Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A321-08.htm
Timestamp: 2017-11-21 21:29:03
Document Index: 2993436

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 8', 'Artículo 218']

A321-08
Auto 321/08
ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia
SOLICITUD DE ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia en el caso de la sentencia SU-484 de 2008
Referencia: expediente ICC-1280
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil ocho (2008)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al aparente conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por el señor Víctor Manuel Peña Grandett contra la Policía Nacional.
1. El señor Víctor Manuel Peña Grandett interpuso acción de tutela contra la Policía Nacional, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y mínimo vital. Manifiesta que fue destituido de dicha institución sin la observancia del debido proceso, por lo cual solicita en su demanda de tutela que se ordene como medida transitoria el reintegro al cargo que venía desempeñando, mientras se resuelve la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa en el Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla.
2. La acción de tutela correspondió por reparto a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien mediante auto del diecinueve (19) de junio de dos mil ocho (2008) ordenó remitir la acción de tutela al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, tras considerar que de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y por respeto a la especialidad fijada por el accionante en la demanda de tutela, dicha corporación judicial es la competente para resolver la acción constitucional.
3. En cumplimiento del auto del diecinueve (19) de junio de dos mil ocho (2008) la oficina judicial remitió la acción de tutela a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico para lo de su competencia. Sin embargo, dicha corporación propone conflicto negativo de competencia mediante auto del tres (3) de julio de dos mil ocho (2008) manifestando que la autoridad judicial competente para conocer de la presente acción es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 18 del 12 de marzo de 2008 emanado del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.
4. Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla mediante auto del siete (7) de Julio de dos mil ocho (2008) acepta el conflicto de competencia propuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico. Considera que para efectos del reparto de las acciones de tutela se debe tener en cuenta la competencia fijada a prevención por el accionante de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y con lo expuesto por el máximo órgano de la jurisdicción Constitucional en repetidas oportunidades.
5. Así, mediante oficio T-344 del nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), la secretaria de la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, remitió las presentes diligencias a la Corte Constitucional, por ser esta corporación la encargada de resolver el conflicto de competencia.
2. La Corte recuerda en esta materia que el Gobierno expidió el Decreto 1382 de 2000, estableciendo las reglas para el reparto de la acción de tutela. Esta Corte en auto de Sala Plena de 26 de septiembre de 2000, al resolver sobre un conflicto de competencia en el expediente ICC-118, dispuso la inaplicación de dicho decreto reglamentario por resultar incompatible con los mandatos superiores constitucionales, en especial el artículo 86 de la Carta, aplicando así la figura de la excepción de inconstitucionalidad con efectos _nternares. Decisión que vino a ser reiterada en numerosas oportunidades hasta el auto de la Sala Plena de 27 de febrero de 2001, correspondiente al expediente ICC-235, donde se dio efectos _nternares a la inaplicación de dicho decreto reglamentario. Con posterioridad, el 14 de marzo de 2001, el Gobierno mediante Decreto 404 de 2001, decidió suspender por 1 año la vigencia del Decreto 1382 de 2000, en espera de que el Consejo de Estado resolviera sobre la legalidad del mismo.
5. Analizada la controversia procesal planteada, la sala encuentra que la acción de tutela se presentó contra la Policía Nacional. Es importante advertir que dicha autoridad es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz[3]. Adicionalmente la ley 62 de 1993 en su artículo 9 estableció que dicha entidad se encuentra subordinada al Presidente de la República, el cual ejerce esa función administrativa a través del Ministerio de Defensa y el Director General de la Policía. Además estableció el artículo 10 de la misma normatividad que “para los efectos de dirección y mando la policía nacional depende del ministerio de defensa.
Así pues, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que consagra “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad del orden nacional, (…) serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia a los Tribunales Superiores de Distrito judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura”(negrilla fuera de texto), se concluye, que las dos autoridades judiciales involucradas en el presente conflicto eran competentes para conocer de la demanda de tutela.
Sin embargo, la Corte ha señalado que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 estableció una competencia “a prevención”, la cual queda determinada por la libre elección que el tutelante realice entre jueces de diferentes especialidades (penales, laborales, civiles, etc.) que sean competentes para conocer del proceso. Entonces, como dicho decreto no distingue la clase de jueces que se ocuparan de las acciones de tutela, el accionante tiene la posibilidad de elegirlo, sin perjuicio del factor territorial y de la posibilidad de un eventual desarrollo de una segunda instancia[4].
Así las cosas, la Sala considera que la corporación que debe asumir el conocimiento de la acción de tutela es el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, pues teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial señalado, dicha corporación fue la escogida por el accionante en su escrito de tutela para conocer de la acción constitucional. En consecuencia, se remitirá el expediente a ese organismo judicial para que tramite el asunto y resuelva sobre la protección de los derechos fundamentales invocados en la demanda. Adicionalmente, se comunicará la decisión adoptada por la Sala Plena de esta Corporación, al ente judicial involucrado en el presente conflicto de competencia.
PRIMERO: REMITIR el expediente al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
SEGUNDO: Comuníquese a la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, lo aquí resuelto.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 321 DE 2008
Referencia: ICC-1280
Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[5] Dice así la disposición citada:
[3] Artículo 218 de la Constitución Política de Colombia
[4] Auto 016 de 1994, Sala Plena, M.P. Jorge Arango Mejía.
[5] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad .