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Timestamp: 2017-05-29 07:41:04
Document Index: 334249584

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 23']

PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA QUE JUSTIFIQUEN TAL CONDICIÓN Y SU ESPECIAL VINCULACIÓN CON ESPAÑA, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO CIVIL Y SE ESTABLECE UNA TASA PARA DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA. 6-6-2014. TEXTO INTEGRO, PONENCIA Y EXTRACTOS DEL DEBATE PARLAMENTARIO DEL PLENO DEL 20-11-2014 (Fecha bien resabiada contra DOS admiradores de los Reyes Católicos). | ricardodeperea
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PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA QUE JUSTIFIQUEN TAL CONDICIÓN Y SU ESPECIAL VINCULACIÓN CON ESPAÑA, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO CIVIL Y SE ESTABLECE UNA TASA PARA DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA. 6-6-2014. TEXTO INTEGRO, PONENCIA Y EXTRACTOS DEL DEBATE PARLAMENTARIO DEL PLENO DEL 20-11-2014 (Fecha bien resabiada contra DOS admiradores de los Reyes Católicos).	Publicado el abril 5, 2015	por ricardodeperea TEXTO INTEGRO PDF:
EXTRACTO DEL DEBATE PARLAMENTARIO: El MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): [Intervención íntegra:]
Señora presidenta, señorías, me parece que no abusamos del lenguaje si calificamos de histórico el debate de totalidad que nos trae hoy aquí. La misma naturaleza del proyecto de ley que nos ocupa creo que así lo justifica y no porque intentemos legislar acerca del pasado -lo cual, sin duda, sería un sinsentido-, sino porque tratamos de cerrar un capítulo del mismo que hasta hoy permanece abierto y sin solución; un capítulo doloroso que afecta a nuestra propia identidad nacional y que posee entidad suficiente para inspirar una ley específica, salvo que nos empeñemos en menoscabar algunos otros casos o en relacionar episodios que nada tienen que ver ni en el tiempo ni en la respectiva singularidad. Así lo han entendido la mayoría de los grupos parlamentarios, a quienes quiero agradecer su comprensión y su capacidad para situarse a la altura de lo que este momento significa.
Voy a comenzar refiriéndome a dos enmiendas presentadas que creo que merecen una distinta consideración. Por un lado, la de Esquerra Republicana de Catalunya, que asume en su práctica totalidad el texto enviado por el Gobierno a esta Cámara aunque es verdad que en una segunda parte amplía el objeto del proyecto, en mi opinión en términos ajenos al propio sentido de la norma. Apreciamos el valor inicial de esa identidad de sensibilidades que lleva a los autores de la enmienda a reproducir en la exposición de motivos el contenido de la misma, que no disimula el deseo de extender la nacionalidad española a quienes antaño se solía llamar españoles sin patria y, sin embargo, y aunque más adelante la enmienda se desvía de la finalidad específica de la ley, creo que trasluce una actitud constructiva toda vez que suscribe la nacionalidad para los descendientes de los sefardíes originarios de España. Entiendo que ni en esta enmienda ni en la de Izquierda Unida se discute en realidad lo que el Gobierno ha previsto para los sefardíes que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España. Seguramente lo que se hace es derivar, añadir otras cuestiones.
Señorías, el expediente sefardí -la cuestión nuclear del proyecto de ley- encierra, en nuestra opinión, enjundia suficiente como para protagonizar por sí solo una norma como la que hoy debatimos.
El extraordinario ejemplo de fidelidad a una lengua, a unas costumbres y a la memoria del país del que fueron expulsados los judíos españoles en virtud o, casi mejor dicho, en demérito del edicto de 31 de marzo de 1492, es seguramente único en nuestra historia y único también en la oscura historia de los pueblos expulsados de su tierra. Lo es por su carácter centenario, lo es por su intensidad afectiva y lo es también por el modo en que los sefardíes han sabido conciliar identidades distintas sin hacer nunca renuncia a ninguna de ellas. Constatar este hecho no significa prejuzgar ningún otro. Nadie ha pretendido con esta iniciativa parlamentaria buscar un agravio ni llevar a cabo una regulación completa del derecho de la nacionalidad. De lo que aquí se trata es de otra cosa: culminamos un largo proceso de reencuentro con una parte de nuestro pasado que el Gobierno no ha puesto en marcha, porque no ha sido sino la propia sociedad española la que durante un siglo y medio ha recorrido este camino, y que es cierto que hemos tomado como una asignatura pendiente que merecía ser concluida. Por eso, en pocos casos como en este podemos decir que lo más importante son los antecedentes; nos sirven perfectamente para entender el punto actual.
Señorías, desde la segunda mitad del siglo XIX, con motivo de la guerra de África y gracias más tarde a la labor del senador Ángel Pulido y sus viajes por los Balcanes, supimos que en muchas zonas de la cuenca mediterránea los descendientes de los judíos sefardíes habían recreado España o al menos una forma de España en su lengua, en sus costumbres, en sus tradiciones y en su manera de ver las relaciones sociales. En realidad la diáspora sefardí había sido mayor, alcanzando también otros territorios, además de los del Imperio otomano, en Portugal, Países Bajos, Francia e incluso en América, pero lo importante es que a partir de ese momento y de la auténtica conmoción que causó este descubrimiento, sucesivos Gobiernos españoles hicieron intentos de ir al encuentro y a la recuperación de esta España. La firma del Acuerdo de 1992 entre el Estado y la Federación de Comunidades Judías de las que formaban parte los sefardíes fue también un hito muy importante en esta reconciliación, aunque evidentemente no suficiente. También creo que es muy significativo el reconocimiento que los sefardíes recibieron con la concesión del Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 1990. Dos años después, en la histórica visita a la sinagoga de Madrid, el rey Juan Carlos afirmó: Sefarad ya no es una nostalgia sino un hogar en el que no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa porque los hispanojudíos están en su propia casa, en la casa de todos los españoles, sea cual fuere su credo o religión.
Pues bien, señorías, mucho antes de llegar aquí, lo cierto es que ha habido diversas iniciativas del Gobierno español, la más relevante de todas el Decreto legislativo de 20 de diciembre de 1924, que daba la oportunidad de obtener la nacionalidad a los que llamaba los antiguos protegidos españoles o descendientes de estos y en general individuos pertenecientes a familias de origen español que por motivo de la guerra de España, y gracias más tarde a la labor del senador Ángel Pulido y sus viajes por los Balcanes, como digo, permitieron llevar a cabo esta inscripción en algunos registros españoles. Si bien fueron apenas 3.000 sefardíes los que ejercieron ese derecho en el año 1924, es cierto y conocido el uso que del decreto hicieron un puñado de valerosos diplomáticos españoles quienes, acogiéndose a él, pudieron poner bajo protección consular a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, salvando así de una muerte segura a un número de personas que según los historiadores podría estar cerca de los 40.000 entre hombres, mujeres y niños. Posteriormente, en diciembre de 1948, un decreto-ley concedía la nacionalidad española a las familias sefardíes incluidas en una nota de 16 y 17 enero de 1935 relativa a Egipto y también a las que Grecia reconocía como súbditos de España por efecto de la nota de 7 de abril de 1936. Esto permitió a los sefardíes radicados en el norte de África, Grecia y Egipto poder retornar a España e instalarse definitivamente entre nosotros. La disposición final primera del Decreto de 14 de noviembre de 1958 por la que se aprobó el reglamento del Registro Civil estableció que las inscripciones previstas en el decreto-ley del año 1948 sobre la condición de súbdito español de determinados sefardíes podía llevarse a cabo sin límite de plazo. Por lo tanto -y disculpen lo extenso de esta introducción-, no partimos de cero, sino que estamos dando cauce a una idea que en absoluto es caprichosa ni improvisada. Más bien al contrario, retomamos un camino que la propia sociedad española ha venido recorriendo durante mucho tiempo y que diversos Gobiernos han tratado de desbrozar con diferentes iniciativas. En nuestra opinión, faltaba una iniciativa de carácter más actualizado y general que, aprovechando los medios actuales de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, posibilitara y diera mayor efectividad a que lo que en distintos momentos del pasado se ha ofrecido a los sefardíes originarios de España pueda hoy consolidarse y hacerse realidad.
Como saben, señorías, hasta el momento los sefardíes podían adquirir la nacionalidad española por residencia. A partir de 1982 las sucesivas reformas del Código Civil fijan en el artículo 22 del mismo un plazo de dos años -frente a los diez que son la regla general- equiparándolos, por tanto, con los nacionales de otros países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. Esta norma y una instrucción del año 1983 de la Dirección General de los Registros y del Notariado regulaban esta vía sin que, por otra parte, se hubieran establecido criterios claros en cuanto a la documentación concreta que permitiría acreditar la condición de sefardí, carencia que el nuevo proyecto de ley subsana claramente y que empezó a resolverse ya con una instrucción de octubre de 2012 que especificaba tres clases de documentos para esa acreditación: en primer lugar, los que acrediten la inclusión del interesado o su descendencia directa en las listas de familias sefardíes protegidas por España; en segundo lugar, por los apellidos, el idioma familiar u otros indicios de pertenencia a esta comunidad cultural, y, en tercer lugar, mediante certificado de la comunidad israelí reconocida en España que acredite la confesión de fe del interesado en la religión judía sefardí. En los últimos ocho años se ha concedido la nacionalidad española siguiendo este procedimiento -es decir, nacionalidad por residencia- en 107 casos, mientras que se ha otorgado por carta de naturaleza 746 veces. Por tanto, ello implica de hecho y de derecho un reconocimiento implícito a la especial condición de sefardí, porque la nacionalidad por carta de naturaleza -figura de gran tradición en nuestro derecho español, que la toma del derecho francés- se otorga mediante un real decreto cuando en el interesado concurren circunstancias extraordinarias.
Como he indicado, este ha sido el camino seguido de manera más frecuente y, por lo tanto, nos parecía que era muy conveniente establecer una regulación de carácter general, más que ir atendiendo caso a caso como hasta ahora veníamos haciendo. Lo que establece el proyecto de ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes es un procedimiento que concreta las circunstancias excepcionales que justifican la carta de naturaleza prevista en el artículo 21 del Código Civil. La norma introduce algunas diferencias sustanciales respecto al sistema anterior previsto en la ley de 1982. Citaré tres en particular por su relevancia. En primer lugar, se considera que la condición de sefardí es por sí misma ya una circunstancia excepcional que permitiría la concesión de la nacionalidad española. En segundo lugar, se suprime la necesidad de la residencia. Y, por último, no es necesario que el interesado renuncie a su nacionalidad anterior por razón de la especial vinculación con nuestros valores, con nuestra cultura, equiparándose así a otros supuestos análogos, como antes he mencionado. Porque si algo demuestra la experiencia sefardí es precisamente una especial capacidad de generar vínculos complementarios, nunca excluyentes, entre distintas identidades. Carecería de sentido pedirles que para obtener la nacionalidad española tuviesen que renunciar a la de sus países de residencia actual. Los sefardíes que acrediten convenientemente su condición y su especial vinculación con España, tal y como recoge el texto del proyecto, tendrán un plazo de hasta tres años, prorrogable por uno más, para expresar su deseo de adquirir la nacionalidad española a partir de la entrada en vigor de la ley. Quiero recordar que el Real Decreto de 1924, por ejemplo, apenas dio diez días para ejercer este derecho. La acreditación de la especial vinculación exigirá la superación de una prueba de evaluación de conocimientos, de lengua, cultura y costumbres españolas, y será gestionada por el Instituto Cervantes, si bien los solicitantes provenientes de países de habla hispana quedarán, como es obvio y razonable, exentos de esta prueba de idioma. Y no será requisito, como ya he dicho, tener residencia legal en nuestro país para obtener la concesión de la nacionalidad.
Una cuestión instrumental que me parece importante destacar también, señorías, es que serán los notarios quienes recopilarán la documentación referente a la condición de sefardí originario de España que aportarán los ciudadanos solicitantes y levantarán acta al efecto en cada caso. Esta insistencia en la expresión “sefardí originario de España” quiere deshacer el equívoco que se produce cuando se denomina sefardí a todo judío no asquenazí, es decir, procedente de la cultura central u oriental, y, junto a la especial vinculación con España, estará sujeta también a una serie de medios probatorios que serán valorados en su conjunto y que van desde el certificado del presidente de la comunidad judía de la zona de residencia del interesado hasta la partida de nacimiento o ketubah, certificado matrimonial según las tradiciones de Castilla, pasando por la realización de estudios de historia y cultura española o de actividades benéficas a favor de personas o instituciones españolas que sean algo más que puntuales, esporádicas, así como cualquier otro medio de prueba. De esta manera, también los apellidos de linaje sefardí se valorarán, pero solamente como un elemento adicional y si se aportan de forma motivada. Por tanto, se acreditará esa condición, como digo, de muy diversas formas, todas ellas acumulativas y acreditativas de la condición.
El procedimiento -también esta parte, aunque sea instrumental, me parece importante- será electrónico en todas sus fases, propio de una Administración del siglo XXI, que permita agilizar la tramitación, acceder a todos los datos disponibles en las administraciones públicas, lo cual redundará sin duda en la reducción de errores en la gestión de los procedimientos y en la toma de la decisión. Esta necesidad de comparecer ante notario se fundamenta, señorías, en la experiencia que ha supuesto la aplicación de la Ley 52/2007, la llamada Ley de Memoria Histórica, que nos ha demostrado que la solución más adecuada para esta clase de procesos que afectan a un número de personas difícil de cuantificar anticipadamente no consiste en aumentar la presión sobre los consulados de España, sino que pasa por desarrollar una plataforma electrónica que permita la gestión adecuada de los expedientes. Esta plataforma se pondrá en funcionamiento con ocasión de la aprobación de la ley y albergará el resto de procedimientos de adquisición de la nacionalidad. Se trata de una mejora que será especialmente útil en los expedientes de nacionalidad por residencia, que, como conocen sus señorías, son muy numerosos. Actualmente tenemos aproximadamente 150.000 solicitudes anuales. Por supuesto, esta plataforma cumplirá con los estándares y los requisitos más estrictos de seguridad y permitirá la trazabilidad de todas las operaciones, apostando decididamente por la interoperabilidad. Su diseño permitirá la inclusión en el futuro de múltiples expedientes y procedimientos correspondientes al ámbito competencial del Ministerio de Justicia, con el consiguiente ahorro de tiempo y de costes para los ciudadanos y para la Administración, así como una mayor coordinación entre distintos organismos competentes.
Señorías, hasta hoy, hasta ahora y durante cientos de años, cuando un sefardí quería reprocharle a otro que se hacía falsas ilusiones, nos dice la literatura que la frase que utilizaba era: Vos te fraguas kastiyos en Safarad. Se empleaba así en el hermoso español del siglo XV un proverbio que expresa a partes iguales la nostalgia por España y un cierto escepticismo por lo que se consideraba imposible. Pues bien, yo creo que hoy podemos afirmar que esos castillos, esas ilusiones pueden convertirse para muchos en una realidad y que Sefarad por lo tanto ya no es un imposible. Como el proverbio que mencionaba, los sentimientos que España inspira a los descendientes de aquella patria perdida y ahora recobrada son a menudo ambivalentes. El proyecto de ley que el Gobierno somete a la consideración de esta Cámara es evidente que no puede cambiar la historia pasada, pero sí podemos reafirmar ahora la condición pluralista de la España actual, de la España presente invitando a los sefardíes a descubrirla y a compartirla.
Nuestro país ha permanecido ajeno -en nuestra opinión demasiado tiempo- a una parte de nuestra propia cultura, de nuestro propio legado, del patrimonio humano en definitiva que un día conformó la realidad de España y que la prolongó después más allá de nuestras fronteras incluso sin nuestro conocimiento, enriqueciendo con otros aportes el propio mundo sefardí y dando así al mundo algunos nombres sin los cuales no se entendería, por ejemplo, la historia de la filosofía, Maimónides o Spinoza; de la literatura, con Canetti o Cohen; de la pintura, Pissarro o Modigliani, o de la política, Disraeli o Mendès France. Es cierto que hoy no sabemos cuántos sefardíes van a acogerse a esta puerta que se les abre y que tanto tiempo estuvo para ellos cerrada o como mucho entreabierta con dificultades; sin embargo, consideramos que el mero hecho de invitarles a dar este paso, a tomar la mano que se les tiende para que se reintegren a una España que no ha cesado de añorar esa parte perdida de sí misma desde 1492, marca ya un hito que, como decía al comienzo de mi intervención, es ciertamente histórico.
Agradezco nuevamente a la mayoría de los grupos de esta Cámara que así lo hayan entendido e invito a los dos grupos que han presentado enmiendas de totalidad a que se sumen a este consenso, que es un consenso que no va contra nadie sino a favor de nuestra propia identidad como país tolerante y plural.
OLABARRÍA MUÑOZ:
… Mi grupo se va a abstener con relación a las enmiendas presentadas porque comparte la reflexión del ministro: la identidad de la materia que estamos analizando y cuyos orígenes datan de hace cinco siglos puede provocar que, por un efecto de asimilación, por un efecto de tratamiento equivalente o equitativo o por los requerimientos del principio de igualdad ante la ley, se intente resolver los problemas de otros colectivos humanos que fueron objeto de actos tan injustos como el que en este momento intentamos reparar. Se han citado varios ya. Se ha citado los moriscos, podríamos citar a los bereberes, se ha citado a los saharauis, pero la identidad de la materia se complicaría terriblemente -y aunque parezca una paradoja, señora presidenta, nos vamos a abstener por respeto a estos otros colectivos cuya invocación se ha realizado- para introducir la adquisición de la nacionalidad española y la no renuncia de la que poseen en este momento en este proyecto de ley, dada su consistencia, dada su identidad, dada su relevancia, no sin decirles que si se presentan otros proyectos de ley que atiendan a las razones, que no son exactamente iguales a las que afectan a los sefardíes, para buscar efectos jurídicos similares a los que se pretenden encontrar en este proyecto de ley, atenderíamos sin ninguna duda a estas iniciativas legislativas que, por lo pronto, no se han presentado todavía, que yo conozca.
Señor ministro, decía Locke que nunca es tarde para hacer justicia, ni siquiera porque hayan pasado quinientos años es tarde para hacer justicia, ya que estamos hablando de una reparación de un edicto del año 1492, por el que se expulsó a personas que estaban vinculadas a lo que entonces se podía considerar Reino de España, que practicaban la lengua hebrea, cuyos signos estaban en la palabra y estaban en la piedra, en esta exposición de motivos cargada de prosopopeya que alguien de su ministerio ha redactado, que fueron expulsados mediante un edicto del año 1492, como decía, y los que no fueron expulsados se tuvieron que convertir, como ha ocurrido con otros colectivos que han sido ya citados aquí; que han mantenido la lengua, la lengua enriquecida con aquellas lenguas de los países de acogida -de hecho, hablan lo que se denomina el ladino o la haketía-; que se tuvieron que exiliar y reubicar en otros países, particularmente en el caso de los sefardíes, en países Balcánicos, en Grecia y en países del norte de África, y respecto a los cuales ustedes afirman con una cierta retórica quizá digna de mejor causa, señor ministro, que aceptaron sin rencor el silencio de la España que los ubicaba en esta situación de olvido. No estoy tan seguro, señor ministro, de que la aceptación de esta expulsión de los sefardíes se hiciera sin rencor. No sé si hay evidencias empíricas que a usted le hacen pensar que lo hicieron sin rencor, ni si la nostalgia y el vínculo identitario con la España entonces se ha ido sin ningún tipo de rencor con una expulsión tan brutal como esta, pero, bueno, usted lo dice en la exposición de motivos y así lo vamos a dejar a título de reflexión puramente ontológica o literaria.
En todo caso, las cosas empezaron a reconducirse con otra Isabel, no Isabel I, sino Isabel II. Isabel II empezó a autorizar cementerios judíos. Se continuó mejorando la situación con otros políticos importantes del siglo XIX como Práxades Mateo Sagasta y se dio la posibilidad también de la creación de sinagogas. Se continuó mejorando la situación con el senador que usted ha citado, Ángel Pulido, cuyo trabajo hay que reconocer en la reivindicación de la causa de los sefardíes; con normas como el Real Decreto del año 1924, señor ministro, que solo funcionó hasta el año 1930. Todavía no sabemos muy bien por qué solo funcionó hasta el año 1930 y por qué solo 3.000 sefardíes reivindicaron la recuperación de la nacionalidad española cuando lo pudieron hacer. Aquí viene una de las causas -señor ministro, le agradecería que me escuche un segundo- que usted no ha citado en la exposición de motivos del proyecto de ley, que ha leído muy bien, por cierto, y es la vinculación del Estado español con el holocausto. Doscientos mil sefardíes quedaron bajo la administración alemana en la Segunda Guerra Mundial. Hubo matanzas atroces. Se exterminó al pueblo sefardí en localidades como Salónica, en Grecia, y los agentes consulares españoles realizaron un trabajo encomiable para salvar miles de vidas de judíos sefardíes. Esta es una vinculación relevante históricamente: la vinculación también de las autoridades españolas de la época con el holocausto.
Desde esa perspectiva nos encontramos con un procedimiento que se basa en una injusticia histórica que podemos reparar, que podemos compensar, y podemos utilizar cualquiera de las nociones realizadas por el señor Llamazares que en términos jurídico-políticos son sinónimas, significan exactamente lo mismo: la recuperación de unos derechos que ilegítimamente fueron expoliados y expropiados. Desde una perspectiva puramente técnica, aquí se preconiza fundamentalmente la reforma de los artículos 21 y 22 del Código Civil, las dos fórmulas de adquisición de la nacionalidad, la del artículo 22, la ordinaria, pero la ordinaria que es extraordinaria para determinados colectivos, particularmente iberoamericanos, a los que les basta dos años de residencia para obtener la nacionalidad. Me parece bien la utilización de este procedimiento para los judíos sefardíes con la correspondiente y necesaria reforma del artículo 23, señor ministro, que impida que tengan que renunciar a su nacionalidad de origen si ellos optan por mantener la misma. La otra fórmula es la adquisición de la nacionalidad por lo que se denomina en el Código Civil carta de naturaleza, cuyos motivos y formas probatorias usted ha explicitado con mucha prolijidad. Son formas probatorias que nos parecen muy pertinentes: certificado por presidente o cargo análogo de la comunidad judía de la zona de residencia; por un certificado de la autoridad rabínica competente; por el idioma familiar, ladino o haketía, por la partida de nacimiento o por el ketubah -no sé pronunciar el ladino con la facilidad que usted ha acreditado aquí-; por la inclusión del peticionario o de su ascendencia directa en las listas de las familias sefardíes protegidas por España, en relación con Egipto y Grecia, en virtud de una norma específica, la del año 1948; por la realización de estudios de historia y cultura españolas; por la realización de actividades benéficas a favor de personas o instituciones españolas, o por cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su condición de sefardí originario.
No sé por qué usted da tan poca relevancia a la posesión de un apellido sefardí. Creo que es un elemento probatorio que debería ser objeto de mayor relevancia y de mayor significación. No cualquiera puede tener un apellido sefardí si es que no es sefardí, salvo que haya circunstancias en relación con el derecho de familia que no soy capaz en este momento de identificar y que usted me podría explicar. Se ha criticado la incorporación de una tasa. Mire, por fin nos encontramos con una ley dimanante de su ministerio donde la tasa, de verdad, es una tasa según está configurada en el derecho tributario: la prestación de un servicio público a un particular. No son las tasas de la Ley de Tasas que aprobó su predecesor en relación con el servicio de la justicia, pero sí es una tasa que tampoco nos parece desmesurada y nos parece bien el procedimiento de colaborar con el Consejo Nacional de la Notaría, con el consejo estatal de los notarios, para la acreditación o las actas de notoriedad de acreditación de todas estas circunstancias extraordinarias que permiten la adquisición de la nacionalidad por la vía de la carta de naturaleza.
¿Se trata de una compensación, se trata de una reparación, se trata en definitiva de la evitación, quinientos años después, de una injusticia? Me da igual, señor ministro, es lo que debemos hacer porque se lo debemos, porque estas personas no sé si huyeron o se las expulsó sin rencor -se las expulsó sin rencor como ustedes afirman en la exposición de motivos, aunque me parece muy dudoso que no existiera un cierto componente de rencor en el momento-, pero mantuvieron el vínculo anímico y mantuvieron el vínculo identitario, y se acredita en la lengua, se acredita en las recetas de cocina -aunque parezca una anécdota-, se acredita en los juegos, se acredita en los romances que todavía nos repiten, y con esas acreditaciones hay un elemento identitario que evidentemente debemos considerar. Por tanto, cuente con nuestra adhesión a la aprobación de una ley que acomete una reparación histórica, quinientos años después, que es manifiestamente necesaria. Pero no nos olvidemos -con esto acabo, señora presidenta- de que hay otros colectivos que con la misma legitimidad, con la misma fundamentación histórico-jurídica, requieren una reparación de estas características. Nosotros creemos que se debe atender a las necesidades de los moriscos y a las necesidades de los bereberes, que también sufrieron, y a las de los saharauis, respecto a los cuales España, como antigua potencia colonial, tiene específicas obligaciones, algunas de ellas reconocidas por resoluciones de Naciones Unidas. No nos olvidemos de esto, señor ministro, y presentemos unas normas, no en esta porque si intentamos resolver en esta norma la situación de todos estos colectivos desfiguraríamos su consistencia sistemática, haríamos una norma de muy compleja aplicación, pero preparemos también otras para atender a las necesidades de reparación histórica de estos colectivos. En definitiva, el Estado español tiene muchas necesidades de reparación histórica. El Estado español en su historia ha cometido muchas tropelías, señor ministro. Empecemos reparando esta y continuemos reparando todas las demás.
LLAMAZARES (COMUNISTA):
… En relación con la justicia, una restitución en este caso significa un reconocimiento de una injusticia que probablemente ya no pueda ser vuelta atrás, pero, en nuestra opinión, esta iniciativa que repara en la medida de lo posible una injusticia -la cometida con los judíos sefardíes hace cinco siglos-, sin embargo, deja pendientes otras injusticias coetáneas, prácticamente de un siglo después: la injusticia con el pueblo morisco -también algunos de ellos han mantenido tradiciones, no con la misma intensidad ni la misma cultura que los sefardíes, pero también han mantenido tradiciones y vinculación con España-, o, por otra
parte, el reconocimiento de la nacionalidad al pueblo saharaui, como ha comentado el diputado Tardà, y yo diría también a los llamados flecos que se han producido como consecuencia de la mala aplicación de la Ley de Memoria Histórica, a la que usted se ha referido. Como consecuencia de la mala aplicación de esa ley hay nietos de españoles -mejor dicho, nietas- que no tienen nacionalidad en relación con su hermano varón, y hay nietos que, por tener una edad diferente, tampoco tienen nacionalidad, siendo hermanos. Esa es la situación que en estos momentos tenemos de aplicación de la Ley de Memoria Histórica con nietos de españoles que perdieron la nacionalidad. ¿Eso no merecía la pena, ya que ustedes han tocado la tasa de 75 euros? ¿Valía menos que su tasa el derecho de los saharauis, el derecho de los moriscos, la justicia también con los españoles que perdieron la nacionalidad? ¿Valía menos? Mi grupo parlamentario piensa que no, piensa que pudieron abordar la superación de una injusticia histórica y que también pudieron abordar otras injusticias y no lo hicieron, señorías. Además, estamos convencidos de que no lo van a hacer, porque estamos acostumbrados al rodillo, a la apisonadora y a la máquina de picar carne, a todo en esta Cámara, sobre todo por parte del Ministerio de Justicia. Señorías, esas son las razones para que nuestro grupo haya presentado la enmienda de totalidad.
Lo ha versado el diputado Tardà, pero no me resisto a hablar de la situación de los saharauis en nuestro país, de unos jóvenes saharauis que se quedaron en España, que estudiaron en España y que ahora pretenden trabajar en nuestro país. Pues no pueden, señorías. Se les ponen dificultades de todo tipo y viven en un limbo jurídico en nuestro país. Hablamos de lo que fue un dominio colonial español. Hay que solucionarlo, es imprescindible. No puede ser que unos ciudadanos se encuentren en una suerte de aeropuerto en terreno de nadie sin ninguna perspectiva, ni de arreglar su reconocimiento como nación, porque los españoles tampoco hemos hecho nada por ellos, los hemos abandonado desde el punto de vista de sus derechos históricos, ni tampoco con relación al reconocimiento de la nacionalidad y mucho menos de la nacionalidad con carné de identidad español: sin derecho de nacionalidad, con dificultades para cualquier trámite en nuestro país, para ejercer su profesión en nuestro país, chicos que se han formado aquí y que han estado aquí varias décadas. Eso hay que solucionarlo, señor ministro. No puede ser que venga usted aquí y diga que no estamos a la altura porque no vemos la importancia histórica de la cuestión. No, no, sabemos la importancia histórica de la cuestión y también la importancia de que la superación de una injusticia no cree ningún tipo de agravios en otros. Por lo tanto, creemos que se puede superar perfectamente una injusticia histórica y, al mismo tiempo, responder a otras injusticias.
Termino, señor ministro. Lo que no hace su ministerio tampoco es solucionar el problema de la nacionalidad en el marco de la Unión Europea. Nosotros tenemos una anormalidad en el marco de la Unión Europea en materia de nacionalidad, es evidente y no hay más que ver las estadísticas para darse cuenta de ello. Por una parte, no tenemos una ley de nacionalidad, tenemos dispersa la legislación de nacionalidad en diversas legislaciones -el Código Civil, la ley que tiene que ver con el Registro Civil, el reglamento-. Tenemos una dispersión muy importante en esa materia y tampoco contribuimos a un reconocimiento de la nacionalidad en el marco europeo, que parece cada vez más necesario, porque el reconocimiento de la nacionalidad española también tiene repercusiones en otros Estados miembros y en la movilidad en el conjunto de la Unión Europea. Hubiera sido una buena oportunidad para adoptar una solución a esa cuestión, pero el Gobierno tampoco la considera importante. Considera que es un tema menor y que tenemos que seguir legislando como lo estamos haciendo hasta ahora, mal, sobre estos temas relativos a la nacionalidad. Nosotros creemos que hubiera sido una buena oportunidad.
Termino refiriéndome a una reflexión de una eminente colega, Rita Levi-Montalcini, judía sefardí, que en un momento determinado, cuando recibió el Premio Nobel, dijo que el cerebro humano estaba hecho de dos hemisferios, un hemisferio arcaico, que se deja llevar únicamente por los sentimientos, y un hemisferio joven, que es el hemisferio de la razón. Creo que, como ella decía, lo que estamos sufriendo ya históricamente -se refería a los pueblos- tiene mucho que ver con el hemisferio arcaico. Espero que esta ley finalmente se corresponda con el hemisferio de la razón y que algunos factores arcaicos como la desmemoria y la injusticia se compensen en el trámite parlamentario.
ELORRIAGA PISARIK ( del PP): Señor presidente, quiero antes de comenzar saludar formalmente al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Isaac Querub, y a todos los miembros de la delegación que hoy le acompañan en la tribuna, y quiero agradecerles especial y públicamente, tanto el impulso que han prestado a este proyecto que hoy comenzamos a debatir como la colaboración que todavía mantienen con todos los grupos parlamentarios, para intentar mejorarlo en todo lo posible. …
Se afirma -quizá esto es más técnico- en el texto de la enmienda de La Izquierda Plural que la materia de la nacionalidad tal vez debería abordarse fuera del Código Civil. No compartimos en absoluto esa opinión. No hay razones suficientes para romper hoy una tradición jurídica que sin inconveniente alguno lleva al Código Civil aspectos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, como puede ser toda la doctrina de las fuentes del derecho, la eficacia general de las normas jurídicas, o la nacionalidad. Sin duda este es un proyecto de envergadura y de dimensión históricas, se ha repetido ya en la tribuna en muchas ocasiones. Y conviene empezar afirmando, porque es de absoluta justicia, que desde la expulsión de los españoles que profesaban la fe judía en 1492 de los reinos de Castilla y de Aragón, y en 1498 del Reino de Navarra, los judíos de origen español han llevado su patria en el corazón, con verdadero cariño, con una inmensa nostalgia, y sin ningún rencor. Los judíos sefardíes han sido durante más de cinco siglos -y son hoy- auténticos embajadores de España, de Sefarad, y lo son en todas las partes del mundo, y con esta ley se viene a reconocer esa realidad histórica.
El proyecto de ley que ahora debatimos no puede entenderse sin recordar todos los antecedentes históricos, políticos y legislativos que nos han traído hasta aquí, porque solo se entiende este proyecto como colofón a una larga trayectoria de reencuentro y de reconciliación entre españoles. Es cierto, como destaca el gran hispanista Joseph Pérez -que este año ha recibido el premio Príncipe de Asturias-, que a comienzos del siglo XIX, es decir, hace doscientos años, no había en España ni un solo judío ni criptojudío. A la uniformidad religiosa, entendida como un instrumento fundamental sobre el que articular la unidad nacional, se mantuvo con firmeza una férrea política legislativa y ejecutiva que impidió la presencia de españoles de confesión judía en territorio español. Pero fue a mediados del siglo XIX cuando los medios más liberales y los más progresistas españoles comenzaron a relacionar la decadencia española con la presión ejercida por la intolerancia religiosa. Y fue entonces cuando se puso como máximo exponente de esa intolerancia el ejemplo de la expulsión de los judíos. En ese momento se puso este asunto en el centro del debate. Tuvieron una enorme relevancia trabajos importantísimos como el de Amador de los Ríos. Tuvo sin duda -se ha citado ya- mucha importancia el impacto que creó la guerra de África, cuando los soldados al frente del general O’Donnell desembarcaron en la costa africana y,
sorprendidos, fueron recibidos entre vítores por ciudadanos que les hablaban en español y les recibían como auténticos libertadores. Habló de este tema Emilio Castelar en su famoso discurso sobre la libertad religiosa, y por supuesto -también se ha mencionado- fue un senador progresista, Ángel Pulido, quien en el año 1903 por primera vez trajo la realidad de los judíos sefarditas al senado español. Estos españoles sin patria -como acertadamente dijo Pulido- se sintieron y se sienten españoles.
Se recuerda con frecuencia una frase muy elocuente que pronunció en 1915, en el Ateneo de Madrid -a unos metros de esta Cámara-, Isaac Alchech y Saporta -que fue enviado al frente de una delegación de judíos sefardíes que empezaban a sentir la persecución en Grecia-, que decía así: Españoles fuimos, españoles somos, y españoles seremos. Ese es el sentir del pueblo sefardita.
Los Gobiernos de España y de Grecia firmaron en 1916 el primer tratado por el cual España tomó bajo su protección a los españoles sefardíes; les dio el tratamiento de auténticos nacionales y se estableció que, en el caso de que hubiese litigios sobre sus personas o sus bienes, serían los diplomáticos españoles los que quedaban comprometidos para prestarles asistencia y defensa. Los sefardíes desde ese momento pudieron obtener pasaporte español, y eso, aunque no supusiese reconocimiento de su nacionalidad, fue, sin duda, un acercamiento significativo. Ese es el precedente que antes también se mencionaba de la Ley de Primo de Rivera de 1924, las normas de protección de las décadas anteriores, y esa Ley de 1924 permitió escribir -y hay que recordarlo- al servicio exterior español una de las páginas más gloriosas de su historia. Figuras como la de Sanz Briz, la de Romero Radigales, la de Ruiz de Santaella, la de Rolland de Miota, la de Julio Palencia, la de José Rojas, la de Javier Martínez de Bedoya, la de Eduardo Propper, muchos de ellos reconocidos como justos entre las naciones, recogen la mejor historia del servicio exterior español. Como se ha mencionado, ese proceso continuó en 1948 y continuó todavía en normas posteriores.
Quiero mencionar un momento histórico en la etapa de la transición a la democracia española y recordar que fue el Grupo Parlamentario de los socialistas catalanes, concretamente Ernest Lluch, el que a través de una enmienda al Código Civil trajo a esta Cámara y consiguió en 1981 la aprobación por primera vez en el Código Civil de la equiparación de los judíos sefardíes de origen español a los nacionales de los países iberoamericanos, de Filipinas y de otros antiguos territorios españoles.
Termino ya, y por cerrar la página de Lluch, quiero repetir algo interesante que dijo Lluch y que está relacionado con un comentario que ha hecho uno de los portavoces que ha intervenido anteriormente. En aquel entonces, y ante esta Cámara, explicó Ernest Lluch que se debía utilizar siempre la expresión de judíos de cultura española, entre otras cosas porque todavía hoy parte de la comunidad sefardí no se expresa en la antigua lengua castellana sino en la lengua catalana. Señoras y señores, lo que pretende esta ley es culminar una vía de reconocimiento de la condición de nacionales españoles de los legítimos descendientes de los judíos españoles expulsados hace quinientos años y lo hace a través del cauce que la tradición jurídica española ha establecido, es decir, el del reconocimiento de la nacionalidad por el procedimiento de carta de naturaleza. Es, sin duda, una reparación histórica que se debía y que ahora podemos restañar.
Termino diciendo solo dos cosas. Primero, mostrando la mejor disposición del Grupo Parlamentario Popular para alcanzar cuantos acuerdos sean precisos y necesarios para obtener el máximo apoyo final posible para esta norma, y en último lugar quiero hacer un reconocimiento expreso del enorme trabajo desarrollado por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y por su equipo, sin cuyo firme compromiso este proyecto no habría visto la luz; un esfuerzo, un trabajo y un impulso que, afortunadamente y como no puede ser de otra manera, el nuevo equipo del Ministerio de Justicia ha recibido con entusiasmo.
Y LA MONA, AUNQUE SE VISTA DE SEDA, MONA SE QUEDA .
Se distancia intelectual, voluntaria, sentimental y anímicamente de todo aquel demagogo, se presente hipócriamente como "antipopulista" siendo "polulista", o lo haga como antifascista, "centrista", moderado, equilibrado, progresista, moderno, creador y garante de prosperidad, o como lo que quiera, el cuál, sometiéndose a la mentira sectaria, propagandística y tiránica, inspirada en cualquiera de las "Revoluciones" de espíritu judío (: la puritana cronwelliana (1648,) la judeomasónica washingtoniana (1775), la judeomasónica perpetrada en y contra Francia en 1789, y las enjudiadas leninista y anarquista), ataque sectariamente o vilipendie a Tradicionalistas, franquistas, Falangistas, Fascistas, Nacionalsocialistas, Rexistas, etc., o se posicione nuclearmente, a menudo con la mayor vileza inmisericorde, y a veces sacrílega, contra mis Camaradas clasicistas ora supervivientes a la Gran Guerra Mundial (1914-1945), ora Caídos en combate o a resultas; se considera y siente parte de la camaradería histórica y básica común con los tradicionalismos europeistas vanguardistas de inspiración cristiana (al menos parcial), y con sus sujetos, aliados de armas contra la Revolución (jacobina, socialista, comunista, anarquista).	Ver todas las entradas por ricardodeperea →	Esta entrada fue publicada en HISTORIA, SIONISMO Y SIONISMO DEGENERADO O PROTOCOLOSIANO. Guarda el enlace permanente.	← JUDENTUM IST VERBRECHERTUM. Die Lage wird in Deutschland trotz der unmenschlichen verräterischen Verfolgung unschuldiger Denker und freien Bürger des deutschen Vaterlandes ansteigen. Warum Wohl ?. 10.09.2014