Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400004.html
Timestamp: 2019-03-25 22:36:19
Document Index: 119998095

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 336', 'artículo 10', 'artículo 57', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 49', 'artículo 778', 'artículo 10', 'artículo 57', 'artículo 10']

se201401004
SENTENCIA: 004/2014.
EXP. N°: 149/2007.
PARTES: Empresa de Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) contra la Superintendente General a.i. del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE)
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa de Servicios Eléctricos Potosí S. A. (SEPSA) contra el Superintendente General a.i. del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), hoy Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fojas 166 a 174, impugnando las Resoluciones Administrativas Nº 1270 y 1271 de 12 y 15 de enero de 2007, respectivamente, la respuesta de fojas 199 a 205, réplica de fojas 208 a 209, los antecedentes procesales y el informe del Magistrado relator Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.
CONSIDERANDO I: Que la Gerencia General de Servicios Eléctricos Potosí S. A. (SEPSA), representada legalmente por su Gerente, Félix Gastón Moreno Taboada, se apersona e interpone demanda contencioso administrativa, infiriéndose que fundamenta su acción en lo siguiente:
Ante el supuesto incumplimiento en el relevamiento de información para evaluar la calidad del servicio comercial que dicha Empresa brindó a los usuarios de la ciudad de Potosí en los períodos mayo/2004- octubre/2004 y noviembre/2004 – abril /2005, luego de presentados los descargos a los Informes DMN Nº 100/2006 y 189/2006 de 15 y 31 de marzo de 2006, respectivamente, la Superintendencia de Electricidad pronunció Resoluciones condenando a Servicios Eléctricos Potosí S. A. (SEPSA) a la aplicación de reducciones en su remuneración, contra las que interpusieron los recursos de revocatoria que fueron resueltos mediante las Resoluciones SSDE 223/2006 y 224/2006 de 21 y 22 de agosto de 2006, confirmatorias de las anteriores, habiendo presentado los recursos jerárquicos ante el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) quien confirmó las Resoluciones Impugnadas por Resoluciones Nº 1270 y 1271 de 12 y 15 de enero de 2007.
Si bien la Superintendencia de Electricidad empezó a evaluar la calidad de la Distribuidora de electricidad de SEPSA desde el semestre noviembre/2002 – abril/2002 (sic), en atención a que el Contrato de Adecuación a la Ley de Electricidad instrumento legal que regula la relación jurídica Estado/Distribuidora suscrito con la Superintendencia se perfeccionó en diciembre 2002, la cláusula trigésima relativa a la calidad de distribución, se constituyó por un lado, en la causa y razón jurídica por la cual la Superintendencia de Electricidad y posteriormente la Superintendencia General les aplicaron la Ley de Electricidad y los Decretos Supremos (DDSS) 28190 y 26607 o Reglamento de Calidad de Distribución y por otro el fundamento para la presentación de un proceso contencioso administrativo, de lo que se advierte que por dicha causa se iniciaron tres procesos y como consecuencia, la existencia de litispendencia, al haber sometido el Estado a través de su Ente Regulador al análisis de su actividad de distribuidora de electricidad, misma que fue evaluada precisamente por los procesos administrativos que motivan el presente proceso contencioso administrativo; empero dicha excepción, planteada primero ante la Superintendencia de Electricidad y luego a la Superintendencia General, fue rechazada por supuestamente carecer de identidad de objeto y no estar establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento la interposición de excepciones previas ni perentorias, no siendo supletorias las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, restringiendo así su derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política del Estado; sin embargo, el AS Nº 38 de 21 de marzo de 2005, al señalar que la jurisdicción contencioso administrativa se encarga de tutelar los actos de la administración y reparar toda infracción garantizando una buena y recta administración estatal, hace posible la revisión o impugnación en sede judicial, en aplicación de los artículos 16 de la Constitución Política del Estado (abrogada) y 336 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, por lo que interpone la excepción de litispendencia contra las Resoluciones Administrativas 1270 y 1271 de 12 y 14 de enero de 2007, dictadas por la Superintendencia General y Resoluciones SSDE 029/2006, 183/2006, 223/2006 y 224/2006 de 26 de junio, 11 de julio, 21 y 22 de agosto de 2006, sancionadas por la Superintendencia de Electricidad, pidiendo se declare probada y en consecuencia, nulos y sin efecto los procesos que se originan en los Informes Nº 100/2006 y 189/2006, emitidos por dicha Superintendencia.
Respecto del supuesto incumplimiento en el relevamiento de la información para evaluar la calidad del servicio comercial en los períodos mayo/2004 - octubre/2004 y noviembre/2004 – abril/2005, refiere que las reducciones dispuestas a su remuneración carecen de sustento legal, por lo siguiente: a) Del Campo monto facturado: Pese a que en aplicación del artículo 26 del Reglamento de Calidad de Distribución (RCD) durante la etapa de descargos, corrigió la base de datos del campo monto facturado de acuerdo con la Metodología para la Medición y el Control de Calidad del Servicio Comercial (MMCCD) y remitió el correcto a través de medio magnético a la Superintendencia de Electricidad, esta aplicó la reducción sin observar dicha disposición ni los descargos presentados, al haber sido señalado como no subsanable en la Resolución SSDE Nº 174/2006, y falta grave y reincidente en la Resolución SSDE Nº 223/2006, sin considerar que el proceso de evaluación semestral en la Superintendencia toma tiempo, emitiéndose informes acumulados de varios meses consecutivos que imposibilitan subsanar y corregir las observaciones en el semestre inmediato,incurriéndose en observaciones repetitivas y sucesivas en los semestres no evaluados ni notificados al distribuidor, pues en el caso, se recibió la notificación el 21 de marzo de 2006, luego de transcurridos 17 meses y dos semestres de evaluación; b) Solicitudes abiertas:No constituye una obligación en el marco establecido en el Reglamento de Calidad de Distribución y la Metodología para la Medición y el Control de Calidad del Servicio Comercial el envío de las solicitudes abiertas en el semestre anterior; ni la especificación de la inclusión en la base de datos remitida a la Superintendencia de Electricidad de las solicitudes pendientes abiertas en el semestre posterior; menos que el distribuidor, deba hacer el corte obligatorio el último día del mes para la generación de la base de datos; ni la inclusión en los registros de la fecha y hora de dos semestres, el de apertura y de cierre al del informe actual, características de la base de datos que fueron de mutuo acuerdo entre las empresas y la Superintendencia de Electricidad y plasmados en una agenda para la metodología de medición y control de calidad de distribución; c) Cortes y reposiciones: Reiteran su argumento por tratarse de un hecho similar en la base de datos; d) Registros facturados faltantes:En el memorial del recurso de revocatoria contra la Resolución SSDE Nº 183/2006 y el escrito del recurso jerárquico contra la Resolución SSDE Nº 224/2006, se aclaró que el origen de la diferencia encontrada en la tabla de facturación, fue corregido en la etapa de descargos, incluyéndose 10 facturas por cada mes de alumbrado público del área rural que hacen un total de 60 facturas más 6 del área urbana, que hace a un total de 66 correspondientes al semestre de control; e) Registros estimados: En la etapa de descargos, se aclaró y subsanó la observación al numeral 6 del informe DMN Nº 189/2006, reenvío que no fue considerado; f) Restituciones mayores a las 24 horas: Se demostró que los 54 registros no superaron el límite permitido, no obstante la Superintendencia no aceptó los descargos y aplicó las reducciones; y g) Diferencia de cálculo del índice, del cálculo TMAS y no TMAT: En base a análisis efectuado por la Superintendencia en la impugnada Resolución 1271 de 15 de enero de 2006, advertido del error en la transcripción manual al formulario por similitud de dígito del índice TMAS de 3,97 en lugar de 9,973, se corrigió el mismo, adjuntándose una copia para ser evaluada por este Tribunal y revisar si corresponde a la Superintendencia de Electricidad aplicar el porcentaje de reducción cuando sólo existe error de forma y no de fondo.
Por lo expuesto, interpone la demanda, pidiendo “la nulidad de los procesos administrativos relativos a los informes DMN Nº 100/2006 y 189/2006 de 15 y 31 de marzo de 2006, en su caso la revocatoria de las resoluciones administrativas Nº “1271” y 1271 de 12 y 14 de enero de 2007, emitidas por la Superintendencia General y en su mérito la revocatoria de las Resoluciones SSDE Nº 029/2006, 183/2006, 223/2006 y 224/2006 de 26 de junio, 11 de julio, 21 y 22 de agosto de 2006, respectivamente, sancionadas por la Superintendencia de Electricidad” y se declare probada, con expresa imposición de costas. Por memorial cursante de fojas 208 a 209, ratificó en la réplica los fundamentos expuestos en la demanda, añadiendo que aparejado al memorial del recurso jerárquico contra las Resoluciones SSDE Nº 223/2006 y 224/2006, presentó fotocopias legalizadas de las piezas principales del proceso contencioso en el que demanda la anulabilidad de la cláusula trigésima del Contrato de Adecuación a la Ley de Electricidad.
CONSIDERANDO II: Citado el Superintendente General a.i. del SIRESE, Oscar Efraín Durán Sanjinés, con la provisión citatoria emitida por la extinta Corte Suprema (fs. 179 a 197), dentro del plazo previsto por los artículos 146, 345 y 346 del Código de Procedimiento Civil, procedió a contestar la demanda por memorial presentado el 25 de agosto de 2007 (fs. 198 a 205) refiriendo:
A efecto de demostrar la existencia de litispendencia, SEPSA presentó como antecedente fotocopias simples de la demanda interpuesta ante la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la cláusula trigésima del Contrato de Adecuación suscrito entre dicha Empresa y el Ente Regulador, arguyendo la lesión establecida en el artículo 4 del DS 26229; no obstante, la Ley de Procedimiento Administrativo ni su Reglamento han previsto la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, al constituir el derecho administrativo una rama autónoma del derecho público, que contiene mecanismos propios que garantizan el derecho a la defensa y debido proceso a las partes, cuales son los recursos de revocatoria y jerárquico en los que se denuncian agravios y realizan peticiones que deben resolverse en un solo acto, por lo que el argumento referido a la ausencia de excepciones previas lesiona el derecho a la defensa y carece de fundamento. Sin embargo, en el hipotético caso que la excepción de litispendencia sea considerada en atención al artículo 336 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, solicita analizar que el objetivo del proceso administrativo radica en el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Superintendencia, para verificar el cumplimiento de los niveles de calidad de distribución de electricidad, muy distinto al iniciado por SEPSA para anular la cláusula trigésima del Contrato de Adecuación, siendo de preferente aplicación las normas contenidas en la Ley Nº 2341.
De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Calidad de Distribución, es obligación del distribuidor efectuar el relevamiento de información de los diferentes niveles de calidad y toda la que es requerida por la Superintendencia, sancionando su incumplimiento, mal relevamiento y procesamiento con la aplicación de reducciones en su remuneración (artículo 57 RCDE), habiéndose observado sobre el particular en la cuestionada Resolución Nº 1270/2007 que: 1) SEPSA originó la aplicación de la reducción al no haber cumplido con el tipo de formato o tipo de campo monto facturado establecido en la Metodología para la Medición y el Control de Calidad del Servicio Comercial, durante el período mayo – octubre 2004, tal cual se estableció en el Informe DMN 100/2006 y lo reconoció el Distribuidor; 2) Se estableció una sanción al no haber relevado información respecto al registro de cortes y reconexiones abiertas del semestre anterior, misma que era necesaria para la determinación del índice del tiempo medio de atención de solicitudes de servicio, que comprende desde la fecha de solicitud hasta la conclusión del mismo y puede hallarse entre dos semestres, información que permite verificar si las Distribuidoras cumplen con los términos y plazos dispuestos para la reposición del suministro, comprometiéndose la Distribuidora a brindarla a partir del semestre noviembre/2005 a abril/2006.
Por su parte en la Resolución Nº 1271/2006, se estableció: i) El incumplimiento de la obligación del distribuidor en lo referente al monto factura al haberse enviado información incompleta y/o con formato de campo diferente a lo establecido durante el período noviembre/2004 – abril/2005; ii) Observada la falta de registro de 6 cuentas de alumbrado público, se determinó de la base de datos y descargos presentados que en realidad eran 60 los registros faltantes; iii) Ante la diferencia existente de registros de facturas estimadas entre períodos observadas, la demandante presentó 5.055 registros, reflejando un incorrecto relevamiento de información; iv) Respecto de los descargos a la observación de los consumidores con tiempo de restitución mayor a 24 horas, cuyos registros no superaban a 54, se advirtió que al momento de presentar los descargos SEPSA modificó los valores con los correctos, evitando se apliquen reducciones, pero confirmando que se realizó un inadecuado relevamiento de información; v) La información referida a los registros de cortes y reconexiones abiertas del semestre anterior es necesaria para determinar el índice tiempo medio de atención de solicitudes de servicio hasta su conclusión, debiendo aplicarse a todos los procesos la misma fecha de corte es un punto de corte en el tiempo, para no inducir faltas en el cálculo de indicadores del semestre a evaluarse; y vi) El valor observado fue el TMAS y no TMAT, siendo inexplicable el error de redondeo al valor calculado por el distribuidor en 9,973 y el calculado por la Superintendencia de 3,97, al ser la diferencia en más del 150%, por lo que al no haberse desvirtuado los argumentos contenidos en las Resoluciones Administrativas 1270 y 1271 de 12 y 15 de enero de 2007, pide se declare improbada la demanda, con costas.
CONSIDERANDO III: Que al estar reconocida la competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución del presente proceso, en atención a su naturaleza contenciosa administrativa que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que este Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante; corresponde realizar el control judicial y de legalidad sobre los actos ejercidos por el Superintendente General a.i. del SIRESE, estableciéndose de los actuados procesales lo siguiente:
En el caso de autos, la controversia se origina en las reducciones a la remuneración que sufrió SEPSA debido a las observaciones por el incumplimiento en el relevamiento de la información solicitada, para evaluar la calidad del servicio comercial que brindó durante dos períodos mayo/2004 - octubre/2004 y noviembre/2004 – abril/2005, las que alega carecen de sustento legal al no haberse estimado los descargos presentados y la existencia de un proceso contencioso administrativo en el que se demandó la nulidad de la cláusula trigésima del Contrato de Adecuación a la Ley de Electricidad, que se encontraba pendiente de resolución ante la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, no pudiendo aplicarse para evaluar la información sobre el producto técnico, servicio técnico y servicio comercial el Reglamento de Calidad de Distribución ni la Metodología para la Medición y Control de Calidad de Distribución, aspecto que determina que los informes y las resoluciones pronunciadas no surtan ningún efecto, situación que fue de conocimiento del Ente Regulador al haberse plantado en las dos instancias la excepción previa de litispendencia.Efectuada la revisión y compulsa de antecedentes, se llega a concluir:
Por nota SE-833-DLG-73/2006 de 20 de marzo de 2006, el Superintendente interino de Electricidad remitió al Gerente General de SEPSA, el Informe DMN Nº 100/2006 correspondiente al período mayo – octubre 2004, referente al control de calidad del servicio prestado, detallando el análisis, revisión, conclusiones y recomendaciones sobre el cumplimiento del Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad y la Metodología para la Medición y Control de Calidad de Distribución, solicitando se presente los descargos y documentos correspondientes dentro de plazo (fs. 32 a 39), mismo que no se amplió pese a la petición del distribuidor (fs. 42), pronunciándose la Resolución SSDE Nº 174/2006 de 26 de junio de 2006, por la que se condenó a la Distribuidora con la aplicación de reducciones en su remuneración equivalente al 0, 033% de la energía anual facturada en la gestión 2003 y valorizada con la tarifa promedio para consumidores residenciales de esa gestión, indexando el Índice de Precios al Consumidor del mes del registro, por concepto de incumplimiento en el relevamiento de la información para evaluar la calidad del servicio comercial de dicho semestre (fs. 46 a 54).
Contra dicha determinación SEPSA planteó recurso de revocatoria y paralelamente interpuso la excepción de litispendencia, siendo resueltas ambas por Resolución SSDE Nº 223/2006 de 21 de agosto de 2006, indicando respecto de la excepción previa que no era compatible con el régimen establecido en el SIRESE, al no establecer la Ley 2341 y su Reglamento la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, debiendo aplicarse las normas legales sectoriales; y rechazando en el fondo el recurso de revocatoria, confirmó en todas sus partes el acto administrativo impugnado (fs. 64 a 68); determinación contra la que plantearon recurso jerárquicoy nuevamente la excepción de litispendencia (fs. 69 a 78), siendo resueltos a través de la Resolución Administrativa 1270 de 12 de enero de 2007, que dispuso la improcedencia de la excepción por su inaplicabilidad a la acción recursiva, y aun siendo aplicable, por incumplir la exigencia del artículo 336 del Código de Procedimiento Civil, al no existir identidad de objeto, revocando parcialmente la Resolución SSDE Nº 223/2006 de 21 de agosto de 2006, únicamente en relación a los descargos presentados con Registro Nº 12839 y sus efectos sobre el cálculo de la disminución en la remuneración (fs. 82 a 93).
El 4 de mayo de 2006, por cite SE-1410-DLG-116/2006, el Superintendente Interino de Electricidad remitió al Gerente General de SEPSA, el Informe DMN Nº 189/2006 referido a la evaluación del control de calidad del servicio comercial por el período comprendido entre los semestres de noviembre/2004-abril/2005, detallando el análisis, revisión, conclusiones y recomendaciones sobre el cumplimiento del Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad y la Metodología para la Medición y Control de Calidad de Distribución, solicitando se presente los descargos y documentos correspondientes dentro de plazo (fs. 95 a 103), petición que fue cumplida a través de dos memoriales (fs. 104 a 109 vta.); no obstante, ante el incumplimiento en el relevamiento de la información para evaluar la calidad del servicio comercial de dicho semestre, se emitió la Resolución SSDE Nº 183/2006 de 11 de julio de 2006, condenando a la Distribuidora con la aplicación de reducciones en su remuneración equivalente al 0,05% de la energía anual facturada en la gestión 2004 y valorizada con la tarifa promedio para consumidores residenciales de esa gestión, indexando el Índice de Precios al Consumidor del mes del registro (fs. 111 a 120).
Ante dicha decisión SEPSA planteó recurso de revocatoria y paralelamente interpuso la excepción de litispendencia, siendo resueltas ambas por Resolución SSDE Nº 224/2006 de 22 de agosto de 2006, indicando respecto de la excepción que no era compatible con el régimen establecido en el SIRESE, al no establecer la Ley 2341 y su Reglamento la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, debiendo aplicarse las normas legales sectoriales; y rechazando en el fondo el recurso de revocatoria, al confirmar el acto administrativo impugnado en todas sus partes (fs. 128 a 135). No cursa en obrados el memorial de interposición del recurso jerárquico, pero si la Resolución Administrativa 1271 de 15 de enero de 2007, que dispuso la improcedencia de la excepción por su inaplicabilidad a la acción recursiva, y aun siendo aplicable, por no cumplir la exigencia del artículo 336 del Código de Procedimiento Civil, al no existir identidad de objeto, confirmando la Resolución SSDE Nº 224/2006 de 22 de agosto de 2006.
3.1 Ingresando al análisis de la problemática plantada, con carácter previo a resolverla, resulta necesario referirnos a la supuesta interposición de la excepción de litispendencia cursante a fojas 168 vta. del memorial de presentación de la demanda contencioso administrativa, al no tener la certeza de que esa fue su intención o por el contrario su incorporación se debió a un descuido involuntario del profesional causídico que suscribe el escrito, no advertido por el representante de la Empresa. No obstante, si bien es evidente que a efecto de aclarar la posible confusión en la que se incurrió, resulta necesario dejar establecido tal cual señalan los artículos 337 y 340 del Código de Procedimiento Civil, que para ser admitida una excepción previa de litispendencia, debe ser planteada acompañando el testimonio del escrito de demanda en el juicio pendiente, dentro de los cinco días fatales desde la citación con la demanda y antes de la contestación, por lo que revisado el expediente al no cursar en el mismo de manera oportuna esta excepción, inobservando el Código Adjetivo Civil, dicha excepción en cumplimiento del debido proceso no fue, no puede ni debe ser considerada por este máximo Tribunal de la Justicia ordinaria, no es menos evidente que ante el planteamiento correcto y oportuno de las excepciones previas previstas en el ordenamiento jurídico durante la tramitación de un proceso contencioso administrativa, es su deber y obligación, conocerlas, tramitarlas y resolverlas como de previo y especial pronunciamiento al tratarse de una instancia judicial que se rige por las normas y disposiciones legales en vigencia; empero, al no estar establecida la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil para resolver los supuestos incidentes que se presentaron dentro de las instancias y recursos existentes en la vía administrativa, tal cual disponen el artículo 49 del DS 27172 y la Disposición Final Segunda, se aplicarán de manera supletoria las normas del Procedimiento Administrativo General establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el que están sólo establecidos los recursos de revocatoria y jerárquico que tienen su plazo de presentación y procedimiento, resulta impertinente y contrario a la ley, que el rechazo a la excepción planteada ante la Superintendencia de Electricidad y posteriormente Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, sea objeto de análisis dentro de un proceso que revisite las características de un juicio de puro derecho y que de acuerdo con el artículo 778 del referido Código de Procedimiento Civil sólo procede en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando la instancia administrativa ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado, al constituir garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del mismo, al ser precisamente la autoridad jurisdiccional quien debe ejercer el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, analizando si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por el ente regulador, en este caso.
3.2. Ingresando al fondo de la demanda, corresponde indicar que dentro de la evaluación de control de calidad del servicio comercial a SEPSA, con la facultad conferida a la Superintendencia de Electricidad conforme el artículo 10 del Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad (DS 26607), al establecerse como obligación del Distribuidor “efectuar el relevamiento de información para la determinación de los índices en los diferentes niveles de calidad descritos en el presente Reglamento, y la información que requiera la Superintendencia; lo contrario se constituye en incumplimiento”; la empresa representada por el demandante remitió a la Superintendencia de Electricidad los informes semestrales con la información relacionada al control de calidad del servicio comercial relevados en dos períodos: mayo/2004 - octubre/2004 y noviembre/2004 - abril/2005; advirtiéndose problemas en determinados ítems, por el mal relevamiento y procesamiento de la información en la documentación y descargos presentados como ser los referidos a: observaciones en la base de datos de reclamos de los consumidores, facturación, atención al consumidor y cortes y reposiciones del suministro, índices que debían ser nuevamente calculados una vez que las observaciones fueran subsanadas, tal cual refieren los Informes DMN Nº 100/2006 y 189/2006; no obstante presentados los descargos,el Ente Regulador en sus dos instancias advirtió el incumplimiento de una obligación,al habersedetectado observacionesen la entregade información que se encontraba incompleta y/o con formatos de campo diferentes al establecido en contra de lo señalado en el Reglamento de Control de Calidad y la Metodología para la Medición y Control de la Calidad de Distribución, al haber actuado el personal de SEPSA, encargado de proporcionar esta información, con negligencia, en el cumplimiento de una obligación y la tarea de cooperar con la función que la ley ha establecido para los Entes Reguladores en beneficio de los usuarios del servicio de energía eléctrica, quiénes deben gozar, de una buena atención, calidad y eficiencia en su prestación.
Así, se pretende justificar por ejemplo una diferencia en la estimación del índice de cálculo TMAS alegando un error en su transcripción, el que supuestamente se debió a una mala transcripción manual al formulario y similitud del dígito de 3,97 en lugar de 9,973, situación que se pretendió corregir durante la fase de impugnación administrativa, cuando a efecto de evitar una reducción en la remuneración del Distribuidor por incumplimiento en el relevamiento y entrega de información para evaluar la calidad del producto técnico, servicio técnico y servicio comercial, conforme establece el artículo 57 del Reglamento de Control de Calidad, debió cumplirse de manera adecuada y dentro del plazo, con diligencia, celeridad y certeza con la proporción de datos e informes de presentación de descargos, pretendiendo inclusive que este su descuido sea subsanado al adjuntar como prueba en este proceso contencioso administrativo, ante este Tribunal, los formularios que contienen los datos exactos y ya corregidos, para desvirtuar la sanción impuesta y que a la luz de las normas previstas, les corresponde conforme a derecho. Advirtiéndose similar conducta en lo que respecta a la falta de presentación de descargos en los puntos referidos a las solicitudes abiertas en el semestre anterior, cortes y reconexiones abiertos en el semestre anterior, registros facturados faltantes, observaciones a las restituciones mayores a las 24 horas que fueron observados y no subsanados.
En consecuencia, ante el incumplimiento de la obligación de SEPSA de efectuar el relevamiento de información para la determinación de los índices en los diferentes niveles de calidad dentro del servicio de distribución de energía eléctrica que brinda y la información que requería la Superintendencia, que debió haber sido proporcionada sin errores, omisiones y de forma oportuna en soporte magnético u óptico y en formatos de archivos; resulta impertinente y desacertado pretender que a través de este proceso contencioso administrativo de control de legalidad y puro derecho presentado sin la debida coherencia, argumentación jurídica sólida, clara y precisa, se justifique una omisión e inobservancia y en consecuencia se intente la nulidad de los procesos dentro de los cuales la instancia competente llamada por ley al realizar el control y seguimiento conforme a ley, impuso sanciones, al ser esta la función de la Superintendencia de Electricidad y a su turno de la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (hoy Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad Regional y Nacional) que le fue encomendada y que justifica su naturaleza jurídica y existencia dentro del aparato estatal.
Que del análisis precedente, este Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Superintendencia General del SIRESE, hoy Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, al pronunciar las Resoluciones Impugnadas no ha incurrido en ninguna conculcación de normas legales, al contrario realizó una correcta valoración e interpretación en su fundamentación jurídica que se ajusta a derecho, máxime si los argumentos expuestos en la demanda por la entidad demandante no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos expuestos en las resoluciones administrativas impugnadas.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda cursante de fojas 166 a 174, con costas a fijarse en ejecución de sentencia.