Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1867
Timestamp: 2018-07-17 17:19:32
Document Index: 67171051

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 42', 'artículo 40', 'artículo 31', 'artículo 61', 'artículo 191', 'artículo 29', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 73', 'artículo 479', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 42', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 3', 'artículo 42', 'artículo 40', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 191', 'artículo 191', 'Artículo 19', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 442', 'artículo 63', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6']

Inicio de Sesión: 11:41:00
Término de Sesión: 14:32:00
CELEBRADA EL MARTES 13 DE MARZO DE 2018.
Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, celebrada en la Ciudad de México, los días 19 y 20 de febrero de 2018
Una, del Senador José de Jesús Santana García, con la que remite el Informe de su participación en la primera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se celebró en Estrasburgo, Francia, del 22 al 26 de enero de 2018
Una, del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que remite el Informe del estado que guardan los trabajos referentes al proyecto de Ley de Contrataciones de Obras Públicas, presentado el 23 de febrero de 2017
Oficio con el que remite el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en la ciudad de Washington, D.C., el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco
Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete
Oficio con el que remite el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana
Once oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores
Proyecto de decreto por el que expide la Ley General de Mejora Regulatoria, y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Marcela Guerra Castillo, Luz María Beristain Navarrete y Lisbeth Hernández Lecona y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada e Isidro Pedraza Chávez, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano
Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014
Del Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre propio y de diversas Senadoras y los Senadores de los Grupos Parlamentarios, para presentar proyecto de decreto que reforma los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Del Senador Marlon Berlanga Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley sobre la Cannabis y la Erradicación de la Violencia provocada por su Prohibición, en los Estados Unidos Mexicanos
Del Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Proyecto que reforma el artículo 3º constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda y proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación, se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda
Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 40 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
MINUTO DE SILENCIO POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO EMILIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, EMPLEADO DE LA CÁMARA DE SENADORES
Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud
Del Senador Héctor Flores Ávalos, a nombre propio y de diversos senadores, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman el primer y penúltimo párrafos del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito
Del Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción XI al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 442 y 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Una, de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones como Senadora por tiempo indefinido
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se declara el tercer sábado de marzo de cada año como el “Día Nacional del Tequila”
Cuatro, de diversas comisiones, en sentido negativo
Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo
De la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo, el que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las gestiones y ajustes presupuestales pertinentes, a fin de incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; y a incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud los tratamientos de hemodiálisis y diálisis para tratar la deficiencia renal crónica
De la Comisión de Salud, que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, especialmente entre los jóvenes
De la Comisión de Salud, que exhorta a las Secretarías de Salud y de Economía, así como a las secretarías de salud de las entidades federativas a instrumentar acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y tratamiento de pacientes con padecimiento de fibromialgia
Cinco dictámenes, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de los que contienen punto de acuerdo
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:41 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y de los señores Senadores.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes 13 de marzo correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, celebrada en la Ciudad de México, los días 19 y 20 de febrero de 2018.
Una, del Senador José de Jesús Santana García, con la que remite el Informe de su participación en la primera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se celebró en Estrasburgo, Francia, del 22 al 26 de enero de 2018.
Una, del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que remite el Informe del estado que guardan los trabajos referentes al proyecto de Ley de Contrataciones de Obras Pública, presentado el 23 de febrero de 2017.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en la ciudad de Washington, D.C., el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron once oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Asamblea del Senado de la República.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que adiciona la fracción V al artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.
Informo que la Mesa Directiva amplió el turno al proyecto de decreto por el que expide la Ley General de Mejora Regulatoria, y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, presentado el 8 de marzo pasado para quedar en las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Energía; y de Estudios Legislativos.
Informo a esta soberanía que se recibió de las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Marcela Guerra Castillo, Luz María Beristain Navarrete y Lisbeth Hernández Lecona y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada e Isidro Pedraza Chávez, un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.
Corresponde el uso de la tribuna al Senador Juan Carlos Romero Hicks…
El Senador Aarón Pozos no se encuentra presente.
Discúlpeme, señor Senador, no lo observé.
Le corresponde el turno al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, para presentar a nombre propio y del Senador Héctor Larios Córdova, un proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Pública de Radiodifusión del Estado mexicano; y se reforman y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del año 2014.
En uso de la tribuna el Senador Pozos Lanz, y reitero mi disculpa, señor Senador.
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Presidente.
Con la venia de la Presidencia del Senado de la República.
Quiero decirles que vengo a nombre del Senador Héctor Larios Córdova y un servidor a presentar esta iniciativa.
Desde su fundación, la radio ha cumplido con creces su labor informativa y lo ha hecho con contenidos culturales, servicio social a la comunidad y diversidad de opiniones, muestra tangible de una nación multicultural, multiétnica y multilingüística como la nuestra.
A través de sus estaciones, programaciones repetidoras, la radio todos los días contribuye de manera eficiente a la construcción de una sociedad más informada, más colaborativa y participativa en los asuntos públicos, debido a su relevancia, así como a la ampliación de sus servicios y el incremento de sus estaciones a través de los años se ha requerido de una legislación que regule la expedición de las concesiones, el uso del espacio radioeléctrico y la asignación de frecuencias, con el único fin de que la sociedad mexicana se mantenga informado.
En los últimos años, consciente de esta necesidad, el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, impulsamos una reforma constitucional que permite una competencia efectiva, con mejores precios y mayor calidad y cobertura de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones que tiene entre sus atribuciones la de otorgar las concesiones y resolver su prórroga, modificación o terminación, así como autorizar cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades, el Instituto ahora tiene a su cargo la regulación, la promoción y la supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa.
En particular con las prórrogas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicadas el 14 de julio del 2014, en el Diario Oficial de la Federación, señala en su artículo 114 que para su otorgamiento es necesario que el concesionario la solicite dentro del año anterior al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión.
La resolución de las prórrogas de concesiones, representan un asunto fundamental, porque brinda una certeza jurídica a los propietarios de las mismas, fomentan la inversión y modernización del sector, lo que genera un mercado más competitivo que requiere de contenidos novedosos.
En este sentido, el Pleno del Ifetel informó que ha acordado la prórroga de vigencia de 730 concesiones para estaciones de radio de uso comercial en todo el país, y dicha cifra representa un avance del 90.6 % con respecto a las 806 peticiones que el Instituto había recibido hasta junio del 2017.
Sin duda, es un avance en la implementación del marco jurídico que regula la prórroga de concesiones, sin embargo, con la entrada en vigor de la ley, en algunos casos se generó un marco legal que se convirtió complejo para algunos propietarios y concesionarios por la diversidad de supuestos regulatorios que podrían ser aplicados en relación con el ámbito de temporalidad a observar en la interposición de las solicitudes de prórroga, de vigencias respectivas, conforme a la legislación anterior, los títulos vigentes y el nuevo marco legal.
La iniciativa que hoy el Senador Larios y su servidor presentamos y que estoy seguro que muchos Senadores se adherirán, busca precisamente que las concesiones vigentes que con la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión quedaron sin la posibilidad de cumplir con los plazos establecidos, puedan solicitar la prórroga de la concesión, obviando el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 114.
Compañeras y compañeros legisladores, estoy convencido que de aprobarse la presente iniciativa, se promoverán condiciones adecuadas para la permanencia de los concesionarios, estaciones de radio para que continúen realizando su labor de alto profesionalismo, dedicación y calidad y sigamos incentivando la inversión directa en este sector.
Compañeras y compañeros legisladores, la resolución de las prórrogas de concesiones, representan un asunto fundamental para la certeza jurídica, para los propietarios y los servicios que ponen al servicio de la población, pero también es un aliciente a la inversión y modernización del sector que lo hace en uno más competitivo, novedoso y comprometido con la información.
La Senadora Martha Palafox le solicita si es usted anuente para que suscriba la iniciativa.
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con todo gusto. Gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Le solicito a Servicios Parlamentarios que tome nota de las y los Senadores que están manifestando su intención de suscribir.
El Senador Lavalle en el mismo sentido, el Senador Romero Hicks, Senador igual, para que se recaben las firmas correspondientes.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.
Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios un proyecto de decreto que reforma los artículos 3º y 73 constitucionales, en materia de ciencia y tecnología.
En uso de la tribuna, el Senador Juan Carlos Romero Hicks.
Distinguidas Senadoras, Senadores, el mundo de hoy está urgido de un cambio con rumbo, con estrategia, y los países que han logrado mayor desarrollo han entendido que se requiere una combinación de variables para poder garantizar que el conocimiento incida en el bien ser y bienestar de las personas.
Dicho de otra manera, se requiere una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación, un árbol de bondades infinitas, y tenemos que reconocer que los problemas de hoy no se resuelven con las soluciones del ayer.
Unos grandes científicos visibles, Carl Sagan, señalaba que la ciencia es una forma de pensar mucho más que un cuerpo de conocimientos, y la humanidad va avanzando en la medida en que el conocimiento trasciende, en que la verdad no es infecunda, en que se pone en el corazón de la solución de los problemas de la vida cotidiana.
En nuestro país hemos tenido muchos esfuerzos desde el Estado mexicano y en particular desde el gobierno federal y algunas entidades federativas.
Por ejemplo, un momento de inflexión fue en diciembre de 1970, con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el Presidente Luis Echeverría.
Y luego, se hicieron esfuerzos legales para poder dar el marco normativo necesario, sin embargo, siempre se puede mejorar, y hoy lo que nos urge es una mayor articulación institucional, descentralizar las decisiones, incorporar visiones de al menos 25 años de largo plazo y, sobre todo, dar certeza jurídica a todos los actores de la ciencia y la tecnología y la innovación, y estos son, primero, el sector académico; segundo, el sector emprendedor; y tercero, el sector gubernamental, todo esto implica tener un mayor impacto transversal; sin embargo, es difícil resolver problemas con el diseño presente.
¿Cuál es el diseño actual? El diseño actual es que existe una Ley Federal de Ciencia y Tecnología derivada de la fracción V del artículo 3° de la Carta Magna; sin embargo, está forzada porque equipara atribuciones del Estado, paréntesis, Federación, entidades federativas y municipios con las del gobierno federal, y hemos encontrado en una revisión más profunda y más exhaustiva la necesidad de un ajuste que pueda dar mayor certeza jurídica al tema de ciencia, tecnología e innovación, lo deseable, entonces, es pasar a poder tener en algún momento una ley general.
Este diseño institucional es dinámico y hoy lo que tenemos que aprender es cómo lo han hecho, por ejemplo, otros países.
Por una parte, han consolidado la base jurídica.
Por otra, han tenido mejores fuentes para poder financiar el gasto de inversión y desarrollo en ciencia, tecnología e innovación.
En México no hemos logrado la inversión necesaria.
Por una parte, la inversión pública es mayor que la inversión privada, cuando en el resto del mundo es exactamente al contrario.
Por otra parte, la Ley de Ciencia y Tecnología establece que el gasto de inversión y desarrollo en ciencia y tecnología debe ser el 1 %, sumado a los esfuerzos públicos y privados solamente tenemos al momento del día de hoy el 0.55 %, que comparado con el resto del mundo palidece, porque en los países de mayor desarrollo la inversión está entre el 1.5, y el 4.2 % del Producto Interno Bruto.
Necesitamos una ciencia que consolide el principio de libertad académica y al mismo tiempo pueda tener mejores incidencias en la vida de las personas para poder tener soluciones, por ejemplo, al tema del Estado de derecho de las nuevas energías, los desastres naturales, las nuevas enfermedades, agua, cambio climático, biodiversidad, la pobreza y la desigualdad, la competitividad económica, solamente por mencionar algunos de ellos.
Pues el día de hoy lo que estamos proponiendo es un gran esfuerzo y en este esfuerzo lo que quiero hacer es agradecer a todas las personas que se han sumado a lo que hoy estamos presentando, tenemos prácticamente ya casi setenta firmas de Senadores.
Quiero agradecer a los coordinadores parlamentarios, a Fernando Herrera, a Emilio Gamboa, a Luis Sánchez, a Manuel Bartlett, a todos los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, empezando por su Presidente, el Senador Patricio Martínez, por Óscar Rosas, Mario Delgado, Francisco Búrquez, también las grandes aportaciones del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, don Enrique Burgos, a quien saludo con gran admiración, a Martha Tagle, a Ana Lilia Herrera, a una enorme cantidad de personas, no alcanzaría a hacer el reconocimiento, porque estamos convencidos que hoy tenemos que hacer algo que pueda señalar una gran diferencia.
¿Y qué es lo que estamos proponiendo? Elevar a rango constitucional, en el artículo 3°, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, circunstancia que está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y que por algún motivo no está protegido en la Carta Magna.
En segundo término, el clarificar que el tema de ciencia, tecnología e innovación corresponde al núcleo competencial del Estado mexicano.
Y, finalmente, facultar al Congreso de la Unión, en el artículo 73, para poder tener una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
¿En qué momento se da esto? El señor Presidente de la República, el viernes 12 de enero, hace dos meses, anunció que turnaría a esta soberanía una iniciativa para perfeccionar la Ley de Ciencia y Tecnología, le daremos con mucho gusto la bienvenida, lo que estamos haciendo ahora es un esfuerzo complementario.
El tema de ciencia, tecnología e innovación no merece sesgos de partido ni de ideología ni de coyunturas de una naturaleza que pueda desvirtuar el gran propósito que tenemos.
México lo que necesita es un sistema de una política de Estado en ciencia, tecnología e innovación.
Celebro que sea el Senado de la República el que sume esta posibilidad.
México es un país grande, pero tiene que crecer más y tiene que tener una mejor estrategia para poder resolver los grandes problemas de la vida cotidiana: pobreza, desigualdad, Estado de derecho, y todo aquello que sea preocupación de todos los mexicanos.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Romero Hicks.
A continuación, se solicita respetuosamente el poder acompañar la iniciativa.
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Señor Presidente, si alguien más desea sumarse a la iniciativa, y no hemos tenido oportunidad de hacerlo de manera directa, estamos a sus órdenes con mucho gusto.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Romero Hicks.
El Senador Casillas en el mismo sentido.
Por favor, Servicios Parlamentarios tome nota de los Senadores y las Senadoras.
Sírvanse tomar nota de las Senadoras y los Senadores, Servicios Parlamentarios, que desean acompañar la presente iniciativa.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera.
Enseguida se concede el uso de la palabra al Senador Marlon Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley sobre la Cannabis, y la erradicación de la violencia provocada por su prohibición en los Estados Unidos Mexicanos.
En uso de la voz, el Senador Berlanga Sánchez.
El Senador Marlon Berlanga Sánchez: Parecerá una necedad una iniciativa como ésta, pero mientras en los Estados Unidos de Norteamérica se comercializa la cannabis, y mientras en Europa no exista una guerra contra el narcotráfico, el día de ayer tres jóvenes menores de 16 años se asesinaron mutuamente por la comercialización de droga en Tepito, de esto trata esta ley.
En México la guerra contra el narco o contra la delincuencia organizada es la que a nivel global mayores costos sociales, económicos e institucionales ha causado.
Más de 200 mil muertos contabilizados en la resiente década.
Incremento de consumidores de drogas ilícitas.
Aumento en los índices de corrupción, hasta ubicarse como el segundo país con mayor corrupción de la OCDE.
Impunidad, hasta mantenerse en un 98 % actualmente.
Penetración de la delincuencia organizada a los cuerpos policiacos.
Incorporación del Ejército a la lucha contra el narco.
Canalización de al menos un millón de pesos en la reciente década para atender programas de seguridad.
Desvío de recursos sustantivos a esta guerra que deberían ser para el sector de educación y salud.
Erosión del Estado, en razón de confrontación entre dependencias por sus posturas frente al avance de esta guerra fratricida.
Sobre población carcelaria hasta un 300 %, pero siendo lo más importante de esta secuela es la queja de miles de hogares con la falta de uno o más integrantes de las familias, jóvenes cooptados, asesinados, mujeres viudas y huérfanos.
Por cinco décadas el Estado mexicano ha focalizado sus esfuerzos institucionales y legales para castigar penalmente a los portadores y consumidores del psicoactivo natural, la marihuana.
En la actualidad los delitos contra la salud representan el mayor padrón de encarcelados por delitos federales en México, concentrándose en su mayoría en los casos de posesión menor.
En el caso de la marihuana, se puede detener a personas que sean encontradas con un monto superior a cinco gramos de este enervante, en cuyo caso se actualiza la restricción señalada en el artículo 479 de la Ley General de Salud, por lo que el portador es sometido a proceso judicial y un agente del Ministerio Público cuenta con la facultad para iniciar la investigación que puede culminar en un auto de formal prisión o sentencia por parte de un juez, con una penalidad que puede ir de cinco hasta 15 años de prisión.
Desde comienzos de la década de los 60 del siglo XX, se inaugura una política internacional de combate al narcotráfico impulsada por el gobierno estadounidense, del Presidente Richard Nixon, quien declaró la guerra frontal contra las drogas.
Sin embargo, esta fue principalmente contra los consumidores de drogas blandas como la marihuana, teniendo como principal objetivo a los grupos “hippies” y a la población afroamericana, pretendiendo con ello controlar sus manifestaciones sociales y políticas en torno a la lucha de los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam.
Este objetivo fue posible por la coartada de la criminalización del consumidor enfocada a este segmento de población.
El Reporte de Drogas Mundial 2005, de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, estima el valor total de la venta a minoristas de drogas en 322 mil millones de dólares, de las cuales 64 mil 800 millones corresponden a la heroína, 70 mil 500 millones a la cocaína, 16 mil 100 millones al éxtasis, 28 mil 300 a la anfetamina y otras drogas sintéticas y 141 mil 900 millones a hierba y resina de cannabis.
En total suman 321 mil 600 millones.
Sin embargo, dicho informe también considera el valor de venta mayorista antes de su distribución a menudistas. El valor a nivel de producción.
Para contrastarlos señalamos sólo el valor de producción, a partir del cual tenemos mil 200 millones para la heroína, 500 millones para la cocaína, 100 millones por el éxtasis, 60 millones para las anfetaminas y otras drogas sintéticas y nueve mil 500 millones para la marihuana.
Es decir, a nivel de producción el valor es considerablemente menor que la distribución minorista de la droga. Por ejemplo, la marihuana pasa de nueve mil 500 millones al precio de producción de 141 mil 900 millones al precio de su venta de minorista, mientras la cocaína pasa de 500 millones en su nivel de producción de cultivo a 70 mil 500 millones en su venta minorista en las calles de Estados Unidos.
El paradigma prohibicionista y la estrategia punitiva y cada vez más militarizada que se ha adoptado en México ante el tema de las drogas, entre las que se encuentra la marihuana, que es la sustancia en la que nos centramos ahora, se pueden considerar no sólo como un fracaso, sino también como parte de políticas totalmente contraproducentes, fortaleciendo aquello que se desea combatir.
Uno. La seguridad social se presenta francamente fracturada por los efectos de una política punitiva de seguridad pública.
Dos. El consumo de drogas se ha visto incrementado tanto por las condiciones de inestabilidad social como por una oferta creciente.
Tres. La debilidad estatal a la que se considera en parte responsable de la violencia por no tener la capacidad para imponer la ley, se ve expuesta a su debilitamiento institucional cada vez mayor al exponerla a la cooptación por el crimen organizado mediante sobornos y creación de otros vínculos de interés.
Esto produce una secuencia tan simple como mortífera.
La prohibición genera un mercado ilegal, la ilegalidad de este mercado produce el encarecimiento del producto.
Desde las altas rentas provocan la disputa violenta de un cuantioso mercado que genera altas rentas para los grupos criminales que la operan.
Este poder económico puede comprar capacidad de fuego, como protección política.
Así el prohibicionismo nos arroja al peor de los mundos posibles.
Una violencia competitiva no se puede detener y la podredumbre institucional que desemboca a la captura de la autoridad por el crimen organizado.
Es por eso, que presento a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Sobre la Cannabis y la erradicación de la violencia provocada por su prohibición, la cual se sustenta en cinco objetivos generales:
a). Aprovechar todas las bondades genéticas derivadas del cannabis para uso medicinal y terapéutico.
b). Que el Estado controle la siembra, producción y, en consecuencia, se allegue de impuestos y gravámenes por cada etapa del ciclo de vida de este psicoactivo.
c). A toda persona que consuma este enervante, se le debe de tratar como enfermo para descriminalizar su uso entre la población que elige ésta en vez de otra droga legalizada.
d). Regular el consumo personal de cannabis, permitiendo que funcionen espacios muy delimitados para tal actividad, donde incluso los asistentes mayores a 21 años puedan comprar hasta 28 gramos para utilizarse en lugar.
e). Crear un órgano paraestatal que controle la siembra, administre la producción, coordine el padrón de usuarios, tanto de personas, como de empresas, instituya un departamento de investigación científica sobre el mejor aprovechamiento y control de la sustancia activa de la cannabis, índica, sativa o americana.
Y, finalmente, que coordine una campaña permanente de prevención en niños, jóvenes menores de 18 años y mujeres embarazadas de este alucinógeno.
Objetivos por los que en aras de su consecución, debemos trabajar los tres poderes instituidos en la soberanía de nuestra identidad federativa, con el concurso a su vez de las autoridades municipales y metropolitanas, con el auxilio de las universidades estatales y organismos de la sociedad civil, pero sobre todo, por la participación activa de personas como parte del voluntariado a través de los Centros de Atención Contra la Drogadicción de la Cruz Roja y de los organismos religiosos que atienden a personas de calle, migrantes y adictos en varias parroquias benefactoras.
No estamos proponiendo que el Estado sea ajeno al consumo lúdico de la marihuana, proponemos que el Estado muestre su presencia bajo la racionalidad de políticas públicas no punitivas, regulatorias que protejan la libertad y la salud de las personas.
El debate ya se ha dado, pero no ha concluido.
Esa es otra finalidad de esta iniciativa, mantener el debate, que pasa por la libertad individual de las personas, la salud pública y el dispendio de recursos públicos, y más grave aún, recursos humanos en una guerra que nadie ve se vaya ganando.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Berlanga Sánchez.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Para consultarle al Senador si acepta nuestra adhesión a la iniciativa.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Senador Berlanga Sánchez, ¿es usted anuente a que sea acompañada su iniciativa por el Senador Alejandro Encinas?
El Senador Marlon Berlanga Sánchez: Se lo agradeceré.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En el mismo sentido el Senador Robledo, el Senador Luis Fernando.
Por favor, Servicios Parlamentarios tome nota de las y los Senadores que han manifestado su intención de suscribir, y a la cual el Senador Berlanga ha sido anuente.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; de Justicia; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de preparatoria del Instituto Kipling, Estado de México, invitados por el honorable Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.
De igual manera, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas de la Ciudad de México, quienes asisten con el propósito de fortalecer su formación cívica y su cultura política.
Este Senado se congratula con su visita, sean ustedes bienvenidos.
En el mismo sentido el Senado de la República se complace en recibir a un grupo de alumnos del Colegio Carmen Sallés, de Jiutepec, Morelos, invitados por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera.
Asimismo, a un grupo de alumnos del sexto grado de Preparatoria del Instituto Tlalpan.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 3º constitucional, en materia de cultura de legalidad y paz.
Le solicito, Presidente, que en esta intervención me permita hacer mención de las dos iniciativas que tengo registradas.
La primera es una reforma al artículo 3º de la Constitución Federal; la segunda una adición al artículo 42 a la Ley General de Educación, para lo cual solicito sean turnadas a comisiones para continuar con el procedimiento legislativo.
La iniciativa para reformar el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en incorporar los tópicos de la cultura de la legalidad, la paz y la no violencia, esto con base en los siguientes razonamientos:
En la última década, los países de América Latina han fortalecido sus economías, disminuido la pobreza, han hecho esfuerzos para que prevalezca la democracia, pero el flanco débil sigue siendo la violencia, el crimen y la inseguridad.
Los datos muestran que en América Latina, por cada cien mil habitantes 36 jóvenes menores de 24 años son asesinados, en comparación con 16 en África, dos en América del Norte y uno en Europa.
En un día típico en América Latina 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual, la mayoría mujeres, entre otros delitos de alto impacto.
En suma, la delincuencia, la violencia y la inseguridad, en América Latina, tiene un diagnóstico preocupante,
En el caso particular de México es preciso señalar que se han transitado por una de las facetas más complicadas desde el año 2007 a la fecha.
En los últimos diez años, las tasas de homicidios en los estados que componen las regiones noroeste y sureste han crecido exponencialmente, además de los crímenes de alto impacto existen otras formas de violencia presentadas en los diferentes ámbitos, en la escuela, en la familia.
Basta decir que México ocupa el primer lugar en el ambiente escolar más violento entre los 23 países que forman parte de la OCDE.
En las escuelas secundarias mexicanas, en lo específico, se reporta un ambiente escolar de alta violencia, que incluye la intimidación verbal o abuso entre estudiantes, agresión física, robo o posesión de drogas, alcohol, intimidación, abuso a los maestros y al personal.
Por otro lado, tenemos la violencia en la familia encabezando la violencia contra las mujeres, aunque con manifestaciones cada vez más alarmantes en la escuela, el trabajo y la calle.
Ante la gravedad de la problemática que tenemos en la actualidad la segunda estriba en lo siguiente: ¿Cómo se puede erradicar la violencia y la inseguridad?
En este contexto de violencia es ineludible instaurar las bases para provocar una cultura de paz, entendida ésta como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilo de vida para una convivencia armónica.
El origen de la violencia, en una buena parte, se produce y reproduce en la sociedad, la familia y otros ámbitos.
Autores como Galtung han sostenido la idea de que la violencia es un fenómeno construido socialmente, es consecuencia de un círculo vicioso que se retroalimenta de la estructura social y cultural muy específica.
Ante este argumento el Partido de la Revolución Democrática está convencido que una de las formas para reducir la violencia y la inseguridad en nuestro país es la educación. La educación siempre ha sido y será un verdadero aliado y motor del desarrollo de la nación.
Estamos seguros que los índices de violencia pueden ser reducidos a través de la educación orientada a la cultura de la legalidad y la paz donde se pregone la no violencia y la prevención.
Desde las aulas podemos hacer mejores ciudadanos, tener comunidades más seguras invirtiendo en nuestros recursos económicos y humanos de manera diferente y más inteligente.
En esta iniciativa se propone reformar el texto constitucional en los siguientes términos:
Artículo 3º, segundo párrafo. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él la cultura de la legalidad y la paz. El respeto a los derechos humanos, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, para ello se procurará que en los planes y programas de estudio de todos los niveles estos temas sean incluidos.
El criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico, prevalecerá la no violencia, se combatirá la ignorancia y los efectos de la servidumbre, el fanatismo y los prejuicios.
Esta acción constituye el inicio de una política pública enfocada a generar una forma de vida pacífica desde la educación obligatoria, con ello el Estado estaría cumpliendo con una obligación de educar con principios orientados a la paz, a la legalidad y a la no violencia.
Razonemos, que si fue el ser humano quien inventó la guerra y la violencia, es el mismo ser humano quien debe inventar y construir la cultura de la paz.
Segunda iniciativa:
Por lo que respecta a la iniciativa referente al artículo 42 de la Ley General de Educación, ésta tiene como finalidad limitar o restringir el uso de teléfonos móviles en las aulas de las escuelas del nivel básico, y fundamentalmente en lo siguiente:
En los años 90, hasta el año 2000, el uso de los teléfonos móviles se limitaba para hacer llamadas, mandar mensajes de texto y pasar el rato con limitados juegos.
Sin embargo, ahora sirve para infinidad de cosas, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017, arrojó los siguientes datos:
En el año 2017, el 72.2 % de la población de 6 años o más utiliza teléfono celular; el número total de usuarios que solo disponen de un celular inteligente creció de 60.6 millones a 64.6 millones de 2016 a 2017; es decir, 4 millones más de usuarios al año.
De acuerdo con la asociación Internet Mx el tiempo promedio de conexión a Internet desde un teléfono móvil es de 8 horas 1 minuto, equivalente a una jornada laboral, donde todos están en el Facebook, en el WhatsApp, en YouTube que son lo que más predomina.
En la encuesta sobresale que los usuarios de Internet, de 6 a 17 años es del 72 %; de 18 a 34 años, es del 83 %; más del 90 % lo hace para fines de entretenimiento.
Ante este contexto es importante razonar sobre el uso de los teléfonos móviles en las escuelas, en los centros de salud, en los centros de trabajo, donde los alumnos en las escuelas, muchos de ellos son menores de edad.
Francia, por ejemplo, será el primer país que pondrá en marcha una regulación sobre el uso de los teléfonos móviles para el próximo año escolar, que inicia en septiembre; España, en la provincia de Castilla prohibió ya el uso del teléfono celular en las escuelas de educación básica.
Los estudios realizados hasta el 2015, afirman que aquí hay instituciones educativas que restringen el uso de las disposiciones móviles, obtiene mejores resultados académicos, esto equivale a una hora adicional de clase por semana al prohibir los teléfonos móviles en los horarios de clase, se busca generar conciencia tanto en los docentes como en los estudiantes de lo importante que es aprender sin constantes interrupciones que atenten contra la asimilación de los conceptos vertidos en el aula, además de las relaciones y comunicaciones personales que deben fortalecerse.
Por este motivo, es que se propone adicionar un párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación, a efecto de que al interior de los planteles educativos públicos y privados se establezcan medidas para limitar o restringir el uso de teléfonos móviles en la jornada escolar, de acuerdo con las necesidades de cada entidad, exceptuando aquellas situaciones de extrema gravedad en las que el uso de este aparato sea imprescindible y esté aprobado por las autoridades y los establecimientos escolares.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias Senador Cesáreo Guzmán.
Daremos los turnos correspondientes en virtud de que fueron presentadas dos iniciativas en un solo acto.
El proyecto que reforma el artículo 3º constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Y el proyecto que adiciona un párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación, se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.
Recibimos en la Mesa Directiva la iniciativa del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 40 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.
Antes de proceder a la segunda ronda de iniciativas me permito compartir con ustedes el siguiente anuncio.
Informo a ustedes que el día de hoy por la mañana, el Senado de la República sufrió la pérdida de uno de sus trabajadores más comprometidos con la labor legislativa, el ciudadano Emiliano González Martínez, un colaborador de confianza, que en el mes de julio de este año cumpliría 19 años de trabajar para esta institución, de 59 años de edad. Desde su ingreso estuvo adscrito a la Unidad de Operación Financiera de la Dirección General de Presupuesto y Finanzas.
La Mesa Directiva de este Senado de la República manifiesta a sus familiares y amigos sus más sentidas condolencias por su lamentable fallecimiento.
Pido a la Asamblea que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud, en materia de precios de medicamentos.
En uso de la voz el Senador Patricio Martínez García.
El Senador Patricio Martínez García: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Senadoras, Senadores, unas palabras antes de pasar al tema de lo que es la iniciativa que hoy presento.
Me antecedió en el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, presentando la iniciativa sobre la Ley General de Ciencia y Tecnología, me parece que este es un tema que debemos apoyar, y retomo uno de los comentarios que él hizo, respecto de la inversión para ciencia y tecnología en el país, y que la mayor parte de lo que se dedica de recursos para esto, surge del presupuesto público, escasamente las empresas están invirtiendo en el desarrollo de ciencia y tecnología.
Quiero preguntarles a ustedes, y a todos los mexicanos.
¿En verdad no podemos desarrollar la tecnología para poder hacer una pasta dental?
Y tenemos que acudir a marcas y fórmulas desarrolladas en el extranjero que acaparan el mercado mexicano de una manera casi monopólica.
¿Y no hemos podido desarrollar pequeñas empresas de inversionistas que desarrollen una pasta dental?
¿No podemos desarrollar en este país un bicarbonato efervescente?
Y tenemos que entregarle el mercado mexicano a empresas que traen fórmulas extranjeras, inversión extranjera para desarrollar este y muchos otros artículos de uso diario que necesitan el desarrollo de ciencia y tecnología de los emprendedores mexicanos y que no se los hemos permitido, entre otras cosas, por la inversión, pero también porque los mercados han quedado acaparados y están impidiendo que entren como oferentes nuevos jugadores.
Con esto, señor Senador Juan Carlos Romero, espero que se reafirme el espíritu que se está presentando en esta iniciativa de la Ley General de Ciencia y Tecnología.
Entrando en materia, señor Presidente, Senadoras, Senadores.
Le pido, señor Presidente…
Solicito, respetuosamente, a la Asamblea guardemos el debido silencio y respeto para escuchar al orador.
Gracias a todos por su consideración.
El Senador Patricio Martínez García: Hago el comentario sobre esta materia de ciencia y tecnología, estamos avisados de que nos será enviada una iniciativa de Ley General de Ciencia y Tecnología por el Ejecutivo Federal, y ahí estaremos buscando, seguramente desde este Senado, la combinación de los mejores elementos de estas iniciativas y de lo que cada quien puedan sumarle para beneficio de una ley mejor acabada y con mayores beneficios para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país.
Ahora bien. Entro en materia de lo que es la presentación de esta iniciativa, y me dirijo, me dirijo a las Senadoras, me dirijo a las Senadores porque ellas han hecho siempre una defensa de la mujer, de la familia, y esto se refiere a la economía familiar.
No hay un solo trabajador, y me refiero, y me dirijo a los líderes sindicales que están aquí, a don Armando Neyra, a Carlos Romero Deschamps, me dirijo a Ismael Hernández Deras, porque no hay un solo campesino que no esté afectado por los problemas que aquí presento en esta iniciativa; de dirijo a todas y a todos ustedes, Senadores, porque no hay una sola entidad de la República en donde toda su población no esté sintiendo la afectación de un mercado que tiene desordenados sus precios y fuera de control.
Es así, pues, como paso a dar lectura de esta iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud, suscrita por un servidor.
De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Economía sobre la industria farmacéutica, México es el segundo mercado más grande América Latina de esta industria.
Este mismo estudio destaca que 14 de las 15 empresas más importantes del mundo están asentadas en México.
Quiero decirles que esto ha llevado al país a ser considerado como uno de los principales centros manufactureros de ese sector a nivel mundial, lo cual, sin duda, es destacable, pero contrasta con el hecho de que las actividades de innovación y desarrollo científico de estas empresas son realizadas en sus países de origen, y aquí tenemos el primer problema.
Las medicinas cargan enormes cantidades en el precio final al consumidor, incluyendo en su costo grandes cantidades por concepto de investigación y desarrollo.
Pero hay aquí un problema, Senador Romero, que la investigación y desarrollo para la que se recaudan grandes fondos, grandes cantidades, miles de millones de pesos anuales en este país a través de la venta de las medicinas, lo que tiene es que los laboratorios, la investigación y desarrollo se hacen en otros países. Aquí no hay la suficiente investigación y desarrollo, y lo que hay es una cantidad enorme de suministro de recursos en cada medicina para investigación y desarrollo.
Es aquí en donde debiéramos establecer que la empresa privada invierta, al menos una proporción adecuada de lo que capta en las ventas por este concepto.
Pese a esta situación, la investigación The Big Pharma Project realizada por la Organización Ojo Público, da evidencia de que los medicamentos en México llegan a tener precios hasta tres veces más elevados que en el resto de América Latina, destacándose los utilizados en tratamientos para el cáncer, VIH y diabetes.
El problema radica en que la autoridad no ha logrado establecer verdaderos contrapesos a los abusos extraordinarios de las farmacéuticas, quienes justificando las inversiones en investigación para el desarrollo de patentes, imponen precios extremadamente elevados en consideración a los existentes por el mismo medicamento en otros países.
El poder farmacéutico sobre los precios tiene varias formas, incluyendo medidas de control de los medicamentos disponibles en cada país conforme a lo que resulte más rentable para su negocio y no para el enfermo.
De acuerdo al estudio citado anteriormente, tratamientos contra la leucemia, cuya producción puede tener un costo de mil pesos mensuales, se llegan a vender casi en 484 mil pesos en México.
Otro elemento lamentable es el de Merck and Sharp, la transnacional logró que el retroviral Atripla entrara al mercado mexicano cuatro años más tarde en 2010 para así provocar que las instituciones de salud tuvieran que comprarle Efavirenz y otras sales por separado, medicamentos que combina Atripla por un cuarto del precio, por lo que el precio de este medicamento, lejos de reducirse al ser introducido al mercado, se elevó para ser uno de los más altos de América Latina, de acuerdo con la misma investigación.
Diversos estudios reconocen que debido a que esta industria ha venido afrontando una caída en la introducción de innovaciones reales, hace un uso extenso de innovaciones menores, cuyo propósito es la protección del mercado y el mantenimiento de precios elevados para conservar alta la rentabilidad de la empresa, y no necesariamente ofrecer una mejor alternativa terapéutica.
Otro elemento importante es el gasto elevado en publicidad y promoción. Si bien es cierto, en nuestro país la Ley de Salud mandata a la Secretaría de Economía para fijar precios máximos de venta al público de los medicamentos, así como para asegurar la adecuada distribución y comercialización. La realidad es otra, es que este mecanismo ha sido ineficaz, colocando a nuestro país como una de las naciones con los precios más altos de América Latina y de muchos lugares del mundo.
De acuerdo a información variada para fijar el precio máximo de venta al público de los productos de patente vigente, se realiza un procedimiento que considera los precios ex fábrica de los seis países de mayor venta en el mundo, obteniendo un precio promedio internacional que se usa como referente, y el cual, a su vez, se le aplican los costos de distribución y comercialización para el caso de México.
Este país no puede, no debe seguir siendo considerado sólo como un enorme mercado, un enorme mercado para los corporativos farmacéuticos, que sólo quieren venir a lucrar y se niegan a invertir en centros de innovación, en centros de innovación y desarrollo, pues todo lo hacen en sus países de origen, pero las ganancias son producto del abuso al mercado mexicano.
Como ejemplo de este extraordinario desorden en el precio de las medicinas, podemos encontrar una muestra, un medicamento, aquí lo traigo, llamado Maxitrol, es un ungüento para infecciones oftálmicas ligeras. Este medicamento contiene Neomicina y Dexametasona, cuyo precio en esta presentación con 3.5 miligramos de Neomicina, tiene autorizado un precio máximo de 456 pesos, es decir, el costo de este compuesto, si calculamos un kilo, un kilo, considerando un millón de gramos en el kilo, y 3.5 miligramos, el kilo de Neomicina viene a convertirse en el sueño, en el sueño de los alquimistas, en la alquimia de lo que se trataba era de reconvertir el plomo y los metales, mediante procesos que buscaban los alquimistas perfeccionar y convertirlos en oro.
Hoy, la piedra filosofal que buscaban los alquimistas ya fue encontrada, un kilo de Neomicina en esta presentación, equivale a la cantidad de 130 millones de pesos, 130 millones de pesos que se sacan del bolsillo de los consumidores y, sobre todo, de los enfermos, para mejor ilustración, presento a ustedes una gráfica de un comparativo.
La cotización del oro en la bolsa de Nueva York ayer, marcaba mil 319 dólares la onza, es decir, 31 gramos, por lo mismo el precio por gramo de oro es de 42 dólares, por lo tanto el kilo es de 42 mil dólares, y por lo mismo, al tipo de cambio, el kilo de oro al día de ayer era de 789 mil pesos. La alquimia farmacéutica logró transformar la Neomicina, un kilo de Neomicina en más de 140 veces por kilo el precio del oro.
Esa es la gravedad del problema que les estoy planteando, no hay una sola entidad de la República, ni un solo ciudadano por bebé, niño o adulto que sea, que no esté sufriendo las consecuencias de este descuido que se tiene en la fijación de los precios.
Sin duda, México puede continuar haciendo los esfuerzos gubernamentales para el desarrollo y aprovechamiento de su aparato científico y tecnológico, para generar conocimiento que se traduzca en productos y servicios innovadores.
Es inconcebible que nuestro país siga dependiendo hasta para hacer un jabón o un refresco de una fórmula que nos llega de fuera, cuando está demostrado que nuestro ingenio, nuestro mercado y, sobre todo, nuestros recursos humanos tienen total y absoluta capacidad para desarrollar nuestros propios productos.
Necesitamos tener más ciencia y tecnología por una razón muy sencilla, si no le damos ciencia y tecnología al país, al paso de los años, vamos a quedar sometidos aún más, científica y tecnológicamente a agentes pensantes del exterior.
Por esto, presento un proyecto de decreto.
Único.- Se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
“La Secretaría de Economía oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos y aquel cambio, considerando un precio justo que no pueda incorporar como factor de costo más de un 5 % por concepto de inversión e investigación, sin exceder el precio promedio del mismo medicamento que en los países de América Latina.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponde la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público”.
Señalo que una de las causas de la pobreza en nuestros países es la sangría extraordinaria que hacen las empresas trasnacionales, anualmente se trasladan 900 mil millones de dólares de los países en desarrollo a los países desarrollados, una cantidad importante de este traslado de recursos de nuestros países, es precisamente a través de la industria farmacéutica, así como esto, tenemos que hacer corrección Senadores, Senadores, de lo que está ocurriendo en los mercados.
Entiendo perfectamente los momentos políticos, entiendo perfectamente la discusión apasionada que hacemos de las posiciones políticas y de las circunstancias de los partidos y de los candidatos, pero me parece que debemos darnos un tiempo para atender aspectos torales que afectan a la población como es este que les estoy planteando sobre los medicamentos.
Por esa razón le pido a ustedes, compañeras y compañeros que apoyen esta iniciativa y que de ser posible, la asignen, junto con un servidor y que vigilemos en este Senado que no se detenga en comisiones.
Por lo mismo, quiero comentarles que con esta iniciativa, he hecho de su conocimiento personal el flagelo que sufre el pueblo de México con los precios arbitrarios y abusivamente fijados por una industria farmacéutica desbocada que sin limitaciones ha acudido a los principios de libertad de mercados y libre competencia para embullir competidores, monopolizar mercados y tener manos libres en el bolsillo del consumidor.
Pero además, para estructurar un sistema de precios que se convierte en una sangría de miles y miles de millones de pesos a los presupuestos públicos, porque los impuestos nunca van a ser suficientes para darle salud al pueblo de México, si una buena parte de los costos de salud y del presupuesto de salud se erogan en medicamentos artificialmente en sus precios.
Invito a ustedes, colegas en el Senado a que ratifiquen su sentido de solidaridad y compromiso con sus electores, con sus conciudadanos en sus propias entidades y con todos los mexicanos, sobre todo con los más necesitados, que apoyen esta iniciativa en comisiones y se le dé un tratamiento oportuno, con el fin de corregir esta grave situación que afecta la economía de prácticamente todos los mexicanos.
Por lo mismo, solicito atentamente acciones eficaz a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Salud y a todos los órganos competentes que tiene el Estado mexicano en la materia de medicamentos, por la obligación que tenemos de realizar el esquema de costos y precios de la industria farmacéutica, productora de elementos tan indispensables para la vida de los ciudadanos y sus familias.
Con esta estructura de precios, no podrán argumentar que la intervención de la autoridad está impidiendo el libre mercado, porque aquí lo hay, es una, la realidad es que este libre mercado es una cancelación real del mismo, realizada por la industria para abusar sin límites de la apertura franca y abierta que en México le ha dado a las empresas extranjeras y sus filiales en México.
Si esta iniciativa es desechada lo admitiré y lo admitiré con mucho gusto, pero solamente que sea sustituida por una que de inmediato intervenga mejorando la propuesta aquí presentada para poner orden en los precios de una industria desordenada y sin limitación, con aumentos de precios injustificados, especialmente en los últimos años.
Espero su comprensión, su apoyo y que movilicemos el Pleno y todo el Senado para que esta iniciativa se refleje en la calidad de vida diaria de los mexicanos, especialmente de los que menos tienen, y los que menos tienen son los que tienen poco dinero, bajo salarios, pero sobre todo poca salud que no la van a encontrar con esta injusticia que se está cometiendo en la fijación de los precios.
Muchas gracias a todos por su atención, espero su apoyo.
Y apunto que mi compañero Antonio Zuarth pidió sumarse a esta iniciativa desde antes de presentarla.
Y por lo mismo a mis Senadoras Marcela, Angélica, Luis, a todos, Zoé, a todas y a todos les pido que hagamos no una iniciativa de Patricio Martínez, una iniciativa del Senado para recomponer un estado de cosas intolerables para México y los mexicanos, y la dignidad por la vida y la salud de los mexicanos.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Martínez.
En vista de la buena aceptación que tiene esta iniciativa, solicitaría a todos los Senadores que quieran adherirse a la propuesta del Senador Martínez, hagan favor de manifestarlo para que Servicios Parlamentarios tome nota.
El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias.
Es la causa de todos los mexicanos y este Senado está para servir a todos los mexicanos sin distingo de ninguna naturaleza.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien, Senador Martínez.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.
Enseguida se concede el uso de la tribuna al Senador Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2° Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ahorro en plata.
Sin ahorro no puede haber crecimiento económico.
Al analizar los obstáculos para el crecimiento económico en México hay factores históricamente identificados, como la corrupción o la delincuencia organizada o la impunidad, o un Estado de derecho débil o deficiente, y hay también algunos otros factores macroeconómicos como la falta de competencia, la inadecuada regulación o la baja calidad de capital humano, todos ellos identificados como inhibidores de la inversión y, por lo tanto, del crecimiento económico.
Este análisis es importante, pero como casi siempre ocurre resulta insuficiente, lo es, es insuficiente porque se olvida que una variable determinante del crecimiento económico lo constituye el ahorro y precisamente el ahorro interno.
México debe voltear a ver al ahorro interno como parte o como puntal de su desarrollo.
El desgate derivado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha mostrado que nuestro país debe trabajar en alternativas que permitan proteger nuestra economía, sin demérito de buscar otros mercados, como se ha dicho, o de diversificar relaciones comerciales, una alternativa poderosa es reactivar el mercado interno y dentro de esa alternativa empoderar el ahorro popular, el ahorro sobre todo de la clase trabajadora es una herramienta fundamental.
Por esa razón, proponemos una serie de iniciativas que están directamente enfocadas a la protección y fomento del ahorro popular, se trata de medidas fiscales y de medidas no fiscales.
Primeramente proponemos evitar que exista ingreso acumulable y, en consecuencia, retención del Impuesto sobre la Renta en cuentas de ahorro cuando el rendimiento nominal sea menor a la tasa de inflación publicada.
Si me permiten decirlo, es absurdo que teniendo un rendimiento real negativo, es decir, perdiendo valor frente a la tasa de inflación, todavía el fisco haga una retención que no hace sino disminuir el capital y con ello el rendimiento y el ahorro.
Proponemos, en consecuencia, que el cálculo del índice denominado “ganancia anual total” en la variable particularmente que se refiere a la inflación, sea trimestral y no anual.
Lo anterior buscamos que provoque el dinamismo de la economía se refleje efectivamente en la oferta bancaria de tasas de rendimiento.
También proponemos eliminar la retención por pago provisional en los casos en que el rendimiento mensual sea inferior al índice de inflación esperado en ese trimestre.
Si se permite la retención en realidad se merma injustamente el capital, pues impide que el monto completo del interés se capitalice, a sabiendas que el cobro del impuesto no procede por tratarse de un rendimiento real negativo.
También hablaba yo de algunas medidas no fiscales.
Una de ellas, la primera es modificar la Ley de Instituciones de Crédito para ampliar el plazo de tres a seis años en el caso de las cuentas que se consideran inactivas y que pasan a formar parte de la denominada cuenta global o cuenta concentradora.
También proponemos que haya una notificación fehaciente por parte de las instituciones de crédito para fortalecer los derechos de esos ahorradores.
Y, finalmente, proponemos que el destino de estos recursos si bien están orientados a la beneficencia pública haya una parte que el gobierno federal destine a programas de fomento y protección al ahorro y de inclusión financiera.
También como parte de las iniciativas proponemos una serie de modificaciones a la Ley Monetaria en relación con el ahorro en moneda de plata.
El paradigma actual de la economía y el rol de la moneda mexicana en ella hacen que el país dependa como gran parte del mundo del valor de las divisas extranjeras. En ese sentido, el reciente retorno al proteccionismo comercial en los Estados Unidos de Norteamérica hace altamente probable que en el futuro México registre un menor ingreso de dólares y, en consecuencia, una devaluación del peso, aunado a que en los últimos diez años el fenómeno de la inflación ha ocasionado que su poder adquisitivo haya caído casi hasta la mitad.
Por lo anterior, es un hecho que durante los próximos años el ahorro nacional en peso se verá afectado por el fenómeno de la pérdida, sea lenta o acelerada, real del poder adquisitivo de la moneda.
En ese sentido resulta necesario buscar alternativas para el fortalecimiento de la economía mexicana, no desde las perspectivas del financiamiento o del endeudamiento innecesario, sino a través del ahorro como componente esencial de la política macroeconómica.
Como se puede entrever, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda afecta de forma directa y real al ahorro a través de los medios, herramientas o instrumentos tradicionales, generando en el público ahorrador una percepción negativa a la cultura de las finanzas y del ahorro mismo.
Es responsabilidad del gobierno mexicano, y especialmente de este Senado de la República, vigilar que los instrumentos de ahorro cumplan con la función de proteger al ahorrador contra esa eventual, pero inevitable pérdida.
Históricamente la plata ha demostrado ser un buen medio para conservar el valor del tiempo aunado a que México es el primer productor mundial de este metal precioso; sin embargo, hasta ahora no se ha aprovechado en todo su potencial.
Hoy en día la plata se concibe como una mercancía, se comercializa con ella y se exporta más del 90 % de su producción, en vez de retenerla en el país y que esta se quede en manos de los mexicanos, con ello hemos minimizado los beneficios de la plata y, además, hemos fomentado la depredación de nuestros recursos naturales.
La presente iniciativa pretende reconocer la experiencia mexicana monetaria a través de la identificación y prevención de errores, a fin de realizar y sustentar una propuesta que tenga como objetivo detonar la utilización masiva de dicho metal precioso como medio efectivo de ahorro.
En resumen, lo que proponemos es trabajar conjuntamente con el Banco de México, para establecer un piso que arroje certidumbre al valor de la moneda de plata acuñada por esa institución.
Proponemos que el valor de la Onza Libertad no se refiera a una cotización diaria del precio internacional de la moneda, como hoy ocurre, sino a variables de comportamiento histórico.
Permítanme concluir, diciendo que si en el tiempo la plata como mercancía en manos de empresas transnacionales no pierde valor, que la moneda de plata como instrumento de ahorro popular tampoco lo pierda.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Daremos turno a las iniciativas presentadas por el Senador Héctor Flores.
Sonido en el escaso del Senador Santana.
El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Nada más para pedirle al Senador Héctor Flores, si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Cómo no.
Tome nota Servicios Parlamentarios de las adhesiones al proyecto presentado por el Senador Héctor Flores.
El proyecto que adiciona a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.
El proyecto que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.
Y el proyecto de reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se turnará a la Cámara de Diputados.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Miguel Enrique Lucía Espejo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derecho para rescindir el plan contratado.
Nada más hacer la aclaración, que son tres iniciativas en conjunto y la solicitud del turno de la del artículo 191.
Hago en un solo momento la presentación de tres iniciativas que se encuentran inscritas en el orden del día.
En atención a nuestras disposiciones reglamentarias, ya que dos de ellas contienen reformas a la Ley Orgánica del Congreso General y otra al Reglamento que rige el desarrollo de los trabajos de esta Cámara de Senadores.
Las tres iniciativas constituyen un paquete de reformas necesarias para tener atender una cuestión que, sin reglamentarse, imprime tensión a la sana relación de colaboración que debe prevalecer entre los poderes públicos del Estado mexicano.
La cuestión es: ¿Cómo procedemos para zanjar la distorsión que genera nuestro entramado jurídico una declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma por parte de la Suprema Corte?
En el mismo sentido, ¿cómo procedemos para resolver con certeza para la nación aquellas omisiones legislativas que revelan nuestro máximo tribunal como carencias que inhiben la plena observancia del orden constitucional?
Y, por si fuera poco, ¿cómo conciliamos, además, la obligación que tiene la Corte de ejecutar su sentencia y hacerla cumplir como premisa para restaurar esa franja del Estado de derecho?
El Poder Judicial de la Federación tiene, entre sus funciones, la de tutelar la supremacía constitucional y garantizar el Estado de derecho entre los ciudadanos, entre estos y los poderes públicos e incluso entre un poder y otro.
Asimismo, el legislador es garante de la constitucionalidad como encargado de expresar en la ley definiciones sociales y políticas en congruencia con los objetivos y fines del proyecto.
De tal suerte, a estos dos poderes corresponde garantizar el orden constitucional en nuestro entramado jurídico mediante su creación e interpretación.
Ambas obligaciones deben ser cabalmente observadas y nuestras leyes deben incorporar las herramientas que lo propicien.
Por ello, la presente iniciativa busca fortalecer el imperio de nuestra Constitución en aquellos caso que por acción u omisión del actuar legislativo se ha incurrido en la inconstitucionalidad, pues nuestra ley no cuenta con mecanismos propicios para subsanar la transgresión.
La reciente ampliación de la base de procedencia del Amparo Indirecto, dio lugar a que el pasado 15 de noviembre la Primera Sala de la Suprema Corte, resolviera una situación inédita en una sentencia de Amparo, mandatar la emisión de una ley imponiendo al efecto un plazo —que hay que advertir, está próximo a cumplirse— tal amparo interpuesto por la Asociación Civil “Artículo 19”, ya es histórico, pues su sentencia declara la inconstitucionalidad, la omisión de expedir la Ley de Propaganda.
Hay que señalar que esta obligación no se ha cumplido, no por falta de iniciativas de los distintos grupos parlamentarios o por falta del impulso del tema por parte de los que aún no somos mayoría, sino fundamentalmente por la reticencia de las bancadas mayoritarias a abordar el tema, secuestrando la agenda legislativa en pos de la desregulación que resulta beneficiosa a sus intereses.
La referida sentencia confirma la procedencia del amparo como medio de protección frente a omisiones legislativas, pero no establece consecuencia de un eventual desacato. Lo que nos obliga a definir los mecanismos adecuados para subsanar esa y cualquier otra inconstitucionalidad porque por la misma vía se identifique.
La Ley de Amparo se caracteriza, entre otras cosas, por la fuerza de sus sentencias, que de no ser cumplidas motivan la separación del encargo de la autoridad responsable y su consignación por el delito de desacato.
En este contexto, al ser responsable el Legislativo en su conjunto, se hace evidente la falta de un procedimiento especial para procurar el cumplimiento de la sentencia, pues los mecanismos contenidos en la ley o no son estrictamente aplicables al legislador o de ser puntualmente observadas podrían devenir en una crisis institucional.
Si se llega a considerar a la totalidad de los legisladores como probables responsables de desacato, la Corte tendría que discutir la remoción de la totalidad de los miembros de una o de ambas cámaras, solicitar su desafuero, lo que seguramente generaría una crisis institucional.
En otro extremo, si los mecanismos de ejecución no se hacen eficaces frente al legislador, se atentaría contra la efectividad de la institución litigiosa más confiable de México.
Por ello, esta iniciativa propone un mecanismo que, tanto en las declaraciones generales de inconstitucionalidad, como en las omisiones legislativas, éste esclarece aspectos procesales, procura el subsane de la inconstitucionalidad en la que se incurra por omisiones legislativas y brinda certeza jurídica al disponer consecuencias plausibles ante una inejecución.
Además, al tratarse de la omisión en la emisión de una norma de orden público y de interés general, se establece que el amparo puede ser promovido demostrando interés simple, pues en este caso los sujetos de la ley pueden estar indefinidos, además de que la ausencia de una ley necesaria vulnera a todos los individuos sometidos a un orden jurídico nacional.
Respecto de los efectos de la sentencia, se establece que cuando se mandata el cumplimiento de una obligación de legislar o de subsanar una inconstitucionalidad, los procesos para subsanar la inconstitucionalidad deberán tramitarse de manera prioritaria imponiéndose como término para cumplimentar la sentencia el cierre de sesiones del período ordinario inmediato siguiente.
También proponemos que el Tribunal, en caso de inejecución, el Tribunal Colegiado de Circuito removerá de sus funciones como Presidente de Mesa Directiva de la Cámara correspondiente al legislador que ocupe tal posición e impondrá un nuevo plazo de ejecución que de ser nuevamente violentado puede culminar con la inhabilitación de integrantes del órgano legislativo.
Ahora bien, en lo tocante al trámite legislativo, prioritario en el Senado, se adiciona un capítulo que establece dentro del proceso legislativo ordinario, sin quebrantar las normas, que guardan similitud con el procedimiento legislativo la dictaminación de iniciativas preferentes, definiendo plazos para la presentación de iniciativas y dictaminación y disponiendo, de no contarse con un dictamen en tiempo o de rechazarse el mismo en el Pleno, se discutirán y votará en la siguiente sesión en sus términos y conforme a su prelación las iniciativas que se hubiesen presentado en la minuta, según corresponda.
Por último, señor Presidente, quisiera solicitarle que sea turnada una última iniciativa que hemos registrado en el orden del día para la sesión de hoy, que contiene una adición a la nueva fracción XI del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objeto de reconocer el derecho que deben tener los usuarios de los servicios de móviles de comunicación en la modalidad de pos pago a rescindir de forma anticipada la contratación de un paquete o plan de servicios, sin que ello genere ninguna responsabilidad o penalidad cuando los servicios contratados no cumplan los estándares de calidad determinados por el Ifetel debido a fallas que no sean solucionadas o que se presenten en forma reiterada.
Daremos los turnos que corresponde a las iniciativas presentadas.
El proyecto de decreto a la Ley de Amparo, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
El decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el proyecto de decreto que reforma el Reglamento del Senado de la República, se turnan a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.
Daremos también turno al proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 442 y 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de actuación del Ministerio Público.
La presente iniciativa tiene como fin reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a propósito de una preocupación que viene al caso.
En este año México tendrá un proceso electoral excepcional, un proceso que, además de realizar elecciones para el cambio de la Presidencia de la República, de todo el Congreso de la Unión, también se realizarán elecciones en 30 de las 32 entidades federativas y modificaremos, también se modificará, se elegirá a nueve gubernaturas.
Este mapa electoral nos refleja una gran competencia como nunca la habíamos visto en nuestro país. Y permítanme decir con claridad que no es poco lo que está en juego, por el contrario, observamos que estamos en el límite, si me permiten decirlo, “estirando la cuerda” lo más que se puede, casi a punto de romper y que podemos tener un proceso con consecuencias de inestabilidad política y también social porque debemos tener cuidado para que esto no sea una repercusión a partir de este proceso electoral.
Existe un alto riesgo de polarización política y, además, esto con la enorme desconfianza ciudadana de hacia las instituciones y, sobre todo, aquellas instituciones que pueden conducir a un proceso de conflicto postelectoral con consecuencias antes no vistas en el país.
De ahí la necesidad de que en este caso el árbitro de la contienda, el Instituto Nacional Electoral, sea garante de imparcialidad y de certeza.
No voy a mencionar, está en la propia iniciativa el recuento que nos vuelven a decir todas las encuestas respecto del lugar que se encuentran los partidos políticos, pero también el Ministerio Público y, por supuesto, es importante señalar que hay que tomar previsiones.
A nueve meses de que termine este gobierno también observamos una baja calificación al Presidente Peña, nos parece muy importante que hoy más que nunca tiene que volver a ese ímpetu que le movió a perseguir la Presidencia de la República para que al final, en estos meses que le restan, realmente sea el garante de la estabilidad.
De tal manera que las instituciones que todavía siguen dependiendo de él tienen que hacer esfuerzos para no seguir vinculándose a los procesos electorales.
Quizás estas sean, además, algunas de las razones por las que la ciudadanía, la sociedad en general, tiene esta percepción de que el proceso electoral de este año estará cargado de una serie de irregularidades donde operadores de los partidos políticos, pero también funcionarios públicos o candidatos pueden realizar de manera masiva compra de votos, reparto de tarjetas e incluso coerción para que si no se vota se eliminan programas o apoyos, por si las personas pudieran decidir su voto de otra manera.
En este proceso que estamos ya observando, de Guerra Sucia, es importante señalar que incluso ya la propia autoridad del Instituto Nacional Electoral afirmó que, de acuerdo con la organización de diversos estudios de opinión pública, el número de mexicanos que consideran a la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno, pues es del 48 al 38 %.
Es decir, sí se evidencia un deterioro de la democracia y tenemos que tomar las medidas para atender lo que los propios estudios del INE nos reflejan, pero también el Gabinete de Comunicación Estratégica, en su último reporte, lo que nos dejó 2017, da a conocer cómo aproximadamente la mitad de los mexicanos encuestados percibe la situación de democracia en el país como estancada, mientras tres de cada diez consideran este aspecto en retroceso
Una gran parte de este sentimiento está relacionado con la imagen de los partidos. Sí es cierto, alrededor del 42 % de la población no considera a ningún funcionario o personalidad del ámbito como buenos funcionarios.
Hay un descontento que cada vez se acrecienta más y se evidencia, efectivamente, en todos los estudios que se realiza.
A este aspecto, vale la pena mencionar que la Guerra Sucia es la política que había sido concebida y caracterizada en los últimos años como una herramienta del marketing político con un gran éxito, que es usada como estrategia para debilitar, desprestigiar y vulnerar al o a los contendientes políticos que se perciben con mayor crecimiento en la intención del voto.
Nos encontramos ya inmersos prácticamente en el proceso electoral, la Guerra Sucia ya ha comenzado mucho antes incluso de que comience la campaña oficial de los candidatos políticos, y es realmente preocupante lo que hemos observado en los últimos días.
Particularmente el suceso que todos conocimos, de que ha generado diversas inquietudes respecto a la imparcialidad de las instituciones en el proceso electoral, que en lo concreto tiene que ver con el comportamiento de quien está al frente de la Procuraduría General de la República.
Todos vimos esos videos que necesitamos saber en base a qué protocolo, qué es lo que motiva que haya sido pública una conversación entre las personas, en este caso Ricardo Anaya con sus abogados, que después fue filtrada sin que se supiera.
El comportamiento en este caso de la institución, que es la Procuraduría General de la República, claro que motiva y claro que preocupa que hoy estemos reaccionando para decir que necesitamos insistir que las instituciones gubernamentales no se involucren en la contienda electoral y que no distraigan sus funciones constitucionales para entrar, para ser usados en esta Guerra Sucia.
De tal manera que es importante hoy señalar que la iniciativa que hoy estamos presentando establece en este sentido dotar al Instituto Nacional Electoral de mayores facultades legales para garantizar que las contiendas electorales se desarrollen en igualdad de circunstancias para todas y para todos los actores políticos, además de afianzar la imparcialidad institucional y contener cualquier intromisión de las instituciones en perjuicio de los derechos electorales de cualquier ciudadano.
Hoy ventilamos, reaccionamos, nos inconformamos, señalamos que la PGR no puede ser utilizada para denostar e infamar a Ricardo Anaya, pero cualquier ciudadano, cualquier ciudadana de los que están aquí, y no están aquí, pueden ser en cualquier momento infamados a través de la utilización de estas instituciones que hoy gozan de una facultad constitucional, pero que no tienen que involucrarse en el contexto de las elecciones, de tal manera que hoy estamos presentando esta iniciativa a la ley que reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículo 442 y 449.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos de la etnia tepehuana, provenientes del municipio del Mezquital, Durango, invitados por el Senador Ismael Hernández Deras, es un gusto para el Senado de la República contar con su presencia.
Escuché con mucha atención la exposición de motivos de la Senadora que me antecedió. Y sólo querría decirle que me gusta mucho esto de que pida condiciones iguales para el proceso electoral para todas y todos los candidatos.
Me sumo a que el proceso electoral sea igual para todas las candidatas y candidatos, y no en absoluta inequidad para algunos, especialmente para los candidatos sin partido.
Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Asumo que está solicitándole a la Senadora acompañar su iniciativa, ¿Senadora, es así? O es solamente el comentario, eso es, solamente el comentario.
Informo a la Asamblea que en la Mesa Directiva se recibió una comunicación de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.
Solicito a la Secretaría dé lectura al oficio en comento.
Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva, Presente.
La suscrita María Hilaría Domínguez Arvizu, Senadora de la República de la LXII y LXIII Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8, numeral 1, fracción XIII; 11, 12 y 13 numeral 1, fracción V; y artículo 13 fracción IV del Reglamento del Senado de la República, solicito a usted respetuosamente someta a consideración del Pleno de esta Cámara mi solicitud de licencia, por tiempo indefinido, para separarme de mi cargo con efectos a partir del 13 de marzo del presente.
Sin otro particular, agradezco se incorpore la presente petición, en el orden del día de la sesión próxima a realizarse para los efectos administrativos y legales que corresponda.
Con un cordial saludo se despide.
Único.- Se concede licencia a la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 13 de marzo del 2018.
Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, ¿con qué objeto, Senadora?
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa (Desde su escaño): Para hablar.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: ¿Quiere hablar a propósito de la solicitud?
Desde su escaño, Senadora.
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa (Desde su escaño): Sí señor, desde aquí. Porque además estoy más cerca de la Senadora Hilaria.
Le agradezco mucho, pues yo lamento mucho en verdad que la Senadora pida licencia, ha sido una mujer combativa y muy congruente de defender la tierra de propiedad comunal y a los propios poseedores de la tierra social, los ejidatarios y los comuneros.
Lamento, en verdad, que pida licencia. Estamos en los últimos días de poder dictaminar algunas iniciativas importantes para fortalecer a los comisariados ejidales y a los comuneros.
Pero, bueno, a lo mejor nos veremos en el futuro, y yo quiero reconocer su esfuerzo. Hay poca gente en este tiempo que se ocupa de los trabajadores del campo que poseen una pequeña parcela y que nos dan de comer, entre ellos están los ejidatarios y los comuneros, y ella los ha defendido férreamente, muy racionalmente y creo que si hubiera unos cinco más Senadores como la Senadora Hilaria, estaríamos del otro lado ganándole a la pobreza en el campo y recuperando en ellos su capacidad de tener ingresos y de vivir digna y suficientemente en el campo.
Le deseo lo mejor, lamento mucho que se vaya, pero creo que irá a hacer una lucha para el futuro en el que espero que nos encontremos.
Hilaria, muchísimas gracias por haber defendido a los ejidatarios y a los comuneros en este tiempo que pudimos compartir juntas.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.
Consulte la Secretaría a la Asamblea...
Perdón, sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa Patrón.
Coincido plenamente con la Senadora Calderón. El que el día de hoy pida licencia mi compañera y amiga Hilaria Domínguez y deje el Senado de la República para irse a otras tareas partidistas.
Hoy lo comentamos en el grupo parlamentario, es un sentimiento cruzado.
Hilaria Domínguez y la Senadora Calderón tuvieron el talento de destrabar una comisión que estuvo más de tres años detenida en el Senado de la República. Pudieron llegar a acuerdos y a consensos con las demás partes que pertenecían a esta comisión, e Hilaria deja una huella, sin duda alguna aquí con sus compañeras de partido, con sus compañeros de partido, pero estoy seguro que Hilaria hizo amistad seria y de fondo con 127 compañeras y compañeros Senadores.
Yo como coordinador del grupo parlamentario del PRI le deseo mucha suerte, se lo dijimos hoy, cuentas con nosotros, Hilaria, en esta nueva tarea, estaremos muy pendientes a todo tu desarrollo, no sólo como mujer, sino como política, como defensora de las mujeres y como defensora de los campesinos de este país.
Cuenta con el cariño y el respeto de tus compañeras y de tus compañeros, y el mío en lo personal, mi absoluto cariño y mi respeto para siempre.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, a usted Senador Gamboa Patrón.
En consecuencia, se concede licencia a la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 13 de marzo del año en curso.
En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes de primera lectura.
1.- De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se declara el tercer sábado de marzo de cada año como el “Día Nacional del Tequila”.
2.- De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
Tenemos ahora la discusión de cuatro dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado.
Uno, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 2, 20 y 32 Constitucionales.
Uno, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 76 y 89 constitucionales.
Uno, de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley Reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.
Y uno, de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley de la Propiedad Industrial, y de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Consulto a la Asamblea si alguno de ellos se reserva para su discusión en tribuna.
Tenemos ahora la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Salud, que contienen puntos de acuerdo que no fueron reservados, todos ellos están publicados en la Gaceta del día de hoy.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes de la Comisión de Salud.
El que exhorta a implementar mejores programas o impulsar mayores acciones a favor de la prevención del embarazo.
El que exhorta a desarrollar acciones y campañas que informen a la población acerca de los peligros que generan en la salud la luz de los rayos láseres y prevenir su compra.
Y el que exhorta a brindar un tratamiento oportuno en beneficio de la calidad de vida de los portadores de VIH-Sida y de sus familias.
Consulto a la Asamblea si alguno de los dictámenes se reserva para su discusión en tribuna.
Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo que exhorta a realizar las gestiones para incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y a incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud los tratamientos de hemodiálisis y diálisis.
Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a la parte resolutiva.
Primero.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud realice las gestiones y ajustes presupuestales pertinentes a fin de incrementar el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos con la finalidad de garantizar una mayor cobertura de las enfermedades catastróficas.
Segundo.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud los tratamientos de hemodiálisis y diálisis para tratar de deficiencia renal crónica.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En uso de la tribuna la Senadora Dorantes Martínez.
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Con su venia, señor Presidente.
El cuidado de la salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente en la ausencia de acciones y enfermedades, constituye uno de los ejes rectores del Estado mexicano y sus instituciones de salud.
Debido a esta consideración, es necesario identificar y superar de manera permanente las limitaciones aún presentes en nuestro sistema de salud para asegurar que su acceso oportuno, adecuado y universal con servicios de calidad y calidez.
Una de estas áreas de oportunidad, plenamente identificada, es ampliar el Catálogo Universal de Servicios de Salud, ya que hasta el día de hoy no prevé el tratamiento de hemodiálisis para aquellos pacientes que presentan y sufren de insuficiencia renal.
Por sus repercusiones físicas y altos costos del tratamiento, la insuficiencia renal está considerada como una enfermedad catastrófica en virtud de los efectos económicos devastadores que causa al patrimonio de las familias de quien la padece.
Para tener una idea general de esta problemática, en nuestro país, basta señalar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor de 13 millones de mexicanos padecen una enfermedad renal y cada año, al menos 13 mil 300 personas pierden la vida por este padecimiento.
La insuficiencia renal, representa una de las principales causas de muerte entre la población de 60 años y más, producido por las complicaciones de la diabetes, el sobrepeso y la obesidad.
Bajo estas consideraciones, los integrantes del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones realice las acciones necesarias a fin de incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos e incorporar el Catálogo Universal de Servicios de Salud, los tratamientos de hemodiálisis y diálisis.
Votaremos en este sentido, convencidos de que con su aprobación se incrementarán los recursos económicos, humanos y la infraestructura para los tratamientos, en beneficio de las personas que presentan esta enfermedad y serán más los fondos para la aplicación de la hemodiálisis, diálisis peritoneal y los trasplantes renales.
De ahí, la necesidad de incrementar el porcentaje previsto para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a fin de poder incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud el tratamiento de la insuficiencia renal y poder brindar un servicio de salud que garantice el bienestar de los mexicanos, ya que muchas familias mexicanas no pueden costear los tratamientos en los centros privados que en promedio asciende a más de 250 mil pesos anuales.
Los legisladores del PRI consideramos que estos esfuerzos deben venir acompañados del fortalecimiento de las campañas de información y concientización que tengan como objeto el fomentar la actividad física y la adopción de esquemas de salud, para disminuir los índices de sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes en nuestro país.
Compañeras y compañeros legisladores, la insuficiencia renal es una de las principales causas de hospitalización y demanda, en el servicio de urgencias del Sistema de Salud, ya que cada año se registran al menos 40 mil nuevos casos de insuficiencia renal.
Nuestro marco jurídico es muy claro, al indicar que la protección de la salud, entre otras cuestiones comprende la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida humana, el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud y la identificación y acceso a tratamientos oportunos.
Por ello, desde mi grupo parlamentario, los exhortamos para que cerremos filas a contribuir a la implementación de un modelo integral de atención médica, de calidad, accesible y con políticas empresariales, intersectoriales en favor de los mexicanos y en especial de los más vulnerables, quienes ven mermados su derecho a la salud por los altos costos de los tratamientos para atender la insuficiencia renal.
Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
En uso de la tribuna, el Senador Demédicis.
Sin duda que este es uno de los temas más sensibles que debieran de conmover la conciencia de este Senado de la República.
Estamos hablando de que miles y miles de personas se mueren cada año por este padecimiento y mueren en las condiciones más inhumanas, y mueren en la desesperanza absoluta para que algún día pueda curarse alguna persona que padece la insuficiencia renal.
Hemos insistido que el Estado mexicano debiera de implementar a partir de las experiencias dolorosas que se tienen sobre el sufrimiento de las personas que padecen diabetes y, en consecuencia, luego le generan insuficiencia renal, que desde la educación debiera de implementarse la obligación del desayuno escolar como una forma de prevenir este padecimiento.
La Segunda Cumbre Internacional sobre Malnutrición y Sedentarismo realizada en la sede de la FAO en Roma, en el 2014, instruyó a los Estados miembros a que iniciaran la ruta de que los infantes del mundo fueran atendidos con una alimentación, sana, suficiente y nutritiva, y se atacara de manera frontal al sedentarismo como las dos causas que genera la diabetes infantil y que hacen que la población esté propensa a la insuficiencia renal.
México es Estado miembro de la FAO, sin embargo, a pesar de que los acuerdos de Roma, aquí los votamos con un punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal los hiciera suyos.
La situación, la situación sigue siendo exactamente la misma.
En el último informe del ciudadano Enrique Peña Nieto, cuando revisamos, por ejemplo, el tema de las escuelas de tiempo completo, es verdaderamente caótico ver cómo, con cifras maquilladas ahí sostenían que habían incrementado el 270 %, las escuelas de tiempo completo, pero la realidad lastimosa es que de los 26 millones de infantes que tiene el Sistema Educativo Nacional, solamente se atendieron a 3 millones de éstos, 23 millones siguen en condiciones de desatención absoluta en materia alimentaria, más de 12 millones de nuestros niños están en esta condición en el país.
También señalamos con mucha puntualidad que en materia de educación física era insuficiente y era verdaderamente lamentable la actitud del gobierno de la República de seguir sosteniendo que una hora de educación física en preescolar y una hora de educación física en primaria era suficiente para eliminar el sedentarismo, que es una de las causas que generan la diabetes y, en consecuencia, generan también la insuficiencia renal, dos horas de educación física en secundaria.
Compañeras, compañeros, no hay recurso que alcance para atender esta enfermedad, no hay recurso que alcance y la gente se está muriendo.
La compañera que me antecedió en el uso de la palabra, menciona una cifra anual, 250 mil pesos por año para atender este padecimiento, díganme qué mexicana y o mexicano, qué gana un promedio cuando tienen un buen sueldo de 5 mil pesos mensuales, le alcanzaría para atenderse este padecimiento, se mueren.
Se mueren, no hay de otra, se mueren ante la indiferencia de los que podemos ponerle fin al problema de esta situación.
Por supuesto que estamos a favor de este punto de acuerdo, pero tenemos que ir más allá, nosotros seguiremos insistiendo que en el presupuesto anual se etiquete una cantidad específica para atender a todas estas personas que tienen este padecimiento, la insuficiencia renal es una de las causas que más muertes generan en este país año con año.
Es bueno que lo planteemos, pero en un punto de acuerdo es insuficiente.
Por eso, tenemos que ir más a fondo para que desde el Senado de la República sigamos levantando la voz y exigiendo que sea en el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, no como un exhorto, sino como una obligación para que estos enfermos ya no se nos mueran de la manera tan cruel en que hoy están muriendo.
Y a favor del punto de acuerdo.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En uso de la tribuna la Senadora Palafox.
Incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos e incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud la hemodiálisis y diálisis para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, es un acto de justicia, destinado a brindar opciones de atención a la salud, con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida para los miles de mexicanos en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Es necesario que se reconozca la enfermedad renal crónica como un problema de salud pública y se actúe en consecuencia.
Las repercusiones de la falta de accesibilidad a servicios por parte de la población con y sin seguridad social revelan que tenemos un sistema inequitativo fragmentado y sumamente ineficiente, que no reconoce prioridades de inversión oportuna de los recursos en acciones de salud que garanticen mejores resultados.
Entre 2016 y 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó 239 mil millones de pesos, afectando al Seguro Popular y Gastos Catastróficos.
No todos los mexicanos tienen igualdad de oportunidad para acceder al tipo de servicios que necesitan de acuerdo con su condición de salud, a pesar de que el artículo 4° de la Constitución Política estipula que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Las enfermedades crónicas no transmisibles representan el 70 % de todas las muertes, en gran medida el problema es consecuencia de falta de acción, desarticulación institucional y procesos mal encaminados.
La enfermedad renal crónica es un problema de grandes dimensiones en México, cuyas proporciones e impacto apenas hemos empezado a entender, el problema en su mayor parte es consecuencia de enfermedades crónicas mal atendidas.
Desafortunadamente a la fecha no contamos con información precisa, pues no existe en México un registro nacional centralizado de casos de padecimientos renales de gran valor para su caracterización, determinación de incidencias y prevalencias, análisis de costo, planeación de acciones y recursos, ya que muchas de las verdaderas causas de muerte que serían atribuibles a la enfermedad su progresión desde las etapas tempranas quedan ocultas dentro de un genérico que casi siempre se reporta como muertes por enfermedades cardiovasculares.
A pesar del subregistro, fuentes oficiales citan a la enfermedad renal crónica dentro de las primeras diez causas de la mortalidad generadas entre 2007 y 2016.
La población adulta que en nuestros días padece enfermedades renales crónicas, secundaria diabetes en México, etapas una a tres, es una alrededor de 6.2 millones, y debería ser identificada, caracterizada y tratada por médicos generales, familiares, internistas, nutriólogos, psicólogos y expertos en activación física, de acuerdo con un protocolo de atención en clínicas de medicina familiar, áreas de nefrología que aquí por cierto en 2013 se legisló para la implantación de estos centros en cada hospital de nuestro país.
La población de mayor pobreza, como la del campo, los obreros de construcción, las familias indígenas donde carecen de servicios de agua potable, tienen Coca Cola en sus mesas, que es más cara que la leche.
Por lo que la enfermedad crónica degenerativa, como la diabetes mellitus, decanta en la insuficiencia renal, sólo por mencionar uno de los más graves y que no está considerado en la cobertura del Seguro Popular, y que, por consecuencia, no las demanda la población, así como los gastos catastróficos y los tratamientos de diálisis y hemodiálisis.
Medicinas que como lo trató aquí el Senador Patricio Martínez se incrementan más del 30 % sin contar con que no hay regulación en el precio de los medicamentos.
Es necesaria infraestructura básica, medicamentos y reactivos de laboratorio para diagnóstico y seguimiento, así como programas de capacitación y supervisión por médicos nefrólogos, certificados sobre la ejecución de los protocolos clínicos, trabajando en equipo con el fin de evitar que la enfermedad progrese y lograr que el mayor número de casos de etapas primarias se revierta y recupere la reserva renal.
Esta política debe tener metas claras y enfocadas en cada ciudadano y su gestión, debe contar con todos los elementos que se incluyan en el protocolo de práctica clínica.
De ahí, compañeras y compañeros, la importancia de aprobar estos puntos de acuerdo en favor de este tema.
En virtud de haberse agotado la lista de oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
Aprobado por unanimidad el acuerdo, señor Presidente.
Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo que exhorta a fortalecer las estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo del alcohol en la población.
Único.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas fortalezcan las estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, especialmente entre los jóvenes que son el sector más vulnerable, lo cual atenta contra su salud e integridad.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En uso de la tribuna, la Senadora Merodio Reza.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
Quienes esté porque se apruebe, favor de levantar la mano.
Enseguida tenemos la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, que exhorta a instrumentar acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y tratamiento de pacientes con padecimiento de fibromialgia, debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy.
Único.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y de Economía, así como a las Secretarías de Salud, de las entidades federativas, a instrumentar acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y tratamiento de pacientes con padecimiento de fibromialgia.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En uso de la voz la Senadora Cristina Díaz Salazar.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senadora Cristina Díaz.
Tenemos ahora la discusión de cinco dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que contienen puntos de acuerdo.
Por lo que solicito a la Secretaría, dé cuenta con sus resolutivos.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los resolutivos del primer dictamen.
Único.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Poder Judicial de las 32 entidades federativas, para que dentro del ámbito de sus atribuciones atiendas los principios de interés superior de la niñez, tutela judicial efectiva, celeridad y debido proceso, a fin de proteger a niñas y niños que han sido sustraídos de su residencia habitual por alguno de sus progenitores y asegurar su pronta restitución.
Único.- El Senado de la República exhorta, de manera respetuosa, a los gobiernos de las entidades federativas y a sus órganos registrales a implementar un programa de registro y otorgamiento de actas de nacimiento gratuitas en las comunidades rurales en nuestro país, particularmente en aquellas de más alta marginación.
Único.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que refuercen o, en su caso, instrumenten protocolos para prevenir y sancionar la violencia sexual perpetrada en contra de niñas, niños y adolescentes en el país.
Primero.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a enviar a esta honorable soberanía un informe del cumplimiento del mandato de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Segundo.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal a evaluar en cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal las acciones que actualmente realizan en pro de niñas, niños y adolescentes, a fin de determinar su impacto y efectividad y, en su caso, proponer las adecuaciones necesarias en las políticas públicas.
Doy lectura a los resolutivos del quinto dictamen:
Único.- El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones y en observancia al interés superior de la niñez y los demás principios contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fortalezcan sus estrategias, planes y programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia, a fin de garantizar un entorno adecuado para hacer asequible el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse a todos los dictámenes.
La Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familia está presentando, perdón, la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia está presentando estos cinco dictámenes que son importantes, la comisión vuelve a insistir en que el caso particular que ha motivado a diversos acuerdos para que ninguna niña, ningún niño en el país se quede sin su acta de nacimiento es algo que necesitamos garantizar.
Por desgracia, las dificultades para la implementación de la ley en esta materia y todos estos acuerdos que van dirigidos a que las niñas y los niños no sufran ningún tipo de discriminación, sobre todo quienes se encuentran marginados, quienes enfrentan situaciones complicadas de discriminación en sus familias, en los lugares donde viven, tengan derecho garantizado, en este caso a su identidad.
De tal manera que es totalmente pertinente seguir insistiendo en que los congresos locales, los gobiernos locales garanticen que ninguna niña, ningún niño, que estos programas dirigidos para que puedan tener su acta de nacimiento sean accesibles a todos los lugares del país.
En ese aspecto también importa muchísimo que las entidades federativas atiendan desde el interés superior de la niñez, garantizar la tutela juridicial efectiva, con celeridad y garantizando, además, el debido proceso para proteger a las niñas y los niños.
No es lo mismo estar hablando de una persona adulta a una pequeña o un pequeño que va a dar a un DIF mientras su familia se encuentra, sus padres, su madre se encuentran frente a una situación de divorcio o cuando hay una afectación de otro tipo en donde es difícil puedan ser restituidos de sus derechos cuando están sufriendo este tipo de traumas.
Por eso es importante que haya una protección de las niñas y los niños, insisto, en el interés superior de la niñez, porque ningún otro interés, ningún otro interés puede estar por encima de ella y de ellos.
También estamos planteando que las 32 entidades federativas fortalezcan sus estrategias y planes y programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia, a fin de que se garantice un entorno adecuado que haga asequible el pleno desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes en nuestro país.
Perdonen que insistamos siempre, Senadoras y Senadores, si las niñas y los niños están educados en que no padecen ningún tipo de violencia, en que son protegidos de cualquier forma de violencia, podremos lograr que tengan un desarrollo libre de su personalidad, que puedan tener los menos sinsabores y traumas que, desgraciadamente, les afecta para toda su vida cuando sufren violencia.
Hay zonas en el país que son muy complicadas, pero tenemos que seguir insistiendo desde esta comisión y desde este Senado, atendiendo además a las propuestas que muchos de ustedes han hecho, en el sentido de que se garantice por parte de las entidades federativas, por parte de los ámbitos municipales siempre la protección de todo tipo de violencia.
El otro punto de acuerdo que nos parece también importante destacar tiene que ver con solicitarle al titular del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que nos envíe el informe al que está obligado a partir de lo que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Necesitamos, antes de irnos, conocer de manera puntual cómo está funcionando este sistema, cómo está articulándose con los sistemas estatales y, sobre todo, los sistemas municipales, y cómo está logrando la articulación con todas estas estrategias a nivel nacional que permitan que, además de garantizar que la Administración Pública Federal atienda lo que le corresponde y que está planteado en esta ley, también articule las directrices de coordinación y de coadyuvancia que tienen que ser inscritas para el ámbito local.
Por eso, en este sentido y a partir de distintas preocupaciones, estamos pidiéndole que nos informe cómo están enmarcadas las tareas que realiza desde este sistema con el Plan Nacional de Desarrollo y, sobre todo, a partir de que ya son tres años de que entró en vigor esta importante ley que, por cierto, tuvo como Cámara de origen el Senado de la República.
Es cuanto y agradecemos a todas y a todos ustedes la votación favorable a estos puntos de acuerdo, que a nombre de la Presidenta, la Senadora Martha Elena García, presentamos ante ustedes, la Presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, presentamos ante ustedes.
Informo a esta soberanía que se recibió el texto de la participación de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona sobre el dictamen que exhorta a atender los principios de interés superior de la niñez que se insertará en el Diario de los Debates.
Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Rubén Zuarth Esquinca para referirse al dictamen que exhorta a implementar un programa de registro y otorgamiento de actas de nacimiento gratuitas en las comunidades rurales.
En uso de la tribuna el Senador Zuarth Esquinca.
El Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca: Gracias Presidente, con su permiso.
En los últimos años se han emprendido múltiples esfuerzos para fortalecer el derecho a la identidad de la población mexicana.
No obstante aún persisten grandes desafíos como la situación que enfrentan las comunidades rurales, especialmente en aquellas de mayor marginación.
A partir de la reforma que se hizo en el párrafo octavo del artículo 4º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se estableció que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, comenzamos un nuevo paradigma a la protección de este derecho humano.
Al elevar a rango constitucional el derecho a la identidad el Estado mexicano refrendó su compromiso histórico con la niñez.
Además de estar en armonía con instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 6 dispone que, todo ser humano tiene derecho en todas partes a reconocimiento de su personalidad jurídica.
Incluso voy más allá, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en favor de avanzar hacia el acceso universal, al derecho de la identidad en todo el territorio nacional, en todo nuestro país; sobre todo para las familias con menos recursos y en mayores condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Sin embargo, el reto sigue siendo mayúsculo, sigue siendo por demás importante, prueba de ello es que de acuerdo con UNICEF en el año 2015, en nuestro país, más de 1 millón 300 mil personas no tenían registro de acta de nacimiento, de las cuales, compañeras y compañeros Senadores 60 % de ellos eran niñas y niños adolescentes.
En relación al exhorto formulado cabe mencionar que dicho fenómeno se concentra en niñas y niños en edades tempranas, por mencionar un ejemplo, en Chiapas, 28 mil de éstos son niñas y niños adolescentes en zonas rurales de alta marginación y situación de pobreza, así como mayor presencia de población indígena.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó redoblar esfuerzos para asegurar el registro universal de nacimiento, incluyendo la implementación de las reformas legales necesarias, y adoptando los procedimientos requeridos a nivel estatal y municipal de las niñas y niños indígenas, afromexicanos y migrantes que residen en áreas remotas.
Bajo esta tesitura resulta oportuno hacer énfasis en que la identidad constituye un elemento indispensable para que las niñas y los niños puedan hacer efectivo el ejercicio de derechos fundamentales como: recibir alimentos, servicios de salud, educación de calidad y un sano esparcimiento.
En el caso contrario, la ausencia de registro de nacimiento coloca a las niñas y niños de México en una marcada situación de vulnerabilidad, aspecto que se agrava todavía más cuando los menores de edad forman parte de sectores poblacionales de escasos recursos.
El reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos se ha constituido como uno de los ejes rectores y principales del Estado mexicano, así lo advierte el permanente fortalecimiento del orden jurídico nacional en la materia.
Al efecto uno de los derechos de mayor relevancia es el relativo a la identidad mediante la expedición gratuita del acta de nacimiento, repito bien, mediante la expedición gratuita del acta de nacimiento, documento medular para hacer asequible el desarrollo de la población.
Por ello, los invitamos a votar a favor de exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y a sus órganos registrales a implementar un programa de registro y otorgamiento de actas de nacimiento gratuitas en las comunidades rurales, particularmente en aquellas de más alta marginación.
Nuestras niñas, niños y adolescentes nos lo van a agradecer.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, a usted Senador Zuarth Esquinca.
Informo a la Asamblea que se recibió el texto de la participación del Senador Sofío Ramírez Hernández sobre el dictamen que exhorta a fortalecer las estrategias, planes y programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia, mismo que se integrará al Diario de los Debates.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 15 de marzo, a las 11:00 horas.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1867