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Timestamp: 2019-09-18 07:33:23
Document Index: 343574794

Matched Legal Cases: ['artículo 847', 'artículo 684', 'artículo 44', 'artículo 218', 'artículo 222', 'artículo 238']

﻿ Sentencia 2007-02998 de abril 30 de 2014
SENTENCIA 2007-02998 DE 30 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:PROCESO DE LIQUIDACIÓN. UNA VEZ APROBADAS LAS CUENTAS FINALES DE LIQUIDACIÓN, DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, MARCA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓNPOR TANTO, DURANTE EL PERÍODO TRANSCURRIDO ENTRE EL INICIO DEL MISMO Y EL MOMENTO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A SU TERMINACIÓN, LA SOCIEDAD CONTINÚA EXISTIENDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DIAN, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, SOCIEDAD, PROCESO DE LIQUIDACIÓN, DECLARACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓ
Sentencia 2007-02998 de abril 30 de 2014
Ref.: 050012331000200702998 01
Número interno 19575
Fábrica de Pizzas Domino’s S.A. contra la DIAN
Se provee sobre la legalidad de los actos administrativos que determinaron el impuesto sobre las ventas a cargo de la demandante, por el segundo bimestre gravable del año 2003, con la aplicación de la tarifa del 16% sobre los ingresos que percibe por el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social.
En los términos del recurso de apelación, correspondería a la Sala establecer la procedencia de la sanción por inexactitud que dichos actos impusieron.
No obstante, el análisis integral de los documentos adjuntos al libelo reorientan el análisis de la Sala hacia la verificación de uno de los presupuestos procesales de la acción y de la sentencia de mérito, como se verá a continuación:
La Fábrica de Pizzas Domino’s, creada con el objeto social de construir, instalar, adecuar y poner en funcionamiento las tiendas de fabricación de pizzas bajo la modalidad de servicio a domicilio y venta sobre el mostrador y tiendas móviles, así como la producción y comercialización, en todas sus formas, de alimentos, bebidas y demás insumos propios del negocio de comidas, fue constituida como sociedad anónima mediante Escritura Pública Nº 158 del 14 de febrero de 2003 de la Notaría Tercera de Envigado Antioquia, registrada el 19 de febrero del mismo año.
De lo anterior da cuenta el Certificado de la Cámara de Comercio de Medellín (fl. 1, cdno. 1), en el que además se indica:
“Según escritura pública 248 del 19 de febrero de 2004 de la Notaría 10 de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 26 de febrero de 2004, en el Libro 9, bajo el número 1898, se declaró la sociedad totalmente liquidada.
Que actuó como liquidador principal de la sociedad el señor Ricaurte Páez Ortiz con cdno. C. .... y como liquidador suplente el señor Jorge Valencia Machado con C.C. ...”.
El libelo ratifica ese estado societario en la identificación de la parte demandante y la presentación de los hechos segundo a quinto (fls. 301 a 302, cdno. 1) que en su orden transcriben:
“2. Fábrica de Pizzas Domino’s S.A., fue declarada disuelta y en estado de liquidación tal como consta en la escritura pública Nº 2247 otorgada el 31 de diciembre de 2003 de la Notaría Décima del Círculo Notarial de la Ciudad de Medellín, escritura inscrita en la Cámara de Comercio de su domicilio social el 31 de diciembre de 2003.
3. El proceso de liquidación de la sociedad Fábrica de Pizzas Domino’s S.A. se adelantó de conformidad a las disposiciones legales contenidas en el código de comercio, culminando con la protocolización de la cuenta de final de liquidación tal como consta en la escritura pública Nº 248 otorgada el 19 de febrero de 2004, otorgada en la Notaría Décima del Circulo Notarial de Medellín, inscrita en la cámara de comercio de su domicilio, el día 26 de febrero de 2004, bajo el número 1898.
4. La protocolización de la cuenta final de liquidación contenida en la escritura pública mencionada en el hecho anterior, estuvo precedida de la expedición del paz y salvo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Según la entidad demandada, la sociedad demandante, al momento de su liquidación no tenía deudas pendientes por ningún tipo de impuestos con la misma y que en consecuencia. Podía continuar con el trámite de liquidación de la sociedad.
5. Con posterioridad a la protocolización de la cuenta final de liquidación de la sociedad y de la inscripción en la Cámara de Comercio de su domicilio social de la escritura pública Nº 248 del 19 de febrero de 2014 de la Notaría Décima de Medellín, con la que se protocolizó dicha cuenta, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través de la División Fiscalización Tributaria emplazó a la sociedad Fábrica de Pizzas Domino’s S.A. para que presentara declaración de corrección a la declaración de Impuesto sobre las Ventas ...”.
Integrando esta documentación aparece el Oficio 8311065174-00393 del 29 de enero de 2004, en el que Jefe de la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos de Medellín constata la inexistencia de obligaciones a cargo de la contribuyente, sin perjuicio de las determinadas con posterioridad, y permite la continuación de los trámites pendientes dentro del proceso de liquidación voluntaria de la sociedad, para los efectos del artículo 847 del estatuto tributario (fl. 2).
Dicho oficio es igualmente relacionado en el Acta de Observaciones que levantó la División de Fiscalización Tributaria en desarrollo de las diligencias de registro realizadas a varios establecimientos de comercio ubicados en el área metropolitana de la ciudad de Medellín (fls. 199-200, cdno. 1).
El 29 de abril de 2005, la misma división emplazó a la Fábrica de Pizzas Domino’s S.A. para que corrigiera la declaración de impuestos sobre las ventas del segundo bimestre de 2003, aplicando la tarifa del 16% a sus operaciones gravadas (fls. 253 a 256, cdno. 1).
Previa respuesta del liquidador suplente de la firma mencionada, en la que se limitó a cuestionar la tarifa mencionada (fls. 245 a 252, cdno. 1), se expidió requerimiento especial contra la sociedad señalada, respecto del mismo impuesto y periodo, frente al cual se manifestó el mismo liquidador con razones de fondo que se oponían a la modificación oficial propuesta en tal requerimiento (fls. 185-189, 201 a 209, cdno. 1).
La misma razón social fue la destinataria de los actos demandados.
El anterior recuento fáctico muestra una verdad irrefutable: la de que la sociedad contribuyente, aquí demandante, fue objeto de un proceso de liquidación cuya cuenta final quedó protocolizada el 19 de febrero de 2004, mediante Escritura Pública Nº 248, de la Notaría Décima de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio el 26 de febrero siguiente.
Así mismo, pone de presente que después de esa fecha se inició una actuación fiscal contra la citada sociedad, en relación con el impuesto a las ventas del segundo bimestre de 2003, que fue atendida por su liquidador suplente.
Tales constataciones traen consigo incidencias procesales determinantes sobre la acción del sub lite, según pasa a explicarse:
De la existencia de las personas jurídicas - Capacidad para actuar de los entes societarios
Toda persona natural o jurídica que realice los hechos generadores de impuestos no excluidos o exentos expresamente por la ley, puede ser destinataria de las actuaciones fiscalizadoras que adelanta la Administración de Impuestos al amparo del artículo 684 del estatuto tributario.
En ese contexto, las personas jurídicas se encuentran legitimadas para comparecer a los procesos judiciales o administrativos, como lo puntualiza el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, al disponer:
De esta manera el legislador reconoce en la capacidad de las personas jurídicas un presupuesto material de la sentencia que procura la culminación del proceso mediante fallo de mérito, como un presupuesto procesal de la acción cuando ellas son las demandantes, que condiciona el nacimiento válido del proceso con la debida comparecencia de las mismas a través de sus representantes(2).
La capacidad de las sociedades se circunscribe al desarrollo o actividad prevista en su objeto, en el que se entienden incluidos todos los actos directamente relacionados con el mismo y los que buscan ejercer derechos y cumplir obligaciones derivadas de la existencia y actividad de la sociedad (C.C. arts. 98 y 99).
De los procesos de disolución y liquidación del ente social - efectos sobre la existencia de la sociedad
Así, la disolución libera a los socios de las obligaciones que habían contraído cuando se creó la persona jurídica, siempre que se satisfagan las deudas a cargo de la sociedad con terceros(3), y opera por las causales enunciadas en el artículo 218 del Código de Comercio(4), que tienen efectos en el tiempo, dependientes de la causal misma(5).
La disolución de la sociedad da paso a su inmediata liquidación; de acuerdo con ello, el artículo 222 del mismo ordenamiento, sólo auspicia la capacidad jurídica de la sociedad disuelta para realizar los actos relacionados con ese cometido —la inmediata liquidación— y descarta toda operación o acto ajeno al mismo, responsabilizando de su realización al liquidador y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto a ejecutarlos, tanto frente a la sociedad, como frente a los asociados y a terceros.
El nombre de la sociedad disuelta siempre debe adicionarse con la expresión “en liquidación”.
La inmediata liquidación que ordena la norma, refiere a la ejecución del procedimiento reglado para repartir el patrimonio social entre los socios, previa satisfacción de los acreedores sociales, protegiendo sus especiales intereses. Se trata de establecer lo que se tiene y lo que se debe, de satisfacer las obligaciones pendientes, de saldar el pasivo externo, de determinar el activo neto divisible entre los asociados y de distribuirles el remanente(6).
Dicho liquidador asume la representación legal de la sociedad disuelta y en esa condición administra su patrimonio, ejecutando actos unívocamente orientados a liquidarlo en el marco de las obligaciones que le impone el artículo 238 del Código de Comercio. Y, se insiste, a ello se circunscribe su capacidad jurídica.
En ese sentido, la Sala ha precisado que cuando una sociedad se encuentra en liquidación, no puede iniciar nuevas operaciones para desarrollar su objeto social, pero sí continuar y culminar las pendientes al sobrevenir el estado de liquidación(7).
Ello implica que la sociedad continúa existiendo, no obstante que varía la destinación de su patrimonio inicialmente utilizado para realizar el objeto social, para reservarlo a “la disgregación de los activos patrimoniales con miras a cubrir los pasivos y adjudicar a los asociados el remanente, si lo hubiere”. En suma, el patrimonio de la sociedad, en estado de liquidación, deja de ser de explotación y se torna en patrimonio de liquidación”(8).
De acuerdo con los artículos 247 y 248 del Código de Comercio, la distribución del eventual remanente entre los socios debe hacerse constar en acta protocolizada en la notaría del lugar del domicilio social, junto con el inventario de bienes sociales y la actuación judicial, en cada caso. Esa acta debe ser aprobada por la asamblea o junta de socios respectiva, al igual que las cuentas de los liquidadores que luego de la incomparecencia de los asociados a dos reuniones debidamente convocadas para la referida aprobación, se entienden aceptadas y no pueden ser impugnadas.
La aprobación de dichas cuentas finales, debidamente inscrita en el registro mercantil (art. 28, núm. 9), marca la terminación del proceso de liquidación, de manera que durante el interregno transcurrido entre el inicio del mismo y el momento inmediatamente anterior a su terminación, la sociedad continúa existiendo.
Refiriéndose a este tema, la Superintendencia de Sociedades indicó que con la inscripción en el registro mercantil, de la cuenta final de liquidación, “desaparece del mundo jurídico la sociedad, y por ende todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren, desapareciendo así del tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia no puede de ninguna manera seguir actuando ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones”, y “al ser inscrita la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, se extingue la vida jurídica de la sociedad, por tanto mal podría ser parte dentro de un proceso una persona jurídica que no existe”(9).
Como a partir de la aprobación e inscripción de la cuenta final de liquidación el sujeto mercantil desaparece del mundo jurídico, la Sala ha señalado que en ese momento la sociedad liquidada pierde la capacidad para actuar y que luego de que ello ocurre no es posible presentar demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en nombre del ente liquidado, dada su efectiva extinción. Dijo el pronunciamiento judicial(10):
Hechas las anteriores precisiones y toda vez que la parte actora, por haber ejercido actividad comercial estaba sometida al régimen probatorio del derecho mercantil, debía acreditar su existencia y representación legal mediante el correspondiente registro expedido por la cámara de comercio, en la que conste, entre otros aspectos, la constancia de que “la sociedad no se halla disuelta” (art. 117 ibídem).
De acuerdo con lo anterior y en oposición a lo señalado por el a quo, se concluye que la sociedad actora no tenía capacidad para ser parte en el presente proceso, en consecuencia se revocará la sentencia y se abstendrá la Sala de proferir fallo de fondo” (negrillas de la Sala)”.
Sobre el particular es necesario señalar que es función del liquidador proteger no solo el patrimonio de la sociedad en liquidación, prenda general de los acreedores, sino los intereses de los acreedores, sin distinción alguna y en igualdad de condiciones, mediante la realización de los activos para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones, con el fin de distribuir y entregar el remanente, si lo hubiere, entre los asociados, momento en el cual se entiende culminado el proceso liquidatorio y en consecuencia cesan las obligaciones y funciones del liquidador”(11).
En este orden de ideas y como el aspecto subjetivo de la relación jurídico-procesal deviene directamente de la capacidad que se le atribuye a las personas entre quienes se traba la litis, de suerte que si éstas no gozan de esa capacidad no pueden ser parte del proceso, la Sala se inhibirá de proveer sobre la solicitud de nulidad de los actos demandados, previa revocatoria de la sentencia de primera instancia.
Lo anterior porque, bajo los lineamientos procesales planteados al inicio de esta considerativa, la capacidad de las personas en general, incluyendo las jurídicas, es un presupuesto material de la sentencia de mérito.
1. REVÓCASE la sentencia del 24 de noviembre de 2011, corregida por Auto del 26 de enero de 2012, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la Fábrica de Pizzas Domino’s S.A., contra el Distrito Capital. En su lugar se dispone:
“INHÍBESE de proveer sobre la legalidad de la liquidación oficial de revisión 11064200600028 del 17 de abril de 2006, y de la Resolución 110662007000027 del 15 de mayo de 2007”.
2. Reconócese personería para actuar como apoderada de la DIAN a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, en los términos y para los fines del poder visible en el folio 11 de este cuaderno.
(2) Betancur Jaramillo, Carlos, Derecho Procesal Administrativo, séptima edición, 2009, pág. 159.
(3) Neira Archila, Luis Carlos. Apuntaciones Generales al Derecho de Sociedades, Editorial Temis, 2006, pág. 243.
(4) Vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración; imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto; reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley; declaración de quiebra de la sociedad; causales expresa y claramente estipuladas en el contrato; decisión de los asociados o de autoridad competente; o las demás causales establecidas en la ley respecto de cualquiera de las formas de sociedad reguladas por la legislación comercial.
(5) Los efectos y las formalidades se someten a tres reglas especiales, así: 1. a partir de la expiración del término de duración de la sociedad, sin formalidades adicionales, si la disolución proviene de esa circunstancia; 2. según las reglas previstas para la reforma del contrato social, si la disolución es producto de la decisión de los asociados; 3. desde la fecha que indique la autoridad competente, si esta fue la que ordenó la disolución, registrando copia de la providencia correspondiente en la forma prevista para la reforma del contrato social, y sólo a partir de la fecha del registro produce efectos frente a terceros En todos los casos se declara la disolución por la causal ocurrida, cumpliendo las formalidades exigidas para la reforma del contrato social.
(6) Narváez García, José Ignacio. “Derecho Mercantil Colombiano. Teoría General de las Sociedades”. Legis Editores 1999, pág. 442.
(7) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 31 de mayo de 2012, exp. 18839.
(8) Ob. cit. nota 6.
(9) Oficio 220-036327 de 21 de mayo de 2008 de la Superintendencia de Sociedades.
(10) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de junio de 2009, expediente 16.319, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(11) Oficio 220-000324 del 8 de enero de 2013.