Source: https://www.slideshare.net/Cedeo3800/version-editada-pdf
Timestamp: 2017-10-18 13:26:00
Document Index: 320212189

Matched Legal Cases: ['artículo 63', 'artículo 7', 'Artículo 18', 'Artículo 7', 'Artículo 185', 'artículo 70', 'Artículo 7', 'Artículo 20', 'Artículo 13', 'Artículo 57', 'artículo 17', 'artículo 78']

Vanessa Davies Periodista De Vtv Y ... by Johan Chenko 30553 views
1. LAS AMENAZAS A LA DEMOCRACIA, EL ESTADO DE DERECHO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA Junio de 2009 Feliciano Reyna, Yolanda D´Elia y Humberto Prado1 Índice 1. El desconocimiento de la Constitución de 1999 a. Las inhabilitaciones políticas b. La apropiación ilegal y por la fuerza de las competencias federales c. La imposición de autoridades dependientes del Poder Nacional d. El sistema electoral inconstitucional de mayorías 2. La imposición del Socialismo del Siglo XXI como sistema único de gobierno a. La “refundación ética y moral de la República” b. La pérdida de independencia de los poderes 3. Restricciones al ejercicio de las libertades de Asociación y de Expresión a. Libertad de Asociación b. Libertad de Expresión 4. Descalificación, hostigamiento y criminalización de la disidencia y la protesta 5. Situación de defensores y defensoras de los derechos humanos a. Defensores y defensoras organizados en ONG y Comités de Víctimas b. Defensores del derechos laborales c. Defensores del derecho a la tierra 6. Violencia e impunidad institucionales 7. Violencia social a. En el conjunto de la sociedad venezolana b. En el ámbito escolar c. En el ámbito sindical d. En el ámbito de las personas privadas de libertad e. Secuestros y sicariato 8. Derechos sociales y resultados de la gestión de gobierno a. Derecho a la salud b. Derecho a la vivienda c. Derecho al trabajo d. Derecho a la educación e. Derecho a la alimentación 9. Descalificación del Sistema Internacional de protección de los Derechos Humanos 10. Consecuencias para la sociedad venezolana Anexos - Resumen del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, Capítulo IV. Venezuela. 1 fjreyna@gmail.com, yolandadelia@gmail.com
2. 2 - Resumen sobre la Reforma Constitucional en la Construcción del Socialismo del Siglo XXI. Sinergia, Octubre de 2008. - La Enmienda Constitucional para la Postulación Continua. Sinergia, Mayo de 2009.
3. 3 Introducción Desde hace varias décadas, Venezuela atraviesa intensos conflictos en diferentes órdenes de la vida nacional. Sin embargo, durante los últimos años se observa un patrón de acontecimientos preocupante -que viene produciendo un veloz deterioro del estado de derecho, un agudo debilitamiento de las capacidades económicas internas y una expansión incontrolada de la violencia-, que amenaza derechos fundamentales de los venezolanos y el sistema de vida democrática en su conjunto. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) aprobada en 1999, aunque inscrita en unas elecciones presidenciales de las que se esperaban salidas a una prolongada crisis económica y a una profunda desconfianza en las instituciones políticas –y después de una cadena de sucesos que impactaron extensamente el ánimo social2 -, fue obra de las iniciativas de distintos sectores políticos, civiles y económicos del país que proponían ampliar el sistema de reglas democráticas y exigir responsabilidades al Estado con la economía y el bienestar colectivo, en el marco de los derechos humanos y las aspiraciones a una mayor justicia social. En este sentido, se lograron importantes avances constitucionales en la ampliación de los derechos civiles y políticos y en el reconocimiento a los derechos económicos, sociales y culturales. Respecto de los primeros, se consagró el modelo político republicano, federal y descentralizado, se fortaleció el papel de los ciudadanos en el sistema electoral y en la elección de cargos públicos y se crearon nuevas formas de participar en los procesos de decisión pública. En cuanto a los segundos, se establecieron garantías a la universalidad de la salud y la educación, a la seguridad alimentaria y a la equidad en los sistemas laborales y educativos. Asimismo, se consagraron los derechos culturales en una sociedad de composición social diversa, democrática y multiétnica. Sin embargo, fuertes tensiones políticas y económicas ocurrieron después de que la Constitución se aprobara. Los pocos avances jurídicos e institucionales en derechos sociales, económicos y culturales, la designación presidencial de los representantes de los poderes judicial, electoral y ciudadano, incumpliendo lo establecido en la Constitución, y las dificultades para el diálogo que fue mostrando el gobierno en la discusión de leyes y en la aplicación de medidas, unido a una distorsión polarizada de las tensiones, llevó a una espiral de violencia entre los años 2002-2004 -que incluyó las protestas del 11 de Abril de 2002, el golpe de Estado del 12 de Abril y el paro petrolero de dos meses a finales del mismo año-, y también al repliegue de sectores de oposición en las elecciones regionales del año 2004 y en las de la Asamblea Nacional en el año 2005. En el año 2005 y ante la proximidad de nuevas elecciones presidenciales, se impulsó desde el gobierno un proyecto político bautizado con el nombre de “Socialismo del Siglo XXI”, dirigido hacia la erradicación del capitalismo y a la conformación de un sistema de poder centralizado y popular, distinto al republicano, federal y descentralizado que se postula en la Constitución de 1999. La puesta en práctica de este proyecto fue adosada por el gobierno a los resultados de las elecciones del año 2006, en las que se eligió al Presidente Chávez para un segundo mandato presidencial de 6 años con un amplio margen. En el 2007, el gobierno intentó hacer valer constitucionalmente el proyecto socialista, proponiendo cambios a la Constitución de 1999 bajo la figura de una reforma, que permitía legalmente no pasar por un proceso de convocatoria a una constituyente. La propuesta de reforma fue rechazada el 2 de diciembre de 2007 por medio de un referendo popular. No obstante, antes y después del referendo, el Presidente promulgó por Ley Habilitante un total de 66 leyes para el tránsito hacia el socialismo, y la Asamblea Nacional, con mayoría parlamentaria a favor del gobierno, también aprobó el Primer Plan Socialista 2007-2013 basado en el proyecto propuesto en la reforma constitucional rechazada por voto popular (Ver Informe anexo sobre el proceso de Reforma Constitucional). E En enero del 2009, el Presidente propuso una Enmienda Constitucional para que se permitiera su propia reelección en las elecciones de 2012. Dicha propuesta fue extendida por la Asamblea a la reelección de todos los cargos de elección popular y se aprobó por referendo el 15 de febrero de ese mismo año (Ver informe anexo sobre el proceso de Enmienda Constitucional). 2 1983: Viernes Negro; 1989: El Caracazo; 1992: Dos Intentos de Golpe de Estado; 1994; Crisis de Partidos y Crisis Financiera.
4. 4 Estas conductas del gobierno,} han tenido enormes repercusiones sobre la vida social, política y económica del país y, en los dos últimos años, han adoptado un patrón de radicalización que pone en peligro la protección de las libertades y de los derechos humanos en su conjunto, así como la vigencia de las garantías contenidas en la Constitución de 1999 y de los tratados y convenios internacionales suscritos por Venezuela como República. Lo que exhiben tales conductas es el desconocimiento de la Constitución de 1999; el intento de imposición ideológica del Socialismo del Siglo XXI como sistema de gobierno; el uso de restricciones y de prácticas de hostigamiento para limitar la libertad de asociación y de expresión, y, últimamente, la criminalización de la disidencia y la protesta, frente a una creciente situación de descontento social. Entre las consecuencias de estas conductas, que debilitan gravemente la vida democrática, la vigencia del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Venezuela, se encuentran la violencia institucional y la impunidad, la ausencia de políticas que den respuesta a los problemas sociales y el uso clientelar de los recursos que servirían para ello –lo cual se evidencia en los altos niveles de incumplimiento del Estado con las garantías constitucionales en los derechos a la salud, a la vivienda, al empleo, a la educación y a la alimentación- y una gravísima situación de violencia social que penetra en todos los sectores de la sociedad venezolana y que, en particular, afecta a la población más joven, a las comunidades de los sectores populares, a las personas privada de libertad, a los escolares y a los servicios de salud pública. 1. El desconocimiento de la Constitución de 1999 Los mandatos y las normas constitucionales han dejado de tener efecto en las decisiones de gobierno. La mayoría de las leyes previstas para ser aprobadas en el marco de la Constitución de 1999 y antes del año 2004, no se llevaron a efecto y, después de 9 años, el país continúa con leyes e instituciones preconstitucionales. En vez de honrar las obligaciones del Estado con la Constitución, las leyes que sí han sido aprobadas en los últimos años han estado suscritas a las líneas del proyecto socialista, llegando algunas de ellas a implicar la violación de la norma constitucional. Estas leyes, concebidas como “de transición al socialismo”, se corresponden con modificaciones de la Constitución rechazadas en referendo popular el 2 de Diciembre de 2007. A partir de la aprobación, el 15 de Febrero de 2009, de la propuesta de enmienda de la Constitución para la reelección indefinida de los cargos de elección popular, el gobierno ha venido tomando decisiones que desconocen la vigencia de la Constitución y violentan la voluntad del pueblo venezolano, ejercida a través del voto. Entre estas decisiones destacan: las inhabilitaciones de candidatos a cargos de elección popular sin juicio previo, la apropiación ilegal y por la fuerza de las atribuciones constitucionales que les corresponden al poder estadal y al poder municipal, y la imposición de autoridades dependientes del poder nacional y designadas por el Presidente, a las cuales deben someterse gobernadores y alcaldes electos por el pueblo. a. Las inhabilitaciones políticas Un total de 272 inhabilitaciones para cargos de elección popular –en su mayoría candidatos de oposición-, se ejecutaron antes de las elecciones de Noviembre de 2008. Las inhabilitaciones fueron tramitadas por la Contraloría General de la República, confirmadas por el Tribunal Supremo de Justicia y acatadas por el Consejo Nacional Electoral, sin procedimiento judicial ni sentencia alguna. Su ejecución constituye una falta grave a los derechos políticos de los electores y una demostración de la falta de independencia de los poderes públicos (Ver Informe anexo de la CIDH). En ninguno de los casos ha sido posible lograr la restitución de los derechos vulnerados y la Defensoría del Pueblo se mantiene completamente al margen de este proceso. Por esta razón y una vez agotadas todas las instancias nacionales, el caso de las inhabilitaciones se presentó ante la CIDH durante el 134 Período de Audiencias, en Marzo de 2009. b. La apropiación ilegal y por la fuerza de competencias federales La reforma que aprobara la Asamblea Nacional, el 17 de Marzo de 2009, a la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, llevó a la toma por parte del poder nacional de la administración de carreteras, puentes, puertos y aeropuertos –acción ejercida por la Guardia Nacional en los casos de estados gobernados por opositores-, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución Nacional respecto de las competencias exclusivas de las gobernaciones y alcaldías, y reduciendo así una importante fuente de recursos para los
5. 5 ciudadanos de esos estados y municipios. Luego de que fuera electo en Noviembre de 2008 un alcalde de oposición a la Alcaldía del Distrito Metropolitano3 , se aprobó en apenas 4 meses la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, en la que se creó una nueva entidad político-territorial con el nombre de “Distrito Capital”, a la cual se asignaron las más importantes competencias de la Alcaldía. Mediante decretos adicionales se le quitaron al Distrito Metropolitano: 93 escuelas, el cuerpo de bomberos y de protección civil, el Instituto de Servicios Metropolitanos, el Instituto Metropolitano de la Juventud y 14 hospitales, junto con todos los servicios de salud, incluidas las funciones de dirección y planificación sanitaria. Además, por medio de grupos de afectos al gobierno se tomaron por la fuerza oficinas y edificios donde funcionaban las distintas dependencias de la Alcaldía y, por medio de la Ley Especial aprobada posteriormente, el gobierno negó su devolución a las autoridades legítimamente electas, dando así validez legal a las tomas. c. La imposición de autoridades dependientes del poder nacional Por medio de la misma Ley Especial se nombró a un nuevo jefe de gobierno del recién creado Distrito Capital, designado por el Presidente 4 . En acto público durante la toma de la Jefatura de Gobierno, al preguntársele a la nueva Jefa de Gobierno, Jacqueline Farías, qué pensaba del hecho de que su cargo no hubiera sido producto de elección popular sino de la designación por parte del Presidente, respondió: "Los dedos de Chávez son los dedos del pueblo, sus dedos quieren lo mejor para Caracas", y justificó su nombramiento diciendo ¨…sería ´incómodo´ para el Presidente estar rodeado de gobernantes de oposición¨. Actualmente, la Asamblea Nacional estudia una nueva ley que cambiaría la condición de Distrito Metropolitano a la de “Área Metropolitana”, con lo que el Cabildo Metropolitano dejaría de ser un cuerpo parlamentario autónomo para pasar a ser una simple Comisión Legislativa y, además se eliminaría el Consejo de Gobierno, instancia de articulación de los cinco municipios que conforman la Ciudad de Caracas. d. El sistema electoral inconstitucional de mayorías Entre tanto, también se está analizando en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) que, de ser aprobado en segunda discusión, eliminaría el principio constitucional de representación de las minorías y permitiría además “la conformación de circunscripciones electorales que respondan a nuevas realidades geohumanas” y éstas a su vez “podrán conformarse en comunidades o comunas” (art. 16, numeral 2), lo cual permitiría modificar las circunscripciones actuales a discreción, para favorecer las opciones del partido de gobierno. Justificando este cambio, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, declaró: "La democracia es mayoría y esa mayoría debe estar representada en los cuerpos deliberantes. La minoría tendrá escaños mientras tenga la votación suficiente (…). La Constitución no dice que tengo que darle chance al otro. Dice en el artículo 63 que debe haber representación proporcional. Por eso proponemos un método que garantice la personalización y la proporcionalidad. La personalización se da en circunscripciones electorales. En una circunscripción se eligen cinco diputados, entonces, además de votar por cinco circunscripciones, voto por una lista. Ese es el voto. Mi voto es para ambas. Cuando voto por circunscripción voto por nombre y apellido, y cuando lo hago por la lista es mi otro voto. Entonces, dónde dice en la Constitución que tengo que ponerle un valor a tu voto. En un circuito electoral estamos compitiendo de tú a tú, pero también lo hace mi partido en la lista”5 . Respecto de esta propuesta de Ley, el ex ministro de Ciencia y Tecnología y miembro de la organización Ojo Electoral, expresó: “El artículo 7 de esa ley, aprobada en primera discusión… … denota que se está violando la Constitución, en la 3 CRBV, Artículo 18: “Una ley especial establecerá la unidad político –territorial de la ciudad de Caracas… En todo caso, la ley garantizará el carácter democrático y participativo de su gobierno”. 4 LEORDC, Artículo 7: “El Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Capital será de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela” 5 Declaraciones del diputado Darío Vivas (presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional), en relación al proyecto de Ley Orgánica de Procesos Electorales, aprobado en primera discusión por la instancia legislativa. Pág 18 El País, 17.06.09.
6. 6 medida en que no se está respetando la proporcionalidad que exige la carta magna…”6 Después de haber organizado 12 eventos electorales nacionales con la actual Ley de Sufragio, aún no modificada en el marco de la Constitución de 1999, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió suspender 6 comicios mientras espera por la aprobación de la LOPE. Entre estos comicios, que correspondía cumplir en los tiempos constitucionales previstos, se encuentran los de alcaldías en las que la opción del partido de gobierno está en desventaja, así como los de los Consejos Municipales y Juntas Parroquiales. En nota de prensa, los rectores del CNE argumentaron que: “la convocatoria a un proceso electoral podría generar la incertidumbre sobre cuál ley regularía el proceso y podría configurar un acto de injusticia al obligar a las partes a actuar dentro de un marco jurídico que es preconstitucional”. 2. La imposición del Socialismo del Siglo XXI como sistema único de gobierno a. La “refundación ética y moral de la República” A partir de su reelección en Diciembre de 2006, el Presidente Chávez consideró que ten{ia el respaldo popular suficiente para intentar imponer al conjunto de la sociedad venezolana su propuesta de “Socialismo del Siglo XXI”. En el Proyecto Nacional Simón Bolívar, dentro del que se inscribe el Primer Plan Socialista para el Desarrollo Económico y Social de la Nación, se expresa: “La plena realización del Socialismo del Siglo XXI que estamos inventando y que solo será posible en el mediano tiempo histórico pasa necesariamente por la refundación ética y moral de la Nación Venezolana. Tal refundación supone un proyecto ético y moral que hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios de lo más avanzado de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar (…). La necesidad del nuevo Proyecto Ético Socialista Bolivariano parte de la constatación de una realidad cuyos rasgos dominantes son:” y se citan, entre otros: “La confrontación entre un viejo sistema (el Capitalismo) que no ha terminado de fenecer, basado en el individualismo egoísta, en la codicia personal, y en el afán de lucro desmedido, y un nuevo sistema (el Socialismo) que está naciendo y cuyos valores éticos, la solidaridad humana, la realización colectiva de la individualidad y la satisfacción racional de las necesidades fundamentales de hombres y mujeres, se abre paso hacia el corazón de nuestra sociedad” (Ver anexo Proyecto Nacional Simón Bolívar). Esta “refundación ética y moral” de la República, ha devenido en un proceso en el que se niega la pluralidad política y se excluye abiertamente a quienes cuestionan, disienten o no comparten los postulados del gobierno y las medidas que toma en su nombre, tratándoles como “enemigos”, “inmorales”, “contrarrevolucionarios” y “apátridas”, sean organizaciones partidistas de oposición, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas que no apoyan la propuesta de gobierno o, incluso, partidarios del Presidente con posiciones críticas. Así, hay poco o ningún espacio para la interlocución entre vastos sectores de la sociedad y el Gobierno, ni entre éste y los gobiernos estadales y municipales, porque los espacios de co-decisión establecidos en la Constitución, como por ejemplo el “Consejo Federal de Gobierno”, nunca fueron creados7 . A raíz de los resultados de las elecciones regionales de Noviembre de 20088 y ante las propuestas de diálogo con sectores de oposición por parte de partidarios del Gobierno, el Presidente Chávez expresó, el 20 de Febrero de 2009: “Nosotros no tenemos pacto prescrito con la Oligarquía (…) yo no llegué aquí para traicionar al pueblo, yo no llegué aquí para hacer pacto con la Oligarquía”. El 7 de Junio de 2009 reiteró: "…con la oligarquía aquí no hay pacto. No, no hay acuerdo posible. Que ellos se vuelvan locos. Ellos echan espuma por la boca, se les brota la yugular. Yo los veo a veces por televisión, porque no pierdo mucho tiempo en eso, que me insultan y dicen esto o esto otro. Que se aplique la ley, más nada". 6 Carlos Genatios, El Universal, 15 de Junio de 2009, Pag. 1-2 7 CRBV, Capítulo V, Artículo 185: “EL Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia del Poder Nacional a los Estados y Municipios. 8 José Vicente Rangel, Ex Vicepresidente de la República expresó el 17 de Febrero de 2009: "Creo que es importante que esos dos bloques (Gobierno y oposición) de venezolanos nos reconciliemos, no para (...) declinar nuestras posiciones políticas, sino para conversar y dialogar, que es el escenario propio de la política en cualquier parte del mundo", y concluyó: “No podemos vivir eternamente divididos y cazando la oportunidad para hacernos daño recíprocamente”.
7. 7 b. La pérdida de independencia de los poderes La imposición del Socialismo del Siglo XXI, ha implicado además la sumisión de los distintos poderes del Estado al Poder Ejecutivo. El canto de: “Uh, Ah, Chávez no se va…” por parte de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el acto de apertura del Año Judicial en 2006; el nombramiento de los directivos de los distintos poderes públicos –a excepción del Poder Electoral- para conformar la Comisión que redactaría la propuesta de Reforma Constitucional; y los recientes emplazamientos a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscal General de la República para que apliquen sanciones y el cierre del canal Globovisión, son algunas muestras no solo de las acciones por parte del Ejecutivo para controlar los demás poderes, sino además de la inhabilitación en la que han reconocido encontrarse estos poderes para actuar en forma independiente del Ejecutivo y para frenar o cambiar las medidas que éste toma: "Señora fiscal, le hago un emplazamiento público para que usted, con sus fiscales, cumpla con su obligación ante el pueblo que para eso están allí. Señora presidenta del TSJ, con todos los magistrados y tribunales, cumplan con su obligación que para eso están allí y, si no, renuncien y que gente con coraje asuma", Edición especial de Aló Presidente, emitido desde La Cañada de Urdaneta, Estado Zulia, 29 de Mayo de 2009 "El presidente de la República es el jefe de Estado, en cuya condición dirige la acción de Gobierno. La Constitución le impone al Presidente la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, para él cumplir con esa obligación puede perfectamente emplazar al resto de los representantes de los poderes públicos". Fiscal Luisa Ortega Díaz ante medios de comunicación el 30 de Mayo "Los poderes públicos realmente no perdemos ni vemos menoscabada nuestra autonomía porque en un momento dado podamos exhortarnos sobre un determinado problema”. Luisa Estela Morales, Presidenta del TSJ, 5 de Junio. Por último, según el informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en 2008, persiste la situación de debilidad del sistema de justicia venezolano por la presencia de jueces y fiscales provisorios, que no garantizan la independencia del Poder Judicial. En Marzo de 2009, fueron destituidos 14 jueces -10 titulares y 4 provisorios-, sin debido proceso, es decir, sin previa acusación formal por parte de la Inspectoría General de Tribunales. 3. Restricciones al ejercicio de las libertades de Asociación y de Expresión a. Libertad de Asociación Son varios los aspectos que preocupan en términos del ejercicio de la Libertad de Asociación y del derecho de participación de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Por una parte, el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, aprobado en primera discusión en el año 2006, vuelve a estar en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional. Hasta ahora no ha habido cambios en el Proyecto aprobado, y el Diputado Roy Daza, Presidente de la Comisión de Política Exterior, expresó que “Toda cooperación internacional va a pasar por el control del Estado” y que los criterios de asignación de recursos serán los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013. Es decir, en el Plan Socialista que se impone por distintas vías, legislativas y de hecho, a pesar de que parte de su contenido fue rechazado en el referendo de reforma de la Constitución Nacional. Las organizaciones que tienen algún papel público en defensa de derechos políticos y civiles son objeto de prácticas que restringen su capacidad de actuación. En el caso de Sinergia, Red Nacional de Organizaciones de Sociedad Civil, a raíz de la implantación de una iniciativa de información sobre el proceso de Reforma Constitucional, el Consejo Nacional Electoral le abrió una investigación administrativa y prohibió la difusión de videos informativos institucionales, con el argumento de que se trataba de un actor político partidista no inscrito. A la organización CEDICE Libertad, después de organizar el Foro “Propiedad Privada en Peligro”, la Comisión de Política Interior, Justicia, derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional ofreció abrir una exhaustiva averiguación a solicitud del Presidente del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, lugar donde tenía lugar el Foro. Este indicó que “los representantes de Cedice están tratando de montarse en una nueva intentona subversiva para derrocar al Gobierno revolucionario.”
8. 8 Además, acusándolas de haber estado involucradas en el golpe de estado de 2002 y en llamamientos a la desobediencia civil, el Embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos objetó la participación de las organizaciones Transparencia Venezuela, Espacio Civil y Ciudadanía Activa —ésta fue creada hace tres años— en la 39 Asamblea de la OEA. En el caso de las organizaciones sociales y sindicales se ha hecho evidente la restricción a la participación como asociaciones libres no solo a través de su desconocimiento y descalificación, sino especialmente mediante el reconocimiento y la interlocución discriminatoria con organizaciones sociales y sindicales alineadas con la “construcción del socialismo”, tal como se expresaba en el artículo 70 de la propuesta de Reforma rechazada.9 Trabajadores de distintos entes del Estado denuncian la exclusión y la discriminación a la hora de discutir contratos colectivos, políticas de aumentos salariales o incluso al plantear acciones amparadas por la constitución y los tratados sobre derechos humanos suscritos por la República, como el derecho a huelga. En un foro con más de 30 dirigentes sindicales de diversos sectores, convocado por el Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea, el 2 de Junio de 2009, una de las principales denuncias que realizaron se refirió al desconocimiento por parte del gobierno de los sindicatos existentes y la negativa a sostener diálogo con sus representantes sobre temas laborales y la creación de sindicatos paralelos, “patronales”, con los cuales sí se mantiene algún tipo de interlocución y se les otorgan privilegios. Respecto de la negativa de la directiva del sistema de Metro de Caracas de discutir el contrato colectivo, los trabajadores plantearon detener el servicio. Al respecto, el Presidente de la República les respondió: “…o lo ponen a rodar o les meto el Ejército. Dijeron que eran bolivarianos y les dije, con más razón, porque se están comportando como los adecos y los copeyanos, cómo van a parar el Metro con gente adentro, además, es un crimen. Les dije que no fueran irresponsables y ordené abrir una investigación en la fiscalía… No voy a gobernar aquí chantajeado por nada ni por nadie. No acepto chantajes. No me dejo ni me dejaré chantajear por nadie, prefiero morirme.”10 La creación de sindicatos paralelos y otorgamiento de privilegios a los identificados con la ideología gubernamental, es la que, según algunos dirigentes sindicales, ha producido hasta Marzo de 2009 la mayoría de las 87 muertes de sindicalistas, sobre todo por sicariato y en particular en el sector de la construcción. En el ámbito cooperativo, es emblemático el caso de Coopercentro, la cual había sido creada en 1995 y en 2008 fue expulsada de un gran local que ocupaba bajo la forma de comodato, por la Alcaldía del Municipio Libertador. “Por vías de hecho, causando daños y perjuicios a los cooperativistas”, el Alcalde de entonces, Freddy Bernal, intervino los terrenos donde funcionaba la cooperativa “demoliendo estructuras, desplazando de lugar a asociados e incorporando a otras personas a lo puro macho.”11 En fin, en muy diversos ámbitos se evidencia la creación de figuras socio-estatales paralelas, con ámbitos de decisión limitada, en las que se restringe la participación autónoma, se somete a las regulaciones del poder central y a algunas se les transfieren funciones públicas sin consulta —formas asociativas sustitutas alineadas con el presidente, proyecto o partido: consejos de trabajadores, sindicatos y comités de estudiantes “revolucionarios” o “bolivarianos”, comités femeninos, unidades de batalla electorales, entre otras. b. Libertad de Expresión En lo que se refiere a las restricciones y amenazas a la libertad de expresión, la CIDH destaca como preocupación en su informe de 2008 el asesinato del vicepresidente de un diario y las agresiones a periodistas, sin que haya avances en las investigaciones. 9 “Son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo…” 10 http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/18669 11 Marino Alvarado, Provea – Diario Tal Cual.
9. 9 La organización Espacio Público reporta 120 casos de agresiones en su Informe sobre Libertad de Expresión de 2008 (www.espaciopublico.info). El caso del canal de noticias Globovisión destaca por las diversas acciones que desde entes del Estado y grupos que se autodenominan como “oficialistas” han sido objeto. En un informe publicado en prensa12 que tuvo como fuente al propio medio de comunicación, las resumen de la siguiente manera hasta mediados de Mayo de 2009: 457 acciones de hostigamiento, 12 procedimientos administrativos, 22 denuncias penales, 268 pronunciamientos públicos en contra del canal por parte del Presidente de la República y otros funcionarios de gobierno, 88 agresiones físicas y verbales a sus trabajadores —la CorteIDH otorgó medidas provisionales en 2002—, 49 denegaciones de acceso a fuentes de información, 11 solicitudes de ampliación de cobertura negadas o sin respuesta y 4 procesos penales contra el Director del canal. El 22 de Mayo de 2002, los Relatores para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos produjeron un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación “por señalamientos de altas autoridades del Gobierno de Venezuela contra canales privados de televisión” e hicieron “un llamado al Estado de Venezuela a mantener la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión establecido en instrumentos internacionales adoptados por el Estado y a proteger de manera adecuada las garantías internacionales en los procesos que se adelantan contra los medios de comunicación privados…”13 Entes del Estado como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Servicio Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), el Ministerio de Comunicación e Información y el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda —a través de la Ley de Comunicación—, llevan delante de manera sistemática acciones legales que restringen y amenazan la libertad de expresión. Es importante destacar que a pesar de que funcionarios de gobierno hablan de la “guerra mediática” de los medios privados y del desbalance en la información, el Estado cuenta con los siguientes medios de comunicación que siguen la línea gubernamental: 5 televisoras —Venezolana de Televisión (VTV), Ávila TV, Vive TV, TVES, ANTV y Telesur como canal internacional pero con control venezolano—, 35 TV comunitarias en UHF, Cadena YVKE Mundial, 231 Emisoras comunitarias, 73 periódicos comunitarios y 110 sitios web. Hasta la fecha, el Presidente de la República ha realizado transmisiones “en cadena nacional” durante un total de 1.877 horas —equivalente a casi 80 días—, es decir, obligando a todos los servicios de radio y televisión a transmitir la señal del canal de Estado. 4. Descalificación, hostigamiento y criminalización de la disidencia y la protesta Para quienes disienten públicamente de las políticas del Estado venezolano en materia de derechos humanos y para quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta, son cada vez más evidentes las prácticas de criminalización e incluso de judicialización. Además, son varios los casos de extranjeros a quienes se ha hostigado por emitir opiniones sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela o la vigencia de la democracia y los derechos humanos. Tanto en el caso de quienes disienten políticamente del gobierno como de quienes expresan descontento por la falta de respuestas a las demandas sociales, se aplican instrumentos legales como el Código Penal o la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y se utiliza al “Ministerio Público y jueces de control como instrumentos de represión de la lucha social.”14 Con el Código Penal se penaliza el cierre de vías como forma de protesta y se aplica la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación para penalizar por protestar en “zonas de seguridad” —determinadas de manera discrecional— y por la prohibición de ejercer el derecho a la huelga en las llamadas “industrias básicas”. Según la organización Espacio Público, en 2009 se evidencia un aumento en la cantidad de protestas debido a que solamente en los cuatro primeros meses se han registrado 759, número que representa el 47,37% de las acciones de calle 12 Diario El Nacional, 17 de Mayo de 2009 13 Nota de Prensa http://www.cidh.org/relatoria 14 Marino Alvarado, Provea
10. 10 que ocurrieron en 2008, cuando se registraron 1.600 manifestaciones durante los 12 meses. Durante las protestas sociales de este año, han sido asesinadas tres personas —dos trabajadores del Estado Anzoátegui y un habitante de un barrio del mismo Estado que protestaba contra el desalojo— por cuerpos de seguridad de Estado. Además, “solamente monitoreando la página web del Ministerio Público se han encontrado 50 casos de distintas personas, estudiantes, trabajadores y habitantes de barrios que están siendo sometidos a juicios penales por protestar en el país. Hoy en día, protestar implica riesgos de perder la libertad”15 Se estima que en los últimos 4 años cerca de 1.200 personas han sido sometidas a distintos regímenes de presentación en tribunales luego de que se les abrieran procesos penales por haber participado en manifestaciones —entre ellos, más de 90 trabajadores de distintas áreas del país, más de 300 estudiantes, 50 indígenas cumanagotos de un barrio del Estado Anzoátegui, 1.600 campesinos (según el movimiento campesino Jirahara), y un número indeterminado de manifestantes de barrios populares. Además, 5 activistas de derechos humanos e indígenas de la etnia yukpa fueron detenidos y maltratados por la Guardia Nacional durante manifestaciones por el derecho a la tierra. Se ha aplicado el Código de Justicia Militar en el caso de estudiantes y de tres obreros, por el denominado “ataque al centinela”. A pesar de que el derecho a la manifestación pacífica es un derecho constitucional, en un acto público con motivo del Día del Trabajador el 1 de Mayo de 2009, el Presidente de la República se refirió a la manifestación de otros sectores que fue reprimida por la Policía Metropolitana de la siguiente manera: “Lamentablemente, como casi siempre ocurre, la contrarrevolución… …ante la desesperación y su casi nula convocatoria terminan arremetiendo violenta y salvajemente contra las fuerzas del orden… Además, esa no era una marcha propiamente de trabajadores, era de conspiradores, de resentidos. Aquella estaba llena de odio, ésta está llena de amor, desbordada de amor… La Guardia Nacional se vio obligada a dispersarla con uno u otro potecito de gas lacrimógeno. No vamos a permitir hechos de violencia, las calles son del pueblo no de la oligarquía.” Algo similar expresó, en un acto público, frente a las protestas estudiantiles que se oponían a la propuesta de Enmienda constitucional: "Ministro del Interior, écheles gas y disuelva cualquier guarimba, no podemos comenzar mostrando debilidades como gobierno. Hago responsable de esto al vicepresidente, al Ministro del Interior y al Comandante General de la Guardia Nacional… "¿Qué quieren, que vaya yo a dirigir un pelotón para disolver la manifestación? No podemos permitir a nadie que tranque una avenida o una calle o una autopista, así que a estos grupitos direccionados por el imperio se los digo, y doy la orden de una vez, no hace falta que me pidan permiso, ya di una orden, no hace falta que dé permiso cada quien asuma su responsabilidad… A partir de este momento el que salga a quemar un carro, a quemar unos árboles, a trancar una calle que le echen gas del bueno y me lo meten preso. Si no lo hicieran me raspo a los jefes responsables, me los raspo a toditos, lo dije y lo vuelvo a repetir: el Chávez pendejo se quedó en el 2002. No voy a permitir, por debilidades de ningún tipo, que cuatro escuálidos nos embochinchen el país que tanto nos ha costado echar adelante. No van a poder con nosotros, no van a poder quemar el cerro el Ávila, no van a poder con el pueblo ni con esta revolución… …este no es un problema mío nada más sino de todo el Ejecutivo y también del pueblo, trancar calles y agredir a la ciudadanía eso es un delito, el que agreda un soldado está cometiendo un delito y hay que llevarlos preso y más nada, compadre, no podemos estar con temblequeras o guabineos o se gobierna o no se gobierna"16 . Las organizaciones venezolanas de derechos humanos que inciden en los sistemas internacionales o incluso las organizaciones internacionales que presentan públicamente informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, son objeto de acciones que, en lugar de abrir espacios para el debate y la discusión de las propuestas para contribuir a mejorar la gestión del Estado en la materia, terminan sistemáticamente en la descalificación, la intimidación y el hostigamiento por parte de distintos funcionarios del Estado. El caso de la expulsión de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, de Human Rights Watch (HRW), es emblemático. El mismo día en que presentaron el Informe de HRW sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el 19 de Septiembre de 2009, a solo horas de la presentación y sin discutir el fondo del Informe, los miembros de HRW fueron expulsados del país, sin cumplir con el debido proceso, establecido en la Ley de Extranjería y Migración, en sus artículos 39 al 44: 15 Informe Espacio Público y Provea sobre el derecho a la manifestación, 4 de Junio de 2009 16 Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y Desarrollo: http://www.pidhdd.org/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=79
11. 11 Presidente Hugo Chávez "Ayer llegó a Venezuela uno de esos personajes que andan por el mundo haciendo el trabajo sucio que le ordena el imperio, de una institución creada por el imperio para tratar de manipular ante el mundo el tema sacrosanto de los derechos humanos… No es la primera vez que lo hace y ya anocheciendo llamé al canciller y le dije 'échalo de aquí, porque no vamos a permitir que vengan extranjeros a irrespetar al pueblo de Venezuela’”.17 Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro "Los individuos que intenten venir a nuestro territorio a conspirar, a montar acciones subversivas desde dentro, deben saber que tendrán la misma respuesta de este gobierno en pleno derecho apegado a las leyes y nuestra Constitución… Las acciones desestabilizadoras de Vivanco y su comitiva en Caracas formaron parte de un plan diseñado desde Estados Unidos con la connivencia de ‘pitiyanquis’ (opositores) de ultraderecha que los ayudan aquí… Hemos actuado dentro de la constitucionalidad y las reglas nacionales"18 . Ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra Fue una “decisión soberana, una medida para la defensa de la dignidad del pueblo de Venezuela, y como parte de la desarticulación de los planes conspirativos que se vienen articulando contra el presidente de la República, Hugo Chávez… dos meses antes del golpe de abril de 2002 hizo un llamado alegando a la falta de independencia de los poderes en Venezuela, para que la OEA tomara partido en el país y se invocara la aplicación de la Carta Interamericana… HRW es una organización fachada de la injerencia de los Estados Unidos en Venezuela y de los intereses más bastardos de la oligarquía venezolana, al servicio de los intereses imperiales…”19 Pronunciamiento público de la Asamblea Nacional “La Asamblea Nacional alerta a todo el país, que la arremetida de este sujeto, en contra de nuestra democracia, forma parte de la campaña de desprestigio que fomentada desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la complicidad de agentes internos comprometidos en planes desestabilizadores, pretenden promover nacional e internacionalmente una matriz de opinión que favorezca un clima de inestabilidad, angustia y zozobra en la población para justificar así un golpe de Estado.” Presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores "Quienes denuncian que en Venezuela no hay libertad de expresión lo hacen ejerciendo la libertad de expresión y hasta abusan, en muchos casos, de ese derecho faltando el respeto a través de cualquier medio a las autoridades del Gobierno. Incluso, voceros extranjeros en Venezuela abusan de la libertad de expresión mintiendo descaradamente… ". Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega "Aquí una democracia vigorosa donde las instituciones están afianzadas porque respetan los intereses del pueblo y viene este imbécil a hablar de violación de derechos humanos con un pobre informe, de un pobre hombre que es Vivanco… …tarifado del gobierno estadounidense… …pertenece a un club de vividores, de chulos… Y creo que Vivanco le hace un mal a los luchadores de los derechos humanos… Ni siquiera el informe anual del Departamento de Estado es tan basura como esto… ". Diputado Carlos Escarrá “…la decisión del Gobierno Nacional de expulsar del país al director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, está apegada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. …el documento leído por el representante de Human Rights Watch es un instrumento del Gobierno de los Estados Unidos, para desestabilizar al país y aplazar las elecciones regionales del próximo 23 de noviembre.” Agente del Estado ante el Sistema Interamericano de DDHH, Germán Saltrón "Desde 1999 nuestro país tiene un gobierno que se ha ocupado, precisamente, de las políticas sociales. No son organizaciones de derechos humanos, ya que no se pronunciaron en contra del golpe de Abril del 2002, y nunca 17 EFE, 20 de Septiembre de 2008 18 Europa Press, 19 de Septiembre de 2008 19 www.aporrea.org 19 de Septiembre de 2008
12. 12 condenaron a los medios de comunicación y a los partidos de oposición involucrados en el golpe"20 Embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chaderton “Son mercenarios de los Derechos Humanos. Hay que comenzar a calificarlos de esa manera, para que el mito sobre la supuesta neutralidad desaparezca… Hay que comenzar a denunciarlo… Si se limitase a recibir apoyo o intereses de empresas privadas ya sería pecaminoso, pero recibe fondos de la NED, que financia actividades subversivas y recibe fondos oficiales…”.21 Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales “El informe… …contiene una serie de inexactitudes que caen en el terreno de la falsedad… Hay una cantidad de inexactitudes que nos llevan a pensar que este informe no reviste de una seriedad y profundidad de investigación como para darle importancia…. Human Rights Watch está desviando su principal objetivo de coadyuvar al respeto de los derechos fundamentales al tergiversar realidades.22 Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz “El Estado venezolano está plenamente facultado para expulsar a cualquier ciudadano dentro de los supuestos que prevé la Ley de Extranjería y Migración… …la norma, en sus artículos 38 y 39, faculta al Ejecutivo Nacional para expulsar a cualquier ciudadano que altere el orden público, comprometa la seguridad y defensa del país o que, incluso, esté incurso en delitos contra los derechos humanos…”.23 En cuanto a las organizaciones venezolanas, uno de los casos más emblemáticos es el del Observatorio Venezolano de Prisiones, cuyo Coordinador, Humberto Prado, ha sido objeto de descalificaciones y de amenazas de apertura de un proceso penal, por parte de distintos funcionarios del Estado, cuando la organización ha presentado en Venezuela el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad o al regresar al país luego de participar en las audiencias de la CIDH. (Ver informe anexo de la CIDH en las consideraciones sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, 2008) Esto, a pesar de que La CIDH ya había expresado que “…es un deber del Estado proteger y respetar las funciones que puedan desempeñar organizaciones no gubernamentales y otros grupos o individuos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas privadas de libertad, ya que constituyen un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los derechos de las personas bajo su custodia.” . A raíz de la presentación del Informe anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, en Diciembre de 2008, el Ministro de Interior y Justicia, Tareck El-Aissami expresó: “A los ojos del pueblo es una ridiculez… Por eso merecen que les caigan a zapatazos por mentirosos”. Según el Informe de la CIDH, “Estas acciones estatales han contribuido a crear condiciones adversas y han producido un efecto amedrentador, inhibiendo en muchas ocasiones expresiones públicas críticas a políticas gubernamentales, por temor a posibles represalias… …las acciones de descrédito… …contribuyen a crear condiciones adversas para la labor de defensa y promoción de los derechos humanos…” (Ver Informe anexo de la CIDH). 5. Situación de los defensores y defensoras de derechos humanos a. Defensores y defensoras organizados en ONG y Comités de Víctimas Según el Informe de la Vicaría de Derechos Humanos, en el período anual comprendido entre junio de 2007 y mayo de 2008, los defensores y defensoras de derechos humanos han desarrollado su trabajo en un ambiente caracterizado por la creciente hostilidad de funcionarios gubernamentales y de la indiferencia de los entes encargados de velar por la vigencia y garantía de los derechos humanos. Durante el año 2008, el clima de polarización política se ha vuelto a presentar en el 20 Agencia Bolivariana de Noticias, 19 de Septiembre de 2008 21 Agencia Bolivariana de Noticias, 19 de Septiembre de 2008 22 Agencia Bolivariana de Noticias, 24 de Septiembre de 2008 23 Agencia Bolivariana de Noticias, 24 de Junio de 2008
13. 13 panorama nacional, confirmando el diagnóstico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre que: “El ambiente político en Venezuela se caracterizó por una notoria tendencia a la radicalización de las posturas políticas que comenzó […] en los primeros meses de año 2002. […] La Comisión estima que los hechos de violencia, presión y hostigamiento contra los defensores corresponde a la profundización del conflicto de naturaleza institucional que afecta al país.”24 En este período se produjeron 17 casos de violaciones a los derechos humanos de defensores u ONG de derechos humanos25 , cifra que es la más alta registrada desde el año 2002; en el período junio 2006-mayo 2007 se registraron 13, lo que significa un aumento del 31%. Estas situaciones han afectado a 12 activistas de derechos humanos, 4 ONG y una red de ONG; como consecuencia de haber defendido casos de violaciones a los derechos humanos o haber sentado posición frente a violaciones a los derechos humanos. De los 17 casos registrados, el 29% corresponde a acciones de desprestigio asumidas por particulares simpatizantes del gobierno nacional; representantes del Ejecutivo Nacional y jueces penales comparten cada uno el 12% de la responsabilidad en actos que afectaron a defensores de derechos humanos; igual porcentaje (12%) corresponde a actores no identificados, y el resto de la responsabilidad se distribuye entre la Asamblea Nacional, policías regionales, y el Consejo Nacional Electoral. b. Defensores de derechos laborales Vale recordar que en el “Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela 1997-2007” la Vicaría concluyó que: “…durante el período, las trabas y los atentados a la integridad física, particularmente en el sector de la construcción y el sector petrolero, se multiplicaron de tal manera que ser defensor de los derechos laborales en estos sectores se ha convertido en varias regiones del país en una actividad que amenaza sistemáticamente el derecho a la vida, lo que hace que esta actividad sea considerada cada día más difícil por las personas que la cumplen”.26 Esta situación continúa presentándose en el presente período en estudio, a tal punto que en el mes de abril de 2008, la CIDH, en el Capítulo IV de su Informe Anual manifiesta su “preocupación por el denunciado incremento en el número de líderes sindicales víctimas de atentados y amenazas a su vida e integridad personal, y solicita al Estado venezolano efectuar un diagnóstico sobre tales hechos, a fin de determinar las causas que estarían generando tal situación y diseñar medidas adecuadas y efectivas tendientes a la prevención, investigación y sanción a los responsables”.27 Durante este período se registraron al menos 31 casos de ataques u obstáculos a la labor de los defensores de los derechos laborales, que afectaron los derechos humanos de 33 personas. En el mismo período, correspondiente al año 2006-2007, se conocieron 64 casos que afectaron los derechos de 89 personas28 , lo que representa una disminución del 48% y del 63%, respectivamente. La responsabilidad de la autoría de los ataques sufridos por los defensores de los derechos laborales corresponde en el 30% de los casos a agentes del Estado y el restante 70% a agentes no estatales. Durante el período anterior, la responsabilidad de agentes del Estado se ubicó en el 58% y a los agentes no estatales les correspondió el 42% de los casos. En el Informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela-1997-2007, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, concluía: “…de los 52 dirigentes sindicales o activistas de derechos laborales que han sido asesinados a lo largo de los últimos diez años en tan sólo 3 casos, es decir el 5,77% de los casos, los autores de las 24 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela [en línea] http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2003sp/índice.htm Consulta del 05.07.08. 25 Los sectores de defensores de derechos humanos víctimas de violaciones a los derechos humanos incluyen a: ONG, comités de victima y familiares de víctimas. 26 VICARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE CARACAS: Informe sobre Defensores 1997-2007. Caracas, 2007. Pág. 61. 27 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007. Capítulo IV. Venezuela [238]. [en línea] <http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/cap4Venezuela.sp.htm> 28 Informe sobre Defensores 1997-2007. Caracas, 2007. Anexo IV. Pág. 144, 145, 146, 147, 148,149, 150, 151 y 152.
14. 14 violaciones han sido castigadas penalmente por tribunales y actualmente se encuentran detenidos en un centro penitenciario”.29 En el período correspondiente a marzo 2007-junio 2008, la situación en relación a la impunidad no ha tenido cambios respecto de la década 1997-2007. Hasta el cierre del informe actual30 , en el caso de los 14 dirigentes asesinados en el período, a pesar de que se abren las averiguaciones de oficio por el hecho de ser delitos de homicidio, no se conoce el resultado de las investigaciones ni de la acusación penal a supuestos autores de los hechos. En su informe, la Vicaría lamenta que hasta la fecha la Defensoría del Pueblo no haya tomado acciones frente a la impunidad y la violencia sindical, como se le había propuesto: “3.1. La Defensoría del Pueblo debe investigar a la brevedad posible la problemática de la violencia sindical, publicando un Informe con recomendaciones para el resto de los Poderes Públicos, a fin de contribuir con el restablecimiento de la paz en el sector.”31 Defensores del derecho a la tierra La inseguridad y la impunidad de las violaciones a los derechos humanos de los defensores del derecho a la tierra permanecen inalterables. Según el Informe de la Vicaría, 5 defensores del derecho a la tierra fueron asesinados en zonas fronterizas en el lapso junio 2007-mayo 2008. Esta es la cifra más alta de homicidios de defensores del derecho a la tierra desde que se aprobó la Ley de Tierras en el 2001. El proceso de reforma agraria que se adelanta en Venezuela, y específicamente el de “rescate de tierras ociosas e improductivas” sigue generando conflictos y violencia en el campo, por parte de sectores que se oponen a los postulados anti-latifundio contenidos en la Constitución y en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. En relación con el tema de la impunidad en este ámbito, el Ministerio Público dio a conocer que como resultado de las investigaciones “…se han dictado 11 solicitudes de captura contra presuntos autores materiales de asesinatos de campesinos. Además 56 personas han sido acusadas, de las cuales 28 se encuentran en etapa de juicio y 11 cumpliendo penas impuestas por los tribunales. Se han establecido órdenes de aprehensión contra 17 presuntos autores materiales, 15 de estas causas están en fase preparatoria con 31 imputados debidamente identificados”.32 Sin embargo, representantes de los campesinos afectados por la violencia en el campo tienen una opinión crítica respecto de la actuación del sistema de administración de justicia. Lesbia Solórzano, dirigente de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora, y Roosevelt Franquis, asesor agrario, denunciaron el 7 de febrero de 2008 en el programa "Contragolpe" del canal oficial Venezolana de Televisión que "Hasta ahora no hay ni un solo preso" por los 186 casos de asesinato. "El Estado está en deuda con nosotros", aseguraron los denunciantes33 . 6. Violencia e impunidad institucionales Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos34 , como distintos pactos y convenios internacionales de protección de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 35 , la Convención Americana sobre Derechos Humanos36 , así como la Constitución Venezolana37 , expresan claramente la prohibición de toda apología del odio nacional que pueda constituir una incitación a la violencia o conducir a la discriminación de personas o 29 Ídem. 30 El cierre del Informe se realizó el 31.05.08. 31 Informe sobre Defensores 1997-2007. Caracas, 2007. Pág. 92. 32 Ver PROVEA: Informe Anual 2006-2007. Pág. 214. 33 RADIO MUNDIAL [en línea] <http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?2739> 34 Artículo 7: Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 35 Artículo 20.2: Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. 36 Artículo 13.5: Estará prohibida por ley toda propaganda de guerra y toda apología al odio nacional… que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas… 37 Artículo 57: No se permite… …la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios…
15. 15 grupos de personas. Aunque no son expresiones exclusivas del Presidente de Venezuela ni de funcionarios de su gobierno o del Estado Venezolano, sí constituyen un motivo de honda preocupación los mensajes que éstos transmiten en actos públicos, muchas de ellos de concurrencia masiva, o por medios de comunicación. Los mensajes son dirigidos desde hace varios años y sistemáticamente, contra los más diversos sectores y personas, sin que hasta ahora ninguna institución del Estado haya tomado acción alguna para detener esta práctica. Las siguientes son algunas citas de discursos públicos del Presidente Chávez aunque, como se expresa en el párrafo anterior, los mensajes de descalificación e incitación a la discriminación y la violencia no son de su exclusividad (Ver video anexo): Refiriéndose a la jerarquía de la Iglesia católica: “El Cardenal y los obispos están poniendo la misma plasta… Señor Cardenal, siga usted adelante con su misma plasta, todos los Obispos, sigan ustedes con su plasta…” “Todos los Obispos son unos vagabundos, como estos, incluyendo al Cardenal, ese es un rolo de vagabundo…” Respecto de un adversario político: “…lo que es, es un imbécil, un verdadero imbécil… él es el ladrón, asesino, dueño de haciendas, él si tiene cuentas en dólares… ahora vas a ver lo que es bueno desgraciado…” En el caso de la expulsión del Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica: “Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno, aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda, váyanse al carajo cien veces…” Respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la difusión de uno de los informes anuales: “Lo menos que yo puedo decirle a esa Comisión ´Inmoralamericana’ de derechos humanos es que vayan a lavarse ese paltó (expresión que implica, como en el texto anterior, “váyanse al carajo”) La impunidad con la que se transmiten estos mensajes de descalificación, de amenaza, mediante los cuales se acusa sin ningún tipo de fundamento ni procedimiento ajustado a la Constitución y las leyes, parece tener expresión en otros ámbitos en los que el incremento de la violencia institucional es evidente, como en lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales. Información del Ministerio Público, publicada en los medios de comunicación, revela que 6.885 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado fueron denunciados por su presunta responsabilidad en los homicidios y ajusticiamientos de 7.243 personas, ocurridos entre enero de 2000 y noviembre de 2007. Sin embargo, solo 412 (5,98%) efectivos se encuentran en prisión. La Fiscal General indicó que durante el año 2008 se registraron 600 casos de ajusticiamiento, por los cuales 74 uniformados están detenidos y solo 22 (0,32%) han sido condenados por los tribunales correspondientes. Expresó además la Fiscal General, en el programa “En sintonía con el Ministerio Público”, transmitido todos los viernes por Radio Nacional de Venezuela, que en los últimos 15 meses se han abierto 10.103 averiguaciones contra funcionarios policiales por delitos como lesiones, abuso de autoridad, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tortura o desapariciones forzadas. De aquellas, 5.641 fueron resueltas, aunque sólo 22 agentes fueron arrestados preventivamente, mientras que 2.032 casos fueron sobreseídos y 2.655 más fueron archivados. Indicó también que 155 personas perdieron la vida a manos de agentes policiales en los primeros 90 días de 2009. La ciudad de Caracas, con 168 casos entre enero de 2008 y marzo de 2009, es la entidad que registra el mayor número de casos de ejecuciones por parte de uniformados y fuerzas de seguridad del Estado.
16. 16 7. Violencia Social a. En el conjunto de la sociedad venezolana La violencia se ha convertido en uno de los más graves problemas del país, que amenaza a venezolanos y venezolanas de todos los sectores y estratos sociales. La mayoría de los estudios y encuestas sitúan la inseguridad personal como la principal problemática social en Venezuela. En los últimos años las muertes violentas remontaron a niveles sin precedentes, principalmente por el aumento de los homicidios, que pasaron del cuarto lugar al tercero entre las principales causas de muerte. Si a estas se suman otras muertes por causas externas, “…las “muertes por accidentes y violencia” pasan a ocupar el 1er lugar como causa de muerte en Venezuela”38 . De acuerdo con cifras del CICPC39 , hasta finales de los noventa, ocurrían en Venezuela 4.000 homicidios al año en promedio. Este rango de homicidios aumentó a 10.000 casos anuales en los últimos 9 años, período para el cual el Ministro de Interior y Justicia reconocía en el 2008, un saldo de más de 87.000 muertes como producto de la violencia interpersonal. El repunte de la violencia en Venezuela es contradictorio con las cifras oficiales de disminución de la pobreza. Y aun cuando la pobreza estuviera realmente igual a la que se produjo en años pasados o hubiera aumentado durante estos últimos, los elevados niveles de violencia no tienen posibilidad de explicarse solamente por estas razones. La violencia ha ido creciendo en forma asociada con los altos grados de debilitamiento del ordenamiento institucional que, entre otras consecuencias, conduce al uso de vías propias para afrontar la hostilidad, la parálisis de los poderes públicos y el sentimiento de impunidad, por parte de la población. Entre las condiciones que mantienen los niveles actuales de violencia, se encuentran: la ausencia de políticas públicas en seguridad, una creciente descomposición de las policías, la indiferencia de las autoridades con el problema, el constante “elogio a la violencia y a los violentos” como parte del lenguaje oficial y la no aplicación de medidas para evitar el aumento creciente de las armas en manos de la población: “…el incremento de la violencia y el sentimiento de indefensión ha llevado a un proceso de armamento de la población que busca, de este modo, garantizarse su autodefensa. Lo procuran los ricos contratando empresas de seguridad; lo hace la clase media y los pobres comprando armas personal y organizándose con sus vecinos; y lo buscan, también, los jóvenes de los barrios, formando bandas con las cuales pretenden defenderse de la agresión de otras bandas…” 40 . b. En el ámbito escolar La violencia está presente en distintos ámbitos de la vida ciudadana. Un estudio realizado por el Centro Gumilla en el año 2008 sobre la violencia escolar en dos de los municipios más violentos de Caracas, revelaba que más del 70% de los estudiantes habían presenciado actos de violencia dentro de la escuela, un 79% de estas agresiones fueron físicas y un 88% de tipo verbal. Cerca del 20% de los estudiantes afirman haber visto estudiantes que llevan armas a los planteles. Este estudio concluye: “Los resultados indican que los mecanismos de resolución de conflictos dentro de los planteles son violentos (…) existe un vacío institucional para hacer acatar las normas de convivencia. (…) Generalmente, la violencia es motivada por cosas intrascendentes, sin importancia (…). Existe una clara identificación de quiénes son las víctimas y los victimarios (tal como ocurre en los barrios caraqueños) pero existe un silencio cómplice, por acción u omisión, por miedo, porque se evitan las consecuencias, que pueden llegar a tener saldos fatales”41 . c. En el ámbito sindical En el ámbito sindical, la violencia también ha comenzado a tener expresiones preocupantes. Solamente entre los años 2007 y 2008, Provea registró 42 casos de personas afectadas en su integridad física por conflictos laborales. De éstos, 29 fueron homicidios (19 de sindicalistas y 10 de trabajadores). “Si bien en el pasado (…) la violencia sindical se basaba en 38 Alejandro Rísquez: Epidemiología de la mortalidad por violencia como problema de salud pública en Venezuela. Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población. Cambio Demográfico y Desigualdad Social en Venezuela al inicio del Tercer Milenio. 24 al 26 de noviembre de 2004. 39 Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y de Justicia. 40 LACSO (2007): Inseguridad y violencia en Venezuela – Informe 2008 -, Briceño-León, Roberto, Ávila, Olga y Camardiel, Alberto. pág. 35. 41 Centro Gumilla. Revista SIC, Violencia en la Escuela. Junio 2009, N° 715
17. 17 encuentros a puños y a palos, en el presente el uso de armas de fuego y modus operandi más violentos que se configuran como aspectos inéditos de la historia sindical venezolana”42 . Entre los años 1997 y 2007, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas reportaba un total de 87 dirigentes sindicales asesinados, la mayoría pertenecientes a los sectores de construcción y petróleo por conflictos relacionados con el control de puestos de trabajo43 . d. En el ámbito de las personas privadas de libertad En las cárceles venezolanas los índices de violencia presentan valores especialmente alarmantes. Si la tasa de homicidios oficial es de 4,8 personas asesinadas por cada 10.000 habitantes anualmente, dentro de las cárceles venezolanas han sido asesinadas desde 2003 hasta 2008 más de 200 personas por cada 10.000 reclusos por año. Esto implica que en los últimos 6 años ha fallecido anualmente más del 2% de la población reclusa: “…2.744 internos fallecieron violentamente en las cárceles del país hasta julio pasado y 9.024 han sido heridos”. En Brasil, México, Colombia y Argentina, con una población total de 834.000 reclusos en estos 4 países, mueren menos de 100 reclusos por año, mientras que en Venezuela, con una población carcelaria de 24.000 presos, mueren más de 400 reclusos cada año44 . El Estado ha incumplido con las garantías del derecho a la vida y a la integridad física dentro de las cárceles. La Corte IDH ha emitido ya 6 medidas provisionales que exigen al Estado tomar acciones urgentes para : a) reducir sustancialmente el hacinamiento en los centros penitenciarios del país; b) decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos; c) separar a los internos procesados de los condenados; d) ajustar las condiciones de detención de los penales a los estándares internacionales sobre la materia; y e) brindar la atención médica necesaria a los internos, de tal forma que se garantice su derecho a la integridad personal. En este sentido, el Estado deberá realizar una supervisión periódica de las condiciones de detención y el estado físico y emocional de los detenidos, que cuente con la participación de los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales. Hasta la presente fecha, el Estado no ha cumplido con ninguna de estas medias y “Hasta el año 2005, (…) el 71% de las muertes y el 49% de los heridos habían sido con alguna arma de fuego (…). La presencia de armas de fuego y guerra continúa siendo un problema no resuelto por la administración penitenciaria, mientras continúan creciendo hechos delictivos en los que están involucrados guardias nacionales, funcionarios de los establecimientos y personas que no están sujetas a revisión al momento de ingresar a un establecimiento penitenciario, pudiendo llegar a cobrarse hasta BsF. 8.000 por comprar un arma y por BsF. 4.000 una granada”45 . e. Secuestros y sicariato Además, la violencia se ha venido expresando a través del incremento de las figuras del secuestro y el sicariato. Entre los años 2004-2008 se registraron 1.135 secuestros en el país, lo que equivale a un promedio de 280 secuestros al año. Esta cifra es cinco veces mayor a los secuestros registrados antes de 1999, donde llegaron a ser unos 50 secuestros anuales. En este mismo período, de 2004 a 2008, se contabilizaron 400 asesinados por sicariato. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y las organizaciones que observan el comportamiento de la violencia, el secuestro y el sicariato tienen una gran incidencia en el campo. Entre enero y mayo del año 2008, la Federación Nacional de Ganaderos reportó 113 casos de secuestros, 53% eran productores agrícolas, hijos de ganaderos o esposas de éstos46 . Asimismo, entre los años 1997 y 2007, la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas registró un total de 33 casos de campesinos asesinados47 , presuntamente por sicarios que contratan particulares. Durante el año 2008, Provea registraba unos 12 casos más en similares circunstancias48 . 8. Derechos sociales y resultados de la gestión gubernamental 42 Informe Anual de Provea Octubre 2007-Septiembre 2008, pág 150 43 Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela. 2007. Vicaría de Derechos Humanos de Caracas 44 Informes del Observatorio Venezolano de Prisiones. http://www.ovprisiones.org 45 Informe Anual Provea Octubre 2007-Septiembre 2008, págs 344-345 46 Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Incosec -.www.incosec.org 47 Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela. 2007. Vicaría de Derechos Humanos de Caracas 48 Informe Anual de Provea, octubre 2007-septiembre 2008
18. 18 a. Derecho a la salud No existe todavía la Ley que haga efectivo el derecho a la salud y lo garantice a través de un sistema público sanitario, integrado, universal, descentralizado y participativo, tal como lo dicta la Constitución de 1999. El gobierno llevó a cabo durante 5 años un conjunto de programas en atención primaria (Misión Barrio Adentro I y II, Misión Milagro), en forma separada del sistema sanitario existente y con un carácter extraordinario y temporal para hacer llegar médicos integrales y medicamentos de procedencia cubana a un 60% de los sectores urbanos pobres. A partir del año 2005, dichas misiones fueron reduciendo su capacidad operativa y cobertura, con lo cual hubo que cerrar servicios y reprogramar la meta inicial de 1 médico/1.250 personas a 1 médico/3.000 personas. En estos años, los problemas del sistema sanitario público fueron poco atendidos y se agravaron. Las propias autoridades de gobierno, han descrito la situación como de “graves desequilibrios”49 y “colapso funcional”50 . De la constante falta de insumos y equipos médicos, se pasó a problemas de infraestructura hospitalaria, falta de personal médico, insalubridad e inseguridad. De 700 camas públicas necesarias para prestar terapia intensiva, apenas están operativas unas 120 camas. De acuerdo con la Federación Médica, el déficit de personal médico en el sistema público de salud, oscila entre un 43% y un 50%. Por esta situación se han cerrado los servicios de terapia en 3 de los más grandes hospitales públicos de Caracas (Hospital José María Vargas, Hospital Periférico de Catia y Maternidad Concepción Palacios). En asamblea general del 3 de abril de 2009, los médicos residentes e internos de los hospitales metropolitanos declararon: "No tenemos que cerrar los hospitales porque solitos se están cerrando. Tenemos que abrir las puertas para que la gente vea cómo están". También acordaron "no seguir tapando los huecos que hay por falta de residentes" en los distintos servicios”51 . En el 2008, el gobierno dictó una medida de centralización para todos los servicios de salud que hasta el momento solamente se ha aplicado al Distrito Metropolitano y al estado Miranda. Desde 1998, el 88% de los hospitales y el 75% de los ambulatorios pertenecen legalmente a los estados federales, por disposición de la Constitución de 1999 y la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias de 1999 y su reforma en el 2003. Con esta medida se desconocen las competencias de los estados, como entes políticamente autónomos, para encargarse de los servicios de salud públicos dentro de su jurisdicción, y se despojó a los ciudadanos de sus propios servicios, creando también un retroceso en la posibilidad de ejercer el derecho a exigir una atención de salud accesible, oportuna y adecuada a las autoridades regionales y locales. b. Derecho a la vivienda El déficit de vivienda aumentó de 1.8 millones a 3 millones entre los años 2001 y 2008, siendo afectadas 13 millones de personas que en más del 60% residen en zonas populares. Aunque el presupuesto público para proyectos habitacionales creció en estos años, el gobierno apenas logró cubrir el 20% de las necesidades de nuevas viviendas, con un total de 241.219 construidas. Asimismo, se ha venido cuestionado el reducido tamaño de las mismas (24, 40 y 60 mts2), así como la calidad de los materiales utilizados en su construcción. A tales proyectos se ha destinado el 60% del presupuesto público disponible, aun cuando el 80% del déficit está concentrado en la mejora de viviendas ya existentes. Este déficit es cubierto por los mismos pobladores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 53% de las viviendas en Venezuela son casas autoconstruidas con servicios y equipamientos precarios y ubicadas en zonas de alto riesgo. En ellas habitan cerca de 12 millones de personas que representan el 52% de la población. El gobierno destinó recursos a la autoconstrucción lo que ha sido fuente de organización comunitaria, pero con esta medida solo se han beneficiado unas 40.000 familias de sectores populares, y se han creado severas restricciones para garantizar la ejecución y la transparencia de los recursos: “Los beneficiarios y beneficiarias han comenzado a señalar a las formas asociativas comunitarias como co-responsables en las irregularidades en la adjudicación y construcción de viviendas. Las denuncias acerca de presuntos actos de corrupción, uso de materiales de mala calidad, deficiente construcción y acabado de las viviendas, así como paralización parcial o total de las obras, están involucrando a consejos comunales y cooperativas (…). En 44 denuncias 31 casos apuntaban a organizaciones de base” (Provea, 2007). 49 Diario El Universal, 02.02.08, pág. A-9. “Gobierno reconoce que existen grandes desequilibrios en materia de salud”. 50 Diario Ultimas Noticias, 21.02.08, pág. 3. “La Salud está en colapso funcional”. 51 Diario Ultimas Noticias, 03.04.09, “Invitarán a pacientes a ver situación hospitalaria”.
19. 19 Asimismo, un 40% de las familias a nivel nacional no recibe el suministro de agua en forma regular y un 60% de las que están residenciadas en zonas rurales no cuentan con sistemas de cloacas. En el sistema de electrificación se han presentado problemas de baja inversión y rápida obsolescencia tecnológica, además de dificultades con la comercialización y facturación. Durante el año 2008, se produjeron constantes interrupciones del servicio eléctrico en varios estados del país y se reportaron 109 protestas por falta de electricidad52 . De igual modo, el sistema de recolección de basura es arcaico e irregular en casi todas las zonas urbanas del país y para un 14% de la población es todavía un servicio inexistente. c. Derecho al Trabajo Las fuentes de trabajo del sector privado se han reducido sustancialmente, mientras que el sector público ha venido aumentado el número de personas contratadas en condiciones de tercerización. A estos trabajadores del Estado se les aplica una forma de “simulación laboral” donde no se reconocen derechos laborales: no gozan de estabilidad ni de los beneficios que establece la legislación, y reciben ingresos inferiores a los empleados fijos. Entre estos trabajadores públicos se encuentran los de las empresas petroleras y mineras, y los de las recientes empresas nacionalizadas, así como los trabajadores del sector salud53[1] , donde existen más de 20 mil contratados, y los del sector educación, en el que hay más de 180 mil educadores sin cargo fijo54[2] . La tercerización del empleo público y la aplicación continuada de decretos de “inamovilidad laboral”, han tenido efectos reductivos en el desempleo. Sin embargo, hasta el año 2007 se habían reportado 30.000 reclamos anuales en promedio de incumplimiento de la inamovilidad laboral en las Inspectorías de Trabajo55[3] y, entre los años 2008 y 2009, el propio Estado ha ejecutado despidos masivos injustificados en el sector público: “Lo más grave que es las empresas y organismos públicos no acatan las Providencias y órdenes de reenganche que ordenan las Inspectorías del Trabajo. La situación es de tal magnitud que nos veremos obligados a redactar una Ley Especial y no esperar la redacción de la nueva Ley Orgánica del Trabajo”56[4] . Otro factor que ha reducido el desempleo es la contracción de la fuerza laboral, en la que está bajando la participación de las personas en el mercado de trabajo a causa del aumento del tiempo sin conseguir empleo. Asimismo, cada año el gobierno ha decretado el aumento del salario mínimo, pero éste solo ha logrado alcanzar el 30% del costo mínimo de una canasta de bienes y servicios. Estos aumentos tampoco benefician a todos los trabajadores. El 52% de los trabajadores formales y el 78% de los informales, reciben ingresos inferiores al salario mínimo. Además, se han incrementado las ayudas económicas a través de las misiones sociales. La mitad de los ingresos de los sectores más pobres provienen de transferencias u otros ingresos que no son sueldos ni salarios. Pero, a pesar de estas ayudas, los más pobres han reducido su nivel de percepción de ingresos de 3% a 1,4%57[5] . Tampoco se ha puesto en práctica el Sistema de Seguridad Social, por disposición de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) sancionada el 2002. En el presente, un 67,8% de la población venezolana no cuenta con seguros públicos ni privados de salud. El gobierno llevó a cabo entre los años 2006-2007, una campaña de afiliación de trabajadores y un programa de carácter temporal dirigido al otorgamiento de pensiones para aquellas personas que no tuvieran el número de cotizaciones completas en el Seguro Social, sin embargo el porcentaje de asegurados al régimen de pensiones aumentó de 10% a 15% y el de los pensionados subió de 20% a 28%. d. Derecho a la educación Hasta el año 2002 el gobierno ejecutó una política de regulación en materia de gratuidad educativa a la que se adjudicó un aumento significativo de las matrículas del sistema educativo público en todos los niveles. Pero, junto a esta política, 52 Informe Anual de Provea Octubre 2007- Septiembre 2008, pág. 224. 53 [1] Declaración del ex dirigente sindical y presidente de la Fundación para el Trabajo, Tello Benitez, recogida en el Informe Anual Octubre 2007-Septiembre 2008 de Provea, pág. 136. 54 [2] Declaraciones de Diario 2001, 23.09.08. 55 [3] Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. 56 [4] Declaraciones del diputado Oscar Figuera, Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, el 08.05.09 en ANTV, Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. 57 [5] Banco Central de Venezuela.
20. 20 no se hicieron los esfuerzos institucionales y financieros necesarios para mejorar la calidad del sistema y ampliar su capacidad operativa. En consecuencia, la matrícula atendida en escuelas públicas que cubre a un 80% del total de estudiantes (la mayoría de sectores populares), bajó su ritmo de crecimiento a menos de 1%, mientras que la educación privada creció a un 3% interanual durante los últimos años. Entre los problemas más críticos en la educación se encuentra la falta de inversión en mantenimiento y rehabilitación de la mayoría de los planteles educativos públicos. De hecho, el 60% de las denuncias que recibe la Defensoría del Pueblo están relacionadas con problemas de infraestructura escolar. Otro problema agravado en los últimos años son las deficiencias en la disponibilidad y la calificación de los docentes. Hasta el 2008, se mantenía una media nacional de 22% de docentes sin título, alcanzando porcentajes superiores al 30% en 8 de los 24 estados del país y se ha ido acrecentando el déficit de personal en ciencias básicas, particularmente en matemática, física y química. De acuerdo con la Federación de Maestros: “...como consecuencias del déficit de educadores, por orden del Ministerio de Educación, los docentes están obligados a promover a grados superiores a todos los alumnos. La falta de profesores en materias como matemática, química y física impide la formación de los muchachos. Para pasarlos a grados inmediatamente superiores, las notas por cada asignatura son prorrateadas, aunque es una práctica reñida con la ética. Esta es otra de las razones por las cuales muchos docentes decidieron renunciar, antes de ceder su dignidad como vía inmediata para conservar el sueldo”58 . Por otra parte, las propuestas de cambio a la Ley de Educación presentadas por el gobierno se han hecho sin diálogo con las comunidades educativas, las asambleas de padres y representantes, los gremios, los docentes y los mismos estudiantes. Estos han manifestado su rechazo a tales propuestas en varias oportunidades debido a que sus contenidos no se ajustan a los principios de una educación libre y democrática establecidos en la Constitución y a que se ha pretendido la intervención directa de asesores cubanos tanto en la redacción de la ley como en las decisiones acerca del funcionamiento interno del sistema educativo. Dichas propuestas han estado más orientadas hacia cambios de tipo ideológico, que hacia aportes que mejoren sustantivamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. e. Derecho a la Alimentación La política gubernamental de abastecimiento y distribución de alimentos a bajo precio, a través de la Misión Mercal, ha logrado mejorar su accesibilidad en los sectores populares. Sin embargo, su implementación responde a coyunturas que han hecho incrementar a 70% el grado de dependencia del país de las importaciones de alimentos. Además, los datos oficiales indican un aumento del déficit nutricional crónico, que es causa de “hambre oculta” o de una insuficiente ingesta de alimentos por largo tiempo, y del porcentaje de niños con bajo peso al nacer, así como las muertes por desnutrición. Se calcula que el grado de calorías consumidas ha bajado de 2.460 a 2.196 a pesar de una mayor accesibilidad de alimentos. 9. Descalificación del Sistema Internacional de protección de los Derechos Humanos En un marco de veloz deterioro del estado de derecho y una cada vez menor independencia de los poderes públicos, preocupan especialmente a las organizaciones de sociedad civil las sistemáticas descalificaciones por parte de funcionarios de gobierno a los sistemas internacionales de Derechos Humanos, el desacato de las sentencias y medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el no reconocimiento de la procedencia de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la negativa a recibir la visita in loco solicitada reiteradamente por la CiDH. Tal como sucede con los informes sobre derechos humanos producidos por las organizaciones de sociedad civil, los informes de la CIDH son sistemáticamente descalificados por funcionarios del Estado venezolano y se niega toda posibilidad de que sean debatidos sus contenidos, analizadas sus propuestas y, por ende, de que se puedan restituir derechos humanos vulnerados o se creen o mejoren las condiciones para su vigencia. En el Diálogo sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el 20 de marzo de 2009, el 58 Diario 2001, 23.09.08.
21. 21 Embajador de Venezuela ante la OEA expresó: “…Venezuela incluida en el capítulo IV, famoso capítulo IV, sobre el cual todavía desde el punto de vista jurídico no entiendo mucho, pero creo que es o se trata de algo así como ‘identificar a los estados miembros de la OEA cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecían especial atención y en consecuencia deberían ser incluidos en el capítulo IV del mismo’, yo creo que la institución que merece una especial atención es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especialmente su superpoderosa, inamovible, perpetua y vitalicia Secretaría Ejecutiva; que además que es la que sustancia, la que define, la que redacta. “El año pasado, yo recibí en mi despacho la… …visita de los miembros de la CIDH. …se habló de la visita de la Comisión a Venezuela. A la Comisión todavía no creemos que tengamos razones suficientes para darle la bienvenida porque se ha creado un clima de desconfianza…” A raíz de la publicación el Informe de la CIDH correspondiente al año 2008, también por intermedio del Embajador Roy Chadderton, Venezuela rechazó "categóricamente" el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluyó al país entre los que necesitan mejorar la defensa y el cumplimiento de DDHH. La misión que encabeza el embajador venezolano Roy Chadderton rechazó la "insistencia" del organismo de llamar la atención al país, que por sexta vez ha sido incluido en el capítulo IV del informe de la CIDH. Venezuela protestó porque consideró que el informe "no sustenta hechos probados bajo métodos confiables fidedignos y comprobantes".59 Por su parte, el 9 de Mayo de 2009, refiriéndose a la publicación del Informe, la cancillería venezolana emitió un comunicado, parte del cual se transcribe a continuación: “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza tajantemente el contenido del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al año 2008, por el carácter inexacto, malintencionado y falso de sus afirmaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abandonado su condición de Organismo Internacional de Protección de Derechos Humanos encargado de velar por el respeto de los mismos en la región, para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales que, por razones ideológicas, arremeten contra los gobiernos progresistas de la región. En el caso de Venezuela, la Comisión perdió su credibilidad durante el Golpe de Estado perpetrado el 11 de Abril del 2002, cuando ésta reconoció implícitamente el gobierno de facto, y negó una medida cautelar a favor del presidente Hugo Chávez solicitada por la ONG MINGA con el fin de resguardar su vida. Venezuela le ha reiterado tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana, que los Sistemas Internacionales y Regionales de Protección de Derechos Humanos son complementarios y subsidiarios a la función de los Estados. Su labor de supervisión debe limitarse a las relaciones de cooperación y protección de un derecho, sin pretender controlar las funciones y competencias que cumplen las instituciones de los Estados. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera que el Estado venezolano continuará haciendo sus mejores esfuerzos para garantizar el respeto absoluto de los Derechos Humanos sobre su territorio, conforme al mandato Constitucional, a la voluntad popular y a los principios revolucionarios que guían su acción, independientemente de las manipulaciones y las mentiras de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.”60 Durante la Asamblea General de la OEA celebrada en Honduras en Junio de 2009, los países miembros aprobaron una resolución sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, con motivo del 50 aniversario de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 40 aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 30 aniversario de la creación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Solo los Gobiernos de Venezuela y Nicaragua objetaron la resolución. "El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se abstiene de aprobar la presente resolución ya que 59 Oficina de Prensa de la Embajada de Venezuela ante la OEA 60 Ministerio de Relaciones Exteriores, 9 de Mayo de 2009
22. 22 considera que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha abandonado su condición de organismo protector de los derechos humanos para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales que por razones ideológicas, arremeten contra los gobiernos progresistas de la región. Asimismo consideramos que el Sistema, en especial la CIDH ha perdido credibilidad para referirse al tema de los derechos humanos, tras haber reconocido el gobierno de facto que se instauró en Venezuela tras los sucesos de abril de 2002. Considera el Gobierno Bolivariano de Venezuela que el carácter inexacto, malintencionado y falso de las afirmaciones, recomendaciones y decisiones de la CIDH causan un gran daño que afecta la estabilidad democrática de los estados. Los señalamientos que efectúa la CIDH carecen de una metodología fundamentada en la objetividad y transparencia, efectuando remisiones genéricas a fuentes que no determina, al peso excesivo que coloca en las fuentes hemerográficas, las cuales no siempre están al servicio de la veracidad, si tomamos en cuenta la politización y parcialización que algunos medios de comunicación de prensa, radio y televisión tienen contra el gobierno legítimo de Venezuela, así como algunas ONG's venezolanas y extranjeras las cuales participaron en el golpe de estado de abril de 2002, y en el paro empresarial y petrolero de diciembre de 2003. Venezuela cuenta con razones suficientes para afirmar que la CIDH, ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en la región, para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en deslegitimar la Revolución Bolivariana y Socialista que encabeza el Presidente Hugo Chávez Frías. El Estado venezolano ha perdido sus esperanzas de que la Comisión retome la sindéresis y demuestre su nivel de compromiso con los derechos humanos, y deje de tomar acciones que desvirtúan sus competencias y objetivos. En este sentido es importante recordar como la extinta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas perdió toda credibilidad una vez que se instauró como foro que servía para ventilar las diferencias políticas entre los Estados, dándoles la espalda a los individuos y comunidades que en algún momento cifraron sus esperanzas en dicho Órgano. El Estado venezolano reitera su llamado para que la CIDH, en aras de la transparencia y objetividad de sus actuaciones, establezca un balance entre sus pretensiones y sus verdaderas competencias. Por las razones expuestas, ante la violación de las normas del sistema, tanto sustantivas como procedimentales, la vulneración de la credibilidad, eficacia y eficiencia del sistema y la conducta negligente que la CIDH ha mantenido, el Gobierno Bolivariano de Venezuela se abstiene y desaprueba en su totalidad el contenido de la presente resolución" En comunicado público emitido el 13 de Mayo de 2009, por el Foro por la Vida y Sinergia, como redes nacionales de organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social, respectivamente, se denunció este intento de debilitamiento del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH) y, a la vez, de descalificación de las organizaciones que inciden en el SIDH. Entre otras consideraciones, las organizaciones expresaron que: “…lamentan profundamente que la actual Presidenta de la Comisión Interamericana se sume a esta política del Estado venezolano y descalifique abiertamente el trabajo de la Comisión Interamericana, cuestionando por ejemplo ‘la transparencia de los mecanismos para tomar decisiones en el seno de la Comisión’. Asimismo, ha señalado que ‘el uso de los medios de comunicación como fuente principal y directa para levantar el diagnóstico general de la situación de derechos humanos en Venezuela, obliga a que haya una clara inclinación hacia dónde terminan siendo no sólo el diagnóstico sino la evaluación y las recomendaciones que se realizan’. Ha señalado además que este informe tiene una ‘visión política que lejos de proteger y de garantizar los derechos del pueblo venezolano, garantizan que sea un informe para que se instrumentalice políticamente lo que allí se dice. …la práctica de la Comisión es utilizar en el caso de Venezuela, en mayor medida, información de organizaciones no gubernamentales que también tienen una clara tendencia política y medios de comunicación que han participado de manera directa como señalé anteriormente en la coyuntura política venezolana’, señalamientos que inequívocamente apoyan los graves ataques que han recibido sistemáticamente los defensores y defensoras de derechos humanos venezolanos por utilizar los mecanismos previstos en la Convención Americana, colocándoles en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la “información que sale sobre Venezuela sale a través de medios de comunicación que tienen de alguna manera homogeneizada el análisis respecto de Venezuela y esas son las cifras y fuentes que más se utilizan. No hay relación realmente con otras fuentes, no hay pluralidad y no se debate en el seno de la Comisión la posibilidad o los mecanismos para que se abra la Comisión a otras
23. 23 fuentes diferentes”. La representante de la CIDH olvida que el Gobierno venezolano ha negado reiteradamente las peticiones de información pública realizadas por la propia Comisión y ha evitado la realización de una visita al país por parte de sus integrantes para ratificar las denuncias, las cuales hubieran permitido el diálogo tanto con funcionarios públicos como con diferentes actores sociales del país. También es preocupante, por su nacionalidad venezolana, la clara intromisión de la abogada Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los asuntos que este órgano está llevando sobre Venezuela, dado que el artículo 17 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los miembros de la CIDH no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de los casos o análisis de las situaciones de sus países. Esta actitud crea un nefasto precedente que debilita el accionar de la Comisión, dado que la práctica ha sido que los Comisionados y las Comisionadas se abstengan de tomar posición pública sobre los asuntos que corresponden al país del cual son nacionales, como un gesto mínimo de independencia e imparcialidad. Según, la Dra. Luz Patricia Mejía, ‘el planteamiento que hace el presidente de la República de Venezuela, que hacen los representantes de Cuba -y que no sólo son ellos, lo han hecho también los representantes de Bolivia, Ecuador, de Colombia e incluso de Guatemala-, con respecto a la transparencia, obliga necesariamente a que en este momento, en esta próxima Asamblea General que se va a dar ahorita próximamente en junio en Honduras, se haga un análisis profundo sobre la pertinencia del sistema. Yo creo que es un momento donde se debe abordar el tema. Nosotros vamos a proponer desde la presidencia de la Comisión, la necesidad de revisar profundamente no solo la pertinencia del sistema sino las dinámicas propias del sistema’.61 Así mismo, las ONG firmantes manifiestan preocupación por el ‘Acuerdo en rechazo al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, sobre la República Bolivariana de Venezuela’ el cual, en concordancia con las declaraciones emitidas por el Poder Ejecutivo Nacional y la Presidenta de la CIDH, expresó en sus considerandos que la CIDH ‘se ha convertido en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales’; y en su primera disposición acordó rechazar el referido informe sobre Venezuela, por considerar que las afirmaciones contra la República Bolivariana de Venezuela contenidas en dicho informe ‘son injerencistas, falsas y dirigidas a alentar campañas para desprestigiar políticamente a nuestro Gobierno y a nuestras instituciones democráticas.’ Las ONG consideran que este Acuerdo de la Asamblea Nacional configura un abierto desacato al derecho internacional y a las obligaciones internacionales del Estado venezolano asumidas libremente bajo la Convención Americana, y con ello pretenden erosionar el sistema interamericano de protección de derechos humanos.” Finalmente, es importante recordar la decisión 1939 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, emitida el 18 de diciembre de 2008, mediante la cual declaró inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera y Otros (Corte Primera de lo Contenciosos Administrativo) vs. Venezuela en la cual señaló que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar este Tratado o Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el fallo objeto de la presente decisión”. Hasta la fecha, el Ejecutivo Venezolano ha desestimado esta solicitud de la Sala Constitucional. 10. Consecuencias para la sociedad venezolana Es preocupante la dificultad, cuando no la imposibilidad absoluta, de dialogar con los distintos órganos del poder nacional, pues esto tiene repercusiones profundas en cuanto a la vigencia de la democracia y el estado de derecho en Venezuela, así como en cuanto al ejercicio y la materialización de los derechos humanos. La ausencia de diálogo impide la participación de la ciudadanía en los asuntos del Estado, la visibilización de los más graves problemas sociales que la afectan y, por ende, la construcción conjunta de soluciones para una vida digna. A la vez, se percibe una sensación de opresión que afecta progresivamente a más y más sectores de la sociedad venezolana, por la destrucción de los procesos institucionales mediante los cuales a través del respeto de la Constitución, leyes y normas, puedan ponerse límites al ejercicio del poder, o impedir su abuso. Una estrategia hasta hora no masiva 61 Declaraciones de la Dra. Luz Patricia Mejías, Programa en Vivo, Telesur, 11 de Mayo de 2009.
La Amenaza Associated Press 26 12 2008