Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-02791-de-marzo-11-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_89cc16901e73300ae0430a010151300a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-24 14:12:38
Document Index: 196588277

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 279', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 66', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 43', 'artículo 79', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 96', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 7', 'Artículo 40']

﻿ Sentencia 2006-02791 de marzo 11 de 2010
SENTENCIA 2006-02791 DE 11 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL. SALARIO BASE PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR QUE ALCANZARON LA CATEGORÍA DE EMBAJADOR Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR CON RÉGIMEN ESPECIAL, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN
Sentencia 2006-02791 de marzo 11 de 2010
Ref.: Expediente 250002325000200602791-01
Número interno: 2605-2008
Actor: Pedro López Michelsen
El problema jurídico por resolver se contrae a determinar la legalidad de la Resolución 31729 de 10 de octubre de 2005, en cuanto le negó al señor Pedro López Michelsen la reliquidación pensional teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación lo realmente devengado durante el último año de servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De conformidad con la certificación laboral obrante a folio 6 del expediente, suscrita por el coordinador de nómina y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Decreto 392 de 8 de febrero de 1946 el actor fue nombrado como primer secretario de la delegación de Colombia en París, tomando posesión del cargo el 15 de marzo de 1946. Se le aceptó la renuncia mediante el Decreto 08 de 8 de enero de 1948.
Posteriormente mediante Decreto 109 de 27 de enero de 1975 fue nombrado en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Dinamarca. Tomó posesión el 11 de abril de 1975 y lo desempeñó hasta el 30 de junio de 1989.
Fue beneficiario de una licencia sin derecho a sueldo por el término de 8 días, a partir del 15 de febrero de 1988, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 174 de 26 de enero de 1988.
Finalmente, es de anotar que el señor Pedro López Michelsen nació el 17 de agosto de 1914(1).
— Por Resolución 003326 de 24 de abril de 1995, expedida por la Subdirectora general de prestaciones económicas de Cajanal, se le reconoció al actor pensión de jubilación por aportes, de conformidad con lo establecido en la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta el siguiente tiempo de servicio (fls. 107 a 110):
“Entidad A M D
Marzo 11/46 – febrero 1/48 01 10 21
Diciembre 17/68 – septiembre 18/70 01 09 02
369 semanas 07 01 05
Abril 11/75 - febrero 14/88 12 10 04
Febrero 23/88 - junio 30/89 01 04 08
Total 24 11 10”.
En dicho acto Cajanal sostuvo que el actor era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que el actor consolidó su derecho el 19 de diciembre de 1988, fecha a partir de la cual comenzó a regir la Ley 71 de 1988; que por el fenómeno de la prescripción la pensión se haría efectiva a partir del 29 de septiembre de 1991; y, que la cuantía de la pensión ascendía a la suma de $ 324.205,66, calculada con base en el promedio de lo devengado durante los últimos 12 meses por concepto de asignación básica, gastos de representación y bonificación por servicios. Al respecto, puntualizó Cajanal:
“Que consolidó el derecho el 19 de diciembre de 1988, fecha en que entró a regir la Ley 71; toda vez que para esta fecha se estableció que los aportes sufragados en cualquier tiempo en entidades de previsión social del sector oficial y en el ISS serán compatibles para ser beneficiario de la pensión de jubilación; y en razón a que se encontraba afiliado a la Caja Nacional de Previsión para dicha fecha y aunque adquiere el status jurídico antes de la vigencia de la citada norma, lo cobijan los efectos retrospectivos de la ley que consisten en la aplicación automática e inmediata de la ley a una relación jurídica que había nacido antes de ella pero que no había terminado cuando entró en vigencia y cuyo contexto lo comprende íntegramente y en toda su extensión”.
— Interpuesto el recurso de reposición contra la anterior decisión (fls. 236 a 239), mediante Resolución 008276 de 8 de agosto de 1995 Cajanal modificó el acto recurrido, en el sentido de establecer que el derecho a la pensión del actor no estaba sujeto al fenómeno prescriptivo sino que se causaba a partir del 1º de julio de 1989, fecha de retiro del servicio. También aclaró que en atención a que el actor causó su derecho el 1º de julio de 1989, esto es, en vigencia de la Ley 33 de 1985, los factores salariales a tenerse en cuenta son los regulados por la misma normatividad. Agregó en dicho acto:
“Solo a partir de enero 21 de 1994, la honorable Corte Constitucional declaró la inconstitucional (sic) del parágrafo del artículo 7º de la ley 71/68 (sic), Expediente C 012/94, ponente doctor Antonio Barrera Carbonel y se hizo jurídicamente factible obtener la pensión de jubilación por aportes para aquellos empleados que tenían más de 10 años de aportes y 50 años de edad a la fecha de vigencia de la citada ley.
Al tenor de lo anterior, a partir de dicha sentencia se reconoció el derecho a quienes cumplieran los requisitos del artículo 7º, y que estaban sometidos anteriormente a las excepciones previstas en su parágrafo, por lo que era un imposible jurídico que el interesado solicitara su pensión jubilatoria, por lo que su derecho sólo se hizo factible a partir del 21 de enero de 1994, por lo que es lógica consecuencia que a partir de ésta fecha se debe contar la prescripción de las mesadas y no es dable prescribir los derechos del pensionados desde el 1º de julio de 1989 al 29 de septiembre de 1991 en que le da efecto fiscal.
Por lo anterior, deben reconocerse las mesadas pensionales desde que adquirió sui derecho, esto es, desde junio de 1989, teniendo ya la edad necesaria para ello”.
— Inconforme con la decisión administrativa contenida en los referidos actos, la parte actora demandó su nulidad con el objeto de lograr la inclusión de las primas de servicios, vacaciones y navidad como factores de liquidación, en tanto ellos formaban parte de lo devengado por un Ministro de Despacho conforme a la normatividad especial que se les aplica, así como la actualización de la mesada pensional, la cual se empezó a pagar efectivamente en el año 1995 con retroactividad al año 1989.
En primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante fallo de 27 de marzo de 1998, accedió a la inclusión de los referidos factores y declaró, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda frente a la solicitud de conceder la indexación sobre las sumas ya liquidadas y pagadas por la entidad por concepto de mesada pensional (fls. 140 a 164). Al respecto, sostuvo el Tribunal:
“Con base en lo anterior y en cuanto se refiere a la liquidación de la pensión del actor, han debido tenerse en cuenta las asignaciones recibidas por un Ministro del Despacho, situación que no sucedió así, pues solamente se incluyeron en la liquidación, la asignación básica , , (sic) los gastos de representación y la bonificación por servicios, dejando por fuera de la base de liquidación lo recibido por el actor en el último año de servicios por concepto de prima de servicios, de vacaciones y de Navidad, conforme a la certificación que se le aportó en su oportunidad a la Caja y conforme se le solicitó desde el comienzo al impetrársele la pensión”.
Interpuestos los recursos de apelación contra la anterior decisión por las partes demandante y demandada, mediante sentencia de 11 de noviembre de 1999 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, revocó el fallo recurrido en cuanto declaró la inhibición para resolver el derecho a la indexación por el pago de la pensión desde el año 1989 hasta que efectivamente se le reconoció y, en su lugar, se accedió a la misma pretensión. En lo demás, confirmó la sentencia del a quo. Al respecto, consideró (fls. 172 a 187):
“La Ley 71 de 1988 estableció la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación acumulando tiempos de servicios prestados a entidades oficiales o privadas, en la medida en que permitió acreditar aportes a las entidades de previsión social de cualquier orden y al Instituto de Seguros Sociales. Tal prerrogativa no sólo fue instituida para los empleados indistintamente, sin atender si se hallan bajo régimen general o especial de pensiones, pues nada dispuso el ordenamiento sobre este punto; debe entenderse entonces que lo allí preceptuado tiene aplicación para quienes se hallen también bajo el imperio de regímenes especiales, mientras esas disposiciones no prescriban lo contrario.
De esta manera estima la Sala que procede la aplicación del artículo 10 de la Ley 4ª de 1966 y del artículo 11 del Decreto Reglamentario 1743 del mismo año que dispusieron que las pensiones de jubilación o invalidez de los embajadores de carácter permanente en el exterior se liquidarían tomando como base las asignaciones señaladas a los Ministros de Despacho”.
En atención a lo anterior, mediante Resolución 05780 de 13 de abril de 2000 el subdirector general de prestaciones económicas de Cajanal dio cumplimiento al anterior fallo judicial, ordenando, en consecuencia el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes a partir del 1º de julio de 1989, en cuantía de $ 383.926,28 (fls. 240 a 249).
De la reclamación del reajuste pensional
Mediante escrito de 26 de agosto de 2004 dirigido a la Caja Nacional de Previsión Social, EICE, el actor solicitó el reconocimiento del reajuste pensional con base en lo realmente devengado en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de los mayores valores adeudados respecto de los cuales no haya operado el fenómeno prescriptivo (fls. 22 y 23).
Por Resolución 31729 de 10 de octubre de 2005, proferida por la Asesora de la Gerencia General (e) de Cajanal, se negó la anterior petición (fls. 2 a 5).
(I) Del régimen pensional de los empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores - marco normativo y jurisprudencial
En este sentido, verbigracia, el artículo 279 ibídem estableció que el régimen integral de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 no le era aplicable a algunos funcionarios del Estado. Así mismo, se dispuso, que su entrada en vigencia tampoco podía afectar situaciones consolidadas bajo regímenes pensionales anteriores.
(a) Del Decreto 0311 de 8 de febrero de 1951, “por el cual se aclaran el inciso c) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y los artículos 2º y 3º de la Ley 65 de 1946, en cuanto se refiere a los empleados nacionales que prestan sus servicios en el Exterior”, el artículo 1º:
(b) De la Ley 4ª de 23 de abril de 1966, “por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones”, el artículo 10º:
“ART. 66.—Los funcionarios de la carrera diplomática y consular que reúnan los requisitos legales en cuando a edad y tiempo de servicio, que hayan alcanzado la categoría de embajador y que al retirarse del servicio soliciten su pensión de jubilación o invalidez, tendrían derecho a que ésta le sea liquidada y pagada con base en las asignaciones de los ministros del despacho, estimadas en la fecha de retiro del funcionario.
ART. 76.—Las prestaciones sociales de los empleados del Servicio Exterior se liquidarán y pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del presente estatuto y salvo lo previsto en el artículo 66” (resaltas fuera de texto).
(d) Del Decreto 1253 de 27 de junio de 1975(2), por el cual se modificó el artículo 76 del Decreto 2016 de 1968, el artículo 1º:
f) Decreto 10 de 1992, que contiene el estatuto orgánico del servicio exterior y de la carrera diplomática y consular(3):
ART. 57.—Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores”(4).
g) Decreto 274 de 2000(5), por el cual se regula el servicio exterior de la república y la carrera diplomática y consular(6):
PAR. 1º—Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna. En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será el establecido en las normas vigentes paralos cargos equivalentes en la planta interna, teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables” (resaltas fuera de texto).
— Los apartes resaltados del parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 797 de 2003, en el cual no se hace diferenciación alguna entre Embajadores y demás funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, atendiendo la copiosa jurisprudencia de la Corte Constitucional, fueron declarados inexequibles mediante Sentencia C-173 de 2004, en razón a que se consideró que la equivalencia allí establecida atentaba contra el derecho a la igualdad de los trabajadores destinatarios de la norma, así:
— Los artículos transcritos del Decreto 274 de 2000 fueron objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-292 de 2001, a través de la cual se declaró su inexequibilidad, por cuanto se consideró que estaban consagrados en un decreto dictado en ejercicio de facultades extraordinarias que no cubría, por supuesto, la de regular el régimen prestacional de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores
— En la actualidad se encuentra vigente el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 797 de 2003(7) y en virtud de dicha disposición no es viable efectuar equivalencia alguna, sino efectuar las cotizaciones y la liquidación pensional con fundamento en lo realmente devengado en el cargo desempeñado en el exterior, tanto para Embajadores, en atención al principio de favorabilidad y a la primacía de la realidad de la relación laboral, como para los demás funcionarios de la planta externa del Ministerio.
— De admitirse una colisión de disposiciones entre los artículos 55 y 56 del Decreto 10 de 1992 y la anteriormente referida(8), habría de concluirse que la norma aplicable indiscutiblemente continúa siendo esta última, en atención a que es la que se aviene a los contenidos máximos promulgados por la Constitución Política de 1991 y es la más favorable en el presente asunto.
Por lo anteriormente expuesto, es viable sostener que la liquidación de pensiones de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluidos los embajadores, por lo menos a la luz de la Constitución de 1991(9) y del principio de favorabilidad, debe sujetarse a la regla general, esto es, a aquella que dice que se efectúa con base en lo realmente devengado.
“Teniendo en cuenta los principios generales de eficiencia, solidaridad y universalidad en materia de seguridad social, así como los de moralidad y especialidad, orientadores del servicio exterior y la carrera diplomática y consular, los funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular deben ser afiliados al sistema integral de seguridad social en los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales, de acuerdo con lo previsto en el sistema integral de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como en las normas que los modifiquen, adicionen o deroguen, salvo las particularidadescontempladas en este decreto” ([en negras] aparte declarado inexequible).
Este deber de dar primacía a la Constitución Política (art. 4º), ha ocupado la atención de la corporación en otros asuntos, en los siguientes términos
“Finalmente, la Sala encuentra que si bien la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1670 de 1997 ocurrida mediante la Sentencia C-140 de 15 de abril de 1998 dictada por la Corte Constitucional con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz se dispuso con efectos hacia el futuro, ello no implica que al juez le sea un imposible jurídico pronunciarse sobre la legalidad del acto acusado, dictado con fundamento en el declarado a la postre inexequible, por cuanto es ostensible que desde su origen el Decreto 1670 de 27 de junio de 1997 nació viciado de ilegalidad y por ende, le es dable al juzgador aplicar respecto de aquél la excepción de inconstitucionalidad por el lapso que transcurrió desde su expedición hasta la sentencia de inexequibilidad, evitando con ello que una decisión manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico y que causa estragos en los derechos particulares, se ampare en que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad se dispusieron hacia el futuro”(10).
En primer lugar, ha de afirmarse que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza rogada, lo cual implica no solamente la sujeción del análisis de legalidad a lo planteado en la demanda y su contestación, sino, además, en segunda instancia, la subordinación al recurso de apelación interpuesto.
Por lo anterior, en atención a que el recurso de alzada contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, fue interpuesto por la parte demandada, el análisis que a continuación se efectuará se referirá al mismo.
En cuanto al fondo del asunto, cabe anotar:
Tal como se evidencia del recuento normativo y jurisprudencial efectuado en el acápite anterior, las normas que efectuaron una equivalencia para efectos pensionales y que perjudicaron notoriamente el derecho a mantener las condiciones alcanzadas durante el ejercicio de la vida activa laboral por los miembros de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, son contrarias al ordenamiento superior contenido en la Constitución Política de 1991.
En el presente asunto, empero, debe analizarse si ello es así también a la luz de la Constitución Política de 1886, en atención a que el derecho pensional del actor, bajo el amparo de la Ley 71 de 1988, se hizo efectivo a partir del 1º de julio de 1989.
Bajo este nuevo escenario debe afirmarse que la conclusión de dicha inconstitucionalidad e inaplicabilidad(11) de las normas que regularon la equivalencia a que se ha venido haciendo referencia adquiere igual validez, en tanto, debe entenderse que la pensión de jubilación ya bajo la vigencia de la Ley 71 de 1988, pensión de jubilación por aportes, era entendida no como una dádiva del Estado sino como una retribución que obedecía a una prolongación del salario, una extensión de la vida activa a un periodo de descanso, en el cual, además, debía garantizarse la estabilidad en las condiciones de subsistencia logradas en actividad.
Con este criterio, entonces, no es viable amparar un derecho pensional que no obedece a lo realmente devengado por el actor, por lo que, se puede concluir, aun en vigencia de la Constitución Política de 1886 es viable acceder a las pretensiones de la demanda, tal como lo hizo el a quo, ordenando la liquidación de la pensión con base en lo efectivamente devengado en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
También cabe efectuar una precisión relativa al monto en que debe ser reconocida la pensión del actor.
Por tal motivo, atendiendo a dichos parámetros es oportuno que en el presente asunto se de aplicación a dicha limitante.
Ahora bien, corresponde a la Sala definir cuál es el tope que debe aplicarse a la pensión del actor en el presente asunto, teniendo en cuenta que empezó a disfrutar su derecho pensional el 1º de julio de 1988, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992(12).
Bajo dicho presupuesto es de anotar que para la fecha en que se hizo efectivo su reconocimiento pensional la norma vigente era el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, que disponía:
“ART. 2º—Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales.
Por lo anterior, el fallo del a quo se adicionará, en el sentido de que la pensión de jubilación por aportes a la que tiene derecho el señor Pedro López Michelsen se reajuste en los términos allí ordenados, pero limitando, en todo caso, la cuantía de la misma a 15 veces el SMLMV.
Por otra parte, cabe referirse a la siguiente manifestación de la parte actora expresada en el escrito por medio del cual presentó alegatos de conclusión en esta instancia (fl. 526):
“6. Ahora bien. Debo poner de presente que dada la edad del actor y su estado de salud que es delicado, y ante el largo tiempo que toman las decisiones administrativas ordinarias, se consideró necesario presentar acción de tutela en busca de la protección debida al derecho del actor, que recientemente dio como resultado que se diera el amparo de los derechos fundamentales del doctor Lopez (sic) Michelsen, y ordenó liquidar la pensión del actor teniendo en cuenta el salario realmente devengado, y para ello otorgó un término de tres días, termino que se ha sobrepasado ampliamente sin que se haya logrado el cumplimiento de la sentencia que fue pedida el 23 de diciembre de 2008”.
A pesar de lo anterior, dentro del expediente no reposa copia de dicho fallo ni del acto administrativo a través del cual la entidad le dio cumplimiento, razón por la cual, en esta sentencia solamente es viable ordenar a la entidad accionada que para efectos del cumplimiento a la presente providencia tenga en cuenta dicha circunstancia, con el objeto de determinar si es viable efectuar algún descuento por lo que posiblemente le haya venido reconociendo en cumplimiento al fallo de tutela, aclarando que, en todo caso, en el evento en que en cumplimiento a la referida orden judicial haya reconocido un reajuste superior al tope legal aquí establecido no procederá el descuento de lo recibido por la parte actora, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Finalmente, es de anotar que no hay lugar a adicionar o aclarar el fallo, tal como lo solicitó el ministerio público en su intervención en esta instancia, con el objeto de que se ordene la cotización sobre lo que realmente va a ser tenido en cuenta para efectos de la liquidación pensional, en tanto el a quo así lo ordenó.
En conclusión, esta Sala procederá a confirmar la sentencia recurrida, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda, con las siguientes adición y aclaración:
1) Adicionar el numeral 2º de la parte resolutiva del fallo del a quo, por el cual ordenó el reajuste pensional reclamado, en el sentido de establecer que en todo caso la pensión de jubilación por aportes no puede superar el tope de 15 SMLMV.
2) Aclarar el numeral 3º del fallo del a quo, por el cual se ordenó el descuento de lo pagado al actor en virtud del reconocimiento pensional efectuado a través de las Resoluciones 3326 de 24 de abril de 1995, 8276 de 1995 y 5780 de 13 de abril de 2000, en el sentido de establecer que en caso de que en cumplimiento al fallo de tutela referido por la parte actora en el presente proceso se haya reconocido el reajuste aquí reclamado, se tenga en cuenta dicha circunstancia para determinar el valor adeudado, resaltando que, en todo caso, en el evento en que en cumplimiento a la referida orden judicial se haya reconocido un reajuste superior al tope legal aquí establecido no procederá el descuento de lo recibido por la parte actora, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
CONFÍRMASEla sentencia de 17 de julio de 2008, por la cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, accedió a las pretensiones de la demanda formulada por Pedro López Michelsen contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, con las siguientes adición y aclaración:
ADICIÓNASE el numeral 2º de la parte resolutiva del fallo de 17 de julio de 2008, en el sentido de establecer que en todo caso la pensión de jubilación por aportes no puede superar el tope de 15 SMLMV, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.
ACLÁRASE el numeral 3º del fallo de 17 de julio de 2008, en el sentido de establecer que en caso de que en cumplimiento al fallo de tutela referido por la parte actora en el presente proceso se haya reconocido el reajuste aquí reclamado, se tenga en cuenta dicha circunstancia para determinar el valor adeudado, resaltando que, en todo caso, en el evento en que en cumplimiento a la referida orden judicial se haya reconocido un reajuste superior al tope legal aquí establecido no procederá el descuento de lo recibido por la parte actora, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
(1) De conformidad con la información contenida en el acto administrativo de reconocimiento pensional.
(3) Este cuerpo normativo fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas mediante el artículo 43 de la Ley 11 de 1991; y, de conformidad con lo establecido en su artículo 79, derogó el Decreto 2016 de 1968.
(4) Con posterioridad a este cuerpo normativo el Decreto-Ley 1181 de 1999, dictado por el Ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, reguló el estatuto orgánico de servicio exterior y de carrera diplomática y consular; sin embargo, esta normatividad fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-920 de 1999, en razón a que la Corte había declarado inconstitucional el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 y en consecuencia, los decretos leyes dictados con fundamento en él debían correr la misma suerte.
(5) El Decreto 274 de 2000, de conformidad con lo establecido en el artículo 96, derogó el Decreto 10 de 1992.
(6) Este Decreto fue dictado por el ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 6º de la Ley 573 de 2000.
(7) A través del cual se modificó el artículo 20 de la Ley 100 de 1993.
(8) Cabe anotar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-1016 de 2000 consideró que el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 797 de 2003 derogó en el aspecto objeto de discusión el Decreto 10 de 1992.
(9) En esta oportunidad no se hace referencia al marco normativo en vigencia de la anterior Carta Política en razón a que no es pertinente dadas las circunstancias del caso.
(10) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 24 de mayo de 2007, radicado interno 2616-04; C.P. doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.
(11) Al respecto, es de anotar que el Acto Legislativo 3 de 31 de octubre de 1910, reformatorio de la Constitución Nacional de 1886, consagró la prevalencia de la norma constitucional sobre cualquier otra, en los siguientes términos: “Artículo 40. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán preferencia las disposiciones constitucionales”.
(12) Con base en lo sostenido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-155 de 1997, se ha sostenido que si el derecho se hace efectivo con posterioridad a la Ley 4ª de 1992 el tope pensional máximo es el establecido en la Ley 100 de 1993, esto es, 20 SMLMV, ahora, luego de la modificación de la Ley 797 de 2003, 25 SMLMV.