Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654073
Timestamp: 2019-07-22 12:49:45
Document Index: 101718611

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 107', 'artículo 28', 'artículo 13']

MODIFICACIONES A CÓDIGO PROCESAL PENAL EN CUANTO A PRECISIÓN Y REFORZAMIENTO DE ATRIBUCIONES POLICIALES
DÍAS DE CENSOS OFICIALES: DECLARACIÓN DE FERIADO LEGAL
ERECCIÓN DE MONUMENTOS Y CREACIÓN DE MUSEO Y ARCHIVO DE EXPLORADOR AUGUSTO GROSSE
MODIFICACIÓN DE DENOMINACIONES DE GRADOS DE OFICIALES GENERALES DEL EJÉRCITO
MODIFICACIONES A LEY DEL DEPORTE
CREACIÓN DE SALAS EN CORTES DE APELACIONES DE SANTIAGO, SAN MIGUEL, VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN
DEROGACIÓN DE NORMATIVA SOBRE FOTORRADARES Y AMNISTÍA PARA INFRACTORES
MODIFICACIÓN DE LEY 19.353, SOBRE CONDONACIÓN DE DEUDAS CORA
FERIADO LEGAL PARA COMUNA DE ARICA LOS DÍAS 7 DE JUNIO
JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES EMPRENDIDAS POR CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO CONTRA EMPRESA AEROCONTINENTE. OFICIO
TRASMISIONES SATELITALES ILEGALES DE RADIOEMISORA EN RANCAGUA. OFICIOS
COBROS EXCESIVOS POR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EMPRESAS PRIVATIZADAS. OFICIOS
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON MAURICIO SERRANO PALMA. COMUNICACIONES
TÉRMINO DE ACTIVIDADES DE FUERZA AÉREA EN VILLA "LAS ESTRELLAS". OFICIOS
PROHIBICIÓN DE VUELO DE AVIONES BIMOTORES DESDE AERÓDROMOS DE REGIONES DÉCIMA Y UNDÉCIMA. OFICIOS
"RODEO ZONAL SUR 2002" EN COYHAIQUE. OFICIOS
ENTREGA DE VIVIENDAS SOCIALES BÁSICAS EN COYHAIQUE. OFICIO
Sesión 24ª, en miércoles 16 de enero de 2002
(De 16:22 a 18:59)
II.	APERTURA DE LA SESIÓN...................................................................
IV.	CUENTA....................................................................................
Proyecto de ley, en tercer trámite, que introduce modificaciones al Código Procesal Penal (2822-07) (se aprueba).....................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que declara feriado legal y regula los días de realización de censos oficiales (2854-06) (se aprueba en general y particular)..........................................................
Proyecto de ley, en tercer trámite, que autoriza la construcción de monumentos, y crea Museo y Archivo del Explorador Augusto Grosse (2157-04) (se aprueba)............................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que reemplaza, en textos legales que indica, las expresiones de "Teniente General", "Mayor General" y "Brigadier General" por "General de Ejército", "General de División" y "General de Brigada", respectivamente (2718-02) (se aprueba en general y particular).............................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 19.712, del Deporte (2838-04) (se aprueba en general y particular)...........................................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que crea nuevas salas en Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción (2852-07) (se aprueba en general y particular)...............................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que deroga disposiciones legales sobre procedimiento ante juzgados de policía local y de tránsito, y concede amnistía por contravenciones detectadas por equipos de registro de infracciones (2817-07) (se aprueba en general y particular)..............................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas CORA (2759-01) (se aprueba en particular)........................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece feriado legal el día 7 de junio de cada año en la comuna de Arica (2685-06) (se rechaza en general)..........................
Petición de oficio (se anuncia su envío).........................................................................
Justificación de acciones emprendidas por Consejo de Defensa del Estado contra empresa Aerocontinente. Oficio (observaciones del señor Viera-Gallo)...................
Trasmisiones satelitales ilegales de radioemisora en Rancagua. Oficios (observaciones del señor Moreno)..............................................................................
Cobros excesivos por agua potable y alcantarillado en empresas privatizadas. Oficios (observaciones de los señores Moreno y Ríos)..........................................................
Homenaje en memoria de don Mauricio Serrano Palma. Comunicaciones (intervención del señor Romero).................................................................................
Término de actividades de Fuerza Aérea en Villa "Las Estrellas". Oficios (observaciones del señor Horvath)..............................................................................
Prohibición de vuelo de aviones bimotores desde aeródromos de Regiones Décima y Undécima. Oficios (observaciones del señor Horvath)...............................................
"Rodeo Zonal Sur 2002" en Coyhaique. Oficios (intervención del señor Horvath)......................................................................................................................
Entrega de viviendas sociales básicas en Coyhaique. Oficio (observaciones del señor Horvatlh).............................................................................
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de Gobierno y de Justicia , y los señores Subsecretario de Justicia y Director del Instituto Nacional del Deporte.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 21ª y 22ª, ordinarias, en 8 y 9 de enero del presente año, respectivamente, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual retira la urgencia, y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto del proyecto que modifica la ley Nº 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios (Boletín Nº 1.640-01).
Con el primero comunica que ha dado su aprobación, con las enmiendas que señala, al proyecto de ley que introduce modificaciones al Código Procesal Penal, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.822-07).
Con el segundo comunica que ha aprobado el proyecto que modifica el decreto ley Nº 1.757, de 1977, que otorga beneficios a los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Chile, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 1.124-06).	--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el tercero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece un sistema de incentivo de remuneraciones a los funcionarios municipales, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.677-06).
Dos del señor Ministro de Obras Públicas , con los que responde sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Lagos: el primero, relativo a la reparación de la ruta que une las localidades de Huara con Colchane, y el segundo, referido a la construcción de diversas obras viales e hidráulicas en la comuna de Putre, Primera Región .
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea nuevas Salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.852-07).	Dos de la Comisión de Hacienda, recaídos en los proyectos de ley, en segundo trámite constitucional, que a continuación se indican:
1) El que modifica la ley Nº 19.712, del Deporte, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.838-04).
2) El que establece como feriado local en la comuna de Arica el día 7 de Junio de cada año (Boletín Nº 2.685-06).
Segundos informes de la Comisión de Agricultura y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas CORA (Boletín Nº 2.759-01).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Ríos y Andrés Zaldívar, en primer trámite constitucional, que deroga disposiciones de las leyes sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y de Tránsito, y concede amnistía por contravenciones basadas en pruebas provenientes de equipos de registro de infracciones (Boletín Nº 2.817-07).
Tiene la palabra el Honorable señor Romero, sobre la Cuenta.
Señor Presidente , pido a la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala, a fin de dar al proyecto que modifica el decreto ley Nº 1.757, de 1977, que otorga beneficios a los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Chile, una rápida y expedita tramitación.
En su oportunidad, solicité la creación de una comisión especial de bomberos. Sin embargo, el propio señor Presidente me ha señalado que lo importante es la oportunidad para aprobar esta iniciativa.
Entonces, si existe acuerdo en la Sala, pediría que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización lo trate con suma urgencia, con el objeto de que lo podamos conocer tanto en la Comisión como en la Sala la próxima semana.
Es muy procedente su petición, señor Senador . Se trata de un proyecto que lleva mucho tiempo en espera de ser resuelto.
Por lo tanto, si le pareciera a la Sala, podríamos encargar a la Comisión de Gobierno que en lo posible lo tratara el martes 22 en la mañana, para que pueda ser informado verbalmente a la Sala a más tardar ese día o el miércoles de la próxima semana, a fin de despacharlo antes que entremos a receso.
El señor FOXLEY.- Pido la palabra, señor Presidente.
Señor Presidente, las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo despacharon en general y en particular el proyecto de ley que crea los multifondos de pensiones y se está elaborando en este momento el informe.
En consecuencia, solicito que la iniciativa pueda ponerse en tabla para la sesión del próximo martes.
Señor Presidente , en la Cuenta hay un oficio de la Cámara de Diputados que comunica que ha dado su aprobación, con las enmiendas que señala, al proyecto de ley que introduce modificaciones al Código Procesal Penal, que tiene urgencia calificada de "suma".
Junto con algunos miembros de la Comisión de Constitución -especialmente, con el Honorable señor Viera-Gallo y el señor Ministro de Justicia -, hemos revisado las enmiendas y creemos que la iniciativa se puede aprobar prácticamente sobre tabla, porque las modificaciones son más bien de carácter formal que real, y no vale la pena que un proyecto con urgencia deba perder tiempo volviendo a la Cámara de Diputados.
Así que solicito a la Mesa que consulte el parecer de la Sala para tratarlo al comienzo de la tabla o para ver si damos por aprobadas las enmiendas de la Cámara de Diputados.
Se ha formulado una proposición.
Si le parece a la Sala, antes de entrar a analizar las materias que figuran en el Orden del Día, podríamos tratar el proyecto como si fuera de fácil despacho. Para tal efecto, el señor Presidente de la Comisión podría informarnos brevemente, y luego, procederíamos a resolver sobre él.
Conforme a lo recién acordado, corresponde tratar como si fuera de fácil despacho el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que introduce modificaciones al Código Procesal Penal, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2822-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 12ª, en 6 de noviembre de 2001.
En tercer trámite, sesión 24ª, en 16 de enero de 2002.
Constitución, sesión 16ª, en 14 de noviembre de 2001.
Sesión 17ª, en 20 de noviembre de 2001 (se aprueba en general y particular).
Señor Presidente, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al Código Procesal Penal y le introdujo algunas enmiendas más bien gramaticales que conceptuales.
Una de las modificaciones dice relación a la reparación del daño causado a la víctima. El texto despachado por el Senado establece que "El fiscal deberá, además, promover durante el curso del procedimiento la reparación del daño causado a la víctima, en los casos en que ello fuere compatible con el interés de la persecución penal.". La Cámara de Diputados, por su parte, cambió esta redacción por la siguiente: "El fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima.". Es decir, en el mismo tenor especifican lo señalado por el Senado como regla general.
En el Nº 2 se reemplaza la palabra "tal" por "tales". En el Nº 3 se sustituye la expresión "podrá exhibirse con posterioridad" por "se exhibirá posteriormente". En el Nº 4, letra a), se cambia "crimen o simple delito" por "crimen, simple delito o falta". En la letra b) del mismo número anterior se introduce una enmienda circunstancial, que no es gramatical, en el sentido de que los datos que se obtengan de las personas detenidas por delitos menores (por ejemplo, las huellas digitales), una vez acreditada su identidad, deben ser destruidos. El texto aprobado por el Senado indicaba solamente: "para fines de identificación".
Ésas son todas las enmiendas de la Cámara de Diputados, y no vale la pena que el Senado insista en mantener el texto que aprobó en el primer trámite constitucional.
Si hubiera acuerdo en la Sala, se darán por aprobadas las modificaciones introducidas a la iniciativa por la Cámara de Diputados.
--Se aprueban y queda despachado el proyecto.
Solicito autorización para que ingresen al Hemiciclo los señores Jaime Arellano, Subsecretario de Justicia , y Arturo Salah, Director de Deportes .
Señor Presidente, parece que en la tabla de hoy no figura el proyecto que cambia denominaciones a algunos grados en el Ejército.
Se encuentra en el tercer lugar de la tabla original.
De acuerdo con la facultad que me otorgaron los Comités, la Mesa entregó, posteriormente, una tabla complementaria con cuatro proyectos más.
Señor Presidente , podría indicarme cuál es la tabla de esta sesión.
El señor Secretario dará a conocer los proyectos en tabla.
En la tabla de hoy figuran los siguientes proyectos:
1.- El que declara feriado legal y regula los días de realización de censos oficiales.
2.- El iniciado en moción de los Senadores señores Horvath y Stange, que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Aisén y Coyhaique, y crea el Museo y Archivo del Explorador Augusto Grosse.
3.- El que cambia la denominación de algunos grados en el Ejército.
4.- El de la Cámara de Diputados que modifica la Ley del Deporte.
5.- El que crea nuevas Salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción.
6.- El que modifica la ley sobre condonación de deudas CORA.
7.- El iniciado en moción de los Senadores señores Ríos y Andrés Zaldívar que deroga disposiciones de las leyes sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y de Tránsito.
8.- El que declara feriado el 7 de junio de cada año en la ciudad de Arica.
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que declara feriado legal y regula los días de realización de censos oficiales, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y cuya urgencia ha sido calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2854-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 9 de enero de 2002.
Gobierno, sesión 23ª, en 15 de enero de 2002.
La Comisión señala en su informe como objetivo principal de la iniciativa declarar feriado legal el día del levantamiento de los censos oficiales -que este año se realizará el 24 de abril-, para lo cual se modifica la ley Nº 17.374, Orgánica de la Dirección de Estadísticas y Censos, facultando al Director Nacional del Instituto de Estadísticas para fijar la fecha en que se realizarán tales censos oficiales. Además, prohíbe la realización de determinadas actividades públicas el día de la encuesta censal e impone a los funcionarios de la Administración que participen en dicho acto la obligación de cumplir las funciones que se les encomienden.
El proyecto fue aprobado en general y particular, por la unanimidad de los miembros de la Comisión (Senadores señora Carmen Frei y señores Canessa, Cantero, Núñez y Prat), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, en nuestro país, los censos oficiales se realizan cada diez años, y siempre en días feriados (en mitad de semana), nunca en domingo, lo cual ha dado buen resultado.
Justamente, el proyecto tiene como objeto facilitar que el 24 de abril próximo se efectúe el censo nacional. Además, se establece que el día de la realización de la nueva encuesta censal, que se llevará a efecto en diez años más, será feriado legal, a fin de no tener que recurrir, en cada oportunidad, a la dictación de una ley especial.
Como se nos explicó ayer en la Comisión, en este censo participarán alrededor de 450 mil personas. Se ha prometido que sus resultados se conocerán, gracias a la existencia de métodos más modernos, aproximadamente, a fines del próximo año.
Asimismo, se discutió por qué esta actividad no se llevaba a cabo en día domingo y cuál era la razón para hacerlo a mitad de semana. Sobre el particular, se nos informó que resultaba más conveniente efectuarlo a mediados de semana, pues ese día se prohíbe, desde las 6 hasta las 18, el funcionamiento de restaurantes, rotiserías, supermercados, colegios, etcétera, con lo cual se logra que la gente permanezca durante ese lapso en sus casas. Y es importante que el jefe o jefa de hogar se encuentre en su domicilio, a fin de obtener datos fidedignos. De lo contrario, nada se saca con efectuar un censo mal hecho.
En cuanto al motivo para no realizarlo en domingo, se argumentó que ese día generalmente la gente desarrolla diversas actividades (deportivas, religiosas, etcétera), en las cuales le gusta participar, por lo que no se encontraría en su hogar cuando corresponda ser encuestada.
Por consiguiente, al declarar feriado legal el día del levantamiento de los censos oficiales se logra que las personas permanezcan en sus hogares y puedan cumplir con esta obligación de todos los chilenos, lo cual permitirá obtener una serie de antecedentes necesarios.
Desgraciadamente, en nuestro país, como todavía no contamos con todos los sistemas electrónicos, de computación, etcétera, necesarios ni tenemos la tecnología adecuada, no se pueden conocer los resultados en un par de horas o en algunos días. Nos explicaron que, aun cuando ha habido avance tecnológico al respecto, todavía es insuficiente y debemos actuar como se señala en el proyecto.
Éste consta de un solo artículo, y su urgencia ha sido calificada de "suma", a fin de despacharlo rápidamente y comenzar a preparar este censo.
Por último, la iniciativa no pasó por la Comisión de Hacienda, ya que no irroga gasto alguno al erario.
Señor Presidente, quiero plantear un problema con relación al censo, a las instrucciones y al proyecto en discusión.
El asunto tiene que ver con un artículo que apareció recientemente en la prensa, que puede ser una campana de alerta.
El artículo único propone, entre otros, un nuevo artículo 45 a la ley Nº17.374, en el que se establece claramente que hay obligaciones precisas para los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado que tomen parte en este censo. Señala textualmente: "Todos los funcionarios y personal de los órganos de la Administración del Estado, que directa o indirectamente tengan alguna participación en el levantamiento censal, estarán obligados a cumplir con las funciones que le sean encomendadas para tal efecto.".
Sin embargo, tal precepto nada establece respecto de situaciones conocidas por la opinión pública, en las que quien hace la encuesta censal, sea funcionario del Estado o voluntario, puede inducir a los censados a contestar de determinada forma las preguntas del cuestionario.
Por eso, sugiero decir, más o menos -y este punto podríamos resolverlo con suma rapidez, si así lo estimare la Sala-, que "estos funcionarios en ningún caso podrán inducir a que, en alguna medida, se den respuestas determinadas". Se trata nada más que de aclarar una posibilidad que lamentablemente surgió ante la opinión pública y que sería bueno evitar.
Señor Presidente , quiero hacer dos referencias a esta materia.
Estoy de acuerdo con la forma como está propuesta la iniciativa. Y deseo manifestar, en virtud de lo que acabo de escuchar al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, que en este país hay una larga tradición respecto del manejo de nuestros datos estadísticos. Los censos en Chile han sido siempre serios y creíbles, y no me parece posible que, sobre la base de la manipulación de la información censal, alguien pretenda fines ajenos a los que específicamente se persiguen con tal proceso.
Por tanto, discrepo de afirmaciones como la que recién escuchamos. Y considero que no sería bueno que quedase la impresión en este Senado de que estamos preparando un censo con un sesgo de determinada naturaleza.
Mi segunda observación se relaciona con la fijación automática del censo cada diez años. Y, al respecto, sólo haré una sugerencia.
Sé que estamos muy lejos del próximo censo, pero propongo no practicarlo ni lunes ni viernes, sino a mediados de semana. De otra manera, si ese feriado se acopla a los fines de semana, vamos a crear un mecanismo desincentivador para que la gente permanezca en sus casas.
Señor Presidente , precisamente se ha recogido el planteamiento del Senador señor Moreno , en el sentido de efectuar el censo en día miércoles.
Por otro lado, me parece que no hay que confundir una encuesta electoral con un censo nacional. Nadie puede inducir a una persona a informar sobre cuestiones distintas de las que normalmente se incluyen en un censo. No se consulta por tal o cual candidato, sino por datos personales. Si, por ejemplo, una persona es católica, nadie podría inducirla a decir que es protestante, porque sería absurdo.
Ayer estuvimos viendo las cartillas de los censos, y en ninguna parte se induce a que alguien, si es atacameño o aimara, diga que es chileno.
Chileno aimara.
Por supuesto: chileno aimara.
Los censos están muy bien planificados, señor Presidente . Como se hacen cada diez años, se han pensado adecuadamente las preguntas que deben formularse, los datos que hay que censar y lo que el país necesita saber para completar sus estadísticas.
Por tanto, concuerdo con el Honorable señor Moreno en cuanto a que es improcedente sostener que los censos adolecen de deficiencias.
Me parece que existe acuerdo para aprobar la iniciativa.
Y respecto de las aprensiones del Senador señor Martínez , Su Señoría podría solicitar transmitirlas al Ministro correspondiente.
¿Un oficio de la Sala?
Un oficio del Honorable señor Martínez , con las firmas de quienes deseen adherir.
Un oficio del Senador señor Martínez , pero no de la Sala.
De la Sala, no, porque yo no tengo dudas al respecto.
Se enviaría un oficio en nombre del Senador señor Martínez , con las firmas de quienes deseen adherir.
--Se aprueba el proyecto en general y particular.
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath y Stange, que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Aisén y Coyhaique y crea el Museo y Archivo del Explorador Augusto Grosse.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2157-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Horvath y Stange).
En tercer trámite, sesión 23ª, en 15 de enero de 2002.
Educación (nuevo), sesión 27ª, en 1 de septiembre de 1999.
Sesiones 18ª, en 3 de agosto (queda para segunda discusión); 19ª, en 4 de agosto de 1999 (vuelve a Comisión para nuevo informe, junto con proyecto 2156-04); 27ª, en 1 de septiembre de 1999 (se aprueba en general y particular).
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo modificaciones a los artículos 4º, 5º, 6º y 8º del proyecto despachado por el Senado.
La Secretaría elaboró un texto comparado de dos columnas que consigna el proyecto aprobado por esta Corporación y las enmiendas que propone la Cámara Baja.
En discusión las modificaciones sugeridas por la Cámara de Diputados.
Corresponde tratar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que reemplaza, en los textos legales que indica, las expresiones "Teniente General", "Mayor General" y "Brigadier General" por "General de Ejército", "General de División" y "General de Brigada", respectivamente, con informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2718-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 21ª, en 8 de enero de 2002.
Defensa, sesión 23ª, en 15 de enero de 2002.
La Comisión de Defensa Nacional fue autorizada por la Sala del Senado, en sesión de 9 del mes en curso, para discutir la iniciativa en general y particular en el primer informe.
El objetivo del proyecto es modificar las denominaciones de los grados de los Oficiales Generales del Ejército para retornar a las que tuvieron tradicionalmente.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros (Honorables señores Canessa, Fernández, Gazmuri, Lagos y Adolfo Zaldívar), aprobó en general y particular el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que el artículo 1º debe ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional, esto es, con los votos conformes de 27 señores Senadores.
Señor Presidente, el proyecto es muy simple. Básicamente, cambia las denominaciones de los grados de los Oficiales Generales del Ejército, volviendo a las usadas tradicionalmente: Teniente General -en la actualidad la ostenta sólo el Comandante en Jefe- por General de Ejército; Mayor General por General de División, y Brigadier General por General de Brigada.
La iniciativa fue aprobada unánimemente en la Comisión, por lo que recomiendo a la Sala aprobarla también.
Se planteó en la Comisión de Defensa, no una discusión, sino una consulta respecto de la denominación de los oficiales en retiro que tienen los grados que se suprimen, precisándose que se mantenían sus actuales denominaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, un grupo de Senadores me sugirió la posibilidad de presentar una indicación para explicitar esa situación en la ley en proyecto. Como comparto esa idea, propongo a la Sala aprobar una indicación que diga que "los Oficiales Generales en retiro que a la fecha de la promulgación de esta ley ostentaren el grado y la denominación anterior conservarán dicha jerarquía y denominación".
Se trata de algo más bien honorífico, que no tiene consecuencias de otro tipo. A mi juicio, es razonable. Por tanto, como Presidente de la Comisión de Defensa , propongo aprobar la indicación.
Se me consultó, por si surgiera el tema en la Sala, qué pasaría con el grado que no se menciona en el proyecto, cual es el de Capitán General, que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas estableció solamente para el Comandante en Jefe del Ejército señor Pinochet . Por consiguiente, ese grado desapareció en el momento en que el señor Pinochet dejó de ser Comandante en Jefe.
El artículo pertinente dice -le doy lectura para que lo conozcan los señores Senadores-: "El actual Comandante en Jefe del Ejército ," -se refiere al titular de la Comandancia en Jefe en el momento de la dictación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en 1989- "mientras desempeñe tales funciones, tendrá la denominación de Capitán General.". Por ende, esta denominación nunca más fue utilizada. No existe otro Oficial General que la haya tenido o la tenga.
Señor Presidente , no me parece necesaria la indicación propuesta, porque la ley en proyecto, como rige para el futuro, no puede expropiar de su título a quienes ya lo tienen, o sea, a los Oficiales Generales en retiro.
Entonces, la indicación que leyó el Senador señor Gazmuri es redundante.
Señor Presidente , estoy de acuerdo con lo planteado por el Senador señor Viera-Gallo . Creo que mantener dentro de la ley una situación como ésa, cuando tácitamente se entiende que las denominaciones en comento han sido reemplazadas por las tradicionales, implica, yo no diría un agravio, pero sí una posición muy incómoda para otras ramas de las Fuerzas Armadas, como la Fuerza Aérea, donde los nombres pertinentes no han sido usados en la práctica, lo cual crea algo bastante anómalo.
En consecuencia, estoy por aprobar el proyecto tal como viene de la Comisión de Defensa, sin la indicación sugerida.
Señor Presidente, quiero entregar una información clara y precisa.
Las denominaciones en cuestión, vigentes hasta el momento -aún no se publica la ley en proyecto-, fueron exclusivamente para determinados ciudadanos chilenos que estaban sirviendo en las filas del Ejército. No existe ninguna situación diferente que afecte a otras instituciones en tal sentido.
Es importante establecer eso. Aquí está presente un elemento que en la práctica produce y producirá efectos distintos en aspectos protocolares internos y otras situaciones de tal índole.
Lo único que pretende la indicación es reafirmar una situación que, si bien en Derecho Público está clara, se plantea en consideración a personas retiradas que en servicio activo ostentaron los títulos referidos. No hay otro propósito. Se trata sólo de un aspecto de carácter honorífico, tal como lo señaló el Senador señor Gazmuri .
Señor Presidente , recogiendo lo señalado por el Senador señor Martínez , creo que podría dejarse constancia en la Versión Taquigráfica, para los efectos de la historia fidedigna de la ley en proyecto, de que el sentido de la indicación es que las personas que ostentaron cargos cuyas denominaciones ahora se modifican continuarán manteniendo éstas y que la enmienda regirá sólo para el futuro.
Corresponde primero pronunciarse sobre la idea de legislar. Después veremos la indicación, con la sugerencia hecha por el Senador señor Fernández.
Si le parece al Senado, se aprobará la idea de legislar.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que votaron favorablemente 34 señores Senadores.
Con respecto a la indicación planteada, ¿habría acuerdo para retirarla y dejar la constancia señalada por el Senador señor Fernández, recogiendo lo planteado tanto por el Honorable señor Martínez como por el Presidente de la Comisión , Senador señor Gazmuri?
No doy mi voto ni para la indicación ni para la constancia.
Con el voto en contra del Senador señor Lavandero.
El Comité Renovación Nacional está de acuerdo.
Toda la Sala lo está.
--Se retira la indicación y, con el voto en contra del Senador señor Lavandero, se deja la constancia planteada por el Honorable señor Fernández.
--Consecuencialmente, el proyecto queda aprobado también en particular.
Corresponde discutir el proyecto, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de "suma", que modifica la ley Nº 19.712, del Deporte, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2838-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 15 de enero de 2002.
Hacienda, sesión 24ª, en 16 de enero de 2002.
El objetivo principal del proyecto es clarificar la situación laboral de los trabajadores que actualmente se desempeñan en los Consejos Provinciales de Deportes, una vez que tales organismos se extingan o liquiden, como lo dispone la ley Nº 19.172, para lo cual precisa el derecho a indemnización de los trabajadores que resulten seleccionados para integrar la planta del Instituto Nacional del Deporte; amplía el plazo para la liquidación y extinción de los Consejos Provinciales de Deportes; extiende el plazo para que el referido Instituto y el Ministerio Secretaría General de Gobierno efectúen una evaluación de la planta y las normas de gestión del personal; faculta al Director del Instituto para finiquitar los contratos de trabajo y pagar las indemnizaciones que corresponda, y establece que el Director de este organismo puede actuar con las atribuciones de los Subsecretarios.
La iniciativa fue analizada por la Comisión de Hacienda, que la aprobó en general por tres votos a favor (Honorables señores Bitar, Boeninger y Foxley) y dos abstenciones (Senadores señora Matthei y señor Prat).
En cuanto a la discusión particular, dicho organismo técnico examinó las disposiciones de su competencia, esto es, los números 2 y 4 del artículo único y el artículo transitorio. El número 2 resultó aprobado por tres votos a favor (Honorables señores Bitar, Boeninger y Foxley) y dos en contra (Senadores señora Matthei y señor Prat). El número 4 y el artículo transitorio fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión (Senadores señora Matthei y señores Bitar, Boeninger, Foxley y Prat).
En consecuencia, la Comisión de Hacienda propone a la Sala la aprobación del proyecto de ley en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Honorable señor Foxley.
Señor Presidente , este proyecto fue tratado esta mañana por la Comisión de Hacienda, que acordó dar un informe verbal a la Sala, lo que haré muy rápidamente.
Se trata de asegurar una adecuada transición entre la antigua estructura de la DIGEDER y la nueva del Instituto Nacional del Deportes; de dar cuenta de situaciones que no estaban suficientemente clarificadas respecto del status de los trabajadores que, perteneciendo a esa Dirección, pudieran incorporarse o no a dicho Instituto; y, en particular, de aclarar el problema de las indemnizaciones en el sentido de si el hecho de pasar de una institución a la otra permite al trabajador respectivo mantener el derecho acumulado a ellas y cobrarlas al retirarse del Instituto Nacional del Deporte, o si alternativamente, de no ingresar la persona a esta entidad, tiene la posibilidad de cobrar el monto correspondiente al momento de ser separada de su cargo en el Consejo Provincial.
El proyecto clarifica tales situaciones; establece la continuidad de la indemnización, y dispone que si el trabajador pasa de una entidad a otra podrá hacer uso de tal beneficio al momento de retirarse del Instituto Nacional del Deporte, o alternativamente, si no queda en la planta de éste o no es contratado, será sujeto de indemnización inmediatamente.
Asimismo, la iniciativa prorroga hasta fines del presente año la vigencia de los Consejos Provinciales de Deportes, para permitir exactamente la adecuación de plantas y la extinción gradual de cargos del personal que no quede incorporado a la nueva institución.
También hay temas menores respecto del plazo para efectuar una evaluación cuidadosa de la planta de reemplazo, cuyas funciones y lógica son nuevas. Se proponen dos años, en vez de uno, modificando la normativa vigente al respecto. Y se dispone que el director del Instituto podrá actuar como ministro de fe en la constitución de organizaciones deportivas.
La Comisión de Hacienda aprobó en general el proyecto por tres votos a favor y dos abstenciones.
Señor Presidente , por desgracia, nos hemos ido acostumbrando a que la ley pareja es dura. Acá se dictan leyes que se aplican con mucho celo al sector privado, pero cuando se trata del público, se dictan otras para que el Estado no tenga que pagar lo mismo que le correspondería, en iguales condiciones, a un empresario privado.
En el caso en análisis, se está ante el término de una institución que se regía por el Código del Trabajo. En tal circunstancia, se deben pagar indemnizaciones. ¡Y hacerlo ahora! Pero aquí se propone una iniciativa de ley para que ello ocurra en cinco, diez, quince, veinte o veinticinco años más, cuando el trabajador se desvincule del Instituto Nacional del Deportes, porque, si bien la separación de la DIGEDER se produce hoy día, le van a pagar la indemnización cuando se retire del nuevo organismo, lo que puede ocurrir en veinticinco años más. En dicha situación, al menos debería pagarse intereses, porque Sus Señorías comprenderán que no es lo mismo contar con plata ahora y depositarla a intereses a veinticinco años plazo que recibirla al término de ese lapso y solamente con reajuste. Me parece injusto y no razonable.
¿Cómo se aplicaría esta norma en el caso de quienes se rigen por el Código del Trabajo? Primero, no se estaría dictando una ley que obligue a los trabajadores a aceptar esta solución. Si alguien cesa en sus funciones en una empresa y quiere contratarse en otra, puede llegar a acuerdo con el empleador -es voluntario-, para postergar el pago de indemnizaciones. Aquí, en cambio, se lo obliga por ley. Y, de haber acuerdo, la indemnización se calcularía, en el caso de la empresa privada, al tenor de la situación general del Código del Trabajo, conforme a la última remuneración y no a la que recibió al momento de cesar en sus funciones. Obviamente, aquélla puede ser bastante más alta que ésta, calculada en UF y sólo con reajuste, que fue el último sueldo que obtuvo en la DIGEDER.
Creo que basta ya de aplicar una misma ley, con todo tipo de excepciones, cuando el que sufre sus efectos es el Estado, en circunstancias de que, tratándose del privado, es objeto de todo tipo de sanciones, o se lo lleva a los tribunales, o se le aplican multas proporcionales al número de trabajadores por empresa.
Los funcionarios de la DIGEDER se regían por el Código del Trabajo y, por lo tanto, debe aplicárseles estrictamente lo consignado en él. La ley en proyecto beneficiará al Estado, en desmedro de los trabajadores de aquel organismo.
Por tal razón, me abstendré o votaré en contra de la idea de legislar. Obviamente, deseo que la iniciativa se despache, porque peor es nada. Pero llamo la atención del Senado acerca del hecho de que el Estado siempre es avaro con los trabajadores y, en cambio, es muy exigente cuando la misma ley debe aplicarse a la empresa privada.
Los trabajadores de la DIGEDER han sido enormemente perjudicados. Ellos entienden que se les debe indemnizar ahora, tal cual lo estipula el Código del Trabajo. Y si desean llegar a acuerdo con la nueva institución deportiva, debiera ser voluntario y no impuesto por ley. Además, saben que, de ocurrir esto último, la indemnización se les debería pagar al final, pero calculada sobre la última remuneración y no conforme a la recibida al momento del cese de servicios. Eso es lo que dice estrictamente la iniciativa.
Me pregunto por qué la ley se aplica a los privados y no al Estado.
Espero que el proyecto se apruebe, porque es mejor que nada. De lo contrario, se quedarán sin indemnización. Pero es lo más injusto que hay, y estamos cansados del doble estándar cuando las leyes se deben aplicar al Estado.
Señor Presidente , sin entrar en mayor profundidad, comparto la inquietud de la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, porque evidentemente se está ante una discriminación en favor del Estado.
Deseo formular una consulta al señor Presidente de la Comisión de Hacienda , al señor Ministro Secretario General de Gobierno o al señor Director del Instituto Nacional de Deportes . Mi inquietud se refiere a que se están traspasando trabajadores regidos por el Código del Trabajo a una repartición donde tendrán carácter de servidores públicos. Y no puedo olvidar lo que sucedió con los profesores: cuando pasaron del sistema central al municipal, se firmó el finiquito con los que se iban, pero buen número de ellos permanecieron en sus puestos. Ello dio origen a gran cantidad de juicios para exigir la indemnización correspondiente al cambio de sistema. ¿En este caso puede ocurrir lo mismo con los trabajadores regidos por el Código del Trabajo que seguirán en funciones pero con otro sistema? Ignoro si la Comisión de Hacienda o las autoridades respectivas han considerado esta situación.
Señor Presidente , creo que se ha clarificado el problema en la Sala. Pero me asalta la duda en cuanto a que el proyecto sea constitucional, porque el derecho a indemnización no es una mera expectativa, sino que el trabajador tiene incorporado en su patrimonio el derecho a percibirla. De otro modo simplemente bastaría dictar una ley que borrara los derechos de los trabajadores, sean públicos o privados, como si no constituyeran parte de su patrimonio.
Por lo tanto, estamos ante una ley expropiatoria, y siéndolo, daría lugar a indemnización. Entonces, volvemos a fojas cero. Porque si se va a indemnizar por quitar una indemnización, más vale pagarla directamente. En ese sentido, por lo menos deseo hacer reserva de constitucionalidad, pues, de aprobarse esta normativa, se entablaran los pleitos a que se refirió el Senador señor Muñoz Barra .
Señor Presidente, es conveniente dejar constancia de algunos hechos que hay detrás de la presentación de este proyecto.
En primer lugar, la ley anterior no fue bien escrita y salió con un problema que generó un conflicto que derivó en movimientos, en huelgas de los funcionarios y en situaciones de tensión que obligaron al Gobierno a constituir una mesa de trabajo con representación de los trabajadores y personeros de la Secretaría General de Gobierno. Varios Senadores aquí presentes fuimos conminados por representantes laborales de distintas Regiones con el objeto de que nos hiciéramos cargo de esas peticiones. Fue una tarea laboriosa.
Deseo preguntar a los miembros de la Comisión si antes del despacho del texto que nos ocupa escucharon los argumentos de los dirigentes gremiales, es decir, si conocieron sus opiniones.
A diferencia de lo señalado, esta iniciativa no es para defender al Estado, porque si así fuera, estaríamos equivocados. No se pretende hacer diferencias entre los sectores público y privado respecto de la aplicación de leyes laborales. Este proyecto, a mi entender, se presenta para defender el derecho de los trabajadores. Y si no los interpreta correctamente, que se diga así. Porque no puedo aceptar el argumento en cuanto a que se está dictando una ley para proveer una especie de cúpula de protección a funcionarios del Estado que no cumplan con determinados derechos.
El Senador señor Foxley me solicita una interrupción, y se la concedo, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente, contesto la consulta del Honorable señor Moreno.
En mi calidad de titular de la Comisión de Hacienda , se me solicitó que me reuniera con los dirigentes de los trabajadores potencialmente involucrados en la situación, lo que hice ayer. Sostuvimos una larga conversación en la cual hicieron presente su total satisfacción con el proyecto presentado en el Senado y me pidieron no sólo respaldarlo, sino también aprobarlo lo más rápido posible.
Aparte de ratificar lo expresado por el Senador señor Foxley , debo señalar que yo también me entrevisté con esos dirigentes y me manifestaron lo mismo, es decir, su interés por el pronto despacho de esta iniciativa. Conforme a la facultad que se me confirió, y como tenía urgencia, la agregué en la tabla de hoy.
Las explicaciones tanto del Presidente de la Comisión como del señor Presidente del Senado creo que son suficientes constancias, porque no veo mencionada en el informe la presencia de esos trabajadores.
Por lo tanto, si los trabajadores fueron escuchados por quienes los representamos en las Regiones, yo me pronunciaré a favor de la iniciativa. Pero quiero dejar en claro que aquí no se puede generar la imagen de que el proyecto está contra dichos trabajadores y de que, en el fondo, se pretende respaldar al Estado en una situación que debía ser reparada, porque la ley original salió mal redactada.
Señor Presidente , me parece que, al contrario de lo señalado, el proyecto reconoce precisamente el derecho a indemnización de los trabajadores que dejarían de pertenecer a los Consejos Provinciales de Deportes de cada una de las Regiones, quienes no tenían derecho a percibir tal beneficio. También quedan protegidos quienes continúen prestando servicios en el Instituto Nacional de Deportes. En el sector privado, cuando se vende una empresa, los nuevos empleadores reconocen el derecho a indemnización de los trabajadores y, seguramente, se las paga más adelante.
Pero según el último sueldo.
Lo mismo sucede aquí. A quienes se desvinculen del nuevo organismo la indemnización se pagará en forma inmediata. Eso ocurre permanentemente en el sector privado. Acabo de ver un documento de una empresa que señala que las indemnizaciones serán de cargo del comprador, quien reconoce tal derecho desde la fecha de ingreso de los trabajadores a la empresa. Se trata de una situación muy normal en la actividad privada, y me parece que también debería serlo en este caso, donde ese derecho se reconoce por ley.
Señor Presidente, en el mismo sentido de lo que acaba de expresar el Honorable señor Sabag , quiero señalar que la Ley del Deporte en su artículo 5º transitorio dice expresamente que a los trabajadores de los Consejos Provinciales de Deportes que ingresen a la nueva planta del Instituto Nacional de Deportes se les reconoce su derecho a indemnización por años de servicio, la que se pagaría una vez que se desvincularan del nuevo organismo.
El concepto que sustenta la norma es la continuidad y, para que ésta exista, debe entenderse que se trata de la misma entidad.
En segundo lugar, no hay ninguna discriminación en contra de los trabajadores, sino que la redacción de las causales para hacer eficaz su derecho a indemnización quedó poco clara en la Ley de Deportes. Y eso lo que resuelve este proyecto.
En definitiva, esa es la razón obvia por la cual los propios trabajadores -como señaló el señor Presidente y el Honorable señor Foxley - entienden que se les está resolviendo un problema, pues no estaban seguros de que en algún momento tendrían derecho a indemnización.
Señor Presidente, yo también me entrevisté con los trabajadores y es cierto que desean una rápida aprobación del proyecto; pero igualmente saben que, para ello, debieron ceder cualquier cantidad de derechos.
Lo ahora propuesto no es lo que habrían obtenido de aplicarse estrictamente el Código Laboral. La Dirección del Trabajo no habría permitido una situación como la descrita si se tratara de una empresa privada. Si hay solución de continuidad, entonces el monto de la indemnización no se calcularía sobre la base del último sueldo expresado en UF, sino conforme a la última remuneración obtenida al momento de dejar de pertenecer al Instituto, es decir, en 10, 15 ó 20 años más. Por lo tanto, ese sueldo podría tener reajustes reales que en la iniciativa no se incluyen.
En segundo lugar, en esta situación el Código del Trabajo establece que se trata de un acuerdo voluntario entre las partes. Sin embargo, aquí lo imponemos por ley.
Los trabajadores desean la aprobación del proyecto, porque es mejor que nada. Pero es injusto. La solución propuesta jamás habría sido aceptada por la Dirección del Trabajo si se tratara de una empresa privada.
En consecuencia, yo sostengo -y lo reitero- que en este caso el problema se ha resuelto de una manera que beneficia al Fisco en desmedro de los trabajadores pertenecientes a los Consejos Provinciales de Deportes.
Señor Presidente , creo que se incurre en un lamentable error de conceptos que está oscureciendo el juicio de muchos señores Senadores a la hora de adoptar una decisión.
Lo que la Ley del Deporte hizo fue suprimir instituciones actualmente existentes, que son los llamados Consejos Locales de Deportes. Como consecuencia de lo anterior, la relación laboral de quienes prestaban servicios en esos organismos termina; pero lo hace en virtud de una disposición legal producto de la desaparición de las referidas entidades, si se quiere, por razones de fuerza mayor.
Por lo tanto, si se aplica la legislación laboral en un caso semejante, no cabe indemnización. No se trata de un problema de necesidades de funcionamiento de la empresa. Eso supone siempre la existencia y la continuidad en el giro y en las actividades de la propia empresa.
Por ello, el proyecto crea una indemnización ante una circunstancia en que legalmente no procede. En definitiva, se hace cargo, con justicia, de un problema social real de esos trabajadores, para los cuales, en primer lugar, deja abierta la posibilidad de incorporarse a la nueva institución denominada CHILEDEPORTES y, para aquellos que no continúen, establece el pago de una indemnización en forma inmediata.
No se trata, en consecuencia, de una ley expropiatoria, de una normativa que cambia las reglas del juego a los trabajadores, sino que, por el contrario, de una que se hace cargo del problema generado a raíz de la decisión política adoptada en su momento.
Señor Presidente, votaré a favor del proyecto, porque, aun cuando estimo que los trabajadores no habrían perdido el derecho a indemnización si se regían por el Código del Trabajo, no es posible dictar una normativa -como muy bien dijo el Senador señor Viera-Gallo - para eliminar un derecho que, además, es irrenunciable.
Por lo tanto, aquí el problema es otro.
Quiero plantear con mucha claridad que todos esos trabajadores podrían haber sido despedidos producto de la aplicación de la ley, perdiendo su fuente de trabajo.
Pero con indemnización.
El señor RUIZ .-
Tal situación no tiene nada que ver con lo que pasa en el sector privado, que echa trabajadores todos los días y no les paga indemnizaciones, y éstos deben contratar abogados para defenderse. Pasan años en los tribunales tratando de que se les pague y, al final, se ven obligados a pactar con la empresa una indemnización menor para poder recibir algo. Pero no recuperan su fuente de trabajo.
Sin embargo, la normativa propuesta regula la situación de quienes continúen trabajando, a los que además el Estado reconoce una indemnización por años de servicio fijada en unidades de fomento. No es que estén perdiendo plata, pues ese beneficio se actualiza conforme a la UF. Y no se les podría pagar indemnizaciones en 10 años más, porque ahora formarán parte de un sistema donde tendrán estabilidad en sus puestos de trabajo y se regirán por normas distintas de las del resto de los funcionarios públicos.
Como los argumentos que impugnan el proyecto no tienen ninguna consistencia, lo votaré favorablemente.
Señor Presidente, el problema radica en algo que planteó el Honorable señor Boeninger .
Aquí terminó su existencia jurídica la Dirección General de Deportes, que no contrataba personal por sí misma, sino a través de los Consejos Provinciales de Deportes.
En consecuencia, mediante la ley en proyecto se trata de regular la continuidad jurídica de la Dirección General de Deportes y Recreación, hoy día Instituto Nacional de Deportes de Chile, tanto en la situación de sus bienes patrimoniales como en la vinculada a los trabajadores.
En lo que dice relación a los bienes, la solución es más simple, porque en parte figuran a nombre de la DIGEDER y, por ende, la continuidad jurídica será más fácil.
Pero el caso de los trabajadores es diferente, porque quizás una buena cantidad de ellos fue contratada por entes privados: los Consejos Provinciales de Deportes. Y con esta normativa se pretende garantizarles un derecho fundamental, la indemnización por años de servicios, o, más bien, asegurarles que no pierdan los años servidos. Es decir, mediante esta iniciativa los trabajadores quedarán más protegidos -protegidos de verdad-, porque el Instituto Nacional de Deportes será el que en definitiva deberá responder.
Por eso, señor Presidente, creo conveniente, por el interés de los trabajadores y por el de Chiledeportes, aprobar este proyecto a fin de regularizar algo muy importante para aquéllos: su derecho previsional.
Deseo dejar una constancia para evitar que haya problemas.
El acuerdo logrado con los trabajadores -según lo expresaron éstos- es absolutamente voluntario y no ha habido imposición alguna en tal sentido. Tan así es que ellos mismos me han solicitado el despacho de esta iniciativa legal. De modo que en esto no observo ningún problema de coerción. Por lo demás -como muy bien se ha dicho acá-, en el sector privado muchas veces se negocian incluso las indemnizaciones cuando surgen discusiones acerca de qué montos proceden o no proceden.
Ése es un tema que, a mi modo de ver, estaría también salvado.
En todo caso, la Mesa dejará constancia del reclamo de constitucionalidad formulado por el Senador señor Viera-Gallo.
--Se aprueba en general y particular el proyecto, con la abstención de la Honorable señora Matthei, y queda despachado en este trámite.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea nuevas salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2852-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Constitución, sesión 24ª, en 16 de enero de 2002.
El Ejecutivo hizo presente la simple urgencia para el despacho del proyecto. Su objetivo principal es crear en el Poder Judicial los cargos necesarios para el funcionamiento de dos nuevas salas en la Corte de Apelaciones de Santiago y una en las de San Miguel, Valparaíso y Concepción.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento fue autorizada por la Sala, de conformidad con lo prescrito en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento de la Corporación, para discutir en general y particular el proyecto con motivo del primer informe, y lo aprobó en igual forma por la unanimidad de sus miembros (Honorables señores Chadwick, Díez, Hamilton, Silva y Zurita).
Por su parte, la Comisión de Hacienda también lo aprobó en general y particular, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Matthei y señores Bitar, Boeninger, Foxley y Prat), en los mismos términos en que lo hizo la de Constitución.
Cabe destacar que la totalidad de los artículos permanentes deben ser aprobados con quórum orgánico constitucional, requiriendo, en consecuencia, el voto conforme de 27 señores Senadores.
Señor Presidente , en reemplazo del Presidente de la Comisión de Constitución, que no se encuentra en la Sala, me permito informar de manera muy breve este proyecto, el que -como dijo el señor Secretario - fue aprobado por la unanimidad de los miembros de aquélla.
Dicho órgano técnico aprobó en forma unánime la iniciativa porque ponderó en plenitud su finalidad, que es crear dos nuevas salas en la Corte de Apelaciones de Santiago y una en las de San Miguel, Valparaíso y Concepción. Esto significa el surgimiento de quince plazas de ministros de cortes, y obedece al aumento de trabajo, perfectamente comprobado, en cada una de ellas.
Como seguramente lo debe haber analizado también la Comisión de Hacienda, el proyecto se encuentra plenamente financiado.
Por tales razones, señor Presidente , la Comisión de Constitución procedió a aprobarlo por unanimidad.
Es evidente que cualquier apoyo que pueda prestarse a los tribunales de justicia es muy importante, sobre todo por tratarse de un área donde, sin duda alguna, tenemos un buen Ministro -lo digo no porque él esté presente-, pero en la que de pronto el tema de la aplicación de justicia se ha ido debilitando debido a una serie de situaciones complejas.
Son miles las causas que están pendientes en las distintas cortes de apelaciones, y hay otras tantas en los tribunales. De modo que la creación de nuevas salas resulta, ciertamente, muy necesaria.
¿Cuál es mi inquietud al respecto, señor Presidente ? He observado -y esto se lo comenté al señor Ministro - que en la creación de salas se ha seguido un criterio centralista. Digo esto porque existe la necesidad de extender las cortes de apelaciones a otras zonas del país. En el caso de la provincia de Valparaíso, me parece que habría sido útil crear una corte en Quillota, por ejemplo, o bien en un lugar que descentralice más los distintos juzgados que recurren a la apelación en la Quinta Región.
La nueva sala para la Corte de Apelaciones de Concepción ayuda a resolver un caso de centralización extrema en la Octava Región, mientras a lo mejor la de Chillán está en condiciones de tener una sala más, o bien, se puede crear la corte de apelaciones de Los Ángeles, donde los tribunales envían más de 7 mil causas a la de Concepción. En efecto, si se observa el número de causas que hay en cada una de esas Cortes, se hace evidente la necesidad de contar con una en Los Ángeles.
El señor Ministro ha señalado estar consciente de ese problema, y ha comprometido una presentación más global y formal de una estructura que permita mayor participación a los ciudadanos en las funciones propias de la aplicación de justicia.
Por otro lado, en la Corte de Apelaciones de San Miguel se está creando una sala más. Sin embargo, quizás habría sido bueno instalar una en San Bernardo.
No es posible que se continúe centralizando, porque eso produce daño, representa un costo mayor, se tornan más complejas las estructuras de los edificios que albergan a las distintas salas y el ciudadano tiene más dificultades para actuar en ellas, porque es multitudinaria la presencia de las personas, en fin.
Señor Presidente , el Senador señor Zurita me está pidiendo una interrupción, y se la concedo con la venia de la Mesa.
Las ideas expuestas por el señor Senador son todas muy buenas, pero resulta que el sistema tendiente a aumentar el personal de las cortes no siempre ha sido así.
Cuando comencé a ejercer como abogado, la Corte de Apelaciones de Santiago llegaba hasta la quinta sala, y no existían la Cortes de San Miguel, de Rancagua, de Copiapó, de Antofagasta, de Arica, ni de Punta Arenas. O sea, en cincuenta años se ha producido ese aumento.
Así como Su Señoría desea una corte en Quillota, Limache y Casablanca, pienso que lo ideal sería crear cuatro en Santiago -es lo que hemos estado pidiendo por muchos años quienes fuimos ministros- pues, como se trata de una ciudad muy grande, la única manera de que haya una aplicación de justicia cómoda para todos es instalando cortes en los sectores oriente, poniente, norte y sur.
Pero, mientras tanto, escuchemos lo que dice el Ministro de Justicia con motivo de estos proyectos: "¡Tranquilos! No alcanza para más. No podemos construir un nuevo edificio para otra corte, sino que coloquemos más gente en el mismo recinto". Sin embargo, no sé si caben más personas ahí.
Después señala: "No olvidemos que viene el juicio oral y que no necesitaremos tanta corte". ¡Mentira! Porque para el juicio oral se requieren las mismas cortes o, incluso, más.
Deseaba hacer la aclaración porque, debido a la loca geografía del país, cuesta mucho llenarlo de punta a punta con cortes, como quisiéramos.
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Ríos.
Deseo aclarar a Su Señoría, a propósito del ejemplo que señalé sobre Quillota , que no estoy proponiendo la instalación de cortes en Casablanca, Limache, Villa Alemana , en fin.
Efectivamente, se han ido creando Cortes de Apelaciones. Y eso está bien. Lo que ocurre ahora es que, ante la alternativa de aumentar en cinco el número de Salas, era el momento oportuno para pensar en crear 4 ó 5 tribunales de alzada adicionales. Ello, porque también debe considerarse el problema físico de los edificios. Ya el propio Senador señor Zurita ha dicho: "No sé si va a caber más gente en los que hoy día existen".
Además, debe tenerse en cuenta la dificultad de traslado de las personas. En la Corte de Apelaciones de Concepción hay 7 mil causas provenientes de los juzgados de Los Ángeles. Eso significa que los interesados deben ir a revisar sus procesos a 130 kilómetros de distancia. Una sociedad moderna, donde existen opciones para administrar mejor los distintos campos de la institucionalidad del país, debe preocuparse de estas cosas.
Anticipo que votaré a favor la iniciativa, cuya aprobación seguramente será unánime. Sin embargo, reitero que es preciso descentralizar las actuales instancias de justicia. Hay que comenzar por no centralizar más y disponer la existencia de otras Cortes de Apelaciones en los lugares que lo requieren.
Señor Presidente , el Senador señor Ríos tiene toda la razón. En el ámbito de lo que actualmente existe, las Cortes de Apelaciones están concentradas en distintos lugares. Tan es así que, según las estadísticas de que disponemos, entre aquellas donde proponemos aumentar el número de Ministros figura la de Santiago , a la cual ingresaron 106 mil 946 causas en el año 2000. Y hace más de 20 años que dicho tribunal tiene la misma cantidad de Ministros, a pesar de que permanentemente se incrementan los casos que debe resolver.
Nuestra intención es presentar un proyecto orgánico en el cual se contemplen las estructuras y los recursos necesarios para cumplir uno de los objetivos señalados por el señor Senador mencionado, que hizo presente también el Honorable señor Romero : la necesidad de que en aquellas partes -entre ellas, la Octava Región- del territorio con gran densidad de población existan Cortes de Apelaciones. Y esta mañana en la Comisión el Senador señor Urenda formuló una indicación relacionada con la misma materia. Estamos trabajando en la iniciativa referida. Se trata de un texto orgánico que esperamos enviar al Parlamento este año con el acuerdo de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones.
En el caso que nos ocupa, decidimos abordar la cuestión para evitar el riesgo inminente de no aplicación de justicia. Algunas causas demoran más de dos años. ¿Por qué? Porque las Salas no cuentan con capacidad para resolverlas.
Por eso, es urgente despachar la iniciativa en debate, sin perjuicio de que presentaremos el proyecto citado, en el cual probablemente se consideren los casos de Quillota, San Antonio y Los Ángeles, que aquí se han señalado. Sin embargo, se trata de una normativa orgánica que toma tiempo analizar, discutir y disponer de los recursos suficientes para financiarlo.
Señor Presidente , solicito una interrupción.
Tendría que pedírsela al Senador señor Aburto, quien está con el uso de la palabra.
Señor Presidente , quiero aprovechar lo expresado por el señor Ministro en cuanto a la intención de presentar un proyecto más orgánico, porque el punto tocado por el Senador señor Ríos es grave, muy importante y en algunos casos crea situaciones bastante injustas. Él mencionó los casos de San Antonio y Valparaíso. Por mi parte, puedo agregar los de dos ciudades capitales de provincia, de igual naturaleza: Osorno y Valdivia .
En Valdivia existe una Corte de Apelaciones; en Osorno, no. Y peor que eso: en la primera de esas ciudades los magistrados perciben una remuneración superior, por ser jueces de asiento de Corte. En cambio, los de Osorno ganan menos, pese a tener la misma calidad y ser tan válidos e importantes como aquéllos, por no ser allí asiento de Corte.
Tal vez ésas sean rémoras del tiempo de La Colonia, cuando las instrucciones en tal sentido venían desde España . Es necesario corregirlas porque constituyen una injusticia muy grande.
Puede continuar el Honorable señor Aburto.
Señor Presidente , lo que ocurre con los jueces, las Cortes de Apelaciones, la administración de justicia y el Poder Judicial en general constituye un problema endémico en cuanto a la capacidad de gestión que puedan tener los tribunales para despachar todos los juicios pendientes. Lo concerniente a la acumulación de causas lo conocemos todos, por las diferentes estadísticas que se entregan cuando se estudia algún proyecto relacionado con la materia. La única solución es crear más juzgados y Cortes de Apelaciones.
En Santiago, donde el problema se arrastra desde hace 20 ó 30 años, se planteó instalar Cortes en los cuatro puntos cardinales, pero eso quedó en el olvido. El Poder Ejecutivo de la época (15 años atrás) no elaboró el proyecto correspondiente y nunca más se supo del asunto.
Por lo tanto, la solución consiste en crear Cortes, y no hay recursos económicos suficientes para ello.
A continuación me referiré al artículo transitorio, que prescribe: "El mayor gasto que irrogue esta ley durante el primer año de aplicación se financiará con cargo a los recursos asignados al Poder Judicial en el presupuesto de dicho año, y, en lo que no alcanzare," -seguro que así ocurrirá- "con cargo a la Partida presupuestaria Tesoro Público del mismo año.".
A mi juicio, ésa es una remisión vaga al presupuesto del Tesoro Público . Y es para el primer año de aplicación. ¡Lo dice el proyecto! Y si se termina luego de ese año, ¿en qué quedaremos? ¡Siempre ha ocurrido esto! Se dicta la ley, pero ¿cuándo se lleva a la práctica?
El señor Ministro podría aclarar mi observación, señor Presidente .
Señor Presidente , agradezco la información entregada por el señor Ministro . Y aunque ciertamente se trata de dos temas distintos, la preocupación es la misma. Hoy día, en las Salas de las Cortes de Apelaciones existen problemas tremendos que impiden proporcionar una justicia oportuna, eficaz y fluida. En la Corte de Apelaciones de Valparaíso he conocido casos -no corresponde informar sobre ellos aquí- extraordinariamente serios.
Pienso que debemos pedir al señor Ministro que asuma un compromiso. Porque este mismo debate lo realizamos cuando era titular de la Cartera la señora Soledad Alvear , quien nos expresó que existían varios estudios (así lo ha ratificado esta tarde el actual) sobre creación de Cortes de Apelaciones, entre ellas la de San Felipe, en Aconcagua. Lo digo porque -la verdad sea dicha- cuando uno se preocupa del tema es porque realmente se halla interiorizado de la situación.
Puedo afirmar que los habitantes de cualquiera de las provincias de Petorca, San Felipe o Los Andes que deben litigar, demoran dos horas y media en llegar a Valparaíso. ¡Dos horas y media! Entonces, venir a realizar un trámite a la Corte de Apelaciones les significa perder no sólo una tarde, sino el día completo.
Por desgracia, en este aspecto la situación es extraordinariamente crítica. Lo digo con pleno conocimiento porque las municipalidades han estudiado el asunto y han comprobado que existe suficiente número de causas como para justificar una solución como la indicada; incluso, se han mostrado dispuestas a proporcionar bienes raíces para cumplir con la estructura inmobiliaria.
Solicitaría al señor Ministro de Justicia que hiciéramos efectivo el compromiso a través de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, y que él mismo fijara un plazo dentro del cual le pudiéramos hacer llegar la mayor cantidad de antecedentes que logremos reunir. Porque la verdad es que el planteamiento efectuado por el Senador señor Ríos tiene probado fundamento.
Señor Presidente , me referiré específicamente a lo planteado por el Senador señor Ríos, así como a la respuesta del señor Ministro .
Uno entiende que, como es lógico, hay involucrado aquí un problema de recursos, lo cual lleva a que las medidas tengan un carácter progresivo. Por ello, es necesario esperar el estudio final que estaría llevando a cabo el Ministerio para crear, como aquí se ha dicho, cortes de apelación en todas las provincias.
Con franqueza deseo plantear al señor Ministro algo en lo que, tal vez por no ser abogado, puedo exhibir cierta ignorancia. Uno se pregunta por qué no se crea una sala en Los Ángeles en vez de una quinta en Concepción, ya que, según las cifras dadas por el Senador señor Ríos -en torno de las cuales no parece haber controversia-, de las 24 ó 25 mil causas pendientes en Concepción, 7 mil son de Los Ángeles. Entonces, a mi parecer, no hay racionalidad en proponerlo para Concepción y no para Los Ángeles, en circunstancias de que hacerlo en esta última cuidad evitaría demoras y retrasos y el imponer a las personas la obligación de viajar por una, dos o tres horas para poder conocer de sus causas en la capital de la Octava Región.
Por otra parte, en su oportunidad, hubo cierto compromiso de parte de la señora Ministra de la época en cuanto a avanzar en la línea de cierta descentralización. Y, si no recuerdo mal, el acuerdo era crear una sala en Los Ángeles, pero después la decisión se postergó.
Entonces, si se considera que la iniciativa debe ser aprobada como está -ya que habrá otro plan general para todo el país-, me atrevo a señalar al señor Ministro , a través de la Mesa, que si envía nuevos proyectos parciales como el ahora en debate, va a recibir de parte nuestra la misma queja que hemos escuchado hoy. Pero dicha queja puede resolverse de manera razonable, en los términos que vengo señalando.
Señor Presidente , lamentablemente me impuse con alguna tardanza de este informe, razón por la cual presenté sólo a última hora una indicación para que, aprovechándose estas modificaciones en las cortes de apelaciones, se corrigiera una situación anómala que afecta a un distrito de una región determinada: allí sus habitantes tienen que llevar sus juicios a una corte de la Región Metropolitana. Me refiero al caso de la provincia de San Antonio, adscrita judicialmente a la Corte de San Miguel, situada en la ciudad de Santiago.
Mucho hablamos de descentralización. Éste es un tema muy recurrente y cada vez que se debate la situación existe plena coincidencia entre los parlamentarios; sin embargo, cuando se trata de aprobar medidas prácticas que tiendan a solucionar el problema, se encuentra un natural rechazo. En este caso, lamentablemente no fui informado a tiempo para los efectos de estar presente en la Comisión cuando iba a tratarse esta materia. La indicación que presenté al respecto se rechazó por unanimidad, no sé si porque los abogados de San Antonio encuentran más fácil ir a la Corte de San Miguel o por lo expresado por el señor Ministro -con quien coincido-, en cuanto a que lo ideal sería abrir una Corte de Apelaciones en San Antonio.
Creo importante insistir en algo obvio: los abogados de San Antonio prefieren la Corte de San Miguel, por una razón muy sencilla: como son casi todos santiaguinos, con contadísimas excepciones, obviamente, para ellos resulta más cómodo atender un asunto en segunda instancia u otras materias propias de corte en Santiago, que es el lugar en que viven, y no en San Antonio, donde van de paso.
En mi opinión, uno de los motivos de separación o distanciamiento entre los habitantes de San Antonio y los de Valparaíso es precisamente éste: la implementación de la justicia en una u otra plaza. Porque, por muchas otras razones, la Corte de Apelaciones de este puerto sería la más idónea para conocer asuntos propios de San Antonio, pues se trata de ciudades con características y problemas semejantes.
San Antonio dependía de Santiago en el pasado. Según entiendo aquél es el único distrito en Chile no sometido a una corte de la propia región, sino de una distinta. Ésta era una coyuntura adecuada para solucionar el problema y dar un paso adelante en el proceso de descentralización. Pero, desgraciadamente, ahora sólo se avanza en el papel y no en la práctica. Seguimos retrocediendo, porque Santiago sigue creciendo cada vez más, como se aprecia, por ejemplo, en el hecho de que la Corte de Apelaciones de San Miguel tenga más causas que la de Valparaíso, no obstante representar ésta a un sector importante. ¿Por qué ocurre esto? Porque esa instancia capitalina no se contenta ya con las materias propias de Santiago. ¡No, hay que tomar algo propio de las regiones. Yo estoy seguro de que si los asuntos judiciales de San Antonio estuvieren vinculados a la Corte de Apelaciones de Valparaíso los abogados que ejercen en esa zona muy pronto serían los mismos de Valparaíso, y no santiaguinos. De esa manera, creo yo, desaparecería la rivalidad entre ambos puertos, que creyó percibir una distinguida parlamentaria, cuando fue Diputada por la zona.
En todo caso, dadas las circunstancias, no voy a insistir. No he renovado la indicación, porque, obviamente, ante el rechazo de ella por parte de mis propios colegas de bancada, poco avanzaría; pero sí quiero comprometer de alguna manera al señor Ministro de Justicia en el sentido de que dé una solución adecuada al problema: que haya una Corte de Apelaciones en San Antonio.
Una última reflexión: no sigamos, con cualquier pretexto, entregándole más a Santiago, restando a las regiones lo que legítimamente les corresponde. El proceso de descentralización no va a avanzar si por cualquier subterfugio las cosas tienen que llevarse a la Capital y no se resuelven dentro de las mismas regiones.
Señor Presidente , todo está prácticamente dicho, de modo que vale la pena aprobar inmediatamente el proyecto.
Yo había pedido la palabra para referirme a tres puntos.
En primer término, quiero dejar constancia -cosa que no se hizo al comenzar la discusión, porque no se encontraba presente el señor Presidente de la Comisión de Hacienda- que dicho organismo aprobó unánimemente el aumento de plantas y los recursos correspondientes.
En segundo lugar, a propósito de lo expresado por el Senador señor Aburto , deseo decir que, en realidad, sus dos preocupaciones están resueltas, porque el Tesoro Público es el instrumento a través del cual se financian los gastos que irrogan leyes que se aprueban en el curso de un año presupuestario.
Por último, debo hacer presente que, una vez aprobados los recursos en una ley, al año siguiente pasan a ser gasto fijo, por lo cual, automáticamente, son incluidos, como en este caso, en el presupuesto del Ministerio de Justicia.
A propósito de la discusión habida, en realidad me parecen perfectamente legítimos y razonables los planteamientos hechos en relación con diversas regiones; pero tal vez sea conveniente tomar en cuenta la necesidad de mirar el problema globalmente, como lo ha señalado el señor Ministro de Justicia . Sin embargo, eso no es tan simple, porque, primero, debe atenderse a la expansión de aquellos lugares donde existe mayor número de causas acumuladas y retrasos en el funcionamiento de la justicia; y, segundo, porque respecto de instalar salas en ciudades vecinas, habría que ver, como en el caso de Los Ángeles planteado por el Honorable señor Ruiz-Esquide , cuál es la carga de trabajo que podría traspasarse.
Pero, además, debe agregarse el problema de las economías de escala -o sea, de la dimensión mínima eficaz- para que se justifique instalar una única sala nueva en determinado lugar en vez de tener dos o tres salas en una ciudad un poco más grande. Este asunto de las economías de escala no es un problema menor, sino, diría yo, bastante relevante.
En consecuencia, considero indispensable que el tema sea resuelto de manera racional, con el propósito de compatibilizar el aspecto del costo con las aspiraciones de descentralización aquí manifestadas.
Interpretando las intervenciones de Sus Señorías, entiendo que habría acuerdo para aprobar el proyecto, el cual requiere quórum orgánico constitucional.
En este momento, hay 28 Senadores en la Sala.
Si no hubiera objeción, se daría por aprobado, dejándose constancia de las intervenciones efectuadas y de que el señor Ministro tomará nota de ellas, a fin de abordar el tema en una próxima oportunidad en la forma que él ha indicado.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (28 votos).
En seguida, figura en el Orden del Día el proyecto que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas CORA.
Señor Presidente , la iniciativa que viene a continuación también requiere quórum especial. Por tal motivo, sugiero tratarla de inmediato y luego pasar al proyecto indicado por Su Señoría.
Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Ríos y del Senador que habla, en primer trámite constitucional, que deroga disposiciones de las leyes sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y de Tránsito, y concede amnistía por contravenciones basadas en pruebas provenientes de equipos de registro de infracciones, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2817-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Ríos y Zaldívar, don Andrés).
En primer trámite, sesión 11ª, en 31 de octubre de 2001.
Transportes, sesión 24ª, en 16 de enero de 2002.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los Senadores señores Ríos y Andrés Zaldívar y sus principales objetivos son los siguientes:
a) Derogar determinadas normas de la ley Nº 19.676, que estableció el Registro de Multas de Tránsito cuya fiscalización corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
b) Derogar el Nº 1 del artículo 2º de la misma ley, que modificó el artículo 4º de la ley Nº 18.290, Ley del Tránsito, que regula el uso de fotorradares o equipos de registro de infracciones o medios aptos para producir fe, y
c) Conceder una amnistía para todos los conductores de vehículos motorizados que a la fecha de publicación de la ley hayan sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones, a menos que dichas infracciones hayan dado origen a un accidente de tránsito.
El proyecto se encuentra informado solamente en general por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Fernández, Lagos, Muñoz Barra, Páez y Zurita, lo aprobó en general en los términos que aparecen consignados en su informe.
Cabe consignar que el artículo 3º de la iniciativa tiene el carácter de norma de quórum calificado, por lo que para su aprobación se requiere el voto conforme de 24 señores Senadores.
En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, me corresponde informar la iniciativa, que soluciona una situación de hecho, de todos conocida, por la implementación del uso de fotorradares y la creación del Registro de Multas .
Se ha considerado que el uso de fotorradares -regulados por el Nº 1 del artículo 2º de la ley Nº 19.676, que modificó el artículo 4º de la ley Nº 18.290, Ley del Tránsito- ha generado diversos problemas y ha demostrado su ineficacia, tanto desde el punto de vista de los conductores, que se ven expuestos a abusos por su utilización, como en cuanto a la aplicación de los procedimientos establecidos en la ley para la contratación de estos servicios por parte de las municipalidades.
La utilización de los denominados "fotorradares" ha servido en gran parte para recaudar recursos para los municipios y sin ningún interés real de ordenar el tránsito y prevenir accidentes.
Su implementación no ha cumplido con el objetivo que se tuvo presente a la época de dictación de las disposiciones que los regulan. Por otra parte, se han efectuado diversas denuncias públicas que dan cuenta de irregularidades en el empleo de estos equipos de registro de infracciones, como la falta de señalización, incumplimiento de estudios técnicos previos para la modificación de velocidades máximas, incumplimiento por parte de los municipios de la realización de bases de licitación con sujeción a normas de carácter técnico, exigencias en los contratos entre municipalidades y empresas operadoras de los equipos de una cantidad mínima de infracciones al mes, etcétera.
La infracción a esos preceptos desprestigia el rol fiscalizador de los municipios en materia de seguridad vial y de los principios de probidad y de legalidad de las actuaciones de los órganos de la Administración Pública.
Se pretende evitar el lucro municipal en la detección y sanción de infracciones a las normas de tránsito.
Los jueces de policía local han señalado que el sistema presenta serias dificultades en la aplicación de la ley. En efecto, la tramitación de las multas empadronadas dirigidas a vehículos que sólo se identifican con su patente y no con el conductor, impiden al juez, ante el no pago de aquéllas, ordenar la incautación del vehículo y el arresto de su propietario o del representante legal de la empresa dueña del mismo.
Con la aprobación de esta iniciativa, la facultad de cursar multas por infracciones a la Ley del Tránsito a través de medios de detección electrónica se radica en la autoridad pertinente, con lo cual la ley se aplica igualitariamente a todos los infractores.
Además, se devuelve al juez la facultad de ejecutar lo juzgado. En efecto, la ley Nº 19.676 establece un sistema que se inicia como jurisdiccional, pues entrega el conocimiento de la denuncia a un tribunal, que debe dictar sentencia escuchando al denunciado, o declararlo en rebeldía. Sin embargo, luego se continúa desarrollando un procedimiento imperfecto, ya que se priva al juez de toda atribución para hacer cumplir lo juzgado al sacar el asunto de la esfera jurisdiccional y encargar a un ente administrativo privado con fines de lucro el llevar un Registro de Multas no Pagadas. Tan así es, que quien ordena la comunicación a dicho registro no es el juez, sino el secretario del juzgado de policía local. Se priva así al juez de la facultad de ejecutar lo juzgado.
Por otra parte, la responsabilidad queda radicada en la persona que comete la infracción y no en el propietario del vehículo. En la actualidad, la inscripción en el Registro de Multas no Pagadas se efectúa respecto del vehículo, radicándose en éste, y no en la persona, la responsabilidad infraccional, pudiendo no coincidir el responsable jurídico de la infracción con el dueño del medio de transporte. Como ejemplo, podemos citar los casos en que existen contratos de arrendamiento de vehículos, "leasing", contratos de trabajo de conductores y cualquier otro acto jurídico que otorgue la tenencia de un vehículo.
Para el cumplimiento de estos objetivos correspondería:
A) Derogar los artículos 24 y 24 bis, contenidos en los Nºs 7 y 8, respectivamente, del artículo 1º de la ley Nº 19.676, que estableció el Registro de Multas del Tránsito , cuya fiscalización corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
B) Derogar el Nº 1 del artículo 2º de la ley Nº 19.676, que modificó el artículo 4º de la ley Nº 18.290, Ley del Tránsito, que regula el uso de los fotorradares o equipos de registro de infracciones o medios aptos para producir fe, y
C) Conceder amnistía para todos los conductores de vehículos motorizados que a la fecha de publicación de esta iniciativa legal hayan sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones, a menos que éstas hayan dado origen a un accidente de tránsito.
Señor Presidente, entiendo que el proyecto se refiere solamente a los fotorradares y no a los radares que utiliza el personal de Carabineros.
Efectivamente, nada más que a los fotorradares.
Señor Presidente , me asalta una duda respecto de la facultad parlamentaria de eliminar o derogar un registro creado por ley. Ignoro si puede quedar incluido dentro de lo que es un servicio público y, por lo tanto, esa norma podría ser inadmisible.
Estoy de acuerdo con el proyecto, pero tengo dudas sobre la admisibilidad del artículo 1º.
La Mesa no la tiene, pero ha tomado nota de ello.
--Se aprueba en general el proyecto y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que concurrieron con su voto favorable 28 señores Senadores.
En conformidad al acuerdo de la Sala que alteró recién el orden de la tabla, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas CORA, con segundos informes de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2759-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 16 de octubre de 2001.
Agricultura, sesión 18ª, en 18 de diciembre de 2001.
Hacienda, sesión 18ª, en 18 de diciembre de 2001.
Agricultura (segundo), sesión 24ª, en 16 de enero de 2002.
Hacienda (segundo), sesión 24ª, en 16 de enero de 2002.
Sesión 20ª, en 19 de diciembre de 2001 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 19 de diciembre de 2001.
La Comisión de Agricultura en su segundo informe deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo único fue objeto de indicaciones, siendo aprobadas todas ellas, salvo la número 2, que experimentó modificaciones.
En el informe se consignan las enmiendas introducidas al proyecto en general, que fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Honorables señores Cariola, Larraín, Moreno y Romero). De conformidad al inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, las modificaciones deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite discutir la proposición de la Comisión.
La Comisión de Hacienda, por su parte, aprobó el proyecto por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Matthei y señores Bitar, Boeninger, Foxley y Prat), en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Agricultura.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado elaborado por la Secretaría, dividido en cuatro columnas, que contemplan el texto de la ley Nº 19.353, el proyecto aprobado en general por el Senado, las indicaciones formuladas y el texto final propuesto por las Comisiones informantes.
Señor Presidente , ésta es la tercera vez que el Ejecutivo presenta un proyecto de ley con el objeto de regularizar el pago de quienes tienen deudas recaídas en predios derivados del proceso de reforma agraria.
La primera normativa, dictada en 1994, permitió -como lo señala el informe- que se acogieran a ella cerca de 16 mil beneficiarios de un total superior a los 30 mil. Posteriormente, en 1997, se promulgó un segundo cuerpo legal, pero para sorpresa de muchos sólo favoreció a 2 mil 765 deudores.
La razón por la cual decayó este aparente interés por acogerse a dicho beneficio radica en que las leyes anteriores establecían que para gozar de él la persona debía estar al día en el pago del impuesto territorial y de todas las prestaciones sociales.
En este caso -para no entrar en mayores detalles-, la Comisión y el Ejecutivo aprobaron una indicación propuesta por el Senador que habla, que extiende por dos años el plazo para acogerse a este beneficio, sin exigir el pago previo de las deudas antes mencionadas.
Lo anterior no significa la condonación o eliminación de la deuda, ya sea tributaria o previsional, sino otorgar a las personas -sobre todo, los campesinos originales, asignatarios de esas tierras- que hoy pasan por una situación económica aflictiva, la posibilidad de acogerse al beneficio y pagar con posterioridad sus obligaciones, a fin de no verse enfrentados a procesos de remate o de notificaciones judiciales como los que hoy se llevan a cabo y que en el fondo inhiben su capacidad de producción.
Por lo tanto, señor Presidente , junto con señalar que éste es un paso positivo, deseo agradecer al Ejecutivo el hecho de haber patrocinado la indicación que he formulado, porque la iniciativa permitirá dar alivio a un sector de campesinos que desean continuar trabajando la tierra.
Señor Presidente , deseo manifestar mi conformidad con el proyecto, sencillo pero muy anhelado por las personas que se hallan en la situación antes descrita, en especial las del mundo campesino.
Al respecto, formulé un planteamiento al Ejecutivo -no tenemos iniciativa sobre la materia- que aparentemente no hizo suyo, y que es el siguiente. Las personas que pueden acogerse al beneficio son sólo aquellas que tienen hasta dos parcelas CORA. Sin embargo, hay muchas que poseen tres o cuatro -pequeños retazos de media o una hectárea- y no pueden acceder a él.
Me parece que lo lógico y justo sería que quienes posean tres o más parcelas, con alguna limitación de superficie, pudieran acogerse a dicho beneficio, al menos respecto de dos de ellas.
No obstante haber planteado este punto al Ejecutivo en la sesión respectiva, ello no fue acogido y quedó de ser estudiado. Ignoro si fue analizado o no, pero al no haberse formulado indicación, quiere decir que el Gobierno no hizo suyo este planteamiento.
Considero extremadamente injusta esta situación, y así lo sienten numerosos pequeños propietarios, que no pueden aspirar al beneficio por el hecho de poseer tres o cuatro predios, en circunstancias de que se trata de terrenos que ni siquiera suman cinco o diez hectáreas. De modo que estamos excluyendo del beneficio contemplado en el proyecto, sin justificación alguna, a personas que también lo necesitan.
Lamento que no hayamos obtenido respuesta del Ejecutivo, no obstante habérselo solicitado formalmente, como consta en el informe que tienen en su poder los señores Senadores.
Simplemente, hago público este hecho para dejar constancia de que se está cometiendo una injusticia con un número importante de pequeños propietarios que no van a poder acogerse una vez más a este beneficio.
Estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, señor Presidente . En cuanto a lo que dice el Honorable señor Larraín , me parece razonable que el beneficio alcance a las personas que tienen hasta dos parcelas. Ahora, si su superficie física es de media o de una hectárea, evidentemente pueden tener tres o cuatro. Pero, por lo general, las parcelas son una unidad económica. Por lo tanto, tratándose de dos, representan dos unidades económicas. Y ello supone que esa persona está en condiciones de pagar. Sobre todo, cuando quien la ha comprado no es un campesino originario.
En todo caso, sería partidario de reestudiar esta materia y ver una alternativa. Yo me allano a ello, pero debo señalar que, por lo general, en mi zona dos parcelas alcanzan a 30 ó 40 hectáreas.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín .
Sucede que esas parcelas CORA, por efecto de herencias, han ido subdividiéndose. Por lo tanto, el predio original, de 30 ó 40 hectáreas, muchas veces ha pasado a tener una superficie menor, y una persona puede tener tres o cuatro parcelas y no reunir diez hectáreas. Sin embargo, es un pequeño propietario o campesino que vive modestamente y no tiene acceso al beneficio.
Sobre el particular, planteé al señor Ministro la posibilidad de que se acotaran las superficies, porque no se trata de abusar. Hay personas que poseen parcelas y son grandes hacendados. No me refiero a ellos, sino a los pequeños propietarios.
A lo mejor, si se hubiera puesto el mismo tope de doce hectáreas que hoy existe para los beneficiarios de INDAP, se habría corregido una injusticia que lamentablemente esta iniciativa no subsana.
Recupera la palabra el Senador señor Sabag.
Creo que a lo mejor fue mal planteado el asunto. Yo también estaría de acuerdo en ese aspecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero; después, el Senador señor Bitar.
Hubiese querido informar el proyecto en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura ; sin embargo, se ha obviado dicho trámite. Al parecer el señor Presidente no me vio oportunamente. Pero no importa.
En todo caso, en mi opinión, es muy importante reiterar un concepto que formulé en sesiones anteriores cuando se trató este asunto.
Éste es un tema que viene siendo recurrente desde hace 40 años. Es necesario -deseo reiterarlo a través de un oficio- tomar una decisión como país, con el objeto de evitar que continúe esta situación -son muy pocas las personas que están comprometidas, pues estoy hablando de los deudores originarios- y se logre una condonación completa. Naturalmente, ello es de iniciativa del Ejecutivo. En tal sentido, se daría estabilidad a esas personas en términos de la propiedad de la tierra. Porque en la práctica todas estas limitaciones hacen que en definitiva los dueños de las parcelas originarias se encuentren en una situación muy inestable.
Me parece que si evaluamos lo que cuesta hoy la cobranza, mantener los antecedentes, etcétera, se llegaría a la conclusión de que, desde el punto de vista económico, la solución que he propuesto es la más adecuada.
Por lo tanto, solicito enviar un oficio al Ejecutivo para que evalué y considere la posibilidad de condonar totalmente las deudas a los propietarios originarios de la ex CORA.
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado, en nombre del señor Senador, con la adhesión de los Honorables señores Stange , Moreno y Larraín .
Cuando estudiamos el proyecto en la Comisión de Hacienda, hoy en la mañana, nos dimos cuenta de que este asunto se repite y se prolonga en el tiempo. Las cifras son: 12 mil deudores y 60 mil millones de pesos pendientes.
Entonces, reitero lo solicitado en la Comisión de Hacienda, de oficiar al Gobierno -que puede ser respaldado por los demás señores Senadores- para que proponga algo que resuelva esta situación y no tengamos que discutir sucesivamente proyectos de ley sobre la materia, aunque la solución sea diferente para uno u otro caso. Es decir, respecto de un grupo de parcelas, puede procederse distinta manera: algunas podrán ser objeto de condonación, otras, no, etcétera.
Me gustaría ver de parte del Ejecutivo más que una mera postergación, una propuesta. Ésa es la solicitud que hago al Gobierno, a fin de zanjar rápidamente un problema que se arrastra desde hace 30 años. Tenemos mucho que mirar hacia el futuro como para estar cargando con mochilas de este tipo.
La petición de Su Señoría se sumaría a la anterior, por ser ambas iguales.
¿Habría acuerdo en enviar el oficio solicitado por varios señores Senadores, en nombre de la Corporación?
--Se aprueba en particular el proyecto y queda despachado en este trámite.
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece como feriado legal el día 7 de junio de cada año en la comuna de Arica, con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (Boletín Nº 2685-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 12 de junio de 2001.
Gobierno, sesión 16ª, en 31 de julio de 2001.
La Comisión de Gobierno rechazó, por mayoría de votos, la idea de legislar sobre la materia. Votaron en contra los Senadores señores Cantero, Cariola y Núñez, y a favor, la Honorable señora Carmen Frei.
El 8 de agosto pasado, la Sala resolvió enviar el proyecto también a la Comisión de Hacienda, la que lo rechazó por mayoría de votos. Se pronunciaron en contra los Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley y Prat, y a favor, el Honorable señor Bitar.
Respecto del proyecto relativo a los incentivos de remuneraciones para los funcionarios públicos que se dio cuenta al comienzo de la sesión, los Presidentes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, han solicitado que dicha iniciativa sea estudiada por ambas Comisiones unidas.
Señor Presidente , me hago eco de la voz de la ciudadanía ariqueña en torno de esta materia. Durante muchos años ella ha sostenido el deseo que una fecha tan importante en la historia de Chile, como el 7 de junio, aniversario de la Toma del Morro de Arica, tenga un trato equivalente, por ejemplo, al de otras efemérides tan nobles como el 21 de mayo para Iquique.
El proyecto, originado en la Cámara de Diputados y aprobado por ella, contempla el establecimiento de un feriado local, que vendría a ser el primer caso en el país.
El primero de una serie de ellos que vienen después.
Tomé conocimiento de los antecedentes planteados en el informe y los comparto, en el sentido de que, además de ser la primera vez, podría abrir la puerta para innumerables feriados locales con todos los desajustes a lo largo del país.
Chillán Viejo está pidiendo lo mismo para el 20 de agosto.
Sin embargo, respecto de esta materia, por mi responsabilidad como Senador de la Región de Tarapacá, sólo quiero dejar constancia en la Versión Taquigráfica de la voluntad de la comunidad ariqueña.
Presenté una indicación en el día de hoy, para salvar la dificultad originada en el carácter local de la festividad, proponiendo que el 7 de junio sea feriado nacional. Con ello se subsana la objeción que tuvo la iniciativa durante la discusión.
Más allá de mi opinión sobre esta materia en particular, he querido ser muy riguroso y constituirme en la expresión del sentimiento de la ciudadanía de Arica, por su importancia histórica y por su significado.
La indicación que presenté en la Comisión de Hacienda fue rechazada. Lamentablemente, no estoy en condiciones de renovarla, porque se requiere el respaldo de diez señores Senadores. Y como conozco la opinión de la mayoría de la Corporación en esta materia, no puedo hacerlo.
Sin embargo, deseo dejar constancia en el Senado de la posición y voluntad de la comunidad ariqueña.
Señor Presidente, soy partidario de aprobar el proyecto en los términos en que se ha presentado, porque rescata lo que ocurre en determinadas localidades de Chile.
Nuestro país es unitario y tiene fechas de efemérides nacionales. Sin embargo, en distintas localidades de la nación -no en todas- existen tradiciones que se arrastran desde hace muchos años y que tienen una profunda significación dentro de la vida de esas comunidades.
En el caso concreto de Arica, la Toma del Morro no es un hecho circunstancial ni menor, pues forma parte de la historia de Chile. Por lo tanto, los Diputados señora González y señor Krauss, al presentar esta iniciativa, recogieron adecuadamente la idiosincrasia regional.
Lo mismo sucede en la Región que represento en el Senado. En Rancagua, el 2 de octubre de cada año, se paraliza la ciudad completa, por lo que prácticamente no se trabaja. Como sabemos, esa fecha es el aniversario del Desastre de Rancagua.
En esa fecha, se desarrolla una festividad completa, donde se paralizan las industrias e incluso las actividades en general. Aunque es una fiesta local que no se celebra en el resto del país, forma parte de la historia y de la idiosincrasia de la zona. Asisten a ella el Presidente de la República y todas las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Desde muy temprano se hacen desfiles; las comunidades se organizan para recibir a las 10 de la mañana a las autoridades y los trabajos se paralizan en distintas comunas para que la gente pueda ver a los ilustres visitantes que llegan ese día a la región.
En consecuencia, esta situación constituye una verdad que, como tal, existe.
Como no deseo abusar más del tiempo, anuncio mi voto favorable al proyecto.
En votación en general y particular el proyecto.
--Se rechaza el proyecto (17 votos contra 2).
Tiene la palabra el señor Secretario para hacer presente a la Sala asuntos que se incluirán en la Cuenta de hoy.
Han llegado a la Mesa cuatro informes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Francisco Mario Eustacio González Caro, Carlos Enrique Godoy Parada, Miguel Segundo Ávila Ponce y Heriberto José Meléndez Valencia.
Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.
Se le dará curso en la forma reglamentaria.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, sobre IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE VIVIENDAS A COMITÉ DE PROGRAMAS HABITACIONALES SOCIALES Y CULTURALES 144 FAMILIAS UNIDAS DE COYHAIQUE (UNDÉCIMA REGIÓN).
El Comité Institucionales 1 no usará su tiempo.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , meses atrás intervine en la hora de Incidentes para referirme al caso de la empresa AEROCONTINENTE. Lo hice porque, a raíz de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado y todas las vicisitudes judiciales que ella tuvo, en nuestro país se formularon numerosas críticas a ese organismo, pues se consideró que había actuado sin fundamento al acusar ante la justicia al dueño de esta empresa, Fernando Zevallos , por vinculaciones con el narcotráfico.
Uno de los argumentos utilizados fue que era imposible que Fernando Zevallos Gonzales viviera en Estados Unidos sin que los organismos policiales de ese país, tan celoso en la persecución del narcotráfico, hubieran actuado al respecto.
Pues bien, en "La Segunda" de hoy se reproduce una información publicada por "El Comercio", de Lima, en el sentido de que la DEA, el organismo de Estados Unidos especializado en drogas, entregó a la justicia peruana una serie de documentos donde se sostiene que "el señor Zevallos ha figurado en más de treinta investigaciones de la DEA por narcotráfico o por lavado de dinero; asimismo figura como un narcotraficante de drogas a gran escala desde los inicios de 1980 y aún continúa bajo investigación de la DEA".
Lo más curioso, según ese organismo, es que los expedientes judiciales pertinentes desaparecieron o fueron destruidos y que algunos de los testigos han cambiado sus declaraciones por miedo a las eventuales represalias del señor Zevallos.
La misma fuente informa que don Fernando Zeballos , junto con su hermano Winston , "utilizaron avionetas para transportar múltiples cargas de cientos de kilos de cocaína desde el valle de Huallaga hacia Colombia, bajo el amparo de las líneas aéreas Tausa", de propiedad de los hermanos Zevallos . En seguida se dice: "el indicado señor Zevallos hizo crecer esta empresa por medio de ganancias del narcotráfico y también engañando a otras organizaciones de narcotraficantes y eliminando a sus competidores en el negocio del narcotráfico".
Señor Presidente , creo que en este momento correspondería, desde luego, que todas las acusaciones que se formularon contra el Consejo de Defensa del Estado, muchas de ellas incitadas en nuestro país por el propio señor Zevallos o por sus representantes, fueran rectificadas y retiradas. Ello, en razón de que dicho Consejo no hizo otra cosa que acusar a esa persona, a quien la DEA considera narcotraficante a escala internacional, del delito de lavado de dinero, el que en estos momentos está siendo investigado tanto por los tribunales chilenos como por los peruanos. El señor Zevallos ya no vive en Miami; está en Perú, con orden de arraigo emanada de la justicia de ese país.
Pienso, por tanto, que lo expuesto debería servirnos de lección en el siguiente sentido: cuando un organismo del Estado o un tribunal actúa contra una persona acusada de narcotráfico, en general no lo hace sin fundamentos suficientes, sin presunciones de que el delito se ha cometido, y, por tratarse de un crimen tan grave, con dimensiones internacionales, el beneficio de la duda debería estar siempre a favor del organismo que actúa contra aquél y no al revés. Y, en este caso, la prensa chilena, así como muchos personeros públicos del país, se pusieron casi automáticamente a favor del mencionado empresario peruano y acusaron al Estado chileno de haber actuado sin suficiente fundamento.
Por eso, me parece muy importante que esa información proporcionada por la DEA zanje el asunto. Sorprende, sí, que ella sólo se conozca ahora y no meses atrás. No veo razón alguna por la cual ese organismo no haya entregado a los tribunales de justicia chilenos los antecedentes del caso, que afectan a un señor que ha sido objeto de treinta investigaciones.
Sorprende mucho, también, que el Gobierno de Estados Unidos haya permitido que ese señor viviera en Florida no obstante estar sometido por la DEA a investigación por narcotráfico desde hace tantos años, salvo que su presencia en Miami haya servido para las indagaciones, cosa que es probable. La lucha contra el crimen organizado a nivel internacional es muy compleja, sofisticada, y requiere muchos mecanismos.
En todo caso, lo importante para el debate interno del país es limpiar el nombre del Consejo de Defensa del Estado, reconocer la dignidad con que actuó y evitar que se repita el hecho de que muchas personas, por cálculos políticos o de otra naturaleza, se pongan primero de parte de un narcotraficante y en contra del Estado chileno.
Pienso que esta experiencia debiera servirnos de prueba, de test, para que todos, más allá de nuestras posiciones políticas, de nuestras simpatías personales, de nuestras interpretaciones de la realidad, estemos siempre unidos contra el narcotráfico.
Por último, solicito que mis palabras sean transcritas a la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado.
--Se anuncia el envío del documento pertinente, en nombre de Su Señoría, conforme al Reglamento.
Como el Comité Institucionales 2 y el Comité Mixto no harán uso de sus tiempos, el turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Señor Presidente, deseo en esta oportunidad referirme a dos temas de distinta naturaleza. El primero, que involucra a muchas de las zonas representadas en el Senado, tiene que ver con las dificultades cada vez mayores que enfrentan las radioemisoras locales o regionales.
De un tiempo a esta parte hemos visto, particularmente en mi Región, que las cadenas radiales conectadas bajo el sistema satelital provocan una grave irrupción en la capacidad de mantener en funcionamiento y operación las emisoras locales. Eso ha ido produciendo una progresiva desaparición de radios que, en distintas provincias y localidades, cumplen una tarea que va más allá del aspecto comunicacional, pues desarrollan una labor social.
Quiero denunciar en el Senado lo que está ocurriendo en la Región que represento. Allí acaba de instalarse ilegalmente, en el cerro Orocoipo, vecino a Rancagua, una cadena que, ocupando una concesión otorgada en la localidad de Rengo -bastantes kilómetros al sur-, con una potencia de transmisión de aproximadamente 250 watts, de los cuales (según los estudios realizados) utiliza sólo diez por ciento, invade las frecuencias de las radioemisoras rancagüinas.
Tengo aquí fotocopia de una nota que, con fecha de hoy, cinco emisoras de la ciudad de Rancagua ( Radio Fiessta FM, Radio Rancagua AM, Radio Primordial FM, Radio Bonita FM y Radio Caravana FM) enviaron al nuevo Ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones, don Javier Etcheberry , para denunciar lo que significa la petición que la sociedad Iberoamericana Radio Holdings Uno Chile S.A. hizo, a través de publicaciones en diarios locales, con el objeto de ocupar frecuencias que lesionan el funcionamiento de tales radioemisoras.
Con motivo de distintas visitas que Su Excelencia el Presidente de la República , don Ricardo Lagos , ha realizado a la Región, lo hemos acompañado a algunas de esas emisoras. La Radio Rancagua -una de las más antiguas de Chile-, con el esfuerzo muy grande del núcleo familiar que la sostiene, se ha mantenido en sintonía. Pero no pasa mes en que uno no recibe la información de que cadenas internacionales adquieren los derechos pertinentes y, transmitiendo vía satélite, despiden personal, generan publicidad de índole nacional y omiten o eliminan la posibilidad de la presencia regional.
Considero que tal situación requiere una revisión de la legislación de telecomunicaciones. No es posible que hablemos de regionalización y descentralización cuando, en medidas concretas como aquella a la cual me estoy refiriendo, damos pasos contrarios a los que deben darse.
Por lo tanto, junto con hacer mía la presentación de las cinco radioemisoras mencionadas, solicito que, en mi nombre, se oficie al señor Ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones con el objeto de que informe cómo está dando cumplimiento a la Ley de Telecomunicaciones para impedir las transmisiones abusivas e ilegales de emisoras que, utilizando potencias que no se les han concedido, irrumpen en la frecuencia de otras que sí están autorizadas para trasmitir.
En segundo término, solicito que se remita a Su Excelencia el Presidente de la República el texto de esta intervención, a fin de que tome conocimiento de la situación y, sobre la base de los compromisos asumidos en sus visitas a la Región, donde el tema ha sido conversado y discutido, otorgue su apoyo para preservar algo que constituye, no sólo un derecho, sino también un patrimonio social y cultural que de otra forma se pierde.
Mientras más aisladas se encuentran las comunidades, más importante resulta la existencia de una radioemisora local o regional. Y ese principio se está contradiciendo en los hechos.
El segundo tema que deseo abordar, señor Presidente , tiene que ver con un problema que aparentemente ocurre sólo en la Región que represento, pero que, según entiendo, va más allá de sus límites: las recientes alzas en las tarifas de agua y alcantarillado que cobran las empresas privatizadas, situación que está produciendo una grave dificultad social en muchas familias de los más bajos ingresos en el país.
El lunes de la semana recién pasada participé en una manifestación que congregó en las calles de San Fernando a más de mil personas, gente modestísima de poblaciones marginales que, recibo en mano, mostraba una facturación que contenía, a lo menos, tres rubros ininteligibles para ellas. Primero, alcantarillado, por el cual pagan 12 mil a 14 mil pesos mensuales, mientras que el valor del consumo de agua potable asciende a entre 7 mil y 8 mil pesos. En seguida está el llamado "cargo fijo" -la gente no tiene ninguna explicación sobre lo que significa-, que en algunos casos llega hasta los 1.000 pesos. A lo anterior se agrega el denominado "ajuste sencillo" -¡nadie sabe para dónde va el sencillo...!-, que se eleva a entre 300 y 400 pesos y que los usuarios no están en condiciones de pagar.
A raíz de dicha manifestación, nos reunimos con los representantes de la empresa ESSEL, la cual fue privatizada y está sujeta al marco regulatorio que todos conocemos. ¿Y qué explicación recibimos? Que el pago por concepto de alcantarillado -¡escuchen bien, Honorables colegas!- no dice relación al alcantarillado existente -éste fue construido con los recursos y un esfuerzo muy grande de muchos pobladores modestos-, sino que se trata de un cobro a futuro; esto es, que el cobro de alcantarillado corresponde a las obras que se llevarán a cabo para sanear las aguas de la Región que represento en el Senado.
Al escuchar esa explicación, dije: "Me parece absurda. Porque en la ciudad de San Fernando el alcantarillado se construyó hace muchos años; por lo tanto, cobrar por ese concepto un precio más caro que el del agua potable que se consume no tiene justificación alguna. Y, considerando que muchos pobladores, no obstante la estrechez de sus medios, contribuyeron con recursos propios para conectarse a la red existente, menos se justifica cargarles el costo de las nuevas obras.".
Por lo tanto, nos encontramos ante un problema que resulta necesario dilucidar.
Si la autoriza la Mesa, no tengo inconveniente.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
Señor Presidente , es importante dar una explicación con respecto al tema que está planteando el Senador señor Moreno.
Cuando comenzó a discutirse la privatización de estas empresas monopólicas, en 1996 ó 1997, el Congreso Nacional introdujo dos modificaciones muy sustanciales que tenían por objeto enfrentar el problema expuesto con la incorporación de otros actores.
Primero se reformó el artículo 107 de la Constitución, donde se dispuso, entre otros aspectos, que las municipalidades asumían la responsabilidad de coordinar toda la acción de los servicios públicos que actuaran al interior de su comuna.
El segundo elemento, que es el último inciso de la citada norma, se refiere a la facultad de la municipalidad para asumir responsabilidades de servicios nacionales o regionales, incluyendo sus potestades.
¿Por qué razón se establecieron ambos elementos? Porque, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios -en el caso que nos ocupa- no cuenta con oficinas instaladas en el resto del país y sí tiene una vinculación social trascendente, porque si bien los valores se determinan entre la empresa respectiva y el Ministerio de Economía, a través de aquel organismo, quienes en definitiva cancelan lo acordado por ambos entes son terceras personas: los usuarios.
A eso se agregó en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades el artículo 28, norma muy importante que entregó por primera vez a los alcaldes la facultad de representar judicialmente a los vecinos frente a materias que son de su incumbencia o de interés comunal.
Sobre la base de esos elementos fundamentales, sostuvimos una reunión de trabajo con el Superintendente de Servicios Sanitarios , quien solicitó la enmienda -se concretó mediante la ley Nº 19.549- del artículo 13 del DFL Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, para establecer la presencia de los usuarios en todo el proceso de fijación de tarifas.
El 1º de septiembre de 2000 se enviaron los oficios pertinentes a los alcaldes de todas las Regiones donde se iba a iniciar el estudio de los valores del agua. Voy a responder por la Octava Región: nadie contestó. Y eso significó que los alcaldes se marginaron absolutamente de la responsabilidad que les asigna la ley de representar a los vecinos en la fijación de los valores del agua.
El 8 de noviembre de ese mismo año se remitió una segunda comunicación, donde se hacía ver a los alcaldes la necesidad de asumir su tremenda responsabilidad de participar en la fijación de los valores finales del agua. Tampoco hubo respuesta alguna.
Y siguió el proceso de fijación de tarifas.
Luego hay una tercera carta, que envió la Superintendencia de Servicios Sanitarios a 20 comunas del país (me parece que Rancagua y San Fernando se hallan consideradas). Allí se plantea la alternativa de trasladar las potestades de los servicios sanitarios de la Superintendencia a la municipalidad respectiva. Los alcaldes tampoco contestaron esa comunicación.
¿Cuál es la situación, entonces?
Resulta evidente que hoy día los municipios tienen la posibilidad, en vista de que nada hicieron, de al menos preguntar cuáles fueron los motivos por los que se determinaron los valores que han provocado tantos problemas en las distintas comunidades.
Un alcalde lo hizo: el de la comuna de Tucapel, en la Octava Región. La Superintendencia respondió, y efectuó un análisis con los mismos ejemplos que el Senador señor Morena plantea con respecto a las cifras indicadas en la facturación y la que aparece en los medidores.
Existen muchos ejemplos. Uno de ellos -quizás el más importante y práctico- es el de que la empresa sanitaria cobraba, en el mejor de los casos, los mismos litros de agua que se estaban consumiendo. Se probó que, a lo menos en el verano, una cantidad importante de esa agua no se va por el alcantarillado, sino que tiene como destino el jardín de la casa. Entonces, la empresa sanitaria no puede estar cobrando el uso de aguas servidas que no existen.
Por consiguiente, se está estudiando la alternativa -por lo menos en la comuna referida, a petición de la municipalidad- de colocar un medidor de aguas servidas al final de los estanques.
Señalo lo anterior porque...
Quiero recuperar el uso de la palabra, señor Presidente , porque la interrupción que con todo agrado otorgué al Honorable señor Ríos se está transformando en un discurso.
Sólo quiero añadir que lo lógico es actuar conforme a las mismas normas que Su Señoría aprobó, las que no han sido cumplidas por las autoridades que señalé. Y el camino que estoy indicando, que es el único, no es más que una insinuación y una orientación para que Su Señoría las tenga presentes. Pero no he pretendido abusar de su tiempo, Honorable colega.
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Moreno.
Señor Senador , con todo gusto concedo interrupciones, pero -Su Señoría lo sabe tan bien como el que habla-, el tiempo es limitado.
Pero es necesario discutir otros dos aspectos. El primero es la existencia de un subsidio que se otorga legalmente, vía municipalidades, a familias de escasos ingresos dentro de las comunas en las cuales se puede establecer. Son beneficios limitados en monto y número y, por lo tanto, absolutamente insuficientes para resolver este tipo de situaciones.
El segundo es la forma como estas empresas deben resolver los problemas derivados de la insolvencia de quienes no pueden cancelar su boleta. Se dan situaciones en que aparecen contratistas -no la empresa sanitaria misma, que subcontrata a otras, obviamente con remuneración- que remueven con chuzo el medidor correspondiente y clausuran el arranque de la vivienda morosa en las poblaciones más modestas. Es un hecho bastante violento. Y en conversaciones sostenidas en la zona que represento llegamos al convencimiento de que eso puede repararse. Nadie está pidiendo dejar de pagar las cuentas. Creo que todos somos testigos de que en la reciente campaña parlamentaria se usó extensamente en algunas partes el expediente de que, ante la desesperación de la gente, algunas candidaturas ofrecían cancelar las cuentas de agua. Su expresión, señor Presidente , refleja incredulidad, pero es la verdad. Es una situación que hemos conocido, vivido y repudiado, y pone en evidencia una necesidad social.
Este problema abarca tres ámbitos, en los cuales quiero concentrar las peticiones que haré. El primero tiene que ver con una revisión del aspecto legal en torno del marco regulatorio, que debe discutirse nuevamente. Al respecto, pido oficiar a los Ministerios de Obras Públicas, de Economía y de Hacienda , y a la Superintendencia respectiva, con el objeto de que se nos informe acerca de cuál es la manera como se está aplicando el marco regulatorio en las empresas privatizadas, en particular, ESSEL, de la Sexta Región. Además, solicito oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República y al Ministerio de Hacienda, a fin de que se amplíe el número de subsidios que se otorgan en esta etapa para resolver la situación social del agua potable en poblaciones que no están en condiciones de sustentar ese gasto.
Un segundo ámbito se refiere a que resulta indispensable que el sistema de subsidios tenga la mayor transparencia posible y no pueda ser utilizado -no tengo un cargo que formular en este momento, pues, de existir, estaría obligado a hacerlo- como forma directa o indirecta de presión sobre determinadas poblaciones. Eso debe ser conocido, avalado, por los mecanismos existentes. Tengo la impresión de que, en algunos casos, los subsidios que se aprueban permanecen en los cajones de los escritorios de determinadas municipalidades, sin entregarse efectiva y puntualmente. Ese es un aspecto que debe repararse.
El tercer ámbito del problema apunta a solicitar a la Superintendencia del ramo que establezca un modus operandi con las empresas, de tal manera que el eventual corte del suministro no esté acompañado por un agravio social y público, que la población resiente sobremanera. Cuando a una comunidad muy modesta llega una camioneta con personas que con pala y chuzo arrancan el medidor de una casa, el hecho constituye un problema ya no sólo de orden económico, sino también social, por la forma como la gente observa el comportamiento de esa familia, lo cual, obviamente, lesiona a la comunidad toda.
Por lo tanto, reitero mi petición de que, en mi nombre, se envíen los oficios que acabo de solicitar. En particular, creo que debemos avanzar en la búsqueda de una nueva legislación que cautele un bien de uso público de esta importancia y que en el fondo se está prestando para crear situaciones de grave inquietud social, al menos en la zona que represento.
Se remitirán los oficios solicitados, en nombre del señor Senador , de conformidad al Reglamento.
Ofrezco la palabra al Comité UDI e Independientes.
En el turno del Comité Renovación Nacional e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Romero.
Señor Presidente , un gran señor de la hípica nacional y continental nos ha dejado. Un deber de justicia y una obligación patriótica nos motiva a rendir ante el Honorable Senado de la República un sentido homenaje a don Mauricio Serrano Palma , Presidente del Hipódromo Chile desde 1979 a 1997, y luego Presidente honorario de esa prestigiosa entidad, quien lideró con señalado éxito "el más importante proyecto de desarrollo y modernización en la historia, hasta situarlo como la primera institución hípica del país", como lo dijera don Juan Cúneo Solari en su discurso de despedida, en su calidad de titular del Directorio de dicha entidad.
Después de estar sometido a un prolongado tratamiento de diálisis, falleció el más destacado dirigente de la hípica nacional de los últimos cincuenta años. Don Mauricio Serrano Palma , junto con distinguidos hípicos nacionales, como Alberto Solari Magnasco, Luis Vera , Víctor Matetic , Juan Luis Edwards y Fernando Coloma , adquirieron a la Empresa de Comercio Agrícola el Hipódromo Chile hace ya varios años, e impulsaron una gestión destacada y señera: introdujeron un nuevo sistema computacional de apuestas en red, Teletrak , en conjunto con el Sporting Club y el Club Hípico de Concepción; remodelaron los paddocks y recintos Saint Leger y Preferencial; renovaron los equipos para mantener las canchas, la villa hípica internacional, las clínicas veterinarias, los nuevos partidores; en fin, realizaron en el Club La Palma una obra señera, fruto de la acción de este tremendo dirigente que fue don Maura , como le decían sus colaboradores y amigos más cercanos, entre quienes me contaba.
Con don Mauricio Serrano se ha ido, como titulara la prensa nacional, el último gran dirigente del "turf" continental. Lo digo porque su gestión no sólo abarcó los linderos territoriales de Chile, sino que realizó un desarrollo espectacular como máximo dirigente de la Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes. Eso hizo que muchos clubes internacionales latinoamericanos pudiesen contar con grandes y prestigiosos eventos de la hípica.
Fue un gran realizador, un emprendedor de tremenda capacidad creativa y organizadora, con gran espíritu de colaboración y de participación junto a los trabajadores y funcionarios de los hipódromos que hoy día sienten la partida de don Maura .
Desde esta Alta Tribuna deseo rendir este homenaje, porque no me cabe la menor duda de que interpreto a gran número de Parlamentarios en general, y de Senadores en particular, que conocimos y apreciamos las virtudes de este gran Presidente honorario del Hipódromo Chile y ex Presidente de la Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes.
Deseo hacer llegar a su viuda, señora Cristina Quinzio de Serrano , y a su hijo don Jorge Serrano Besa , nuestro pésame, en nombre propio y en el de los señores Senadores a quienes, estoy seguro, interpreto con mis palabras.
Adhiero al envío de los pésames correspondientes.
Yo también me sumo al homenaje rendido por el Senador señor Romero.
--Se anuncia el envío de las comunicaciones solicitadas, en nombre del señor Senador , de conformidad al Reglamento, con la adhesión de los Senadores señores Horvath y Zaldívar (don Andrés) .
Señor Presidente , en julio del año pasado en esta misma Sala hice presentes mis aprensiones respecto del anuncio de finalización de actividades de la Fuerza Aérea de Chile en Villa "Las Estrellas" y de la escuela y otras dependencias que se mantienen en el lugar.
Sobre el particular, he recibido antecedentes adicionales, en la esperanza de que tal situación se revise, aunque parece poco probable.
Una de las respuestas que me ha llegado es de la señora Ministra de Educación . Señala que efectivamente la Escuela F-50 no funcionará desde el presente año y los alumnos serán evacuados por la desactivación de la Villa. Lo curioso de este documento es la afirmación de que el impacto no será tan dramático, ya que el colegio atiende sólo a las familias destinadas a la base; por tanto, no existe matrícula sin atención. Además, expresa que esta escuela es la única en el país que pertenece todavía al Ministerio de Educación. Llama la atención que una autoridad no considere otros aspectos relacionados a un lugar de esta naturaleza. La Villa y la escuela en el sector ejercen presencia y apoyan otras actividades como las de investigación científica, de exploración, deportivas y también del ámbito turístico, además de la soberanía positiva que se debe practicar en el territorio.
Por ello, insisto ante las nuevas autoridades, pidiendo que se remitan los antecedentes a la señora Ministra de Defensa Nacional y al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile , a fin de que se revise la situación y, al contrario de lo que se plantea, se refuerce la presencia chilena en el territorio antártico.
Señor Presidente , hemos recibido información de parte de las distintas empresas de servicio aéreo de las Regiones Décima y Undécima, relativa a que la Dirección de Aeronáutica de la Región de Los Lagos estaría cerrando operaciones de vuelo para aviones bimotores de compañías comerciales desde el aeródromo "La Paloma" de Puerto Montt. Igual medida se implementaría, por razones técnicas, en aeropuertos y aeródromos de la Región de Aisén con dimensiones del orden de 600 metros, pues necesitarían metros adicionales para cumplir con la aplicación de las nuevas normas que la referida Dirección estaría estableciendo.
Llama la atención que hace pocos meses en esta misma Sala se haya reunido la Fuerza Aérea con todos los organismos y clubes de la Aeronáutica Civil, representando las distintas regiones de Chile, y no se haya abordado una materia de esta naturaleza.
Esta medida significará un impacto bastante negativo, por cuanto estos aviones deberán operar en aeropuertos principales, con los costos y dificultades que ello implica. Por lo tanto, muchos aeródromos, ciudades y pobladores quedarían sin servicio.
Si en los hechos sólo se permite el funcionamiento de aviones monomotores en estas pistas, se estarían aumentando los costos, dificultando la labor de servicio público e, incluso, arriesgando la seguridad de los pasajeros.
Por esta razón, solicito que se oficie a los señores Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y Director Nacional de Aeronáutica Civil para que requiera todos los antecedentes y revise la medida, además de llevar a cabo un operativo previo para mejorar los aeródromos donde corresponda, si es posible, en conjunto con la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas.
Quiero rendir un homenaje a todos los dirigentes y participantes que tuvieron a bien la oportunidad de organizar y estar en el "Rodeo Zonal Sur 2002" en la ciudad de Coyhaique, Región de Aisén, ya que es la primera vez que se realiza un acto de chilenidad de esta relevancia en la Zona Austral de Chile.
Este evento, donde se corrieron seis series, estuvo enmarcado por un notable esfuerzo de las distintas organizaciones regionales, de la Asociación de Rodeo Chileno de Aisén, de las autoridades competentes y de la comunidad toda. Se logró un resultado verdaderamente digno de resaltar en el Senado y ante todo el país.
Tanto las series (criaderos, caballos, yeguas y potros) como las demás actividades: domaduras, demostraciones de perros ovejeros, movimiento a la rienda y las colleras participantes, convirtieron esto en una fiesta de chilenidad que, a juicio de los asistentes de la Región y de todo el país, es única por la fuerza como se preserva y viven las verdaderas raíces de este deporte y el modo de ser del chileno.
En más de alguna oportunidad, el rodeo ha sido criticado por dañar o maltratar a los animales. Siendo una persona del mundo ambiental a favor de la protección y el bienestar de los animales, sin pretender ironizar, sería preferible -si existiera la reencarnación anterior o posterior y se fuera un toro o un potro- participar en un rodeo antes de ser sacrificado en el primer caso, a menos que pasemos a tener una vida vegetariana, lo cual está bastante lejano todavía, por lo menos en las próximas décadas.
En realidad, se trata de una verdadera fiesta, y eso se nota también en los mismos animales participantes y en los cuidados de que son objeto.
Por ello, destaco a los organizadores del evento: al Presidente Juan Ramón Fernández Bascuñán ; al antiguo Presidente , don Jimmy Peede ; al Presidente del Club de Rodeo de Coyhaique , don Jorge Oyarzún Silva ; al Delegado Oficial por la Asociación de Magallanes, don Arturo Ramírez Urzúa ; al Presidente de la Asociación de Rodeo Zona Sur, don Alejandro Acuña Gildebrand ; al Jurado ; al Secretario , don Marcelo Guzmán , y al Capataz, don Roberto García . También felicito a los ganadores: en el primer lugar está, ni más ni menos, quien ha sido considerado el "jinete del siglo", don Ricardo de la Fuente en su cabalgadura "Copoa" y su collera, don Sergio Tamayo en "Amenaza", ambos de la Asociación Valdivia "Criadero Santa Isabel"; en segundo lugar, muy disputado, figuran don Marcos Peede en "Airosa" y don Jimmy Peede en "Resaca", de la Asociación de Aisén; y en tercer lugar, puesto que debió ser desempatado, don Jorge Saavedra en "Lampazo" y don Guido Villaseca en "Cuspe".
En dicho evento, se rindió un homenaje a los pioneros del rodeo de la zona sur: don Arturo Stolzembach y don Mario Mundaca Peña , nombre que lleva también aquella medialuna, la cual, sin temor a equivocarme, es una de las medialunas más bellas de Chile, por el lugar donde está emplazada y la vista privilegiada de la Patagonia chilena.
Cabe destacar esta iniciativa, y solicito que esta intervención se haga llegar al Presidente de la Asociación de Aisén , al Presidente de la Federación de Rodeo del Sur de Chile y al Presidente de la Federación de la Asociaciones de Rodeo Nacional , a fin de que este deporte siga incentivándose a todo nivel, lo cual es una de las ventajas y características de la Región de Aisén: el desarrollo de esta importante actividad no es sólo función del dinero que se tenga, sino de la pasión por la chilenidad.
El señor HORVATH.
- Finalmente, hago presente una situación bastante delicada en relación a la entrega de viviendas básicas en Coyhaique.
Se trata de 144 viviendas de un programa habitacional que se desarrolló con una característica especial de diseño y tecnología, digna de destacarse. Entrar a esa comunidad es como estar en el nivel de otro país.
Sin embargo, durante una visita presidencial -meses antes de las elecciones parlamentaria pasadas- se aseguró la entrega de tales viviendas, hecho que no ha ocurrido hasta la fecha, porque la empresa IMC Construcciones se encuentra en quiebra y las casas estarían embargadas, pese a haber sido adjudicadas.
Aparte esta anomalía y la demora con que las casas puedan ser entregadas, hemos recibido antecedentes de que personas, aparentemente vinculadas con la Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda, estarían ofreciendo casas alternativas a estas familias, con el objeto de que baje la presión que se ejerce sobre el Ministerio y la empresa para resolver la situación.
Aún más, es probable que dichas casas alternativas recién estén empezándose a construir.
Por lo anterior, solicito que se oficie al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, a fin de que remita los antecedentes respecto de esta materia.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.