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Timestamp: 2017-03-30 06:01:07
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SEGUNDO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL MERCOSUR SEGUNDO RELATÓRIO SOBRE A APLICAÇÃO DO DIREITO DO MERCOSUL - PDF
SEGUNDO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL MERCOSUR SEGUNDO RELATÓRIO SOBRE A APLICAÇÃO DO DIREITO DO MERCOSUL
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Natalia Rey Villalobos
1 - 1 -2 SEGUNDO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL MERCOSUR POR LOS TRIBUNALES NACIONALES (2004) SEGUNDO RELATÓRIO SOBRE A APLICAÇÃO DO DIREITO DO MERCOSUL PELOS TRIBUNAIS NACIONAIS (2004) Secretaría del MERCOSUR Fundación Konrad Adenauer (editores) Mayo de3 SECRETARÍA DEL MERCOSUR Luis Piera 1992, 1er. Piso C.P , Montevideo República Oriental del Uruguay Tel. (+598 2) Fax. (+598 2) FUNDACIÓN KONRAD-ADENAUER, OFICINA URUGUAY Plaza Cagancha 1356, Oficina 804 C.P , Montevideo República Oriental del Uruguay Tel. (+598 2) / Fax. (+598 2) Los textos que se publican son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento de los editores. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido citando la fuente. Os textos publicados são de exclusiva responsabilidade de seus autores e não expressam necessariamente o pensamento dos editores. Está autorizada a reprodução total ou parcial do conteúdo, desde que citada a fonte.4 SEGUNDO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL MERCOSUR POR LOS TRIBUNALES NACIONALES (2004) ÍNDICE Prólogo... 6 Referencias... 9 I - Introducción...12 II Contenido Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (Argentina, Uruguay) Libre circulación de mercaderías y bienes...43 A) Régimen y Certificados de Origen (Argentina, Brasil, Uruguay)...43 B) Derechos a las exportaciones (Argentina)...76 C) Rotulación de productos (Argentina)...79 D) Medidas cautelares contra la libre circulación de mercaderías (Brasil)...87 E) Discriminación tributaria (Brasil)...91 F) Importación de mercaderías de terceros Estados por viajeros (Uruguay)...97 G) Propiedad intelectual (Argentina, Uruguay)...99 H) Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 (MERCOSUR Bolivia) (Brasil) I) En general Petróleo (Brasil) Libre circulación de personas A) Libre tránsito y paso por frontera (Argentina) B) Protocolo de San Luis Responsabilidad civil por accidente de tránsito (Argentina) C) Vehículo de turista comunitario (Brasil) D) Traducción de documentos (Brasil) E) Acuerdo sobre Seguridad Social (Brasil) Libre Prestación de Servicios A) Transporte de mercaderías peligrosas (Brasil) Cooperación judicial internacional A) Asistencia jurisdiccional internacional (Brasil) B) Extradición (Brasil, Uruguay) C) Jurisdicción internacional Transporte internacional (Argentina) D) Litispendencia (Brasil) Principios institucionales LOS LAUDOS DEL TAHM Y LOS JUECES NACIONALES: APLICACIÓN DEL VIº LAUDO DEL TAHM (BRASIL) III Conclusiones5 ÍNDICE Anexos A) Informe sobre la aplicación del Protocolo de Asistencia Jurídica en Asuntos Penales del MERCOSUR en el Ministerio Público Fiscal B) Aplicación y funcionamiento de los Protocolos y Acuerdos del Mercosur en materia de cooperación jurídica internacional (civil, de familia, laboral, contencioso administrativo, y penal), en la República Oriental del Uruguay durante al año6 SEGUNDO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL MERCOSUR POR LOS TRIBUNALES NACIONALES (2004) PRÓLOGO La Secretaria del MERCOSUR, ejercitando uno de sus principales roles dentro del proceso de integración, cual es "actuar a partir de una perspectiva común y contribuir para la consolidación del MERCOSUR" (Decisión CMC N 30/02), pone a disposición de la comunidad jurídica de los Estados Partes el "Segundo Informe sobre la aplicación del Derecho del MERCOSUR por los Tribunales Nacionales (2004)". La finalidad de la presente obra radica en relevar la vigencia y aplicación de las normas del bloque que asciende a casi instrumentos jurídicos en el marco de la justicia de los Estados Partes. Esperamos que constituya un aporte para la reflexión en el ámbito de los distintos órganos del MERCOSUR, un insumo de trabajo e información para la comunidad académica, y una herramienta para evaluar la puesta en funcionamiento del mecanismo de "Opiniones consultivas", previsto en el Protocolo de Olivos y en su Reglamento (Decisión CMC N 37/03), que podrán plantear los tribunales de justicia de los Estados Partes ante el Tribunal Permanente de Revisión. De manera general, esta obra intenta resaltar la importancia del nuevo rol que tienen los jueces de los Estados Partes como "jueces comunitarios", en tanto órganos de aplicación de las disposiciones jurídicas del MERCOSUR, y con ello uno de los máximos garantes de los derechos que éstas otorgan a los ciudadanos de dichos Estados. En cuanto a su contenido, el documento incluye decisiones judiciales sobre distintos ámbitos del Derecho del MERCOSUR, entre los que cabe destacar aspectos tales como: libre circulación de mercaderías y bienes, libre circulación de personas, libre prestación de servicios, cooperación judicial internacional, principios institucionales, entre otros. Desde el punto de vista cuantitativo, una de las apreciaciones más importantes señaladas en el documento lo constituye la demostración del franco aumento del número de causas judiciales - 6 -7 relevadas, en las cuales ha estado involucrada la aplicación de normas mercosureñas, si se comparan los años 2003 y Cabe destacar, por otro lado, que el presente informe ha sido enriquecido con la contribución de sendos aportes elaborados por la Oficina de Cooperación Internacional de la Procuración General de la Nación (Ministerio Público Fiscal), de la República Argentina y por la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay, los cuales figuran como anexos. Finalmente, la Secretaria del MERCOSUR aprovecha la ocasión para agradecer a todos aquellos que han contribuido con la elaboración de este informe, en particular a los tribunales de justicia de los Estados Partes y a distintos académicos de la región, los cuales han cooperado especialmente a partir de la remisión de sentencias y decisiones judiciales, lo que ha facilitado la tarea de la Secretaría. Dr. José Ernesto Büttner Limprich Director de la Secretaría del MERCOSUR - 7 -8 SEGUNDO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL MERCOSUR POR LOS TRIBUNALES NACIONALES (2004) SEGUNDO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL MERCOSUR POR LOS TRIBUNALES NACIONALES (2004) La elaboración del presente Informe estuvo a cargo del Sector de Asesoría Técnica de la Secretaría del MERCOSUR (Consultores Jurídicos Deisy Ventura y Alejandro Perotti, Técnicos María Eugenia Moreno y Patricia Vicentini, y Asistentes Técnicos Gabriela Molina y Cassia Pires). Se agradece la colaboración de los tribunales de los Estados Partes, en particular, Argentina: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Cámara Nacional del Trabajo, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Cámara Nacional en lo Penal Económico, Juzgado Federal de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo de Posadas, Tribunal Fiscal de la Nación, y Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Concordia, Entre Ríos, Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia y Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Federación, Entre Ríos; Brasil: Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, Tribunal Regional Federal de la 5ª Región y 5ª Vara Federal de Ceará; y Uruguay: Suprema Corte de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo, de 10º turno, por la remisión de las sentencias reseñadas en el presente Informe. Asimismo, agradecemos a los Profs. Dra. Adriana Dreyzin de Klor y Dr. Roberto Ruiz Díaz Labrano, y a las Bibliotecas del Ministerio da Fazenda en Brasilia y en Pernambuco, en Brasil, y a la Imprenta Oficial, IMPO, en Uruguay. Se agradece igualmente la colaboración de los funcionarios del Sector de Normativa y Documentación de la Secretaría del MERCOSUR; como así también a las Dras. Cristina Sica e Ider Araújo Nieto que contribuyeron en la revisión del informe9 REFERENCIAS Considerandos de las sentencias y decisiones AC Apelação Cível ACr Apelação Criminal ACu Ação Cautelar ACE Acuerdo de Complementación Económica ADIn Acción Directa de Inconstitucionalidad ADIm Mc Acción Directa de Inconstitucionalidad con pedido de Medida Cautelar ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, OMC AEC Arancel Externo Común AET Autorizaciones Especiales de Tránsito AgIn Agravo de Instrumento AgRg Agravo Regimental ALADI Asociación Latinoamericana de Integración AMS Apelação em Mandado de Segurança ANP Agência Nacional de Petróleo AO Ação Ordinária APC Acuerdo de Alcance Parcial para la Promoción del Comercio, ALADI BO Boletín Oficial de la República Argentina BOM Boletín Oficial del MERCOSUR CA Código Aduanero CAA Código Alimentario Argentino CCJ Corte Centroamericana de Justicia CCM Comisión de Comercio del MERCOSUR CF Constitución Federal CMC Consejo del Mercado Común CNACCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal CNCont.Adm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente CNTrab. Cámara Nacional del Trabajo CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito CPC Comisión Parlamentaria Conjunta COTAC Comissão da Coordenação do Transporte Aéreo Civil CPC Código del Proceso Civil CPP Código del Proceso Penal CPCCN Código Procesal Civil y Comercial de la Nación CR Carta Rogatoria CSJN Corte Suprema de Justicia de la Nación CTN Código Tributario Nacional DECEX Departamento de Operações de Comercio Exterior Des. Desembargador Des./a. Fed. Desembargador/a Federal DI Declaración de Importación/Despacho de Importación - 9 -10 SEGUNDO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL MERCOSUR POR LOS TRIBUNALES NACIONALES (2004) DJ DJU DNA DNPI DO DOU DSLM Embs. Decl. GMC GATT GO HC IBAMA IPI LCT/RCT LICC MC MERCOSUR MEyOSP MF MICT Min./min. MPF MS NCM OIT PA PGR POP PPE RA RCL RE Rel./a. REO REsp RISTF RISTJ RTJ RTM SCJ SECEX SLS SM SRF SS ST STJ t.o. TA Diário Judicial Diário de Justiça da União, República Federativa del Brasil Dirección Nacional de Aduanas Dirección Nacional de la Propiedad Industrial Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay Diário Oficial da União, República Federativa del Brasil Declaración Sociolaboral del MERCOSUR Embargos de Declaração Grupo Mercado Común Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio Gaceta Oficial, República del Paraguay Habeas Corpus Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis Imposto sobre Produtos Industrializados Ley de Contrato de Trabajo/Régimen de Contrato de Trabajo Lei de Introdução ao Código Civil Medida Cautelar Mercado Común del Sur Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos Ministério da Fazenda Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología Ministro Ministerio Público Federal Mandado de Segurança Nomenclatura Común del MERCOSUR Organización Internacional del Trabajo Posición Arancelaria Procuración General de la República Protocolo de Ouro Preto Prisión Preventiva para Extradición Reglamento Aduanero Reclamação Recurso Extraordinario Relator/Relatora Remessa ex officio Recurso Especial Reglamento Interno del STF Reglamento Interno del STJ Revista Trimestral de Jurisprudencia Reglamentos Técnicos del MERCOSUR Suprema Corte de Justicia Secretaria de Comercio Exterior Suspensão de Liminar e de Sentença Secretaría del MERCOSUR Secretaría de la Receita Federal Suspensão da Segurança Secretaría de Transporte Superior Tribunal de Justicia texto ordenado Tratado de Asunción11 REFERENCIAS TAC TAHM TCA TFN TRF VF Tribunal de Apelaciones en lo Civil Tribunal Arbitral ad hoc del MERCOSUR Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Regional Federal Vara Federal12 I - INTRODUCCIÓN En el marco de la Decisión CMC (Consejo del Mercado Común) Nº 30/02, el Sector de Asesoría Técnica (SAT) de la Secretaría del MERCOSUR (SM) tiene asignado, entre otras funciones, el seguimiento y evaluación del desarrollo del proceso de integración a través, entre otros, de la elaboración de informes periódicos, en bases semestrales, sobre la evolución del proceso de integración, con la finalidad de analizar las variables relevantes que afectan el proceso de integración y acompañar la implementación de los compromisos asumidos en el ámbito o por el MERCOSUR, y la realización de estudios de interés para el proceso de integración del MERCOSUR relativos a temas de interés del MERCOSUR, incluso sobre otros procesos de integración, con miras a contribuir a la profundización del proceso de integración 1. En este sentido, por segundo año consecutivo y en cumplimiento de la Decisión CMC Nº 47/04 2, la SM ha elaborado un informe sobre la aplicación del Derecho del MERCOSUR por los jueces nacionales de los Estados Partes, el cual incluye sentencias dictadas por los tribunales de los Estados Partes del bloque, durante el año 2004 (*). Tal como se dijo en el informe que precede a éste [en adelante, Primer Informe (2003)] 3, [l]a fase aplicativa del derecho en el marco de un proceso de integración reviste especial relevancia en orden, no sólo a las consecuencias directas que ello ocasiona, sino también por los efectos indirectos que pueden surgir, los cuales por lo general trascienden el mero interés de las partes involucradas en la controversia. La mencionada relevancia adquiere aspectos destacables cuando el órgano del que se trata son los tribunales internos de los Estados miembros. Lo dicho se explica atento a que, en el marco de un proceso de integración, la figura de los jueces nacionales surge como la principal autoridad de aplicación de este derecho, al punto tal de ser considerados como jueces comunitarios 4. 1 Anexo I, punto 2 (b) y (c), de la Decisión CMC Nº 30/02. 2 Decisión CMC Nº 47/04, Aprobación del Programa de Estudios del Sector de Asesoría Técnica de la Secretaría del MERCOSUR para el año 2005, (Anexo, punto vi). * En el caso de Brasil, el presente informe incluye, a su vez, las sentencias de los tribunales nacionales publicadas durante 2004, aún cuando la fecha del fallo sea anterior. 3 SM, SAT, Consultoría Jurídica, Estudio Nº 003/2004 Primer Informe sobre la aplicación del Derecho del MERCOSUR por los tribunales nacionales, y sobre la aplicación del derecho nacional a través de los mecanismos de cooperación jurisdiccional internacional del MERCOSUR, 15 de julio de 2004, ed. Secretaría del MERCOSUR, Fundación Konrad Adenauer y Foro Permanente de Cortes Supremas del MERCOSUR y Asociados, Montevideo, La versión electrónica se encuentra disponible en el sitio de la SM <http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm>, o más directamente en <http://www.mercosur.org.uy/sat/libro%202005_07_26.pdf> 4 Para dicha caracterización ver, entre otras, las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, asunto C-337/95, Rec. I-6013 ( 25); de 22 de noviembre de 2001, Gomes Valente, asunto C-393/98, Rec. I-1327 ( 17), y de 4 de junio de 2002, Roland Lyckeskog, asunto C-99/00, Rec. I-4839 ( 14); asimismo, el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea de 22 de diciembre de 1995, Danielsson y otros/comisión, asunto T-219/95 R, Rec. II-3051 ( 77). Lo mismo ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), en varias oportunidades [sentencia de 3 de diciembre de 1987, proceso 1-IP-87, marca: Aktiebolaget Volvo, GOAC [Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena] Nº 28, ( 1º); providencia de 25 de abril de 1989, Dra. Angela Vivas Martínez, GOAC Nº 43, ( I, párr. 5º); sentencia de 26 de febrero de 1991, proceso 2-IP-91, Kadoch, GOAC Nº 78, ( 1º); providencia de 9 de diciembre de 1993, INDECOPI, GOAC Nº 146, (punto II.2); sentencias de 17 de marzo de 1995, proceso 10-IP-94, Nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión, GOAC Nº 177, ( 5º); de 9 de diciembre de 1996, proceso 1-IP-96, Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, GOAC Nº 257, ( III), y de 29 de agosto de 1997, proceso 11-IP-96, marca: Belmont, GOAC Nº 299, ( II, párr. 5º)], y por la de13 INTRODUCCIÓN En el modelo mercosureño, la importancia de la actividad judicial a nivel interno cobra una trascendencia adicional toda vez que, a diferencia de otros esquemas de integración, la ausencia de un Tribunal de Justicia transforma a los respectivos tribunales nacionales en última instancia, definitoria de la interpretación y de la aplicación del Derecho del MERCOSUR. Se destacó también en aquella oportunidad, que la ausencia de una jurisdicción comunitaria de naturaleza jurisdiccional que uniformice el sentido y el alcance de las disposiciones jurídicas del MERCOSUR, puede dar lugar a que una misma norma regional reciba distintas interpretaciones, y hasta aplicaciones, no sólo si se compara la jurisprudencia de los tribunales internos de los Estados Partes, sino también dentro de un mismo Estado Parte. Por otro lado, si bien es cierto que tal como se constató en el Primer Informe (2003) continúa existiendo en el ámbito regional una comunicación aún escasa entre los distintos tribunales de los Estados Partes, en particular en lo que hace a la pesquisa de jurisprudencia emitida en temas vinculados al Derecho del MERCOSUR, no lo es menos que se han dado pasos que facilitan dicho intercambio. En primer lugar, cabe destacar la creación del Foro Permanente de Cortes Supremas del MERCOSUR y Asociados 5, que reúne a miembros de los más altos tribunales de justicia de los Estados Partes y Estados Asociados, a distintos árbitros del sistema de solución de controversias del MERCOSUR y a académicos. A su vez, en el marco de la estructura institucional del MERCOSUR, a la Reunión de Ministros de Justicia 6 se le sumaron recientemente la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR 7 y la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR 8, lo cual posibilitará un mayor intercambio de información y de experiencias en materia de aplicación del Derecho del MERCOSUR en los derechos internos. En este sentido, el presente Informe, al facilitar una mayor información entre los tribunales de los Estados Partes en este ámbito, actuará como dinamizador de la aplicación del derecho regional, toda vez que como se dijo en el Primer Informe (2003) el conocimiento de jurisprudencia sobre normas del MERCOSUR en un Estado Parte incentivaría, indudablemente, su aplicación por los órganos jurisdiccionales de los demás Estados. Adicionalmente, cabe resaltar que la serie de informes elaborados por la SM sobre la aplicación de las normas del MERCOSUR por los jueces nacionales tiene por objetivos, entre otros: - la posibilidad de proporcionar a los jueces y magistrados de los Estados del MERCOSUR, como herramienta de trabajo, una fuente de información precisa que facilitará sustancialmente la tarea aplicativa del ordenamiento jurídico, en particular, en los supuestos que involucren elementos de interés para el bloque; la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) órgano judicial del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, especialmente en su resolución de 5 de marzo de 1998, Dr. Coto Uarte, Gaceta Oficial de La Corte Nº 7, , pág. 6 ( IIIº). 5 El Foro Permanente de Cortes Supremas del MERCOSUR y Asociados fue instituido a través de la Carta de Brasilia, firmada el 30 de noviembre de 2004, por los Poderes Judiciales de los Estados Partes y Estados Asociados, por los representantes de los más altos Tribunales Nacionales, en ocasión del IIº Encuentro de Presidentes de Cortes Supremas del MERCOSUR y Asociados, que tuvo lugar en la Brasilia, los días 28 a 30 de noviembre de Debe señalarse que dicho Foro no forma parte, al menos a la fecha, de la estructura institucional del MERCOSUR, no obstante los innegables lazos que con ella guarda. 6 Creada por la Decisión CMC Nº 08/91 ( ). 7 Instituida por la Resolución GMC Nº 12/04 ( ) y la Decisión CMC Nº 06/05 ( ). 8 Creada por la Decisión CMC Nº 10/05 ( )14 SEGUNDO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL MERCOSUR POR LOS TRIBUNALES NACIONALES (2004) - poner a disposición de la comunidad académica una fuente primaria que posibilite a mediano y largo plazo la realización de estudios, en las diferentes disciplinas jurídicas, sobre los puntos de contacto entre el Derecho del MERCOSUR y los derechos internos, la uniformidad de la aplicación de las normas del MERCOSUR y la eficacia de los mecanismos de cooperación jurisdiccional, etc.; - resaltar la importancia e incidencia que el Derecho del MERCOSUR viene cobrando, de manera constante y en franco aumento, en el ámbito de la actividad judicial de los tribunales internos de los Estados Partes; y finalmente, - colocar a disposición de las autoridades del MERCOSUR, especialmente a los negociadores, datos fácticos sobre la vigencia judicial del ordenamiento mercosureño, lo cual permitirá evaluar desde la perspectiva jurídica la repercusión de las normas comunitarias en las sociedades nacionales, a fin de tomar en consideración, llegado el caso, posibles elementos y situaciones a la hora de enfrentar la etapa preparatoria de la legislación del MERCOSUR, mejorando así la tarea negociadora. Una vez más cabe recordar que [l]a tarea aplicativa del Derecho del MERCOSUR, principalmente por los jueces nacionales, constituye, sin lugar a dudas, la última y más importante de las fases que hacen a la vigencia práctica de la normativa regional. La eventual falta de aplicación del ordenamiento mercosureño, lo mismo que si ella ocurre de manera errónea o incompleta, limita sustancialmente el éxito de las reglas de derecho que deben regular el proceso de integración, contribuyendo en ocasiones a la aparición de situaciones de inseguridad jurídica [Primer Informe (2003)]. En este contexto, la Secretaría del MERCOSUR ha confeccionado el presente documento, tendiente a resaltar la importancia e incidencia que el Derecho del MERCOSUR viene cobrando, de manera constante y en franco aumento, en el ámbito de la actividad judicial de los tribunales internos de los Estados miembros. El Informe que toma como antecedente los informes análogos elaborados por la Comisión de las Comunidades Europeas ha sido realizado en base a la recopilación no exhaustiva del material jurisprudencial al que ha tenido acceso la SM a través, entre otros, de los envíos que han realizado determinados tribunales nacionales, de los contenidos de las distintas páginas web de los respectivos tribunales, de las revistas y diarios electrónicos que periódicamente se editan, y de la búsqueda particular de casos identificados a partir de contactos con los propios órganos jurisdiccionales. En orden a lo mencionado en el párrafo precedente, la Secretaría del MERCOSUR espera con gran interés la colaboración de los tribunales de los Estados Partes, como así también de los pertenecientes a los Estados Asociados, que hayan aplicado a través de su jurisprudencia normas del Derecho del MERCOSUR, y que dentro de sus posibilidades envíen tales resoluciones y sentencias a la Secretaría, a fin de poder elaborar anualmente un documento como el presente. En este sentido, se deja constancia del agradecimiento de la Secretaría del MERCOSUR a los distintos Departamentos y Secciones de Jurisprudencia de varios tribunales de los Estados Partes, sin cuya colaboración desinteresada esta recopilación resultaría incompleta. El Informe contiene jurisprudencia relativa a: Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, Libre circulación de mercaderías y bienes [Régimen y Certificados de origen Derechos a las exportaciones Rotulación de productos Medidas cautelares contra la libre circulación de15 INTRODUCCIÓN mercaderías Discriminación tributaria Importación de mercaderías de terceros Estados por viajeros Propiedad intelectual Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 (MERCOSUR Bolivia) En general: petróleo], Libre circulación de personas (Libre tránsito y paso por frontera Protocolo de San Luis Responsabilidad civil por accidente de tránsito Vehículo de turista comunitario Traducción de documentos Acuerdo sobre Seguridad Social), Libre Prestación de Servicios (Transporte de mercaderías peligrosas), Cooperación judicial internacional (Asistencia jurisdiccional internacional Extradición Jurisdicción internacional: Transporte internacional Litispendencia), Principios institucionales (los laudos del Tribunal ad hoc del MERCOSUR y los jueces nacionales: aplicación del VIº Laudo del TAHM). Desde el punto de vista cuantitativo, el Informe contiene el relevamiento de 103 causas judiciales, tramitadas en distintos tribunales de los Estados Partes, en las cuales se ha analizado la aplicabilidad de las normas del MERCOSUR. Dicho número de expedientes, bajo el prisma temático, tal como se observa en el siguiente cuadro, demuestra una clara preponderancia de dos asuntos: la libre circulación de mercaderías y la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, con más de 30 causas cada uno, seguidos por los que involucraron cuestiones atinentes a la libre circulación de personas y a la cooperación judicial internacional. Cuadro INFORME 2004 INFORME DECLARACIÓN SOCIOLABORAL DEL MERCOSUR (Argentina, Uruguay) SUBTOTAL: LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS Y BIENES (a) 1 A) Régimen y Certificados de Origen (Argentina, Brasil, Uruguay) B) Derechos a las exportaciones (Argentina) 1 1 C) Rotulación de productos (Argentina) 2 D) Medidas cautelares contra la libre circulación de mercaderías (Brasil) 1 E) Discriminación tributaria (Brasil) 2 F) Importación de mercaderías de terceros Estados por viajeros (Uruguay) 1 G) Propiedad intelectual (Argentina, Uruguay) 10 H) Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 (MERCOSUR Bolivia) (Brasil) 1 I) En general: Petróleo (Brasil) 1 SUBTOTAL:16 SEGUNDO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL MERCOSUR POR LOS TRIBUNALES NACIONALES (2004) INFORME 2004 INFORME LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS A) Libre tránsito y paso por frontera (Argentina) 1 B) Protocolo de San Luis Responsabilidad civil por accidente de tránsito (Argentina) 1 (b) 3 C) Vehículo de turista comunitario (Brasil) 9 7 D) Traducción de documentos (Brasil) 2 E) Acuerdo sobre Seguridad Social (Brasil) 1 SUBTOTAL: LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Transporte de mercaderías peligrosas (Brasil) 4 SUBTOTAL: 4 5. COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL (c+d) 2+1 A) Asistencia jurisdiccional internacional (Brasil) 6 B) Extradición (Brasil, Uruguay) 5 C) Jurisdicción internacional: Transporte internacional (Argentina) 1 D) Litispendencia (Brasil) 1 SUBTOTAL: PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: Los laudos del TAHM y los jueces nacionales: aplicación del VIº Laudo del TAHM (Brasil) (e+f) SUBTOTAL: 8 5 TOTAL: (a) Nomenclatura Común del MERCOSUR; (b) Igualdad de trato procesal: cautio iudicatum solvi; (c) Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo; (d) Protocolo de Medidas Cautelares; y Derecho del MERCOSUR: (e) Vigencia de los Tratados y Acuerdos firmados con Estados Asociados, y (f) Normas nacionales dictadas en consecuencia de normas del MERCOSUR. Cabe destacar que, en términos precisos, el señalado número (103) representa cantidades de causas judiciales (o asimilables), pero no el número de sentencias o decisiones dictadas en las cuales se han mencionado normas mercosureñas; éstas resultan una cantidad sustancialmente mayor (alrededor de su duplicación). En efecto, ello se explica al observarse17 INTRODUCCIÓN que en una determinada causa, particularmente en el caso de Brasil, se incluyen varias decisiones y fallos (de fondo e interlocutorias) emitidos en el mismo expediente, los cuales son también relevados. De esta manera, el número debe considerarse incrementado, y con ello las sentencias que refieren al Derecho del MERCOSUR. El cuadro anterior demuestra a su vez, que en el año 2004 se han tramitado más del doble de causas en las cuales estaban involucradas normas del MERCOSUR, en comparación al número del año precedente. El presente Informe se circunscribe a las decisiones judiciales (incluyendo votos concurrentes y disidencias) dictadas por los tribunales internos durante el año Por último, la Secretaría del MERCOSUR aprovecha la oportunidad para agradecer la extraordinaria acogida que tuvo el Primer Informe (2003) en los medios jurídicos sudamericanos y europeos, expresada no solamente a través de numerosas citas por parte de la doctrina, sino también en escritos judiciales, informes técnicos (como por ejemplo el documento del Ministerio Público Fiscal, que figura en el Anexo A) y publicaciones oficiales [tales como revista Investigaciones 3 (2004), editada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina]. Asimismo, dicho estudio se ha transformado en un documento de constante análisis y mención en el marco de los Encuentros de Presidentes de Corte Suprema del MERCOSUR y Estados Asociados que se han realizado. Anexos Como anexos al presente estudio, se incluye dos documentos elaborados por distintas instituciones públicas de Argentina y Uruguay. Se trata, en primer lugar, del Informe sobre la aplicación del Protocolo de Asistencia Jurídica en Asuntos Penales del MERCOSUR en el Ministerio Público Fiscal, elaborado por la Oficina de Cooperación Internacional de la Procuración General de la Nación (Ministerio Público Fiscal), de la República Argentina (Anexo A). Dicho informe del Ministerio Público Fiscal contiene datos estadísticos sobre la aplicación del Protocolo de Asistencia Jurídica en Asuntos Penales del MERCOSUR (Protocolo de San Luis II), en el ámbito de la jurisdicción nacional argentina. En según término, como Anexo B, figura el informe Aplicación y funcionamiento de los Protocolos y Acuerdos del Mercosur en materia de cooperación jurídica internacional (civil, de familia, laboral, contencioso administrativo, y penal), en la República Oriental del Uruguay durante al año 2005, elaborado por la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay. El mismo contiene, por un lado, una relación acerca de la aplicación práctica de determinados instrumentos jurídicos del MERCOSUR que regulan, en especial, distintos aspectos de la cooperación judicial internacional entre las autoridades competentes de los Estados Partes y, por el otro, el texto de la Declaración de Montevideo para el Fortalecimiento en la difusión y aplicación de los Protocolos emanados de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR y Estados Asociados, suscripta por los Ministros de Justicia de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, en ocasión de su XXIVª Reunión (17 de noviembre de 2005)18 II CONTENIDO 1. DECLARACIÓN SOCIOLABORAL DEL MERCOSUR (ARGENTINA, URUGUAY) La Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (DSLM o la Declaración ) fue aprobada por el Consejo del Mercado Común (CMC) 9 y por los Jefes de Estado de los Estados Partes del MERCOSUR, en el marco de la Cumbre de Río de Janeiro (1998) 10. La DSLM condensa una serie de principios y derechos en el área laboral, y tuvo en miras, entre otros objetivos, la decisión de los Estados Partes de consolidar en un instrumento común los progresos ya logrados en la dimensión social del proceso de integración y sostener los avances futuros y constantes en el campo social, sobre todo mediante la ratificación y cumplimiento de los principales convenios de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] 11, como así también de otros instrumentos internacionales mencionados en la parte considerativa de la DSLM. La Declaración no ha sido aprobada legislativamente como así tampoco ratificada por los Estados Partes, por lo demás ninguna disposición de su articulado exige el cumplimiento de mecanismo alguno de aprobación o internalización para su vigencia y aplicación 12. En este contexto, se destacan varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), de la Cámara Nacional del Trabajo (CNTrab.), sala 6ª, en particular los votos del juez Capón Filas, de la Cámara Laboral de Resistencia, Chaco, y del Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Matanza, Buenos Aires, todos de Argentina, en los que se aplica la DSLM en el marco de expedientes judiciales que involucraban a particulares 13. En algunos de los mencionados fallos la Declaración fue reconocida como de jerarquía superior a las leyes internas, en atención a su derivación del Tratado de Asunción (TA) y a lo dispuesto en el art. 75, inc. 24, de la Constitución Argentina 14. La Declaración fue también objeto de aplicación en sentencias emitidas por el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo, de 10º turno, de Uruguay. 9 Punto 4 del Acta Nº 02/98 de la XVª Reunión Ordinaria del CMC (Río de Janeiro, ). 10 Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, suscripta por los Jefes de Estado de los Estados Partes del Mercado Común del Sur, Río de Janeiro, 10 de diciembre de DSLM, considerandos párrafo décimo. 12 Ver arts. 20 y 25 de la DSLM. Asimismo consultar, sobre los alcances de la Declaración, Acta Nº 01/98 de la XXIXª Reunión Ordinaria del GMC (Buenos Aires, ; punto 2.1); y Acta Nº 03/98 de la VIIIª Reunión Plenaria del Foro Consultivo Económico-Social del MERCOSUR (Porto Alegre, ; punto 5 y Anexo VII Respuesta a la Consulta del Grupo del Mercado Común sobre la Dimensión Sociolaboral del MERCOSUR ). 13 Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, art. 20 Los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos fundamentales inscritos en esta Declaración y a promover su aplicación de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales y las convenciones y acuerdos colectivos. 14 Constitución, art. 75 Corresponde al Congreso: [ ] 24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. [ ]19 CONTENIDO a) En Argentina, la Cámara Nacional del Trabajo, sala 6ª, convalidó una decisión de la instancia anterior, apelada por el demandado debido a que en tal resolución se reconocían horas suplementarias al actor, se declaraba la inconstitucionalidad del art. 245 RCT (Régimen de Contrato de Trabajo, o LCT, Ley de Contrato de Trabajo) 15 y receptaba el salario declarado por el actor 16. En su voto conductor, el juez Capón Filas citó la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (art. 1), como marco conceptual, al referirse a la igualdad de derechos y al principio de no discriminación, a los efectos de reconocer que el actor efectivamente realizaba horas suplementarias 17. El mismo magistrado recordó la DSLM, como base normativa para declarar la inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios establecidos en el art. 245 RTC, expresando que dicha norma del MERCOSUR resulta de jerarquía superior a las leyes por emanar del Tratado de Asunción, según lo previsto en la Constitución Nacional, art. 75, inc El vocal restante, juez Fernández Madrid, acompañó la decisión del juez preopinante, por lo que la cámara con los argumentos reseñados confirmó la sentencia apelada. b) La Cámara Nacional del Trabajo, sala 6ª, tuvo oportunidad de pronunciarse con relación al principio de irrenunciabilidad de los derechos en el expediente Pérez c/c.p.c., en el cual modificó el fallo de instancia anterior apelado por el actor 19. El demandante manifestó haber percibido como salario mensual una determinada suma de dinero, la cual fue reducida en un 10 % por la accionada, en forma unilateral. El demandado alegó en su defensa que el acuerdo de reducción salarial debía reputarse válido al no haber afectado índices salariales mínimos fijados en las leyes o en las convencionales colectivas; argumentó además que el actor no efectuó, en su momento, ningún reclamo consintiendo por ello tácitamente dicho acuerdo. 15 Ley , Régimen de Contrato de Trabajo (RCT), [BO ; t.o. (texto ordenado) por Decreto 390/76, ], art. 245 Indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. Dicha base no podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas salariales de cada Convenio Colectivo de Trabajo. Para aquellos trabajadores no amparados por Convenios Colectivos de Trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el que corresponda al Convenio de Actividad aplicable al establecimiento donde preste servicio o el convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno. Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el Convenio de la actividad a la que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable. El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) meses del sueldo calculados en base al sistema del primer párrafo. 16 CNTrab., Francile, Rubén F. c/scotiabank Quilmes S.A., (extraído del servicio en línea de LexisNexis Lexis Nº ). 17 CNTrab., Francile c/scotiabank Quilmes, cit. ( A.a.1). 18 CNTrab., Francile c/scotiabank Quilmes, cit. ( A.a.4, párr. 2º y A.c.2, párr. 7º). 19 CNTrab., Pérez, Gerardo Rafael c/c.p.c. S.A. s/despido, expte. Nº , sentencia Nº , (inédito)20 SEGUNDO INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL MERCOSUR POR LOS TRIBUNALES NACIONALES (2004) Para el vocal preopinante, juez Capón Filas, la conducta del demandado no podía considerarse válida en tanto vulneraba el principio de irrenuncibilidad de los derechos. Asimismo, expresó que «[d]ebe partirse del principio de que en una relación laboral una de las partes está en condiciones de imponer su voluntad a la otra y de que hay que interpretar estrictamente los alcances de un consentimiento que puede no ser tal» 20. Invocó a su vez, la existencia de un compromiso judicial, ético en sus raíces, que se normativiza en el art. 14 bis de la Constitución Nacional 21 y en los instrumentos sobre derechos humanos, enumerados en el art. 75, inc. 22, de la carta magna 22, los cuales siendo superiores a las leyes deben ser observados en la solución de los casos concretos. En este contexto, trajo a colación las disposiciones de la DSLM, que al derivar del Tratado de Asunción resulta superior a las leyes internas, en virtud de lo previsto en el propio texto constitucional argentino (art. 75, inc. 24) 23. El juez Fernández Madrid, que votó a continuación, adhirió a lo expresado por el juez preopinante, por lo que el tribunal modificó la sentencia, estableciendo un nuevo monto de condena en beneficio del actor. c) Cabe citar asimismo, la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo, sala 6ª, del 11 de febrero de , por la cual modificó la decisión recurrida adicionando a la condena los salarios por horas suplementarias, así como las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la Ley CNTrab., Pérez c/c.p.c., cit. ( II.A.4). 21 Constitución, art. 14 bis El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado publico; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. [ ]. 22 Constitución, art. 75 Corresponde al Congreso: [ ] 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. [ ]. 23 CNTrab., Pérez c/c.p.c., cit. ( II.A.4, párr. 2º y III.5). 24 CNTrab., Hasinaver, Leonardo F. c/sos Buenos Aires S.A. (extraído del servicio en línea de LexisNexis Lexis Nº ). 25 Ley , ley de empleo, (BO ), arts. 8º El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y 15 Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los dos (2) años desde que se le hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgare efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará. La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos 8, 9 y 10, y que el empleador acreditare de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido Mostrar más
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