Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-7651-de-abril-23-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041de7cf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 09:28:55
Document Index: 171311392

Matched Legal Cases: ['artículo 264', 'artículo 264', 'artículo 1494', 'artículo 2313', 'artículo 201', 'artículo 2313', 'artículo 2313', 'artículo 2313', 'artículo 2313', 'artículo 1631', 'artículo 2308', 'artículo 1668', 'artículo 2313', 'artículo 2313', 'artículo 1626', 'artículo 1630', 'artículo 1625', 'artículo 2309', 'artículo 2313', 'artículo 1630', 'artículo 2313', 'artículo 1631', 'artículo 2313', 'artículo 2313', 'artículo 2313', 'artículo 2313']

﻿ SENTENCIA 7651 DE ABRIL 23 DE 2003
SENTENCIA 7651 DE 23 DE ABRIL DE 2003
CONTENIDO:ACCIÓN DE REPETICIÓN DE PAGO INDEBIDO. SI QUIEN HACE EL PAGO ADVIERTE EN ESE MOMENTO CAUSA PARA PAGAR Y ASÍ LO CREE, SIN HABERLA, PUEDE UNA VEZ QUE DETECTE LA VERDADERA AUSENCIA DE LA MISMA DEPRECAR LA RESTITUCIÓN DE LO QUE RESULTÓ PAGANDO INDEBIDAMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPETICIÓN, ACCIÓN DE REPETICIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO, PAGO DE LO NO DEBIDO, RESTITUCIÓN DE BIEN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:378 DE JUNIO DE 2003, PÁG.1009
Sentencia 7651 de abril 23 de 2003
PUEDE SER DE CARÁCTER OBJETIVO O SUBJETIVO
Ref.: Expediente 7651
Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil tres.
Tres cargos se elevan contra la sentencia del tribunal, todos apuntalados en la causal primera de casación, los cuales se despacharán en el orden propuesto.
En él se acusa a la sentencia de violar de manera indirecta y por aplicación indebida los artículos 1494 y 2313 del Código Civil, a causa de los errores cometidos en la apreciación de las pruebas aportadas al expediente.
Al desarrollar el cargo lo sustenta así:
1. La legitimación en la causa se da por establecida en cabeza del demandante al concluirse que el pago de lo no debido fue realizado por él en su propio nombre y no en el de inversiones Malibú Ltda., sociedad de la que era su representante legal, según se desprende del recibo de caja fechado el 3 de agosto de 1978 expedido por la demandada (fl. 4, cdno. 1), en el certificado del revisor fiscal de ésta (fl. 7, cdno. 1) y en el reconocimiento que de tal hecho hizo el representante legal de Cine Colombia S.A. al absolver interrogatorio de parte en el curso del proceso (fl. 104, cdno. 1), además de lo dicho por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín al desatar en primera instancia el proceso ordinario promovido por Inversiones Malibú contra Cine Colombia S.A., cuando aseveró que el pago de la venta lo hizo Mario Uribe, “no como representante de la sociedad demandante (Inversiones Malibú Ltda.) sino como persona natural”, o sea en su propio nombre y por lo mismo es el titular de la acción respectiva.
2. Los errores manifiestos de hecho en la apreciación de tales pruebas son los que pasan a destacarse:
a) Quizás el más trascendente, es no haber visto que en los dos procesos anteriores al presente y promovidos, en su orden, por Cine Colombia S.A. contra Inversiones Malibú Ltda. de inexistencia de contrato de compraventa, y el de esta sociedad contra aquélla de restitución del precio y de enriquecimiento sin causa, en los cuales Mario Uribe Isaza intervino como representante legal y gerente de Inversiones Malibú Ltda., la reclamación se hizo para la citada sociedad y en ningún momento para él como se está haciendo en este caso; así se pone de manifiesto en el memorial en el que se solicitó al Tribunal Superior de Bogotá la adición de la sentencia para que se ordenara la restitución del precio a la sociedad, petición “en la que indudablemente hay un reconocimiento indirecto de Mario Uribe I. de que el derecho a la restitución del precio pagado estaba radicado en Malibú Ltda.”. Así como también en el segundo proceso, tal como se desprende, del poder otorgado por él como representante de la indicada sociedad; del mismo libelo demandador, hechos 9 a 11; de los alegatos, “circunstancias estas de las cuales se deduce, sin la menor duda, que a través de su representante legal, Mario Uribe I., Inversiones Malibú Ltda. sostuvo la tesis de que el precio de la venta fue pagado por ella, y que, naturalmente, esta tesis fue compartida por Uribe Isaza”.
b) No haber tenido en cuenta los hechos 9 a 13 de la presente demanda ordinaria en los que reaparece la tesis sostenida en los dos anteriores procesos ordinarios consistente en que el aquí demandante al hacer el pago “no lo hizo en su propio nombre sino obrando para Inversiones Malibú Ltda.”.
c) Para replicar la posibilidad de que se diga que la confesión de Mario Uribe Isaza a la que se hace referencia se encuentra desvirtuada se pasa a indicar en qué consiste la equivocación en la estimación de las pruebas:
Ni el recibo de pago, ni el certificado del revisor fiscal ni lo dicho por la demandada en el interrogatorio de parte, tienen el significado probatorio que le atribuyó el tribunal. No es tema de discusión que el pago fue hecho por Mario Uribe Isaza, lo que sí es motivo de controversia es que lo hizo a nombre propio y no como representante legal de Inversiones Malibú Ltda., por lo que el sentenciador vio en ellos “más de lo que reza su contenido, que es precisamente el ejemplo típico del error de hecho en la apreciación de la prueba”. Lo que cabría, sostener, entonces, es que el pago fue hecho por aquél a nombre de la sociedad representada porque “si la situación hubiese sido la otra, de seguro se habría dejado la constancia del caso, pero, desde luego, esta circunstancia colateral tampoco fue captada por el tribunal”.
d) Otro error protuberante se halla en haberse acogido el aserto que se hizo en la sentencia del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín en el proceso de restitución del precio promovido por Inversiones Malibú Ltda. contra Cine Colombia S.A., consistente en que el pago fue hecho por el demandante y no por la sociedad que él representaba. Yerro que es manifiesto, ya que como lo tienen definido jurisprudencia y doctrina, “el documento que contiene copia de una sentencia judicial sólo es apto para demostrar lo dispuesto por ella en su parte resolutiva, nunca para utilizar como prueba en otro proceso las apreciaciones y juicios que respecto a la cuestión de hecho o de derecho haya emitido el juez en la parte motiva de ese fallo”.
El error cometido es de derecho porque una sentencia judicial no es prueba sino de lo dispuesto en la parte resolutiva y no de lo expuesto en la parte motiva, pues, en aquélla es donde se encuentra la declaración que hace la jurisdicción “y es sobre esa parte declarativa que recae la fuerza probatoria que el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil le atribuye a los documentos públicos. Así que, en este caso, la violación medio recae sobre el mencionado artículo 264 del Código de Procedimiento Civil”.
3. Queda demostrado, entonces, que el demandante carece de legitimación en la causa, puesto que no pagó en su propio nombre sino como representante legal de Inversiones Malibú Ltda., tal como lo confesó en los dos anteriores procesos y “Por lo mismo, no es aplicable aquí la norma del artículo 1494 del Código Civil, en cuanto dispone que los cuasi contratos son fuente de obligaciones, y más concretamente que del caso de autos se dé en relación con el actor Mario Uribe Isaza el cuasicontrato de pago de lo no debido contemplado en el artículo 2313 y la titularidad de la acción respectiva”.
1. Como es sabido, la legitimación en la causa, entendida como la designación legal de los sujetos del proceso para disputar el derecho debatido ante la jurisdicción, constituye uno de los presupuestos requeridos para dictar sentencia de fondo, sea estimatoria o desestimatoria. Y en caso de no advertirla el juez en la parte activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineluctablemente, sin necesidad de mediar ningún otro análisis, la expedición de un fallo absolutorio; de allí que se imponga examinar de entrada la legitimación que le asiste a la parte demandante para formular la pretensión de pago de lo no debido, estimada en la sentencia impugnada, y controvertida en el primer cargo.
2. Hecha esa precisión, se observa que el tribunal al declarar la viabilidad de la acción de pago de lo no debido y ordenar las restituciones consecuentes, halló establecida la legitimación en la causa por activa en cabeza del demandante Mario Uribe Isaza con apoyo en tres pruebas fundamentales, a las cuales agregó el criterio hermenéutico adoptado en sentencia ejecutoriada dictada por otros juzgadores dentro de sendos procesos ordinarios, pero relacionados con el punto medular sometido a controversia en éste, como es el relativo al pago del precio por la suma de $ 700.000 de la compraventa del inmueble que se hizo en favor de Cine Colombia S.A., como vendedora, con ocasión del contrato celebrado con Inversiones Malibú Ltda., cuya inexistencia fue declarada judicialmente.
En efecto, el pago del referido precio por el demandante quedó acreditado plenamente, en sentir del sentenciador de segundo grado, con el recibo de pago donde sólo se menciona el nombre del actor como quien lo hizo, la certificación del revisor fiscal de la sociedad contradictora en el que se hace constar dicho pago y la confesión del representante legal de ésta al absolver interrogatorio, según diligencia llevada a cabo en el curso del proceso. De tales medios de convicción dedujo que el pago fue efectuado por Mario Uribe Isaza, quien actuó como persona natural y a su vez tercero en relación con la persona jurídica Inversiones Malibú Ltda.
A tal argumentación añadió, para robustecerla, lo demostrado “dentro del proceso con el fallo proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín”, en donde expresamente, y de acuerdo con las pruebas practicadas allá, se negó la pretensión de Inversiones Malibú destinada a obtener la restitución del pago efectuado a propósito de la venta declarada inexistente, tras haberse constatado que lo había efectuado Mario Uribe, como persona natural y no como representante legal de aquélla.
3. Ahora bien, en cuanto a la apreciación de las pruebas distintas del fallo precedente acabado de citar, de las cuales deriva el sentenciador la legitimación en la causa del demandante, no halla la Corte el error manifiesto de hecho denunciado por el impugnante.
a) Examinados los dos documentos reseñados, o sea el recibo de pago del precio y la certificación expedida por el revisor fiscal de la sociedad demandada y beneficiarla en ese instante del citado dinero, y la manifestación hecha por el representante legal de ésta al absolver interrogatorio de parte, emerge que el pago lo hizo Mario Uribe Isaza, sin precisarse en ellos a qué título obraba. Justamente la constancia de que el pago fue efectuado por la mencionada persona natural, sin especificarse otra cosa que su nombre, permite advertir la lógica de la conclusión del fallador, pues antes bien si otra era la condición en que actuaba debió expresarse así y concretamente que lo hacía en representación de Inversiones Malibú, y no necesariamente a la inversa, como sugiere el casacionista, debió señalar su proceder con la indicación exacta de ser persona natural.
Sea lo que fuere, en esas circunstancias a lo sumo puede emerger una equivocidad sobre el carácter en que actuó Mario Uribe en el acto de pago del precio, la cual, justamente por ser tal, no alcanzaría para estructurar el error manifiesto de hecho derivado de que el sentenciador se haya remitido exclusivamente a lo que dice textualmente el recibo de pago, siendo ésta una opción de interpretación válida, máxime que el sentenciador la halló avalada por una decisión judicial anterior coincidente en esa conclusión;
b) En lo que se refiere a que hay prueba de confesión abundante que apunta a fijar en la sociedad Inversiones Malibú Ltda. la titularidad exclusiva de las acciones impetradas, debe decirse que ella, de existir, está en contraposición con lo demostrado dentro del proceso, lo que equivale a decir, de conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil, que se halla infirmada, según se desprende precisamente de las pruebas antes analizadas, respecto de cuya apreciación no se ha verificado error evidente; además, si bien el demandante, a la sazón obrando como representante de Inversiones Malibú, afirmó que el derecho a la restitución del precio pagado estaba en cabeza de su representada, tal aserto, amén de que no puede considerarse como confesión personal del demandante, quedó judicialmente desvirtuado en ese mismo proceso.
c) Es suficiente el respaldo probatorio analizado para concluir que se mantienen en pie los hechos y pruebas esenciales por los que el sentenciador halló acreditada la legitimación en la causa del demandante, motivo por el cual resulta superfluo examinar la acusación por error de derecho que expone el censor en relación con el valor probatorio que cabe darle a los fallos judiciales traídos en copia al proceso y particularmente con el que el fallador le dio a la sentencia mediante el cual en un proceso anterior se desestimó la pretensión de Inversiones Malibú de obtener la restitución del mismo pago que es ahora objeto de litigio, por haberse demostrado allí que lo hizo el señor Mario Uribe; tanto más si esa apreciación positiva aparece en el fallo impugnado a manera de refuerzo o complemento de las demás pruebas apreciadas para determinar la legitimación comentada.
5. El cargo, en consecuencia, no está llamado a prosperar.
También con fundamento en la causal primera de casación, se tilda la sentencia acusada de ser violatoria, de manera directa y por aplicación indebida, de la norma de derecho sustancial contenida en el artículo 2313 del Código Civil.
El cargo se desarrolla de la siguiente manera:
a) El tribunal dio por demostrado que Mario Uribe Isaza pagó en su propio nombre, no como representante legal de Inversiones Malibú Ltda., la suma que ésta adeudaba a Cine Colombia S.A., por concepto de la compraventa celebrada entre ambas; y como considerara que en virtud de la sentencia judicial que declaró la inexistencia de ese contrato, aquel resultó efectuando el pago de lo no debido, en los términos del artículo 2313 del Código Civil, le dio cabida a la demanda de restitución de dicho pago.
b) Con abstracción de cualquier error de apreciación probatoria, se impugna directamente la aplicación del artículo 2313 del Código Civil, a partir de que ni en la demanda inicial ni en la sentencia recurrida se sostiene la tesis de que Mario Uribe Isaza hubiera pagado a Cine Colombia el precio de la venta incurriendo en el error de tenerse o considerarse como deudor de tal prestación, puesto que en ambas se arranca del supuesto de que Uribe pagó con dineros propios la obligación, a sabiendas de que el deudor real y verdadero de ella era Inversiones Malibú; en el punto recuerda el censor que el demandante era el representante legal, tanto de la compradora como de la vendedora, en la fecha en que se suscribió la escritura de venta, 7 de junio de 1978, y en la que hizo el pago del precio, 3 de agosto siguiente (cdno. 6, fl. 13 y fl. 558), circunstancias estas de tiempo y modo incompatibles “con la idea de que el pago hecho por Mario Uribe Isaza pudiera haber sido realizado por éste dentro de la falsa creencia de que él fuera el deudor y no Inversiones Malibú Ltda.”.
c) Es evidente, pues, que el actor nunca fue deudor de la obligación de pagar el precio de la compraventa, ni tampoco al hacerlo incurrió en error de considerarse deudor del mismo, puesto que hizo el pago teniendo conciencia plena de no serlo, situación que no encaja dentro de la hipótesis desarrollada por el artículo 2313 del Código Civil, “pues de acuerdo a su texto quien paga lo hace protagonizando el papel de deudor, bien porque lo fue en realidad pero dejó de serlo por alguna causal que extinguió la obligación definitivamente, no obstante lo cual, por olvido o ignorancia, resulta extinguiéndola nuevamente por el pago”. Del contexto del mencionado precepto civil sustancial surge la idea inequívoca “de que quien paga lo hace desempeñando el papel de deudor, sin serlo en la realidad, idea que excluye, desde luego, la de que quien paga lo haga a sabiendas de que no es deudor, sino, por el contrario, de que el deudor es un tercero”. Esto es lugar común respecto del instituto del pago de lo no debido, según la jurisprudencia y la doctrina que se citan por el tribunal en su sentencia.
d) La regulación del evento en que una persona paga a sabiendas deuda ajena está regulada por los artículos 1630 a 1633 del Código Civil e incluso por los artículos 2304 y siguientes que regulan el cuasicontrato de agencia oficiosa, normatividad que sería aplicable al asunto estudiado, naturalmente que en proceso aparte “y habida cuenta de la doble condición de Mario Uribe Isaza como representante simultáneamente de la sociedad acreedora y de la sociedad deudora, atrás comentada, aquella solución, sería, por lo menos, la del artículo 1631 del Código Civil, que más o menos coincide con la del artículo 2308 ibídem”. De esto se desprende que el demandante no tiene a su alcance la acción de repetición por pago de lo no debido, sino “la subrogatoria contra Inversiones Malibú Ltda. prevista en el citado numeral 5º del artículo 1668 del Código Civil”.
e) Incurrió el sentenciador en error jurídico directo al acceder a la acción de repetición por pago de lo no debido en la hipótesis aducida por el actor en la demanda, “visto que a tal cuestión no le es aplicable legalmente el artículo 2313 del Código Civil, violado por lo tanto al serle aplicado a aquella”.
1. La tesis que pregona el recurrente obliga a examinar si la procedencia de la acción derivada del pago de lo no debido, en los términos del artículo 2313 del Código Civil, exige que el pago haya sido efectuado por quien se consideraba deudor, o como dice el censor, bajo la idea inequívoca “de que quien paga lo hace desempeñando el papel de deudor, sin serlo en la realidad, idea que excluye, desde luego, la de que quien paga lo haga a sabiendas de que no es deudor, sino, por el contrario, de que el deudor es un tercero”, evento este en el que considera aplicables las reglas del pago con subrogación o de la agencia oficiosa, mas no la norma citada.
2. A fin de resolver lo que corresponda, se impone previamente hacer el siguiente análisis:
1) Según prescribe el artículo 1626 del Código Civil, “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, y constituye la satisfacción del interés del acreedor, tanto si lo efectúa directamente el deudor o quien obra en su nombre, como un tercero extraño a la obligación; de allí que el artículo 1630 ibídem, habida cuenta de que no hay razón justificativa del acreedor para rechazar el pago bajo el pretexto de no provenir exactamente del deudor, cuestión que en últimas ha de resultarle indiferente, disponga de modo tajante que “puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor”, salvo que se trate de obligación de hacer en la que influya la aptitud o talento del deudor, evento en el cual “no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor”.
2) Cumple el pago, entonces, por excelencia una función de satisfacer al acreedor que, a su vez, constituye motivo de la extinción de toda obligación; por eso no llama a sorpresa que entre los medios extintivos enumerados en el artículo 1625 del Código Civil se incluya, en primer orden, “la solución o pago efectivo”, siéndolo cualquiera sea la persona que lo haga —solvens—, es decir, sea que provenga del deudor o de quien lo represente, o de un tercero. Igualmente, haciendo ecuación perfecta con lo anterior, el pago que recibe el acreedor puede ser conservado para sí por él, únicamente en la medida en que haya tenido por causa una obligación civil o natural, pues careciendo de ese preciso fundamento jurídico deviene inválido —solutio sine causa vel indebiti—, y antes que permitírsele mantener lo pagado, se le impone su devolución.
3) Significa lo anterior que un pago adecuado, a la par que conforma o satisface al acreedor, extingue la obligación; ya liberándose al deudor del vínculo que contrajo, si fue el mismo u otro en su nombre quien hizo el pago; o ya, sin que opere tal liberación, como ocurre en aquellos casos en que el tercero que paga toma la posición del acreedor en relación con el del deudor, lo cual no obsta para reconocer el efecto extintivo definitivo respecto del original acreedor.
Ahora bien, que el pago pueda ser efectuado por un tercero no solo es una posibilidad jurídica admitida legalmente, sino que se consagran medidas tendientes a protegerlo patrimonialmente, tanto que en determinadas hipótesis no obstante ser ajeno a la obligación que le sirve de causa ingresa como sujeto activo, por vía del “pago con subrogación”, por el cual se le transfiere, ope legis, la posición del acreedor, como ocurre cuando “paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor” (C.C., art. 1668, num. 5º).
Y si el tercero paga a espaldas del deudor o inclusive contra su voluntad, tiene acción para pedir al deudor el correspondiente reembolso, a condición, sólo en último caso, de que la gestión le hubiere sido efectivamente útil al deudor, “y existiere la utilidad al tiempo de la demanda, por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de una deuda que, sin ella, hubiere debido pagar el interesado”, según se deduce de lo dispuesto en el artículo 2309 del Código Civil.
4) En consecuencia, mirado el asunto en el contexto de las normas que regulan el pago, sobre todo a partir de que el mismo cumple sus efectos así no lo haya efectuado el mismo deudor y aun en contra de la voluntad del acreedor, no se ve por qué deba ser excluida en todos los casos la posibilidad de que un tercero que paga, aun habiendo obrado a sabiendas de que la deuda es ajena, pueda acudir a la acción de repetición, particularmente cuando, en ejercicio de una intervención legalmente aceptada, ha efectuado el pago de lo que ciertamente no se debía, siendo ella medio expedito para ser restituido en el patrimonio que de ese modo le resulta menoscabado.
Hay casos, y el que ofrece este proceso constituye ejemplo rutilante, en que privar a quien paga de esa acción, únicamente por haber conocido que la deuda era ajena, significa imponerle una consecuencia patrimonial en su contra, sin reparo alguno a la circunstancia de que el pago se hizo recaer en una deuda inexistente, por cuya apariencia de ser decidió extinguirla, situación que se torna más grave cuando la ley no consagra modos distintos para hacer valer su derecho; hipótesis esta que, valga decirlo, no es extraña en otras legislaciones que la consagran como especie del pago de lo no debido, “el pago sin causa en sentido estricto (esto es: pago afectado en el antecedente del acto)” (1) .
(1) Bustamante Alsina, Jorge. Repetición del pago de lo que no se debe. Pág. 56. Ed. Abeledo-Perrot.
En verdad, no puede darse el mismo tratamiento en todas las hipótesis, y sobre todo en relación con la situación fáctica que el presente caso ofrece, consistente en la inexistencia total de la obligación, declarada judicialmente en proceso anterior, punto este que en lo que concierne con este cargo se halla por fuera de toda duda y discusión.
5) En efecto, el pago de lo no debido puede ser de carácter objetivo cuando la obligación que le sirve de causa es totalmente inexistente, bien porque no nació a la vida jurídica, o bien porque después, a pesar de haber tenido visos de ser, llega a desplomarse su apariencia y, por lo mismo, desaparece, habiéndose de borrar todo rastro de ella; eventos en los cuales el pago efectuado por error, o sea bajo la creencia de que la obligación tiene existencia, sin darse ella respecto de ninguna persona, significa por fuerza que se ha hecho efectiva una prestación jamás debida, lo que posibilita, sin más, la restitución de lo pagado. Ciertamente que “basta probar la no existencia de la deuda; en ello consiste el error del solvens” (2) .
(2) Abeliuk Manasevich, René, Las obligaciones. Tomo II, pág. 566. Editorial Temis, 1993.
6) Todavía más, la restitución sólo puede solicitarla la misma persona que realizó la prestación, sin importar si ésta se sustrajo del patrimonio de aquella o de otra persona; lo cual armoniza con que, tratándose de la inexistencia total de la obligación, realmente no puede verificarse la presencia de un acreedor, de un deudor y de un tercero que paga; simplemente quien ha pagado, para cualquier efecto o con cualquiera intención, mediando el error sobre la existencia misma de la obligación, queda habilitado, per se, para pedir la repetición de lo pagado, dado que no hay una obligación civil o natural preexistente que le sirva de causa al pago; se abre paso, pues, la aplicación del artículo 2313 del Código Civil que sin referirse solamente al deudor indica que “si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado”.
No hay, pues, caso más palmario de pago de lo no debido, que pagar lo que nadie debe a nadie; ni hay proceder más alejado de la equidad que privar a quien lo hace por error, de la acción correspondiente, desde luego que remitirlo eventualmente a la acción subsidiaria del enriquecimiento sin causa, implica para el afectado demostrar el empobrecimiento padecido, el cual puede incluso no darse cuando, por ejemplo, ha pagado con bienes ajenos.
7) Para nada Influye, por lo tanto, que el supuesto tercero haya obrado a sabiendas de que su pago estaba destinado a extinguir una deuda ajena, porque lo que justifica la acción de repetición es la absoluta falta de causa del pago, es decir, precedente a conocer con certeza quiénes son sujetos de la obligación para establecer las consecuencias del pago, importa saber si hubo error en cuanto a la existencia de aquélla; no resulta lógico que si el tercero paga deuda ajena pero inexistente, deba correr, sin más, con las consecuencias patrimoniales; allí el error que predomina no es sobre a quién pertenece la deuda, sino en cuanto a que la considera existente, sin ser de ninguna persona ni para ninguna; si se quiere, tórnase indiferente saber en ese caso si se quiso pagar deuda ajena o propia. Tal cuestionamiento únicamente importa cuando la deuda existe y se paga indebidamente, evento en el cual se involucran otras instituciones relacionadas con el pago.
8) Cabe agregar, para afianzar la idea de que cuando se paga una obligación inexistente adviene en favor del solvens la acción de pago de lo no debido, que en punto de la sustitución o cambio de acreedor se pueden presentar distintas situaciones: a) el acreedor recibe el pago de su crédito por parte del deudor y la obligación en consecuencia se extingue; b) el acreedor cede su crédito a un tercero quien en tal virtud puede exigir el pago, cumplidas las demás condiciones de la cesión, caso en el cual el cedente responde por la existencia del mismo, de modo tal que el cesionario en caso de no existir el crédito tiene acción contra su cedente para obtener la restitución de lo que haya dado o pagado por él; c) el acreedor recibe el pago de un tercero, evento en el que se extingue el vínculo que lo ata con el deudor, y quien paga, bajo determinadas circunstancias, se subroga en los derechos del acreedor; y en este último caso, tratándose de subrogación legal, el acreedor que ha recibido el pago no responde de la existencia del crédito ni de la correspondiente deuda, en ese evento el tercero que paga, como subrogado, no tiene contra el acreedor inicial sino acción del pago de lo no debido; vale decir, que el pago con subrogación exige como presupuesto la existencia de la obligación sobre la cual recayó el pago.
9) De otro lado, puede, darse un pago indebido de carácter subjetivo, o sea cuando el error se produce en la persona, bien porque el pago se hace por el deudor o un tercero pero en favor de quien no es el acreedor, o bien porque lo hace quien no es el deudor, pagándose deuda ajena. En tales hipótesis no está en duda la existencia misma de la obligación, la disconformidad se halla en los sujetos que verdaderamente lo son de la obligación. Allí sí, cuando interviene el tercero para pagar una deuda ajena que existe, pero a sabiendas de que no es suya, la situación se regula por las normas previstas a partir del artículo 1630 del Código Civil, incluido, claro está, el pago con subrogación, cuando sea del caso; en efecto, simplemente un tercero puede pagar una deuda ajena, y cuando obra “consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor” se produce el fenómeno de la subrogación legal que importa la “transmisión”, o mejor dicho la sustitución, de los derechos del acreedor al tercero que le paga, según lo dispuesto en los artículos 1666 y 1668, numeral 5º ibídem.
Y si lo hace porque se cree deudor sin serlo, o sea convencido de que debe y resulta pagando deuda ajena, puede ejercitar la acción de repetición de que trata el artículo 2313 ibídem, “salvo contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito”, hipótesis en que se le permite subrogarse en las acciones del acreedor; y si obra a sabiendas de que es ajena, pero equivocándose del deudor que ha querido favorecer, quiere decir que obra como tercero respecto de la obligación que extingue equivocadamente, en cuyo caso se aplican las normas que regulan el pago sin conocimiento del deudor, a que se refiere el artículo 1631 del Código Civil.
En todo caso, en la subrogación, sea legal o convencional, concurren simultáneamente el pago de lo debido y la sustitución del acreedor por el tercero; es decir, para que opere tal fenómeno se requiere que la obligación a cuya extinción se provee tenga existencia como tal.
10) A lo anterior se suma, como antes se explicó, que cuando el tercero paga una deuda ajena inexistente no adviene la subrogación en los derechos del acreedor, a quien justamente se le puede reclamar el pago de lo no debido, ni las consecuencias jurídicas de una agencia oficiosa puesto que, en la especie de este proceso, ni por asomo se vislumbra la intención del demandante de gestionar un negocio ajeno que signifique utilidad para el agenciado, y dado que, como se dirá al despachar el cargo siguiente se haya demostrado que el demandante como tercero pagó equivocadamente una deuda inexistente; tener conciencia, pues, de que se paga deuda ajena, no excluye el pago de lo no debido, si el tercero lo hace convencido pero equivocadamente de que existe la obligación, como vínculo que ata a una persona con otra.
11) Por lo demás, esta corporación en pronunciamientos anteriores se ha referido al solvens, o a quien paga, sea el deudor mismo o no, como la persona legitimada para proponer la acción de repetición de que aquí se trata. En ese sentido, ha señalado: “Ahora bien, por el aspecto activo, el titular o legitimado para pedir la restitución por pago de lo no debido corresponde a la persona que lo hizo (solvens) y, por el aspecto pasivo, quien debe responder de tal reclamo, es la persona que recibió el pago (accipiens)” (G.J. CC, 2439, pág. 100); y en otra oportunidad reiteró que “puede señalarse que está habilitado para la repetición quien demuestre que hizo un pago al demandado, sin ninguna razón que lo justifique” (GJ. CCXII, 2451, pág. 258).
3. Síguese en consecuencia que la hipótesis desarrollada a propósito de este litigio y la definición judicial que se dio encuadran en la acción de repetición de lo pagado prevista en el artículo 2313 del Código Civil, norma que, entonces, no resulta quebrantada.
4. Por consiguiente, el cargo segundo no alcanza éxito.
Apuntalado en la causal primera de casación, se le reprocha a la sentencia haber quebrantado el artículo 2313 del Código Civil a consecuencia de errores de hecho consistentes en la interpretación errónea de las sentencias fechadas el 11 de septiembre de 1981 y el 28 de junio de 1982 pronunciadas por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior de esa ciudad, respectivamente, por medio de las cuales se declaró inexistente el contrato de compraventa de un inmueble celebrado entre Cine Colombia S.A., como vendedora, e Inversiones Malibú Ltda., como compradora.
La sustentación del cargo admite el siguiente compendio:
a) El demandante con el fin de insinuar que el pago del precio de la aludida compraventa fue hecho por él en la creencia de que la obligación existía, la que devino equivocada o falsa al ser declarada después “la inexistencia del contrato”, se apoyó en las mencionadas sentencias; a su vez, el tribunal “acoge en su fallo esta tesis de la parte actora, y en ella hace consistir el error cometido al pagar el precio y la falta de causa”, tal como se evidencia en la motivación pertinente.
b) Según el recurrente, la inexistencia de los actos jurídicos ha sido tratada por la Corte apenas como una mera inquietud académica, pero la repudia como institución jurídica con aplicación en Colombia, “dado que la ley no la contempla; y para asimilarla a la nulidad absoluta y para hacer ver que su declaración equivale a la de una nulidad absoluta”.
c) Fue exagerada la afirmación hecha por el Tribunal de Bogotá en el sentido de que el contrato de compraventa en cuestión no produjo absolutamente ningún efecto, “entre ellos el de que no hubiera llegado a tener existencia la obligación de Inversiones Malibú Ltda. de pagar el precio”. Es cierto que la inadecuada solución judicial plasmada en las referidas sentencias es hoy indiscutible, pero igualmente lo es que en ellas se desconoció, amén de la doctrina de la Corte consistente en que en tales casos debe acudirse al régimen de la nulidad absoluta, la realidad patente y manifiesta de que en ellas se ordenó a la compradora la restitución del inmueble vendido, se reconocieron algunas prestaciones mutuas entre las partes derivadas de la ejecución del contrato, e igualmente dispusieron la cancelación de la escritura respectiva y la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos, por lo que “ocurrido todo esto, —se pregunta el recurrente— ¿cómo es posible que en el presente proceso se haya dicho, en medio de la más absoluta contradicción, que no hubo precio alguno?”.
d) En la sentencia atacada se incurrió en una interpretación errónea, ostensible y manifiesta de las aludidas sentencias porque el crédito a cargo de Inversiones Malibú Ltda. y a favor de la sociedad demandada “sí existía cuando, mucho antes de la declaración de inexistencia del contrato, el actor Mario Uribe Isaza dice haberlo pagado a Cine Colombia. Luego no tiene sentido alguno el error que dice haber sufrido al efectuar el pago de ese crédito, en el momento en que lo hizo”.
e) Cuando Mario Uribe Isaza hizo el pago del precio todavía no se había declarado por la jurisdicción la inexistencia del contrato de compraventa, por lo que no puede ahora invocar la pretensión restitutoria del mismo aduciendo que si lo hizo fue por creer equivocadamente que la obligación solucionada existía, bastando observar para desvirtuar este aserto “que en el momento del pago la equivocación que afirma es imposible, precisamente porque entonces no existía sentencia alguna que arrasara con el contrato de venta”.
f) El artículo 2313 del Código Civil fue indebidamente aplicado porque el fallo censurado no sólo interpretó equivocadamente las sentencias que declararon la inexistencia de la plurimencionada compraventa, sino que tampoco tuvo en cuenta que el error invocado no era susceptible de ser cometido en la fecha en que se hizo el pago.
1. De tiempo atrás ha enseñado esta corporación, con referencia a la acción prevista en el artículo 2313 del Código Civil, que “el fundamento de la acción de repetición del pago de lo no debido se halla en la ausencia de una relación jurídica entre las partes, en la falta de causa del pago. En efecto, los doctrinantes y la jurisprudencia, encuentran la plena justificación del derecho de repetir en la circunstancia de no existir razón de ser del “deber de la prestación”, o sea precisamente, “la causa de la obligación de pagar”, pues, se trata de un pago hecho sin razón justificativa”, (G.J. t. LXXXVI, pág. 107); y como hipótesis propias de la misma, ha indicado que se pueden presentar cuando: “a) No existe ninguna deuda; b) Sí existe, pero el pago se hace a persona distinta del verdadero acreedor, y c) Sí existe, pero la persona del deudor es distinta de aquella que paga” (G.J., t. L, pág. 181).
2. A lo anterior ha agregado, “el buen suceso de la acción de repetición del pago indebido, requiere básicamente la concurrencia de los siguientes elementos: a) Existir un pago del demandante al demandado; b) Que dicho pago carezca de todo fundamento jurídico real o presunto; y c) Que el pago obedezca a un error de quien lo hace, aun cuando el error sea de derecho”, y sobre esto siempre teniéndose en cuenta que “donde quiera que no se encuentre error de por medio en el pago, no se abre paso la condictio indebiti, denominación que en Roma recibió la acción que se viene comentando, pues (...) quien soluciona una deuda a sabiendas de que no es deudor, voluntariamente se está imponiendo un gravamen y no debe entonces quejarse” (G.J. CCXII, Nº 2451, págs. 258 y 259).
3. Sobre el último requisito conviene precisar, por corresponder a la hipótesis propuesta en la especie de este proceso, que así como el pago efectuado a sabiendas de que no existe la obligación, causa del mismo, no le abre paso a la repetición de lo pagado, pues puede constituir una donación; debe suceder lo contrario cuando quien paga se halla convencido de la existencia de aquella, no dándose ésta, caso en el cual el solvens queda perfectamente habilitado para invocar la acción de pago de lo no debido, pues su error emerge justamente de la falsa creencia de ser la obligación en el momento en que se propuso extinguirla.
En otras palabras, si quien hace el pago advierte en ese momento causa para pagar y así lo cree, sin haberla, puede una vez que detecte la verdadera ausencia de la misma deprecar la restitución de lo que resultó pagando indebidamente.
4. Lo dicho se aplica al caso presente: Mario Uribe, el demandante, pagó convencido de que de ese modo satisfacía el precio de una compraventa para él entonces existente, mas posteriormente dicho contrato fue declarado inexistente mediante sentencia judicial, cuyo inobjetable efecto declarativo se retrotrae al momento de la supuesta celebración del mismo; en otras palabras, la declaración judicial de inexistencia de dicho contrato vale tanto como si hubiera sido dictada en el preciso momento en que quiso celebrarse, por ende, arrasa con todos los efectos producidos en ese momento o posteriormente, incluido, claro está, el pago efectuado como consecuencia del mismo,
Síguese de lo anterior que como se declaró por sentencia judicial inexistente el contrato de compraventa que dio origen a la obligación, cuyo pago indebido es objeto de litigio, bajo la consideración de la falta absoluta de consentimiento de una de las partes contratantes, todos los efectos que haya podido producir ese acto jurídico desaparecieron, cuanto que no debieron darse; por consiguiente, el pago que se hizo con apoyo en él careció de causa; y los vestigios de la existencia del mismo, concretada en la previa ejecución material de parte de las prestaciones, no suprimen los efectos retroactivos de la susodicha sentencia declarativa de la inexistencia, la que antes bien deja sin piso a aquéllas. En esa medida, el error del demandante, quien pagó, justamente consistió en haber solucionado una obligación creyéndola existente, sin estarlo verdaderamente.
5. Desde esa perspectiva, no es cierto, como sostiene el impugnante, “que en el momento del pago la equivocación que afirma es imposible, precisamente porque entonces no existía sentencia alguna que arrasara con el contrato de venta”, pues, por el contrario, fue entonces cuando el solvens tuvo la creencia de estar pagando lo que se debía; lo contrario sería exigir que para que haya error el deudor o quien paga debe estar consciente de que lo está cometiendo, lo cual resulta ilógico; antes bien, puede afirmarse que justamente por la falta de tal sentencia en el momento del pago fue enteramente posible, incurrir en el error.
6. De otro lado, para definir lo anterior no incide para nada la discusión que propone el casacionista sobre la figura de la inexistencia de los actos jurídicos, y lo que significaría para este caso su asimilación, en el campo civil, al fenómeno de la nulidad absoluta, puesto que la declaración o el reconocimiento judicial de la primera destinado a dejar sin efectos la compraventa celebrada entre Cine Colombia e Inversiones Malibú no es objeto de discusión aquí, incluso así lo advierte el censor cuando dice, así sea a regañadientes, que la inadecuada solución plasmada en las referidas sentencias previas es hoy indiscutible.
7. Desde ese punto de vista, al sentenciador no le era dable desentenderse de tan precisa declaración judicial previa de inexistencia del contrato de compraventa, cuyas obligaciones fueron la base del pago aquí disputado, ni le era posible revivir un debate ya concluido; además, el punto de controversia planteado por el censor —después de aceptar, como se dijo, que la presencia de ese fallo dictado antes no admite discusión—, se hace radicar esencialmente en que éste se profirió después de efectuado el pago, cuestionamiento al cual ya se dio respuesta en párrafos precedentes.
8. De acuerdo con lo expresado no se da el quebranto de las normas sustanciales reseñadas en el cargo, y, por consiguiente, éste no alcanza prosperidad.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 10 de diciembre de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario promovido por Mario Uribe Isaza contra Cine Colombia S.A.