Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00213-de-noviembre-13-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0f4a6daad1e600e8e0530a01015100e8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 05:25:09
Document Index: 96130561

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 175', 'artículo 863', 'artículo 26', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 175', 'artículo 2', 'artículo 34', 'artículo 2', 'artículo 863', 'artículo 864', 'artículo 863', 'Artículo 2']

SENTENCIA 2009-00213 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LAS SENTENCIAS EJECUTORIADAS QUE ANULAN ACTOS ADMINISTRATIVOS TIENEN EFECTOS DE COSA JUZGADA ERGA OMNESY LA NULIDAD DE LOS ACTOS GENERALES QUE DECRETA LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TIENE EFECTOS INMEDIATOS FRENTE A SITUACIONES JURÍDICAS NO CONSOLIDADAS (EN DEBATE O SUSCEPTIBLES DE DEBATIRSE ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES), AL MOMENTO DE PROFERIRSE EL FALLO. AUNQUE EXISTA UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA OBTENER LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO INDEBIDAMENTE PAGADO O EN EXCESO, Y EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES, EN ALGUNOS CASOS ES POSIBLE ORDENAR LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO PAGADO EN EXCESO SIN NECESIDAD DE AGOTAR DICHO TRÁMITE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACTO ADMINISTRATIVO, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PAGO DE LO NO DEBIDO, DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO
Sentencia 2009-00213/19423 de noviembre 13 de 2014
Rad.: 76001233100020090021301
Exp: 19423
Actor: Universidad Autónoma de Occidente
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de 14 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sala de descongestión.
Señaló el tribunal, en su fallo, que la actora presentó la solicitud de corrección de la declaración de industria y comercio correspondiente al año gravable 2005 dentro de los términos legales. Que la solicitud se presentó con posterioridad a la salida del ordenamiento jurídico del Acuerdo 057 de 1999, que sirvió de fundamento a la declaración inicial, por efectos de la sentencia del Consejo de Estado que lo anuló y concedió las pretensiones porque no se había consolidado la situación jurídica de la demandante. La entidad demandada sostiene, en su apelación, que los efectos de la sentencia de nulidad del acuerdo se producen desde el momento en que esta quedó ejecutoriada, sin que afecte situaciones consolidadas o derechos reconocidos bajo el amparo de la disposición anulada. Que cuando se liquidó y pagó el impuesto de industria y comercio correspondiente al año gravable 2005, existía la obligación tributaria.
Por su parte, el demandante, en su escrito de apelación adhesiva, solicitó modificar la sentencia de primera instancia para que se ordene, además de la devolución del ICA pagado, el pago de los intereses de mora liquidados desde el 13 de septiembre de 2007 hasta que se pague lo debido.
De acuerdo con lo anterior, la Sala deberá establecer si la solicitud de corrección de la declaración de industria y comercio correspondiente al año gravable 2005 se presentó en debida forma, cuáles son los efectos de la sentencia de nulidad del Acuerdo 057 de 1999 y si es procedente la devolución del impuesto pagado, junto con los intereses de mora causados, como lo establece el artículo 863 del estatuto tributario.
Para resolver, y atendiendo a que en oportunidad anterior la Sala se pronunció en otro proceso en que se debatían los mismos hechos, entre las mismas partes, pero por otro periodo gravable, se reitera lo allí expuesto(4).
El municipio de Cali estableció, en el artículo 26 del Acuerdo 35 de 1985, que las actividades de servicios que no tuvieran una tarifa específica estarían gravadas con el impuesto de industria y comercio a la tarifa del 11 por mil y, en el artículo 5º, numeral 4º determinó que la actividad educativa no estaba gravada.
En el año 1999, mediante el artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999, el municipio mencionado reclasificó la actividad educativa privada del código 307, “las demás actividades de servicios”, al código 305-2 y le asignó una tarifa del 3.3 por mil(5).
El Consejo de Estado, en Sentencia del 25 de septiembre de 2006, que quedó ejecutoriada el 9 de octubre del mismo año(6), confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, del 18 de diciembre de 2002, que anuló el artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999; dijo que el municipio de Cali no podía gravar la educación privada con el impuesto de industria y comercio porque según el artículo 5º numeral 4º del Acuerdo 35 de 1985, esa actividad estaba exenta del gravamen.
La Universidad Autónoma de Occidente presentó declaración del impuesto de industria y comercio correspondiente al año gravable 2005, el 28 de marzo de 2006, liquidando un impuesto a cargo de $ 210.736.000.
El 13 de marzo de 2007, con fundamento en la sentencia del Consejo de Estado que anuló el artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999, solicitó la corrección de la declaración con el fin de disminuir el impuesto a cargo que había determinado por el ejercicio de la actividad educativa privada.
El municipio negó la corrección al considerar que el impuesto liquidado y pagado por la universidad constituía una situación jurídica consolidada, porque la declaración se había presentado cuando la disposición anulada estaba vigente y la sentencia de nulidad producía efectos solamente a partir de su ejecutoria.
Es criterio de la Sala, que en esta oportunidad se reitera, que de conformidad con el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, las sentencias ejecutoriadas que declaren la nulidad de un acto administrativo tienen efectos de cosa juzgada erga omnes(7) y que la nulidad de los actos generales, decretada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tiene efectos inmediatos frente a situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas que se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o judiciales, al momento de proferirse el fallo(8).
En el caso que se analiza, la nulidad del artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999 tuvo efectos inmediatos frente al impuesto de industria y comercio del año 2005 declarado por la demandante, pues no existía una situación jurídica consolidada, como se pasa a explicar.
El artículo 34 del Acuerdo 0523 de 1999, mediante el cual el municipio de Cali adoptó el estatuto tributario nacional en lo relacionado con el procedimiento y el régimen de sanciones, reguló lo concerniente a la corrección de las declaraciones, así:
“ART. 34.—Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor.
Para corregir las declaraciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor, se elevará solicitud a la subdirección administrativa de impuestos, rentas y catastro municipal, dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración.
La administración debe practicar la liquidación oficial de corrección, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de este término, el proyecto de corrección sustituirá la declaración inicial. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de los seis (6) meses siguientes a la solicitud, según el caso.
La oportunidad para presentar la solicitud se contará desde la fecha de la presentación, cuando se trate de una declaración de corrección.”
Concretando lo dispuesto en la norma anterior con los hechos que atañen al proceso, como la universidad presentó la declaración del impuesto de industria y comercio por el año gravable 2005, el día 28 de marzo de 2006, tenía plazo hasta el 28 de marzo de 2007 para presentar la solicitud de corrección; como lo hizo el 13 de marzo de 2007, es evidente que lo hizo oportunamente.
Por lo tanto, no existía una situación jurídica consolidada ya que para 19 de octubre de 2006, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia del Consejo de Estado, la declaración inicial no había adquirido firmeza porque aún podía ser corregida o solicitarse su corrección.
Aceptado que en el caso no existía una situación jurídica consolidada, la sentencia de nulidad del artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999 tiene efectos inmediatos, lo que significa que cuando la demandante presentó la declaración del ICA por el año 2005, 28 de marzo de 2006, no estaba obligada a declarar como ingresos gravados los obtenidos en el ejercicio de la actividad educativa privada, ni a pagar impuesto alguno por este concepto.
Como lo había hecho, tenía derecho a solicitar la corrección de su declaración para excluir esos ingresos como gravados y disminuir el impuesto a cargo.
En cuanto a la devolución solicitada, la Sala ha señalado que aunque exista un procedimiento especial para obtener la devolución del impuesto indebidamente pagado o en exceso, y el reconocimiento de intereses, en casos como este es posible ordenar la devolución del impuesto pagado en exceso sin necesidad de agotar dicho trámite.
La Sala entiende que por economía procesal, y para evitar un litigio futuro, es posible ordenar la devolución en el fallo, ya que el rechazo de la solicitud de corrección de la declaración presentada por la contribuyente le “truncó al demandante la posibilidad de solicitar, ante la dependencia de la dirección seccional aduanera y/o tributaria competente, la devolución de las sumas pagadas en exceso”(9).
De acuerdo con lo expuesto, procede la devolución del impuesto pagado en forma indebida por la actora, para lo cual se seguirá el criterio expuesto por la Sala(10), según el cual se liquidan y pagan intereses corrientes a partir de la fecha de notificación de la resolución que negó la solicitud de corrección hasta la ejecutoria de esta sentencia.
En relación con los intereses moratorios, señaló lo siguiente:
“En cuanto a los intereses moratorios, la Sala precisa que de conformidad con el artículo 863 estatuto tributario proceden a partir del vencimiento del plazo para devolver. Sin embargo, también precisa que cuando la autoridad tributaria decide no conceder el derecho a la devolución, la causación de los intereses moratorios ya no dependerá del vencimiento del plazo para devolver sino también, de lo que decida la administración o la jurisdicción, según sea el caso, una vez concluida la controversia, puesto que sólo una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que reconozca el derecho a devolver constituye título o fuente de la obligación para que sea exigible el pago. De manera que, sólo a partir de que la obligación se hace exigible se constituye en mora el deudor y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación”.
Conforme con lo anterior, la Sala ordenará al municipio de Cali devolver la suma de $ 167.240.000, correspondiente al impuesto de industria y comercio indebidamente pagado por la demandante por el periodo gravable 2005, junto con los intereses corrientes liquidados sobre ese valor desde el 10 de septiembre de 2007, fecha de notificación de la resolución que rechazó la solicitud de corrección(11), hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, e intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de este fallo hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, a la tasa señalada en el artículo 864 del estatuto tributario nacional.
Por otra parte, el apoderado de la universidad señala que los intereses de mora no excluyen la indexación ordenada en el fallo de primera instancia, desconociendo el criterio de esta Sala, según el cual frente al reconocimiento de intereses moratorios no procede la actualización de valores, en la medida en que dichos intereses integran la indexación de la suma de dinero debida.
Como lo ha señalado esta Sala(12), la actualización de la suma a devolver queda comprendida dentro de los intereses moratorios que hacen parte de la indemnización de perjuicios(13). No es procedente el reconocimiento de intereses moratorios junto con la actualización de la suma devuelta, porque el artículo 863 del estatuto tributario no consagra esta posibilidad(14).
Por todo lo expuesto, la Sala confirmará el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, que anuló los actos administrativos demandados. Para restablecer el derecho de la demandante, se confirmará el numeral segundo que ordenó aceptar el proyecto de corrección presentado.
Así mismo se modificará el numeral tercero para clarificar el tipo de intereses que procede reconocer.
1. CONFÍRMANSE los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada.
MODIFÍCASE el numeral tercero en los siguientes términos:
ORDÉNASE al municipio de Santiago de Cali devolver a la demandante la suma de $ 167.240.000 por concepto del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros del año 2005, junto con los intereses corrientes causados a partir de la fecha de notificación de la Resolución 4131.1.12.6.1955 del 5 de septiembre de 2007 y hasta la ejecutoria de esta sentencia, e intereses de mora a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, hasta la fecha de giro del cheque, emisión del título o consignación.
(4) Sentencia 19484 del 6 de marzo de 2014, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(5) Acuerdo 057 de 1999. Artículo 2º—“Reclasifíquese la actividad de servicios educativos privados que se encontraba incluida en el Código Nº 307 al Código Nº 305-02 con una tarifa del tres punto tres por mil (3.3‰) “Servicios educativos privados””.
(6) La sentencia se notificó por edicto desfijado el 4 de octubre de 2006 y no se solicitó su aclaración o complementación.
(7) Sentencias 17821 del 30 de mayo de 2011, C.P. William Giraldo Giraldo y 17771 del 16 de septiembre de 2011, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(8) Sentencias del 23 de julio de 2009, exp. 16404, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 11 de marzo de 2010, exp. 17617, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 16 de junio de 2011, exp. 17922, C.P. William Giraldo.
(9) Sentencias 18007 del 13 de septiembre de 2012 y 18080 del 13 de junio de 2013, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(10) Sentencia 18007 del 13 de septiembre de 2012.
(11) Resolución 4131.1.12.6.1955 (fls. 17 a 21, c. 1).
(12) Sentencia 17212 del 10 de mayo de 2012, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(13) Sentencia 15392 de 3 de diciembre de 2009, C.P. Héctor J. Romero Díaz.
(14) Sentencia 17741 del 3 de marzo de 2011, C.P. William Giraldo.