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Timestamp: 2019-11-13 21:59:10
Document Index: 25326782

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 23', 'artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 27', 'artículo 92', 'artículo 23', 'artículo 44', 'artículo 25', 'artículo 149', 'artículo 27', 'artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 27']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 749, de 28/02/2019
cve: DSCD-12-CO-749
Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 749
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª PILAR CANCELA RODRÍGUEZ
Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género:
- De las señoras Guisado Adame y Rodríguez Arenas (representantes de la Plataforma Estambul Sombra), para presentar el informe sobre la aplicación en España 2014-2018 del Convenio del Consejo de Europa contra la violencia de género, y de la señora Monteros Obelar (representante de la Plataforma Mujeres Inmigrantes), para explicar la aplicación de dicho convenio a ese colectivo. (Número de expediente 219/001620) ... (Página2)
- De la señora Álvarez Salinas (responsable de investigación del área de política interior de Amnistía Internacional), para presentar el informe "Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas de violencia sexual". (Número de expediente 219/001621) ... (Página22)
Se abre la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.
COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
- DE LAS SEÑORAS GUISADO ADAME Y RODRÍGUEZ ARENAS (REPRESENTANTES DE LA PLATAFORMA ESTAMBUL SOMBRA), PARA PRESENTAR EL INFORME SOBRE LA APLICACIÓN EN ESPAÑA 2014-2018 DEL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Y DE LA SEÑORA MONTEROS OBELAR (REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA MUJERES INMIGRANTES), PARA EXPLICAR LA APLICACIÓN DE DICHO CONVENIO. (Número de expediente 219/001620).
La señora PRESIDENTA (Cancela Rodríguez): Buenas tardes, señorías. Bienvenidos a esta sesión de la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Abrimos la sesión y procedemos a tramitar el orden del día que habíamos acordado, consistente en la celebración de las comparecencias previamente consensuadas. En primer lugar comparecen representantes de la Plataforma Estambul Sombra para presentar el informe sobre la aplicación en España 2014-2018 del Convenio del Consejo de Europa contra la violencia de género: doña Francisca Guisado Adame y doña María de los Ángeles Rodríguez Arenas, así como doña Silvina Monteros Obelar, representante de la Plataforma de Mujeres Inmigrantes para explicar la aplicación de dicho convenio en ese colectivo.
Como ustedes saben, intervendrán las tres comparecientes una a continuación de la otra, según el orden que ellas mismas hayan preestablecido, y después tendrán un turno de intervención las portavoces de los distintos grupos parlamentarios para hacer las consideraciones que estimen oportunas, según el tiempo que se les ha remitido por parte de esta Presidencia de la Comisión.
Procedemos entonces a darles la bienvenida. Es un honor contar con su presencia hoy aquí. Por fin podemos escucharlas, porque la verdad es que cuestiones de agenda han hecho que tuviéramos que posponer en alguna ocasión esta comparecencia. Por lo tanto, por la relevancia que tiene, por su contenido, por lo que significa para todos los grupos... (La señora Alba Mullor pide la palabra).
¿Sí, señoría?
La señora ALBA MULLOR: Señora presidenta, antes de empezar, quería saber si las tres comparecencias se van a celebrar conjuntamente y si intervendrán todos los portavoces.
La señora PRESIDENTA (Cancela Rodríguez): Sí, porque es sobre el mismo informe pero con aspectos distintos y han planteado comparecer tres personas para tratar diferentes aspectos. Por tanto, una vez que terminen sus tres intervenciones, corresponde el turno a cada uno de los portavoces de los grupos para hacer sus consideraciones.
La señora ALBA MULLOR: La cuestión, señora presidenta, es que nosotros tenemos tres ponentes.
La señora PRESIDENTA (Cancela Rodríguez): Después hay otra comparecencia, que es la de Amnistía. Esta es la de Plataforma Estambul Sombra y Plataforma Mujeres Inmigrantes. Hay una comparecencia ahora y otra después. (La señora Rodríguez Martínez pide la palabra).
La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Señora presidenta, si entiendo bien, en el orden del día tenemos dos comparecencias: a la primera corresponden las tres comparecientes que están en la Mesa en relación al mismo informe sobre el Grevio, y la segunda comparecencia es de Amnistía Internacional, y solo hay dos intervenciones de siete minutos por cada grupo. (Asentimiento).
La señora PRESIDENTA (Cancela Rodríguez): Lo siento muchísimo, señorías, está claro que me he explicado muy mal, les pido disculpas. Lo han resumido ustedes perfectamente, por lo que no reitero más la cuestión. (La señora Alba Mullor pide la palabra).
La señora ALBA MULLOR: señora presidenta, disculpe que interrumpa de nuevo, lo siento. El Grupo Parlamentario Popular tiene tres ponentes, puesto que se nos había dicho desde un principio que habría
dos comparecientes respecto al informe Grevio. Por lo tanto, si no hay problema, por parte del Grupo Parlamentario Popular vamos a intervenir dos portavoces en esta comparecencia.
La señora PRESIDENTA (Cancela Rodríguez): Por supuesto, señoría, como su grupo considere, no hay ningún problema.
Tiene la palabra la señora Guisado Adame.
La señora GUISADO ADAME (representante de la Plataforma Estambul Sombra): Buenas tardes a todas y a todos.
En primer lugar, desde la Plataforma Estambul Sombra queremos dar las gracias a la presidenta de esta Comisión por invitarnos a dar a conocer en este marco el trabajo que hemos realizado, si bien tenemos que reseñar que ha sido publicado oficialmente en la página web del Consejo de Europa antes que su presentación en esta Comisión, como tanto nos hubiera gustado.
Como es sabido por todas, en esta presentación se abre una nueva etapa del proceso de seguimiento y evaluación, que culminará con la visita a España de las expertas del Grevio, Grupo de Expertos en la Lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que, como todas ustedes saben, será en el próximo mes de septiembre.
Permítanme hacer una breve historia de cuál ha sido nuestro trabajo desde la Plataforma Estambul Sombra. Como digo, el 18 de febrero de 2019, del año en curso, tras largos e intensos once meses de trabajo colectivo, la Plataforma Estambul Sombra hemos presentado ante el Grevio el Informe Sombra, firmado por 252 ONG feministas y de ámbito social, sobre la aplicación en España, como bien ha dicho la presidenta de la Comisión, durante el periodo 2014-2018 del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica o Convenio de Estambul, paralelo al que el Gobierno ha presentado. Asimismo, además del informe estatal, hemos realizado informes Sombra también a nivel autonómico. Hemos de resaltar los informes elaborados sobre el País Valencià, Canarias, Madrid, Navarra, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Murcia, Galicia y Extremadura, que, como digo, forman parte del trabajo que ha elaborado esta plataforma.
Permítanme recordar que el Convenio de Estambul fue ratificado por España, como todas sabemos, allá por el año 2014 y que va más allá que la legislación española en algunos puntos, que quiero pasar a presentar, porque abarca la violencia sexual, laboral, institucional y otras, y, por lo tanto, no solo aborda la que es infringida por la pareja o expareja, porque en su artículo 18.4 no subordina la atención a las víctimas a la presentación de una denuncia judicial, así como por el mecanismo de seguimiento por parte del Grevio, según los artículos 66 y 68, según las respuestas a un cuestionario del Gobierno y los informes de las ONG. Queremos resaltar desde aquí que España será el decimocuarto país evaluado de los treinta y tres que han ratificado dicho convenio, y los principales puntos que queremos resaltar en el informe remitido son los siguientes.
En el primer punto pedimos más financiación y que se proceda a diseñar un sistema de evaluación y seguimiento de todas las medidas contra las violencias machistas, al tiempo que las organizaciones, las ONG tengamos una participación mucho más relevante que en estos momentos, todo ello para hacer más efectivas las leyes y el Pacto de Estado 2017-2021, respecto del que 100 millones de euros para mejoras en las comunidades autónomas y 20 millones para ayuntamientos no han sido transferidos hasta diciembre de 2018. Además, para realizar un control efectivo, faltan muchos de los datos que el mismo Grevio nos pide, ya que los que hay solo reflejan la violencia de pareja y el número oficial de mujeres y niños asesinados. Todos sabemos que son datos cuantitativos muy importantes, pero que no entran en el análisis de qué ha fallado en el sistema de protección y, sobre todo, qué se va a hacer para mejorarlo. Apenas hay datos sobre la prevención, y los más recientes sobre atención social están algo atrasados, corresponden al ejercicio económico 2016.
En el segundo punto pedimos más prevención en violencia de género, especialmente en el campo educativo, incluyendo no solo el uno por mil, que es la cifra con la que estamos trabajando, sino respecto a los ocho millones de estudiantes, o, lo que es lo mismo, los 6,6 millones de educación infantil, primaria y secundaria y 1,6 millones en las universidades. Ello ha de afrontarse con financiación estable, con parte de los 100 millones del Pacto de Estado destinados a las comunidades autónomas. Sin duda alguna, es necesario revertir el retroceso que se ha producido de la Lomce de 2013 respecto a la LOE de 2006 y a la Logse de 1990. Otro aspecto muy importante en este punto es la sanidad pública; por ella pasamos el 91 % de las mujeres que vivimos en el Estado español. Aplicando el protocolo estatal y los protocolos autonómicos en sanidad, en el año 2016 se detectaron 17479 casos y se emitieron 14501 partes de
lesiones a los juzgados, que supusieron el 8,7 de las denuncias interpuestas por violencia de género. Sin embargo, este dato se pone en contradicción con la formación que ha recibido el personal sanitario. Hemos de resaltar que solo el 3 % del personal sanitario se ha formado en temas específicos de violencia de género. También pedimos un consejo estatal de medios audiovisuales independiente que combata la comunicación sexista y que el Observatorio de Igualdad de Radiotelevisión Española, creado en marzo de 2018, haga ya públicos sus informes y nos sirvan como referente del trabajo que se viene realizando.
En tercer lugar, en cuanto a la atención jurídica, psicológica y social, pedimos que sea más extensa y previa, y no posterior y supeditada a la presentación de la denuncia judicial. Estos epígrafes van avalados con datos, pero no quiero detenerme en ellos porque se alargaría muchísimo esta exposición y creo que tenéis posibilidad de consultarlos. En este apartado, dada su importancia, pedimos una financiación estatal, autonómica y local, con estudios de ratios de personal y horas de atención y gestión pública, eliminando en lo posible las listas de espera para las mujeres que acuden a los servicios públicos a exponer la situación que viven.
En el cuarto punto pedimos que la Conferencia Sectorial de Igualdad no retrase más el procedimiento de acreditación extrajudicial de la situación de violencia de género para aplicar el artículo 18.4 del Convenio de Estambul y el artículo 23 de la Ley 1/2004, modificado, como todas sabéis, por el Decreto Ley 9/2018, mediante informe de los servicios sociales especializados, ya que el artículo 17 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, excluye para las contratas el ejercicio de autoridad.
En el quinto punto pedimos que el Gobierno levante la prohibición de crear empleo público para los servicios de atención a las víctimas en la Administración central, autonómica y local. La externalización o gestión indirecta precariza la red de servicios establecidos hace catorce años por la ley integral, la Ley 1/2004, excepto los judiciales, y, desde luego, evaluamos que repercute negativamente en las víctimas a que atienden estos servicios. Dicha situación afecta también a la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, aunque solo tiene el 1,05 % de su presupuesto destinado a gasto de personal. Esta externalización y, por consiguiente, la atención que se presta a las víctimas afecta a los 536 centros de atención jurídica, psicológica y social de proximidad, además de a las 262 casas de acogida o residencias para mujeres víctimas de violencia. Respecto a la gestión por contratas, cuya duración máxima no debe superar cinco años, según el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, ya que contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de septiembre de 2016, exigimos la cobertura con personal público y estable en los servicios públicos permanentes. Así, pedimos que el aumento de 200 millones de euros al año por el Pacto de Estado acabe con la inestabilidad financiera y de personal de los servicios que atienden a las mujeres.
En el sexto punto pedimos acabar o disminuir intensamente con la dependencia económica que sufren las mujeres a consecuencia de los maltratadores. Estimamos que el 90 % de las víctimas dependen económicamente de su maltratador pero que solo el 0,5 % de las denunciantes han percibido la ayuda de pago único, según el artículo 27 de la Ley 1/2004, y un 23 % percibe la renta activa de inserción, de igual importe pero de mayor duración. Nos parece un número totalmente insuficiente, y, además, está bajando desde el año 2015. En diez años, apenas 653 mujeres han recibido prestación por desempleo y 257, subsidio al perder su empleo por violencia de género, y la contratación bonificada solo alcanza el 0,6 % de las denunciantes. Otra importante petición es que se ultimen los trámites oportunos para que entren en vigor los cambios aprobados por el Congreso en cuanto a la pensión de orfandad, habiendo pasado de un mínimo de 140 euros al mes a 600 euros para todas las niñas y niños víctimas aunque sus madres no hayan cotizado lo suficiente a lo largo de su vida laboral. En 2017, como todas sabemos, fueron asesinados ocho niños y veinticuatro quedaron huérfanos por violencia machista. Más de la mitad del millón y medio de mujeres maltratadas cada año viven con menores a su cargo, según la macroencuesta de 2015, pero solo 4810 recibieron atención psicológica especializada, y hablo de menores, de niños y niñas. Apoyamos la Ley de Protección integral frente a la violencia contra la infancia y necesitamos una ley de este estilo con una verdadera perspectiva de género. En cuanto a la suspensión del régimen de visitas y custodia en situaciones de violencia, insistimos en la necesidad de valorar los incidentes de violencia y estipular los derechos de custodia y visita tras el divorcio, y no alegar el síndrome de alienación parental en ninguno de los foros, incluidos los juzgados. Insistimos también en que los juzgados apliquen los artículos 66 y 66 de la Ley 1/2004, que les permite suspender la patria potestad o régimen de visitas y les obligan en todo caso a vigilarlas, pues en el segundo trimestre de 2017 solo suspendieron la guardia y custodia en 345 casos, es decir, hablamos de un 2,6 %, y el régimen de visitas solo en 194 casos, en el 1,4 %. Por tanto, es necesario cumplir los puntos 38 y 39 de las observaciones de España 2015 y el dictamen 47/2012,
referido al caso Ángela González Carreño, del Comité CEDAW, no imponiendo nunca la custodia compartida si no hay acuerdo entre los progenitores, y, si hay violencia, derogar el artículo 92.8 del Código Civil y mejorar los informes psicosociales que determinan estas decisiones.
En octavo lugar, equiparar las ayudas de víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual a las de víctimas de terrorismo es otra de nuestras reivindicaciones. Hemos de decir que las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual oscilan entre 21513 por incapacidad permanente parcial y 69919 por una gran invalidez. Las de víctimas de terrorismo oscilan entre 75000 y 750000 euros, son retroactivas, exentas de tributación y de tasas educativas, se suplementan por varias comunidades autónomas y por una pensión vitalicia de 200 % de la base de cotización o, si la víctima no estaba en la Seguridad Social, será de 1613 euros al mes, el triple del Iprem.
Para ir terminando y dar paso a mi compañera, en noveno lugar exponemos que es urgente revisar el sistema de VioGén, que ahora en el 90 % de los casos estima nulo o bajo el riesgo y no incluye a los niños y a las niñas. Para ello es necesaria una buena valoración policial informatizada, con preguntas suficientes y focalizadas no solo en las mujeres víctimas sino también en el maltratador. Asimismo, se debe incluir el riesgo de los hijos e hijas y hacer entrevistas complementarias a la víctima. Es preciso que haya unidades de valoración forense integradas, formadas por médicos forenses, profesionales de la psicología y del trabajo social, para valorar a los menores en los casos de malos tratos habituales y violencia psicológica en todo el territorio, pues en la actualidad, catorce años después de la Ley Orgánica 1/2004, aún faltan en Girona, Tarragona, Zaragoza, Asturias o Madrid, y las existentes tienen escasez de recursos humanos y materiales. En esta misma línea, se necesita mejorar el funcionamiento de los juzgados, como nos vienen diciendo los datos. De 2015 a 2017 se han tramitado 438346 denuncias por violencia de género en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer y de lo penal, y casi el 39 % han sido archivados. Se dictó sentencia condenatoria solo en el 21 % de las denuncias, sumando, como digo, juzgados especializados y de lo penal. Una de cada tres órdenes de protección solicitadas entre 2016 y 2017 fue denegada, con grandes diferencias territoriales. Las víctimas denunciaron en el 10,9 % de los casos, llegando al 14 % en el de mujeres extranjeras. No podemos obviar que en el 9,2 % de los casos de mujeres asesinadas tener una orden de alejamiento vigente no les sirvió para proteger su vida.
Doy paso a mi compañera, que continuará con la otra parte del informe.
La señora PRESIDENTA (Cancela Rodríguez): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Rodríguez Arenas.
La señora RODRÍGUEZ ARENAS (representante de la Plataforma Estambul Sombra): Buenas tardes.
Como continuación de la exposición de mi compañera Francisca Guisado, voy a pasar a describirles los puntos décimo a vigésimo de las reivindicaciones de este Informe Estambul Sombra, que tratan fundamentalmente sobre la asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, protección internacional, medidas contra la trata y persecución por razones de género, cooperación internacional en esta materia, violación y acoso sexual y mutilación genital femenina.
En el punto undécimo se trata de solicitar, porque lo creemos fundamental, que la ayuda jurídica cualificada se dé antes, no supeditada a la denuncia, y haya transparencia en los datos. Como ustedes saben, para tener abogado de oficio, y, por tanto, gratuito, hoy en día es necesario haber presentado denuncia o querella o estar decidida a interponerla. Por otra parte, la mayoría de los abogados y abogadas que se apuntan al turno de oficio especializado, en general, no tienen la formación y la dedicación suficiente. Exigimos mejor gestión y transparencia sobre el gasto del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas y que se difunda el número de casos que se atienden y sus resultados.
En el duodécimo punto pedimos que el Consejo de la Unión Europea ratifique ya el Convenio de Estambul, que firmó el 13 de junio de 2017, y que se apliquen las recomendaciones del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de ese mismo año, para que no quede restringido a la cooperación judicial penal, al asilo y a la no devolución. Pedimos que se mejore la protección internacional por parte de España, donde una de cada siete parejas está sometida a una doble jurisdicción, a todas las víctimas que estén en su territorio, con independencia de su nacionalidad o su situación administrativa, así como a las españolas que se encuentran en otro Estado. Pedimos mayor diligencia de jurisdicción para proteger a las víctimas con nacionalidad o residencia habitual española, sin supeditarla a que el agresor se encuentre en España, según el artículo 23.4l) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pedimos que se reclame la jurisdicción de la denuncia por violencia de género que Juana Rivas presentó en 2016
sobre la base del artículo 44.2 del Convenio de Estambul y el 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por su desamparo en Italia.
El punto decimotercero se dedica a pedir que se cumpla la medida 153 del Pacto de Estado para otorgar protección a las víctimas que se hallan incursas en situaciones de sustracción internacional de menores cuyo origen sea una situación de violencia de género, para ajustar el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores de 1980 al contexto de violencia de género y a los mandatos del Convenio de Estambul y de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, la CEDAW.
Respecto al punto decimocuarto, hay que adecuar la normativa de extranjería a la de violencia de género y aumentar los permisos de residencia, traductoras y ayuda social para contrarrestar la sobreexposición a la violencia de las mujeres y menores inmigrantes. Son extranjeras el 9,6 % de las personas que residen en España, y, sin embargo, suponen el 43 % de las víctimas mortales de violencia de género, sin que las proteja haber presentado el 33,7 % de las denuncias judiciales. Desde 2012, están disminuyendo los permisos de residencia y trabajos autónomos por violencia infringida por la pareja, protección que afectó en 2017 solo a 675 mujeres, el 1,4 % de las 48000 extranjeras que pusieron demanda. Pedimos revisar la legislación sobre extranjería para que no impida el acceso de las mujeres sin permiso de trabajo y residencia a los derechos, servicios y ayudas económicas de la normativa de violencia de género y de víctimas de delitos. Pedimos mejorar la formación en violencia de género de profesionales e intérpretes, mejorar la acogida y la credibilidad en los puestos policiales y judiciales, ampliar y flexibilizar los horarios y que haya mediación intercultural en todo el proceso. Este punto será más ampliamente comentado por la compañera Silvina Monteros, que intervendrá a continuación.
En el punto decimoquinto pedimos que se apruebe ya la ley integral contra la trata, mejorar los resultados en su persecución y en la protección a las víctimas y aplicar las medidas 189 a 199 del Pacto de Estado. España es el tercer país en demanda de prostitución, tras Tailandia y Puerto Rico, y uno de los de mayor tránsito y destino de trata, y el 96 % de las personas en trata son mujeres y niñas. El 30 % de las personas que pasan en trata por nuestro país proceden de Nigeria, el 23 % de Rumania y solo el 1,1 % tienen nacionalidad española. En 2016, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género detectó 20245 mujeres y niñas en explotación sexual, el 19 % con signos de trata. El Citco, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, abrió 69 diligencias por trata de mujeres y niñas, investigando a 36 organizaciones criminales y a 375 personas.
Fiscalía de Extranjería contabilizó 393 víctimas, 57 % africanas, y 6,4 % menores. Se iniciaron 250 procesos, la mayoría por atestados policiales de inspección de locales de prostitución, pero solo hubo 18 sentencias, 7 de ellas absolutorias. La principal causa de archivos judiciales, el 72 %, es la falta de pruebas de coacción o abuso de las víctimas, a quienes, aunque hayan cooperado en la investigación, se las deja en indefensión denegándoles el permiso de residencia. Si tienen hijas o hijos menores se les priva de su tutela, no se les permite reagruparlos desde su país de origen, al menos para que no sean utilizados para chantajearlas, quedando en desamparo. Frecuentemente ellas son expulsadas, mientras que los proxenetas quedan sin ningún tipo de penalización, incumpliéndose el Protocolo de Palermo.
El Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018 cuenta solo con 4 millones de euros en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en 2018 y su gestión está externalizada, está privatizada.
En el punto 16 creemos que hay que mejorar la apreciación de la persecución de género como motivo de concesión de asilo. España no ha cumplido su compromiso con la Comisión Europea de acoger a los más de 17000 asilados entre 2015 y 2017, y el 42 % de las 31120 personas que solicitaron protección internacional en España en 2017 eran mujeres. El 51 % tenían entre dieciocho y treinta y cuatro años, y un 24 % eran menores de edad. Se resolvieron 13350 solicitudes, el 65 % desfavorablemente, y solo el 1,9 %, 595 personas, obtuvo el estatuto de refugiado y 4080 la protección subsidiaria.
De las inmigrantes que llegan por mar muchas llegan embarazadas y con indicios de haber viajado en situación de trata, y en su totalidad refieren haber sufrido violencia física o sexual a lo largo del trayecto. Pocas mujeres conocen o solicitan la protección internacional por persecución por motivos de género, conforme a la Recomendación General 32 del Cedaw, pero hay un incremento de solicitudes basadas en identidad sexual, matrimonio forzado, violencia sexual, mutilación genital o trata. Por esta última razón CEAR reporta 12 mujeres con estatuto de refugiadas a finales de 2016. En España viven 69086 mujeres y niñas procedentes de países donde se práctica de forma habitual la mutilación genital femenina,
pero se ha concedido asilo apenas a 20 por ese motivo en los últimos cinco años, según Acnur. Se estiman, además, en 400 las denuncias anuales por matrimonio forzado. Por otro lado, se mantienen los CIE y las devoluciones en caliente.
Hay que revertir, como punto 17, el recorte de la cooperación internacional para eliminar la violencia hacia las mujeres, que solo aparece tangencialmente en la orientación 5 del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, que cuenta con 21 millones de euros, el 1,64 % de la ayuda oficial al desarrollo en 2013 y 2014. El total de esa ayuda es el 0,21 % de la renta nacional bruta, muy lejos del 0,7 que era el compromiso internacional. Además, esa ayuda sigue estancada tras recortarse un 74 % entre 2011 y 2014. De los 237 millones de euros del presupuesto de Aecid, solo el 17,8 %, aproximadamente 50 millones, ha ido a actuaciones contra la violencia de género.
En el punto 18 creemos que es necesario tratar judicial y socialmente como violencia machista las 120640 agresiones sexuales anuales a mujeres fuera de la pareja, según estimaciones de la macroencuesta de 2015, de las que el 40 % fueron violaciones. Las grandes manifestaciones feministas de 2017 y 2018, contra la sentencia 38/2018 de la Audiencia Provincial de Navarra, por la violación de los cinco de La Manada y contra la cultura de la violación, fueron denunciadas ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos por 750 jueces y juezas calificándolas de presión social. Mientras, la comisión de codificación penal del Ministerio de Justicia abordaba modificar el no consentimiento y la prueba de violencia y/o intimidación en los delitos de agresión y abuso sexual no ajustados al Convenio de Estambul. Pedimos que no prescriban a los cinco o quince años, o a la mayoría de edad de víctima, las agresiones sexuales a menores para combatir su impunidad generalizada; que las denuncias por violencia sexual se consideren violencia de género y no se sometan a una revictimización judicial, social y en los medios de comunicación. La medida 84 del Pacto de Estado reconoce la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia contra las mujeres, pero añade: Hasta que se produzca este desarrollo normativo, las otras violencias de género reconocidas en el Convenio de Estambul recibirán un tratamiento preventivo y estadístico. Apenas se llega a eso.
El 17 de julio de 2018 el Parlamento admitió a trámite una proposición de ley de protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencia sexuales, para modificar el Código Penal e incluir el enjuiciamiento en juzgados de violencia sobre la mujer, medidas de prevención, de sensibilización, formación, información, asistencia jurídica gratuita y asistencia social integral, pero no se ha llegado a debatir esta proposición. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género destina solo 2 millones de euros al año a esta violencia, que son insuficientes para crear y mantener los centros de ayuda de emergencia del artículo 25 del Convenio de Estambul. Este punto será más ampliamente debatido por las compañeras de Amnistía Internacional que comparecerán después.
En cuanto al punto 19, creemos que es fundamental trabajar contra el acoso sexual, y pasar del Me Too en las redes a un cambio social va a requerir políticas públicas. El acoso solo puede denunciarlo la persona acosada, que es sobre quien recae la carga de la prueba que, en general, va a ser su propio testimonio, lo que en la mayoría de los juzgados se considera inconsistente. Entre 2008 y 2015 solo se han dictado 49 sentencias condenatorias. El estudio del Consejo General del Poder Judicial sobre la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 en los años 2008 y 2009 coincide en el escasísimo número de sentencias, 132 por acoso sexual y 25 por acoso por razón de sexo; y la Fundación Eurofound dice que en España solo se denuncia el 8 % de los casos de mobbing, frente a la media europea del 14,9 %. La Inspección de Trabajo realizó de 2010 a 2015 solo 3472 actuaciones por acoso sexual a 2900 trabajadoras o trabajadores, 922 requerimientos y 42 actas de infracción, que suponen 7 al año en todo el país. Los abusos denunciados en el verano de 2018 por 400 trabajadoras de la fresa en el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva tienen su caldo de cultivo en la discriminación tanto por ser inmigrantes como por ser mujeres. El 22 % de las empleadas de hogar extranjeras ha sufrido acoso en el trabajo, generalmente laboral y sexual, según un estudio de la consultora Sortzen en Euskadi, que es extrapolable a las 600000 de todo el Estado, de ellas, 412000 dadas de alta en el sistema especial de la Seguridad Social y un tercio en situación irregular.
El vigésimo y último punto es el relativo a la necesidad del abordaje real y no solo punitivo sino preventivo-reparativo de la mutilación genital femenina. Es un riesgo para 18400 niñas de menos de catorce años en España, procedentes de Nigeria, Senegal, Gambia, Malí u otros países, según datos de la Fundación Wassu, de la Universidad Autónoma de Barcelona, a falta de datos oficiales. No hay suficientes medios, más allá del protocolo sanitario estatal y de los autonómicos, para detectarla y darle un enfoque no solo punitivo, según el artículo 149 del Código Penal, y revictimizador, sino también preventivo-reparativo, incluyendo la reconstrucción de los órganos genitales.
No me queda más que reiterar el agradecimiento de toda la Plataforma Estambul Sombra por la oportunidad que nos han dado de presentarles este informe, que ha sido refrendado de forma importante en la sociedad civil. Esperamos que en lo poco que queda de esta legislatura se puedan alcanzar algunas de las reivindicaciones que acabamos de hacer y que presentamos en este informe y que el compromiso continúe en la siguiente legislatura para seguir avanzando en el trabajo contra la epidemia que supone la violencia contra las mujeres, y que en modo alguno se produzcan retrocesos de ningún tipo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Monteros Obelar.
La señora MONTEROS OBELAR (representante de la Plataforma Mujeres Inmigrantes): Buenas tardes. Reitero el agradecimiento por escucharnos y brindarnos este espacio. Nosotras formamos parte de una plataforma de organizaciones de mujeres migrantes y mujeres migrantes y refugiadas también a título personal, que colabora activamente en la elaboración del Informe Sombra Estambul. Este año también hemos querido incluir algunas de las situaciones que nos suceden por ser mujeres migrantes, así como también algunas demandas que están incorporadas, pero que queremos resaltar de forma específica.
Voy a intentar ser lo más breve posible, para no reiterar los datos que ya han brindado mis compañeras, y centrarme en cuatro puntos que queremos dejar claros. El primero es la sobrerrepresentación de la violencia de género en el caso de las mujeres migrantes. Como ha dicho mi compañera, los datos hablan por sí solos. Más del 30, el 35 o incluso el 40 % de las mujeres que son bien asesinadas por la violencia machista, bien denunciantes o que están implicadas en procesos de denuncia son migrantes. Existe una sobrerrepresentación que si la extrapolamos a la población migrante que vive en España afecta, por ejemplo en el caso de los asesinatos, a 30 mujeres por cada millón de mujeres extranjeras que vive en el país, mientras que los asesinatos en el caso de mujeres españolas afectan a 5 por cada millón. Es evidente esta sobrerrepresentación. Con esto no queremos decir que las mujeres migrantes vivamos la violencia de género porque provengamos de países donde la violencia machista es mayor que la que existe en España. Esto se refiere a que no solamente somos agredidas y asesinadas por los compañeros o compatriotas de nuestra propia nacionalidad, sino también por españoles. Traemos este punto a colación de lo que algunos medios de comunicación han procurado transmitir en estos últimos meses muy tendenciosamente -nosotras consideramos que con una base de racismo-, intentando alentar a la población diciendo que los hombres extranjeros asesinan en mayor medida a las mujeres en general, tanto españolas como extranjeras. Para rebatir esto, los propios datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género son evidentes cuando pone textualmente que la mayoría de los asesinatos los cometen hombres nacidos en la misma región geográfica de la víctimas y que en los casos en los que se trata de parejas mixtas la mayoría de los asesinatos los cometen españoles. Por ejemplo, hemos estudiado una serie de asesinatos desde el año 2003 hasta ahora, y se observa que el 90,7 % de las mujeres españolas han sido asesinadas por hombres españoles y un 9 % por extranjeros. En el caso de las extranjeras, el 76 % han sido asesinadas por extranjeros y el 23 % por españoles. Estos datos se repiten en otras estadísticas, como pueden ser, por ejemplo, las llamadas las 016, donde las mujeres extranjeras reportan hasta casi un 40 % de violencia ejercida por sus parejas españolas. No queríamos incidir en esto, porque no se trata de quién agrede más o quiénes son más agredidas, pero lo señalamos simplemente para rebatir algo que nosotras creemos que son noticias tendenciosas y que lo único que hacen es alentar el racismo.
El segundo punto que queremos resaltar es que a pesar de la sobrerrepresentación de las mujeres migrantes en el caso de la violencia de género, también vivimos una cierta desprotección a la hora de denunciar y de solicitar las órdenes de protección. Por ejemplo, también haciendo un estudio de los asesinatos desde el año 2006 hasta ahora, con datos de la Delegación para la Violencia de Género, hemos visto que en el 75 % de los casos de asesinato las mujeres no habían denunciado y un 24 % por sí. En el caso de mujeres migrantes con permiso de residencia en regla, las que habían denunciado y que han sido asesinadas llegan al 38 %. Estos datos también se pueden repetir con respecto a las órdenes de protección. Es muy difícil establecer los datos, porque, como ya han dicho mis compañeras, se trata de fuentes muy diversas, no recogen los mismos conceptos, tampoco están actualizados en su totalidad, y muchos de ellos no desagregan por nacionalidad, edad o situación jurídica, por lo que para nosotras ha sido muy complicado poder sacar este informe que hemos elaborado.
Otra de las cuestiones importantes que queremos resaltar es que a pesar de la sobrerrepresentación de la violencia de género en mujeres migrantes y también a pesar de esta cierta desprotección que sufrimos a partir de la denuncia, sin embargo nos beneficiamos en menor medida de las ayudas, por ejemplo, de las económicas. La ayuda que está contemplada en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2000 solo ha sido concedida a un 8 % de mujeres migrantes en situación de regularidad jurídica, por supuesto, a pesar de que los datos siempre anuncian más del 30 % de tasas de violencia. La RAI, la renta activa de inserción en los últimos años solo ha sido concedida a un 23 % de mujeres migrantes.
Por último, queremos resaltar que los datos nos están indicando que el acceso a la protección y a los derechos de las mujeres migrantes que sufren violencia de género que se encuentran en situación de irregularidad jurídica, en situación de dependencia del cónyuge o también en situación de tráfico y trata, por sí mismos hablan de unas dificultades de acceso a la solicitud de las autorizaciones de residencia y de trabajo que están contempladas específicamente para el caso de la violencia de género, que según nuestros cálculos afecta únicamente a un 0,8 %.
No voy a incidir en los datos de trata y explotación sexual que han mencionado mis compañeras, y en los que coincidimos plenamente. Aquí también se detectan dificultades de acceso a la hora de solicitar ayudas y, por supuesto, en la terminación de las sentencias, ya que solo acaban 16 o 18 al año, y casi la mitad son absolutorias.
Con todo esto, queremos resaltar las propuestas que traemos aquí, que serían las cuestiones más importantes, entre las que vamos a destacar las siguientes. Una revisión de los datos estadísticos, coincidiendo con lo que han dicho mis compañeras, una unificación, una homogeneización y la posibilidad de poder desagregar por perfiles, situación administrativa, nacionalidad, etcétera, que nos permita tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo. Un diagnóstico de la situación de las mujeres migrantes respecto a la violencia de género cuando están en situación de irregularidad jurídica y sus dificultades de acceso a los sistemas de protección, en particular la situación de las mujeres migrantes que están en el empleo de hogar que, como ha dicho mi compañera, también sufren de violencia de género, por ejemplo, el abuso sexual e incluso la agresión sexual, y que, sin embargo, según determina la ley, no es considerada como violencia de género. Hay mujeres migrantes que están en situación de irregularidad jurídica y sufren una violación o una agresión sexual por parte de un desconocido, pero no está contemplado como violencia de género y no pueden acceder a los derechos que tienen a su disposición para la consecución de una autorización de residencia y de trabajo por violencia de género, así como tampoco a las ayudas, a la protección o a la atención.
Queremos poner especial énfasis, como dice el Convenio de Estambul, en que tiene que haber una mejor coordinación con los consulados de nuestros países de origen en casos en los que la víctima tenga la nacionalidad española y decida retornar; que esa protección pueda ser extraterritorial y que pueda llegar a nuestros países, porque en muchos casos son españolas y quieren retornar. Por supuesto, la situación de muchos de los hijos y de las hijas, en los casos de mujeres que quieren retornar, es muy difícil cuando están implicadas en los procedimientos judiciales aquí o cuando existe la patria potestad. También pedimos la protección para estas mujeres que quieren tomar una decisión. Mujeres que han sido asesinadas, migrantes, cuyas familias en origen quieren poder disponer de sus cuerpos y decidir sobre dónde enterrarlas o qué hacer después de su muerte, también necesitan una respuesta que queremos que se piense conjuntamente.
Queremos que se revisen los códigos deontológicos del periodismo y los libros de estilo de los medios de comunicación para que se incluyan medidas que prevengan la utilización tendenciosa de la información cuando se trata de población migrante, en particular de violencia de género en mujeres migrantes. Demandamos también que los operadores judiciales, las fuerzas de seguridad y todas y todos los profesionales que trabajan contra la violencia de género, en pro de la protección de las mujeres, tengan una formación no solo en perspectiva de género, sino de la interseccionalidad. La interseccionalidad es una herramienta que ayuda a evaluar y a diagnosticar los casos no solo por la discriminación en función del género, sino también por la discriminación étnica, racial, de procedencia, de diversidad funcional; es decir, a evaluar la mayor o menor vulnerabilidad en función del cruce de estos operadores de discriminación.
También solicitamos, por supuesto, una formación en interculturalidad, ya que consideramos que actualmente es deficitaria; más intérpretes en los casos de mujeres que no pueden hablar por desconocimiento de la lengua y que necesitan poder expresarse. Pedimos que estos intérpretes que las acompañen en todos los servicios, en los juzgados y con las fuerzas de seguridad también tengan una formación en interculturalidad y en perspectiva de la interseccionalidad.
Pedimos un mayor abordaje de la situación de las mujeres empleadas de hogar y de lo que está sucediendo en estos y una apertura a la credibilidad de sus testimonios, porque en estos casos solamente está su palabra contra la de sus empleadores, mucho más en los casos en los que ha habido violencia de género.
Documentar la violencia sufrida en el ámbito de la prostitución, incluida la violencia institucional derivada de las prácticas reguladas en las ordenanzas municipales, para establecer cauces más eficaces de apoyo a este colectivo y mejorar los servicios y recursos de atención desde una perspectiva integral que evite el enfoque criminalizador y estigmatizador de este colectivo.
Queremos también mayor apoyo. Las organizaciones de mujeres migrantes tenemos muchas más medidas. Si no es así, os lo podemos hacer llegar. Somos muchas las organizaciones lideradas por mujeres migrantes que llevamos muchos años trabajando para la incorporación de las mujeres migrantes y por la extensión de sus derechos, pero necesitamos más apoyo para poder extender esos servicios que en muchos casos estamos dando de forma voluntaria. Necesitamos una mayor financiación de los recursos, porque estamos llegando a casos que son totalmente desconocidos.
Agradecemos su apoyo y estamos abiertas a responder cualquier pregunta que nos quieran hacer.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias a las tres comparecientes, señora Guisado, señora Rodríguez y señora Monteros, por sus intervenciones.
Ahora es el turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios. Dispondrán de un tiempo de siete minutos, que podrán distribuir como consideren necesario.
En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martín.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.
Quiero dar las gracias a las comparecientes. Creo que ha sido una exposición muy extensa, en la que se han tocado muchas cuestiones. Es una pena que hayan venido hoy, porque aunque escuchamos y tomamos nota la legislatura está totalmente terminada. Por tanto, ya no va a dar tiempo a plantear ciertas cosas y tendremos que considerarlas en un futuro Gobierno.
Voy a ser muy breve, pero me gustaría preguntarles sobre ciertas cosas que he visto que plantean en el informe. Aparte de estar en la Comisión de Igualdad he estado en la de Educación y tengo curiosidad por conocer algunas cuestiones. No soy sospechosa de ser fan de la Lomce, en absoluto, y estoy totalmente de acuerdo en que hace falta invertir en educación -nosotros hemos dicho reiteradamente que es importante-, pero ustedes en el informe señalan que lo que hay que hacer es revertir la Lomce y volver a la LOE, según lo que leo textualmente aquí. Me gustaría preguntarles qué tenía de bueno la LOE frente a la Lomce en relación a la educación afectivo-sexual y a la prevención de la violencia de género. Lo digo porque no lo consiguieron ni la una ni la otra. Desde mi punto de vista -es una apreciación-, no creo que la solución para mejorar la perspectiva de género en la educación sea volver a la LOE, sino que tenemos que plantear medidas a futuro y otras cuestiones. Como lo pone textualmente, quizá haya algo que se me ha escapado y que me puedan explicar.
Yo procedo del mundo de la comunicación audiovisual y además, sobre todo, trabajo específicamente en el tema de la publicidad sexista. Coincido en que tenemos un gravísimo problema en comunicación, pero quería preguntarles por una cuestión que es previa a muchas cosas ulteriores, que es la definición del concepto de comunicación sexista. Precisamente, desde la propia Unión Europea, desde determinados colectivos expertos en estos temas, con los que coincido, se señala que uno de los problemas de base que existen es que se habla de conceptos que son difícilmente operacionalizables y, por tanto, difíciles de juzgar. Todas podemos tener la intuición -somos gente sensibilizada- de que un determinado mensaje es sexista, pero si eso no lo trasladamos a una definición acotada que se pueda transferir a una operacionalización concreta, después queda todo a la subjetividad. Quisiera que me definieran lo que es para ustedes la comunicación sexista para luego poner adoptar medidas y trabajar con ello.
Dicen -coincido con ello, porque creo que es uno de los graves problemas- que es muy difícil hacer una evaluación de políticas públicas porque tenemos una absoluta disparidad de datos en muchas de las violencias descritas en el propio Convenio de Estambul. Es difícil intervenir si no tenemos datos fiables que hemos concretado que se van a juzgar de esa manera. Para nosotros, las políticas basadas en evidencias son fundamentales, porque si no, nos podemos equivocar. De hecho, en el Pacto sobre la violencia de género planteamos un voto particular para que se establecieran medidas concretas para la fiscalización, además de para el tema de los datos, de todas las ayudas que se transfirieran en el ámbito de la violencia de género para luego poderlo concretar. Este voto particular, que no fue apoyado, que ha
levantado muchas ampollas en esta Comisión, es importante. Me gustaría conocer su opinión sobre varias cuestiones. ¿Consideran ustedes que se están midiendo suficientemente las ayudas que se están dando en nombre de la prevención? ¿Consideran que se están evaluando estas ayudas de manera concreta y efectiva? ¿Creen ustedes que hay algún punto en el que estas ayudas no están siendo finalistas o destinadas a quienes deberían llegar, que son las víctimas? ¿Qué mejoras propondrían ustedes en el sistema de fiscalización y evaluación, tanto de datos como de fondos?
Han mencionado una cuestión que ha salido esta semana, con la que también estoy de acuerdo. Creo que la subcontratación de los servicios que trabajan ayudando a las víctimas es un agujero negro. Me gustaría conocer su valoración sobre algunas informaciones que se han conocido recientemente sobre que se están subcontratando determinados servicios que son fundamentales para las víctimas y la ayuda que hay que prestarlas. Coincido con ustedes en que estos servicios deben ser de la Administración pública y fiscalizados con todo rigor. ¿Creen que esto se está produciendo? ¿Cómo podemos mejorarlo? También me gustaría decirles que a nivel legislativo hay muchas medidas del pacto que se han quedado en fase de tramitación. De hecho, aunque ha habido fondos ni se puso en marcha el pacto con el Partido Popular, ni se ha puesto en marcha en este periodo con el Partido Socialista. Muy pocas de las medidas que había se han puesto en marcha. ¿Qué medidas consideran esenciales que tienen que ponerse en marcha e integrarse en el ordenamiento jurídico? ¿Cuáles serían las tres primeras que elegirían, si tuvieran que priorizar tres de ellas, para poner en marcha en la próxima legislatura?
Finalmente, cómo creen que podemos mejorar en un futuro Gobierno la coordinación de las medidas preventivas para la violencia de género, que son las que realmente están fallando, y mucho. ¿Qué creen que podemos hacer para mejorar?
Me ha encantado la parte de las mujeres migrantes. Hay cosas que no habíamos tenido en cuenta como, por ejemplo, todo el tema de la repatriación. Creo que en una futura legislatura nos sería de mucha utilidad que nos hicieran llegar todas estas cuestiones, porque muchas veces no se tienen presentes cuando se legisla. Muchas gracias por todo el trabajo que han realizado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín Llaguno.
Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez.
En primer lugar, quiero darles las bienvenida a esta Comisión, aunque algunas ya somos conocidas porque nos hemos visto en otros sitios. Yo les diría que son siempre bienvenidas, incluso aunque hoy sea el último día, y especialmente porque hoy es el último día. Qué gusto poder cerrar esta legislatura -que ha sido una legislatura difícil pero con un marcado carácter de género, feminista incluso- con esta Comisión y con vosotras compareciendo, en primer lugar, y con Amnistía Internacional, en segundo lugar. En ese sentido, es un lujo, así que muchísimas gracias. Esta será vuestra casa, mientras nosotras podamos hacer lo posible para que lo sea y será la casa de todas las feministas que quieran comparecer, ya sea el primer o el último día de la legislatura.
Nosotras compartimos todos los puntos de vuestro informe, como en su día compartíamos los del informe de evaluación que presentasteis del año 2008 a 2013. De hecho, muchas de las propuestas políticas que hemos hecho como grupo parlamentario, así como los programas electorales de los partidos políticos que conforman el grupo parlamentario, tenían que ver con este primer informe que habías hecho sobre la aplicación de la Cedaw en España. Como no podía ser de otra forma, estamos muy de acuerdo con el informe que habéis presentado, tan de acuerdo estamos que algunos de los ejemplos que habéis puesto tenían que ver incluso con la ley para la protección de la libertad sexual y la erradicación de las violencias sexuales que mi propio grupo registró, aunque lamentablemente solo nos ha dado tiempo a debatir su aceptación a trámite y no hemos podido aprobar esta ley, como comentábamos. Es inevitable, al tener vuestro informe encima de la mesa, al escuchar vuestra exposición y al tener en cuenta el día en el que estamos, hacer un poco de balance: ¿qué cosas hemos conseguido y qué cosas no hemos conseguido? Vaya por delante que yo creo que vamos a volver, seamos nosotras o sean otras mujeres, muchas personas comprometidas a esta Cámara con los derechos de las mujeres y todo lo que aquí se expone porque creo que una buena parte de vuestra exposición es compartida. Veremos qué se puede hacer con eso.
En primer lugar, me gustaría decir que espero que el acuerdo que las mujeres hemos tenido en esta Comisión se mantenga, porque es un acuerdo que va mucho más allá de las mujeres que firmamos el
pacto de Estado, que es un acuerdo que se refleja y de alguna manera se reafirma en lo que está pasando en las calles y en todas las organizaciones que han firmado este informe y otros informes que han salido en los últimos años, que es evidente que avalan todo lo que estamos haciendo también los partidos políticos y las mujeres feministas en la Cámara.
Me gustaría preguntar sobre algunas cuestiones concretas, a ver si podíais hablar más ellas. Nos llamaba la atención, en primer lugar, aquello que comentabais del sistema VioGén y cómo es posible que haya unas cifras tan escandalosas en las que la mayor parte de los casos el sistema VioGén no analiza riesgos, pero luego nos encontramos con que sí que los había. Aparte de esto nos gustaría preguntar, porque a nosotras nos interesa especialmente, por el proceso legislativo que debería desarrollarse en España con las violencias sexuales. ¿Cómo podríamos ampliar este sistema? ¿Habéis pensando en alguna propuesta para mejorarlo? ¿Cómo podríamos ampliarlo a otras formas de violencia? ¿Esto sería o no una buena idea? Aparte de esto, ¿qué podríamos hacer para que evaluase mejor el riesgo, para los casos que estamos viendo que está fallando claramente?
Sobre las unidades de valoración forense lo hemos estado hablando en el pacto de Estado. Da un poco de vergüenza que como país tengamos que reconocer públicamente en una comparecencia como esta, tantos años después de la Ley de 2004, que seguimos teniendo lugares en los que ni siquiera existe. Esto es algo muy vergonzoso. ¿Qué pensáis que ha sucedido? ¿Por qué no se han creado estas unidades? ¿Cuál es vuestra valoración política como organización de la sociedad civil? ¿Qué impedimentos pensáis que ha habido para que no se hayan puesto en marcha estas unidades? Creemos que son unos elementos centrales en lo que tiene que ver con que haya un buen proceso judicial para los casos de violencia, y clama al cielo. Me gustaría pensar que hay algunas trabas que tienen que ver con cuestiones administrativas y cómo está compuesta la propia Administración General del Estado y la repartición de competencias con las comunidades autonómicas para que esto no haya sucedido antes, y no tanto con la voluntad política, porque si es solo por la voluntad política mal vamos, y parece que podríamos ir peor.
Otra cuestión por la que también me gustaría preguntar se refiere, ya que conocéis el texto de la ley de violencia sexual, a qué cosas echaríais de menos en esta ley. Habéis puesto en valor la parte que tiene que ver con la modificación del capítulo del Código Penal de delitos contra la libertad sexual. En este sentido, celebro enormemente que hayáis puesto el foco en todo esto en vuestro informe, porque sigue habiendo cada día unas sentencias que todas conocemos que claman al cielo. Una de las compañeras de la Comisión, Sara Carreño, me decía ahora que acaba de salir una sentencia de la Audiencia de Lleida con una rebaja en la condena a varios chicos por un abuso sexual en grupo a una chica que tenía discapacidad intelectual. Fue con penetración, es decir, sería una violación y se rebajó la condena de siete a dos años. Seguimos todo el rato incidiendo en los casos tipo La Manada, tan brutales y tan salvajes que cuesta pensar que lo único que tengamos que hacer sea la reforma del Código Penal, tiene que ir mucho más allá. Nosotras pensamos que tiene que haber un cambio en la cultura sexual de nuestro país, ya que la cultura sexual que tenemos ahora mismo en España es una cultura machista. Lo hemos dicho muchas veces, creemos que hay que pasar de un sexo consentido, a un sexo consensuado entre los hombres y las mujeres porque al final aquí también se dirimen las relaciones de poder. En este sentido, para cambiar la cultura sexual, ¿qué pensáis que tiene que hacerse, además de todo lo que tiene que ver con el Código Penal? Nosotras hemos hecho muchas propuestas en la ley, tanto de prevención como de detección, sensibilización, información, educación, reparación, etcétera. Sin embargo, creo que sería importante ampliar estas medidas.
También queríamos preguntaros sobre lo que tiene que ver con la asesoría jurídica, que habéis mencionado. ¿Hay algún tipo de propuesta de modelo, o pensáis que en las cuestiones prácticas que se están llevando a cabo se puede mejorar en algo?
Lo mismo sucede con el síndrome de la alienación parental. Esta cuestión decidimos no mencionarla en el pacto de Estado, aunque sí que es cierto que en la medida en que una está leyendo todo el rato noticias de este tipo cada dos por tres vemos casos y ejemplos de cómo esto no se ha resuelto. También me gustaría que hicierais algún tipo de declaración al respecto.
Querría hacer dos preguntas más en concreto. En primer lugar, respecto de las fuentes habéis mencionado en varias ocasiones que había problemas para analizar algunas cuestiones, porque faltan indicadores y las fuentes no son las mismas para unos casos que para otros. Si queréis, podéis comentar algo sobre esto. Creo que en el pacto también había una preocupación grande sobre esta cuestión. No sé si hemos dado con las claves. Quería saber vuestra valoración de lo que se encontraba sobre este tema
en el pacto de Estado, ya que sería interesante. Es cierto que si no tenemos buenos datos, es muy difícil hacer buenas políticas públicas porque es un poco como ir a ciegas.
En último lugar, hay algo fundamental en vuestra exposición, que también mencionabais en vuestro informe de 2013 publicado en 2014, que tiene que ver con los estereotipos. Este tema quizás en esta legislatura se haya perdido un poco de vista, porque nos hemos centrado mucho más en cuestiones que parecían más tangibles en los cambios legislativos, pero es cierto que está también en el fondo todo el rato. Me refiero a lo que antes decía de la cultura machista y, sobre todo, con aquellos que tiene que ver con las dobles y múltiples discriminaciones que opera a todos los niveles. Nos gustaría saber si hay alguna propuesta novedosa en este sentido o qué pensáis sobre lo que se ha puesto en el pacto de Estado a este respecto y, sobre todo, si creéis que España ha hecho los deberes en materia de estereotipos porque muchas veces parece que lo que se pone en una ley va a cambiar la realidad, y la verdad es que no funciona tan fácil ni muchísimos menos. Yo creo que aquí falta desarrollar un poco más lo que ya venimos poniendo en las leyes.
Son muchísimas más preguntas las que nos gustaría haceros, aunque evidentemente os las podremos hacer en otros contextos, estoy segura. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, de corazón. Creo que es un trabajo absolutamente imprescindible en España y en todos los países. A nosotras nos hubiera gustado que el pacto de Estado llevara consigo también una financiación, para que hubiese capacidad de analizar de manera externa el trabajo que hacían las propias instituciones con dinero público, porque pensamos que esta es una tarea que las cajas públicas tienen que financiar, como no podía ser de otra manera. Nos hubiera gustado que tuvierais una presencia constante también como organizaciones feministas que sois en la evaluación y el seguimiento de este pacto de Estado. Aunque no va a poder ser constante porque no nos pusimos de acuerdo, ya hemos puesto por escrito muchas veces el compromiso de que por nuestra parte vais a poder estar aquí siempre que queráis.
Quería finalizar mi intervención haciendo una reflexión muy breve porque imagino que ya voy pasadísima de tiempo.
La señora PRESIDENTA: Así es.
La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Ya, lo siento.
Simplemente termino dando las gracias, en primer lugar, a mis compañeras y compañeros que también están por aquí, pero, sobre todo, compañeras, que hemos hecho este pacto de Estado y tantas leyes y tantas cosas juntas durante estos años. Lo digo como mujer feminista y quitándome por un momento todo lo que podamos tener del partido en la cabeza. De verdad, creo que hemos llegado a un acuerdo que es importante para la sociedad; lo creo, de corazón. Va a ser muy difícil llegar a un acuerdo como este en la próxima legislatura. Ojalá todas recordemos lo que hemos hablado en la sala Lázaro de Dou cuando nuestros partidos tomen decisiones, que van a ser muy duras de digerir, porque están ahí esas decisiones. En Andalucía ya están encima de la mesa esas decisiones. Así que pediría de corazón que no acordemos nada nunca con un partido que quiere derogar todo el esfuerzo, todos los derechos que hemos logrado todas las mujeres de este país. Mientras haya feminismo y haya acuerdos entre las mujeres, habrá esperanza para España. Digo esto como feminista y como patriota, también.
Muchas gracias, señorías. Espero que nos veamos pronto.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guinart. Les pediría a sus señorías que si quieren utilizar parte de su tiempo para la despedida, que me parece fantástico, intenten ajustar una cosa con la otra. Muchas gracias.
La señora GUINART MORENO: Muchas gracias, presidenta. El Grupo Socialista va a dividir la intervención entre mi compañera, la diputada Carmen Cuello, y yo misma.
Antes de nada quiero agradecer a las tres comparecientes que hayan venido aquí. Aunque es cierto que estamos ya en tiempo de descuento y la legislatura decae, esto quedará escrito, tanto lo que ustedes han expuesto aquí como lo que nosotras les hemos dado de retorno, para el futuro en el Diario de Sesiones y también para quien quiera retomarlo después porque tenga estas responsabilidades en esta Comisión en la próxima legislatura. Así que nada es en balde, y muchas gracias por comparecer hoy aquí.
Yo quería comenzar la intervención diciendo y puntualizando que el informe de referencia, el presentado por el Gobierno, se refiere a un periodo que es de inacción y desidia en la actividad legislativa
relativa a la lucha contra la violencia de género. Un periodo en el que el anterior Gobierno no supo, o quizás no quiso, tomarse en serio este grave problema que se ha cobrado ya cerca de 1000 víctimas mortales en nuestro país desde que se cuenta con estadísticas fiables, que es el año 2003. El informe se refiere a los años 2016 y 2017, aunque en él se alude también al año 2018. Y no fue hasta el pasado año que se puso en marcha de facto el Pacto de Estado en materia de violencia de género. El Gobierno socialista impulsó, y continúa haciéndolo, las diferentes medidas del pacto de Estado; un pacto que no olvidemos trasciende además esta legislatura. Desde junio del año pasado se está cumpliendo con las medidas de este pacto. Una ponencia ha trabajado, de hecho, en los últimos meses para acordar el desarrollo legal del pacto. Sin embargo, el final de la legislatura, por la convocatoria electoral, ha impedido acabar los trabajos parlamentarios y poder aprobar un dictamen, como hubiera sido deseable. Además, los presupuestos generales del Estado, que al final no verán la luz, cumplían tan holgadamente con el compromiso económico del pacto que incluían, además, un aumento del cien por cien en la dotación destinada a los ayuntamientos para la atención de proximidad a las víctimas. Permítanme decirles que, gracias al empeño de este Gobierno por desarrollar ese pacto de Estado, alguna de las medidas que ustedes apuntan en su informe Sombra ya son una realidad o están en vías de serlo, y otras se contemplan en el referido desarrollo legal del pacto, que lamentablemente ha quedado aplazado.
Hay otros aspectos a los que se refiere el informe Sombra que están encauzados, como es el caso de la inclusión en el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Educación, de la LOE, de la educación afectivo sexual de manera transversal y efectiva en todas las etapas educativas y algo que creemos que es fundamental, ya que ayudará a mejorar la prevención de la violencia de género, como bien señalan en su informe.
En cuanto a la incorporación a nivel estadístico de todos los casos de violencia contra las mujeres, más allá de las violencias que se produzcan en el ámbito de las parejas, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tenemos constancia de que ya lo está teniendo en cuenta y que tendrá reflejo a buen seguro, los casos que pueda haber en esa casuística, en los próximos boletines.
El verano pasado el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley también de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que modificaba la Ley de Bases de Régimen Local y devolvía las competencias a los ayuntamientos, que les habían sustraído en la LRSAL en materia de violencia de género e igualdad. Ese real decreto introducía también importantes modificaciones en la defensa, en la asistencia jurídica que los letrados y letradas ofrecen a las víctimas. Además, la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 permite concretar y ampliar los títulos judiciales habilitantes para acreditar la condición de víctima de violencia de género y se establecen otros títulos no judiciales habilitantes para los casos en que no hay denuncia y, en consecuencia, tampoco existe procedimiento judicial abierto. En este sentido, quería preguntarles qué modelo proponen, es decir, qué tipo de formación creen que se debe requerir a las personas que deben acreditar el título de víctimas, porque supongo que estaremos de acuerdo en que tampoco se puede hacer tabla rasa y que todo vale, sino que debe haber una formación específica.
Nos congratulamos igualmente de la reciente aprobación de una de las cuestiones que recogen en su informe: la mejora de la pensión de orfandad de las niñas y los niños huérfanos de víctimas de violencia de género. Se incrementa el 70 % la base reguladora y se garantiza de manera retroactiva a 2004 y también, incluso, en los casos en los que la mujer asesinada no hubiera cotizado.
En otras cuestiones, como la revisión del sistema VioGén, está también el Gobierno, la formación específica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado facilitará a buen seguro una mejora en la valoración de riesgos, en especial por lo que se refiere a una posible reincidencia de los agresores, lo que redundará en una mayor protección a las víctimas.
Referente a la modificación del Código Penal en cuanto al trato judicial de agresiones sexuales, hay que remarcar que la Comisión General de Codificación apunta a que si una mujer no explicita un consentimiento deberá entender, en todos los casos, como una agresión sexual. Mencionaban la formación del personal sanitario también, y creemos que es muy importante y tiene su reflejo en el pacto, pero queríamos preguntarles si tienen algún tipo de comparativas de cómo era esa formación antes -sobre todo antes- y después del año 2011, porque nos consta que la curva a partir de ese año descendió y fue a partir de que el Partido Popular alcanzó el Gobierno y hasta ese momento había sido una curva totalmente ascendente.
Son estos algunos ejemplos de la actividad legislativa de la acción del Gobierno para implementar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Son ocho meses que muestran sobradamente mucha más
actividad y voluntad política que en los siete años de Gobierno del Partido Popular. Recordemos que el informe Sombra está referido mayoritariamente a esa etapa -insisto- de inacción y hasta de desidia.
Para terminar, y por lo que se refiere al apartado de la actuación comparativa de las comunidades autónomas, algunas cosas saltan a la vista y deben ponernos sobre alerta. Por ejemplo, en mi comunidad, en Cataluña, el Govern de la Generalitat a través del Institut Català de les Dones es el que menos dedica presupuestariamente y en términos de euro por habitante a igualdad y a violencia de género: en 2018 poco más de un euro y con un recorte en diez años, de 2008 a 2018, de un 65,35 %, que se dice pronto. Muy lejos, por ejemplo, de otras comunidades como Castilla-La Mancha, donde la inversión es de 8,89 euros por habitante. De un euro, a casi nueve euros por habitante. Cabe preguntarse pues, sobre las prioridades de cada Gobierno autonómico y quería preguntarles también qué opinión les merecen esas diferencias, teniendo en cuanta que el Gobierno, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destina 100 millones de euros anuales a las comunidades autónomas. ¿Qué opinan sobre la falta de voluntad evidente de algunos Gobiernos autonómicos? Me uno a la pregunta de mi compañera de Podemos, con relación a las unidades de valoración forense integral, las UVFI. Además, el pacto de Estado mandataba que se desplegaran en dos años, ya que son necesarias para mejorar la protección a las víctimas. En algunas comunidades nos consta que están funcionando, y están funcionando bien, como en Andalucía, al menos hasta ahora y esperemos que continúe siendo así.
Para terminar, quisiera decir a la señora Martín de Ciudadanos, que las ayudas, las subvenciones, se están fiscalizando, y eso es así. No siembre usted dudas, como hacen sus socios de la ultraderecha en Andalucía, por favor.
Solo quiero recordarle que ha utilizado más del tiempo que tenía atribuido su grupo parlamentario y, por tanto, señora Cuello tendrá que ser muy breve.
La señora CUELLO PÉREZ: Bueno, intervendré brevemente, o más bien telegráficamente.
Quiero hacer mención a la parte del informe que hablaba de trata y explotación sexual de mujeres. El Gobierno estaba trabajando en una ley, que no ha visto la luz por la finalización de la legislatura. Se tenía previsto realizar unos estudios, una metodología de recogida de datos en materia de trata con fines de explotación sexual para así dar por buena la medida que nos instaba a realizar estudios para ver la realidad de la trata. Además, se esperaba duplicar el presupuesto en 2019 para cumplir también con la medida del pacto de Estado que establecía la puesta en marcha de servicios de programas de protección social y recuperación integral de las personas que habían sido explotadas. Es curioso vuestro informe porque sí habla de cómo subían las denuncias de mujeres extranjeras a partir de 2012, y cómo los permisos de residencia autónomos por violencia infligida por la pareja bajaban.
En relación con el estudio, en la medida 153 del pacto que hablaba de la protección a las víctimas que se hallaban en situación de sustracción internacional de menores, cuyo origen es la violencia de género, nosotros presentamos un voto particular en el pacto de Estado que hablaba de crear un grupo de trabajo en el marco del Observatorio Estatal para la Violencia y para el estudio y análisis de las reformas necesarias y a través de la competencia de los juzgados de Violencia de la Mujer, en relación con esos procedimientos civil de restitución o retorno de los menores. Es cierto que había una inexistencia de instrumentos jurídicos específicos a nivel internacional y también nacional. En un país como el nuestro, tan significativo y con tantos avances, creíamos que era importante.
Tenía otras cuestiones sobre los presupuestos, de las que no voy a hablar. Antes de finalizar quería daros las gracias, porque no lo he hecho antes, así como dar las gracias a todos los profesionales y a todas las entidades feministas que trabajan para erradicar la violencia de género, esta lacra que vivimos día a día. Pero no solo quiero dar las gracias a los profesionales, sino también a los medios de comunicación y a todas las personas y agentes sociales que trabajan en el día a día de estas mujeres, porque os necesitan en su vida para poder salir de la violencia de género. Asimismo, quiero dar las gracias muy especialmente, y con esto termino mi intervención en esta legislatura, a las mujeres profesionales andaluzas que se han visto marcadas y señaladas por un partido político, que no cree en su buena profesionalidad. Ese partido quería esos nombres y esos apellidos, que no sé para qué, porque si alguien quiere esos nombres debería ser para hacer un reconocimiento a todas estas profesionales que ayudan en cualquier Administración, no solo en la andaluza, en colaboración con vosotras, a que las mujeres puedan salir de esa lacra que es la violencia de género.
Muchísimas gracias por vuestra presentación.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, señora Alba.
La señora ALBA MULLOR: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi intervención iba a ser en otro tono, pero a la vista de las manifestaciones del Grupo Parlamentario Socialista, posiblemente tengamos que variarlo.
En primer lugar, quería darles la bienvenida a esta Comisión y les agradezco que nos hayan presentado el resultado del cuestionario del Grevio en la misma, porque de no ser por ustedes, esta Comisión no se hubiera celebrado. En estos ocho meses desde que cambió el Gobierno se ha reunido esta Comisión una única vez para que viniese la vicepresidenta, y no se ha vuelto a reunir esta Comisión más. Así que de nuevo les muestro mi agradecimiento, porque gracias a ustedes esta sesión tiene lugar.
Dicho esto, entendemos que las ONG que presentan este informe no se han ajustado exactamente a la metodología que el Grevio establece, conforme a la cual las ONG deben priorizar y centrarse en la implementación práctica de la convención, la información facilitada ha de ser concisa y precisa y, por último, los informes deben ser apoyados por hechos relevantes y otras pruebas. Echamos en falta algo de esto, no en su totalidad.
El Grupo Parlamentario Popular no puede estar conforme con algunas incorrecciones o errores en que incurre el informe, aunque entendemos que son involuntarias y bienintencionadas, y entendemos también que en modo alguno tienen la intención de dañar la imagen de España presentando una pseudorrealidad en negro. No creemos en absoluto que esta haya sido su intención.
Vamos a analizar las áreas en las que se dividen. En el ámbito de la educación no compartimos en modo alguno su afirmación, que no se respalda tampoco con datos objetivos como exige el Grevio, de que existe un currículo oculto con valores de primacía masculina y de que existen profesores que ven natural el hostigamiento de las alumnas por parte de los chicos. No lo compartimos, y desde luego si esto es así y tienen hechos concretos que lo avalen, lo conveniente sería denunciarlo, por supuesto. Aquí también voy a incidir en algo que ha dicho la diputada de Ciudadanos y es que no podemos compartir sus afirmaciones de que Lomce no obliga a educar en igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia machista. Hay algo que ya estaba en la LOE y que la Lomce no ha reformado en absoluto, y es que entre sus principios se mantiene el desarrollo en la escuela de los valores que fomentan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. Este principio se trasluce en todo su articulado y concretamente en los objetivos concretos de todas las etapas educativas de manera transversal. Es decir, esto existe en la LOE y existe en la Lomce.
En el ámbito de la justicia encontramos varios aspectos que no se compadecen con la realidad. En primer lugar, ya se ha reforzado la especialización de los juzgados de lo penal con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, y con otra reforma de este mismo texto legislativo, ya se ha ampliado y mejorado la formación de jueces y fiscales, algo que el informe afirma que no se ha hecho y que en realidad si se ha venido modificando, por lo que les ánimo a actualizar el informe en este punto.
El informe afirma que no se investigan los casos de abusos, agresiones sexuales o maltrato a mujeres y menores cuando se relatan los hechos en un procedimiento civil. Esta afirmación tampoco se respalda con datos y resulta peligrosa, puesto que da a entender que en España todos los operadores jurídicos ignoran hechos constitutivos de delito, que los fiscales no investigan, que los jueces no deducen testimonio de particulares de los que resulta delito, o que los abogados de las mujeres y menores víctimas no hacen su trabajo.
Respecto a los abogados de turno de oficio me van a permitir que hable desde el conocimiento personal, y en contra de afirmaciones que se contienen en este documento. Permítanme corregir su afirmación de que la formación de los abogados de oficio es insuficiente y que carece de seriedad y profundidad. Nada más lejos de la realidad, porque es requisito para acceder al turno de violencia de género la formación especializada que imparten los colegios y a lo largo de mi experiencia personal he conocido a excelentes profesionales comprometidos en la defensa de las mujeres. Lo preocupante es que estas palabras vengan a reproducir las que se han vertido en varios foros por los partidos que sustentan al Gobierno. Esta perspectiva sesgada me preocupa de verdad. Señorías, al turno de oficio se accede por convicción y principios, porque les aseguro que por remuneración no accede nadie al turno de oficio.
Pasando a otro punto no podemos compartir su afirmación de que el ministerio fiscal no acusa en caso de menores o personas con discapacidad que han sido víctimas de delitos contra la seguridad sexual, si no hay denuncia. De nuevo les digo que, si ustedes tienen conocimiento de hechos como estos, ejerzan
la oportuna acusación. Pero no es cierto que de modo sistemático, como vienen a decir, el ministerio fiscal haga dejación de sus funciones como se indica en el informe.
Señorías, me preocupa -y mucho- que en este informe se afirme que en España existe una cultura de la violación. Les agradecería que nos aclararan qué cultura es esta y en qué se traduce. Existen actitudes que denigran a la mujer y se producen actos que ofenden, que agraden; se producen delitos contra la libertad sexual y contra todo esto debemos luchar, especialmente, porque se trata de violencias que únicamente afectan a las mujeres, pero afirmar que esto es producto o consecuencia de una cultura de la violación asentada ofrece, a nuestro entender, una visión distorsionada de nuestro país, una visión falsa y demagógica que nada ayuda a la imagen de España en el exterior.
En materia de acoso sexual en el puesto de trabajo parten de una falacia y es que la carga de la prueba recae en la persona acusada y en su testimonio, llegando a afirmar algo que han obviado en la presentación que ha hecho: que los juzgados exigen sangre para probar la intimidación. Olvidan que la Ley para la igualdad efectiva entre hombre y mujeres establece en su artículo 13 que corresponde al demandado probar la ausencia de discriminación por razón de sexo. Es más, las reformas legislativas que se están llevando a cabo en materia de delitos contra las mujeres por el mero hecho de serlo y que han quedado en agua de borrajas, por razones que no se nos escapan a nadie, la inversión de la carga de la prueba es una constante poniendo el foco en el agresor y no en la víctima.
En cuanto a la actividad legislativa, que parece que ha surgido por generación espontánea en los últimos ocho meses, permítame recordar al Grupo Socialista que el proyecto de ley que ha traído -evidentemente, ha decaído- no deja de ser una copia, punto por punto, del proyecto de ley que presentó el Grupo Popular. Y también me sorprende que hagan suya la retroactividad de la Ley General de la Seguridad Social para huérfanos en materia de violencia de género, por cuanto que la retroactividad es una aportación del Partido Popular; se la han apropiado ustedes, pero fue una enmienda de este partido.
Coincidimos con su análisis de la realidad social a la luz del artículo 28 del convenio relativo a la denuncia por profesionales. Les preocupa que no se inicien procesos penales por denuncia de los servicios sociales, centros de apoyo a la familia, centros médicos de atención primaria, etcétera, y a nosotros también nos preocupa, de verdad, nos preocupa y mucho. Pero esto choca frontalmente con la opinión de la práctica mayoría de los grupos que en la actualidad sustentan al Gobierno presentes en esta Cámara. Acabamos de cerrar una ponencia legislativa que ha orbitado precisamente sobre cómo evitar esa denuncia, esa denuncia que a ustedes les preocupa que no se formule. Nos hemos centrado no solo en cómo evitar que los profesionales presenten denuncias, sino que hemos tenido sesiones maratonianas para evitar que los profesionales que no denuncien no incurran en responsabilidad. Llegados a este punto, señoras comparecientes -en otro punto de su informe también hacen referencia a esto-, no sabemos muy bien a quién hacer caso, si a unos u otros, y en qué queda la cosa, la verdad. A nosotros nos preocupa que los profesionales no formulen denuncia, por supuesto, pero esta no es la opinión mayoritaria del resto de los grupos.
Para finalizar, señorías, España no es un país en blanco y negro como el que se pinta en el informe. Países a los que miramos como ejemplo en materia de legislación, sistema educativo, financiación del sistema educativo, países a los que nos gustaría parecernos se encuentran peor objetiva y subjetivamente, porque los hechos formales se traducen en la percepción que las mujeres tienen de los mismos, y estoy hablando de países como Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido, Suecia o Alemania. España se sitúa en la parte baja de la tabla que refleja el porcentaje de mujeres que han sufrido agresiones a manos de sus parejas, con un 20 %, frente a un 48 % de Dinamarca, un 43 % de Finlandia y un 42 % de Francia y Reunido Unido. Dicho esto, un 20 % es excesivo y, por nuestra parte, lo que resulta deseable es que no existiese. En España un 11 % de mujeres tiene miedo a ser asaltada, que es mucho, es un 11 % más de lo que debería existir, frente al 35 % en Finlandia y Suecia, y se trata de datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Insisto, España no es un país en blanco y negro, pero discursos como el que hoy hemos oído hacen pensar a los ciudadanos que en España se mata, se viola, se abusa, se discrimina y se maltrata sistemáticamente a las mujeres y que esto es causa de una cultura que impregna a nuestra sociedad como consecuencia de que en nuestras escuelas existe un currículo oculto de valores de primacía masculina, que los profesores alientan el hostigamiento, puesto que es normal que los fiscales y jueces prefieren no acusar cuando tienen conocimiento de hechos delictivos, que los abogados no tienen interés ni conocimientos para defender a las víctimas, y esto, señorías, no es cierto. La realidad ya es bastante grave y preocupante y no necesita de distorsiones ni filtros que la empeoren. Nuestra obligación y nuestro compromiso es actuar sobre las causas de la desigualdad, puesto que la
desigualdad es el origen de cualquier tipo de violencia, y para ello lo que realmente necesitamos es una imagen fidedigna de cómo es la realidad en este momento y de cómo se está aplicando el Convenio de Estambul, y esto es algo que no encontramos precisamente en este informe.
Y fuera de tiempo ya, señorías, esta Comisión, que estaba llamada a tener un importante papel en el seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género, la lucha contra la desigualdad y la violencia contra las mujeres, ha tenido un recorrido muy breve. Por otra parte, hemos demostrado que desde la disparidad y la diversidad de opiniones y posicionamientos, estamos todos juntos frente a los violentos y al lado de las víctimas. Hemos trabajado mucho y, a mi parecer, entiendo también que bien.
Quiero despedirme de esta Comisión agradeciendo a mi grupo parlamentario su confianza en mí para trabajar en ella y en las ponencias que hemos llevado a cabo, unas con buen fin y otras que no hemos podido terminar por falta de tiempo, y, sobre todo, a todos los miembros de esta Comisión y de la Comisión de Igualdad.
Por último, quiero concluir pidiendo disculpas si en alguna ocasión mis opiniones o la forma en que las he manifestado ha podido molestar a alguno de ustedes.
Tiene la palabra el señor Clavell.
Seré muy breve. Me sumo a los agradecimientos. Me referiré solamente a un tema que considero de vital importancia. Como miembro de la cuota mínima masculina en esta sala, por decirlo de alguna manera, junto a mi compañero Bienvenido y al ujier, porque somos los tres únicos hombres aquí presentes en estos momentos, considero que los hombres también tenemos que decir mucho y, por supuesto, también hacer, pues queda muchísimo, porque esto es cuestión tanto de hombres como de mujeres, para solucionar los graves problemas comentados en esta comparecencia. Por eso me centraré en una materia, que es la trata de seres humanos.
Señorías, en febrero de 2014 se creó en este Congreso de los Diputados una subcomisión de estudio sobre la trata de las personas gracias a una iniciativa del Grupo Popular en la Comisión de Igualdad. En el año 2015, también gobernando el Partido Popular, se aprobó en el Pleno del Congreso el informe de la subcomisión para el análisis y el estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Ese mismo año también se aprobó en Consejo de Ministros el Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, basado siempre en las prioridades de la Estrategia de la Unión Europea contra la trata de seres humanos. La reforma de la legislación sobre protección a la infancia en 2015 mejoró la protección para las víctimas de trata de seres humanos, con independencia de su edad, y se incluyeron medidas para luchar contra la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la trata de seres humanos. Otra de las medidas, a la que ya se ha hecho referencia, fue el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de trata de seres humanos. Y además la medida 189 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge -y leo literalmente-: Impulsar la aprobación de una ley orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas. Insisto, hablo de la medida 189 recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del que ahora, hoy se nos llena la boca a todos, pero tengo que decir que, lamentablemente, no se aprobó por unanimidad, porque aquí hubo un grupo, Unidos Podemos, que se abstuvo; por tanto, no votó a favor de dicho pacto. Y no quiero recordar, o sí lo voy a hacer, que el Gobierno socialista, el actual Gobierno socialista, que está a punto de caducar, aprobó a través de una resolución de la Dirección General del Ministerio de Trabajo la creación de un sindicato de trabajadoras del sexo. Eso lo hizo un Gobierno socialista y muy recientemente, no estoy hablando de épocas pasadas ni de otros lugares, sino de aquí, en España.
¿Qué opinamos desde el Partido Popular sobre esta cuestión? La prostitución es la evidencia más antigua de la desigualdad y la violencia contra las mujeres, la prostitución está vinculada a esa situación de desigualdad y está reconocida por muchos tratados internacionales como una forma de violencia de género. Esto es lo que el Partido Popular opina sobre la prostitución. Cuando hablamos de prostitución estamos refiriéndonos, en general, a marginación, falta de oportunidades, pobreza y estigmatización. En torno a un 90 % de esas mujeres extranjeras son víctimas de trata de mujeres y menores con fines de
explotación sexual. La trata de personas con fines de explotación sexual es un delito reciente incluido en nuestro Código Penal.
Para finalizar, señora presidenta, quisiera incidir en que fue también otro Gobierno socialista en el año 1995 el que reformó el Código Penal y despenalizó la prostitución voluntaria, facilitando enormemente la creación por todo el país de clubes de carretera y pisos de contactos en los que supuestamente las mujeres ejercen la prostitución, entre comillas, voluntariamente. Pero, además -y con esto ya finalizo-, qué decir de la propuesta de algunos partidos políticos de regularizar o legalizar la prostitución, como hace Ciudadanos, solamente con la excusa de que el Estado recaude más; incluso, propone 6000 millones de euros de recaudación. Señorías, la prostitución no puede legalizarse, puesto que no puede ser considerada un trabajo. El Estado no puede lucrarse de la explotación sexual de sus ciudadanos, porque se convertiría en cómplice de un delito. En la prostitución aquello que está en venta o alquiler es el propio cuerpo que se entrega al cliente, y el cuerpo no es separable de la personalidad. La prostitución atenta contra la dignidad de las mujeres y en muchos casos esconde violencia contra ellas. El dinero que uno paga -normalmente el hombre- legitima la utilización de la violencia contra la parte más débil, que cobra, es decir, mayoritariamente, la mujer. Las relaciones deben ser libremente consentidas, igualitarias y sin violencia, sin que exista dinero por medio que legitime la desigualdad entre las dos partes y en muchos casos la violencia.
Y acabo con una conclusión para aquellos que incluso querían crear un sindicato o legalizar o regularizar la prostitución: ninguna mujer -y aquí hay muchas mujeres- que ejerza la prostitución desearía el ejercicio de su actividad para sus hijas.
Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
Tenemos ahora un problema, y es cómo gestionamos todas los temas que se han planteado, teniendo en cuenta que a las cinco y media teníamos prevista la comparecencia de otra organización. En todo caso quiero ver el milagro de cómo hacen ustedes para condensar en poco tiempo todas las cuestiones consideradas. Agradecemos su capacidad para poder concretar. Tiene la palabra la señora Guisado.
La señora GUISADO ADAME (representante de la Plataforma Estambul Sombra): Voy a intentar responder a aquellas cuestiones que tienen que ver con el grupo de organizaciones que estamos aquí. Creo que se han tratado temas que no tienen que ver con nosotras y el informe, aunque también podríamos opinar, al igual que han hecho los grupos políticos; creo que había mucho por decir y se ha utilizado así este tiempo. No voy a entrar en ello, aunque me gustaría hablar sobre prostitución y otros temas que se han tratado y han servido a los grupos para posicionarse políticamente. Ni siquiera me voy a pronunciar sobre si estamos de acuerdo o no, porque, desde el respeto, entiendo que no había pregunta para nosotras.
También quiero comentar que no venimos con una visión en blanco y negro de España. La impresión que tengo después de escuchar a la portavoz del Grupo Popular es que venimos a presentar dos realidades paralelas. Nosotras estamos a pie de obra, venimos de trabajar con las mujeres maltratadas, es decir, esa es nuestra realidad. Probablemente la suya sea otra diferente, pero en ningún momento queremos mostrar sino la realidad de esa parte, que necesitamos focalizar. Está muy bien hacer una defensa del sistema judicial, del abogado de oficio, etcétera, pero, sin duda, nosotros estamos poniendo aquí el foco y el eje central de este informe en las víctimas y supervivientes, que son las mujeres, hijos e hijas. Quiero aclararle esto porque en ningún momento nuestra voluntad es ir contra ningún colectivo, sino todo lo contrario, señalar la realidad que conocemos para intentar cambiarla, y a lo mejor coincidimos ustedes y nosotras en ese sentido. Dicho estoy, voy a intentar contestar respecto a dos o tres cuestiones brevemente.
En cuanto al título habilitante, creo que es una de las medidas estrella del pacto. Desde el primer momento se estaba pidiendo para poner el sistema de protección social en marcha que no fuera necesario forzar la toma de decisiones de una mujer desde un punto de vista profesional sin haberla podido recuperar y fortalecer para poder afrontar todo el itinerario que supone interponer una denuncia, empezando por la policía local o nacional, etcétera. Todos sabemos que pasar por un juzgado es algo muy duro, y, cuando estamos hablando de mujeres de extrema vulnerabilidad, lo es aún más. Por eso, el título habilitante es una de las cosas que reclamamos, y así lo he expuesto. Necesitamos que la comisión interministerial trabaje con toda la diligencia posible para regularizar o reglamentar cómo va a ser la expedición de ese título y en manos de quién estará.
A este respecto, se ha preguntado qué tipo de formación podrían tener los operadores sociales que trabajamos con mujeres a fin de que la expedición de esos títulos habilitantes tenga legitimidad. Yo hablo de tres pilares: formación en género, formación en violencia y sensibilización, es decir, no vale solo con formación en género y en violencia si la persona -sea hombre o mujer, y de cualquier ámbito profesional-, como servidora pública, no está sensibilizada ante el problema social que tiene enfrente. Por tanto, haría este llamamiento.
El informe que tienen ustedes está realizado desde los conocimientos que aportamos de forma colectiva 252 organizaciones, donde hay personas que nos dedicamos a distintos campos y disciplinas, es decir, no es un trabajo dirigido por nadie, ha sido hecho de forma totalmente comunitaria, poniendo al servicio de la causa todo el saber colectivo que las 252 organizaciones firmantes han expuesto.
Querría contestar también en referencia a la educación, porque es un tema prioritario en las reivindicaciones del informe. No sé si han podido ver el informe extenso, pero así lo recogemos. Por ser breve, solo voy a referirme a un párrafo respecto a por qué digo que hemos retrocedido. Consideramos que, aunque las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en educación, la ley marco común para todo el Estado no obliga a educar en igualdad entre mujeres y hombres y en la erradicación de la violencia machista. Su aprobación en 2013 ha producido un retroceso en la educación en igualdad respecto a la Ley de 2006, que establecía la asignatura de Educación para la Ciudadanía en 5.º de primaria y en 2.º de la ESO para la educación sexual, sobre diversidad, violencia de género, etcétera. Además, la Lomce ha permitido, y el Tribunal Constitucional lo ha ratificado en su sentencia 31/2018, la financiación pública de centros privados que están segregando a los niños y a las niñas por razón de sexo. La enseñanza de la religión católica dentro del horario lectivo era de oferta obligada en la LOE de 2006, pero no evaluable, lo que sí sucede con la Lomce de 2013. Y así podemos seguir exponiendo las razones que han dado lugar a que nos pronunciemos en este informe de la manera en que lo hemos hecho.
Respecto a las ayudas dirigidas a las víctimas, contempladas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, que son la de pago único y la RAI, tengo que comentarle que son totalmente insuficientes. Pero también quiero decirle que lo que verdaderamente empodera a las mujeres no son las ayudas públicas. Las ayudas públicas son necesarias en el período en que hay que recuperar a la mujer para que pueda salir y se pueda integrar en los itinerarios normalizados de formación y búsqueda activa de empleo. Lo que verdaderamente empodera a una mujer maltratada es poder acceder a un empleo digno, porque le da autonomía e independencia no solo del maltratador sino también de la Administración pública. Y respecto a las subvenciones a las organizaciones de mujeres, creo que ayudan a que se puedan llevar a cabo trabajos como estos. Se trata de órdenes públicas y las justificaciones que tenemos que presentar son con arreglo a lo que se determina. Además, la orden de subvención lleva siendo la misma hace ya unos años. Creo que estas ayudas son necesarias y complementarias a las que los servicios públicos están dando y la labor que están haciendo con respecto a la erradicación de violencia. En definitiva, creo que hay que ampliar ambos tipos de ayudas, sobre todo las que van dirigidas a las víctimas, al tiempo que considerar esa visión de empoderamiento de las mujeres mediante el empleo.
La señora RODRÍGUEZ ARENAS (representante de la Plataforma Estambul Sombra): La verdad es que me siento abrumada por la cantidad de preguntas, porque no estoy acostumbrada a estos medios. He podido olvidar algunas, pero también es verdad que se han repetido muchos asuntos en sus intervenciones. Por tanto, fundamentalmente, me voy a referir a esas cuestiones que son comunes, así como a alguna, en particular, que me ha rechinado un poco y quiero comentar.
Respecto a la inversión de la carga en la prueba sobre violencia, creo que es una falacia, por cuanto que, si fuera así, sería distinta la cantidad de denuncias sobreseídas, porque, según eso, con denunciar prácticamente sería suficiente, y la ley no lo indica de esa manera. No obstante, debo decir que no soy jurista, sino médica y me pierdo un poco en esos lares. Pero estoy convencida de que no es así, y seguramente ustedes podrían aclararlo mejor.
Me ha llamado la atención la referencia a la comunicación sexista, en qué consiste. No le voy a dar una definición exacta de lo que es la comunicación sexista, pero le diré que es aquella en la que no se utiliza un lenguaje inclusivo o en la que se reproducen y se mantienen los estereotipos de género. Con esto ya me queda bastante claro qué es una comunicación sexista o qué no debería ser una comunicación
sexista, que sería justamente lo contrario, no mantener esos estereotipos y utilizar un lenguaje que visibilice a todas las personas que componemos la sociedad.
Por otro lado, de las muchas preguntas que se han realizado y de las muchas medidas que se han comentado sobre qué sería lo mejor, creo que hay varios puntos fundamentales que considerar, y uno es la falta de datos, que ha sido cuestionado en muchos ámbitos. Si no tenemos datos, si no podemos considerar la magnitud de lo que está sucediendo y sus particularidades, sus características, difícilmente vamos a poder trazar estrategias adecuadas de intervención o políticas apropiadas. Es fundamental que se tenga en cuenta esta valoración y que se considere un punto clave para trabajar en el futuro.
Respecto a la formación, no me refiero solo a la que va de los cero a los veintidós o veintitrés años, cuando se termina la universidad. Tampoco se trata de volver a la LOE, no es el tema, porque en ningún momento en el informe se dice que debamos volver a ella. Lo que decimos es que ha habido un retroceso en algunos asuntos con respecto a las dos leyes anteriores. Pero no queremos volver, sino dar un paso adelante y, desde luego, mejorar esa formación, pero también la formación de los profesionales que tienen que trabajar con las mujeres víctimas de violencia; en todos los casos y en todos los sectores, en la sanidad, servicios sociales, policía y, en general, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el sector judicial y fiscalía, en todos ellos, como también respecto a las personas presentes en esta sala que en alguna medida estamos trabajando en este sector. Todos deben tener una formación sobre violencia de género muchísimo mejor, llámense abogados de oficio, etcétera. No queremos denostar su papel, pero entendemos que la formación de las personas que trabajan con las mujeres debe ser buena y suficiente.
Por otro lado, se pueden hacer leyes magníficas, políticas y estrategias estupendas, pero, si no se presupuestan adecuadamente, no se va a ningún lado. Esta es otra de las cosas que deberían tenerse en cuenta: hacer una buena presupuestación; no hacer leyes y dejarlas vacías de contenido por no presupuestarlas. Esto también es fundamental.
Finalmente, para no extenderme demasiado, en cuanto a la participación ciudadana, igual que estamos haciendo con esta comparecencia, las personas que tenemos algo que decir desde la sociedad civil deberíamos ser escuchadas más a menudo por sus señorías.
Tiene la palabra la señora Monteros.
La señora MONTEROS OBELAR (representante de la Plataforma Mujeres Inmigrantes): Gracias.
En primer lugar, nosotras trabajamos con los datos que obtenemos las organizaciones que atendemos directamente a mujeres víctimas de violencia de género; nos llevamos mucho de la experiencia y la atención a cada una de ellas, de lo que nos transmiten y lo que vemos en el acompañamiento que hacemos. No queremos plantear un panorama oscuro, pero, efectivamente, es el que nos toca vivir en ese acompañamiento, que en buena medida es totalmente voluntario.
Por supuesto, las organizaciones tienen fiscalizado hasta el último céntimo que se nos da en subvenciones, un dinero necesario para poder mantener nuestros proyectos, si bien debemos dedicar una parte muy importante a la burocracia que supone tener que justificar cada uno de esos céntimos que se nos hace llegar. Y, por supuesto, la cantidad que reciben las mujeres víctimas de violencia de género, esos cuatrocientos y pico euros, es totalmente insuficiente para que puedan salir de la situación en que se encuentran.
Respecto a los datos estadísticos que aportamos, son los que hay, los oficiales. Nosotras no conocemos esas estadísticas sobre prostitución que citan fuentes que citan otras fuentes. Hasta ahora no ha habido un informe -y en esto sí puedo decir algo- que dé cuenta con exactitud de la realidad de la prostitución en este país, que está en un total oscurantismo.
Respecto a la formación, además de lo que ya han dicho mis compañeras, reiteramos que demandamos una formación en interculturalidad. Hay cuestiones que se refuerzan en los procesos de discriminación con algunos colectivos que han de ser tenidos en cuenta con esta perspectiva de la interculturalidad y de la interseccionalidad, pero, por la experiencia que tenemos en el acompañamiento, vemos que hay profesionales que no la tienen; no podemos generalizar, pero es lo que nos estamos encontrando.
En cuanto al VioGén, la determinación del riesgo la lleva a cabo una aplicación informática mediante determinados indicadores, pero consideramos que estos deben mejorarse y que se han de aceptar los
informes y apreciaciones de los servicios sociales especializados en atención contra violencia de género para una mejor percepción del riesgo caso por caso.
Sobre los estereotipos, en el caso de las personas migrantes nos atraviesa uno que tiene que ver con la imagen de una ciudadanía completamente devaluada. En España vivimos cinco millones de personas migrantes y apenas votamos unas cientos de miles en las elecciones municipales. No tenemos ni siquiera derecho a votar plenamente la cantidad de gente que vivimos en este país hace más de quince, veinte, treinta años.
Por terminar, nosotras entendemos que es muy complicado que los profesionales denuncien, porque también es verdad que, además del trabajo que realizan día a día, iniciado el proceso, en muchos casos las mujeres retiran la denuncia o se abstienen de su derecho a declarar como testigos. No obstante, esto sucede porque las estamos obligando a denunciar, cuando en muchos casos no están preparadas para ello. Tienen que pasar tiempo, uno, dos, tres años de atención por parte de nuestras organizaciones para que una mujer se vea preparada para presentar una denuncia, para llevar adelante todo el proceso judicial y policial que después tendrá que desplegarse. Lo que pedimos y reiteramos es que las mujeres, y las niñas y los niños, por supuesto, puedan tener acceso a toda la batería del sistema de protección y de atención antes de presentar esta denuncia para que se vea fortalecida, para que una vez que presente la denuncia no la retire. Imagino que los profesionales estarán dispuestos a acompañarlas en todo momento.
La señora PRESIDENTA: Doy las gracias a sus señorías por la excelente gestión de los tiempos.
Fundamentalmente quiero daros las gracias a las tres, no solo por lo que nos habéis aportado hoy aquí, sino por vuestro trabajo del día a día, por estar, por permanecer y por continuar. Vuestro trabajo es fundamental para el nuestro, pero, sobre todo, es vital para tantas y tantas mujeres que sufren la violencia machista en cualquier ámbito y de cualquier modalidad. Está claro que vuestra aportación ha sido clave. De ahí las muchas cuestiones que se han planteado.
Quiero agradecer en nombre de todos los grupos -porque sé que es compartido- todo lo que hoy nos habéis trasladado.
- DE LA SEÑORA ÁLVAREZ SALINAS (RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN DEL ÁREA DE POLÍTICA INTERIOR DE AMNISTÍA INTERNACIONAL), PARA PRESENTAR EL INFORME "YA ES HORA DE QUE ME CREAS. UN SISTEMA QUE CUESTIONA Y DESPROTEGE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL". (Número de expediente 219/001621).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la sesión de la Comisión con la comparecencia de doña Virginia Álvarez Salinas, responsable de investigación del área de política interior de Amnistía Internacional para presentar el informe Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas de violencia sexual.
Cedo la palabra a la compareciente, sin obviar el profundo agradecimiento por su comparecencia ante esta Comisión, ya que, demás, es la última sesión de la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género en esta legislatura. Qué mejor manera de terminar esta legislatura que con vuestra comparecencia.
La señora ÁLVAREZ SALINAS (responsable de investigación del área de política interior de Amnistía Internacional): Muchas gracias.
Antes de empezar la comparecencia, nos gustaría poner dos vídeos muy cortitos, para intentar no alargarnos mucho, sobre testimonios de personas que hablaron con Amnistía Internacional. Creemos que es importante escucharlas antes de comenzar. (Proyectan los vídeos).
En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que han dado a Amnistía Internacional para presentar este informe Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas. Tanto el testimonio de Blanca como el de Gonzalo no son más que un ejemplo de las muchas entrevistas que hemos realizado a mujeres supervivientes, a sus familiares, a profesionales, que han indicado el camino lleno de obstáculos con el que se han encontrado cuando han querido denunciar la violencia sexual que estaban sufriendo.
Antes de empezar a hablar de este informe, quisiera hacer una primera consideración. En numerosas ocasiones, y también durante la comparecencia que hicimos tanto en el Senado como en el Congreso con motivo de los debates para la elaboración de este Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Amnistía Internacional reconoció que la Ley Orgánica 1/2000, de medidas de protección integral contra la violencia
de género, supuso un gran avance para luchar contra la violencia contra las mujeres en el ámbito de pareja y expareja, visibilizando así una grave violación de derechos y proporcionando un marco jurídico para la prevención, protección y asistencia a las mujeres que la sufren. Sin embargo, también queremos decir que ninguna ley tiene eficacia si no hay una clara voluntad de aplicarla por aquellos y aquellas que tienen responsabilidad directa sobre las disposiciones de la misma.
Amnistía Internacional también considera que el hecho de que todos los partidos políticos se sentaran y consensuaran mayoritariamente la necesidad de avanzar en la protección de las mujeres a través de la aprobación de 212 medidas en septiembre de 2017, debe traducirse en un público compromiso por parte de todos los partidos políticos de que no habrá el más mínimo retroceso en la obligación de todas las instituciones y administraciones públicas del Estado para garantizar que ninguna mujer sufra ningún tipo de violencia por el hecho de ser mujer.
En lo que va de año, 9 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas; 984 desde que se contabilizan los datos, en el año 2003. A esto tenemos que sumar los hijos e hijas menores asesinados que han quedado huérfanos y las otras muchas mujeres víctimas de violencia de género que siguen sin aparecer en las estadísticas, entre ellas, también las mujeres que están sufriendo violencia sexual. Creo que no hace falta recordar que la violencia sexual, en sus múltiples manifestaciones, constituye una forma de violencia por razón de género, una forma de discriminación y una vulneración y una violación de derechos humanos, cuyas secuelas físicas y psicológicas en algunos casos pueden persistir de por vida. Las violencias sexuales, incluida la violación, afectan de manera desproporcionada a las mujeres, representando formas de agresión y dominación por razón de género que se traducen de manera sistemática en todos los contextos, políticos, culturales, sociales, y ejerciéndose tanto en la vida privada como en la pública, también perpetrada por agentes del Estado.
El informe que hoy presentamos ante esta Comisión, recordando que el Convenio de Estambul es vinculante desde el año 2014, analiza, a través de la revisión de la legislación estatal y autonómica y de los testimonios, como comentaba antes, de las mujeres y numerosas profesionales que las acompañan, cuál es la respuesta de las autoridades y las instituciones españoles -especialmente nos hemos centrado a nivel estatal- ante la violencia sexual sufrida por las mujeres y las chicas jóvenes, en función de las obligaciones que tiene el Estado para combatir todas las violencias de género, incluida la sexual, tanto en el entorno de pareja o expareja como fuera del entorno íntimo. La primera conclusión de este informe es que la violencia sexual está invisibilizada en España. En el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género creemos que hay un indicador de esta invisibilización, ya que de las 212 medidas que se han aprobado solo 30 se refieren de alguna manera a la violencia sexual, si bien algunas, en nuestra opinión, corren el riesgo de quedar diluidas en medidas más amplias dentro de la ley integral. Para Amnistía Internacional ha sido llamativo que no se hayan incluido medidas de prevención en el deporte, sanidad o en el ámbito laboral, para la asistencia y protección de menores o en la formación especializada de equipos profesionales que están en contacto directo con las mujeres y sus familiares. Las mujeres que sufren violencia sexual se están enfrentando a un camino repleto de obstáculos y adversidades que se caracterizan por la desprotección.
Cuando hemos hecho esta investigación nos hemos encontrado con que la violencia sexual está invisibilizada en datos, porque aparte de las macroencuestas sobre violencia de género elaboradas por el Gobierno, que no dejan de ser una percepción que tiene la sociedad de lo que es la violencia -no le quitamos importancia, porque realmente los datos que arrojan son muy preocupantes-, solamente contamos con datos incompletos, tanto del Ministerio del Interior en relación con las denuncias, como de la fiscalía en cuanto a los delitos de libertad sexual, pero en este caso la propia fiscalía reconoce que son incompletos. Por tanto, hoy en día no sabemos cuál es la dimensión real de esta lacra. En este sentido, queremos recordar que en abril de 2016 la relatora especial contra la violencia de género de Naciones Unidas, Dubravka Simonovic, dijo que solo datos fiables y evaluaciones de riesgo son esenciales para vislumbrar la magnitud del problema y posibilitar políticas públicas que erradican este delito a través de políticas no neutrales al género.
Por otro lado, durante esta investigación Amnistía se ha encontrado -y lo ve con preocupación- con que los y las profesionales entrevistadas han confirmado que la formación específica sobre violencia sexual ofertada por las instituciones públicas es muy escasa y residual. La ausencia de formación de los y las profesionales, tanto inicial como continua, que aborde también la existencia de estereotipos a la hora de entrar en contacto con las víctimas y sus familiares, tanto en la prevención y en la atención directa a las víctimas como durante el proceso judicial, redunda y ahonda en la revictimización de las mujeres ante
un sistema que debería protegerlas. Los estereotipos negativos que, como hemos visto, se repiten constantemente, se acrecientan con víctimas y supervivientes que, además de sufrir la violencia por razón de género, sufren otros tipos de discriminación interseccionada como, por ejemplo, por su condición de inmigrantes o por su falta de residencia legal en España. Cuando se hallan en sectores donde la invisibilidad se acrecienta, se ve también incrementada su vulnerabilidad a los abusos y las violaciones de derechos humanos. Así, por ejemplo, nos contaba Tatiana, otra mujer con nombre ficticio, que ante los constantes abusos de su empleador reconocía desconocer sus derechos, lo que la hacía totalmente vulnerable ante esta situación.
A lo largo de todas las entrevistas realizadas por Amnistía Internacional hemos podido comprobar cómo los estereotipos y la falta de formación adecuada por parte de los profesionales tiene un impacto directo en las víctimas y en sus familiares. Muchas de ellas confesaban que no podían imaginar que la pesadilla continuaría tras el contacto con las autoridades. Son mujeres que han visto cómo estos profesionales minimizaban lo ocurrido o ponían en duda su relato; todos los profesionales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales de la medicina, médicos forenses, abogados y abogadas, jueces y fiscales. Una de las frases que más nos impactó durante toda la investigación fue la que nos repitieron muchas de las mujeres: Si lo llego a saber no denuncio. Esto es algo que la sociedad española, las autoridades españolas no pueden consentir que digan las mujeres que sufren violencia sexual.
Consideramos que es imprescindible que aquellas personas que entran en contacto con víctimas y familiares conozcan la violencia sexual desde un enfoque de género y de derechos humanos. La falta de especialización y conocimiento de esta violencia solo ahonda en la reproducción de los mitos y estereotipos, como estoy diciendo, en una deficiente respuesta institucional, que provoca la no derivación a servicios especializados, en una revictimización secundaria y en el debilitamiento de la confianza de las víctimas en los agentes y en las instituciones que deberían protegerlas. Las mujeres no podemos depender de que la calidad de la asistencia quede al arbitrio de la mayor o menor sensibilidad del o de la profesional que tenemos delante.
Otra de las conclusiones de nuestro informe es que a día de hoy la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual se convierte en una lotería según la comunidad autónoma o la localidad donde residen. El itinerario, los recursos, la calidad de la información y asistencia dependerá del lugar donde se encuentre la mujer. En este caso hay que decir que la asistencia que recibe una mujer que sufre una violación o una violencia sexual va a ser diferente si se produce en la ciudad de Madrid o, por ejemplo, en Majadahonda.
La falta de un marco estatal ha sido suplida por la normativa y políticas autonómicas, lo que en opinión de Amnistía Internacional ha provocado una gran disparidad en la atención. En nuestra opinión, es necesario que se establezca un marco adecuado aplicable a todo el territorio, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, para que la descentralización competencial no tenga consecuencias negativas en los derechos humanos de las mujeres. A la falta de políticas públicas a nivel estatal que aborden una respuesta integral en todos sus ámbitos, a la falta de datos y el déficit de asistencia especializada se une también, en muchas ocasiones, la falta de un trato adecuado y profesionalizado por parte de equipos implicados. Amnistía Internacional también ve con preocupación la falta de un sistema judicial especializado que aborde y tenga en consideración las características específicas de estos delitos desde un enfoque de género y de derechos humanos; es decir, contemplando el impacto diferencial que estos delitos tienen sobre las mujeres y niñas por el mero hecho de serlo.
Amnistía Internacional también considera que en este ámbito deben revisarse varias leyes, entre ellas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal, el Estatuto de la Víctima, neutras al género y que no tienen en cuenta las condiciones de desigualdad y discriminación estructural o interseccional que afrontan las mujeres, ni tampoco las características propias que tiene la violencia sexual por razón de género. En opinión de nuestra organización, es necesario, en primer lugar, que se revise la tipificación del delito del capítulo que regula los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual y se adecue a los estándares internacionales, concretamente al Convenio de Estambul, donde los elementos definitorios sean la protección de la autonomía sexual y el consentimiento libremente otorgado, incluyendo también como tortura la violencia sexual contra las mujeres cometida bajo custodia. En definitiva, es necesario incorporar esta perspectiva de género en los delitos que afectan desproporcionadamente a las mujeres y garantizar
que la administración de justicia se ejerce con la debida diligencia, tanto en la investigación de los hechos como en la protección de las mujeres víctimas y supervivientes.
No queremos acabar esta intervención sin pedir que esta Comisión pida e impulse las siguientes medidas. A corto plazo, garantizar un servicio de información especializada. Ahora mismo, las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual no saben dónde tienen que acudir, no tienen información. En nuestra opinión, debe haber un teléfono disponible, todos los días, veinticuatro horas, con atención especializada en diferentes idiomas. Actualmente, el 016 no cumple estos requisitos, solo está destinado a la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja. También es necesario que haya cada vez más campañas informativas y de sensibilización a nivel estatal.
En segundo lugar, consideramos que es urgente que se reconozca la asistencia letrada gratuita y de calidad desde el momento de la interposición de la denuncia. Durante la investigación hemos encontrado mujeres que nos contaban que la policía no quería que tuvieran asistencia legal durante la presentación de la denuncia. No entendemos por qué no se reconoce esta asistencia letrada, como sí se está reconociendo en otros casos de violencia de género, para que la mujer esté informada de cuáles son todos los derechos que le asisten.
También consideramos crucial que se empiecen a incluir estadísticas de violencia de género, datos sobre la magnitud y la prevalencia de esta violencia sexual, incluyendo sexo, edad, nacionalidad y relación con el autor. Igualmente, deben publicarse datos relativos a la respuesta judicial a las distintas formas de violencia sexual, incluyendo las causas que son sobreseídas y el porcentaje de sentencias condenatorias y absolutorias. Creemos que debe formarse a todos los operadores que entren en contacto con las víctimas y supervivientes de una manera interdisciplinar para garantizar los derechos de las mujeres y evitar la revictimización a la que se enfrentan. Esta formación debe ser continuada.
A medio plazo, consideramos que debe existir un marco adecuado aplicable en todo el territorio español que garantice de forma igualitaria todos los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, independientemente de donde residan. No podemos seguir asistiendo a esta lotería que hemos comentado. También debe garantizarse la existencia de centros especializados en violencia sexual a quien poder referir a las víctimas en todo el territorio español. Es cierto que en algunas comunidades autónomas existen centros especializados, pero no siempre están disponibles. El otro día, sin ir más lejos, me comentaban que el Cimascam, que es quien presta asistencia en Madrid, estaba dando una cita para dentro de quince días a una mujer que había sufrido una agresión sexual. En nuestra opinión deben existir centros de crisis que estén disponibles los 365 del año y las 24 horas del día, y con un equipo interdisciplinar y profesionalizado.
Se deben coordinar también los diferentes ministerios -Interior, Sanidad y Bienestar Social, Justicia- para revisar todos los protocolos de actuación para garantizar una adecuada asistencia de las víctimas. Durante la investigación hemos podido comprobar que el protocolo de sanidad de 2012 no se está utilizando, no es un mal protocolo, habría que revisarlo y actualizarlo, pero ahora mismo no se está utilizando en muchas de las comunidades autónomas.
Finalmente, como he dicho antes, es necesario que se modifique la legislación y especialmente el Código Penal para reformular los tipos penales sobre violencia sexual y asegurar que en todo momento lo que prima es la falta de consentimiento de la mujer. Igualmente consideramos que es necesario urgentemente modificar la Ley de extranjería para incluir la no incoación de un expediente de expulsión a todas las mujeres en situación irregular que denuncien violencia sexual. Hoy nos encontramos que si la mujer denuncia una violación por parte de pareja o expareja estaría protegida por la ley integral, mientras que si quien la ha violado es un tercero podría enfrentarse a un procedimiento de expulsión si se acerca a una comisaría a denunciar.
Por último, consideramos que se debe trabajar para que haya una ley integral contra la violencia sexual que aborde todas las especificidades de las que hemos venido hablando.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Álvarez.
Quería hacer una aclaración a sus señorías y es que inicialmente estaban previstas dos intervenciones, no solamente la de la señora Álvarez Salinas, sino también la del señor Beltrán Verdes, director de Amnistía Internacional, pero ha excusado su asistencia. Por tanto, esta es la única intervención que va a tener lugar.
A continuación tiene la palabra los distintos grupos parlamentarios que están presentes en este momento. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.
Muchísimas gracias a la compareciente y a Amnistía Internacional, no solo por esta presentación del informe, sino por el informe en sí mismo. Nos ha parecido un trabajo nutricio, además en el caso del Grupo Confederal hemos elaborado una ley, que precisamente esta semana defendía nuestra portavoz en el Pleno, por la protección integral de la libertad sexual y por la erradicación de las violencias sexuales. Así que también me veo un poco en la obligación de formular la pregunta de si conocen el borrador, que me consta que sí. También hay muchas de las cuestiones que plantean aquí que pensamos que ese borrador recoge, pero es verdad que cualquier observación que consideren pertinente hacer al mismo, esta es una ocasión muy buena como cualquier otra para realizarla y lo agradeceríamos mucho. Esperamos que quienes sean traigan otra vez esta ley al Congreso y que sea lo más útil posible para todas las mujeres de este país y para toda la ciudadanía en su conjunto.
Quería agradecer cómo exponen las piedras, incluso de una manera tan tangible, que nos han hecho llegar a todas las diputadas y los diputados. En ese sentido también quería hacerle una pregunta, que en principio no tenía prevista, pero con relación a la comparecencia anterior me viene ahora. Me gustaría que elaboraran una valoración respecto a si existe, como dicen infinidad de teóricas, una cultura de la violación o, si no es así, a qué se debería la situación de violencia sexual de manera prevalente sobre mujeres y también sobre niñas que hay en nuestro país y en tantísimos otros países. Es decir, si también podemos ver un poco cuáles son, a su criterio, las causas que subyacen a esta continúa exposición a sufrir agresiones sexuales, especialmente si eres mujer.
Me gustaría que incidiera un poco más, si puede, en algunas de las cuestiones que ha citado. Por ser muy breve, una tiene que ver con los centros de crisis, porque ha desarrollado la ponente en qué consisten y la necesidad de que estén abiertos los 365 días del año y 24 horas al día, y no un tiempo determinado. Además, pensando en el movimiento Cuéntalo de hace un año que inició Cristina Fallarás, la mayor parte de las agresiones sexuales no se dan por parte de desconocidos sino por parte de nuestro entorno. Por tanto, quizás no sea inmediatamente cuando vamos a exponer la agresión que hemos sufrido sino mucho tiempo después, cuando de hecho, por lo que sea, caemos en la cuenta de que hemos sufrido una agresión y no lo sabíamos. Estos centros de crisis entiendo que también responden para eso. Me gustaría que nos desarrollara un poco más, para poder conocerlo mejor, el planteamiento pero no solo para unos espacios como por ejemplo la Comunidad de Madrid sino a nivel estatal, así como la necesidad que hay de ellos y la función que cumplirían.
Asimismo, quisiera saber su opinión respecto a cuáles son los problemas que observan a la falta de coordinación interinstitucional en los protocolos. Es necesario que los ministerios se coordinen para estos protocolos. ¿Cuáles son los problemas que nos estamos encontrando en esa falta de coordinación?
Ustedes señalan de manera fehaciente respecto al pacto de Estado la invisibilidad o la escasa presencia (de hecho es uno de los motivos que a nuestro grupo nos llevó a la abstención a la hora de votar en el Pleno el dictamen del pacto de Estado) de las violencias sexuales; cómo a día de hoy todavía no es efectivo lo poco que se dice en el pacto de Estado y cómo quienes sufren violencias sexuales no encuentran una respuesta porque hay una ausencia de políticas públicas específicas.
No me enrollo más, solo quiero referirme a un último punto que tiene que ver con insistir un poco más en la Ley de extranjería, algo que me parece gravísimo, y con la absoluta desprotección que tienen, como ha explicado la ponente, las mujeres que están en una situación administrativa irregular ante las agresiones sexuales cuando salen del ámbito de la Ley 1/2004 de la pareja o expareja. Es decir, si de alguna manera podemos insistir más en eso, qué tipo de modificación habría que hacer también respecto al a Ley de extranjería, y si es que se trata solamente de una modificación, que quizás no solo se trate de eso.
Muchísimas gracias, una vez más, por todo el trabajo que han realizado y que de verdad creo que tiene que ser profundamente útil para la Cámara. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Y enhorabuena por la gestión del tiempo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.
Bienvenidas. Gracias por el trabajo que han realizado. Me van a permitir que antes de iniciar las preguntas del Grupo Socialista haga una referencia a un asunto que no tiene que ver expresamente con ustedes, sino con la intervención anterior, pero que me parece que es necesario matizar. El señor Clavell López nos ha detallado hace un rato una relación exhaustiva sobre la legislación en materia de prostitución en este país, pero creo que se le han olvidado algunas cosas. Se le ha olvidado, por ejemplo, que los Reyes Católicos regularon las mancebías. Digo esto porque se ha ido muy atrás, por recogerlo todo, pero podemos ir más atrás todavía de los Reyes Católicos, si usted quiere. Podemos venir más adelante y podemos llegar incluso al año 2015, cuando el Grupo Popular y el Gobierno del Partido Popular hizo una legislación donde vino de facto a legalizar el proxenetismo no coactivo, y se le ha olvidado a usted en el relato. Simplemente lo digo para que no se le olvide, para que lo tenga en cuenta porque todo lo que ha dicho es cierto, pero las cosas son ciertas, sin ocultar la verdad de todo. En los últimos años en materia de reforma penal relacionado con prostitución, quizás haya que decir que a diferencia de otras que han pedido disculpas por algún error, ustedes todavía no han pedido disculpas por haber introducido en el Código Penal una medida que legaliza de facto el proxenetismo no coactivo. Discúlpenme, esta es mi última intervención, comprenda que no podía dejar de contestar. (Risas).
Dicho esto, quería agradecerles que hayan hecho el trabajo y también el esfuerzo que han realizado. Quería hacerles algunas preguntas. He notado algunas contradicciones entre su informe -me lo he leído, como pueden figurarse- y lo que dicen en la carta. Por tanto, les quiero manifestar y matizar una cuestión sobre la última tabla que presentan, donde hacen una relación de los centros de atención a víctimas. En el Principado de Asturias existe un centro denominado Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales (Cavas) desde el año 1989. Lo digo simplemente a efectos de que, por favor, lo corrijan porque aparece como una de las comunidades que no tiene servicios de atención, y los tiene, salvo que usted me corrija y me diga que lo que han incluido aquí son centros institucionales. Le quiero decir que la mayoría de las comunidades autónomas tienen acuerdos con ONG, particularmente con la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas desde este año 1989 que presta atención en todas esas comunidades autónomas, que sí que tienen centro. Algunas luego han sido arrancadas a esta organización, como en el caso de la Comunidad de Madrid -me tiene que perdonar la presidenta pero tengo que hacer alguna otra referencia histórica-. Este centro gestionado por la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas por Cavas fue pionero, por supuesto, y marcó los protocolos de intervención con mujeres que le fueron literalmente usurpados por la Comunidad de Madrid, para finalmente después de hacerle una auditoría de procedimiento regalársela a otra organización amiga suya y eliminar a profesionales con un background importantísimo. Por tanto, en este país tenemos grandes profesionales que trabajan en esta materia desde hace muchísimos años, no desde el ámbito de las administraciones públicas, pero sí en convenio con ellas que tienen esa sensibilidad que muchas veces se reclama a estos profesionales, amén de que aparte de sensibilidad, por supuesto, tienen sus titulaciones pertinentes para ejercer estos trabajados.
Dicho esto, si me permite, voy a hacerle alguna otra observación referida a la propia carta y diseño que han seguido ustedes. Hacen una referencia a un asunto que dice que en este país no se hace intervención preventiva, y yo sinceramente no estoy de acuerdo con ustedes. La propia federación tiene materiales -no he tenido tiempo de pasar por casa para traerle toda la colección que yo tengo-, y le puedo garantizar que la federación hace materiales desde hace muchos años. Desgraciadamente, no cuenta últimamente con apoyo institucional para hacer este tipo de publicaciones o realizar los talleres que les han permitido entrar en los colegios durante años para hacer prevención. Entonces le tengo que aceptar que la financiación ha sido muy insuficiente, pero también le tengo que recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 el Grupo Socialista presentó una enmienda que permitió introducir por primera vez 2 millones de euros, que se han visto ampliados hasta los 4 millones de euros en estos últimos presupuestos que no hemos conseguido aprobar, pero, que bueno, ahí estaban, para que las comunidades autónomas intervengan en materia de prevención de la violencia sexual. Por tanto, el camino se ha abierto, ya se abrió y el pacto marca el camino de la ley que ustedes demandan. Es importante también poner en valor el esfuerzo que se ha hecho en esta institución para sacar adelante o marcar cuál debe ser la línea de trabajo en los próximos años.
Ahora bien, hay algo que me ha preocupado mucho de su informe, que tiene que ver con el hecho de que no hagan referencia a algún tipo de agresiones sexuales, más allá de las que tradicionalmente el Ministerio del Interior ha venido poniendo encima de la mesa en términos estadísticos. Las agresiones sexuales con penetración que se denuncian son en términos estadísticos insignificantes, entrecomillas,
con relación al número de agresiones sexuales que se producen. Por tanto, posiblemente, uno de los principales elementos a reflexionar en un informe de este tipo es qué pasa con esos números tan escandalosos de violencia sexual que apunta la macroencuesta, pero que no tienen ningún tipo de reflejo ni en la denuncia ni, por supuesto, tampoco en la prevención. Después de los acontecimientos de Pamplona con el caso de La Manada, los ayuntamientos han empezado a abrir esa línea de prevención a través de las fiestas, etcétera. Hay que profundizar en otras cuestiones.
Han apuntado el tema del consentimiento y ahí es donde tenemos el problema. Es cierto -yo creo que con posterioridad a la edición de este informe, corríjame si no es así- que la Comisión de Codificación se puso a trabajar y parece que hay unos resultados con relación a por dónde deberían de ir estas reformas. El propio Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, como ya le ha manifestado la diputada que ha intervenido con anterioridad, acaba de presentar una proposición y estoy segura de que en general en esta casa nadie se va a abstener, esperemos, ante una legislación específica en esta materia.
Voy terminando, presidenta. Quiero hacerle una pregunta sobre si han tenido conocimiento, ya que han hecho más un cualitativo que un cuantitativo, sobre el tema de la recogida de muestras forenses y si tienen alguna propuesta. Entiendo que son conscientes de que extender una red de atención para cada doscientos mil habitantes, dependiendo del territorio es muy complejo, pero eso no significa que no se utilice la red sanitaria que tenemos para que sea efectiva. Por tanto, la pregunta concreta que le hago es si ustedes piensan que poner a disposición de los centros de salud un kit de recogida de muestras forenses en materia de agresiones sexuales sería un elemento útil a la hora de garantizar que no se pierdan pruebas, que son vitales, y si sería algo más inmediato que la propia creación, sin perder el horizonte de la creación de esos centros. No estoy diciendo que una cosa supla a la otra, pero también tenemos que ser conscientes de cuáles son las limitaciones, incluso económicas que tenemos y de dispersión territorial. Por tanto, quería saber si creen que esta será una buena iniciativa que diera respuesta a esto.
Finalmente, con el tema de la formación y la acreditación, hacen referencia en su informe a un asunto que en el marco del pacto se trabajó, de manera intensa, referida al tema de violencia de género en el ámbito de la pareja, que tiene que ver con el tema de iniciar todos los procedimientos, incluso con anterioridad a la denuncia. En este caso ciertamente parece que es muy lógico porque incluso podrían perderse esas muestras forenses, si tienes que recorrerte 200 kilómetros antes de llegar a un centro. Ya se lo hemos preguntado a los comparecientes anteriores, con relación a la violencia en el ámbito de la pareja, con relación a las agresiones sexuales, ¿qué criterios de acreditación consideran que serían los apropiados? En estos momentos tenemos a la delegación del Gobierno trabajando en esta materia y estoy segura de que sería muy útil para ella las aportaciones que ustedes puedan hacer a este respecto.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña.
En primer lugar, quiero agradecer a las comparecientes el informe que nos han presentado y que vuelvan a poner encima de la mesa y nos vuelvan a hacer hablar, pensar y debatir sobre este tema. Aunque realmente no hemos dejado de hacerlo nunca, porque la mayor parte de los partidos nos implicamos muchísimo en la elaboración de un Pacto contra la violencia de género y no hemos dejado de tener en la cabeza también las cuestiones que tienen relación con la violencia sexual, como una muestra más de violencia de género que es, como así lo recoge el Convenio de Estambul y como así está en la mente y también en el propio texto de la subcomisión. Ustedes dan datos que tienen que ver con la macroencuesta, que no son muy seguros porque efectivamente faltan instrumentos para tener la absoluta certeza; otros tienen que ver con el Consejo General del Poder Judicial, las estadísticas judiciales que tienen que ver con las condenas, con los tipos de delitos y con las realidades que esas estadísticas oficiales también nos muestran. Es verdad que para poder tener una respuesta adecuada a estas cuestiones, lo primero que tenemos que hacer es contarlas y medirlas. En ese sentido, ya la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género había hecho con el Gobierno del Partido Popular un estudio sobre la percepción social de la violencia de género que contenía algunos elementos que son especialmente relevantes o interesantes como punto de partida para esas posibles futuras y necesarias encuestas, estudios o informes, en definitiva, que se deben suceder, además en el tiempo, para evitar que
la terrible realidad que nos han presentado a través de ese documental de que tantas mujeres sean una realidad invisible para la ley, para la Administración y para la sociedad.
En este sentido, es difícil estar en desacuerdo con los puntos que ustedes nos proponen. En realidad estamos tan de acuerdo que muchos de los que ya propone nos hemos adelantado, tanto en el propio pacto de Estado como en la actividad parlamentariamente. A alguna de mis queridas compañeras del Grupo Popular se le ha olvidado hacer una relación de todas las cosas que se han hecho. La sección de lo Penal de la Comisión General de Codificación el día 14 de diciembre presentó una propuesta, que ha sido recogida por el Gobierno y está ahora mismo en el éter, como en el éter ha quedado, pero está en un texto público, y por tanto valorable y estudiable por todos, sobre el cual se puede trabajar a futuro. El Partido Popular presentó precisamente la proposición de ley para la reforma de los delitos contra la libertad sexual, que además va muy en la línea, dejando al margen las cuestiones terminológicas o denominación de la misma propuesta que hacía la Comisión General de Codificación. El día 11 de diciembre se registró en el Congreso de los Diputados esa proposición de ley orgánica e incluso en algunas cosas va más allá de lo que va la propia propuesta de la Comisión General de Codificación, en el sentido de que castiga con unas penas muchísimo más duras las violaciones que ahora mismo están generando una mayor reacción social, que son las violaciones en grupo, las violaciones en manada como se han dado a conocer.
Es verdad que no podemos afirmar, sinceramente, que en España exista una cultura de la violación, supongo que como en todas las cosas es según con quién nos comparemos. Una cultura de la violación hay en la India, en España la violación, afortunadamente, está mal vista por la sociedad, lo que no significa que estemos utilizando muchas veces los recursos adecuados para prevenirla o para evitarla. Es verdad también que tenemos que mantener la atención puesta en cómo educamos, en qué valores transmitimos a nuestros jóvenes para evitar que determinadas conductas, que son cuando menos inadecuadas y en la mayor parte de los casos delictivas, se puedan producir.
En todo caso, lo que sí es cierto es que hay algunas cuestiones que tienen que ver con estos delitos que son difíciles de resolver y que podemos generar también expectativas que se frustren. Cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual, estamos hablando del Código Penal, estamos hablando de presunción de inocencia, por un lado, en lo que a la imputación de hecho se refiere que deben ser con una suficiencia probatoria como para enervar esa presunción que la Constitución establece, pero, por otra parte, hay algunas cuestiones en las que sí podemos incidir, pero no directamente, que es la libre valoración de la prueba que hacen los jueces, en el ejercicio precisamente de la función jurisdiccional.
Entonces es necesario formar a los operadores jurídicos para que la valoración de la prueba la hagan de manera adecua, pero no podemos establecer una presunción en contra del reo, que iría no solamente en contra de nuestro sistema jurídico, sino en contra de todo aquello que además Amnistía Internacional, como pocas organizaciones, defienden, que son precisamente las garantías de los procedimientos para evitar que existan condenas injustas. Por tanto, en ese equilibrio de conciliar los derechos de la víctima, por una parte, con los derechos de la persona que está siendo imputada, por otra, debemos ser cuidadosos para evitar que se generen expectativas, fundamentalmente en aquellas mujeres que han sufrido una agresión sexual, que se puedan ver defraudadas. Eso no significa que no debamos actuar, ya que tenemos la obligación de hacerlo en aquellos aspectos que garanticen siempre y en todo caso, con independencia de cuál sea el éxito o no de ese procedimiento judicial, que pueda o no incluso llevarse a efecto la atención a la víctima. Estoy completamente de acuerdo en que en la atención a la víctima debemos establecer los mecanismos para que ser realice, sí o sí.
En segundo lugar, que esa atención a la víctima desde el primer momento sea de alguna manera la que prepare el camino para que después la propia declaración de la víctima pueda tener éxito, si tiene que reproducirse en un tribunal como un testimonio que se da durante el juicio oral. Por tanto, en esas cuestiones yo creo que sí es muy importante garantizar protocolos de actuación que sean uniformes para todos los territorios del Estado y, además, que haya un sistema también uniforme en cuanto a la respuesta social, médica de atención inicial, de toma de muestras, con muchísimo cuidado en lo relativo a la cadena de custodia, es decir, tiene que ser muy garantista. Que en todos los lugares o que en cualquier centro sanitario o centro de salud se puedan tomar muestras, si no se garantiza suficientemente la cadena de custodia, es un problema que tenemos con las pruebas forenses porque pueden ser invalidas precisamente por esa cuestión de la que hablábamos. En definitiva, no son obstáculos que no puedan ser removidos con cierta facilidad para otorgar esa adecuada protección a las víctimas.
Luego quería comentarle algunas precisiones, que no tienen mayor importancia porque hemos trabajado en muchísimos documentos, sobre las 214 medidas de las que finalmente consta el Pacto de Estado contra la violencia de género. Lo digo porque como lo repiten en sus documentos, el informe se hizo en un momento anterior, y luego hay una unificada que incluye también las 267 del Senado, pero, bueno, en todas esas medidas hay bastantes que se refieren de manera específica a la violencia sexual. Pero a mí hay una que me parece que es importante, que son las que tienen que ver, además, con el ámbito judicial. Las medidas 84 y siguientes -me refiero al texto del Congreso- que hablan de los propios conceptos de violencia de género y cómo se incluye en el punto 3 de la medida 86 el concepto ampliado que el Convenio de Estambul consagra. Y no solamente eso, sino que además se hace una previsión que es establecer que hasta que se produzca el desarrollo normativo específico de los delitos contra la libertad sexual, de los delitos de tráfico de seres humanos, etcétera, que de cara al tratamiento preventivo y al tratamiento estadístico sean aplicadas las previsiones de la Ley Orgánica 1/2004. Es decir, ahí se está haciendo, además, un mandato directo desde el acuerdo de todos los grupos políticos para que lo pongan en marcha. Me parece que es un punto también importante, que es un punto de partida que no debemos olvidar.
En este punto, agradeciéndoles nuevamente toda la información y toda la recopilación, quisiera matizar alguna de las cuestiones que ustedes nos proponen. Por ejemplo, los recursos económicos que el Gobierno del Partido Popular dotó para ese pacto de Estado de manera inicial, que fueron 1000 millones de euros en cinco años. Es una cantidad muy importante y esperemos que en los posteriores Gobiernos se mantenga ese compromiso, porque en esa aportación económica caben muchos recursos, también por qué no, para tener una línea telefónica específica, en el caso de que así lo considere el Gobierno que entre a partir del resultado de las urnas.
Quiero hacer una precisión en referencia a una cosa que ha comentado mi queridísima compañera Ángeles Álvarez, a quien tanto admiro y respeto, y sé que lo va a entender perfectamente. Cuando ella hablaba de que se ha producido una legalización porque algo sale del Código Penal, quiero indicar que destipificar no es legalizar. Me vais a permitir que hasta el último minuto siga siendo muy puntillosa en la utilización de los términos, como penalista que soy. De hecho, no todo lo que está fuera del Código Penal -que, afortunadamente, es la mayor parte de las relaciones humanas- son acciones legales. Hay un procedimiento administrativo sancionador que reprime determinadas conductas y otras fórmulas. Por tanto, no equiparemos una conducta que puede ser más o menos afortunada y en la que puede estar más o menos de acuerdo mi querida compañera, porque no es exactamente legalizar. Comprendo que quizás esto pueda deberse a que a la señora Álvarez le disgustó tanto como a nosotros esa tentativa de legalización de la prostitución a través de la legalización del sindicato. (La señora Álvarez Álvarez: Está corregido). Efectivamente, está corregido, pero me imagino que aquello tampoco le sentaría bien.
Por último y ya para terminar, si me permite la señora presidenta, brevísimamente, voy a seguir haciendo referencia al pacto de Estado. En una legislatura tan compleja y convulsa como la que hemos vivido -no sé si decir sufrido- creo que el pacto de Estado ha sido un hito y hemos dado muestras de cómo nosotros podemos llegar a acuerdos que sirvan a la sociedad. Quiero dar las gracias a mis compañeros de todos los grupos parlamentarios, de los que he aprendido, con quienes hemos sufrido hasta que hemos conseguido los acuerdos, y pedirles que no pierdan ese espíritu de la Lázaro Dou, aunque no sé si deberíamos hacer alguna especie de exorcismo por lo que pudiera pasar en esa sala; y, desde luego, agradecer a la presidenta de la Comisión su infinita paciencia, como también a Mercedes Senén, quien siempre nos desatascaba con su sabiduría para conseguir que avanzáramos hacia el éxito que ha tenido y que en muy buena medida se debe a ella; por supuesto, no puedo dejar de mencionar a mis portavoces, Carmen Dueñas y Lola Alba, una liderando y la otra cogiendo el testigo y defendiendo a capa y espada ese pacto de Estado, quienes también han aportado de una manera muy significativa elementos de los que el Grupo Popular se siente muy orgulloso; y, como no, a Javier Maroto, Marta González, Elena Bastidas y a Pilar Cortés, porque no hubiera sido lo mismo sin ellos.
Tiene la palabra la señora Álvarez Salinas.
La señora ÁLVAREZ SALINAS (responsable de investigación del área política interior de Amnistía Internacional): Gracias. Voy a intentar contestar por orden.
En cuanto a la proposición de ley que presentó Podemos, la conocemos. Estuvimos siguiendo su toma en consideración el pasado día 26 y hemos visto que recoge muchas de las preocupaciones que tiene Amnistía. Es cierto que no hemos hecho un análisis en profundidad, que esperamos hacerlo, y ojalá que los trabajos en relación con la violencia sexual se retomen en la próxima legislatura. Desde luego, haremos todas las aportaciones que puedan contribuir a enriquecer esta ley si se retoma, porque creo que fue considerada a favor por todos los grupos parlamentarios. (Varias señoras diputadas: Hubo abstenciones). Hubo abstenciones, pero sin ningún voto en contra. Desde luego, nos interesaría hacer aportaciones. Hemos visto que hay muchas medidas respecto a prevención y formación y algo que también nos ha parecido muy interesante y que no se abordó en la Ley integral ni se aborda casi en ninguna ley, que es la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, una cuestión fundamental y una asignatura pendiente también para la Ley integral, puesto que, como digo, no recoge medidas de reparación. Por tanto, sí, la conocemos y nos encantará tener la oportunidad de hacer aportaciones en la próxima legislatura.
En cuanto a la segunda pregunta, nuestra valoración siempre parte de un ámbito del Derecho internacional referido a los derechos humanos. La propia declaración para la eliminación de la discriminación contra la mujer en 1993 ya reconocía la existencia de relaciones dominantes de género del hombre hacia la mujer y de los obstáculos que esto supone para el pleno desarrollo de las mujeres. Por lo que se refiere a España, tal y como recogemos en el informe, llevamos treinta años sin políticas públicas con relación a la violencia sexual, asunto que ha estado totalmente invisibilizado. ¿Existe una cultura de violación? Sin dar mi opinión, creo que es interesante señalar ciertas frases que recogía la macroencuesta publicada en 2015 relativas a opiniones que vertían las personas entrevistadas, como que las mujeres que dicen haber sido acosadas sexualmente en el trabajo normalmente suelen exagerar, las mujeres que esperan semanas o meses para denunciar una situación de acoso sexual probablemente se lo han inventado, si una mujer invita a un hombre a tomar una copa en su casa después de haber salido significa que quiere sexo, cuando un hombre presiona a su pareja para mantener relaciones sexuales no puede llamarse violación, una mujer que viste de manera provocativa no debería sorprenderse si un hombre intenta obligarla a mantener relaciones sexuales. Es decir, todavía hay mucho trabajo por hacer respecto a la normalización de las agresiones que sufren las mujeres.
En cuanto a la pregunta referida a los centros de crisis, enlazando con el comentario que hacía Ángeles Álvarez, el viernes estuve en Asturias entrevistándome con la consejera de Igualdad y en el ayuntamiento, y, efectivamente, conocemos las dificultades territoriales que muchas veces puede haber para la existencia de estos centros. No obstante, Amnistía Internacional considera que, igual que se ha hecho en otros países, igual que existen ejemplos en Estados Unidos, Reino Unido o Australia, también se puede intentar replicar el modelo en España. Por otra parte, los centros de crisis no son solamente centros de emergencia, además son centros que ofrecen una atención multidisciplinar, en la que tenemos psicólogos, abogados, trabajadoras sociales que pueden ayudar a la mujer. Como bien comentaba Sofía, no siempre la mujer va a denunciar la agresión nada más sufrirla y necesita estos centros de referencia, por lo que además -un hecho muy importante- no tiene que ir de un lado a otro buscando la asistencia. Por tanto, son centros en los que la mujer va a encontrar toda la asistencia centralizada y donde la van a ayudar en lo que necesite, tanto si quiere denunciar como si no quiere hacerlo. Insisto, son centros en los que, en el caso de que vaya a haber una denuncia, va a ser la policía la que se desplace y es el médico forense el que se puede prever que pueda desplazarse. Por tanto, son modelos a explorar, sobre todo pensando en el bienestar de la mujer. Por ejemplo, Gonzalo, la persona que hemos visto en el vídeo, tardó mucho tiempo en denunciar a su padre, tardó años, y fue gracias al SAVA, en Andalucía, donde se le estuvo acompañando y dando asesoramiento y apoyo hasta que se sintió lo suficientemente fuerte para denunciar y meterse en el procedimiento judicial que reconocía que había sido una pesadilla, a pesar de que hubo sentencia condenatoria contra su agresor. Por tanto, estos centros de crisis tienen que ser centros de emergencia, pero también de asistencia a todas las mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual.
En cuanto a las preguntas sobre falta de coordinación de protocolos, esta es total y absoluta. Respecto a la manera de poder identificarla, lo único que se me ocurre es una anécdota. Cuando realizábamos el informe, tuvimos una entrevista con la responsable de la oficina de atención a víctimas de la Comunidad de Madrid. Nos explicó la labor que estaban haciendo con relación a las mujeres víctimas de violencia sexual, pero, ante la pregunta de cuál era su intervención en el nuevo protocolo que estaba realizando la Comunidad de Madrid junto con el ayuntamiento y el servicio de medicina forense de plaza Castilla, nos dijo que lo desconocía. Y estamos hablando de la institución que en la Comunidad de Madrid está dando
asistencia a las víctimas. Creo que esto lo dice todo. Nos hemos encontrado con que no hay coordinación entre la policía y las oficinas de asistencia a las víctimas ni de la fiscalía con las que se encuentran bajo el amparo del Estatuto de la Víctima. Hay mucha descoordinación entre Gobierno central y comunidades autónomas en cuanto a la respuesta por parte de las distintas autoridades. Incluso, hay descoordinación entre los propios profesionales forenses. Como antes comentaba, mientras que en la ciudad de Madrid, siguiendo el actual protocolo, el forense se desplaza al Hospital La Paz y solamente lo hace previa denuncia, no ocurre igual fuera de la ciudad de Madrid en otros hospitales, y hay forenses que acuden en cuanto que el hospital les avisa de que una mujer ha sufrido agresión y no preguntan si ha habido denuncia o no. Es decir, ni siquiera en una comunidad uniprovincial como es Madrid muchas veces hay coordinación entre sus propias instituciones; no lo quiero imaginar en comunidades con más provincias. Por otra parte, aunque Amnistía Internacional ha intentado hacer un repaso de toda la legislación autonómica existente, no hemos podido estudiar en profundidad todas las comunidades autónomas. Hubiera sido muy complicado, y nos hemos ido centrando en algunas, en la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña y Andalucía, intentando fijarnos en aquello que puede ser una buena práctica o algo a mejorar. En definitiva, lo que se tiene que hacer con urgencia por parte de la Delegación del Gobierno es coordinar a todos los ministerios, a fin de que revisen tanto lo bueno que tienen como lo menos bueno, al tiempo que también se coordinen con el resto de comunidades autónomas. Por ejemplo, sería interesante conocer cuál es la práctica que ahora mismo está llevando a cabo el Clinic de Barcelona, porque, en nuestra opinión, tiene una buena práctica en cuanto a atención a mujeres que han sufrido algún tipo de agresión sexual.
Por último, la Ley de extranjería modificó alguna normativa, pero también lo tienen que conocer las víctimas. No obstante, esta ley y otras han de ser reformadas, y las instrucciones a la policía deben ser claras. Como digo, tiene que ser ampliamente conocido por toda la sociedad que no va a tener repercusión el hecho de que una mujer agredida sexualmente o víctima de violencia de género acuda a la policía. Hoy en día cualquier abogado al que se pida asesoramiento comentará que se expone a esto si acude a una comisaría a denunciar. Por tanto, es importante que se produzca esta reforma.
En cuanto a Cavax, a lo mejor es un error, aunque nosotros consideramos que no lo es. Como digo, el viernes pasado estuvimos en Asturias y nos reuniones con este servicio. Este informe no hubiera sido posible sin la colaboración de todas las profesionales de organizaciones no gubernamentales que han colaborado en él. Cuando hablamos de falta de formación y asistencia adecuada, por supuesto no nos referimos a estas profesionales, respecto de las que quiero aprovechar para hacer mi más profundo reconocimiento de su trabajo; estamos hablando de la respuesta institucional, de la diligencia debida por parte del Estado. Es cierto que muchas veces la atención se presta a través de subvenciones o se delega en las organizaciones no gubernamentales, pero ellas mismas nos dicen estar estranguladas en muchas ocasiones, con pocos fondos, recursos y profesionales, sin poder llegar a todo. Las organizaciones no gubernamentales asisten a muy pocas personas, también por sus escasos recursos. Por tanto, aprovecho esta ocasión para hacer un llamamiento y que se aproveche a todas esas buenas profesionales que realizan este tipo de trabajo. En Asturias estuvimos con Cavax -ya no está en Madrid, nos hablaron del estrangulamiento económico que estaban teniendo y que finalmente les llevó a desaparecer-, y no hay nada institucional, depende de las organizaciones no gubernamentales. En definitiva, quizás me expliqué mal cuando hablaba de ello, pero, por supuesto, nos estamos refiriendo a la Administración.
En cuanto a la intervención preventiva, hablamos de lo mismo, de que la prevención ha de venir por parte de un compromiso claro de las autoridades. En el análisis que ha hecho Amnistía Internacional en los últimos treinta años -hemos considerado este periodo porque es el tiempo en que se han desarrollado políticas públicas en relación con la violencia de género- no hemos encontrado políticas de prevención a nivel estatal dirigidas contra la violencia sexual. No obstante, es cierto que ha habido campañas de prevención a nivel autonómico, principalmente, y también a nivel local, como se contempla en el informe.
Respecto a las consideraciones relativas a los datos, conscientemente hablo siempre de violencia sexual, porque estoy de acuerdo con usted en que tenemos que referirnos a todas las violencias sexuales, y no solamente pensar en la violación, ya que, al final, muchas veces se termina teniendo una respuesta punitiva frente a la violación pero se obvian todas las otras violencias sexuales, que en el informe hemos intentando tener en cuenta. Además, en él hemos intentado hacer una valoración cualitativa, no tanto cuantitativa.
En cuanto a los datos, estoy de acuerdo en que no nos podemos referir a ellos porque no los conocemos, no se recogen. Lo único que hemos podido hacer ha sido ir a las fuentes oficiales y a las macroencuestas, y nos hemos dado cuenta de que los datos son muy incompletos. También hoy es nuestra última
comparecencia ante las autoridades, porque hemos tenido la oportunidad de trasladar nuestras preocupaciones a la secretaria de Estado, a la delegada del Gobierno, también mantuvimos una reunión con la ministra de Justicia, hemos estado con la secretaria de Estado de Seguridad y también estamos manteniendo reuniones con las distintas autoridades en las comunidades autónomas, y es lo que estamos pidiendo, que empiecen a recogerse todos los datos sobre violencia sexual. El otro día estuvimos con la Fiscal de Sala de Violencia, quien nos decía que incluso los datos de policía pueden no ser del todo exactos, porque son ellos quienes califican en un primer momento. Si no tenemos una adecuada identificación, podemos estar considerando abuso lo que en realidad es una agresión. Por tanto, creo que todo ello también nos debe hacer reflexionar en cuanto a cómo mejoramos la calidad de los datos que se recogen.
Respecto al proyecto para modificar el Código Penal, nos lo trasladó la ministra y yo esperaba que se presentara mañana, en el último Consejo de Ministros, ya que nos dijo que el trabajo estaba finalizado. Nos gustaría ver la propuesta que se ha venido trabajando durante todo este tiempo. También hemos visto la propuesta que ha presentado Unidos Podemos, y la que hizo el Partido Popular, que, desde nuestro punto de vista, se queda un poco escasa, entendiendo también que quieran pasar parte de lo que hoy en día está considerado como abuso a agresión. Estamos ante una oportunidad que creo que amerita dar una vuelta y reorganizar todo este capítulo, para que quede claro que lo primero es el consentimiento, y luego, por supuesto, habrá que graduar y tener en cuenta los distintos delitos y la distinta respuesta punitiva que haya que dar a las diversas conductas. Desde un punto de vista pedagógico, el hecho de seguir hablando de abuso también puede ir en contra de lo que queremos decir, ya que abuso siempre puede considerarse como algo menos grave que agresión. Creo que es necesario recuperar la palabra violación y hacer un ejercicio de revisión, incluso pedagógicamente, para dar un mensaje a la sociedad de que ir en contra de la voluntad de una mujer, ya sea con abuso de autoridad, etcétera, no es solo abuso, sino algo más, puesto que se está violentando la libertad sexual de la persona.
Acerca de la recogida de muestras forenses, por la experiencia con forenses con quienes hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos, una de las cosas que más nos preocupan es la escasez de medios y recursos que suelen tener, igual que su escasez numérica, lo que muchas veces les impide poder presentarse adecuadamente, en tiempo y forma cuando son requeridos, porque eso puede afectar a la calidad de su trabajo. No obstante, lo que tenemos que señalar es que la recogida de muestras no puede estar vinculada a que haya una denuncia. Habrá mujeres que quieran denunciar y otras que no lo quieran hacer y habrá mujeres que necesiten tiempo para decidir lo que hacen, sobre todo en aquellos casos, y son muchos, en los que la agresión o la violencia sexual se ha producido en un ámbito conocido, no por una persona desconocida sino en un ámbito cercano. Creo recordar que el protocolo sanitario de 2012 del Ministerio de Sanidad contemplaba la posibilidad de realizar una recogida de muestras si no estaba el médico forense, sobre todo para respetar la cadena de custodia, y me pareció buena idea, porque lo importante es que, independientemente de quién recoja la muestra, se garantiza la cadena de custodia. Quizás haya que explorar también cómo se hace. Por ejemplo, en el Clinic nos decían que ellos recogen muestras, independientemente de que se quiera realizar o no la denuncia, al objeto de que posteriormente la mujer pueda hacerlo. En cuanto a los criterios de acreditación, se pueden explorar varios, como un informe social por parte de un equipo especializado o un informe médico que pueda dejar claro cuáles son las lesiones físicas y secuelas psicológicas que presenta la mujer, y entendemos que este también puede ser un criterio válido a tener en cuenta.
Entiendo que han sido consideraciones, más que preguntas directas. Por supuesto, como decía antes, una revisión de la legislación no sirve para nada si no va acompañada de un compromiso por parte de las autoridades y jueces de aplicarla adecuadamente. Por tanto, la formación en violencia de género y los condicionamientos que tiene una mujer resulta indispensable, y esto ya se vio cuando se establecieron los juzgados especializados en violencia de género. La violencia de género conlleva una serie de especificidades que también han de tener un tratamiento adecuado. Estoy muy de acuerdo en cuanto a la necesidad de que los jueces y la fiscalía sepan y entiendan cuál es el proceso por el que pasa la víctima y se tengan en cuenta todas sus necesidades, porque además es testigo, con todas las dificultades que ello conlleva. Actualmente, el proceso penal en el que se dirime una agresión sexual es altamente revictimizador para la mujer, es decir, se la cuestiona constantemente, por lo que hay que intentar examinar esta realidad y, teniendo en cuenta las garantías de la persona que está siendo procesada, que no termine convirtiéndose en un auténtico martirio para ella, como hemos podido observar que sucede en los juicios. A veces se tiene que declarar estando al lado del agresor, incluso aunque se ponga un biombo -en ocasiones completamente roto, como hemos podido ver en algunos casos-, resultando que, al final,
lo que se está juzgando es la vida o el comportamiento sexual o de otra índole de la mujer. Es decir, además de una ley que establezca clarísimamente que lo que prima es la falta de consentimiento, también ha de haber unos operadores jurídicos especializados que entiendan cuáles son los condicionantes por los que está pasando la mujer. Recuerdo a una abogada con quien hablamos durante esta investigación que nos decía que una violación se juzga igual que si se hubiese robado un móvil, y no lo decía desde el punto de vista de las garantías, que estamos de acuerdo que tiene que haber, sino de la banalización que muchas veces se produce por parte de los operadores jurídicos cuando la mujer tiene que exponer toda su intimidad delante de ellos. Por eso hemos incidido también en nuestra intervención en la necesidad de una formación en derechos humanos y en perspectiva de género.
Estoy totalmente de acuerdo con usted en que se pueden adoptar muchísimas medidas. Por ejemplo, que a lo mejor la mujer pueda declarar en otra sala, que no tenga que estar en presencia del agresor, o el simple hecho, como nos comentaba una abogada, de que el fiscal o la fiscal se acerque a la víctima y le explique cómo va a ser el procedimiento o que se preocupe realmente de su bienestar. Son pequeños detalles que pueden hacer que la mujer no sienta el procedimiento judicial como una agresión, que es lo que está pasando ahora y lo que hace que muchas mujeres finalmente no quieran denunciar porque no quieren enfrentarse a ese cuestionamiento de su credibilidad.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Álvarez, por su comparecencia, por lo extenso de sus comentarios y de sus aclaraciones. Sobre todo, quiero agradecer a la organización a la que usted representa el trabajo que hace día a día, que la convierte en correa transmisora de lo que está ocurriendo en la realidad para detectar todas aquellas cuestiones que tenemos que mejorar y que vienen bien al Poder Legislativo. Muchas gracias por su trabajo de cada día y por las cualificadas aportaciones que ha hecho.
Para terminar, señorías, quiero decirles que estamos en esta Comisión, que en este momento es la última viva en el Congreso de los Diputados. (Aplausos). Mercedes lo estaba controlando y me lo ha chivado. Me ha dicho: Somos la última Comisión.
Me gustaría decir, muy brevemente -con mayor brevedad que la de sus señorías cuando han intervenido hoy-, que ha sido un honor no solo presidir esta Comisión, sino también la de Igualdad; que ha sido un honor compartir días tan intenso. Creo que la Comisión de Igualdad, no tanto la Comisión de Seguimiento del Pacto -asumo en todo caso la responsabilidad que me corresponde-, ha sido de las más fructíferas de esta legislatura. Creo que hemos sido la Comisión -Mercedes tiene los datos y lo puede corroborar- que ha tenido la actividad legislativa más intensa, el trabajo más cualificado. Recuerdo que cuando comenzó la legislatura, el día que se constituyó la Comisión y asumí la Presidencia de la misma les trasladé una idea que en aquel momento se me vino a la cabeza, y era que era nuestra obligación y que teníamos que hacer nuestro trabajo. Creo que humildemente podemos decir que hemos hecho nuestro trabajo.
El Pacto de Estado no nos pertenece ya; el Pacto de Estado no era para que nos perteneciera a nosotras y a nosotros, sino que era lo que le debíamos a la sociedad, sobre todo a esas mujeres que necesitan no solamente la literatura del pacto, sino toda la acción política que viene después. Ahora nos toca el seguimiento, el control, la evaluación, exigir al Ejecutivo, sea del color que sea, que cumpla con los compromisos del pacto, así como a todos los ámbitos administrativos, instituciones y poderes del Estado. Sobre todo, debemos seguir con la iniciativa legislativa, que es nuestro trabajo.
El elemento humano no es una cuestión baladí, sino que define consecución de objetivos y éxitos. Creo que en este trabajo que hemos desarrollado el elemento humano ha sido determinante. El elemento humano que representan ustedes, señorías, quienes están ahora en este momento y quienes no están -hay grupos que no están, hay compañeros y compañeras que no están-, ha hecho posible que superáramos momentos de debate político tremendamente intenso en la disparidad, en la diferencia, pero hemos tenido la capacidad de buscar puntos de encuentro, en un momento en el que creo que es más necesario el diálogo y el acuerdo político, porque, al final, la política no es otra cosa más que eso: el diálogo y el punto de encuentro. Para eso nos eligen los ciudadanos y las ciudadanas de este país.
Gracias a Mercedes una vez más. Creo que nunca estaremos suficientemente agradecidos y agradecidas. Gracias a los servicios de la Cámara. Sobre todo, gracias por todo, señorías. Nos seguiremos viendo haciendo nuestro trabajo. (Aplausos).
Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.