Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20026016
Timestamp: 2019-05-25 01:06:40
Document Index: 300723265

Matched Legal Cases: ['artículo 2347', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 100', 'artículo 104', 'artículo 2347', 'artículo 104', 'artículo 100', 'artículo 95', 'artículo 177', 'artículo 2347', 'artículo 141', 'Artículo 100', 'Artículo 104', 'ARTÍCULO 92']

C-423 de 2006
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020026016CC-SENTENCIAC423200631/05/2006CC-SENTENCIA_C_423__2006_31/05/2006200260162006SENTENCIA C-423/06 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Ausencia de cargo de inconstitucionalidad MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO PENAL- Naturaleza jurídica de la entrega provisional MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO PENAL -Oportunidad para decretarlas y practicarlas MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO PENAL -Legitimación para solicitarlas INTERPRETACION SISTEMATICA- Aplicación RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO- Concepto/ RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO- Elementos El artículo 2347 del Código Civil colombiano, a su vez, dispone que "Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado". En tal sentido, se establece una forma de responsabilidad por el hecho ajeno, de carácter excepcional, basada en que se presume la culpa mediata o indirecta del responsable. De allí que los padres sean responsables solidariamente del hecho de los hijos que habitan en la misma casa; el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia o cuidado; los directores de colegios y escuelas responderán del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de los aprendices o dependientes, en el mismo caso. Así pues, la ley presume que los daños que ocasionen las referidas personas son imputables a quienes debían haber ejercido adecuadamente un control y vigilancia sobre aquéllos, y por ende, la víctima de tales perjuicios debe probar (i) el daño causado y el monto el mismo; (ii) la imputación del perjuicio al directo responsable; y (iii) que este último se encuentre bajo el cuidado o responsabilidad de otro, bien sea por mandato legal o vínculo contractual. SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA -Cambios que introdujo Mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 se avanzó hacia un sistema de marcada tendencia acusatoria, que implica, entre otras cosas, (i) la introducción de profundos cambios en lo que concierne a la participación y roles que deben cumplir cada una de las partes e intervinientes en el proceso penal; (ii) la creación de nuevas figuras como el juez de control de garantías; (iii) el respeto por los principios cardinales de igualdad de armas (equality of arms) y la separación entre las funciones de investigar y juzgar ; (iv) la previsión según la cual le corresponde a la Fiscalía "disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito"; y (v) en el cual se celebra un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías, etapa procesal de cardinal importancia en el sistema acusatorio por cuanto durante la misma la fiscalía presentará su teoría del caso, la defensa hará lo propio, se practicarán las pruebas necesarias para condenar o absolver al procesado, e igualmente, las partes e intervinientes presentarán sus alegatos de conclusión. Las anteriores modificaciones, a su vez, incidieron notoriamente en la regulación legal del proceso penal, ya que, en lo que concierne al tema bajo examen (i) desapareció la parte civil; (ii) el tercero civilmente responsable dejó de ser sujeto procesal; (iii) durante la etapa de investigación se le puede imponer a aquél, para el caso de los delitos culposos, una medida cautelar consistente en la entrega provisional del vehículo, nave o aeronave; y (iv) se estableció un incidente de reparación integral, llevado a cabo con posteridad al fallo condenatorio y previa solicitud expresa de la víctima, del fiscal o del Ministerio Público, durante el cual es citado quien debe responder por un hecho ajeno. En últimas, en el actual sistema acusatorio, durante la etapa de investigación se discute exclusivamente la responsabilidad penal de un imputado, en tanto que el debate jurídico acerca de la responsabilidad civil del mismo, así como aquella de los terceros, fue desplazado hacia una etapa procesal posterior, que tiene lugar después de proferida la sentencia condenatoria, cual es, el incidente de reparación integral. TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO- No es parte, ni interviniente/ INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL- Citación de tercero civilmente responsable El tercero civilmente responsable no es considerado ni parte ni interviniente en el mismo, lo cual no obsta para que, en los términos de la Ley 906 de 2004, sea citado al incidente de reparación integral de perjuicios, el cual tiene lugar luego de emitido el fallo que declara la responsabilidad penal del acusado, es decir, luego de concluido el juicio oral, e igualmente, se le pueda imponer la medida cautelar de entrega provisional de un vehículo, nave, aeronave o "cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio", en el caso de los delitos culposos, desde la audiencia de formulación de cargos, esto es, a partir de la etapa de investigación, todo lo anterior, se insiste, sin que la ley procesal lo reconozca como parte o interviniente en el proceso penal. En otras palabras, a pesar de no ser considerado como sujeto procesal durante el proceso penal, tampoco es ajeno al mismo, por cuanto es llamado a participar durante la última etapa de aquél, cual es, el incidente de reparación integral, y al mismo tiempo, sus bienes pueden ser afectados con una medida cautelar desde la etapa de investigación. TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Ejercicio pleno del derecho de defensa en decreto y práctica de medidas cautelares/ OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Configuración Un correcto entendimiento del ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable en el nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria, debe partir del texto del Acto Legislativo 03 de 2002 armonizándolo, a su vez, con el articulado de la parte dogmática de la Constitución, en especial, con el artículo 29 Superior, en concordancia con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. En el caso concreto, la Corte considera que el legislador, al haber omitido regular el ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable, en materia de imposición de medidas cautelares durante la etapa de investigación, vulneró el artículo 29 Superior. Al respecto, como se ha explicado, el artículo 100 de la Ley 906 de 2004 no prevé que el tercero civilmente responsable pueda ejercer recurso alguno contra la decisión de imponerle la medida cautelar de entrega provisional del bien. De tal suerte que la absoluta indefensión en la que se encuentra el tercero civilmente responsable a lo largo de la etapa de investigación frente a decisiones judiciales que lo afectan directamente, como es el caso del decreto y práctica de medidas cautelares en su contra, vulnera el derecho de defensa, constituyendo un caso de inconstitucionalidad por omisión relativa. TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Efectos de inasistencia a audiencia El ciudadano demandante considera que la expresión "Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente.", del parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004 viola el derecho de defensa del tercero civilmente responsable por cuanto éste puede ser condenado al pago de una indemnización por la simple inasistencia al incidente de reparación integral, cuando lo cierto es que durante la etapa de investigación ni siquiera se le permitió intervenir como sujeto procesal. No comparte la Corte las anteriores aseveraciones, por las razones que pasan a explicarse. La expresión demandada simplemente establece, en relación con el tercero civilmente responsable, un efecto jurídico lógico a su incumplimiento injustificado de asistir a la audiencia de pruebas y alegaciones que tiene lugar en el curso del incidente de reparación integral de perjuicios, consecuencia consistente en que, una vez recibida la prueba ofrecida por los presentes, "con base en ella, se resolverá". Adviértase entonces que no se presenta vulneración alguna del derecho de defensa del tercero civilmente responsable, como quiera que el mismo debe ser debidamente citado para que compareciera a la mencionada audiencia, y por ende, su inasistencia injustificada equivale a una renuncia válida a ejercer su derecho de defensa, se insiste, en relación con aspectos meramente económicos. De allí que, aceptar los argumentos del demandante conduciría a que, en la práctica, la no presencia consciente del tercero civilmente responsable le impediría al juez de conocimiento pronunciarse de fondo en relación con la reparación de las víctimas. Referencia: expediente D-5881
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTOD5881CONSTITUCIONALIDADuan Carlos Rojas Cerón.Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 104 (parcial) de la ley 906 de 2004 "Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal"Identificadores20020026017true42451Versión original20026017Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 104 (parcial) de la ley 906 de 2004 "Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
El artículo 2347 del Código Civil colombiano, a su vez, dispone que "Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado". En tal sentido, se establece una forma de responsabilidad por el hecho ajeno, de carácter excepcional, basada en que se presume la culpa mediata o indirecta del responsable. De allí que los padres sean responsables solidariamente del hecho de los hijos que habitan en la misma casa; el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia o cuidado; los directores de colegios y escuelas responderán del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de los aprendices o dependientes, en el mismo caso. Así pues, la ley presume que los daños que ocasionen las referidas personas son imputables a quienes debían haber ejercido adecuadamente un control y vigilancia sobre aquéllos, y por ende, la víctima de tales perjuicios debe probar (i) el daño causado y el monto el mismo; (ii) la imputación del perjuicio al directo responsable; y (iii) que este último se encuentre bajo el cuidado o responsabilidad de otro, bien sea por mandato legal o vínculo contractual.
Mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 se avanzó hacia un sistema de marcada tendencia acusatoria, que implica, entre otras cosas, (i) la introducción de profundos cambios en lo que concierne a la participación y roles que deben cumplir cada una de las partes e intervinientes en el proceso penal; (ii) la creación de nuevas figuras como el juez de control de garantías; (iii) el respeto por los principios cardinales de igualdad de armas (equality of arms) y la separación entre las funciones de investigar y juzgar ; (iv) la previsión según la cual le corresponde a la Fiscalía "disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito"; y (v) en el cual se celebra un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías, etapa procesal de cardinal importancia en el sistema acusatorio por cuanto durante la misma la fiscalía presentará su teoría del caso, la defensa hará lo propio, se practicarán las pruebas necesarias para condenar o absolver al procesado, e igualmente, las partes e intervinientes presentarán sus alegatos de conclusión. Las anteriores modificaciones, a su vez, incidieron notoriamente en la regulación legal del proceso penal, ya que, en lo que concierne al tema bajo examen (i) desapareció la parte civil; (ii) el tercero civilmente responsable dejó de ser sujeto procesal; (iii) durante la etapa de investigación se le puede imponer a aquél, para el caso de los delitos culposos, una medida cautelar consistente en la entrega provisional del vehículo, nave o aeronave; y (iv) se estableció un incidente de reparación integral, llevado a cabo con posteridad al fallo condenatorio y previa solicitud expresa de la víctima, del fiscal o del Ministerio Público, durante el cual es citado quien debe responder por un hecho ajeno. En últimas, en el actual sistema acusatorio, durante la etapa de investigación se discute exclusivamente la responsabilidad penal de un imputado, en tanto que el debate jurídico acerca de la responsabilidad civil del mismo, así como aquella de los terceros, fue desplazado hacia una etapa procesal posterior, que tiene lugar después de proferida la sentencia condenatoria, cual es, el incidente de reparación integral.
El tercero civilmente responsable no es considerado ni parte ni interviniente en el mismo, lo cual no obsta para que, en los términos de la Ley 906 de 2004, sea citado al incidente de reparación integral de perjuicios, el cual tiene lugar luego de emitido el fallo que declara la responsabilidad penal del acusado, es decir, luego de concluido el juicio oral, e igualmente, se le pueda imponer la medida cautelar de entrega provisional de un vehículo, nave, aeronave o "cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio", en el caso de los delitos culposos, desde la audiencia de formulación de cargos, esto es, a partir de la etapa de investigación, todo lo anterior, se insiste, sin que la ley procesal lo reconozca como parte o interviniente en el proceso penal. En otras palabras, a pesar de no ser considerado como sujeto procesal durante el proceso penal, tampoco es ajeno al mismo, por cuanto es llamado a participar durante la última etapa de aquél, cual es, el incidente de reparación integral, y al mismo tiempo, sus bienes pueden ser afectados con una medida cautelar desde la etapa de investigación.
El ciudadano demandante considera que la expresión "Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente.", del parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004 viola el derecho de defensa del tercero civilmente responsable por cuanto éste puede ser condenado al pago de una indemnización por la simple inasistencia al incidente de reparación integral, cuando lo cierto es que durante la etapa de investigación ni siquiera se le permitió intervenir como sujeto procesal. No comparte la Corte las anteriores aseveraciones, por las razones que pasan a explicarse. La expresión demandada simplemente establece, en relación con el tercero civilmente responsable, un efecto jurídico lógico a su incumplimiento injustificado de asistir a la audiencia de pruebas y alegaciones que tiene lugar en el curso del incidente de reparación integral de perjuicios, consecuencia consistente en que, una vez recibida la prueba ofrecida por los presentes, "con base en ella, se resolverá". Adviértase entonces que no se presenta vulneración alguna del derecho de defensa del tercero civilmente responsable, como quiera que el mismo debe ser debidamente citado para que compareciera a la mencionada audiencia, y por ende, su inasistencia injustificada equivale a una renuncia válida a ejercer su derecho de defensa, se insiste, en relación con aspectos meramente económicos. De allí que, aceptar los argumentos del demandante conduciría a que, en la práctica, la no presencia consciente del tercero civilmente responsable le impediría al juez de conocimiento pronunciarse de fondo en relación con la reparación de las víctimas.
DEMANDA de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 104 (parcial) de la ley 906 de 2004 "Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
En su criterio, la supuesta omisión en la que incurre la norma acusada, vulnera el derecho al debido proceso (Art. 29 de la Constitución Política) de quienes, a pesar de no haber sido declarados indiciados, sindicados o acusados, son propietarios de los bienes afectados en los procesos penales por delitos culposos. El demandante sostiene que como consecuencia que el artículo demandado no establece que en el curso de tales procesos, sólo se puede decretar la afectación de los bienes del indiciado, imputado o acusado, "los fiscales y jueces en función de control de garantías vienen aplicando esta disposición, aún cuando los bienes pertenecen a terceros no implicados en la comisión del delito (…)".
Explica el Ministerio en comento que las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal, atienden a la necesidad de proteger los derechos de las víctimas durante el curso del proceso penal, de conformidad con la Constitución Política y con el Derecho Internacional. Por tal razón, las normas previstas en la ley 906 de 2004, autorizan a los jueces y fiscales de control de garantías, para tomar todas las medidas que estimen pertinentes a fin de garantizar la reparación integral de quienes resulten afectados con la comisión de un delito. Sostiene que como consecuencia de lo anterior, la ley 906 de 2004 "superó la institución de la parte civil que consagraba el sistema mixto -ley 600 de 2000- pasando de la noción de la parte y acción civil a la reparación integral del daño directo sufrido como consecuencia del injusto."
Con relación al cargo propuesto en la demanda en contra del artículo 100 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público considera que dicha disposición, al omitir ordenar la entrega definitiva de los bienes afectados a su propietario en el trámite de los procesos por delitos culposos, en los casos en que este no haya sido declarado imputado o sindicado, no vulnera la Constitución Política. En su criterio, el condicionamiento de la entrega definitiva de los bienes afectados, a que se garantice el pago de los perjuicios, o se hayan embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito culposo, "es el mecanismo fijado por la ley para asegurar el cumplimiento de la decisión de fondo que se adopte dentro del incidente de reparación integral (…)."
En lo que concierne a los recursos que pueden instaurar los afectados con la imposición de las medidas cautelares, el artículo 95 del C.P.P. dispone que "las medidas cautelares se cumplirán en forma inmediata después de haber sido decretadas, y se notificarán a la parte a quien afecten una vez cumplidas", calidad procesal de la cual no goza el tercero civilmente responsable durante la etapa de investigación. A su vez, el artículo 177.2 de la misma normatividad dispone que el recurso de apelación se concederá en el efecto devolutivo frente al "auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar que afecte bienes del imputado o acusado", sin aludir por tanto a aquellos del tercero civilmente responsable, en tanto que el recurso de reposición procederá "para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia", audiencia en la cual tampoco podrá participar el tercero civilmente responsable por cuanto, se insiste, el estatuto procesal penal no prevé la intervención del mismo con antelación a la celebración del incidente de reparación integral de perjuicios, es decir, con posterioridad al juicio oral y una vez determinada plenamente la responsabilidad penal del acusado.
El artículo 2347 del Código Civil colombiano, a su vez, dispone que "Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado". En tal sentido, se establece una forma de responsabilidad por el hecho ajeno, de carácter excepcional, basada en que se presume la culpa mediata o indirecta del responsable. De allí que los padres sean responsables solidariamente del hecho de los hijos que habitan en la misma casa[9]; el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia o cuidado; los directores de colegios y escuelas responderán del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de los aprendices o dependientes, en el mismo caso[10]. Así pues, la ley presume que los daños que ocasionen las referidas personas son imputables a quienes debían haber ejercido adecuadamente un control y vigilancia sobre aquéllos, y por ende, la víctima de tales perjuicios debe probar (i) el daño causado y el monto el mismo; (ii) la imputación del perjuicio al directo responsable; y (iii) que este último se encuentre bajo el cuidado o responsabilidad de otro, bien sea por mandato legal o vínculo contractual.
Ahora bien, en lo que concierne a la figura del tercero civilmente responsable en el proceso penal, es necesario tener en cuenta que el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo importantes modificaciones en el sistema procesal colombiano. En tal sentido, en lo que concierne a los actores que integran la relación jurídico-procesal, el nuevo esquema procesal prevé expresamente las intervenciones (i) de las víctimas; (ii) del imputado; (iii) del fiscal; (iv) del juez de conocimiento; (v) del Ministerio Público; (vi) del juez de control de garantías y (vii) de los jurados, encargados de administrar justicia en forma transitoria, en los términos que señale la ley[11]. Por el contrario, el tercero civilmente responsable no es considerado ni parte ni interviniente en el mismo, lo cual no obsta para que, en los términos de la Ley 906 de 2004, sea citado al incidente de reparación integral de perjuicios, el cual tiene lugar luego de emitido el fallo que declara la responsabilidad penal del acusado, es decir, luego de concluido el juicio oral, e igualmente, se le pueda imponer la medida cautelar de entrega provisional de un vehículo, nave, aeronave o "cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio"[12], en el caso de los delitos culposos, desde la audiencia de formulación de cargos, esto es, a partir de la etapa de investigación, todo lo anterior, se insiste, sin que la ley procesal lo reconozca como parte o interviniente en el proceso penal. En otras palabras, a pesar de no ser considerado como sujeto procesal durante el proceso penal, tampoco es ajeno al mismo, por cuanto es llamado a participar durante la última etapa de aquél, cual es, el incidente de reparación integral, y al mismo tiempo, sus bienes pueden ser afectados con una medida cautelar desde la etapa de investigación. Tal estado de cosas admite tres posibles interpretaciones, como pasa a explicarse.
En efecto, con anterioridad al Acto Legislativo 03 de 2002, en la Constitución se había diseñado un esquema de proceso penal de carácter mixto, por cuanto confluían en él elementos de los sistemas inquisitivo y acusatorio. En tal sentido, el Decreto Ley 2700 de 1991, en materia de intervención del tercero civilmente responsable, preveía que éste era un sujeto procesal que podía participar "en el trámite incidental de la liquidación de perjuicios que se promueva con posterioridad a la sentencia[14]", no pudiendo ser condenado en perjuicios de no haber sido previamente notificado "y se le haya permitido controvertir las pruebas en su contra"[15], disposiciones todas ellas que fueron declaradas exequibles por la Corte en sentencia C-541 de 1992.
Posteriormente, en los términos de la Ley 600 de 2000, la vinculación del tercero civilmente responsable podía solicitarse desde la admisión de la demanda de parte civil o incluso antes de que se profiriera la providencia de cierre de la investigación[16]. Consecuente con lo anterior, el embargo y secuestro de los bienes de aquél se podía solicitar una vez ejecutoriada la resolución de acusación[17], e igualmente, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 600 de 2000, el tercero civilmente responsable tenía "los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal", no pudiendo ser condenado en perjuicios "cuando no se haya notificado debidamente ni se le haya permitido controvertir las pruebas en su contra".
Pues bien, la anterior norma fue demandada por un ciudadano que consideraba que la vinculación del tercero civilmente responsable al proceso penal no garantizaba sus derechos al debido proceso y de defensa, pues las posibilidades que tiene el tercero de controvertir las razones de su responsabilidad en el proceso penal, eran menos garantistas que las que le ofrece el proceso civil ordinario. La Corte, en sentencia C-1075 de 2002 consideró que el cargo de inconstitucionalidad planteado por el demandante no estaba llamado a prosperar, y que del examen del contexto normativo que rige la figura del tercero civilmente responsable dentro del proceso penal, se concluía, entre otras cosas, que "Para que pueda vincularse al tercero civilmente responsable es necesario notificarlo personalmente de la demanda de parte civil para que pueda contestarla y controvertir las pruebas que presente la parte civil, así como solicitar las pruebas que demuestren que no está obligado a responder". De igual manera, la Corte ha amparado en sede de tutela los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de los terceros civilmente responsables[18], y asimismo, existe una abundante jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la materia[19].
Sin lugar a dudas, se trata de cambios importantes que imponen unos nuevos parámetros hermenéuticos de la Carta Política. No obstante, en virtud del principio de unidad de la Constitución[20], aquéllos "deben interpretarse y aplicarse en forma tal que guarden armonía con los principios generales y los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional"[21]. En igual sentido, en sentencia C-591 de 2005 la Corte consideró que, las modificaciones llevadas a cabo en algunos artículos de la Carta Política, con el propósito de introducir un sistema de tendencia acusatoria, no podía conducir a "dejar de lado las diversas líneas jurisprudenciales que ha venido sentado a lo largo de más de una década, en aspectos de derechos fundamentales relacionados con el proceso penal, por cuanto se trata de un "nuevo modelo acusatorio". De allí que, a pesar de la reforma constitucional introducida mediante Acto Legislativo 03 de 2002, siga vigente la posición jurisprudencial según la cual el legislador viola la Carta Política cuando quiera que "al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. v.gr.:si al regular un procedimiento,se pretermite el derecho de defensa"[22] (negrillas agregadas).
Exequible en el entendido ... Artículo 100 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible la expresión ... (parágrafo ) Artículo 104 LEY_906_2004_31/08/2004
[1]Código de Procedimiento Penal, "ARTÍCULO 92. MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES. El juez de control de garantías, en la audiencia de formulación de la imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal o de las víctimas directas podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.
[23] La omisión legislativa relativa supone la actividad del legislador pero de forma incompleta o defectuosa "dado que al regular una situación determinada, éste no tiene en cuenta, omite, o deja de lado, supuestos de hecho que, al momento de aplicarse el precepto correspondiente, genera tratamientos inequitativos o el desconocimiento de derechos de los destinatarios de la norma respectiva (v. gr. derecho a la igualdad, derecho al debido proceso o del derecho de defensa, derechos adquiridos, etc)." La anterior distinción es de gran importancia en la medida en que la Corte se ha declarado competente para conocer únicamente acerca de omisiones legislativas relativas, pues "éstas tienen efectos jurídicos susceptibles de presentar una oposición objetiva y real con la Constitución, la cual es susceptible de verificarse a través de una confrontación de los mandatos acusados y las disposiciones superiores." Quiere decir lo anterior que ante la ausencia total de un precepto o texto legal, la Corte no adelanta un juicio de inconstitucionalidad, por cuanto sólo es competente para conocer y pronunciarse sobre la producción legislativa, no obstante si se trata de una omisión relativa esta puede ser objeto de un juicio de constitucionalidad, que eventualmente podría conducir a proferir una sentencia integradora mediante la cual se subsane la omisión inconstitucional. Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la prosperidad del examen de constitucionalidad de una norma, por haber incurrido el legislador en una omisión legislativa relativa, supone el cumplimiento de dos condiciones, a saber: (i) El juicio de inexequibilidad requiere la concurrencia de una norma frente a la cual se predique la omisión; y (ii) la misma debe excluir un ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica que a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permita concluir que su consagración normativa resulta esencial e indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta Fundamental. De lo anterior se deduce que, en principio, ante un actuar positivo del legislador pero constitucionalmente incompleto, al expedir una normatividad que sin embargo, no contempla todos los supuestos que debería regular en virtud del principio de igualdad o del derecho al debido proceso, corresponde al juez constitucional subsanar la omisión inconstitucional mediante la ampliación del alcance del precepto legal impugnado a supuestos de hecho no previstos por el legislador, procedimiento que tiene lugar mediante la expedición de una sentencia integradora.