Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2016-00622-de-agosto-10-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_0a4d0756d44845939b9376bc45bba0c5&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-23 01:12:01
Document Index: 130275430

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 288', 'artículo 290', 'artículo 294', 'artículo 294', 'artículo 250', 'artículo 302', 'artículo 294', 'artículo 294', 'artículo 150', 'artículo 152', 'artículo 288', 'artículo 306', 'Artículo 285']

﻿ AUTO 2016-00622 DE AGOSTO 10 DE 2017
AUTO 2016-00622 DE 10 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:ES POSIBLE DEFINIR LOS EFECTOS DE UNA DECISIÓN ANULATORIA DANDO APLICACIÓN A UNA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 288 DEL C.P.A.C.A. NO REGULÓ CUALES SERÍAN LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN ANULATORIA DE AQUELLAS NULIDADES DISTINTAS A LAS ELECCIONES DE VOTO POPULAREN ESTE SENTIDO, CORRESPONDE AL JUEZ ELECTORAL FIJAR LOS EFECTOS DE LAS DECISIONES ANULATORIAS CON EL PROPÓSITO DE DAR ALCANCE A LA NULIDAD DECRETADA. ASÍ, EL HECHO DE QUE LA JURISDICCIÓN EN TEMAS ELECTORALES MODULE SUS FALLOS NO MODIFICA LA NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL PARA CONVERTIRLO EN UNA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PUES LO QUE BUSCA ES QUE EL JUEZ DEFINA LOS ALCANCES Y CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DECRETADA, YA QUE ES PRECISAMENTE ESTE EL QUE CONOCE CUALES FUERON LAS IMPLICACIONES DE LA ILEGALIDAD ENCONTRADA EN EL ACTO DEMANDADO. POR TANTO, ES POSIBLE DEFINIR LOS EFECTOS DE UNA DECISIÓN ANULATORIA DANDO APLICACIÓN A UNA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SIN QUE SE TRANSGREDA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PUES SIMPLEMENTE SE LE ESTÁ DANDO APLICACIÓN A LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, FALLO EN JUICIO ELECTORAL, EFECTOS DE LA NULIDAD, ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL, MODULACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA
Auto 2016-00622 de agosto 10 de 2017
Rad.: 52001-23-33-000-2006-00622-03
Actor: Edilberto Araujo Muñoz
Demandado: Gustavo Alejandro Echeverría Vallejo - gerente del Hospital Eduardo Santos de La Unión ESE
Asunto: nulidad electoral - auto resuelve solicitudes
Atendiendo a que después de proferida la sentencia de segunda instancia las partes presentaron tanto solicitud de aclaración, como de nulidad; por efectos metodológicos, la Sala estudiará de forma separada tales peticiones, toda vez que aquellas parten de supuestos disímiles y tienen las particularidades propias de cada figura.
1. Respecto a la solicitud de aclaración de la sentencia.
1.1. Oportunidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma especial electoral, hasta los dos díassiguientes al de la notificación de una sentencia las partes o el Ministerio Público podrán solicitar que aquella se aclare, así:
“ART. 290.—Aclaración de la sentencia. Hasta los dos (2) días siguientes a aquel en el cual quede notificada, podrán las partes o el Ministerio Público pedir que la sentencia se aclare. La aclaración se hará por medio de auto que se notificará por estado al día siguiente de dictado y contra él no será admisible recurso alguno. En la misma forma so procederá cuando la aclaración sea denegada”.
Bajo este panorama, es necesario determinar si la solicitud de aclaración presentada por la apoderada de la Gobernación de Nariño se formuló dentro de la oportunidad legal correspondiente.
El fallo cuya aclaración se solicita fue notificado personalmente a las partes mediante mensaje remitido por correo electrónico el 21 de julio de 2017, según consta en los folios 3219 a 3232 del expediente, lo que implica que aquellas tenían hasta el 25 del mismo mes y año para solicitar su aclaración. En consecuencia, se observa que la solicitud de aclaración fue presentada oportunamente, dado que fue remitida el 25 de julio de 2017 mediante correo electrónico.(12)
1.2. La aclaración de sentencias.
Ni la normativa especial contencioso electoral, ni la ordinaria del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establecen el alcance de la aclaración de las sentencias o autos proferidos por esta jurisdicción, razón por la cual se hace necesario complementar la dimensión de esta institución procesal con las normas del estatuto procesal civil.
El Código General del Proceso(13) sobre la materia establece que la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, indica que “podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”.(14)
Por otra parte, según los preceptos transcritos, “la aclaración sólo es permitida para concretar conceptos o enmendar frases que ofrezcan serias dudas, siempre que integren la parte resolutiva o influyan directamente en ella, sin que esto signifique que el juez pueda reformar o revocar la providencia o que la solicitud de aclaración constituya una oportunidad procesal para que las partes reclamen una evaluación diferente”.(15)
Sobre el tema esta sección ha dicho: “De gran ilustración resulta la doctrina cuando apoyada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia diferencia entre el real objeto de la aclaración y las divergencias que las partes tienen con la decisión: “como la ley no faculta al juez para reconsiderar las sentencias revocándolas o reformándolas, ‘la aclaración versa sobre las dudas que surjan de ellas, que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en esta, por lo cual queda al criterio del juez definir si existen tales dudas, que no son las que las partes abriguen en relación con la legalidad de la misma de las consideraciones del sentenciador, porque si estas pudieran cambiarse o rectificarse, la ley no habría prohibido que el juez modificara el sentido de las sentencias que dicte. Los conceptos que pueden aclararse no son los que surjan de las dudas que las partes aleguen acerca de la oportunidad, veracidad o legalidad de las afirmaciones del sentenciador, sino aquellas provenientes de la redacción ininteligible, o del alcance de un concepto o de una frase en concordancia con la parte resolutiva del fallo”.(16)”(17)
La apoderada del departamento de Nariño solicitó aclarar la sentencia en lo referente a la norma aplicable para la realización del nuevo concurso de méritos para el nombramiento del gerente del Hospital Eduardo Santos de La Unión ESE, en atención a la decisión adoptada por la Sala de confirmar la nulidad del acto acusado.
La Sala negará la solicitud dado que a través de ésta no se busca aclarar conceptos oscuros o que ofrezcan dudas contenidos en la parte resolutiva de la providencia, ni en las consideraciones que pudieran influir en ésta, sino que se eleva una consulta sobre la normatividad aplicable para el procedimiento a seguir para realizar un nombramiento, materia que además resulta ajena al medio de control de nulidad electoral.
2. Respecto a la solicitud de nulidad.
De conformidad con el artículo 294 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde a la Sala, proferir esta decisión. La disposición en mención consagra que:
“La nulidad procesal originada en la sentencia únicamente procederá por incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de magistrados al previsto por la ley.
Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o magistrado ponente rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas” (subrayas fuera de texto).
De la lectura de la norma en cita se desprende que cuando se presenta una solicitud de nulidad con fundamento en el artículo 294 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta debe ser resuelta en todos los casos por la Sala y no únicamente por el magistrado ponente, pues este último solo tendrá competencia en caso de que la solicitud se funde en causales distintas a las enunciadas en la norma en cita, lo que, como se explicó en precedencia, no ocurre en el caso concreto(18).
Según lo establecido por la sección quinta en Auto del 28 de julio de :2016(19), la solicitud de nulidad de la sentencia electoral debe impetrarse dentro de la ejecutoria de la misma, pues vencido dicho término las partes tendrán a su disposición, según el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión y no ya este mecanismo procesal.
En el caso concreto, se presentó solicitud de aclaración de la sentencia, aspecto sobre la cual la Sala(20) ha reconocido que, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 302 del Código General del Proceso(21), “cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud” lo que implica que el término de ejecutoria de la sentencia electoral está atado a la del auto que resuelve la solicitud de aclaración.
Así las cosas, no cabe duda que la providencia del 19 de julio de 2017, cuya nulidad hoy se pide, aún no se encuentra ejecutoriada razón por la que es viable pronunciarse sobre la solicitud elevada por el apoderado del señor Echeverría Vallejo.
2.3. Análisis de la solicitud de nulidad formulada.
Para la parte demandada la sentencia se encuentra viciada de nulidad por incompetencia funcional, debido a que, de un lado, el Consejo de Estado falló más allá de lo establecido en la fijación del litigio y, de otro, porque las excepciones previas se decidieron en la sentencia y no en la audiencia inicial.
Así las cosas, corresponde a la Sala examinar si, en efecto, la sentencia del 19 de julio de 2017 se encuentra incursa en una causal de nulidad contemplada en el artículo 294 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para el efecto, en primer lugar, se realizarán algunas consideraciones generales sobre la causal de nulidad alegada, para paso seguido analizar el caso concreto.
2.3.1. La incompetencia funcional como causal de nulidad de la sentencia electoral.
Como es de amplio conocimiento, uno de los presupuestos determinantes a efectos de establecer la validez de las providencias judiciales es justamente el criterio de la competencia, pues como lo ha reconocido la doctrina, a través de esta figura “se sabe exactamente cuál de todos los funcionarios que ostentan jurisdicción es el indicado para conocer de determinado asunto”.(22)
En efecto, las normas de competencia tienen como propósito que los usuarios de la administración de justicia tengan certeza respecto a cuál es la autoridad judicial que el ordenamiento jurídico previó para la resolución de cada caso en particular. Por ello, aquella se ha definido “como la medida en la que se distribuye la jurisdicción entre las distintas autoridades judiciales”.(23)
Así las cosas, para determinar la competencia de un servidor judicial se han dispuesto ciertos criterios orientadores denominados “factores determinantes de competencias”. Uno de esos criterios es, precisamente, el criterio funcional, en virtud del cual se establece la competencia del juez en razón del grado jerárquico que aquel ostente dentro de la rama judicial.
Es por lo anterior, que se ha entendido que el factor funcional de competencia “adscribe a funciones diferentes el conocimiento de los asuntos, partiendo de la base esencial de que existen diversos grados jerárquicos dentro de quienes administran justicia”(24) y que aquel se explica no solo porque el sistema judicial está organizado jerárquicamente, sino porque, además, el orden jurídico colombiano reconoce como regla general el principio de doble instancia.(25)
En consecuencia, cuando la ley establece que: i) cierto juez conocerá de un determinado asunto en primera o segunda instancia o ii) que la decisión a adoptar corresponde al ponente o la Sala si se trata de un órgano colegiado, no cabe duda que está asignado competencias según el criterio funcional.
Ahora bien, según el artículo 294 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo constituye causal de nulidad de la sentencia electoral la “incompetencia funcional”, esto significa que el fallo será nulo si aquel se profirió por un juez en distinta jerarquía a la establecida en la norma, v. gr. si se dictó por un tribunal cuando correspondía al juez o viceversa. En otras palabras, se podrá alegar la falta de competencia funcional cuando la sentencia electoral se profiera en contravención de las reglas de competencias contempladas en los artículos 149 a 155 de la Ley 1437 de 2011.
Hechas las anteriores precisiones, corresponde a la Sala establecer si los argumentos expuestos en la solicitud de nulidad configuran o no la causal de nulidad de “incompetencia funcional”.
Lo primero a señalar es que, prima facie, el fallo del 19 de julio de 2017 no se profirió con incompetencia funcional, pues como se explicó en la referida providencia, según las voces del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo corresponde a esta corporación conocer “en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos”.
Por consiguiente, la sección tenía plena competencia funcional para conocer en segunda instancia del recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño. No sobra advertir que dicho tribunal, también tuvo competencia funcional para dictar el fallo en primera instancia, pues así se desprende del numeral 9º del artículo 152 ibídem.
Ahora bien, como se explicará a continuación, los argumentos presentados en la solicitud de nulidad tampoco materializan la aludida causal, pues ninguno de ellos demuestra que la sentencia del 19 de julio de 2017 se haya proferido con falta de competencia funcional. Veamos:
a) La sentencia del 19 de julio no contiene un falló extra petita.
Frente a este argumento, lo primero que la Sala considera necesario poner de presente es que aquel no configura la causal invocada en los términos previamente definidos, toda vez que la competencia funcional de la sección no está determinada por las pretensiones de la demanda, sino por la asignación de competencia hecha por la ley, en virtud de las jerarquías establecidas en la jurisdicción contenciosa administrativa.
En todo caso es necesario precisar que, contrario a lo señalado por el demandado, la sentencia del 19 de julio de 2017 no es un fallo extra petita, ni transgrede el principio de congruencia, puesla sección se limitó a analizar la nulidad del acto acusado en los términos invocados en la demanda, pues no añadió cargos, ni obró por fuera de las potestades asignadas al juez electoral; cosa distinta es que en virtud de lo establecido en sentencia de unificación del 26 de mayo de 2016(26) haya definido los efectos de la decisión anulatoria.
En efecto, como se explicó con todo detalle en el acápite 2.10 de la sentencia cuya nulidad se pretende; como el artículo 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no reguló cuales serían los efectos de la decisión anulatoria de aquellas nulidades distintas a las elecciones de voto popular, corresponde al juez electoral fijar los efectos de las decisiones anulatorias con el propósito de dar alcance a la nulidad decretada.
En este contexto, es evidente que este argumento en el que el demandado fundamenta la solicitud esta llamado al fracaso, debido a que lo que hizo la sección fue, simplemente, dar aplicación a la sentencia de unificación antes aludida, precisando los efectos de la declaratoria de nulidad del nombramiento cuestionado.
El hecho de que en la demanda no se haya elevado una pretensión relativa a los efectos de la sentencia anulatoria no impedía, como erradamente entienden las partes, que la sección adoptará una decisión en ese sentido, toda vez que en su carácter de juez electoral está plenamente facultada para precisar cuáles son las consecuencias de que cierto acto haya sido declarado nulo. Asegurar lo contrario, tornaría inane el papel de la autoridad judicial dentro del proceso electoral y llevaría al absurdo de señalar que las implicaciones de la nulidad están atadas a lo que se pida en el escrito introductorio.
Por supuesto, el hecho de que la Sala electoral module sus fallos no modifica la naturaleza del medio de control de nulidad electoral para convertirlo en una nulidad y restablecimiento, como equivocadamente entiende la parte demandante, pues lo que busca es que el juez defina los alcances y consecuencias de la declaratoria de nulidad decretada, ya que es precisamente este el que conoce cuales fueron las implicaciones de la ilegalidad encontrada en el acto demandado.
Todas las razones que preceden son suficientes para concluir, sin ambages, que la causal de nulidad aludida no se materializó y que tampoco es viable, como pretende la parte actora, excluir del fallo del 19 de juliode 2017 la modulación expuesta por la sección respecto a las consecuencias de la declaratoria de nulidad.
b) Respecto al hecho de que las excepciones previas no se hayan resuelto en la audiencia inicial.
Lo propio sucede con el argumento, según el cual la Sala carece de “competencia funcional”, porque las excepciones previas se resolvieron en la sentencia y no en la audiencia inicial. En efecto, este argumento también está llamado al fracaso, principalmente por dos razones:
En primer lugar, porque dicha irregularidad quedó completamente saneada, comoquiera que en el momento procesal oportuno, ninguna de las partes evidenció dicha anomalía. En efecto, si se consideraba que se cercenó el derecho de defensa y a la doble instancia, así debieron ponerlo de presente las partes, en la audiencia inicial y no esperar hasta esta instancia procesal.
A la anterior conclusión se arriba, porque el control de legalidad del proceso no solo le corresponde al juez, sino también a las partes, comoquiera que aquellas tienen todas las prerrogativas para que, si es del caso, coloquen en evidencia las anomalías que se pudieran presentar; por el contrario, si en las etapas procesales estas guardan silencio y consienten el curso del proceso sin exponer objeción alguna, es evidente que con esta actitud están avalando el trámite procesal.
Y es que no podría ser de otra manera, toda vez que el silencio de las partes también se erige como una conducta procesal omisiva que evidencia la conformidad de las mismas con las decisiones adoptadas por la autoridad judicial, y de la que a su vez se desprende que aquellas consienten que cualquier irregularidad o anomalía se entiende saneada.
En consecuencia, la parte demandada no puede ahora, aupada en la solicitud de nulidad, evidenciar yerros que pudo poner de presente en la audiencia inicial y que saneó con su silencio, máxime cuando no es posible alegar en etapas posteriores anomalías que, como en el caso concreto, quedaron saneadas y que se presentaron en etapas ya precluidas.
En segundo lugar, lo explicado arriba, además, evidencia que la naturaleza de la irregularidad que se pone de presente no se origina en la sentencia, sino en un momento procesal anterior: el desarrollo de la audiencia inicial.
Finalmente, la parte demandada indicó que el a quo sostuvo que “(...) existió una falsa motivación en el acto administrativo, cargo que jamás fue demostrado ni argumentado por la parte demandante (...)” es de advertir que tanto la autoridad judicial de primera instancia, como esta corporación se circunscribieron a resolver el problema jurídico planteado en la demanda, esto es, si el demandado había acreditado o no, conforme a las reglas establecidas en el concurso de méritos, la experiencia exigida para desempeñarse como gerente de la ESE Eduardo Santos.
En efecto, el Tribunal de Nariño resolvió sobre las censuras planteadas entorno al hecho de que para el accionante, el señor Echevarría Vallejo no demostró la experiencia que el concurso de méritos exigía para el cargo; por su parte, la sección, como puede observarse de la simple lectura del fallo cuya nulidad se pretende, desató el recurso de apelación presentado también en esos precisos términos, pues examinó si en efecto el demandado cumplía o no con los requisitos de acceso al cargo.
En consecuencia, contrario a lo afirmado por el señor Echavarría Vallejo en ningún momento se aludió a la “falsa motivación del acto”, ni muchos menos se analizó, como pretende insinuar, un cargo que no fuera propuesto por la parte actora.
Los anteriores argumentos son suficientes para negar la solicitud de nulidad formulada, también, por este argumento.
De lo expuesto, la Sala electoral del Consejo de Estado concluye:
3.1. La solicitud de aclaración de la sentencia debe ser negada, comoquiera que con ella no ce busca precisar un punto oscuro contenido en la parte resolutiva de la sentencia del 19 de julio de 2017 o en la motiva con incidencia en ella.
3.2. La causal de nulidad alegada no se encuentra materializada en el caso concreto, porque la sentencia de segunda instancia no se profirió con “incompetencia funcional”, lo que impone negar la solicitud elevada en ese sentido.
1. NEGAR la solicitud de aclaración de la sentencia presentada por la apoderada del departamento de Nariño.
2. NEGAR la solicitud de nulidad presentada por el demandado contra la sentencia del 19 de julio de 2017, proferida dentro del proceso de la referencia.
3. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente decisión no cabe recurso alguno, de conformidad con los artículos 290 y 294 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
12 Folio 3248 del expediente.
13 Aplicable al caso por virtud del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ante la ausencia de norma expresa que regule la materia en el estatuto procesal administrativo.
14 Artículo 285 del Código General del Proceso.
15 Consejo de Estado, sección quinta, Auto del 13 de octubre de 2011. Rad. 2010-0030, 2010-0039, 2010-0042 y 2010-0052. C.P. Mauricio Torres Cuervo.
16 Op. cit. MORALES MOLINA, Hernando, p. 500.
17 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, Providencia de 31 de octubre de 2013. Rad. 11001-03-28-000-2010-00074-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.
18 En el mismo sentido consultar: Consejo de Estado, sección quinta, Auto de Sala del 28 de julio de 2016. Rad. 63001-23-33-000-2015-00336-01. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Ddo. Paola Marcela Castellanos Acevedo - diputada del Quindío.
19 Reiterado en: Consejo de Estado, Auto del 10 de noviembre de 2016. Rad. 730001-23-33-000-2015-00806-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro y Consejo de Estado, Auto del 22 de junio de 2017. Rad 730001-23-33-000-2015-00806-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
20 Consejo de Estado, sección quinta, Auto de Sala del 21 de septiembre de 2016. Rad. 63001-23-33-000-2015-00377-01. C.P. Rocío Araujo Oñate. Ddo. Néstor Fabián Herrera Fernández —concejal de Armenia—.
21 “ART. 302.—Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedanejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueron procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”.
22 López Blanco Hernán. Fabio Código General del Proceso. Parte General. Ediciones Dupré. Bogotá, 2016, p. 230.
23 Mattitrolo Luis, Tratado de Derecho procesal Civil citado en López Blanco Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Ediciones Dupré Bogotá, 2016, p. 231.
24 López Blanco Ob. cit., p. 256.
25 Por supuesto, ello no obsta para que el legislador, dentro da su autonomía, excluya ciertos asuntos del principio de doble instancia.
26 Consejo de Estado, sección quinta, sentencia del 26 de mayo de 2016. Rad. 11001-03-28-000-2015-00029-00. C.P. Carlos Moreno Rubio.