Source: http://legislacion.derecho.com/instrumento-de-ratificacion-29-setiembre-2003-jefatura-del-estado-65248-65248
Timestamp: 2016-10-28 16:31:00
Document Index: 108903132

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTíCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTíCULO 7', 'ARTíCULO 8', 'ARTíCULO 9', 'ARTíCULO 10', 'ARTíCULO 11', 'ARTíCULO 12', 'ARTíCULO 13', 'ARTíCULO 14', 'ARTíCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTíCULO 17', 'ARTíCULO 18', 'ARTíCULO 19', 'ARTíCULO 20', 'ARTíCULO 21', 'ARTíCULO 22', 'ARTíCULO 23', 'ARTíCULO 24', 'ARTíCULO 25', 'ARTíCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTíCULO 28', 'ARTíCULO 29', 'ARTíCULO 30', 'ARTíCULO 31', 'ARTíCULO 32', 'ARTíCULO 33', 'ARTíCULO 34', 'ARTíCULO 35', 'ARTíCULO 36', 'ARTíCULO 37', 'ARTíCULO 38', 'ARTíCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTíCULO 41', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 5', 'artículo 41', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 35', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 35', 'artículo 35', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 164', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 18']

INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000
INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000	INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 Mis Leyes
INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 Estado	:
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Para los fines de la presente Convención
a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material '
b) Por "delito grave" se entenderá la conducta que
constituya un delito punible con una privación de libertad
máxima de al menos cuatro años o con una pena más
c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro
o exista una estructura desarrollada activos de cual
d Por "bienes" se entenderá quier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros
derechos sobre dichos activos,
e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito,
f) Por "embargo preventivo>> o incautación se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir,
enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente
g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente,
h) Por "delito determinante>> se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención,
i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ¡lícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la
comisión de éstos'
j) Por organización regional de integración económica" se entenderá una organización constituida porEstados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus
procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar
* aprobar la Convención o adherirse a ella, las referencias
* los "Estados Parte" con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de
los límites de su competencia.
a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención, y
b) Los delitos graves que se definen en el articulo 2 de la presente Convención, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.
2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter transnacional si
a) Se comete en más de un Estado
b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado
Penalización de la participación en un grupo delictivo
a) Una de las conductas siguientes, o ambas ' como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva
i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado,
ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en
a. Actividades ¡lícitas del grupo delictivo organizado
b. Otras actividades del grupo delictivo organizado: a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita,
b) La organización, dirección, ayuda, incitación facilitación o asesoramiento en aras de la comisión je un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ¡lícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos,
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito,
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito
2. Para los fines de la aplicación opuesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados
c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí,
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta,
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante,
1. Cada Estado Parte
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas,
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencional mente
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales
4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de la presente Convención, por funcionario público se entenderá todo funcionario público o persona que preste un servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho pena¡ del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa función.
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involuntario un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole pena¡, civil o administrativa.
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad pena¡ que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.
3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que al imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento pena¡ ulterior.
1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permitasu ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso
a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto,
4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado M producto entremezclado.
1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento o
b) Presentar a sus autoridades competentes a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden,
e) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas.
Disposición del producto del delito o de los bienes
2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo al artículo 13 de la presente Convención, los Estados Parte, en la medida en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo, darán consideración prioritaria a la devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado
3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo a los artículos 12 y 13 de la presente Convención, los Estados Parte podrán considerar en particular la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de
a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de conformidad con lo dispuesto en el apartado e) del párrafo 2 del artículo 30 de la presente Convención y a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia organizada,
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando
a) El delito se cometa en su territorio ' o
2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando
a) El delito se corneta contra uno de sus nacionales
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio o
e) El dala
i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del artículo 5 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio
11) Sea uno de los delitos tipificado con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención.
5. Los Estados Parte que supediten la extradición a la existencia de un tratado deberán
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerarán o no la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convención, y
6. Los Estados Parte que no supediten la extradición la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.
14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos j . ustificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.
15. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarías.
sus opiniones y de proporcionar información pertinente * su alegato.
17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos * arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.
1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 y se prestarán también asistencia de esa índole cuando el Estado Parte requirente tenga motivos razonables para sospechar que el delito a que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 es de carácter transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito entraña la participación de un grupo delictivo organizado.
3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas '
b) Presentar documentos judiciales,
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos,
d) Examinar objetos y lugares,
e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos,
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles
g)ídentificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h)Faciíitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente '
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría
ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.
7 Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicaran a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación.
a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa,
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada,
según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte
e) El Estado Parte al que se traslade a ía persona no podrá exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución '
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que Permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que sean aceptables para cada Estado Parte. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones,
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentos judiciales,
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique,
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada y
f) La finalidad para la que se solicita aprueba, información o actuación.
2 1. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales '
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohiba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia,
29. El Estado Parte requerido
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general,
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en
virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención
b) el uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la 1 justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información relativa a su identidad y paradero,
3. Los Estados Parte considerarán la posibilita e celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para a reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados a
a) Proporcionar información útil a las autoridades competentes con fines investigativos y probatorios sobre cuestiones como
i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura, la ubicación o las actividades de los grupos delictivos organizados
ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros grupos delictivos organizados,
iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan cometido o puedan cometer,
lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas '
b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas,
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisión de esos delitos,
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos,
e) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación
d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace, con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados,
e) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los medios y métodos concretos empleados por los grupos delictivos organizados, así como, cuando proceda, sobre las rutas y los medios de transporte y el uso de identidades falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios de encubrir sus actividades
1. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar, en consulta con los círculos científicos y académicos, las tendencias de la delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en que actúa la delincuencia organizada, así como los grupos profesionales y las tecnologías involucrados
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir experiencia analítica acerca de las actividades de la delincuencia organizada, tanto a nivel bilateral como por conducto de organizaciones internacionales y regionales. A tal fin, se establecerán
y aplicarán, según proceda, definiciones, normas y metodologías comunes.
1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos fiscales, jueces de instrucción y personal de aduanas, así como para el personal de otra índole encargado de la prevención, la detección y el control de los delitos comprendidos en la presente Convención. Esos programas podrán incluir adscripciones e intercambios de personal. En particular y en la medida en que lo permita el derecho interno, guardarán relación con
a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control de los delitos comprendidos en la presente Convención '
b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en delitos comprendidos en la presente Convención, incluso en los Estados de tránsito, y las medidas de lucha pertinentes
e) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando '
d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para cometer tales delitos y los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto, bienes, equipo u otros instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir el blanqueo de dinero y otros delitos financieros,
e) El acopio de pruebas,
f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos
g) El equipo y las técnicas modernos utilizados par¿ hacer cumplir la ley, incluidas la vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas,
h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras formas de la tecnología moderna ' y
a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países en desarrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos países para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional,
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para combatir con eficacia la delincuencia organizada transnacional y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención
e) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Los Estados Parte también podrán considerar en particular la posibilidad, conforme a su derecho interno y a las disposiciones de la presente Convención, de aportar a la cuenta antes mencionada un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del producto del delito o de los bienes ilícitos decomisados con arreglo a lo dispuesto en la presente Convención
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de programas de capacitación y equipo moderno a los países
en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención.
1 . Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales y establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la delincuecia organizada transnacional.
2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados para participar en mercados lícitos con el producto del delito adoptando oportunamente medidas legislativas, administrativas o de otra índole. Estas medidas deberían centrarse en
a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplirla ley o el ministerio público y las entidades privadas pertinentes, incluida la industria
b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las entidades privadas interesadas, así como códigos de conducta para profesiones pertinentes, en particular para los abogados, notarios públicos, asesores fiscales y contadores,
e) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos organizados de ¡¡citaciones públicas y de subsidios y licencias concedidos por autoridades públicas para realizar actividades comerciales,
d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte de grupos delictivos organizados ' a este respecto, dichas medidas podrían incluir las siguientes:
i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y naturales involucradas en la constitución, la gestión y la financiación de personas jurídicas,
ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial * cualquier medio apropiado durante un período razonable * las personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención para actuar como directores de personas jurídicas constituidas en sus respectivas jurisdicciones
iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitadas para actuar como directores de personas jurídicas ' y
5 Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada transnacional y la amenaza que representa. Cuando proceda, podrá difundirse información a través de los medios de comunicación y se adoptarán medidas para fomentar la participación pública en los esfuerzos por prevenir y combatir dicha delincuencia.
3. La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras a lograr los objetivos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, en particular a
a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los artículos 29, 30 y 31 de la presente Convención, alentando inclusive la movilización de contribuciones voluntarias,
b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la delincuencia organizada transnacional y sobre prácticas eficaces para combatirla,
e) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales pertinentes
d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención,
2. La secretaría
a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la realización de las actividades enunciadas en el artículo 32 de la presente Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes y les prestará los servicios necesarios,
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de información a la Conferencia de las Partes según lo previsto en el párrafo 5 del artículo 32 de la presente Convención, y
e) Velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.
1 . Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la negociación.
3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán tambien al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritosç debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.
Estados Parte	Firma Instrumento
Afganistán 14-12-2000
Albania 12-12-2000	21-	8-2002
Andorra 11-11-2001
Angola 13-12-2000
Antigua y Barbuda 26- 9-2001	24-	7-2002
Arabia Saudita 12-12-2000
Argelia (*) 12-12-2000	7-10-2002
Argentina 12-12-2000	19-11-2002
Armenia (*) 15-11-2001	1- 7-2003
Australia	................	13-12-2000
Argelia.Ver TABLA 1Ver TABLA 2Ver TABLA 2A
De conformidad con el párrafo 3 del artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 (en lo sucesivo denominada la Convención) la República de Armenia declara que su Código Pena¡ (Capítulo 7, en particular el artículo 41 del Código) abarca todos los delitos graves relacionados con grupos delictivos organizados previstos en el párrafo 1.a).i) del artículo 5 de la Convención.
No obstante, la República de Armenia declara al mismo tiempo que aplicará la Convención en las relaciones con los Estados Partes en el Convenio Europeo de Extradición, hecho en París el 13 de diciembre de 1957 siempre que la Convención complemente y facilite la aplicación de lo dispuesto en el Convenio Europeo de Extradición.
De conformidad con el párrafo 13 del artículo 18 de la Convención, la República de Armenia designa a las siguientes autoridades centrales encargadas de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca
a) respecto de los casos en fase de investigación previa a i uicio
De conformidad con el párrafo 14 del artículo 18 de la Convención, la República de Armenia declara que las lenguas aceptables son armenio, inglés o ruso." Belarús. Declaración
"La República de Belarús entiende que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención se hará en la medida en que no contradiga su derecho interno. La República de Belarús, de conformidad con su artículo 16 de la Convención, utilizará la Convención como base para la cooperación en materia de extradición con otros Estados miembros de la Convención." Bélgica. En el momento de la firma. Declaración
Las comunidades francesa, flamenca y germanófona y las regiones de Valonia, Fiandes y Bruselas capital quedan asimismo obligadas mediante la presente firma. Botswana.
"El Gobierno de la República de Botswana notificó mediante el presente acto al Secretario General de las Naciones Unidas que de conformidad con
a) el párrafo 5.a) del artículo 16, el Gobierno de la República de Botswana no considerará la presente Convención como la base jurídica para la cooperación en materia de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención, b) al párrafo 13 del artículo 18, el Gobierno de la República de Botswana designa al Fiscal General de la República de Botswana como la autoridad central encargada y con competencia para recibir las solicitudes de asistencia judicial recíproca, o bien para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución e) el párrafo 14 d¿I artículo 18, el inglés será la lengua aceptable por el Gobierno de la República de Botswana ' d) el párrafo 6 del artículo 31, las siguientes autoridades pueden ayudar a otros Estados Partes a formular medidas para prevenir la delincuencia organizada transnacional
i) El Comisario de Policía Botswana Poi ice Headquarter Government Enclave Private Bag 00 12. ii) El Fiscal General de la República de Botswana Attorney General's Chambers-Government Enclave Private Bag 009 Gaborone, Botswana." Ecuador. Reserva
concepto de responsabilidad pena¡ de las personas jurídicas no se encuentra incorporado en la actualidad a la legislación ecuatoriana. Cuando la legislación progrese en este ámbito, la presente reserva será retirada.
En el momento de la firma
"... el Riigikogu de la República de Estonia, en e momento de ratificar la Convención, formuló las siguientes declaraciones.
1) de conformidad con el párrafo 3 del artículo 5 de la Convención, la República de Estonia declara que, en virtud de su legislación, considera el acto previsto en el párrafo 1.a).i) del artículo 5 como delito '
2) de conformidad con el párrafo 5 del artículo 16 de la Convención, la República de Estonia declara que considerará la presente Convención como la base jurídica para la cooperación en materia de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención,
3) de conformidad con el párrafo 13 del artículo 18 de la Convención, la República de Estonia designa al Ministerio de Justicia como la autoridad central encargada de recibir las peticiones de asistencia judicial recíproca '
"El Reino Hachemita de Jordania declara su intención de no quedar vinculado por lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 35 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional."
De conformidad con el párrafo 13 del artículo 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, la República de Letonia declara que las autoridades designadas son
1) Oficina del Fiscal General - durante la investigación previa al enjuiciamiento.
0 Kalpaka Blvd.. 6, Riga, LV1 80 1, Latvia.
Teléfono 371 704 4400.
Fax 371 7044449.
Correo electrónico. genEtcommat Irp.gov. 1 v.
2) Ministerio de Justicia - cluWte el enjuiciamiento. Brivib as Blvd. 16, Riga, LV- 153 ) 6, Latvia.
Teléfono 371 703 6801, 701 6716.
Fax 371 721 0823, 728 5575.
Correo electrónico tm.kancelejaEtcommat,tm.gov.iv". "Declaración.
De conformidad con el párrafo 14 del artículo 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, la República de Letonia declara que las lenguas aceptables son el inglés o el letón."
de conformidad con el párrafo 13 del artículo 15 de la Convención, el Seimas de la República de Lituania declara que el Ministerio de Justicia de la República de Lituania y la Oficina del Fiscal General dependiente del Tribunal Supremo de la República de Lituania serán designados como autoridades centrales para recibir las peticiones de asistencia judicial recíproca
de conformidad con el párrafo 14 el artículo 18 de la Convención, el Seimas de la República de Lituania declara que las peticiones de asistencia judicial y los documentos relativos a las mismas que se remitan a la República de Lituania deberán ir acompañados de sus respectivas traducciones al inglés, ruso o lituano, en caso de que los documentos mencionados no estén redactados en ninguno de estos idiomas de conformidad con el párrafo 5.a) del artículo 16 de la Convención, el Seimas de la República de Lituania declara que la República de Lituania considerará la presente Convención como la base jurídica para la cooperación en materia de extradición con otros Estados Partes en la Convención, no obstante, la República de Lituania no considerará en ningún caso la Convención como la base jurídica para la extradición de nacionales lituanos, tal como está previsto en la Constitución de la República de Lituania.
"... de conformidad con el párrafo 6 del artículo 13 de la Convencion, el Seimas de la República de Lituania declara que la República de Lituania considerará la Convención como la base de tratados necesaria y suficiente para la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del artículo 13 de la presente Convención, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 35 de la Convención, el Seimas de la República de Lituania declara que la República de Lituania no se considerará vinculada por lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 35, que prevé que cualesquiera controversias relativas a la interpretación o aplicación de la Convención se someterán a la Corte Internacional de Justicia."
"Declara que considerará la Presente Convención como la base jurídica necesaria para la cooperación en materia de extradición con otros Estados Partes en la presente Convencion
Artículo 5 3) Los Estados Unidos Mexicanos desean declarar que para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1.a).i) del artículo 5, la legislación interna del Estado mexicano contempla todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. La penalización de todo acuerdo concertado con una o más personas con el fin de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material entraña la participación de un grupo delictivo organizado en la comisión de un delito organizado previsto en el artículo 2 de la Ley Federal para la Lucha contra la Delincuencia Organizada, en la medida en que está relacionado con los delitos a que se refiere el mencionado artículo. El delito de asociación para delinquir, previsto en el artículo 164 del Código Pena¡ Federal es aplicable en la medida en que esté relacionado con los otros delitos graves a que se refiere la Convención.
El Estado de la República de Nicaragua declara que las medidas necesarias para armonizar la Convención con su derecho interno serán el resultado de los procesos de revisión de la legislación pena¡ que el Estado de la República de Nicaragua está llevando a cabo actualmente o que pueda llevar a cabo en el futuro. Asimismo, el Estado de la República de Nicaragua se reserva el derecho, en el momento de depositar su instrumento de ratificación de la presente Convención, a invocar, de conformidad con los principios generales del derecho internacional, el artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969.
"... Declara, de conformidad con el artículo 18.13 de la Convención que el Fiscal General de Nueva Zelanda ha sido designado por el Gobierno de Nueva Zelanda como la autoridad central que estará encargada y facultada para recibir las peticiones de asistencia judicial recíproca
Y decidirá, de conformidad con el artículo 18.14 de la Convención que el inglés es el idioma señalado por el Gobierno de Nueva Zelanda como el idioma aceptable en que se redactarán las peticiones de asistencia judicial recíproca."
"... de conformidad con el estatuto constitucional de Tokelau y teniendo en cuenta el compromiso del Gobierno de Nueva Zelanda de desarrollar la autonomía de Tokelau mediante una ley de autodeterminación en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la presente ratificación no será extensiva a Toke1au hasta que el Gobierno de Nueva Zelanda deposite una declaración a tal efecto en poder del depositario, basándose en una consulta adecuada en dicho territorio ... "
De conformidad con el párrafo 13 del artículo 18, la República de Polonia declara que se designa al Ministerio de Justicia como la autoridad central competente de recibir las peticiones de asistencia judicial recíproca. La República de Polonia declara que el polaco y el inglés serán los idiomas aceptables de conformidad con el párrafo 14 del artículo 18.
"1. De conformidad con el párrafo 5.a) del artículo 16 de la Convención, Rumania considera la presente Convención como la base jurídica para la cooperación en materia de extradición con otros Estados Partes en la presente Convención '
2. De conformidad con el párrafo 13 del artículo 18 de la Convención, las autoridades centrales rumanas designadas para recibir las peticiones de asistencia judicial recíprocas son:
a) La Oficina del Fiscal General del Tribunal Superior de Justicia, para las peticiones de asistencia judicial recíprocas formuladas durante la investigación previa al juicio (Blvd. Libertatii nr. 14. sector 5 Bucaresti, teléfono 410 54 35, fax 337 47 54)
b) El Ministerio de Justicia para las peticiones de asistencia judicial recíproca formuladas durante el juicio o la ejecución de la condena, así como para las peticiones de extradición (Str. Apollodor nr. 17, sector 5 Bucaresti, teléfono 314 15 14, fax 310 16 62) '
INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000	Trámites