Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1997-2885-de-abril-25-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c148d87689060062e0430a0101510062&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-17 15:38:26
Document Index: 225551416

Matched Legal Cases: ['artículo 185', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 299', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 175', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1777', 'artículo 178', 'artículo 55', 'artículo 115', 'artículo 37', 'artículo 16', 'artículo 178', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 175', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 357', 'Artículo 177', 'Artículo 175', 'Artículo 177', 'Artículo 175']

﻿ Sentencia 1997-2885 de abril 25 de 2012
SENTENCIA 1997-2885 DE 25 DE ABRIL DE 2012
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES. PARA LA TASACIÓN Y LIQUIDACIÓN EL JUEZ SE SUJETA AL CRITERIO DETERMINANTE DE LA INTENSIDAD DEL DAÑO, QUE USUALMENTE SE DEMUESTRA CON BASE EN LAS PRUEBAS TESTIMONIALES LAS CUALES ARROJAN UNA DESCRIPCIÓN SUBJETIVAS DE QUIENES, POR LAS RELACIONES FAMILIARES, AFECTIVAS, DE CERCANÍA, CONOCIMIENTO O AMISTAD DEPONEN EN LA CAUSA, RESTANDO OBJETIVIDAD A LA DETERMINACIÓN DE DICHA VARIABLE CUYA COMPLEJIDAD, EXIGE LA CONSIDERACIÓN DE MÍNIMOS OBJETIVOS PARA LA TASACIÓN PROPORCIONAL, PONDERADA Y ADECUADA DE LOS PERJUICIOS MORALES, SIN QUE SE CONSTITUYA UNA TARIFA LEGAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, TESTIMONIO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES
Sentencia 1997-2885 de abril 25 de 2012
Rad. 68 001 23 15 000 1997 2885 01 (22926)
Actor: Jorge Chinchilla Corredor y otros
1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de 17 de abril de 2001, mediante la cual se accedieron parcialmente a las súplicas de la demanda.
2. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub júdice, teniendo en cuenta que la pretensión mayor, referida en la demanda a los perjuicios materiales, por concepto de lucro cesante(3), excedía la cuantía mínima exigida para que opere la doble instancia, en aplicación del Decreto 597 de 1988.
3. El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte actora en el recurso de apelación(4), específicamente porque a) no se comparte la tesis del a quo según la cual el perjuicio moral a los hermanos mayores del lesionado debían probarse; y, porque b) no se comparte la negación de la indemnización a la compañera permanente del lesionado.
3 En cuanto a las pruebas que la Sala valorará, se advierte que se allegó copia del proceso penal adelantado por el Ejército Nacional - Quinta Brigada - juzgado 100 de instrucción penal militar, a solicitud de la parte demandada. Teniendo en cuenta esto, la Sala con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada se sostiene en el argumento jurisprudencial continuado según el cual cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, requisitos que se cumplen en el presente, por lo cual se considera que la prueba fue plenamente conocida y aceptada por la parte demandante, quien, además, planteó sus razonamientos de defensa con fundamento en dicha prueba.
En este sentido, la Sala sostiene que cuando el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiesen sido solicitadas por ambas partes, en este caso por la demandada, las mismas podrán ser valoradas y apreciadas, pese a que su práctica se hubiera producido sin citarse o intervenir alguna de aquellas en el proceso de origen y, no hayan sido ratificadas en el proceso al que se trasladan, ya que se puede considerar contrario a la lealtad procesal “que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(5).
Cuando se trata de prueba documental, específicamente, se podrá trasladar de un proceso a otro en original (evento en el que se requerirá el desglose del proceso de origen y que se cumpla lo exigido en el art. 185 del CPC), o en copia auténtica (evento en el que se deberá cumplir lo consagrado en los arts. 253 y 254 del CPC).
De esta manera, la Sala valorará las pruebas practicadas dentro del proceso contencioso administrativo y aquellas trasladadas del proceso de instrucción penal militar, conforme a los fundamentos señalados.
5. Al expediente fue allegado oportunamente y cumpliendo las exigencias legales para tener valor probatorio los siguientes elementos:
i) Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de las siguientes personas:
a) Luz Stella Pinzón, hija de Martha Hermelina Pinzón Carreño y nacida el 10 de mayo de 1980 (fl. 5, cdno. 1).
b) Alba Yaneth Chinchilla Corredor, hija de María Leonor Corredor y de Juan Chinchilla Durán, y nacida el 15 de diciembre de 1968 (fl. 6, cdno. 1).
c) Flor Ángela Chinchilla Corredor, hija de María Leonor Corredor y de Juan Chinchilla Durán, y nacida el 8 de enero de 1970 (fl. 7, cdno. 1).
d) Miguel Chinchilla Corredor, hijo de María Leonor Corredor y de Juan Chinchilla Durán, y nacido el 8 de enero de 1971 (fl. 8, cdno. 1).
e) Jorge Chinchilla Corredor, hijo de María Leonor Corredor y de Juan Chinchilla Durán, y nacido el 28 de octubre de 1972 (fl. 9, cdno. 1).
f) Jorge Armando Chinchilla Pinzón, hijo de Luz Stella Pinzón y de Jorge Chinchilla Corredor, y nacido el 29 de enero de 1997 (fl. 10, cdno. 1).
g) Juan Sebastián Chinchilla Pinzón, hijo de Luz Stella Pinzón y de Jorge Chinchilla Corredor, y nacido el 12 de diciembre de 1995 (fl. 11, cdno. 1).
ii) Se presentaron dos declaraciones extrajuicio rendidas ante notario:
a) Acta de la declaración rendida ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga por Hildo Cárdenas Castillo, el 12 de marzo de 1997, en la que expresó:
“... Conozco a los señores Jorge Chinchilla Corredor y (sic) Luz Stella Pinzón, desde hace diez años aproximadamente, tiempo durante el cual hemos mantenido relación de amistad.
Me consta que entre Jorge Chinchilla Corredor y Luz Stella Pinzón existe una sociedad marital de hecho desde aproximadamente 3 años y conviven a manera de esposa bajo el mismo techo.
El señor Jorge Chinchilla Corredor con su trabajo proveía las necesidades de Luz Stella Pinzon (sic) y la de sus hijos Juan Sebastian y (sic) Jorge Armando Chinchilla Pinzón habidos en esa unión” (fl. 12 ambas caras, cdno. 1).
b) Acta de la declaración rendida ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga por Manuel Enrique Álvarez Pinzón, el 14 de marzo de 1997, en la que manifestó:
“... Conozco a los señores Jorge Chinchilla Corredor y (sic) Luz Stella Pinzón, desde hace cinco años aproximadamente, tiempo durante el cual hemos mantenido relación de amistad debido a que Luz Stella fué (sic) mi empleada.
El señor Jorge Chinchilla Corredor con su trabajo proveía las necesidades de Luz Stella Pinzon (sic) y la de sus hijos Juan Sebastian y (sic) Jorge Armando Chinchilla Pinzón habidos en esa unión” (fl. 13 ambas caras, cdno. 1).
iii) Certificado del matrimonio celebrado entre Juan Chinchilla Durán y María Leonor Corredor (fl. 14, cdno. 1).
iv) Oficio 108, de 8 de septiembre de 1997, de la procuradora judicial 17, de asuntos administrativos, por medio del cual se allegó “los oficios 2014 del Batallón de Infantería Nº 14 Ricaurte, 2869 de la procuraduría metropolitana y 133 de la estación de policía de Lebrija, en los que se comunica que revisado (sic) los archivos de dichas dependencias no se encontró anotación alguna sobre investigación adelantada por las heridas en el particular Jorge Chinchilla Corredor” (fl. 26, cdno. 1). Luego se allegó:
a) Oficio 2014/BR5-BIRIC-ODH-743, de 21 de julio de 1997, del comandante del Batallón de Infantería 14 “Ricaurte”, en el que se informó “que para el día 14 de septiembre de 1996 se encontraba una patrulla del Batallón de Infantería 40 Luciano D’el Huyer agregada temporalmente al Batallón Ricaurte, la cual estaba ubicada en el corregimiento de la Renta para control del área. Las circunstancias en las cuales resulto (sic) herido el particular Jorge Chinchilla Corredor no es posible suministrárselas ya que dentro de los archivos de esta unidad no aparece ningún informe al respecto. No se adelantó investigación penal o disciplinaria contra el señor SS Gómez Zanabria Jorge comandante de la contraguerrilla y cuyo indicativo era Artico” (fl. 27, cdno. 1).
b) Oficio 2869, de 14 de julio de 1997, de la secretaria encargada de la procuraduría metropolitana de Bucaramanga, en la que se informó “que revisados los libros radicadores de esta oficina, no se encontró investigación disciplinaria, con lo relacionado a los hechos que resultó herido Jorge Chinchilla Corredor, por militares (sic) que cumplian (sic) un operativo (sic) en la región “La Renta” Jurisdicción (sic) del Municipio (sic) de Lebrija el pasado 14 de Septiembre (sic) de 1996” (fl.28 c1).
c) Oficio 133 ESLEB, de 26 de junio de 1997, del comandante de la estación de Lebrija, del departamento de policía Santander, en el que se informó “que revisados los libros que se llevan esta (sic) Unidad no se registra anotación alguna sobre los hechos sucedidos el día 140996 en el sitio la Renta, donde resultara herido el señor Jorge Chinchilla Corredor. Es para su conocimiento que dicho sitio queda ubicado fuera del perímetro urbano y nosotros no estamos autorizados para trasladarnos hasta ese lugar por medidas de seguridad” (fls. 29 y 30, cdno. 1).
v) Comunicación, de 23 de enero de 1998, del gerente de la Clínica Santa Teresa Ltda. de Bucaramanga, con la que se remitió las “copias completas de la Historia (sic) Clínica (sic) de del (sic) Señor (sic) Jorge Chinchilla Corredor, quien fue atendido en nuestra Institución” (fl. 51, cdno. 1). Se allegó:
a) Hoja de signos vitales (fl. 52, cdno. 1).
b) Hoja de evolución en la que se consignó:
“Nota de ingreso
Sept. 15-96 3 p.m.
Paciente de de (sic) edad quien ayer a las 10 a.m. recibe un tiro en parte superior de pierna derecha fué (sic) enviado inicialmente al hospital de Barranca, de donde lo remiten en la noche al Hospital Gonzalez (sic) Valencia, de donde se retira hoy voluntariamente.
Ha recibido Biogenta (sic), antitoxina tetanica (sic), toxoide tetánico, penicilina (ilegible).
Ingresa en buen estado general, con ferula (sic) en miembro inferior derecho.
Rx fractura (ilegible) en tercio superior de la pierna que lesiona tibia y peroné.
Se hospitaliza” (fl. 53, cdno. 1).
c) Hoja de órdenes médicas (fl. 54, cdno. 1).
d) Resumen de la historia clínica en la que se indicó,
“... Historia clínica:
Frac (sic) abierta conminutiva proxima tibia D (sic) x (sic) arma de fuego sept. (sic) 14/96
Fract (sic) abierta proxima tibia D (sic)
Fecha Sept 16/96 (...)
Lavado quirurgico (sic) pen (sic) agua oxigenada (...) sutura piel...” (fl. 55, cdno. 1).
vi) Oficio 033-98-GA-DNO, de 23 de enero de 1998, de la sección de archivo del departamento de clínica forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, regional nor-oriente, con el que se remitió la copia auténtica “del reconocimiento médico legal # 8242-96, practicado a Jorge Chinchilla Corredor”. Luego, se allegó:
a) Reconocimiento Nº 8242, de 19 de septiembre de 1996, realizado a Jorge Chinchilla Corredor en la que se consignó,
“... Examinado en la Clínica Santa Teresa a las 18:50 horas, se revisa la historia donde figura como diagnóstico: fractura abierta conminuta proximal tibia der (sic) x (sic) arma de fuego.
Inmovilización de pierna derecha por tutor externo.
Elemento causal: proyectil (sic) arma de fuego.
Incapacidad médico legal provisional de cincuenta y seis (56) días” (fl. 57, cdno. 1).
vii) Oficio 2070, de 11 de febrero de 1998, del jefe de grupo de criminalística e identificación del Departamento Administrativo de Seguridad, seccional DAS Santander, en el que se informó que Jorge Chinchilla Corredor “no aparece registrado” en los archivos de dicha entidad (fls. 59 y 60, cdno. 1).
viii) Testimonio rendido por Ambrosio Ríos en el que afirmó,
“... Pues nosotros veníamos bajando a la carretera con una maleta de plátano en esas ya bajaba adelantico de la carretera antes de nosotros bajar y esas escuchamos un plomeo que hubo y en esas yo estaba en la carretera y o hirieron y yo al ver eso yo me bote (sic) a tierra al ver el plomeo desde ahí yo cogí el rastreo y me perdí para la casa (...) Cuando me dijo Jorge que lo habían herido, que fuera ayudarle a quitarle la bota y yo dije no donde se forme el plomeo otra vez (...) Preguntado: Conoce usted al señor Jorge Chinchilla Corredor Responde: Sí. Preguntado: Porque (sic) lo conoce: Responde: Lo conozco hace seis años y somos amigos (...) Preguntado: a usted le consta si el demandante, vive, tiene hijos (sic): Responde: El (sic) esta vivo. Tiene señora y dos hijos. El (sic) ahora no puede trabajar y antes trabajaba en la finca que tenia (sic) y ahorita habita en la casa” (fls. 61 y 62, cdno. 1).
ix) Testimonio rendido por Mónica Ríos (fls. 65 a 69, cdno. 1).
x) Oficio 1107/BR5-J109IPM-746, de 14 de diciembre de 1998, del juez 109 de inspenal militar en el que se informó “que la investigación adelantada por los hechos acaecidos el 14-SEP-96 en el sitio la Renta en los que resultó lesionado el señor Jorge Chinchilla Coredor (sic), cursa en este juzgado bajo el Nº 215, en averiguación de responsables”, dejando a disposición del despacho las preliminares (fl. 83, cdno. 1).
xi) Dictamen médico laboral pericial número M.L 016, de 11 de febrero de 1999, realizado por el médico laboral de la división de empleo y seguridad social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que se consignó,
“... Después de revisar el respectivo expediente, de examinar al paciente y practicando una completa historia clínica podemos concluir (...) sufrió lesión por herida de arma de fuego el 14 de septiembre de 1996, presentando ingreso de proyectil por la región poplitea del miembro inferior derecho con orificio de salida por la cara anterior de la tibia, ocasionando fractura tibial abierta y lesión neurológica que dejó secuela pie caído derecho. Fue atendido inicialmente en el Hospital de Barranca y remitido posteriormente a la Clínica Santa Teresa donde requirió manejo quirúrgico con osteosíntesis con injertos oseos (sic) por parte del Médico (sic) Ortopedista (sic) Ernesto Suescún, permaneció hospitalizado durante un mes y al actual examen físico se observa dificultad para la marcha ocasionada por su injuria neurológica periferica (sic) que le quita fuerza muscular del miembro inferior derecho y requiere el uso de ferula (sic) permanente para pie caído (sic). Presenta discapacidades para caminar, subir, correr, desniveles, escaleras, arrodillarse, agacharse, postural, del control del píe (sic), del control del cuerpo, de la resistencia, de la ejecución.
En base a lo anterior y teniendo en cuenta los criterios de deficiencia, discapacidad y minusvalía (...) este despacho dictamina que el señor Jorge Chinchilla Corredor presenta una disminución de su capacidad laboral funcional global o incapacidad permanente parcial de 23.50% de origen común traumático y discriminados así: Deficiencia: 14.00%, Discapacidad: 3.00% y Minusvalía: 6.50%. Este porcentaje equivale a 11.5 meses ingreso base de liquidación como monto de la indemnización” (fls. 88 a 91, cdno. 1).
xii) Oficio 034/DIV2-BR5-J33-IPM-842, de 12 de septiembre de 2000, del juez 33 de instrucción penal militar, por medio del cual se remitieron las copias auténticas “de la indagación preliminar 215 por delito de lesiones personales contra averiguación responsables” en 240 folios (fl. 99, cdno. 1).
6. Para la Sala cabe formular dos problemas jurídicos: ¿cabe reconocer, tasar y liquidar los perjuicios morales reclamados a favor de los hermanos de la víctima?; y, ¿cabe reconocer, tasar y liquidar los perjuicios reclamados a favor de Luz Stella Pinzón quien afirma ser la compañera permanente del lesionado?
5.1. Perjuicios morales a favor de los hermanos del lesionado.
7. La parte actora solicitó el reconocimiento de perjuicios morales a favor de todos los actores, esto es de Jorge Chinchilla Corredor (lesionado), Luz Stella Pinzón (compañera), Juan Sebastián Chinchilla Pinzón (hijo), Jorge Armando Chichilla Pinzón (hijo), María Leonor Corredor (madre), Miguel Chichilla Corredor (hermano), Alba Yaneth Chinchilla Corredor (hermana) y Flor Ángela Chinchilla Corredor (hermana).
En el acervo probatorio se aportó como prueba para el reconocimiento de los perjuicios morales copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de las siguientes personas: Luz Stella Pinzón, hija de Martha Hermelina Pinzón Carreño y nacida el 10 de mayo de 1980 (fl. 5, cdno. 1); Alba Yaneth Chinchilla Corredor, hija de María Leonor Corredor y de Juan Chinchilla Durán, y nacida el 15 de diciembre de 1968 (fl. 6, cdno. 1); Flor Ángela Chinchilla Corredor, hija de María Leonor Corredor y de Juan Chinchilla Durán, y nacida el 8 de enero de 1970 (fl. 7, cdno. 1); Miguel Chinchilla Corredor, hijo de María Leonor Corredor y de Juan Chinchilla Durán, y nacido el 8 de enero de 1971 (fl. 8, cdno. 1); Jorge Chinchilla Corredor, hijo de María Leonor Corredor y de Juan Chinchilla Durán, y nacido el 28 de octubre de 1972 (fl. 9, cdno. 1); Jorge Armando Chinchilla Pinzón, hijo de Luz Stella Pinzón y de Jorge Chinchilla Corredor, y nacido el 29 de enero de 1997 (fl. 10, cdno. 1); Juan Sebastián Chinchilla Pinzón, hijo de Luz Stella Pinzón y de Jorge Chinchilla Corredor, y nacido el 12 de diciembre de 1995 (fl. 11, cdno. 1). Así mismo, se aportó certificado del matrimonio celebrado entre Juan Chinchilla Durán y María Leonor Corredor (fl. 14, cdno. 1).
8. El tribunal, por su parte, negó el reconocimiento de los perjuicios morales en cabeza de los hermanos porque no se acreditaron las relaciones afectivas de estos con el lesionado, teniendo en cuenta que se trata de personas mayores de edad para la época de los hechos y de la decisión de primera instancia.
9. La Sala, después de revisados los elementos probatorios que acreditan el parentesco de Miguel, Alba Yaneth y Flor Ángela Chinchilla Corredor aportados oportunamente y en copia auténtica, tiene, contrario a lo argumentado en primera instancia, por demostrado los perjuicios morales en cabeza de los hermanos con ocasión de las lesiones sufridas por Jorge Chinchilla Corredor, dado que aplicando las reglas de la experiencia, y en las circunstancias violentas en las que ocurrieron, hace presumir que los parientes cercanos (que conforman su núcleo familiar), como los hermanos, debieron afrontar un profundo dolor, angustia y aflicción, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad y del individuo está la de hacer parte de una familia como espacio básico de toda sociedad. En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera indica:
“Las reglas de la experiencia, y la práctica científica(6) han determinado que en la generalidad, cuando se está ante la pérdida de un ser querido, se siente aflicción, lo que genera el proceso de duelo. Razón por la cual la Sala reitera la posición asumida por la corporación en la sentencia de 17 de julio de 1992(7) donde sobre el particular, y con fundamento en la Constitución, se analizó el tópico, así:
En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles. Ocurre sin embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2º, señala que Colombia como Estado social de derecho que es, tiene como fines esenciales el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma; también el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica (sic) y la vigencia de un orden justo.
Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que ‘se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla’. Y agrega que ‘Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes’ (subrayas fuera de texto).
1º. Los descendientes legítimos;
‘La familia comprende (además del habitador cabeza de ella) a la mujer y a los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aún (sic) cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución’.
Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien’(8) (negrillas de la Sala)”(9).
10. Cabe agregar, que en el proceso las entidades demandadas no desvirtuaron en ningún momento la presunción de aflicción causada a los demandantes, especialmente a los hermanos, por las lesiones ocasionadas Jorge Chinchilla Corredor, lo que lleva a concretar la existencia de los perjuicios morales en cabeza de todos y cada uno de aquellos.
11. Así mismo, constata la Sala que la Corte Constitucional en la Sentencia T-934 de 14 de diciembre de 2009 se pronunció afirmando la procedencia del reconocimiento de la indemnización de los perjuicios morales a los hermanos de una víctima o lesionado, con fundamento en los siguientes argumentos:
“Ciertamente, en reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado acogió los planteamientos que aparecen en la Sentencia citada por el Tribunal Administrativo de Nariño para negar el reconocimiento de la indemnización por perjuicios morales a los hermanos mayores de la víctima.
Así por ejemplo, en Sentencia del 21 de febrero de 1985 se indicó que no cabía el reconocimiento de perjuicios morales a los hermanos mayores de la víctima, pues, ‘según lo dicho en jurisprudencia de la Sección, debían acreditar además del parentesco, otras circunstancias indicativas que permitan inferir el dolor’(10). Otro tanto fue expuesto en sentencia de 13 de septiembre de 1999, en la cual se lee que ‘los perjuicios morales se presumen únicamente entratándose (sic) de padres, hijos, cónyuge y hermanos menores, pues en relación con los hermanos mayores, se requiere la demostración plena de la relación afectiva que existe entre estos y la víctima’(11) e idéntico criterio fue empleado en sentencia de 21 de octubre de 1999, de acuerdo con cuyo tenor los perjuicio morales ‘se presumen entratándose (sic) de padres, hijos, cónyuge y hermanos menores, requiriéndose la demostración plena de la relación afectiva únicamente respecto de los hermanos mayores’(12).
Con base en la tesis expuesta únicamente había lugar a ordenar la indemnización por perjuicios morales a favor de los hermanos mayores cuando se acreditaran ‘fehacientemente otras circunstancias’ que permitieran ‘inferir el dolor que les causó la muerte de su pariente, que no son otras que la relación de afecto existente entre ellos’(13) y se negaba cuando no obraba dentro del informativo ‘ni un solo testimonio’ que permitiera vivenciar que los hermanos del occiso ‘hubiesen sufrido un perjuicio moral, pues no se acreditó que vivieran bajo el mismo techo con el finado (...) o que tuvieran unas especiales relaciones afectivas con este’(14) o que existieran ‘vínculos de colaboración’ y ‘se prestaran mutuo socorro y auxilio’(15).
6.2. Así pues, no bastaba ‘para el efecto la simple prueba del parentesco’(16). Sin embargo, un repaso de la jurisprudencia permite sostener que en la Sección Tercera se abrió paso una tesis contraria. Así por ejemplo, en salvamento de voto a sentencia de 10 de enero de 2000, la consejera María Elena Giraldo Gómez consignó que no compartía ‘la afirmación de que no hay lugar a indemnización por perjuicios morales para hermanos mayores de 18 años porque no probaron otros hechos distintos al parentesco que dan lugar a la demostración del perjuicio moral’(17).
6.3. El asunto fue objeto de debate, como lo reconoció la propia Sección Tercera al señalar que ‘si bien en la actualidad no hay espacio para albergar duda en torno al tema de la prueba del daño moral en el caso de la muerte de un ser querido, en el pasado tal tema sí fue objeto de fluctuación jurisprudencial tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Suprema de Justicia’(18). Tratándose del Consejo de Estado, tras indicar que ‘respecto de la prueba de los perjuicios morales - subjetivos, no ha existido uniformidad jurisprudencial, en sentencia de 27 de enero de 2000, se expuso:
‘Mientras la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo estima que se presumen en tratándose de padres, hijos, cónyuge y hermanos menores y exige que, respecto de los hermanos mayores, se pruebe la relación afectiva, la Sección Tercera, en un primer momento, consideró que la base indiscutible del perjuicio moral subjetivo solo puede ser el amor y el afecto que sentían los demandantes por la víctima, sentimientos que, unidos al parentesco, hacían presumir el dolor que les causó su desaparición. En relación con los hermanos, independientemente de la edad, se dijo que debían acreditar las condiciones de convivencia y familiaridad con el occiso, mientras que el daño moral subjetivo, se presumía con la sola prueba del parentesco cuando se trataba de padres, hijos y cónyuge. En sentencia del 17 de julio de 1992, la Sección modificó la tesis respecto de los hermanos de la víctima, consagrando en su favor la presunción del perjuicio moral, pues resultaba injusto aceptarla, en unos casos, con fundamento en el vínculo familiar y a renglón seguido exigir, para otros, una prueba específica de lazos afectivos’(19).
En la citada sentencia de 17 de julio de 1992 el cambio de jurisprudencia fue justificado mediante la alusión a los fines del Estado, previstos en el artículo 2º de la Constitución y al concepto constitucional de familia, establecido en el artículo 42 superior, en concordancia con los artículos 61 y 874, ordinal 3º, del Código Civil relativos, en su orden, ‘al concepto amplio de familia, como aquellos parientes próximos de una persona’ y a la familia nuclear, de todo lo cual se dedujo que ‘la familia, para fines de las controversias indemnizatorias, está constituida por un grupo de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos de consanguinidad o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer grados señalados en varias disposiciones legales en nuestro medio’(20).
Para concluir, en la providencia glosada se precisó que la corporación variaba ‘su anterior posición jurisprudencial’, pues ninguna razón justifica ‘que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos’ y se añadió que se presumía que el daño antijurídico causado a una persona ‘genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales’, presunción de hombre que puede ser desvirtuada por la administración, cuando demuestre que ‘las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se han tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente’(21).
6.4. La comentada presunción se basa en las ‘reglas de la experiencia’ que permiten presumir ‘que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad’(22). En este sentido se ha señalado que ‘es lo corriente que los padres, los hijos y los hermanos se amen entre sí, y por lo tanto, que sufran los unos con la desaparición de los otros’(23).
6.5. En este orden de ideas, el parentesco ‘puede constituir indicio suficiente de la existencia, entre los miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan los unos con la desaparición o el padecimiento de los otros’(24). Así, en el caso de los hermanos de la víctima, la presunción elaborada para efectos de demostrar el perjuicio moral, se funda ‘en un hecho probado’, cual es ‘la relación de parentesco’, pues a partir de ella y ‘con fundamento en las reglas de la experiencia, se construye una presunción que permite establecer un hecho distinto, esto es, la existencia de relaciones afectivas y el sufrimiento consecuente por el daño causado a un pariente, cuando este no se encuentra probado por otros medios dentro del proceso’(25).
6.6. Como consecuencia de la tesis acogida, reiteradamente la Sección Tercera ha estimado que ‘bastan, entonces, las pruebas del estado civil aportadas al proceso, para que esta sala considere demostrado, indiciariamente, el daño moral reclamado por los demandantes’(26), de modo que la condición de hermano de la víctima queda ‘debidamente acreditada’ por los registros civiles(27) que permiten establecer el parentesco y dar por probado el perjuicio moral(28).
7.2. Según se acaba de ver, en la mencionada Sección ha habido un cambio en la orientación de la jurisprudencia y la variación ha comportado el paso de la exigencia de demostrar los vínculos de afecto que unían a los hermanos a la sola exigencia de demostración del parentesco mediante los registros civiles, habida cuenta de que, en atención a las reglas surgidas de la experiencia, es posible presumir que los hermanos se profesan afecto y que el daño causado a alguno aflige a los otros.
7.3. En las condiciones anotadas, resulta fácil concluir que la tesis adoptada en la sentencia cuestionada mediante el ejercicio de la acción de tutela corresponde a la posición abandonada por el Consejo de Estado y que, debido a ello, el Tribunal Administrativo de Nariño desconoció la jurisprudencia vigente, pues solo ordenó la indemnización por perjuicios morales a favor de la madre del soldado profesional Hugo Hernández, mas no a favor de sus hermanos, a quienes descartó por ser mayores de edad y no haber probado especiales lazos de afecto con la víctima.
7.4. Ciertamente el Consejo de Estado como máxima autoridad judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la función de unificar la jurisprudencia en su respectivo ámbito y, por esa razón, los precedentes que fije en desarrollo de su labor de unificadora deben ser acatados por los tribunales y jueces de inferior jerarquía”(29).
12. Ahora bien, acreditado el reconocimiento de los perjuicios morales a los hermanos del lesionado Jorge Chinchilla Corredor, la Sala debe examinar la tasación y liquidación de los perjuicios para lo que, en principio, sí cabe exigir una mínima carga probatoria a los demandantes que permitan al juez, dentro de su arbitrio judicial, determinar la cuantía a indemnizar.
13. Debe partirse de concebir el perjuicio moral con un carácter inconmensurable, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, lo que exige que su tasación no obedezca a criterio alguno de compensación. En ese sentido, se señala,
“En torno al perjuicio moral es de recordar que su indemnización no obedece a un criterio compensatorio, desde luego que la vida humana es inconmensurable, sino a uno satisfactorio, destinado a mitigar en lo posible la enorme pena que en el fondo queda ante la ausencia de un ser amado, razón por la cual en a su apreciación han de considerarse el dolor de quien lo sufre, la intensidad de su congoja, la cercanía con el ser perdido, entre otras cosas, para con cimiento en la equidad arribar al más justo valor, distante por lo general de la matemática exactitud con que se escruta el daño material”(30).
14. Con base en las anteriores premisas, el juez contencioso administrativo está llamado a considerar, dentro de su arbitrio judicial, en su apreciación criterios como i) el dolor sufrido, ii) la intensidad de la congoja; iii) la cercanía con el ser perdido, para fundado en el principio de equidad alcanzar una cuantificación y liquidación justa de su indemnización.
15. Lo anterior, significa que el arbitrio judicial en materia de tasación y liquidación de los perjuicios morales no está sujeto a imposiciones jurisprudenciales, ni a limitaciones conceptuales, menos a aquellas con las que pueda socavarse no solo su libre ejercicio por el juez, sino que se condicione de tal manera que se convierta una construcción jurisprudencial en precedente cuando no tiene dicho alcance, implicando, además, en el fondo la generación de desigualdades e, incluso, de discriminaciones.
16. De ahí, pues, que como manifestación del arbitrio judicial se emplea (sin convertirse en regla normativa) la metodología del test de proporcionalidad, que busca como objetivos: i) que haya una acreditación o prueba mínima del perjuicio moral en cabeza de los demandantes, sin que sea suplida por la simple presunción jurisprudencial de aflicción o, por las reglas de la experiencia del juzgador (suficientes para el reconocimiento del perjuicio, pero no para la tasación y liquidación), sino que debe reunir la mayor cantidad de elementos posibles a valorar, advirtiéndose las limitaciones que tiene el juez para tasar en cabeza de qué personas cabe afirmar una mayor intensidad del dolor moral o aflicción, que en otras; así mismo, ii) se busca la aplicación, en sede del contencioso administrativo, del principio de proporcionalidad(31), el cual no está vedado o prohibido de aplicación, ni se puede considerar solamente como una herramienta para resolver las tensiones constitucionales entre derechos, intereses y principios, sino que cabe afirmarlo, a partir del sub-principio de ponderación y del principio de la razonabilidad, en sede de la tasación y liquidación de los perjuicios morales, de tal manera que el juez oriente su raciocinio desde una perspectiva jurídica, con mínimos criterios objetivos, como por ejemplo: i) núcleo familiar; ii) relaciones afectivas; iii) relaciones de cercanía (no solo material, sino desde la perspectiva de las relaciones que se logre establecer existía entre los miembros de la familia de la víctima o lesionado), y otras inherentes al concepto de familia, si que tenga la necesidad de acudir a discursos sociológicos, psicológicos o de otro orden(32) que solo contribuyen a distorsionar el papel del juez al momento de la tasación y liquidación de los perjuicios morales, y a crear desigualdades propias de la visión subjetiva que desde la posición del juez intenta establecer “in abstracto” un valor genérico del perjuicio moral que cabe indemnizar en los diferentes eventos en los que queda acreditado el daño antijurídico y la imputación.
17. La aplicación del “test de proporcionalidad”, como metodología en el ejercicio del arbitrio iudicis, tiene sustento constitucional y permite afrontar la crítica según la cual en el “Estado de bienestar (estadio en el que se encuentra implicado el Estado social de derecho como modelo en el cual se encuentra nuestra Nación) había provocado dos cambios esenciales. Primero, se pidió progresivamente a los jueces que aplicaran estándares abiertos como equidad, buena fe, razonabilidad y negación del enriquecimiento injusto”(33). Sin duda, esto se aparta de la función judicial tradicional de la “aplicación formal de las normas y se apartaban del idea de un conjunto de normas poseedor de las cualidades de generalidad, igualdad y certeza:
La búsqueda de la justicia sustantiva corrompe la generalidad jurídica en un grado aún mayor. Cuando la gama de desigualdades inadmisibles entre situaciones sociales se amplía, la necesidad de tratamiento individualizado aumenta correspondientemente. Sin importar cómo se defina la justicia sustantiva, esta solo se puede lograr tratando de manera diferente las diferentes situaciones”(34).
18. Lo anterior no implica apartarse de la construcción jurisprudencial que a partir de 2001 la Sección Tercera aplica de manera uniforme, al tener como factor para la tasación y liquidación de los perjuicios morales al salario mínimo mensual legal vigente, pero no puede comprenderse agotada en el mismo, sino que para responder al reto de no crear desigualdades entre los diferentes actores sociales que acuden a reclamar la indemnización por concepto de perjuicios morales, se emplea el “test de proporcionalidad” como la metodología con base en la cual cabe tasar y liquidar dichos perjuicios. Se reitera, por lo tanto, que con la determinación del factor de tasación y liquidación simplemente no se logra, aún, la consolidación de criterios objetivos con los que pueda apuntalarse la valoración, tasación y liquidación de los mismos, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y, a su vez, la ponderación y la razonabilidad con la que debe operar el juez y, no simplemente sustentarse en la denominada “cierta discrecionalidad”.
19. Así mismo, para la tasación y liquidación el juez se sujeta al criterio determinante de la intensidad del daño, que usualmente se demuestra con base en las pruebas testimoniales las cuales arrojan una descripción subjetiva de quienes, por las relaciones familiares, afectivas, de cercanía, conocimiento o amistad deponen en la causa, restando objetividad a la determinación de dicha variable, cuya complejidad en una sociedad articulada, plural y heterogénea exige la consideración de mínimos objetivos para la tasación proporcional, ponderada y adecuada de los perjuicios morales, sin que se constituya en tarifa judicial o, se pretenda el establecimiento de una tarifa legal. De acuerdo con lo anterior, la Sala empleará como metodología para la tasación y liquidación de los perjuicios morales reconocidos a los hermanos el test de proporcionalidad.
20. En cuanto al fundamento de este test, se encuentra en la aplicación de la proporcionalidad(35) desde la perspectiva del juicio de igualdad(36), y de la necesidad ponderar ante la indeterminación, vaguedad y necesidad de una resolver la tensión que pueda representar la tasación y liquidación de los perjuicios morales cuando se pone en juego la tutela de derechos como a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad personal (enmarcado dentro del concepto global de dignidad humana), y el respeto del derecho a la reparación, que no puede resolverse, como se pretende en muchas ocasiones, por medio de la lógica de la subsunción(37), sino que debe trascenderse, como se busca con el test de proporcionalidad, que el juez contencioso administrativo valore, determine si cabe el sacrificio de principios, con otras palabras que se oriente hacia la ponderación(38) de valores o derechos reconocidos desde la individualidad de cada sujeto, y su dimensionamiento y expresión en el derecho a la reparación, que no es unívoco en su individualidad, sino que exige responder al principio de igualdad.
Luego, ante la potencial colisión de los derechos señalados que pueda representarse en la tasación y liquidación de los perjuicios morales atendiendo solo al salario mínimo legal mensual vigente, desprovisto de argumentación jurídica y propiciando una mayor colisión de los mismos, que derive en el quebrantamiento de la igualdad y la justicia(39) es que procede, dentro del arbitrio judicial, el “test de proporcionalidad” para que obre la decisión judicial con la suficiente ponderación. De ahí que en la jurisprudencia constitucional se sostiene:
“Por lo anterior, el análisis de proporcionalidad del límite de mil salarios mínimos legales, se hará de conformidad con el siguiente método: (i) identificar y clarificar cuáles son los intereses enfrentados regulados por la norma; (ii) sopesar el grado de afectación que sufre cada uno de esos intereses por la aplicación del límite fijado en la norma; (iii) comparar dichas afectaciones; (iv) apreciar si la medida grava de manera manifiestamente desproporcionada(40) uno de los intereses sopesados protegidos por la Constitución, y, en caso afirmativo, (v) concluir que resulta contraria a la Constitución”(41).
“Frente a los llamados perjuicios morales objetivables, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, ha estimado que en algunos casos pueden ser valorados pecuniariamente(42), con base en criterios como el dolor infligido a las víctimas(43), el perjuicio estético causado(44) o el daño a la reputación(45). Si de la aplicación de tales criterios surge que dichos perjuicios superan el límite fijado por el legislador, habría una afectación grave del interés de las víctimas por lograr una indemnización integral de los perjuicios que se le han ocasionado y cuyo quantum ha sido probado. Al igual que con los perjuicios materiales, el límite resultaría manifiestamente desproporcionado frente al derecho de las víctimas a la reparación integral, como quiera que el riesgo de arbitrariedad del juez es menor cuando el valor de los perjuicios ha sido acreditado en el juicio por factores que no dependen de su apreciación subjetiva.
Esta desproporción resulta más evidente si se tiene en cuenta que ni en la jurisdicción civil ni en la jurisdicción contencioso administrativa existe una disposición legal que restrinja la discrecionalidad del juez para decidir la reparación de perjuicios morales. En dichas jurisdicciones se ha fijado una cifra para la valoración de ciertos perjuicios que depende de consideraciones puramente subjetivas y cuyo quantum ha sido reconocido tradicionalmente hasta por 1000 gramos oro, o más recientemente hasta por 2000 y 4000 gramos oro(46)”(47).
21. El test de proporcionalidad, a su vez, comprende tres sub-principios que son aplicables: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido estricto(48). En cuanto al primero, esto es, la idoneidad, debe decirse que la indemnización del perjuicio debe estar orientada a contribuir a la obtención de una indemnización que se corresponda con criterios como dolor, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego, tristeza, respeto a la dignidad y valoración de las relaciones propias al núcleo familiar de la víctima, como convivencia, cercanía sentimental y apego. En cuanto al segundo, esto es la necesidad, la indemnización del perjuicio debe ser lo más benigna posible con el grado de afectación que se logre revelar en el o los individuos y que contribuyan a alcanzar el objetivo de dejarlos indemnes. Sin duda, este sub-principio exige que se dosifique conforme a la intensidad que se revele de los criterios propios a la idoneidad, de tal manera que la indemnización se determine atendiendo a la estructura de la relación familiar, lo que debe llevar a proyectar un mayor quantum cuando se produce la muerte, que cuando se trate de lesiones (e incluso se deba discernir la intensidad del dolor que se padece por las condiciones en las que se encuentra la víctima lesionada). Lo anterior, debe permitir concretar un mayor quantum indemnizatorio cuando se trata del dolor, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego, tristeza, respeto a la dignidad y valoración de las relaciones propias al núcleo familiar de la víctima, como convivencia, cercanía sentimental y apego, que ocurre en el núcleo familiar inmediato (cónyuge, hijos, padres), de aquel que pueda revelarse en otros ámbitos familiares (hermanos, primos, nietos), sin olvidar para su estimación los criterios que deben obrar en función del principio de idoneidad. Finalmente, en cuanto al tercero, esto es la proporcionalidad en estricto sentido, con el test se busca que se compensen razonable y ponderadamente los sufrimientos y sacrificios que implica para la víctima (víctimas) la ocurrencia del dolor, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego, tristeza, respeto a la dignidad y valoración de las relaciones propias al núcleo familiar de la víctima, como convivencia, cercanía sentimental y apego, y su desdoblamiento, sin que se produzca una ruptura de los mandatos de prohibición de exceso y prohibición de defecto.
22. De acuerdo con lo anterior, la tasación y liquidación del perjuicio moral en el presente caso se sujetara a los anteriores criterios objetivos, los que ordinariamente están demostrados con base en la prueba testimonial, de la que se deriva la denominada “presunción de aflicción” la que debe aplicarse conjuntamente con los mencionados criterios, de manera que la tasación de este tipo de perjuicios responda a la complejidad de una sociedad articulada, plural y heterogénea que exige la consideración de mínimos objetivos para la tasación proporcional, ponderada y adecuada, sin que constituya una tarifa legal o judicial.
Supuesto de lesiones causadas en enfrentamiento armado Cuando opera la idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente Cuando opera idoneidad y necesidad Cuando opera la idoneidad (derivado de las relaciones afectivas y de cercanía normales y propias al núcleo familiar acreditado con el parentesco)
23. En el caso que se encuentren reunidos el requisito de la idoneidad, por cuanto el dolor, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego, tristeza, respeto “in abstracto” de la dignidad obedece simplemente al parentesco acreditado, esto es, a las relaciones afectivas y de cercanía normales y propias al núcleo familiar del lesionado. De acuerdo con lo anterior, los perjuicios morales quedarán tasados para los actores de la siguiente manera:
Indemnizado Equivalente en smlmv Valor en moneda colombiana de curso legal
Miguel Chinchilla Corredor (hermano) 3 smlmv $ 1.700.100
Alba Yaneth Chinchilla Corredor (hermana) 3 smlmv $ 1.700.100
Flor Ángela Chinchilla Corredor (hermana) 3 smlmv $ 1.700.100
22. La Sala, por lo tanto, modificará la sentencia de primera instancia y reconoce, tasa y liquida los perjuicios morales a favor de los hermanos del lesionado de la siguiente manera: para Miguel Chinchilla Corredor tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes; para Alba Yaneth Chinchilla Corredor tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y, para Flor Ángela Chinchilla Corredor tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5.2. Actualización de los perjuicios morales reconocidos en la sentencia de primera instancia.
23. La Sala encuentra necesario respecto de los perjuicios morales reconocidos, tasados y liquidados a favor de Jorge Chinchilla Corredor (lesionado), Juan Sebastián Chinchilla Pinzón (hijo), Jorge Armando Chinchilla Pinzón (hijo) y a María Leonor Corredor (madre), y con el objeto de atender al respeto del derecho a la reparación integral constitucional y legalmente tutelado (L. 446/98, art. 16), tomar lo reconocido en gramos oro para convertirlo en suma líquida de valor constante en salarios mínimos legales mensuales vigentes siguiendo la jurisprudencia uniforme de la Sección Tercera desde el año 2001. Con base en los anteriores criterios, procede la Sala a tasar y liquidar los perjuicios morales de la siguiente manera:
i) Perjuicios morales reconocidos, tasados y liquidados en la sentencia de primera instancia:
Indemnizado Equivalente en gramos oro
Jorge Chinchilla Corredor (lesionado) 500 gramos oro
Juan Sebastián Chinchilla Pinzón (hijo) 125 gramos oro
Jorge Armando Chinchilla Pinzón (hijo) 125 gramos oro
María Leonor Corredor (madre) 250 gramos oro
ii) Perjuicios morales reconocidos, tasados y liquidados en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente sentencia:
Indemnizado Equivalente en gramos oro Equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes Equivalente en moneda de curso legal
Jorge Chinchilla Corredor (lesionado) 500 gramos oro 50 smlmv $ 28.335.000
Juan Sebastián Chinchilla Pinzón (hijo) 125 gramos oro 12,5 smlmv $ 7.083.750
Jorge Armando Chinchilla Pinzón (hijo) 125 gramos oro 12,5 smlmv $ 7.083.750
María Leonor Corredor (madre) 250 gramos oro 25 smlmv $ 14.167.500
5.3. Reconocimiento de los perjuicios morales a Luz Stella Pinzón.
24. En su apelación el apoderado de la parte actora no comparte que el a quo no haya reconocido la indemnización que por perjuicios morales se reclamó a favor de Luz Stella Pinzón, invocándose su calidad de compañera permanente, la que considera acreditada con las declaraciones extrajuicio ante notario allegadas, y con los registros civiles de Juan Sebastián Chinchilla Pinzón y de Jorge Armando Chinchilla Pinzón.
25. Para el a quo la parte actora no acreditó ni “la convivencia y relaciones de afecto existentes” entre el lesionado y Luz Stella Pinzón, ni que se demostró “el dolor y sufrimiento que padeció con ocasión del daño causado”. Adicionalmente, sostuvo el a quo que las declaraciones extrajuicio aportadas “no pueden oponerse válidamente a la parte demandada en la medida en que esta no tuvo oportunidad de controvertirlas”, incumpliéndose el mandato del artículo 299 del Código de Procedimiento Civil.
26. La Sala considera pertinente referirse a la noción de unión marital de hecho, de la cual surge la calidad de compañera o compañero permanente. Mediante la Ley 54 de 1990, vigente para la época de los hechos, el legislador colombiano denominó unión marital de hecho a aquella relación “formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular” y, asimismo, nominó al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho como “compañero y compañera permanente”. Respecto a tal calidad, la parte actora se encuentra en la obligación procesal de acreditar con el fin de legitimar el interés procesal de donde deriva sus pretensiones(49).
Ahora bien, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, se resalta la naturaleza fáctica de la unión marital, pues se desprende de la misma norma, que comporta una situación de hecho, que no jurídica, a pesar de los efectos jurídicos que de ella se derivan. En relación con la prueba de la Unión Marital de Hecho, como lo disponía el texto inicial del artículo 4º de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2º de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se debía establecer por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber: la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez(50).
Los medios de prueba, sin lugar a mudar el juicio de responsabilidad extrapatrimonial del Estado en uno declarativo de la unión marital, deben dirigirse a demostrar la concurrencia de los elementos integrantes del concepto dado por el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, previendo, por supuesto, la vigencia de la norma para la época de los hechos, que para el caso de autos es el 14 de septiembre de 1996, fecha en la cual no se habían introducido las modificaciones de 2005, ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 7 de febrero de 2007.
Consiste entonces en demostrar, en primer lugar, la unión, es decir que hubo una cohabitación bajo un mismo techo; que la unión se efectuó entre un hombre y una mujer; que no se encontraban casados entre sí; que hacían una comunidad de vida permanente, elemento que exige que la unión sea duradera, término que el artículo 2º de la misma legislación establece en lapso no inferior a 2 años; singular, es decir monogámica; y, con capacidad núbil o para contraer matrimonio, es decir entre mujer mayor de 12 años y varón mayor de 14 años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1777 del Código Civil.
27. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala debe dar continuidad a la jurisprudencia de la Sección Tercer según la cual, si bien la calidad de compañera permanente puede acreditarse con cualquier medio probatorio, no constituye elemento de demostración suficiente el aporte y valoración de los registros civiles de Juan Sebastián Chinchilla Pinzón y Jorge Armando Chinchilla Pinzón, ya que de ellos se desprende la relación de madre de Luz Stella Pinzón con aquellos, pero no permite establecer la convivencia, la unión permanente y los lazos de afecto. Y, menos, cabe dotar de valor probatorio a las declaraciones extrajuicio aportadas por la parte actora, ya que siguiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera “esa prueba no cumple con los requisitos de ley, porque esas declaraciones de terceros, extraproceso, no fueron ratificadas por los declarantes, previo juramento de ley, tal como lo exigen los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, como esas declaraciones fueron tomadas extraproceso, sin la audiencia de la Nación y no fueron objeto de ratificación, es evidente que no puede valorarse por cuanto carecen de eficacia probatoria”(51). Luego, en el presente caso la Sala no encuentra que Luz Stella Pinzón haya acreditado con los medios probatorios de los que disponía su calidad de compañera permanente del lesionado Jorge Chinchilla Corredor, sin haber podido establecer la convivencia, la unión permanente y los lazos de afectos, a lo que cabe agregar la edad de Pinzón para la época de los hechos y el hecho que en el proceso se encontraba representada por su madre, lo que plantea la necesidad de exigir con mayor rigor la prueba de la calidad de compañera de la misma. Por los anteriores argumentos, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que denegó el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios morales a favor de Luz Stella Pinzón.
6. Actualización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
28. La Sala para garantizar el pleno ejercicio y goce del derecho a la reparación integral, procederá a actualizar la suma líquida a indemnizar por concepto de lucro cesante reconocida en la sentencia de primera instancia, sin que implique afectación alguna a la reformatio in pejus, sino el cumplimiento estricto a lo establecido en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordena al juez ajustar los valores a la fecha de la sentencia, de acuerdo al incremento del índice de precios al consumidor. En esos términos, la suma reconocida, tasada y liquidada por concepto de lucro cesante en primer instancia fue la siguiente: $ 17.543.693, a la que se aplicará la fórmula de actualización de la siguiente manera:
29. Por lo tanto, la Sala modificará la sentencia de primera instancia al proceder a ajustar el valor de la indemnización que por lucro cesante fue reconocido por el a quo, el cual será a favor de Jorge Chinchilla Corredor por valor de veintiocho millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos mcte. ($ 28.686.924).
30. Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
1. MODIFÍQUESE la sentencia de 17 de abril de 2001 proferida por Tribunal Administrativo de Santander, la que quedará de la siguiente manera:
“PRIMERO: DECLARASE (sic) administrativamente responsable a la Nacion (sic)-Ministerio de Defensa-Ejercito (sic) Nacional- por las lesiones de que fue víctima el señor Jorge Chinchilla Corredor en hechos acaecidos el 14 de septiembre de 1996, en las condiciones que quedaron descritas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENASE (sic) a la Nacion (sic)-Ministerio de Defensa-Ejercito (sic) Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales, en favor de las siguientes personas los valores que a continuación se indican: Jorge Chinchilla Corredor: cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Juan Sebastián Chinchilla Pinzón: doce coma cinco (12,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Jorge Armando Chinchilla Pinzón: doce coma cinco (12,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes; María Leonor Corredor: veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Miguel Chinchilla Corredor: tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Alba Yaneth Chinchilla Corredor: tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y, Flor Ángela Chinchilla Corredor: tres (3) salarios mínimos mensuales vigentes.
TERCERO: CONDENASE (sic) a la Nacion (sic)-Ministerio de Defensa-Ejercito (sic) Nacional a pagar en favor de Jorge Chinchilla Corredor por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de veintiocho millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos mcte. ($ 28.686.924).
CUARTO: DENIEGANSE las demás súplicas de la demanda
QUINTO: La Nacion (sic)-Ministerio de Defensa-Ejercito (sic) Nacional dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.
2. Para el cumplimiento de esta sentencia expídase copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias de la parte actora serán entregadas al apoderado que ha venido actuando.
3. ABSTÉNGASE de condenar en costas a la demandada.
1. En cuanto a la idoneidad, “... debe decirse que la indemnización del perjuicio debe estar orientada a contribuir a la obtención de una indemnización que se corresponda con criterios como dolor, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego, tristeza, respeto a la dignidad y valoración de las relaciones propias al núcleo familiar de la víctima, como convivencia, cercanía sentimental y apego”.
2. En cuanto a la necesidad, “... la indemnización del perjuicio debe ser lo más benigna posible con el grado de afectación que se logre revelar en el o los individuos y que contribuyan a alcanzar el objetivo de dejarlos indemnes. Sin duda, este sub-principio exige que se dosifique conforme a la intensidad que se revele de los criterios propios a la idoneidad, de tal manera que la indemnización se determine atendiendo a la estructura de la relación familiar, lo que debe llevar a proyectar un mayor quantum cuando se produce la muerte, que cuando se trate de lesiones (e incluso se deba discernir la intensidad del dolor que se padece por las condiciones en las que se encuentra la víctima lesionada). Lo anterior, debe permitir concretar un mayor quantum indemnizatorio cuando se trata del dolor, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego, tristeza, respeto a la dignidad y valoración de las relaciones propias al núcleo familiar de la víctima, como convivencia, cercanía sentimental y apego, que ocurre en el núcleo familiar inmediato (cónyuge, hijos, padres), de aquel que pueda revelarse en otros ámbitos familiares (hermanos, primos, nietos), sin olvidar para su estimación los criterios que deben obrar en función del principio de idoneidad”.
3. Por último, en relación con la proporcionalidad, la sentencia explica que “... con el test se busca que se compensen razonable y ponderadamente los sufrimientos y sacrificios que implica para la víctima (víctimas) la ocurrencia del dolor, aflicción, pesar, apego, ansiedad, desasosiego, tristeza, respeto a la dignidad y valoración de las relaciones propias al núcleo familiar de la víctima, como convivencia, cercanía sentimental y apego, y su desdoblamiento, sin que se produzca una ruptura de los mandatos de prohibición de exceso y prohibición de defecto”.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la corporación, procedo a señalar los motivos por los cuales, si bien, comparto la decisión adoptada el 25 de abril del año en curso de declarar la responsabilidad y condenar al Estado en el caso concreto, no ocurre lo mismo respecto a algunos de los fundamentos allí señalados.
1. Contenido y alcance de la decisión materia de aclaración de voto
El derrotero en relación con las discrepancias que se formulan, es el siguiente: 1) la aplicación del test de proporcionalidad en cuanto a la liquidación de los perjuicios morales, y 2) las condiciones que se exigieron para acreditar la unión marital de hecho.
1.1. Principio de proporcionalidad en la liquidación del perjuicio moral.
En cuanto al principio de proporcionalidad en la liquidación del perjuicio moral, es preciso advertir que el sistema o la metodología empleada en la sentencia para la liquidación de los perjuicios morales no refleja el criterio mayoritario de esta Subsección y de la Sección Tercera, ni el de la Sala Plena, razón por la cual constituye un obiter dictum que quedó contenido en la sentencia mencionada, sin que hubiera obtenido la mayoría para constituirse en un cambio del precedente fijado por la corporación sobre la materia.
(...) Demostradas las relaciones de parentesco cercanas alegadas en la demanda, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que los actores tenían un nexo afectivo importante con Luis Alfonso Ríos González, que determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos, y que, por lo tanto, aquellos sufrieron un profundo pesar con la muerte de este; puede inferirse, igualmente, que la persona más afectada fue su madre, dada la naturaleza de la relación que normalmente se establece entre un hijo y su progenitora. Bastarían, entonces, las pruebas del parentesco aportadas al proceso, para que esta Sala considerara demostrado, mediante indicios, el daño moral reclamado por los demandantes. No obstante, al respecto, obran también en el proceso los testimonios de José Leonardo Buitrago Morales y Alexander Marín Salazar, amigos de la familia de la víctima (fls 69 a 75, cdno. 2), que demuestran, de manera directa, la existencia y la intensidad del perjuicio sufrido.
Ahora bien, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 es de obligatoria observancia para todas las jurisdicciones; así se desprende claramente de su texto (...)
Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales...”(1).
Como se aprecia, el principio de proporcionalidad sirve para solucionar colisiones nomoárquicas o de derechos fundamentales, comoquiera que la pugna entre preceptos jurídicos se soluciona a través de los métodos hermenéuticos tradicionales, específicamente con la validez y la concreción de la norma para el caso concreto, tales como que la disposición posterior prevalece sobre la anterior, la especial sobre la general, etc.
“Las colisiones de principios deben ser solucionadas de manera totalmente distintas. Cuando dos principios entran en colisión —tal como es el caso cuando según un principio algo está prohibido y, según otro principio, está permitido— uno de los dos principios tiene que ceder ante el otro. Pero, esto no significa declarar inválido al principio desplazado no que en el principio desplazado haya que introducir una cláusula de excepción. Más bien lo que sucede es que, bajo ciertas circunstancias uno de los principios precede al otro (...) Los conflictos de reglas se llevan a cabo en la dimensión de la validez; la colisión de principios —como solo pueden entrar en colisión principios válidos— tiene lugar más allá de la dimensión de la validez, en la dimensión del peso”(8).
“El arbitrio es un criterio de la toma de decisión. El juez adopta sus resoluciones siguiendo o bien un criterio de legalidad o bien un criterio de su propio arbitrio o bien —como es lo más frecuente— combinando ambos de tal manera que la decisión es fijada con su arbitrio dentro de las posibilidades que le ofrece la legalidad. Si la ley diera una solución precisa y unívoca al conflicto, no habría lugar para el arbitrio. Pero como esto sucede muy pocas veces, dado que la naturaleza general y abstracta de la ley no le permite entrar en las peculiaridades del caso concreto, es imprescindible la intervención de un ser humano que conecte ambos polos de la relación —la ley y el caso— utilizando al efecto primero la técnica de interpretación de la norma y luego su adaptación al caso concreto (...) El arbitrio es el factor humano que el juez añade a los datos aportados por el ordenamiento jurídico. El arbitrio es fruto del árbol de la prudencia, madurado al sol de la justicia (del sentimiento de justicia) con el transcurso de la experiencia. El arbitrio hace que la sentencia sea una obra humana y no el mero resultado de una ecuación lógica o de un proceso mecanicista. Rechazar el arbitrio no es solo desconocer una práctica manifiesta, es negar la condición ética del juez, del que se desconfía hasta el punto que se supone que cuando se introduce un elemento distinto de la lógica tradicional, se despeña inevitablemente en la arbitrariedad”(10).
De acuerdo con una opinión jurisprudencial bastante difundida, el daño podrá recaer sobre bienes susceptibles per se de evaluación pecuniaria inmediata u objetiva o respecto de “intereses que según la conciencia social no son susceptibles de valorización económica” (C.M. Bianca, Diritto civile, vol. 5, La responsabilità (1994), reimpresión, Milán, Giuffrè, 1999, pág. 166), esto es, afectar valores vitales, consustanciales, inmanentes e intrínsicos del sujeto, inherentes a su personalidad y esfera afectiva, ora extrínsecos y externos al mismo, es decir, ostentar naturaleza material (Dommages matériels), ora inmaterial (Dommages immatériels), bien patrimonial (Vermögensschaden), ya extrapatrimonial (nicht Vermörgensschaden).
3. El daño moral, en sentido lato, está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, “que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo” (cas.civ. sent. mayo 13/2008, SC-035-2008, Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos, concretándose en el menoscabo “de los sentimientos, de los afectos de la víctima, y por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso” (Renato Scognamiglio, voz Danno morale, en Novissimo Digesto italiano, vol. V, Turín, Utet, 1960, pág. 147; ID., Il danno morale, Milano, 1966; El daño moral- Contribución a la teoría del daño extracontractual, trad. esp. Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia, Antares, Bogotá, 1962, pág. 14 y ss.), o sea, son daños pertenecientes al ámbito de los padecimientos del ánimo, las sensaciones, sentimientos, sensibilidad, aptitud de sufrimiento de la persona y por completo distintos de las otras especies de daño.
La cuestión es que la lesión inferida a la interioridad del sujeto, es inasible e inconmesurable, concierne a las condiciones singulares de la persona, a su sensibilidad, sensaciones, sentimientos, capacidad de sufrimiento y no admite medición exacta e inflexible, desde luego que el sujeto experimenta un menoscabo no retroaible [sic] y el dolor deviene irreversible, cuya existencia se considera en ciertas hipótesis señaladas por la jurisprudencia in re ipsa y cuya valoración se efectúa ex post sin permitir la absoluta reconstrucción del status quo ante.
Por ello, la Corte, partiendo del legítimo derecho a la reparación del daño moral causado, ante las vicisitudes que su apreciación económica apareja, al “no referirse al daño pecuniario en la hacienda y patrimonio del damnificado” (XXXI, pág. 83) y tratarse de valores “... económicamente inasibles...” (CXLVIII, pág. 252 y CLII, pág. 143, CXLVIII, pág. 252 y CLII, pág. 143), en cuanto “esta especie de daño se ubica en lo más íntimo del ser humano, por ende, como medida de relativa satisfacción, que no de compensación económica, desde luego que los sentimientos personalísimos son inconmensurables y jamás pueden ser íntegramente resarcidos, es dable establecer su quantum a través del llamado arbitrium judicis”, “tarea que, por lo demás, deberá desplegarse teniendo en cuenta que las vivencias internas causadas por el daño, varían de la misma forma como cambia la individualidad espiritual del hombre, de modo que ciertos incidentes que a una determinada persona pueden conllevar hondo sufrimiento, hasta el extremo de ocasionarle severos trastornos emocionales, a otras personas, en cambio, puede afectarlos en menor grado. “Aparte de estos factores de índole interna, dice la Corte, que pertenecen por completo al dominio de la psicología, y cuya comprobación exacta escapa a las reglas procesales, existen otros elementos de carácter externo, como son los que integran el hecho antijurídico que provoca la obligación de indemnizar, las circunstancias y el medio en que el acontecimiento se manifiesta, las condiciones sociales y económicas de los protagonistas y, en fin, todos los demás que se conjugan para darle una individualidad propia a la relación procesal y hacer más compleja y difícil la tarea de estimar con la exactitud que fuera de desearse la equivalencia entre el daño sufrido y la indemnización reclamada...’ (G. J. Tomo LX, pág. 290)” (sent. mar 10/1994)” (cas. civ. Sent. de mayo 5/99, Exp. 4978; nov. 25/99, Exp. 3382; dic. 13/2002, Exp. 7692; oct. 15/2004, S-165-2004, Exp. 6199).
Por lo anterior, consultando la función de monofilaquia, hermenéutica y unificadora del ordenamiento que caracteriza a la jurisprudencia, la Sala periódicamente ha señalado al efecto unas sumas orientadoras del juzgador, no a título de imposición sino de referentes (cas. civ. sent. de feb. 28/90, G.J. Nº 2439, pág. 79 y ss.; así en sentencia sustitutiva de feb. 20/2009, Exp. 170013103005 1993 00215 01, reconoció por daño moral, cuarenta millones de pesos).
Lo anterior fue reiterado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de noviembre de 2011, en la que se señaló:
“... corresponderá al juez del conocimiento, de conformidad con el particular marco de circunstancias que sea objeto de su decisión y atendiendo el tradicional criterio del arbitrium iudicis”(12).
Entonces, la distinción introducida sí que afecta un derecho fundamental que es la igualdad, razón por la cual la sentencia en cuestión —ella sí mas no la cuantificación del perjuicio moral— podría ser pasible de un análisis de proporcionalidad en una eventual vía de hecho, en caso de que por cuenta de la aplicación del criterio mencionado se resquebraje la mencionada garantía esencial(15).
No puedo compartir, de ningún modo, un sistema que intrínsecamente se torne injusto porque no se cumplen una serie de requisitos formales como la convivencia, el número de años compartidos, la cercanía afectiva de los integrantes del núcleo familiar, etc.(17).
Reitero mi postura, el perjuicio moral no puede ser valorado a través del criterio
de proporcionalidad porque no hay principios ni derechos en tensión, simplemente se trata de sopesar las relaciones familiares o de convivencia, se trata de un daño eminentemente subjetivo porque es ínsito al ser humano, hace parte de su esfera interna, es por ello que el juez no puede emplear el mismo sistema que se usa para definir si una ley es constitucional o si un derecho prevalece sobre otro, que para medir —vía compensación— el dolor, el sufrimiento, la aflicción que genera un daño, es precisamente por ello que los testigos, las presunciones y los indicios son el elemento o mecanismo principal para establecer la cuantificación de esta clase de perjuicio inmaterial, aunado a la propia experiencia, la sabiduría, la madurez y el comportamiento sosegado que la sociedad le exige a la honrosa, digna y gratificante labor de administrar justicia.
1.2. Las condiciones para acreditar la calidad de compañera permanente.
Sobre este aspecto, mi disentimiento radica en las consideraciones expuestas frente a las condiciones que se exigieron para acreditar la calidad de compañera permanente, en los siguientes términos:
“La Sala considera pertinente referirse a la noción de unión marital de hecho, de la cual surge la condición de compañera o compañero permanente. Mediante la Ley 54 de 1990, vigente para la época de los hechos, el legislador colombiano denominó unión marital de hecho a aquella relación ‘formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular’ y, asimismo, nominó al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho como ‘compañero y compañera permanente. Respecto a tal calidad, la parte actora se encuentra en la obligación procesal de acreditar con el fin de legitimar el interés procesal de donde deriva sus pretensiones(18)’.
Ahora bien, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, se resalta la naturaleza fáctica(19) de la unión marital, pues se desprende de la misma norma, que comporta una situación de hecho, que no jurídica, no obstante los efectos jurídicos que de ella se derivan. En relación con la prueba de la unión marital de hecho, como lo disponía el texto inicial del artículo 4º de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2º de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se debía establecer por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir, por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber: la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez(20).
Los medios de prueba, sin lugar a mudar el juicio de responsabilidad extrapatrimonial del Estado en uno declarativo de la unión marital, deben dirigirse a demostrar la concurrencia de los elementos integrantes del concepto dado por el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, previendo, por supuesto, la vigencia de la norma para la época de los hechos, que para el caso de autos es el 14 de septiembre de 1996, fecha en la cual no se habían introducido las modificaciones de 2005 ni la interpretación de la Sentencia C-075 de 7 de febrero de 2007.
Finalmente, sobre este punto, se aclara que la Sala no insta a demostrar la existencia de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho sino que es suficiente la acreditación de esta última para legitimar su interés dentro del proceso de reparación directa(21)” (fls. 36 a 37 de la providencia).
De lo anterior, se debe precisar que la Sala en diferentes oportunidades ha estudiado los perjuicios causados a compañeras permanentes, sin que para el efecto se haya exigido el cumplimiento de los requerimientos de que trata la Ley 54 de 1990 y sus reformas, pues no es en el ejercicio de la acción de reparación directa que se debe hacer la declaración de la unión marital de hecho. Lo que realmente interesa, en sede de declaración de responsabilidad patrimonial, es la demostración de los perjuicios sufridos por la víctima del daño antijurídico, por lo que basta con acreditar la calidad de compañera sentimental.
En ese orden de ideas, los presupuesto jurídicos para la determinación de la existencia o no de una unión marital de hecho, no son los que dan lugar a la acreditación de un perjuicio determinado, sino por el contrario, se debe demostrar o probar, con cualquier medio, que se sufrió una afectación por la relación que se mantenía con la víctima, sin importar que calificación se le dé jurídicamente.
Así las cosas, los postulados contenidos en la providencia de la que me aparto, desconocen el precedente jurisprudencial, según el cual, basta con acreditar la calidad de compañeros sentimentales para la procedencia de la indemnización de perjuicios, sin que sea necesaria la demostración de la condiciones de singularidad y permanencia, en efecto se ha llegado a reconocer perjuicios a dos compañeras simultáneamente, al respecto se dijo:
“La misma consideración hace la Sala respecto de las señoras Blanca Libia Benítez Ríos y Maribel Mejía Pérez, compañeras sentimentales del lesionado Jorge Eliécer Herrera Mona, en virtud de las declaraciones citadas que acreditan esta condición, sin que le corresponda a la Sala determinar, si este aspecto de la vida afectiva, social, cultural y familiar es reprochable o no, según lo censuró la entidad demandada.
En efecto, esta circunstancia es el reflejo de una situación fáctica de conformidad con la realidad de la institución familia, muy particular en Colombia, la cual no surge únicamente de un vínculo legal, sino que también existen aquellas situaciones en las que las relaciones son de hecho y tienen trascendencia para efectos jurídicos. En esta última categoría, en algunas regiones de nuestro país, culturalmente se acepta que una familia este conformada por un hombre y más de una mujer, conocido este fenómeno como unión poligínica(22).
El fenómeno de unión poligínica es explicado por la socióloga Virginia Gutiérrez de Pineda, en los siguientes términos:
‘Dos modalidades conforman la familia plural: la poliginia propiamente dicha, o poliginia del soltero y el concubinato o poliginia del casado (...).
La primera la constituye el varón soltero y la constelación de sus coesposas, mientras la segunda difiere de la precedente en que el marido común es casado. Esta familia compuesta puede, o no, vivir en unidad habitacional, constituyendo la poliginia compacta, aquella que comparte el mismo techo. La poliginia dispersa se presenta cuando las distintas coesposas viven cada una en diferente unidad habitacional, siguiendo principios matrilocales o uxoricales o sistemas neolocales.
(...) Por su carácter contrapuesto a la variable anterior, la denomino poliginia manifiesta. Dentro de este tipo de familia, la vida conyugal transcurre ostensiblemente cara a la comunidad que reconoce la situación, aceptándola con amplitud donde ella es una modalidad institucional, y siendo objeto de mayor o menor crítica según el estadio de avance sociocultural de la zona donde se presente. Sea cual fuere la actitud de la comunidad que la alberga, es objeto de un reconocimiento social manifiesto’(23).
No se debe confundir desde luego, esa situación como categoría jurídica regulada en el ordenamiento propio, con la constatación de una realidad social que es manifiesta en nuestro ámbito cultural, cuya naturaleza y características se viene de describir. La realidad social es la que impone ese reconocimiento:
Otra de la razones aunque no una cualquiera por las que la familia es cada vez menos una institución privada políticamente insignificante es porque ha adquirido la función de ‘conducto regular’ que comunica a los individuos con los programas sociales del Estado (...)
Es presupuesto de esa función eliminar distinciones de fondo entre familia ‘legítima’ (fundada en matrimonio válido) y las formas de familia de hecho, pues el crecimiento de esta última entre sectores populares así lo exige. La paradoja sirve para entender algunos de los tránsitos del derecho actual: la crisis de la legitimidad jurídica se aprovecha en esta como en muchas otras ocasiones para extender el radio de acción del derecho’(24).
Y es en el anterior entendimiento, que acreditado por cualquiera de los medios probatorios, la circunstancia o relación de especial afecto y protección de las compañeras, lo que permite se infiera de allí el dolor moral, evento que ya ha sido reconocido por la Sala en ocasiones anteriores, así por ejemplo el 26 de septiembre de 1996, en la Sentencia 11.577 se señaló:
‘Respecto de la legitimación de los demandantes debe observarse en primer término que se trata de Graciliana Barrera esposa del causante, Wbaldina Barrera compañera del occiso y María Yolanda Rodríguez igualmente a título de compañera del interfecto. La condición de la primera queda acreditada fehacientemente con el registro civil de matrimonio (fl. 6, cdno. 1); la relación de la segunda y tercera personas citadas aparase clara de los testimonios incorporados al proceso (...)
Finalmente y en cuanto al daño experimentado por los demandantes, la Sala advierte que tanto a la esposa como a las compañeras les será reconocido, bajo presunción que no fue desvirtuada por la demandada, el daño moral según los lineamientos jurisprudenciales establecidos’.
Por lo anterior, la Sala reconocerá perjuicios morales a las compañeras de Jorge Eliécer Herrera, quienes acreditaron con los testimonios referidos, esa condición”(25).
Así las cosas, no resulta necesario que se prueben las condiciones señaladas en la providencia, tales como: cohabitación bajo un mismo techo, comunidad de vida permanente por al menos dos años, monogamia y capacidad para contraer matrimonio.
Los anteriores requerimientos además de innecesarios resultan imprecisos, toda vez que ni siquiera para la acreditación de la unión marital de hecho se deben demostrar, basta con que los integrantes de la misma decidan conformarla para que se tenga por tal, es decir, la providencia confunde unión marital de hecho con sociedad patrimonial, puesto que, la exigencia de la convivencia por dos años es para presumir la sociedad patrimonial, más no para la unión marital de hecho.
En efecto el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, establece:
Como se desprende de la anterior norma, la conformación de la unión marital de hecho surge de la comunidad de vida, y no se requiere para su existencia el paso del tiempo, aspecto diferente es la presunción de la sociedad patrimonial de hecho, según lo preceptuaba el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, vigente para la fecha de los hechos:
a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio
De la anterior normativa, se debe concluir que una es la existencia de la unión marital de hecho y otra la sociedad patrimonial derivada de esa circunstancia.
Agregado a lo anterior, la norma en ningún momento exige que se deba tener capacidad para contraer matrimonio, lo que contempla es que no exista impedimento legal para ello, o que si existe la sociedad conyugal anterior esté disuelta.
En los anteriores términos, dejo sustentada mi posición.
(3) En la demanda la pretensión por concepto de perjuicios fisiológicos ascendía, para la época de presentación de la demanda (mayo 21/97), a $ 40.000.000, exigiéndose para ese momento como cuantía la suma de $ 13.460.000, para que el proceso tuviera vocación de segunda instancia.
(4) Conforme a lo consagrado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.
(5) Sentencias de 21 de febrero de 2002, Expediente 12789; 9 de junio de 2010, Expediente 18078.
(6) Fernández Liria, B. Rodríguez Vega. Intervenciones sobre problemas relacionados con el duelo para profesionales de atención primaria: El proceso del duelo. Universidad Autónoma de Madrid. Http://www.medicinadefamiliares.cl/Protocolos/DUELO%201.pdf “Aunque es difícil establecer inequívocamente relaciones causa-efecto, numerosos estudios han relacionado las pérdidas de diverso tipo con alteraciones de la salud(1). Hoy se acepta generalmente que en torno a un tercio de los pacientes que acuden a las consultas de Atención Primaria presentan problemas de salud mental que requerirían algún tipo de tratamiento y, aproximadamente una cuarta parte del total presenta problemas que podrían considerarse relacionados con algún tipo de pérdida(1)”.
(7) Radicado 6750, actor: Luis María Calderón Sánchez y otros. Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández.
(8) Posición que ha sido reiterada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 30 de marzo de 2004, S 736 actor: Nelly Tejada, C.P. Camilo Arciniegas Andrade. “Del parentesco cercano con la víctima se infiere el padecimiento moral que su muerte inflige a los suyos. El parentesco es indicio vehemente del daño moral”. Y recientemente por la Sección Tercera, en sentencia de 30 de agosto de 2007, Expediente 15.724, actor: Oswaldo Pérez Barrios. Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra.
(9) Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008. Expediente 18586.
(10) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 21 de febrero de 1985, Expediente 2890, Actor Enrique Vargas y otros, C.P. Eduardo Suescún Monroy. Así mismo en sentencia de 26 de enero de 1989, Expediente 5274, actor Carlos Adán García y otros, C.P. Carlos Ramírez Arcila.
(11) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 1999, Radicación 15504, Actor María Eduviges Quintero vda. de Mora y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(12) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 1999, Radicación 10948-11643, actor Luis Polidoro Cómbita y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(13) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de octubre de 1985, Radicación 3796, actora María Mercedes Morales de Trujillo, C.P. Julio César Uribe Acosta. En el mismo sentido, sentencia de 26 de septiembre de 1991, Radicación 6620, actor: Aníbal Zapata y otro, C.P. Julio César Uribe Acosta.
(14) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de junio de 1991, Radicación 6423, actor Héctor Iván Montoya Sánchez, C.P. Julio César Uribe Acosta.
(15) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 1999, Radicación 5702, actor Jorge Hurtado Duque y otros, C.P. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
(16) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de mayo de 1990, Radicación 5821, actor Marco Antonio López y otros, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
(17) Salvamento de voto de la Consejera María Elena Giraldo Gómez a la sentencia de 10 de febrero de 2000, Radicación 11878, actor José Reinaldo Durán Serrano y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(18) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 2003, Radicación 76001-23-31-000-1994-9874-01 (14083), actor Jorge Enrique Rengifo Lozano y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(19) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de enero de 2000, Radicación 10867, actor Juan Carlos González Castro, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(20) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de julio de 1992, Radicación 6750, actor Luis María Calderón Sánchez y otros, C.P. Daniel Suárez Hernández.
(22) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de junio de 2008, Radicación 52001-23-31-000-1996-07347-01 (15625), actor Guillermo Garcés Bagui y otros, C.P. Enrique Gil Botero.
(23) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2001, Radicación 52001-23-31-000-1995-6703-01 (13086), actor Jorge Alfredo Caicedo Cortés, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(24) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Radicación 85001-23-31-000-1995-00121-01 (14808), actor María Elina Garzón y otros, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(25) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2001, Radicación 52001-23-31-000-1995-6703-01 (13086), actor Jorge Alfredo Caicedo Cortés, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(26) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 2008, Radicación 47001-23-31-000-1995-03986-01 (16413), actor Judith Monterrosa y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(27) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Radicación 85001-23-31-000-1995-00121-01 (14808), actor María Elina Garzón y otros, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(28) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 2008, Radicación 52001-23-31-000-1996-08167 (16483), C.P. Enrique Gil Botero.
(29) Corte Constitucional, Sentencia T-934 de 14 de diciembre de 2009, Expediente T-2210499.
(30) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de abril de 2009, Expediente 1995-10351.
(31) “La proporcionalidad en el derecho refiere a una máxima general y parámetro de acción para la totalidad de la actividad estatal, aunque no exclusivamente, ya que el principio de proporcionalidad puede llegar a aplicarse también en el ámbito de las relaciones particulares regidas por el derecho privado. En sentido constitucional, la proporcionalidad es un principio de corrección funcional de toda la actividad estatal que, junto con otros principios de interpretación constitucional —unidad de la Constitución, fuerza normativa, fuerza integradora, concordancia práctica, armonización concreta, inmunidad de los derechos constitucionales e interpretación conforme a la Constitución—, busca asegurar que el poder público, actúe dentro del marco del estado de derecho, sin excederse en el ejercicio de sus funciones. Su fundamento normativo último está dado por los principios fundamentales de Estado de derecho (C.P., art. 1º), fuerza normativa de la Constitución (C.P., art. 4º) y carácter inalienable de los derechos de la persona humana (C.P., art. 5º).
(32) Lo anterior, lleva a concluir desde cierta perspectiva a que se piense que el “estilo del discurso jurídico se acercó al de los lugares comunes de la argumentación política o económica cuando el razonamiento jurídico intencionado y las preocupaciones y las preocupaciones por la justicia sustantiva empezaron a prevalecer. Surgen serias dudas sobre la legitimidad de esa manera de tomar las decisiones judiciales. Ofende la libertad política que los jueces no elegidos tengan que tomar decisiones cuya índole no difiere de las que toman las legislaturas” Tamahana, Brian. “En torno al Estado de derecho. Historia, política y teoría”. Bogotá, Universidad Externado, 2011, pág. 177.
(33) Tamahana, Brian. “En torno al Estado de derecho. Historia, política y teoría”, ob., cit., pág. 175.
(34) Tamahana, Brian. “En torno al Estado de derecho. Historia, política y teoría”, ob., cit., pág. 176.
(35) “De las funciones que cumple el principio de proporcionalidad en el control constitucional de la legislación y en la tutela de los derechos fundamentales depende en gran parte la efectividad del Estado social de derecho, el respeto de la dignidad humana y la inalienabilidad de los derechos de la persona. Es por ello que se hace necesario un manejo adecuado del principio de proporcionalidad, diferenciando su sentido general —como máxima de interpretación que evita el desequilibrio, la desmesura o el exceso en el ejercicio del poder público— de su sentido específico como parte constitutiva del juicio de igualdad. Tal distinción entre un sentido genérico y uno específico con que se usa el concepto de proporcionalidad conduce al problema de los métodos para su aplicación. 8.2. Un uso general, no técnico, del concepto de proporcionalidad en el control de constitucionalidad, prescinde de un método para su aplicación. La relación de equilibrio entre dos magnitudes, instituciones, conductas, etc., se establece en forma intuitiva, conectada muchas veces a un juicio de grado. Se afirma, por ejemplo, que un acto es proporcionado, desproporcionado, leve o manifiestamente desproporcionado. La inexistencia de método para establecer el grado a partir del cual dicho acto pierde la proporción hasta el punto de verse afectada su constitucionalidad, conlleva la concentración en el juez de la facultad de decidir discrecionalmente sobre la juridicidad de las actuaciones de otros órganos del poder público. Tal consecuencia no es compatible en un estado democrático de derecho donde los órganos del Estado cumplen funciones separadas. Es por ello que el uso coloquial de la proporcionalidad o desproporcionalidad, en el sentido de exceso o desmesura, requiere ser sustituido por métodos objetivos y controlables que permitan al juez constitucional ejercer su misión de salvaguarda de la Constitución y de los derechos constitucionales, dentro de un marco jurídico respetuoso de las competencias de las demás autoridades públicas, en especial del legislador democrático. La proporcionalidad concebida como principio de interpretación constitucional puede adoptar la forma de dos mandatos: la prohibición de exceso y la prohibición de defecto. El primero tiene que ver principalmente con la limitación del uso del poder público de cara a las libertades fundamentales. El segundo se aplica por lo general respecto de los deberes positivos del Estado y la protección de los derechos que comprometen la actuación de las autoridades para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. El método de aplicación del principio de proporcionalidad es la ponderación. Generalmente, el objeto de la ponderación son intereses enfrentados que han recibido alguna protección constitucional, la cual es mayor en el caso de intereses cobijados por derechos fundamentales. Los intereses ponderados también se concretan en medidas y fines estatales. Se pondera, por una parte, las medidas y los fines estatales y, por otra parte, la afectación de parámetros formales o materiales consagrados en la Constitución. Existe, por lo tanto, una clara relación conceptual entre la proporcionalidad y la ponderación. La primera es establecida mediante la segunda, puesto que siendo la primera un concepto relacional, los extremos de dicha relación han de ser comparados y sopesados, esto es, ponderados con el fin de establecer si ellos mantienen el equilibrio, el balance o la medida debida o, por el contrario, se desconocen las prohibiciones de exceso o defecto.
(36) Sobre la proporcionalidad como elemento del juicio de igualdad únicamente cuando el test es estricto, ver la Sentencia C-673 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; aclaración de voto de Jaime Araujo Rentería.
(37) Alexy tiene como principal postulado al darle tratamiento a las decisiones judiciales “es que una resolución o sentencia emitida por un juez no se refiere únicamente a simples operaciones mecánicas lógicas de subsunción, sino que en los casos difíciles implican valoraciones, sacrificios de principios, una necesidad de ponderación de los valores en conflicto”. Sobrevilla, David: “La teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy” en La filosofía del derecho alemana actual de orientación racionalista (Estudios sobre R. Alexy, K. Günther, J. Habermas y O. Höffe), México, Fontamara, 2008, pág. 28. López Sánchez, Rogelio. “El principio de proporcionalidad como derecho hermenéutico en la justicia constitucional”, en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, Nº 23, 2011, pág. 327.
(38) “La ponderación es necesaria debido a cuatro razones fundamentales: a) la vaguedad del lenguaje jurídico; b) la posibilidad de conflictos de normas; c) el hecho de que sean posibles casos que necesitan una regulación jurídica, pero para cuya regulación no existe ya una norma vigente, y d) la posibilidad de decidir incluso contra el tenor literal de una norma en casos especiales” Alexy, Robert. Teoría de la argumentación jurídica (La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica), (trad. de Manuel Atienza e Isabel Espejo), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, pág. 23.
(39) Larenz, Karl. Metodología de la ciencia del derecho, (trad. y revisión de Marcelino Rodríguez Molinero), Barcelona, Ariel, 1994, pág. 400.
(40) Ver entre otras la Sentencia C-758 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Allí la Corte justifica que en materia de sanciones el límite entre lo constitucionalmente inadmisible y lo permitido se traza con el criterio de la desproporción manifiesta.
(41) Corte Constitucional, Sentencia C-916 de 2002.
(42) Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera del 13 de abril de 2000, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Radicación 11892; 19 de julio de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 13086; 10 de mayo de 2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Radicación 13.475 y del 6 de abril de 2000, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 11.874. Ver también, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 29 de mayo de 1997, M.P. Juan Manuel Torres Fresneda, Radicación 9536.
(43) Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de agosto de 1982, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, Expediente 3139, donde se reconoció como perjuicio moral el “malestar psíquico” sufrido a raíz del accidente. Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de abril de 1997, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Expediente 12007, que reconoció como perjuicio moral por el hecho de que la víctima “estuvo sometida al miedo, la desolación, a la zozobra, a la tristeza, mientras se produjo su liberación”.
(44) Consejo de Estado, Sección Tercera, 31 de julio de 1989, C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo, Expediente 2852; Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de mayo de 1993, C.P. Julio César Uribe Acosta, Expediente 7428.
(45) Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de marzo de 1990, C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo, Expediente 3510.
(46) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 25 de septiembre de 1997, Sección Tercera, Expediente 10.421, C.P. Ricardo Hoyos Duque, que fijó una indemnización por perjuicios morales de 2.000 gramos oro. Sentencia del 19 de julio de 2000, Expediente 11.842, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, que fijó una indemnización por perjuicios morales de 4.000 gramos oro.
(47) Corte Constitucional, Sentencia C-916 de 2002.
(48) La doctrina señala que “la propia estructura del principio de proporcionalidad consiste, en efecto, en la aplicación del conocido test tripartito sobre una medida determinada, adoptada de ordinario por un sujeto distinto a aquel que desarrolla el juicio de control”. Arroyo Jiménez, Luis. “Ponderación, proporcionalidad y derecho administrativo”, en Ortega, Luis; Sierra, Susana de la (coords.). Ponderación y derecho administrativo. Madrid, Marcial Pons, 2009, pág. 33.
(49) Artículo 177, Código de Procedimiento Civil.
(50) Artículo 175, Código de Procedimiento Civil.
(51) Sección Tercera, sentencia de 19 de noviembre de 2008, Expediente 28259.
(2) Corte Suprema de Justicia; Sala de casación civil; Sentencia del 22 de agosto de 1924; M.P. Tancredo Nannetti; Gaceta judicial T XXI, pág. 82.
(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 20 de noviembre de 1933, M.P. Enrique Becerra; Gaceta judicial T. XXXIX, pág. 197.
(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 1988, M.P. Alejandro Bonivento Fernández y Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 12 de marzo de 1937, M.P. Pedro Gómez Naranjo.
(8) Ver. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 1992, Expediente 6477, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de septiembre de 1997, Expediente 10421, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Expediente 11842, C.P. Alier Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2011, Expediente 13232-15646, C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de octubre de 2007, C.P. Enrique Gil Botero, Expediente 29273.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001; Expediente 13232 y 15646; C.P. Alier Eduardo Hernández.
(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13232-15646, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.
(2) Bernal Pulido, Carlos. “El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales”, Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pág. 37 a 39 y 77.
(5) Cita de Robert Alexy dentro del texto de Carlos Bernal Pulido, ibídem, pág. 99.
(10) Nieto, Alejandro. “El arbitrio judicial”, Ed. Ariel, 2001, pág. 219.
(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 18 de septiembre de 2009, Expediente 2005-00406, M.P. William Namén Vargas.
(12) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de noviembre de 2011, Expediente 11001-3103-018-1999-00533-01, M.P. William Namén Vargas.
(13) Al respecto, la Sala en otrora oportunidad indicó: “C. Se confirmará el reconocimiento que hizo el tribunal en favor del padre, por perjuicios morales, pues la distancia geográfica no necesariamente significa desamor o falta de afecto. No existe prueba que destruya la presunción del dolor moral que causa en el padre la muerte de su hijo”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 1991, Expediente 6451, M.P. Juan de Dios Montes.
(14) “Porque en la Constitución de 1991, más claramente que en el Código Civil, la familia no es un producto necesariamente surgido de manifestaciones afectivas. Es un producto y es una institución en donde está clara una visión de solidaridad entre seres humanos y una visión de solidaridad que adquiere todo su sentido, sobre todo frente a los niños, porque los niños tienen el derecho fundamental y prevalente a tener una familia. Tienen ese derecho fundamental y prevalente por encima de las coyunturas en los afectos de sus padres (...) Aquí viene a ponerse de presente, como la concepción de familia de la Constitución de 1991, es una concepción solidarista —no individualista—. No depende del íntimo querer del marido y mujer o, de hombre y mujer. Depende de lo que exija esa realidad social de la familia. Los conflictos son importantes, muestran desacuerdos, malformaciones, a veces hasta patologías, pero no son los límites a la existencia de esa unidad familiar” Angarita Barón, Ciro “La familia en la nueva Constitución”, Talleres Macroregionales sobre Conciliación - Memorias, ICBF, págs. 4 y 6.
(15) “Buscando las cosas inciertas, perdemos las ciertas” Plauto.
(16) “Es el momento de poner punto final. No quiero hacerlo, sin embargo, sin proclamar muy alto y muy claro mi radicar desacuerdo con esa idea que puso en circulación K.C. Davis y que se repite desde entonces con injustificado entusiasmo de que el derecho termina donde comienza la discrecionalidad. Esa idea pudo ser cierta mientras estuvo vigente el paradigma del Estado legal de derecho; hoy, en cambio, es inaceptable. El cambio de paradigma, el paso del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, ha cambiado radicalmente las cosas. Las reglas, que en cuanto razones perentorias para la acción hacen innecesario el razonamiento porque ellas mismas han resuelto de antemano el conflicto de intereses que plantea el supuesto de hecho que regulan, han cedido su anterior protagonismo a los principios, cuya aplicación reclama inexcusablemente un esfuerzo de ponderación y, por lo tanto, de argumentación racional para encontrar una solución del caso que ya no viene dada de antemano y que, por lo tanto, solo puede sostenerse sobre la base de razones, de las razones que se revelen más fuertes en su inevitable confrontación con las que se les opongan en el concreto escenario procesal en el que el conflicto se plantee” Fernández, Tomás - Ramón “Del arbitrio y de la arbitrariedad judicial”, Ed. Iustel, Madrid, 2005, pág. 131 y 132.
(17) “¿Sabes qué decía mi padre? Él se encoge de hombros. Instintivamente enciendo la grabadora. Que no es la distancia sino la proximidad lo que nos hace invisibles”. Efraim Medina.
(18) Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
(19) Pedro Lafont Pianneta, dice que la naturaleza fáctica indica que la unión marital, es considerada como un hecho jurídico familiar especial, es decir voluntario de constitución familiar reconocido por el derecho, razón por la cual se califica de hecho.
(20) Artículo 175, Código de Procedimiento Civil.
(21) En este mismo sentido se pronunció la Sala recientemente en la sentencia del 1º de febrero de 2012, Expediente 76001-23-25-000-1998-05212 (20560)
(22) De Ferrufino Ligia, “La familia de hecho en Colombia: Una metodología para su estudio”, en Mujer y Familia en Colombia, Bogotá, 1ª edición, 1985, pág. 74.
(23) Gutiérrez de Pineda, Virginia, “Familia y Cultura en Colombia. Tipología, funciones y dinámica de la familia. Manifestaciones múltiples a través del mosaico cultural y sus estructuras sociales” 5ª edición, Medellín, 2000, págs. 286 y 287.
(24) Aramburo Restrepo, José Luis, “La familia en las transformaciones del derecho”, en: Pensamiento Jurídico, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Nº 1, sin fecha.
(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia 19.380 del 25 de mayo de 2011, M.P. Enrique Gil Botero.