Source: http://www.webcap.com.ar/textos/legis_nac/complement/22172.htm
Timestamp: 2017-01-23 04:18:48
Document Index: 347459445

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14']

Comunicación entre Tribunales de distinta competencia territorial
Publicada en el B.O. 29/2/80
Todas las provincias han adherido al presente convenio.
Las leyes ratificatorias son las siguientes:
Santa Fe: 8586, San Juan: 4732.
La Rioja: 3955, Santa Cruz: 1334,
Misiones: 1243, San Luis: 4093,
Catamarca: 3580, La Pampa: 1012,
Río Negro: 1457, Santiago del Estero: 4889,
Tucumán: 5191, Corrientes: 3556,
Neuquén: 1229, Entre Ríos: 6567,
Chubut: 1799, Córdoba: 6425,
Formosa: 914, Salta: 5624,
Chaco: 2493, Mendoza: 4455,
Jujuy: 3718, Buenos Aires: 9618.
Artículo 1. Apruébase el convenio celebrado con fecha nueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve, entre el Poder Ejecutivo Nacional, representado por el señor Ministro de Justicia, y el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, sobre comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción territorial, cuyo texto se anexa y forma parte integrante de la presente.
Artículo 2. Conforme a lo acordado en el punto tercero del convenio que se aprueba por esta ley, sus normas entrarán en vigencia a los treinta días de publicada la última ley ratificatoria.
Artículo 3. La multa prevista en el art. 11 del convenio será actualizada semestralmente por el Ministerio de Justicia de la Nación de acuerdo con la variación sufrida durante ese período por el índice de precios al por mayor nivel general que publicare el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La primera actualización se practicará el 19 de abril de 1980.
Los fondos provenientes de dichas multas, cuando sean aplicadas por los tribunales nacionales, ingresarán a la cuenta "Infraestructura Judicial", creada por la Ley de Tasas Judiciales 21859.
Artículo 4. Si otras provincias adhirieran al convenio a que se refiere esta ley, sus disposiciones se aplicarán, respecto de ellas, a partir de los diez días del depósito de una copia de la ley de adhesión en el Ministerio de Justicia de la Nación, quedando derogadas, con relación a ellas, las leyes 17009, 20081 y 21642. El Ministerio de Justicia de la Nación hará saber la adhesión a las demás provincias en las que rija el convenio.
Artículo 5. El Poder Ejecutivo Nacional gestionará la adhesión de las demás provincias al convenio que se aprueba por la presente.
Comunicación entre Tribunales de distinta competencia territorial. Ley 22172
Artículo 1. La comunicación entre tribunales de distinta jurisdicción territorial, se realizará directamente por oficio, sin distinción de grado o clase, siempre que ejerzan la misma competencia en razón de la materia.
Artículo 2. La ley del lugar del tribunal al que se remite el oficio rige su tramitación, salvo que en éste se determine expresamente la forma de practicar la diligencia con transcripción de la disposición legal en que se funda.
Artículo 3. El oficio no requiere legalización y debe contener:
1º) Designación y número del tribunal y secretaría y nombre del juez y del secretario.
2º) Nombre de las partes, objeto o naturaleza del juicio y el valor pecuniario, si existiera.
3º) Mención sobre la competencia del tribunal oficiante.
4º) Transcripción de las resoluciones que deban notificarse o cumplirse, y su objeto claramente expresado si no resultase de la resolución transcripta.
5º) Nombre de las personas autorizadas para intervenir en el trámite.
6º) El sello del tribunal y la firma del juez y del secretario en cada una de sus hojas.
Artículo 4. El tribunal a que se dirige el oficio examinará sus formas y sin juzgar sobre la procedencia en las medidas solicitadas, se limitará a darle cumplimiento dictando las resoluciones necesarias para su total ejecución, pudiendo remitirlo a la autoridad correspondiente.
El tribunal que interviniese en el diligenciamiento del oficio no dará curso a aquellas medidas que de un modo manifiesto violen el orden público local.
Artículo 5. No será necesario decreto del tribunal para impulsar la tramitación ni para librar oficios, agregar documentos o escritos y conferir vistas; bastará al efecto nota del secretario. Los secretarios dispondrán de todas las medidas de ordenamiento para facilitar el examen, ubicación y custodia de las actuaciones.
Artículo 6. No será necesaria la comunicación por oficio al tribunal local, para practicar notificaciones, citaciones e intimaciones o para efectuar pedidos de informes. en otra jurisdicción territorial. Las cédulas, oficios y mandamientos que al efecto se libren se regirán en cuanto a sus formas por la ley del tribunal de la causa y se diligenciarán de acuerdo a lo que dispongan las normas vigentes en el lugar donde deban practicarse.
Cuando la medida tenga por objeto la transferencia de sumas de dinero, títulos u otros valores, una vez cumplida y previa comunicación al tribunal de la causa, se archivará en la jurisdicción en que se practicó la diligencia.
Artículo 7. Tampoco será necesaria la comunicación por oficio al tribunal local, cuando se trate de cumplir resoluciones o sentencias que deban inscribirse en los registros o reparticiones públicas de otra jurisdicción territorial.
Se presentará ante dichos organismos testimonio de la sentencia o resolución, con los recaudos previstos en el art. 3 y con la constancia que la resolución o sentencia está ejecutoriada, salvo que se trate de medidas cautelares.
En dicho testimonio constará la orden del tribunal de proceder a la inscripción y sólo será recibido por el registro o repartición si estuviere autenticado mediante el sello especial que a ese efecto colocarán una o más oficinas habilitadas por la Corte Suprema, Superior Tribunal de Justicia o máximo tribunal judicial de la jurisdicción del tribunal de la causa. El sello especial a que se refiere este Artículo. será confeccionado por el Ministerio de Justicia de la Nación, quien lo entregará a las provincias que suscriban o se adhieran al convenio.
Artículo 8. Los oficios, cédulas, mandamientos y testimonios serán presentados para su tramitación por abogados o procuradores matriculados en la jurisdicción donde deba practicarse la medida. Cuando las personas autorizadas para intervenir en el trámite no revistiesen ese carácter, deberán sustituir la autorización a favor de profesionales matriculados.
Salvo limitación expresa, asumen todas las obligaciones y ejercen todos los derechos del mandatario judicial, inclusive el de sustituir la autorización. Están facultados para hacer peticiones tendientes al debido cumplimiento de la medida siempre que no alteren su objeto.
Artículo 9. No se remitirán a otra jurisdicción piezas originales, protocolos o expedientes, excepto cuando resultaren indispensables y así lo hubiese dispuesto el tribunal oficiante mediante auto fundado.
En los demás casos se enviarán testimonios o fotocopias, certificadas de los documentos solicitados.
Artículo 10. Los testigos que tengan su domicilio en otra jurisdicción pero dentro de los 70 kms. del tribunal de la causa, están obligados a comparecer a prestar declaración ante éste.
Artículo 11. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria, civil y criminal derivada del mal ejercicio de las funciones que se asignen por este convenio a los profesionales o personas autorizadas, toda transgresión será reprimida con multa de australes treinta y dos con veinticuatro centavos a australes ciento doce con cuarenta y dos centavos.
El monto de las multas establecidas por este Artículo, será actualizado semestralmente por el Ministerio de justicia de la Nación de acuerdo a la variación sufrida durante ese período por el índice de precios al por mayor, nivel general, que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La primera actualización se practicará el 19 de abril de 1980.
Los fondos provenientes de las multas serán destinados para infraestructura del Poder Judicial, en la forma que lo determinen los respectivos Poderes Ejecutivos en cada jurisdicción.
Artículo 12. La regulación de honorarios corresponderá al tribunal oficiado, quien la practicará de acuerdo a la ley arancelaria vigente en su jurisdicción, teniendo en cuenta el monto del juicio si constare, la importancia de la medida a realizar y demás circunstancias del caso.
Artículo 13. En materia penal, los oficios, cédulas, mandamientos y testimonios, serán directamente diligenciados por la autoridad local encargada de su cumplimiento, cuando no se hubiere autorizado a persona determinada para ello.
Artículo 14. Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones locales que se opongan al presente convenio.