Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=635846
Timestamp: 2019-07-21 07:40:25
Document Index: 21560499

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 394', 'artículo 77', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 394', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 15', 'e contrario', 'artículo 71', 'artículo 225', 'artículo 225', 'artículo 226', 'artículo 225', 'artículo 226', 'artículo 225', 'artículo 229', 'artículo 222', 'artículo 222', 'artículo 222', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 394', 'artículo 390', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 394', 'artículo 394', 'artículo 394', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9']

EXTENSIÓN Y MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS A FORESTACIÓN ESTABLECIDOS EN DECRETO LEY Nº 701
PROTECCIÓN DE INTEGRIDAD DE HIJOS MENORES DE PADRES SEPARADOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE OTORGA LA NACIONALIDAD CHILENA A LOS HIJOS, NACIDOS FUERA DE CHILE, DE REFUGIADOS QUE HAYAN OBTENIDO CARTA DE NACIONALIZACIÓN (8985-17)
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR LARRAÍN FERNÁNDEZ, SEÑORA VON BAER Y SEÑORES CHAHUÁN, GARCÍA-HUIDOBRO Y URIARTE, CON LA QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL ARTÍCULO 394 DEL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE INFANTICIDIO (8987-07)
PROYECTO DE ACUERDO DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON EL QUE PIDE A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL ENVÍO DE UN PROYECTO QUE RECONOZCA A LOS OFICIALES POLICIALES, ACOGIDOS A RETIRO DURANTE EL PERÍODO QUE INDICA, SU DERECHO AL SOBRESUELDO DE 35% POR DESEMPEÑO EN LAS UNIDADES POLICIALES ESPECIALIZADAS QUE ESTABLECIÓ LA LEY N° 17.700, HACIÉNDOLO EXTENSIVO AL BENEFICIO DE MONTEPÍO (S 1584-12)
Sesión 29ª, en martes 11 de junio de 2013
(De 15:14 a 18:28)
Proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre fomento forestal, que modifica y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el decreto ley N° 701, de 1974 (8603-01) (se aplaza la votación)...............................................................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (5917-18 y 7007-18, refundidos) (se aprueba el informe)...................................................................
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y de Agricultura subrogante, señor Álvaro Cruzat Ochagavía. Asimismo, estuvo presente el Director Nacional de CONAF , señor Eduardo Vial.
--Se abrió la sesión a las 15:14, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 27ª y 28, ordinarias, en 4 y 5 de junio del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Uno de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Informa que, en su oportunidad, retiró la urgencia para el proyecto que modifica los artículos 88 y 89 de la ley Nº 20.255, en relación con el régimen del seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicable a los afiliados independientes y voluntarios del nuevo sistema de pensiones (boletín Nº 8.936-13).
Cinco de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte (boletín Nº 8.085-29).
2.- Proyecto de ley que regula la actualización de los padrones electorales (boletín Nº 8.972-06).
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", al proyecto que modifica los artículos 88 y 89 de la ley Nº 20.255, en relación con el régimen del seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicable a los afiliados independientes y voluntarios del nuevo sistema de pensiones (boletín Nº 8.936-13).
Con el tercero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (boletín Nº 8.034-15).
2.- El que modifica la ley Nº 19.132, de Televisión Nacional de Chile, para ampliar el giro de la empresa (boletín Nº 8.273-15).
Con los dos últimos retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas legales:
1.- La que establece la Ley Orgánica de la Institucionalidad Estadística Nacional (boletín Nº 8.767-06).
2.- La que dicta normas sobre compensaciones a usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos (boletín Nº 2.357-09).
Expresa su parecer, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que establece un régimen de penalidad accesoria aplicable a personas condenadas por delitos sexuales en contra de menores de edad y prohíbe conceder beneficios penitenciarios a los autores del delito de violación (boletín Nº 8.849-07).
Emite dictamen, ante solicitud formulada en nombre del Senador señor Escalona, relativo a la no procedencia del pago de quinquenios penitenciarios al personal de Gendarmería de Chile, por encontrarse derogada la legislación que establecía tal beneficio.
Remite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2012 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Contesta acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Navarro, Gómez y Quintana, relativo al establecimiento de una política pública de interconexión de sistemas y plataformas diversos, que considere servicios de "computación en la nube" (cloud computing), en modalidades de arrendamiento o suscripción de equipamiento computacional, con el fin de favorecer la reducción de costos, el aumento de eficiencia y el acceso a tecnologías para los usuarios de esos servicios (boletín Nº S 1.540-12).
Da respuesta a solicitudes de antecedentes, enviadas en nombre del Senador señor Navarro, respecto de los siguientes asuntos:
1.- Acciones y actividades desarrolladas desde el año 2011 a la fecha por Chile California Council.
2.- Características del software y del soporte computacional utilizado en proceso de certificación de la firma electrónica avanzada.
Envía ejemplar del Balance de Gestión Integral 2012 de dicha Subsecretaría de Estado , en cumplimiento a lo establecido por el artículo 52 del decreto ley Nº 1.263, de 1975.
Del señor Subsecretario de Deportes :
Contesta solicitud, formulada en nombre de la Senadora señora Rincón, sobre posibilidad de mejorar la infraestructura del Estadio fiscal Manuel Moya Medel, en comuna de Cauquenes.
Responde petición de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Tuma, relativa al grado de cumplimiento por BancoEstado de los preceptos constitucionales y legales y de las normas particulares emanadas de esa Superintendencia, en materia de remisión de información a las personas que han contratado créditos con aval del Estado.
Del señor Director Nacional (s) del Territorio Marítimo y de Marina Mercante:
Contesta petición de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Navarro, sobre captura y destino de los crustáceos hallados en ductos de las centrales termoeléctricas de comuna de Coronel.
De la señora Directora Nacional (s) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura:
Responde petición de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de captura y destino de los crustáceos hallados en ductos de las centrales termoeléctricas de comuna de Coronel.
Del señor Presidente del Consejo del Sistema de Empresas:
Informa, con arreglo a lo prescrito por el artículo 2º de la ley Nº 19.847, sobre los convenios de programación 2012 correspondientes a Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. y Empresa Nacional de Aeronáutica, y al desempeño financiero del ejercicio 2012 respecto de las demás empresas a las que esa entidad presta asesoría técnica.
Del señor Presidente de la Asociación Gremial de Cajas de Compensación, Cajas de Chile A.G.:
Da respuesta a conceptos vertidos por el Honorable señor Navarro durante una intervención en la hora de Incidentes, respecto de los créditos sociales que otorgan aquellas instituciones, transcripción que fue remitida en nombre y a petición del mencionado señor Senador .
Dos de la Comisión de Economía:
El primero, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre interés máximo convencional (boletines Nos 7.786-03, 7.932-03 y 7.890-03, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
El segundo, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que pone término a existencia legal de Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA) (boletín Nº 8.786-27) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín Nº 8.493-14) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que permite ampliar el plazo para que concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley Nº 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana (boletín Nº 8.817-15) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago sobre Autorización para que los Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Técnico y Administrativo de las Misiones Diplomáticas y Consulares realicen Actividades Remuneradas, suscrito en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 29 de marzo de 2012 (boletín Nº 8.843-10).
Del Senador señor Chahuán, con la que da inicio a un proyecto de reforma constitucional que otorga nacionalidad chilena a los hijos, nacidos fuera de Chile, de refugiados que hayan obtenido carta de nacionalización (boletín Nº 8.985-17).
De los Senadores señor Larraín Fernández, señora Von Baer y señores Chahuán, García-Huidobro y Uriarte, con la que inician un proyecto de ley que deroga el artículo 394 del Código Penal, que tipifica el delito de infanticidio (boletín Nº 8.987-07).
Del Senador señor Chahuán, con el que pide a Su Excelencia el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que reconozca a los oficiales policiales, acogidos a retiro durante el período que indica, su derecho al sobresueldo de 35 por ciento por desempeño en las unidades policiales especializadas que estableció la ley Nº 17.700, haciéndolo extensivo al beneficio de montepío (boletín Nº S 1.584-12).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , pido recabar el asentimiento de la Sala para ampliar el plazo de indicaciones, hasta las 19 de hoy, al proyecto que crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra (ITO) y de revisores de proyectos de cálculo estructural, y modifica normas legales para garantizar la calidad de la construcción y agilizar las solicitudes ante las direcciones de obras municipales, radicado en la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Requiero la autorización para que ingrese a la Sala el señor Director Nacional de CONAF, don Eduardo Vial.
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de iniciar el tratamiento del primer proyecto en tabla, que se refiere al fomento forestal, quiero agradecer la presencia en las tribunas de un grupo importante de machis y loncos de la Novena Región, quienes vienen precisamente a escuchar el debate sobre dicha materia.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Como se anunció, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre fomento forestal, que modifica y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el decreto ley N° 701, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8603-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 3 de abril de 2013.
Agricultura: sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
Sesiones 28ª, en 5 de junio de 2013 (se aprueba en general); 28ª, en 5 de junio de 2013 (queda para segunda discusión).
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La primera discusión de la iniciativa se efectuó en sesión del miércoles 5 de junio.
Cabe tener presente que los números 15 y 16 del artículo 1º del proyecto tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos favorables para su aprobación.
Asimismo, hay que recordar que en sesión de 9 de abril del año en curso la Sala acordó que el proyecto fuera conocido en el segundo informe por las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas pertinentes del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , estimados colegas, el proyecto en análisis dice relación con lo que ha ocurrido en nuestros campos y en partes importantes de los territorios de la Novena, de la Octava y de la Décima Región, especialmente.
Se han convertido en bosques no solo grandes extensiones de terrenos con aptitud forestal, sino también sectores eminentemente agrícolas. Y ello origina un despoblamiento en los territorios agrícolas, afectándose a los campesinos y, muy en particular, a las comunidades indígenas.
El cambio climático ha afectado al mundo agrícola debido al calentamiento global, pero también lo ha hecho el exceso de consumo de agua que requieren las plantaciones de pino y eucalipto. Por esta razón, hoy día la gran mayoría de las poblaciones rurales, especialmente en comunidades mapuches, están siendo servidas por camiones aljibe municipales, ante la incapacidad en las regiones de satisfacer las necesidades con proyectos de agua potable rural. Ello sucede fundamentalmente porque se han secado las vertientes, los pozos y los llamados "menokos", que son para las machis -presentes acá- espacios muy significativos en materia de sobrevivencia y para sus prácticas medicinales y culturales.
Pido a la bancada socialista que realice su "asamblea" en otro momento.
El señor PIZARRO (Presidente).- Estimados Senadores, guarden silencio. Está interviniendo el Senador señor Tuma.
En definitiva, señor Presidente, este proyecto no es inocuo; no es neutro.
En algún momento hemos celebrado habernos convertido en una potencia exportadora forestal. Ello es un mérito. Pero refleja una mirada bastante sesgada de lo que es Chile y de lo que debe ser nuestro proyecto de sociedad.
No se trata de devaluar lo que significan la exportación y el fortalecimiento de la industria forestal. Este sector se posiciona quizás en el segundo lugar después del minero, con cerca de seis millones de exportaciones en 2012.
Sin embargo, no podemos valorizar la construcción de la sociedad solo en función del monto exportable. También debemos atender a cómo hacemos feliz a la gente. Y yo he detectado una enorme infelicidad en el mundo rural, producto precisamente de que se han rodeado de bosques, de plantaciones que los han dejado sin población y, más todavía, sin agua ni vegetación. Hemos cambiado el paisaje de nuestros territorios.
Por lo tanto, siento que esta necesidad de los grandes productores forestales de seguir percibiendo subsidios del Estado para continuar ganando una alta rentabilidad a costa de la degradación de la vida rural debe ser motivo de revisión.
Este proyecto no hace otra cosa que renovar lo mismo que había antes. Alguien dirá: "Es que ahora beneficiará a los más pequeños". Esto también se señaló en la ocasión anterior, por lo que nada me hace pensar que eso será garantizado. La ley Nº 19.561, de 1998 hasta 2010, estuvo orientada a pequeños propietarios y, sin embargo, solo el 39 por ciento de la superficie bonificada correspondió a dicho segmento. En consecuencia, el contenido de la iniciativa que nos ocupa no es distinto del que dispone el actual decreto ley Nº 701 -o a la parte ya caducada-, que quiere modificarse y extenderse por veinte largos años sin considerar los intereses de las poblaciones que van a ser afectadas.
El proyecto, además, considera una barrera de entrada a los pequeños productores forestales, porque los subsidios siguen siendo concursables. Y ya sabemos qué ocurre con los concursos: siempre los ganan los más grandes, y los más pequeños no tienen opción.
Además, se argumenta que los más pequeños serán los más beneficiados, en circunstancias de que estos no poseen ni capacidad ni capital para resistir durante quince años en espera de la rentabilidad.
Ante ello, quiero expresar mi rechazo a la iniciativa, sin perjuicio de debatir alguna medida que pueda ser contextualizada en favor de los pequeños agricultores o propietarios de terrenos forestales.
Debo señalar que este Congreso vulnerará derechos si aprueba en general el proyecto en debate. Me refiero a los derechos del mundo indígena. Nosotros, en 2008, aprobamos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, vigente en Chile desde 2009, que establece que cualquier iniciativa que pueda afectar a los pueblos originarios ha de ser sujeta a consulta. Y he escuchado en los territorios que represento que ello no se ha realizado.
En algunas comunidades recibieron cierta información, pero eso no corresponde a una consulta. El Convenio 169 establece una consulta de buena fe. En este caso, eso no ha ocurrido.
Las comunidades indígenas no se han expresado acerca de este proyecto. No ha habido un conocimiento de ello. Porque, cuando en algún momento se produjo la llamada "consulta", el Senado aún no había rechazado la iniciativa sobre institucionalidad forestal. Por tanto, el contexto es absolutamente diferente y no se ha cumplido con una condición sine qua non: haber consultado primero a los pueblos originarios.
Por eso, pido a los colegas que, dado que siempre somos respetuosos de los derechos de los pueblos indígenas -así lo decimos por lo menos; pero una cosa es lo que afirmamos con las palabras y otra diferente, lo que ponemos en el tablero de votaciones-, rechacemos este proyecto mientras no se lleve a efecto la consulta referida ni se efectúen los procedimientos que garanticen que estamos cumpliendo con los derechos que establecen los convenios internacionales que Chile ha firmado.
Yo soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde expresamos por unanimidad nuestro apego al Derecho Internacional. En reiteradas ocasiones, hemos conseguido que esta Sala se pronuncie en la misma forma. Y ello tiene que ver también con el cumplimiento de los compromisos internacionales.
Por consiguiente, votaré en contra de esta iniciativa en tanto no se haga la consulta mencionada. Y espero escuchar, valorar y sentir la solidaridad no con el Senador que habla, sino con los pobladores del mundo rural y particularmente con los pueblos originarios, que tantas veces se mencionan aquí, pero a los que no siempre se favorece en las votaciones.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Quiero aprovechar de saludar también a un grupo de dirigentes de los pequeños agricultores de la provincia de Cardenal Caro, de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, que nos acompañan en las tribunas. Y, asimismo, a mi amigo Aldo Alfaro, quien representa a los de la provincia de Limarí, de la Cuarta Región.
)----------)
El señor CRUZAT ( Ministro de Agricultura subrogante ).- Señor Presidente , en la continuación del debate sobre este proyecto, iniciado la semana pasada, quiero aclarar algunas aseveraciones del Senador señor Tuma .
Ante todo, debo precisar que la iniciativa del Ejecutivo no tiene como finalidad prorrogar la vigencia del decreto ley N° 701, sino modificar profundamente el espíritu de dicha legislación.
En primer lugar, se focaliza la ayuda exclusivamente en los pequeños y medianos propietarios forestales. La antigua ley incorporaba en el beneficio a las grandes empresas.
O sea, el principio orientador fundamental del texto propuesto es apoyar a las comunidades y sectores más vulnerables.
En segundo término, con relación al objeto del proyecto, se incorpora, tal como señalamos en anteriores intervenciones, un nuevo fondo, destinado a generar cobertura vegetal. La ley antigua tenía un objetivo esencialmente maderero. Y así se consagró. A lo mejor en su origen contenía otras intenciones, pero no se tuvo la capacidad para abordar de manera separada los propósitos forestales madereros de los objetivos forestales de protección de cobertura vegetal.
Como eso no se consiguió bien, en esta nueva propuesta legislativa que se somete a consideración del Senado se separa en forma expresa el objetivo de forestación maderero del de forestación de protección vegetal. Y esto va en beneficio directo de muchas comunidades indígenas que no buscan en esta legislación un objetivo maderero, sino uno de protección ambiental, de generación de servicios ambientales.
Es indudable que eso va a ampliar la cobertura territorial de la ley, y es nuestra aspiración que así sea. De hecho, desde esa perspectiva el proyecto incorpora una ventanilla territorial de postulación, para que esta se focalice hacia las zonas que sea factible priorizar. Porque hoy en día es una ventanilla abierta y los beneficios se concentran principalmente en la zona centro-sur.
En cuanto a lo planteado por el Senador señor Tuma -considerando que en el país todavía se discute la forma de participación indígena a que se refiere el Convenio N° 169 de la OIT-, cabe manifestar que la Corporación Nacional Forestal desplegó en el país, durante más de 10 meses, a cientos de funcionarios. Y fueron consultados 1.400 comunidades y líderes de las distintas etnias.
Es evidente que dicho mecanismo no es perfecto. Y no puede serlo, porque no está definido en nuestro ordenamiento jurídico. Pero es indudable que se ha procedido de buena fe; ha habido transparencia de parte de la Corporación Nacional Forestal y del Gobierno para recibir opiniones e informar a los pueblos originarios respecto del sentido de la ley en proyecto.
Tan así es que en el articulado se consignan diversos beneficios para las comunidades indígenas. Por ejemplo, se les otorga, como una excepción, el beneficio de reforestar en el mismo lugar; y, también, el de desafectar terrenos, que originalmente se les pueden haber entregado con la bonificación para fomento forestal, si quieren destinarlos a otras actividades.
Al mismo tiempo, se dispone el financiamiento pertinente para apoyarlas en la elaboración de los planes de manejo forestal.
En consecuencia, no solamente hubo un proceso de consulta profundo, largo, detenido, sino que también se acogieron muchas observaciones y propuestas para mejorar la normativa.
Desde ese punto de vista, deseo enfatizar dónde estamos parados hoy.
Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara Baja con apoyo y aportes de parlamentarios de distintas tendencias. Esta tarde se está sometiendo a consideración del Senado para su discusión y votación en general, con el propósito de que sea estudiada en particular en las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, donde hay la posibilidad de seguir contribuyendo a perfeccionarla, de modo de contar con esta ley que Chile necesita para el futuro.
Por lo tanto y con ese mismo espíritu, solicito a la Sala que apruebe la idea de legislar y, de esa manera, construir, mediante el debate legítimo y con las diferencias y los aportes que pueda hacer cada uno de los señores Senadores, una mejor legislación forestal para los próximos 20 años.
Actualmente no se encuentra vigente el beneficio de la Ley de Fomento Forestal, lo que genera incertidumbre en muchos grupos de viveristas, propietarios, consultores y en la propia Corporación Nacional Forestal.
Por las razones expuestas, esperamos que esta Alta Cámara apruebe en general el proyecto, a fin de que podamos mejorarlo en las Comisiones unidas. Para ello, hemos consensuado una serie de puntos con un grupo de Senadores, coordinado por el Honorable señor Horvath , porque estamos conscientes de que el texto puede y necesita ser perfeccionado, pero, a la vez, se requiere comenzar a aplicar la ley cuanto antes, en beneficio de los pequeños propietarios forestales del país.
Quiero terminar aclarando lo siguiente: la iniciativa de ley que creaba la CONAF pública fue rechazada por el Senado en mayo de 2012. Y el proceso de consulta sobre la normativa en debate concluyó en diciembre de ese mismo año.
Ambos proyectos son relevantes para nuestro sector, pero creo que deben tratarse de manera separada, en aras de la urgencia que el ahora en discusión reviste no solo para los pequeños propietarios forestales, sino también para quienes pretenden forestar acogiéndose a esta ley.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, soy partidario de que este Senado apruebe la idea de legislar de este proyecto de ley, ya que uno de sus principales objetivos es forestar suelos de aptitud preferentemente boscosos; es decir, aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no pueden ararse en forma permanente, desprovistos de bosques y no aptos para la agricultura.
Esos suelos, sin una cubierta vegetal arbórea o arbustiva, estarán sometidos a escurrimientos en época de lluvias, provocando erosión y embancamientos de cursos de aguas. Si son terrenos con pendientes -que es lo más frecuente en suelos forestales-, este fenómeno se agravará, causando cárcavas y derrumbes, sobretodo en regiones dónde los suelos son más frágiles. Ello ocurre de manera más visible en Regiones como la de La Araucanía, donde los ríos ya se encuentran embancados, fruto de años de arrastre de sus suelos deforestados.
Esos suelos descubiertos, al recibir las precipitaciones, no retienen ni infiltran el agua, y ante una condición de pendiente, escurren arrastrando la tierra, y según nuestra geografía, en pocas horas llegan al mar debido a que somos un país demasiado angosto.
El objetivo de forestar para que tengan una cubierta vegetal boscosa o arbustiva, ofrece, además, una gran ventaja respecto al comportamiento de las lluvias. En efecto, al llover, parte importante del agua es retenida por el follaje, y gracias al goteo de las hojas y al escurrimiento por el tronco del árbol, llega lentamente al suelo, infiltrándose y evitando las escorrentías.
Es preciso hacer presente que para este efecto no existen árboles de primera o de segunda categoría. Un terreno con bosques, ya sean exóticos o nativos, cumple una mejor función de infiltración que otro descubierto o desnudo.
Cabe advertir que no se debe confundir que el objetivo del proyecto de ley consiste en forestar terrenos descubiertos, y que en ningún caso pretende sustituir el bosque nativo por plantaciones, lo que, por lo demás, ya está regulado y se evita mediante la ley N° 20.283, que protege y recupera al bosque nativo.
Por lo tanto, siempre debemos hacer la comparación entre un terreno descubierto y otro forestado. La pregunta correcta -y lo que nos debe preocupar- es cómo se comporta la napa freática de un terreno descubierto versus otro con bosque plantado.
En un terreno con bosque plantado existe una recarga de la napa freática superior a la de un terreno desnudo por efecto de la infiltración y amortiguación que producen los árboles. Pero -como es lógico- los árboles, como todo ser vivo, también absorben agua, y la tasa de absorción depende de su crecimiento.
A mi juicio, debemos definir si queremos un terreno descubierto que se erosiona y pierde capacidad productiva, seguramente sometido a una ganadería de subsistencia; o un suelo protegido con bosque que infiltra agua y que genera un patrimonio al pequeño o mediano propietario.	El proyecto permite la infiltración de napas de agua cuando se hace la plantación mediante la construcción de obras de conservación de suelos y aguas.
Por lo anterior, se le incorporaron modificaciones a la iniciativa legal enviada por el Ejecutivo, en el primer trámite constitucional, a fin de establecer algunas medidas reglamentarias que garanticen la protección del agua, enfatizando esta materia en los estudios técnicos, tanto para forestar, como para talar los bosques plantados.
Esto implica dejar cubiertas vegetales de protección en bordes de cursos de agua y hacer obras de infiltración con fajas en el suelo o empalizadas para evitar escorrentías en pendientes en tiempos de plantación o cosechas. Todas esas son actividades que deben ser consideradas y evaluadas en los estudios técnicos mencionados.
Por todo lo anterior, señor Presidente , Honorable Sala, teniendo en consideración que en la Región de La Araucanía -que represento aquí en el Senado- más de 170 mil hectáreas son de aptitud forestal, que se encuentran sin cubierta vegetal boscosa producto de la erosión, soy partidario de que aprobemos la idea de legislar del proyecto de ley para forestar los terrenos degradados y contribuir a la extensión de la superficie verde en todo el país.
Se ha señalado que debemos rechazar la iniciativa legal, porque no se ha dado cumplimiento al trámite de la consulta indígena. En ese sentido, la intervención del señor Ministro de Agricultura subrogante me ahorra entrar en detalles.
En la Comisión de Agricultura, fuimos informados de que la Corporación Nacional Forestal realizó sus mejores esfuerzos, de acuerdo con la reglamentación vigente, para llevar a cabo una consulta con respeto a la letra y el espíritu del Convenio N° 169 de la OIT.
Todos sabemos que esta es una materia controvertida y hemos sido informados a través de los medios de comunicación de que el Gobierno se ha esmerado para llegar a acuerdos con los dirigentes y líderes de las comunidades mapuches de la Región de La Araucanía, a fin de contar con una nueva reglamentación que permita consensuar la "consulta de la consulta". Yo espero que pronto tengamos acuerdos y seamos capaces de que las reglas del juego para llevar a cabo la consulta establecida en el Convenio N° 169 se consideren instrumentos jurídicos acordados y respetados por todos.
Mientras ello no ocurra, señor Presidente , no podemos detener la legislación, ni parar el desarrollo del país. Por lo tanto, dado que este año ya no habrá bonificación forestal -tenemos Ley Forestal, pero no rige el instrumento sobre la bonificación-, esta se repone mediante el proyecto en debate, cuya idea de legislar vamos a votar hoy día.
Entonces, actuando responsablemente, me parece que no podemos impedir el desarrollo de las actividades productivas del país, ni detener la lucha contra la erosión. De modo que necesitamos un país con más capa forestal; necesitamos detener la desertificación; necesitamos que Chile sea mucho más verde de lo que es en la actualidad.
Finalmente, señor Presidente , el proyecto propone crear un incentivo a la plantación de bosques con objetivos productivos madereros, tal como ha sido hasta ahora. Pero, además, se incluye un nuevo beneficio: bonificar la plantación que tenga como propósito exclusivo el proporcionar servicios ambientales, detener la desertificación, controlar la erosión, proteger el suelo, mejorar la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente mediante la captura de dióxido de carbono.
Tengo la convicción de que aquí hay un objetivo país, al igual que en la Región de La Araucanía, que nos permitirá continuar avanzando y desarrollando actividades, creando fuentes de trabajo y respetando el medio ambiente y a nuestros pueblos originarios.
Las normas contenidas en la iniciativa legal sobre fomento forestal son una herramienta que ha regido por años y que ha permitido el desarrollo del sector, por lo que debemos reponerla.
Por eso, señor Presidente , anuncio mi voto favorable.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , el decreto ley N° 701 y sus modificaciones contienen disposiciones que regulan y fomentan la actividad forestal, especialmente las plantaciones de bosques. Como la generalidad de las leyes, aquel no tiene fecha de expiración, de modo que es permanente. Lo que tenía plazo finito era la bonificación que entregaba. Algunos proponen plazos cortos. La pregunta es por qué debe tener plazo de término una herramienta que proporciona el Estado para fomentar las plantaciones en tierras degradadas.
La mayoría de los incentivos que entrega el Estado al mundo agrícola no lo tienen. La Ley de Riego ofrece incentivos y no tiene plazo de expiración, como tampoco los que conceden el INDAP y el SAG para las mejoras de suelos, conocidos como "programas SIRS".
Me imagino que la razón que se consideró para poner un plazo fue que las tierras degradadas necesarias de forestar eran finitas, pero, sin duda, la estimación fue errada.
En la actualidad, hay 2,6 millones de hectáreas plantadas de suelos forestales y quedan más de 2 millones aún por forestar, después de 80 años desde que el Estado se propuso fomentar las plantaciones como una acción destinada a salvar las tierras deforestadas. Y hace recién cuarenta años, mediante el decreto ley conocido como "ley 701", se logró el impulso necesario para avanzar a una tasa razonable en esta gran tarea del Estado.
La tasa de plantaciones en los últimos años bordea las 20 mil hectáreas, y las estimaciones del proyecto, según el informe financiero entregado por el Ejecutivo , indican que se espera plantar cerca de 23 mil hectáreas anuales. Es decir, si quedan 2 millones de hectáreas de terrenos sin bosques y con riesgo de seguir degradándose, hay por lo menos cien años más para continuar con esta importante misión.
Este tema no es menor para la Región de Magallanes, que represento en esta Corporación, cuyos suelos se encuentran absolutamente degradados y donde resulta del todo necesario el incentivo para los pequeños agricultores. Ahí tenemos un problema complejo y serio con nuestros suelos, donde la plantación de un árbol requiere a lo menos veinte años, tal como se planteó con anterioridad.
En esa línea, señor Presidente , el Senador Horvath me invitó a participar de un acuerdo para dar origen a un proyecto de ley que modifica el régimen de forestación -entiendo que varios colegas lo han suscrito-, cuya relevancia apunta a lo que todos perseguimos con la iniciativa que hoy nos hallamos discutiendo.
Dicho acuerdo consigna los siguientes puntos:
1.- Reconocemos que la forestación es necesaria y urgente.
2.- Los subsidios para la forestación deben contribuir tanto al desarrollo de bosques productivos en suelos forestales sin cubierta boscosa como a la restitución de ecosistemas naturales con bosques nativos.
3.- La forestación podrá realizarse por etapas sucesivas y en segundas fases.
4.- La forestación deberá hacerse con todo tipo de especies vegetales, forestales, arbustivas o arbóreas.
5.- La aplicación de los subsidios de forestación estará focalizada preferentemente en los más pequeños propietarios.
6.- La bonificación a la forestación incluirá actividades necesarias para proteger cursos de aguas y torrentes en cabeceras de cuencas.
7.- El subsidio incluirá labores de poda y raleo en el período que corresponda.
8.- La bonificación de forestación será compatible con otros subsidios.
9.- El subsidio será entregado sobre la base de un concurso simple.
10.- Se establecerá, antes de fines de junio del presente año, una instancia de trabajo -y esto es tremendamente relevante- entre los Senadores de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, con miembros definidos de común acuerdo, para trabajar en un proyecto de ley que impulse una CONAF pública. Y aquí quiero hacer un alto. Este proyecto no puede ser llevado adelante de espaldas a los trabajadores, sino con ellos, para contar con una Corporación Nacional Forestal robusta y pública el día de mañana.
11.- Por último, el Gobierno deberá presentar una evaluación económica, social y ambiental acerca de la aplicación del decreto ley Nº 701 en sus años de vigencia.
En consecuencia, hemos firmado este acuerdo -invitados por el Senador Horvath, contando con toda la experiencia que él tiene- para, entre otras cosas, fortalecer y robustecer una CONAF pública que responda a lo que hoy día se nos exige como país.
¡Eso es vital, urgente y preponderante, señor Presidente!
Además de ello, no puedo negarme a votar favorablemente el proyecto que hoy día se somete a la consideración de la Sala. La razón es una y muy simple: hay regiones -como la que represento en este Hemiciclo- que sufren graves problemas en sus suelos, donde el crecimiento de un arbusto o un árbol demora a lo menos veinte años.
Entonces, ¿por qué negarnos a este subsidio? ¿Por qué negarnos a esta posibilidad, que se entrega no a los más grandes, sino a los más pequeños, quienes ven en esta iniciativa legal una oportunidad?
Sin embargo, debo dejar de manifiesto que tenemos importantes desafíos por delante, uno de los cuales es, a mi parecer, la creación de una gran CONAF pública para el día de mañana.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , este es un proyecto de ley que a muchos de nosotros nos motiva aun sin pertenecer a la Comisión que ha dado cuenta de él a la Sala.
Se trata de una iniciativa que tiene muchos atractivos, principalmente para quienes somos de regiones con una alta tasa de ruralidad y hemos podido ver cómo la desertificación se ha ido extendiendo a lo largo de nuestro país.
Actualmente no contamos con un instrumento legal que nos permita cumplir el objetivo que propone este proyecto de ley: el fomento forestal.
Por lo anterior, soy una convencida, sobre todo después de escuchar las intervenciones de quienes me precedieron en el uso de la palabra, de la importancia de contar con una herramienta legal de esta naturaleza.
Entiendo que en la década de los 70 se dictó un decreto ley que durante el transcurso de los años entregó incentivos para que las grandes empresas pudieran incorporar, a través de subsidios, la posibilidad de plantar y, posteriormente, de sacar, derechamente, las plantaciones de árboles.
Para mí, lo más positivo de la presente iniciativa es que beneficia a los pequeños y medianos propietarios a través de la implementación de subsidios establecidos en su favor, cuestión que me parece muy importante y que debe ser resaltada de todas maneras.
Otro elemento muy relevante de este proyecto es que se preocupa responsablemente del medio ambiente -por eso me sumo al acuerdo que está impulsando el Senador Antonio Horvath , tal como mencionó el colega Bianchi -, porque no solamente toca aspectos relacionados con la CONAF, que nos parecen muy trascendentales, sino que también apunta, responsablemente, a objetivos ambientales, mediante la protección del medioambiente y el compromiso con el desarrollo sustentable.
Lo anterior se traduce en un financiamiento de un cien por ciento a la forestación con cubierta vegetal y de un 90 por ciento para las plantaciones con especies de finalidad productiva.
Este proyecto persigue una finalidad muy social, por sobre una finalidad económica, que tiene que ver con el combate a la pobreza rural. Esto lo prueba un estudio que demuestra que, comparando las cifras arrojadas por la encuesta CASEN con mediciones realizadas en los años 2006 y 2011, las comunas forestales han experimentado una disminución del índice de pobreza porcentual de 8,24 puntos, mientras que las comunas agrícolas han tenido un incremento de 4,97 puntos.
En muchas de nuestras regiones este problema es una realidad y por ello creemos que este proyecto será, sin duda, un aporte.
Por otra parte, la FAO, prestigiosa organización internacional, afirma que "tierras pobres generan agricultores pobres, y tierras fértiles, agricultores con mayor riqueza". Y esta iniciativa apunta, justamente, a recuperar tierras que hoy, por diversos motivos, se han transformado en suelos de muy baja calidad.
En Chile contamos con alrededor de 2,5 millones de hectáreas de bosques introducidos y más de 13 millones de hectáreas de bosque nativo. Los mismos estudios indican que aún tenemos más de 2,3 millones de hectáreas de suelo sin cubierta vegetal que se encuentran en proceso de erosión y la forestación es, prácticamente, la única forma que tenemos de abordarlas.
Es importante, en consecuencia, recuperar esos terrenos, y tener presente que los pequeños agricultores no pueden esperar veinte años para cosechar los beneficios de la venta de sus árboles. Con esta iniciativa, el Estado les pagará un bono anual por hectárea durante dos décadas para mantener su cubierta vegetal.
No olvidemos, además, que la tasa mundial de pérdida de suelos fértiles es de 8,5 hectáreas por minuto.
¡Tratemos de no sumarnos, como país, a esta cifra, que es realmente catastrófica!
Asimismo, quiero recordar que el próximo lunes 17 de junio es el Día Mundial contra la Desertificación, y creo que una buena forma de conmemorarlo -es una fecha que se celebra en muchos lugares del planeta- es dando el puntapié inicial en el combate contra la pobreza rural de nuestro país, incentivando, entre otras ventajas, las oportunidades de empleo que abre este proyecto de ley.
Por las consideraciones expuestas, señor Presidente, mi voto es favorable a la idea de legislar.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , estamos ante un proyecto muy importante, después de haber sido testigos del decreto ley N° 701, que dio la posibilidad de desarrollo a todo el sector forestal del país.
Pero hoy día ha llegado el momento de los pequeños propietarios, de que accedan al beneficio quienes no han podido hacerlo. Vemos que se puede cambiar absolutamente la fisonomía del mundo rural, sobre todo en las tierras con aptitud forestal.
Y lo digo así porque, en la Región que represento junto con el Senador Letelier, los pequeños agricultores han tenido muy pocas opciones de acceder al desarrollo del mundo rural.
Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar también -como lo hizo usted, señor Presidente - a cuatro o cinco dirigentes que se encuentran en las tribunas y que vienen de las comunas de Marchigüe, Pumanque, Pichilemu y Paredones: don Carlos del Pino , doña Sonia Díaz, don Ramón Pérez, don Alejandro Huerta y don José Castro .
Ellos han llegado a este Senado a pedirnos, justamente, que apoyemos este proyecto, porque son pequeños minifundistas de la zona del secano costero de la provincia de Cardenal Caro y no tienen otra posibilidad de desarrollarse. Porque, o crían ovejas, lo que les da muy pocas alternativas de sustento para sus familias, o van de a poco aumentando las plantaciones y mejorando su calidad de vida.
Esa es la verdad, y por eso creo que este proyecto va en el camino correcto.
Por mi parte, he firmado con mucho gusto la propuesta del Senador Horvath que se ha concordado con el Director de la Corporación Nacional Forestal, ya que es muy importante tener claro que necesitamos una CONAF pública robusta. Como ustedes saben bien, lamentablemente no se aprobó, en este mismo Senado, aquel proyecto, por lo que la iniciativa en debate nos brinda ahora una oportunidad importante de avanzar con fuerza en esta materia.
En segundo lugar, señor Presidente , hay que entender que este tipo de apoyo al mundo rural es fundamental. Si no lo brindamos, estaremos perdiendo opciones de progreso y posibilitando que sigan la desertificación y la erosión. En ese escenario, las personas que viven en zonas campestres -sobre todo las que tienen aptitud forestal- y que no pueden acceder a beneficios como estos, terminarán emigrando o vendiendo a los grandes propietarios. De esa manera, estaremos eliminando del mundo rural la posibilidad de que exista esa vida tan valiosa en muchas de las regiones de nuestro territorio.
Por otro lado, señor Presidente , conviene aclarar ciertos temas que son importantes. Quedan todavía casi 2 millones y medio de hectáreas por forestar en el país. Y tenemos que hacerlo, pues, a la larga, lo que se invirtió -alrededor de 500 millones de dólares- ha sido fundamental para Chile por sus resultados en impuestos, en trabajo, en desarrollo económico. Y eso no podemos pararlo.
Los grandes propietarios ya han hecho sus inversiones. Este es el momento de los pequeños. Y por eso queremos apoyarlos con este proyecto.
Sin duda, tenemos que mejorarlo, introduciéndole indicaciones en la discusión particular. Pero debemos aprobar la idea de legislar. Votar en contra es no apoyar a los pequeños, a los que más requieren hoy día medidas de este tipo.
Además, es preciso entender que hay situaciones ambientales que tenemos que abordar, como la regulación hídrica, la captura del carbono y el combate a la desertificación que ya mencioné.
Necesitamos continuar con una política de fomento a las plantaciones en tierras que no están forestadas. Debemos contribuir a la lucha contra la desertificación y proteger nuestros suelos. ¡Hay que protegerlos! Es muy fácil dejarlos botados, como ocurre en muchas partes.
Y en esto nuevamente quiero hacer un llamado respecto a las propiedades del Estado. El mayor propietario forestal del país es el Estado. Y debemos preocuparnos de lo que significan esas propiedades, ver de qué manera pequeños y medianos pueden insertarse, quizá por la vía del arriendo. Pero hay lugares que el Estado tiene absolutamente desiertos, que se están deforestando, que se encuentran abandonados. Y por eso necesitamos una CONAF pública e incentivos para que esos terrenos, que son la mayoría, puedan incorporarse definitivamente al desarrollo, sea forestal o ambiental, cuestión que me parece fundamental.
Por las razones indicadas, señor Presidente, anuncio el voto favorable de la bancada de la UDI, esperando que tengamos una ley lo antes posible.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , probablemente estamos frente a uno de los proyectos más importantes que se han debatido en el Parlamento en los últimos años para incentivar y fomentar como corresponde la forestación en nuestro país.
En primer término, quiero señalar cuál es el desafío inicial que enfrentamos.
Conforme a los antecedentes que se entregaron a la Comisión, en Chile se requiere forestar 2 millones 289 mil hectáreas.
Se lo digo muy especialmente a quienes tienen una profunda preocupación por el ámbito ambiental, porque es evidente que la forestación trae innegables beneficios para la protección y desarrollo del medio ambiente.
De esas 2 millones 289 mil hectáreas, por primera vez 700 mil se van a forestar, no para el uso maderero, sino para la protección de la cobertura vegetal con fines ambientales. ¡Nunca antes había existido una bonificación con fines ambientales para una superficie de tal tamaño no destinada a la producción! Ello permitirá cubrir parte importante de las hectáreas de forestación que nuestro país requiere.
En segundo lugar, señor Presidente , el objetivo de esta iniciativa de ley es que en el plazo de 20 años se puedan forestar 470 mil hectáreas, lo que significa 23 mil hectáreas al año, con una inversión de 37 millones de dólares.
En seguida, me voy a referir a una de las críticas que se le han hecho a este proyecto de ley en cuanto a que beneficiaría a las grandes empresas.
Quiero contarles que es la primera vez, desde que rigen las disposiciones legales pertinentes -el decreto con fuerza de ley N° 701, sobre fomento forestal-, que las grandes empresas no reciben ni un apoyo en forestación. Hasta el año 2010 recibían el 75 por ciento de bonificación.
El señor PROKURICA .- ¡Como máximo!
El señor ESPINA.- Así es. Tiene toda la razón el Senador Prokurica.
Y en los años 2011 y 2012 recibieron hasta el 50 por ciento.
Pues bien, ahora el actual Gobierno dice que no recibirán más. Y señala que los pequeños propietarios percibirán un 90 por ciento de bonificación; los medianos, un 75 por ciento, y excepcionalmente, aquellos que tengan ventas anuales inferiores a 50 mil UF, hasta el 50 por ciento.
Por lo tanto, señor Presidente, estamos frente a un proyecto que reviste una consecuencia beneficiosa gigantesca para Chile, que necesita forestar de manera urgente.
Por esas razones, es evidente que esta iniciativa legal, más allá de las perfecciones que se le puedan hacer, trae innegables beneficios.
Y en los pocos minutos que me restan voy a aprovechar de referirme a la situación indígena.
Quiero señalarle con todo el afecto, el cariño y el aprecio que de verdad siento por mi estimado amigo Eugenio Tuma , que la forma como pretendemos aplicar el Convenio 169 de la OIT perjudica al mundo mapuche. ¿Sabe lo que ocurre? Y lo digo como Senador de la Región de La Araucanía : se están paralizando los proyectos de ley y todas las inversiones. Y eso a los ricos no les importa porque siempre van a tener posibilidades de invertir en otras regiones. A quienes se está perjudicando es a las propias comunidades mapuches.
¿Saben ustedes a cuántas comunidades indígenas se consultó para dar forma a esta iniciativa legal? A 1.419, durante un período de 9 meses, contando con la participación de más de 200 funcionarios.
Y quiero agregar que la consulta indígena, que duró exactamente once meses, consideraba catorce etapas: validación del proceso de consulta ante dirigentes mapuches; adecuación de un plan de consulta, con la incorporación de sugerencias y observaciones de la etapa de validación; formalización del proceso de consulta ante el Ministerio de Desarrollo Social; conformación de equipos de terreno de la CONAF; difusión del proceso de consulta; inicio formal de la consulta; reuniones aclaratorias sobre lo consultado; período de deliberaciones; recepción de respuestas; consenso de las propuestas; elaboración de informe final, etcétera.
Sin embargo, señor Presidente , deseo añadir una cuestión mucho más delicada¿
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- ¡Ruego al público que se halla en las tribunas no hacer manifestaciones!
El señor ESPINA.- Me da lo mismo que me griten, señor Presidente.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Puede continuar, señor Senador.
El señor ESPINA.- ¡Me han gritado los narcos!
Quiero plantear lo siguiente.
Si se detiene la tramitación de este proyecto, las comunidades mapuches van a perder dos grandes ventajas de las cuales gozan hoy día. En efecto, por primera vez sus tierras van a recibir una segunda bonificación. Sus Señorías saben que en la actualidad si el predio agrícola ya obtuvo dicho beneficio no puede percibirlo nuevamente.
En este caso, aun cuando antes las comunidades indígenas hayan sido objeto de una bonificación forestal, podrán recibirla nuevamente. Además, si las propias comunidades deciden cambiar el uso del suelo y destinarlo al desarrollo agrícola, esta iniciativa también se los permite. He tenido la oportunidad de dialogar y conversar con las comunidades de Malleco al respecto.
El proyecto puede perfeccionarse y mejorarse, como toda iniciativa legal, pero continuar retrasando su trámite va en directo perjuicio, en primer lugar, de las propias comunidades mapuches, que no van a acceder a esta bonificación: ¡van a seguir sin tenerla! No van a contar con la oportunidad de que las tierras que ya recibieron el beneficio lo puedan alcanzar por segunda vez, con hasta un 90 por ciento de bonificación de los costos de forestación. Adicionalmente, vamos a seguir dilatando una situación que está generando un enorme perjuicio a muchas comunidades mapuches y a agricultores, particularmente pequeños y medianos, que hoy día no perciben esta bonificación y que la necesitan con mucha urgencia.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, uno ve la vida desde donde está parado¿
El señor TUMA .- ¡O sentado¿!
El señor LETELIER.- "O sentado", como dice el Senador Tuma.
La zona norte, que es desértica, de secano, no tiene nada que ver con aquellas regiones que han tenido una historia de forestación en ocasiones positiva y a veces de saqueo por parte de las grandes transnacionales, que han despojado a pequeños propietarios de su forma de vida.
Por cierto, la realidad de la Región que represento no evidencia los conflictos que se presentan en aquellos lugares donde los pueblos originarios (en particular el mapuche) mantienen una relación muy distinta con la tierra y con el acceso al agua.
Señalo lo anterior porque el proyecto de ley que nos ocupa es muy complejo por la diversidad geográfica del país. No es lo mismo la realidad y la importancia que reviste la iniciativa para una parte del territorio nacional versus la que pueda significar para otra.
De otro lado, cuando originalmente el Ejecutivo envió este texto legal al Parlamento no tenía ninguna intención ni interés en cuanto a hacer consultas, de acuerdo al espíritu del Convenio 169.
Quiero admitir que se ha llevado a cabo un esfuerzo. No voy a calificar si ha sido bueno, mediano o muy pobre. Pero reconozco que, según los datos que se han hecho llegar al Senado de la República, se ha realizado un esfuerzo. No sé si este es suficiente, pero lo conoceremos durante el transcurso del debate: ¡lo debemos conocer!
Es probable que parte de las inquietudes que uno escuchó aquí tengan que ver con la desconfianza legítima de los pueblos originarios con el Estado de Chile, que ha exhibido una pésima relación histórica con ellos, independiente del gobierno de turno.
Sin perjuicio de aquello, señor Presidente , quiero formular algunas apreciaciones.
A mi juicio, es necesaria una ley de fomento forestal. ¿Ha sido un buen instrumento? Sí, sin duda. Creo que hay que focalizarlo más en los pequeños y medianos. ¿El proyecto avanza en tal dirección? Sí, pero de manera insuficiente. No se tiende a focalizar más aumentando solo el monto del subsidio para los pequeños y medianos propietarios forestales. Esto último se logra cuando se restringe a los grandes la posibilidad de acceder a él, cuestión que no se halla perfectamente garantizada en esta iniciativa.
Por otra parte, el criterio con que se establecen los concursos públicos en el proyecto puede tener dos lecturas.
De un lado, se trata de un concurso que no existe durante los tres primeros años, a fin de incentivar que se fomente y se plante más ahora. Pero el mismo proyecto demuestra que ese no es el sentido. Porque INDAP, que tiene la posibilidad del crédito de enlace, establece el verbo rector "podrá", esto es, podrá conceder dicho empréstito a los pequeños propietarios forestales. Ese ha sido el cuello de botella que ha impedido que estos últimos logren obtenerlo muchas veces.
Los concursos podrían ser un incentivo para avanzar más en cubrir los lugares más desertificados. No obstante, la iniciativa también señala que ello dependerá de la predisposición presupuestaria de la CONAF.
Señor Presidente , me parece bueno contar con un instrumento de fomento, creo que es conveniente renovar la normativa. Podremos discutir si el plazo de veinte años es mucho o poco tiempo. Yo creo que eso no es lo fundamental. Algunos piensan que sin una institucionalidad forestal clara, aquella no tendría que renovarse por más de dos años. Institucionalidad que el Ejecutivo no ha querido concordar, pactar ni acordar con los trabajadores de la CONAF. Esa es la razón por la cual se rechazó la iniciativa la vez anterior. Y todavía no se ha avanzado ni un milímetro en un año.
No cabe duda, señor Presidente , de que este proyecto, más allá de los plazos, incorpora innovaciones importantes en términos medioambientales, en lo que representa un cierto incentivo para la regulación hídrica, para el control de emisiones, lo cual constituye un avance. Establece dobles bonificaciones cuando se hagan ciertos esfuerzos especiales que la normativa recoge.
Yo entiendo que en el mundo científico se debate bastante acerca de si es bueno o no forestar con cualquier tipo de árbol. Tengo claro que muchos opinan que la plantación de pino radiata es fantástica para algunas industrias, pero no necesariamente muy conveniente para el suelo, porque lo acidifica y lo perjudica. Y, asimismo, otros dicen que algunas especies arbóreas extraen recursos hídricos en determinados territorios y secan las cuencas.
Sé que hay discusión científica para ambos lados; es un tema que tendremos que despejar.
Sin embargo, volviendo al punto de origen, quiero señalar que cada uno ve esta iniciativa según dónde se encuentra parado o -como dijo el Senador Tuma - sentado. Para la Región que yo represento el que se prorrogue la vigencia del decreto ley N° 701 es urgente -¡es urgente!-. Las familias del secano costero: de Paredones, de Marchihue, de Pumanque, de La Estrella, de Litueche, y muchas otras que no son grandes, ven en este proyecto una posibilidad de sobrevivencia y de desarrollo económico relevante.
Es más, existe la inquietud de si esta normativa va a estar lista este año, pues aquellas familias que con mucho esfuerzo han instalado un vivero desean saber si tienen o no perdido el trabajo realizado en el presente año. Y -por su intermedio, señor Presidente - quiero que el señor Director Ejecutivo de la CONAF nos indique cómo va a operar la retroactividad de la ley en proyecto, es decir, cómo va a dar garantías, porque se supone que antes de forestar se deben obtener certificados que no necesariamente se entregan hoy en Regiones, aunque así lo crean en Santiago.
En efecto, ello sucede con la calificación de terrenos de aptitud preferentemente forestal, que es un requisito para que algunos puedan emprender ciertas actividades. Y no voy a entrar al debate de la tabla de costos. Eso se podrá ver en la discusión en particular.
Yo, señor Presidente , considero que esta iniciativa es necesaria. No obstante, pienso que es perfectible, que hay que focalizar mejor el uso de los recursos y que debe haber un capítulo especial para la relación de la actividad forestal con los pueblos originarios, y no tratar de establecer una ley general común para todo el país. Es preciso que haya un capítulo que trate específicamente esta materia.
No entiendo por qué hay tanta resistencia para ello. No sé a qué obedece la lógica de algunos abogados que creen que la ley tiene que ser única en todo el país, toda vez que las condiciones no son iguales en todo el territorio.
Soy partidario de que este proyecto se apruebe en general, con la reserva que mencioné en cuanto a una mejor focalización; a eliminar lo relativo a los concursos, porque creo que estos solo perjudican a los pequeños y a los medianos propietarios, salvo que haya una razón de fondo para mantenerlos.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor LETELIER.- Gracias, señor Presidente .
Como decía, habría que eliminar los concursos, salvo que sean para los grandes productores. Pero eso no figura en el texto.
Y me pregunto para qué necesitan los grandes propietarios una ley de fomento forestal hoy en día, si a los que operan en nuestra Región les sobran espaldas para todo. No tiene por qué el Estado seguir ayudándolos. Estos beneficios deberían apuntar a los pequeños y a los medianos propietarios, y sin restricción de financiamiento de ningún tipo.
Reitero, señor Presidente , mi inquietud en cuanto a que la autoridad presente nos pueda garantizar y explicar cómo va a funcionar en forma retroactiva esta iniciativa legal, para que quienes son de la zona del secano costero de las Regiones de O'Higgins, del Maule o de Valparaíso tengan la certeza de que el esfuerzo realizado durante este año no será en vano.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , la Décima Región de Los Lagos es la que tiene la mayor masa de bosque nativo en el país; la mayor proporción de habitantes en el campo, la mayor ruralidad, y también es una de las que poseen la mayor superficie susceptible de ser forestada y reforestada mediante una iniciativa como la que debatimos.
Este proyecto, en lo fundamental, modifica y extiende los incentivos para la forestación establecidos en el decreto ley N° 701, que no ha expirado. Solamente se halla pendiente lo contemplado en su Título V, en cuanto a la entrega de una bonificación a los propietarios que planten por primera vez en un predio de aptitud preferentemente forestal.
De eso se trata esta iniciativa.
Ahora, cuáles son los cambios (porque aquí he escuchado muchas opiniones que a veces se alejan del texto que tenemos en nuestro escritorio), las mayores innovaciones que se incorporan.
Primero, la iniciativa señala los suelos de aptitud preferentemente forestal y que va a "incentivar la forestación de suelos degradados o sin bosques, y está orientada a la pequeña y mediana propiedad forestal, con el fin de prevenir la degradación de los suelos, contribuir al ciclo hidrológico, al desarrollo sustentable y a la superación de la pobreza rural".
A su vez, se definen mucho mejor, a mi juicio, las expresiones "forestación", "Corporación Nacional Forestal", "pequeño propietario forestal", "mediano propietario forestal", "suelos degradados", etcétera, y ello se hace en detalle.
En seguida, se agregan nuevas definiciones en la actual normativa, lo cual es conveniente, a mi juicio, en especial a la luz de lo que se discute aquí.
Así, se especifica qué son "otros propietarios forestales"; "productos forestales no madereros" (porque en torno al bosque se obtienen productos y se prestan servicios no solo madereros; la ley vigente se refiere a aspectos principalmente madereros); "servicios ambientales", "bosques plantados o plantación forestal".
Después se establece que "En el proceso de calificación deberán considerarse los catastros vegetacionales oficiales, determinándose en conformidad a ellos los territorios que presentan las características para ser declarados como tales".
Eso no existía.
Y más adelante -perdonen que no lo mencione exhaustivamente-, como ya se ha señalado, en el Título III "De los incentivos a la actividad forestal" se dispone que "El Estado, en el periodo de veinte años contado desde el 1 de enero de 2013, bonificará por una sola vez por cada superficie, las forestaciones que se ejecuten con posterioridad a la aprobación de la calificación de terrenos a que se refiere el artículo 4° y que se realicen a su amparo.".
Se preceptúa que las bonificaciones contempladas en esta ley tendrán los siguientes objetivos: incentivar plantaciones forestales con propósitos productivos, ya sean madereros, etcétera; el abastecimiento de agua para localidades urbanas y rurales; la protección de suelo, con erosión moderada y severa -tenemos zonas con erosión de este tipo-; la producción de leña -hay importantes programas tendientes a fomentar la producción de leña seca- para autosustento, provisión y mantención de servicios ambientales y ecosistémicos, tales como captura y almacenamiento de carbono, mantención de la biodiversidad, valor estético y cultural del paisaje, recreación y prevención y mitigación de la desertificación.
Después se plantea la forma en que se recuperarán los suelos y cómo se conservarán los suelos y aguas y las obras de estabilización de dunas, materia que la ley en proyecto también incorporará.
Se establecen nuevos conceptos a fin de mejorar la forestación cuando el propósito sea solo el de recuperar la cobertura forestal que han perdido muchos sectores de nuestro país, y especialmente en mi Región, la que, según expresé, aún sigue teniendo la mayor proporción de bosque nativo.
Se dispone que los pequeños propietarios forestales podrán optar a una bonificación del 100 por ciento de los costos de forestación y a pagos anuales; los medianos propietarios, a una de 90 por ciento, y otros propietarios, mayores, a una de 75 por ciento.
Se preceptúa que el Presidente de la República establecerá el reglamento para el pago de las bonificaciones, aspecto que seguramente se analizará con más detalle durante el debate particular en la Comisión.
Señor Presidente , me quiero saltar al artículo 15, donde se incorporan otras novedades -no se han visto-, referidas a los incentivos para el establecimiento de plantaciones forestales: habilitación, preparación de terreno y cierre perimetral; forestación; manejo silvícola; ¿
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.
El señor KUSCHEL.-¿ fertilización y control de malezas (no existía); protección y riego de sobrevivencia; obras de recuperación de suelos y de conservación de suelos y aguas; obras de estabilización de dunas; contratación de seguro forestal; gastos generales, y cortinas cortavientos destinadas a proteger suelos degradados.
Como vemos, existe una gran cantidad de innovaciones, las cuales se orientan preferentemente a ayudar al pequeño y al mediano propietarios forestales.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Antes de que los miembros de la Fundación Caritas de Santiago se retiren de las tribunas, quiero entregarles el saludo de la Sala del Senado.
--(Aplausos en el Hemiciclo y en las tribunas).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Excúseme por la demora, Su Señoría, pero el Presidente de mi Partido me está dando instrucciones acerca de lo que debo hacer.
Entonces, voy a hablar en un sentido que contradice su mando, ¡dentro de la disciplina de consenso que mantenemos...!
Señor Presidente -algo señalé ya en la sesión anterior en que vimos esta materia-, voy a votar en contra de este proyecto.
Y, al igual que un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, valoro los chiflidos provenientes de las tribunas, pues ¡recibirlos es también parte de nuestra tarea...!
Voy a votar en contra por varias razones.
Primero, porque creo que no es posible aprobar un proyecto sin tener una institucionalidad pública como la derivada de la CONAF.
Queremos hacer de este proyecto un instrumento para el desarrollo forestal. Dadas las cantidades de dinero que se entregarán, necesariamente debe existir una institucionalidad pública. Pero no la hay.
Le planteamos al Gobierno algo bastante lógico: aprobar la prórroga de los incentivos previstos en el decreto ley N° 701 y darnos el tiempo razonable para presentar un proyecto que permita enfrentar, entre otras situaciones, la creación de la CONAF pública. Nos dijo que no. Y no hay ninguna razón lógica para su negativa.
Le ofrecimos incluso el compromiso de la Oposición de despachar esta iniciativa antes de que el Presidente de la República termine su mandato. Porque eso es lo que ellos quieren. Y es legítimo. Me parece bastante pequeña su obsesión. Pero, en fin, la aceptamos como modalidad de vida.
Segunda razón por la que voy a votar en contra: en cuanto a la consulta a los pueblos originarios, el hecho concreto es que la mayoría de las organizaciones indígenas manifiestan no haber sido consultadas conforme al espíritu del Convenio N° 169 de la OIT.
Y como me van a decir que eso no es efectivo, quiero contarles que hace veinticuatro horas conversé con la gente de Arauco. Me expresaron que llevaron los antecedentes; que se les explicó la situación; que la CONAF entendió que la medida planteada significaba un apoyo, y que, en consecuencia, dan por sentado que discutiremos el asunto el próximo martes.
Tercera razón: la ley en proyecto asigna potestades públicas por 20 años (casi una generación completa de chilenos) para darle una cantidad enorme de dinero a una institución privada.
¡Eso es absolutamente contrario a cualquier norma de trabajo vinculada con el sistema público!
Cuarta razón: el Ejecutivo está dispuesto a entregar -es lo que contiene esta iniciativa- 18 mil millones de pesos anuales por 20 años, pero no ha aceptado -ni antes ni ahora- que se gasten 8 mil millones para constituir una CONAF adecuada (fue una de las razones por las cuales el Senado rechazó el proyecto que creaba la nueva Corporación).
Quinta razón: en la formulación de la iniciativa en debate no hay un análisis de las causas por las que la actividad forestal no se ha levantado más allá del inmenso crecimiento de las dos grandes empresas del sector existentes en nuestro país.
Pedimos la información disponible sobre la materia y el resultado de los proyectos anteriores al decreto ley N° 701. No existe. Recién ahora la Subsecretaría de Agricultura encargó la recopilación de los antecedentes respectivos.
Sexta razón: durante todo este período las bonificaciones se adjudicaron en forma directa, esto es, sin concurso; la ley en proyecto establece el concurso.
La experiencia recogida de proyectos anteriores -lo que ha pasado con el bosque nativo y también con el decreto ley N° 701- indica que cuando media concurso la concentración se registra con mayor facilidad, situación que no se aviene con el objetivo perseguido.
La ley en proyecto -reitero- carece de evaluación. La DIPRES, en una decisión paradójica, apoya esta iniciativa, con la que espera traspasar 35 millones de dólares al sector privado. Y solo en el año 2013 (repito lo anterior para volver a insistir en el punto) inicia un proceso de licitación para evaluar dicho instrumento, lo que se encargó recién a una entidad externa.
Sin CONAF pública; sin evaluación; contrariando el interés de la mayoría de las personas comprometidas en esta materia, quienes señalan que los concursos propician la concentración y no favorecen a los más chicos, no me parece factible aprobar este proyecto.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Muchas gracias.
Señor Presidente , hemos discutido acerca de cómo enmendar este proyecto de ley, y le formulamos al Gobierno toda clase de propuestas sobre el particular. Pero, en las condiciones actuales, yo no puedo votar favorablemente, porque ello contraría mi visión acerca de la manera en que deben hacerse las cosas.
Por lo expuesto, me pronunciaré en contra, ya que en esta materia no ha habido voluntad para escuchar opiniones ajenas.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , estamos ante un proyecto respecto del cual, como se ha señalado aquí, es factible tener visiones diferentes.
Nadie puede negar que durante la aplicación del famoso decreto ley 701, en un período de casi 20 años, a partir del comienzo de los años 70, la bonificación que se entregó para forestación fue aprovechada -por decirlo en el buen sentido de la palabra; no quiero calificar de otra forma- para las plantaciones que hicieron propietarios de grandes extensiones de terrenos forestales y empresas del rubro de mayor tamaño.
Sin embargo, durante nuestros gobiernos se prorrogó la bonificación y se focalizó en pequeños y medianos productores, eliminándose para los grandes propietarios o las empresas de mayor tamaño. Y, en mi concepto, eso fue lógico y conveniente.
Ahora, ¿qué ha sucedido?
El decreto ley 701 prorrogado dejó de regir el 31 de diciembre último. Por lo tanto, hoy no tenemos ni siquiera un sistema de bonificación dirigido a los pequeños y medianos propietarios de terrenos susceptibles de ser forestados.
Se trae entonces este proyecto, que, como muy bien han dicho algunos Senadores, especialmente el colega Letelier, hemos de mirarlo de acuerdo a la región que representa cada cual.
Yo he escuchado con bastante atención opiniones divergentes expresadas por los Senadores de la Novena Región. Pero al menos en lo que respecta a mi circunscripción senatorial, la visión sobre esta iniciativa es diferente. ¿Por qué? Porque en la Séptima Región no existen grandes extensiones de terrenos pertenecientes a empresas de elevado tamaño; por lo general, se trata de pequeños o medianos propietarios de, principalmente, terrenos de secano o de terrenos degradados a los que debe darse un uso al objeto de forestarlos para de alguna manera generar la obtención de recursos.
Esos pequeños y medianos propietarios me han hecho presente la necesidad de aprobar este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque, con respecto a la legislación anterior, contiene una enmienda muy importante (y estoy hablando de mi Región, no de la Novena): establece la llamada "bonificación de subsistencia".
Uno de los defectos del decreto ley 701 prorrogado radicaba en que permitía darle una bonificación al pequeño propietario; pero el que forestaba quedaba sin la factibilidad de sobrevivir, porque no podía tener cabras, cabros u ovejas que le permitieran un reducido ingreso de sustentación.
En cambio, la iniciativa en estudio le entrega a ese pequeño propietario -lo considero muy positivo- un subsidio de subsistencia durante todo el período de madurez de la inversión -alrededor de 60 mil pesos por hectárea al año-, lo cual le posibilita efectuar la forestación y lograr de su tierra algún beneficio necesario para sobrevivir aunque sea mínimamente.
Es factible decir que aquello puede o no acarrear problemas hídricos. Pero el punto, a mi entender, es discutible. No hay demostraciones en ningún sentido, al menos en mi Región. Se sostiene que en la Novena se ha producido ese efecto. En la nuestra, no; y así me lo señalan los expertos locales.
Por eso, estimo que se debe respaldar la iniciativa en debate. Y voy a aprobarla en general, sin perjuicio de que en la discusión particular hay que introducirle perfeccionamientos al objeto de la que la bonificación de subsistencia llegue realmente al pequeño propietario, especialmente, y también al mediano.
Yo soy contrario al sistema de concurso, señor Presidente . Creo que todo pequeño propietario que desee efectuar en sus tierras el proceso de forestación y reúna los requisitos debe recibir los beneficios que prevé la ley en proyecto.
Por lo tanto, en su momento presentaremos las indicaciones respectivas. Y si no tenemos facultades constitucionales para tal efecto, le pediremos al Ejecutivo modificar el texto en el sentido expuesto.
De otro lado, la información que se nos entrega en cuanto a la consulta a los pueblos originarios de la Novena Región es contradictoria. Y no puedo convertirme en juez para determinar si se efectuó bien o mal. Pero se deben considerar los argumentos en un sentido y otro.
Ahora, si el problema está en la Novena Región, suspendamos la aplicación del proyecto en ella, hagámoslo regir para las Regiones que realmente lo necesitan; aprobemos un subsidio cuya entrega es requerida tanto en el norte como en el centro-sur de nuestro país, y solucionemos los inconvenientes que afectan a La Araucanía.
En cuanto a la CONAF, es efectivo que el Gobierno está en deuda, incluso con la determinación del propio Tribunal Constitucional en el sentido de que debe dictarse una legislación que la convierta en una entidad pública con una institucionalidad que le permita llevar adelante todas las políticas forestales de nuestro país.
Sin embargo, yo no soy partidario de condicionar este proyecto a la existencia de la nueva Corporación. De lo contrario, pasará otro año sin que los pequeños propietarios puedan acceder a la citada bonificación, que les resulta necesaria.
Ahora, algunos dicen: "Si les damos bonificación a los pequeños propietarios para que planten bosques, después se los venderán a los grandes empresas forestales".
¡Pero por supuesto que debe existir un poder comprador para ellos! De lo contrario, ¿qué van a hacer con los bosques? Es preciso, pues, que puedan transar sus productos en el mercado.
Creo, entonces, que aquella objeción no corresponde.
En consecuencia, opino que debemos aprobar la idea de legislar. Y, de ser necesario suspender la aplicación de la ley en proyecto en ciertos sectores por estimarse que ello puede serles perjudicial, presentemos una indicación con tal finalidad.
En seguida, hemos de pedirle al Gobierno que ingrese la normativa relacionada con la CONAF, para permitir la existencia de un órgano público encargado de las políticas forestales. Y, además, hagamos cuanto sea necesario para cumplir los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que dispone la consulta a los pueblos originarios.
Eso es lo que corresponde. Y si hay que perfeccionar el articulado, hagámoslo.
Por todas las razones que expuse, voy a aprobar en general el proyecto, sin perjuicio de que formularé las indicaciones correspondientes para tratar de solucionar los problemas y las objeciones que se han planteado.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el señor Secretario General .
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- En este momento han llegado a la Mesa diversos documentos.
Dos mensajes de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para el despacho de las siguientes iniciativas:
1.- La que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletines N°s 5.917-18 y 7.007-18, refundidos).
2.- La que aumenta sanciones a vehículos impedidos de efectuar transporte público y de escolares (boletín N° 7.815-15).
--Se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Dos oficios de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó la proposición de la Comisión Mixta constituida conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República sobre la forma y el modo de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales al objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletines N°s 5.917-18 y 7.007-18, refundidos) (con urgencia califica de "suma").
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Con el segundo informa que aprobó el proyecto de ley que establece la obligación de los canales de televisión de libre recepción de transmitir propaganda electoral para las elecciones primarias presidenciales, en los términos que indica (boletín N° 8.895-06).
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, a los efectos de establecer para las mujeres en estado de embarazo o de puerperio la facultad de excusarse de la obligación de ser vocal de mesa (boletín N° 8.644-06) (con urgencia calificada de "suma").
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , en cuanto a la última iniciativa, mediante la cual se aborda una materia que reviste gran trascendencia, pues estamos muy próximos a las elecciones primarias, pido que, si es posible, se trate en tabla de Fácil Despacho en la sesión ordinaria de mañana.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Conforme.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Prosigue la discusión.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, anuncio mi voto favorable al proyecto que nos ocupa, porque en verdad estoy convencido de que se trata de una buena iniciativa legal, al menos por dos razones.
En primer lugar, contrariamente a lo que se ha dicho, sí focaliza -y muy bien-, pensando ahora en pequeños y medianos propietarios forestales, no en grandes. No por casualidad ha llegado a la propia Comisión un conjunto de peticiones de comunidades agrícolas -muchas de ellas, de la Región de Coquimbo-, pidiendo que sea aprobado. Y no por casualidad, también, se establece un límite máximo de 50 mil unidades de fomento, a fin de que se entienda que el sistema está pensado para chicos, medianos y pymes.
Pero, además, la normativa considera, con especial interés, un territorio distinto: suelos degradados y zonas desérticas o semidesérticas, donde se necesita el apoyo del Estado para poder detener tal proceso. Y eso lo vemos en las especies que se empiezan a contemplar para el efecto de los incentivos, las cuales dicen relación con cubiertas vegetales permanentes, a diferencia de aquello en lo que siempre se utilizó el decreto ley, que ha correspondido a especies productivas: pino, eucalipto, pino oregón. Ahora se amplía el abanico a otras de gran valor agregado a la hora de impedir la desertificación, pero que asimismo sirven para forraje, lo que al menos en regiones como la de Coquimbo es sumamente importante.
Un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra ya recordaba que también la iniciativa en examen, de acuerdo con la vocación de apoyar a pequeños propietarios, crea un bono de 50 mil pesos por hectárea y por veinte años, lo que en verdad ayudará mucho en zonas que necesitan este tipo de incentivos.
Mas igualmente manifestaba que aprobaba el proyecto por otra razón: constituye una muy buena noticia para la Región de Coquimbo. En diez años, el decreto ley N° 701 ni siquiera se tradujo en la forestación de cien hectáreas. Hace mucho tiempo que ello no se hace en virtud de tal instrumento. Ahora, con el proyecto que estamos a punto de aprobar, se podrán forestar al menos 300 mil hectáreas, lo que resulta muy relevante para dicha zona, que además sufre los efectos de la sequía.
Por eso -y no por casualidad-, quiero dejar constancia de algunas cartas que me ha hecho llegar mi Honorable colega Prokurica , provenientes de comunidades agrícolas de Choapa, Peña Blanca, Ovalle , El Pangue, Canela , Tunga Sur , a las que agrego, para hacer justicia -porque nobleza obliga-, la de dirigentes de Copiapó, que también han hecho valer su opinión.
Se trata de una muy buena iniciativa, muy necesaria y oportuna, razón por la cual vamos a acogerla.
Finalmente, como si lo anterior no fuera suficiente y solo para dejarlo consignado en la historia de la ley, haré una referencia a la CONAF "pública". El Gobierno cumplió su compromiso de fortalecer una institución tan importante enviando un proyecto en enero del año 2011. Y no es que se desistiera: el Congreso lo rechazó. En tal caso, como bien sabemos, la Constitución impide renovarlo antes de un año. El plazo se cumplió recién el mes pasado, y ciertamente nos hallamos muy dispuestos todos, parlamentarios y miembros del Ejecutivo, a perseverar en una nueva institucionalidad.
Por todo lo dicho, señor Presidente , espero que la iniciativa en debate sea acogida, ojalá con la más amplia mayoría posible.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica para una cuestión de Reglamento.
El señor PROKURICA.- Pido que se abra la votación, señor Presidente.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No es posible, Su Señoría, porque los Comités Partido por la Democracia y Demócrata Cristiano han pedido aplazarla. Por lo tanto, ella se verificará mañana. Hoy día termina la discusión.
Puede intervenir el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , tengo que comenzar expresando que no hay una razón válida ni lógica para no pronunciarse en esta oportunidad, mas respeto el ejercicio por dichos Comités de un derecho establecido en el Reglamento. Sin embargo, también me asiste la convicción de que se trata solo de una maniobra para obstaculizar el trámite completamente fluido que debiera tener un proyecto sobre el cual uno puede manifestar opiniones, contradicciones, reproches, pero no dificultar que sea aprobado. La semana anterior se pidió segunda discusión, a lo que ahora se suma el aplazamiento de la votación.
La que nos ocupa es una buena iniciativa, que perfecciona de una manera adecuada las disposiciones que rigen todo lo relativo al fomento forestal. Represento a una zona en cuyo progreso ese sector ha significado un impacto decisivo. ¡Y también en cuanto a problemas...! Siempre se da cara y sello. Pero no hay duda de que a una comuna como Los Ángeles el mundo forestal le cambió su destino, su capacidad, su futuro, su desarrollo y la ha trasformado en extraordinariamente pujante. Basta visitarla para darse cuenta de ello. Y muchas otras de la Región del Biobío aspiran a un resultado similar producto del mismo factor. El articulado, habida consideración de la experiencia registrada durante todo este tiempo, mejora de manera notable -repito- la normativa.
Ya mi Honorable colega Uriarte se ha referido con toda claridad a la focalización, una cuestión que nos preocupa extraordinariamente, porque ha sido una de las dificultades experimentadas en la provincia de Biobío, en la medida en que a muchas pequeñas y medianas empresas forestales a veces les falta madera para poder llevar adelante sus tareas, sus emprendimientos productivos. La legislación en estudio va a permitirles ser actores en el mercado, sin tener que estar negociando con las grandes empresas. Por eso, a mi juicio, se genera un efecto sumamente positivo.
En seguida, por la experiencia en la aplicación del decreto ley N° 701 y otros programas de fomento forestal, ámbito en el que siempre se ha encontrado presente, como elemento prioritario, el factor maderero, cabe considerar que se habían ido planteando cuestiones no resueltas y que, muchas veces, se iban generando en el entorno de las comunidades. La iniciativa avanza de manera importante en aspectos ambientales. Respecto del fomento, no se trata de considerar la inversión solo desde el punto de vista maderero, sino también ambiental, productivo, lo que creo que hará la diferencia y permitirá ciertos equilibrios que en algún momento pueden hallarse menoscabados conforme a la actual legislación.
Por ende, señor Presidente , aquí se asume la experiencia de los últimos veinte o treinta años en materia forestal, a los efectos de perfeccionar las normas y llevar adelante políticas públicas que verdaderamente incorporen al pequeño y al mediano productor, los aspectos ambientales, la realidad hídrica y, en fin, elementos nuevos de todo lo referente al desarrollo del sector. Repito que en las zonas que represento este último ha contribuido en forma extraordinariamente positiva y consistente en el avance y, en definitiva, las expectativas y la calidad de vida de personas y comunidades.
Todo ello, además, hace patente que durante los últimos veintitantos años no han existido políticas agrícolas en nuestro país. Y, por lo tanto, con una política clara, efectiva, en el mundo forestal, sin esa otra contraparte, de repente se puede generar un desbalance. Por eso, desde el momento en que la normativa de fomento forestal contemplará, no solo las materias madereras, sino también las ambientales, creo que viene a significar otra mirada, que resulta extraordinariamente necesaria. Pero dejo planteada la conveniencia de establecer políticas agrícolas.
Deseo hacerme cargo, en el poco tiempo que me queda, de ciertas críticas formuladas respecto a la ausencia de institucionalidad.
¿Nos hemos dado cuenta ahora de que la CONAF no es una entidad pública, sino privada? ¡Pero si lleva cuarenta años actuando en el manejo forestal! Fíjense Sus Señorías en que fue creada en abril de 1973. ¿Y para qué? Para contribuir a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos del sector. ¿Y ahora venimos a constatar que no es capaz de llevar adelante una política forestal?
Me parece que ese argumento no resiste análisis.
Sin duda, coincidimos en la conveniencia de un perfeccionamiento -y, por eso, el Gobierno del Presidente Piñera presentó la iniciativa respecto de una CONAF pública, rechazada en la Sala, de modo que no puede renovarse hasta un año después-, pero, si hemos vivido y experimentado un auge con la institucionalidad creada hace cuarenta años, no usemos el argumento de que la ausencia de un organismo como el que se plantea hace inviable toda política sobre fomento forestal.
Por lo tanto, me parece que se trata solo de una excusa para intentar obstaculizar el avance de un proyecto verdaderamente positivo. ¿Y para quién lo es? Básicamente, en la perspectiva de la Región del Biobío, para los miles de pequeños y medianos productores forestales que lo ven como una gran oportunidad de aportar adecuadamente al desarrollo forestal, sin que sean solo las grandes empresas las que exhiban un dominio absoluto en este ámbito. Mediante el articulado en análisis incorporaremos ese elemento y también los aspectos ambientales.
Por lo expuesto, considero que nos encontramos ante una muy buena iniciativa, en la cual tenemos que avanzar. Y lamento que no podamos votar hoy.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , deseo complementar con imágenes mi primera intervención, en el sentido de que la erosión y desertificación son, lejos, el problema que más afecta en Chile.
Es un detalle que le entregaremos, por cierto, a cada señor Senador.
El fenómeno mencionado compromete a 48 millones de hectáreas. Más del 60 por ciento del territorio sufre de erosión y desertificación. Y ninguna Región escapa a este problema ambiental.
Esta imagen da cuenta de la distribución de la sequía y la desertificación.
También hice presente la vez pasada que la forestación y la reforestación constituyen un proceso profundamente acendrado en el quehacer nacional.
Fue don Federico Albert , quien llegó a nuestro país junto a otros científicos y destacados investigadores, el que ya en 1898, entre otras actividades, partió forestando el sector de las dunas de Chanco, de Concón y otras áreas. Las actividades en procesos de madereo, los incendios tendientes a despejar áreas para la agricultura, e incluso, las denuncias de pesca con dinamita lo enfrentaron a poderosos intereses económicos en esa época. Y, de alguna manera, lo anterior se mantiene, con otros actores, hasta el día de hoy. Podemos apreciar tales forestaciones hasta en la actualidad.
Deseo mencionar, asimismo, el acuerdo que un grupo mayoritario de parlamentarios de todos los sectores suscribimos con el Gobierno. Ello dice relación con que el proyecto, en su trámite en particular -hoy estamos analizando solo la idea de legislar-, tenga una orientación clara hacia la forestación, para enfrentar el proceso de erosión y desertificación, generar nuevas áreas de actividad forestal y proteger cursos de agua y torrentes asociados a cabeceras de cuencas.
Los subsidios para la forestación, en seguida, deben ser tanto para el sector de suelos sin cubierta boscosa como para restituir ecosistemas naturales con bosque nativo.
También se plantea que la forestación se pueda realizar por etapas sucesivas y en segundas fases de forestación. Es algo muy relevante. Existen áreas en las cuales eso se lleva a cabo, particularmente con bosque nativo, y no se logran condiciones de protección ante los embates climáticos, el exceso de suelo, la depredación de animales como la liebre, para que las especies puedan prender. Lo anterior se supera si se actúa en dos etapas, se consolida una fase de protección en los primeros años y se enriquece después con nuevas plantas. Pero para ello hay que bonificar dos veces, no la misma especie, sino lo que se agrega. El punto se encuentra establecido en el acuerdo.
El manejo tiene que verificarse no solo con un criterio central y representar también las realidades regionales.
De igual modo, la focalización preferentemente debe centrarse en propietarios forestales pequeños y medianos. Incluso, el Gobierno ha bajado de cien mil unidades de fomento anuales a 50 mil el umbral de ingreso por la actividad en un predio.
A la vez, la bonificación incluirá la necesidad de proteger -repito- cursos de agua y torrentes en cabeceras de cuencas, así como la reconstitución de suelos y cobertura vegetacional.
Se comprenderán, asimismo, las labores de poda y raleo, según el tipo de bosque y región. Nos parece que ello resulta fundamental.
Existirá compatibilidad con otros subsidios. Cabe recordar, tratándose de las zonas extremas, que si en una actividad particular de otra naturaleza, en un mismo predio, se bonifica la mano de obra, por ejemplo, mediante el decreto ley Nº 889, surge una incompatibilidad en caso de haberse forestado en otro lugar. Desde luego, ello nos parece algo equívoco.
El subsidio se entregará sobre la base de un concurso simple, con los mismos trámites actuales de calificación de terreno de aptitud forestal y en la medida en que se privilegie a pequeños y medianos propietarios. Es decir, no por esa vía se entrabará el proyecto y finalmente sean consultores externos quienes se lleven los beneficios.
Antes de fines del mes en curso se establecerá una instancia de trabajo entre los Senadores de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, con miembros definidos de común acuerdo, para avanzar en una iniciativa legal respecto de la CONAF pública que se analice en el Congreso Nacional.
Lo que igualmente resulta muy relevante es que el Gobierno presentará una evaluación económica, social y ambiental de la aplicación del decreto ley Nº 701 en todos sus años de vigencia.
Sabemos que el proyecto partió en los años setenta, con una CONAF que se dedicó a reforestar. Se necesita un crédito de enlace, y también establecer los procedimientos, dentro del Ejecutivo y del Legislativo, para las consultas a los pueblos originarios, y, mientras tanto, mejorar.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto más, para que pueda terminar.
Deseo mostrar que la sequía, la desertificación y la erosión constituyen un problema mundial.
La imagen exhibe las áreas donde está aumentando la primera de ellas, que compromete a todo nuestro país.
Las imágenes dan cuenta de los efectos en el tranque Lautaro, en la Tercera Región.
Si se suma el cambio climático, ello está contribuyendo a la erosión y desertificación, por la deforestación que sufre nuestro país.
En la imagen apreciamos ejemplos claros en las Regiones de Atacama y de Coquimbo, donde, por la vía de la forestación y reforestación, se están reconstituyendo los ecosistemas.
Entrego formalmente a la Mesa el acuerdo que hemos firmado con el Gobierno, para poder avanzar en particular y sacar el mejor proyecto posible.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma, por un minuto.
El señor TUMA.- Señor Presidente , intervengo motivado por las intervenciones del señor Ministro y de algunos colegas con relación a la consulta que se habría realizado a las comunidades indígenas.
Si esta se efectuó, cabe preguntar: ¿tenemos la respuesta?; ¿la conoce el Senado?; ¿está a disposición del Ejecutivo ?; ¿los Senadores podemos acceder a tal información?; ¿quiénes fueron consultados?; ¿cuál fue el pronunciamiento de cada una de las comunidades consultadas?
El señor COLOMA.- Señor Presidente , en verdad, me sorprende que el debate sobre un proyecto de esta naturaleza -de fomento al mundo forestal, al igual que el que se refería a la CONAF pública- sea como esos cuentos de nunca acabar.
En efecto, con respecto a la iniciativa que creaba la CONAF pública, que tanto se reclama -y con razón-, una mayoría de la Concertación rechazó la idea de legislar en el Senado. O sea, dicho sector no quiso aprobar tal institucionalidad pese a disponer de todos los espacios para mejorar el articulado.
Fue una decisión política. Yo la respeto. Pero sorprende que, adicionalmente, en este segundo proyecto en materia forestal de nuevo nos encontremos con todo tipo de inconvenientes: la semana pasada se pidió segunda discusión (los parlamentarios están en todo su derecho al solicitarla, pero no reclamen cuando uno haga lo mismo), y ahora, el aplazamiento de la votación.
Es decir, se pretende chutear al máximo el despacho de un proyecto que, a mi juicio, es muy importante, al menos para la Región del Maule, que represento, y me atrevería a decir para las Regiones Cuarta a Décima.
El señor PROKURICA.- Y para la Tercera.
El señor COLOMA.- También para la Tercera Región, como, asimismo, para la Undécima, que representa el Senador Horvath .
¿Y por qué digo que es muy importante la iniciativa que nos ocupa? Porque perfecciona una de las políticas públicas que ha demostrado ser eficiente y andar bien. Y las cifras son concluyentes desde el punto de vista económico: ha generado exportaciones por 5.900 millones de dólares.
Además, Chile es uno de los pocos países que han logrado desarrollar el área maderera sin afectar la superficie boscosa. Hoy en día existen más bosques que antes. Ello, gracias a un sistema virtuoso asociado a un subsidio a la plantación de árboles. De esa manera se generan riquezas y oportunidades donde no las había, especialmente en sectores tradicionalmente muy despojados.
Como dije en la sesión anterior, en mi Región este beneficio ha sido clave, pues en la zona costera del Maule existían vastos espacios que estaban absolutamente desertificados. Además, en la población había un grado de pobreza muy profundo, muy potente.
Entonces, me extraña que hoy no se quiera aprobar este proyecto, que contiene un conjunto de principios que ha funcionado, sobre todo, cuando el Gobierno propone introducir mejoras a la ley. Porque la iniciativa no expresa meramente: "Postérgase el plazo". Introduce todo un nuevo concepto ambiental: cómo generar más superficie plantada sin dañar el medio ambiente. Y se crean subsidios especiales en tal dirección.
Por eso se puede hablar de "forestación sustentable", que es un concepto moderno, un concepto nuevo, un concepto decisivo.
Yo esperaba del Senado la misma aprobación entusiasta que han logrado otros proyectos mucho menos relevantes.
Adicionalmente, aquí se avanza en hacer un país más justo. Esto se consigue cuando se entregan oportunidades a quienes las necesitan.
Al cambiar las definiciones de lo que debe entenderse por "pequeño propietario forestal" y "mediano propietario forestal"; al hacer extensivas las bonificaciones a esos sectores, y al incorporar el aspecto ambiental, se conforma un círculo aún más virtuoso, ya no solo en la perspectiva económica, que es de gran relevancia, en particular, en lugares que carecen de oportunidades, sino también en la lógica del desarrollo del país, donde necesitamos -y aquí se reclaman permanentemente- políticas públicas medioambientales de largo plazo que ayuden a enfrentar el calentamiento global y la desertificación, cuyas consecuencias deben pagar los ciudadanos tanto de ahora como los del futuro.
Algunos levantan la voz para reclamar que nada se hace en materia ambiental; pero, cuando se envían proyectos que son claramente de esa naturaleza, se mira para el lado, se tira al córner, se chutea, se posterga. No reclamo: están en su derecho. Sin embargo, perdemos quienes estamos pensando a nivel de país.
Expreso lo anterior con la debida información, por cuanto he conversado sobre el tema, en especial, con los pequeños productores forestales.
La lógica moderna tiende a disgregar el poder en esa materia y no a condenar a los pequeños propietarios a que, por problemas de capacidad económica, tengan que vender sus bienes. La idea es que vayan siendo parte de una cadena productiva, la cual es importante para el país, no solo para generar divisas, sino también para fortalecer zonas que, de otra manera, irían quedando muy desequilibradas.
Por eso, señor Presidente , cuando entró este proyecto a la Comisión de Agricultura hace algún tiempo, pensé que era de aquellos que a uno le dan ánimo y fuerza por propiciar grandes consensos. Pero, con un dejo de asombro, me he dado cuenta de que en este caso se buscan fórmulas para dilatar su despacho o se plantean situaciones para, eventualmente, corregir su texto sobre la base de argumentos que nada tienen que ver con su contenido.
Espero que al final -cuando sea, porque no sé cuántos recursos quedarán para ir demorando un pronunciamiento- la iniciativa se apruebe. De ese modo, les daremos a Chile y, en particular, a las zonas agroforestales el espacio y la oportunidad que merecen y necesitan.
Aquí no estamos hablando de 2 o 3 personas. Se trata de una de las industrias más importantes del país. Y se diferencia de las relativas a recursos naturales que se van agotando -entiendo el problema que se plantea a este respecto-, cuya explotación genera la pérdida de determinadas características. Aquí es al revés: la explotación, con un subsidio bien formado, produce un aumento de la masa forestal, con los consiguientes beneficios ambientales, de producción y de crecimiento del país.
Por lo expuesto, señor Presidente, reitero mi esperanza de que al final, más allá de las vicisitudes descritas, se apruebe el proyecto, porque este es bueno para las regiones de Chile.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , solicité intervenir para pedir formalmente, como ya se anunció, aplazamiento de la votación en nombre del Comité Demócrata Cristiano.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , yo siento que la discusión de este proyecto guarda mucha relación con el debate que en el país se está desarrollando actualmente, en el cual usted, por cierto, como precandidato presidencial, ha tenido participación.
Me refiero a si las reglas del juego que se definieron en la Constitución hace 32 o 40 años sobre la materia que nos ocupa -no digo "institucionalidad" porque, como ya dije, hoy día no existe una que pueda sostener el instrumento que se nos propone seguir aplicando por veinte años- son las mismas que debiésemos prorrogar hoy.
A mi juicio, la iniciativa implica no mirar el Chile de hoy. Esto no guarda relación con la Asamblea Constituyente ni con muchas otras cosas que se puedan decir, sino con un asunto de índole económica. ¿Vamos a mantener el modelo económico tal cual rige hasta ahora? Tenemos una economía que crece, sin duda; pero se basa en los commodities, en la explotación de los recursos naturales, y no en el capital humano, no en el conocimiento, no en la inteligencia, no en otras áreas.
Resulta penoso constatar acá que se nos pide, como si nada, aprobar esta iniciativa como si se tratara de cualquier política pública, en circunstancias de que este mismo Senado, en forma mayoritaria, meses atrás rechazó el proyecto sobre institucionalidad forestal precisamente porque no se hacía cargo de los problemas de fondo: establecía un sistema de privatización encubierta de concesiones en diversas áreas y no contenía ninguna medida de preservación ni de protección.
Entonces, hoy se busca prorrogar por 20 años un instrumento que, como se sabe, va a significar algo así como 350 mil millones de pesos, de los cuales el 71 por ciento se lo llevan los proyectos destinados a la forestación con fines productivos.
¡Entonces, por favor!
Yo he escuchado a algunos Senadores decir: "Es que en mi región hay pequeños productores que están pidiendo esta normativa". Sin embargo, en la Región de La Araucanía, una zona pobre, no he oído a ningún pequeño propietario de bosque o agricultor señalar: "Senador Quintana, necesito esto porque ¡pucha que me va a ser útil!".
Todo lo contrario. Hoy día en La Araucanía, según los datos del censo del 2002 -me cuesta utilizar la información recogida por el último censo porque, como todos sabemos, es materia de una auditoría internacional-, disminuyó la población en las comunas de mayor actividad forestal. Por ejemplo, la de Lumaco en 10 años bajó un 11,4 por ciento -creo que los datos del último censo son más lapidarios todavía-; la de Traiguén, un 8,8 por ciento; la de Los Sauces, un 19,2 por ciento; la de Purén, un 11,9 por ciento; la de Galvarino, un 14 por ciento.
Entonces, estamos hablando de una relación inversamente proporcional: a mayor plantación de bosques, menor cantidad de población. La gente termina abandonando esas localidades y poblados.
Esta actividad no genera empleo, señor Presidente . Algunos colegas mueven la cabeza en signo de reprobación. Me refiero a la explotación de los bosques. Seguramente, las empresas forestales mayores son las que terminan beneficiándose: los tres grandes grupos económicos que hoy día tienen sus plantas fuera del país. ¡Ellos son los que ganan con esto!
La actividad económica forestal, después de la minería, es la que mayores exportaciones produce. Y se ha construido gracias al decreto ley Nº 701.
Por ello, no entiendo por qué el Ministerio de Agricultura se cerró a la propuesta que formuló el Senador señor Ruiz-Esquide de prorrogar la vigencia de dicho cuerpo legal, como se hizo el 2010, por uno o dos años, hasta concordar un mecanismo del que no tengamos que arrepentirnos a la vuelta de la esquina.
Por su parte, el Honorable señor Tuma recién se refirió al problema relacionado con la consulta a los pueblos indígenas. Si esta se efectuó, claramente no fue de buena fe. El Ejecutivo no ha demostrado que se haya realizado conforme a las normas internacionales. Además, todas las comunidades que participaron en tal procedimiento sostienen -no tengo por qué no creerles; nadie ha dicho lo contrario- que el instrumento que se les entregó como consulta es distinto del proyecto que el Gobierno ha traído acá.
Uno podrá decir que ello se vincula con el rechazo a la institucionalidad forestal. No sé. Puede buscarse cualquier razón. Pero lo concreto es que la consulta no se hizo de buena fe.
Hoy día leí en la prensa algo relacionado con el encargado del Ministerio de Desarrollo Social en estas materias. Porque el Ministro Lavín , quien estaba liderando el proceso de consulta, entre otras personas, siguió otro camino. Se fue a apoyar una candidatura y nos dejó sin consulta.
Como señaló el Senador señor Tuma , se llevó a cabo una consulta no de buena fe -no quiero decir "mala fe", pero claramente no fue de buena fe- y sin las instituciones que correspondía. Porque la CONAF, que es una corporación de derecho privado, no puede efectuar -esto no lo sostengo yo, sino el Tribunal Constitucional- una consulta de esta naturaleza. La debió hacer la CONADI. Pero, al final, el Gobierno tomó otra opción.
Simplemente quiero dejar constancia de que eso fue rechazado por todas las comunidades que estuvieron en las audiencias, especialmente en la Cámara de Diputados, donde hubo mayor participación en el debate.
Está pendiente lo relativo a la institucionalidad forestal.
El proyecto de ley contiene una barrera de entrada, que es la concursabilidad. Resulta muy difícil que un pequeño productor se beneficie, porque tendría que contratar servicios. Algunos señalan: "Es que ahora viene una política de subsistencia". ¿En qué consiste eso?
¿Por qué digo que esto no es para los pequeños propietarios? Porque hay que esperar 15 a 20 años, hasta que los árboles crezcan, para recién recibir los frutos económicos. Hoy día se van a anticipar los beneficios, pero ello será para el raleo, el manejo, la conservación, a fin de que las plantaciones puedan ser vendidas.
Entonces, a mi juicio, estamos cometiendo un grave error al prorrogar por 20 años algo que hoy día es parte de un debate como país: ¿queremos o no seguir utilizando la extracción de recursos naturales como la base de nuestro crecimiento económico, con el consiguiente daño que eso ocasiona?
Aquí no estamos hablando de cualquier especie. Se trata, básicamente, de las de crecimiento rápido (pino radiata y eucalipto). El 90 por ciento de las especies que forman parte de la actividad forestal corresponde a ese tipo de árboles, los cuales consumen en verano hasta 200 litros de agua por día.
Esta actividad actualmente tiene arrinconadas a diversas comunidades mapuches y también a sectores pobres de la población en zonas donde no hay una política de buena vecindad. He visto que muchas de las empresas forestales entregan a las comunidades aledañas algunos corralones y cosas menores. Para ellas no existe una política de compensación.
Sin embargo, para las forestales se ha establecido todo tipo de garantías y prerrogativas. De hecho, no pagan impuesto territorial. La ley les asegura un subsidio con fondos fiscales; o sea, les garantiza el negocio por 20 años más.
Esta situación guarda mucha similitud con lo ocurrido en la reforma a la Ley de Pesca, que también regula recursos naturales, por lo que esta materia debería haber generado un mayor debate en el Senado.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , en la primera discusión informé el proyecto en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura , y aproveché también de dar a conocer mi opinión favorable.
Ahora deseo referirme muy brevemente -no quiero abusar del tiempo de esta Sala- a algunos comentarios que se han hecho, no sin antes lamentar que se haya pedido aplazar la votación.
Por cierto, dicha solicitud es un derecho estrictamente reglamentario y nadie objeta su uso. Pero la verdad es que lo único que se logra es perder tiempo, porque el debate sobre la iniciativa ya se hizo. De hecho, estamos en la segunda discusión. ¡Y hay que tomar una decisión! Cualquiera que esta sea será muy respetable. Creo que postergar una vez más la resolución de esta materia para mañana no es razonable, respetando, como dije, a quien ha ejercido ese derecho reglamentario.
Respecto de los temas centrales de la iniciativa, quiero hacer cinco afirmaciones.
Primero, lo más relevante del proyecto es que, a diferencia de lo que dispone el decreto ley Nº 701, concentra el beneficio en las pymes agrícolas. Es decir, en lo sucesivo, no habrá subsidios para los grandes propietarios forestales. Y eso me parece correcto. Se focaliza el recurso fiscal en la dirección de quienes deseamos apoyar, particularmente de las pequeñas y medianas empresas o propietarios forestales que, dadas las características de sus suelos, están en condiciones de invertir en una plantación de esta naturaleza.
Segundo, se aplica solo a los suelos degradados. No es posible forestar en terrenos de uso agrícola o que posean otras alternativas económicas. Por lo tanto, los subsidios no se autorizarán en tales condiciones. Si alguien quiere, puede hacerlo, pero a su costa, sin recursos fiscales. De este modo se cautela de modo importante el destino de dichos dineros.
Tercero, no solo se puede subsidiar la plantación de bosques exóticos (pinos o eucaliptos). Por primera vez se abre un fondo de subsidio para apoyar la plantación de bosques nativos.
Me parece que eso abre una oportunidad que no hemos tenido antes en nuestra legislación -espero que pueda ser mejorada en esta discusión o con posterioridad-, lo cual contribuye a que esta iniciativa sea indudablemente mejor que la normativa vigente.
Cuarto, algunos han mencionado que la aplicación de este beneficio perjudica a las comunidades agrícolas más pobres. Pero la verdad es que, de acuerdo a los antecedentes que se han podido verificar sobre el impacto que ha provocado esta política, que ha regido en los últimos 25 a 30 años, se ha demostrado que, en comunas con mayor actividad forestal de las Regiones del Libertador Bernardo O`Higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía y de Los Lagos, efectivamente la pobreza ha disminuido en una proporción mayor que en aquellas donde existe menor aptitud forestal. Aquí hay antecedentes concretos y, si a alguien le interesan, podemos discutirlos. Están los datos y también la corroboración de que no se produce daño para las comunas más pobres en el ámbito forestal.
Y, finalmente, está la preocupación -que también entendemos- por las comunidades indígenas, sobre todo en lo que dice relación con la consulta. Al respecto, oímos a distintos grupos originarios en la Comisión de Agricultura.
Nosotros tenemos un problema sobre el particular.
Hoy día rige un decreto del año 2009 para verificar el procedimiento de consulta a las comunidades indígenas, el cual es, ciertamente, muy malo -es rechazado en el ámbito internacional- y estamos todos contestes en que no sirve para recoger la opinión de las etnias originarias acerca de una iniciativa determinada cuando ella las afecta tanto en forma general como parcial.
Sin embargo, no hemos avanzado todavía lo suficiente ni con la rapidez requerida para adoptar un nuevo procedimiento de consulta; está en camino. Esperamos hacerlo pronto; para eso estamos trabajando en una comisión bicameral constituida por iniciativa del Senado, especialmente de la Comisión de Derechos Humanos que me tocó integrar cuando se tomó esa decisión. Su finalidad es consagrar un procedimiento que permita, cada vez que sea necesario, hacer la consulta más completa posible a las comunidades indígenas que se vean afectadas por una iniciativa en trámite legislativo y que no ha sido sometida previamente a dicha consulta.
Por eso sostengo que esta consulta, según los antecedentes que se expusieron en la Comisión, es la más completa de todas las hechas a las comunidades indígenas en distintas materias. Uno podrá decir que todavía falta y que es insuficiente. Es posible. Sin embargo, ella va, con creces, más allá de la reglamentación vigente y es la más completa realizada en todo este período, con el objeto de conocer la opinión de las comunidades afectadas o eventualmente afectadas.
Es decir, siempre habrá inquietudes. Es más, de aprobarse esta iniciativa legal, la ley no será un dogma de fe inmutable en el tiempo. Si la experiencia demuestra que es necesario corregirla, se perfeccionará.
Adicionalmente, como ya se ha mencionado, el acuerdo que ha promovido el Senador señor Horvath , el cual compartimos, permitirá satisfacer y atender muchas de las inquietudes expuestas en este debate y que serán incorporadas como indicaciones durante la discusión particular.
Por lo tanto, la prórroga del cuerpo legal vigente constituye una mala opción porque, sin lugar a dudas, el proyecto, incluso con todas las deficiencias que puede evidenciar su actual redacción, es infinitamente mejor a la mera prórroga del decreto ley N° 701 en su versión actual.
En consecuencia, no tengo la menor duda de que, por las razones que he esgrimido, todo aconseja aprobar en general la iniciativa; corregirla en la discusión particular por los antecedentes que he señalado y recoger las inquietudes que aún están pendientes, máxime si con la experiencia de los próximos dos o tres años, se le podrán introducir las correcciones del caso, si fuese necesario.
Pero postergar otra vez el despacho de este proyecto lo único que hace es perjudicar la forestación en Chile.
El señor PIZARRO (Presidente).- Advierto a las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.
El señor CRUZAT ( Ministro de Agricultura subrogante ).- Señor Presidente , frente a la consulta de algunos Senadores con relación al informe del proceso de consulta llevado a cabo por la Corporación Nacional Forestal, debo aclarar que ese documento completo fue entregado a la Secretaría de la Comisión de Agricultura, se encuentra disponible para su revisión y un resumen de él se halla en la página web de la Corporación Nacional Forestal.
Por lo tanto, ese informe está a disposición de los señores Senadores. En él es posible verificar, para interés de los parlamentarios que así lo plantearon -como el Senador señor Tuma -, lo relativo a cada una de las comunidades que fueron convocadas, las opiniones que emitieron y, de alguna manera, cómo ellas fueron consideradas en el texto.
Eso es cuanto puedo comentar frente a esa consulta.
Llama la atención que, dentro de los argumentos dados para no extender este beneficio forestal, se encuentre el que la CONAF no se halla preparada para desarrollar o implementar una política forestal desde el punto de vista institucional.
La CONAF tiene 41 años de historia. Actualmente está sometida a la Contraloría General de la República y a la Ley de Transparencia; funciona con recursos que se entregan mediante la Ley de Presupuestos que se aprueba todos los años; cuenta con 1.900 funcionarios; tiene cobertura nacional y ha sido responsable, por más de 40 años, no solo de sacar adelante la política de fomento forestal, sino también de combatir los incendios y cuidar las áreas silvestres protegidas.
Por lo tanto, esgrimir que es una institución que no opera dentro del sistema jurídico público no se condice con la realidad.
Eso no significa que el Ejecutivo no esté disponible para transformar a la CONAF en un servicio público. Esa fue la razón por la cual presentamos un proyecto de ley que, lamentablemente, no pudimos discutir dado que fue esta Corporación, hace un año, la que rechazó la idea de legislar sobre el particular.
Primero, se dice que no hay un compromiso con los pequeños propietarios, en circunstancias de que la intención del Ejecutivo es adecuar la legislación para focalizarla en ellos.
En segundo lugar, se pretende dar un componente ambiental y moderno a la nueva ley.
Tercero, dotar a esta legislación del financiamiento necesario al disponer un informe financiero por 37 millones de dólares anuales, mientras que en la actualidad se invierten alrededor de 16 millones de dólares.
En cuarto término, adecuar la ley para que sea un instrumento eficaz que nos permita combatir la desertificación.
Quinto, regionalizar esta legislación y no transformarla en una normativa de carácter general con el objeto de que pueda recoger las particularidades de las distintas macrozonas del país.
Por lo tanto, como se ha dicho, este cuerpo legal es mucho mejor que el que nos rige, razón por la cual vemos con urgencia -no es un empecinamiento del Ejecutivo- la necesidad de generar esta discusión.
El error más grave no sería dejar de aprobar en general el proyecto, sino negarse a discutirlo. Por eso invitamos al Senado a que acoja cuanto antes la idea de legislar, lo cual nos permitirá mejorar su contenido a través del debate.
Negarse a esa discusión sería el más grave error que el país podría cometer.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , esta es una cuestión muy importante para el país desde el momento en que todos conocemos -yo fui durante doce años Diputado por la Cuarta Región- las consecuencias de la desertificación, la degradación de los suelos, la erosión -el señor Presidente , en su calidad de Senador por la Región de Coquimbo, lo sabe- para el norte chico, para el norte grande y, por supuesto, para el sur del país, donde efectivamente se desarrolla una actividad forestal relevante -la que queremos promover en Aysén-, por parte de pequeños y medianos propietarios.
Me alegro mucho de que el proyecto de ley establezca subsidios e incentivos para los pequeños y medianos, no para los grandes.
Igualmente, me parece adecuado que no solo se otorguen estímulos, beneficios y subsidios para las especies exóticas, sino también para los ejemplares nativos, como durante muchos años lo han pedido las comunidades de pequeños agricultores de nuestra Región.
Y, por supuesto, resulta fundamental establecer algunos compromisos sobre la materia.
El Senador señor Horvath lideró un acuerdo -yo personalmente lo suscribí, pues me pareció muy relevante-, con el propósito de que el Gobierno acoja estas propuestas para presentar las indicaciones correspondientes en la discusión particular, fundamentalmente en lo referente a bonificar la forestación, que incluya las actividades necesarias para proteger los cursos de agua y torrentes en cabeceras de cuencas y, de esa manera, prevenir la erosión y la desertificación.
Asimismo, resulta imprescindible establecer un subsidio que incorpore labores de poda y raleo en el período que corresponda, según el tipo de bosque y la región del país, lo que debe quedar explicitado en el reglamento.
También, la bonificación de forestación será compatible con subsidios destinados a otras actividades que se realicen en el mismo predio, pero en partes distintas, siempre que no se trate de la misma realizada, para evitar un doble beneficio.
Finalmente, el subsidio debe entregarse sobre la base de un concurso simple con los mismos trámites actuales de calificación de terreno de aptitud forestal y privilegiando a los pequeños y medianos propietarios forestales.
Cuando hablé con el Director de la CONAF, le pregunté por qué no eran automáticos estos beneficios para los pequeños propietarios. En la Región de Aysén, tenemos el ex 889, texto legal que establece un subsidio a la contratación de mano de obra, el cual va, sí o sí, al empleador.
¿Por qué no opera de manera automática esta iniciativa? Los concursos siempre son complicados; muchos quedan fuera; hay una gran burocracia. Y están los asesores externos, que numerosas veces impiden que efectivamente haya una relación fluida entre el postulante y, en este caso, la CONAF.
Por eso, constituye un avance que efectivamente se establezcan estos compromisos, pero creo que tiene que haber, ojalá, una disposición del Gobierno para que los beneficios sean automáticos, especialmente para los pequeños propietarios.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- No hay más inscritos para intervenir.
Como se ha pedido aplazamiento de la votación, esta se va a desarrollar mañana, al inicio de la sesión de la tarde.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Antes de pasar al segundo punto del Orden del Día, solicito el acuerdo de la Sala para tratar sobre tabla el informe de la Comisión Mixta relativo al proyecto de tuición compartida, despachado por unanimidad.
El señor LARRAÍN.- Sí, señor Presidente .
La señora ALLENDE.- Hay acuerdo.
Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5917-18 y 7007-18, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 5ª, en 21 de marzo de 2012.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 14ª, en 16 de abril de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 30ª, en 3 de julio de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 93ª, en 9 de enero de 2013.
Mixta: sesión 29ª, en 11 de junio de 2013.
Sesiones 32ª, en 4 de julio de 2012 (se aprueba en general); 1ª, en 12 de marzo de 2013 (se aprueba en particular).
Tal vez convendría que el Presidente de la Comisión de Constitución nos entregue una breve reseña del informe, para luego proceder a votarlo.
Señor Presidente , como se recordará, esta iniciativa tuvo su origen en dos mociones presentadas en la Cámara por varios señores Diputados, las cuales reflejaban diversas inquietudes en relación con la situación en que quedan los hijos cuando los padres se separan.
Durante el primer trámite, dichas mociones se refundieron y, con el aporte del Senado en el trámite siguiente, se llegó a un texto enriquecido y complementado que tuvo por objetivo consagrar, en el caso de separación de los padres, el principio de la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos, distribuyendo entre ambos progenitores, en forma equitativa, los derechos y deberes que tienen respecto de los menores, considerando en todo el interés superior de estos últimos. Sobre la base de estas ideas centrales, se introdujeron modificaciones a las reglas del Código Civil en materia de cuidado personal de los hijos y de patria potestad y también a las leyes de Menores y de Matrimonio Civil.
En el tercer trámite en la Cámara de Diputados, se rechazó el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil propuesto por el Senado, que decía lo siguiente:
"Si los padres viven separados y no hubiere acuerdo entre ellos, compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto de los hijos comunes. Sin perjuicio de lo anterior y mientras no exista acuerdo, el juez deberá resolver dentro de sesenta días quién tendrá a cargo el cuidado del hijo. En el intertanto, éste continuará bajo el cuidado de la persona con quien esté residiendo, sea ésta el padre, la madre o un tercero.".
Esta norma, pese a su brevedad, desarrolla los principios medulares del proyecto, pues se relaciona con las responsabilidades y derechos de los padres que se separan respecto de los hijos comunes; determina la persona que, al no haber acuerdo entre los padres, ejercerá el cuidado personal de aquellos hasta que el asunto se resuelva judicialmente, y fija un plazo para que el tribunal adopte su decisión.
Dada la relevancia de estas materias y de las inquietudes a que dieron lugar durante el debate, la Comisión Mixta entendió que no debía necesariamente circunscribir su trabajo solo a enmendar el inciso que se había rechazado, sino que podía también, si resultaba necesario, proponer modificaciones a otros preceptos del proyecto, de modo de estructurar, en definitiva, una normativa orgánica y coherente.
El trabajo de la Comisión Mixta se desarrolló de manera muy minuciosa y se dispuso, al igual que en los trámites anteriores, la asesoría de un conjunto de especialistas que venían prestando su colaboración y también, por supuesto, del Ejecutivo.
En definitiva, como forma y modo de resolver las divergencias producidas durante la tramitación del proyecto, la Comisión Mixta consensuó de manera unánime una fórmula cuyas líneas centrales son las siguientes:
1) Modificar el artículo 225 del Código Civil de la siguiente manera:
a) Priorizar, en el inciso primero, el acuerdo entre los progenitores en materia de cuidado personal cuando se produce la separación. Dicho acuerdo deberá establecer, además, la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos.
b) Se establece en el inciso tercero que, en caso de que los padres no alcancen acuerdo respecto al cuidado personal de los hijos, estos continuarán bajo el cuidado personal del progenitor con quien estén conviviendo. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 226, norma que permite que, en ciertos casos, se confíe dicho cuidado personal a otras personas, como son los ascendientes, y particularmente los abuelos.
c) Si el caso ya está en manos del juez, este fijará, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, tanto el régimen de cuidado personal como la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, siempre considerando -reitero- el interés superior de estos últimos.
2) En el artículo 225-2, se agrega, como criterio para el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, la contribución que el padre o madre hizo a la mantención del hijo mientras este estuvo bajo el cuidado personal del otro progenitor, pudiendo hacerlo.
3) En el artículo 226, se faculta al juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, para confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o a personas competentes. Se dispone que lo anterior se hará velando primordialmente por el interés superior del niño y considerando además los criterios establecidos en el ya mencionado artículo 225-2.
4) En el artículo 229-2, se consagra el derecho del hijo a mantener una relación directa y regular con sus abuelos.
Esto es muy importante. Muchas veces se producen reclamos cuando el hijo se queda con la madre y esta no deja al abuelo paterno visitarlo. Naturalmente, se produce una situación odiosa, muy dolorosa, que este proyecto de ley se propone resolver.
5) Complementariamente, se estimó oportuno invertir los dos incisos que integran el artículo 222 para reafirmar que el criterio central del Título IX del Código Civil, referido a los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, lo constituye el principio según el cual la preocupación fundamental de los padres es el interés superior de estos últimos.
Cabe destacar que la totalidad de los acuerdos adoptados por la Comisión Mixta se alcanzaron de manera unánime. De este modo, creemos que ella ha dado cumplimiento a su tarea y está en condiciones de presentar a esta Sala una legislación que desarrolla armónicamente los importantes propósitos buscados por la iniciativa en estudio.
Señor Presidente , solo deseo complementar la exposición muy completa del Presidente de nuestra Comisión y reafirmar la importancia de esta iniciativa, producto de una moción de distintos Diputados; que fue impulsada e inspirada en la acción de organizaciones de padres separados, y que ha contado con el respaldo bastante activo del Gobierno, a través del SERNAM, para poder mejorar el Código Civil en lo que dice relación con el título De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, particularmente tratándose de hijos de padres separados.
Creemos que este extenso trabajo, que hemos hecho en la Comisión, ha fructificado sobre la base de dos principios centrales. Uno reafirma el criterio de que el interés superior del niño es, sin lugar a dudas, el eje inspirador de las decisiones que deben tomarse en materia de relaciones de familia.
Cuando se produce la separación de los padres -situación que, lamentablemente, ocurre con frecuencia-, los hechos que se desencadenan deben priorizar siempre, en las decisiones de cuidado, de carácter patrimonial u otro, el interés del niño: lo que al niño más le acomoda, no el interés de los padres. Ese es el eje ordenador.
En ese sentido, una modificación muy menor, pero significativa, dice relación con el cambio del artículo 222, que encabeza el Título, el cual en su actual inciso primero señala que "Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres", y en el segundo, que "La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades".
En la Comisión Mixta acordamos invertir el orden de estos incisos, de manera que el texto con que se inicie el artículo 222 tenga como sello inspirador de todo el Título el principio del interés superior del niño, con todos sus antecedentes y conceptos, precisados en el inciso segundo, que ahora pasará a ser primero.
El segundo postulado que se incorpora y del cual se desprende el cuidado conjunto, no necesariamente simultáneo -ya que los padres, aunque estén separados, tienen no solo el derecho, sino también la responsabilidad de atender el cuidado personal de su hijo-, está fundado en el principio de la corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, tienen que participar en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.
Este y el anterior criterio constituyen una innovación a la legislación del Código Civil, que es antigua e inspirada en una mirada distinta de la familia, estructurada conforme a los principios que regían en la época de su dictación.
Hoy, la situación cambia y por eso es importante preservar lo esencial de los principios. Así como la clave es el interés superior del niño, por el otro lado lo es que los padres, vivan juntos o separados, mantengan ambos las responsabilidades que tienen respecto de sus hijos. Quizás por eso muchos padres separados, ante la cierta preferencia que la legislación le daba a los derechos de la madre, se sentían marginados de la posibilidad de participar activamente en la educación de sus hijos.
Con la innovación introducida en el articulado que hoy día se somete a nuestra consideración luego del acuerdo unánime obtenido en la Comisión Mixta, se subsana el problema y las cosas quedan en su debido lugar.
Por cierto, los padres deben cumplir sus obligaciones, pero se reafirman los derechos que tienen en cuanto a participar activa y directamente, de manera de entender que, más allá de con quién permanezca el hijo, el padre que no conviva con él conserva la posibilidad de estar en un contacto directo, regular y permanente.
Quiero señalar que para poder llegar a acuerdo no solamente contamos siempre con la buena disposición de nuestra Comisión y de su personal de Secretaría, sino también con el apoyo de muchos profesores, de distinta perspectiva y formación, quienes, inspirados en los dos principios mencionados, lograron ayudarnos a alcanzar consenso, primero los integrantes de dicho órgano de trabajo, y luego, los miembros de la Comisión Mixta y el Gobierno, respecto de una legislación que, sin lugar a dudas, modernizará, de modo serio y efectivo, una situación compleja, reparando las dificultades y muchas veces los daños que se causan, probablemente en forma involuntaria, en la evolución y educación de los niños.
Ojalá nunca hubiera separaciones, pero, ya que las hay, es necesario encontrar una fórmula que logre resolver las consecuencias negativas que ellas traen a los hijos, pensando también, por cierto, en una armoniosa convivencia de los padres, que jamás deben dejar de tener la preocupación y la responsabilidad por el cuidado personal de sus hijos, en un esfuerzo de corresponsabilidad parental impreso en la normativa que hoy día se somete a nuestro conocimiento y que en lo personal voy a apoyar con mucho entusiasmo.
Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación.
Acordado entonces.
Tiene la palabra, para fundamentar su voto, la Senadora señora Alvear.
Señor Presidente , estamos llegando a la culminación de la tramitación de una iniciativa legal de gran importancia.
Tal como expresó el Presidente de la Comisión , Senador señor Hernán Larraín , ha habido un largo recorrido que recuerdo muy bien. Partió hace cinco años, cuando un día domingo, almorzando en mi casa con mi familia, tocó el timbre un grupo de personas. Eran todos varones, los cuales me explicaron su angustia de ser padres separados y no poder ver a sus hijos. Pedían el apoyo para una iniciativa legal cuyo objetivo era otorgarles la posibilidad de estar con sus hijos, dado que eso les era negado.
Sus testimonios desgarradores me parecieron justos y, por cierto, me comprometí, al igual que los demás miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a colaborar en el avance de dicha iniciativa.
En mi opinión, señor Presidente , hoy estamos dando un paso muy sustantivo y diría que hasta estamos experimentando un cambio cultural en esta materia.
En efecto, cuando don Andrés Bello redactó nuestro Código Civil, en 1855, concibió una familia donde el papá era el proveedor y la mamá, la persona que cuidaba a los hijos. Han pasado muchos años desde entonces y hoy la situación de nuestra sociedad ha cambiado. Felizmente, en la actualidad tenemos papás que no solo son proveedores y mamás que no solo son dueñas de casa, sino que además trabajan fuera del hogar. Y sabemos que la presencia del padre y de la madre es fundamental para el bienestar y desarrollo de los hijos.
Por ello, es importante que, cuando se produce la separación de una pareja o de un matrimonio, subsista la relación, tan relevante, entre ambos padres y sus hijos. Porque la pareja o el matrimonio se puede romper, pero la relación del padre y de la madre con sus hijos no se rompe jamás. Por ende, después del duelo que significa la separación de los padres, los niños no pueden transformarse en el botín de los alimentos o de las visitas, para los efectos de efectuar un intercambio que les provoque un nuevo dolor o trauma.
Por lo anterior, resulta importante que en la nueva legislación que estamos aprobando el día de hoy cambie el principio fundamental. Lo que aquí se busca es el interés superior del niño -esto es lo primordial-, no el interés de la madre o del padre: el interés superior del niño, con quién va a estar mejor. Y eso se resolverá de común acuerdo entre los padres, cuando estén separados, y, si no hay consenso entre ellos, por el juez, con un conjunto de criterios.
Sin embargo, señor Presidente, hay un segundo principio, clave en el proyecto, cual es el de la corresponsabilidad de los padres.
La corresponsabilidad de los padres significa que ambos tienen derechos y obligaciones respecto de sus hijos, los cuales persisten durante toda la vida.
Un padre no se puede conformar con proveer recursos económicos para la mantención de la familia, y una mamá no puede tener por sí sola la responsabilidad completa, las 24 horas del día, los siete días de la semana, del cuidado de los hijos, porque es una tarea agotadora que necesariamente requiere la presencia de ambos progenitores.
Eso es lo que busca esta nueva legislación: cambiar los paradigmas establecidos en el año 1855, que no corresponden a lo que es la familia actual.
Por ello, señor Presidente, luego de un largo camino de cinco años, estamos llegando a la culminación del tratamiento de este proyecto.
Y esto se produce en una semana muy especial, porque el próximo domingo se celebra el Día del Padre. Yo no creo en regalos materiales, pero sí en regalos como este. Será maravilloso decirles a los padres que hemos cambiado una legislación para, estableciendo como piedra angular el interés superior del niño, consagrar la corresponsabilidad de ambos padres sobre el cuidado personal de los hijos, de modo que no siga rigiendo la norma supletoria contemplada actualmente en el Código Civil, según la cual la madre debe quedarse con los hijos en caso de separación. ¡No! Los padres deberán ponerse de acuerdo al respecto y, en caso de que no lo hagan, deberá resolverlo el juez, teniendo presente siempre el interés superior del niño.
¡Qué mejor regalo que ese, señor Presidente , para el Día del Padre!
Termino diciendo que en la discusión de la iniciativa tuvimos la valiosa colaboración de profesores y profesoras de distintas posiciones. Contamos con la asistencia de la magistrada Gloria Negroni , presente durante todo el debate, y además -la menciono especialmente- con la de la académica Fabiola Lathrop , quien nos acompañó en todas las sesiones y que, sin duda, ayudó a encontrar los consensos necesarios para lograr la aprobación del proyecto.
Asimismo, aquí hay detrás varias organizaciones de padres. Me refiero especialmente a la agrupación Amor de Papá, cuyos representantes fueron a verme hace cinco años a mi casa un día domingo a la hora de almuerzo y han seguido constantemente el curso de esta iniciativa legal, con múltiples acciones para conseguir que ella sea una realidad.
Señor Presidente , si votamos favorablemente el día de hoy, estaremos dando un tremendo paso hacia delante, porque se legislará teniendo en consideración el interés superior del niño y permitiendo brindar este domingo el mejor regalo que se les puede dar a los papás de nuestro país.
Apoyo entusiastamente el proyecto.
Señor Presidente , trataré de ser breve, porque ya tuvimos oportunidad de intervenir cuando discutimos este proyecto antes de que llegara a Comisión Mixta.
Solo quiero señalar que, obviamente, coincido con lo señalado aquí en el sentido de que significa un tremendo cambio el hablar de interés superior del niño y de corresponsabilidad en el caso de separación de los padres.
Creo que esos dos pilares son fundamentales para velar por que efectivamente guardemos todos los derechos del hijo de padres separados. Evidentemente, los niños no tienen ninguna responsabilidad por la conducta de sus padres, los que, como bien ha dicho aquí la Senadora Alvear, sí son eternamente responsables de los hijos, hasta su muerte. Y es impensable que tal responsabilidad no se haga efectiva.
Yo celebro que hayamos ido cambiando. El texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional señalaba: "Mientras no haya acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre toca el cuidado personal de los hijos menores, sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que deberán mantener con el padre". Esto, en mi opinión, constituía una injusticia. Es probable que fuera razonable hace bastantes años, cuando por lo general la madre, que con frecuencia no ingresaba al mundo laboral, se hacía cargo de la crianza del niño, y cuando, además, había una tradición cultural conforme a la cual el cuidado y la educación de los hijos se consideraban como una responsabilidad exclusiva de la madre.
Hoy día, afortunadamente, eso ha cambiado. Y velamos por la corresponsabilidad, tan necesaria y tan fundamental para la sanidad de los hijos y de los propios padres.
Pienso que este es el tema más trascendente. Tengo la enorme satisfacción de ver que se escuchó lo que señalamos tiempo atrás cuando se discutió este proyecto en la Sala, en cuanto a que, obviamente, lo óptimo es que haya acuerdo entre los padres -ojalá estos siempre tuvieran la capacidad y la madurez de entender que, más allá de los problemas personales que llevaron al fin de su relación, los hijos deben estar por encima de todo-; pero, cuando no se logra acuerdo entre ellos, resulta importante que por lo menos se diga que los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o la madre con quien estén conviviendo.
En tal sentido, es muy relevante que se establezca que, "cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido".
Otro punto que me interesa destacar es que "En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres".
Este es un tema muy importante, sobre todo para las mujeres, que en general ganan menos y tienen una menor incorporación laboral. En definitiva, la decisión de con quién viva el hijo no puede basarse en un criterio netamente económico.
Señor Presidente , junto con reiterar mi satisfacción por haberse llegado, a mi juicio, a la mejor solución para uno de los problemas más complejos que existen en caso de separación, y más allá del trabajo llevado a cabo por la Comisión de Constitución y la Comisión Mixta, que contaron con el apoyo permanente de consultores que trabajaron arduamente y que acompañaron su resultado, también quiero destacar la labor de la agrupación Amor de Papá.
Vimos a sus integrantes en innumerables ocasiones en los pasillos del Congreso, día tras día, sesión tras sesión, porque con bastante frecuencia se postergaba la votación de este proyecto, y cada uno de nosotros recibió en algún momento la petición de que por favor leyéramos sus textos, sus mensajes, o conversó brevemente con ellos, quienes en algunos casos incluso pidieron fotos como testimonio.
Debo reconocer que pocas veces he visto un compromiso, una preocupación y un interés tan importante, tan legítimo, tan superior, para defender un derecho, en este caso el del padre a vivir con su hijo, o a que se garantice su opción de poder vivir con él, o al menos a tener claro que le asiste el derecho a mantener una relación más directa, personal y permanente con su hijo.
Creo que Amor de Papá es una de las agrupaciones más comprometidas que hemos visto, y reconocemos su trabajo y los felicitamos.
Lo importante es que nunca se pierdan de vista estos dos principios:
Primero, frente a la tremenda y compleja dificultad que implica la separación de los padres, siempre dolorosa, el del interés superior del menor.
Y segundo, el de la corresponsabilidad. Pienso que la educación de un niño cambia sicológica y culturalmente cuando ella es compartida, cuando es responsabilidad de ambos padres, cuando no es atribuida a uno solo de ellos, que normalmente era la madre. Nosotros no podemos seguir haciendo pagar a la madre por su maternidad.
Lo hemos dicho muchas veces. Lo dijimos cuando discutimos la Ley de Divorcio, y lo volvemos a decir ahora, cuando estamos analizando el proyecto sobre protección al menor en caso de separación de los padres: siempre hay que velar por el bien del niño.
Por lo tanto, señor Presidente , junto con felicitar a la agrupación Amor de Papá y a la Comisión Mixta por su trabajo, quiero destacar lo crucial que resulta para nosotros dar este paso decisivo.
Señor Presidente , como han dicho otros señores Senadores, este proyecto tiene una importancia vital para la familia.
¿Qué garantías existen para una familia? Cuando una pareja se separa, cuando no puede seguir conviviendo por distintas razones, los hijos son los que pagan el mayor costo.
Este proyecto viene a corregir una deficiencia en la óptica de nuestra legislación (Código Civil) cuando regula la tuición de los hijos en caso de separación de los padres. Porque de no producirse acuerdo entre las partes -casi nunca lo hay-, la ley actualmente favorece a uno de los cónyuges.
Entonces, con razón el movimiento Amor de Papá se organizó en todo el país a fin de buscar justicia -yo diría-, más que en favor de los padres, para que sean los hijos los principales beneficiados. De modo que, en función del interés superior del niño, se hizo una corrección muy importante, que ha costado no pocas sesiones, no pocas presiones, no pocas intervenciones de distintos expertos y de movimientos, que han persuadido a los parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para modificar una legislación que viene de antaño. Porque cuesta mucho efectuar cambios en un Código Civil tan instalado en los tribunales, en la sociedad.
Creo que la fuerza de la percepción, la fuerza de los movimientos ciudadanos, la fuerza para instalar como objetivo en la legislación el interés superior del niño lograron que Senadores y Diputados realizáramos bastantes cambios, que se han traducido en el texto que tenemos hoy día, que le entrega al juez la facultad de resolver, cuando no haya acuerdo de las partes, sobre la tuición de los hijos de modo objetivo, en función de los antecedentes que tenga a la vista.
Señor Presidente , yo les aseguro que las estadísticas que tendremos en dos a tres años más sobre el historial de resolución de estos casos indicarán que en la mayoría hubo acuerdos que hoy no se producen porque de antemano la legislación favorece a uno de los cónyuges.
Entonces, en función del interés superior del niño, quiero felicitar a los parlamentarios que acogieron las peticiones de tantos movimientos, como Amor de Papá, que han sensibilizado a los legisladores en favor de un justo cambio.
Considero plenamente satisfactorio el acuerdo a que ha llegado la Comisión Mixta en esta materia.
A propósito del Día del Padre, muchas felicidades a los padres y sus hijos por esta solución legislativa.
Señor Presidente , yo también deseo sumarme al voto favorable a esta iniciativa. Es una significativa manera de modificar el enfoque tanto jurídico como cultural prevaleciente en nuestro país, haciendo a los padres corresponsables, en caso de término del matrimonio o pareja, de la situación que afectará a los hijos surgidos de dicha relación, que concluye en circunstancias no deseables.
Digo que es un cambio cultural y jurídico porque prevalecía hasta ahora la manera de pensar del siglo XIX, cuando se estableció en nuestro país el Código Civil, impulsado por ese gran pensador Andrés Bello (cuando yo cursé la enseñanza media mi liceo llevaba su nombre: Liceo N° 6 de San Miguel, Andrés Bello ).
Pero independientemente de su mérito histórico y de lo avanzado e ilustrado que él fuera para su época, no cabe ninguna duda de que es indispensable avanzar de acuerdo con la evolución habida en la humanidad a lo largo de los últimos años, que en muchos aspectos resultan cambios vertiginosos. En este ámbito, el que a la mujer le tocara el rol subalterno de atender el hogar, y al padre, el rol dominante y de proveedor de la familia se ha visto trascendentalmente modificado. Porque ahora, en muchísimos casos, la situación es exactamente al revés: no son pocos los hogares en que el principal proveedor es la mujer; y desde el punto de vista del rol en el hogar, ha cambiado completamente la relación.
Yo felicito esta iniciativa; a los Diputados que la impulsaron; a la organización Amor de Papá y a otras que participaron en su elaboración, debate y aprobación. Y quiero destacar un aspecto que ha sido al menos de mi preocupación, que yo he mantenido a lo largo de mi trabajo legislativo en estos años de permanencia en el Senado: la violencia intrafamiliar.
Considero que la ley en proyecto colabora a la armonía, pues busca soluciones civilizadas, acuerdos. Cuando ello no es factible de alcanzar se recurre al juez para que asuma la responsabilidad de generar dichos acuerdos, a fin de que tanto el padre como la madre puedan superar la relación de altísima conflictividad que se produce cuando termina el matrimonio o la pareja, y que eso sea remplazado por medios civilizados de entendimiento.
En Chile existe demasiada violencia intrafamiliar. Hemos legislado en el Congreso Nacional acerca de este tema; se ha incluido la figura del femicidio.
Pero esas alteraciones de nuestra convivencia no se solucionan exclusivamente por la vía legal. Es propio de nuestra tradición chilena que cada dificultad que tenemos, cada desafío que surge queramos resolverlo con una ley. Y es habitual que, después de algún hecho grave o significativo, más de algún actor importante de la vida nacional anuncie un proyecto de ley.
Sin embargo, hay cambios culturales que requieren más tiempo, que son mucho más profundos y que trascienden con creces el ámbito legal y de la aprobación de una iniciativa de ley. Y uno de ellos, arraigado profundamente en la convivencia de chilenos y chilenas, es el de la violencia intrafamiliar.
Yo espero que este proyecto, que coloca el interés primordial del niño como lo fundamental, junto con ayudarlo contribuya también a mitigar, disminuir, y ojalá decisivamente, los grados y niveles de conflictividad que hay en las parejas, y, en consecuencia, pueda reducir efectivamente la violencia intrafamiliar en nuestro país, colaborando así, de manera indirecta en mi opinión, con uno de los más grandes desafíos de nuestra cultura nacional: ser capaces de convivir en armonía, superando ese cáncer que afecta a muchas parejas.
Por el bien del niño, voto a favor.
Señor Presidente , Honorable Sala, para mí es un tremendo orgullo estar en esta instancia, debido a que yo fui autor de una de las iniciativas (fueron fusionadas) que dieron origen al proyecto que ahora nos ocupa y que presentamos en su oportunidad en la Cámara de Diputados hace ya casi 7 años.
La iniciativa permitirá establecer un régimen de tuición compartida, en virtud del cual regirá el principio de la corresponsabilidad de ambos padres en relación con el cuidado de los hijos, teniendo siempre en consideración el interés superior del niño.
Ello sin lugar a dudas estará en concordancia con los principios internacionales recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que obligan a las legislaciones a establecer la consideración del interés superior del niño para su cuidado personal.
Creemos que es muy importante tal corresponsabilidad, que queda determinada de manera expresa.
Además, se deja claramente estipulado -y los avances logrados en la Comisión Mixta posibilitarán generar acuerdos al respecto- que en los procedimientos relativos a menores, de familia, que hoy día se hallan sometidos a una mediación obligatoria, si se llega finalmente a los tribunales por no lograr acuerdo entre las partes, el juez podrá entregar la tuición del menor a uno de los padres, o bien disponerla en forma compartida.
Sin embargo, estimamos que aún quedan cuestiones pendientes y nos habría gustado que hubiesen sido consideradas.
Por otro lado, nosotros nos basamos para la elaboración de este proyecto de ley en las legislaciones de otros países, que llevan la avanzada en estas materias. Al respecto, quiero mencionar tan solo el ejemplo de España, que ha hecho un esfuerzo sustantivo en cuanto a permitir la tuición compartida.
En ese sentido, debo felicitar el arduo trabajo realizado por los miembros de la Comisión de Constitución en términos de facilitar un acuerdo. Yo asistí a algunas de sus sesiones, donde no solamente se contó con la asesoría de una magistrada, que permanentemente estuvo acompañando el proceso, y la de académicos, sino también con la posibilidad de escuchar a expertos en el tema, que hicieron posible la introducción de modificaciones a esta normativa, que, sin lugar a dudas, representa un cambio de paradigma.
¿Qué asuntos están pendientes, basándome principalmente en la normativa española? El concepto de patria potestad, que debe ser corregido en nuestra legislación. Para ello se requiere un trabajo más arduo, más profundo, que ha de ir en esa dirección.
Otra materia que tampoco quedó reflejada en la iniciativa -que también puede constituir un avance en los futuros proyectos que se presenten- se refiere a la asociación que hoy día existe entre la tuición compartida y la residencia del menor, que no necesariamente deben ir aparejadas.
En ese sentido, hago un llamado a mis colegas para que seamos capaces de perfeccionar las normativas pertinentes, en especial la que dice relación con el derecho de familia, teniendo siempre en cuenta el interés superior del niño.
Me siento particularmente orgulloso de haber sido uno de los autores de esta iniciativa. Quiero felicitar a la agrupación Amor de Papá, que se movilizó tras el objetivo que se buscaba. Encuentro muy merecido que el proyecto sea comúnmente conocido como "Amor de Papá". Estoy al tanto de los esfuerzos desplegados por esos padres, que han luchado para poder tener un régimen de visitas y que después de una larga disputa, en algunos casos, han logrado obtener la tuición de sus hijos.
Quiero también felicitar especialmente a David Abuhadba , que ha liderado la agrupación Amor de Papá, y a quien conocí en la calle haciendo campaña por esta causa, en las afueras de la Quinta Vergara. Me comprometí con él. Fuimos al Congreso Nacional y conseguimos a los patrocinadores del proyecto, que se presentó en la Cámara de Diputados. Este permaneció durante mucho tiempo en statu quo y finalmente llegó al Senado.
Asimismo, debo agradecer al Senador señor Hernán Larraín , porque cuando asumió la presidencia de la Comisión de Constitución puso la iniciativa en tabla; a todos y a cada uno de sus miembros, entre ellos la Honorable señora Soledad Alvear -que hoy día nos acompaña-, cuyo rol también fue clave a efectos de lograr un acuerdo; a los Senadores señores Alberto Espina , por su laborioso trabajo en esta materia, y Carlos Larraín ; y a otros parlamentarios que se la han jugado por la causa, como el entonces Diputado y actual Senador señor Eugenio Tuma , que le tocó participar en la tramitación del proyecto en ambas Cámaras, al igual que quien habla.
Y además me siento particularmente orgulloso, porque la aprobación de la iniciativa será un muy buen regalo para el Día del Padre. Así que esperamos un reconocimiento en la persona de David Abuhadba y la agrupación Amor de Papá.
Por último, confío en que la legislación que estamos construyendo, teniendo en cuenta el interés superior del niño, nos sirva de impulso para ir modificando otras materias o instituciones que son de larga data, como la patria potestad, que merece una revisión por parte del Congreso Nacional.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (30 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se deja constancia de la intención de voto positivo del Senador señor Gómez.
Señores Senadores, en esta sesión se dio cuenta del proyecto que establece la obligación de los canales de televisión de libre recepción de transmitir la franja electoral para las elecciones primarias presidenciales, que pasó a la Comisión de Gobierno, la cual debe funcionar mañana en la mañana.
¿No está citada?
En ese caso, le vamos a pedir a dicho órgano técnico que efectúe la citación correspondiente, para poder estudiar la iniciativa en la sesión de mañana en la tarde.
Si hay informe, es facultad de la Mesa confeccionar la tabla, señor Senador. Usted también tiene sus derechos.
Señor Presidente, para poder hacer el debate, los informes respectivos tienen que estar 24 horas antes en poder de los Senadores.
Así que¿
Por eso estoy solicitando el acuerdo de la Sala.
Si no da el acuerdo, señor Senador, entonces mañana lo decidiremos.
Lo digo para que se tenga claro de una vez por todas.
Si no hay acuerdo no vale la pena seguir discutiendo.
Señor Presidente, es voluntad e iniciativa de la Mesa del Senado poner los proyectos en tabla.
Pero yo quiero impulsar el proyecto en referencia. Creemos que se trata de una legislación absolutamente necesaria. Estimamos que sería oportuno contar con una franja electoral. Oponerse a ello significa negar a los chilenos la posibilidad de conocer las propuestas de los candidatos. Y por lo menos quienes suscribimos la iniciativa consideramos ineludible difundir y promover las elecciones primarias.
Quiero pedirles a los Senadores de la UDI que recapaciten sobre esta situación.
Me parece que el tema es complejo, grave,¿
¿Vamos a hacer el debate ahora, señor Presidente?
¿La discusión la realizaremos ya?
¿ y dice relación con la necesidad de generar apertura y oportunidad para que los chilenos conozcan las proposiciones de los candidatos presidenciales.
¡Es lo que ha hecho la Nueva Mayoría!
No vamos a hacer un debate ahora.
No nos adelantemos a los hechos, señores Senadores.
Perdón, ¿qué pide el Honorable señor Zaldívar?
¡Qué se ponga de acuerdo la Alianza!
¡Nadie está obligado a lo imposible, Su Señoría! ¡Para qué pide cosas irrealizables¿!
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole INFORME SOBRE IRREGULARIDADES EN OTORGAMIENTO DE PENSIONES A EXONERADOS POLÍTICOS, CON DETALLE DE PRESUNTOS FALSOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR PARLAMENTARIOS Y, EN ESPECIAL, POR ESTA SENADORA,
y al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, a fin de que informe sobre CAUSAS DE SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REGIÓN DE ATACAMA (comunas de Copiapó y Tierra Amarilla) Y EVENTUALES RESPONSABILIDADES Y COMPENSACIONES A USUARIOS.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, para que informe acerca de RESULTADOS DE EVALUACIÓN REALIZADA POR FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA A PLAN CUADRANTE.
Al señor Intendente de la Novena Región, a fin de que comunique ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO FNDR PARA DISEÑO DE EDIFICIO ADMINISTRACIÓN Y NUEVOS DEPÓSITOS EN ARCHIVO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para exponerle sobre ESCASA COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL EN SECTORES DE TRONGOL BAJO Y LOS ÁLAMOS (comunas de Curanilahue y Los Álamos);
al señor General Director de Carabineros, solicitándole IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE ÑUBLE,
y al señor Director Nacional de Vialidad, planteándole DEMANDAS VIALES DE DIRIGENTES VECINALES DE TRONGOL BAJO Y LOS ÁLAMOS (comunas de Curanilahue y de Los Álamos).
Al señor Ministro de Salud, para que informe respecto de TRATAMIENTO DE SEÑORA GLADYS HERRERA DÍAZ, COMUNA DE PELLUHUE,
y a la señora Superintendenta de Seguridad Social, a fin de que proporcione antecedentes acerca de NO PAGO DE LICENCIAS MÉDICAS DE SEÑOR JAIME ANTONIO RAMÍREZ VERDUGO, COMUNA DE LINARES
--Se levantó la sesión a las 18:28.
Nuestra Constitución Política establece en su artículo 10, quienes son chilenos, tanto por lugar de nacimiento, como aquellos extranjeros que adquieran la nacionalidad chilena, ya sea por opción, como por obtención de carta de nacionalización o por especial gracia de nacionalización por ley, según se contempla en sus numerales 3º y 4º.
Se establece en el inciso final de esta norma, que corresponde a la ley reglamentar los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos.
El texto refundido de la ley a que alude esta disposición, se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 5142, del Ministerio del Interior, publicado el 29 de octubre de 1960.
Su artículo 2º, inciso primero, dispone que “podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 21 años edad, que tengan más de cinco años de residencia continuada en el territorio de la República y que sean titulares del permiso de permanencia definitiva”.
Por su parte, el inciso cuarto de este mismo artículo 2º, establece que “podrá otorgarse también carta de nacionalización a los hijos de padre o madre chilenos nacionalizados, que hayan cumplido 18 años de edad y que reúnan los demás requisitos indicados en el inciso primero”.
Al tenor de estas disposiciones, cabe concluir que los extranjeros, hijos de padre o madre chilenos nacionalizados, solo pueden obtener la nacionalidad chilena, cuando alcancen la mayoría de edad, y que tengan asimismo cinco años de residencia continuada y que cuenten con un permiso de permanencia definitiva.
Como se puede apreciar, ni en este cuerpo legal ni en la Carta Fundamental se considera que los refugiados, reconocidos como tales por nuestro país, y sus hijos menores de edad, nacidos en el extranjero, puedan obtener la nacionalidad chilena.
En este orden de ideas, es del caso señalar que en nuestro país existen actualmente alrededor de dos mil refugiados, de distintas nacionalidades, y que han obtenido la condición de tales, al amparo de las disposiciones de la ley Nº 20.430, publicada el 15 de abril de 2010.
En los artículos 17 y 18 de la citada ley, se contemplan las causales de cesación, renuncia o revocación de la calidad de refugiado, sin que se considere para tal efecto, el hecho de obtener carta de nacionalización chilena,
Por tal motivo, estimamos que los refugiados deben tener igualmente derecho a obtener la nacionalidad chilena, una vez cumplidos los requisitos de edad, tiempo de residencia continuada y permiso de permanencia definitiva, pero que el otorgamiento de dicha nacionalización se haga extensiva a sus hijos menores de edad, nacidos en el extranjero, ya que de otro modo se produce la injusta situación que su padre o madre accedan a la nacionalidad chilena, y dichos menores queden en condición de apátridas.
En tal virtud, se hace necesario modificar la Constitución Política, agregando esta forma de obtención de nacionalidad, para quienes hayan sido acogidos por nuestro país como refugiados, y reconocidos como tales, incluyendo a sus hijos, en las condiciones descritas precedentemente.
Por las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente
Artículo único: Modifíquese el artículo 10 de la Constitución Política de la República, agregando un numeral 5º nuevo, del siguiente tenor:
“5º.- Los refugiados, reconocidos legalmente como tales y que obtengan carta de nacionalización, en conformidad a la ley, la que por esta sola circunstancia, también se otorgará a sus hijos menores de edad, nacidos en el extranjero”.
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.
Según la reciente información proporcionada por el Servicio Nacional de Menores (Sename), entre el año 2009 a la fecha, se contabilizan 79 niños muertos a golpes, a manos de sus padres (El Mostrador, junio 6 de 2013).
Tal práctica es reveladora de que, no obstante los avances institucionales para enfrentar la violencia en el seno de nuestras familias, lamentablemente el infanticidio sigue siendo una realidad que merece atención e intervención estatal.
El infanticidio es un delito de lesión, de tipo privilegiado que atenta contra el bien jurídico vida del recién nacido ocurrido de las 48 horas siguientes al parto y que debe ser cometido por una persona calificada respecto de este, como son la madre, padre o ascendientes de la criatura.
Como tal, se encuentra descrito y sancionado en el Libro II, Título VIII del Código Penal denominado "Crímenes y simples delitos contra las personas" específicamente en el artículo 394 del Código Penal en los términos: "Cometen infanticidio el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las cuarenta y ocho horas después del parto, matan al hijo o descendiente, y serán penados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio".
En relación con la pena asociada al ilícito, esta parte desde los 5 años y un día pudiendo llegar hasta los 15 años. Aun cuando se trata de un delito que atenta contra el bien jurídico vida, llama la atención que la sanción asociada al delito resulta ser menor que otros casos en que también se produce la muerte de una persona existiendo también relaciones de parentesco involucradas. Tal es el caso del parricidio que contenido en el artículo 390 del Código Penal que sanciona al que mateare a su hijo con una sanción de 10 años y un día, hasta 15 años.
Al respecto "Se piensa que los motivos son históricos porque la disposición del infanticidio fue tomada del Código Penal español de 1848 que se fundaba en que las madres de hijos ilegítimos se veían impulsadas a darles muerte para "resguardar su honra" [1]. La norma, en todo caso, considera una posición mejorada para los sujetos activos del delito de infanticidio vinculado a la aceptación social de lo obrado por la madre -a la que supone bajo estado mental alterado- en relación con la pena que lleva asociada su comisión. A ello se suma una diferenciación respecto del recién nacido al establecer el plazo perentorio de 48 horas desde el parto.
Tales discriminaciones evidencian un modelo tutelar de protección estatal que solo vela a los niños como objetos de protección y no como sujetos de derecho, lo que claramente debe ser rectificado. No es admisible la diferencia legal de trato entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.
El homicidio de un recién nacido constituye un injusto igual que el mismo delito respecto de cualquier otra persona. La noción de que el que no ha cumplido cuarenta y ocho horas de edad es menos digno de protección contra sus parientes homicidas que el mayor de esa edad, es claramente discriminatoria y contraviene los estándares internacionales a los que Chile adhiere.
El artículo 3° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce la personalidad jurídica de todas las personas y esto, por supuesto, incluye a los infantes. Así también artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que "niño [es] todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad" [2]. En particular, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado expresamente que el tratado incluye en su protección la primera infancia a todos los niños pequeños "desde el nacimiento" y exige respecto de ellos los máximos cuidados, por la vulnerabilidad y la indefensión en que se encuentra, que los hacen totalmente dependientes de sus progenitores [3].
La exigencia de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano, es inseparable de la dignidad esencial de la persona, siendo imperativo entonces derogar el criterio discriminador de 48 horas que establece el artículo 394 del Código Penal. Aun cuando la madre pudiera sufrir un estado de alteración psicológica (estado pos puerperal) que afectare su conducta en relación con su hijo, tal es una circunstancia de hecho a considerar por los jueces en el marco del tipo penal de parricidio u otro para atenuar, conforme a las reglas generales sobre responsabilidad penal, el grado de reproche de culpabilidad.
En atención a lo anterior vengo en presentar la siguiente moción legislativa que tiene por objeto la derogación del artículo 394 del Código Penal, de modo de equipar el valor jurídico da vida, de manera independiente la edad de una persona determinada. Tal es por demás el avance que durante los últimos años se ha integrado en el derecho internacional de los derechos humanos
"Derogase el artículo 394 del Código Penal".
(Fdo.): Hernán Larraín Fernández, Senador.- Ena von Baer Jahn, Senadora.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Gonzalo Uriarte Herrera, Senador.
1º.- Que con fecha 4 de agosto de 1972, se publicó la ley Nº 17.700, que le otorgó al personal en retiro y los beneficiarios de montepío de Investigaciones de Chile el derecho a gozar de los sobresueldos por las especialidades señaladas en los artículos 115º del decreto con fuerza de ley 1, del Ministerio de Defensa Nacional, 46º letra i) y 48º del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio del Interior, ambos de 1968, los que incrementarán sus respectivas pensiones de retiro o montepío mediante el cálculo del beneficio en la misma forma en que se realiza para el personal en servicio activo, siempre que de acuerdo con la reglamentación que se dicte al efecto, acrediten poseer todos los requisitos que se les exijan.
2º.- Que el reglamento a que dicha disposición legal alude, solo fue dictado en el año 1984, mediante la dictación del Decreto Supremo Nº 10, de ese año, de la entonces Subsecretaría de Investigaciones del Ministerio de Defensa Nacional, y en su artículo 1º dispuso que los beneficios establecidos en la ley Nº 17.700 solo favorecen al “personal retirado con anterioridad a la fecha de vigencia del Decreto Nº 70, de 1979, de la Subsecretaría de Investigaciones, y los beneficiarios de montepío del personal fallecido antes de la vigencia de dicho texto”.
3º.- Que por su parte el Decreto Supremo Nº 70 de 24 de abril de 1979, a que se refiere el artículo 1º del reglamento antes citado, que reguló los sobresueldos para el personal en servicio activo de dicha institución policial, dispuso en su artículo 9º que “el sobresueldo por unidades policiales especializadas, se otorgará de acuerdo con los fondos que se consulten en la ley de presupuesto”, situación que sólo se hizo efectiva a contar desde la dictación del Decreto Supremo Nº 108, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Investigaciones.”
4º.- Que tal situación trajo como consecuencia que los Oficiales Policiales que también prestaron servicios en unidades policiales especializadas, pero que se acogieron a retiro con anterioridad al pago efectivo del beneficio, ordenado por el citado Decreto Supremo Nº 108, de 30 de junio de 1992, no pudieron acceder al goce de este sobresueldo de 35% sobre el sueldo base, como tampoco han podido hacerlo al amparo del decreto supremo Nº 10, de 1984, que reglamentó el beneficio previsto en la ley Nº 17.700.
5º.- Que resulta indudable que ello dio origen a una discriminación e injusticia que no se compadece con el principio de igualdad ante la ley que se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política, respecto al personal de Oficiales Policiales, que se desempeñó en las unidades especializadas de dicha institución en el periodo de trece años, comprendido entre el 24 de abril de 1979 y el 30 de junio de 1992, fecha de vigencia de los textos normativos ya señalados.
6º.- Que esta situación afecta a un universo de 524 casos, de los cuales 335 corresponden a Oficiales en retiro y 189 a beneficiarios de montepío, para cuyo efecto el Consejo Superior del Personal en Retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, hizo llegar en el año 2011 al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, una minuta con los antecedentes necesarios para elaborar un proyecto de ley que solucione esta situación, que hasta ahora no ha sido enviado a este Congreso Nacional, y que se requiere tramitar.
En virtud de las consideraciones expuestas:
Solicitar a S. E., el Presidente de la República el envío al Congreso Nacional, de un proyecto de ley que repare la situación que afecta a los Oficiales Policiales que se acogieron a retiro entre el 24 de abril de 1979 y el 30 de Junio de 1992, que no pudieron acceder al sobresueldo de 35% por desempeño en unidades policiales especializadas, establecido en la ley Nº 17.700 del año 1972 y reglamentado por el Decreto Supremo Nº 10 de 1984, disponiéndose el pago de dicho sobresueldo, el que se hará extensivo a los beneficiarios de montepío del mismo personal policial.