Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-4110-de-abril-21-de-2017?documento=legcol&contexto=legcol_170248a9a8864d10a6964da0322cab26&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-22 12:43:09
Document Index: 200729811

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 43', 'Artículo 266', 'Artículo 50', 'artículo 49', 'Artículo 62', 'Artículo 26', 'artículo 113', 'Artículo 4']

RESOLUCIÓN 4110 DE 21 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD SATELITAL PORTABLE A INTERNET PARA LAS UNIDADES MÓVILES DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE -UDAPV-, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN A POBLACIÓN DESVINCULADA Y/O REINCORPORADA DEL CONFLICTO, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN UBICADA A LAS ZONAS ALEDAÑAS A LAS ZONAS VEREDALES DE NORMALIZACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, INTERVINIENTES EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, CONTRATACIÓN DIRECTA, CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA, CONTROL DEL CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA, COMPETENCIA PARA EL CONTROL DEL CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA, URGENCIA MANIFIESTA, DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, PERSONA DESMOVILIZADA, POBLACIÓN VULNERABLE, CONFLICTO ARMADO, BENEFICIOS DE LA PERSONA DESMOVILIZADA, ZONAS DE UBICACIÓN TEMPORAL
PROCESO DE PAZRESOLUCIÓN 4110 DE 2017
“Por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta para contratar la prestación del servicio de conectividad satelital portable a internet para las unidades móviles de la unidad de atención a población vulnerable, UDAPV, en el marco de los procesos de identificación a población desvinculada y/o reincorporada del conflicto, así como a la población ubicada a las zonas aledañas a las zonas veredales de normalización”.
en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el Decreto 1010 de 2000, las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y demás normas concordantes,
Que el 24 de noviembre de 2016, el Presidente de la República de Colombia y las FARC-EP firmaron el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Que en sesión plenaria del Congreso colombiano realizada el 29 de noviembre de 2016, se aprobó la refrendación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Que mediante Comunicación OFI-00029469/JMSC 112000 del 14 de marzo del 2017, suscrita por el Alto Comisionado por la Paz solicita a la Entidad:
“… acuerdo que trae consigo compromisos del gobierno en asuntos de cedulación, requisito esencial para tránsito de la legalidad y reincorporación política económica y social, por lo cual, a continuación se transcribe el texto del acuerdo final:
Transcripción párrafo: Página 64 de 310 “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 24-11-2016” 3.1.4.1 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) por su parte, dentro de las ZVTN el Gobierno Nacional en acuerdo con las FARC-EP pone en marcha medidas y actividades preparatorias para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP y para garantizar el bienestar en las ZVTN, que puede incluir entre otras, atención en salud jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación”.
Que dentro del marco establecido en el Acuerdo final la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación realizó el respectivo análisis del compromiso del Gobierno Nacional en desarrollo de las actividades prevista para tal fin, en el cual señaló:
Que Colombia entendida constitucionalmente como Estado social de derecho, promulga el respeto e institucionalización de la paz como valor fundamental y estructural del sistema, al señalar en su preámbulo:
“(…) en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana (…)”.
Que asimismo nuestra carta política, específicamente en el artículo 22, señala: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Destacando que la paz en el contexto colombiano se configura como un derecho humano de carácter superior. Sin embargo, el Estado a través de las diferentes herramientas, implementadas en el marco de la política pública, históricamente no había podido concretar vías que permitieran la materialización de esa “paz”, es así que a través de la iniciativa política del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, y específicamente tal y como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, se inició una gesta sin antecedentes direccionada al cumplimiento de este propósito; la paz se nos presenta entonces no solo como un objetivo (artículo 1º)1, sino también como un pilar fundamental al señalar:
“ART. 3º—Pilares del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo se basa en los siguientes tres pilares: 1. Paz. El plan refleja la voluntad política del gobierno para construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos (…)”.
Que adicional a lo anterior, se inserta teniendo en cuenta el alcance de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (convenios y protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación en la búsqueda de la paz.
Que en el marco del direccionamiento de lo anterior se desarrolla la coyuntura política más importante de la historia reciente de Colombia el cual se configura en el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, con el fin de “reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio (…)”.
Que el acuerdo de paz se configura como un convenio en el que las partes que se encuentran involucradas en un conflicto, llegan a una serie de concertaciones con el objetivo de “dar fin a dicha situación y establecer las condiciones requeridas para construir y mantener la paz”2. En el caso particular se trata de un escrito firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC producto de un diálogo y negociación, en el que se concertaron entre otros aspectos:
Punto 2: “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política”.
Que para el efecto, el Decreto 1649 de 2014, “por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, estableció:
— En su artículo 38 consideró la creación de una Dirección Temática para el apoyo del cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
— En el artículo 25 estableció que en conjunto con el Despacho Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad se articularía la visión de conjunto del gobierno sobre el posconflicto.
— Adicionalmente en el artículo 26 se le asignó la función de Coordinar con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos la realización de actividades en el territorio nacional con el propósito de construir una cultura de paz y reconciliación.
Que en este sentido es a la Oficina del Alto Comisionado de Paz que se le dan funciones como la de “Establecer los mecanismos e instrumentos administrativos que permitan el desarrollo de sus funciones en forma gerencial”, “Preparar en coordinación con los ministros consejeros y las entidades competentes el alistamiento para la implementación de los acuerdos de paz que se suscriban con los miembros de los grupos armados ilegales, sobre la base de los avances en las negociaciones de paz”. Así como, “Hacer seguimiento a la ejecución de los acuerdos de paz para garantizar que se ajuste a la visión y contenido de los mismos”.
Que teniendo esto como antecedente y con el objetivo de adelantar los procesos de identificación en terreno, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz destinó recursos de funcionamiento a la Registraduría Nacional del Estado Civil el pasado 22 de marzo de la presente vigencia, en el marco de la Implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” para llevar a cabo jornadas de registro civil e identificación a población desvinculada y/o reincorporada, así como para la atención a la población afectada por el conflicto armado que se encuentra ubicada a las zonas aledañas a las zonas veredales de normalización; de esta manera se contribuye con el acceso al goce efectivo de los derechos y beneficios de dichos grupos poblacionales.
Que en este punto la Registraduría Nacional, en el marco de su misión constitucional y legal3 “(…) garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas”4; así como también en el marco del “mandato de colaboración armónica”, inició la construcción de herramientas administrativas, con el objetivo de generar una adecuación institucional y procedimental, que permita dar respuesta a las reivindicaciones de los grupos poblacionales reincorcorporados, desvinculados, y población víctima del conflicto armado, que demanda la apropiación de esta coyuntura para generar un enfoque diferencial.
Que en esta medida y al enfocarnos en el segundo punto, el reconocimiento al pluralismo jurídico, político y cultural, permitirá direccionar la tarea de la entidad generando protocolos acordes a las necesidades de esta población, sin perjuicio de ser revictimizada, y por el contrario generando mecanismos de atención preferenciales teniendo en cuenta adicionalmente su ubicación dentro del territorio nacional.
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, RNEC, cumple un papel fundamental en el marco del posconflicto ya que teniendo en cuenta el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” firmado tiene la responsabilidad de liderar y ejecutar las jornadas de plenas identidades y posterior registro civil e identificación, tanto para niños, niñas y adolescentes desvinculados, adultos reincorporados a la vida civil, así como a la atención a la población afectada por el conflicto armado que se encuentra ubicada a las zonas aledañas a las zonas veredales de normalización, según lo contenido en los numerales “2.3.2. Promoción de la participación electoral. (…) Realizar una campaña nacional de cedulación masiva, con prioridad en las zonas marginadas de los centros urbanos y en las zonas rurales, particularmente en las más afectadas por el conflicto y el abandono y previendo medidas para facilitar el acceso a esta campaña por parte de las mujeres rurales” y “3.1.4. Adaptación de los dispositivos en el terreno y zonas. Para efectos del cumplimiento del Acuerdo sobre el CFHBD y DA; así como para adelantar los preparativos para el proceso de reincorporación económica, política y social de las FARC-EP a la vida civil de acuerdo con sus intereses (…)”; en este punto vale señalar que la Registraduría Nacional del Estado Civil, RNEC, realizará esta atención por medio del esquema de unidades móviles de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAPV, las cuales se desplazarán a través de mares, ríos, trochas y en ocasiones por caminos de herradura para garantizar el goce efectivo de los derechos de estos colombianos.
Que en cumplimiento del principio de colaboración armónica, la Registraduría Nacional del Estado Civil presta su soporte integral a la Oficina del Alto Comisionado de Paz, en aras de alcanzar el cumplimiento con los fines esenciales del Estado, principio del cual se ha hablado al respecto en los siguientes términos:
De “la Constitución también se deriva: (iii) un mandato de colaboración armónica reconocido en el inciso tercero —segunda proposición— que comprende no solo a los órganos que conforman las ramas ejecutiva, legislativa y judicial sino a todos los demás a los que les han sido asignadas funciones necesarias para la materialización de los fines del Estado5;(…)”. En esta medida “(…) el mandato de colaboración armónica entre los diferentes órganos del Estado asegura la concurrencia de diferentes perspectivas y medios de acción para optimizar los fines que justifican y orientan las actividades del Estado”6. En este caso puntual el fin llamado “paz”.
Que en este sentido a las zonas a las cuales deben llegar las unidades móviles de la UDAPV para prestar los servicios de registro e identificación, están localizadas en las regiones más apartadas del territorio nacional, dichos territorios no cuentan con los mínimos servicios públicos tales como energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, ni con vías de acceso adecuadas; adicional a esto, como se señaló para poder hacer los diferentes trámites en terreno, que lleven al goce efectivo del derecho a la personalidad jurídica, se requieren unos mínimos técnicos que garanticen la efectividad del servicio.
Que lo anterior como se señaló fundamentado en el hecho de que toda persona tiene derecho a que se le reconozca su personalidad jurídica tal y como lo consagran el artículo 14 de la Constitución Política de 1991, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 74 de 1968 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada mediante la Ley 16 de 1972.
Que así las cosas y teniendo en cuenta la importancia y necesidad de una debida y eficiente prestación de servicio a la población colombiana, se requiere que se adopten las medidas necesarias para celebrar el contrato el cual supla esta necesidad, en razón a la proximidad de la fecha para llevar a cabo la totalidad de las jornadas de registro civil e identificación.
Se resalta que el período fijado por el Gobierno Nacional para la implementación de las primeras medidas a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final (D+1 hasta D+180), finaliza el próximo mes de mayo de la presente vigencia, por lo tanto se hace necesario reiterar que dichas jornadas deben ser adelantadas en las zonas veredales transitorias de normalización, cuyo objetivo es entre otros “garantizar el cese al fuego la dejación de armas, iniciar la preparación para la reincorporación a la vida civil y su tránsito a la legalidad, así como: el Gobierno dispondrá medidas para garantizar bienestar, atención en salud, jornadas de cedulación y actividades de preparación para la reincorporación7”.
Que es de advertir, que en las jornadas de registro civil e identificación se pueden presentar colombianos con problemas, que no se puedan resolver si no se cuenta con una adecuada comunicación, que permita atención inmediata en terreno, tales como, dobles o múltiples identidades, suplantaciones de identidad, suspensión de derechos políticos por delitos comunes, etc., con el fin de garantizar la idoneidad y veracidad de la información aportada por los ciudadanos, por tanto se reitera que es necesario que estos casos se traten de manera especial, con soluciones que sean efectivas, idóneas y ágiles, para las cuales se requerirá dar traslado inmediato al nivel central, donde única y exclusivamente se encuentra el Archivo Nacional de Identificación, ANI.
Que por lo anterior y para el efectivo desarrollo de las jornadas de Registro Civil e identificación, se realizó primero una jornada de plena identidad, la cual actualmente está en su fase de verificación e investigación dactiloscópica para que con el resultado técnico se pueda garantizar la verdadera identidad de cada uno de los ciudadanos y continuar con la segunda fase que corresponde a la generación del documento de identificación, garantizando el derecho a la personalidad jurídica como se establece en nuestro ordenamiento jurídico, por lo anteriormente descrito se reitera la importancia que el contrato en materia de comunicación satelital (megas y minutos) representa, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de servicio es indispensable para esta segunda fase, ya que es el insumo vital para poder adelantar las jornadas de registro civil e identificación que permiten a su vez la expedición del documento de identidad.
Que como se señaló la Registraduría Nacional, a través de la UDAPV, continuará aportando un equipo técnico y humano entrenado para llegar a las regiones más apartadas del país mediante unidades móviles, con personal altamente capacitado para llegar a las zonas de atención. Así las cosas, se requiere contar con los recursos necesarios para el desplazamiento y puesta en marcha del componente tecnológico de dichas unidades, lo cual se garantizará a través de la adquisición del objeto contractual que en el presente documento se enuncia.
Que al respecto, es importante mencionar que, en estas jornadas, se espera atender por un lado, un número considerable de población desvinculada, reincorporada así como población afectada por el conflicto armado que se encuentra ubicada a las zonas aledañas a las zonas veredales, y por tanto, en aras de prestar un servicio ágil y eficiente, se requiere contar con comunicación satelital ágil y continua, que permita adelantar las atenciones en terrenos interconectados en modo on-line con la base de datos de la entidad; toda vez que sin esta herramienta tecnológica, es imposible garantizar la expedición de los documentos de identificación, durante la realización de las jornadas, ya que se requiere interoperar con las bases de datos del nivel central.
Que la necesidad de conectividad en estas regiones, que pueden considerarse como remotas requiere de soluciones portables, eficientes y de alta capacidad, por tanto se necesita contar con un servicio de acceso a internet satelital en modo portable, con un paquete de megabytes y minutos de voz y sistema de enlace con unidades móviles, con el fin de interconectar las bases de datos de registro civil e identificación que se encuentran en las oficinas centrales con las unidades móviles, en los lugares donde no es posible establecer conexión por otros sistemas y garantizar la prestación continua de los servicios de registro civil e identificación.
Que para suplir la necesidad de conectividad satelital, se requiere contar con tecnología BGAN en banda L, toda vez que brinda una cobertura del 99.9% en sitios remotos que son de difícil acceso y donde no llega ningún otro tipo de comunicación satelital de estas características. Para este fin, el sistema utilizado es Inmarsat el cual permite la movilidad, portabilidad y la no afectación en la señal por condiciones meteorológicas; para garantizar lo anterior este sistema cuenta con satélites ubicados geoestratégicamente brindando entre otros: eficacia y eficiencia en la prestación del servicio a nivel nacional, seguridad a la hora de transmitir la información, garantizando con todo lo anterior el trabajo on-line.
Que debido a las condiciones geográficas y propias de la prestación del servicio, se requiere garantizar el soporte técnico a las unidades móviles, en temas como asignación de seriales, caídas de los canales de comunicación VPN (Virtual Privated Network), asesoría jurídica por parte del nivel central en situaciones que acontezcan dentro de la jornada, entre otros, en lugares donde no se tenga acceso a la comunicación de voz tradicional.
Que en vista de lo anterior, se debe garantizar que en las jornadas de identificación se cuente con constante servicio de voz y datos para desarrollar la misión de la entidad, por lo tanto y teniendo en cuenta la experiencia de este proceso de contratación en años anteriores se hace indispensable que la empresa que provea este servicio además de la experiencia, capacidad jurídica, técnica y financiera, debe contar con la infraestructura necesaria para brindar un soporte técnico presencial en terreno para dar respuesta de manera eficaz y eficiente en los lugares de difícil acceso del territorio nacional, teniendo en cuenta el tipo y las condiciones de la población que es atendida bajo el esquema de unidades móviles de la unidad de atención a población vulnerable, UDAPV, lo que permite minimizar tiempos de respuesta y dar continuidad al servicio de identificación.
Que es importante advertir que la información que administra y controla la entidad está relacionada con temas de seguridad nacional, pese a que, aunque no sea el organismo específico que maneja lo relacionado con el orden público, así lo ha señalado el Consejo de Estado en los siguientes términos:
“Así las cosas, (…) la adquisición de bienes y servicios “requeridos por la Organización Electoral - Registraduría Nacional del Estado Civil para la realización del proceso de modernización de la cedulación, identificación ciudadana y aquellos que requieran las entidades del Estado para acceder a los sistemas de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil”, constituye un asunto conexo con la seguridad y defensa nacionales y por lo mismo el gobierno no incurrió en exceso de la potestad reglamentaria. La norma impugnada prevé una excepción —que como tal es de aplicación restrictiva— al proceso licitatorio que, a juicio de la Sala, guarda una relación de conexidad con los temas de seguridad y defensa nacional exceptuados por el legislador, por lo cual, el texto normativo enjuiciado no riñe con el marco constitucional y legal invocado en la demanda, por lo que la Sala denegará la pretensión de nulidad del decreto demandado”8.
Que en desarrollo de esta implementación, se evidencia el pronto vencimiento de los plazos dictaminados por el Gobierno Nacional para la implementación del (D+180), que teniendo en cuenta su puesta en marcha, termina el mes de mayo de 2017.
Que por lo anterior, es importante tener en cuenta que a la Registraduría Nacional del Estado Civil, llegaron los recursos para la implementación de lo expuesto con anterioridad, el pasado 22 de marzo de 2017. En tanto la entidad cuenta con un apremiante período de tiempo para adelantar el proceso de contratación que atañe a la presente justificación.
Que así mismo, es de vital importancia, poder contar con esta contratación, lo más pronto posible ya que por la cuantía estimada, el proceso debería llevarse por una licitación pública y desafortunadamente los tiempos, con los que se tramita esta modalidad de contratación no alcanzan a cumplir con la necesidad apremiante que se presenta en aras de garantizar lo contenido en el acuerdo de paz y cuya fecha de vencimiento se estima para el día 30 de mayo de 2017.
Que así las cosas y teniendo en cuenta la necesidad de realizar la contratación cuyo objeto es la “Contratación de la prestación del servicio de conectividad satelital portable a internet para las unidades móviles de la unidad de atención a población vulnerable, UDAPV, en el marco de los procesos de identificación a población desvinculada y/o reincorporada del conflicto, así como a la población en situación de vulnerabilidad afectada y ubicada en los lugares de difícil acceso del territorio nacional”, se recurre a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 que señala: “Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos. La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado”.
Que como se observa para el presente caso, se hace necesario acudir a esta figura de contratación toda vez que en el marco del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” requiere dotar a la entidad de Comunicación Satelital para surtir las actividades en el marco de los procesos identificación del personal desvinculado y/o reincorporado del conflicto, así como a la Población en Situación de Vulnerabilidad Afectada y Ubicada en los Lugares de Difícil Acceso del Territorio Nacional.
Que lo anterior teniendo en cuenta que dicho proceso debe surtirse en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta el plazo perentorio establecido por la Presidencia de la República (D+180), lo cual conlleva a desbordar la capacidad instalada de la entidad en pro del cumplimiento de su misión, es decir: “(…) promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas (…)”9.
Que como señala la jurisprudencia del Consejo de Estado: “La Ley 80 de 1993, artículos 41 a 43 incorporó la figura de la urgencia manifiesta como una modalidad de contratación directa. Se trata entonces de un mecanismo excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios, con el fin de enfrentar situaciones de crisis, cuando dichos contratos, en razón de circunstancias de conflicto o crisis, es del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública o la contratación directa. Es decir, cuando la administración no cuenta con el plazo indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas”.
Que como se señaló, no es viable para la entidad recurrir a procesos licitatorios por razones de tiempo, tampoco es posible abordar dicha contratación a través de los acuerdos marco de precios de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, ya que las tecnologías contenidas en dicho acuerdo, no se ajustan a las necesidades de la entidad pues se requiere conectividad on-line, con soluciones portables y el acuerdo contempla:
“Conectividad II - Segunda generación del acuerdo marco
Número de proceso: LP-AMP-099-2016
Vigencia: De agosto 22, 2016 hasta agosto 21, 2019
“El objeto del acuerdo marco de precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los servicios de conectividad al amparo del acuerdo marco de precios; (b) las condiciones en las cuales las entidades compradoras se vinculan al acuerdo marco; y (c) las condiciones para el pago de los servicios de conectividad por parte de las entidades compradoras.
Las categorías son: Enlaces de conectividad terrestre, enlaces de conectividad satelital, enlaces de conectividad educativa, servicios de gestión de tráfico, servicios de gestión de seguridad, servicios complementarios, enlaces de conectividad móvil, habilitación voz sobre IP”.
Que se revisaron los acuerdos marco de la página Colombia Compra Eficiente en materia de comunicación satelital para adquirir el objeto requerido, como se indicó en justificación del documento presentado por el área requirente, luego de la exhaustiva revisión, no se logró encontrar ninguna solución para satisfacer el objeto a contratar, en razón al nivel de disponibilidad del 99.9% que requiere la necesidad a suplir por la actividad misional de la entidad.
Que en esta medida la necesidad que busca satisfacer la entidad, en términos técnicos queda satisfecha a partir de un contrato que garantice: “Una solución en la conexión a internet (datos y voz), bajo el sistema conexión satelital, banda L y velocidad mínima de enlace 492 Kbps”.
Que de igual forma, es importante aclarar que la entidad no cuenta con un contrato vigente para la prestación de este servicio y que a la fecha se está adelantando un proceso licitatorio, pero que el mismo no alcanzaría a estar adjudicado antes de mayo para el desarrollo de las jornadas de registro civil e identificación.
Que de acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuenta las atribuciones constitucionales, legales citadas y en cumplimiento de la 513 del 27 de febrero de 2017, “por la cual efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2017” la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante Resolución 2232 del 6 de marzo de 2017, efectuó el traslado presupuestal con el fin de adelantar los proceso de identificación en el marco de implementación del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, así como a la Población en situación de vulnerabilidad afectada y ubicada en los lugares de difícil acceso del territorio nacional.
Que mediante Oficio DF-GP-047 del 6 de marzo de 2017, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del traslado presupuestal solicitado y presentó la justificación del aspecto legal y económico para cumplir con los procesos de identificación y cedulación en el marco de implementación del acuerdo final.
Que con Oficio radicado 2-2017-008271 del 22 de marzo de 2017, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dio respuesta a la anterior solicitud y aprobó la operación contenida en la Resolución 2232 del 6 de marzo de 2017, mediante el cual se realizó un traslado y modificación presupuestal por tres mil quinientos millones de pesos ($3.500.000.000), para sufragar los gastos asociados al proceso de cedulación de los miembros de las FARC reincorporándolos a la vida civil en el marco del posconflicto.
Que el registrador delegado para registro civil y la identificación, presentó el componente técnico necesario para garantizar el servicio de conectividad satelital portable a internet para las unidades móviles de la unidad de atención a población vulnerable, UDAPV, en el marco de los procesos de identificación a población desvinculada y/o reincorporada del conflicto, así como a la población en situación de vulnerabilidad ubicadas en las zonas veredales, mediante Comunicación RCRCI número 112 del día 20 de abril de 2017.
Que en el referido oficio se describió detalladamente la necesidad que se requiere satisfacer con la contratación, para lo cual, solicitó que rápidamente se adoptaran las medidas necesarias para el contrato a celebrar, dada la proximidad de la fecha para llevar a cabo la totalidad de las jornadas de registro civil e identificación, en tanto, se debe tener en cuenta el período fijado por el Gobierno Nacional para la implementación de las primeras medidas a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final (D+1 hasta D+180), finaliza el próximo mes de mayo de 2017, informando que dichas jornadas deben ser adelantadas en las zonas veredales transitorias de normalización, cuyo objetivo es entre otros “garantizar el cese al fuego la dejación de armas, iniciar la preparación para la reincorporación a la vida civil y su tránsito a la legalidad”, así como: “el gobierno dispondrá medidas para garantizar bienestar, atención en salud, jornadas de cedulación y actividades de preparación para la reincorporación10”.
Que teniendo en cuenta la necesidad plasmada en la justificación de lo requerido y el componente técnico desarrollado por el área mencionada, se hace necesario realizar la contratación del objeto informado: “Contratar la prestación del servicio de conectividad portable satelital a internet (datos y voz) para las unidades móviles de la unidad de atención a población vulnerable, UDAPV, con los sistemas de enlace, con el fin de interconectar las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
Que como consecuencia de lo anterior, la entidad no cuenta con el plazo necesario para adelantar el proceso de licitación pública que normalmente debe adelantarse para escoger al contratista, de conformidad con lo definido en la Ley 1150 de 2007 artículo 2º, en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes, y en el Manual de Contratación de la entidad, la modalidad de selección implica llevar a cabo una serie de etapas y requisitos que demandan mayores tiempos y hacen más largo el procedimiento de suscripción del respectivo contrato y teniendo en cuenta que es necesario adelantar actividades y acciones en días siguientes a esta resolución, para poder garantizar la prestación del servicio de conectividad satelital portable a internet para las unidades móviles de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAPV, en el marco de los procesos de identificación a población desvinculada y/o reincorporada del conflicto, así como a la población ubicada a las zonas aledañas a las zonas veredales de normalización, circunstancias que hacen imperativo la utilización del mecanismo de la contratación directa.
Que teniendo en cuenta que la Registraduría Nacional del Estado Civil no cuenta con el plazo indispensable para adelantar el procedimiento ordinario de escogencia de contratistas, la urgencia manifiesta constituye el mecanismo idóneo para adelantar la contratación ya descrita.
Que por lo anterior la Registraduría Nacional del Estado Civil debe recurrir a la contratación directa mediante la declaratoria de Urgencia Manifiesta consagrada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 2015, para cumplir y garantizar la prestación de los servicios y funciones que le corresponden a la entidad con ocasión de los procesos de identificación a población desvinculada y/o reincorporada del conflicto, así como a la población ubicada a las zonas aledañas a las zonas veredales de normalización.
Que la Urgencia Manifiesta, concebida precisamente para aquellos casos que exigen una respuesta inmediata de la administración, es un mecanismo excepcional de contratación dispuesto en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 en los siguientes términos:
“ART. 42.—De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos. La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.
Que el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, establece:
“…ART. 2.2.1.2.1.4.2.—Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la entidad estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos”.
Que respecto del concepto de la urgencia manifiesta, la Corte Constitucional expresó lo siguiente:
“La “Urgencia manifiesta” es una situación que puede decretar directamente por cualquier autoridad administrativa sin autorización previa, a través de acto debidamente motivado. Que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos: — Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro. — Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción. — Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, — En general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos”11.
Que el Consejo de Estado, mediante pronunciamiento del 27 de abril de 2006, manifestó:
“Se observa entonces cómo la normatividad que regula el tema de la urgencia en la contratación estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos que reclamen una actuación inmediata de la administración, con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño. En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés general, en este caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que si aquel se halla afectado o en peligro de serlo, el régimen jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de selección del contratista y aún, la ejecución de los mismos, sin que medie la formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias así lo exige”12.
Que en razón a la causa y finalidad mencionada, y de conformidad con el componente técnico desarrollados por el registrador delegado para el Registro Civil y la Identificación el servicio que se conseguiría por vía de la contratación directa en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta, es: “Contratar la prestación del servicio de conectividad portable satelital a internet (datos y voz) para las unidades móviles de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAPV, con los sistemas de enlace, con el fin de interconectar las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil” en desarrollo del proceso de contratación directa la Registraduría Nacional del Estado Civil debe garantizar los principios que rigen la contratación estatal, consagrados en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, referentes a los principios de transparencia, economía y responsabilidad13.
Que la Circular Conjunta 14 del 1º de junio de 2011 de la Contraloría General de la República, Auditoría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, respecto de la urgencia manifiesta, señaló que:
“Con el fin de promover la utilización adecuada de la causal de contratación directa “Urgencia manifiesta” se presentan las siguientes recomendaciones generales sobre el particular, que se invita a revisar:
— Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o resolver con la declaratoria de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las causales señaladas para el efecto en la Ley 80 de 1993 artículo 42.
— Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordinariamente para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría adelantar el procedimiento de contratación correspondiente, frente a la inmediatez que exige la satisfacción del interés general.
— Declarar la urgencia manifiesta, elaborando el acto administrativo correspondiente. Para realizar la contratación derivada, pese a que no se requiere la elaboración de estudios previos ni la celebración de un contrato por escrito, resulta aconsejable:
* Declarada la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de esta, se deberá poner en conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, al órgano de control fiscal competente, remitiendo la documentación relacionada con el tema, para lo de su cargo.
* Efectuar los trámites presupuestales de ley para garantizar el pago posterior de lo pactado
* Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencia todas las circunstancias, conceptos o análisis que fundamentaron la declaratoria de urgencia.
* Declarar la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de esta, se deberá poner en conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, al órgano de control fiscal competente, remitiendo la documentación relacionada con el tema, para lo de su cargo”.
Que, la presente urgencia manifiesta contempla las precedentes recomendaciones de los entes de control de la circular mencionada.
ART. 1º—Declarar la urgencia manifiesta en la Registraduría Nacional del Estado Civil, como causal de contratación directa, para atender la situación de emergencia descrita en la parte motiva de este acto administrativo, adelantar la contratación para garantizar la prestación del servicio de conectividad satelital portable a internet para las unidades móviles de la unidad de atención a población vulnerable, UDAPV, en el marco de los procesos de identificación a población desvinculada y/o reincorporada del conflicto, así como a la población ubicada a las zonas aledañas a las zonas veredales de normalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto de Contratación Pública.
ART. 2º—En consecuencia y dadas las circunstancias expuestas que demandan actuaciones inmediatas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, celebrar el contrato necesario que permita atender las necesidades descritas en los considerandos de este acto administrativo, específicamente para el servicio, de conformidad con el componente técnico desarrollado por el registrador delegado para el registro civil y la identificación, cuyo objeto es “Contratar la prestación del servicio de conectividad portable satelital a internet (datos y voz) para las unidades móviles de la unidad de atención a población vulnerable, UDAPV, con los sistemas de enlace, con el fin de interconectar las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
ART. 3º—Ordenar a la gerencia administrativa y financiera adelantar los trámites pertinentes para la contratación del servicio relacionado en el artículo 2º de la presente resolución.
ART. 4º—Disponer que por la oficina jurídica, se conformen y organicen los expedientes respectivos, con copia de este acto administrativo, del contrato originado en la presente urgencia manifiesta y demás antecedentes técnicos y administrativos, con el fin de que sean remitidos a la Contraloría General de la República, para el ejercicio del control fiscal pertinente, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.
Dada en Tumaco-Nariño, a 21 de abril de 2017.
1 Ley 1753 de 2015 (junio 9), por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
2 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/acuerdo-de-paz
3 Artículo 266 de la Constitución Política, donde se señala que corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil la dirección y organización de identificación de las personas.
Artículo 50 del Decreto 1260 de 1970, que establece que “Cuando se pretenda registrar un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con documentos auténticos, o con copia de las actas de las partidas parroquiales respecto de las personas bautizadas en el seno de la iglesia católica o de las anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o en últimas, con fundamento en declaraciones juramentadas, presentadas ante el funcionario encargado del registro, por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él, expresando los datos indispensables para la inscripción, en la forma establecida por el artículo 49 del presente decreto”.
Artículo 62 del Decreto 2241 de 1986 “Para obtener la cédula de ciudadanía se necesita acreditar la edad de 18 años cumplidos y la identidad personal mediante la presentación ante el Registrador del Estado Civil o su delegado, del registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad, la carta de naturaleza en el caso de los nacionalizados y la de inscripción en el de los hispanoamericanos y brasileños por nacimiento”.
Artículo 26 de la Ley 1820 de 2016 establece que “Serán representantes legitimados para presentar ante las autoridades, incluidas las judiciales, o ante la Jurisdicción Especial de Paz, los listados de personas integrantes de la organización rebelde que haya suscrito el Acuerdo Final de Paz, los representantes designados por las FARC-EP expresamente para ese fin, listados que serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Tales listados podrán presentarse hasta que se haya terminado de examinar por la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz la situación legal de todos los integrantes de las FARC-EP”.
4 Decreto 1010 de 2000.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-247 de 2013, sentencia del 24 de abril de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. A su vez, “la Corte ha destacado esta diferencia al comparar el modelo de colaboración armónica establecido en la reforma constitucional que introdujo el Acto Legislativo 1 de 1936 y el actual texto del artículo 113 de la Constitución. En aquel acto legislativo se decía (i) que eran órganos del poder público el legislativo, el ejecutivo y el judicial, (ii) que eran limitados, (iii) que tenían funciones separadas y (iv) que colaboraban armónicamente en la realización de los fines del Estado”.
7 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Zonas-de-ubicacion.pdf 17
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de agosto de 2012, Expediente 11001-03-26- 000-2004-00007-00, C.P. Hernán Andrade Rincón.
9 Artículo 4º del Decreto 1010 de 2000, “por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones”
10 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Zonas-de-ubicacion.pdf
11 Corte Constitucional, Sentencia C-772 de 1998, 10 de diciembre de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
12 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 14275. Consejero Ponente: Ramiro Becerra Saavedra.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicado interno 37.044M, marzo 7 de 2011, M.P. Enrique Gil Botero.