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Timestamp: 2019-02-20 00:11:17
Document Index: 224376691

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 36', 'artículo 164']

Empresas mixtas son calificadas como entes del sector p�blico
Caracas Jun 19 (El Universal) El Gobierno nacional insiste en promover nuevas formas de alianza con el sector privado. Reiteradamente el Presidente de la República insta a los empresarios a conformar empresas mixtas.
Sin embargo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Bienes Públicos, decretada vía Habilitante y publicada en la Gaceta Oficial 39.945, que circuló ayer, el poder central tendrá más poder sobre esas organizaciones.
De acuerdo al artículo 4 del texto serán consideradas como entes u órganos del sector público "las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere el presente artículo tengan participación igual o mayor al 50% del capital social".
De esta forma las empresas mixtas junto con la República, los estados, el distrito capital, los distritos metropolitanos, los distritos, los municipios, el territorio insular Francisco Miranda, los institutos autónomos e institutos públicos forman parte de sector público.
También entran en esa categoría las personas jurídicas estatales de derecho público, las empresas de propiedad social indirecta comunal, el Banco Central de Venezuela y el sector público financiero en general, así como las universidades públicas.
"Queda claro que esos bienes de empresas con esa composición accionaria calificarían como del sector público", afirmó el abogado constitucionalista José Vicente Haro.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del instrumento legal se creará el "Sistema de Bienes Públicos" que estará conformado por "el conjunto de principios, normas, órganos, entes y procesos que permiten regular, de manera integral y coherente, la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos, dentro del sector público definido en el artículo 4".
Este "Sistema de Bienes Públicos" será regido por una "Superintendencia de Bienes Públicos", tal y como indica el artículo 20. Agrega el texto que será el ministerio de finanzas quien ejercerá la tutela administrativa, pero que el Superintendente será nombrado por el Presidente de la República y sus competencias y deberes serán fijados en el reglamento de la ley.
No obstante, el artículo 21 determina algunas de las competencias que tendrá el organismo. Una de esas 23 facultades es la de "definir los criterios para la racionalización de la construcción, reconstrucción, adaptación, adquisición, identificación, recuento físico, valuación, enajenación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles destinados al funcionamiento de los órganos y entes del sector público".
A juicio de José Vicente Haro esto significa que la Superintendencia tendrá "poderes excesivos". "Eso le da mayor control al Estado, al poder central para determinar cómo debe ser el aprovechamiento de esos bienes".
En el caso de las compañías mixtas la pérdida de autonomía para el inversionista privado puede ser tal que aún en los casos donde el Estado tenga menos de 50% del capital, esas sociedades deberán remitir igualmente a la Superintendencia de Bienes Públicos "la información relativa al inventario de sus activos", según quedó estipulado en el artículo 36.
El constitucionalista también aseguró que esta nueva ley reduce aún más el poder de los estados y los municipios. Al estar incluidos como entes públicos y quedar supeditados al Sistema de Bienes Públicos y a la Superintendencia de Bienes Públicos, las gobernaciones y alcaldías pueden ver limitado su derecho a manejar los bienes que pertenezcan a esas instancias.
"Esta ley permite que la República asuma el control de bienes que son de los estados y municipios. Es una ley emitida con el objeto de darle al poder central mayor control sobre los bienes públicos", insistió el abogado.
Indicó que esto atenta contra lo establecido en la Constitución nacional. Según el artículo 164 de la Carta Magna es de "competencia exclusiva de los estados" la "administración de sus bienes y administración de sus recursos", incluso los provenientes de transferencias del poder nacional o los que se les asignen como participación en los tributos nacionales.
"Puede llegar a afectar el uso de muchos bienes al servicio de los estados y municipios", agregó José Vicente Haro. Incluso, explicó que las empresas mixtas creadas por esas instancias también estarán supeditadas al Sistema de bienes públicos y a la Superintendencia de Bienes Públicos, creados en este instrumento jurídico.