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Timestamp: 2019-09-20 09:00:34
Document Index: 56416996

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 107', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 107', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'artículo 107', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 107', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 107', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 988', 'artículo 107', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 988']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 401-2672, de 22/09/2014
cve: BOCG_D_10_401_2672
Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
(621/000083)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 88
Núm. exp. 121/000088)
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Palacio del Senado, 10 de septiembre de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 13. 3.
﻿Se propone la supresión del apartado 3 del artículo 13.
La cuestión fundamental es el acceso a la información y su utilización. En principio la información que contiene el Registro de Penados solo será accesible a jueces y fiscales en el contexto de un proceso penal, al margen de la solicitud de certificación del interesado titular de los datos.
Pero resulta inaceptable la previsión abierta que contempla el art. 13.3 cuando permite la utilización de los datos «para la protección del orden público o la seguridad nacional en casos de amenaza inminente y grave». Porque hace suponer que se trata del acceso de una autoridad distinta a la judicial penal, una autoridad administrativa, lo que resulta inadmisible al tratarse de información sensible. Debe reflejarse de forma clara que solo el juez y el fiscal en un proceso penal por delito podrán tener acceso.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Palacio del Senado, 11 de septiembre de 2014.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13. 3.
De﻿ supresión.
Se propone la supresión del apartado 3 del artículo 13.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 5 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Palacio del Senado, 11 de septiembre de 2014.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3.
De m﻿odificación.
Se propone la modificación de la redacción dada al artículo 3 del proyecto de ley en los siguientes términos:
«Art 3. /…../
En España, la autoridad central competente para remitir y recibir información de las notas de condena de antecedentes penales por la comisión de infracciones penales, juzgadas y condenadas por un órgano jurisdiccional penal, es el Registro Central de Penados.»
Mejora técnica en coherencia con las conclusiones del Informe del Consejo General del Poder Judicial.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11. 1. b.
Se propone la modificación de la redacción dada a la letra b) del apartado 1 del artículo 11 del proyecto de ley en los siguientes términos:
«b) Las notas de condenas dictadas por terceros países que le hayan sido transmitidas e inscrito en el Registro Central de Penados, sobre las que no se haya comunicado su cancelación.»
Mejora técnica coherente con lo previsto en la Decisión Marco 2008/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11. 1. Letra nueva.
Se propone la adición de una nueva letra c) al apartado 1 del artículo 11 del proyecto de ley en los siguientes términos:
«c) La información relativa a condenas penales impuestas por otros Estados miembros o por España comunicadas pero no inscritas en el Registro Central de Penados por no cumplir con los requisitos para su inscripción.»
Tal y como aconseja incluir el Consejo General del Poder Judicial en su Informe, tendrían también la posibilidad de solicitar consultas otros Estados miembros sobre condenas impuestas y transmitidas por un Estado miembro que no pueden ser inscritas en el Registro Central de Penados (menor de edad y hechos no constitutivos de infracción penal) no obstante su existencia debe ser informada por España cuando sea requerida como Estado de nacionalidad del sujeto.
Se propone la supresión del inciso «para la protección del orden público» en la redacción dada al apartado 3 del artículo 13 del proyecto de ley.
Se comparte la valoración del Consejo General del Poder Judicial que concluye en su Informe que la utilización de datos de carácter personal, comunicados al Registro Central de Penados por otro Estado miembro, con fines distintos por los que fueron solicitados exigiría la notificación a la Agencia de Protección de Datos y sólo para evitar una amenaza inminente y grave para la seguridad nacional.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Título II.
Se propone la modificación de la rúbrica dada Título II, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Consideración de resoluciones condenatorias firmes dictadas por un órgano jurisdiccional penal en otros Estados miembros de la Unión Europea.»
En coherencia con anteriores enmiendas, y de acuerdo a las conclusiones de los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, las únicas condenas que deben ser tenidas en cuenta son las dictadas por órganos jurisdiccionales penales.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 5 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—La Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11. 1. b.
Al artículo 11, apartado 1, letra b)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11. 1. Letra nueva.
Al artículo 11, apartado 1, letra c) (Nueva).
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13. 3.
Al artículo 13, apartado 3.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Título II.
Al Título II.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 3 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. IV.
Se modifica la redacción del apartado IV del Preámbulo:
«La regulación del título II de esta ley supone la consagración del principio de equivalencia de las sentencias dictadas en la Unión Europea mediante su toma en consideración en procesos posteriores derivados de la comisión de nuevos delitos. Ello significa que, al igual que ocurre con las condenas anteriores pronunciadas en España, las que se dicten en otros Estados miembros deberán ser tenidas en cuenta tanto durante el proceso, como en la fase previa al mismo y en la de ejecución de la condena. Esa toma en consideración queda limitada en sus efectos a los que hubiera tenido una condena dictada en España y, además, sujeta al requisito de que la condena en otro Estado miembro hubiera sido impuesta por hechos que fueran punibles de conformidad con la Ley española vigente a la fecha de su comisión.
El reconocimiento de efectos alcanza, no solamente al momento de imposición de la pena, sino que se extiende a las resoluciones que deban adoptarse en la fase de investigación del delito o en la de la ejecución de la pena, por ejemplo, cuando se resuelva sobre la prisión preventiva de un sospechoso, sobre la cuantía de su fianza, la determinación de la pena, la suspensión de la ejecución de una pena o la revocación de la misma, o la concesión de la libertad condicional.
Junto a este principio general, con el propósito de reforzar la seguridad jurídica, la Ley enumera, en línea con las previsiones o facultades previstas en la Decisión marco, los supuestos en los que tales condenas no pueden ser tomadas en consideración: a efectos de la revisión de las condenas que ya hubieran sido impuestas con anterioridad en España o de las resoluciones dictadas para dar inicio a su ejecución; a efecto de las codenas que eventualmente se impongan con posterioridad en España por delitos que se hubieran cometido antes de que se hubiera impuesto la condena anterior por el otro Estado miembro; así como en relación con las resoluciones sobre fijación de los límites de cumplimiento de la
pena que se dicten conforme al artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando incluyan alguna de esas condenas.
En definitiva, el carácter instrumental de esta ley dentro del ámbito de la cooperación judicial en la Unión Europea supone incrementar su eficacia y con ello la seguridad de los ciudadanos dentro del Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia a través del intercambio de información sobre las condenas penales entre Estados miembros.»
Evitar dudas interpretativas y ser coherente con el contenido del texto enmendado.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14.
«Artículo 14. Efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias anteriores sobre el nuevo proceso penal.
a. Que se hubieran impuesto por hechos que fueran punibles de conformidad con la Ley española vigente a la fecha de su comisión.
b. Que se haya obtenido información suficiente sobre dichas condenas a través de los instrumentos de asistencia judicial aplicables o mediante el intercambio de información extraída de los registros de antecedentes penales.
a. Sobre las sentencias firmes dictadas con anterioridad a aquéllas por los Jueces o Tribunales españoles, ni sobre las resoluciones adoptadas para la ejecución de las mismas.
b. Sobre las sentencias de condena que se impongan en procesos posteriores seguidos en España por delitos cometidos antes de que se hubiera dictado sentencia de condena por los Tribunales del otro Estado miembro.
c. Sobre los autos dictados o que deban dictarse, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fijen los límites de cumplimiento de penas entre las que se incluya alguna de las condenas a que se refiere la letra b).
3. Los antecedentes penales que consten en el Registro Central se tendrán por cancelados, aunque procedan de condenas dictadas en otros Estados, a efectos de su toma en consideración en España por los Jueces y Tribunales de acuerdo con el Derecho español, a menos que antes se comunique su cancelación por el Estado de condena.»
Se estima necesario concretar los efectos que se pretenden dar en España a las sentencias dictadas en otros Estados miembros de la UE.
El texto propuesto podría plantear dudas interpretativas de modo que no se garantizaba suficientemente una aplicación respetuosa con el principio de igualdad en la aplicación de la ley.
La enmienda opta por establecer un principio general de equivalencia de consideración de las sentencias dictadas en otros Estados miembros, para seguidamente excluir determinadas materias en línea con las excepciones contempladas en la propia Decisión marco. Al hacerlo de este modo resulta superfluo el contenido que, a nivel de principios, tienen los actuales apartados 3 a 5.
A su vez, se incorporan al texto dos requisitos para la posible toma en consideración de las sentencias extranjeras. En primer lugar, la aplicación del principio de doble incriminación, pues no tendría fundamento el que se pueda modificar el tratamiento penal del condenado en España con fundamento en condenas por hechos que no constituyen delito. Por otro, para garantizar una aplicación correcta de la norma, y los derechos del acusado, se exige que la información sobre las condenas procedentes de Estados de la UE sea suficientemente completa.
Con dicha concreción se hace innecesario incluir las excepciones contenidas en el resto de los apartados del artículo como principios.
Estas modificaciones están en línea con la forma en la que han procedido a realizar la transposición de la Decisión marco otros Estados miembros de la Unión Europea.
Se adiciona una nueva Disposición adicional única.
«Disposición adicional única. Condenas anteriores al 15 de agosto de 2010.
En ningún serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente ley las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010.»
Se establece, por motivos de seguridad jurídica, una referencia a la fecha de las condenas que cabe tomar en consideración, haciéndola coincidir con la fecha límite de transposición de la Decisión marco.
Esta previsión está en línea con la forma en la que han procedido a realizar la transposición de la Decisión marco otros Estados miembros de la Unión Europea.