Source: https://acedicilsa.com/2016/08/17/mutacion-lucha-contra-bacrim-aplicacion-dih-postconflicto-colombiano/
Timestamp: 2020-04-07 13:31:31
Document Index: 307040773

Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 74', 'artículo 74', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 74']

La mutación de la lucha contra las BACRIM y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el postconflicto colombiano – ACEDI-CILSA | Asociación Colombiana de Estudiantes de Derecho Internacional
August 17, 2016 March 17, 2017 Acedi
Por Sebastián Correa Cruz, Candidato a Mágister en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana (Colombia), Abogado Asociado en Abusaid Gómez & Asociados (Colombia), Antiguo Pasante en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, Abogado con Profundización en Derecho Internacional y Derecho Comercial de la Universidad del Rosario (Colombia); Miembro de la Línea de Investigación de Derecho Internacional Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia), Miembro del Grupo de Investigación de Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de la Sabana (Colombia).
La macrocriminalidad y el crimen organizado son un fenómeno global que generalmente emerge en áreas urbanas. Aunque la macrocriminalidad no es novedosa en el Sistema Internacional, los Estados han comenzado a concebirla como una seria amenazas a su seguridad e integridad. Esta situación ha conllevado a que se replantee el marco jurídico aplicable para hacer frente a este fenómeno.
En Colombia, las Bandas Criminales (BACRIM) son organizaciones macrocriminales, significativamente armadas, que desarrollan actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos como de depredación subsidiara de los mismos, y que con frecuencia emplean la violencia como mecanismo de disciplinamiento interno, de delimitación de áreas de influencia específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin de mantener las condiciones de operación requeridas por sus actividades.[1]
En virtud de lo anterior, el 22 de abril de 2016, el Ministerio de Defensa de Colombia expidió la directiva 0015 de 2016 mediante la cual se presentan los lineamientos para caracterizar a las BACRIM como Grupos Armados Organizados (GAO). Dicha directiva tiene como fin reajustar el marco jurídico aplicable al significar el paso de la aplicación del marco jurídico de los Derechos Humanos a la aplicación del Derecho Internacional humanitario (DIH) para combatir a estos grupos criminales.
El presente escrito tiene como propósito analizar las características y los alcances de la caracterización de un grupo criminal como un GAO a la luz del DIH.
I. El Conflicto Armado no Internacional bajo el Marco Jurídico del DIH
El DIH regula las relaciones entre los Estados, las organizaciones internacionales y otros sujetos de derecho internacional. Es una rama del derecho público internacional formada por normas que, en tiempo de conflicto armado, procuran proteger, por razones humanitarias, a las personas que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades, y restringen los métodos y medios de guerra al constituir la expresión del ius in bello. En otras palabras, el DIH consiste en normas internacionales, convencionales o consuetudinarias (es decir, normas que derivan de la práctica de los Estados y que son acatadas por considerarse obligatorias), cuya finalidad específica es resolver cuestiones humanitarias que surjan directamente a raíz de un conflicto armado, así sea éste internacional o no internacional.[2]
Un conflicto armado no internacional se configura cuando se libran hostilidades entre las fuerzas armadas de un Estado y grupos armados organizados no estatales, o entre estos grupos. Para considerar que las hostilidades constituyen un Conflicto Armado no Internacional, éstas deben alcanzar cierto nivel de intensidad y los grupos participantes deben tener cierto grado de organización. Adicionalmente, la Corte Penal Internacional, ha interpretado este tipo de conflicto armado al concluir que para definir un conflicto armado no internacional[3]:
La Cámara se refiere al Artículo 8(2) del Estatuto de Roma. El párrafo e) del apartado 2 se aplica:
a. los conflictos armados que no sean de carácter internacional y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos de carácter similar.
Se aplica a los conflictos armados en los que se enfrentan de manera prolongada, dentro del territorio de un Estado:
i. las autoridades del gobierno del Estado y grupos armados organizados
ii. entre los grupos armados organizados.
Adicionalmente, La Corte penal Internacional ha indicado en estos casos que el artículo 8(2)(f) del Estatuto de Roma determina que la expresión “conflictos armados que no sean de índole internacional” no se refiere a “situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos”, sino a “conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos”.
Sobre la base de este artículo, La Corte Penal Internacional, en afinidad al ámbito de aplicación material del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, ha afirmado que la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional requiere que los grupos que confrontan al Estado, o que se enfrentan entre sí, deben tener las características necesarias para ser calificados como GAO[4].
De acuerdo con la jurisprudencia de este tribunal internacional, con el propósito de determinar la existencia de un GAO, es relevante considerar factores no exhaustivos como la fuerza del grupo o su jerarquía interna; su estructura de comando y las reglas por las que se rige; el grado de disponibilidad de equipamiento militar, incluyendo armas de fuego; la habilidad del grupo para planear operaciones militares y hacerlas efectivas; y el grado, seriedad e intensidad de cualquier participación militar.
De acuerdo con el Artículo 8(2)(f) del Estatuto, se requiere solo que el grupo armado sea “organizado”, la Sala de Juicio considera que un grado de organización es suficiente para establecer la existencia de un conflicto armado y recuerda que estos factores deben ser analizados caso por caso considerando que ninguno de estos factores son determinativos individualmente. Asimismo el tribunal ha enfatizado en que el control de una parte del territorio por parte del grupo no constituye un factor para su determinación como un GAO.[5]
II. Las Disposiciones de la Directiva 0015 de 2016
Ahora bien, la Directiva 0015 de 2016 describe que las BACRIM en su totalidad eran entendidas como grupos delictivos organizados que antes no cumplían con los requisitos objetivos por el DIH para ser consideradas como Grupos Armados Organizados. En consecuencia, la lucha en contra de estas bandas debía circunscribirse en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).
Sin embargo, la directiva argumenta que las BACRIM han alcanzado en Colombia un nivel de hostilidades y de organización de la estructura armada que les permite cumplir con las características de los Grupos Armados Organizados.
Para tales efectos, el documento se vale de la sentencia del Caso del Fiscal v. Dusko Tadic del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia[6] y de una Sentencia de la Corte Constitucional[7] para considerar como Grupos Armados Organizados (GAO) aquellos grupos que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
De acuerdo con lo anterior la directiva especifica:
Para identificar si se está frente a un GAO se tendrá en cuenta los siguientes elementos concurrentes:
a. Que use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados.
b. Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere la de disturbios internos y tensiones internas.
c. Que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional.[8]
Sumado a lo anterior, la directiva expone que una vez que se presentan las características del GAO, siempre que las hostilidades con estos grupos alcance un nivel de intensidad dado por factores como la seriedad de los ataques, el incremento en las confrontaciones, la extensión de las hostilidades a lo largo de un territorio y periodo de tiempo, el aumento de las fuerzas armadas estatales y su movilización, así como la movilidad y distribución de armas de las distintas partes enfrentadas, el Gobierno se verá facultado para aplicar el marco regulatorio del DIH y recurrir a la fuerza militar contra los grupos armados en lugar de valerse de las fuerzas de policía en el marco del DIDH.[9]
III. El Fenómeno de la Macrocriminalidad a la luz del DIH
En casos excepcionales, la violencia armada de las organizaciones criminales se enmarca dentro del campo de aplicación del DIH. Como bien se ha descrito, la aplicación del DIH supone la existencia de un conflicto armado. En la actualidad, muchas ciudades y regiones[10] se encuentran bajo la presencia de la violencia armada por medio de grupos criminales organizados. Bajo este entendido vale la pena analizar la cuestión si estas situaciones son suficientes para activar la aplicabilidad del DIH.
A. Requisito de intensidad
Teniendo en cuenta que las colectividades criminales pueden dotarse del armamento necesario para defender ciertos territorios de los agentes del Estado o de grupos rivales, es necesario determinar consideraciones más complejas para determinar si se cumple con el criterio de intensidad. En ese sentido, el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia decantó diversos factores indicativos para ser examinados:
El número, duración e intensidad de las confrontaciones; el tipo de armamento y otros equipos militares usados, el número y el calibre de las municiones disparadas; el número de personas y el tipo de fuerzas que forman parte de la disputa; el número de bajas; el grado de destrucción material y el número de los civiles que huyen de las zonas de combate. La participación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también puede reflejar la intensidad de un conflicto[11].
Si bien no todos estos factores deben concurrir, el problema radica en su interpretación. Se asume que el criterio de intensidad busca de forma primaria identificar aquellas situaciones que escalan a emergencias públicas severas que justifican la aplicación del DIH como régimen legal aplicable. Ante este punto se pueden realizar dos observaciones relevantes:
En primer lugar, es notable que la violencia impartida por el crimen organizado como las BACRIM no es ideológico y es principalmente clandestino en naturaleza. De esta manera, el grado de violencia generalmente no logra desestabilizar un Estado en la forma que justifique clasificar la situación como de emergencia pública. Una situación semejante puede causar muchas bajas y causar destrucción material considerable pero rara vez se demanda la total participación de las fuerzas armadas de los Estados. Por otra parte, un conflicto armado es una situación severa de emergencia que requiere ser a gran escala y con una participación a largo plazo.[12]
En segundo lugar, es notable que los criterios mencionados para determinar la intensidad pueden ser interpretados de forma muy amplia, lo cual puede llevar a consecuencias legales no deseadas e impredecibles. Toda vez que el DIH se aplica como lex specialis en consideración el DIHDH[13], el Estado puede combatir a los “criminales” como combatientes que participan de forma directamente en las hostilidades. En situaciones de violencia urbana la aplicación simultánea de los dos marcos legales podría vulnerar la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y la obligación de castigar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes. Esto podría generar una atmósfera de impunidad que generalmente exacerba nuevos escenarios de violencia. Mientras la relación compleja de los dos regímenes legales aumenta, parece deseable contar con una interpretación restrictiva de los criterios de intensidad, sin embargo ante este punto no se puede excluir categóricamente que las organizaciones criminales no pueden alcanzar el nivel de intensidad requerido para constituir un Conflicto Armado no Internacional.[14]
B. Requisito de Organización
Como se mencionó anteriormente, no basta con que un conflicto alcance cierto grado de intensidad para que se configure la aplicación del DIH. Es necesario demostrar que la organización criminal se constituya como un GAO. De los factores para determinar la existencia de un GAO bajo el DIH es notable que un grupo criminal debe demostrar similitudes con las fuerzas armadas. En otras palabras, los integrantes de los grupos criminales deben estar coordinados en cierto grado por sus superiores. Como en la actualidad se necesita que el grupo sea simplemente “organizado” este criterio ya no requiere de la rigurosidad de una organización militar jerárquica[15].
No obstante, es complicado considerar que los grupos criminales clandestinos pueden definir una estrategia militar y coordinar y ejecutar operaciones militares. Puede que estos grupos tengan acceso a armamento y a entrenamiento adecuado para hacer frente a los agentes del Estado pero por su naturaleza se centran en reaccionar a los actos de represión pretendidos por el Estado[16]. Para tales fines, estos grupos se basan de tácticas de guerrillas y en muchos casos de actos terroristas. Esto evidencia que es inadecuado deducir que las organizaciones criminales tienen la habilidad de planear, coordinar y ejecutar operaciones militares.[17]
Explicado de otra manera, estas organizaciones no siguen intenciones políticas y no pretenden enfrentar al gobierno para retar su legitimidad con el fin de asumir sus poderes y responsabilidades. Es por lo anterior que estos grupos no tienen la intención de imponer reglas de disciplina o mecanismos de garantía del DIH.[18]
Si bien es crucial recordar que el cumplimiento del DIH no es un criterio para determinar el status de una organización como un GAO, el criterio organizacional, al demandar una estrategia militar verificable objetivamente o la capacidad de ejecutar operaciones militares, descarta a aquellas entidades que se basan en métodos de guerrilla, de perfidia o terroristas por medio de las cuales los grupos criminales persiguen sus intereses por métodos arbitrarios.[19] Esto no conlleva a la criminalización o deslegitimación de los grupos armados en general pero si los excluye de obtener el status de parte de un conflicto armado. Lo anterior supone la dificultad de tratar a estas colectividades como sujetos con personalidad jurídica bajo el derecho internacional.[20]
En síntesis de lo expuesto y a manera de conclusión, la directiva 0015 de 2016 del Ministerio de Defensa colombiano pretende reajustar el marco jurídico aplicable en la lucha contra las BACRIM al pasar de la aplicación del marco jurídico de los Derechos Humanos a la aplicación del Derecho Internacional humanitario para combatir a estos grupos criminales.
Para tales efectos es necesario a que a la luz del DIH las BACRIM se constituyan como Grupos Armados Organizados y que la intensidad de las hostilidades supere situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores para mutar en un conflicto armado prolongado contra las autoridades gubernamentales. Una aproximación semejante parece riesgosa en la medida que podría desnaturalizar el ámbito de protección del DIH sobre conflictos armados y no sobre el fenómeno de la macrocriminalidad por las siguientes razones:
Si bien no se puede excluir la posibilidad de que las organizaciones criminales puedan en ciertas circunstancias alcanzar el umbral de intensidad necesario para hallarse en un Conflicto Armado no Internacional, la violencia impartida por el crimen organizado no es ideológico y es principalmente clandestino en naturaleza. De esta manera, el grado de violencia generalmente no logra desestabilizar un Estado en la forma que justifique clasificar la situación como de emergencia pública. Adicionalmente, en supuestos de violencia urbana la posible aplicación simultánea del DIH y los DIHDH podría vulnerar la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y la obligación de castigar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes. Esto podría generar una atmósfera de impunidad que generalmente exacerba nuevos escenarios de violencia.
En cuanto el criterio organizacional, estos grupos no siguen intenciones políticas y no pretenden enfrentar al gobierno para retar su legitimidad. Si bien el cumplimiento del DIH no es un criterio para determinar el status de una organización como un GAO, el criterio organizacional al demandar una estrategia militar verificable objetivamente descarta a aquellas entidades que se basan en métodos de guerrilla, de perfidia o terroristas por medio de las cuales los grupos criminales persiguen sus intereses por métodos arbitrarios. Este es el caso de las BACRIM en cuanto se valen de la violencia para la delimitación de áreas de influencia específicas y la coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin de mantener las condiciones de operación requeridas por sus actividades.
Debe tenerse en cuenta que los grupos criminales no son un fenómeno estático sino que generalmente son politizados y obtienen apoyo de distintas facciones que les permite, enfrentarse a las fuerzas del Estado. No obstante, lo anterior no le impide a los Estados castigar estos grupos por sus crímenes y recurrir a la normatividad internacional diseñada para promover la cooperación en asuntos criminales, particularmente la Convención de Palermo de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000.
Por último, es preciso notar que aunque la directiva reitera que las BACRIM pueden alcanzar un nivel de hostilidades considerable y constituirse como GAO, no hace mención a que la aplicación del DIH para combatirlas conlleva considerarlas como parte de un conflicto armado de carácter no internacional. Ahora bien, ¿supone esto que las BACRIM o GAO ahora son una nueva parte en el conflicto armado en Colombia? O por el contrario, ¿podría hablarse de un nuevo conflicto armado en Colombia entre estos grupos y el Estado?
[1] TORRIJOS R., Vicente. 2010. TERRORISMO DESMITIFICADO Verdades y Mentiras Sobre la Violencia en Colombia. REVISTA – Bogotá (Colombia) Vol. 5 No. 1 – Enero – Junio. [En línea] Mayo de 2010. [Citado el: 12 de Marzo de 2012.] http://www.umng.edu.co/www/resources/Articulo%206.pdf. Pág. 130.
[2] MOIR, Lindsay, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press 2004. Ver también CICR, Derecho Internacional Humanitario, Respuestas a sus preguntas, 2015, disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p0703.htm
[3]ICC, Fiscalía v. Katanga, ICC-01/04-01/07, decisión de conformidad con el artículo 74 del Estatuto, 07/03/2014, párr 1183.
[4] Ver. Thomas Lubanga Dyilo ( Mathieu Ngudjolo Chi ( de la CPI: Kony et al., doc. ICC-02/04-01/05-53; Ntaganda, doc. ICC-01/04-02/06- 20-Anx2, párr. 96-97; Lubanga, doc. ICC-01/04-01/06-803-tEN, párr. 228-237; Harun y Kushayb, doc. ICC-02/05-01/07-1-Corr, párr. 32-35; Katanga, doc. ICC-01/04-01/07-4, párr. 29; Ngudjolo, doc. ICC-01/04-02/07-3, párr. 30; Bemba, doc. ICC-01/05-01/08-14, párr. 53-54; Katanga y Ngudjolo, doc. ICC-01/04-01/07-717, párr. 239; Al Bashir, doc. ICC-02/05-01/09-3, párr. 59-60; Abu Garda, doc. ICC-02/05-02/09-15-AnxA, párr. 9; Bemba, doc. ICC-01/05- 01/08-424, párr. 225, 231 y 233-236; Mbarushimana, docs. ICC-01/04-01/10-1, párr. 17-18 y doc. ICC-01/04-01/10-465-Red, párr. 103.
[5] Fiscalía v. Katanga, ICC-01/04-01/07, decisión de conformidad con el artículo 74 del Estatuto, 07/03/2014, párr 1186. Muchos de estos elementos se derivan del Artìculo 1(1) del Protocolo Adicional II de las Convenciones de Ginebra de 1949. No obstante, el regimen especial del Protocolo Adicional II está basado es una noción más restrictive del Conflicto Armado Interno que la del Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra porque presupone el cumplimiento de todos los criterios sentados por su Artículo 1.
[6] ICTY,Caso del Fiscal v. Dusko Tadic del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia No. IT-94-1-AR72
[7] Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2007 M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Directiva 0015 de 2016 del Ministerio de Defensa de Colombia, pág. 5
[9] Para determinar estos factores, la directiva se vale de La Sentencia de la Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2007 M.P Manuel José Cepeda Espinosa y de la Sentencia en contra de Ljube Boskokiand Tarculovski del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), The Prosecutor v Ljube Boskoskiand Tarculovski Judgement it-04-82-T del julio de 2008, parr 177 y 194.
[10] Este ha sido el ejemplo de Rio de Janeiro o partes de México, Ver HAUCK, Pierre y PETERKE, Sven “Organized crime and gang violence in national and international law”, International Review of the Red Cross, Volume 92 , number 878, June 2010
[11] ICTY, Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al., Judgement (Trial Chamber), Case No. IT–04–84, 3 April 2008, para. 49.
[12] PETERKE, Sven “Organized crime and gang violence in national and international law”, op.cit.
[13] KRETZMER, David, ‘Targeted killing of suspected terrorists: extra-judicial executions or legitimate means of defence?’, in European Journal of International Law, Vol. 16, No. 2, 2005, p. 178; Tom Hadden and Colin J. Harvey, ‘The law of internal crisis and conflict’, in International Review of the Red Cross, Vol. 81, No. 833, 1999, p. 119.
[14] PETERKE, Sven “Organized crime and gang violence in national and international law”, op.cit.
[15] ICTY, Prosecutor v. Limaj et al., Judgement (Trial Chamber), Case No. IT–03–66-T, 30 November 2005, para. 89.
[16] PETERKE, Rio de Janeiro’s ‘Drogenkrieg’ im Lichte der Konfliktforschung und des Vo ̈lkerrechts, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2009, pp. 5–22; Robert Neuwirth, Shadow Cities: A Billion Squatters, a New Urban World, Routledge, New York, 2006, pp. 253–270.
[17] PETERKE, Sven “Organized crime and gang violence in national and international law”, op.cit.
[18] LA ROSA, Anne-Marie and Carolin Wuerzner, ‘Armed groups, sanctions and the implementation of international law’, in International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 870, 2008, pp. 329–330;
[19] PETERKE, Sven “Organized crime and gang violence in national and international law”, op.cit.
[20] SASSOLI, Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law, Harvard University, Occasional Papers Series, No. 6, Winter 2006, p. 11.
HAUCK, Pierre y PETERKE, Sven “Organized crime and gang violence in national and international law”, International Review of the Red Cross, Volume 92 , number 878, June 2010
KRETZMER, David, ‘Targeted killing of suspected terrorists: extra-judicial executions or legitimate means of defence?’, in European Journal of International Law, Vol. 16, No. 2, 2005, p. 178; Tom Hadden and Colin J. Harvey, ‘The law of internal crisis and conflict’, in International Review of the Red Cross, Vol. 81, No. 833, 1999, p. 119.
LA ROSA, Anne-Marie and Carolin Wuerzner, ‘Armed groups, sanctions and the implementation of international law’, in International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 870, 2008, pp. 329–330;
MOIR, Lindsay, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press 2004
PETERKE, Rio de Janeiro’s ‘Drogenkrieg’ im Lichte der Konfliktforschung und des Vo ̈lkerrechts, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2009, pp. 5–22; Robert Neuwirth, Shadow Cities: A Billion Squatters, a New Urban World, Routledge, New York, 2006, pp. 253–270.
SASSOLI, Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law, Harvard University, Occasional Papers Series, No. 6, Winter 2006, p. 11.
TORRIJOS R., Vicente. 2010. TERRORISMO DESMITIFICADO Verdades y Mentiras Sobre la Violencia en Colombia. REVISTA – Bogotá (Colombia) Vol. 5 No. 1 – Enero – Junio. [En línea] Mayo de 2010. [Citado el: 12 de Marzo de 2012.] http://www.umng.edu.co/www/ resources/Articulo%206.pdf. Pág. 130.
ICTY, Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al., Judgement (Trial Chamber), Case No. IT–04–84, 3 April 2008, para. 49.
ICTY, The Prosecutor v Ljube Boskoskiand Tarculovski Judgement it-04-82-T del julio de 2008, parr 177 y 194
ICC, Fiscalía v. Katanga, ICC-01/04-01/07, decisión de conformidad con el artículo 74 del Estatuto, 07/03/2014, párr 1183
ICC, Thomas Lubanga Dyilo ( Mathieu Ngudjolo Chi de la CPI: Kony et al., doc. ICC-02/04-01/05-53;
ICC,Ntaganda, doc. ICC-01/04-02/06- 20-Anx2,
ICC,Lubanga, doc. ICC-01/04-01/06-803-tEN,
ICC,Harun y Kushayb, doc. ICC-02/05-01/07-1-Corr,
ICC,Katanga, doc. ICC-01/04-01/07-4,
ICC,Ngudjolo, doc. ICC-01/04-02/07-3,
ICC,Bemba, doc. ICC-01/05-01/08-14,
ICC,Katanga y Ngudjolo, doc. ICC-01/04-01/07-717,
ICC,Al Bashir, doc. ICC-02/05-01/09-3,
ICC,Abu Garda, doc. ICC-02/05-02/09-15-AnxA,
ICC,Bemba, doc. ICC-01/05- 01/08-424,
ICC, Mbarushimana, docs. ICC-01/04-01/10-1, y doc. ICC-01/04-01/10-465-Red,
Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2007 M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
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