Source: https://cubacid.com/proyecto-constitucional/
Timestamp: 2018-01-22 14:04:17
Document Index: 326091174

Matched Legal Cases: ['Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 31', 'Artículo 34', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 46', 'Artículo 49', 'Artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 60', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 74', 'Artículo 76', 'Artículo 81', 'Artículo 83', 'Artículo 89', 'Artículo 97', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 116', 'Artículo 118', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 130', 'Artículo 132', 'Artículo 136', 'Artículo 142', 'Artículo 145', 'Artículo 147', 'Artículo 150']

Proyecto Constitucional - CID
Proyecto Constitucional	InfoCID	2018-01-11T22:05:26+00:00
El gobierno está subordinado a las leyes. El presidente y todos los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ellas.
Iniciar la exploración del tema constitucional entre los activistas y simpatizantes del partido Cuba Independiente y Democrática (CID) en nuestro país y entre ellos y el pueblo.
Dar a conocer a otros grupos de oposición en Cuba nuestro punto de partida en este asunto, con el interés de que se sientan en libertad de criticarlo, hacer sugerencias o participar en un esfuerzo común cuando y como ellos lo estimen conveniente.
Presentar a la Nomenclatura que, si quiere un cambio real en Cuba, esta es una visión de la institucionalidad en un régimen de derecho en que las exclusiones y la represión no tendrán lugar, y la justicia y el progreso estarán debidamente enmarcados en leyes respaldadas directamente por la población.
Dar a conocer a los cubanos en el exterior, tan cubanos como nosotros y con iguales derechos, estos planteamientos sobre cómo vamos viendo ese gran compromiso social sobre el que se construye una Nueva República: su Constitución.
Hacer extensivas nuestras reflexiones a los millones de ciudadanos del mundo solidarios con nuestra tragedia nacional y esperanzados en un futuro de libertad y democracia para Cuba.
Esta proposición será mejor comprendida si se considera dentro del marco de dos planteamientos anteriores. Primero la “Declaración de Caracas” (Su conciencia política), documento fundacional del CID de su primer congreso en Caracas, Venezuela, en octubre de 1980. En él que se exponen cinco principios fundamentales: Independencia Nacional, Democracia Política, Democracia Económica, Justicia Social e Integración Latinoamericana. Segundo, el “Proyecto de la Nueva República”, en el cual se plantea un esquema de transición que creemos contempla los factores y circunstancias más importantes a tener en consideración en ese periodo. Entre estos la “Promulgación de la Ley Constitucional de la Provisionalidad”, etc.
Patria Pueblo y Libertad, Daniel Mesa, Katia Sonia Martin, Ricardo Medina Salabarria, Irel Gomez
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Partido Cuba Independiente y Democrática
“Cuba es una república independiente y democrática consagrada al respeto de la dignidad y del progreso de sus ciudadanos dentro del marco de un sistema democrático, entendido este como el régimen donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público.”
Cap. I – DE LA NACIÓN. DE SU FORMA DE GOBIERNO Y DEL TERRITORIO NACIONAL
Cap. II – DE LOS CUBANOS
Los nacidos, dentro o fuera del territorio de la República, de padre o madre cubano, o de hijos de padres o madres cubanos.
Los nacidos en el territorio de la República de padres extranjeros, siempre que reclamen su inscripción como cubanos en el Registro correspondiente.
Cumplir plena y fielmente con lo que disponen esta Constitución y las leyes de la República
Servir a la Patria en su defensa, en los casos y forma que determinen las leyes.
Contribuir para los gastos públicos, en la forma y proporción que dispongan las leyes.
Cap. III – DERECHOS Y DEBERES DE LOS CUBANOS
SECCIÓN PRIMERA: DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES
Artículo 17.– El auto de hábeas corpus será concedido con rapidez y libre de costos. No se suspenderá el privilegio del auto de hábeas corpus a no ser que, en casos de rebelión, insurrección o invasión, así lo requiera la seguridad pública. Sólo el Congreso Nacional tendrá el poder de suspender el privilegio del auto de hábeas corpus y las leyes que regulan su concesión.
Artículo 19.– Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución y las leyes.
Artículo 25.– Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.
Artículo 27.– Todos los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de asociarse para fines lícitos, salvo en organizaciones militares o cuasi militares. Las reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley. Nadie podrá ser obligado a formar parte de ninguna asociación.
Artículo 31.– Toda persona podrá entrar en el territorio de la República, salir de él, viajar dentro de sus límites, y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las leyes sobre migración, y las facultades atribuidas a la autoridad en caso de responsabilidad judicial.
Artículo 34.– Por motivos de interés público superior, de carácter social o ambiental, podrá el Congreso, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer limitaciones o afectaciones a la propiedad.
SECCIÓN SEGUNDA: DERECHOS Y DEBERES SOCIALES
Artículo 41.– El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando a la sociedad e invirtiendo los recursos públicos con el fin de propiciar amplias oportunidades en todos los campos para el ejercicio de la creatividad, el desarrollo económico y el disfrute de la riqueza.
Artículo 43.– El Estado ofrecerá servicios de educación superior, incluso apoyando a quienes deseen obtenerlos pero carezcan de recursos pecuniarios, según las necesidades del desarrollo nacional.
Artículo 46..- Todos los trabajadores tendrán derecho a días de descanso, incluyendo [incluso] vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio continuo.
Artículo 49.– Se establece un seguro de salud para todos los trabajadores, mediante la contribución solidaria del Estado, patronos y trabajadores, en la forma que determine la ley. Este seguro será extensivo a la familia inmediata en primer grado del trabajador. La administración de este seguro estará a cargo de una institución especializada del Estado.
Artículo 54.– Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.
SECCIÓN TERCERA: EL SUFRAGIO
Artículo 56.– Las leyes garantizarán la elección de las autoridades públicas mediante el sufragio universal, igual, directo, obligatorio y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.
Artículo 57.– Todos los cubanos y cubanas mayores de dieciocho años, tienen derecho de sufragio, con excepción de los incapacitados mentalmente, previa declaración judicial de su incapacidad.
Artículo 60.– Para la expresión de la voluntad popular en la elección de autoridades, los ciudadanos se organizarán en partidos políticos. Los partidos serán de ámbito nacional para la elección del Presidente y los congresistas. En la elección de las autoridades municipales podrán participar tanto los partidos de ámbito nacional como partidos del municipio.
SECCIÓN CUARTA: SUSPENSIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Artículo 64.– Las garantías establecidas en la sección primera de este capítulo no podrán suspenderse en toda la República ni en parte de ella sino temporalmente y cuando lo exija la seguridad del Estado, en caso de invasión del territorio o de grave perturbación del orden que amenace la paz pública. La declaratoria de suspensión de garantías deberá hacerla el Congreso por mayoría absoluta. El territorio en que fueren suspendidas esas garantías se regirá, durante la suspensión, por la Ley de Orden Público dictada de antemano. Ni en dicha ley ni en otra alguna podrá disponerse la suspensión de más garantías que las ya mencionadas. Tampoco podrá hacerse, durante la suspensión, declaración de nuevos delitos, ni imponerse otras penas que las establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión.
Cap. IV – DE LOS PODERES PUBLICOS
Artículo 65.– El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de las funciones que le son propias.
SECCION SEGUNDA: DEL PODER LEGISLATIVO
Artículo 74.– Para abrir cada sesión se requiere la presencia en el recinto legislativo de al menos dos tercios de los congresistas, así como para proceder a las votaciones. Durante el resto de la sesión el quórum será de la mitad de los congresistas.
Artículo 76.– Todo congresista gozará de inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones. Desde que sea declarado electo hasta que termine su período legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo civil o penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por el Congreso. Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, o cuando el congresista la renuncie.
Artículo 81.– Antes de promulgarse como ley, todo proyecto debe distribuirse impreso a todos los congresistas; enviarse a una comisión permanente o especial para que esta lo estudie, le incluya modificaciones si lo considera pertinente, y lo devuelva al plenario con su informe; debatirse en el plenario legislativo dos veces en días no consecutivos y alcanzar el número de votos necesarios. Debe tener la aprobación del Poder Ejecutivo y publicarse en el diario oficial. La ley quedará en vigor diez días después de su publicación o en la fecha en que haya sido determinada como parte de la misma.
Artículo 83.– En caso de un veto del Poder Ejecutivo por argumentos de inconstitucionalidad, el proyecto será enviado a la sala constitucional del Poder Judicial para su resolución. El proyecto será devuelto al Poder Ejecutivo y al Congreso con el dictamen y las recomendaciones de la Sala para su discusión en el plenario legislativo.
Artículo 89.– La iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.
Crear las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, con excepción de las determinadas por el Consejo Electoral.
Discutir y aprobar los presupuestos de ingresos y gastos anuales del Estado.
Nombrar los magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia.
Autorizar o no los empréstitos o convenios internacionales negociados por el Poder Ejecutivo en el campo del crédito público.
Autorizar o no los convenios internacionales que deleguen alguna competencia a un ente supranacional, siempre y cuando estos no sean consecuencia de tratados ya autorizados por el Congreso Nacional.
Autorizar o no el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional o de naves de guerra en los puertos y aeropuertos, salvo en los casos anteriormente citados.
Autorizar o no al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o concertar la paz.
Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno; resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio de la presidencia a quien deba sustituirlo.
Legislar sobre la moneda, el crédito y las pesas y medidas, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos técnicos especializados.
Ejercer control político sobre las autoridades e instituciones de gobierno y sobre los asuntos públicos en general, para lo cual podrá establecer comisiones investigadoras especiales.
Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio del Congreso fueren culpables de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes.
SECCIÓN TERCERA: DEL PODER EJECUTIVO
Ser cubano por nacimiento o naturalización.
Haber cumplido cuarenta años de edad.
Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.
Artículo 97.– Corresponde al Presidente de la República:
Sancionar y promulgar las leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecutar; dictar, cuando no lo hubiere hecho el Congreso, los reglamentos para la mejor ejecución de las leyes, y expedir, además, los decretos y las órdenes que crea convenientes para cuanto incumba al gobierno y administración del Estado, sin contravenir en ningún caso lo establecido en las leyes.
Presentar al Congreso, al principio de cada Legislatura y siempre que lo estime oportuno, un mensaje referente a los actos de la Administración y demostrativo del estado general de la República, y recomendar además la adopción de leyes y resoluciones que crea necesarias o útiles.
Presentar al Congreso el Proyecto de presupuesto anual del Gobierno de la República para el siguiente año.
Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las otras naciones.
Nombrar y remover libremente a los Ministros.
Suspender la ejecución de sentencias, conceder indultos, conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones. Esta facultad no se extiende a funcionarios públicos penados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Disponer, como Jefe Supremo, de las fuerzas de orden y defensa de la República.
Proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas. El Congreso deberá inmediatamente reunirse por iniciativa propia para ratificar o revocar la proclama.
SECCIÓN CUARTA: DEL PODER JUDICIAL
Ser cubano por nacimiento o naturalización
Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y no haber sido condenado a pena aflictiva por delito común.
Ser profesional en Derecho, con al menos diez años de experiencia en el ejercicio de la abogacía.
Artículo 110.– El Tribunal Supremo funcionará bajo reglas de su propia adopción, en pleno o dividido en salas compuestas de no menos de cinco jueces. La ley determinará las salas en que debe dividirse el Tribunal, pero al menos una de ellas estará especializada en resolver únicamente sobre asuntos de orden constitucional. A esta sala le corresponderá, en particular,
Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Consejo Electoral, así como con las demás entidades u órganos que indique la ley.
Conocer de las consultas del Congreso sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley.
Artículo 111.– El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrán conocer en primera instancia recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley.
Cap. V – DEL CONSEJO ELECTORAL
Artículo 116.– El Consejo Electoral estará integrado por seis Magistrados propietarios y seis suplentes, nombrados por la Tribunal Supremo de Justicia por los votos de al menos dos tercios del total de sus miembros. Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las mismas responsabilidades que los Magistrados que integran el Tribunal.
Artículo 118.– Los Magistrados del Consejo Electoral gozarán de las inmunidades y prerrogativas que corresponden a los miembros de los Supremos Poderes.
Convocar a elecciones populares y supervisar su realización;
Investigar por sí mismos o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos políticos sobre actividades electorales de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Consejo Electoral será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un período no menor de dos años. No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el Presidente de la República, Ministros de Gobierno, o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Electoral se concretará a dar cuenta al Congreso Nacional del resultado de la investigación;
Dictar, con respecto a las fuerza del orden, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de seguridad y libertad. Estas medidas las hará cumplir el tribunal por sí o por medio de los delegados que designe;
Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la República, legisladores del Congreso Nacional, miembros de las Municipalidades y representantes a Asambleas Constituyentes;
Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación y, en el plazo que la ley determine, la de los otros funcionarios citados en el inciso anterior;
Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum.
Llevar el registro de la población y formar las listas de electores;
Resolver las solicitudes para adquirir la calidad de cubano;
Cap. V – DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y EL RÉGIMEN MUNICIPAL
Artículo 123.– En cada provincia habrá un gobernador nombrado por el Poder Ejecutivo para el mismo período de la correspondiente administración presidencial. Será responsabilidad del gobernador velar por la coordinación de las actividades de los ministerios y otras instituciones estatales en el territorio provincial.
Artículo 124.– Para la coordinación de las tareas de gobierno con los municipios, el gobernador contará con el Consejo Provincial, formado por los alcaldes de todos los municipios de la provincia y el propio Gobernador. El Consejo Provincial sesionará cuando lo convoque el Gobernador, quien lo presidirá. Sus acuerdos constituirán recomendaciones de consideración obligatoria para el Gobernador, pero no serán vinculantes. En el caso de que el Gobernador decida apartarse de una recomendación aprobada por el Consejo Provincial, deberá justificar sus razones por escrito en forma pública.
Artículo 125.– Los Municipios serán regidos por Ayuntamientos, compuestos de concejales elegidos por sufragio de primer grado, en el número y en la forma que la Ley prescriba. Los concejales serán electos por cinco años, en coincidencia con los períodos presidenciales, y podrán reelegirse. Los concejales elegirán de entre ellos un Presidente del Ayuntamiento.
Acordar sobre todos los asuntos que conciernan exclusivamente al Municipio.
Formar sus presupuestos, estableciendo los ingresos necesarios para cubrirlos, sin otra limitación que la de hacerlos compatibles con el sistema tributario del Estado.
Acordar empréstitos; pero votando al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de sus intereses y amortización.
Nombrar y remover los empleados municipales conforme a lo que establezcan las leyes.
Publicar los acuerdos de los Ayuntamientos que tengan fuerza obligatoria, ejecutándolos y haciéndolos ejecutar.
Ejercer las funciones activas de la administración municipal, expidiendo, al efecto, órdenes y dictando además instrucciones y reglamentos para la mejor ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento, cuando éste no los hubiere hecho.
Artículo 130.– El Alcalde recibirá del Tesoro Municipal una dotación, que podrá ser alterada en todo tiempo, pero no surtirá efecto la alteración sino desde que se verifique nueva elección de Alcalde.
Cap. VI – DE LA HACIENDA NACIONAL
SECCIÓN PRIMERA: EL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA
Artículo 132.– El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y los gastos autorizados de la administración pública, durante todo el año económico, del primero de enero al treinta y uno de diciembre.
Artículo 136.– El Congreso no podrá aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos.
SECCION SEGUNDA: LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Artículo 142.– Son deberes y atribuciones de la Contraloría:
Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Gobierno de la República;
Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades, y fiscalizar su ejecución y liquidación;
Enviar anualmente al Congreso Nacional, en su primera sesión ordinaria, un informe correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugerencias que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos;
SECCIÓN TERCERA: LAS EMPRESAS DEL ESTADO
Artículo 145.– Las empresas del Estado, o en las que este participe como accionista, tendrán total autonomía administrativa y sus directores serán responsables por su gestión. Los estados financieros de esas empresas estarán sujetos a revisión por la Contraloría General de la República, que informará de los resultados correspondientes al Congreso Nacional.
Cap. VII – LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
Artículo 147.– La Defensoría de los Habitantes de la República estará adscrita al Poder Legislativo y desempeñará sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio. El Congreso Nacional evaluará anualmente el funcionamiento de la Institución, mediante el informe presentado por el Defensor.
Cap. VIII – EL SERVICIO CIVIL
Cap. IX – LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION
La proposición para reformar uno o varios artículos debe ser presentada al Congreso Nacional en sesiones ordinarias, firmada al menos por diez congresistas o por el cinco por ciento, como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el registro electoral.
En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada por mayoría absoluta del Congreso para que dictamine sobre su conveniencia, en un término de hasta veinte días hábiles.
Presentado el dictamen se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la formación de las leyes; la decisión de proceder con la reforma deberá aprobarse por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros del Congreso;
Acordado que procede la reforma, el Congreso preparará el correspondiente proyecto, por medio de una Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo;
El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará al Congreso al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observaciones, o recomendándolo;
El Congreso Nacional, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates, y si lo aprobare por votación no menor de dos tercios de votos del total de los miembros del Congreso formará parte de la Constitución, y se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia.
Las reformas constitucionales podrán someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso Nacional.
Artículo 150.– La reforma general de esta Constitución sólo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria deberá ser aprobada por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros del Congreso Nacional, y no requiere sanción del Poder Ejecutivo.