Source: http://juntasvecinalesdeleon.blogspot.com/2013/09/
Timestamp: 2018-07-22 20:07:36
Document Index: 90534172

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 140', 'artículo 142', 'artículo 3', 'artículo 116', 'artículo 24', 'artículo 150']

NO A LA DESAPARICION DE LAS JUNTAS VECINALES DE LEON: septiembre 2013
Notasdeprensacv, 30/09/2013.- El pasado viernes 27 de Septiembre, la Federación Valenciana de Entidades Locales Menores (FEVEM), estuvo representada con la asistencia de las siete EELLMM de la Comunidad Valenciana, en la manifestación que tuvo lugar en Madrid, desde el Tribunal Constitucional hasta el Palacio de la Moncloa, convocada por la Federación Estatal de Entidades Locales Menores FEEM, contra el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Más de 15.000 ciudadanos vecinos de estas Entidades Locales Menores de toda España, se dieron cita en Madrid, quienes no están dispuestos a que sus pueblos, muchos de ellos milenarios, se queden sin su propia administración, todos bajo el lema “NO A LA SUPRESION, SI A LA FINANCIACIÓN”.
El citado Anteproyecto pretende la supresión encubierta de la Entidades Locales Menores, pues si en el anterior borrador de anteproyecto de Ley de 13 de Julio de 2012, claramente se suprimían de un plumazo, con este anteproyecto se encubre esta supresión con artículos tan incoherentes como el 116 (bis), el cual contempla que por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, en el que pueda incurrir un municipio, (se supone por su mala gestión), este deberá presentar un Plan de saneamiento económico-financiero, que entre otras medidas podrá contemplar la supresión de la Entidad Local Menor adscrita al mismo, en conclusión la pena de una mala gestión municipal recaerá en cargo a la Entidad Local Menor, por muy bien gestionada que esté. También desaparecen las EELLMM de la enumeración contenida en el artículo 3.2 del citado Anteproyecto de Ley excluyéndolas del rango de Entidad Local, sin saber dónde se deben encuadrar.
Como bien dice el título de esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad, desde FEEM y desde FEVEM, creemos que es una ocasión inmejorable para regular las competencias y financiación de las EELLMM, puesto que ante la falta de una legislación clara y concisa los litigios con la capitalidad municipal son muy frecuentes, causando un ambiente beligerante entre ambas, además se debería regular para que no existan duplicidades, que es uno de los fines de la pretendida Ley.
Desde la FEVEM también queremos clarificar, que las EELLMM, no suponen déficit alguno, que su desaparición no será motivo de ahorro para el Estado, sino que su supresión convertirá a sus ciudadanos en ciudadanos de segunda categoría al no contar con una administración y gestión cercana al ciudadano, la pérdida de las costumbres diferenciadas y la despoblación del mundo rural.
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El Partido Andalucista participa en la marcha contra la reforma local y en defensa de las entidades locales menores
Cabrainformacion, 30/09/2013.- El PA se ha sumado a la iniciativa con la participación de Blas Moreno, alcalde andalucista de Estella y secretario comarcal Campiña de Jerez, entre otros representantes de entidades locales en diferentes comarcas de Andalucía.
Los andalucistas han reiterado que "Ley de Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) que plantea el PP olvida claramente principios establecidos por la vigente Constitución por lo que podríamos estar hablando de la inconstitucionalidad de esa propuesta".
Tras recordar que "la Constitución garantiza expresamente la autonomía de los municipios (artículo 140) y que estos dispongan de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones (artículo 142)", el PA considera que "el PP se dedica a torpedear ese logro democrático pues lo que se pretende en definitiva es controlar y reducir el papel del municipalismo y de las entidades que han logrado un cierto nivel de autonomía".
"Esto es especialmente sangrante en el caso de los municipios que tengan menos de 20.000 habitantes y las entidades locales menores" ya que "en lugar de adoptar medidas para que puedan afrontar los servicios públicos que demandan los ciudadanos se les exige un control que no tienen otras Administraciones", indican.
El PA afirma que "el Gobierno debe rectificar ya que de no hacerlo, la norma será "la puntilla" para que el medio rural quede aún más despoblado de lo que ya está.
Los andalucistas han venido llevando a cabo diversas iniciativas en los Ayuntamientos y Diputaciones en defensa de las entidades locales para "permitir su mantenimiento, optimizándolas, garantizando su dotación financiera y las competencias municipales reconocidas"
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La FEMP apoya las reivindicaciones de la Federación Española de Concejos
Concejos.org, 28/9/2013.- Este viernes se celebró una reunión entre representantes de la Federación de Concejos y la FEMP.
El Secretario General de la FEMP recibe a la Federación Española de Concejos, en una reunión de trabajo que ha sido muy satisfactoria, pues se han llegado a unos acuerdos sobre las enmiendas que se deben apoyar, que coinciden esencialmente con las de propuestas por de Federación de Concejos y en trabajar en el futuro de forma coordinada.
Los representantes de esta Federación, que agrupa a la mayoría de las Entidades Locales Menores de España, han explicado a Ángel Fernández sus propuestas de enmiendas a la reforma local. Dichas propuestas coinciden en lo fundamental con las planteadas por la FEMP a los grupos parlamentarios en relación a las Entidades Locales Menores
El Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias, Angel Fernández, ha recibido en la mañana de hoy a la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, organización que representa a las federaciones de los territorios que agrupan a la gran mayoría de las Entidades Locales Menores de nuestro país.
Los representantes de la Federación Española de Concejos, José Manuel García del Valle y Andrés Delfín Rojo del Valle, han expuesto al Secretario General de la FEMP las propuestas de enmiendas que están trasladando a los grupos parlamentarios en relación al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, en lo fundamental, según han podido comprobar, coinciden con las que la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó en relación a las Entidades Locales Menores (EATIM) en su última sesión, celebrada el pasado 19 de septiembre.
Al igual que la FEMP, la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España defiende en sus propuestas de enmiendas que la EATIM deben mantener su carácter de entidad local y mantener su personalidad jurídica, competencias y patrimonio; asimismo, coinciden en la necesidad de que las EATIM tengan obligación de rendir cuentas al Estado y a la Comunidad Autónoma, aunque piden contar con un plazo mayor del que dispone el Proyecto para conseguirlo. Sobre esta cuestión, la FEMP entiende que el plazo para presentarlas sea de 6 meses, mientras que la Federación de Concejos plantea que se amplía a 12 meses.
Los representantes de la Federación de Concejos han explicado a la FEMP que el retraso en la presentación de cuentas no se debe a falta de voluntad de cumplir la ley, sino a un problema práctico, de índole administrativa, pues en muchas CCAA ha de ser un habilitado nacional quien haga las veces de Secretario de la EATIM.
En este sentido, han señalado que, por ejemplo, en el caso de Asturias las EATIM ya están cumpliendo con la obligación de presentar las cuentas, pues la regulación de dicha Comunidad Autónoma no requiere que el secretario sea un habilitado nacional.
Sobre esta cuestión, el Secretario General de la FEMP se ha comprometido con la Federación de Concejos a trasladar al Gobierno que la propuesta de enmienda que ésta realiza en relación a la ampliación del plazo con el que contarán las EATIM para rendir cuentas, busca dar tiempo a que las CCAA establezcan un régimen de presentación de cuentas más ágil que el actual y similar al implantado en alguna Comunidad Autónoma.
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“Los ayuntamientos y juntas vecinales tienen su razón de ser mientras haya quien tire del carro”
El Norte de Castilla, 29/9/2013.- La localidad burgalesa de Vallejera está a 50 kilómetros de la capital, justo en la frontera con Palencia, y tiene 55 habitantes. La Junta de Castilla y León se encarga hoy de la prestación de la asistencia sanitaria, “ya que el médico y la enfermera van dos días a la semana y pertenecemos al centro de salud de Pampliega para las guardias médicas”, explica el alcalde del municipio, José Antonio de los Mozos (PP).
De los Mozos considera que “la Ley de Ordenación del Territorio va a regular las competencias que tenga cada administración”. Sin embargo, el alcalde de Vallejera explica que los ayuntamientos pequeños y las juntas vecinales “tienen su razón de ser mientras haya personas en el municipio que quieran tirar del carro y estar al frente”. Por lo tanto, “es lógico que sigan estando”, y añade que “son los que menos déficit tenemos y son los alcaldes los que, sin cobrar un duro, están día a día manteniendo su pueblo”. Como ejemplo, “si se funde la bombilla, ahí está el alcalde”.
Vallejera no tiene ninguna tienda ni bar, pero “sí estamos surtidos en cuanto al reparto de pan que se hace a diario desde las panaderías de Villodrigo y Los Balbases, y carnicería y pescadería que tenemos servicio un día a la semana”. Asimismo, “tenemos un centro social que es referencia en toda la zona, al que van las mujeres del pueblo todos los días a echar la partida y está a disposición de todos los vecinos, con máquina de café y bebidas a precios módicos”.
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FEMP pedirá ampliación para que las entidades menores presenten sus cuentas
El Norte de Castilla, Madrid, 27 sep (EFE).- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha informado hoy de que trasladará al Gobierno la petición de las Entidades Locales Menores de ampliar el plazo de presentación de sus cuentas a través de una propuesta que persigue que las comunidades autónomas agilicen el trámite.
En un comunicado, la FEMP indica que su secretario general, Ángel Fernández, se ha reunido con representantes de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, organización que representa a las federaciones de los territorios que agrupan a la gran mayoría de las Entidades Locales Menores.
En el encuentro se ha expuesto a la FEMP las propuestas de enmiendas que la federación está trasladando a los grupos parlamentarios sobre el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y con las que se pide una ampliación en el plazo para la presentación de cuentas.
Según la FEMP, el retraso "no se debe a falta de voluntad de cumplir la ley", sino "a un problema práctico de índole administrativa".
Sobre esta cuestión, la FEMP entiende que el plazo para presentarlas sea de 6 meses, mientras que la Federación de Concejos considera que debe ampliarse a 12 meses.
Asimismo, los representantes de la Federación Española de Concejos también han transmitido a la FEMP la necesidad de que las entidades menores EATIM mantengan su carácter de "entidad local" y "personalidad jurídica", así como sus competencias y patrimonio. EFE
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El Frente de las Juntas Vecinales sale a la calle para informar a los leoneses
Leonoticias, 26/9/2013.- El Frente en Defensa de las Junta Vecinales de León, compuesto por organizaciones políticas, culturales y sociales de León, así como de particulares y juntas vecinales se instalará este fin de semana en la Plaza Mayor de León para que cualquier ciudadano, aprovechando la antesala de las fiestas de San Froilán, pueda recibir información y dar su apoyo al futuro de los concejos leoneses.
Durante toda la jornada informativa de este domingo también se invitará a toda la ciudadanía a acudir a la manifestación convocada para el día 20 de octubre, que a las 12:00 de la mañana partirá de la Plaza de Guzmán.
Todo ello, debido a que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ahora está siendo debatida en el Congreso de los Diputados, “recoge explícitamente la amenaza de supresión de las juntas vecinales, el expolio de sus bienes comunales, que pasarían a los Ayuntamientos, el control de la gestión de sus servicios por parte de la Diputación y la imposición de un plazo de tres meses para entregar sus cuentas si no quieren ser disueltas”.
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Presentarán 12 enmiendas en defensa de las juntas vecinales
Diario de León, 26/09/2013.- Ordóñez anunció que su partido ha presentado doce enmiendas en defensa de las Juntas Vecinales más una enmienda a la totalidad que probablemente se debatirá en el Congreso de los Diputados el 23 de octubre «tomando como referencia las reivindicaciones tradicionales de las Juntas Vecinales».
Las reivindicaciones pasan por «la defensa de su personalidad jurídica, las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas que no son del Gobierno, ampliar el plazo de presentación de cuentas de tres a seis meses y posibilitar que se puedan constituir nuevas Juntas Vecinales y entidades locales menores después de la aprobación de la Ley».
El clamor en defensa de las entidades locales menores es «absoluto». Incluso la Federación Española de Municipios y Provincias ha remitido en sus alegaciones a los grupos «la necesidad de no regularlas desde un marco estatal, según Ordóñez, «porque estamos en un clamor en defensa del municipalismo».
A Eduardo Fernández
El ponente de esta ley es el berciano Eduardo Fernández «y como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada tiene que saber lo que es la realidad de los ayuntamientos le sirva para auto enmendar la ley y que el daño que se cause sea el menor posible», explicó Santiago Ordóñez.
Las Cortes de Castilla y León aprobaron anteayer el modelo territorial por el que se blindan los servicios públicos, se refuerza la autonomía local, se defiende la existencia de todos los municipios y las entidades locales menores como seña de identidad y se fija una posición de comunidad.
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La FEMP inicia mañana con el PP su ronda de contactos con los grupos para defender sus enmiendas a la reforma local
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) - Una delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezada por su presidente, Iñigo de la Serna, mantendrá mañana en el Congreso una reunión con el Grupo Popular, iniciando así su ronda de contactos con los grupos parlamentarios para defender sus propuestas de enmienda a la reforma local.
Tal y como recuerda la FEMP, un primer bloque va encaminado a seguir defendiendo que las Entidades Locales Menores deben seguir existiendo mientras presenten cuentas "dada la importante función que desarrollan".
Por otra parte, la FEMP va a proponer que, "para evitar confusiones", se suprima del proyecto toda mención a las competencias de las Entidades Locales concernientes a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos, dado que el texto reconoce como competencias autonómicas las referidas a sanidad, servicios sociales y también educación.
"AVANCE SIGINIFICATIVO"
No obstante, al margen de las enmiendas, la FEMP considera que el Proyecto de Ley que ya está siendo tramitado contiene "muchas" de las alegaciones que en su día formularon la Federación al Anteproyecto, suponiendo, según la Federación "un avance significativo respecto de la situación de la que se partió en julio de 2012, cuando se conoció el primer borrador de Anteproyecto".
Leer más: La FEMP inicia mañana con el PP su ronda de contactos con los grupos para defender sus enmiendas a la reforma local http://www.europapress.es/cantabria/noticia-femp-inicia-manana-pp-ronda-contactos-grupos-defender-enmiendas-reforma-local-20130925193601.html#AqZ1ne2sDRs8UO92
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UPA-UCE dice que el Gobierno quiere convertir a las poblaciones de las entidades menores en "ciudadanos de segunda"
MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) - La organización profesional agraria UPA-UCE ha asegurado que el Gobierno de España, con la reforma local, quiere convertir a las poblaciones de las entidades menores en "ciudadanos de segunda, pero pagando como los de primera".
El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, se ha reunido en Mérida con el presidente de la Federación Extremeña de Entidades Locales Menores, Antonio Asensio, quienes han mostrado su preocupación ante una reforma que califican de "nefasta" para el mundo rural, ya que pondría "en peligro" la continuidad de las entidades locales menores y los servicios que éstas ofrecen.
Así, el secretario general de UPA-UCE ha incidido en que más del 80% de estas entidades en Extremadura tienen superávit, lo que demuestra que "aquí no hay mala gestión", además ha añadido que esta ley supone "barreras" para el medio rural, "ampliando las desigualdades entre los habitantes de las ciudades y de los pueblos".
Por su parte, Antonio Asensio ha destacado el "desconocimiento" del mundo rural que tienen algunos políticos. "Nosotros tenemos derecho a vivir donde queramos sin recortarnos servicios y el Gobierno lo tiene que respetar", ha añadido.
De esta forma, ha pedido el apoyo "de todos los extremeños" a la manifestación que tendrá lugar el próximo viernes 27 de septiembre en Madrid. En ella, los asistentes realizarán un recorrido desde el Tribunal Constitucional hasta la Moncloa, para entregar a Rajoy y a su equipo un documento con las principales reivindicaciones de la marcha, según ha informado UPA-UCE en nota de prensa.
Desde Extremadura saldrán autobuses de todas las entidades locales menores y está previsto que a la manifestación asistan entre 20.000 y 35.000 personas de toda España, 1.000 de ellas procedentes de la región.
En Extremadura hay 23 entidades locales menores que cuentan con aproximadamente 15.000 habitantes, con la peculiaridad de que se trata en su mayoría de localidades del Plan Badajoz.
A preguntas de los periodistas asistentes, Ignacio Huertas ha respondido sobre las últimas negociaciones en torno a la reforma de la Política Agrícola Común.
Así ha criticado la "opacidad" con la que el ministro Arias Cañete está tratando este asunto, ya que "no se cuenta" con el sector a la hora de tomar las decisiones que definirán el futuro de la agricultura y la ganadería hasta el año 2020.
"Ni se nos dan los datos, ni se nos da la interlocución, ni se está contando con nosotros para nada", ha aseverado el secretario general de UPA-UCE.
También Huertas ha valorado que Bruselas "esté barajando bajar el techo de ayudas o capping a 150.000 euros por explotación" y ha demandado que los fondos sobrantes se destinen a ayudas para los agricultores y ganaderos que "generan trabajo y riqueza".
Asimismo, Huertas ha hecho hincapié en que la "negativa" del Gobierno español a "no permitir el trasvase de fondos" entre pilares puede hacer que parte del presupuesto "quede sin ejecutarse", poniendo como ejemplo Extremadura, que "ha perdido 58 millones de euros en este periodo de la partida destinada a Desarrollo Rural".
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Aprobado el modelo territorial que blinda los servicios y refuerza a los municipios
Salamanca 24 horas, 24/09/2013.- Hoy en las Cortes de Castilla y León. El Partido Popular y el Partido Socialista buscan, ahora, mantener un consenso para la elaboración del mapa de servicios. Se defiende la existencia de todos los municipios y las entidades locales menores como seña de identidad y se fija una posición común ante la reforma local del Gobierno
Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy el modelo territorial por el que se blindan los servicios públicos, se refuerza la autonomía local, se defiende la existencia de todos los municipios y las entidades locales menores como seña de identidad y se fija una posición de comunidad ante la reforma local del Gobierno, aunque la ley no salió por unanimidad ya que IU y UPL votaron finalmente en contra. Junta, PSOE y PP dejan abierto el espíritu de consenso para el camino que se inicia ahora con la elaboración del futuro mapa de servicios, proceso en el que se incluye a los agentes sociales.
El proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, enviado el pasado mes de abril por la Junta a las Cortes, se aprobó con el acuerdo de PP y PSOE, reforzado en los pactos firmados en octubre de 2012 y en junio de 2013 por entender que es un asunto de Comunidad, que debe pervivir en el tiempo y estar alejado de los cambios de color político y electorales.
Tanto el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, como los portavoces de los grupos mayoritarios, Óscar López (PSOE) y Carlos Fernández Carriedo (PP), insistieron en el pleno en invitar a los procuradores del Grupo Mixto, en particular a IU, a sumarse al acuerdo. José María González, en la defensa de sus 118 enmiendas vivas, marcó unas líneas rojas y ofreció, en último momento, abstenerse si existía un compromiso para defender el municipalismo de Castilla y León en Madrid.
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Ileon.com, 22/09/2013.- Se ha hecho público el texto del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se trata de una modificación de la preexistente Ley de Bases de Régimen Local, donde se regula el funcionamiento, entre otras instituciones, de las Juntas Vecinales.
Las Juntas Vecinales son entidades inferiores al municipio. En España hay más de tres mil y de ellas un tercio están en la provincia de León. Las Juntas Vecinales leonesas son herederas de los Concejos, una institución tradicional leonesa que ha regulado la vida rural durante siglos de la forma más democrática que se ha conocido hasta ahora y que sigue permitiendo la supervivencia de una amplia red de núcleos de población. Esos Concejos son propietarios de cuantiosos bienes comunales, que ahora administran las Juntas Vecinales, aunque en origen se trate de propiedades privadas colectivas. Proyecto León opina que los Concejos leoneses deberían estar reconocidos en la legislación estatal como una figura singular que merece protección.
La reforma de la Ley de Régimen Local a la que acabamos de referirnos puede producir, si no se modifica, la desaparición de las Juntas Vecinales leonesas, el trasvase de todos los bienes concejiles a los Ayuntamientos y, como corolario, el abandono definitivo de gran parte de nuestros pueblos. En la citada norma se hace alusión a las mismas en varios aspectos:
En el artículo 3 las Juntas Vecinales pierden la condición de entidades locales, es decir, su personalidad jurídica, lo que las elimina como receptoras de numerosas ayudas y posibilidades de cofinanciación. Dado que han sido las Juntas Vecinales quienes han dotado de numerosos servicios a los núcleos más pequeños de población (traída de aguas, cementerio, alumbrado público...), la Ley deja estas poblaciones a merced de la voluntad municipal a partir de ahora, ya que dispondrán de muchos menos recursos para añadir cualquier dotación.
En segundo lugar, en el caso de Juntas Vecinales que dependan de un Ayuntamiento que esté en dificultades financieras, aquéllas serán liquidadas en favor de éste, que asumirá todos sus bienes. Esto supondrá por un lado, la desaparición de todas las de la municipalidad de León o las de San Andrés del Rabanedo, por poner un ejemplo, aunque nada hayan tenido que ver en la quiebra de esos municipios, y por otro un expolio de los bienes que les pertenecen –de origen privado, por más que sean comunales-.
En tercer lugar se contempla que todas las Juntas deberán presentar sus cuentas, cosa que es positiva. Sin embargo no lo es que en el plazo de solo tres meses desde que se publique la Ley sean liquidadas todas aquellas que aún no hayan satisfecho ese requisito. Si este punto se aplicara a todas las instituciones, es evidente que desaparecerían un alto porcentaje de ellas en un tiempo mínimo. Recordemos que muchos Ayuntamientos presentan los presupuestos de un año al año siguiente y que el control de cuentas de un ejercicio se efectúa con años de demora.
Parece evidente que, con el pretexto de racionalizar el gasto de las Administraciones Locales, la voluntad del Gobierno es la de expoliar los bienes comunales para sanear las arcas de otras instituciones, aunque ello signifique acabar con entidades seculares, que han funcionado bien en general –especialmente cuando las comparamos con las de rango superior-, que no tienen deudas y de las que depende la continuidad del poblamiento rural en muchas zonas.
Proyecto León quiere manifestar que el texto del Anteproyecto debe ser modificado en el sentido de que las Juntas Vecinales han de mantener su estatus y personalidad jurídica, han de presentar sus cuentas en los mismos plazos que los propios ayuntamientos, deben prestar servicios en coordinación y cofinanciación con el Ayuntamiento evitando cargarlas con las que son competencia exclusiva del mismo, y han de ser reforzadas como herramientas de descentralización y de redistribución de la riqueza. Las Juntas Vecinales son un fijador de población de primer orden en el medio rural y pensamos que en ningún caso deben ser liquidadas, sino que se debe hacer todo lo posible para que el Gobierno modifique en tal sentido el Anteproyecto de Ley antes de su aprobación.
En todo caso pensamos que, si de ahorrar se trata, deben olvidarse de las Juntas Vecinales y levantar la mirada hacia otras organizaciones territoriales como las propias Comunidades Autónomas o la organización general del Estado.
Proyecto León: Gregorio G. Aller, Javier Callado, María del Carmen Fernández, Maite Fernández,Roberto Fernández, Anselmo Reguera.
Publicado por Ricardo Chao Prieto en 18:05 No hay comentarios:
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En concreto, ecologistas y activistas contra el “expolio de nuestro pueblos” señalan que el proyecto de ley mantiene, en varios supuestos, la amenaza de supresión de las juntas vecinales de las pedanías, su pérdida de personalidad jurídica y el traspaso del patrimonio y los bienes comunales de los pueblos a, según los casos, el ayuntamiento del que dependan, la diputación provincial o la comunidad autónoma. Hasta la fecha, la propiedad de dicho patrimonio y recursos recae en manos de los vecinos, que tienen acceso por igual a los mismos y los administran a su libre disposición, de forma consensuada. Sin embargo, la futura normativa supondría, según vaticinan, que consultorios, residencias de mayores, iglesias, colegios o salones socialesque han sido construidos básicamente por los vecinos pasarán a manos de la Administración, que recurrirá a terceros para su explotación y “hacer negocio con todo ello”. Además, insisten en que "la gran mayoría de las juntas vecinales no tiene deudas ni cuestan nada al erario público, algo muy diferente de lo que ocurre con los grandes ayuntamientos".
De igual modo, los ecologistas también temen la irrupción de compañías, fondos de inversión, corporaciones y particulares en la producción de alimentos, energía, eólica, gravas o el denominadofracking (fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional). En particular, en lo referente a los bosques, advierten de que la normativa atraerá a firmas de biomasas que “luego esquilman esta superficie” o permitirá que los pastos que ahora sustentan a pequeños y medianos ganaderos se vendan o alquilen a grandes empresas. Al mismo tiempo, la extracción de resina será sacada a subasta. También, relata Albarrán, se acabará con los cotos de caza locales, ya que la decisión sobre un uso conjunto de los mismos no dependería de las juntas vecinales afectadas sino de sólo “una Administración, una sola persona”.
Según el registro oficial, en España hay 3.723 entidades de ámbito territorial inferior al municipio (8.117), con lo que su supresión conllevaría la desaparición del 31% del ámbito local. León es la provincia española que se vería más perjudicada por la disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de esas 3.723 de todo el país
Publicado por Ricardo Chao Prieto en 18:01 No hay comentarios:
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Representantes del medio rural trasladan a los grupos parlamentarios su rechazo a la reforma local
Denuncian que la reforma pone en peligro entidades locales menores y servicios y bienes comunales
Representantes de pueblos, comarcas y plataformas rurales se han reunido este jueves con miembros del PP, PSOE, UPyD, CiU e Izquierda Plural para trasladarles su rechazo a la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, que ya está siendo tramitada en el Congreso y cuyo plazo de presentación de enmiendas finaliza el próximo martes.
Según han informado los representantes del medio rural, en los encuentros se ha planteado precisamente la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad y recursos de inconstitucionalidad ante una reforma que, a su parecer, "pone en cuestión el futuro de servicios y bienes de gestión comunal".
En este sentido, les han trasladado a las formaciones políticas la alarma de la población rural ante una ley para la que, según denuncian, no han sido consultados.
Asimismo, han anunciado que de forma paralela tienen previsto poner en marcha una campaña para que ayuntamientos y mancomunidades aprueben mociones contra la ley y otras acciones en el medio rural.
Tal y como denuncian, la reforma, cuyo proyecto de ley fue aprobado a finales de julio por el Consejo de Ministros, puede llegar a afectar a 3.700 entidades locales menores como pedanías o juntas vecinales, y a 3 millones y medio de hectáreas de tierras comunales, el 8% de la superficie estatal total.
"Más de un millar de mancomunidades que prestan servicios también sufrirían el impacto de una ley que utiliza la austeridad como argumento para la concentración y apunta a la racionalización como puerta de entrada a la privatización", añaden.
En este sentido, el miembro de Ecologistas en Acción, Daniel López, ha criticado que la ley hará "aun más difícil la vida de los pueblos, a pesar de que el medio rural no es el problema sino la alternativa". "La gestión austera ha sido siempre la de los pueblos", ha apuntado en la misma dirección Jesús María Albarrán, portavoz de las 75 Juntas Vecinales de Omaña, en la provincia de León.
Asimismo, los representantes del medio rural han presentado una documento en la que analizan el futuro de los bienes y servicios comunales, el papel de las administraciones locales, el pasado de las luchas campesinas y el presente de las plataformas cívicas.
Leer más: Representantes del medio rural trasladan a los grupos parlamentarios su rechazo a la reforma local http://www.europapress.es/nacional/noticia-representantes-medio-rural-trasladan-grupos-parlamentarios-rechazo-reforma-local-20130919190832.html#AqZ18ivYqAuMMUOT
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La FEMP presentará 19 enmiendas al proyecto de ley de la reforma local
Diariocritico.com, 19/9/2013.- La Federación Española de Entidades Locales Menores, FEELM, mantendrá distintos encuentros el sábado, 21 de septiembre, en Toledo con representantes de PSOE, PP e IU de Castilla-La Mancha. Esta ronda de contactos se enmarca dentro de la campaña informativa que está realizando la Federación, que agrupa a la mayoría de las entidades locales del país, con el objetivo de denunciar los efectos "perniciosos" que tendrá para estos pequeños núcleos poblacionales la puesta en marcha de la llamada reforma local.
Hasta el momento, la FEELM ha mantenido encuentros políticos en Andalucía, Extremadura, Cantabria, Castilla y León, Valencia y Madrid y ha celebrado actos informativos en más de una veintena de entidades locales a lo largo de todo el territorio nacional, según ha informado en un comunicado.
En el caso concreto de Toledo, la agenda prevista por la FEELM pasa por un primer encuentro, a las 11.00 horas en la sede regional del PSOE donde mantendrán una reunión con su portavoz, Cristina Maestre. Posteriormente, a las 12.00 horas, el encuentro se reproducirá, en este caso en la sede regional del PP, donde serán recibidos por el secretario general del partido en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado.
Para finalizar esta ronda de visitas políticas, a las 13.00 horas, el encuentro será con IU, en su sede. Allí, la reunión será con Alberto Rodríguez, secretario regional de Organización.
Por parte de la FEELM, serán el presidente, Antonio Martín, el secretario general, Miguel Gregorio así como el presidente y la secretaria general de la Federación de Entidades Locales Menores de Castilla-La Mancha, Domingo Picazo y Ángeles Remón, respectivamente, quienes asistan a la reunión acompañados de una delegación de alcaldes de ELAs de la zona.
Posteriormente, la FEELM participará en varios actos informativos que tendrán lugar en diferentes entidades locales. A las 18.00 horas celebrarán un acto público en Alberche del Caudillo y a las 19.00 horas en Gamonal. En ambos casos, los actos contarán con la participación de los representantes de la FEELM y de la FEMCLM.
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El PSOE alerta de la desaparición de las 19 Entidades Locales Menores de Salamanca
Tribunasalamanca.com, 18/9/2013.- "Esta Ley es un brindis al sol, una auténtica falacia". Con estas palabras se ha expresadoel secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Juan José Zancada, ante el proyecto de ley de reforma de la administración local que pretende imponer el Gobierno de Rajoy.
Así, Zancada ha denunciado que buscan el apoyo del PP de Castilla y León, "que debe deshojar la margarita" ante una ley que lo único que busca es "hacer negocio con los servicios básicos de los ayuntamientos (agua, basuras...) y que de seguir así, terminarán en manos privadas, bajando su calidad", indicó.
Además, hizo mención a que se pone en riesgo a Salamanca "por la más que posible desaparición de las 19 Entidades Locales Menores (ELM) que pasarán a depender del ayuntamiento matriz, asumiendo éste todo el patrimonio de estos organismos, con todo lo que esto puede ocasionar", dijo. Así, reconoció que si en el plazo de tres meses, estas entidades no han presentado sus cuentas "al Consejo de Cuentas, desaparecerán por completo", alertó.
Por su parte, el secretario provincial de los socialistas, Fernando pablos, criticó también esta medida del Gobierno y anunció que de aprobarse esta ley "acudiremos al Constitucional ante un decreto que consideramos injusto y perjudicial para los intereses de Salamanca, Castilla y León y España".
Por último, el portavoz del PSOE en la Diputación, Isidro Rodríguez Plaza, siguió en la misma línea y denunció quee sta reforma no evita "duplicidades y sale perdiendo en la financiación local".
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La Federación de León exige un acuerdo de mínimos urgente a los políticos de León para cambiar el proyecto de Ley Local
Concejos.org, 17/9/2013.- Ante el aplauso de la Diputación de León al proyecto de Ley,la Federación de León advierte que en su redacción actual sigue siendo una norma letal para las Juntas Vecinales, pues no sólo les quita la naturaleza de Ente local, sino que se prevé su supresión en dos casos. Serán suprimidas por la Junta de Castilla y León si en tres meses no rinden cuentas y también serán suprimidas cuando el Ayuntamiento esté endeudado; pasando en ambos casos su patrimonio al respectivo Ayuntamiento.
La Federación de León rechaza frontalmente la supresión de la Junta Vecinal por las deudas de su Ayuntamiento —que de forma incomprensible ha sido calificada como “razonable” por el catedrático Quintana, que está asesorando a la Diputación de León—, pues las Juntas Vecinales no tienen que ser las que paguen los excesos de los Ayuntamientos. Es obvio que la redacción actual del artículo 116.bis, que exige incluir en el plan económico-financiero del Ayuntamiento endeudado la supresión de sus Juntas Vecinales, no solo no es razonable, sino que es un claro incentivo para que el Ayuntamiento pueda seguir aumentando la deuda para quedarse con el patrimonio de sus Juntas Vecinales, que sí se han sabido gestionar adecuadamente.
Dado que los partidos políticos mayoritarios en la provincia se dedican crear cada uno su grupito de trabajo para alabar o criticar la Ley, la Federación de León exige a todos los parlamentarios de León, que al igual que en las Cortes de Castilla y León se ha llegado a consensos unánimes, se reúnan de forma inmediata para llegar a un acuerdo de mínimos que permita, no solo salvar la Juntas Vecinales de León, sino que salgan fortalecidas de este proceso, proceso que los parlamentarios de León deben liderar por razones obvias y porque el ponente del Grupo Popular en el Congreso es el Diputado leonés Eduardo Fernández.
Ya es hora de que haya más altura de miras y menos partidismos. Es una momento clave para la provincia de León y los políticos deben cumplir con su obligación de defender los intereses de sus representados.
La Federación de León ha trabajado con el resto de Federaciones autonómicas en la redacción de unas enmiendas que está enviando a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso y a la FEMP. Están de acuerdo con dichas enmiendas las federaciones de Asturias, Cantabria, Galicia, Álava, y las de Castilla y León, lo que supone el consenso de la gran mayoría de ELM de distintos territorios autonómicos y forales. Las enmiendas se pueden consultar en concejos.org, donde es posible realizar sugerencias. El plazo acaba el 24 de septiembre.
Las Enmiendas que propone la Federación estatal garantizan:
el carácter de entidad local de las Juntas Vecinales,
que sean las Comunidades Autónomas y Territorios Forales los que regulen su funcionamiento,
que no sean suprimidas por las deudas de los Ayuntamientos y
que puedan presentar cuentas en 12 meses y si no lo hacen, que la Comunidad Autónoma, en vez de suprimirlas, nombre una gestora para regularizar dichas cuentas.
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COMUNICADO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013. LA FEDERACION ESTATAL DE PEDANÍAS EXIGE QUE LA LEY MANTENGA SU CARACTER DE ENTIDAD LOCAL
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Leonoticias, 16/9/2013.- La configuración administrativa de la provincia de León se encuentra pendiente de la aprobación definitiva de las leyes que, tanto a nivel estatal como autonómico, se están impulsando. Las juntas vecinales parecen el eslabón más débil de una cadena administrativa que pasa ahora a revisión. Serán los municipios quienes ejecuten, en caso de que sea necesario, la temida supresión de estas entidades locales menores, si los problemas económicos del Ayuntamiento así lo requieren.
El grupo de trabajo para el futuro de las diputaciones de la institución provincial leonesa ha mantenido un encuentro este lunes en el que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Tomás Quintana, ha desgranado los entresijos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que sí contempla la desaparición de las entidades locales menores, que la provincia alberga en su mayoría.
En caso de que un ayuntamiento tenga que realizar un plan económico y financiero debido a sus deudas, una de las medidas que se contempla es la supresión de sus juntas vecinales para aliviar gastos, una decisión que sólo compete al propio municipio. Quintana ha asegurado que “es difícil” que un ayuntamiento que se vea obligado a configurar un plan de ese tipo albergue juntas vecinales “que estén bien” económicamente, por lo que defiende la medida como razonable.
Un papel de "coordinación"
Las mancomunidades "voluntarias"
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El PSCyL y la Federación de Entidades Locales Menores rechazan la reforma que plantea el Gobierno de Rajoy Leer más: El PSCyL y la Federación de Entidades Locales Menores rechazan la reforma que plantea el Gobierno de Rajoy
VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) - El secretario general del PSOE de Castilla y León, Julio Villarrubia, y el secretario de Política Autonómica y Municipal del PSOE CyL, Juan José Zancada, han mantenido este miércoles una reunión de trabajo con la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEELM) en la que ha quedado de manifiesto que ambos organismos rechazan el proyecto de reforma de Administración local que plantea el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Según han informado fuentes del PSOE en un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE y la FEELM han analizado el futuro de las pedanías y las juntas locales menores y han concluido que la aprobación del proyecto de reforma de la Ley propuesto por el Gobierno de España pone en riesgo la pervivencia de las 2.233 entidades locales menores que existen en Castilla y León, dos tercios de las que hay en el conjunto del Estado.
El PSOCyL y la FEELM analizaron el riesgo de que las entidades locales puedan dejar de acceder a líneas de ayudas y subvenciones públicas ya que la reforma "no clarifica su financiación ni se determinan sus competencias propias, lo que supone dejar en situación de desamparo y abandono a los ciudadanos que residen en estos municipios".
Además, el PSOE ha subrayado que esta Ley plantea la supresión de las entidades locales si en el plazo de tres meses no presentan sus cuentas, lo que se ocurrirá 'de facto' dado el escaso plazo.
En el encuentro, estuvieron el presidente de la FEELM, Antonio Martín Cabanillas; la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, la vallisoletana Soraya Rodríguez; y los diputados por Burgos y León, Luis Tudanca y Helena Castellano, respectivamente, entre otros cargos.
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Diario de León, ana gaitero | león 09/09/2013
Trabajo altruista en las pedanías
«Estamos ante una recentralización política de dudosa constitucionalidad»
Enmiendas hasta el 24 de septiembre
El Proyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local las deja sin personalidad jurídica y al albur de las leyes de las comunidades autónomas. El artículo 24 bis sólo respeta su nombre —caseríos, parroquias, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías...— y el 116 bis recoge, contradictoriamente, la supresión de las entidades locales menores en casos de incumplimiento del plan económico-financiero.
Por Manuel Zafra Víctor, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad de Granada. Publicado en El País el 1/08/2013.
Tras el dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de fecha 24 de mayo, el día 15 de julio apareció un texto coherente con las recomendaciones del órgano consultivo: había desaparecido el coste estándar, la innovación más radical de la propuesta que obligaba a los municipios a una autoevaluación para la prestación obligatoria de servicios públicos. Si el resultado era negativo, el servicio aquejado pasaba a la diputación provincial. El Consejo de Estado avisó, no solo de las deficiencias técnicas y jurídicas en la elaboración del coste estándar; dejó claro que la prestación de servicios, conforme a un parámetro fijado reglamentariamente, privaba a los Ayuntamientos de capacidad para ordenar y gestionar las materias o actividades de su competencia cuestionando la constitucionalidad de la autonomía municipal. El Gobierno recogía las sugerencias, plegaba velas y suprimía el coste estándar y sus efectos jurídicos para municipios y provincias.
Una semana más tarde, el día 22 de julio, el Gobierno puso en circulación otro texto donde recuperaba, bajo otros términos, el contenido de las versiones anteriores: el coste efectivo y la prestación provincial de determinados servicios municipales en abierta oposición a las indicaciones del Consejo de Estado. Es cierto que el coste efectivo no equipara sus consecuencias a las previstas para el coste estándar, pero de forma indirecta aparece como una magnitud clave para la autonomía municipal. En la regulación propuesta la provincia, en municipios con población inferior a 20.000 habitantes, coordinará la prestación de algunos servicios. Para que un municipio pueda prestar algunos de estos servicios es necesario que la diputación acredite, a solicitud del municipio, que los prestará a un coste efectivo menor. Si el coste estándar era el criterio para la conservación o pérdida de las competencias municipales, el coste efectivo se erige en condición para recuperarla. Si antes las diputaciones podían apreciar la ventaja comparativa de la provisión provincial de determinados servicios, ahora se les atribuye la competencia para prestarlos.
Además de una regulación plagada de deficiencias (la previsión, en otro artículo, de prestación genérica de servicios supramunicipales según las exigencias del Plan Provincial de Obras y Servicios), el proyecto, como los anteproyectos, incurre en una contradicción fundamental: la provincia asiste y suplanta a los municipios en la clamorosa paradoja de no relacionar ambas funciones. Si la provincia asiste bien a los Ayuntamientos para que su baja capacidad de gestión no los prive de competencias, difícilmente se explica que, por la misma razón, los suplante; es decir, si los suplanta es porque no los asistió adecuadamente. La nueva regulación se yuxtapone a la antigua y, al mismo tiempo, la provincia asiste al municipio en la prestación de determinados servicios mínimos y los suplanta para el mismo objetivo, sin saber cuando debe asistir y cuando suplantar.
El proyecto deshace la configuración constitucional de la provincia como agrupación de municipios y la realza como división territorial para el cumplimiento de los fines del Estado, en este caso el recorte presupuestario, eufemísticamente justificado bajo las expresiones de racionalización y sostenibilidad.
En todo lo relativo al coste estándar y las competencias provinciales, el proyecto desoye al Consejo de Estado pero, incomprensiblemente, el dictamen avala un aspecto menos debatido aunque de gran trascendencia. Las bases estatales reducen el núcleo esencial de la autonomía municipal; educación, salud o servicios sociales caen del listado que obliga a los legisladores estatal y autonómico a asignar competencias a los municipios, pero lo sorprendente es lo establecido en las disposiciones transitorias, donde las competencias suprimidas a los municipios se atribuyen a las comunidades autónomas. El estupor que suscita la nueva regulación obliga a un doble análisis. En primer lugar, el legislador básico desconoce el principio dispositivo imponiendo a las comunidades autónomas determinadas competencias y priva a los municipios de competencias asignadas por los legisladores sectoriales autonómicos; en segundo lugar y analizado el problema desde otra perspectiva, el legislador básico impide a los legisladores autonómicos la atribución de competencias propias a los municipios en educación, salud y servicios sociales, materias, las dos primeras compartidas con el Estado y la última de exclusiva competencia autonómica.
Se llega así a un estadio en la dinámica sin precedente en el Estado de las autonomías: las bases estatales no fijan mínimos que las comunidades autónomas desarrollan, amplían o precisan sino máximos que no pueden mejorar; no delimitan en negativo las competencias autonómicas sino que las definen en positivo. Irónicamente el municipalismo se había dirigido al Estado como protector de su autonomía frente a la avidez autonómica; con lo recogido en el proyecto, el Estado se alza como guardián de un máximo de autonomía municipal contra las mejoras que las comunidades autónomas quisieran implantar. En este sentido debe interpretarse la Disposición Adicional Primera cuando prescribe la aplicación de la reforma a todas las comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias exclusivas sobre régimen local asumidas en sus Estatutos de Autonomía. Esta malhadada técnica (artimaña) jurídica que recurre a la cláusula “sin perjuicio” no debe ocultar una idea clara: la reducción del mínimo de la autonomía municipal, legalmente configurado por el legislador estatal, no vincula positivamente al legislador autonómico; por el contrario, ve ampliado su margen de maniobra, de tal forma que, por ejemplo, la ley catalana de servicios sociales, donde se reconocen a los municipios la gestión de servicios sociales comunitarios, en desarrollo de la previsión del estatuto reformado, no queda desplazada por la nueva legislación básica. Las desatinadas consideraciones formuladas por el Consejo de Estado en este punto no deben tampoco desviar la atención: los estatutos de segunda generación no pueden ocupar el espacio constitucionalmente reservado al legislador básico, pero por razón análoga, el propio de los estatutos tampoco admite usurpación del las bases estatales. Los títulos competenciales del Estado no autorizan a delimitar en positivo las competencias autonómicas, si así fuera, fraudulentamente, el legislador estatal habría cruzado el umbral del legislador de armonización incumpliendo las exigencias constitucionales del artículo 150.3.
La desolación política y jurídica provocada por la tramitación de esta reforma surge como contraste al curso que debiera haber seguido: un pacto de Estado, de carácter constituyente, que dignifique el gobierno local y, definitivamente, gane la condición de un nivel de gobierno y deje de ser, en este caso, objeto de recorte presupuestario.
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