Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-7020-de-julio-30-de-1992?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414d11f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-15 17:37:49
Document Index: 143956478

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1617', 'artículo 1615', 'artículo 1067', 'artículo 1083', 'artículo 1615', 'artículo 58']

﻿ SENTENCIA 7020 DE JULIO 30 DE 1992
SENTENCIA 7020 DE 30 DE JULIO DE 1992
CONTENIDO:PÉRDIDA DE MERCANCÍAS EN BODEGAS OFICIALES, RESPONSABILIDAD OBJETIVA
TEMAS ESPECÍFICOS:MERCANCÍA, PROCESO ADMINISTRATIVO, VEHÍCULO AUTOMOTOR, PÉRDIDA DE MERCANCÍA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:251 DE NOVIEMBRE DE 1992, PÁG.1059
Sentencia 7020 de julio 30 de 1992
PÉRDIDA DE MERCANCÍAS EN BODEGAS OFICIALES
EXTRACTOS: «Deja ver el acervo probatorio:
a) Que la sociedad demandante importó al país repuestos de automotores (ver registro de importación, aprobado por el Incómex según licencia Nº 034508 de 6 de abril de 1985 y formulario 1224020421613) por un valor de US$ 23.046.75, que fueron adquiridos a la compañía exportadora Gerson International Corp. (814 juegos de anillos para automotores, a folios 28 y 29 del C. Nº 1).
b) Que la mercancía se transportó por la vía aérea (ver comprobante a folios 31 del cuaderno principal).
c) Que dicha mercancía se nacionalizó con el manifiesto serie A 200 9639-26122 de 28 de agosto de 1985 (a folios 36 del c. principal).
d) Que la mercancía fue sustraída de la bodega, tal como se desprende del testimonio del señor Pedro Humberto Linero Z. (a folios 142 del cuaderno principal) y se ratifica en el documento suscrito por los aforadores Augusto León e Islena Rodríguez el 4 de diciembre de 1985 (a folios 151).
e) Que el valor de la mercancía ascendió a US$ 23.046.75; pago que por esa suma se le hizo a Gerson International Corp. a través del Banco del Comercio y mediante carta de crédito sobre el exterior por valor de $ 4.558.010.76.
En asunto similar esta Sala expuso en su sentencia de mayo 22 de 1992 (proceso 6967 Sociedad Importadora Diesel de Colombia Ltda.) algo que ahora se reitera:
“La responsabilidad de la entidad pública por la pérdida de mercancía depositada en sus bodegas con fines oficiales (nacionalización, importación, exportación, etc., etc.), es de carácter objetivo (artículo 2º Decreto 630 de 1946). De tal manera que constatada su pérdida o deterioro, la administración deberá indemnizar a la persona que sea titular de derechos sobre la misma. Es la misma ley la que señala los motivos de exculpación como únicos; motivos que no se demostraron en parte alguna y que ni siquiera se alegaron. Así, no se dio la fuerza mayor, el deterioro natural, el empaque defectuoso o inadecuado. El hecho del tercero (el hurto de la mercancía) no está incluido en estas causales, porque precisamente la obligación de custodiarla es obligación de resultado, hasta tanto culmine la gestión oficial propia” .
También comparte la Sala el valor asignado a la mercancía por el Tribunal, como su orden de indexación en la forma aceptada por la jurisprudencia. Valor que se infiere de la prueba documental que obra dentro del expediente.
Estima asimismo la Sala que en casos como el aquí definido la liquidación deberá hacerse en el fallo y la suma deberá incluirse en la parte resolutiva.
En este sentido la condena surgirá de la aplicación de la siguiente fórmula
Vp = vh —————
o sea vp = valor que se busca, ya actualizado; vh = 4.558.010.76; ind. f, a junio de 1992 (249.35); e ind. i, a agosto de 1985 (50.15).
Hechas las operaciones de rigor, resulta una condena equivalente a $ 22.662.811.22.
Frente a la pretensión de intereses nada podrá resolverse en esta oportunidad, porque la parte actora no apeló el fallo.
Aunque sobra hacer reflexión sobre el punto, por la razón anotada, la Sala reitera, a título de pedagogía judicial, lo sostenido a ese respecto en la sentencia citada atrás. Allí se dijo:
“Frente a la pretensión por intereses, nada podrá decirse en esta oportunidad, porque el Tribunal los denegó y la parte actora no apeló de este extremo. Además, dado el grado de consulta que aquí se define, tampoco podrá considerarse porque se haría más gravosa la condena para la administración.
Se observa sí que las razones de la negativa dadas por el a-quo no son valederas. Aquí no se aplica el artículo 1617 del C.C. que exige para el reconocimiento de dichos intereses la puesta en mora del deudor. La jurisprudencia de la corporación es reiterada en el sentido de que los intereses se reconocen a título de lucro cesante y no como moratorios, desde la ocurrencia del perjuicio. También ha dicho la doctrina que la exigencia de la puesta en mora (artículo 1615 del C.C.) no tiene operancia en el campo de la responsabilidad extracontractual.
A este respecto el profesor Cammarota observa:
“El daño es la manifestación inmediata del hecho ilícito; sin él, no existe (artículo 1067 del C. C. argentino). En este sentido, el damnificado no tiene que formular ningún requerimiento al responsable del hecho, pues la prueba de la imputabilidad, asociada a la del perjuicio y a la del vínculo causal, acreditará su derecho a la prestación, que en definitiva depende del juez a quien la ley delega la determinación del monto (artículo 1083).
“En materia de hechos ilícitos la mora se produce de pleno derecho; el deber de indemnizar lo impone la ley y el responsable no tiene necesidad de que se le haga saber que su hecho originó un perjuicio, ya que se le presupone, pues sólo él puede configurarlo en cuanto constituye uno de los requisitos esenciales para su existencia.
“Se encuentra en mora desde ese preciso momento, independientemente de la demanda, que sólo tiende a hacer efectiva la indemnización. ¿Acaso con ella el damnificado no reafirma lo que la ley le acuerda?” (Cammarota Antonio Tratado, de la Responsabilidad Extracontractual. De Palma, tomo 2º pág. 432).
Para Colombo, “no hay textos legales expresos que obliguen a constituir previamente en mora al autor del cuasidelito. El régimen jurídico es, al respecto, distinto en la culpa contractual que en la aquiliana”. (Colombo Leonardo A., Culpa Aquiliana. La ley, 1944, pág. 823).
Por su lado los hermanos Mazeaud, al interpretar el art. 1146, similar como se dijo al 1615 de nuestro estatuto civil, afirman: “No se trata, en efecto, de un texto general aplicable a todas las acciones de responsabilidad. Sólo se aplica en forma limitada en materia de responsabilidad contractual y es inaplicable a la responsabilidad delictuosa” (Mazeaud H. y León. Compendio del tratado de la Responsabilidad Civil, Colmex, México, tomo 11, pág. 329). Más adelante escriben: “La constitución en mora no tiene efectos en materia de responsabilidad delictuosa. El autor de una culpa delictuosa tiene que reparar la totalidad del perjuicio y mal puede pretender que se exonere del perjuicio anterior a una constitución en mora. Todo el mundo está de acuerdo en descartar del dominio delictuoso la constitución en mora. La solución nunca ha sido dudosa en el campo de la doctrina, y la jurisprudencia, a pesar de ciertas vacilaciones, se pronuncia por lo general en el mismo sentido ...” (Mazeaud H. y León O. C. pág. 344).
Fuera de lo anterior, el mismo artículo 1615 que sigue idéntica línea doctrinaria, en su parte final resuelve de una vez por todas la controversia, ya que cuando la obligación es de no hacer se deben los perjuicios no desde la constitución en mora sino desde el momento de la contravención. Y nadie puede desconocer que quien causa daño a otra persona con sus hechos u omisiones está violando precisamente aquel principio general de no hacer daño a nadie, conocido en la doctrina tradicional como neminen laedere” .
Finalmente la Sala observa en torno a la defensa esgrimida por la entidad:
La responsabilidad en estos casos es objetiva y la persona pública no podrá exonerarse sino alegando los motivos de exculpación indicados en la ley y que se dejaron transcritos atrás. De allí que el hecho de tercero que se quiere alegar, configurado por el hurto de la mercancía hecho por otra persona, no alcanza a tener ese efecto, porque precisamente ese hecho es el que pone de presente que la administración incumplió su obligación (de resultado, se entiende) de guardar la mercancía para facilitar su nacionalización.
Esta clase de responsabilidad objetiva se mantiene, pese a los términos del artículo 58 del Decreto 2666 de 1984 o Código de Aduanas, que responsabiliza a los almacenistas o bodegueros cuando los depósitos de mercancías sean administrados por la aduana.
Se hace esta afirmación porque el alcance de la norma no puede ser el de exonerar a la administración por la pérdida de la mercancía. No; lo que quiere la ley es responsabilizar también, en forma personal, a dichos funcionarios.
En este orden de ideas la persona que pierda su mercancía en la aduana podrá demandar a la administración o al funcionario o a ambos, con la diferencia que la responsabilidad de la primera será objetiva (contrae una obligación legal de resultado) y la del segundo nacerá de su culpa o negligencia.
En todo caso, la entidad demandada podrá repetir una vez hecho el pago contra el funcionario. Es entendido también que en eventos como el aquí resuelto, la administración podrá denunciar el pleito al funcionario (almacenista o bodeguero) durante la fijación en lista».
(Sentencia de julio 30 de 1992. Expediente 7020. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).