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Timestamp: 2018-03-21 11:11:49
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Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 1609', 'artículo 497', 'artículo 70', 'artículo 170']

FALLA DEL SERVICIO DE POLICIA POR MUERTE DE CIVIL - Muerte de civil implicado en un asalto que no fue puesto a órdenes de la justicia &nbsp; Es claro para la Sala determinar de acuerdo con el acervo probatorio antes mencionado, que con el propósito de obtener dinero, los jóvenes XX, YY -la víctima- y ZZ concertaron realizar un asalto, para lo cual se trasladaron al municipio de Caldas - Antioquia en horas de la tarde del 10 de mayo de 1991, y se presentaron en el supermercado “Los Fernandos”. Como dicho establecimiento era de propiedad de la familia del inspector de tránsito Guillermo Londoño, éste se hizo presente de inmediato en el lugar en un taxi de la Flota Caldas, acompañado de dos agentes de policía, quienes vestían sus uniformes y portaban armas de dotación oficial, lo cual trajo como consecuencia que XX lograra escapar herido, con un disparo en la boca, mientras que los otros asaltantes, YY y ZZ, fueran arrestados y esposados por los oficiales. Hacia
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA - Fondo Vial Nacional / FONDO VIAL NACIONAL –Legitimación en la causa por pasiva &nbsp; La jurisprudencia ha entendido, sin dejar de conocer la personalidad jurídica del Fondo y de la Nación, que el Fondo Nacional Vial se encontraba administrado por la Nación (Ministerio de Obras Públicas) sin que tuviera una representación legal propia convirtiéndose en la entidad que suministraba el dinero para atender los gastos necesarios de conservación de carreteras Nacionales, y que a la Nación (Ministerio de Obras Públicas) le correspondía por medio de contratos, la ejecución de los programas. Sobre este aspecto la jurisprudencia ha sido reiterativa respecto a la legitimación en la causa por pasiva que puede darse bien frente a la Nación (Ministerio de Obras Públicas y Transporte), hoy Ministerio de Transporte, o frente al Fondo Vial Nacional, hoy Instituto Nacional de Vías, pueden verse sentencias proferidas el 28 de julio de 1994, Exp
ACUMULACION DE PROCESOS - Verificación del proceso más antiguo debe hacerse en los expedientes y no con certificación del Secretario / FALTA DE COMPETENCIA - En incidente de acumulación de procesos / AD QUEM - Declaración oficiosa de nulidad / NULIDAD PROCESAL INSANEABLE - Falta de competencia en incidente de acumulación de procesos &nbsp; El Código Contencioso Administrativo dispone que en todos los procesos contenciosos administrativos procederá la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos establecidos en el Código de Procedimiento Civil (art. 145). Los artículos 158 y 159 tienen un contenido implícito para el Magistrado a quien se le remite la solicitud de acumulación para que verifique si los presupuestos iniciales de acumulación se cumplen: es decir si el Secretario le adjuntó la solicitud, los expedientes que se pretenden acumular y si él sí tramita el proceso mas antiguo. La Sala encuentra que muy bien pudo e
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS - Jurisdicción competente en controversias contractuales / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS - Casos en que son competencia de la jurisdicción contencioso administrativa &nbsp; Para dilucidar si la jurisdicción contencioso administrativa es la indicada para conocer de las controversias derivadas de la celebración de los contratos celebrados por las empresas prestadoras del servicio público de energía, debe atenderse el criterio de atribución de competencia plasmado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, teniendo en cuenta que el régimen especial para el sector energético (Ley 143 de 1994), no establece reglas particulares para los casos en que se susciten controversias en relación con los contratos celebrados por las empresas de dicho sector. Según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, cuando una empresa prestadora de servicios públicos celebre un contrato, cuyo ob
EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO - Requisitos y evolución jurisprudencial / EXCPETIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - Aplicación en los contratos estatales / CONTRATOS ESTATALES - Excepción de contrato no cumplido &nbsp; La exceptio non adimpleti contractus, además de estar prevista en el ordenamiento jurídico (art. 1609 del C.C.), es una regla de equidad que orienta los contratos fuente de obligaciones correlativas, aplicable en el ámbito de la contratación estatal por remisión del art. 13 de la ley 80 de 1993. Está consagrada en el artículo 1609 del Código Civil así: “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.” Esa figura permite a la parte contratista no ejecutar su obligación mientras su co contratante no ejecute la suya. Luego de una importante división jurisprudencial y doctrinal en torno a la aplicación
05001 23 26 000 1993 3303 01 13303 Administrativo, Penal JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
FALLA DEL SERVICIO DE POLICIA POR MUERTE DE CIVIL - Las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo con el servicio público / FALLA PERSONAL DEL AGENTE - En muerte de civil / NEXO CON EL SERVICIO PUBLICO - Test de conexidad / TEST DE CONEXIDAD - Aplicación &nbsp; Aunque se probó que el agente fue el autor del ilícito, no se encuentra acreditado el vínculo con el servicio de ese hecho. En efecto, ha dicho la Sala que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público. La simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública. Así lo ha destacado la doctrina extranjera representada por el español Andrés E. Navarro Múne
05001 23 31 000 1992 1127 01 15790 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
AUDIENCIA DE CONCILIACION - Sanción por inasistencia / SANCION POR INASISTENCIA A AUDIENCIA DE CONCILIACION &nbsp; En lo referente a la consecuencia de la inasistencia injustificada de las partes ha indicado la Ley 446 de 1998: &quot;La inasistencia injustificada de las partes o sus apoderados a la audiencia de conciliación o la negativa, igualmente injustificada, a discutir las propuestas formuladas, se sancionará con multa hasta de 10 salarios mínimos mensuales legales a favor del Consejo Superior de la Judicatura que será impuesta, en lo prejudicial por Agente del Ministerio Público, y en la judicial, por el juez, sala o sección o subsección respectiva” (art 74). En el caso concreto se advierte en primer lugar, que si bien en las diferentes oportunidades que se ha citado para audiencia de conciliación la apoderada de la entidad demandada ha solicitado con anterioridad su aplazamiento y que aunque para poder conciliar depende de lo que decida el Comité de Co
05001 23 31 000 1992 1670 01 12338 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
PRUEBAS TRASLADADAS - Valor probatorio / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA - Valor probatorio en el proceso contencioso administrativo / RESPONSABILIDAD PENAL DEL AGENTE ESTATAL - No implica necesariamente la declaración de la responsabilidad de la administración &nbsp; Las pruebas practicadas en un proceso distinto al contencioso administrativo no pueden ser valoradas para adoptar la decisión que corresponda dentro del mismo, salvo que, siendo procedente su traslado, éste se efectúe dando cumplimiento a los requisitos antes referidos. Si éstos no se cumplen, no podrán ser tenidas en cuenta por el juzgador. De otra parte, es necesario aclarar que la sentencia penal condenatoria tiene valor de cosa juzgada, en el proceso administrativo, en relación con la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del agente estatal. Así las cosas, si tal responsabilidad ha sido declarada en un proceso penal, mediante providencia debidamente ejecutoriada, ella no puede ponerse en duda.
05001 23 31 000 1992 2795 01 12975 Laboral y seguridad social, Familia JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
FALLA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA - Seguridad en los establecimientos carcelarios / FALLA PROBADA DEL SERVICIO - El concurso de conductas eficientes en la protección de un daño proveniente de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria / FALLA DEL SERVICIO CARCELARIO &nbsp; Debe tenerse en cuenta que si bien es cierto que el señor la víctima murió en servicio también lo es que no murió ni por causas del servicio ni por riesgos inherentes a éste, por tanto, la Sala, partiendo del material probatorio en aplicación del principio iura novit curia estudiará el asunto bajo el régimen de responsabilidad por falla probada, porque en la producción del daño se vincula una conducta irregular desligada de la relación laboral. Está demostrado que la víctima falleció en forma violenta dentro del penal si bien en manos de quienes entraron, el día 6 de septiembre de 1990, en las horas de la madrugada al penal, ello tuvo su causa primigenia en la omisión en
05001 23 31 000 1999 2953 01 18254 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
FALTA DE JURISDICCION - Cobro ejecutivo de título valor debe realizarse ante la jurisdicción ordinaria / TITULOS VALORES - Cobro ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria / ACCION CAMBIARIA - Improcedencia ante la jurisdicción contencioso administrativa &nbsp; El vicio que afecta el presente proceso refiere a la falta de jurisdicción para conocer de la ejecución invocada, como pasa a indicarse: Como es sabido la ley 80 de 1993 atribuyó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, competencia para conocer no solo de las controversias derivadas de los contratos estatales, sino también sobre los procesos de ejecución o cumplimiento que se desprendan de aquellos (art. 75). La competencia conferida por la norma anterior en relación con los procesos de ejecución versa, exclusivamente, sobre las controversias en las cuales es necesario acudir al contrato estatal, para hacer valer los derechos que surgen del título ejecutivo invocado. A contrario sensu cuando el tí
05001 23 31 000 1999 8342 01 18342 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
PROCESO EJECUTIVO - Requisitos de la demanda ejecutiva / DEMANDA EJECUTIVA - Documentos anexos / LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA- En el proceso ejecutivo &nbsp; En el proceso ejecutivo, a diferencia de los juicios de cognición, la ley enseña que si la demanda y sus anexos son aptos, siempre y cuando exista jurisdicción, se librará mandamiento de pago y sino se negará el mandamus; este es el sentido del artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, pues, expresa que presentada la demanda y acompañada del documento (s) que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal. Así las cosas, la demanda ejecutiva exige que el ejecutante demuestre su legitimación activa de acreedor cierto; por tanto su memorial debe ser acompañado del o de los documentos que representan una obligación clara, expresa y exigible, por cuya efectiva satisfacción s
07001 23 31 000 1995 0169 01 13347 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
CADUCIDAD DE LA ACCION CONTRACTUAL - Cómputo del término cuando se ha realizado la liquidación del contrato por mutuo acuerdo / ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO - Incidencia sobre las causales de las reclamaciones judiciales y el cómputo del término de caducidad de las acciones &nbsp; La regla general para el ejercicio de la acción relativa a las controversias contractuales de acuerdo con el art. 136 del c.c.a es que éstas caducarán al cabo de “dos años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”, término dentro del cual son susceptibles de demandarse “los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual” según el art. 77 de la ley 80 de 1993 inciso 2º, el cual se cuenta dependiendo de las circunstancias particulares del contrato o del acto, en los eventos señalados en el numeral 10 del art. 136 del c.c.a, con las modificaciones que introdujo el art. 44 de la ley 446 de 1998.
07001 23 31 000 2000 0098 01 18486 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
CONCILIACION PREJUDICIAL - Dentro de la audiencia de conciliación pueden convenirse fórmulas de arreglo diferentes a los inicialmente planteadas, siempre y cuando tengan relación directa con el propósito de la convocatoria &nbsp; E Señala el artículo 70 de la Ley 446 de 1998 (56 del Decreto 1818 de 1998) que podrán conciliar total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A., previa solicitud al Agente del Ministerio Público competente (art. 80 Ibídem). El asunto sometido a la presente conciliación prejudicial está respaldado por los contratos de obra pública números 500 y 516 de 1997, los cuales no se habían iniciado a la fecha de
08001 23 31 000 1990 3344 01 13344 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
SENTENCIA INHIBITORIA - Improcedencia / ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA - Procedencia para operación administrativa ilegal / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DEMOLICIÓN DE INMUEBLE - Inexistencia / EJECUCION ANTICIPADA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO - Inexistencia de falta de notificación / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA ILEGAL - Inexistencia &nbsp; La Sala advierte previamente que la demanda a título de pretensión procesal solicitó “Que la Resolución número 065 expedida el día 28 de febrero de 1989 por la Comisaría de Planeación del Municipio de Barranquilla, carece de ejecutividad y por ello la decisión adoptada en ella no produce efectos jurídicos contra el demandante, por indebida notificación”. El contenido de esta solicitud no es por su materia objeto de decisión jurisdiccional en un juicio de reparación directa, pues no se está en juicio de ejecución. Por lo tanto, si bien la pretensión 2ª se planteó formalmente como consecuencial, su contenido material e
08001 23 31 000 1990 6011 01 13630 Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA - Improcedencia de la declaratoria parcial de caducidad respecto de los perjuicios reclamados &nbsp; En el caso sub judice el Tribunal declaró parcialmente probada la excepción de caducidad de la acción respecto de los perjuicios materiales que pudieron causarse desde la fecha de retención de la aeronave (26 de septiembre de 1983) hasta el momento en que se notificó la orden de devolución de la misma, en acatamiento de la sentencia de la Sección Primera de esta Corporación (24 de octubre de 1988); no ocurrió lo mismo con los perjuicios comprendidos entre la fecha en que se ordenó la restitución del bien y su entrega efectiva a la demandante (10 de octubre de 1989). No es procedente tal declaratoria parcial de caducidad, por cuanto en el presente asunto la demanda sólo hace referencia a los perjuicios ocasionados con la entrega tardía de la aeronave, una vez declarada la nulidad de los actos administrativos que ordenaro
08001 23 31 000 1993 8312 01 12083 Económico y financiero, Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
SENTENCIA - El resumen de la audiencia de conciliación y de los alegatos de conclusión de las partes y del agente del Ministerio Público no son requisitos para su validez / RECURSO DE APELACION - Los vicios de procedimiento y los defectos de forma de la sentencia no son causales para recurrir en apelación su fallo &nbsp; La falta de resumen en la audiencia de conciliación y alegatos finales de las partes y del Agente del Ministerio Público no son requisitos exigidos por la ley ni para el contenido formal de la sentencia ni para su validez. En efecto: El C.C.A sobre el contenido de la sentencia, en el artículo 170 señala que debe ser motivada, que debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas y las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de pronunciarse sobre todas las peticiones. Por consiguiente queda claro que esa norma no indica que deban resumirse ni la audiencia de conciliación ni
08001 23 31 000 1999 2057 01 19583 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
ACTOS ADMINISTRATIVOS - Notificación y oponibilidad / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR - Requisitos previos a la demanda &nbsp; Notificación es la forma de publicidad por medio de la cual quien emite un acto administrativo lo da a conocer al administrado; tiene como objeto a más de ese conocimiento, el de otorgarle potencialmente efectos de oponibilidad, según su caso. Así: si es de aquellos que no tienen recursos, a partir del día siguiente de la notificación; si por el contrario es de aquellos que si tienen recursos: -o a partir del vencimiento de la ejecutoria, si los recursos no se interpusieron; -o partir del día siguiente de la notificación de la decisión de la reposición, si en el acto de la notificación del acto principal se le indicó sólo éste o si se indicó, por la Administración, también el de apelación, sólo interpuso aquel; -o a partir del día siguiente de la notificación de la decisión del recurso de apelación, o como principal o subsidiario del de
08001 23 31 000 2000 2057 01 19400 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
ACUERDO 001 DEL 31 DE MAYO DE 2000 EXPEDIDO POR EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA, ARTÍCULOS 1 Y 3 - Improcedencia de la suspensión provisional / SUSPENSION PROVISIONAL - Los fundamentos de la acción principal y de la pretensión cautelar deben ser los mismos &nbsp; Si bien es cierto que de acuerdo con la regla 1ª del art. 152 del c.c.a la suspensión provisional del acto cuya nulidad se demanda puede solicitarse y sustentarse de modo expreso en la demanda o por escrito separado, también lo es que los fundamentos de la acción principal y de la pretensión cautelar deben ser los mismos, como quiera que objetivamente se trata del mismo proceso y en razón de que la suspensión provisional debe tener coherencia con los fundamentos y disposiciones invocadas en la demanda (art. 152-2), que no es otra que la nulidad del acto que habrá de definirse en la sentencia. De lo contrario, podría el juez entrar en contradicción si al final del proceso la norma que encontró i
08001 23 31 000 2000 2427 01 21175 Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL - La jurisdicción contenciosa conoce de procesos de ejecución que tengan como fuente un contrato estatal / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - Competencia de la jurisdicción contenciosa / CONTRATO ESTATAL DE PRESTACION DE SERVICIOS &nbsp; Estima la Sala que no le asiste razón al recurrente, por cuanto que la norma laboral citada atribuye competencia a la jurisdicción ordinaria laboral tan solo en cuanto atañe a “..los juicios sobre reconocimiento de honorarios y remuneraciones por servicios personales de carácter privado”, lo cual además supone que el contrato de prestación de servicios se celebre con una persona natural. Estos presupuestos en este caso no se cumplen. En efecto, en el “CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS” celebrado por el municipio de Soledad – Atlántico, figura como contratista el Centro Educativo San Juan Bosco de Soledad, representado legalmente por el señor Dario Balza Villareal. El mencionado contrato t
10001 03 26 000 2000 1922 01 19224 Ambiental, Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2001 100%
RESOLUCIÓN 136 DEL 19 DE JUNIO DE 2000 PROFERIDA POR LA COMISION DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Denegada la suspensión provisional / COMISION DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Potestad reglamentaria / POTESTAD REGLAMENTARIA - Comisiones de regulación &nbsp; La Sala encuentra que el acto demandado se fundó: -en la facultad ‘de regulación’ de los servicios públicos domiciliarios que otorga la ley 142 de 1994 a las Comisiones, en este caso, a la de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (art. 69; ley 142 de 1994); -en la delegación de funciones presidenciales a las Comisiones (art. 68; ibídem); -en las funciones y facultades generales y especiales atribuidas por ley a las Comisiones (arts. 73 y 74; ibídem). -en los decretos 1.524 y 1.738 de 1994. Para la Sala, las disposiciones acusadas no son abiertamente contradictorias de la norma superior invocada, porque no se advierte a primera vista que la C.R.A.P. y S.B. haya
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