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Timestamp: 2020-07-10 04:40:31
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Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 27', 'artículo 27']

BOE.es - Documento BOE-A-2011-6241
Documento BOE-A-2011-6241
«BOE» núm. 83, de 7 de abril de 2011, páginas 36172 a 36189 (18 págs.)
BOE-A-2011-6241
https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2011/02/24/3
Artículo 3. Principios rectores de la contratación.
CAPÍTULO II. MEDIDAS EN LA FASE DE PREPARACIÓN DEL CONTRATO.
Artículo 4. Fomento de la concurrencia.
Artículo 5. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos.
Artículo 6. Documentación exigida en procedimientos negociados y simplificados.
CAPÍTULO III. MEDIDAS EN LAS FASES DE ADJUDICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Artículo 8. Composición y funcionamiento de las Mesas de contratación.
Artículo 9. Aclaración de ofertas.
Artículo 10. Procedimiento simplificado de adjudicación de contratos.
Artículo 11. Formalización de contratos basados en un acuerdo marco y sistemas dinámicos de contratación.
Artículo 13. Plazo para resolver los procedimientos de resolución contractual.
CAPÍTULO IV. MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.
Artículo 14. Plazo para entender rechazadas las notificaciones practicadas por medios electrónicos.
Artículo 15. Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Artículo 16. Acreditación de la identidad de personas físicas.
CAPÍTULO V. EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN.
Artículo 17. Naturaleza y competencias.
Artículo 18. Composición del Tribunal.
Artículo 19. Duración del mandato, incompatibilidades y garantías de los miembros del Tribunal.
Artículo 20. Secretario del Tribunal.
Artículo 21. Especialidades procedimentales.
Disposición adicional primera. Régimen de contratación de las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón.
Disposición adicional segunda. Órganos de contratación en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades de su sector público.
Disposición adicional tercera. Autorizaciones de expedientes de contratación por el Gobierno de Aragón.
Disposición adicional cuarta. Uso de medios electrónicos en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Disposición adicional quinta. Unidad de apoyo al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón y dotación de medios económicos.
Disposición adicional sexta. Acceso a los perfiles de contratante de los poderes adjudicadores del sector público autonómico.
Disposición adicional séptima. Departamento de adscripción del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Disposición adicional octava. Aplicación a las entidades locales.
Disposición transitoria segunda. Puesta en marcha del sistema de verificación de la identidad de personas físicas.
Disposición transitoria tercera. Régimen de los recursos en tanto no se constituyan los órganos regulados en esta Ley.
Disposición transitoria cuarta. Reservas sociales de contratos para el año 2011.
Disposición transitoria quinta. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón.
Disposición final segunda. Notificaciones electrónicas en contratos sujetos a regulación armonizada.
La actual situación económica exige adoptar las medidas necesarias que, respetando la legislación estatal –fundamentalmente, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público– y la de la Unión Europea, doten de estabilidad al sistema de gestión de los recursos públicos y permitan una más rápida y eficiente tramitación de los contratos públicos. Igualmente, a través de esta norma se crea, en desarrollo de la normativa estatal y comunitaria, el denominado Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, como órgano encargado de conocer y resolver los recursos especiales, reclamaciones y cuestiones de nulidad en materia de contratación que se interpongan en el ámbito de los poderes adjudicadores de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Capítulo II comienza con la fase de «preparación del contrato». En él se incluye, como novedad, la necesidad de consultar a tres empresas en determinados contratos menores, con el fin de lograr una mayor transparencia que redundará en una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Además, se reconoce expresa y definitivamente la capacidad de los empresarios-personas físicas de optar a la adjudicación de contratos de servicios. Por otra parte, se simplifica la documentación que los licitadores deben presentar (mediante fotocopias o declaraciones responsables) para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el procedimiento de contratación. Finalmente, se recoge aquí una de las novedades principales de la Ley: la obligación –que no la posibilidad– para determinados órganos de contratación de reservar, bien la participación en sus procesos de adjudicación o bien determinados aspectos de la ejecución del contrato, a centros especiales de empleo y a empresas de inserción; previsión que viene amparada por la Disposición adicional sexta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, y, fundamentalmente, por la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
De manera similar a la anterior, se da entrada en los procesos de contratación al Sistema de Verificación de Datos de Identidad. De esta forma, se evitará a los ciudadanos tener que presentar cada vez y para cada procedimiento una copia de su documento nacional de identidad. A partir de ahora será el órgano gestor quien, cuando la normativa lo exija, pueda comprobar los datos de identificación personal de manera electrónica a través de este sistema, regulado mediante la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre (BOE n.º 310, de 28 de diciembre).
Estas medidas se complementan con lo previsto en la parte final. Así, la Disposición adicional tercera prevé la creación de la sede electrónica para el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Por otro lado, la Disposición adicional quinta determina la interconexión entre los perfiles de contratante de todos los poderes adjudicadores del sector público autonómico y la Disposición final segunda establece, de acuerdo con el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, que, de manera preceptiva, las notificaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos, en el ámbito de los contratos sujetos a regulación armonizada y demás contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación, se realizarán exclusivamente mediante medios electrónicos. Se trata esta de una posibilidad basada en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, que permite imponer la obligatoriedad de comunicarse con las Administraciones Públicas utilizando solo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. En este caso, al tratarse únicamente de contratos que superen los umbrales comunitarios, parece claro que –por los importes de los contratos en cuestión– los empresarios que opten a su adjudicación están sobradamente preparados para recibir las notificaciones administrativas por medios electrónicos. Es más, se trata, en muchas ocasiones, de una exigencia por parte de los propios empresarios interesados en agilizar también al máximo los procedimientos administrativos. Por último, indicar que la Ley 11/2007, de 22 de junio, exige que tal previsión se establezca por norma reglamentaria, requisito que, en este caso, se ve cumplido al realizarse mediante una norma de rango legal.
Esto significa que corresponde a la Comunidad Autónoma decidir la creación, regulación y constitución de un órgano de estas características para su ámbito territorial –que afectaría a todos los poderes adjudicadores de su territorio– o bien conveniar con el Estado, trasladando la resolución de los eventuales recursos al órgano estatal. Esta última opción podría plantear problemas prácticos en la gestión de los expedientes de contratación, amén de que encajaría mal con el despliegue del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y los objetivos de desarrollo de la arquitectura institucional en Aragón.
Por último, se inserta una disposición derogatoria –con referencia específica a determinados preceptos de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón– y tres Disposiciones finales: la modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón (para adecuarla a la terminología actual, de acuerdo con la normativa estatal vigente), la referencia a las notificaciones electrónicas en contratos sujetos a regulación armonizada y la entrada en vigor de la Ley que, junto a una vacatio legis general de 2 meses, prevé la entrada en vigor inmediata de las disposiciones referentes al órgano competente para resolver los recursos o reclamaciones especiales o las cuestiones de nulidad en materia de contratación.
La presente Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, salvo las disposiciones referentes al órgano competente para resolver los recursos o reclamaciones especiales o las cuestiones de nulidad en materia de contratación que entrarán en vigor el día siguiente al de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 24 de febrero de 2011.–El Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias Ricou.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 50, de 10 de marzo de 2011)
Fecha de entrada en vigor: 10/05/2011
Publicada en el BOA núm. 50, de 10 de mayo de 2011.
SE SUSPENDE, con los efectos señalados en la disposición final 5, la aplicación de lo indicado de la disposición adicional 3, por Decreto-ley 1/2020, de 25 de marzo (Ref. BOA-d-2020-90072).
SE AÑADE la disposición adicional 10, por Decreto-ley 3/2018, de 13 de julio (Ref. BOA-d-2018-90392).
el art. 4.2, por Decreto-ley 1/2018, de 20 de marzo (Ref. BOA-d-2018-90289).
los arts. 18, 19 y la disposición adicional 5, por Decreto-ley 3/2017, de 20 de junio (Ref. BOA-d-2017-90382).
los arts. 3.1, 4, 8, 17, 18.1, 20, 21, la disposición adicional 8 y SE AÑADE 12 quater, 12 quinquies y los Capítulos VI a VIII, por Ley 5/2017, de 1 de junio (Ref. BOE-A-2017-10292).
el art. 7, por Ley 2/2016, de 28 de enero (Ref. BOE-A-2016-2408).
SE DECLARA en el Recurso 6720/2011, nulos e inconstitucionales los incisos indicados del art. 6.1 y 2 y el art. 10.2.c) y d), y la desestimación de todo lo demás, por Sentencia 237/2015, de 19 de noviembre (Ref. BOE-A-2015-14338).
SE MODIFICA los arts. 17, 18, 19, 20, disposición adicional 8 y SE AÑADE la disposición final 4, por Ley 10/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-1424).
SE CORRIGEN errores, con modificación del art. 33.2, 3 y 5, de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, en BOE núm. 161 de 6 de julio de 2012 (Ref. BOE-A-2012-9065).
SE DECLARA, en el Recurso 6720/2011, el levantamiento de la suspensión de la vigencia de los arts. 6 y 10, por Auto de 17 de abril de 2012 (Ref. BOE-A-2012-5580).
SE MODIFICA los arts. 6, 10, 17 y SE AÑADEN los arts. 12.bis, 12.ter, 22 y la disposición adicional 9, por Ley 3/2012, de 8 de marzo (Ref. BOE-A-2012-5203).
DEROGA la disposición adicional 8.1 y 2 de la Ley 5/2009, de 30 de junio (Ref. BOE-A-2009-13689).
MODIFICA el art. 51.1 del Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio (Ref. BOA-d-2000-90001).
DE CONFORMIDAD con el art. 45 del Estatuto aprobado por Ley ORGANICA 5/2007, de 20 de abril (Ref. BOE-A-2007-8444).