Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-3985-de-noviembre-30-de-1990?documento=jurcol&contexto=jurcol_e93b0d198811498f9aeea5a3e39262ed&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-22 05:39:29
Document Index: 268316699

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 9']

﻿ Sentencia 3985 de noviembre 30 de 1990
SENTENCIA 3985 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1990
CONTENIDO:CULPA PATRONAL EN ACCIDENTE DE TRABAJO
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR
Sentencia 3985 de noviembre 30 de 1990
Rad.: 3985
Acta Nº 47.
Bogotá, D. E., treinta de noviembre de mil novecientos noventa.
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de María de Jesús Alzate de Gómez, frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín de doce de marzo de mil novecientos noventa en el juicio promovido por ésta contra la Empresa Antioqueña de Energía S. A.
“1. El señor Juan Manuel Gómez trabajó mediante contrato de trabajo al servicio de la Empresa Antioqueña de Energía S. A. desde enero 1º de 1979 hasta el 18 de enero de 1988, fecha en la cual falleció a consecuencia de las lesiones sufridas por accidente de trabajo producido en la fecha última citada.
“2. El fallecido Juan Manuel Gómez había contraído matrimonio por el rito de la religión católica con la señora María de Jesús Alzate, unión de la cual nacieron los hijos antes relacionados en la parte inicial de esta demanda. Todos los expresados hijos son menores de edad, sobre los cuales la madre ejerce obviamente la patria potestad.
“3. El señor Juan Manuel Gómez desempeñaba el oficio de oficial de mantenimiento y reparación de redes eléctricas, clasificado por consiguiente como trabajador oficial, habida cuenta de que prestaba sus servicios a una empresa industrial y comercial del Estado.
“4. El día 18 de enero de 1988 y cuando él (sic) Juan Manuel Gómez se estaba subiendo a un poste de energía, en cumplimiento de sus funciones el precario elemento de seguridad que se le dio, se reventó, cayendo inmediatamente al piso el señor Gómez y falleciendo por consiguiente. Esto ocurrió en el Municipio de Sonsón, donde el trabajador prestaba habitualmente sus servicios. Servicios que habitualmente eran el de oficial de mantenimiento y reparación II.
“5. De lo que se deja narrado en el hecho inmediatamente anterior, se infiere con meridiana claridad, que por parte de la empresa patronal o empleadora, hubo una evidente culpa en la ocurrencia del accidente aludido, ya que al trabajador no se le suministraron los elementos adecuados de seguridad y protección, propios y acordes para realizar la labor asignada.
“6. Para el día del accidente y fallecimiento del señor Gómez, éste tenía un salario básico mensual de $ 38.813.57.
“7. El trabajador, percibía además de su salario básico, horas extras, viáticos, etc., que promediados con todas las primas legales y extralegales, y en general con todos los conceptos salariales, su salario promedio mensual al día de su fallecimiento era aproximadamente de $ 70.000.00.
“8. No obstante tener el trabajador fallecido aquella remuneración, sus cesantías fueron liquidadas con una suma inferior, por lo cual hay un déficit de consideración, especialmente tratándose de una familia de muy escasos recursos económicos.
“9. Obviamente el seguro de vida pagado también fue deficitario. Como en general lo fueron las demás prestaciones económicas legales y convencionales derivadas de la muerte.
“10. Para el día de su fallecimiento el señor Juan Manuel Gómez C. tenía 48 años de edad, habida cuenta de que nació en julio 23 de 1939. Por lo tanto la vida probable era 23 años, conforme a las tablas de supervivencia adoptadas por la Superintendencia Bancaria para el pueblo colombiano.
“11. El trabajador fallecido estaba sindicalizado en el sindicato de la empresa, la cual le retenía la respectiva cuota sindical. Era por consiguiente beneficiario de la convención colectiva de trabajo de mayo 16 de 1986.
“12. Con el escrito de mayo 13 del año en curso (1988) la esposa del trabajador reclamó por la vía gubernativa sin resultado positivo alguno.
“13. En la liquidación final se le hizo al finado Juan Manuel Gómez deducciones por valor de $ 7.835.10 las cuales por su ilegalidad deben ser objeto de reintegro o devolución”.
Las peticiones de la demandante fundamentadas en los hechos anteriores fueron:
“I. Reajuste del auxilio de cesantía.
“II. Devolución de los $7.835.10 ilegalmente retenidos y deducidos de la liquidación final de salarios, prestaciones e indemnizaciones.
“III. Reajuste del seguro de vida adicional pactado en la convención colectiva de trabajo. Así como del seguro de vida legal.
“IV. Indemnización plena de perjuicios materiales y morales causados por el accidente de trabajo culposo aducido en el hecho 3 de este libelo.
“Tales perjuicios serán actualizados conforme a la pérdida del poder adquisitivo del dinero, la cual es viable conforme a sentencia de casación de mayo 31 de 1988 ordinario de Francisco Bohórquez contra Fabricato (Radicación número 2031).
“V. Indemnización por mora en el pago completo de los salarios, prestaciones e indemnizaciones debidos.
“VI. Costas del proceso si fuere afrontada la litis”.
Del prealudido juicio conoció el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín que, en sentencia de treinta de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, resolvió:
“1º Condénase a la empresa ‘Antioqueña de Energía S. A.’, representada legalmente por José Miguel Pérez, o por quien haga sus veces, a reconocer y pagar a la sucesión del señor Juan Manuel Gómez Castañeda, representada por la señora María de Jesús Alzate de Gómez, en calidad de cónyuge supérstite y en representación de sus hijos menores Manuel Fernando, Ferney Alberto, Isleny Beatriz, Wilson Javier y Norely Yaneth Gómez Alzate, las siguientes sumas de dinero y por los conceptos que a continuación se discriminan:
“a) Cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos con 84 centavos ($ 438.377.84), por concepto de reajuste del auxilio de cesantía;
“b) Ciento cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y nueve pesos con 88 centavos ($ 157.749.88) moneda legal, por concepto de reajuste del seguro de accidente;
“c) Ciento cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos con 88 centavos ($ 156.749.88) moneda legal, por reajuste del seguro de vida legal;
“d) Ciento noventa y cinco mil novecientos treinta y siete pesos con 35 centavos ($ 195.937.35) moneda legal, por concepto de reajuste del seguro extralegal;
“e) Siete mil ochocientos treinta y cinco pesos con 10 centavos ($ 7.835.10) moneda legal por concepto de devolución de prestaciones sociales.
“2º Se absuelve a la demandada de todos los demás cargos formulados en su contra por la actora en su libelo demandatorio.
“3º Decláranse no configuradas las excepciones propuestas por la parte demandada al dar respuesta a la demanda.
“4º Costas a cargo de la demandada, en un 80%”.
Impugnada esa determinación por el apoderado de la actora el Tribunal Superior de Medellín en sentencia del doce de marzo de mil novecientos noventa decidió: “Confirma la sentencia apelada por la parte demandante, de fecha y procedencia ya conocidas, pero la revoca en cuanto absolvió de la ‘sanción moratoria’, para en su lugar condenar a la Empresa Antioqueña de Energía S. A. (EADE), a pagar a los demandantes la suma de dos mil quinientos nueve pesos con cuarenta y ocho centavos ($ 2.509.48) diarios, a partir de 13 de agosto de 1988 y hasta cuando se cubran las condenas, por tal concepto. Ello, con fundamento a lo analizado en la motivación del proveído. En lo demás rige el fallo de primer grado. Costas como se dijo en la parte motiva”.
Recurrió en casación el apoderado de la demandante. Concedido el recurso por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá previo el estudio de la demanda extraordinaria. No se presentó escrito de réplica.
“Se pretende con el recurso, que la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte case parcialmente la sentencia recurrida en cuanto absuelve·de la indemnización plena de perjuicios materiales y morales, para que constituida la honorable Corte en sede de instancia previa revocatoria de la sentencia del a quo en aquel aspecto, condene a Empresa Antioqueña de Energía S. A. a pagarle a los demandantes $ 16.213.227.00 o la cantidad que se encuentre acreditada a título de perjuicios materiales y $ 1.000.000.00 para cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales o lo que indique el prudente arbitrio del fallador, así sea superior la suma.
“Se proveerá sobre costas, imponiendo el 100% para ambas instancias.
“Y en todo caso, las condenas por perjuicios materiales serán objeto de corrección monetaria, conforme se pidió en la demanda inicial”.
“La sentencia acusada viola indirectamente, en el concepto de aplicación indebida los artículos 11, 12, literal b) inciso 5 de la Ley 6ª de 1945; 26 ordinal 2 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945; 4º de la Ley 64 de 1946; 19, 199 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo; 22 del Decreto 3135 de 1968; 19 del Decreto Reglamentario 1848 de 1968; 84, 93, 112, 121 a 123 de la Ley 9ª de 1979; 2º literal b), 3º literal b), 29, 32, 176, 190 y 191 de la Resolución 2400 de 1997 proferida por el Ministerio de Trabajo y 63, 1604, 1613 y 1614 del Código Civil.
“La violación de la ley se produjo a consecuencia de los siguientes errores de hecho:
“1. Dar por demostrado, sin estarlo que la empresa suministró al trabajador fallecido los elementos adecuados de protección.
“2. No dar por demostrado, estándolo, que el patrono incurrió en culpa al no suministrar los elementos adecuados de seguridad y protección y al no mantener libre o despejada el área de trabajo.
“Los anteriores errores fácticos se debieron a la falta de apreciación de las siguientes pruebas:
“a) Confesión contenida en la contestación de la demanda, en el capítulo denominado ‘consideraciones’ (fls. 24 a 35);
“b) Memorando de enero 21 de 1988 suscrito por Jorge García, en relación con el accidente (fl. 36);
“c) Informe patronal sobre las causas del accidente cuestionado (fls. 38 y 39).
“Además fueron apreciados en forma equivocada los testimonios de Octavio Ramírez (fl. 49) y Juan Osario (fl. 53 vto.).
“La sentencia enjuiciada aduce que no se demostró culpa patronal y que presumiblemente hubo un deficiente amarre por parte del trabajador accidentado y para tales conclusiones razona así:
“‘De tales deponencias se infiere: a) La empresa entrega a sus operarios los elementos o medios necesarios para laborar, que debe cumplirse (sic) cuando se trata de hacer trabajos en los postes de alumbrado, tales como casco, cinturón de seguridad, escalera, llaves, alicates; b) El trabajador accidentado había subido el día del accidente en varias ocasiones y usando los mismos elementos; c) El trabajador en momento alguno hizo objeciones sobre el mal estado de los elementos a emplear en su labor; d) Era deber del operario revisar el estado de tales implementos y en caso de no encontrarlos aptos, debía informar al coordinador del trabajo sobre tal irregularidad; e) Son acordes los testigos en señalar que reciben periódicamente cursillos sobre seguridad industrial; f) El pretal o zincho (sic), no se reventó como se afirma en el libelo introductor, sino que se «zafó», lo que presumiblemente indica que hubo un deficiente amarre por parte del operario o trabajador accidentado’.
“Ahora bien: La prueba calificada que se dejó de estimar por el ad quem denota en forma lógica y razonable que el accidente de trabajo en el cual falleció el señor Juan Manuel Gómez se debió a culpa del patrono que incurrió en dos omisiones:
“1. No suministró al trabajador los elementos ‘adecuados’ de protección contra accidentes, de modo que el trabajo se realice en condiciones que ‘garanticen la salud’, que como obligación especial a cargo del patrono establece el artículo 26-2 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945.
“2. Haber dejado en el piso, al pie del poste por el cual subía el fallecido, otros postes de concreto, contra uno de los cuales se estrelló precisamente el señor Gómez, constituyendo ello la verdadera génesis o causa de la muerte de aquél.
“La contestación de la demanda, en el folio 27 confiesa que el trabajador fallecido, cuando se disponía subir al poste provisto de unos pretales de cabuya y cuando había alcanzado una altura de ocho metros.
“‘Fallaron los pretales al soltarse el nudo de la parte sujeta a la pierna, cayendo Gómez Castañeda sobre otro poste que se encontraba en el piso y recibiendo el impacto a nivel de la región frontotemporal izquierda...’ (El subrayado no es del texto).
“Por su parte el documento auténtico de enero 21 de 1988 suscrito por el Jefe de Seguridad Industrial de la empresa demandada a folios 36 y 37 expresa:
“‘... Gómez Castañeda se amarró a la cintura el cinturón de seguridad, tomó los pretales y procedió a subir al poste, cuando se encontraba a 8 metros de altura aproximadamente fallaron los pretales (se soltó el nudo de la parte que sujeta la pierna) desprendiéndose de éste y al caer se golpeó en la región frontotemporal izquierda contra un poste de concreto, el cual se encontraba en el piso’.
“Y un poco más adelante el mismo documento anota:
“‘El examen externo practicado por el médico de planta mostró: Fractura de huesos craneanos región frontotemporal izquierda otorragia izquierda, hemorragia aronasal...’.
“Finalmente el documento observa:
“‘La causa principal de la muerte fue maceramiento cerebral (trauma encefalocraneano severo) y la naturaleza de la lesión, esencialmente mortal’.
“De este par de pruebas (confesión y documento) que se dejan copiados en lo pertinente, surge sin mayor esfuerzo y en forma razonable, que el accidente de trabajo en el que pereció Gómez C. se debió a culpa de la empresa.
“Y no otra puede ser la conclusión, si aquellas pruebas están evidenciando que la Empresa Antioqueña de Energía S. A. ‘EADE’ no le suministró al trabajador los elementos adecuados de seguridad y protección. Es que ninguna mente desprevenida y sensata pueda aceptar que un elemento tan rudimentario como son los pretales puedan constituir elemento adecuado de seguridad que garantice la salud del operario. Y menos aún, cuando el aludido ‘pretal’ se amarra al cuerpo mediante un NUDO.
“Es pues insólito que en las postrimerías del siglo XX una empresa de la importancia social y financiera que ostenta la demandada someta a sus operarios a laborar en condiciones tan precarias, no sólo utilizando pretales, más propios para aperar las cabalgaduras o bestias de carga, sino amarrando aquellos al cuerpo del trabajador mediante nudos, expuestos como es obvio a correrse o soltarse, como le ocurrió al Gomez C. (sic).
“Pero, aún aceptando en gracia de discusión que el ‘pretal de cabuya’ fuera elemento idóneo y adecuado para los menesteres ya conocidos, salta de bulto la omisión, la improvisación y la imprevisión de EADE, de no acondicionar aquellos pretales con herraje o al menos, una modesta pero efectiva hebilla.
“Cualquier manual de seguridad industrial, aún el más sencillo, rudimentario y empírico enseña que los cinturones de seguridad deben estar provistos de herraje o hebilla.
“La elemental y práctica obrita de la cual es autor el médico Antonio Osorio Isaza ‘Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales’, publicada por Editorial Granamérica en 1959, con los auspicios de la ANDI expresa en su página 106:
“‘Cinturón de Seguridad. Empleado por los obreros que han de trabajar a grandes alturas. Consiste en una correa fuerte de cuero de 10 a 15 centímetros de amplitud y sujeta con hebillas suficientemente fuertes’ (subrayé).
“Si los elementos de seguridad que el patrono debe suministrar a sus operarios, tienen que ser ‘adecuados’ a fin de que ‘garanticen la salud’, según obligación especial del patrono impuesta por el artículo 26 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, y si los ‘pretales fallaron’ como lo registra la prueba singularizada, quiere ello significar, que el patrono demandado no cumplió con su especial obligación de protección y por ende incurrió en culpa por omisión. Si el pretal era seguro, no podía fallar.
“Conclusión que confirma con evidencia la Ley 9ª de 1979 en cuanto reclama con seria exigencia ‘sistemas de seguridad eficientes’ (art. 84) y equipos de protección ajustados a normas oficiales y a las regulaciones técnicas (art. 123).
“Por su parte, la Resolución ministerial 2400 de 1979 exige a los patronos ‘equipos adecuados’ (art. 176) y los artículos 190 y 191 denotan que las cuerdas y correas de seguridad deben estar provistas de herrajes y hebillas.
“Así que someter al operario a que se amarre el ‘pretal’ con un nudo, es un error de conducta que se traduce en culpa. Con métodos tan empíricos y primitivos obviamente tenían que fallar los pretales, tal como lo denuncian las pruebas analizadas, sin que se le pueda imputar la más mínima responsabilidad al infortunado operario fallecido, ya que el testimonio del Oficial Primero de la Cuadrilla expresa al final de su testimonio.
“‘El (Juan Manuel aclaro) cumplía con la seguridad en el trabajo. No fue error de él en su maniobra’ (fl. 54 vto.) (Subrayado mío).
“En síntesis, en vez de pretales de cabuya, asegurados o amarrados con nudos, debió la empresa suministrar correas de cuero, provista de hebilla u otro herraje adecuado.
“Pero en realidad de verdad, el equipo adecuado de seguridad y protección, que garantice la salud y la vida del trabajador es un vehículo automotor, provisto de canasta elevadiza, que vemos a diario los transeúntes de las vías públicas, cuando los operarios de la energía acometen las reparaciones o mantenimiento en lo elevado de un poste.
“La segunda gran omisión del patrono, que enuncié antes, la constituye el haber dejado en el piso, al pie del poste por el cual ascendía Gómez C., otro u otros postes de concreto, contra uno de los cuales se estrelló el trabajador en su caída.
“En efecto, la Ley 9ª de 1979 exige que las áreas de circulación en el lugar de trabajo, estén limpias, seguras. En fin que el ambiente de trabajo sea seguro (arts. 84 y 93).
“La confesión de la empresa contenida en la respuesta a la demanda, expresa que Gómez C. cayó sobre otro poste que se encontraba en el piso, recibiendo el golpe o impacto en la región frontotemporal, vale decir en el cráneo. Y a su turno el documento de folios 36 y 37 expresan lo mismo, pero agrega:
“‘La causa principal de la muerte fue maceramiento cerebral (trauma encefalocraneano severo) y la naturaleza de la lesión esencialmente mortal’ (subrayé).
“El desplome o caída de un hombre a ocho metros de altura produce contusiones y fractura de algunos huesos, pero no la muerte. La muerte del trabajador fue pues debida a que aquél se estrelló contra el poste de concreto, puesto que de haber estado libre y limpio (como debería haber estado) no se hubiera producido el deceso de Gómez C.
“Las calidades morales e intelectuales de un Magistrado de la honorable Corte y aún el desprevenido ciudadano entiende y comparte aquella conclusión que es fruto de la lógica y del buen sentido que normalmente tiene el ser humano.
“De tal manera que si el honorable Tribunal hubiera tenido en cuenta la confesión y el documento que se dejan examinados, hubiera deducido que la empresa demandada había incurrido en culpa por no suministrar al trabajador fallecido los elementos adecuados de protección y seguridad. Y es que en realidad los elementos de trabajo que debe suministrar el patrono, no son únicamente los necesarios, como lo predica la sentencia, sino los ‘adecuados’ a fin de que ‘garanticen’ la seguridad.
“Tampoco se desdibuja la culpa de la empresa, porque el trabajador hubiera subido al poste varias veces, ni porque no hizo objeción a los elementos de seguridad, pues ésta no es su función, además de que no es experto en seguridad industrial, ni porque el cincho, no fuera que se hubiera reventado -como afirmó la demanda-, sino que el nudo se safó, que para el caso es lo mismo, pues en tal evento también se configura culpa.
“Igualmente, si el Tribunal no deja de apreciar el documento de folios 38 y 39, también habría concluido con base en él, que se perfila culpa patronal.
“En efecto, de dicho documento se deduce directamente, las mismas fallas de seguridad en que incurrió la empresa y que también surgen de las dos pruebas analizadas, con el agravante para la empresa, de que el trabajador estaba utilizando todas las herramientas de trabajo entregadas y que todo estaba normal:
“‘aparte de unos postes de concreto que hay al lado del poste del cual se cayó’.
“Con lo cual quiere significar el mismo documento que no es normal que estuvieran allí tales postes, que como se expresó contra uno de ellos se estrelló el trabajador en su caída y esa fue la causa directa de la muerte y si el mismo documento registra que los implementos de trabajo utilizados por Gómez C.
“‘Aparentemente estaban bien’.
“‘Hay que concluir que entonces realmente sí hubo fue una falla en los elementos de trabajo, en cuanto que no eran ‘ni adecuados’, ni ‘garantizaban la seguridad del trabajador’, como lo exige la ley, ya que el amarre de pretales y cinchos no debe ser a base de nudos, sistema de por sí primitivo e inseguro, sino a base de hebillas o cualquier herraje similar.
“Y si el mismo documento al reseñar el lugar del accidente, da cuenta de que fue en carrera 8ª con calle 1ª hay que deducir que fue zona urbana, razón más que suficiente, para que la empresa patronal hubiera utilizado como elemento adecuado de trabajo, un carro provisto de canasta elevadiza, que la técnica moderna suministra desde hace muchos años, para esta clase de labores, específicamente trabajos en lo alto de los postes de energía.
“Demostrados los errores de hecho aducidos, debe la honorable Corte examinar los testimonios de Octavio Ramírez (fl. 49) y Juan Osario (fl. 53) que fueron mal estimados por el ad quem, porque de tales deponencias no se infiere que EADE hubiera entregado a Gómez Castañeda los elementos adecuados de seguridad y protección que ‘garanticen seguridad’. Quizá denoten tales testimonios la entrega de elementos o medios necesarios, pero no los adecuados con relación a seguridad.
“Que el trabajador accidentado había subido varias veces, es una inferencia inocua y si algún efecto sería para deducir que si hubiere habido alguna imprudencia del trabajador, ella no exonera al patrono porque sería una imprudencia profesional. Pero se repite, tampoco hubo imprudencia alguna. Que el trabajador no hizo objeción, ya se dijo que ello no es de su incumbencia, máxime, si el operario no es experto en seguridad industrial, nótese que es un simple peón de una cuadrilla.
“Que recibió cursillos, ello no exonera de responsabilidad al patrono, cuando incurre en culpa, así sea leve.
“Que el pretal no se reventó, sino que se safó, para el caso es lo mismo. La misma razón que hay para que no se reviente, debe existir, para que no se safe. Es que tampoco tenía por qué safarse. Y si hubo deficiente amarre, ello es consecuencia de que se le dio al operario implementos de trabajo muy rudimentarios y primitivos.
“Pero, el mismo Juan Osorio, declara al final que el demandante:
“‘... cumplía con la seguridad en el trabajo. No fue error de él la maniobra’.
“Luego la presunción de mal amarre que trae la sentencia queda destruída.
“Y, si los pretales los hacen los mismos trabajadores como lo declara Octavio Ramírez, ello es razón de más para pensar en la ocurrencia de la culpa patronal. Y si el nudo es para unir pretal con la manila (o sea nylon con cabuya) surge con más fuerza la culpa patronal, pues por lo liso o resbaladizo que son las cuerdas de nylon.
“Y el testimonio del Coordinador de la Cuadrilla (fl. 48) dejado de estimar, denota que los pretales los consiguen donde venden los implementos de arriería, afirmación que no requiere comentario y expresa además hay medios más modernos para subir a los postes de energía como son los carros-canasta, pero que son utilizables en ciudad, pero el testigo, al igual que el documento a folios 38 y 39 dan cuenta de que el trabajo se efectuaba el día del accidente en la zona urbana de la ciudad de Sonsón.
“De la prueba testimonial tampoco surge imprudencia del trabajador, y si la hubiera ella sería imprudencia profesional, que como lo tiene enseñado la honorable Corte, no exonera de responsabilidad al patrono, conforme se aprecia en sentencia de casación de febrero 9 de 1984 publicada en la Revista Jurisprudencia y Doctrina de marzo de 1984, página 178.
“Debe pues casarse la sentencia y proceder conforme se indica al formular el alcance de la impugnación, con dos observaciones que se tendrán en cuenta para cuando la honorable Corte actúe en sede de instancia:
“Los perjuicios materiales los puede deducir la honorable Corte sin necesidad de perito, pues en el proceso están los elementos de juicio necesarios, y el sistema está tan divulgado, que obviamente no escapa al conocimiento de la honorable Corte.
“Tales perjuicios deben ser objeto de indexación, puesto que obviamente el dinero-valor de los perjuicios no tienen hoy el mismo poder adquisitivo que tenía en 18 de enero de 1988 cuando falleció Gómez C. Y la procedencia de tal corrección monetaria, ha sido aceptada por la honorable Corte, entre otras sentencias de mayo 31 de 1988 dictada en el proceso de Francisco Bohórquez contra Fabricato, con ponencia del doctor Jorge Iván Palacio P. y sentencia de agosto 31 de 1988 en el proceso ordinario de Sigifredo Montoya contra Fabricato, con ponencia del doctor Ramón Zúñiga V.
“Los perjuicios morales, si bien es verdad, que quedan al prudente arbitrio, solicito se reconsidere, por razones de devaluación la última cifra conocida de $ 500.000.00 y se eleve a un millón, habida cuenta de que varios hijos menores de edad perdieron tempranamente su padre, además de una viuda desamparada.
“Ruego a la honorable Corte, que en auto para mejor proveer disponga librar el oficio a que se refiere el numeral 8 del capítulo de pruebas de la demanda, que el Juzgado omitió librar, puesto que sólo libró las de folios 46 y 47”.
Pretende el cargo la indemnización plena de perjuicios materiales y morales como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el ad quem, al no dar por demostrado, que el patrono “incurrió en culpa al no suministrar” al trabajador “los elementos adecuados de seguridad y protección y al no mantener libre o despejado el área de trabajo” (fls. 6, 7, cuaderno de la Corte).
Tal pretensión la hace el recurrente con base en el hecho de haber perdido la vida Juan Manuel Gómez Castañeda, en circunstancias que la demandada narró al contestar la demanda inicial:
“... Juan Manuel Gómez Castañeda, quien se desempeñaba como integrante de la cuadrilla de mantenimiento de Sonsón, fue encargado junto con su grupo de trabajo, para efectuar la colocación de un poste de concreto de doce metros, dentro del casco urbano del Municipio de Sonsón. Una vez efectuada la operación, se procedió a retirar los elementos y herramientas que habían servido para efectuarla, para lo que se encomendó a los señores Juan Osorio y Juan Manuel Gómez Castañeda correspondiendo a éste último y según su propia voluntad, escalar el poste en primer término y para bajar la polea y las manilas utilizadas anteriormente, para lo cual utilizó su cinturón de seguridad y los pretales correspondientes. Para ilustración del Despacho, significó que los pretales son instrumentos de fique que permiten el ascenso al poste. Pues bien, habiendo alcanzado una altura aproximada de ocho metros, fallaron los pretales al soltarse el nudo de la parte sujeta la pierna, cayendo Gómez Castañeda sobre otro poste que se encontraba en el piso y recibiendo el impacto a nivel de la región frontotemporal izquierda, después de lo cual fue conducido a un centro asistencial de la localidad, donde falleció” (Subrayas de la Sala, fl. 27, cuaderno 1).
De la transcripción precedente se infiere que la muerte de Gómez Castañeda fue con ocasión del trabajo que éste desempeñaba y, que define el artículo 12, letra a), inciso segundo de la Ley 6ª de, 1945, como toda lesión orgánica o perturbación funcional que afecte al trabajador en forma transitoria, permanente o definitiva, motivada por un hecho imprevisto y repentino, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, siempre que la lesión o perturbación no sea provocada deliberadamente, o por falta grave o intencional de la víctima.
De otro lado, el artículo 12, letra b), inciso quinto, de la Ley 6ª de 1945, preceptúa: “En los casos de enfermedad profesional, y de accidente de trabajo por culpa comprobada del patrono, el valor de la indemnización se descontará del monto de la condenación ordinaria de perjuicios”.
Es asunto primordial el hecho de que la acción contra los riesgos del trabajo debe dirigirse más a la prevención del mismo, que a la reparación del daño causado. Por ello, puede decirse que la prevención contra los accidentes tiene su justificación en motivos de solidaridad humana, por su repercusión económica y por la influencia en el bienestar social.
De ahí, cabe decirse que una correcta previsión de los accidentes de trabajo es de suma utilidad, pues una plena aplicación de las debidas medidas de seguridad, de unos buenos elementos de trabajo, de adecuados utensilios para utilizar, disminuyen los riesgos, lo que representa evitar pérdidas humanas, económicas y ayuda a preservar un bienestar social de todo orden.
Una buena prevención de los accidentes de trabajo puede compendiarse en un conjunto de normas legales y profilácticas, ya sea de carácter general para varias entidades o de índole especial para determinadas actividades, que como la de instalar y mantener redes eléctricas, tienen riesgos especiales. O sea que es necesario que se tenga un conocimiento del medio en el cual se presta el servicio, ya que en muchas oportunidades el accidente acaece por riesgos que pueden individualizarse y otras veces desconocido. Al mismo tiempo es deber de las empresas, investigar las causas sobre accidentes anteriores y de las circunstancias en que éstos han ocurrido. Se desprende de lo dicho que con un conocimiento de todos esos antecedentes y del conocimiento de las formas como se presta el servicio será factible eliminar o al menos atenuar los riesgos que aquella engendra.
La prevención de accidentes de trabajo ha sido tema que se ha tratado desde finales del siglo XIX, es así como en Alemania mediante una Ley de 1883 se previó el seguro contra accidentes de trabajo; en Francia se profirió en 1893 una ley sobre higiene y seguridad en los talleres. En Colombia se dictó la Ley 57 de 1915 sobre accidentes de trabajo. En la reunión de Ginebra, celebrada entre el 30 de mayo y el 21 de junio de 1929, se produjo la recomendación número 31 sobre la prevención de los accidentes del trabajo, en donde se consideró “que los accidentes de trabajo no solamente constituyen una fuente de privaciones y sufrimientos para los trabajadores y sus familias, sino que también representan una pérdida económica importante para la comunidad en general”. La conferencia, igualmente recomendó un “control sistemático de los establecimientos, de las máquinas y de las instalaciones, a fin de garantizar la seguridad y, en particular, comprobar si todos los aparatos de protección y demás dispositivos de seguridad se encuentran en posición adecuada y en buen estado... La ley debería obligar al empleador a equipar y dirigir la empresa de suerte que los trabajadores estén suficientemente protegidos, habida cuenta de la naturaleza de la empresa y del estado de desarrollo técnico. También debería obligarse al empleador a que instruya a sus trabajadores sobre los peligros del trabajo, si los hubiere, y a que los informe de las reglas que deben observar para evitar los accidentes’’ (subrayas no del texto).
Igualmente la legislación colombiana, sobre el particular ha promulgado la Ley 9ª de 1979 y la Resolución 2400 del mismo año, emanada del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
Cabe observar, que corresponde a los patronos la obligación de llevar a la práctica las medidas de prevención y seguridad insertas en el ordenamiento jurídico, pero no sólo se halla obligado el empleador a la simple provisión de las medidas de seguridad, sino que le compete vigilar que esos medios protectores sean utilizados correctamente por los trabajadores, ya que a aquellos (patronos) les compete velar por la integridad física de los trabajadores que tienen a su servicio.
Realizada la anterior reseña jurídica, es preciso dilucidar si en el sub exámine el patrono incurrió en culpa al no suministrar los elementos adecuados de seguridad y protección al trabajador, partiéndose de la base de que cuando se reclama la indemnización prevista en el artículo 12, letra b), inciso quinto, de la Ley 6ª de 1945, debe demostrarse la culpa patronal, la cual es establece cuando los hechos muestran que faltó aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes (art. 63 del Código Civil).
Es así, que tanto de la respuesta a la demanda (fls. 24 a 35), del documento de folios 36, 37 (reconocido por su firmante a folio 53) y del informe patronal de folios 38 y 39, se desprende que el accidente en que murió Juan Manuel Gómez Castañeda se debió a que en su ascenso a un poste de concreto que se estaba instalando en el casco urbano del municipio antioqueño de Sonsón, “fallaron los pretales al soltarse el nudo de la parte sujeta la pierna, cayendo Gómez Castañeda sobre otro poste que se encontraba en el piso”, falleciendo a raíz del fuerte impacto recibido. El pretal es un instrumento de fique que permite el ascenso al pilar. O sea, que el trabajador al subir a la columna aludida lo hizo pendiendo de un cincho de cabuya amarrado con un nudo, el que lógicamente es susceptible de desamarrarse con el mismo peso del trabajador, lo que denota toda falta de previsión por parte de la empleadora para evitar estos accidentes que traen como consecuencia pérdida de vidas humanas, tal el caso objeto a estudio.
La empresa ha debido suministrar a su trabajador, era su obligación, elementos adecuados para cumplir su oficio, es decir, pretales elaborados con buenos materiales, con hebillas seguras y no dejar que sea un simple nudo el que soporte el peso de una persona. Además, el insuceso acaeció en la zona urbana del Municipio de Sansón, por tanto, pudieron haberse empleado otros elementos que ofrecían más seguridad al operario, entre ellos un vehículo, un andamio o aún una simple escalera.
Es insensato sostener, que un dispositivo tan rudimentario, tal el caso de un pretal de los usados por el accidentado, pueda constituir aparato adecuado de seguridad, que preserve la integridad del operario. Y más, cuando él se ata al cuerpo mediante un nudo.
La empleadora no cumplió con las debidas medidas de seguridad que establecen la Ley 9ª de 1979 y la Resolución 2400 del mismo año, siendo de cargo de la empresa -se repite-, suministrar el equipo adecuado para ejecutar las tareas encomendadas al trabajador, y velar porque se cumplan todas las previsiones del caso. De ahí que incurre el Tribunal en error de hecho evidente al sostener, sin mayor análisis, que correspondía al operario revisar el estado de los implementos que le suministraban y que el pretal se zafó “presumiblemente” por un deficiente amarre por parte del trabajador. La Resolución número 2400 de 1979 establece en el artículo 2º de las obligaciones del patrono: “f) Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos profesionales y condiciones contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos del trabajo y, g) Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre la forma, método y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos”.
De las pruebas referenciadas se deduce, la culpa de la demandada en la ocurrencia del accidente de Juan Manuel Gómez Castañeda al no suministrarle los elementos adecuados para ascender postes y no vigilar el estado de los precarios aditamentos elaborados por los mismos trabajadores y que utilizan para ese fin, con lo cual la entidad empresarial no contaba con todos los utensilios de seguridad indispensables para preservar la integridad física de los trabajadores que laboran bajo su mando.
Sobre la falta de seguridad que ofrecía la empresa y la no revisión de los elementos que usan sus trabajadores, son claros los testimonios de Octavio Ramírez (fls. 49 y 50) y Juan Osorio (fls. 53 vto., 54, cuaderno 1). El primero de ellos dijo: “Gómez iba subiendo el poste con los pretales, es decir el pretal va amarrado del poste y de la pierna derecha, luego por la parte de abajo de uno en la misma forma y va apoyado en el talón del pie izquierdo, o sea que uno sube el de la pierna derecha y se apoya y sube el del pie izquierdo. El pretal es de nylón grueso y nosotros mismos los hacemos. Ese pretal tiene su manila de nylón. Lo que se soltó fue un nudo que unía el pretal con la manila. Uno no sabía si ese nudo se podía soltar porque Gómez ya había subido ese día varias veces. Se soltó el nudo no podía decirse del porqué. El nudo va muy bien asegurado, pues el nudo está introducido la manila. Es más fácil que se reviente a que se suelte. Nosotros hacemos los pretales, pues eso ha sido toda la vida así y actualmente lo seguimos haciendo” (Las subrayas no pertenecen al texto).
El segundo anotó: “... el pretal y el cinturón de seguridad lo tenemos que estar revisando nosotros, ya que si están defectuosos no trabajamos con ellos. Cuando él cayó Juan Gómez apenas estaba subiendo, llevaba como unos ocho (8) metros, cuando se zafó el cincho, pues el cinturón no lo tenía amarrado al poste porque iba subiendo porque uno no es capaz subiendo con el cinturón y éste es para amarrarse cuando llega a donde va a trabajar”.
Son explícitos los dos deponentes transcritos al afirmar que ellos hacían los pretales con los que subían a los postes y que así lo han hecho toda la vida, los que eran amarrados con nudos hechos por los mismos trabajadores, sin que la entidad demandada suministrara pretales idóneos, que ofrecieran las suficientes medidas de seguridad y estuviera vigilado el estado de ellos y, no dejar al trabajador su elaboración y cuidado, muchas veces sin las protecciones del caso por la misma ignorancia que puede darse al desconocerse el modo más eficiente para la fabricación de estos utensilios y de los aditamentos adecuados que deben emplearse en ellos.
Finalmente considera la Corte que debe tenerse muy presente, la obligación que incumbe a la demandada de procurar a los trabajadores “elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, cuando sean del caso, de modo que el trabajo se realice en condiciones que garanticen la salud de ellos...” (art. 26, numeral 2 del Decreto 2127 de 1945).
Al hallarse acreditados los errores de hecho ostensibles, manifiestos, evidentes, en que incurrió el Tribunal, consecuentemente, el cargo prospera por lo que se casará la sentencia impugnada según lo pretende el recurrente.
No se accederá a la corrección monetaria solicitada en el alcance de la impugnación, por cuanto en este punto concreto no existe base alguna dentro del proceso para su liquidación y, no es esta la oportunidad, por la índole del recurso extraordinario de casación laboral, decretar prueba alguna de oficio, máxime que el recurrente tuvo oportunidad de recabar en la primera instancia acerca de tal prueba a lo que guardó silencio (ver sustentación al recurso de apelación a la sentencia de primera instancia, fls. 130 a 136, cuaderno número 1, audiencia de veintidós de enero de 1990, fl. 139, cuaderno número 1).
Casada la sentencia, procedería, como es lógico, dictar la correspondiente de instancia. Sin embargo, observa la Sala que previamente es necesario que se practique un dictamen pericial, con el fin de establecer, en concreto, la cuantía del perjuicio material sufrido por los demandantes. Como el objeto de tal prueba requiere de conocimientos en materia actuarial, y en la lista de auxiliares de la justicia de esta Corporación no hay personas que tengan esa especialidad, conforme al artículo 9º del Código de Procedimiento Civil, se designará a un experto en dicha materia de la lista del Consejo de Estado, para el efecto se nombra al señor Edgar Dagoberto Ocampo Flórez, quien figura en la lista de calculistas actuarios, con dirección en la carrera 10 número 16-67, oficina 207, teléfono 2442150, lugar en el que la Secretaría le notificará, quien en el término de quince días, contados a partir de su posesión, rendirá el dictamen correspondiente.
Una vez quede en firme éste, se dictará la sentencia de instancia.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley casa parcialmente la sentencia impugnada en cuanto absolvió a la empresa demandada por la pretensión a los actores de ser indemnizados plenamente en los perjuicios materiales y morales. No la casa en lo demás.
Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio—Ramón Zúñiga Valverde—Manuel Enrique Daza Alvarez.