Source: http://www.derechoconstitucional.es/2016/04/derecho-libertad-seguridad-convenio-europeo-de-derechos-humanos.html
Timestamp: 2017-06-28 02:01:14
Document Index: 82956033

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 5']

Convenio Europeo de Derechos Humanos (IX): derecho a la libertad y a la seguridad - Derecho Constitucional
Convenio Europeo de Derechos Humanos (IX): derecho a la libertad y a la seguridad
El artículo 5 (1) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) establece que todos tenemos derecho a la libertad y a la seguridad. El derecho que se recoge en el artículo 5.1 es limitado, lo que significa que hay circunstancias, reconocidas en el mismo artículo y en las normas nacionales, en virtud de las cuales la privación de libertad es legal.
- Libertad y seguridad a efectos del artículo 5 del CEDH
El derecho a la libertad y a la seguridad, a efectos del artículo 5 del CEDH, se refiere a la libertad física, con la finalidad de que nadie se vea afectado por detenciones y privaciones de libertad de forma arbitraria. Este concepto no incluye a las libertades personales o los ideales democráticos, en tanto que están protegidos por los derechos a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa o el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia (2). Su ámbito de actuación no está acotado, meramente, por las restricciones en la libertad de movimientos, que se rigen por el artículo 2 del Protocolo número 4 al CEDH (3).
- ¿Cuándo se está privado de la libertad?
Para tratar de determinar si alguien ha sido “privado de su libertad” en el sentido del artículo 5 del CEDH, el punto de partida debe ser su situación concreta y tienen que tenerse en cuenta una amplia gama de condiciones tales como el tipo de privación, la duración, los efectos y la forma de implementar la medida en cuestión (4).
- Límites a la privación de libertad
Cualquier privación de libertad debe ser necesaria y proporcional y no debe prolongarse más allá de lo estrictamente necesario. Al mismo tiempo, debe ajustarse a lo dispuesto en los preceptos 5.2 a 5.5 del CEDH.
- El Estado debe probar que la detención está justificada: necesidad y proporcionalidad
La presunción establecida es la de que todos tenemos derecho a la libertad. Por consiguiente, la responsabilidad de probar que, en cada caso, la detención está justificada, recae en el Estado. Esto implica que, como es lógico, no se hace recaer en el detenido la carga de probar por qué no debería perder su libertad, so pena de vulnerar la presunción de inocencia (artículo 6 del CEDH).
Para que las privaciones de libertad sean legales, el Estado debe probar que se corresponde con alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 5.1 del CEDH. El procedimiento para la privación de libertad debe estar establecido en el derecho nacional y el Estado debe demostrar que la detención es necesaria y proporcional respecto al objetivo que se desea alcanzar, no manteniéndose tal medida por más tiempo del que sea preciso. De esta forma, por ejemplo, no sería proporcional ni legítimo detener a alguien por negarse a obedecer una orden judicial cuando no hay una resolución, aún, para llevarlo ante un tribunal, o detener a alguien con miras a deportarlo cuando no hay planes en marcha para hacerlo (5).
- Obligaciones que impone el artículo 5 del CEDH
El artículo 5 del CEDH exige a los poderes públicos que tomen medidas para garantizar el derecho a la libertad y a la seguridad de todas las personas (obligación positiva) (6). Al mismo tiempo, impone una obligación negativa que exige que el Estado no detenga a nadie, arbitrariamente, por motivos que no estén preestablecidos en el derecho interno y preceptuados en el artículo 5 del CEDH.
- Garantías procesales frente a las detenciones arbitrarias
Este artículo, además, ofrece garantías procesales con la finalidad de prevenir las detenciones arbitrarias. El artículo 5.2 del CEDH exige al Estado prontitud a la hora de explicar a los detenidos los motivos de su detención, debiendo hacerse en un idioma que ellos entiendan. De igual manera, los detenidos deben ser llevados con celeridad ante un Juez y deben tener acceso a la revisión de la legalidad de su detención por una entidad independiente.
- Controles de seguridad de los pasajeros aéreos
Cuando un pasajero es detenido por agentes fronterizos, durante un control en un aeropuerto, con el fin de esclarecer su situación, mientras que su detención no exceda del tiempo estrictamente necesario para cumplir con las formalidades pertinentes, no se plantea ningún problema conforme al artículo 5 del CEDH (7).
(1)Artículo 5 del Convenios Europeo de Derechos Humanos:
3. Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1 c), del presente artículo deberá ser conducida sin dilación ante un juez u otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento.
5. Toda persona víctima de un arresto o detención contrarios a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación".
(2) “Guide on Article 5 of the Convention – Right to liberty and security”.
(3) Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los casos Creangă c. Rumanía, de 23 de febrero de 2012; y Engel y Otros c. Países Bajos, de 8 de junio de 1976.
(4) Sentencias del TEDH en los casos Guzzardi c. Italia, de 6 de noviembre de 1980; Medvedyev y Otros c. Francia, de 29 de marzo de 2010; y Creangă c. Rumanía, de 23 de febrero de 2012.
(5) Sentencia del TEDH en el caso Winterwerp c. Países Bajos, de 24 de octubre de 1979; sentencia de la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos en el caso Zamir c. Reino Unido, de 13 de julio de 1982.
(6) La sentencia del TEDH en el caso El-Masri c. la antigua República Yugoslava de Macedonia, de 13 de diciembre de 2012, es la primera sentencia que fija la obligación positiva del Estado de tomar medidas adecuadas para proporcionar protección ante intromisiones ilegales en los derechos fundamentales de todas las personas dentro de su jurisdicción, no sólo la obligación de abstenerse de llevar a cabo vulneraciones de tales derechos.
(7) Sentencia del TEDH en el caso Gahramanov c. Azerbaiyán, de 15 de octubre de 2013.