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Timestamp: 2018-02-23 00:40:32
Document Index: 50073762

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 41', 'artículo 55', 'artículo 394', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 218', 'artículo 18', 'artículo 348', 'artículo 43', 'artículo 10', 'artículo 41', 'artículo 54', 'artículo 48', 'artículo 48']

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2018 4 SALA DE JUSTICIA AUTO
AUTO nº 4 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA
Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 54/17 Actuación Previa nº 78/17 SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Cª de Educación, Investigación, Cultura y Deporte- “CEIP José Mª Manresa Navarro de San Fulgencio”) ALICANTE.
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Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 54/17 Actuación Previa nº 78/17 SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Cª de Educación, Investigación, Cultura y Deporte- “CEIP José Mª Manresa Navarro de San Fulgencio”) ALICANTE.
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Voces: ALEGACIONESINDEFENSIONNULIDAD DE LIQUIDACION PROVISIONAL
2018 3 SALA DE JUSTICIA AUTO
AUTO nº 3 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA
Recurso de Apelación nº 48/17 Procedimiento de reintegro nº C-155/16 Ramo: SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.- Generalitat Valenciana Valencia
Asunto: Recurso de Apelación nº 48/17 Procedimiento de reintegro nº C-155/16 Ramo: SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.- Generalitat Valenciana Valencia
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera
Voces: INDEFENSIONPLAZOS PROCESALES (IMPRORROGABILIDAD)REPRESENTACION Y DEFENSA
2018 2 SALA DE JUSTICIA AUTO
AUTO nº 2 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA
Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 45/17, interpuesto contra la Providencia de 6 de octubre de 2017, dictada en las Actuaciones Previas nº 6/2017, de Sector Público Local (Ayto. de Arnedo), La Rioja.
Asunto: Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 45/17, interpuesto contra la Providencia de 6 de octubre de 2017, dictada en las Actuaciones Previas nº 6/2017, de Sector Público Local (Ayto. de Arnedo), La Rioja.
Voces: ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGOEMBARGOINDEFENSIONRECURSO DEL ART. 48.1 (MOTIVOS)SUSPENSION
2018 1 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA
SENTENCIA nº 1 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA
Recurso de apelación nº 51/17 interpuesto contra la Sentencia 4/2017, de 7 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-220/13, Entidades Locales (Ayuntamiento de Xirivella), Valencia.
Asunto: Recurso de apelación nº 51/17 interpuesto contra la Sentencia 4/2017, de 7 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-220/13, Entidades Locales (Ayuntamiento de Xirivella), Valencia.
Resumen doctrina: Estima parcialmente la Sala el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia, sin imposición de costas. Tras exponer sistematizadamente las alegaciones de las partes, analiza la Sala los argumentos esgrimidos por el apelante, a propósito de la falta de competencia material u objetiva como causa para que hubiera sido inadmitida la demanda, y concluye compartiendo la declaración contenida en la sentencia de instancia, ahora apelada, en el sentido de que esta cuestión debió proponerse en forma de declinatoria, ex art. 63 de la LEC, en el escrito de contestación a la demanda, y, además, que tampoco cabía apreciar de oficio la existencia de la misma. Así, manifiesta el Órgano ad quem, en la medida en que se hayan originado daños a los fondos públicos se abre la posibilidad de declarar responsabilidades contables por el Tribunal de Cuentas, siempre que concurran el resto de los requisitos establecidos en la Ley ( Sentencia de la Sala de Justicia 18/2009, de 22 de julio). En el supuesto que nos ocupa, el daño en los fondos públicos se ha producido por la prescripción de las deudas tributarias que ha impedido que determinados ingresos entraran en la Tesorería del Ayuntamiento. Por ello, existiendo un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que pudiera haber sido ocasionado por el agente colaborador de la recaudación, se aprecia, de forma indubitada, la competencia objetiva de esta jurisdicción contable. Continúa la Sala argumentando que la responsabilidad del agente colaborador podía haber sido exigida, bien mediante expediente administrativo por la Corporación afectada, en cuyo caso este Tribunal de Cuentas sólo podría conocer a través del recurso previsto en el artículo 41 de la LOTCu, bien directamente por el Tribunal de Cuentas, conforme a lo establecido en los artículos 68 y siguientes de la LFTCu. Tampoco puede admitirse la consideración de la representación del apelante de que el demandado deba quedar exonerado de la responsabilidad de la declaración de prescripción de las deudas tributarias que se señalan en la resolución recurrida, porque, a su juicio, el Ayuntamiento no haya remitido toda la documentación de que disponía, toda vez que la falta de documentación que acredite las actuaciones que hubiera realizado el apelante sólo puede constatar, ante los requerimientos efectuados por el Ayuntamiento, la responsabilidad contable declarada. Por último, la Sala se pronuncia respecto a la data 49/2010, en concepto de I.A.E ECONÓMICAS 2004, y del análisis de la documentación que obra en autos, constata que la suma a la que asciende el alcance por este concepto no es la de 5.737,01 euros, que se recoge en la sentencia apelada, sino la de 790,23 euros, que se refiere a la falta de justificación de la prescripción de la deuda tributaria del recibo 217, debiendo minorar la responsabilidad contable declarada en esa proporción.
Voces: COSTASDATADAÑO EN LOS FONDOS PUBLICOSFALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTASPRESCRIPCION DEUDA TRIBUTARIARECURSO DE APELACION
2018 1 SALA DE JUSTICIA AUTO
AUTO nº 1 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA
Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88 nº 1/18 Actuación Previa nº 234/11 Ramo: CC.AA.- Cª de Empleo - Ayudas socio-laborales a la prejubilación ANDALUCÍA
Asunto: Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88 nº 1/18 Actuación Previa nº 234/11 Ramo: CC.AA.- Cª de Empleo - Ayudas socio-laborales a la prejubilación ANDALUCÍA
Voces: ACTUACIONES PREVIASEXTEMPORANEIDADINADMISIONPROVIDENCIA DE REQUERIMIENTORECURSO DEL ART. 48.1 DE LA LEY 7/1988
2017 18 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA
SENTENCIA nº 18 del año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO
Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-41; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad -NUEVA LIMA-; Andalucía
Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-41; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad -NUEVA LIMA-; Andalucía
2017 17 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA
SENTENCIA nº 17 del año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO
Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-43; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad -VALEO-; Andalucía
Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-43; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad -VALEO-; Andalucía
2017 16 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA
SENTENCIA nº 16 del año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO
Procedimiento de reintegro por alcance nº B-125/15 (Acumulados Procedimientos de Reintegro por Alcance nº B-166/15, B-170/15, B-181/15, B-182-15, B-183/15, B-184/15 y B-185/15); Sector Público Autonómico; Gobierno del Principado de Asturias; Asturias
Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-125/15 (Acumulados Procedimientos de Reintegro por Alcance nº B-166/15, B-170/15, B-181/15, B-182-15, B-183/15, B-184/15 y B-185/15); Sector Público Autonómico; Gobierno del Principado de Asturias; Asturias
2017 36 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA
SENTENCIA nº 36 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA
Recurso de apelación nº 47/17, interpuesto contra la Sentencia nº 7/2017, de 13 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-73/16, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Valdemoro), MADRID.
Asunto: Recurso de apelación nº 47/17, interpuesto contra la Sentencia nº 7/2017, de 13 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-73/16, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Valdemoro), MADRID.
Resumen doctrina: Desestima la Sala de Justicia el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de instancia, con imposición de costas al apelante. Analiza la Sala en primer lugar, tras sistematizar los motivos de apelación y de oposición respectivamente aducidos, la excepción planteada por el apelante, a propósito de su falta de legitimación pasiva, “ad causam”, porque, a su entender, no era depositario de los fondos públicos municipales, ni responsable de su custodia, limitándose a cumplir órdenes del Tesorero municipal. Distingue la Sala entre la legitimación “ad processum”, es decir, aquella ligada a la capacidad para comparecer en juicio, y la legitimación “ad causam”, es decir, aquella ligada a la capacidad jurídica, que viene a identificarse con la efectiva titularidad activa o pasiva de la relación jurídica concreta deducida en el litigio. Y concluye, a tenor de los artículos 15, 2.b) y 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, y 49 de la Ley de Funcionamiento, así como de lo declarado en la Sentencia de la Sala de 14 de julio de 2004, que son dos las notas caracterizadoras del ilícito contable: a) la rendición de cuentas; y b) la relación especial “de facto” en que se encuentran todos aquéllos que se vinculan a la gestión de fondos públicos. Además, teniendo en cuenta el artículo 55 de la LFTCu, que se refiere a la regulación legal del legitimado pasivo, la Sala entiende que dicho concepto se anuda por Ley al hecho de ostentar las condiciones subjetivas precisas para poder ser declarado responsable contable directo o subsidiario. El apelante, en el presente caso, fue nombrado responsable de la Caja de efectivo del municipio mediante Decreto del Alcalde y tiene el carácter de legitimado pasivo en estos autos. En cuanto al fondo del asunto las alegaciones del recurrente se refieren a tres cuestiones: 1) Que cumplió las normas municipales vigentes; 2) Que atendió siempre las instrucciones del Tesorero municipal; y 3) Que no ha existido relación de causalidad entre su conducta y el daño ocasionado a los fondos públicos municipales. La Sala entiende, sin embargo, de acuerdo con lo declarado en la sentencia de primera instancia, que se ha producido falta de observancia de las disposiciones normativas dando lugar a numerosos descuadres, ocultación de los mismos, falta de ingresos en favor del Ayuntamiento y la existencia de una caja paralela. Tales conductas evidencian la existencia de negligencia grave en la actuación del recurrente y que no agotó en modo alguno la diligencia debida en el cumplimiento de sus funciones sin que resulte admisible la excusa del pretendido sometimiento a las órdenes de un superior. Por último, concluye la Sala que existe nexo causal entre la conducta del apelante y el resultado dañoso producido.
Ponente: Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano
Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Consejera
Voces: CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CONTABLELEGITIMACION AD CAUSAMLEGITIMACION AD PROCESSUMLEGITIMACION PASIVANEGLIGENCIA GRAVENEXO CAUSALRESPONSABILIDAD CONTABLE (REQUISITOS)RESPONSABILIDAD CONTABLE DIRECTA
2017 35 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA
SENTENCIA nº 35 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA SENTENCIA nº 35 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA
Recurso de apelación, rollo nº 38/17, interpuesto contra la Sentencia Nº 1/2017, de 3 de mayo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-175/14, del ramo de entidades locales, Ayuntamiento de Reus, Reus Serveis Municipals, S.A. Tarragona.
Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 38/17, interpuesto contra la Sentencia Nº 1/2017, de 3 de mayo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-175/14, del ramo de entidades locales, Ayuntamiento de Reus, Reus Serveis Municipals, S.A. Tarragona.
Resumen doctrina: Desestima la Sala de Justicia el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de instancia, con imposición de costas a los apelantes. Analiza la Sala en primer lugar la causa de inadmisibilidad del recurso consistente en que el objeto del mismo está por debajo de la cuantía legalmente fijada para que la apelación pueda ser admitida y concluye que debe ser desestimada, toda vez que los preceptos de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas ( art. 80.2 y 3) tienen el carácter de ley especial para los procedimientos de reintegro por alcance, lo que implica en primer término que no se exige ninguna cuantía para recurrir en apelación las sentencias de primera instancia y, en segundo término, que las normas de la apelación contencioso-administrativa son de aplicación supletoria pero sólo en cuanto a la tramitación y decisión del recurso y así ha sido admitido por la Sala de Justicia sin excepción alguna. A continuación, la Sala manifiesta que la cuestión de fondo planteada, es decir, la pretensión del recurrente de que sea revocada la condena en costas que se le impuso en primera instancia, no puede ser estimada. Y es que la posibilidad de eludir en materia de imposición de costas la regla general del vencimiento a que se refiere el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene carácter excepcional, para casos en los que quepa apreciar serias dudas de hecho o de derecho. Por lo que se refiere a los hechos, la jurisprudencia entiende que el carácter dudoso de éstos ha de venir determinado por las dificultades probatorias sobre la existencia de los hechos constitutivos de la pretensión. Y por lo que se refiere a las posibles dudas de derecho es necesario que haya falta de claridad de la norma aplicable, ambigüedad en su tratamiento legal o diversidad de criterios judiciales. Y en este caso la decisión exoneratoria de responsabilidad contable adoptada por la juzgadora de instancia se ha limitado a contrastar si los documentos que autorizaban las operaciones denunciadas por la parte actora permitían o no concluir que estaba autorizada la contratación de avales y era una operación propia del tráfico de la empresa que los contrató, no habiéndose suscitado dificultad alguna para identificar la normativa aplicable, ni complejidad en su interpretación.
Ponente: Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Presidente
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano- Consejero
Voces: COSTASCUANTIA DEL PROCEDIMIENTO (DETERMINACION)RECURSO DE APELACIONVALORACION DE LA PRUEBA
2017 18 SALA DE JUSTICIA AUTO
AUTO nº 18 año 2017 dictado por la SALA DE JUSTICIA
Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 37/17, Actuaciones Previas nº 27/17. Ramo: Sector Público Local ( Ayto. de Gimenells i Plá de la Font), LLEIDA.
Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 37/17, Actuaciones Previas nº 27/17. Ramo: Sector Público Local ( Ayto. de Gimenells i Plá de la Font), LLEIDA.
Resumen doctrina: Desestima la Sala de Justicia el recurso interpuesto contra la Liquidación Provisional y la Providencia de requerimiento de pago dictadas en las Actuaciones Previas, rebatiendo las alegaciones formuladas por el recurrente y comenzando por recordar la naturaleza jurídica del recurso formulado al amparo del artículo 48.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Y es que se trata de un recurso especial y sumario por razón de la materia que no persigue un conocimiento de los hechos objeto de debate en una segunda instancia jurisdiccional, sino que lo que la Ley pretende es ofrecer un mecanismo de revisión a los intervinientes en las Actuaciones Previas de cuantas resoluciones puedan limitar sus posibilidades de defensa. En atención a lo anterior, desestima la Sala las pretensiones del recurrente relativas a que se extienda la responsabilidad contable de forma solidaria a todos y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, así como a la actual Secretaria de la Corporación, toda vez que se trata de cuestiones atinentes al fondo del asunto. Y en el mismo sentido se manifiesta en relación con los motivos de recurso relativos a “errores materiales” y a “errores aritméticos”, puesto que se trata de argumentos sobre el fondo de la cuestión debatida que exceden los estrictos límites del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu, a saber, que se hayan denegado indebidamente diligencias de averiguación o que se haya ocasionado indefensión. Todo ello conduce a la Sala a denegar, asimismo, la suspensión del requerimiento de pago efectuado. Desestima la Sala, igualmente, la alegación relativa a la concurrencia de una causa de indefensión. El recurrente considera que se le debió conceder la posibilidad de intervenir en las actuaciones desde su comienzo para posibilitar la recusación de los órganos de instrucción y un adecuado conocimiento de los hechos. La Sala concluye, sin embargo, que es precisamente la citación a la Liquidación Provisional el primer trámite del procedimiento en el que procede dar audiencia, habiéndose ajustado el órgano instructor en todo momento a los requisitos contenidos en la LFTCu, en la ordenación y desarrollo de las Actuaciones Previas.
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz. Presidente.
Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Consejera.
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano. Consejero.
Voces: INDEFENSIONNATURALEZA RECURSO 48.1REQUERIMIENTO DE PAGO
2017 15 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA
SENTENCIA nº 15 del año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO
Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-42; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- SALDAUTO; Andalucía
Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-42; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- SALDAUTO; Andalucía
2017 14 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA
Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-37; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- CALDERINOX; Andalucía
Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-37; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- CALDERINOX; Andalucía
2017 34 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA
SENTENCIA nº 34 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA
Recurso de apelación nº 44/17 interpuesto contra la Sentencia 7/2017, de 8 de mayo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-305/15, Sector Público Local (Junta Administrativa de Ribaguda), Álava.
Asunto: Recurso de apelación nº 44/17 interpuesto contra la Sentencia 7/2017, de 8 de mayo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-305/15, Sector Público Local (Junta Administrativa de Ribaguda), Álava.
Resumen doctrina: Desestima la Sala de Justicia el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia, quedando ésta confirmada e imponiéndose las costas al recurrente. Comienza la Sala analizando las alegaciones referidas a la incongruencia de la sentencia recurrida y recoge la doctrina de la propia Sala que establece que las sentencias incurren en incongruencia cuando se produce una descoordinación, un desajuste o ausencia de relación lógica entre el pronunciamiento judicial y las peticiones de las partes, bien porque no se resuelven todas las cuestiones planteadas en el juicio, bien porque se extralimite el contenido de la decisión, aludiendo a cuestiones que no han sido objeto de debate. Añade que lo decisivo es la correlación entre las pretensiones y resistencias de las partes, que tienen reflejo en el “suplico” de los escritos de demanda y contestación, y el fallo o parte dispositiva de la sentencia. Recoge también la jurisprudencia constitucional reiterada según la cual el vicio de incongruencia, como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurra la controversia procesal. Señala que la parte dispositiva de la sentencia, para ser congruente, debe adecuarse a la causa de pedir y al resultado que la parte pretende conseguir a consecuencia del pleito. Indica que el principio de congruencia se recoge en el artículo 218.1 de la LEC y en el 60.1 y 71.3 de la LFTCu. Partiendo de todo ello, entiende la Sala que no cabe apreciar incongruencia en la sentencia recurrida, habiendo juzgado el Consejero de instancia dentro del límite de la pretensión de la demanda y de las alegaciones contenidas en su escrito de contestación. Frente a la alegación de que los hechos pudieran ser constitutivos o no de infracción penal, insiste la Sala en que, con independencia de la compatibilidad para el conocimiento de unos mismos hechos por las jurisdicciones penal y contable contemplada en el artículo 18 de la LOTCu, unos mismos hechos pueden no ser constitutivos de infracción penal y sí de un supuesto de responsabilidad contable, y viceversa. Señala que, en el caso de autos, en que no hay iniciado procedimiento penal alguno, las pretensiones de la parte actora formuladas en la demanda han sido analizadas por el órgano “a quo” atendiendo a la existencia de responsabilidad contable surgida, en su caso, en el contexto de la encomienda de la gestión de fondos públicos a ciertas personas, y añade que, acreditado un cargo y constatada la falta de justificantes o de dinerario, aparece un descubierto en las cuentas que no cabe sino calificar de alcance. Recuerda que la fijación de los hechos y la valoración delos medios de prueba, con base en criterios de crítica racional es competencia del Juez de instancia, sin que puedan prevalecer meras alegaciones de parte frente al juicio de apreciación de la prueba que contenga la sentencia de instancia. Expone la Sala que la salida de las cuentas del Concejo de la cantidad de 75.000 € con objeto de un supuesto préstamo concedido al apelante, sin indicarse su finalidad pública o con una finalidad privada, por su quebranto económico tras un divorcio y varios pleitos, es susceptible de generar responsabilidad contable por alcance pues, como establece la doctrina de la propia Sala “puede nacer responsabilidad contable cuando la contraprestación que se paga con fondos públicos está completamente desconectada de las finalidades públicas a las que legalmente sirva la entidad con cuyos fondos se realiza el pago”, siendo estos gastos equiparables a los pagos sin contraprestación. Ratifica la Sala, igualmente, las conclusiones de la sentencia de instancia respecto al pago de 25.000 €, señalando que todos los pagos procedentes de fondos públicos, independientemente de su destino y de la persona que los ordene, deben estar respaldados por una justificación y ésta no puede quedar al arbitrio del que gestiona o maneja los caudales o efectos públicos. Recoge la doctrina según la cual se puede apreciar responsabilidad contable “cuando la desproporción entre el precio y el valor de la contraprestación fuera de tal magnitud que de esa desproporción pudiera deducirse que realmente se trató de un pago sin causa”. Rechaza las alegaciones referidas al pago de gastos varios y de representación, recordando que en el ámbito de esta jurisdicción es de aplicación el principio civil de reparto de la carga de la prueba (217 LEC). Conforme a dicho principio, correspondía al demandado, actual recurrente, presentar las facturas o justificantes de los pagos realizados con cargo a los fondos salidos de las cuentas del Concejo, en concepto de gastos varios y de representación, o, al menos, “utilizando la flexibilización a la hora de justificar los gastos protocolarios o de representación, que ha venido considerando esta Sala de Justicia”, para que sean admitidos, probar que respondían a una finalidad pública.. Se desestima también la alegación referida a la prescripción por tratarse de una cuestión nueva, no planteada en la instancia, y porque en el ámbito de la responsabilidad contable la Disposición Adicional Tercera de la LFTCu establece la prescripción por el transcurso de cinco años desde la fecha de comisión de los hechos, y su interrupción desde que se hubiere iniciado cualquier actuación fiscalizadora, procedimiento fiscalizador, disciplinario, jurisdiccional o de otra naturaleza que tuviera por finalidad el examen de los hechos determinantes de la responsabilidad contable, sin que se exija su conocimiento formal por los presuntos responsables, y volverá a correr de nuevo desde que dichas actuaciones o procedimientos se paralicen o terminen.
Voces: CARGA DE LA PRUEBACOMPATIBILIDAD ENTRE LA JURISDICCION CONTABLE Y LA PENALCONOCIMIENTO FORMALGASTOS PROTOCOLARIOS Y DE REPRESENTACIONINCONGRUENCIAINTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIONJUSTIFICACION DE GASTOSPRESCRIPCIONPRINCIPIO DISPOSITIVOPRINCIPIOS DE CONTRADICCION Y CONGRUENCIARECURSO DE APELACIONRESPONSABILIDAD CONTABLETUTELA JUDICIAL EFECTIVA
2017 32 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA
SENTENCIA nº 32 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA
Recurso de apelación nº 34/17, interpuesto contra la Sentencia nº 22/2016, de 22 de noviembre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-93/15, del ramo de Entidades Públicas Empresariales, (Ferrocarriles de Vía Estrecha “FEVE” – Absorbida por “ADIF”, Gijón), PRINCIPADO DE ASTURIAS.
Asunto: Recurso de apelación nº 34/17, interpuesto contra la Sentencia nº 22/2016, de 22 de noviembre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-93/15, del ramo de Entidades Públicas Empresariales, (Ferrocarriles de Vía Estrecha “FEVE” – Absorbida por “ADIF”, Gijón), PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resumen doctrina: Desestima la Sala el recurso de apelación deducido por el Abogado del Estado, en nombre y representación de las Entidades Públicas Empresariales (EPEs) ADIF y RENFE OPERADORA, así como por el Ministerio Fiscal, contra la Sentencia de instancia, imponiéndose las costas a las citadas ADIF y RENFE OPERADORA. Tras sistematizar los motivos de apelación planteados y las alegaciones constitutivas de la oposición a estos delimita la Sala, a continuación, el objeto del presente procedimiento de reintegro por alcance, constituido por dos temas litigiosos en los que los recurrentes aprecian que se ha generado un menoscabo en los fondos de las mercantiles públicas ADIF y RENFE OPERADORA, como sucesoras de la extinta FEVE: 1º) la adquisición por FEVE de un local para albergar las oficinas de dicha sociedad empresarial pública; y 2º) la enajenación de un importante acopio de vías de segundo uso, considerado material inútil o de chatarra, acumulado en distintos puntos de la red de FEVE, en el norte de España. Basan su recurso en una supuesta valoración incorrecta de la prueba pericial y del restante material probatorio aportado al procedimiento. Repasa la Sala el material probatorio que fue ponderado en la instancia (documental, interrogatorio de parte, declaraciones de testigos, declaraciones vertidas en los interrogatorios de testigos-peritos y declaración resultante de la pericial). Analiza en primer lugar la pretensión consistente en que se declare la responsabilidad por alcance de los codemandados por apreciar sobreprecio en la adquisición por parte de FEVE, de un local para oficinas, señalando la Sala que una vez constatada la existencia de dictámenes contradictorios en autos, la Consejera de instancia elaboró su enjuiciamiento conforme al artículo 348 de la LEC, respetando la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y mediante un examen minucioso de todos los informes periciales, sobre la tasación del inmueble en cuestión, teniendo en cuenta las afirmaciones del actor, los hechos que se desprendían objetivamente de los dictámenes y del restante acervo probatorio, así como los preceptos jurídicos invocados por las partes. Concluyó de todo ello que no quedaba justificado que el precio de mercado del local adquirido careciera de fiabilidad y por tanto, procedía desestimar la correspondiente pretensión. La Sala muestra su conformidad con dicha conclusión al no apreciar vulneración de las reglas de valoración conjunta de la prueba y de las reglas de la sana crítica. Rechaza la Sala que, desde el punto de vista procesal, quepa otorgar primacía probatoria al dictamen pericial de SEGIPSA, no habiendo sido éste ratificado mediante comparecencia de los técnicos en la vista de juicio ordinario, y habiéndose detectado errores y lagunas en la metodología del mismo. Añade la Sala que el órgano de instancia satisfizo también la argumentación referida a lo que el Abogado del Estado consideró irregularidades en el procedimiento de adquisición del local y de un contrato de opción de compra subordinado a dicha compraventa, conforme a la aplicación de las normas de la LPAP, entendiendo la Consejera de instancia que, en lo esencial, se verificaron los trámites administrativos legalmente previstos, compartiendo la Sala dicha conclusión. En este sentido la Sala de Justicia repasa la normativa aplicable, partiendo del artículo 43.1 b) de la (hoy derogada) LOFAGE, según el cual FEVE era una entidad de derecho público con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, y autonomía de gestión, adscrita al Ministerio de Fomento, recogiendo el contenido de los artículos 53, 54 y 56 de dicha Ley, así como los artículos 166, 167, 110 y 9.3 de la LPAP y acudiendo a los entonces vigentes Estatutos Fundacionales de FEVE. Establece la aplicabilidad del artículo 10 de los Estatutos, en la operación que afectó al edificio adquirido, sin que pueda aceptarse la aplicación, sin más, de las normas generales en materia de gestión del Patrimonio Público. En cuanto a la operación verificada por FEVE consistente en la venta de chatarra, mediante adjudicación directa, indica la Sala que la Consejera de instancia analizó de forma minuciosa todos los aspectos controvertidos de las pretensiones, ponderando las alegaciones de las partes con un extenso razonamiento jurídico derivado de las evidencias fácticas que se desprendieron de la prueba. La Sala rechaza las alegaciones de error probatorio y vulneración de la normativa contable en materia de alcance, recogiendo la jurisprudencia constitucional que reputa suficiente que las resoluciones judiciales se apoyen en razones que permitan conocer los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión (ratio decidendi) y confirma, pues, el pronunciamiento de instancia.
Voces: ALCANCEALEGACIONES DE PARTEENTIDADES DE DERECHO PUBLICOERROR EN LA VALORACION DE LA PRUEBAPRUEBA PERICIAL CONTABLERECURSO DE APELACIONVALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBAVALORACION DE LA PRUEBA
2017 15 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA
SENTENCIA NÚMERO 15 DEL AÑO 2017 DICTADA POR EL DEPARTAMENTO PRIMERO
Procedimiento de reintegro por alcance nº A103/16, SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Inf. Fisc. "Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid" -FGUPM-, Ejerc. 2011), ámbito territorial de Madrid
Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A103/16, SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Inf. Fisc. "Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid" -FGUPM-, Ejerc. 2011), ámbito territorial de Madrid
2017 31 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA
Recurso del art. 41.2 de la Ley Orgánica 2/82, nº 39/15, Ramo Administración del Estado.- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.- Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
Resumen doctrina: Se desestima el recurso interpuesto al amparo del artículo 41.2 de la LO 2/1982, de 12 de mayo, contra la Resolución del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 27 de julio de 2015, por la que se pone fin al expediente administrativo de responsabilidad contable incoado al recurrente, declarándole responsable contable de un perjuicio a los fondos públicos. La Sala de Justicia se muestra disconforme con las afirmaciones vertidas en la demanda que, excediendo el derecho de defensa, cuestionan la imparcialidad del Tribunal. Rechaza la prescripción de la responsabilidad contable así como la caducidad del procedimiento y entiende que la prescripción que se produjo fue la del procedimiento inicial de solicitud de reintegro al beneficiario de la subvención, lo que motivó la incoación de las actuaciones que culminaron en la Resolución Ministerial recurrida. Desestima también la alegación de nulidad de la Resolución de 27 de julio de 2015, que el recurrente basa en que se dictó cuando el expediente a él referido había caducado, considerando la Sala que no se produjo tal caducidad, tras analizar los plazos que rigen la materia y la doctrina al respecto, y reflejar la postura del Abogado del Estado que se refiere al RD 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la LGP Rechaza a continuación la supuesta parcialidad del instructor, que el recurrente considera determinante de nulidad de actuaciones y de la Resolución de 27 de julio de 2015, pretendiendo mostrarse en situación de indefensión. Entiende la Sala que tanto en la instrucción como en el presente procedimiento se han habilitado al máximo las posibilidades de defensa del recurrente. Recoge su propia doctrina en relación con el concepto de indefensión y alude al artículo 54.1 a) de la LFTCu que establece la función revisora de la Sala de Justicia frente a las resoluciones dictadas por las AAPP en materia de responsabilidades contables en los casos expresamente previstos por las leyes. Se aborda a continuación el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, cuyo alcance queda condicionado, por su carácter de derecho constitucional de índole procedimental, y ello exige que, para apreciar su vulneración, quede acreditada la existencia de una indefensión con relevancia constitucional. Concluye la Sala que en este caso no concurre vulneración del derecho de defensa, sin que resulte posible apreciar que se haya generado indefensión material en el recurrente sino la discrepancia de la parte que ha visto desestimadas sus pretensiones. Insiste la Sala en que se ha asegurado la efectiva observancia de los principios de igualdad de las partes y de contradicción. Se desestima la alegación de inexistencia de responsabilidad contable derivada de la actuación del recurrente, repasando la Sala para ello las funciones del Director General del ICAA, siendo éste competente para ordenar el reintegro por los beneficiarios de ayudas y subvenciones que corresponda otorgar a dicho Instituto, y revistiendo carácter irrenunciable dicha competencia, sin que las delegaciones de firma conlleven la exoneración de responsabilidad del Director General, ni puedan dar lugar a la corresponsabilidad de otros funcionarios. En la valoración de la prueba, recuerda la Sala que rige el principio civil de carga de la prueba (217.2 y 3 de la LEC), debiendo recaer las consecuencias perjudiciales de la falta de ésta en aquél a quien correspondía la carga de la misma. Analiza la concurrencia de los requisitos para la existencia de responsabilidad contable y concluye que la conducta del recurrente reúne todos ellos, debiendo desestimarse el recurso interpuesto y confirmarse la resolución recurrida.
Voces: CADUCIDADCARGA DE LA PRUEBAEXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD CONTABLEINDEFENSIONPRESCRIPCIONPRINCIPIO DEL ONUS PROBANDIRECURSO DEL ARTICULO 41.2 DE LA LEY ORGANICA 2/1982REINTEGROREINTEGRO DE SUBVENCIONESRESPONSABILIDAD CONTABLE (REQUISITOS)SUBVENCIONTUTELA JUDICIAL EFECTIVA
2017 17 SALA DE JUSTICIA AUTO
Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 43/17, Actuaciones Previas nº 81/17. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalitat de Cataluña), CATALUÑA.
Voces: ACTUACIONES PREVIASCITACIONCOSTASCUESTIONES DE FONDODENEGACION DE DILIGENCIASDILIGENCIAS PRELIMINARESEFECTOS SUSPENSIVOSINDEFENSIONLEGITIMACION ACTIVALIQUIDACION PROVISIONALPRINCIPIO PRO ACTIONEPROVIDENCIA DE REQUERIMIENTORECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988RESPONSABILIDAD CONTABLE (REQUISITOS)SUPLETORIEDADSUSPENSIONTRAMITE DE AUDIENCIATUTELA JUDICIAL EFECTIVA
2017 16 SALA DE JUSTICIA AUTO
Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, Nº 41/17, Actuaciones Previas Nº 81/17, del ramo Sector Público Autonómico, Generalitat de Catalunya.
Voces: CITACIONEDICTOSINDEFENSIONLEGITIMACION ACTIVALIQUIDACION PROVISIONALRECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988SUSPENSION
2017 14 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA
Procedimiento de reintegro por alcance nº A313/16 del ramo de sector público local (Ayuntamiento de Arnedo), ámbito territorial de La Rioja
Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A313/16 del ramo de sector público local (Ayuntamiento de Arnedo), ámbito territorial de La Rioja
Voces: ARRENDAMIENTO DE SERVICIOSCONTRATACIONCOSTAS (NO IMPOSICION)FALTA DE CAPACIDADINTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIONPRESCRIPCION (DIES A QUO)SOCIEDAD MERCANTIL PUBLICAURBANISMO