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Timestamp: 2019-02-19 16:09:50
Document Index: 277733147

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 41', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 10', 'Artículo 4', 'artículo 37', 'Artículo 5', 'Artículo 7']

Hacia el control del nuevo Estado: leyes de excepción de la dictadura de Macías
El asalto al Estado por parte de Macías se inició tras el intento de golpe de 1969 con la ilegalización de todos los partidos políticos. En los años siguientes se creó el partido único (primero PUN y después PUNT), se dictaron leyes que contradecían claramente la Constitución de la Independencia y se impuso la "Constitución de Macías" (agosto de 1973). Reproducimos a continuación los leyes otorgaron a Macías todos los poderes del Estado, establecieron penas arbitrarias contra los disidentes y por último iniciaron el culto a la personalidad el dictador.
Con todo, lo más terrible del régimen de Macías no fueron sus leyes, sino la ignorancia de toda norma a la hora de la represión y la explotación del pueblo ecuatoguineano.
DECRETO NUM. 115, de fecha 7 de mayo de 1971, por el que se depongan varios artículos de la Constitución de la República de Guinea Ecuatorial, asumiendo el Presidente de la República todos los poderes directos de la Nación.
Habiendo superado en dos ocasiones dos golpes de Estado y atentados destinados para asesinar al Presidente Popular y Democrático elegido por el Pueblo africano de Guinea Ecuatorial: estos dos fracasados golpes han sido preparados naturalmente por los neocolonialistas e imperialistas españoles, poniendo de pantalla a sus lacayos traidores africanos.
En su virtud, con esta fecha asume todos los Poderes directos del Gobierno e instituciones de la República de Guinea Ecuatorial y en consecuencia, DISPONGO:
Artículo 1º.- Queda suspendido el Consejo de la República, según artículo 41 y 42, Título V, de la Constitución prefabricada por España, de la facultad de dictaminar antes de su promulgación sobre la constitucionalidad de las leyes calificadas como institucionales y todas las facultades del apartado 2) y 8) inclusive, pasando automáticamente estas facultades a la Asamblea Nacional que la expotencia administradora ha denominado "Asamblea de la República" y que a partir de esta fecha se llamará "ASAMBLEA NACIONAL".
Artículo 2º.- Los miembros del Consejo de la República serán nombrados por Decreto de la Presidencia de la República de entre los ciudadanos guineanos competentes, idóneos, solventes y conocedores de las tradiciones africanas. La facultad de ellos de ahora en adelante es solo ayudar y asesorar al Presidente de la República en materias graves antes de que el Primer Magistrado de la Nación decida.
Artículo 3º.- Queda derogado el artículo 10º, Título II, de la Constitución.
Artículo 4º.- Queda derogado el artículo 37º, Titulo IV, de la Constitución, pudiendo el Presidente de la República disolver la Asamblea Nacional cuando lo estime conveniente.
Artículo 5º.- Quedan derogadas las competencias facultadas a las Provincias en los artículos 43º y 44º, del Titulo VI, de la Constitución. Los Consejos Provinciales y Ayuntamientos se regirán con arreglo al Régimen Local que se elaborará previa aprobación de la Asamblea Nacional.
Artículo 7º.- Quedan derogados, así mismo, los artículos 50º, 51º, 52º y 53º, del Titulo VIII, sobre Administración de la Justicia.
Una Ley determinará la Administración de la Justicia en la Republica de Guinea Ecuatorial, teniendo en cuenta las costumbres tradicionales del país.
Todos estos artículos que se derogan fueron preparados intencionadamente por la expotencia administradora únicamente con el fin de descartar la función del Gobierno Central y mantener sus intereses coloniales creados.
Cundo la Primera Magistratura de la Nación estime conveniente se podrá ampliar este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Palacio Presidencia en Santa Isabel a siete de mayo de mil novecientos setenta y uno
Penas aplicables a los delitos contra el Presidente de la República-Jefe del estado elegido por el Pueblo, su Gobierno e integridad territorial.
LEY número 1/1971, de 18 de octubre por el que se regula las penas aplicables a los delitos contra el Presiente de la República-Jefe del Estado elegido por el Pueblo, su Gobierno e integridad territorial.
La República de Guinea Ecuatorial en el corto tiempo que lleva de Independencia total, la seguridad del Presidente de la República-Jefe del Estado, surgido por voluntad popular, su Gobierno y la integridad de la Nación guineana, se han visto amenazadas gravemente en varias ocasiones por ciertos elementos en la comisión de los delitos de alta traición, rebelión, atentado, insultos e injurias al Presidente de la Republica-Jefe del Estado, sin que las penas aplicadas hasta la fecha a los infractores hayan servido de ejemplo a los demás; y para evitar la continuidad de tales hechos que perturban notoriamente la paz, el progreso y libre desarrollo del País; en su virtud, oído el criterio popular y previa deliberación del Consejo de Ministros celebrado el 18 del actual, y aprobada por la Asamblea Nacional, en sesión de fecha 21 de los corrientes,
DELITOS CONTRA LE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA-JEFE DEL ESTADO
Artículo Primero.- El que intentare matar al Presidente de la República-Jefe del Estado elegido por el Pueblo, lo amenazare a muerte o lo matare, será castigado con la PENA DE MUERTE.
Artículo Segundo.- En igual pena incurrirán los que privaren al Presidente de la República-Jefe del Estado, de su libertad personal y los que con violencia o intimidación graves le obligaren a ejecutar un acto contra su voluntad.
DELITOS CONTRA LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO
Artículo Cuarto.- El que invadiere violentamente el local donde se halla reunido el Consejo de Ministros ocasionando la muerte de uno de sus miembros, se le impondrá la PENA DE MUERTE.
Articulo Quinto.- Los que privasen a los Ministros del libre ejercicio de sus funciones se les impondrá la pena de SEIS a DOCE AÑOS de prisión.
Artículo Sexto.- En los demás casos de injurias, calumnias o amenazas a los miembros del Gobierno, se impondrá la pena de TRES a SEIS AÑOS de cárcel.
Artículo Octavo.- Cometen el delito de rebelión los que públicamente se levanten contra el Gobierno para conseguir cualquiera de los fines siguientes:
Destituir al Presidente de la República-Jefe del Estado u obligarle a realizare actos contrarios a su voluntad; impedir o perturbar la libre celebración de elecciones a cargos públicos cuando hayan sido promulgadas; promover o seducir a la Nación, parte de ella o una fracción de tropa para que no obedezcan al Gobierno; el que negociare con laguna potencia extranjera para derrocar al Gobierno popular y legalmente constituido en Guinea Ecuatorial o crear disturbios subversivos.
Artículo Noveno.- Se impondrá la PENA DE MUERTE a los promovedores y a los que sostuvieren la rebelión, así como al que ostente el mando superior de las fuerzas rebeldes, sea cual fuere su graduación. A los que ejerzan mandos subalternos se les impondrá la pena de VEINTE a TREINTA AÑOS de reclusión. A los meros ejecutores se les castigará con la pena de SEIS a DOCE AÑOS de prisión.
Artículo Décimo.- Cuando no se conociere concretamente a los verdaderos jefes, se tomará por tales los que de hecho dirigieren a los demás o firmasen escritos en su nombre o ejerzan la dirección o representación.
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD TERRITORIAL
Artículo Undécimo.- Será castigado con la PENA DE MUERTE, el guineano que incurra en alguna de las circunstancias siguientes:
1º.- El que induzca a una potencia extranjera a declarar la guerra al Estado libre de Guinea Ecuatorial, con fines de separación o secesión.
2º.- El que se levante en armas o sin ellas para separar del territorio nacional alguna parte del mismo.
Artículo Duodécimo.- Los simples secesionistas o separatistas, así como sus partidarios que fueren cabecillas, se les impondrá la pena de VEINTE a TREINTA AÑOS de reclusión.
Artículo Decimotercero.- El extranjero que hallándose en el territorio nacional guineano cometiere alguno de los delitos contenidos en los artículos anteriores será castigado con la PENA DE MUERTE, o reclusión mayor de VEINTE a TREINTA AÑOS.
Quedan facultados los Tribunales de Justicia de la República de Guinea Ecuatorial para aplicar las penas correspondientes a los delitos definidos en la presente Ley.
1º.- Esta Ley podrá ser ampliada cuando las circunstancias así aconsejaren.
2º.-Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a esta Ley.
3º.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dado en Bata, a dieciocho de Octubre de mil novecientos setenta y uno.
LEY CONSTITUCIONAL, NUMERO 1/1972 POR LA QUE SE PROCLAMA A SU EXCELENCIA DON FRANCISCO MACIAS NGUEMA COMO PRESIDENTE VITALICIO DE LA PREPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL Y SE LE OTORGAN OTROS TÍTULOS.
El Pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, consciente de su responsabilidad ante la Historia y en uso de su derecho de autodeterminación indiscutible, decidido a mantener la Paz y Prosperidad que reinan actualmente en esta república desde su acceso a la Independencia, bajo la sabia dirección de su Primer Presidente, Creador del Estado guineano, Responsable supremo de la Nación y de su Partido Único Nacional de Trabajadores, Excelentísimo Señor DON FRANCISCO MACIAS NGUEMA, decidió en el Congreso extraordinario del Partido Único Nacional de Trabajadores celebrado en la Ciudad de Bata, Capital de la Provincia de Rio Muni, durante los días 9, 10, 11, 12, 13, y 14 de julio del año 1973, con asistencia de las Representaciones legítimas de los Comités de todos los sectores político, sociales y religiosos y del Gobierno en pleno, adoptó unánimemente y por aclamación popular la siguiente LEY CONSTITUCIONAL:
Artículo Primero.- Se proclama, a exigencia del Pueblo soberano de la República de Guinea Ecuatorial, al Honorable y Gran Camarada, Su Excelencia DON FRANCISCO MACIAS NGUEMA, actual Presidente de la República, como "PRESIDENTE VITALICIO DE LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL", por la sabia dirección ha llevado al País desde su accesión a su plena soberanía nacional el 12 de octubre de 1968.
Dada en la Ciudad de Bata, Capital de la Provincia de Río Muni, a catorce días del mes de julio del año mil novecientos setenta y dos
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