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Timestamp: 2017-02-20 17:58:34
Document Index: 145457274

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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA - PDF
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Vanesa Josefa Alcaraz Carrizo
1 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA Bogotá, D. C., 17 de septiembre de 2014 Aprobado según Acta No. 074 de la fecha Magistrado Ponente: ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicación No Referencia: Abogado en Apelación. Denunciado: Herminsul Sandoval Trujillo Denunciantes: Enny Osfir Silva Rodríguez. Primera Instancia: Sanciona con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 8 meses. Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia. ASUNTO A DECIDIR Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a resolver el recurso de apelación presentado contra el fallo proferido el 30 de agosto de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila [1], mediante el cual sancionó al abogadoherminsul SANDOVAL TRUJILLO con suspensión de 8 meses en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de incurrir en las faltas previstas en el numeral 1 del artículo 37, en concurso con la falta del numeral 4 del artículo 35 y la del artículo 39 de la Ley 1123 de HECHOS Dio origen a la presente actuación la queja formulada el 15 de julio de 2011 por la señora Enny Osfir Silva Rodríguez, de la cual el A quo realizó la siguiente síntesis: Se recibió en esta Colegiatura queja el 15 de julio de 2011 por la señora ENNY OSFIR SILVA RODRIGUEZ informó que le otorgó poder al abogado SANDOVAL TRUJILLO para que le tramitara el proceso por el fallecimiento de su hija recién nacida, argumentó que el togado le ha estado mintiendo porque le dice que el caso se encuentra ganado, para lo cual le hizo comprar un póliza por valor de $ , diciéndole que pronto le llegaría la boleta de citación para la audiencia pero nunca llegó. Aduce que a finales de mayo de 2011 el padre de la bebé HOLMAN RUBIANO se acercó al Juzgado Segundo del Circuito y le informaron que el proceso se encontraba archivado porque no habían encontrado pruebas suficiente para condenar al médico, y sin embargó el abogado le manifestaba que había cumplido con todo pero ni siquiera sabía que el caso se encontraba archivado, aduce que le dijo que nunca había recibido la citación para la audiencia, para lo cual, le informó que hicieran un memorial para saber qué estaba pasando sobre el caso, porque según el abogado, el procurador debió haber apelado. (Sic a lo transcrito) Calidad de disciplinable. Previo a cualquier trámite se procedió a incorporar a la foliatura el certificado N del 25 de julio de 2011, por medio de la cual la Unidad de Registro Nacional de Abogados, acreditó que el doctorherminsul SANDOVAL TRUJILLO, se identifica con la C.C. N y se encuentra inscrito como abogado, titular de la tarjeta profesional N 36740, documento que para esa fecha no se encontraba vigente en razón a sanción de suspensión que obraba con fecha de inicio del 10 de marzo al 9 de septiembre de 2011, en el que además fue reportada las dirección de residencia y oficina del querellado. (fl.13 c.o.)2 Apertura de investigación. La Magistrada de instancia, mediante auto del 2 de agosto de 2011, conforme al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el abogadoherminsul SANDOVAL TRUJILLO y señaló la audiencia de pruebas y calificación provisional para el día 2 de septiembre de (fl.14 c.o.). En las fechas 2 y 20 de septiembre de 2011, no fue posible realizar la audiencia de pruebas y calificación provisional, puesto que el inculpado no se hizo presente, sin que allegara justificación por su inasistencia. En virtud de lo anterior, se le emplazó, se le declaró persona ausente y se le designó como defensora de oficio a la doctora Gina Paola Mejía Tovar, fijando como fecha para llevar a cabo la mentada diligencia el 21 de octubre de Arribada la fecha prevista - 21 de octubre de 2011 y libradas las comunicaciones de rigor se dio inicio a la Audiencia de pruebas y calificación provisional, con la presencia de la doctora Gina Paola Mejía Tovar, defensora de oficio del abogado investigado, quien manifestó estar enterada de la queja. Acto seguido, la Magistrada de instancia abrió el proceso a pruebas decretando las siguientes: A Solicitud de la defensa oficiosa: - Oficiar al Juzgado 5 Penal del Circuito de Neiva para remitiera copia del expediente radicado bajo el Nº donde actuaron como demandantes Holman Rubiano Camacho y Enny Osfir Silva Rodríguez. De oficio: - Ampliación de queja a la señora Enny Osfir Silva Rodríguez. - Escuchar en declaración jurada Holman Rubiano Camacho. El 21 de febrero de 2012, se dio continuación a la audiencia de pruebas y calificación provisional a la cual asistieron la doctora Gina Paola Mejía Tovar, defensora de oficio del disciplinable y la quejosa, quien procedió a ampliar su queja. Ampliación de queja de la señora Enny Osfir Silva Rodríguez. Manifestó que conoce al investigado quien le llevaba el caso de la muerte de su hija quien había fallecido por negligencia médica hacía 7 años, colocando en manos del togado toda la confianza para que le tramitara el caso ante la Fiscalía, pero este nunca le informó la verdad, puesto que siempre le decía que ya casi ganaban el caso. Agregó que le pagó casi $ de honorarios y que firmaron contrato de prestación de servicios en el cual estipularon que para iniciar debía darle la suma de $ Refirió que para el mes de mayo o abril de 2011, el proceso se terminó declarándose al médico inocente, de lo cual se enteraron por sus propios medios, añadió que luego de ello el abogado le informó a su mamá que el proceso se había perdido pero que no había sido por culpa de él, finalmente señaló que no volvió a saber nada del denunciado y por eso presentó la queja, pues quiere saber cuáles fueron las razones por las cuales se perdió el caso. Finalizada la ampliación de queja, el Despacho de instancia procedió a decretar las siguientes pruebas: - Citar de nuevo al señor Holman Rubiano Camacho, para ser escuchado en declaración jurada. - Escuchar en declaración jurada al señor Daniel Tovar, compañero de trabajo de la quejosa.3 El 9 de agosto de 2012, se continuó con la audiencia que trata el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, con la asistencia de la doctora Gina Paola Mejía Tovar, defensora de oficio del disciplinable y la de la quejosa, en ella se practicaron las siguientes pruebas: Declaración Jurada del señor Holmán Rubiano Camacho. Señaló que tuvo una hija con la quejosa la que infortunadamente falleció en el parto, por lo cual decidieron otorgarle poder al señor HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO, para que demandara al médico que atendió a su esposa, agregó que al comienzo el togado le informaba del proceso y les enseñaba algunos documentos del expediente, señaló que le cancelaron varias sumas de dinero por la gestión, aportando 3 recibos en original firmados por el jurista, también refirió que este les solicitó dinero para una póliza, para que el médico denunciado no pudiera enajenar los bienes, el cual le fue entregado. Adujo, que pasó mucho tiempo durante el cual el abogado siempre les decía que el caso iba muy bien y que casi lo tenían ganado, pero el empezó a desconfiar, por lo cual acudió al Palacio de Justicia donde le dijeron que había una audiencia programada para el mes de julio de 2011 y entonces le preguntó al abogado por qué no les había avisado a lo que este le respondió que iba averiguar. Manifestó que a la semana siguiente volvió a indagar sobre el caso y fue cuando se enteró que había sido archivado unos días antes, agregó que de lo que pudo leer observó que el abogado denunciado no se había presentado a la diligencia. Expresó que a él solo lo llamaron para rendir una declaración inicial y nunca más lo volvieron a citar, agregó que luego le dijeron que el togado que lo representaba estaba sancionado, por lo cual ellos le sugirieron al profesional del derecho que si eso era cierto por qué no buscaba otra persona que siguiera el caso, a lo que este les contestó que la sanción era algo normal, que estuvieran tranquilos. Así mismo, señaló el declarante que el dinero de los honorarios lo entregó por intermedio de su suegra, esto es la madre de la quejosa. Declaración de Daniel Alberto Tovar. Manifestó ser compañero de trabajo de la quejosa, afirmó que no tenía mucho conocimiento del caso y que presenció 3 o 4 ocasiones en las que esta le entregó sumas de dinero al abogado denunciado, en el establecimiento de comercio donde juntos laboraban, sin conocer la cantidad de dichas sumas. El 27 de noviembre de 2012, se prosiguió con la diligencia a la cual asistió la defensora de oficio del investigado, en ella la Magistrada de instancia decretó como pruebas solicitar al Juzgado 5 Penal del Circuito de Neiva, que certificara el estado actual del proceso seguido contra Harold Alberto Perdomo Díaz por el delito de Homicidio culposo, donde obra como denunciante el señor Holman Rubiano Camacho; y la manera como notificaron al abogado HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO del dictamen pericial que rindió el doctor Wolfang Ernesto Barrera López, médico especialista en obstetricia y ginecología, toda vez que en la constancia de 17 de marzo de 2011, se indica que de manera personal se puso en conocimiento el dictamen a los sujetos procesales, pero la misma no se encuentra suscrita por el togado investigado. El 12 de junio de 2013, se continuó con la audiencia de pruebas y calificación provisional con la con la asistencia de la doctora Gina Paola Mejía Tovar, defensora de oficio del disciplinable, en ella luego de hacer un recuento de los hechos el A quo procedió a calificar provisionalmente la actuación, FORMULANDO CARGOS contra el abogado MAURICIO ORTEGÓN WALTEROS, por la probable comisión de la conducta descrita como falta el numeral 1 del artículo 37 ibídem, a título de culpa, por cuanto de acuerdo a la revisión de las copias del proceso penal, se observó que mediante proveído del 26 de agosto de 2009, se corrió el traslado previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, término que corrió en silencio en lo que tenía que ver con el disciplinable como apoderado de la parte civil, presentando escrito el 4 de junio de 2010, es decir4 casi 9 meses después del vencimiento de dicho término solicitando la práctica de pruebas, petición que no le fue aceptada por extemporánea, perdiendo así tan importante oportunidad. Así mismo, se le formularon cargos por falta a la honradez, por cuanto a su solicitud le fue entregado dinero para otros gastos como dicen los recibos del 19 de mayo de 2010, por $ , póliza de seguros ; 20 de mayo de 2010, por $70.000, documentos, cámara de comercio y el 9 de agosto de 2005, por $ abono gastos proceso en fiscalía, los cuales no se vieron reflejados en el expediente y tampoco fueron devueltos a sus poderdantes, esta conducta fue imputada a título de dolo. De igual manera, se le endilgó la falta disciplinaria prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por el ejercicio ilegal de la profesión al incurrir en violación al régimen de las incompatibilidades, por cuanto el abogado se encontraba suspendido entre el 10 de marzo de 2011 y el 9 de septiembre de 2011 para ejercer de la profesión y no renunció al poder ni lo sustituyó, sino que siguió fungiendo allí como apoderado, cuando no podía actuar dentro de dicho proceso penal incurriendo así en la incompatibilidad prevista en el artículo 29 numeral 4 ibídem, a título de dolo. Acto seguido la Funcionaria notificó la decisión en estrados, advirtiendo que contra la misma no procedía recurso alguno, convocó a la audiencia de juzgamiento y decretó las siguientes pruebas: - Escuchar en declaración jurada a la señora Carolina Rodríguez, quien es la progenitora de la quejosa. - Escuchar en versión libre al disciplinable. - Allegar antecedentes disciplinarios del abogado investigado. - Solicitar al Juzgado 5 Penal del Circuito de Neiva, para que certificara los gastos en que se habría incurrido dentro del trámite del proceso radicado bajo el Nº , por la parte civil y especialmente si se constituyó póliza por parte del abogado de esta. Audiencia de Juzgamiento. Se realizó el 10 de julio de 2013, con la presencia de la doctora Gina Paola Mejía Tovar, defensora de oficio del disciplinable y la quejosa, la cual tuvo que ser suspendida, puesto que la señora Carolina Rodríguez no se hizo presente y el Juzgado 5 Penal del Circuito de Neiva, no había allegado la información requerida. El 31 de julio de 2013, se continuó con la audiencia de Juzgamiento, a la cual asistió la abogada de oficio del investigado, en esta diligencia la Magistrada instructora, desistió de la prueba ordenada de oficio, con relación a la solicitud enviada al Juzgado 5 Penal del Circuito de Neiva y procedió a escuchar la declaración de la señora Carolina Rodríguez. Declaración jurada de la señora Carolina Rodríguez. Manifestó que estando su hija embarazada y programada para cesárea, el médico que la atendió inexplicablemente permitió que diera a luz en un parto natural, por lo cual acudió al disciplinable porque era el esposo de una amiga de infancia, para que llevara el caso relacionado con la muerte de la niña. Señaló que el togado siempre les decía mentiras porque ese era su método, diciendole que el proceso estaba para salir y que necesitaba que le consiguieran $ para una póliza, añadió que son personas trabajadoras, humildes y que ella ha sido la que ha estado al frente de todo, puesto que sus hijos no tenían dinero. Informó que cuando se enteró que el proceso había sido archivado llamó al abogado para preguntarle por el caso a lo que este le respondió que todo iba bien, ante lo cual ella le dijo que no le mintiera más que el proceso estaba archivado, a lo que este le contestó que a él no le habían avisado y que no podían haber hecho la audiencia sin la presencia de ellos. Por último, declaró que5 el abogado nunca le dijo nada acerca de la sanción que tenía, de lo cual se dio cuenta por otras entidades. Una vez recepcionada la anterior declaración, el Despacho de instancia corrió traslado a la defensora de oficio para que presentara los alegatos de conclusión, quien indicó que su defendido no ha incurrido en ninguna de las faltas endilgadas por el A quo, pues se encontraba demostrado que asistió acuciosamente a las diligencias y que las pretensiones de la parte civil no prosperaron debido a que el médico demostró que había actuado diligentemente, lo que fue ajeno a la voluntad del profesional. En cuanto a los gastos, de cámara y comercio dijo que no existía prueba que el disciplinado hubiera solicitado dicho dinero, ni mucho menos que la firma plasmada en esos recibos, vistos a folio 90 del expediente correspondiera a la de su prohijado, por lo que surgía la duda la cual debía ser resuelta al favor del investigado. Así mismo, adujo que el A quo no demostró que el abogado estuviera enterado que se encontraba sancionado, para la fecha de comisión de los hechos, quedando así avizorado que no se le podía endilgar esa falta y mucho menos a título de dolo, señaló que en caso de no prosperar sus argumentos, se vislumbraba la figura de la prescripción, pues han transcurrido más de 5 años desde el 17 de agosto de 2005, fecha en la que se entregó el dinero al profesional investigado. Acto seguido la Magistrada dio por terminada la diligencia y previno que la sentencia se dictaría dentro de los términos de ley. El fallo Apelado. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante providencia del 30 de agosto de 2013, declaró disciplinariamente responsable al abogado HERMINSULSANDOVAL TRUJILLO OSPINA, de la comisión de la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007; en concurso con la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35 ibídem y la del Artículo 39, por la incursión en la incompatibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 29 de la misma disposición y lo SANCIONÓ CON 8 MESES DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. Para el efecto indicó el A quo que se encontraba demostrado que el abogado investigado incurrió, en falta a la debida diligencia, toda vez que el Juzgado 5 Penal del Circuito de Neiva, donde se adelantaba el proceso en el que este actuaba como apoderado de la quejosa, corrió traslado el 26 de agosto de 2009, a los sujetos procesales intervinientes por el término de 15 días hábiles, para los fines del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, término dentro del cual el disciplinable guardó silencio y solo hasta casi 9 meses después del vencimiento del mismo, esto es el 4 de junio de 2010, presentó memorial, en el que solicitaba la práctica de pruebas, las cuales no fueron tenidas en cuenta por el Juzgado toda vez que la petición fue presentada extemporáneamente. La realización de esta conducta se le imputó a título de culpa, aduciendo que las faltas enlistadas en el deber de diligencia por su naturaleza son culposas, puesto lo que se endilga es un actuar negligente por no haber adelantado las gestiones encomendadas. De igual manera, consideró la Sala de instancia que el disciplinable incurrió en la falta a la honradez, prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, por no haber devuelto el dinero que recibió para una póliza de seguro, un certificado de existencia de cámara de comercio y un abono por gastos del proceso en la Fiscalía 4 Seccional de Neiva, según consta en los recibos obrantes en las diligencias y que no fueron tachados de falsos; puesto que en el plenario no se encuentra acreditada la incursión en dichos gastos y en consecuencia si no los utilizó su deber era devolverlos. La realización de esta conducta le fue imputada a título de dolo, en tanto que conforme a las condiciones personales y experiencia profesional del abogado la misma se realizó con6 conocimiento de la contrariedad ética que su acción comportaba, pues al no haber incurrido en los gastos para los cuales solicitó el dinero tenía el deber de devolverlo. En cuanto a la comisión por parte del disciplinable en la falta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por la incursión en la incompatibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 29 de la misma disposición, señaló la Sala de primera instancia: Obra el certificado expedido por la Unidad de Registro de Abogados a folio 13 del C.O, que se impuso sanción al investigado que inicio el 10 de marzo de 2011 y culminó el 9 de septiembre de Al respecto, se observa a folio 344 del C. Anexo 1, que el 17 de marzo de 2011 se corrió traslado a los sujetos procesales por el término de tres (3) días de conformidad con lo establecido del dictamen pericial rendido por el Dr. WOLFGANG ERNESTO BARRERA LOPEZ médico especialista en obstetricia y ginecología, para que solicitaran su ampliación, aclaración o adición en el proceso penal seguido contra HAROL ALBERTO PERDOMODIAZ acusado por el delito de homicidio culposo, dictamen que no descorrió el investigado. Para tal época, como se observa se encontraba inhabilitado el abogado en mención, sin embargo, no procedió a sustituir el poder, ni a informar a su cliente, sino que conservó el mismo siguiendo figurando allí como apoderado de la parte civil, dejándose constancia en el expediente del 24 de marzo de 2011, que el término había corrido en silencio. De igual manera para el 12 de abril de 2011 se recepcionaron declaraciones no habiendo asistido el investigado, sin que obre que hubiere sustituido el poder, ni informado a su cliente para que adoptara la decisión que considerara, sino que lo ocultó. Se presentó fallo de primera instancia del 13 de mayo de 2011, fecha para la que el togado aún se encontraba suspendido en el ejercicio de la profesional y no renunció al poder, ni lo sustituyó para que sus poderdantes no estuvieran desamparados en el periodo en el cual no podía ejercer la profesión por encontrarse suspendido, por tanto, si bien no podría endilgarse falta a la debida diligencia profesional en este periodo, toda vez que no podía actuar dentro de dicho proceso, tal y como se señaló en el pliego de cargos, si es dable endilgarle la ilicitud disciplinaria, estatuida del Art. 39 de la ley 1123 de 2007 al incurrir en la incompatibilidad prevista en el artículo 29 numeral 4 ibídem, donde se señala que no pueden ejercer la abogacía aunque se hallen inscrito: los abogados suspendidos o excluidos de la profesión". Por lo tanto, se infringió la incompatibilidad prevista, lo que lo hace incurrir en falta disciplinaria de conformidad con lo previsto en el Art. 39 de la ley 1123 de Esta falta también la calificó el A quo como dolosa, aduciendo que el investigado era tan consciente de la existencia de la suspensión que por ello no acudió a las diligencias señaladas, sin que hubiere advertido a sus clientes de tal situación, ni sustituido, ni renunciado al poder. Como criterios para graduar la sanción, observó que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, las penas a imponer podían ser la censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, las cuales se aplicaban atendiendo los criterios de graduación establecidos en el artículo 45 de la misma ley. Así, una vez sentados los anteriores parámetros, procedió a sancionarlo con 8 MESES DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, la cual a su juicio cumplía con los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, teniendo en cuenta que la trascendencia social de la conducta, es de la mayor importancia, puesto que se trata del comportamiento de un profesional del derecho que con su actuación manchó el buen nombre de la profesión y dos de las faltas imputadas se calificaron con el máximo grado como es el dolo lo cual generaba un mayor juicio de reproche. Por último, indicó que se configuraba la causal de agravación contemplada en el numeral 6 del literal C del artículo 45 ibídem, puesto que el profesional del derecho registra antecedentes7 disciplinarios para los años 2009 y 2010, con lo que se cumplía lo dispuesto en dicho artículo como es que la sanción sea dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. RECURSO DE APELACIÓN Inconforme con la sentencia proferida el 30 de agosto de 2013, por La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, la doctora Gina Paola Mejía Tovar, abogada de oficio del doctorherminsul SANDOVAL TRUJILLO OSPINA, presentó recurso de apelación, en el cual indicó que se encontraba que su defendido asistió acuciosamente a todas las diligencias tanto en la Fiscalía como en el Juzgado de conocimiento y que si las pretensiones de la parte civil no salieron avante no fue por negligencia de este sino por un hecho ajeno a su voluntad. Arguyó que no se demostró que el investigado hubiera recibido el dinero para comprar una póliza de seguro, pues existía la probabilidad que la firma consignada en los recibos que anexaron como prueba no fuera la suya, duda que se debía resolver a favor de su prohijado. Aunado a lo anterior alegó que en el caso que se hubiese faltado a la honradez las sumas de dinero fueron entregadas en el año 2005, por tanto frente a esa conducta había operado el fenómeno de la prescripción. Señaló la defensa oficiosa que no estaba demostrado que el abogado disciplinado estuviera enterado que se encontraba sancionado, motivo por el cual no renunció al poder ni lo sustituyó, por último, solicitó se revocara la sentencia de primera instancia. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Una vez las diligencias ante esta Superioridad correspondieron por reparto el 22 de noviembre de 2013, a quien hoy funge como Ponente y mediante auto del 29 del mismo mes y año se avocó el conocimiento de las mismas, se requirió a la Secretaría Judicial de esta Corporación, para que informara si contra el profesional investigado cursaban otros procesos por los mismos hechos y se ordenó correrle traslado al Ministerio Público, quien fue notificado el 12 de diciembre de 2013, sin emitir concepto alguno. Antecedentes disciplinarios. La Secretaría Judicial de esta Sala, emitió la certificación N del 28 de enero de 2014, a través de la cual hizo constar que contra el abogado HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO, aparecían las siguientes sanciones disciplinarias registradas: 1. Suspensión por el término de 2 meses en el ejercicio de la profesión, por la falta prevista en el numeral 1 del artículo 55 del Decreto 196 de 1971, impuesta dentro del proceso radicado Nº , la cual inició el 19 de octubre de 2009 y finalizó el 18 de diciembre de Suspensión por el término de 18 meses en el ejercicio de la profesión, por la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, impuesta dentro del proceso radicado Nº , la cual inició el 24 de mayo de 2012 y finalizó el 23 de noviembre de Suspensión por el término de 2 meses en el ejercicio de la profesión, por la falta prevista en el numeral 1 del artículo 55 del Decreto 196 de 1971, impuesta dentro del proceso radicado Nº , la cual inició el 10 de marzo de 2011 y finalizó el 9 de septiembre de Suspensión por el término de 2 meses en el ejercicio de la profesión, por la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, impuesta dentro del proceso radicado Nº , la cual inició el 10 de octubre de 2013 y finalizó el 9 de diciembre de 2013 Así mismo, informó la Secretaría Judicial de esta Sala, que no cursaban otras investigaciones por los mismos hechos. CONSIDERACIONES DE LA SALA8 Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 constitucional, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la Ley, norma desarrollada por el numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura, concordante con el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 1123 de Sobre el caso concreto, dos son los requisitos de orden probatorio que colocan al proceso en posición de que se dicte sentencia sancionatoria. De una parte que exista certeza respecto de la materialidad de la falta atribuida y, en igual sentido, sobre la responsabilidad del investigado (artículo 97 de la Ley 1123 de 2007). En este caso concreto, corresponde a la Sala revisar vía apelación la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante la cual declaró disciplinariamente responsable al abogado HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO OSPINA, de la comisión de la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007; en concurso con la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35 ibídem y la del Artículo 39, por la incursión en la incompatibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 29 de la misma disposición y lo SANCIONÓ CON 8 MESES DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. En virtud de la competencia antes mencionada, procederá la Sala a hacer su pronunciamiento sobre la base de los argumentos expuestos en el recurso de alzada, pues está limitada la actuación del juez de segundo grado a los aspectos controvertidos de la decisión del A quo, entendiéndose que los no discutidos han sido aceptados por el apelante. Ahora bien, el asunto que se somete a consideración de la Sala surgió con fundamento en la queja presentada por la señora Enny Osfir Silva Rodríguez, en la que afirmó que le otorgó poder al abogado HERMINSULSANDOVAL TRUJILLO OSPINA, para que la representara como parte civil dentro del proceso penal que se adelantaba contra el médico Harold Perdomo Díaz, por el delito de Homicidio culposo, como presunto responsable de la muerte de la hija recién nacida de la quejosa, quien al parecer habría fallecido por negligencia médica, en la cual también agregó que el disciplinable le solicitó dinero entre otras cosas para el pago de una póliza de seguro y que la mantuvo engañada diciéndole que el proceso iba bien, pero el mismo fue archivado, declarando inocente al profesional de la salud acusado. Ahora bien en el expediente obra el siguiente material probatorio: - Contrato de Prestación de Servicios Profesiones entre el investigado con los señores Enny Osfir Silva Rodríguez y Holman Rubiano Camacho con el objeto de la constitución en parte civil dentro el proceso penal Nº que se adelanta en la Fiscalía 4 Seccional de Neiva por el Homicidio de la menor Nicol Dayana Rubiano Silva contra el médico Harold Perdomo días y la clínica de la madre y el Niño. (Folio 7). - Poder suscrito por la señora ENNY OSFIR SILVA RODRIGUEZ y HOLMAN RUBIANO CAMACHO al togado HERMINSUL SALDOVAL TRUJILLO para que los represente por el delito de homicidio con el fin de constituirse en parte civil (-folio 8). - Recibo de fecha 17 de agosto de 2005 por valor de $ (fol 9). - Recibo de fecha 9 de agosto de 2005 por valor de $ por concepto abono gastos del proceso en la Fiscalía (fol 10). - Recibo de fecha 19 de mayo por valor de $ por concepto de póliza, caso Nicole. (folio 94) - Recibo del 20 de mayo de 2010 por valor de $ por concepto de honorarios (folio 94). - Recibo del 20 de mayo de 2010 por valor de $70.000, por concepto de documentos, cámara de comercio, (fol. 94).9 - El Juzgado 5 Penal del Circuito de Neiva aportó copia del proceso contra Harold Alberto Perdomo Díaz por el delito de homicidio culposo donde es denunciante Holman Rubiano Camacho (Anexo). - El Juzgado 5 Penal del Circuito de Neiva certificó que a folio 344 del expediente remitido obra auto del 16 de marzo de 2011 mediante el cual se corrió traslado del dictamen así como la notificación - fallida - al abogado de la cual no obra informe de ratificación alguna en el expediente y el 13 de mayo de 2011 se dictó sentencia oral absolutoria, la cual no fue apelada, por lo tanto el proceso se encuentra en el archivo definitivo (folio 109). Entonces, el problema jurídico a dilucidar en este asunto, es determinar si el doctor HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO fue responsable de infringir el Estatuto Deontológico de la Abogacía, concretamente de haber incurrido en las faltas tipificadas en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, numeral 4 del artículo 35 ibídem y la del Artículo 39, por la incursión en la incompatibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 29 de la misma disposición, respecto de lo cual estimaron la Sala a quo se debía sancionar al encartado. De lo anteriormente descrito, se hace imperioso para esta Superioridad, ahondar en cada una de las conductas disciplinariamente reprochadas por el fallador de primer grado, de manera separada, conforme se desarrolla a continuación: Falta a la debida diligencia profesional: Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional. 1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. En el expediente, se probó que el hecho constitutivo de la investigación disciplinaria existió, esto es, la indiligencia por parte del inculpado, pues en el mismo obra copia del poder conferido por los señores Holman Rubiano Camacho y Enny Osfir Silva Rodríguez, el 10 de agosto de 2005, al abogado investigado, para que en su nombre y representación, se constituya en PARTE CIVIL dentro del proceso penal que en su despacho se adelanta contra HAROLD PERDOMO DÍAZ ( ) De igual manera, revisadas las copias del proceso penal adelantado en el Juzgado 5 Penal del Circuito de Neiva, se observa proveído del 26 de agosto de 2009 obrante a folio 339 del cuaderno anexo, por medio del cual esa Agencia Judicial corrió traslado a los sujetos procesales intervinientes por el término de 15 días hábiles, para los fines del Artículo 400 de la Ley 600 de 2000 [2], sin que el investigado lo hubiere descorrido, pues así quedó corroborado con la constancia secretarial de fecha 23 de septiembre de 2009, obrante a folio 352, donde se indicó Ayer a las seis de la tarde venció el termino de quince (15) días hábiles de que disponían los sujetos procesales con derecho a intervenir en este asunto para la preparación de la diligencia de audiencia preparatoria (art. 400 c.p.p./2000) pedir nulidades que se hayan presentado en la etapa instructiva y/o las pruebas que se consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados. Dentro de dicho término la Procuradora Judicial 267, y el abogado Defensor solicitaron práctica de pruebas, los demás sujetos procesales guardaron silencio. (Resaltado de la Sala) Así mismo se evidencia, escrito presentado por el disciplinable el 4 de junio de 2010, memorial, donde solicita la práctica de pruebas, es decir casi 9 meses después del vencimiento del termino para ello, las cuales no fueron tenidas en cuenta por el despacho de conocimiento, tal como lo demuestra el acta de la audiencia preparatoria del 8 de junio de 2010, en donde se deja constancia que El representante de la parte civil en escrito que aparece a folio 282 reclama pruebas, pero el mismo tan solo fue presentado en la secretaria de esta oficina el pasado 4 de junio del año en curso cuando ya había vencido la oportunidad que les otorga la ley procesal a los sujetos procesales para que soliciten pruebas que pretendan hacer valer en el juicio.10 De lo anterior, se puede concluir como lo hizo la Sala de instancia que el disciplinado faltó al deber de la diligencia, dado que descorrió el traslado de manera extemporánea, traslado que era de especial importancia teniendo en cuenta que era la oportunidad para solicitar la práctica de pruebas, dentro del referido proceso, omisión que fue suplida por el titular del Despacho judicial, quien decretó pruebas de oficio, más no por la actividad del profesional investigado. De esta manera, no comparte esta Sala lo esbozado por la recurrente cuando manifiesta que su defendido asistió acuciosamente a todas las diligencias tanto en la Fiscalía como en el Juzgado de conocimiento y que si las pretensiones de la parte civil no salieron avante no fue por negligencia de este sino por un hecho ajeno a su voluntad, puesto que no se le reprocha su actuar en el trámite surtido ante la Fiscalía el cual estuvo conforme al compromiso por el adquirido, no obstante, no ocurrió lo mismo en la etapa surtida ante el Juzgado 5 Penal del Circuito de Neiva, pues como se desprende del acervo probatorio recaudado el disciplinado dejó vencer el termino de 15 días con que contaba para intervenir en la preparación de la audiencia preparatoria, perdiendo la oportunidad de solicitar la práctica de las pruebas que pretendía hacer valer en el juicio, omisión que no es de poca importancia, teniendo en cuenta que es la prueba el medio que lleva a demostrar en un proceso judicial, si un hecho es real o falso. Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, considera necesario la Sala, reiterar que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran, en términos generales, el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la imposición de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que se recauden en el respectivo proceso disciplinario. Lo que impone como necesario, para emitir una sentencia sancionatoria, que exista certeza sobre la materialización de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria prevista en el ordenamiento jurídico vigente, al igual que se cumpla el presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, respecto de la falta a la debida diligencia, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de Por eso, ahora los verbos rectores de esta falta están representados en las conductas de demorar la iniciación o prosecución de las gestiones, es decir, retardar, diferir, dilatar lo que se debe hacer, como en el presente caso; así las cosas, incurre en esta falta quien se toma más tiempo del necesario para presentar una demanda o para realizar una petición que resulta procedente dentro de un proceso determinado. También incurre en falta quiendeja de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, es decir y por contraposición al verbo anterior en el cual se hace pero tomando más tiempo del requerido, aunque sin que ese transcurso comporte el rechazo de la solicitud o la pérdida de la oportunidad, de acuerdo con esta conducta se sanciona a quien no hizo lo que tenía que hacer, dentro de la oportunidad para ello, verbi gratia interpuso el recurso pero no lo sustentó, impidiendo con ello que la causa fuera estudiada y decidida en los términos de ley por la segunda instancia. En la misma ilicitud disciplinaria incurre el profesional del derecho que descuida la gestión, esto es, que no asume el encargo con la diligencia debida, no ejerce la vigilancia que exige la gestión encomendada, no hace todo lo que está a su alcance en desarrollo de la misma, por ejemplo, descuida la gestión el abogado que no visita periódicamente el despacho judicial donde se tramita el asunto encomendado, para ejercer la vigilancia idónea que le permita estar al tanto de la evolución procesal, del surgimiento y preclusión de las oportunidades procesales, etcétera y finalmente, incurre en esta falta quien abandona la gestión, es decir quien la desampara, quien deja de atender el asunto o se desentiende por completo del mismo. Estas conductas, han sido consideradas por la doctrina y la jurisprudencia disciplinaria como de ejecución permanente, por cuanto se proyectan hasta cuando al abogado le es legalmente exigible11 adelantar la gestión, retomarla o enderezar el camino perdido como consecuencia de su falta de diligencia. Lo anterior, refrenda que cuando el abogado se compromete con una representación judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales dirigidas a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si cuando el abogado injustificadamente se aparta de la obligación de atender con rigor este deber frente a una representación judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional, como ha ocurrido en el asunto bajo examen. Los elementos estructurantes de la conducta disciplinaria, están presentes ya que la tipicidad está dada con la consagración de dicha falta en la Ley 1123 de 2007, donde de manera clara se definen los deberes del profesional del derecho y correlativamente, se especifican las faltas en que se incurre por el incumplimiento de aquellos. Es claro, que la tipicidad responde al principio de legalidad, consagrado en la Constitución y requiere que la conducta endilgada, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, sean clara y expresamente definidos de manera previa a la aplicación de estas medidas. La Corte Constitucional ha establecido que en este principio se vislumbran garantías, siendo la primera, de orden material y de alcance absoluto, conforme a la cual es necesario que existan preceptos jurídicos anteriores que permitan predecir con suficiente grado de certeza aquellas conductas infractoras del correcto funcionamiento de la función pública y las sanciones correspondientes por su realización. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de rango legal, que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios en manos de la Administración. [3] Precisó, además que (i) otorga certidumbre normativa sobre la conducta y la sanción a imponer; (ii) exige que el texto predeterminado tenga fundamento directamente en la ley, sin que sea posible transferir tal facultad al Gobierno o a las autoridades administrativas, por ser una competencia privativa del Legislador; (iii) constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos; (iv) protege la libertad individual; (v) controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y (vi) asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado. Ahora, en esta perspectiva, deviene que en materia disciplinaria se exige que la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir de manera clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. Por lo que el abogado HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO, consecuencia de su actuar mereció la reacción de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila que al encontrarlo responsable de la falta prescrita en el numeral 1 del artículo 37 le sancionó, ya que este comportamiento fue previsto en la Ley 1123 de 2007, de modo que la realidad procesal que condujo a esta decisión, fue evaluada conforme a lo previsto en la norma ejusdem en materia de culpabilidad del agente, es decir, si actuó con dolo o culpa, si su conducta fue leve, grave o gravísima y por supuesto, la graduación de la intensidad del comportamiento. La antijuricidad en este caso, deviene del incumplimiento acreditado y sin justificación alguna por parte del disciplinable del deber preceptuado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, el cual le impone la obligación de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, pues dejó vencer el término legalmente establecido para solicitar la práctica de las pruebas que pretendía hacer valer en el juicio, lo que deriva en falta de diligencia, sin que se encontraran a su favor causales que puedan enervar esta responsabilidad.12 Es incontrovertible que el doctor HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO, faltó a la debida diligencia profesional, pues no adelantó la gestión que le correspondía, esto es descorrer el traslado dentro del término legal establecido para ello, omisión con la cual perdió la oportunidad de solicitar la práctica de pruebas que podían servir para demostrar la negligencia en que había podido incurrir el médico acusado. Es decir, que el disciplinable dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, con lo que se configura una conducta típica, plenamente estatuida en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de Respecto a la culpabilidad, como acertadamente lo indicó la Sala de instancia, la conducta del abogado fue cometida a título de culpa, puesto que se le endilga un actuar negligente por haber presentado casi 9 meses después de vencido el termino para ello, el memorial en el cual solicitaba las pruebas que pretendía hacer valer en el juicio. Falta a la honradez del abogado. Ahora bien, el abogado HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO, también fue llamado a responder como responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35, que al tenor literal reza: ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: ( ) 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo. En cuanto a la comisión de esta conducta, considera la Sala que también se encuentra demostrada, pues a folio 94 del cuaderno original obra recibo con fecha 19 de mayo de 2010, por valor de $ para una póliza de seguro; recibo de fecha 20 de mayo de 2010, por $70.000, para documentos cámara de comercio y a folio 10 recibo de fecha 9 de agosto de 2005, por valor de $ como abono por gastos del proceso en la Fiscalía 4 Seccional de Neiva, los cuales se encuentran suscritos por el disciplinable, no obstante, una vez revisado el proceso penal, no se encontró acreditado que se hubiere incurrido en tales gastos, de lo que se desprende que el abogado efectivamente recibió el dinero de sus mandantes pero no lo utilizó para los fines que lo solicitó, por lo que le asistía el deber de devolverlos y sin embargo no lo hizo. Ahora bien, para esta Sala no son de recibo los argumentos alegados por la apelante al indicar que existía la probabilidad que la firma consignada en los recibos que anexaron como prueba no fuera la de su prohijado, pues como acertadamente lo señaló la primera instancia, los recibos de pago firmados por el togado, no fueron tachados de falsos, por lo tanto son documentos que gozan de valor probatorio y como tales fueron tenidos en cuenta, los cuales demuestran que el disciplinable recibió dicho dinero de su mandante. Así como tampoco le asiste razón a la impugnante cuando señala que ha operado el fenómeno de la prescripción, por cuanto una de las sumas de dinero fue entregada en el año 2005, toda vez que la falta relacionada con la retención de dineros es de carácter permanente, por lo cual la prescripción de la acción disciplinaria se empieza a contar desde el día en que el profesional del derecho hace la entrega efectiva del dinero a quienes corresponde, esto es a sus mandantes. Como en el presente asunto, según lo dicho en la queja y el material probatorio allegado, se desprende que la retención de dineros por parte del abogado HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO, ha perdurado en el tiempo, por cuanto no hay prueba que demuestre que los haya devuelto, no ha cesado la comisión de la conducta, en consecuencia no hay lugar a decir que operó el fenómeno de la prescripción. En efecto, está demostrado que el disciplinado faltó al deber de obrar con lealtad y honradez que le impone el ejercicio de la profesión, consagrado en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, cuya culpabilidad emerge de la retención de los dineros que le fueron entregados para una13 póliza de seguro, documentos cámara de comercio y gastos del proceso en la Fiscalía 4 Seccional de Neiva, los cuáles según las pruebas obrantes en el plenario no se surtieron y que siendo así estaba en la obligación de devolverlos a la menor brevedad posible a sus mandante, sin que hasta el momento la haya hecho. No queda duda de la responsabilidad del profesional del derecho, pues dentro del material probatorio obran los mencionados recibos con su firma, de los cuales se desprende que recibió dichos emolumentos, sin embargo dentro de las copias del proceso penal no figura si quiera un documento que soporte o justifique que haya tenido que incurrir en los gastos para los cuales solicitó ese dinero, por lo cual su deber era devolverlo a sus mandantes, no obstante, en el proceso no obra prueba que lo haya hecho. Con relación a la culpabilidad comparte esta Superioridad, el criterio del A quo al considerar que se trata de una conducta dolosa en tanto que se concurren los dos aspectos: conocimiento de los hechos constitutivos de la ilicitud y voluntad de realizarlos, pues las condiciones personales del abogado y su experiencia profesional permiten inferir que tenía sabía de la contrariedad ética que su acción comportaba y aun decidió realizarla. Así mismo, el abogado HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO, fue llamado a responder como responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 39 de la Ley de 2007, que al tenor literal reza: ARTÍCULO 39. También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional. La Sala de instancia resolvió sancionarlo, por cuanto el abogado encontrándose suspendido entre el 10 de marzo y el 9 de septiembre de 2011, para ejercer la profesión no renunció al poder ni lo sustituyó, sino que siguió fungiendo allí como apoderado, cuando no podía actuar dentro del mencionado proceso penal, incurriendo así en la incompatibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, que establece: Artículo 29. Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos: ( ) 4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión. En primer lugar, encuentra esta Sala probado que efectivamente el abogado investigado se encontraba suspendido entre el 10 de marzo y el 9 de septiembre de 2011, para ejercer la profesión, como lo demuestran los certificados de antecedentes disciplinarios obrantes en las diligencias tanto de primera como de segunda instancia. No obstante, tal como lo afirmó la Sala de instancia, según se observa a folio 344 del Cuaderno anexo, el 17 de marzo de 2011, se corrió traslado a los sujetos procesales por el término de 3 días del dictamen pericial rendido por el doctor Wolfgang Ernesto Barrera López, médico especialista en obstetricia y ginecología, para que solicitaran su ampliación, aclaración o adición en el proceso penal seguido contra el galeno Harold Alberto Perdomo Díaz, acusado por el delito de homicidio culposo, dictamen que no descorrió el investigado. (Resaltado de la Sala) De igual manera, se evidencia que para el 12 de abril de 2011, se recepcionaron declaraciones no habiendo asistido el investigado. Por último, se tiene que el 13 de mayo de 2011, se emitió fallo de primera instancia en audiencia pública, en el que se resolvió absolver al médico Harold Alberto Perdomo Díaz, del delito de homicidio culposo, del cual fue acusado por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva, decisión que no fue apelada por el disciplinado.14 Así mismo, obra a folio 109 del cuaderno original oficio 0685 de fecha 28 de febrero de 2013, proveniente del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva, por medio del cual se informó que revisado el expediente radicado al Nº , seguido contra HAROLD ALBERTO PERDOMO DÍAZ por el delito de Homicidio culposo, siendo denunciante Holman Rubiano Camacho, - ( ) a folio 344 obra el auto del 16 de marzo de 2011 mediante el cual se corrió traslado del dictamen referido en su oficio así como la notificación fallida al abogado Herminsul Sandoval Trujillo, de la cual no obra informe de ratificación alguna en el expediente. ( ) El 13 de mayo de 2011 se dictó sentencia oral absolutoria, no hubo recurso de apelación, por lo tanto el proceso se encuentra en el archivo definitivo. De acuerdo al material probatorio recaudado, se puede establecer que durante el periodo en que el abogado se encontró suspendido, si bien no renunció al poder conferido, ni lo sustituyó, tampoco realizó ninguna actuación profesional dentro del proceso penal en que representaba judicialmente a la quejosa, pues así lo demuestran tanto las copias del expediente, como el oficio 0685 de fecha 28 de febrero de 2013, allegado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva. Así las cosas, es necesario recordar que la falta enrostrada al togado establece que también constituye falta disciplinaria, la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades, el cual a su vez, previene que no pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos, los abogados suspendidos o excluidos de la profesión. Es decir, que se sanciona a los abogados que ejercen la profesión encontrándose suspendidos o excluidos de la misma, por lo tanto, resulta importante traer a colación, algunas de las definiciones que trae el Diccionario de la Real Academia Española [4], de la palabra ejercer: Practicar los actos propios de un oficio, facultad o profesión. Hacer uso de un derecho, capacidad o virtud. De acuerdo a lo anterior, se puede colegir que ejercer la profesión de abogado, consiste en desarrollar los actos propios de la misma, como lo son asesorar, ejercer acciones judiciales, presentar memoriales, asistir a audiencias, recurrir las decisiones que le sean desfavorables, entre otras; sin embargo, se reitera que lo que se puede evidenciar en las copias del proceso penal allegadas al plenario, es una total inactividad por parte del togado investigado, durante el periodo en que se encontraba suspendido para ejercer la profesión, razón por lo cual esta Sala no encuentra que la conducta del abogado se adecue a la descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, que le fue enrostrada. Diferente sería sí el abogado investigado, durante el periodo en que se encontraba suspendido, hubiera aceptado el poder para representar a la quejosa, pues este configuraría un acto propio de la profesión, que se adecuaría al tipo descrito en la mencionada falta, sin embargo para el caso que aquí se estudia se tiene que el jurista había recibido poder para actuar dentro del proceso penal mucho antes de ser sancionado. No obstante, durante el lapso en que el togado estuvo suspendido no ejerció ningún acto tendiente a defender los intereses de su mandante, lo que si bien pudo ser un acto de mala fe con sus clientes, puesto que debió advertirles dicha situación para que ellos tuvieran la oportunidad de decidir si le otorgaban poder a otro abogado para que continuara con el caso y no quedaran desprovistos de la oportunidad de ser representados judicialmente por un profesional del derecho, se reitera dicha omisión no lo hace incurso en la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por la cual se le viene sancionando. De acuerdo a lo anterior, encuentra esta Sala que la conducta por la cual se sancionó al abogado investigado no se ajusta a la descripción clara y expresa que de ella se hace en el numeral artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por lo cual una vez revisado el material obrante en el expediente esta15 Superioridad considera que el abogado HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO, debe ser absuelto de la incursión en dicha falta, como lo declarara en la parte resolutiva de esta providencia. La sanción. En cuanto a la sanción por infringir el régimen disciplinario, el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 consagra que quien cometa una de las faltas allí contempladas será sancionado con censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, debiéndose en consecuencia cuantificar la sanción a imponer con observancia de los criterios establecidos en el artículo 45 ejusdem, como son la trascendencia social de la conducta, la modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes, el perjuicio causado, y sin menoscabo de las acciones y sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. Así las cosas, esta Sala considera que la sanción de SUSPENSIÓN DE 8 MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN debe confirmarse, pues pese a que se le absolvió de una de las faltas, la sanción sigue encontrándose ajustada, teniendo en cuenta que en un acto que podría considerarse de mala fe el abogado omitió advertirles a sus clientes la existencia de su suspensión, negándoles con ello la posibilidad de ser representados por otro profesional del derecho dentro del proceso penal que se adelantaba contra el medico Harold Alberto Perdomo Díaz, acusado por el delito de homicidio culposo por la muerte de su hija recién nacida, quien finalmente fue absuelto, decisión que no fue apelada y ya se encuentra en firme, con lo cual causó un grave perjuicio a sus mandantes, conducta con la cual transgredió el Estatuto Deontológico del Abogado. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, RESUELVE Primero.- MODIFICAR el fallo proferido el 30 de agosto de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante el cual sancionó al abogado HERMINSUL SANDOVAL TRUJILLO con suspensión de 8 meses en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de incurrir en las faltas previstas en el numeral 1 del artículo 37, en concurso con la falta del numeral 4 del artículo 35 y la del artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar: a) Absolverlo de la incursión en la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. b) Confirmar en todo lo demás. Segundo.- Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria. Tercero.- Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen, para que notifique a las partes dentro del proceso y cumpla lo dispuesto por esta Superioridad. Cuarto.- Por Secretaría líbrense las comunicaciones de Ley. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA Presidenta PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO16 Vicepresidente JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Magistrado JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Magistrada ANGELINO LIZCANO RIVERA Magistrado NÉSTOR IVÁN JAVIER OSUNA PATIÑO Magistrado WILSON RUIZ OREJUELA Magistrado YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA Secretaria Judicial [1] M.P. Floralba Poveda Villalba en Sala Dual con la Magistrada Teresa Elena Gómez Núñez. [2] Artículo 400. Apertura a juicio. Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal. Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes. [3] Sentencia C-030 de [4] Mostrar más
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