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Timestamp: 2017-09-22 18:51:24
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La política de integración latinoamericana durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Motivos, fundamento legal e iniciativas | Chiquito | CIVITAS
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(LATIN AMERICAN INTEGRATION POLICY DURING THE PRESIDENCY OF CARLOS ANDRÉS PÉREZ (1974-1979). MOTIVES, LEGAL BASIS AND INITIATIVES)
Recibido: 05/11/2014 Aceptado: 05/05/2015
Chiquito, Andreína
Abogada en libre ejercicio, Venezuela
acr4880@hotmail.com
Angulo, Estelio
Palabras claves: Carlos Andrés Pérez, iniciativas integracionistas, motivaciones.
This paper provides an approach to Latin American integration policy during the presidency of Carlos Andrés Pérez Social Democrat (1974-1979). Following objectives were set : first, to investigate and explain the motivations that led to Carlos Andres Perez during his tenure to promote integrationist initiatives and economic cooperation to Latin American countries , and second, acting legally justify pro integrationist President Carlos Andres Perez , third examine the integration initiatives developed during the administration of President Carlos Andrés Pérez (1974-1979) , among which we have: the Latin American Economic System , the Amazon Treaty , within the Andean Pact emphasizes the creation of the Andean Reserve , among others. This documentary study , most of the information was extracted from documents , such as newspapers, refereed articles , legal texts , not to mention the use of audio , also must be framed within the research of legal documents, considering that not confined only to analyze the motivations of President Carlos Andrés Pérez (1974-1979) , but on the contrary , also addressed the legal study , through the analysis of legal instruments , such as the 1961 National Constitution, treaties and agreement signed by Venezuela under President Carlos Andrés Pérez (1974-1979) on integration. We conclude that the belief and conviction that had Carlos Andrés Pérez on the ideas of Simon Bolivar, led him to promote regional integration, adding, the principles of Democratic Action towards integration that were internalized by him, from the point of legally its policy was framed within the guidelines of the National Constitution of 1961, major integration initiatives aim to agree to achieve full social and economic development of Latin American countries.
Keywords: Carlos Andrés Pérez, integrationist initiatives, motivations.
La dinámica internacional ha generado mayor interés en las naciones por adherirse a los distintos procesos integracionistas, en especial en la región latinoamericana, donde se puede observar la coexistencia de diversos mecanismos de integración, por ejemplo: la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Alianza del Pacífico, el Sistema de Integración Latinoamericano (SICA), Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), por solo nombrar algunos.
Si bien es cierto que los procesos de integración poseen una naturaleza económica, no es menos cierto que en ellos están presentes una dimensión política, pero por sobre todo una dimensión social, tomando en consideración que más allá de la ampliación de mercados, los procesos de integración buscan alcanzar el mayor grado de desarrollo para los Estados parte; aunado a lo anterior, desde el punto de vista político a nivel de las relaciones internacionales se pretenden posicionar a la región como bloque y a su vez mantener una armonía en las relaciones entre los países del hemisferio (Latinoamérica).
Hacer realidad la integración latinoamericana ha sido el sueño que por largos años ha generado inquietud a destacados pensadores en la región; tal vez, el que mayor reconocimiento ha tenido sea Simón Bolívar, quien planteaba la integración desde dos ópticas, la política y la económica; la primera para independizar a las naciones latinoamericanas, y la segunda para conseguir desarrollo económico de manera autónoma.
Durante el siglo XX, Víctor Raúl Haya de la Torre planteó un conjunto de principios para alcanzar el desarrollo económico en América Latina: nacionalizar la tierra y la industria, la unidad política, y la solidaridad con los pueblos (Morales, 1998; citando a Hibschman, 1973).
De igual manera, Rómulo Betancourt, quien fuera Presidente de la República en 1978, consideraba necesaria la creación de un Estado Mayor político de carácter supranacional y un Mercado Común, sin los cuales seguiríamos indefensos frente a las grandes naciones e imposibilitados para lograr el desarrollo económico y justicia social.
En los últimos años en Venezuela, el tema de la Integración Latinoamérica ha sido objeto de estudios y debates, generados por la actuación que en el escenario internacional asumió en su momento el presidente Hugo Chávez Frías, prueba de ello es el haberse convertido en unos de los precursores del bloque del ALBA, el haber logrado el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, así como también su salida de la Comunidad Andina de Naciones.
Sin embargo, es necesario rescatar que durante la llamada etapa del Proyecto Democrático que, según Romero (2010), comprende los años entre 1959-1999, en el primer período presidencial de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), Venezuela en materia de integración regional logra tener un rol protagónico al convertirse en unos de los promotores en la creación del SELA, al asumir el liderazgo dentro del Pacto Andino (Comunidad Andina de Naciones), y así como también suscribiendo el Tratado de Cooperación Amazónica.
Para Carlos Andrés Pérez, el tema de la integración regional no le era ajeno. De hecho, en su programa de gobierno anunciaba que intensificaría la actuación de Venezuela dentro de los esquemas integracionista, situación que llegó a materializarse como queda expuesto en líneas anteriores, logrando de esta manera hacer realidad la retórica de integración latinoamericana preconizada desde el siglo XVIII.
A tales efectos, los investigadores consideraron pertinente el estudio de la política de integración latinoamericana durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, abordándolo desde una óptica motivacional y otra jurídica, la primera comprende el estudio de los factores que incidieron en la ejecución de las políticas integracionista, y el segundo, el análisis jurídico de algunos instrumentos suscritos en materia de integración, teniendo en consideración que su línea de acción en esta materia se caracterizó por un contenido dinámico, por asumir un postura anticolonial, y por su contenido solidario.
LAS MOTIVACIONES DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ
De acuerdo a lo señalado por Siliceo, Angulo y Siliceo (2001, citando a Goleman, s/f), por motivación debe entenderse la pasión por alcanzar objetivos transcendentes, implicando con ello, asumir compromisos de distinta índole, bien sea, institucionales, personal o hacia la comunidad o grupo; por lo tanto, en esta parte se procederá a exponer las motivaciones que indujeron a Carlos Andrés Pérez a asumir el compromiso de impulsar la Integración Latinoamericana durante su primer gobierno 1974-1979.
Un elemento constante en la política integracionista de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) es la concepción bolivariana de la necesaria unidad de los pueblos de Latinoamérica.
Carlos Andrés Pérez siempre expresó su fiel convicción a los ideales del Libertador Simón Bolívar, e incluso fue una actitud reconocida por sus más cercanos colaboradores, tal y como lo expresara Reinaldo Figueredo Planchart, quien se desempeñó como Ministro y presidente del Instituto de Comercio Exterior; expresó Figueredo Planchart que Carlos Andrés Pérez, a diferencia de otros mandatarios, siempre mostró un compromiso personal en la construcción del proceso integracionista (Ortiz, 2008).
Según Giusti y Hernández (2006), el presidente Carlos Andrés Pérez así mismo lo expuso:
“Yo creo en las ideas de Bolívar (…), Así como la genialidad de Bolívar estuvo en saber que Venezuela no sería liberada nunca sino se libera el resto de América Latina, que mientras hubiera una base española en el continente no habría ni paz ni libertad, tampoco podemos hablar de desarrollo si no lo realizamos en toda América Latina”.
En razón de lo anterior, es pertinente recordar el proyecto de Simón Bolívar al convocar el Congreso de Panamá en diciembre de 1824; con ello buscaba El Libertador la creación de una confederación que reuniese a los representantes de cada una de las repúblicas convocadas, con el fin de que sirviese de conciliadora ante las diferencias que pudieran suscitarse entre ellas, sirviera de intérprete de los tratados y ejerciera funciones de consejera frente a los problemas que se presentaran en la región.
Sobre este particular, Bolívar en su histórica Carta de Jamaica escrita en 1815 manifestaba: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria” (Catalá, 2008). Expandiendo en este contexto:
“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Nuevo Mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse; mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la América”.
Como puede apreciarse, Simón Bolívar muestra cierta preocupación por los intereses internos de quienes gobernaban a las nuevas naciones, y a su vez reconoce que son un obstáculo para alcanzar la unión latinoamericana.
Conforme al criterio de Giusti y Hernández (2006), no sería la única oportunidad en la que Pérez manifestara su creencia en el pensamiento de Bolívar. Durante su gestión como presidente siempre lo expresó, prueba de ello fueron los discursos ofrecidos ante la Organización de Naciones Unidas (1974a), el discurso con motivo de la celebración de la Conferencia de Integración Latinoamericana con Presidentes Centroamericanos celebrada en la ciudad de Puerto Ordaz, Venezuela, en 1974, declaraciones ofrecidas durante su visita a Perú en 1974, por conmemorarse ciento cincuenta (150) años de la Batalla de Ayacucho y en el Ayuntamiento de La Paz -Bolivia en 1975.
En este marco, en su discurso pronunciado en La Paz, Bolivia, en 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez hace referencia a la problemática entre Bolivia y Chile en razón de la salida al mar que reclama el primero. Sobre esta oportunidad, sostuvo el mandatario venezolano que la mediterraneidad de Bolivia es un problema que atañe a todos los pueblo hermanos, que allí está en juego la franca sinceridad latinoamericana cuando se habla de integración.
“(…) yo diría con doloroso acento profético que malas horas le esperan a la América Latina porque no seremos capaces de culminar la obra del Libertador; y en el Libertador Bolívar no por venezolano sino por latinoamericano esta condensado el pensamiento, la doctrina e ideal de nuestra gran Patria (…)” (Pérez, 1975).
Aunado a ello, otro pronunciamiento, y no menos importante que los anteriores, lo hizo en 1974 durante su intervención ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), iniciando su discurso de la siguiente manera:
“Hace 150 años Simón Bolívar cuando ya vislumbraba la contienda por América Latina convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá. Tenía por objeto reunir en una sola nación a la América latina resultante del esfuerzo emancipador de sus pueblos, que en más de un siglo el Libertador Simón Bolívar se había adelantado a la idea de conformar una unión de naciones para este momento restringida a su América, la América mestiza” (Pérez, 1974a).
Tratando de profundizar, a finales de 1974, Carlos Andrés Pérez visita Perú. En sus declaraciones propone la creación de un sistema de seguridad política y de unidad económica que estuviese acorde con nuestras necesidades, y no con los intereses de las potencias económicas, basándose esta propuesta en la que hiciera el Libertador con la convocatoria del Congreso de Panamá (Diario El Nacional, 1974a), es decir, que su propuesta de integración comprendía la integración latinoamericana desde dos ámbitos: el político y el económico. Igualmente, sustentándose en los ideales de los padres libertadores hace un llamado a la juventud latinoamericana para construir la integración, mediante la independencia económica de la región que permita a los pueblos de Latinoamérica alcanzar su bienestar, así lo expresa:
“Nuestros padres libertadores nos convocan para nuevo heroísmos, para la hazaña que hemos de cumplir en esta década… Ustedes no tienen por qué heredar los rencores, las suspicacias, los pleitos de nosotros… la gloria los convoca muchachos para construir la integración latinoamericana…para que Ustedes sean dueños del siglo XXI (…)”. (Diario El Nacional, 1974b).
Partiendo de lo anterior, se guarda mucha similitud con lo expresado por Carlos Andrés Pérez durante la inauguración de la Conferencia de Integración con Presidentes Centroamericanos (1974b); en esa conferencia hizo alusión al sueño de unidad latinoamericana del Libertador Bolívar como un legado de su voluntad y genio, pero que cayó derrotado por las rencillas y ambiciones.
MILITANCIA EN ACCIÓN DEMOCRÁTICA
Para comprender la razón por la cual la corriente socialdemócrata1 se convierte en factor motivador de la política integracionista latinoamericana desplegada por Carlos Andrés Pérez (1974-1979), debe estudiarse sus inicios en la política, teniendo como punto de origen el programa del Partido Democrático Nacional (PDN)2, antecedente más inmediato de Acción Democrática3 (partido político en el que militó desde su fundación, y al cual le dedicara toda su vida de activismo político).
Según se evidencia de las fuentes consultadas (Del Naranco: 2011, Giusti y Hernández: 2006, y Peña: 1979), Carlos Andrés Pérez desde muy temprano mostró inclinación por la política por diversos motivos y circunstancias, entre los que pueden mencionarse: 1) por razones familiares (su padre fue preso por orden de un familiar de Gómez), lo que pudo desencadenar en una animadversión hacia el régimen del General Gómez; 2) porque desde adolescente siempre se interesó por la literatura marxista (leyó el Manifiesto Comunista), pudiendo a su vez conocer la obra de Víctor Raúl Haya de la Torre (El Antiimperialismo); y 3) porque desde su adolescencia reconoció sentir inclinación por el PDN (Partido Democrático Nacional) (partido socialista mas no marxista) a pesar de valerse del método dialéctico como instrumento de interpretación, que en el año 1941 pasaría a llamarse Acción Democrática.
Por todo lo anterior, es necesario indagar en los documentos históricos del PDN (Partido Democrático Nacional), entre otras fuentes. Según Chiquito (2013), del programa del Partido Democrático Nacional aprobado en su Primera Conferencia Nacional se infiere que el PDN:
“Es una organización política que tiene por objetivo: instaurar un régimen verdaderamente democrático que de libertad al pueblo venezolano y lo independice de toda intromisión extranjera, para ello se detalla en el programa la posición que asume el partido en relación a cada área de acción: económica, político, internacional e incluso confesional”.
Sin embargo, de acuerdo a Chiquito (2013), a los efectos de la presente investigación, debe centrarse la atención en el aspecto internacional. Al respecto, se consagra en el programa lo siguiente: “En lo internacional nuestra política será de un nacionalismo revolucionario amplio”.
¿Qué significa ese nacionalismo amplio? Por lo que puede inferirse, el nacionalismo adoptado por el PDN está dirigido a dos frentes, uno a la lucha antiimperialista y otro a la unión fraternal con todas las naciones, pero muy especialmente las latinoamericanas. El PDN, de acuerdo a los planteamientos de su programa, concibe al nacionalismo de la siguiente manera:
1. Es una manera de crear y defender la industria nacional.
2. Como la explotación de las riquezas naturales en beneficio de la nación venezolana.
3. El fomento y difusión de la cultura nacional.
4. La Integración de las fuerzas populares que se encuentran hambrientas y subyugadas en un país civilizado y progresista.
5. Defensa nacional ante la amenaza imperialista.
6. Condenar toda actitud complaciente frente a las políticas agresivas de las grandes potencias, y así mismo aquellas provocaciones de parte de naciones fronterizas con la nuestra.
De acuerdo a la opinión de Sosa (2001), el nacionalismo “pedenista” se circunscribía a la tesis bolivariana que concebía a Latinoamérica como toda una nación, en razón de ello, la relación de Venezuela, con las naciones hermanas se sustentaba en la base de la promoción de regímenes democráticos-nacionalistas, que permitiesen alcanzar un grado de cooperación mutua para poder negociar en condiciones ventajosas con los países desarrollados.
Por su parte, Canache (1994), haciendo alusión a Acción Democrática, afirma que “es un partido nacionalista en el sentido progresista y liberador que ese término tiene en América Latina”. En palabras del precitado autor, la expresión nacionalista está relacionada a la democracia, a la liberación de los pueblos, se opone a que las economías latinoamericanas sean conducidas desde los grandes centros económicos mundiales.
Todos estos planteamientos sobre el nacionalismo con un contenido bolivariano conducen necesariamente a retomar el pensamiento Betancourista.
Al respecto, sostuvo Rómulo Betancourt (1932) en su trabajo “Con quién estamos y Contra quién estamos” que la lucha no solo estaba dirigida contra Gómez; sino, también, contra la estructura económica que apoyaba el sostenimiento de gobiernos iguales al de él. En tal sentido, Betancourt (1932) expresó lo siguiente: “son nuestros enemigos irreconciliables, en el plano de la acción política, y contra ellos estamos y estaremos: a) la burguesía imperialista internacional, mediatizadora de nuestra economía”.
De allí que Romero (2005) considere que el Nacionalismo es la repuesta de Rómulo Betancourt frente al imperialismo reinante no solo en Venezuela, sino a lo largo y ancho de América Latina, y consiste en asumir posiciones políticas de forma autónoma en la nacionalización tanto de las tierras como de las industrias.
Por otra parte, el nacionalismo que es expuesto en el programa del PDN guarda relación con el análisis histórico, social y político desarrollado en el Plan de Barranquilla por un grupo de venezolanos (algunos de ellos con el transcurrir del tiempo se convertirían en líderes de Acción Democrática), en el que señalan a las empresas extranjeras como responsables del saqueo de las riquezas del pueblo venezolano, situación que no era ajena a otras naciones hermanas, donde se apoyaba en la connivencia del gobierno (quien se mantenía en el poder por anuencia de las potencias, especialmente de Estados Unidos).
El Plan de Barranquilla (Betancourt, 1931) establece:
“El Capitalismo imperialista necesita apoyar y sostener en el gobierno de los pueblos donde hace inversiones a hombres sin escrúpulos ni noción de defensa nacional para asegurarle el máximo de rendimiento a sus trust y carteles inversionistas (…)”, añadiendo “(…) creemos que la elevación del nivel político y social de las masas no puede lograrse sino sobre la base de independencia económica”.
Como puede apreciarse, la idea plasmada en el plan de Barranquilla está en consonancia con el análisis de la realidad socio-económica Venezolana inserto en la Tesis Política del PDN de 1939, al señalarse que la breve experiencia democrática de 1936 tuvo en el imperialismo su peor enemigo, por las presiones que estos ejercerían en el gobierno a raíz de la huelga ocurrida ese año, además de señalarlo de ser uno de los obstáculos para el progreso del país (los otros dos: latifundio y la usura de la banca privada).
Cabe destacar que la Tesis Política de Acción Democrática (Acción Democrática, 1979), en materia internacional plantea el logro de los siguientes objetivos:
1) la eliminación de toda forma de colonialismo; 2) la desaparición de la división del mundo en bloques estratégico-militar; 3) paz mundial, justa y estable; 4) erradicación de las dictaduras y del totalitarismo en Latinoamérica; y 5) la integración económica de las naciones latinoamericana; concibiendo la integración económica latinoamericana, como el instrumento que permitirá modificar la correlación de fuerza entre el Norte (Industrializado y Financiero) y el Sur (Dependiente, Subdesarrollado), para que de esta manera se logre una armonía, sustentada en la igualdad y el respeto mutuo, constituyendo así, un estímulo para los países latinoamericanos (desarrollo económico y progreso social).
Para finalizar este punto, no puede obviarse tratar lo atinente a los principios que nutren la Socialdemocracia, es decir, la libertad, la justicia social y la solidaridad, los cuales asume el partido Acción Democrática.
De acuerdo a lo manifestado por la Fundación Nacional de Estudios Políticos Raúl Leoni (1994), Acción Democrática asume el principio de libertad porque se busca lograr: una democracia que cada vez sea más perfecta, el pluralismo, la tolerancia, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de condiciones; asume la justicia porque: se busca la igualdad y seguridad social para todos, se lucha por un Estado de legitimidad, de legalidad y de derecho más perfecto; y para terminar asume la solidaridad porque: los problemas sociales son responsabilidad de todos, se respeta la individualidad del ser humano, pero este solo puede desarrollarse en un ambiente social integrado.
Para Kneitschel (1979), estos valores dependen uno del otro, es decir, no se puede alcanzar la libertad si no tienes justicia ni solidaridad, o como tener justicia sin poseer solidaridad ni libertad. Según el autor alemán, los liberales conservadores solo procuran la libertad para un pequeño grupo, pues al existir una sociedad con grandes desigualdades la libertad plena o general no se logra; mientras que los comunistas hablan de justicia pero imponiendo la solidaridad y sin dar libertades.
Por otra parte, ocurre todo lo contrario con los socialdemócratas, quienes luchan por una libertad individual (seguridad, igualdad ante la ley, libre pensamiento), colectiva (asociación, el derecho al sufragio, gobierno de la mayoría pero respetando a la minoría), y nacional (independencia, derecho de participar en las decisiones políticas, económicas y sociales a cualquier nivel). Conciben la justicia como contrapeso a la libertad para evitar que esta última se convierta en un privilegio, habrá justicia mientras exista igualdad de derechos y oportunidades para todos. Por su parte, la solidaridad es la condicionante para que exista la justicia, no es más que la ayuda mutua y de manera voluntaria tanto nacional como internacional para lograr iguales posibilidades políticas, sociales, culturales y económicas (Kneitschel, 1979).
FUNDAMENTO LEGAL DE LAS INICIATIVAS INTEGRACIONISTAS EN EL GOBIERNO DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ (1974-1979)
Las iniciativas integracionistas desarrolladas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) estuvieron enmarcadas dentro del marco constitucional de Venezuela, es decir, la Constitución Nacional vigente en 1961, específicamente de conformidad al Preámbulo, y los artículos 95, 108 y 128 (Congreso Nacional de la República de Venezuela, 1961).
Fundamentándose las citadas normas en lo siguiente: 1) en la cooperación de Venezuela hacia las repúblicas latinoamericanas; 2) en la obligación del Estado Venezolano en generar riquezas, promover el desarrollo económico y fortalecer la soberanía nacional; 3) en la facultad del Ejecutivo Nacional de celebrar tratados o convenios, y, 4) en el objetivo de la República de Venezuela en favorecer la integración regional, mediante la coordinación de esfuerzos y recursos materiales, con la finalidad de alcanzar el desarrollo económico y social. En razón de lo antes expuesto, se iniciará el examen de los esquemas integracionistas, durante el periodo presidencial de 1974-1979:
INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA EN EL GOBIERNO DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ (1974-1979)
- El Sistema Económico Latinoamericano (SELA): Convenio de Panamá:
El Sistema Económico Latinoamericano tiene su origen en la Reunión Ministerial celebrada en la Ciudad de Panamá el 17 de octubre de 1975, culminando con la suscripción del Convenio. Según Manigat (1985), tuvo como principales impulsores a Luis Echeverría y a Carlos Andrés Pérez, presidentes de México y Venezuela respectivamente.
- Bases del Convenio de Panamá:
De acuerdo a lo sostenido por Chiquito (2013), el Convenio de Panamá (Congreso Nacional de la República de Venezuela. Ley Aprobatoria del Convenio de Panamá, Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano, 1976) se sustentó sobre:
1. La necesidad de establecer un sistema en materia de cooperación económica y social intrarregional, que a su vez funcionará como un órgano de consulta y coordinación de las acciones de Latinoamérica frente a otros Estados u Organismos Internacionales; sumado a ello, las circunstancias internacionales en su momento, ameritaba la creación de un organismo para agrupar a todos los países de la región.
2. La cooperación debe estar dentro del marco legal y constitucional de los derechos y deberes económicos de cada Estado, y en perfecta armonía con los compromisos que en materia de integración han asumido los países Latinoamericanos; así como también con la declaración y programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional.
3. Impulsar la unidad en la región latinoamericana garantiza la solidaridad en materia de cooperación - social y económica-, permitiendo a su vez posicionar a Latinoamérica en el plano internacional, aumentando de esta manera su poder de negociación.
4. La igualdad, soberanía, independencia de los estados, solidaridad, no intervención, no discriminación, beneficio recíproco, y sobre todo el respeto al sistema económico y social libremente decidido por los Estados son los principios bases del sistema de cooperación.
5. La promoción de programas y proyectos en materia de desarrollo, con el fin de fortalecer los procesos de integración latinoamericanos.
- Naturaleza y propósito del SELA:
De acuerdo al artículo 2 del Convenio de Panamá (Congreso Nacional de la República de Venezuela. Ley Aprobatoria del Convenio de Panamá, Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano, 1976), el SELA es un “organismo regional de consulta, coordinación, cooperación y promoción económica y social conjunta, de carácter permanente, con personalidad jurídica internacional, integrado por Estados soberanos latinoamericanos”.
Igualmente, señala Chiquito (2013) que el artículo 3 del Convenio de Panamá (Congreso Nacional de la República de Venezuela. Ley Aprobatoria del Convenio de Panamá, Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano, 1976), consagra los propósitos fundamentales del organismo, los cuales se resumen en dos premisas: primero: la promoción de la cooperación regional; y segundo: en la promoción de un espacio para consultar y coordinar, las posiciones, acciones y estrategias que deben asumirse frente a los organismos internacionales o bloque de naciones en temas económicos y sociales.
- Principios que lo rigen:
Como quedó expuesto anteriormente al ser tratado el punto de las bases del Convenio de Panamá (véase numeral 4°), en concordancia con el artículo 4 del Convenio de Panamá (Congreso Nacional de la República de Venezuela. Ley Aprobatoria del Convenio de Panamá, Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano, 1976): la Igualdad, la soberanía, la independencia de los estados, la no intervención, el respeto a los diferentes sistemas económicos, políticos y sociales, y el respeto a la naturaleza de los procesos integracionistas regionales y subregionales, así como a su mecanismo y estructura jurídica, son los principios rectores del Sistema económico latinoamericano.
Según lo establecido en el artículo 5 del Convenio de Panamá (Congreso Nacional de la República de Venezuela. Ley Aprobatoria del Convenio de Panamá, Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano, 1976), el sistema económico latinoamericano tiene por objetivo lo siguiente:
1. Impulsar la cooperación en la región con el propósito de obtener un desarrollo integral auto-sostenido e independiente, a través de acciones orientadas hacia:
a) Mejorar los recursos humanos, naturales, financieros y técnicos en la región.
b) Promover la transformación de materia prima de los países miembros; así como también, fomentar la producción de productos agrícolas y energéticos.
c) Mejorar la capacidad de negociación de los Estados miembros con el propósito de obtener bienes de capital y tecnología.
d) Orientar los recursos financieros hacia aquellos programas y proyectos que tengan como objetivo el desarrollo de los Estados miembros del organismo.
e) Diseñar los mecanismos que permitan a los países latinoamericanos estar a la par en niveles de competitividad con países de otra región, permitiéndoles tener acceso a un mercado estable, en el que obtengan buenos precios por sus servicios o productos.
f) Incentivar la cooperación latinoamericana para el intercambio y desarrollo de tecnología e información científica.
g) Diseñar, estudiar y proponer políticas que garanticen que las empresas transnacionales se ajusten a los objetivos de desarrollo de Latinoamérica y al interés nacional de los países miembros del sistema económico latinoamericano.
h) Intercambiar información sobre las actividades desarrolladas en la región por las empresas transnacionales.
i) Impulsar el desarrollo del transporte y las comunicaciones; de igual manera, incentivar la cooperación en materia de turismo y protección del medio ambiente, además de apoyar toda colaboración prestada a aquellos países que se encuentran en estado de emergencia económica o de desastre natural.
2. Brindar apoyo a los mecanismos de integración latinoamericana.
3. Promover y ejecutar programas y proyectos de carácter social y económico que sean de interés para los países miembros del sistema económico latinoamericano.
4. Cumplir las funciones de órgano consultivo y de coordinación de Latinoamérica, con los que los Estados formulen sus posiciones y estrategias a seguir frente a los organismos internacionales y bloque de países en materia económica y social.
5. Garantizar un trato preferente hacia los países de menor desarrollo, así como adoptar medidas especiales en el caso de países de mercado limitado, y así como también para aquellos cuya condición mediterránea ejerce influencia en su desarrollo.
- Tratado de Cooperación Amazónica:
El Tratado de Cooperación Amazónica (Congreso Nacional de la República de Venezuela. Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación Amazónica, 1980) es otra de las iniciativas integracionistas desarrolladas durante la Presidencia de Carlos Andrés Pérez. Fue suscrito en la ciudad de Brasilia, el 3 de Julio de 1978, por los países Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. De acuerdo a la opinión de Chiquito (2013), el Tratado de Cooperación Amazónica se sostiene sobre las siguientes bases:
“1. Para lograr un desarrollo integral en los respectivos territorios amazónicos es necesario alcanzar un equilibrio entre el crecimiento económico y preservación del medio ambiente.
2. El desarrollo socioeconómico y la preservación del medio ambiente son responsabilidad inherente de cada uno de los Estados, y consciente de que la cooperación entre los Estados contratantes permitirá dar cumplimiento a las responsabilidades establecidas en el Pacto, así como también ampliar los esfuerzos en materia de conservación ecológica de la Amazonia;
3. Convencidos que la cooperación entre los países latinoamericanos en materia que le es común contribuye al avance de la integración y solidaridad de América Latina”.
Para Mercado (1978), el pacto Amazónico “es de naturaleza geográfica y jurídica”. Sobre este mismo orden, el citado autor, complementa: “compromete la cooperación para promover el desarrollo de sus respectivos territorios amazónicos, sin tocar las políticas económicas, ni constituir aperturas de mercados”, siendo opinión compartida por Simón Alberto Consalvi, canciller de la República de Venezuela en repetidas ocasiones durante la década de 1980, quien expresó que se trata de un documento para la cooperación y no la integración (Diario El Nacional, 1979).
Sin embargo, a pesar de los criterios sostenidos por Mercado (1978) y Consalvi (1979), se tiene una opinión totalmente opuesta a la expresada por ellos; si bien es cierto que se está en presencia efectivamente de un tratado cuya naturaleza jurídica y geopolítica es indiscutible, no es menos cierto que a pesar de su denominación “Tratado de Cooperación” se trata de un instrumento jurídico en cuya justificación se hace especial énfasis en el convencimiento que la Cooperación entre las naciones latinoamericanas, y en especial de los países de la Amazonia, es el camino hacia “la integración y la solidaridad” de América Latina; lo que lleva a realizar los siguientes planteamientos: primero, todo proceso de integración lleva implícito la cooperación, postura similar a la compartida por Lange (1978), quien afirma que “la cooperación puede existir, y de hecho existe, sin integración, pero no puede existir integración sin cooperación, ya que todo proceso de integración, lleva tácitamente incluido el concepto de cooperación (…)”; y segundo, no puede caerse en discriminaciones terminológicas, descartando la naturaleza integracionista de un tratado, acuerdo y convenio por el simple hecho de llevar el rótulo de cooperación.
En virtud de lo antes expuesto, es pertinente recordar el artículo III del Tratado de Cooperación (Congreso Nacional de la República de Venezuela. Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación Amazónica, 1980), en el que se establece la obligación para los Estados contratantes de asegurar la libertad de navegación comercial, manteniendo el respeto hacia los reglamentos y/o normas internas de cada país en materia fiscal o de policías, procurando que dichos reglamentos o normas tiendan a beneficiar la libre navegación y las actividades comerciales, asimismo se ordena a los Estados mantener uniformidad en las normas que regulen la materia.
Además, el parágrafo único del artículo VI (Congreso Nacional de la República de Venezuela. Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación Amazónica, 1980) consagra la eliminación de cualquier obstáculo que pueda impedir la correcta operatividad (libre navegación), tanto físicos, como de carácter económicos y financieros. En tal sentido, se puede apreciar que el Tratado Amazónico no solo contempla los aspectos físicos de una integración sino que consagra elementos de naturaleza económica y social, lo cual se evidencia de forma clara en su propósito de alcanzar un desarrollo armónico de sus territorios.
De un profundo análisis de los artículos I,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XIII,XIV y XV del Tratado de Cooperación Amazónica (Congreso Nacional de la República de Venezuela. Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación Amazónica, 1980), sus objetivos pueden ser sintetizados de la siguiente manera:
1. Realizar esfuerzos y acciones para promover el desarrollo armónico en el territorio de la Amazonia, de manera que tales acciones generen resultados equitativos, así como la conservación y preservación del medio ambiente y mejor aprovechamiento de los recursos naturales de esos territorios.
2. Los países contratantes sobre la base de la reciprocidad aseguran la más amplia libertad de navegación comercial en el curso del Amazonas y demás ríos amazónicos internacionales, observando el cumplimiento de la legislación nacional aplicable a ello que cada Estado estableció en su territorio.
3. La utilización racional de los recursos hídricos por parte de los Estados contratantes.
4. Al ser los ríos amazónicos un vínculo de comunicación entre los Estados contratantes y el Océano Atlántico, los Países ribereños interesados en algún problema que afecte de manera directa la navegación, ejercerán acciones nacionales bilaterales, multilaterales, tendientes a mejorar y habilitar esas vías navegables.
5. Promover la investigación científica y el intercambio de información y personal técnico entre organismos competentes de cada país para prevenir y controlar enfermedades y ampliar los conocimientos sobre la fauna y flora en dichos territorios.
6. Establecer un sistema de intercambio de información sobre las medidas adoptadas o que adopte cada Estado en materia de preservación y conservación del medio ambiente.
7. Establecer una estrecha colaboración entre los Estados contratantes en el área de investigación científica y tecnológica con la finalidad de crear condiciones que permitan el desarrollo social y económico de la región.
La cooperación técnica y científica podrá ser de la siguiente manera: elaboración de programas de investigación y desarrollo, la creación de instituciones y producción experimental, y a través de seminarios, conferencias, intercambio de información y documentación.
8. La promoción coordinada de parte de los Estados contratantes de sus respectivos sistemas de salud y la adopción de medidas para mejorar las condiciones sanitarias de la región; así como también perfeccionar los métodos para prevenir las enfermedades y epidemias.
9. Estudiar la forma de establecer y perfeccionar las interconexiones viales, transportes fluviales, aéreos y comunicaciones, tomando en consideración los planes y programas de cada nación para incorporar esos territorios amazónicos a su economía nacional.
10. Para incrementar el empleo racional de los recursos humanos y naturales de sus respectivos territorios amazónicos, los países contratantes estimularán la realización de estudios y la adopción de medidas de manera conjunta para promover el desarrollo social y económico de la región, así como llevar a cabo acciones que refuercen lo previsto en los planes nacionales para los territorios amazónico.
11. La cooperación entre los Estados contratantes para estimular el turismo en su correspondiente territorio amazónico sin perjuicio a las disposiciones nacionales tendientes a proteger la cultura indígena y los recursos naturales.
12. La cooperación entre los países contratantes para la adopción de medidas con el objeto de proteger las riquezas etnológicas y arqueológicas del área amazónica.
13. Intercambio de información entre los países contratantes y los órganos de cooperación latinoamericanos, en las áreas de acción que se relacionen con la materia objeto de este tratado.
- El Desarrollo del Pacto Andino:
En 1969 es firmado el Acuerdo de Cartagena por Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile; Venezuela en ese primer momento no ingresa al llamado Pacto Andino por presiones del sector empresarial venezolano, a pesar que durante el gobierno de Raúl Leoni (1964-1969) se participó activamente en las discusiones del mismo.
Entre los argumentos que se esgrimieron en su momento; tal como lo exponen Briceño y Reyes (2006), estuvo el temor de los empresarios de competir en un mercado con países de mayor desarrollo industrial, como lo eran Chile y Colombia, por los altos sueldos y la sobrevaluación de su moneda, alegando que lo único que tenían en común era el elemento geográfico, y que otros como las políticas monetarias, fiscales o el grado de desarrollo era dispar.
Otra de las razones que obstaculizaban el ingreso de Venezuela al acuerdo subregional, en palabras de Portales (1981), lo era el Tratado de Comercio entre Estados Unidos y Venezuela, el cual establecía preferencias comerciales a favor de los productos estadounidenses (tasas arancelarias bajas, lista de preferencias).
Sin embargo, en 1973 durante el Gobierno del Presidente Rafael Caldera, específicamente el 13 de febrero, Venezuela ingresó al Pacto Andino, mediante la firma del Consenso de Lima, siendo publicado en la Gaceta Oficial número 1620 de fecha 1 de noviembre de 1973, la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Integración Subregional o Acuerdo de Cartagena, y que de conformidad a su primer artículo se desprende que tiene por objeto lo siguiente:
“1) la promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, 2) acelerar el crecimiento mediante la integración económica, 3) facilitar la participación de los Estados miembros en el tratado de Montevideo y establecer las condiciones para la conversión de la ALALC en un mercado común. Todo ello con la finalidad de mejorar el nivel de vida de los países habitantes de la subregión andina”.
Ahora bien, para alcanzar los objetivos consagrados en el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del instrumento antes mencionado, se emplearán los siguientes mecanismos y medidas:
1. Armonizar las políticas económicas y sociales y aproximar las legislaciones nacionales en las materias respectivas;
2. Intensificación de los procesos de industrialización y ejecutar programas sectoriales de desarrollo industrial;
3. Programa de liberación de intercambio;
4. Arancel externo común;
5. Programas destinados a desarrollar el sector agropecuario;
6. Canalizar recursos externo e internos en la subregión para proveer a la financiación de las inversiones;
7. Integración física; y
8. Se estableció un tratamiento especial a favor de Ecuador y Bolivia.
Por su parte, Carlos Andrés Pérez (1974-1979) al llegar a la presidencia muestra un gran interés por los procesos integracionistas, algo que deja en evidencia en sus constantes intervenciones en los foros internacionales, al igual que las opiniones expresadas por dos de sus Cancilleres Efraín Schacht Aristeguieta, de fecha 18 de diciembre de 1974, y Simón Alberto Consalvi, de fecha 14 de marzo de 1979, ambas reseñadas por el diario venezolano El Nacional, allí se deja claro la concepción integracionista de la administración del presidente Pérez. Expresó en su momento Efraín Schacht, con respeto al Pacto Andino:
“(...) Tiene desde luego una finalidad de integración económica, pero no podemos subestimar que también tiene una finalidad política, es decir, de organismo que sirve para analizar y discutir problemas económicos que implícitamente conllevan posiciones políticas. Esto es importante porque así es como puede irse afianzando y profundizando el imprescindible acercamiento y entendimiento de los países latinoamericanos”. (Diario El Nacional, 1974c).
A pesar de que durante la época de la presidencia de Pérez se dio la etapa del boom petrolero o la también conocida Venezuela Saudita, autores como Mendoza (2004) opinan que se perdió la oportunidad de liderar un proceso integracionista en la subregión andina desde los ámbitos económicos, sociales y políticos, que permitieran alcanzar un nivel de negociación frente a economías de mayor desarrollo, siendo esto consecuencia de la política de sustitución de importaciones que continuó desarrollando el Estado venezolano, de las inversiones en las industrias básicas del hierro y el aluminio, aunado al creciente gasto público que reforzó la intervención del Estado en la economía venezolana.
Opinión similar tiene Krivoy (1987), al sostener que la subregión andina no fue aprovechada ni como mercado, ni como abastecedor. Precisa la autora que, justamente durante el periodo del boom petrolero entre 1974-1978, las exportaciones no petroleras crecieron lentamente, y que solo el 5,4 por ciento de ellas fueron absorbidas por la subregión andina. Debe señalarse, que durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez el Congreso Nacional de la República de Venezuela en fecha de 21 de agosto de 1975, bajo la Gaceta oficial número 30.774 sanciona la Ley sobre Transformaciones de Empresas Extranjeras, dándole cumplimiento a la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual se hizo sin mayores controversias según la opinión de Krivoy (1987).
A propósito de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena (aprobada durante el Tercer periodo de Sesiones Extraordinarias de la Comisión en diciembre de 1970, en Lima (Perú) y publicada en Gaceta Oficial venezolana número 1620 de fecha 1 de noviembre de 1973), es importante señalar algunos aspectos consagrados en su Declaración, entre los que se tiene:
1. El establecimiento de reglas comunes para la inversión externa, con la finalidad de que las ventajas creadas por el Acuerdo favorezcan a las empresas nacionales y mixtas;
2. Un trato igualitario entre la inversión extranjera y la nacional, es decir, que no debía existir discriminación hacia los inversionistas nacionales;
3. El fortalecimiento de las empresas nacionales con la finalidad de promover su participación en el mercado andino;
4. Se acordó establecer mecanismos y procedimientos para la producción y protección de la tecnología en la región, así como también mejorar las condiciones bajo las cuales se adquiera tecnología extranjera;
5. Fortalecer la capacidad de negociación de los países miembros de acuerdo frente a otros Estados, empresas de capital y tecnología u organismo internacionales.
Por otra parte, durante la gestión del presidente Carlos Andrés Pérez, el 12 de noviembre de 1976 es creado el Fondo Andino de Reservas, siendo aprobado por el Congreso Nacional mediante Gaceta Oficial número 2.057 de fecha 4 de julio de 1977.
De conformidad a los artículos 1, 2, y 3 del Convenio, se fijó como sede del organismo (Fondo Andino) la ciudad de Bogotá; así mismo, gozaría de personalidad jurídica y tendría los siguientes objetivos:
“1. Acudir en apoyo de las balanzas de pagos de los países miembros, otorgando créditos o garantizando préstamos de terceros;
2. Contribuir a la armonización de políticas cambiarias, monetarias, y financieras de los países, facilitándoles el cumplimiento de los compromisos adquiridos, en coordinación con los órganos principales del acuerdo de Cartagena;
3. Mejorar la liquidez de las inversiones de reservas internacionales efectuadas por los países miembros.”
El Fondo Andino de Reservas fue creado con un capital de doscientos cuarenta (240) millones de dólares. El aporte de cada país miembro se detalla a continuación en el Cuadro 1, de conformidad con el artículo 5 del Convenio:
Cuadro 1. Aportes de los países del Fondo Andino de Reservas
Fuente: Chiquito (2013).
Desde esta perspectiva, se constata con el cuadro anterior que Venezuela efectuó un aporte para la constitución del Fondo Andino de Reservas de 60 millones de dólares, lo cuales debían ser pagaderos en un máximo de cuatro (4) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
COOPERACIÓN ECONÓMICA PRESTADA POR VENEZUELA A PAÍSES LATINOAMERICANOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA INTEGRACIONISTA DURANTE EL GOBIERNO DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ (1974-1979)
Señala Consalvi (1999) que Venezuela, durante la gestión presidencial de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), realizó distintos aportes en materia económica y financiera a diversos organismos e instituciones, entre los que se pueden citar: 1) la entrega de 10 millones de dólares al Banco de Desarrollo del Caribe; 2) contribución al Fondo Monetario Internacional (FMI); 3) la entrega de 100 millones de dólares al Programa Especial de la Naciones Unidas; 4) aportes al Banco Centroamericano de Desarrollo; 5) aportes por concepto de 500 millones de dólares al Fondo Fiduciario de Banco Interamericano de Desarrollo. A propósitos de estas contribuciones, aportes y financiamientos debe puntualizarse lo siguiente:
- Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas:
Con respecto al Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas, sostiene Lange (1978) que Venezuela, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirió 100 millones de dólares para ser destinados al Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas, con el objetivo de dar apoyo económico a aquellas naciones cuyas economías fueran débiles, siendo beneficiadas en aquella oportunidad Guyana y Honduras, a la primera le fue otorgado un crédito sin interés por 15 millones de dólares, y a la segunda se le confirió otro crédito por la cantidad de 5 millones de dólares.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
Por otra parte, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), se firmó un contrato de Fideicomiso, mediante el cual acordaron la creación del Fondo Fiduciario Venezolano que estaría bajo la administración del BID, dicho fondo tendría una duración de 20 años. La finalidad del Fondo Fiduciario Venezolano era financiar los programas y proyectos para el desarrollo de los países miembros del BID que tuviesen un nivel económico bajo (Lange, 1978), pero sobre todo, aquellos programas y proyectos referentes al aprovechamiento de los recursos naturales de carácter no renovable, el fomento de la industria y agroindustria y al aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos; así como también financiar: manufacturas y semi-manufacturas, exportaciones de bienes de capital y exportaciones no tradicionales, de países latinoamericanos miembros del BID (Lange, 1978).
- Banco Centroamericano de Integración:
La Cumbre de presidentes Centroamericanos efectuada en Ciudad Guayana en el mes de diciembre del año 1974 sirvió de inicio para hacer realidad las ideas integracionistas de Simón Bolívar4, ideas con las que Carlos Andrés Pérez siempre se identificó, tal como se reseñó anteriormente, o bien como lo expusiera de forma magistral Rey (1974): “Expresa la firme voluntad de nuestro país de traducir en medidas y acuerdos efectivos, útiles para todas las partes comprometidas, los viejos ideales unitarios, de fraternidad y ayuda mutua que Carlos Andrés Pérez está proclamando”.
Durante ese encuentro se destaca la firma de la declaración de Guayana, donde decidieron llevar a cabo la suscripción de acuerdos de cooperación financiera y económica. En el marco de estos acuerdos, Venezuela a través del FIV (Fondo de Inversiones de Venezuela) firmó un contrato de adquisición de bonos con el Banco Centroamericano de Integración, por un valor correspondiente a 86 millones de bolívares y 20 millones de dólares; es decir, por una suma total de 40 millones de dólares, con la finalidad de financiar programas y proyectos para impulsar la integración económica, así como también favorecer el desarrollo de los países miembros (Carrillo, Porras y Tejada, 1974).
De acuerdo a lo anterior, Carrillo, Porras y Tejada (1974) exponen que se realizaron cuatro emisiones de bonos, la primera y tercera por concepto de 10 millones de dólares, mientras que la segunda y cuarta por 43 millones de bolívares cada una, para un total de 86 millones de bolívares. Adicionalmente al instrumento antes citado, se firmó un acuerdo complementario, en el que la institución financiera centroamericana se comprometió a efectuar negociaciones con Panamá, con la finalidad de que este último pudiese participar en los programas de financiamiento de la mencionada institución (Lange, 1978).
Por su parte, el FIV se obligó a abrir una línea de crédito al Banco Centroamericano de Integración si los acuerdos llegasen a concretarse con Panamá. La línea de crédito era hasta la cantidad de 6,5 millones de dólares destinados al financiamiento de proyectos panameños, bajo las mismas condiciones del primer acuerdo firmado entre el FIV y el Banco Centroamericano de Integración. El financiamiento estaba destinado a los sectores: agrícola, exportación, turismo, industrial y agroindustrial (Lange, 1978).
- Fondo Monetario Internacional:
En el año 1974, el Banco Central de Venezuela asumió el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de entregarle 540 millones de dólares con la finalidad de otorgar “facilidad crediticia petrolera” a aquellos países pertenecientes al fondo, para que de esta manera pudiesen cancelar las balanzas de pagos que se vieron afectadas por el incremento de los precios del barril de petróleo. Posteriormente en 1975, de acuerdo a lo señalado por Lange (1978), la entidad bancaria entregó la cantidad de 240 millones de dólares, para alcanzar un monto total de 780 millones de dólares.
Adicionalmente, el Banco Central de Venezuela se comprometió a destinar la cantidad de 7,0 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para ser consignado en una Cuenta Subsidio, con la cual, los países más afectados por la crisis petrolera puedan pagar los intereses derivados de la utilización de facilidades petroleras (Lange, 1978).
- Banco de Desarrollo del Caribe:
El Banco de Desarrollo del Caribe firmó dos convenios con el gobierno de Venezuela. El primer convenio fue suscrito entre el Ministerio de Hacienda, en representación del Gobierno Nacional, y el Banco de Desarrollo del Caribe el 20 de diciembre de 1974. Mediante este convenio, Venezuela concedió un aporte por la cantidad de 10 millones de dólares al Fondo especial del Banco de Desarrollo, con ello se perseguía ofrecer financiamiento a los países, en condiciones más favorables a las que normalmente ofrecía la institución (Lange, 1978).
Por su parte, Venezuela se obligó a no percibir intereses sobre la suma aportada y a no retirar la totalidad o parte de su aporte, ni los recursos que se acumulen del mismo durante un lapso de 25 años; por su parte, la obligación del Banco de Desarrollo del Caribe consistía en informar a Venezuela el estado de los proyectos y programas financiados (Lange, 1978).
En el segundo convenio, el Estado Venezolano se comprometió a constituir un Fondo de Fideicomiso, el cual tenía por objeto financiar programas y proyectos para el desarrollo de las naciones caribeñas. De igual forma, el Fondo podía destinar parte de sus recursos a programas de inversión para el desarrollo del turismo, así como también financiar exportaciones. Por otra parte, para Lange (1978), se estableció la obligación para el Banco de Desarrollo del Caribe de hacer mayor énfasis en aquellos programas y proyectos tendiente al fortalecimiento de la integración Caribeña y de América Latina. Al respecto, el citado autor agregó: “La cantidad que se destinó al Fondo ascendía a 25 millones de dólares, lo que equivalía a: 53.750.000 de bolívares y 12.500 dólares”.
La creencia y convicción que tenía Carlos Andrés Pérez sobre las ideas del Libertador Simón Bolívar lo llevaron a asumir un compromiso frente a los procesos de integración, concibiéndolos como la oportunidad de los pueblos latinoamericanos para alcanzar el tan anhelado desarrollo. A lo anterior hay que sumarle la internalización de los postulados de Acción Democrática, especialmente aquel que profesa la integración de las naciones latinoamericanas.
Desde la óptica jurídica, la justificación de la política de integración en el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) encuentra su sustento en la Constitución Nacional de 1961. La actuación de Carlos Andrés Pérez estuvo apegada al cumplimiento por parte del Estado de promover el desarrollo económico del país, así como también favorecer la integración latinoamericana y la cooperación del Estado Venezolano con las demás naciones.
Luego de un exhaustivo análisis jurídico, se concluye que los esquemas integracionistas abordados en este trabajo (SELA, Tratado de Cooperación Amazónica, Pacto Andino) coinciden en su espíritu, propósito y razón, que no es otro que alcanzar la integración de las naciones latinoamericanas en sus distintos niveles-regional (SELA) o subregional (Pacto Andino-Tratado de Cooperación Amazónica), para lograr el pleno desarrollo social y económico; así mismo, plantean que el camino hacia la integración es la cooperación entre los países de la región.
Si bien debe reconocerse los alcances económicos y las implicaciones sociales de todo proceso de integración, es ineludible que los mismos poseen una naturaleza implícitamente política. En el caso particular de la investigación, la política de integración desarrollada por Carlos Andrés Pérez (1974-1979) atendió a un interés político que no era otro que la defensa del orden democrático.
Carlos Andrés Pérez, a lo largo de sus intervenciones en foros internacionales, enfatizó que la integración regional solo era posible llevarla a cabo de forma exitosa dentro de un marco de libertades: libre desenvolvimiento de la personas, respetos a los derechos humanos, permitir a los ciudadanos desarrollar la empresa de su preferencia, cooperación y ayuda mutua.
Briceño, J. y Reyes, G. (2006). Actualidad de la Integración en América Latina y el Caribe. Venezuela. Publicaciones Vicerrectorado Académico. Colección Ciencias Sociales y Humanísticas. Centro de Estudio de Frontera e Integración.
Carrillo, J.; Porras, E. y Tejada, O. (1974). Cuotas petroleras asignará Venezuela a países Centroamericanos. Diario El Nacional. Pp. D-1 (Portada del Cuerpo D). Publicado el 15 de Diciembre de 1974. Venezuela.
Congreso de la República de Venezuela (1961). Constitución de la República de Venezuela. Gaceta Oficial número 662 de fecha 23 de enero. Venezuela.
1 La Socialdemocracia tiene su origen a finales del siglo XIX, siendo su precursor el alemán E. Bernstein. Sostiene D. Kneitschel que la socialdemocracia busca democratizar todos los aspectos de la vida- político, social y económico-, de manera pacífica y respetando las instituciones democráticas. Véase D. Kneitschel (1979). Principios de la socialdemocracia. Seminarios y Documentos. Centro de Estudios Democráticos de América Latina. Costa Rica. Editorial Eloy Morúa Carrillo.
2 Partido Democrático Nacional (PDN), fue creado en 1936, durante esta primera etapa conviven dentro del mismo factores democráticos y comunistas. En el año 1937 el PDN es ilegalizado por el General Eleazar López Contreras, parte de sus dirigentes son expulsados del país. En 1939 se realiza la Primera Conferencia Nacional del PDN, donde fueron nombrados los delegados nacionales, y a su vez aprobados sus estatutos y tesis programática; a diferencia de 1936, ya en ese momento no existía vestigio comunista alguno. Tras la imposibilidad de lograr la legalización del PDN, sus dirigentes deciden cambiar el nombre de la organización, la cual desde 1941 hasta la actualidad se llama Acción Democrática. Véase Pérez, S (1996). Los partidos Políticos en Venezuela II. Caracas. Fundación Centro Gumilla.
3 En los comicios celebrados en diciembre de 1958, Carlos Andrés Pérez siendo candidato por Acción Democrática (AD) es electo Diputado al Congreso Nacional en representación del Estado Táchira; luego en 1962 es nombrado por Rómulo Betancourt Ministro de Relaciones Interiores; y posteriormente como candidato presidencial de AD llega a ocupar en dos ocasiones la presidencia de la República de Venezuela (1974-1979, y 1989-1993). Véase -Ortiz, A. (2008). Carlos Andrés Pérez: La Política es la Vida (reportaje sobre una historia que no termina). Venezuela. El Centauro Ediciones. Peña, A (1979). Conversaciones con Carlos Andrés Pérez. Vol I. Venezuela. Editorial Ateneo de Caracas. Giusti, R y Hernández, R. (2006). Carlos Andrés Pérez: Memorias Proscritas. Venezuela. Editorial CEC, S.A
4 Simón Bolívar en “Un pensamiento sobre el Congreso de Panamá” expone las razones que deben impulsar las integración, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: a) Todas las naciones deben ser tenidas por iguales, ninguna debe ser considerada más que otra; b) debe existir la solidaridad entre las naciones de América, sobre todo para acudir en auxilio de aquella que padeciera por parte de algún enemigo externo; c) la búsqueda del equilibrio entre las naciones; d) el reconocimiento en el plano internacional de las naciones latinoamericana por parte de las potencias del viejo mundo; e) total independencia de las naciones de América, pero ligada unas a otras por una ley externa común; f) la discriminación entre colores u orígenes perdería toda validez. Véase Simón Bolívar en “Un pensamiento sobre el Congreso de Panamá”, escrito en 1826. Obras Completas de Simón Bolívar, (1992).