Source: https://it.scribd.com/document/242716843/Magda-Emma-Meza-Fonseca-Jurisprudencia-fundamentacion-y-motivacion-de-resoluciones-judiciales-pdf
Timestamp: 2020-07-02 08:45:19
Document Index: 137600075

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Caso 135. Recurso de Casación
STC12857-2016
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO
Magistrada Emma Meza Fonseca.
9no. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
 Época: Décima Época
 Registro: 160244
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
 Tipo de Tesis: Aislada
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2
 Materia(s): Penal
 Tesis: II.2o.P.286 P (9a.)
 Página: 1095
 CONGRUENCIA EXTERNA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA PENAL. PARA QUE EL JUEZ CUMPLA CON ESTE PRINCIPIO DEBE, PREVIO A LIBRAR LA
ORDEN DE APREHENSIÓN, ASEGURARSE DE CONTAR CON
LA TOTALIDAD DE CONSTANCIAS DE LAS ACTUACIONES
QUE ADVIERTA FUERON PRACTICADAS Y QUE SE RELACIONAN CON EL HECHO DELICTIVO, Y NO
ORDENARLA CON BASE EN LAS PRUEBAS QUE EL
MINISTERIO PÚBLICO LE REMITIÓ DISCRECIONALMENTE POR RAZÓN DE FUERO AL EJERCITAR ACCIÓN PENAL. Cuando se habla de la estructura de una sentencia o resolución,
 debe diferenciarse entre la congruencia interna y la externa; la primera como exigencia de coherencia estructural del propio fallo,
en cuanto a su formato y composición, es decir, considerandos, resolutivos, apartados y temas tratados en general que demuestren la correspondencia entre lo abordado como litis y lo
resuelto, así como la forma de hacerlo de manera clara y
consecuente. En cambio, la segunda se refiere ya no a la sentencia en sí, entendida como documento contenedor del fallo, sino a un universo más amplio que abarca las constancias que forman parte del parámetro dentro del cual se constituye la litis, esto es, todo lo que tiene que ver con la comprobación del hecho indagado (en estructuración y prueba), los antecedentes y los
datos que en cada caso resulten indispensables para captar,
comprender, analizar y resolver el fondo del asunto de manera plena, completa o integral; lo que significa que la congruencia externa determina el campo integral de la litis materia del fallo
traduciéndose en un vínculo de correspondencia entre el contenido
integral del debate efectivamente planteado y el de la sentencia que se dicte, lo que incide en el debido respeto de la garantía de
 justicia pronta y completa consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, el ejercitar acción penal excluyendo, segregando o separando las constancias de una averiguación previa, aun mediante mecanismos formales (separación de expedientes), puede producir en los juzgadores una visión parcializada o
segmentada de los hechos o datos sobre los que pretenden
resolver, lo cual puede resultar contrario no sólo a la lógica elemental y a la exigencia de justicia completa, sino al principio de congruencia externa que toda sentencia o resolución debe contener, especialmente en la materia penal, que es en donde se
busca (en lo posible) una verdad no meramente formal o
parcializada conforme a los intereses de alguna de las partes. En
ese contexto, para que el Juez cumpla con el citado principio debe exigir de oficio, la incorporación de todas las actuaciones que
estime conducentes para conocer a plenitud el hecho delictivo
atribuido y así pronunciarse sobre el acreditamiento del ilícito, pues aun cuando el Ministerio Público al ejercitar acción penal le haya remitido únicamente las constancias que formalmente le correspondieron por razón de fuero, no justifica la inobservancia
del análisis integral de las indagaciones que pueden contribuir a
una valoración confrontada y completa en términos de congruencia. Por tanto, la autoridad judicial previo a librar la orden de aprehensión debe asegurarse de contar con la totalidad de
constancias de las actuaciones que se advierta fueron practicadas y
que se relacionan con el tema a resolver, sin conformarse con tener
que hacerlo únicamente con las pruebas seleccionadas por el Ministerio Público, pues ello equivaldría a suponer que tiene la facultad para manipular o inducir las resoluciones judiciales, lo cual
resulta legalmente inadmisible.
 Amparo en revisión 106/2011. 25 de agosto de 2011. Unanimidad
de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Silvestre
P. Jardón Orihuela.
 Época: Novena Época
 Registro: 195706
 Tipo de Tesis: Jurisprudencia
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
 Tomo VIII, Agosto de 1998
 Materia(s): Administrativa, Común
 Tesis: I.1o.A. J/9
 Página: 764
 PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a
que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino
también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha
controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin
omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.
 Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y Motores, S.A. 25 de
abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán.
 Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León. 5 de junio de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo
 Amparo en revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo Romero. 17 de agosto de
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria:
Luz Cueto Martínez.
 Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. de C.V. 23 de abril
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán.
Secretario: Ricardo Martínez Carbajal.
 Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 de mayo de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Serafín Contreras Balderas.
 Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
VI, agosto de 1997, página 813, tesis XXI.2o.12 K de rubro: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA."
 Registro: 198165
 Tomo VI, Agosto de 1997
 Materia(s): Común
 Tesis: XXI.2o.12 K
 Página: 813
 SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga
resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer
aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la
 llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto
de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a
pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia.
 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
 Amparo directo 261/97. Gabriel Azcárraga García. 5 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Hernández Cervantes. Secretaria: Ma. del Rosario Alemán Mundo.
 Véase:
"SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.".
 Registro: 176546
 Instancia: Primera Sala
 Tomo XXII, Diciembre de 2005
 Tesis: 1a./J. 139/2005
 Página: 162
 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como
de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una
resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos
materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no
debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16
constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su
dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza
legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a
las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de
su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben
cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de
los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en
consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al
 Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de
2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.
 Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco.
 Asimismo, respecto al deber de motivación adecuada la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado lo siguiente:
 “[…]
 26. Debido proceso. Deber de motivación adecuada.
 La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los
ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra,
y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos
deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los
alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado.
Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les
 proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias
superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 CADH.
En el entendido de que el deber de motivar no exige una
respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión [Caso
Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto
de 2008. Serie C No. 182; Caso Tristán Donoso Vs.
Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193]
 Registro: 2005968
 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II
 Materia(s): Constitucional
 Tesis: I.4o.C.2 K (10a.)
 Página: 1772
 EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17
CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo
el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver
todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su
integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos
procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente
con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los
tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape
nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre
los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido
que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir,
agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse
una edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar
o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión;
extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo
al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar
atentamente". La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico,
despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su
discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una
interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio,
acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier
naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las
consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa.
 Amparo directo 401/2013. Carlos Sánchez Castillo. 20 de septiembre de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Norma Leonor
 Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
 Registro: 2004994
 Instancia: Segunda Sala
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1
 Tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.)
 Página: 649
 SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de
cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el
legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos,
por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos,
deben contener la declaración de la autoridad en relación con la
solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son
materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que
quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la
autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente.
 Recurso de inconformidad 331/2013. Octavio Salas Blas. 2 de
octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Estela Jasso
 Registro: 2000584
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2
 Tesis: 2a./J. 36/2012 (10a.)
 Página: 1060
 IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN
TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica
del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia
protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del
quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues
carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre
cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus
efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de
amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del
caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la
improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo
ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio
de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio
decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de
relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a
su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado
llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la
naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad
constitucional que busca preservar.
 Amparo en revisión 896/2008. Centro Patronal de León, Sindicato Patronal. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios:
Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
 Amparo en revisión 1858/2009. Arturo López de Lara Díaz. 5 de octubre de
2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Miguel Ángel Antemate
Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
 Amparo en revisión 1989/2009. Manuel López Palomino. 5 de octubre de
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
 Amparo en revisión 2008/2009. Raymundo Daniel Montes Carrera o Cabrera. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara
Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
 Amparo en revisión 488/2010. Centro Empresarial de Quintana Roo, Sindicato Patronal. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con
salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
 Tesis de jurisprudencia 36/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de marzo
 Registro: 2000648
 Tesis: 2a./J. 38/2012 (10a.)
 Página: 1063
 REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DEROGACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ADVERTIR QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE
RELATIVIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007). El párrafo derogado citado establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para practicar de oficio la
averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación
del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera
ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión, debiendo enviar los resultados de la investigación, de manera oportuna, a los órganos competentes.
Ahora, como la eventual sentencia protectora implicaría que no
subsista la derogación de esa norma para que el citado Tribunal Constitucional reasumiera la facultad de practicar la averiguación oficiosa aludida, de modo que tendría efectos restitutorios no sólo en
el quejoso, sino en favor de otros sujetos y, por tanto, generales, el juicio promovido contra dicha derogación resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en
relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en
sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, constitucional (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de
acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de
reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad iría más
allá del caso concreto enjuiciado, lo que provocaría transgresión al
principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias en
materia de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el
goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza misma del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar.
 Amparo en revisión 896/2008. Centro Patronal de León, Sindicato Patronal. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo,
Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
 Amparo en revisión 1858/2009. Arturo López de Lara Díaz. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara
 Amparo en revisión 1989/2009. Manuel López Palomino. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
 Amparo en revisión 2008/2009. Raymundo Daniel Montes Carrera o Cabrera. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, Roberto Lara Chagoyán y Alfredo Villeda Ayala.
 Amparo en revisión 488/2010. Centro Empresarial de Quintana Roo, Sindicato Patronal. 5 de octubre de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios:
 Tesis de jurisprudencia 38/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de marzo de dos mil doce.
 Registro: 181228
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XX, Julio de 2004
 Tesis: IV.2o.A.13 K
 Página: 1632
 AMPARO CONTRA LEYES. LA CITA DE LAS RAZONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA DE UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE
LA NORMA CON EFECTOS GENERALES, NO IMPLICA
EXTENDER HACIA EL PASADO DICHOS EFECTOS. El órgano jurisdiccional puede apoyarse válidamente en las razones
contenidas en los considerandos que sustentan los resolutivos de
la sentencia de una acción de inconstitucionalidad y citar la
jurisprudencia, en los casos en que se publique conforme lo dispone el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, pues aun cuando la declaración general de invalidez
no puede tener efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo
establece el segundo párrafo de la fracción III del artículo 105 constitucional y el diverso 45, segundo párrafo, de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional, los efectos del
juicio de amparo contra leyes no son derogatorios de la norma estimada
inconstitucional, sino de proteger al quejoso contra los actos que se fundaron en la norma que se impugnó de inconstitucional, que constituyeron el primer acto de aplicación, y aun contra los actos futuros
que pudieran emitirse con apoyo en la norma que estuvo vigente desde
que entró en vigor hasta la fecha en que se declaró su invalidez, empero, no contra los que se emitan con fundamento en dicha disposición vigente a partir de la fecha en que surtió efectos la
resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad, puesto que es
evidente que a partir de entonces desapareció el vicio de inconstitucionalidad, lo que significa que no existe la posibilidad de que se extienda tal declaración de invalidez de carácter general con efectos
retroactivos, en virtud de que de acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes sólo se protege al quejoso en el caso particular sobre el que verse la queja.
 Amparo en revisión 66/2004. Subprocurador Fiscal Federal de Amparos. 26 de febrero de 2004. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Ponente:
José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.
 Amparo en revisión 71/2004. Subprocurador Fiscal Federal de Amparos. 4 de marzo de 2004. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Blanca Patricia Pérez Pérez.
 Amparo en revisión 79/2004. Subprocurador Fiscal Federal de Amparos. 4 de marzo de 2004. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: Blanca Patricia Pérez Pérez.
 Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 101, tesis 2a. CXLVIII/2003, de rubro:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO
TESIS DE JURISPRUDENCIA."
 Registro: 192846
 Instancia: Pleno
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo X, Noviembre de 1999
 Materia(s): Constitucional, Común
 Tesis: P./J. 112/99
 Página: 19
 AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos
de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107,
fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el
amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se
limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de
amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación
que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría
contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos
de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la
declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con
los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de
la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse
que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de
aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de
la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que
permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada
constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se
pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí
mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y,
finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser
impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la
declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a
la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que
otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un
juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se
impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.
 Amparo en revisión 3912/86. Vidriera Los Reyes, S.A. 23 de febrero de 1989. Mayoría de
catorce votos. Ausente: Ángel Suárez Torres. Disidentes: Noé Castañón León, Manuel
Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretaria: Martha Moyao Núñez.
 Amparo en revisión 4823/87. Hako Mexicana, S.A. 28 de febrero de 1989. Mayoría de
catorce votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Disidentes: Noé Castañón León,
Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores, Ángel Suárez Torres y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.
 Amparo en revisión 1897/95. Calixto Villamar Jiménez. 13 de abril de 1999. Mayoría de
ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis.
Ponente: Juan Díaz Romero. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Armando Cortés Galván.
 Amparo en revisión 1404/95. Carlos Alberto Hernández Pineda. 13 de abril de 1999.
Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en
esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.
 Amparo en revisión 6/97. María Isabel Díaz Ulloa. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis.
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.
 El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 112/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
 Registro: 201010
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo IV, Noviembre de 1996
 Tesis: VI.2o.58 K
 Página: 518
 SENTENCIA DE AMPARO. ES ILEGAL SI OMITE PRONUNCIARSE EN RELACION CON UNO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Cuando el Juez de Distrito dicta sentencia en el
juicio de amparo de su conocimiento, omitiendo pronunciarse
respecto de uno de los actos reclamados, es evidente que tal resolución infringe lo dispuesto por los artículos 76 y 78 de la ley
de la materia, pues es obligatorio para los tribunales de amparo al
resolver la controversia planteada decidir, en relación a cada uno
de los actos reclamados, si conceden, niegan o sobreseen respecto de los mismos.
 Registro: 200201
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo III, Febrero de 1996
 Tesis: P./J. 9/96
 Página: 78
 SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO,
SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO
PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los
codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción
constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en
autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del
proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al
procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el
amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las
consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido
cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso
contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de
relatividad de las sentencias de amparo previsto en los
artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia
de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal.
 Contradicción de tesis 28/93. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 23 de enero de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Carlos Mena Adame.
 El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el doce de febrero en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano,
Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz
Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el
número 9/1996 la tesis que antecede. México, Distrito Federal, a
doce de febrero de mil novecientos noventa y seis.
 Nota: Por ejecutoria del veintisiete de marzo de dos mil doce, el Pleno declaró infundada la solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2011 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva.
 Época: Octava Época
 Registro: 207126
 Instancia: Tercera Sala
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990
 Tesis: 3a./J. 45/90
 Página: 199
 INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE
"RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los
artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y
80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio
de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos
de la sentencia de amparo, que prohiben hacer una declaración
general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que
 encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la
procedencia del juicio constitucional que los promoventes
acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del
juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la
protección de la justicia federal respecto de personas
determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo
cual no se podría satisfacer si el interés de los
promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus
derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los
efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados.
 Amparo en revisión 1886/88. Garlock de México, S.A. de C.V. 4 de enero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza.
 Octava Epoca, Tomo III, Primera Parte, página 339.
 Amparo en revisión 2045/88. Viga Construcciones, S.A. 21 de agosto de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac. Gregor. Secretaria: Alma Leal de Caballero.
 Amparo en revisión 395/89. Creel Abogados, S.C. y otro. 5 de marzo de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.
 Amparo en revisión 1009/90. Fabricaciones Hidráulicas y Neumáticas, S.A. de C.V. 4 de junio de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jorge Carpizo Mac. Gregor. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.
 Amparo en revisión 1016/90. Grupo Médico y de Asistencia, S.A. de C.V. 12 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José
Pastor Suárez Turnbull.
 Tesis de Jurisprudencia 45/90 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa. Cinco votos de los señores ministros: Presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez,
Mariano Azuela Güitrón, Salvador Rocha Díaz, Ignacio Magaña Cárdenas y José
Antonio Llanos Duarte.
 Época: Sexta Época
 Registro: 265923
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación
 Volumen XCVI, Tercera Parte
 Tesis:
 Página: 96
 SENTENCIAS DE AMPARO, CRITERIO SOSTENIDO EN LAS. Las sentencias que pronuncian los Jueces de Distrito son independientes unas de otras, puesto que sólo se ocupan, conforme a lo prevenido
por el artículo 76 de la Ley de Amparo, de los individuos particulares
o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen
solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, por lo que es irrelevante el agravio que considera que el juzgador ha
sostenido un criterio distinto en diferente juicio de amparo.
 Amparo en revisión 1374/65. Roberto Castro Morales. 7 de junio de 1965. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.
 Registro: 164369
 Tomo XXXII, Julio de 2010
 Tesis: I.4o.A. J/83
 Página: 1745
 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO
DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos,
en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77
y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer
lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión
de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de
los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo
directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO
DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE
RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL
QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso.
 Amparo en revisión 335/2006. Andrés Martínez Genís y otro. 25 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González- Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez.
 Amparo en revisión 109/2007. Norma Inés Aguilar León. 16 de mayo
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.
 Amparo en revisión 348/2009. Titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y otro. 19 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas.
 Amparo en revisión 394/2009. Ricardo Pacheco Martínez y otro. 18 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.
 Amparo en revisión 79/2010. Societé Air France. 15 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales.
 Registro: 205449
 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
 Núm. 80, Agosto de 1994
 Tesis: P./J. 27/94
 Página: 14
 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito
exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en
relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos
en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de
analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que
con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil
novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los
conceptos de violación y los agravios, "así como los demás
razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como
finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la
controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de
desentrañar la verdadera intención del quejoso,
mediante el análisis íntegro de los argumentos
contenidos en la misma y de las demás constancias de
autos que se encuentren vinculadas con la materia de la
litis, como lo son: el acto reclamado, el informe
justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden
formar parte de la litis en el juicio constitucional,
además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones
lógicas de las partes sobre el fundamento de sus
respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al
informe con justificación, por lo que no puede constituir
una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.
 Contradicción de tesis 20/93. Entre las sustentadas por una parte, por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y,
por la otra, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (en la actualidad Segundo en Materias Penal y Administrativa),
Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Primer Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 29 de junio de 1994. Unanimidad de
dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario:
 El Tribunal Pleno en su sesión privada del martes dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro asignó el número 27/1994 a esta tesis de jurisprudencia aprobada en la ejecutoria dictada por el Tribunal Pleno el veintinueve de junio de mil
novecientos noventa y cuatro, al resolver la contradicción de
tesis número 20/93. México, Distrito Federal, a tres de agosto
 Registro: 2001367
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1
 Tesis: 2a./J. 73/2012 (10a.)
 Página: 672
 JUICIOS DE AMPARO DIRECTO LABORAL. CUANDO ESTÁN RELACIONADOS DEBEN ANALIZARSE TODOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EXPUESTOS ATENTO A LOS
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. Cuando
se promueven dos juicios de amparo directo en materia laboral contra el mismo acto reclamado y la misma autoridad, y el Tribunal
Colegiado de Circuito concede la protección federal en uno de
ellos, al estimar fundado un argumento en el que se alegó una
violación en el dictado del laudo respecto de una pretensión del quejoso que guarda independencia de las alegadas en el juicio diverso, o la nueva valoración de los hechos que se haga en los
términos de la concesión del amparo no afecta a los restantes temas debatidos, dicho Tribunal debe abordar el estudio de fondo de los conceptos de violación de la otra demanda de amparo no vinculados con aquella violación y, si es el caso, también conceder el amparo solicitado, pues debe tenerse presente la finalidad de no retrasar la solución definitiva de las prestaciones independientes, atento al
derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los numerales 77 y 78 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Norma Suprema, sin
que resulte suficiente atender solamente a las pretensiones de uno
de los quejosos y so pretexto de la concesión del amparo en relación
con éste, sobreseer en el juicio de garantías relacionado, pues ese proceder implicaría violentar los principios mencionados.
 Contradicción de tesis 97/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos y Segundo en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 6 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario:
Óscar Zamudio Pérez.
 Tesis de jurisprudencia 73/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de junio de dos mil doce.
 Registro: 2000722
 Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2
 Tesis: II.2o.P.8 P (10a.)
 Página: 1783
 AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO NI LAS CUESTIONES DE FACTO QUE NADA TIENEN QUE VER CON
SU SENTIDO. Si bien es cierto que el artículo 3o. de la Ley de
Amparo dispone que en el juicio relativo todas las promociones deberán hacerse por escrito, también lo es que dicho requisito se
cumple con la presentación de la demanda en esa forma, con la sustanciación del procedimiento y con el dictado de la resolución. Sin embargo, ello no significa que los Jueces de Distrito estén obligados a transcribir en sus sentencias el contenido de la audiencia de vinculación a proceso ni cuestiones de facto que nada tienen que ver con su sentido (como la participación de los auxiliares, los
diálogos de los participantes y la adopción de medidas cautelares),
ya que aquéllas, en términos del artículo 77, fracción I, de la citada ley, sólo deben contener la fijación clara y precisa del o los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados, pero no lo tocante a transcribir la
audiencia de vinculación a proceso, sin que exista precepto alguno
que obligue al Juez a llevar a cabo tal inserción, además de que tal
omisión en nada agraviaría al quejoso, si en la sentencia se examinaron los fundamentos y motivos que sustentan los actos a la
luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de
sus conceptos de violación.
 Amparo en revisión 159/2011. 9 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Enrique Zavala Torres, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Omar Fuentes Cerdán.
 Registro: 2000425
 Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2
 Tesis: I.6o.P.11 P (10a.)
 Página: 1322
 PRINCIPIO DE INALTERABILIDAD DE LA COSA JUZGADA. DEBE OBSERVARSE AUN CUANDO EL QUEJOSO SOLICITE LA CANCELACIÓN DE SU NOMBRE RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE UNA SENTENCIA
CONDENATORIA ADUCIENDO QUE UN SENTENCIADO LO
SUPLANTÓ PORQUE UTILIZÓ SU NOMBRE Y SE HIZO PASAR POR ÉL DURANTE TODO EL PROCESO PENAL. El principio de
inalterabilidad de la cosa juzgada consiste en que lo concluido y
decidido en todas las instancias de un juicio no es susceptible de
discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ella se
encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales
diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos, cuestión que al ser de orden público debe observarse oficiosamente. En este sentido, si el quejoso solicita la
cancelación de su nombre respecto de las consecuencias derivadas de una sentencia condenatoria, aduciendo que no es la persona que se encuentra relacionada con la causa y que el verdadero
sentenciado lo suplantó porque utilizó su nombre y se hizo pasar por
él durante todo el proceso penal, lo que se constató con las pruebas desahogadas durante el juicio de garantías, es evidente que la resolución condenatoria de mérito constituye cosa juzgada, motivo
por el cual no deben alterarse su contenido y alcance al ser la
verdad legal. Por tanto, el Juez de Distrito que conceda el amparo al quejoso suplantado deberá observar el citado principio de
inalterabilidad y apegarse a los principios fundamentales de
congruencia y exhaustividad que rigen el juicio de garantías, a efecto
de precisar fundadamente la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y para su justificación es menester que se analice en su integridad y alcance la pretensión real
del quejoso (que las consecuencias de la sentencia condenatoria no
fueran dirigidas y ejecutadas en su persona), y resolver sobre ésta, sin extender los efectos de su resolución a determinaciones jurisdiccionales que constituyan cosa juzgada, en cumplimiento a los
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo.
 SEXTO
 Amparo
Unanimidad de votos. Ponente: Tereso Ramos Hernández.
Secretario: Gilberto Vázquez Pedraza.
 Registro: 164523
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXXI, Mayo de 2010
 Tesis: 1a./J. 12/2010
 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN UNA CAUSA PENAL. LA FALTA DE FIRMA DEL JUEZ EN ELLA, CONDUCE A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE SUBSANE TAL
OMISIÓN, PUES ÉSTA IMPIDE CUALQUIER EXAMEN DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE LA EMITIDA EN APELACIÓN (LEGISLACIONES APLICABLES DE LOS ESTADOS DE
GUERRERO Y MICHOACÁN). La falta de firma del juez en una
sentencia de primer grado en un asunto penal, cuando se
considere que la firma es un requisito esencial, como así lo establecen los Códigos Procesales Penales y demás leyes aplicables de los Estados de Guerrero y Michoacán, no constituye
 una violación procesal de las previstas en el artículo 160, fracción IV de la Ley de Amparo, sino que se traduce en el desacato a una
formalidad del procedimiento que impide pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución dictada en la apelación que la sustituyó, por ser un requisito que
condiciona la validez de dicha sentencia, lo cual debe examinarse
por el tribunal de amparo previamente a las cuestiones de fondo, acorde con el artículo 77, fracción I, del indicado ordenamiento, que exige la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y
la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, aun cuando el tribunal de apelación no se hubiera percatado de la mencionada deficiencia e
independientemente de que no fuera motivo de agravio, si el
tribunal de amparo la advierte al cerciorarse de la existencia del
acto reclamado, debe considerarla a pesar de que no exista concepto de violación sobre este tópico y conceder el amparo,
para el efecto de que la autoridad responsable dicte una nueva
resolución en la que deje sin efectos la que constituyó el acto
reclamado y ordene la reposición del procedimiento, para que el
 juez de primera instancia emita la sentencia conforme a derecho proceda; pues la omisión de la firma en la sentencia de primera
instancia impide cualquier examen de la constitucionalidad de la emitida en apelación, que en lugar de haber examinado los agravios, debió ordenar la reposición del procedimiento para
reparar esa deficiencia; de otra manera, la sentencia de primer
grado carece de validez y no puede sustentar lo decidido por el Tribunal Superior que conoció de la apelación.
 Contradicción de tesis 26/2008-PL. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 13 de enero de
2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria:
Rosalba Rodríguez Mireles.
 Tesis de jurisprudencia 12/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de enero de dos mil diez.
 Registro: 165855
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXX, Diciembre de 2009
 Tesis: XVIII.1o.4 K
 Página: 1500
 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. NO BASTA LA MERA AFIRMACIÓN DE QUE UNO DE ELLOS RESULTA FUNDADO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS
RESTANTES, SINO QUE DEBE ANALIZARSE SI ÉSTE ES EL
QUE OTORGA MAYORES BENEFICIOS JURÍDICOS AL QUEJOSO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 3/2005). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
la tesis de jurisprudencia P./J. 3/2005, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 5, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE
 DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES." estableció el principio de mayor beneficio en el juicio de amparo
directo a fin de privilegiar el derecho contenido en el artículo 17,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia. Asimismo, por identidad de razón y para cumplir con la congruencia y
exhaustividad de las sentencias conforme a los artículos 77 y 78
de la Ley de Amparo, dicho principio debe observarse también en amparo indirecto, dado que en él eventualmente pueden plantearse conceptos de violación de diversa índole, como los
formales o de fondo, o bien, varios argumentos de cada una de
esas clases, lo cual ameritará la valoración de las consecuencias que pudiere traer la concesión de la protección federal en el caso de que se declararan fundados y así privilegiar aquellos que conlleven a un mayor beneficio jurídico, como sucede cuando se
prefiere el análisis de las cuestiones de fondo que pueden tener
como resultado destruir totalmente los efectos del acto reclamado o determinar la imposibilidad de que la autoridad responsable dicte uno nuevo, frente al examen de los argumentos relacionados
 únicamente con violaciones formales. Por tanto, en la sentencia de amparo indirecto no basta la mera afirmación de que un concepto
de violación resulta fundado para omitir el estudio de los restantes, sino que debe analizarse si éste es el que otorga mayores beneficios jurídicos al quejoso.
 Amparo en revisión 414/2009. Silvio Barrios Jiménez. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Olascuaga García. Secretario: René Rubio Escobar.
 Nota: Por ejecutoria del 7 de septiembre de 2011, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 437/2009, derivada de
la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis,
al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.
 Registro: 171254
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXVI, Octubre de 2007
 Tesis: 2a. CXLVII/2007
 Página: 439
 ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De
los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III,
de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la
sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de
los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una
cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión
de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal
revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal
sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia
de los actos reclamados en el juicio de amparo.
 Amparo en revisión 519/2007. Marco Antonio Pérez Escalera. 26 de septiembre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.
 Registro: 174345
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXIV, Agosto de 2006
 Tesis: VI.2o.C. J/268
 Página: 2116
 SENTENCIAS DE AMPARO. AL NO EXISTIR REENVÍO EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOZCA EN REVISIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE CORREGIR DE OFICIO, EN LOS
PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA EJECUTORIA QUE
PRONUNCIE, LAS IMPRECISIONES QUE ADVIERTA EN LOS ACTOS RECLAMADOS Y LOS DISTINTOS SENTIDOS EN QUE SE RESUELVAN, A FIN DE EVITAR LA INCONGRUENCIA EN
ÉSTAS. Para que el Juez de Distrito cumpla con lo ordenado en el
artículo 77, fracción III, de la Ley de Amparo, en aquellos casos en que exista pluralidad de actos reclamados y distintos sentidos de la decisión constitucional adoptada, con relación a cada uno de
 ellos, resulta necesario que se pronuncie claramente respecto de los que en su caso se sobresea en el juicio, así como de los que estima inconstitucionales y por los que se niegue la protección federal, debiendo hacerlo en la parte resolutiva de la sentencia, y no mediante referencias al contenido de alguno de los resultandos del fallo y en caso de que esto no ocurra, al no existir reenvío y no
tratarse de una violación procesal que amerite la reposición del
procedimiento, el tribunal que conozca en revisión del juicio de amparo, al pronunciar la ejecutoria que corresponda, debe corregir de oficio esta circunstancia a fin de evitar incongruencia en la resolución y sobre todo, dar certidumbre jurídica a la causa
constitucional que ha sido juzgada.
 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
 Amparo en revisión 381/2003. Rosa María Garza Estrada. 13 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.
Amparo en revisión 370/2005. Mauro Pablo Alatriste Hidalgo. 10
de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando
Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.
 Amparo en revisión 97/2006. Claudia Lucía Carrillo Montiel. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.
 Amparo en revisión 99/2006. Sandra de Yta Mendoza. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.
 Amparo en revisión 104/2006. Elsa Lilia Montiel Hernández. 8 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.
 Registro: 178783
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXI, Abril de 2005
 Tesis: 1a./J. 33/2005
 Página: 108
 CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y
que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo,
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada,
ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las
 pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados.
 Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.
 Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente:
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.
 Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.
 Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A.
de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López.
 Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
 Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco.
 Registro: 181810
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XIX, Abril de 2004
 Tesis: P. VI/2004
 Página: 255
 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que
se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación
clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido
el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura
íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta
 insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que
generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al
fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.
 Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente:
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G.
Rosales Guerrero.
 El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.
 Registro: 191604
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XII, Julio de 2000
 Tesis: 2a./J. 56/2000
 Página: 68
 INFORME JUSTIFICADO. NO ES OBLIGATORIO QUE EN LA SENTENCIA SE HAGA REFERENCIA PORMENORIZADA A LAS ARGUMENTACIONES CONTENIDAS EN AQUÉL. No existe
obligación para el Juez de Distrito de referirse en su sentencia,
necesariamente y de manera expresa, a todas y cada una de las argumentaciones que se contengan en el informe justificado que
rindan las responsables, por no establecerlo así los artículos 77 y
149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
Amparo en revisión 1947/97. Néstor Faustino Luna Juárez. 17 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.
Amparo en revisión 1217/97. Jesús N. Padilla Patiño. 17 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.
Amparo en revisión 952/98. Comisión Federal de Electricidad. 14 de agosto de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.
Amparo en revisión 370/2000. Florentina Vigil Morí viuda de Hernaiz. 31 de marzo del año
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.
Amparo en revisión 401/2000. Inmobiliaria El Cedral, S.A. de C.V. 31 de marzo del año
Tesis de jurisprudencia 56/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de junio del año dos mil.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X,
diciembre de 1999, página 190, tesis 2a./J. 123/99, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO." y Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera
Parte, página 237, tesis 3a. CLXXII/89, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NO ES
OBLIGATORIA LA REFERENCIA A LAS ARGUMENTACIONES DEL, EN LA SENTENCIA.".
 Registro: 192097
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XI, Abril de 2000
 Tesis: P./J. 40/2000
 Página: 32
 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda
en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para
determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la
fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.
 Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
 Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
 Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.
 Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria:
Martha Velázquez Jiménez.
 Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez.
 El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.
 Registro: 192791
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo X, Diciembre de 1999
 Tesis: 2a./J. 123/99
 Página: 190
 INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL
ACTO RECLAMADO. A diferencia de lo que sucede con las
causas de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, en las
sentencias de amparo no existe obligación de referirse necesariamente y de manera expresa a las argumentaciones que
con el fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado
exponen las autoridades responsables en su informe justificado, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo.
 Amparo en revisión 1947/97. Néstor Faustino Luna Juárez. 17 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela
Domínguez Salazar.
 Amparo en revisión 1217/97. Jesús N. Padilla Patiño. 17 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.
 Amparo en revisión 1035/99. Internacional de Cerámica, S.A. de C.V. 1o. de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
 Amparo en revisión 1067/99. Comisiones y Arrendamientos del Sur, S.A. de C.V. 8 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.
 Amparo en revisión 1130/99. Tecnología de Moción Controlada, S.A. de C.V. 15 de
octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.
 Tesis de jurisprudencia 123/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
 Registro: 200062
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo IV, Agosto de 1996
 Tesis: P./J. 48/96
 Página: 5
 AGRAVIOS EN LA REVISION. LA FALTA DE CITA DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES VIOLADOS, NO ES SUFICIENTE PARA DESESTIMARLOS. La evolución
interpretativa y legislativa de las disposiciones que rigen en el
juicio de amparo, conducen a que, haciendo una interpretación extensiva del artículo 79 de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte considere que en las materias en que no opera la suplencia de la
queja, la omisión de citar en los agravios el precepto constitucional
o legal que se considere violado, no basta para desestimar aquéllos, si en los motivos de inconformidad se expresan
argumentos lógico jurídicos suficientes que tiendan a evidenciar la
ilegalidad de la resolución reclamada, pues ello es suficiente para
proceder a su análisis.
 Contradicción de tesis 28/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo y el anterior Segundo Tribunal Colegiado (ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo), ambos del Segundo
Circuito. 10 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente:
Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.
 El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de julio en curso, aprobó, con el número 48/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de mil novecientos noventa y seis.
 Registro: 200066
 Tesis: P./J. 49/96
 Página: 58
 SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho,
pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en
las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76
bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente,
hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio,
la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo
ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos,
situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto.
 Contradicción de tesis 28/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, y el anterior Segundo Tribunal Colegiado (ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo), ambos del Segundo Circuito. 10 de junio de 1996. Unanimidad
de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez
 El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de julio en curso, aprobó, con el número 49/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede.
México, Distrito Federal, a once de julio de mil novecientos noventa y seis.
 Registro: 2002971
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1
 Tesis: P. XVI/2013 (10a.)
 Página: 358
 AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SUS EFECTOS CUANDO SE CONCEDE POR INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. En el supuesto
referido debe concederse el amparo para el efecto de que el
tribunal de segunda instancia deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva en la que revoque la resolución de
primer grado y ordene al Juez de primera instancia reponer el
procedimiento a partir del auto de formal prisión y declararse
incompetente para conocer de la causa penal respectiva, debiendo remitir inmediatamente las constancias que integran el proceso al Juez de Distrito correspondiente, quien en su carácter de autoridad
responsable sustituta, una vez asumida su competencia, dentro del
plazo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, debe dejar insubsistente el auto de formal prisión y, con plenitud de jurisdicción, resolver la situación jurídica del procesado, sin que la reposición del procedimiento por
haberse advertido una violación trascendente al resultado del fallo
condenatorio, el cual, por consecuencia, resulta nulo de pleno derecho, implique el desconocimiento del derecho a no padecer un doble juicio por el mismo delito, ya sea que se absuelva o se condene, del que disfruta el quejoso conforme al artículo 23 de la Constitución General de la República, lo que se conoce como principio non bis in idem en materia penal, ya que si este precepto
constitucional proscribe ser juzgado dos veces por el mismo delito,
ello significa que el enjuiciado no debe ser sometido a una doble sentencia ejecutoriada, esto es, con la calidad de cosa juzgada, lo que no ocurre cuando no se ha dictado una sentencia definitiva
incontrovertible en el proceso penal de que se trata, como lo
determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en las tesis de rubros: "NON BIS IN IDEM, VIOLACIÓN NO CONFIGURADA AL PRINCIPIO DE, EN CASO DE INCOMPETENCIA."
y "NON BIS IN IDEM, INOPERANCIA DEL PRINCIPIO DE, CUANDO
EL TRIBUNAL QUE CONOCE EN PRIMER TÉRMINO ES INCOMPETENTE."
 Amparo directo 15/2012. 13 de septiembre de 2012. Mayoría de siete votos; votó con reservas: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; votaron en contra: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios:
Amalia Tecona Silva, Eduardo Delgado Durán y José Alfonso Herrera
 El Tribunal Pleno, el catorce de febrero en curso, aprobó, con el número XVI/2013 (10a.), la tesis aislada que antecede. México,
Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil trece.
 Nota: Las tesis aisladas citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 52,
Segunda Parte, página 31 y Volumen 3, Segunda Parte, página 77, respectivamente.
 Registro: 2001493
 Tesis: 1a. CXXXVIII/2012 (10a.)
 Página: 499
 SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMA EL CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR HABER TRANSCURRIDO "UN PLAZO
RAZONABLE" EN SU DURACIÓN. El hecho de que transcurra un
"plazo razonable" después de dictado el auto de formal prisión, sin
que el procesado que se presume inocente esté ejerciendo su derecho de defensa o aun ejerciéndolo hubiera transcurrido un
lapso excesivo en relación con lo dispuesto en la ley y todavía no
exista decisión sobre su culpabilidad o inculpabilidad, puede dar cabida a considerar violados los principios de presunción de inocencia, plazo razonable, dignidad humana y pro homine, emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; por lo que cuando en el amparo se reclama la violación a dichos principios y se otorga al quejoso sujeto a prisión preventiva la
protección constitucional, sus efectos, conforme a la norma
constitucional vigente antes del 18 de junio de 2008 -sistema penal
anterior al nuevo acusatorio adversarial-, implicarían que todas las autoridades de instancia, en el ámbito de sus respectivas
competencias, queden vinculadas a emitir con prontitud las
resoluciones faltantes y acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin dilación alguna; donde la carga de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia no podría ser un argumento válido para aplazar cualquier determinación de absolución o de condena. Por
otro lado, cuando resulten aplicables las reformas a la Constitución
General de la República publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que instauran el nuevo sistema penal acusatorio, si ha transcurrido un plazo superior a 2 años, el imputado no está ejerciendo su derecho de defensa y no se ha pronunciado
sentencia, el efecto de la concesión del amparo será ponerlo en libertad
de inmediato mientras se continúa con el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares conforme al artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental.
 Amparo en revisión 27/2012. 28 de marzo de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma.
 Registro: 168999
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXVIII, Septiembre de 2008
 Tesis: 2a./J. 136/2008
 Página: 215
 AMPARO DIRECTO. ES OBLIGATORIO PRECISAR EN DETALLE LOS EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO DERIVADO DE VIOLACIONES A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO.
Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que
conceda la protección de la Justicia Federal tendrá por efecto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual
violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes
de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo,
y cuando sea negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Ahora bien,
 aun cuando el cumplimiento de las sentencias de amparo directo, en las que el acto reclamado es una resolución definitiva que pone fin a
una controversia y la protección constitucional obedezca a
irregularidades procesales, consista en reparar la violación procesal
restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de que se actualizara ajustándose a los términos de la primera parte del
indicado artículo 80, que haría innecesaria la puntualización de los
efectos del fallo protector, lo cierto es que dada la relevancia de las consideraciones formuladas en las sentencias y la importancia de determinar sus alcances, resulta obligatorio que se detallen sus efectos para facilitar su cumplimiento.
 Contradicción de tesis 134/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Civil y de Trabajo y los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo, todos del Décimo Sexto Circuito. 10 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.
 Tesis de jurisprudencia 136/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de septiembre de dos mil ocho.
 Registro: 175055
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXIII, Mayo de 2006
 Materia(s): Administrativa
 Tesis: 2a./J. 64/2006
 Página: 282
 MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ALCANCE DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE LES OTORGÓ EL AMPARO. Conforme
al artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la
protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en
el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el
acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter
negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En ese sentido, se concluye que en el caso de las ejecutorias que
 concedieron el amparo a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en contra del acto del Congreso
del Estado por el que no se les ratificó en ese nombramiento, su
cumplimiento no consiste solamente en dejar insubsistente la determinación reclamada y que se les ratifique en el cargo referido con la consecuente reinstalación y pago de los sueldos que dejaron de percibir, sino también en dejar sin efectos los actos posteriores a la no ratificación
mencionada, lo que se traduce en dejar insubsistente la designación de
los Magistrados que pasaron a ocupar las plazas que se entendían disponibles como consecuencia de la no ratificación de aquéllos, en virtud de que la ejecutoria de amparo es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas, y
porque el procedimiento para la designación de los nuevos Magistrados
es consecuencia lógica de la no ratificación de los quejosos, pues dicho acto se tradujo en la existencia de vacantes y en la necesidad de cubrirlas, por lo que si la no ratificación se declaró inconstitucional, todos
los efectos que de ella deriven se ven afectados.
 Contradicción de tesis 20/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Décimo Quinto Circuito. 19 de abril de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela
 Tesis de jurisprudencia 64/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de abril de dos mil seis.
 Registro: 179125
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXI, Marzo de 2005
 Tesis: P. VIII/2005
 AMPARO CONTRA LEYES. SUS DIFERENCIAS CUANDO SE TRAMITA EN LAS VÍAS INDIRECTA Y DIRECTA. Las características que distinguen a esas vías tratándose del amparo
contra leyes radican, esencialmente, en lo siguiente: a) En el
amparo indirecto la ley es uno de los actos reclamados y las autoridades legisladoras participan en el juicio como autoridades
responsables, mientras que en el amparo directo la ley no puede
constituir un acto reclamado ni se emplaza como autoridades
responsables a sus autores; b) En la vía indirecta el amparo concedido contra la ley produce la consecuencia práctica de invalidarla por cuanto hace al quejoso, por ende, no se le aplicará mientras esté vigente; en tanto que en la vía directa el amparo se
concede única y exclusivamente en contra de la sentencia, laudo o resolución reclamada y no contra la ley, por tanto, la concesión solamente vincula a desaplicar la ley en ese caso concreto, pero no impide que se le vuelva a aplicar al quejoso; c) En el amparo indirecto pueden rendirse pruebas para demostrar la inconstitucionalidad de la ley, mientras que en la vía directa no existe
tal posibilidad, aun cuando el quejoso pueda apoyarse en las
pruebas ofrecidas ante la responsable para demostrar tal inconstitucionalidad; d) En el amparo indirecto promovido sin agotar antes algún medio de defensa ordinario, el Juez de Distrito tiene amplias facultades para determinar la improcedencia del juicio; en
cambio, en el amparo directo (y en aquellos amparos indirectos
promovidos después de haberse agotado un medio ordinario de defensa) deben respetarse los presupuestos procesales que ya estén determinados por la autoridad responsable, tales como el
interés jurídico, la legitimación, la personalidad, etcétera; e) En el
amparo indirecto los Tribunales Colegiados de Circuito, a partir de las reformas constitucionales de 1994 y 1999, así como de la expedición de diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el 5/2001,
participan como órganos de segunda instancia en virtud de la
delegación de competencia que les hace este Alto Tribunal, conforme a la cual, en determinadas condiciones, resolverán sobre el fondo del asunto y sus decisiones serán terminales; por su parte,
en el amparo directo esos órganos son de primera instancia y sus sentencias también son revisables por la Suprema Corte, solamente en la materia de constitucionalidad de leyes o interpretación directa de la Carta Magna; f) En el amparo indirecto sólo pueden interponer revisión, en defensa de la constitucionalidad de la ley, los titulares de los órganos de Estado
a quienes se encomiende su promulgación, o quienes la
representen, en tanto que en el amparo directo, como ya se dijo,
no participan los órganos legiferantes y, por ende, no son ellos quienes pueden interponer la revisión; en cambio, en muchos
casos, la autoridad que aplicó la ley figura como tercero
perjudicado y puede, con ese carácter, hacer valer dicho recurso; y, g) En el amparo indirecto el Juez de Distrito resuelve sobre la suspensión de los actos reclamados, mientras que en el directo esa decisión le corresponde a la autoridad responsable.
 Contradicción de tesis 37/2003-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.
 El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce
de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2005, la tesis
aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de marzo de dos mil cinco.
 Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.
 El Acuerdo General Número 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citado, aparece
publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 1161.
El acto reclamado es la sentencia
definitiva, laudo
puso fin al juicio. Por tanto, la ley
responsables a sus autores.
práctica de invalidarla por cuanto
hace al quejoso, por ende, no se
reclamada y no contra la ley. Por
le aplicará mientras esté v igente
impide que se le vuelva a aplicar
a l quejoso.
juicio por causas inherentes a la
por causas inherentes al
defin itiva,
resolución que pone fin al juicio.
La primera instancia corresponde, por regla general, a los Juzgados de Distrito. En la segunda instancia participan los Tribuales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso.
La primera instancia corresponde a los tribunales Colegiado de Circuito, y sus sentencias también son revisables por la Suprema Corte solamente en la materia de constitucionalidad de leyes o interpretación directa de la Carta Magna.
Como los órganos de Estado que
intervinieron en el proceso de creación de
la norma general no participan en el
de los órganos de estado a quienes se juicio, no tienen legitimación para
encomiende su proceso de creación, o
quienes lo representen.
El Juez de Distrito resuelve sobre la suspensión de los actos reclamados.
constitucionalidad de la ley, los titulares
Sólo pueden interponer el recurso de
revisión, en defensa de la
interponer el recurso de revisión
La autoridad responsable resuelve sobre la suspensión de los actos reclamados.
 Registro: 2003466
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2
 Tesis: IV.2o.A. J/5 (10a.)
 Página: 1028
 AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE LO CONCEDE POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA ESTIMADA INCONSTITUCIONAL POR
JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA POR UN TRIBUNAL
COLEGIADO COMO ÓRGANO TERMINAL FUNDADO EN LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, DEBE COMPRENDER TANTO LA
ANULACIÓN DEL ACTO DE APLICACIÓN COMO LA
DESINCORPORACIÓN DE LA LEY INCONSTITUCIONAL DE LA
ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Tradicionalmente se ha sostenido que los efectos de la sentencia de amparo directo en que se hace valer la inconstitucionalidad de una ley están limitados
a la anulación del acto concreto fundado en dicha norma y a evitar
que se reitere en el futuro pero sólo respecto de los mismos hechos,
porque en el amparo directo la ley no es señalada como acto reclamado y, por ello, no puede existir un pronunciamiento o declaración sobre su inconstitucionalidad; además, las autoridades
legislativas que la emiten no son parte en el procedimiento, por lo
que no tienen oportunidad de ser escuchadas ni de interponer recursos y, por ende, la ley no puede desincorporarse de la esfera del quejoso. No obstante, de una interpretación de los artículos 1o. y
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el amparo concedido en la vía uniinstancial por la aplicación de una ley estimada inconstitucional por jurisprudencia de
un Tribunal Colegiado de Circuito como órgano terminal, fundado en
la suplencia de la queja prevista en la fracción VI del artículo 76 Bis
de la Ley de Amparo, tiene el efecto de desincorporar la norma tanto del acto de aplicación como de la esfera jurídica del quejoso, en
tanto el vicio de inconstitucionalidad de la norma no sea superado,
dado que no se está realizando un análisis directo y privativo de regularidad de la norma, sino que éste ha sido efectuado
previamente a través de los asuntos que condujeron al establecimiento del criterio jurisprudencial invocado, mediante los cuales la ley fue directa y expresamente impugnada y, por ende, las autoridades legislativas tuvieron intervención en su defensa, habiendo estado en aptitud -inclusive- de hacer valer los recursos procesales a su alcance para revertir la estimación de
inconstitucionalidad de la ley. Lo anterior, porque las autoridades
están obligadas a salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos en la forma más amplia posible, lo que conlleva un deber de alcance más eficaz que la simple restauración de derechos conflagrados, y evitar que el mismo derecho fundamental sea
afectado en el futuro. Por tanto, ante la conflagración manifiesta de
derechos fundamentales, no por el acto de aplicación, sino a través de éste por reflejo de la norma, deben asegurarse tanto su restauración como su salvaguarda y protección futura,
desincorporando la norma de la esfera jurídica del afectado.
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
 Amparo directo 319/2011. Joaquín del Bosque Martínez. 24 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.
 Amparo directo 100/2012. Olga Canavati Fraige viuda de Tafich y otro. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario:
Mario Enrique Guerra Garza.
 Amparo directo 223/2012. Rodolfo Guadalupe González Aldape. 27 de septiembre de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria:
Griselda Tejada Vielma.
 Amparo directo 296/2012. Rodolfo Guadalupe González Aldape. 17 de enero de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario:
Eucario Adame Pérez.
 Amparo directo 13/2013. 18 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Víctor Hugo Alejo Guerrero.
 Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 109/2013, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 145/2013 (10a.) de rubro:
"AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ALCANCE DE LOS EFECTOS DE LA
SENTENCIA CONCESORIA POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA ESTIMADA
 Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis
109/2013, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 145/2013 (10a.) de rubro:
"AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ALCANCE DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA ESTIMADA INCONSTITUCIONAL."
 Registro: 176250
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXIII, Enero de 2006
 Tesis: 1a. CLXXXII/2005
 Página: 729
 LEYES. EFECTOS DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO Y EN EL INDIRECTO. En el amparo directo,
el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la ley
controvertida trae como consecuencia que se deje insubsistente la
sentencia que se funda en ella y se emita otra en la cual no se aplique el precepto legal considerado inconstitucional, y si su
aplicación se realizó en el acto originalmente impugnado ante la
autoridad que emitió la sentencia, el efecto será dejar insubsistente ese acto, para que se emita uno nuevo apegado a lo sostenido en la ejecutoria de amparo. En cambio, la declaración de inconstitucionalidad de una ley en el amparo indirecto tiene como
efecto dejar insubsistente el acto de aplicación y que en el futuro no
se pueda volver a aplicar al peticionario de garantías hasta que se
 Amparo directo en revisión 417/2005. Villauto Monterrey, S.A. de C.V. 18 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.
 Registro: 2002703
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1
 Tesis: P./J. 1/2013 (10a.)
 AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. NO OPERA EL CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL GOBERNADO, A
PESAR DE TRATARSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE
APLICACIÓN. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se
refiere expresamente al consentimiento tácito de los actos
reclamados y a los diversos momentos en que pueden impugnarse
de manera destacada para no tener tal carácter, particularidad que la torna incompatible con el amparo directo, en el cual lo que se reclama como acto destacado no es la ley, sino la sentencia o resolución definitiva, por lo que en todo caso únicamente es
aplicable a la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, mas no a la inconstitucionalidad de la norma, ya que ésta sólo es reclamada a través de los conceptos de violación, habida cuenta que una eventual concesión de la protección constitucional se limitaría al acto impugnado, es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición legal contenida en la parte
considerativa de una sentencia de amparo directo, a diferencia de lo
que sucedería en el juicio de amparo indirecto, no tendría el efecto de impedir que al quejoso se le aplique la norma general respectiva tanto en el acto reclamado como en cualquier otro mientras permanezca vigente, sino que sólo dejaría insubsistente la
resolución impugnada; de ahí que, cuando en la vía uniinstancial se
controvierte la regularidad constitucional de una disposición legal, al
no reclamarse como acto destacado, no puede determinarse que
debe constreñirse al primer acto de aplicación en perjuicio del
gobernado ni tampoco puede regirse por las mismas reglas de
procedencia de la acción en la vía biinstancial, máxime que la mencionada causa se edifica en aspectos que rigen sólo para el amparo indirecto y que son incompatibles con el directo. En tal virtud, no deben declararse inoperantes los conceptos de violación
hechos valer en un juicio de amparo directo respecto de una ley,
cuando la sentencia reclamada constituya su segundo o ulterior acto de aplicación; sin embargo, en todo momento es preciso verificar si
su aplicación perjudica al promovente y si no ha precluido su
derecho a impugnarla.
 Contradicción de tesis 58/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. 22 de noviembre de 2012. Mayoría de nueve votos; votó en contra de la procedencia de la contradicción Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José
Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis
 El Tribunal Pleno, el catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil trece.
 Registro: 159896
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1
 Tesis: 1a./J. 24/2012 (9a.)
 Página: 356
 PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO
QUE CONTIENE EL DELITO POR EL QUE SE CONDENÓ AL
QUEJOSO ES PREFERENTE A LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE LEGALIDAD. De la jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXI, febrero de 2005, página 5, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO
DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.", se advierte que los tribunales colegiados de circuito deben analizar en su integridad los conceptos de violación expresados por el quejoso para
determinar, en su caso, cuál de ellos puede otorgarle un mayor
beneficio en el supuesto de que se le conceda la protección constitucional, para lo cual es indispensable que en la resolución respectiva se plasmen las razones por las que se llegó a tal determinación. Sin embargo dicha regla, lejos de constituir un
parámetro absoluto de aplicación mecánica, implica que dichos
órganos ejerzan libre y responsablemente la jurisdicción de control
constitucional que les ha sido encomendada, procurando resolver las cuestiones que otorguen un mayor beneficio al gobernado. En ese
sentido, si en los conceptos de violación se plantea la
inconstitucionalidad del artículo que contiene el delito por el que se condenó al quejoso, es indudable que, en atención a los efectos de la concesión de las sentencias en los juicios de amparo -salvo que se hicieran valer cuestiones de legalidad que tuvieran como
consecuencia la concesión de un amparo en forma lisa y llana-,
aquél constituye el aspecto que mayor beneficio podría otorgar al quejoso, y, por ende, su estudio es preferente a los que impugnan cuestiones de legalidad que, por ejemplo, únicamente pudieran dar
lugar a reponer el procedimiento por violaciones formales. Lo anterior es evidente aun cuando se llegue a desestimar el planteamiento de inconstitucionalidad del precepto respectivo ya que, en todo caso, el tribunal colegiado de circuito debe exponer las razones por las cuales considera que la protección constitucional que otorga es la de mayor beneficio para el quejoso.
 Amparo directo en revisión 1987/2006. 7 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.
 Amparo directo en revisión 468/2010. 12 de mayo de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.
 Amparo directo en revisión 2334/2009. 2 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: José Luis Ceballos Daza.
 Amparo directo en revisión 1891/2010. 16 de febrero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
 Amparo directo en revisión 1397/2011. 31 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Moisés Martínez Abrica.
 Tesis de jurisprudencia 24/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión
 Nota: La tesis de jurisprudencia citada, aparece publicada con la clave o número de identificación P./J.
 Registro: 179367
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXI, Febrero de 2005
 Tesis: P./J. 3/2005
 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO,
PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE
RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica
para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los
Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten
 fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende
privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales
de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones
que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional.
 El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy siete de febrero en curso, aprobó, con el número 3/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de febrero de dos mil cinco.
 Registro: 2001042
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1
 Tesis: 1a. CXV/2012 (10a.)
 Página: 268
 SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN FAVOR DE MENORES. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY CUANDO
SE ADVIERTE QUE PUEDE SER CONTRARIA AL INTERÉS
SUPERIOR DE AQUÉLLOS. El artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo, ordena suplir la queja deficiente en favor de los
menores de edad; por tanto, al interpretar o aplicar una norma
relacionada con menores, en atención al interés superior de éstos,
el juzgador debe tener en cuenta la amplia gama de derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes relativas a proteger a los niños les confieren, pues los menores, por su falta
de madurez física y mental, necesitan de una protección legal especial a fin de hacer efectivos tales derechos, los cuales les permitirán crecer en un ambiente que les garantice la satisfacción de las necesidades elementales de alimentación, salud, vivienda, educación, sano esparcimiento y demás necesarias para alcanzar un nivel de vida adecuado para su sano desarrollo físico,
espiritual, moral y social que los dignifique; por ello, aun sin existir
queja específica al respecto, cuando en un juicio de amparo directo se advierte que una norma puede transgredir o contrariar
dicho interés, el tribunal colegiado de circuito debe realizar el
análisis respectivo, porque aun cuando esta Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 58/99, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES
PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER.",
estableció que para entrar al análisis de la inconstitucionalidad de
una norma es preciso satisfacer determinadas premisas, ésta no puede aplicarse en perjuicio de un menor, pues se incumpliría con
la orden de suplir la queja deficiente en su favor, y al resolver no
se atendería al interés superior del menor; por ende, el análisis de inconstitucionalidad no puede estar limitado al cumplimiento de requisitos de carácter formal.
 Registro: 193008
 Tesis: 1a./J. 58/99
 Página: 150
 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS
MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una
norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad,
requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de
Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación
suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en
cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento
de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el
señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no
indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional
que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de
constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro
de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia
obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto
de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes.
 Amparo directo en revisión 671/97. Alicia García Medina. 14 de mayo de 1997. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Guillermo Campos Osorio.
 Amparo directo en revisión 794/97. Margarito González Rivera. 28 de mayo de 1997. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.
 Amparo directo en revisión 507/97. Rodolfo Bárbara Gama y otra. 21 de octubre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo.
 Amparo directo en revisión 2822/98. Félix Castillo Carrasco y otra.
7 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero
de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga.
 Amparo directo en revisión 52/99. Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México. 7 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente:
Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.
 Tesis de jurisprudencia 58/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García
 Registro: 172705
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXV, Abril de 2007
 Tesis: 1a. LXXXVIII/2007
 Página: 366
 PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. DETERMINACIÓN DE LA PREEMINENCIA EN EL ESTUDIO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO
DIRECTO Y CUÁL DE ELLOS, DE RESULTAR FUNDADO, SE
TRADUCE EN UN MAYOR BENEFICIO JURÍDICO PARA EL QUEJOSO. Para determinar la preeminencia en el estudio de los
conceptos de violación expresados por el quejoso, el Tribunal
Colegiado de Circuito, deberá: a) examinar la demanda de
garantías y las consideraciones de la sentencia definitiva a efecto de clasificar temáticamente los conceptos de violación y distinguir los aspectos que rijan de manera fundamental el sentido del acto reclamado; b) con el resultado de ese examen, clasificar en orden
de importancia los tópicos tratados en cada uno de los conceptos de violación, sin importar la secuencia en que se hubieren expuesto por el quejoso, ni priorizar injustificadamente el estudio de los relativos a la constitucionalidad de leyes o legalidad del acto reclamado, ya que ello dependerá, necesariamente, del mayor beneficio jurídico que pudiera llegar a obtener el quejoso de resultar fundado alguno de los
argumentos planteados en la demanda; c) hecho lo anterior, abordar
el estudio del concepto de violación que combata el aspecto fundamental que rija el sentido del acto reclamado, ya que de resultar fundado producirá el mayor beneficio jurídico al quejoso. En ese orden de ideas, para estar en aptitud de determinar cuál de los
conceptos de violación expresados, de resultar fundado, se traduce
en un mayor beneficio jurídico para el quejoso, resulta indispensable
distinguir en cuanto a su contenido los distintos tipos de conceptos de violación que pueden expresarse en un juicio de amparo directo,
esto es, los que hagan valer cuestiones relativas al procedimiento o
de fondo y, en este último supuesto, si las violaciones reclamadas se refieren a cuestiones de mera legalidad o entrañan aspectos de inconstitucionalidad de la ley aplicada al quejoso.
 Registro: 175752
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXIII, Febrero de 2006
 Tesis: P./J. 4/2006
 Página: 8
 SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA
DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. De los
procesos legislativos que culminaron con las reformas a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y del entonces 76 de la Ley de Amparo, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951, el 16 de
enero de 1984 y el 7 de abril de 1986, así como del texto del actual artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada, se advierte que si el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe
 suplirse la queja deficiente aunque en la demanda no se hayan reclamado dichas leyes, ni se haya señalado como autoridades responsables a los órganos legislativos correspondientes o denunciado algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se apoya o sustenta el acto. La suplencia debe consistir en juzgar que el acto reclamado se apoya en una disposición
inconstitucional en los términos establecidos por la
jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas, para cumplir con la intención del Poder Reformador de garantizar la constitucionalidad de los actos de autoridad.
 Contradicción de tesis 52/2004-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de octubre de 2005. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora
Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto e Israel Flores Rodríguez.
 El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 4/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.
 Registro: 2004542
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1
 Tesis: 1a./J. 86/2013 (10a.)
 Página: 808
 PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A PROCESO PENAL. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA DESIGNAR A UN TRADUCTOR PRÁCTICO, A FIN DE
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO PLENO A
LA JURISDICCIÓN. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es factible designar intérpretes
prácticos para que asistan a un inculpado indígena, sujeto a un
proceso penal, en el desahogo de las diligencias, ante la
problemática compleja de contar con la asistencia inmediata de peritos intérpretes de instituciones públicas o privadas. Sin embargo, ante la relevancia de la intervención de dichos auxiliares,
toda vez que de la comunicación efectiva y la transmisión de mensajes depende el ejercicio efectivo del derecho de defensa y la posibilidad de evitar una afectación a la esfera jurídica de sus derechos humanos, los elementos básicos que deben satisfacerse para garantizar la protección del derecho humano de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, a fin de considerar jurídicamente aceptable
la designación de un traductor práctico que asista en un proceso
penal a un inculpado, procesado o sentenciado indígena, configuran el siguiente estándar: a) que sea la última medida por adoptar, después de que el Estado agote todas las vías posibles para contar con el apoyo de un intérprete, oficial o particular, profesional o
certificado, que conozca la lengua y cultura de la persona a quien va
a auxiliar; y, b) que, aun tratándose de un traductor práctico, la autoridad tenga elementos para determinar que no solamente conoce la lengua parlante del detenido, sino que también tiene las
condiciones para conocer su cosmovisión derivada de la cultura, ya
sea porque pertenece a la misma comunidad o porque tiene un referente de relación que le permite conocerlo. Dichos aspectos pueden corroborarse con el uso de documentos de identificación, la constancia de residencia o el reconocimiento de los órganos de
representación de la comunidad indígena sobre su pertenencia al
grupo o de alguno con similares características culturales, que pueda informar circunstancias específicas que trasciendan para el ejercicio del derecho de defensa adecuada del inculpado.
 Amparo directo 47/2011. 28 de noviembre de 2012. La votación se dividió en dos partes: cinco votos por lo que se refiere a la concesión del amparo; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Mayoría de tres votos en cuanto a sus efectos. Disidentes: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quienes reservaron su derecho para
formular voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio Veredín Sena Velázquez, José Díaz de León, Jorge Antonio Medina Gaona, Jorge Roberto Ordóñez Escobar y Jaime Santana Turral.
 Amparo directo 54/2011. 30 de enero de 2013. La votación se dividió en dos partes: cinco votos por lo
que se refiere a la concesión del amparo; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular
voto concurrente. Mayoría de tres votos en cuanto a sus efectos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quienes reservaron su derecho para formular voto de minoría. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Juan José Ruiz Carreón, José Díaz de León Cruz, Jorge Roberto Ordóñez Escobar, Jaime Santana Turral y Julio Veredín Sena Velázquez.
 Amparo directo 1/2012. 30 de enero de 2013. La votación se dividió en dos partes: cinco votos por lo
 Amparo directo 51/2012. 30 de enero de 2013. La votación se dividió en dos partes: cinco votos por lo
que se refiere a la concesión del amparo; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Mayoría de tres votos en cuanto a sus efectos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quienes reservaron su derecho para formular voto de minoría. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Juan José Ruiz Carreón, José Díaz de León Cruz, Jorge Roberto Ordóñez Escobar, Jaime Santana Turral y Julio Veredín Sena Velázquez.
 Amparo directo 77/2012. 24 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.
 Tesis de jurisprudencia 86/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiocho de agosto de dos mil trece.
 Registro: 2003190
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2
 Tesis: 2a./J. 27/2013 (10a.)
 Página: 1730
 VIOLACIONES PROCESALES. AL PLANTEARLAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL QUEJOSO NO ESTÁ OBLIGADO A SEÑALAR EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN
LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON AL RESULTADO DEL
FALLO. Los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de
Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede contra
sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al
juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el
 procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; de donde se sigue que es posible que aquél haga valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. Sin embargo, no todas pueden ser materia de estudio, sino sólo las que afecten sus defensas y trasciendan al resultado del fallo reclamado. Ahora bien, de las disposiciones que rigen la
tramitación del juicio de amparo directo y, en específico, la
impugnación de violaciones procesales, no se advierte que exista obligación del quejoso de señalar en sus conceptos de violación la forma en que trascendieron al resultado del fallo, por lo que la falta de esa precisión no puede tener como consecuencia que se
declare inoperante el concepto de violación respectivo. Sostener lo
contrario, impondría al promovente una carga procesal sin
sustento constitucional ni legal que conllevaría materialmente a la denegación de justicia, en contravención del artículo 17, párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
 Contradicción de tesis 449/2012. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito. 23 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente:
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.
 Tesis de jurisprudencia 27/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de febrero de dos mil trece.
 Registro: 160612
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3
 Tesis: 1a./J. 138/2011 (9a.)
 Página: 2056
 AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
160 DE LA LEY DE AMPARO. Para determinar si la categoría de
"violaciones procesales" contenida en el artículo 160 de la Ley de
Amparo es aplicable a las cometidas durante la averiguación
previa, es necesario interpretar tal disposición a la luz de las
reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996; de las que se colige que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones
cometidas durante la fase de averiguación previa. Ello es así, toda vez que dicho órgano hizo alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, señalando que éste prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el juez) como la previa (ante el Ministerio Público). Por lo anterior, algunas de las garantías antes reservadas
para la etapa jurisdiccional ahora deben observarse en la
averiguación previa, criterio que se refuerza si se toma en cuenta que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar, en el amparo directo, la violación a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de
violaciones se traduce en la vulneración de aquéllas. Además, no
debe pasarse por alto la intención garantista del legislador federal, al
establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del citado artículo 160, los casos análogos precisados por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito,