Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-1266-de-diciembre-5-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204215aaf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-25 05:27:01
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﻿ SENTENCIA C-1266 DE DICIEMBRE 5 DE 2005
SENTENCIA C-1266 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:LA OMISIÓN LEGISLATIVA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 520 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACIÓN, TRÁMITE DE LA EXTRADICIÓN, CONCEPTOS DE EXTRADICIÓN, PROCEDIMIENTO PENAL
Sentencia C-1266 de diciembre 5 de 2005
Sentencia C-1266 de 2005
Ref.: Expediente D-5653
Demandante: Orley de Jesús Acosta Rodas.
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 44.097 de 24 de julio de 2000.
Diario Oficial 44.097 de 24 de julio de 2000
ART. 520.—Fundamentos. La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.
El actor acusa al artículo 520 de la Ley 600 de 2000 de estar incurso en una omisión inconstitucional porque el citado precepto no establece que la Corte Suprema de Justicia, al rendir concepto durante el trámite de la extradición, deba pronunciarse sobre algunas materias contempladas por el artículo 35 de la Carta Política tales como la fecha en que ocurrieron los hechos que motivaron la solicitud de extradición, la condición de colombiano de nacimiento del sujeto solicitado en extradición, o sobre algunas preceptos legales que garantizan el principio de non bis in idem. Tales omisiones legislativas acarrearían, además de una vulneración directa del artículo 35 constitucional, una infracción del derecho al debido proceso, porque si bien la extradición no es un proceso judicial y en esencia tiene un carácter administrativo, en todo caso durante su trámite debe darse cumplimiento a todas las garantías constitucionales y legales.
3. La existencia de cosa juzgada material respecto de la Sentencia C-1106 de 2000.
La jurisprudencia constitucional ha distinguido entre distintas categorías conceptuales que delimitan el alcance de la cosa juzgada constitucional, en aras de garantizar tanto el objetivo de seguridad jurídica que tiene la cosa juzgada como las garantías ciudadanas propias del proceso de constitucionalidad, al igual que las necesidades de cambio y evolución del ordenamiento jurídico (1) .
Una de estas modalidades es la cosa juzgada material, cuyo alcance ha intentado precisar la jurisprudencia de esta corporación en reiteradas oportunidades. Así, por ejemplo, se ha sostenido que esta figura tiene lugar cuando la norma acusada tiene un contenido normativo idéntico al de otra disposición sobre la cual esta corporación previamente emitió una decisión, por lo que “los argumentos jurídicos que sirvieron de fundamento para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este serían totalmente aplicables a aquella y la decisión que habría de adoptarse sería la misma que se tomó en la sentencia anterior” (2) .
Cuando estos cuatro elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material y, en consecuencia, la norma reproducida, también debe ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, pues este limita la competencia del legislador para expedir la norma ya declarada contraria a la Carta Fundamental” (4) .
En todo caso, a pesar de la divergencia de posturas en cuanto a los elementos que la configuran, la jurisprudencia constitucional siempre ha sido constante en vincular la cosa juzgada material al concepto de precedente, específicamente con la obligación en cabeza del juez constitucional de ser consistente con sus decisiones previas, deber que no deriva no solo de elementales consideraciones de seguridad jurídica —pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles— sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez (...) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones (5) . Empero, la cosa juzgada material no puede ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente, pues lo contrario podría provocar inaceptables injusticias (6) . Por lo tanto cuando existan razones de peso que motiven un cambio jurisprudencial —tales como un nuevo contexto fáctico o normativo (7) — la Corte Constitucional puede apartarse de los argumentos esgrimidos en decisiones previas (8) , e incluso también puede llegar a la misma decisión adoptada en el fallo anterior pero por razones adicionales o heterogéneas (9) .
En conclusión, la identidad entre un enunciado o un contenido normativo declarado previamente exequible y otro reproducido en un nuevo cuerpo normativo, no puede ser el argumento concluyente para negarse a examinar el nuevo precepto por haberse producido la cosa juzgada material, pues dicha figura —entendida como al obligación de estarse a lo resuelto en un pronunciamiento anterior— está supeditada a la concurrencia de todos los elementos que a continuación se enuncian (10) :
(iii) Que no se hayan producido cambios económicos, sociales, culturales, políticos e, incluso, ideológicos sustancialmente significativos que hagan insostenible, a la luz de la Constitución, el pronunciamiento anterior. Esto es, que se presente una identidad en el contexto fáctico y normativo entre el momento en que la Corte hizo su anterior pronunciamiento y el momento en que se solicita el nuevo análisis (11) .
Ahora bien, en este caso concreto no cabe duda del idéntico contenido normativo del artículo 558 del Decreto 2700 de 1991 y del artículo 520 de la Ley 600 de 2000 (12) . No obstante, se trata de dos disposiciones contenidas en contextos normativos diferentes, por una parte, y adicionalmente no hay identidad entre los cargos examinados en la Sentencia C-1106 de 2000 y los propuestos por el demandante en esta oportunidad, razón por la cual esta corporación habrá de pronunciarse de fondo.
En lo que respecta a la falta de identidad de cargos formulados en la distintas ocasiones es preciso señalar que en la Sentencia C-1106 la Corte Constitucional se ocupó de examinar la supuesta inexequibilidad parcial del artículo 558 del Decreto 2700 de 1991, ya que se acusaban solo algunos de sus apartes. Los cargos formulados versaban en torno a la violación del derecho de defensa “material”, en cuanto a la disposición demandada limitaba el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a aspectos meramente formales, y la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, en razón a que el papel de la Corte Suprema de Justicia en el procedimiento de extradición quedaba reducido a la expedición de una certificación de carácter “notarial” de la validez de la documentación presentada, sin que pudiera pronunciarse sobre aspectos sustanciales relacionados con el trámite de la extradición.
4. La vigencia de la disposición demandada.
Antes de abordar el estudio de la constitucionalidad del artículo 520 de la Ley 600 de 2000, esta corporación debe pronunciarse sobre su vigencia, pues de haber sido derogada y si no está produciendo efectos de manera ultractiva no habría lugar a un pronunciamiento de esta corporación (13) .
El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al primero de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.
En el mismo sentido, el tercer inciso del artículo 6º del mismo estatuto prevé textualmente que “Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia”. Sobre la constitucionalidad de este último precepto se pronunció ampliamente esta corporación en la Sentencia C-592 del presente año, y entre otras cosas sostuvo que era necesario concordar dicha disposición con el artículo 5º del Acto Legislativo 3 de 2002 (14) , disposición que establece la implementación gradual del nuevo sistema penal y confía a la ley el señalamiento de la fecha de inicio de aplicación del nuevo estatuto procesal.
“(...) en el presente caso no se plantea ninguna dificultad constitucional que haga necesaria la declaratoria de inexequibilidad total o parcial o algún tipo de condicionamiento del texto acusado por cuanto no cabe duda alguna sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad y que prueba de ello es la aplicación que del referido principio ha hecho ya la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en las recientes decisiones a que se hizo referencia en el aparte preliminar de este acápite de la sentencia” (15) .
Ahora bien, a pesar que respecto de algunas disposiciones de la Ley 906 de 2004 la Sala de Casación Penal ha sostenido su aplicabilidad inmediata, sin consideración a la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de investigación y juzgamiento (16) , respecto del procedimiento de extradición ha sostenido que los delitos cometidos con anterioridad al primero de enero de 2005 seguirán el procedimiento establecido en el anterior Código de Procedimiento Penal, esto es, la Ley 600 de 2000.
“Con arreglo al concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por no existir tratado de extradición aplicable entre los dos Estados, son las normas del Código de Procedimiento Penal las llamadas a regular este trámite de extradición, siendo la Ley 600 de 2000 la aplicable, en razón a que los hechos atribuidos a Charles Camacho Duke tuvieron lugar antes del 1º de enero de 2005” (negrillas fuera del texto) (17) .
5. La omisión legislativa.
Las omisiones legislativas hacen referencia a la inactividad del legislador o el incumplimiento por parte de este último de su deber de legislar expresamente señalado en la Constitución (18) . No se trata, entonces, simplemente de un no hacer sino que consiste en un no hacer algo normativamente predeterminado, se requiere por lo tanto la existencia de un deber jurídico de legislar respecto del cual la conducta pasiva del legislador resulta constitucionalmente incompatible para que esta pudiera ser calificada de omisión o inactividad legislativa, en otro supuesto se trataría de una conducta jurídicamente irrelevante, meramente política, que no infringe los límites normativos que circunscriben el ejercicio del poder legislativo (19) . Las omisiones legislativas pueden ser de dos clases: absolutas o relativas.
La omisión absoluta hace referencia al incumplimiento por parte del legislador de la obligación constitucional de expedir una regulación específica, es decir constituye una total inactividad por parte del Congreso y, por ende, supone la ausencia total de un texto o precepto legal. La Corte Constitucional se ha declarado reiteradamente incompetente para pronunciarse sobre esta modalidad de omisiones, con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos: (i) no es metodológicamente posible el examen de constitucionalidad en estos casos por la carencia de norma susceptible de control (20) , (ii) es indispensable que la demanda de inconstitucionalidad recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito, (iii) la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición legislativa requiere previamente definir si existe una oposición definitiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución (21) .
La omisión legislativa relativa, por su parte, supone la actividad del legislador pero de forma incompleta o defectuosa “dado que al regular una situación determinada, este no tiene en cuenta, omite, o deja de lado, supuestos de hecho que, al momento de aplicarse el precepto correspondiente, genera tratamientos inequitativos o el desconocimiento de derechos de los destinatarios de la norma respectiva (v. gr. derecho a la igualdad, derecho al debido proceso o del derecho de defensa, derechos adquiridos, etc.)” (22) .
6. Requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para declarar la inexequibilidad de una omisión legislativa relativa.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-427 de 2000 desarrolló algunos criterios según los cuales una omisión legislativa relativa resulta contraria a la Constitución y, por ende, es procedente una sentencia integradora. Al respecto, el juez constitucional definió los siguientes requisitos: “a) que exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que estén y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador” (27) .
En igual sentido, la Corte en la Sentencia C-1064 de 2001 manifestó lo siguiente: “En la omisión legislativa relativa, el legislador ha expedido una norma cuyo sentido normativo no es omisivo sino positivo y ese acto positivo del legislador, al dejar de incluir a un grupo de ciudadanos en el ámbito de su regulación, que debía ser incluido por mandato constitucional, resulta inconstitucional. Como en la omisión legislativa relativa hay un acto positivo del legislador que regula una materia específica, la Corte procede a integrar el vacío a partir de la Constitución”.
El examen de la disposición acusada.
Sostiene el actor que la omisión legislativa relativa en el presente caso se predica porque el artículo 520 de la Ley 600 de 2000 excluye del pronunciamiento que debe hacer la Corte Suprema de Justicia en el trámite de la extradición de los ciudadanos colombiano, algunas materias que en virtud del artículo 35 constitucional deberían estar incluidas.
Es decir, estructura el cargo a partir de la comparación entre los requisitos que señala el precepto constitucional para que proceda la extradición de un ciudadano colombiano y los aspectos sobre los cuales debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia de conformidad con el enunciado normativo demandado, del cotejo de ambos preceptos infiere que existen al menos dos aspectos contemplados por el artículo 35 constitucional sobre los cuales no se pronuncia la Corte Suprema de Justicia, a saber: (i) si la solicitud de extradición se refiere a delitos cometidos en el exterior considerados como tales en la legislación penal colombiana, requisito expresamente señalado por el inciso segundo del artículo 35 constitucional; (ii) si los hechos fundamento de la solicitud de extradición son anteriores a la promulgación del Acto Legislativo 1 de 1997, condición consignada en el inciso cuarto de la misma disposición.
Resta por analizar la segunda supuesta omisión, consistente en la ausencia de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre si los hechos fundamento de la solicitud de extradición son anteriores a la promulgación del Acto Legislativo 1 de 1997. Para resolver esta cuestión es conveniente realizar un examen sistemático del conjunto de disposiciones que regulan el procedimiento de extradición en la Ley 600 de 2000. En primer lugar el inciso final del artículo 508 prohíbe la extradición de ciudadanos colombianos cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al dieciséis de diciembre de 1997, fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 1997. Según el artículo 509 (28) del mismo ordenamiento corresponde al gobierno conceder u ofrecer salvo en los casos contemplados en el artículo 508. Por su parte el artículo 513 enuncia los documentos que deben acompañar a la solicitud de extradición entre los cuales aparece la “la indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados”. De conformidad con el artículo 515 el Ministerio de Justicia (hoy Ministerio del Interior y de Justicia) debe estudiar la documentación allegada y de encontrar que faltan piezas debe devolverla al Ministerio de Relaciones Exteriores para que este realice las gestiones necesarias ante el gobierno extranjero con el propósito de completar la documentación. Finalmente el artículo 520 prevé que la Corte Suprema de Justicia expedirá su concepto con fundamento, entre otros criterio, en la validez formal de la documentación presentada.
Del mismo modo ha afirmado que el legislador goza de potestad de configuración para definir las reglas que determinan el trámite a seguir cuando se formula a Colombia una solicitud de extradición, o esta se ofrece por el Estado colombiano. El límite a tal potestad de configuración está en todo caso determinado por las garantías establecidas en el Acto Legislativo 1 de 1997 modificatorio del artículo 35 constitucional.
“Para esta corporación, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el demandante, porque la Corte Suprema de Justicia en este caso no actúa como juez, en cuanto no realiza un acto jurisdiccional, comoquiera que no le corresponde a ella en ejercicio de esta función establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que se le imputan a la persona cuya extradición se solicita, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron ocurrir, ni tampoco la adecuación típica de esa conducta a la norma jurídico-penal que la define como delito, pues si la labor de la Corte fuera esa, sería ella y no el juez extranjero quien estaría realizando la labor de juzgamiento.
Y, por la misma razón, dada la naturaleza jurídica de la actividad que cumple la Corte Suprema de Justicia al emitir el concepto aludido, cuando este es negativo lo que se manifiesta por ella es que no se cumplieron por el Estado requirente, los requisitos mínimos de esa figura de cooperación internacional señalados en el Código de Procedimiento Penal y, por ello, ese concepto negativo resulta obligatorio para el Presidente de la República, pues tanto él como la Corte Suprema de Justicia se encuentran sometidos a la ley colombiana, sin que, se repite, ese concepto negativo sea un acto jurisdiccional dado que al emitirlo no se dicta una providencia de juzgamiento, como ya se dijo” (29) .
En definitiva, no constituye una omisión legislativa relativa que el artículo 520 de la Ley 600 de 2000 no prevea que la Corte Suprema de Justicia deba pronunciarse sobre si los hechos que motivan la solicitud de extradición son posteriores a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2000 pues Gobierno Nacional debe pronunciarse sobre este tópico, y en la medida en que la extradición no es un procedimiento judicial en el cual la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales por parte del requerimiento formulado por un gobierno extranjero corresponda a una autoridad judicial.
El anterior argumento también sirve para desechar otros cargos formulados por el demandante, tales como la eventual vulneración del principio de non bis in idem, pues la verificación de tales extremos corresponde al Gobierno Nacional y no a la Corte Suprema de Justicia. Si bien en virtud de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 527 de la Ley 600 de 2000 no existe una prohibición expresa de la extradición en el evento que la persona esté siendo juzgada por los mismos hechos en Colombia, no cabe duda que al haberse señalados de manera restrictiva las materias sobre las cuáles debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, la verificación de los restantes elementos del debido proceso constitucional y legal corresponden en definitiva a la autoridad que adopta la decisión final y que finalmente es la responsable del trámite de la extradición.
De esta manera, una vez examinados los cargos formulados por el demandante se puede constatar que estos carecen de fundamento pues el artículo 520 de la Ley 600 de 2000 no presenta omisiones legislativas relativas susceptibles de ser reparadas por medio de una sentencia integradora.
1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 520 del Código de Procedimiento Penal por los cargos analizados en la presente sentencia.
(7) Se trata del concepto de “Constitución viviente” que ha sido empleado en la jurisprudencia constitucional. Así, en la Sentencia C-774 de 2001 sostuvo este tribunal:
(10) También ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional que “el control de constitucionalidad que se ejerce sobre los proyectos de leyes estatutarias es integral y como consecuencia de ello, una vez expedida la ley, la misma se encuentra amparada por la cosa juzgada material (...)”. Así lo señaló esta corporación en la Sentencia C-1155 de 2005, en la cual la Corte se pronunció respecto de la demanda dirigida contra algunos apartes de los artículos 9º y 10 del Decreto 2652 de 1991, los cuales reprodujeron de forma idéntica apartes de los artículos 112 y 114 de la Ley 270 de 1996 (Ley estatutaria de la administración de justicia) previamente analizada por este tribunal. Por lo anterior, la Corte decidió “Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-037 de 1996 que declaró la exequibilidad de los artículos 112 y 114 del proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia y en consecuencia, declarar exequibles el numeral 4º del artículo 9º del Decreto-Ley 2652 de 1991 y la expresión “los abogados en ejercicio” contenida en el numeral 1º del artículo 10 del mismo decreto-ley”.
(11) Ver Sentencia C-1121 de 2005.
(12) Ambas disposiciones se transcriben en el siguiente cuadro para que pueda apreciarse su idéntica redacción:
ART. 558.—Fundamentos. La Corte fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos. ART. 520.—Fundamentos. La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.
(13) La Corte Constitucional ha afirmado que la derogatoria de un enunciado normativo no implica necesariamente la inhibición para pronunciarse de fondo por sustracción de materia, debido a que en ciertos casos a pesar de haber perdido vigor, la norma demandada sigue produciendo efectos y por lo tanto el juez constitucional ha de pronunciarse de fondo sobre los cargos formulados. Al respecto ha señalado:
Por ello, solo en la medida en que la norma enjuiciada haya desaparecido del ordenamiento jurídico y no se encuentre produciendo efectos jurídicos, puede la Corte acudir a la figura de la sustracción de materia y, en consecuencia, abstenerse de adelantar el respectivo juicio de inconstitucionalidad. Como lo ha sostenido la reiterada jurisprudencia constitucional, precipitar una decisión inhibitoria sin que previamente se haya determinado la ocurrencia de estos dos supuestos, “podría hacer viable la efectiva aplicación de la norma contraria a la Carta”. Sentencia C-1044 de 2000, F.J. 9.
(14) ART. 5º—Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1º de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008.
(15) Sentencia C-592 de 2005 F.J. 4.1.5.3.
(16) Este fue uno de los argumentos que condujo a la Corte Constitucional a declarar la exequibilidad del inciso tercero del artículo 6º de la Ley 906 de 2004 en la Sentencia C-592 de 2005, pues luego de examinar distintas providencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia verificó que esta última corporación judicial había aplicado el nuevo estatuto procesal respecto de delitos cometidos antes de su entrada en vigencia para hacer efectivo el principio de favorabilidad.
(17) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Édgar Lombana Trujillo, proceso 23684. En el mismo sentido pueden consultarse los conceptos del 11 de mayo de 2005 M.P. Yesid Ramírez Bastidas (Extr. 22.070), de 22 de junio de 2005 M.P. Yesid Ramírez Bastidas (Extr. 22.204), de 15 de junio de 2005 M.P. Mauro Solarte Portilla (Extr. 23.529) y de 10 de agosto de 2005 M.P. Édgar Lombana Trujillo (Extr. 23299).
(18) La Corte Constitucional se ha pronunciado reiteradamente acerca de la inconstitucionalidad por omisión. Algunas de las consideraciones expuestas han sido las siguientes: “Las normas constitucionales no deben correr el riesgo de quedarse escritas, porque ello llevaría indefectiblemente a la pérdida de sus valor normativo, y a la renuncia de la pretensión de reformar la estructura social para alcanzar los valores y fines inspiradores del ordenamiento constitucional (C.P., preámbulo). Los fines esenciales del Estado (C.P., art. 2º), imponen al órgano legislativo el deber de llevar a cabo, en un plazo razonable, las reformas y desarrollos legales necesarios para garantizar la efectividad de las decisiones del constituyente. De no hacerlo, se incurría en una inconstitucionalidad por omisión cuya gravedad puede medirse considerando los derechos individuales y sociales que en este caso solo adquirirían la aplicabilidad inmediata a partir de la adopción de la norma legal” (Sent. T-081/93); “El fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión está ligado, cuando se configura a una obligación de hacer, que supuestamente el constituyente consagró a cargo del legislador, el cual sin que medie motivo razonable se abstiene de cumplirla, incurriendo con su actividad negativa a una violación a la Carta” (Sent. C-188/96); “Se entiende por omisión legislativa todo tipo de abstención del legislador de disponer lo prescrito por la Constitución: dichas omisiones, entonces, se identifican con la ‘no acción’ o falta de actividad del legislador en el cumplimiento de la obligación de legislar que le impone expresamente el constituyente (...). Es requisito indispensable que en la Carta exista una norma expresa que contemple el deber de expedir la ley que desarrolle las normas constitucionales y el legislador incumpla, pues sin deber no puede haber omisión. En consecuencia, la omisión legislativa no se puede derivar de la ausencia de leyes por incumplimiento del Congreso del deber general de legislar, existe omisión legislativa cuando el legislador no cumple un deber de acción expresamente señalado por el constituyente” (Sent. C-543/96). El tema de las omisiones legislativas ha sido tratado también por la Corte Constitucional en las sentencias C-247 de 1995, C-536 de 1995, C-098 de 1996, C-188 de 1996, C-543 de 1996 y C-745 de 1998.
(19) Cfr. Marcos Gómez Puentes. La inactividad del legislador: una realidad susceptible de control. Madrid, Mc Graw-Hill, 1997, pág. 19.
(23) La Corte ha manifestado su competencia para conocer de omisiones legislativas relativas en las siguientes sentencias: C-543 de 1996, C-690 de 1996, C-423 de 1997, C-146 de 1998, C-407 de 1998, C-675 de 1999, C-635 de 2000, Auto 017 de 2000, C-246 de 2001, C-090 de 2002, C-155 de 2002, C-185 de 2002, C- 284 de 2002, C-809 de 2002, C-836 de 2002, C-871 de 2002 y C-311 de 2003.
(25) La Corte ha sido enfática en señalar que respecto a las omisiones legislativas de carácter absoluto, no procede un juicio de inconstitucionalidad, por cuanto no es competente para ello. En relación con este aspecto pueden consultarse las siguientes providencias: C-543 de 1996, C-146 de 1998, C-407 de 1998, C-215 de 1999, C-369 de 1999, C-675 de 1999, C-867 de 1999, C-635 de 2000, Auto 017 de 2000, C-246 de 2001, C-185 de 2002 y C- 284 de 2002.
(27) Estos criterios han sido reiterados con posterioridad por la Corte Constitucional. Al respecto pueden consultarse: salvamento parcial de voto de la Sentencia C-828 de 2002, sentencias C-871 de 2003, C- 918 de 2003, C-208 de 2003, C-528 de 2003, C-509 de 2004, C-1172 de 2004 y C-823 de 2005.
(28) La redacción inicial del artículo 509 establecía que correspondía al gobierno, por intermedio del Ministerio de Justicia, conceder u ofrecer la extradición, sin embargo la expresión en cursiva fue declara inexequible en la Sentencia C-760 de 2001 por vicios en el procedimiento de formación de la Ley 600 de 2000.
(29) Sentencia C-1106 de 2000 F.J. 4.3.