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Timestamp: 2020-07-04 10:11:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 30', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 3', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 17']

BOE.es - Documento BOE-A-2004-16476
Documento BOE-A-2004-16476
«BOE» núm. 230, de 23 de septiembre de 2004, páginas 31693 a 31704 (12 págs.)
BOE-A-2004-16476
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2004/08/10/9
El artículo 38.º de la Constitución española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y obliga a los poderes públicos a garantizar y proteger el ejercicio de dicha libertad y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, estableció las normas básicas reguladoras de la ordenación de las actividades e instalaciones industriales, e incorporó en el ámbito de la seguridad y calidad industriales los principios de liberalización industrial existentes en la normativa comunitaria, especialmente en lo que se refiere a los procedimientos de acreditación del cumplimiento de los requisitos reglamentarios de seguridad, al régimen de responsabilidades –tanto de los titulares de las industrias e instalaciones como de todos los agentes que incurran en las mismas y al control administrativo.
En definitiva, la presente ley –dentro del marco de la legislación básica estatal y con la base que aportan las experiencias de derecho comparado, tanto autonómico como de otros estados miembros de la Unión Europea– tiene por objeto compatibilizar los instrumentos de la política industrial con los de la libre competencia y circulación de mercancías, con el fin de eliminar barreras técnicas a través de la adecuada articulación de los instrumentos de control y vigilancia que garanticen la correcta aplicación de la reglamentación de seguridad industrial.
Para el cumplimiento de los objetivos señalados, la presente ley se estructura en una exposición de motivos, en la que se justifica la oportunidad y conveniencia de su aprobación, en cuatro títulos –divididos, en algunos casos, en capítulos y éstos, a su vez, en secciones– que comprenden un total de 44 artículos, así como en cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y dos anexos.
El título I aborda la regulación de los instrumentos necesarios para la ordenación de la seguridad industrial en Galicia, entre los que se encuentran los planes de inspección, que se configuran como una herramienta básica del sistema de control de la seguridad industrial.
Asimismo desarrolla el régimen jurídico, en particular la intervención administrativa y las obligaciones de los titulares de instalaciones y establecimientos industriales.
Así pues y al amparo del artículo 30.º2 del Estatuto de autonomía de Galicia, que reconoce a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de industria sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado en materia de seguridad industrial, es necesario dictar en esta comunidad una norma que ordene y armonice los sistemas de control de la seguridad industrial en Galicia.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.º2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24.º de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley de seguridad industrial.
c) Instalación existente: cualquier instalación en funcionamiento que –sujeta a seguridad industrial fuese autorizada, comunicada o ejecutada de acuerdo con su normativa correspondiente.
e) Producto industrial: cualquier manufactura o producto transformado o semitransformado de carácter mueble –aun estando incorporado a otro bien mueble o a uno inmueble– y toda parte que lo constituya, como materias primas, sustancias, componentes y productos semiacabados.
i) Entidades legalmente habilitadas: entidades públicas o privadas, con personalidad jurídica, que se constituyen con la finalidad de verificar –mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría– el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones industriales establecidas en los reglamentos de seguridad industrial.
Para la aplicación de la presente ley, en orden al logro de los objetivos definidos en el artículo 3.º, las administraciones públicas ajustarán sus actuaciones a los siguientes principios:
a) Intervención administrativa en la instalación, ampliación y traslado de establecimientos e instalaciones industriales en los términos descritos en el capítulo I del presente título.
A los efectos previstos en la presente ley, los establecimientos e instalaciones industriales se clasifican en tres grupos:
Este grupo incluye aquellos establecimientos e instalaciones industriales que, con arreglo a su normativa específica, requieren –con carácter previo a su puesta en funcionamiento– la obtención de autorización administrativa de los órganos competentes en cada caso.
Este grupo incluye los establecimientos e instalaciones industriales que tengan reconocida libertad para su instalación, ampliación o traslado y que requieran de una comunicación previa a su puesta en funcionamiento al órgano competente en materia de industria, que dispone de un plazo para fiscalizar la actividad pretendida por el particular y oponerse, en su caso, a su ejercicio.
c) Grupo III: establecimientos e instalaciones sometidos a comunicación al órgano competente en materia de industria que se relacionan en el anexo II de la presente ley.
2. Para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales incluidos en el grupo II de la presente ley, se determinará reglamentariamente un procedimiento general en el cual la consellería competente en materia de industria realizará, en el plazo que se establezca, una comprobación formal de la documentación presentada por el interesado, acreditativa de la plena adecuación de las actividades industriales relacionadas en el anexo I de la presente ley a la normativa que le resulte de aplicación.
Si al realizar la comprobación de la documentación aportada, la misma es considerada completa con arreglo a lo reglamentariamente exigido para el citado establecimiento o instalación, se extenderá un documento acreditativo de la susodicha circunstancia, no existiendo en este caso objeción alguna por parte de la consellería competente en materia de industria para su puesta en funcionamiento.
Si, transcurrido el plazo que se establezca reglamentariamente, la consellería competente en materia de industria no notifica el resultado de la comprobación formal al interesado, se entenderá que no existe ninguna objeción para la puesta en funcionamiento de la instalación, sin perjuicio de las responsabilidades de los autores de la documentación técnica y de las certificaciones expedidas.
3. Para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales incluidos en el grupo III de la presente ley, la consellería competente en materia de industria entregará al interesado un justificante de la presentación de la documentación aportada, que le servirá como acreditación del cumplimiento de las obligaciones administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades de los autores de la documentación técnica y de las certificaciones expedidas.
Artículo 10. Registro de Establecimientos Industriales de Galicia.
Los titulares de las actividades industriales previstas en la presente ley deberán comunicar al Registro de Establecimientos Industriales de Galicia –en los casos en que resulte obligatorio y antes del inicio de la actividad– los datos básicos y complementarios que se establecen en la normativa reguladora de dicho registro.
Artículo 11. Registros industriales especiales.
a) Inspecciones de oficio. Realizadas para la comprobación de cualquier actividad –en funcionamiento o abandonada– o por tener conocimiento o indicios de la existencia de hechos que pudiesen ser constitutivos de delito o infracción administrativa.
2. Las inspecciones objeto de programación mediante planes y programas de inspección comprenderán las inspecciones ordinarias previstas en el apartado 1 del artículo 17.º
1. En los supuestos en que exista un riesgo grave o inminente para las personas, los bienes o el medio ambiente, el órgano competente para la incoación del expediente podrá ordenar motivadamente, al mismo tiempo que acuerda la apertura del expediente, la adopción de cuantas medidas cautelares resulten necesarias.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» núm. 166, de 26 de agosto de 2004)
1.2 Instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de reunión de potencia instalada ‘100 kW y capacidad ‘300 personas, adaptadas al Reglamento de baja tensión.
1.3 Instalaciones eléctricas de baja tensión en establecimientos industriales de potencia ‘500 kW, adaptadas al Reglamento de baja tensión.
Todos los de P×V’50 y que no estén incluidos en las ITCMIE-AP 6, 8, 12 y 16.
Fecha de disposición: 10/08/2004
Publicada en el DOG núm. 166, de 26 de agosto de 2004.
Fecha de derogación: 10/07/2015
SE DEROGA, por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de febrero (Ref. DOG-g-2015-90508).
SE AÑADE la disposición adicional 5, por Ley 9/2013, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-883).
los arts. 1.2, 2.d), 5.2, 6, 7.2 y 3, 10, 11 y 33, SUSTITUYE lo indicado en todo el texto y SUPRIME el anexo I, por Ley 13/2011, de 16 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-1249).
los arts. 6, 7.2 y 3, 10, 11, anexo I y SE SUPRIME el anexo II, por Ley 1/2010, de 11 de febrero (Ref. BOE-A-2010-5665).
art. 30.2 del Estatuto aprobado por Ley ORGANICA 1/1981, de 6 de abril (Ref. BOE-A-1981-9564).