Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-10083-de-septiembre-13-de-2016?documento=legcol&contexto=legcol_74a822f3ff244bffa1397f9fa1de7488&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 01:18:26
Document Index: 159805226

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'artículo 74', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 35']

﻿ RESOLUCIÓN 10083 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2016
RESOLUCIÓN 10083 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:POR LA CUAL SE FIJAN TARIFAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL Y SE DEROGA LA RESOLUCIÓN 126 DE 2013.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, SERVICIO REGISTRAL, FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, TARIFA NOTARIAL
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 14502 DE 2016 ARTÍCULO 1° DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
Superintendencia de Notariado Registro
RESOLUCIÓN 10083 DE 2016
“Por la cual se fijan tarifas por concepto del ejercicio de la función registral y se deroga la Resolución 126 de 2013”.
(Nota: Derogada por la Resolución 14502 de 2016 artículo 1° de la Superintendencia de Notariado y Registro)
en uso de las facultades conferidas por el artículo 74 de la Ley 1579 de 2012, y el numeral 13 del artículo 13 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014.
Que con fundamento en la citada disposición se expidió la Resolución 126 de 2013, a través de la cual se fijan las tarifas por concepto del ejercicio de la función registral.
Que la Superintendencia de Notariado y Registro avanza en la puesta en marcha de servicios virtuales alternos a los servicios presenciales que permitan fácil acceso, rápido y confiable a la información inmobiliaria del país y al pago de los derechos registrales, lo que requiere de la diversificación de los canales de atención y aplicación de tecnologías de información eficaces, soportadas en políticas de servicio al ciudadano y de gobierno en línea.
Que además de la implementación de estos nuevos procesos tecnológicos y operativos para proveer a los colombianos de mayores alternativas en el eficaz ejercicio de sus derechos y obligaciones registrales, se hace necesario garantizar y dinamizar la administración de los recursos, bajo los principios de proporcionalidad, justicia, progresividad, capacidad contributiva y equidad garantizando un orden económico social justo y el buen funcionamiento del servicio público registral.
ART. 1º—Tarifa ordinaria para la inscripción de documentos. La inscripción de los títulos, actos y documentos que de acuerdo con la ley están sujetos a registro, causarán los siguientes derechos de registro a cargo del solicitante:
a) La suma de treinta mil pesos ($ 30.000) por cada uno de los actos que por su naturaleza carezcan de cuantía en el documento de inscripción. Salvo los casos previstos en esta resolución, también deberá cancelarse la suma de dos mil quinientos pesos ($ 2.500) por cada folio de matrícula adicional donde deba inscribirse el documento.
smlv inicio smlv final Tarifa por 1000
>25 smmlv <=100 smmlv 4.5 x mil
>100 smmlv <=135 smmlv 5 x mil
>135 smmlv <=210 smmlv 6.5 x mil
>210 smmlv <=280 smmlv 7.5 x mil
>280 smmlv <=350 smmlv 8.5 x mil
>350 smmlv 8.8 x mil
Los actos o negocios jurídicos con cuantía inferior a 25 smmlv tendrán una tarifa de sesenta mil pesos ($ 60.000).
Cuando la cuantía del acto consignado en el documento a registrar fuere inferior al avalúo catastral o al autoavalúo, los derechos registrales se liquidarán con base en estos últimos y pagarán las tarifas establecidas en la tabla de actos con cuantía.
c) La suma de dos mil quinientos pesos ($ 2.500) por cada folio de matrícula que deba abrirse;
d) La suma de diecisiete mil seiscientos pesos ($ 17.600) por la inscripción o revocatoria de testamentos.
PAR. 4º—Los derechos de registro en los instrumentos públicos contentivos de declaración de mejoras o de construcción, así como los de transferencia de la nuda propiedad, se liquidarán con base en el valor consignado en el documento y a falta de este, por el avalúo o autoavalúo catastral del inmueble y no se aplicará lo previsto en el inciso 2 del literal b) del artículo 1º de esta resolución.
(Nota: Derogado por la Resolución 14502 de 2016 artículo 1° de la Superintendencia de Notariado y Registro)
ART. 6º—Fiducia mercantil. En la inscripción de escrituras públicas por medio de las cuales se constituye fiducia mercantil, se causarán los derechos correspondientes a los actos con cuantía de que trata el literal b) del artículo 1º, de la presente resolución, sobre el valor más alto que surja entre el dado al contrato y el avalúo catastral o autoavalúo del predio de que se trate.
ART. 8º—Actos sin cuantía. Se consideran actos sin cuantía para efectos de la liquidación de los derechos registrales, entre otros, la constitución o cancelación de: el comodato, el reglamento de propiedad horizontal, el régimen de copropiedad, la partición o división material, liquidación de la comunidad, cesión obligatoria de zonas con destino a uso público, el englobe, el desenglobe, el loteo o reloteo, la constitución de la administración anticrética, de la condición resolutoria expresa, del patrimonio de familia, de la afectación a vivienda familiar, del usufructo, de la dación en pago de que habla la Ley 633 de 2000, las escrituras que versen sobre corrección de errores, aclaraciones, adiciones y, en general, todos aquellos actos negocios jurídicos que por su naturaleza carezcan de cuantía, salvo las situaciones especiales, previstas en la presente resolución.
ART. 9º—Cancelaciones. Salvo lo previsto para la cancelación y liberación de gravámenes hipotecarios y demás exenciones contempladas en esta resolución, la cancelación de inscripciones en el registro se liquidará como acto sin cuantía. En este último evento, además, se cobrará la suma de dos mil quinientos pesos ($ 2.500), por cada folio de matrícula adicional donde deba registrarse el documento. Este valor se recaudará inclusive, cuando se trate de la cancelación de inscripciones trasladadas de un predio de mayor extensión a los folios de matrícula segregados de este.
ART. 10.—Constancia de Inscripción. La constancia de inscripción que de acuerdo con la ley debe reproducir el registrador sobre la copia auténtica o autenticada que del documento inscrito le presente el interesado, causará derechos por la suma de diez mil seiscientos pesos ($ 10.600). No causará derecho alguno la constancia de registro que se imponga en las copias de los documentos con destino al archivo de las oficinas de registro de instrumentos públicos y catastro.
a) De documentos almacenados en medio óptico o microfilmado, la suma de mil pesos ($ 1.000.00) por cada página reproducida:
a) Los certificados de tradición que se expiden en las oficinas de registro de instrumentos públicos causarán derechos equivalentes a la suma de veinticuatro mil pesos ($ 24.000) cada uno.
b) Los certificados de tradición y libertad que correspondan a predios de mayor extensión, causarán derechos por la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000) cada uno.
c) Los certificados de tradición que sean solicitados en los kioscos, CEPS (centros especializados de pagos) y Supercades causarán derechos por la suma de veinticuatro mil pesos ($ 24.000).
d) Las certificaciones que según la ley corresponde expedir para adelantar los procesos de pertenencia o de adjudicación de bienes baldíos, la suma de treinta mil cuatrocientos pesos ($ 30.400) cada uno.
e) Los certificados contentivos de ampliación a la tradición de un inmueble por un lapso superior a los veinte años, la suma de treinta mil cuatrocientos pesos ($ 30.400) cada uno.
f) Las constancias que requieran los particulares para obtener el número de matrícula inmobiliaria con base en el nombre del propietario, el número de identificación o la dirección del inmueble, cuyos datos reposan en los archivos de las oficinas de registro de instrumentos públicos causarán derechos por la suma de mil doscientos pesos ($ 1.200) por cada inmueble o persona a que corresponda la consulta.
g) La suma de mil doscientos pesos ($ 1.200), se causará también en relación con la constancia que indique respecto a determinada persona, no ser propietaria de bienes o titular de derechos inscritos.
a) La expedición por medios electrónicos de los certificados de tradición y libertad tendrán una reducción del 6% en relación con la tarifa establecida en el artículo anterior, es decir la suma de veintidós mil pesos ($ 22.600).
ART. 14.—Incentivo registral. La inscripción de aquellos títulos constitutivos de transferencia del dominio otorgado o ejecutoriado con anterioridad al 31 de diciembre de 1990, causarán derechos registrales por valor de diez y siete mil seiscientos pesos ($ 17.600).
ART. 15.—Vivienda de interés social y reforma agraria. En los negocios jurídicos de adquisición, hipoteca, constitución de patrimonio de familia y/o afectación a vivienda familiar, derecho de preferencia, prohibición de transferencia, bien sea que consten en un mismo instrumento o en instrumentos separados, referidos a la adquisición de vivienda nueva de interés social, en las que intervengan entidades públicas o, personas particulares, se causarán derechos registrales equivalentes a la mitad de los ordinarios señalados en los literales a) y b) del artículo 1º de esta resolución, siempre que el bien se encuentre comprendido hasta el rango de estratificación tres (3), lo cual se acreditará ante la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos.
En los contratos de compraventa e hipoteca que consten en un mismo instrumento o en instrumentos separados relacionados con la adquisición de inmuebles mediante negociación voluntaria de tierras entre campesinos y propietarios para desarrollar unidades agrícolas familiares con subsidios otorgados por la Agencia Nacional de Tierras, o en la negociación directa de tierras o mejoras por parte de dicho organismo, en cumplimiento de los fines de interés social y utilidad pública consagrados en la Ley de reforma agraria, se causarán derechos registrales equivalentes a la mitad de los ordinarios señalados en la tarifa.
PAR.—La expedición del certificado de tradición y libertad solicitado con la inscripción de alguno de los títulos a que se refiere el presente artículo causará derechos registrales equivalentes a la mitad de los ordinarios señalados en el literal a) del artículo 12 de esta resolución.
ART. 16.—Identificación de inmuebles con planos prediales catastrales. La inscripción de los documentos en los cuales se emplee el procedimiento de identificación predial previsto en el Decreto 2157 de 1995, causará derechos registrales por la suma de dos mil quinientos pesos ($ 2.500) siempre que:
a) Se trate de escrituras u otros títulos otorgados por entidades públicas en que consten negocios jurídicos de compraventa, hipoteca o constitución de patrimonio de familia, referidos a vivienda de interés social o a unidades agrícolas familiares, UAF.
PAR.—La expedición del certificado de tradición y libertad solicitado con ocasión del registro de estos documentos, causará derechos registrales por la suma de cinco mil pesos ($ 5 000).
No se causará derecho alguno cuando los actos administrativos de adjudicación de predios rurales expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad pública que haga sus veces, sean radicados directamente por la agencia o la entidad pública que haga sus veces en las oficinas de registro de instrumentos públicos.
PAR.—Para la aplicación de la tarifa exenta los registradores de instrumentos públicos deberán exigir un acta de entrega proferida por la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad pública que haga sus veces, en la cual se establezca que dicha resolución de adjudicación del inmueble rural cumple con los estándares de formalidad y legalidad fijados dentro del plan de formalización.
PAR. 2º—Para la aplicación de la tarifa especial aquí establecida los registradores deberán exigir certificación de la unidad coordinadora del programa de formalización de la propiedad rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, respecto a que la transferencia de Inmuebles (UAF) es producto del programa de formalización del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual deberá adjuntarse a la solicitud de registro.
c) Los actos registrales de prohibición de transferencia y derecho de preferencia con respecto a vivienda de interés prioritario y vivienda de interés prioritario para ahorradores.
d) La expedición del certificado de tradición y libertad solicitado con la inscripción de alguno de los títulos a que se refiere los literales a, b, y c del presente artículo.
e) Cesión de bienes fiscales. Conforme a la Ley 1537 de 2012, artículo 35 los actos administrativos de cesión o transferencia a título gratuito de bienes fiscales, a otras entidades públicas o a particulares, en desarrollo de programas o proyectos de vivienda de interés social.
f) Cuando las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o su cancelación en que intervengan exclusivamente las entidades estatales, a excepción de las empresas de servicios públicos domiciliarios, las empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta las cuales asumirán el pago de los derechos de registro.
g) Cuando las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o su cancelación, así como la expedición de copias de los instrumentos que reposan en el archivo de la oficina de registro de instrumentos públicos, provengan de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los tribunales, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo las superintendencias, los jueces penales, la policía judicial, los defensores de familia, los juzgados de familia en asuntos relacionados con menores, el personero municipal, los funcionarios de ejecuciones fiscales, o cualquier otro organismo que ejerza funciones similares, originadas en desarrollo de investigaciones que les corresponda adelantar, de intervención y toma de posesión de bienes, o que se requiera para aportar a procesos en que actúen en calidad de demandados o demandantes, independientemente de que afecten o beneficien a un particular, persona natural o jurídica.
h) Cuando los organismos y entidades de que trata el parágrafo de este artículo requieran certificados o copias de documentos o instrumentos públicos que reposen en los archivos de las oficinas de registro de instrumentos públicos, siempre que en dichos Instrumentos la entidad solicitante figure como titular de un derecho real.
i) Cuando las copias de documentos públicos sean requeridas por las autoridades o entidades públicas facultadas legalmente para adelantar cobros coactivos.
j) Cuando se trate de actos o contratos de gobiernos extranjeros que tengan por finalidad adquirir o enajenar bienes inmuebles en nuestro país para servir de sede a las misiones diplomáticas, a condición de que exista reciprocidad del gobierno extranjero en esta materia con nuestro país, para lo cual se protocolizará con la escritura respectiva, la certificación que expida para el efecto la autoridad competente.
l) Cuando se trate de la inscripción de actos de transferencia del derecho de dominio en favor de cabildos o comunidades indígenas.
PAR. 2º—Para los efectos de la presente resolución son entidades estatales, entre otras: La nación, las regiones, los departamentos, las provincias, los distritos capital y especiales, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas, las asociaciones de municipios, los municipios, los establecimientos públicos, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias y las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la Ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
ART. 22.—Aproximación al múltiplo más cercano. Para facilitar el recaudo y contabilización de los valores resultantes de la liquidación de los derechos de registro, estos se aproximarán a la centena más cercana, sin exceder en ningún caso el índice de precios al consumidor (IPC).
En todo caso, el registrador de instrumentos públicos dispondrá la suspensión de la inscripción del instrumento hasta tanto el interesado cancele los derechos correspondientes. Cuando la solicitud se refiera a la expedición de un certificado de tradición y libertad, el registrador se abstendrá de suscribirlo o autorizar su entrega hasta tanto el peticionario cancele el mayor valor adeudado.
ART. 24.—Término para la devolución de los dineros por concepto de derechos de registro o de la solicitud de certificados. Cuando el documento presentado no se pueda registrar, el interesado podrá solicitar la devolución o el reintegro de los valores pagados a la oficina de registro de instrumentos públicos recaudadora de los dineros, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria del acto o providencia que niega el registro.
PAR.—Dicha tarifa incluye la expedición de copias para el interesado y los archivos de las oficinas de registro de instrumentos públicos y catastro, así como la del certificado de tradición y libertad, cuando fuere el caso.
ART. 25.—Vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha del 1º de enero de 2017. Se publicará en el Diario Oficial y en la página web de la entidad y modifica las resoluciones 126 de 2013, 4012 del 14 de abril de 2015 y 5209 del 12 de mayo de 2015.
ART. 26.—La presente resolución rige a partir del 1º de enero de 2017.
Dada en Bogotá, D.C., a 13 de septiembre de 2016.