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Timestamp: 2017-03-27 08:01:59
Document Index: 348223432

Matched Legal Cases: ['artículo 669', 'Artículo 671', 'artículo 671', 'artículo 671', 'Artículo 672', 'artículo 672', 'Artículo\n694', 'artículo 1519', 'artículo 669', 'artículo 669', 'artículo 671', 'artículo 672', 'artículo 49', 'artículo 673', 'artículo 694', 'artículo 36', 'artículo 621', 'artículo 268', 'artículo 77']

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Cuántas veces no se ha indagado, en círculos académicos, profesionales o sociales, acerca del camino que debe seguir nuestro país para lograr el desarrollo; sin
llegar a una respuesta definitiva, es indudable que desde la perspectiva del jurista,
existen dos elementos de suma importancia para emprender aquel camino: hacer
eficaz el deber de proveer justicia que corresponde al Estado y asegurar el irrestricto
cumplimiento de las leyes por parte de gobernantes y gobernados.
Guatemala cuenta con un complejo conjunto normativo cuyo objeto se dirige a hacer
viable la plena convivencia de todos los que habitan su territorio; sin embargo, de
nada sirve ese catálogo de leyes si, a la postre, no se cumplen o, peor aun, su
observancia, su aplicación e interpretación obedecen a intereses contrarios a la
Para los profesionales del Derecho no es raro apreciar situaciones en las que se afecta la sana convivencia social, ya sea por la inobservancia de las normas jurídicas
o bien, porque su aplicación no se funda en el valor justicia, para lo cual es menester
ponderar, en cada caso, conforme a sus circunstancias particulares, qué puede considerarse “justo” y qué no. Como aporte a esa tarea de ponderación, en esta tercera
edición, el abogado Luis Fernández Molina presenta un interesante estudio sobre
dos enfoques de la justicia.
Por su parte, el abogado Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, en homenaje al vigésimo quinto aniversario de la Constitución guatemalteca, celebrado en 2010, presenta
el artículo “Los veinticinco años de la Constitución y el bloque constitucionalista”,
abordando un tema de mucha utilidad para entender mejor el papel de la norma
suprema del ordenamiento jurídico y la importancia de su observancia.
El profesional del Derecho se ubica en la sociedad en una posición privilegiada; su
profesión le confiere oportunidades que otras no conllevan y, a la vez, le demanda,
más que aquéllas, una actuación que posibilite un cambio en beneficio de la comunidad. Así, entre otros ejemplos que podrían citarse, un abogado especializado
en el área mercantil, tendrá la oportunidad de asesorar de una manera adecuada
a los empresarios que desean desarrollar actividades industriales o comerciales,
generando empleo e inversión, y contribuyendo al desarrollo económico del país;
por igual, el notario ha de conferir, con ética y responsabilidad, seguridad y certeza
jurídicas al autorizar actos y contratos, y el abogado litigante debe actuar siempre
en beneficio del funcionamiento óptimo del sistema de justicia.
Por otro lado, en ésta edición se continúa brindando un espacio a profesionales del
Derecho extranjeros, para dar a conocer información relevante de lo acontece más
allá del territorio nacional, lo que resulta de notoria importancia en un mundo en el
que las nuevas tecnologías rompen cualquier frontera, haciendo necesario estar
informados de los avances y el desarrollo legislativo, jurisprudencial y dogmático
a nivel internacional. En efecto, en una era globalizada, en la que la información
fluye constantemente, es conveniente aprovechar todos los medios que permitan
un crecimiento académico y profesional, generando y transmitiendo conocimientos,
y dotando de herramientas útiles para el mejor desempeño de las labores encomendadas al abogado y al notario.
Como está escrito en el Decálogo del Abogado (Eduardo J. Couture): “ESTUDIA.
El derecho se transforma constantemente, si no sigues sus pasos, serás cada día
un poco menos abogado”, el estudio, el aprendizaje y el crecimiento intelectual constante es lo que hace, día a día, al profesional, pero no cualquier profesional, sino
los mejores en sus ramas, que es el objetivo último perseguido en cada edición de
la Revista Ratio Legis.
Camposeco Chang
Lara Grazioso
Abogado y Notario con maestría en Ciencias Sociales
Ex magistrado Corte Suprema de Justicia de Guatemala
Autor de los libros: - Conflictos colectivos de trabajo; - Manual práctico
legal del empresario; - Derecho Laboral Guatemalteco; - entre otros.
Es proverbial el idilio de los abogados
con la justicia; sentimos por ella una
especial fascinación, una inevitable
atracción. Ese enamoramiento–acaso
amor a primera vista-- nos motivó dedicar nuestra vida profesional a esa justicia que se representa por medio de
la diosa Themis; la hermosa mujer de
cuerpo esbelto que sostiene una balanza en la mano izquierda y una espada
en la otra, asimismo una venda en los
ojos. Fue la imagen que nos acompañó
en tantas madrugadas de estudio, lo
que cargó nuestro paso cansino y nos
empujó a las aulas, la que nos aconsejó paciencia para soportar a algunos catedráticos. Fue el combustible
que incendió nuestros anhelos por una
mejor sociedad. Fue, en fin, nuestra
compañera. Ahora bien, igual que nos
ocupamos en conocer a fondo a quien
enciende nuestros sentimientos románticos, igual debemos conocer a fondo
a la Justicia, a esa dama encantadora,
misteriosa y esquiva, que nos ofrece
varias caras, pues el concepto de justicia admite diferentes perspectivas.
Cuando Justiniano, desde la lejana
Constantinopla, observaba el colapso
de sus primos del Imperio de Occidente
se dio a la feliz tarea de ordenar la recolección de todas las leyes y tratados
jurídicos que por los siglos anteriores
nutrieron la civilización romana y que
hasta ese entonces habían podido
preservar. Convocó a juristas y escribas que se dieran a la tarea de desempolvar y copiar todos esos textos en el
año 526. Amarillentos papiros, tiesos
pergaminos. ¡Cuánto material se pudo
conservar para las futuras generaciones!
En muchos de esos tratados se repetía
la definición general de Justicia como
“la voluntad firme y constante de
dar a cada uno lo que es suyo” que
se tomó del filósofo Platón quien cita a
Sismónides (un siglo antes) que a su
vez lo remonta lejos, al legendario es-
critor Homero. Desde entonces, en el
siglo seis antes de Cristo, ha habido
un consenso en cuanto a esa definición genérica de la justicia. Es pues un
concepto antiquísimo y muy sólido, al
punto que no ha tenido variaciones en
el devenir de las generaciones y civilizaciones.
Sin embargo, cada vez afloran diferencias de interpretación en la parte
final de esa definición, en la referencia a “lo suyo”, a “lo que es de cada
quien”. ¿qué es de cada quien? Al
decir que le pertenece estamos implicando derechos. Toda persona tiene
derechos, pero el origen de esos
derechos es diferente, unos derechos
son derivados de sus actividades, de
sus méritos; y otros derechos –o consideraciones especiales-- son producto
de sus condiciones particulares. En
otras palabras una persona puede exigir derechos que nacen de los contratos que haya celebrado o de los compromisos gestionados a su favor, pero
también puede exigir derechos derivados de la situación particular y diferente
en que se encuentra el individuo; esto
es por ser humano, por el mero hecho
de ser persona, por ser mujer, menor
de edad, por ser indígena, trabajador o
miembro de una minoría, etc.
Es muy importante establecer los límites
de las anteriores exigencias porque la
Justicia es un medio, una herramienta
imprescindible en toda sociedad para
lograr la armonía en la comunidad humana. Y si la justicia consiste en “dar a
cada uno lo que es suyo” debe entonces
otorgarse a cada quien lo que es suyo,
porque si no, van a surgir fricciones,
van a asomarse los problemas. Si un
individuo o grupo entiende que parte de
sus derechos no son reconocidos, van
a reaccionar en contra del orden establecido que permite que ocurra esa injusticia. Eso lo entendió perfectamente
Aristóteles y a el se debe la división
clásica entre la justicia conmutativa y la
La justicia conmutativa es la que se
atiene a la igualdad contractual sin hacer reparar en la calidad de las personas,
partiendo de la premisa de una igualdad
general de los individuos de una sociedad y da énfasis a lo que las personas,
en uso de esa libertad inicial, hayan convenido, la posición diferencial de las personas no es importante.
Por el contrario en la justicia distributiva lo que importa es lo que se debe
a una persona o un grupo de personas
por la situación en que se encuentran. Si
de también a la parte. Lo que distribuirlo
al hombre en su correspondiente participación en el bonum commune.
La conocida parábola del Evangelio de
los obreros de la viña retrata esta diferencia de enfoque. Citando con todo
respeto y haciendo abstracción de interpretaciones de otro orden, Mateo 20,
nos relata como un propietario va a la
plaza y contrata trabajadores. Adaptando el caso podemos visualizar como a
las 8 de la mañana les propone a unos
hombres que vayan a trabajar a su viña.
¿Cuanto nos ofrece pagar? 50 pesos.
Estamos de acuerdo. A las 10 regresa
a la plaza y encuentra a otros hombres
desocupados. Vénganse a trabajar a mi
viña. ¿Cuánto nos ofrece? 50 pesos.
Estamos de acuerdo. Lo mismo sucede
a las 12 y hasta las 2 de la tarde, a todos
les ofrece 50 y todos están de acuerdo.
Cuando llega las 4 le dice el dueño al
administrador que empiece a pagar a
los que llegaron de último, de esa forma
a los de las 4 de la tarde les paga 50
pesos, a los de las 2 de la tarde 50 pesos, creídos y esperanzados los de las
10 de la mañana y con mas razón los de
las 8 ven con desagrado que les pagan,
también, 50 pesos. Protestan. Eso no es
justo. ¿Por qué no es justo? ¿Cuánto
convine contigo?, ¿acaso no quedamos
en 50 pesos? Sería injusto si te estuviera dando menos de los 50 acordados.
Es que nosotros hemos estado desde
las 8 y desde las 10 encorvando la espalda, respirando polvo y quemados por
el sol y nos pagas lo mismo que a esos
que apenas trabajaron 2 y 4 horas- reclaman los primeros jornaleros. Por eso
murmuraban contra el dueño de la viña
alegando que no era justo su comportamiento.
una persona exige el pago de la renta,
entiende que es justo que el inquilino
se la pague porque ocupa una vivienda
según el contrato de arrendamiento que
suscribieron; lo mismo puede exigir el
acreedor que el deudor le pague el monto prestado una vez vencido el plazo. En
ambos casos el derecho del que exige
nace de una forma contractual y la falta
de pago implicaría una lesión de la justicia. En cambio, en la justicia distributiva
el hombre no se encuentra enfrentado
con otro hombre sino con el todo social.
En esta interpretación de la justicia se
da algo a la persona en la medida en
que lo que pertenece al todo correspon-
Se perfilan los dos enfoques de la justicia, porque los jornaleros disconformes
invocaban una justicia distributiva, impuesta, a diferencia de la contractual que
no se impone sino que las partes convienen. En la justicia conmutativa no se
requiere de jueces o terceros, los jueces
son los propios contratantes que, al llegar a un acuerdo establecen lo que les
parece justo; también se le llama justicia
correctiva porque la única intervención
de tercero –juez—es para corregir el
incumplimiento del pacto de una de las
partes. En cambio en la distributiva se
requiere de entrada de un tercero que
establezca las diferencias y trate de
nivelarlas; en el caso de los viñadores
si el que trabajó 2 horas devengó 50, al
que laboró 4 le corresponde 100, 150 al
de las 10 de la mañana y 200 al de las 8.
Ese tercero ha venido a constituirse en
el Estado moderno que viene a arbitrar
las diferencias y enmendar las injusticias sociales. De allí el espíritu distributivo de los impuestos y el surgimiento de
las ramas jurídicas de corte social.
El Derecho Civil es producto natural del
enfoque conmutativo, pues predomina
en esta disciplina la autonomía de las
partes, esto es, los contratos. Por otra
parte el enfoque distributivo es el que
nutre a las llamadas disciplinas sociales como lo son el derecho laboral, el
derecho agrario, de familia, etc. En lo
laboral el elemento distributivo se respira
en casi todas sus instituciones pero con
mayor énfasis en el terreno de lo colectivo. Ejemplos abundan: la limitación de
despedir libremente a trabajadores, la
obligación del patrono de negociar un
pacto colectivo, la justicia de una huelga
cuando el patrono que se resiste esté en
posibilidades de otorgar las mejoras que
los trabajadores exigen.
Un estudiante de primer año repetirá
que justicia conmutativa es tratar igual
a los iguales y la distributiva es tratar
de manera desigual a los desiguales.
El plano civilista supone precisamente
que todos los actores están en igualdad
en la medida que todos cuentan con libertad absoluta de contratación; aquí la
igualdad surge de esa condición básica
y que nadie está obligado a contratar y
menos a aceptar condiciones de la otra
parte. En cambio, la legislación de los
menores de edad o de las mujeres, en
materia laboral, reconoce como premisa
una desigualdad: los menores no son
iguales a todos los adultos, y las mujeres no son iguales a los hombres. Por
eso, en cuanto son diferentes, debe aplicarse una normativa diferente, por ejemplo a los menores reducción de jornadas
y prohibiciones de trabajos incompatibles con su minoridad y a las mujeres
atención a su condición y sobre todo al
hecho sublime del embarazo.
Son pues dos enfoques, dos visiones de
la justicia –y por ende del Derecho—que
se complementan, a veces se traslapan.
El buen jurista debe tener ese prisma
que claramente distinga los diferentes
aproximaciones a los dos justicias. En
otras palabras conocer las “dos caras
LOS VEINTICINCO AÑOS
Abogado y Notario. Doctorado en Derecho Público, Universidad
Libre de Bruselas. Especialización en Derecho Internacional Público
y Privado, New York Univestity, Columbia University. Ex Magistrado
de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Ex Embajadador de
Guatemala en Washington, USA. Catedrático Universitario.
Por estar cumpliendo este año su plena
mayoría de edad tanto la Norma Fundamental como la Corte de Constitucionalidad, la ocasión es propicia para hacer
el balance de la efectividad de ambas en
el cumplimiento de sus atribuciones en
materia de derechos humanos. La Constitución es un ejemplo mundial en cuanto a establecer instituciones y mecanismos protectores del orden constitucional
y de los derechos fundamentales. Y la
Corte, se ha significado en infinidad de
fallos en cuanto a hacer efectivos esos
derechos a través de los medios procesales establecidos: amparo, exhibición
personal e inconstitucionalidad general
y en caso concreto.
Empero, a pesar de los logros legislados en la Constitución y de los fallos de
la Corte en protección de los derechos
civiles y políticos, de los derechos
económicos, sociales y culturales, de
los relativos al medio ambiente y de
aquéllos relacionados con los grupos
vulnerables o en situación especial,
falta aún un largo camino qué recorrer
en cuanto al cumplimiento de los estándares establecidos por el Derecho
Internacional General de los Derechos
Humanos relativos a lograr la realización efectiva de tales derechos fundamentales.
En efecto, persiste aún la inadecuación
notoria de la normativa legal protectora
en contraste con la realidad fáctica.
La plena realización del Estado de
Derecho es aún una utopía. La sumisión absoluta del ejercicio del poder al
imperio de los dictados de la norma prima y de la legislación en general, aún
De modo que salta a la vista la necesidad
o la Corte de Constitucionalidad
se avoquen a crear los sistemas
que pudieran, desarrollando las
normas constitucionales1, garantizar
una protección más efectiva a los
derechos fundamentales, por ejemplo,
integrando formalmente el Bloque de
Al respecto, muchos países, sea
por obra del legislador ordinario
o por vía de la jurisprudencia
constitucional, han integrado lo que
la doctrina ha denominado el Bloque
de Constitucionalidad constituido por
Constitución propiamente dicha y
aquellos tratados vigentes de derechos
notables por su alto
contenido garantista, tales como las
grandes Declaraciones sobre Derechos
Humanos, Los Pactos Internacionales
y Culturales, Las Convenciones
de Ginebra en materia de Derecho
sobre la No Discriminación Racial o
de Género, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos o Pacto de
San José, el Convenio 169 de la OIT,
derivada de la Constitución -leyes,
reglamentos y disposiciones de carácter
general- que contradiga los preceptos
establecidos en dichos instrumentos
internacionales, ya que ellos pasarían
a ser también: La Constitución,
parámetro de constitucionalidad y no
como lo ha establecido hasta ahora
la Corte de Constitucionalidad en su
jurisprudencia, en el sentido que el
único parámetro de constitucionalidad
es la propia Constitución2.
Con ello, se abriría grandemente
el abanico protector en materia de
derechos humanos pues quedaría
la posibilidad de impugnar de
inconstitucionalidad toda la normativa
que ya ha empezado a recorrer el
camino tendente a integrar dicho
Bloque3, pues en algunos fallos se ha
referido a él, aunque no lo haya hecho
hasta el momento de una manera
formal, dictando el Auto Acordado
correspondiente que determine el
cambio de su jurisprudencia y permita
en el futuro, en caso de acogerse
la antinomia entre la disposición
impugnada y la norma del Derecho
Internacional Convencional de los
su expulsión del orden jurídico
Es más, de hecho podría opinarse que
la Corte ya lo ha integrado pues ha
dicho que los tratados sobre derechos
humanos se “constitucionalizan”, lo que
equivale a afirmar” que tales tratados
son también la Constitución4.
Así las cosas, de manera muy respetuosa formulo esta excitativa tanto al
como a la Corte de Constitucionalidad
para que, si lo tienen a bien, integren
ese Bloque si estiman, como es mi
opinión, que los derechos humanos de
las personas se verían más protegidos
con tan importante decisión, la cual se
encuentra totalmente enmarcada dentro de los estándares internacionales
en vigor e n la actualidad.
El fundamento se encontraría en los artículos 44, 46, 149 y 175 de la Constitución
2. Gaceta 43, exp. 131-95, pág. 47, sentencia del 12.03.97; Gaceta 60, exp. 872-00,
pág. 362, sentencia del 28.06.01; Gaceta 58, exp. 30-00, pág. 141, sentencia del
31.10.00 y sentencia del 26.03.96, exp. 334-95, entre muchos otros.
3. Ver sentencia del 21.12.2009, exp. 3878-07, pág. 24
4 Ver sentencia del 19.10.90, exp. 280-90, caso Ríos-Montt; Gaceta 18, pág. 99
EN GUATEMALA (Parte 2)
Ana Karina Calderón Rodríguez
Magister Artium en Propiedad Intelectual e Industrial y Tecnologías de
la Información por la Universidad de Alicante, España.
Especialista en Derecho Mercantil y Sociedades por la Universidad de
I. Interpretación De Los
La interpretación de los contratos mercantiles en Guatemala se encuentra
regulada en primer orden por el Código de Comercio. Este instrumento legal consagra los principios básicos del
Derecho Mercantil, de verdad sabida y
buena fe guardada. Así mismo pareciera
que se inclina a la interpretación objetiva
cuando establece en uno de sus artículos que las partes quedarán obligadas
de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse.
Las reglas básicas para interpretar los
contratos mercantiles pueden ser agrupadas en:
1.Verdad Sabida y Buena Fe
Guardada (Art. 669). 1
Cualquier interpretación de un contrato
de naturaleza mercantil deberá partir de
estos dos principios básicos de verdad
sabida y buena fe guardada y, posteriormente se regirá por las demás normas
de interpretación contenidas en el Código de Comercio.
La aplicación de estos principios, para
interpretar los contratos mercantiles, ha
sido aceptada por la Corte Suprema de
Justica en conjunto con las prácticas,
usos y costumbres que internacionalmente han sido reconocidas. La doctrina de ésta Corte ha establecido que
tratándose de obligaciones y contratos
mercantiles deben ser interpretados,
ejecutados y cumplidos a base de los
principios de verdad sabida y buena fe
guardada. Así lo ha manifestado en diferentes casos, tales como:
“En la sentencia de casación civil No.
58-2005 de fecha 17 de febrero de 2006,
que en materia de transporte marítimo
internacional “la interpretación, ejecución y cumplimiento de los contratos
mercantiles deben prevalecer, según
lo prescribe nuestra legislación, los
guardada, por lo que en atención a los
mismos resulta inadmisible que la transportista reclame ahora la aplicación de
un plazo distinto y menor al convenido
expresamente en el contrato-formulario
que ella misma elaboró, tergiversando
con ello las rectas y honorables intenciones que originaron el contrato y la
fuerza de ley que éste tiene para regular
las relaciones entre las partes, siendo
tal disposición totalmente legítima por
cuanto es acorde a los principios que
regulan el derecho mercantil y porque
no contraviene ninguna disposición prohibitiva expresa dentro de nuestra legislación interna”.
En el caso de arrendamiento con opción
a compra, en sentencia de casación civil
No.83-2003, de fecha 18 de febrero de
2004, la Corte estableció que “la interpretación de un contrato mercantil atípico debe basarse en los principios de
verdad sabida y buena fe guardada, establecidos en el artículo 669 del Código
de Comercio… Es un contrato mercantil
atípico, es decir que no está regulado en
la ley y que no obstante se practica en
la realidad del comercio; ante lo cual su
interpretación debe basarse en los principios que inspiran esta clase de contratos, como lo son: el de verdad sabida
y buena fe guardada… Es así que las
partes obligadas conocen sus derechos
y obligaciones y se vinculan de buena
fe en sus intenciones y deseos de negociar, para no darle una interpretación
distinta a los contratos…”
En sentencia de casación civil de fecha
30 de enero de 1985, la Corte consideró: “ En realidad, al examinar la sentencia recurrida, se comprueba que el tribunal procedió correctamente, tomando
en cuenta que el contrato en cuestión es
de distribución de mercaderías en Guatemala de la fábrica de "Plásticos de
Honduras, Sociedad Anónima de Capital
Variable", que suministró a "Compañía
Internacional de Mercadeo, Sociedad
Anónima, con la fianza solidaria y mancomunada de "Comercial Afianzadora,
Sociedad Anónima". En consecuencia,
el error que se denuncia no fue cometido. Por otra parte, el contenido, validez y
efectos de los contratos en ningún caso
se modifican por la calificación que de
ellos hagan las partes, puesto que los
contratos se perfeccionan por el simple
consentimiento de los contratantes, excepto que la ley establezca determinadas formalidades como requisito esencial para su validez y que, perfeccionado
el contrato, obliga a los contratantes al
cumplimiento de lo convenido, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al negocio celebrado, sobre que
la ejecución debe hacerse de buena fe
según la intención de las partes. Tratándose de obligaciones y contratos
mercantiles, éstos deben interpretarse,
ejecutarse y cumplirse a base de los
guardada.”
En sentencia de casación civil del 17 de
febrero de 1984, la Corte estableció:”
Respecto a lo antes aludido, considera
este Tribunal que deben tenerse presentes las disposiciones del Código de
Comercio que preceptúan que los contratos de comercio no están sujetos,
para su validez, a formalidades especiales; que cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las
partes quedarán obligadas de la manera y los términos que aparezca que
quisieron obligarse; y que las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad
sabida y buena fe guardada, a manera
declaración de voluntad que se haya
hecho en el contrato.
En este sentido, la Corte Suprema de
Justicia en sentencia de casación civil
número 47-98, de fecha 3 de septiembre de 1998, consideró:
de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los
contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales.
Debe tenerse en cuenta además, que,
conforme al mismo Código, las disposiciones del capítulo que se refiere
al contrato de seguro, tienen carácter
imperativo a favor del asegurado, a no
ser que admitan expresamente pacto
en contrario y que, a falta de póliza,
el contrato de seguro se probará por
la confesión del asegurador, de haber
aceptado la proposición del asegurado,
o por cualquier otro medio, si hubiera
un principio de prueba por escrito. Las
apreciaciones precedentes encuentran
asimismo, concordancia con principios
generales del derecho contenidos en
disposiciones aplicables a los negocios jurídicos en general, contenidos
en el Código Civil, especialmente en
cuanto a que los contratos, se perfeccionan por el simple consentimiento de
las partes, salvo que la ley establezca
determinada formalidad como requisito
esencial para su validez; y que, desde
que se perfecciona un contrato, obliga
a los contratantes al cumplimiento de
lo convenido siempre que estuviere
dentro de las disposiciones legales
relativas al negocio celebrado, debiendo ejecutarse de buena fe y según la
común intención de las partes.”
2.Voluntad de las Partes (Artículo 671) 2
El Código de Comercio acepta la interpretación objetiva de los contratos
mercantiles estableciendo que se interpretarán sus obligaciones en la manera
y en los términos que aparezca que
quisieron obligarse; es decir que las
partes quedarán obligadas según la
“En cuanto a la interpretación errónea
de la ley, la recurrente expresa que la
Sala interpretó erróneamente el artículo 671 del Código de Comercio, que
señala que los contratos mercantiles
no están sujetos para su validez a formalidades especiales; y cualquiera que
sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedan obligadas de la
manera y en los términos que aparezca
que quisieron obligarse… Esta Cámara
estima que la Sala sentenciadora no
interpretó erróneamente el artículo 671
del Código de Comercio, al cual le dio
su verdadero sentido, al expresar que
los contratos mercantiles no están sujetos a formalidades especiales, lo
que en todo caso se reflejó en la sentencia, y si bien declaró que las partes
habían incluido una condición para el
nacimiento de su relación, ello no implica equivocación en la interpretación. A
esto debe agregarse que la aceptación
de la existencia de una condición, no
fue una creación del Tribunal, sino fue
producto de la voluntad de las partes,
manifestada en forma concreta e indubitable y sin ninguna formalidad.”
3.Contratos De Adhesión (Artículo 672). 3
Para los llamados contratos de adhesión, en los cuales una parte prepara
el formulario de antemano, el Código
de Comercio establece ciertas normas
de interpretación que tienden a la protección de la parte contratante que no
redactó el contrato. Así, para el caso
de dudas, las disposiciones se interpretarán en el sentido menos favorable para el redactor del contrato. Por
otra parte, las renuncias a cualquier
derecho se consideran válidas, siempre que sean resaltadas dentro del
contrato, de tal manera que puedan
ser diferenciadas del resto de disposiciones contenidas en éste. Además,
la regla de interpretación otorga valor
preferente a cualquier cláusula adicional que sea incluida en el contrato.
En este sentido, la Ley de Protección al
Consumidor también establece normas
específicas para los contratos de adhe-
sión, estableciendo en primer orden la
interpretación literal de las disposiciones. Se entenderá que ésta interpretación literal es viable si los términos
son claros y del análisis efectuado se
desprende con claridad la conclusión;
sin embargo, si existen dudas, el contrato será interpretado a favor del usuario o del consumidor.4
Esta misma ley hace referencia a la nulidad de disposiciones que contengan
cláusulas abusivas para el consumidor.
4.Contratos
(Art. 673). 5
Para este tipo de contratos hechos mediante póliza, factura, orden, pedido
o cualquier documento similar, se establecen los mismos principios de interpretación aplicables a los contratos
mediante formularios, establecidos en
el apartado anterior de contratos de adhesión.
Respecto a esta regla de interpretación contractual, la Corte Suprema
de Justicia en sentencia de casación
civil No.353-2005 de fecha 17 de julio
de 2006, consideró para los contratos
de seguro elaborados mediante pólizas
“Conforme lo establece el artículo 672
del Código de Comercio, los contratos como los utilizados por la Empresa
Guatemalteca CIGNA de Seguros, Sociedad Anónima, contienen condiciones
generales, que no son previamente discutidas y negociadas con el adherente,
por consistir cláusulas uniformes, tipos,
utilizadas en esta clase de contratos
de seguros que deben regirse por la
regla que indica: 1. Se interpretarán
en caso de duda, en el sentido menos
favorable para quien haya preparado
el formulario. Como se puede apreciar
la Sala no cometió un error en la adecuación de ésta norma a los hechos
que tuvo por probados, no prosperando tal alegación, mayormente por el
supuesto contenido en ella que literalmente dice:”Los contratos celebrados
en formularios a disciplinar de manera
uniforme determinadas relaciones contractuales…”, y por otra parte, la cláusula de exclusión causa duda en el
sentido que como indica la propia recurrente no determina que quiere decir
“En aeronave que no pertenezca a una
línea regular establecida de pasajeros”,
por lo tanto no existe aplicación indebida de la ley, ya que el artículo escogido
por la Sala es el correcto.”
5. Normas Supletorias (Artículo
694). 6
Las normas de interpretación de contratos contenidas en el Código Civil
serán aplicables en forma supletoria a
los contratos mercantiles y a sus obligaciones, siempre que no existan normas específicas en el Código de Comercio que regulen la materia.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, en el caso 58-2005, sentencia de
Casación Civil de fecha 17 de febrero
de 2006, ha establecido que:
“Cuando la controversia surgida entre
las partes es relativa a la forma de interpretar, ejecutar y cumplir un contrato de
naturaleza mercantil, no es procedente
alegar, bajo el submotivo de violación
de ley, la infracción del artículo 1519
del Código Civil, sino la infracción del
artículo 669 del Código de Comercio,
que es la norma específica en relación
a dicho tema.”
II. Jerarquización De Las
Normas de Interpretación De
Siguiendo al tratadista Rubén Contreras, se puede afirmar que de manera
general, los contratos en Guatemala,
cualquiera que sea su naturaleza, deberán ser interpretados en el siguiente
1.Se interpretarán con base a las
reglas específicas que establecen el
Código Civil y el Código de Comercio,
respectivamente, según la naturaleza
1. Código de Comercio, artículo 669. Las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán,
ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los
2. Código de Comercio, artículo 671. Los contratos de comercio no están sujetos, para su
validez, a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se
celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que
quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir
efectos en el mismo, se extenderán en el idioma español.
3. Código de Comercio, artículo 672. Los contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales, se regirán por las siguientes reglas: 1º. Se interpretarán, en caso de duda, en el sentido menos favorable para quien
haya preparado el formulario. 2º. Cualquier renuncia de derecho sólo será válida si aparece
subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. 3º. Las
cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido
dejadas sin efecto.
4. Ley de Protección al Consumidor, artículo 49. Las cláusulas de los contratos de adhesión
se interpretarán de acuerdo con el contenido literal de las mismas; en caso de duda, deberán
interpretarse en el sentido más favorable al consumidor o usuario. Serán nulas ipso jure las
cláusulas que infrinjan las disposiciones de la presente ley.
5. Código de Comercio, artículo 673. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una
póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la
rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquél en que lo
recibió, y se considerarán aceptadas las estipulaciones de ésta, si no se solicita la mencionada
rectificación. Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide el documento
no declara al que solicitó la rectificación que no puede proceder a ésta, se entenderá aceptada
en sus términos la solicitud de este último. Los dos párrafos anteriores deben insertarse textualmente en el documento y si se omiten, se estará a los términos de la solicitud original. Son
aplicables a los contratos a que se refiere este artículo, las reglas establecidas en el anterior.
6. Código de Comercio, artículo 694. Solo a falta de disposiciones en este libro, se aplicarán a
los negocios, obligaciones y contratos mercantiles las disposiciones del Código Civil.
7. Ley del Organismo Judicial, artículo 36, literal k)... En todo acto o contrato, se entenderán
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, exceptuándose las concernientes
al modo de reclamar en juicio los derechos que resulten de ellos.
8. Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 621, último párrafo… Se entiende por doctrina
legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de cuatro
magistrados por lo menos.
2.Se utilizará la interpretación integradora, para suplir las lagunas del silencio de las partes, supliendo con las disposiciones legales, la voluntad de los
contratantes. A este respecto la Ley del
organismo Judicial tiene por incorporadas en todo acto o contrato, las leyes
vigentes al tiempo de la su celebración.
3.A falta de disposición legal, se acudirá
al Derecho Consuetudinario del lugar
en que el contrato se haya otorgado.
4.Si no existen usos o costumbres aplicables en la práctica contractual, se podrá utilizar la doctrina legal. 8
Cualquiera que interprete un contrato
civil o mercantil en Guatemala, deberá
agotar las normas de interpretación
establecidas en las leyes respectivas,
buscando la intención de las partes y la
conservación del contrato, ya que solo
en última instancia, se tendrá el contrato como nulo.
Contreras Ortiz, Ruben Alberto. Obligaciones y Negocios Jurídicos Civiles (Parte General). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landivar. 1º edición. 2007.
Escaleda Videla, Federico N. La Interpretación de los Contratos Civiles. Ediciones Abeledo Perrot. 1964.
Rodríguez Rasso, Jorge. La Interpretación del Contrato. Editorial FCY. 1º edición.
2006.450 páginas
Serrano Fernández, María. Estudio de Derecho Comparado Sobre la Interpretación de
los Contratos. Editorial Tirant Lo Blanch. 1º edición. 2005. 437 páginas.
Gustavo Aguilera Izaguirre
Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, México. En 2002 obtuvo la medalla y Premio Nacional
como Mejor Estudiante de México. Maestría en Estado de Derecho y
Buen Gobierno. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca,
España, obteniendo máxima Calificación Suma Cum Laude.
El concepto de Calidad ha sufrido una
profunda transformación, desde su aparición en los ámbitos industriales hasta el
momento actual. Así, del clásico control de calidad, como forma de detectar
desajustes en las especificaciones técnicas de un producto, se ha pasado a
definir la Calidad como el conjunto de
características de un producto o un servicio que satisfacen las necesidades y
Esa idea de calidad se ha incorporado
a la esfera de lo público, en la que el
ciudadano puede ser considerado como
cliente en la medida en que es receptor
de la actuación de las Administraciones
Públicas, cuyos principios de funcionamiento son, entre otros: la eficacia y eficiencia, el control de la gestión y de los
resultados, la responsabilidad, la racionalización, y agilización de los procedimientos administrativos y de gestión,
así como prestar un servicio efectivo a
los ciudadanos (Talavera, 2000:2-7).
La Administración Pública ha experimentado en los últimos años importantes cambios en la gestión pública y
sus relaciones con la sociedad. La mayoría de estos cambios ha surtido efecto
en los modelos de gestión en implementación de políticas públicas. Recordemos que el fin de la Administración Pública no es solo el ejercicio de potestades,
sino también el de proporcionar bienes
y servicios públicos a la ciudadanía, y
esto no solamente se hará con reformas
y el establecimiento de de nuevas leyes
o normas que cambien estructuras, sino
que debe ir más allá en el sentido de
que ubique al ciudadano, como usuario
de los servicios, como el objetivo principal de la administración.
Como consecuencia de la globalización,
se ha dado una relación más cercana de
los procesos de gestión del sector privado y el sector público, provocando la incorporación, en la gestión de gobierno,
de instrumentos como la planeación estratégica, el marketing público, reingeniería de procesos y la calidad total. Por
ello es importante la incorporación de instrumentos o técnicas del sector privado
o iniciativa privada en la administración
pública, que fomentan un enfoque emprendedor de la misma y que permiten
la implementación de calidad en los servicios públicos.
Ahora bien, antes los nuevos plant-
eamientos sobre una nueva Gestión
pública o modernización de la Administración Pública, esto como consecuencia de la situación problemática del
papel que desempeña el Estado ante
los cambios o transformaciones en la
sociedad, han obligado la introducción
del concepto de Calidad dentro de la
misma estructura estatal. Por ello se ha
planteado la necesidad de incorporar los
instrumentos antes mencionados, con
el único fin de contar con una administración pública eficiente y competitiva,
recuperando con ello la legitimidad de
lo público a través de acciones como la
rendición de cuentas, la ética, la transparencia, la calidad del servicio y la atención del cliente.
De acuerdo a Crozier (1995) se pueden
destacar cuatro tendencias que hacen
precisa una renovación de la actuación
del Estado y por lo tanto de sus servicios administrativos:
1.La evolución hacia la complejidad,
que convierte ineficaz al tradicional Estado jerárquico burocrático.
2.La tendencia irresistible al incremento
3.Como consecuencia de la dinámica
expuesta se origina un cambio de lógica
de desarrollo económico y social, así
estamos pasando de una lógica de sociedad clásica basada en el ciclo de producción de masa/consumo a una lógica
totalmente diferente basada en alta tecnología y los servicios.
4.Se produce la mediatización de las relaciones humanas debido a la explosión
de las comunicaciones. Esto pone en
evidencia que los mecanismos del tipo
jerárquico tradicional sobre los que se
apoya el Estado se tornen ineficaces.
Por lo tanto los ciudadanos, las organizaciones y las empresas reclaman de
la Administración que la prestación de
sus servicios sea cada vez de mayor
calidad. Para ello se hace imprescindible introducir en los órganos y organismos públicos sistemas de calidad en
la gestión, incorporar la metodología de
la mejora continua y adoptar aquellos
principios de esa filosofía de gestión de
las organizaciones que sean transpuestos en las administraciones Públicas, de
acuerdo con su especificidad y de conformidad con el ordenamiento jurídico.
En este mismo sentido Pedro Nevado
(2001: 20) señala que la calidad se aprecia por tanto como un elemento conformador básico de una mentalidad social
relativamente novedosa que reorienta la
gestión pública a una gestión pública de
calidad. Se debe propiciar un cambio
desde la administración basada en las
reglas, a una gestión pública basada en
el rendimiento y en los resultados. Por lo
tanto es lógico pensar que tanto la empresa privada como la administración
comparten objetivos y en ocasiones los
mecanismos para lograr estos objetivos,
aunque resulta evidente, que no es posible importar los instrumentos empresariales en estado puro, para ello se
deben estudiar los métodos, las herramientas que están siendo aplicados con
éxito en las organizaciones de servicio y
adoptarlas. En este sentido la calidad se
relaciona más al uso de formas de organización y procedimientos de gestión
privada (Nevado, 2004:93).
Las líneas para determinar la pertinencia de la Gestión de la Calidad deben
partir de los principios y valores, de
la misión y de la visión de la Administración Pública actual. Es decir se trata
de analizar si los principios, técnica y
sirven para implementar los propios del
servicio público. El servicio público se
encuentra guiado por una serie de principios, establecidos en el ordenamiento
jurídico y aceptados por la doctrina,
tales principios son: legalidad, igualdad,
objetividad, continuidad, transparencia,
participación, responsabilidad y eficacia
y eficiencia. El destinatario del servicio
público, de la actividad administrativa,
es el ciudadano (Elena, 2008).
Así pues, una política de gestión de calidad adecuada al mundo y a las exigencias de hoy, sería aquella que no solo se
plantea intervenir sobre las necesidades
de déficit o de carencia, sino que también se preocupa de forma activa por
satisfacer las necesidades a las que aspira la población. Esto obliga también al
sistema político y económico a moverse,
a racionalizarse, a innovar, a fin de satisfacer las continuas y permanentes necesidades de los ciudadanos. Lo esencial
es que desde las instituciones públicas
que han de poner en marcha y gestionar las políticas del Estado se asuma la
nueva cultura, orientada a la calidad del
servicio del usuario. Y si no existe un
proyecto claro no será satisfactorio para
los usuarios a quienes vaya dirigido.
No se puede simplemente imitar las
técnicas, ni el uso ni la organización de
la gestión privada, dentro de la gestión
pública ya que esto supone un riesgo
enorme de consecuencias terribles.
CROZIER, Michel (1995), “La posición del Estado frente a otros actores” Revista G.A.P.P.
nº 2, enero-abril. 1995
ELENA CORDOBA, Amador (2008), “La gestión de la calidad en la Administración General del Estado”, en Revista G.A.P.P. Núm. 11-12, enero-agosto, 2008
NEVADO BATALLA MORENO, Pedro T. (2001), Calidad de los servicios, en Revista de
Estudios Socio Jurídicos, Universidad del Rosario Colombia, enero junio, Vol. 5, nº 001.
------------------------------------------------- (2004), “Cumplimiento de la legalidad en la nueva cultura
de la gestión pública: Propuestas y realidades en la lucha contra la corrupción”, en RODRIGUEZ GARCIA Y FABIAN CAPARROS, La corrupción en un mundo globalizado: Análisis interdisciplinar, Ratio legis, Salamanca, Pág. 93
TALAVERA PLEGUEZUELOS, Clemente (2000), Las Cartas de Servicios. Un instrumento para la mejora de la Calidad en la Administración Pública. Estudios de Divulgación
CEMCI, febrero, nº 91.
Gustavo Aguilera Izaguirre. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. En 2002 obtuvo la medalla y Premio Nacional como Mejor Estudiante de México. Maestría en Estado de Derecho y Buen Gobierno. Doctor en Derecho por la
Universidad de Salamanca, España, obteniendo máxima Calificación Suma Cum Laude.
TRANSICION DEL
Uno de los más importantes aportes
que trae consigo el nuevo Código Procesal Penal en el Perú, es la definición de
las funciones de investigación y juzgamiento que competen al Fiscal y al Juez
respectivamente. La Fiscalía desarrollará una labor de investigación, apoyada
por la Policía Nacional y el Poder Judicial tendrá a su cargo el Juzgamiento.
Durante más de setenta años, hemos
venido trabajando sobre la base de un
sistema en el cual se realizan diversas investigaciones, sobre los mismos
hechos y a cargo de distintas autoridades.
De tal forma que encontrábamos una Investigación Preliminar sin plazos definidos, la cual podía durar años en algunos
casos, a cargo del Fiscal; el cual recurría
en la mayoría de los casos a la Policía
Nacional a la cual le encargaba realizar
las investigaciones bajo su supervisión.
Se podía dar el caso que la Fiscalía luego de recibir el resultado de la investigación policial, ampliase las investigaciones ya que no tenía convencimiento en
torno a qué decisión tomar.
La decisión estaba en función a formular o no denuncia ante el Juez Penal, a
efectos que inicie la instrucción, que no
es otra cosa que la investigación judicial; es decir, una nueva investigación
pero esta vez a cargo del Juez. Lo que
estaba ocurriendo es que el Ministerio
Público solicitaba al Poder Judicial que
inicie un proceso penal a fin de investigar judicialmente los hechos; es decir,
ya se habían investigado a nivel Ministerio Público, pues otra vez iban a ser
investigados los mismos hechos pero
esta vez en el ámbito judicial y bajo la
conducción del Juez Penal, lo que se
conoce como la etapa de instrucción.
Luego de la etapa de instrucción, cuyos
plazos en la mayoría de los casos no
eran respetados, el expediente era nuevamente remitido al Ministerio Público
a fin que se pronunciase. Independientemente de tratarse de un proceso a
ser tramitado en vía sumaria u ordinaria; de conformidad a lo prescrito por el
principio Acusatorio, para dar paso a la
etapa de juzgamiento era necesaria la
acusación, la solicitud de sanción.
Encontrábamos pues, todo un Procedimiento Penal en el cual distintas autoridades se avocaban en diferentes
momentos a investigar unos mismos
hechos; dando por resultado un proceso
largo, tedioso, pesado que trajo consigo
la lógica protesta y disconformidad de
El nuevo Código Procesal Penal permitirá que el fiscal investigue y en caso
considere que existe un delito en los
hechos estudiados solicitar una sanción
al responsable; es decir, acusarlo. Podrá igualmente estudiar la conveniencia
de la aplicación del Principio de Oportunidad. Ya no solicitará una nueva
investigación en el ámbito judicial. El
juez por su parte, como lo hemos dicho
cumplirá el rol de juzgador, encargado
de administrar justicia; además de una
importante función de control en lo que
atribuciones que le otorga la Constitución principalmente atañe.
La estructura principal del procedimiento se conserva; es decir, investigación y
juzgamiento. Lo que varía es la denominación en el primer caso por, conforme
lo hemos explicado, la eliminación de
la etapa de instrucción o investigación
judicial. En resumen, las etapas del
proceso variarán a como se conocían
anteriormente, la etapa de instrucción o
investigación judicial desaparece y deja
su lugar a la llamada investigación preparatoria que estará a cargo del Ministerio Público.
II. IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA NUEVA NORMA
En el año 2006 se dio un paso muy
importante en la transformación del
sistema procesal penal en nuestro país
cuando entró en vigencia en el distrito
judicial de Huaura el Decreto Legislativo
N° 957, el cual contiene al nuevo Código Procesal Penal. A su vez, el Decreto
Legislativo N° 958 reguló el procedimiento para la implementación y transitoriedad del nuevo Código Procesal
Penal promulgado.
que se escogió al distrito judicial de
Huaura, fue el hecho de ser uno de los
distritos judiciales con menor carga procesal, debiendo entrar en vigencia de
acuerdo a un cronograma establecido
en la norma, en los demás distritos judiciales, hasta finalmente llegar a Lima
dentro de un par de años aproximada-
mente. Sin embargo, se debe precisar,
que para algunos casos especiales, entiéndase por ejemplo delitos cometidos
por funcionarios públicos, la norma entrará en vigencia en enero del 2011.
Debe entenderse que el criterio que ha
imperado para que el nuevo Código Procesal Penal se aplique en todo el país,
ha sido el considerar que lo mejor será
ir dividiendo en etapas la aplicación del
mismo. Es decir, que poco a poco, en
forma paulatina, irá entrando en vigencia en los distintos distritos judiciales de
La razón de está implementación gradual, obedece principalmente a factores
de carácter personal, económico y funcional.
a)Personal:
Consideramos este aspecto como el
más importante para el éxito de la norma, razón por la cual le dedicamos un
mayor espacio que a los otros dos, sin
restarles el valor que estos tienen.
Todo cambio por mínimo que sea genera en quien lo vive una expectativa. El
enfrentarse a algo nuevo conlleva a prepararse para poder afrontarlo, sea cual
fuera la actividad a desarrollar. Desde
el niño que ingresa al colegio o el joven
que ingresó a la Universidad, aquella
persona que se muda de domicilio o
cambia de trabajo, etc.
Conforme a lo expresado al empezar el
presente artículo, nos encontramos a
inicios de un gran cambio en el sistema
procesal penal, ya el primer paso se ha
dado; queda ahora preguntarnos: ¿Estamos preparados para este cambio?,
¿Estamos tomándolo con la seriedad e
importancia del caso?.
Las preguntas están dirigidas a todos
los sujetos procesales y a la comunidad
en general; a los jueces, como encargados de administrar justicia; a los fiscales, como titulares del ejercicio de la
acción penal; a los abogados, como defensores y protectores de los derechos
de sus patrocinados; a los policías, y la
nueva función a desempeñar.
Coincido plenamente con tal opinión,
por ello es que he consignado en primer
lugar como factor para la implementación de la nueva ley, el carácter personal; es decir, la toma de conciencia y
voluntad de cada uno de los agentes involucrados en la importancia de su participación; en sacudirnos de la lentitud a
la que nos condujo el Código de Procedimientos Penales. Como toda actividad
en la vida, uno de los principales ingredientes para el éxito, es la actitud; pero
a ello hay que sumarle el estudio y la reflexión. Es decir, el conocer y entender
En los casos citados, así como en los
demás organizados por las instituciones interesadas, estamos seguros que
han servido para poder ayudarnos a
comprender la necesidad urgente del
cambio en nuestra norma procesal penal, que nos permita adoptar un sistema
moderno que facilite la eficiente administración de justicia y a su vez, colabore
con el desarrollo de nuestro país.
b)Económico:
El cambio del sistema procesal penal
es evidente que ha de traer consigo la
necesidad de implementar los nuevos
ambientes que permitan cumplir con el
Además de ello, conforme lo hemos
explicado en el punto anterior, es necesaria e indispensable la capacitación
de las personas que intervengan en el
Todo ello cuesta, se necesita dinero
y sabemos todos que muchas veces
el presupuesto de la Nación resulta
insuficientes para satisfacer las necesidades básicas del país; entre ellas,
la implementación y puesta en marcha
del nuevo Código. En la medida que los
recursos lleguen, la implementación del
Código podrá satisfacerse.
c)Funcional:
Nos referimos al desarrollo del proceso,
al momento de su aplicación en la práctica, en el día a día, donde recién nos
daremos cuenta y estaremos en capacidad de saber si la norma es viable o
no, si nos sirve y cumple sus propósitos
En tal sentido, se podrán hacer las correcciones y modificaciones pertinentes
y necesarias para el correcto funcionamiento del sistema procesal ha ejecutarse.
Los procesos penales que se han desarrollado desde hace varias décadas en el
Perú, tienen una mezcla del sistema inquisitivo con el acusatorio; es decir, el
llamado sistema mixto. Con la entrada
en vigencia del nuevo Código Procesal
Penal estaremos pasando al sistema
acusatorio garantista, que es la forma
moderna de llevar adelante los procesos
penales y se caracteriza principalmente
a)El Ministerio Público como titular de la
b)El Ministerio Público asume el rol de
c)El Juez dejará de investigar y se convertirá en juzgador.
El nuevo Código Procesal Penal diseña
una nueva estructura para el proceso
penal, disponiendo que el mismo comprenda tres etapas, las cuales se mencionan y podrán ser materia de desarrollo en alguna próxima oportunidad:
* Investigación preparatoria
* Etapa de juzgamiento
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA FIGURA
DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN
EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO Y
UNA PERSPECTIVA ACERCA DE SU
Pablo Alfredo Candela
Abogado. Agente Fiscal del Distrito Judicial Norte del Poder Judicial de Tierra del Fuego -República Argentina- y Profesor
Adjunto de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
El correcto desempeño de la función
pública, constituye unos de los pilares
de todas las democracias. Esta es –en
líneas generales– la impronta que surge
tanto del 5º párrafo del art. 36 de la Constitucional de la República Argentina1,
como del preámbulo de la Convención
Interamericana contra la Corrupción2.
En concreto, los actos que se persiguen
en el apartado “Delitos contra la Administración Pública” del Código Penal3,
resultan ser los que afectan el normal,
ordenado y legal desenvolvimiento de
las funciones del estado. También deben agregarse el interés en el decoro y
prestigio de la administración pública.
Por lo demás, el concepto de administración pública que define la ley penal,
no sólo abarca a la esfera administrativa
del gobierno, sino que también ampara
a los actos emanados de los restantes
poderes del Estado4. Adentrándonos
en el delito bajo estudio (art. 268 -2- del
Código Penal5), sostienen De Luca y
López Casariego6 que aquí “se protege
… la imagen de transparencia, gratuidad y probidad de la administración y de
quienes la encarnan”7. De esta forma,
aunque un funcionario se haya enriquecido en forma lícita, la falta de justificación lesiona el bien jurídico, dado que
los administrados se representarán que
el incremento se encuentra originado en
la actividad pública del funcionario. La
condena por este ilícito, no implica que
el funcionario haya incrementado su
patrimonio en forma ilícita, sino que -por
el contrario- no justificó el incremento
Otros autores como Carlos Creus8 señalan que se trata de prevenir conductas anormales que busquen el aumento
patrimonial prevaleciente de la función
pública, o –como en el caso Sebastián
Soler– el deber de acreditar los motivos
del enriquecimiento9.
2) Funcionario Público	Abarca tanto a quién desempeña o ha
desempeñado una función pública,
como al que simplemente presta servicios en la administración pública sin
reunir la calidad de funcionario o empleado público en los términos del art.
77 del Código Penal10.
3) Estructura Típica
Existen dos formas de interpretar a esta
figura penal:
1) quienes sostienen que la conducta
que se tipifica es la no justificación del
enriquecimiento. Aquí, se considera
que el tipo penal abarca una conducta
omisiva. Esta es la posición en la que se
enrolan De Luca y López Casariego11,
sosteniendo –en definitiva– que el tipo
penal así delineado, protege la afectación del interés social en que se mantenga clara la situación patrimonial del
2) quienes sostienen que la conducta
que se persigue es el enriquecimiento
del funcionario que no guarda relación
con sus ingresos legítimos. En este caso,
se considera que el tipo penal abarca
una conducta comisiva. A esta posición
se enrolan autores como Fontan Balestra, para quién la acción consiste en un
enriquecerse ilícitamente, mientras que
la no justificación de ese enriquecimiento constituye una condición objetiva de
punibilidad12.
a) Tipo omisivo:
Hemos dicho que en esta estructura,
cobra relevancia la no justificación del
incremento patrimonial. Encontramos
la situación típica, en la falta de justificación del incremento al ser debidamente requerido el funcionario.
Esta situación ha acarreado severas
críticas vinculadas a la vulneración
de la garantía de la autoincriminación
(CN, art. 18). El problema se encuentra
en que el funcionario se ve obligado a
aclarar el modo en que se incrementó
su enriquecimiento. Las objeciones se
centran en el hecho de que la aclaración
sobre el incremento, no debería constituir un deber cuya omisión conforma un
delito, sino un acto de defensa.
Los intentos por rebatir esta afirmación,
se dirigen a entender a tal obligación en
el marco del debido proceso legal, en el
cuál el funcionario se encuentra frente
a la posibilidad de defenderse de cara
a la imputación que se le formula. Así,
su condición de funcionario público,
sumado al incremento del patrimonio
probado, notorio y apreciable, son circunstancias que obligan a actuar para
evitar la lesión al bien jurídico protegido.
Reciente jurisprudencia se ha acercado
bastante a esta postura, al poner el acento en la existencia de un incremento
patrimonial que no resulta justificado
frente a las posibilidades materiales del
agente. En el precedente “Angeloz”13
se sostuvo que al Estado le incumbe la
tarea de probar que el incremento patrimonial apreciable no se encuentra justificado. Otro tanto ocurrió en “Guglielminetti”14, en donde se dijo que siendo la
indagatoria un acto de defensa, lo que
se valora negativamente no es la negativa a justificar, sino todos los datos objetivos demostrativos de un incremento
patrimonial sin razón alguna. Sin embargo, parece claro que esta postura se
acerca más, a la de quienes sostienen
que el tipo es comisivo. Ello, debido a
que ponen énfasis en el enriquecimiento
injustificado y no en la omisión de haber
cumplido con la justificación requerida
(ver el siguiente acápite).
Continuando, se configura el ilícito cuando el agente al ser requerido, no prueba la procedencia del enriquecimiento,
o no lo hace suficientemente. Pareciera
más adecuado limitar el cumplimiento al
deber impuesto, al supuesto en que el
incremento tenga origen legal15.
La imposibilidad material de la realización de la conducta debida, excluiría
la tipicidad del tipo omisivo. De esta
forma, se ha sostenido que quién se ha
enriquecido por medios ilícitos, nunca
tendrá posibilidad de justificar el origen
lícito de tal enriquecimiento16. Sin embargo, se ha rebatido esta afirmación,
argumentando que quién se ha enriquecido en forma ilegal, se ha colocado voluntariamente en imposibilidad de justificar, por lo que no puede quedar liberado
de responsabilidad penal frente a este
delito17.
b) Tipo comisivo:
Aquí se pone el énfasis en la circunstancia de que la conducta que se persigue
es el enriquecimiento del funcionario
propiamente dicho. El requerimiento de
justificación patrimonial y su no justificación, son problemas que se trasladan
fuera del tipo penal, al ser considerados
una condición objetiva de punibilidad.
La figura requiere que el incremento
patrimonial sea apreciable, que pudo
haberse registrado tanto en el patrimonio del funcionario o en el de un tercero
para disimularlo. Lo ilícito es la absoluta
desproporción con las posibilidades materiales del autor. Lo que permitirá establecer si el funcionario se enriqueció
injustificadamente, es la relación entre
el volumen del enriquecimiento y las
entradas y bienes que se le conocen al
funcionario. La demostración del crecimiento patrimonial injustificado, se encuentra a cargo de los órganos de per-
secución. Aquí no juega ningún papel el
funcionario, puesto que como lo hemos
señalado más arriba, esta circunstancia
constituye una condición objetiva de
Se ha negado que el enriquecimiento
constituya un comportamiento, puesto
que tal figura sólo significa la comparación de estados patrimoniales en dos
momentos distintos18.
El conocimiento del dolo que se le exige,
es la voluntad del enriquecimiento sin
que ello guarde relación con las posibilidades legítimas del desarrollo genuino
En cuanto al requerimiento de justificación, quiénes afirman que este tipo
encierra un delito comisivo, también
sostienen que aquél constituye una
condición objetiva de punibilidad. Así lo
sostiene Fontán Balestra19 y la postura
asumida por la Cámara Nacional de Casación Penal –Sala I– en el precedente
“Pico”20, en donde se afirma que esta
condición se satisface si el funcionario
no justifica el enriquecimiento cuando se
le es requerido.
Como en similar sentido ya fuera expuesto más arriba, se ha señalado una
importante objeción a esta postura,
puesto que si el funcionario ejerciera
su derecho constitucional a no declarar,
tal circunstancia daría lugar a la penalización de la conducta.
Pero esta objeción puede ser rechazada, afirmándose que el requerimiento de
justificación es un requisito de la figura,
con independencia de que luego el funcionario la realice. Por lo demás, tal requerimiento constituye una posibilidad
más de defensa del imputado21.
1. En adelante CN.
2. Ley 24.759 (BO 17/01/1997).
3. Libro Segundo, Título XI.
4. Como ser el legislativo y el Judicial.
5. El artículo 268 (2) del Código Penal Argentino vigente, reprime esta conducta de la siguiente
forma “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por
ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua,
el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento pat
rimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posteriori
dad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado
en su desempeño”.
6. De Luca, Javier A. - López Casariego, Julio “Enriquecimiento ilícito y Constitución Nacional” LA LEY –Argentina– 2000-A, 249.
7. Para fundamentar esta postura, De Luca y López Casariego citan a Carlos A. Manfroni -miembro del
grupo de trabajo que redactó la Convención Interamericana contra la Corrupción- quién menciona en una
publicación en el periódico “La Nación” del 5/3/98 que en el delito bajo estudio “la transparencia es el bien
jurídico protegido".
8. Creus “Delitos contra la administración pública” (Ed. Astrea, Buenos Aires 1981), pag. 416/7.
9. Soler “Derecho Penal Argentino” (t. V, Ed. TEA, Buenos Aires 1996), pag. 267.
10. El artículo 77 del Código Penal Argentino vigente, define al funcionario público de la siguiente forma:
“Para la inteligencia del texto de este código, se tendrá presente las siguientes reglas: … Por los términos
"funcionario público" y "empleado público", usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento
de autoridad competente …”.
11. De Luca - López Casariego “Enriquecimiento ilícito…” op. cit.
12. Fontan Balestra, Carlos “Tratado de Derecho Penal”, t. VII, Parte Especial, 2º ed. actualizada por Guillermo Ledesma, Abeledo Perrot, Buenos Aires 1993, pag. 366.
13. LL –Argentina– 2000-A, 251. LLC 1999-95 (C7ª Crim. Córdoba, 1998/10/20).
14. LL –Argentina– 2000-D, 781 (CNCrim.y Correc., Sala IV, 1999/10/04).
15. Nuñez, Ricardo C. “Tratado de Derecho Penal”, t. V, vol II (Ed. Lerner, Córdoba 1992, Arg.) pag. 145.
16. Sancinetti, Marcelo A. “Sobre la inconstitucionalidad del llamado delito de `enriquecimiento ilícito de
funcionario público´ (El adiós al Estado de Derecho)” publicado en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia
Penal” Año V - Número 8 C – Ed. Ad Hoc, Buenos Aires 1999 (pag. 915/68).
17. De Luca - López Casariego “Enriquecimiento ilícito…” op. cit.
18. Sancientti, op. cit.
19. Fontán Balestra “Tratado de Derecho Penal”, t. VII Parte Especial, op. cit. pag. 366.
20. LL –Argentina– 2001-D 252.
21. Ver precedentes “Yedro” (Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rep. Ar
gentina, rta el 27/03/2002, Nueva Doctrina Penal 2003/A) y “Coletti” (Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, Sala II, rta. 24/05/2004).
por Ichigo Tock diseñador de modas
no soy un seguidor obsesivo de
la moda, pero me rendiré a tus
pies si tienes un estilo cultivado
y si sabes por qué estás usando
El otro día al asistir a un evento
de “moda” me di cuenta de que
faltaba algo. Claro, el presagio
ocurrido hace un año de que la
década de los ochenta volvería
para abrigarnos en este otoño/
invierno 2010 estaba siendo
omitida por alguna extraña
razón, dentro del lugar toda
la gente vestía ropa colorida y primaveral.
Un eco en mi cabeza empezó
a rebotar sin parar acerca de
dónde estaban los ochenta con
su obscuridad, dónde estaba esa
época que empezó después de
que el punk se volviera una parodia de sí mismo y diera paso a
una vanguardia inspirada por
las creaciones de Bowie, Reed,
Eno, Roxy Music y the Velvet
Underground hacia una generación frustrada, quienes buscaron la oportunidad para un quiebre en la rígida tradición. Esta
generación hizo una sistemática
revisión del arte y la literatura
moderna del siglo XX durante el
período de 1978 hasta 1984, forjando las bases para poder repetir prácticamente todo a través de
Es por ello que las bandas de
música que influyeron el resto de
la década usaron la palabra moderno en un sentido no tan literal,
la vanguardia mezclando el arte
con la realidad, trasplantando
técnicas como el collage hacia
las letras de la música y la ciencia ficción, del ámbito literario
hacia las vestimentas. Esto creó
efectos secundarios como el
movimiento New Wave, teniendo
como su propia subcultura a los
New Romantics, con un estilo
muy peculiar y dramático.
También recuerdo haber estado
hace un año —2009— muy emocionado al observar las pasarelas de Nueva York, Milán y París,
con diseñadores tan disímiles
como Proenza Shoulder, Marc
Jacobs, Gareth Pugh, Ungaro,
Givenchy y Gucci mostrando
atuendos con súper hombreras,
colores deprimentes y estridentes, faldas pouf con medias rasgadas y botas militares con mucha actitud.
vival, y hago referencia a este de
los ochenta, en donde se podía
ser controversial al mostrar ese
anhelo de marginal y una actitud
de No me importa, que con un
poco de mal gusto daba la libertad de creatividad y un escapismo para los tiempos difíciles.
Al llegar a casa me miro en el espejo y admiro mi atuendo ochentoso sacado del armario enmohecido de mi hermano usado
esa noche, y reflexiono acerca
de por qué toda la gente que
usa ropa de primavera/verano
en pleno invierno y que sumados a su actitud pretensiosa y de
retoques monetarios se atreve a
criticar y mirarme de forma despectiva, y bueno, que al final,
sin darse cuenta, por su ignorancia y el atraso tercermundista es-
tarán usando réplicas costosas
de mi atuendo en un par de años,
mientras que yo no sé qué estaré
omisiva. Esta es la posición en la
que se enrolan De Luca y López
Casariego11, sosteniendo –en
definitiva– que el tipo penal así
delineado, protege la afectación
del interés social en que se mantenga clara la situación patrimonial del funcionario.
De repente otro golpe sacudió mi
cabeza y me hizo recordar que
estoy en un país tercermundista
en donde la pobreza extrema
habita y la violencia extrema impera en el día a día y la moda
pasa a ser algo tan plástico
como los productos de cocina de
tu mamá, básicamente la moda
no es una prioridad y al final de
cuentas si quieres tener todos
los artículos, o los compras en el
extranjero o te sientas a esperar
entre dos o tres años luz para
que vengan a precios exorbitantes.
Y bueno, cuando por fin lleguen
a las tiendas, los consumidores
revivirán el pasado sin saber el
porqué de este, y solo aquellos
que tuvieron una conexión en
su juventud con grupos como
Siouxsie and The Banshees o
Bauhaus sabrán lo que en realidad fue.
A veces la moda puede ser asfixiante cuando te vuelves mayor,
ya que te da la sensación de ver
desfilar toda tu vida ante tus ojos,
cada vez que se aparece un re23
prueba de la tercera edicion de la revista