Source: http://www.congresozac.gob.mx/cgi-bin/coz/mods/secciones/index.cgi?action=verseccion&cual=1125
Timestamp: 2014-11-23 07:05:31
Document Index: 319554405

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 115', 'artículo 123', 'artículo 73', 'artículo 115', 'artículo 123', 'artículo 21', 'artículo 135']

Se reforman los art�culos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del art�culo 73; la fracci�n VII del art�culo 115 y la fracci�n XIII del apartado B del art�culo 123, todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. LIX Legislatura
Se reforman los art�culos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del art�culo 73; la fracci�n VII del art�culo 115 y la fracci�n XIII del apartado B del art�culo 123, todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
DECRETO # 100
RESULTANDO PRIMERO.- Con fecha 11 de Marzo de 2008, se recibió en esta Legislatura, oficio número DGPL-2P2A.-4397.31, suscrito por el Senador José González Morfín, Vicepresidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas.
Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
RESULTANDO SEGUNDO.- Por acuerdo del Diputado Secretario de la Mesa Directiva, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la Minuta Proyecto de Decreto, mediante memorando 157, dejando a su disposición el expediente relativo, para su trámite.
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Único. Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base a los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos solo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.
EI Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Articulo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
VIII. El juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerla, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuere jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad púbica se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplirlos objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.
IX y X. …
XIII bis. y XIV. …
Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días. Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
CONSIDERANDO TERCERO.- En un ambiente de pluralidad, el consenso constituye el vehículo propicio para impulsar reformas de hondo calado. Pluralidad no significa imponer por la vía de la fuerza los acuerdos, significa coincidir en los grandes temas de la agenda nacional y que son los que más interesan a la población.
Celebramos que el consenso sea el puente de comunicación para seguir construyendo los acuerdos que se reflejen en más y mejores leyes para los gobernados. Nos congratulamos por ser partícipes de esta reforma que representa un viraje en la manera de procurar e impartir justicia, el cambio obedece en perspectiva, al derecho humano de vivir en armonía consagrado internacionalmente, de ello sus tratados son muestra.
Sólo a través del consenso, estaremos en posibilidades reales de fortalecer a nuestras instituciones y generar un clima de confianza en la sociedad.
La reforma a la Carta Magna en materia de impartición, procuración de justicia y seguridad pública, como otras de igual importancia como la reforma electoral, son producto del acuerdo alcanzado por las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión dentro de la Reforma del Estado.
El análisis y discusión de esta reforma, fue abordado en el Congreso de la Unión con responsabilidad, conciencia y visión de futuro. En ese sentido, como integrantes del Poder reformador de la Constitución, también tenemos la obligación de analizarla con altura de miras, para que este producto legislativo sea la base del establecimiento de un nuevo sistema de justicia que haga realidad los postulados de una justicia pronta y expedita plasmados en la Ley Suprema del País.
En un Estado constitucional y democrático de derecho, el sistema de impartición y procuración de justicia tiene un lugar preponderante por la importancia social que representa. Por ello, celebramos que en nuestro Código Fundamental de la Nación, se establezcan nuevas reglas para que los ciudadanos tengan acceso a innovadoras formas de enjuiciamiento, situación que no sólo repercute en el mejoramiento de la impartición de justicia, sino que también, impacta favorablemente en la reconstrucción del tejido social.
Esta Soberanía Popular al igual que las Cámaras de Senadores y Diputados y las demás Legislaturas de los Estados, tiene la indeclinable obligación de delinear nuevas reglas de convivencia social y de seguir construyendo un nuevo andamiaje constitucional, que cuente con instituciones fuertes y confiables, para que así se generen las condiciones para un mejor futuro de los mexicanos.
Hacer del Estado un Estado de Derecho, es encauzarlo hacia un gobierno de leyes justas, de ordenamientos cuya premisa sea el irrestricto respeto a la libertades fundamentales consagradas en el texto constitucional. Es hacer un México en donde todos seamos iguales y en donde el peso de la ley sea el mismo para todos.
En ese contexto, transitar de un sistema procesal inquisitorio a uno adversarial, sin duda, es refrendar nuestro compromiso con los acuerdos pactados en diversos tratados internacionales, en los cuales, la Nación se ha obligado a adecuar su orden jurídico interno y a establecer un sistema acusatorio de esta naturaleza en el que la génesis sea el principio de presunción de inocencia.
Esta es una reforma de estado en toda la extensión de la palabra, porque cuando se toca la estructura interna de un Poder con la importancia del Judicial, estamos rediseñando la estructura misma del Estado. Además, de que es una reforma sui géneris en virtud de que fue de la periferia al centro, esto es, fue impulsada desde los Estados y ahora se cristaliza a nivel federal. Es por ende, una clara muestra de que desde las Entidades Federativas podemos impulsar reformas importantes para el país.
Estados como Chihuahua, Nuevo León y por supuesto Zacatecas, fueron los iniciadores de este nuevo proceso federalista y ahora desde el centro se impulsa una reforma que será el piso institucional común para que las Entidades que aún no han realizado modificaciones a su marco jurídico interno, comiencen a llevarlas a cabo.
En Chihuahua el nuevo sistema de justicia ya ha dado muestras de que es más efectivo, pero sobre todo, ha generado un clima de confianza en la ciudadanía. Estamos convencidos de que Zacatecas no será la excepción y de que una vez entrado en vigor el nuevo sistema de justicia habremos de recoger los frutos esperados.
Para nadie es desconocido de que el actual sistema de justicia esta rebasado, de que es un lastre para México y que internacionalmente nos pone en desventaja respecto a otras naciones con economías similares, además de que es un freno al desempeño económico del país.
Tampoco podemos dejar de reconocer que es altamente costoso e ineficiente, que no satisface ni a víctimas ni a acusados. De allí, la imperiosa necesidad de establecer un nuevo sistema de justicia en el que se privilegie la transparencia y la celeridad y que por sobre todas las cosas, sea de vocación garantista para que su base sea el respeto a los derechos del hombre y del ciudadano.
Analizado el contenido de la Minuta Proyecto de Decreto en materia judicial que nos ocupa, destacan los siguientes puntos medulares:
Se transforma el Sistema Procesal, pasando de ser inquisitivo a ser acusatorio y adversarial.
Sus principios rectores serán: la Oralidad, Publicidad, Igualdad entre las Partes, Contradicción, Concentración, Continuidad e Inmediación.
Se pugna por la profesionalización de los cuerpos policiacos y se implementa la carrera policial, mediante la estandarización de la profesionalización y equipamiento.
Se crea la figura del Juez de Control.
Se crea un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que participan los tres ámbitos de gobierno.
En materia de delincuencia organizada, se prevé el arraigo de hasta cuarenta días, mismo que podrá prorrogarse sin que pueda exceder de los ochenta, siempre y cuando se acredite que subsisten las causas que le dieron origen.
La reforma entraña un corte garantista, razón por la que consagra los siguientes principios y potestades a favor del gobernado:
El derecho a la no autoincriminación.
Tener acceso a los registros de la investigación.
Derecho a un Abogado o Defensor Público, eliminando la figura de persona de confianza.
La prisión preventiva no podrá exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.
El Sistema Penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Se crean salidas alternativas al Juicio Penal, la aplicación de la Justicia Restaurativa (mediación, conciliación, suspensión a proceso).
Se garantiza que todas las audiencias del imputado sean ante el Juez y en presencia de su defensor.
La carga de la prueba siempre será a cargo del acusador.
Como parte integrante de la reforma judicial incluyente, destacan los derechos de la víctima u ofendido en los términos siguientes:
Tendrá derecho a recibir asesoría jurídica. La posibilidad de intervenir en el Juicio e interponer recursos en términos de ley.
Impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como en el no ejercicio de la acción penal, el desistimiento o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. El resguardo de su identidad cuando se trate de menores de edad (violación, secuestro o delincuencia organizada o para su protección a juicio del juzgador). Recibir atención médica y psicológica de urgencia. La posibilidad de establecer medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. En Materia de Delincuencia Organizada, la reforma constitucional prevé:
Se establece la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, para legislar en materia de delincuencia organizada. La autoridad judicial a petición del Ministerio Publico, podrá decretar el arraigo de una persona, tratándose de delitos en materia de delincuencia organizada. Se establece un régimen de excepciones, tales como: Centros de Reclusión Especializada, restricción de comunicaciones con terceras personas, excepto con su defensor, prisión preventiva obligatoria.
Suspensión de la prescripción del delito de delincuencia organizada cuando: El sujeto evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero.
Se establecen beneficios por colaboración, a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos y datos de personas de la víctima u ofendido.
Respecto de los artículos transitorios de la Minuta, se establece que “La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen sea regional, o por tipo de delito”.
Asimismo se establece, que en el momento en que publiquen sus ordenamientos legales, los órganos legislativos deberán emitir una Declaratoria que se publicará en el órgano de difusión oficial, en la que se señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra la Constitución Federal empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales y además, nos precisa que: Se establece que el Sistema Procesal Penal Acusatorio, entrará en vigor en la Federación, Estados y Distrito Federal, en un plazo que no excederá de 8 años, contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto de reformas constitucionales.
Invoca, que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del respectivo decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes.
Señala, que el sistema de reinserción del imputado, se establecerán en las legislaciones secundarias en un plazo que no exceda de 3 años.
Determina, que las Entidades Federativas, de acuerdo al nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, expedirán la ley de la materia a más tardar en 1 año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto.
Mandata la creación de una instancia de coordinación integrada por representantes de los tres Poderes, del sector académico y de la sociedad civil, que auxiliará a las autoridades locales y federales cuando así lo soliciten.
Se establece el patrón de que siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de las personas o bienes jurídicos, o exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, el Ministerio Publico podrá solicitar al Juez el arraigo domiciliario tratándose de delitos graves, en tanto entra en vigor el Sistema Procesal Acusatorio.
Puntos medulares en comento, que la reforma judicial penal en la Entidad, armoniza en el Nuevo Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, expedido por este Poder Legislativo y publicado el pasado 15 de Septiembre del año 2007, ordenamiento procesal, que al igual que la reforma constitucional que nos ocupa, pretende garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso penal de los imputados; procura garantizar la asistencia, protección y restauración a las víctimas y ofendidos por la comisión del delito; tiende a recuperar la eficacia y la eficiencia del proceso penal, y sobre todo, tendrá como objetivo fundamental, el de transparentar los procesos penales y en consecuencia, recobrar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal, razones todas, por las que esta Soberanía Popular coincide con el contenido de la Minuta enviada a esta Legislatura para los efectos de lo previsto en el artículo 135 de la Carta Fundamental.
No omitimos señalar, que la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguramente marcará un parteaguas en la procuración, impartición y administración de justicia en el país. Estamos convencidos de que aprobar reformas de esta naturaleza, en las que se establece un nuevo orden de las cosas, no es tarea fácil, por ello, fue tema de debate y discusión en el seno de esta Soberanía. Implementar reformas de esta trascendencia, requiere del esfuerzo conjunto de los Poderes del Estado y de los actores involucrados en el tema, y más aún, del Judicial que lo instrumentará. En tal virtud, invitamos a todos los miembros del foro jurídico, abogados postulantes, ministerios públicos, magistrados, jueces, peritos, policías ministeriales y todos aquellos servidores públicos y ciudadanos interesados e involucrados en este rubro, para que juntos instrumentemos esta reforma y hagamos una realidad los postulados constitucionales de justicia pronta y expedita.
El proceso no ha culminado. La aprobación de la reforma, es apenas uno de los eslabones de la cadena. En próximas fechas, esta Asamblea deberá abocarse al estudio, análisis y aprobación de las leyes ordinarias que serán la base para que este nuevo Sistema de Justicia Penal cumpla su premisa. Al efecto habremos de aprobar reformas a los siguientes ordenamientos: Código Penal; Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley Orgánica del Ministerio Público; Ley de Seguridad Pública; Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad y Ley de Justicia para Adolescentes, entre otras. Asimismo, es necesario aprobar la Ley de Mediación o de Justicia Alternativa y la Ley de Defensoría Pública.
Por todo lo anterior, es inaplazable pasar de un sistema excesivamente formalista a uno accesible a la altura de las necesidades de la población, razón por la cual, esta Asamblea Popular se pronuncia aprobando la reforma constitucional planteada.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 65, fracción II de la Constitución Política del Estado; 140, y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de decretarse y se
ÚNICO.- Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos transcritos en el Considerando Segundo de este Decreto.
DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil ocho