Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00054-de-septiembre-17-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_04dd90afc923003ce0530a010151003c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-11 05:14:44
Document Index: 68940318

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 267', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 360', 'artículo 360', 'artículo 29', 'artículo 287', 'artículo 360', 'artículo 332', 'artículo 360', 'artículo 15', 'Artículo 16']

﻿ SENTENCIA 2010-00054 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2014
SENTENCIA 2010-00054 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:TARIFA DE CONTROL FISCAL. LA TARIFA CORRESPONDE A UN TRIBUTO ESPECIAL, DERIVADO DE LA FACULTAD IMPOSITIVA DEL ESTADO, QUE ES FIJADA INDIVIDUALMENTE A CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS PARTICULARES QUE MANEJAN FONDOS O BIENES DE LA NACIÓN. PARA FIJAR LA TARIFA, LA CONTRALORÍA REQUIERE A LOS SUJETOS SOMETIDOS A CONTROL LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO ANTERIOR A AQUEL SOBRE EL CUAL SE FIJARA LA CUOTA DE AUDITAJE Y SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO PARA EL AÑO SOBRE EL CUAL RECAERÁ LA CUOTA, DIFERENCIANDO ENTRE LAS ENTIDADES ESTATAL DE TODO ORDEN Y PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, CUOTA DE AUDITAJE, AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, TARIFA DEL CONTROL FISCAL
Sentencia 2010-00054/19528 de septiembre 17 de 2014
Radicación: 2500023270002010 00054 01 (19528)
Demandante: Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
Asunto: Tarifa de control fiscal vigencia 2008
Bogotá D.C., diecisiete de septiembre de dos mil catorce.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala decidirá sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Contraloría General de la República determinó la tarifa de control fiscal a la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH por la vigencia 2008.
Por consiguiente, la Sala determinará i) si los actos administrativos, por medio de los cuales se fijó la tarifa de control fiscal, carecen de motivación porque no se discriminan los valores tenidos en cuenta para aplicar la fórmula que fijó la tarifa a la ANH; y ii) si los recursos de las regalías recaudadas por la actora hacen parte de su presupuesto y, en consecuencia, de la base para determinar la tarifa de control fiscal.
El acto administrativo es entendido como “La declaración unilateral de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa, con efectos jurídicos directos respecto de casos individuales, específicos y generales. Dichos efectos jurídicos se traducen en la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones a favor o a cargo de sujetos o de carácter general, o en la determinación de las condiciones para la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones para determinados casos(13).
De conformidad con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos que contengan decisiones que afecten a los particulares deben motivarse, al menos de forma sumaria, pues el análisis de los hechos y razones que fundamentan la decisión garantizan el derecho de defensa y de audiencia del contribuyente y enmarcan, en este caso, el contenido de la liquidación oficial de revisión y su discusión.
Los motivos, o causa en sentido de dar origen a, vienen a constituir el soporte fáctico y jurídico del sentido y el alcance de la declaración o contenido del acto administrativo, así como lo que hace necesaria su expedición; y cuando por disposición de la ley y los fines deben ponerse de manifiesto, aparecen en la llamada parte motiva o considerativa del mismo. Constituyen, por consiguiente, el porqué de la decisión que contiene el acto administrativo de que se trate(14).
Por lo tanto, los motivos de los actos administrativos constituyen un elemento estructural y su ausencia genera la nulidad del acto.
La Sala advierte que cuando el juez encuentra probada la causal de nulidad, de falta de motivación, no está obligado a estudiar los demás cargos planteados por el demandante.
En el sub examine, el tribunal consideró que la Resolución 1078 de 2008, que fijó la tarifa de control fiscal a cargo de la actora, incurría en falta de motivación porque no especificó el monto sobre el cual aplicó el factor 0.00205328.
No obstante, resulta contradictorio afirmar que el acto administrativo incurrió en falta de motivación y, al mismo tiempo, aseverar que las regalías y compensaciones por explotación de hidrocarburos que la ANH giró a las respectivas entidades territoriales durante el año 2007, no forman parte de la sumatoria de los presupuestos de los sujetos de control que contempla el artículo 4º de la Ley 106 de 1993; en últimas, no era posible que el a quo analizara los demás cargos planteados por el demandante, pues la falta de motivación era suficiente para anular los actos administrativos.
Aclarado lo anterior, la Sala examinará el procedimiento adelantado por la Contraloría General de la República para expedir la Resolución 1078 del 22 de octubre de 2008, en la que fijó la tarifa de control fiscal, o cuota de auditaje, a la ANH, para la vigencia fiscal 2008.
Mediante Circular 010 del 8 de abril de 2008, la Contraloría General de la República solicitó a los organismos y entidades vigiladas el valor de la ejecución presupuestal de gastos en la vigencia 2007, para fijar la tarifa de control fiscal para el año 2008.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos envió el Oficio ANH-13-002865-2008-S del 30 de abril de 2008(15), en el que remitió los informes relacionados con la “ejecución presupuestal de gastos vigencia 2007” con un total de $ 76.081.236.711.
Como consecuencia de lo anterior, la entidad demandada profirió la Resolución 1078 del 22 de octubre de 2008, en la que fijó la tarifa de control fiscal para la vigencia 2008 a la ANH. En el aludido acto administrativo, precisó:
“Que la Constitución Política en el inciso 4º del artículo 267 establece: La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. (…)
Que el artículo 4º de la Ley 106 de 1993 dispone: “Autonomía presupuestaria. La Contraloría General de la República tendrá autonomía para el manejo, administración y fijación de su presupuesto, en concordancia con la ley orgánica de presupuesto.
La tarifa de control fiscal será fijada individualmente para cada organismo o entidad vigilada mediante resolución del Contralor General de la República (…).
Que la oficina de planeación recopiló directamente la información de la ejecución presupuestal de gastos en la vigencia fiscal 2007, de los organismos y entidades vigilados por la Contraloría General de la República, cuya sumatoria fue de $ 108.577.912.513.044.
Que la Ley Nº 1169 de diciembre 5 de 2007, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008” apropió para gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la República la suma de $ 213.019.000.000.
Que el valor del factor resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de gastos de funcionamiento de Contraloría General de la República por la sumatoria de los presupuestos de gastos de los organismos y entidades vigilados, es de 0.00205328. (…)”.
A juicio de la Sala, la Contraloría General de la República, en la resolución demandada, sí explicó como obtuvo el factor que luego aplicó al presupuesto de la ANH para obtener la tarifa fiscal que le correspondía, como se evidencia en las explicaciones contenidas en los considerandos del acto acusado.
En efecto, en los considerandos de la Resolución 1078 del 22 de octubre de 2008, se relacionaron los antecedentes que llevaron a la entidad demanda a fijar la tarifa de control fiscal para la vigencia 2008; además se cuantificó, en la suma de $ 108.577.912.513.044, el valor de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2007, de los organismos y entidades vigilados por la Contraloría General de la República y se señaló el valor de $ 213.019.000.000, que la Ley 1169 de 2007, apropió para gastos de funcionamiento de la entidad de control, para el año 2008.
Asimismo, se aludió al artículo 4º de la Ley 106 de 1993, que estableció la fórmula para determinar la tarifa de control fiscal que cobra la Contraloría General de la República a los organismos y entidades fiscalizadas, que debe ser la que se obtiene al aplicar, el factor resultante de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada, tarifa que deberá se fijada individualmente para cada organismo o entidad vigilada, mediante resolución del Contralor General de la República.
De lo anteriormente expuesto, la Sala evidencia que el acto administrativo contenido en la Resolución 1078 de 2008, no carece de motivación.
De otra parte, encuentra la Sala que la actora controvirtió, en los recursos de reposición y subsidiario de apelación, los motivos del acto administrativo que fijó la tarifa a su cargo, lo que no podría haber hecho si el acto mencionado no hubiera explicado la forma como determinó la tarifa referida, lo que demuestra el entendimiento que tuvo acerca de la motivación planteada en la Resolución 1078 del 22 de octubre de 2008.
Se examinará, entonces, el cargo relacionado con la inclusión del valor de las regalías que la Agencia Nacional de Hidrocarburos transfiere a los entes territoriales, dentro del presupuesto base de la tarifa.
Tarifa de control fiscal y las regalías.
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. (…)”
La Ley 106 del 30 de diciembre de 1993 organizó el funcionamiento de la Contraloría General de la República, estableció su estructura orgánica y determinó la organización y funcionamiento de la auditoría externa, entre otros temas.
La tarifa de control fiscal corresponde a un tributo especial, derivado de la facultad impositiva del Estado (arts. 150, numeral 12, y 338 de la Carta), que es fijada individualmente a cada una de las entidades de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación (art. 267, inciso 1º de la Carta)(16).
A juicio de la Sala, el presupuesto que debe tenerse en cuenta frente a las entidades vigiladas es aquel que comporta la totalidad de rubros comprendidos en el concepto de presupuesto, esto es, gastos de funcionamiento, servicio de deuda, gastos de inversión y operación comercial.
El artículo 10 del Decreto 111 de 1996, sobre el Presupuesto General de la Nación, establece que el presupuesto es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social. La Corte Constitucional ha considerado que el presupuesto es una ley de autorización de gastos, por cuanto limita jurídicamente su ejecución en tres aspectos: de un lado, en el campo temporal, pues las erogaciones deben hacerse en el período fiscal respectivo; de otro lado, a nivel cuantitativo, pues las apropiaciones son las cifras máximas que se pueden erogar; y, finalmente, en el campo sustantivo o material, pues la ley no sólo señala cuánto se puede gastar sino en qué se deben emplear los fondos públicos(17).
La ANH fue creada por el Decreto 1760 de 2003, mediante el cual se escindió la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol y se modificó su estructura orgánica.
En cuanto a su naturaleza jurídica, el artículo 2º del decreto en mención la erigió como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Minas y Energía y le otorgó personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera y la sometió al régimen jurídico allí establecido.
Dentro de las funciones que se le otorgaron a la ANH, está la de administrar las participaciones, en dinero o en especie, en producción, regalías y contribuciones al Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera o FAEP; es decir, la de recaudar las regalías y compensaciones monetarias por la explotación de hidrocarburos que correspondan al Estado y la de girarlas a las entidades que tengan derecho a ellas.
De hecho, el presupuesto de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, para el año 2008, estaba dado por la Ley 1169 del 5 de diciembre de 2007, por la cual “se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008”, más precisamente en el artículo 1º, sección 211100, por valor de $ 187.989.000.000.
Las regalías, según el artículo 360 de la Constitución Política, se definen como la contraprestación económica que percibe el Estado a cargo de las personas a quienes otorga el derecho a explotar los recursos naturales no renovables, en un determinado porcentaje, sobre el producto bruto explotado; no tienen naturaleza tributaria y constituyen rentas nacionales sobre las cuales algunas entidades territoriales tienen derecho a participar de ellas(18).
Por su parte, el artículo 360, ibídem, reserva al legislador la facultad para fijar las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables y los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos.
Declara que la explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica, a título de regalía, sin perjuicio de otro derecho o compensación que se pacte.
Determina a las entidades territoriales, donde se exploten recursos naturales no renovables, como participantes directas en la distribución de las regalías y compensaciones, así como a los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos(19).
Según el artículo 29 de la Ley 756 de 2002, los porcentajes de participación de las regalías son los siguientes(20): i) departamentos productores 22%; ii) municipios o distritos productores 10%; iii) municipios o distritos portuarios 8%; iv) empresa industrial y comercial del Estado, Ecopetrol, o quien haga sus veces 50%; y v) Corporación Autónoma Regional en cuyo territorio se efectúen las explotaciones, 10%.
El mismo artículo establece que la ANH maneja los recursos, que por concepto de regalías, le corresponden a los entes territoriales de manera independiente de sus propios recursos, para lo cual lleva contabilidad separada.
La Corte Constitucional ha precisado, respecto de la participación en las regalías a favor de las entidades territoriales lo siguiente(21):
“(…) que la previsión de derechos de participación en las regalías a favor de las entidades territoriales no pueden entenderse, en modo alguno, como asignación de propiedad de esos recursos a su favor, ni menos su integración a las rentas de dichos entes, en los términos del artículo 287-3 C.P. Antes bien, se ha considerado por la jurisprudencia que el vínculo entre las regalías y la propiedad del subsuelo por parte del Estado lleva, de suyo, la validez constitucional de fórmulas de distribución que contemplen como beneficiario a la Nación, en tanto componente del citado concepto, según se ha explicado. Sobre el particular, la sentencia C-541/11 estipuló que “en lo que respecta específicamente a la propiedad de las regalías, la Corte ha interpretado la pertenencia al Estado de que habla el artículo 360 superior, en el sentido de que si bien ello no equivale a afirmar que su propiedad corresponde a la Nación, la generalidad del término indudablemente si incluiría el nivel central o nacional. Esta conclusión se confirma también al observar que esa misma norma constitucional asigna a las entidades territoriales el derecho a “participar en las regalías y compensaciones”, precisión que no sería necesaria si tales recursos verdaderamente fueran propiedad de aquéllas. De allí que la jurisprudencia haya repetidamente calificado las regalías como recursos exógenos de las entidades territoriales. (…)”
“(…) los entes territoriales no tienen un derecho de propiedad sobre las regalías sino apenas el derecho de participación sobre las mismas que les atribuye la ley(22), puesto que por mandato expreso del artículo 332 Constitucional la titularidad de las contraprestaciones económicas causadas por la explotación de un recurso natural no renovable está radicada en el Estado en su calidad de dueño del subsuelo y de tales recursos ya que “… la Carta Política no reconoce un derecho de propiedad al departamento, al municipio productor, al puerto marítimo o fluvial sobre la regalía, puesto que, como se ha visto, las entidades territoriales del Estado, al no ser propietarias del recurso natural no renovable, tampoco lo son de los beneficios que de la extracción de los mismos se deriven”(23). Las regalías gravitan sobre todas las explotaciones de recursos naturales de propiedad del Estado, esto es, tienen carácter universal. Además, constituyen los ingresos fiscales mínimos por las explotaciones del subsuelo que es propiedad del Estado. Así mismo, estos ingresos públicos no tienen naturaleza tributaria, “pues no son imposiciones del Estado sino contraprestaciones que el particular debe pagar por la obtención de un derecho, a saber, la posibilidad de explotar un recurso natural no renovable”(24). Y no constituyen bienes de uso público “sino rentas nacionales sobre las cuales algunas entidades territoriales tienen derecho a participar de ellas(25). (…)”.
La Ley 1110 del 27 de diciembre de 2006 fijó en la suma de $ 116.431.233.513.201, los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007; para la ANH, el presupuesto de rentas y recursos de capital fue de $ 140.359.562.000.
Mediante el Oficio ANH-13-002865-2008-S del 30 de abril de 2008, la ANH informó a la Contraloría que el valor correspondiente al total del presupuesto de gastos ejecutado en el año 2007, era de $ 76.081.236.711, sin contemplar apropiaciones atinentes a regalías y compensaciones por la explotación de hidrocarburos.
No obstante, la Contraloría General de la República, para determinar la tarifa de control fiscal a cargo de la ANH por la vigencia 2008, tomó el presupuesto ejecutado, informado por la ANH y le sumó las regalías en cuantía de $ 4.854.099.082.743. A la suma de estos dos guarismos le restó el valor de la tarifa de control fiscal del año 2007, esto es, $ 8.376.488.998 y al resultado así obtenido, le aplicó el factor determinado para el año 2008, esto es, 0.00205328, determinando como tarifa de control fiscal para la vigencia 2008 la suma de $ 8.897.978.439.
Así lo explicó en la Resolución 0227 del 9 de marzo de 2009, con la que resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos por la actora(26).
Pues bien, la Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante Concepto Nº 1656 del 21 de julio de 2005, resolvió la consulta que presentara el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de aclarar si los recursos que por concepto de regalías recaudaba la Agencia Nacional de Hidrocarburos ingresaban al presupuesto de esta.
“(…) Las regalías directas provenientes de la explotación de hidrocarburos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 360 de la Carta, constituyen un derecho de participación económica de las entidades territoriales y por consiguiente no se incorporan en el presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, organismo que, en su calidad de recaudador, las girará directamente, sin perjuicio del registro contable que de las mismas deberá efectuar para efectos de control (…)”.
En ese mismo sentido, pero en lo relacionado con las regalías recibidas por las entidades territoriales como factor incluido en el presupuesto de éstas a fin de fijar la cuota de control fiscal, esta sección dispuso lo siguiente:
“Es claro para la Sala que las regalías no son recursos propios de las entidades territoriales, contrario a lo afirmado por la entidad demandada al explicar las razones por las cuales no excluyó de la base de cómputo de la contribución el rubro correspondiente a “participación regalías petrolíferas” por valor de $ 1.740.000.000 que hacían parte del presupuesto municipal para la vigencia fiscal de 1996. En cuanto al fundamento legal para excluir de la base de dicho cómputo la participación de las regalías petrolíferas, la Sala comparte el concepto del Ministerio Público, según el cual la Contraloría Departamental del Huila no podía incluir dicho rubro, porque son recursos que pertenecen exclusivamente al Estado y de las cuales participa la entidad territorial, así el legislador estableció su destinación. Se advierte además que el artículo 15 de la Ley 141 de 1994 de manera expresa ordena que los recursos provenientes de las regalías se deben separar claramente en el presupuesto anual. Si bien no existe la norma que disponga expresamente que estos recursos no hacen parte de la base de determinación de la cuota de auditaje, la misma Ley 141 de 1994 al atribuirle destinación específica a la totalidad de los recursos provenientes de las regalías impone que sean excluidos para dicho cálculo. Así, la entidad demandada al fijar la cuota de fiscalización en cumplimiento de lo ordenado en el parágrafo único del artículo segundo de la Ordenanza Nº 59 de 1995 debió excluir el rubro correspondiente a la participación en regalías que figuraba en el presupuesto para esa vigencia, objeto de este proceso, dada la naturaleza del ingreso y su destinación específica atribuida por ley, tal como lo resolvió el tribunal(27) (…)”.
Así las cosas, las regalías que percibe la ANH no le pertenecen y no hacen parte del presupuesto base para la tarifa de control fiscal. Si la Ley de presupuesto no dispuso incluir dentro de los recursos propios de esa entidad lo recaudado por concepto de regalías, mal puede la Contraloría agregar dicho rubro para fijar a la entidad la cuota de control fiscal dado que, como también se anotó anteriormente, el presupuesto de una entidad de la naturaleza jurídica de la accionante se encuentra determinado por la Ley orgánica de presupuesto y por la Ley de apropiaciones.
De acuerdo con lo expuesto, la Contraloría General de la República debe fijar la tarifa de control fiscal a la ANH teniendo en cuenta el presupuesto que ésta le informó, sin incluir las regalías, dada su naturaleza y su destinación específica atribuida por la ley.
En este orden de ideas, la Sala modificará el restablecimiento del derecho ordenado en la sentencia apelada, en el sentido de ordenar a la Contraloría General de la República que liquide la tarifa de control fiscal a la ANH teniendo en cuenta el presupuesto establecido en la citada Ley 1110 de 2006, ley de apropiaciones dictada para la vigencia fiscal 2007. Esto es, sin incluir las regalías.
1. CONFÍRMANSE los numerales primero y tercero de la Sentencia del 28 de febrero de 2012 proferida por el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección “B”, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH contra la Contraloría General de la República.
2. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA liquidar nuevamente la tarifa de control fiscal correspondiente al año 2008, tomando como base el presupuesto de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCABUROS-ANH determinado en la Ley 1110 de 2006, para el año 2007, previa depuración, y sin incluir el valor de las transferencias que esta entidad hizo en el año 2007 por concepto de regalías y/o compensaciones monetarias. En las consideraciones del acto correspondiente, la Contraloría deberá especificar claramente todos los conceptos y valores que constituyen la base gravable de liquidación de la cuota de auditaje.
(13) Fernández Ruiz, Jorge. Programa de Derecho Mexicano de Derecho Administrativo, México: Editorial McGraw Hill. 1997, pág. 127.
(14) Luis Enrique Berrocal Guerrero. Manual del acto administrativo, Librería Ediciones del Profesional Ltda. Sexta Edición.
(15) Folios 1335 a 1343 del anexo Nº 3.
(16) Sentencia C-1148/01.
(17) Sentencia C-685 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(18) Sentencia de la Corte Constitucional C-427 de 2002.
(19) Corte Constitucional Sentencia C-128/98. “(…) las regalías tienen dos destinaciones: la Nación y las entidades territoriales: las de las entidades territoriales, a su vez, provienen de dos vías: directamente y a través del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); por ello, la autonomía que la Constitución le reconoce a las entidades territoriales se reduce, en el campo de las regalías, a participar en las rentas nacionales en los términos que fije la ley”.
(20) Artículo 16 Ley 1530 de 2012. Recaudo. Se entiende por recaudo la recepción de las regalías y compensaciones liquidadas y pagadas en dinero o en especie por quien explote los recursos naturales no renovables, por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería.
(21) Sentencias C-221 de 1997, C-447 de 1998, C-293 de 2000 y C-251 de 2003.
(22) Sentencia C-447 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(23) Sentencia C-221 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(24) Sentencia C-221 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(25) Sentencia C-447 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(26) Folios 33 a 49 cuaderno principal.
(27) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección cuarta. Fallo de 11 de marzo de 2004. Expediente 13764. C.P. María Inés Ortiz Barbosa.