Source: https://www.scribd.com/doc/81241443/SENTENCIA-GARZON
Timestamp: 2016-02-07 22:56:47
Document Index: 104575015

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excepcionalmente. se acordó la apertura del juicio oral contra el acusado D. por los presuntos delitos de prevaricación y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Quinto. calificó los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación del art. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra el querellado Baltasar Garzón Real. se acuerda la prosecución de la causa por los trámites de los arts.2 de la LECrim. 536. en el plazo común de diez días.. para los supuestos previstos en el apartado 2 del art. Ignacio Peláez Marqués. Baltasar Garzón Real. 637. Baltasar Garzón Real. sin
. al que se adhirió la defensa del querellado. soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Sexto. Posteriormente se personaron las demás acusaciones particulares. 780 y ss. pfo 1º del Código Penal. habiéndose dictado auto de fecha 13 de Abril de 2010 que desestimaba el referido recurso y confirmándose el auto de admisión a trámite.El Ministerio Fiscal interesa se dicte auto de sobreseimiento libre por no estimar existencia de delito -art. el enjuiciamiento de esta causa. 780 de la LECr.
Tercero. en base a las consideraciones que obran en el escrito que figura unido a las presentes actuaciones.
Cuarto. y estimó responsable de los delitos citados al acusado D.Recurso Nº: 20716/2009
declararse competente para la instrucción y.Que por auto del Juez Instructor de la presente causa de fecha 8 de Abril de dos mil once.Que por auto de fecha 19 de octubre de dos mil diez. la práctica de las diligencias complementarias. Alberto Jorge Barreiro. con violación de las garantías constitucionales del art. en su caso. 446.La acusación particular en nombre de D... en igual trámite.3 del Código Penal y delito cometido por funcionario público de uso de artificios de escucha y grabación.. admitiendo a trámite la querella y designando instructor de la misma al Magistrado de esta Sala D. o. Acordándose dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a todas las partes acusadoras para que. Contra la referida resolución formuló recurso de súplica el Ministerio Fiscal..
Dándose entre estos dos delitos una relación de concurso de normas o de leyes. 446. a razón de una cuota de 6 euros por día y la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un período de 10 años.La acusación particular en nombre de D. además de la imposición de las costas.. 74 del Código Penal y un delito contra las garantías constitucionales.La acusación particular en nombre de D. en virtud de lo establecido en el art. Baltasar Garzón Real.. pidió se le impusiere al acusado a) por el delito de prevaricación judicial continuada. 8. multa de dieciocho meses.3º del Código Penal. artículo 536 párrafo 1º del Código Penal. accesorias y costas. inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años. pidió se le impusiere al acusado pena de multa de 12 meses. cometido con carácter continuado (artículo 74. con aplicación del art 77 del Código penal. calificó los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación de Juez o Magistrado tipificado en el artículo 446. pidió se le impusiere las penas de. Pablo Crespo Sabaris. e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de quince años.. a razón de una cuota de 6 euros por día. interesa proceda imponer al acusado el pago
.3º CP) la pena de multa de dieciocho meses (con cuota diaria de 6 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 15 años. sin concurrencia en los hechos de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.1 del Código Penal). y estimando responsable en concepto de autor al acusado D. consistente en la colocación de artificios técnicos de escucha y grabación. incluida las de la Acusación particular. así como en concepto de responsabilidad civil. por el delito continuado de prevaricación (art. Baltasar Garzón Real. cometido con carácter continuado (artículo 74. b) por el delito contra las garantías constitucionales.3 en relación con el art. sin concurrencia en los hechos de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.1º del Código Penal y un delito de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales y legales tipificado en el artículo 536 del Código Penal. Francisco Correa Sánchez en igual trámite calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de prevaricación judicial art 446. por lo que procede aplicar solamente. en igual trámite.
Octavo.Recurso Nº: 20716/2009
concurrencia en los hechos de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. el delito de prevaricación continuado como delito más grave. Estimando responsable en concepto de autor al acusado D.P.4 C.
el acusado BALTASAR GARZON REAL.La defensa del acusado. Juez con categoría profesional de Magistrado. En ese juzgado tramitaba las Diligencias Previas nº 275/2008 en las que se investigaban hechos que podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales. ponían en conocimiento de aquel el estado de las mismas.. a los que se consideraba integrados en una organización en cuyo marco se ejecutaban las acciones delictivas.. de defraudación fiscal. los datos que manejaban hacían suponer que. La complejidad de los hechos investigados generaban una actividad intensa en los encargados y responsables de la tramitación.Recurso Nº: 20716/2009
de una indemnización por los perjuicios y daños de toda índole causados que. los que consideraban los máximos responsables de la organización continuaban con su actividad delictiva organizada procediendo a nuevas acciones de blanqueo de capitales y a otras
. los avances y las novedades que se producían. produciéndose frecuentes informaciones verbales por parte de los funcionarios de policía que desarrollaban las investigaciones. de falsedad.. que se atribuían a varias personas ya imputadas en la causa. trasladado al acusado. Décimo.Habiéndose señalado para el inicio de la celebración de la vista y posterior deliberación el pasado día 17 de Enero de 2. de cohecho. Undécimo. así como del acusado y de las fiscales que intervenían en el asunto en representación del Ministerio Público. en ocasiones en presencia de las fiscales. a pesar de que se encontraban en prisión provisional acordada por el acusado. en las que. de asociación ilícita y de tráfico de influencias. habiendo finalizado la deliberación anteriormente mencionada en el día de hoy.En el acto del Juicio Oral el Ministerio Fiscal. que se fija simbólicamente en un euro. desempeñaba el cargo de Magistrado Juez del Juzgado Central del Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Noveno. han alcanzado personalmente a su representado. HECHOS PROBADOS Resulta probado y así se declara: En el mes de febrero de 2009. y las acusaciones particulares elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales. elevó a definitivas las conclusiones en el acto del Juicio oral. A juicio policial. más allá de la lesión del bien jurídico protegido.012.
Penal. principalmente. a través de un conglomerado empresarial integrado por empresas creadas y controladas a tal efecto por los mismos. Este grupo organizado tendría como principal finalidad. como mínimo en los últimos 10 años. Razonamientos jurídicos: Primero. Penal. Según entendían los funcionarios de policía. 390 del C.En fecha 12. encontrándose al día de la fecha en tal situación internos en el Centro Penitenciario de Madrid V a disposición de este Juzgado.. Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez y otros imputados en esta causa.09 contra Francisco Correa Sánchez. 420 del C.Los hechos que motivaron la medida de prisión decretada por auto de este Juzgado de fecha 12. 423 en relación con el art. Comunicada esta información al acusado. 392 en relación con el art. y así lo comunicaron verbalmente. a lo largo del tiempo. podrían ser constitutivos respectivamente.Recurso Nº: 20716/2009
actividades que podían implicar la ocultación de importantes cantidades de dinero ilícitamente obtenidas.
. 301 en relación con el 305 del C. un delito de defraudación fiscal del art. Segundo.. en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia. 305 del C.En este Juzgado se tramitan Diligencias Previas número 275/08 en las que se investigan las presuntas actividades delictivas de un grupo organizado de personas liderado por Francisco Correa Sánchez. en esas actividades pudieran estar interviniendo algunos abogados integrados en un despacho profesional cuyos miembros eran conocidos y estaban identificados. dictó un auto de fecha 19 de febrero de 2009 del siguiente tenor literal: “Hechos: Primero. la realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende de fondos.02. varios delitos de falsedad de los arts. y. en cuanto a los dos primeros de un delito de blanqueo de capitales del art.09 se dictó por este Juzgado auto de prisión provisional contra los tres mencionados. Penal..02. llegando a ser imputados en la causa. múltiples delitos de cohecho del art. Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez. y en inmediata relación de jerarquía respecto del mismo. Penal.
dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella. las aquí denominadas "particulares" son sometidas a un régimen especial y la autorización de su
. En este sentido.. deviene necesario ordenar la intervención de las comunicaciones orales y escritas de los tres internos antedichos. y especialmente determinar el grado de imputación que pudieran tener otras personas dentro del grupo organizado investigado. sin embargo. 390 del Código Penal. deviene necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos. 392 en relación con el art.Recurso Nº: 20716/2009
un delito de asociación ilícita del art. y respecto del tercero un delito de blanqueo de dinero del art. 301 del C.1 del C. el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria distingue entre las comunicaciones "generales" de los internos con terceras personas. Penal. de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento penitenciario. Penal y de varios delitos de falsedad de los arts. Segundo. y las comunicaciones más "particulares" de aquellos con sus letrados. Igualmente y dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como "enlace" de los tres mencionados con personas del exterior. y de diversos delitos de tráfico de influencias del art. 315.A la vista de la complejidad de la investigación que debe seguir desarrollándose en torno a los tres mencionados en el hecho de esta resolución que se encuentran en situación de prisión provisional a disposición de este Juzgado y con el objeto de poder determinar con exactitud todos los extremos de sus ilícitas actividades. Esas comunicaciones "generales" pueden ser intervenidas con la autorización del Director del Centro Penitenciario en virtud de razones de seguridad. 429 del Código Penal.
escucha y conservación que se optó para la intervención de las comunicaciones telefónicas que en su momento ya fueron acordadas en las presentes actuaciones. por un periodo comprendido desde el 19. y Antoine Sánchez en el Centro Penitenciario en que se encuentran. Dispongo 1. así como de forma general con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. es procedente autorizar a los funcionarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el sentido que se dirá. estableciendo que las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo. Dicho artículo 51 en su segundo párrafo recoge claramente el supuesto fáctico que aquí se denuncia. Sin embargo.Recurso Nº: 20716/2009
intervención debe ser solo dispuesta por la Autoridad Judicial. que al día de la fecha se encuentran cesadas.09 hasta el 20.09. o cualesquiera otros donde se trasladen. tanto las "generales" como las "particulares" deberían ser llevadas a cabo con la coordinación de la Dirección del Centro Penitenciario correspondiente y debe seguir el mismo procedimiento de grabación.02. Pablo Crespo Sabaris. Por lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación..
. dadas las dificultades técnicas que pudiesen surgir. Dichas intervenciones.03.Ordenar la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantengan los internos Francisco Correa Sánchez. con la coordinación de la Dirección de dichos Centros. intervención. sin posibilidad de que la misma pueda ser acordada por la Autoridad Penitenciaria. debiendo la Unidad encargada de la investigación disponer los medios necesarios para llevar a cabo dicha intervención en los citados Centros.
4. 3. debiendo a su vez en dicho plazo informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio. regrabación y transcripción.Ordenar la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos.09. o cualesquiera otros donde se trasladen. con la coordinación de la Dirección de dichos Centros.Requerir a la Unidad encargada de la investigación a remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones (literales).. siendo los funcionarios de la Policía Judicial los únicos competentes para proceder a la escucha y transcripción de las conversaciones.Autorizar a los funcionarios dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a la grabación de las comunicaciones personales que mantengan los internos mencionados.. y con carácter especial. debiendo la Unidad encargada de la investigación disponer los medios necesarios para llevar a cabo dicha intervención en los citados Centros.09 hasta el 20. a cuyo fin se extenderán las oportunas actas quincenalmente. así como a la conversación (sic) de los soportes. y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y
. Así como dar cuenta en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a cabo las operaciones relativas a la observación.02.Recurso Nº: 20716/2009
2. en cualesquiera Centros Penitenciarios que aquellos se hallen internos. en depósito en la dependencia policial y a disposición de este Juzgado. José Antonio López Rubal. cuyo procedimiento se mantiene en los términos que se expresarán en los párrafos siguientes.. en el Centro Penitenciario en que se encuentran. por un periodo comprendido desde el 19. así como de forma general con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.03. las que mantengan con el letrado D. previniendo el derecho de defensa. quedando las cintas grabadas o cualquier otro soporte en que las grabaciones se materialicen. debiendo abstenerse de escuchar dichas conversaciones.
precisando el acusado que deberían proceder a recoger las cintas. caso de que en la ejecución de la observación de las comunicaciones que se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento de ello. ésta se efectúe antes de 10 días del vencimiento de la observación.
. escuchar lo grabado... lo que fue contestado afirmativamente.. 5. ni a identificar a los funcionarios responsables de la misma.Librar oficio a la Unidad encargada de la investigación y al Sr. Director General de Instituciones Penitenciarias para la efectividad de lo acordado. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional”. Los funcionarios policiales solicitaron del acusado una aclaración respecto del significado de la expresión “previniendo el derecho de defensa”.Recurso Nº: 20716/2009
respecto a qué personas. no añadió precisión alguna orientada a asegurar la custodia de las grabaciones. Así lo dispone manda y firma el Ilmo. D. a las que se hacía expresa referencia en el auto. Baltasar Garzón Real. hasta ser entregadas a la policía. se solicitó aclaración respecto a si las comunicaciones con los letrados. en caso de solicitarse la petición de prorroga. ocupándose él de lo que procediera en orden al cumplimiento de dicha cláusula. Sr. 7. Recibida la resolución por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.Requerir a la Unidad actuante a que. 6.Requerir a la Unidad actuante a que ponga en inmediato conocimiento del Juzgado la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se concede la observación. debían ser grabadas.
En relación al apartado 3 de la parte dispositiva. transcribir todo su contenido excluyendo las conversaciones privadas sin interés para la investigación y proceder a su entrega en el juzgado. y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.
las comunicaciones que mantuvieran con ellos serían intervenidas. incluyendo igualmente a los letrados expresamente llamados por los imputados en prisión provisional. según se expresa en el referido auto era “. que eventualmente se personaran en el futuro como defensores de los internos. Era consciente igualmente de que la grabación y escucha de las comunicaciones iba a incluir no solo las que realizaran con los letrados ya personados en la causa. por lo tanto. implicaba que las comunicaciones de los internos que iban a ser intervenidas. grabadas y escuchadas comprendían las que llevaran a cabo con todos los letrados. en su caso. salvo al letrado ya imputado José Antonio López Rubal.. fueran quienes fueran. Es decir.”. dado el tenor de su acuerdo y la ausencia de disposiciones o instrucciones complementarias al mismo. ni tampoco respecto a la imposibilidad de utilizar en la investigación ninguna parte de lo oído en las conversaciones grabadas. .. no se pudieran conocer y valorar los indicios que. el acusado sabía que la previsión que. sin excepción alguna. “. y especialmente determinar el grado de imputación que pudieran tener otras personas dentro del grupo organizado investigado.poder determinar con exactitud todos los extremos de sus ilícitas actividades [las de los imputados ingresados en prisión].Recurso Nº: 20716/2009
El acusado no comunicó a los funcionarios policiales ninguna precisión respecto a conversaciones que debieran ser excluidas de la grabación.. aun cuando al momento de firmar la resolución su identidad fuera desconocida y.”. Al dictar el referido auto. incluso con sus propios abogados defensores. textualmente decía “Ordenar la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos.dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades [las de los imputados en prisión dentro de su organización] pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como "enlace" de los tres mencionados con personas del exterior... a los que. en el caso de que los internos designaran nuevos letrados.. dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían
. en su parte dispositiva. sino a todos los letrados. en relación con lo dicho más arriba. que el acusado sabía que. no se menciona individualizadamente. existieran contra los mismos.. en cuanto a los letrados. deviene necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos. Y.. La finalidad de la intervención de las comunicaciones.
En ese momento. firmada por el acusado. ninguna medida para evitar que se grabaran las comunicaciones mantenidas por los referidos letrados con sus defendidos. defensor del imputado José Luis Ulibarri. Por lo tanto. Por providencia. igualmente en prisión provisional. desde el momento en que fueron tenidos como tales por el acusado. defensor designado por el imputado en prisión provisional Antoine Sánchez. en lo que aquí interesa. letrado en ejercicio. varias comunicaciones de los internos Francisco Correa. grabadas. en el auto del acusado no se contenía ninguna mención concreta de la identidad de los letrados sospechosos. la mantenida por el querellante Sr. ni tampoco precisión alguna acerca de los indicios que existieran contra los que no hubieran sido hasta entonces imputados. en la misma fecha a designar como nuevo letrado de su defensa a Pablo Rodríguez-Mourullo Otero. Pablo Crespo y Antoine Sánchez con distintos letrados. en ambos casos. no constaba en las diligencias. procedió.Recurso Nº: 20716/2009
aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella”. Entre ellas. el imputado en prisión provisional Francisco Correa procedió a designar a José Antonio Choclán Montalvo como nuevo letrado de su defensa y el imputado Pablo Crespo. Tampoco sus despachos o letrado alguno perteneciente a los mismos. El día 2 de marzo. en lugar alguno. escuchadas por la policía. La resolución judicial fue ejecutada en sus propios términos y en cumplimiento de la misma. Peláez. ni por escrito ni verbalmente. el acusado no acordó. ni del letrado Juan Ignacio Vergara Pérez. respectivamente. que con anterioridad cualquiera de los dos letrados mencionados aparecieran en las actuaciones como partícipes o intervinientes en alguna de las actividades investigadas. Igualmente nada consta respecto al letrado Ignacio Peláez. con Francisco Correa el 25 de febrero. entregadas al juez y examinadas por los representantes del Ministerio Fiscal encargados del caso. del día 3 de marzo se les tuvo por personados en la causa en ese concepto. personado en la causa desde el 21 de febrero como defensor del imputado José Luis Ulibarri. fueron intervenidas. en la que no consta documentalmente que actuara como letrado defensor del interno ni como expresamente
. lo que habría permitido excluir a los demás. transcritas en lo relevante para la investigación. junto con su letrado José Antonio Rubal. lo que había tenido lugar los días 21 de febrero y 17 de febrero. A pesar de ello.
El día 4 de marzo. los funcionarios policiales responsables de la investigación entregaron en el juzgado un informe sobre las comunicaciones intervenidas. José Antonio Choclán. en el que se hacía expresa referencia a la mantenida por el querellante Sr. los funcionarios policiales presentaron un nuevo informe.si bien con
. junto con su letrado defensor Pablo Rodríguez-Mourullo. el imputado en prisión preventiva Antoine Sánchez. en concepto de letrado defensor los días 24 y 25 de febrero y 12 y 17 de marzo. y en el que se incluían varias conversaciones de aquellos con sus letrados defensores. en la que no consta documentalmente la condición en la que comparece.. Igualmente constan intervenidas las comunicaciones efectuadas por Juan Ignacio Vergara con su defendido. En esta misma fecha constan intervenidas las comunicaciones efectuadas por los mencionados letrados José Antonio Choclán y Pablo Rodríguez-Mourullo con sus defendidos Francisco Correa y Pablo Crespo. con el imputado Francisco Correa. mantenida por el querellante con Francisco Correa. en la que figura como letrado expresamente llamado. El referido informe policial aparece foliado en la causa ocupando un lugar anterior a la declaración que el mismo día 4 de marzo prestó en el juzgado el imputado José Luis Ulibarri. haciéndose referencia expresa en el informe a la estrategia de defensa pactada por los letrados en relación con uno de los hechos investigados. de quien este último era letrado defensor.. y el mismo día 6 de marzo con el imputado Pablo Crespo. Dado traslado al Ministerio Fiscal. al tiempo que solicitaban la prórroga de la intervención acordada en el auto de 19 de febrero. junto al letrado de su defensa. La del día 6 de marzo.Recurso Nº: 20716/2009
llamado por éste para asuntos penales. Pablo Rodríguez-Mourullo y Juan Ignacio Vergara. Peláez junto con el letrado José Antonio Rubal. José Antonio Choclán. comunicaban el resultado de la intervención de todas las comunicaciones de los internos antes mencionados. El día 13 de marzo. No aparece expresamente que se realizara pregunta alguna relacionada directamente con el contenido de la conversación mantenida en el curso de la comunicación antes mencionada. expresando que se habían iniciado el día 20 de febrero. en el que. En el oficio no se contenían indicios concretos de una posible actuación delictiva por parte de ninguno de los letrados defensores Ignacio Peláez. emitió el pertinente informe en el que no se oponía a la prórroga aunque aclaraba que “.
Concepción Sabadell — Conversación de 2 de marzo de 2009 entre el abogado José Antonio Choclán y Francisco Correa Sánchez. con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa.”. A excepción de los comentarios que. El tenor literal del referido informe era el siguiente: “El Fiscal. por tanto. Una parte importante de las transcripciones se refieren en exclusiva a estrategias de defensa y. 19 a 24. Pablo Crespo Sabaris. se efectúan entre los minutos 22. El informe de la UDEF incluye la transcripción de las conversaciones mantenidas entre los imputados que se encuentran en situación de prisión provisional y algunos de sus familiares y abogados.40. en todo caso. las conversaciones que el Fiscal considera deben desglosarse de la causa son: — Conversación de 24 de febrero de 2009 entre José Antonio López Rubal. En concreto. Pablo Crespo Sabaris y Francisco Correa Sánchez salvo en lo relativo a la sociedad de los locales de Boadilla (inicio página 10 transcripciones) y lo referido a un cambio y a la posible alarma que ello causaría (inicio de la página 11 de las transcripciones).Recurso Nº: 20716/2009
expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados que representan a cada uno de los imputados y. en toma a las relaciones con las Fiscales. deben ser excluidas del procedimiento. — Conversación de 25 de febrero de 2009 entre José Antonio López Rubal. Francisco Correa Sánchez e Ignacio Peláez. a excepción de lo comentado entre Francisco Correa e Ignacio Peláez sobre la relación con una de las Fiscales. DICE: 1°. despachando el traslado conferido en el procedimiento arriba referenciado por Providencia de 16 de marzo de 2009 referida al oficio de la UDEF con registro de salida número 25917/09.
Igualmente. Por ello. En fecha 3 de marzo de 2009 se produjo un cambio en la representación de Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabaris. Interesa se libre mandamiento al órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales de! Consejo General del Notariado para que remita todas las escrituras en las que intervenga Pablo Crespo Sabaris y/o Mª Consuelo Margarita Vázquez. dejando de asistirles el imputado José Antonio López Rubal. — Conversación de 6 de marzo de 2009 mantenida entre Pablo Crespo Sabaris. en todo caso. — Conversación de 6 de marzo de 2009 mantenida entre Francisco Correa Sánchez. 2°.Recurso Nº: 20716/2009
— Conversación de 3 de marzo de 2009 entre José Antonio López Rubal. 3°. ¿cómo va mi recurso’ (páginas 52 y 53 de las transcripciones). el Fiscal no se opone a la prórroga de las intervenciones solicitadas por la UDEF si bien con expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados que representan a cada uno de los imputados y. José Antonio Choclán Montalvo e Ignacio Peláez Marqués (páginas 74 a 82 de las transcripciones). Pablo Crespo Sabaris. Gonzalo Rodriguez Mourulio. las DP
. el Fiscal interesa se libre el mandamiento solicitado en el apartado tercero de este escrito”. Este informe fue remitido por fax al Juzgado Central de instrucción nº 5. y fue entregado al acusado por el funcionario responsable de la tramitación de las Diligencias Previas a las que se refería. con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa. Pablo Rodríguez Mourullo Otero e Ignacio Peláez Marqués (páginas 82 a 74 de las transcripciones). Juan Ignacio Vergara Pérez y Antoine Sánchez desde la pregunta de Antoine a su letrado ‘y.
el acusado dictó un auto de prórroga de las intervenciones acordadas en el auto de 19 de febrero anterior. Conocido su contenido. 390 del C. 301 en relación con el 305 del C. a pesar de que era consciente de que. podrían ser constitutivos respectivamente. habiéndose dictado auto del mismo día por el que se acordaba la intervención hasta el día 20 de marzo de 2009 de las comunicaciones orales y escritas de los imputados Francisco Correa.09 contra Francisco Correa Sánchez. se habían personado los nuevos letrados ya mencionados. Penal. en los hechos. Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez.1 del C. 423 en relación con el art.Los hechos que motivaron la medida de prisión decretada por auto de este Juzgado de fecha 12.02. Penal. 315. 392 en relación con el art. 429 del
. Penal. Razonamientos jurídicos: Primero. Penal. quienes se encuentran en situación de prisión provisional en el Centro Penitenciario de Soto del Real. 305 del C.. desde el dictado del auto anterior. sin añadir ninguna cautela especial para la salvaguarda del derecho de defensa. era del siguiente tenor literal: “Hechos: La presente pieza separada se ha incoado en virtud del auto de fecha 19 de febrero de 2009.Recurso Nº: 20716/2009
275/2008. en cuanto a los dos primeros de un delito de blanqueo de capitales del art. múltiples delitos de cohecho del art. Penal. un delito de asociación ilícita del art. y de diversos delitos de tráfico de influencias del art. 420 del C. Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez. un delito de defraudación fiscal del art. varios delitos de falsedad de los arts. El auto de 20 de marzo. y de que respecto de los mismos no se había precisado indicio alguno de actuación delictiva o de colaboración en la que se sospechaba que continuarían llevando a cabo los imputados que se encontraban en prisión preventiva. más allá de la expresión “previniendo el derecho de defensa”. Por la Fuerza Actuante se ha presentado oficio con nº 25917/09 aportando la transcripción de las conversaciones telefónicas intervenidas de interés y solicitando la prórroga de dicha intervención de las comunicaciones de los imputados indicados. fundamentos jurídicos y parte dispositiva. habiéndose dado traslado al Ministerio Fiscal de dicho oficio a fin de que informara sobre la prórroga interesada.
Entre ellas.Librar oficio a la Unidad encargada de la investigación y al Sr. 13 de marzo. las que mantuvieran con los letrados designados por cada uno de ellos para su defensa. entre las comunicaciones que se iban a intervenir a los internos en el centro penitenciario. se encontrarían. ésta se efectúe antes de 10 días del vencimiento de la observación. y además de las ya mencionadas más arriba. 6. entregadas al acusado como juez y conocidas por éste y por los representantes del Ministerio Fiscal responsables del caso. 26 de marzo..
.Requerir a la Unidad actuante a que ponga en inmediato conocimiento del Juzgado la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se concede la observación. 30 de marzo. Director General de Instituciones Penitenciarias para la efectividad de lo acordado”. en caso de solicitarse la petición de prorroga. 7. 8 de abril y 15 de abril de 2009. Las comunicaciones mantenidas entre el interno preso preventivo Pablo Crespo y el letrado designado por él para su defensa Pablo Rodríguez-Mourullo los días 10 de marzo. y el acusado era consciente de ello. Por lo tanto. sin excepción alguna. 8 de abril y 15 de abril de 2009. 1 de abril. caso de que en la ejecución de la observación de las comunicaciones que se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento de ello. escuchadas por la policía. 23 de marzo. El auto fue ejecutado en sus propios términos y como consecuencia de ello fueron intervenidas. varias conversaciones mantenidas entre los letrados y sus defendidos en los locutorios del centro Penitenciario expresamente destinados a esta clase de comunicaciones. 26 de marzo. se grabaron las comunicaciones mantenidas entre el interno preso preventivo Francisco Correa y el letrado designado por él para su defensa José Antonio Choclán los días 10 de marzo. transcritas en lo relevante para la investigación.. contra los cuales no constaba indicio alguno de actividad criminal.Requerir a la Unidad actuante a que. grabadas.. imputados respecto de los que había acordado la prisión provisional.Recurso Nº: 20716/2009
5. 30 de marzo. 2 de abril. 12 de marzo.
que le comunicó que siguiera las indicaciones de uno de los representantes del Ministerio Fiscal en la causa. Como luego se dirá. por orden verbal del acusado.
II.” El mismo día 27 de marzo de 2009 se dictó nuevo auto por el que se disponía: “excluir de esta pieza las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados Francisco Correa Sánchez. Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez y sus letrados y que se refieran en exclusiva a estrategias de defensa”. que en ese momento se encontraba en las dependencias del juzgado. aunque es pertinente adelantarlo. a suprimir distintos párrafos de las trascripciones de las conversaciones mantenidas por los internos y sus abogados defensores en los locutorios de la prisión. el funcionario encargado de la tramitación de la causa. en lo sucesivo. se excluyan de la causa todas aquellas comunicaciones que se refieran exclusivamente al ejercicio del derecho de defensa de aquellos.Recurso Nº: 20716/2009
Las comunicaciones mantenidas entre el interno preso preventivo Antoine Sánchez con el letrado designado para su defensa Juan Ignacio Vergara los días 27 de marzo. Dice: En fecha 20 de marzo de 2009 se emitió informe en el que se interesaba el desglose de determinadas conversaciones con el fin de salvaguardar el derecho de defensa de los imputados.. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRELIMINAR. con la misma finalidad. procedió. Con fecha 27 de marzo de 2009 tuvo entrada en el Juzgado Central de Instrucción n° 5 informe del Ministerio Fiscal de 23 de marzo conforme al cual: “El Fiscal. frente al interés legítimo del Estado en la persecución de los delitos. y 2. que. según éste le indicó. que corresponde al imputado. notificado el auto de 20 marzo de 2009 en el que se acuerda la prórroga de la intervención de las comunicaciones de los imputados en situación de prisión provisional.La cuestión central que debe ser resuelta en esta causa se relaciona directamente con el contenido esencial del derecho fundamental a la defensa. En cumplimiento de lo dispuesto. a las que antes se hizo referencia. El Fiscal reitera lo solicitado e interesa. 6 y 13 de abril de 2009. el derecho de defensa es un elemento nuclear en la configuración del proceso penal del
No obstante. o de cuestiones relativas a la proporcionalidad de una medida que restringe el derecho a la intimidad. De otro porque se afirmaba en la resolución de la Sala. incidiendo directamente sobre el derecho a la defensa suprimiendo la confidencialidad.Recurso Nº: 20716/2009
Estado de Derecho como un proceso con todas las garantías. ni una ampliación del ya previsto en el artículo 223 de la LOPJ. Sino de la valoración jurídico penal de las dos resoluciones judiciales dictas por el acusado de fecha 19 de febrero y 20 de marzo de 2009. PRIMERO. la defensa del acusado planteó varias cuestiones previas..2 de la LECrim.2 de la LECrim no supone un nuevo plazo para plantear la recusación por las mismas causas ya alegadas. las recusaciones ya fueron planteadas y desestimadas. desde la perspectiva del derecho a un juez imparcial. En consecuencia. de forma que las posibles restricciones deben estar especialmente justificadas. Aunque se ha entendido que no era ésta la intención de la defensa. En este caso. no es causa de recusación para formar parte del Tribunal que enjuicia unos hechos totalmente diferentes. por extemporaneidad en su planteamiento. planteada con anterioridad y que ahora alega nuevamente.En el trámite previsto en el artículo 786. 1. acordaron la escucha y grabación de las comunicaciones entre los imputados presos y sus abogados defensores. que el hecho de haber sido instructor en una causa seguida contra el mismo acusado. miembros de esta Sala. En la primera de ellas hace referencia a la recusación de los Magistrados Srs. lo que ha puesto fin a su tramitación en esta causa. De un lado. no se trata en realidad de examinar la suficiencia de los indicios o de la motivación. Marchena y Varela. que. sin que existieran datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los hechos probados estaban aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos. de forma escueta pero terminante.
. por sí solo. conviene recordar que la recusación planteada respecto del primero de los Magistrados de esta Sala antes aludidos fue rechazada por dos causas distintas por la Sala de este Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la LOPJ. es de toda evidencia que la apertura del turno de intervenciones previsto en el antes citado artículo 786. No es posible construir un proceso justo si se elimina esencialmente el derecho de defensa.
basándose en unas supuestas frases descalificadoras pronunciadas por el recusado. Y solicita que esta Sala venga a establecer que el recurso de apelación que está previsto en la regulación del procedimiento abreviado en la LECrim sea conocido y resuelto en estos casos por la Sala prevista en el artículo 61 de la LOPJ. lo cual queda aquí impedido por la condición de aforado del acusado.Recurso Nº: 20716/2009
Respecto del segundo Magistrado recusado. ésta debe ser ahora igualmente desestimada. Las razones contenidas en el auto que rechazó liminarmente ambas causas permitían. conforme al artículo 14. la alegación no puede ser estimada ni como reiteración de la recusación. Por lo tanto. los hechos se relacionaban con tal generalidad y absoluta falta de concreción respecto a su contenido. considerarlas totalmente carentes del mínimo fundamento. como ya se dijo.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. pues. relativa a la falta de imparcialidad objetiva por haber sido instructor en otro procedimiento diferente también seguido en esta Sala contra el acusado. de forma que no se evidenciaba. por lo que por las mismas razones aludidas. porque se planteó en los mismos términos que la ya alegada en estas mismas actuaciones respecto del primero de los Magistrados recusados. aun cuando fuera muy provisional. En cuanto a la segunda causa de recusación. ni como reiteración de la queja respecto al derecho a un tribunal imparcial. a través de su defensa. porque. El acusado. en la que se alegaba falta de imparcialidad subjetiva. En segundo lugar. ni siquiera indiciariamente. no ha aportado elementos de juicio no valorados ya. que impedían cualquier juicio. plantea la defensa del acusado la necesidad de garantizar el derecho que le asiste.
. la recusación fue rechazada liminarmente por esta Sala por extemporaneidad y por absoluta falta de fundamento. sobre la consistencia de lo alegado. según el cual todo condenado tiene derecho a someter el fallo y la condena a un Tribunal superior. por la Sala prevista en el artículo 61 de la LOPJ tras su tramitación. Entiende que mantener una instancia única para los aforados carece de toda razón. la sospecha y no se justificaba la tramitación del incidente. que había sido rechazada. de forma terminante. contenidas en las resoluciones que desestimaron o rechazaron liminarmente la pretensión. lugar. Respecto a la primera causa. fecha y circunstancias. 2.
o ampliar las competencias de los órganos jurisdiccionales establecidas de forma precisa por las leyes vigentes. En tercer lugar. a) La primera de las pruebas a las que se refiere consistía en la unión a la causa de testimonio de las Diligencias Previas nº 1/2009 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. interesa que se admitan las pruebas ya propuestas y que fueron denegadas en el auto de esta Sala de 26 de octubre de 2010. y. En primer lugar. por el nuevo instructor. porque aun cuando pueda entablarse discusión o debate acerca de la justificación del procedimiento contra personas aforadas o sobre la preferencia o mejor calidad de unos sistemas procesales sobre otros. ya obran entre las pruebas admitidas y podrán ser valorados por el Tribunal. Y en segundo lugar porque no le corresponde a esta Sala completar la legislación procesal u orgánica estableciendo nuevos recursos. y el auto de 20 de abril de 2009 dictado por el instructor ya designado por el Tribunal Superior de Justicia al resultar competente para el conocimiento de la causa. No se hace mención concreta de otros particulares
. entre ellas. continuación de las instruidas por el acusado. y argumenta que el conocimiento de estos dos elementos permitirá al Tribunal ver el fundamento de la antijuricidad de las resoluciones que hoy se reprochan al acusado.Recurso Nº: 20716/2009
La pretensión es inatendible por razones obvias. Entendía la defensa que la intervención de las comunicaciones de los internos en el centro penitenciario acordada por el acusado había sido prorrogada por éste y luego nuevamente. 3. En consecuencia. el artículo 2 del Protocolo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. con apoyo en el artículo 24 de la Constitución. contempla excepciones a esta regla en el apartado 2. en relación al derecho a los medios de prueba. distintos a los previstos. la segunda cuestión previa es igualmente desestimada. los casos en los que la persona afectada sea juzgada en primera instancia por el más alto Tribunal. Los Autos dictados por el acusado a los que se hace referencia. en segunda prórroga. luego de disponer en el apartado 1 que toda persona condenada por un delito tiene derecho a que su condena o sentencia sea revisada por un Tribunal superior.
Dado que el proponente no había podido encontrar alguna sentencia en ese sentido. No obstante. Entendía la defensa que era necesario conocer la integridad de las grabaciones para determinar si había habido una afectación del derecho de defensa y si la decisión del acusado se había ajustado a Derecho. entendía que el dato era fundamental para la defensa. se suprimieron de las transcripciones varias conversaciones que habían sido grabadas. La declaración de nulidad de las resoluciones que disponen una intervención telefónica. es suficiente con la demostración de que esas conversaciones o comunicaciones fueron intervenidas por quienes participaban en la investigación penal de los hechos. y no las cuestiones relativas a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas. El planteamiento es erróneo a juicio del Tribunal. en todo caso. tras el expurgo ordenado por el Auto de 27 de marzo dictado por el acusado. por lo que no es pertinente la unión de testimonio íntegro de esas actuaciones. c) En tercer lugar. Por lo tanto. a los efectos de las presentes actuaciones. b) La segunda de las pruebas ahora propuestas. esta Sala conoce su propia jurisprudencia y. Pues para establecer una lesión material al derecho de defensa.Recurso Nº: 20716/2009
relevantes. solo podrían ser relevantes los casos relativos a la vulneración del derecho de defensa. Como se expondrá con posterioridad. De otro lado. o el acuerdo de prohibición de valoración de lo obtenido mediante la misma. esta Sala entiende que no es preciso conocer el contenido completo de las conversaciones mantenidas entre los internos en el centro penitenciario y sus letrados defensores. nada impidió a la defensa alegar acerca de anteriores resoluciones de las que pudiera obtener consecuencias que condujeran a la mejor defensa de sus derechos. la prueba debió ser inadmitida. consistía en la certificación de todas las sentencias dictadas en los últimos cinco años en las que se revocaran intervenciones telefónicas y que hubieran supuesto la deducción de testimonio contra el juez que las había acordado. Sin embargo. porque el propio
. puede estar basado en múltiples causas. mantenidas entre los internos y sus letrados defensores. y en ejecución del mismo. que es lo que aquí se debate. interesaba la defensa que se dirigiera comunicación a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para que se procediera al volcado del disco duro donde constan todas las grabaciones efectuadas en ejecución de los autos dictados por el acusado.
en ningún caso. Esta constatación. hace innecesario desde todas las perspectivas incorporar esas grabaciones para su examen en el juicio oral. fueron escuchados cuando mantenían comunicaciones reservadas con sus defendidos. f) Finalmente.Recurso Nº: 20716/2009
acusado. Peláez. propuso como prueba la testifical del funcionario del juzgado central de instrucción nº 5.450 y 17. que esta Sala decidió admitir como pertinente. Por todo ello. d) En cuarto lugar. sin perjuicio de cómo se efectuó esa supresión y de si alcanzó a todo lo que afectaba a ese derecho. Además. solicitaba la defensa que se aportara testimonio del auto de 14 de marzo de 2011 dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la causa 1/2009. la defensa. los agentes policiales nº 81. del Magistrado instructor designado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. dado que los letrados a los que se refiere no son los que. En consecuencia. e) En quinto lugar. la prueba fue denegada. SEGUNDO. ello no puede acreditar. no era procedente admitir esta prueba. es claro que su incorporación a la prueba supondría ahora una nueva vulneración de la confidencialidad entre letrado y defendido. Pedreira. concretamente el querellante Sr. con la aquiescencia de la defensa. entendió que afectaban al derecho de defensa. que renunció a la prueba testifical.067. Vicente Maroto. La cuestión no tenía relación alguna con los hechos investigados en esta causa..561 y Vicente Maroto
. encargado del control y tramitación de la causa. 27. si se suprimieron por afectar al derecho de defensa. Si lo que se pretendía con esa prueba era probar que en algún momento existían indicios de actividad criminal contra aquellos. según los hechos de la acusación. que esos indicios fueran trasladables a los letrados concernidos por los hechos que se están enjuiciando. en el que se revocaba la decisión de sobreseer las actuaciones respecto de algunos abogados. propuso en ese momento la audición de las cintas que citan las acusaciones para formular su acusación y que contienen las conversaciones grabadas. procediéndose en su momento a la audición de parte de lo propuesto. propuesta en su momento.Se han practicado como pruebas el interrogatorio del acusado. la declaración de varios testigos. Sr. propuesta que fue admitida en parte. a petición del Ministerio Fiscal. tal como resulta del acta.
La ejecución de la medida acordada. de 3 de marzo de 2009 en la que se les tiene por personados en ese concepto. Del mismo modo por la testifical del funcionario del Juzgado Vicente Maroto. que declararon haberse dirigido al acusado con esa finalidad. se acredita por la testifical de ambos testigos. La respuesta del acusado. La petición de aclaraciones por parte de los funcionarios de policía respecto del significado de la frase “previniendo el derecho de defensa”. se acredita por la documental relativa a las conversaciones grabadas y transcritas. se acredita por la documental. de 20 de marzo y de 27 de marzo de 2009 queda acreditado por la prueba documental consistente en testimonio de los mismos y por la declaración del acusado. transcribir lo que fuera relevante para la investigación y entregárselo a él. Los aspectos objetivos de los hechos resultan probados de la siguiente forma. así como por la declaración del testigo Vicente Maroto. entre ellos. El dictado por el acusado de los autos de 19 de febrero. por la declaración del acusado y por la testifical de los funcionarios de policía que eran responsables de la misma. quien decidiría lo que afectaba al derecho de defensa. La existencia en el Juzgado Central de instrucción nº 5 de una investigación sobre hechos que pudieran ser constitutivos de varios delitos.561.067 y 17. por la documental consistente en testimonio del oficio de Instituciones Penitenciarias obrante en la causa. La frecuente dación de cuenta. la audición de parte de las conversaciones grabadas. y la documental propuesta y admitida. Mourullo y Vergara a los internos y el concepto en el que se hacían. La solicitud de aclaración acerca de la grabación de las conversaciones.Recurso Nº: 20716/2009
Mateos. Choclán. blanqueo de capitales. De la misma forma. tal como consta en el acta. También por prueba documental referida a la información procedente de Instituciones Penitenciarias en cuanto a las visitas efectuadas por los letrados Srs. consta también por la prueba documental relativa al hecho de la designación y por el testimonio de la providencia. se acredita por la testifical de los agentes nº 81. verbal y por escrito de los funcionarios de policía al acusado. Peláez. Choclán y Mourullo como defensores de los internos con fecha 2 de marzo. que reconoció haberlo hecho en los términos que constan. en sus
. La designación de los letrados Srs. en el sentido de que los policías debían proceder a recoger las cintas. firmada por el acusado. 1. por la declaración de éste y la de los agentes ya citados. escuchar su contenido.
la entrega de aquellas en el juzgado y su conocimiento por el acusado y por los representantes del Ministerio Fiscal que actuaban en la causa. De ellas resulta el conocimiento de los mismos por parte del acusado y de los representantes del Ministerio Fiscal. resulta igualmente del testimonio de las actuaciones y de las anteriores declaraciones. En cuanto al carácter con el que el querellante Sr. La entrega al juzgado de los informes de 4 y 13 de marzo. cuestionados. así como. antes de dictar el auto de 20 de marzo en el que acordaba la prórroga de las intervenciones acordadas el 19 de febrero. las designaciones y personaciones de los letrados Srs. por los informes policiales de 4 y 13 de marzo. Peláez compareció en el centro penitenciario en los momentos en los que fueron
. El contenido de la declaración prestada ante el acusado por el imputado José Luis Ulibarri consta igualmente por el testimonio de las actuaciones. consta por la declaración del funcionario del Juzgado Vicente Maroto. Los anteriores elementos fácticos de carácter objetivo no han sido. antes de que decidiera sobre la prórroga. El informe del Ministerio Fiscal de 20 de marzo y su contenido queda probado por el testimonio de las actuaciones. remitido por fax. 2. así como su contenido. por la declaración del acusado. La trascripción de las conversaciones. consta por la declaración del funcionario Vicente Maroto. se acredita por el testimonio de las actuaciones. en parte. Que el acusado conoció su contenido. quien manifestó que el acusado le ordenó que siguiera las instrucciones de una de las fiscales que intervenían en el asunto para concretar los párrafos que debían ser excluidos. en realidad. tal como este le había ordenado. y por las manifestaciones de los testigos funcionarios policiales antes referidos que intervenían en la investigación. La forma en la que se procedió a la exclusión de determinadas conversaciones. Peláez y Vergara. que manifestó en el plenario que entregó el informe al acusado. Las conversaciones entre los letrados y los imputados internos que fueron grabadas resulta de las propias trascripciones y de la información remitida por Instituciones Penitenciarias. por entender que afectaban al derecho de defensa. El dictado del auto de 27 de marzo y su contenido queda probado por el testimonio de las actuaciones.Recurso Nº: 20716/2009
fechas. así como del funcionario del juzgado Vicente Maroto.
La inexistencia de indicios de actuación criminal respecto de los letrados defensores. el acusado no había adoptado ninguna medida que permitiera excluir de la grabación y escucha a los letrados defensores y a los expresamente llamados. 3. sostiene la defensa que. porque consta en las actuaciones testimonio de un informe remitido por Instituciones Penitenciarias al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Choclán. La cuestión. Choclán. por lo que el cumplimiento de las exigencias reglamentarias o la acreditación de aquella condición nunca hubiera impedido la injerencia.Recurso Nº: 20716/2009
grabadas sus conversaciones con los internos. como resulta del informe de Instituciones Penitenciarias de 3 de mayo de 2010 en el que se aclara que si se hace constar así es porque comparece con el volante del Colegio de Abogados en el que figura en tal concepto. en el que aparece el querellante en una comunicación efectuada con el interno Francisco Correa el día 6 de marzo. porque no se discute que los letrados Sres. que se encontraba en situación de libertad. habiéndose efectuado la comunicación en los locutorios específicos para los letrados. Aun así. que
. en ausencia de cualquier otra prueba sobre el particular. lo que resulta de la testifical del querellante y de la misma documental. las comunicaciones efectuadas no pueden ser valoradas como realizadas por letrado. relativo a las visitas a los internos Correa. como de hecho. sugiere un concepto excesivamente burocrático del derecho de defensa. al Juez instructor. Y en tercer lugar. lo que haría innecesaria la consideración de las grabaciones que se discuten relativas a las comunicaciones del querellante con los internos. resulta fuertemente indicativo de que documentó ante los funcionarios tal condición. carece de la trascendencia que se pretende. y no cumplió con los requerimientos contenidos en el reglamento Penitenciario al no solicitar permiso del instructor de la causa. lo cual. sino también de las declaraciones del propio acusado. no la impidió en el caso referido. En segundo lugar. Mourullo y Vergara se entrevistaron con sus defendidos en calidad de letrados defensores y fueron igualmente escuchados y grabados. Lo cual permite tenerlo por probado. En primer lugar. en la que se hace constar que lo hace en concepto de letrado expresamente llamado. Peláez. porque. con fecha 28 de abril de 2010. así planteada. Mourullo y Vergara. no solo resulta de la ausencia de cualquier elemento en las actuaciones que lo pudiera sugerir. los Sres. Crespo y Sánchez. ya que nunca se entrevistó con su defendido.
La inexistencia de precisiones encaminadas a garantizar la custodia de las grabaciones en el centro penitenciario y a la identificación de los responsables de la misma. que fueron designados en su mayoría con posterioridad. era imposible valorar indicios contra aquellos.Recurso Nº: 20716/2009
no aportó ningún dato concreto sobre este particular. por el Fiscal y por
. deberían ser excluidas por afectar al derecho de defensa. que aparece corroborada en este extremo por la aparición de estas conversaciones en las trascripciones entregadas al juzgado. y que hasta entonces no habían aparecido en las actuaciones bajo apariencia o sospecha alguna de actuación delictiva. igualmente resulta de la constancia de valoraciones expresas del contenido de estas conversaciones que aparecen en los informes policiales. sin perjuicio de lo que luego se dirá respecto de la lesión de los mismos por la mera supresión de la confidencialidad. ha de tenerse en cuenta que el acuerdo de escucha y grabación de las comunicaciones se dictó antes de conocer la identidad de estos letrados. 5. de un lado se han suprimido de las trascripciones párrafos enteros que se consideró. 6. en el que se relacionan algunas de estas conversaciones que.561. que sospechaban de un despacho de abogados.067 y 17. cuando se acordó. pero sin que hicieran en ningún momento referencia concreta a los letrados antes mencionados. que manifestaron. 4. La inexistencia de órdenes o instrucciones por parte del acusado para que los funcionarios policiales encargados de la investigación no escucharan determinadas conversaciones o prescindieran de ellas en la elaboración de los informes entregados a aquel. En consecuencia. resulta del silencio del auto sobre el particular. resulta de las declaraciones de los agentes nº 81. en cuanto a la afectación del derecho de defensa y demás derechos presentes en la relación entre imputado y letrado defensor. de las que aparecen suprimidos párrafos y conversaciones completas como consecuencia del expurgo acordado en el auto de 27 de marzo. aunque sin precisar los indicios objetivos. y de las de los funcionarios policiales encargados de la investigación. refiriéndose solamente a los ya imputados entonces en la causa. Finalmente. y finalmente del informe del Ministerio Fiscal de fecha 20 de marzo. a juicio del representante del Ministerio Público que lo firma. Además.
de gestiones para asegurar el pago de deudas hipotecarias con cargo a cuentas bloqueadas judicialmente. La inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa. Choclán con el instructor y con las fiscales y al contenido de las comunicaciones desarrolladas el 6 de marzo a las que antes ya se ha hecho alusión. El propio tenor literal de los autos lo acredita.Recurso Nº: 20716/2009
el propio acusado. al referirse a todos los letrados personados y a otros que mantengan entrevistas con los internos. y de otros aspectos relacionados con el estado de la investigación. las afirmaciones fácticas en este sentido quedan soportadas por las siguientes consideraciones probatorias. en el informe policial se hace mención entre otros aspectos. dejando a un lado su efectividad. El acusado sabía cuales eran las consecuencias necesarias de las dos resoluciones que dictó. gramaticalmente. y en la que se comunican cuestiones relacionadas con la coordinación de las defensas y con el estado de la investigación en relación con hechos ya sucedidos que el imputado comunica a su letrado y con la posible valoración de los datos que suponen que el instructor tendrá en su poder. en la que tratan de las posibles decisiones del instructor. Además. lo cual. a la coordinación de los letrados de los imputados para la defensa. estén
. restan en algunas trascripciones manifestaciones de los comunicantes claramente relacionadas con la defensa. la mantenida por el imputado Correa con su letrado defensor Sr. Así como la mantenida el mismo día 6 de marzo entre el letrado Sr. afecta a todos los personados. en la que interviene el letrado querellante Sr. En lo que se refiere a los aspectos subjetivos. al no establecerse excepción alguna. a la relación profesional anterior del querellante con una de las fiscales del caso o del letrado Sr. a la elección de los nuevos letrados en función de sus contactos dentro de los órganos judiciales. que afectaban al derecho de defensa. Peláez como expresamente llamado. así como de aspectos relacionados con los hechos ya ocurridos que el interno transmite a su letrado. 7. en la que hablan de distintos aspectos de la tramitación de la causa. de cómo enfocar la situación y de las relaciones del letrado con el mismo instructor y con las fiscales del caso. o la mantenida entre el letrado Sr. revela que sabía que su resolución afectaría a este derecho. Choclán el día 2 de febrero. mencionando incluso sus honorarios. Choclán y su defendido. Del mismo modo. Mourullo con su defendido el día 6 de marzo. entre ellas.
o no existan. con independencia de su identidad. el acusado conocía el resultado de la intervención de las comunicaciones y que éste era escuchado y valorado por los funcionarios policiales que intervenían en la investigación. Tuvo conocimiento de la personación de nuevos letrados. Entiende que el instructor procedió a mejorar la querella añadiendo una argumentación que no empleaba el querellante. existan. Y los informes de los agentes policiales sobre las conversaciones mantenidas en el curso de las comunicaciones.. no pudo tener duda alguna sobre ello. no siendo la calificación un elemento necesario de la querella. pues dice que si bien en la querella se hacía referencia a una interpretación errónea del artículo 51. la LECrim no exige. En consecuencia. en primer lugar.2 de la LOGP. sin ninguna duda.Aludió la defensa a la modificación en la argumentación jurídica que apoyaba la consideración. y por lo tanto. provisional. de los hechos imputados como constitutivos de prevaricación. Además. se hace referencia a la falta absoluta de indicios que justificaran las resoluciones judiciales. no se puede afirmar que resulte de la ley que el instructor. tras el dictado del primero de los autos. 1. Y. El Ministerio Fiscal le reclamó la exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados defensores. Aunque en la práctica ordinaria los escritos de querella suelen contener una argumentación sobre la calificación jurídico penal de los hechos en que se basan. y nuevamente con independencia de que existan o no indicios de actividad criminal contra ellos. De lo expuesto resulta igualmente que. en el auto del instructor que acuerda continuar la tramitación según las reglas del procedimiento abreviado. y a todos los letrados que se personen en el futuro. TERCERO. estén vinculados por la opinión jurídica del querellante. con el resultado ya expuesto en el relato fáctico. en el artículo 277. en segundo lugar.Recurso Nº: 20716/2009
imputados o no. incluían algunas con los letrados de la defensa de las que no resultaba indicio alguno de actuación delictiva por parte de estos últimos. que se incluya tal calificación ni argumentación alguna acerca de ese particular. Los funcionarios de policía le reclamaron aclaraciones acerca del significado de la frase previniendo el derecho de defensa. ni tampoco lógicamente el Tribunal de enjuiciamiento. contra ellos indicios de actividad criminal.
ha entendido. el tribunal no está vinculado. En consecuencia. salvo que se trate de un delito homogéneo. el tribunal. esta Sala. pues de la misma forma en que el hecho se concreta de forma progresiva. y al tiempo resulten convenientes para una mejor comprensión de los hechos probados. y en el aspecto objetivo. al igual que el Tribunal Constitucional. El principio acusatorio. no sea más grave que aquel por el que se acusa. y cuando. el tribunal tampoco lo está por las acogidas por las partes ni por el instructor. en el momento del enjuiciamiento. para quedar definitivamente delimitado en los escritos de conclusiones definitivas de las partes.
. Como es sabido. con precisiones que no es necesario abordar ahora. La calificación jurídica solamente vincula en el sentido de que el tribunal no puede condenar por un delito distinto al de la acusación. No supone irregularidad de ninguna clase que a lo largo de la tramitación aparezcan distintas valoraciones jurídicas de los hechos. en tanto no puede pronunciar sentencia si no es respecto del acusado. que inicialmente exige que la acusación sea sostenida por alguien distinto del juzgador. ninguna norma impone al instructor una vinculación a la calificación que de los hechos vaya haciendo el querellante ni a la argumentación en que pueda ser apoyada. De manera que así como el instructor no está vinculado por la argumentación jurídica del querellante. además. ya que no puede referirse a hechos distintos de los contenidos en la acusación. 2. 3. se relaciona íntimamente con otros derechos. también es posible evolucionar en su calificación. Finalmente. que no es posible imponer pena más grave que la solicitada por las acusaciones. Pero más allá de estos aspectos. está vinculado a la acusación en el aspecto subjetivo. que incluye el derecho a conocer la acusación.Recurso Nº: 20716/2009
tampoco es posible sostener que el cambio en la argumentación jurídica suponga una alteración del objeto del proceso. salvo aquellos que tengan un carácter meramente accesorio y que el tribunal considere acreditados por la prueba practicada en el plenario. entre ellos el derecho a un juez imparcial (el tribunal no puede abandonar su posición de tercero) y el derecho de defensa. El objeto del proceso. se determina de forma progresiva a lo largo de la tramitación. un hecho penalmente relevante. en el sentido de que todos sus elementos estuvieran contenidos en la acusación.
En realidad. ya había advertido que “…la decisión judicial acerca de la apertura o no del juicio oral se adopta después de que se haya formulado acusación (art. en su informe oral. no de acusación”. como una manifestación más del sistema acusatorio al que responde el nuevo proceso (ne procedat iudex ex oficio). pareció quejarse también de la actuación del instructor al recoger en el auto de apertura del juicio oral los hechos contenidos en los escritos de acusación. cuando accede a esa petición de las acusaciones proceda a realizar un acto de inculpación. con la referencia explícita a la STC 186/1990 y al carácter negativo del juicio que corresponde al juez efectuar en ese momento. cuando solicitándolo quien puede hacerlo según la ley. no supone en manera alguna que.La defensa. al juez instructor le corresponde acordar la apertura del juicio oral. aunque suficiente. de existir.Recurso Nº: 20716/2009
CUARTO. Se argumentaba en esta sentencia que el hecho de que la ley atribuyera al juez de instrucción el control sobre la consistencia de la acusación. según el artículo 782 y concordantes de la LECrim. si se entiende así y no como una mera expresión de insatisfacción por la marcha del proceso. pues “…este juicio acerca de la improcedencia de abrir el juicio oral -en definitiva de la improcedencia de la acusación formulada-. conviene ahora recordar que en el procedimiento abreviado. 1.6 de la L. E. No obstante. entiende que carece de consistencia por dos posibles motivos: que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado o que los hechos no son constitutivos de delito. 790. por lo que no puede atribuírsele al Auto de apertura del juicio naturaleza inculpatoria similar a la del auto de procesamiento en el procedimiento común”. es un juicio negativo en virtud del cual el Juez cumple funciones de garantía jurisdiccional.
. El Tribunal Constitucional en la STC 186/1990. del sentido de la resolución que se adopta. 2.. Crim. y no de otros. como control sobre la acusación. Solo puede denegarla. en tanto que puede acordar el sobreseimiento en los casos previstos en la ley a pesar de la petición de las partes relativa a la apertura del juicio oral. la queja carece de todo fundamento. y debe hacerlo en función de los hechos contenidos en las acusaciones. En el propio auto de apertura del juicio oral se ofrece una explicación escueta.).
también el judicial. en lugar de acudir a una remisión genérica al contenido de las acusaciones. Puede. 1. sin embargo.. si considera que respecto de los mismos no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado o que aún así. en un poder independiente que encuentra su límite en la aplicación del Ordenamiento Jurídico.
. la apertura del juicio oral solo podrá acordarse por esos hechos. correspondiente a un juicio negativo sobre la acusación. En la STS 2338/2001 se hacían referencias a la posición del juez. a sabiendas. (que a su vez proceden de los contenidos en el auto de transformación en procedimiento abreviado en cuanto determina los hechos justiciables). somete a los jueces solamente al imperio de la ley. En definitiva. haya optado por la precisión detallada de los hechos por lo que acuerda la apertura del juicio oral. solo prevista desde aquella perspectiva. el juez de instrucción no puede acordar la apertura del juicio oral por unos hechos distintos de los contenidos en los escritos de acusación. y no por otros diferentes. cuando dictare cualquier otra sentencia o resolución injustas". Pero si desde la perspectiva expuesta considera que respecto de los hechos de la acusación existen indicios racionales contra el acusado y que los hechos podrían ser constitutivos de delito.Recurso Nº: 20716/2009
En consecuencia. Ningún reproche se puede hacer a que el instructor. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años. excluir algunos hechos.1 de la misma Constitución.El artículo 446 del Código Penal dispone: "El juez o magistrado que.. el instructor cumplió adecuadamente sus funciones como tal. Los poderes públicos. a quien corresponde “. están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9. no serían constitutivos de delito. QUINTO. dictare sentencia o resolución injusta será castigado: 3º.el monopolio de la jurisdicción y la facultad exclusiva de resolver los conflictos que se le presenten mediante la aplicación de la Ley.. que es de lo que se acusa. y el artículo 117. sin que ello suponga una inculpación autónoma por parte del Juez.1 CE). resolviendo de manera vinculante y definitiva el asunto enjuiciado”. pues si así fuera estaría excediendo su función.
la jurisprudencia. bajo el pretexto de la aplicación de la ley.Recurso Nº: 20716/2009
En un sistema democrático como el regulado en la Constitución española. que constituyen al tiempo una guía interpretativa y un límite infranqueable. resulta de la Constitución y. en atención a las particularidades del caso. Pues efectivamente.
. resulta frontalmente vulneradora del Estado de Derecho. que ha asumido la teoría objetiva con elementos de la teoría de los deberes. la previsión legal del delito de prevaricación judicial. especialmente.1 CE”. actúa solo su propia subjetividad concretada en una forma particular de entender la cuestión a resolver. sino en la postergación por el autor de la validez del derecho o de su imperio y. ha venido insistiendo en que la injusticia requerida por el artículo 446 del Código vigente exige una absoluta colisión de la actuación judicial con la norma aplicada en el caso. De esta forma.. aunque su decisión pudiera ser revocada en vía de recurso.no consiste en la lesión de bienes jurídicos individuales de las partes del proceso. con el pretexto de aplicación de la ley. de manera que “. Desde esta perspectiva. el Poder judicial se legitima por la aplicación de la ley a la que está sujeto. sustituyendo así el imperio de la ley por un acto contrario de mero voluntarismo. no puede ser entendida en ningún caso como un ataque a la independencia del Juez. de sus normas sobre derechos fundamentales. 117. La superación del simple positivismo. el elemento del tipo objetivo consistente en la injusticia de la resolución no se aprecia cuando se produce una mera contradicción con el derecho. y es lícito que el juez pueda optar. De manera que el Estado de Derecho se vulnera cuando el juez. 2. (STS nº 2/1999). en la forma prevista en el art.. dado que se quebranta la función judicial de decidir aplicando únicamente el derecho. Por el contrario. que pudiera conducir a actuaciones materialmente injustas. en la vulneración del Estado de Derecho. la ley admite en numerosas ocasiones interpretaciones divergentes. por lo tanto. sino como una exigencia democrática impuesta por la necesidad de reprobar penalmente una conducta ejecutada en ejercicio del poder judicial que. acoge un significado irracional de la norma. y prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho. La jurisprudencia ha señalado que la prevaricación supone un grave apartamiento del derecho. y no por la simple imposición de sus potestades. por una u otra interpretación sin incurrir en delito.
de 15 de octubre en Causa Especial 2940/1997. tanto a aspectos de procedimiento como materiales. 3. se ha dicho que debe apreciarse la injusticia que requiere la prevaricación cuando “.1 CE. en la STS 2338/2001 se decía que “En relación al elemento objetivo de la resolución injusta..Recurso Nº: 20716/2009
de tal forma que la decisión cuestionada no pueda ser explicada mediante ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos usualmente admitidos en Derecho. señaló que el apartamiento de la función que corresponde al autor en el Estado de Derecho según los arts.. En estos supuestos y en los de decisiones sobre facultades
. De la misma forma. 117. que la determinación de tal injusticia no radica en que el autor la estime como tal. ya se trate de cuestiones de calificación jurídica. en ocasiones aludida mediante el uso de adjetivos. habiendo la antigua jurisprudencia declarado que ha de tenerse por tal cuando no puede explicarse mediante una interpretación razonable -Sentencia del Tribunal Supremo de 21 enero 1911-. 21 de enero de 1901. en Causa Especial 2830/1994.es complementada por la teoría de la infracción del deber que salva las críticas a la formulación objetiva respecto de las normas de contenido impreciso. ha de determinarse en base a criterios objetivos. Y según se decía en la STS nº 102/2009. más completa y reciente la 2/1999. Igualmente. se refería la STS nº 877/1998 a la cuestión señalando que “La injusticia de la resolución o sentencia. 1/1996. debemos afirmar con la constante jurisprudencia de esta Sala.será de apreciar. de 4 de julio.. FJ 5º. es a todas luces contraria a Derecho.”. es decir. 155/1997 y la última.la resolución de que se trate carece de toda posible explicación razonable. ya de problemas de hecho o de apreciación de la prueba”. no se compadece con lo ordenado por la Ley. (STS nº 4 de julio de 1996). sino que en clave estrictamente objetiva la misma merezca tal calificación cuando la resolución no se encuentra dentro de las opiniones que pueden ser jurídicamente defendibles”. pudiendo referirse tal ilegalidad así cualificada. Así. la teoría objetiva “. cuando la aplicación del derecho no resulte de ningún método o modo aceptable de interpretación del derecho”. porque su contenido.. “.. por otra parte no muy numerosa.. de la que son exponente las SSTS de 14 de febrero de 1891. incluso en el supuesto de más favorable interpretación de la norma aplicable al caso o de las pruebas concurrentes. una vez más.1 y 103. Y la STS nº 2/1999. por lo general.
dado que el Juez debe aplicar el derecho y no obrar según su propia idea de la justicia”. y siendo en definitiva exponente de una clara irracionalidad. o cuando el juez se aparte del método previsto en el ordenamiento”. En la STS nº 2338/2001 se consideró constitutiva de prevaricación la resolución que aplicaba la prescripción de forma absolutamente inasumible al separarse de las previsiones legales y de la doctrina consolidada de esta Sala. según la cual se apreciaría el delito poniendo el acento en la actitud o la convicción del juez al resolver... sin referencia alguna a criterios objetivos. En la STS nº 4 de julio de 1996 se consideró que era constitutiva de prevaricación la conducta consistente en “. sea defendible en Derecho. absolutamente injustificado del señor (. no es injusta a los efectos del delito de prevaricación. se calificó como prevaricadora la resolución de autorizar un matrimonio sin el previo expediente matrimonial. careciendo de toda interpretación razonable. al convertir en imputados a quienes en la querella habían sido propuestos como testigos. (STS 2/1999). siempre que. una resolución basada en una interpretación que pueda reputarse errónea. así la considere. Desde este punto de vista es evidente que “. y prescindiendo de que la resolución sea objetivamente conforme a la ley. cuando el juez decide motivado por consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico.. En definitiva.la injusticia objetiva de la resolución no puede ser eliminada recurriendo a la subjetividad del autor. porque no hubo ninguna diligencia de prueba de la que pudiera inferirse el más mínimo dato de que alguno de los dos afectados por tan anómala resolución hubiera participado en los hechos que la querella relataba y podían ser constitutivos de delito”.
. 4.un comportamiento arbitrario.. Esta configuración del elemento del tipo objetivo viene a rechazar al mismo tiempo la teoría subjetiva de la prevaricación.. se entenderá por resolución injusta aquella que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles según los métodos usualmente admitidos en Derecho. no puede admitirse que una resolución sea justa solo porque el juez que la dicta. Por lo tanto. En la STS 877/1998.. Por lo tanto.Recurso Nº: 20716/2009
discrecionales se afirma la posibilidad de decisión prevaricadora cuando el juez excede el contenido de la autorización.). alcanzada por los métodos de interpretación usualmente admitidos.
entendiendo que esa doctrina es ignorada a lo largo de toda esa resolución que. ignorando la naturaleza de dicho procedimiento.Recurso Nº: 20716/2009
En la STS 806/2004. bajo apercibimiento de sobreseer el expediente para nombrar profesionales. En la STS nº 102/2009. no es real”.. En la STS nº 1243/2009. se consideró como prevaricación la decisión de anular un procedimiento de ejecución hipotecaria del art.. algo totalmente ajeno a la esencia de este procedimiento judicial sumario. se consideró delictiva la resolución del juez territorialmente incompetente que ordenó.no sólo implican unas injustas resoluciones retardatorias sino también un despliegue de activa obstrucción beligerante para impedir la efectiva aplicación de la voluntad legislativa. identidad de circunstancias. La resolución judicial ordena al Notario.la libertad acordada en una causa seguida por delito grave requiere un análisis de los presupuestos para su adopción que no se realiza y la que se expone. en la que es unánime la doctrina procesalista y también la de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Así como la resolución que acordaba la libertad de uno de los imputados. entendiendo esta Sala que aquellas “. de 30 de octubre. se consideró constitutiva de prevaricación la conducta del juez consistente en la adopción de una serie de acuerdos en un expediente de adopción en el que una mujer pretendía adoptar a la hija de su consorte. 131 LH basándose en cuestiones de fondo. En la STS nº 333/2006. hace constantes referencias a la forma en que fueron adquiridos los títulos que se pretendía ejecutar. sin observación del principio de contradicción. argumentando que “. para argumentar su declaración de nulidad del procedimiento. correspondiente al premio obtenido por el denunciante. el nombramiento y sucesivo cese el defensor de la
. en el que se deposita la cantidad retenida. el requerimiento. El examen de la madre biológica. titular de la patria potestad. la devolución de una cantidad retenida por un establecimiento de juegos de azar.. muy significativamente cuando se trataba de cuestionar la idoneidad para la adopción por razón de la orientación sexual de la promovente. la devolución del importe del premio retenido "sin dilación de clase alguna en forma inmediata" facultando a un letrado para colaborar en la cumplimentación de lo dispuesto. reconocida por el propio auto que se consideró prevaricador. también mujer. se condenó por prevaricación al juez que acordó abrir un expediente gubernativo a un abogado al tener conocimiento de que había realizado alusiones a su persona y cargo en un juicio de faltas..
el elemento subjetivo se integra por “. se refiere al conocimiento de esos elementos del tipo objetivo.la conciencia de estar dictando una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho. No se trata de un elemento subjetivo integrado en el elemento objetivo relativo a la injusticia. En este sentido. Lo que importa. plasmado en la expresión “a sabiendas”. elemento que debe ser puesto en relación con la condición del Juez de técnico en derecho..1. en aquellos casos en los que la norma pueda ser susceptible de distintas interpretaciones. En cuanto al elemento subjetivo. especialmente en el proceso penal. debe ser consciente de la adopción de la resolución. de su sentido y de sus consecuencias y de que todo ello no puede estar amparado en una interpretación razonable de la ley.”.. 1. (STS nº 2338/2001). no es otra cosa que la inclusión expresa del dolo.. que “. en el sentido de que el autor debe tener plena conciencia del carácter injusto de la resolución que dicta. Basta con que el juez sepa que la resolución no es conforme a derecho y que a ella no llegaría empleando los métodos usuales de interpretación. 2. es que lo acordado no es defendible en Derecho ni podría llegarse a ello por alguno de los métodos de interpretación de las normas admitidos en Derecho. su deseo o su criterio sobre la interpretación racional de la ley. SEXTO. las cuestiones planteadas requieren algunas consideraciones relativas al derecho de defensa. Es decir.. y por tanto conocedor del derecho y de la ciencia jurídica –«iura novit curia»–. SEPTIMO. desde el punto de vista atinente al tipo objetivo.Recurso Nº: 20716/2009
niña sólo son racionalmente explicables desde el punto de vista de una resolución injusta”. El elemento subjetivo.. sino solamente imponiendo su propia voluntad.el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda
. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado en la Sentencia (Gran Sala) de 14 de setiembre de 2010.. Es decir. por el contrario. (Caso Azko y Akcros/Comisión) que cita otras anteriores en el mismo sentido.Como ya se expresó más arriba. la resolución no se reputa injusta porque el juez la considere así.
dar lugar a sanciones. es necesario que el imputado conozca la acusación y pueda defenderse adecuadamente de la misma. solo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos en un Estado de derecho. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia. Nadie discute seriamente en este marco que la búsqueda de la verdad. y especialmente del imputado. dado el carácter de las sanciones imponibles. desarrollado sustancialmente a través de la asistencia letrada. a un proceso equitativo. Para que su desarrollo respete las exigencias de un proceso justo. a un proceso justo. en términos del CEDH. aparece reconocido como un derecho fundamental del detenido en el artículo 17 de la CE.. a través del derecho de defensa.2 de la Constitución. con mayor razón. con el mismo carácter aunque no exactamente con el mismo contenido. 2.
. y del imputado. De forma que la pretensión legítima del Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas. El derecho de defensa. nuclear. en la configuración del proceso.”. no justifica el empleo de cualquier medio. el derecho de defensa. En el artículo 24 aparece junto a otros derechos que. aunque distintos e independientes entre sí. de manera que ésta solo podría operar en ejercicio del poder judicial dadas determinadas condiciones de garantía de los derechos de las partes. En este marco. como legitimadores de la jurisdicción. o en términos del artículo 24. No se encuentra entre los que el artículo 55 de la CE considera susceptibles de suspensión en casos de estado de excepción o de sitio. actúan. los principios de contradicción e igualdad de armas y de prohibición de la indefensión.. El proceso penal del Estado de Derecho se estructura sobre la base del principio acusatorio y de la presunción de inocencia. La máxima es aplicable al proceso penal. de un proceso con todas las garantías. en el artículo 24. constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión. incluso suponiendo que se alcance. constituyen una batería de garantías orientadas a asegurar la eficacia real de uno de ellos: el derecho a un proceso con garantías. en particular a multas o a multas coercitivas. De esta forma. como derecho reconocido a cualquier imputado. en definitiva. resulta esencial.
48). contra Suiza de 2 noviembre 1991. se decía que “. De un lado. De otro. 49. Directamente relacionados con la defensa y la asistencia letrada. La importancia de la confidencialidad de las entrevistas entre el acusado y sus abogados para los derechos de la defensa ha sido afirmada en varios textos internacionales. caso Viola contra Italia (61). 43).3 c) del Convenio.. núm. consecuencia de la incomunicación.. debe tratarse de abogados independientes. de 13 de marzo de 2007. aparecen otros aspectos esenciales para su efectividad. En la STEDH de 5 de octubre de 2006.. En el desarrollo de la comunicación entre letrado y cliente. En este sentido.el derecho. solo puede aceptarse por el tiempo y con las exigencias previstas en la ley. 220.. incluidos los textos europeos (Sentencia Brenan contra Reino Unido. es decir. debe tratarse de correspondencia vinculada al ejercicio de los derechos de la defensa del cliente. de comunicar con su abogado sin ser oído por terceras personas figura entre las exigencias elementales del proceso equitativo en una sociedad democrática y deriva del artículo 6. En este mismo sentido. sobre las
. basada en la confianza y en la seguridad de la confidencialidad. sobre la imputación. p. p.Recurso Nº: 20716/2009
3. para el acusado. pg. y. serie A núm. aunque supeditó tal beneficio a dos requisitos: “. El TC ha señalado (entre otras en STC 1560/2003) que “la confianza que al asistido le inspiren las condiciones profesionales y humanas de su Letrado ocupa un lugar destacado en el ejercicio del derecho de asistencia letrada cuando se trata de la defensa de un acusado en un proceso penal”.por una parte. 38-40. aps. y STEDH Foxley contra Reino Unido. que naturalmente habrán de estar presididas por la confianza. no vinculados a su cliente mediante una relación laboral”. es lo natural que aparezcan valoraciones sobre lo sucedido según la versión del imputado. TEDH 2001-X)”. 16. de 20 de junio de 2000. el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Sentencia (Gran Sala) de 14 de setiembre de 2010. por otra parte. señaló que “la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes debía ser objeto de protección a nivel comunitario”. la confidencialidad de las relaciones entre el imputado y su letrado defensor. y con mayor razón en el ámbito penal. Si un abogado no pudiese entrevistarse con su cliente sin tal vigilancia y recibir de él instrucciones confidenciales. 39846/1998. la confianza en el letrado. resulta un elemento esencial (STEDH Castravet contra Moldavia. ap. la privación del derecho a la designación de letrado. STC 196/1987. su asistencia perdería mucha de su utilidad (Sentencia S.
si el imputado ha participado o no en el hecho del que se le acusa. si los responsables de la investigación conocen o pueden conocer el contenido de estas conversaciones. pues basta para lesionar el derecho de defensa con la ventaja que supone para el investigador la posibilidad de saber. En primer lugar. la defensa pierde la mayor parte de su posible eficacia. sobre estrategias de defensa. 5. saber cuál es la estrategia defensiva. No es preciso. solo con finalidad de orientar su defensa. sin que importe la posterior utilización de las grabaciones (STEDH Kopp contra Suiza. por lo tanto. saber si una línea de investigación es acertada o resulta poco útil. Es fácil entender que. de manera que en ese marco es posible que el imputado. Castravet contra Moldavia. Se trata de aprovechamientos más sutiles. elemento esencial de la defensa. sufrirían reducciones muy sustanciales otros derechos relacionados. las necesidades o las preocupaciones del imputado. traslade al letrado aspectos de su conducta. con la escucha. o los consejos y sugerencias que le hace su letrado defensor. En la primera de las sentencias antes citadas. su asistencia perdería gran parte de su utilidad. el TEDH afirmó en este sentido que “. o incluso conocer las impresiones. e incluso podría producirse una confesión o reconocimiento del imputado respecto de la realidad de su participación. Además.. que puedan resultar relevantes en relación con la investigación. pues. de 25 de marzo de 1998). teniendo en cuenta que el Convenio pretende garantizar derechos prácticos y efectivos” 4. que aparezca un aprovechamiento expreso mediante una acción concreta y directamente relacionada con lo indebidamente sabido. el derecho a no declarar.si un abogado no fuera capaz de departir con su cliente y recibir instrucciones de él sin supervisión. hasta llegar incluso al reconocimiento del hecho. Basta. ya que desde ese momento se violenta la confidencialidad..Recurso Nº: 20716/2009
pruebas existentes y las que podrían contrarrestar su significado inculpatorio. (y con mayor razón el conocimiento efectivo). Es claro que el conocimiento de tales aspectos supone la obtención indebida de información inculpatoria por encima del derecho a guardar silencio. cuales son las pruebas contrarias a las de cargo. En
. u otros datos relacionados con la misma. La comunicación con el letrado defensor se desarrolla en la creencia de que está protegida por la confidencialidad. El TEDH ha señalado en este sentido que la injerencia existe desde la interceptación de las comunicaciones. pero no por eso inexistentes.
el acceso haya sido accidental e inevitable. obtenidos en el ejercicio del derecho de defensa (artículo 416 de la LECrim y 542. 6. dejaría en nada este derecho.. que solo puede ser invadido por el poder público con una razón suficiente. opera también como un derecho del imputado a que su letrado no los revele a terceros. de derechos absolutos. A este aspecto se refieren la STEDH de 2 noviembre 1991 Caso S. justificada la intervención con otros fines. STC 196/1987 y otras muchas). pero de esa forma no se elimina la lesión ya causada en la integridad del derecho. Pero sus posibles restricciones. El conocimiento indebido del contenido de las comunicaciones entre ambos. el derecho al secreto profesional. debe respetar en todo caso su contenido esencial (artículo 53. Se trata de saber en cada caso si. tres exigencias. señaló que “. (en este sentido. contra Suiza y la STEDH de 31 enero 2002 Lanz
. No se trata. una previsión legal suficiente. que tenga en cuenta los indicios disponibles en el caso. según la interpretación que el TC ha hecho de la Constitución y el TEDH del Convenio.. una justificación suficiente en el supuesto concreto. o. del cumplimiento suficiente de.3 de la LOPJ). El TEDH. a la luz del conjunto del procedimiento. de 5 de octubre de 2006. la necesidad de la medida y el respeto al principio de proporcionalidad.el acceso de un acusado a su abogado puede estar sometido a restricciones por razones válidas. en tanto que ley de desarrollo de un derecho fundamental. la restricción privó al acusado de un proceso equitativo”. En primer lugar. En segundo lugar. En tercer lugar. requieren. ni siquiera bajo presión.1 CE). de forma que es altamente probable que estando el primero privado de libertad traslade al segundo cuestiones. de la clase que sean. En segundo lugar. en la Sentencia Viola contra Italia. Concebido como un derecho del letrado a no revelar los datos. la prohibición de valoración de lo ya conocido no es más que un remedio parcial para aquellos casos en los que. al menos. por otra parte. que no siempre son aceptables en la misma medida. La relación entre el imputado y su letrado defensor se basa en la confianza. observaciones o preocupaciones que excedan del derecho de defensa para residenciarse más correctamente en el ámbito de la privacidad. que en nuestro ordenamiento. proporcionados por su cliente. pues. con carácter más general.Recurso Nº: 20716/2009
estos casos. el derecho a la intimidad.
por tanto. anularía de manera general la confianza en una defensa con capacidad de efectividad. un proceso. y vulneraría el derecho del detenido a rebatir de forma efectiva la legalidad de su detención”. Incluso la mera sospecha fundada acerca de la existencia de escuchas generalizadas de las comunicaciones entre el imputado privado de libertad y su letrado defensor. equitativo. de 13 de marzo de 2007. Naturalmente. según ha establecido el TC. o aquellos otros en los que existiendo indicios de actuación criminal contra un letrado o letrados.. para limitar la efectividad de la asistencia que el abogado pueda proporcionar.Recurso Nº: 20716/2009
contra Austria. puede ser suficiente. Se han traído a colación los casos en los que se intervienen comunicaciones de un sospechoso y entre las que son grabadas aparecen algunas con su letrado defensor. desde el punto de vista del Tribunal. se intervienen sus comunicaciones personales o las de sus despachos. Y en tercer lugar. todas estas consideraciones no pueden entenderse referidas solo a los efectos que producen en el caso concreto las escuchas de las comunicaciones reservadas entre el imputado y su letrado defensor. en circunstancias excepcionales.una injerencia en el privilegio abogadocliente. De aceptarse que la mera posibilidad de que se sigan cometiendo delitos justifica la supresión de la confidencialidad entre el imputado preso y su letrado defensor. 7. En este sentido. ya se advirtió que “. Así. en la STS nº 2026/2001. antes citada. ser
. Una creencia genuina. en la STEDH Castravet contra Moldavia. basada en indicios razonables de que su conversación está siendo escuchada. regulada en ocasiones de forma expresa y en otras de forma implícita. y entre las conversaciones mantenidas aparecen algunas con sus clientes relativas al ejercicio del derecho de defensa. aunque su forma y características admitan algunas matizaciones en función de la entidad de la restricción.. desaparecería de manera general un elemento esencial en la misma configuración del proceso justo. una autorización judicial. puede. 8. y por ende. en el derecho del detenido a la defensa. como elemento imprescindible para un proceso con igualdad de armas. no exige necesariamente que tenga lugar una intercepción real o una escucha subrepticia. Tal creencia inhibiría inevitablemente la libertad de discusión entre el abogado y el cliente. en nuestro Derecho. FJ 9. A estas se ha referido en alguna ocasión la jurisprudencia de esta Sala. en la que se decía que “El secreto profesional que protege a las relaciones de los abogados con sus clientes.
que el imputado solo podrá comunicar personalmente con el letrado en los espacios habilitados en el centro penitenciario. debiendo limitarse a aquellos supuestos en los que existe una constancia. Es evidente que la medida reviste una incuestionable gravedad y tiene que ser ponderada cuidadosamente por el órgano judicial que la acuerda.Recurso Nº: 20716/2009
interferido por decisiones judiciales que acuerden la intervención telefónica de los aparatos instalados en sus despachos profesionales. Y en tercer lugar. de que el abogado ha podido desbordar sus obligaciones y responsabilidades profesionales integrándose en la actividad delictiva. 1. era posible diferenciar de antemano las comunicaciones con la defensa de las mantenidas con otras personas. de manera que. En segundo lugar. Es cierto que esta situación ha sido utilizada como explicación para la restricción de los derechos del interno. Pero son supuestos diferentes al aquí examinado. relativas con alta probabilidad al ejercicio del derecho de defensa. suficientemente contrastada. siendo imposible conocer de antemano el contenido. incluso aun cuando tengan el carácter de fundamentales.. De forma. como de especial sujeción. que incluyen indefectiblemente las mantenidas con el letrado defensor y. la afectación de la defensa es accidental. porque en el caso aquí examinado. el ejercicio del derecho de defensa mediante la relación con el letrado defensor solo puede tener lugar en el marco de la relación. porque en aquellos casos se trata de comunicaciones telefónicas. calificada por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia (STC 2/1987). como uno de sus elementos componentes”. mientras que aquí se examina el supuesto de comunicaciones presenciales desarrolladas en un ámbito absolutamente controlable desde la Administración. de manera que nada impedía dejar a salvo el derecho de defensa no acordando la intervención de aquellas. Mientras que en el caso que se examina lo que se ha acordado es una intervención específica de las comunicaciones interno-letrado. Pero si se modifica la perspectiva y se examina la cuestión desde el punto de vista del titular de
. OCTAVO. que el interno mantiene con la Administración Penitenciaria.El derecho de defensa de los imputados presenta algunas peculiaridades cuando se encuentran privados de libertad. por lo tanto. porque en ambos casos se trata de intervenciones generales de las comunicaciones telefónicas. Cuando los imputados se encuentran en situación de prisión preventiva.
el artículo 51.2 de la Constitución dispone que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo.2 de la LOGP. además. necesariamente designado de oficio. pacífica. desde la CE. decía en el FJ 7 que “La interpretación
. 3. Disposición aplicable a los presos preventivos en tanto que internos en un centro penitenciario (STC 141/1999. pues a pesar de que constituye una limitación muy seria del derecho de defensa que el artículo 17 CE reconoce al detenido solo contiene una prohibición de la entrevista reservada con el abogado. para regular las posibles limitaciones al derecho a la asistencia letrada de los internos en prisión preventiva. el artículo 25. concretamente en lo que se refiere a sus comunicaciones personales con sus letrados defensores. el sentido de la pena y la ley penitenciaria. se trataba de un obiter dictum. y su relación con el artículo 579 de la LECrim. La interpretación del artículo 51.Recurso Nº: 20716/2009
los derechos. Así. es el único precepto que se refiere a las posibles limitaciones a la confidencialidad de las comunicaciones de los presos preventivos con sus letrados. en realidad. de manera que las únicas restricciones admisibles a ese derecho son las que se contienen en la ley penitenciaria. no ha sido. por el director del establecimiento penitenciario. a la posibilidad de intervenir las comunicaciones entre ambos. el Tribunal Constitucional entendió en la STC 73/1983 que el precepto cuestionado debía interpretarse de modo que las comunicaciones entre los internos y los abogados defensores o los especialmente llamados para asuntos penales podían ser intervenidas con carácter general por orden de la autoridad judicial y en casos de terrorismo. a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio. En la legislación española. en realidad supone una mayor responsabilidad de la Administración pública. Por ello.2 de la Constitución. si puede decirse así. o como dice el artículo 25. el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Ni siquiera la regulación de la incomunicación en la LECrim prevé una posibilidad similar. sin que haga una referencia. por el contenido del fallo condenatorio. 2. como alternativa.2 de la LOGP presenta una legitimación directa. sin embargo. en el caso la penitenciaria. Efectivamente. FJ 6). que deberá velar porque solo se restrinjan los derechos del interno en la medida permitida por la ley. Aunque.
Respecto de estas últimas el Tribunal Constitucional. 4.2. 51.2 (autorización judicial y casos de terrorismo) no pueden interpretarse como exigencias alternativas.Recurso Nº: 20716/2009
de este precepto -51. en una declaración accidental o de obiter dictum.. Decía en esta Sentencia el Tribunal Constitucional que “Esta interpretación.ª del mismo. por ello.conduce a la conclusión de que las comunicaciones de los internos de que trata el número 2 sólo pueden ser suspendidas por orden de la autoridad judicial con carácter general...con su Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales (art. cuya justificación es necesario encontrar en las exigencias y necesidades de la instrucción penal. luego de señalar que “.. que regula la suspensión o intervención motivada por el Director del establecimiento de las comunicaciones orales o escritas.ha de hacerse en conexión con la regla 5..que son de muy distinta naturaleza y vienen. con un todavía escaso desarrollo de las garantías del sistema democrático implantado en España tras la finalización de la dictadura. a las cuales es totalmente ajena la Administración Penitenciaria que no tiene posibilidad alguna de ponderar circunstancias procesales que se producen al margen del ámbito penitenciario”. número 2. Las que llama generales. Sin embargo.2)”. sometidas a regímenes legales claramente diferenciados”. aunque se haya hecho referencia a ella en la STC 73/1983. dando cuenta a la autoridad judicial competente”. previstas en dicho artículo. entre el interno y determinada clase de personas (artísulo 51. 51. fue abandonada algo más de una década después.. sino acumulativas. y además responde a una confusión entre dos clases de
. podrá acordar la suspensión el Director del establecimiento. concluyó que las dos condiciones que contiene el artículo 51.2 de la LOGP. entendiendo que la interpretación correcta del artículo 51 conduce a distinguir dos clases de comunicaciones “. En la STC 183/1994 se rectifica expresamente esta interpretación del artículo 51. si bien en los supuestos de terrorismo. además. esta interpretación. «dando cuenta a la autoridad judicial competente». que según parte de la doctrina podía obedecer al momento histórico en el que se produce. que son las que el interno mantiene “.1) y las específicas. 51 de la LOGP. La interpretación lógica de uno y otro apartado de dicho artículo -que en cuanto afecta un derecho fundamental puede hacer este TC. no se aviene con el sentido más estricto y garantista que merece atribuirse al art.son sometidas al régimen especial del art.
que autoriza al Director del Centro a suspenderlas o intervenirlas «por razones de seguridad. con el Abogado. así como derivar de ello la legitimidad constitucional de una intervención administrativa que es totalmente incompatible con el más intenso grado de protección que la norma legal confiere al derecho de defensa en los procesos penales. que en el mismo se contienen. Este carácter de régimen singular. 51. 51. de manera motivada y proporcionada. 51. entre el interno con determinada clase de personas -art. 51. pone de manifiesto la imposibilidad constitucional de interpretar este último precepto en el sentido de considerar alternativas las dos condiciones de «orden de la autoridad judicial» y «supuestos de terrorismo».Recurso Nº: 20716/2009
comunicaciones que son de muy distinta naturaleza y vienen. considerarse acumulativas y. manteniéndose con toda claridad en su Reglamento de 8 de mayo de 1981.5 -régimen general cuya única remisión válida es al art. 51 de la Ley General Penitenciaria».2). el art. por ello. la primera clase de comunicaciones viene sometida al régimen general del art.1.2.y el art.y las comunicaciones específicas. 51. mientras que las segundas son sometidas al régimen especial del art. según precisa el art. 51. de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento». en el que las comunicaciones orales con el Abogado se regulan en Sección distinta de la dedicada a las comunicaciones del régimen general y en el que. 51 de la LOGP.1. que aquél tenga con su Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales (art. 51. Dichas condiciones habilitantes deben. sometidas a regímenes legales claramente diferenciados. Esta diferenciación esencial que existe entre el art. por el contrario. a las cuales es totalmente ajena la Administración Penitenciaria que no tiene posibilidad alguna de ponderar circunstancias procesales que se producen al margen del ámbito penitenciario. al tratar de las comunicaciones escritas.2.4 ordena de forma explícita que «no tendrán otras limitaciones que las establecidas en el punto 2 del art. 51. las comunicaciones del interno con su Abogado sin que autorice en ningún
. llegarse a la conclusión que el art. que para las comunicaciones con el Letrado establece el art. 51.2 de la LOGP autoriza únicamente a la autoridad judicial para suspender o intervenir. cuya justificación es necesario encontrar en las exigencias y necesidades de la instrucción penal. en efecto. 18. que el art.5. se prolonga más allá de la Ley.2. distingue entre las comunicaciones. en su consecuencia. que podemos calificar de generales. 51.1. Es evidente.
es la trascendente incidencia del derecho fundamental a la defensa la que hace que el legislador penitenciario constriña toda intervención de las comunicaciones de los internos con sus Abogados o Procuradores a «los supuestos de terrorismo» y que exija además la garantía judicial (art.
. 51.º de la Ley General Penitenciaria que las comunicaciones orales y escritas de los internos puedan ser suspendidas o intervenidas motivadamente por el Director del Establecimiento. en cuyo FJ 5 se decía que “.5.2 de la Constitución Española). 5. donde nuevamente se consideraban acumulativos ambos requisitos. dando cuenta a la Autoridad Judicial competente. tanto a quienes la ejercitan desde la libertad como a quienes tienen que ejercitarla desde la prisión (art. Ahora bien las razones de seguridad. 51. también en la STS nº 538/1997. y concretamente del derecho al secreto de las comunicaciones. autorizando el art. derecho que no se ve legalmente limitado por su privación de libertad. STC 20 junio 1994).º de la LOGP no es aplicable a las comunicaciones de los internos con el Abogado Defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con los asuntos penales y con los Procuradores que los representen (art.. Decía esta Sala en esta última sentencia lo siguiente: “El sometimiento de los internos en Centros Penitenciarios a un régimen especial conlleva una limitación de determinados derechos. En consecuencia la posibilidad de intervención administrativa de las comunicaciones prevenida por el art. garantizando la igualdad real y efectiva de posibilidades de defensa de los acusados en un proceso penal. 24 CE). Esta interpretación de la ley fue nuevamente seguida en la STC 200/1997. y que debe ser especialmente tutelado. de 23 abril. Y. no son aplicables a las comunicaciones incardinadas en el ejercicio del derecho de defensa del interno (art. de modo muy contundente. 51. y en la STC 58/1998.5. Esta Sala del Tribunal Supremo siguió de forma absoluta la doctrina constitucional establecida en la STC 183/1994. de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento.2.º LOGP.2 LOGP) (STC 183/1994)”. Así.Recurso Nº: 20716/2009
caso a la Administración Penitenciaria para interferir esas comunicaciones”. 51. fue recogida en la STS nº 245/1995. que pueden justificar estas limitaciones. de 6 de marzo.. 9.
la regla general garantiza. motivada y proporcionada. en todo caso. en el ámbito personal exclusivo de los supuestos de terrorismo.. y en todo caso con la especial garantía de la orden judicial previa. el tratarse de supuestos de terrorismo y la orden judicial. en todo caso. Es por ello por lo que.excepcionalmente y sin que dicha excepción pueda contagiarse al resto del sistema. cuyo resultado no puede surtir ningún efecto probatorio”. excepcionalmente y sin que dicha excepción pueda contagiarse al resto del sistema. se ha constatado la utilización de las garantías que el sistema democrático proporciona al derecho de defensa como cauce abusivo para actividades que exceden de la finalidad de defensa e inciden en la colaboración con las actividades terroristas. naturalmente ponderadora de la necesidad.. sin posibilidad de intervención ni administrativa ni judicial. de carácter armado. son condiciones habilitantes «acumulativas». que “. como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. en el ámbito de las actividades de delincuencia organizada en grupos permanentes y estables.. la confidencialidad de las comunicaciones de los internos enmarcadas dentro del ejercicio de su derecho de defensa en un procedimiento penal. y en todo caso con la especial garantía de la orden judicial previa. en el ámbito personal exclusivo de los supuestos de terrorismo. Pero.Recurso Nº: 20716/2009
En definitiva la regla general garantiza. sin posibilidad de intervención ni administrativa ni judicial”. proporcionalidad y razonabilidad de la medida en cada caso concreto. por su tenebrosa incidencia en la seguridad y en la estabilidad de una sociedad democrática (terrorismo). que “. En primer lugar. En segundo lugar. el art. Concretamente. la confidencialidad de las comunicaciones de los internos enmarcadas dentro del ejercicio de su derecho de defensa en un procedimiento penal. cuya finalidad o efecto es producir el terror en la colectividad.2 LOPJ faculta para la intervención de este tipo de comunicaciones singulares. Merecen ser destacadas las siguientes afirmaciones de esta resolución del Tribunal Supremo. 51. Sin autorización judicial la intervención de dichas comunicaciones constituye una actuación vulneradora del derecho fundamental de defensa.. 6. naturalmente ponderadora de la
. Ahora bien la máxima tutela de los derechos individuales en un Estado de Derecho Social y Democrático no es incompatible con la admisión de reacciones proporcionadas frente a la constatada posibilidad de abusos en supuestos muy específicos y excepcionales. 183/1994.
la exigencia de ambas condiciones no solo supone que la intervención no puede ser acordada por el Director del establecimiento. como al contrario ocurre con las comunicaciones llamadas generales. otros elementos que la refuerzan.. proporcionalidad y razonabilidad de la medida en cada caso concreto. el artículo 51. solo atinente al derecho de defensa. siguiendo esa interpretación. apoyándose exclusivamente en la gravedad del delito imputado. de forma que ésta solo podrá acordarse en los casos que expresamente prevé.2 de la LOGP es la única previsión legal que habilita la restricción del derecho de defensa de los internos en centro penitenciario. presumiblemente. la restricción del derecho de defensa pudiera acordarse de forma fácticamente inmotivada o. refiriéndose a las mantenidas entre internos y letrados defensores o llamados especialmente para asuntos penales.2 LOPJ faculta para la intervención de este tipo de comunicaciones singulares. Esta interpretación encuentra. Es cierto que parte de la doctrina entiende. argumentando también acerca de la negación de privilegios derivados de la condición de letrado.. que aun en los casos de terrorismo el juez que acuerda la intervención deberá basarla en la existencia de algunos indicios de que el ejercicio de la defensa y la condición de abogado están siendo utilizadas para la comisión de nuevos delitos. al ser acumulativas. Parece claro. además.2. pero nada dispone acerca de la notificación de las que la autoridad judicial acuerde conforme al artículo 51. dejaría sin sentido la previsión legal limitadora a los casos de terrorismo y la interpretación
. pues no cabe sostener que en esos casos.”. Por lo tanto. lo cual. por lo tanto. la autoridad judicial. sino que además. en la investigación de un delito grave. En primer lugar.Recurso Nº: 20716/2009
necesidad. a pesar de que se trata de delitos muy graves. el Reglamento Penitenciario ordena comunicar al interno la resolución del Director acordando la intervención de sus comunicaciones generales. aunque no hubiera indicios de actuación criminal contra el letrado y aunque. 51. la materia de sus comunicaciones fuera. que cuando existan indicios de posible actuación criminal por parte del letrado. podrá acordar la intervención de estas comunicaciones. 7. Por lo tanto. sin embargo. el art. bastaría en todo caso con orden judicial e indicios suficientes. la autoridad judicial solo podrá acordarlas en casos de terrorismo. dicho de otra forma. De otro lado. que en línea con lo ya dicho más arriba.
NOVENO. en el sentido de que la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus letrados defensores o los expresamente llamados en relación con asuntos penales solo pueden acordarse en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad judicial competente. la intervención de las comunicaciones entre el interno y su letrado. También el artículo 304.Recurso Nº: 20716/2009
constitucional. la STS nº 513/2010). aunque como obiter. Así. permitía. En consecuencia. aunque haya decaído al finalizar aquella. habiendo sido alegado. contempla la posibilidad de extender la investigación mediante intervenciones telefónicas al contenido de las conversaciones que mantenga la persona investigada con el abogado designado en el procedimiento para ejercer su defensa. 8. la defensa hizo una referencia a la nueva regulación del proceso penal en el Proyecto aprobado por el Gobierno de la Nación en la anterior legislatura. entre ellos. pues. de 6 de marzo y STS nº 538/1997. la Sala reitera su doctrina (STS nº 245/1995.En relación con esta cuestión. lo que daría lugar a una nueva designación. En esos casos. precisamente para evitar la lesión al derecho de defensa. según alegó. prevé la posibilidad de extender la escucha y grabación a las conversaciones que la persona investigada mantenga con quienes están dispensados de la obligación de declarar por razón de secreto profesional. el artículo 276.. que. 1. para resolver otros casos en los que se entendiera que la intervención pudiera ser imprescindible. relativo a la interceptación de comunicaciones privadas por medios de grabación del sonido. el Fiscal deberá solicitar del juez la exclusión del letrado (artículo 39). de 23 abril. además.2 del ahora anteproyecto. seguida por esta Sala. y también.
. pero. en cuanto a la necesaria concurrencia acumulativa de ambas condiciones. “solo cuando concurran indicios fundados que permitan afirmar su participación en el hecho delictivo investigado”. sería precisa una reforma legal que contuviera una habilitación de calidad suficiente para intervenir las comunicaciones entre internos y letrados defensores o expresamente llamados en relación con asuntos penales. resulta de interés una sucinta referencia a su contenido sobre el particular que se examina. estableciendo los casos y las circunstancias en que tal intervención sería posible y las consecuencias de la misma. Por lo tanto. Es cierto que no se trata de una norma legal aplicable.
. con lo que se refiere a la accesibilidad de la ley para la persona implicada. sólo puede autorizarse en casos excepcionales. En sentido similar la STEDH de 2 noviembre 1991 Caso S. También se ha mencionado por la defensa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido la grabación de las conversaciones entre el imputado y su letrado defensor. tal como ha sido declarado probado. que existan indicios contra el letrado afectado. que la ley debe utilizar términos suficientemente claros para indicar a todos en qué circunstancias y bajo qué condiciones habilita a los poderes públicos para adoptar tales medidas secretas (STEDH Kopp contra Suiza). ap. pero solo en los casos en los que el procedimiento se dirija contra ellos. 65)”. 61. que además debe poder prever las consecuencias para ella.. TEDH 2001-VII (extractos)). 48 y Erdem contra Alemania. es decir. caracterizada por la absoluta inexistencia de indicios contra los letrados. previamente citada. las derogaciones de tal privilegio deben rodearse de garantías adecuadas y suficientes contra los abusos (Sentencia Erdem. también. Es cierto. ap. En primer lugar. antes citadas. Por lo tanto. ap. declaró que “. 38321/1997. y su compatibilidad con la preeminencia del derecho.Las acusaciones han calificado los hechos como constitutivos. que exista una previsión legal de suficiente calidad. De un lado. nunca podría haberse amparado en estas normas. previamente citada.. Y de otro. contra Suiza y la STEDH de 31 enero 2002 Lanz contra Austria. 2. núm.la lectura de la correspondencia de un interno con su abogado. las resoluciones del acusado tampoco encontrarían apoyo en la doctrina del TEDH. DECIMO. En cualquier caso. el Tribunal se ha limitado a examinar si la intervención de esas comunicaciones es contraria al Convenio en el caso. de un delito del artículo 536 del Código Penal. Y en segundo lugar ha exigido dos condiciones. En la STEDH Tsonyo Tsonev contra Bulgaria. si las autoridades tienen razones para creer que existe un abuso de privilegio por cuanto el contenido de la carta amenaza la seguridad del establecimiento o a terceros o reviste un carácter delictivo (Sentencias Campbell..Recurso Nº: 20716/2009
los letrados defensores. pero no lo ha hecho de forma incondicionada y para todo caso. la conducta del acusado. Por lo tanto.
el acusado asumió haber dictado los autos de 19 de febrero y de 20 de marzo como una decisión propia. (artículo 2 de la LECrim). Aunque se ha hecho referencia a ello en el plenario. Por lo tanto. solo requiere la mera interceptación o la utilización de los artificios. De un lado. sin que sea preciso el acceso efectivo ni la obtención de información alguna.. resulta encargado de la protección de los derechos fundamentales del imputado.consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo.Los hechos declarados probados constituyen un delito de prevaricación del artículo 446. grabación o reproducción del sonido. consistente en la violación de las garantías constitucionales o legales. mediando causa por delito. porque. Además. estando. El artículo 536 del Código Penal sanciona a la autoridad o funcionario público o agente de estos que. intercepte las comunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas. El elemento subjetivo requiere el conocimiento de la interceptación o del empleo de los artificios mencionados.Recurso Nº: 20716/2009
1. No es preciso un especial elemento subjetivo revelador de una determinada finalidad. condiciona su restricción a la existencia de una resolución judicial debidamente motivada.”. en tanto que la Constitución. ambos del Código Penal. DECIMO PRIMERO. la responsabilidad de la resolución incumbe exclusivamente al juez. 2. De todos modos. obligado a “. de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación..
. 1.3º y un delito previsto en el artículo 536. con violación de las garantías constitucionales o legales. Al instructor en el proceso penal.. Contiene además un elemento normativo. carece de trascendencia si las resoluciones de 19 de febrero y 20 de marzo de 2009 fueron adoptadas por el acusado por propia iniciativa... El tipo objetivo. en ningún caso su responsabilidad resultaría mermada por el hecho de que la medida le hubiera sido solicitada. transmisión. no le corresponde ocupar una posición propia o característica de un enemigo del investigado. a quien compete la dirección de la investigación. no constando en la causa informe alguno en el que se contenga una solicitud en ese sentido. por el contrario. ordinariamente.
o por actuaciones judiciales posteriores. No se trata de la validez de un elemento de investigación o de prueba. En aquellos casos. en el artículo 579 de la LECrim.Recurso Nº: 20716/2009
2. En numerosos supuestos esta Sala se ha referido en los recursos de casación a los requisitos exigibles para justificar la restricción del derecho a la intimidad. Y en quinto lugar a la relevancia objetiva de la cláusula previniendo el derecho de defensa. es un elemento estructural esencial del proceso justo. que. En segundo lugar. es conveniente mencionar algunos aspectos a los que se hizo alusión en algún momento del plenario. se adoptó esa medida porque no había otra solución para impedir que los imputados continuaran con su actividad delictiva. En tercer lugar. la diferencia entre este supuesto y los casos de anulación de intervenciones telefónicas. En primer lugar. como expresiones del derecho a la intimidad. 3. lo cual encuentra una habilitación legal. especialmente en relación con el derecho al secreto de las comunicaciones o a la inviolabilidad del domicilio. se trata de supuestos no equiparables al aquí examinado. sino a la misma configuración del proceso. la afirmación del acusado. sino las de los internos. Antes de hacer referencia a la injusticia de la resolución. Se alega que en ninguno de esos casos se procedió a deducir testimonio contra el juez que había adoptado la resolución que se anula. La supresión de la defensa no afecta solo a la validez de lo actuado. según la cual. En cuarto lugar. sino de la estructura del proceso penal del Estado de Derecho. como se dijo. y ha anulado las resoluciones judiciales. lo que se cuestiona es la suficiencia de la justificación para la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones o a la inviolabilidad domiciliaria. Además. Lo que aquí se examina es una actuación judicial que restringe profundamente el derecho de defensa. aunque parca e insuficiente. la alegación del acusado respecto a que no se intervinieron las conversaciones de los letrados. en aquellos casos se trata de resolver si lo que se consideraron indicios al acordar la restricción lo eran efectivamente o de si los considerados. o dicho de otra forma. por el Ministerio Fiscal. la sugerida convalidación de la decisión judicial por la policía. tal como se han planteado en la jurisprudencia. ha establecido una prohibición de valoración de los elementos obtenidos con violación de derechos fundamentales. Sin embargo.
Los internos en un centro penitenciario tienen derecho a realizar comunicaciones con sus letrados defensores o con los expresamente llamados para asuntos penales. No se trata. Finalmente. podían tenerse por suficientes a los efectos de justificar la medida adoptada. Tampoco el acusado ha aportado otro supuesto en el que haya acudido a esta práctica. sino de una orden judicial. y se desconocen sus elementos fácticos. tanto por las personas con las que se mantienen (los abogados) como por el lugar destinado para ello. directamente encaminada a intervenir esas precisas comunicaciones. ha de señalarse que en la jurisprudencia de esta Sala no aparece un caso similar en el que. el centro penitenciario no hubiera podido proceder a su grabación. tal como se desprende del artículo 51 de la LOGP. Respecto de la segunda cuestión. No existe. de un acceso accidental al contenido de las comunicaciones mantenidas con el letrado de la defensa. sin indicio alguno contra los letrados. de la que ya se ha hecho mención. se haya procedido por el juez instructor a escuchar y grabar las comunicaciones entre los mismos y sus defendidos en el centro penitenciario en el que éstos se encuentran privados de libertad. un término válido de comparación. pues no han sido examinados por este Tribunal. esta es la única posibilidad de contacto personal con su defensa. El argumento no puede ser aceptado. concreta y específica. sino las de los internos. a pesar de que es notoria su intervención en la fase de instrucción de causas complejas a lo largo de un periodo extenso de tiempo. de no haberlo acordado expresamente. En los hechos probados la inexistencia de indicios es absoluta. La decisión del acusado se refería expresamente a las comunicaciones de los internos con los letrados. Y no es posible extraer conclusiones de otros posibles supuestos alegados. separado y diferente del que ordenaba la intervención de las demás comunicaciones que mantuvieran aquellos. afirma el acusado que no se intervinieron las comunicaciones de los letrados. producido en el marco de una intervención de carácter general.Recurso Nº: 20716/2009
siéndolo. en un apartado específico de su resolución. que a falta de otros datos versarían sobre la forma en que
. De tal forma que. La razón no es otra que la necesaria protección al derecho de defensa. por lo tanto. Estas comunicaciones tienen un carácter específico que las distingue de las demás. Así resulta de la doctrina del TC y de esta Sala. Mientras se encuentran privados de libertad. 4. por lo tanto. que no se ha pronunciado.
pues es el único que puede válidamente acordar en resolución motivada su restricción. lejos de revocar su decisión o de matizarla de alguna forma. Así resulta no solo del tenor literal de la primera de las resoluciones.. es al juez a quien corresponde la protección de los derechos fundamentales de los imputados. En lo que se refiere a la tercera cuestión mencionada. no podría convertir en justa la decisión de éste último si no lo era cuando la adoptó. 5.. acordada en un momento procesal determinado y con los datos de los que entonces disponía. De otro lado. A pesar de lo cual. y con mayor razón si implica
. En primer lugar.si bien con expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados que representan a cada uno de los imputados y. 6. Es cierto. incluso con letrados designados con posterioridad al acuerdo y desconocidos en la causa hasta entonces. alega el acusado que adoptó la medida porque no había otra solución para impedir que siguieran delinquiendo. pues ni son conocidas todas las circunstancias ni su autor ha tenido la oportunidad de defenderse.” De todos modos. fueron intervenidas. porque la investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación. validar la actuación judicial. realizar ahora valoraciones sobre hechos que no constituyen el objeto del proceso. Se argumenta que no se intervinieron las comunicaciones telefónicas de los letrados. es evidente que la decisión de aquel. no le corresponde a la policía. Ni como expresión de un error. señaló que no se oponía a la medida. por razones obvias. que al verificar que se habían intervenido comunicaciones entre cada interno y su letrado defensor. en todo caso. ni siquiera al Ministerio Fiscal. prorrogando la medida acordada por el acusado. En cuarto lugar. En el caso. conviene recordar que el Ministerio Fiscal. con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa. ni como afirmación de un estado de necesidad. en su informe sobre la prórroga.Recurso Nº: 20716/2009
sería ejercido el derecho de defensa. “. pero lo que tal cosa demuestra es que no existía ningún indicio contra ellos. acordó su prórroga manteniendo los mismos términos de la primera. Tampoco puede ser aceptado. sino también de la actitud del acusado. las comunicaciones de los internos con sus defensores. En cuanto a la actuación del instructor designado en el TSJ no es posible.
conduce a la desaparición de la posibilidad de controles efectivos sobre el ejercicio del poder. 7. la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio. Como se ha dicho en numerosas ocasiones. contra todos los letrados defensores. de una explicitación de las bases fácticas en las que se apoya ni de un razonamiento justificativo. finalmente a la cláusula relativa a la salvaguarda del derecho de defensa. hasta identificar a los responsables. a los que se convirtió en imputados en la causa sin razón alguna. Y. la cláusula
. vigilar las actividades que se continuaran ejecutando. en tanto justifica la restricción de derechos fundamentales sobre la base de una consideración absolutamente inmotivada respecto de su necesidad. lo que afectaría a la misma esencia del Estado democrático de Derecho. había sido verificada policialmente. lo que impide su examen. De otro lado. en el caso. la exclusión de las mismas de la causa solo evitan su utilización como prueba. tomando entonces las medidas pertinentes sobre los mismos y no con carácter indiscriminado. En tercer lugar. durante la investigación desarrollada en la fase de instrucción. porque nada impedía. por su propia naturaleza deben mantener su carácter confidencial. como. En este sentido no puede aceptarse como motivación la simple suposición de que los sospechosos continuaban cometiendo delitos. se trata una afirmación que no viene acompañada. suprimiendo el control al reducirlo al mero asentimiento o disentimiento. cuya realidad. En cuarto lugar. los proporcionados por los imputados a aquellos en el marco del ejercicio de la defensa. porque. como se hizo.Recurso Nº: 20716/2009
vulneración de derechos fundamentales. por ejemplo. desarrollar otra clase de actuaciones. sino porque una vez que la policía. porque no existiendo ningún indicio de actuación criminal que implicara a los letrados defensores. En cuanto. con alta probabilidad. los únicos datos a los que se podría acceder grabando sus comunicaciones eran. así planteada en abstracto. desde el punto de vista objetivo no se le puede reconocer efecto alguno. el juez instructor y el fiscal del caso oyen las conversaciones entre el imputado y su letrado defensor. y no solo por el tenor de la resolución judicial. Por otra parte. finalmente. los cuales. expreso o tácito. al parecer. en el caso. pero su empleo. porque una argumentación de esta clase. y no lo ha sido en ningún momento. O la mera posibilidad de que lo hicieran. que la contradice al suprimir la confidencialidad. o al menos no consta. sin perjuicio de lo que luego se dirá.
. en las condiciones en que lo hizo. por carente de razón.Recurso Nº: 20716/2009
quedo reducida a su simple aparición en la resolución. debe tenerse en cuenta: a) que el acusado acordó la intervención de las comunicaciones de los internos con todos los letrados. 18. 25.2.1.
DECIMO SEGUNDO. sin excepción alguna. que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo. en una valoración razonable.2. estuviera aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos. 2. a cualquier letrado defensor. sino de un acto arbitrario. 55. y c) que no disponía de dato alguno que indicara que alguno de los letrados.3 de la Constitución. el artículo 51 de la LOGP y el artículo 579 de la LECrim. le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir sustancialmente el derecho de defensa. los artículos 10. de una interpretación errónea de la ley. tal como resulta de los hechos probados. Los preceptos que debían ser interpretados al decidir acerca de la intervención de las comunicaciones entre los internos en el centro penitenciario y sus letrados son. los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. No se trata.2. ya designado o que lo fuera en el futuro. que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos.2 y 120.. los artículos 14. de los que según los hechos probados fueron afectados. principalmente. Es decir. Ya en lo que se refiere a la injusticia de la resolución.3 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal. y sin disponer de ningún dato que pudiera indicar mínimamente. pues. 24. Ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos. b) que lo hizo mediante un acuerdo tan genérico que afectaba. pues no se acordó ninguna medida para hacerla efectiva. mediante la escucha y grabación de las comunicaciones reservadas que mantuvieran los imputados con sus letrados defensores en los locutorios específicos del centro penitenciario donde se encontraban en prisión provisional.
que no tiene cabida en la Constitución. reduciendo así con carácter general el derecho de defensa exclusivamente con base en la gravedad del delito investigado y en los indicios existentes contra el primero. Esta forma de actuar causaría una destrucción generalizada del derecho de defensa. al conducir directamente a la autorización normalizada de la intervención de las comunicaciones entre el imputado en prisión y su letrado defensor. al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados desde la consagración y aceptación generalizada del proceso penal liberal moderno. admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa. En la conducta del acusado.
. pues. 4. colocando a todo el proceso penal español. Lo cual resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable del Derecho. La resolución es injusta.Recurso Nº: 20716/2009
3. la injusticia consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero. o se supone que interesa. pues. o con otras palabras. situando la concreta actuación jurisdiccional que protagonizó. En el caso. prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido. el acusado causó con su resolución una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo. Bastaría entonces para justificar la supresión de la confidencialidad en las comunicaciones del imputado con su letrado defensor con basar la prisión provisional en el apartado 2 del artículo 503 de la LECrim (evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos). que son precisamente los que determinan su permanencia en prisión provisional. una laminación de esos derechos. al Estado. en tanto que arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión. y si se admitiera siquiera como discutible. sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados. como se dijo ya por el instructor. sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable. teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo.
La inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa en ambas resoluciones revela que el acusado era consciente de que su decisión afectaba al derecho de defensa. rechaza expresamente la interpretación acogida por el acusado. esa aplicación de la ley al caso se efectuó separándose absolutamente de la doctrina del Tribunal Constitucional (artículo 5. antes expuesta. de las que se desprende sin dificultad que entre las comunicaciones cuya intervención se acordaba quedaban incluidas las que los internos mantuvieran con sus letrados defensores y con aquellos otros que fueran expresamente llamados para asuntos penales. a ojos de cualquiera. estableciendo los límites del derecho fundamental de defensa.1 de la LOPJ) y de esta Sala del Tribunal Supremo. Además. convirtiéndola en algo puramente formal. la actuación a sabiendas de la injusticia. Choclán. se revelaba. y sin que su opción interpretativa viniera acompañada de un mínimo razonamiento explicativo de las razones que la sustentaban. los funcionarios policiales encargados de la investigación. proteger el derecho de defensa. y como elementos añadidos. no puede aceptarse que la intención del acusado fuera. valorada en su integridad. no hacen constar
. resulta de varios elementos ya puestos de relieve al valorar las pruebas. el tenor literal de las resoluciones. ya que el propio contenido de los autos anula el sentido de la anterior previsión. contra los letrados defensores Srs. 1. Tal cosa era sobradamente sabida por el acusado desde el momento en que tuvo conocimiento de su designación como letrados de la defensa con posterioridad al dictado del primer auto el 19 de febrero (se les tiene por personados el 17 y 21 de febrero y el 3 de marzo). en los derechos de los letrados afectados. Peláez y Vergara. precisamente. DECIMO TERCERO. no existía ningún indicio de actuación delictiva. que. y. En los informes de 4 y 13 de marzo. Sin embargo. especialmente al derecho-deber al secreto profesional como esencial para una correcta defensa. como un acto de mero voluntarismo que. por su contenido. Efectivamente. se alejaba de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa de los imputados y. en su medida.El elemento correspondiente al tipo subjetivo. es decir.Recurso Nº: 20716/2009
5. desde luego.. con lo que. De un lado. Mourullo. en el momento de acordar la prórroga.
como el único remedio posible. de la clase que sea. finalmente. De otro lado. la designación de nuevos letrados por parte de los imputados en prisión provisional. que eran desconocidos en la causa en el momento de dictar aquella resolución. De todo ello se desprende. que expresamente llegó a referirse a la exclusión de las conversaciones con los letrados. que ni siquiera fueron requeridos para que no las utilizaran en sus informes o conclusiones o líneas de investigación. Tampoco puede valorarse como protección del derecho de defensa la supresión de algunos párrafos de las conversaciones intervenidas. que el acusado era consciente de que esas conversaciones quedaban afectadas por su decisión. la comunicación policial verbal acerca de la aclaración del significado de la referida cláusula. una vez que han sido escuchadas por los funcionarios policiales responsables de la investigación. como ya se dijo más arriba. pero carece de eficacia en relación con una resolución orientada directamente al conocimiento del contenido de tales comunicaciones. asimismo. Esta supresión tiene sentido en los supuestos de acceso accidental. lo que implicaba necesariamente que no se conocían indicios contra los mismos. la ausencia absoluta. que en realidad no ha sido discutida. desde ese momento. pues la exclusión solo puede producirse una vez oídas las conversaciones y.Recurso Nº: 20716/2009
ningún indicio de actuación delictiva respecto de aquellos. los informes del Ministerio Fiscal. por el propio acusado como instructor de la causa y por los representantes del Ministerio Fiscal en el caso. que el acusado no incurrió en error alguno al dictar las resoluciones prevaricadoras. constando solamente algunas menciones a su designación como nuevos letrados. mencionando en algún caso sus posibles relaciones con magistrados. jueces o fiscales con destino en la Audiencia Nacional. efectuada estando vigente la primera resolución. de indicios de actividad criminal contra los letrados defensores. no basta con su mera alegación sostenida sobre la afirmación de que el
. donde se contenían conversaciones mantenidas en el curso de las comunicaciones intervenidas entre los letrados y sus defendidos que notoriamente afectaban al derecho de defensa. Así. sin duda alguna. 7. Para apreciar la existencia del error. el investigador ya conoce el contenido de lo hablado. y algunas conversaciones claramente relacionadas con el ejercicio de defensa. lo que suponía que se intervendrían comunicaciones entre los internos y sus nuevos letrados. y. los informes policiales. existe toda una serie de datos que acreditan.
En el caso. párrafo primero. sin que sea preciso el acceso efectivo a la señal de comunicación. del Código Penal. mediando causa por delito. 1.Los hechos constituyen igualmente un delito del artículo 536. deben ser valoradas como una sola acción. con violación de las garantías constitucionales o legales.
DECIMO CUARTO. En el caso. que tenía suficiente consistencia como para inducirle a error. De los elementos antes examinados se desprende que carecía de razones aceptables para creer que. el acusado ha dictado dos resoluciones. de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación. grabación o reproducción del sonido. Es preciso acreditarlo mediante la prueba de los elementos que permitan establecer que su creencia era mínimamente razonable. diferenciándolas de la ejecución de una misma decisión en varios actos diferentes y complementarios. podía restringir el derecho de defensa grabando y escuchando las conversaciones mantenidas por aquellos con sus defendidos en las dependencias del centro penitenciario. unos con otros o entre sí recíprocamente. en la modalidad aquí aludida por las acusaciones se consuma con la mera utilización de los referidos artificios técnicos. intercepte las comunicaciones o utilizare artificios técnicos de escucha. El artículo 536 sanciona a la autoridad o funcionario público o agente de estos que. Así pues. la segunda no es sino la prolongación de la primera durante un mayor periodo de tiempo. y. aunque no han argumentado sobre ello en su informe en el acto del plenario. pues no se discute que las resoluciones dictadas por el acusado dieron lugar a la utilización de aparatos de escucha y grabación de
. en realidad.Recurso Nº: 20716/2009
acusado creyó que actuaba lícitamente o mantenía una creencia equivocada sobre un elemento del tipo.. es decir. Pero ambas tienen el mismo contenido. nada de esto se ha acreditado. Para apreciar el delito continuado es preciso establecer la presencia de varias acciones u omisiones. La conducta típica. Las acusaciones. Los elementos del tipo objetivo resultan con claridad de los hechos probados. sin indicio alguno de actuación delictiva de los letrados defensores. han calificado el delito como prevaricación continuada. 8. transmisión.
En el caso. en la STS
. Es claro que estando privados de libertad. En la STS nº 842/2006.1 según la cual. que. una oportunidad de comunicar preocupaciones personales. por lo que debe entenderse que este delito absorbe al segundo. es posible que todo el contenido de injusto de la conducta quede cubierto ya por el delito de prevaricación. 2. pero no requiere su ejecución efectiva. dictada la resolución que acuerda la intervención de la comunicación. los imputados pueden encontrar en sus letrados defensores. además del derecho de defensa. se mantuvo la condena por prevaricación y detención ilegal en concurso medial. sin embargo. no añade un nuevo contenido de injusto al ya contemplado por la prevaricación. la ejecución de la misma mediante la utilización de los artificios técnicos de escucha. en algunos casos. en caso de detención ilegal. en atención al principio de confianza que caracteriza esa relación. La prevaricación es un delito de resultado de lesión en el bien jurídico protegido. pero no de resultado material. en caso de ejecución se castiga con más pena. con lo que. no cubriría la antijuricidad de algunos actos constitutivos de otros delitos más graves. Esta consideración viene apoyada por la previsión del artículo 446. por su naturaleza. con la intervención ordenada se vulneraba el derecho a la intimidad. La cuestión que se plantea es la relación entre ambos delitos. como podría ocurrir. debiendo apreciarse entonces un supuesto de concurso aparente de normas.Recurso Nº: 20716/2009
conversaciones entre los letrados defensores y los internos en el centro penitenciario. pues evidente que el acusado sabía que su decisión implicaba la utilización de aparatos o artificios de escucha y grabación. Así. El elemento correspondiente al tipo subjetivo no ha sido discutido. por ejemplo. aspecto al que ya se aludió antes. Se consuma con el dictado de una resolución que reúna las condiciones formales para ser ejecutada. Esta Sala ha resuelto de esta misma forma supuestos de prevaricación que ocasionaban una infracción consistente en el impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Los resultados posteriores podrán dar lugar a valorar la comisión de otro delito. supone una vulneración de las garantías que la Constitución establece al requerir una razón suficiente para la restricción del derecho. Sin embargo. En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales. la ausencia de cualquier justificación a la decisión del acusado.
aplicando solamente el delito de prevaricación como precepto más amplio. cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación. se impondrá la pena de once años de inhabilitación especial para empelo o cargo público en la forma que se dirá. que apreció un concurso ideal de delitos. En consecuencia. se fija en esa cantidad. el mantenimiento de la decisión durante el tiempo que consta en los hechos probados y la calificación de las dos infracciones en concurso aparente de normas.Recurso Nº: 20716/2009
246/2003 se aplicaban los principios de especialidad y de consunción (artículo 8. No han sido alegadas.. imponiéndola en la mitad inferior en extensión cercana al mínimo legal. aisladamente. DECIMO QUINTO. y respecto de la pena de multa. teniendo en cuenta que las acusaciones han solicitado la imposición de una cuota de 6 euros.
. DECIMO SEXTO. En consecuencia. Respecto a la cuota diaria. apartado 3. El mismo precepto establece que en la sentencia habrán de especificarse los empleos. En otras sentencias ha llegado a la misma conclusión. 2.El artículo 42 del Código Penal dispone que la pena de inhabilitación para empleo o cargo público produce “…la privación definitiva del cargo sobre el que recayere”. se aprecia en este caso un concurso aparente de leyes que se resolverá con aplicación del principio de consunción del artículo 8. (STS 1070/2000 y STS 818/1992). y en la STS 784/1997 y en la STS 965/1999 se aplicaba el principio de especialidad (artículo 8. Asimismo produce “…la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos. se impondrá la de catorce meses igualmente en extensión cercana al mínimo legal. En sentido contrario.No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. durante el tiempo de la condena”. En cuanto a la individualización de la pena.1 y 3 CP). aplicando exclusivamente el delito de prevaricación. y de los honores que le sean anejos. se tiene en cuenta las características de la conducta.1 CP). 1. la STS 172/1993.. al considerar que la vulneración de los bienes jurídicos afectados se encontraba en el caso especialmente imbricada.
tal como dispone la ley.
. sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo. aunque puede causar daños individualizados en quienes sufren las consecuencias de la resolución injusta. párrafo primero. FALLO
Debemos condenar y condenamos al acusado Baltasar Garzón Real como autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446. por lo que no se considera procedente la indemnización solicitada. y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado. procede imponerlas al condenado por imperio de la ley.3º. Respecto de las costas. incluidas las de las acusaciones particulares.
III.3) con un delito del artículo 536. ha solicitado ser indemnizado en la cantidad de un euro. a otros análogos. así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial. con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal. no se ha desarrollado por la acusación ningún razonamiento sobre la identificación del perjuicio o sobre su valoración. Notifíquese esta resolución a las partes y póngase asimismo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial a los efectos oportunos. dada la relevancia de su actuación procesal. que se concretarán en el fallo a cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial. La incapacidad de obtener el mismo cargo durante el tiempo de la condena se extenderá. la acusación particular en nombre de Pablo Crespo Sabaris. a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros. así como a los honores que le son anejos. así como al pago de las costas procesales. El delito de prevaricación no protege bienes jurídicos de carácter individual. cometido el delito en la condición de juez. con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos. o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo. la inhabilitación alcanzará al mencionado cargo. En el caso. Sin condena en cuanto a responsabilidad civil. todos del Código Penal.Recurso Nº: 20716/2009
En el caso. En cuanto a la responsabilidad civil. incluyendo las de las acusaciones particulares. en concurso aparente de normas (artículo 8. causando su pérdida definitiva.
Así por esta nuestra sentencia. Sr.
.. estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo. D.Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos. mandamos y firmamos. de lo que como Secretario certifico. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
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