Source: http://docplayer.es/1242986-Ley-de-extincion-de-dominio-para-el-estado-de-veracruz-de-ignacio-de-la-llave.html
Timestamp: 2018-06-23 13:07:41
Document Index: 289502835

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 109', 'artículo 22', 'Artículo 1', 'artículo 22', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32']

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - PDF
Download "LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"
Gerardo Salas Núñez
1 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Diciembre de 2014
3 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COLECCIÓN: LEYES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARÍA DE GOBIERNO 3
5 PRESENTACIÓN Las disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio de la Entidad; tiene por objeto establecer las regulaciones para realizar la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, estableciendo los procedimientos para este efecto, conforme lo establece el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado de Veracruz, para preservar la tranquilidad y la seguridad de sus habitantes ha llevado a c abo reformas muy importantes en su legislación, en especial en aquella relacionada con la materia penal, que le permitan tomar medidas efectivas para privar a la personas que hayan obtenido bienes o recursos mediante actividades ilícitas. La Ley federal y la que comentamos tienen su fundamento en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: Artículo 22. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. 5
6 d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. Estas disposiciones constitucionales federales dieron como resultado la emisión de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, arriba descrito. Nuestro Estado, para para estar en armonía con dicho precepto constitucional federal, ha emitido una norma jurídica que permita a la institución de procuración de justicia -Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz- llevar a cabo acciones eficaces para hacer frente a las actividades de la delincuencia organizada y a los delitos de igual naturaleza. Esta nueva Ley estatal establece procedimientos para la pérdida del derecho patrimonial sobre bienes de personas físicas o morales a favor del Estado, sin contraprestación alguna, cuando se cometan dichos delitos tipificados en la ley correspondiente. El Gobierno del Estado, con este ordenamiento, se ha comprometido a erradicar las causas que facilitan la comisión de ilícitos que afectan gravemente a l a sociedad, actuando con estricto apego a las normas y con respeto a los Derechos Humanos. La Ley de Extinción de Dominio para el faculta a l as autoridades de procuración de justicia para desvincular y destruir el sostén económico y material del crimen organizado, al promover la extinción de la propiedad de bienes que sean instrumento, objeto o p roducto del delito. Sin embargo, cuando se afecten derechos e intereses a terceras personas de buena fe- por estas resoluciones judiciales, podrán interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaban impedidas para conocer la utilización ilícita de tales bienes. La edición del texto de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que hoy se pone al alcance de los veracruzanos, forma parte de la COLECCIÓN: LEYES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, cuya elaboración ha sido encomendada, reglamentariamente, a la Dirección General Jurídica de Gobierno, mediante la creación del Sistema de Información Leyes de Veracruz o SILVER. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, refrenda el compromiso adquirido con los ciudadanos de fortalecer las instituciones jurídicas y políticas, así como de promover e incentivar la cultura de la legalidad, mediante el conocimiento del marco jurídico que nos rige. DR. FLAVINO RÍOS ALVARADO SECRETARIO DE GOBIERNO 6
7 Í N D I C E Artículos Páginas LIBRO PRIMERO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I GENERALIDADES CAPÍTULO II EXTINCIÓN DE DOMINIO TÍTULO SEGUNDO DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CAPÍTULO I COMPETENCIA CAPÍTULO II DE LAS PARTES EN PROCEDIMIENTO CAPÍTULO III PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CAPÍTULO IV PROVIDENCIAS CAUTELARES CAPÍTULO V SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CAPÍTULO VI PRUEBAS CAPÍTULO VII DE LA SENTENCIA CAPÍTULO VIII DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
8 CAPÍTULO IX DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA TÍTULO TERCERO CAPÍTULO ÚNICO DE LA COOPERACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y LA FEDERACIÓN ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO
9 LEY NÚMERO 307 DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 476 EXTRAORDINARIO NOTA LEGISLATIVA DE LA LEY TÍTULO DE LA NORMA: Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. NIVEL DE ORDENAMIENTO: Ley Ordinaria. NÚMERO DE ORDENAMIENTO: Ley Número 307. TEXTO ORIGINAL: Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 476. Fecha: 28 de noviembre de NÚMERO DE MODIFICACIONES: 0 Nota 1: El texto de la ley vigente es transcripción de la Gaceta Oficial del Estado, y por formato responde a las características propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9
10 GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO AL MARGEN UN S ELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. XALAPA-ENRÍQUEZ, VER., NOVIEMBRE 28 DE OFICIO NÚMERO 262/2014. JAVIER DUARTE DE OCHOA, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A SUS HABITANTES SABED: QUE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO DIRIGIRME LA SIGUIENTE LEY PARA SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN: AL MARGEN UN S ELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PODER LEGISLATIVO. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18 FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 7 6 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE LA SIGUIENTE: L E Y Número 307 DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 10
11 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LIBRO PRIMERO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I GENERALIDADES Artículo 1. Objeto de la Ley Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y observancia general en la entidad; tienen por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente, conforme al artículo 22 d e la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2. Glosario Para efectos de esta ley, se entenderá por: I. Bienes: Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o i nmuebles y todo aquel derecho real o pe rsonal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación, que se encuentren en los supuestos señalados en esta ley; II. Hecho ilícito: hecho antijurídico en el que concurran los elementos del tipo penal, ya sea del delito de: robo de vehículo, contra la salud o de secuestro, siempre y cuando, en lo que concierne a estos dos últimos, sean competencia de los jueces del Estado; III. Juez: el juez competente; IV. Secretaría: la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado; V. Código Nacional: el Código Nacional de Procedimientos Penales; y VI. Ministerio Público: el Ministerio Público especializado. Artículo 3. Confidencialidad y reserva de la información Las autoridades del Estado y de los municipios, así como los particulares que por cualquier causa legal tengan conocimiento de la información, deberán guardar la más estricta confidencialidad y reserva sobre la información materia de los procedimientos de extinción de dominio que regula esta Ley. Artículo 4. Disposiciones supletorias A falta de regulación suficiente en la presente ley respecto de las instituciones y supuestos jurídicos regulados en ella, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: 11
12 I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Nacional; II. En cuanto al hecho ilícito, al Código Penal del Estado; III. En el procedimiento de extinción de dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor en la entidad; IV. En los aspectos relativos a la regulación de bienes, obligaciones y derechos, a lo previsto en el Código Civil en vigor en la entidad. CAPÍTULO II EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 5. Definición La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en esta ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado. Artículo 6. Acción de extinción de dominio La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. La acción de extinción de dominio es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal, de la que se haya desprendido o de la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe. El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público; quien podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento, antes de que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del Procurador o qui en este designe. En los mismos términos, podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. Artículo 7. Prescripción de la acción A la acción de extinción de dominio se aplicarán las reglas de prescripción previstas para los hechos ilícitos a que se refiere esta ley, de conformidad con los plazos establecidos en el Código Penal del Estado, salvo que los bienes sean producto del delito, en cuyo caso la acción será imprescriptible. Artículo 8. No prejuzgamiento de la legitimidad de la propiedad o posesión El no e jercicio, desistimiento o e xtinción de la acción penal, así como la absolución del demandado en un procedimiento penal, por no haberse establecido su responsabilidad, o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien, siempre que se haya determinado que el hecho ilícito existió. 12
13 Artículo 9. Muerte del demandado No impedirá el ejercicio de la acción de extinción de dominio la muerte del o los probables responsables del hecho ilícito, de los propietarios del bien, de quienes lo poseen en concepto de dueño, o de quienes se ostenten o comporten como tales. En este supuesto, la acción procederá respecto de los bienes objeto de sucesión, cuando sean de los descritos en esta ley, siempre y cuando se ejercite antes de la sección de partición de la herencia en el juicio sucesorio correspondiente. Artículo 10. Procedencia de la extinción de dominio Procede la extinción de dominio, en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en el Capítulo VII, del Título Décimo Octavo, de la Ley General de Salud; robo de vehículo, y secuestro, en los casos en que se sustancien ante las autoridades del Estado; respecto de los siguientes bienes: I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió; II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o de stinados a ocultar o m ezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos de la fracción anterior; III. Aquellos que estén siendo utilizados para la realización de los hechos ilícitos materia de esta ley por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; y IV. Aquellos que estén titulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de los hechos ilícitos contenidos en esta ley y el imputado por éstos se comporte como dueño. Artículo 11. Requisitos para que proceda la acción de extinción de dominio Para que sea procedente la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público deberá: I. Acreditar que existen elementos suficientes para determinar que sucedió el hecho ilícito y que los bienes materia de dicha acción son de los señalados en el artículo anterior; II. En los casos a que se refiere el artículo anterior, probar plenamente la actuación de mala fe del tercero; y III. En los casos a que se refiere el artículo anterior, acreditar al margen de duda la procedencia ilícita de dichos bienes. Artículo 12. Solicitud de decomiso en procedimiento penal El ejercicio de la acción de extinción de dominio no e xcluye que el Ministerio Público solicite el decomiso o en su defecto la declaración de abandono de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en los casos que resulte procedente. 13
14 Artículo 13. Excepción de la acción respecto de ciertos bienes Se exceptúan de la acción de extinción de dominio, las armas de fuego, municiones y explosivos respecto de los cuales, en todo caso, deberá observarse lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Tratándose de narcóticos, se procederá en los términos de la legislación federal aplicable. Los bienes asegurados que resulten del dominio público o pr ivado del Estado o de los municipios, se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su naturaleza y a lo que dispongan las normas aplicables. Se exceptúan también la fauna y la flora protegidos, materiales peligrosos y demás bienes cuya propiedad o posesión se encuentre prohibida, restringida o especialmente regulada, en cuyo caso, se procederá en los términos de la legislación aplicable. TÍTULO SEGUNDO. DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CAPÍTULO I COMPETENCIA Artículo 14. Reglas de competencia La entidad contará con Jueces y Ministerios Públicos competentes en extinción de dominio, dependientes del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia respectivamente, cuyas funciones y distribución deberán regularse en sus correspondientes leyes orgánicas. Esta ley se aplicará a l os bienes muebles e i nmuebles que se encuentren ubicados en el territorio del Estado. Cuando se encuentren situados fuera del mismo, se dará vista a la autoridad competente de dicho lugar, sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para la procedencia y tramitación de la acción de extinción hasta su conclusión en la entidad. CAPÍTULO II DE LAS PARTES EN PROCEDIMIENTO Artículo 15. Partes en el procedimiento de extinción de dominio Son parte en el procedimiento de extinción de dominio: I. Actor: que será el Ministerio Público; II. Demandado: quien se ostente como dueño o titular de los derechos reales o personales; y 14
15 III. Tercero: la persona que sin ser el demandado en el procedimiento de extinción de dominio, cuenta con legitimación para acudir al proceso, con el fin de deducir un derecho propio sobre los bienes materia de la acción; El demandado y el tercero actuarán por sí o a través de sus representantes o apoderados, en los términos de la legislación civil aplicable. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos. CAPÍTULO III PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 16. Atribuciones del Ministerio Público En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público ejercerá las atribuciones siguientes: I. Recabar copia de las constancias, diligencias y actuaciones que se hayan realizado con motivo de la investigación de los hechos delictivos a que se hacen referencia en esta ley; II. Solicitar a los órganos jurisdiccionales copia de los registros y expedientes de los procedimientos penales en que intervengan con motivo de los hechos delictivos; III. Recabar del Ministerio Público de la Federación y demás instancias federales, así como de las autoridades estatales y municipales y de otras entidades federativas, copia de los expedientes, registros, actuaciones, constancias y demás información que tengan, que sea útil para acreditar los hechos delictivos y supuestos de extinción de dominio en los términos de esta ley; IV. Recabar los medios de prueba necesarios para sustentar el ejercicio de la acción de extinción de dominio, respecto de los bienes de que se trate; V. Realizar las diligencias de investigación necesarias para identificar y localizar al dueño de los bienes materia de la acción de extinción de dominio, o quien se ostente o comporte como tal, así como a los terceros; y VI. Las demás que señale esta ley, el Código Nacional, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y otros ordenamientos aplicables, para sustentar la acción de extinción de dominio. Artículo 17. Información Financiera El Procurador General de Justicia, podrá solicitar información y documentos sobre los depósitos, los servicios y en general, las operaciones que las instituciones del sistema financiero celebren con sus clientes, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como la información de naturaleza fiscal, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, y de las demás entidades que resulten competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio Público deberá formular la petición respectiva, exponiendo los razonamientos por los cuales requiera la información y 15
16 los documentos correspondientes, y la remitirá al Procurador General de Justicia del Estado o al servidor público que corresponda. Cuando se tenga identificada la institución financiera, el número de cuenta o la operación o servicio de que se trate, así como el cuentahabiente o usuario respectivo y demás elementos que permitan su identificación plena, el Ministerio Público podrá solicitar al juez que emita la orden de requerimiento de información y documentos directamente a la institución financiera de que se trate. CAPÍTULO IV PROVIDENCIAS CAUTELARES Artículo 18. Providencias cautelares provisionales El Ministerio Público, desde la preparación de la acción de extinción de dominio, podrá decretar providencias cautelares provisionales por una sola ocasión, para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción, así como aquellas tendentes a evitar que sufran menoscabo, extravío, destrucción, transformación, dilapidación; a que sean ocultados o mezclados; o a q ue se realice o que se pretenda realizar acto traslativo de dominio o imponer gravamen sobre ellos. Lo anterior cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que se ejecutará alguno de dichos actos y que el bien de que se trate es alguno de los señalados por esta ley. El Ministerio Público deberá levantar estas providencias cautelares si en quince días naturales contados a partir de la imposición de éstas no presenta la demanda respectiva. En caso de que la medida cautelar decretada provisionalmente por el Agente del Ministerio Público resultaré ilegal, se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penal, según sea el caso, para determinar el grado de responsabilidad de éste. Artículo 19. Tipo de providencias cautelares Las providencias cautelares, tanto las provisionales como las permanentes, podrán ser las siguientes: I. El aseguramiento de bienes; II. El embargo precautorio; III. La intervención de la administración o de la caja de las empresas; IV. El depósito o la vigilancia de los bienes de que se trate, en el lugar y con las condiciones que fije el Juez; V. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del Sistema Financiero; y VI. Cualquier otra que determine el Juez, con el propósito de preservar la existencia y la integridad de los bienes a que se refiere esta ley. Las providencias cautelares provisionales serán decretadas por el juez, en el auto de radicación, con excepción de la fracción I que eventualmente podrá ser decretada por el 16
17 Ministerio Publico. Las medidas cautelares preventivas subsistirán hasta que, en su caso, sean revocadas o bien sustituidas por providencias cautelares definitivas. Artículo 20. Anotaciones en el Registro Público de la Propiedad Si los bienes afectados por el ejercicio de una extinción de dominio se encontraren inscritos en el Registro Público de la propiedad, el Juez ordenará a esta dependencia que haga las anotaciones correspondientes, para los efectos a que haya lugar. Artículo 21. Imposición, modificación y revocación de providencias cautelares El Juez, a petición del Ministerio Público, acordará las providencias cautelares que resulten procedentes, ya sea en el auto de radicación o en cualquier etapa del procedimiento; en su caso, ordenará el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública, y todas aquellas providencias necesarias para que aquéllas se apliquen. Cuando sobrevenga un hecho que lo justifique y mientras no s e haya dictado sentencia ejecutoriada, se podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las providencias cautelares. Durante la vigencia de las providencias cautelares, el demandado o afectado por éstas no podrá transmitir la posesión de los bienes correspondientes, ni enajenarlos, gravarlos o constituir cualquier derecho sobre ellos, ni permitir que un tercero lo haga. Tales bienes no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida. Artículo 22. Bienes sujetos a diversos actos jurídicos previos Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, las providencias cautelares impuestas con apoyo en esta ley se notificarán a las autoridades que hayan ordenado dichos actos y, en su caso, al Registro Público de la Propiedad correspondiente. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y quedarán a disposición del Juez que hubiese sido el primero en prevenir. De levantarse el embargo, la intervención, el secuestro o el aseguramiento previos, quien tenga bajo su custodia los bienes relativos entregará éstos al Juez que conozca de la acción de extinción de dominio. Las providencias cautelares no implican modificación a los gravámenes existentes sobre los bienes. La administración de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio se realizará conforme a la Ley de Administración de Bienes Asegurados. CAPÍTULO V SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Artículo 23. Ejercicio de la acción de extinción de dominio 17
18 La acción de extinción de dominio se ejercerá mediante demanda del Ministerio Público. Artículo 24. Contenido de la demanda La demanda deberá indicar: I. El juez competente; II. La descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio, señalando sus datos de localización; III. Las constancias pertinentes respecto de la investigación de los hechos ilícitos relacionados con los bienes materia de la acción; IV. Si se hubiere decretado providencias cautelares provisional por parte del Ministerio Público, todas las constancias que éste hubiere practicado al efecto; V. El nombre y el domicilio del demandado y, en su caso, del tercero, siempre que estuvieren identificados; VI. Las actuaciones conducentes, derivadas de otras investigaciones u ot ros procesos penales en curso o concluidos; VII. La solicitud de las providencias cautelares necesarias para la conservación de los bienes, en los términos que establece esta ley; VIII. La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones, IX. La relación de los hechos en que el actor funda su acción y de los razonamientos lógicos jurídicos con los que se establezca que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere esta ley; y X. Las pruebas que se ofrecen, debiendo en ese momento exhibir las documentales o señalar el archivo donde se encuentren, precisando, en su caso, los elementos necesarios para su desahogo. Artículo 25. Auto de radicación El Juez contará con un plazo de setenta y dos horas para resolver sobre la admisión de la demanda, así como el otorgamiento de las providencias cautelares solicitadas. Si la admite, en el mismo auto ordenará el emplazamiento al demandado y en su caso al tercero, para que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación relativa, contesten la demanda. Si no l o hacen, se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo y continuará el procedimiento. Si la demanda fuere obscura o irregular, el Juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para que la aclare, corrija o complete, otorgándole para tal efecto un plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que así lo ordene. Aclarada la demanda, se seguirán las reglas de la admisión de ésta; si no se aclara, se desechará de plano. 18
19 Artículo 26. Emplazamiento El emplazamiento se realizará conforme a lo que señala la legislación procesal civil supletoria. Artículo 27. Contestación de la demanda En el escrito de contestación de demanda, el demandado y, en su caso, el tercero, deberán: I. Señalar domicilio y modo de notificación; II. Contestar las pretensiones y los hechos planteados por el Ministerio Público, afirmándolos o negándolos; III. Ofrecer pruebas; IV. Oponer defensas y excepciones; y V. Plantear las hipótesis de derecho que a su interés convenga. Contra la acción de extinción de dominio no procede la reconvención. Artículo 28. Reglas y principios en las audiencias Las audiencias deberán celebrarse de forma oral bajo los principios de inmediación, concentración, contradicción, continuidad y publicidad; salvo las excepciones previstas en esta ley. Las audiencias serán conducidas por el Juez, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente; serán públicas, salvo que, por razones de seguridad del tribunal o de los intervinientes, el juez determine que se efectúen a puerta cerrada; y se llevarán a cabo con o sin la asistencia de las partes. Quien injustificadamente, a criterio del Juez, no acuda a las audiencias, será sancionado con multa de treinta a cien días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, con la posibilidad de diferir por ausencia solo en dos ocasiones; si continua la ausencia se tendrán por desistidos de la acción que representen. En el desahogo de las pruebas en la audiencia de juicio, los testigos y los peritos deberán declarar de viva voz al tenor de los interrogatorios y contrainterrogatorios que se les formulen. Artículo 29. Audiencia preliminar En el auto en que se tenga por contestada o no la demanda, se convocará a una audiencia, dentro de un plazo no mayor a diez días, en la que el Juez: Luego de que las partes debatan: I. Resolverá las excepciones dilatorias que se hubieren opuesto; II. Determinará, con base en el acuerdo que eventualmente hayan celebrado las partes, qué hechos no serán objeto de controversia; III. Admitirá las pruebas que se desahogarán en la audiencia de juicio, e indicará cuáles se desechan. Las pruebas podrán ser desechadas en los supuestos que señalan el capítulo respectivo de esta ley. 19
20 IV. Señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de juicio, dentro de un plazo no mayor a quince días; y V. Proveerá lo necesario para el desahogo de pruebas. Artículo 30. Audiencia de juicio Abierta la audiencia, el juez concederá la palabra al Ministerio Público y luego al demandado y al tercero si lo hubiere, para que de forma breve formulen alegatos iniciales. Acto continuo, se desahogarán las pruebas que se encuentren preparadas; ello, en el orden que el juez estime pertinente, quien al efecto contará con las más amplias facultades. Las pruebas que no se encuentren preparadas por causas imputables al oferente se declararán desiertas; si la falta de preparación es ajena al oferente, la audiencia se suspenderá por una sola ocasión y se reanudará en la fecha que el juez determine en vista de las circunstancias particulares del caso. Cuando se hayan desahogado las pruebas, el juez dará la voz a las partes para que formulen de forma breve alegatos finales en el orden establecido para los alegatos finales. Enseguida, el juez declarará el asunto visto y fijará fecha de audiencia para lectura de sentencia, la cual no podrá exceder del plazo de cinco días hábiles. CAPÍTULO VI PRUEBAS Artículo 31. Libertad probatoria Los hechos y circunstancias pertinentes para la solución del caso podrán ser probados por cualquier medio producido o incorporado de manera lícita. En todo lo relativo a las pruebas deberán observarse los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, e inmediación y como medio la oralidad. Artículo 32. Desechamiento de las pruebas Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la acción de extinción, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos: I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser: a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o doc umental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones; b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; III. Por haber sido declaradas nulas, o 20
XX,ILEGISLATURA ~ 1 2 DIC. 2014 I SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XX,ILEGISLATURA ~ 1 2 DIC. 2014 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA Co ""..,""Lo L1ÚA-G'J O 8 DIC. 2014 113'00 tir". SFCPFlARII\r.fNfR"'l ~ I SECRETARIA DE LA