Source: https://www.boe.es/eli/es/rd/1989/03/10/258/con
Timestamp: 2020-06-03 01:14:55
Document Index: 60401345

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 58', 'Artículo 11', 'artículo 10']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1989-6150
Documento consolidado BOE-A-1989-6150
«BOE» núm. 64, de 16/03/1989.
BOE-A-1989-6150
https://www.boe.es/eli/es/rd/1989/03/10/258/con
Última actualización publicada el 22/01/2011
Modificación publicada el 02/07/2002
Texto inicial publicado el 16/03/1989
TEXTO CONSOLIDADO: «Última actualización publicada el 22/01/2011»
El régimen jurídico español sobre vertidos al mar de sustancias peligrosas viene establecido en la actualidad, entre otras disposiciones, por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que en su articulo 57.2 establece la necesidad de evitar el vertido de sustancias peligrosas a las aguas interiores y al mar territorial del Estado, y por la Instrucción para el vertido al mar de aguas residuales, aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 29 de abril de 1977, en que se establecen dos listas de sustancias que, por su bioacumulabilidad, toxicidad y persistencia, deben estar fuertemente limitadas en los efluentes.
La incorporación de España a las Comunidades Europeas la hace destinataria de las Directivas Comunitarias, estando obligada a adoptar cuantas medidas resulten necesarias en orden al cumplimiento efectivo de las disposiciones en ellas contenidas.
La presente disposición tiene por objeto incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva del Consejo 76/464/CEE, de 4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad y la normativa general establecida en la Directiva del Consejo 86280/CEE, de 12 de junio de 1986, y a tal efecto se definen las normas de emisión y las condiciones especiales de control, correspondientes al vertido efectuado desde tierra en las aguas interiores y en el mar territorial, de afluentes que contengan o puedan contener sustancias peligrosas.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 1989,
1. El presente Real Decreto será de aplicación a todo vertido, efectuado desde tierra en las aguas interiores y en el mar territorial español, que pueda contener una o varias de las sustancias peligrosas indicadas en el anexo II.
Todo vertido de estas características requerirá una autorización previa expedida por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, en su caso, sin perjuicio del otorgamiento por la Administración del Estado de la concesión del dominio público que resulte afectado.
2. Cuando los vertidos de sustancias peligrosas se hagan a través de un alcantarillado deberán en su caso ajustarse, en el plazo señalado por su respectiva autorización, a los valores límite y a las condiciones establecidas específicamente para cada una de dichas sustancias.
3. El presente Real Decreto:
a) Fija las normas de vertido en las aguas interiores y el mar territorial de sustancias peligrosas, entendiendo como tales las mencionadas en el anexo II, para los vertidos procedentes de cualquier fuente, basándose en límites máximos de emisión para eliminar la contaminación por vertidos de sustancias de la lista 1 y en objetivos de calidad para reducir la contaminación por vertidos de sustancias de la lista II.
b) Establece el procedimiento para controlar el cumplimiento de las normas de vertido.
c) Regula el establecimiento de programas con el fin de evitar o eliminar la contaminación por las sustancias peligrosas mencionadas, cuando se trata de fuentes importantes de las mismas que no pueden ser sometidas a control de emisiones.
Artículo 2.º Definiciones.
A los efectos del presente Real Decreto se entiende por:
a) Aguas interiores: Las aguas situadas entre la costa y las líneas de base rectas establecidas por el Estado como límite interior del mar territorial. En el caso de los cursos de agua, dichas aguas interiores se extienden hasta el límite de las aguas continentales.
b) Límite de la aguas continentales: Lugar de los cursos de agua donde es sensible el efecto de las mareas o donde en ausencia de estas, como consecuencia de la presencia del agua de mar, aumenta sensiblemente la salinidad.
c) Vertido: La introducción en las aguas indicadas en el artículo 1.º de las sustancias enumeradas en el anexo II, con excepción de:
Vertidos de lodos de dragados.
Descargas operativas efectuadas desde buques y aeronaves al mar.
Vertido de residuos efectuado desde buques al mar.
d) Contaminación: Vertido de sustancias o de energía efectuado por el hombre en el medio acuático, directa o indirectamente, que tenga consecuencias que puedan poner en peligro la salud humana, perjudicar los recursos vivos y el sistema ecológico acuático, causar daños a los lugares de recreo u ocasionar molestias para otras utilizaciones legítimas de las aguas.
e) Valores limite: Las cantidades máximas admisibles vertidas durante un cierto periodo de tiempo y las concentraciones máximas admisibles en un vertido, que se fijarán específicamente para cada sustancia peligrosa.
f) Objetivos de calidad: Los requisitos y las concentraciones máximas admisibles en el medio acuático afectado por el vertido, que se fijarán específicamente para cada sustancia peligrosa.
g) Elaboración de sustancias: Cualquier instalación industrial que implique la producción, la transformación o la utilización de las sustancias peligrosas o cualquier otro procedimiento industrial al que sea inherente la presencia de las mismas.
h) Establecimiento industrial: Cualquier instalación en el que se lleve a cabo la elaboración de las sustancias peligrosas mencionadas o de cualquier otra sustancia que las contenga, o que dé origen a residuos que contengan tales sustancias.
i) Instalación ya existente: Cualquier establecimiento industrial que se encuentre en servicio antes de la entrada en vigor de la disposición que regule la normativa correspondiente a la sustancia específica de que se trate o dentro del plazo de doce meses posterior a la misma.
j) Instalación nueva: Cualquier establecimiento industrial puesto en servicio una vez transcurridos doce meses desde la entrada en vigor de la disposición que regule la normativa correspondiente a la sustancia específica de que se trate, o cualquier establecimiento existente cuya capacidad para la elaboración de sustancias haya sido aumentada de manera significativa a partir de dicho plazo,
Artículo 3.º Normas de emisión.
1. Las normas de emisión fijadas por las autorizaciones expedidas en aplicación del artículo 1.º determinarán:
a) La concentración máxima de una sustancia admisible en los vertidos. En caso de dilución, el valor límite previsto en la letra a) del apartado 3 del artículo 1.º se dividirá por el factor de dilución.
b) La cantidad máxima de una sustancia admisible en los vertidos durante uno o varios períodos determinados. En caso necesario, esta cantidad máxima podrá además expresarse en unidad de peso del contaminante por unidad de un elemento característico de la actividad contaminante.
2. Para cada autorización la Comunidad Autónoma competente podrá fijar, en caso necesario, unas normas de emisión más exigentes que las que resulten de la aplicación de los valores límite que específicamente se establezcan para cada sustancia, teniendo en cuenta, en particular, la toxicidad, la persistencia y la bioacumulación de dicha sustancia en el medio acuático receptor del vertido.
3. Cuando no se respeten las normas de emisión, la Comunidad Autónoma competente adoptará todas las medidas oportunas para que se cumplan las condiciones de la autorización y, en caso necesario, para que se suspenda el vertido.
Artículo 5.º Condiciones.
1. Las autorizaciones de vertido a que se refiere este Real Decreto habrán de revisarse al menos cada cuatro años.
2. Las autorizaciones para vertidos, procedentes de núcleos urbanos o instalaciones nuevas, solamente podrán otorgarse cuando se apliquen las normas correspondientes a los mejores medios técnicos disponibles, económicamente viables, para eliminar la contaminación. En el caso de que por razones técnicas no se aplicaran tales medios, la Comunidad Autónoma competente notificará esta circunstancia a la Administración del Estado previamente a toda resolución, no pudiendo otorgarse la autorización del vertido hasta que sea autorizada para ello, previa la tramitación prevista en estos casos, ante la Comisión de las Comunidades Europeas.
3. Para los vertidos de cada sustancia específica se establecerán los valores límite, los plazos fijados para que se cumplan dichos valores y el procedimiento de vigilancia y control aplicable en cada caso.
4. Los valores límite de las aguas residuales que contengan sustancias peligrosas se aplicarán en el colector de vertido o en otros puntos cuando ello fuera necesario y así se autorice.
Si las aguas residuales que contienen sustancias peligrosas fuesen tratadas en una planta destinada a eliminarlas, la Comunidad Autónoma competente podrá permitir que los valores límite se apliquen en el punto en el que las aguas residuales salgan de dicha planta.
5. El método de control y los métodos de medida de referencia que deberán utilizarse para determinar la presencia de sustancias peligrosas, se establecerán específicamente para cada una de ellas. Se podrán utilizar otros métodos de medida a condición de que los límites de detección, la precisión y la exactitud de dichos métodos sean al menos igual que los que se hayan previsto en cada caso.
Artículo 6.º Vigilancia.
La Comunidad Autónoma competente garantizará la vigilancia del medio acuático afectado por los vertidos estableciendo las redes de vigilancia correspondientes y realizará un inventario de los vertidos efectuados que puedan contener sustancias peligrosas a las que se apliquen normas de emisión.
Artículo 7.º Programas de eliminación de la contaminación.
1. Se establecerán programas específicos para evitar o eliminar la contaminación procedente de fuentes importantes de sustancias de la lista I, inclusive aquellas múltiples y difusas, que no sean las fuentes de vertidos sometidas al régimen de los valores límites establecidos en las normas de emisión.
2. Dichos programas incluirán especialmente las medidas y las técnicas más apropiadas para garantizar la sustitución, la retención o el reciclaje de las sustancias mencionadas en el apartado anterior.
3. Los programas específicos deberán entrar en vigor en un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha en que se especifiquen para cada sustancia las correspondientes normas de vertido.
4. Los programas también podrán incluir disposiciones específicas relativas a la composición y al empleo de sustancias o grupos desustancias, así como productos, y tendrán en cuenta los progresos técnicos más recientes que sean económicamente viables.
5. Los programas determinarán también los plazos de su ejecución.
Artículo 8.º Programas para reducir la contaminación.
1. Se establecerán programas específicos para reducir la contaminación causada por los vertidos de sustancias de la lista II.
2. En las autorizaciones previas a dichos vertidos se señalará la norma de emisión correspondiente, calculada en función de los objetivos de calidad fijados en los programas indicados en el apartado anterior y referidos a la sustancia específica de que se trate.
3. Los programas también incluirán disposiciones específicas relativas a la composición y empleo de sustancias o grupos de sustancias, así como productos, y tendrán en cuenta los progresos técnicos más recientes económicamente viables.
4. Los programas determinarán los plazos de su ejecución y los resultados de su aplicación se comunicarán por la Administración del Estado a la Comisión de las Comunidades Europeas, de forma resumida.
Artículo 9.º Transferencia de contaminación.
La aplicación de las medidas adoptadas en virtud de lo establecido en este Real Decreto no podrá en ningún caso tener por efecto un aumento directo o indirecto de la contaminación del medio receptor, ni producir incrementos de contaminación de otros medios por las sustancias cuyo vertido se limita.
Artículo 10. Funciones de las Comunidades Autónomas.
Corresponde a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptar todas las medidas precisas para el adecuado y eficaz cumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto y particularmente en las siguientes materias:
1. Puesta en práctica de las inspecciones, inventarias, vigilancias, muestreos y análisis que se disponen.
2. Designación de las unidades de recepción, ordenación y evaluación de los datos referentes a las características de los vertidos autorizados y a la calidad de las aguas para su comunicación directa a la Administración del Estado y para el traslado de los datos obtenidos, con las siguientes características:
a) Periodicidad anual. La reunión de esta información a la Administración del Estado deberá efectuarse dentro de la primera quincena del año siguiente a aquel al que se refieren los datos remitidos. Estos han de incluir como mínimo:
Los detalles relativos a las autorizaciones por las que se fijan las normas de emisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.1 de la Ley de Costas.
El inventario de los vertidos de sustancias peligrosas, los puntos donde se realizan éstos y los dispositivos de dispersión que poseen.
El cumplimiento de los valores límite o de los objetivos de calidad.
Los resultados y características de la vigilancia del medio acuático afectado por los vertidos, de acuerdo con lo indicado en la Sección B del anexo I.
Los programas de reducción de la contaminación y los resultados de su aplicación, que se comunicarán en forma resumida.
b) La información deberá remitirse usando formatos normalizados.
c) Las comunicaciones relativas a vertidos potencialmente muy peligrosos, de índole catastrófica o accidental, tendrán carácter urgente.
3. Propuesta de excepciones ante la Administración del Estado, para su traslado a la Comisión de las Comunidades Europeas, precisando las causas que las originan, los períodos de tiempo para los que se prevén y la localización y límites precisos de las aguas afectadas.
Artículo 11. Funciones de la Administración del Estado.
Son funciones de la Administración del Estado, con respecto a la materia regulada en el presente Real Decreto, todas aquellas que, en el ámbito de sus competencias, contribuyan al mejor cumplimiento de la misma y especialmente las siguientes:
1. La evaluación y análisis del conjunto de la información periódica comunicada por las distintas Comunidades Autónomas competentes.
2. La obtención de información mediante una red nacional para la determinación de las concentraciones de fondo de las sustancias peligrosas en el medio acústico de las aguas interiores y el mar territorial, a los efectos de la adopción, en su caso, de las medidas que corresponden al Estado para la limpieza de dichas aguas.
3. La elaboración de informes periódicos sobre el nivel de contaminación del medio acuático español para su comunicación a otras Administraciones Públicas, así como la elaboración de los informes de síntesis que sobre este tema deben remitirse a la Comisión de las Comunidades Europeas.
4. El establecimiento de métodos de medida de referencia y límites de detección.
5. El traslado a la Comisión de las Comunidades Europeas de las propuestas de excepción a que se refiere el apartado 3 del artículo 10, así como la notificación a las Comunidades Autónomas de las decisiones de aquélla.
6. La preparación de acuerdos con otros Estados, relativos a las aguas marítimas fronterizas y a las aguas internacionales, que afecten la calidad de las aguas interiores y del mar territorial.
Los titulares de las autorizaciones de los vertidos de sustancias peligrosas actualmente existentes deberán ajustar, en el plazo señalado en cada caso por su respectiva autorización del vertido, las condiciones de ésta a las previstas en la disposición que regule la norma correspondiente a la sustancia específica de que se trate. Este plazo no podrá superar en cualquier caso los límites que se establezcan para cada una de las sustancias en la expresada norma.
Las facultades que el presente Real Decreto atribuye a la Administración del Estado se entenderán referidas al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de las que correspondan al de Transportes, Turismo y Comunicaciones sobre la limpieza de las aguas interiores y del mar territorial y lucha contra la contaminación marina.
Se faculta al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo para, previo informe del de Industria y Energía, dictar cuantas disposiciones sean necesarias a fin de ampliar o modificar las listas I y II de sustancias peligrosas, contenidas en el anexo II del presente Real Decreto, así como para desarrollarlo respecto de cada sustancia específica, de acuerdo con las correspondientes directivas de la Comunidad Económica Europea.
Dado en Madrid a 10 de marzo de 1989.