Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-6430-de-septiembre-11-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041d2e2f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-19 07:06:19
Document Index: 346048666

Matched Legal Cases: ['artículo 368', 'artículo 2341', 'artículo 1602', 'artículo 1738', 'artículo 2344', 'artículo 2344', 'artículo 2344', 'artículo 2317', 'artículo 1137', 'artículo 1738', 'artículo 2344', 'artículo 2344', 'artículo 1568', 'artículo 2344', 'artículo 2341', 'artículo 2344', 'artículo 2344', 'artículo 2344', 'artículo 2344']

﻿ SENTENCIA 6430 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2002
SENTENCIA 6430 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA CLÍNICA Y DEL MÉDICO. SE ESTUDIA UN CASO EN QUE ES SOLIDARIA Y DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD CIVIL, RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MÉDICO, RESPONSABILIDAD DE LA CLÍNICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:371 DE NOVIEMBRE DE 2002, PÁG.2361
Sentencia 6430 de septiembre 11 de 2002
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA CLÍNICA Y DEL MÉDICO
SE ESTUDIA UN CASO EN QUE ES SOLIDARIA Y DE NATURALEZA CONTRACTUAL
Ref.: Expediente 6430
Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil dos (2002).
Procede la Corte a decidir los recursos de casación interpuestos por el demandante y por uno de los demandados contra la sentencia de 12 de septiembre de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de Jorge Enrique Parra Rodríguez contra Oftalmos S.A. y Alejandro Arciniegas Castilla.
1. Mediante escrito repartido al Juzgado 27 Civil del Circuito de esta ciudad, el citado demandante demandó a los también mencionados demandados, para que se les declarara contractualmente responsables de los daños que le causaron con ocasión del tratamiento médico e intervención quirúrgica a que fue sometido, y consecuentemente que se les condenara, de manera solidaria, a pagarle los perjuicios materiales y morales que se determinen, reajustados a la fecha de la sentencia, o en “equidad”, por los mismos conceptos, el equivalente a cuatro mil y mil gramos de oro, así como los demás perjuicios que se demuestren, “incluidos los daños fisiológicos, a los bienes de su personalidad, de contragolpe o rebote, (…) cuyo pago se hará en pesos de valor constante de la fecha de la sentencia respectiva”.
En subsidio impetró que se declarara al médico y a la sociedad mencionada extracontractualmente responsables, de manera solidaria, por los daños y perjuicios en cuestión, pretendiendo las mismas condenas anteriormente referidas.
2.1. El 18 de septiembre de 1992, Jorge Enrique Parra Rodríguez ingresó por el servicio de urgencias a la Policlínica de Ibagué, por haber recibido un golpe en su ojo derecho, practicándosele allí un lavado y la extracción de fragmentos del lente ocular por “trauma ocular derecho”. Luego, exactamente el 28 del mes y año mencionado, el demandante acudió al servicio de urgencias de la Clínica Barraquer donde fue atendido por el oftalmólogo Alejandro Arciniegas Castilla, quien luego de practicarle un “examen midriasis paralítica”, diagnosticó la necesidad de realizar una “cirugía refractiva de ambos ojos para su segura mejoría”.
2.2. El 8 de octubre de 1992, el médico demandado le practicó “queratotomía paralela con micro perforación y aire en cámara anterior en ambos ojos”. Posteriormente y dado que el actor le comunicó que había perdido la visión en ambos ojos, además de sentir un dolor considerable en el izquierdo, se le empezó a tratar dicho ojo con oclusiones que se efectuaron día de por medio por el término de dos semanas.
2.3. Persistiendo el dolor y la pérdida de la visión, Jorge Enrique consultó al oftalmólogo Gabriel Child, quien diagnosticó “midriasis no reactiva (medicamentos?) en ambos ojos, incisiones corneales radiales dobles paralelas, signos de perforación inferior a las 6 en el ojo izquierdo con severa ‘hipotonia’ absceso vítreo que impedía observar su fondo, visión nula sin corrección y recomendó devolverse de inmediato a la Clínica Barraquer para que se le practicara vitrectomía en el ojo izquierdo previa conversación telefónica con la doctora Carmen Barraquer a quien informó la gravedad de la crítica situación del paciente”.
2.4. El 26 de octubre, el demandante fue examinado, de manera conjunta, por los también oftalmólogos Carmen Barraquer y Hernando Camacho, quienes decidieron internarlo por dos días con el fin de realizarle un tratamiento con antibióticos intravenosos y suturación de incisión. Efectuado lo anterior, los médicos diagnosticaron endoftalmitis en el ojo izquierdo y la necesidad de realizar una nueva cirugía para extraerle el pus que se había filtrado como consecuencia de una herida que quedó abierta en la intervención practicada por el doctor Alejandro Arciniegas.
2.5. El 20 de noviembre siguiente se le practicó “vitrectomía, faquectomía, exoimplante profiláctico de 360 grados e inyección de antibiótico intraocular. Se le extrae el cuerpo vitreo y cristal por no haberse controlado la infección”.
2.6. La visión del demandante era normal antes de que se le realizaran las intervenciones y tratamientos mencionados.
2.7. Para la época de los hechos, Jorge Enrique cursaba tercer semestre de optometría en el segundo ciclo académico en la Universidad de la Salle, estudios que no pudo continuar a causa de la cirugía en cuestión, frustrándose así su oportunidad de ser un profesional. Además de sus actividades académicas, se dedicaba a la promoción, distribución y comercialización de cueros, lo que le reportaba un ingreso mensual aproximado a los tres millones de pesos, que le eran pagados por el señor Adolfo Charry.
3. Notificados de la existencia del proceso, los demandados se opusieron a las pretensiones. La sociedad, formulando la excepción de mérito que nominó “Inexistencia de relación de causalidad entre los actos de la sociedad Oftalmos S.A. y los daños que pueda haber sufrido el demandante Jorge Enrique Parra Rodríguez”, argumentando que el contrato verbal celebrado entre ella y el demandante para los fines de la cirugía, no comprendía dentro de su objeto la realización del procedimiento quirúrgico propiamente dicho, pues para eso fue contratado de manera independiente el otro demandado.
4. La primera instancia culminó con sentencia desestimatoria de 4 de agosto de 1995, la que apelada por el demandante, el tribunal revocó, para en su lugar declarar no probada la excepción propuesta por la clínica demandada, y condenar a los demandados solidariamente, luego de deducir la responsabilidad en su contra, a pagar al demandante la cantidad de diez millones de pesos ($ 10’000.000), únicamente por perjuicios morales.
1. Verificada la validez del proceso, el ad quem precisó que en este caso de manera liminar se imponía el análisis de las pretensiones principales, pues en el mismo no tenía cabida la responsabilidad civil extracontractual planteada como subsidiaria, porque en el proceso no se demostró que el demandante hubiese ingresado a la Clínica Barraquer en estado de inconciencia.
2. Dentro de ese marco, el tribunal dejó establecido que ningún contrato previo e independiente se realizó entre el demandante y el doctor Arciniegas, porque el primero fue atendido con ocasión del convenio que de manera verbal celebró con la sociedad demandada, lo cual infirió de la circunstancia del ingreso por el servicio de urgencias, cuya atención en ese momento estaba a cargo del citado médico. En consecuencia, dice, que al haberse producido el ingreso en la forma señalada, se nota que Jorge Enrique no tuvo la posibilidad de escoger el médico que lo habría de atender. Con apoyo en los anteriores razonamientos concluyó que fue la institución la que se comprometió y asumió la prestación de los servicios médicos, destacando que el prestigio de la clínica influye de manera determinante para que las personas acudan a ella y no ante un médico en particular.
Así mismo, descartó que la situación descrita variara por el hecho de que al demandante se le hubiese practicado el 7 de octubre de 1992 (sic), la queratotomía radial en ambos ojos, reiterando que dicha intervención no fue el producto de la celebración de un contrato independiente entre el médico demandado y Jorge Enrique, sino de la recomendación o diagnóstico que se le hizo en su primera consulta.
3. Precisado lo anterior, el sentenciador pasó a hacer un recuento de los tratamientos e intervenciones quirúrgicas que los demandados realizaron al demandante, reseña que le sirvió de marco para asegurar que como consecuencia de dichos servicios médicos a éste se le causó un daño, pues su visión en el ojo izquierdo disminuyó de un 100% al 15%, cuya autoría atribuyó Jorge Enrique, en el hecho noveno de la demanda, en forma directa al médico, a quien acusó de haberle dejado una herida abierta en dicho ojo, como consecuencia de la cual se le infectó.
4. Determinada la existencia del daño, a continuación el Tribunal acometió el examen del aspecto de la culpa. Para tal efecto analizó la histórica clínica del demandante, la contestación que a la demanda diera el doctor Arciniegas, las declaraciones de los doctores Julio Eduardo Villamizar, Guillermo Durán, Eduardo Bayter Jelk, Hernando Camacho, Carmen Barraquer, Gabriel Child, así como la versión de la clínica demandada. Medios de convicción que lo llevaron a concluir que la situación del actor no fue manejada en forma adecuada por el médico demandado, pues éste no ocluyó en su oportunidad el ojo izquierdo, pese a ser éste el tratamiento indicado cuando es evidente la existencia de microperforaciones, lo que ocasionó que se presentara “una situación fuera de lo común en dicho ojo, entre ellas la presencia de una perforación, tal como lo indicó la clínica demandada, según trascripción que se hizo anteriormente, comunicación entre la cámara anterior y el medio ambiente, que originó la infección que apareció en dicho ojo, según lo afirmó la misma clínica demandada y que ya le había detectada (sic) por el médico Arciniegas el día 12 del postoperatorio (fl. 257, cdno. 1)”.
De lo anterior coligió “que solo el comportamiento culposo del médico demandado, pudo haber sido la causa del daño”, por no “percatarse de la herida abierta que presentaba el paciente —el quinto día del postoperatorio— la que pudo observar, habida cuenta de los controles que practicó”, lo cual da muestra de una clara negligencia al permitir el “contacto entre el contenido interno ocular y medio ambiente exterior, con lo que era muy fácil que sobreviniera una infección, como en efecto apareció y detectó el mismo galeno tratante, y posteriormente ya muy avanzada ésta, el nuevo médico que tuvo la oportunidad de observar al paciente dictaminó que debía practicarse ya la vitrectomía, como consecuencia de la citada infección (…) es que la falta de prudencia y diligencia se observa en este caso, desde el mismo instante en que término la cirugía. Pues presentadas las microperforaciones en ambos ojos, debieron ocluirse juntos, según así es lo indicado para estos casos, tal como lo saben los médicos declarantes y el mismo demandado, o colocarse las debidas protecciones también en ambos ojos, y tomarse todas las medidas necesarias, para evitar justamente aquellos golpes que pudiera sufrir el paciente en esta etapa del tratamiento; o tomar mayores precauciones en los controles del postoperatorio, tales como advertir al paciente la posibilidad de que pudieran abrirse perforaciones, teniendo en cuenta que ello puede suceder, como ya se indicó anteriormente, aun por un estornudo o un roce involuntario durante el sueño. Entonces, no se observó en este caso la debida diligencia y cuidado en el postoperatorio por parte del médico tratante”.
5. Establecida la culpa pasó a examinar el elemento de la conexidad, que también encontró demostrado, de acuerdo con las siguientes apreciaciones:
“Falta de actuación del médico demandado que guarda una conexión con el daño sufrido por el demandante en su ojo izquierdo y que no se destruye por la intervención final de otros médicos en la atención de la dolencia. Las circunstancias de gravedad presentadas en este caso, en las que se vio seriamente comprometida la visión del demandante, especialmente la del ojo izquierdo, y corroboradas por la misma historia clínica, muestran cómo no fue un capricho del demandante el acudir a otros especialistas para que fueran estos los que terminaran su tratamiento. Existió una causa justificada para ello. Nótese cómo fueron estos últimos tratantes quienes controlaron la difícil situación que presentaba el paciente demandante para el día 26 de octubre de 1992, sin que exista prueba alguna en este proceso que demuestre, que tal causa justificada no existía, que fue la culpa de los últimos tratantes la que ocasionó el daño sufrido por el demandante (…) Determinada la culpa del doctor Alejandro Arciniegas y que originó un daño en el órgano de la visión del demandante, (…) permiten concluir directamente tanto su responsabilidad como la de la clínica demandada, por lo que deben responder en forma solidaria por los daños causados al demandante”.
6. No obstante tener el convencimiento que el daño en cuestión le ocasionó al demandante unas lesiones tanto físicas como psíquicas, que dan lugar a un perjuicio de índole patrimonial, consistente en el daño emergente y el lucro cesante, el tribunal estimó que no se podía condenar a una indemnización por tales conceptos por cuanto el primero no fue avaluado, y el segundo no fue probado.
En cuanto a los perjuicios morales, luego de anotar que la indemnización por estos sí podía imponerla el juez a su arbitrio, los valoró en la suma de diez millones de pesos ($ 10’000.000), a cuyo pago condenó en forma solidaria a los demandados.
En las demandas presentadas para sustentarlos, el demandante formula un único cargo, en tanto que el demandado Alejandro Arciniegas Castilla, tres cargos, que la Corte estudiará en el mismo orden propuesto.
Demanda de Jorge Enrique Parra Rodríguez
1. Con apoyo en la causal primera, se denuncia la sentencia por la violación indirecta de los artículos 8º y 48 de la Ley 153 de 1887, 63, 1494, 1612, 1613, 1614 y 1616 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el tribunal, al no encontrar demostrado, estándolo, que a raíz de las lesiones sufridas, el demandante tuvo que abandonar sus estudios universitarios y no pudo continuar desempeñando su oficio de promoción y venta de cueros, y de recaudo de cartera, razón por la que dejó de percibir el ingreso correspondiente. Tampoco dio por demostrado, cuando sí lo estaba, la disminución en la capacidad laboral del demandante.
2. Lo anterior como consecuencia de la falta de apreciación de las siguientes pruebas:
La certificación expedida por la Universidad de la Salle el 30 de abril de 1993 (fl. 16, cdno. 1), documento en el que consta que para la época de la intervención quirúrgica, el actor cursaba tercer semestre en ese centro universitario, teniéndose “que retirar por una cirugía ocular en ambos ojos que le impidió continuar con sus estudios, hecho ocurrido en octubre de 1992”.
Las declaraciones de Beatriz Helena Moreno Sandoval, Édgar Fabián Barriga Córdoba, Elkin Puentes, Ambrosio Buitrago Moreno, Jesús Corredor Pedraza y Adolfo Charry Martínez, que se transcriben en lo pertinente, las cuales acreditan que el demandante “además de sus estudios universitarios se dedicaba igualmente a las labores de promoción, distribución y venta de pieles del señor Adolfo Charry, las traía y entregaba y cobraba la cartera, actividad que no pudo continuar en virtud de la intervención quirúrgica a que fue sometido y a la pérdida o disminución de su visión y, con el testimonio del Sr. Charry se demostró el pago de un salario mensual de $ 500.000 y un porcentaje del 3% por comisión sobre ventas y del 3% sobre recaudo de cartera”.
1. En la prueba documental que se dice no apreciada, se observa que el jefe de admisiones y registro de la Universidad de la Salle, certificó, a solicitud del interesado, el 30 de abril de 1993:
“Que, Parra Jorge Enrique (…) estuvo matriculado como alumno (a) regular de esta universidad. En el segundo ciclo académico de 1992 cursaba tercer semestre; pero se tuvo que retirar por una cirugía ocular en ambos ojos que le impidió continuar con sus estudios, hecho ocurrido en octubre de 1992”.
2. A su turno, la prueba testimonial muestra lo siguiente: Beatriz Helena Moreno Sandoval, compañera de estudios del demandante, dijo no saber qué ingresos recibía éste por la comercialización de cueros (fl. 190 vto., cdno. 1); Edgar Fabián Barriga Córdoba, quien conoce también a Jorge Enrique por la misma razón que la anterior, concreta así la actividad laboral del demandante: “Lo que yo le entendí a él era que él tenía que ir a San Benito y esa plata era de la venta de los cueros creo que de los cueros que le enviaban sus papás, eso era todo”, sin que por parte alguna de la declaración aparezca siquiera una valoración aproximada del monto de los daños materiales en cuestión (fl. 192, vto.). Por su parte, Elkin Puentes Cárdenas, tampoco dice nada de los ingresos, ni mucho menos de la pérdida o disminución de la capacidad laboral, en su declaración simplemente asevera que Jorge Enrique le manejaba los negocios en Bogotá a un señor Charry, quien no le dijo el motivo por el cual aquél no le siguió entregando las pieles; similar situación se advierte en las declaraciones de Ambrosio Buitrago Moreno y Jesús Corredor Pedraza, pues se limitaron a decir, en su orden: “El señor Parra era empleado de confianza de don Adolfo Charry, sobre sueldo no sé, pero debía de ganar bien porque era empleado de confianza de él. La relación laboral yo no sé si aún exista porque la última vez lo vi muy mal de los ojos”; “No tengo conocimiento de la relación laboral. No sé si era por comisión o por sueldo que devengaba el señor Parra”. Finalmente, en el testimonio de Adolfo Charry Martínez, cuñado del demandante, se lee que éste afirmó que el demandante trabajaba con él, por lo cual obtenía una suma mensual que oscilaba entre $ 2’000.000 y $ 2’500.000, equivalentes a $ 500.000 de sueldo, más una comisión que percibía de un 3% sobre las ventas y otro 3% sobre la cartera que le recaudara.
3. Del anterior recuento se colige que los medios de convicción relacionados no demuestran lo que pretende el censor, ya que ellos no resultan aptos para la determinación o cuantificación de los perjuicios materiales, pues si acaso demuestran que se causó un daño, mas ninguno constituye prueba cierta o concreta de la reducción o pérdida de la capacidad laboral del demandante, prueba sin la cual es imposible establecer la “supresión total o reducción temporal o indefinida de los ingresos”, como de manera acertada lo advirtió el ad quem, porque la conducente para tal efecto es la que éste trató de obtener de manera oficiosa, como que el daño futuro proveniente del aspecto en mención, sólo puede ser calculado por expertos, una vez precisado éste, ya que para ello juega papel determinante una serie de probabilidades de certeza que varían en cada caso concreto, como sería, a manera de ejemplo, la vida probable del demandante, o el tiempo de incapacidad, el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, y por supuesto el monto del ingreso periódico, aunque esto, como bien lo ha dicho la Corte en otras ocasiones, puede ser suplido con la remuneración legal del salario mínimo mensual.
En el asunto sub lite solamente la primera de las deponentes se atrevió a afirmar que en virtud de las lesiones ocasionadas al demandante, éste únicamente “se podría desempeñar como portero o como aseador, oficios que no requieren de ninguna precisión leyendo algo o manipulando algo constantemente”, prueba que en modo alguno resulta suficiente para demostrar el aspecto que echó de menos el tribunal.
4. También es evidente que los medios probatorios cuya falta de apreciación reclama el censor, no demuestran el valor de los gastos hospitalarios, terapéuticos o quirúrgicos, porque ni siquiera hacen mención de los mismos. De manera que vistas así las cosas, descartado queda que el fallador haya podido incurrir en los errores que se denuncian en el cargo, pues éste consciente de que las lesiones personales padecidas por el demandante, traían como consecuencia “un perjuicio de tipo patrimonial, como el daño emergente y el lucro cesante”, como expresamente lo anotó, vanamente intentó concretarlo, luego de darse cuenta que la prueba obrante en el expediente era insuficiente, decretando un dictamen pericial que a la postre no se pudo practicar por falta de colaboración de las partes, especialmente del demandante que era el directamente interesado.
5. De otro lado, resulta importante reiterar que a partir de la reforma que al Código de Procedimiento Civil introdujo el Decreto 2282 de 1989, entre otros aspectos proscribiendo en línea de principio las llamadas sentencias condenatorias in genere o en abstracto, necesariamente la concreción del monto indemnizatorio supone que en el proceso aparezcan cabalmente demostrados no solamente el daño material en sí mismo, sino su cuantía, pues es esta última la que permite una liquidación determinada de su valor. De ahí que los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil, impongan como deber, tanto a los juzgadores de primera y segunda instancias, el ejercicio probatorio oficioso con el fin de concretar el valor de la correspondiente indemnización, antes de optar por una sentencia absolutoria, que de todos modos resulta inevitable, cuando, como en este caso ocurre, por cualquier circunstancia no se logra la liquidación, dada la prohibición de proferir sentencias condenatorias en abstracto, o acudir al arbitrium judicis como instrumento hacedor de justicia, como en varias ocasiones lo ha predicado la corporación:
“…es absolutamente improcedente, se ha dicho, el arbitrio judicium para la determinación libre o limitada del resarcimiento del daño material y el daño material objetivado. Porque se trata de un asunto que física y jurídicamente necesita prueba y cuya carga corresponde al actor, sin que pueda el juzgador sustraerse a ella, ni dejarla de aplicar, aún en ausencia de prueba, porque en este evento lo procedente, si se juzgare necesario, debería ser el previo decreto de oficio de pruebas, para luego con base en dicho acervo, en aplicación de la ley (como debe ser), acertar en la concesión de la justicia solicitada. Pero si tal deficiencia probatoria no le permite al juzgador exonerarlo, para aplicar directamente la ley, con mayor razón no puede desatender dicha normatividad para acudir directamente a un juzgamiento en equidad” (1) .
(1) Sentencia de casación civil Nº 011 de 5 de marzo de 1993.
6. De acuerdo con lo expuesto, la conclusión del ad quem en modo alguno resulta arbitraria o contraevidente, pues como quedó visto ésta se encuentra acorde con la realidad que al respecto muestra el proceso, porque es indudable que en este caso no se estableció suma alguna a la cual pudiera ascender la indemnización por concepto de los citados perjuicios. Además, la circunstancia de que en el fallo no se hubiese hecho una referencia expresa a las pruebas señaladas por el censor, no es necesariamente indicativa de una preterición de las mismas.
7. Por lo dicho, el cargo no prospera.
Demanda de Alejandro Arciniegas Castilla
1. En este cargo se acusa la sentencia de contener resoluciones o declaraciones contradictorias, porque luego de desechar la responsabilidad extracontractual deducida en la demanda como pretensión subsidiaria, reconoce y declara la responsabilidad contractual, pero únicamente frente a Oftalmos S.A.; sin embargo, relativamente a los dos demandados, dispone una solidaridad no pactada y consecuentemente condena a los dos sujetos pasivos in solidum al pago de perjuicios morales.
2. Con el fin de demostrar el cargo, el recurrente previamente hace unos planteamientos teóricos en torno al ámbito de la responsabilidad civil, el sistema dicotómico de la misma, la responsabilidad contractual por el hecho de otro, las diferencias entre responsabilidad contractual y extracontractual, y la incompatibilidad natural de las acciones provenientes de las dos responsabilidades, para entonces entrar en la concreción del error de procedimiento que denuncia, señalando en el texto de la demanda los apartes de la sentencia que por contener conclusiones comportan la acusada contradicción,
“Porque es lo cierto, dice el impugnante, que habiendo desechado en las motivaciones de su fallo, frente a los dos demandados, la responsabilidad extracontractual o por culpa aquiliana que el demandante dedujo como subsidiaria en la demanda incoativa del proceso, para acoger únicamente la de responsabilidad contractual deprecada principalmente en ese libelo, pero sólo en relación con la sociedad “Oftalmos S.A.”, en la parte resolutiva condena tanto a esta entidad como al doctor Arciniegas Castilla solidariamente, por responsabilidad contractual que prohíja como fundamento único de la sentencia.
O sea, remata el cargo, para expresar la idea con criterio tautológico, que luego de colocar al demandado Arciniegas Castilla al margen de toda responsabilidad por los hechos investigados, tanto de la contractual como de la extracontractual, en la parte dispositiva de su fallo el sentenciador adquem lo condena sin embargo a pagar in solidum al demandante perjuicios morales y costas procesales. Es decir, que en sus motivaciones lo absuelve de toda responsabilidad civil, pero en sus disposiciones lo condena por responsabilidad contractual”.
1. La causal de casación prevista por el numeral 3º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, considerada como un típico error de procedimiento, se presenta en la estructura misma de la sentencia, como un atentado contra la lógica, en tanto “en su parte resolutiva”, se hacen contener “declaraciones o disposiciones contradictorias”, que por lo incompatibles se excluyen entre sí, hasta el punto de no poderse ejecutar simultáneamente. De manera que no se trata de antagonismos meramente aparentes, superables mediante una labor de interpretación, sino, como lo ha dicho la corporación, de reales contradicciones resolutivas que por ir en contravía de elementales principios lógicos, no permiten su ejecución “simultánea, concurrente o coetáneamente”, o sea que la sentencia que padece de este vicio de actividad “contiene varias manifestaciones de voluntad jurisdiccional, en una misma declaración de certeza jurídica, que son antagónicas y se destruyen recíprocamente de modo que la ejecución de una implica que la otra, por obra de principios elementales de lógica formal, quede desprovista de sustancia y por ende se haga imposible de cumplir, siempre en el bien entendido que la contradicción, si es que en verdad existe, pues con frecuencia se confunde lo contradictorio con lo diferente, ha de reflejarse en lo dispositivo del fallo cualquiera que sea la parte de este último en que aparezca formulado” (2) .
(2) G.J. Nº 2497, pág. 575, sentencia de casación de 8 de junio de 1999.
2. Ahora bien, las conclusiones que el recurrente presenta como contradictorias en la sentencia impugnada, que en su opinión implicaron una simultánea absolución y condena, corresponden a los siguientes pasajes considerativos, pero que en todo caso integran la ratio decidendi dispositiva de la sentencia del ad quem:
a) “Se impone en este caso el análisis de las pretensiones principales, pues en el caso presente no tiene cabida la responsabilidad extracontractual alegada como subsidiaria, ya que no se ha demostrado en este proceso, que el paciente demandante hubiere ingresado a la Clínica Barraquer en estado de inconsciencia, responsabilidad citada que no se origina por el solo hecho de haber ingresado el demandante en un principio por el servicio de urgencias de dicha clínica”.
b) “... ningún contrato previo e independiente existió entre el paciente y el médico Arciniegas, sino que a tal galeno le correspondió atenderlo, en virtud del contrato verbal referido entre el mismo paciente y la clínica, quien admitió su ingreso por el servicio de urgencias y en forma voluntaria, como ya se indicó, con lo que se concluye que tal médico fue asignado por la institución de salud, sin la opción de que el paciente lo escogiera, como así mismo se reafirmó con lo dicho en el mismo interrogatorio al responderse que, ‘...así cualquier paciente que vaya sea porque me busca a mí o porque Oftalmos lo asigna por computador, siempre pagará a la sociedad...´”.
c) “Y es que aunque la sociedad demandada se esforzó por demostrar que no existe ninguna relación de dependencia entre los médicos que laboran y tienen su consultorio en las instalaciones de la Clínica Barraquer, cuya propiedad es de la sociedad demandada (fls. 248 a 252, cdno. 1), lo cierto es que, debido a los convenios celebrados entre aquellos y ésta, hay ocasiones en que no existe la posibilidad de que el paciente que acude a sus servicios escoja a su tratante; como cuando se ingresa por el servicio de urgencias y aconteció en este caso, o como cuando el paciente es atendido por la consulta que se denomina ‘económica’, en la que también al azar se le asigna cualquiera de los médicos que forman parte del convenio”.
d) “En estos casos entonces, es imperioso concluir que es la institución quien se compromete y asume la prestación de los servicios médicos, para lo cual cuenta con el personal lo suficientemente calificado, tanto así que han influido de manera preferente en el prestigio que tiene la clínica...”.
e) “... es imperioso concluir, que en estos casos, es la institución de salud la que se obliga con los pacientes respectivos, responsabilidad que no puede eludir con el juego artificioso de que sus médicos no tienen una relación de dependencia o laboral con ella”.
f) Luego reiteró, “que la cirugía no fue contratada por el paciente independientemente con el médico, sino que fue producto de ese primer ingreso y el control posterior, pues le fue recomendada precisamente por el médico que le correspondió en el servicio de urgencias tal y como se desprende del contenido del folio 12 del cuaderno 1”.
g) Por último, después de examinar la conducta del demandado Arciniegas en la práctica médica, concluyó el tribunal que éste había incurrido en culpa, razón por la cual se podía predicar, dijo, “directamente tanto su responsabilidad como la de la clínica demandada, por lo que deben responder en forma solidaria por los daños causados al demandante”, como en efecto lo dispuso en la parte resolutiva.
3. El anterior contenido de la sentencia recurrida permite identificar su verdadero alcance, que no es otro que deducir una responsabilidad contractual de parte de la sociedad demandada, y una responsabilidad no calificada expresamente, salvo en el número dos de la resolución, del lado del demandado recurrente, que por contera excluye la aparente contradicción que fundamenta el recurso.
Véase cómo la primera parte de la sentencia está destinada a excluir la responsabilidad extracontractual de la sociedad demandada, “ya que no se ha demostrado en este proceso, que el paciente demandante hubiere ingresado a la Clínica Barraquer en estado de inconsciencia, responsabilidad citada que no se origina por el solo hecho de haber ingresado el demandante en un principio por el servicio de urgencias de dicha clínica”. Luego, en torno al mismo eje de raciocinio, después de descartar que entre el médico Arciniegas y el paciente se haya celebrado “contrato previo e independiente”, pues “a tal galeno le correspondió atenderlo, en virtud del contrato verbal referido entre el mismo paciente y la clínica... con lo que se concluye que tal médico fue asignado por la institución de salud, sin la opción de que el paciente lo escogiera...”, culminó dejando por averiguado el compromiso contractual de la entidad, la cual “asume la prestación de los servicios médicos, para lo cual cuenta con el personal lo suficientemente calificado...”, sin que ésta pueda eludir la responsabilidad, agrega, “con el juego artificioso de que sus médicos no tienen una relación de dependencia o laboral con ella”.
Hasta aquí el énfasis del ad quem ha estado dirigido a dejar en claro la eventual responsabilidad de la sociedad demandada dentro del ámbito del “contrato verbal” que hubo de celebrar con el demandante. Desde luego, que por contera, dentro del marco de una simple lógica jurídica, excluye frente a ella la cuestión extracontractual.
4. En cambio, con respecto al médico demandado lo que el razonamiento muestra como obvio es que éste no ajustó con el demandante “ningún contrato previo e independiente”, pues su participación fue en su condición de “médico asignado por la institución de salud, sin la opción de que el paciente lo escogiera”. En otras palabras, para el tribunal la responsabilidad del recurrente no era imputable al incumplimiento de una obligación contractual propia, porque él no celebró contrato “previo e independiente”. Fue sí, lo predica la providencia, el ejecutor de “la prestación de los servicios médicos” que como obligación contractual asumió la institución.
De manera que de esta primera parte del contenido de la providencia del tribunal no es posible concluir que el demandado recurrente haya sido exonerado de su responsabilidad, ya que esto no aparece manifestado en el texto. Lo expuesto no fue cosa distinta a la señalada, o sea que él no celebró contrato autónomo como sí lo hizo la entidad demandada, a cuya explicación se dedica in extenso la sentencia, inclusive reiterativamente, porque para finalizar el punto insiste en que “la cirugía no fue contratada por el paciente independientemente con el médico, sino que fue producto de ese primer ingreso y el control posterior, pues le fue recomendada precisamente por el médico que le correspondió en el servicio de urgencias”.
Posteriormente la providencia se ocupa del análisis de las circunstancias particulares del acto médico ejecutado por el doctor Arciniegas Castilla, para concluir que la forma “como ocurrieron los hechos, permite inferir a la Sala, así como llegar a la íntima convicción, que sólo el comportamiento culposo del médico demandado, pudo haber sido la causa del daño”. “Determinada la culpa del doctor Alejandro Arciniegas, anota a continuación, y que originó un daño en el órgano de la visión del demandante, pues la que recuperó con la cirugía en el ojo derecho de tan sólo un 10%, no se compadece con la que perdió en el izquierdo en un 85%, permiten concluir directamente tanto su responsabilidad como la de la clínica demandada, por lo que deben responder en forma solidaria por los daños causados al demandante” (se resalta directamente).
5. Por supuesto que la sentencia termina en su parte resolutiva disponiendo “Declarar solidariamente responsables a los demandados por la ejecución defectuosa del contrato de prestación de servicios celebrado con el demandante y relativo a la queratotomía paralela que le practicó a este último el 8 de octubre de 1992”.
Ahora, como esta última declaración compromete la responsabilidad del recurrente “por la ejecución defectuosa del contrato de prestación de servicios celebrado con el demandante”, es decir, dentro de la órbita de la responsabilidad contractual, ninguna contradicción se detecta con los otros pronunciamientos dispositivos de la sentencia, que al fin de cuentas serían la consecuente condena solidaria con la otra codemandada y la exclusión de responsabilidad extracontractual, de cuya definición previamente se ocupó el ad quem en la parte formalmente motiva, pero materialmente estructurada con un contenido dispositivo, comprensivo de la responsabilidad del demandado recurrente, como claramente se colige de una razonable interpretación del texto completo de la sentencia.
Con independencia del fundamento jurídico que será objeto de análisis en el otro cargo, las disposiciones de la sentencia no muestran ninguna contradicción, pues el demandado recurrente simplemente fue condenado a título de responsabilidad contractual por el cumplimiento defectuoso del contrato celebrado por la otra codemandada y el demandante, por cuanto éste fue el ejecutor del mismo e incurrió en culpa.
6. Por consiguiente, el cargo no prospera.
1. Acúsase en éste la sentencia del tribunal por haber violado directamente los artículos 63, 66, 1494, 1495, 1502, 1505, 1546, 1568, 1571, 1602, 1604, 1610, 1615, 1619, 2142, 2144, 2186-1, 2341, 2343, 2344, 2347, 2356 del Código Civil, 25, 822, 832, 834, 870, 871 del Código de Comercio, 16 de la Ley 23 de 1981 y 13 del Decreto 3380 del mismo año.
2. A manera de introducción explica el casacionista, que los errores jurídicos que son objeto de su impugnación, consisten esencialmente en que para decidir el presente litigio el tribunal aplicó preceptos impertinentes, dejando así de aplicar los procedentes, porque si éste desechó por inconducente, la acción indemnizatoria que por responsabilidad civil extracontractual o por culpa aquiliana, planteara de manera subsidiaria el demandante, erró ostensiblemente al tomar resoluciones con aplicación de las normas legales integrantes del título 34 del libro 4º del Código Civil, porque ellas regulan dicha clase de responsabilidad.
3. Dentro de ese orden de ideas, expresa, que no correspondía aplicar en este caso, “ni por asomo”, el artículo 2341 ejusdem, por cuanto dicho precepto impone a quien ha inferido daño a otro con ocasión de un delito o culpa, el deber de indemnizar el perjuicio causado. También dice que se aplicaron de manera indebida los artículos 2343 y 2344, ibídem, que en su orden se refieren al sujeto pasivo de la acción de esta clase de responsabilidad y a la solidaridad que los abriga, al igual que el 2347, ibidem, que extiende ese deber reparatorio a la persona bajo cuyo cuidado está el autor directo del hecho que ocasionó el daño, y el 2356, que consagra la presunción de culpa cuando el daño proviene del ejercicio de una actividad de las consideradas como peligrosas.
Sobre el tema, continúa
“Y si la aplicación que en este caso hizo el ad quem de los preceptos legales sobredichos, los regulativos de la responsabilidad por culpa aquiliana, resulta paladina y coruscantemente indebida o impertinente, no menos palmaria y sin rebozo se presenta, cuando menos en lo que atañe a las declaraciones y condenaciones que a cargo del médico Arciniegas Castilla trae la parte resolutiva de la sentencia, la actuación que en ella hizo ese juzgador de los preceptos legales reguladores de la responsabilidad contractual, por cuanto si, escuetamente, a juicio de ese fallador dicho demandado no fue parte de ese contrato cuando se celebró, aberrante resulta deducirle culpa contractual por hechos derivados de esa misma convención jurídica”.
No habiendo sido Alejandro Arciniegas parte material del contrato en virtud del cual se causó el daño, mal puede atribuírsele culpa contractual por su ejecución defectuosa, aunque hubiere tenido participación en ella, por cuanto su actuación fue en calidad de sustituto de la sociedad contratante.
“Por eso los textos 63, 66 y 1604 del Código Civil fueron mal aplicados, pues ellos son regulativos de la culpa contractual; de análoga manera no han debido hacerse actuar en este caso los preceptos 1494, 1495, 1502, 1546, 1610, 1615 del mismo Código Civil, 870 y 871 del Código de Comercio, los que a la postre también resultan aplicados indebidamente, sencillamente por cuanto el contrato que se toma como punto firme de partida y por ende la obligación que de él se deriva, tienen como sujeto pasivo a una persona distinta del médico aquí buscado como codemandado, la sociedad Oftalmos”.
Por tanto, si el contrato de prestación de servicios médicos en cuestión fue celebrado de una parte, por el demandante y, de otra, de manera exclusiva por “Oftalmos S.A.”, las obligaciones de él surgidas lo son de sujetos singulares y no plurales, lo que significa, que no puede predicarse una responsabilidad solidaria, pues ésta presupone para su existencia de un número plural de deudores, amén de no ser factible que el acreedor se dirija contra una pluralidad de demandados, incluyendo en ellos a quien no fue parte en el contrato, máxime si en éste no se ha estipulado esa solidaridad, ni tampoco existe ley que la presuma. Afirma, además, que en el caso presente resulta clara la indebida aplicación que hizo el tribunal de los artículos 1568 y 1571 del Código Civil, en cuanto atañe al recurrente, pues dichos preceptos contemplan situaciones de hecho diferentes a las que él mismo dedujo.
Considera, entonces, impertinente la aplicación del artículo 1602 ejusdem, que contempla “la regla de la normatividad de los contratos o la teoría de la ley del contrato”, de acuerdo con la cual sus efectos sólo vinculan a quienes han intervenido en su celebración y no a quienes fueron ajenos al acto de otorgamiento, ya que estos por tener condición de terceros no pueden ser ligados a sus efectos, aunque hayan participado de manera activa en la ejecución de las obligaciones originadas en el contrato, pues en ese evento “actúan como sustitutos del contratante incumplido”.
Afirma el casacionista que la aplicación indebida de las normas legales sustanciales precitadas, trajo como consecuencia la falta de aplicación de los artículos 1505 del Código Civil y 832 del Código de Comercio, que se refieren a la representación convencional y a los efectos del acto celebrado por el representante, previa autorización del representado; así como de los artículos 2142, 2144 y 2186 inciso 2º del Código Civil, que por referirse al mandato civil y a la responsabilidad del comitente por los actos de su comisionado debieron haberse aplicado en el caso presente.
La aplicación indebida surge respecto del demandado Arciniegas Castilla, en cuanto el fallador aplicó las disposiciones legales reguladoras de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, cuando él mismo había dado por sentado que aquél no era aquí sujeto de ninguna responsabilidad, por no haber celebrado el contrato en torno del cual gira la litis. De acuerdo con lo anterior, en este caso se dejaron de aplicar las disposiciones legales que estructuran y gobiernan el instituto de la responsabilidad contractual por el hecho ajeno, pese a ser las adecuadas para dirimir el conflicto frente al demandado Alejandro Arciniegas.
4. Solicita que se case el fallo recurrido en cuanto atañe a las declaraciones y condenas proferidas contra Alejandro Arciniegas, para que en su lugar se le absuelva, confirmando lo decidido al respecto por el a quo.
1. El tema jurídico que propone el presente caso tiene que ver con el tipo de responsabilidad que se le puede imputar al autor material del daño que funge de agente (ejecutor material) en el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por otra persona, que sería el deudor principal.
Como antes se expuso, a propósito de la definición del cargo anterior, a donde se remite por economía, el tribunal dedujo con respecto al recurrente (médico tratante), una responsabilidad contractual solidaria, transferida, se interpreta, porque al respecto la sentencia no contiene motivación expresa, del contrato que efectivamente la entidad codemandada celebró con el demandante, en consideración a que el primero fue el médico asignado para adelantar el tratamiento, quien como igualmente lo manifiesta la sentencia recurrida, no acordó contrato “previo e independiente”.
Para el recurrente, siendo cierto como lo concluyó el tribunal que el médico demandado no celebró contrato por sí mismo, ni fue parte material del contrato concertado con la otra demandada,
“... no puede deducírsele culpa contractual por la defectuosa ejecución de ese pacto, así en ésta él hubiere tenido injerencia, por cuanto su intervención respondió a ser sustituto de la sociedad que ajustó el contrato... Si el contrato de prestación de servicios al mentado señor Parra Rodríguez fue celebrado por éste, agrega, por una parte, y por la otra, únicamente Oftalmos S.A., las obligaciones de él surgidas lo son de sujetos singulares y no plurales; es decir, que para el deber jurídico aquí litigado no puede predicarse correalidad pasiva, ni menos responsabilidad solidaria, pues así ésta como aquélla presuponen para su existencia de un número plural de deudores; ni es dable por tanto que el acreedor se dirija contra una pluralidad de demandados, incluyendo como tal a quien no fue parte en el contrato; ni, por ende, que se deduzca e imponga responsabilidad in solidum de un contrato que no ha estipulado tal solidaridad, ni existe ley que la presuma”.
2. Como se anotó al final del cargo anterior, el recurrente fue condenado en el número 2 de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, como responsable contractual por el cumplimiento defectuoso del contrato celebrado por la otra codemandada y en atención a que éste como ejecutor del mismo incurrió en culpa.
Aunque el tribunal no lo expuso de modo explícito, la fórmula de la condena y el raciocinio que para tal efecto elaboró, permiten concluir, como antes se dijo, que el ad quemtrasfirió al recurrente la responsabilidad contractual de quien efectivamente celebró el contrato, en consideración a la culpa que éste “directamente” cometió cuando se comportó como “médico asignado por la institución de salud” para “la prestación de los servicios médicos”, razón por la que definió que debía “responder en forma solidaria por los daños causados al demandante”.
A decir verdad, el tema que plantea el caso no ha sido ajeno al tratamiento doctrinal, pues desde antaño ha estado bajo examen, porque si bien es cierto que el principio de los efectos relativos del contrato, excluiría la responsabilidad del tercero, pero en todo caso encargado de la ejecución del contrato, del marco de la responsabilidad contractual, para ubicarlo obviamente en el régimen extracontractual, lo cierto es que razones de equidad y de protección de la víctima, han inclinado a la doctrina y a la jurisprudencia, y hasta cierto punto a la ley, como lo comenta Javier Tamayo Jaramillo, a atribuirle “a dicho tercero” una responsabilidad contractual. Finalmente —dice—, “la doctrina y la jurisprudencia más recientes en el derecho comparado han concluido que el acreedor contractual tiene una acción necesariamente contractual contra el subcontratista con quien el deudor contractual inicial había contratado la ejecución del contrato. Se considera que como el objeto de la prestación en ambos contratos es exactamente el mismo, el acreedor inicial perfectamente puede demandar por vía contractual a cualquiera de los dos deudores” (3) .
(3) De la Responsabilidad Civil, T. II, págs. 80 y 81.
Particularmente la doctrina argentina ha optado por la señalada tendencia en consideración a que “el auxiliar” está sujeto a “una responsabilidad accesoria, que se modela, por tanto, sobre la que incumbe al deudor (hay por lo demás, una “complicidad” entre principal y dependiente que no puede desentrañar el acreedor)”. Se trata en estos casos (se refiere exactamente a la responsabilidad civil del médico, Jorge Mosset Iturraspe), “de una responsabilidad accesoria”, en la cual incurre no cualquier tercero, sino “la persona elegida por el deudor para el cumplimiento; persona que entra en contacto con el acreedor y realiza, con su conformidad, el comportamiento encaminado a ese fin”. Esta unidad de fundamento, anota, “y naturaleza jurídica, simplifica la acción de la víctima del hecho médico, que podrá acumular sus pretensiones en un solo juicio, contra dos demandados distintos y obligados in solidum por la totalidad del resarcimiento solicitado” (4) . Igual es el criterio de otros autores, quienes para llegar a idéntica conclusión, o sea la “fuente contractual” del “agente”, tienen en cuenta que “La cuestión examinada se halla estrechamente relacionada con la estructura misma de la relación obligacional en cuanto consiente que el interés del acreedor pueda ser satisfecho a través de la ejecución directa de la prestación por el deudor o por un tercero” (5) . Por su lado, Bustamante Alsina sostiene la misma apreciación pero bajo el entendido de que la responsabilidad contractual del tercero surge del hecho que entre la entidad y el médico que presta sus servicios en ella se establece un contrato en favor de tercero. De manera que el carácter contractual de la responsabilidad del médico frente al paciente se da por virtud del contrato celebrado por aquél con la entidad asistencial que atribuye al paciente el derecho a ser asistido por el médico, derecho que queda consolidado con la aceptación del beneficiario, quien por consiguiente se legitima directamente contra el promitente médico (6) . En similar sentido se han pronunciado algunos doctrinantes chilenos, por supuesto consultando las normas del Código Civil de su país, entre ellos Arturo Alessandri Rodríguez (7) .
(4) Responsabilidad Civil del Médico, Ed. Astrea, Buenos aires, 1979, págs. 116 y 177.
(5) Trigo Represas, Responsabilidad civil de las profesiones, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983.
(6) Responsabilidad civil de los médicos en el ejercicio de su profesión, Buenos Aires, 1976.
(7) De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil, Imprenta Universal, 1981, págs. 76 y 77.
La jurisprudencia de la Corte de Casación italiana, variando el criterio de la responsabilidad extracontractual del médico dependiente del centro hospitalario que había sostenido en sentencia de 24 de marzo de 1979, últimamente ha optado por la tesis de que éste responde a título contractual, como lo sostuvo en sentencias de 1º de marzo de 1988 y 27 de mayo de 1993(8).
(8) Tratado de la responsabilidad civil, Visintini Giovanna, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, pág. 279
3. Aunque para la Corte no ha sido extraño el caso de existencia de hechos que al mismo tiempo que constituyen infracción de un contrato, también pueden dar margen a responsabilidades extracontractuales entre las mismas partes, lo cierto es que su jurisprudencia siempre ha tenido el tino de no confundir una y otra clase de responsabilidad, porque no es indiferente al régimen legal ni la naturaleza de la acción, ni las consecuencias de una u otra, como tampoco lo concerniente a la prueba, al tratamiento de la culpa o a los términos de prescripción. De ahí que consecuentemente haya afirmado que jurídicamente no es procedente su acumulación simultánea, ni el ejercicio de una “acción híbrida, según expresión de los expositores, porque la yuxtaposición o acumulación de estas dos especies de responsabilidad es imposible, ya que la contractual por su propia naturaleza excluye la generada por el delito” (9) . Por consiguiente, agrega la Corte en la sentencia que se cita, en ocasiones es necesario plantear con precisión cuál es la fuente de la responsabilidad que se invoca, contractual o extracontractual, como “cuando las consecuencias del daño cuya reparación se pretende han sido expresamente previstas y reguladas por el contrato”, pues en esos casos el reclamante no puede desplazarse del dominio del contrato a las disposiciones de la culpa aquiliana, “sin caer en una inadmisible acumulación de formas de responsabilidad, que podrían llevar a proteger daños que fueron excluidos de lo pactado, o a abandonar las normas del contrato tocantes a la regulación de las indemnizaciones”. Empero, existen casos, explica la corporación invocando precedentes jurisprudenciales, donde sí es indiferente identificar la fuente de la responsabilidad, “ocurre ello —dice en los casos en que aún sin contrato surge siempre la misma obligación de indemnizar como resultado de un hecho manifiestamente violatorio del derecho de otro por causa de haberse ejecutado con malicia o negligencia”. En tales circunstancias, sigue diciendo, “no se consagra una acumulación de responsabilidades; únicamente se persigue la culpa en que se destaque con mejor relieve. Se ha cometido culpa; luego si no aparece con claridad que con ella háyase violado determinada cláusula contractual, pero el hecho ha causado daño, las consecuencias indemnizatorias impónense no importa cuál sea el origen de la culpa” (10) . Este tratamiento unificador, ha sido utilizado por la jurisprudencia española, especialmente para aquellos casos donde con independencia del régimen, se impone el deber de indemnizar (sent. jun. 19/84), punto en el cual ha sido importante la influencia de la doctrina particular, porque como lo comenta Díez Picazo,
(9) G.J. T. XCI, pág. 764.
(10) G.J. T. LXII, pág. 873.
“Más realista, sin embargo, parece que es entender que el carácter de contractual o extracontractual de los deberes infringidos al ocasionar los daños no es tanto un factor que configura la acción, dotándola de una única naturaleza, cuando entender que son simples fundamentos de derecho de prosperabilidad de la acción indemnizatoria y que como fundamentos de derecho son en alguna medida intercambiables en virtud del principio “iura novit curia”. Esta solución más realista, parece también mucho más justa que la de formalizar y autorizar las acciones, que conduce inevitablemente, en la elección, a una especie de ordalía o juicio de Dios” (11) .
(11) Citado por Fernández Hierro, José Manuel, Sistema de Responsabilidad Médica, páginas 69-72.
4. Pues bien, como quedó expuesto anteriormente, en conclusión del ad quem que en manera alguna discute el recurrente en consideración a que el cargo que se resuelve corresponde a la causal primera, vía directa, el médico demandado fue condenado como “directamente” responsable, de manera “solidaria” con la clínica demandada por los daños causados al demandante, por cuanto se halló perfectamente que “sólo el comportamiento culposo del médico demandado, pudo haber sido la causa del daño”, dada la culpa cometida con ocasión del tratamiento, puesto que actuó con “falta de diligencia y prudencia”.
Siendo entonces clara la conclusión acerca de la culpa “directa” del médico recurrente, quien no celebró contrato “previo e independiente” con el paciente, pero sí era el ejecutor material de las prestaciones derivadas del contrato celebrado con la otra codemandada, entre otras cosas no recurrente, dable resulta, para efectos de resolver la propuesta de la impugnación, elucidar en torno al régimen jurídico colombiano, dos aspectos de puro derecho, por cuanto se decide un cargo por vía directa y por consiguiente las conclusiones fácticas antes señaladas no ameritan ningún reproche: primero, si al citado médico bajo las condiciones mencionadas se le puede imputar responsabilidad contractual, y segundo, definido lo anterior, si se le puede deducir solidaridad con la otra codemandada, tal como lo determinó el tribunal en la decisión que es objeto de cuestionamiento.
Tratándose del primer punto, como ya se observó, la tendencia está dirigida a atribuirle al tercero que ejecuta materialmente la prestación de la obligación contractual del primigenio deudor, responsabilidad contractual por el cumplimiento defectuoso de la misma, justificada en diversas tesis, que como se vio, van desde “una responsabilidad accesoria”, pasando por el contrato a favor de tercero, hasta llegar a aquella que consulta la unidad y la estructura de los vínculos dados entre el contratante inicial, el acreedor y el ejecutante material de la prestación en la condición de agente o auxiliar del primero.
Pues bien, vistas las circunstancias fácticas que en relación con el caso han quedado verificadas y que en consideración al cargo no ameritan controversia, sin duda alguna que la decisión adoptada por el tribunal al deducir responsabilidad contractual tanto a Oftalmos S.A. (contratante y deudor original), como al agente, el médico Arciniegas, quien ejecutó materialmente la prestación asumida por la primera, se explica en la estructura de la relación obligacional que entre dichas personas se generó, la cual se caracteriza por la unidad del objeto de la prestación, puesto que hay identidad entre el compromiso adquirido por la clínica (persona jurídica codemandada) y el del médico que con la aquiescencia (en el caso) del acreedor procedió a la ejecución del tratamiento, en su condición de agente o “sustituto”, como lo llama el recurrente, de la citada sociedad. De suerte que si el objeto de la obligación es exactamente el mismo, razón por la que demanda un comportamiento uniforme, guiado por un mismo fin, cual es el cumplimiento de los deberes contractuales originalmente adquiridos, lógicamente se debe predicar una unidad de tratamiento jurídico en el ámbito de la responsabilidad para la clínica y el médico tratante, pues mientras que la primera responde por el incumplimiento del contrato que efectivamente celebró, el segundo lo hace como ejecutor fallido de idéntico objeto prestacional. De ahí que se esté, como lo dice la doctrina, frente a una responsabilidad de índole contractual “indistinta” para ambos sujetos, puesto que es tan contractual el origen de la obligación como su ejecución.
Desde luego que esta unidad de tratamiento tiene asidero no sólo en la estructura fáctica de la relación obligacional establecida entre las partes del proceso, sino en los efectos que a partir de ella se derivan, porque con independencia del vínculo existente entre la clínica y el médico, lo cierto es que la atención al paciente (acreedor) por dicho profesional, fue dispuesta por la primera, se repite, con el consentimiento del último. De modo que la culpa del señalado agente es la culpa de la sociedad, en los términos del artículo 1738 del Código Civil, que en atención al vínculo existente con el agente, estatuye como parte integrante del hecho o culpa del deudor, el hecho o culpa del agente, porque al fin de cuentas, como quedó dicho, se trata de la responsabilidad derivada del incumplimiento de una misma prestación, que por lo demás lesiona el mismo interés y produce el mismo daño, lo cual como seguidamente se analizará, incide en el campo de la solidaridad.
Respecto de este tema, es decir, el de la solidaridad, al contrario de lo que piensa el recurrente, la corporación entiende que ésta nace de la propia ley, que es una de sus fuentes, (C.C., art. 1568), concretamente de la aplicación del principio general consagrado por el artículo 2344 del Código Civil, eficaz para todo tipo de responsabilidad, porque lo que hizo el tribunal no fue otra cosa que a partir de la demostración de la propia culpa del médico, deducir una responsabilidad directa, concurrente con la culpa contractual, no controvertida en este cargo, de la otra codemandada. En otras palabras, lo claro es que la solidaridad no surgió de una inexistente pluralidad de sujetos contratantes, como lo plantea el impugnante, sino de la propia ley, o sea el artículo 2344, en tanto el juzgador consideró que el perjuicio había sido consecuencia de la culpa cometida por dos personas, una de ellas el médico encargado del tratamiento. Por supuesto que para arribar a esta nueva conclusión, vuelve a jugar papel determinante la estructura y el vínculo obligacional que hubo de quedar verificado, porque es la unidad de objeto prestacional y la relación existente de los codeudores entre sí y de estos con el acreedor, en la forma como quedó averiguada, ligadas a la identidad del interés lesionado y del daño producido, la que permite hacer el predicamento de solidaridad que antes se expresó, porque como explica Adriano de Cupis al ocuparse de situaciones como la que ahora se estudia, para poder sostener la tesis de la solidaridad, “es decisivo... que tales comportamientos concurran en la lesión del mismo interés y en la producción del mismo daño”. Precisamente, agrega, “la diversidad de título, es decir, del fundamento de la responsabilidad, no excluye su solidaridad, porque deriva de comportamientos concurrentes a la producción del mismo daño” (12) .
(12) El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. pág. 301.
Ahora bien, la solución dada al caso a partir de interpretar extensivamente el artículo 2344 del Código Civil, para comprender en él la solidaridad en el marco contractual que se examina, en consideración, claro está, a las circunstancias propias del caso, no ha sido extraña a la práctica judicial foránea, particularmente la jurisprudencia chilena, donde se ha llegado a idéntico planteamiento consultando el artículo 2317 del Código Civil de dicho país, igual al 2344 del Código Civil colombiano, tanto en cuanto a su contenido, como a la ubicación, para deducirle responsabilidad solidaria al médico que incurre en la “culpa directa”, como al hospital con quien se había contratado (13) .
(13) La responsabilidad civil de hospitales y clínicas. Pedro Zelaya Echegaray.
En idéntico sentido también se verifican varias sentencias del Tribunal Supremo Español (oct. 17/96, mar. 1º/96, entre otras), exponiendo que
“... si bien el artículo 1137 del Código Civil dice que la solidaridad procede cuando la obligación expresamente la establezca, la jurisprudencia actual reiterada y muy numerosa, no exige con rigor e imperatividad el pacto expreso de solidaridad, habiéndose de esta manera dado una interpretación correctora al precepto citado, para alcanzar y estimar la concurrencia de solidaridad tácita pasiva, admitiéndose su existencia cuando del contexto de las obligaciones contraídas se infiera su concurrencia, conforme a lo que declara en su inicio el artículo civil 1138, por quedar patente la comunidad jurídica con los objetivos que los recurrentes pretendieron al celebrar el contrato”.
5. Por lo tanto, el cargo resulta infundado.
1. En este cargo se denuncia la violación de los artículos 63, 66, 1505, 1546, 1568, 1571, 1602, 1604, 1610, 1615, 2341, 2344, 2347 y 2356 del Código Civil, 822, 832, 870 y 871 del Código de Comercio, 16 de la Ley 23 de 1981 y 13 del Decreto 3380 del mismo año, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas relacionadas con la culpa del demandado y con la relación de causalidad entre ésta y el daño.
2. Sobre lo primero, afirma el recurrente que el tribunal encontró en la historia clínica y en las declaraciones de los médicos Carmen José Barraquer Coll, Gabriel Antonio Child Escobar y Hernando Camacho Acevedo, que el “tratamiento indicado” de ocluir y tapar los ojos del demandante no se aplicó el primer día de control al ojo izquierdo, lo cual ocurrió hasta el quinto día del post-operatorio, ya cuando la “herida” se “encontraba abierta”, circunstancia que permitió el contacto con el “ambiente exterior” y por eso apareció la infección.
2.1. Empero, en ninguna de las anotaciones de la historia clínica se consigna la aseverada por el tribunal “herida abierta”. Al contrario, el 9 de octubre de 1992 se lee “con cámara”, lo cual significa que el ojo está bien. Lo mismo el 10 y 11 siguiente. El 13 de octubre se encuentra el ojo “sin cámara” y entonces se ocluye. El 27 del mismo mes se anota que “se suturó incisión”, que es distinto a “herida abierta”.
La testigo Carmen José Barraquer Coll no “habla de herida abierta” antes ni después del 27 de octubre. Simplemente refirió que al examen del paciente, el 26 de octubre, encontró el ojo izquierdo “con signos de reacción inflamatoria en cámara anterior y con una incisión queratotomía radial situada a las 6 abierta”, que el 27 siguiente le “colocó dos puntos de sutura en la incisión que se encontraba abierta” y que no puede “afirmar en qué momento se abrió esta incisión”.
Lo mismo debe decirse del declarante Hernando Camacho Acevedo, quien manifestó sin precisar fecha, cree que fue en 1992, que examinó al demandante, por remisión de la doctora Barraquer con diagnóstico de “perforación”, y le encontró “una incisión de una cirugía refractiva practicada previamente con perforación”, que en lo que está de acuerdo con la anterior testigo es que la incisión abierta “pudo tener como causa un golpe”.
El testimonio de Gabriel Antonio Child Escobar, quien también examinó al demandante el 26 de octubre de 1992, tampoco puede ser fundamento de la conclusión sobre la “herida abierta” en el ojo izquierdo. El deponente afirma que para ese entonces “había huellas de perforación inferior a las 6… que comprometía el iris”, que encontró “una cicatriz de más o menos 1.5 milímetros lo que indica una microperforación que no tiene en el momento”, que jamás le dijo al paciente que el médico que lo operó le “había dejado una herida abierta”, y que no le “encontró …una incisión corneal abierta”. Explica el declarante que “huellas o cicatrices significan lo mismo, lo cual no indica una herida abierta”.
2.2. Expresa el censor que para el tribunal el hecho de haber cerrado las microperforaciones en el ojo izquierdo del demandante hasta el quinto día siguiente, que no correspondía al “tratamiento indicado”, como era su “oclusión inmediata”, “entraña un comportamiento culposo del médico demandado”, “ligereza o extrema confianza”, “falta de prudencia y diligencia”, lo cual “pudo generar la infección”.
Sin embargo, la historia clínica, inapreciada por el tribunal, revela lo contrario, como que desde la práctica de la quirototomía, (sic) el 8 de octubre de 1992, hasta el 23 del mismo mes, el demandado “atendió al paciente, poniendo en esa vigilancia su cuidado, conocimientos y diligencia, y aplicando el tratamiento que consideró indicado o idóneo”. Consta en la misma que practicada la cirugía, al día siguiente se ocluyó el ojo derecho porque se encontró “sin cámara”, en tanto que el “izquierdo estaba bien”, situación que persistió el 10 y 11 de octubre. Hasta el 13 siguiente dicho ojo apareció “sin cámara”, por lo que el médico resolvió ocluirlo, “comprensivo” que repitió el 16 siguiente.
2.3. Igualmente, el tribunal inapreció las pruebas que “evidencian la capacidad científica” del profesional demandado, como son las algo más de 150 históricas clínicas de igual número de pacientes que ha atendido en la misma clínica en casos semejantes, con positivo éxito y favorables resultados; los muchos artículos científicos y escritos relacionados con su especialidad, la cirugía refractiva, que le ha dado fama nacional e internacional; y los testimonios de los oftalmólogos Julio Eduardo Villamizar, Eduardo Bayter Jelk y Álvaro García Pava, entre otros, quienes deponen acerca de la “reconocida autoridad científica” del demandado en la técnica de “las cirugías de queratotomía radial”.
3. En el cargo se anota que el tribunal tuvo por demostrada, “sin estarlo”, la relación de causalidad entre la culpa del demandado y el daño causado.
3.1. Lo anterior, dice el recurrente, producto de haber apreciado erróneamente el “dictamen de medicina legal”, por cuanto que si bien el sentenciador se refirió a éste cuando habló de las microperforaciones que se presentaron en la práctica de la queratotomía, para calificarlas como “riesgos normales”, y cuando hizo referencia a la “hipotonia con absceso vítreo” que presentó el ojo izquierdo, no tuvo en cuenta la aclaración que de dicho dictamen se rindió el 11 de noviembre de 1994.
Aunque el perito oficial señaló inicialmente que “la salida del humor vítreo a través de la perforación”, había sido determinante de la “hipotonia”, y que refiriéndose a la “endoftalmitis” conceptuó que “se puede establecer relación causa a efecto entre las complicaciones que tuvo la perforación de la córnea, absceso vítreo y pérdida de la visión y la cirugía practicada”, en su aclaración manifestó, luego de expresar que sufrió “lapsus” al relacionar la hipotonia con la salida de humor vítreo, que en cuanto a “la causa a efecto” no estaba “afirmando que hubo mala praxis profesional”, sino “una relación secuencial” entre las complicaciones que trajo la cirugía practicada y ésta, pues aquéllas pueden tener un sinnúmero de causas “como el trauma, pequeño o importante, el mal cuidado por parte del paciente en el post-operatorio, malos hábitos higiénicos, medio ambiente, etc.”.
En ese orden, si las causas de las complicaciones “no tienen ciertamente un motivo conocido”, no puede decirse con certeza que dichas complicaciones fueron consecuencia directa y estrecha de la “herida abierta” que se dice el médico dejó al practicar la cirugía. Menos cuando el tribunal sobre el particular vaciló, al decir que la situación “anómala y fuera de lo normal” que se presentó al quinto día de la operación, hacía “previsible que existiera en ese momento una macroperforación”, que las perforaciones presentadas “permiten concluir un manejo no adecuado de la situación”, que el “comportamiento culposo del médico demandado pudo haber sido la causa del daño”, que la herida “producida por una u otra causa durante el post-operatorio” pudo ocasionar la infección.
3.2. En segundo lugar, al omitir apreciar los testimonios de los médicos Carmen Barraquer Coll, Hernando Camacho, Julio Eduardo Villamizar, Eduardo Beyter, Álvaro García Pava y Guillermo Durán Silva, sobre que las incisiones pudieron abrirse “con posterioridad a la intervención”, por causas diversas, “como el hecho de que el paciente hubiera recibido un golpe”, según se manifiesta por los dos primeros; o al decir del tercero, por “falta de cuidado del paciente y por esfuerzos que aumentan la presión del globo ocular” o mediante el “mecanismo de refregarse los ojos involuntariamente”; o “Las manos, el desaseo, el medio ambiente”, como lo expone el cuarto; o al ser posible que un tercero al palpar los ojos haya transmitido la infección, o por un trauma que no necesariamente debe ser violento, tal cual lo declara el penúltimo; o simplemente, según lo sugiere el último, por no seguirse las recomendaciones impartidas por el médico.
3.3. Finalmente, al no apreciar las pruebas sobre que la apertura de la incisión pudo encontrar su causa determinante en el descuido post-operatorio del demandante, y decir, en cambio, que aparte de que esa aseveración del demandado “apareció como disculpa”, no fue “probada y alegada”.
Esto porque en la respuesta a los hechos 5º, 8º y 9º de la demanda, se “afirmó que el paciente se golpeó el ojo izquierdo y por eso perdió la cámara”, y porque con el testimonio de Beatriz Helena Sandoval, compañera de estudios de optometría del demandante, se demuestra que a los ocho días de operado, éste se descubrió el parche y le mostró el ojo a la declarante, quien pudo observar la inflamación, pues al tocarlo con sus dedos sin el empleo de la asepsia requerida, lo “sintió más duro de lo normal, la presión está más elevada”. Hechos que el demandante acepta en el interrogatorio, porque cualquiera que “tenga o no título optométrico u oftalmológico por simple apreciación puede decir en sus propias palabras y de su nivel cultural si algo está inflamado o no”.
1. El tribunal identificó que las obligaciones que se asumen frente al paciente, en relación con el contrato de servicios médicos, no son de resultado, sino de medio, consistentes en que el médico debe proporcionar todos los conocimientos adquiridos para procurar la curación o mejoría del enfermo, por lo que el reproche sólo acaecería cuando en el cumplimiento de esa prestación el facultativo se sustrae a observar “las diligencias y las reglas de conducta impuestas por su arte o profesión”.
Si bien, a juicio del sentenciador, el médico demandado no se comprometió a “restablecer la visión del demandante en un 100% con la práctica del procedimiento quirúrgico”, lo cierto es que antes de esa cirugía, la cual se llevó a cabo el 8 de octubre de 1992, la visión del ojo derecho era del 50%, en tanto que la del izquierdo del 100%. Empero, después de las intervenciones, incluidas las que practicó otro oftalmólogo el 20 de noviembre de 1992, “la visión del demandante subió en el ojo derecho del 50% al 60%, pero en el ojo izquierdo bajo ostensiblemente del 100% al 15%, ojo que justamente fue el que sufrió las complicaciones a que hace referencia toda la historia clínica”.
Frente a lo expuesto, el tribunal concluye que la visión del actor quedó notoriamente disminuida en el ojo izquierdo. No se trata, dijo, de “aseverar que el paciente no se curó o que la cirugía no mejoró el defecto óptico existente”, sino que con ocasión de ese procedimiento, se produjo un daño en dicho ojo, todo, según la imputación que hace el demandante al demandado, por “haber dejado abierta herida en el ojo izquierdo, como consecuencia de la cual se le infectó”.
2. Como se recuerda, la culpa del médico tratante el tribunal la infirió de circunstancias ajenas a su conocimiento y experiencia profesional, porque inclusive reconoce que ninguna discusión se cierne sobre el “éxito” de la operación, la que, dice, se realizó aplicando las técnicas inventadas por él. Lo que le reprocha es haber dejado de observar la “diligencia y cuidado” que el caso requería en el “post-operatorio”, que no en la cirugía, lo cual es totalmente distinto.
Lo anterior descarta que el ad quem haya podido incurrir en los errores de hecho que se le imputan, relacionados con la apreciación de las pruebas que “evidencian la capacidad científica” del médico demandado, como son las algo más de 150 históricas clínicas de igual número de pacientes que demuestran resultados favorables, los muchos artículos científicos y escritos que ha publicado sobre el particular, y los testimonios de los oftalmólogos Julio Eduardo Villamizar, Eduardo Bayter Jelk y Álvaro García Pava, entre otros.
3. Es cierto que en la sentencia recurrida se alude a una “herida abierta” que se manifestó en el ojo izquierdo del demandante al quinto día de la operación. Lo que no es cierto es que lo relativo a la “herida abierta” haya sido invención del tribunal.
En efecto, punto pacífico lo constituye el tema de las microperforaciones, en cuanto las mismas no necesitan ser suturadas para que se cierren, independientemente de que se hayan ocasionado intencionalmente para obtener una mayor corrección del defecto óptico, ya involuntariamente, pero como complicación operatoria, según se acepta en la contestación de la demanda y se corrobora por los testigos Julio Eduardo Villamizar, Guillermo Durán y Eduardo Bayter Jelk. De ahí la razón por la cual el sentenciador concluyó que “no por el solo hecho de que se presenten —las microperforaciones—, puede deducirse responsabilidad del médico cirujano”.
Distinto es el caso de una “macroperforación” o “perforación”, la cual sí necesita ser suturada. Por supuesto que para diferenciar una perforación de una microperforación el sentenciador citó las declaraciones de los oftalmólogos Antonio Child y Hernando Camacho, el primero al decir que “Una microperforación como su nombre lo indica es aquella que es menor de un milímetro cierra espontáneamente y no produce pérdida de la cámara anterior del ojo”, y el segundo al expresar que en una microperforación “no se produce pérdida de la cámara anterior”, en tanto que en una macroperforación sí “se presenta pérdida de la cámara anterior e hipotonia”, es decir, “pérdida del humor acuoso a través de la perforación”.
Ahora, sobre que el ojo izquierdo del demandante apareció “sin cámara”, obsérvese cómo el tribunal sacó su conclusión de la contestación de la demanda (fl. 86), en donde se expresó que “Tan sólo al quinto día de la intervención quirúrgica o sea el 13 de octubre de 1992 se le detectó que el ojo izquierdo aparecía sin cámara”, lo que “necesariamente indica que el paciente tuvo que haber tenido un golpe”, “entre el primero y quinto día contado a partir de la intervención” (fl. 96).
Por manera que si la expresión “sin cámara” a que se refiere la historia clínica equivale a una “perforación”, y en todo caso a una “herida”, según lo testificó la oftalmóloga Carmen José Barraquer Coll, pues hay “heridas en la córnea que se sellan sin ayuda de suturas, hay otras en razón de su forma o de su localización o de su extensión que es necesario suturar”, resulta bien claro que la conclusión probatoria sobre la encontrada por el tribunal “herida abierta” en el ojo izquierdo del demandante, en modo alguno obedece a un error de hecho manifiesto en la apreciación de las pruebas que sobre el particular se singularizan en el cargo.
Aparte de lo anterior, nótase también, como quedó consignado, que a la misma conclusión el tribunal arribó teniendo en cuenta para el efecto la respuesta a la demanda. Por lo tanto, en el supuesto de haberse incurrido al respecto en algún error de facto en la apreciación de las citadas pruebas, de todas formas el ataque resultaría infructuoso, porque esa otra conclusión probatoria, de suyo suficiente para mantener incólume en el punto el fallo impugnado, no fue objeto de acusación. Como se sabe, para que una acusación sea cabal y completa, al recurrente obligatoriamente le corresponde combatir y quebrar uno a uno los pilares del fallo, “impidiendo que quede en pie algún soporte que, por sí sólo pueda darle respaldo a la decisión que se impugna” (Sent. de feb. 1º/96, CCXL, 82).
4. En cuanto a la conclusión sobre que el “tratamiento” dispensado en el ojo izquierdo del demandante no correspondía al “indicado”, es el producto de no haberse visto en la historia clínica que el médico demandado “atendió al paciente, poniendo en esa vigilancia su cuidado, conocimientos y diligencia, y aplicando el tratamiento que consideró indicado e idóneo”, debe decirse que el tribunal no incurrió en el error de hecho que en este segmento del cargo se le imputa.
De un lado, porque en la sentencia el ad quem reconoce, precisamente con fundamento en la historia clínica, que ante la “falta de cámara” en el ojo izquierdo del demandante, hecho que el médico tratante observó al quinto día de la operación, éste decidió ocluirlo, y de otro, porque acepta que el mismo facultativo realizó los “controles” “postoperatorios”, inclusive observando una diferencia de días, tres, entre el “último” “control practicado por el doctor Arciniegas y el diagnóstico del doctor Child” de 26 de octubre de 1992, “como lo demuestra la historia clínica”.
Por supuesto que el comportamiento culposo del demandado el tribunal lo infirió de circunstancias ajenas a las que resalta la acusación como consignadas en la histórica clínica. El reproche deviene de no haber aplicado, en cuanto a las microperforaciones, las técnicas que se deben emplear. Y con relación a la perforación o macroperforación, por no “percatarse de la herida abierta que presentaba el paciente, la que pudo observar, habida cuenta de los controles que practicó durante el postoperatorio”.
Sobre lo primero, obsérvese cómo el tribunal concluye, luego de admitir que en la cirugía se realizaron microperforaciones en el ojo izquierdo del demandante, que el “tratamiento aconsejado para estos casos, ocluir o tapar el ojo”, sólo se aplicó “el quinto día del postoperatorio”, es decir, tardíamente, contrario a como sucedió con el ojo derecho. Lo mismo debe decirse de la macroperforación que se presentó en el mismo ojo durante el postoperatorio, que no en la cirugía, porque como lo indicó el tribunal, pudiendo el médico tratante “prever que la pérdida de la cámara del ojo izquierdo, indicaba una perforación”, en lugar de “suturar” la herida, procedió a ocluir o tapar el ojo.
Frente a lo expuesto, claramente se observa que la acusación en el punto estuvo desenfocada, porque en lugar de centrarse el recurrente a combatir esas conclusiones basilares de la decisión, se detuvo en cuestiones marginales.
Aunque lo anterior sería suficiente para negarle prosperidad a este segmento de la impugnación, no está por demás observar que la conclusión sobre que en el caso se dejó de aplicar el “tratamiento aconsejado”, no es invención del tribunal o que éste lo hizo fungiendo de médico. Con respecto a que “cuando se presenta una microperforación se le debe al paciente ocluir o tapar el ojo”, porque así lo admite el propio médico tratante al contestar la demanda y lo corroboran los testigos, también oftalmólogos, Julio Eduardo Villamizar, Guillermo Durán y Eduardo Bayter Jelk, entre otros. Y en cuanto al “deber” que se tenía de “suturar” la perforación cuando apareció durante el postoperatorio, porque los mismos testigos médicos declarantes así lo manifiestan.
5. Por último, es cierto que del dictamen de medicina legal y de los testimonios recibidos, se colige que una perforación postoperatoria puede producirse por distintos motivos, pero de ahí no puede concluirse, como se afirma en este otro aparte del cargo, que al no ser ciertamente conocida la causa de la complicación postoperatoria, no puede establecerse la relación de causalidad entre el daño ocasionado y la culpa del demandado.
Como se recuerda, el tribunal dejó sentado, evocando la contestación que de la demanda hizo el médico tratante, que la causa de la perforación en el ojo izquierdo del demandante “necesariamente” tuvo su origen en un “golpe”, causado entre el primer y quinto día del postoperatorio, esto es, entre el 9 y 13 de octubre de 1992, golpe que para el sentenciador no podía ser extraño porque según los médicos que declararon, las “perforaciones pueden aparecer, no sólo por golpes, sino por otras causas, como un roce o un frote involuntario en el ojo, e inclusive un estornudo”.
Desde luego que independientemente de lo que haya podido originar ese golpe, inclusive del segundo que se dice pudo ocurrir entre el 23 y el 26 de octubre de 1992, según la contestación de la demanda del médico demandado, lo cierto es que la sentencia recurrida no atribuye la causa de los daños a ese suceso, sino a la “infección que apareció” en el ojo izquierdo del actor, tal cual lo “afirmó la misma clínica demandada”, infección que ya había detectado el “médico Arciniegas el día 12 del postoperatorio”. Esto precisamente, dice el tribunal, por no haberse percatado de la “presencia de una perforación” en el quinto día del postoperatorio, circunstancia esta que permitió, como lo señala la sociedad demandada, “comunicación entre la cámara anterior y el medio ambiente”.
En otras palabras, para el tribunal la sutura de la perforación, “bien producida por una u otra causa durante el postoperatorio”, que no la oclusión del ojo izquierdo, inclusive tardía, había podido evitar “un contacto entre el contenido interno ocular” y el “medio ambiente exterior”, y por ende, la infección que “apareció y detectó el mismo galeno tratante”. Pero como esa “actuación del médico demandado” no ocurrió, para el sentenciador es clara la “conexión” que existe entre la culpa del demandado y los daños ocasionados.
Determinada, entonces, por el tribunal la relación de causalidad entre la culpa y el daño, surge de bulto que en ningún error de hecho se incurrió al establecerla, es decir, en modo alguno se supuso a partir de no tener las complicaciones “ciertamente un motivo conocido”, como se alega en este otro aparte del cargo.
Por lo demás, el cuestionamiento sobre el particular resulta intrascendente, porque fuera de que en la sentencia se habló de los “golpes” a que se refiere la contestación de la demanda, suficientemente quedó explicado que para el fallador las complicaciones postoperatorias no se originaron en el primer golpe, que a decir del médico tratante “necesariamente” dejó el ojo “sin cámara”, independientemente de que como lo acotó el tribunal, la “herida abierta” se haya producido “por una u otra causa”. Lo mismo debe decirse de los errores que se endilgan por haberse dejado de apreciar el interrogatorio del demandante y el testimonio de Beatriz Helena Sandoval, porque el suceso que esas pruebas narran ocurrió “8 días después de la operación”, esto es, después del 5º día de la misma, cuando el propio médico demandado había detectado el ojo izquierdo “sin cámara”.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 12 de septiembre de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario seguido por Jorge Enrique Parra Rodríguez contra Oftalmos S.A. y Alejandro Arciniegas Castilla.
Las costas del recurso corren a cargo de las demandantes recurrentes. Tásense.
Nicolás Bechara Simancas—Manuel Ardila Velásquez, salvó voto—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno, con salvedad de voto.
Con el debido respeto debo apartarme de las conclusiones expuestas por la mayoría de la Sala en el texto de la sentencia de casación dictada en el proceso de la referencia. En obsequio de la brevedad puntualizo las razones de mi disentimiento en los siguientes términos:
1. Para determinar la naturaleza jurídica de las relaciones que se dan entre la clínica y el paciente, o la de éste con el médico tratante, no resulta indiferente verificar la situación fáctica en que aquéllas se desenvuelven, dada la multiplicidad de hipótesis que a ese respecto pueden darse; ni, desde esa perspectiva, resulta vano establecer el objeto de la obligación que a cada caso corresponda. Así, por ejemplo, no lo es lo mismo que una persona entre en relación con una institución clínica u hospitalaria, como persona jurídica, con prescindencia de quien sea el médico tratante que aquélla le asigne para cumplir con una atención determinada para el paciente, siendo para éste indiferente el profesional que, por turno y estando adscrito laboralmente a la institución, le corresponda actuar; a lo que ocurre cuando el enfermo acude a una clínica porque sabe que va a ser asistido por un médico determinado y llega en busca de la atención personal del mismo.
En el primer caso, que concierne a este litigio, es evidente que el vínculo previo de carácter contractual únicamente llega a la clínica con el paciente, en la medida en que el médico tratante es apenas el medio de que aquélla se sirve para ejecutar la prestación a su cargo, no existiendo por lo demás otra manera de hacerlo como quiera que, naturalmente, la persona jurídica como tal no se expresa por sí misma para cumplir con lo suyo, sino mediante el personal médico contratado para el efecto; se advierte allí la presencia de un sólo vínculo jurídico y un sólo objeto de la obligación consistente en proveer al paciente de la asistencia médica requerida para recuperar su salud, máxime si como es sabido y puede inferirse de lo dispuesto en el artículo 1738 del Código Civil “en el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable”, principio que es de orden general y hace clara alusión a que el hecho o culpa de los dependientes del deudor compromete la responsabilidad de éste.
No es posible, pues, en el marco de la responsabilidad contractual de las personas jurídicas decir que en ese ámbito responden simultáneamente tanto éstas como sus agentes, como si el hecho de estos no fuera el modo en que aquéllas expresan sus actos y realizaciones; escisión que, en punto de la culpa, no cabe predicarla bajo la idea de que hay dos compromisos de índole contractual pero unidos bajo la circunstancia de ser una misma la prestación debida al paciente, como se sostiene en el fallo del cual me aparto, en lugar del único que ata a éste con la clínica, con quien ciertamente se trabó el vínculo jurídico. Desde luego que no se puede deducir del vínculo material de la ejecución de la prestación —a raíz del cual entró a actuar el médico en el presente caso—, la concurrencia de éste en el lazo de índole jurídica, ni tampoco verificar allí la presencia de un número plural de obligados; tesis por demás devastadora del principio de la relatividad de los contratos, de impredecible repercusión en muchas otras otras relaciones jurídicas distintas de la responsabilidad médica, lo cual no se supera porque el paciente no haya protestado la asistencia del médico dispuesto por la clínica para brindar la correspondiente atención.
En síntesis, pues, no es dable sostener jurídicamente que la clínica “responde por el incumplimiento del contrato que efectivamente celebró” y el médico “como ejecutor fallido del objeto prestacional”, pues justamente esa ejecución defectuosa o fallida es la que compromete al único contratante, la clínica en este caso; y muy otras son las consecuencias que de allí se derivan entre el médico y el paciente por el hecho o culpa del primero, las cuales indudablemente existen pero no dentro del mismo espacio contractual, sino por fuera de éste.
2. Pero sea lo que fuere, no es necesario ahondar más en el punto, pues debe anotarse que en la sentencia de casación se interpreta el fallo del tribunal, lo que se hace ante la evidente falta de fundamentación sobre la fuente de responsabilidad por la que se involucra al médico y a la clínica en forma solidaria. Para la Corte la expresión del tribunal y la condena final implica que éste “trasfirió al recurrente la responsabilidad contractual de quien efectivamente celebró el contrato”, en consideración a la culpa en que incurrió el médico tratante cuando se comportó culposamente, siendo la persona asignada por la institución de salud para atender el caso; mas de esa apreciación debo también disentir en tanto que no es la que acompasa con las consideraciones expuestas en el fallo impugnado.
En verdad, el tribunal deja sentado, y con inusitado énfasis, que no existe ningún vínculo previo entre el médico y el paciente, incluso ni aun por la circunstancia de que la atención del primero hubiera generado su posterior participación en la cirugía a raíz de la cual se produjo el daño; la responsabilidad del médico la afincó en la culpa exclusiva del mismo, la cual compromete “directamente tanto su responsabilidad como la de la clínica demandada, por lo que deben responder en forma solidaria”, sin dar ninguna otra explicación; en ese sentido, resulta dable interpretar la posición del sentenciador de instancia en el sentido de que admite como posible condenar solidariamente a partir de dos fuentes de distinto orden: la responsabilidad contractual de la clínica y la del hecho propio del médico de carácter extracontractual, cuanto que bajo su óptica nada lo liga con la víctima. En otras palabras, si con ahínco y sin ambages, el tribunal dedujo la ausencia de vínculo respecto del médico, no adviene lógico interpretar que examinó la conducta del demandado a la luz de la responsabilidad contractual, ni siquiera cuando en la parte resolutiva dispuso la condena solidaria por la ejecución defectuosa del contrato, pues cuando dice que deben responder ambos demandados de ese modo, es porque la clínica lo es por ser la parte del contrato y el médico por el hecho suyo, todo independientemente del acierto con que haya actuado.
Lo anterior a la par que exigía un análisis del caso de una manera distinta, implica un apartamiento, ya no del casacionista sino de la Corte, de las conclusiones probatorias a que llegó el tribunal; obvio que si la vía directa exige al recurrente ajustarse en un todo a las conclusiones fácticas expuestas en el fallo acusado, tampoco puede el juez de casación remover los hitos de esa naturaleza para verificar si hubo violación o no de las normas sustanciales que atañen con el caso litigado.
Por eso observé en un comienzo que la resolución del caso exige verificar la situación fáctica concreta. Desde ese punto de vista, entonces, no era del caso examinar la responsabilidad del recurrente bajo la óptica del campo contractual exclusivamente, en la medida en que justamente el sentenciador no halló demostración de ningún vínculo previo entre médico y paciente; véase no más a ese respecto como en la sentencia de casación se afirma, en contrario a la conclusión de hecho del fallador, que sí medió un acuerdo tácito entre el paciente y el médico tratante, lo que ineluctablemente atañe con una apreciación distinta de los hechos, acrecentada con la comentada interpretación dada a la sentencia acusada.
3. Pero haciendo a un lado esta glosa, y aun si en gracia de discusión fuera dable refundir en el campo de la responsabilidad civil de índole contractual tanto el incumplimiento de la clínica como la ejecución defectuosa de la prestación en que intervino el médico demandado recurrente, no se ve jurídicamente de dónde emerge la solidaridad entre la clínica y éste, punto sobre el cual, valga decirlo, se conformó la primera cuanto que no impugnó la decisión, puesto que tal fenómeno, como manifestación de una de las maneras de ser de las obligaciones desde el punto de vista de los sujetos, tiene un perfil y alcance distintos en materia contractual, y difiere por tanto de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 2344 del Código Civil, norma esta en que se apoya el fallo de casación para avalar la condena proferida en esos términos.
En efecto, en la sentencia objeto de disentimiento, se dice que tal solidaridad —en el campo contractual, que ata a clínica y médico tratante— “nace de la propia ley, que es una de sus fuentes (C.C., art. 1568), concretamente de la aplicación del artículo 2344 del Código Civil, eficaz para todo tipo de responsabilidad, porque lo que hizo el tribunal no fue otra que a partir de la demostración de la propia culpa del médico, deducir una responsabilidad directa, concurrente con la culpa contractual, no controvertida en este cargo, de la otra codemandada”, además de la estructura del vínculo obligacional en la forma en que quedó verificada, para lo cual cita al doctrinante Adriano de Cupis, quien advierte sobre la posibilidad de la solidaridad no obstante que el daño sea imputable a distintos responsables y sin importar que se trate de responsabilidad civil extracontractual.
En este campo, como en el anteriormente tratado, se atiende a un principio tuitivo de la víctima que no escapa a la preocupación de quien aquí disiente, empero, lo cierto es que implica una modificación de la ley civil colombiana que en mi sentir no puede darse por vía de jurisprudencia; según paso a explicar enseguida.
a) Son requisitos de la solidaridad pasiva que emanan de lo dispuesto en el artículo 1568 del Código Civil, los siguientes: pluralidad de personas en calidad de deudores; unidad de prestación; que ésta recaiga sobre cosa divisible; y declaración expresa de las partes, del testamento o de la ley que permita exigir de cada uno de los deudores el total de la deuda, advirtiéndose además que “la solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley”.
En ese mismo precepto se asienta la regla general de ser conjunta la obligación: “cuando se ha contraído por muchas personas (...) al obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, (...), es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda”; se hace allí una clara referencia a las obligaciones emanadas de los contratos o de cualquier acuerdo de voluntades, donde varias personas pueden contraerlas, o lo que es igual asumirlas de común acuerdo y en favor del acreedor; esta regla sólo sufre excepción por convención de las partes, por el testamento o por la ley que pueden disponer la solidaridad, siendo entendido que, en línea de principio, ésta no se presume.
En este caso es patente que los varios obligados no la pactaron en relación con la víctima, que la fuente del testamento es ajena a la situación planteada y que la ley, respecto del contrato aquí disputado y reconocido en el fallo ante la presencia de un contratante y del ejecutor de la prestación debida, tampoco la dispone, desde luego que no basta la unidad de prestación para constituirla, en la medida en que esta característica debe mediar como requisito autónomo en toda clase de obligaciones solidarias, y por consiguiente no la determina per se.
b) Queda por verificar si, como sostiene la sentencia, se aplica el mismo principio estatuido en el artículo 2344 del Código Civil, lo cual no es aceptable por las siguientes razones.
El título XXXIV, responsabilidad común por los delitos y las culpas, comienza con el artículo 2341 del Código Civil, el cual reza así:
“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido” (subrayas fuera de texto).
Más adelante, sin dejar de referirse a “delito o culpa”, dentro del mismo contexto del título y artículo antes mencionados, dispone que si “ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvo las excepciones de los artículos 2350 y 2355”, y agrega en el segundo inciso que
“Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”.
En este contexto, se observa, sin duda alguna, que la solidaridad de que trata el artículo 2344 citado se refiere, en principio, únicamente a los delitos o culpas, ajenos a la culpa contractual, y no es principio general extensible a ésta justamente porque en esa materia rige la regla general de las obligaciones conjuntas y, como se verá, el principio indemnizatorio tiene raíz en la voluntad de las partes. Si no fuera así tendría que concluirse, en contravía de los efectos de las obligaciones derivadas de los efectos de las obligaciones derivadas de un contrato, que aun no pactándose solidaridad toda acción derivada del incumplimiento del mismo tendiente a obtener la indemnización de perjuicios pasa a ser solidaria.
Con todo, el inciso segundo del artículo 2344 sí atañe con la responsabilidad contractual pero únicamente la derivada del fraude o dolo, lo cual deviene importante para reafirmar la tesis consistente en que la responsabilidad por culpa contractual se regula de modo distinto y no se rige como otras especies de culpa. En efecto, sería redundante, en relación con lo dispuesto en el inciso primero, que se consagrara la acción solidaria respecto de todo fraude o delito para referirse a la responsabilidad de carácter extracontractual, en la medida en que ya la había consagrado para el delito que incluye también el dolo.
A ese respecto, el autor chileno René Abeliuk Manasevich, Las Obligaciones, Tomo II, p. 730 señala que “el incumplimiento doloso de dos o más codeudores (así sea conjunta)... da acción solidaria de indemnización de perjuicios contra todos los responsables”. Y agrega: “En los demás casos de infracción, esto es, si no hay dolo ni culpa grave, la obligación de indemnizar los perjuicios es simplemente conjunta, ya sea que la obligación incumplida tenga ese carácter, o bien sea solidaria o indivisible”.
c) De otro lado, cuando se incumple o se ejecuta defectuosamente un contrato, la obligación correlativa de indemnizar perjuicios no emana autónomamente de esa conducta reprochable del deudor, sino del contrato mismo; no es cierto entonces que de tal incumplimiento emana una nueva y distinga obligación de la original, puesto que cuando las partes contratan asumen las consecuencias respectivas, tanto que el contrato propiamente no se extingue sino que cobra eficacia para determinar éstas; así, pues, la responsabilidad civil contractual se origina en una obligación o vínculo previamente establecido, y por consiguiente tiene su origen en la voluntad de las partes, quienes a su vez, por regla general, según se ha visto, pueden convenir en la solidaridad. El incumplimiento del deber general de conducta de no causar daño a otro, so pena de reparar perjuicios, como fuente de responsabilidad civil que emana de los delitos o culpas no es en verdad una obligación civil cierta y determinada, sino un deber jurídico de carácter general y por tanto sus consecuencias están establecidas por la ley, de allí que sea explicable que ésta haya intervenido para regular la solidaridad, mas no cuando dimana de los contratos.
En otras palabras, no porque en lugar de la prestación o por su defectuosa ejecución deba reclamar una parte contratante de la otra la indemnización de perjuicios, respecto de ésta sea predicable, sin más, la solidaridad, como si se tratase de una especie de delito o culpa común.
1. En este caso el tribunal estimó responsabilidad civil contractual de la clínica y extracontractual del médico tratante por un hecho sólo imputable a éste, y eso ameritaba el examen del caso desde otro punto de vista, extraño incluso a la vía directa. Y si así no fuera, tampoco era dable, en las especiales circunstancias que este caso ofrece, cobijar a ambos demandados bajo el alero de la primera de las citadas especies de responsabilidad.
2. De otro lado, tampoco existe la solidaridad con fuente en la ley para los efectos del contrato de prestación única y deudor doble desde la perspectiva en que lo aprecia la sentencia de casación; no se aplica el artículo 2344 del Código Civil. Y bien ambos responden de la indemnización en forma conjunta, y por lo tanto no solidariamente; o bien, como lo estimo, sólo cumple reclamarla del único culpable, el médico, de acuerdo con las conclusiones fácticas del tribunal, cuestión ésta que sería aquí inmodificable respecto de la clínica, puesto que ella se conformó con la sentencia.
En lo que específicamente concierne con el tema de la solidaridad, comparto las razones expresadas en la anterior salvedad de voto y, por ende, adhiero a ella en ese preciso punto, pues que, en realidad, y para decirlo en breve, no se ve cómo pueda ingresar el concepto de la solidaridad del artículo 2344 del Código Civil al terreno contractual que tiene su propio régimen, una de cuyas aristas más salientes es la de que la solidaridad no se presume. Y mucho menos es de compartir el argumento que para obviar el punto trae la sentencia, pues tampoco hay cómo sostener que el incumplimiento de una obligación produce el peregrino efecto de que ya el asunto abandona el ámbito negocial que le dio vida para entrar a formar parte de mundos extraños. Y, en general, como lo anuncié desde un comienzo, remítome a las razones blandidas en tal salvedad.
Manuel Ardila Veláquez