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Timestamp: 2017-07-20 21:51:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 69', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 13', 'artículo 33', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 184', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 30']

Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña. TÍTULO I. Los municipios.
Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña.
Vigencia desde 10 de Noviembre de 2007. Esta revisión vigente desde 15 de Octubre de 2015
TÍTULO ILos municipios
Territorio 1.1 El territorio es uno de los elementos esenciales de los municipios.
1.2 El territorio del municipio es su término municipal y el de los entes locales supramunicipales es la suma de los términos municipales de los municipios que agrupa.
1.3 El territorio de los municipios está definido por sus mapas.
El término municipal 2.1 El término municipal es el territorio en el cual el ayuntamiento ejerce sus competencias.
2.2 Dentro del término municipal se pueden crear entidades municipales descentralizadas.
2.3 A los efectos de establecer órganos territoriales de participación, los ayuntamientos pueden organizar el término municipal en distritos.
Capítulo IIAlteración de términos municipales
Supuestos de alteración 3.1 El término municipal puede ser alterado en los supuestos siguientes:
a) Por agregación total de un municipio o de diversos municipios a otro limítrofe, al que se incorporan.
b) Por fusión de dos o más municipios limítrofes para constituir uno nuevo.
c) Por segregación de parte de un municipio o de diversos municipios para constituir uno independiente.
d) Por segregación de parte de un municipio o de diversos municipios para agregarse a otro.
3.2 Igualmente, el término municipal podrá ser alterado para corregir disfunciones territoriales, de acuerdo con lo que prevén el artículo 12.3 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña y este Decreto.
3.3 En ningún caso se puede proceder a la alteración de los términos si no se garantiza que, después de la alteración, el municipio o los municipios afectados dispondrán de recursos ordinarios suficientes para prestar los servicios mínimos obligatorios establecidos por la legislación de régimen local.
Agregación total 4.1 Se puede proceder a la agregación de uno o diversos municipios a otro limítrofe cuando concurre alguno de los supuestos siguientes:
a) Cuando hay insuficiencia de medios económicos, materiales y personales para gestionar los servicios mínimos obligatorios establecidos por la legislación de régimen local. Se entiende que hay insuficiencia de medios en los casos previstos en el artículo 69.1 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña y cuando los déficit en las infraestructuras y equipamientos de los servicios mínimos no pueden ser cubiertos con los recursos ordinarios del municipio.
b) Cuando los núcleos de población forman un solo conjunto con continuidad urbana. Se entiende que los núcleos de población forman un solo conjunto urbano cuando, de acuerdo con las normas de ordenación urbanística de los municipios, resulte que entre los suelos clasificados como urbanos o urbanizables no hay solución de continuidad.
c) Cuando consideraciones de orden geográfico, demográfico, económico o administrativo lo hacen necesario o aconsejable. En cualquier caso, se considera que concurren estas circunstancias cuando los municipios tienen un número de habitantes inferior a 250; cuando la mayoría de los servicios mínimos ha sido objeto de dispensa o son prestados por entes supramunicipales por vía supletoria, y cuando se mejora la capacidad de gestión de los servicios municipales.
4.2 Para proceder a la agregación es necesario que el municipio al que se debe hacer la incorporación tenga más población y dinamismo económico y disponga de los medios personales y materiales para gestionar todos los servicios. En caso contrario, se puede seguir, si procede, el procedimiento de fusión.
Municipio agregado 5.1 El municipio o los municipios objeto de agregación quedan suprimidos y su territorio se incorpora plenamente al municipio al cual se agrega.
5.2 El municipio al que se ha hecho la agregación sucede a los municipios agregados en todos sus derechos, cargas, obligaciones y patrimonio. Asimismo, los funcionarios y el personal propios de los municipios objeto de agregación pasan a formar parte, con todos sus derechos, de la relación de puestos de trabajo del municipio a favor del cual se ha hecho la agregación.
5.3 Los municipios agregados pueden constituirse en entidades municipales descentralizadas, de acuerdo con lo que establece el capítulo I del título II de este Decreto.
Fusión 6.1 Se puede proceder a la fusión de municipios cuando concurra alguno de los supuestos que prevé el artículo 4.1 de este Decreto.
6.2 Los municipios fusionados quedan suprimidos y se crea uno nuevo.
6.3 El nuevo municipio creado por fusión sucede a los municipios fusionados en todos sus derechos, bienes, acciones, usos públicos y aprovechamientos, y también en las obligaciones, deudas y cargas. Los funcionarios y el personal propios a su servicio pasan igualmente, con todos sus derechos, a formar parte de la relación de puestos de trabajo del nuevo municipio.
6.4 Los municipios fusionados en los que no radique la capitalidad del municipio resultante se pueden constituir en entidades municipales descentralizadas.
Segregación para crear un nuevo municipio 7.1 Se puede crear un nuevo municipio por segregación de parte de uno o de diversos municipios cuando concurren todos los requisitos siguientes:
a) Existir núcleos de población territorialmente diferenciados, de manera que haya una franja clasificada como suelo no urbanizable, de un ancho mínimo de 3.000 metros, entre los núcleos más próximos de los municipios resultantes.
b) Contar, el municipio resultante, con el territorio y los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales, sin que la segregación comporte una disminución de la calidad media de los servicios que se prestaban en el municipio. Se entiende que los municipios resultantes de la segregación cuentan con los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales cuando la capacidad fiscal por habitante de los impuestos obligatorios liquidados en cada uno de los territorios en los tres últimos ejercicios es, como mínimo, igual o superior al 95% de la media de los municipios de Cataluña del mismo estrato de población. La capacidad fiscal se define como los derechos reconocidos netos que se obtendrían si se realizara el mismo esfuerzo fiscal que la media de los municipios del mismo estrato. A estos efectos, se deben considerar los estratos de población que determinan los servicios obligatorios, de acuerdo con la legislación vigente.
c) Tener, los municipios resultantes, una población suficiente para asegurar su viabilidad. En todo caso deberán contar, como mínimo, con una población de 2.000 habitantes.
d) Contar, el municipio nuevo, con características relevantes de su propia identidad por razones históricas, sociales, económicas, geográficas o urbanísticas.
7.2 Sin perjuicio del requisito que establece el apartado 1.b) de este artículo, es necesario también que se justifique que la segregación comporta una mejora objetiva en la prestación de los servicios en el nuevo municipio.
7.3 El nuevo municipio creado debe incorporar en su relación de puestos de trabajo al personal que le ha sido transferido y respetarle todos sus derechos. Se debe asumir la titularidad, también, de todos los bienes, derechos, acciones, usos públicos y aprovechamientos, y también de las obligaciones, deudas y cargas que le correspondan.
Segregación parcial para agregarse a otro municipio 8.1 Se puede proceder a la segregación de parte de un municipio o de diversos municipios para agregarse a otro en alguno de los casos siguientes:
a) Cuando los núcleos de población forman un solo conjunto con continuidad urbana.
b) Cuando consideraciones de orden geográfico, demográfico, económico o administrativo lo hacen necesario o aconsejable.
8.2 El municipio al que se hace la agregación debe tener mayor potencial demográfico y económico que la parte del municipio objeto de la segregación.
8.3 Se exceptúa la aplicación del apartado anterior cuando se trate de una alteración de términos recíproca entre dos o más municipios o haya acuerdo de los municipios afectados.
Capítulo IIIProcedimiento de alteración de los términos municipales
Iniciación del expediente 9.1 La iniciación de los expedientes de alteración de términos municipales corresponde a:
a) El ayuntamiento o los ayuntamientos interesados.
b) El consejo o consejos comarcales interesados.
c) El Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas.
d) Los vecinos, en una mayoría de cincuenta por ciento, como mínimo, del último censo electoral del municipio, o de la parte objeto de alteración de términos.
9.2 Los acuerdos municipales o comarcales de iniciación de un procedimiento de alteración de términos municipales se deben adoptar por mayoría absoluta del número legal de miembros del ente local y se han de comunicar a la Dirección General de Administración Local, en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de su adopción.
9.3 La iniciación del expediente por el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas se hace mediante resolución de la persona titular del Departamento.
9.4 En el supuesto de que se inicie el expediente por los vecinos, se debe constituir una comisión promotora integrada, como mínimo, por un presidente y dos vocales. Corresponde a la comisión promotora presentar en el ayuntamiento correspondiente su petición, junto con las firmas de los vecinos formalizadas ante el secretario del ayuntamiento o ante notario.
Memoria justificativa 10.1 Al acuerdo de inicio del expediente se deberá acompañar una memoria justificativa de la concurrencia de alguno de los supuestos de alteración de términos municipales, de acuerdo con lo que prevé el artículo 17.2 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña. En los casos de fusión de municipios o de segregación para crear un municipio, la memoria deberá contener una propuesta del nombre y la capitalidad del nuevo municipio.
10.2 En el supuesto de que sean los vecinos los que inicien el expediente, las administraciones les deberán facilitar los datos necesarios para poder formular la memoria mencionada en el apartado anterior, en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de presentación de la petición correspondiente.
Instrucción por la Administración 11.1 Los expedientes de alteración de términos municipales los instruirá la Administración que ha promovido su iniciativa.
11.2 Cuando se produzcan iniciativas concurrentes por parte de diferentes entes locales, la instrucción del expediente corresponde a quien determinen los mismos entes locales que han ejercido la iniciativa y, en defecto de acuerdo, a quien determine la persona titular del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, previa audiencia de todos los entes locales afectados.
11.3 Cuando el expediente lo ha iniciado un consejo comarcal o el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, se podrá delegar su instrucción en cualquiera de los municipios afectados que lo hayan informado favorablemente.
Instrucción por iniciativa vecinal 12.1 En el supuesto de que el expediente lo hayan iniciado los vecinos, corresponde su instrucción al ayuntamiento al que pertenecen. Si hay más de un ayuntamiento afectado, la instrucción del expediente corresponderá a quien determinen los mismos ayuntamientos y, en defecto de acuerdo, a quien determine el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, previa audiencia de los entes locales afectados y de la comisión promotora.
12.2 El ayuntamiento deberá adoptar un acuerdo sobre la petición formulada e iniciar la instrucción del expediente, en el plazo máximo de dos meses a contar desde su presentación en el registro municipal. Este acuerdo se debe comunicar al Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas y al presidente de la comisión promotora. Si el ayuntamiento no adopta el acuerdo dentro del plazo mencionado, la comisión promotora puede solicitar al Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas que se haga cargo de la instrucción del expediente.
12.3 El plazo para instruir y resolver el expediente es de doce meses a contar desde que los vecinos presenten su solicitud. La falta de resolución expresa en el mencionado plazo producirá efectos desestimatorios de la solicitud.
Documentación En el expediente se deberán incorporar, como mínimo, los documentos siguientes:
a) Memoria justificativa de la concurrencia de los requisitos necesarios para llevar a cabo la alteración que se propone y acreditación de la suficiencia de recursos para prestar los servicios mínimos obligatorios.
b) Plano del nuevo deslinde de la zona objeto de la alteración de los términos municipales. En caso de que el expediente afecte a zonas urbanas, el plano deberá ser a escala 1:5.000 o mayor.
c) La división de bienes, derechos, acciones, usos públicos y aprovechamientos, y también la de las obligaciones, deudas y cargas y la asignación de personal.
d) En su caso, los pactos intermunicipales que se hayan establecido entre los municipios interesados.
e) Todos los otros documentos, informes y reclamaciones que se hayan producido en el trámite de instrucción del expediente.
Fases de la instrucción 14.1 La administración encargada de la instrucción del expediente lo someterá a información pública, por un periodo mínimo de 60 días, mediante su exposición en el tablón de anuncios correspondiente y la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
14.2 Finalizado este trámite, el expediente, junto con las alegaciones presentadas en el trámite de información pública, se someterá a informe de los entes locales afectados que no lo hayan promovido. El plazo máximo para la emisión de este informe es de dos meses. En el supuesto de que, como consecuencia de la asunción de los informes previstos en el apartado anterior, variara sustancialmente la propuesta de alteración de los términos municipales, el ente instructor deberá adecuar la documentación presentada.
14.3 En los supuestos de agregación total y en los de fusión de municipios, la alteración de términos municipales proyectada se someterá a consulta de los vecinos de los municipios afectados por el expediente instruido, durante un plazo de 30 días.
14.4 Transcurridos los plazos establecidos en los apartados anteriores, el ente local correspondiente deberá adoptar un acuerdo, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, sobre la procedencia de la alteración y sobre las reclamaciones y las alegaciones formuladas.
Informes 15.1 El acuerdo y el expediente se deberán enviar al Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. La Dirección General de Administración Local debe elaborar un informe sobre su procedencia en el plazo de dos meses.
15.2 El expediente completo se someterá a informe de la Comisión de Delimitación Territorial y a dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sucesivamente, las cuales disponen de un plazo de dos meses para emitir su informe o dictamen.
15.3 Simultáneamente a la solicitud del dictamen a la Comisión Jurídica Asesora, se debe poner en conocimiento de la Administración del Estado la tramitación del expediente.
Fusión o agregación total 16.1 Los municipios pueden establecer acuerdos de fusión o agregación voluntarias, que se deberán concretar en un acuerdo intermunicipal.
16.2 Los acuerdos intermunicipales de fusión o de agregación deben ser aprobados por cada ayuntamiento con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación local y contendrán las determinaciones a que se refiere el artículo 18 de este Decreto.
16.3 Los acuerdos intermunicipales de fusión o agregación sustituyen los trámites de iniciación e instrucción del expediente establecidos en los artículos de este Decreto. No obstante, los municipios interesados deberán aportar la documentación a la que se refiere el artículo 13.
16.4 Los acuerdos intermunicipales se deben enviar al Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, el cual los someterá a informe de la Comisión de Delimitación Territorial y de la Comisión Jurídica Asesora. Si los informes son favorables y los acuerdos se ajustan a la normativa vigente, se elevarán al Gobierno de la Generalidad para que apruebe por decreto la fusión o agregación.
Resolución 17.1 La resolución definitiva del expediente será por decreto del Gobierno de la Generalidad y se deberá publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el Boletín Oficial del Estado.
17.2 El Gobierno de la Generalidad aprobará la alteración de los términos municipales promovida a iniciativa municipal o de los vecinos cuando se produzca el acuerdo favorable de los municipios interesados y no formulen objeciones la Comisión de Delimitación Territorial ni la Comisión Jurídica Asesora.
17.3 En el supuesto de que el expediente lo haya iniciado el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas o a instancia de un consejo comarcal, la alteración de los términos deberá ser aprobada por ley del Parlamento de Cataluña, si en el trámite de informe formulan oposición uno o más de uno de los municipios afectados.
17.4 La resolución definitiva del expediente se producirá en el plazo de seis meses, a contar desde su recepción en el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. La falta de resolución expresa dentro de este plazo producirá efectos desestimatorios de la solicitud.
Contenido de la norma de aprobación 18.1 El decreto o ley de alteración de los términos municipales debe precisar:
a) El nombre del municipio.
b) El núcleo urbano en el cual se debe fijar la capitalidad, si procede.
c) El deslinde de los términos municipales afectados.
d) La división de bienes, derechos, acciones, usos públicos y aprovechamientos, y también la de las obligaciones, deudas y cargas y la asignación de personal.
e) La entrega de todos los expedientes en trámite que afecten y hagan exclusiva referencia a la parte o partes segregadas, mediante copia autenticada, y también toda la documentación necesaria para el funcionamiento normal de la actividad municipal.
18.2 La efectividad de la alteración de términos municipales queda condicionada al cumplimiento de la resolución en todos sus extremos. En lo que se refiere al requisito del apartado 1.c) de este artículo, se entiende cumplido cuando se haya procedido al amojonamiento de la nueva línea de término y el acto tenga firmeza legal.
Ejecución 19.1 Los ayuntamientos disponen de un plazo de dos meses, contadores a partir de la publicación de la disposición que aprueba la alteración de los términos municipales en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, para proceder a la ejecución de la división patrimonial y a la entrega de los expedientes en trámite.
19.2 Dentro del mismo plazo, el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas debe proceder al amojonamiento de los términos municipales, de acuerdo con el artículo 33.
Régimen transitorio de los órganos de gobierno municipal 20.1 En los supuestos de creación de un nuevo municipio por segregación de parte de uno o diversos municipios, el nuevo municipio procedente de la segregación lo rige y lo administra una comisión gestora designada por la persona titular del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales en la mesa o las mesas correspondientes al territorio segregado.
20.2 En los casos de incorporación de uno o más municipios a otro limítrofe o de fusión, los alcaldes y los concejales de los municipios incorporados o fusionados cesarán y el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas deberá designar una comisión gestora. La comisión gestora debe integrar a un número de vocales gestores igual al número de concejales que correspondería al ayuntamiento resultante según su población. Las designaciones se efectuarán entre los concejales cesados y en la forma que establece la normativa que regula las comisiones gestoras municipales.
Si, como consecuencia de la incorporación, corresponde al municipio un mayor número legal de concejales, la diferencia se deberá cubrir con vocales gestores designados por la persona titular del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, tal como prevé el apartado anterior.
20.3 En el resto de supuestos, la alteración de términos no comporta ningún cambio en la composición ni el número de miembros de las corporaciones afectadas, hasta las elecciones municipales siguientes.
Capítulo IVDisfunciones territoriales
Clases de disfunciones territoriales Son disfunciones territoriales:
a) Los enclaves.
b) Núcleo, no capital de municipio, anexo al núcleo de un municipio vecino, formando un continuo urbano.
c) Núcleo, no capital del municipio, partido por uno o más términos municipales.
d) Núcleo aislado de su capital y con acceso desde un municipio vecino.
e) Parte de uno o más términos municipales haciendo cuña dentro de otro municipio.
f) Parte de un municipio aislado del resto del municipio por el paso de infraestructuras o accidentes geográficos o por la modificación antrópica del territorio, siempre que el aislamiento sea con posterioridad a la aprobación del mapa del municipio afectado
Letra f) del artículo 21 redactada por el artículo 1 del D. [CATALUÑA] 209/2015, 22 septiembre, por el que se modifica el D. 244/2007, 6 noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña («D.O.G.C.» 25 septiembre).Vigencia: 15 octubre 2015
Procedimiento para la corrección Corresponde a la Comisión de Delimitación Territorial, a iniciativa propia o a petición de la persona titular del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, elaborar las propuestas para la corrección de disfunciones territoriales en los términos municipales.
Informes previos 23.1 La Comisión de Delimitación Territorial debe solicitar un informe previo a la Dirección General de Urbanismo del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas sobre las repercusiones que la alteración de los términos municipales puedan producir en el planeamiento urbanístico. Este informe se debe emitir en el plazo de veinte días, pasados los cuales se entenderá emitido favorablemente.
23.2 Asimismo debe solicitar informe, en el mismo plazo, a los consejos comarcales y a las diputaciones provinciales afectadas.
Otros informes 24.1 La propuesta de la Comisión de Delimitación Territorial se debe someter a informe de los municipios afectados, a fin de que, en el plazo de dos meses, adopten un acuerdo sobre la corrección propuesta, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de los miembros del ente local.
24.2 El expediente se debe someter a la Comisión Jurídica Asesora para que en el plazo de dos meses dictamine sobre su contenido.
24.3 Simultáneamente a la solicitud del dictamen a la Comisión Jurídica Asesora, se pondrá en conocimiento de la Administración del Estado la tramitación del expediente.
Resolución Una vez cumplidos los trámites anteriores, el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas someterá el expediente al Gobierno para su resolución, la cual se debe producir en el plazo de un mes a contar desde la emisión del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. El contenido de la resolución será el previsto en el artículo 18 de este Decreto. La falta de resolución expresa en el plazo antes mencionado produce efectos de caducidad del procedimiento y las actuaciones se archivarán en el plazo de 30 días contados desde su finalización.
Inscripción y publicación Las correcciones de disfunciones deben ser anotadas en el Registro de entes locales de Cataluña que a este efecto gestiona el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas y publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el Boletín Oficial del Estado.
Se entiende por deslinde el proceso sucesivo para la determinación, fijación y, en su caso, adaptación de la línea de término, así como su acotación a una escala determinada. Se define la línea de término como la totalidad de la línea común entre dos municipios, independientemente del número de tramos.
Capítulo V redactado por el artículo 2 del D. [CATALUÑA] 209/2015, 22 septiembre, por el que se modifica el D. 244/2007, 6 noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña («D.O.G.C.» 25 septiembre).Vigencia: 15 octubre 2015
28.1 El inicio de los expedientes de deslinde corresponde al ayuntamiento o ayuntamientos interesados y al departamento competente en materia de Administración local, en el marco de la elaboración del Mapa municipal de Cataluña.
28.2 En el acuerdo plenario de inicio del expediente del ayuntamiento o ayuntamientos interesados se reflejará el motivo y el objetivo del deslinde y se nombrará una comisión constituida por el alcalde/esa, dos concejales, el secretario/a del ayuntamiento y un técnico/a. Este acuerdo se comunicará al resto de municipios afectados, los cuales han de nombrar, por acuerdo plenario, en el plazo de dos meses a contar de la fecha de recepción de la comunicación, una comisión igual a la mencionada anteriormente. Estos acuerdos se comunicarán al departamento competente en materia de Administración local, en el plazo de quince días a contar del día siguiente al de su aprobación.
28.3 El inicio del expediente por parte del departamento competente en materia de Administración local se hace mediante resolución de la persona titular de la dirección general competente en materia de Administración local, previo informe favorable de la Comisión de Delimitación Territorial, y reflejará el motivo y el objetivo del deslinde. Esta resolución se comunicará a los ayuntamientos interesados para que nombren su comisión de deslinde en el plazo de dos meses a contar de la fecha de recepción de la comunicación, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior.
28.4 En caso de que alguno de los ayuntamientos no nombre su comisión, la dirección general competente en materia de Administración local los requerirá para que la nombren en el plazo de un mes. Transcurrido este plazo sin que se haya comunicado el acuerdo se continuará con la tramitación del expediente.
28.5 Si durante la tramitación del expediente de deslinde se produce la renovación del consistorio debido a un proceso de elecciones municipales, se debe ratificar la comisión municipal de deslinde o bien nombrar una nueva por decreto de alcaldía, que con posterioridad debe ser ratificada por el pleno, de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores. Estos acuerdos se comunicarán al departamento competente en materia de Administración local, en el plazo de quince días a contar del día siguiente al de su aprobación.
Asistencia técnica a los entes locales
La dirección general competente en materia de Administración local dará la asistencia técnica necesaria a los ayuntamientos que así lo soliciten, de acuerdo con lo establecido en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
Operaciones de deslinde
30.1 Las operaciones de deslinde consisten en precisar con detalle el trazado de la línea de término y en adaptarlo a la realidad geográfica existente cuando aquella sea incoherente por el paso de infraestructuras o accidentes geográficos o por la modificación antrópica del territorio.
30.2 El departamento competente en materia de Administración local, en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de recepción de los acuerdos, debe señalar la fecha de inicio de las operaciones de deslinde y designar a los técnicos que asistirán en representación de la Generalidad. Uno de estos técnicos debe ser designado por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña y otro por la dirección general competente en materia de Administración local. El departamento competente en materia de Administración local notificará esta fecha a los ayuntamientos afectados y estos deben comunicarlo a los propietarios de las fincas afectadas y, en su caso, a las entidades municipales descentralizadas de su municipio.
30.3 Las operaciones de deslinde las deben llevar a cabo las comisiones nombradas por cada ayuntamiento, con la intervención de los representantes nombrados por la Generalidad, empleando la documentación relativa a anteriores deslindes y los testigos que sean necesarios.
30.4 La incomparecencia sin causa justificada de la representación de cualquiera de los ayuntamientos convocados, o la negativa a delimitar por parte de alguno de estos ayuntamientos, no impide la realización de las operaciones de deslinde y la continuación de la tramitación del expediente. A efectos de este Decreto se entiende que no comparece la comisión municipal de deslinde cuando no asista al acto la mayoría absoluta de los representantes designados por el ayuntamiento, y es necesaria la asistencia del secretario/a y de dos de los miembros electos de la corporación.
31.1 El secretario/a del ente local afectado o, en su caso, los secretarios de las corporaciones afectadas, conjuntamente, deben extender acta de las operaciones de deslinde, la cual debe reflejar el acuerdo adoptado y, si es el caso, la disconformidad, los puntos de desacuerdo y las incidencias que se hayan podido producir.
El acta irá acompañada de las coordenadas UTM de la línea de término y de los mojones a escala 1:5.000 o superior.
31.2 Se deben firmar tantos ejemplares del acta y de los documentos de que se acompaña como entidades locales asistan a la operación y, además, un ejemplar para el departamento competente en materia de Administración local y otro para el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.
31.3 Cuando la comisión municipal de deslinde comparezca en las operaciones de deslinde pero no firme el acta, se continuará con la tramitación del expediente, de acuerdo con el artículo 32.2.
31.4 El acta correspondiente a las operaciones de deslinde, con los documentos complementarios, se someterá al pleno de los ayuntamientos afectados, para que acuerden la aprobación con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de las operaciones de deslinde.
31.5 La falta de aprobación del acta por parte del pleno de los entes locales dentro del plazo previsto en el apartado anterior supone la disconformidad del ayuntamiento con el deslinde y se continuará con la tramitación del expediente, de acuerdo con el artículo 32.2.
31.6 En el caso de que haya desacuerdo, los ayuntamientos deben aportar toda la documentación acreditativa del deslinde propuesto, junto con el acuerdo de aprobación del acta correspondiente a las operaciones de deslinde al departamento competente en materia de Administración local, y dar traslado al otro ayuntamiento.
32.1 En caso de que todos los acuerdos sean favorables al deslinde propuesto en el acta, el departamento competente en materia de Administración local debe publicar el deslinde acordado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de los acuerdos.
32.2 Cuando haya desacuerdo entre los ayuntamientos o de los ayuntamientos respecto de la documentación relativa a anteriores deslindes, la dirección general competente en materia de Administración local en el plazo de dos meses debe elaborar un informe propuesta sobre las diversas propuestas de deslinde que someterá a la Comisión de Delimitación Territorial, que dispone de un plazo de dos meses para emitir su informe, y al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
32.3 Corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de Administración local resolver el deslinde en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la entrada del expediente en este departamento. La resolución, que agota la vía administrativa, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La falta de resolución en el plazo antes mencionado produce efectos estimatorios del deslinde propuesto por la dirección general competente en materia de Administración local, siempre que los informes de la Comisión de Delimitación Territorial y la Comisión Jurídica Asesora sean favorables. En caso contrario, se entenderá desestimado.
33.1 Una vez publicado el deslinde, los ayuntamientos deben llevar a cabo el amojonamiento, que consiste en la colocación de los mojones que señalan los límites de los términos municipales o, en el caso de que los ayuntamientos afectados así lo acuerden, solamente en el reconocimiento de las coordenadas UTM de los mojones.
33.2 En caso de que los ayuntamientos opten por la colocación de los mojones, la dirección general competente en materia de Administración local debe extender un acta de reconocimiento de la línea de término y señalamiento de los mojones comunes que recoja la línea de término y la posición de los mojones a escala 1:5.000 o superior. Esta acta debe estar firmada por las comisiones municipales de deslinde de los ayuntamientos afectados y los representantes del departamento competente en materia de Administración local. En caso de que opten por el reconocimiento de las coordenadas UTM de los mojones, esta acta sólo se extenderá cuando en el deslinde no se hayan determinado de forma precisa estas coordenadas.
33.3 La incomparecencia sin causa justificada de la representación de cualquiera de los ayuntamientos convocados, de acuerdo con el artículo 30.4 de este Decreto, o bien la negativa a firmar el acta de reconocimiento de la línea de término y señalamiento de los mojones comunes no afecta la validez del amojonamiento.
33.4 Cuando los ayuntamientos acuerden la colocación de nuevos mojones, lo comunicarán al departamento competente en materia de Administración local, que debe extender una nueva acta de reconocimiento de la línea de término y señalamiento de los mojones comunes.
Corresponde al Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña efectuar el levantamiento de las coordenadas de los mojones y elaborar la memoria de los trabajos topográficos de la totalidad de la línea de término en la que constarán las coordenadas UTM de los mojones y la trayectoria de la línea de término comprendida entre los mojones. Este documento se trasladará sobre la cartografía oficial de Cataluña a escala 1:5.000.
La medición del término municipal consiste en el cálculo de su superficie a partir del mapa municipal oficial. Esta tarea la llevará a cabo el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.
Inscripción en los registros oficiales
36.1 La dirección general competente en materia de Administración local debe inscribir, de oficio, en el Registro del sector público local de Cataluña, los deslindes territoriales finalizados.
36.2 Además, esta dirección general debe poner en conocimiento de la Administración del Estado los deslindes finalizados, a efectos de su inscripción en el Registro de entidades locales del Estado.
36.3 Igualmente, se dará traslado a los ayuntamientos afectados, a la Gerencia Territorial del Catastro y al departamento de la Generalidad competente en materia de urbanismo.
Mapa municipal de Cataluña
37.1 El deslinde completo de un municipio conlleva la elaboración de su mapa municipal, el cual debe ser sometido a la consideración de la Comisión de Delimitación Territorial. La dirección general competente en materia de Administración local debe inscribir el mapa municipal en el Registro del sector público local de Cataluña y dará traslado al Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, para su inscripción en el Registro Cartográfico de Cataluña, y a la Administración del Estado, para su inscripción en el Registro Central de Cartografía del Consejo Superior Geográfico. El mapa municipal se realizará en formato digital y a escala 1:5.000.
37.2 Igualmente, se dará traslado a los ayuntamientos afectados, a la Gerencia Territorial del Catastro y al departamento competente en materia de urbanismo.
Conservación de los mojones
Los ayuntamientos tienen la obligación de velar por el mantenimiento de los mojones