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Timestamp: 2020-08-03 21:05:21
Document Index: 111944186

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 28', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 62']

Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de Septiembre de 2009. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Serie C No. 203 - Jurisprudencia - VLEX 428300746
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de Septiembre de 2009. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Serie C No. 203
Fecha de Resolución: 23 de Septiembre de 2009
Caso: Garibaldi Vs. Brasil
Solicitante: CIDH
SENTENCIA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009
En el caso G.,
C.M.Q., P.;
D.G.-Sayán, V.;
L.A.F., J.;
R.A.B., J., y
R. de F.C., J. ad hoc;
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
El 24 de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte una demanda en contra de la República Federativa de Brasil (en adelante “el Estado”, “Brasil” o “la Unión”), la cual se originó en la petición presentada el 6 de mayo de 2003 por las organizaciones Justiça Global, Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP) y el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) en nombre de S.G. (en adelante también “el señor G.”) y sus familiares. El 27 de marzo de 2007 la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 13/07 (en adelante también “Informe No. 13/07”), en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Ese informe fue notificado a Brasil el 24 de mayo de 2007 y se le concedió un plazo de dos meses para comunicar las acciones emprendidas con el propósito de implementar las recomendaciones de la Comisión. Pese a una prórroga concedida al Estado, los plazos para que presentara información sobre el cumplimiento de las recomendaciones transcurrieron “sin que la Comisión recibiera información alguna”. Ante la falta de implementación satisfactoria de las recomendaciones contenidas en el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 13/07, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte, considerando que el presente caso representaba una oportunidad importante para el desarrollo de la jurisprudencia interamericana sobre los deberes de investigación penal del Estado frente a ejecuciones extrajudiciales, para la aplicación de normas y principios de derecho internacional y los efectos de su incumplimiento respecto de la regularidad del proceso penal, así como la necesidad de combatir la impunidad. La Comisión designó como delegados a los señores C.K.R., Comisionado, y S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesoras legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, L.C. y A.R., abogadas.
Según indicó la Comisión, la demanda se refiere a la alegada “responsabilidad [del Estado] derivada del incumplimiento [de] la obligación de investigar y sancionar el homicidio del señor S.G., ocurrido el 27 de noviembre de 1998; [durante] una operación extrajudicial de desalojo de las familias de trabajadores sin tierra, que ocupaban una hacienda localizada en el Municipio de Querencia del Norte, [e]stado de Paraná”.
En la demanda la Comisión solicitó a la Corte que declare, en atención a su competencia temporal, que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos y el deber de adoptar medidas legislativas y de otro carácter en el ámbito interno, previstos, respectivamente, en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en consideración, también, de las directivas emergentes de la cláusula federal contenida en el artículo 28 del mismo instrumento, en perjuicio de I.C.G., viuda de S.G., y sus seis hijos. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.
El 11 de abril de 2008 las organizaciones Justiça Global, RENAP, Terra de Direitos, C.P. da Terra (CPT) y MST (en adelante “los representantes”) presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “el escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. En dicho escrito solicitaron al Tribunal que declare la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de S.G., y a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de I.G. y de sus seis hijos, previstos, respectivamente, en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención, todos ellos en relación con los artículos 1.1, 2 y 28 de dicho tratado. En consecuencia, requirieron a la Corte que ordene diversas medidas de reparación. I.G., D.G.G., I.J.G., I.C.G. y V.G., mediante poderes de representación otorgados el 10 de julio de 2007, designaron como sus representantes legales a las abogadas de Justiça Global, señoras A.C., L.S.G., R.V.C. de L. y T.M..
El 11 de julio de 2008 el Estado presentó un escrito en el cual interpuso cuatro excepciones preliminares, contestó la demanda y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). El Estado solicitó a la Corte que considere fundadas las excepciones preliminares y, en consecuencia: i) reconozca la incompetencia ratione temporis para examinar supuestas violaciones ocurridas antes del reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte por Brasil; ii) no admita, por extemporáneo, el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes; iii) excluya del análisis de fondo el supuesto incumplimiento del artículo 28 de la Convención, y iv) se declare incompetente en razón de la falta de agotamiento de los recursos internos. Subsidiariamente, en cuanto al fondo Brasil alegó que “no hay nada que indique que los procedimientos de investigación hayan sido conducidos de forma que no corresponda a los parámetros establecidos por los [artículos] 8 y 25 de la Convención”, razón por la cual no debe ser imputada al Estado su violación. Asimismo, solicitó a la Corte que tampoco declare que Brasil incumplió los artículos 2 y 28 de la Convención Americana. El Estado designó al señor H.T.N.V. como agente y a las señoras M.M.A.C.R., C.S.G., B.M.R.N. y C.T.C. como agentes alternas.
De conformidad con el artículo 37.4 del Reglamento, el 24 y el 27 de agosto de 2008 la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente, sus alegatos a las excepciones preliminares opuestas por el Estado.
La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a los representantes el 11 de febrero de 2008[2]. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales (supra párrs. 1, 4 y 5), entre otros remitidos por las partes, mediante resolución de 20 de noviembre de 2008 la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), las declaraciones de cuatro testigos, propuestos por la Comisión, por los representantes y por el Estado, así como el dictamen de un perito, propuesto por los representantes[3], respecto de los cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Asimismo, en consideración de las circunstancias particulares del caso, la Presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de dos testigos, uno propuesto por la Comisión y otro por el Estado; los dictámenes de dos peritos, uno propuesto por la Comisión y otro por el Estado, así como los alegatos finales orales de las partes sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondo, reparaciones y costas[4].
La audiencia pública fue celebrada los días 29 y 30 de abril de 2009 durante el XXXIX Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de Santiago, Chile[5].
El 10 de junio de 2009 la Comisión, los representantes y el Estado remitieron sus alegatos finales escritos.
El 15 de mayo de 2009 el Tribunal recibió de la Clínica de Derechos Humanos del Núcleo de Práctica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro[6] un escrito en calidad de amicus curiae, mediante el cual se refirió al contexto de violencia en el campo en Brasil y al archivo y la posterior reapertura del procedimiento para investigar la muerte de S.G.. Asimismo, el 18 de mayo de 2009 la Corte recibió un escrito en calidad de amicus curiae presentado por la Coordinación de Movimientos Sociales de Paraná[7], referido al contexto de violencia contra trabajadores rurales sin tierra en el estado de Paraná. Por último, el 27 de mayo de 2009 el Núcleo de Derechos Humanos del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro[8] también presentó un escrito en calidad de amicus curiae sobre el alcance de la protección del artículo 4 de la Convención Americana en el presente caso.
En su escrito de contestación de la demanda el Estado interpuso cuatro excepciones preliminares que la Corte analizará en el orden en que fueron planteadas.
A) Incompetencia ‘ratione temporis’ de la Corte para examinar supuestas violaciones ocurridas previo al reconocimiento de competencia por el Estado
El Estado señaló que de acuerdo con el artículo 62 de la Convención y la jurisprudencia interamericana, el Tribunal tiene competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y a la aplicación de las disposiciones de la Convención, a partir de que el Estado haya reconocido su competencia. Brasil reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte el 10 de diciembre de 1998, bajo reserva de reciprocidad y para los hechos posteriores a esa fecha. Asimismo, la limitación...