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Timestamp: 2020-07-07 22:25:51
Document Index: 232971465

Matched Legal Cases: ['artículo 1689', 'artículo 420', 'artículo 501', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 168', 'artículo 303', 'artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 420', 'artículo 3', 'artículo 45', 'artículo 420', 'artículo 420', 'artículo 420']

Jurisprudencia nueva justicia laboral: 13 de septiembre de 2009
5.- Oficio de la Notaria Podlech por el cual remite a este tribunal copia de un proyecto de transacción entre la Sociedad Apache Inversiones Limitada y don Cristian Andrés Álvarez Vásquez, de fecha 13 de febrero de 2009, Repertorio 565, firmada sólo por este último, por la que las partes acuerdan en su cuarta consideración que: “Con un mayor análisis de la situación las partes llegan a la conclusión de que la prestación de servicios que hizo don Cristian Andrés Álvarez Vásquez no fue de naturaleza laboral principalmente por ausencia del vínculo de subordinación o dependencia. Las partes consideran que tal subordinación no existió debido a que en los servicios que prestó don Cristian Andrés Álvarez Vásquez no había continuidad, ya que se prestaban los servicios en forma esporádica, en la prestación de servicios no había un cumplimiento de jornada de trabajo; tampoco existía la sujeción a instrucciones por parte de don Cristian Andrés Álvarez Vásquez a la Sociedad señalada; ni se encontraba a disposición de la sociedad, razón por la cual arriban a la conclusión de que la relación que los unió no era de naturaleza laboral sino que una prestación de servicios a honorarios”. En su considerando quinto acuerdan el precio de la transacción en la suma de $400.000.-
CUARTO: Que la reclamada para acreditar sus alegaciones ha rendido en la audiencia de juicio las siguientes probanzas:
1.- Informe de fiscalización N° 1401-2008-1310, formulario F11, practicada a la demandada de fecha 13 de enero del año 2009, suscrito por el fiscalizador Luis Alberto Araya Rubio, el cual da cuanta que el día de la fiscalización habían 10 personas trabajando, tres mujeres y siete hombres, que el resultado de la fiscalización fue la imposición de las 7 multas que indica. Detalla que se entrevistó a los trabajadores presentes, quienes informan que registran su asistencia los días que son llamados a trabajar en un libro de horas y firmas, que posteriormente se requirió la presentación de documentación laboral, consistente en contratos de trabajo y comprobante de pago de remuneraciones, informando el representante de la empresa que esa documentación no existía por cuanto a los jóvenes presentes se les pagaba con boleta de honorarios emitidas por la empresa. Se sanciona por no escriturar contratos de trabajo, no entregar el comprobante de pago de remuneraciones y la no declaración de cotizaciones previsionales y de la AFC. Se requirió también la presentación de acta de entrega de reglamento interno de higiene y seguridad y las charlas del derecho a saber a los trabajadores, no siendo exhibidas estas últimas por parte del representante del empleador, posteriormente en visita ocular a recinto se constata que esta cuenta con un solo baño para trabajadores, sancionándose estos hechos.
2.- Acta de entrevista y de revisión documental que se hizo a cada uno de los trabajadores por los cuales se aplicó la sanción.
QUINTO: Que los hechos constatados por el fiscalizador en cumplimiento de sus funciones y contenidos en su informe de fiscalización, gozan de presunción legal de veracidad, en conformidad a la Ley Orgánica del Servicio. Ello, en concordancia con lo dispuesto el artículo 1689 del Código Civil, determinan que el onus probandi corresponderá a la reclamante, quien deberá acreditar sus alegaciones, esto es que no existe relación laboral. En efecto, si se determina que no existe relación laboral todas las multas aplicadas serán dejadas sin efecto toda vez que parten del supuesto de que tal relación existe. Por el contrario si se determina que tal relación existió, tales multas se mantendrán toda vez que la reclamación será rechazada. En tal sentido la reclamante ha rendido la prueba señalada en el considerando tercero de este fallo, la cual apreciada conforme a las normas de la sana crítica permite tener por establecidos los siguientes hechos:
1.- Que no se escrituraron contratos de trabajo respecto de los siguientes personas y periodos: Cristian Soto, 01/06/2008; Francisco Isla, 01/09/2008; Francisco Silva, 01/07/2008; Cristian Álvarez, 01/07/2008; Manuel Villanueva, 01/07/2008; Ignacio Sandoval, 01/09/2008; Romina Contardo, 01/04/2008; Viviana Fuentealba, 01/09/2008, Andrea Álvarez, 01/06/2008, y Rodrigo Ponce, 01/07/2008.
2.- Que no se entregaron liquidaciones de remuneración, por los periodos y respecto de las personas señaladas en el número anterior.
3.- Que no se declaró oportunamente las cotizaciones previsionales en la AFP, respecto de las personas y periodos señalados en el punto número uno.
4.- Que no se entregó ejemplar escrito del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad a los personas indicados precedentemente.
5.- Que no se informó a las personas indicados precedentemente, acerca de los riesgos laborales, las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correcto.
6.- Que no se declaró oportunamente las cotizaciones previsionales del seguro de cesantía respecto de las personas y periodos ya indicados.
7.- Que no existían servicios higiénicos independientes y separados para hombres y Mujeres.
Los precedentes hechos se desprenden, de los documentos signados con los números 1 y 2 del considerando tercero de este fallo.
Por último la declaración de la testigo Mónica Castillo Flores nada aporta a las pretensiones de la actora toda vez que se refiere a su situación personal y no a la de las personas involucradas en la resolución de multa. Sus demás declaraciones relativas a la demora del fiscalizador en realizar su cometido, son impertinentes a lo controvertido.
SEXTO: Que las probanzas rendidas por la reclamante, permiten tener acoger la reclamación toda vez que ellas, apreciadas en conformidad a las normas de la sana crítica permiten sostener que la reclamada al momento de imponer las multas no tuvo elementos para sostener fundadamente que existiera una relación de naturaleza laboral entre la reclamante y las 10 personas indicadas en su resolución de multa como trabajadores, entendiéndose aquella como toda prestación de servicios convenida entre el empleador y el trabajador, por la cual se obliga este último a prestar servicios continuos o permanentes de carácter personal, bajo dependencia y subordinación del primero y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Por el contrario, se limitó a constatar infracciones, sin tener elementos suficientes para sostener que existía una relación laboral que vinculara a las personas que prestaban servicios con la actora y que lo habilitara para imponer las 7 multas que cursó.
SEPTIMO: En, efecto la copia de la resolución que impone la multa y su acta de notificación permiten tener por establecidos los hechos que se han dado por acreditados y que se describen en el considerando tercero con los números 1 al 7. A tales hechos el fiscalizador les atribuye el carácter de infracciones laborales y señala que los constató en forma personal. Lo que no aparece de su resolución es porqué estimó que existía una relación laboral entre el reclamante y los prestadores de servicio que él denomina trabajadores, cuando ninguna constatación fáctica realizó en tal sentido. Ello lo confirma la declaración del testigo Francisco Isla que expone que a la fecha de la imposición de la multa él no era trabajador de la reclamante. Por su parte, el proyecto de transacción firmado por Cristian Álvarez ante la Notaría Podlech de esta comuna, nos conduce a la misma conclusión, toda vez que en tal documento el firmante reconoce que la prestación de servicios que realizó para la reclamante, no fue de naturaleza laboral, sino civil, principalmente por ausencia del vínculo de subordinación o dependencia, porque no había continuidad en los servicios, los que se prestaban en forma esporádica, ni existió cumplimiento de jornada de trabajo, como tampoco se encontró sujeto a instrucciones ni a disposición de la sociedad reclamada.
OCTAVO: Que por otro lado, la constatación de las infracciones ya detalladas, en nada nos debe sorprender toda vez que al no existir una relación laboral, evidentemente no puede haber contrato de trabajo escrito, liquidaciones de remuneración, declaración y pago de cotizaciones previsionales y de cesantía, reglamento interno, derecho a saber, ni tiene porqué cumplirse con la exigencia de existencia de baños separados para hombres y mujeres. Tales hechos, no pasan de ser más que una manifestación de la inexistencia de la relación laboral.
NOVENO: Que, por otro lado, las probanzas rendidas por la actora se han visto complementadas por las presentadas por la parte reclamada, toda vez que de ellas, apreciadas en conformidad a las normas de la sana crítica, se pueden desprender los siguientes hechos:
1.- Que la fiscalización se realizó por instrucciones de la Dirección Regional del Trabajo, esto es, de oficio.
2.- Que al momento de realizar la fiscalización, habían 10 personas en la discoteca Apache prestando servicios, 7 hombres y 3 mujeres.
6.- Que el recinto cuenta con un solo baño para los trabajadores, sancionándose por este hecho.
Todos los hechos que se han dado por acreditados precedentemente, se desprenden del “informe de fiscalización” contenido en el formulario N°11, en el “acta de entrevista y revisión documental” contenida en formulario N°4/6 y en el “acta de hechos constatados relativos a condiciones de salud y seguridad básicas en los lugares de trabajo”, contenida en formulario N°26.-
7.- Que los hechos constatados por el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Valdivia, y que se contienen en el formulario N° 8 denominado “acta de constatación de hechos en terreno”, son exactamente los mismos señalados en la resolución de multa y que constituyen las supuestas infracciones que han sido objeto de multas.
DECIMO: Los antecedentes referidos en el considerando precedente, complementan las probanzas aportadas por la reclamante porque de ellas se desprenden indicios de que la relación no era de naturaleza laboral. A saber, el hecho de que las personas que prestaban servicios concurrieran a trabajar, sólo cuando eran llamados y podían hacerlo, cancelándoles por tales servicios con boletas de honorarios y por otro lado el hecho de que en ninguna de las 4 actas de constatación de hechos realizadas por el Fiscalizador Luis Rubio, aparezca mención alguna a la existencia de la relación laboral, salvo la referencia a la existencia del registro de asistencia, son indiciarios de que tal relación no existía.
UNDECIMO: Por otro lado la existencia de un libro de registro de asistencia, hecho que si se constató, y del que da cuenta el formulario N°11, no permite concluir algo distinto, menos cuando en él figuran aproximadamente 35 a 37 personas y al momento de la fiscalización habían sólo 10 desempeñando funciones, según lo constatado por el propio fiscalizador y menos cuando tales personas eran llamadas para ciertas ocasiones, dependiendo del día y de la afluencia de público. Lo anterior, por el contrario nos permite concluir que tales prestadores de servicio, no se encontraban a disposición de la empresa multada, sino que acudían, a petición telefónica de la administradora, cuando podían a su entera voluntad, y para el caso que no pudiesen concurrir se llamaba a otra persona del listado, conclusión que descarta la continuidad de los servicios exigida para estimar existente la relación laboral.
DUODECIMO: Concuerda con lo anteriormente concluido lo declarado por el propio fiscalizador Luis Rubio Araya, quien expone que cuando le informó del procedimiento de fiscalización a la administradora del local y le preguntó quién convocaba a los trabajadores, porque en el registro de asistencia figuran aproximadamente 35 a 37 trabajadores y no todos estaban presentes al momento de la fiscalización, ella le respondió que era ella misma quien telefónicamente los llamaba para ciertas ocasiones por lo que no necesariamente tenían que estar todas las personas que figuraban en el registro de asistencia, ello dependía del día, porque habían días que tenían más o menos movimiento según la afluencia de público, o del fin de semana ya que si era fin de mes o quincena ella convocaba a más trabajadores.
DÉCIMO TERCERO: Que la conclusión expuesta no se puede ver modificada por la sentencia dictada en causa RIT M 2-2008, seguida entre Luis Mauricio Cañete Villanueva y Sociedad Apache Inversiones Limitada, toda vez que, si bien en ella se da por establecida la relación laboral entre las partes, el trabajador demandante no se encontraba dentro de las personas que prestaban servicios a la actora al momento de la fiscalización, de hecho la sentencia fue dictada acogiendo la demanda con las probanzas aportadas y en rebeldía del demandado con fecha 24 de noviembre del año 2008 y la fiscalización se realizó con fecha 18 de diciembre del año 2008.
DECIMO CUARTO: Que se ha resuelto en forma reiterada por la E. Corte Suprema que si bien la Dirección del Trabajo tiene las facultades de fiscalización que le confiere su estatuto orgánico y los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo, éstas sólo deben ejercerse cuando se sorprendan claras infracciones a la legislación laboral. En el caso que nos convoca tal claridad estaría dada por la irrefutable existencia de la relación laboral y la concurrencia prístina de las infracciones constatadas, toda vez que no puede sostenerse la imposición de infracciones de naturaleza laboral a prestaciones de naturaleza dudosa o derechamente de naturaleza civil. A juicio de esta Juez tal claridad no existe, y no existe ya que no se constató previamente a imponer las sanciones que faculta la Ley a la autoridad administrativo, el presupuesto sine qua non para hacerlas procedentes, cuál es la existencia de la relación laboral. Nada se dijo en las diferentes actas levantadas por la inspección del Trabajo de Valdivia, sobre cuál era la prestación de servicios de carácter personal y continuo que desarrollaba cada persona al momento de realizar la inspección; nada se constató tampoco sobre su remuneración, naturaleza, monto, ni periodicidad; elementos todos que son de la esencia de una relación laboral. Si mencionó el Fiscalizador el procedimiento utilizado para llegar a imponer las multas, y a este respecto detalla que en la visita inspectiva entrevistó a los supuestos trabajadores y requirió el libro de asistencia y la documentación laboral, comprobando que dicha documentación no existía por cuanto según lo informado por la administradora a los “jóvenes presentes se les cancelaba con boleta de honorarios emitidas por la empresa”.
DECIMO QUINTO: Que no existiendo duda sobre la existencia de la relación laboral, procedía la aplicación de sanciones por las infracciones constatadas , sin embargo, en este caso, sólo se constataron infracciones sin constatar la existencia de la relación laboral, y digo constatar y no declarar, toda vez que esta última es materia de carácter jurisdiccional y por consiguiente de competencia exclusiva de los Juzgados de Letras del Trabajo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del ramo. Por lo concluido y expuesto latamente, se acogerá la reclamación dejando sin efecto la resolución que impone las multas impugnadas.
Resolvió Inge Müller Méndez, Juez del Trabajo de Valdivia.
En Valdivia, a quince de junio de dos mil nueve, notifiqué por el estado diario la sentencia que precede.
Publicado por César Toledo Corsi en 16:01 No hay comentarios:
RECLAMACIÓN DE MULTA ADMINISTRATIVA; No procede multar por despedir por art. 161 CT a trabajadora que goza de licencia médica; RIT I-6-2009.
La Serena, uno de abril de dos mil nueve.-
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 501 del Código del Trabajo se procede a dictar sentencia en audiencia.-
PRIMERO: Que, ha comparecido doña Sila Miguel Calvo en representación de la Fundación Santa Rosas de Lima, don domicilio en Guatemala N° 2402, La Serena, y deduce reclamación en contra del Inspector Provincial del trabajo de Elqui don Guido Cortes Carvajal, domiciliado en Matta N° 461 de esta ciudad. Solicita que se deje sin efecto la multa aplicada por resolución N° 3154095 en virtud de la cual se sanciona a su representada por poner término al contrato de la docente Fresia Barahona cuando ésta estaba con licencia por enfermedad común invocando para ello el artículo 161 del Código del Trabajo.
SEGUNDO: Que, contestando el reclamo, la Inspección recurrida solicita su completo rechazo y hace presente que el 05 de enero de 2009 se presentó doña Fresia Barahona interponiendo una reclamación por despido injustificado al haber sido notificada del término de su contrato cuando estaba con licencia médica y habiéndose constatado que ello era efectivo se cursó la multa por trasgredir lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 161 del Código del Trabajo en virtud del cual la causal de necesidades de la empresa no puede ser invocada respecto a trabajadores que gocen de licencia médica.
TERCERO: Que, los litigantes están contestes en que la reclamante despidió a doña Fresia Barahona el día 17 de diciembre de 2008, que la carta de despido invoca la causal del artículo 161 del Código del Trabajo y que la trabajadora tenía licencia médica que indicaba inicio del reposo para el día 17 de diciembre de 2008, de manera que se estimó que no habían hechos controvertidos que fueran susceptibles de recibirse a prueba, omitiéndose entonces dicho trámite.
CUARTO: Que, con los antecedentes que obran en autos es suficiente para acoger la reclamación en todas sus partes desde que la Inspección del Trabajo aplicó una multa sin tener facultades para ello. En efecto, lo que ha hecho la instancia fiscalizadora es calificar un despido como indebido aún cuando en la resolución de multa no lo diga expresamente, y dicha calificación solo le corresponde a la judicatura del trabajo. Si bien es cierto que el artículo 161 del Código del Trabajo en su inciso tercero impide invocar la causal que dicha norma reglamenta tratándose de trabajadores con licencia médica por enfermedad común no es menos cierto que la única vía que le queda al trabajador despedido en esas condiciones es el ejercicio de la acción contemplada en el artículo 168 del Código del Trabajo en orden a que un Tribunal con competencia laboral examine la procedencia de dicho despido. Así las cosas se han invadido facultades de la judicatura laboral.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 161, 168, 501 y 503 del Código del Trabajo SE RESUELVE:
Que se acoge la reclamación en todas sus partes y deja sin efecto la multa aplicada, sin costas por haber actuado la reclamada en ejercicio de su calidad de fiscalizador.
Téngase a las partes por notificadas de la sentencia, regístrese.
Dictada por doña NANCY BLUCK BAHAMONDES, Juez Titular del Juzgado del Trabajo de La Serena.
Se deja constancia que el registro oficial de la presente audiencia, se encuentra grabado en el audio y a disposición de las partes. Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, uno de abril de dos mil nueve.
Publicado por César Toledo Corsi en 15:48 No hay comentarios:
DEMANDA NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO; Sentencia 26/03/2009; Incompetencia para conocer demanda fundada en Ley 19.880; RIT I-4-2009.
RELACION SOMERA DE LOS HECHOS:
El tribunal realiza relación somera de la reclamación como de la contestación de la misma.
Se da lectura a las excepciones opuestas por la reclamada y se otorga traslado a la parte reclamante.
El tribunal resuelve la excepción de previo y especial pronunciamiento de incompetencia del tribunal.
VISTOS, OIDOS, Y CONSIDERANDO
PRIMERO :- Que don Osvaldo Velis Rojas, funcionario público, en su calidad de Inspector provincial del Trabajo de Coquimbo, en representación de dicho servicio, domiciliado en Coquimbo, calle Melgarejo N° 980, 3er piso, evacuando el traslado conferido de la demanda de nulidad de acto administrativo de fecha 02 de febero del año 2.009, solicitando el rechazo de la misma en todas sus partes, con costas, por los argumerntos que señala:
En lo principal, opone como excepción de previo y especial pronunciamiento, la incompetencia absoluta del Tribunal para conocer del persente juicio en razón de la materia objeto de la acción, excepción contemplada en el aartículo 303 N° 1 del Código de Procedimiento Civil.-
Es del caso señala, que la demandante pretende en sede judicial laboral obtener la declaración de nulidad de un acto administrativo, cual es la multa administrativa de la Inspección del Trabajo de Coquimbo, mediante la acción de nulidad de derecho público. En tal sentido, los Juzgados de Letras del Trabajo constituyen Tribunales especiales, dentro de la clasificación de la ley que los crea y materia sobre las que conocen, los que son creados en atención a las materias específicas que deben atender.
Como se advierte agrega, de los argumentos esgrimidos por la contraparte en su libelo, la acción entablada está destinada a aobtener la declaración de nulidad del acto administrativo por existir supuestamente una infracción a lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 19.880, esto es, por no haberse practicado la notificación al interesado. Conforme a lo anterior, tal contraol incumbe a los Tribunales de justicia, fundado en los artículos 19 N° 3 y 73 de la Constitución Política de la República, artículo 2° de la ley 18.575 y artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, sin embargo tal control, necesariamente debe ser realizadopor los Tribunales ordinarios de Justicia.-
SEGUNDO :- Que contestando la excepción de incompetencia deducida la parte demandante señaló que de la redacción del artículo 420 letra e) del Código del Trabajo se desprende que también procede su aplicación respecto de una reclamación de una resolución administrativa y atendida la especialidad del Tribunal esa parte decidió presentarlo en sede laboral, señaal que la falta de requisitos del acto administrativo también está contemplado en la norma, por lo cual solicita se rechace la excepción de incompetencia atendido a que se trata de temas que dicen relación con la materia laboral.-
TERCERO :- Que del mérito de la demanda deducida en estos autos, se desprende que ella se fundamenta en disposiciones contenidas en la ley 19.880 que es la ley de bases de la administración del estado , entre ellos, menciona el artículo 3°, el artículo 45 y los artículos 53 y siguientes de dicho texto legal.- Que este Tribunal carece de competencia para resolver asuntos relativos a la aplicacipon de la ley 19.880 por cuanto la referencia que hace el demandante al artículo 420 letra e) no opermite concluir que este Tribunal tiene competencia para conocer de la demnada deducida en estos autos
Que en efecto, el artículo 420 letra e) se refiere a reclamaciones que se tramiten conforme a los procedimientos que contempla el Código del Trabajo, pero no otro texto legal, como en el caso de autos; el Código del Trabajo permite que el Tribunal laboral conozca de reclamaciones contra resoluciones dictada por autoridades administrativas en materia laboral, previsional o de seguridad social ,pero debe hacerlo a través de los procedimientos que el mismo código contempla, que en este caso está regulado en los artículos 503 y siguienets del Código del ramo,. Lo que el demandante pretende es sustituir el procedimiento al que tiene derecho y que está regulado como se señaló, por otro procedimiento, como el deducido en esta causa respecto del cual el Tribunal es incompetente.-
Por lo expuesto, y visto lo dispuesto en la Ley N° 19.880, artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, artículos 503 y siguienets del mismo cuerpo legal, Se Resuelve:
1.-Que se acoge la excepción de incompetencia deducida por la parte demandada, en consecuencia el Tribunal se declara incompetente para conocer de la presente demanda.-
2.- Que en atención a lo resuelto, el Tribunal no emitirá pronunciamineto respecto de la excepción de ineptitud del libelo deducida en autos y no entrará al conocimiento del asunto de fondo planteado en este juicio.-
La partes quedan notificadas de lo resuelto en esta audiencia.-
Dictada por doña ROXANA CAMUS ARGALUZA, Juez Titular del Juzgado Laboral de La Serena.
Se deja constancia que el registro oficial de la presente audiencia se encuentra grabado en el audio y a disposición de las partes.
Publicado por César Toledo Corsi en 13:51 No hay comentarios: