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Timestamp: 2019-12-14 09:50:14
Document Index: 365427733

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 10']

Registro Oficial No. 316 - Martes 9 de Noviembre de 2010 SUPLEMENTO
Martes, 09 de Noviembre de 2010 - R. O. No. 316
\n- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Ecuador
\n0001-10-RS
\nNiégase la apelación propuesta por la señora Karina Mercedes Pérez Mosquera y confírmase la resolución del Consejo Provincial del Guayas
\n0002-10-RA
\nRevócase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo propuesta por el doctor Patricio Eduardo Urgilés
\n- Gobierno Cantonal de Marcabelí: Que reforma a la Ordenanza que reglamenta el cobro, atención y mejoramiento de los servicios del cementerio municipal
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
El Reino de España y la República del Ecuador, en adelante Partes Contratantes, decididos a cooperar en el ámbito de la Seguridad Social, Considerando la importancia de asegurar a los trabajadores de cada uno de los dos Estados que ejerzan o hayan ejercido una actividad profesional en el otro, una mejor garantía de sus derechos,
1 Las expresiones y términos que se enumeran a continuación tienen, a efectos de aplicación del presente
Convenio, el siguiente significado:
“Legislación”: las leyes, reglamentos y demás disposiciones de Seguridad Social a que se refiere el artículo 2, vigentes en el territorio de cada una de las Partes Contratantes.
“Autoridad Competente”:
en lo que se refiere a España, el Ministerio de Trabajo e Inmigración
“Institución Competente”: Institución responsable, de acuerdo con la legislación de cada una de las Partes Contratantes del reconocimiento del derecho y del abono de las prestaciones.
“Organismo de enlace”: Organismo de coordinación e información entre las Instituciones de ambas Partes Contratantes que intervenga en la aplicación del Convenio, y en la información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo.
“Trabajador”: toda persona que como consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por cuenta ajena o propia, está, o ha estado sujeta, a las legislaciones enumeradas en el artículo 2.
“Pensionista”: toda persona que, en virtud de la legislación de una o de ambas Partes Contratantes, reciba pensión.
“Miembros de la familia y derechohabientes”: las personas reconocidas como tales por la legislación aplicable de cada una de las Partes Contratantes.
“Residencia”: la estancia habitual legalmente establecida.
“Estancia”: la permanencia temporal en el territorio de una Parte de quien tiene su residencia en la otra Parte.
“Período de Seguro”: los períodos de cotización obligatorios o voluntarios tales como se definen o admiten como períodos de seguro por la legislación bajo la cual han sido cubiertos o se consideran como cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de seguro.
“Prestación económica” y “Pensión”: todas las prestaciones en metálico y pensiones previstas en la legislación que, de acuerdo con el artículo 2, quedan incluidas en este convenio, así como las mejoras por revalorización, complementos o suplementos de las mismas.
Subsidio de enfermedad.
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que incluye pensiones de supervivencia a viudas y huérfanos.
Seguros de Riesgos del Trabajo ante contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Incapacidad temporal en los casos de enfermedad común y accidente no laboral.
Maternidad, Riesgo durante el embarazo.
Incapacidad Permanente, Jubilación y Supervivencia.
Prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo, y enfermedad profesional.
Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones económicas de carácter contributivo al cumplimiento de determinados periodos de seguro, la Institución Competente tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los períodos de seguro cumplidos con arreglo a la legislación de la otra Parte Contratante, como si se tratara de períodos cumplidos con arreglo a la legislación de la primera Parte, siempre que no se superpongan.
Cuando coincida un periodo de seguro obligatorio con un periodo de seguro voluntario o equivalente se tendrá en cuenta el período de seguro obligatorio.
Cuando coincidan dos periodos de seguro voluntario acreditados en ambas Partes Contratantes, cada Parte tendrá en cuenta los periodos de seguro voluntarios cumplidos en su territorio.
Cuando en una Parte Contratante no sea posible precisar la época en que determinados períodos de seguro hayan sido cumplidos, se presumirá que dichos períodos no se superponen con los períodos de seguro cumplidos en la otra Parte.
Si se exigen períodos de seguro para la admisión al seguro voluntario o continuación facultativa del seguro, los períodos de seguro cubiertos por el trabajador en virtud de la legislación de una Parte Contratante, se totalizarán si fuera necesario, con los periodos de seguro cubiertos en virtud de la legislación de la otra Parte siempre que no se superpongan.
Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, las prestaciones económicas no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la otra Parte Contratante y se le harán efectivas por la Parte Contratante que las haya reconocido, en la entidad financiera designada por el beneficiario.
Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a las prestaciones económicas de incapacidad temporal.
Las pensiones reconocidas en base a este Convenio a los interesados que residan en un tercer país se harán efectivas, teniendo en cuenta los apartados anteriores, en las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que residan en ese tercer país.
DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN
Respecto a lo dispuesto en el artículo 7, se establecen las siguientes normas particulares y excepciones:
El trabajador asalariado al servicio de una empresa cuya sede se encuentre en el territorio de una de las Partes Contratantes y sea enviado por dicha Empresa al territorio de la otra Parte para realizar trabajos de carácter temporal quedará sometido en su totalidad a la legislación de la primera Parte, siempre que la duración previsible del trabajo para el que ha sido desplazado no exceda de tres años, ni haya sido enviado en sustitución de otro trabajador cuyo período de desplazamiento haya concluido.
Si, por circunstancias imprevisibles, la duración del trabajo a que se refiere el apartado anterior excediera de los tres años, el trabajador continuará sometido a la legislación de la primera Parte Contratante por un nuevo período, no superior a dos años, a condición de que la Autoridad Competente de la segunda Parte u organismo en quien delegue dé su conformidad.
El trabajador por cuenta propia que ejerza normalmente su actividad en el territorio de una Parte contratante en la que está asegurado y que pase a realizar un trabajo de la misma naturaleza en el territorio de la otra Parte, continuará sometido en su totalidad a la legislación de la primera Parte, a condición de que la duración previsible del trabajo no exceda de tres años.
El personal itinerante al servicio de empresas de transporte aéreo que desempeñe su actividad en el territorio de ambas Partes Contratantes, estará sujeto a la legislación de la Parte en cuyo territorio tenga su sede la empresa.
El trabajador asalariado que ejerza su actividad a bordo de un buque estará sometido a la legislación de la Parte Contratante cuya bandera enarbole el buque. No obstante lo anterior, cuando el trabajador sea remunerado por esa actividad por una empresa o una persona que tenga su domicilio en el territorio de la otra Parte Contratante, deberá quedar sometido a la legislación de esta Parte Contratante, si reside en su territorio. La empresa o persona que pague la retribución será considerada como empresario para la aplicación de dicha legislación.
Los miembros de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares y el personal al servicio privado de los mismos, se regirán por lo establecido en el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961 y en el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación:
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS
La Institución Competente de cada Parte Contratante determinará el derecho y calculará la prestación económica, teniendo en cuenta únicamente los periodos de seguro acreditados en esa Parte Contratante.
Asimismo, la Institución Competente de cada Parte Contratante determinará los derechos a las prestaciones económicas totalizando los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de ambas Partes Contratantes. Cuando efectuada la totalización se alcance el derecho a la prestación, para el cálculo de la cuantía a pagar, se aplicarán las reglas siguientes:
Se determinará la cuantía de la prestación económica a la cual el interesado hubiera tenido derecho, como si todos los periodos de seguro totalizados hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica).
El importe de la prestación económica se establecerá aplicando a la pensión teórica la misma proporción existente entre el periodo de seguro cumplido en esa Parte Contratante y la totalidad de los periodos de seguro cumplidos en ambas Partes Contratantes (pensión prorrata temporis).
Si la legislación de alguna de las Partes Contratantes exige una duración máxima de periodos de seguro para el reconocimiento de una pensión completa, la Institución Competente de esa Parte tomará en cuenta, para el cálculo de la pensión, solamente los periodos de seguro de la otra Parte que sean necesarios para alcanzar dicha pensión completa. Lo dispuesto anteriormente no será válido para las prestaciones económicas cuya cuantía no está en función de los periodos de seguro.
3. Determi ados los derechos conforme se establece en los párrafos 1 y 2 precedentes, la Institución Competente de cada Parte Contratante reconocerá y abonará la prestación económica que sea más favorable al interesado, independientemente de la resolución adoptada por la Institución Competente de la otra Parte Contratante.
No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, cuando la duración total de los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de una Parte Contratante no llega a un año y, con arreglo a la legislación de esa Parte no se adquiera derecho a prestaciones económicas, la Institución de dicha Parte, no reconocerá prestación económica alguna por el referido período.
A pesar de lo establecido en el párrafo anterior, los períodos inferiores a un año acreditados bajo la legislación de ambas Partes Contratantes podrán ser totalizados por aquélla Parte en la que el interesado reúne los requisitos para acceder a la prestación económica. De tener derecho a la misma en ambas Partes, ésta solo se reconocería por aquella en la que el trabajador acredite las últimas cotizaciones. En estos supuestos no sería de aplicación para la liquidación de la pensión lo dispuesto en el apartado 2, b) del artículo 10.