Source: http://cea.icap.pe/reglamento/
Timestamp: 2020-05-26 07:11:49
Document Index: 415611526

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 6', 'artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 20', 'artículo 39', 'artículo 20', 'artículo 39', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 10', 'Artículo 28', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 36', 'Artículo41', 'artículo 38', 'artículo 43', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'artículo 47', 'artículo 52', 'artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 63', 'artículo 66', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 30', 'artículo 31']

Reglamento | Reglamento – Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Piura
REGLAMENTO PROCESAL DE ARBITRAJE
Artículo 1º.- Para la aplicación de este Reglamento, los términos que se indican a continuación tendrán el siguiente significado:
ARBITRAJE INTERNACIONAL Arbitraje cuyo lugar está dentro del territorio peruano y en el cual concurra alguna de las siguientes circunstancias: a. Si las partes al momento de la celebración del convenio arbitral tienen sus domicilios en Estados diferentes. b. Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste, está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus domicilios. c. Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha, está situado fuera del territorio peruano, tratándose de partes domiciliadas en el Perú.
CENTRO El Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Piura.
CONSEJO DIRECTIVO El Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados de Piura.
PETICIÓN DE ARBITRAJE La que se formula ante la Secretaría General para solicitar que se resuelva una controversia mediante arbitraje
REGLAMENTO El presente Reglamento de Arbitraje
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO:
Artículo 2º.- Salvo pacto expreso en contrario, el presente Reglamento se aplicará a todos aquellos casos, cuyos arbitrajes se inicien a partir del 1 de mayo del 2013, en los que las partes hayan acordado o acuerden someter sus controversias presentes o futuras a un arbitraje administrado por el Centro o hayan incorporado o incorporen en su contrato la cláusula modelo de arbitraje del Centro o se hayan sometido a los Reglamentos del Centro.
Si las partes así lo acuerdan, el Centro podrá administrar arbitrajes que incorporen reglas distintas a las aquí contempladas, aplicándose supletoriamente el presente Reglamento. Sin embargo, siempre será de aplicación el Reglamento de Aranceles y Pagos vigente a la fecha de inicio del arbitraje.
En todos los casos, las partes están impedidas de modificar, condicionar o reducir las funciones asignadas al Centro por los Reglamentos Arbitrales.
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO:
Las partes quedan sometidas al Centro como entidad administradora del arbitraje, con las facultades y obligaciones establecidas en los Reglamentos Arbitrales.
Las decisiones del Consejo Superior de Arbitraje son definitivas e inimpugnables, salvo disposición distinta de los Reglamentos Arbitrales.
Salvo pacto expreso en contrario, el acuerdo de las partes para aplicar este Reglamento, implicará el sometimiento a la administración del Centro.
DECLINACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL ARBITRAJE:
Excepcionalmente, el Centro podrá declinar su designación como institución administradora de un arbitraje en los siguientes supuestos:
Cuando alguna de las partes haya sido objeto de sanción, de acuerdo a los Reglamentos Arbitrales del Centro.
Cuando los periodos de suspensión del arbitraje acordados por las partes superen los noventa (90) días consecutivos o alternados.
Cuando exista cualquier otra circunstancia que lo amerite, a criterio del Consejo Superior de Arbitraje.
El Consejo Superior de Arbitraje, antes de la instalación del Tribunal Arbitral, se pronunciará sobre la declinación a la administración del arbitraje.
CONCLUSIÓN DEL TRATO DIRECTO U OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Artículo 6º.- Si antes de la presentación de la petición de arbitraje, las partes han pactado la aplicación del trato directo, negociación, conciliación u otro mecanismo auto compositivo de solución de controversias, la sola petición de arbitraje por una de ellas significa, sin admitirse prueba en contrario, la renuncia a la utilización de tales mecanismos, háyase o no iniciado su aplicación.
LUGAR DEL ARBITRAJE:
Los arbitrajes se desarrollan en la ciudad de Piura, en el domicilio del Centro.
Cuando medie acuerdo expreso de las partes y del Tribunal Arbitral, o la naturaleza del caso así lo exija, el Tribunal Arbitral podrá disponer que se realicen actuaciones fuera del domicilio del Centro, así como habilitar días y horarios para dichas actuaciones. En ningún caso, dicha decisión implicará limitar la obligación de administrar a cargo del Centro. Excepcionalmente, el Centro podrá fijar un lugar y domicilio distinto atendiendo a las circunstancias del caso.
El domicilio es aquel que las partes hubieren designado expresamente para los fines del arbitraje, conforme a lo dispuesto en el literal b) de los artículos 20º y 23º. A falta de éste, será el que se indique en el documento que contiene el convenio arbitral o, en su defecto, en la residencia habitual o lugar de actividades principales conocido del destinatario.
En caso el arbitraje sea nacional, el domicilio deberá ser fijado en el radio urbano de la ciudad de Piura.
El Centro es el encargado de efectuar las notificaciones o comunicaciones a las partes, a los miembros del Tribunal Arbitral y a cualquier otro participante en el arbitraje.
Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día que haya sido entregada de manera personal al destinatario o en que haya sido entregada en el domicilio designado para los fines del arbitraje o, en su defecto, en cualquier otro domicilio determinado conforme al artículo 8º de este Reglamento.
Si alguna de las partes se negara a recibir la notificación personalmente o no se encontrará en el domicilio, se certificará esta circunstancia y dicha parte se entenderá válidamente notificada.
Será válida la notificación o comunicación realizada por fax u otro medio de telecomunicación electrónico, telemático o de otra clase semejante, que permita tener constancia inequívoca de su remisión y recepción y que hayan sido señalados por la parte interesada en su petición de arbitraje o en un documento posterior.
Artículo 10º.- Para efectos del cómputo de los plazos, se observarán las siguientes reglas:
Los plazos comenzarán a computarse desde el día siguiente de la notificación o comunicación correspondiente. Cuando el plazo deba ser cumplido por un órgano del Centro o por el Tribunal Arbitral, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente de la última notificación efectuada a las partes.
Los plazos establecidos en el Reglamento se computan por días hábiles, a no ser que expresamente se señale que son días calendario. Son días inhábiles los sábados, domingos y feriados no laborables en el lugar del domicilio del Centro y, en caso debidamente comprobado, en el lugar de domicilio de la parte que deba notificarse. Excepcionalmente, los árbitros podrán habilitar días inhábiles para llevar a cabo determinadas actuaciones, previa notificación a las partes.
Cuando el cómputo se efectúe por días calendario, el vencimiento de un plazo en día inhábil en el domicilio del Centro, determinará su prórroga hasta el primer día hábil siguiente.
Cuando el demandante o el demandado domicilien fuera del lugar del arbitraje, el Centro o el Tribunal Arbitral, según corresponda, podrán ampliar discrecionalmente los plazos contenidos en el presente Reglamento.
La facultad de ampliar los plazos podrá ser empleada por el Centro o el Tribunal Arbitral, según corresponda, en arbitrajes nacionales o internacionales, de existir cualquier otra circunstancia que amerite tal ampliación, incluso si los plazos estuviesen vencidos, en cuyo caso, dicha circunstancia deberá estar debidamente acreditada.
IDIOMA DEL ARBITRAJE:
Los arbitrajes se desarrollarán en idioma castellano, salvo pacto distinto de las partes.
Las partes podrán presentar documentos en idioma distinto al que rige el arbitraje, en cuyo caso, el Tribunal Arbitral podrá ordenar que éstos sean acompañados de una traducción simple a tal idioma.
NORMAS APLICABLES AL FONDO DE LA CONTROVERSIA:
En el arbitraje internacional, el Tribunal Arbitral decidirá la controversia de conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes como aplicables al fondo de la controversia. Si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, el Tribunal Arbitral aplicará las que estime apropiadas.
El Tribunal Arbitral decidirá en equidad o en conciencia, sólo si las partes le han autorizado expresamente para ello.
En todos los casos, el Tribunal Arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato, teniendo en cuenta los usos y prácticas aplicables.
RENUNCIA AL DERECHO DE OBJETAR:
Artículo 13º.- Si una parte, conociendo o pudiendo conocer de la inobservancia o infracción de una norma de la Ley de la cual las partes pueden apartarse, o de un acuerdo de éstas, o de una disposición de este Reglamento o del Tribunal Arbitral, prosigue con el arbitraje y no objeta su incumplimiento dentro del plazo de cinco (5) días, contado desde que conoció o pudo conocer tal circunstancia, se considerará que renuncia a objetar el laudo por tales razones.
Salvo pacto en contrario, las actuaciones arbitrales son confidenciales. Los árbitros, los miembros del Consejo Superior de Arbitraje, el Secretario General, los Secretarios Arbitrales, el personal del Centro, las partes, su personal dependiente o independiente, sus representantes, abogados y asesores, así como los testigos, peritos y cualquier otra persona que intervenga en tales actuaciones, están obligados a guardar reserva sobre todos los asuntos e información relacionados con el arbitraje, incluido el laudo, salvo autorización expresa de las partes para su divulgación o uso, o cuando sea necesario hacerlos públicos por exigencia legal.
Las partes podrán hacer pública las actuaciones arbitrales o, en su caso, el laudo, para proteger o hacer cumplir un derecho o para interponer el recurso de anulación o ejecutar el laudo ante el Poder Judicial.
La inobservancia al deber de confidencialidad establecido en esta norma será sancionada conforme a lo dispuesto en el Código de Ética del Centro, sin perjuicio de las acciones que promueva el afectado contra el infractor.
Los terceros ajenos al arbitraje están impedidos de tener acceso a los expedientes y a las audiencias, salvo autorización expresa y escrita de ambas partes. Por excepción, el Tribunal Arbitral podrá autorizarlos, siempre que medie causa justificada. En cualquier caso, los terceros deberán cumplir con las normas de confidencialidad establecidas en este artículo, estando sujetos a las sanciones contempladas en el Código de Ética del Centro.
Salvo disposición distinta de cualquiera de las partes, o cuando se haya dispuesto la protección de información confidencial con arreglo al artículo 15º, luego de seis (6) meses de concluido el arbitraje, el Centro queda autorizado para publicar el contenido del laudo.
PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
El Tribunal Arbitral podrá adoptar las medidas necesarias destinadas a proteger la información confidencial de las partes.
Se entiende por información confidencial cualquier información que esté en posesión de una de las partes, no accesible al público, de importancia comercial, financiera o industrial y que sea tratada como tal por la parte que la detenta.
La parte interesada deberá solicitar al Tribunal Arbitral el tratamiento de la información como confidencial, explicando las razones que justifican tal solicitud. El Tribunal Arbitral, determinará si dicha información es confidencial. Si así lo decidiera, en casos excepcionales y debidamente motivados, el Tribunal Arbitral establecerá a quiénes y en qué condiciones podrá transmitirse esta información en todo o en parte.
CERTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES:
Cualquiera de las partes o la autoridad judicial dentro de su competencia, podrá solicitar copia certificada de las actuaciones arbitrales o de parte de ellas, la que será expedida por el Secretario General, quien certificará su autenticidad, previo pago del arancel correspondiente.
Salvo disposición distinta de cualquiera de las partes o cuando se haya dispuesto la protección de información confidencial con arreglo al artículo 15º, luego de seis (6) meses de concluido el arbitraje, el Centro queda autorizado para entregar copia certificada de las actuaciones arbitrales, con fines estrictamente académicos.
INICIO DEL ARBITRAJE:
Artículo 17º.- El arbitraje se inicia en la fecha de presentación ante el Centro, de la petición de arbitraje respectiva dirigida al Secretario General.
COMPARECENCIA Y REPRESENTACIÓN:
Las partes podrán comparecer en forma personal o a través de un representante debidamente acreditado y podrán ser asesoradas por las personas de su elección. Los nombres de los representantes y asesores, sus direcciones, números de teléfono u otras referencias con fines de comunicación, deberán ser informados al Centro y al Tribunal Arbitral, una vez instalado. Todo cambio de representante o asesor deberá también ser comunicado.
Las facultades y derechos de representación de los apoderados de las partes estarán reguladas por la ley del domicilio de estas últimas.
La representación conferida para actuar dentro de un arbitraje autoriza al representante a ejercer todos los derechos y facultades previstos en la Ley y este Reglamento sin restricción alguna, incluso para actos de disposición de derechos sustantivos que se discuten en las actuaciones arbitrales, salvo disposición en contrario.
Todos los escritos deben estar firmados por la parte que los presenta o su representante.
No se requerirá firma de abogado.
De todo escrito, documento, anexo, recaudo y demás información, deberá presentarse un original y tantas copias como partes y árbitros haya en el arbitraje.
REQUISITOS DE LA PETICIÓN DE ARBITRAJE:
Artículo 20º.- La petición de arbitraje deberá contener:
La identificación del demandante, consignando su nombre y el número de su documento de identidad, acompañándose copia del poder, si se actúa por representante. Tratándose de personas jurídicas, se indicará la razón o denominación social, los datos de su inscripción en el registro correspondiente, el nombre del representante y el número de su documento de identidad, acompañando copia de los respectivos poderes.
La indicación del domicilio del demandante para los fines del arbitraje, el cual deberá estar dentro del radio urbano de la ciudad de Piura, así como el número de teléfono, télex, tele facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación con el que se desee se realicen las notificaciones. En caso que la parte demandante domicilie fuera del territorio peruano, su domicilio podrá ser fijado fuera del Perú.
Los datos de identificación del demandado involucrado en la controversia y los necesarios para su adecuada notificación.
La copia del documento en el que conste el convenio arbitral o la evidencia del compromiso escrito entre las partes de someter sus controversias al arbitraje administrado por el Centro o, en su caso, la intención del demandante de someter a arbitraje una controversia determinada, no obstante que no exista un convenio arbitral.
La descripción de lo que será materia de demanda, incluyendo un resumen de la controversia, indicando sus posibles pretensiones y el monto involucrado, en caso éstas sean cuantificables. Dichas pretensiones podrán ser ampliadas o modificadas posteriormente, conforme al artículo 39º de la Ley.
De ser el caso, el nombre del árbitro que le corresponde designar y su respectivo domicilio o, de considerarlo conveniente, la solicitud para que tal designación sea realizada por el Centro.
Cualquier precisión relativa a las reglas aplicables al arbitraje.
Cuando se haya ejecutado una medida cautelar por una autoridad judicial, se deberá informar al respecto, adjuntando copia de los actuados correspondientes.
La aceptación expresa de someterse a este Reglamento.
Copia del comprobante de pago del arancel de presentación previsto en el Reglamento de Aranceles y Pagos.
ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA PETICIÓN DE ARBITRAJE:
El Secretario General está facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos de la petición de arbitraje, indicados en el artículo 20º.
Si el Secretario General encuentra conforme la petición de arbitraje, la pondrá en conocimiento del demandado, a fin de que éste se apersone, dentro de un plazo de cinco (5) días de notificado, y cursará una comunicación al demandante informándole que su petición de arbitraje fue admitida.
Si encuentra que la petición de arbitraje no cumple los requisitos indicados en este Reglamento, otorgará al demandante un plazo de tres (3) días para que se subsanen las omisiones. Si este último no realiza la subsanación dentro del plazo otorgado, el Secretario General dispondrá el término de las actuaciones, sin perjuicio del derecho del demandante de volver a presentar su petición.
La decisión de la Secretaría General referida a la admisión a trámite o no de la petición de arbitraje es inimpugnable.
Cualquier recurso o cuestión previa que se interponga contra la admisión a trámite del arbitraje o que esté relacionada con la competencia del Tribunal Arbitral, será resuelto por éste, una vez instalado.
FACULTADES ADICIONALES DE LA SECRETARÍA GENERAL:
El Secretario General podrá designar un Secretario Arbitral, el cual se hará cargo del arbitraje. Igualmente, podrá disponer su cambio por otro Secretario Arbitral, de forma discrecional y causa justificada.
Vencido el plazo para absolver el traslado de la petición de arbitraje, la Secretaría General podrá citar a las partes a una Audiencia Preliminar.
Dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la petición de arbitraje, el demandado deberá presentar:
Su nombre y número de su documento de identidad, o en su caso, el de su representante, adjuntando la copia del poder correspondiente. Tratándose de personas jurídicas, se deberá indicar la razón o denominación social, los datos de su inscripción en el registro correspondiente, el nombre del representante y su número de documento de identidad, acompañando copia de los respectivos poderes.
Indicación de su domicilio para los fines del arbitraje, el cual deberá estar dentro del radio urbano de la ciudad de Piura, así como el número de teléfono, télex, tele facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación con el que se desee se realicen las notificaciones. En caso que la parte demandada domicilie fuera del territorio peruano, su domicilio podrá ser fijado fuera del Perú.
Un resumen de su posición acerca de la controversia que el demandante somete a arbitraje, indicando sus posibles pretensiones y el monto involucrado, en caso éstas sean cuantificables. Dichas pretensiones, podrán ser ampliadas o modificadas posteriormente, conforme al artículo 39º de la Ley.
De no apersonarse el demandado en el plazo señalado, se continuará con el arbitraje.
El arbitraje se desarrolla a cargo de un Tribunal Arbitral integrado por un número impar de árbitros.
Cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo sobre el número de árbitros, el Consejo Superior de Arbitraje nombrará a un árbitro único, a menos que considere que la controversia justifica la designación de tres (3) árbitros. En este caso, cada parte nombrará a un árbitro dentro del término de cinco (5) días de notificadas con la decisión del Consejo Superior de Arbitraje, debiendo seguirse las reglas establecidas en el artículo 26º, en lo que fuera aplicable.
Si en el convenio arbitral se estableciera un número par de árbitros, los árbitros que se designen procederán al nombramiento de un árbitro adicional, el cual actuará como presidente del Tribunal Arbitral. De no realizarse tal nombramiento, la designación la efectuará el Centro.
Salvo pacto en contrario, la designación de los árbitros se realizará conforme a lo dispuesto en este Reglamento.
CALIFICACIÓN DE LOS ÁRBITROS:
Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no tengan incompatibilidad para actuar como árbitros y que se encuentren incorporados al registro de árbitros del Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Piura.
En el arbitraje nacional que deba decidirse en derecho, se requiere ser abogado, salvo acuerdo en contrario. De ser el caso, no se requerirá ser abogado en ejercicio ni pertenecer o estar inscrito o habilitado por ninguna asociación o gremio de abogados nacional o extranjera.
En el arbitraje internacional, en ningún caso se requiere ser abogado para ejercer el cargo.
PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL: (DE PARTE)
Si las partes hubieran establecido el procedimiento a seguir para el nombramiento del Tribunal Arbitral, la Secretaría General verificará su cumplimiento, pudiendo complementarlo en lo que fuere necesario.
En defecto de lo previsto por el numeral anterior, el procedimiento de designación del Tribunal Arbitral, se regirá por las siguientes reglas:
Salvo que se haya acordado que la controversia será resuelta por un árbitro único o se haya previsto otro procedimiento de designación, cada parte podrá nombrar a un árbitro en la petición de arbitraje o en su contestación, según corresponda, se encuentren incluidos o no en el Registro de Árbitros del Centro. La Secretaría General procederá a notificar a los árbitros nombrados por las partes a fin de que expresen su aceptación a la designación, dentro de los cinco (5) días de notificados, salvo lo dispuesto en el literal b) de este artículo.
Si el árbitro designado por alguna o ambas partes, o por los árbitros de parte, en su caso, hubiera sido separado del Registro de Árbitros del Centro o se encontrare suspendido o impedido de integrarlo, la Secretaría General comunicará tal situación a quien lo designó a fin de que en un plazo de cinco (5) días designe un nuevo árbitro.
Si el árbitro designado rechazara su designación o no manifestará su conformidad dentro de los cinco (5) días de notificado, la Secretaría General otorgará a la parte que lo designó un plazo igual a fin de que nombre a otro árbitro.
Cumplidos los trámites referidos en los literales precedentes, según sea el caso, los árbitros procederán a designar al árbitro que presidirá el Tribunal Arbitral, dentro de los cinco (5) días siguientes, después de que la Secretaría General les haya comunicado que sus designaciones han quedado firmes y que no existe pendiente de resolver recusación alguna en su contra. En los arbitrajes nacionales, la designación del presidente deberá efectuarse entre los integrantes del Registro de Árbitros del Centro.
Efectuada la designación de un árbitro por una de las partes, tal designación no podrá dejarse sin efecto si ésta ha sido comunicada a la parte contraria.
DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS POR EL CONSEJO: (DE OFICIO)
De no haberse producido la designación de uno o más árbitros, conforme al artículo 26º, corresponde al Consejo Superior de Arbitraje efectuar la designación, entre los integrantes del Registro de Árbitros del Centro.
Si cualquiera de las partes hubiera delegado el procedimiento de designación al Centro, la Secretaría General solicitará dicha designación al Consejo Superior de Arbitraje, el que la realizará entre los integrantes del Registro de Árbitros del Centro.
El Consejo Superior de Arbitraje efectuará la designación siguiendo un procedimiento de asignación aleatoria, teniendo en cuenta, en lo posible, la naturaleza de la controversia, la especialidad requerida y lo hará también, en tanto se pueda, de manera rotativa.
El Consejo Superior de Arbitraje efectuará la designación, si dentro del plazo de cinco (5) días, los arbitrajes no designaron al árbitro que presidirá el Tribunal Arbitral, dentro del plazo del plazo de cinco (5) días computados a partir del día siguiente de vencido el plazo a los árbitros de parte.
En el arbitraje internacional, tratándose de árbitro único o del presidente del Tribunal Arbitral, el Consejo Superior de Arbitraje tendrá en cuenta la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes.
En el arbitraje internacional, siempre que medie justificación, el Consejo Superior de Arbitraje podrá designar como árbitro a una persona que no integre el Registro de Árbitros del Centro.
Luego de producida la designación del árbitro, la Secretaría General procederá a notificarlo a fin de que exprese su aceptación o no dentro de los cinco (5) días de notificado.
La falta de manifestación del árbitro acerca de su designación, dentro del plazo anterior, significa su negativa a aceptarla, sin perjuicio de lo previsto en el literal e) del artículo 10º.
PLURALIDAD DE DEMANDANTES Y DEMANDADOS:
Artículo 28º.- En todos los supuestos de designación del Tribunal Arbitral, en caso una o ambas partes, demandante o demandada, esté compuesta por más de una persona natural o jurídica, el árbitro que deba ser designado se nombrará de común acuerdo entre todas ellas. A falta de acuerdo, el Consejo Superior de Arbitraje procederá a la designación.
IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA:
Los árbitros no representan los intereses de las partes y ejercen el cargo con estricta independencia, imparcialidad y absoluta discreción. En el desempeño de sus funciones no están sometidos a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones, gozando además del secreto profesional.
Los árbitros se encuentran en todo momento sujetos a un comportamiento acorde con el Código de Ética del Centro.
Los árbitros podrán ser recusados sólo por las causales siguientes:
Cuando no reúnan los requisitos previstos por las partes o exigidos por la Ley, por normas especiales o por los Reglamentos Arbitrales del Centro.
Las partes no podrán recusar a los árbitros designados por ellas, o en cuyo nombramiento hayan participado, a menos que la causal de recusación haya sido conocida después de su nombramiento.
PROCEDIMIENTO DE RECUSACIÓN:
Para recusar a un árbitro, se observará el siguiente procedimiento:
La parte que recuse a un árbitro deberá comunicarlo por escrito al Secretario General, precisando los hechos, fundamentos y, de ser el caso, las pruebas de la recusación.
La recusación se presentará dentro del plazo de cinco (5) días de haber tomado conocimiento de la aceptación del árbitro recusado o, en su caso, de las circunstancias que dieron lugar a duda justificada respecto de su imparcialidad o independencia.
El Secretario General pondrá dicha recusación en conocimiento del árbitro recusado y de la otra parte para que manifiesten lo que estimen conveniente, dentro del plazo de cinco (5) días de haber sido notificados. Asimismo, informará de esta recusación al resto de integrantes del Tribunal Arbitral, de ser el caso.
Si la otra parte conviene con la recusación, o el árbitro recusado renuncia voluntariamente, éste será sustituido, sin que ello implique que las razones de la recusación sean válidas.
El Secretario General pondrá en conocimiento del Consejo Superior de Arbitraje todos los escritos relativos a la recusación para que la resuelva.
El Consejo Superior de Arbitraje podrá citar a las partes y al árbitro recusado a una audiencia para que expongan sus respectivas posiciones.
La incorporación como árbitro de este Centro caduca a los 2 años, pudiendo ser renovada observando el mismo procedimiento.
Una vez iniciado el plazo para la emisión del laudo, es improcedente cualquier recusación.
Sin embargo, el árbitro debe considerar su renuncia, teniendo en cuenta los preceptos del Código de Ética del Centro, si se encuentra en una circunstancia que afecte su imparcialidad o independencia.
El trámite de la recusación no interrumpe el desarrollo del arbitraje, salvo que el Tribunal Arbitral estime que existen motivos atendibles para ello, en cuyo caso se suspenden los plazos.
De no prosperar la recusación formulada, la parte recusante sólo podrá cuestionar lo decidido mediante el recurso de anulación contra el laudo.
Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o de derecho para ejercer sus funciones, o por cualquier otro motivo no las ejerza dentro de un plazo razonable, el Consejo Superior de Arbitraje podrá disponer su remoción, a iniciativa propia o a solicitud de parte.
La parte que solicita la remoción deberá seguir el procedimiento previsto en el numeral 1 del artículo 31º, en lo que fuere aplicable.
Si alguno de los árbitros rehúsa a participar en las actuaciones o está reiteradamente ausente en las deliberaciones del Tribunal Arbitral, los otros árbitros, una vez que hayan comunicado dicha situación a las partes, al Centro y al árbitro renuente, están facultados para continuar con el arbitraje y para dictar cualquier decisión o laudo, no obstante, la falta de participación del árbitro renuente.
Si en cualquier momento, los otros árbitros deciden no continuar con el arbitraje sin la participación del árbitro renuente, notificarán su decisión al Centro y a las partes. En este caso, el Consejo Superior de Arbitraje podrá disponer la remoción del árbitro renuente, iniciativa propia o a solicitud de parte, conforme al procedimiento previsto en el numeral 1 del artículo 31º, en lo que fuere aplicable.
El cargo de árbitro es pasible de renuncia por causa que resulte atendible a solo juicio del Consejo Superior de Arbitraje. A tal efecto, el árbitro deberá presentar una comunicación, debidamente motivada, dirigida a la Secretaría General.
Si el pedido de renuncia es manifiestamente infundado, el Consejo Superior de Arbitraje podrá aplicar las sanciones establecidas en el Código de Ética del Centro.
NOMBRAMIENTO DE ÁRBITRO SUSTITUTO:
La designación de árbitro sustituto procederá en los casos siguientes:
Recusación declarada fundada.
Cuando sea necesario por cualquier razón la designación de un árbitro sustituto, se seguirá el mismo procedimiento realizado para la designación del árbitro sustituido. Las actuaciones arbitrales se suspenderán hasta que la designación del nuevo árbitro haya quedado firme y no exista pendiente de resolver recusación en su contra.
Una vez reconstituido el Tribunal Arbitral, las actuaciones arbitrales continuarán desde el punto a que se había llegado en el momento en que se suspendieron. Sin embargo, en caso de sustitución del árbitro único o del presidente del Tribunal Arbitral, éstos decidirán, a su entera discreción, si es necesario repetir todas o algunas de las actuaciones anteriores. En caso de sustitución de cualquier otro árbitro, decide el Tribunal Arbitral.
NORMAS APLICABLES AL ARBITRAJE:
Con sujeción a lo dispuesto en este Reglamento, el Tribunal Arbitral podrá dirigir las actuaciones arbitrales del modo que considere apropiado. En caso no haya sido regulado por este Reglamento, el Tribunal Arbitral aplicará las reglas que estime pertinentes para el correcto desarrollo del arbitraje.
El Tribunal Arbitral es competente para resolver todas las cuestiones que se promuevan durante el arbitraje.
Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el Tribunal Arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, las normas de la Ley. Si no existe norma aplicable en la Ley, el Tribunal Arbitral podrá recurrir, según su criterio, a los principios arbitrales, así como a los usos y prácticas en materia arbitral.
INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:
Constituido el Tribunal Arbitral éste procederá a su instalación, pudiendo citar a las partes a una audiencia para tal efecto.
Si la instalación se lleva a cabo sin la presencia de las partes, el Tribunal Arbitral procederá a notificarles un acta con las reglas que serán aplicables al arbitraje, de conformidad con el artículo 36º.
En el acta, el Tribunal Arbitral podrá incluir las disposiciones complementarias aplicables al arbitraje.
PRESENTACIÓN DE LAS POSICIONES DE LAS PARTES:
Salvo pacto distinto de las partes o que el Tribunal Arbitral haya dispuesto otra cosa, el trámite del arbitraje se regirá por las siguientes reglas:
Una vez instalado, el Tribunal Arbitral otorgará al demandante un plazo de diez (10) días para que cumpla con presentar su demanda.
Recibida la demanda, el Tribunal Arbitral notificará al demandado para que la conteste y, de considerarlo conveniente, formule reconvención dentro de los diez (10) días de notificado.
En caso el demandado formule reconvención, el Tribunal Arbitral notificará al demandante para que la conteste dentro de los diez (10) días de notificado.
Las partes pueden convenir someterse a un trámite alternativo de presentación simultánea de sus posiciones, el cual se regirá por las siguientes reglas:
Una vez instalado, el Tribunal Arbitral otorgará a las partes un plazo de diez (10) días para que, de manera simultánea, presenten sus respectivas posiciones.
Recibida la posición de cada parte, el Tribunal Arbitral la notificará a la contraria para que dentro del plazo de diez (10) días de notificada, proceda con su contestación.
El presente trámite no admite reconvención.
En los escritos respectivos, el demandante deberá alegar los hechos en que se funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones que formula; por su parte, el demandado deberá establecer su posición respecto a lo planteado en la demanda.
Las partes deberán aportar todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer.
Salvo acuerdo en contrario, en el curso de las actuaciones, cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda, contestación o reconvención, de ser el caso, a menos que el Tribunal Arbitral considere que no corresponde permitir esa modificación en razón de la demora con que se hubiere hecho, el perjuicio que pudiera causar a la otra parte o cualquier otra circunstancia. El contenido de tales modificaciones y ampliaciones, deberá estar incluido dentro de los alcances del convenio arbitral.
POTESTAD DE LOS ÁRBITROS PARA RESOLVER ACERCA DE SU PROPIA COMPETENCIA:
EXCEPCIONES Y OBJECIONES AL ARBITRAJE:
Las partes podrán proponer excepciones y objeciones al arbitraje hasta el momento de contestar la demanda, la reconvención o el escrito de presentación simultánea de posiciones, según corresponda, las que serán puestas en conocimiento de la contraparte para que proceda a su absolución, dentro del mismo término que se tuvo para contestar tales actos.
El Tribunal Arbitral determinará discrecionalmente el momento en que resolverá las excepciones u objeciones al arbitraje, pudiendo incluso pronunciarse sobre estos aspectos junto con las cuestiones relativas al fondo de la controversia. Contra la decisión del Tribunal Arbitral no cabe impugnación alguna, sin perjuicio del recurso de anulación de laudo, sea que la oposición u objeción haya sido desestimada o amparada.
REGLAS GENERALES APLICABLES A LAS AUDIENCIAS:
Artículo41º.- Para el desarrollo de las audiencias se observará lo siguiente:
El Secretario General o el Secretario Arbitral, en su caso, notificará a las partes, cuando menos con tres (3) días de anticipación, la fecha, hora y lugar de realización de las audiencias.
Salvo acuerdo distinto de las partes o decisión del Tribunal Arbitral, todas las audiencias serán en privado. Sin perjuicio de la documentación presentada por escrito por las partes, podrá utilizarse registros magnéticos y grabaciones, dejándose constancia de ello en el acta respectiva. El Tribunal Arbitral se encuentra facultado para citar a las partes a cuantas audiencias sean necesarias en cualquier estado del arbitraje y hasta antes de emitirse el laudo que le ponga fin.
El desarrollo de las audiencias constará en un acta que será suscrita por los árbitros, por las partes asistentes y por el Secretario General o el Secretario Arbitral, en su caso.
Si una o ambas partes no concurren a una audiencia, el Tribunal Arbitral podrá continuar con ésta. Si concurriendo, se negaran a suscribir el acta respectiva, se dejará constancia de ese hecho en el acta.
Las partes asistentes a la audiencia se consideran notificadas en el mismo acto de las decisiones dictadas en ella.
DETERMINACIÓN DE LAS CUESTIONES MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL:
Presentadas las posiciones de las partes, conforme al artículo 38º, el Tribunal Arbitral podrá citarlas a audiencia con el siguiente propósito:
Determinar las cuestiones que serán materia de pronunciamiento del Tribunal Arbitral.
Admitir o rechazar los medios probatorios ofrecidos por las partes, sin perjuicio de las facultades contenidas en el artículo 43º.
Disponer, de estimarlo conveniente, la realización de una o más audiencias referidas a las cuestiones que serán materia de pronunciamiento por el Tribunal Arbitral. En estas audiencias, podrá llevarse a cabo la actuación de los medios probatorios que el Tribunal Arbitral determine.
Salvo pacto en contrario, el Tribunal Arbitral no podrá disponer la consolidación de dos o más arbitrajes o disponer la realización de audiencias conjuntas.
El Tribunal Arbitral tiene la facultad de determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas, pudiendo ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarias.
El Tribunal Arbitral también estará facultado para prescindir motivadamente de las pruebas ofrecidas y no actuadas, según las circunstancias del caso.
Las partes podrán aportar pruebas adicionales cuando el Tribunal Arbitral las faculte para tal fin, por propia iniciativa o a solicitud de ellas.
El Tribunal Arbitral tiene la facultad de nombrar por iniciativa propia o a solicitud de las partes, uno o más peritos que podrán ser personas naturales o jurídicas, para que dictaminen sobre las materias que determine el Tribunal Arbitral.
Para tal efecto, el Tribunal Arbitral podrá requerir a cualquiera de las partes para que facilite al perito toda la información pertinente, presentando los documentos u objetos necesarios o facilitando el acceso a éstos.
Recibido el dictamen del perito, el Tribunal Arbitral notificará a las partes, a efectos de que expresen su opinión u observaciones acerca del dictamen, en el plazo que el Tribunal Arbitral determine discrecionalmente.
Las partes podrán aportar dictámenes periciales por peritos libremente designados por ellas, salvo pacto en contrario.
El Tribunal Arbitral está facultado, si así lo considera pertinente, a citar a los peritos designados por él a audiencia con el objeto de que expliquen su dictamen. Asimismo, podrá citar a los peritos de parte para dicho fin. El Tribunal Arbitral podrá determinar libremente el procedimiento a seguir en esta audiencia.
REGLAS APLICABLES A LA ACTUACIÓN DE DECLARACIONES:
El Tribunal Arbitral, por propia iniciativa o a solicitud de una de las partes, podrá citar a una persona a declarar sobre hechos o circunstancias relacionados al arbitraje.
El Tribunal Arbitral está facultado para regular discrecionalmente el trámite de la declaración.
ALEGACIONES Y CONCLUSIONES FINALES:
CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN:
PARTE RENUENTE:
El demandante no presente su demanda dentro del plazo correspondiente, el Tribunal Arbitral dará por terminadas las actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste manifieste su voluntad de ejercitar alguna pretensión.
El demandado no presente su contestación dentro del plazo correspondiente, el Tribunal Arbitral continuará las actuaciones, sin que esa omisión se considere como una aceptación de las alegaciones del demandante.
Contra las resoluciones distintas al laudo procede sólo la reconsideración dentro de los tres (3) días siguientes de notificada la resolución.
La reconsideración no suspende la ejecución de la resolución impugnada, salvo decisión distinta del Tribunal Arbitral.
La decisión que resuelve la reconsideración es definitiva e inimpugnable.
Una vez instalado, el Tribunal Arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime convenientes para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la ejecución de la medida.
Que mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se resuelva la controversia.
Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del arbitraje, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al arbitraje.
El Tribunal Arbitral, antes de resolver, pondrá la solicitud en conocimiento de la otra parte.
Sin embargo, podrá dictar una medida cautelar sin necesidad de poner en conocimiento a la otra parte, cuando la parte solicitante justifique la necesidad de no hacerlo para garantizar que la eficacia de la medida no se frustre. Ejecutada la medida, podrá formularse reconsideración contra la decisión.
Las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial antes de la instalación del Tribunal Arbitral no son incompatibles con el arbitraje ni consideradas como una renuncia a él. Ejecutada la medida, la parte beneficiada deberá iniciar el arbitraje dentro de los diez (10) días siguientes, si no lo hubiere hecho con anterioridad. Si no lo hace dentro de este plazo o habiendo cumplido con hacerlo, no se instala el Tribunal Arbitral dentro de los noventa (90) días de dictada la medida, ésta caduca de pleno derecho.
Instalado el Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes puede informar a la autoridad judicial de este hecho y pedir la remisión al Tribunal Arbitral del expediente del proceso cautelar.
El Tribunal Arbitral está facultado para modificar, sustituir y dejar sin efecto las medidas cautelares que haya dictado, así como las medidas cautelares dictadas por una autoridad judicial, incluso cuando se trate de decisiones judiciales firmes. Esta decisión podrá ser adoptada por el Tribunal Arbitral, ya sea a iniciativa de alguna de las partes o, en circunstancias excepcionales, por iniciativa propia, previa notificación a las partes.
EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES:
En los casos de incumplimiento de la medida cautelar o cuando se requiera de ejecución judicial, la parte interesada podrá recurrir directamente a la autoridad judicial competente.
TRANSACCIÓN Y TÉRMINO DE LAS ACTUACIONES:
De las actuaciones arbitrales las partes acuerdan resolver sus diferencias, en forma total o parcial, el Tribunal Arbitral dará por terminadas las actuaciones respecto de los extremos acordados y, si lo piden ambas partes y el Tribunal Arbitral no aprecia motivo para oponerse, se hará constar ese acuerdo en forma de laudo en los términos convenidos por las partes, sin necesidad de motivación.
Las actuaciones arbitrales continuarán respecto de los extremos de la controversia que no hayan sido objeto de acuerdo.
Previamente a la instalación del Tribunal Arbitral, el demandante puede dejar sin efecto su petición arbitral ante el Consejo Superior de Arbitraje. En ese supuesto, no se requiere notificar a la demandada ni pedir su aceptación.
Instalado el Tribunal Arbitral y antes de la notificación del laudo, las partes, de común acuerdo, podrán poner fin al arbitraje, dejando a salvo su derecho de iniciar otro arbitraje. En ese supuesto, el Tribunal Arbitral dará por terminadas las actuaciones.
Instalado el Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes, antes de la notificación del laudo, puede dejar sin efecto una o más pretensiones, de la demanda o de la reconvención, según el caso.
ADOPCIÓN DE DECISIONES:
Artículo 53°. –
El Tribunal Arbitral colegiado funciona con la concurrencia de la mayoría de los árbitros que lo compone. Las resoluciones se dictan por mayoría de los árbitros, salvo disposición distinta de las partes. Si no hubiese mayoría, la decisión será tomada por el presidente del Tribunal Arbitral.
Los árbitros están prohibidos de abstenerse en las votaciones. Si a pesar de tal prohibición lo hicieran, se considerará que se adhieren a lo decidido por la mayoría o por el presidente, según corresponda, sin perjuicio de las sanciones que el Consejo Superior de Arbitraje disponga para tal efecto.
FORMALIDAD DEL LAUDO:
Artículo 54°. –
El laudo debe constar por escrito y ser firmado por los árbitros. Tratándose de un Tribunal Arbitral colegiado, basta que sea firmado por la mayoría requerida para adoptar la decisión. Los árbitros podrán expresar su opinión discrepante. Se entiende que el árbitro que no firma ni emite su opinión discrepante, se adhiere a la decisión de la mayoría o a la del presidente, según corresponda.
El Tribunal Arbitral está facultado para emitir laudos parciales sobre cualquier cuestión que se haya determinado como materia sujeta a su pronunciamiento, si así lo estima conveniente, continuándose con el arbitraje respecto al resto de ellas. Estos laudos podrán ser recurridos en anulación luego de haber sido emitido el laudo final y sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones o exclusiones, de ser el caso.
Dispuesto el cierre de la instrucción, conforme al artículo 47º, el Tribunal Arbitral procederá a resolver la controversia en un plazo no mayor de treinta (30) días, prorrogable, por una única vez, por decisión del Tribunal Arbitral, por quince (15) días adicionales.
En casos excepcionales, y de no mediar acuerdo entre las partes, el Consejo Superior de Arbitraje podrá autorizar al Tribunal Arbitral a fijar un plazo para emitir el laudo mayor al establecido en este Reglamento, o a establecer un plazo de prórroga mayor a aquél.
CONTENIDO DEL LAUDO:
Todo laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 52º. Constarán en el laudo, la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje.
El Tribunal Arbitral se pronunciará en el laudo sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje, según lo previsto en el artículo 57º.
CONDENA DE COSTOS:
El Tribunal Arbitral se pronunciará en el laudo si procede la condena para el pago de los costos del arbitraje y establecerá cuál de las partes debe pagarlos o en qué proporción deben repartirse entre ellas, teniendo presente, de haberse previsto, lo pactado en el convenio arbitral.
El término costos comprende:
Los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral determinados por el Centro.
Los gastos administrativos del Centro.
Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje, de haber sido debidamente solicitados.
El costo del asesoramiento pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el Tribunal Arbitral conforme a este Reglamento.
Los demás gastos originados en las actuaciones arbitrales
Para los efectos de la condena correspondiente se tomará en consideración el resultado o sentido del laudo, así como la actitud que hubiesen tenido las partes durante el arbitraje, pudiendo penalizar el entorpecimiento o dilación manifiesto practicado por cualquiera de las partes. También se podrá tomar en consideración la pertinencia y cuantía de las pretensiones y si su monto incidió sustancialmente en el incremento de los costos.
Si no hubiera condena, cada parte cubrirá sus gastos y los que sean comunes en iguales proporciones, entendiéndose como comunes los honorarios y los gastos del Tribunal Arbitral, los honorarios de los peritos designados por dicho colegiado por propia iniciativa y los gastos administrativos del Centro.
NOTIFICACIÓN DEL LAUDO:
RECTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN, INTEGRACIÓN Y EXCLUSIÓN DEL LAUDO:
Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar al Tribunal Arbitral:
La rectificación de cualquier error de cálculo, de transcripción, tipográfico, informático o de naturaleza similar.
La interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.
La integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral.
La exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral o que no sea susceptible de arbitraje.
El Tribunal Arbitral pondrá la solicitud en conocimiento de la otra parte por diez (10) días.
Vencido dicho plazo, con la absolución o sin ella, dicho colegiado resolverá la solicitud en un plazo de diez (10) días. Este plazo puede ser prorrogado a iniciativa del Tribunal Arbitral por diez (10) días adicionales.
El Tribunal Arbitral podrá también proceder a iniciativa propia a la rectificación, interpretación e integración del laudo, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
La rectificación, interpretación, integración y exclusión formarán parte integrante del laudo.
Contra esta decisión no procede recurso de reconsideración. La notificación de estas decisiones se sujeta a lo dispuesto en el artículo 58º.
No cabe cobro alguno de honorarios por la rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.
EFECTOS DEL LAUDO:
REQUISITOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO:
Contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63º de la Ley.
La parte que interponga el recurso de anulación contra un laudo y solicite la suspensión de su ejecución, deberá presentar a la autoridad judicial competente, una carta fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática, extendida a favor de la otra parte, con una vigencia no menor a seis (6) meses, renovable hasta que se resuelva en definitiva el recurso de anulación, y por una cantidad equivalente a la cuantía del valor de la condena contenida en el laudo.
Si la condena, en todo o en parte, es puramente declarativa o no es valorizable en dinero o si requiere una liquidación o determinación que no sea únicamente una operación matemática, el Tribunal Arbitral podrá señalar un monto razonable en el laudo para la constitución de la fianza bancaria, en las mismas condiciones previstas en el numeral anterior, como requisito para disponer la suspensión de la ejecución.
EJECUCIÓN ARBITRAL DEL LAUDO:
A solicitud de parte, el Tribunal Arbitral estará facultado para llevar a cabo la ejecución del laudo, salvo que, a su sola discreción, considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza pública. En este caso, cesará en sus funciones sin incurrir en responsabilidad y entregará a la parte interesada, a costo de ésta, copia de los actuados correspondientes para que recurra a la autoridad judicial competente a efectos de la ejecución.
El Tribunal Arbitral requerirá el cumplimiento del laudo dentro del plazo de diez (10) días.
La parte ejecutada sólo podrá oponerse, en el mismo plazo, si acredita con documentos el cumplimiento de la obligación requerida o la suspensión de la ejecución conforme al artículo 66º de la Ley. El Tribunal Arbitral correrá traslado de la oposición a la otra parte por el plazo de cinco (5) días. Vencido dicho plazo, resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes.
La resolución que declara fundada la oposición sólo podrá ser materia de reconsideración.
Los actos de ejecución serán dirigidos discrecionalmente por el Tribunal Arbitral.
La ejecución arbitral del laudo dará lugar al pago de gastos arbitrales adicionales, conforme a lo establecido en el Reglamento de Aranceles y Pagos.
CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES:
El laudo emitido por el Tribunal Arbitral será conservado por el Centro. Los documentos serán devueltos a los interesados, únicamente a solicitud de éstos. A tal efecto, se dejará constancia de la entrega y se obtendrá y archivarán las copias de los documentos que el
Centro considere necesarios, a costo del solicitante.
Transcurridos tres (3) años desde el término de las actuaciones arbitrales, el Centro podrá eliminar, sin responsabilidad alguna, todos los documentos relativos al arbitraje.
ACTUACIÓN COMO ENTIDAD NOMINADORA:
El Centro podrá actuar como entidad nominadora de árbitros en arbitrajes que no estén bajo su administración, cuando así lo acuerden las partes o en aplicación de lo dispuesto en los literales d. y e. del artículo 23º de la Ley.
En cualquiera de estos supuestos, la parte interesada deberá presentar una solicitud a la Secretaría General, acompañando copia del convenio arbitral y, en su caso, de la solicitud efectuada a la parte contraria para que se realice el nombramiento correspondiente.
La Secretaría General correrá traslado de la solicitud a la otra parte por un plazo de cinco (5) días. Absuelto el traslado o vencido dicho plazo sin haber sido absuelto, la Secretaría General podrá citar a una audiencia.
El Consejo Superior de Arbitraje será quien realice tal designación, siguiendo el mecanismo establecido en el artículo 27º.
El Centro podrá requerir de cualquiera de las partes información adicional que considere necesaria para el desempeño de sus funciones.
El Centro cobrará un arancel por cada solicitud de nombramiento, de acuerdo al Reglamento de Aranceles y Pagos.
En todo lo no previsto, se aplicarán las disposiciones sobre arbitraje administrado contenidas en este Reglamento.
PROCEDIMIENTO DE RECUSACIÓN EN ARBITRAJES NO ADMINISTRADOS:
El Centro podrá resolver recusaciones en arbitrajes que no estén bajo su administración, cuando así lo acuerden las partes o en aplicación de lo dispuesto en el literal d. del artículo 29º de la Ley.
Para resolver una solicitud de recusación se aplicará el procedimiento regulado en el artículo 31º, siendo el Código de Ética de aplicación complementaria a las normas que regulen el arbitraje correspondiente.
El Centro podrá requerir de cualquiera de las partes o del árbitro recusado información adicional que considere necesaria para el desempeño de sus funciones.
El Centro cobrará un arancel por cada solicitud de recusación, de acuerdo al Reglamento de Aranceles y Pagos.
REMOCIÓN EN ARBITRAJES NO ADMINISTRADOS:
El Centro podrá resolver remociones en arbitrajes que no estén bajo su administración, cuando así lo acuerden las partes o en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30º de la Ley.
Para resolver una solicitud de remoción se aplicará el procedimiento regulado en el artículo 31º, en lo que fuera pertinente.
El Centro podrá requerir de cualquiera de las partes, del árbitro renuente o del Tribunal Arbitral información adicional que considere necesaria para el desempeño de sus funciones.
El Centro cobrará un arancel por cada solicitud de remoción, de acuerdo al Reglamento de Aranceles y Pagos.
«Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico, será resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad”.
Cualquier referencia al “Centro de Conciliación y Arbitraje de Piura”, contenida en un convenio arbitral, se entiende hecha al “Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Piura”.
CLASE DE ARBITRAJE: