Source: http://www.laleyaldia.cl/?p=6857
Timestamp: 2019-05-25 18:12:04
Document Index: 61399014

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 36', 'artículo 436', 'artículo 8']

DERECHO ADMINISTRATIVO: ¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre el acceso a la información? – La Ley al Día
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1. Corte Suprema. Secreto respecto de los datos que se anotan en el Registro General de Condenas. Causal de secreto o reserva que cumple exigencia de quórum calificado. Registro General de Condenas contiene datos personales. Publicidad de ciertos datos que podría afectar los derechos de las personas incluidas en el Registro General de Condenas.
2. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Correo electrónico que contiene información que sirve de base para fundamentar un acto administrativo. Publicidad de los fundamentos de un acto administrativo. Correo electrónico por el solo hecho de serlo no puede ser considerado comunicación privada. Excepción de reserva requiere una real afectación de los derechos de las personas.
3. Corte de Apelaciones de Santiago. Publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Principio de transparencia de la función pública. Información sobre costo y fechas de los viajes del Comandante en Jefe de la Armada durante su período a cargo de la institución no configura causal de reserva.
Ver Cita Online: CL/JUR/1194/2019
Gendarmería interpone recurso de queja en contra de los Ministros de la Corte de Apelaciones por las faltas y abusos graves cometidos al rechazar reclamo de ilegalidad interpuesto respecto de una resolución que acogió parcialmente amparo por acceso a la información, ordenando entregar información relativa a registro de condenas. La Corte Suprema acoge el recurso de queja deducido, dejando sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones que rechazó la reclamación interpuesta por Gendarmería de Chile y, en su lugar, se acoge dicha acción.
DECIMOTERCERO: Que para resolver el asunto sometido a su conocimiento esta Corte debe puntualizar, en primer lugar, que de la debida inteligencia de las normas transcritas es posible colegir que el Decreto Ley Nº 645, de 1925, actualmente vigente, dictado con anterioridad a la promulgación de la Ley Nº 20.050 y que dispone el secreto respecto de los datos que se anotan en el Registro General de Condenas, por las causales que señala el artículo 8º de la Carta Fundamental, cumple con la exigencia de quórum calificado establecida en el inciso segundo del citado artículo de la Constitución.
En consecuencia, atendido el razonamiento consignado en el párrafo que antecede y dado el tenor literal del artículo sexto del Decreto Ley Nº 645, de 1925, en cuanto preceptúa que “fuera de los fiscales del Ministerio Público, las autoridades judiciales, policiales y de Gendarmería de Chile respecto a las personas sometidas a su guarda y control, nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el Registro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente”, forzoso resulta concluir que a través de dicha disposición se establece una causal de secreto en los términos prescritos en el Nº 5 del artículo 21 de la Ley Nº 20.285, toda vez que por intermedio del mentado artículo 6º, que, como se dijo, cumple con la exigencia de quórum calificado, se declara la reserva de ciertos datos o informaciones “de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política”, en tanto su publicidad podría afectar los derechos de las personas incluidas en el Registro General de Condenas. (…)
DECIMOSEXTO: Que, además, es necesario dejar asentado que el Registro General de Condenas establecido en el Decreto Ley Nº 645, de 1925, se elabora a partir del prontuario del sujeto de que se trate y que en este último documento se incluyen, al tenor del artículo 3º del mismo cuerpo legal, “todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como por las faltas a que se refieren los artículos 494, Nº 19, 494 bis y 495, Nº 21, del Código Penal”, así como la forma en que “fue cumplida la pena o las causas por qué no se cumplió en todo o en parte”.
DECIMOSÉPTIMO: Que, así las cosas, y considerando el carácter, naturaleza y contenido de los antecedentes que se incorporan al mentado Registro General de Condenas, se ha de entender que los mismos corresponden a “datos personales” de cada una de las personas incluidas en el mismo, puesto que se trata de “información concerniente a personas naturales identificadas”.
Más aun, y dado que esos datos personales se refieren a “características morales” de los sujetos inscritos en el Registro, salta a la vista que ellos deben ser catalogados como “datos sensibles”, de acuerdo a la letra g) del 2 de la Ley Nº 19.628, transcrita más arriba.
DECIMOCTAVO: Que en esas condiciones resulta evidente que la publicidad de la información contenida en el Registro General de Condenas, en cuanto corresponde a datos sensibles de los individuos allí incluidos, podría afectar “los derechos de las personas”, constatación de la que se sigue, forzosamente, que en la especie se configura, también, la causal de reserva prevista en el Nº 2 del artículo 21 de la Ley Nº 20.285, respecto de los antecedentes solicitados a Gendarmería por (…).
2. Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Acceso a la información. Correo electrónico que contiene información que sirve de base para fundamentar un acto administrativo. Publicidad de los fundamentos de un acto administrativo. Correo electrónico por el solo hecho de serlo no puede ser considerado comunicación privada. Excepción de reserva requiere una real afectación de los derechos de las personas.
Ver Cita Online: CL/JUR/1799/2019
El Seremi de Salud deduce reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia por la decisión que acogió Amparo de Información. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad deducido.
SEXTO. Que de la lectura de los hechos reseñados en el considerando segundo que antecede, se desprende que el requerimiento de información presentado por don (…), dice relación directa con la decisión de la autoridad recurrente de no fiscalizar el CineTeatro Municipal de Llay Llay, y que se solicita conocer sus fundamentos, a saber: el informe elaborado por don (…) en el que se afirmaría que “está en desuso hace bastante tiempo”. De lo anterior se desprende claramente que el correo electrónico de que se trata sí que contiene una información, que sirvió de base para fundamentar un acto administrativo, esto es, la decisión de no fiscalizar (decisión formal que contiene una declaración de voluntad, en los términos del artículo 3º de la Ley 19.980), por lo que la reclamación será desestimada en este aspecto. En efecto, se trata de la publicidad de los fundamentos de un acto administrativo, la que, por lo demás constituye, información elaborada con presupuesto público, haciéndose aplicable, además, una segunda razón de obligación de publicidad contenida en los artículos 5º y 10 de la Ley Nº20.285. (…)
NOVENO. Que, de la lectura del artículo 21 Nº2 citado, aparece que la causal de secreto invocada, esto es, cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de la información afecte los derechos de las personas, en particular, la esfera de su vida privada; no está normada en cuanto al sujeto que, como regla general, la pueda invocar, por lo que, tratándose de la protección de derechos esenciales a la persona humana, ha de prevalecer la interpretación que mejor los favorezca. En este caso, aquella que amplía la posibilidad de su protección.
DÉCIMO. Que, salvada la objeción de Consejo, procede destacar que la creciente tramitación electrónica a que se sujeta el procedimiento de toma de decisiones y de manejo de información por parte de la administración, impide calificar un correo electrónico, por el solo hecho de serlo, de la característica de comunicación privada, ya que de hacerse, ninguna información relativa al ejercicio de las funciones públicas contenidas en el referido formato, podría publicarse, transformándose en letra muerta lo dispuesto en el artículo 8º inciso segundo de la Constitución Política de la República, norma que, por lo demás, exige para la concurrencia de la excepción de reserva, una real afectación de los derechos de las personas. De esta manera, para dilucidar la publicidad de éstos necesariamente habrá de estarse a su contenido, resultando relevante destacar que la resolución recurrida ordena resguardar los datos personales del remitente del correo electrónico del que se trata; que la recurrente se limita a afirmar la afectación del derecho de don (…), sin señalar en concreto en que puede afectar la publicidad pretendida; y que no se percibe de que manera la publicidad acerca de cómo a determinada persona, en el ejercicio de su función pública, le consta si un cine teatro permanece en desuso, pueda afectar sus derechos, lo que determina el rechazo de la reclamación. Por las mismas razones no puede prosperar la alegación sostenida en la jurisprudencia anterior del Consejo, ya que cualquier decisión en esta materia queda sujeta a los hechos concretos que fueron sometidos a su conocimiento. Además, la propia Seremi, al momento de recibir la solicitud de información, no estimó que su publicación pudiese afectar derechos de terceros, ya que omitió poner en conocimiento del supuesto afectado el hecho de que uno de sus correos electrónicos podría publicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº20.285.
Acceso a la información. Publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Principio de transparencia de la función pública. Información sobre costo y fechas de los viajes del Comandante en Jefe de la Armada durante su período a cargo de la institución no configura causal de reserva.
Ver Cita Online: CL/JUR/1014/2019
La Armada interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia, que hizo lugar al amparo por acceso a la información y ordenó hacer entrega de la información solicitada. La Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad deducido.
NOVENO: Que, con respecto a la presunta reserva que tendría la información solicitada por el señor (…) debe recordarse que el artículo 8 de la Constitución Política de la República señala en su parte pertinente: “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.
De esta manera, existiendo un texto constitucional de tal claridad, el único análisis que se puede realizar en un caso como el de autos, es determinar si la información que ordena entregar el Consejo para la Transparencia puede calificarse como una excepción a la norma constitucional.
DÉCIMO: Que, teniendo presente lo expuesto, debe resolverse entonces si la información ordenada entregar por la recurrida puede considerarse comprendida dentro de la excepción que contempla el artículo 36, letras a y b de la Ley Nº20.424 y artículo 436 Nº1 del Código de Justicia Militar.
De la simple lectura de los considerandos 10 y siguientes de la Decisión de Amparo RolC1180 18 se aprecia un razonamiento lúcido, completo y solvente, que esta Corte comparte y hace propio, que concluyó que la información solicitada por el señor (…) en ningún caso podrían afectar la seguridad de la nación o la defensa nacional pues el señalamiento del costo y las fechas de los viajes nada indican de los motivos, objetivos, actividades realizadas en los viajes ni antecedentes técnicos militares. De esa manera, la información que ordena entregar el Consejo para la Transparencia no es, ni podría clasificarse como reservada por lo cual dicha alegación de reserva no es suficiente para configurar la excepción al principio de publicidad previsto por el artículo 8 de la Constitución Política de la República.
UNDÉCIMO: Que, en consecuencia debe concluirse que el principio constitucional de publicidad rige en plenitud en el presente caso, motivo por el cual, a juicio de esta Corte la decisión del Consejo para la Transparencia puede y debe ser considerada legal pues se ajusta a la Constitución y la ley además de ajustarse a la lógica y a la razón, por lo cual, no cabe otra posibilidad que rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la decisión de amparo C1180 18.