Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1753688
Timestamp: 2019-12-05 16:46:08
Document Index: 27619874

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 20', 'Artículo 34', 'Artículo 5', 'artículo 189', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 59', 'artículo 33', 'Artículo 4', 'artículo 38', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 61', 'Artículo 7', 'artículo 62', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 54', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 54', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 76', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 55', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'artículo 13', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'artículo 9', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'artículo 67', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'artículo 5', 'Artículo 83', 'artículo 19', 'Artículo 84', 'artículo 13', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'artículo 55', 'Artículo 89']

DECRETO18901999199909 script var date = new Date(28/09/1999); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CXXXV. N. 43723. 29, SEPTIEMBRE, 1999. PAG. 1.MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHOpor el cual se reorganiza el Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan otras disposiciones sobre la materia relacionadas con las entidades que integran el Sector Administrativo de JusticiafalsefalseJusticia y del DerechofalsefalseDECRETO ORDINARIOfalse29/09/199929/01/201029/09/19994372311
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXV. N. 43723. 29, SEPTIEMBRE, 1999. PAG. 1.
CAPITULO I. Sector Administrativo de Justicia
CAPITULO II. Ministerio de Justicia y del Derecho
Arts.: [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
CAPITULO III. Organismos asesores
CAPITULO IV. Fondo de Infraestructura Carcelaria
Arts.: [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]
CAPITULO V. Fondo Ministerio de Justicia y del Derecho
CAPITULO VI. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "INPEC"
Arts.: [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]
CAPITULO VII. Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público
Arts.: [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]
CAPITULO VIII. Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal - Fondelibertad
Arts.: [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74]
CAPITULO IX. Disposiciones laborales
Arts.: [75] [76] [77] [78] [79]
Arts.: [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89]
Modificado Artículo 1 DECRETO 2383 de 1999
Adicionado (Parágrafo ) Artículo 1 DECRETO 1490 de 2000
Adicionado (Inciso ) Artículo 2 DECRETO 1490 de 2000
Modificado Artículo 3 DECRETO 1490 de 2000
Adicionado (Parágrafo ) Artículo 4 DECRETO 1490 de 2000
Modificado parcialmente (Numeral 1 ) Artículo 5 DECRETO 1490 de 2000
Modificado Artículo 6 DECRETO 1490 de 2000
Declarada la nulidad Sentencia del Consejo de Estado SENTENCIA 1100103250002000006501(80200) de 2003
Declarada la nulidad Sentencia del Consejo de Estado SENTENCIA 1100103250001999017201(316499) de 2001
por el cual se reorganiza el Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan otras disposiciones sobre la materia relacionadas con las entidades que integran el Sector Administrativo de Justicia
Derogado en lo pertinente Artículo 20 DECRETO 270 de 2010
Derogado en lo pertinente Artículo 34 DECRETO 2490 de 2002
Modificado en lo pertinente Artículo 5 DECRETO 2618 de 2000
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 189 ordinal 16 de la Constitución Política y con sujeción a lo previsto en los artículos 52 y 54, y las demás normas pertinentes de la Ley 489 de 1998,
Artículo 1º. Integración del Sector Administrativo de Justicia. El Sector Administrativo de Justicia está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que tendrá a cargo la orientación del ejercicio de las funciones de las entidades adscritas y vinculadas que se enuncian a continuación, sin perjuicio de las potestades de decisión que les correspondan, así como de su participación en la formulación de la política, en la elaboración de los programas sectoriales y en la ejecución de los mismos:
Artículo 2º. Objetivos. El Ministerio de Justicia y del Derecho tiene como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo de Justicia.
Artículo 3º. Funciones. El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:
1. En relación con la política de Estado en materia de justicia:
a) Propiciar y fomentar una política de Estado en materia de justicia.
b) Apoyar las funciones de las instancias interinstitucionales de análisis y discusión de las políticas de justicia.
c) Proponer reformas legislativas para un mejor y correcto ejercicio de la función pública de Administración de Justicia.
d) Diseñar y coordinar las políticas para el ejercicio de funciones de justicia a cargo de funcionarios administrativos y particulares.
e) Fijar políticas específicas en materia de justicia, derecho, prevención del delito, acciones contra la criminalidad organizada y demás aspectos relacionados, así como representar al país y llevar la titularidad del mismo en los foros y organismos internacionales sobre estos aspectos y colaborar en las negociaciones bilaterales y multilaterales correspondientes, en coordinación con las autoridades de política exterior.
2. En relación con la Política Criminal y Penitenciaria del Estado:
a) Participar en el diseño y definición de los principios que rigen la política criminal y penitenciaria del Estado.
b) Proponer acciones que propendan por la prevención del delito.
c) Conceptuar sobre todas las iniciativas legislativas en materia criminal y penitenciaria, con el fin de tener un sistema jurídico coherente.
d) Apoyar y participar en las labores del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria.
e) Diseñar, adoptar y vigilar la ejecución de la política penitenciaria.
f) Promover la generación de una moderna infraestructura para los establecimientos de reclusión.
g) Promover la adopción de políticas de rehabilitación, tratamiento, servicios penitenciarios y administración carcelaria, dentro de un marco de protección de los derechos humanos.
h) Decretar la expropiación de inmuebles para la ejecución de proyectos infraestructura de establecimientos de reclusión, de conformidad con las normas vigentes que declaran de utilidad pública e interés social su adquisición, y ejercer las facultades del artículo 33 de la ley 65 de 1993.
3. En relación con la Política Drogas y actividades relacionadas:
a) Coordinar la formulación y adopción de políticas sobre la problemática de las drogas y demás actividades relacionadas, para la consideración y aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes.
b) Promover el cumplimiento de las políticas y planes de lucha contra las drogas y formular propuestas para su debida ejecución.
c) Fijar políticas específicas en asuntos relacionados con la problemática de las drogas y actividades relacionadas, así como representar al país y llevar la titularidad del mismo en los foros y organismos regionales e internacionales sobre estos aspectos y sobre las iniciativas de cooperación de las naciones centradas en tales materias, y colaborar en las negociaciones bilaterales y multilaterales correspondientes, todo ello en coordinación con las autoridades de política exterior.
d) Realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos en materia de cooperación técnica y/o judicial bilateral y multilateral en los temas relacionados con la problemática de las drogas, criminalidad organizada y actividades conexas, en los cuales el Ministerio sea parte.
4. En relación con la Rama Judicial:
a) Servir de enlace entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial y los órganos de control, para hacer efectiva la colaboración armónica.
b) Apoyar y colaborar con la Rama Judicial en los temas de diseño de políticas, iniciativa legislativa, investigación y análisis de los temas relacionados con la justicia formal.
c) Contribuir al análisis e información en los temas de realidad sociojurídica.
d) Ejercer y proponer la modificación de códigos y leyes estatutarias, orgánicas y ordinarias, en los temas relacionados con la justicia formal.
e) Colaborar con la seguridad del personal de la Rama Judicial y el Ministerio Público y hacer las gestiones ante las autoridades competentes para que se preste en medida adecuada y eficiente esa protección.
f) Propender porque la Rama Judicial tenga los recursos pertinentes para su funcionamiento y colaborarle en las gestiones del caso ante las autoridades administrativas pertinentes.
g) Facilitar y desarrollar la cooperación internacional en materia de justicia.
a) Analizar la conflictividad social y proponer estrategias para encauzarla.
b) Proponer estrategias que faciliten el acceso a la justicia comunitaria, alternativa o formal, y propender por su implementación y desarrollo.
c) Fomentar de manera especial la utilización de medios alternativos de solución de conflictos.
d) Diseñar estrategias para fomentar la utilización de medios comunitarios de solución de pequeñas causas y el ejercicio de jurisdicciones especiales, y propender por su implementación y desarrollo.
e) Diseñar estrategias de educación legal a la comunidad y de asistencia jurídica a la comunidad en pequeñas causas que resulten del análisis de la conflictividad social.
f) Promover, desarrollar y ejercer funciones autocompositivas o heterocompositivas de justicia alternativa y comunitaria.
g) Proponer mecanismos de acercamiento de la normatividad a la realidad sociojurídica del país.
h) Diseñar políticas orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza del Derecho.
i) Diseñar estrategias en materia de medios de comunicación al servicio de la justicia.
j) Diseñar mecanismos de vinculación de los particulares y de la ciudadanía en la prestación de servicios relacionados con la Administración de Justicia.
a) Contribuir al diseño de una política general de defensa judicial de la Nación en coordinación con la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
b) Recomendar la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos, de acuerdo con las leyes sobre la materia.
c) Analizar de manera permanente las causas de mayor conflictividad y proponer estrategias para resolverlas.
d) Diseñar y administrar un sistema de información sobre los distintos procesos a favor y en contra de la Nación.
a) Diseñar en coordinación con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República políticas y estrategias de racionalización del ordenamiento jurídico.
b) Ejercer la defensa del ordenamiento jurídico en coordinación con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
c) Diseñar las políticas para la protección de la fe pública y del sistema notarial.
d) Diseñar las políticas de registro público inmobiliario y del sistema registral y de la función registral.
e) Diseñar las políticas de divulgación del ordenamiento normativo y la de democratización de la información jurídica.
f) Hacer seguimiento al ordenamiento jurídico, evaluar su impacto y proponer las modificaciones que resulten necesarias.
g) Proponer reformas normativas y asesorar al Estado y a sus entidades en la formulación de iniciativas normativas.
Artículo 4º. Organización. De conformidad con el literal d) del artículo 38 de la ley 489 de 1998, el Ministerio de Justicia y del Derecho se organiza así:
1.3 Oficina de Asuntos Internacionales de Justicia
10. Fondo de Infraestructura Carcelaria -FIC-
11. Organos de Asesoría y Coordinación.
11.4. Consejo Nacional de lucha contra el secuestro y demás atentados contra la libertad personal -CONASE-
Artículo 5º. Dirección. La dirección del Ministerio de Justicia y del Derecho estará a cargo del Ministro quien la ejercerá con la inmediata colaboración del Viceministro.
Artículo 6º. Funciones del Ministro de Justicia y del Derecho. Son funciones del Ministro, además de las señaladas por la Constitución Política, las leyes y el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:
Artículo 7º. Funciones del Viceministro de Justicia y del Derecho. Son funciones del Viceministro, además de las establecidas en el artículo 62 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:
Artículo 8º. Funciones de la Secretaría General. Son funciones de la Secretaría General las siguientes:
Artículo 9º. Funciones de la Oficina Asesora Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora Jurídica las siguientes:
Artículo 11. Funciones de la Oficina Asesora de Asuntos Internacionales de Justicia. Son funciones de la Oficina Asesora de Asuntos Internacionales de Justicia las siguientes:
Artículo 12. Funciones de Control Interno. Son funciones de la Oficina de Control Interno, además de las señaladas en las leyes vigentes sobre la materia, las siguientes:
Artículo 13. Funciones de la Dirección de Políticas de Justicia.Son funciones de la Dirección de Políticas de Justicia las siguientes:
Artículo 14. Funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia y Fomento a los Medios Alternativos de Solución de Conflictos. Son funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia y Fomento a los Medios Alternativos de Solución de Conflictos las siguientes:
Artículo 15. Funciones de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria. Son funciones de la Dirección de Política Criminal y Carcelaria las siguientes:
Artículo 16. Funciones de la Dirección de Políticas de Drogas y Estupefacientes. Son funciones de la Dirección de Políticas de Drogas y Estupefacientes las siguientes:
Artículo 17. Funciones de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación. Son funciones de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación las siguientes:
Artículo 18. Funciones de la Dirección del Derecho y el Ordenamiento Jurídico. Son funciones de la Dirección del Derecho y el Ordenamiento Jurídico las siguientes:
Artículo 19. Consejos Asesores. Son Consejos Asesores del Gobierno Nacional, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, el Consejo Superior de la Carrera Notarial y el Consejo Nacional de lucha contra el secuestro y demás atentados contra la libertad personal -CONASE-.
Artículo 20. Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria. Funcionará como un organismo asesor en la formulación de la política criminal del Estado, el cual será integrado por:
8. El Director del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS
9. El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC.
Parágrafo.La Secretaría técnica y administrativa del Consejo estará a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho y será ejercida por el Viceministro.
Artículo 21. Funciones. Son funciones del Consejo Superior de Política Criminal:
Artículo 22. Consejo Superior de la Carrera Notarial. Funcionará como un organismo asesor del Gobierno Nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, en la administración de la carrera notarial y en todo lo relacionado con el ingreso, permanencia y retiro de la misma, el cual será integrado por:
Parágrafo primero.Los representantes del Presidente de la República y de los notarios en el Consejo Superior de la Carrera Notarial serán designados para períodos de dos años.
Parágrafo segundo.El Superintendente de Notariado y Registro asistirá con voz al Consejo Superior de la Carrera Notarial. La Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial será ejercida por el Superintendente Delegado para el Notariado.
Artículo 23. Consejo Nacional de lucha contra el secuestro y demás atentados contra la libertad personal -CONASE-. Funcionará como órgano asesor, consultivo y de coordinación en la lucha contra los delitos, contra la libertad individual, en especial el secuestro y la extorsión. El CONASE estará integrado por:
4. Un delegado personal del Director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS.
Artículo 24. Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos. La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos, creada por el Decreto 950 de 1995, tendrá la siguiente composición.
Parágrafo.Por iniciativa de la Presidencia de la Comisión se podrá formular invitación a cualquier funcionario o dependencia del Estado cuya presencia sea conveniente para el cumplimiento de las funciones de la Comisión.
Artículo 25. Fondo de Infraestructura Carcelaria. Establécese en el Ministerio de Justicia y del Derecho el Fondo de Infraestructura Carcelaria -FIC-, como dependencia interna, con autonomía administrativa y financiera, de que trata el artículo 54 literal j de la Ley 489 de 1998, la cual continuará desarrollando el objetivo y las funciones que tenía a su cargo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC relacionadas con el diseño, adquisición de terrenos, construcción, reconstrucción, refacción, ampliación y equipamiento de la infraestructura del sistema penitenciario y carcelario del orden nacional.
Artículo 26. Objetivo. El Fondo de Infraestructura Carcelaria -FIC- tiene como objetivo la formulación y desarrollo de las políticas de infraestructura carcelaria y penitenciaria, correspondiéndole principalmente la adquisición de terrenos, el diseño, construcción, reconstrucción, refacción, ampliación y equipamiento de la infraestructura de los establecimientos de reclusión del orden nacional.
Artículo 27. Funciones. Son funciones del Fondo de Infraestructura Carcelaria las siguientes:
Artículo 28. Fondo Cuenta. Para la financiación y generación de la infraestructura carcelaria y e desarrollo de las funciones asignadas al FIC, el Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá un Fondo sin personería jurídica, ni planta de personal, administrado como un sistema separado de cuentas, a cargo del Director de la misma, y cuya denominación será Fondo-Cuenta de Infraestructura Carcelaria.
Artículo 29. Operaciones con cargo al Fondo-Cuenta FIC. A través del manejo de los recursos de la cuenta especial, el FIC, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, realizará y desarrollará las siguientes operaciones para la financiación de los programas, proyectos y actividades a su cargo:
Artículo 30. Recursos. Los recursos del Fondo-Cuenta FIC están constituidos por:
Artículo 31. Dirección y administración del Fondo-Cuenta. La dirección y administración del Fondo-Cuenta FIC estará a cargo del Director del Fondo de Infraestructura Carcelaria, con la asesoría del Consejo.
Artículo 32. Director del FIC. El Director del Fondo de Infraestructura Carcelaria FIC, será un funcionario de libre nombramiento y remoción del Ministro de Justicia y del Derecho; y ejercerá las siguientes funciones en su calidad de Director y de Administrador del Fondo-Cuenta FIC:
Artículo 33. Consejo Asesor. El Consejo Asesor del Fondo de Infraestructura Carcelaria estará integrado por:
4. El Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
5. El Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho
Artículo 34. Funciones del Consejo. Son funciones del Consejo Asesor del Fondo de Infraestructura Carcelaria FIC y del Fondo Cuenta FIC, las siguientes:
4. Hacer seguimiento sobre los programas, planes y proyectos, y los procesos de contratación con cargo al Fondo-Cuenta de Infraestructura Carcelaria -FIC-. Para tal efecto, el Director del Fondo presentará a consideración del Consejo, en cada una de sus sesiones, un informe pormenorizado de su gestión, ejecución presupuestal, desarrollo de los proyectos, programas y procesos de contratación.
Artículo 35. Ordenación del Gasto. Con sujeción a lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones aplicables, corresponde al administrador del Fondo-Cuenta FIC, bajo su exclusiva responsabilidad, previa recomendación del Consejo Asesor, ordenar el gasto con cargo al mismo, y suscribir los actos, contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 36. Régimen jurídico de Actos y Contratos. El Fondo de Infraestructura Carcelaria - FIC - en sus operaciones, actos, contratos y en la determinación de la jurisdicción competente, se regirá por las normas especiales de este capítulo, por la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones legales aplicables vigentes.
Artículo 37. Fondo "Ministerio de Justicia y del Derecho". Para el fortalecimiento del sistema de justicia y de la lucha antidrogas, el Ministerio de Justicia y delDerecho contará con un fondo o sistema especial de manejo de cuentas, sin personería jurídica, ni estructura administrativa ni planta de personal, administrado por el Ministro de Justicia y del Derecho, cuya denominación será Fondo Ministerio de Justicia y del Derecho.
Artículo 38. Reorganización. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, creado por el Decreto Extraordinario 2160 de 1992, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, continuará cumpliendo las funciones relacionadas con la ejecución de las penas privativas de la libertad y de la detención precautelativa, el tratamiento penitenciario, la dirección y coordinación de la vigilancia, seguridad y control, así como la administración, mantenimiento, dotación y sostenimiento de los establecimientos de reclusión del orden nacional.
Artículo 39. Supresión. Suprímese la Subdirección de Construcciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "INPEC".
Las funciones relacionadas con el diseño, adquisición de terrenos, construcción, reconstrucción, refacción, ampliación y equipamiento de la infraestructura del sistema penitenciario y carcelario del orden nacional quedarán a cargo del Fondo de Infraestructura Carcelario "FIC", dependencia interna del Ministerio de Justicia y del Derecho, con autonomía administrativa y financiera de que trata el artículo 54 literal j de la Ley 489 de 1998.
Parágrafo transitorio.Mientras comienza a funcionar el FIC en el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Directivo del INPEC podrá autorizar al Director de este instituto para que con cargo a los recursos de inversión celebre los contratos nuevos o complementarios, urgentes y necesarios dirigidos a la conclusión o finalización de proyectos en ejecución.
Artículo 40. Traspaso. En armonía con lo dispuesto en el artículo anterior, los bienes inmuebles destinados a servir como centros de reclusión del orden nacional y demás inmuebles distintos de sus sedes administrativas, cuya titularidad se encuentra en el INPEC, se traspasan al Ministerio de Justicia y el Derecho.
Artículo 41. Objeto General. Corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-: dirigir y coordinar el control y seguridad de los establecimientos de reclusión del orden nacional; velar por la debida ejecución de las penasprivativas de la libertad y la detención precautelativa; desarrollar programas de tratamiento penitenciario dirigidos a la resocialización y rehabilitación de la población reclusa; y la administración, mantenimiento, dotación y sostenimiento de las sedes y de los establecimientos de reclusión del orden nacional a su cargo.
Artículo 42. Domicilio. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tiene su domicilio principal en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C. y podrá establecer Direcciones Regionales en lugares distintos de su domicilio principal.
Artículo 43. Patrimonio. El Patrimonio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario estará constituido por:
1. Los bienes inmuebles que se encuentren exclusivamente destinados a servir como sedes administrativas del INPEC, y los bienes muebles que le correspondan.
Artículo 44. Funciones. Son funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, las siguientes:
Parágrafo.La custodia y vigilancia interna de los centros de reclusión continuará a cargo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del INPEC, cuerpo de carácter civil y especial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, conforme a las disposiciones legales correspondientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en el presente artículo.
Artículo 45. Organos de Dirección y Administración. La Dirección Administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, estará a cargo de un Consejo Directivo y del Director General, quien será su representante legal.
Artículo 46. Consejo Directivo. El Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, estará integrado por:
Artículo 47. Funciones del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, además de las establecidas en el artículo 76 de la Ley 489 de 1998, tendrá las siguientes funciones:
Artículo 48. Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Funciones. El Director General es agente del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción, y responsable de la seguridad penitenciaria y carcelaria, y de la administración de los centros de reclusión.
Artículo 49. Supresión y liquidación. Suprímese el Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, creado por el Decreto Legislativo número 1855 de 1989, adoptado como legislación permanente mediante Decreto número 2273 de 1991, y reestructurado por el Decreto 2161 de 1992.
En consecuencia, dicho Establecimiento se encuentra en proceso de liquidación, el cual deberá concluir a más tardar el 31 de diciembre de 1999, término que podrá ser prorrogado por el Ministro de Justicia y del Derecho, y utilizará para todos los efectos la denominación "Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público en liquidación".
Artículo 50. Liquidador. Funciones. El liquidador designado por el Presidente de la República para el Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público en liquidación, debe reunir las mismas calidades exigidas para Director de entidad descentralizada del orden nacional, y podrá ser un funcionario designado en comisión (devengará su remuneración) y estará sujeto a las inhabilidades, incompatibilidades, responsabilidades y demás disposiciones previstas para éste.
1. Actuar como representante legal de la entidad en liquidación;
2. Responder por la guarda y administración de los bienes y haberes que se encuentran en cabeza de la entidad en liquidación, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto;
3. Informar a los organismos de veeduría y control del inicio del proceso de liquidación;
4. Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que deben acumularse al concurso de acreedores, así mismo que no se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra la entidad sin que se notifique personalmente al liquidador;
5. Dar aviso a los registradores de instrumentos públicos para que procedan a la cancelación de los embargos decretados con anterioridad al proceso de liquidación del Fondo y que afecten bienes del mismo, con la finalidad de integrar la masa de liquidación, y para que dentro de los treinta (30) días siguientes a que se inicie la liquidación informen al liquidador sobre la existencia de folios en los que la institución figure como titular de bienes o de cualquier clase de derechos;
6. Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y progresiva;
7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la entidad y presentarlo a la Junta Liquidadora para su aprobación y trámite correspondiente;
8. Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la entidad;
9. Dar cierre a la contabilidad de la entidad e iniciar la contabilidad de la liquidación;
10. Celebrar los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación, hasta el monto que le haya sido autorizado por la Junta Liquidadora y representar a la entidad en las sociedades, asociaciones y entidades en que sea socia o accionista;
11. Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, en los procesos y reclamaciones que se presenten dentro de la liquidación, hasta el monto autorizado por la Junta Liquidadora y atendiendo las reglas sobre prelación de créditos establecidas;
12. Promover las acciones disciplinarias, civiles o penales necesarias contra los servidores públicos, personas o instituciones que actúen o hayan actuado dolosa o culposamente en el ejercicio de funciones o en el manejo de los bienes y haberes de la entidad en liquidación;
13. Rendir informe mensual de su gestión y los demás que se le soliciten;
14. Presentar el informe final general de las actividades realizadas en el ejercicio de su encargo al Ministerio de Justicia y del Derecho;
15. Velar porque se dé cumplimiento al principio de publicidad dentro del proceso de liquidación;
Parágrafo. En el ejercicio de las funciones de que tratan los numerales 10 y 11 del presente artículo, se requerirá previamente de apropiación y disponibilidad presupuestal.
Artículo 51. Junta Liquidadora. Para el cumplimiento de sus funciones, el Liquidador será asistido por una Junta Liquidadora compuesta por:
Artículo 52. Funciones de la Junta Liquidadora. Son funciones de la Junta Liquidadora del Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público en liquidación, las siguientes:
Artículo 53. Prohibición para iniciar nuevas actividades. El Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público en liquidación no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica, únicamente, para expedir los actos y celebrar los contratos necesarios para su liquidación, y para concluir lo que se encuentre en trámite y atender la seguridad de aquellos funcionarios a quienes deba prestarla, hasta tanto se traspasen los bienes a las entidades de que trata el artículo 55 de este decreto.
Artículo 54. Terminación de la existencia de la Entidad. Vencido el término señalado para la liquidación, quedará terminada la existencia jurídica del Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público en liquidación, para todos los efectos.
Artículo 55. Enajenación de bienes. En desarrollo de la liquidación se enajenarán los bienes inmuebles de propiedad de la Entidad. Las operaciones de enajenación de estos bienes se efectuarán con criterio estrictamente comercial.
Los bienes continuarán siendo utilizados para la protección de funcionarios y exfuncionarios expuestos a niveles de riesgo por razón del ejercicio de funciones públicas, en especial de aquellos pertenecientes a la Justicia Especializada, los encargados de la investigación y juzgamiento de graves violaciones de los derechos humanos, y de altos funcionarios de la Rama Judicial y Ejecutiva, y del Ministerio Público, previo los estudios de seguridad efectuados por las autoridades competentes.
Parágrafo.La Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, colaborarán con las entidades enunciadas en el inciso anterior, en la función de seguridad de los funcionarios y exfuncionarios que lo requieran, y auxiliarán a las mismas en la formulación de sus esquemas de seguridad.
Artículo 56. Régimen Jurídico. Las entidades a que se refiere el artículo anterior, para el ejercicio de la función de protección de sus funcionarios y exfuncionarios, se regirán por las normas especiales de contratación previstas para el Fondo suprimido, en especial las contempladas en el artículo 13 del Decreto 2161 de 1992.
Artículo 57. Recursos. Los recursos que actualmente recibe el Fondo para el cumplimiento de sus funciones, incluidas las partidas del presupuesto general de la Nación, deberán periódicamente ser incluidos en el presupuesto destinado al Ministerio de Justicia y del Derecho, para ser distribuida entre las distintas entidades, previa la suscripción de convenios interadministrativos con las mismas.
Artículo 58. Disposiciones laborales. El Gobierno Nacional en el proceso de liquidación, obrará con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley 443 de 1998 y sus Decretos Reglamentarios, garantizando los derechos de los servidores públicos.
Artículo 59. Obligaciones especiales de los empleados de manejo y confianza y responsables de los archivos de la Entidad. Los empleados que desempeñen empleos o cargos de manejo y confianza y los responsables de los archivos de la Entidad suprimida deberán rendir las correspondientes cuentas fiscales e inventarios y efectuar la entrega de los bienes y archivos a su cargo, conforme a las normas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación y el Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad fiscal a que haya lugar en caso de irregularidades.
Artículo 60. Funciones. De conformidad con el Decreto 1182 de 1999, las funciones que venía cumpliendo el Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal y para el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal-Fondelibertad en desarrollo de la Ley 282 de 1996, son asumidas por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en un plazo no superior a treinta (30) días contados a partir de la adopción de la nueva planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho, hará la entrega a éste de los inventarios, activos, contratos y demás bienes que tenía a cargo el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal -Fondelibertad-, sin que se configure solución de continuidad respecto de las obligaciones y derechos contraídos con anterioridad.
Artículo 61. Traslado de Fondo Cuenta. Trasládase el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal -Fondelibertad-, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, el que continuará funcionando como una cuenta especial, sin personería jurídica, como un sistema separado de cuenta, con el mismo régimen establecido en las disposiciones sobre la materia.
Artículo 62. Objeto. El Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal -Fondelibertad-, tiene como objeto contribuir con los recursos necesarios para el pago de recompensas, cubrir de manera subsidiaria los gastos de dotación y funcionamiento de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal -GAULA- que no puedan ser asumidos por las instituciones que los integran, atender los gastos correspondientes de la Secretaría Técnica Permanente de apoyo de las funciones asignadas al Ministerio de Justicia y del Derecho para la Defensa de la Libertad Personal, así como del Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás atentados contra la Libertad Personal -CONASE-.
Artículo 63. Funciones y Operaciones del Fondo. A través del manejo de sus recursos, FONDELIBERTAD, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, realizará y desarrollará las siguientes funciones y operaciones para la financiación de las políticas, estrategias integrales, programas, proyectos y demás actividades relacionadas con la lucha por la erradicación de las conductas que atentan contra la libertad personal:
1. Financiar o cofinanciar los gastos de dotación y funcionamiento de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal -GAULA-, que no puedan ser atendidos directamente por las instituciones integrantes de los mismos.
5. Atender los gastos operativos de funcionamiento y demás necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Directivo y del Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás atentados contra la Libertad Personal -CONASE-, de conformidad con lo ordenado en el artículo 9º de la Ley 282 de 1996.
Artículo 64. Recursos. Los recursos del Fondelibertad están constituidos por:
Artículo 65. Dirección y Administración del Fondo. La dirección y administración de FONDELIBERTAD estará a cargo de un Consejo Directivo y de un servidor público del nivel directivo designado por el Ministro de Justicia y del Derecho, quien tendrá las funciones de Gerente del mismo y será el ordenador del gasto en virtud de delegación conferida por el Ministro.
Artículo 66. Consejo Directivo. El Consejo Directivo del Fondo estará integrado por:
Parágrafo primero.Con excepción de los miembros a que hace referencia los numerales 1º y 2º de este artículo quienes en virtud del presente decreto hacen parte del Consejo, mientras sean nombrados los demás integrantes del Consejo Directivo, seguirán como miembros del mismo quienes hayan venido ejerciendo como tales, hasta que sean válidamente reemplazados.
Parágrafo segundo.Podrán asistir a las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto, todas aquellas personas que sean invitadas por el Presidente del mismo o el servidor público con funciones de gerente de FONDELIBERTAD.
Artículo 67. Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo de FONDELIBERTAD:
Artículo 68. Sesiones. El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente en el último mes de cada trimestre del año calendario, previa convocatoria delSecretario y extraordinariamente cada vez que sea convocado por su Presidente o por el servidor público con funciones de gerente del Fondo, a iniciativa propia o por solicitud de dos (2) de sus miembros.
Artículo 69. Quórum y Votación. El Consejo Directivo podrá sesionar válidamente y tomar decisiones con la presencia de al menos tres (3) de sus miembros, salvo que se trate de determinaciones en ejercicio de las funciones de que tratan los numerales 2, 3 y 7 del artículo 67 de este decreto, caso en el cual se requerirá de la presencia de al menos cuatro (4) miembros. Si en tales eventos no se constituye el quórum, podrá convocarse a nueva reunión con un intervalo de (3) días comunes, pudiéndose tomar la determinación en la segunda sesión, con el quórum extraordinario de tres (3) miembros.
Artículo 70. Funciones del Servidor público con funciones de Gerente. El servidor público con funciones de Gerente en relación con la administración de FONDELIBERTAD, y bajo la orientación y coordinación del Ministro de Justicia y del Derecho, cumplirá las siguientes funciones:
7. Evaluar las propuestas sobre gastos de dotación y funcionamiento de los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal -GAULA-, de tal manera que correspondan a una solución técnica de eficiencia y a los criterios de subsidiariedad establecidos por el CONASE.
Artículo 71. Ordenación del Gasto. El servidor público con funciones de Gerente de FONDELIBERTAD ordenará el gasto en virtud de la delegación otorgada por el Ministro de Justicia y del Derecho, y previa recomendación del Consejo Directivo.
Artículo 72. Sistema de manejo de los Recursos. De acuerdo con las reglamentaciones del CONASE y previo concepto del Consejo Directivo, el servidor público con funciones de Gerente de FONDELIBERTAD podrá contratar total o parcialmente el manejo de los recursos que ingresen al mismo, bien sea mediante encargo fiduciario o con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales.
Artículo 73. Recursos Humanos. Para la atención de sus operaciones, FONDELIBERTAD contará con el personal requerido en los niveles asesor, profesional, técnico asistencial y de ejecución de la planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho de las áreas y dependencias respectivas. No obstante, dicho personal, total o parcialmente, podrá también prestar sus servicios mediante contrato, sin que se genere relación laboral y administrativa alguna entre la Administración o el Fondo y los contratistas. Esta contratación se efectuará previa aprobación del Presidente del Consejo Directivo.
Parágrafo transitorio.Hasta tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho adopte su nueva planta de personal de acuerdo con lo ordenado en el presente decreto, los funcionarios de la planta de personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República que vienen prestando sus servicios para la atención de las funciones que cumplía el programa y las del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, continuarán ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas, para lo cual serán comisionados al ministerio.
Artículo 74. Régimen Jurídico de Actos y Contratos. FONDELIBERTAD en sus operaciones, actos y contratos y en la determinación de la jurisdicción competente, se regirá por las disposiciones legales vigentes, en especial por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas que la modifiquen o adicionen.
Artículo 75. Comités. El Ministro de Justicia y del Derecho y el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en sus respectivas entidadespodrán organizar en cualquier tiempo los comités, comisiones o grupos internos de trabajo que se requieran para el desarrollo de los objetivos, planes y programas de la Entidad a su cargo.
Artículo 76. Adopción de la nueva Planta de Personal. De conformidad con las reorganizaciones previstas del Ministerio de Justicia y del Derecho y del INPEC, el Gobierno Nacional procederá a adoptar las nuevas plantas de personal de tales entidades a más tardar el 31 de Diciembre de 1999.
Artículo 77. Atribuciones de los funcionarios de la Planta Actual. Los funcionarios de la planta de personal actual del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la planta actual del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC continuarán ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas, hasta tanto sean adoptadas la nuevas plantas de personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 78. Supresión de empleos. El Gobierno Nacional dentro del término establecido para adoptar las nuevas Plantas de Personal, suprimirá los empleos o cargos desempeñados por empleados públicos, que no fueren necesarios, de conformidad con las reorganizaciones dispuestas en el presente Decreto, de acuerdo con el Programa de Supresión de Empleos que para tal efecto éste establezca.
Artículo 79. Disposiciones laborales. El Gobierno Nacional, en el proceso de reorganización, obrará con estricta sujeción a lo dispuesto en la ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios, garantizando los derechos de los servidores públicos.
Artículo 80. Traspasos y cesiones. Como consecuencia de su reorganización, el INPEC no podrá comprometer recursos de inversión que en virtud de la presente norma corresponden al Ministerio de Justicia y del Derecho. En el término de treinta (30) días contados a partir de la adopción de la nueva planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho deberá traspasar a éste los inmuebles a que hubiere lugar, realizando los actos que sean necesarios, los cuales no causarán derechos notariales y de registro, ni cargo adicional alguno.
Así mismo, el Ministro de Justicia y del Derecho y el Director del INPEC establecerán los mecanismos y adelantarán las acciones necesarias para que el Ministerio reciba la información, soportes y archivos necesarios para el cabal desarrollo de las funciones que asume el Fondo de Infraestructura Carcelaria FIC, lo cual deberá realizarse dentro del término establecido en el inciso anterior.
Artículo 81. Destinación del Fondo producto de la liquidación de "FONANOT". Con la finalidad de desarrollar con eficacia y eficiencia las funciones relacionadas con el registro notarial, los recursos del Fondo que actualmente administra la Superintendencia de Notariado y Registro provenientes del liquidado Fondo Nacional de Notariado (FONANOT), se destinarán, además de lo establecido en el Decreto 1672 de 1997, para:
- Financiación de los concursos para el ingreso a la Carrera Notarial, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Carrera Notarial;
- El otorgamiento de subsidios para aquellas notarías que se vean afectadas de manera grave en su funcionamiento por catástrofes o calamidades derivadas de fuerza mayor o caso fortuito.
- Para la financiación de la adecuación del archivo notarial en el Archivo General de la Nación, de acuerdo con el convenio que se suscriba para tal efecto.
Artículo 82. Administración del Fondo producto de la liquidación de FONANOT. Los recursos del Fondo constituido con recursos del liquidado Fondo Nacional de Notariado (FONANOT), serán administrados a través de un encargo fiduciario que constituirá para el efecto la Superintendencia de Notariado y Registro. El Consejo asesor del Fondo creado por el artículo 5º del Decreto 1672 de 1997 actuará como consejo fiduciario del encargo fiduciario y tendrá a su cargo la aprobación del gasto, correspondiendo al Superintendente la ordenación del mismo.
Artículo 83. Enajenación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 51 de 1990 y demás disposiciones legales el Ministerio de Justicia y del Derecho podrá enajenar los bienes que no requiera para el desarrollo de sus funciones, o que no sean adecuados. Cuando se trate de recursos provenientes de enajenaciones de inmuebles destinados a servir como establecimientos de reclusión estos se destinarán al mejoramiento de la Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria.
Artículo 84. Recursos. Del total de los ingresos provenientes de los derechos por registro de instrumentos públicos y otorgamiento de escrituras destinados a la Superintendencia de Notariado y Registro, respetando la destinación conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 55 de 1985, se distribuirá en la siguiente forma:
Parágrafo.Para todos los efectos de distribución de los recursos de inversión de infraestructura carcelaria y penitenciaria, el Ministerio de Justicia y del Derecho a través del FIC, tendrá la titularidad de los mismos, salvo lo dispuesto de otra forma en el presente decreto.
Artículo 85. Deber de colaboración. Los funcionarios de las entidades que por razón del presente decreto sufren modificaciones o supresiones deberán colaborar eficientemente en las actividades necesarias para la ejecución de los mandatos aquí ordenados. El traspaso de los bienes, contratos, derechos y obligaciones y demás información al Ministerio de Justicia y del Derecho se realizará mediante actas suscritas y demás trámites que resulten necesarios, debidamente sustentadas en los inventarios y soportes requeridos para su completa individualización.
Artículo 86. Responsabilidad. La entrega de los bienes, contratos, derechos y obligaciones a que se refiere el artículo anterior no exonera de responsabilidad a la entidad y funcionarios traspasantes por los hechos, omisiones, irregularidades e inconsistencias acaecidas con anterioridad a la fecha de entrega o por las que se presenten en los trámites administrativos, operaciones registradas y en las cifras que presentan los informes y anexos.
Artículo 87. De las otras entidades adscritas y vinculadas. La Dirección Nacional de Estupefacientes, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Imprenta Nacional de Colombia, entidades adscritas y vinculada, respectivamente, al Ministerio de Justicia y del Derecho, continuarán con la organización, funciones y facultades dispuestas en las normas vigentes que le sean aplicables.
Artículo 88. Traslados Presupuestales. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, el Gobierno Nacional hará los ajustes presupuestales en el presupuesto del Ministerio de Justicia y del Derecho y del INPEC, y en el D.A.P.R.E. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 179 de 1994.
Artículo 89. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, subroga, modifica y deroga en lo pertinente todas las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 28 de septiembre de 1999.