Source: http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/impunidad.html
Timestamp: 2017-10-20 01:25:31
Document Index: 47363088

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 18', 'artículo 75', 'Artículo 27', 'artículo 144', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 496', 'artículo 496']

Declaración pública del Equipo Nizkor y de Derechos Human Rights ante el intento de consolidación de la impunidad en Argentina.
Índice de la declaración
Obligación de juzgar y condenar a los responsable de crímenes contra la humanidad
Nulidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y del Decreto Presidencial de Indulto
No operatividad del principio non bis in idem
El Equipo Nizkor y Derechos Human Rights suscriben el comunicado de prensa emitido por los organismos argentinos de derechos humanos -y que hemos distribuido internacionalmente con fecha de 26jul00- ante las medidas adoptadas por la Corte Suprema y los intentos de establecer un mecanismo similar a la Mesa del Diálogo chilena, tal y como ha sido solicitado por el Cte. en Jefe del Ejército argentino.
En relación con estos mismos hechos queremos, al igual que hicimos en el caso chileno, emitir la siguiente declaración:
Todo intento de crear comisiones de la verdad, que no cumplan con el derecho a la justicia y con el reconocimiento por parte del Estado del incumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de la propia constitución argentina, no serían más que nuevos mecanismos para salvar el modelo de impunidad impuesto en Argentina y actualmente en discusión y afectado en su integridad por los procedimientos en terceros países, y cuyo caso más relevante fue la detención en Londres del General Augusto Pinochet.
El Equipo Nizkor, que tuvo una participación directa en estos acontecimientos, tiene muy claro que el problema básico de los responsables argentinos de graves violaciones a los derechos humanos, como los de otras nacionalidades, es que por primera vez se enfrentan a problemas de legitimidad para los que no tienen ninguna solución. Lo que pretende el acuerdo es devolver la legitimidad perdida por la Fuerzas Armadas argentinas a partir de los procedimientos penales en el exterior, dilema que se vio agravado en el mismo momento que se produjo la detención de Augusto Pinochet Ugarte en Londres.
Lamentablemente para ellos, la historia no los absolverá y es inútil que pretendan firmar un documento que diga que no actuaron institucionalmente en forma ilegal. Hay suficientes pruebas de ello en varios países y, además, si así no fuera, estaríamos ante el supuesto de que el Estado argentino resultó atrapado por una banda de delincuentes desconocidos y capaces de controlar todos los resortes del mismo.
Nuestro trabajo en contra de los modelos de impunidad se basa precisamente en deslegitimar por medio de la difusión de documentación digitalizada y de acciones judiciales la actuación de estas auténticas organizaciones criminales que han sobrepujado la conciencia de la humanidad. Nadie puede, en estos casos, absolverlos de sus culpas, y, mucho menos, pretender representar la voluntad de las víctimas. Esto sólo es posible mediante el ejercicio de la justicia, la reconstrucción de la memoria y el derecho a la verdad.
El negar el derecho a la justicia vulneraría normas que son de obligado cumplimiento por parte del Estado argentino, y supondría además un desconocimiento y un desafío respecto de la doctrina y jurisprudencia que la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos han venido desarrollando en los últimos 25 años:
1) Los crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina son crímenes contra la humanidad y no sólo violaciones de los derechos humanos.
Entre 1976 y 1983 en Argentina se perpetraron una serie de actos, enmarcados en un plan común con fines delictivos, consistentes en exterminio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, persecución basada en ideas políticas y detenciones prolongadas.
Se establecieron "grupos de tareas" que, reuniendo elementos de todas las fuerzas militares, tenían como cometido capturar e interrogar a todos los miembros conocidos de "organizaciones subversivas", o sus simpatizantes, o sus asociados, o sus familiares, o cualquiera que pudiera oponerse al poder del Gobierno. Se disolvió el Congreso, se prorrogó el estado de sitio impuesto por el anterior Gobierno, se desecharon las garantías jurídicas, las detenciones formales fueron reemplazadas por los secuestros y el número de "desaparecidos" alcanzó proporciones monstruosas.
Según el General Jorge Rafael Videla, Presidente y Comandante del Ejército de la primera junta militar (marzo de 1976 a marzo de 1981) "un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana".[Diario The Times, Londres, edición 4 de enero de 1978].
El campo del enemigo se ampliaba y para alcanzar el objetivo y evitar la condena internacional operar en secreto era aconsejable. La política de largo alcance de "desapariciones" planificadas se puso en marcha.
Conforme al derecho internacional, la naturaleza generalizada y sistemática de las violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina durante los gobiernos militares de 1976 a 1983 las convierte en crímenes de lesa humanidad.
2) Al integrarse en el sistema de las Naciones Unidas, Argentina aceptó el derecho internacional del Estatuto y de los Principios de Nuremberg, incluida la obligación de enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad.
(b) CRÍMENES DE GUERRA: es decir, violaciones de las leyes y de las costumbres de la guerra. Estas violaciones incluyen, pero no están limitadas, a asesinatos, maltrato y deportación para trabajos forzados o para cualquier otro propósito, de poblaciones civiles de territorios ocupados o que se encuentren en ellos; asesinatos o maltrato de prisioneros de guerra o de personas en los mares, ejecución de rehenes, despojo de la propiedad pública o privada, injustificable destrucción de ciudades, pueblos y aldeas, devastación no justificada por necesidades militares;
Da instrucciones al Comité de codificación de Derecho Internacional, establecido por resolución de la Asamblea General de 11 de diciembre de 1946, para que trate como un asunto de importancia primordial, los planes para la formulación, en una codificación general de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, o de un Código Criminal Internacional, conteniendo los principios reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y en las sentencias de dicho Tribunal". [Asamblea General de las Naciones Unidas, Quincuagésima quinta sesión plenaria, 11 de diciembre de 1946.]
Las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra. Tales violaciones comprenden, sin que esta enumeración tenga carácter limitado, el asesinato, el maltrato o la deportación para realizar trabajos en condiciones de esclavitud, o con cualquier otro propósito, de poblaciones civiles en territorios ocupados, o que en ellos se encuentren; el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o personas en el mar; la matanza de rehenes; el saqueo de la propiedad pública o privada; la destrucción incondicional de ciudades, villas o aldeas ,o la devastación no justificada por las necesidades militares.
El proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de 1954 incluye las figuras de la conspiración y la complicidad como consecuencia de la asunción de la doctrina de Nuremberg. Así pues, en su artículo 2.13) se recoge la figura de la conspiración referida a toda una serie de actos que constituyen delitos bajo el Derecho Internacional. El texto de proyecto de Código elaborado en 1954 es como sigue:
"Art. 1. Los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, definidos en el presente Código, son delitos de derecho internacional, por los cuales serán castigados los individuos responsables.
Art. 2. Son delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad los siguientes actos: 1) Todo acto de agresión, inclusive el empleo por las autoridades de un Estado, de la fuerza armada contra otro Estado, para cualquier propósito que no sea legítima defensa nacional o colectiva o la aplicación o recomendación de un órgano competente de las Naciones Unidas. 2) Toda amenaza hecha por las autoridades de un Estado de recurrir a un acto de agresión contra otro Estado. 3) La preparación por las autoridades de un Estado del empleo de la fuerza armada contra otro Estado, para cualquier propósito que no sea la legítima defensa nacional o colectiva, o la aplicación de una decisión o recomendación de un órgano competente de las Naciones Unidas. 4) El hecho de que las autoridades de un Estado organicen dentro de un territorio o en cualquier otro territorio bandas armadas para hacer incursiones en el territorio de otro Estado o estimulen la organización de tales bandas; o el hecho de que toleren la organización de dichas bandas en su propio territorio o de que toleren que dichas bandas armadas se sirvan de su territorio como base de operaciones o punto de partida para hacer incursiones en el territorio de otro Estado, así como el hecho de partir directamente en tales incursiones o de prestarles su apoyo. 5) El hecho de que las autoridades de un Estado emprendan o estimulen actividades encaminadas a fomentar luchas civiles en el territorio de otro Estado, o la tolerancia por las autoridades de un Estado de actividades organizadas encaminadas a fomentar luchas civiles en el territorio de otro Estado. 6) El hecho de que las autoridades de un Estado emprendan o estimulen actividades terroristas en otro Estado, o la tolerancia por las autoridades de un Estado de actividades organizadas, encaminadas a realizar actos terroristas en otro Estado. 7) Los actos de las autoridades de un Estado que violen las obligaciones establecidas por un tratado destinado a garantizar la paz y la seguridad internacional mediante restricciones o limitaciones respecto a armamentos, adiestramiento militar o fortificaciones u otras restricciones del mismo carácter. 8) La anexión por las autoridades de un Estado de un territorio perteneciente a otro Estado o de un territorio colocado bajo un régimen internacional mediante actos contrarios al derecho internacional. 9) El hecho de que las autoridades de un Estado intervengan en los asuntos internos o externos de otro Estado mediante medidas coercitivas de índole económica o política, con el fin de influir sobre sus decisiones y obtener así ventajas de cualquier índole. 10) Los actos de las autoridades de un Estado o de particulares, perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, inclusive: la matanza de miembros del grupo; la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; el sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. 11) Los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia. 12) Los actos cometidos violando las leyes o usos de la guerra. 13) Los actos que constituyan: conspiración para cometer cualquiera de los delitos definidos en los párrafos anteriores del presente artículo; instigar directamente a cometer cualquiera de los delitos definidos en los párrafos anteriores del reciente artículo; tentativas de cometer cualquiera de los delitos definidos en los párrafos anteriores del presente artículo; complicidad en la perpetración de cualquiera de los delitos definidos en los párrafos anteriores del presente artículo.
Art. 3. El hecho de que una persona haya actuado como Jefe de un Estado o como autoridad del Estado no la eximirá de responsabilidad por la perpetración de los delitos definidos en el presente Código.
Art. 4. El hecho de que una persona, acusada de un delito definido en este Código, haya actuado en el cumplimiento de órdenes de su Gobierno o de su superior jerárquico, no la eximirá de responsabilidades conforme al derecho internacional si, dadas las circunstancias del caso, ha tenido la posibilidad de no acatar dicha orden."
Un eventual acuerdo similar al de la Mesa de Diálogo en Chile, al no exigir el derecho a la justicia y al garantizar la impunidad de quienes en muchos casos han participado del plan y de la ejecución del plan por el que se cometieron estos crímenes, atenta gravemente contra estos principios y es contrario a la racionalidad de todo Estado de Derecho.
En el caso de Argentina, la existencia de este plan común para delinquir, es decir, para la comisión de crímenes contra la humanidad, queda demostrada con los mismos documentos oficiales que el Estado Argentino presentó a la Corte Federal del Distrito Norte de California para obtener la extradición de Carlos Guillermo Suárez Mason, acordada por este tribunal estadounidense en abril de 1988. Estos documentos permitieron que esta Corte estableciera la responsabilidad de Suárez Mason aplicando el principio de responsabilidad del mando (command reponsibility). En su sentencia concediendo la extradición de Mason la Corte establece:
"Inicialmente, la Corte concluye que al establecer Argentina la comisión de un delito por personas que actuaban bajo el mando de Suárez-Mason, y las circunstancias del delito respaldan la conclusión que dichas personas actuaban de acuerdo con las instrucciones del sistema puesto en práctica por Suárez-Mason, tal actuación será por lo general suficiente para satisfacer el probable umbral de la causa. Y son varias las razones que permiten llegar a esta conclusión.
En primer lugar, la Orden 9/77 ordenó que la selección de objetivos sería manejada directamente por el Mando de la Zona Uno y que sólo podrían llevarse a cabo redadas después de ser autorizadas por el Mando. Aún más, la Orden estableció (**32) un método sistemático para la realización de operativos que es del todo coherente con el método descrito en Nunca Más en que la mayoría de las víctimas de homicidio fueron secuestradas. Si bien el proceso de selección de objetivos no consignaba específicamente que los objetivos serían secuestrados y asesinados, la cláusula que contiene relativa al trato que recibirían los hijos pequeños de "personas desaparecidas" corrobora plenamente la deducción de que éste era un resultado deseado en las redadas. Pareciera, por lo tanto, que estos homicidios constituyeron parte de un esquema organizado o "plan de batalla" emanado del Mando de la Zona Uno.
En segundo lugar, la globalidad y extraordinario detalle de la Orden 9/77 dejan pocas dudas respecto a que Suárez-Mason era un comandante "práctica y activamente involucrado" en el control directo de las operaciones bajo su mando. Esta descripción es respaldada por las declaraciones de los Generales Montes, Ferraro y Gamen, y de los Coroneles Roualdes y Ferro. Ver L-20. El General Ferraro describe la autoridad de Suárez-Mason como "hegemónica". Id. en 16. Suárez-Mason "dirigía todos los elementos a su cargo de forma muy directa y personal; nunca, en momento alguno..... delegó responsabilidades ni permitió en momento alguno que gente a su cargo asumiese (**33) ninguno de los deberes atribuídos a él". Id.
En tercer lugar, la evidencia demuestra que Suárez-Mason controlaba directa y personalmente los centros de detención donde se retuvo a la mayoría de las víctimas de homicidio en esta causa. El control de los centros por Suárez-Mason queda confirmado por el testimonio de los oficiales antes mencionados. Ver L-20 en 2-6 (General Montes); 11-17 (General Ferraro); 22-25 (Coronel Ferro); L-1, documento R (General Ojeda). Está también corroborado por testigos, incluyendo detenidos y gendarmes, los que en numerosas ocasiones vieron a Suárez-Mason en distintos centros de detención. Ver L-1, documentos X en 168-69 (Falcone); DD en 177 (Torres); EE en 182 (Guillén); GG en 188 (Acosta); PP en 202-03 (Alfaro). Uno de los testigos declara que a Suárez-Mason se le describía como "el Jefe". Id., documento PP en 202. Otros dos testigos informan que muchas de las torturas descritas anteriormente fueron practicadas en estos campos. Id. en 203; DD en 177-78.
En cuarto lugar, la escala masiva a que se cometieron los delitos permite establecer deducciones sólidas en cuanto a que fueron autorizados por Suárez-Mason. Las violaciones a los derechos humanos en Argentina provocaron indignación internacional a finales de la década de los setenta, lo que se tradujo en sanciones económicas impuestas por el Presidente Carter. Nunca Más, en (**34) xiv (*689) (Introducción por Ronald Dworkin). La Corte cree que es altamente improbable que un comandante, y para qué hablar de uno con la comprobada atención a los detalles que ponía Suárez-Mason, pudiese ignorar que tales violaciones masivas se estaban produciendo bajo sus narices. No obstante, en varios de los casos presentes, Suárez-Mason ordenó investigar las muertes de víctimas en supuestos enfrentamientos a puertas cerradas, a pesar del hecho que las circunstancias de estos "enfrentamientos" eran tan improbables que cualquier persona razonable tendría que sospechar inmediatamente que habían sido arreglados. Ver los homicidios analizados en Volumes L-8, infra pg. 693; L-10, infra páginas 694-695; L-14, infra pág. 700.
La Corte examina la evidencia presentada en esta vista no para determinar la culpabilidad última, sino para establecer sus probables causas. En los casos en que Argentina establece que los delitos fueron cometidos por personas comandadas por Suárez-Mason, actuando dentro del marco por él establecido, la Corte cree que dicha evidencia es suficiente, en términos generales, para "hacer que una persona con un nivel normal de prudencia y cautela se forme conscientemente una convicción razonable de la culpabilidad del acusado". United States v. Wiebe, 733 F. 2d 549, 553 (8º Circ. 1984) (citando a Cleman v. Burnett, 155 U.S. App. D.C. 302, 477 F. 2º 1187, (**35) 1202 (D.C. Cir. 1973))".
Entre la documentación aportada por el Estado argentino que prueba la existencia de un plan común para cometer actos criminales, y cuya remisión al Juez estadounidense Lowell Jensen fue completada mediante escrito de fecha 11 de junio de 1987, -que a su vez fue firmado por Ricardo R. Gil Lavedra en cuanto juez interinamente a cargo de la Presidencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal de la República Argentina-, se encuentran una serie de órdenes y directivas secretas; entre las aportadas, existe una directiva de octubre de 1975, anterior al golpe militar de 1976. El siguiente listado no es exhaustivo:
1) Directiva del Consejo de Defensa Nro. 1/75 (Lucha contra la subversión). Documento Secreto. [Copia Nro. 2. Consejo de Defensa. Buenos Aires. 151600 Oct 75 MY - 25]
2) Directiva del Comandante General del Ejército Nro. 404/75 (Lucha contra la subversión). Documento Secreto. [Cdo Grl Ej (EMGE - Jef III - Op) Buenos Aires 281700 Oct 75 MXP - 099]
3) Orden Parcial Nro. 405/76 (Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión).Documento Secreto. [Cdo Grl Ej (EMGE - Jef III-Op) Buenos Aires 211800 May 76 CPM - 234]
4) Rectificaciones y agregados a introducir a la Directiva del Comandante en Jefe del Ejército Nro. 504/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78). Documento Secreto. [Cdo J Ej (EMGE-Jef III-Op) Buenos Aires 101200 May 78 CBD - 42].
5) Apéndice I (Jurisdicción Cdo Cpo Ej I - Zona 1) al Anexo 6 (Jurisdicciones a la Directiva del Cje Nro 504/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78). Documento Secreto firmado por Cristino Nicolaides en calidad de General de Brigada, Jefe III-Operaciones. [Cdo J Ej (EMGE-Jef III-Op) Buenos Aires 101200 May 78 CBD - 46].
6) Anexo 6 (Jurisdicciones ) a la Directiva del CJE Nro 504/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78). Documento Secreto. [Cdo J Ej (EMGE-Jef III-Op) Buenos Aires. Abril 79 IUR - 90].
7) Anexo 13 (informes a elevar) a la Directiva del CJE Nro 504/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78). Documento Secreto. [Cdo J Ej (EMGE-Jef III-OP) Buenos Aires. 201200 Abril 77 EAS - 227].
8) Apéndice 1 (Esquema de informe para reunión de comandos superiores) al Anexo 13 (Informes a elevar) a la Directiva del CJE Nro 504/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78). Documento Secreto. [Cdo J Ej (EMGE-Jef III-OP) Buenos Aires. 201200 Abril 77 MGP - 624].
9) Apéndice 2 (Esquema del Informe Diario) al Anexo 13 (Informes a elevar) a la Directiva del CJE Nro 504/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78). Documento Secreto. [Cdo J Ej (EMGE-Jef III-OP) Buenos Aires. 201200 Abril 77 OIC - 155].
10) Directiva del Comandante en Jefe del Ejército Nro 604/79 (Continuación de la ofensiva contra la subversión). Documento Secreto [Copia Nro 1 Cdo J Ej (EMGE-Jef III-Op) Buenos Aires. 181000 May 79 ZUO - 87]
11) Apéndice 1 (Jurisdicción Cpo Ej I - Zona 1) al Anexo 3 (Jurisdicciones) a la Directiva del CJE Nro 604/79 (Continuación de la ofensiva contra la subversión). Documento Secreto. [Copia Nro 02 Cdo J Ej (EMGE-Jef III-OP) Buenos Aires. 241000 Dic 81 ZUR - 90/1].
12) Apéndice 1 (Informe diario) al Anexo 15 (Informes) a la Directiva del Comandante en Jefe del Ejército Nro 604/79 (Continuación de la ofensiva contra la subversión). Documento Secreto. [Copia Nro 1 Cdo J Ej (EMGE-Jef III-OP) Buenos Aires. 181000 May 79 ZVD - 03/1]. Nota: El punto 2.d de este Informe lleva por título "Secuestros y desapariciones").
13) Orden de Operaciones Nro 9/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977). Documento Secreto emitido por Carlos Guillermo Suárez Mason, General de División, Cte Z 1. [Cdo. Z 1 Buenos Aires 131200 Jun 77 MOR - 72].
14) Anexo 4 (Ejecución de blancos) a la Orden de Operaciones Nro 9/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977). Documento Secreto. [131200 Jun 77 VMO - 51]
15) Apéndice 1 (Acta acuerdo entre el Cdo Z 4 y Cdo Z 1) al Anexo 4 (Ejecución de blancos) a la Orden de Operaciones Nro 9/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977). Documento Secreto. [131200 Jun 77 QHT - 47]
16) Apéndice 2 (Formulario de requerimiento de "Area libre" para operar) al Anexo 4 (Ejecución de blancos) a la Orden de Operaciones Nro 9/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977). Documento Secreto.
17) Apéndice 3 (Solicitud de blanco de oportunidad) al Anexo 4 (Ejecución de blancos) a la Orden de Operaciones Nro 9/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977). Documento Secreto.
18) Anexo 12 (Otras misiones y funciones de las FFSS, FFPP y del Servicio Penitenciario) a la Orden de Operaciones Nro 9/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977). Documento Secreto. [131200 Jun 77 RIE - 09]
19) Apéndice 1 (Modelo de Informe Diario) al Anexo 15 (Informes) a la Orden de Operaciones Nro 9/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977). Documento Secreto. [131200 Jun 77 JCV - 15]. Nota: El apartado relativo a la "SITUACIÓN OPERACIONAL" contiene los siguientes epígrafes:
a. Enfrentamientos (Incluye muertos, heridos y detenidos).
b. Secuestros.
c. Atentados y/o sabotajes.
d. Captura de bienes (material, armamento y documentación) de la Subversión.
e. Robo de bienes a las FFLL.
f. Hallazgos e identificación de cadáveres.
Estos documentos vienen a probar que con base en la doctrina de la organización criminal emanada de Nuremberg, y de la responsabilidad del mando, tanto los superiores civiles como militares argentinos, así como sus subordinados, integraban una organización con fines delictivos, básicamente consistente en el exterminio de aquéllas personas que se oponían a su programa, y ello en el marco de lo que conforme al derecho internacional actual, de obligado cumplimiento por el Estado argentino, constituyen, entre otros, crímenes contra la humanidad.
3) Los crímenes contra la humanidad, entre otras características, son imprescriptibles, por lo que el hecho de hallar los cuerpos de los desaparecidos, no conlleva la prescripción del delito, al margen de que la concepción y ejecución de un plan criminal (ver sentencia del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia en el caso Tadic, de 15jul99, par. 185 a 237) de este tipo es un crimen conforme al derecho internacional y al margen de que el eventual hallazgo de los cuerpos de algunos de los desaparecidos no evita en absoluto, la calificación del tipo como de crimen contra la humanidad ni su imprescriptibilidad.
Y las fuerzas armadas argentinas se consideraban a sí mismas como un ejército en operaciones, estando sus integrantes obligados por el derecho de las convenciones de Ginebra y todo el derecho de guerra consuetudinario de obligado cumplimiento anterior a 1949.
Sí diremos que el principio de derecho internacional según el cual los jefes de Estado y los funcionarios del Estado no disfrutan de inmunidad procesal se aplica tanto a los tribunales internacionales como a los tribunales nacionales; es más, así lo indican claramente los instrumentos internacionales. Por ejemplo, la Ley Núm. 10 del Consejo del Control Aliado, promulgada por las potencias aliadas, que creó los tribunales militares nacionales encargados del enjuiciamiento de los acusados pertenecientes al Eje por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz, disponía en su Artículo 4(a) que "el cargo oficial de una persona, ya sea como Jefe de Estado o responsable oficial en un Departamento de Gobierno, no la exime de responsabilidad por un crimen ni constituye motivo para reducir la pena". El Artículo IV de la Convención para la Prevención y 1a Sanción del Delito de Genocidio es aplicable tanto a los tribunales internacionales como a los procesamientos que, conforme al Artículo VI, los Estados Partes tienen la obligación de emprender en sus tribunales nacionales. El Principio 18 de los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de las Naciones Unidas, estipula: "Los Gobiernos harán comparecer a esas personas [las identificadas como participantes en ese tipo de homicidios] ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a otros países que se propongan someterlas a juicio [...] con independencia de quienes sean los perpetradores". El Artículo 14 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, de las Naciones Unidas, dispone: "Los Estados deberán tomar las medidas jurídicas y apropiadas que tengan a su disposición a fin de que todo presunto autor de un acto de desaparición forzosa, perteneciente a la jurisdicción o bajo el control del Estado de que se trate, sea sometido a juicio".
"[L]os crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad suelen requerir la participación de personas que ocupan puestos de autoridad pública, capaces de formular planes o políticas que entrañen actos de gravedad y magnitud excepcionales. Estos crímenes requieren el poder de utilizar o autorizar el uso de los medios esenciales de destrucción y de movilizar el personal requerido para ejecutar esos crímenes. El funcionario público que proyecte, instigue, autorice u ordene estos crímenes no sólo proporciona los medios y el personal requerido para cometerlos, sino que además abusa de la autoridad y el poder que le han sido conferidos. Por tanto, puede incluso ser considerado más culpable que el subordinado que de hecho comete el acto criminal. Sería paradójico permitir a individuos, que en algunos aspectos son los más responsables de los crímenes previstos en el Código, invocar la soberanía del Estado y escudarse tras la inmunidad que su carácter oficial les confiere, particularmente dado que esos crímenes odiosos consternan a la conciencia de la humanidad, violan algunas de las normas más fundamentales del derecho internacional y amenazan la paz y la seguridad internacionales". (Código de Crímenes, doc. cit., p. 50)
5) Estos crímenes no son amnistiables, por lo que las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cuyos efectos siguen vigentes tras su derogación, así como el Decreto Presidencial de indulto No. 1002 del 7 de octubre de 1989, que han permitido la impunidad de los militares argentinos y civiles autores de estos crímenes, no pueden ser invocados. Primeramente, porque estas medidas que han permitido la impunidad, han denegado el derecho a un recurso judicial y a saber la verdad que le asiste a las víctimas, han sido consideradas incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los Estados están en la obligación de llevar ante la justicia a los culpables de crímenes de lesa humanidad, con independencia de si están codificados como delitos en el derecho interno de un Estado.
Esta obligación emana tanto del derecho codificado por las Naciones Unidas como del derecho del Sistema Interamericano.
El hecho de que la legislación internacional sobre crímenes de lesa humanidad no haya sido incorporada al derecho penal interno de un Estado no exime a éste de responsabilidad internacional por abstenerse de llevar a cabo investigaciones judiciales. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las Naciones Unidas (Artículo 15(2)) como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa (Artículo 7(2)) establecen que una persona acusada de crímenes de lesa humanidad puede ser procesada conforme a los principios establecidos y reconocidos por el derecho internacional. Recordando los principios que inspiraron el Fallo de Nuremberg y la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura ha considerado que, en lo que hace a la tortura, esta obligación impera con independencia de si un Estado ha ratificado o no la Convención contra la Tortura, ya que existe "una norma general de derecho internacional que obliga a los Estados a tomar medidas eficaces para impedir la tortura y para castigar su prácticas" (Comité contra la Tortura, decisión del 23 de noviembre de 1989, Comunicaciones No l/1988, 2/1988 y 3/1988, Argentina, decisiones de noviembre de 1989, párrafo 7.2).
Pero además, en virtud del principio de supremacía del derecho internacional -principio que además esta codificado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificado por Argentina en 1972-, el derecho interno de los Estados no es pertinente para modificar, mediante actos de los poderes públicos de ningún tipo, incluídos los indultos y las amnistías, la naturaleza jurídica de los Crímenes contra la Humanidad ni las obligaciones internacionales que tiene el Estado de juzgar y sancionar los autores de estos crímenes. Asimismo, las normas relativas a los crímenes contra la humanidad tienen la jerarquía de jus cogens y, como tales, no admiten acuerdo en contrario: esto significa que no puede reconocerse validez jurídica a actos unilaterales de los Estados tendientes a dejarlas sin efecto dentro de su respectiva jurisdicción y tales actos unilaterales no son oponibles frente a los demás Estados y a la comunidad internacional en su conjunto.
4) El Estado argentino viene incumpliendo sistemáticamente la doctrina y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos: nulidad per se de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y del Decreto Presidencial de Indulto. Obligación de ejercer el derecho a la justicia.
La expedición de las leyes de "Punto final" y "Obediencia debida", dictadas por un gobierno "democráticamente elegido" respecto de los hechos cometidos por un régimen de facto, es violatorio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en vigor.
Como se ha mencionado con anterioridad, de la jerarquía de ius cogens que tienen las normas relativas al crimen de torturas se desprende que tales normas no admiten acuerdo en contrario: esto significa que no puede reconocerse validez jurídica a actos unilaterales de los Estados tendientes a dejarlas sin efecto dentro de su respectiva jurisdicción y tales actos unilaterales no son oponibles frente a los demás Estados y a la comunidad internacional en su conjunto. Esto quiere decir que a estas normas no le son oponibles ningún tipo de amnistías ni legislación pro impunidad y mucho menos aún cuando tales actos han sido cometidos en el marco de crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio.
Tales leyes de amnistía e indultos son contrarios al derecho internacional. Así lo han expresamente afirmado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. El Comité de Derechos Humanos consideró que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida deniegan el recurso a un derecho efectivo que tienen las víctimas de violaciones de derechos humanos, con lo cual constituyen una violación a varios derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su vigencia contribuye a fomentar "un clima de impunidad". [Comité de Derechos Humanos, "Observaciones finales - Argentina", Documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add. 46, de 5 de abril de 1995, párrafo 10]
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas consideró que la expedición de las leyes de "Punto final" y "Obediencia debida", dictadas por un gobierno "democráticamente elegid[o]" respecto de los hechos cometidos por un régimen de facto, "es incompatible con el espíritu y los propósitos de la Convención [contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes]". [Comité Contra la Tortura, Comunicaciones Nº. 1/1988, 2/1988 y 3/1988, Argentina, decisión de 23 de noviembre de 1989, párrafo 9]
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida así como el Decreto Presidencial de indulto No. 1002 del 7 de octubre de 1989 de Argentina, eran incompatibles con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. [Informe No. 28/92, Casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311, Argentina, 2 de octubre de 1992]
Esta postura está respaldada por la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, que insta a los gobiernos a "abrogar la legislación que favorezca la impunidad de los autores de violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley". [Documento de Naciones Unidas, A/CONF.157/23]. Igualmente, la Conferencia reafirmó que "es una obligación de todos los Estados, en cualquier circunstancia, emprender una investigación siempre que haya motivos suficientes para creer que se ha producido una desaparición forzada en un territorio sujeto a su jurisdicción y, si se confirman las denuncias, enjuiciar a los autores del hecho" [Ibidem]. Igualmente, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992, establece en su artículo 18 que los autores o presuntos autores de desapariciones forzadas no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal.
Además, en el caso argentino y en relación con la incorporación del derecho internacional al derecho interno, la Constitución de este país en su artículo 75, parágrafo 22, establece lo siguiente:
"(...) Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara (...)".
La reciente decisión de 22dic99 de la Comisión Interamericana en el caso de los Jesuitas asesinados en El Salvador, viene a resumir la doctrina del sistema interamericano en relación con el derecho a la verdad y a la justicia. [Informe n° 136/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CASO 10.488: Ignacio Ellacuría, S.J.; Segundo Montes, S.J.; Armando López, S.J.; Ignacio Martín Baró, S.J.; Joaquín López Y López, S.J.; Juan Ramón Moreno, S.J.; Julia Elba Ramos; Y Celina Mariceth Ramos. El Salvador, 22 de diciembre de 1999, par. 197-217. Versión oficial disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/salvador/doc/jesuitas.html ]:
En este sentido, debe tenerse en cuenta que el Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados prohíbe que un Estado invoque unilateralmente la ley nacional como justificación para no cumplir con las obligaciones legales impuestas por un tratado internacional. Finalmente, en este orden de ideas, el artículo 144, Inciso 2º de la Constitución de El Salvador consagra que "La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado".
La Comisión Interamericana se permite recordar, además, al Gobierno de Su Excelencia que El Salvador, como Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene, en virtud de la ratificación de la Convención Americana, según señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "el deber jurídico de (...) investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación". Y agregó la Corte, refiriéndose al artículo 1º de la Convención, que: "Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune (...) puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción". [La negrita es nuestra].
Y en relación con el derecho a la verdad, expone la CIDH en el mismo informe lo siguiente:
"221. El derecho a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en El Salvador, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado debe satisfacer respecto a los familiares de las víctimas y la sociedad en general. Tales obligaciones surgen fundamentalmente de lo dispuesto en los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13 de la Convención. [Informe 1/99 (El Salvador) Parada Cea, supra nota 18, párr. 147].
222. Como ha señalado la CIDH, el artículo 1(1) de la Convención Americana establece que los Estados Partes se obligan a "respetar" los derechos consagrados en ella y a "garantizar" su libre y pleno ejercicio. Esta obligación implica, según la Corte Interamericana, el cumplimiento de verdaderas "obligaciones de hacer" por parte de los Estados que permitan una eficaz garantía de tales derechos. ["La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos". Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 166, Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, supra nota 77, párr. 175. Véase también Informe 1/99 Parada Cea (El Salvador), supra nota 18, párr. 148]. Como consecuencia de esta obligación, el Estado salvadoreño tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, investigar con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar una adecuada reparación a la víctima.[Ibidem Caso Velásquez Rodríguez, párr. 174. Ibidem Caso Godínez Cruz, párr. 184. Véase también Informe Anual CIDH 1998, Informe Nº 1/99 Parada Cea (El Salvador) Ibidem, párr. 148. Véase también Informe Anual CIDH 1997, supra nota 64, pág. 540, párr 70; Informe Anual CIDH 1992-1993, supra nota 101; Informe Nº 25/98 (Chile) e Informes Nº 28/92 (Argentina), supra nota 101, págs. 42-53, y Nº 29/92 (Uruguay), supra nota 102, págs 162-174].
223. Las interpretaciones emitidas por la Corte en el caso Castillo Páez [Corte I.D.H, Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, párr. 86] y en otros relacionados con las obligaciones genéricas del artículo 1(1), permiten concluir que el "derecho a la verdad" surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte, puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables. [Informe 1/99 Parada Cea (El Salvador), supra nota 18, párr. 149].
224. El derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y a la vez un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación, en particular, en los casos de aplicación de leyes de amnistía. La Convención Americana protege el derecho a acceder y a recibir información en su artículo 13.
225. El derecho a la verdad se relaciona también con el artículo 25 de la Convención Americana, que establece el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos consagrados en ella. La existencia de impedimentos fácticos o legales (como la ley de amnistía) para acceder a información relevante en relación con los hechos y circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental, constituye una abierta violación del derecho establecido en la mencionada disposición e impide contar con recursos de la jurisdicción interna que permitan la protección judicial de los derechos fundamentales establecidos en la Convención, la Constitución y las leyes.
226. Además de los familiares de las víctimas directamente afectados por una violación de los derechos humanos, también es titular del derecho a ser debidamente informada la sociedad en general. [Amnistía Internacional, Peace-Keeping and Human Rights, AI Doc. IOR 40/01/94 (1994), página 38. Comisión Internacional de Juristas, Comunicación escrita presentada a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 441 período de sesiones, E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/9. Véase también Informe Nº 1/99 Parada Cea (El Salvador) supra nota 18, párr. 152]. Como ha sostenido la CIDH con respecto a la amnistía decretada mediante el decreto 486 de 1993:
Independientemente del problema de las eventuales responsabilidades --las que, en todo caso, deberán ser siempre individuales y establecidas después de un debido proceso por un tribunal preexistente que utilice para la sanción la ley existente al momento de la comisión del delito-- …toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos (...) Tal acceso a la verdad, supone no coartar la libertad de expresión…"(131)
227. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por su parte, ha establecido, en diversas ocasiones, y específicamente en relación con la violación del derecho a la vida, que los familiares directos de las víctimas tienen derecho a ser compensados por esas violaciones debido, entre otras cosas, a que desconocen las circunstancias de la muerte y los responsables del delito.(132) A este respecto, el Comité ha aclarado e insistido en que el deber de reparar el daño no se satisface solamente por medio del ofrecimiento de una cantidad de dinero a los familiares de las víctimas. En primer término, debe ponerse fin al estado de incertidumbre e ignorancia en que éstos se encuentran, es decir, otorgar el conocimiento completo y público de la verdad. [Theo Van Boven, Relator Especial, Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Consejo Económico y Social, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 451 período de sesiones, Tema 4 del programa provisional, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 de julio de 1993. En este sentido se pronuncian, también, otros relatores especiales que han conocido de la materia. Vgr. L. Joinet, Question of Impunity of perpetrators of Violations of Human Rights (Civil and Political Rights), Final Report, pursuant to Subcommission Resolution 1995/35, U.N. ESCOR, Comm'n on Hum. Rts., 48th Sess., Provisional Agenda Item 10, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/18 (1996)].
228. Forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición,(134) el derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones.
229. La CIDH considera que, pese a la importancia que tuvo la Comisión de la Verdad para establecer los hechos relacionados con las violaciones más graves y para promover la reconciliación nacional, las funciones desempeñadas por ella, aunque tremendamente importantes y relevantes, no pueden ser consideradas como un sustituto adecuado del proceso judicial como método para llegar a la verdad. El valor de las Comisiones de la Verdad es que su creación no está basada en la premisa de que no habrá juicios, sino en que constituyen un paso en el sentido de la restauración de la verdad y, oportunamente, de la justicia. [La negrita es nuestra]. [Méndez, Juan "Derecho a la Verdad frente a graves violaciones a los Derechos Humanos", p. 537].
230. Tampoco sustituyen la obligación indelegable del Estado de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, de identificar a los responsables, de imponerles sanciones y de asegurar a la víctima una adecuada reparación (artículo 1(1) de la Convención Americana), todo dentro de la necesidad imperativa de combatir la impunidad.
231. La Comisión de la Verdad para El Salvador dejó en claro que las actuaciones de ese cuerpo no tenían carácter judicial. [Ver Informe de la Comisión de la Verdad, supra nota 18, pág. 13, en el que se señala que "La Comisión estimó importante que las Partes hayan subrayado que "las actuaciones de la Comisión no son jurisdiccionales"]. En otras palabras, las partes no sólo no establecieron una corte o tribunal, sino que dejaron muy en claro que la Comisión no debería funcionar como si se tratara de una institución jurisdiccional". Es decir, dicha Comisión no tuvo el carácter de una corte o tribunal y la función judicial quedó expresamente reservada para los tribunales salvadoreños. [Ver Documento Anexo a los Acuerdos de México, 27 de abril de 1991, supra nota 24, que crea la Comisión de la Verdad destinada a esclarecer "con prontitud" aquellos hechos de violencia de singular trascendencia "a través de un procedimiento a la vez confiable y expedito, que pueda arrojar resultados a corto plazo, sin menoscabo de las obligaciones que incumben a los tribunales salvadoreños para resolver dichos casos y aplicar a los responsables las sanciones que corresponden"]. En consecuencia, dicha Comisión careció de competencia para establecer sanciones o para ordenar el pago de compensaciones en relación con los hechos investigados y establecidos.
232. En virtud de lo expuesto, la CIDH concluye que la aplicación del Decreto de Amnistía eliminó la posibilidad de emprender nuevas investigaciones judiciales tendientes a establecer la verdad mediante el poder judicial y afectó el derecho de los allegados a las víctimas y de toda la sociedad a conocer la verdad".
En el caso concreto que nos ocupa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida así como el Decreto Presidencial de indulto No. 1002 del 7 de octubre de 1989 de Argentina, eran incompatibles con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las conclusiones a las que llegó CDIH en su informe de 1992 [Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH. OEA/Ser.L/V/II.82 Doc. 24 de 2 de octubre de 1992. Original: Espanol 82 periodo de Sesiones. INFORME Nº 28/92. CASOS 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10309 y 10.311 ARGENTINA. Aprobado por la Comisión en su sesión nº 1169] son las siguientes:
"Por las consideraciones que anteceden, la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:
1) Concluye que las Leyes Números 23.492 y 23.521 y el Decreto Numero 1002/89 son incompatibles con el artículo XVIII (Derecho de Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los Artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2) Recomienda que el Gobierno de Argentina otorgue a los peticionarios una justa compensación por las violaciones a la que se refiere el párrafo precedente.
3) Recomienda al Gobierno de Argentina la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar.
4) Dispone la publicación del presente informe".
El Estado argentino incumple pues con sus obligaciones internacionales, tanto bajo lo instrumentos que ha suscrito en el marco de las Naciones Unidas, como en el sistema Interamericano e incluso en su derecho interno.
5) El Principio de non bis in idem no se ve afectado por el juicio por el robo de bebés abierto en Argentina y recién suspendido, ni por ninguna acción judicial anterior.
El principio "non bis in idem" no se ve afectado por ninguno de los procedimientos en curso ni anteriores ante los tribunales nacionales argentinos, ya que:
1) Los autores de estos graves crímenes contra los derechos humanos han de ser juzgados y condenados por crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio, y por crímenes de guerra, pues si bien no existió tal guerra, el ejército argentino se consideraba a sí mismo un ejército en operaciones, y también por conspiración para la comisión de los mismos en cuanto integrantes de una organización criminal, en el sentido de Nuremberg, constituida con tales fines delictivos. Se trata pues de cargos por los que no se les está juzgando ni han sido juzgados en Argentina.
2) La única sentencia firme existente es la conocida como "Causa 13", en la que fueron condenados algunos de los Comandantes de las Fuerzas Armadas, pero, por delitos comunes y en ningún caso por los tipos penales mencionados en el párrafo precedente, al tiempo que esta Causa sólo afectó a algunos de los perpetradores de estos crímenes.
El derecho penal fija una norma de conducta que el individuo debe respetar teniendo presente la amenaza de persecución y castigo por la violación de esa norma. Así como a cada Estado le interesa aplicar efectivamente su derecho penal procediendo contra los individuos responsables de violarlo y castigándolos, a la comunidad internacional le interesa que los responsables de estos crímenes, incluida la conspiración para su comisión -lo cual, dada la magnitud de los mismos, sólo puede suceder desde el aparato del Estado-, sean entregados a la justicia y castigados.
La Comisión de Derecho Internacional, a la hora de fundamentar las excepciones a este principio habla de administración de justicia fraudulenta. "La aplicación de este principio a una condena definitiva no requiere la imposición de la pena correspondiente ni la ejecución total o parcial de dicha pena. El hecho de no imponer el castigo correspondiente al crimen o de no hacer ejecutar lo juzgado puede indicar un elemento de fraude en la administración de justicia" [Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48º período de sesiones, 6 de mayo a 26 de julio de 1996. Asamblea General. Documentos Oficiales Quincuagésimo primer período de sesiones. Suplemento No. 10 (A/51/10), p. 74 [en adelante, "Código de Crímenes"]. Este informe contiene el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad correspondiente a 1996].
El artículo 12 del Código de Crímenes es muy claro al respecto y establece que el principio de "non bis idem" no opera -aunque la persona en cuestión hubiere sido absuelta como resultado de una sentencia fieme sobre el fondo, o condenada, en virtud de sentencia firme por un tribunal nacional, cual no es el caso- entre otros, en los siguientes casos:
" i) cuando el hecho sobre el que hubiere recaído la sentencia del tribunal nacional haya sido calificado de crimen ordinario por ese tribunal y no de crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad [genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión]; o
ii) cuando las actuaciones del tribunal nacional no hubieren sido imparciales o independientes, hubieren estado destinadas a exonerar al acusado de responsabilidad penal internacional o no se hubiere instruido la causa con la debida diligencia;" [Código de Crímenes, p. 71]
Al respecto y en relación con el caso anteriormente mencionado de El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado del siguiente modo [Informe No. 136/99 de la CIDH, par. 135-142]:
"viii. El proceso simulado, el veredicto del jurado y la sentencia
135. En cuanto a la ejecución material de los asesinatos, cabe señalar que ocho de los encausados
confesaron claramente y con lujo de detalles su participación en la operación del 16 de noviembre de 1989, en los siguientes términos: el Subsargento Ramiro Avalos Vargas asesinó a los Padres Juan Ramón Moreno y Armando López; el soldado Oscar Amaya Garibaldi asesinó a los Padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes; el Subsargento Tomás Zarpate Castillos disparó sobre Elba y Celina Mariceth Ramos hasta creer que estaban muertas; finalmente ambas fueron rematadas por el soldado Jorge Sierra Asencio; el Cabo Angel Pérez Vázquez asesinó al Padre Joaquín López y López y los Tenientes Yusshy Mendoza y José Ricardo Espinoza dirigieron la operación, secundados por el SubTeniente Gonzalo Guevara Cerritos. Todos ellos pertenecían al Batallón Atlacatl menos el Teniente Mendoza, que pertenecía a la Escuela Militar.
136. Las referidas declaraciones extrajudiciales fueron veraces, coincidentes, detalladas y guardaron total armonía y concordancia con otros elementos de juicio existentes en el proceso sobre el mismo hecho punible, conforme lo dispone el artículo 496 del Código de Proceso Penal de El Salvador. También guardaron armonía con las otras confesiones y declaraciones, con las pruebas balísticas, las armas empleadas y los resultados de las autopsias. Además, no fueron arrancadas por violencia o intimidación y quedaron legalmente validadas ante la justicia en virtud de lo establecido en el artículo 496 del referido Código Procesal Penal, desde que dos testigos presenciales de ellas así lo reconocieron ante el juez Zamora.
137. La validez de dichas declaraciones, por otra parte, fue resuelta en Plenario por el Juez 4o de lo Penal, por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador y por la Corte Suprema, todos los que se expidieron por su validación. A pesar de ello, ninguno de los miembros del Batallón Atlacatl fue condenado.
138. El veredicto del jurado permitió que se llegara al resultado absurdo de que siete de los enjuiciados, precisamente los pertenecientes al Batallón Atlacatl, fueran absueltos y que los dos únicos declarados culpables (el Coronel Benavides y el Teniente Mendoza) pertenecieran a la Escuela Militar. De los dos Tenientes que dirigieron la operación, Mendoza, de la Escuela Militar y Espinoza, del Atlacatl, sólo el primero fue condenado a pesar de que las balas que mataron a Celina Mariceth Ramos no provinieron de su arma de dotación.
139. Tanto el Teniente Mendoza, condenado por asesinato, como los miembros del Batallón Atlacatl, revelaron con sus conductas una singular peligrosidad y desprecio por la vida humana. Además, la orden de matar no fue dada sorpresivamente en medio de un combate, sino fría, reflexiva y premeditadamente, y quienes la recibieron tuvieron varias horas para meditarla, para apreciar su carácter manifiestamente ilegítimo y prever las consecuencias de sus actos.
140. La decisión judicial tampoco condenó a ninguno de los autores intelectuales, lo que significa que en este caso la política de encubrimiento resultó totalmente efectiva. Sólo con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz y a la creación de la Comisión de la Verdad, se investigó con seriedad la responsabilidad del Alto Mando y del Batallón Atlacatl. Fue con base en esta investigación que dicha Comisión, en su Informe del 15 de marzo de 1993, concluyó que la orden de dar muerte al Padre Ellacuría sin dejar testigos había sido dada al Coronel Alfredo Benavides, en la noche del 15 de noviembre de 1989, por el entonces Coronel René Emilio Ponce, en presencia y en confabulación con el General Juan Rafael Bustillo, el entonces Coronel Juan Orlando Zepeda, el Coronel Inocente Orlando Montano y el Coronel Francisco Elena Fuentes. Dicha Comisión concluyó asimismo que el Coronel Ponce había dispuesto para esta operación" la utilización de una unidad del Batallón Atlacatl que dos días antes había enviado a hacer un registro en la residencia de los sacerdotes". Además, conforme lo estableció dicha Comisión, el Coronel Oscar Alberto León Linares, Comandante del Batallón Atlacatl, tuvo conocimiento del asesinato y ocultó pruebas incriminatorias. El Coronel Nelson Iván López y López, asignado para ayudar en las tareas de la Comisión de Investigación, y el Coronel Manuel Antonio Rivas Mejía, jefe de dicha Comisión (quien además "encomendó al Coronel Benavides la destrucción de pruebas incriminatorias") también conocieron la verdad y la ocultaron. Ninguno de estos militares fue debidamente investigado, procesado y condenado.
141. De conformidad con todo lo dicho, la CIDH concluye que la investigación emprendida por el Estado salvadoreño con relación a las ejecuciones extrajudiciales de las víctimas en el presente caso, no fue emprendida con seriedad ni buena fe, y estuvo orientada a encubrir a algunos de los autores materiales y a todos los autores intelectuales del delito.
142. A pesar de que a través de este proceso se condenó a cuatro oficiales de la Fuerza Armada salvadoreña, los hechos y elementos que son de público y notorio conocimiento, reforzados por aquellos que surgen del expediente del caso ante la CIDH muestran, en forma evidente, que el proceso que resultó en estas condenas no fue imparcial ni objetivo en los términos exigidos en la Convención Americana. En efecto, se trató de actos concatenados y orquestados para dar una apariencia de regularidad, a fin de pretender satisfacer los fines de la justicia. Pero en la realidad, la Comisión de Honor, compuesta en su mayor parte por militares y la Comisión de Investigación, presidida por otro militar, el Teniente Coronel Manuel Antonio Rivas Mejía, se concertaron para limitar y convenir acusaciones, es decir, para armar un conveniente "paquete de acusación" destinado a encubrir a la cúpula militar. Mediante este paquete se sometió a la justicia a 9 militares preseleccionados como responsables por la Comisión de Honor, de los cuales sólo cuatro fueron condenados, y de éstos sólo dos por el delito de asesinato. El poder judicial, por su parte, se prestó para llevar a cabo un proceso simulado de conocimiento incompleto que configuró una denegación de justicia. Por otra parte, los otros dos poderes públicos, el Legislativo y el Ejecutivo, se concertaron para amnistiar a quienes habían sido condenados, e impedir futuras investigaciones que pudieran culminar en la imposición de sanciones por tan horribles crímenes contra los derechos humanos. Todo ello afectó la integridad del pretendido proceso e implicó una manipulación de la justicia, así como un evidente abuso y desviación de poder, como resultado de lo cual estos crímenes permanecen hasta el día de hoy en la total impunidad".
Ante las declaraciones de diversos sectores de las fuerzas armadas argentinas para encontrar un mecanismo que consolide la impunidad y reestablezca a los militares su conocida autonomía jurídica y procesal, en contra del más elemental derecho a la igualdad ante la justicia, hemos querido presentar un documento que refleje algunos de los argumentos que podrían servir para que el Estado argentino cumpla con las normas internacionales y resuelva aquellos puntos que se han ido acumulando desde hace más de 25 años y que, hasta la fecha, no han tenido solución alguna.
Las responsabilidades del Estado argentino no pueden ser ocultadas por ningún gobierno. He aquí algunas de las que consideramos más importantes:
1) Ha mantenido sin investigación judicial, y ha entorpecido, los procedimientos para investigar todos los casos de expoliación y extorsión de los bienes de los desaparecidos, actos éstos cometidos como parte de la acción de organizaciones criminales organizadas desde el Estado. No conocemos un solo procedimiento en este sentido. No ha investigado a ninguno de los imputados en delitos de esta naturaleza y peor aún, a muchos de ellos se les ha otorgado protección dentro de las fuerzas de seguridad del estado y en los servicios de inteligencia, como han denunciado organismos internacionales de derechos humanos e incluso el propio Departamento de Estado estadounidense en sus informes.
2) Ha procedido a dictar leyes e indultos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado nulos y violatorios del derecho nacional argentino y del derecho internacional. Sus gobiernos no han cumplido ninguno de los mandatos de esta alta institución, no han colaborado con ella y han entorpecido los procedimientos de todas las formas posibles, dilatándolos en el tiempo, con el perjuicio que conlleva para las víctimas. La derogación de las leyes de impunidad no permite eliminar el desprocesamiento de los imputados.
3) Ha procedido a encubrir crímenes cometidos por agentes argentinos en Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, España, Francia, tratando de impedir, e impidiendo, que la justicia de esos países pudiera investigar y juzgar a los criminales. No contento con eso, los servicios de inteligencia argentinos han gastado millones de dólares en utilizar agentes encubiertos y redes de inteligencia que facilitaran ese propósito.
4) Ha amenazado en forma sistemática, y ha utilizado, una política de intimidación permanente para impedir que los organismos de derechos humanos argentinos pudieran realizar su labor de denuncia y seguimiento de las violaciones de los derechos humanos. No se ha detenido, ni aclarado nunca, ninguna de las amenazas o de los robos en estas instituciones. Como ejemplo palmario, no hay un solo imputado por los ocho robos que ha sufrido en su sede la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Argentina.
5) En el caso de los procedimientos judiciales en Francia, Argentina e Italia, el Estado argentino no sólo no ha colaborado con la justicia, sino que ha incumplido todos los convenios bilaterales de asistencia jurídica internacional. Se han negado a entregar pruebas, ha protegido a los prófugos y criminales y además ha utilizado los servicios de inteligencia argentinos para entorpecer los casos.
6) Han encubierto a bandas de criminales ligados con grupos de terrorismo de ultraderecha, como los que han atentado y destruido la Asociación Mutual Israelí en Argentina, o el atentado contra la embajada israelí. El Estado no ha logrado aclarar nunca estos hechos a pesar de conocer situaciones dentro de las propias fuerzas de seguridad argentinas que las relacionan con los mismos. Pero más grave aún, ha permitido campañas de encubrimiento de los delitos e incluso publicaciones masivas de conocidos agentes de los servicios de inteligencia argentinos que mienten deliberadamente sobre estos hechos.
7) Han encubierto a los responsables del asesinato del general chileno Prats y su esposa y del general boliviano, Torres. El procedimiento que afecta al agente de los servicios de inteligencia chileno Arancibia Clavel, ha sufrido todas las demoras e incidentes posibles y de esto es responsable la justicia argentina y sus servicios de inteligencia, con los que colaboraba el mencionado Arancibia Clavel, y no colaborando nunca con el procedimiento.
8) El Estado argentino nunca ha investigado a las organizaciones criminales que se organizaron desde el estado y en su territorio y debería pedir a la justicia y al senado italiano los más de 600 volúmenes de investigación sobre la Logia P-2 y proceder a investigar la actuación de esta organización criminal en Argentina, y, muy especialmente, la relación con los miembros argentinos de dicha organización criminal como Licio Gelli, el Almirante Massera, el general Suárez Mason, etc.
9) Se ha dejado sin investigar y procesar por violaciones al Derecho Internacional Humanitario a los responsables de graves violaciones cometidas contra soldados argentinos durante la guerra de las Malvinas, así como la investigación y procesamiento de los responsables de delitos de ocultamiento, robos y extorsiones relacionados con la Guerra de las Malvinas y que nunca fueron investigados.
10) Se ha dejado sin investigar y procesar a los responsables de la financiación ilegal de los aparatos militares clandestinos que permitieron la financiación del Proyecto Cóndor de misiles tácticos. Proyecto reconocido por Argentina ante la comunidad internacional pero nunca aclarado en una investigación judicial.
11) Se han dejado en total impunidad los delitos económicos cometidos durante el proceso militar y que significaron un endeudamiento desproporcionado del Estado y que derivaron en una deuda externa provocada por gastos militares clandestinos y nunca investigados.
Este listado, que no pretende ser taxativo, recoge una serie de situaciones que gozan de la total impunidad jurídica y política por parte del Estado argentino y que han creado un complejo modelo de impunidad que es preciso desmantelar en forma decidida si se quiere fortalecer y estructurar un auténtico estado de derecho, donde la justicia y la solidaridad sean expresiones de una sociedad democrática. No es posible que el imaginario colectivo pueda legitimar este modelo de violación sistemática de los derechos humanos.
UE, 21 de julio de 2000
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