Source: https://www.scribd.com/document/112322321/Sentecias-de-Salud-Tutelas-T-233-11
Timestamp: 2019-03-23 06:36:52
Document Index: 333666724

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 43', 'artículo 153', 'artículo 162', 'artículo 156', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 34', 'artículo 40', 'artículo 36']

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Sentencia T-233/11 DERECHO A LA SALUD DE PERSONA CON DISCAPACIDADFundamental LINEA JURISPRUDENCIAL EN RELACION CON EXCLUSION DE MEDICAMENTOS O TRATAMIENTOS-Criterios
que han sido utilizados así se trate de régimen contributivo o subsidiado DERECHO A LA SALUD Y PRINCIPIO DE ATENCION INTEGRAL-Atención en salud comprende todo cuidado, medicamento, intervención quirúrgica, practicas de rehabilitación y exámenes de diagnostico necesarios para el restablecimiento de la salud del paciente La atención médica que deben prestar las EPS debe ser en todos los casos integral y completa, incluso en aquellos eventos en los que el médico tratante no haga una prescripción específica o no sugiera que se lleve a cabo un determinado tratamiento cuando éste parece vital. Hay eventos en los que es necesario que el juez de tutela ordene a la EPS accionada que preste un determinado tratamiento o suministre determinados medicamentos o insumos, que resultan de vital importancia para el paciente o bien porque de ellos depende su vida, o bien porque sin ellos se vulneran sus derechos fundamentales como la dignidad humana, y que no están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud, tal y como lo estableció la jurisprudencia, que resulta plenamente aplicable a los casos bajo estudio. CUBRIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Reglas jurisprudenciales Tal y como quedó establecido en la sentencia T-760 de 2008, si bien el transporte y el hospedaje del paciente y su acompañante no son servicios médicos, hay ciertos casos en los que el acceso efectivo al servicio de salud depende de que el paciente pueda desplazarse hacia los lugares donde le será prestada la atención médica que requiere, desplazamiento que, en ocasiones, debe ser financiado porque el paciente no cuenta con los recursos económicos para acceder a él. De hecho, la jurisprudencia constitucional, basándose en la regulación existente al respecto, ha señalado que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios que requiera, lo cual puede implicar tener derecho a los medios de transporte y gastos de estadía. De este modo, se ha establecido que la obligación de asumir el transporte de una persona se trasladará a las EPS únicamente en los eventos donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario”. Adicionalmente, no sólo se ha garantizado el derecho al transporte y a otros costos que supone el desplazamiento a otro lugar distinto a aquel de residencia, para acceder a un servicio de salud requerido. También se ha garantizado la posibilidad de que se brinden los medios de transporte y traslado a un acompañante cuando este es necesario. La regla jurisprudencial aplicable para la procedencia del amparo constitucional respecto a la financiación del traslado del acompañante ha sido definida en
los siguientes términos, “(i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado.” Así pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de su residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado. Tiene derecho además, a que se costee el traslado de un acompañante, si su presencia y soporte se requiere para poder acceder al servicio de salud. Para que el paciente tenga derecho a que la EPS cubra los gastos de transporte y estadía que sean necesarios para que pueda recibir los servicios médicos que necesita, se requiere que el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y también que ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUDInterrupción vulnera derechos fundamentales Suspender de manera abrupta un tratamiento ante la circunstancia en la que la persona pierde su calidad de afiliada a una determinada EPS por razones ajenas a su voluntad, resulta violatorio de los derechos fundamentales de la misma. Cuando una EPS ha iniciado la prestación de un servicio o tratamiento debe continuar con el mismo hasta tanto la persona afectada logre afiliarse nuevamente, bien sea al régimen contributivo o al subsidiado. DERECHO A LA SALUD-Deber de garantizar el acceso a los servicios de salud, libre de trámites y procedimientos administrativos engorrosos e innecesarios En el sistema de salud colombiano, el acceso al servicio médico requerido pasa, a veces, por la superación de determinados trámites administrativos. Esto es razonable, siempre que tales trámites no demoren excesivamente el acceso al servicio y no impongan al interesado una carga que no le corresponde asumir, ya que de ello también dependen la oportunidad y la calidad del servicio. La jurisprudencia constitucional ha garantizado el derecho a acceder a los servicios de salud, libre de obstáculos burocráticos y administrativos. Así, por ejemplo, cuando por razones de carácter administrativo diferentes a las razonables de una administración diligente, una EPS demora un tratamiento médico al cual la persona tiene derecho, viola el derecho a la salud de ésta. Los trámites burocráticos y administrativos que demoran irrazonablemente el acceso a un servicio de salud al que tienen derecho, irrespetan el derecho a la salud de las personas. En conclusión, una EPS viola el derecho a la salud de una persona, cuando se le niega el acceso al servicio con base en el argumento de que la persona no ha presentado la solicitud al Comité. En este caso basta con que la
Expedientes T-2876514, T2877760, T-2879284, T-2882655 y T-2885909
persona se dirija a la EPS a la que se encuentra afiliada y haga la respectiva solicitud, de allí en adelante, es la EPS la que debe encargarse de realizar el resto de los trámites. Para la Corte ‘las EPS no pueden imponer como requisito de acceso a un servicio de salud el cumplimiento de cargas administrativas propias de la entidad’. En tal sentido, cuando una EPS niega servicios de salud a una persona que tiene derecho a ellos, porque no realizó un trámite que le corresponde realizar a la propia entidad, irrespeta su derecho a la salud, puesto que crea una barrera para acceder al servicio. ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Deber de suministrar silla de ruedas, pañales, crema cero, gastos de transporte Referencia: expedientes T-2876514, T2877760, T-2879284, T-2882655 y T2885909. Acciones de tutela instauradas separadamente por DUVER ALEXANDER ROJAS ÁLVAREZ contra la Nueva EPS., MÓNICA GARZÓN DE RODRÍGUEZ contra Asmet Salud EPS-S, RODRIGO PABÓN BARAHONA contra Cafesalud EPS-S, ELIZABETH RAMÍREZ LIZARAZO contra Salud Total EPS y ALEYDA RUIZ CAICEDO contra Ecoopsos EPS-S y la Secretaría Distrital de Salud. Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PEREZ Colaboró: Diana Carolina Rivera Drago Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Juan Carlos Henao Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos proferidos por (i) el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín, de fecha 23 de julio de 2010 - en única instancia - que negó la tutela de los derechos invocados-; (ii) el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva, de fecha
05 de octubre de 2010 -, que confirmó el fallo del Juzgado Sexto Penal Municipal de Neiva-; (iii) el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga, de fecha 13 de octubre de 2010 - en única instancia-; (iv) el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, de fecha 24 de septiembre de 2010 - en única instancia -; y (v) el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías, de fecha 22 de octubre de 2010 - en única instancia -, providencias que negaron la tutela de los derechos invocados por los accionantes. I. Expediente T-2876514. 1. Antecedentes. El día 13 de julio de 2010 el señor Duver Alexander Rojas Álvarez interpuso acción de tutela contra la Nueva EPS, por considerar que ésta ha vulnerado sus derechos a la igualdad, a la salud y a la seguridad social al no haberle entregado los pañales desechables que necesita para llevar una vida digna y por haber sido desafiliado de la EPS tras la muerte de su padre quien era el afiliado cotizante. La acción de tutela se fundamenta en los siguientes 1.1 Hechos. 1.1.1. El accionante cuenta con 37 años de edad y estaba afiliado a la Nueva EPS como beneficiario de su padre hasta que éste último falleció. 1.1.2. Cuando tenía 24 años de edad fue herido con arma de fuego en el tórax lo que le dejó varias secuelas e incapacidad física permanente. Desde ese momento se encuentra inválido, en silla de ruedas y con llagas muy profundas en las caderas, los glúteos y las rodillas producto de permanecer sentado y de tener que hacer sus necesidades fisiológicas en pañales de tela. 1.1.3. La Nueva EPS le brindó atención médica constante, visitas domiciliarias y los medicamentos necesarios para sus padecimientos mientras estuvo afiliado a la misma. 1.1.4. El padre del accionante, quien era el afiliado cotizante, falleció el 25 de febrero de 2010 y a raíz de ese hecho, la Nueva EPS le informó al accionante que procedería a desvincularlo del sistema por cuanto nadie estaba cotizando por él. 1.1.5. Como solución a lo anterior, la Nueva EPS le indicó que debía esperar a que su madre obtuviera la pensión como cónyuge supérstite del fallecido y, una vez eso sucediera, ella lo podría afiliar nuevamente como beneficiario para lo cual tendría que esperar varios meses. La otra alternativa que se le dio fue la de afiliarse directamente como cotizante, lo que le resulta imposible ya que por su incapacidad no puede trabajar y, su madre que es quien ve por su subsistencia es ya una persona de la tercera edad. 1.1.6. Además de solicitar que se le reintegre de inmediato al sistema y se le sigan cubriendo sus necesidades en salud, solicita que se le entreguen los
pañales que necesita para que sus llagas no se sigan agravando y para que pueda dejar de usar pañales de tela que le causan mucho dolor. 1.2. Documentos Relevantes Cuyas Copias Obran en el Expediente. 1.2.1. Fotocopia del dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral que indica que la incapacidad del accionante es del 84,65%. 1.2.2. Fotocopia del resumen de la historia clínica del paciente en la que se establece que el señor Rojas Álvarez sufre de esquizofrenia paranoica, trastorno de personalidad sociopática y paraplejia. Es una persona que requiere tratamiento permanente con psicofármacos y controles periódicos por psiquiatría. 1.2.3. Varios reportes médicos de urgencias a las que acudía el accionante por llagas infectadas en la piel que le causaban mucho dolor. 1.2.4. Fotocopia del registro civil de nacimiento del accionante en el que consta que tiene 37 años de edad y que es hijo de María Encarnación Álvarez Correa y Gregorio Luís Rojas Montoya. 1.2.5. Historia de los aportes efectuados por el señor Gregorio Luis Rojas Montoya a la Nueva EPS. 1.2.6. Fotocopia del certificado de defunción del señor Gregorio Luis Rojas Montoya del 25 de febrero de 2010. 1.2.7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Gregorio Luis Rojas Montoya. 1.2.8. Fotocopia del formato de negación de servicios de salud expedido por la Nueva EPS comunicándole al accionante que fue retirado del sistema. 1.2.9. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Duver Alexander Rojas Álvarez. 1.2.10. Certificado de la Nueva EPS que demuestra que el accionante aparece como retirado del sistema de la misma. 1.3. Contestación de la Accionada La Nueva EPS indicó que el señor Duver Alexander Rojas figura como retirado en la base de datos de la Nueva EPS, y en tal condición no tiene derecho a que le sean garantizadas las atenciones contempladas en el POS. Al no existir una relación de afiliación no es posible acceder a prestarle los servicios de salud solicitados, teniendo en cuenta que además tampoco existe una orden médica que indique los servicios o medicamentos que el paciente pide.
2. Además.1. salvo el hecho de que su madre esté tramitando la sustitución pensional para recibir ella la pensión que se venía pagando a su cónyuge fallecido. Así mismo. Consideró el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín que los hechos que el accionante aduce en la acción de tutela se encuentran probados.1. los guantes quirúrgicos y la gasa que éste necesita para llevar una vida digna. específicamente. este tipo de peticiones están por fuera de la órbita de . 1. 2. el juez procedió a negar el amparo por considerar que no está probado que se estén vulnerando los derechos del accionante y que es inobjetable que éste no ostenta la calidad de afiliado a la EPS accionada. indicó que tampoco aparece prueba del estado actual de salud del accionante ya que la historia clínica que aportó al expediente es del año 2006.3. por sí solo.1. La acción de tutela se basa en los siguientes 1. El día 25 de agosto de 2010 la señora Mónica Garzón de Rodríguez interpuso acción de tutela obrando en nombre de su cónyuge Hilarión Rodríguez Vargas. Hechos. la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. teniendo en cuenta que el accionante ostenta la calidad de vinculado al sistema general de salud. El 2 de febrero de 2010 el señor Hilarión Rodríguez sufrió una isquemia cerebral severa que le ocasionó parálisis en todo el hemisferio derecho de su cuerpo y varios daños a nivel cerebral. Sentencia de Única Instancia.1. guantes quirúrgicos y gasa. suplemento alimenticio.1. por lo que requiere de cuidados especiales ya que. 1. contra Asmet Salud EPS-S. 2. El 6 de abril de 2010 la accionante solicitó a Asmet Salud EPS-S que le fueran suministrados algunos elementos para el cuidado de su cónyuge tales como pañales desechables. ANTECEDENTES. II. el ente que debe cubrir sus servicios de salud mientras accede definitivamente al régimen subsidiado. Expediente T 2877760. al no suministrarle los pañales desechables. el suplemento alimenticio. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN. 1. El día 13 de mayo la entidad dio respuesta a la solicitud realizada manifestando que. 1. es el Estado y.1. por considerar que ésta ha vulnerado sus derechos a la vida.6 Manifestó que el accionante puede inscribirse en el régimen subsidiado o esperar a que su madre se vincule como pensionada a la EPS de su cónyuge fallecido para que lo afilie como beneficiario. De esta manera. no logra realizar las actividades más básicas como realizar sus necesidades fisiológicas por sus propios medios. a la salud y a la seguridad social.
1. Fotocopia de la solicitud presentada por la accionante ante Asmet Salud EPS-S para el suministro de pañales. 1. suplemento alimenticio.6. La accionante manifiesta que carece de los recursos económicos para sufragar la compra constante de pañales y demás elementos necesarios.5. no existencia de otro medicamento en el POS-S que pueda reemplazarlo. 1. Por último. 1. quien no controla esfínteres y no puede moverse con facilidad.7. Fotocopia de la respuesta emitida por la entidad accionada ante la anterior solicitud. T2877760. Se indica además que como consecuencia de lo anterior padece Hemiplejia derecha y afasia motora.2.5.2.6. T-2882655 y T-2885909 7 cobertura de la EPS-S por lo que no se pueden otorgar. 1. respuesta en la que se niega el suministro de los insumos . Documentos relevantes cuyas copias obran dentro del expediente.1.2. medicamento ordenado por el médico tratante y falta de capacidad económica del paciente para poder sufragarlo). 1. 1. 1. el suplemento alimenticio también es necesario para mantener estable al paciente. Actualmente el paciente cuenta con 88 años de edad y está afiliado a Asmet Salud EPS-S en el régimen subsidiado.1. 1. Así mismo. 1. 1. Fotocopia de la solicitud de medicamento no POS-S en el que se establece que se cumplen los criterios requeridos para suministrar un medicamento por fuera del POS-S (riesgo inminente para la vida y salud del paciente.2.2.3.4.Expedientes T-2876514. La accionante considera que el suministro de pañales desechables es de vital importancia para mantener la higiene y la salud de su cónyuge. guantes y gasa. teniendo en cuenta que es una mujer de 64 años de edad que depende de los recursos que le dejan las labores de agricultura que realiza en su lugar de residencia en el municipio de Santa María. Fotocopia del carné de afiliación del señor Hilarión Rodríguez Vargas en la que consta que está afiliado a Asmet Salud EPS-S en el régimen subsidiado. considera que la gasa y los guantes son sumamente importantes para que ella pueda colaborarle a su esposo con sus labores de aseo personal.2. Historia clínica del paciente en la que se establece que el paciente sufrió una isquemia cerebral severa y cuál fue su evolución mientras estuvo hospitalizado. Huila. 1. Orden médica de oxígeno domiciliario por tres meses y de bolsas para nutrición.2.2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Hilarión Rodríguez Vargas en la que consta que tiene 88 años de edad. para su cónyuge. T-2879284.2.1.4.
se observó que los pañales. Por esta razón. manifestó que es dicha entidad la que debe en primer lugar garantizar la prestación de los servicios de salud requeridos por su afiliado. etc. 2.8. los guantes y el suplemento alimenticio no fueron prescritos por ninguno de los médicos tratantes adscritos a la EPS-S accionada. Dicho subsidio se recibe cada tres meses y sus gastos son asumidos generalmente por sus hijos quienes ya tienen sus propias obligaciones. en la que se especifique el diagnóstico. efectivamente. ni los guantes ni la gasa son servicios que vayan a mejorar las condiciones de salud del representado por lo que no se puede endilgar ningún tipo de responsabilidad a Asmet Salud EPS-S por su no suministro. Una vez fallada la acción. En segundo lugar manifestó que en relación a lo solicitado. Afirmó además la accionada que ni los pañales. En caso de necesitar este tipo de insumos. el señor Hilarión Rodríguez Vargas se encuentra afiliado a Asmet Salud EPS-S y que padece la enfermedad de isquemia cerebral. 1.8 solicitados por estar fuera de la órbita de cubrimiento de las EPS-S. lo primero que había que aclarar era que para suministrar cualquier tipo de medicamento o insumo. Sentencia de Primera Instancia. la Secretaría de Salud adscrita a la Gobernación del Huila procedió a indicar que. los suplementos alimenticios. Asmet Salud EPS-S indicó que. se requería de una orden por parte del médico tratante en recetario preimpreso. los guantes y la gasa.1. su único ingreso es un subsidio de $80. 1. 2. los afiliados deben acudir a la entidad territorial correspondiente. Contestación de la Accionada. en el caso de los pañales.2.000 que recibe su esposo por parte del Gobierno por ser un adulto mayor. Por otra parte. Recordó que los servicios no cubiertos por el POS-S deben ser atendidos por el Estado por . ni el suplemento alimenticio. se pudo constatar que el señor Hilarión Rodríguez Vargas se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud a través de la EPS Asmet Salud en estado activo nivel II del Sisben. se denegó el amparo de los derechos solicitado por la accionante. la dosis. el señor Hilarión Rodríguez Vargas se encuentra afiliado a la misma en el régimen subsidiado. Declaración de la señora Mónica Garzón Rodríguez en la que manifestó que no cuenta con una orden médica que indique que su cónyuge requiere de los insumos que solicitó mediante acción de tutela. éstos son elementos que están por fuera de los servicios a que pueden acceder los usuarios del régimen subsidiado. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN. ni ella ni su cónyuge trabajan. Indicó además que su situación económica es precaria ya que. De esta manera. la gasa.3. El Juzgado Sexto Penal Municipal de Neiva consideró que si bien quedó claro del análisis de las pruebas que obran en el expediente que.
En el sentir del juez. T-2882655 y T-2885909 9 intermedio de los entes territoriales. en el caso concreto. para que se pueda demandar a una EPS es necesario que la prestación negada se haya requerido previamente ante la entidad de salud respectiva y esta la haya negado. es decir. Huila.3. 2. Por dichas razones. el juez de segunda instancia decidió confirmar en su totalidad el fallo de primera instancia. como no se trata de prestaciones excepcionales de salud es responsabilidad de la EPS-S suministrarlas si éstas han sido prescritas por el médico tratante. copia del carné de afiliación y documento de identificación personal. las EPS-S están obligadas a otorgar sus prestaciones. su cónyuge es una persona de la tercera edad que requiere de manera inmediata tanto de los pañales como del suplemento vitamínico. Consideró la accionante que el fallo de primera instancia carecía de fundamentos fácticos y jurídicos teniendo en cuenta que. T-2879284. se ha venido reiterando que cuando el beneficiario requiera servicios adicionales a los incluidos en el POS-S y no tenga capacidad de pago para asumir su costo. Por otra parte. Tampoco obra en el expediente la orden del médico tratante. III. ANTECEDENTES. Por el contrario. Sentencia de Segunda Instancia. Expediente T 2879284. Sin embargo. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva. El día 27 de septiembre del año 2010 el señor Rodrigo Pabón Barahona interpuso acción de tutela contra Cafesalud EPS-S. las cuales tendrán la obligación de atenderlo de conformidad con su capacidad de oferta. 1. podrá acudir a las instituciones públicas y a aquellas privadas que tengan contrato con el Estado. y puede recobrar los costos ante la entidad territorial si se trata de prestaciones que se encuentran por fuera del POS-S. historia clínica. contra la Secretaría . no existen soportes de que la accionante haya solicitado a la EPS accionada los insumos que pidió en la acción de tutela. así como tampoco existe prueba de que ésta última se los haya negado. cuando el tratamiento o medicamento está incluido en el POS-S. a donde el usuario debe hacer llegar la respectiva documentación como órdenes médicas.Expedientes T-2876514. con el fin de mantener un estado de salud estable y una vida digna.2. recordó que también se ha establecido que tiene que ser el médico tratante quien prescriba los tratamientos o medicamentos para que prospere el amparo solicitado contra una EPS que los niega. T2877760. Impugnación. ha dicho la Corte Constitucional que la acción de tutela procede cuando exista en realidad una negativa u omisión por parte de una EPS en suministrar un servicio médico. manifestó que. Además. 2. justificaciones del médico tratante.
1.10 Departamental de Salud del Valle y contra la Secretaría Municipal de Salud de Guadalajara de Buga. Fotocopia del derecho de petición que el accionante radicó ante la entidad accionada mediante el que solicitaba una silla de ruedas. La acción de tutela se interpuso con base en los siguientes 1.2. no puede valerse por sus propios medios. 1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del accionante en la que consta que tiene 60 años de edad. 1. no controla sus esfínteres y frecuentemente padece de escaras e infecciones urinarias. Formulario médico firmado por el neurocirujano Pedro Cogollo en el que se certifica que el paciente está discapacitado por padecer polineuropatía.2.1.2.5. Fotocopia del carné de afiliación del accionante a Cafesalud EPS-S en el régimen subsidiado. Contestación de las Entidades Accionadas. tiene poca movilidad en las manos. En agosto de 2010 solicitó mediante derecho de petición a Cafesalud EPS-S. Orden del médico tratante del hospital Divino Niño en la que se establece que el paciente requiere de silla de ruedas.2.3. entidad a la que se encuentra afiliado.1.2. .2.1.1.4. el cojín antiescaras y todos los medicamentos e insumos que no están en el POS-S. por no haberle autorizado la entrega de una silla de ruedas y los pañales desechables que necesita.1.2.1.3. El accionante padece de traumaneuromielitis lo que le produce los siguientes síntomas: no puede desplazarse. Contestación de la Secretaría de Salud de Buga. 1. pañales desechables (3 diarios) y todos los medicamentos que requiera para mantener una calidad de vida digna. 1. el suministro de una silla de ruedas y de tres pañales desechables diarios. 1.2. Orden del médico tratante del Hospital Divino Niño en la que se ordena el uso de pañales desechables. por considerar que dichas entidades han vulnerado sus derechos a la vida.6. 1. 1. a la salud y a la integridad física.2.3. 1. Hasta la fecha no ha recibido respuesta a dicha petición. 1. Aduce el accionante que su situación socioeconómica no le permite adquirir la silla de ruedas ni los insumos que necesita tales como los pañales. 1. Documentos relevantes cuyas copias obran dentro del expediente.1 Hechos. 1.3.
2. Los anteriores elementos se encuentran completamente excluidos del POS-S. realizó en el mes de febrero de 2010 una convocatoria pública dirigida a toda la comunidad para hacer parte de las personas beneficiadas por el mencionado consorcio para recibir ayudas técnicas como por ejemplo. para atender a la población pobre no asegurada y vulnerable. Binestar Social y el Consorcio Prosperar. 1. además de todo lo no POS-S de baja complejidad para todos los residentes habituales del municipio de Guadalajara. cojín antiescaras y una silla de ruedas. la entidad accionada procedió a contestar el derecho de petición presentado por el accionante. insumos y medicamentos que no cubre el POS-S. Los demás eventos no POS-S y de nivel II se manejan a través de la Gobernación del Valle del Cauca. Un mes después de proferir esta respuesta. T-2882655 y T-2885909 11 La entidad anteriormente mencionada indicó que el señor Rodrigo Pabón Barahona figura activo en la base de datos del régimen subsidiado desde el 20 de octubre de 2005. T2877760. que son insumos no POS-S en el régimen subsidiado y por ende no pueden ser autorizados por la EPS. la Secretaría de Salud Municipal brinda cobertura hasta el Nivel I de atención a través de un contrato inter-administrativo con la ESE Hospital Divino Niño. colchones anti-escaras. Atendiendo a lo anterior. la accionada se comprometió a inscribir automáticamente al accionante en la próxima convocatoria que se realice. Manifestó que Cafesalud no ha negado el servicio ya que una vez recibió la solicitud diligenció una carta a la Secretaría de Salud Departamental del Valle para que generara la autorización de los servicios solicitados por el accionante. en caso positivo. Indicó además que se trata de una persona que padece Traumaneuromielitis que solicita silla de ruedas y pañales. Por otra parte. Se aclaró además que el municipio de Guadalajara.Expedientes T-2876514. afiliado a la EPS-S Cafesalud como grupo poblacional persona en condición de discapacidad y quien requiere le sean entregados pañales. Secretaría de Salud Departamental. la entrega de sillas de ruedas. manifestándole que las silla de ruedas y los pañales no hacen parte del POS-S razón por la . específicamente pañales.3. autorizará a la EPS-S el recobro de su valor al Fosyga. frente al derecho de petición. el peticionario no se hizo presente para reclamar el formato de direccionamiento y aún así se le indicó que el ente responsable de suministrar los insumos requeridos era el ente territorial. mientras que en el caso de los medicamentos que no están incluidos estos pueden solicitársele al Comité Técnico Científico quien decidirá si se entregan y. Contestación de Cafesalud EPS-S. etc. Indicó la accionada que Rodrigo Pabón Barahona se encuentra afiliado al régimen subsidiado a través de Cafesalud EPS-S desde el año 2005. Sin embargo indicó que. a través de su Secretaría de Salud. Buga. T-2879284.
2. bien puede la EPS recobrar su costo ante el Fosyga. consideró. 1. Por esta razón se decidió tutelar el derecho de petición del accionante y ordenar a Cafesalud EPS-S. 2. a la Secretaría Municipal de Salud de Buga y a la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca para que en los 5 días hábiles siguientes a la notificación del fallo procedieran a responder la petición del accionante. Sentencia de Única Instancia.3. A dicho documento se anexó el formato de información y direccionamiento que el accionante debía compilar y enviar a la Secretaría Departamental de Salud del Valle. El juez constitucional no se pronunció frente a las pretensiones del accionante que tenían que ver con el suministro de silla de ruedas. y por no estar sufragando el transporte del menor y su acompañante hacia los diferentes centros médicos. El día 10 de septiembre de 2010 la señora Elizabeth Ramírez Lizarazo presentó acción de tutela en representación de su hijo Brandon Yesid Vega Ramírez. Indicó además que la solicitud de cualquier tipo de medicamento o insumo debe estar siempre soportada por una orden o fórmula médica del médico tratante. que en el presente caso es menester tener en cuenta que la primera violación que se pone de presente es la del derecho de petición.3. El accionante presentó una petición ante la accionada y ésta jamás le dio una respuesta con lo cual vulneró sus derechos. Antecedentes. Manifestó que la Secretaría Departamental de Salud del Valle no es una institución prestadora de servicios de salud y no puede prestar servicios asistenciales de salud de manera directa. pañales desechables y crema cero. IV. 1. La acción de tutela se presentó con base en los siguientes 1. En su opinión estos servicios los debe asumir la EPS demandada con recobro al Fosyga. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN. si estos se encuentran excluidos del POS-S. pañales y medicamentos que no están cubiertos por el POS-S. en primer lugar.1 Hechos. Expediente T-2882655. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga. contra Salud Total EPS por considerar que ésta última está violando sus derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas. Contestación de la Secretaría Departamental de Salud del Valle. . Valle.1.12 cual no pueden ser entregados por la EPS-S sino que deben solicitársele a la entidad territorial correspondiente. y. al no haberle entregado una silla de ruedas apropiada para el menor.
cinturón de seguridad.1. Fotocopia del registro civil de nacimiento de Brandon Yesid Vega en el que consta que el menor es hijo de la señora Elizabeth Ramírez Lizarazo y que tiene 8 años de edad.2 Documentos que obran en el Expediente 1. ocupacionales y del lenguaje. 1.1. la accionante la solicitó a la EPS accionada y esta le fue negada por no estar dentro del POS. llantas traseras inflables y freno estándar. T-2882655 y T-2885909 13 1.2. espaldar reclinable.1.2.5. Desde el momento de su nacimiento fue diagnosticado con parálisis cerebral y se le ha ordenado realizar terapias físicas. neumología. todo autorizado por Café Salud EPS.1. ortopedia. Historia clínica firmada por el médico tratante en la que se indica que el menor sufre de parálisis cerebral. epilepsia.1.2. 1. . Por otra parte. 1. el 8 de julio de 2010 el médico tratante del menor (Dr. 1. fisiatría y rehabilitación. 1. cinturón de seguridad. Fórmula médica en la que se ordena silla de ruedas plegable tamaño junior con descansabrazos removibles.4. Indica la accionante que no cuenta con los recursos económicos para sufragar estos gastos.6. Juan Trillos Vargas). llantas traseras inflables y freno estándar.Expedientes T-2876514.3.1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la accionante. razón por la cual el menor tuvo que suspender las terapias que venía recibiendo. T-2879284. 1. por lo que solicita que a su hijo se le entregue el tratamiento integral que requiere. T2877760. espaldar reclinable. neurología pediátrica.2. que es espástico y que no controla esfínteres.2. La accionante aduce que no cuenta con los medios económicos para transportar a su hijo hacia los diferentes centros médicos donde debe ser atendido.1.2. 1. 1. le ordenó una silla de ruedas plegable tamaño junior y con: descansabrazos removibles.1. Respuesta de la entidad accionada Salud Total EPS indicó que efectivamente el menor Brandon Yesid Vega está afiliado como beneficiario a la EPS y que se trata de un menor que sufre de parálisis cerebral. razón por la que se encuentra en tratamiento multidisciplinario en pediatría. epilepsia y retraso mental.3. 1.4.3. 1. El menor Brandon Yesid Vega tiene 8 años de edad y se encuentra afiliado como beneficiario a Salud Total EPS. El menor requiere además de pañales desechables permanentes y crema cero para evitar las escaras pero su médico tratante se niega a ordenarlos por ser elementos de aseo.
ocupacional. la accionante no presentó la documentación necesaria ni diligenció la solicitud de estudio para Comité.14 Manifestó que desde su nacimiento el menor ha recibido toda la atención necesaria sin ningún tipo de obstáculo ni dilación y que se le han autorizado todos los servicios que ha requerido como terapia física. Sin embargo. 2. En lo que se refiere a la solicitud de pañales desechables. estos son insumos que no han sido ordenados por el médico tratante y que además se encuentran por fuera del POS. Es importante aclarar en todo caso que. de manera que cuando la accionante se acercó a solicitarla. se le indicó que ese tipo de servicios debían ser evaluados por el Comité Técnico Científico para lo cual se requiere historia clínica. fórmula médica y justificación diligenciada por el especialista que soporte la pertinencia de tal solicitud. no existe fórmula médica ni concepto clínico que sustente su requerimiento como parte del tratamiento médico del menor.1. por lo que no existe una negación por parte de la EPS. mientras que la accionante no ha realizado trámite alguno para la consecución de la silla de ruedas. En cuanto a los pañales y a la crema cero. se cuenta con el tiempo necesario para que el Comité Técnico Científico tome una decisión. también está probado que la Salud Total EPS ha realizado todos los procedimientos y concedido todas las autorizaciones que el menor ha requerido para la preservación de su salud. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN 2. Por estas razones. el juez de primera instancia decidió declarar improcedente la tutela. Por otra parte. Al no haber existido ninguna negación es imposible aducir que los derechos del menor han sido vulnerados. Al respecto. la fórmula médica es un requisito jurisprudencial y legal imposible de eludir ya que. Sin embargo. Pese a la anterior decisión. así como todos los medicamentos y ayudas diagnósticas solicitadas por sus médicos tratantes. Además. por su condición se encuentra en un estado de debilidad manifiesta. los pañales desechables no son un medicamento sino un producto de aseo e higiene personal por lo que no pueden ser autorizados ni por la EPS ni por el Comité Técnico Científico. el 23 de septiembre de 2010 Salud Total EPS emitió la autorización para la entrega de la silla de ruedas al menor Brandon . como no se trata de una solicitud que requiere de extrema urgencia. la silla de ruedas solicitada por el médico tratante no está dentro del POS. del lenguaje y terapia respiratoria. Sentencia de Única Instancia El Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga indicó que el derecho a la salud de los menores es un derecho fundamental y que en el caso concreto están dados los presupuestos necesarios para proteger al menor que. es el único soporte que permite verificar el estado actual de salud del paciente.
razón por la que no tiene tiempo para trasladarse con su hija a cada uno de los lugares a donde ésta debe acudir para el mantenimiento de su salud. 1. 1.2. La señora Aleyda Ruiz Caicedo interpuso acción de tutela en representación de su hija Yuli Tatiana Hernández Ruiz.2. al no haber concedido una enfermera diurna y por no darle oportunamente las citas con el fisiatra para el suministro oportuno de pañales desechables. Expediente T-2885909. 1.2.1. La accionante considera que es necesario que la EPS se encargue del transporte de la niña hacia sus terapias y hacia el jardín que frecuenta. así como aquél desde aquellos lugares hacia su casa. Manifestó que efectivamente la menor Yuli Tatiana Hernández aparece como afiliada en el régimen subsidiado con la EPS-S Ecoopsos.1. al no haberle autorizado el suministro de los gastos de transporte de la menor hacia los centros médicos y el jardín infantil. 1. aclarando las razones por las cuales los pañales solicitados no serían entregados. en segundo lugar. 1. Contestación de las Entidades Accionadas. Antecedentes.5. 1. La niña Yuli Tatiana Hernández tiene 12 años de edad y está afiliada a Ecoopsos EPS-S calificada en el nivel II del Sisben. porque la accionante es madre cabeza de hogar y debe trabajar. La menor padece de parálisis cerebral severa lo que hizo que. sin embargo. y.4. en primer lugar porque la niña ya es pesada y no puede cargarla en sus brazos todo el tiempo. T-2879284.1. El 10 de febrero de 2011 la accionada radicó ante la Corte Constitucional la solicitud de revisión del fallo de tutela. los pañales se demoran mucho en ser entregados. pese a que su hija está recibiendo tratamiento integral. La acción de tutela se interpuso con base en los siguientes 1. Indica además la accionante que. T-2882655 y T-2885909 15 Yesid Vega. por lo que solicita que las citas con el fisiatra sean oportunas. Respuesta de la Secretaría de Salud de Bogotá.1 Hechos.1.Expedientes T-2876514.1. contra Ecoopsos y la Secretaría Distrital de Salud por considerar que estas han vulnerado sus derechos a la salud y a la vida. 1. 1. Por último solicita que se le autorice también el servicio de enfermera por horas.1. V. se le concediera tratamiento integral pero no se incluyeron los gastos de transporte bajo el argumento de que no habían sido ordenados por el médico tratante. por tutela.2.3. con la . T2877760.
es decir. Al respecto.2. éstos le corresponden a la Secretaría de Integración Social que es la encargada de la atención integral a niñas y niños menores de 18 años con autismo o discapacidad cognitiva moderada y grave. razón por la cual. Por último indicó que dadas las explicaciones anteriores. éste se encuentra excluido del POS. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN. tal y como ha venido sucediendo. En relación al suministro de pañales. procedimientos y medicamentos del plan obligatorio de salud subsidiado POS-S. Contestación de Ecoopsos EPS-S. esto tendrá que someterse al comité de farmacia y terapéutica. lo que se está solicitando actualmente. Sentencia de Única Instancia. El Juzgado Cuarenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de . Indicó que la menor Yuli Tatiana Hernández cancela copago de acuerdo a su nivel 2 de Sisben y cuota de recuperación cuando sea atendida por la Secretaría de Salud. en este caso del 5%. por lo que le corresponden a la Secretaría Distrital de Salud.2. Ecoopsos es una entidad promotora de salud del régimen subsidiado que cubre para sus afiliados los servicios.1. la Secretaría de Salud de Bogotá no ha incurrido en violación de los derechos de la menor en cuestión. 2. el jardín infantil y el transporte. son servicios que la EPS-S no está obligada a suministrar por no estar incluidos en el POS-S. lo que le otorga el derecho a solicitar y recibir de su parte todos los servicios incluidos en el POS-S. varias terapias y diferentes medicamentos. 1. Sin embargo. se relacionan todos los servicios que se le han autorizado y prestado a la paciente.16 acción de tutela no se presentó ningún soporte médico referente a que la menor padezca de parálisis cerebral ni de que los médicos tratantes hayan ordenado tratamiento integral. Probada la pertinencia del mismo la IPS tendrá que suministrarlo y facturarlo con cargo al Fondo Financiero Distrital de Salud. para obtenerlo se debe cancelar una cuota de recuperación de acuerdo al nivel Sisben. Por su parte. En cuanto a los servicios de enfermera. específicamente la enfermera. incluida una silla de ruedas el 18 de junio de 2010. La usuaria Yuli Tatiana Hernández se encuentra actualmente afiliada a la entidad en el nivel 2 del Sisbén. Solicitó que se pruebe todo lo anterior y que en el caso en que logren verificarse las afirmaciones de la accionante y se requieran eventos no POS como el transporte. la IPS tratante debe hacer el respectivo Comité de Farmacia y Terapéutica para determinar la pertinencia del servicio. 2.
T2877760. así como tampoco una enfermera diurna y porque la entrega de los pañales que requiere suele ser muy demorada. VI. pues la accionante no ha puesto en conocimiento de ninguna de ellas ni la orden médica ni la solicitud de subsidio de transporte y de los otros servicios que requiere. si fuese necesario. siempre que éstos se hayan visto vulnerados o amenazados. De esta manera. 2. por considerar que ésta ha vulnerado sus derechos a la igualdad.1 Expediente T-2876514. a la salud y a la seguridad social al no haberle entregado los pañales desechables que necesita para llevar una vida digna y por haber sido desafiliado de la EPS tras la muerte de su padre quien era el afiliado cotizante. Por las razones anteriores se declaró improcedente la acción de tutela. debe procurar que a la persona que padezca algún quebranto de salud. T-2879284. Competencia. . Por su parte. la accionante aduce que los derechos de su hija han sido vulnerados porque no se le ha concedido transporte para acudir a las citas médicas. T-2882655 y T-2885909 17 Garantías de Bogotá consideró que el Estado colombiano. a través de las empresas promotoras que prestan el servicio esencial de salud a la población. Además. se le preste la atención debida evitándole la prolongación de sus dolencias. incluidos los pañales. Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de las Acciones de Tutela de la referencia. si dichas circunstancias no se cumplen.Expedientes T-2876514. Los expedientes de la referencia fueron seleccionados y acumulados por medio de auto del 17 de noviembre de 2010 proferido por la Sala de Selección número Once. 2. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. 1. por su parte. con fundamento en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política. De esta manera. hay que tener en cuenta que la EPS le ha brindado a la paciente todos los servicios que ha requerido. La accionante debía agotar primero el trámite ante las respectivas entidades. El señor Duver Alexander Rojas Álvarez interpuso acción de tutela contra la Nueva EPS. antes de acudir a la acción de tutela. En el caso concreto. la entidad accionada aduce que no puede conceder lo solicitado porque no hay fórmula médica que indique su necesidad y que. ésta última aduce que no puede hacerse cargo de las solicitudes de la accionante por cuanto no existe una orden médica que las respalde. consideró el Juzgado que ni la EPS accionada ni la Secretaría Distrital de Salud han vulnerado los derechos fundamentales de la usuaria. Presentación de los casos y planteamiento del problema jurídico. al menos el transporte sería una obligación de la Secretaría Distrital de Salud. la persona que se vea afectada está facultada para recurrir a la acción de tutela con el fin de que sus derechos sean protegidos.
cotizante. La señora Mónica Garzón de Rodríguez interpuso acción de tutela obrando en nombre de su cónyuge Hilarión Rodríguez Vargas. el señor Hilarión Rodríguez Vargas se encuentra afiliado a Asmet Salud EPS-S y que padece la enfermedad de isquemia cerebral. por sí solo. la gasa. se pudo constatar que el señor Hilarión . Una vez fallada la acción. Consideró el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín. El Juzgado Sexto Penal Municipal de Neiva consideró. por considerar que ésta ha vulnerado sus derechos a la vida. los guantes quirúrgicos y la gasa que éste necesita para llevar una vida digna. el juez procedió a negar el amparo por considerar que no está probado que se estén vulnerando los derechos del accionante y que es inobjetable que éste no ostenta la calidad de afiliado a la EPS accionada. por lo que requiere de cuidados especiales ya que. 2. Cuando tenía 24 años de edad fue herido con arma de fuego en el tórax lo que le dejó varias secuelas e incapacidad física permanente. la Nueva EPS le informó al accionante que procedería a desvincularlo del sistema por cuanto nadie estaba cotizando por él. a la salud y a la seguridad social. en silla de ruedas y con llagas muy profundas en las caderas. que no aparece prueba en el expediente del estado actual de salud del accionante ya que la historia clínica que aporta es del año 2006. Indicó que el señor Duver Alexander Rojas figura como retirado en la base de datos de la Nueva EPS. Desde el fallecimiento de su padre. La entidad accionada manifestó que este tipo de peticiones están por fuera de la órbita de cobertura de la EPS-S por lo que no se pueden otorgar. los guantes y el suplemento alimenticio no fueron prescritos por uno de los médicos tratantes adscritos a la EPS-S accionada.18 El accionante tiene 37 años de edad y estaba afiliado a la Nueva EPS como beneficiario de su padre hasta que éste último falleció. contra Asmet Salud EPSS. Por esta razón. De esta manera. en primera instancia. en única instancia.2 Expediente T-2877760. Desde ese momento se encuentra inválido. que si bien quedó claro del análisis de las pruebas que obran en el expediente que. se denegó el amparo de los derechos solicitado por la accionante. el suplemento alimenticio. al no suministrarle los pañales desechables. los glúteos y las rodillas. El 2 de febrero de 2010 el señor Hilarión Rodríguez sufrió una isquemia cerebral severa que le ocasionó parálisis en todo el hemisferio derecho de su cuerpo y varios daños a nivel cerebral. producto de permanecer sentado y de tener que hacer sus necesidades fisiológicas en pañales de tela. la Secretaría de Salud adscrita a la Gobernación del Huila procedió a indicar que. y en tal condición no tiene derecho a que le sean garantizadas las atenciones contempladas en el POS. no logra realizar las actividades más básicas como sus necesidades fisiológicas por sus propios medios. se observó que los pañales.
Por dichas razones. el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva. el juez de segunda instancia decidió confirmar en su totalidad el fallo de primera instancia. De esta manera. Huila. manifestó que es dicha entidad la que debe en primer lugar garantizar la prestación de los servicios de salud requeridos por su afiliado. solicitó mediante derecho de petición a Cafesalud EPS-S. Tampoco obra en el expediente la orden del médico tratante. Posteriormente. por no haberle autorizado la entrega de una silla de ruedas y los pañales desechables que necesita. Hasta la fecha no ha recibido respuesta a dicha petición. que son insumos no POS-S en el régimen subsidiado y por ende no pueden ser autorizados por la EPS. no controla sus esfínteres y frecuentemente padece de escaras e infecciones urinarias. A dicho documento se anexó el formato de .Expedientes T-2876514. Un mes después de proferir esta respuesta. en el caso concreto. por considerar que dichas entidades han vulnerado sus derechos a la vida. contra la Secretaría Departamental de Salud del Valle y contra la Secretaría Municipal de Salud de Guadalajara de Buga. Indicó la accionada que los anteriores elementos se encuentran completamente excluidos del POS-S y que la Secretaría de Salud Municipal brinda cobertura hasta el Nivel I de atención a través de un contrato inter-administrativo con la ESE Hospital Divino Niño. manifestó que. no existen soportes de que la accionante haya solicitado a la EPS accionada los insumos que pidió en la acción de tutela. así como tampoco existe prueba de que ésta última se los haya negado. la entidad accionada procedió a contestar el derecho de petición presentado por el accionante. además de todo lo no POS-S de baja complejidad para todos los residentes habituales del municipio de Guadalajara. T2877760. Por lo anterior. El accionante padece de traumaneuromielitis por lo que no puede desplazarse. Buga. no puede valerse por sus propios medios. el suministro de una silla de ruedas y de tres pañales desechables diarios. El señor Rodrigo Pabón Barahona interpuso acción de tutela contra Cafesalud EPS-S. 2. Se trata de una persona que padece Traumaneuromielitis que solicita silla de ruedas y pañales. manifestándole que las sillas de ruedas y los pañales no hacen parte del POS-S razón por la cual no pueden ser entregados por la EPS-S sino que deben solicitársele a la entidad territorial correspondiente. a la salud y a la integridad física. Por su parte Cafesalud EPS-S manifestó que Rodrigo Pabón Barahona se encuentra afiliado al régimen subsidiado a través de Cafesalud EPS-S desde el año 2005. para atender a la población pobre no asegurada y vulnerable. tiene poca movilidad en las manos. T-2879284. T-2882655 y T-2885909 19 Rodríguez Vargas se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud a través de la EPS Asmet Salud en estado activo nivel II del Sisben.3 Expediente T-2879284.
ortopedia. que en el presente caso es menester tener en cuenta que la primera violación que se pone de presente es la del derecho de petición. razón por la cual el menor tuvo que suspender las terapias que venía recibiendo. Valle.4 Expediente T. consideró. pañales y medicamentos que no están cubiertos por el POS-S. se le .2882655. así como todos los medicamentos y ayudas diagnósticas solicitadas por sus médicos tratantes. Por esta razón se decidió tutelar el derecho de petición del accionante y ordenar a Cafesalud EPS-S. El juez constitucional no se pronunció frente a las pretensiones del accionante que tenían que ver con el suministro de silla de ruedas. neurología pediátrica. Sin embargo. 2. La accionante aduce que no cuenta con los medios económicos para transportar a su hijo hacia los diferentes centros médicos donde debe ser atendido. neumología. epilepsia y retraso mental. todo autorizado por Café Salud EPS. mediante sentencia de única instancia. del lenguaje y terapia respiratoria. al no haberle entregado una silla de ruedas apropiada para el menor.20 información y direccionamiento que el accionante debía compilar y enviar a la Secretaría Departamental de Salud del Valle. pañales desechables y crema cero. la silla de ruedas solicitada por el médico tratante no está dentro del POS. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga. La señora Elizabeth Ramírez Lizarazo presentó acción de tutela en representación de su hijo Brandon Yesid Vega Ramírez. Salud Total EPS indicó que efectivamente el menor Brandon Yesid Vega está afiliado como beneficiario a la EPS y que se trata de un menor que sufre de parálisis cerebral. fisiatría y rehabilitación. de manera que cuando la accionante se acercó a solicitarla. ocupacional. El menor Brandon Yesid Vega tiene 8 años de edad y se encuentra afiliado como beneficiario a Salud Total EPS. y por no estar sufragando el transporte del menor y su acompañante hacia los diferentes centros médicos. en primer lugar. ocupacionales y del lenguaje. Manifestó que desde su nacimiento el menor ha recibido toda la atención necesaria sin ningún tipo de obstáculo ni dilación y que se le han autorizado todos los servicios que ha requerido como terapia física. Desde el momento de su nacimiento fue diagnosticado con parálisis cerebral y se le ha ordenado realizar terapias físicas. contra Salud Total EPS por considerar que ésta última está violando sus derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas. a la Secretaría Municipal de Salud de Buga y a la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca para que en los 5 días hábiles siguientes a la notificación del fallo procedieran a responder la petición del accionante. razón por la que se encuentra en tratamiento multidisciplinario en pediatría.
los pañales desechables no son un medicamento sino un producto de aseo e higiene personal por lo que no pueden ser autorizados ni por la EPS ni por el Comité Técnico Científico. al no haberle autorizado el suministro de los gastos de transporte de la menor hacia los centros médicos y el jardín infantil. como no se trata de una solicitud que requiere de extrema urgencia.Expedientes T-2876514. es el único soporte que permite verificar el estado actual de salud del paciente. por su condición se encuentra en un estado de debilidad manifiesta. Por estas razones. En cuanto a los pañales y a la crema cero. la EPS accionada expidió la autorización para la entrega de la silla de ruedas solicitada. se cuenta con el tiempo necesario para que el Comité Técnico Científico tome una decisión. Por otra parte. En lo que se refiere a la solicitud de pañales desechables. no existe fórmula médica ni concepto clínico que sustente su requerimiento como parte del tratamiento médico del menor. el juez de primera instancia decidió declarar improcedente la tutela. T2877760. contra Ecoopsos y la Secretaría Distrital de Salud por considerar que estas han vulnerado sus derechos a la salud y a la vida. indicó que el derecho a la salud de los menores es un derecho fundamental y que en el caso concreto están dados los presupuestos necesarios para proteger al menor que. Al respecto. Un mes después de haber proferido la anterior respuesta. Es importante aclarar en todo caso que. mediante sentencia de única instancia. el 23 de septiembre de 2010 Salud Total EPS emitió la autorización para la entrega de la silla de ruedas al menor Brandon Yesid Vega. la accionante no presentó la documentación necesaria ni diligenció la solicitud de estudio para Comité. fórmula médica y justificación diligenciada por el especialista que soporte la pertinencia de tal solicitud. mientras que la accionante no ha realizado trámite alguno para la consecución de la silla de ruedas. Al no haber existido ninguna negación es imposible aducir que los derechos del menor han sido vulnerados. Expediente T-2885909 La señora Aleyda Ruiz Caicedo interpuso acción de tutela en representación de su hija Yuli Tatiana Hernández Ruiz. T-2879284. 2. Sin embargo. al no haber concedido una enfermera diurna y por no darle oportunamente las citas . también está probado que Salud Total EPS ha realizado todos los procedimientos y concedido todas las autorizaciones que el menor ha requerido para la preservación de su salud. por lo que no existe una negación por parte de la EPS. la fórmula médica es un requisito jurisprudencial y legal imposible de eludir ya que. El Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga.5. estos son insumos que no han sido ordenados por el médico tratante y que además se encuentran por fuera del POS. T-2882655 y T-2885909 21 indicó que ese tipo de servicios debían ser evaluados por el Comité Técnico Científico para lo cual se requiere historia clínica. Además. Pese a la anterior decisión.
lo que se está solicitando actualmente. los pañales se demoran mucho en ser entregados. éstos le corresponden a la Secretaría de Integración Social que es la encargada de la atención integral a niñas y niños menores de 18 años con autismo o discapacidad cognitiva moderada y grave. Padece de parálisis cerebral severa lo que hizo que. La usuaria Yuli Tatiana Hernández se encuentra actualmente afiliada a la entidad en el nivel 2 del Sisbén. Sin embargo. con la acción de tutela no se presentó ningún soporte médico referente a que la menor padezca de parálisis cerebral ni de que los médicos tratantes hayan ordenado tratamiento integral. Al respecto. específicamente la enfermera. Por su parte. La Secretaría de Salud de Bogotá manifestó que efectivamente la menor Yuli Tatiana Hernández aparece como afiliada en el régimen subsidiado con la EPS-S Ecoopsos. en este caso del 5%. lo que le otorga el derecho a solicitar y recibir de su parte todos los servicios incluidos en el POS-S. así como aquél desde aquellos lugares hacia su casa. por tutela. pese a que su hija está recibiendo tratamiento integral. Por último solicita que se le autorice también el servicio de enfermera por horas. por lo que solicita que las citas con el fisiatra sean oportunas.22 con el fisiatra para el suministro oportuno de pañales desechables. sin embargo. varias terapias y diferentes medicamentos. el jardín infantil y . Indica además la accionante que. tal y como ha venido sucediendo. procedimientos y medicamentos del plan obligatorio de salud subsidiado POSS. razón por la cual. se relacionan todos los servicios que se le han autorizado y prestado a la paciente. Solicitó que se pruebe todo lo anterior y que en el caso en que logren verificarse las afirmaciones de la accionante y se requieran eventos no POS como el transporte. En cuanto a los servicios de enfermera. Ecoopsos EPS-S indicó que es una entidad promotora de salud del régimen subsidiado que cubre para sus afiliados los servicios. La niña Yuli Tatiana Hernández tiene 12 años de edad y está afiliada a Ecoopsos calificada en el nivel II del Sisben. la IPS tratante debe hacer el respectivo Comité de Farmacia y Terapéutica para determinar la pertinencia del servicio. En relación al suministro de pañales. para obtenerlo se debe cancelar una cuota de recuperación de acuerdo al nivel Sisben. incluida una silla de ruedas el 18 de junio de 2010. La accionante considera que es necesario que la EPS se encargue del transporte de la niña hacia sus terapias y hacia el jardín que frecuenta. es decir. éste se encuentra excluido del POS. se le concediera tratamiento integral pero no se incluyeron los gastos de transporte bajo el argumento de que no ha sido ordenado por el médico tratante. Probada la pertinencia del mismo la IPS tendrá que suministrarlo y facturarlo con cargo al Fondo Financiero Distrital de Salud. esto tendrá que someterse al comité de farmacia y terapéutica. Por su parte.
Deber de garantizar el acceso a los servicios de salud. Por las razones anteriores se declaró improcedente la acción de tutela. el acceso a un servicio de salud debe ser continuo. reconocérseles y pagárseles los tratamientos y procedimientos médicos que se requieren para mejorar y conservar su buen estado de salud. . T-2882655 y T-2885909 23 el transporte. Reiteración de jurisprudencia. suplementos alimenticios y pago de transporte. sillas de ruedas. Reiteración de Jurisprudencia. Análisis de los casos concretos. hay que tener en cuenta que la EPS le ha brindado a la paciente todos los servicios que ha requerido. en primera instancia. la persona que se vea afectada está facultada para recurrir a la acción de tutela con el fin de que sus derechos sean protegidos. a través de las empresas promotoras que prestan el servicio esencial de salud a la población. T2877760. específicamente lo que tiene que ver con entrega de pañales. bajo el argumento de que se trata de tratamientos e insumos que no están incluidos en el plan obligatorio de salud-POS. Reiteración de jurisprudencia. que el Estado colombiano. v. De esta manera. siempre que éstos se hayan visto vulnerados o amenazados. La accionante debía agotar primero el trámite ante las respectivas entidades. Prestación de medicamentos y tratamientos no incluidos en el plan obligatorio de salud -POS. iii. Reiteración de jurisprudencia. Reiteración de Jurisprudencia. a la vida digna y a la seguridad social de los representados por los accionantes. pues la accionante no ha puesto en conocimiento de ninguna de ellas ni la orden médica ni la solicitud de subsidio de transporte y de los otros servicios que requiere. consideró el Juzgado que ni la EPS accionada ni la Secretaría Distrital de Salud han vulnerado los derechos fundamentales de la usuaria. El principio de atención integral en materia del derecho a la salud. De esta manera.y al no brindárseles un tratamiento integral adecuado. vi. El Juzgado Cuarenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá consideró.y recobro ante el Fosyga en el caso del régimen contributivo. T-2879284. son servicios que la EPS-S no está obligada a suministrar por no estar incluidos en el POS-S. el problema jurídico a resolver es si en los cinco casos anteriores se vulneraron o no los derechos a la salud. por lo que le corresponden a la Secretaría Distrital de Salud.Expedientes T-2876514. iv. al no brindárseles. Reglas jurisprudenciales sobre el cubrimiento de gastos de transporte para pacientes y sus acompañantes por las EPS. Para resolver dicho problema se desarrollarán los siguientes temas: i. y no puede ser interrumpido súbitamente. incluidos los pañales. si dichas circunstancias no se cumplen. Además. libre de trámites y procedimientos administrativos engorrosos e innecesarios. se le preste la atención debida evitándole la prolongación de sus dolencias. antes de acudir a la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia vii. El derecho fundamental a la salud de las personas en estado de discapacidad. Teniendo en cuenta todo lo anterior. El principio de continuidad. debe procurar que a la persona que padezca algún quebranto de salud. o ante la entidad territorial en el caso del régimen subsidiado. ii.
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos. rehabilitación e integración social.” La mencionada sentencia indicó lo siguiente: “(…) la Corte. de aplicación inmediata (CP art. En el presente acápite se procederá a analizar el derecho a la salud y la protección con que éste cuenta tanto en la Constitución Política de 1991. 1. La igualdad de oportunidades y el trato más favorable (CP art. física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. sensoriales y síquicos. de su estrecha y directa relación con otros derechos fundamentales como lo son el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana de que gozan todos los habitantes del territorio nacional. respecto de la especial protección que merecen las personas en situación de discapacidad. a quienes se prestará la atención especializada que requieran. en reiterada jurisprudencia ha establecido. Reiteración de jurisprudencia. de carácter programático (CP art. 13). sensorial o psíquicamente. De otra parte. El artículo 13 de la Constitución enuncia que: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. básicamente. El derecho fundamental a la salud de las personas en estado de discapacidad. que se deduce de la obligación estatal de adoptar una política de previsión.24 i. 85). el artículo 47 constitucional prescribe que: “El Estado adelantará una política de previsión.” De igual manera. “Los derechos específicos de protección especial para grupos o . lo siguiente: “El Constituyente no fue ajeno a la situación de marginalidad y discriminación a la que históricamente han sido expuestas las personas disminuidas física. Es así como la Carta Política consagra derechos fundamentales y derechos prestacionales en favor de los discapacitados. física o mental. De las disposiciones constitucionales es preciso destacar el artículo 13 y el 47. En la sentencia T-574 de 2010 se indicó que la Constitución Política de 1991 dispone una especial protección a las personas que se encuentran en condición de discapacidad. 47). se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su condición económica. son derechos fundamentales. (…) El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica. los discapacitados gozan de un derecho constitucional. Valga recordar que la importancia de este derecho se deriva. como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 2.
De esto se desprende que. esta corporación señaló en sentencia T-016 de enero 22 de 2007. P. Esta supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y para personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP Art. buscar la conservación de la vida en condiciones dignas. Los derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Frente a la ‘fundamentalidad’ del derecho en cuestión. el suministro de una adecuada y pronta atención en salud del discapacitado supedita la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna y la integridad física. M.Expedientes T-2876514. Significa de modo 1 Sentencia T -288 de 1995. Humberto Antonio Sierra Porto.de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica. T2877760.” Una conclusión acertada acerca del tema objeto de la presente exposición se encuentra en la sentencia T-818 de 20082: “En síntesis. T-2882655 y T-2885909 25 personas.”1 De igual forma. son reconocidas por la Constitución Política y por la jurisprudencia de esta Corporación. T-2879284. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). el deber de proteger especialmente a aquellos que por su condición física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. más aún si se tienen en cuenta los imperativos que desde la misma Carta Política se extraen sobre la protección reforzada a la que son acreedores los limitados físicos y mentales. lo siguiente: “De acuerdo con la línea de pensamiento expuesta y que acoge la Sala en la presente sentencia. se indicó: “(…) es frecuente que el discapacitado requiera atención médica especializada a fin de mantener o mejorar las habilidades físicas o mentales disminuidas y.” 3. autorizan una `diferenciación positiva justificada` en favor de sus titulares. por lo que el amparo constitucional a través de la acción de tutela resulta procedente. la cual ha establecido como deber de todas las personas que participan del Sistema de Seguridad Social en Salud. . en cuanto al tema de la salud y la necesidad de su protección respecto a aquellas personas que sufren problemas de salud. las circunstancias de vulnerabilidad e indefensión en las cuales desarrollan su vida las personas afectadas con algún tipo de discapacidad. en la mayoría de casos. la fundamentalidad de los derechos no depende –ni puede depender. 2 Sobre el tema ver también la sentencia T-899 de 2007. 13). a diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades. en la Sentencia T-197 de 2003. en situaciones concretas.
T-859/03. T. Es por ello que esta Corporación ha precisado que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental no solo cuando peligra la vida como mera existencia. es importante recordar que esta Corte. prestaciones de orden económico orientadas a garantizar de modo efectivo la eficacia de estos derechos en la realidad. con la finalidad del goce efectivo de los derechos de sus afiliados.indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar… Por ello. T253/07. también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción). T-307/06. Posteriormente. P. en especial el de la vida y el de la dignidad.694/05. T-763/07. la Corte ha señalado que todas las personas sin excepción pueden acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de su derecho constitucional fundamental a la salud. 4Sobre el tema particular. admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios –económicos y educativos.” 5.” 4. T-525/07. todas las entidades que prestan la atención en salud. T-016/07. sino que ha resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones dignas…4 En conclusión. deben procurar no solo de manera formal sino también material la mejor prestación del servicio. .26 simultáneo. T-670/07. en sentencia T-126 de 2010 indicó que: “(…) En la sentencia T-760 de 2008 la Corte Constitucional sistematizó y compiló las reglas jurisprudenciales que esta corporación ha establecido sobre el derecho a la salud. que el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo: 3Ver T-227/03. T-1042/06. el Estado a través del Sistema de Seguridad Social en Salud. M. entre muchas otras. constitucionales y jurisprudenciales. la cual ha establecido que el derecho a la salud es un derecho fundamental. entre otras. al igual que en reiteradas oportunidades. T-523/07. T-200/07. que envuelve como sucede también con los demás derechos fundamentales. T-648/07. En esta providencia se argumentó. Por último. T-365A de 2006. Clara Inés Vargas Hernández. Bajo esta premisa. proporciona las condiciones por medio de las cuales sus asociados pueden acceder a un estado de salud íntegro y armónico. T-1041/06. se precisó: “Se trata entonces de una línea jurisprudencial reiterada por esta Corte3. pues la salud comporta el goce de distintos derechos. en sentencia T-144 de 2008 (febrero 15). derechos que deben ser garantizados por el Estado Colombiano de conformidad con los mandatos internacionales. consultar las sentencias: T-1384 de 2000. Por tanto. T-524-07. T-085/07.
cuyo derecho a la salud es expresamente reconocido como fundamental por la Carta Política (art. en tanto ‘fundamental’. se trata de una prestación claramente exigible y justiciable mediante acción de tutela. Clara Inés Vargas Hernández. la jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a un servicio de salud que se requiera. Así se estableció en la sentencia T . es posible concluir que si el derecho a la salud de cualquier individuo resultare amenazado o vulnerado. T-2879284. La jurisprudencia constitucional ha expresado en forma reiterada que el derecho a la salud de los niños.3. 44. existe una protección especial por tratarse de sujetos de especial protección constitucional.760 de 2008 con relación a los niños.[16] Concretamente.[18]”5 6. en las leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud. (…)”. la salud y la seguridad social. CP). cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud. Al respecto pueden consultarse entre . la integridad física. los jueces pueden hacer efectiva su protección por vía de tutela6. tal y como se ha explicado anteriormente. 4.Expedientes T-2876514.1. la negación de los servicios de salud contemplados en el POS es una violación del derecho fundamental a la salud. para la jurisprudencia colombiana. la Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un derecho fundamental. 7. ‘de manera autónoma’. en los siguientes términos: “(…) La Corte Constitucional ha reconocido y tutelado principalmente el derecho a la salud. es derecho fundamental autónomo. Por todo lo anterior. otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría. en el caso de las personas de la tercera edad o de las personas discapacitadas y de los niños. P. Queda así demostrado que. de los sujetos de especial protección constitucional. M. 44).2. En primer lugar ha protegido a los niños y las niñas. T-2882655 y T-2885909 27 “3. considerando que “son fundamentales (i) aquellos derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo”. En tal medida.2. por tanto. Así pues. finalmente. Por otra parte. además de que el derecho a la salud es un derecho fundamental de todo ser humano. resulta importante mencionar que. 7 Según la Constitución (art. y definen los servicios específicos a los que las personas tienen derecho.7 debe ser protegido en forma inmediata por el juez 5 Sentencia T-760 de 2008. “son derechos fundamentales de los niños: la vida.1.[17] La jurisprudencia ha señalado que la calidad de fundamental de un derecho no depende de la vía procesal mediante la cual éste se hace efectivo. T2877760. 6 T-763 de septiembre 25 de 2007.5. advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la Constitución misma. contemplado en los planes obligatorios. el derecho a la salud es un derecho fundamental de todos los habitantes del territorio nacional que debe ser respetado y protegido y que puede ser invocado en sede de tutela si llega a verse amenazado o vulnerado.
o ante la entidad territorial en el caso del régimen subsidiado. 8 Ver. cuando el servicio requerido con necesidad es negado a una niña o a un niño.9 La jurisprudencia ha señalado que los servicios de salud que un niño o una niña requieran son justiciables. entre muchas otras. T-287 de 1994. su derecho fundamental a la salud no sólo protege el acceso a los servicios que se requieran para conservar la salud. Es evidente que tanto la paraplejia como la isquemia cerebral. en especial si se encuentra comprometida su vida. no se ha requerido. T-046 de 1999 (MP Hernando Herrera Vergara). SU-225 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).28 constitucional en los casos en que sea amenazado o vulnerado. sujetos de especial protección constitucional (ver sección 4. T-408 de 1995. son afecciones que impactan gravemente la salud. la traumaneuromielitis y la parálisis cerebral. la acción de tutela procede directamente para defender su derecho fundamental a la salud. el acceso a los servicio de salud que se requieran para lograr ‘un desarrollo armónico e integral’ (art.8 En el caso de los niños y de las niñas. Prestación de medicamentos y tratamientos no incluidos en el plan obligatorio de salud -POS. al reconocerse que la infancia supone cuidados y asistencia especiales. su integridad personal o su dignidad. El derecho a la salud se viola especialmente. T-415 de 1998. Así pues. T-117 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra). que ponen en peligro la vida y que hacen que quien las padece requiera de cuidados extremos y especiales para mantener una vida digna. El proceso de desarrollo y crecimiento de los niños y las niñas implica considerar aspectos en los que un determinado servicio de salud puede ser indispensable y significar mejoras enormes. las sentencias T-075 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz. pues.y recobro ante el Fosyga en el caso del régimen contributivo.). (…)”. Son enfermedades que requieren de atención y tratamiento no solo en lo que se refiere a la atención médica. T-153 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y T-819 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). En la sentencia T-574 de 2010 la Corte Constitucional distinguió dos grupos en los cuales se presentan controversias sobre el derecho a la salud: otras muchas las sentencias T-514 de 1998. En la sentencia T-223 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett) y T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte reiteró que el derecho a la salud es directamente fundamental frente a los contenidos del POS y del POSS. frente a lo que representa el mismo servicio de salud en personas adultas. T-556 de 1998. sino además en lo que implica el mantenimiento de condiciones dignas para quien las padece. En los cinco casos bajo estudio las personas cuyo amparo se solicita están afectados por padecimientos que menoscaban gravemente su salud y la posibilidad de vivir una vida digna. 9 Sentencia T-860 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett). 8. CP). ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991. ii. con el fin de que puedan sobrevivir en la mejor situación posible. 1. T-093 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis). T-117 de 1999.5. Reiteración de jurisprudencia. su derecho a la salud les garantiza también. La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989. dada la falta de madurez física y mental del niño. que exista conexidad con otro derecho como la vida o la integridad. . 44. incluso en casos en los que se trate de servicios no incluidos en los planes obligatorios de salud (del régimen contributivo y del subsidiado). En el caso de los niños y las niñas. por ejemplo. T-531 de 1992.
el derecho constitucional a la salud contempla.”12 En adelante. a los cuales las personas no tienen el derecho fundamental a acceder. T-2882655 y T-2885909 29 cuando la vulneración o amenaza versa sobre un medicamento o procedimiento incluido en el Plan Obligatorio de Salud. Respecto de procedimientos o medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. entre otras. T-631. las sentencias T-484 de 1992. sigue los precedentes establecidos por la Corte Constitucional en materia de acceso a los servicios médicos en el Sistema de Seguridad Social en Salud (ver al respecto. en el contexto del régimen contributivo de salud. T2877760. la jurisprudencia reitera que se desconoce el derecho a la salud de una persona que requiere un servicio médico no incluido en el plan obligatorio de salud. T-628 y T-691 de 1998. en este caso la Corte ordenó a la entidad encargada de garantizarle al peticionario la prestación del servicio de salud (Colmena Salud EPS) que autorizara la práctica del servicio requerido (exámen de carga viral). (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio. de si el servicio requerido está incluido en uno de los planes obligatorios de servicios de salud a los cuales la persona tiene derecho. en especial. T-557 y T-829 de 2006. (iii) el interesado no puede directamente costearlo. Así pues. la jurisprudencia constitucional fue precisando los criterios de aplicación (sic) la regla de acceso a los servicios de salud que se requerían y no estaban incluidos en los planes obligatorios de salud. entre otras. cuando sin ellos se haría nugatoria la garantía a derechos constitucionales fundamentales como la vida y la integridad . En la sentencia T-1204 de 2000. los servicios que se requieran pueden ser de dos tipos: aquellos que están incluidos dentro del plan obligatorio de salud (POS) y aquellos que no. por lo menos. las cuales deben ser verificadas por los jueces de tutela al momento de conceder o denegar el amparo en materia de derecho a la salud: “Como se dijo. o NO POS. 11 Ver al respecto. y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie. En la actualidad el acceso a los servicios depende. la Corte ha establecido reglas jurisprudenciales para los dos tipos de controversias. y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo. T-148 de 2007.) Sic. dada la regulación actual. 12 Estos criterios fueron establecidos en estos términos por la sentencia T-1204 de 2000 y reiterados así. POS. en primer lugar. el derecho a acceder a los servicios de salud que se requieran (servicios indispensables para conservar la salud. T-505 de 1992 y T-548 de 1992.Expedientes T-2876514. las sentencias T-224 de 1997. para simplificar. la Corte fijó las siguientes reglas: “Con el tiempo. T-565 de 2007. SU-480 de 1997. La Corte tuvo en cuenta que según la jurisprudencia constitucional. T-788 de 2007 y T-1079 de 2007. T-2879284. SU-819 de 1999. cuando “(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere. T-344 de 2002 y T-543 de 2002. aquellos que comprometan la vida digna y la integridad personal).11 Actualmente. De esta manera. T-236 de 1998.”10 2. el juez de tutela puede ordenar “(…) la prestación de los servicios de salud. y cuando la vulneración o amenaza versa sobre procedimientos o medicamentos que no se encuentra en el Plan Obligatorio de Salud. por las sentencias T-1022 de 2005. entre otras. se dirá que una 10 Sentencia T-760 de 2008. en la sentencia en comento. ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar.
todo con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de un ciudadano. no obstante.15 a la enfermedad que padece la persona16 o al tipo de servicio que ésta requiere. T-016 . T-096 de 2005. ordenado por los médicos tratantes. de un tratamiento no contemplado en el POS-S. sentencia T-972 de 2001.13 como en el régimen subsidiado. C-079 de 1996. la respectiva EPS aún cuenta con la posibilidad de recurrir al Fondo de Solidaridad y Garantías o a la entidad territorial correspondiente para recobrar los gastos en que haya tenido que incurrir para sufragar el tratamiento o procedimiento que tuvo que prestar por fuera del plan obligatorio de salud. T-591 de 2003. las sentencias T-829. padezca una grave patología para la cual se necesite. en razón al sujeto que reclama la protección. T-841. T-925 de 2003.” 13 Ver entre otras las sentencias T-080 de 2001. entre otras. T-750. las siguientes sentencias: T-505 de 1992. en la sentencia T-280 de 2002. T-502 de 1994. (ii) y (iv)] con necesidad [condición (iii)]. de personas con VIH o SIDA. por ejemplo.” (Corte Constitucional. la jurisprudencia ha señalado que “cuando un menor afiliado al Régimen Subsidiado de Salud. T-882. para que reciba un servicio médico que requiere.30 entidad de salud viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté incluido en el plan obligatorio de salud. T-523 de 2001. ha “(…) sido abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de protección de los derechos constitucionales de los enfermos de VIH. T-417 de 1997. la jurisprudencia constitucional ha fijado condiciones específicas para que se pueda ordenar la remisión de un paciente al exterior. T-058. T-024 y T-086 de 2005. T-833 y T-868 de 2004. . inherentes a la persona humana e independientes de cualquier circunstancia ajena a su núcleo esencial. T-326 de 2004]. T-171 de 1999. T-901 y T-984 de 2004.14 indicando. no puede oponerse la falta de reglamentación legal (decisión política) o la carencia de recursos para satisfacerlos. Esta decisión ha sido reiterada. FOSYGA. T-828. T-436 de 2003. quedando dicha entidad facultada para repetir en contra del FOSYGA. T-271 de 1995. pues frente a estos derechos. Debido al carácter de su enfermedad. 15 Por ejemplo. en el mismo sentido ver la sentencia T-069 de 2005.17”18”19 3. tanto en el contexto del régimen contributivo de salud. en las sentencias SU-819 de 1999 y T597 de 2001. Sin embargo. Como lo ha señalado la propia Corporación. la entidad prestadora de servicios se verá obligada a proporcionar y pagar el tratamiento requerido por el paciente así éste no se encuentre incluido dentro del plan obligatorio de salud -POS-. “(…) esta decisión ha sido reiterada por la jurisprudencia constitucional en varias ocasiones. Como lo mencionó esta Corporación. que existen casos en los cuales se deben tener en cuenta consideraciones especiales. SU-256 de 1996. que cumpla todos los requisitos para exigir una protección. 16 Tal es el caso. estas condiciones fueron fijadas en la sentencia T-395 de 1998 y reiteradas. POS. De cumplirse con los requisitos antes mencionados. la Corte ha señalado que el enfermo de VIH no sólo goza de iguales derechos que las demás personas. En la sentencia T-223 de 2006 se manifestó: personal. entre otras. cuando el servicio se requiera [que reúna las condiciones (i). sentencia T-074 de 2005 [en este caso se siguieron. en forma oportuna. 19 Sentencia T-760 de 2008. sino que además las autoridades están en la obligación de dar a estas personas protección especial con el fin de defender su dignidad y evitar que sea objeto de un trato discriminatorio. T-328 de 1998. 14 Ver. entre otras. Así quedó establecido en la sentencia T-126 de 2010 de la siguiente manera: “La EPS es autorizada a recobrar ante el Fondo de Solidaridad y Garantías.” Corte Constitucional. 17 Por ejemplo. entre otras. tiene derecho a que la entidad prestadora de salud a la cual está afiliado le preste el tratamiento requerido. cuando debe prestar o suministrar un servicio o medicamento que no se encuentra referenciado en el plan obligatorio de salud. 18 Corte Constitucional T-1022 de 2005.
”20 Luego. De hecho. Así. porque el servicio no se encuentra incluido dentro del plan obligatorio de servicios o bien porque está sometido a un ‘pago moderador’ (ver apartado 4. y por el otro.). no existe norma legal que ampare la negativa de prestarlos ya que por encima de la legalidad y normatividad. en principio. tendrá derecho a la acción de repetición contra el Estado. está la vida. No obstante. ante la constatación de esa situación de penuria. indicó con relación a la facultad de recobro lo siguiente: “. pues en casos de enfermedad manifiesta y ante la urgencia comprobada de la necesidad de esos servicios. es posible autorizar el servicio médico requerido con necesidad y permitir que la EPS obtenga ante el Fosyga el reembolso del servicio no cubierto por el POS. pues.5. la sentencia T-760 de 2008. (ii) que la persona no tenga la capacidad de pago para asumir personalmente el costo del tratamiento o medicamento que requiere. deben cumplirse dos condiciones para que se autorice a la EPS a ejercer la facultad de recobro ante el Estado: (i) por un lado.Expedientes T-2876514. para garantizar el goce efectivo de los derechos y garantías constitucionales. la integridad personal o la dignidad de la persona que requiere de los servicios por ellas excluidos. debe asumir. 21 Bien sea. que sistematizó y compiló las reglas jurisprudenciales referidas al derecho a la salud.3. T-2879284. En tales casos. En conclusión.4. por ejemplo. en la sentencia T 760 de 2008 en la que se dijo lo siguiente: 20 Sentencia T-223 de 2006. se causa un perjuicio a derechos fundamentales como la vida. T2877760. ya desde el año 2008 la Corte Constitucional estableció las bases jurisprudenciales con respecto al presente tema.4. pero ésta.4. como fundamento de todo el sistema. .21” Así. T-2882655 y T-2885909 31 “(…) cuando por el acatamiento de lo descrito en el Plan Obligatorio de Salud. para recuperar aquellos valores que legalmente no estaba obligada a sufragar. ha determinado la Corporación. cada situación concreta deberá ser evaluada. que el accionante requiera determinado medicamento o tratamiento que no se encuentre incluido en el plan obligatorio de salud y que este sea esencial para salvaguardar su derecho fundamental a la salud. que los costos del tratamiento serán asumidos por la entidad del sistema a que corresponda la atención de la salud del paciente. toda persona tiene el derecho a que se le garantice el acceso a los servicios de salud que requiera. como se indicó. la jurisprudencia constitucional ha considerado que si (sic) carece de la capacidad económica para asumir el costo que le corresponde. un costo adicional por el servicio que se recibirá. Cuando el servicio que requiera no está incluido en el plan obligatorio de salud correspondiente. tal reglamentación debe inaplicarse y se debe ordenar su suministro.
en consecuencia. asegurar el acceso a éste. tratamiento o actividad se encuentra incluido en el POS hay que entender que también lo están. cuando el servicio requerido con necesidad es negado a una niña o a un niño. (…) El derecho a la salud se viola especialmente. Cuando una persona requiere un servicio de salud que no se encuentra incluido dentro del Plan Obligatorio de Servicios. . las entidades encargadas de asegurar la prestación del servicio (EPS) deben cumplir con su responsabilidad y. por cuanto le corresponde la obligación de garantizar el goce efectivo del derecho. y carece de recursos para cubrir el costo del mismo que le corresponda asumir. y procede en consecuencia su recobro ante el Fosyga cuando son ordenados por un juez de tutela? Como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional las inclusiones y exclusiones del POS deben ser interpretadas conforme a un criterio finalista. la jurisprudencia constitucional y la regulación han reconocido a la entidad aseguradora el derecho de repetir contra el Estado a través del Fosyga.5.2. En la práctica este criterio de interpretación del POS implica que en los casos en los que un procedimiento. En tal sentido. que hayan sido ordenados por el médico tratante que ha valorado científicamente la necesidad del mismo y que el interesado no tiene para costearlo por sí mismo la capacidad económica (porque su costo es impagable por el interesado dado su nivel de ingreso o le impone una carga desproporcionada para él). según la cual se entienden excluidos los insumos no incluidos expresamente en el POS. Las dudas acerca de lo que se encuentra incluido o no en el POS deben ser interpretadas conforme al principio de integralidad. señalará que una entidad encargada de garantizar la prestación de servicios viola el derecho a la salud de una persona cuando no autoriza un servicio que requiera.1. los implementos y demás servicios de salud necesarios para su realización.9. es decir. No obstante. reiterando jurisprudencia constitucional aplicable. relacionado con la recuperación de la salud del interesado y el principio de integralidad. es el Estado quien ha de asumir el costo del servicio. (…) 2. sujetos de especial protección constitucional. mientras no exista un mecanismo institucional para resolverlas.32 “(…) La Sala. únicamente invocando como razón para la negativa el hecho de que no esté incluido en el plan obligatorio de servicios (…). Toda persona tiene el derecho constitucional a acceder a los servicios de salud que requiera con necesidad. El noveno y último problema jurídico formulado es ¿Vulnera el derecho a la salud la interpretación restrictiva del POS. (…) 5.
Ver también Sentencia T-859 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett) y Sentencia T-860 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett). si se incluye en el POS y debe ser por tanto suministrado en aplicación de un criterio finalista. En dicha oportunidad. las cuales fueron negadas por la EPS por considerar que se encontraban excluidas del POS. por negarse a suministrar las prótesis ortopédicas requeridas por el actor. La Corte ha afirmado que si bien no se encuentra incluido expresamente en el artículo 12.23 (ii) En caso de duda acerca de la exclusión o no de un servicio de salud del POS. la interpretación de las exclusiones debe ser restrictiva a la vez que la interpretación de las inclusiones debe ser amplia. Con todo. sentencia C-251 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero). 24 La Corte Constitucional ha aplicado en numerosas ocasiones el principio pro homine. en la cual se estudiaba el caso de una persona de la tercera edad a quien le habían ordenado un trasplante de Córnea. Ver también Sentencia C-148 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis) y C-318 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz). necesario para la misma. hay que reconocer que en algunos casos la Corte ha ordenado el suministro del lente intraocular como si estuviera excluido del POS.Expedientes T-2876514. T-2882655 y T-2885909 33 (i) Las inclusiones y exclusiones del POS deben ser interpretadas conforme a un criterio finalista. para recuperar la función motriz perdida tras la amputación de sus extremidades inferiores.”25 Con idénticos efectos la Corte ha señalado 22 En la sentencia T-941 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero). los implementos y demás servicios de salud necesarios para su realización de tal forma que cumpla su finalidad de lograr la recuperación de la salud. como regla interpretativa de la convenciones internacionales se ha señalado que “(…) en caso de conflictos entre distintas normas que consagran o desarrollan estos derechos. por ejemplo. Concluyó el alto Tribunal que las prótesis de extremidades inferiores estaban incluidas en el plan. la autoridad respectiva tiene la obligación de decidir aplicando el principio pro homine. una interpretación expansiva de las exclusiones es incompatible con dicho principio. el problema hermenéutico respecto de la inclusión o no de las prótesis en el POS.22 La aplicación concreta de este criterio se ha orientado a señalar que en los casos en los que un procedimiento. sin embargo. Por la razón anterior. Un grupo de casos importante en la aplicación de éste criterio es el del lente intraocular en la cirugía de cataratas. debe aplicarse la interpretación que resulte más favorable a la protección de los derechos de la persona. sino también cuando la vida digna del ciudadano se verá seriamente lesionada. T-007 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). esto es. tratamiento o actividad se encuentra incluido en el POS hay que entender que también lo están.24 Por ello. la Corte señaló: “Que el procedimiento de transplante de córnea esté expresamente incluido. por cuanto su finalidad es complementar la capacidad física del paciente. T-2879284. implica que todos los implementos necesarios para su realización también lo están. Al respecto la Corte ha señalado que “si se presentan dudas acerca de si un servicio. en la cual se estudió en caso de una menor con un déficit del aprendizaje a quien el habían ordenado terapia del lenguaje. de conformidad con el principio de integralidad. 25 Sentencia T-037 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). 23 Algunos casos en los cuales se ha aplicado este criterio: T-221 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett). En este caso se realizó una aplicación amplia de éste criterio de interpretación. Sentencias en las cuales se ha decidido así: Sentencia T-1081 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) T-852 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis). en la misma resolución bajo el código 02905 aparece el procedimiento “Extracción catarata más lente intraocular”. mal puede decirse que el tejido corneal. se trata de una prevalencia de las inclusiones particulares sobre las exclusiones generales. T2877760. sicológica y ocupacional. En consecuencia. esta Corporación consideró que el amparo procede no solamente cuando la vida del demandante se encuentre en grave peligro. así mismo. de conformidad con el principio ‘pro homine’. para cuya práctica requería un examen de tejido corneal. la Corte estudió la acción de tutela ejercida contra una IPS. por considerar que no se encuentra expresamente incluido en el artículo 12 de la Resolución 5261 de 1994 como una prótesis. procedimiento que se encuentra incluido en el POS. en muchas ocasiones las EPS han autorizado la cirugía de cataratas pero han negado el lente intraocular. aplicando la interpretación que resulte más favorable a la protección de los derechos de la persona. el cual no se encuentra expresamente incluido. relacionado con la recuperación de la salud del interesado y el principio de integralidad. imprescindible para la realización de la cirugía puede ser funcionalmente excluido del “procedimiento” como un todo”. el intérprete debe preferir aquella que sea más favorable al goce de los derechos”. elemento o medicamento están excluidos o no del POS. Se planteó. La Corte analizó el .
mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas. La Corte señaló que en aquellos casos en los que la exclusión depende del cumplimiento de unas condiciones la EPS. Por esta razón. Gestionar la prestación de los servicios de salud. podemos mencionar la sentencia T 760 de 2008 en la que se estableció lo siguiente: “(…) De acuerdo con el orden constitucional vigente. como se indicó. coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción. no están cubiertos por el plan obligatorio de salud -POS. dirigir. la Ley 715 de 2001 prevé que los entes territoriales asuman su costo por tratarse de servicios médicos no cubiertos con los subsidios a la demanda. la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental”. insumos y servicios que requieren los pacientes. las sillas de ruedas. Se advierte que los reembolsos al Fosyga únicamente operan frente a los servicios médicos ordenados por jueces de tutela o autorizados por el CTC en el régimen contributivo. La jurisprudencia de la Corte ha recalcado. que el ordenamiento jurídico colombiano ha prescrito que el derecho a la salud debe prestarse conforme con el principio de atención integral. el servicio de enfermera. || 43. El principio de atención integral en materia del derecho a la salud. caso y encontró que estas exclusiones no eran absolutas sino que dependían del cumplimiento de ciertas condiciones que la EPS no había evaluado para negar el servicio y que en el caso concreto no había lugar a la exclusión. entre ellos los pañales. antes de negar la prestación del servicio. eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. De las pruebas recogidas se advierte que en los cinco casos bajo análisis los elementos. 26 Por ejemplo en la sentencia T-574 de 2010. iii. si lo considera pertinente. En primer lugar.34 que en los casos de duda acerca de si un servicio médico se encuentra excluido se debe acudir a una interpretación que permita el goce efectivo del derecho. en varias ocasiones26. 1. Indica el artículo 43 de esa norma: “Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales. con los recursos asignados por concepto de participaciones y demás recursos cedidos. el servicio de transporte.ni en el régimen contributivo ni en el subsidiado. cuando el usuario pertenece al régimen subsidiado. está obligada a evaluar el caso concreto. se le asignan las siguientes funciones: (…) 43.1.2.2. de manera oportuna.2. atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. En estos mismos casos. que resida en su jurisdicción. 4. . Para tal efecto. corresponde a los departamentos. en su mayoría. etc. se estudiará en cada caso concreto si se cumplen los requisitos para ordenar a la respectiva EPS el suministro de lo solicitado y la posibilidad de recobro de los costos al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) en el caso del régimen contributivo o a la respectiva entidad territorial en el caso del régimen subsidiado. Reiteración de Jurisprudencia. Financiar con los recursos propios.
Por su parte. en cantidad. desde su inicio. enuncia este principio de la siguiente manera: “El sistema general de seguridad social en salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación. procedimientos. y todos los demás. T-2882655 y T-2885909 35 toda persona tiene derecho a que exista un Sistema que le permita acceder a los servicios de salud que requiera.5. por cualquiera de las razones dichas. Existe pues. es posible autorizar el servicio médico requerido con necesidad y permitir que la EPS obtenga ante el Fosyga el reembolso del servicio no cubierto por el POS. la jurisprudencia constitucional consideró que toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso a los servicios que requiera ‘con necesidad’ (que no puede proveerse por sí mismo). por otra parte. si una persona requiere un servicio de salud. desprotege el derecho a la salud de quien requiere el servicio. la jurisprudencia constitucional ha considerado que sí carece de la capacidad económica para asumir el costo que le corresponde. en un estado social de derecho. información y fomento de la salud y la prevención. por ejemplo. actividades e intervenciones. En el primer caso. toda persona tiene el derecho a que se le garantice el acceso a los servicios de salud que requiera. en principio. y en tal medida. .Expedientes T-2876514.). como se indicó. diagnóstico. la falla en la regulación se constituye en un obstáculo al acceso. T2877760. oportunidad. No obstante. existe un procedimiento para acceder al servicio (solicitud del médico tratante al Comité Técnico Científico). por una parte. calidad y 27 Bien sea. Así. Por lo tanto. se le brinda protección constitucional a una persona cuando su salud se encuentra afectada de forma tal que compromete gravemente sus derechos a la vida.27 (…)”. Esto sin importar si los mismos se encuentran o no en un plan de salud. una división entre los servicios de salud que se requieren y estén por fuera del plan de servicios: medicamentos no incluidos. a la dignidad o a la integridad personal. En otras palabras. y carece de la capacidad económica para acceder por sí misma al servicio de salud que requiere. un costo adicional por el servicio que se recibirá. Cuando el servicio que requiera no está incluido en el plan obligatorio de salud correspondiente. el numeral 3° del artículo 153 de la ley 100 de 1993. en tanto que en el segundo caso no. ante la constatación de esa situación de penuria. o de si la entidad responsable tiene o no los mecanismos para prestar ella misma el servicio requerido. y el Sistema no cuenta con un medio para lograr dar trámite a esta solicitud. porque el servicio no se encuentra incluido dentro del plan obligatorio de servicios o bien porque está sometido a un ‘pago moderador’ (ver apartado 4. el único camino hasta antes de la presente sentencia ha sido la acción de tutela. T-2879284. En conclusión. tratamiento y rehabilitación.4. debe asumir.
17.36 eficiencia. En esta sentencia también se precisaron las facetas del principio de atención integral en materia de salud: “A propósito de lo expresado.. en la sentencia T-576 de 2008 se precisó el contenido de este principio: “16. dentro de los cuales pueden señalarse a manera de ejemplo los siguientes: T-830 de 2006.SGSSS . con atención preventiva. T-760 de 2008. Sociales y Culturales del mismo modo que por las regulaciones en materia de salud y por la jurisprudencia constitucional colombiana. T-122 de 2001 y T-079 de 2000. con independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la prestación de un servicio específico. entre otras. los jueces de tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento29. suministro de medicamentos. la Corte Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones que la atención en salud debe ser integral y por ello. de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud”. T-319 de 2003.El principio de integralidad es así uno de los criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección del derecho constitucional a la salud. intervenciones quirúrgicas. (subrayas fuera de texto). se distinguen dos perspectivas desde las cuales la Corte Constitucional ha desarrollado el principio de 28 Consultar Sentencia T-518 de 2006. De conformidad con él. comprende todo cuidado. prácticas de rehabilitación.. médico quirúrgica y medicamentos esenciales. 30 En el mismo sentido ver las sentencias T-053 de 2009. el literal c del artículo 156 de la misma ley dispone que “Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan integral de protección de la salud. T-062 de 2006. En concordancia con ello.” Así mismo. Por eso. T-136 de 2004. T-1059 de 2006.”30 (Subrayado fuera del texto original). 29 Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes fallos. la Corte ha enfatizado el papel que desempeña el principio de integridad o de integralidad y ha destacado.Sobre este extremo. T-133 de 2001. las entidades que participan en el Sistema de Seguridad Social en Salud . De igual forma. . la forma como este principio ha sido delineado por el Comité de Derechos Económicos. especialmente. que será denominada el plan obligatorio de salud.deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes. exámenes de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados así como todo otro componente que los médicos valoren como necesario para el restablecimiento de la salud del/ de la (sic) paciente28.
31 La otra perspectiva. ni se encuentran registrados en ninguna guía terapéutica. en la sentencia T-212 de 2008 se protegió el derecho a la salud. y también puede causar convulsiones. el compendio de prestaciones orientadas a asegurar que la protección sea integral en relación con todo aquello que sea necesario para conjurar la situación de enfermedad particular de un(a) paciente. T-016 de 2007 y T-926 de 1999.. Esto es. ni hacen parte de ningún protocolo médico de atención. También se llama SWS (En: www. el pago del transporte para trasladar a la menor al sitio indicado por la E. por lo general en un lado de la cara.S. se encamina a destacar la necesidad de proteger el derecho constitucional a la salud de manera tal que todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada condición de salud. que llama la atención sobre las distintas dimensiones que proyectan las necesidades de las personas en materia de salud. requerimientos de orden preventivo. informativo. .P.cancernet. educativo. valga decir. quien padece desde su nacimiento de síndrome de Sturge Weber32. la piel y los ojos. en relación con la solicitud de suministro de 120 pañales desechables mensuales para la menor Juliana Muñoz Jiménez. crisis convulsivas y parálisis derecha. sean garantizadas de modo efectivo.Expedientes T-2876514. en tanto “NO CONSTITUYEN una atención médico – asistencial. 32 Es un trastorno congénito poco frecuente que afecta el cerebro.gov). por lo tanto no determinan un resultado al manejo de la patología y su cobertura no estaría dentro de los alcances de atención en salud y su no cubrimiento por parte del Sistema General de Salud no atenta contra ningún derecho 31 Sobre el particular se puede consultar las sentencias T-307 de 2007. el argumento esgrimido por la entidad accionada en el escrito de contestación de la acción de tutela. entre otras. T2877760. T-2879284. y una silla de ruedas. dificultades de aprendizaje y glaucoma. y que los gastos de transporte obedecen a una solicitud efectuada voluntariamente por la madre de la menor únicamente con fines económicos. para la realización de las terapias dispuestas por el médico tratante. fisiológico. emocional. social. Este crecimiento anormal produce una coloración roja o púrpura de la piel (a veces llamada mancha de vino de Oporto). relativa a la integralidad del concepto mismo de salud. en el sentido de señalar que se trata de insumos que hacen parte del aseo personal. para nombrar sólo algunos aspectos. a la vida y a la dignidad humana de una menor que presentaba retardo sicomotor. La EPS accionada negó lo solicitado por considerar que los pañales son insumos de aseo personal que están a cargo exclusivamente de la familia de la menor. Una. por ejemplo. dolencias que no le permitían hacer nada por sí misma. T-2882655 y T-2885909 37 integridad de la garantía del derecho a la salud. La jurisprudencia constitucional ha aplicado este principio en diferentes casos. En esta oportunidad la Corte consideró lo siguiente: “(…) No es de recibo para la Sala. estando imposibilitada para hablar y caminar.” 2. que deben estar a cargo de los familiares de la paciente. psicológico. Se presenta un crecimiento anormal de vaso sanguíneo en el nervio trigémino de la cara y las meninges (membranas que recubren) del cerebro. La accionante solicitaba para la niña el suministro de 120 pañales desechables cada mes.
Este deber de protección no solo radica en cabeza de las y de los legisladores sino también le corresponde ejercerlo a todas las autoridades públicas sin excepción.” Bajo este argumento de orden formal. y tenía como beneficiario del servicio de salud a su hijo. de quien se predica la prevalencia de sus derechos (Art. Era una familia de escasos recursos. quienes eran personas de la tercera edad. Discapacidad. dormía en la misma cama con sus padres para evitar que se desplomara en las noches ante un eventual ataque epiléptico. es claro que no suministrar los pañales solicitados por la madre de la menor Juliana Muñoz Jiménez. vulnera el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. [Con el suministro de los pañales desechables] lo que busca en últimas es la protección del derecho fundamental a la vida en condiciones de dignidad34. (…)”. 1. El padre contaba con 86 años y la madre con 80 años de edad. es deber del Estado prestar el servicio de salud en condiciones de eficiencia e integralidad. se encuentra seriamente afectado.A. ya sea de naturaleza permanente o temporal. 47 Superior)33. En ese caso. máxime cuando se trata de una persona discapacitada que requiere de especial cuidado y atención por parte de las autoridades públicas.” 34 T-988 de 2007. quien padecía de parálisis cerebral y epilepsia parcial de difícil control.38 fundamental. 44 de la Constitución) y debe gozar de una atención integral por parte del Estado (Art. pues sería tanto como aceptar dilaciones injustificadas que ponen en grave peligro los derechos fundamentales. la accionante era cotizante directa de la EPS Cruz Blanca S. P. salta a la vista que el principio constitucional a la dignidad humana de la menor Juliana Muñoz Jiménez. mental o sensorial. 3. De esta forma. Debido a las afecciones que el hijo sufría. pues se trata de un sujeto de especial protección constitucional (Art. Ante esas circunstancias la Corte indicó. ni tampoco la posibilidad de bañarlo diariamente. M. El término “discapacidad” significa una deficiencia física. pues por tratarse de un menor discapacitado. 33 La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas discapacitadas. y con mayor razón de aquellos que padecen algún tipo de limitación física. que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. En esa oportunidad el Tribunal Constitucional concluyó: “(…) El Estado ni las autoridades públicas pueden negarse a brindar las condiciones normativas y materiales que permitan a personas discapacitadas compensar sus limitaciones para obtener una real integración a la sociedad. en tanto se trata de una facultad inherente a todos los seres humanos. incluso a los particulares que –como las Empresas Promotoras de Salud. 13 de la Constitución). que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria.prestan el servicio público de salud. Humberto Antonio Sierra Porto. que no tenía la opción de comprar pañales desechables. El hijo vivía con sus padres. como orientador del Estado Social de Derecho. de tal suerte que las condiciones de vida mejoren.” . razón por la cual no puede permitirse desde la perspectiva constitucional. que este tipo de justificaciones evasivas perduren. define el vocablo discapacidad en los siguientes términos: “Artículo I. La sentencia T-053 de 2009 también es un ejemplo de la aplicación de este principio.
la legislación ha establecido un régimen de exclusiones. resulta pertinente mencionar además una sentencia más reciente. la T-437 de 2010. En dicha sentencia la Corte se pronunció acerca del caso de una persona de la tercera edad que requería del uso de pañales desechables y guantes para su cambio. pasando por alto aquello que no los comprometa de manera grave y vital. como quiera que en decisiones anteriores esta Sala ha ordenado el suministro de prestaciones sin una orden médica35 y que en el caso concreto el señor Luis Eduardo Rivera Cortés presenta una PARÁLISIS CEREBRAL y sufre de EPILEPSIA PARCIAL DE DIFÍCIL CONTROL lo que produce. T-975 de 2008 y T-601 de 2008. la integridad personal y la dignidad humana. 36 Sentencia T-053 de 2009. busca garantizar los principios de universalidad. lo siguiente: “Ahora bien. su no autorización vulnera o pone en peligro derechos constitucionales fundamentales de las personas como la vida. por lo tanto y dada la indiscutible escasez de recursos. la Corte ordenó el suministro de PAÑALES DESECHABLES a una menor que sufría de INCONTINENCIA. eficiencia. En este caso la Corte consideró lo siguiente: “(…) Ahora bien. Al respecto. a pesar de no estar contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Sobre el tema también se pueden consultar las sentencias T-653 de 2008. No obstante. como es evidente y notorio. sustentando su decisión en que tal padecimiento es un hecho notorio que no necesita de una orden médica que respalde la necesidad del suministro de los insumos que se solicitaban ante la Entidad Promotora de Salud. priorizando lo más urgente y necesario para salvaguardar los derechos de los afiliados. . T-2879284. incluso en aquellos eventos en los que el médico tratante no haga una prescripción específica o no sugiera que se lleve a cabo un determinado tratamiento cuando éste parece vital. T2877760. 35 Consúltese la sentencia T-975 de 2008. La EPS accionada negó el suministro de dichos productos por considerar que éstos están excluidos del POS. En esa oportunidad. en la que también se estudió el tema de la integralidad de los tratamientos y del suministro de pañales y otro tipo de insumos. existen circunstancias que ameritan el suministro de un medicamento o la práctica de un tratamiento o intervención que. una INCONTINENCIA URINARIA y su IMPOSIBLE MOVILIZACIÓN esta Sala le ordenará a la EPS Cruz Blanca que le suministre (i) los PAÑALES DESECHABLES necesarios para mantenerlo en condiciones higiénicas. (ii) el SERVICIO MÉDICO DOMICILIARIO y (iii) LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS REQUERIDOS POR EL PACIENTE EN SU DOMICILIO. tras haber sufrido una parálisis total de su cuerpo. T-2882655 y T-2885909 39 con base en los postulados acerca del principio de atención integral.Expedientes T-2876514. solidaridad e integridad.”36 4. no debe olvidarse que el sistema que orienta la seguridad social en salud. En ese orden es posible concluir que la atención médica que deben prestar las EPS debe ser en todos los casos integral y completa.
(…)”. iii) Que la orden del tratamiento. o que existiendo éste no tenga la misma efectividad que el excluido y sea necesario proteger el mínimo vital del paciente. los mismos deben suministrársele por parte de la E. que resultan de vital importancia para el paciente o bien porque de ellos depende su vida.S encargada de brindarle el servicio de salud. se pueden consultar entre otras las sentencias T-500/94. tratamiento o medicamento que no pueda ser sustituido por otro previsto en el POS. (Subrayas fuera de texto). lo cual debe entenderse no sólo cuando existe inminente riesgo de muerte sino también cuando la ausencia de ellos afecta las condiciones de existencia digna. del suministro de unos elementos que aunque no se consideren propiamente medicamentos.a la que se encuentre afiliado el accionante. tratamiento o diagnóstico amenace o vulnere los derechos fundamentales a la vida o la integridad personal del afiliado. esta Corporación ha indicado la necesidad de verificar el cumplimiento de determinados requisitos.P. contrato de medicina prepagada o planes de salud ofrecidos por determinadas empresas a sus empleados.37 Bajo este entendido. T-523/01. que resulta plenamente aplicable a los casos bajo estudio. ii) Que se trate de un procedimiento. iv) Que el enfermo acredite que no puede sufragar el costo del procedimiento. además. y que no están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud. 37 Al respecto. . tal y como lo estableció la jurisprudencia anteriormente citada. no tenga acceso a otro sistema o plan de salud para conseguirlo. aun cuando se encuentren excluidos del Plan Obligatorio de Salud. procedimiento o suministro del medicamento provenga de un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud –EPS. o bien porque sin ellos se vulneran sus derechos fundamentales como la dignidad humana. como en el presente caso. T-586/02 y T990/02. SU-819/99. a saber: i) Que la falta del medicamento. son esenciales para proporcionar una vida en condiciones dignas al paciente. tratamiento o medicamento y. gr. 5. arguye la Sala que cuando un usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud cumple con los anteriores requisitos y necesita.40 En este sentido. Es posible concluir entonces que. v. hay eventos en los que es necesario que el juez de tutela ordene a la EPS accionada que preste un determinado tratamiento o suministre determinados medicamentos o insumos.
“(i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento. desplazamiento que. 40 Corte Constitucional. en ocasiones. donde los usuarios.Expedientes T-2876514. . 39 Cfr. T2877760. También se ha garantizado la posibilidad de que se brinden los medios de transporte y traslado a un acompañante cuando este es necesario.P. en las sentencias T-962 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-459 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). éste podrá ser remitido al municipio mas cercano que cuente con el (sic). lo cual puede implicar tener derecho a los medios de transporte y gastos de estadía. (ii) requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado. si bien el transporte y el hospedaje del paciente y su acompañante no son servicios médicos. pretendían que las respectivas EPS asumieran el valor de su transporte. 41 Corte Constitucional. Esta regla jurisprudencial también fue utilizada en un caso similar contenido en la Sentencia T-1079/01 M. Reglas jurisprudenciales sobre el cubrimiento de gastos de transporte para pacientes y sus acompañantes por las EPS. debe ser financiado porque el paciente no cuenta con los recursos económicos para acceder a él. Adicionalmente. Tal y como quedó establecido en la sentencia T-760 de 2008. De hecho. se analizaron algunos casos. sentencia T-197 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño). Alfredo Beltrán Sierra. hay ciertos casos en los que el acceso efectivo al servicio de salud depende de que el paciente pueda desplazarse hacia los lugares donde le será prestada la atención médica que requiere. no sólo se ha garantizado el derecho al transporte y a otros costos que supone el desplazamiento a otro lugar distinto a aquel de residencia. Sentencia T-900/02 M.”41 3. La regla jurisprudencial aplicable para la procedencia del amparo constitucional respecto a la financiación del traslado del acompañante ha sido definida en los siguientes términos. 1.P. intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio del Sistema de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud). la integridad física o el estado de salud del usuario39”40. 2. De este modo. al ser remitidos a lugares distintos al de su residencia para la práctica de distintos procedimientos médicos. para acceder a un servicio de salud requerido. T-2882655 y T-2885909 41 iv. basándose en la regulación existente al respecto38. Así pues. T-2879284. Esta decisión ha sido reiterada por la Corte en varias ocasiones. Reiteración de Jurisprudencia. Los gastos de desplazamiento generados en las remisiones serán de responsabilidad del paciente. se fundó en el artículo 2º de la Resolución No. una de las principales decisiones dentro de esta línea jurisprudencial. sentencia T-350 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño). Corte Constitucional. en tanto señala que ‘cuando en el municipio de residencia del paciente no se cuente con algún servicio requerido. (…)’. toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que 38 En la sentencia T-350 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño). En esta decisión. entre otras. ha señalado que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios que requiera. solicitud que fue desestimada por la Corte ante la falta de concurrencia de los requisitos de incapacidad económica del paciente y su familia y conexidad entre el tratamiento y la vida e integridad física del mismo. salvo en los casos de urgencia debidamente certificada o en los pacientes internados que requieran atención complementaria. la jurisprudencia constitucional. 5261 de 1994 del Ministerio de Salud (Manual de actividades. se ha establecido que la obligación de asumir el transporte de una persona se trasladará a las EPS únicamente en los eventos donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida. Alfredo Beltrán Sierra.
cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia. cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de su residencia. Por ello. por seguros de accidente de tránsito. en caso necesario. y aunque no es una prestación médica como tal. Tiene derecho además. (ii) cuando el paciente sea remitido en ambulancia para recibir atención domiciliaria bajo la responsabilidad del prestador de salud. debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo. debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo. a que se costee el traslado de un acompañante.42 requiere con necesidad. que requieran de atención en un servicio no disponible en la institución remisora. y según el criterio del médico tratante. se deben eliminar las barreras que impiden la materialización efectiva del servicio. el prestador del servicio. Igual ocurre en caso de ser remitido a atención domiciliaria. con base en el estado de salud del paciente. “PARÁGRAFO 1o. que no cuenta con el servicio requerido. en los eventos en que el paciente siga estando bajo la responsabilidad del respectivo prestador. y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado”. y (iii) cuando se requiere el transporte de un paciente 42 Cuya vigencia rige a partir del 1° de enero de este año. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. implica que. de los pacientes remitidos. además de brindarse los tratamientos médicos para proteger la salud de la persona. tal y como lo precisó la Corte en sentencia T 352 de 2010: “ (…) 1. Si en concepto del médico tratante. especialmente cuando las personas carecen de los recursos económicos para sufragarlo. “El servicio de traslado de pacientes cubrirá el medio de transporte adecuado y disponible en el medio geográfico donde se encuentre. se encuentra incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado. el valor del transporte deberá ser asumido por ellos antes del cubrimiento del Plan Obligatorio de Salud de ambos regímenes. el paciente puede ser atendido en un prestador de menor nivel de atención el traslado en ambulancia. según las condiciones de cada régimen y teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde están siendo atendidos. ha considerado que “toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que [le] impidan… acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad. también hace parte del POS o POS-S según el caso. de conformidad con el Acuerdo 08 de 2009 emitido por la Comisión de Regulación en Salud42. Esta Corte ha identificado que el transporte es un medio para acceder al servicio de salud. en los términos de la cobertura del seguro y la normatividad vigente. La garantía constitucional de acceso a los servicios de salud. el concepto del médico tratante y el destino de la remisión y de conformidad con las normas del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud. encuentra casos de cobertura parcial o total. si su presencia y soporte se requiere para poder acceder al servicio de salud.3. Si realizado el traslado. en los siguientes casos43: (i) para el traslado en ambulancia entre instituciones prestadoras de servicios de salud de pacientes remitidos por otra institución. seguros escolares y similares. 43 La norma en mención expresamente señala: “ARTÍCULO 33.” . El Plan Obligatorio de Salud de ambos regímenes incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional. en ocasiones se constituye en una limitante para lograr su materialización. y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado. “PARÁGRAFO 2o. El transporte es un servicio que.
T-493 de 2006. . T-1158 de 2001. en un medio diferente a la ambulancia. y recientemente en las siguientes sentencias: T-057 de 2009. pueden recibir efectivamente el servicio médico ordenado.962 de 2005. esta carencia se constituye en una barrera para acceder al goce efectivo de su derecho a la salud. T2877760. y en consecuencia. procede la acción de tutela para ordenar a la EPS que pague los costos pertinentes y. T-346 de 2009 y T-550 de 2009. La inclusión del transporte en el Plan Obligatorio de Salud no es absoluta. cuando la carencia de recursos para sufragar el desplazamiento impide que una persona se traslade a una IPS para recibir un servicio médico. por ejemplo en las sentencias T-1079 de 2001. recobre a la entidad estatal correspondiente. donde el juez debe evaluar la pertinencia. para que el paciente tenga derecho a que la EPS cubra los gastos de transporte y estadía que sean necesarios para que pueda recibir los servicios médicos que necesita. Acuerdo 8 de 2009 de la CRES (Comisión de Regulación en Salud) artículo 34. T. ya que no basta con que en el municipio donde reside el paciente no exista la prestación médica que requiere. requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio 44 Cfr.45” Sumado a lo anterior. 46 Sentencia T-550 de 2009. 4. 45 Esta regla jurisprudencia fue establecida en la Sentencia T-900 de 2000. Por ende. así como las condiciones económicas del actor y su núcleo familiar. si éste ni su familia disponen de los recursos suficientes para tal fin y se comprometen sus derechos fundamentales. para que acceda a un servicio que no esté disponible en el municipio de su residencia44. esta Corte ha reconocido que: “(…)… la identificación de los eventos en los cuales es viable autorizar el servicio de transporte o suministrar ayuda económica depende del análisis fáctico en cada caso concreto. se requiere que el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento. La Corte Constitucional la ha utilizado en casos similares. En los demás casos. necesidad y urgencia de la medida. Así entonces.Expedientes T-2876514.46 (…)”. solamente los pacientes “ambulatorios” que se encuentren bajo los supuestos que señala la norma. para que los planes de salud cubran el traslado con la finalidad de acceder al servicio. T-2882655 y T-2885909 43 ambulatorio. corresponderá al Juez Constitucional aplicar la regla jurisprudencial para la procedencia del amparo para financiar el traslado. por los valores que no esté obligada a sufragar”. la integridad física o el estado de salud del usuario. posteriormente. Queda entonces claro que. T-2879284. cuando deban prestarse servicios médicos en lugares diferentes al de la sede del paciente. en los casos donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida.
las cuales no requieren prueba. en sentencia T 940 de 2009 la Corte Constitucional estableció que. Así quedó establecido en la sentencia T-760 de 2008 de la siguiente manera: “(…) Desde el inicio de su jurisprudencia la Corte Constitucional ha defendido el derecho que a toda persona se le garantice la continuidad del servicio de salud.48 Para la jurisprudencia “(…) puede hacerse la distinción entre la relación jurídica. De este modo. el acceso a un servicio de salud debe ser continuo. los pacientes que así lo requieran tienen derecho a que los costos de transporte y estadía sean sufragados por la EPS. pero ello no implica que pueda dar por terminada inmediatamente la relación jurídica– material. que el servicio de salud no sea interrumpido. pues consideró que “[la] interrupción inconveniente. a pesar de que se le atendía en condición de beneficiario de su padre. En lo que tiene que ver con el último requisito. Reiteración de Jurisprudencia. Esta protección se ha reconocido en 47 Corte Constitucional. que se establece entre la institución y los usuarios. la Corte tuteló el derecho de un menor a que el Hospital acusado lo siguiera atendiendo. la Corte Constitucional ha entendido que el no contar con la capacidad económica es una negación indefinida que no requiere ser probada y que invierte la carga de la prueba en el demandado. y no puede ser interrumpido súbitamente. sentencia T-059 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis). abrupta o inopinada de las relaciones jurídico-materiales de prestación no se concilia con el estado social de derecho y con el trato que éste dispensa al ser humano”. sentencia T-597 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).material. quien deberá demostrar lo contrario”. una vez éste haya sido iniciado. frente a la prueba de la falta de capacidad económica por parte del usuario o de su familia para asumir los servicios médicos. esto es la prestación del servicio que se materializa en una obligación de medio o de resultado según el caso. y la relación jurídica-formal. En este sentido. 48 Corte Constitucional. por ser estudiante. El principio de continuidad.44 adecuado de sus labores cotidianas y también que ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado. 1. un servicio o un tratamiento no puede interrumpirse de manera repentina dejando al paciente desprotegido en su salud. se “ha acogido el principio general establecido en nuestra legislación procesal civil. excepto los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas. . súbitamente. siempre y cuando demuestren que ni ellos ni sus familiares pueden sufragarlos. 49 Corte Constitucional. v. referido a que incumbe al actor probar el supuesto de hecho que permite la consecuencia jurídica de la norma aplicable al caso. Se ha establecido ya en la jurisprudencia constitucional que los servicios de salud deben prestarse de manera continua. en especial si a la persona se le está garantizando el acceso a un servicio de salud. sentencia T-597 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). en este caso.47 Se garantiza pues. antes de la recuperación o estabilización del paciente. puede terminar la relación jurídico–formal con el paciente de acuerdo con las normas correspondientes.”49 Una institución encargada de prestar el servicio de salud. en este caso se tuteló el derecho de un joven de 23 años a que no se interrumpiera el tratamiento que recibía por un problema de adicción que lo llevó a perder su cupo como estudiante. es decir.
EPS o empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el menor). Para la Corte. la entidad respectiva tendrá derecho a repetir contra este fondo.”51 2. se consideró que “(…) Para la Sala. de manera 50 En la sentencia T-841 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández) se protegió el derecho de una persona a continuar recibiendo la atención médica requerida para tratar los problemas de salud que tenía. entonces. Dicha conclusión se deriva del principio de continuidad del servicio de salud. con cargo a recursos del Fosyga. será la entidad accionada (EPS. en la sentencia T-519 de 2008 se resolvió el caso de una mujer a quien la EPS le negó los tratamientos que requería por haber fallecido su padre quien la tenía como beneficiaria en su contrato de salud. Así mismo. (ii) venían siendo prestados por la entidad accionada (ARS. las Fuerzas Armadas. hasta tanto otra entidad prestadora de servicios de salud asuma de manera efectiva la prestación de los servicios requeridos. T-2879284. En este evento. como por ejemplo. ARS o por la empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el menor) y (iii) fueron ordenados por su médico tratante. en este caso se resolvió que “(…) Coomeva EPS viola el derecho fundamental a la salud de Julián Orlando García Delgado al suspender el suministro de un tratamiento médico que requiere. será la entidad accionada (EPS. De otro lado. En efecto. (ii) venían siendo prestados por la entidad accionada (EPS. entonces. hasta tanto se logre la afiliación de la actora al sistema de seguridad social integral. T-2882655 y T-2885909 45 diferentes ámbitos. la encargada de continuar con su suministro. la entidad se encuentra en la obligación de suministrar el tratamiento solicitado y prestar integralmente el servicio de salud relativo a dicha enfermedad que sea ordenado por el médico tratante. 51 Sentencia T-127 de 2007 (MP MJCE). T2877760. considera la Corte que si los servicios requeridos (i) se encuentran dentro del Plan (POS o POSS). 8.50 La jurisprudencia constitucional considera que “(…) La Corte ha afirmado que los servicios de salud que se deba continuar prestando pueden estar o no incluidos en los Planes Obligatorios (POS y POSS). Una vez suministrado el servicio médico excluido del Plan. a través del régimen contributivo o subsidiado. antes de que éste haya sido efectivamente asumido por otro prestador. y (iii) son necesarios para tratar o diagnosticar una patología grave que padece. si tales servicios (i) se encuentran fuera del Plan. como consecuencia de una onda explosiva en enfrentamiento con tropas enemigas.” . generan un deber de continuidad en la prestación de los servicios médicos que requiere el tratamiento de una enfermedad. así como el principio de confianza legítima. ARS. o empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado) la encargada de continuar con su suministro. con cargo a sus propios recursos. ARS o la empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el menor).Expedientes T-2876514. esta Corporación ha sostenido en numerosas ocasiones que los principios constitucionales que informan el derecho a la salud y la obligación del Estado de garantizar su prestación.
Deber de garantizar el acceso a los servicios de salud. sentencia T-635 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) La accionante. Manuel José Cepeda Espinosa). vi. viola el derecho a la salud de ésta. suspender de manera abrupta un tratamiento ante la circunstancia en la que la persona pierde su calidad de afiliada a una determinada EPS por razones ajenas a su voluntad. No se impartió orden alguna por ser un hecho superado.P. Cuando una EPS ha iniciado la prestación de un servicio o tratamiento debe continuar con el mismo hasta tanto la persona afectada logre afiliarse nuevamente. La jurisprudencia constitucional ha garantizado el derecho a acceder a los servicios de salud. Manuel José Cepeda Espinosa). Esto es razonable. cuando dichos servicios se requieren necesariamente para su rehabilitación.52 Resulta contraria a los principios constitucionales de solidaridad. 53 Corte Constitucional. Queda entonces claro que. T-1218 de 2004 (M. Álvaro Tafur Galvis). entre muchas otras. (…)”. por ejemplo. una interpretación literal del ordenamiento jurídico en materia de salud y seguridad social que se oriente a restringir o impedir la continuidad del acceso a los servicios médicos a una persona por el solo hecho de ser desvinculada. quien padecía una enfermedad catastrófica.P. si con ello se pone en riesgo la vida y la integridad física de la persona. siempre que tales trámites no demoren excesivamente el acceso al servicio y no impongan al interesado una carga que no le corresponde asumir. resulta violatorio de los derechos fundamentales de la misma. a veces. de continuidad en la prestación de los servicios de salud y de protección especial a personas en situación de debilidad manifiesta. cuando por razones de carácter administrativo diferentes a las razonables de una administración diligente.P. ya que de ello también dependen la oportunidad y la calidad del servicio. el acceso al servicio médico requerido pasa. Humberto Antonio Sierra Porto). T125 de 2007 (M. el servicio de salud se venía prestando de manera regular y fue interrumpido tan pronto la entidad advirtió que la actora había perdido la condición de beneficiaria. 3. T-351 de 2005 (M. entre otras. T-881 de 2003 (MP Rodrigo Escobar .P. Así. Esta sentencia ha sido reiterada. Clara Inés Vargas Hernández). en las sentencias T-614 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett). una EPS demora un tratamiento médico al cual la persona tiene derecho. En el sistema de salud colombiano. 1.P. T015 de 2006 (M. En este sentido. T-654 de 2006 (M. T-011 de 2008 (M.P.P. por la superación de determinados trámites administrativos.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). En el presente asunto. bien sea al régimen contributivo o al subsidiado. Rodrigo Escobar Gil).46 que no pueden ser interrumpidos abruptamente. libre de obstáculos burocráticos y administrativos.53 52 Sentencias T-1210 de 2003 (M. Jaime Araujo Rentería). libre de trámites y procedimientos administrativos engorrosos e innecesarios. no había podido acceder al servicio de salud ordenado por su médico tratante. T-656 de 2005 (M. Reiteración de Jurisprudencia. con dicho proceder se interrumpió el tratamiento de una enfermedad grave y se puso en riesgo la vida y la integridad física de la accionante.
T-566 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). se ha considerado que se irrespeta el derecho a la salud de los pacientes cuando se les niega el acceso a un servicio por no haber realizado un trámite interno que corresponde a la propia entidad. Específicamente el hecho de ser paralítico tiene graves consecuencias en las personas que se encuentran en esta situación. 1. entre ellas en la sentencia T1016 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis). cuando se le niega el acceso al servicio con base en el argumento de que la persona no ha presentado la solicitud al Comité. corresponde al médico tratante solicitar al Comité Técnico Científico la autorización de los servicios de salud no incluidos dentro del plan obligatorio de salud respectivo. ‘la solicitud de la autorización de un servicio de salud no incluido dentro del POS al Comité Técnico Científico’. Para la Corte ‘las EPS no pueden imponer como requisito de acceso a un servicio de salud el cumplimiento de cargas administrativas propias de la entidad’. una EPS viola el derecho a la salud de una persona. T2877760. como ya se ha dicho. el accionante es un adulto que además de tener múltiples desórdenes mentales se encuentra en silla de ruedas hace 13 años tras haber recibido un disparo en el pecho que comprometió su columna vertebral.55 Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional. puesto que crea una barrera para acceder al servicio. En tal sentido. 55 En este mismo se ha pronunciado la Corte Constitucional en otras ocasiones. vii. Expediente T 2876514 1. en lo que se refiere a las patologías psiquiátricas. Análisis de los Casos Concretos. Por otra parte. las personas destinadas a permanecer en una silla de Gil). En este caso. realizar un trámite al interior del Sistema de Salud. T-2882655 y T-2885909 47 Los trámites burocráticos y administrativos que demoran irrazonablemente el acceso a un servicio de salud al que tienen derecho. irrespeta su derecho a la salud. es decir. irrespetan el derecho a la salud de las personas. Además de lo anterior. T-258 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández). es la EPS la que debe encargarse de realizar el resto de los trámites.1. T-1111 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández). incluidos los esfínteres. como por ejemplo. porque no realizó un trámite que le corresponde realizar a la propia entidad. . En conclusión. Resulta evidente que se trata de padecimientos que menoscaban la salud y la vida en condiciones dignas de cualquier ser humano. artículo 40. cuando una EPS niega servicios de salud a una persona que tiene derecho a ellos. tales como la imposibilidad de caminar y de moverse por sus propios medios y de controlar el cuerpo. Expresamente.”54 En especial.Expedientes T-2876514. la regulación ha señalado que “(…) los trámites de verificación y autorización de servicios no podrán ser trasladados al usuario y serán de carga exclusiva de la institución prestadora de servicios y de la entidad de aseguramiento correspondiente. éstas son enfermedades que requieren de atención y medicación permanente que no puede suspenderse de manera abrupta. de allí en adelante. T-2879284. 54 Decreto 1703 de 2002. En este caso basta con que la persona se dirija a la EPS a la que se encuentra afiliada y haga la respectiva solicitud. 2.
quien cotizaba por él. no puede significar que de un momento a otro este hombre se vea desprotegido en lo . Solicita además que se le suministren tres pañales desechables diarios por cuanto está usando pañales de tela y éstos le causan graves problemas en su piel. De lo que fue explicado anteriormente en esta providencia. mientras él consigue afiliarse al régimen subsidiado. sin que se interponga ningún tipo de traba u obstáculo y sin que los servicios se suspendan de manera intempestiva. En el caso concreto. y que dicho tratamiento sea continuo y permanente. frecuentemente sufren de alteraciones en su piel que resultan extremadamente dolorosas y que deben tratarse de manera oportuna. es decir. la Corte se pronunciará de la siguiente manera: a. en casos como éste resulta de fundamental importancia que el paciente cuente con la posibilidad de recibir un tratamiento integral que le permita alcanzar condiciones de salud estables y una vida digna. 1. considera el accionante que. debe comprender todo cuidado. suministro de medicamentos. tanto el Estado como las EPS deben garantizar que las personas en situación de discapacidad tengan acceso a todo aquello que resulte necesario para la optimización de su desarrollo integral en la medida de lo posible. se encuentra la Sala frente a un paciente psiquiátrico que no puede interrumpir sus medicamentos y que además padece de intensos dolores por las llagas que le produce el hecho de permanecer sentado o acostado. ya que con ello se pondría en riesgo la salud de los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior. El hecho de la muerte de su padre. Se ha mencionado en acápites anteriores que el derecho a la salud es un derecho fundamental. requiere que de manera inmediata la Nueva EPS continúe brindándole la atención y los servicios que le venía brindando hasta antes del fallecimiento de su padre. exámenes de diagnóstico. dado su estado de salud. se deduce que toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso a los servicios que requiera ‘con necesidad’. o bien porque era beneficiario de un cotizante y éste deja de aportarle al sistema. 1.2. de la presente providencia. las EPS no pueden suspender de manera abrupta la prestación de los servicios a ningún paciente. razón por la cual. la respectiva EPS debe mantener a la persona en las mismas condiciones en que se encontraba hasta tanto ésta logre ubicarse en otro régimen o como beneficiario de otra persona o como contribuyente en sí mismo. En aquellos eventos en los que el afiliado deba ser retirado del sistema. o bien porque ya no está en la capacidad de seguir cotizando. así como todo otro componente que los médicos consideren necesario para el restablecimiento o mantenimiento de la salud del paciente. En este caso concreto. En lo que se refiere a la continuidad en la prestación de los servicios de salud por parte de la Nueva EPS. Frente a lo anterior.48 ruedas y a recurrir de manera constante al uso del pañal.3. la Corte ha indicado en repetidas ocasiones que la atención en salud debe ser integral. y. tal y como quedó establecido en el punto v. intervenciones quirúrgicas. prácticas de rehabilitación. en concordancia con esto.
vale la pena recordar que si bien estos no están incluidos en el POS. mientras este se integra al régimen subsidiado de salud. Es además un adulto que necesita estar limpio y cómodo como cualquier otro ser humano. la Sala procederá a ordenar a la Nueva EPS que autorice y entregue de manera permanente los pañales desechables que requiere el accionante. será necesario mientras dure la vida del accionante. resulta importante mencionar la sentencia T-781-09.00056 y que el accionante necesita entre 3 y 4 pañales diarios. es decir. La Nueva EPS estará facultada para recobrar ante el Fosyga los costos que acarree el suministro de los mencionados pañales. resulta claro que el señor Duver Alexander Rojas Álvarez es una persona que no puede controlar sus esfínteres por causa de las afecciones que tiene en su columna vertebral que además lo tienen en silla de ruedas.A. en la que se estableció que la EPS a la que se encontraba afiliado el accionante en el régimen contributivo. T-2879284. viuda.. se le ordenará a la accionada que le preste toda la colaboración necesaria al accionante para que quede incluido en el régimen subsidiado. $ 120. Esto sería contrario al principio de solidaridad y de continuidad en los servicios. por lo que necesitaría 3 paquetes al mes. En el caso bajo estudio. en el caso bajo estudio. T-2882655 y T-2885909 49 que a sus quebrantos de salud se refiere.000 mensuales por el resto de su vida. b. hasta tanto éste quede incluido en el régimen subsidiado de salud o acceda por cualquier medio al sistema. Teniendo en cuenta que un paquete de 40 pañales tiene un costo aproximado de $40. En el presente caso. . que no cuenta con los ingresos suficientes para su manutención y la de su hijo inválido. La falta de los pañales representaría una clara violación a la dignidad de este hombre y también de su madre que es quien se encarga de su cuidado de manera permanente y es ya una mujer de la tercera edad. Por lo anterior. el paquete de 40 pañales le dura más o menos 10 días. Por esta razón. es una mujer de la tercera edad. se procederá a ordenar a la Nueva EPS que continúe prestándole los servicios de salud que le venía prestando al señor Duver Alexander Rojas hasta antes del fallecimiento de su padre cotizante. se encuentra la Sala ante un hombre de la tercera edad (88 años) que tras una isquemia cerebral quedó con parálisis en el hemisferio derecho de su cuerpo y varios daños a nivel cerebral que 56 Telefónicamente este despacho se comunicó con las instalaciones de Locatel S. tal y como consta en el expediente. De esta manera. Los pañales desechables son un insumo que. 2. establecimiento en el que es costo del paquete de pañales para adulto es el anteriormente indicado.Expedientes T-2876514. 2. por lo que la Sala considera que su adquisición sería una carga desproporcionada para su madre quien. es algo de lo que él requerirá todos los días y varias veces al día.1. debe guiarlo y colaborarle de manera que pueda pasar a hacer parte del régimen subsidiado. En este punto. En lo que tiene que ver con el suministro de 3 pañales desechables diarios. constituyen un insumo absolutamente necesario para preservar la dignidad y la calidad de vida del individuo que los necesita. Expediente T 2877760. T2877760.
y la necesidad de cuidado y acompañamiento constante. caracterizada por los quebrantos de salud y la necesidad de cuidados y tratamientos especiales con el fin de que su salud se mantenga estable y sus condiciones de vida estén acordes con la dignidad que merece todo ser humano. Ésta última solicita además que se le suministren los guantes y las gasas necesarias para poder ayudarle al señor Rodríguez Vargas en su aseo diario. con el fin de determinar cuáles de ellas resultan procedentes. encuentra la sala que. gasa y suplemento alimenticio. . En el presente caso es importante tener en cuenta además que. especialmente las personas de la tercera edad. las condiciones económicas del entorno familiar del paciente no son las mejores. Al respecto. es muy difícil de soportar ya que escasamente cuentan con los recursos necesarios para sufragar las necesidades más básicas como la alimentación. 2. tanto así que se encuentra afiliado al régimen subsidiado porque sus ingresos y los de la accionante provienen únicamente de lo que cultivan en su vivienda y de aquello que de manera ocasional pueden darle sus hijos. se trata de un paciente destinado a vivir una vida distinta. la accionante. en la situación económica de la accionante y su cónyuge. guantes. es preciso reiterar que toda persona residente en el territorio nacional y. el no control de sus esfínteres. 57 Ibíd. En lo que tiene que ver con el suministro de pañales.00057.3.2. Al igual que en el caso estudiado con anterioridad. sí constituyen un mecanismo necesario para la conservación y respeto de la dignidad de aquellas personas que no pueden controlar sus esfínteres. tienen derecho a recibir la atención en salud que sea necesaria tal y como se mencionaba en el caso anterior. De lo anterior se puede inferir que los recursos con los que cuentan no son suficientes para atender todos los gastos de la familia más aquellos derivados de las necesidades especiales que tiene una persona con parálisis. el costo mensual de los pañales es de aproximadamente $120.000 y el de los guantes y las gasas solicitadas de aproximadamente de $50. Se trata de un gasto que. así como su cónyuge.50 menoscaban constantemente su salud y la posibilidad de vivir una vida en condiciones normales. Algunas de las consecuencias de las enfermedades mencionadas son la imposibilidad para caminar y desplazarse por sí mismo. Es por esto que la Corte procederá a estudiar las pretensiones que ha hecho la accionante relacionadas con las necesidades de su cónyuge. tal y como quedó establecido con anterioridad. 2. que es quien se encarga de su cuidado y aseo personal. es procedente reiterar nuevamente que se trata de insumos que si bien no son esenciales para la recuperación de la salud del paciente. insumos que también son necesarios para preservar la dignidad de esta persona. En este punto es necesario tener en cuenta que. frente al tema de los pañales. En el caso bajo estudio se está frente a una persona de 88 años de edad que no cuenta con los medios económicos suficientes para sufragar el costo de los pañales que necesita pero que tiene derecho también a vivir en condiciones dignas.
es también una ayuda nutricional para alguien que no cuenta con los recursos económicos suficientes para llevar una alimentación sana y balanceada. se trata de una persona de avanzada edad que pertenece al régimen subsidiado de lo que puede presumirse que no cuenta con recursos económicos suficientes. teniendo en cuenta que ésta se había comprometido a inscribirlo . es evidente que el suplemento alimenticio resulta de vital importancia para que pueda mantenerse estable. En primer lugar. en segundo lugar. considera la Sala que el accionante tiene derecho a que se le entreguen tanto los pañales como la silla de ruedas. T-2879284. existen órdenes de su médico tratante tanto en lo que se refiere a la silla de ruedas como en lo que se refiere a los pañales desechables. que no puede valerse por sus propios medios. que no controla sus esfínteres y que frecuentemente padece de escaras e infecciones urinarias. La mencionada EPSS podrá repetir ante la entidad territorial correspondiente (en este caso la Secretaría Departamental de Salud del Huila) el costo que le acarree la entrega de los insumos anteriormente descritos. T2877760. la Sala procederá a ordenarle a Asmet Salud EPS-S que autorice y entregue al señor Hilarión Rodríguez Vargas los pañales desechables. en cuarto lugar. teniendo en cuenta que existe orden médica tanto para los pañales como para la silla de ruedas que solicita. Expediente T 2879284. 3.1 En el presente caso se encuentra la Sala frente a una persona de 60 años de edad que no puede desplazarse. el accionante ya debería estar inscrito en la convocatoria pública de la Secretaría de Salud de Guadalajara de Buga para la entrega de este tipo de insumos. De este modo. por último. De las pruebas del expediente se deduce además que. necesita tanto de los pañales como de la silla de ruedas para preservar su salud y mantener una vida digna. ni los pañales ni la silla de ruedas pueden ser reemplazados por otro tipo de elementos que sí se encuentren incluidos en el POS-S. 3. T-2882655 y T-2885909 51 Del mismo modo. razón por la cual radicó un derecho de petición ante la EPS-S accionada con el fin de obtener los insumos necesarios. Además. Frente a ésta última. Visto lo anterior. se puede afirmar que en el presente caso el accionante cumple con todos los requisitos para hacerse acreedor a los pañales y a la silla de ruedas que requiere. en tercer lugar. se trata de un individuo que no tiene la capacidad económica para sufragar dichos gastos. resulta evidente que se trata de una persona que requiere efectivamente de pañales y de una silla de ruedas para poder llevar una vida medianamente normal y dentro de las condiciones de la dignidad humana. los guantes. teniendo en cuenta que si sufre de parálisis en la mitad de su cuerpo alimentarse de manera normal le resulta complicado ya que no puede llevar los alimentos a la boca ni masticarlos con facilidad. Por lo anterior. que tiene poca movilidad en las manos. el accionante no tiene la capacidad económica para cubrir estos rubros.Expedientes T-2876514. a causa de la enfermedad que lo aqueja. En este sentido. para una persona de la edad del señor Rodríguez y en su estado de salud. las gasas y el suplemento alimenticio que necesita para preservar su salud y su vida en condiciones dignas.
propósitos para cuya realización debe contribuir tanto su familia como la EPS a la que se encuentre afiliado. que desde su nacimiento padece de parálisis cerebral lo cual ha menoscabado gravemente su salud y la posibilidad de tener una vida normal y en condiciones dignas. Esta patología ha hecho que el menor esté en imposibilidad de caminar y de moverse por sus propios medios. lo primero que se debe mencionar es que en el expediente reposa fotocopia de la orden del médico tratante en la que se establece que Brandon Yesid Vega necesita “una silla de ruedas plegable tamaño junior y con: descansabrazos removibles. expresarse y controlar sus esfínteres. además de requerir la atención permanente por parte de alguien que esté en capacidad de colaborarle tanto en las actividades del diario vivir.2. De no ser así.1. llantas traseras inflables y freno estándar”. De esta manera. esta Sala procederá a ordenarle a Cafesalud EPS-S que autorice y entregue de manera permanente tres pañales desechables diarios al señor Rodrigo Pabón Barahona. la mencionada EPS-S tendrá que proceder con la entrega de la misma. Es por lo anterior que la accionante considera que lo mínimo que su hijo necesita para tener una vida digna son 3 pañales desechables diarios y una silla de ruedas. teniendo en cuenta además que tiene ya ocho años de edad y su . razón por la cual. y que verifique si éste ya cuenta con una silla de ruedas otorgada por el municipio. esta vez de 8 años de edad. procede la Sala a analizar la procedencia de las pretensiones de la accionante. Tal y como se explicó en los casos anteriores. Cafesalud EPS-S podrá repetir contra la respectiva entidad territorial por los gastos que le acarree la entrega de los pañales y la silla de ruedas. como vestirse y comer y trasladarse de un lugar a otro.52 durante el trámite de la tutela. Así. el Estado debe garantizar que los menores en situación de discapacidad tengan acceso a todo aquello que resulte necesario para la optimización de su desarrollo integral en la medida de lo posible. además de tener cubiertos los gastos de transporte que se requieren para que el menor pueda acceder a sus citas médicas y a sus terapias. 4. de hablar. Se ha mencionado en acápites anteriores que el derecho a la salud es un derecho fundamental que adquiere mayor importancia en el caso de los niños. sin que se interponga ningún tipo de traba u obstáculo por parte de la EPS tratante. 4. Expediente T 2882655. es evidente que se trata de un instrumento destinado a facilitar el manejo de un paciente cuyo movimiento es altamente complicado. a. cinturón de seguridad. 4. en este tipo de casos resulta de fundamental importancia que el paciente cuente con la posibilidad de recibir un tratamiento integral que le permita alcanzar condiciones de salud estables y una vida digna. Por otra parte. Se encuentra nuevamente la Sala frente al caso de un niño. En lo que tiene que ver con la entrega de una silla de ruedas. espaldar reclinable.
Entiende la Corte que los padecimientos que aquejan al menor hacen que sea necesario que éste cuente con la facilidad de tener una silla de ruedas para evitar. en el presente fallo se ha explicado de manera reiterada cuál es la importancia de los pañales desechables para aquellas personas que no pueden controlar sus esfínteres. a la imposibilidad de su familia para sufragarlos. teniendo en cuenta además que la situación económica de la accionante no le permite sufragar los costos de los mismos. Se tiene también en cuenta que la compra de una silla de ruedas con las especificaciones ordenadas por el médico tendría un costo aproximado de $2. teniendo en cuenta que las enfermedades del niño efectivamente son de carácter permanente y sin mayores esperanzas de mejoría. que tenga que ser llevado en brazos cada vez que necesite desplazarse. en lo posible. sobretodo por el impacto que esto tiene frente a la dignidad del ser humano.00058 según los precios que se ofrecen en el mercado. En lo que tiene que ver con la entrega de pañales. . es procedente manifestar que la accionante aduce que los ingresos mensuales de su núcleo familiar no son suficientes para sufragar las necesidades especiales del niño. La EPS accionada estará facultada para recobrar ante el Fosyga los costos que implique la entrega de los anteriores insumos. T2877760. T-2882655 y T-2885909 53 peso hace que sea aún más difícil. es decir. su médico tratante se lo ha ordenado y se trata de un artículo que no puede ser reemplazado por ningún otro elemento incluido en el POS. T-2879284. De este modo. afirmación que la EPS accionada no controvirtió. y. en lo que tiene que ver con la entrega de la crema “cero”. Por otra parte. Si bien es cierto que se trata de un instrumento que no está incluido en el POS. el paciente o su familia no puedan sufragarlos por sus propios medios. el médico tratante los haya ordenado. además de ratificar que la afirmación de la accionante referente a la 58 Ibíd. también es cierto que la jurisprudencia constitucional ha establecido que las reglas referentes a exclusiones en el Plan Obligatorio de Salud pueden inaplicarse cuando el paciente requiera de los servicios excluidos para preservar su salud. no puedan reemplazarse por otros servicios que sí estén incluidos en el POS. y por las mismas razones ya expresadas en esta providencia.000.Expedientes T-2876514. Por las razones anteriores. la Sala procederá a ordenar a Salud Total EPS que autorice y entregue de manera permanente los pañales que necesita el niño Brandon Yesid Vega. b. En el caso bajo análisis está claro que el paciente necesita de este implemento para mejorar sus condiciones de vida y preservar su salud. En cuanto al último requisito. esta Sala procederá a ordenar a Salud Total EPS que autorice y entregue al menor Brandon Yesid Vega la silla de ruedas ordenada por su médico tratante. tal como ella lo afirma sin que la EPS lo haya controvertido. Lo anterior deberá autorizarse de manera permanente y no por cortos períodos de tiempo. esta Sala debe reiterar las mismas consideraciones establecidas en los párrafos anteriores.
y frente al caso concreto. teniendo en cuenta que este oscila entre los $30. 5. establecimientos que informaron los precios de dichos insumos. De hecho.00059 mensuales. razón por la cual requiere de cuidados y tratamientos especiales tales como terapias.1 La menor Yuli Tatiana Hernández tiene 12 años de edad y desde su nacimiento padece de parálisis cerebral severa. la accionante antes de acudir a la tutela debió solicitar directamente ante la EPS la posibilidad de obtener el pago de los gastos que se derivan del transporte del menor hacia los diferentes centros asistenciales a los que acude para sus terapias. además. su madre (la accionante) es madre cabeza de familia por lo que toda la carga económica del hogar depende de ella. Sin embargo. Por lo anterior. para que fuera allí donde se decidiera cuáles son las necesidades exactas del paciente. razones por las cuales se entenderá que la peticionaria no puede sufragar el costo mensual de la mencionada crema. c. En caso de que. En este sentido. Ya en una oportunidad anterior. asistencia a un jardín infantil para niños especiales y cuidado permanente por parte de un adulto. droguerías Cafam y Drogas la Rebaja. la Sala no puede pronunciarse de manera definitiva sobre la pretensión mencionada por lo que procederá a ordenarle a Salud Total EPS que someta a valoración la posibilidad de sufragar los gastos de transporte del niño Brandon Yesid Vega y su acompañante por cuanto su madre aduce que no cuenta con los medios económicos suficientes para asumirlos. se procederá a ordenar el suministro de la misma. De estos dos hechos. con el fin de que ésta pudiera proceder a someter la respectiva solicitud a estudio del Comité Técnico Científico. en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir tras haber agotado los demás mecanismos de que se dispone para la protección de los derechos.000 pesos. 5. En cuanto a los gastos de transporte. precios que. De este modo. Por otra parte. no se incluyeron allí los gastos de transporte 59 Este despacho se comunicó telefónicamente con algunas droguerías reconocidas en el país. Sólo así se le da a la EPS la posibilidad de realizar los estudios pertinentes y se agota la primera fase con la que el afiliado debe proceder. se infiera que el menor tiene derecho a recibir dichos servicios. la accionante había interpuesto acción de tutela con el fin de que a su hija le fuera concedido tratamiento integral y ésta le fue concedida. su hija Yuli Tatiana se encuentra afiliada a Ecoopsos EPS-S calificada en el Nivel II del Sisben del régimen subsidiado. de una vez se proceda a ordenar el suministro de los mismos. tal como lo considera esta Corte. es importante mencionar que. frente a lo que.000 y 50. Expediente T 2885909. la EPS-S accionada no opuso ninguna objeción.000 y los $50. . como quedó anotado oscilan entre 30.54 precariedad de su situación económica no fue objetada por la EPS accionada. se puede deducir que la accionante y su hija efectivamente no cuentan con los recursos económicos suficientes para sufragar los gastos que implican las necesidades que tiene un niño especial. entre ellas la droguería Acuña.
en el caso bajo estudio lo que se solicita es que la EPS-S accionada cubra los gastos de transporte de la niña hacia los centros donde recibe sus terapias y hacia el jardín infantil que frecuenta. T2877760. T-2882655 y T-2885909 55 por cuanto esto no había sido ordenado por el médico tratante. En cuanto a la enfermera diurna por horas. cualquier persona de su familia podría apoyarla con dichas actividades y no necesariamente valdría la pena que se hiciera una erogación tan grande como la de sufragar una enfermera por horas cuando basta con que la niña tenga un cuidador. llevarla a las terapias y citas médicas. encargarse de su aseo personal y de su alimentación. tal y como quedó establecido en la parte motiva de la presente providencia. la Sala procederá a ordenar a Ecoopsos EPS-S que fije de manera oportuna las citas por fisiatría para la niña Yuli Tatiana Hernández. De esta manera. esta Sala procederá a ordenar a Ecoopsos EPS que cubra los gastos de transporte de la menor Yuli Tatiana Hernández como parte del tratamiento integral que ella ha venido recibiendo. Con respecto a la no dilación en la asignación de citas por fisiatría. y. éstos deben ser sufragados por la EPS cuando ni el paciente ni su familia cuenten con los recursos económicos para hacerlo. c. vale la pena tener en cuenta que en el caso bajo estudio lo que la menor necesita. Por lo anterior. la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado en diferentes oportunidades que las EPS vulneran el derecho a la salud de las personas cuando dificultan su acceso a los servicios de salud a través de la imposición de trámites innecesarios o dilaciones injustificadas. que se le asigne una enfermera diurna por horas y que las citas por fisiatría en las que se le entregan las órdenes para los pañales sean fijadas de manera oportuna y sin dilaciones. Así. la Sala procederá a estudiar cada una de ellas para determinar su viabilidad. En el presente caso. es posible establecer que efectivamente no cuentan con los recursos económicos suficientes para trasladar constantemente a la niña hacia los diferentes centros asistenciales que debe frecuentar en aras de preservar su salud. dada la pertenencia al régimen subsidiado de la menor y al hecho de que la accionante es madre cabeza de familia. esta Sala procederá a negar el servicio de enfermera diurna por horas para la menor Yuli Tatiana Hernández.Expedientes T-2876514. Teniendo en cuenta las anteriores pretensiones. el paciente requiera de manera urgente acceder al servicio y no pueda hacerlo por la imposibilidad de costear el transporte. más que una persona con conocimientos de enfermería. b. En lo que tiene que ver con el pago de los gastos de transporte de la menor. de manera . tal y como lo ha reiterado la Corte en diferentes oportunidades. etc. a. Lo anterior significa que. Por lo anterior. T-2879284. es una persona que pueda colaborarle con la realización de las actividades del diario vivir tal y como recibirla al llegar del jardín.
los guantes. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política. dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín para en su lugar amparar los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social del señor Duver Alexander Rojas de la siguiente manera: a. La mencionada EPS-S podrá repetir ante la entidad territorial correspondiente (en este caso la Secretaría Departamental de Salud del Huila) el costo que le acarree la entrega de los insumos anteriormente descritos. reanude la prestación de los servicios de salud que se le venían prestando al señor Duver Alexander Rojas hasta antes del fallecimiento de su padre cotizante. la Sala Tercera de Revisión. DECISIÓN. en lo que tiene que ver con los trámites para lograr su inclusión al régimen subsidiado. Tercero-. mientras este se integra al régimen subsidiado de salud. hasta tanto éste quede incluido en el régimen subsidiado de salud. autorice y entregue de manera permanente tres pañales desechables diarios al señor Rodrigo Pabón Barahona. ORDENAR a la Nueva EPS que guíe y preste toda su colaboración al señor Duver Alexander Rojas. ORDENAR a la Nueva EPS que. VII. c.56 que ésta pueda acceder sin contratiempos a los pañales que allí se le entregan. ORDENAR a Asmet Salud EPS-S. y verifique si éste ya cuenta con una silla de ruedas otorgada por el municipio. las gasas y el suplemento alimenticio que necesita para preservar su salud y su vida en condiciones dignas. dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo. De no ser así. dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo. RESUELVE Primero-. b. ORDENAR a la Nueva EPS que. en su lugar. autorice y entregue al señor Hilarión Rodríguez Vargas los pañales desechables. REVOCAR el fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva y. La Nueva EPS estará facultada para recobrar ante el Fosyga los costos que acarree el suministro de los mencionados pañales. ORDENAR a Cafesalud EPS-S que. Segundo-. en su lugar. . autorice y entregue de manera permanente los pañales desechables que requiere el accionante. En mérito de lo expuesto. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga y.
en su lugar. proteger los derechos de la menor Yuli Tatiana Hernández de la siguiente manera: a. ORDENAR a Ecoopsos EPS-S que fije de manera oportuna las citas por fisiatría para la niña Yuli Tatiana Hernández. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga y. ORDENAR a Salud Total EPS que autorice y entregue de manera permanente los pañales que necesita el niño Brandon Yesid Vega. se considere que el menor tiene derecho a recibir dichos servicios. comuníquese. Cuarto-. La EPS accionada estará facultada para recobrar ante el Fosyga los costos que implique la entrega de los anteriores insumos. T-2882655 y T-2885909 57 la mencionada EPS-S tendrá que proceder con la entrega de la misma y podrá repetir contra la respectiva entidad territorial por los gastos que le acarree la entrega de los pañales y la silla de ruedas mencionada. teniendo en cuenta que las enfermedades del niño efectivamente son de carácter permanente y sin mayores esperanzas de mejoría. ORDENAR a Salud Total EPS que autorice y entregue al menor Brandon Yesid Vega la silla de ruedas ordenada por su médico tratante. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.Expedientes T-2876514. Sexto.. Notifíquese.991. tal como lo considera esta Corte. En caso de que. ORDENAR a Salud Total EPS que someta a valoración la posibilidad de sufragar los gastos de transporte del niño Brandon Yesid Vega y su acompañante. Lo anterior deberá autorizarse de manera permanente y no por cortos períodos de tiempo. T-2879284. en su lugar. Quinto-. NEGAR el servicio de enfermera diurna por horas para la menor Yuli Tatiana Hernández.Por Secretaría. b. de manera que ésta pueda acceder sin contratiempos a los pañales que allí se le entregan. c. JUAN CARLOS HENAO PEREZ . de una vez se proceda a ordenar el suministro de los mismos. líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1. así como el suministro de crema cero al menor Brandon Yesid Vega. b. T2877760. proteger los derechos del menor Brandon Yesid Vega de la siguiente manera: a. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y. c. ORDENAR a Ecoopsos EPS que cubra los gastos de transporte de la menor Yuli Tatiana Hernández como parte del tratamiento integral que ella ha venido recibiendo.
58 Magistrado GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado JORGE IVAN PALACIO PALACIO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General .
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