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Timestamp: 2020-01-21 20:37:18
Document Index: 180822179

Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 613', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

Language of document : Spanish Danish German Greek English French Italian Dutch Portuguese Finnish ECLI:EU:C:1998:595
de 10 de diciembre de 1998 (1)
«Mantenimiento de los derechos de los trabajadores
En los asuntos acumulados C-173/96 y C-247/96,
que tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (España) (C-173/96) y por el Arbeitsgericht Lörrach (Alemania) (C-247/96), destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dichos órganos jurisdiccionales entre
Francisca Sánchez Hidalgo y otros
Asociación de Servicios Aser,
Sociedad Cooperativa Minerva (asunto C-173/96),
Ziemann Sicherheit GmbH,
Horst Bohn Sicherheitsdienst (asunto C-247/96),
una decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122),
integrado por los Sres.: J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala; P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann y D.A.O. Edward, Jueces;
Abogado General: Sr. G. Cosmas;
- En nombre de la Asociación de Servicios Aser, por el Sr. Aquilino Conde Barbero, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid;
- en nombre de Ziemann Sicherheit GmbH, por el Sr. Detlef Heyder, Abogado de Friburgo en Brisgovia;
- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. Ernst Röder, Ministerialrat del Bundesministerium für Wirtschaft, y la Sra. Sabine Maass, Regierungsrätin zur Anstellung del mismo Ministerio, en calidad de Agentes (C-247/96);
- en nombre del gobierno francés por el Sr. Jean-François Dobelle, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y la Sra. Anne de Bourgoing, chargé de mission de la misma Dirección, en calidad de Agentes (C-173/96);
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Clive Lewis, Barrister (C-173/96);
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por las Sras. Maria Patakia e Isabel Martínez del Peral, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes (C-173/96), y por la Sra. Maria Patakia y el Sr. Peter Hillenkamp, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, asistidos por los Sres. Gerrit Schohe y Mark Hoenike, Abogados de Bruselas (C-247/96);
oídas las observaciones orales del Sr. Horst Ziemann, representado por el Sr. Rudolf Buschmann, miembro del servicio jurídico federal del Deutscher Gewerkschaftsbund, en calidad de Agente; del Gobierno español, representado por la Sra. Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, en calidad de Agente; del Gobierno francés, representado por el Sr. Jean-François Dobelle y la Sra. Anne de Bourgoing, y de la Comisión, representada por los Sres. Peter Hillenkamp y Manuel Desantes, funcionario nacional adscrito al Servicio Jurídico, en calidad de Agente, expuestas en la vista de 11 de junio de 1998;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 24 de septiembre de 1998;
Mediante resoluciones de 25 de abril de 1996 (C-173/96) y 28 de noviembre de 1995 (C-247/96), recibidas en el Tribunal de Justicia el 20 de mayo de 1996 y el 19 de julio de 1996, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Arbeitsgericht Lörrach plantearon, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, sendas cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de litigios entablados, uno de ellos, por la Sra. Sánchez Hidalgo y otros contra la Asociación de Servicios Aser (en lo sucesivo, «Aser») y la Sociedad Cooperativa Minerva (en lo sucesivo, «Minerva») y, el otro, por el Sr. Ziemann contra Ziemann Sicherheit GmbH (en lo sucesivo, «Ziemann GmbH») y Horst Bohn Sicherheitsdienst (en lo sucesivo, «Horst Bohn»).
Tras haberse dictado la sentencia de 11 de marzo de 1997, Süzen (C-13/95, Rec. p. I-1259), el procedimiento en los presentes asuntos fue suspendido por decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1997 y el Tribunal de Justicia pidió a los órganos jurisdiccionales nacionales que le indicaran si mantenían sus cuestiones a la luz de dicha sentencia y de la sentencia de 14 de abril de 1994, Schmidt (C-392/92, Rec. p. I-1311). Mediante escritos de 20 de mayo de 1997 (C-173/96) y de 5 de junio de 1997 (C-247/96), estos órganos jurisdiccionales comunicaron al Tribunal de Justicia que mantenían dichas cuestiones. Mediante
decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de junio de 1997 (C-173/96) y de 18 de junio de 1997 (C-247/96) se reanudó el procedimiento en los presentes asuntos.
Mediante auto del Presidente de la Sala Quinta de 27 de marzo de 1998, los dos asuntos fueron acumulados a efectos de la fase oral y de la sentencia.
Asunto C-173/96
El Ayuntamiento de Guadalajara había adjudicado a Minerva, en régimen de concesión, la gestión de su servicio de ayuda a domicilio en favor de determinadas personas en situación de necesidad; con este fin, Minerva empleaba desde hacía varios años a la Sra. Francisca Sánchez Hidalgo y a otras cuatro trabajadoras, en calidad de Auxiliares de ayuda a domicilio.
Al expirar la concesión, el Ayuntamiento de Guadalajara adjudicó ese servicio, a partir del 1 de septiembre de 1994, a Aser. Esta contrató entonces a la Sra. Sánchez Hidalgo y a sus cuatro compañeras a tiempo parcial, aunque sin reconocerles la antigüedad adquirida en la primera empresa.
Entendiendo que la falta de cómputo de su antigüedad constituía una infracción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que adapta el Derecho español a las disposiciones de la Directiva 77/187, las cinco empleadas entablaron ante el Juzgado de lo Social de Guadalajara una acción destinada a que se declarara la existencia de una subrogación de empresa entre Minerva y Aser.
Por considerar que no se cumplían los requisitos de una transmisión de empresa en el sentido de la normativa nacional, dicho órgano jurisdiccional desestimó la demanda mediante sentencia de 6 de julio de 1995.
La Sra. Sánchez Hidalgo y sus cuatro compañeras interpusieron un recurso de suplicación contra esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
En su auto de remisión, éste señala que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la protección conferida a los trabajadores por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores sólo se aplica en caso de transmisión de elementos materiales de una empresa a la siguiente adjudicataria o si así lo establecen el convenio colectivo del sector o el pliego de condiciones que regula la nueva concesión. El presente asunto no está incluido en ninguno de estos supuestos. No obstante, el órgano jurisdiccional nacional indica que la disposición nacional aplicable, que adapta el Derecho interno a la Directiva 77/187, debe interpretarse de conformidad con ésta. Pues bien, el Tribunal de Justicia parece admitir la aplicación de esta Directiva a los supuestos de mera sucesión en el ejercicio de una actividad, al margen de la transmisión de los elementos del activo (véanse, en particular, las
sentencias de 19 de mayo de 1992, Redmond Stichting, C-29/91, Rec. p. I-3189, y Schmidt, antes citada).
Por consiguiente, al estimar que la solución del litigio dependía de la interpretación de la Directiva 77/187, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha resolvió suspender el procedimiento y plantear la Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«Si debe considerarse incluido dentro del ámbito de aplicación del artículo 1., 1 de la Directiva 77/187, de 14-2-77, el supuesto de una empresa que cesa en la prestación, por cuenta de un Ayuntamiento que se lo había adjudicado, del servicio de ayuda a domicilio en favor de determinadas personas en situación de necesidad, realizándose una nueva adjudicación de tal servicio a otra empresa distinta, sin que exista transferencia de elementos materiales, y sin que, ni en el convenio colectivo ni en el pliego de condiciones, se indique nada respecto a la obligación de subrogación en la relación laboral con los trabajadores de la anterior empresa concesionaria por parte de la nueva empresa adjudicataria del servicio.»
Asunto C-247/96
El Sr. Ziemann trabajó sin interrupción desde 1979 hasta 1995 como vigilante de seguridad en un depósito sanitario de la Bundeswehr (Ejército federal alemán) situado en Efringen-Kirchen. Durante ese período trabajo, sucesivamente, para cada una de las cinco empresas que obtuvieron la contrata de vigilancia de este depósito y, por último, de 1990 a 1995, para Ziemann GmbH.
El 30 de septiembre de 1995, la Bundeswehr resolvió el contrato de vigilancia celebrado con esta última sociedad y, mediante una nueva licitación, adjudicó la contrata a Horst Bohn. Esta empresa se hizo cargo del personal de vigilancia de Ziemann GmbH destinado en el depósito, a excepción de tres trabajadores, entre los que se encuentra el Sr. Ziemann. Ziemann GmbH, que emplea alrededor de 160 trabajadores en numerosos otros lugares, aunque algunos de ellos alejados de Efringen-Kirchen, resolvió, con efecto a partir del 30 de septiembre de 1995, el contrato de trabajo del Sr. Ziemann.
El 9 de octubre de 1995 el Sr. Ziemann presentó una demanda ante el Arbeitsgericht Lörrach destinada a que se declarara la improcedencia de su despido. El demandante sostuvo que la pérdida de la contrata de vigilancia del depósito de Efringen-Kirchen por parte de Ziemann GmbH y la adjudicación de esta contrata a Horst Bohn constituían una transmisión de una parte de centro de actividad a efectos de la Directiva 77/187 y del artículo 613 a del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán), que adapta el Derecho alemán a la referida Directiva. Afirmó que, por consiguiente, Ziemann GmbH lo había despedido por motivos relacionados con esta transmisión, infringiendo la normativa alemana.
Ziemann GmbH y Horst Bohn afirmaron, por su parte, que en el presente asunto no puede haberse producido una transmisión de centro de actividad, puesto que no existen entre ellas vínculos jurídicos.
Según el órgano jurisdiccional nacional, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente de la sentencia Schmidt, antes citada, se deduce que la Directiva 77/187 se aplica siempre que una empresa continúa o reanuda, como sucede en el presente asunto, la actividad realizada hasta ese momento por otra empresa. Dicho órgano jurisdiccional subraya al respecto la completa identidad entre las actividades ejercidas por las distintas sociedades que se sucedieron en la vigilancia del depósito sanitario de Efringen-Kirchen. En efecto, la organización y la realización de la actividad de vigilancia son en gran medida determinadas por la Bundeswehr, que interviene en la selección del personal de vigilancia y prescribe de forma pormenorizada sus obligaciones, la naturaleza de sus tareas, el alcance de sus intervenciones, su número, su capacitación, su formación en el manejo de armas o incluso su equipamiento.
Asimismo, el cumplimiento de las tareas de vigilancia debe efectuarse con arreglo a lo dispuesto en la Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldaten der Bundeswehr und zivile Wachpersonen (Ley relativa al empleo de la fuerza directa y al ejercicio de competencias especiales por parte de los soldados del Ejército federal y del personal civil de vigilancia). Por último, los contratos de trabajo celebrados por las diferentes empresas de vigilancia con sus empleados son prácticamente idénticos en la medida en que se rigen esencialmente por el convenio colectivo del sector.
Por estimar que la resolución del litigio dependía de la interpretación de la Directiva 77/187, el Arbeitsgericht Lörrach decidió suspender el procedimiento yplantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Es aplicable el apartado 1 del artículo 1 (y, por lo tanto, el apartado 1 del artículo 4) de la Directiva 77/187/CEE (DO L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122) también a la cesión de partes de un centro de actividad, como las tareas de vigilancia de un establecimiento militar, cuando no existe cesión contractual directa entre los sucesivos adjudicatarios de la contrata (empresas de seguridad)?
2) ¿Se cumplen los requisitos para dicha aplicación, en todo caso, cuando la parte de centro de actividad retorna a la Administración adjudicadora al término de la contrata y se atribuye inmediatamente, a un nuevo adjudicatario, un contrato de servicios con especificaciones de contenido esencialmente idéntico?
3) ¿Debe, en cualquier caso, apreciarse la existencia de una transmisión de empresa en el sentido del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 77/187/CEE del Consejo cuando básicamente los mismos trabajadores
realizan siempre las mismas tareas de vigilancia en condiciones sustancialmente idénticas definidas con precisión por la Administración adjudicadora?»
Mediante sus cuestiones, que procede examinar conjuntamente, los órganos jurisdiccionales remitentes solicitan que se dilucide si, y en qué condiciones, la Directiva 77/187 se aplica a una situación en la que un organismo público, que había adjudicado a una primera empresa la gestión de su servicio de ayuda a domicilio en favor de determinadas personas en situación de necesidad o la contrata de vigilancia de algunos de sus locales, decide, al expirar la concesión o al finalizar el contrato que lo vinculaba a tal empresa, conceder la gestión de dicho servicio o adjudicar dicha contrata a una segunda empresa.
A tenor del apartado 1 de su artículo 1, la Directiva 77/187 se aplica a las transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad a otro empresario, como consecuencia de una cesión contractual o de una fusión.
La Directiva 77/187 tiene por objeto garantizar la continuidad de las relaciones laborales existentes en el marco de una entidad económica, con independencia del cambio de propietario. El criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión a los efectos de esta Directiva es, por consiguiente, si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que resulta, en particular, de que continúe efectivamente su explotación o de que ésta se reanude (sentencias de 18 de marzo de 1986, Spijkers, 24/85, Rec. p. 1119, apartados 11 y 12, y, como más reciente, Süzen, antes citada, apartado 10).
La inexistencia de vínculo contractual entre el cedente y el cesionario o, como sucede en los casos de autos, entre las dos empresas sucesivamente adjudicatarias del servicio de ayuda a domicilio o de las tareas de vigilancia del depósito sanitario no puede revestir una importancia decisiva a este respecto, a pesar de que puede constituir un indicio de que no se ha producido ninguna transmisión en el sentido de la Directiva (sentencia Süzen, antes citada, apartado 11).
En efecto, la Directiva 77/187 es aplicable a todos los supuestos de cambio, en el marco de relaciones contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa que asume las obligaciones de empresario frente a los empleados de la empresa. Por lo tanto, para que la Directiva 77/187 se aplique, no es necesario que existan relaciones contractuales directas entre el cedente y el cesionario, pudiendo también producirse la cesión en dos etapas a través de un tercero, como el propietario o el arrendador (véanse, en particular, las sentencias de 7 de marzo de 1996, Merckx y Neuhuys, asuntos acumulados C-171/94 y C-172/94, Rec. p. I-1253, apartados 28 a 30, y Süzen, antes citada, apartado 12).
Del mismo modo, la circunstancia de que el servicio o contrata de que se trate haya sido concedido o adjudicado por un organismo de Derecho público no puede excluir la aplicación de la Directiva 77/187 en la medida en que ni la actividad de ayuda a domicilio en favor de determinadas personas en situación de necesidad ni la actividad de vigilancia son propias del ejercicio del poder público (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de octubre de 1996, Henke, C-298/94, Rec. p. I-4989). Por otra parte, la Directiva 77/187 se aplica a toda persona protegida como trabajador por la normativa laboral nacional (véanse las sentencias de 11 de julio de 1985, Danmols Inventar, 105/84, Rec. p. 2639, apartado 27, y Redmond Stichting, antes citada, apartado 18), y es pacífico que así ocurre en el caso de los trabajadores de que se trata en los presentes asuntos.
No obstante, para que la Directiva 77/187 sea aplicable, la transmisión debe referirse a una entidad económica organizada de forma estable cuya actividad no se limite a la ejecución de una obra determinada (sentencia de 19 de septiembre de 1995, Rygaard, C-48/94, Rec. p. I-2745, apartado 20). Así, el concepto de entidad remite a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio (sentencia Süzen, antes citada, apartado 13).
Dicha entidad, si bien debe ser suficientemente estructurada y autónoma, no entraña necesariamente elementos significativos de activo material o inmaterial. En efecto, en determinados sectores económicos, como los de limpieza y vigilancia, estos elementos se reducen a menudo a su mínima expresión y la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra. Así pues, un conjunto organizado de trabajadores que se hallan específicamente destinados de forma duradera a una actividad común puede constituir una entidad económica cuando no existen otros factores de producción.
La existencia de una entidad suficientemente estructurada y autónoma dentro de la empresa adjudicataria del contrato público no resulta, en principio, afectada por la circunstancia, por lo demás frecuente, de que dicha empresa esté sujeta al respeto de obligaciones precisas que le impone el organismo adjudicador. En efecto, aun cuando puede ocurrir que la influencia ejercida por dicho organismo en el servicio efectuado por el adjudicatario sea amplia, lo cierto es que, normalmente, éste conserva cierta libertad, siquiera reducida, para organizar y prestar dicho servicio, sin que quepa interpretar que su misión se limita a poner su personal a disposición del organismo adjudicador.
Corresponde a los órganos jurisdiccionales remitentes determinar, a la luz de los elementos de interpretación que acaban de señalarse, si el servicio de ayuda a domicilio en favor de determinadas personas en situación de necesidad del Ayuntamiento de Guadalajara y la vigilancia del depósito sanitario de la Bundeswehr en Efringen-Kirchen estaban organizados como una entidad económica dentro de la primera empresa concesionaria o adjudicataria de la contrata.
Para determinar, a continuación, si se reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de semejante entidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trata, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios y los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente (véanse, en particular, las sentencias Spijkers y Süzen, antes citadas, apartados 13 y 14, respectivamente).
Por consiguiente, la mera circunstancia de que los servicios prestados por el antiguo y el nuevo concesionario o por el antiguo y el nuevo adjudicatario de una contrata sean similares no es suficiente para afirmar que existe, entre las sucesivas empresas, una transmisión de entidad económica. En efecto, tal entidad no puede reducirse a la actividad que se le ha encomendado. Su identidad resulta también de otros elementos, como el personal que la integra, sus directivos, la organización de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone (sentencia Süzen, antes citada, apartado 15).
Como se recuerda en el apartado 29 de la presente sentencia, para apreciar las circunstancias de hecho que caracterizan la operación de que se trata, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate. De ello resulta que la importancia respectiva que debe atribuirse a los distintos criterios de la existencia de una transmisión en el sentido de la Directiva 77/187 varía necesariamente en función de la actividad ejercida, o incluso de los métodos de producción o de explotación utilizados en la empresa, en el centro de actividad o en la parte de centro de actividad de que se trate. En particular, en la medida en que sea posible que una entidad económica funcione, en determinados sectores, sin elementos significativos de activo material o inmaterial, el mantenimiento de la identidad de dicha entidad independientemente de la operación de que es objeto no puede, por definición, depender de la cesión de tales elementos (sentencia Süzen, antes citada, apartado 18).
Así pues, en la medida en que, en determinados sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económica, dicha entidad puede mantener su identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos
de número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea. En este supuesto, el nuevo empresario adquiere, en efecto, el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la empresa cedente de forma estable (sentencia Süzen, apartado 21).
Corresponde a los órganos jurisdiccionales remitentes determinar, a la luz de todos los elementos de interpretación que acaban de señalarse, si en los casos de autos se ha producido una transmisión.
Procede, pues, responder a las cuestiones planteadas que el apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 77/187 debe interpretarse en el sentido de que ésta se aplica a una situación en la que un organismo público, que había adjudicado a una primera empresa la gestión de su servicio de ayuda a domicilio en favor de determinadas personas en situación de necesidad o la contrata de vigilancia de algunos de sus locales, decide, al expirar la concesión o al finalizar el contrato que lo vinculaba a tal empresa, conceder la gestión de dicho servicio o adjudicar dicha contrata a una segunda empresa, siempre y cuando la operación vaya acompañada de la transmisión entre ambas empresas de una entidad económica. El concepto de entidad económica remite a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio. La mera circunstancia de que las prestaciones realizadas sucesivamente por el antiguo y por el nuevo concesionario o adjudicatario de la contrata sean similares no permite llegar a la conclusión de que existe una transmisión de tal entidad.
Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, español, francés y del Reino Unido, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y por el Arbeitsgericht Lörrach mediante resoluciones de 25 de abril de 1996 y 28 de noviembre de 1995, declara:
El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que esta Directiva se aplica a una situación en la que un organismo público, que había adjudicado a una primera empresa la gestión de su servicio de ayuda a domicilio en favor de determinadas personas en situación de necesidad o la contrata de vigilancia de algunos de sus locales, decide, al expirar la concesión o al finalizar el contrato que lo vinculaba a tal empresa, conceder la gestión de dicho servicio o adjudicar dicha contrata a una segunda empresa, siempre y cuando la operación vaya acompañada de la transmisión entreambas empresas de una entidad económica. El concepto de entidad económica remite a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio. La mera circunstancia de que las prestaciones realizadas sucesivamente por el antiguo y por el nuevo concesionario o adjudicatario de la contrata sean similares no permite llegar a la conclusión de que existe una transmisión de tal entidad.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de diciembre de 1998.
1: Lenguas de procedimiento: español y alemán.