Source: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-lt-ro.do?clang=es&mtContentRequested=1
Timestamp: 2019-12-15 05:03:43
Document Index: 160996069

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 30', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 56', 'artículo 33', 'artículo 23', 'artículo 88', 'artículo 56', 'artículo 109', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 88', 'artículo 8', 'artículo 89', 'artículo 15', 'artículo 71', 'artículo 87', 'artículo 71', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 31', 'artículo 36', 'artículo 88', 'artículo 32', 'artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 407', 'artículo 56', 'artículo 5', 'artículo 56', 'artículo 7', 'artículo 15', 'Artículo 87', 'artículo 15', 'artículo 87', 'artículo 71', 'artículo 40', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 32']

Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Lituania
No existe derecho a un medio ambiente saludable y favorable, etc. directamente consagrados por la Constitución. Pero este derecho puede deducirse de otros artículos de la Constitución. Concepto de protección del medio ambiente se menciona en diversos artículos de la Constitución: «el Estado y cada uno debe proteger el medio ambiente contra los efectos nocivos de influencia «(artículo 53, apartado 3,);» el Estado se ocupará de la protección del medio ambiente natural, la fauna y la flora, objetos de naturaleza particularmente valiosa y distritos, y supervisará la utilización moderada de los recursos naturales, así como a su restauración y aumento. El agotamiento de las tierras y elementos de la tierra, la contaminación del agua y del aire, la producción de radiación, así como el empobrecimiento de la fauna y la flora silvestres, estará prohibida por la ley» (artículo 54). La Constitución garantiza el acceso a la justicia constitucional: «toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados, tiene derecho a recurrir a los tribunales» (artículo 30, apartado 1,). Los ciudadanos pueden entablar procedimientos administrativos o judiciales a causa de los atentados al medio ambiente. Pero no pueden invocar el derecho constitucional a disfrutar del medio ambiente. Los tratados internacionales ratificados por el Parlamento (Seimas) son un componente del sistema jurídico (art. 138 (3)). En caso de conflicto, los acuerdos internacionales tienen primacía sobre el Derecho nacional (el art. 11 (2) de la Ley de tratados internacionales). Las partes pueden invocar directamente en el Derecho internacional. El Convenio de Aarhus es eficaz sin ninguna legislación nacional adicional. Los organismos administrativos y los tribunales deben aplicar el presente Tratado.
Lituania tiene un doble sistema judicial con los tribunales de competencia general y tribunales administrativos de competencias especiales. Los órganos jurisdiccionales de Derecho común, civil y penal, son el Tribunal Supremo de Lituania (1), el Tribunal de Apelación de Lituania (1), y, en los juzgados de primera instancia, los tribunales regionales y los tribunales de distrito (54) (5). Los tribunales de distrito también conocen algunos casos de infracciones administrativas dentro de su jurisdicción por ley. Los tribunales regionales, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo de Lituania han obtenido una División penal y civil Division (Reino Unido). El Tribunal Supremo de Lituania es el tribunal revisa las sentencias, resoluciones, decisiones y órdenes de los tribunales de competencia general. Desarrolla una práctica judicial uniforme de interpretación y aplicación de las leyes y otros actos jurídicos. El Tribunal Supremo Administrativo de Lituania (1) y los tribunales administrativos regionales (5) son tribunales especiales competentes conoce de los litigios que surjan entre los ciudadanos y los organismos administrativos a las relaciones jurídicas administrativas. El Tribunal Supremo Administrativo es el tribunal de primera y última instancia en asuntos administrativos, con arreglo a su competencia en virtud de disposiciones legales. Se trata de una instancia de apelación para los asuntos relativos a las sentencias, resoluciones y decisiones de los tribunales administrativos regionales, así como los asuntos relativos a infracciones administrativas decididas por los tribunales de distrito. El Tribunal administrativo superior es también la instancia competente para tratar, en los casos especificados por la ley, las demandas de reapertura de causas administrativas cerradas, incluidos las infracciones administrativas. El Tribunal administrativo superior desarrolla una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de las leyes y otros actos jurídicos. No existen tribunales especializados competentes para conocer de determinados tipos de litigios administrativos. Solo existe una cierta especialización a nivel de rendición de cuentas de las instituciones (por ejemplo, la Comisión de conflictos tributarios). Las instituciones de investigación prejudicial especiales son las comisiones municipales (Savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos principal) y la Comisión de contenciosos administrativos (Vyriausioji administracinių ginčų komisija). Solicitudes de las comisiones de litigios administrativos o a la Comisión de conflictos tributarios con anterioridad a la interposición de un recurso ante los tribunales administrativos no es obligatoria, salvo en las materias reguladas por las leyes. No existen tribunales especiales o los consejos medioambientales en Lituania. Comisiones de litigios administrativos, los tribunales administrativos y llevar a cabo una revisión completa de todos los actos administrativos, como las leyes en materia de medio ambiente. Los tribunales ordinarios de distrito conocen de los casos de daños al medio ambiente. Algunas instituciones estatales bajo la autoridad del Ministerio de medio ambiente pueden actuar como una misma entidad en materia de medio ambiente en los casos previstos por la ley (por ejemplo, la inspección del Estado para la planificación territorial y construcción, y el servicio estatal de áreas protegidas). Los tribunales administrativos solo pueden conocer de contenciosos administrativos en asuntos medioambientales. No existe posibilidad de aplicar a otro órgano jurisdiccional. Solo existe la posibilidad de aplicar a una Comisión de litigios administrativos, antes de plantear el asunto ante un tribunal administrativo. No existe una norma general, que los actos administrativos deben ser impugnados ante una autoridad administrativa superior o un organismo independiente de litigios antes de presentar la solicitud al Tribunal de Justicia. El control interno de los actos administrativos u omisión únicamente es obligatoria en determinados tipos de litigios administrativos (por ejemplo, en materia de seguridad social, o los litigios contenciosos en materia fiscal). Solicitudes de las comisiones de litigios administrativos o a la Comisión de conflictos tributarios antes de llevar el asunto ante un tribunal administrativo puede ser seleccionada sobre una base voluntaria. Solo en las materias reguladas por leyes este procedimiento preliminar es obligatoria. Toda persona interesada puede solicitar a los tribunales para la protección de su derecho o interés impugnada infringió o protegidas con arreglo a la ley (artículo 5 de la Ley de procedimiento contencioso-administrativo (PLA)). Todo solicitante que impugna un acto administrativo ha de demostrar un interés particular en la anulación de este acto. Solo una solicitud ante un tribunal administrativo por un particular con el fin de proteger sus propias prerrogativas o un derecho o interés controvertido es admisible (artículo 5 LAP). Es posible presentar una denuncia para proteger el Estado u otro interés público establecidos por el fiscal, entidades de la administración, los oficiales de control del Estado, en otras instituciones, agencias, organizaciones o personas físicas, pero solo en los casos previstos por la ley (artículo 56 LAP). Una queja/petición puede presentarse en el tribunal administrativo, en el plazo de un mes a partir del día de la publicación del acto [controvertido], el día de entrega del acto individual al interesado, la notificación al interesado de la acción (u omisión), en un plazo de dos meses a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido por una ley o cualquier otro acto jurídico para el cumplimiento de la demanda. Si la entidad pública o administración interna retrasa la consideración de una determinada cuestión y se abstenga de resolverlo en la fecha de vencimiento, la denuncia de la omisión (en este retraso) podrán presentarse en el plazo de dos meses a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido por una ley o cualquier otro acto jurídico para solucionar esta cuestión. No se fijarán plazos para la presentación de peticiones para el control de la legalidad de los actos de la administración de justicia por los tribunales administrativos. La decisión que adopte la Comisión de contenciosos administrativos o cualquier otra institución de investigación preliminar extrajudiciales de litigios administrativos, adoptada tras la instrucción de una controversia de conformidad con los procedimientos extrajudiciales, pueden recurrirse ante los tribunales administrativos en un plazo de 20 días a partir de la recepción de la Decisión (artículo 33 LAP).
Si se admite que el plazo para la interposición de una reclamación no ha sido registrada para una buena razón, a la petición del demandante, el tribunal administrativo puede conceder a restablecer el statu quo ante. La petición de restablecimiento de la situación anterior se deberán indicar los motivos del incumplimiento de los plazos y presentar los justificantes que confirmen las razones del incumplimiento del plazo. No existen procedimientos especiales de control ante los órganos jurisdiccionales administrativos. Solo el cumplimiento de la reclamación a los requisitos formales y los plazos para interponer reclamación se verifican con el fin de decidir si una denuncia es aceptable. El artículo 23 establece las normas mínimas de la vuelta de la denuncia a los tribunales administrativos. Excepto en los casos previstos por la ley, las reclamaciones y peticiones deberán ser recibidos y tratados por los tribunales administrativos únicamente después del pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados. La asistencia de un abogado no es obligatoria en los tribunales administrativos. Las partes en el procedimiento pueden defender sus intereses ante los tribunales por sí mismas o a través de sus representantes. El tribunal administrativo puede anular el acto administrativo impugnado (a veces una parte del mismo). El Tribunal también puede obligar a la entidad de gestión adecuadas para remediar la violación cometida o lleve a cabo otras resoluciones del Tribunal de Justicia (artículo 88 LAP). El Tribunal administrativo no puede cambiar el acto administrativo pero puede obligar a la institución estatal (PASS) para elaborar un nuevo acto administrativo. La decisión del Tribunal podrá contener este nuevo acto administrativo. No existen disposiciones específicas en la Ley de procedimiento contencioso-administrativo sobre los asuntos relacionados con el medio ambiente. Existe la posibilidad de que la petición para la protección del Estado o de otros intereses públicos, incluidas las cuestiones ambientales. El derecho a someter un asunto a un tribunal en materia de medio ambiente está recogida en el Convenio de Aarhus. No existe limitación a las personas físicas o jurídicas a interponer recurso ante un tribunal administrativo. Existe la posibilidad de presentar una denuncia para proteger o cualquier otro interés público previsto para la Fiscalía, entidades de la administración, los oficiales de control del Estado, otras instituciones públicas, organismos, organizaciones o personas físicas, pero solo en los casos previstos por la ley (artículo 56 LAP). Y también es posible que en el ámbito de las cuestiones medioambientales. Los tribunales administrativos pueden resolver los litigios entre las administraciones públicas, que no sean subordinados entre sí, relativas a la competencia o infracción de las leyes, con excepción de los litigios civiles los asuntos atribuidos a los tribunales de competencia general. Las entidades públicas no están legitimadas para impugnar su propia actos administrativos ante los tribunales administrativos. Si la ilegalidad de un acto administrativo viole el interés público, solo el fiscal u otras personas, en los casos previstos por la ley, podrán someter el asunto a un tribunal. Normalmente los jueces no tengan derecho a iniciar un procedimiento. Ahora bien, si un Juez tiene información sobre una acción penal, tiene la obligación de informar a la Fiscalía (artículo 109 LAP). Una vez que el asunto está en curso, el Tribunal puede participar de forma «activa» en el procedimiento, solicitando que le enviaran pruebas, nombrar a testigos, peritos, etc.
Todo solicitante que considere que su solicitud de información ambiental ha sido ignorada, erróneamente rechazada o respondida de forma inadecuada tiene acceso a un procedimiento de recurso ante la Comisión de contenciosos administrativos. La Comisión pueden recurrirse en el plazo de un mes a partir de la recepción de la información o en el plazo de un mes a partir de la fecha de la información disponible. La decisión de la Comisión podrá ser objeto de un recurso ante los tribunales administrativos en un plazo de 20 días a partir de la fecha de recepción de la Decisión. En caso de denegación, la entidad de la administración pública debe adoptar un acto administrativo individual, que deberá recoger claramente formulados, los derechos y obligaciones específicos y el procedimiento de recurso (artículo 6 y 8 de la Ley de la administración pública). Las razones de la denegación deben comunicarse al solicitante en el plazo de 14 días desde la recepción de dicha solicitud por parte de la autoridad pública (artículo 19 Orden relativa al acceso del público a la información en materia de medio ambiente, aprobado mediante la Resolución gubernamental nº 1175). La solicitud puede ser escrita u oral. La información oral si el solicitante no solicite una respuesta por escrito. Los requisitos para la solicitud por escrito son las siguientes:
la información de contacto,
la información solicitada,
la forma de facilitar la información.
El solicitante no tiene que probar un interés. Cuando el solicitante pida a publicar información en una forma concreta (inclusive en forma de copias), la autoridad pública procederá a satisfacer la solicitud (existen algunas excepciones previstas en el artículo 9 de la orden, relativa al acceso del público a la información medioambiental). La información se facilitará al solicitante en el plazo de 14 días naturales después de la recepción por la autoridad pública. Este plazo puede ampliarse al menos a 14 días naturales. Una solicitud de la Comisión de litigios administrativos, antes de dirigirse a un tribunal administrativo es obligatoria en el presente caso. Toda la información debe facilitarse al Tribunal si éste lo solicita. Esta información puede influir en la decisión del Tribunal. Uno de los tipos de resoluciones judiciales en los tribunales administrativos es responder a la reclamación (la concesión de la solicitud) y anular el acto impugnado (o una parte del mismo), o que se obligue a la entidad correspondiente de la Administración para rectificar el incumplimiento cometido, o que cumplan cualquier otro auto del Tribunal (artículo 88, apartado 2, LAP). Los tribunales pueden ordenar la comunicación de la información.
El procedimiento administrativo está regulado por la Ley de la administración pública para todos los asuntos de Derecho administrativo, incluidas las cuestiones ambientales. En materia de medio ambiente, la principal legislación es la Ley de protección del medio ambiente. Otras leyes y actos legislativos que rigen la protección del medio ambiente se adoptan sobre la base de esta Ley. La Ley sobre protección del medio ambiente establece el principal obligado principal para las actividades económicas — el permiso. Hay una serie de tipos de permisos (permiso de construcción, permiso de EIA, PCIC, etc.) que están regulados en leyes especiales y otros actos legislativos (en estos actos se redactan los requisitos para dicha autorización, las instituciones responsables de que, en ocasiones, las normas específicas sobre el procedimiento), pero las normas básicas para los procedimientos administrativos estén redactados en la Ley de administración pública. El recurso de alzada interpuesto contra la resolución administrativa de la autoridad administrativa puede ser una obligación (solo en los casos previstos en la Ley) o alternativa (la persona puede optar entre el recurso ante una autoridad o ante el Tribunal de Justicia). Existe la posibilidad de aplicar a una Comisión de litigios administrativos antes de interponer la demanda ante un tribunal administrativo. Decisión de primera instancia administrativa puede ser adoptada por un órgano jurisdiccional directamente. Solicitudes de las comisiones de litigios administrativos, con anterioridad a la interposición de un recurso ante los tribunales administrativos no es obligatoria, salvo en las materias reguladas por las leyes. En ausencia de normas específicas dispuestas por ley sobre la necesidad de una demanda administrativa previa a la interposición de un recurso ante el Tribunal Administrativo, las decisiones administrativas pueden recurrirse directamente ante un tribunal administrativo. Los tribunales administrativos revisan la legalidad procesal y sustantiva de todas las decisiones administrativas. Los tribunales estudian las conclusiones y los cálculos técnicos significativos cuando se considera que estos guardan relación con la Decisión. El control de la legalidad de la planificación administrativa corresponde a los tribunales administrativos. Las condiciones relativas a la capacidad procesal, las normas probatorias, las normas de la vista o el alcance del examen de la revisión judicial no son específicas para los asuntos relacionados con el medio ambiente. Las personas físicas o jurídicas tienen derecho a presentar una reclamación (recurso) en relación con un acto administrativo si se han vulnerado sus derechos. En los casos prescritos por la ley, es posible presentar una denuncia para proteger el Estado o cualquier otro interés público (incluidos los intereses medioambientales). Agencias, organismos, grupos y pueden interponer recurso contra las medidas que afecten a sus propios intereses (existencia, estado, actividad, condiciones de explotación), así como solicitar indemnizaciones por los daños materiales y morales que sufran. También pueden acudir a los tribunales para defender el interés público de sus representados, en la medida en que la normativa o la medida denunciada perjudique este individuales de interés público. En los litigios administrativos, al igual que en los procedimientos judiciales privados, la carga de la prueba recae sobre el demandante. Sin embargo, este principio no ve la mitigación en los procedimientos contencioso-administrativos, sobre todo cuando los elementos de prueba se encuentran en manos de la administración o, en el caso de la responsabilidad, en la hipótesis de que el peticionario establezca presunciones de exención que se basa en la culpa y obliga a la administración a demostrar que no cometió ningún error. Teniendo en cuenta la naturaleza inquisitorial del procedimiento, el juez administrativo, que goza de amplios poderes para llevar a cabo su investigación, realiza una contribución muy importante en la determinación de los hechos. En caso necesario, el juez puede ordenar la revelación de documentos o llevar a cabo por sí mismo determinadas por las investigaciones mediante el examen directo de a ctos o documentos, la realización de visitas a lugares y la asistencia a audiencias o a evaluaciones periciales. Los jueces deben participar activamente en la recogida de pruebas. El artículo 8, apartado 1, de la Ley de procedimiento contencioso-administrativo consagra el principio de que todos los procedimientos se celebrarán en vista pública.
El juez administrativo goza de pleno control de un acto administrativo. Un acto administrativo (parcialmente) deben ser revocadas si:
ser ilegal per se, es decir, su contenido contradice, por los actos jurídicos de alto rango.
ilegal por haber sido adoptadas por una entidad de mala administración;
ilegal por haber sido adoptada infringiendo los principales procedimientos establecidos, especialmente en violación de las normas destinadas a garantizar una evaluación objetiva del conjunto de circunstancias y la validez de la Decisión. Un acto impugnado (parcialmente) también podrá ser rescindido por otros motivos reconocidos como material por parte del Tribunal administrativo (artículo 89 LAP).
Las decisiones de examen de la EIA y a la delimitación del campo y constituyen decisiones administrativas pueden ser revisados por los tribunales. Las condiciones relativas a la capacidad procesal, las normas probatorias, las normas de la vista o el alcance del examen de la revisión judicial no son específicas para estos casos. La decisión final de EIA constituye asimismo una decisión administrativa y pueden ser revisados por los tribunales. Los tribunales administrativos revisan la legalidad procesal y sustantiva de todas las decisiones administrativas. Los tribunales estudian las conclusiones y los cálculos técnicos significativos cuando se considera que estos guardan relación con la Decisión. El estudio de impacto ambiental se somete a control, puesto que se trata del principal aspecto relacionado con la legalidad procesal. La exigencia de un interés necesario están facultados para actuar es el Jefe de los requisitos de admisibilidad de un recurso. No es necesario participar en la fase de consulta pública del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni formular comentarios para poder comparecer ante los tribunales administrativos. El público interesado tendrá derecho a presentar una reclamación (recurso) en relación con un acto administrativo de EIA con el fin de proteger el interés público (artículo 15 de la Ley sobre evaluación del impacto ambiental de la actividad económica). No existen reglas especiales aplicables a los procedimientos de EIA. La acción de cesación es posible obtener satisfacción ante los asuntos administrativos en todos los asuntos. Según el artículo 71 de la Ley de procedimiento contencioso-administrativo, el Tribunal o el juez podrá, previa petición motivada de una de las Partes o a iniciativa propia, tomar medidas con vistas a asegurar un crédito. La declaración podrá garantizarse en cualquier fase del procedimiento si no adoptar medidas provisionales para garantizar un crédito podrá impedir la ejecución de la resolución judicial o la decisión inaplicables. No existen reglas especiales aplicables a los procedimientos de EIA. Todas las decisiones administrativas pueden ser revisados por los tribunales administrativos. Las decisiones relativas a la PCIC y de otras decisiones relativas a las autorizaciones pueden ser revisados por los tribunales administrativos demasiado. Las condiciones relativas a la capacidad procesal, las normas probatorias, las normas de la vista o el alcance del examen de la revisión judicial no son específicas para estos casos. Los tribunales administrativos revisan la legalidad procesal y sustantiva de las decisiones PCIC, así como la legalidad de todas las decisiones administrativas. También deben estudiar las conclusiones y los cálculos técnicos significativos y la documentación PCIC en el caso de que se considere que tales elementos guardan relación con la Decisión. No es necesario participar en la fase de consulta pública del procedimiento PCIC ni formular comentarios para poder comparecer ante los tribunales administrativos. El público interesado tendrá derecho a presentar una reclamación (recurso) en relación con un acto administrativo IPPC con el fin de proteger el interés público (artículo 87 de las normas sobre expedición, renovación y anulación de permisos IPPC, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente de Lituania mediante instrucción número 80 de 2002). Según el artículo 71 de la Ley de procedimiento contencioso-administrativo, el Tribunal o el juez puede adoptar medidas con vistas a asegurar un crédito. No existen reglas especiales aplicables a los procedimientos de PCIC.
Según el artículo 7, apartado 8, de la Ley de protección del medio ambiente al público interesado, una o varias personas físicas o jurídicas, tienen derecho a presentar un recurso ante los tribunales y:
insistir en la persecución de las personas culpables de poner en peligro el medio ambiente y de funcionarios, cuyas decisiones han infringido sus derechos o intereses;
adoptar las medidas adecuadas para evitar o reducir al mínimo los daños medioambientales o que restablezcan el estado original del medio ambiente.
Las personas físicas o jurídicas que causan daños al medio ambiente deben compensar todas las pérdidas, y, si es posible, debe restablecer la situación medioambiental (artículo 32 de la Ley de protección del medio ambiente). El derecho a presentar reclamaciones por daños y perjuicios pertenece a:
las personas físicas o jurídicas cuya salud, bienes o intereses resultaron dañados;
Los funcionarios del Ministerio de medio ambiente u otros auditores cuando se hayan causado daños contra los intereses del Estado (artículo 33, apartado 1,) Ley de protección del medio ambiente).
Las entidades jurídicas están sujetos a responsabilidad civil, independientemente de su culpabilidad, en caso de daños medioambientales o de una amenaza real de perjuicio grave resultante de sus actividades económicas (artículo 34, apartado 2, Ley de protección del medio ambiente). Las demandas de protección del medio ambiente pueden presentarse directamente ante los tribunales administrativos contra las decisiones u omisiones de entes públicos (el Estado o las autoridades públicas locales). El tribunal administrativo puede anular el acto administrativo impugnado (o parte de la misma), al organismo público que obliguen a poner remedio a la infracción cometida, o lleve a cabo otras resoluciones del Tribunal. El tribunal administrativo puede satisfacer la reclamación (la demanda) y obtener una indemnización por daños causados por actos ilegales de los organismos públicos. La Administración del Estado de la protección del medio ambiente serán llevadas a cabo por el Gobierno de la República, el Ministerio de medio ambiente, la Agencia de protección del medio ambiente, los departamentos regionales de protección del medio ambiente, otras autoridades estatales especiales (por ejemplo, planificación territorial y construcción del Estado Inspección General de los bosques, empresa, servicio estatal de áreas protegidas, parques nacionales) y las direcciones de las administraciones locales. El procedimiento administrativo está regulado por la Ley de la administración pública para todos los asuntos de Derecho administrativo. No existen normas específicas para los asuntos ambientales. El procedimiento administrativo se cumplimentarán y la decisión sobre el procedimiento administrativo se adoptará en el plazo de 20 días laborables a partir del inicio del procedimiento. Este plazo podrá prorrogarse por un plazo no superior a 10 días laborables (artículo 31 de la Ley sobre administración pública). Toda persona tendrá derecho a recurrir una decisión sobre el procedimiento adoptada por una entidad administrativa de la administración pública, a su elección, bien a una Comisión de contenciosos administrativos o ante un tribunal administrativo de conformidad con el procedimiento establecido por las leyes (artículo 36 de la Ley sobre administración pública). El tribunal administrativo puede anular las decisiones adoptadas por las autoridades competentes (o parte de la misma) obliga a la autoridad competente para poner remedio a la infracción cometida o lleve a cabo otras resoluciones del Tribunal de Justicia (artículo 88 LAP). No existen normas específicas con respecto a los asuntos de responsabilidad ambiental para el procedimiento ante los tribunales administrativos. Los órganos jurisdiccionales ordinarios son conocen de asuntos de responsabilidad medioambiental. La posibilidad de reclamar una indemnización de los daños está prevista en el artículo 32-34 de la Ley de protección del medio ambiente. Existen varias posibilidades para ejecutar la responsabilidad ambiental. Cada posibilidad se basa en una serie de condiciones específicas. El interesado podrá solicitar a la autoridad competente que actúe cuando el medio ambiente resulta dañado. La decisión adoptada por la autoridad competente se puede recurrir ante el tribunal administrativo. Las personas físicas o jurídicas cuya salud, bienes o intereses hayan sido dañadas pueden realizar directamente una reclamación de daños y perjuicios ante los tribunales ordinarios. Funcionarios competentes pueden realizar dichas declaraciones cuando se hayan causado daños a los intereses del Estado.
Es probable que todos los procedimientos judiciales generales, administrativos, civiles o penales se apliquen en los asuntos medioambientales. No existen normas específicas aplicables a esta materia. El Seimas de la República nombra al Defensor del Pueblo, un funcionario del Estado que proteja los derechos humanos y libertades, investiga las reclamaciones de los reclamantes o sobre el abuso de poder por parte de los funcionarios y la burocracia tiene por objeto mejorar la administración pública. El denunciante tiene derecho a presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo parlamentario sobre abuso de cargo ejercido por la burocracia de los funcionarios si considera que sus derechos y libertades hayan sido vulnerados por ésta (artículo 5, 13 (1) La Ley sobre el Defensor del Pueblo parlamentario). Conclusión de la investigación al Defensor del Pueblo decidirá:
reconocer o declarar la reclamación como justificada;
desestime la reclamación;
poner fin a la investigación (artículo 22, apartado 1, La Ley sobre el Defensor del Pueblo parlamentario).
La institución o agencia oficial y, a los que la presente propuesta (recomendación) deben investigar la propuesta (recomendación) del Seimas Defensor del Pueblo e informar al Parlamento acerca de los resultados de la investigación (artículo 20, apartado 3, La Ley sobre el Defensor del Pueblo parlamentario). Según la Ley de la Fiscalía, el Ministerio fiscal es una entidad estatal presidida por el fiscal general. La fiscalía se compone de la fiscalía y las fiscalías territoriales (regional fiscalía y las fiscalías de distrito). Todas las fiscalías se defienda el interés público, por ejemplo en materia de medio ambiente. El artículo 19 de la Ley sobre la Fiscalía regula globalmente la defensa del interés público. Las instituciones estatales responsables de la protección del medio ambiente, incluidos el Ministerio de medio ambiente, la Agencia de protección del medio ambiente, los departamentos regionales de protección del medio ambiente, y las demás autoridades estatales (por ejemplo, el Estado, la planificación territorial y construcción de los bosques, la Inspección General del Servicio estatal de áreas protegidas, parques nacionales y las direcciones de los gobiernos locales) puede incoar el asunto en los tribunales administrativos para la defensa del interés público. Algunos organismos tienen departamentos especiales de policía territorial para los atentados al medio ambiente (por ejemplo, en la capital en Vilnius). Otros cuerpos policiales cuentan territoriales de agentes de policía encargados de investigar violaciones medioambientales. Sean competentes para asuntos penales y de infracciones administrativas. El Código de Procedimiento Penal prevé casos en virtud del Código Penal de la República de Lituania, en el momento de incoar un procedimiento penal, cuando existe una denuncia de la víctima o su representante legítima (artículo 407 del Código de procedimiento penal). En estos casos no se realiza la instrucción. No hay otros asuntos en materia de medio ambiente. Hay varias posibilidades de demandas ante los tribunales administrativos en los casos de inacción administrativa o de acción administrativa inadecuada:
La demanda de anulación de una decisión administrativa ilícita;
La acción para obligar a la institución estatal para aprobar una decisión administrativa;
la demanda por daños y perjuicios contra una autoridad pública, cuando se demuestre que la inacción o la acción inadecuada de dicha causa un daño.
Existe la posibilidad de presentar una denuncia para proteger el Estado u otro interés público establecidos por el fiscal, entidades de la administración, los oficiales de control del Estado, en otras instituciones, agencias, organizaciones o personas físicas, pero solo en los casos previstos por la ley (artículo 56 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa).
Según la Ley de procedimiento administrativo toda persona interesada puede solicitar a los tribunales que dicten una protección de su derecho infringido, derecho controvertido, o bien protegido con arreglo a la ley. Todo solicitante que impugna un acto administrativo ha de demostrar un interés particular en la anulación de este acto. Las solicitudes solo para proteger sus prerrogativas o de un derecho de protección individual ante un órgano jurisdiccional contencioso-administrativo es admisible (artículo 5 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa). Las principales normas son aplicables a diferentes tipos de procedimientos y diferentes actores. Sin embargo, es posible presentar una denuncia para proteger el Estado o de cualquier otro interés público. Los agentes para incluir esta posibilidad, entidades de la administración fiscal del Estado, los controladores, en otras instituciones, agencias, organizaciones o personas físicas. Pero esta posibilidad solo puede utilizarse en los casos prescritos por la ley (artículo 56 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa). Por ejemplo, según el artículo 7, apartado 8, de la Ley de protección del medio ambiente al público interesado, una o varias personas físicas o jurídicas, tienen derecho a presentar un recurso ante los tribunales. Si existiera una denuncia con el fin de proteger el interés público relacionado con la protección del medio ambiente, este motivo debe admitirse porque está prevista por la Ley sobre la protección del medio ambiente. Esta regla se utiliza para todos los asuntos (y no solamente para los asuntos medioambientales). A veces las normas adicionales de Derecho prestan quién y en qué casos el acceso al Tribunal de Justicia es, por ejemplo, los asuntos que conciernen a la EIA y la PCIC. El artículo 15 de la Ley sobre evaluación del impacto ambiental de la actividad económica proyectada se prevé la posibilidad de que el público interesado a presentar una demanda ante los tribunales, en el caso de la EIA. Artículo 87 de las normas sobre expedición, renovación y anulación de permisos IPPC, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente de Lituania — número de orden 80 de 2002 prevé la posibilidad de que el público afectado pudiera presentar una demanda ante los tribunales, en el caso de la Directiva IPPC. Existen disposiciones adicionales en relación con la posibilidad de que el público afectado pudiera presentar una demanda ante los tribunales, en el caso de la EIA (artículo 15 de la Ley sobre evaluación del impacto ambiental de la actividad económica) y la Directiva IPPC (artículo 87 de las normas sobre expedición, renovación y anulación de permisos IPPC, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente de Lituania) (número de orden 80) en 2002. No existe una «actio popularis» en Lituania. El Defensor del Pueblo no puede presentar un recurso ante el Tribunal Superior de lo contencioso-administrativo contra la resolución administrativa individual. Pero puede dirigirse al tribunal administrativo con una solicitud para investigar la legalidad de los estatutos jurídicos adoptados por las entidades de la Administración del Estado o de la administración municipal. Recomendar que el fiscal puede acudir al Tribunal de Justicia, con arreglo a los procedimientos previstos en la Ley para la protección del interés público. El Ministerio fiscal pueden defender el interés público ante los tribunales administrativos. Las demás instituciones públicas gozan de capacidad procesal para actuar ante los tribunales administrativos cuando sea en su propio interés en reclamar o defender o, en caso de defensa del interés público. Existen disposiciones adicionales que establecen la capacidad procesal de los particulares y las ONG y el acceso a la justicia en materia medioambiental en el ámbito de los procedimientos de EIA y PCIC,
Las partes pueden representar sus intereses ante los tribunales administrativos directamente o a través de representantes. En los tribunales administrativos, la participación de un abogado es obligatoria en los procedimientos judiciales (también en los asuntos medioambientales). También es obligatoria de un abogado ante el Tribunal de casación (Tribunal Supremo de Lituania) (por ejemplo, en los casos de daños medioambientales o en las causas penales). Las Partes o sus representantes deben tener un título de Derecho ante la Court of Appeal. En general, es necesaria una participación obligatoria en los procedimientos penales en todos los órganos jurisdiccionales de competencia general. Existen bufetes jurídicos especializados en asuntos ambientales (por lo general, los mayores bufetes jurídicos). Es posible encontrar la lista de los abogados en los sitios web siguientes:
Existen varias organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo es defender el interés público en asuntos ambientales, como el lituano Fund for Nature y Movimiento Verde de Lituania. La coalición medioambiental lituana se estableció en 2004. Hay 9 diputados de la coalición en la actualidad.
Partes y demás personas presentes las pruebas para el procedimiento. Las partes deben probar las circunstancias en que funden sus pretensiones y respuestas. En los procedimientos administrativos y civiles, las pruebas se incluyen: Las explicaciones de las partes y terceros (directamente o a través de representantes), declaraciones de testigos, pruebas escritas o materiales, declaraciones de los exámenes, pruebas periciales. Las Partes y otros participantes presentar pruebas ante el Tribunal. Si es necesario, el Tribunal puede permitir a estas personas presentar pruebas adicionales sobre la solicitud o por propia iniciativa, podrá exigir los documentos necesarios, o solicitar contribuciones de los funcionarios. En el marco de un procedimiento civil, el Tribunal tiene derecho a recoger pruebas de oficio solo en los casos excepcionales previstos por la ley, como en los asuntos de familia y asuntos laborales. El Tribunal de Justicia podrá también exigir y obtener pruebas de la otra Parte o de terceros, a petición de la otra Parte. Ninguna prueba ante los tribunales tiene un valor predeterminado. El Tribunal aprecia las pruebas según su propio interior basada en una profunda convicción, exhaustivo y examen objetivo de los hechos, de acuerdo con el Derecho y la justicia y criterios de razonabilidad. En el procedimiento administrativo, las Partes podrán introducir nuevos elementos de prueba hasta el término de la vista en los méritos. Los jueces deben participar activamente en la recogida de pruebas, en el establecimiento de todas las circunstancias del caso, y deben proceder a un examen completo y objetivo de la misma. En los procesos civiles, las Partes podrán introducir nuevos elementos de prueba hasta el final de la preparación de la audiencia sobre el fondo. En el marco de un procedimiento civil, el Tribunal tiene derecho a recoger pruebas de oficio solo en los casos excepcionales previstos por la ley, como en los de carácter familiar o casos de trabajo. Las partes pueden presentar dictámenes de expertos con otros elementos de prueba ante el Tribunal de Justicia. Especialista explicaciones, opiniones o conclusiones recogidas por las partes en el procedimiento por iniciativa propia no son admitidas como pruebas periciales. Se consideran elementos de prueba escrita. El órgano jurisdiccional decide por propia iniciativa o a instancia de las partes la posibilidad de ordenar un examen pericial en el procedimiento. Normalmente, un experto sea condenada a examinar determinadas cuestiones que se plantean en el caso cuando el Tribunal de Justicia especiales necesidades científicos, médicos, artísticas, técnicas o conocimientos profesionales. Dictámenes de expertos, como los demás medios de prueba, no tienen un valor predeterminado para el Tribunal de Justicia. No son vinculantes para los jueces.
El recurso o acción ante un tribunal contra una decisión administrativa no tiene un efecto suspensivo. Solo el tribunal puede suspender la decisión administrativa en la aplicación de medidas provisionales. Normalmente, las decisiones administrativas pueden ser ejecutadas inmediatamente después de su adopción (exequátur) con independencia de la interposición de un recurso. Solo el Tribunal de Justicia puede solicitar medidas provisionales. Cuando la decisión administrativa en forma de dicho acto legislativo haya sido adoptado por el Gobierno o el municipio la ejecución está relacionada con la publicación en el Diario Oficial u otra fecha que pueda preverse en el acto legislativo. No existen normas específicas aplicables a las medidas cautelares en los procedimientos judiciales en materia ambiental. La declaración podrá garantizarse en cualquier fase del procedimiento si no adoptar medidas provisionales para garantizar un crédito podrá:
a) impedir la ejecución de la resolución judicial; o
b) hacer inaplicables la Decisión.
La solicitud de medidas provisionales debe presentarse antes del inicio de la vista del asunto en cuanto al fondo. Según la práctica del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), el Tribunal, a la hora de decidir sobre las medidas provisionales (en lituano proceso administrativo se denominan «medidas que garanticen la alegación preliminar»), debe tener en cuenta la naturaleza del crédito solicitado garantizado), la base fáctica de la alegación, los derechos concedidos por la medida controvertida, y la realización efectiva de estos derechos. A continuación, el Tribunal de Justicia solo puede decidir si la exigencia de medidas provisionales en las circunstancias de la solicitud es adecuada para los fines y el respeto del principio de proporcionalidad y el equilibrio de los intereses de las partes y el interés público de no ser vulnerado. De acuerdo con el principio de equidad, al examinar el requisito de medidas provisionales, el Tribunal de Justicia debe responder a la cuestión de si una medida cautelar en realidad pudiera ayudar a restablecer la situación anterior si la pretensión principal sería satisfecho. La petición para garantizar el crédito solo podría aceptarse si se acepta la alegación principal. No existe la posibilidad de solicitar medidas provisionales sin pedir para impugnar el acto administrativo o una omisión. No existe ninguna garantía en concepto de daños y perjuicios con carácter previo a la concesión de medidas provisionales. Existe el recurso contra la decisión del Tribunal relativa a la imposición de medidas cautelares es posible. Pero no tiene el efecto suspensivo y el tribunal podrá reanudar el procedimiento (artículo 71, apartado 5, LAP).
En los tribunales administrativos, el recurrente debe abonar una tasa judicial. Existen, no obstante, exenciones en casos de reclamaciones a fin de proteger otros intereses públicos o del Estado, en asuntos relativos a la reparación de los daños materiales y morales causados por actos ilícitos u omisiones detectados en el ámbito de la administración pública, por ejemplo. Otros costes incluyen litigios:
los honorarios o indemnizaciones abonados a testigos, peritos, expertos y organizaciones;
los costes relativos a la publicación del momento y el lugar de la audición;
costes de los alojamientos de alquiler en el lugar del tribunal;
otros gastos necesarios y razonables.
Ante los tribunales civiles, los solicitantes tienen que pagar una tasa judicial. Existen excepciones en los casos relativos a la indemnización de los daños morales y físicos en relación con un caso de lesiones, fallecimiento, en los casos relacionados con la defensa del interés público bajo la acusación de la Fiscalía, a instituciones públicas o a otras personas. Otros costes incluyen litigios:
los honorarios o indemnizaciones abonados a testigos, peritos, intérpretes y los conocimientos de las autoridades y los costes asociados a las inspecciones in situ;
costes de búsqueda de la parte demandada;
los costes asociados a la prestación del servicio de envío de documentos;
los costes relacionados con la ejecución de las sentencias;
los costes relacionados con la remuneración del administrador;
Costes de abogados o el abogado de los asistentes;
costas correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
En virtud de la Ley de procedimiento administrativo, todas las reclamaciones en los tribunales administrativos (solicitud) está sujeta a un impuesto de timbre por un importe de 100 LTL (salvo las excepciones). Un recurso de revisión de una resolución judicial estará sujeto a un impuesto sobre actos jurídicos documentados al tipo del 50 % que grava la presentación de la denuncia (aplicación) con el Tribunal de Primera Instancia. En virtud de la Ley de enjuiciamiento civil, en los litigios pecuniarios stamp-duties son los siguientes:
Las reclamaciones por una cuantía de hasta 100 000 LTL
El 3 % del importe declarado + indexación (mínimo stamp-duty — 50 LTL)
Las reclamaciones por una cuantía de hasta 300,000 LTL
3,000 LTL, más el 2 % del importe declarado superior a 100,000 LTL + indexación
para los créditos de 300,000 LTL
7,000 LTL, más el 1 % del importe declarado superior a 30,000 LTL + indexación (el máximo stamp-duty — 30,000 LTL)
Las vías de recurso de casación y las solicitudes de renovación del procedimiento se pagará la misma cantidad de impuestos de timbre. Una estimación de los honorarios de expertos y otras tasas, salvo los litigios de honorarios de abogados y gastos, en relación con la demanda de medidas provisionales se rigen por la resolución del Gobierno no 344 de 2002. Existe una recomendación del Ministro de Justicia y del Presidente del Colegio de abogados en relación con honorarios de abogados (Ministerio de Justicia) número de orden 1R-85 desde 2004. Tamaños de la remuneración máxima recomendada se calculará aplicando los coeficientes que se basan en el Gobierno de Lituania aprobó el salario mínimo mensual. El salario mínimo mensual (MMS) a 1 de agosto de 2012 asciende a 850 LTL. Por ejemplo, el coeficiente de una hora para la representación de clientes ante los tribunales, es de 0,15. Una estimación de honorarios de abogados en el caso de la asistencia jurídica gratuita esté regulado por el Resolución número 60 de 2001. La remuneración de los abogados que prestan asistencia jurídica secundaria es constantemente 8.18 MMS al mes. Salario por hora de trabajo no están constantemente que los abogados que prestan asistencia jurídica secundaria igual a 0,05 MMS. Existen diferencias entre los procedimientos administrativos y civiles. En el procedimiento administrativo, en el caso de una medida provisional o cautelar un depósito (garantía en concepto de daños y perjuicios) no era necesaria (no está previsto en la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa). En los procesos civiles la solicitud de aplicación de medidas provisionales solo serán gravados cuando se alega antes de entablar una acción judicial. En este caso, el solicitante debe pagar la mitad de las stamp-duty pagaderos por esta posible reclamación. El código de procedimiento civil establece el derecho de un tribunal de exigir un depósito para aplicar las medidas provisionales de la demandante. El depósito se destina a la protección contra las pérdidas de la medida provisional solicitada a él. El depósito puede ser también la garantía bancaria. El importe de la fianza depende del caso y es muy difícil de evaluar en general. La regla general es que la parte perdedora tiene que pagar todos los costes, incluidos derechos de timbre inicial y los costes relacionados con los procedimientos judiciales. La parte estará obligada asimismo a premiar a las costas de la parte ganadora. La stamp-duty, gastos de correspondencia, gastos periciales, y otros gastos normalmente se abonan en su totalidad. Pero los costes de representación legal durante el procedimiento judicial se reducirán con arreglo a lo recomendado por el Ministro de Justicia y el Presidente del Colegio de Abogados. Sin embargo, estos importes solo son recomendaciones y dependen de la complejidad del procedimiento judicial, los documentos del caso y otros factores. No obstante, en la inmensa mayoría de asuntos civiles y administrativos de las partes, los órganos jurisdiccionales estatales, reducir su defensa jurídica requerida para la asistencia judicial con arreglo a las normas recomendadas y moderación.
No existen normas específicas con respecto a las costas procesales en los asuntos ambientales. Las reclamaciones y peticiones deberán ser recibidos y tratados por los tribunales administrativos únicamente después del pago del impuesto de timbre establecido por la ley. Varias exenciones del derecho de timbre se recogen en el artículo 40 de la Ley de procedimiento contencioso-administrativo:
quejas relacionadas con el retraso con el que las entidades de la administración pública para llevar a cabo sus actuaciones en el ámbito de sus competencias,
la concesión o denegación de concesión de pensiones,
las violaciones de la legislación electoral y la Ley sobre el referéndum,
Peticiones desglosadas por funcionarios del Estado y de los municipios, cuando se refieran a las relaciones jurídicas de la sede de la Oficina,
compensación por el daño causado a una persona física o a la organización de actos ilícitos u omisión en el ámbito de la administración pública, y
Las quejas relativas a la protección del interés público y algunas otras denuncias y peticiones.
Existe una asistencia jurídica gratuita disponible en Lituania. El actual régimen de asistencia letrada se rige por la Ley de asistencia jurídica gratuita. La asistencia jurídica gratuita se divide en fase primaria y secundaria de la asistencia jurídica gratuita. Asistencia jurídica gratuita primaria incluye la información jurídica y las consultas jurídicas fuera del procedimiento judicial y es accesible a todos los ciudadanos de la Unión Europea y los extranjeros, independientemente de sus recursos financieros. Asistencia jurídica secundaria incluye la preparación de los documentos procesales y la representación ante los tribunales, la exención del impuesto sobre el timbre y otras costas de procedimiento. Acceso a asistencia jurídica secundaria depende del nivel de renta y patrimonio y comprende 50 o 100 por ciento de todos los costes de procedimiento. Algunos grupos de personas (es decir, los receptores de las prestaciones sociales) pueden recibir asistencia jurídica con independencia de sus ingresos. La justicia gratuita se concede a través de servicios especiales, que son supervisados por el Ministerio de Justicia. La negativa a conceder la asistencia jurídica gratuita está sujeta a recurso ante los tribunales administrativos. La asistencia jurídica también se presta en los asuntos ambientales, para los que no existen reglas específicas. La asistencia jurídica está sujeta a requisitos relativos a los recursos, la nacionalidad, la residencia y la admisibilidad. Tiene usted derecho a asistencia jurídica gratuita primaria o secundaria si eres nacional de Lituania, un ciudadano de la UE o un nacional extranjero que residía legalmente en Lituania o en otro Estado miembro de la UE. La asistencia letrada se concede cuando la acción entablada no es manifiestamente inadmisible o carente de sustancia. La condición adicional para la asistencia jurídica secundaria es que el valor de la propiedad y la renta anual no supere el valor de la propiedad y los niveles de renta establecido por el Gobierno de la República de Lituania. La asistencia jurídica gratuita no está prevista para las ONG. Los bufetes jurídicos no ofrecen asesoramiento jurídico pro bono en Lituania. Todos los consultorios jurídicos que tratan asuntos medioambientales. No existen consultorios jurídicos ambientales específicos. Los consultorios jurídicos son:
Consultorio jurídico de la Universidad de Vilnius: http://www.teisesklinika.lt
Consultorio jurídico de la Universidad Mykolas Romeris de Vilnius: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/teisines_pagalbos_centras/apie_centra/
Los consultorios jurídicos son responsables de la asistencia jurídica gratuita primaria. La asistencia jurídica gratuita primaria sino también a los municipios y a las oficinas de información del Ministerio de Justicia en varias ciudades, Kaunas, Klaipèda, Šiauliai, Druskininkai y otros).
La asistencia jurídica secundaria se concede mediante servicios especiales (5 en Vilna y Kaunas, Klaipèda, Panevėžys, Šiauliai), que son responsables ante el Ministerio de Justicia. Existen organizaciones medioambientales que sean responsables de la defensa del medio ambiente en Lituania. Están disponibles para el público. Existen algunas otras organizaciones que ofrecen asesoramiento jurídico gratuito a través de Internet. No hay abogados especializados en asuntos medioambientales específicos que pudieran estar disponibles para el público de forma gratuita.
El órgano de administración deberá cumplimentar el procedimiento administrativo y de adoptar la decisión del procedimiento administrativo en un plazo de 20 días hábiles a partir del inicio del procedimiento. La entidad pública la incoación del procedimiento administrativo podrá ampliar el plazo hasta 10 días laborables suplementarios cuando, por razones objetivas, el procedimiento administrativo no pueda llevarse a cabo dentro de los plazos señalados. El aspirante deberá ser notificado sobre la ampliación del plazo para el procedimiento administrativo por escrito o por correo electrónico (cuando se ha recibido por correo electrónico) y los motivos de la prórroga (artículo 31 de la Ley de la administración pública). Un tribunal administrativo podrá iniciar la responsabilidad de una autoridad pública cuando el órgano de administración no adopte la Decisión durante el plazo y ha causado un perjuicio al demandante. Esta ley estableció en varios ámbitos un régimen de aceptación tácita. El silencio de la administración que provoca la aparición de una aceptación tácita dentro del plazo fijado por la ley. La Ley no fija plazos especiales para los procedimientos judiciales en asuntos medioambientales. Se aplican las normas generales. Por lo general, la preparación de los asuntos administrativos ante el Tribunal deberán estar finalizados a más tardar un mes después de la fecha de la denuncia (solicitud). El procedimiento ante el Tribunal Administrativo deberá cumplimentarse y tomarse una decisión en primera instancia a más tardar dos meses después del fin de la vista ante el Tribunal de Justicia, si la ley no establece una duración más corta.
En su caso, el período de prueba podrá prorrogarse hasta un mes. En los asuntos relativos a la legalidad de los actos administrativos normativos, el plazo podrá ampliarse a un máximo de tres meses. La sentencia será elaborado y comunicado al público en general el mismo día, previa audiencia del asunto. Las resoluciones relativas a la legalidad de los actos administrativos y otras situaciones complejas puede ser aprobado y anunciado muy tarde pero no superior a 10 días desde la conclusión de la audiencia del asunto (en la práctica, se utiliza en casi todos los casos). Cuando el derecho a obtener una decisión judicial dentro de un plazo razonable haya ocasionado un perjuicio, el interesado puede obtener la reparación de los daños. Esta posibilidad está contemplada en la Ley relativa a la indemnización de los daños causados por las autoridades públicas.
Todo solicitante que impugna un acto administrativo debe demostrar un interés particular en la anulación del acto. Un recurso de anulación interpuesto contra un acto administrativo solo será admisible si no produce efectos jurídicos — cuando viola los derechos y las obligaciones del demandante. Una demanda que solo interviene en el contexto de un procedimiento para desarrollar una decisión principal ulterior información o simple no establece derechos u obligaciones de la persona y no puede cuestionarse ante un tribunal administrativo. Todas estas normas generales son aplicables también en el caso de los asuntos medioambientales. El derecho de acceso a la información medioambiental se rige por el principio general de la legislación sobre la protección del medio ambiente y el Decreto de aplicación de la Ley relativa al acceso del público a la información en materia de medio ambiente, aprobado mediante la Resolución gubernamental nº 1175 de 1999. Actualmente, la resolución alternativa de litigios no es habitual en los litigios administrativos en Lituania. Pero la nueva jurisprudencia de los tribunales administrativos indica la intención de usar el tratado de paz para resolver los litigios (también en los asuntos medioambientales). La mediación no se utiliza realmente en la práctica; Esta idea es lento, pero el valor en Lituania.
. ANEXO XV. En el extranjero
El artículo 29 de la Constitución proclama el principio de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, raza, nacionalidad, lengua, origen, estatus social, creencias, convicciones u opiniones. Numerosas leyes han ampliado este artículo de la Constitución. El artículo 6 de la Ley de procedimiento contencioso-administrativo establece que la justicia en el orden contencioso-administrativo se aplica tan solo a los jueces, con arreglo a la igualdad ante la ley y ante la justicia, con independencia de su sexo, raza, nacionalidad, lengua, origen, estatus social, religión, convicciones o actitudes, actividades y la naturaleza, la estancia y otras circunstancias. Solo la versión en lengua lituana, debe utilizarse en los tribunales. El artículo 9 de la Ley de procedimiento contencioso-administrativo establece que en el proceso de asuntos administrativos, se toman las decisiones y se publicarán en la lengua lituana. Todos los documentos presentados al órgano jurisdiccional debe ser traducido al lituano. Las personas que no hablen lituano tendrán garantizado el derecho a utilizar los servicios de un intérprete. El intérprete es remunerado con cargo al presupuesto del Estado (artículo 9 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa).
El artículo 32 de la Ley sobre la protección del medio ambiente, dispone que las controversias entre las personas físicas o jurídicas de la República de Lituania y otros Estados miembros deberá ser resuelta en la forma establecida por la Ley de la República de Lituania, a menos que los acuerdos internacionales de la República de Lituania dispongan otra cosa. La admisibilidad de una acción ante un órgano jurisdiccional lituano es posible en las condiciones de la Ley de procedimiento contencioso-administrativo o código de procedimiento civil. El concepto de orden público en este contexto. Son de aplicación las normas generales (especialmente las relativas a la admisibilidad de las demandas en virtud del concepto de interés legítimo). El Derecho Administrativo lituano reconoce la igualdad de acceso a los tribunales administrativos para las personas u ONG residentes en el extranjero, de igual modo que los demandantes residentes en Lituania use. Un ciudadano de la UE o un nacional extranjero que residía legalmente en Lituania o en otro Estado de la UE pueden beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita. En los asuntos civiles se puede aplicar una cláusula jurisdiccional. Esta cláusula adopta la forma de una disposición contractual por la que las partes acuerdan confiar la resolución de un litigio a un tribunal que normalmente carecería de jurisdicción para ello. Esta cláusula puede hacer referencia a la jurisdicción en razón de la materia o a la jurisdicción territorial. Puede estar relacionada únicamente con los litigios que se deriven del contrato. Pero, este mecanismo no se utilice para el Derecho administrativo litigios ante los tribunales administrativos. La posibilidad de escoger entre los tribunales podría ser posible en un acuerdo internacional.