Source: https://issuu.com/estadonacion/docs/arias2009a
Timestamp: 2018-02-20 22:01:34
Document Index: 409664940

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 27', 'artículo 65', 'artículo 67', 'artículo 66', 'artículo 124', 'artículo 121', 'artículo 123', 'Artículo 91', 'artículo 118', 'artículo 35', 'artículo 121', 'artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 158', 'artículo 159', 'artículo 121', 'artículo 159', 'artículo 158', 'artículo 163', 'artículo 10', 'artículo 107', 'artículo 164', 'artículo 121', 'artículo 183', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 139', 'artículo 177', 'artículo 192', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 24', 'Artículo 134', 'Artículo 25', 'artículo 169', 'artículo 10', 'artículo 47', 'artículo 61', 'artículo 100', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 89', 'artículo 86', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 104', 'artículo 10', 'artículo 62', 'artículo 99', 'artículo 65', 'artículo 122', 'artículo 8', 'artículo 65', 'artículo 67', 'artículo 56', 'artículo 64', 'artículo 168', 'Artículo 183', 'artículo 85', 'artículo 41']

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Comisiones y Nombramientos en la Asamblea Legislativa Costarricense (Con elementos comparativos de Estados de Europa y América Latina)
Dr. Bernal Arias Ramírez
Comisiones y Nombramientos en la Asamblea Legislativa Costarricense
CONTENIDO INTRODUCCIÓN........................................................................................................3 COMISIONES.............................................................................................................4 Integración de Comisiones Permanentes Ordinarias..............................................4 Las Comisiones Permanentes Ordinarias van vaciando su materia de conocimiento ......................................................................................................6 Suficiencia en número de legisladores ...................................................................7 Comisiones en el Derecho parlamentario comparado ............................................9 Criterio para dirigir y gestionar las Comisiones Permanentes Ordinarias ............. 14 Asesoramiento ...................................................................................................... 17 NOMBRAMIENTOS ................................................................................................. 18 Sistema costarricense de nombramientos de altos cargos ................................... 18 a.
Nombramientos que hace la Asamblea Legislativa..................................................... 18
Nombramientos del Poder Ejecutivo.............................................................................. 24
Nombramientos del Poder Judicial................................................................................. 28
Sistema de nombramientos de altos cargos en otros países................................ 29 a.
Argentina ............................................................................................................................ 29
Chile .................................................................................................................................... 30
España................................................................................................................................ 31
Francia ................................................................................................................................ 33
Italia ..................................................................................................................................... 35
Perú ..................................................................................................................................... 36
Uruguay .............................................................................................................................. 38
REFERENCIAS ........................................................................................................ 40
INTRODUCCIÓN Esta puntual investigación se presenta en el marco del abordaje que realiza el Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, en atención al desarrollo de contenidos del Décimo Quinto Informe a presentarse en el presente año 2009. Es una tarea que básicamente amplía y sirve de complemento de la investigación de las acciones emprendidas el año anterior “Estudio comparativo de normativa parlamentaria”1. Esta vez, lo que se pretende, es algo acotado que se enmarca dentro de los objetivos y estrategia previstos en el eje de Gestión y Representación Política Responsables del capítulo Fortalecimiento de la Democracia, pues de lo que se trata es de abordar únicamente el ámbito de las comisiones legislativas y el tema de los nombramientos de personas en órganos de importancia institucional. La pregunta central que se planteó fue la siguiente: ¿Qué tipo de Comisiones y procedimientos para nombrar cargos hay en Costa Rica y cómo se diferencian éstos respecto de su funcionamiento en otros parlamentos de Europa y América Latina? En lo que compete a las Comisiones, éstas tienen como responsabilidad gran parte del proceso legislativo, de ahí que sus contenidos y las personas que las dirigen son cruciales para el buen funcionamiento de la Asamblea. Ahora bien, no es que el tema no se haya tratado, de suyo, en el XIV Informe del Estado de la Nación ya se había indagado algunos elementos relativos a las Comisiones legislativas costarricenses en su comparación con otros países europeos y latinoamericanos cuando se trató, por ejemplo, el quórum en comisión, la mayoría necesaria para votaciones, el uso de la palabra, las mociones, etc. Esta vez se quieren ver otros perfiles para lo cual nos hemos hecho las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las principales características de las Comisiones en general? ¿Cómo se comparan con órganos equivalentes de otros parlamentos? Adicionalmente, en lo que atañe a Costa Rica, será analizada la legislatura de estudio 08-09 y en lo posible la compararemos con la legislatura 09-10 en lo que respecta a la integración partidista de la mesa de dirección (Presidencia y Secretaría) además del número de comisiones y de miembros. Como consecuencia veremos ¿En qué comisiones tiende a predominar el oficialismo y en qué otras no? ¿Cómo se negocian las membrecías en las diversas comisiones? Dada la complejidad de muchas de las áreas en que legislan los diputados, ¿existe algún grado de especialización entre ellos y cómo funciona en la práctica? ¿Recurren a expertos para asesorarse en cada materia? ¿A nivel independiente o de la comisión? En lo que toca a nombramientos de altos cargos, en Costa Rica la Asamblea Legislativa tiene la potestad de nombrar, entre otros cargos, a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema, al Contralor y Sub-Contralor, al Defensor y al Defensor Adjunto de los Habitantes, además de algunas ratificaciones a propuesta del Poder Ejecutivo. Sin embargo, plantear o describir cuáles cargos nombra la Asamblea sin mencionar los cargos que nombra el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sería una tarea incompleta por lo que nos hemos visto en la Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
necesidad de ampliar el radio de observación. Las preguntas que se hicieron de antemano fueron: ¿Qué mecanismos utiliza la Asamblea para procesar los nombramientos? ¿Existe consistencia en el trato dado a los diversos cargos? ¿Cómo se comparan estos mecanismos con los utilizados en otros parlamentos? Desarrollar los temas planteados parece sencillo aunque requiere del cuidado, de la consulta y lectura de varios cuerpos normativos, tanto las Constituciones de los países de la muestra, como de Reglamentos parlamentarios y otras leyes, sobre todo orgánicas. Dicho esto, las próximas líneas serán ocupadas para tratar de contestar las líneas de investigación en los dos ámbitos mencionados. COMISIONES Integración de Comisiones Permanentes Ordinarias En la Asamblea Legislativa costarricense la integración de las Comisiones Permanentes Ordinarias es una facultad del Presidente del Parlamento según se lo confiere el Reglamento legislativo en los artículos 65, 67, 86, 87, 88, 90 y 91, de tal manera que opera como un Acuerdo del Presidente; ciertamente, previo escuchar nombres que le propongan los Jefes de Fracción, según diálogo e interés interno surgido en las bancadas. Esta función no es única del Presidente de la Asamblea de Costa Rica, así funciona en Uruguay por vía del artículo 17 y 106.10 del Reglamento de la Cámara de Representantes que le otorga dicha prerrogativa o deber de nombrar todas las Comisiones de la Cámara justamente al Presidente. El mismo caso se da en el ordenamiento parlamentario italiano al indicar el artículo 19 del Reglamento de la Cámara de Diputados que “El Presidente de la Cámara, sobre la base de las propuestas de los Grupos, distribuirá los miembros entre las Comisiones, de tal modo que se refleje en cada una la proporción de los diversos Grupos…” En España la atribución de integrar Comisiones funciona en sentido contrario, pues “Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los miembros que designen los Grupos Parlamentarios en el número que, respecto de cada uno, indique la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, y en proporción a la importancia numérica de aquellos en la Cámara.” No solo la designación le corresponde a los Grupos, sino también las sustituciones, así se ve que “los Grupos Parlamentarios pueden sustituir a uno o varios de sus miembros adscritos a una Comisión por otro u otros del mismo Grupo, previa comunicación por escrito al Presidente del Congreso”. El Presidente del Congreso simplemente es informado (véase art. 40 del Reglamento del Congreso de los Diputados). En Perú opera en sentido particular, por virtud de que es el Pleno del Congreso el que aprueba el cuadro de conformación de Comisiones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del período anual de sesiones. No obstante, de antemano se observan las propuestas de los grupos parlamentarios, las que debe presentar cada grupo a la Presidencia del Congreso. La República Argentina tiene el antiguo sistema por el cual se regía Costa Rica, en el sentido de que la designación de los diputados que integran Comisiones Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
permanentes o especiales se hace, en lo posible, en forma que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara. Esa ambigua posibilidad fue eliminada en el caso costarricense cuando se estableció vía reforma reglamentaria la proporcionalidad y pluralismo como regla y no como discreción. En concreto, en Costa Rica, se interpretaba el artículo 27 inciso 2 del Reglamento, relativo a las atribuciones y deberes del Presidente con un margen de discreción amplio por cuanto establece “Nombrar las comisiones permanentes, a las que se refiere el artículo 65, y procurar darles participación en ellas a todas las fracciones políticas representadas en la Asamblea.” Sin embargo, esta norma se cerró jurídicamente en el año 2003 mediante el artículo 67 reglamentario que preceptúa la representación proporcional al indicar “Todas las comisiones estarán compuestas por nueve diputados, salvo la de Asuntos Hacendarios, que estará conformada por once miembros, quienes durarán en su cargo un año. /…/ El Presidente de la Asamblea deberá integrar a propuesta de los Jefes de Fracción, cada comisión de tal manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de integrantes que conforman las fracciones parlamentarias. Nadie podrá ser miembro de más de una de estas comisiones.” (Modificado mediante Acuerdo Nº 6115, del 23 de junio de 2003) Cuadro 1 Asamblea Legislativa. Tipo de Comisión Permanente Ordinaria según asunto que conoce, estudia y analiza Tipo de Comisión Permanente Ordinaria Gobierno y Administración
Asunto que conoce, estudia y analiza Analiza asuntos relacionados con Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Culto, Transportes, Comunicaciones y Municipales.
Conoce asuntos de economía, comercio, industria, mercado común e integración. Analiza los presupuestos nacionales y los asuntos de hacienda.
Asuntos Hacendarios Asuntos Sociales
Conoce asuntos de trabajo y seguridad social, salud, protección social y educación.
Estudia los proyectos relacionados con Justicia y Gracia, Derecho Civil, Penal, Comercial, Procesal, Contencioso Administrativo, Electoral, Organización del Poder Judicial, renuncias, incompatibilidades, Reglamento Interno y todo asunto esencialmente jurídico.
Asuntos Naturales
Conoce los asuntos relacionados con agricultura, ganadería, energía, recursos naturales y materias afines.
Fuente: Elaboración propia con datos del Reglamento Legislativo costarricense.
Para conformar Comisiones, en general, los parlamentos se rigen bajo los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad de la materia. Costa Rica respeta esos mismos principios como se documentó en el párrafo anterior, habida cuenta de que las Comisiones Permanentes ordinarias son la médula central de la labor legislativa, junto con el Plenario (proceso de formación de la ley), y puesto que tienen la mayor capacidad y responsabilidad de preparar y dictaminar los Expedientes legislativos en orden a la especialidad. A propósito de ello, el artículo 66 reglamentario distribuye los temas a cada Comisión Permanente Ordinaria en preferencia a los tópicos de su ámbito (Cuadro1). Las Comisiones Permanentes Ordinarias van vaciando su materia de conocimiento Hay una lista adicional de temas bajo recargo de los diputados que aplica estrictamente en virtud de la creación agregada de Comisiones Permanentes Especiales o de Comisiones Especiales. Para citar algunas redistribuciones temáticas, actualmente la Comisión Permanente de Gobierno y Administración no substancia asuntos de Relaciones Exteriores y Culto, sino que estos temas los ve en específico la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Otro claro ejemplo es la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales que, se supone, tiene bajo su ámbito los recursos naturales y materias afines, cuando en realidad esto se lleva a cabo a través de la Comisión Permanente Especial de Ambiente. Así podemos citar más casos, como la Comisión Especial de Reglamento (Exp. No. 16.217) o la Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos (Exp. No. 16.918) en detrimento de la atribución que tenía la Comisión de Asuntos Jurídicos. Asimismo, temas como Mujer, o Juventud, Niñez y Adolescencia tienen su propia Comisión Permanente Especial, cuestiones que salen del ámbito de la Comisión de Sociales. Otro caso es el relativo al Control de Ingresos y Gasto Públicos que tiene su propia Comisión Especial Permanente, siendo que, hacendarios o económicos no hacen dicha fiscalización. Siguiendo esta idea, Gobierno y Administración aun cuando sigue observando algunas cuestiones municipales, el parlamento creó una Comisión Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, lo mismo pasa con el tema de Seguridad Pública que era privativo de Gobierno y Administración, pero que en el caso especial de psicotrópicos es responsabilidad de una Comisión Permanente Especial de Narcotráfico, o bien el caso de la creación de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana propiamente dicha (Exp. 16,917), vaciándole momentáneamente esa atribución a la Comisión ordinaria permanente de Gobierno. Legítimamente hay en este momento presentados Proyectos de Acuerdo legislativo para que la Comisión de Seguridad Ciudadana se constituya en Comisión Permanente Especial del Congreso. En síntesis, el vaciamiento temático de las Comisiones Permanentes Ordinarias en Costa Rica es fruto de la creación gradual de Comisiones Permanentes Especiales y de Comisiones Especiales, ésta últimas con mandatos cuasi temporales (una o más legislaturas). Los dos primeros tipos con capacidad dictaminadora de Proyectos de Ley intrínseca, mientras que las terceras con esa misma capacidad si el Plenario así las crea vía moción aprobada, tal es el caso de la Comisión Especial de Derechos Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
Humanos (Exp. No. 16.262), panel que lamentablemente no es de carácter permanentes sino que está adosada a un expediente que tiene expiración y caducidad. Suficiencia en número de legisladores Para desarrollar esta variable hay que hacer la siguiente pregunta: ¿Alcanza el número de parlamentarios para la asunción de nuevas exigencias sociales y temáticas? Aún sin tener un dato empírico (v.gr., encuesta a legisladores), la variedad y complejidad de los temas en nuestro país a partir de la finalización del Siglo XX y comienzos del Siglo XXI hizo que, fundamentalmente, en 1999 y el año 2003 se hicieran reformas reglamentarias que especializaran la labor legislativa en la fase preparatoria de expedientes. La atomización de Comisiones con el mismo número de legisladores (57 plazas), ha hecho que los esfuerzos sean dispersos, agotadores, recargados y, en ocasiones, ineficaces por falta de quórum o bien por superposiciones horarias. De hecho, si se listan los tipos de Comisión existentes en nuestro ordenamiento jurídico parlamentario se tienen las siguientes:  Comisiones con Potestad Legislativa Plena (arts. 51 al 79 y 160 al 176 del Reglamento)  Comisiones Permanentes Ordinarias (arts. 65 al 83 y 120 al 130 del Reglamento)  Comisiones Permanentes Especiales (arts. 84 al 89 bis)  Comisiones Especiales (arts. 90 al 97 del Reglamento)  Comisiones Especiales Mixtas (arts. 90 al 97 del Reglamento)  Comisiones Especiales de Investigación (arts. 90 al 97 del Reglamento) Un legislador/a puede estar participando como miembro en cuatro, seis, ocho y en ocasiones hasta en nueve comisiones. Claro está, a medida que la bancada sea menor la exigencia es mayor. Una bancada con un número alto de legisladores puede distribuir el trabajo con mayor equilibrio, aunque esto no siempre pasa pues las consultas de los Jefes de Fracción y la aceptación de los mismos diputados a integrarlas básicamente es de naturaleza voluntaria, salvo cuando varias personas disputen por interés un puesto en alguna Comisión en específico, como usualmente ocurre con temas atractivos que atrapen la atención mediática. Para tener mejor visualización de las Comisiones que trabajan asuntos en este momento, se tiene el siguiente cuadro resumen: En unos casos las Comisiones dictaminan proyectos y en otros realizan informes, cualquiera que sea el mecanismo utilizado, cada legislador, salvo Jefes de Fracción o el Presidente, a los que se les atempera la asistencia, se ven en la responsabilidad de dividir sus esfuerzos personales y materiales, los cuales complementan con el Plenario Legislativo (sesiones ordinarias y extraordinarias, según sea la tarea emprendida).
Comisiones y Nombramientos en la Asamblea Legislativa Costarricense Cuadro 2 Asamblea Legislativa Tipo de Comisión según asunto que trabajan
Tipo de Comisión Potestad Legislativa a/ Plena Plena I
Permanente Ordinaria
Especial de b/ Investigación
Económicos Gobierno
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior Mujer Narcotráfico
Educación Ciudadana Reformas Electorales y Partidos Políticos Ciencia y Tecnología Derechos Humanos
Ingreso y Gasto Público Nombramientos
Sobre los hechos, actuación y denuncia del Sr. Hernández Marín en relación con la Sra. Lisbeth Quesada T., Defensora de los Habitantes. __
Reglamento Ley de promoción del Empleo Juvenil
Juventud, Niñez y Adolescencia Consultas de Constitucionalid ad Turismo Municipales y Desarrollo Local Participativo a/ El artículo 124 párrafos cuarto y quinto de la Constitución Política señala que “La Asamblea nombrará las comisiones permanentes con potestad legislativa plena, de manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de diputados de los partidos políticos que la componen. La delegación deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea, y la avocación, por mayoría absoluta de los diputados presentes. /…./ El Reglamento de la Asamblea regulará el número de estas comisiones y las demás condiciones para la delegación y la avocación, así como los procedimientos que se aplicarán en estos casos. b/ Por su parte el artículo 121 inciso 23) de la Constitución Política de la República le brinda atribuciones para “Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente.” Nota 1: Las Comisiones Especiales y las Comisiones Especiales de Investigación están creadas por votación de Plenario y se les asigna un Expediente, tienen término para realizar la labor (expiración).
El tiempo disponible para atender una cantidad abrumadora de Comisiones, Plenario, audiencias, visita a comunidades, invitaciones, actos oficiales, reuniones, sesiones de bancada, etc., hace que, en general, el conocimiento de los temas, de contenido de los proyectos de ley no sea el adecuado o profundo que se desea. Esto normalmente no es achacable al legislador/a sino al sistema, al tejido que se ha ido creando y a aspectos estructurales de tipo orgánico y administrativo. Evidentemente un estudio a profundidad en la Asamblea Legislativa de asimilación de las tareas (órganos, métodos y eficiencia), bajo la perspectiva del número actual de responsables, sería un insumo importantísimo para saber si se requiere objetivamente, bajo el esquema actual, el aumento del número de legisladores. Desdichadamente este estudio de planificación y eficiencia no ha sido emprendido por el órgano legislativo aunque, parece ser, que es más relevante construir un nuevo edificio. A propósito de lo dicho, como dato interesante, el caso uruguayo filtra y racionaliza la creación de comisiones, sean de naturaleza investigativa o dictaminadora, confiriendo lo que en ese país del sur se denominan Comisiones Preinvestigadoras compuestas por tres miembros que sujetan la pretensión creadora de una Comisión a la oportunidad y procedencia, examinando prima facie si amerita su aprobación o bien recomendar un criterio adverso que no justifica la denuncia o intención del mocionante, por ende, la constitución del panel (Véase art. 117 al 119 del Reglamento de la Cámara de Representantes uruguaya). Comisiones en el Derecho parlamentario comparado El Derecho parlamentario comparado nos brinda información útil en el sentido de examinar el tipo de Comisiones existentes y el contenido temático de su trabajo. Esta primera tabla nos muestra los tipos de Comisión en cada país estudiado, mientras que la inmediatamente posterior nos desbroza las escalas temáticas que existen en cada ordenamiento parlamentario, con énfasis en las Comisiones Permanentes.
Cuadro 3 Tipos de comisión existentes según país País Argentina
Tipos de Comisión existentes Comisión de Labor Parlamentaria (presidente de la Cámara, los vicepresidentes y los presidentes de los bloques) Comisiones Permanentes de Asesoramiento Comisiones Especiales Comisiones Investigadoras Comisiones Mixtas, compuestas por Diputados y Senadores (Comisión Mixta del Presupuesto; Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR; y Comisión Representativa del Congreso Nacional) Comisión de Legislación Participativa Comisiones Permanentes (de duración continua que integra la estructura institucional de la Casa legislativa) Comisiones Temporarias (son creadas para cumplir un objetivo específico). Estas Comisiones están divididas en tres tipos: las Comisiones Especiales, las Comisiones Parlamentarias de Investigación y las Comisiones Externas (desempeño fuera de la Cámara).
Comisiones y Nombramientos en la Asamblea Legislativa Costarricense País Costa Rica
Tipos de Comisión existentes Comisiones con Potestad Legislativa Plena Comisiones Permanentes Ordinarias (Éstas pueden crear subcomisiones) Comisiones Permanentes Especiales Comisiones Especiales Comisiones Especiales Mixtas Comisiones Especiales de Investigación Chile Comisiones Permanentes Comisiones Unidas Comisiones Especiales Comisiones Mixtas (Senadores y diputados) o bien Bicamerales Comisiones Investigadoras España Diputación permanente Comisiones Permanentes Comisiones creadas por ley Comisiones no Permanentes (las que se crean para un trabajo concreto) Comisiones de Investigación (son no permanentes) Comisiones de carácter mixto o conjunto (son no permanentes) Francia Comisiones Permanentes Comisiones Especiales (son preceptivas si las propone el gobierno) Italia Junta para el Reglamento de la Cámara Comité de Legislación (opinión consultiva) Junta Electoral Comisión de Redacción Comisiones con Competencia Legislativa Plena Comisiones Permanentes (pueden crear comités) Comisiones Especiales Comisiones de investigación parlamentaria (las pueden integrar representantes de una o ambas cámaras conjuntamente) Perú Comisiones Ordinarias Comisiones de Investigación Comisiones Especiales Comisión de Ética parlamentaria Portugal Comisión Permanente de Asamblea de la República. Comisiones Permanentes. Subcomisiones permanentes (Cada Comisión Permanente puede constituir subcomisiones permanentes que sean necesarias con la autorización previa del Presidente de la Asamblea de la República, oída la Conferencia). Comisiones especializadas permanentes. Comisiones eventuales para cualquier fin determinado Uruguay Comisiones Permanentes Comisiones Especiales Comisiones Investigadoras Comisiones Pre-investigadoras Fuente: Elaboración propia.
El cuadro 4 nos remite al título de cada una de las Comisiones Permanentes (ordinarias o especiales) que existen en cada país de la muestra seleccionada. Cuadro 4 Título de cada una de las Comisiones Permanentes según país País Argentina
Comisiones Permanentes Comisiones Permanentes de Asesoramiento: Asuntos Constitucionales Legislación General Relaciones Exteriores y Culto Presupuesto y Hacienda Educación
Comisiones y Nombramientos en la Asamblea Legislativa Costarricense País
Comisiones Permanentes Ciencia y Tecnología Cultura Justicia Previsión y Seguridad Social Acción Social y Salud Publica Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Tercera Edad Legislación Penal Legislación del Trabajo Defensa Nacional Obras Públicas Agricultura y Ganadería Finanzas Industria Comercio Energía y Combustibles Comunicaciones e Informática Transportes Economías y Desarrollo Regional Asuntos Municipales Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios Vivienda y ordenamiento urbano Peticiones, Poderes y Reglamento Juicio Político Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano Turismo Economía Minería Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales. Población y Desarrollo Humano Deportes Derechos Humanos y Garantías Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales Mercosur Pequeñas y Medianas Empresas Defensa del Consumidor Seguridad Interior Libertad de Expresión Discapacidad Comisiones permanentes: Amazonia, Integración Nacional y de Desarrollo Regional Agricultura, Pecuaria, Abastecimiento y Desarrollo Rural Ciencia y Tecnología, Comunicación e Informática Constitución y Justicia y Ciudadanía Defensa del Consumidor Desarrollo Urbano Derechos Humanos y Minorías Desarrollo Económico, Industria y Comercio Educación y Cultura Finanzas y Tributación Fiscalización Financiera y de Control Legislación Participativa Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Minas y Energía Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado
Comisiones Permanentes Seguridad Social y Familia Trabajo, de Administración y Servicio Público Turismo y Deporte Transportes Comisiones Permanentes: Gobierno, interior, regionalización, planificación y desarrollo social Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana Constitución, Legislación y Justicia Educación, Cultura, Deportes y Recreación Hacienda Defensa Nacional Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones Agricultura, Silvicultura y Pesca Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente Salud Trabajo y Seguridad Social Minería y Energía Economía, Fomento y Desarrollo Vivienda y Desarrollo Urbano Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía Familia Ciencia y Tecnología Pesca, Acuicultura e intereses marítimos Régimen interno, administración y Reglamento Permanentes Ordinarias: Agropecuarios Económicos Hacendarios Gobierno Jurídicos Sociales Permanentes Especiales: Ambiente Ingreso y Gasto Público Nombramientos Redacción Relaciones Internacionales y Comercio Exterior Mujer Narcotráfico Juventud, Niñez y Adolescencia Consultas de Constitucionalidad Turismo Municipales y Desarrollo Local Participativo Comisiones Permanentes Legislativas: Constitucional. Asuntos Exteriores. Justicia e Interior Defensa. Educación, Cultura y Deporte. Economía y Hacienda. Presupuestos. Agricultura, Ganadería y Pesca. Infraestructuras Política Social y Empleo. Sanidad y Consumo. Régimen de las Administraciones Públicas Medio Ambiente. Ciencia y Tecnología.
Comisiones Permanentes Son también Comisiones Permanentes: Reglamento. Estatuto de los Diputados. Peticiones. Comisiones Permanentes: Comisión de Asuntos Culturales, Familiares y Sociales Comisión de Asuntos Exteriores Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas Comisión de Presupuestos, Economía General y del Plan Comisión de las Leyes Constitucionales, de la Legislación y de la Administración General de la República. Comisión de la Producción y los Intercambios Junta para el Reglamento de la Cámara Comité de Legislación (opinión consultiva) Junta Electoral Comisión de Redacción Comisión Parlamentaria para cuestiones regionales (estatutos de autonomía) Comisiones Permanentes: Asuntos constitucionales, de la Presidencia del Consejo y de Interior Justicia (relevante respecto de las otras) Asuntos Exteriores y Comunitarios Defensa Presupuestos, tesoro y programación (relevante respecto de las otras) Hacienda Cultura, ciencia e instrucción Medio ambiente, territorio y obras públicas Transportes, correos y telecomunicaciones Actividades productivas, comercio y turismo Trabajo público y privado (relevante respecto de las otras) Asuntos sociales Agricultura Políticas de la Unión europea Comisiones Ordinarias: Agraria Comercio Exterior y Turismo Constitución y Reglamento Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte Energía y Minas Fiscalización y Contraloría Inteligencia Justicia y Derechos Humanos Mujer y Desarrollo Social Presupuesto y Cuenta General de la República Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología Relaciones Exteriores Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad Seguridad Social Trabajo Transportes y Comunicaciones Vivienda y Construcción
Comisiones y Nombramientos en la Asamblea Legislativa Costarricense País Portugal
Comisiones Permanentes Comisiones Permanentes: No aparecen desglosadas en el Reglamento. Comisiones especializadas permanentes: Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias Comissão Parlamentar de Ética
Comisiones Permanentes: Asuntos Internacionales Asuntos Internos Constitución, Códigos, Legislación General y Administración Defensa Nacional Derechos Humanos Educación y Cultura Ganadería, Agricultura y Pesca Hacienda Industria, Energía y Minería Legislación del Trabajo Presupuestos Salud Pública y Asistencia Social Seguridad Social Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas Turismo Vivienda, Territorio y Medio Ambiente Fuente: Elaboración propia.
Como se ve, Costa Rica tiene un número equivalente de Comisiones (sumatoria de Permanentes Ordinarias y Permanentes Especiales) que se compara con muchos países de la muestra, aún cuando esos países tengan un número significativo de diputados. El Congreso que menos tiene diputados es el de Uruguay con 99 legisladores en la Cámara baja, por ende, el costarricense con 57 plazas asume casi la misma cantidad de responsabilidad y Comisiones que los equivalentes de la muestra, lo que, en consecuencia dice mucho acerca del agotamiento de los parlamentarios ticos, máxime la existencia de la regla de quórum agravado en casi todos los órganos de la Asamblea Legislativa. Criterio para dirigir y gestionar las Comisiones Permanentes Ordinarias Otro tema relevante en el ejercicio funcional de Comisiones resulta del tipo de legislador que se encarga de conducirlas. En lo tocante a esta arista son varios factores los que determinan quién preside una Comisión y quién asiste como Secretario/a. Este criterio se enmarca en la distribución proporcional que haga el Presidente de la Asamblea en su Acuerdo, pero, al mismo tiempo, el dominio o mayoría de un partido en la composición general de la Asamblea y, por consiguiente, en la composición del panel, aunque este aspecto no es suficiente para optar a una presidencia, pues evidentemente también se barajan otros factores como la confianza y responsabilidad hacia la persona que se vaya a elegir en ese puesto, los atributos de liderazgo, el manejo reglamentario, la capacidad conciliadora y negociadora, y, por supuesto, un elemento que pesa muchísimo, la cercanía a las tesis de gobierno, de ahí que, casi todas las personas que presiden comisiones permanentes ordinarias normalmente son integrantes de la bancada oficial, fenómeno que incluso se dio en el gobierno Pacheco de la Espriella, cuando la bancada oficial dominaba apenas un 33% de toda la Cámara.
A esas personas les corresponde en términos formales presidir, abrir y cerrar las sesiones, dirigir el debate, recibir documentos, conceder la palabra, llevar el orden sobre las mociones, conceder los permisos de retiro, firmar las actas junto con secretario y demás diputados. Sin embargo, en el espacio no formal, es una figura clave que da impulso, agilidad o relentiza la Comisión según el interés gravitante. Es el centro desde donde parte la negociación para privilegiar los asuntos en la agenda, es decir, ejerce un control importante sobre el orden del día de la Comisión, las alteraciones de ese orden, y, normalmente, es la persona que se encarga de dinamizar los expedientes que llegan de vuelta del Plenario con mociones de reiteración, convocando incluso a sesiones extraordinarias, si fuera del caso. Para ilustrar quiénes han ejercido la presidencia y la secretaria de las Comisiones Permanentes Ordinarias de las últimas dos legislaturas en la Administración Arias Sánchez, se tienen los siguientes datos: Cuadro 5 Presidencia y la secretaria de las Comisiones Permanentes Ordinarias de las últimas dos legislaturas en la Administración Arias Sánchez Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios Legislatura 2008-2009 Legislatura 2009-2010 Partido PLN PLN
Diputado/a Salvador Quirós Conejo José A. Ocampo Bolaños
Puesto P S
Partido PLN PLN
Diputado/a Salvador Quirós Conejo Gladys González B.
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos Legislatura 2008-2009 Legislatura 2009-2010 Partido PLN PLN
Diputado/a Francisco Marín Monge José M. Echandi Meza
Partido PLN PAC
Diputado/a Carlos L. Pérez Vargas Olivier Pérez González
Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración Legislatura 2008-2009 Legislatura 2009-2010 Partido PLN PLN
Diputado/a Marta Corrales Sánchez Sandra Quesada Hidalgo
Diputado/a Marta Corrales Sánchez Lesvia Villalobos Salas
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios Legislatura 2008-2009 Legislatura 2009-2010 Partido PLN PAC
Diputado/a José L. Valenciano Chaves José Rosales Obando
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos Legislatura 2008-2009 Legislatura 2009-2010 Partido PAC (Idep.) PLN
Diputado/a Andrea Morales Díaz
Diputado/a Alexander Mora Mora
Grettel Ortiz Álvarez
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales Legislatura 2008-2009 Legislatura 2009-2010 Partido Diputado/a PLN Ofelia Taitelbaum Y. PUSC Ana E. Chacón Echeverría Fuente: Elaboración propia.
Diputado/a Ofelia Taitelbaum Y. Orlando Hernández M.
De la anterior tabla se desprenden relaciones muy interesantes, la primera, todos los puestos de las legislaturas 08-09 y 09-10 que involucraron la presidencia de Comisiones Permanentes Ordinarias los ocuparon y ocupan diputados/as de la bancada del PLN, excepto la presidencia de jurídicos en la legislatura 08-09 que estuvo a cargo de la diputada Morales Díaz, que ya se venía distanciando del PAC y acercándose a la bancada oficial, o más bien como se autodefine, de diputada independiente. En segundo lugar, hubo un cambio absoluto y radical en lo que concierne a las Secretarias, así vemos que en la legislatura 08-09 esos puestos los ocuparon diputados del PLN, o bien de la que fuera la alianza en torno al TLC con los Estados Unidos, como los casos de Echandi Meza o Chacón Echeverría, con la excepción de la Secretaría de la Comisión de Hacendarios ocupada por un diputado del PAC (Rosales). Las cosas cambiaron radicalmente en la legislatura 09-10 cuando todas las Secretarías excepto la que atañe a Agropecuarios son ocupadas por diputados/as del PAC, lo que evidencia algún acuerdo previo o “extraña coincidencia” entre las dos principales bancadas del Congreso costarricense (PLN y PAC), prescindiéndose, en ese caso o contexto, de diputados/as independientes o de diputados/as provenientes de bancadas unipersonales o con menos legisladores. La distribución de todas las presidencias en el PLN y de las secretarias en el PAC en la legislatura 09-10 podría responder a dos posibles interpretaciones, por un lado buscar mayor negociación y acercamiento de la bancada oficial con su fuerza inmediata o bien que esa segunda fuerza pretenda estar cerca del control y manejo de las Comisiones en una legislatura pre-electoral. En nuestro medio, a falta del Presidente de la Comisión, puede iniciar la sesión el Secretario en sustitución de éste. Si ambos están ausentes y hay quórum, se nombra un presidente ad hoc. No obstante, el sistema está mal diseñado puesto que el Secretario debería ser el Vicepresidente de Comisión y la Secretaría asumirla un funcionario legislativo, como en la práctica sucede, pues es una/un técnico de Comisión (de planta) quien lleva la responsabilidad de las atribuciones que el Reglamento le otorga a la Secretaría. El caso uruguayo es preciso al establecer en su Reglamento, artículo 123, que las Comisiones elegirán anualmente un Presidente y un Vicepresidente, siendo que las Secretarías y Prosecretarías serán desempeñadas por los funcionarios correspondientes. Para que se pudiesen dar esas integraciones no cabe duda que la negociación del PLN es clara con otras bancadas distintas al PAC en la legislatura 08-09 y luego negociando con el PAC para la legislatura 09-10, puesto que el PLN domina, en número de miembros, solamente una (hacendarios) de las seis Comisiones Permanentes Ordinarias de la Asamblea. Para repuntar lo dicho, el PLN en la legislatura 08-09 y 09-10 ha tenido cuatro miembros de nueve en las Comisiones de Agropecuarios, Económicos y Jurídicos, asimismo, tres legisladores/as de nueve en Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
las Comisiones de Gobierno y de Asuntos Sociales, y seis de once integrantes de la Comisión de Hacendarios, única Comisión con mayoría, como bien se citó. En lo que concierne a las figuras que presiden comisiones, tanto para la legislatura 08-09 como para 09-10 repitieron cuatro personas en ambos años legislativos, a saber, Salvador Quirós en Agropecuarios, Olga Marta Corrales en Gobierno y Administración, José L. Valenciano en Hacendarios, y Ofelia Taitelbaum en Sociales, los únicos cambios ocurridos se vieron en la Comisión de Jurídicos y Económicos. Lo anterior significa que se ha depositado el control de las Comisiones básicamente en las mismas personas a lo largo de todo el período constitucional de la Administración Arias Sánchez, en similitud a lo ocurrido con la Presidencia de la Asamblea Legislativa, que se le ha conferido, las cuatro legislaturas, al diputado Pacheco Fernández. En consecuencia, el control del Plenario y de las Comisiones Permanentes Ordinarias que este gobierno le ha dado relevancia, han sido ocupadas por personas de profunda confianza del Poder Ejecutivo en las figuras del Presidente de la República y su hermano el Ministro de la Presidencia. Asesoramiento ¿Recurren a expertos para asesorarse en cada materia? ¿A nivel independiente o de la comisión? El Artículo 91 del Reglamento permite la creación de Comisiones especiales mixtas para estudiar un asunto determinado o el cumplimiento de una misión. Preceptúa ese numeral que además de los diputados, otras personas que no sean legisladores pueden formar parte de esas comisiones, cuando fuere necesario. Ahora bien, tienen carácter de asesores, lo cual implica que tienen derecho a voz pero no a voto. En este caso los asesores devengan la dieta indicada para los Diputados. Otro tipo de asesores especializados externos a los cuales puede recurrir la Asamblea son aquellos funcionarios de la Contraloría General de la República y de la Oficina de Presupuesto, cuando así lo requiera la subcomisión de presupuesto de la Comisión de Asuntos Hacendarios. De igual modo pueden ser llamados a solicitud de la misma subcomisión delegados del Banco Central de Costa Rica en carácter temporal o permanente hasta la culminación del trabajo (véase art. 178 del Reglamento). En otros casos como la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos se ha dado la práctica de llamar como asesores a ese tipo de funcionarios. Lo mismo ocurre con Proyectos que se substancien en el tema de reformas electorales, dado que la Asamblea ha pedido, en ocasiones, la contribución asesora del Tribunal Supremo de Elecciones o en el caso de la discusión de Códigos legales, donde se ha pedido la expertise de Magistrados del Poder Judicial y de otros destacados profesionales en Derecho y otras ciencias. En cuanto a los asesores internos de la Asamblea, hay básicamente de dos tipos, unos permanentes que están bajo las reglas del servicio civil y otros de confianza que trabajan para las fracciones legislativas repartidos en número proporcional a la cantidad de escaños. En lo que concierne a los primeros, básicamente se hallan en el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, al que le corresponde analizar cada uno de los expedientes que ingresen a la corriente legislativa y asesorar directamente en Comisión. Ese Departamento, a grandes Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
rasgos, realiza, dependiendo del contenido del Proyecto de Ley, estudios jurídicos, económicos y socio-ambientales. Sus informes no son vinculantes para los legisladores, aunque son muy considerados a la hora de mocionar o decidir sobre fondo o procedimiento. Otro nivel de asesoría escrita se puede inferir de las consultas constitucionales obligatorias o las facultativas que vía moción hagan los diputados. En las respuestas institucionales relativas a contenidos de proyectos de ley, normalmente participan expertos, técnicos y jerarcas del aparato estatal, lo cual contribuye y enriquece las apreciaciones en torno al expediente en trámite. Lo mismo sucede cuando los legisladores mocionan para que se presente en audiencia expertos temáticos o personas versadas en las futuras leyes que se pretendan aprobar, sean de gobierno o del sector privado. En estudios de consultoría externa el Parlamento costarricense ha perdido fuste, como si lo tienen otros equivalentes de América Latina y Europa que destinan alguna parte del presupuesto para contratar estudios y asesorías altamente especializadas de acuerdo a la complejidad técnica del asunto a tratar. Podríamos decir que esta es una falencia de nuestro sistema, aunque el hecho de lanzar la idea causaría suspicacias, en un ambiente enrarecido alrededor de ese tipo de contrataciones. Ahora bien, es cierto que la Asamblea Legislativa en legislaturas anteriores utilizó ese mecanismo de manera inadecuada e improcedente, pues el mecanismo se había utilizado para contratar personal corriente de fracciones políticas, asignados a algún Despacho de legislador, que hacían labores rutinarias y de tipo permanente por varios meses, sin que en definitiva fuera una asesoría seria y concreta sobre algún tema complejo que sirviera de insumo para toda la Cámara. Ante dichas malas prácticas, la Contraloría General de la República puso coto a ese mecanismo al punto que hoy prácticamente el dispositivo de esa naturaleza no es utilizado. Y, siendo realistas, Servicios Técnicos, en ocasiones, se ve desbordado por temas tecnológicos, de bioética, de biotecnología, informática, mecánica, etc., es decir, en diferencias artes, técnica y ciencias, sin tener el personal competente en materias puntualísimas. Jamás puede interpretarse que su personal sea inadecuado, todo lo contrario, es muy competente y calificado. NOMBRAMIENTOS Sistema costarricense de nombramientos de altos cargos En las próximas líneas veremos cómo se ha diseñado el tejido de nombramientos de altos cargos en la Administración, que competen principalmente a la Asamblea Legislativa, aunque se aprovechará el espacio para indicar los cargos que son de elección del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia. a. Nombramientos que hace la Asamblea Legislativa Sabemos que la Asamblea Legislativa funciona bajo períodos de sesiones ordinarias (mayo-julio y setiembre-noviembre) y sesiones extraordinarias (agosto y diciembre-abril). Ningún período interrumpe la labor de nombramiento de altos Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
cargos de la Administración, puesto que el artículo 118 de la Constitución Política preceptúa que si bien el Poder Legislativo conoce de las materias que en exclusiva le convoca el Poder Ejecutivo, en el caso de los nombramientos de funcionarios actúa como excepción, en tanto son asuntos indispensables a resolver. Esta disposición debe ser complementada con el artículo 35 reglamentario que indica el Orden del Día de Sesión y Agenda Parlamentaria del Pleno, colocándose la labor de designaciones en una posición de privilegio, básicamente en el cuarto lugar, en los asuntos de control, fiscalización y demás contenido político, en específico, aquellos relativos a los nombramientos, renuncias y juramentaciones referidos en los incisos 3), 8) y 12) del artículo 121 de la Constitución Política. Como regla general para todo tipo de nombramiento en sede parlamentaria el Reglamento de la Asamblea Legislativa en su artículo 201 brinda el derrotero a seguir, señalando que la elección debe: a) hacerse por papeletas que contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no deben ser firmadas por los votantes (voto secreto), b) Como regla, para que haya elección se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes, aunque veremos más adelante que los principales altos cargos se nombran por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros de la Asamblea, c) El voto del diputado que deja de elegir o que se retire cuando se verifica la votación se suma a favor de quien haya obtenido el mayor número de votos, d) a falta de mayoría o empate aplica el artículo 202 del Reglamento, en el sentido de repetir las votaciones entre los que hubieren obtenido el mayor número de votos. En caso de no lograrse la mayoría requerida se repiten votaciones hasta por tres veces, solamente que en esta última solo compiten aquellas personas que hubiesen obtenido más de 10 votos. A raíz de elecciones sobre todo de Magistrados titulares de la Corte, el numeral 202 del Reglamento fue insuficiente. Por Voto de la Sala Constitucional de la Corte (No. 2621-95) esa jurisdicción le indicó a la Asamblea que a falta de regulación parlamentaria quedaba a la propia Asamblea, a su Directorio o a su Presidente, escoger, entre sus procedimientos reglamentarios de votación –ordinaria, nominal o secreta, ya por bolas blancas y negras, ya por papeletas-, el más idóneo para que en la formación de la voluntad colegial se cumplan mejor las exigencias del artículo 158 de la Constitución, utilizando o no sus propios precedentes o prácticas parlamentarias, como fuentes normativas de valor constitucional. Con esa sombrilla jurisprudencial, y a partir del ejercicio de varios Presidentes de Asamblea Legislativa, se han ido tomando Acuerdos que han perfeccionando las metodologías que han posibilitado más rondas de votación de la tercera, ello en caso de persistir votaciones en que ninguno de los postulantes finales (se eliminan otros en las primeras rondas) no obtuvieran la mayoría requerida. No obstante, votaciones sucesivas que no den un ganador denota una voluntad implícita de la Cámara pudiéndose abortar esa elección hasta nueva convocatoria, presentándose incluso otros/otras candidatos en fecha posterior. Comisión Permanente Especial de Nombramientos Para ventilar el tema de los nombramientos, ratificaciones y renuncias, la Asamblea Legislativa instauró la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, integrada por siete miembros, en este momento cuatro son del PLN, uno del PAC, uno del ML, Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
y uno del PUSC, lo que le permite a la bancada oficial mantener el control absoluto de las decisiones que se tomen. La Comisión de nombramientos y, en general, la Asamblea Legislativa, ha optado por sacar a Concurso de Antecedentes en diarios de circulación nacional publicaciones sobre las vacantes a llenar y que le corresponde elegir al parlamento costarricense, con rangos de fecha para recibir atestados y cerrar la recepción de ofertas. La Comisión en las primeras sesiones convocadas al efecto para nombrar un cargo o varios en específico, lo que hace es aprobar la metodología a emplear para valorar atestados y currículo con los respectivos componentes de puntuación, unos de carácter más objetivos como son los grados académicos, experiencia, publicaciones, docencia, entre otros, así como si hay audiencia, lo que puede implicar valoración en puntaje de la participación oral, u otros componentes que vía moción consideren los legisladores aplicar. El caso de los Magistrados titulares es quizá el más exigente, pues además de los requisitos constitucionales que debe tener una persona para poder postularse que están expresamente establecidos en el artículo 159 de la Constitución Política, los legisladores solicitan a los postulantes requisitos adicionales como constatación de estudios universitarios, que no haya sido sancionado, suspendido o inhabilitado por órganos de control de la administración (v.gr., Certificaciones de la Defensoría de los Habitantes, de la Dirección General de Notariado, Declaraciones Juradas, Certificación de Antecedentes penales, etc.), o del colegio profesional respectivo. Asimismo se computa el ejercicio laboral profesional o el ejercicio de la docencia universitaria y las publicaciones especializadas, en relación al cargo a ocupar, asignándose puntos a cada componente y prueba aportada. Toda la sumatoria da un monto que se complementa con la valoración de la audiencia y un ensayo, si fuese del caso. La labor de revisión y valoración es hecha normalmente por asesores de diputado bajo la supervisión de sus jefes/as. Una vez obtenidas las calificaciones objetivas y subjetivas (hay un rango enorme de subjetividad política a la hora de valorar lo dicho por los postulantes en la audiencia), se juntan ambas y se ponderan, dándose una lista de nombres con calificaciones de mayor a menor. Cabe la anotación que las calificaciones de la parte oral o incluso de la valoración del ensayo (cuando se convierte en un componente valorativo con puntaje) son anónimas, ningún diputado pone el nombre ni la firma, por lo que él o la postulante no se entera, en primer lugar, de las razones valorativas ni, en segunda instancia, de la persona que las hizo, lo cual deja un antecedente preocupante en un ámbito tan democrático como lo es el Parlamento que debe regirse bajo los principios de publicidad, siendo la secretividad una excepción, que ciertamente es usada en casos excepcionales y por votación de mayorías calificadas. Al asignarse la valoración final de mayor a menor puntaje, la Comisión puede y utiliza el arbitrio, mediante votación (vía moción) definir holgadamente si quiere elevar toda la lista de postulantes al Plenario Legislativo, una terna o una nómina de cuatro, cinco o siete postulantes. El hecho que eleve una recomendación al Plenario, ésta no es vinculante para el resto de legisladores, sino que se asume Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
como una sugerencia. Lo que si se ha acostumbrado es incluir a mujeres y hombres, ojalá en proporción o al menos en equilibrio, aun cuando las mujeres tengan calificaciones inferiores que los hombres, o viceversa. El Plenario toma la decisión final sin sujeción a número de sesiones, sino conforme se vaya dando la discusión y el uso de la palabra, o se vayan concertando los acuerdos entre las fracciones políticas, en atención a la mayoría de votos requerida. i.
La facultad de elección de los Magistrados de las diversas Salas de la Corte Suprema de Justicia recae en la Asamblea Legislativa, así está dispuesto en el artículo 121 inciso 3 de la Constitución “Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia” . Sin embargo, la Constitución no señala el número de magistrados por Sala, ya que eso es tema que se remite a la ley (vid. Art. 157 de la C.P.). A modo informativo, en este momento, son 22 Magistrados propietarios a razón de cinco Magistrados para las Salas Primera, Segunda y Tercera y siete magistrados para la Sala Cuarta Constitucional. La Carta fundamental señala algunas restricciones o incompatibilidades como aquella que establece que no podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia (art. 160 CP), o bien, es incompatible la calidad de Magistrado con la de funcionario de los otros Supremos Poderes (art. 61 CP). En la parte de requisitos, el artículo 159 de la CP, establece:  Ser costarricense por nacimiento, por naturalización, con domicilio en el país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva. Sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá ser costarricense por nacimiento.  Ser ciudadano en ejercicio.  Pertenecer al estado seglar.  Ser mayor de treinta y cinco años.  Poseer título de abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo que se tratare de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco años. (Reforma Constitucional 2026 de 15 de junio de 1956) Los Magistrados deberán, antes de tomar posesión del cargo, rendir la garantía que establezca la ley. Todos los Magistrados de la Corte son elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, lo cual implica una ardua labor de negociación política entre las fracciones parlamentarias debido a que ninguna de ellas alcanza en número a la cifra mínima de 38 votos necesarios. Otra característica singular de nuestro sistema de elección se dirige a la reelección de los magistrados, en el sentido de que prácticamente se consideran reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
(votación inversa). Esta nota característica ha sido ampliamente criticada por que de ella resultan reelecciones sucesivas hasta la jubilación, pero también alabada por otro sector de opinión dado que otorga estabilidad a la persona en el cargo y ocurre un distanciamiento o desligue de los actores propiamente políticos. (Véase artículo 158 de la CP y Reforma Constitucional 8365 de 15 de julio de 2003). En lo que se refiere a vacantes, éstas serán llenadas para períodos completos de ocho años. Ante el déficit de elección oportuna o reelección en el tiempo dispuesto, la Asamblea Legislativa, por lo menos en la legislatura de análisis (2008-2009), incurrió en no votación de solicitud de reelección, por citar dos ejemplos, en los casos de los Magistrados Ramírez y Calzada Miranda. Teniendo la Asamblea que aplicar lamentablemente el artículo 163 de la Constitución Política que expresa “La elección y reposición de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se harán dentro de los treinta días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o de la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante.” Evidentemente esta reforma constitucional dada por la Ley No 8365 de 15 de julio de 2003 está siendo accionada con o sin intención (no se puede precisar con certeza si la ha habido), lo que está generando reelecciones sucesivas sin votos de los representantes del pueblo, conllevando una crítica en la opinión pública y siendo poco decorosa para el solicitante tal salida normativa. Como nota interesante, el transitorio que estaba vinculado con la gran reforma constitucional que creó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 1989, respecto del artículo 10 y otros, daba un notable ejemplo de debate reglado o tiempo tasado para la selección o nombramiento de magistrados, al menos en ese contexto, utilizándose como salida el discutir los nombramientos (dos entre miembros de la Sala Primera de la Corte y los restantes sin sujeción alguna) dentro de las diez sesiones siguientes a la publicación de la ley. Esa misma fórmula se echa en falta en este momento con la elección de Magistrados titulares de cualquier Sala de la Corte. Ahora, el sistema de selección y nombramiento es absolutamente abierto con amplísimos límites de tiempo para la discusión individual puesto que se aplica el artículo 107 en relación con el 135 reglamentario relativo al uso de la palabra para asuntos diversos, donde recae el tema de los nombramientos, siendo que para referirse a esos asuntos cada diputado que solicite la palabra tiene un plazo de sesenta minutos (una hora), que podrá aprovechar de una sola vez o en diversos turnos; aún cuando dicho plazo sea improrrogable, es excesivo tomando en cuenta que todos los 57 legisladores hagan uso de ese tiempo, ello sin perjuicio de las mociones de orden que se vayan presentando a lo largo de la discusión, los recesos solicitados por las bancadas, las interrupciones de quórum, el levantamiento anticipado de sesiones, etc. De hecho, para nombrar un/a Magistrado/a en la Sala Segunda, la Asamblea Legislativa de la Administración Arias Sánchez tardó un año y medio, y en este momento se ha tardado casi el mismo tiempo para llenar la vacante dejada por el ex Magistrado Solano Carrera de la Sala Constitucional. ii. Magistrados suplementes
En lo que atañe a Magistrados suplentes, el artículo 164 constitucional le confiere a la Asamblea Legislativa nombrar no menos de veinticinco Magistrados suplentes escogidos entre la nómina de cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior indica que de cada dos postulantes uno será Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
escogido, lo que no da mucho margen de maniobra a los legisladores de escrutar mejor los atestados de esas personas. Vale decir, aunque este tipo de Magistrado (suplente) va a realizar en ocasiones labor de propietario, incluso por largos períodos, el tamiz de selección es de poco filtro legislativo comparado con el sistema y la metodología que se aplica para elegir un Magistrado titular. Uno de los cuestionamientos que últimamente ha salido a flote (caso Sosto) ha sido la falta de aplicación de un sistema adecuado de sustituciones, aun cuando la constitución reza con claridad que “Las faltas temporales de los Magistrados serán llenadas por sorteo que hará la Corte Suprema entre los Magistrados suplentes…” (art. 164 ídem). Ahora bien, si vacare un puesto de Magistrado suplente, la elección recae en uno de los dos candidatos que proponga la Corte y se efectuará en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre la Asamblea Legislativa después de recibir la comunicación correspondiente. iii. Contralor y Subcontralor
El artículo 121 inciso 12) de la CP le otorga competencia a la Asamblea para “Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República”. La clave o complemento a este numeral lo da el artículo 183 “La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.” Tanto el Contralor como el Subcontralor son nombrados por la Asamblea Legislativa dos años después de haberse iniciado el período presidencial, para un término de ocho años; pudiéndose reelegir indefinidamente, gozando de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes. Ambos cargos pueden ser sujetos a remoción pues responden ante la Asamblea por el cumplimiento de sus funciones. Para que ocurra la salida de un cargo de esta naturaleza se requiere votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos (caso Alex Solís, redimido posteriormente por una Asamblea posterior). iv. Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes
Es cierto que la atribución de nombrar al Defensor y su adjunto no se halla en la Constitución Política, como si está clara la normativa constitucional sobre magistrados y jerarcas de la Contraloría General de la República. A no estar constitucionalizada la Defensoría de los Habitantes de la República, la Ley No. 7319 publicada en la Gaceta #287 del 10 de diciembre de 1992, y sus reformas, contiene la relación de disposiciones relativas a la designación, requisitos, causas de cesación, vacantes, oportunidad de nombramiento, incompatibilidades, entre otros. En lo que interesa, la Asamblea Legislativa nombra al Defensor de los Habitantes de la República por un período de cuatro años, mediante mayoría absoluta de los diputados presentes. Podrá ser reelegido únicamente por un nuevo período (véase artículo 3 de la Ley No. 7319). Es una elección que se acerca más a las Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
posibilidades políticas de la bancada oficialista, por virtud del tipo de mayoría aplicada aunque esto se atempera por el efecto de sacar el nombramiento a Concurso Público, bajo reglas de publicidad. Los requisitos básicos que se exigen están disponibles en el artículo 4 de la citada ley de creación, a razón de ser costarricense en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos; que sea mayor de treinta años, con solvencia moral y profesional de prestigio reconocidos. El mismo artículo 4 indica que la Asamblea Legislativa designará una Comisión Especial, que analizará los atestados de las personas que opten por el puesto de Defensor de los Habitantes de la República, de conformidad con lo que prescriba el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. Esa Comisión es justamente la Comisión Permanente Especial de nombramientos, creada con posterioridad a la Ley de la Defensoría. El nombramiento del Defensor de los Habitantes de la República debe hacerse dentro del mes anterior al vencimiento de su período o a partir de la vacante del cargo (Artículo 8 Ley No. 7319). En lo concerniente a la designación y requisitos que debe cumplir el nombramiento del Defensor Adjunto, el artículo 10 de la Ley No. 7319, establece que la Asamblea Legislativa lo/la nombrará de una lista de tres candidatos propuestos por el Defensor de los Habitantes, a más tardar un mes después de nombramiento de éste. El Defensor Adjunto debe reunir los mismos requisitos exigidos para el titular. Asimismo, estará sujeto a lo dispuesto para el Defensor de los Habitantes de la República en los artículos 2, 4, 6 y 9 de dicha ley. b. Nombramientos del Poder Ejecutivo i.
Ministros, fuerza pública, empleados y funcionarios en cargos de confianza
Nombramiento del Presidente de la República. No cabe duda que el Poder Ejecutivo en Costa Rica en la cabeza del Presidente es quien tiene a su cargo importantes nombramientos, partiendo, por supuesto, del nombramiento exclusivo y remoción libre de los Ministros de Gobierno (vid. artículo 139 inc. 1 CP)2. Nombramiento del Presidente de la República y su respectivo Ministro. También es deber y atribución conjunta entre el Presidente y el respectivo Ministro de Gobierno de nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil. Asimismo la de nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la Ley de Servicio Civil, a los restantes servidores de cada una de las dependencias de gobierno. ii. Cargos diplomáticos y directores de instituciones autónomas Nombramiento del Consejo de Gobierno. Por su parte al Consejo de Gobierno formado por el Presidente de la República y los Ministros, les corresponde nombrar y Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
remover a los Representantes Diplomáticos de la República, y a los directores de las instituciones autónomas (vid. Art. 147 inciso 3) y 4) de la CP). iii. Jefe de la Autoridad Presupuestaria, Tesorero y Subtesorero de la República
Nombramiento del Presidente de la República. Es potestad del Presidente de la República, por el canal del artículo 177 de la Constitución Política, nombrar al Jefe del Departamento especializado en la preparación del proyecto ordinario de Presupuesto. Nombramiento del Consejo de Gobierno. El Tesorero y Subtesorero Nacional son nombrados por el Consejo de Gobierno por períodos de cuatro años, y sólo podrán ser removidos estos funcionarios por justa causa, eso sí, ambos funcionarios gozan de independencia en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales son reguladas por ley (art. 178 CP). iv. Resto de empleados y funcionarios de la Administración
Sistema de concurso público. El grueso del contingente de funcionarios de la Administración Pública es nombrado a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos. Esta es la premisa indicada en el artículo 192 de la Constitución Política que infiere al lo que determina el Estatuto de Servicio Civil. v. Presidente y Directores del Banco Central de Costa Rica
Nombramiento del Consejo de Gobierno. La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley No. 7558 y sus reformas), en su artículo 17 expresa la integración de la Junta Directiva del BCCR, la cual está integrada por el Presidente del Banco Central, designado por el Consejo de Gobierno, por un plazo que se iniciará y terminará con el período constitucional del Presidente de la República. No obstante, si el Presidente del Banco Central cesare en el cargo, antes de haber cumplido su período para el cual fue nombrado, quien lo sustituya también terminará sus funciones al finalizar el citado período constitucional. Podrá ser removido de su cargo por decisión del Consejo de Gobierno, sin derecho a indemnización laboral alguna. La remoción acordada por el Consejo de Gobierno implicará también la de miembro de la Junta Directiva de la Institución. Nombramiento en que intervienen dos Poderes (Ejecutivo y Legislativo): Dejando de lado al Presidente Ejecutivo y al Ministro de Hacienda que es Director por virtud de su cargo, se nombran 5 directores más, de absoluta solvencia moral y con amplia capacidad y experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración. Durante el proceso de ratificación de Directores por parte de la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva podrá sesionar, válidamente, con la presencia de cinco de sus miembros, como mínimo. Estos miembros serán nombrados por el Consejo de Gobierno, pero los nombramientos deberá ratificarlos la Asamblea Legislativa Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
(mayoría absoluta). La duración de los nombramientos será por períodos de noventa meses. Se nombrará un miembro cada dieciocho meses. Asimismo, los miembros de la Junta Directiva del Banco Central podrán ser reelegidos. Quien sustituya en el cargo cesante a un miembro de la Junta Directiva, antes de haber cumplido el período respectivo, será nombrado por el plazo que le falte por cumplir al Director sustituido. vi. Directores de los Bancos Comerciales del Estado
Nombramiento del Consejo de Gobierno. La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (Ley No. 1644 y sus reformas), fundamentalmente en el artículo 20, clarifica que los bancos comerciales del Estado funcionan bajo la dirección inmediata de una junta directiva, integrada por siete miembros, todos los cuales son nombrados por el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno, a solicitud de la respectiva junta directiva, podrá efectuar nombramientos interinos para sustituir a los directores que no puedan concurrir a sesiones justificadamente por períodos no menores de un mes ni mayores de un año. Ahora bien, según el artículo 24 de la Ley No.. 1644, los miembros de las juntas directivas de los bancos comerciales del Estado son designados, como se dijo, por el Consejo de Gobierno por períodos de ocho años a partir del 1° de junio del año en que se inicia el período presidencial a que se refiere el Artículo 134 de la Constitución Política. Sus nombramientos deben efectuarse en los últimos quince días del mes de mayo del mismo año. Cualquiera de los miembros de las juntas directivas puede ser reelecto. Sin embargo, una vez hecho el nombramiento de los directores y que éstos hayan entrado en funciones, el Consejo de Gobierno no podrá revocarlos si no es con base en información de la Superintendencia General de Entidades Financieras. En caso de que el Consejo de Gobierno se separe de los dispuesto por la Superintendencia, los nombramientos que haga de los nuevos directores son nulos y los que hubieran sido separados de sus cargos sin previa información, se mantendrán en sus puestos por el resto de su período legal o hasta que la Superintendencia General de Entidades Financieras encuentre que hay lugar para aplicar las disposiciones del Artículo 25 de la Ley No. 1644. Directores de la Junta Directiva del BCCR nombran a los miembros de la CONASSIF. La misma Ley No. 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, determina que la Junta Directiva del Banco Central procede a nombrar a los miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, para dar cumplimiento, sobre todo al artículo 169 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, N.° 7732. Miembros de CONASSIF nombran a los superintendentes e intendentes. A propósito de ésta Ley No. 7732, del año 1997, entre las funciones que tiene el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero está la de nombrar y remover al Superintendente General de Entidades Financieras, al Superintendente General de Valores y al Superintendente de Pensiones; asimismo, a los respectivos Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
intendentes, auditores y al subauditor interno de la Superintendencia de Entidades Financieras (vid. art. 171 inciso a) de la Ley No. 7732). Para que un superintendente o un Intendente sea nombrado, se requiere mayoría de al menos cinco votos del Consejo Nacional para un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos cuantas veces lo acuerde el Consejo Nacional. Estas personas están sujetas a las disposiciones de los Artículos 18 a 23 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Pueden ser removidos en cualquier momento por el Consejo Nacional también por mayoría de al menos cinco votos si, en el procedimiento iniciado al efecto, se determinare que han dejado de cumplir con los requisitos necesarios para su nombramiento, que han incurrido en alguna causa de impedimento, incompatibilidad o cese de funciones o en negligencia grave en el desempeño de sus funciones. vii. Procurador General de la República
Nombramiento en que intervienen dos Poderes (Ejecutivo y Legislativo): La Ley No. 6815 del 27/09/82 “Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, indica en el artículo 10 que el Procurador General será designado por el Consejo de Gobierno, pero su nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea, ante dos proposiciones sucesivas de personas diferentes, no ratificara la designación hecha por el Consejo de Gobierno, éste podrá nombrar libremente al Procurador General. Esta persona durará en su cargo seis años. En caso de remoción o renuncia, la designación del sustituto no podrá hacerse por un término mayor al que faltare para completar el período respectivo. Asimismo, podrá ser reelecto mediante el procedimiento prescrito anteriormente. La remoción del Procurador General, antes del vencimiento de su período, sólo podrá hacerse con base en causa justa, comprobada en el expediente secreto levantado al efecto por el Consejo de Gobierno; y requerirá, asimismo, la ratificación de la Asamblea Legislativa, si su nombramiento hubiese sido ratificado por ésta. En caso de que la Asamblea no ratificare la remoción, el Procurador General permanecerá en su puesto. viii.
Regulador General de los Servicios Públicos
Nombramiento en que intervienen dos Poderes (Ejecutivo y Legislativo): La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N° 7593 y sus reformas, en el artículo 47 da el marco sobre el cual se basa el nombramiento del regulador general, el regulador general adjunto y los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, los cuales son nombrados después de abrirle expediente personal y de antecedentes a cada persona que se postule o sea postulada para integrar la Junta. El Consejo de Gobierno, una vez que haya nombrado al regulador general, al regulador general adjunto y a los restantes miembros de la Junta Directiva, enviará todos los expedientes a la Asamblea Legislativa, la cual dispone de un plazo de treinta (30) días para objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produce Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
objeción, se tendrán por ratificados. En caso de objeción, el Consejo de Gobierno sustituirá al director objetado y el nuevo designado será objeto del mismo procedimiento. El nombramiento del regulador general adjunto será por seis (6) años y se nombrará un año posterior al nombramiento del regulador general3. Miembros directivos de ARESEP nombran a miembros del Consejo de la SUTEL pero la Asamblea Legislativa objeta o ratifica. El nombramiento de los miembros de la Sutel así como los requisitos y las demás condiciones se rigen en términos generales por el siguiente mecanismo: Según el artículo 61 de la Ley 7593 y su reforma dada por la Ley 8660, la integración de la Superintendencia de Telecomunicaciones estará a cargo de un Consejo que estará integrado por tres miembros propietarios. Ahora bien, estos miembros deben ser seleccionados por idoneidad comprobada, mediante concurso público de antecedentes. Eso sí, tanto los miembros titulares y el suplente del Consejo, son nombrados por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por mayoría de al menos cuatro votos, por períodos de cinco años, los cuales ejercen sus cargos a tiempo completo y con dedicación exclusiva y podrán ser reelegidos por una sola vez por parte de la Junta Directiva de Aresep. Los miembros titulares y el suplente del Consejo pueden ser removidos en cualquier momento por la Junta Directiva por igual número de votos requeridos para su nombramiento, si en el procedimiento ordinario iniciado al efecto, se determine que han dejado de cumplir con los requisitos necesarios para su nombramiento, que han incurrido en alguna causa de impedimento, de incompatibilidad o por incumplimiento grave en el ejercicio de sus funciones. La Junta Directiva de la Aresep una vez que haya nombrado a los miembros, titulares y al suplente del Consejo de Sutel, envía todos los expedientes a la Asamblea Legislativa, la cual dispone de un plazo de 30 días para objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produce objeción, se tienen por ratificados. En caso de objeción, la Junta Directiva sustituye al miembro del Consejo objetado y el nuevo designado será objeto del mismo procedimiento.
c. Nombramientos del Poder Judicial i.
Magistrados Tribunal Supremo de Elecciones
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia nombran los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. El artículo 100 de la Constitución Política preceptúa que el Tribunal Supremo de Elecciones estará integrado, ordinariamente por tres Magistrados propietarios y seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia por los votos de no menos de los dos tercios del total de sus miembros. Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las mismas responsabilidades que los Magistrados que integran la Corte. ii. Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia nombran al Fiscal General de la República y su Adjunto. La Ley No. 7442 y sus reformas “Ley Orgánica del Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
Ministerio Público”, expresa en el artículo 22, que el Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto son nombrados por mayoría absoluta de la Corte Plena, debiendo reunir los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado. La Corte Plena, por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, podrá revocar el nombramiento del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto. Por otro lado, la revocatoria del nombramiento de los fiscales, agentes fiscales y demás personal del Ministerio Público, corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial por el voto de una mayoría relativa de sus miembros (véase art. 29 de la Ley No. 7442). Fiscal General nombra otros cargos inferiores en la Fiscalía. Según el artículo 24 inciso r), de la misma ley, el Fiscal General, nombra de las ternas que al efecto envíe el órgano superior jerárquico de la carrera judicial, a los fiscales de juicio y del Tribunal de Apelaciones, agentes fiscales y fiscales auxiliares y al personal subalterno de la jefatura. Sistema de nombramientos de altos cargos en otros países a. Argentina De acuerdo al artículo 89 de la Constitución de la Nación argentina, el Presidente, según lo preceptúa el inciso 4 del citado numeral, nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto. También nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores, en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite. Asimismo, el inciso 7 de ese artículo expresa que el Presidente de la Nación “Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución.” En el plano militar el Presidente de la Nación según el numeral 13 del mencionado artículo “Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas; y por sí solo en el campo de batalla.” Como regla residual según el numeral 19 “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.” Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
En lo que atañe al Consejo de la Magistratura, éste es regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, y tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial (art. 114 de la Const. de la Nación). El Consejo es integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. El Consejo de la Magistratura debe seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. Por otra parte el artículo 86 de la Constitución de la Nación Argentina establece que el Defensor del pueblo es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. La Auditoria General del Estado es un órgano colegiado cuyo presidente del organismo es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso (art. 85 Const. Arg.). Este cuerpo tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Interviene necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. b. Chile El caso chileno es bastante vertical ya que el Presidente tiene atribuciones especiales para nombrar casi todos los puestos o cargos públicos de alto nivel, empezando por el artículo 32 de la Constitución Política de la República, mediante el cual se le confiere atribuciones especiales para:  Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores;  Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el N°. 7º precedente, serán de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella; /…/  Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado;  Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta determine; /…/  Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; al miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución.
No suficiente con el inciso 12º anterior, como intromisión adicional de un poder hacia otro, el inciso 13º del mismo artículo 32 de la Constitución chilena quiebra toda doctrina histórico liberal de división de poderes al otorgar al Presidente del Gobierno “Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al ministerio público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación” Para completar el esquema de nombramientos el inciso 16º del art. 32 faculta al Presidente a “Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104, y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la forma que señala el artículo 10”/…/ El sistema de la República de Chile a contraluz de los referentes histórico-jurídicos costarricenses se aleja en demasía de los pesos y contrapesos entre poderes, edificados y ejercitados por nuestro país a lo largo de los lustros; vale decir, se observa en el caso de esa nación suramericana vestigios del régimen anterior muy distintos a la sociología jurídica de nuestro régimen democrático. c. España La Constitución española de 1978, en su artículo 62 indica que le corresponde al Rey “d) proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución” aunque la decisión le corresponde a las Cortes Generales de acuerdo al sistema de régimen parlamentario existente. También al Rey, don Juan Carlos, se le confiere “e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.” Lo anterior pende de los estatuido en el artículo 99 de la Constitución, en el sentido de que el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, tiene la prerrogativa de otorgar su confianza al candidato, en caso que la obtenga, el Rey lo nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución son, a su vez, refrendados por el Presidente del Congreso. Como dato singular, el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa (vid. artículo 65 inciso 2 de la Const. Esp.). Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente (véase art. 100 Const. esp.). En lo que respecta al Poder Judicial, el artículo 122 de la Constitución reza en su inciso 3 que el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de ese poder), está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, quien lo preside y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio de su profesión. Ahora bien, la figura central de Presidente del Tribunal Supremo, como se adelantó, es de nombramiento del Rey pero a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (vid. art. 123.2 Const. Esp.). El Ministerio Fiscal es el órgano cuya misión está dirigida a promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, lo ejerce el Fiscal General del Estado nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General el Poder Judicial (vid. art. 124 Const. Esp.). El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado español. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado (vid. art. 136 Const. Esp.). El tribunal en pleno está integrado por doce miembros Consejeros de Cuentas, uno de los cuales es Presidente y otro fiscal. El Presidente es nombrado de entre sus miembros por el Rey, es decir, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de tres años. Los Consejeros de cuentas son designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación de mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años, entre Censores del Tribunal de Cuentas, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de la Universidad y funcionarios públicos pertenecientes a cuerpos cuyo ingreso exija titulación académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. (Véase LO 2/1982, de 12 de mayo, arts. 21, 29 y 30) El Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprometidos en el Título I de la Constitución de España, supervisando la actividad de la administración, dando cuenta a las Cortes. Es elegido por un período de cinco años. Este cargo se selecciona preliminarmente en una Comisión Mixta Congreso-Senado por acuerdo adoptado por mayoría simple. Luego el nombre se somete al Pleno de las Cámaras, siendo designado quien cuente con las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esa misma mayoría del Senado. (vid. LO 3/1981, de 6 de abril, arts. 1 y 2) El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Estos miembros son designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato (art. 159 Const. Esp.). El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres años. Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
Desglosando cómo se eligen los cargos que le corresponden al Congreso de los Diputados, el Reglamento de la Cámara de Diputados, especialmente los artículos 204 al 206 indican la forma. Así las propuestas de nombramiento y de la designación de personas, como los cuatro miembros del Consejo General del Poder Judicial y de los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional a que se refieren, respectivamente, los artículos 122.3 y 159.1 de la Constitución, se nombran por el Pleno de la Cámara. En esos casos, cada Grupo Parlamentario puede proponer hasta un máximo de cuatro candidatos para cada una de las instituciones, pudiendo intervenir al efecto por tiempo máximo de cinco minutos. Los Diputados podrán escribir en la papeleta hasta cuatro nombres. Resultarán elegidos, tanto para el Consejo General del Poder Judicial como para el Tribunal Constitucional, aquellos cuatro candidatos que más votos obtengan, siempre que hayan conseguido, como mínimo, cada uno tres quintos de los votos de los miembros del Congreso. Si en la primera votación no se cubrieran los cuatros puestos, se realizan sucesivas votaciones, en las que se puede reducir progresivamente el número de candidatos a partir de un número no superior al doble del de puestos a cubrir. En estas votaciones sucesivas se puede incluir en las papeletas un número de candidatos igual que el de puestos a cubrir. La Presidencia puede, si las circunstancias lo aconsejan, interrumpir, por un plazo prudencial, el curso de las votaciones. Los posibles empates, con relevancia a efectos de la propuesta, se dirimirán en otra votación entre los que hubieren obtenido igual número de votos. En otro orden, la propuesta para el nombramiento de los seis Vocales del Consejo General del Poder Judicial que la Cámara debe realizar entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales se ajusta a las siguientes reglas: La presentación de candidatos, hasta un máximo de treinta y seis, corresponde a los Jueces y Magistrados, en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los candidatos presentados son sometidos directamente a la votación del Pleno, una vez comprobado por la Mesa de la Cámara que cumplen los requisitos constitucional y legalmente establecidos, sin que proceda la comparecencia previa de los mismos. Los Grupos Parlamentarios pueden intervenir para explicar su posición por un tiempo máximo de cinco minutos. Finalmente las votaciones se ajustan a lo dispuesto en los párrafos anteriores, pudiendo cada Diputado escribir en la papeleta hasta seis nombres. d. Francia En la Constitución francesa de 1958, el Presidente de la República nombra al Primer Ministro y le cesa al presentar éste último la dimisión del Gobierno. De modo igual, a propuesta del Primer Ministro éste nombra y cesa a los demás miembros del Gobierno (véase artículo 8) . Se reserva al Presidente de la República (art. 13 Const.), la firma de las ordenanzas y los decretos discutidos en Consejo de Ministros. Asimismo nombra los cargos civiles y militares del Estado. De igual forma son nombrados en Consejo de Ministros los Consejeros de Estado, el Gran Canciller de la Legión de Honor, los embajadores y enviados extraordinarios, los consejeros del Tribunal de Cuentas, los prefectos, los Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
representantes del Gobierno en los territorios de Ultramar, los oficiales generales, los rectores de las academias, y los directores de las administraciones centrales. Se remite a una ley orgánica la determinación de los demás cargos que deben ser cubiertos en Consejo de Ministros, así como las condiciones en las cuales el Presidente de la República puede delegar su competencia en los nombramientos para ser ejercida en su nombre. En lo que toca a la Asamblea Nacional francesa, cuando se pretende nombrar personas según lo disponga la Constitución y las Leyes o reglamentos de la Cámara, se designan por representación proporcional de los grupos, en cuyo caso el Presidente fija un plazo dentro del cual los presidentes de los grupos ponen en conocimiento los nombres de los candidatos. Esas candidaturas son expuestas y se publican en el Journal Officiel. La designación surte efecto después de la última publicación (art. 25 Reglamento de la Asamblea Nacional). Otro dato interesante consiste en que, si el número de candidatos fuere superior al de puestos a cubrir o si el texto constitutivo dispone que procede votación y no simple repartición proporcional de puestos como es la regla, se procede a los nombramientos mediante votación uninominal o plurinominal según los casos. Este procedimiento se hace por papeleta. Es necesaria la mayoría absoluta en las dos primeras vueltas y bastará mayoría relativa en la tercera y en caso de empate será nombrado el de mayor edad (vid. art. 26 del Regl. Asamblea Nacional). Según se proyecta en el artículo 65 de la Constitución francesa, el Consejo Superior de la Magistratura es presidido por el Presidente de la República. El Ministro de Justicia es su vicepresidente nato pudiendo suplir al Presidente de la República. Este Consejo está compuesto por dos salas, una para los magistrados y otra para los fiscales. La sala de los magistrados comprende, además del Presidente de la República y el Ministro de Justicia, cinco magistrados y un fiscal, un consejero de Estado, designado por el Consejo de Estado, y tres personalidades que no pertenezcan ni al Parlamento ni a la carrera judicial, designados respectivamente por el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente del Senado. Por su parte, la sala de los fiscales comprende, además del Presidente de la República y el Ministro de Justicia, cinco fiscales y un magistrado, el consejero de Estado y las tres personalidades mencionados en el párrafo anterior. Esta sala emite dictamen sobre los nombramientos referentes a los fiscales, a excepción de los cargos que se provean en Consejo de Ministros. A su vez, la sala de los magistrados del Consejo Superior de la Magistratura formula propuestas para los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Casación, los de primer presidente de tribunal de apelación y los de presidente de tribunal de gran instancia. Los demás magistrados son nombrados con su dictamen favorable. Como lo dispone el artículo 67 de la Constitución se instituye un Alto Tribunal de Justicia. Cuando se trata de la elección de los miembros del Alto Tribunal de Justicia, la Asamblea elige al principio de la legislatura 12 magistrados titulares y 12 Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
magistrados suplementes, mediante votación secreta, plurinominal y en escrutinios separados. Se aplica el mismo mecanismo de presentación de candidaturas dispuesto anteriormente. Resultan elegidos en cada vuelta, en el orden mismo de los votos, los candidatos que hubieren obtenido por lo menos el mínimo de votos igual a la mayoría absoluta de los votos emitidos. Se procede para cada candidatura tantas vueltas como sean necesarias hasta que queden cubiertos todos los puestos. Para el caso del Tribunal de Justicia de la República, la Asamblea al principio de la legislatura nombra 6 magistrados titulares y 6 magistrados suplentes, mediante votación secreta plurinominal. Cada candidato suplente va asociado a su titular. En lo demás se acciona lo ya expuesto. En cuanto al Consejo Constitucional francés, el artículo 56 de la Constitución indica que está compuesto por nueve miembros, cuyo mandato dura nueve años y no es renovable. El Consejo Constitucional se renueva por tercios cada tres años. Tres de sus miembros son nombrados por el Presidente de la República, tres por el Presidente de la Asamblea Nacional y tres por el Presidente del Senado. Además de los nueve miembros arriba mencionados, los ex-Presidentes de la República son miembros vitalicios de pleno derecho del Consejo Constitucional. El Presidente es nombrado por el Presidente de la República. Éste tiene voto de calidad en caso de empate. e. Italia El que haya sido Presidente de la República se constituye en senador vitalicio. Pero además al Presidente de la República en ejercicio puede nombrar senadores vitalicios a cinco ciudadanos que hayan enaltecido la Patria con sus extraordinarios méritos en el campo social, científico, artístico y literario (vid. Art. 59 Const.). En el sistema italiano el Gobierno de la República se compone del Presidente del Consejo y de los Ministros que constituyen, conjuntamente, el Consejo de Ministros, correspondiéndole al Presidente de la República nombrar al Presidente del Consejo de Ministros y, a propuesta de éste, a los Ministros (art. 92 de la Const.) Los cargos públicos se organizan según los preceptos de la ley de modo que se garantice su buen funcionamiento y la imparcialidad de la Administración. En las disposiciones relativas a los cargos se determina su ámbito de competencia, las atribuciones y las responsabilidades propias de los funcionarios. Se accede a los empleos de la Administración Pública mediante oposición salvo los casos que la ley establezca (art. 97 Const.). En lo que atañe a la Magistratura ésta constituye un orden autónomo e independiente de cualquier otro poder (art. 104 Const.). El Consejo Superior de la Magistratura estará presidido por el Presidente de la República. Forman parte del mismo, como miembros de pleno derecho, el Primer Presidente y el Fiscal General del Tribunal Supremo. Los demás componentes son elegidos del siguiente modo: dos tercios por la totalidad de los magistrados ordinarios de entre los pertenecientes a las diversas categorías y un tercio por el Parlamento, en sesión conjunta, de entre los Catedráticos de Universidad en disciplinas jurídicas y abogados con quince años de ejercicio. El Consejo elige un vicepresidente entre los componentes designados Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
por el Parlamento. Los miembros electivos del Consejo permanecen en el cargo durante cuatro años y no son inmediatamente reelegibles. Las designaciones de los magistrados se hacen por oposición. La ley relativa al ordenamiento de la judicatura puede permitir que la designación de los magistrados honorarios se realice mediante elección; éstos serán competentes para todas las funciones atribuidas a los jueces individuales. Previa designación del Consejo Superior de la Magistratura pueden ser designados como consejeros del Tribunal Supremo, por concurrir en ellos méritos insignes, Catedráticos de Universidad en disciplinas jurídicas y abogados con quince años de ejercicio profesional que figuren inscritos en los registros especiales correspondientes a las jurisdicciones superiores (art. 106 de la Const.). En Italia el Tribunal Constitucional (véase art. 135 de la Constitución) está compuesto por quince magistrados, un tercio de los cuales son nombrados por el Presidente de la República, otro tercio por el Parlamento, en sesión conjunta, y el tercio restante por las supremas magistraturas ordinaria y administrativas. Los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos de entre los magistrados, incluidos los jubilados, pertenecientes a las jurisdicciones superiores ordinaria y administrativas, los Catedráticos de Universidad en disciplinas jurídicas y los abogados con veinte años de ejercicio. Estos magistrados del Constitucional son nombrados por nueve años que empiezan a contabilizarse, para cada uno de ellos, desde el día del juramento, sin que puedan ser nuevamente designados. Cuando expira su mandato, cada magistrado constitucional cesa en el cargo y en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal elige, de entre sus componentes a su Presidente, que permanece en el cargo por un trienio y que puede ser reelegido, sin perjuicio de la expiración del cargo de juez. El cargo de magistrado es incompatible con el de miembro del Parlamento o de un Consejo Regional, con el ejercicio de la profesión de abogado y con cualquier cargo o puesto que la ley determine. En los juicios de acusación contra el Presidente de la República intervienen, además de los vocales ordinarios del Tribunal, dieciséis miembros elegidos a suertes por un colegio de ciudadanos que reúnan los requisitos para ser elegido como senador y que el Parlamento elegirá, cada nueve años, siguiendo los mismos trámites establecidos para el nombramiento de los magistrados ordinarios. f. Perú En el caso peruano corresponde al Presidente de la República nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso (vid. Art. 118 de la Const.). También le corresponde nombrar y remover al Presidente del Consejo de Ministros y a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo (vid. Art. 122 Const.). El Banco Central de Reserva del Perú es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. (vid. Art. 86 Const.). Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período constitucional. En este país de Suramérica el Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular. Este órgano es independiente y se rige por su Ley Orgánica (art. 150 Const.). Dentro de sus funciones está la de nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros. Los miembros de este importante órgano judicial se designan (vid. Art. 155 Const) así: Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena; uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos; uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta; dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley; uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales, y uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares. El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial. Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un período de cinco años. Cualesquiera de estos miembros pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros (vid. Art. 157 de la Const.). El Ministerio Público es autónomo, los preside el Fiscal de la Nación el cual es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría (art. 158 Const.). El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (vid. Art. 182 Const.). Asimismo, el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (vid. Art. 183 Const.). Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
Adicionalmente, el artículo 64 del Reglamento del Congreso de la República del Perú menciona los procedimientos especiales de nombramientos, entre los cuales comprende la designación del Contralor, la elección del Defensor del Pueblo, de los miembros del Tribunal Constitucional y de tres miembros del Directorio del Banco Central de Reserva, así como la ratificación del Presidente de dicho Banco y del Superintendente de Banca y Seguros. El Congreso a través de la Comisión Permanente designa y remueve al Contralor y ratifica la designación del Presidente del Banco Central de Reserva, a quien puede remover, y del Superintendente de Banco, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y con aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo. Cuando se trata de altos funcionarios no Congresistas se requiere el sistema de votación secreta y por cédula. La votación se efectúa en un mismo día, sin posibilidad de receso o suspensión de la sesión. g. Uruguay Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde nombrar el personal consular y diplomático, con obligación de solicitar el acuerdo de la Cámara de Senadores, o de la Comisión Permanente hallándose aquélla en receso, para los Jefes de Misión. Si la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente no dictaran resolución dentro de los sesenta días, el Poder Ejecutivo prescinde de la venia solicitada.( vid. artículo 168. 12 Const.). Los Ministros tienen como atribución en sus respectivas carteras y de acuerdo con las leyes y las disposiciones del Poder Ejecutivo proponer el nombramiento o destitución de los empleados de sus reparticiones (art. 181.5 Const.). Cada Ministerio tiene un Subsecretario que ingresa con el Ministro, a su propuesta, y cesa el cargo con él, salvo nueva designación (art. Artículo 183)... El Estado uruguayo se caracteriza por tener en su aparato diversos servicios del dominio industrial y comercial administrados por Directorios o Directores Generales con grado de descentralización. Los miembros de los Directorios y los Directores Generales que no sean de carácter electivo, son designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes elegidos. (vid. Art. 187 Const.). Si la venia no fuese otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado. La ley por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara podrá establecer otro sistema de designación. El artículo 85.18 de la Constitución del país oriental dispone que a la Asamblea General le compete: Elegir, en reunión de ambas Cámaras, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
Administrativo y del Tribunal de Cuentas, con sujeción a lo dispuesto en las Secciones respectivas. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, ésta se compondrá de cinco miembros (vid. Art. 234 Const.). Como se indicó son designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad en tal cargo por el que tenga más años en el ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal. En los casos de vacancia y mientras éstas no sean provistas, y en los de recusación, excusación o impedimento, para el cumplimiento de su función jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia se integrará de oficio en la forma que establezca la ley (art. 236 Const.). Los miembros de la Suprema Corte de Justicia duran diez años en sus cargos y no podrán ser reelectos sin que medien cinco años entre su cese y la reelección. La Suprema Corte de Justicia nombra a los Jueces Letrados de todos los grados y denominaciones, necesitándose, en cada caso, la mayoría absoluta del total de componentes (art. 239.5 Const.). En Uruguay el Tribunal de Cuentas está compuesto por siete miembros que deben reunir las mismas calidades exigidas para ser Senador. Son designados por la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras por dos tercios de votos del total de sus componentes. Sus miembros cesan en sus funciones cuando la Asamblea General, que sustituya a la que los designó, efectúe los nombramientos para el nuevo período. Podrán ser reelectos y tendrán, cada uno de ellos, tres suplentes para los casos de vacancia, impedimento temporal o licencia de los titulares (véase art. 208 Const.). Finalmente, la Asamblea General podrá destituirlos, en caso de ineptitud, omisión o delito, mediando la conformidad de dos tercios de votos del total de sus componentes.
REFERENCIAS Arias, Bernal, “Estudio comparativo de normativa parlamentaria”. En: http://www.estadonacion.or.cr/Info2008/Ponencias/Fortalecimiento/Estudiocomparativo-Arias-2008, San José, Costa Rica, Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2008. Asamblea Legislativa de Costa Rica: Acuerdos: • Acuerdo Nº 6115, del 23 de junio de 2003. Expedientes: • Exp. No. 16.217, Comisión Especial de Reglamento • Exp. No. 16.918 Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos • Exp. No. 16.917 Comisión Especial de Seguridad Ciudadana • Exp. No. 16.262 Comisión Especial de Derechos Humanos Leyes: • Ley No. 7319 “Defensoría de los Habitantes de la República”, publicada en la Gaceta #287 del 10 de diciembre de 1992 • Ley No. 8365 Reforma Constitucional de 15 de julio de 2003. • Ley No. 7558 y sus reformas “Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica” • Ley No. 1644 y sus reformas “Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional” • Ley No. 7732 “Ley Reguladora del Mercado de Valores” • Ley No. 6815 del 27/09/82 “Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. • Ley No. 7593 y sus reformas “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos” • Ley No. 8660 “Ley General de Telecomunicaciones” • Ley No. 7442 y sus reformas “Ley Orgánica del Ministerio Público” Constituciones Políticas de los siguientes países: • • • • • • • • • •
Argentina Chile Costa Rica Brasil España Francia Italia Perú Portugal Uruguay
Cortes españolas: Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
• LO 2/1982, de 12 de mayo “Tribunal de Cuentas” • LO 3/1981, de 6 de abril “Defensor del Pueblo” Reglamentos de: • • • • • • • •
Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Argentina) Cámara de Diputados (Chile) Asamblea Legislativa (Costa Rica) Congreso de los Diputados (España) Asamblea Nacional (Francia) Cámara de Diputados (Italia) Congreso (Perú) Cámara de Representantes (Uruguay)
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia • Voto No. 2621-95
En: http://www.estadonacion.or.cr/Info2008/Ponencias/Fortalecimiento/Estudio-comparativo-Arias-2008
Para el nombramiento y remoción de los Ministros bastará la firma del Presidente de la República (vid. art. 146 CP). 3
Así reformado, por artículo 41, inciso i) de la Ley 8660 de 8/8/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta 156 del 13/8/2008.
/Arias2009a
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/015/docs/Fortalecimiento/Arias2009a.pdf