Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2016-00064-de-octubre-14-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_e4d911b5bb6f40faa44f8ae38f435b79&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-18 06:20:02
Document Index: 1324279

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 162', 'artículo 163', 'artículo 164', 'artículo 166', 'artículo 281', 'artículo 161', 'artículo 3', 'artículo 232', 'artículo 12', 'artículo 232', 'artículo 33', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 277', 'artículo 277', 'artículo 277', 'artículo 175', 'Artículo 149', 'artículo 13', 'artículo 275', 'artículo 137', 'artículo 35', 'artículo 33']

﻿ AUTO 2016-00064 DE OCTUBRE 14 DE 2016
AUTO 2016-00064 DE 14 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE EL CONFLICTO DE INTERESES EN UN PROCESO ELECTORAL DE UN DEFENSOR DEL PUEBLO. SE PRECISA QUE EL CONFLICTO DE INTERESES SE PRESENTA CUANDO ENTRAN EN COLISIÓN EL INTERÉS PÚBLICO Y EL INTERÉS PRIVADO DEL CONGRESISTA, DE MODO QUE LO PRIVA DE LA IMPARCIALIDAD NECESARIA PARA TRAMITAR Y DECIDIR UN ASUNTO SOMETIDO A SU CONOCIMIENTO. SE REFIERE A SITUACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR, ESTRICTAMENTE PERSONALES EN LA QUE TIENE INTERESES EL CONGRESISTA, LAS CUALES IMPLICAN UN APROVECHAMIENTO PERSONAL DE LA INVESTIDURA. ASÍ, PARA QUE SE CONFIGURE EL CONFLICTO DE INTERESES COMO CAUSAL DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEBEN PRESENTARSE LAS SIGUIENTES CONDICIONES O SUPUESTOS: I)QUE EXISTA UN INTERÉS DIRECTO, PARTICULAR Y ACTUAL: MORAL O ECONÓMICOII) QUE EL CONGRESISTA NO MANIFIESTE SU IMPEDIMENTO A PESAR DE QUE EXISTA UN INTERÉS DIRECTO EN LA DECISIÓN QUE SE HA DE TOMARIII) QUE EL CONGRESISTA NO HAYA SIDO SEPARADO DEL ASUNTO MEDIANTE RECUSACIÓNIV) QUE EL CONGRESISTA HAYA PARTICIPADO EN LOS DEBATES Y/O HAYA VOTADOV) QUE LA PARTICIPACIÓN DEL CONGRESISTA SE HAYA PRODUCIDO EN RELACIÓN CON EL TRÁMITE DE LEYES O DE CUALQUIER OTRO ASUNTO SOMETIDO A SU CONOCIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, NULIDAD ELECTORAL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DEFENSOR DEL PUEBLO, ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, CONFLICTO DE INTERESES DEL CONGRESISTA, CALIDADES PARA SER DEFENSOR DEL PUEBLO, CONFLICTO DE INTERESES
Auto 2016-00064 de octubre 14 de 2016
Bogotá D.C, octubre catorce de dos mil dieciséis.
La Sala es competente para conocer en única instancia de la demanda promovida contra la elección del defensor del pueblo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(7) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003(8).
Para la admisión de la demanda en materia electoral se exige el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la individualización de las pretensiones de que trata el artículo 163, que la demanda se presente en la oportunidad prevista en la letra a) del numeral 2 del artículo 164 y que se acompañe de los anexos señalados en el artículo 166 de ese mismo estatuto, además, de la verificación de la debida acumulación de causales de nulidad a que se refiere el artículo 281 y en los casos a que haya lugar a ello, el agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata el artículo 161 del estatuto en cita.
Ahora, si bien es cierto, con la demanda no se allegó copia del acto acusado, sí se solicitó de manera previa por lo que mediante auto del 27 de septiembre de 2016 se ordenó oficiar a la secretaría general de la Cámara de Representantes con el fin de que remitiera copia del acta y grabación de la sesión del 16 de agosto de 2016 en la que se eligió al demandado como defensor del pueblo, con su respectiva constancia de publicación (fls. 81 a 82).
3.1. De la medida cautelar de suspensión provisional.
“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos…”.
3.2. Decisión sobre la medida cautelar.
3.2.1. Del presunto incumplimiento del requisito experiencia exigido para el cargo de defensor del pueblo.
Frente al primero de los argumentos se advierte que los requisitos para ser elegido defensor del pueblo se encuentran consagrados en el artículo 3 de la Ley 24 de 1992, tal y como lo expuso la demandante.
“El Defensor del Pueblo deberá reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado…”.
A su turno, el artículo 232 constitucional, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 02 de 2015, dispone:
“PAR.—Para ser magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera judicial”.
Así mismo, señaló que no podía contarse su experiencia como: secretario general y representante legal del Partido de la U; gerente general de la sociedad Negret Velasco S.A.S.; apoyo jurídico y asesor de la Contraloría General de la República; asesor del Instituto Nacional de Vías; apoyo de la dirección general de la Red Alma Mater del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; cónsul del Ministerio de Relaciones Exteriores; secretario general del Banco Colpatria y subgerente general del Incora, por cuanto en su concepto dichos cargos no se incluyen en la descripción del artículo 232 de la Constitución Política.
De conformidad con lo dispuesto en la resolución del 6 de febrero de 2015 del Partido de la U, sus funciones fueron las consagradas en el artículo 33(12) de los estatutos de dicha colectividad y las que “en virtud de la naturaleza del cargo sean asignadas por la co dirección del partido, así como las funciones inherentes y derivadas del ejercicio de la representación legal” (fls. 24 a 25 y 197 a 198 del expediente).
l. Todas las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del partido y que le sean asignadas por la asamblea nacional o la dirección nacional…”
• Fungió como gerente general de la firma Negret Velasco SAS desde el 9 de mayo de 2008 hasta el 19 de febrero de 2015, según consta en la certificación expedida por la representante legal de la sociedad el 29 de julio de 2016 (fl. 26 del expediente).
• También fue contratista del Instituto Nacional de Vías, Invías, del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2011, tal y como consta en la certificación expedida por la jefe de la oficina asesora jurídica de esa entidad (fl. 27 del expediente).
• Celebró además contratos de prestación de servicios con Red Alma Mater - ICBF entre el 5 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y entre el 4 de abril y el 21 de diciembre de 2008, según consta en la certificación expedida por el director ejecutivo encargado de dicha entidad.
• Fue cónsul general 04 ex, en el Consulado General de Colombia en Chicago, Estados Unidos, desde el 6 de febrero de 1996 hasta el 30 de septiembre de 1999 según certificó la coordinadora del grupo interno de trabajo de nómina y prestaciones sociales encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 32).
• Se desempeñó como secretario general de la corporación Popular de Ahorro y Vivienda, Corpavi, ahora Banco Colpatria, desde el 1 de septiembre de 1993 hasta el 27 de marzo de 1994, según certificó la directora de administración de Personal de Desarrollo Humano de esa entidad bancaria (fl. 33).
• Adicionalmente tuvo otros cargos en el BanEstado y en el Ministerio de Agricultura, sin embargo, como para ese momento no tenía la calidad de abogado ni certificó funciones legales, no hay lugar a analizar dicha experiencia (fls. 35 a 37 del expediente).
“La exigencia de haber ejercido con buen crédito la profesión de abogado por un lapso de diez (10) años, lo que en el fondo persigue, es que el elegido goce de una experiencia profesional adecuada en materia jurídica, que le permita desempeñar con acierto las funciones del respectivo cargo. Experiencia que se logra no solo actuando el abogado en representación de litigantes ante los estrados judiciales —criterio superado—, sino en otras: actividades donde el profesional del derecho ponga en práctica sus conocimientos académicos.
De los textos transcritos no se desprende que el ejercicio de la profesión de abogado, esté restringido solamente al derecho de postulación en juicio como lo entiende el actor. La función social que se le asigna, la puede realizar desde diversos campos en que actúe en razón de su profesión…”
Posteriormente, en Sentencia de 11 de mayo de 2001(16), en la que se avocó el conocimiento de la demanda que en ese entonces presentó la Asociación Nacional de Abogados Litigantes y otros ciudadanos contra el acto por medio del cual el Congreso de la República eligió al abogado Rubén Darío Henao Orozco en el cargo de magistrado de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sesión de 23 de agosto de 2000, esta sección, ratificó los lineamientos jurisprudenciales y, consideró que:
“De lo anterior resulta, entonces, que el ejercicio de la profesión de abogado comprende, desde luego, la defensa de los derechos e intereses de las partes en los procesos judiciales administrativos o de cualquier clase, pero también actividades distintas o conceptos, realización de estudios, elaboración de documentos y muchos más…”
“…La Corte Suprema de Justicia al estudiar en Sentencia de 24 de noviembre de 1977 la exequibilidad del artículo 21 del Decreto 250 de 197015, con efectos erga omnes, dijo: “la norma del artículo 21 inciso final, del Decreto 250 de 1970, acepta como ejercicio de la profesión [de abogado], toda actividad jurídica, independiente o dependiente, en cargo público o privado…””
3.2.2. De la presunta configuración de un conflicto de intereses entre elegido y electores.
“…Lo anterior permite concluir que el conflicto de interés, al igual que las incompatibilidades, se presentan durante el ejercicio del cargo y no para acceder a él, como sucede con las calidades y con las inhabilidades, y en consecuencia, su desconocimiento puede generar consecuencias jurídicas como sanciones disciplinarias y en algunos eventos hasta la pérdida de investidura, entre otros, pero nunca la nulidad de la elección, que como se señaló, tiene por objeto estudiar la legalidad del acto de elección con fundamento en la falta de calidades o en las inhabilidades para acceder al cargo y no la realización de juicios de valor referidos a censuras en el ejercicio de función pública(18)” (negrillas del original).
No obstante lo anterior, en este caso no se demostró por parte de la actora que existiera un interés directo, moral o económico en el asunto, por cuanto el hecho de que uno de los integrantes de la terna para defensor del pueblo haya sido secretario general y representante legal del Partido de la U no implica per se que los representantes a la Cámara por esa colectividad política tuvieran un interés de esas connotaciones en el asunto.
1. Notifíquese personalmente al señor Carlos Alfonso Negret Mosquera, en la forma establecida en el numeral 1 del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. Notifíquese personalmente al presidente de la Cámara de Representantes y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en la forma dispuesta en el numeral 2 del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Infórmese a la comunidad la existencia de este proceso en la forma prevista en el numeral 5 del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de lo cual se dejará constancia en el expediente.
9. Adviértase al presidente de la Cámara de Representantes y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que durante el término para contestar la demanda deberán allegar copia de los antecedentes administrativos del acto acusado que se encuentren en su poder, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011.
(7) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(8) Acuerdo 58 de 1999, artículo 13. “Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo contencioso administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(9) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, exp. 13001-23-33-000-2016-00070-01. Providencia del 3 de junio de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
(10) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 275. “Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y además, cuando:
(11) Visible a folios 18 a 37 y 179 a 211 del expediente.
(12) Aunque en la resolución aparece el artículo 35, una vez verificados los estatutos del partido se encontró que la norma que consagra las funciones del secretario general es el artículo 33.
(13) Folios 148 a 163 del expediente.
(14) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta. Providencia del 27 de junio de 2013. expediente. 11001-03-28-000-2012-00033-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
(15) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, Sentencia de 18 de abril de 1997, C.P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía. Cita propia de la providencia en referencia.
(16) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, Sentencia de 11 de mayo de 2001, C.P. Mario Alario Méndez, radicado 1001-03-28-000-2000-0036-01 (2437). Cita propia de la providencia en referencia.
(17) Consejo de Estado, sección quinta, Sentencia de 10 de julio de 2009, C.P. Mauricio Torres Cuervo, radicados 1001-03-28-000-2008-00032-00 y 1001-03-28-000-2008-00033-00. Cita propia de la providencia en referencia.
(18) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta. Providencia del 16 de septiembre de 2013, exp. 11001-03-28-000-2012-00055-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
(19) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. sección Primera. Providencia del 2 de junio de 2016, exp. 66001-23-33-000-2015-00177-01, M.P. María Claudia Rojas Lasso.