Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A163-07.htm
Timestamp: 2017-11-24 18:39:09
Document Index: 87849558

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'e contrario', 'e contrario', 'artículo 228', 'artículo 6', 'artículo 38', 'artículo 1']

A163-07
Auto 163/07
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE AUTORIDADES DE DIFERENTES JURISDICCIONES-Competencia de la Corte Constitucional para decidir el conflicto de competencia
Referencia: expediente ICC-1121
Conflicto de Competencia entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 1 Penal del Circuito de Sogamoso
1.- La señora Gloria Fanny Nieto Franco interpuso acción de tutela ante los Jueces Penales del Circuito contra el Instituto de Seguros Sociales y la Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta.
2. La accionante afirma que labora con el Instituto de Seguros Sociales-ISS, Seccional Boyacá, desde el 15 de diciembre de 1986 desempeñando el cargo de auxiliar de servicios asistenciales de enfermería como trabajadora oficial amparada por la Convención Colectiva y con la protección del fuero sindical, dada su condición de directiva de SINTRAISS, Seccional Boyacá.
3.- Agrega que, en virtud de la escisión del ISS en el año 2003 fueron creadas 7 Empresas Sociales del Estado, entre las que se encuentra la ESE Policarpa Salavarrieta. Así mismo, agrega que los trabajadores fueron distribuidos entre las distintas dependencias del Instituto, correspondiéndole prestar los servicios en el Departamento Seccional de Riesgos Laborales (DSPRL), perteneciente a la Vicepresidencia de la ARP del ISS.
4.- Sin embargo, señala, que mediante comunicación No. 175 del 27 de febrero de 2007, y argumentando un supuesto cumplimiento de la Sentencia T-041 de 2005 proferida por la Corte Constitucional, el Gerente Seccional del ISS informó a la accionante que la Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta, mediante Resolución No. 0080 del 21 de febrero de 2007, la incorporaba a su planta de personal.
5.- La accionante sostiene que, mediante comunicación del 15 de marzo de 2007, dirigida al Gerente de la Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta, informó que no era de su “interés laborar con esa Institución, en virtud que no he renunciado al cargo que vengo desempeñando en la ARP de la Planta de Personal del ISS Seccional Boyacá”.
6.- La señora Nieto Franco afirma que pese a continuar vinculada a la planta de personal del Seguro Social, Seccional Boyacá, y sin haberse producido acto administrativo de retiro de servicio ni de levantamiento del fuero sindical, se le ha dejado de cancelar su salario desde febrero de 2007.
7- En su opinión, la conducta desplegada por el Instituto de Seguros Sociales desconoce sus derechos fundamentales a su mínimo vital, trabajo, protección de los trabajadores sindicalizados, entre otros.
8.- El Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso, mediante Auto del 20 de abril de 2007 admitió la acción de tutela interpuesta y ordenó notificar a las partes demandadas.
9.- La Empresa Social del Estado, Policarpa Salavarrieta, en su escrito de contestación, solicitó al Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso se declara incompetente para conocer de la acción, toda vez que la accionante pretendía se dejara sin efectos un acto administrativo. Por lo anterior, para el demandado debía darse aplicación al numeral 5, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 que señala:
“Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
10. – El Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso, mediante Auto del 30 de abril de 2007, señaló que le asistía razón al demandado, toda vez que la Resolución 080 del 21 de febrero de 2007 fue proferida por una Empresa Social del Estado del orden nacional con personería jurídica, y en consecuencia, al pretenderse la inaplicación de dicho acto administrativo, la competencia radica en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
11.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante Auto del 10 de mayo de 2007, se declaró incompetente en el conocimiento de la acción, al considerar: (i) El numeral 5 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 consagra que la competencia radica en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cuando se está solicitando la inaplicación de un acto administrativo de carácter general proferido por una autoridad nacional. En este sentido, para el Tribunal resulta claro que lo que discute la accionante es un acto administrativo de carácter particular, toda vez que los destinatarios del mismo se encuentran plenamente identificados y (ii) la Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta es una entidad descentralizada, y no una autoridad nacional. En consecuencia, el Despacho plantea el conflicto negativo de competencia y remite a la Corte Constitucional para su resolución.
Así las cosas, dado que el presente conflicto de competencias se presentó entre autoridades pertenecientes a diferentes jurisdicciones, esto es, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre el mismo.
Ante la Corte se plantea el presunto conflicto de competencia presentado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso. Para resolver el caso concreto se considera:
Sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, de 18 de julio de 2002 (CP.: Dr. Camilo Arciniegas Andrade). Se declaró nulo el inciso cuarto del numeral 1º del artículo 1º. Exp. 6414 y otros acumulados.
2.- Sin embargo, ha de recordarse que luego de expedido el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República y según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación, en auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, reiterado en numerosas oportunidades, lo inaplicó en virtud de la primacía que a la Constitución ha de darse sobre normas de rango inferior y por la manifiesta incompatibilidad de las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado con la Carta Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma.
3.- Posteriormente, el Gobierno Nacional mediante Decreto 404 de 14 de marzo de 2001, decidió suspender por un año la vigencia del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, “en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”.
4.- Transcurrido el término de un año a que hacía referencia el artículo 1º del Decreto 404 de 2001, sin que para entonces existiera sentencia del Consejo de Estado en relación con las demandas de nulidad incoadas contra el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, éste de nuevo entró en vigor, razón esta por la cual al conocer de los conflictos de competencia suscitados entre distintos despachos judiciales para el conocimiento de acciones de tutela, la Corte Constitucional aplicó, en todos los casos, la excepción de inconstitucionalidad y decidió en consecuencia.
5.- El Consejo de Estado en sentencia de 18 de julio de 2002 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo[3], con dos salvamentos de voto, declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000”, y la del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo Decreto y denegó las demás súplicas de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa Corporación bajo los números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057.
6.- En efecto, para el Consejo de Estado el inciso 5 del Decreto 1382 de 2000 que señalaba que las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serían repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, era abiertamente contrario a la Constitución política y en especial al acceso a la administración de justicia. El Consejo de Estado señaló en la Sentencia antes anotada:
“De acuerdo con lo ya expuesto, el inciso cuarto del numeral 1° acusado, que reserva al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la competencia para las acciones de tutela contra la aplicación de un acto administrativo de carácter general, es como lo señalan los actores, ostensiblemente contrario al principio de desconcentración de la Administración de Justicia enunciado en el artículo 228 de la Constitución Política.
Con todo, ha de entenderse que la acción de tutela no puede ejercitarse contra el acto administrativo mismo, porque así lo dispone el numeral 5.° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, sino en contra de la actuación de la autoridad que pretenda aplicarlo en desmedro de algún derecho fundamental.
7.- Por todo lo anterior, resulta evidente que no asiste razón al Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso toda vez que la norma alegada por la Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta para solicitar la declaratoria de incompetencia, fue declarada nula por el Consejo de Estado.
8.- En consecuencia, deberá analizarse la naturaleza jurídica de las partes demandadas para determinar el Despacho que deberá conocer la acción de tutela interpuesta por Gloria Fanny Nieto Franco.
9.- Como sujetos pasivos de la acción de amparo se encuentran: (ii) El Instituto de Seguros Sociales, que en virtud del Decreto 2148 de 1992 es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente y (ii) La Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta, entidad descentralizada del orden nacional, como lo establece el artículo 38 de la Ley 489 de 1998[4].
10.- Por lo anterior, como lo señala el inciso 3 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 al encontrarse demandados organismos del sector descentralizado del orden nacional, la competencia radica en los jueces del circuito.
11.-En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará remitir el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso, quien deberá asumir el conocimiento de la acción de amparo interpuesta por Gloria Fanny Nieto Franco contra el Instituto de Seguros Sociales y la Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta.
PRIMERO: REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela interpuesta por Gloria Fanny Nieto Franco contra el Instituto de Seguros Sociales y la Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta al Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso, quien deberá asumir el conocimiento de la acción de amparo.
SEGUNDO: Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.
Salvamento de voto al Auto 163/07
Actor: GLORIA FANNY NIETO FRANCO
[3] CP.: Dr. Camilo Arciniegas Andrade
[4] ARTICULO 38. INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO EN EL ORDEN NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:
g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que
cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.