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Timestamp: 2016-07-28 01:40:23
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Personas privadas de la libertad de la comunidad lgbttti¿Comunidad LGBTTTI sin derechos? Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI
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| Género y Diversidad Sexual Personas privadas de la libertad Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI de la comunidad LGBTTTI Diagnóstico sobre la situación de los Derechos a la Salud y a la Justicia de la Comunidad LGBTTTI privada de la libertad en el Distrito FederalE n la actualidad, el Distrito Federal es una entidad a la vanguardia en la protección, elrespeto y la promoción de los derechos humanos de las personas que confluyen en el Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI ¿Comunidad LGBTTTI sin derechos?amplio panorama urbano de la ciudad. Esto es resultado, sobre todo, de las luchasconstantes de las y los capitalinos por el reconocimiento de derechos que impactende forma positiva sus condiciones reales de vida. En este contexto, el reconocimiento de los derechos de las personas de la comuni-dad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) hapermitido que su presencia ciudadana sea más activa, lo que de forma progresiva lespermitirá fincar un mejor futuro en el pleno goce de sus derechos. No obstante, para la comunidad LGBTTTI que vive privada de la libertad en loscentros de reinserción social de la capital del país el reconocimiento de sus derechosno ha sido efectivo. Si bien son reconocidos como un sector particular de la poblaciónpenitenciaria, esta comunidad no goza de los programas y políticas públicas que elGobierno de la Ciudad de México ha implementado y diseñado para su atención. Las deficiencias del sistema penitenciario del Distrito Federal propician que lapoblación de la comunidad LGBTTTI sea víctima de condiciones denigrantes queperjudican su bienestar físico, mental y social. El presente Diagnóstico registra con detalle las principales violaciones al derecho alAcceso a la Justicia y a la Salud que la población de la comunidad LGBTTTI privada dela libertad en el Distrito Federal enfrenta. Asimismo, realiza recomendaciones puntua-les con el fin de que las autoridades competentes enmienden dichas violaciones y seaseguren condiciones de vida digna para este sector. Este trabajo es una aportación de la Sociedad Civil hecha con el ánimo de colaborarcon las distintas instancias estatales para que cumplan sus obligaciones de respetar,garantizar y proteger sin discriminación y con igualdad los derechos de todas laspersonas. ¿Comunidad LGBTTTI sin derechos? asistencia le loｓ Derechos g al por Humanos Ya conoces tus derechos, ahora E J ERCELOS es tu primer forma de defensa
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI ¿Comunidad LGBTTTI sin derechos?
ColecciónGénero y Diversidad Sexual Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. ASILEGAL
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI ¿Comunidad LGBTTTI sin derechos? Diagnóstico sobre la situación de los Derechos a la Salud y a la Justicia de la Comunidad LGBTTTI privada de la libertad en el Distrito Federal José Luis Gutiérrez Román, Luis Jorge de la Peña Rodríguez, Coordinadores Luis Jorge de la Peña Rodríguez, José Luis Gutiérrez Román, Hermes Riccobono Investigadores asistencia le loｓ Derechos g al por Humanos Ya conoces tus derechos, ahora E J ERCELOS es tu primer forma de defensa
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI ¿Comunidad LGBTTTI sinderechos? Diagnóstico sobre la situación de los Derechos a la Salud y a la Justicia dela Comunidad LGBTTTI privada de la libertad en el Distrito Federal fue realizado yeditado por Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL).Coordinadores del ProyectoJosé Luis Gutiérrez RománLuis Jorge de la Peña RodríguezInvestigadoresJosé Luis Gutiérrez RománLuis Jorge de la Peña RodríguezHermes RiccobonoEditorClaudio Vázquez PachecoIlustración de portadaDavid Rosales CastilloSe autoriza la reproducción parcial o total del contenido escrito de esta publicaciónsiempre y cuando se cite la fuente y ésta se realice sin fines de lucro.Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI ¿Comunidad LGBTTTI sinderechos? Diagnóstico sobre la situación de los Derechos a la Salud y a la Justicia dela Comunidad LGBTTTI privada de la libertad en el Distrito Federal.D.R. © 2011 Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.
AgradecimientosPersonas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI ¿ComunidadLGBTTTI sin derechos? Diagnóstico sobre la situación de los Derechos a laSalud y a la Justicia de la Comunidad LGBTTTI privada de la libertad en elDistrito Federal es un esfuerzo del equipo de trabajo de ASILEGAL, por loque queremos agradecer a los siguientes integrantes sus comentarios, aportesy esfuerzo en el trabajo de campo que el presente Diagnóstico implicó, enespecial a Luis Ignacio Díaz Carmona, Miriam Aidee Silva Romero, MiguelVictorino Cruz Sánchez, Rene Bautista Zaragoza, Cuiltlahuac Lina Ramos,Michael Pliego Martínez, Gabriel Alberto Zenil Ramírez, Rosa María Martí-nez Montoya, Grecia Zenil Ramírez, Pietro Parrenello, Virginia Ramos Mo-rales, Vera Pack de la Torriente, William Díaz Pacheco y Alice Drive.
Introducción	13 Metodología	19Capítulo IMarco referencial 1. Derecho al nivel más alto de salud	23 a) Marco Jurídico Nacional	24 b) Marco Jurídico Federal	28 c) Marco Jurídico Local	29 d) Marco Internacional	31 2. Interrelación y Atención de los factores determinantes de la salud	39 3. Marco referencial sobre acceso a la Justicia	40 a) Marco Federal	42 b) Marco Local	43 c) Marco internacional	47Capítulo IIAtención médica de primer nivel 1. Principales Problemáticas de salud	55 2. Accesibilidad	57 3. Disponibilidad	60 4. Aceptabilidad	64 5. Calidad	66 6. Conclusiones	68Capítulo IIISalud psicosocial 1. Tratamiento de adicciones	76
2. Salud Mental y Violencia	79 3. Identidad de Género y Salud	81 4. Conclusiones	85Capítulo IVSalud sexual e identidad de género 1. Libertad de asociación y libertad sexual	92 2. Conclusiones	97Capítulo VSalud, alimentación y vivienda 1. Alimentación	103 2. Acceso al Agua	106 3. Vivienda	107 4. Conclusiones	114Capítulo VIEl acceso a la justicia 1. Conclusiones	129Recomendaciones 1. Generales	135 a) Atención Médica Primaria	136 b) Salud Psicosocial	137 c) Salud Sexual	138 d) Alimentación y vivienda	139 e) Acceso a la justicia	140Fuentes	143Anexo	151
AA. Alcohólicos AnónimosAMP. Atención Médica PrimariaASILEGAL. Asistencia Legal por los Derechos HumanosCDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito FederalCEFERESMA. Centro Femenil de Readaptación Social Santa Marta Aca- titlaCERESOVA. Centro de Readaptación Social VaronilCEVAREPSI. Centro Preventivo de Readaptación PsicosocialCIDH. Comisión Interamericana de Derechos HumanosCNDH. Comisión Nacional de los Derechos HumanosComité DESC. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Naciones UnidasCPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosDDHDF. Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito FederalDUDH. Declaración Universal de los Derechos HumanosGDF. Gobierno de Distrito FederalIMSS. Instituto Mexicano del Seguro SocialISSFAM. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas ArmadasISSTE. Instituto del Seguro Social para los Trabajadores del EstadoITS. Infecciones de Transmisión SexualLDSDF. Ley de Desarrollo Social del Distrito FederalLFPED. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
LGBTTTTI. Lesbico Gay Transgénero Transexual Travesti IntersexualLGS. Ley General de SaludLSCDF. Ley de Sociedades de Convivencia del Distrito FederalLSDF. Ley de Salud del Distrito FederalOACNUDH. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos HumanosOMS. Organización Mundial de la SaludONU. Organización de las Naciones UnidasONUSIDA. Programa Conjunto de las Naciones Unidas Sobre el VIH/SIDAPAHO. Organización Panamericana de la SaludPDHDF. Programa de Derechos Humanos del Distrito FederalPIDESC. Pacto Internacional de los Derechos Económicos sociales y CulturalesRCRDF. Reglamento de los Centro de Reclusión del Distrito FederalRPVN. Reclusorio Preventivo Varonil NorteRPVO. Reclusorio Preventivo Varonil OrienteRPVS. Reclusorio Preventivo Varonil SurSNS. Sistema Nacional de SaludVIH. Virus de Inmunodeficiencia AdquiridaWAS. Asociación Mundial de Sexología
IntroducciónE n los últimos cinco años el Gobierno del Distrito Fe- deral (GDF) ha impulsado y desarrollado un marco jurídico que permite a las personas de la comunidadLésbico Gay Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual(LGBTTTI), que viven en la capital del país, gozar plenamentede sus derechos fundamentales, toda vez que han sido conside-radas e integradas sus características particulares como gruposocial dentro de los planes de acción del Estado. En 2007 se creó la Ley de Sociedad de Convivencia para elDistrito Federal que permite a las parejas igualitarias formali-zar sus vínculos de unión y adquirir la protección legal del Es-tado. De la misma manera, en 2009 se reformó el Código Civily el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, loque permite los matrimonios entre parejas igualitarias. Estas medidas influyen en otras leyes y reglamentos queregulan el acceso que estas personas tienen a la protección desus derechos fundamentales por parte del Estado. Esto implicaque las reformas no se aíslen en un solo ámbito de la ley si noque se conviertan en una política general. En este sentido, a lafecha más de 15 dependencias del GDF cuentan con progra-mas y políticas que incluyen la participación de la comunidadLGBTTTI. Sin embargo, debido al proceso natural de adaptación de lasociedad a medidas legislativas novedosas, las conductas dediscriminación siguen vulnerando a la comunidad LGBTTTIque vive en la capital del país; por lo tanto, es indispensabletomar medidas que influyan en la percepción cultural relacio-nada a la sexualidad y el género de esta comunidad. No obs-tante, alarma que las propias instituciones gubernamentalesreproduzcan las prácticas que de forma contundente vulneranlos derechos de la comunidad LGBTTTI, ya que de ellas debe [ 13 ]
[ 14 ] Introducción emanar una cultura de respeto y tolerancia hacia todas las per- sonas a partir del cumplimiento de sus obligaciones en rela- ción con los Derechos Humanos de esta población. Pese a que la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (SGDF), por medio de la Subsecretaría del Sistema Peni- tenciario del Distrito Federal (SSPDF), ha tomado medidas para asegurar los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI que se encuentran privadas de la libertad, siguen existiendo violaciones flagrantes a sus derechos fundamenta- les al interior de los centros de reinserción capitalinos. Esta situación está determinada, en parte, por la problemática que arrastra el sistema penitenciario nacional en general, y parti- cularmente el sistema penitenciario de la Ciudad de México, cuyos principales problemas son la sobrepoblación y el ha- cinamiento. Actualmente, en los 431 centros de reinserción en la República Mexicana, se encuentran albergadas 227,671 personas, no obstante, la capacidad penitenciaria nacional está diseñada sólo para albergar a 185,561 personas, es decir, existe una sobre población de al menos 22.69%.1 En particular, la po- blación en los centros de reinserción del Distrito Federal es la más grande de la República Mexicana; el sistema penitencia- rio de la capital cuenta con una población de al menos 40,000 personas en instituciones cuya capacidad es mucho menor a la requerida. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Peni- tenciaria (DNSP) 2010, que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), evidencia que, debido a esta situación, el disfrute de los derechos de las personas privadas de la libertad en estas instituciones es de baja calidad. Este instrumento de evaluación otorgó a los centros de reinserción del Distrito Federal la calificación de 5.34/10, ubicándose so- lamente por encima del sistema penitenciario de Guerrero. Como consecuencia, en los centros de reinserción social de la capital existe una fuerte lucha por el control de los recursos mínimos de subsistencia, circunstancia que deviene en actos 1 Secretaria de Seguridad Pública Federal, Cuadernos mensuales de Estadística Penitenciaria, Enero-Julio 2011
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 15 ]reiterados de violencia, corrupción y tráfico de influencias, he-chos en los que participan algunos integrantes de la poblaciónprivada de la libertad privilegiada por su participación en ac-tividades propias de la administración penitenciaria y de loscuerpos de custodia. La CNDH estima que los derechos relacionados con la es-tancia segura y digna en dichos centros y la situación jurídi-ca de las personas privadas de la libertad son los de mayorpreocupación, pues se les otorgó calificaciones de 5.4 y 4.66,respectivamente. Esto se deriva de la incapacidad de las ins-tancias judiciales y penitenciarias para brindar una atenciónpuntual a una población de gran magnitud. En medio de esta problemática, en su diagnóstico, LaCNDH considera que existen grupos especialmente vulnera-bles, la calificación que asigna en el goce de los Derechos Hu-manos de las personas pertenecientes a estos grupos especialeses de 5.26/10, lo que significa que están en grave desventajarespecto al resto de la población. Entre estos grupos destaca lasituación concreta de las personas privadas de la libertad perte-necientes a la comunidad LGBTTTI; a ellas y ellos, la CNDHotorgó una calificación de 4.6 respecto a la observancia de susderechos en el Distrito Federal. Esta calificación se debe, prin-cipalmente, a la discriminación que se ejerce sobre ellas y ellosmotivada por su orientación sexual o elección de género, loque se refleja en la deteriorada calidad de vida de este sector. Por otro lado, en el año 2008 se realizó el Diagnóstico deDerechos Humanos del Distrito Federal (DDHDF) como unaforma de profundizar en las observaciones realizadas por laOficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Uni-das para los Derechos Humanos (OACNUDH) en un diagnós-tico que previamente este organismo realizó a nivel nacional.Como resultado de este esfuerzo se analizó la situación delgoce y observancia de los Derechos Humanos de la poblacióncapitalina, resaltando las particularidades que permiten a cier-tos sectores de la población un estado mayor de vulnerabili-dad. Evidentemente entre estos grupos se encuentran las per-
[ 16 ] Introducción sonas privadas de la libertad en los centros de reinserción del Distrito Federal y las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI. El DDHDF señala que las principales violaciones a los De- rechos Humanos en el sistema penitenciario capitalino se ma- nifiestan con mayor incidencia en “(…) el hacinamiento, su- ministro insuficiente de agua, negligencia médica, problemas de salud pública, desabasto de alimentos, tortura, corrupción por parte del personal penitenciario, negativa y suspensiones de visita familiar e íntima, discrecionalidad en los beneficios de libertad anticipada, problemas en las zonas de aislamiento, entre otros (…) ”.2 Específicamente respecto al derecho a la salud de la po- blación privada de la libertad, el diagnóstico destaca que este derecho no se satisface plenamente debido a la escasez de re- cursos con los que cuentan estas personas y, principalmente, por la deficiencia en la calidad de la atención médica derivada de la falta de recursos humanos y materiales médicos Por otra parte, el DDHDF, respecto al tema de los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI en la capital, desta- ca la falta de políticas de sensibilización social respecto de los temas relacionados con la diversidad sexogenérica; tarea que debería ser abordada por el sistema educativo de la capital. El diagnóstico resalta que esta falta de sensibilidad está presente en las instituciones y servidores públicos encargados de la ad- ministración de la justicia, tales como, agentes del ministerio público, policías, entre otros, quienes cometen constantemente actos de discriminación hacia la población de la comunidad LGBTTTI. En consecuencia, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), plan de acción que emana de los resultados del DDHDF, propuso la línea de acción 1976 que exige la realización de un diagnóstico “(…) específico y actua- 2 Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, México D.F 2008, p.p 591
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 17 ]lizado periódicamente en los reclusorios del Distrito Federalpara detectar las diferentes formas de discriminación que sufrela población LGBTTTI en los reclusorios, con la finalidad deimplementar políticas públicas con enfoque de Derechos Hu-manos para erradicar la discriminación hacia este sector (…)”.3 Es así como ASILEGAL se dio a la tarea de reafirmar losvínculos existentes con la SSPDF, con la finalidad de definirlas particularidades que conllevan al bajo grado en el disfrutede los Derechos Humanos de la comunidad LGBTTTI. De esta manera, ASILEGAL se integró al grupo de trabajode la mesa socio-jurídica para atender a las personas de la co-munidad LGBTTTI privadas de la libertad en el Distrito Fede-ral con la intención de participar de las acciones que conjunta-mente realiza la SSPDF y la Sociedad Civil. Fue en este ánimode colaboración interinstitucional que se lanzó la propuestaque derivó en la presente investigación. El diagnóstico que a continuación se presenta documenta laviolación a dos derechos considerados fundamentales respectode las características particulares de la realidad de la poblaciónLGBTTTI privada de la libertad: el acceso a la justicia y almás alto grado de salud física, mental y social. Para este fin, ASILEGAL realizó un estudio de campo alinterior de los centros de reinserción del Distrito Federal, conla finalidad de documentar las particularidades que determinanel grado de disfrute del derecho a la salud física y mental, yel derecho de acceso a la justicia, por parte de la poblaciónLGBTTTI que se encuentra en estos centros. En esta investigación se analizó, en un primer capítulo,cómo los marcos legales internacional, nacional y local ga-rantizan y protegen los Derechos Humanos a la salud y delacceso a la justicia. Luego, en cinco capítulos más se anali-zan, de manera puntual y bajo una perspectiva de género, losresultados obtenidos en una consulta hecha a las personas de 3 Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, México D.F, 2009, p.p. 803
[ 18 ] Introducción la comunidad LGBTTTI privadas de la libertad en los centros de reinserción capitalinos el modo en que de manera cotidiana disfrutan del derecho al más alto grado de salud y cuáles han sido las particularidades del proceso legal que las ha llevado a estar internadas en estas instituciones penitenciarias. El segundo capítulo refiere la Atención Médica Primaria (AMP) que se ofrece al interior de los centros de reinserción del Distrito Federal y la forma en que las personas de la comu- nidad LGBTTTI reciben esta atención. Se hace un breve reco- rrido sobre los principios teóricos de este tema y se analizan las dimensiones de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad de la atención médica, determinantes para el goce ple- no del derecho a la salud que tiene la comunidad LGBTTTI al interior de los centros de reinserción, tratando las principales problemáticas a las cuales se enfrenta esta comunidad. En el tercer capítulo se contemplan los aspectos relaciona- dos con la salud psicosocial. Se aborda la problemática de la violencia contra las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI privadas de la libertad, y se alude al tema de las di- ficultades que esta población enfrenta al momento de intentar someterse a un proceso de reasignación de sexo. El cuarto capítulo trata el tema de salud sexual. En él se documentan las condiciones en que la comunidad LGBTTTI privada de la libertad vive sus derechos sexuales. Se documen- tó y analizó el funcionamiento de los servicios proporcionados a esta comunidad y los problemas que ésta enfrenta. En el quinto capítulo se desarrollan los temas de alimenta- ción y vivienda como factores determinantes del estado de sa- lud de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI. El sexto capítulo aborda el acceso a la justicia, y revisa el papel que desempeñan las instituciones encargadas de la pro- curación e impartición de justicia y su efectividad para garan- tizar a la Comunidad LGBTTTI el acceso real a este derecho dentro de su jurisdicción.
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 19 ] Finalmente, se realizan recomendaciones puntuales dirigi-das a los personales penitenciario y de salud, así como al restode las instancias del GDF involucradas en el mejoramiento dela vida de las personas de la comunidad LGBTTTI privadas dela libertad. Este diagnóstico pretende, ante todo, transmitir la visión yla voz de la comunidad LGBTTTI privada de la libertad en loscentros de reinserción del Distrito Federal, con la finalidad desensibilizar a la sociedad sobre la vulnerabilidad que enfrentanal encontrarse en conflicto con la ley y, de este modo, contra-rrestar el abandono social e institucional en el que se encuen-tran. En consecuencia, la investigación busca que la sociedadse una al reclamo de las personas pertenecientes a este sectorpor encontrar la justicia y el bienestar a los que tiene derechocualquier persona sin discriminación. También es tarea de estainvestigación promover la generación de una sociedad mayor-mente sana, plural y en la que el respeto a la equidad dentro dela diferencia sea un imperativo en beneficio del bien común. MetodologíaEl presente diagnóstico es producto de una investigación so-cial aplicada de tipo descriptiva que da cuenta de la situaciónconcreta del goce al derecho a la salud de las personas de lacomunidad LGBTTTI privadas de la libertad. Se realizó entrelos meses de agosto y noviembre del 2011 en cinco centrosde reinserción y recopila información de fuentes primarias ensu mayoría, es decir, de la población LGBTTTI privada dela libertad en el Distrito Federal, así como de las autoridadespenitenciarias adscritas a la SSPDF y funcionarias y funcio-narios públicos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal(SSDF). A través de una encuesta integrada por 71 preguntasestructuradas y semiestructuradas se cuestionó a las personasde la comunidad LGBTTTI privadas de la libertad a cerca desu percepción y sus experiencias en torno a las principalesproblemáticas de salud y acceso a la justicia. A partir de este
[ 20 ] Introducción instrumento se pudo recuperar la información cuantitativa que aquí se presenta. Los centros de reinserción abordados en el trabajo de cam- po fueron: •	Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (RPVO). •	Reclusorio Preventivo Varonil Norte (RPVN). •	Reclusorio Preventivo Varonil Sur (RPVS). •	Penitenciaría del Distrito Federal. •	Centro Readaptación Social Varonil (CERESOVA). Por otro lado, la mayor parte de la información cualitativa que se desarrolla en el presente diagnóstico proviene de en- trevistas colectivas en el marco de la implementación de un proyecto de capacitación dirigido a personas de la comunidad LGBTTTI privadas de la libertad respecto a los temas de vio- lencia y discriminación. En ambos procesos se entrevistó a un total de 300 personas de la comunidad LGBTTTI privadas de la libertad, distribui- das de la siguiente manera: Población participante en entrevista colectiva 180 personas Población participante en encuesta 120 personas Total 300 personas De la misma manera, se realizaron entrevistas con autorida- des de la SSDF, de la SSPDF y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), con el objetivo de obte- ner mayor información sobre las acciones que realiza cada una de estas dependencias en relación a las personas de la comu- nidad LGBTTTI privadas de la libertad en el Distrito Federal. El análisis de los datos se realizó en relación a los estánda- res internacionales, nacionales y locales que protegen el dere- cho al más alto grado de salud física, mental y social, así como al derecho de acceso a la justicia consagrado en documentos de protección de los Derechos Humanos.
Marco referencial 1. Derecho al nivel más alto de saludE l concepto del derecho al nivel más alto de salud como lo concibe la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve un enfoque amplio y multidisciplinario, enel que la salud se entiende como un equilibrio entre el cuerpofísico, la mente y las relaciones sociales que se tejen con lasdemás personas o grupos, en los ámbitos familiar y laboral oen la comunidad. El derecho al nivel más alto de salud obliga a los Estadosa generar condiciones en las que todas las personas puedanvivir lo más saludablemente posible; estas condiciones com-prenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud,condiciones de trabajo seguro y saludable, vivienda adecuaday alimentos nutritivos de manera que el derecho a la salud nose limita al derecho a estar sano. El derecho a la salud comprende un conjunto de libertades yderechos. Por un lado, figura la libertad de decidir sobre el pro-pio cuerpo y la mente, incluyendo la salud sexual y reproducti-va, y la libertad de no ser sometido a torturas o a tratamientosmédicos sin previo consentimiento informado. Por otro lado,comprende el derecho a contar con un sistema de garantías yde protección a la salud que brinde a todas las personas opor-tunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible desalud y vivir en un ambiente sano. Desde esta perspectiva, se vuelve evidente y fundamental elvínculo existente entre el derecho a la salud y los demás Dere-chos Humanos, particularmente lo que respecta a la vivienda yuna alimentación adecuada, el suministro de agua potable y elpleno goce de un medio ambiente sano. Asimismo, el derecho [ 23 ]
[ 24 ] Marco referencial a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, puesto que garantiza la integridad física de las personas. El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por México, así como en el artículo 4° de la Cons- titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley General de Salud (LGS) y la Ley de Salud del Distrito Federal (LSDF). A continuación, se presentan los principales instrumentos legislativos internacionales, nacionales y locales que establecen los estándares de garantía y protección del de- recho al más alto nivel de salud y las obligaciones del Estado relativas a la realización de los mismos. a) Marco Jurídico Nacional La CPEUM reconoce en su artículo 4° que toda persona tiene el derecho a la protección de la salud;4 a su vez el artículo 1° establece la prohibición especifica de cualquier tipo de discri- minación motivada por las condiciones de salud de las perso- nas, con lo que prevalece el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley,5 como principios rectores del derecho a la salud. La LGS en su artículo 5° crea el Sistema Nacional de Salud (SNS) que establece el conjunto de dependencias y entidades de la administración pública, tanto federales como locales, y 4 Artículo 4° Constitución Política Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar…Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa […]”. 5 Artículo 1° Constitución Política Estados Unidos Mexicanos: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas […]”.
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 25 ]las personas físicas o morales de los sectores sociales y priva-dos que prestan servicios de salud, así como los mecanismosde coordinación de acciones. Dicho Sistema tiene por objetodar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, y sucoordinación está a cargo de la Secretaria de Salud.6 La LGS también contempla en su artículo 6° diversos obje-tivos del SNS frente a la garantía del derecho a la salud, desta-cando los siguientes: •	Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar su calidad, atendiendo a los problemas sanita- rios prioritarios y a los factores que condicionen y cau- sen daño a la salud con especial interés en las acciones preventivas. •	Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones ade- cuadas. •	Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto en el Ejecutivo Federal. •	Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud. Sin bien es cierto que los objetivos del SNS son más am-plios, los antes mencionados constituyen el eje regulado delderecho a la salud, es decir, son determinantes para dar opor-tunidad a que el derecho a la salud se garantice con mayoramplitud. Además, la LGS regula en su totalidad el derecho a la pro-tección de la salud, las competencias y la gestión de tal dere-cho (art.2, 3, 4 y 13). Garantiza en su conjunto el derecho a la 6 Artículo 5° Ley General de Salud: “El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud”.
[ 26 ] Marco referencial atención médica de primer nivel, salud psicosocial, no discri- minación, alimentación, vivienda y salud sexual. Asimismo, a través de la Ley Federal para Prevenir y Eli- minar la Discriminación (LFPED), decretada el 11 de junio del 2003, el Estado se compromete a proteger a todas las y los mexicanos de cualquier acto de discriminación. En particular los artículos 4, 10 y 11 hacen referencia a la protección del derecho a la salud enfatizando que la discriminación no debe afectar el ejercicio de dicho derecho.7 En este sentido, con excepción de aquellos derechos restrin- gidos por la condición de privación de la libertad, las personas en reclusión deben gozar de los mismos derechos reconocidos a toda persona en los instrumentos nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos, en particular el derecho a la salud. Frente a las personas privadas de la libertad, la obligación del Estado de cumplir el derecho a la salud se convierte en un imperativo jurídico irrenunciable dado que, por su condición de privación de libertad, estas personas están imposibilitadas para acceder a otros servicios médicos y a ejercer, por sí solas y con los medios a su disposición, su derecho a la salud. En referencia a las personas privadas de la libertad, la CPEUM dispone que el nuevo sistema de reinserción social contemple el reconocimiento de los Derechos Humanos a la salud, el trabajo y la educación. A este respecto el artículo 18 de este ordenamiento garantiza el derecho a la salud para las personas privadas de la libertad en los siguientes términos: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud […]”. 7 Artículo 4° LFPED: “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas […]”.
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 27 ] En lo que concierne a los derechos de la comunidad LG-BTTTI, la CPEUM, en el tercer párrafo del artículo 1°, protegeel derecho a la “preferencia sexual” (que se ha interpretadocomo incluyente de la orientación sexual y la identidad de gé-nero) y a la no discriminación, mientras que la LFPED pro-tege explícitamente en sus artículos 4° y 9° las “preferenciassexuales”. Del mismo modo, la LGS dispone que se debe brindar unaatención especial a grupos en situación de vulnerabilidad. Elreconocimiento del derecho a la salud es bastante amplio, porejemplo, el artículo 1º bis de dicha ley señala que la protecciónde éste incluye: I. El bienestar físico, mental y social de mujeres, hom- bres, niñas, niños, las y los jóvenes y personas adultas mayores para contribuir al ejercicio pleno de sus capa- cidades. II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. III. La protección y la promoción de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de con- diciones de salud que contribuyan al desarrollo social. IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la promoción, preservación, conser- vación, mejoramiento y restauración de la salud. V. El disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud. VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. Asimismo, reconoce como principios rectores la universa-lidad, la equidad y la gratuidad, destacando el primero de ellospor ser característica esencial de los Derechos Humanos.
[ 28 ] Marco referencial b) Marco Jurídico Federal El marco jurídico Federal que garantiza el derecho a la salud a diversos sectores de la sociedad contempla diversas leyes, destacando las siguientes: •	Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social; •	Ley del Instituto Nacional de Salud. •	Ley Federal del Trabajo. •	Ley General de Población. •	Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. •	Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombre. •	Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes. •	Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. •	Ley de Asistencia Social. En el ámbito estatal algunas constituciones política locales reconocen expresamente el derecho a la salud como una garan- tía social, especialmente las constituciones de los estados de Campeche, que exalta el papel del Estado en la vigilancia de la salubridad pública (art. 128);8 Coahuila, que pone en relieve la importancia de la no discriminación (Titulo primero capítulo 2); Colima, que resalta la importancia del trabajo y del derecho a una vivienda digna (art. 5); Durango, que pone en relieve la importancia de la medicina tradicional así como del papel de las mujeres y los indígenas (art. 3); Hidalgo, que exalta la importancia del derecho a la salud para los niños, niñas y ado- lescentes (art.5);9 Jalisco, que define ampliamente el derecho a la salud incluyendo los aspectos tradicionales y de asistencia 8 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche. Artículo 128: “El Estado vigilará y cooperará con el Gobierno Federal en la observancia de la higiene y salubridad públicas, dictando las disposiciones y adoptando las medidas que fueren necesarias para prevenir y combatir las enfermedades, epidemias y epizootias”. 9 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Artículo 5: “Los niños, niñas, adolescentes y personas con capacidades diferentes, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral […]”.
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 29 ]social a todos los niveles (art. 3, 5 y 8); Morelos, que declara laimportancia de la medicina tradicional, así como la del accesoefectivo a todos los niveles de salud (art. 2 y 5);10 Nayarit, quepone de relieve la asistencia social para la protección del dere-cho a la salud de toda población incluyendo los mayores y losniños (art. 5); Nuevo León, que trata de garantizar el goce ple-no del derecho a la salud, sobre todo para niños y niñas (art. 3);Oaxaca, que resalta la importancia de la niñez en la proteccióndel derecho a la salud (art. 12); San Luis Potosí, que enfatizael papel del Estado en la protección del derecho a la salud conreferencia a la niñez (art. 12); Sonora, garantiza el pleno ejer-cicio de todos los derechos contenidos en la CPEUM (art. 1);Tamaulipas, hace especial referencia al derecho a la alimenta-ción, vivienda y trabajo (art. 16);11 y Zacatecas, que destaca laimportancia de la protección de la salud física y mental de laspersonas de la tercera edad (art. 2). También existen 30 leyesestatales que regulan el derecho a la salud que corresponden ala gran mayoría de los Estados. c) Marco Jurídico LocalEn el marco jurídico local, el derecho a la salud está recono-cido y garantizado por la LSDF que en su artículo 2° señala:“Los habitantes del Distrito Federal, independientemente desu edad, género, condición económica o social, identidad étni- 10 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Artículo 2: “Esta Constitución establece sus derechos y obligaciones conforme a las bases siguientes: ..Acceso efectivo a todos los niveles de salud, con aprovechamiento, promoción y desarrollo de la medicina tradicional […]”. 11 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Artículo 16: “En Tamaulipas se adoptarán las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para lograr, progresivamente y mediante la aplicación de los máximos recursos disponibles a la luz de las finanzas públicas, la plena efectividad de los derechos sociales materia de su competencia conforme a los órdenes jurídicos nacional y estatal, particularmente a la alimentación, protección de la salud, educación, trabajo, vivienda digna y decorosa y medio ambiente sano, en aras de la igualdad de oportunidades para toda la población[…]”.
[ 30 ] Marco referencial ca, tienen derecho a la protección de la salud. El Gobierno del Distrito Federal y las dependencias y entidades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de cumplir este derecho”, garantizando la no discriminación. Asimismo, el artículo 1 bis de la LSDF garantiza el derecho a la salud psicosocial, mientras que el artículo 14 garantiza el fortalecimiento de los programas de salud sexual y reproduc- tiva. En general, esta ley reafirma los principios de universali- dad y gratuidad que deben regir dichos servicios. Por otra parte, la Ley de Desarrollo Social del Distrito Fe- deral (LDSDF) establece en su artículo 1º el compromiso de promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los dere- chos sociales y universales de las y los habitantes del Distrito Federal, en particular en materia de alimentación, salud, edu- cación, vivienda, trabajo e infraestructura social. Con referencia al marco local aplicable a las personas pri- vadas de la libertad, el instrumento jurídico más importante es el Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Fede- ral (RCRDF). Este reglamento, aprobado en el 2004, regula la operación y funcionamiento de los centros de reinserción social del Distrito Federal y reconoce el derecho a la salud en el Capítulo V y particularmente en los artículos 131, que garantiza la asistencia de primer nivel,12 132, que garantiza la salud psicosocial, 20, referente a la alimentación y vivienda, y 136, que versa sobre derechos sexuales y la no discriminación. En relación al derecho a la salud de la comunidad LGBTT- TI, existen instrumentos que lo reconocen y garantizan como la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal de 12 RCRDF. Artículo 131: “Los Centros de Reclusión del Distrito Federal contarán permanentemente con servicios médicos-quirúrgicos generales, y los especiales de psicología, de psiquiatría y odontología, dependientes de la Secretaría de Salud, quienes proporcionarán dentro del ámbito de su exclusiva competencia, la atención médica que los internos requieran…El Director General cuidará que las instalaciones de los Servicios de Salud de cada Centro de reclusión cuenten con el personal de seguridad y custodia suficiente para garantizar la seguridad y el orden de la Unidad”.
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 31 ]2006 (LSCDF) que otorga reconocimiento legal a aquellas fa-milias formadas por personas sin parentesco consanguíneo opor afinidad; esta ley contempla y determina ciertos derechos yobligaciones para los miembros de la sociedad de convivenciade los que carecían muchas familias antes de su creación. En referencia al derecho a la salud, cabe destacar que sepuede tener acceso a los beneficios de la seguridad social, nopor alguna disposición intrínseca establecida en la ley, sino porlo que establecen los reglamentos del IMSS, ISSSTE e ISSFAMcomo organismos federales de seguridad social. Finalmente, en 2008 se presentó un decreto de reformas le-gales que modifica y adiciona el Código Civil, el Código deProcedimientos Civiles, el Código Penal y la Ley de Salud,todos ellos del Distrito Federal. Dicha reforma tuvo el fin dereconocer la personalidad jurídica de la identidad de géneroy el acceso a los servicios públicos de salud a las personastransgenéricas y transexuales en el Distrito Federal, así comode tipificar el delito de discriminación por identidad y expre-sión de género. Las comisiones legislativas que se enfocan aatender a estos grupos en el ámbito federal se concentran en laComisión de Derechos Humanos y en la de Atención a GruposVulnerables de la Cámara de Diputados y la de Senadores. d) Marco InternacionalEn el ámbito internacional, el derecho humano a la salud estáreconocido en diferentes instrumentos normativos, por ejem-plo, el artículo 25 de la Declaración Universal de DerechosHumanos (DUDH) entraña las cualidades de interdependenciae indivisibilidad de los Derechos Humanos, al vincular diver-sos derechos mientras refiere la atención médica de primer ni-vel a la vivienda y la alimentación, en los siguientes términos:“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado quele asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y enespecial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistenciamédica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo de-
[ 32 ] Marco referencial recho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, inva- lidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad […]”(art. 25). En este sentido, la DUDH establece que no se puede al- canzar la plena observancia del derecho a la salud mientras se prive a una persona de otros derechos relacionados. Respecto al concepto de salud sin discriminación, se puede destacar el artículo 7 que pone de relieve la importancia de la no discrimi- nación en toda la vida social del individuo: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación […]”. La DUDH no hace referencia directa a la salud sexual, sin embargo afirma que “Toda persona tiene los derechos y liber- tades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión […]” (art. 2); de manera que este precepto declarativo debe ser interpretado de forma extensa en su alcance del derecho enunciado. Debido a que la DUDH se considerada una norma de derecho consuetudinario imperativo internacional, además de instrumento declarativo poco restrictivo, ésta representa la base del desarrollo de los tratados internacionales subsecuentes, por lo que tiene un va- lor moral significativo y predominante en el seno de los es- tándares internacionales de Derechos Humanos. Por lo tanto, la DUDH debe interpretarse desde una perspectiva incluyente adecuada al derecho a la salud sexual. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económi- cos, Sociales y Culturales (PIDESC) incluye la disposición más exhaustiva del derecho internacional de los Derechos Hu- manos sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1º del artículo 12 del PIDESC, los Estados reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”;13 el párrafo 2 del mismo artículo refiere los 13 El Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 33 ]derechos a la asistencia médica de primer nivel, definiendo al-gunas obligaciones de los Estados en los siguientes términos:“Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes enel Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho,figurarán las necesarias para: •	La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; •	el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; •	la prevención y el tratamiento de las enfermedades epi- démicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; •	la creación de condiciones que aseguren a todos asis- tencia médica y servicios médicos en caso de enferme- dad”. Con referencia a la salud sin discriminación y salud sexual,el artículo 2 inculca la no discriminación por razones de sexo;con referencia al derecho a vivienda y alimentación, el articu-lo 11 establece que: “Los Estados Partes en el presente Pactoreconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida ade-cuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vi-vienda adecuados, y a una mejora continua de las condicionesde existencia”. La referencia que se hace en el PIDESC al más alto nivelposible de salud física y mental no se limita al derecho a laatención de la salud, por el contrario, no sólo abarca la pro-curación de salud oportuna y apropiada, sino que incluye losprincipales factores determinantes de la salud, tales como elacceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias ade-cuadas, al suministro adecuado de alimentos sanos, a la nutri-ción adecuada, a la vivienda digna, a condiciones sanas en eltrabajo y el medio ambiente, además del acceso a la educacióne información sobre cuestiones relacionadas con la salud, in-cluida la salud sexual y reproductiva. La Observación General número 14 del Comité de Dere-chos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas
[ 34 ] Marco referencial (Comité DESC) precisa el contenido normativo del derecho a la salud, en el que se incluye el derecho a la asistencia médica de primer nivel, a la no discriminación en la salud psicosocial y sexual. Así, se identifican los siguientes elementos esencia- les interrelacionados que componen ese derecho: a) La disponibilidad: la obligación de contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud. En la práctica signifi- ca poder brindar atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada a la población en reclusión. b) la accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos y se basa en cuatro prin- cipios que se complementan: •	La no discriminación en la atención y tratamientos. •	La accesibilidad física, es decir, facilitar el acceso a los servicios. •	La accesibilidad económica que debe prever tratamien- tos y medicamentos gratuitos. •	El acceso a la información que comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acer- ca de las cuestiones relacionadas con la salud. c) La aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisi- tos de género y el ciclo de vida. Todo ello comprende el respe- to de la confidencialidad de la información y el consentimiento informado de los pacientes. d) La calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.14 En la práctica, esto significa que los medicamentos y el equipo hospitalario estén científica- mente probados y en buen estado. 14 Observación 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 35 ] Al igual que todos los Derechos Humanos, el derecho a lasalud impone a los Estados Partes tres tipos de obligaciones,a saber: •	Respetar: Exige abstenerse de injerirse en el disfrute del derecho a la salud. •	Proteger: Requiere adoptar medidas para impedir que terceros (actores que no sean el Estado) interfieran en el disfrute del derecho a la salud. •	Garantizar: Requiere adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud. Pese a que el nivel mínimo no se puede establecer de mane-ra concreta, sí se pueden determinar elementos fundamentalesque sirvan como guía prioritaria: •	Atención primaria de salud esencial. •	Alimentación esencial mínima nutritiva. •	Saneamiento. •	Agua limpia potable. •	Medicamentos esenciales. Otra obligación básica es la de adoptar y aplicar a nivelnacional una estrategia y un plan de acción de salud públicapara hacer frente a las preocupaciones de toda la población;estos deberán ser elaborados y revisados periódicamente so-bre la base de un proceso participativo y transparente. Ademásdeberán prever indicadores y bases de referencia que permitanvigilar estrechamente los progresos realizados y prestar espe-cial atención a todos los grupos vulnerables o marginados.
[ 36 ] Marco referencial A nivel regional, el Protocolo “El Derecho a la Salud” adicional a la Convención Ame- ricana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econó- micos, Sociales y Culturales, co- nocido como Protocolo de San Salvador, define unos aspectos del derecho a la salud. En gene- Factores Atención a la Salud ral este derecho es definido por determinantes el artículo 10 de ese instrumento Agua, saneamiento, alimentos, que lo reconoce como “el disfrute nutrición, vivienda, condiciones del más alto nivel de bienestar fí- sanas en el trabajo y el sico, mental y social”. El artículo medio ambiente, educación 11 establece que: “Toda persona información, entre otros. tiene derecho a vivir en un medio DAAC ambiente sano y a contar con ser- Disponibilidad, accesabilidad, vicios públicos básicos”. El artí- aceptabilidad,calidad. culo 12 define el derecho a la ali- mentación declarando que “Toda La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. persona tiene derecho a una nu- trición adecuada que le asegure laFuente: Organización Mundial de la Salud, http://www. posibilidad de gozar del más altowho.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/index.html nivel de desarrollo físico, emo- cional e intelectual”. Con referencia al marco internacional para la protección del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, el Consejo Económico y Social de la ONU aprobó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en 1957; éstas representan las condiciones mínimas aceptadas por la ONU, y especifican los principios y prácticas generales que se conside- ran aceptables para el tratamiento de las personas privadas de la libertad; también han sido concebidas para proteger contra los malos tratos, particularmente aquellos que buscan imponer la disciplina, y el uso de instrumentos de coerción en las insti- tuciones penales. Los derechos a la salud, a la higiene personal y servicios médicos están garantizados por varios artículos. En particular
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 37 ]la asistencia médica de primer nivel está regulada en el artícu-lo 26 que define el papel y la responsabilidad del personal mé-dico. En el artículo 49 la salud psicosocial es garantizada porla presencia de personal médico especializado. La salud sexualy la no discriminación están garantizadas por el artículo 6: “Nose debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, prin-cipalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión polí-tica […]”. El derecho a la alimentación está garantizado por elartículo 20 y el de la vivienda en los artículos 9 a 14, en parti-cular el artículo 10 dice: “Los locales destinados a los reclusos,y especialmente aquellos que se destinan al alojamiento de losreclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias dela higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo queconcierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado,calefacción y ventilación”. En el año 2008 la Comisión Interamericana de DerechosHumanos (CIDH) aprobó por unanimidad el documento de-nominado “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protecciónde las Personas Privadas de la libertad en las Américas” quegarantiza los derechos a la salud, a la higiene personal y a losservicios médicos. El principio 2 declara la no discriminación:“Toda persona privada de la libertad será igual ante la ley, ytendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunalesde justicia. Tendrá derecho, a ejercer sus derechos […]”. Elprincipio 10 garantiza la salud general, psicosocial y sexual:“Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a la sa-lud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible debienestar físico, mental y social […] en los establecimientosde privación de libertad para mujeres y niñas deberán existirinstalaciones especiales, así como personal y recursos apro-piados para el tratamiento de las mujeres y niñas embarazadasy de las que acaban de dar a luz […]”. El principio 11 ga-rantiza el derecho a la alimentación: “Las personas privadasde la libertad tendrán derecho a recibir una alimentación queresponda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a unanutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración lascuestiones culturales y religiosas de dichas personas […]”. Por
[ 38 ] Marco referencial ultimo, el principio 12 garantiza el derecho a la vivienda: “Las personas privadas de la libertad deberán disponer de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y cale- facción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad”. En el año 1984 la Asamblea General de la ONU aprobó la “Convención contra la tortura y otros tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes”, y en 1985 la Comisión Interame- ricana de Derechos Humanos aprobó la “Convención Intera- mericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, ambas con- venciones, en general, tratan de preservar la incolumidad y la integridad física y moral de las personas garantizando la no discriminación y la asistencia médica de primer nivel. Respecto al derecho a la salud de las personas de la comu- nidad LGBTTTI, el instrumento internacional más importante está representado en “Los principios de Yogyakarta, sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género”.15 Este documento, aprobado por la ONU en 2007, contiene una serie de principios legales cuyo fin es la aplicación del Dere- cho Internacional de Derechos Humanos en relación a la orien- tación sexual y a la identidad de género. El texto marca los estándares básicos para que las Naciones Unidas y los Estados avancen para garantizar las protecciones a los Derechos Hu- manos de las personas de la comunidad LGBTTTI. El derecho a la vivienda está garantizado en el principio 15: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, lo que incluye la protección contra el desalojo, sin discrimina- ción por motivos de orientación sexual o identidad de género”. El principio 14 garantiza el derecho a la alimentación: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual in- cluye alimentación adecuada, agua potable […]”. El principio 17 garantiza el derecho a la no discriminación en la salud y salud sexual destacando: “Todas las personas tienen el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, 15 Anexo.
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 39 ]sin discriminación por motivos de orientación sexual o iden-tidad de género. La salud sexual y reproductiva es un aspectofundamental de este derecho”. 2. Interrelación y atención de los factores determinantes de la saludLa Observación General 14 y todos los instrumentos interna-cionales de Derechos Humanos insisten en que la realizacióndel derecho a la salud comprende no sólo el acceso a la aten-ción médica suficiente, aceptable, de calidad y sin discrimina-ción, sino también a las condiciones y factores que permitenuna vida saludable, en particular el acceso a la información ensalud y la satisfacción de las necesidades básicas. Estos fac-tores se definen como determinantes básicos de la salud y sepueden dividir en los siguientes grupos: •	Condiciones sanitarias del entorno: agua potable, dre- naje, alcantarillado, pavimentación, entre ottras. •	Condiciones biológicas: epidemias, principales causas de muerte, expectativa de vida, enfermedades nuevas, entre otras. •	Condiciones socioeconómicas: nutrición, vivienda. •	Condiciones laborales sanas, drogadicción, alcoholis- mo, enfermedades relacionadas con la pobreza, etc. •	Condiciones ecológicas: Emisión de contaminantes, contaminación del agua, cuidado de los recursos na- turales, etc. •	Acceso a la educación y a la información, sobre cues- tiones relacionadas con la salud. •	Condiciones de violencia y conflictos armados. Los determinantes básicos de la salud incluyen también elcuidado de los servicios de salud que se prestan (materiales yhumanos) y las políticas públicas que se adoptan para afrontarla enfermedad y sus efectos sobre los individuos.16 16 Lucía Montiel, Derecho a la salud en México. Un análisis desde el debate teórico contemporáneo de la justicia sanitaria, disponible en
[ 40 ] Marco referencial En virtud de lo anterior, las unidades médicas y los centros de reclusión deberán garantizar los siguientes aspectos: •	La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; como está establecido en la norma oficial mexicana nom-043-ssa2-2005, conocida como “El pla- to del buen comer”, que establece las normas mínimas de salud alimentaria para todas las personas. •	La higiene y el aseo de los establecimientos y de las personas privadas de su libertad, como está establecido en las reglas 13 y 17 de Las Reglas Mínimás para el Tratamiento de los Reclusos. •	Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento.17 •	La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos.18 •	La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado.19 3. Marco referencial sobre acceso a la justicia De manera general, se puede sostener que el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad de toda persona, indepen- dientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular pre- tensiones o defenderse de ellas, a tener impartición de justicia pronta, expedita, imparcial y apegada a la legalidad. Implica también, obtener un fallo de esos tribunales y que la resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada. Conforme a lo anterior, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/40/pr/ pr15.pdf 17 Reglas Mínimas…, op. cit., Regla 10. 18 Reglas Mínimas…, op. cit., Regla 26. [Sic] 19 Reglas Mínimas…, op. cit., Reglas 26.1 y 26.2. Las inspecciones de las instalaciones también se consideran en los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, Principio xxi.
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 41 ]el derecho al acceso a la justicia podría ser analizado desde unatriple perspectiva: 1.	Desde el acceso al sistema judicial, sin que existan obs- táculos para el ejercicio de dicho derecho. 2.	A partir de la consecución de un pronunciamiento ju- dicial que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido con los requisitos de admisión que establece la ley. 3.	Por el cumplimiento y ejecución efectiva de la reso- lución emitida, pues, si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida en que el fallo no se ejecute, el derecho de acceso a la justicia no estará satisfecho. Desde la primera perspectiva, el derecho está marcado poruna comprobación fáctica: la imposibilidad de que todos loshabitantes accedan a la justicia por diferentes motivos, prin-cipalmente de tipo económico. Frente a ello, es el Estado elque tiene la obligación de establecer criterios para identificary proteger a los habitantes menos favorecidos, de modo quelas diferentes condiciones de acceso se transformen en unaaproximación al ideal del principio de igualdad de acceso ala justicia. En el plano procesal, es necesario que el derechode acceso a la justicia sea interpretado ampliamente por lasjuezas y los jueces y tribunales que deben conocer, tramitar yresolver las demandas y recursos, con la finalidad de subsanarlos defectos procesales y evitar su rechazo. En este sentido, elderecho de acceso a la justicia pregona el antiformalismo, bajola idea rectora de que el proceso es sólo un instrumento parahacer efectivo un derecho y la gratuidad de la justicia, con elobjetivo de facilitar el acceso al sistema judicial a quienes ca-recen de recursos económicos. Una vez que se accede al proceso, éste debe estar dotadode todas las garantías con la finalidad de que las partes some-tidas ejerzan sus derechos y garantías constitucionales, siendo
[ 42 ] Marco referencial obligación del funcionario judicial cuidar la igualdad sustan- cial de las partes y pronunciar la decisión judicial de manera fundamentada en un término razonable. Pronunciada la reso- lución, ésta debe ser ejecutada, de lo contrario de nada serviría acceder a la justicia y lograr una resolución sobre el fondo. La ejecución debe ser solicitada al mismo juez que pronunció el fallo y éste debe utilizar todos los medios previstos por la ley para el cumplimiento de sus propias sentencias. a) Marco Federal Con referencia al acceso a la justicia, el articulo 17 de la CPEUM expone que el acceso a la justicia implica la posibili- dad de que, frente a cualquier hecho o acto que implique vio- lación de derechos, toda persona, sin discriminación alguna, cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo ante juezas o jueces o tribunales competentes, así como la garantía de que dichas autoridades conocerán y decidirán sobre el mismo. El acceso a la justicia también incluye el derecho a que la resolu- ción, así como cualquier decisión que recaiga sobre el recurso, sea efectivamente cumplida.20 Con referencia a las personas privadas de la libertad, la CPEUM dispone un catálogo de garantías, relacionadas con el sistema penal y penitenciario, contenidas en el artículo 18 que reconoce que: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad […]”. Respecto al acceso a la justicia que tiene la comunidad LG- BTTTI, el artículo más importante es el 1° constitucional que condena la discriminación por causa del sexo: “Queda prohibi- 20 Artículo 17: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial […]”.
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 43 ]da toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,el género, la edad, las discapacidades, la condición social, lascondiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferen-cias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contrala dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabarlos derechos y libertades de las personas […]”. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación cuen-ta con muchos programas que articulan las perspectivas del de-recho a la no discriminación, de equidad de género y de luchacontra la homofobia en sus diferentes manifestaciones. Ofreceorientaciones en la materia, canaliza y acompaña denunciasciudadanas, y participa en actividades de sensibilización, edu-cación y divulgación. La LFPED garantiza el derecho de acceso a la justicia ensu artículo 9° que “prohíbe toda práctica discriminatoria quetenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejerciciode los derechos y la igualdad real de oportunidades”. b) Marco LocalEn el marco local, la protección del derecho al acceso a la jus-ticia está regulada por el Código de Procedimientos Penalesdel Distrito Federal Según este instrumento, el Distrito Fede-ral tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesariaspara el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para loshabitantes del Distrito Federal y en particular: •	Garantizar la efectiva aplicación de las leyes y medios para acceder a la justicia. •	Abstenerse de denegar o limitar el acceso a los medios y recursos considerados por los tratados internaciona- les, la Constitución Política y la legislación del Distrito Federal para la solución de conflictos entre particula- res, o de particulares con las autoridades del Distrito Federal o los organismos autónomos. •	Investigar de manera inmediata, exhaustiva, seria e im- parcial, cualquier violación a los Derechos Humanos
[ 44 ] Marco referencial o hecho delictuoso, así como explorar todas las líneas posibles para lograr la identificación de las autoras o autores del delito o violación de Derechos Humanos para su posterior juicio y sanción. •	Sustanciar los recursos de acuerdo con las garantías del debido proceso legal. •	Facilitar la asistencia apropiada a las víctimas que tra- tan de acceder a la justicia, así como garantizarles to- dos los derechos que derivan de su condición. •	Dar a conocer a la población información sobre todos los recursos disponibles para la defensa de los dere- chos. •	Capacitar y sensibilizar a las autoridades encargadas directamente de garantizar el derecho de acceso a la justicia. Con referencia al acceso a la justicia de las personas priva- das de la libertad destaca el Estatuto del Gobierno del Distri- to Federal que otorga al jefe de Gobierno la facultad de “ad- ministrar los establecimientos de arresto, prisión preventiva y de readaptación social de carácter local, así como ejecutar las sentencias penales por delitos del fuero común”.21 Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Dis- trito Federal establece que esta función se ejercerá a través de la Secretaría de Gobierno22 que, a su vez, realiza esta labor a través de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.23 Del mismo modo, los artículos 18, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal establecen que, desde su ingreso, la interna o el interno debe recibir información escrita sobre el régimen del reclusorio, la clasificación en la que se le haya incluido, 21 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículo 67, frac. XXI. 22 Según el artículo 23, frac. XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Gobierno tiene la atribución de: “Normar, operar y administrar los reclusorios y centros de readaptación social”. 23 Véase artículos 7.I.a, 40 y 41 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 45 ]los medios autorizados para informarse y formular quejas ycualquier otro dato necesario para conocer sus derechos y obli-gaciones. Asimismo, prevén que a las personas analfabetas seles debe proporcionar dicha información verbalmente. En par-ticular, el artículo 25 establece un sistema para las quejas: “ElDepartamento del Distrito Federal, a través de la ContraloríaGeneral, establecerá un sistema que facilite la presentación dequejas y denuncias, mismas que serán tramitadas en los térmi-nos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de losServidores Públicos […]”. Por lo que se refiere a la protección del derecho al acceso ala justicia para la comunidad LGBTTTI, la LSCDF otorga re-conocimiento legal a aquellos hogares formados por personassin parentesco consanguíneo o por afinidad. La ley contemplay determina ciertos derechos y obligaciones para los miembrosde la sociedad de convivencia que permiten acceder a variosservicios jurídicos (art.11, 12 y 14). La Ley de Desarrollo Social define los principios que cons-tituyen el marco en el cual deberán planearse, ejecutarse yevaluarse el conjunto de las políticas y programas en materiade desarrollo social de la Administración Pública del DistritoFederal. También describe, en líneas generales, el derecho deacceso a la justicia en su artículo 4, expresando las bases parala política de desarrollo social: •	Universalidad: La política de desarrollo social está destinada para todos los habitantes de la ciudad y tiene por propósito el acceso de todas y todos al ejercicio de los derechos sociales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una creciente calidad de vida para el con- junto de los habitantes. •	Igualdad: Constituye el objetivo principal del desa- rrollo social y se expresa en la mejora continua de la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los bienes públicos y al abatimiento de las grandes diferencias entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.
[ 46 ] Marco referencial •	Equidad de género: La plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordina- ción basada en los roles de género y una nueva relación de convivencia social entre mujeres y hombres despro- vista de relaciones de dominación, estigmatización y sexismo. •	Equidad social: Superación de toda forma de desigual- dad, exclusión o subordinación social basada en roles de género, edad, características físicas, pertenencia ét- nica, preferencia sexual, origen nacional, práctica reli- giosa o cualquier otra. •	Justicia distributiva: Obligación de la autoridad a apli- car de manera equitativa los programas sociales, prio- rizando las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad social. •	Diversidad: Reconocimiento de la condición pluricul- tural del Distrito Federal y de la extraordinaria diversi- dad social de la ciudad que presupone el reto de cons- truir la igualdad social en el marco de la diferencia de sexos, cultural, de edades, de capacidades, de ámbitos territoriales, de formas de organización y participación ciudadana, de preferencias y de necesidades. •	Exigibilidad: Derecho de los habitantes a que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, los de- rechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco de las diferentes políticas y programas y de la disposición presupuestal con que se cuente. •	Transparencia: La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de desarrollo social será pública con las salvedades que establece la normativi- dad en materia de acceso a la información y con pleno respeto a la privacidad de los datos personales y a la prohibición del uso político-partidista, confesional o comercial de la información. Las políticas públicas encaminadas a la comunidad LGBTTTI se han ubicado en el marco de la Secretaría de De-
Personas privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI... [ 47 ]sarrollo Social del Distrito Federal; la Dirección General deIgualdad y Diversidad Social de esta Secretaría creó la Redde Atención a la Diversidad Sexual, cuyo propósito es el deconstruir un espacio interinstitucional que promueva el plenoejercicio de los Derechos Humanos de las personas LGBTTTIen el Distrito Federal, además de institucionalizar el comba-te a la discriminación por orientación o preferencia sexual enlas dependencias del gobierno del Distrito Federal. Asimismo,busca contar con un catálogo de servicios y derechos para lacomunidad LGBTTTI del Distrito Federal con un sistema efi-ciente y oportuno de canalización y seguimiento de las denun-cias de atención a esta comunidad y constituir un grupo defuncionarias y funcionarios públicos promotores de la no dis-criminación por motivos de orientación o preferencia sexual. c) Marco internacionalEl acceso a la justicia en la DUDH se define en los artículos 1ºy 2º que refieren la igualdad de todos los seres humanos, quie-nes “nacen libres e iguales en dignidad y derechos y afirmael principio de no discriminación por razones de raza, color,sexo, lengua, religión, opinión política o de toda otra opinión,origen nacional, social, fortuna, de nacimiento o cualquier otrasituación y que no debe ser víctima de ninguna distinción”.Además el artículo 21 destaca que “Toda persona tiene el de-recho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funcionespúblicas de su país”. El párrafo 3 del artículo 2° del Pacto Internacional de losDerechos Civiles y Políticos establece que todas las personas,cuyos derechos fundamentales hayan sido vulnerados, tienenderecho a un recurso efectivo. La autoridad competente, judi-cial, administrativa o legislativa prevista por el sistema legaldel Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que in-terponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recursojudicial. El artículo 14 establece que todas las personas soniguales ante los tribunales y las cortes de justicia. Toda perso-na tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas
[ 48 ] Marco referencial garantías por un tribunal competente, independiente e impar- cial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Igualmente la Convención Americana Sobre Derechos Hu- manos (CADH) establece en su artículo 8° que toda persona tiene el derecho de que su causa sea escuchada, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez com- petente, independiente e imparcial. El artículo 25° garantiza el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus de- rechos fundamentales reconocidos por la CPEUM, la ley o la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por perso- nas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” garantizan el derecho de acceso a la justicia en los artículos 35 y 36; en particular, el artículo 36 establece: “Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al funcio- nario autorizado para representarle”. En los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la libertad en las Américas” el de- recho de acceso a la justicia está reconocido en varios princi- pios. El artículo 5 expresa que: “Toda persona privada de la libertad tendrá derecho, en todo momento y circunstancia, a la protección de y al acceso regular a jueces y tribunales compe- tentes, independientes e imparciales, establecidos con anterio- ridad por la ley”; además, según el principio 7, “Las personas privadas de la libertad tendrán el derecho de petición indivi- dual o colectiva, y a obtener respuesta ante las autoridades judiciales, administrativas y de otra índole”. En el marco de la protección del derecho a la justicia para la comunidad LG- BTTTI, “Los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género” garantizan este
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