Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/mercantil/Junta-General-Sociedad-Responsabilidad-Limitada_12_232185004.html
Timestamp: 2017-11-18 08:13:04
Document Index: 66926341

Matched Legal Cases: ['artículo 171', 'artículo 45', 'artículo 166', 'artículo 45', 'artículo 62', 'artículo 185', 'artículo 233', 'artículo 210', 'artículo 57', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 233', 'artículo 62', 'artículo 171', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 171', 'artículo 45']

Magistrado de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializado en lo Mercantil
Se dejan al margen los supuestos de acefalia o falta de operatividad del órgano de administración a que se refiere el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), prácticamente coincidente con el artículo 45.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada ("LSRL"). Así las cosas, el punto de arranque de análisis de la cuestión se ha de situar en el artículo 166 LSC (antes artículo 45.1 LSRL), según el cual "la junta general será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad". La competencia para la convocatoria corresponde, pues, al órgano de administración, para lo que habrá de estarse a la estructura de ese órgano, que en el presente caso consiste en tres administradores conjuntos con facultades mancomunadas.
Para resolver la cuestión suscitada, una buena parte de la doctrina acude a las reglas sobre ejercicio del poder de representación, antes en el artículo 62 LSRL y ahora en el 233 LSC, en cuyo apartado 2.c) se dispone que "en la sociedad de responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos. Si la sociedad fuera anónima, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente". El texto coincide de manera prácticamente literal con el artículo 185.3.c) del Reglamento del Registro Mercantil ("RRM"). Este planteamiento es mantenido, por ejemplo, por Barba de Vega, J., "Junta General", en La sociedad de responsabilidad limitada, Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (coord.), Navarra, 2006, pp. 342 y ss; y por Prendes Carril, P., La sociedad de responsabilidad limitada. Compendio de jurisprudencia comentada, Navarra, 2008, pp. 332 y ss. Según el primero de los autores indicados, "si se trata de dos administradores conjuntos serían ambos los que, actuando mancomunadamente, tendrían que acordar la convocatoria (si fueran más de dos, tendrían que acordarla en la forma prevista en los estatutos y teniendo que intervenir necesariamente al menos dos de ellos)". Según esta tesis, por tanto, la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos estaría sujeta a que se realizase en la forma determinada en los estatutos de la sociedad. Queda sin responder, sin embargo, qué pasaría si los estatutos nada dicen al respecto. Sobre esta cuestión y haciendo referencia al ejercicio del poder de representación, De la Cámara, M., Curso sobre sociedades de responsabilidad limitada, Madrid, 1998, p. 209, entiende que "en caso de silencio, nos inclinamos por la posibilidad de que actúen sólo dos; la expresión 'en la forma determinada por los estatutos' cabe referirla a la hipótesis de que los estatutos determinen cuáles son los administradores que pueden actuar mancomunadamente prescindiendo del otro o que, para algunos casos, sea necesario que actúen todos los administradores y para otros sólo dos. Insistimos en que no se debe confundir el carácter inderogable del poder atribuido a los administradores con la estructura del órgano administrativo, que desde el momento en que ha de determinarse en los estatutos, sí es oponible a terceros". El razonamiento, sin embargo, deja sombras de duda, pues también puede entenderse que para el válido ejercicio del poder de representación por al menos dos de los administradores mancomunados es preciso que los estatutos establezcan la forma de ese ejercicio, de manera que, no haciéndolo, permanece vigente la exigencia de ejercicio de manera conjunta por todos ellos.
Sin embargo, la expuesta no parece la aproximación más correcta para la solución del problema planteado. No cabe acudir a la regulación de la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la forma de ejercicio del poder de gestión. Son dos cosas distintas. En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de representación, que depende de lo dispuesto en los estatutos y se sujeta a las reglas del artículo 233.2.c) LSC; y el poder de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá de ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la administración de la sociedad. La especialidad prevista legalmente para el ejercicio del poder de representación significa, en palabras de un sector la doctrina, que "si la atribución del poder de representación recae en sólo algunos administradores entendemos que el no respeto de las exigencias internas de aprobación o autorización por el conjunto de administradores titulares del poder de gestión mancomunado no afecta a la validez del acto" (Esteban Velasco, G., "Algunas reflexiones sobre la estructura orgánica de la sociedad de responsabilidad limitada en la nueva Ley", en Derecho de sociedades de responsabilidad limitada. Estudio sistemático de la Ley 13/1995, Tomo I, Rodríguez Artigas, F., García Villaverde, R., Fernández de la Gándara, L., Alonso Ureba, A., Velasco San Pedro, L. y Esteban Velasco, G. (coords.), Madrid, 1996, p. 563). Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de relación con terceros, a la que corresponde la regulación del poder de representación; y la interna, a la que corresponde el ejercicio del poder de gestión.
En este sentido, no puede dudarse que la convocatoria de la Junta es una de las actuaciones que corresponden a los administradores en ejercicio de su poder de gestión o administración y que tiene una dimensión estrictamente interna, en la medida en que afecta al círculo de relaciones entre la sociedad y sus socios (cfr, Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 8 de marzo de 2005, relativa a un caso en que la estructura del órgano era de Consejo de Administración, pero que destaca la faceta interna de la convocatoria de la Junta y, con ello, de la competencia para realizar la convocatoria). Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para determinar si la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. Se ha de estar exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan por la exigencia de actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la decisión de convocatoria ha de adoptarse por todos ellos. Ello conduce a dar una respuesta negativa a la pregunta formulada. Esta posición es mantenida entre la doctrina por Martínez Nadal, A., "Art. 45", en Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Arroyo, I., Embid, J. M. y Górriz, C. (coords.), Madrid, 2009, p. 614, para quien "en caso de varios administradores mancomunados... serán todos ellos de forma conjunta los que habrán de convocar [sin que la regla del art. 62.2.c), último inciso, LSRL que, caso de ser más de dos los administradores mancomunados, atribuye el poder de representación a dos de ellos, afecte a esta cuestión interna]" (vid. también, en este sentido, Ávila Navarro, P., La sociedad limitada, Tomo I, Barcelona, 2008, p. 476).
Para un adecuado análisis de la cuestión que se nos plantea, debemos tomar como punto de partida el artículo 210 apartados 1 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que reproduce el sentido del artículo 57.1 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) –vigente hasta el pasado día 1 de septiembre (vid. Disposición Derogatoria del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)-. Los citados apartados 1 y 3 del artículo 210 LSC ofrecen a los socios la posibilidad de elegir –dentro de las posibilidades recogidas en los Estatutos- entre diferentes modelos de administración societaria. De este modo, en tal clase de sociedades, la administración puede conferirse a un órgano unipersonal o a uno pluripersonal; y, en este último caso, cabe establecer que sus miembros puedan actuar solidaria o mancomunadamente, o que se constituyan en Consejo de Administración.
Ante las distintas combinaciones posibles y, al no imponerse para las sociedades de responsabilidad limitada –como sí se hace para las sociedades anónimas en el artículo 210 LSC- que cuando la administración sea confiada conjuntamente a más de dos personas, éstas pasan automáticamente a constituir un Consejo de Administración con las reglas de funcionamiento propias de este órgano colegiado, debe entenderse que, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, es posible la designación de un órgano de administración, constituido por más de dos personas, con la exigencia del consentimiento de todos ellos para llevar a cabo operaciones y alcanzar acuerdos. Esta última es, precisamente, la nota de la administración mancomunada o conjunta, en la que, para el ejercicio de sus funciones, es preciso que concurra el consentimiento de todos los administradores designados.
No obstante, la regla de consentimiento conjunto de todos los administradores viene a ser excepcionada, en determinados aspectos, por el artículo 233.2 letra c) LSC –como lo hacía anteriormente el artículo 62.2 letra c) LSRL-. Según aquel precepto "la atribución del poder de representación a los administradores se regirá por las siguientes reglas: (...) c) En la sociedad de responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos...".
Llegados a este punto, es de observar que la jurisprudencia ha venido siendo especialmente rigurosa en relación con la necesidad de que la convocatoria de las Juntas Generales emane de un acuerdo adoptado adecuadamente por el órgano competente. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 30 de octubre de 2009, consideró nula una Junta General por haber sido convocada por un miembro del Consejo de Administración que no tenía facultades para ello. Dice la referida Sentencia que "el hecho de que haya la solicitud de un socio que sea al menos titular de un cinco por ciento del capital social, y consiguientemente se deba convocar la Junta por los administradores de conformidad con el art. 100.2 LSA, no altera el sistema respecto de quien ha de convocar; es decir, sigue correspondiendo al Consejo, y no a un administrador aunque sea Consejero Delegado. Y si el Consejo no convoca, su voluntad no puede ser suplida por el Consejero Delegado, ni por el Presidente del mismo, ni por uno o algunos de sus miembros, sino que ha de interesarse la convocatoria judicial (art. 101.2 TRLSA )".
La laxitud tampoco se halla contemplada legalmente. Basta leer el artículo 171 LSC para darse cuenta. Según el referido precepto "en caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores. Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto" (énfasis añadido).
Así lo contempla la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 25 de febrero de 2000, según la cual en el caso de administración conjunta deben convocar la junta los administradores mancomunados, sin que sea posible la convocatoria efectuada por uno sólo de ellos. Dice la referida Resolución que "la facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la ley al órgano de administración con carácter exclusivo -si bien, para determinados casos, se previene la convocatoria judicial- (cfr. artículo 45 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada). Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación, de suerte que en los supuestos en que dicho órgano no pueda adoptar el acuerdo relativo al ejercicio de la facultad de convocar la junta quedará expedita la vía de la convocatoria judicial (fuera del supuesto excepcional contemplado en el artículo 45.4 inciso final) y sin perjuicio de la posibilidad de solicitar del Juez la disolución de la sociedad ex artículos 104.1.c) y 105.1 de dicha Ley".
Dos reglas generales constituyen el punto de partida para comprender la decisión, a saber, la primera, que en materia de convocatoria de Junta, estamos ante un acto cuya competencia recae sobre los administradores –art 166 RDL 1/2010- que deben adoptar conforme a las reglas preestablecidas de actuación del órgano. La segunda regla, relativa a los efectos del incumplimiento de la primera, es la nulidad de la Junta.
A la vista de la doctrina expuesta, la respuesta a la cuestión planteada debería ser por tanto que, bien por ser el régimen establecido en los estatutos, bien por ser, en el ejercicio de sus facultades, el seleccionado por la junta de socios –art 210-3 TRLSC-, la mancomunidad requiere de la concurrencia del conjunto de los administradores y por tanto, de no ser así, la convocatoria adolecería de un defecto insubsanable. Sin embargo no necesariamente debe aceptarse tal conclusión ya que cuando menos es planteable que una convocatoria llevada a cabo por los administradores, en el caso de administración colegiada, y en ella por su mayoría, pueda realmente adolecer de defecto por el hecho de la falta de concurrencia de absolutamente todos los integrantes de la administración por tratarse de una organización mancomunada, pues en un caso así, resulta difícil apreciar un incumplimiento sustancial de la ley sino más bien, un defecto formal o secundario, no solo subsanable en el proceso de la convocatoria sino también a través de la decisión de la Junta. Por otro lado, habría mayor dosis de razonabilidad en el posicionamiento frente a esta cuestión a partir del análisis del alcance del defecto en función de las razones mismas de la nulidad propuesta pues cabría equilibrar éstas con las consecuencias promovidas desde la perspectiva del abuso del derecho que, no debemos olvidar, ha sido criterio apuntado también por el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 9 de abril de 2007 –que apunta también la SAP Madrid antes referida- para rechazar las nulidades basadas sin más en defectos formales al repudiar ...un ejercicio abusivo del derecho a impugnar los acuerdos sociales por incumplimiento de los requisitos formales de la convocatoria (sentencia de 8 de mayo de 2003 ni un ejercicio contrario a la buena fe (sentencia de 6 de febrero de 1987 )., en el mismo sentido ha admitido la validez de la junta y de los acuerdos cuando el cumplimiento de los requisitos omitidos no resultaba necesario, por tener el socio interesado conocimiento previo de los temas a tratar (sentencias de 17 de mayo de 1995 y 9 de octubre de 2000.
Las razones que justifican esta opinión son, por un lado, que, cuando el artículo 45.4 LSRL (actual artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital) se refiere a los supuestos de convocatoria de la junta de las sociedades limitadas en los supuestos de acefalia (casos en los que la junta se puede convocar judicialmente a solicitud de uno de los socios o por cualquiera de los administradores que sigan en el ejercicio del cargo, sólo a efectos de nombrar el órgano de administración), incluye en los supuestos en los que se produzca la muerte o el cese "de alguno de los administradores que actúen conjuntamente" (frente al supuesto de la ausencia de todos los administradores solidarios). Si fuera posible, como se plantea, que sólo dos de los tres administradores mancomunados pudieran convocar la junta, si así lo prevén los estatutos, la previsión del artículo 45.4 LSL (171 LSC actual) no sería necesaria.