Source: https://www.araozyrueda.com/medidas-frente-al-covid-19-analisis-actualizado-con-las-ultimas-novedades-legislativas/
Timestamp: 2020-07-15 04:43:43
Document Index: 207372577

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 124', 'artículo 19', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 363', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 257', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2']

Medidas frente al COVID-19: análisis actualizado con las últimas novedades legislativas - Araoz & Rueda | Abogados
El sábado 14 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la declaración del estado de alarma como respuesta a la crisis de salud pública causada por el COVID-19.
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (el “RD 463/2020”), así como los sucesivos Reales Decretos de prórroga del estado de alarma;
el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (el “RDL 10/2020”);
el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (el “RDL 11/2020”);
el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (el “RDL 15/2020”);
el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (el “RDL 16/2020”); y
el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (el “RDL 19/2020”).
A continuación, analizamos las medidas adoptadas por los Reales Decretos-ley anteriores y cómo estas han afectado en las distintas áreas del Derecho.
De acuerdo con la modificación introducida por el RDL 19/2020, la obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
Desde que finalice este plazo para formular las cuentas anuales, la junta general ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para aprobar las cuentas del ejercicio anterior.
Medidas aplicables a las sociedades cotizadas
Además, el artículo 12 del RDL 19/2020 establece que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RDL 8/2020, presentarán la declaración del Impuesto para el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley del Impuesto Sobre Sociedades. Si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles.
Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 19 (al que nos referiremos más adelante), más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Los artículos 21 y siguientes del RDL 11/2020 establecen las medidas y procedimientos para la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria, siempre que el crédito estuviese contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, de acuerdo con los criterios a los que ya nos hemos referido anteriormente y previstos en los RDL 8/2020 y RDL 11/2020. Además, y de acuerdo con la modificación introducida por el RDL 19/2020, se incluirán en el ámbito de aplicación de aplicación objetivo de estas medidas los contratos de arrendamiento financiero o leasing.
En cuanto al ámbito subjetivo, las medidas resultarán también aplicables a los fiadores y avalistas del deudor principal en los que concurran las mismas circunstancias, que además podrán exigir que el acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada (artículo 42 del RDL 11/2020).
El plazo para esta solicitud será de hasta un mes y quince días después del fin de la vigencia del estado de alarma.
Otorgamiento unilateral por la entidad acreedora de los instrumentos notariales en que debe formalizarse la ampliación del plazo derivada de la moratoria
La Disposición Adicional Decimoquinta del RDL 15/2020 establece el otorgamiento unilateral por el acreedor de los instrumentos notariales en que se formaliza la ampliación de plazo derivada de la moratoria legal de los préstamos o créditos garantizados con hipoteca o mediante otro derecho inscribible distinto.
En particular, se establecen las siguientes obligaciones, de forma unilateral, de la entidad acreedora:
la elevación a escritura pública del reconocimiento de la suspensión prevista en el artículo 13.3 del RDL 8/2020, a los efectos de que pueda procederse a la inscripción de la ampliación del plazo inicial en el Registro de la Propiedad.
promover la formalización de la póliza o escritura pública en la que se documente el reconocimiento de la suspensión de las obligaciones contractuales en los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria prevista en el artículo 24.2 del RDL 11/2020 y la inscripción, en su caso, en el Registro de Bienes Muebles.
Moratorias de préstamos y créditos acordadas en el marco de Acuerdos Sectoriales de entidades financieras
De forma complementaria al sistema de moratorias obligatorias impuestas por los Reales Decretos-ley 8/2020 y 11/2020, el RDL 19/2020 establece, en sus artículos 6 a 8, un marco sectorial de modificaciones convencionales (prórrogas) de préstamos y créditos.
Así, las moratorias convencionales celebradas entre el deudor y su entidad financiera sobre la base de un Acuerdo Marco Sectorial podrán tener por objeto toda clase de préstamos, créditos y arrendamientos financieros o leasings.
La moratoria convencional podrá acordar, sin perjuicio del devengo de los intereses pactados en el contrato de préstamo inicial, que el importe de lo aplazado se abone mediante:
Por otra parte, el artículo 7.3 del RDL 19/2020 establece que estas moratorias no podrán en ningún caso: (i) modificar el interés pactado inicialmente, (ii) cobrar gastos o comisiones excepto que se trate de un préstamo sin interés, (iii) comercializarse junto con cualquier otro producto vinculado o combinado y/o, (iv) establecer otras garantías adicionales, personales o reales, que no constasen en el contrato original.
Además, de acuerdo con el artículo 7.4 del RDL 19/2020, en caso de concurrir en un mismo préstamo la moratoria sectorial y la legal, los efectos de la moratoria convencional se producirán una vez finalice la legal. Es decir, las condiciones de una y otra moratoria se aplicarán de forma sucesiva, de forma que durante el plazo de tres meses previsto en el artículo 14 del RDL 11/2020 no se devengarán ni intereses ordinarios ni moratorios.
Finalmente, en línea con lo que ya establecía el RDL 15/2020, el artículo 8 del RDL 19/2020 establece un régimen excepcional de otorgamiento de los instrumentos notariales en los que se formalicen las moratorias convencionales acordadas al amparo de uno de los Acuerdos Sectoriales. De esta forma, se prevé una flexibilización del régimen ordinario de otorgamiento y la posibilidad de que se otorgue la escritura unilateralmente por las entidades acreedoras. En la medida en la que el régimen establecido pretende agilizar la elevación a público de los acuerdos de moratoria, la Disposición derogatoria única elimina a este respecto la prohibición de formalizar escrituras públicas durante la vigencia del estado de alarma hasta que no se restablezca la libertad deambulatoria, prevista en el apartado segundo del artículo 16 ter del RDL 8/2020.
Subvenciones de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), bajo la modalidad de préstamo
El artículo 6 del RDL 15/2020 establece la posibilidad de que los beneficiarios de los programas de subvenciones o ayudas reembolsables concedidas por el IDAE[1], formalizadas bajo la modalidad de préstamos, y que se hayan visto perjudicados por la situación del COVID-19, puedan acogerse a aplazamientos de las cuotas de los préstamos suscritos, siempre que dichos prestatarios no se encontrasen en situación concursal y estuvieran al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a la Hacienda pública y con la Seguridad Social.
Las condiciones de este aplazamiento son las siguientes:
De acuerdo con lo establecido en este artículo 6, podrán ser objeto de aplazamiento las cuotas que se hallen pendientes de pago y cuyo vencimiento se haya producido o se produzca en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.
Además, el aplazamiento quedará automáticamente ampliado a las sucesivas cuotas, salvo solicitud expresa en contrario por parte del interesado, hasta transcurridos dos meses después de la finalización del estado de alarma.
En cuanto a los requisitos para que se conceda el aplazamiento, será necesario que el interesado formule declaración responsable donde conste, al momento de solicitar el correspondiente aplazamiento, que se encuentra en una situación económica desfavorable como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, que le ha originado períodos de inactividad o reducción en el volumen de las ventas o facturación que le impida o dificulte cumplir con sus obligaciones de reembolso. Además, las cuotas objeto de aplazamiento no habrán sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento anterior ni reclamadas judicial o extrajudicialmente por el IDAE.
Por su parte, el RDL 16/2020 ha introducido una serie de medidas que tienen como objetivo evitar y retrasar los concursos tanto como sea posible. En particular:
En primer lugar, el artículo 10 del RDL 16/2020 establece la posibilidad de volver a negociar los convenios concursales ya aprobados con los acreedores durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, así como los acuerdos de refinanciación ya homologados.
Además, de acuerdo con el artículo 11 RDL 16/2020, no habrá obligación de solicitar la declaración de concurso voluntario hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque la sociedad en cuestión se encuentre en alguno de los supuestos previstos legalmente. Además, siguiendo con el mismo artículo, tampoco se admitirán a trámite solicitudes de concurso necesario (esto es por los acreedores) hasta el 31 de diciembre y, si hubiera una solicitud de concurso voluntario antes del 31 de diciembre de 2020, ésta última tendrá preferencia.
El artículo 12 del RDL 16/2020, por su parte, establece que los préstamos o créditos a la tesorería del concurso, otorgados dentro de los dos años siguientes al estado de alarma por personas especialmente vinculadas al concursado, tendrán la consideración de créditos ordinarios y no de créditos subordinados.
El artículo 15 del mismo RDL 16/2020 promueve la enajenación de la masa activa por la vía extrajudicial, aún en el caso de que el plan de liquidación estableciese otra cosa, a excepción de la enajenación del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas. En estos casos, podrá realizarse mediante subasta judicial, extrajudicial o mediante cualquier otro medio de realización autorizado por el juez del concurso.
Finalmente, el artículo 18 del RDL 16/2020 determina que las pérdidas producidas en el ejercicio 2020, no se tendrán en cuenta para determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital.
RESTRICCIONES A INVERSIONES EXTRANJERAS
Moratoria de la deuda arrendaticia de arrendamientos para uso de vivienda habitual
Finalmente, el artículo 9 RDL 11/2020 prevé la creación de una línea avales para la cobertura por cuenta del Estado, mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, para la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica, cuyo importe máximo, de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera del RDL 15/2020, queda fijado en 1.200 millones de euros.
Moratoria de la deuda arrendaticia de arrendamientos para uso distinto del de vivienda
El RDL 15/2020 (arts. 1 a 5) establece la moratoria en los contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda, siempre que se acrediten los requisitos establecidos en el artículo 3 conforme a los criterios establecidos en el artículo 4. De esta forma, para acceder a las medidas previstas en estos preceptos, de acuerdo con el artículo 3 del RDL 15/2020, debe tratarse de pymes y autónomos rrendatarios que cumplan los siguientes requisitos:
se exige estar afiliado y en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
además, la actividad del autónomo ha debido quedar suspendida como consecuencia del estado de alarma y, de no ser así, deberá acreditarse un descenso del 75% en la facturación media mensual.
es necesario no superar los límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital (activo no superior a 4 millones de euros, importe neto de cifra de negocios no superior a 8 millones de euros y menos de 50 trabajadores).
además, la actividad de la pyme ha debido quedar suspendida como consecuencia del estado de alarma y, de no ser así, deberá acreditarse un descenso del 75% en la facturación media mensual.
En caso de acreditarse estos requisitos de acuerdo con lo previsto en el artículo 4, los autónomos y pymes podrán solicitar la moratoria en sus arrendamientos para uso distinto del de vivienda. Para ello se establece una distinción, en función de la condición de gran tenedor del arrendador:
de acuerdo con el artículo 1 del RDL 15/2020, en caso de que el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor[2], podrá solicitarse la moratoria en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del RDL 15/2020. En este caso, la moratoria se aplicará de forma automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas, sin superarse en ningún caso los cuatro meses. La renta se aplazará, sin devengo de intereses, mediante el fraccionamiento de cuotas en el plazo de dos años.
en el caso de que el arrendador no sea alguno de los referidos en el párrafo anterior, el artículo 2 establece que se podrá solicitar igualmente la moratoria en el plazo de un mes a contar desde su entrada en vigor, para el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, pudiendo disponer, para este fin, de la fianza del arrendamiento.
[1] Excluidas administraciones y entidades públicas tanto del sector público estatal como autonómico y local, así como sus organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes.
[2] La definición a estos efectos es la misma que la ya mencionada para los arrendamientos de vivienda habitual.