Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-306-08.htm
Timestamp: 2017-09-26 19:51:35
Document Index: 401538579

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 48', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 44']

T-306-08
Sentencia T-306/08
RECUENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE EL ACUERDO 280 DE 2007 DEL CONCEJO DISTRITAL DE BOGOTA Y EL ARTICULO 48 DEL CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
NOCION CONSTITUCIONAL SOBRE LIBERTAD DE INFORMACION-Alcance
LIMITES A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Respeto hacia la exactitud
Al reclamar la responsabilidad social de los comunicadores, se aduce la existencia de un límite, que es naturalmente plausible y está acorde con la inexistencia de derechos absolutos y con lo dispuesto por la propia Carta, particularmente en cuanto en su artículo 95 recuerda que el ejercicio de los derechos y las libertades en ella consagrados “implica responsabilidades”, con las consecuencias que comporta la infracción del ordenamiento jurídico y en cuanto pueda afectar ilegítimamente la dignidad, la honra, el buen nombre u otros derechos de las personas. Acerca de la usualmente llamada “información judicial”, el respeto hacia la exactitud debe ser todavía mayor pero, por el contrario, la gran atracción que usualmente despierta, en especial en el ámbito penal, genera tentaciones de anticipación y especulación en quienes desafortunadamente, al estimar que el éxito radica en divulgar un suceso antes que los demás, propagan cualquier apariencia transitoria, aún a riesgo de barruntar responsabilidades y sin acatamiento al deber de resaltar la realidad finalmente esclarecida.
PUBLICACION DE NOMBRES Y FOTOS DE PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACION SEXUALES, CUANDO LA VICTIMA ES UN MENOR DE EDAD-No es una medida idónea para el logro de la finalidad propuesta
PUBLICACION DE NOMBRES Y FOTOS DE PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACION SEXUALES, CUANDO LA VICTIMA ES UN MENOR DE EDAD-Inexequibilidad del inciso 2° del artículo 48 del Código de la Infancia y la Adolescencia
ACCION DE TUTELA-Prohibición de publicar en medios masivos de comunicación, la foto y el nombre del actor condenado por un delito sexual contra menor
Referencia: expediente T-1768039.
Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil ocho (2008).
El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo dicho Juzgado, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. El 6 de diciembre de 2007, la Sala de Selección N° 12 de la Corte escogió este proceso para su revisión.
Farid Alarcón Díaz instauró acción de tutela en septiembre 26 de 2007 ante el reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, correspondiéndole al Veinticuatro, denotando que se le estarían conculcando derechos como los atinentes al debido proceso, la cosa juzgada y la dignidad humana, por los hechos que a continuación son sintetizados.
En contra del accionante cursó un proceso penal por el delito de acto sexual con menor de catorce años, siendo condenado el 29 de mayo de 2007 por el Juzgado 42 Penal del Circuito de Bogotá. Según su afirmación, le fue concedida “prisión domiciliaria” y actualmente el proceso se encuentra en el Juzgado 11 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Narra el actor que posteriormente “la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras Entidades, ordenaron publicar las fotografías de los violadores en distintos lugares públicos, prensa y televisión, lo cual efectivamente está sucediendo ya que mi fotografía salió a la picota pública el pasado 18 de junio de 2007, en el periódico Hoy de propiedad de El Tiempo, periódico LA CHIVA el pasado 18 de julio de 2007 y en otros periódicos a nivel nacional, además en CITY T. V. TELEVISIÓN en varias oportunidades” el 29 de mayo de 2007 (f. 1 cd inicial).
A los derechos fundamentales a la dignidad y al debido proceso, incluida la cosa juzgada y el non bis in idem, cuyo eventual quebrantamiento se colige de lo expuesto por el actor, se agregará el análisis de si se ha conculcado en su contra la proscripción de la imposición de tratos degradantes, correlativamente con los derechos de los niños y, de otra parte, de los familiares y otros allegados del actor, para determinar si se ordena a los medios de comunicación demandados que no vuelvan a efectuar publicaciones de la acusada naturaleza estigmatizadora, y a la Alcaldía Mayor del Distrito Capital de Bogotá que se abstenga de patrocinar o estimular esas prácticas.
El 1° de octubre de 2007, el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a los medios masivos de comunicación La Chiva, Hoy, El Tiempo y Citytv, para que se manifiesten sobre los hechos y ejerzan su derecho de defensa. Así mismo, pidió al Juzgado respectivo copia del fallo que hubiere proferido contra Farid Alarcón Díaz “por algún delito sexual”.
3.1. Respuesta de la representante legal de Casa Editorial El Tiempo S. A.
A nombre del diario Hoy, manifiesta oposición “a todas las pretensiones” y que “se declare improcedente la tutela instaurada”, en cuanto no hay lugar a rectificación, pues “toda la información publicada en diario Hoy en relación con el accionante es verdadera y está basada en hechos ciertos y reconocidos por el mismo accionante” (f. 30 ib.).
Por otra parte, para defender específicamente al periódico El Tiempo, agregó que al revisar la base de datos de este periódico, no se encuentra ninguna publicación que hubiera mencionado al demandante, razón por la cual no puede vincularse a un medio que ni siquiera se ha referido al actor (f. 44 ib).
3.2. Respuesta del representante legal de CEETTV S. A.
3.3. Respuesta de la apoderada judicial de la sociedad El Colombiano S. A. y CIA S. C. A., propietaria del periódico La Chiva.
Afirmó que el tema de la emisión de espacios donde se muestra personas al margen de la ley, “fue analizado por la Corte Constitucional en la sentencia T-561 de 1993 en donde se estableció” que es legítimo el accionar del Estado al divulgar informaciones sobre la delincuencia, la comisión de hechos punibles y su autoría, medidas que contribuyen a prevenir otras conductas punibles.
La Corte es competente para conocer esta demanda en Sala de Revisión, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Se analiza la procedencia de la acción de tutela con el fin de proteger derechos fundamentales de quien fue condenado por un delito de actos sexuales contra menor de catorce años, en cuanto a si la información publicada en cumplimiento de un Acuerdo proferido por el Concejo Distrital de Bogotá y del Código de la Infancia y la Adolescencia, conculca su dignidad y el debido proceso, incluida la cosa juzgada y el non bis in idem, además de su garantía de no ser sometido a tratos degradantes, correlativamente con los derechos de los niños y de los familiares y otros allegados, para que se ordene a unos medios masivos de comunicación que no vuelvan a afectar al actor con publicaciones probablemente estigmatizadoras y a la Alcaldía Mayor del Distrito Capital de Bogotá que se abstenga de patrocinar o estimular esas divulgaciones.
3.1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[1] estudió la acción de tutela interpuesta por una persona condenada a 80 meses de prisión, por delitos agravados de acto sexual con menor de 14 años y acto sexual violento, en concurso homogéneo, e incesto, quien consideró que la medida contemplada en el Acuerdo 280 de 2007, de ordenar la publicación de su nombre, fotografía y otros datos, desconoce sus derechos a la dignidad humana, honra, debido proceso y a la prohibición de penas inhumanas y crueles.
Señaló la Sala de Casación Penal que el Acuerdo va en contravía de los artículos 1, 12, 21, 44 y 85 de la Carta y, adicionalmente, contraviene el artículo 29 de la Constitución por los siguientes motivos:
En esta ocasión la publicación en muros y vallas es una medida dispuesta, no por el Congreso de la República, sino por una autoridad administrativa que carecería de competencia para tal fin, si se tratare de una sanción penal, la cual no había sido contemplada antes de la comisión del hecho punible, conllevando afectación también del principio non bis in idem, que impide a las autoridades investigar, juzgar o condenar a una persona más de una vez por la misma conducta, respecto de la cual ya cursó un proceso y se obtuvo decisión.
3.2. La Corte Constitucional[2], al definir varias acciones de tutela instauradas por ciudadanos que vieron amenazados sus derechos fundamentales por medidas derivadas del Acuerdo 280 de 2007, explicó que si bien es improcedente la acción de tutela para cuestionar actos de carácter general, impersonal y abstracto, puede existir una hipótesis distinta cuando el particular afectado no se dirige a obtener la anulación de un acto de esa naturaleza, sino a prevenir que el mismo sea aplicado, para evitar que genere efectos lesivos de derechos fundamentales. Al respecto afirmó:
“… la situación que dio lugar a las acciones de tutela plantea una amenaza contra los derechos fundamentales de los accionantes porque, pese a que no se ha materializado una afectación de tales derechos -como quiera que en ninguno de ellos se ha aplicado el Acuerdo 280 de 2007 del Concejo de Bogotá- se tiene que, sin perjuicio de las precisiones que quepa hacer en el aparte de consideración de los casos concretos, todos hacen referencia a la situación de personas que han sido condenadas penalmente en razón de delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, cuyas víctimas han sido menores de edad.
Es indiscutible que frente al Acuerdo 280 del Concejo de Bogotá caben otras vías de defensa judicial que, en principio harían improcedente el amparo. No obstante lo anterior, de acuerdo con el régimen constitucional y legal de la acción de tutela, la misma, pese a la existencia de un medio de defensa judicial alternativo, cabe como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual lleva a la Sala a establecer los elementos de ese concepto y su aplicación al caso concreto.”
“En el anterior acuerdo, contra el cual de manera específica se dirigen las solicitudes de amparo, cabe destacar, en primer lugar, su finalidad, que, de conformidad con su encabezado, es adoptar medidas para ‘… la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños …’. Excluyendo el concepto de restablecimiento, que no tiene correspondencia específica con el texto normativo, el propósito de protección y garantía se pretende obtener mediante la divulgación pública de la identidad de los agresores sexuales contra menores en Bogotá.
Se asume que si se tiene conocimiento en relación con personas que, habiendo sido condenadas pueden representar un factor de riesgo de reincidencia, es posible prevenir la ocurrencia de nuevos episodios de violencia sexual contra menores, mediante la divulgación suficiente de la identidad de quienes han sido condenados. A contrario sensu, puede expresarse que implica un riesgo innecesario, e incluso una omisión censurable, no hacer la difusión suficiente de una información cuyo contenido podría evitar la comisión de un delito que afecta de manera tan dramática los derechos de las víctimas y en particular de los menores de edad.”
En este sentido, verificando un juicio de proporcionalidad, se estableció que la medida cuestionada comporta afectación de derechos fundamentales de los condenados, sus familias y las propias víctimas, por cuanto no hay evidencia que demuestre que resulta adecuada para la obtención del fin propuesto, por lo cual se dispuso su inaplicación, como medida transitoria mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncia sobre la constitucionalidad del Acuerdo 280 de 2007, o la Corte Constitucional en sede de control abstracto de normas legales, emite un pronunciamiento en torno a la exequibilidad del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 que le sirve de base[3].
3.3. Ese pronunciamiento en acción pública de constitucionalidad lo profirió esta corporación el 30 de enero de 2008, en la sentencia C-061[4], mediante la cual fue retirada del ordenamiento jurídico la norma contenida en el inciso 2° del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006, que establecía que por lo menos una vez a la semana se presentaran, con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por un delito contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, cuando la víctima haya sido un menor de edad. Esto, dentro de la obligación de los concesionarios de servicios de radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos, de ceder espacios de su programación para transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos, determinados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según señala el inciso 1° del mismo artículo 48 en cita.
“…Para tratar de establecer una relación entre el beneficio obtenido y la afectación o perjuicio que se causa contra otros bienes jurídicos, ha quedado constatada la alta indeterminación del beneficio que este mecanismo de difusión de la condena puede generar, por la carencia de estudios que le otorguen fundamento, lo cual, por ahora, coloca en un plano puramente especulativo evaluar la relación costo - beneficio que al respecto pudiera plantearse y, a partir de allí, deducir si se está quebrantando la proporcionalidad. Empero, sí existe en este caso una percepción mucho más amplia sobre el gravamen o afectación que para la persona condenada y también para su familia, especialmente en comunidades menores, implica la difusión adicionalmente estigmatizadora de la identificación pública cuya exequibilidad se discute, razón por la cual se estima procedente discurrir, en forma breve, en relación con tales afectaciones.
Recuérdese, por otra parte, de nuevo en relación con el debate legislativo, que no aparece que se haya efectuado una consideración al menos mediana sobre la razón de ser y los efectos que se esperaban del precepto cuestionado; ni que hayan sido consideradas alternativas conducentes al mismo propósito, que pudieran conllevar más efectividad y menor afectación al individuo condenado y/o a su familia.”
En todo caso, al ser declarado inexequible por la Corte el precepto contenido en el citado inciso 2° del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006, ya no puede ninguna autoridad, ni medio masivo de comunicación, apoyarse en él como sustento de una divulgación como la que motiva esta acción de tutela.
La jurisprudencia constitucional sustenta que ese derecho a la información es de doble vía, en la medida que por una parte se permite y protege y, por otra, precave que la difusión que se reciba sea veraz e imparcial[5].
Lo anterior sin perjuicio de que la libertad de información y la actividad periodística (art. 73 Const.) sean desarrolladas y garantizadas en el mayor grado posible, pues su restricción sólo se justificará en la medida de los derechos de los demás y en cuanto responda a criterios de necesidad y proporcionalidad.
Sobre este punto, la Sala aclara que la solicitud de rectificación no es necesaria en estos eventos, pues por su naturaleza la información no puede ser rectificada, en la medida en que no se cuestiona la veracidad de la información en sí misma, sino que se pide la protección judicial respecto de agravios que a los derechos fundamentales haya podido infligir la manera en que la información, aún siendo verdadera, ha sido presentada. En estos últimos casos no se busca propiamente obtener rectificación, sino que se pretende impedir que continúe la lesión del derecho fundamental quebrantado.
Debe recordarse la anotación que acompaña las difusiones efectuadas, que se fundan en lo determinado por el Acuerdo 280 de 2007 del Concejo Distrital de Bogotá (cfr. f. 1 cd. inicial):
“Dice el Distrito que antes de septiembre las caras de los abusadores de niños de Bogotá estarán expuestas en vallas por toda la ciudad. Los sujetos de las fotos son algunos de los condenados por estos delitos que saldrán en ellas, según el Fiscal General de la Nación.”
No se está simplemente en presencia de la respetada divulgación de un hecho cierto como noticia, sino del acatamiento de un Acuerdo de un organismo territorial, emitido en desarrollo de una disposición legal que después fue excluida del ordenamiento jurídico por ser contraria a la Constitución (inciso 2° del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia), precisamente al contravenir la preceptiva superior que se suponía estaba llamada a desarrollar, como el artículo 44 de la Constitución sobre los derechos fundamentales de los niños.
Siendo esta la situación que enfrenta el demandante en esta acción de tutela, cuya fotografía y nombre podrían ser de nuevo objeto de divulgación, se le estaría sometiendo a un baldón adicional, que no sólo va en su contra, sino también expone a sus más cercanos allegados, algunos de ellos probablemente en minoridad, que no tienen porque asumir las consecuencias de la mala acción de aquél, cuya fotografía públicamente exhibida podría conllevar también aumento en la victimización, por las evocaciones ominosas que pueda acarrear.
Sin embargo, la precisión contenida en el párrafo anterior y las efectuadas en el acápite 4. de estas consideraciones (“Noción constitucional sobre la libertad de información. Límites”), necesarias frente a lo referido por los representantes de algunos de los vinculados y en el fallo único de instancia, no cobijan la divulgación que se hace en observancia de una norma legal, que después fue declarada inconstitucional, y un Acuerdo emitido por el Concejo Distrital de Bogotá, al igual que por petición de las respectivas autoridades administrativas y de investigación. De la misma manera, tampoco tiene lugar la reclamada solicitud previa de rectificación, como pretendido requisito de procedibilidad de la acción de tutela, tratándose de un hecho real, esclarecido y sancionado por sentencia penal ejecutoriada, de donde emana lo que se está divulgando.
En estas condiciones, lo que se debate en esta tutela es la razón y la modalidad de la publicación, determinadas por el Acuerdo 280 de mayo 8 de 2007, expedido por el Concejo Distrital de Bogotá “en desarrollo de los artículos 7, 41 y 48 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia” (no está en negrilla en el texto original), que ya se ha reiterado por cuanto presenta connotaciones contrarias a la Carta Política, como ya fue determinado con fuerza de cosa juzgada constitucional.
Ha de anotarse, de otra parte, que aunque la publicación de la foto y el nombre del actor ya se efectuó en algunos medios masivos de comunicación, existe la amenaza de que la difusión llegare de nuevo a realizarse, lo cual será prohibido en esta sentencia, previniendo a los entes accionados para que en ningún caso vuelvan a incurrir en acción similar a la que da mérito a esta sentencia de tutela (art. 24 D. 2591 de 1991).
Por todo lo anteriormente expuesto y para proteger el derecho a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos degradantes, no sólo en cuanto al actor sino también a sus más cercanos allegados, al igual que a la propia víctima (art. 44 Const.), se revocará el fallo proferido por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá de fecha 11 de octubre de 2007, en la acción de tutela incoada por Farid Alarcón Díaz, contra varios medios masivos de comunicación, de los cuales se excluye, como antes se anotó y por no haber realizado la publicación, a El Tiempo y Citytv.
Primero: REVOCAR la sentencia de fecha 11 de octubre de 2007, proferida por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá, en la acción de tutela presentada por Farid Alarcón Díaz, contra los medios de comunicación Hoy y La Chiva y la Alcaldía Mayor de Bogotá. En su lugar, SE CONCEDE el amparo solicitado, con el fin de proteger el derecho a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos degradantes, no sólo en cuanto al actor sino también a sus más cercanos allegados, al igual que a la propia víctima.
Segundo: ORDENAR a los periódicos Hoy y La Chiva, al igual que a la Alcaldía Mayor de la ciudad de Bogotá, que se abstengan de publicar y divulgar información alguna con relación al actor, por la causa que ha sido objeto de análisis en esta acción.
[1] Providencia de octubre 17 de 2007, rad. 31.707, M. P. Augusto Ibáñez Guzmán.
[2] T-1073 de diciembre 12 de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[3] Cfr. Fundamento 5.2.3.4. de la sentencia T-1073 de diciembre 12 de 2007
[4] M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[5] Al respecto puede consultarse la sentencia T-259 de junio 1° de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.