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Timestamp: 2020-07-13 08:46:26
Document Index: 63799547

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21']

CARM.es - Ley 3/1995, de 21 de marzo, de La Infancia de la Región de Murcia
Ley 3/1995, de 21 de marzo, de La Infancia de la Región de Murcia
BORM nº 86 de 12 abril de 1995
Vigencia: desde el 2 de mayo de 1995
TITULO PRELIMINAR. AMBITO DE APLICACION Y PRINCIPIOS
Artículo 4. Principios rectores
TITULO PRIMERO. DERECHOS DE LA INFANCIA
Artículo 5. Derechos en general
Artículo 6. De la infancia
Artículo 7. Derecho a la identidad
Artículo 8. Derecho a la intimidad y a la propia imagen
Artículo 9. En materia de atención integral de salud
Artículo 10. En materia de educación
TITULO II. DE LA ACCION PROTECTORA
Artículo 11. Finalidad
Artículo 12. Medidas de apoyo y protección
Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos
Artículo 14. Atención en situaciones de emergencia
Artículo 15. Garantía del procedimiento
Artículo 16. Asistencia para la ejecución de las medidas de protección
Artículo 17. Cese de las medidas
CAPITULO II. MEDIDAS DE APOYO Y DE PREVENCION
Artículo 18. Finalidad
Artículo 19. Medidas específicas
Artículo 20. Campañas de información y servicios de diagnóstico y tratamiento...
Artículo 21. Promoción de programas
CAPITULO III. TUTELA
SECCION PRIMERA. De la tutela en situación de desemparo
Artículo 22. De la situación de desamparo
Artículo 23. Asunción de las funciones tutelares por la entidad pública
Artículo 24. Procedimiento para la declaración de desamparo
Artículo 25. Intervención extraordinaria
SECCION SEGUNDA. Tutela ordinaria
Artículo 26. Promoción de la tutela ordinaria
CAPITULO IV. GUARDA
Artículo 27. Guarda voluntaria
Artículo 28. Ejercicio de la guarda
Artículo 29. De la acogida residencial del niño
CAPITULO V. ACOGIMIENTO
Artículo 31. Finalidad
Artículo 32. Selección de acogedores
Artículo 33. Formalización
Artículo 34. Reserva en las actuaciones
Artículo 35. Del acogimiento con fines adoptivos
Artículo 36. Constitución del acogimiento con fines adoptivos
Artículo 37. Obligaciones de los acogedores
Artículo 38. Cese del acogimiento
CAPITULO VI. PROPUESTA DE ADOPCION Y PERIODO PREADOPTIVO
Artículo 39. Formulación
Artículo 40. Período preadoptivo
TITULO III. GESTION DE LAS MEDIDAS DE REFORMA
Artículo 41. Finalidad
Artículo 42. Ejercicio
Artículo 43. Condiciones de los centros
TITULO IV. COMPETENCIAS
Artículo 44. Comunidad Autónoma
Artículo 45. Entidades locales
Artículo 46. Instituciones colaboradoras de integración familiar
Artículo 47. Infracciones administrativas y sujetos responsables
Artículo 48. Infracciones leves
Artículo 50. Infracciones muy graves
Artículo 51. Sanciones
Artículo 52. Acumulación de sanciones
Artículo 54. Reincidencia
Artículo 55. Regulación
Artículo 56. Relación con la jurisdicción penal y civil
Artículo 57. Publicidad de las sanciones
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia.
La necesidad de proporcionar esta protección al niño, especialmente cuando se halla en una situación de desamparo, fue enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924, que contiene, en cinco puntos, los principios básicos de protección de la infancia , en la Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, que amplía a diez puntos la Declaración de los Derechos del Niño, y, por encima de cualquier otro texto, en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España, que garantiza a la infancia un mayor respeto del dispensado hasta ese momento.
En nuestro país, la Constitución Española, en su art. 39, hace beneficiario al menor de la protección que se le otorga en el orden internacional y obliga a los poderes públicos a «asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y la protección integral de los hijos».
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia , reformado por Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo , establece en su art. 10, apartado uno, núm. 18, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de bienestar y servicios sociales.
Por Ley 11/1986, de 19 de diciembre, se crea el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia , organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia, según su art. 1, al que corresponde la protección de los menores y la gestión de los servicios sociales regulados por la Ley 8/1985, de 9 de diciembre, de Servicios Sociales de la Región de Murcia, entre los que se incluye el Servicio Social de Infancia y Adolescencia.
La entrada en vigor de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha supuesto una modificación esencial del marco jurídico de protección a la infancia , encomendando a las entidades públicas competentes en esta materia, y dentro de su ámbito territorial, la tutela sobre los menores en situación de desamparo.
En base a todo lo que antecede, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , como entidad pública competente en materia de protección de menores, debe establecer el marco de actuación en orden a la defensa y protección de los menores de edad que se encuentren en nuestro territorio regional, con especial hincapié en aquellos que se encuentren en situación de desamparo, cumpliendo con los postulados exigidos por la Ley modificadora del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica sobre reforma de la Ley reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores.
La presente Ley es el resultado de esta necesidad. En ella se recogen los principios generales que habrán de regir en las acciones tendentes a la protección de la infancia , basados en el principio incuestionable de que el niño es sujeto de derechos, sin otra salvedad que las restricciones señaladas en las leyes civiles en atención a su edad.
Así, en el título preliminar, se incluye la determinación del objeto de la Ley , su ámbito de aplicación y la determinación de los principios de actuación que deben respetar las administraciones e instituciones públicas y privadas en el ejercicio de sus competencias y de su actividad, cuando tengan a los menores como destinatarios.
El título I contiene una enumeración de los derechos de la infancia , en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, en consonancia con su contenido constitucional o legalmente establecido, efectuando el desarrollo de alguno de estos derechos, como son el derecho a la identidad, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen y a la protección contra el uso y tráfico de estupefacientes y psicotropos.
El título II de esta Ley constituye el núcleo esencial del texto, al establecer las líneas generales de la acción protectora. Así, en el capítulo I, dedicado a disposiciones generales, se regulan las medidas de apoyo y protección a la infancia , que puede proponer o acordar la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , para prevenir o erradicar situaciones de desamparo, estableciendo, asimismo, las garantías procedimentales necesarias en la adopción de cualesquiera de estas medidas, como son el derecho del niño a ser oído cuando vayan a adoptarse decisiones que afecten a su esfera personal, familiar o social, de acuerdo con su desarrollo evolutivo. También se regulan las obligaciones de los ciudadanos en orden a la defensa y protección de la infancia y el derecho de reserva en todas las actuaciones con menores.
El capítulo III, dedicado a la tutela, viene a concretar y objetivar la denominada «situación de desamparo», desencadenante de la intervención administrativa en el ámbito civil de la protección de la infancia .
El título IV está dedicado a la distribución de competencias, y en el título V se regulan las infracciones y sanciones en materia de atención y protección a la infancia . Concluye la Ley con dos disposiciones finales.
La presente Ley viene a establecer en nuestra Comunidad Autónoma el marco general que concreta las competencias respecto a la protección de la infancia , su ejercicio y los procedimientos necesarios para la aplicación de las distintas medidas de protección, todo ello con el objetivo final de lograr el mayor nivel de bienestar para la infancia en la Región de Murcia.
La presente Ley tiene por objeto establecer el marco de actuación en orden a la protección de la infancia y el respeto a sus derechos e intereses.
A los efectos de esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, se entiende por infancia el período de la vida que abarca hasta los dieciocho años de edad.
La presente Ley será de aplicación a todos los niños y niñas que se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia .
En base al principio de la prevalencia del interés del menor, sobre cualquier otro, los principios rectores que informarán la actuación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en esta materia, serán los siguientes:
e) Fomento de la solidaridad y de la sensibilidad social ante los problemas que afectan a la infancia .
1. La protección de la infancia se llevará a cabo con pleno respeto a sus derechos constitucionales y a los demás reconocidos en la normativa vigente.
7. Tiene que ser protegido igualmente contra toda forma de explotación laboral y manipulación, especialimente de la práctica de la mendicidad.
9. Se garantizará a los menores sometidos a las medidas de protección a que se refiere la presente Ley , el ejercicio del derecho a la educación adaptada a sus necesidades y características, y a la prestación de los servicios sanitarios y sociales adecuados para su desarrollo integral.
Los niños y niñas, en cuanto sus condiciones de madurez lo permitan, deberán participar activamente en las actividades que se realicen en su núcleo primario de convivencia y en todo aquello que les concierne, procurándose su plena integración en la vida familiar y social.
a) El conocimiento y fomento de los recursos destinados a la atención de la infancia .
d) El desarrollo cultural de la infancia .
1. Todo niño deberá ser registrado desde su nacimiento y tendrá derecho a un nombre y a una nacionalidad.
1. Los menores tienen derecho a una vida privada, familiar y social, y no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor o a su imagen.
1. Todo menor tiene derecho al mejor nivel de salud posible y a la prevención del riesgo sociosanitario.
6. Todo niño debe ser protegido contra el uso y el tráfico de estupefacientes y de psicotropos. A tal fin se promocionarán programas de prevención sobre los riesgos del consumo de drogas legales (alcohol, tabaco, etc.), e ilegales, en términos asequibles a su comprensión y sensibilidad.
1. Todo niño tiene derecho a una educación, conforme a lo establecido en la Constitución y en la normativa vigente, y a recibir una formación integral.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , colaborará con las Administraciones educativas para garantizar una educación no sexista.
1. La acción protectora de los menores, de acuerdo con el sistema público de servicios sociales, comprenderá todas aquellas actuaciones encaminadas a prevenir o erradicar situaciones de riesgo o desamparo de la infancia .
1. Las medidas a adoptar, siempre con informe previo de los equipos técnicos competentes y teniendo en cuenta el interés del menor, podrán aplicarse a través de:
Primero.- El apoyo a la familia del niño, mediante ayudas de tipo psicosocial, de índole personal o económica, de la Administración.
Segundo.- La acogida del menor en su propia familia extensa, o por una persona o familia que pueda sustituir, provisionalmente, a su núcleo familiar.
Tercero.- La acogida residencial en un centro público o colaborador.
Cuarto.- La acogida familiar con fines adoptivos.
Quinto.- Cualquier otra medida aconsejable de carácter asistencial, educativo o terapéutico, en atención a las circunstancias del menor.
Toda persona que detecte cualquier situación de riesgo o tuviera conocimiento de transgresiones de los derechos del menor, deberá ponerlo en conocimiento de los servicio sociales de la Comunidad Autónoma o de los ayuntamientos, juzgados, Fiscalía de Menores o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o policías locales, en su caso, sin perjuicio de prestar al menor el auxilio necesario e inmediato que demande tal situación de riesgo.
Las administraciones y servicios públicos de la Región de Murcia tienen la obligación de atender las situaciones de emergencia que presente cualquier menor, de actuar, si corresponde a su ámbito de competencias, o de dar traslado, en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor.
1. La adopción por parte de la Comunidad Autónoma de cualesquiera de las medidas de protección establecidas en esta Ley , sin perjuicio de lo previsto para la declaración de la situación de desamparo, requerirá la instrucción de un procedimiento donde se garantizará que todas las actuaciones necesarias se practiquen con la conveniente reserva.
Las entidades competentes realizarán todas las actuaciones necesarias para la correcta ejecución de las medidas de protección, pudiendo recabar la asistencia de las autoridades locales, policiales y judiciales cuando la oposición a las mismas pueda suponer el mantenimiento de una situación de grave vulneración de los derechos del niño.
Las medidas de protección cesan por:
Las administraciones competentes en materia de protección de menores, arbitrarán un sistema de apoyo a las familias biológicas del niño o a las personas bajo cuya responsabilidad se encuentre éste, que impida que situaciones de carencia desemboquen en el desamparo del menor u otras situaciones de riesgo, y que favorezca su permanencia en el núcleo familiar.
1. Serán medidas específicas de apovo a la familia o a las personas bajo cuya responsabilidad se encuentre el menor:
ARTÍCULO 20. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO
1. Las administraciones públicas de la Región de Murcia promoverán, en el ámbito de sus competencias, la creación y desarrollo de campañas de información y servicios de diagnóstico y tratamiento especializado.
ARTÍCULO 21 . PROMOCIÓN DE PROGRAMAS
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de lograr el mayor nivel de bienestar de los menores, desarrollarán los siguientes programas:
d) Prevención de malos tratos y explotación infantil. Para la prevención de los malos tratos se adoptarán aquellas medidas orientadas a evitar cualquier conducta, activa o pasiva y sus consecuencias, realizada por individuos o instituciones o por la sociedad en su conjunto, que prive a los menores de sus derechos o les provoque
algún tipo de violencia física o psíquica. Se prestará una especial atención a la imagen del menor en los medios de comunicación social y al uso que se haga de ella, al consumo de productos nocivos para su salud y a las situaciones de explotación del niño, promoviéndose las actuaciones informativas y preventivas que sean convenientes.
1. En los términos del art. 172.1 del Código Civil se considera que el menor está desamparado, entre otras situaciones, en las siguientes:
2. Se considera situación de riesgo aquella en la que por sus circunstancias personales o por influencias de su entomo o extrañas, exijan la adopción de medidas de prevención y rehabilitación para evitar situaciones de desamparo o de inadaptación.
La resolución que declare el desamparo por las causas determinadas en el artículo anterior, comporta la asunción por el organismo competente de la tutela por ministerio de la ley , mientras se proceda a la constitución de la tutela por las reglas ordinarias o el menor sea adoptado, sea reincorporado a quien tenga la patria potestad o la tutela del mismo, se emancipe o llegue a la mayoría o habilitación de edad.
1. Reglamentariamente se arbitrará un procedimiento que habrá de finalizar mediante resolución motivada y en el que, en todo caso, será oído el menor y se garantizará el derecho de audiencia de los padres, tutores o guardadores de los menores, así como el de ser informados del contenido de la resolución que recaiga en el mismo y de los recursos que procedan. Dicha resolución será comunicada, asimismo, al Ministerio Fiscal.
Si los padres, los tutores o los guardadores impidieran la ejecución de la medida de protección acordada, el organismo competente solicitará a la autoridad judicial la adopción de las medidas necesarias para hacerla efectiva, sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que se puedan producir si está en peligro la vida o la integridad del menor o sus derechos son gravemente vulnerados.
1. La tutela ordinaria habrá de ser promovida por el organismo competente en aquellos casos en que existan personas que, por sus relaciones con el niño o por otras circunstancias, puedan asumirla en beneficio de éste.
1. Cuando quienes tengan potestad sobre el menor soliciten su atención por parte de la Administración regional, justificando no poder atenderlo por razones de enfermedad u otras circunstancias graves, el órgano competente asumirá la guarda durante el tiempo necesario.
La entidad pública en el ejercicio de la tutela o de la guarda, asumida conforme al artículo anterior, o cuando así lo acuerde el juez en los casos en que legalmente proceda y en interés del niño, podrá transitoriamente confiar la guarda de los menores al director de la casa o establecimiento en que el menor sea internado, o a la persona o personas que lo reciban en acogimiento.
1. La Administración regional dispondrá la acogida residencial del niño cuando el resto de las medidas de protección resulten imposibles, inadecuadas o insuficientes.
3. Dichos centros se relacionarán con su entomo, procurando la utilización por los menores de los equipamientos y servicios públicos.
6. El ingreso de un menor en un centro de acogida deberá realizarse, preferentemente, en el medio más próximo a su entomo familiar y social, procurando que su relación con el exterior no sufra alteraciones, facilitando al máximo las actividades fuera del centro y las visitas familiares, excepto cuando medie resolución judicial en sentido contrario.
1. La situación de guarda se extingue por la desaparición de las causas que la motivaron o por la constitución de la tutela.
El acogimiento tiene como finalidad la adaptación a la vida en familia de menores, de manera transitoria, bien para su reinserción en su familia de origen, bien como paso previo a su posible adopción y siempre con los efectos que expresamente se señalan en el art. 173.1 del Código Civil.
1. Para la selección de las personas o familias de acogida existirá un registro de personas o familias dispuestas al acogimiento de menores.
1. El acogimiento se formalizará por escrito en documento privado normalizado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 173 del Código Civil, remitiéndose copia de dicho documento al Ministerio Fiscal.
Con la finalidad de no perjudicar la futura adopción en los casos en que ésta se prevea como viable y conforme se establece en los arts. 1.826, párrafo 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y 173.4 del Código Civil, el organismo competente cuidará que la relación entre el niño y sus progenitores o familiares naturales se efectúe sin contacto o conocimiento entre éstos y la familia de acogida.
1. Se puede aplicar la medida de acogida como paso previo para la adopción:
1. El organismo competente acordará el acogimiento con fines adoptivos, con el consentimiento de los padres o los tutores que no estén privados de la patria potestad o removidos del cargo tutelar y habiendo oído al menor de doce años, si tiene suficiente conocimiento y es posible. Si el menor tiene más de doce años, la acogida requiere su consentimiento. Si no se ha podido conocer el domicilio o paradero de los padres o tutores, o si habiendo sido citados no comparecen en el plazo de treinta días, o disienten, sólo el juez, en interés del menor, puede acordar la acogida preadoptiva.
Las personas que reciben un menor en acogimiento tienen la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarle, educarle y procurarle una formación integral bajo la supervisión del organismo competente, que facilitará el asesoramiento necesario.
1. Además de por las causas previstas en el art. 17, el acogimiento cesa por muerte, incapacidad o voluntad de la familia o persona acogedora, sin perjuicio de que, de manera inmediata, se proceda a una nueva acogida, simple o preadoptiva.
1. En los términos del art. 176.2 del Código Civil, corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia formular la propuesta previa de adopción, de conformidad con el procedimiento que reglamentariamente se determine.
1. Cuando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , a través del organismo competente, haya considerado como medida apropiada elevar la propuesta de adopción de un menor ante el Juez, y en tanto no se dicte resolución judicial, podrá encomendar su guarda provisional o acogimiento a la familia que, reuniendo los requisitos que reglamentariamente se determinen, haya sido seleccionada para adoptar a dicho menor, siempre que los futuros adoptantes hayan prestado su consentimiento a la adopción ante la entidad pública, y el niño o sus padres naturales se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
La ejecución de las medidas reflejadas en el art. 17 de la Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, deberá tener como objetivo fundamental la integración social de los niños a través de un tratamiento educativo.
La Administración regional dará cobertura para la ejecución de las medidas judiciales, estando obligadas a informar del desarrollo de la ejecución de las mismas a la autoridad judicial, así como a colaborar en todo momento con ésta.
1. Los centros a través de los que se ejecuten las medidas de reforma deben presentar un proyecto en el que se recoja el tipo de centro, población a la que va dirigido, objetivos, metodología, sistema de evaluación y normativa de régimen interno.
2. Si el centro es de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , será ésta quien lleve a cabo, a través del organismo competente en materia de menores, la planificación, proyecto educativo, normativa, gestión, personal técnico y auxiliar y los recursos materiales necesarios.
1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la entidad pública competente, en su ámbito territorial, para el ejercicio de las funciones de protección y tutela de menores a que se refiere la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y las establecidas en la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, así como para el ejercicio de las previstas en la presente Ley y de cualquier otra asumida por la Comunidad Autónoma en esta materia.
2. Dichas funciones se ejercerán a través del organismo que, de acuerdo con las normas derivadas de su organización, le corresponda la protección de la infancia .
Las entidades locales desarrollarán, de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora del régimen local, a través de sus servicios sociales, funciones de prevención, información, promoción y reinserción social, en materia de menores, así como de intervención y seguimiento de aquellos casos que requieran actuaciones en su propio medio. La Comunidad Autónoma, en los términos previstos legalmente, prestará la necesaria colaboración técnica y financiera para el efectivo cumplimiento de estas funciones.
1. Podrán ser acreditadas por la Administración regional como instituciones colaboradoras de integración familiar los organismos de las entidades locales y las fundaciones, las asociaciones u otras entidades no lucrativas, legalmente constituidas, en cuyos estatutos o reglas figure como finalidad la protección de menores, siempre que dispongan de la organización y la estructura suficientes y de los equipos técnicos pluridisciplinares necesarios para cumplir esta función. Estas instituciones colaboradoras se someterán siempre a las directrices, la inspección y el control del organismo competente, y sólo podrán intervenir en funciones de guarda y mediación con las limitaciones que se les señalen. Ninguna otra persona o entidad podrá intervenir en funciones de mediación para acogidas familiares o adopciones.
2. Son responsables las personas físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en esta Ley .
7. Incumplir la obligación de inscripción en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia , por parte de las mismas.
10. Incumplir la prohibición de difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 de esta Ley .
Las infracciones establecidas en los artículos anteriores serán sancionadas de la forma siguiente:
a) infracciones leves: Amonestación por escrito o multa de hasta 500.000 pts..
b) Infracciones graves: Multas desde 500.001 pts. hasta 5.000.000 pts..
c) Infracciones muy graves: Multas desde 5.000.001 pts. hasta 20.000.000 pts..
En las infracciones graves y muy graves podrán acumularse como sanciones:
Se produce reincidencia cuando el responsable de la infracción haya sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año, si se trata de faltas leves, tres años para las graves y cinco años para las muy graves, a contar desde la notificación de aquélla.
El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en esta Ley se desarrollará conforme al procedimiento reglamentariamente establecido para las Administraciones Públicas.
1. Cuando el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador tuviera indicios de que el hecho pudiera constituir también una infracción penal, lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, absteniéndose de proseguir el procedimiento, una vez incoado, mientras no exista un pronunciamiento judicial.
Las Resoluciones firmes de imposición de sanciones graves y muy graves podrán ser publicadas en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia » en los términos reglamentarios que se establezca.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo reglamentario de la presente Ley .
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia ».
Murcia, 21 de marzo de 1995.- La Presidenta, María Antonia Martínez García.
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