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Timestamp: 2018-02-24 03:26:37
Document Index: 9244985

Matched Legal Cases: ['artículo 106', 'artículo 110', 'artículo 14', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 23']

Alejandra Ramos Crespo
1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 7 Nº de Recurso: 4836/2005 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: JUAN JOSE GONZALEZ RIVAS Tipo de Resolución: Sentencia Voces: x CUERPO NACIONAL DE POLICÍA x x COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD x x RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO x x SITUACIÓN IDÉNTICA (EXTENSIÓN DE EFECTOS DE LA SENTENCIA) x Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra Autos del TSJ de Madrid por los que se acordó la extensión de los efectos de la sentencia que reconocía el derecho de un funcionario de Policía a percibir el complemento de productividad residual con independencia de lo que venía percibiendo en compensación por la realización de turnos rotatorios. La Sala recuerda, con cita de jurisprudencia, que las nóminas mediante las que se procede al pago de haberes a los funcionarios tienen carácter singular y autónomo a efectos de su impugnación y, tras exponer que no puede prosperar la alegación del Abogado del Estado relativa a la inversión de la carga de la prueba y que la situación de hecho apreciada por el Tribunal de instancia es sustancialmente idéntica a la considerada por la sentencia cuyos efectos se extienden, puntualiza que en casación no puede efectuarse consideración alguna respecto de la sentencia de origen y que, por ello, el reconocimiento de la extensión de efectos al que se llega no supone cambio alguno en la naturaleza del complemento de productividad.. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintiséis de marzo de dos mil nueve Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 4836/2005 interpuesto por la Abogacía del Estado contra los Autos de 20 de abril de 2004 y 10 de mayo de 2005, dictados en la pieza separada de extensión de efectos de la sentencia dictada el 1 de febrero de 2002 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 1393/98, sin que haya comparecido la parte recurrida, pese a estar emplazada en forma. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El Auto de 20 de abril de 2004 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó la extensión de los efectos de la sentencia dictada en el recurso 1393/98. Por Auto de 10 de mayo de 2005 la misma Sección desestimó el recurso de súplica interpuesto contra el Auto anterior. SEGUNDO.- El Abogado del Estado interpuso recurso de casación y la Sala de instancia lo tuvo por preparado emplazando a las partes ante esta Sala. TERCERO.- El Abogado del Estado interpone recurso de casación por tres motivos: 1) Infracción del artículo a) y c) de la LJ, al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJ. 2 ) Infracción del artículo de la LJ, al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJ. 3 ) Infracción del artículo a) de la LJ, al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJ. 1
2 CUARTO.- Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 25 de marzo de Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS, Presidente de Sección FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El objeto del recurso se concreta en determinar la conformidad al ordenamiento jurídico de los Autos de 20 de abril de 2004 y 10 de mayo de 2005 que reconocieron la extensión de efectos de la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 1 de febrero de 2002, en el recurso contencioso- administrativo nº 1393/98, del siguiente tenor literal: "Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso- administrativo número 1.393/98, interpuesto por D. Javier y otros, contra las resoluciones dictadas por el Director General de la Policía, por las que se desestimaban las peticiones efectuadas por los hoy recurrentes relativas al reconocimiento del derecho a percibir el complemento de productividad residual en la cuantía de pesetas mensuales, con independencia de las pesetas que vienen percibiendo mensualmente en compensación por la realización de turnos rotatorios, que se anula, por no ajustarse al ordenamiento jurídico; y debemos declarar y declaramos el derecho que ostentan los expresados recurrentes a que la Administración les abone el complemento de productividad en la cuantía de pesetas mensuales, a partir del 1 de enero de 1.998; la cantidad resultante conforme a lo dicho anteriormente devengará desde la fecha de esta sentencia hasta el momento del efectivo abono de la misma el interés legal, conforme al artículo de la Ley de esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 106 de esta misma Ley ; pronunciamientos por los que habrá de estar y pasar la Administración demandada; y sin efectuar expresa condena en costas". SEGUNDO.- D. Gonzalo solicitó la extensión de los efectos de dicha sentencia, a excepción del período comprendido entre el y el , y el Abogado del Estado se opuso a la misma. El Auto de 20 de abril de 2004, confirmado por el de 10 de mayo de 2005 reconoció la extensión de efectos de la sentencia a favor de D. Gonzalo, en los siguientes términos: "Dar lugar a la extensión de los efectos de la Sentencia dictada, con fecha 1 de febrero de 2.002, en el recurso 1.393/98, seguido ante esta Sección, y en su consecuencia: a) Reconocer el derecho que ostenta D. Gonzalo a percibir mensualmente desde 1 de Enero de y a excepción del periodo comprendido entre el 6 de mayo de y el 6 de agosto de 2.001, y acumuladamente, las cantidades establecidas para compensación por la realización de turnos rotatorios, los meses que los hubiera desempeñado, junto con las cantidades asignadas por productividad al puesto/s de trabajo desempeñados, o la cantidad señalada por productividad residual en las Instrucciones de la Dirección General de la Policía para el caso de que aquél/los no tuvieran reseñada suma alguna específica en las mismas; b) Reconocer el derecho del antes citado a que por la Dirección General de la Policía se le gire liquidación, con efectos desde 1 de Enero de 1.998, y a excepción del periodo comprendido entre el 6 de mayo de y el 6 de agosto de 2.001, conforme a lo expuesto en el apartado anterior, así como a que se le abonen las diferencias retributivas que pudieran resultar de la misma. Las cantidades a abonar devengarán los intereses correspondientes a que alude el artículo de la Ley 29/98, de 13 de Julio. Pronunciamientos por los que habrá de estar y pasar la Administración demandada; y todo ello sin efectuar declaración alguna en cuanto a costas". TERCERO.- El primer motivo de casación del Abogado del Estado se basa en la infracción del artículo a) y c), al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJCA, señalando, además de referirse al acto firme y consentido y a la cosa juzgada, a que el primero de los requisitos para extender los efectos de la sentencia es la identidad de la situación jurídica entre los interesados, pues para que pueda acordarse la extensión de los efectos de una sentencia firme es preciso que se hubiere reconocido una situación jurídica individualizada en favor de una o varias personas a otras distintas ya que consiste en "que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo". El segundo motivo esgrimido denuncia la infracción del artículo de la LJCA por considerar que el solicitante no acredita que su situación sea idéntica a la del favorecido por el fallo a través de los oportunos documentos que exige el art LJCA, por lo que incumbiendo al recurrente la carga de la prueba de la identidad de situaciones tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional, y no concurriendo este requisito, debe denegarse necesariamente su petición de extensión de efectos. Añade que el auto inicial, realiza una inversión de la carga probatoria contraria a lo dispuesto en el artículo infringido. En un tercer motivo, se entiende también vulnerado el artículo a) de la LJCA. Señala el 2
3 Abogado del Estado que el incidente de extensión de efectos ha de ser objeto de interpretación restrictiva limitado a los actos administrativos dictados en masa excluyendo así, los casos que para acreditar la similitud de situaciones precisan de una actividad probatoria que debería llevarse a cabo en un procedimiento ordinario y, en ningún caso, en un incidente de ejecución de sentencia como es el previsto en el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción. CUARTO.- Respecto del primer motivo, modificando el criterio seguido en actuaciones precedentes a los efectos de la debida motivación, para evitar la vulneración del artículo 14 de la CE desde la perspectiva de la desigualdad en la aplicación legal, procede subrayar que la Instrucción de 23 de enero de 1998 tenía por objeto establecer los criterios generales de aplicación de la masa global de productividad a los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a fin de permitir la confección de las nóminas mensuales oportunas en las que hacer efectivas las cuantías concretas que corresponden a cada funcionario en atención a las distintas modalidades de productividad (funcional, por puestos de responsabilidad y por turnos rotatorios). Las cantidades correspondientes se devengan y concretan en la nómina mensual del funcionario como también se deduce del contenido de las Instrucciones sobre criterios de distribución del complemento de productividad y compensación por turnos rotatorios en el Cuerpo Nacional de Policía. La jurisprudencia de esta Sala viene aceptando el carácter singular y autónomo de cada nómina a efectos de su impugnación individualizada ante la Jurisdicción contencioso administrativa. Así las sentencias de 18 de enero de 1985, 20 de abril y 21 de mayo de 1993 han venido afirmando que "el pago de haberes a los funcionarios mediante nóminas, no atribuye a cada una de estas el carácter reproductor del anterior, frente al que pueda hacerse valer la excepción del art. 40. a) de la Ley Jurisdiccional, pues más que una reproducción o emanación reiterada de actos administrativos referida a idéntica situación fáctica y jurídica, se sitúan dichas retribuciones en una relación de tracto sucesivo, en que cada acto de pago remunera servicios prestados en distinto periodo y a los que puede acompañar distintas características de la situación del funcionario que los devenga". En el caso de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, la Instrucción de 22 de marzo de 1998 contempla las distintas situaciones que pueden producirse a efectos de la productividad estructural y funcional y la relativa a turnos rotatorios. En este caso, puede comprobarse en las actuaciones que el recurrente solicitó de la Sala de instancia el reconocimiento del derecho a percibir la cantidad por productividad residual, con independencia de la devengada como gratificación por desempeño de turnos rotatorios, que es lo que reconoció la sentencia extendida. Efectivamente, la sentencia dictada en el recurso nº 1393/98, estimando el recurso promovido por el Sr. Javier y otros, declara el derecho del actor a que la Administración demandada le abone, a partir del 1 de Enero de 1.998, el complemento de productividad en la cuantía de pesetas mensuales y ello porque la Sentencia, congruentemente con lo solicitado, considera factible en su F.J. 4º que un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía pueda percibir, acumulativamente, la retribución correspondiente al complemento de productividad y la gratificación por el desempeño de turnos rotatorios. Los Autos impugnados vienen a reconocer el derecho que ostenta D. Gonzalo a percibir mensualmente desde 1 de Enero de y acumuladamente, las cantidades establecidas para compensación por la realización de turnos rotatorios, los meses que los hubiera desempeñado, junto con las cantidades asignadas por productividad al puesto/s de trabajo desempeñados, (o la cantidad señalada por productividad residual en las Instrucciones de la Dirección General de la Policía para el caso de que aquél/los no tuvieran reseñada suma alguna específica en las mismas), lo que determina identidad de situaciones, reconocida en el Auto de 20 de abril de 2004 al reconocer que la situación jurídica del accionante es idéntica a la del favorecido por el fallo cuya extensión se pretende. QUINTO.- El artículo 110 de la Ley 29/1998 establece respecto de las cuestiones de personal al servicio de la Administración Pública la extensión de los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada cuando concurra como primera circunstancia que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos en el fallo, teniendo en cuenta que la disposición transitoria cuarta de la Ley 29/1998 establece que la ejecución de las sentencias firmes dictadas después de la entrada en vigor de dicha Ley se llevarán a cabo según lo dispuesto en ella. Así, la Ley se preocupa de advertir que, en ningún caso, se podrá reconocer una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme, pues lo contrario supondría desvirtuar la naturaleza de esta forma de entender la ejecución de la sentencia, ya que no se trata de una extensión automática de los efectos de la sentencia, teniendo en cuenta el principio de seguridad jurídica. 3
4 En las precedentes sentencias de esta Sala y Sección de 12 de enero, 25 de mayo y 13 de septiembre de 2004, 21 de diciembre de 2005 y 8 de febrero de 2006 se subraya como el artículo a) de la Ley 29/98 es terminante a este respecto y exige que sean, no semejantes, ni parecidas, similares o análogas, sino idénticas las situaciones respecto de las que se pretende la extensión de efectos de la sentencia. Por tanto, es preciso operar con extremo cuidado a la hora de comprobar si existe o no esa identidad y tal requisito debe entenderse en sentido sustancial. Es decir, la Ley de la Jurisdicción está pidiendo que sean las mismas las pretensiones jurídicas que sobre ellas se fundamentan en un caso y en el otro, pues lo único que estamos haciendo es cumplir lo que en dicho precepto, concretamente, en su apartado 1 a) se establece: que sólo cabe esa extensión cuando las situaciones jurídicas sean idénticas. En este sentido debe entenderse la alegación del Abogado del Estado, que esta Sala comparte pues, con independencia de que el incidente de extensión de efectos se refiera o no a los llamados actos masa y el art. 110 de la Ley Jurisdiccional no dice nada al respecto, lo que sí resulta preciso es que la identidad de situaciones debe revelarse como evidente eludiendo la necesidad de realizar un análisis de la prueba que así lo confirme, por tratarse de la actividad propia de un procedimiento ordinario o abreviado, extremo que resulta improcedente en el recurso de casación. Sin embargo, la Abogacía del Estado, en los motivos del recurso de casación, a la hora de combatir la apreciación de la Sala de instancia respecto de la existencia de "identidad de situación jurídica" se limita a decir que el solicitante no acreditó tal identidad y que los autos recurridos realizan una inversión de la carga probatoria contraria a lo dispuesto en el artículo L.J. SEXTO.- Esta Sala debe, operando con extremo cuidado, comprobar que son las mismas las circunstancias de hecho y las pretensiones jurídicas que sobre ellas se fundamentan en un caso y en el otro, es decir si existe o no la identidad, en sentido sustancial, a que se refiere el apartado 1 a) del artículo 110 y resulta preciso que esta cuestión fundamental esté mínimamente sustanciada por la parte recurrente, que no puede imponer a la Administración o a la Sala una investigación sobre la concurrencia de la identidad de situaciones si no ha cumplido por su parte, de manera suficiente, este requisito de análisis o argumentación de la identidad invocada, y su acreditación documental. En consecuencia, no puede prosperar la afirmación relativa a que los autos recurridos han invertido la carga probatoria, pues la situación de hecho apreciada por dichos autos es sustancialmente idéntica a la que fue considerada por la sentencia cuyos efectos se extienden, y los Autos consideran acreditada la realización de funciones operativas desde enero de 1998, a través de similares certificaciones a las analizadas por la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, sin que en casación pueda revisarse la apreciación probatoria que realiza la sentencia extendida, de modo que ha de afirmarse la concurrencia del requisito de la plena identidad de situación jurídica. SEPTIMO.- En todo caso, conviene advertir que los estrictos términos que configuran el recurso de casación en relación a los Autos dictados en extensión de efectos no permiten efectuar consideración alguna respecto de la sentencia de origen. Efectivamente, el control que esta Sala puede realizar respecto de los citados autos se limita a verificar la concurrencia de los requisitos que el artículo 110 de la Ley Jurisdiccional exige a fin de posibilitar la extensión de efectos a terceros de la situación jurídica reconocida en la sentencia. Presupuesto necesario por ello, es la firmeza de la sentencia cuya corrección jurídica esta Sala no puede ya revisar, salvo que se invoque que la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postula fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que aquí no se ha planteado. Por esa razón, el reconocimiento de la extensión de efectos al que se llega no supone cambio alguno en la naturaleza del complemento de productividad pues como esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones, por todas, sentencias de 7 de marzo de 2005 (Rec. 4246/1999) y 3 de julio de 2006 (Rec. 2710/2001 ) el complemento de productividad retribuye aspectos subjetivos como el especial rendimiento, la actividad extraordinaria o el interés o iniciativa del funcionario en el desempeño de su cometidos y no otro tipo de aspectos de carácter objetivo ligados al puesto de trabajo que lo serían, en su caso, a través del complemento específico. La confirmación de los Autos recurridos se produce pues, tras rechazar los motivos invocados en el recurso de casación y en función de los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado en el ámbito específico del Cuerpo Nacional de Policía, pero sin que ello permita extraer otro tipo de consecuencias toda vez que en el ámbito de la función pública no existen otras retribuciones complementarias que las contempladas en el artículo 23.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que sujeta el derecho a su percepción al cumplimiento estricto de los requisitos que configuran cada una de ellas así como a la dotación presupuestaria de cada programa de gasto que opera como límite máximo previamente establecido en la Ley de Presupuestos. 4
5 OCTAVO.- Los razonamientos expuestos conducen a declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, sin imposición de costas a dicha parte recurrente, por no comparecer la parte recurrida. FALLAMOS Debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación nº 4836/2005 interpuesto por la Abogacía del Estado contra los Autos de 20 de abril de 2004 y 10 de mayo de 2005, dictados en la pieza separada de extensión de efectos del recurso 1393/98, seguido ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que reconocieron la extensión de efectos de la sentencia de 1 de febrero de 2002 en el recurso contencioso-administrativo nº 1393/98, sin costas. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico. 5