Source: http://www.normamorandini.com.ar/?p=6671
Timestamp: 2019-03-26 22:28:49
Document Index: 102128181

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 3']

Pedido de informes sobre el servicio de telecomunicaciones | NORMA MORANDINI
Labor parlamentaria | Comisiones
La H. Cámara de Senadores de la Nación solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de los organismos que corresponda sobre las siguientes cuestiones vinculadas con el servicio de telecomunicaciones:
1. Qué se considera por “personal competente” de acuerdo a lo que indica el inciso b) del artículo 2º de la Resolución 1/2013 de la Secretaría de Comunicaciones y cuáles son las implicancias específicas de la obligación impuesta por dicha norma a todos los prestadores de comunicaciones móviles de “garantizar el acceso a su personal competente a las instalaciones las VEINTICUATRO (24) horas, durante el transcurso de la emergencia o catástrofe”.
2. Qué prestadores de comunicaciones móviles presentaron el plan de contingencia de alcance nacional que establece el artículo 3º de la Resolución 1/2013 de la Secretaría de Comunicaciones y para el cual contaban con un plazo de cuarenta y cinco (45) días. Especifique cuándo fueron presentados dichos planes y remita los mismos. En caso de no haber sido presentados, detalle qué empresas aún incumplen dicha disposición y si han dado motivos para tal retraso.
3. Por qué motivos no se establece límite alguno -vinculado, por ejemplo, a la protección de los datos personales- respecto de la obligación impuesta a los prestadores de servicios de telecomunicaciones por la Resolución 5/2013 de la Secretaría de Comunicaciones, cuyo artículo 2º, inciso b) manda a “garantizar el libre acceso de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES a las instalaciones y sistemas vinculados a la prestación del servicio, y brindar toda la información que les sea requerida en las formas y en los plazos que ésta fije al efecto” y cuyo artículo 3º otorga a la Comisión Nacional de Comunicaciones la potestad de “requerir a los prestadores de servicios de telecomunicaciones la información que estime pertinente, fijando un plazo para su presentación”.
4. Por qué motivos la Comisión Nacional de Comunicaciones continúa intervenida desde el año 2002 y cuándo se prevé la normalización de dicho organismo de control.
El 5 de abril del corriente año, la Secretaría de Comunicaciones aprobó la Resolución 1/2013 (B.O. 8/4/2013), que establece los requisitos que los prestadores de comunicaciones móviles deben cumplir en situaciones de emergencia o catástrofe, con el objeto de minimizar pérdidas de vidas humanas, daños en infraestructuras y pérdidas económicas, en tanto se considera que “las comunicaciones móviles son el medio más efectivo y expandido en el mundo para dichas situaciones críticas”.
Dicha norma entiende que, a los fines de dar cumplimento a la obligación de los prestadores de comunicaciones móviles de “asegurar el funcionamiento del servicio, incluso en situaciones de emergencia o catástrofe, admitiéndose en este último supuesto, una discontinuidad máxima de UNA (1) hora para restituir la normalidad del servicio…” -impuesta por el artículo 1º de dicha Resolución-, éstos deberán “garantizar el acceso a su personal competente a las instalaciones las VEINTICUATRO (24) horas, durante el transcurso de la emergencia o catástrofe” (artículo 2º, inciso b).
Por otra parte, la normativa establece en su artículo 3º que dichos prestadores cuentan con un plazo de 45 días para entregar a la Comisión Nacional de Comunicaciones un plan de contingencia de alcance nacional que incluya los requisitos dispuestos en el artículo 2º y el protocolo de contingencia. Ahora bien, al día de hoy se desconoce si los prestadores de comunicaciones móviles han presentado dichos planes de contingencia, cuándo lo han hecho y si los mismos cumplen con las disposiciones establecidas por el mentado organismo de control.
Posteriormente, el 5 de junio se sancionó el Decreto 681/2013 (B.O. 6/6/2013) con el objeto de modificar el Reglamento de Licencias aprobado como Anexo I por el Decreto 764/2000 en pos de establecer nuevos requisitos de calidad en materia de telecomunicaciones para garantizar una prestación eficiente así como también para reforzar las exigencias de adecuación de las redes. En este sentido, se incorpora el artículo 10º bis, que estipula una serie de medidas preventivas del deterioro en la calidad del servicio y precisa que “la Autoridad de Aplicación, con intervención de la Autoridad de Control, podrá disponer con carácter preventivo, a fin de evitar el deterioro grave de la calidad de los servicios de telecomunicaciones, las medidas que resulten idóneas para garantizar el efectivo cumplimiento por parte de los licenciatarios de los servicios de telecomunicaciones, de los requerimientos de calidad del servicio establecidos en las disposiciones vigentes”. Asimismo, se instruye a la Secretaría de Comunicaciones a dictar -con la intervención previa de la Comisión Nacional de Comunicaciones- “un nuevo reglamento que establezca los requisitos de calidad para la prestación de los servicios de telecomunicaciones a ser cumplidos por los licenciatarios para un uso eficaz, eficiente y racional de la red y del espectro radioeléctrico en atención al avance tecnológico y a las necesidades de los usuarios” dentro del plazo de 30 días desde la publicación del Decreto.
En concordancia con esta última disposición, el 1º de julio de este año, la Secretaría de Comunicaciones dictó la Resolución 5/2013 (B.O. 2/7/2013), por la cual se aprueba el Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones a fin de “establecer y mantener actualizados los requisitos de calidad de los servicios de telecomunicaciones que garanticen una eficiente prestación y exigir a los prestadores una permanente adecuación de sus redes de modo tal que la calidad de funcionamiento satisfaga tales requerimientos”. La norma entiende que para proporcionar a los usuarios “elementos que les permitan conocer la calidad del servicio prestado de manera objetiva y comparable, es necesario determinar un conjunto de datos observables y susceptibles de ser medidos, y asimismo disponer el carácter público de la información resultante de los procedimientos de auditoría y verificación técnica”. Así, el inciso b) del artículo 2º de la Resolución obliga a los prestadores de servicios de comunicaciones a “garantizar el libre acceso de la Comisión Nacional de Comunicaciones a las instalaciones y sistemas vinculados a la prestación del servicio, y brindar toda la información que les sea requerida en las formas y en los plazos que ésta fije al efecto”, así como también el artículo 3º instruye a la Comisión Nacional de Comunicaciones a “requerir a los prestadores de servicios de telecomunicaciones la información que estime pertinente, fijando un plazo para su presentación”.
Cabe destacar que los artículos mencionados dan poder especial a la Comisión Nacional de Comunicaciones para requerir a los prestadores de servicios de comunicaciones “toda” aquella información que posean, sin realizar aclaración alguna respecto de la protección que, en este sentido, corresponde a los datos personales de los clientes y/o usuarios de los servicios de comunicaciones. En esos términos, no existiría impedimento alguno para que dicho organismo de control interpretara que puede requerir a un prestador de servicios de comunicaciones el acceso a los datos de sus clientes y/o usuarios sin la necesidad de poseer para ello un permiso judicial. De este modo, se desconoce la primacía de las normas de carácter constitucional que consagran nuestro derecho humano fundamental a la privacidad.
Es sabido que la “revolución digital” al tiempo que nos brinda numerosos beneficios trae aparejadas importantes consecuencias -no siempre deseadas-, como la creciente invasión a nuestra privacidad. En el advenimiento de esta sociedad que se vuelve cada vez más transparente, el derecho a la intimidad se convierte, progresivamente, en una suerte de ilusión: el panóptico de Jeremy Bentham se patentiza hoy en día en una “sociedad de cristal”, que resulta del infinito proceso de retroalimentación de datos, la informática y las telecomunicaciones. En palabras de Manuel Castells, “Internet se consolida como instrumento esencial de expresión, información y comunicación horizontal (…) la red no se controla, pero sus usuarios están expuestos a un control potencial de todos sus actos más que nunca en la historia”. La esfera íntima de las personas se reduce de manera notable en virtud del entrecruzamiento de diversos bancos de datos, que permiten explorar la personalidad de los individuos a partir de sus hábitos de consumo, preferencias, gustos e información confidencial de todo tipo.
De la lectura del articulado de la normativa mencionada, puede aseverarse que no se contemplan los principios internacionales básicos en materia de protección de datos personales, que incluyen disposiciones de diversa índole, orientadas en todos los casos a contemplar siempre las reglas que contienen o limitan el tratamiento de los datos personales y otorgan derechos a su titular sobre esos datos cuando se pone en juego su tratamiento: quien hace uso de los datos personales de un tercero debe estar legitimado para hacerlo ya sea por el titular de los mismos o por una ley que lo autorice. El tratamiento de datos personales debe ser la excepción y no la regla; para que prime la transparencia debe informarse al titular de los datos acerca de los fines de su uso y registrar la base de datos ante la autoridad de contralor, que debe ser independiente.
Llegados a este punto, es necesario señalar que la citada autoridad se encuentra intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional desde el año 2002. Creada el 22 de junio de 1990 por el Decreto 1185/90 (B.O. 28/6/90), la Comisión Nacional de Comunicaciones nació como el resultado de la fusión de dos Organismos: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos (CNCT); se consolidó así un único ente del Estado con competencia de control sobre los servicios de comunicaciones.
La Comisión Nacional de Comunicaciones es un organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cuya misión y funciones son la regulación, contralor, fiscalización y verificación de los aspectos vinculados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, postales y de uso del Espectro Radioeléctrico. De acuerdo a su normativa de creación, la conducción del organismo se encuentra en manos de un Directorio formado por 8 miembros, de los cuales uno será el Presidente, dos serán los Vicepresidentes y los restantes serán vocales, todos nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Sin embargo, mediante el Decreto 521/2002, del 19 de marzo de 2002 (B.O. 20/3/2002), se dispuso la intervención de la CNC, por el período de vigencia de la Ley 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, sancionada el 6 de enero de 2002 (B.O. 7/1/2002), arguyendo “razones funcionales y operativas” que “determinan la necesidad de reorganizar” el organismo, siendo indispensable su intervención para “hacer más eficaz dicha reorganización”. Desde el nombramiento del actual interventor, el Ing. Ceferino Alberto Namuncurá (M.I. Nº 14.937.378) a través del Decreto 811/2004, del 23 de junio de 2004 -que mantenía la intervención del mencionado organismo hasta el 10 de diciembre de 2004-, y mediante sucesivos decretos, fue prorrogándose la intervención del organismo hasta el día de hoy, una situación que dista de resolverse en el corto o mediano plazo.
En síntesis, las posibilidades que brinda la tecnología a la hora de la sistematización y el entrecruzamiento de información de diferentes bancos de datos han producido que la esfera de lo íntimo y lo privado se reduzca significativamente. Si bien no se deben dejar de reconocer los beneficios que trajeron aparejados los avances tecnológicos de las últimas décadas, también es
justo señalar que los mismos han generado nuevos problemas, sobre todo en lo referente al campo del derecho a la intimidad. En estos términos, entendemos que la normativa aprobada por la Secretaría de Comunicaciones puede vulnerar el derecho humano a la intimidad de los clientes y/o usuarios de dichos servicios en tanto no contempla límites en materia de protección de datos personales al dar acceso a la CNC a toda la información en poder de los prestadores de servicios de comunicaciones. Por tales motivos, requerimos respuestas al Poder Ejecutivo en este sentido y solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.