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Timestamp: 2017-06-28 22:37:56
Document Index: 36451564

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 96', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 9']

Por Diego Ricardo Galán Barrera.* D.	El ámbito regulatorio de la Convención
El artículo 4 de la Convención demarca, con carácter restrictivo, las cuestiones a las que se aplica la Convención o, dicho de otra manera, los aspectos sobre los que recae la regulación de su contenido normativo.
Ello equivale a decir que todas las cuestiones relativas a la validez del contrato se regirán por el derecho interno, "…esto es, que conforme a él serán resueltos todos los problemas relativos a la inexistencia, nulidad o anulabilidad del contrato, tales como los derivados del error en la determinación del objeto, inmoralidad o ilegalidad del contrato, engaño o intimidación, capacidad de las partes, poderes del representante..." .
b)	A los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas. Dado que la regla general enunciada en el segundo segmento regulatorio de la Convención radica en los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes del contrato de compraventa, todo lo relacionado con la transmisión de la propiedad de las mercaderías y, particularmente, lo que se refiere a eventuales reclamaciones de terceros al respecto, deben resolverse de conformidad con el derecho interno aplicable .	E.	El carácter dispositivo de la reglamentación convencional
No empece el firme propósito uniformizador que la orienta, debe destacarse, como nota primaria, el definido carácter dispositivo de la Convención, en cuanto que la reglamentación jurídica que ella contiene puede dejar de aplicarse en virtud de varios factores: 1.	Influjo de la autonomía de la voluntad sobre el régimen convencional Consagra la Convención el principio rector de la autonomía de la voluntad , con preferencia sobre su propia reglamentación , como un reconocimiento a la tradición jurídico-contractual derivada del código napoleónico y también como una puntual rememoración del principio general de derecho internacional privado con arreglo al cual las partes de un contrato internacional son libres para escoger el ordenamiento jurídico que le será aplicable (pactum de lege utenda) . Es así como el artículo 6 de la Convención le concede a los contratantes la facultad de excluir la aplicación total o parcial de la misma, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos , sin perjuicio de lo normado por el artículo 12 ibídem, referente a la prueba por escrito de los actos en ella regulados.
Como se apreciará a continuación, varias son las cuestiones que surgen de un acuerdo de exclusión de la reglamentación convencional, tales como la forma de realizarlo, el campo que abarca la exclusión, el momento de establecerlo y los efectos resultantes. a.	Forma de realizar el acuerdo de exclusión
Bajo esa premisa, la exclusión implica un pactum de non lege utenda , en sentido inverso al principio ya aludido del derecho internacional privado.
Si bien es cierto que el texto convencional no se refiere explícitamente a la posibilidad de excluir su aplicación de manera tácita, también es verdad que el contenido mismo del artículo 6° no la prohíbe, lo cual se refrenda al consultar el antecedente normativo histórico, vale decir, el artículo 3° de la Ley Uniforme de Compraventa Internacional (LUCI) contenida en el Convenio de La Haya de 1964 .
Igualmente, la doctrina internacional ha defendido esta alternativa de exclusión, exigiendo para su cabal aceptación el cumplimiento de dos requisitos:
- Que la voluntad de las partes sea consciente, es decir que no se pueda demostrar que las partes, en manera alguna, ignoraban que el contrato estaba sujeto a la regulación convencional. Para el efecto, habrá que acudir a los criterios de interpretación previstos en el artículo 8º de la Convención.
- Cuando los contratantes designan como derecho aplicable al contrato el ordenamiento jurídico interno de un Estado que sí es contratante de la Convención, pudiéndose deducir, con todo, que aquéllos no deseaban que aplicara la regulación convencional, a pesar de formar parte ella de ese ordenamiento jurídico.
Los contratantes podrán "...establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones (de la Convención) o modificar sus efectos...", siempre y cuando se respete la disposición imperativa contenida en el artículo 12 de la Convención, relativo a la prueba por escrito del contrato de compraventa, en la medida en que el Estado contratante donde la parte tenga su establecimiento haya hecho la respectiva reserva prevista en el artículo 96 de la Convención.
Quiere ello significar que los contratantes pueden, expresa o tácitamente, determinar que alguna o algunas de las disposiciones de la Convención no se apliquen al contrato, enmarcándose tal conducta dentro de lo que se conoce como la teoría del dépeçage . Mayor claridad, como es apenas obvio, existirá si la exclusión parcial se realiza de manera expresa. Pero puede acontecer que la exclusión surja tácitamente, para lo cual habrá que acudir a un procedimiento probatorio de indagación al respecto.
De otro lado, puede suceder que las partes, habiendo excluido totalmente la Convención, no escojan el derecho aplicable al contrato, quedando tal misión asignada a las normas de conflicto del foro . Si éstas determinaren que la normatividad aplicable es la de la Convención, tampoco tendría sentido el acuerdo de exclusión. Pero si tales normas remitieren a un determinado derecho nacional, será éste el que proporcione la solución material. También puede ocurrir que esa ausencia de determinación finalmente recaiga en la órbita de los árbitros quienes, en algunas ocasiones , pueden llegar a escoger directamente el derecho material aplicable. Aunque tampoco tendría sentido que tales árbitros decidieren aplicar la Convención contrariando la voluntad de las partes.
Si las normas de la Convención tuvieren que aplicarse de manera simultanea con las normas de un derecho nacional, lo verdaderamente relevante de tal encuentro será una eventual controversia entre ambas regulaciones. Desde una perspectiva finalista, es prudente concluir que lo más aconsejable para superar el escollo radica en efectuar una aplicación armónica de las normas. Para ello, es posible tener que acudir a un expediente interpretativo, por lo cual será el criterio que informa a la Convención el que se imponga, considerando no solo la preeminencia de ésta en cuanto tratado internacional, sino también la especialidad de su propia regulación, entre otros factores a tener en cuenta.
Otro efecto que la doctrina ha planteado en relación con la aplicación concurrente de la Convención y las normas de un derecho nacional, es el relativo a si la ausencia de reglamentación de la primera de ellas se puede apreciar, técnicamente, como una laguna . Algunos consideran que sí , por lo que es viable el recurso de acudir a la aplicación del inciso segundo del artículo 7 de la Convención, mientras que otros sostienen que no tiene cabida tal asimilación , en la medida en que el vacío reglamentario no proviene de una omisión dispositiva del texto internacional sino de la propia voluntad de las partes.
La Convención, en su artículo 9º, acoge con amplitud la incidencia de los usos y prácticas en las relaciones negociales entre los contratantes, atribuyéndoles una función destacada, al reconocerle obligatoriedad a su observancia, haciéndolos prevalecer incluso sobre su propia normatividad.
En relación con el comercio internacional, huelga mencionarlo, los usos mercantiles han constituido un baluarte fundamental en la agilidad, seguridad y certidumbre requeridas. De ahí que su reflejo en la Convención, con el alcance anotado, suponga, asimismo, un avance regulatorio frente a las técnicas normativas tradicionales .
La diferencia entre el uso y la práctica radica en el área de influencia de cada uno de ellos, pues mientras el primero se aprecia como una costumbre de carácter general en un determinado sector económico, la segunda se apoya en un comportamiento individual entre las partes .
Respecto de los usos que convengan las partes, cabe señalar que estos pueden ser acordados de manera expresa, como cuando en el contrato se utilizan las abreviaturas de los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional o tácitamente, si del comportamiento, actuaciones o declaraciones de las partes, en los términos del artículo 8º de la Convención, se logran inferir algunos de ellos .
En relación con las prácticas que entre los contratantes se hayan establecido, debe hacerse referencia a su carácter implícito, dado por la habitualidad y continuidad de su ejercicio, como lo sería la tolerancia del comprador en cuanto a pequeñas diferencias en las cantidades entregadas por el vendedor o a demoras insignificantes en los plazos de entrega, lo cual crea una expectativa acerca de cuál es la conducta que se seguirá sobre el particular.
b.	Los usos objetivamente aplicables El numeral 2º del artículo 9º de la Convención consagra una presunción, desvirtuable y que admite pacto en contrario, consistente en que las partes tácitamente hacen aplicable al contrato o a su formación un uso, habida consideración del conocimiento real o ficto que sobre él tengan, de la extensión, uniformidad, regularidad y amplitud de su utilización en el comercio internacional, tal como acontece con la denominada "nueva lex mercatoria" . De la norma previamente mencionada se desprenden tres requisitos que debe llenar el uso:
- Ser efectivamente seguido por los contatantes