Source: https://www.scribd.com/document/91857797/Apunte-Contratos-Parte-General-AbuslemePinto-ACTUALIZADO-AL-30-de-ABRIL-de-2012
Timestamp: 2017-07-20 15:50:11
Document Index: 241468310

Matched Legal Cases: ['artículo 1438', 'artículo 1445', 'artículo 1444', 'artículo 1552', 'artículo 1489', 'artículo 1550', 'artículo 1547', 'artículo 1455', 'artículo 46', 'artículo 1566', 'artículo 1443', 'artículo 1707', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 576', 'artículo 1558', 'artículo 1546', 'artículo 1567', 'artículo 1567', 'artículo 1545', 'artículo 1545', 'artículo 1962', 'artículo 1558', 'artículo 1560', 'artículo 1550', 'artículo 1550']

Apunte Contratos Parte General. AbuslemePinto (ACTUALIZADO AL 30 de ABRIL de 2012)
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Jorge Muñoz Juan Pablo Pinto César Abusleme
CAPÍTULO I. CONCEPTO DE CONTRATO.
1. Definición doctrinal de contrato. El Contrato es un “acto jurídico bilateral o convención que crea derechos y obligaciones”. Esta definición es consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad y sus subprincipios: a. En la fase de formación del contrato, estos subprincipios son (1) el consensualismo y (2) la libertad contractual. b. En la fase de ejecución del contrato (es decir, cuando la relación jurídica ya se encuentra constituida), estos subprincipios son (3) la fuerza obligatoria de los contratos, y (4) el efecto relativo de los contratos. 2. Concepto de contrato en el Código Civil. El artículo 1438 CC señala que “contrato o convención, es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. Criticas: a. Contrato y convención no son lo mismo. La convención es el género (acto jurídico bilateral que crea, modifica o extingue obligaciones) y el contrato es la especie (actos creador de obligaciones). b. La definición se salta un paso: pareciera que el objeto del contrato fuera la cosa que se debe dar, hacer o no hacer. Sin embargo, el objeto del contrato son las obligaciones que éste crea. La cosa que se deber dar, hacer o no hacer, no es sino que el objeto de estas obligaciones y se conoce como prestación. 3. Elementos de los contratos. i. Elementos comunes a todos los contratos. Estos son la causa lícita, el objeto lícito, la capacidad y el consentimiento libre y espontáneo, como lo prescribe el artículo 1445 CC. Elementos comunes a cada contrato. Estos son los elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales, como lo prescribe el artículo 1444 CC.
4. Funciones de los contratos. Función social: medio de cooperación y colaboración entre los hombres.
Función económica: circulación de bienes y servicios, redistribución de la riqueza, etc. 5. Subfunciones de los contratos. i. ii. iii. De cambio (compraventa) Crédito (mutuo, contratos bancarios) Garantía (fianza, hipoteca, prenda) iv. v. vi. vii. viii. Custodia (deposito) Laboral Previsión (seguros) Recreación Cooperación
CAPÍTULO I. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS POR EL CÓDIGO CIVIL.
1. Contratos unilaterales y contratos bilaterales. (Art. 1439 CC) El criterio utilizado para distinguir entre contratos unilaterales y bilaterales es estrictamente TÉCNICO-JURÍDICO: se observa cuantas partes quedan obligadas. En el contrato unilateral una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. En el contrato bilateral las partes contratantes se obligan recíprocamente. En el contrato propiamente bilateral o sinalagmático perfecto las obligaciones de las partes nacen al mismo tiempo (por ejemplo, obligación de pagar el precio y obligación de entregar la cosa). En cambio, los contratos sinalagmáticos imperfectos nacen como contratos unilaterales, pero ulteriormente emerge una obligación para la parte que originalmente estaba dispensada. Este contrato, sigue siendo unilateral, ya que la clasificación opera al momento de formación del contrato. Los contratos plurilaterales son aquellos que provienen de la manifestación de voluntad de dos o más partes, todas las cuales resultan obligadas en vistas de un objetivo común. El ejemplo típico es el del contrato de sociedad. Esta distinción es importante, porque sólo en los contratos bilaterales se puede aplicar: a. La excepción de contrato no cumplido, o de “mora purga la mora” (artículo 1552 CC).
b. La resolución por inejecución, más conocida como cláusula resolutoria tácita (artículo 1489 CC). c. La teoría de los riesgos (artículo 1550 CC). d. La teoría de la imprevisión. 2. Contratos gratuitos y onerosos. (Art. 1440 CC) El criterio utilizado para distinguir entre contratos gratuitos y onerosos es ECONÓMICO: se observa cuantas partes son beneficiadas u obtienen una utilidad con el contrato. El Código define los contratos gratuitos como aquellos que tienen por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y los contratos onerosos como aquellos que tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Inconscientemente, suele superponerse esta clasificación a la anterior, diciendo que los contratos unilaterales son gratuitos y los bilaterales son onerosos. Sin embargo, la primera clasificación atiende a un criterio técnico mientras que la segunda a un criterio económico. Por eso podemos encontrar contratos unilaterales onerosos, como el mutuo de dinero, y bilaterales gratuitos, como el mandato no remunerado (muy típico en las relaciones de familia). Esta distinción es importante porque: 1. En silencio de las partes, se aplica el artículo 1547 CC que establece que en los contratos onerosos, el deudor responde de la culpa leve, y en los contratos gratuitos se debe distinguir: si el contrato cede en el sólo beneficio del deudor (comodato) éste responde la culpa levísima; si el contrato cede en el sólo beneficio del acreedor (donación) el deudor responde por la culpa grave. 2. La doctrina ha entendido que las obligaciones de garantía (responder por la evicción o por los vicios oculto de la cosa) reguladas sólo a propósito de determinados contratos (como la compraventa y el arrendamiento) son elementos de la naturaleza de todos los contratos onerosos. 3. Los contratos gratuitos son por lo general intuito persona, y por ende opera el artículo 1455 CC, referido al error en la persona. ** Estos 3 primeros son los más importantes. Hay que saberlos. 4. Los contratos gratuitos imponen deberes de reconocimiento a quienes reciben los beneficios (ver artículos 1428 y ss., 321, 1417 y 1626 del Código Civil).
5. En la acción pauliana basta probar la mala fe del deudor, cuando el contrato es gratuito, pero en caso de ser oneroso, debe también probarse la mala fea del tercero que contrata con él (Art. 2468 CC). 6. Si el arrendador transfiere a título gratuito (o “lucrativo”, como dice el Código) la cosa arrendada, el adquirente está obligado a respetar el contrato de arrendamiento (Art. 1962 CC). 3. Contratos conmutativos y aleatorios. (Art. 1441 CC) Esta es una subclasificación de los contratos onerosos. El Código define al contrato conmutativo como aquel en que cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente de la otra. Esta definición es completamente anacrónica. Hoy se ha superado el concepto de “equivalencia en las prestaciones”, ya que es evidente que si Juan entrega $200 a Pedo por un auto, Juan considera más valioso el auto que los $200 que entrega. De este modo, el “valor” de las cosas es subjetivo. Además, la definición sólo sirve para las obligaciones de dar y hacer, sin incluir las de no hacer, sin motivo aparente. A su vez, el Código Civil define los contratos aleatorios como aquellos en que la equivalencia consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Esta definición es aun peor, porque es imposible que una cosa sea equivalente a otra si su valor es incierto. En realidad, esta clasificación no atienda a la equivalencia de las prestaciones, sino que a la posibilidad de hacer un cálculo racional de los beneficios que se obtendrán con el contrato. En la compraventa de un auto, hay conmutatividad, porque sé lo que estoy comprando, el año, sus condiciones, etc. En la compraventa de una partencia minera o en la compraventa de “las crías que tengan el próximo año las vacas 1 y 2 del ganado”, hay aleatoriedad, porque no se cuanto mineral queda por extraer ni cuantas crías tendrán las vacas 1 y 2 el próximo año. La importancia de esta distinción radica en que la lesión enorme y la teoría de la imprevisión, sólo se aplican a los contratos conmutativos. 4. Contratos principales y accesorios. (Art. 1442 CC) El contrato principal es aquel que subsiste por si mismo sin necesidad de otra convención (compraventa, arrendamiento). El contrato accesorio es aquel que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.
En doctrina existen 2 clases de contratos accesorios. Los contratos accesorios de garantía o cauciones y los contratos accesorios dependientes. Sin embargo, para el Código sólo existen los primeros. La cauciones, como lo prescribe el artículo 46 C.C. son “cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación, propia o ajena”. Se clasifican en: i. ii. Cauciones reales: se afecta un bien o bienes al cumplimiento de una obligación (prenda, hipoteca). Cauciones personales: se afecta uno o más patrimonios al cumplimiento de una obligación (fianza, solidaridad, cláusula penal).
Los contratos accesorios dependientes son aquellos que están supeditados a otra convención, pero sin garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales hechas antes del matrimonio, sólo van a tener valor si se celebra el matrimonio: dependen de éste. La importancia de esta clasificación radica en que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. 5. Contratos consensuales, solemnes y reales. (Art. 1443 CC) El Código Civil dice que el contrato real es aquel que para que sea perfecto requiere de la tradición de la cosa a que se refiere. Esta definición es incompleta, porque si bien algunos contratos reales se perfeccionan con la tradición, como el mutuo, otros sólo se perfeccionan con la entrega de la cosa, como en el comodato. El contrato solemne es aquel que está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales (solemnidades), de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil (escritura pública en compraventa de bienes raíces, escritura pública o privada en el contrato de promesa). El contrato consensual cuando se perfecciona por el sólo consentimiento, esto es, basta el acuerdo de voluntades (mandato, compraventa de bienes muebles). En teoría, el consensualismo es la regla general. Sin embargo, existentes muchas EXCEPCIONES, cuales son los variados contratos reales y solemnes, y muchas otras tantas ATENUANTES que son las formalidades por vía de prueba, por vía de publicidad o habilitantes.
CAPÍTULO II. OTRAS CLASIFICACIONES DE LOS CONTRATOS
El Código Civil no agota todas las posibles clasificaciones. También la doctrina agrega otras.
1. Contratos nominados e innominados. Los contratos nominados son aquellos que están regulados en la ley (mandato, compraventa, arrendamiento). Los contratos Innominados son aquellos que no están regulados, y son producto de la autonomía privada y libertad contractual (por ejemplo, contrato de know-how). Es importante esta distinción para determinar las normas supletorias (elementos naturales) de los contratos innominados: ¿hay que aplicar reglas generales? ¿Hay que aplicar las normas de los contratos “más parecidos”? ¿Hay que desentrañar la voluntad de las partes? 2. Contratos de ejecución instantánea, de ejecución diferida y de tracto sucesivo. Los contratos de ejecución instantánea son aquellos en los cuales las obligaciones se cumplen apenas se celebra el contrato que las generó (compraventa de un diario en un kiosco, de una cena en un restaurante). En los contratos de ejecución diferida las obligaciones se cumplen dentro de un plazo (el vendedor entrega la cosa y espera el pago del precio para dentro de un mes). En los contratos de tracto sucesivo el cumplimiento va escalonado en el tiempo, durante un lapso prolongado (contrato de arrendamiento, compraventa con pago en cuotas, entrega de mercadería mes a mes). Importancia: 1) La nulidad y resolución en los contratos de ejecución instantánea y diferida operan con efecto retroactivo (compraventa, por ejemplo, el comprador devuelve la cosa, y el vendedor devuelve el dinero). Pero en los contratos de tracto sucesivo esto es imposible devolver determinadas prestaciones (el arrendatario no puede devolver “el haber habitado la casa”), y por tanto este efecto retroactivo no se produce. 2) La teoría de la imprevisión es con respecto a los de tracto sucesivo y también puede aplicarse a aquellos de ejecución diferida. Pero es imposible en los contratos de ejecución instantánea, porque no hay tiempo para que surja un imprevisto. 3) La cláusula de aceleración o de caducidad convencional del plazo es típica de los de tracto sucesivo. Este tema se profundiza en el estudio de las obligaciones a plazo.
3. Contratos individuales y colectivos. En los contratos individuales para la creación del contrato es necesaria la manifestación de voluntad de todos los involucrados jurídicamente (regla general). En cambio, en los contratos colectivos se crean obligaciones para personas que no concurrieron a su celebración, que no consintieron, o que incluso disintieron, oponiéndose a la celebración del contrato (contrato colectivo de trabajo). 4. Contratos libremente discutidos y contratos de adhesión. Los contratos libremente discutidos son aquellos en que las partes han deliberado en cuanto a su contenido, examinando y ventilando atentamente las cláusulas del contrato. En cambio, el contrato de adhesión es aquel cuyas cláusulas son dictadas o redactadas por una sola parte. La otra se limita a aceptarlas a adherirse a estas (contrato con VTR, contrato de transporte con el Transantiago, etc.). Se ha criticado que en realidad, en los contratos de adhesión igualmente es fundamental la voluntad de quien “se adhiere” y por ellos se ha dicho que en realidad el rasgo decisivo de la adhesión se encuentra en el desequilibrio del poder negociador de los contratantes: el contrato es en realidad creado por el oferente que dicta las cláusulas de éste. Respecto a su naturaleza jurídica existen 2 tesis: 1) Tesis anticontractual. No son realmente contratos, el consentimiento supone un debate entre las partes, lo que implica la igualdad de situación de ellas. 2) Tesis contractual. Es un contrato, la voluntad del aceptante es indispensable para la conclusión del acto. La adhesión es un modo especial de aceptación. Ambos consentimientos tienen jurídicamente el mismo valor, aunque no participen en las mismas condiciones. Para corregir los abusos de los contratos de adhesión se han creado determinadas reglas de interpretación de estos contratos: i. La regla de interpretación contra el redactor consiste en interpretar las cláusulas ambiguas en contra del oferente que redactó todo el contrato. Nuestro Código Civil la contempla en el inciso segundo del artículo 1566. La regla de preferencia de la cláusula manuscrita sobre la impresa se justifica en el hecho de que en lo manuscrito habría más deliberación que lo impreso de antemano por el redactor del contrato. El Código Civil no la contempla.
Más allá de estas reglas, existen otras soluciones que pretenden evitar abusos por parte de quien tiene más poder negociador. a) Contratos dirigidos y regulación estatal de determinadas cláusulas, como por ejemplo es el que el Estado imponga máximos tarifarios (se retoma en el siguiente capítulo). b) Homologación por el poder publico de los modelos de contratos estandarizados que se van a ofrecer después a los consumidores. Por ley se establecen “modelos” que los oferentes deben seguir. c) Generalización de los contratos tipo bilaterales (se profundiza más adelante). d) Actividad de los organismos antimonopolios o defensores de la libre competencia (FNE, TDLC). 5. Contratos preparatorios y definitivos. El contrato preparatorio o preliminar es aquel mediante el cual las partes estipulan que en el futuro celebraran otro contrato que por ahora ellas no pueden concluir o que esta sujeto a incertidumbre, siendo dudosa su factibilidad (contrato de promesa, contrato de opción). El contrato definitivo es aquel que se celebra cumpliendo con la obligación generada por el contrato preparatorio.
CAPÍTULO III. CATEGORÍAS CONTRACTUALES.
Los contratos también se pueden identificar según categorías, esto es, en determinados tipos de contratos que tienen características especiales, como las que se exponen a continuación. 1. El contrato dirigido. En los contratos dirigidos, la reglamentación legal tiene carácter imperativo, sin que las partes puedan alterar, en el contrato particular, lo establecido de manera general y anticipada por el legislador, sea en su contenido y efectos, o en la persona con la cual se debe contratar. El ejemplo típico es el del contrato de trabajo, ya que el Código del Trabajo entrega determinados derechos irrenunciables al trabajador, que forman parte de este contrato. 2. El contrato forzoso. Es aquel que el legislador obliga a celebrar (seguro obligatorio) o da por celebrado (mandato tácito y recíproco entre los socios de una sociedad colectiva). Se clasifica en:
a) Contrato forzoso ortodoxo: El Estado obliga a contratar (1ª etapa), pero la persona es libre de contratar con quien lo desee (2ª etapa). b) Contrato forzoso heterodoxo: El Estado obliga a contratar y con quién contratar. No hay libertad contractual. La mayoría de la doctrina le niega el carácter de contrato al contrato forzoso heterodoxo, porque la voluntad no tiene participación. López Santa María dice que en verdad hay que distinguir entre el acto de constitución de un contrato (acuerdo de voluntades) y la relación jurídica (contractual) ya constituida. Según este autor, esta clase contratos es efectivamente un contrato desde la perspectiva de la relación jurídica constituida, esto es, en la medida que se observa que hay obligaciones que cumplir entre un deudor y un acreedor. 3. El contrato tipo. Acuerdo de voluntades en cuya virtud las partes predisponen las cláusulas de futuros contratos, que se celebraran masivamente. Por ejemplo, por un acuerdo entre una asociación de usuarios y Entel se regulan las cláusulas que luego cada usuario, en forma individual, va a tener al contratar con esta empresa. Estos contratos son ventajosos porque con la estandarización de las relaciones jurídicas, la fase de negociaciones precontractuales se reduce y disminuye el costo de las transacciones. Pero pueden tener desventajas en los casos en que se imponen cláusulas abusivas. Clasificación. 1) Contrato tipo unilateral o cartel. Las partes que fijan las cláusulas son grupos económicos o empresas cuyos intereses son convergentes. Es una especie de colusión. 2) Contrato tipo bilateral. Las partes que participan en la conclusión del contrato tipo tienen intereses divergentes. Participan tanto las empresas como los clientes. En este punto es importante entender que una de las fuentes de las “cláusulas generales de contratación” son los contratos tipos. Éstas son cláusulas o disposiciones redactadas de antemano, de manera abstracta, para ser empleadas después en una serie ilimitada de contratos. Otra fuente de esta clase de cláusulas es la voluntad exclusiva de una sola persona o predisponerte. 4. El contrato ley. Aquel por el cual el Estado garantiza que en el futuro no modificara ni derogara las franquicias contractualmente establecidas (contrato de inversión extranjera en el cual al inversor se le aseguran determinadas condiciones tributarias). La jurisprudencia ha respaldado la
eficacia de los contratos leyes, y ha señalado que el Estado no puede unilateralmente desahuciarlos, porque se trata de convenciones de carácter bilateral. 5. El subcontrato. Es un nuevo contrato derivado y dependiente de otro contrato previo de la misma naturaleza. El Código Civil regula los contratos de subarrendamiento, delegación del mandato y subfianza. Requisitos del contrato base: a. Debe ser de ejecución diferida o tracto sucesivo. b. No debe ser traslaticio de dominio. Características de la subcontratación: a) Presencia de 3 partes b) Dependencia al subcontrato base c) Debe actuar con los derechos y obligaciones que del contrato base emanan d) Si se extingue el contrato base, se extingue el subcontrato. Distinción subcontrato de cesión de contrato. La cesión de contrato es el traspaso por uno de los contratantes a un tercero de su integra posición jurídica en un contrato determinado, lo que debe hacerse con la concurrencia de la voluntad del contratante primitivo, y desapareciendo definitivamente el cedente del escenario del contrato. 6. El autocontrato. Acto jurídico que una persona celebra consigo mismo, sin que sea menester la concurrencia de otra, y en el cual ella actúa, a la vez, (1) ya sea como parte directa y como representante de la otra parte, como el mandatario que compra lo que el mandante le encomendó vender; (2) ya sea como representante de ambas partes, como el corredor de bolsa que representa tanto al vendedor como al comprador de acciones; (3) ya sea como titular de dos patrimonios sometidos a regímenes jurídicos diferentes, como en el caso de la partición consigo mismo. Naturaleza jurídica del autocontrato: Para algunos, como Alessandri, se trata de un acto jurídico unilateral, ya que concurre una sola voluntad, y por ende no puede ser un contrato, toda vez que este requiere de un acuerdo de dos o más voluntades. Sin embargo, en el acto jurídico unilateral el autor sólo predispone de su patrimonio, mientras que en el acto consigo mismo la voluntad del autor dispone de dos patrimonios.
Para otros, se trata de un acto híbrido ya que se asemeja al acto unilateral, por el hecho de requerir una sola voluntad, y al contrato, por el hecho de que pone dos patrimonios en relación. También están los que piensan, como Luis Claro Solar, Planiol y Ripert, que la autocontratación es un contrato. Ellos piensan que es contradictorio que un acto jurídico unilateral cree obligaciones contractuales, y afirman que si el acto jurídico produce efectos contractuales no se trata sino de un contrato. Luis Claro Solar fundamenta esta posición diciendo que la persona que actúa como representante no manifiesta su voluntad sino la del representado. López Santa María comparte la posición de estos autores, pero no su fundamentación porque: (1) la representación así concebida es la representación-ficción, que hoy ha sido superada por la representación-modalidad y (2) no se aplica a los actos en que una persona dispone de dos patrimonios propios. Para este autor, la fundamentación es más sencilla: en Derecho una voluntad puede perfectamente escindirse en dos y los efectos son propiamente contractuales (la relación jurídica que se constituye es contractual). 7. Contrato por persona a nombrar. Contrato en que una de las partes se reserva la facultad de designar, mediante una declaración ulterior, a la persona que adquirirá retroactivamente los derechos y asumirá las obligaciones inicialmente radicadas en su patrimonio. El Código Civil desconoce esta figura por completo. No sucede lo mismo con el Código de Comercio: en la comisión el comisionista puede reservarse el derecho de declarar más tarde a cuenta de qué persona celebra el contrato. (Art. 256 C. Com.). Este contrato lo podemos encontrar generalmente ligado al cumplimiento de un mandato. Según Abeliuk es completamente válido en nuestro derecho, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. EJ: Un vecino –mandante- quiere comprar el inmueble aledaño a su casa, pero quiere mantener en reserva su nombre, ya que si el dueño del inmueble que se desea comprar lo sabe, subirá el precio. Para lo cual encarga a un tercero la gestión de este negocio, manteniendo oculto su nombre y posteriormente nombrándolo. 8. Contrato por cuenta de quien corresponda. Aquel en el cual una de las partes inicialmente queda indeterminada, con la seguridad de que después será individualizada.
Diferencias Contrato por persona a nombrar Contrato por cuenta de quien corresponda
Existe un contratante fungible, que Existe un contratante “formal”, que puede llegar a ser definitivo en caso no es en realidad parte, sino sólo un de que no se nombre otro. instrumento, un medio. El nombramiento del otro contratante En este caso, la designación del otro depende de la voluntad del contratante no es voluntaria, sino que contratante fungible, quien se reserva necesaria. este derecho.
Tercera Parte. “Principios fundamentales de la contratación. (Autonomía de la voluntad y Buena fe)”
CAPÍTULO I. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD.
1. Autonomía de la voluntad. Principio de la autonomía de la voluntad. Toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes. Ésta es, a la vez, la fuente y medida de los derechos y de las obligaciones que el contrato produce. Subprincipios de la autonomía de la voluntad: a. Consensualismo. Etapa de formación o génesis del contrato b. Libertad contractual. Etapa de formación o génesis del contrato c. Fuerza obligatoria. Etapa de los efectos del acto ya formado d. Efecto relativo. Etapa de los efectos del acto ya formado 2. Fundamentos de la autonomía de la voluntad. Fundamento filosófico. La autonomía de la voluntad reposa en la afirmación de la libertad natural del hombre. Es reconocida por el derecho positiva luego de la Revolución Frances y la explosión del concepto de ciudadanía. El hombre no puede quedar obligado por actos en los cuales no ha consentido y toda obligación querida por el hombre debe producir efectos.
La misión del derecho positivo es asegurar a las voluntades el máximo de independencia. El estado debe dejar hacer y dejar pasar, permitir que los hombres concluyan en la más amplia libertad sus intercambios de bienes y de servicios. Fundamento económico. La autonomía de la voluntad es el fruto del liberalismo económico. El contrato garantiza la justicia y utilidad social, pues el libre juego de las iniciativas individuales asegura espontáneamente la prosperidad y el equilibrio económico, lo que se basa en una igualdad formal o teórica entre las partes contratantes.
CAPÍTULO II. CONSENSUALISMO CONTRACTUAL.
1. Contratos consensuales. El examen de este principio consiste en averiguar si los contratos surgen a la vida jurídica como simples pactos desnudos, bastando la sola manifestación de voluntad (tesis consensualita), o si es menester que los contratos para que produzcan los efectos queridos por las partes cumplan con ciertas formalidades (tesis del contrato como pacto vestido). Dentro de la clasificación que realiza el artículo 1443 del Código Civil serían contratos consensuales los NO solemnes ni reales. Y siguiendo la teoría de la autonomía de la voluntad la regla general debiese ser el consensualismo propiamente tal, es decir, aquel acto jurídico que se perfecciona por el solo acuerdo de las voluntades contratantes. Sin embargo, en Chile los contratos si bien se llaman consensuales, muchas veces son formales, en cuanto precisan el cumplimiento de alguna formalidad, ya sea habilitante, de publicidad, convencional o de prueba. ¿Ud. celebraría contratos medianamente importantes por un simple acuerdo verbal? En consecuencia, hay dos tipos de contratos consensuales. Los propiamente consensuales (muchas veces en la vida diaria se está contratando sin la conciencia de hacerlo, por ejemplo al comprar una bebida en un supermercado) y los consensuales formales (que si bien el Derecho no les impone formalidad alguna, si lo hace el peso de la realidad). 2. Excepciones y atenuantes del consensualismo. Excepciones. (quiebre total del consensualismo) Los contratos reales y los contratos solemnes. Atenuantes: (aquí el quiebre al subprincipio del consensualismo es menos fuerte que en las excepciones)
Formalidades habilitantes. Tienen como finalidad brindar protección a los incapaces. Casi siempre consisten en una autorización. Si por ejemplo contrata el incapaz relativo, necesita autorización de su representante legal; si contrata el representante legal y el contrato tiene trascendencia patrimonial para el incapaz, por regla general, requiere autorización judicial. Su omisión acarrea la nulidad relativa. Formalidades de publicidad. Su objetivo es obtener la divulgación o noticia a los interesados de haberse celebrado un acto jurídico. Protegen a terceros que puedan ver comprometido sus intereses por afectarles los efectos de los contratos. Consisten en notificaciones, publicaciones, inscripciones y subinscripciones, entre otros. Se clasifican en substanciales (por ejemplo, notificación al deudor de la cesión de créditos), cuya omisión acarrea la inoponibilidad, y de simple noticia (por ejemplo, publicación de 3 avisos en el diario por haber perdido un cheque), cuya omisión otorga acción reparatoria a quien se vea perjudicado. Formalidades de prueba. Se exigen para acreditar en juicio la celebración de un contrato.
Deben extenderse por escrito todos los contratos que contengan la promesa o la entrega de una cosa que valga más de 2 UTM. La omisión se sanciona con la inadmisibilidad de la prueba de testigos (1708 y 1709 C.C.). No obstante el contrato se puede probar por otros medios de prueba (peritaje, inspección, confesión).1 iv. Formalidades convencionales. Son aquellas pactadas por las partes. No obstante un contrato ser consensual pueden las partes pactar libremente una formalidad, como la escrituración por instrumento público o privado, si la formalidad no se cumple, el contrato el imperfecto y las partes pueden desdecirse del cumplimiento. Pero si las partes cumplen con sus prestaciones, sin cumplir con esta formalidad, se entiende que han renunciado a ella en virtud del principio de la autonomía de la voluntad.
En este punto hay que notar que las solemnidades por vía de solemnidad también son formalidades de prueba. Esto porque evidentemente los contratos solemnes sólo pueden probarse con la solemnidad respectiva, de otro modo no existen o son nulos absolutamente, dependiendo de la postura que se adopte. Esta regla se encuentra establecida en el artículo 1707 C.C. 15
CAPÍTULO III. SUBPRINCIPIO DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL.
1. Planteamiento general y remisiones. La libertad contractual supone: 1. Libertad de conclusión. Libertad para elegir si contratar o no, y para elegir con quien contratar. 2. Libertad de configuración interna de los contratos. Las partes pueden fijar las cláusulas o contenido del contrato como mejor les parezca. Límites a la libertad contractual: a. Ley, orden público y las buenas costumbres. b. La mayor ruptura de este principio esta dada por el contrato dirigido (atenta contra la libertad de configuración) y por el contrato forzoso (atenta contra la libertad de conclusión).
CAPÍTULO IV. SUBPRINCIPIO DE LA FUERZA OBLIGATORIA DE LOS CONTRATOS.
1. Fuerza obligatoria del contrato. Ley y contrato. Este principio se expresa en el a aforismo jurídico “pacta sunt servanda”, es decir los pactos deben observarse, las palabras deben cumplirse, los contratos obligan. En nuestro Código Civil se encuentra este principio inmerso en el Art. 1545 C.C.: “Todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes, y no puede ser invalidados2 sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Con la finalidad de reforzar la fuerza obligatoria de los contratos, Bello, recurrió a la metáfora de comparar los contratos con la ley, siendo que si bien ambos son obligatorios, las diferencias son numerosas. 2. Fundamentos de la fuerza obligatoria de los contratos. Teoría voluntarista tradicional. La fuerza obligatoria tiene su fundamento en el querer de las partes. La voluntad es todopoderosa.
¿Por qué es incorrecto que el 1545 C.C. hable de invalidad?¿Pueden las partes declarar nulo un acto?¿Recuerda las causales de nulidad? 16
Concepción idealista de Gounot. Los contratos son sancionados por el derecho, no porque emanen de voluntades individuales que tendrían por ellas mismas un valor jurídico absoluto e incondicionado, sino porque son efectivamente justas o legítimamente presumidas de tales. Ideas de Giorgio. La fuerza obligatoria es una idea uniforme, de todos los tiempos y pueblos, atestiguada por el sentido común de todo género humano. Kelsen. La fuerza obligatoria del contrato es delegada por la ley. Recordar que para este autor todas las obligaciones tienen como única fuente el Derecho objetivo. Sincretismo de Ghestin. La fuerza obligatoria del contrato encuentra su fundamento en el derecho objetivo y no en la voluntad de las partes. El contrato es un instrumento al servicio del derecho objetivo. Lo anterior no implica que la voluntad no tenga un rol relevante. ***La obligatoriedad del contrato se traduce en su intangibilidad, es decir, el contrato válidamente celebrado no puede tocarse por las partes en forma independiente, ni por el juez, ni por el legislador. Sin embargo esta intangibilidad no es absoluta.*** 3. La fuerza obligatoria de los contratos frente al legislador. a) Leyes de emergencia. En situaciones muy excepcionales, pueden surgir leyes que alteren el contenido de un contrato, como aquellas que le otorgan más plazos a determinados deudores para pagar, o aquellas que rebajan determinados intereses. b) Normas permanentes. También existen leyes que sin importar lo que diga el contrato, le otorgan determinados efectos. Por ejemplo, 1.- Leyes que interpretan determinadas cláusulas (1879 C.C.). 2.- Leyes que admiten cambiar el contrato por una circunstancia especial, es decir, aquellas que aceptan la teoría de la imprevisión (2180 C.C.). 3.- Leyes que mandan mantener en el tiempo una relación contractual, aunque las partes la den por terminada (normas del arrendamiento). Estas normas en realidad no son una excepción a la intangibilidad de los contratos, porque, al ser permanentes, se entienden incorporadas en todo contrato al momento de su celebración3.
Por ello sabemos que es importante determinar el momento en que se perfeccionó el consentimiento. 17
c) Leyes especiales que modifican los contratos en curso. Como se esbozó recién, el artículo 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes prescribe que “en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de sus celebración”. Sin embargo, como esta norma es ley, es perfectamente posible que una nueva ley establezca que en determinados contratos deba aplicarse ésta y no la ley del momento de la celebración del contrato. Ley nueva y ley especial se deben aplicar por sobre la ley antigua y general. Así, el legislador, en principio, estaría facultado para alterar el contenido de los contratos mediante leyes especiales. Sin embargo, se ha argumentado que este efecto “súper activo” de la ley que se incorpora a los contratos, se encuentra protegido por la constitución, y que por ende no puede ser alterado por una nueva ley. En efecto, el artículo 19 Nº24 CPR, prescribe que “La Constitución asegura a todas las personas… el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. Y el artículo 576 C.C. dice a su vez que las cosas incorporales son derechos reales o personales. Por tanto, la Constitución protege también la propiedad sobre los derechos personales, originados de los contratos, y como todo derecho adquirido, no pueden ser alterados por ninguna ley.
“La idea de que la garantía constitucional del derecho de propiedad es de la mayor amplitud —en razón de la existencia de derechos sobre derechos o propiedad sobre cosas incorporales— se ha consolidado en los campos más diversos. Así, en varias sentencias, la Corte Suprema ha admitido el derecho real de dominio sobre derechos laborales y previsionales, de manera que si éstos han sido adquiridos al amparo de una ley, no puede otra ley posterior alterarlos”
4. La fuerza obligatoria de los contratos frente al juez. Doctrina de la imprevisión o de la variación de las circunstancias vigentes al contratar. El principio “pacta sunt servanda” establece que los contratos deben cumplirse, sin importar bajo que respecto. Sin embargo, existen casos en que uno puede pensar que por razones de justicia, lo más adecuado sería que el juez resuelva o revise el contrato, con el afán de que las contraprestaciones tengan una determinada equivalencia. Este es el ámbito de aplicación de la Teoría de la Imprevisión, que propone 2 métodos correctivos ante casos de injusticia, cuales son (i) La revisión judicial de los contratos, y (ii) La resolución del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente.
EJ. La empresa de transportes “Temuco” debe entregar a la fábrica de repuestos “Iquique” un determinado conjunto de piezas. La empresa de la IX región cumple siempre con sus obligaciones transportando las cosas por tren. Sin embargo, luego de celebrado el contrato, un fuerte terremoto sacude a Chile, haciendo casi imposible el cumplimiento del contrato en los tiempos estipulados. La única forma es por avión, lo que eleva los costos de transporte 10 veces. Con ello, la empresa de transportes sólo va a tener pérdidas con la operación. El cumplimiento aún es posible, pero en términos muy distintos a los previamente convenidos. Ante esto, la teoría de la imprevisión postula que se le permita al transportista resolver el contrato (resolución) o solicitar que el juez le permita cumplir en términos menos onerosos, como en un plazo distinto, o entregando menos piezas, etc. (revisión). En Chile no hay norma expresa, y existen normas especiales que aplican expresamente la institución, y otras que explícitamente la rechazan. Casos en que el C.C la acepta: 1) Art 2180 C.C. El comodante puede exigir anticipadamente la restitución de la cosa si le sobreviene una necesidad imprevista y urgente 2) Art. 2221 C.C. el depositario puede obligar al depositante a recibir la cosa antes de lo esperado. 3) El artículo. 2003 C.C., regla 2ª. Permite al empresario exigir la revisión judicial del contrato de construcción por suma alzada recabando un aumento del precio que las partes habían pactado, si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que no pudieron preverse. Casos en que se rechaza: 1) Art. 1983 C.C. El arrendatario de un predio rustico no puede pedir la rebaja de la renta si sobreviene destrucción o deterioro de la cosecha. 2) Art 2003 C.C. _egal 1ª. El empresario no puede pedir aumento de precio si con posterioridad aumenta el valor de los materiales o de la mano de obra. Dado que existen normas que la aceptan y otros que la rechazan, el verdadero campo de aplicación de la teoría de la imprevisión está en aquellos casos en que no se regula expresamente. Quienes están a favor de su aplicación, exigen los siguientes requisitos para que opere: 1) Contrato de ejecución diferida o tracto sucesivo pendiente. 2) Contrato bilateral, oneroso y conmutativo 3) Sobrevinencia de un suceso imprevisible e inimputable a las partes.
4) Que el suceso dificulte altamente el cumplimiento, sin que lo haga imposible (si lo hiciera imposible, pasaríamos al terreno de la Teoría de los Riesgos). 5. Revisión judicial sobrevenida. REVISIÓN JUDICIAL A. Posturas a favor de la revisión judicial. Posturas equivocadas y mal fundadas (según López Santa María). Cláusula rebus sic stantibus. En todo contrato se entiende incorporada una cláusula según la cual el contrato debe cumplirse según lo estipulado sólo si las cosas se mantienen tal como están al momento de su celebración. Es decir, ante cualquier cambio de las circunstancias debe permitirse al deudor incumplir o cumplir en términos distintos. Enriquecimiento sin causa. Esta teoría supone que el acreedor se estaría haciendo injustamente más rico a costas del deudor que se empobrece cumpliendo en términos mucho más onerosos que aquellos previstos al momento de contratar. La verdad es el acreedor no se enriquece ni más ni menos con el cambio de circunstancias, por mucho que el deudor sí se empobrezca. *** No puede recibir aplicación este principio dentro de esta teoría, ya que el enriquecimiento si tiene una causa jurídica: el contrato. Doctrina del abuso del derecho. Esta postura sostiene que el acreedor que exige el pago de la obligación estaría haciendo un uso abusivo de este derecho, ya que el cumplimiento en los términos estipulados le provoca un claro daño al deudor. Para que exista abuso del derecho es necesario, 1) Que se cause daño, ejerciendo un derecho. 2) Que no sean derechos absolutos4. 3) Que el ejercicio del derecho sea abusivo. ¿Cuándo el ejercicio del derecho es abusivo? Es el caso en que se ejerce con la intención de causar daño. Ahora, ¿qué ocurre si no hay dolo de por medio? Aun puede haber abuso del derecho, para determinarlo se usan dos criterios:
Esto es discutible. El derecho de propiedad es absoluto, pero puedo abusar de él si lo utilizo en el sólo perjuicio de otra persona. 20
a) Verificar si se usa fuera de su finalidad económica. b) Establecer que el abuso del derecho es un acto ilícito, y que por ende sigue las reglas de la responsabilidad extracontractual, siendo posible ejercerlo tanto culposa como dolosamente.
B. Posturas a favor de la revisión judicial. Posturas bien fundadas (según López Santa María). Reglas de la responsabilidad contractual. El artículo 1558 C.C. establece que en caso de incumplimiento culposo sólo deben indemnizarse los daños previstos, y en caso de que sea doloso, tanto los previstos como los imprevistos. De este modo, puede decirse que no es justo exigir al deudor que cumpla con una obligación que ha devenido onerosa por una causa imprevista, porque la ley claramente limita su responsabilidad a los hechos previstos. Así, en el ejemplo que dábamos en un principio, la empresa de transportes no debería indemnizar los daños en caso de incumplimiento, porque estos fueron totalmente imprevistos. Argumento de la buena fe objetiva. El artículo 1546 C.C. prescribe que "los contratos deben ejecutarse de buena fe, y, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella". En este sentido, atentaría contra la buena fe, contra el correcto comportamiento, el hecho de que el acreedor le exija al deudor el cumplimiento de una obligación en términos tan inequitativos. La buena fe obligaría a las partes a exigir lo justo. Método de la libre investigación. Esta teoría se pregunta si la solución es moral o económicamente justa.
RESOLUCIÓN POR EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVENIDA. Los razonamientos antes expuestos le permitirían al deudor solicitar al juez que revise el contrato, para que cumpla en forma menos gravosa. La resolución es un mecanismo distinto, por el cual el deudor le solicita al juez que ponga fin al contrato porque le es muy oneroso cumplir, por la ocurrencia de un hecho imprevisto y sobreviniente. El acreedor demandado tendría la facultad de enervar la acción permitiendo que el contrato sea cumplido en términos menos gravosos.
6. Adaptación del contrato a las nuevas circunstancias, por mutuo acuerdo de las partes. Cláusulas de adaptación. • La governtnent take clame, introducida por las grandes empresas distribuidoras de petróleo, que les permite trasladar a los compradores del crudo los aumentos de precio impuestos por los países productores. La first refusal clause, o cláusula de alineamiento sobre las ofertas de la competencia, por la cual el vendedor se compromete a bajar el precio del suministro, si bajan los precios practicados por sus competidores en el mercado. La cláusula del cliente más favorecido, por la cual el proveedor promete a su comprador proporcionarle los mismos beneficios que pudiere, en el futuro, acordarles a otros clientes. La cláusula de alza y de baja, por la cual las partes se obligan a revisar el contrato, modificando los términos financieros, en caso de aumento o de disminución del nivel de los salarios o del costo de las materias primas. La cláusula de fuerza mayor, destinada a garantizar la sobrevida del contrato, aunque ocurra el caso fortuito indicado. A fin de evitar la terminación del contrato a largo plazo, por imposibilidad de ejecución, convencionalmente se modifica el efecto normal de la fuerza mayor, que es la extinción de las obligaciones, estipulándose que si sobreviene la fuerza mayor se suspenderá por un determinado lapso el contrato, luego del cual recuperará vigencia sobre nuevas bases, las que se negociarán por las partes contratantes durante el período de suspensión. Cláusula HARDSHIP, permite a cualquiera de las partes exigir una adaptación del contrato si se produce un cambio en las circunstancias que las llevaron a vincularse, de modo que este cambio le ocasione un rigor injusto.
7. Otras técnicas de modificación. Fijación por la autoridad de ciertas bases que incentivan o permiten la reprogramación voluntaria de lo inicialmente pactado. Por ejemplo en la crisis económica de la década del 80, se promovió por parte de la autoridad una renegociación entre bancos y deudores, tendiente a ampliar el plazo para pagar, subvencionando a la banca para estos efectos.
8. La terminación del contrato o el agotamiento de su fuerza obligatoria. Art. 1545 C.C. “Un contrato (…) no puede ser invalidado sin por su consentimiento mutuo o por causas legales”. El artículo debiera decir “terminado” y no “invalidado”, porque la nulidad no puede ser declarada por el acuerdo de las partes. En este caso, el mutuo acuerdo no es sino la resciliación o mutuo discenso, que es un modo de extinguir las obligaciones que se encuentra también comprendido en el encabezado del artículo 1567 C.C. Lo importante es saber que un contrato termina por 2 medios: por el mutuo acuerdo de las partes o por causas legales. Estas causales pueden ser normales o anormales. Terminación normal. El contrato termina en forma normal cuando se cumplen las obligaciones de cada parte, es decir, cuando se produce el PAGO, o cualquier de las formas análogas al pago (dación en pago, compensación, novación, confusión). Terminación anormal. El contrato termina en forma anormal cuando las partes lo dan por terminado (resciliación) o cuando concurre otro modo de extinguir distinto al pago, como los enumerados en el artículo 1567 C.C., a los que se puede agregar la resolución, el vencimiento del plazo extintivo, la muerte, la revocación, etc. 9. Recurso de casación en el fondo por infracción de la ley del contrato. Procedencia. El articulo 767 C.P.C. establece como causal para casar en el fondo determinadas sentencias el hecho de que estas hayan incurrido en una infracción de ley que influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo. El alcance del vocablo ley en esta norma es claro: se refiere a la ley en sentido formal. Lo que se ha discutido es si el articulo 1545 C.C. al establecer que un contrato legalmente celebrado es una ley para las partes equipara la ley del contrato a la ley en el sentido formal en que se encuentra definida en el articulo primero del Código de Bello. Si bien algunos piensan que la identificación entre la ley del contrato y la ley propiamente tal es total, la gran mayoría de los autores y de la jurisprudencia han concluido que el articulo 1545 C.C. emplea el vocablo ley en sentido metafórico. Lo que esta norma verdaderamente pretende es otorgarle obligatoriedad al contrato, bajo la consigna de que las promesas deben cumplirse o "pacta sunt servanda".
Dada esta conclusión, no cabe fundar un recurso de casación en el fondo en una infracción a la "ley" del contrato, precisamente porque no es una ley. Sin embargo, el artículo 1545 C.C. evidentemente si es verdaderamente ley. Por ende, si el juez infringe la "ley" del contrato, la casación bien puede fundarse en la infracción a la norma legal recién citada. Por ejemplo, -Lo siguiente es incorrecto “Vengo en solicitar la casación en el fondo de la sentencia X por haber incurrido en una infracción sustancial a la cláusula 20 del contrato, ya que ésta es una ley para las partes”. -Lo siguiente es correcto “Vengo en solicitar la casación en el fondo por infracción al artículo 1545 del Código Civil, toda vez que el juez ha hecho caso omiso a la cláusula 20 del contrato, la cual es obligatoria para él y las partes, dado lo prescrito en la norma infringida”.
CAPÍTULO V. SUBPRINCIPIO DE EFECTO RELATIVO Y ABSOLUTO DE LOS CONTRATOS U OPONIBILIDAD DE LOS CONTRATOS.
1. Generalidades. Según el “principio de efecto relativo de los contratos”, éstos solo generan derechos y obligaciones para las partes contratantes que concurren a su celebración, sin beneficiar ni perjudicar a los terceros. La ley del contrato solo es ley para las partes. Existen deterioros de este principio, por dos vías, 1.- Excepciones al efecto relativo. 2.- Efecto expansivo o absoluto de los contratos. 2. Sujetos concernidos por el principio del efecto relativo de los contratos. Los únicos verdaderamente ligados por la ley del contrato son las partes. Los terceros pueden tener (relativos) o no tener (absolutos) una relación económica o jurídica con el contrato.
Partes. Aquellos que concurren a la celebración del contrato, personalmente o representados. También, los herederos y causahabientes a titulo universal son partes, según el principio “ultra vires hereditatis”, que reza que uno contrata para sí y para con sus herederos.
Terceros absolutos. Aquellos terceros que no tienen ni el más mínimo interés ni ligazón con el contrato celebrado por las partes, Terceros relativos. Aquellos que se ven afectados económica o jurídicamente por un contrato. Ellos son los: Causahabientes a titulo singular. Aquellos que suceden a una persona, por acto entre vivos (compraventa) o por causa de muerte (legado), en un bien determinado. Les afectan los actos realizados sobre la cosa antes de que les transfiera mediante un contrato o se les transmitiera mediante un legado (testamento). La cuestión reviste interés cuando se trata de derechos personales que limitan los poderes del causante sobre la cosa. Ej.: un sujeto se obliga a través de una cláusula de no competencia, ¿su causahabiente queda obligado? Acreedores de las partes. Estos tienen un interés económico en los contratos celebrados por sus deudores, ya que puede verse afectado su derecho de prenda general. En este ámbito actúa plenamente el efecto expansivo, absoluto o reflejo de los contratos, que explicaremos más adelante. 3. Excepciones al efecto relativo de los contratos. Nos encontramos con excepciones al efecto relativo de los contratos en aquellos casos en que el contrato produce efectos sobre terceros absolutos, como en a. Los contratos colectivos, y b. La estipulación a favor de otros. Art 1449 C.C. “Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato”.
Intervinientes: i. Estipulante ii. Promitente iii. Tercero beneficiario
Teorías sobre la naturaleza jurídica: i. Teoría de la oferta. 2 convenciones: (1) promitente – estipulante; (2) estipulante ofrece su crédito al beneficiario Teoría de la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. Por la aceptación del tercero, se transforma el cuasi contrato de agencia oficiosa en mandato. El beneficiario es parte y no tercero. Teoría de la declaración unilateral de voluntad. El promitente adquiere el rol de deudor del tercero, por su exclusiva voluntad. Teoría de la adquisición directa del derecho. La figura es original, de carácter excepcional, hay una derogación del principio del efecto relativo. El derecho se crea directamente a favor del tercero, desde el instante mismo en que se celebra el contrato entre estipulante y promitente, aunque el tercero lo ignore. La aceptación es solo un requisito para que él pueda exigir la prestación, un presupuesto de exigibilidad, pero no crea el derecho.
Efectos entre los intervinientes: i. Entre estipulante y prometiente. Son las partes del contrato. Pero solo el beneficiario puede exigir lo estipulado. El estipulante no puede exigir para si, lo que puede hacer es solicitar el cumplimiento en favor del tercero. Si puede exigir el cumplimiento de la cláusula penal, en caso de no cumplirle el prometiente al tercero. Entre prometiente y beneficiario. El beneficiario es acreedor del prometiente, desde el momento de la celebración del contrato aunque lo ignore, y aunque conociéndolo no haya aceptado. El tercero tiene acción contra el prometiente para exigir el cumplimiento, una vez que haya aceptado. Entre estipulante y beneficiario. Son extraños, el derecho del beneficiario nunca se radica en el patrimonio del estipulante. 4. La promesa de hecho ajeno. Art. 1450 C.C. “Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa”.
El único que resulta obligado es el promitente, que se compromete a obtener que otra persona acepte efectuar la prestación en favor del acreedor. Lo que promete es un hecho propio –conseguir la aceptación-. Si el fracasa, el promitente debe indemnizar perjuicios. El acreedor solo puede solicitar el cumplimiento por equivalencia. Si el tercero acepta y no cumple, él es el único responsable, salvo que el promitente se haya obligado solidaria o subsidiariamente. 5. Efecto reflejo, absoluto o expansivo (IMPORTANTE). Es común decir que los derechos reales tienen un efecto absoluto, porque todos deben respetarlos, y que los derechos personales tienen un efecto relativo, porque sólo deben ser respetados por el deudor. Sin embargo, en términos estrictos, podemos encontrar casos en que determinados contratos también obligan a personas distintas a las partes que concurrieron a su celebración. Por ello, se dice que el efecto relativo se “expande” afectando a terceros. El ejemplo típico es el del arrendamiento. El artículo 1962 C.C. establece que en determinados casos ahí enumerados el adquirente de un bien deberá respetar el contrato de arriendo que el actual dueño de la cosa ha celebrado con un tercero. El numeral primero prescribe que si uno adquiere una cosa a título gratuito (o “lucrativo” como dice la ley) se está obligado a respetar el arrendamiento. El numeral segundo prescribe que si se adquiere a título oneroso no se debe respetar el arriendo, salvo que éste conste en escritura pública. Y por último, el numeral tercero prescribe que los acreedores hipotecarios deben respetar el arrendamiento, siempre y cuando éste se haya celebrado por escritura pública, y además ésta se encuentra inscrita en el Conservador. Desde una perspectiva más amplia, todos los contratos tienen un efecto absoluto o reflejo, ya que todo contrato es también un hecho social, que no puede ser desconocido por nadie. Si Pedro y Juan celebran una compraventa, ¿acaso los acreedores de Juan podrían desconocer la existencia de este contrato? Por supuestos que no5. ¿Acaso alguien podría decir que nunca se celebró? Por supuesto que no. Los contratos no sólo son una realidad jurídica, sino también material, que no puede ser desconocida por nadie.
Aquí alguien podría decir que si, en el caso en que concurra el fraude pauliano. Sin embargo, se ha concluido, como se verá a propósito de “Los efectos de las obligaciones” que esta es una acción de inoponilidad y no de nulidad. 27
CAPÍTULO VI. BUENA FE CONTRACTUAL.
1. Generalidades. La buena fe evoca la idea de rectitud, de corrección, con 2 acepciones: Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. 2. Buena fe subjetiva. (estar de buena fe) Ésta puede definir como la conciencia personal de actuar conforme a derecho. Se deduce de los artículos 706 y 707 del Código Civil Casos: a. b. c. d. Posesión (707 C.C) Matrimonio (51 L.M.C) (matrimonio putativo) Pago de lo no debido. Contratos (saneamiento, renuncia del socio, acción pauliana, etc).
3. Buena fe objetiva. (actuar de buena fe) (art 1546) Es la que más interesa en el ámbito de los contratos. “Art. 1546. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.” Impone a los contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde el inicio y hasta incluso después de terminada la relación contractual. El estándar de conducta es un parámetro flexible cuya determinación es tarea del juez. A diferencia de la buena fe subjetiva que se aprecia en concreto, la buena fe objetiva se aprecia en abstracto. Como el estándar de la buena fe tiene valor normativo, la decisión es susceptible de ser revisada por vía de casación en el fondo. 4. Buena fe en el iter contractual. a. Tratos preliminares. Esta etapa puede subdividirse. Antes de la oferta, los deberes de lealtad son prácticamente puros deberes de información, y estamos en el terreno de la responsabilidad precontractual. Luego de la oferta, sabemos que el Código de Comercio entrega reglas especiales. b. Celebración del contrato. La buena fe impone la necesidad de equiparar las condiciones de contratación, para que las partes puedan incidir equitativamente en la distribución de los riesgos. Actualmente, se ha postulado
la ampliación del principio de la buena fe para terminar con los abusos contractuales de los más poderosos. c. Cumplimiento del contrato. El artículo 1558 C.C. agrava la responsabilidad por incumplimiento cuando este se ha efectuado con dolo o mala fe. Producto de la buena fe se han ido gestando ciertas ideas normativas: 1.- Desestimación de la resolución por incumplimiento de poca monta. 2.- Posibilidad de revisar los contratos en caso de excesiva onerosidad sobreviniente. 3.- Interpretación de los contratos según la buena fe. d. Terminación del contrato y relaciones postcontractuales. La idea es impedir conductas mediante las cuales una parte pudiese disminuir las ventajas patrimoniales de la otra. Los deberes clásicos son los de reserva y secreto. Cuarta parte. “Interpretación de los contratos”.
CAPÍTULO PRIMERO. INTERPRETACIÓN SUBJETIVA DE LOS CONTRATOS.
1. Generalidades. El articulo 1560 de C.C, consagra la idea de “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella mas que a lo literal de las palabras”. Cuando el juez no encuentra la voluntad real debiera buscar la voluntad virtual, pero en nuestro Código Civil esto no es así, toda vez que lo principal es encontrar la voluntad real de las partes más allá de las palabras .Es la búsqueda de una voluntad “psicológica” de las partes 2. Requisitos para que haya lugar a la interpretación. Se dice que debe haber pasajes obscuros en las clausulas, pero es tan amplio y ambiguo el termino, que en definitiva no es aplicable. En conclusión el único requisito para que sea procedente la interpretación es que exista una contienda entre las partes. 3. Causas de contienda. a. b. c. d. Ambigüedad del contrato. Oscuridad del contrato. Términos insuficientes. Términos excesivos.
e. Términos empleados de manera dudosa. 4. Reglas de interpretación. Reglas de interpretación. Principios y modelos que sirven de base a los razonamientos del intérprete, y que le ayudan en la búsqueda de la intención común de los contratantes. 5. Casos de interpretación legal. El legislador no se limita a dar una indicación al interprete, sino que realiza, abstracta y anticipadamente y en todas sus partes la interpretación. a. Casos en que el legislador fija el sentido que debe darse a una determinada cláusula. b. Casos en que las partes no se pronuncian sobre un aspecto particular (regulación sobre la compraventa). c. Caos en que la voluntad de las partes es interpretada por el legislador, frente a un silencio absolut (normas sucesión intestada). REGLAS DE INTERPRETACIÓN ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL Nuestro legislador en los artículos 1560 a 1566 C.C. ha establecido una serie de normas para la interpretación de los contratos. El principio clave se encuentra contenido en el artículo 1560 C.C. “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. Luego se establecen una serie de criterio que pueden ser clasificados de la siguiente manera. 6. Reglas de interpretación relativas a los elementos internos o intrínsecos del contrato. a. Regla de la armonía de las cláusulas Art. 1564 inc. 1º C.C. “Las cláusulas de un contrato se interpretaran unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convendrá al contrato en su totalidad.” b. Regla e la utilidad de las cláusulas Art. 1562 C.C. “el sentido en que una cláusula puede producir efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno” c. Regla del sentido natural Art. 1563 C.C. “en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a al interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato” 7. Reglas relativas a los elementos externos del contrato.
a. Regla de la aplicación restringida del texto contractual Art. 1561 C.C. “por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicaran a la materia sobre que se ha contratado”. b. Regla de la natural extensión de la declaración Art. 1565 C.C. “cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo a los otros a que naturalmente se extienda”. c. Regla de los otros contratos de las partes sobre igual materia Art. 1564 inc. 2º C.C. “podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia”. d. Regla de la interpretación autentica Art 1564 inc. 3º C.C. “o por la aplicación practica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra”. 8. Reglas subsidiarias de interpretación contractual. a. Reglas de las cláusulas usuales Art. 1563 inc. 2º C.C. “las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen”. b. Regla de la ultima alternativa Art. 1566 inc. 1º C.C. “no pudiendo aplicarse ninguna de la reglas precedentes de interpretación, se interpretaran las clausulas ambiguas a favor del deudor”. c. Regla de interpretación del contrato en contra del redactor Art. 1566 inc. 2º C.C. “pero las clausulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretaran contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”.
CAPÍTULO II. INTERPRETACIÓN OBJETIVA.
Las voluntades sicológicas, las intenciones no exteriorizadas, carecen de importancia. La interpretación literal, es tan condenable como la interpretación subjetiva. El juez debe considerar las circunstancias objetivas de la especie. Para lo anterior las finalidades económicas deben ser materia especial de atención. El intérprete debe atribuir a la declaración el sentido que le otorgaría cualquier hombre medio. El principal cuerpo legislativo que contiene normas de interpretación objetiva es el BGB Alemán.
CAPÍTULO III. INTERPRETACIÓN Y RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO.
1. Calificación jurídica.
Calificación jurídica. Consiste en establecer la naturaleza jurídica del contrato, encuadrándolo en alguno de los tipos que regula la ley o en otro que sea expresión de la libertad contractual de las partes, operándose sobre la base de la esencia misma de los hecho que configuran el acto y no sobre la denominación que los contratantes pudieran haber empleado. Lo frecuente es que el juez interprete y califique, el problema es determinar qué hace primero.
2. Casación en el fondo por errónea calificación del contrato. Una errónea calificación viola a. La ley del contrato (1545 C.C.). b. La ley que califica el contrato que no se aplica (por ejemplo, las leyes de la compraventa, si se trata de este contrato, pero el juez lo califica de forma diversa). c. La ley que califica el contrato que se aplica erróneamente (por ejemplo, las leyes del mandato, si se trata de una compraventa, pero el juez lo califica como mandato). d. Las disposiciones legales aplicables supletoriamente. La calificación del contrato es una cuestión de derecho, porque determinar que un contrato implica derechamente aplicar normas legales. Es decir, el juez determina si el contrato cabe o no dentro de la definición legal respectiva. Por ende, cabe el recurso de casación en el fondo por infracción a todas las leyes antes enunciadas. En cuanto a la interpretación del contrato se ha discutido la naturaleza de estas normas. Para algunos son meros consejos al juez. Para otros son normas legales propiamente tales. Para la primera postura, que es quizás la más aceptada, interpretar un contrato es una cuestión de hecho que sólo le corresponde revisar a los jueces de la instancia y no la Corte Suprema por vía de casación. Para la segunda postura, la infracción de cualquiera de las normas de interpretación faculta al afectado para solicitar la revisión de la sentencia por esta vía. Quinta Parte. “Efectos Particulares De Los Contratos Bilaterales” I) LA EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO. (art 1552 C.C)
Mediante esta excepción, el deudor demandado se niega, en el proceso judicial respectivo, a cumplir su obligación mientras la otra parte no cumpla o no se allane a cumplir lo que le corresponde. “La mora purga la mora”. Requisitos de procedencia. i. Contrato bilateral ii. La parte demandante no debe haber cumplido la prestación que el corresponde ni allanarse a cumplirla. iii. Que la obligación incumplida sea actualmente exigible.
Efectos. Se suspende la condena a que el demandando pague su prestación hasta que el demandante cumpla o se allane a cumplir lo que él debe. Pero la suspensión puede prolongarse si ninguno cede. El contrato se paraliza, hay incumplimiento de ambas partes. La ley no previo este caso, pero lo mas lógico es resolver el contacto, sin indemnización. II) RESOLUCIÓN POR INEJECUCION O RESOLUCIÓN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (art. 1489 C.C) POR
Si uno de los contratantes voluntariamente se ha abstenido de ejecutar las prestaciones, si estuviera en mora, el otro puede demandar el cumplimiento forzado o si lo prefiere la resolución. Requisitos. i. ii. iii. iv. Incumplimiento Imputable El actor debe haber cumplido sus obligaciones Resolución judicial
La resolución no solo es facultativa para el acreedor, sino también para el deudor demandado, que puede enervar la acción cumpliendo. De hecho una critica que se hace, es que la resolución puede considerarse que es facultativa solo para el deudor, ya que en él está la posibilidad de enervar o no la acción, así, el acreedor no obstante querer o tener la intención de no relacionarse contractualmente con un deudor negligente e incumplidor está impedido de resolver el contrato, reiteramos no obstante su voluntad, si el deudor paga, enervando la acción. Efectos:
Deben distinguirse efectos entre las partes (Art. 1486 C.C.) y efectos respecto de terceros (Art. 1490 y 1491 C.C.). III) LA TEORÍA DE LOS RIESGOS
1. Planteamiento problema. La teoría de los riesgos dice relación con las cosas objetos de la relaciones jurídicas contractuales en curso. Específicamente la teoría de los riesgos responde la pregunta sobre qué sucede con la obligación de una parte al extinguirse la obligación de la contraparte por imposibilidad de ejecución o destrucción de la cosa por caso fortuito. Es decir, en los contratos bilaterales, ¿la contraparte debe cumplir aunque la otra no pueda, o se ve también liberado? - Si la contraparte (el acreedor de la obligación no extinta) debe igualmente cumplir, se dice que el riesgo es del acreedor. - Si la contraparte, en cambio, no debe cumplir con su obligación, ya que su contraprestación se ha hecho imposible, se dice que el riesgo es del deudor. EJ: Jorge le vende a Pedro un auto “X”, patente ABCD34. Al auto le cae un rayo y se quema por completo. A jorge le es imposible cumplir, porque un hecho fortuito ha destruido el cuerpo cierto que debía entregar a Pedro. La teoría de los riesgos se pregunta si Pedro, de todos modos, como ha adquirido un compromiso, debe pagarle el precio a Jorge. Si el riesgo es del acreedor, claro que debe hacerlo. Si el riesgo es del deudor, no deberá pagar y el contrato se extinguirá por completo.
Requisitos. a. Contrato bilateral. b. Cumplimiento pendiente. c. Que se extinga la obligación de uno de los contratantes por imposibilidad de ejecución o destrucción total de la cosa, a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor. 2. Teoría de los riesgos en las obligaciones de dar. El artículo 1550 C.C. a propósito de las obligaciones de dar, prescribe que “el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor”. Esta regla es manifiestamente injusta, porque en el ejemplo que antes exponíamos, Pedro se vería obligado a pagar el precio, sin importar que no vaya a recibir nada a cambio.
Uno podría preguntarse por qué el Código comete un error tan feo. La respuesta es que don Andrés Bello copió esta norma del Código de Napoleón. En este Código, la regla es justa, porque las personas adquieren el dominio por el sólo título. Así, cuando la cosa se pierde por caso fortuito, aunque no haya sido entregada, se pierde para su dueño. Sin embargo, en Chile, para adquirir una cosa se requiere tanto un título como un modo, por tanto el acreedor aún no se ha hecho dueño de la cosa con la sola celebración del contrato (el título). Esta injusticia ha sido corregida por la jurisprudencia que aplica el principio de que las cosas perecen para su dueño, sin importar el tenor literal del artículo 1550 C.C. Ello explica el que no haya sido modificado por el legislador. EXCEPCIONES: i. ii. iii. Que el deudor esté en mora de efectuar la entrega (1550 C.C.), Que el deudor se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas (1550 C.C.), Que el deudor haya tomado sobre si la responsabilidad por caso fortuito,
*** En este punto es necesario remarcar que la teoría de los riesgos no se aplica a las obligaciones de género, porque el género no perece. IV) TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN
Ya explicada con antelación. V) CESIÓN DE CONTRATOS Es la figura según la cual una parte transfiere a otra su calidad tanto de deudor como de acreedor en un contrato bilateral.
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