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Timestamp: 2019-02-23 22:54:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 178', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 178', 'artículo 179', 'ARTÍCULO 184', 'artículo 184', 'artículo 188', 'artículo 189']

5.1. TRATAMIENTO LEGAL DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL SUFRIDOS POR MENORES DE EDAD
El objetivo del presente capítulo es analizar el tratamiento legal que el actual Código Penal presta a los delitos contra la libertad sexual sufridos por menores de edad. Desde el día 25 de mayo de 1996 está vigente en nuestro país una nueva legislación penal, más acorde con las profundas modificaciones de orden social, económico y político acaecidas a lo largo del tiempo, que dejaron obsoleto el texto penal anterior, elaborado en el siglo pasado. No se ha de olvidar -como magistralmente expone Díez Ripollés- que el Derecho Penal de una sociedad pluralista sólo debe perseguir los comportamientos sexuales que atenten contra la libertad sexual de las personas, entendiendo por éstos tantos los dirigidos a que la víctima realice o reciba contra su voluntad un acto de carácter sexual como aquellos que impidan una actividad sexual que no agrede a la libertad de otros y que es deseada o pretendida por la víctima; que no puede ponerse al servicio de la protección de contenidos morales; que debe proteger la libertad sexual, respetando una concepción positiva de la sexualidad; y que la prohibición de determinados contactos sexuales entre adultos y menores no debe basarse en la negación de la sexualidad infantil, sino que debe impedir la intromisión de los adultos en el mundo de los menores en condiciones que quepa reputar lesivas para el desarrollo de la personalidad del niño.
El Código Penal del año 1995 se granjeó numerosas críticas, tanto políticas como sociales, desde el mismo momento de su aprobación, al existir en algunos casos un claro vacío legal, toda vez que quedaban desprotegidas determinadas conductas que atentaban contra los derechos de los niños.
Se hace necesario reseñar que en los últimos años ha habido un cambio significativo en lo relativo a la percepción social de la gravedad y transcendencia de los delitos sexuales que tienen a los menores de edad como sujeto pasivo. Esta evolución se plasma en diversos documentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989, ratificada por España con fecha de 30 de noviembre de 1990, que obliga a los Estados a adoptar las medidas legislativas para proteger a los niños contra toda forma de abuso físico o mental, incluido el abuso sexual, y a protegerlos de todas las formas de explotación y abuso sexual (art.19.1). En su artículo 34 se adopta el compromiso de tomar “todas las medidas de carácter nacional, bilateral o multilateral que sean necesarias para impedir: a) la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”. En el ámbito interno, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, invoca el citado instrumento jurídico en su Exposición de Motivos y prevé, entre otras medidas, actuaciones en situaciones de riesgo y de desamparo, establece un principio de actuación inmediata y regula los principios que han de regir la intervención de los servicios especializados.
Por otra parte, el Congreso mundial contra la explotación sexual comercial de los niños celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 1996, aprobó una Declaración y un Programa de Acción que comprendía medidas dirigidas a fortalecer la cooperación de los Estados y un compromiso por parte de éstos de revisión del Derecho interno. Así, se establecía un deber de los Estados de “desarrollar o reforzar y aplicar medidas legales nacionales para establecer la responsabilidad criminal de los proveedores de servicios, clientes e intermediarios en la prostitución, tráfico y pornografía infantil, incluida la posesión de material pornográfico infantil”.
En el ámbito europeo se ha procedido a la adopción de una serie de medidas para combatir el fenómeno de los abusos de menores y otras conductas relacionadas con el mismo. Hay que destacar que a ello han contribuido hechos como el caso Dutroux que conmovieron a la opinión pública. En este sentido, se ha de mencionar una Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 1996 en la que se considera que la lucha contra la explotación sexual de menores debe ser una prioridad en todos los Estados, a los que demanda propuestas de acciones comunes que establezcan un marco jurídico que favorezca una cooperación judicial y policial que permita desmantelar redes organizadas de prostitución infantil. La Resolución citada insta a adoptar un programa de acción comunitario para la lucha de la criminalidad sexual de la que son víctimas los menores, para contribuir a la aplicación de las acciones derivadas de la Declaración de Estocolmo y elaborar estrategias de prevención y represión de esta clase de delincuencia dentro y fuera de la Comunidad, incluso el turismo sexual, tanto en los países de origen como en los de destino.
Por otra parte, destacamos la Acción común aprobada por el Consejo de la Unión Europea, de 24 de febrero de 1997, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños. En su Preámbulo califica a estas prácticas de graves atentados contra los derechos humanos fundamentales y contra la dignidad humana que pueden constituir una forma grave de delincuencia organizada y, a lo largo del texto normativo, se contempla la obligación de cada Estado miembro de revisar su legislación con objeto de considerar infracciones penales la explotación sexual o los abusos sexuales cometidos con niños y la trata de menores con fines de explotación sexual o abuso de éstos. Asimismo, se prevén medidas procesales de protección de las víctimas y de cooperación judicial entre los Estados miembros.
Es una realidad que todos estos textos legales han inspirado y servido para que el Título VIII de nuestro Código Penal quedara reformado por la Ley 11/99, de 30 de abril. En su Exposición de Motivos se invoca a la citada Acción Común, así como a otros Acuerdos Internacionales y a una Recomendación del Defensor del Pueblo de 28 de noviembre de 1996. El cambio de orientación respecto a las directrices político-criminales plasmadas en el Código de 1995 se debe según la citada Exposición porque “no responden adecuadamente, ni en la tipificación de las conductas, ni en la conminación de las penas correspondientes, a las exigencias de la sociedad nacional e internacional en relación con la importancia de los bienes jurídicos en juego, que no se reducen a la expresada libertad sexual, ya que también se han de tener muy especialmente en cuenta los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la indemnidad o integridad sexual de los menores e incapaces, cuya voluntad, carente de la necesaria formación para poder ser considerada verdaderamente como libre, no puede ser siempre determinante de la licitud de unas conductas que, sin embargo, podrían ser lícitas entre adultos”.
El texto de la Ley presenta un incremento punitivo en el conjunto de delitos sexuales. En cuanto al delito de abusos sexuales, se han introducido algunos cambios sustanciales como la elevación de los doce a los trece años del límite de edad hasta el cual se declara de forma general la absoluta irrelevancia del consentimiento. La reforma también ha supuesto una reestructuración del Capítulo V, que ha pasado a tener como rúbrica “de los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores”. Asimismo, la incriminación de la utilización de menores de edad con fines o espectáculos exhibicionistas o pornográficos se ha visto completada y complementada con una nueva conducta típica consistente en vender, distribuir, exhibir o facilitar la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio, de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad.
El Título VIII del nuevo Código Penal aprobado por Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril regula los DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMINIDAD SEXUAL.
La libertad sexual es una parcela de la libertad en general, por lo que, en principio, puede identificarse con el derecho a decidir en qué condiciones o circunstancias y con qué personas se realizan o se reciben actos de naturaleza sexual. Se puede decir que lesionan el bien jurídico libertad sexual tanto los comportamientos dirigidos a que la víctima realice o reciba contra su voluntad un acto de carácter sexual como aquellos que impiden una actividad sexual que no agrede a la libertad de otros y que es deseada o pretendida por la víctima. Pero la libertad sexual no es el único bien jurídico protegido en todos los delitos contemplados en este título, puesto que también se protege la “indemnidad sexual” de aquellas personas o sujetos pasivos del delito que carecen de esa libertad por ser menores de edad o incapaces.
¿Cuáles son los atentados contra la libertad sexual que sanciona el Código penal?
Nuestro texto penal recoge los siguientes grandes grupos de conductas punibles:
Prostitución y corrupción de menores. Dentro del capítulo que alude a estas conductas se contemplan también la pornografía y el tráfico de menores.
A continuación se procede a hacer un estudio más exhaustivo de cada una de ellas.
5.1.2. Delitos sexuales tipificados en el Código Penal
A) AGRESIONES SEXUALES (CAPÍTULO I, ARTÍCULOS 178 a 180)
En este capítulo se recoge una figura básica regulada en el artículo 178 y unos tipos especiales regulados en los artículos 179 y 180, que se aplican cuando concurran las circunstancias que se prevén en los mismos.
El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia e intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cuatro años.
El delito de agresión sexual así tipificado sustituye lo que en el Código anterior se denominaba abusos deshonestos.
Según la redacción dada por el legislador a las agresiones sexuales, se desprenden tres componentes que la conforman:
a) una acción con un claro ánimo lujurioso;
b)realizada con violencia y/o con intimidación;
c) contra o sin el consentimiento validamente prestado por el sujeto pasivo.
Es un delito en el que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo puede ser hombre o mujer.
Las acciones o comportamientos que integran este delito se circunscriben a los tocamientos impúdicos, incursiones táctiles, contactos corporales de diferente índole. Se incluyen los contactos efectuados en el cuerpo de la víctima, los que ésta es obligada a realizar en el cuerpo del sujeto activo o de un tercero y los autocontactos que el sujeto pasivo se infiere ante la exigencia del autor de los hechos.
Asimismo, para que el acto sexual se transforme en agresión sexual es necesario que exista una ausencia de consentimiento. En ningún caso, cabe justificar la conducta del sujeto activo sobre la base del ejercicio de un pretendido derecho, como el débito conyugal o en la creencia de que una persona por su anterior conducta (ejercicio de la prostitución) pierde su libertad de decisión.
En este sentido, hay que tener en cuenta que el consentimiento otorgado por personas privadas de sentido o menores de trece años es irrelevante.
Otro requisito que es necesario para que se realice este delito es la concurrencia de violencia e intimidación.
La violencia ha de ser ejercida por el sujeto activo sobre la víctima para vencer su resistencia. La intimidación consiste en una amenaza de un mal que constriñe la voluntad de la víctima. El temor ha de ser racional y fundado, grave e inminente y debe recaer sobre la persona o bienes del sujeto pasivo o de sus ascendientes, descendientes o cónyuge.
La resistencia no es exigida como un elemento que el texto penal imponga, sino que es un medio para comprobar si en el caso concreto existió o no la fuerza física o la intimidación, a los efectos de probar si la persona ofendida realmente consintió o no libremente en mantener algún tipo de contacto sexual con el otro sujeto. No se exige, pues, una conducta heroica. En este sentido, parece definitivamente superada alguna doctrina jurisprudencial de corte rancio que exigía el doble sacrificio humano no sólo de soportar la agresión sino además de repelerla heroicamente.
Además de los anteriores requisitos, es necesario la existencia del ánimo delictivo del sujeto activo, es decir, que el autor de los hechos haya sabido y querido la realización de la acción descrita más arriba, es decir, el conocimiento del carácter sexual de la acción realizada en el cuerpo del otro y de la ausencia e irrelevancia del consentimiento del sujeto pasivo.
El ánimo delictivo es un factor interno y, por tanto, resulta muy difícil probar su existencia. La forma que se utiliza en estos casos es inferirlo de la conducta externa del agente.
Para estos delitos, el nuevo Código Penal prevé la pena de prisión de uno a cuatro años. Sin embargo, es necesario saber que existen otras medidas accesorias a la prisión que también pueden imponerse.
Una conducta agravada de la agresión sexual consiste en que ésta llegue al acceso carnal, ya sea éste por vía vaginal, anal o bucal o a la introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías. Estas conductas reciben la denominación de violación.
Para la modalidad de acceso carnal por vía vaginal no hace falta para su consumación la eyaculación, basta con que el pene se introduzca aunque sea mínimamente en la cavidad vaginal. En el caso de acceso carnal por vía bucal o anal es preciso para la perfección del delito algo más que el mero roce del pene con la parte exterior del ano o la boca, requiriéndose, al menos, la introducción parcial. Finalmente, por introducción de objetos por vía vaginal o anal, según la Circular de la Fiscalía General del Estado 2/90, habrá que entender aquellas cosas inanes, excluyendo penetraciones de órganos (dedos, lengua).
Hay que tener en cuenta que cuando se trate de penetración bucal o anal, el sujeto activo será por fuerza siempre el hombre -quién puede penetrar- y sujeto pasivo podrá serlo tanto un hombre como una mujer.
Tratándose de menores, hay que tener en cuenta que pueden producirse lesiones e incluso la muerte por la desproporción fisiológica. En este caso estaríamos ante un concurso de delitos, es decir, por un lado la agresión sexual y, por otro lado, el homicidio o lesiones. Cuando la lesión se produzca por los objetos empleados se aplicará la agravante número 5 del artículo 180.1.
Para estos delitos, el nuevo Código Penal prevé la pena de prisión de seis a doce años, además de otras medidas accesorias a ésta que también pueden imponerse.
1ª. Cuando la violencia e intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
3ª. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, y, en todo caso, cuando sea menor de trece años.
4ª. Cuando para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines con la víctima.
5ª. Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o cualquiera de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas.
Este artículo describe unas agravantes específicas como es la inclusión de la referida a que “la violencia o intimidación revistan de un carácter particularmente degradante o vejatorio”. Esta agravante no está fundada sobre la intensidad o contundencia de la violencia o intimidación empleada sino sobre el carácter degradante o vejatoria de éstas, sobre su capacidad para humillar y escarnecer al sujeto pasivo. Esto indica que el culpable ha de perseguir aumentar el sufrimiento y la humillación del sujeto pasivo, más allá del zaherimiento inherente a la conducta típica, o al menos, ser consciente de que lo provoca.
Asimismo, se contempla la agravante referente a “cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas”. Sin embargo, en el Código Penal del 95 se hablaba de “participación de tres o más personas actuando en grupo”. Su fundamentación hay que buscarla en la limitación de posibilidades de eludir la agresión y en la mayor potencialidad lesiva para el bien jurídico de estos ataques.
Respecto a la agravante tercera ”cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación”, hay que tener en cuenta que el contenido fundamental no es la edad, la enfermedad o la especial situación de la víctima sino su vulnerabilidad o debilidad. Es decir, nos encontramos ante una persona especialmente vulnerable por alguna de las tres razones apuntadas anteriormente. Ello no quiere decir que toda persona enferma o que todo menor de dieciocho años haya de ser considerado vulnerable a los efectos de esta agravante. La debilidad por la edad de la víctima puede venir motivada por sus pocos o por sus muchos años. La debilidad por la enfermedad se produce sobre todo cuando ésta debilite seriamente las posibilidades de defensa del agraviado. Por su parte, la vulnerabilidad por la situación en la que éste se encuentre podría englobar desde el estado de paralización debido a causas exógenas, un accidente, por ejemplo, hasta el desamparo, pero siempre de entidad bastante como para generar una debilitación de la capacidad defensiva del sujeto pasivo. La vulnerabilidad, por lo tanto, habrá que apreciarla en cada caso concreto. Con la reforma operada en el año 1999, se aclara que en todo caso cuando el menor tenga menos de trece años se le aplicará esta agravante.
Asimismo, debido a que es muy frecuente que las agresiones sexuales a menores se produzcan en el seno de la familia, el Código Penal agrava la pena “cuando para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza, por adopción o afines con la víctima”.
Quizás el texto penal ha tomado en consideración la situación de inferioridad de la víctima y consiguiente prevalimiento del actor en el ámbito en el que se produce el ataque, que favorece la actuación de éste y constriñe las posibilidades de defensa.
Así como en la circunstancia tercera el núcleo básico era la vulnerabilidad de la que la edad constituía una de sus concreciones, en este caso el fundamento es el prevalimiento, favorecido por la relación de parentesco o superioridad.
Estas conductas están sancionadas con la pena de prisión de cuatro a diez años para las agresiones en las que no exista acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, y de doce a quince años cuando sí existan estas circunstancias. Sin embargo, es necesario saber que existen otras medidas accesorias a la prisión que también pueden imponerse.
La concurrencia de dos circunstancias –por ejemplo, edad y parentesco- da lugar a una importante agravación de la pena, pues ésta se impondrá en la mitad superior (artículo 180.2). Es decir, en el caso de agresión sexual simple (artículo 178) la pena será de siete a diez años y en el supuesto de agresión sexual con acceso carnal (artículo 179), de trece y medio a quince años.
Referido a menores, habrá que apreciar en cada caso si la circunstancia de parentesco determina el prevalimiento. Así será en la generalidad de los casos tratándose de menores, pero debe tenerse en cuenta que se trata de un tipo más amplio y que también se refiere a las agresiones de tipo sexual cometidas por descendientes sobre sus ascendientes o por parientes afines (por ejemplo, cuñados).
Un problema que se plantea es si existe o no una continuidad delictiva entre varias agresiones sexuales realizadas entre los mismos sujetos activo y pasivo. La tesis más generalizada es que no cabe esa continuidad delictiva (es decir, se entenderá que se producen varias agresiones y no sólo una), pero lo cierto es que en cada caso concreto habrá que analizar los sujetos intervinientes, el tiempo transcurrido entre una agresión y otra, los lugares en los que se han producido, etc...
(Véase Cuadro I)
B) ABUSOS SEXUALES (CAPÍTULO II, ARTÍCULOS 181 a 183)
(Véase Cuadro II)
C) ACOSO SEXUAL (CAPÍTULO III, ARTÍCULO 184)
1.El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de arresto de seis o doce fines de semana o multa de tres a seis meses.
2.Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pueda tener en el ámbito de dicha relación, la pena será de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de seis a doce meses.
Por lo que se refiere al delito de acoso sexual, con la reforma del año 99 se ha introducido la posibilidad que este tipo delictivo se produzca sin que exista una clara situación de prevalimiento sobre la víctima. Así, se castiga al que solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, siempre que ese comportamiento provoque en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Se persigue, por lo tanto, el acoso sexual entre iguales. La pena que se aplicará será la de arresto de seis o doce fines de semana o multa de tres a seis meses.
En el artículo 184.2 la conducta antijurídica se construye sobre la solicitud de favor sexual acompañada del anuncio expreso o tácito de consecuencias desfavorables que dependan de la especial posición del autor. En este caso, el responsable se vale de su situación de superioridad para cometer el delito. Es lógico que en este caso la pena resulte y se concrete en arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de seis a doce meses.
En ambos supuestos, la conducta del culpable incide sobre el sujeto pasivo en el proceso de toma de decisiones. Los sujetos activo y pasivo son indeferenciados. Un hombre y una mujer pueden ser autores y víctimas, independientemente que pertenezcan a distinto o al mismo sexo.
A diferencia del Código Penal del 95 se contempla la posibilidad de agravación si la víctima es un menor de edad.
(Véase Cuadro III)
D) EXHIBICIONISMO Y PROVOCACIÓN SEXUAL (CAPÍTULO IV, ARTÍCULOS 185 y 186)
El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere, o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses.
Bajo la rúbrica “de los delitos de exhibicionismo y provocación sexual” se contienen en los artículos 185 y 186 las conductas portadoras de una menor lesividad para el bien jurídico del conjunto de delitos contra la libertad sexual.
Las conductas de exhibicionismo y provocación sexual consistentes, por un lado, en ejecutar actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces, y por otro, difundir, vender o exhibir, por cualquier medio, material pornográfico entre menores de edad e incapaces tienen como único sujeto pasivo a estos colectivos. La edad de protección en este tipo de delitos es hasta los dieciocho años.
Se involucra a sujetos pasivos sin plena capacidad de decisión en actividades de naturaleza sexual, aunque sólo sea como espectadores de los mismos, convirtiéndolos en un mero objeto pasivo del placer sexual ajeno.
Ambos atentados contra la libertad sexual, es decir, la exhibición obscena y la difusión de material pornográfico están sancionados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses.
En uno y otro delito se plantea la necesidad de precisar el contenido de los actos de exhibición o del material susceptible de ser calificado como “pornográfico”. Además de la exigencia de un ánimo o tendencia lasciva en el sujeto activo- característica del exhibicionismo-, en ambos ilícitos es necesario un contenido objetivamente lúbrico y provocador.
Por lo que se refiere al delito de exhibicionismo, como actos de exhibición obscena han de entenderse las acciones exhibicionistas de contenido erótico que las más de las veces se concretarán a una masturbación o a mostrar los genitales. Siempre habrán de ostentar la condición de graves, no debiéndose confundir con comportamientos efusivos cuya práctica en público esté comúnmente aceptada ni con actitudes inmorales o simplemente vulgares. No hay que olvidar que el acto de exhibición obscena ha de realizarse ante el sujeto pasivo, no precisando de contacto físico entre sujeto activo y pasivo. De este sólo se requiere su participación visual.
En cuanto al delito de pornografía, la conducta típica estriba en difundir, vender o exhibir material pornográfico entre menores de edad. Por tanto, parece que escribir, filmar, retratar, dibujar, editar son comportamientos en principio atípicos, incluso resulta impune vender o distribuir material pornográfico si no es a menores o incapaces. Por tanto, no toda conducta relacionada con la pornografía se encuentra tipificada en nuestro derecho. Uno de los aspectos claves en el análisis de este tipo es determinar el concepto de material pornográfico. El Tribunal Supremo ha manifestado que el carácter pornográfico de una obra vendrá determinado por la confluencia de dos elementos. De una parte, la obra habrá de consistir en una inmersión en la obscenidad más grosera, recreándose en ella sin otro fin que el de conseguir la excitación sexual del lector o espectador; y de otra, estar exenta de valor literario, artístico, científico o pedagógico.
El aspecto que suscita mayor interés en relación con estos delitos pudiera ser el de la difusión de pornografía a través de redes de comunicación con una multitud de potenciales destinatarios. Ello obliga a plantear en primer término la problemática relativa al control de la difusión de contenidos ilícitos por Internet o las autopistas de la información y a la delimitación de responsabilidades. Se ha de tener siempre muy en cuenta el carácter de “ultima ratio” del Derecho Penal y las recomendaciones sobre la necesidad de medidas de control extrapenal o de prevención. De otro modo, existe el riesgo de una limitación intolerable de la libertad de expresión y de un regulacionismo excesivo.
Según algunos autores nuestro Código Penal no persigue la difusión de material pornográfico por Internet. Las exigencias de que la difusión del referido material se efectúe “entre menores” y “por cualquier medio directo” conllevan la atipicidad de las conductas que tengan como destinatario una masa indeterminada de personas.
Un supuesto particular es la difusión de pornografía infantil entre menores de edad, no contemplado específicamente en el Código Penal como tipo cualificado, recibiendo, por lo tanto, el mismo tratamiento que cualquier clase de material pornográfico.
(Véase Cuadro IV)
E) PROSTITUCIÓN Y CORRUPCIÓN DE MENORES (CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 187 a 190)
2. Incurrirán en la pena de prisión indicada, en su mitad superior, y además en la de inhabilitación absoluta de seis a doce años, los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad pública, agente de ésta o funcionario público.
1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Serán castigados con las mismas penas el que directa o indirectamente favorezca la entrada, estancia, o salida del territorio nacional de personas, con el propósito de su explotación sexual empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima.
3. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior y además la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años a los que realicen las conductas descritas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, la venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, aunque el material tuviera origen en el extranjero o fuera desconocido.
2. Se impondrá la pena superior en grado cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.
4. El que tuviera bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o incapaz y que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o incapaz, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses.
La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la agravante de reincidencia.
Antes de pasar a estudiar con más profundidad los anteriores preceptos, interesa definir el término “prostitución”. Según Morales/García se debe entender como prostitución “aquella actividad que, ejercida con cierta nota de cotidianeidad o habitualidad, consista en la prestación de servicios de naturaleza sexual a cambio de una prestación de contenido económico”. Este el concepto seguido por la mayoría de la doctrina y también por la Jurisprudencia. Dentro de este concepto debemos señalar como elementos importantes el del precio, el requisito de la habitualidad y el de la naturaleza sexual de la prestación.
Por otro lado, cabe decir que la regulación se limita a lo que constituyen auténticos atentados contra la libertad sexual, excluyéndose otras conductas relativas al negocio de la prostitución que tradicionalmente habían sido punibles.
Los atentados a la libertad sexual en esta materia se subdividen según el sujeto pasivo, en menores de edad, por un lado, y en mayores de edad, por otro. En el presente informe analizaremos únicamente el colectivo integrado por los menores de edad, por ser éstos, objeto de nuestro análisis.
La conducta típica constitutiva del tipo básico de prostitución de menores aparece descrita en el art. 187.1 de manera muy amplia. Se distinguen cuatro formas de participación consistentes en inducir, promover, favorecer y facilitar la prostitución de menores castigadas con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. El legislador ha renunciado a hacer distinciones entre ellas, otorgando idéntica respuesta penal, con independencia de que el adulto haya tenido la iniciativa (sería el caso de “inducir”) o de que se haya limitado a ofrecer cualquier clase de colaboración (”facilitar”) a la prostitución de un menor.
Por otro lado, es interesante referenciar aquí el tratamiento que recibe el cliente de prostitución infantil. El Tribunal Supremo, tras la reunión del Pleno de la Sala 2ª de 12 de febrero de 1999 ha adoptado un criterio que viene a poner punto final a las oscilaciones que se habían producido en los últimos años. En primer lugar, el citado Tribunal aclara que el menor iniciado en la prostitución “no pierde por ello la tutela del ordenamiento jurídico”, que la tutela dispensada por la ley al menor “no se limita a los menores honestos, sino que se concede a todos ellos”. El anterior criterio no implica que todo acto aislado de prostitución de un menor suponga necesariamente la comisión de un delito del art.187.1, “pues el legislador no sanciona, sin más, cualquier relación sexual mediante precio con persona menor de edad, sino exclusivamente aquellos actos que puedan ser calificados como de inducción, promoción, favorecimiento o facilitación”, lo cual debe ser examinado en cada caso atendiendo a la “reiteración y circunstancias de los actos y a la edad más o menos temprana del menor”.
Por su parte, el artículo 188 tipifica una serie de conductas de las que pueden ser sujetos pasivos tanto los adultos como los menores de edad. En caso de ser la víctima un menor de edad, aplicaríamos la regulación del párrafo 4 de ese mismo precepto. Las conductas que en este caso se persiguen son todas aquellas que determinen a una persona a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, habiendo utilizado coacción, engaño o abuso de la situación de superioridad o necesidad.
Asimismo, la reforma del Código penal del año 1999 ha introducido en el art. 188.2 un nuevo supuesto típico en cumplimiento de las directrices emanadas de los textos internacionales dentro del ámbito de la Unión Europea. Me refiero al tráfico de personas para su explotación sexual. Este precepto persigue a quienes directa o indirectamente favorezcan la entrada, estancia y salida del territorio nacional con el propósito de su explotación sexual, empleando violencia o intimidación, engaño o abusando de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima. Quedan fuera de este tipo los casos que se desenvuelvan dentro de nuestras fronteras o fuera de las mismas.
Asimismo, se ven endurecidas las penas de prisión si dichas conductas son realizadas prevaliéndose el culpable de su condición de autoridad pública, agente de ésta o funcionario público. En estos casos, también se establecerá la pena de inhabilitación absoluta.
Junto a ellas, se tipifican como delitos la utilización de menores con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos o para elaborar cualquier clase de material pornográfico sancionados con la pena de prisión de uno a tres años. Ha de entenderse por menor de edad toda persona de edad inferior a dieciocho años, siendo irrelevante el consentimiento del sujeto pasivo o de sus representante legales. Asimismo, con la reforma del año 1999 se ha incluido la penalización de la conducta consistente en financiar cualquiera de las actividades descritas
Una consideración especial merecen las conductas incorporadas en la letra b) del artículo 189.1, castigadas con la pena de prisión de uno a tres años. La fórmula plasmada refleja una preocupación por parte del legislador para evitar la existencia de indeseables espacios de impunidad. Uno de los aspectos que mayor interés ha suscitado es la tipificación de la posesión de material pornográfico con la finalidad de destinarlos a las conductas de tráfico descritas en el tipo. En este sentido, el legislador español ha optado por una solución menos dura que en otros ordenamientos en los que se persigue la pura y simple posesión.
Otra novedad que también ha incorporado la tan mencionada Ley 11/99 es la incorporación del antiguo delito de corrupción de menores que había sido retirado por el Código de 1995. En este sentido, será castigado por corrupción de menores el que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste. Este delito no exige la presencia de violencia o intimidación ni de cualquier clase de medio limitativo de la libertad sexual de los previstos para la agresión y el abuso sexual. Por otro lado, requiere siempre una intervención activa del autor, ya sea directamente en el acto sexual o mediante la inducción directa a la víctima para que participe en un acto con un tercero El sujeto pasivo debe ser un menor de edad pero siempre mayor de trece años. El comportamiento de naturaleza sexual al que alude el precepto debe ser un acto que de modo inequívoco tenga tal contenido. Respecto al asunto de que ese comportamiento debe causar un perjuicio en la evolución o desarrollo de la personalidad se presentan serios problemas de interpretación. Deberían considerarse para este fin -según muestra Filkenkhor- las alteraciones en el funcionamiento emocional o cognitivo del menor o la idea de “sexuación traumática” derivada de la intrusión de las conductas e intereses de un adulto en el desarrollo normal de un niño, que supone una interferencia en la sexualidad infantil generadora de aprendizajes deformados. Según algunos autores, el sentido del tipo de corrupción no puede ser el de prohibir cualquier acto sexual con menores, sino que se debe aplicar para recoger los supuestos rayanos en el abuso no reconducibles a los medios comisivos de engaño, prevalimiento de situación de superioridad o inducción a la prostitución.
Por otro lado, el que tuviera bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad y que, con noticia de la prostitución de éste no haga posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad para el mismo fin incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses.
Se señala que las condenas de jueces y tribunales extranjeros se tendrán en cuenta por los órganos judiciales españoles a los efectos de la aplicación de la agravante de reincidencia.
(Véase Cuadro V)
Tipificar como delito la posesión de pornografía infantil cualquiera que sea el uso que se pretenda con ella.
F) CUESTIONES COMUNES A LOS DELITOS SEXUALES (CAPÍTULO VI, ARTÍCULOS 191 A 194)
1. Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales será necesaria denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal.
2. En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal o la responsabilidad de esa clase.
1. Los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona encargada de hecho o de derecho del menor o incapaz, que intervengan como autores o cómplices en la perpetración de los delitos comprendidos en este Título, serán castigados con la pena que les corresponda en su mitad superior.
No se aplicará esta regla cuando la circunstancia en ella contenida específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.
2. El Juez o Tribunal podrá imponer razonadamente, además, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de profesión u oficio, por el tiempo de seis meses a seis años.
En los supuestos tipificados en los capítulos IV y V de este Título, cuando en la realización de estos actos se utilizaren establecimientos o locales, abiertos o no al público, podrá decretarse en la sentencia condenatoria su clausura temporal o definitiva. La clausura temporal, que no podrá exceder de cinco años, podrá adoptarse también con carácter cautelar.
Finalmente, los artículos 191 a 194 establecen una serie de disposiciones comunes a los artículos anteriores.
Dentro de las mismas, cabe destacar las que afectan al procedimiento en los delitos de agresión, abuso o acoso sexual, en los que, siendo necesaria la denuncia del agraviado mayor de edad o de su representante legal, cabe también la querella del Ministerio Fiscal. El legislador ha considerado, desde antiguo, convenientemente poner en las manos del sujeto pasivo la llave para la persecución de determinados delitos. A quien corresponde en primer lugar interponer la denuncia es al agraviado y si éste no está en condiciones de hacerlo, a su representante legal o al Ministerio Fiscal, por este orden. Cuando el ofendido acuerde no denunciar los hechos no pueden suplirle los otros. Estos argumentos no se aplican cuando la víctima sea menor de edad, pues bastará la denuncia del Ministerio Fiscal. El resto de los delitos sexuales pueden ser perseguidos de oficio.
En los delitos de agresiones, abusos y acoso sexuales el perdón del ofendido no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esta clase. Esta prescripción va encaminada a buen seguro a poner coto a los eventuales chantajes y presiones de que podría ser objeto la víctima. En el resto de los delitos sexuales, el perdón del ofendido sí opera, aunque la Sala lo podrá rechazar argumentando los motivos de ese rechazo.
Asimismo, cuando sean los autores o cómplices de esos delitos los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier persona encargada de hecho o de derecho del menor las penas se impondrán en su mitad superior.
El Código Penal también contempla la imposición de la pena de inhabilitación para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo, cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, por el tiempo de seis meses a seis años.
Además, si en la realización de los actos se utilizaren establecimientos o locales, abiertos o no al público, podrá decretarse en la sentencia condenatoria su clausura temporal o definitiva. La clausura temporal, que no podrá exceder de cinco años, podrá adoptarse también con carácter cautelar.
Igualmente, en las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que procedan en orden a la filiación y fijación de alimentos. Este mandato seguramente va a encaminado a evitar un nuevo juicio. Pudiera ser posible que a raíz de una agresión o de un abuso sexual consistentes en acceso carnal por vía vaginal se produzca un embarazo de la víctima y que ésta no desee someterse a una interrupción del mismo. En este caso, es evidente que hay que pronunciarse sobre filiación y alimentos.
Para concluir, se hace necesario constatar dos aspectos que aunque no contemplados en este Título si tienen un enorme interés. En efecto, la Ley 11/99 ha modificado el régimen de prescripción de los delitos3 con víctima menor de edad, de tal forma que los plazos se computarían desde la fecha en que los menores hayan alcanzado la mayoría de edad y ello porque -a partir de esta edad- se entiende que el sujeto pasivo es más libre para revelar unos hechos que seguramente le habrán afectado de manera traumática.
Por otro lado, ha recalcado que los delitos de prostitución y corrupción de menores entre los que entenderíamos incluidos los relacionados con la pornografía de menores quedan sometidos al principio de justicia universal, es decir, la persecución penal de estos hechos delictivos no aparece condicionada a que el autor tenga nacionalidad española o sea residente en España ni que el hecho sea constitutivo de delito en el Estado en el que se comete (principio de doble incriminación). La no exigencia del requisito de doble incriminación es sumamente importante sobre todo en conductas relacionadas con la prostitución infantil que a menudo son toleradas de hecho en algunos países o están deficientemente contempladas en las respectivas leyes penales.