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Timestamp: 2019-09-17 06:52:52
Document Index: 345279095

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 626', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL705-2018/57016 DE MARZO 14 DE 2018
SENTENCIA SL705-2018 DE 14 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:EFECTOS DEL PLIEGO DE PETICIONES EN UN CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO. SE SEÑALÓ QUE EL CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO NACE CON LA PRESENTACIÓN DEL PLIEGO DE PETICIONES, BIEN SEA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL O POR LOS TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS, HECHO QUE TRAE CONSIGO OBLIGACIONES PARA LOS NEGOCIADORES, PARTICULARMENTE PARA EL EMPLEADOR QUE DEBE DAR INICIO A LA ETAPA DE ARREGLO DIRECTO Y RECIBIR A LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL PLIEGO, SIN QUE PUEDA DIFERIRSE POR MÁS DE CINCO DÍAS HÁBILES. DE LA MISMA FORMA, SE ESTIPULO QUE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL PROMUEVEN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ENTRE TRABAJADORES Y EMPLEADORES COMO UN INSTRUMENTO PARA LA CONCERTACIÓN VOLUNTARIA LIBRE DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y EMPLEO. EN EFECTO, AL PRESUPONER LA ESFERA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA UNA CONTRAPOSICIÓN DE INTERESES EN LAS RELACIONES DE TRABAJO. ASÍ MISMO, SE SEÑALÓ QUE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA UNA CONTRAPOSICIÓN DE INTERESES EN LAS RELACIONES DE TRABAJO, NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO SE HA ENCARGADO DE REGULAR DE MANERA EXPRESA EL TRÁMITE A SEGUIR EN UN CONFLICTO LABORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO, EMPLEADOR, TRABAJADOR, FUERO SINDICAL, DERECHO LABORAL, ASAMBLEA GENERAL DEL SINDICATO
Sentencia SL705-2018/57016 de marzo 14 de 2018
SL705-2018
Rad. 57016
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Edilfredo Vargas Ortíz, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 30 de abril de 2012, en el proceso que instauró contra Alpina productos alimenticios S.A.
Contrario a lo dicho por la oposición, la flexibilización del recurso extraordinario de casación, adoptada inicialmente por el artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, artículo 51, y actualmente por la jurisprudencia de la Sala, a raíz de la derogatoria de la norma por el artículo 626 del Código General del Proceso, hacen posible abordar el estudio de los cargos, porque en ellos al menos se invocan las normas que constituyen la base esencial del fallo impugnado, así se mencionen otras que nada tienen que ver con la decisión.
En el cargo propuesto por la vía indirecta, debe la Sala abordar las pruebas calificadas que, según el recurrente fueron erróneamente valoradas por el Tribunal, a fin de concluir, ya en el terreno de los ataques efectuados por la vía directa, si se mantiene la presunción de acierto y legalidad de la sentencia.
A folio 101, se halla la comunicación del 15 de septiembre de 2008, suscrita por Juan Carlos Gaitán Ruíz, director de la unidad de servicios de gestión humana de Alpina productos alimenticios S.A., dirigida a Miguel Álvarez Celis, presidente nacional del sindicato “USTA”, mediante la cual acusó el recibo el 12 de septiembre de 2008, del pliego de condiciones fechado el 10 de septiembre del mismo año, que pretendían negociar, pero expuso que no era posible proceder a ello, por las siguientes razones:
1. El artículo 1º del Decreto 904 de 1951 establece que no puede existir más de una convención colectiva de trabajo en cada empresa. En el caso particular, y como es de su conocimiento a la fecha existe una convención colectiva de trabajo vigente al interior de Alpina productos alimenticios S.A. la cual se encuentra vigente hasta el próximo treinta y uno (31) de julio de dos mil nueve (2009). En este sentido, no sería posible, de acuerdo con la norma citada y la jurisprudencia que sobre el tema particular ha proferido la Corte Suprema de Justicia, entrar a negociar un nuevo pliego de peticiones como el que ustedes presentan.
2. Adicional a lo anterior, los miembros fundadores y los que se han adherido a USTA son beneficiarios de la convención colectiva de trabajo mencionada en el punto primero de este documento.
3. El Ministerio de la Protección Social ya había manifestado que no es posible la negociación de un pliego de peticiones cuando hay convención colectiva vigente al interior de la compañía, comunicación esta que es de su conocimiento y cuya copia le estamos anexando.
Por lo anteriormente expuesto, le manifestamos que la presentación del pliego de peticiones realizada por ustedes el pasado 12 de septiembre de 2008 en las instalaciones de la empresa, no produce ningún efecto y como tal no será posible su negociación.
A folios 102 a 111, reposa la copia del pliego de peticiones, fechado el 10 de septiembre de 2008, presentado por el presidente de “USTA”, al presidente de Alpina productos alimenticios S.A., acompañado de la elección de los negociadores por parte de la organización sindical.
Cumple acotar, que en el ataque por la vía indirecta es obligación del recurrente derruir la inferencia de todas las pruebas calificadas que sustentan la decisión del tribunal, porque si con una de ellas la sentencia se sostiene, entonces no hay lugar a casar el fallo. Esta precisión se hace, ya que la censura echó de menos que el tribunal valoró la convención colectiva de trabajo, suscrita entre la empresa demandada y el sindicato de trabajadores de la empresa Alpina productos alimenticios S.A. aportada a folios 74 a 98, con la respectiva constancia del depósito ante el Ministerio de la Protección Social, cuyo artículo vigésimo séptimo expresa: “[…] Vigencia. La vigencia de la convención será a partir del 1º de agosto de 2006, hasta el 31 de julio del año 2009 […]”.
También se dejó por fuera de la acusación, la ponderación que le dio la colegiatura a los oficios emanados del Ministerio de la Protección Social (fls. 125 y 126), mediante los cuales la entidad administrativa manifestó que el sindicato “USTA” no solicitó la apertura de una “[…] diligencia administrativa por negativa a negociar por parte de la empresa Alpina S.A.”.
En un asunto con iguales contornos al presente, promovido por Ángel María Castro Guayara, contra Alpina productos alimenticios S.A., contenido en la Sentencia CSJ SL16788-2017, la Corte decidió lo siguiente:
[…] Superado lo anterior, la Sala advierte que el problema que planteó el recurrente se circunscribe en determinar si el conflicto colectivo de trabajo al momento del despido se encontraba vigente. Para tal fin, la Corte analizará (i) el pliego de peticiones como instrumento de activación del conflicto colectivo; (ii) el alcance y finalidad del fuero circunstancial y, luego, (iii) se pronunciará frente al caso concreto.
La Constitución y la ley promueven la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores como un instrumento para la concertación voluntaria y libre de las condiciones de trabajo y empleo, y la reivindicación de los derechos de los trabajadores (art. 55 CP; Convenio 154 OIT y 432 a 436 CST).
De suerte que, en los eventos en que las empresas se nieguen a la negociación del pliego de peticiones dentro del término legal (art. 433 CST), y frente a tal actuar la asociación sindical guarde silencio o no utilice los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico para forzarlo a las conversaciones, resulta razonable entender, a partir de ese hecho, la declinación del pliego de peticiones y, naturalmente, el decaimiento del conflicto colectivo ante la falta de interés para desarrollarlo y culminarlo por parte de quienes lo promovieron.
Para la Sala no puede pasar desapercibida la conducta pasiva e indiferente de la organización sindical, luego de que le fuera notificada la negativa del empleador (15 de septiembre de 2008) para negociar el pliego de peticiones, pues al ser el mayor interesado en que el mismo se discutiera, no adoptó durante más de 7 meses ninguna medida legal para forzarlo al inicio de las conversaciones y, con ello, hacer valer su derecho a la negociación colectiva, circunstancia que permite concluir la declinación del pliego de peticiones, en virtud a que no era su intención continuar con el curso normal del trámite del diferendo iniciado (negrillas fuera del texto).
Esta Sala, hace suyos los argumentos de la sentencia transcrita, proferida por la Sala permanente, por tratarse de un caso igual al tratado y especialmente porque constituye un precedente jurisprudencial que debe acatarse, a la luz de la Ley 1781 de 2016, artículo 2º, disposición avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-154 de 2016, en los siguientes términos:
[…] Como puede observarse, los objetivos de la descongestión distan de la búsqueda o participación permanente en la unificación de jurisprudencia. Si se aceptara que esta sala de descongestión conociera de la unificación se desnaturalizaría el objetivo para el que los cargos fueron creados, pues no lograrían ocuparse de la descongestión como corresponde. En efecto, el objetivo de esta sala no es crear nueva jurisprudencia, es resolver la mayor cantidad de casos en menos tiempo, por eso es razonable la medida que les impide conocer de la unificación.
Podría alegarse que esta medida restringe la autonomía e independencia judicial o incluso el debido proceso de los ciudadanos, pues los magistrados de descongestión no podrían, eventualmente, adoptar una posición diferente a la de la jurisprudencia vigente en la corporación. Este argumento no sería admisible porque no existe ningún impedimento para que los magistrados de la sala de descongestión discrepen de la jurisprudencia vigente o planteen la necesidad de crear una nueva postura, lo que la norma ha diseñado es un mecanismo en el cual, a fin de proteger el objetivo de la descongestión, los magistrados que discrepen o consideren que debe crearse nueva jurisprudencia deberán devolver el expediente a la Sala de Casación permanente para que sea esta la que decida. De esta manera se garantiza la seguridad jurídica y la igualdad de trato en los órganos de cierre sin anular el objeto del programa de descongestión.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($ 3.750.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el treinta (30) de abril de dos mil doce (2012), en el proceso que instauró Edilfredo Vargas Ortíz, contra Alpina productos alimenticios S.A.
Costas, como se indicó en los considerandos