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Timestamp: 2019-06-19 02:59:20
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Matched Legal Cases: ['Artículo 68', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'artículo 9', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 1']

TEMA 2. DERECHOS HUMANOS.
Propuestas desde la dirección estratégica.
7.3 Modelos de ingeniería financiera (expectativas financieras de minimización de los costos penales y control de cartelización de los mercados.)
7.4 Responsabilidad corporativa y teoría del comandante.
7.5 Protocolo I de 1997, adicional a los Convenios de Ginebra.
7.7 El modelo de la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) en los Estados Unidos.
La relación entre la actuación empresarial y los derechos humanos está, en general, poco analizada, si bien existen situaciones donde esta relación aparece clara. Normalmente se trata de casos de violaciones graves y muy notorias y que han llegado a ser conceptualizados en categorías jurídicas, habiendo llegado a los tribunales en algunos casos.
Sin embargo las normas, leyes y convenciones internacionales que tienen que ver directamente con la gestión de proyectos económicos son más evidentes si analizamos el sistema internacional de derechos humanos.
En primer lugar, los derechos humanos son principios que sustentan la sociedad tal cual la conocemos y por lo tanto existen principios que, como el derecho a la vida, están claramente incorporados a todo esquema cultural, religioso, ético o social.
Hay también normas internacionales que son parte de este sistema de derechos humanos, aunque normalmente se desconozca este origen. Un ejemplo práctico es la aplicación de las normas internacionales sobre empleo, conocidas como convenios 154, 168 y 169, y que afectan a las normas de negociación colectiva, a la promoción de empleo y a los derechos indígenas, y que forman parte de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.
El crecimiento de la economía multinacional, ya sea como ampliación del comercio internacional o como inversiones en proyectos específicos, ha creado una situación de deslocalización de las inversiones de la que se derivan dos problemas directamente relacionados con las mismas: a) la posibilidad de evadir el sistema jurídico y fiscal nacional y, b) el crear un concepto de medición del riesgo que afecta a los proyectos de inversión y que está directamente relacionado con los riesgos jurídicos y políticos.
Es en este marco donde surgen las responsabilidades que afectan directamente a los responsables de las inversiones, en primer lugar, en cuanto al marco normativo internacional que afecta a fiscalidad e impuestos en terceros países y, en segundo lugar, en cuanto al respeto de las normas y las convenciones internacionales que tienen que ver con el sistema del que estamos hablando.
La disminución del riesgo medido en estos términos tiene que ver directamente con la corrupción, el lavado de dinero, y, consecuentemente, con lo que hoy conocemos como técnicas de ingeniería financiera y jurídica.
Podemos decir que en el mismo momento que se comienzan a medir estos riesgos ciertos y a reflejarlos en los costos de un proyecto, se entra en una zona de riesgo que normalmente no sólo afecta al aspecto jurídico normativo del derecho mercantil o penal, sino que tiene que ver con problemas como el delito ecológico, la corrupción, la esclavitud, el paramilitarismo o el lavado de dinero.
Cualquiera de estas figuras son violaciones de los derechos humanos y pueden convertirse en delitos graves si se convierten en sistemáticos o se planifica su ejecución como finalidad.
La responsabilidad corporativa, entendida en estos términos, es la continuación de la responsabilidad penal individual y corporativa derivada de este tipo de problemas y no es, ni puede ser, reducida a una mera variable de riesgo en el costo de un proyecto de inversión.
Para permitir un acercamiento a estos temas todo el desarrollo que haremos de los mismos está tomado de documentos oficiales de las Naciones Unidas y/o de los convenios internacionales respectivos y en especial del "Informe final sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos económicos, sociales y culturales)", preparado por el Sr. El Hadji Guissé, Relator Especial, de conformidad con la resolución 1996/24 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con ello pretendemos que haya un acercamiento a los conceptos, categorías y definiciones que se utilizan en el entorno de los organismos internacionales, que ayuden no sólo a la comprensión de los conceptos sino también a aprehensión conceptual y contextual.
Los derechos humanos ya habían encontrado expresión en el Pacto de la Sociedad de las Naciones que llevó, entre otras cosas, a la creación de la Organización Internacional del Trabajo. En la Conferencia de San Francisco de 1945, celebrada para redactar la Carta de las Naciones Unidas, se propuso aprobar una declaración de los derechos esenciales del hombre, pero la propuesta no fue examinada porque requería un examen más detenido para el cual no se disponía de tiempo. En la Carta de las Naciones Unidas se hace referencia explícitamente a «el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión». A juicio de muchos, también la idea de promulgar una «carta internacional de derechos» se halla implícita en la Carta.
La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, que se reunió inmediatamente después de la sesión de clausura de la Conferencia de San Francisco, recomendó que el Consejo Económico y Social, en su primer período de sesiones, estableciera una comisión para la promoción de los derechos humanos, con arreglo a lo previsto en el Artículo 68 de la Carta. De conformidad con dicha recomendación, el Consejo estableció la Comisión de Derechos Humanos a comienzos de 1946.
En la primera parte de su primer período de sesiones, celebrada en Londres en enero de 1946, la Asamblea General examinó un proyecto de declaración sobre los derechos y libertades fundamentales del hombre y lo remitió al Consejo Económico y Social para que, a su vez, lo transmitiera a la Comisión de Derechos Humanos y ésta lo estudiara al preparar una carta internacional de derechos humanos. En su primer período de sesiones, celebrado a comienzo de 1947, la Comisión autorizó a los miembros de su Mesa a formular un proyecto preliminar de carta internacional de derechos humanos. Más adelante esa tarea fue asumida por un Comité de Redacción oficial, integrado por miembros de la Comisión que representaban a ocho Estados y que fueron elegidos teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica.
Los derechos económicos, sociales y culturales individuales son, esencialmente, el derecho al trabajo y los derechos a una adecuada alimentación, salud, vivienda y educación. No hay duda de que estos derechos se basan en el derecho más importante de todos, a saber, el derecho a la vida. Giran y se centran sobre este derecho, si por "vida" se entiende todo lo que contribuye a la existencia continuada y la mejora de la condición humana. En opinión de algunas personas, estos derechos constituyen un ideal a lograr, es decir, que no son reclamables inmediatamente. Este punto de vista es incorrecto, ya que estos derechos tienen una base legal firme y pueden ser reclamados en cualquier momento y sus violaciones castigadas.
Declaración y Programa de Acción de Viena (parte I, párr. 5), aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 1993 [A/CONF.157/24 (Part I), cap.
Sin embargo, esta manera de ver las cosas pasa por alto un postulado del sistema global de derechos humanos que se formuló ya en 1948 con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y según el cual la indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales son principios fundamentales de la legislación internacional de derechos humanos. Este punto de vista se ha reafirmado muchas veces, la más reciente de ellas en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 (Declaración y Programa de Acción de Viena).
Los derechos económicos, sociales y culturales están plenamente reconocidos por la comunidad internacional y también en toda la legislación internacional de derechos humanos. Aunque estos derechos han recibido menos atención que los derechos civiles y políticos, en la actualidad son objeto de mucha mayor consideración que la que antes conocieron. La cuestión no consiste en saber si se trata de derechos humanos básicos, sino en saber a qué dan derecho y qué carácter jurídico tienen las obligaciones de los Estados de hacerlos efectivos.
En 1948 la Asamblea General pidió también a la Comisión que preparase, como cuestión prioritaria, un proyecto de pacto relativo a los derechos humanos y a ia elaboración de medidas de aplicación. La Comisión examinó el proyecto de pacto en 1949 y al año siguiente volvió a examinar los dieciocho primeros artículos sobre la base de los comentarios recibidos de los gobiernos. En 1950 la Asamblea General aprobó una declaración en la que declaró que «el goce de las libertades cívicas y políticas y el de los derechos económicos, sociales y culturales están vinculados entre sí y se condicionan mutuamente». La Asamblea General decidió también incluir en el Pacto de derechos humanos los derechos económicos, sociales y culturales y el reconocimiento explícito de la igualdad de hombres y mujeres en cuanto a esos derechos, según consta en la Carta. En 1951 la Comisión redactó catorce artículos relativos a derechos económicos, sociales y culturales, sobre la base de propuestas presentadas por los gobiernos y sugerencias de los organismos especializados. Luego formuló diez artículos acerca de medidas de aplicación de esos derechos, en virtud de los cuales los Estados Partes en el Pacto presentarían informes periódicos. La Asamblea General, tras un largo debate celebrado en su período de sesiones de 1951, pidió a la Comisión que redactara dos pactos de derechos humanos, uno que abarcaría «los derechos civiles y políticos y el otro los derechos económicos, sociales y culturales». La Asamblea General especificó que los dos pactos debían contener el mayor número posible de disposiciones similares e incluir un artículo en el que se dispondría que «todos los pueblos tendrán el derecho de libre determinación».
La Comisión terminó de preparar los dos proyectos de pactos en sus períodos de sesiones noveno y décimo, celebrados en 1953 y 1954, respectivamente. La Asamblea General examinó los proyectos de pacto en 1954 y decidió darles la mayor publicidad posible a fin de que los gobiernos pudiesen estudiarlos a fondo y que la opinión pública pudiese expresarse libremente. Recomendó que, en su período de sesiones de 1955 la Tercera Comisión comenzase un examen, artículo por artículo, de los textos. Aunque el examen artículo por artículo comenzó según el calendario previsto, la elaboración de los pactos sólo quedó terminada en 1966. En dicho año se completaron dos pactos internacionales de derechos humanos (en vez de uno sólo como se había previsto inicialmente): el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé un mecanismo para la tramitación de denuncias de particulares que afirmen haber sido víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en dicho Pacto.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, estipula la protección de los derechos civiles y políticos. Muchos de los derechos garantizados se centran en proteger a los ciudadanos de los abusos del estado de poder. Por ejemplo, el PIDCP incluye el derecho a no ser sometido a "tortura o a un tratamiento cruel e inhumano", el derecho de las personas acusadas a un juicio justo a un tratamiento equitativo ante el jurado, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y la libertad de asociación. El PIDCP también incluye el derecho a la participación democrática y cívica y a la representación. Todos los derechos están garantizados sin distinción de sexo o de otra categoría y la igualdad de los hombres y las mujeres se subraya expresamente en diferentes áreas, incluyendo la igualdad de derechos y de responsabilidades de hombres y mujeres en el matrimonio.
En diciembre de 2002, el PIDCP fue ratificado por 149 países. El Pacto también tiene dos protocolos facultativos. El primer Protocolo Facultativo estipula un procedimiento para quejas individuales para personas cuyos derechos civiles y políticos hayan sido violados y que hayan agotado todos los medios a nivel nacional de obtener una compensación. En diciembre de 2002, un total de 104 estados había ratificado o accedido al PF1. El segundo Protocolo Facultativo (PF2) compromete a los estados miembros a la abolición de la Pena de Muerte. Actualmente, solo 49 estados han accedido a este acuerdo y las ejecuciones promovidas por el estado siguen siendo una opción defendida y tolerada por muchos estados como una forma legítima de castigo.
En muchos casos, los responsables por violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos colectivos con contenido económico, tales como el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano, son, en ocasiones, entidades internacionales que aplican políticas que constituyen una verdadera fuente de graves violaciones, a gran escala, de los derechos individuales y colectivos en los países con economías débiles. A este nivel, la responsabilidad es colectiva. El ejemplo más típico es el caso de la gestión de la deuda por parte de las instituciones financieras internacionales. Otro ejemplo es el caso de los programas de ajuste estructural, cuyas consecuencias son desastrosas para las economías de los países en desarrollo. La responsabilidad de la comunidad internacional es grande en relación a estas políticas económicas, que favorecen a los países desarrollados y que amplían diariamente la distancia entre los países ricos y pobres. El mantenimiento del actual orden económico internacional, con estas injusticias y su fracaso en adaptarse a las realidades económicas de hoy, y cuya rectificación ha sido demandada constantemente, aunque en vano, es también una responsabilidad de la comunidad internacional. En el caso de violaciones que ya forman parte de la historia, corresponde a la comunidad internacional emprender las acciones necesarias para remediar, con justicia, el daño causado a los pueblos víctimas de ellas. Esto debería hacerse en cooperación con todos los actores del escenario internacional.
Las violaciones cometidas por las empresas transnacionales en sus principales actividades transfronterizas no se encuentran dentro de la competencia de un único Estado y, para prevenir las contradicciones e ineficacia en los remedios y sanciones decididas por los Estados de forma individual o en grupo, estas violaciones deberían ser objeto de una atención especial. Los Estados y la comunidad internacional deben combinar sus esfuerzos para contener tales actividades mediante el establecimiento de las normas legales que hagan posible alcanzar este objetivo. Sucede lo mismo en cuanto al saqueo del patrimonio cultural de los pueblos y países del tercer mundo. Hasta hace muy poco tiempo, sólo los Estados estaban sujetos a la ley internacional, pero los individuos y los grupos de individuos pueden, ahora, tomar acciones legales o ser requeridos ante las autoridades internacionales para responder de sus actividades. La comunidad internacional debe establecer un marco legal que haga posible tomar acciones, con alguna esperanza de éxito, para reparar o castigar, un marco que sería apoyado por el principio de jurisdicción universal. Para lograr este objetivo con mayor efectividad, la comunidad internacional debe obtener de los Estados el compromiso de incluir en su legislación nacional, y en su totalidad, las normas internacionales relativas a los derechos humanos, al tiempo que respeten sus obligaciones internacionales.
Tanto bajo la ley nacional como internacional, un acto que viole los derechos de un individuo o un grupo hace responsable al autor. Los actos jurídicos que originan las obligaciones de las que se deriva la responsabilidad de un sujeto de derecho (un individuo o un Estado) están especificados por la ley. Es cierto que la responsabilidad del Estado es indiscutible en el derecho positivo. Tiene, aunque tardíamente, un ganado reconocimiento en el ámbito de la ley nacional, donde, por mucho tiempo, parecía virtualmente incompatible con una relación desequilibrada entre el Estado y sus sujetos. El Estado moderno realiza diversas actividades; algunas de las cuales son actos gubernamentales directamente relacionados con el ejercicio de su soberanía, mientras que otras son actividades empresariales que realiza como actividades privadas, sujetas a las normas del derecho privado. En tales casos, la responsabilidad del Estado puede verse involucrada en un caso de violación de los derechos de un individuo o un grupo. Los derechos económicos, sociales y culturales están, generalmente, conectados con una actividad económica y es, en este marco, donde son violados más frecuentemente.
La responsabilidad del Estado es total cuando las violaciones resultan del mal funcionamiento de los servicios públicos, sea cual sea la causa. El Estado no puede invocar ni su propia legislación ni la incompetencia o desobediencia de sus agentes para exonerarse de su responsabilidad, sean acciones gubernamentales o puramente administrativas. En relación con la conducta de los funcionarios estatales, la abundante jurisprudencia desde el Tribunal Internacional de Nuremberg indica que ninguna desobediencia a, o ejecución de, una orden claramente ilegal reduce en ningún caso la responsabilidad del Estado. Un Poder ocupante es responsable, bajo las Convenciones de Ginebra, de las violaciones cometidas en el territorio ocupado. El ejercicio de tales responsabilidades requiere un cierto grado de cooperación entre los Estados y la comunidad internacional.
Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser perpetradas también por individuos privados. En la amplia mayoría de los Estados, tales violaciones son delitos punibles o están, en alguna proporción, sujetos a procesos de compensación civil. Es obligación del Estado establecer un marco legal adecuado. Es muy censurable que ciertos Estados establezcan una legislación que proteja los bienes o propiedades de ciertas compañías nacionales y les otorgue una total impunidad al cometer algunas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de ciudadanos y grupos económicos privados. Así, en algunos países, no hay forma de obtener el cumplimiento de una sentencia sobre la propiedad de las compañías nacionalizadas. No puede haber embargo de ninguno de sus bienes aunque, cada vez más, están actuando como individuos o compañías privadas.
Las víctimas o sujetos pasivos de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser individuos o grupos. Las normas del derecho internacional humanitario crean obligaciones erga omnes, por razón de la indivisibilidad del objeto que se protege. Para obtener una idea clara del concepto de víctima, merece la pena referirse a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. Los Estados no siempre están interesados en proteger el aspecto individual de los derechos humanos. Son más proclives a la protección de los derechos que tienen un carácter más fundamental que humanitario. Generalmente se comprometen a permitir que los individuos se valgan de mecanismos que controlen sus derechos, como es el caso de los derechos civiles y políticos.
El término "Víctimas" significa, de acuerdo con la Declaración, "personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales.... o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales". En este caso, las víctimas son todas aquéllas que directa y personalmente sufrieron el daño originado por las violaciones. Otro enfoque, más amplio, consiste en entender como víctima a quién pueda probar que ha sufrido daño o tiene algún interés en denunciar. El daño por el que se solicita reparación puede ser material o moral. Todas las legislaciones nacionales hace tiempo han aceptado la compensación para los daños morales, tanto para la víctima directa como para sus herederos. En el ámbito internacional, parece que esta idea esta ganando aceptación, firme y lentamente. Puede inferirse del derecho penal actual de los organismos legales internacionales que la base para determinar la cantidad y naturaleza de la compensación, no es, exclusivamente, el daño físico o material, sino también el daño moral, directo o indirecto. En sus observaciones de la comunicación Nº 107/1981, el Comité de Derechos Humanos señaló que la madre de una persona desaparecida era, en sí misma, una víctima: "El Comité comprende la angustia y el estrés que le causa a la madre la desaparición de su hija y la continua incertidumbre relativa a su destino y paradero.... A este respecto, ella también es una víctima de la violación del Pacto sufrida por su hija...". Otros organismos internacionales, tales como el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión de Investigación creada por la Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han confirmado el principio de compensación por daño moral. En vista de las masivas y continuas violaciones de las que los pueblos del tercer mundo han sido víctimas en un pasado cercano, tales como la esclavitud, la colonización y el expolio cultural, es obvio que sólo puede existir una solución global, con el propósito de restablecer a estos pueblos sus derechos comunales, devolviéndoles los bienes de los que han sido desposeídos ilegalmente. Estas reclamaciones colectivas sólo pueden ser gestionadas y concluidas con éxito mediante la cooperación de la comunidad internacional y la voluntad de todos los actores del escenario internacional.
El estatus de víctima y sus derechos son transmisibles a sus sucesores. Este concepto de sucesor podría entenderse en un sentido amplio e incluir, además de la víctima directa y sus herederos y cesionarios, a entidades legales cuyo propósito sea la defensa de los derechos económicos de los individuos o grupos cuyos derechos han sido violados. Este es el caso de los sindicatos y puede ser el de las organizaciones no gubernamentales. En relación a los sindicatos, el derecho penal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha consagrado ya el principio, al permitirles someter a su consideración un conflicto colectivo laboral. En asuntos económicos, las víctimas son, a menudo, grupos de personas, ya que los derechos violados son, generalmente, los colectivos, que afectan a amplios sectores de la población. Esto, de ninguna forma, disminuye las violaciones individuales de los derechos económicos, sociales y culturales. Las diferentes formas de violación requieren diferentes tipos de castigo, principalmente las de naturaleza económica, como ya se ha mencionado.
Según la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad" se entienden por crímenes graves que, además, son imprescriptibles, los siguientes:
2) Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
3) Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad.
Las conferencias de paz de La Haya en 1899 y 1907 aprobaron convenios que definían las leyes y costumbres de guerra y declaraciones que prohibían determinadas prácticas, incluso el bombardeo de poblaciones indefensas, la utilización de gases venenosos y balas de punta blanda. Las conferencias no llegaron a un acuerdo sobre un sistema de arbitraje obligatorio como medio de resolver las controversias que constituyen una amenaza para la paz.
En 1906 el Primer Convenio de Ginebra fue revisado para brindar una mayor protección a las víctimas de la guerra terrestre y el año siguiente todas sus disposiciones fueron oficialmente extendidas a las situaciones de guerra en el mar.
El respeto del Convenio de Ginebra y las operaciones dirigidas por el CICR tuvo una función radical en la salvación de vidas humanas y la prevención de sufrimientos innecesarios durante la primera guerra mundial (1914-1918). No obstante, el desastroso costo en vidas humanas que tuvo el conflicto convenció a la comunidad internacional de que había que dar más fuerza al Convenio.
En ese espíritu, una conferencia celebrada en Ginebra en 1929 aprobó un convenio que contenía mejores disposiciones para el trato de los enfermos y los heridos, así como un segundo convenio sobre el trato de los prisioneros de guerra. Cuatro años antes, en una conferencia de la Sociedad de las Naciones se había aprobado un protocolo que prohibía el uso de gases asfixiantes y venenosos.
La guerra civil española (1936-1939) y la segunda guerra mundial (1939-1945) dieron pruebas convincentes de la necesidad de volver a hacer corresponder el derecho humanitario internacional con el carácter cambiante de la guerra.
Se tomó la decisión de comenzar de nuevo y se elaboraron nuevos convenios de Ginebra que trataban, respectivamente, de los heridos y los enfermos en campaña (Primer Convenio), de los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Segundo Convenio), de los prisioneros de guerra (Tercer Convenio) y de las personas civiles (Cuarto Convenio). Estos Convenios fueron aprobados en una conferencia diplomática internacional celebrada en Ginebra de abril a agosto de 1949.
Una innovación importante -común a todos los Convenios- es que establecen normas mínimas de observación en los conflictos armados internos.
Los cuatro Convenios de Ginebra todavía están en vigencia. No obstante, en los cuatro últimos decenios, han surgido nuevas formas de conflictos armados, a menudo agudos y violentos pero en zonas concretas y con la participación de números limitados de tropas y otros combatientes. El carácter cambiente de la lucha armada pedía nuevas medidas.
Así pues, la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, reunida en Ginebra de 1974 a 1977, aprobó dos Protocolos Adicionales a los Convenios de 1949.
El Protocolo I se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos internacionales. El Protocolo II trata de las víctimas de los conflictos armados internos, incluso entre las fuerzas armadas de un gobierno y disidentes u otros grupos organizados que controlan una parte de su territorio, pero no de disturbios y tensiones internas en la forma de tumultos u otros actos de violencia aislados y esporádicos.
La Conferencia Diplomática también recomendó que se convocara a una conferencia especial sobre la cuestión de la prohibición por motivos humanitarios de la utilización de armas convencionales específicas.
El 31 de diciembre de 1990, l64 Estados eran partes en los Convenios de Ginebra, a la vez que 99 habían ratificado o se habían adherido al Protocolo I y 89 habían ratificado o se habían adherido al Protocolo II. A solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas informa periódicamente sobre el estado de aceptación de los Protocolos.
2) Protocolo para modificar la Conven ción sobre la Esclavitud.
3) Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud.
5) Convenio sobre la política del empleo.
6) Convenio (N. 154) sobre el fomento de la negociación colectiva.
2) Declaración de los Derechos del Retrasado Mental.
3) Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental.
4) Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición.
5) Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad.
6) Principios rectores para la reglamentación de los ficheros computadorizados de datos personales.
7) Declaración de los Derechos de los Impedidos.
8) Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz.
9) Declaración sobre el derecho al desarrollo.
10) Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
1) Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada.
2) Convención para reducir los casos de apatridia.
3) Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.
4) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
5) Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
6) Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
7) Declaración sobre el Asilo Territorial.
8) Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven.
La palabra "esclavitud" abarca en la actualidad diversas violaciones de los derechos humanos. Además de la esclavitud tradicional y la trata de esclavos, comprende abusos tales como la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía, la explotación del trabajo infantil, la mutilación sexual de las niñas, la utilización de niños en los conflictos armados, la servidumbre por deudas, la trata de personas y la venta de órganos humanos, la explotación de la prostitución y ciertas prácticas del régimen de apartheid y los regímenes coloniales.
Las muchas pruebas presentadas a los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular al Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, así como los estudios y conclusiones de los relatores especiales, permiten hacerse una idea exacta de lo que ahora representan las prácticas análogas a la esclavitud. La reseña que figura a continuación se basa en esas fuentes oficiales.
Como puede apreciarse, no existe una distinción neta entre las diversas formas de esclavitud. Las mismas familias o grupos son muchas veces víctimas de varios tipos de esclavitud contemporánea -por ejemplo, la servidumbre, el trabajo forzoso, el trabajo infantil o la prostitución infantil- y el factor que los une a todos suele ser la extrema pobreza.
El trabajo infantil es muy solicitado porque resulta barato y porque los niños son naturalmente más dóciles y fáciles de disciplinar que los adultos y tienen demasiado miedo para protestar. Los empleadores inescrupulosos utilizan su baja estatura y su habilidad manual para ciertos tipos de labor. Muchas veces ocurre que se ofrece trabajo a los niños mientras sus padres se encuentran desempleados.
Hay niños de 7 a 10 años de edad que trabajan 12 a 14 horas diarias y ganas menos de la tercera parte del salario de un adulto.
Los niños empleados en el servicio doméstico no sólo trabajan muchas horas por un sueldo miserable, sino que están particularmente expuestos a los abusos sexuales, así como a otros abusos físicos.
Excluir a los niños, para 1995, de las formas más peligrosas de trabajo, definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT; Suprimir todas las formas de trabajo de niños menores de diez años de edad, proscritas en el Convenio 138 de la OIT, y reducir a la mitad, para el año 2000, las del grupo de edad de 10 a 14 años.
El reclutamiento, el transporte clandestino y la explotación de las mujeres como prostitutas, así como la prostitución organizada de niños de ambos sexos en diversos países, son hechos bien documentados. Se ha comprobado el vínculo que existe en algunos lugares entre la prostitución y la pornografía -en particular, con explotación de niños- y la promoción e incremento del turismo.
Venta de niños.
Muchos intermediarios inescrupulosos han descubierto que es posible obtener enormes ganancias entregando a niños de hogares pobres a personas con medios económicos -sin garantías ni vigilancia de ninguna clase para proteger los intereses del niño. En tales casos, el beneficio financiero -de los padres así como de los intermediarios- otorga a la operación el carácter de una trata de niños.
Cuando la comunidad internacional tuvo conciencia de la seriedad y alcance del desastre de la esclavitud, se puso a la tarea de su abolición, pero ya se había dejado una puerta abierta a otra forma de explotación y dominación: la colonización. Los Poderes esclavistas se convirtieron en Poderes coloniales. Al igual que en el anterior sistema, los conflictos que precedieron y acompañaron las conquistas coloniales fueron brutales e inhumanos. El Profesor Mohamed Bedjaoui ha definido la colonización como un acto social, económico y político. Según explica, la colonización se expresó a sí misma en las relaciones jurídicas de dominación y explotación. Desde el punto de vista del derecho internacional, no es más que un intento de establecer una relación de subordinación entre dos naciones en todos los ámbitos.
La colonización acarreó la destrucción y la modificación de las estructuras de los pueblos colonizados. Los modelos de civilización y desarrollo impuestos sirvieron sólo para profundizar y empeorar el trabajo de destrucción emprendido por los colonizadores, que no estaban interesados en ayudar a los pueblos colonizados a escapar de su ignorancia. La comunidad internacional, a través de su organismo deliberante del momento - La Asamblea General de la Liga de las Naciones - que estaba dominada por los países occidentales, había autorizado a estos países a dividir el tercer mundo para formar imperios coloniales. Además, contaban con el apoyo de la comunidad internacional para saquear el tercer mundo y para desposeer a los pueblos colonizados de casi todas sus tierras y propiedades. De este modo, se sintieron fortalecidos para no detenerse ante ninguna forma de explotación, aprovechando esta situación para desarrollar sus propios países y enriquecer a sus pueblos.
La esclavitud y la colonización acabaron arruinando la totalidad del tercer mundo, que, además, nunca ha podido recuperarse. Durante siglos, los Poderes coloniales, fácilmente identificables hoy en día, saquearon la riqueza de los países colonizados en beneficio y en nombre de sus ciudadanos, para asegurar su propio desarrollo económico y social. Los países y pueblos colonizados, agotados y arruinados, finalmente se levantaron en armas para liberarse, a costa de grandes sacrificios. Hoy en día, es la Neocolonización la que perpetúa la dominación y explotación de los países atrapados en la maquinaria del sistema.
El movimiento de descolonización, tras la ruptura de los lazos de dominación y explotación, planteó el problema de las relaciones entre las antiguas colonias y el colonizador en términos de desarrollo, igualdad y restitución de las riquezas, lo que, por supuesto, encontró la resistencia de los países colonizadores. Esta dio lugar a la máxima de que uno de los requisitos previos para la descolonización era asegurar el mantenimiento del estatus quo preexistente.
Uno de los factores más importantes en el mantenimiento de esta situación es la cooperación ofrecida por los antiguos Poderes coloniales, que utilizan una serie de coacciones para imponer su voluntad sobre la antigua colonia, ahora convertida en un "Estado soberano", pero en realidad sin medios o poder. En esta desigual relación entre el asistido y el asistente, el último impone su voluntad y así mantiene la orientación general de las estructuras existentes o nuevas en las esferas económica, social y cultural. Cualquiera sea la forma en que se logró la descolonización, bien de forma violenta o negociada, en todas partes ha conducido al mismo resultado desastroso de dependencia y explotación, manteniendo un orden económico mundial injusto, que los países en desarrollo, compuestos esencialmente por las antiguas colonias, insisten en que debe ser revisado para lograr un equilibrio más justo.
El apartheid, un vestigio trágico de la dominación colonial, recuerda, de alguna forma, a la esclavitud. El sistema consistía, en términos económicos, en el completo y eficaz disfrute por parte de una minoría blanca, de toda la riqueza y los recursos naturales de un pueblo dominado y excluido en términos raciales. Se instituyó como un sistema de gobierno y fue aplicado, durante aproximadamente un siglo, acompañado de violaciones de derechos humanos, tanto derechos económicos, sociales y culturales como derechos civiles y políticos. Estas violaciones, masivas y graves, nunca han sido reparadas en forma alguna, aunque hayan sido caracterizadas en su conjunto como crímenes contra la humanidad, no estando, por tanto, sujetas a ninguna prescripción.
Desde el establecimiento de la primera colonia Holandesa, los "blancos" extendieron gradualmente su dominación sobre todo el territorio de Sudáfrica. Esta tendencia, se vio intensificada con la llegada de los Británicos y otros grupos de poblaciones "blancas", que, por medio de la violencia o la astucia, se apropiaron de casi todas las tierras agrícolas y residenciales en el territorio Sudafricano. Los "blancos", que representaban el 20% de la población, controlaban y usaban el 80% del territorio, mientras que los "negros" que representaban el 70% de la población, controlaban sólo el 13% de las tierras. Como ya se ha mencionado, esta situación, que se mantuvo a expensas de los negros, duró más de un siglo. Este sistema no fue sólo característico de Sudáfrica. Lo que hoy es Namibia fue gobernada durante mucho tiempo mediante el mismo sistema, consistente en una mayoría negra dominada por una minoría blanca. Aún hoy en día, sobrevivientes de este sistema continúan ocasionando víctimas.
A la vez que los pueblos y países dominados eran abominablemente explotados, sus patrimonios culturales eran saqueados. Hoy en día, los bienes culturales que pertenecían a estos pueblos y países se encuentran fácilmente en los museos del mundo Occidental, sin, por supuesto, ningún quid pro quo. Este saqueo cultural del tercer mundo por parte de los antiguos Poderes coloniales continúa, por medio de un tráfico deliberadamente organizado por ellos. Actúan, por lo tanto, con desacato a las leyes de los países del tercer mundo y burlan las normas internacionales elaboradas por la comunidad internacional, a la que han accedido libremente.
Para los pueblos y países víctimas, la esclavitud, la colonización, el apartheid y el saqueo cultural del tercer mundo fueron marcos que ocasionaron violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y un total desprecio a su derecho al desarrollo. Estas violaciones nunca han sido reparadas y privan a las víctimas de cualquier posibilidad de desarrollarse y llevar una vida digna.
Es absolutamente esencial y urgente entender la difícil situación, catastrófica e intolerable, de los países en desarrollo que soportan la pesada carga de la deuda, que impide cualquier mejora económica. Resultado de varios sistemas perniciosos de explotación, la deuda necesita de soluciones muy diversas - políticas y/o legales, pragmáticas o planificadas. Los pueblos que se ven afectados por la deuda y el servicio de la deuda se empobrecen constantemente, más y más cada día, viéndose impedidos, de forma sistemática, a ejercer sus derechos básicos.
La Comisión Lester Pearson ya había estimado que, hacia 1977, el servicio de la deuda, es decir, el pago anual de la restitución del capital más el pago de intereses, excedería por sí solo el importe bruto de un nuevo préstamo en un 20% en África y un 30% en América Latina. En otras palabras, los nuevos préstamos que un país en desarrollo necesita para su desarrollo no podrían usarse para ese objetivo y no serían ni siquiera suficientes para cubrir el servicio de la deuda existente. Los países en desarrollo tendrán que endeudarse nuevamente, no para inversiones, sino para liquidar la deuda.
De esta forma, la deuda, que se incrementa a medida que va siendo liquidada, se convierte en un nuevo lazo de dependencia. Para muchos países es una carga intolerable. Esta situación ha llevado a una crisis respecto a la deuda en casi todos los países en desarrollo, necesitando el alivio o la renegociación de su deuda, pero sin haberse encontrado soluciones duraderas. Esta situación da lugar a crisis económicas y sociales que, frecuentemente, culminan en disturbios sociales, generando inestabilidad política que, a menudo, impide cualquier desarrollo económico. Las crisis respecto a la deuda de los años 80 obligaron a los países deudores a aceptar condiciones Draconianas para la reorganización de sus economías. Por lo tanto, no sólo tenían que exportar más para liquidar su deuda, sino también tuvieron que reestructurar sus economías de acuerdo a los principios neoliberales, es decir, liberalizar la actividad económica, privatizar las empresas públicas y recortar en gran medida el gasto público.
Mientras que la deuda pública se incrementa constante y rápidamente, debido a las graves consecuencias descritas, la ayuda oficial para los países en desarrollo decrece. Los países "desarrollados", que perpetúan esta situación, y las instituciones internacionales (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), que actúan como sus agencias de cobro, deberían revisar sus políticas para asegurar una transferencia internacional de recursos a los países en desarrollo, suficiente para evitarles las dificultades causadas por el endeudamiento. La misión primordial de las instituciones financieras internacionales es, precisamente, promover dichas transferencias.
Se recordará que, en 1944, la Conferencia de Bretton Woods decidió crear el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de ayudar a mejorar las relaciones comerciales en el mundo. El artículo 1 de los Estatutos del Acuerdo del FMI expone seis objetivos para el Fondo, uno de los cuales es facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, y contribuir, así, a la promoción y el mantenimiento de altos niveles de empleo e ingresos reales y al desarrollo de los recursos productivos. Las recomendaciones y directrices del FMI, que son especialmente duras con los países que desean renegociar sus deudas, están en flagrante contradicción con los objetivos expuestos en el artículo 1 de sus estatutos. Merece la pena anotar que los préstamos otorgados a los países en desarrollo han sido, en realidad, una mera serie de operaciones ficticias sin beneficio alguno para las poblaciones interesadas, que, no obstante, se ven obligados a reembolsarlos. Los préstamos concedidos toman, de hecho, diferentes caminos, pero ninguno llega a los sectores de la población realmente necesitados. Estos préstamos son, en parte, utilizados para el servicio de la deuda y, en parte, malversados por aquellas personas encargadas de administrarlos; pero, en definitiva, son nuevamente depositados en bancos, o reinvertidos en empresas, de los países acreedores.
Las principales consecuencias de dichas prácticas son la multiplicación y la exacerbación de los problemas de los países en desarrollo. Las principales víctimas son, por supuesto, los sectores desheredados de las sociedad, que son los que tienen menos recursos para vivir, y nada parece poder detener su caída hacia la más absoluta pobreza. Esta evidencia sugiere que perpetuar la deuda de los países en desarrollo es el resultado de una decisión política deliberada, diseñada exclusivamente para frustrar cualquier intento de los países en desarrollo, y de su población, de lograr un progreso económico y social.
Se tiene la certeza de que los desequilibrios financieros golpearán directamente a las ya frágiles economías de los países en desarrollo. Estos desequilibrios continuarán empeorando si las estructuras económicas siguen marcadas por unos términos del intercambio desiguales. Más aún, existen claros indicios de que la perpetuación de la deuda significa su uso como un arma poderosa, para doblegar a los países en desarrollo. Todo ello otorga a las clases gobernantes los medios para protegerse y ser los defensores - mejor sería decir los arquitectos - de una política económica catastrófica para la gran mayoría de los pobres del mundo.
A modo de ejemplo, y en relación con la situación del África Subsahariana, cabe mencionar que el Secretario General de las Naciones Unidas inició el 15 de Marzo de 1996 un programa, sin precedentes, para movilizar a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y obtener fondos por una cantidad de 25 billones de dólares, con el fin de restablecer las economías de estos países. Los recursos no serán nuevos, sino más bien una reorientación de los ya existentes en los niveles nacional e internacional. Las instituciones financieras internacionales están considerando una serie de medidas que aligeren el peso de los países más endeudados. De acuerdo al Banco Mundial, es imposible romper el círculo vicioso de la deuda con los instrumentos financieros existentes, por lo que será necesario crear unos nuevos. El Banco propone, en primer lugar, establecer un tope para el servicio de la deuda, que no debe exceder el 20% ó 25% de los ingresos procedentes de las exportaciones del país en cuestión. En lo que se refiere a la deuda, su peso no debe superar 2,5 veces el valor de las exportaciones. En la práctica, estos mecanismos de alivio sólo tendrían lugar como un último recurso, una vez que todos los actuales remedios convencionales hayan sido agotados. Dado que la deuda multilateral no puede ser renegociada, y mucho menos anulada, las medidas propuestas parecen ser un simple recurso provisional, diseñado para asegurar el pago de la deuda. Todos recordamos las promesas realizadas al implantar los programas de ajuste estructural, que, con celeridad, se han convertido en un rotundo fracaso en todos los países donde han sido aplicados.
La forma en que la deuda es gestionada actualmente, también posibilita que las empresas transnacionales frustren cualquier intento, por parte de los países en desarrollo, de reivindicar su soberanía o trazar el curso de su propio desarrollo. Debido al papel que la deuda juega hoy en día, es un instrumento formidable para la dominación que las empresas transnacionales ejercen de manera efectiva sobre los países en desarrollo. Debemos hacer referencia en este punto al fracaso de las instituciones del Breton Woods para llevar a cabo sus objetivos primarios - el de crear y mantener un equilibrio entre los varios actores de la vida económica internacional en beneficio de la humanidad. Este fracaso, combinado con las actividades de las empresas transnacionales y el egoísmo de los países desarrollados, ha generado el establecimiento de dos prácticas dañinas y destructivas: los programas de ajuste estructural y, más recientemente, la devaluación de las monedas de los países en desarrollo.
La interdependencia de las economías nacionales de los Estados y su dependencia en el actual marco de la economía mundial, hace que la cooperación entre los Estados sea cada vez más importante y acentúa la responsabilidad de los agencias y miembros asociados involucrados en el desarrollo, en conexión con los programas de ajuste estructural que, como debe recordarse, son simples técnicas o fórmulas de controlar los déficits con el propósito declarado de tener la deuda bajo control.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un nuevo enfoque de política social, está haciendo lo posible para aliviar las penurias sociales, no sólo creando sistemas de protección sino también realizando acciones preventivas como la de establecer un diálogo más intenso, con la idea de influir en las instituciones de Bretton Woods. El 21 de Junio de 1993, la Conferencia Internacional del Trabajo reafirmó este enfoque, al adoptar la resolución titulada "Resolución relativa a la protección social y la disminución del desempleo y la pobreza, y la dimensión social del ajuste estructural y la transición a una economía de mercado". El espíritu de la OIT difiere, por tanto, completamente, de la actitud de las instituciones de Bretton Woods, como si éstas no pertenecieran al mismo sistema de las Naciones Unidas. Esta falta de armonía demuestra, si todavía fuera necesario, la desviación de las instituciones financieras de sus objetivos primarios.
Los programas de ajuste estructural imponen una pesada carga en los trabajadores y sus familias y en otros grupos vulnerables, tales como las mujeres, los niños, los desempleados, los parados y los discapacitados. Dichos programas ponen en peligro el gasto público dedicado a la educación, la salud y los servicios sociales colectivos. Los niveles salariales caen, y es frecuente la pérdida de puestos de trabajo. En pocas palabras, ningún derecho humano, económico, social y cultural es ejercido o protegido. Las medidas adoptadas en el contexto de los programas de ajuste estructural han culminado con una revisión a la baja de los tipos de cambio, que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y causa un incremento de la inflación que es insoportable para los sectores de la población más desfavorecidos.
Los programas de ajuste estructural, al efectuar drásticos recortes en los presupuestos de los Estados afectados, impiden, eventualmente, que éstos consigan cumplir con sus obligaciones sociales y de bienestar general de sus ciudadanos. Los programas de ajuste estructural no han hecho más que empeorar el estado de ruina económica de los países subdesarrollados. Son, en realidad, medidas de embargo diseñadas para recuperar las cantidades adeudadas a los países ricos, sin ninguna preocupación hacia las dificultades de los países deudores.
Los ajustes a la baja de los tipos de cambio o las devaluaciones monetarias han debilitado considerablemente las economías de los países del tercer mundo. Independientemente del poder económico del Estado, los efectos multiplicadores de tales políticas monetarias perjudican las posibilidades de inversión de las empresas privadas o de los individuos, originando la inflación y la fluctuación incontrolable de los precios. Las empresas, por lo tanto, se ven obligadas a reducir su tamaño y a despedir trabajadores, con la consecuencia de una evidente reducción de ingresos. La devaluación conduce a un cambio en los precios relativos de las importaciones, que se encarecen en la moneda nacional, y de las exportaciones, que se abaratan en las monedas extranjeras. Debido a que los países en desarrollo están, de hecho, sufriendo un deterioro en los términos del intercambio, una caída de los tipos de cambio sería desastrosa para su economía.
La palabra "corrupción" significa el abuso de la confianza pública con fines privados. Es un fenómeno moral, aunque haya dinero involucrado en la gran mayoría de los casos. Se utiliza un cargo público para el beneficio de uno o más individuos en vez de en interés nacional. La corrupción puede existir independientemente del beneficio financiero; es universal y multiforme. De acuerdo con el Profesor Robert Kiltgaard, de la Universidad de Harvard, existen varias definiciones de corrupción, pero puede decirse, simplemente, que la corrupción es el abuso de un cargo con fines personales. Este cargo, dice el Profesor Kiltgaard, puede ser público o privado, pero la corrupción es considerada, normalmente, como un fenómeno público. Un individuo abusa de la confianza pública que se le otorga para servir a sus propios intereses o aquéllos del grupo al que pertenece. Para poder entender las múltiples formas que adopta la corrupción, es necesario, primeramente, considerar la naturaleza de las situaciones y de las personas involucradas: funcionarios, hombres de negocios, individuos privados o empresas que usan los mismos procedimientos. El factor externo que interviene en el proceso de toma de decisiones influye en el beneficio injustificado obtenido, en forma de gratificación o de su promesa, por aquél que toma o ejecuta la decisión.
El Seminario Inter regional sobre la Corrupción en los Gobiernos, celebrado bajo los auspicios de las Naciones Unidas en La Haya, del 11 al 15 de diciembre de 1989, conjuntamente con el Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo, identificó la impunidad como un elemento subyacente de las diversas formas de corrupción. El VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención de la Delincuencia y el Tratamiento de los Delincuentes, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, señala, en su resolución 7 sobre la corrupción en los Gobiernos, que esta forma de corrupción es universal y que tiene efectos perjudiciales en las economías de todos los países pero, particularmente, en las de los países en desarrollo. Hoy en día, esta forma de corrupción se está desarrollando a una escala mundial. A nivel internacional, es perjudicial para las economías de aquellos países afectados individualmente y, más aún, aumenta los desequilibrios causados por el orden económico mundial considerado en su conjunto.
En su resolución 1992/50 sobre el enriquecimiento fraudulento o ilegal de altos cargos estatales, la Comisión de Derechos Humanos señala, claramente, la responsabilidad del Norte en relación con la perpetración de este delito en los países del Sur y, por lo tanto, planteó la cuestión, aún no muy clara en el derecho internacional, de la restitución a los pueblos despojados, para la reinversión en el desarrollo económico, social y cultural, de los fondos que sus líderes les han hurtado, normalmente con la complicidad de los bancos extranjeros. La existencia de mercados de capital altamente desarrollados fomenta ciertos delitos, tales como los delitos relacionados con el abuso en el uso de la información privilegiada. Ocurre lo mismo en los países con economías en transición. La precipitada privatización que tiene lugar es acompañada de fenómenos similares.
La corrupción afecta a todos los ámbitos de la vida económica, pública y privada. La existencia de un sector público y un sector privado es un requisito previo para la corrupción, pero se pueden observar algunas diferencias en cuanto a los intereses perseguidos. Un hombre de negocios, que, trabajando en el marco de la ley, ofrece disimuladamente un incentivo, está normalmente buscando un objetivo equivalente a los intereses de su compañía. Este hecho - aunque censurable - se encuentra dentro de las prácticas normales de la empresa. Éste es también el caso de los políticos que, en beneficio propio o de su partido, tratan de tapar un escándalo financiero; sin embargo, esto no pueden realizarlo sin la ayuda de otras personas, cuya acción o inacción deben comprar. Otro área muy propicia a la corrupción es el nepotismo. Este es un fenómeno extremadamente difícil de precisar, pero, se puede observar desde el momento en que el criterio de competencia se ve reemplazado por el de favoritismo, creándose, entre el que toma la decisión y el beneficiario de la misma, una relación de dependencia que puede influir en futuras decisiones.
El corrompido y el corruptor no son cómplices: cada uno es el autor de un delito distinto, sujeto a sus propios procesos y penas. Más aún, la corrupción debe distinguirse del tráfico de influencias, que un individuo ejerce sobre otros, para persuadirlos de que se abstengan de realizar una de sus obligaciones, y, de esta manera, recibir un desmesurado provecho. El corruptor y el corrompido pueden ser funcionarios, agentes o representantes del Estado, individuos privados o cargos electos. La corrupción, por lo tanto, crea una doble responsabilidad: el corrompido (el sujeto pasivo) es tan responsable como el corruptor (el sujeto activo). Esta doble responsabilidad ocasiona que ambas partes sean susceptibles de condena. La corrupción también puede comprometer la responsabilidad del Estado si el corruptor la organiza a través de la estructura de sus organismos o cuando, en una actitud permisiva, acepta que las entidades o individuos privados la practiquen.
La corrupción interna descrita en el punto anterior puede tener varias conexiones en otros países: entonces traspasa las fronteras y es llevada a cabo por compañías o individuos privados a gran escala e involucra a varios Estados. La corrupción, cualquiera sea su autor o alcance, constituye, económicamente hablando, un serio obstáculo para el desarrollo social y económico de los países afectados. Así, envenenando la economía y el tejido social, la corrupción viola tanto los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sano de los pueblos y sectores sociales afectados.
José Arthur Rios escribió: "La corrupción es el producto de la ética invertida, en cuanto que el acto de corrupción conlleva la idea de reciprocidad, que es, en realidad, un elemento de equidad y justicia". En una sociedad moderna, esta norma de reciprocidad ocurre en la corrupción cuando involucra intercambios en los que la gestión de recursos públicos se subordina a los intereses del sector privado. En las sociedades primitivas, la costumbre de obsequiarse recíprocamente establece una red de obligaciones entre los grupos. Esta red es funcional y legítima en tales sociedades y, en teoría, no plantea el problema de la corrupción. Obserquiarse regalos puede convertirse en un instrumento que permite a algunos individuos imponer su voluntad sobre aquéllos que no pueden corresponder. Este último grupo, puede estar trabajando para el sector privado a expensas del sector público o del interés general. En el contexto de este informe, debemos evitar agrupar formas menores de corrupción (por ejemplo, de cargos públicos) y formas mayores, que son fuente de violaciones masivas de los derechos humanos.
La llegada de la sociedad moderna ha originado tres tipos de características diferentes del dinero, que a menudo hacen del mismo el catalizador del fenómeno de la corrupción: el dinero no tiene límites, puede ser transferido discretamente de una persona a otra y puede ser usado en cualquier tipo de acuerdo, en virtud de su naturaleza abstracta.
Como se ha mencionado anteriormente, la corrupción es universal. Hoy en día, todos los Estados, bien sean desarrollados o en desarrollo, sufren el mismo fenómeno en distinto grado. La corrupción es, por lo tanto, un fenómeno funcional que opera en todos los niveles y en todas las esferas de actividad. Se ha señalado, correctamente, que la corrupción no puede prosperar en una sociedad democrática y pluralista.
La corrupción, el tráfico de influencias y el abuso de confianza por parte de los funcionarios son, normalmente, delitos conectados y llevados a cabo dentro del mismo contexto y por medio de los mismos métodos. Estos delitos difieren de otros delitos económicos en que la víctima participa libremente, con total conocimiento del daño que se inflige, pero es atraído por el beneficio. Estos delitos, organizados y aplicados a gran escala, causan un daño desmesurado a un estrato social cada vez más amplio.
Cuando las actividades fraudulentas constituyen un grave daño a la economía de la nación, afectan indirectamente a los derechos individuales, ya sean económicos, sociales o culturales. El concepto de fraude incluye todas las actividades ideadas para reducir el pasivo exigible en concepto de impuestos o evadir el pago de los mismos. Esto significa la violación directa o indirecta de la legislación fiscal. Este concepto es, aún, vago y, aunque todos los países combaten el fenómeno, no se ha llegado todavía a una definición clara, bien sea por consenso o sobre la base de la práctica judicial nacional. Debe mencionarse que la persona que practica el fraude está, por lo general, implicada también en la corrupción. Los delitos cometidos en las áreas antes mencionadas, afectan a algunos sectores económicos muy sensibles. Puesto que son la principal fuente de ingresos de los países en desarrollo, juegan un papel significativo en todo el esfuerzo de desarrollo.
Hay, por supuesto, otros delitos económicos, cuyo número e importancia varía de acuerdo a la situación económica del país en cuestión. Como señala el Profesor Fontan, que ha realizado un estudio científico de las motivaciones de los delincuentes económicos, la economía de la escasez desarrolla tanta delincuencia económica como la de la abundancia. Sin entrar en detalles sobre los delitos económicos a nivel interno, se puede decir que éstos son una fuente muy grave de violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los individuos y los pueblos. Estos incluyen la malversación de fondos públicos, el mal uso de los activos empresariales, la especulación financiera, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero del narcotráfico y la complicidad de ciertas instituciones de crédito al recibir fondos que han sido adquiridos en forma fraudulenta.
Estos distintos delitos, que son el origen de graves violaciones de los derechos individuales, son punibles en los sistemas legales nacionales, con mayor o menor eficacia. A nivel internacional, se puede temer que los métodos adoptados para combatir este tipo de delincuencia sean de una naturaleza más bien empírica. Sería deseable que existiera una colaboración más estrecha entre los distintos países afectados, fuera del marco institucional de las Naciones Unidas.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, el Informe del Trabajo Mundial de 1995, expone que la situación del empleo en los países en desarrollo, particularmente en el África Subsahariana, está determinada por la condiciones locales de mercado, que continúan siendo un freno tanto para la inversión nacional como extranjera. Las explicaciones dadas por el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), están lejos de ser satisfactorias, especialmente cuando explica que los países africanos deben asumir reformas más importantes. En mi opinión, la explicación es preferible basarla en la injusticia y el desequilibrio generado por el orden económico mundial. El informe de la OIT sugiere que únicamente el área donde África no ha sido marginada es en la referida a la ayuda. Pienso que la "ayuda" en cuestión podría ser fácil y enteramente suspendida si la riqueza del mundo fuera equitativamente distribuida entre todas las naciones.
La escasez y las graves crisis tienen consecuencias inevitables sobre el mercado de trabajo con las frecuentes recesiones, cada vez mayores, que dificultan el desarrollo de cualquier política encaminada a la mejora de las condiciones de los trabajadores y su familia. El desempleo llega a ser una preocupación diaria, tanto para el individuo como para la sociedad, y la búsqueda de un puesto de trabajo, una prioridad. Los trabajadores, y sus familias, que se ven afectados por la inestabilidad o inseguridad en el trabajo, son extremadamente vulnerables.
Los trabajadores también enfrentan serios riegos en el desempeño de ciertos trabajos, que son forzados a aceptar a causa de la difícil situación económica. En la actualidad, las convenciones de la OIT recomendando medidas de higiene en el trabajo, no son nunca cumplidas. Esta es una seria violación de los derechos del trabajador. Los trabajadores migratorios son, ciertamente, los más afectados, debido a su reclutamiento clandestino y, algunas veces, incluso con la complicidad del Estado de acogida. Las violaciones del derecho al trabajo toman varias formas, como anota el Relator Especial en su segundo informe provisional sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales:
Hoy en día, la salud es una causa de preocupación, ya que es precaria, y accesible únicamente a algunos grupos privilegiados de personas, que son cada vez menos y más singulares. En la mayoría de los países, particularmente en aquéllos en desarrollo, el sistema de salud consiste en unas pocas y pequeñas islas en un mar de personas excluidas, sin acceso a una asistencia sanitaria en su forma más elemental. Para una gran parte de la población, la asistencia sanitaria es inaccesible debido a su coste. La propagación de enfermedades graves, la facilidad de su propagación y la resistencia que se está desarrollando a sus vectores, debería conducir a una mayor solidaridad entre el rico y el pobre, ya que la seguridad del rico se salvaguarda al mantener las necesidades de salud del pobre. Los continentes se han acercado y ninguna enfermedad ni sufrimiento humano pueden permanecer encerrados dentro de las fronteras de un Estado.
El coste de la asistencia sanitaria es una pesada carga para los ahorros familiares y las economías de los Estados, sea grande o pequeño, desarrollado o en desarrollo. El tratamiento médico es tan costoso como la medicación necesaria para tratar las enfermedades diagnosticadas. Esta situación hace que la más mínima necesidad sanitaria esté fuera del alcance de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a saber, los trabajadores y sus familias, los niños, las mujeres y los ancianos. Para estos grupos de seres humanos, el derecho a la salud es un lujo inaccesible.
Este derecho a la salud debe ser entendido tanto como un derecho individual como colectivo y ser una constante preocupación de la comunidad internacional, de los Estados y de los individuos. La comunidad internacional debe implicarse y cooperar más con los Estados, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Para tener éxito, sin embargo, esta cooperación necesita un nuevo equilibrio en el orden económico mundial y todos sus sistemas subsidiarios. Es bien conocido el hecho de que el 20% de la población mundial controla el 80% de los recursos y beneficios tecnológicos del mundo. Este desequilibrio, en constante incremento, expone a los grupos y pueblos vulnerables y desfavorecidos del tercer mundo a unas graves carencias en todas las áreas, incluida la salud. La concentración de las industrias farmacéuticas y los medios para combatir las enfermedades contemporáneas graves (tales como el SIDA) en manos de unos pocos países industrializados, impide que la mayoría de la población mundial se beneficie de los avances y descubrimientos científicos de este siglo.
Poner fin al hambre y la pobreza, tanto presente como futura, es una vieja promesa de la comunidad internacional hecha después de la II Guerra Mundial. La promesa no ha sido nunca cumplida, ni tampoco se ha llevado a cabo ningún esfuerzo serio para cumplirla. Los poderes ricos prefirieron embarcarse en una insana e increíblemente expansiva carrera armamentística que dirigió sus economías a objetivos militares y detrajo fondos de ayuda que podrían haber ayudado a los países en desarrollo. Se ha dicho que, si los países productores de armas hubieran retenido el 5% de sus gastos militares y mandado estos fondos a los países y pueblos necesitados, estos últimos serían capaces de llevar a cabo y tener éxito en el lanzamiento de su desarrollo económico, siempre que, por supuesto, el orden económico actual fuera más justo y más equitativo. La hambruna está extendida en muchos países y, ahora, está afectando a gente que, anteriormente, se creía a salvo de ella. La escasez de alimentos, agravada por un pujante crecimiento de la población mundial, hace que el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada sea, cada día, más remota.
Mas aún, la polución resultante de la industrialización y el uso de ciertas substancias, está conduciendo a la destrucción de todas las formas vivas de animales y plantas y, consecuentemente, de todos los recursos alimenticios. La deforestación imprudente de algunas áreas del tercer mundo, que no ha sido acompañada por ninguna reforestación, ha empeorado la situación y ha causado la desertificación de la tierra laborable. El derecho a una alimentación adecuada no es, simplemente, un asunto de la abundancia de alimentos, sino también de su calidad. La lucha contra el crecimiento generalizado de la malnutrición entre los grupos vulnerables es un camino de trabajo hacia el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. El incremento de los costes de los alimentos, el declive de la seguridad alimentaria, el descenso de los costes de producción y el recorte en los subsidios públicos a los alimentos básicos son también obstáculos para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Hoy en día, muchas familias gastan la mayor parte de sus ingresos, si no todos, en comida.
Hoy en día, una persona de cada cinco nunca come lo suficiente y, lejos de mejorar, esta situación está empeorando en todos los países, particularmente en los del tercer mundo. El coste y la escasez de los productos alimenticios se extiende por todo el mundo, dañando seriamente el derecho de cada persona a tener una mínima cantidad de alimento para sobrevivir. Los negocios especulativos con los productos alimenticios de primera necesidad por parte de algunas firmas nacionales e internacionales, especialmente en lo que respecta a su importación y distribución, frustran todavía más toda esperanza de asegurar el derecho de cada persona a una mínima alimentación.
El derecho a una vivienda digna o decente está basado en un conjunto de normas relacionadas con los otros derechos del individuo y su medio ambiente. El ejercicio de este derecho es una contribución a una vida cultural de la gente y proporciona la necesaria armonía entre el hombre y su hábitat. El ejercicio de este derecho debe, así, tomar en cuenta los elementos sociales y culturales del pueblo en cuestión. Modelos de vivienda importados son, a menudo, si no siempre, destructivos de tal armonía.
La crisis de la vivienda de décadas pasadas fue, para muchos pueblos y personas, el resultado de una despreocupación por el derecho a una vivienda digna. Un documento de las Naciones Unidas afirmó que la difícil situación económica de muchos países a principios de los 80, se reflejó en un rápido descenso de los recursos disponibles para inversiones y servicios relacionados con el campo de los asentamientos humanos. Subsidios nacionales para la vivienda, controles de alquileres y préstamos hipotecarios han estado disminuyendo constantemente.
El alcance de la especulación immobiliaria ha significado que, para miles de personas, el derecho a tener una casa adecuada se haya hecho cada vez más difícil de lograr. Aún más, tal especulación ha facilitado el desarrollo de procesos de desalojo que no han tenido en cuenta el derecho humano a la vivienda. La ausencia de un control apropiado por parte de la administración pública ha privado al derecho de todo su contenido. En cualquier caso, podría recordarse que las propias autoridades públicas se embarcan, muy a menudo, en la nacionalización o expropiación de tierras pobladas sin tener en cuenta ninguna compensación para los afectados. Examinando todos estos errores y buscando soluciones apropiadas se contribuirá a el ejercicio del derecho de cada persona a una vivienda digna.
El ejercicio en muchos países, especialmente del tercer mundo, del derecho a la educación es muy difícil, o se hace imposible. Como todos los derechos económicos, requiere de una base material y financiera que no posee la mayor parte de la población. El derecho a la educación significa que cualquier individuo tenga la posibilidad de recibir educación, dársela a sus hijos y tener la libertad para escoger esa educación. Las violaciones y la despreocupación hacia el derecho a la educación se manifiesta en una insuficiente escolarización de los niños, una alta proporción de abandono escolar y una proporción de alfabetización en constante declive. Estas prácticas equivalen, en ocasiones, a una pura y simple negación del derecho. La calidad y el nivel educativo están siendo, en la actualidad, seriamente afectados como resultado de un menor número de horas de trabajo, un menor número de profesores y una capacitación decreciente de los mismos.
Un estudio de la UNESCO muestra que, en los cien países menos avanzados, el presupuesto de educación se ha reducido más del 50% en un período de 10 años. Esto revela una clara falta de preocupación hacia la educación por parte de las autoridades nacionales. Además, el Banco Mundial ha mostrado muy poca consideración hacia las dificultades que rodean el ejercicio del derecho a la educación, al imponer severos recortes en los presupuestos de educación de los países en desarrollo. En muchos países africanos, el principio de la educación primaria, e incluso secundaria, gratuita, había posibilitado, en el pasado, que mucha gente pobre recibiera, al menos, una formación elemental. Ahora que este principio ha sido abandonado, la educación, que ha llegado a ser tan costosa como la salud y la vivienda, está fuera del alcance de los sectores más deprimidos de la población.
El disfrute efectivo del derecho a la educación, al que toda persona tiene derecho, debería ser una preocupación constante de las instituciones nacionales e internacionales, tanto privadas como públicas. En la búsqueda de este disfrute, debería pensarse que el individuo no es sólo el beneficiario sino también el arquitecto. La educación no debe ser un instrumento para la destrucción de la cultura de los pueblos o del tejido social. La alfabetización debe ser funcional, en el sentido de que el individuo sea capaz de utilizarlo para llevar a cabo su trabajo, particularmente en los sectores obreros y agrícolas. Por ello, los cursos de alfabetización no deben ser un simple aprendizaje de las letras de un alfabeto, sino que deben también ser aplicables a la vida vocacional del receptor.
La definición de Crimen Organizado es producto de estudios muy elaborados y que en su mayoría tienen que ver con la experiencia italiana y norteamericana. Es en este último país donde más elaborada esta la teoría sobre el control económico y el delito, en la que han tenido una especial participación algunas Universidades y las oficinas fiscales.
Una definición que acerca al concepto es la que dice que una "Organización criminal consiste en una organización que funciona a largo plazo, jerarquizada y que esta implicada en una multiplicidad de actividades criminales". Como se verá esta definición no hace mención específica a las actividades legales o ilegales en los diferentes mercados y tampoco establece una relación entre organización criminal y los mercados ilegales.
Podemos decir que las operaciones financieras necerias para una organización criminal moderna son, en su mayoría legales desde el punto de vista normativo y sólo pueden entenderse globalmente utilizando un análisis similar al utilizado para analizar un conglomerado industrial.
Estos conceptos se están integrando en lo que podríamos llamar una nueva rama de los estudios económicos que se conoce como la economía del crimen organizado. Desde este punto de vista es indiferente si las empresas que participan en una estrategia de optimización de los recursos financieros y en la eliminación del consecuente riesgo penal son públicas o privadas, incluso si son agentes directos del estado o simples intermediarios financieros.
El 15 de noviembre de 2000, la Asamblea General adopto el primer tratado sobre el Crimen organizado denominada "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional". Durante la Conferencia política del alto nivel para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus protocolos se celebrada en Palermo (Italia), del 12 al 15 de diciembre de 2000.
La convención tiene dos protocolos que la complementan y estos son: a) Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y, b) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
Para comprender mejor el concepto que da la convención al crimen organizado y al lavado de dinero, tomamos lo establecido en la Convención contra crimen organizado transnacional" que lo define así:
Para los fines de la presente Convención, se entenderá:
Artículo 3 - Ámbito de aplicación.
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.
Artículo 5 - Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado.
3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1del presente artículo velarán por que su derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella.
Artículo 6 - Penalización del blanqueo del producto del delito.
Artículo 8 - Penalización de la corrupción.
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus
4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de la presente Convención, por "funcionario público" se entenderá todo funcionario público o persona que preste un servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho penal del
Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa función.
Artículo 7 - Medidas para combatir el blanqueo de dinero.
Como aproximación a este concepto diremos que los estudios económicos y sociológicos sobre la relación conflictiva entre la necesidad del estado de establecer el monopolio de la coerción sobre un territorio y las organizaciones criminales, muestran que hay una gama amplia de organizaciones posibles que van desde el control indisputado del territorio por parte de las agencias legales, hasta el control de un territorio por parte de organizaciones criminales que controlan el estado.
En la teoría del origen de las instituciones sobre una situación de anarquía se encuentra que la apropiación de los recursos y actividades sociales se discuten y se apropian con una gama de recursos que van desde la corrupción, la eliminación de mercados, los sobreprecios para financiar el control social, la legislación ad hoc para legalizar apropiaciones ilegales de recursos, etc.
Esta situación es la que podemos y debemos analizar desde el punto de vista, no sólo de la legalidad, sino desde la vigencia de los derechos humanos, dado que es imposible mantener un sistema de libertades civiles en la misma proporción que el control de las instituciones y de los mercados se producen en las condiciones descriptas.
Situaciones como estas se viven actualmente en la República del Congo, en Nigeria, en el denominado Triángulo del Oro en el sudeste asiático, en la República de Colombia, en la República de Guatemala y en la República Argentina, entre otros lugares y afecta a mercados de materias básicas como el Café o a mercado de materias primas para producción industrial de nuevas tecnologías, como ocurrió en el caso del Coltan en la guerra de los Grandes Lagos o a productos escasos como el Petróleo y tiene consecuencias terribles en el surgimiento de nuevas formas de esclavitud en el Sudeste asiatico y Filipinas o a la venta y tráfico de niños en Centroamericana que han sido investigadas en profundidad por técnicos de organismos de las Naciones Unidas.
Es fácil comprender que en todas estas regiones y circunstancias actúan organizaciones bajo el manto jurídicos de formas empresariales o bien actúan empresas de actuación multinacional que están implicadas en formas de delito organizado.
Muy recientemente han surgido el interes por el establecimiento de codigo de auto regulación o códigos de conductas que tienen como finalidad no permitir la entrada de organizaciones criminales en la estructura de la firmas legales.
La cuestión de fondo en estos casos es que la teoría organizacional sugiere que no hay solución al conflicto potencial de intereses a nivel del mercado entre una empresa que actúe legalmente y coopeere en el seguimiento de actividades criminales y aquellas firmas rivales que esten envueltas en operaciones derivadas de actividades criminales.
Bastan dos ejemplos para comprender estos límites y es el caso de abusos por parte de firmas legales en denunciar situaciones de ilegalidad de esta complejidad con la finalidad de ganar posiciones estratégicas en un mercado dado. En este caso la finalidad de la estrategia económico jurídica es mantener un proceso judicial durante el tiempo necesario para que esto ocurra o bien para dejar fuera al competidor que no cuenta con los medios financieros necesarios para mantener un procedimiento judicial durante años.
El segundo caso es que estos sistemas exigen algún tipo de certificación basado en la no utilización de métodos ilegales o de participación de organizaciones ilegales y esto se convierte en especialmente importante para empresas sospechosas de actuar de esta manera. Los certificados deben ser expedidos por empresas de auditoría privadas que tienen serios incentivos económicos para asesorar sobre las formas de reciclar beneficios o establecer estructuras verticales que permitan la evasión y ocultación de activos. Esta cuestión se hizo especialmente evidente en la autodisolución de la mayor empresa de auditoría del mundo, pero cualquier especialista con experiencia de gestión real sabe que esto es así también en los consultores más pequeños o incluso en los individuales.
Es evidente que es mayor la espectativa de beneficio de un consultor cuanto mayor es el problema cualitativo y cuantitativo a resolver en términos de ingeniería financiera. No es casual que la mayoría de los instrumentos financieros conocidos de ingenieria financiera fueran inventados por el banquero Meyer Lanski que fue durante años el tesorero y banquero de la mafia norteamericana y de muchas empresas financieras latinoamericanas
Estos límites convierten esta cuestión en irrelevante a efectos de la responsabilidades corporativas y plantena la cuestión de la necesidad de garantizar el poder coercitivo del estado y su poder de policía a las propias instituciones económicas de control y por lo tanto se convierte en necesario que el control este garantizado por el poder judicial y por autoridades con poder de policía judicial. Es ilusorio creer que una compleja organización criminal como se ha visto en el caso Enron o en el más lejano del BCCI no utilizarían todos los mecanismos que les permitan los códigos de conducta y autocontrol para establecer estándares que hagan más dificil la investigación, control judicial y condena de los responsables corporativos.
La normas que establecen la responsabilidad corporativa de los miembros de los consejos de administración y de los responsables de las areas de control de gestión financiera han ido avanzando en términos de control coercitivo del estado en dos aspectos.
El primero es la utilización de la figura de organización criminal y el segundo en la utilización de la denominada teoría del comandante como forma de actuación en el análisis de las formas de delito organizado.
Teoría del Comandante:
En el caso de los comandantes militares o administradores principales y de mayor rango en los territorios ocupados, se aplicó la responsabilidad de mando de manera directa. Así, "Keitel ordenó en una directiva que los paracaidistas fuesen entregados al SD........
Después del desembarco en Normandía, Keitel confirmó la Orden de Hitler a los Comandos y posteriormente la amplió para incluir a las misiones Aliadas que luchaban con los partisanos". Cuando Canaris escribió a Keitel diciéndole que las normas relativas al maltrato dado a los prisioneros de guerra soviéticos eran contrarias al derecho internacional, Keitel le contestó con un memorandum escrito, que rubricó con sus iniciales: "Las objeciones nacen del concepto militar de una guerra entre caballeros. Esta es la destrucción de una ideología. Por lo tanto, apruebo y respaldo las medidas". Keitel testificó además que lo había acordado con Canaris y discutido con Hitler, pero había perdido. También fue declarado culpable de dictar órdenes para la matanza de rehenes en represalia por ataques contra soldados alemanes y por firmar "se ordena que los civiles sospechosos de delitos contra las tropas sean fusilados sin juicio, y que el procesamiento de soldados alemanes por delitos contra civiles es innecesario".
En general se cree que la doctrina de organización criminal que surgió de Nuremberg está basada en el Derecho Internacional Humanitario, pero no es así. El Juez Robert Jackson que presidió dicho tribunal partió de la base del derecho mercantil y de las leyes antimonopolios. Es este uno de los orígenes que hacen que en la persecusión del delito económico se haya utilizado parte de los supuesto de Nuremberg.
Para ejemplificar este aspecto reproducimos un párrafo de la alocución del mencionado juez el 28 de febrero de 1946: "Los criterios que se usan y se usarán para determinar la culpabilidad colectiva de quienes se adhirieron a un plan común son, obviamente, los mismos que sirven para medir la legalidad de una combinación o conspiración. ¿Contemplaba ésta métodos ilícitos o tenía fines ilícitos? Si así fuese, la responsabilidad de cada miembro de una de estas organizaciones nazis por los actos de cada uno de los restantes miembros no sería básicamente distinta de la responsabilidad por conspiración que se ha hecho valer en tribunales de los Estados Unidos en contra de hombres de negocios que unen sus acciones para infringir la legislación antitrust, o de otros acusados en virtud de leyes antidrogas, actos de sedición u otras leyes penales federales."
Responsabilidad Penal Individual por la comisión de crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio: responsabilidad penal individual y responsabilidad penal individual por pertenencia a organización criminal.
"Artículo 6. El Tribunal establecido por el Acuerdo mencionado en el Artículo 1 para juzgar y castigar a los principales criminales de guerra de los países europeos del Eje, tendrá competencia para juzgar y castigar a las personas que, actuando en interés de los países europeos del Eje, como individuos o como miembros de organizaciones, hubieran cometido alguno de los crímenes que se enumeran a continuación...Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la elaboración o en la ejecución de un plan común o de una conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antedichos son responsables por todos los actos realizados por todas las personas en ejecución de tales planes".
Por lo tanto, la responsabilidad individual de los pepetradores de alguno o varios de estos crímenes se deriva tanto de su actuación individual como de su carácter de miembro de los grupos u organizaciones que tenían por finalidad la comisión de estas graves ofensas contra la conciencia común de la humanidad y que por ello fueron declaradas organizaciones criminales por los jueces de Nuremberg.
De estos principios emanan las figuras que establecen lo que hoy conocemos como Responsabilidad Corporativa.
El estatuto de la Ley RICO corresponde a una serie de normas que permiten a los jueces medir actos que pueden ser constitutivos de delitos de organización criminal. Esta ley fue producto de una elaboración jurídica donde la Universidad de Notre Dame tuvo un papel fundamental.
A efectos de su comprensión sólo diremos que los parámetros utilizados permiten no sólo considerar una organización criminal en los términos que hemos expuesto más arriba, sino que prevee muy especialmente la forma de actuar ante las responsabilidad penal corporativa incluyendo el recurso al secuestro judicial de todos los bienes de los administradores implicados en estos actos.
Para comprender mejor la figura sólo diremos que los bienes que pasan a depósito judicial sólo son devueltos a su propietario legítimo si este puede demostrar que lo adquirió con recursos de origen legal. Es la aplicación de lo que cualquier auditor conoce como "origen y aplicación de fondos" aplicado a una organización que comete delitos económicos.
A efectos de una mejor comprensión hemos reproducido un apartado de dichas normas que permiten comprender su finalidad. Creemos que esto es suficiente para aprehender el concepto de responsabilidad corporativa ante casos de esta naturaleza.
1. La cuestión del AMI, los organismos multilaterales y los Derechos Humanos
2. La organización financiera del comercio de la heroína y la cocaína. Políticas de las Naciones Unidas.
3. La organización financiera en el Caso Enron y del caso Iran Contras, ambos en los Estados Unidos.
4. Algunos casos de aplicación de la ley RICO ( Racketeer Influenced And Corrupt Organizations Act) en los Estados Unidos.
5. Casos de minimización de los riesgos penales y de las expectativas de riesgo político: BCCI y los servicios de inteligencia.
6. la organización financiera de la guerra civil de Nigeria (caso Wiwa v. Royal Dutch Petroleum).,
7. Estrategias de Endesa y del Banco Mundial en Chile.
8. De las Compañías de Aguas: Protocolo de Santiago, declaración sobre Derechos Humanos y el agua. La cuestión de la empresa Enron en Bolivia.
9. El riesgo financiero y el crack de la deuda en Argentina.
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Este documento ha sido publicado el 27oct03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights