Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-40084-de-febrero-13-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d7f972554df3001ee0430a010151001e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-20 03:45:17
Document Index: 128847380

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 90', 'ARTÍCULO 162', 'artículo 90', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 188', 'artículo 188', 'artículo 188']

﻿ Sentencia 40084 de febrero 13 de 2013
SENTENCIA 40084 DE 13 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:PUEDE REALIZARSE CASACIÓN SOBRE NORMAS CONVENCIONALES. LAS NORMAS CONVENCIONALES NO TIENEN EL CARÁCTER REQUERIDO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 5º DEL ARTÍCULO 90 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SIN EMBARGO, SE PUEDEN INCLUIR DENTRO DE LA PROPOSICIÓN JURÍDICA DE LOS CARGOS DE CASACIÓN LABORAL. SE DEBEN ESTUDIAR LOS CARGOS, SIEMPRE Y CUANDO SE INCLUYA POR LO MENOS UN PRECEPTO SUSTANCIAL DE ORDEN NACIONAL QUE HABIENDO SIDO ESENCIAL AL FALLO O DEBIENDO SERLO LO SEÑALE EL RECURRENTE COMO VIOLADO, TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY 446 DE 1998.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, ECOPETROL, PRESTACIONES SOCIALES, RECURSO DE CASACIÓN, NORMAS CONVENCIONALES
Sentencia 40084 de febrero 13 de 2013
Rad.: 40.084
Cierto es que, como lo destaca la réplica, las normas convencionales, por no tener alcance nacional sino apenas entre quienes las suscribieron, y eventualmente a otros a quien la ley permite extender, no pueden ser consideradas como de alcance nacional, por ende, ajenas a la indicadas por el literal a) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dentro de lo que ha dado en llamarse jurisprudencialmente como la proposición jurídica de los cargos en la casación del trabajo. Pero que se incluyan como tales normas que no tienen el carácter requerido no es óbice para que se estudie el cargo, siempre y cuando también se incluya por lo menos un precepto sustancial de orden nacional, que habiendo sido esencial al fallo o debiendo serlo se señale por el recurrente como violado por el fallo atacado, como aquí ocurrió al incluirse en tal concepto, entre otros, los artículos 127 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, tal y como lo dispone el numeral 1º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, vuelto legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Pero que el dislate anotado no tenga mayor trascendencia a la mínima técnica exigida al recurso de casación no se traduce en que su prosperidad se abra paso, o que quepa predicar del único cargo de la demanda su acertado direccionamiento, dado que, como se recuerda, el tribunal no encontró razón alguna a la pretensión del hoy recurrente de que se reliquidarán los salarios y prestaciones sociales definitivas o finales, así como la pensión de jubilación reconocida, incluyendo el llamado ‘tiempo perdido o no laborado’ y los factores salariales devengados en el último año de servicios, por cuanto: 1) los 90 días descontados “fueron debidamente soportados conforme se señala en la documental obrante a folio 467 a 470 del expediente”, a la cual dio pleno valor “por cuanto no se observa intención de defraudar o perjudicar los intereses del actor con la misma por parte de la demandada”; 2) “no desvirtuó el señor Mejía Flórez lo certificado por su empleadora”; 3) porque “a pesar de haber laborado por más de 20 años al servicio de Ecopetrol, [el trabajador] nunca presentó reparo ni reclamación alguna en relación con los días que la demandada relacionaba como perdidos o no laborados”; 4) además, “no es ahora, finalizada la vinculación de trabajo cuando sea procedente controvertir dichos tiempos certificados como no laborados, máxime si no se aporta ningún elemento de juicio tendiente a ello, por lo que debe apreciarse la buena fe de la empleadora el momento de liquidar los días totales laborados, descontando los días en que el demandante suspendió sus actividades con motivo de los paros sindicales, consideraciones por las cuales se confirma la decisión del juez de primera instancia”; y 5) porque “no todos los referidos por la (sic) demandante constituyen factores salariales, básicamente porque así fueron acordados en los acuerdos convencionales, tales como plan quincenal, compensación de vacaciones en dinero al terminar el contrato de trabajo, bonificación por jubilación, y legalmente la prima de servicios”.
Igualmente se recuerda, para apoyar sus aserciones se remitió a lo sostenido por la Corte sobre el artículo 188 convencional de cual pretende el recurrente derivar el carácter salarial de algunos concepto laborales devengados en sentencia de la Corte de 14 de septiembre de 2005 (rad. 24.589), que copió in extenso, para concluir que “siendo que la demandada incorporó en la liquidación para pensión de vejez los factores legales y los acordados en la convención colectiva de trabajo vigente para 2001-2003, y los reajustes ordenados por el laudo arbitral el 9 de diciembre de 2003, no hay lugar a acceder a lo suplicado y deberá entonces confirmarse la decisión del a quo”.
El recurrente, no obstante lo extenso y farragoso del único cargo con el que pretende derruir el fallo del tribunal, no ataca todos y cada uno de los sustentos que fueron esenciales respecto de cada particular decisión, con lo cual, con total independencia de que le asista razón en los que sí discutió precariamente en el ataque, o aún, en que el tribunal haya acertado o no en los que no fueron atacados, por el solo hecho de quedar intocados permanecen incólumes y, con ellos, la sentencia conserva a plenitud las presunciones de acierto y legalidad que la cobijan.
Y se dice lo anterior por cuanto respecto de los factores salariales contemplados por la liquidación final de salarios y prestaciones sociales el Tribunal asentó que el artículo 188 de la convención colectiva de trabajo invocada por el recurrente como fuente de su naturaleza salarial, ya había sido objeto de estudio por la Corte en sentencia de 14 de septiembre de 2005 (rad. 24.589), de donde entendió que “no todas las remuneraciones recibidas por el demandante durante la vigencia de la relación laboral buscan la contraprestación de los servicios prestados sino que corresponden a reconocimientos acordados por las partes como sumas extralegales, dejando siempre la claridad de su no calidad de factor salarial”; en tanto que, en el cargo, contra la fidelidad que se debe al petitum de la demanda inicial a lo largo del proceso, como a su causa petendi, el ataque se orienta es a tratar de demostrar que los valores liquidados por los dichos factores fueron inferiores a los que verdaderamente correspondían, pues, entre otros argumentos, no se tuvieron en cuenta pagos realizados con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, o los dichos pagos fueron superiores a los que relacionó el empleador en la liquidación final de prestaciones.
Así las cosas, aparte de no demostrar el desacierto del juzgador en sus afirmaciones, se varía injustificadamente la causa petendi de la demanda inicial, y de contera el petitum allí contenido, pues una cosa es perseguir la reliquidación de específicas prestaciones por no haberse incluido factores salariales que constituyen parte de su base de su liquidación y otra, muy distinta, pretenderse su reajuste por no habérsele dado el correcto valor a los diversos factores salariales que constituyen su base de liquidación.
Por otra parte, se queja el recurrente en el cargo de que en la liquidación final de prestaciones sociales no se tuvo en cuenta todo el tiempo laborado, no obstante, para nada discute la certeza de las conclusiones del juzgador a este respecto: que obra prueba de inasistencias injustificadas al sitio de trabajo, pero que no la hay de que sí se laboraron esos ‘tiempos perdidos o no trabajados’, o, simplemente, de que a pesar de estar vinculado por más de 20 años, no obra prueba de que hubiera reclamado o reparado en relación con los días que la demandada relacionaba en sus certificaciones de trabajo como perdidos o no laborados.
Los anteriores razonamientos ninguna preocupación causan al recurrente, muy a pesar de que expresamente dice perseguir que las prestaciones legales y extralegales le sean liquidadas “teniendo en cuenta la totalidad del tiempo de servicio (...)”, debiéndose entender con ello, como lo afirmó desde su demanda inicial, que no le fueron colacionados para esos efectos los llamados ‘tiempos perdidos o no laborados’, y la única mención que a tal aspecto del fallo hace, como también se anotó, la propone con posterioridad al vencimiento del término para formular la demanda del recurso extraordinario, trayendo a colación una sentencia de la Corte en la que se dice que como en ese caso el tribunal blandió otros argumentos para resolver lo pretendido, al recurrente le correspondía derruir todos ellos, pero como no lo hizo, tal cual aquí pasó, solo que al contrario, quedó firme lo decidido. Luego, la misma sentencia que se invoca, como ha ocurrido en situaciones similares a la presente en que se invoca el mismo pronunciamiento, sirve para hacer notar que los razonamientos del fallo aquí atacado permanecen incólumes, pues sus fundamentos no fueron, en modo alguno, socavados.
Adicional a lo anotado, resulta que la pretendida reliquidación de prestaciones sociales conforme a todo el tiempo servido fue también desestimada por el tribunal por considerar que “no es ahora, finalizada la vinculación de trabajo cuando sea procedente controvertir dichos tiempos certificados como no laborados, máxime si no se aporta ningún elemento de juicio tendiente a ello, por lo que debe apreciarse la buena fe de la empleadora el momento de liquidar los días totales laborados, descontando los días en que el demandante suspendió sus actividades con motivo de los paros sindicales, consideraciones por las cuales se confirma la decisión del juez de primera instancia”, de suerte que, rebatir si el paso del tiempo afecta o no la validez de las certificaciones de servicios que no hubieran tenido como tales ‘tiempos perdidos, no trabajados o no laborados’ para efectos de la liquidación final de prestaciones sociales y pensión, requiere de razonamientos jurídicos totalmente ajenos a la vía por la que se enderezó el único cargo, que lo fue por la vía de los hechos del proceso.
Y en similar sentido se puede desestimar, aisladamente a lo ya dicho, el cuestionamiento del ataque a la no inclusión de determinados devengos laborales del trabajador en la liquidación final de salarios y prestaciones sociales, como en la liquidación de la cesantía y sus intereses e, inclusive, de la pensión de jubilación, pues para nada se ocupa de rebatir la conclusión del juzgador de que el artículo 188 convencional del cual se desprenden los argumentos del carácter salarial de ciertos débitos laborales ya había sido analizado desde su perspectiva jurídica por la Corte, razonamientos que acogió para concluir que “siendo que la demandada incorporó en la liquidación para pensión de vejez los factores legales y los acordados en la convención colectiva de trabajo vigente para 2001-2003, y los reajustes ordenados por el laudo arbitral el 9 de diciembre de 2003, no hay lugar a acceder a lo suplicado y deberá entonces confirmarse la decisión del a quo”.
Puestas así las cosas, bien puede decirse que el recurrente extravió el ataque, no solamente porque modificó los marcos de referencia de su demanda inicial y dejó libres de cuestionamiento los soportes que le fueron esenciales al fallo, estacionándose en la mera sumatoria de los valores que le fueron pagados para de allí aducir según su particular visión lo que debería considerarse como factores salariales, el monto de un promedio salarial y el de derechos como los pretendidos, sino porque al iniciar el cargo endilga al juez de la alzada la aplicación indebida de los artículos 130 (viáticos), 306 (prima de servicios) y 307 (carácter no salarial de la citada prima), del Código Sustantivo del Trabajo, que lo condujo a las demás violaciones de la ley que allí le atribuye, cuando quiera que para el tribunal el thema decidendum no refirió el dilucidar el carácter salarial de alguno de dichos aspectos, sino, cuestión bien distinta, computar o no para la liquidación final de salarios y prestaciones sociales y pensión de jubilación unos tiempos llamados ‘tiempos perdidos o no laborados’, y colacionar en la base de liquidación unos pagos laborales, saltando de bulto, entonces, que razón asiste al replicante al reprochar al cargo toda una suerte de dislates técnicos, entre otros, el de plantear modalidades de violación de ley de determinados preceptos que en manera alguna fueron tocados expresa o tácitamente por el juzgador, sino que, por razón de la jurisprudencia de la Corte, le sirvieron sencillamente para concluir, como lo hiciera en ese momento esta Sala de Casación, que cuando una norma convencional prevé que determinados pagos “constituyen factor de salario en la proporción que señala la ley” (art. 188 convencional, ejusdem) admite entender, “prima facie” y de manera razonable, que solo constituyen salario en la medida que lo precise la norma legal pertinente (ejemplo, los viáticos permanentes y los destinados a proporcionar gastos de manutención y alojamiento) y que otros no lo son, ‘dada la naturaleza jurídica y la finalidad de dichos pagos’ como es el caso de la prima anual establecida en los artículos 306 y 307 ya citados, razonamiento que, ni por asomo, entendió el recurrente fue basilar a la decisión.
De lo que viene de decirse se desestima el cargo.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso que Fredys Ramón Mejía Flórez promovió contra Ecopetrol S.A. (antes Empresa Colombiana de Petróleos ‘Ecopetrol’).