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Timestamp: 2020-07-09 08:56:51
Document Index: 288934917

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 66', 'artículo 67', 'artículo 21', 'artículo 71', 'artículo 14', 'artículo 70', 'artículo 164', 'artículo 172']

El nuevo procedimiento administrativo (II): Fases del procedimiento | Noguera Abogados
En primer lugar es necesario destacar que los interesados se pueden relacionar con las administraciones públicas de dos modos:
A través de medios electrónicos, para lo cual las Administraciones públicas podrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.
No obstante, determinadas personas están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones públicas:
Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
De forma paulatina hemos pasado de una posibilidad de la ley 30/1992, a un derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente conforme la Ley 11/2007, de 22 de junio y por último a una obligación para determinados colectivos en la LPAC.
Los procedimientos podrán iniciarse:
- De oficio. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
Inicio del procedimiento por denuncia.
El TS en Sentencia de 23 de junio de 1987, definió la denuncia como acto de un tercero para instigar la actuación investigadora, comprobadora, y, en su caso, sancionadora de la Administración, careciendo de la virtualidad de poner en marcha el procedimiento sancionador.
3.La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
Para la condición de denunciante no se exige que haya legitimación (SSTS de 24 de enero de 2000; de 19 de mayo de 1997; de 6 de junio de 1997 y 13 de marzo de 1991).
La Jurisprudencia es constante al sostener que el denunciante no tiene en modo alguno la condición de parte, sino la de mero testigo cualificado que instiga el actuar administrativo, y, por tanto, no participa en el procedimiento (Sentencia del TS de 21 de noviembre de 2005).
Con este artículo se consolida el derecho de clemencia o “leniency”.
Por la propia persona con capacidad de obrar o por su representante. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
Destaca como novedad la creación del registro electrónico de apoderamientos, en el que deberán inscribirse como mínimo los de carácter general otorgados apud acta. Permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad y los protocolos notariales.
Dispone la norma que, como regla general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, es suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos.
1. Contenido de las solicitudes.
Las solicitudes que se formulen deberán contener
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.
4. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.
En este punto concreto se impulsan los convenios entre administraciones públicas para la interoperabilidad de datos, si bien es de destacar la importancia que se da en los mismos de la protección de datos personales.
5. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados.
Existen especialidades en las solicitudes de inicio de expedientes de responsabilidad patrimonial.
- Subsanación de la solicitud.
Para luchar contra la viciosa práctica administrativa de rechazar los escritos que tienen algún defecto, establece el artículo 68 que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
Como novedad es de destacar que se incluye un nuevo párrafo al antiguo artículo 71 de la Ley 30/1992, y es donde se refiere a que si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
Se presume la autorización a que la Administración obtenga los documentos del particular aportados en otros procedimientos en otras Administraciones: “Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.” (art.28.2).
Por su parte, también son formas de iniciación a instancia de parte:
Declaración responsable y comunicación.
Las figuras de la declaración responsable y la comunicación previa fueron introducidas en el ordenamiento jurídico español por la "Ley Ómnibus", denominación que comúnmente se dio a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Así, ambas instituciones se incorporaron a la Ley 30/1992 mediante la introducción de un art. 71 bis.
El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Comunicación (Antes comunicación previa)
¿Cuáles son las consecuencias de "falsear" u omitir una declaración responsable o una comunicación?
Las solicitudes, declaraciones responsables y comunicación se presentan en los registros administrativos.
La nueva Ley de Procedimiento impone expresamente a las Administraciones Públicas el deber de publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.
A partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se considerarán inhábiles no solo los domingos y los declarados festivos, como ocurría hasta ahora, sino también los sábados. En la Exposición de Motivos de la Ley se nos explica que esta variación responde a la necesidad de unificar criterios respecto al cómputo de los plazos procesales/judiciales.
Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una Ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
El nuevo texto, que admite la fijación de plazos expresados por horas (siempre y cuando no tengan una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días). En este sentido, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son hábiles, y tienen esta consideración todas las que formen parte de un día hábil.
¿Cómo se deben computar los plazos?
Dependerá de si el plazo se fija en horas, días o meses. Veamos, a continuación, cada uno de los supuestos:
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que expira el último día del mes.
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente (téngase en cuenta que, cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso –art. 30.6–).
¿Cómo se computan los plazos a efectos de los registros electrónicos?
b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.
2.- ORDENACIÓN
Inicia esta fase la ley dando la definición de lo que se entiende por expediente administrativo en el artículo 70:
En definitiva, el expediente administrativo es la prueba del procedimiento administrativo tramitado.
En el ámbito local encontramos la definición de expediente en el artículo 164 del ROF:
“1. Constituye expediente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
2. Los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación.”
El expediente administrativo debe tener formato electrónico.
Se recoge la previsión del art. 177 del ROF, que exige que haya copia certificada de la resolución adoptada.
Prevé que, en los casos que así lo exija una norma, la forma en la que deberá remitirse el expediente electrónico, respetándose, en todo caso, las previsiones del Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas de Interoperabilidad.
También se define el expediente de manera negativa:
Habrá que acostumbrarse al expediente virtual, en su formación, consulta y remisión a la jurisdicción contencioso-administrativa. Al menos será más fácil, rápido y exacto consultarlo y buscar datos.
El procedimiento no solo debe ser electrónico, sino que debe ser el más simple y menos burocrático posible, y en este sentido la ley apela a la reingeniería de procesos y la simplificación de trámites, incluso como mandato a la legislación sectorial: “Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.
3.- INSTRUCCIÓN
Su objeto, como su propio nombre indica, es recabar los datos necesarios para que el órgano que ha de decidir lo haga con el mayor conocimiento de juicio.
Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales (art. 75.3).
Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. Además, en todo momento pueden los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
Como regla general, la valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (v. gr. arts. 316, 319, 326, 334, 348, etc., LEC).
Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquellos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
¿Cuándo debe abrirse un período de prueba?
El instructor del procedimiento abrirá un período de prueba cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija.
Dicho período de prueba no será superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.
El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que este tiene carácter preceptivo.
1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.
En la Administración local se debe además tener en consideración las siguientes normas:
El art. 54.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local establece que:
«1. Será necesario el informe previo del Secretario, y, además, en su caso, del Interventor o de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes acuerdos:
Por su parte el artículo 172 del ROF establece:
“1. En los expedientes informará el Jefe de la Dependencia a la que corresponda tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio.
2 . Los informes administrativos, jurídicos o técnicos y los dictámenes de las Juntas y Comisiones se redactarán con sujeción a las disposiciones especiales que les sean aplicables y se ceñirán a las cuestiones señaladas en el decreto o acuerdo que los haya motivado.”
Así, el trámite de audiencia, es un trámite dirigido específicamente a los interesados; y cuya finalidad general es que conozca el conjunto de datos que figuran en el expediente y que van a servir para configurar la resolución definitiva. Es un trámite esencial derivado del principio contradictorio que preside el procedimiento.
A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
La información pública es una técnica al servicio de la participación ciudadana y para mejor ilustración del órgano decisor sobre las cuestiones que son objeto del procedimiento.) Consiste en el establecimiento de un plazo para que cualquier persona, y no solo los interesados, puedan formular o aportar datos en relación con las cuestiones que son objeto del procedimiento. Como afirma González Pérez es éste un trámite cuya finalidad es la aportación al expediente de las alegaciones que pueden hacer los interesados y en general cualquiera.
Éste trámite no puede confundirse con el de audiencia de los interesados; aunque en algunos concretos y determinados procedimientos especiales pueda sustituirlo. Su finalidad no es la de garantizar un interés singular, sino la de proporcionar a la Administración el mayor y mejor número de datos que pueda propiciar una decisión más justa y objetiva, mediante una consulta previa abierta a toda clase de alegaciones y sugerencias.
Los interesados no tienen obligación de comparecer en este trámite; ni el hecho de comparecer les da la condición de interesados. No obstante, quien presente alegaciones tiene derecho a una respuesta expresa de la Administración.
Los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación.”