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Timestamp: 2019-05-22 16:49:50
Document Index: 218387297

Matched Legal Cases: ['artículo 214', 'artículo 216', 'artículo 216', 'Artículo 216', 'artículo 218', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 20', 'artículo 138', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 218', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 176']

TOTAL 30 - Área de Presidencia
SEGUNDO.- DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL RESULTADO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.
En el ejercicio de la función interventora contemplada en el artículo 214.2.a) del TRLRHL, esta Intervención, de acuerdo con los datos extraídos del Sistema de Información Contable (SIGEC), ha llevado a cabo, en el transcurso del ejercicio de 2016, las siguientes actuaciones de control distribuidas atendiendo a la clasificación por programas de la aplicación presupuestaria imputable y concretamente según la política del gasto:
RESUMEN DE REPAROS SEGÚN LA POLÍTICA DEL GASTO
Nº Reparos
GOBIERNO ABIERTO, ACCION SOCIAL Y ATENCION CIUDADANA
EMPLEO, COMERCIO Y DESARROLLO ECONOMICO
TENERIFE 2030: INNOVACION, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
TURISMO, INTERNACIONALIZACION Y ACCION EXTERIOR
JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTORICO
Como se puede apreciar el número de reparos formulados por la Intervención General en el ejercicio 2016 ascendió a 56, por lo que atendiendo a los datos reseñados, en comparación con el ejercicio anterior, se observa que en el ejercicio 2016 se formularon por Intervención 20 reparos menos que en el ejercicio 2015 (que fueron 76. No obstante, debe tenerse en cuenta que en el cómputo total no se han incluido 4 reparos que al cierre del ejercicio 2016 se encontraban pendientes de solventar.
Por razones obvias, en este informe sólo se computarán aquellos reparos solventados por el Sr. Presidente y por el Pleno Insular en el ejercicio 2016, sin hacer referencia a todos aquellos reparos emitidos en su momento por la Intervención en aquellos casos en que fueron aceptados o asumidos por los Servicios Gestores y consecuentemente subsanadas las anomalías o irregularidades que dieron lugar a su emisión, al resultar innecesario en este caso la resolución de la correspondiente discrepancia.
El artículo 216.2 del TRLRHL, relativo a los efectos de los reparos formulados en ejercicio de la función interventora determina la suspensión de la tramitación del expediente hasta que el reparo sea solventado en los siguientes casos:
Siguiendo esta casuística se presenta a continuación el número total de reparos formulados por la Intervención General, indicándose también el importe total en euros que los mismos suponen:
Causa de reparo
Nº total de reparos
ARTº 216.2 A) Insuficiencia o inadecuación de crédito
ARTº 216.2 B) Falta de fiscalización de actos previos a las órdenes de pago
ARTº 216.2 C) Omisión de requisitos o trámites esenciales
215.252.415,76 €
ARTº 216.2 D) Reparo deriva de comprobaciones materiales
215.272.715,76 €
Para los supuestos en que la discrepancia planteada por Intervención ha sido solventada, se indica a continuación el número de reparos solventados por cada uno de los órganos competentes, esto es, el Pleno en los casos de reparos formulados por insuficiencia o inadecuación de crédito del artículo 216.2 a) del TRLRHL o por tratarse de asuntos de su competencia y el Presidente de la Corporación en el resto de los casos. Se indica también para cada uno de ellos el correspondiente importe:
Reparos resueltos
Asimismo, y si bien el precepto hace referencia únicamente a las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, se consigna a continuación, como medida de transparencia para facilitar su seguimiento, el número de reparos pendientes de subsanar a 31 de diciembre de 2016, también con su correspondiente importe:
Disposición vulnerada
Órgano competente para solventar la discrepancia
Reparos pendientes de subsanar a 31 de diciembre de 2016
Artículo 216.2 c)
1.407.888,89 €
Se concluye, por tanto, que en total durante el ejercicio 2016 se formularon por Intervención un total de 60 reparos de los cuales han sido solventados 56, quedando a 31 de diciembre de 2016 un total de 4 reparos pendientes de solventar de los que se dará cuenta con ocasión de la dación de cuenta de correspondiente al ejercicio 2017, en su caso.
Se acompaña, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218 del TRLRHL, como documentación complementaria relativa a la función fiscalizadora durante el ejercicio 2016, el Anexo I que comprende para cada actuación de fiscalización informada negativamente con nota de reparo la siguiente documentación: informe propuesta del Servicio Gestor, informe de Intervención, resolución o acuerdo finalmente adoptado y, según corresponda, decreto de Presidente o acuerdo plenario solventando el reparo.
TERCERO.- TIPOS DE EXPEDIENTES Y MOTIVOS DE DISCREPANCIA.
Como se observa en el cuadro relativo a las causas de reparo, el mayor número de reparos se formulan por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, es decir por la vulneración del artículo 216.2 c) del TRLRHL, concretamente 54 de un total de 56 reparos, que afectan a 215.252.415,76 €
Del análisis de los motivos de discrepancia en los expedientes reparados por el artículo 216.2 c) del TRLRHL y atendiendo a la naturaleza jurídica de cada expediente, se concluye que, en su mayor parte, los reparos solventados se refieren a las materias de contratación administrativa, encomiendas de gestión y convenios de colaboración y subvenciones, lo que resulta coherente con la actividad desarrollada por este Cabildo Insular que se centra principalmente en estos ámbitos de actividad administrativa.
En cuanto a los motivos concretos de discrepancia producidos se destacan por su reiteración los siguientes:
1.- La adopción de resoluciones o acuerdos sin que previamente se haya tramitado el procedimiento legalmente establecido, dando lugar a situaciones constitutivas de “vía de hecho”, o la prolongación de los efectos del contrato una vez que éste ya ha quedado extinguido.
2.- La utilización del contrato menor en sucesivas contrataciones con la misma empresa y objeto, constituyendo un fraccionamiento del objeto contractual.
3.- La falta de adecuada justificación de la existencia de causas imprevistas en las modificaciones de los contratos.
4.- La utilización del régimen excepcional de la contratación de emergencia más allá de los supuestos legalmente contemplados.
En la mayoría de los casos las encomiendas de gestión se reparan por no ajustarse su procedimiento a lo establecido en la Base 80ª de Ejecución del Presupuesto que regula de forma pormenorizada la tramitación de estos expedientes, especialmente en lo relativo al estudio de ingresos y costes que suponen el importe de las obras, trabajos, servicios o suministros u otras actividades que se encomiendan o por exceder los límites establecidos para los abonos anticipados.
El número de reparos en esta materia se debe fundamentalmente a la utilización de la fórmula del convenio de colaboración con objeto de eludir la contratación administrativa o la convocatoria de una subvención. En su mayoría, los reparos se basan en el hecho de que, tras la imagen externa de tales convenios, subyace en realidad una relación diferente que debe encuadrarse por su naturaleza jurídica en un contrato administrativo o en una subvención y, además, en la omisión de trámites esenciales para la aprobación de los mismos.
Se observa en 2016 un aumento de los expedientes de subvenciones reparados que pasan de 12 a 17. Entre los motivos que han sido objeto de reparo se encuentran los siguientes:
1.- Defectos de tramitación de los expedientes tales como ausencia de documentación o de informes preceptivos, valoración defectuosa que no se ajusta a los criterios establecidos en las Bases en ocasiones por ser éstas demasiado restrictivas, falta de coincidencia de los presupuestos presentados y falta de justificación de subvenciones concedidas anteriormente a los mismos perceptores y por los mismos conceptos.
2.- El otorgamiento de subvenciones directas sin que se justifique en el expediente la imposibilidad o dificultad de realizar una convocatoria pública, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley General de Subvenciones y 19 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Corporación Insular. Cabe señalar que este supuesto es el que se ha registrado con mayor frecuencia a lo largo del ejercicio 2016.
3.- La no aplicación de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, a gastos que por su naturaleza debían sujetarse a dicha Ley. Tales gastos se refieren fundamentalmente a gastos que bajo el concepto de representativos o protocolarios encierran verdaderas subvenciones en especie y a determinados contratos menores, contratos de patrocinio o convenios de colaboración que, dada su naturaleza y contenido, deberían quedar sometidos a la referida normativa.
4.- La ausencia de la correcta acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o la falta de adecuada justificación del gasto de acuerdo con la finalidad para la que fue concedida.
5.- No someterse a las obligaciones de publicidad que establece el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, recientemente modificado por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
CUARTO.- REPAROS EFECTUADOS POR LOS INTERVENTORES DELEGADOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CORPORACIÓN.
Se exponen a continuación, en la siguiente tabla, el número de reparos formulados por las Intervenciones Delegadas de los diferentes Organismos Autónomos, distinguiéndose a su vez por materias:
Instituto Insular de
Atención Social y
Insular de Música
de Aguas de Tenerife
Como se puede apreciar el número de reparos formulados por las Intervenciones Delegadas en el ejercicio 2016 ascendió a 367, por lo que atendiendo a los datos reseñados, en comparación con el ejercicio anterior, se observa que en el ejercicio 2016 se formularon por las Intervenciones 309 reparos menos que en el ejercicio 2015 (que fueron 676)
Atendiendo al principio de importancia relativa, debe tenerse en cuenta el volumen de recursos públicos que se gestionan a través de los distintos Organismos Autónomos, aspecto cuantitativo que condiciona el número de operaciones y expedientes fiscalizados, ascendiendo los créditos definitivos del Estado de Gastos del Presupuesto para el Ejercicio 2016 de los Organismos Autónomos de este Excmo. Cabildo Insular, a las siguientes cifras:
Museos y Centros (OAMC)
8.746.944,83 €
5.892.938,90 €
Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATFE)
34.467.651,11 €
142.739.921,26 €
191.847.456,51€
De forma sucinta se señalan a continuación los motivos de discrepancia más relevantes en los expedientes objeto de reparo durante el ejercicio 2016 en los Organismos Autónomos:
1.- La superación del importe máximo establecido en el artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) para la celebración de contratos menores y aprobación de prórrogas de los mismos que se encuentran prohibidas de manera expresa en el artículo 23.3 del TRLCSP.
2.- La utilización de la figura del contrato menor en sucesivas contrataciones o prórrogas con la misma empresa y objeto, constituyendo un fraccionamiento del objeto contractual.
3.- La realización de contrataciones sin que previamente se haya seguido el procedimiento legalmente previsto, dando lugar a situaciones constitutivas de “vía de hecho”.
4.- Utilización del trámite de urgencia sin encontrarse debidamente motivada la declaración de la misma por el órgano de contratación.
5.- Por efectuar la contratación de prestaciones de recaudación que suponen un incumplimiento en la gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos regulada en la Ordenanza correspondiente y en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
6.- El incremento de los reparos del Organismo Autónomo IASS en materia de contratación, se explica según informe del Interventor Delegado en la falta de criterio en la facturación y en la aplicación irregular del IGIC.
1.- La falta de acreditación de las razones debidamente justificadas que permiten acudir al otorgamiento de una subvención directa sin promover la concurrencia, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones y 19 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Corporación Insular.
2.- La incorrecta justificación de las subvenciones otorgadas por realizarse fuera del plazo establecido, por no efectuarse conforme a lo exigido en las Bases que las regulan, por no ajustarse las facturas presentadas a la normativa vigente o por destinarse los fondos públicos a fines distintos de los que motivaron su concesión.
1.- Abono de remuneraciones no amparadas en el Convenio Colectivo, retribuciones de funciones inherentes a puestos no desempeñados, inadecuación presupuestaria de gastos, incorrecta cotización en materia de seguridad social, falta de regularización de incidencias por la tramitación de expediente de reintegro por pagos indebidos en meses anteriores, etc.
2.- Abono de horas extraordinarias contraviniendo lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular y Resolución de la Sra. Coordinadora Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica.
3.- Nóminas de productividad variable del personal laboral, en concreto el cómputo de periodos no previstos en el Convenio Colectivo a la hora de satisfacer a cada trabajador y las regularizaciones llevadas a cabo como consecuencia de reclamaciones de dicho personal.
1.- Utilización de la fórmula del convenio de colaboración para eludir la contratación administrativa.
2.- Realización de convenios y abonos de cantidades sin formalizar previamente los Convenios correspondientes, ejecutándose por la vía de hecho.
3.- Inexistencia de justificación de los gastos en el plazo concedido.
Se acompaña Anexo II en el que se incluye, para cada actuación fiscalizadora en la que se ha informado negativamente con nota de reparo, fotocopia del informe de la Intervención Delegada, de la resolución o acuerdo reparado y del Decreto del Presidente o Acuerdo del órgano colegiado superior del Organismo solventando el reparo.
QUINTO.- FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE INGRESOS.
El artículo 218 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), establece que el órgano interventor elevará al Pleno un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, debiendo ponerse de manifiesto que en este Excmo. Cabildo Insular se efectúa, con carácter general, una toma de razón en contabilidad de las liquidaciones y autoliquidaciones de ingresos que se practican, al no disponerse de recursos suficientes, lo que supone una limitación para el desempeño de la función fiscalizadora con las debidas garantías y efectividad, máxime teniendo en cuenta la amplitud y extensión de las áreas de riesgo existentes.
Dejando sentado lo anterior, merece especial atención, tanto por su importancia cuantitativa (126.898.990,00.-€, cifra de previsiones iniciales en el Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2016) como por su destacado peso relativo dentro de las previsiones del capítulo II “Impuestos Indirectos“ del Estado de Ingresos (36,09%), la inclusión, un año más, de los recursos correspondientes a la participación de los Ayuntamientos de la Isla en los recursos procedentes del Régimen Económico-Fiscal de Canarias. Al respecto esta Intervención ha manifestado en distintas actuaciones de control su desacuerdo, reiterándose en el criterio ya expresado en el Informe del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2006 y posteriores, considerando que tanto los flujos de fondos líquidos percibidos correspondientes a dicha participación como sus correlativos pagos a los Ayuntamientos deben recibir el tratamiento de operaciones no presupuestarias, formulándose al respecto la observación de que la configuración presupuestaria actual constituye una técnica poco ortodoxa o inadecuada, que afecta de forma severa, dada su importancia cuantitativa, al principio de imagen fiel, por lo que debe ser subsanada y corregida.
Por otra parte, y a modo de resumen, las restantes anomalías principales puestas de manifiesto durante el ejercicio 2016 han sido las siguientes:
La modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por la realización de actividades administrativas en materia de caza, estableciendo bonificaciones económicas que suponen un incumplimiento de los principios de justicia, igualdad y equitativa distribución de la carga tributaria, establecidos en el artículo 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y consagrados en los artículos 14 y 31 de nuestro texto constitucional, así como de lo preceptuado en el artículo 9 del TRLRHL, que prohíbe el reconocimiento de otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
Los ingresos percibidos por la prestación del servicio de tratamiento de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano (SANDACH) en el Complejo Ambiental de Tenerife deberían tener la calificación jurídica de tasa y, consecuentemente, aprobarse la correspondiente Ordenanza Fiscal conforme al artículo 15 del TRLRHL, así como resulta improcedente la no liquidación de los intereses correspondientes por los retrasos en que se ha incurrido por la concesionaria conforme al acuerdo de autorización en vigor para efectuar los ingresos en las cuentas de esta Corporación Insular.
Revocación de las resoluciones de inicio de procedimientos sancionadores en los que no haya recaído resolución de terminación y no incoación de nuevos procedimientos sancionadores en tanto no se apruebe una nueva regulación sobre el acceso a los montes y circulación de vehículos de motor por pistas forestales, habiéndose instado por esta Intervención la realización de los trámites administrativos oportunos para solventar la ausencia de regulación indicada (sin perjuicio de que, si fuera necesario, se dicten las medidas provisionales que se estimen necesarias), advirtiéndose de la responsabilidad patrimonial en que puede incurrirse en caso de producirse algún incidente y el perjuicio que puede estarse irrogando al interés general ante la inactividad de esta Administración si ha devenido insuficiente la regulación actual, cuya finalidad es garantizar el acceso a las pistas forestales en condiciones de seguridad para los usuarios sin afectar al destino principal de las mismas (gestión agroforestal, labores de vigilancia y extinción de incendios, etc.), responsabilidad que puede hacerse extensiva a las autoridades y demás personal a su servicio.
La documentación justificativa auxiliar a remitir por los Servicios gestores a la Tesorería de la Corporación con respecto a los ingresos que en concepto de tasas, precios públicos, reclamaciones de daños al dominio público, etc. se liquidan a través de las distintas cuentas corrientes restringidas abiertas al efecto, cuya gestión y control tienen encomendada, además de no remitirse en general con la periodicidad mensual exigida en las Bases de Ejecución del Presupuesto y no ser original, adolece de la información que resulta exigible para proceder a su adecuada contabilización, relativa a los datos identificativos del tipo de ingreso y del sujeto pasivo, lo que viene además a poner en cuestión que se esté efectuando la obligada verificación de la materialización de los ingresos con carácter previo a la tramitación de la solicitud de que se trate conforme a lo exigido en las distintas Ordenanzas que regulan su exacción.
En lo que respecta a los Organismos Autónomos, no se ha informado de anomalías en la gestión de ingresos en el ejercicio 2016, a excepción del O.A. Patronato Insular de Música.
Con respecto a dicho Organismo señalar que el procedimiento seguido de gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos por los servicios que presta y los términos y condiciones en que los mismos se han realizado no se ajusta a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de su exacción y en las Bases de Ejecución del Presupuesto y, por ende, en la normativa vigente, así como tampoco a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 23 de septiembre de 2013, por el que se encomienda a Auditorio de Tenerife la gestión del cobro de los precios públicos del Patronato Insular de Música, puesto que en el caso de que se utilicen medios electrónicos o telemáticos para su pago por los sujetos pasivos [esto es, a través de la web de “Auditorio de Tenerife, S.A.U. o de Terminales de Punto de Venta (T.P.V.)], el producto de dicha venta debe materializarse en una cuenta restringida de titularidad del Patronato Insular de Música y la recaudación de dinero en efectivo realizada a través de la taquilla del Auditorio debe ser objeto de depósito en dicha cuenta restringida titularidad del Patronato Insular de Música con una periodicidad quincenal.
Sin embargo, los ingresos de derecho público procedentes de la venta de abonos y entradas a través de la web de “Auditorio de Tenerife, S.A.U.” o de Terminales de Punto de Venta (T.P.V.) se producen en una cuenta titularidad de la sociedad mercantil Auditorio de Tenerife, que posteriormente realiza su ingreso con retrasos injustificados y/o de forma fraccionada en la cuenta restringida del Patronato Insular de Música, no se cumple con la periodicidad quincenal de los ingresos que recauda por cuenta del Organismo Autónomo en efectivo, no se aporta la justificación de la recaudación obtenida en los términos exigidos y se ha observado la aplicación de exenciones en supuestos no autorizados o sin quedar debidamente acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para su aplicación, con las infracciones y responsabilidades en que puede incurrirse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 y ss de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
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