Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00739-de-abril-9-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fef82f40a3770176e0430a0101510176&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 10:25:08
Document Index: 409804450

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 66', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 69', 'artículo 267', 'artículo 96', 'artículo 1']

﻿ Sentencia 2011-00739 de abril 9 de 2014
SENTENCIA 2011-00739 DE 09 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:FUNCIONARIOS DE CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR – RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIONES. LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR NO HAN GOZADO DE UN RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIONES QUE DETERMINE REQUISITOS DE EDAD, TIEMPO Y MONTO DIFERENTES A LOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. LA REGULACIÓN ESPECIAL ESTÁ RELACIONADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON LA MANERA COMO DEBEN SER LIQUIDADAS SUS PRESTACIONES SOCIALES ATENDIENDO LAS ESPECIALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CARGOS QUE SON DESEMPEÑADOS EN EL EXTERIOR, EQUIPARADOS CON LOS DE LA PLANTA INTERNA.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, PROCESO ADMINISTRATIVO, CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL, REGULACIÓN DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, ELEMENTOS DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR
Sentencia 2011-00739 de abril 9 de 2014
Rad. 25000232500020110073901
Nº interno: 2112-13
Actor: Jesús Gabriel González González
El problema jurídico se circunscribe a determinar si el actor tiene derecho a que Cajanal reliquide su pensión de vejez teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación lo realmente devengado como funcionario de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, para lo cual esta Sala analizará la normatividad legal aplicable en materia pensional a los empleados de la planta externa de esta entidad.
El Decreto 0311 de 1951, “por el cual se aclaran el inciso c) del artículo 17 de la Ley 6a de 1945 y los artículos 2º y 3º de la Ley 65 de 1946, en cuanto se refiere a los empleados nacionales que prestan sus servicios en el exterior”, en su artículo 1º estableció:
La Ley 41 de 1975 derogó los artículos 1º y 2º del Decreto 1253 del 27 de junio de 1975, disponiendo que las prestaciones sociales de los empleados del servicio exterior debían ser liquidadas y pagadas “con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2016 de 1968, salvo lo previsto en el artículo 66 del mismo decreto”.
“ART. 55.— Los funcionarios de la carrera diplomática y consular que reúnan los requisitos legales en cuanto a edad y tiempo de servicio, que hayan alcanzado la categoría de embajador y que al retirarse del servicio soliciten su pensión de jubilación o invalidez tendrán derecho a que esta les sea liquidada y pagada con base en las asignaciones de los ministros del despacho, calculada a la fecha de retiro del funcionario.
ART. 56—La liquidación de la pensión de jubilación o de invalidez de los funcionarios de la carrera diplomática y consular, se hará sobre la base del cargo de mayor categoría que haya desempeñado el funcionario durante su carrera, por un año al menos, conforme a las categorías y equivalencias establecidas en este estatuto y aplicando, cuando fuere el caso el artículo anterior.
ART. 57—Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
PAR. 1º—Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna. En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será el establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en la planta interna, teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables”. Destacado fuera de texto.
Sobre este aspecto habrá que decir que a pesar de que los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional por las cuales se decide la declaratoria de inexequibilidad de una norma, por regla general, tienen efectos hacia futuro, en algunas oportunidades es viable, dadas las condiciones de la norma que se retira del ordenamiento jurídico, aplicar durante la vigencia de la misma la excepción de inconstitucionalidad, en aras de no permitir la existencia de situaciones que a todas luces son inconstitucionales por afectar derechos de naturaleza fundamental.
En efecto, se observa que la disposición que permite la equivalencia para efectos de liquidación de pensiones de cargos de planta externa a cargos de planta interna dentro del ministerio fue desde sus inicios, a la luz de la Constitución Política de 1991, violatoria de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana y mínimo vital, entre otros, de los funcionarios de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, razón por la cual es viable que durante la vigencia de la misma se aplique la excepción de inconstitucionalidad. En este sentido, la Corte Constitucional sostuvo:
“Por ese motivo, esta Corte ya ha anotado que las normas que respaldan este tipo de prácticas frente a cierto grupo de trabajadores son inconstitucionales y deben ser inaplicadas, pues resultan contrarias a los principios de dignidad humana e igualdad, y violatorias de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social, derechos que tienen un fundamento constitucional expreso (C.P. arts. 48, y 53)”.
“Finalmente, la Sala encuentra que si bien la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1670 de 1997 ocurrida mediante la Sentencia C-140 de 15 de abril de 1998 dictada por la Corte Constitucional con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz se dispuso con efectos hacia el futuro, ello no implica que al juez le sea un imposible jurídico pronunciarse sobre la legalidad del acto acusado, dictado con fundamento en el declarado a la postre inexequible, por cuanto es ostensible que desde su origen el Decreto 1670 de 27 de junio de 1997 nació viciado de ilegalidad y por ende, le es dable al juzgador aplicar respecto de aquél la excepción de inconstitucionalidad por el lapso que transcurrió desde su expedición hasta la sentencia de inexequibilidad, evitando con ello que una decisión manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico y que causa estragos en los derechos particulares, se ampare en que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad se dispusieron hacia el futuro”(7).
Bajo las anteriores precisiones, es viable acceder, como bien lo expuso el a quo, a lo reclamado por el actor, en el sentido de que los salarios que le sirvan de base para determinar el ingreso base de liquidación sean los realmente devengados al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de la Planta Externa, teniendo en cuenta, además, los factores efectivamente devengados, que lo componen para efectos pensionales los consagrados en el inciso 2º, artículo 3º de la Ley 33 de 1985 en concordancia con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
CONFÍRMASE la sentencia de seis (6) de diciembre de dos mil doce (2012) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D, dentro del proceso promovido por Jesús Gabriel González González, contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE.
Aceptase la renuncia del poder presentado por el apoderado de la parte demandada (fl. 473 A). Hágase saber esta decisión a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, en los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al sub lite por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.
(1) Proferido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24 de 1974.
(2) El Decreto 274 de 2000, de conformidad con lo establecido en el artículo 96, derogó el Decreto 10 de 1992.
(3) Este decreto feue dictado por el Ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 6º de la Ley 573 de 2000.
(6) Corte Constitucional, Sentencia C-535 de 24 de mayo de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(7) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 24 de mayo de 2007, Rad. interno 2616-04; C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.