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Timestamp: 2018-10-17 14:22:40
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BOE.es - Documento BOE-A-2018-11933
«BOE» núm. 209, de 29 de agosto de 2018, páginas 85400 a 85413 (14 págs.)
BOE-A-2018-11933
Artículo 1. Aragón, nacionalidad histórica.
1. Aragón es una nacionalidad histórica, de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento.
2. La participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos. Su actualización es legítima de acuerdo con la disposición adicional primera de la Constitución y según se prevé en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Aragón.
3. Todas las Administraciones públicas aragonesas deberán respetar dicha condición y utilizar en sus normas y documentos oficiales la denominación «Aragón, nacionalidad histórica», así como fomentar su uso por los particulares y los medios de comunicación.
4. Aragón, en virtud de sus instituciones tradicionales, su historia, su Derecho, su cultura y de la convivencia histórica de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, ostenta en el Estado español y en la Unión Europea una identidad y un espacio jurídico, político y cultural propios, que deberán reivindicarse y reconocerse.
Artículo 2. Titularidad y contenido de los derechos históricos.
1. Los derechos históricos residen en el pueblo aragonés, del que emanan los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón, y serán amparados y respetados por todos los poderes públicos.
2. El contenido y efectos de los derechos históricos del pueblo aragonés son los siguientes:
a) La expresión de la voluntad del pueblo aragonés de mantener y reafirmar su identidad política, institucional y jurídica, sin perjuicio de su integración y participación en el Estado español y en la Unión Europea.
b) El reconocimiento y garantía de una posición singular de Aragón en relación con el Derecho foral, la historia, la cultura y las lenguas, con la proyección de todos estos elementos en el ámbito educativo y con el sistema institucional en que se organiza la Comunidad Autónoma.
c) La garantía de una relación de Aragón con el Estado regida por los principios de autonomía y bilateralidad, así como por la lealtad institucional mutua.
d) El derecho de Aragón a acceder al más alto grado de autogobierno y, como mínimo, al que se reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español en cualquier ámbito competencial, institucional o financiero.
e) Una garantía de los derechos políticos y sociales de los aragoneses, como expresión de los principios tradicionales de libertad, justicia social, igualdad, respeto a la diversidad y pacto.
f) El fundamento del derecho de Aragón al autogobierno político y a la autonomía financiera, como instrumentos para prestar a su población unos servicios públicos universales, laicos, gratuitos y de calidad, así como garantizar e impulsar los derechos sociales y culturales y el estado del bienestar.
g) El respeto por los símbolos, nombres y denominaciones originales de las instituciones políticas y jurídicas del antiguo Reino de Aragón y su defensa frente a errores, deformaciones o manipulaciones de la historia o de la realidad territorial, cultural o lingüística de Aragón que desvirtúen su naturaleza o significado.
Artículo 3. Principios y normas de actualización de los derechos históricos.
1. La aceptación del régimen de autonomía que establece el Estatuto de Autonomía de Aragón supone la necesidad de proteger, actualizar, poner en valor y desarrollar los derechos del pueblo aragonés que le corresponden en virtud de su historia, que es el objeto de la presente ley.
2. La actualización de esos derechos históricos impulsará y desarrollará los principios propios del Estado social y democrático de Derecho, así como el cumplimiento de los derechos y libertades de los aragoneses, y se llevará a cabo atendiendo a la realidad social, cultural, económica y política del momento actual.
3. Los derechos históricos originarios de Aragón se podrán actualizar mediante ley, actos y convenios, entre otros, en el marco de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía.
4. Los derechos históricos referidos en esta ley no agotan la relación y actualización de los mismos. En especial, la Comunidad Autónoma de Aragón se reserva el derecho de requerir un régimen financiero propio y una Hacienda foral, al amparo de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución.
Artículo 4. Carácter originario e imprescriptibilidad.
1. Los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía, que los amparan y respetan, así como a la legislación emanada de la Unión Europea. Al no emanar de ellos, han de ser respetados por las reformas que puedan afectar a esas normas.
2. Los derechos históricos no prescriben por falta de uso, ejercicio o reclamación.
Artículo 5. El pacto como base de la convivencia política.
1. Con arreglo a la tradición foral aragonesa, los derechos históricos se fundamentan en el valor del pacto como base de la convivencia social y política.
2. Como fundamento de los derechos históricos, el pacto tiene dos manifestaciones principales:
a) Los poderes públicos aragoneses impulsarán y garantizarán la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de toma de las decisiones que les afecten, principalmente a través del fomento de la iniciativa legislativa popular y los demás procesos participativos previstos en las leyes.
b) Las decisiones relevantes que afecten a Aragón no podrán ser adoptadas unilateralmente por las instituciones del Estado o por entidades supraestatales, sino que deberán ser negociadas con los representantes de la Comunidad Autónoma a través de los órganos e instrumentos de relación bilateral instituidos al efecto, especialmente la Comisión Mixta de Transferencias, la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado y la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, según lo marcado en la Constitución española y de acuerdo con lo que establece el Estatuto de Autonomía.
Artículo 6. Derechos y libertades.
1. Como sucesores de las instituciones del antiguo Reino de Aragón, los poderes públicos aragoneses promoverán y garantizarán el pleno ejercicio de los derechos y libertades proclamados en el Estatuto de Autonomía, la Constitución española, la legislación de la Unión Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el resto de tratados y convenios internacionales que resulten de aplicación, así como aquellos otros derechos que, habiendo sido reconocidos en normas de menor rango jurídico, se encuentren en vigor en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley.
2. Las instituciones aragonesas respetarán y protegerán el contenido actual de los derechos y libertades referidos en el apartado anterior y se opondrán a su minoración o restricción por parte de otras instituciones en cuanto puedan afectar al pueblo aragonés.
3. Las instituciones aragonesas garantizarán de forma efectiva el cumplimiento de los derechos sociales que no gozan de una protección legal eficaz, especialmente el derecho al trabajo de calidad, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, al asilo y el derecho a unos servicios sociales de calidad. A estos efectos, los citados derechos serán auténticos derechos subjetivos para todos los ciudadanos empadronados en Aragón cuya efectividad podrá ser reclamada de manera directa a la Administración aragonesa en las materias de su competencia. Del mismo modo, los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón no podrán en ningún caso reducir los créditos que se hubieran dispuesto para políticas sociales en el ejercicio anterior.
Artículo 7. Condición política de aragonés y natural de Aragón.
1. A los efectos de la presente ley, gozan de la condición política de aragoneses:
a) Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la legislación aplicable pudiera establecer.
b) Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en Aragón y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España o cumplan los requisitos establecidos en la legislación estatal, así como sus descendientes, si así lo solicitan, siempre que ostenten la nacionalidad española en la forma que determine la ley.
c) Los ciudadanos españoles con vecindad civil aragonesa, aunque residan fuera de Aragón, siempre que lo soliciten de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
2. La condición política de aragonés otorga el pleno ejercicio de los derechos políticos contemplados en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 8. Participación en decisiones de interés general.
a) Los ciudadanos extranjeros residentes en Aragón, sin perjuicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales en los términos previstos en la legislación electoral.
b) Los ciudadanos de origen aragonés, aunque hayan perdido la vecindad civil aragonesa, que residan fuera de Aragón.
Artículo 9. Territorio.
Artículo 10. La bandera de Aragón.
1. La bandera de Aragón, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3 del Estatuto de Autonomía, es la tradicional de las cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo, en la que podrá figurar en el centro el escudo de Aragón.
2. La bandera de Aragón deberá ondear en el exterior de todos los edificios públicos civiles situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y ocupará el lugar preferente.
3. El tamaño de la bandera de Aragón no podrá ser inferior al de otras banderas distintas a la misma cuando se utilicen simultáneamente.
Artículo 11. El escudo de Aragón.
1. El escudo de Aragón es el tradicional de los cuatro cuarteles.
2. El escudo de Aragón deberá figurar en:
a) Los edificios de la Comunidad Autónoma.
b) Los títulos oficiales expedidos por la Comunidad Autónoma.
c) Los documentos, impresos, sellos y membretes de uso oficial en la Comunidad Autónoma.
d) Los distintivos usados por las autoridades de la Comunidad Autónoma que tengan derecho a ello.
e) Los lugares u objetos de uso oficial en los que, por su carácter especialmente representativo, así se determine.
Artículo 12. Día de Aragón.
1. El Día de Aragón es el 23 de abril.
2. A todos los efectos, la indicada fecha se considerará festiva en todo el territorio de Aragón.
Artículo 13. Capitalidad.
1. La capital de Aragón es la ciudad de Zaragoza, que constituye la sede permanente de las instituciones autonómicas aragonesas, sin perjuicio de que las mismas puedan reunirse en otros lugares de Aragón, con arreglo a lo previsto en las leyes.
2. En su condición de capital, Zaragoza dispondrá de un régimen especial establecido por una ley de las Cortes de Aragón.
Artículo 14. Instituciones forales históricas.
1. Las Cortes, el Justicia Mayor, la Diputación del Reino y el Maestre Racional constituyen el fundamento, origen y precedente directo de las actuales instituciones de Aragón y expresan su forma tradicional de autogobierno, basada en el pacto, la supremacía del Derecho, el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía y el control y responsabilidad de los poderes públicos.
2. La Diputación General de Aragón velará por el uso preferente de las denominaciones históricas de las instituciones aragonesas de autogobierno, especialmente en los edificios oficiales, los sellos oficiales y las rúbricas de los documentos de especial relevancia.
3. En su condición de sucesoras de las instituciones históricas, las actuales instituciones de autogobierno se inspirarán, en el diseño de sus símbolos representativos, en los correspondientes a aquellas.
4. El régimen de precedencias de las autoridades e instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón en los actos oficiales tendrá en cuenta el carácter histórico de las instituciones reguladas en el presente Capítulo.
Artículo 15. Las Cortes de Aragón.
Artículo 16. El Justicia de Aragón.
1. El Justicia de Aragón tiene como misión la protección y defensa de los derechos y libertades individuales o colectivos de los aragoneses, incluido el derecho al autogobierno, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación, y la defensa del Estatuto.
2. El Justicia actúa como mediador entre las instituciones aragonesas, así como en los conflictos que se susciten entre los ciudadanos y las Administraciones públicas aragonesas, en los términos legalmente previstos.
3. El Justicia elaborará un informe específico anual sobre las acciones llevadas a cabo, en cumplimiento de la presente ley, para la actualización y desarrollo de los derechos históricos, especialmente desde el Gobierno de Aragón.
Artículo 17. La Presidencia de Aragón.
1. El Presidente de Aragón ostenta la suprema representación de Aragón, preside la Diputación General, acuerda la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
2. El Presidente promulga y ordena publicar las leyes aragonesas en nombre del Rey.
3. El Presidente responde políticamente ante las Cortes de Aragón, a través de la cuestión de confianza y la moción de censura, entre otras, en los términos previstos en las leyes.
Artículo 18. La Diputación General de Aragón.
1. La Diputación General tiene su origen histórico en la Diputación del Reino; es órgano permanente de gobierno con capacidad ejecutiva y normativa sometida a las Cortes y al Estatuto.
2. La Diputación General de Aragón, bajo la dirección de su Presidente o Presidenta, establece la política general y la acción exterior, dirige la Administración de la Comunidad Autónoma y vela por la defensa de la autonomía aragonesa. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con las leyes.
3. El control político de la Diputación General corresponde a las Cortes de Aragón; la supervisión de la actividad de su Administración, al Justicia de Aragón, y la fiscalización externa de su gestión económico-financiera, a la Cámara de Cuentas, todo ello sin perjuicio del control que corresponde a los Juzgados y Tribunales de Justicia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
4. La Diputación General es responsable políticamente ante las Cortes de Aragón de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión.
Artículo 19. La Cámara de Cuentas de Aragón.
1. La Cámara de Cuentas de Aragón es el órgano al que corresponde, con plena independencia, la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de Aragón.
2. El Presidente de la Cámara de Cuentas recibe la denominación foral de Maestre Racional.
Artículo 20. El Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 21. Municipios y comarcas.
Artículo 22. Otras instituciones de autogobierno.
Artículo 23. Concepto y régimen jurídico.
1. El patrimonio político, jurídico e histórico aragonés está integrado por todos los bienes, materiales e inmateriales, relacionados con las instituciones, el Derecho y la historia de Aragón.
2. La Diputación General de Aragón promoverá la protección, conservación, recuperación, enriquecimiento, investigación, difusión, promoción, fomento y actualización del patrimonio político, jurídico e histórico de Aragón, garantizando su transmisión a las generaciones futuras, su uso como bien social y su consideración como un factor de desarrollo sostenible para Aragón.
3. Son de aplicación a los bienes que integran el patrimonio político, jurídico e histórico aragonés las previsiones de la legislación de patrimonio cultural aragonés, en cuanto resulten compatibles con su naturaleza jurídica.
Artículo 24. Patrimonio material.
1. La Diputación General de Aragón procederá a la identificación y conservación de los bienes materiales de especial relevancia para la historia política y jurídica de Aragón. Estos bienes gozarán de especial protección y serán declarados Bien de Interés Cultural.
2. En particular, serán declarados Bien de Interés Cultural los restos arquitectónicos y arqueológicos de todos los bienes inmuebles de especial relevancia en la historia política y jurídica de Aragón y, específicamente, los que fueron sede de las instituciones forales.
Artículo 25. Patrimonio expoliado y emigrado.
1. El pueblo aragonés tiene el derecho histórico a que regresen a Aragón todos los bienes integrantes de su patrimonio político, jurídico e histórico que se encuentran fuera de su territorio.
2. La Diputación General de Aragón desarrollará todas las actuaciones necesarias para hacer realidad el derecho histórico proclamado en el apartado anterior, y, en especial, el regreso de, entre otros, los bienes aragoneses que se encuentran depositados en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, el Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal, y el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, así como los que se encuentran en otros Estados.
Artículo 26. Archivo de la Corona de Aragón.
1. Aragón tiene el derecho histórico a participar de forma preeminente en la dirección y gestión del Archivo de la Corona de Aragón, así como en su Patronato.
2. La Diputación General de Aragón informará, con carácter preceptivo y vinculante, sobre cualquier decisión que afecte a la integridad de la unidad histórica del Archivo de la Corona de Aragón o a su gestión unificada.
3. La Comunidad Autónoma de Aragón, a través de las Cortes de Aragón, informará cualquier proyecto legislativo o reglamentario estatal que afecte al Archivo de la Corona de Aragón.
4. El Archivo de la Corona de Aragón se integra en el Sistema de Archivos de Aragón.
Artículo 27. Archivo del Reino de Aragón.
Artículo 28. Patrimonio inmaterial.
Artículo 29. Patrimonio histórico.
1. Aragón cuenta con una historia como comunidad humana diferenciada que se inicia hace doce siglos. Las autoridades aragonesas velarán para que los aragoneses conozcan su historia y fomentarán la investigación sobre la misma.
2. Las instituciones aragonesas deberán apoyar y promover las diversas iniciativas relacionadas con la historia de Aragón, sin que la investigación al respecto pueda ser encomendada a ninguna entidad en exclusiva.
3. Las autoridades aragonesas fomentarán la enseñanza de la historia de Aragón en todos los niveles educativos.
4. Las instituciones aragonesas, y especialmente el Gobierno de Aragón, mantendrán una posición activa ante cualquier tipo de tergiversación o manipulación histórica, cultural o territorial, denunciando tales actuaciones, exigiendo la rectificación de manera inmediata y realizando cuantas acciones legales estén en su mano para tal fin.
5. El Justicia de Aragón incluirá en su informe anual un apartado en el que consten las actuaciones públicas sucedidas provocadas por instituciones, entidades públicas o sus representantes en materia de tergiversación histórica y que afecten a nuestro decoro e identidad como pueblo; además, constarán las denuncias presentadas por particulares, asociaciones y entidades públicas relativas a la manipulación de la realidad histórica, cultural o territorial aragonesa, incluyendo las acciones que, en su caso, debiera haber realizado el Gobierno o hubiera realizado.
Artículo 30. Patrimonio lingüístico.
Artículo 31. El agua, patrimonio común de Aragón.
Artículo 32. Principios de interpretación del Derecho aragonés.
Artículo 33. El conocimiento del Derecho y servicio público.
Artículo 34. La Comisión Aragonesa de Derecho Civil.
1. La Comisión Aragonesa de Derecho Civil es un órgano consultivo que tiene por objeto asesorar al Gobierno en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés como parte esencial del Derecho Foral de Aragón.
2. Son funciones de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil:
a) Informar los anteproyectos de ley de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés, así como los de Derecho Procesal Civil derivado de las peculiaridades de aquel.
b) Elaborar los anteproyectos de ley sobre las citadas materias que el Gobierno de Aragón le encomiende.
c) Conocer y evaluar el grado de aplicación del Derecho civil aragonés y las nuevas demandas que se produzcan en su desarrollo, informando, en su caso, sobre la conveniencia de su modificación o desarrollo.
d) Proponer al Gobierno de Aragón la adopción de cuantas medidas estime convenientes para la conservación, modificación o desarrollo del Derecho civil aragonés.
e) Emitir cuantos informes sean solicitados por los órganos competentes de la Diputación General de Aragón en materia de Derecho civil aragonés.
f) En general, el asesoramiento, estudio y propuesta a la Diputación General en materia de Derecho civil aragonés y especialidades procesales derivadas de aquel derecho sustantivo.
Disposición adicional primera. Conocimiento y difusión.
Disposición adicional segunda. Declaración de interés general a efectos expropiatorios.
1. Los bienes y archivos que integran el patrimonio cultural e histórico del Reino de Aragón y que pertenecieron a la Diputación General, a las Cortes, al Justicia, al Consejo de Aragón, a la Audiencia y al Maestre Racional del Reino de Aragón se declaran de interés general para la Comunidad Autónoma de Aragón a los efectos expropiatorios, con el fin de afirmar y defender la identidad de Aragón y sus derechos históricos.
2. Será condición de la expropiación prevista en esta disposición la declaración oficial del bien y archivos como singulares para la identidad de Aragón por la Diputación General, que conllevará la necesidad de ocupación conforme a la ley de expropiación forzosa.
Disposición adicional tercera. Acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado.
Disposición adicional cuarta. Vidal Mayor.
Disposición adicional quinta. Palacio de la Diputación del Reino.
Disposición adicional sexta. Archivo del Reino y General de Aragón.
1. El Archivo del Reino de Aragón formará una unidad separada en el Archivo General de Aragón, que cambiará su denominación por la de Archivo del Reino y General de Aragón.
2. La Diputación General de Aragón impulsará la creación de una sede física propia y específica para dicho Archivo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa por incompatibilidad.
Disposición final primera. Derogación de los Decretos de abolición foral.
Disposición final segunda. Habilitación a la Diputación General.
Disposición final tercera. Actualización de los derechos históricos por las instituciones de Aragón.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 132, de 10 de julio de 2018)