Source: http://inmigracionunaoportunidad.blogspot.com/2018/08/
Timestamp: 2019-12-13 20:42:18
Document Index: 258367351

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 88', 'artículo 281', 'artículo 7', 'artículo 7']

INMIGRACIÓN UNA OPORTUNIDAD : agosto 2018
Publicado por Roberto García Fernández en 8:21 No hay comentarios:
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 3 DE JULIO DE 2018 DENIEGA LA NACIONALIDAD NO POR LAS AUSENCIAS EN LA RESIDENCIA CONTINUADA EN ESPAÑA , SE LO DENIEGAN POR UN ANTECEDENTE PENAL DERIVADO DE UNA CONDENA POR LA LUCHA DE LA CUSTODIA DE SU HIJO
Roj: SAN 3018/2018 - ECLI: ES:AN:2018:3018
Id Cendoj: 28079230032018100364
Nº de Recurso: 72/2017
Opone frente a las consideraciones de la resolución impugnada que reside legalmente en España, habiendo fijado su domicilio en DIRECCION000 con su esposo y sus dos hijos; contrajo matrimonio con D. Daniel el 7/08/2008, teniendo un hijo menor de edad a fecha de solicitud (17 años en fecha 2013), y tiene concedido permiso de residencia en España como familiar de ciudadano comunitario desde 2009. Ciertamente, consta en la copia de pasaporte -folio 4 a 11- además de su inicial entrada y visado una salida en fecha 1/3/2011 y un retorno en 24/7/2012 causa de denegación en el presente expediente.
Pero su lugar de residencia desde 2009 ha sido en España. El motivo de fuerza mayor por el que tuvo que abandonar el país por ese periodo fue la necesidad de solucionar la situación legal y personal de su hijo Estanislao , que se encontraba en su país de origen. Dña Marcelina ha intentado tras su matrimonio con el ciudadano español Don Daniel en 2008 solucionar la salida de su hijo menor de su país para su reagrupamiento.
En su día, tras el divorcio con su anterior marido le fue otorgada la custodia de su hijo Estanislao (doc nº 2 del expediente). Pero su marido entonces, D. Francisco , entorpecía y obstaculizaba su relación y salida del menor condicionando su autorización a la condonación del impago de pensión de alimentos a su hijo que venía manteniendo y el embargo derivado del mismo. Así la salida de nuestro país y su estancia en Colombia en ese período se enmarca precisamente en esta lucha judicial y personal en orden gestionar la salida de su hijo menor para procurarle un desarrollo y educación en nuestro país que en su lugar de origen le era imposible de conseguir. De esta manera, y en ese proceso, en fecha 8 de septiembre de 2011 se citaba y celebraba el acta de conciliación fallida para intentar esta salida del país del menor. (doc nº 3 y 4).
El 8 de septiembre de 2011 se citaba y celebraba el acta de conciliación fallida para intentar esta salida del país del menor. (doc nº 3 y 4). A partir de ahí y tras el contencioso este concluye con un acuerdo, donde Dña Marcelina concedía dicha condonación de deuda y a cambio su ex marido le otorgó la posibilidad de esa salida que fue finalmente otorgada (doc 5) protocolizada y apostillada en fecha 9/5/2013. El entonces menor pudo así trasladarse a nuestro país ( doc 7 y ss).
Frente a este único y aislado hecho dentro del amplio periodo la recurrente demuestra, una mantenida
conducta demostrativa de arraigo económico y personal.
TERCERO.- Dado traslado de la demanda, la Abogacía del Estado presentó escrito en el que, se opuso a la
demanda en mérito a los hechos y fundamentos que estimó de aplicación al caso, y terminó suplicando que se dictara sentencia de conformidad a derecho.
La residencia legal y efectiva en España no se ha cumplido con continuidad en el tiempo inmediatamente anterior a la petición conforme exige el artículo 22.3 del CC pues, en el presente caso, la solicitud de nacionalidad española por residencia se formuló en fecha 28 de mayo de 2013. En concreto, la solicitante podía adquirir la nacionalidad por un año de residencia legal, continuada e inmediata a su petición, por su matrimonio con un español ( artículo 22.2.d) del Código Civil ), por lo tanto la interesada debía acreditar su residencia legal y continuada durante el año anterior a su solicitud esto es, desde el 28/05/2012 al 28/05/2013.
En segundo lugar, se acuerda denegar la nacionalidad solicitada porque la interesada no ha justificado
suficientemente la buena conducta cívica que exige el artículo 22.4 del Código Civil ya que del certificado de antecedentes penales de su país de origen resulta que "no es requerido por autoridad judicial" lo que significa que existe sentencia condenatoria en vigor en su país de origen. Como señala la resolución recurrida, la recurrente inició la tramitación de su expediente de nacionalidad con fecha 28/05/2013 en el Registro civil de Gernika-Lumo, adjuntando a la solicitud el certificado de antecedentes penales de su país en el que se hacía constar la frase de "no es requerido por la autoridad judicial" , lo que quiere decir según aclaración de la Policía nacional de Colombia, en Sentencia SU-458 de 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional que ha tenido antecedentes en su país por sentencia condenatoria y, o bien no están extinguidos o no han prescrito, por lo tanto, están en vigor, no quedado demostrado el requisito de buena conducta cívica exigida en el artículo 22.4 del Código Civil .
TERCERO.- Procede examinar el segundo de los motivos que dio lugar a la resolución denegatoria, que también
ha constituido un obstáculo para la concesión de la nacionalidad. Se trata de los antecedentes penales del país de origen que se encontraban vigentes en el momento de la petición, según se ha constatado en el procedimiento administrativo. La demandante reconoce un delito de falsedad en relación a una simulación de la autorización del permiso paterno para poder abandonar Colombia.
Tales hechos no pueden ser obviados, pues hemos de considerar las circunstancias acreditadas en el
momento de solicitar la nacionalidad, fecha en la que se deben cumplir todos los requisitos legales. Y entre ellos es necesario acreditar la buena conducta cívica ( artículo 22.4 CC y 221 del Reglamento de la Ley del Registro Civil), concepto más amplio que el de ausencia de antecedentes penales, en tanto que adquiere el significado de adaptación del comportamiento a un estándar de conducta, de respeto a las normas y principios de convivencia ciudadana, durante un periodo de tiempo prolongado tanto en el país de origen como en España.
El art. 22 del Código Civil exige que el solicitante justifique positivamente que su conducta durante el tiempo de residencia en España, y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles ( SSTS de 30 de noviembre y 25 de febrero de 2000 )
La demandante aportó a través del recurso de reposición formulado en vía administrativa un documento,
mediante copia sin legalizar, en el que se afirma que la condena por delito de falsedad tuvo lugar en 2003, y que quedó extinguida la pena de un año de prisión por cumplimiento el 16 de octubre de 2007. Así mismo aportó un documento privado para acreditar su colaboración con una confesión religiosa, y nuevo certificado de antecedentes penales de 24 de enero de 2017.
Tales documentos no empañan el hecho de una condena grave por delito de falsedad, y si bien se afirma que la misma habría quedado extinguida, el documento que lo afirma ni es un documento original debidamente legalizado - artículo 88 y 89 de la Ley de Registro Civil - ni permite constatar la fecha en la que, de acuerdo con la legislación colombiana, podían cancelarse tales antecedentes. Tal prueba corresponde a la demandante pero no se ha llevado a cabo ( artículo 281.2 , 282 y 217.1 LEC ). En consecuencia, la Sala entiende que no queda acreditada la buena conducta cívica en la fecha de petición de la nacionalidad, puesto que los antecedentes penales seguían vigentes en esa fecha.
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONCEDE NACIONALIDAD ESPAÑOLA A PESAR DE NO SABER QUE IBA A OCURRIR UNOS DÍAS POSTERIORES EN ESPAÑA ( ¿que sucederá el día 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011?
Roj: SAN 2805/2018 - ECLI: ES:AN:2018:2805
Id Cendoj: 28079230012018100357
Nº de Recurso: 284/2017
Sin embargo, considera la Sala que el hecho de que la recurrente no sepa contestar a preguntas como las
formuladas: que se celebra el 6 de diciembre, en que Comunidad Autónoma está la ciudad de Salamanca, "
que sucederá el día 20 de noviembre de este año"... resulta insuficiente para colegir esa falta de adaptación e
integración en la cultura y estilo de vida española, por lo que no puede compartirse esas conclusiones que
alcanzó el Encargado del Registro Civil.
Junto a ello, debemos tomar en consideración que la recurrente habla y entiende el español, como así lo
reconoce la propia Encargada del Registro Civil, tiene arraigo laboral y familiar en nuestro país, su marido y
sus hijos son españoles, ha realizado distintas actividades formativas, tiene permiso de conducir español y
ha comprado una vivienda en nuestro país.
Todo lo cual evidencia un arraigo laboral y socio cultural y un conocimiento del idioma, que acreditan la
integración de la recurrente en nuestra sociedad, que implica, como ha venido reiterando el Tribunal Supremo
- SSTS de 30 de junio de 2011 (Rec. 390272008 ), 11 de diciembre de 2013 (Rec. 2226/2011 ) etc- la armonización del régimen de vida de la solicitante con los principios y valores sociales españoles, el grado de implicación en las relaciones económicas y sociales, así como el arraigo familiar.
Consideramos por todo ello que la recurrente ha acreditado suficiente grado de integración en la sociedad
española a los efectos de la obtención de nuestra nacionalidad, debiendo en consecuencia estimarse el
SENTENCIA DEL TS 3 DE JULIO DE 2018 TERCER VARAPALO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA EXIGIBILIDAD DE MEDIOS ECONÓMICOS A LOS CÓNYUGES EXTRACOMUNITARIOS DE ESPAÑOLES
Planteada en estos términos, la cuestión de interés casacional suscitada con ocasión del presente recurso es así coincidente con la resuelta por nuestras precedentes sentencias
1295/2017, de 18 de julio RC 298/2016 y
963/2018, de 11 de junio RC 1709/2017 .
A) Así las cosas, en nuestra sentencia 1295/2017 tuvimos ocasión ya de fundamentar nuestro criterio en relación con dicha cuestión en el sentido que ahora dejamos reproducido:
CUARTO .- Respuesta a la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la fijación de jurisprudencia: <
artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles>>: Con base en cuanto ha sido expuesto, el ART. 7 DEL RD 240/07 ES APLICABLE A LA REAGRUPACIÓN DE FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE CIUDADANOS ESPAÑOLES .
B) Y no cumple ahora sino resolver del mismo modo (aprovechamos, no obstante, para corregir la fecha de nuestra resolución precedente a que ambas sentencias se refieren y cuyo criterio a la postre adoptan: correcta dicha fecha cuando se cita inicialmente, sentencia de 1 de junio de 2010, RC 114/2007 ; aunque en páginas sucesivas se yerra y en su lugar equivocadamente se alude a una sentencia de 6 de junio de 2010 ). De tal manera, la cuestión de interés casacional que precisaba ser esclarecida con ocasión de este recurso ha de serlo en el sentido de que "el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , es aplicable a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles". Y procede, en su consecuencia, acordar no haber lugar a la estimación del presente recurso de casación interpuesto contra la resolución impugnada ( sentencia de 19 de mayo de 2017, dictada en apelación por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña