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Timestamp: 2019-08-23 11:33:02
Document Index: 119500578

Matched Legal Cases: ['artículo 689', 'artículo 512', 'artículo 7', 'artículo 424', 'artículo 426', 'artículo 186', 'artículo 447', 'artículo 48', 'artículo 372']

Boletin Correspondiente a 2015-04-28Regresar
DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - También se beneficiaba del beneficio de auditoría de la Ley 633 de 2000.
Tratándose del beneficio de auditoría establecido en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, antes de la adición prevista en la Ley 863 de 2003, esta Corporación ha considerado que para su procedencia el legislador señaló los siguientes requisitos:
1. Se predica de la liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios para los períodos gravables 2000 a 2003.
3. La declaración ha de estar debidamente presentada, en forma oportuna y el pago debe realizarse en los plazos que para el efecto fije el Gobierno nacional.
4. El transcurso del término de doce meses a partir de la fecha de la presentación de la declaración y que dentro de éste no notifique emplazamiento para corregir.
El inciso segundo preveía también, que para los contribuyentes que se sometían al beneficio, el término de firmeza también se aplicaba para sus declaraciones de retención en la fuente y del impuesto a las ventas, correspondientes a los períodos contenidos en el año gravable del impuesto sobre la renta sometido al beneficio.
( 2015-04-28) Consultar
BENEFICIO DE AUDITORIA - Se presenta aún si se profiere auto declarativo extemporáneo de tener la declaración como no presentada
Advierte la Sala que en el sub exámine, como la declaración privada fue presentada el 10 de mayo de 2001, el plazo para que se diera la firmeza del denuncio privado finalizaba el 10 de mayo de 2002, fecha para la cual la Administración debió notificar el emplazamiento para corregir, sin embargo, el primer acto que la Administración produjo lo fue el "Auto Declarativo" del 9 de octubre de 2002, dejando sin efectos el denuncio rentístico del actor, por ausencia de la firma de contador público, toda vez que quien firmó carecía de tal calidad.
Estima la Sala que para entonces había prescrito la facultad fiscalizadora y revisora de la Administración, dando lugar a la firmeza de la correspondiente liquidación privada. En efecto, la Administración dejó vencer el término de los doce meses sin que notificara emplazamiento para corregir, siendo evidente que hasta el día anterior a su vencimiento, el 9 de mayo de 2002, inició el proceso de fiscalización y revisión realizando una operación de registro en las instalaciones del contribuyente.
Es así como hasta 9 de octubre del mismo año, expidió el Auto Declarativo, dejando sin efecto legal el denuncio rentístico privado, fecha para la cual ya se había superado ampliamente el plazo de los doce meses, operando en consecuencia la firmeza de la declaración privada, pues ha sido criterio de la Sala que el denuncio tributario aún cuando adolezca de irregularidades para tenerse como no presentado, si transcurre el lapso previsto en la ley para que se consolide su firmeza sin ser cuestionado por el ente fiscal, se vuelve inmodificable.
En este orden de ideas, toda vez que la administración dejó transcurrir el lapso de los doce meses sin que hubiera cuestionado la declaración privada del actor, ésta adquirió firmeza, y en consecuencia, a partir del 10 de mayo de 2002, se tornó en inmodificable para la Administración como para el contribuyente.
El derecho de inspección o de fiscalización individual tiene una finalidad esencialmente informativa para el socio, mientras que por medio de una auditoría interna se persigue la obtención de una opinión calificada por parte de un especialista, atendiendo a sus calidades profesionales y a criterios y procedimientos señalados en la ley, cuya práctica compete directamente al máximo órgano social ordenarla, ya sea por su propia iniciativa o en atención a la solicitud motivada de algún o algunos socios, pues, la eventual contratación y ejecución de una auditoría externa por parte de un socio, justificada en el derecho de inspección que le asiste, desborda los límites y alcances previstos en la ley para su ejercicio.
Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2015- 01- 024831, mediante el cual, previa las consideraciones allí expuestas, formula una consulta relacionada con la ejecución de una garantía fiduciaria, en los siguientes términos:
1. Si se hace efectiva la garantía en favor de B, ¿el registro de la sustitución debe efectuarse una vez se ejerza la garantía? ¿Cuánto tiempo hay para reportarla?
2. Si -no se hace efectiva la garantía en favor de B, ¿debe existir -algún registro a pesar que no existe cambio de inversionista? ¿En qué términos? ¿Cuál es el fundamento técnico y jurídico?
De lo anteriormente expuesto, se concluye:
a) que cuando se presente el cambio de los titulares de la inversión extranjera por otros inversionistas extranjeros, así como el cambio en la destinación o en la empresa receptora, deberá registrarse por el inversionistas o su apoderado ante la DCIN del Banco de la Republica;
b) que el plazo para tal efecto es de 12 meses contados a partir de fecha en que se efectúe la sustitución de la inversión;
c) que el registro deberá solicitarse por el inversionista cedente y cesionario o sus apoderados; y
d) que a la solicitud deberá acompañarse los documentos allí requeridos, según se trate del cambio de los titulares del cambio de la inversión extrajera, o del cambio de la destinación o en la empresa receptora, o de sustituciones originadas en el cambio de titular de activos fijos en que está representada la inversión, en cuyo caso se deberá presentar adicionalmente el documento que acredite la declaración, liquidación y pago del impuesto que se genere en la respectiva operación.
Si en el caso de una sociedad que tramita su liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, un interrogatorio de parte debe ser atendido directamente por el liquidador, o los apoderados o mandatario de éste.
El otorgamiento de poderes por parte del gerente de una sociedad, así faculten al apoderado o mandatario para realizar todos los negocios previstos en su objeto social, no defieren o delegan la representación legal en el mandatario, pues ésta por ministerio de la ley siempre se encontrará en cabeza de la persona designada por la junta directiva, asamblea de accionistas o junta de socios para ejercer dicha función.
En el radicado de la referencia se solicita aclarar cuál es el tratamiento que debe darse a quien presenta corrección de la declaración del Régimen Simplificado de lmpuesto Nacional al Consumo, para disminuir la sanción por extemporaneidad y qué norma existe para el cálculo de la misma sanción.
Al respecto se tiene que la obligación legal de presentar declaración simplificada del lmpuesto Nacional al Consumo por parte de los responsables del Régimen Simplificado, está expresamente descrita en el Artlculo 30 del Deoreto 2972 del 2013.
En el entendido de que el régimen simplificado es declarante del lmpuesto Nacional al Consumo y no contribuyente del mismo, no seria posible que generara un saldo a favor, ya que en esta declaración no se genera un impuesto a cargo.
Asi las cosas, y en armonía con la aplicación del régimen sancionatorio que se debe aplicar al lmpuesto Nacional al Consumo, es de insistir por este despacho que el no cumplimiento de las obl¡gaciones reguladas para este ¡mpuesto, dará lugar a seguir la suerte de las sanciones aplicables al lmpuesto Sobre las Ventas; como se expresa en el lnciso 2" del artículo 512-1 del Estatuto Tributario.
Hay un importador que importó una lámpara, como es de uso exclusivo del importador no requiere norma técnica retilap (…), sin embargo la resolución 6050 de 1999 artículo 7° expedida por ustedes habla sobre una certificación para dicho caso (…).
Agradezco me puedan confirmar si requiere o no requiere registrarse ante ustedes y cuál sería la resolución que aplicaría si se tiene que registrar, o en su efecto (sic) qué trámite diferente se hace ante ustedes para este caso?
O simplemente en la declaración se estipula el destino de dicha lámpara (uso exclusivo del importador y no para comercializar), (…)”.
En relación con el tema de consulta, tenga en cuenta lo que la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, informó a esta Oficina Jurídica:
1. ¿Es legal que las páginas web que ofrecen el servicio a personas naturales y/o jurídicas de anunciar sus productos a cambio de una comisión de venta, limiten su responsabilidad o se exoneren de toda responsabilidad ante el consumidor final que compra un producto a través de este medio?, (…)
2. ¿Es legal que un sitio web que permite a personas naturales y/o jurídicas anunciar y vender sus propios productos, limite su responsabilidad concediendo espacios virtuales a través de un contrato de concesión de espacio virtual?, ¿limitaría esta figura contractual la responsabilidad del dueño de la página web ante el consumidor final?.”.
Si es necesario realizar convocatoria en caso de que los estatutos sociales estipulen que la reunión ordinaria de la junta de socios se llevará a cabo el primer jueves del mes de marzo o al día siguiente hábil si este resultare festivo, a las tres de la tarde, pero no indiquen si debe realizarse o no convocatoria para ese efecto, como sí lo establece para las extraordinarias, y tampoco el medio ni la antelación para efectuarla.
Nada obsta para realizar la reunión ordinaria en las condiciones señaladas, pero la previsión estatutaria, a juicio de este Despacho no exime de la obligación de efectuar la correspondiente convocatoria que desde luego debe realizarse con sujeción a las condiciones previstas en los estatutos sociales.
En cuanto a la omisión de regla que estipule el medio para convocar, es preciso acudir a lo previsto en el artículo 424 del Código de Comercio, de acuerdo con el cual "Toda convocatoria se hará en la forma prevista en los estatutos y, a falta de estipulación, mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad.”, en concordancia con el artículo 426 del Código de Comercio (artículo 186 del Código de Comercio).
Respecto a la antelación cuando los estatutos sociales no la estipulen, es preciso tener en cuenta lo previsto en el artículo 447 del mismo código en armonía con el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, aplicable a la sociedad de responsabilidad limitada, por remisión expresa del artículo 372 ibídem, en el sentido que cuando se trate de reuniones en la cual haya de aprobarse estados financieros de fin de ejercicio, la convocatoria se hará con una antelación mínima de quince días hábiles.