evidente que en otra época se tenía sentado que las normas que regulan el despido colectivo de trabajo no se aplicaban a los empleados públicos y trabajadores oficiales, tal como lo expresó el a quo. Sin embargo, no puede pasar por alto que ese criterio sostenido por el Consejo de Estado, quedó definido en sentencia de fecha 10 de septiembre de 1997 de la honorable Corte Suprema de Justicia y traída a colación tanto en la Sentencia T-998 de la Corte Constitucional como en la Resolución 2785 del Ministerio de Trabajo y que, precisamente, sirve para rebatir los argumentos de la encausada expuestos en alegato de folio 246, como quiera que allí se dejó sentado doctrinariamente que:
“... Las relaciones colectivas de trabajo de los trabajadores oficiales se rigen por las normas del Código Sustantivo del Trabajo y por las que lo adicionan o reforman y no por las que se expidieron para los trabajadores oficiales, derogadas expresamente por los artículos 491 y 492 del Código Sustantivo del Trabajo...”.
En tales condiciones, mal podría el a quo absolver a la demandada bajo la óptica a que se refiere el fallo de primer grado toda vez que, si bien es verdad, las relaciones individuales de trabajo de los trabajadores oficiales no se someten al Código Sustantivo del Trabajo, no es menos cierto que sí le son aplicables las normas sobre protección en caso de despido colectivo (D. 2351/65, art. 40) dada la naturaleza del intereses (sic) en conflicto y, desde luego, que los artículos 40 del Decreto 2351 de 1965 y 37 del Decreto 1469 de 1978, fueron derogados por los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990, siendo por demás, evidente —se repite— que la protección a que se refieren es de carácter colectivo.
Además, de lo antes expuesto, resta precisar que suficientemente demostrado se encuentra dentro del proceso el hecho del despido colectivo, siendo que el Ministerio de Trabajo, autoridad competente para hacerlo, CALIFICÓ que la empleadora incurrió en despido colectivo. Luego, en tales condiciones, la demandada debe someterse a las consecuencias que para el efecto establece la ley” (fl. 278, cdno. ppal.).
Luego de transcribir la sentencia de esta Sala del 30 de noviembre de 2000 (Rad. 14640), concluyó que está demostrado que la terminación del contrato de trabajo del actor se dio dentro de un despido colectivo, calificado como tal por el Ministerio de Trabajo, mediante acto administrativo donde se mencionó al demandante, el cual, dijo, conlleva la presunción de legalidad y no puede ser desconocido por el juez quien solo se limita a declarar el derecho en cabeza del actor, de acuerdo con el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, subrogado por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990; que, al no producir efectos el despido, debe ser reintegrado el actor al mismo cargo, con derecho al pago del salario mensual y sin solución de continuidad.
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada y, en sede de instancia, confirme la absolutoria proferida por el a quo, proveyendo en costas como corresponda.
Con tal propósito formula un cargo, que fue replicado, y que en seguida se estudia.
“Acuso, en la sentencia gravada, violación directa de los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990, por interpretación errónea, 66 del Código Contencioso Administrativo, por aplicación indebida, y 12 de la Ley 153 de 1887 (como quedó después de su declaratoria parcial de inexequibilidad por la C. Const., según Sent. C-37, ene. 26/2000), por falta de aplicación, en relación con los artículos 40 del Decreto 2351 de 1965, 37 del Decreto 1469 de 1968, 3º, 4º, 140, 491 y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, 11 de la Ley 6ª de 1945 y 48 y 49 del Decreto 2127 del mismo año.
La decisión adoptada por el ad quem se basa, fundamentalmente, en la sentencia proferida, el 10 de septiembre de 1997, en el proceso de radicación 9.872, por esa Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que ella interpretó los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1950 (sic) en el sentido de que, como están incluidos en la “Parte segunda” del Código Sustantivo del Trabajo denominada “Derecho colectivo del trabajo”, ellos, por regular, como esta “Parte”, las relaciones colectivas del trabajo de los trabajadores oficiales, regulan igualmente el fenómeno del despido colectivo de estos trabajadores; y en la Resolución 2785 de 27 de diciembre de 2000, de la división territorial de Cundinamarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —que calificó como despido colectivo la desvinculación, sin justa causa y sin autorización de este ministerio, de 235 trabajadores, entre los cuales el demandante, efectuada por mi representada entre el 23 de septiembre de 1999 y el 23 de marzo de 2000—, en tanto que ejecutoriada y en plena vigencia y según la preceptiva que trae a este respecto el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.
Es de advertir que esta resolución, a su juicio, en lo que hace estrictamente al fenómeno del despido colectivo, se funda en aquella sentencia de esa Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ya que la de la Corte Constitucional —que también invoca como sustento— solo dice relación a la procedencia de la tutela en presencia de despidos masivos de trabajadores particulares u oficiales que tengan por finalidad la de afectar a las organizaciones sindicales, en tanto que constitucionalmente protegidas.
Empero, acontece que la interpretación antes reseñada, que hizo esa Sala de los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990 aparece simplista, en tanto que olvidó la trascendencia que tiene el hecho de que todo despido colectivo —una forma cualificada del masivo— es la suma de una serie de despidos individuales verificados sin justas causas en un lapso determinado; y que, únicamente, los despidos individuales de los trabajadores particulares están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes que lo adicionan o reforman. Por donde aparece claro que la suma de los despidos individuales de trabajadores oficiales no puede estar gobernada por esos preceptos, en tanto que el fenómeno del despido colectivo regulado por ellos solo dice atinencia a la suma de despidos individuales de trabajadores particulares como quedó visto.
Aparece, también, así, que el de que fue objeto el demandante, indiscutidamente un trabajador oficial, también indiscutidamente individual, así hubiera formado parte de otros varios de la misma índole de trabajadores oficiales, escapa, necesariamente, a las regulaciones de los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990.
De donde resulta, además, con nitidez, que la Resolución 2785, de 27 de diciembre de 2000, de la división territorial de Cundinamarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —la misma que calificó como despido colectivo las desvinculaciones individuales, por mi representada, de 235 de sus trabajadores oficiales, en el lapso de seis meses—, carece igualmente de fundamento legal, así se encuentre ejecutoriada y en plena vigencia; y su inaplicabilidad, por tanto, a voces del artículo 12 de la Ley 153 de 1887, según el cual (como quedó después de la declaratoria de su inexequibilidad parcial) “las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno ... tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución ni a las leyes...”” (fls. 17 a 19, cdno. Corte).
Dice el opositor que el cargo presenta protuberantes errores de técnica al acusar en el mismo cargo la interpretación errónea, la aplicación indebida y la falta de aplicación de la ley; que además el cargo involucra razonamientos fácticos que no son propios de la vía directa; y que, de otro lado, no se ocupa el cargo de destruir todos los fundamentos de la decisión de segunda instancia.
Debe señalarse inicialmente que la demanda de casación no incurre en error de técnica al conjugar en un mismo cargo varias modalidades de violación de la ley que, se ha dicho, son excluyentes entre sí, como la interpretación errónea, la aplicación indebida y la falta de aplicación, entendida esta última como la infracción directa, porque si bien es cierto que esta Sala ha señalado en diversas oportunidades, como la que aduce el opositor, que no es posible conjugar simultáneamente tales modalidades, porque por su misma naturaleza cada una de ellas excluye a las demás, también lo es, que tal precisión se ha establecido pero cuando se ha incurrido en la impropiedad de denunciarlas, no dentro de un mismo cargo, sino con respecto a una misma disposición, porque es imposible que si el tribunal incurrió en la infracción directa de determinada disposición, no la pudo interpretar, ni mucho menos aplicar.
Luego, dentro de un mismo cargo por la vía directa, bien puede suceder que se conjuguen las tres modalidades de infracción de la ley pero con respecto a normas diferentes, como ocurre en el presente caso en el que se denuncian los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990 por interpretación errónea, el 66 del Código Contencioso Administrativo, por aplicación indebida y el 12 de la Ley 153 de 1887, por falta de aplicación, porque ningún impedimento de lógica o de técnica se opone a que frente a tales disposiciones el tribunal, en su diferentes argumentaciones, hubiere incurrido dentro de la misma sentencia, en tales dislates, que es lo que se analizará más adelante.
Tampoco puede decirse que el censor involucre en el cargo argumentos fácticos que son impropios de la vía directa, porque si bien se refiere a la Resolución 2785 del 27 de diciembre de 2000 de la división territorial de Cundinamarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no lo hace desde el punto de vista fáctico sino jurídico y con respecto a las normas cuya infracción denuncia, con el objeto de demostrar que el ministerio no estaba facultado por la ley para calificar el despido de trabajadores oficiales. De allí que también cabe concluir que no es cierto que el cargo no se hubiere ocupado de socavar el supuesto del fallo, según el cual el despido colectivo estuvo calificado por el ministerio, mediante acto que se encontraba en firme, como lo dice la oposición.
Sentado lo anterior, para resolver de fondo debe tenerse en cuenta que no se discuten los siguientes supuestos sobre los que se fincó la decisión de segundo grado: que la entidad demandada es una sociedad de economía mixta del orden nacional sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado; que el demandante ostentaba la calidad de trabajador oficial y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy de la Protección Social), declaró un despido colectivo de trabajadores de la demandada, lo cual permite decir que tiene razón la acusación, porque, en tratándose de trabajadores oficiales, no es obligatorio obtener la autorización previa del Ministerio de la Protección Social a que se refiere el artículo 67 de la Ley 50 de 1990.
Así lo ha dicho esta Sala de la Corte, entre otras sentencias, en la del 30 de enero de 2003 (Rad. 19108), reiterada en las del 27 de marzo de 2003 (Rad. 19281); 30 de abril de 2003 (Rad. 19947) y 25 de febrero de 2004 (Rad. 21710).
En la primera de las citadas, esto dijo la Sala:
... En el punto concreto de la aplicación a tales trabajadores —trabajadores oficiales—, del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, hay que decir que en este caso su equiparación a servidores particulares no puede llevar a colegir que la realización de despidos colectivos por supresión de cargos originados en políticas de modernización o racionalización de gastos, esté supeditada a la implementación del trámite dispuesto en ese artículo, es decir, al permiso previo del Ministerio del Trabajo”.
... De manera que las funciones de suprimir cargos y adoptar la planta de personal de las sociedades de economía mixta del orden nacional en los casos en que sea necesario reformar su estructura u organización, fueron radicadas por la ley en comento (489/98) en el Gobierno Nacional, atribución que es ciertamente excluyente, luego de ninguna manera incumbe al Ministerio del Trabajo autorizar esas medidas, por el trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990”.
En conclusión, el cargo es fundado y se casará la sentencia recurrida, pues surge prima facie el yerro jurídico del tribunal al concluir que era menester obtener el permiso de la autoridad administrativa para llevar a cabo el despido de los trabajadores oficiales, no siendo ello necesario.
En sede de instancia, no es del caso tener en cuenta como prueba la Resolución 2785 de 27 de diciembre de 2000, mediante la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dirección territorial de Cundinamarca, calificó como colectivo el despido de 235 trabajadores oficiales en la entidad demandada, pues la ley laboral no exige en un caso como este que deba obtenerse previamente permiso de la autoridad administrativa del trabajo para proceder al despido de servidores públicos.
En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y, por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 14 de marzo de 2003, en el proceso instaurado por el señor Jaime Melo Páez, en contra de La Previsora S.A. compañía de seguros. En sede de instancia confirma la decisión del juez de primer grado en todas sus partes.
Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza (salvó el voto)—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.
1. El fundamento toral del juzgador de la alzada para revocar la sentencia de primer grado y condenar a la entidad demandada fue, en esencia, que el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 tiene plena aplicación en relación con los trabajadores oficiales; aserto que apoyó en la sentencia de instancia de esta Sala del 10 de septiembre de 1997.
A pesar de que la recurrente denunció la equivocada interpretación del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, en lo que se presentó como desarrollo de esa acusación se limitó a reseñar la remisión que en la citada resolución se hizo a la sentencia de la Corte y a explicar que esa interpretación es simplista “en tanto olvidó la trascendencia que tiene el hecho de que todo despido colectivo —una forma cualificada del masivo— es la suma de una serie de despidos individuales verificados sin justas causas en un lapso determinado; y que, únicamente los despidos individuales de los trabajadores particulares están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes que lo adicionan o reforman” (fl. 18 del 2º cdno.), pero nada dijo acerca de la razón que dio el tribunal para considerar que el precepto que ella considera violado sí tiene aplicación en tratándose de trabajadores oficiales, esto es, que la protección que consagra es de carácter colectivo.
2. Estimo, por lo tanto, que no bastaba a la impugnante denunciar la equivocada hermenéutica de la norma sustancial en que se basó el tribunal y señalar vagamente que ese precepto solo puede utilizarse en relación con los despidos individuales de trabajadores particulares, para considerar suficientemente demostrado el desacierto interpretativo que le atribuyó al fallador, pues, en realidad, no cuestionó lo esencial de esa argumentación.
3. Y ese argumento del tribunal es igualmente soslayado en el fallo del que me aparto, en el cual simplemente se concluye que “en tratándose de trabajadores oficiales no es imperioso obtener la autorización previa del Ministerio de la Protección Social a que se refiere el artículo 67 de la Ley 50 de 1990” (fl. 46 del 2º cdno.), apoyándose para ello en lo dicho por la Sala en otras sentencias, particularmente la del 30 de enero de 2003, radicación 19.108. Sin embargo, no se alude puntualmente a la intelección del juzgador de segundo grado, razón por la cual, en mi opinión, no pudo haberse concluido que ella sea equivocada.
5. Estimo que la inferencia del tribunal no es descabellada y no puede ser considerada constitutiva de un desacierto en la inteligencia del artículo 67 de la Ley 50 de 1990. Si al delimitar el campo de aplicación del Código Sustantivo del Trabajo su artículo 3º establece que “El presente código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares” y si el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, por medio de la cual se introducen reformas a ese código, fue ubicado en la parte segunda de esa ley, que trata sobre derecho colectivo del trabajo, no se aparta del genuino sentido del citado artículo 67 de la Ley 50 de 1990 concluir que él se aplica a los trabajadores oficiales, pues ello corresponde, en mi entender, a una correcta interpretación sistemática del referido conjunto de disposiciones legales.
6. En la señalada sentencia del 30 de enero de 2003 se indica que “las funciones de suprimir cargos y adoptar la planta de personal de las sociedades de economía mixta del orden nacional en los casos en que sea necesario reformar su estructura u organización, fueron radicadas por la ley en comento (489/98) en el Gobierno Nacional, atribución que es ciertamente excluyente, luego de ninguna manera incumbe al Ministerio del Trabajo autorizar esas medidas, por el trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990”. Independientemente de que sea o no acertado concluir que los despidos colectivos efectuados en desarrollo de la Ley 489 de 1998 no requieren de la previa autorización del ahora denominado Ministerio de la Protección Social, considero que la situación presentada en este proceso nada tiene que ver con la reforma u organización de la estructura de la entidad demandada, si se toma en consideración lo confesado por su apoderado al contestar el libelo inicial, escrito en el que sin ambages manifestó: “No es cierto. El contrato terminó a partir del 24 de septiembre de 1999 por decisión unilateral y sin justa causa de la entidad; por esta razón, la demandada liquidó y pagó al demandante de manera completa y oportuna, la indemnización por despido consagrada en la convención colectiva de trabajo vigente para la fecha de desvinculación del actor” (fl. 37).
De lo allí expresado se desprende que el de Jaime Melo Páez fue un despido sin justa causa, por lo que no es posible concluir que esa decisión tuviera origen en la reorganización de La Previsora S.A. compañía de seguros; de suerte que, desde esa perspectiva, a tal terminación del contrato del trabajo no le resultaban aplicables los razonamientos efectuados anteriormente por la Corte en torno a los desarrollos de la mentada Ley 489 de 1998.
7. Las anteriores son las razones que me llevan a separarme de la decisión que en sede de casación fue tomada. Pero también me aparto de lo que se decidió como tribunal de instancia en relación con la Resolución 2785 del 27 de diciembre de 2000, mediante la cual se calificó como despido colectivo la desvinculación de 235 trabajadores de la demandada, por considerar la mayoría que “la ley laboral no exige en un caso como este que deba obtenerse previamente permiso de la autoridad administrativa del trabajo para despedir sin justa causa a un importante número de servidores públicos, de donde resulta claro que esta prueba (Res. 2785), no debía ser valorada en tanto, como quedó dicho, no era necesaria tal autorización”.
La facultad de declarar un despido colectivo recae en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de la Protección Social. Si en desarrollo de esa atribución legal ese ministerio declara que un despido fue colectivo, opino que se trata de una decisión que goza de presunción de legalidad en los términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, de tal modo que es de obligatorio cumplimiento mientras no sea declarada su nulidad o se presente alguno de los eventos señalados en ese artículo que permitan concluir la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto.
Y si ese acto administrativo obra en un proceso judicial y no existe constancia de su anulación por la autoridad competente para ello, salvo que sea abiertamente ilegal, su análisis como prueba no puede ser rehusado por el juez, pues esa conducta, en mi entender, comporta un desconocimiento del valor que el ordenamiento legal le reconoce como acto jurídico.