Source: https://vlex.co.cr/vid/sentencia-n-2019-000280-779585065
Timestamp: 2019-10-17 20:03:46
Document Index: 404885718

Matched Legal Cases: ['artículo 587', 'artículo 587', 'artículo 404', 'artículo 543', 'artículo 547', 'artículo 587', 'artículo 587', 'artículo 540', 'artículo 546', 'artículo 587', 'artículo 540', 'artículo 540', 'artículo 2', 'artículo 562', 'artículo 2']

Sentencia Nº 2019-000280 de Sala Segunda de la Corte, 07-03-2019 - Jurisprudencia - VLEX 779585065
Sentencia Nº 2019-000280 de Sala Segunda de la Corte, 07-03-2019
Emisor: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
Exp: 17-001134-0643-LA
Res: 2019-000280
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las doce horas veinte minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve.
Proceso especial establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Puntarenas, por [Nombre 001], [...], contra el ESTADO, representado por su procuradora la licenciada G.V.M., divorciada y vecina de Alajuela. Figura como abogada de asistencia social de la actora, la licenciada Gabriela Carranza León, de calidades desconocidas. Todos mayores.
Redacta el Magistrado O.Á.; y,
I.- ANTECEDENTES: En el escrito inicial, la actora indicó que empezó a laborar para el Ministerio de Seguridad Pública el 1° de marzo de 2006. Agregó que desde hace aproximadamente ocho años se desempeña como encargada de equipo (supervisora), destacada en la delegación de [Nombre 003]). Según mencionó, el 5 de enero de 2017 se le notificó la resolución de reubicación de personal policial n.° [Valor 001], referente al traslado para ejercer su puesto en [Nombre 004]. Ante esa situación, ella interpuso recurso de revocatoria y apelación, pero posteriormente se le informó vía telefónica que permanecía en su lugar de trabajo. Refirió que -en razón de su puesto- ha procedido a denunciar ciertas anomalías en la delegación donde labora, relacionadas con el uso indebido de unidades policiales, abuso del recurso humano y el comportamiento inadecuado e indecoroso de dos agentes. Agregó que después de ello se generó un ambiente laboral tenso con manifestaciones de antipatía hacia ella e incluso amenazas de suprimir el permiso de estudios de que goza. En fecha 4 de noviembre de 2017 se le notificó nuevamente una resolución de reubicación de personal policial (número [Valor 002]) sobre su transferencia a la delegación policial de [Nombre 012] y a pesar de haber recurrido el acto, este se mantuvo. Solicitó se anule la resolución indicada y se le mantenga en la delegación de [Nombre 003]. Requirió -además- se ordene el cese de los actos discriminatorios y de acoso laboral en su contra, se le brinde tratamiento psicológico por estrés, el pago de daños y perjuicios, y las costas. La representante del Estado contestó negativamente y opuso la excepción de falta de derecho. Se opuso a la tramitación de este asunto como un fuero de protección o procedimiento especial, en tanto no se ha dado un hostigamiento laboral ni discriminación alguna en contra de la actora. Mencionó que las actuaciones del demandado han estado apegadas al debido proceso, y la accionante no demuestra su dicho con prueba idónea. El Juzgado de Trabajo de Puntarenas, mediante sentencia número 275, de las 15:45 horas del 19 de abril de 2018, acogió las pretensiones. Declaró la nulidad de la resolución y ordenó al Estado cesar los actos discriminatorios, brindarle atención psicológica que el especialista de su departamento establezca. Lo condenó a pagar daños y perjuicios, intereses y ambas costas. Las personales se fijaron en el veinte por ciento de la condena.
II.- AGRAVIOS: Ante la Sala, la representante del Estado muestra disconformidad con lo resuelto. Plantea los siguientes agravios: 1) Se desatendió completamente la normativa que rige los fueros especiales, así como el criterio de especialidad relativa a esta y se resolvieron aspectos propios de un proceso ordinario. 2) La valoración de la prueba y la escasa fundamentación de la sentencia se enfocaron en aspectos ajenos al objeto del proceso, pues no se expusieron las razones claras para considerar la existencia de discriminación, aspecto que tampoco se logró demostrar. 3) Se establece la nulidad de un acto administrativo de reubicación de personal, a pesar de que este se dictó de conformidad con el ordenamiento jurídico y está sustentado en la necesidad de brindar un mejor servicio público, esencial para la protección y defensa de los ciudadanos. 4) El interés público debe prevalecer sobre el interés privado como el que la actora pretende obtener, además de que la ley permite la reubicación o traslado de los servidores policiales a cualquier parte del territorio nacional, según las necesidades del servicio público. 5) El presente proceso contiene un vicio de nulidad desde que el Juzgado, de manera oficiosa y sin requerirlo así la parte actora en su escrito inicial, lo tramitó como un fuero especial de protección por discriminación, sin dar siquiera audiencia a las partes. 6) Esa actuación significó una actuación parcializada de la autoridad judicial, ya que la actora nunca planteó la demanda como un proceso de fuero especial. 7) Aunque la demandante hizo referencia al cese de actos discriminatorios, no lo hizo con una connotación jurídica, ni tampoco solicitó la aplicación de un fuero especial de protección. 8) Lo que la parte actora relató más bien fue un problema de clima laboral generalizado, así como su discordancia respecto a la evaluación del desempeño que se le aplicó como funcionaria pública y la reubicación ordenada. 9) Con tal decisión -tomada desde el auto de traslado de la demanda y confirmada en la audiencia oral-, se transgredieron normas expresas de orden procesal, establecidas en los artículos 540, 542, 545 y 546 del Código de Trabajo. 10) De esas normas se desprende la necesidad de una solicitud expresa de la parte actora en cuanto a la tramitación de un fuero especial por discriminación, para lo cual deben cumplirse los requisitos legales requeridos en relación con tal gestión, presupuestos que se echan de menos en el presente asunto. 11) El proceso se tramitó como si fuera un fuero especial, pero los planteamientos fácticos y la fundamentación jurídica fueron los de un proceso ordinario de acoso laboral. 12) La tramitación y resolución del asunto se hizo en forma incongruente con las pretensiones de la demanda y las pruebas aportadas, aspectos que deben traer como consecuencia la nulidad del proceso. 13) La normativa laboral no autoriza al juzgador convertir una demanda ordinaria en una solicitud de fuero especial de protección, pues este es un proceso de carácter especial y con una normativa expresa sobre los supuestos en que procede, de manera que no puede servir como una forma de evadir las formalidades de un proceso ordinario. 14) Se incurrió en las causales de los incisos 2 y 3 del artículo 587 del Código de Trabajo debido a la indicada incongruencia, además de que la sentencia es oscura al no determinar los supuestos de discriminación presuntamente cometidos por la empleadora. 15) Su representado hizo ver, durante la audiencia oral, ciertas confusiones en torno a los hechos que se estaban dilucidando y a la aplicación de las normas específicas del fuero especial por discriminación. 16) El fallo recurrido incumplió los requerimientos formales dispuestos por ley, a tal punto que su parte considerativa contiene meras especulaciones en torno a circunstancias que estaban fuera del objeto del proceso. 17) Se tergiversó el contenido de la prueba cuando esta debe valorarse de manera integral. 18) No se hizo referencia a ciertos elementos probatorios y algunos -como el diagnóstico del clima laboral y las declaraciones testimoniales- se consideraron de manera parcial, ya que de estos se extrae la presencia de situaciones propias de un ambiente laboral conflictivo que afectaba a todos por igual, no solo a la actora. 19) Los testigos fueron concluyentes al indicar que a la accionante no se le discriminaba por ningún motivo, aspecto que fue omitido en la sentencia recurrida. 20) Se dio una indebida valoración de la prueba en tanto se utilizaron los elementos solo para fundamentar aspectos favorables a la parte actora, mientras que la misma prueba desmiente lo resuelto en la sentencia. 21) Se incurrió en la causal del inciso 5) del artículo 587 por falta de fundamento en el fallo, a la vez que la base fáctica es insuficiente y no se apoya en criterios objetivos provenientes de una apreciación integral de la prueba. 22) En la sentencia no se determinó ninguna de las causas de discriminación indicadas en el artículo 404 del Código de Trabajo, ni tampoco es posible relacionar alguna de ellas con la fundamentación realizada en esa resolución judicial. 23) Tampoco se indicó algún hecho cometido por el ministerio demandado que pueda ser calificado como discriminatorio por las razones que expone la ley. 24) Al tramitarse como un fuero especial de protección, no se cumplieron los plazos legales establecidos en el artículo 543 del Código de Trabajo, ya que la demanda fue interpuesta el 24 de noviembre del 2017, pero el traslado no se dio sino hasta el 12 de diciembre de 2017, es decir, tres semanas después, a pesar de que dicha norma dispone que debe tramitarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de la solicitud. 25) Su representado fue notificado el 5 de febrero de 2018, con lo cual existió un incumplimiento de los plazos, que además de generar la posibilidad de sanción del artículo 547 del Código de Trabajo, también es causal de casación de acuerdo con el artículo 587 inciso 6) de ese mismo cuerpo normativo. 26) Se impuso la nulidad de un acto administrativo de reubicación de personal, a pesar de que este se dictó de conformidad con el ordenamiento jurídico y se sustentó en la necesidad de brindar un mejor servicio público tendiente a la protección y defensa de los ciudadanos. 27) La indebida valoración de la prueba llevó a que el Tribunal se contradijera en la parte considerativa. Primero se reconoció que la actuación del Ministerio de Seguridad Pública fue conforme a sus potestades legales como patrono estatal; sin embargo, luego se indicó que dicha dependencia procedió en contra del principio de legalidad. 28) El juzgador dejó sin contenido las potestades legales y constitucionales del Estado como empleador, lo cual produce un vicio de nulidad. 29) Existe un vicio de fondo en tanto se desaplicaron las normas sustantivas que le dan al ministro del ramo y al presidente de la República, la potestad de reubicar y trasladar a los servidores policiales en aras de aprovechar el talento humano y así brindar un mejor servicio público. 30) La resolución de reubicación de la demandante se realizó con total respeto de sus condiciones laborales, las cuales se le mantuvieron; al no haber cambio de funciones, salario, ni menoscabo alguno en sus derechos laborales. 31) Si la demanda hizo referencia a situaciones de discriminación, en realidad se refería a lo que se consideraba como actos de represalia de sus compañeros de delegación, así se extrae de la propia demanda y de las declaraciones rendidas por los testigos de la parte actora, de donde no se infiere algún supuesto de discriminación. 32) El juzgador, por su cuenta, convirtió en fuero especial el proceso ordinario establecido así por la parte actora, desatendiendo la regulación que los artículos 404 al 410 del Código de Trabajo establecen acerca de la prohibición de discriminar. 33) Lo anterior provocó que se tramitara un proceso especial por discriminación, sin indicarse la causal específica, lo cual -por imperativo legal- se debió hacer desde el traslado a la representación estatal. 34) La parte actora estaba obligada a indicar concretamente los hechos que consideraba discriminatorios, establecer el motivo de la discriminación y demostrar los términos de comparación con sus otros compañeros que acreditaran un trato desigual. 35) No existe norma que disponga alguna distinción en cuanto a los derechos de la demandante con respecto a funcionarios de iguales condiciones. 36) A pesar de que se acreditó un actuar legítimo del ministerio demandado, se fijaron las costas personales en el 20% del total de la condenatoria, cuando lo procedente -en caso de una sentencia adversa- es resolver sin especial sanción en dichos gastos, según lo dispuesto en los artículos 563 Código de Trabajo y 222 del anterior Código Procesal Civil. 37) Eso es así cuando se tienen motivos suficientes para litigar como parte oponente, lo cual se ha realizado de buena fe; máxime que la sentencia acogió parcialmente la excepción de falta de derecho opuesta por el Estado y desestimó ciertos extremos, lo que confirma la necesidad del Estado de ejercer una defensa contra la demanda. 38) La buena fe de su representado también se evidencia con el hecho acreditado de que la conducta reprochada en el presente asunto se realizó de conformidad con potestades legales, lo cual conllevó a la contestación negativa de los hechos, en aras de evitar que se concedieran pretensiones contrarias al ordenamiento jurídico y respecto de las cuales la parte actora no tenía derecho, tal y como se determinó en sentencia. 39) Con lo anterior, se dieron dos causales de exoneración según los dispuesto en los artículos 222 del anterior Código Procesal Civil y 563 del Código de Trabajo, aplicables al presente asunto. 40) El 20% fijado por costas personales excede el porcentaje que legalmente corresponde, además de que no se indican los fundamentos y la normativa que sustenta dicho porcentaje. 41) La parte actora agotó su participación procesal y esfuerzo litigioso al interponer la demanda, motivo por el cual solicita que en caso de mantener lo resuelto, se exonere al Estado, dada la simplicidad del proceso. 42) De manera subsidiaria, si existiera algún motivo que impida la exención en costas, pide se fije el porcentaje mínimo establecido por la ley. 43) Requiere se revoque la sentencia recurrida respecto de los extremos de intereses y de indexación, ya que tal condenatoria también carece de fundamentación. No se indica el sustento normativo que permite ordenar la indexación de los montos; ni se establece el procedimiento para ello, pues tanto la indexación como los intereses surten el mismo efecto de compensación.
III.- DEL RECURSO POR LA FORMA: Aunque no se señalan de manera claramente distintiva, de la lectura del recurso ante la Sala se desprenden tres agravios por la forma, a saber: incongruencia del fallo, falta de fundamentación e incumplimiento de plazos. Todos los anteriores se encuentran previstos en el artículo 587 del Código de Trabajo como motivos de casación por la forma (incisos 2, 4 y 6). En cuanto al primer reproche, este hace referencia a que se haya tramitado el asunto como un proceso especial de protección de fueros especiales y tutela del debido proceso (artículo 540 y siguientes del Código de Trabajo) porque –según la recurrente- la actora no lo reclamó así y tampoco hizo alusión a una situación de discriminación. En la demanda, la accionante dio cuenta de que sufrió actos discriminatorios por haber denunciado internamente ciertas anomalías en la estación de policía donde labora, ubicada en [Nombre 003]. Agregó que ello generó un ambiente hostil hacia ella y luego se le comunicó la resolución de traslado a otra delegación cantonal. Si bien en el escrito inicial no se observa que la gestionante haya hecho alusión expresa a las normas que protegen los fueros especiales y la tutela al debido proceso (ni tampoco le dio ese tipo de denominación –lo cual no era necesario en todo caso-), de la pretensión y de los hechos se observa un claro reclamo en ese sentido. Eso generó que el juzgador procediera a tramitar el asunto de la manera como lo hizo. La persona juzgadora tiene la posibilidad de desacumular pretensiones y de orientar la tramitación del proceso (artículo 546 del Código de Trabajo); e incluso –en ciertos casos- de idear el procedimiento más adecuado de conformidad con el numeral 428 del Código de Trabajo. Según los hechos y las pretensiones formuladas, el juzgador entendió que la actora alegaba una situación discriminatoria en su contra, de ahí que procediera con la tramitación como lo hizo. Por los hechos referidos en el escrito inicial y la forma como se desarrolló la audiencia preliminar, debe indicarse que la pretensión de la demandante sí se direccionó a activar el procedimiento especial de protección regulado en los artículos 540 y siguientes del Código de Trabajo. Es importante aclarar que en la audiencia respectiva quedó definida la voluntad de la parte actora para que su pretensión se tramitara de acuerdo con ese procedimiento especial. Así las cosas, el demandado sí tuvo la oportunidad de formular su defensa en ese sentido. En lo que respecta a la falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia, ha de indicarse que el deber de fundamentar adecuadamente las resoluciones judiciales constituye una obligación consustancial a los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa. La materialización de las razones que condujeron a la persona juzgadora a adoptar una u otra decisión es lo que permite a las partes poder ejercer control sobre lo resuelto, mediante los mecanismos procesales concebidos para ello. De ahí que los artículos 421 y 560 del Código de Trabajo establecen expresamente la obligación de razonar las decisiones. Ese último señala que en la parte considerativa del fallo se indicarán “ …los medios de prueba en que se apoya la conclusión y las razones que la amparan y los criterios de valoración empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, mediante una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos… se darán las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales, se bastanteará la procedencia o improcedencia de las proposiciones... Es indispensable citar las normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones propuestas”. Analizada la sentencia recurrida, se advierte que el juzgador sí expuso las razones jurídicas y de hecho en las cuales sustentó su decisión. En el fallo se indican los motivos que el juez consideró como suficientes para determinar que existió discriminación; y los elementos probatorios en que se basó, además de dejar clara la referencia probatoria que sirvió de sustento a ello. Los demás alegatos de la recurrente en cuanto a una indebida fundamentación realmente constituyen reproches de orden sustancial, por aplicación incorrecta de la ley e indebida valoración de los elementos probatorios, los cuales serán analizados en el apartado siguiente, dado los principios de sencillez e informalismo que rigen el proceso laboral (artículos 421 y 426, Código de Trabajo ). En lo atinente al incumplimiento de los plazos, el inciso 6 del artículo 587 a lo que refiere es al del dictado de la sentencia. La recurrente alude a otros plazos relacionados con el traslado y notificación de la demanda. Si bien el inciso 1 del referido numeral establece una causal genérica para la procedencia del recurso por la forma, no procede anular por ese motivo, dado el principio de celeridad que permea la jurisdicción laboral, además de que es irrazonable decretar la nulidad por la nulidad misma, es decir, cuando no se evidencian perjuicios causados a la parte que la alega –en este caso, el demandado-.
IV.- ANÁLISIS DEL CASO: El proceso especial regulado a partir del artículo 540 del Código de Trabajo, denominado “Protección en fueros especiales y tutela del debido proceso”, constituye una vía sumarísima para constatar la violación de los fueros especiales de protección ahí regulados, la infracción de los procedimientos a los que las personas trabajadoras tengan derecho, o bien, la de formalidades o autorizaciones previstas con motivo del despido o cualquier medida disciplinaria. Este proceso especial también se previó para que las personas trabajadoras puedan impugnar situaciones de discriminación, por cualquier causa, que ocurran en el lugar de trabajo o con ocasión de este. La competencia del órgano jurisdiccional se reduce a determinar la violación del fuero, de los procedimientos, formalidades o autorizaciones y/o la existencia de un acto discriminatorio. Cualquier otra cuestión que pretenda debatirse en este proceso especial excede la competencia del órgano jurisdiccional y el objeto para el que fue creado. El artículo 540 establece: “Las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que en virtud de un fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser afectados, podrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta sección, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de fueros especiales de protección, de procedimientos a que tienen derecho, formalidades o autorizaciones especialmente previstas. […] También, podrán impugnarse en la vía sumarísima prevista en esta sección, los casos de discriminación por cualquier causa, en contra de trabajadores o trabajadoras, que tengan lugar en el trabajo o con ocasión de él”. (Así reformado por el artículo 2° de la ley n.° 9343 del 25 de enero de 2016, ‘Reforma Procesal Laboral’). Nótese que en el último enunciado se dejan abiertas las causales de la discriminación que pueden ser alegada s. Esa norma se relaciona con el numeral 404 ídem que establece la prohibición de toda discriminación en el trabajo, entre otras, por cualquier forma análoga a los supuestos expresamente establecidos en ella, por lo que debe entenderse que no solo se limita a estos. Como resultado de ello, se prohíbe el despido de la persona colaboradora y se establece -como efecto- el deber de reinstalarla en su puesto de trabajo con el pleno goce de sus derechos y las consecuencias previstas para la sentencia de reinstalación (artículos 406 y 410 ídem). Como se dirá, la actora cumplió con la obligación que le impone el numeral 409 del Código de Trabajo en cuanto a “señalar específicamente el sustento fáctico en el que funda su alegato y los términos de comparación que substancie su afirmación”. En contraposición, el inciso 10 del numeral 478 del Código de Trabajo establece que le corresponde a la parte empleadora “la justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas o las conductas señaladas como discriminatorias en todas las demandas relacionadas con discriminaciones”. Nótese que la accionante reclama en este proceso un trato discriminatorio en el traslado que se ordenó de la delegación policial de [Nombre 003] a la de [Nombre 012], ya que ella había denunciado actuaciones anómalas realizadas por algunos de sus compañeros y la inercia de la jefatura al respecto. Ese precisamente es el hecho que sustenta la discriminación alegada y el hecho de que el traslado se le aplicara a ella y no a otros compañeros en igualdad de condiciones. En razón de lo anterior, el accionado debió demostrar que efectivamente la situación presentada en la delegación de [Nombre 012] ameritaba el traslado, así como los motivos por los cuales se optó por la actora y no por otra persona funcionaria. La representante estatal acusa una indebida valoración de la prueba y la omisión de que esta se haya apreciado de manera integral; insiste en que no se demostró ningún acto discriminatorio en contra de la funcionaria. Vistos los agravios formulados se estima que la recurrente no lleva razón. En autos existen suficientes indicios graves y concordantes para concluir que efectivamente el acto de traslado de la accionante a la delegación policial de [Nombre 012] respondió a una acción discriminatoria contra ella. Para tal conclusión, es importante mencionar lo que ha sido acreditado: que el puesto de la actora es el de supervisora (encargada de equipo) y que -en razón de este- ella había detectado varias irregularidades relacionadas con el uso indebido de unidades policiales, abuso del recurso humano y el comportamiento inadecuado e indecoroso de dos agentes. Según ella refirió, hizo ver esas inconsistencias en varias ocasiones al capitán [Nombre 017], su jefe inmediato, quien al principio no mostró interés. No obstante, ante su insistencia, el jefe de la delegación procedió a realizar una reunión con las personas involucradas, donde se expusieron los problemas que ella venía evidenciando. Luego de dicha reunión, la actora percibió un ambiente tenso; y a raíz de esa reunión también se realizó una intervención de diagnóstico del clima laboral por parte del Departamento de Trabajo Social del Ministerio de Seguridad Pública. Con esa gestión se dejaron al descubierto ciertas actuaciones indebidas de varios funcionarios de la Delegación y la omisión de la jefatura para tomar una decisión que diera respuesta a esas contingencias, en razón de lo cual se emitieron recomendaciones en torno a dicha problemática. Ese estudio tuvo su origen en la inquietud de la actora por hacer ver situaciones que se venían presentando desde tiempo atrás. Es evidente que la tensión y negatividad hacia la accionante se intensificó después de la reunión y del diagnóstico de clima laboral, mediante manifestaciones como gestos, amenazas y frialdad en la comunicación. El recurrente hace alusión a un ambiente laboral conflictivo que afectaba a todos por igual, pero precisamente este fue el resultado de la decisión tomada por la accionante –en cumplimiento de su deber ético- de poner al tanto a las autoridades de lo que estaba sucediendo, en relación con presuntos actos de corrupción realizados por algunos de su compañeros. Es razonable que luego de esa situación, se diera una especie de aversión hacia la actora de parte de los involucrados y de otros compañeros; y como parte de ello, la decisión de la jefatura de ordenar injustificadamente su traslado. En abono a esta conclusión, destaca el primer intento de traslado de la actora a [Nombre 004], en diciembre de 2016, decisión dejada sin efecto ante la impugnación promovida por el la. En lo que respecta a la resolución de reubicación a [Nombre 012] (objeto de este proceso), de los testimonios de [Nombre 027] y [Nombre 028] se desprende que simplemente se procedió a cambiar a la actora por un funcionario de [Nombre 012] y viceversa. Esa última testigo refirió que enviaron a una persona con el mismo puesto de la accionante desde [Nombre 012] a [Nombre 003] y en ambos casos se dio la misma justificación para el traslado (necesidad operativa). Lo anterior deja insubsistente la causa objetiva de la transferencia o necesidad de personal de aquella otra Delegación alegada por la representación estatal para justificar ese acto. La parte accionada se fundamenta en una necesidad de satisfacción del interés público y protección de la ciudadanía, lo cual no se ha demostrado fehacientemente. Los declarantes aportados por el Estado se limitaron a negar la discriminación, pero no dieron razones concluyentes para tener por justificada la medida. La posición de la representación estatal se ha basado en criterios jurídicos como la potestad de ius variandi, la posibilidad de traslado y la necesidad de reforzar la delegación de [Nombre 012], dado el índice de criminalidad en ese cantón. No obstante, además del intercambio de personal -puro y simple- antes reseñado y que desdice la necesidad de mayor personal en esa otra Delegación; no se presentaron hechos o cifras concretas que sustentaran su dicho y demostraran que efectivamente se requería del traslado específico de la accionante a ese otro puesto. Se echa de menos entonces la acreditación de ese hecho objetivo que desplace los motivos discriminatorios del traslado. La Sala no desconoce la potestad de administración del personal con la que cuentan las autoridades públicas, particularmente , de los cuerpos de policía nacional. Sin embargo, frente a los graves indicios de estar frente a una decisión discriminatoria, el Estado debió probar la razón o el motivo objetivo por el que eligió a la actora como la única candidata al traslado y no a otra persona de la delegación de [Nombre 003], obligación que no cumplió y que, más bien se ve debilitada con los indicios expuestos. Por esa razón, el juzgador hizo referencia a que si bien existían dichas potestades legales de traslado, el acto objeto de este proceso no se justificó debidamente en esos supuestos. Es claro que si un acto administrativo contraviene lo dispuesto en la ley, estaría violando el principio de legalidad. No lleva razón la recurrente en cuanto a que el juzgador se basara en simples especulaciones; ni tampoco es motivo para variar lo resuelto que a la funcionaria se le garantizara el mismo salario y funciones, ya que la medida del traslado sin causa es lo que se analiza en este proceso. Sin embargo, es evidente que esa decisión le generaría -a la accionante- problemas de índole personal y familiar, en tanto su domicilio y el de su familia es en [Nombre 003]. El nuevo lugar de traslado fue a [Nombre 012], lo cual razonablemente -se entiende- le ocasionaría mayores inconvenientes, costo de tiempo y gastos; y además, por cuanto es madre de personas menores de edad, quienes se verían perjudicadas con una limitación en el tiempo familiar. En razón de las consideraciones descritas, no le asiste razón al recurrente en cuanto a los agravios por indebida apreciación de la prueba y de los hechos que apunta, a fin de pretender la anulación de lo sentenciado, pues es claro que la decisión de traslado de la actora a la Delegación de [Nombre 003] fue una medida discriminatoria, acordada deliberadamente en su perjuicio con el fin de perjudicarle a ella en forma particular, alterando sus condiciones de trabajo y situación de igualdad en relación con sus compañeros, sin justificación objetiva que la sustente.
V.- SOBRE LAS COSTAS: La representante estatal no está de acuerdo con la condena en costas impuesta al Estado. No obstante, dicha condena obedece a que dicha parte resultó vencida en un proceso donde se resolvió el fondo del asunto (artículo 562 del Código de Trabajo), sin que se observe que el demandado haya actuado con evidente buena fe al negar pretensiones del escrito inicial y no demostrar su posición (numeral 563 ídem ). Además, el porcentaje se encuentra dentro de lo establecido en dicha norma, el cual se estima razonable porque se ajusta a los parámetros que ella establece: la posición económica de las partes, la labor realizada y la cuantía de la cosa litigada.
VI.- RESPECTO A LA INDEXACIÓN: La recurrente muestra disconformidad con la condena al pago de intereses e indexación. El numeral 565 ídem autoriza el pago de ambos rubros y establece la forma como se calcularán. Dicha norma establece lo siguiente: "Toda sentencia de condena a pagar una obligación dineraria implicará para el deudor, salvo decisión o pacto en contrario, aunque no se diga expresamente: 1.- La obligación de cancelar intereses sobre el principal, al tipo fijado en la Ley N.° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, a partir de la exigibilidad del adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma. Si la condena lo fuera a título de daños y perjuicios, el devengo de intereses se iniciará desde la firmeza de la sentencia. Para las obligaciones en moneda extranjera, se estará a lo dispuesto en ese mismo Código para las obligaciones en dólares de los Estados Unidos de América. 2.- La obligación de adecuar los extremos económicos principales, actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago. El cálculo de intereses se hará sobre los montos condenados o resultantes después de su liquidación, antes de ser llevados a valor presente, y luego se hará la adecuación indicada en el último párrafo, únicamente sobre los extremos principales". (Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, "Reforma Procesal Laboral"). En consecuencia, el fallo no contiene ninguna falencia o violación de la ley en cuanto a ese aspecto.
Se declara sin lugar el recurso.
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique O.Á. Roxana Chacón Artavia
Res: 2019000280
HVARGASP/wdcerdas