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Timestamp: 2018-04-25 08:38:01
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Recomposición patrimonial: estado actual-E. DANIEL BALONAS
En la amplitud del título que motiva este análisis se esconden tres herramientas procesales que, si bien comparten la finalidad práctica de incrementar la masa falimentaria en beneficio de los acreedores de la misma, tienen una causa-fin ontológica muy diversa.
En efecto, entre las distintas acciones que se suelen englobar como mecanismos de recomposición patrimonial encontramos:
i) las que procuran preservar la “pars conditio creditorum” respecto de actos efectuados -de buena fe- que pudieran alterarla;
ii) las que procuran evitar que el fallido sustraiga bienes de la masa con la complicidad de quien conoce su cesación de pagos;
iii) las que buscan que los administradores reparen los daños causados a la masa.
Sin negar la estrecha relación entre las tres herramientas, especialmente las dos primeras, la diversidad de principios y de normas involucradas hace necesario un análisis previo de cada una de ellas.
2. LAS ACCIONES DE RECOMPOSICIÓN PATRIMONIAL
2.1. La ineficacia de pleno derecho de ciertos actos celebrados en el período de sospecha
Una de las cuestiones que dificultan las decisiones en esta materia, tanto legislativas como judiciales, es que se trata de administrar la impotencia patrimonial del deudor.
Es sabido que, salvo pocas excepciones, la quiebra implica para los acreedores quirografarios la pérdida de todo o la mayor parte de sus legítimos créditos. De allí que cualquier solución será injusta para ellos.(2)
Se trata de decidir cómo repartir la pérdida patrimonial que evidencia un pasivo más grande que el activo. En esa decisión se deberá buscar el resultado menos injusto, que consistirá en distribuir lo más equitativamente posible la pérdida y, eventualmente, excluir a alguien de contribuir a la misma.
En definitiva, se debe optar entre imponer al tercero adquirente de buena fe la obligación de compartir la pérdida con los acreedores del concurso liquidatorio, o bien de mantenerlo indemne de los efectos de la quiebra y cargar con la pérdida exclusivamente a los acreedores.
Privilegiar los derechos de un tercero que, de buena fe, ha adquirido bienes -o derechos- de parte del fallido implicará perjudicar a los de los acreedores de la quiebra, y viceversa.
Si el problema no excediera de lo planteado, parecería fácil concluir que la decisión más equitativa sería la de compartir entre todos -acreedores y terceros- la pérdida generada por la insolvencia.
Sin embargo, la cuestión resulta algo más difícil si se analiza el conflicto de distintos principios generales del derecho(3) que confluyen en estas cuestiones.
B) La igualdad entre los acreedores
Por un lado, debe tenerse en cuenta el derecho de igualdad, de raigambre constitucional y uno de los pilares en materia concursal. Si no fuese por esta voluntad de tutelar la “pars conditio creditorum” entre los acreedores, el concurso falimentario no tendría razón de ser, abandonando la situación a la diligencia y fortuna de cada acreedor.
C) La seguridad jurídica
Pero también confluye otro bien jurídico a tutelar, consistente en la seguridad jurídica que todo ordenamiento positivo debe brindar a quienes operan alcanzados por el mismo. Si un derecho no brindara tal seguridad, serían imposibles las transacciones en su órbita. Y ello excede la simple tutela del crédito, ya que el bien jurídico protegido es la posibilidad de que exista un mercado.
El concepto amplio del derecho de propiedad creado por la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación(4), incluyendo en la protección constitucional de la que goza el mismo a los derechos adquiridos, es una clara muestra de la importancia que tal principio tiene para nuestro sistema jurídico.
El ordenamiento debe dar al adquirente de un derecho -real o personal- las herramientas necesarias para determinar la seguridad de su adquisición, para lo que debería bastar conocer:
i) si el cedente es efectivamente el titular del derecho que desea transmitir;
ii) la inexistencia de limitación -de hecho o de derecho- para disponer de su patrimonio en general, o del derecho a transmitir en particular;
iii) el cumplimiento de las formas de cuyo acatamiento depende la validez de la transacción a realizarse.
En tanto se hayan verificado adecuadamente esas tres circunstancias y el adquirente actúe de buena fe, la adquisición no debería poder ser revocada.
Así, las normas, como los artículos 970 y 1051 del Código Civil, garantizan tal seguridad en forma relativa, ya que nuestro sistema jurídico no reconoce derechos absolutos. En efecto, se excluye de tal protección al adquirente a título gratuito, en el entendimiento de que nada perderá si se le quita lo que de todos modos nada le costó. También se excluye de tal protección al adquirente de mala fe (art. 968).
En materia de bienes registrables, o sea en la mayor parte de las transacciones de importancia económica, nuestro ordenamiento permite que el adquirente, a través de informes solicitados al registro, se anoticie con certeza de la titularidad del bien y de la inexistencia de limitaciones que pudiera tener el cedente en cuanto a su disposición. El derecho positivo, que se presume conocido, resuelve claramente las formas de instrumentación, así como las reglas en cuanto a la capacidad del cedente.
La ley 17801 es una prueba de ello, en cuanto hace prevalecer incluso la información que surge de los informes del registro por sobre la realidad.(5)
D) El equilibrio entre ambos principios
Sin embargo, como en nuestro ordenamiento no se reconocen derechos absolutos, los principios de igualdad entre los acreedores y de seguridad jurídica deben ceder en función de una solución más equitativa.
En contra de la seguridad jurídica existe el argumento de la excepcionalidad de la quiebra, y en contra de la igualdad el de los perjuicios que podría sufrir todo el sistema jurídico en la medida en que las adquisiciones de los bienes fuesen siempre revocables.
En esta inteligencia es que puede entenderse que las normas que hacen a la seguridad jurídica se interpreten de una manera algo más flexible, para así afectar lo menos posible el derecho de igualdad de los acreedores, aunque en definitiva deberían prevalecer sobre aquél.
Ello, por cuanto si nos abstraemos de cada caso en particular, vemos que lo que se intenta es decidir entre la prevalencia de la seguridad jurídica, que beneficia a toda la comunidad y permite la existencia del crédito y del mercado, y el derecho de igualdad de los acreedores de la quiebra.
En este punto, la lógica indica lo contrario de lo afirmado en el acápite 2.1.A), ya que debería prevalecer el interés más general (la seguridad jurídica de todas las transacciones) antes que los derechos de los acreedores de las quiebras, universo mucho menor y de carácter netamente excepcional.
Esta conclusión, diametralmente opuesta a la anterior, sumada a la evidente injusticia de cualquier solución que pudiera adoptarse, lleva a la necesidad de analizar cada caso en particular y a la dificultad cuando se quieren establecer reglas generales.
Va de suyo que en lo expuesto ut supra se presume la buena fe de todas las partes, incluso del fallido, lo que, según nos indica la práctica diaria, no siempre es así. Esta sospecha de mala fe, que de algún modo pesa sobre las operaciones en cuestión, debería ser soslayada, ya que, de existir, la solución sería otra y no necesariamente la ineficacia de pleno derecho.
E) La solución normativa
El artículo 118 de la ley de concursos y quiebras regula las situaciones antes descriptas, estableciendo la ineficacia ante los acreedores -no la nulidad- de los actos celebrados en el período de sospecha a título gratuito, o que alteren la posición de un acreedor determinado ante la quiebra, ya sea dotándolo de un mejor privilegio o excluyéndolo de la misma.
A ello se suma el artículo 109, que dispone que la ineficacia alcanza no sólo a los actos descriptos anteriormente realizados antes de la quiebra, sino a la totalidad de los efectuados luego de la misma.
El caso de los actos a título gratuito no merece mayor explicación, ya que dado que el tercero nada dio a cambio de su derecho, resulta equitativo que lo pierda en beneficio de aquellos que sí efectuaron una contraprestación que quedará insoluta, al menos parcialmente.
En los otros casos es cuando se da con mayor claridad el conflicto entre los principios antes reseñados, ya que muchas veces resulta difícil explicar a quien ha exigido anticipar un pago como condición para seguir vendiendo, o ha exigido una garantía real como condición para seguir prestando, que luego de obtenerla en debida forma se le revoca tal derecho sobre la base del que siguió dando crédito.
Similar situación se da cuando quien compró un inmueble al fallido antes de la publicación de edictos, y en lejana jurisdicción(6), luego de la sentencia de quiebra -aunque formalizó e inscribió la escritura traslativa de dominio en legal forma- no puede oponer su titularidad a los acreedores, con lo que deberá restituir el inmueble y verificar lo pagado, con el lógico resultado incierto que implica la falencia.
Muchas de estas situaciones -especialmente las que surgen como consecuencia del art. 109- podrían evitarse con la creación de un Registro Nacional de Concursos y Quiebras(7), de consulta obligatoria antes de otorgar una escritura o inscribir la transferencia de un bien registrable.
No obstante ello, en tanto siga sin reglamentarse el Registro Nacional de Concursos y Quiebras, estos conflictos seguirán existiendo, y se impone la resolución en cada caso concreto.
Se reitera que todo lo expuesto en este apartado excluye la mala fe del tercero, ya que, en tal caso, la solución sería otra, y no la aplicación de los artículos 109 o 118 de la ley de concursos y quiebras.
F) Aspecto procesal
El artículo 118 de la ley de concursos y quiebras dispone la declaración de ineficacia aun de oficio, lo que implica que cualquier interesado puede solicitarla y el Magistrado declararla sin trámite alguno, quedando luego en cabeza del tercero interesado el revertir la declaración.
Y esa solución se condice con la objetividad de los supuestos contenidos en la norma, en los que bastará con acreditar la celebración del acto ineficaz y su fecha. Sólo podría existir algún tipo de discusión en cuanto a la fecha de vencimiento de la obligación pagada o afianzada, cuando ella no surja claramente de la documentación acompañada.
A pesar de ello, y teniendo en vista que se afectan derechos de terceros, en principio ajenos al concurso, y que la decisión de todos modos será apelable, considero que hubiese sido mejor un traslado al tercero con la sola finalidad de que puedan acreditar que no se da alguno de los presupuestos objetivos de aplicación de la norma.
Sin embargo, el mayor problema se da cuando la ineficacia del acto proviene de la aplicación del artículo 109, que en cuanto a la forma de declaración remite al artículo 119, mientras que parte de la jurisprudencia ha interpretado que ello es un error material, debiendo entenderse como una remisión al artículo 118.(8)
Personalmente, creo que la remisión del artículo 109, atinada o no, es la clara voluntad del legislador, y así debería aplicarse. Y el principal argumento es que el cambio respecto del anteproyecto no ha sido involuntario, y prueba de ello es que se reemplazó “artículo 118, último párrafo” por “artículo 119, penúltimo párrafo”. La modificación del párrafo a aplicar, que correctamente era el último si se refería al artículo 118, mientras que es el anteúltimo en el caso del artículo 119, demuestra que no se trató de un error involuntario, sino que fue premeditado.
Por otro lado, la declaración de ineficacia de los actos posteriores al desapoderamiento, más allá de la categórica afirmación del artículo 109, merece una evaluación en cada caso, no en cuanto a la buena o mala fe del tercero, que resulta inocua, sino al efecto del acto en cuanto a la masa concursal.
Si no hubiese habido perjuicio para la masa concursal, es probable que resulte más conveniente una interpretación flexible del artículo 109 y se convalide el acto. Si a pesar de no existir perjuicio para el concurso se intentara la declaración de ineficacia, se estaría abusando del derecho (art. 1071, CC), y una sentencia en tal sentido podría implicar un enriquecimiento sin causa de la masa falimentaria, y ello puede requerir de sustanciación. Parte de la jurisprudencia se ha expedido en este sentido.(9)
No es requisito el acuerdo de los demás acreedores, ya que la remisión es claramente al penúltimo párrafo del artículo 119 y no al último.
En lo personal, considero atinada la remisión al artículo 119, ya que, como vengo expresando en este trabajo, la solución debe ser analizada en cada caso concreto, y la variedad de supuestos que pueden quedar incluidos en el artículo 109 puede requerir prueba. Para los casos en los que resulta evidente la resolución a adoptar, nada impide al Magistrado declarar la cuestión de puro derecho y resolver.
Resulta criticable, para este caso, la declaración de ineficacia de oficio y sin sustanciación, ya que los supuestos que pueden quedar alcanzados por el artículo 109 son mucho más amplios que los expresamente mencionados en el artículo 118.(10)
Pero aun de no compartirse lo expuesto en cuanto a lo atinado o no de la norma, creo que ha sido clara la voluntad del legislador y, como tal, debería ser aplicada.
2.2. La ineficacia de actos perjudiciales celebrados en conocimiento de la cesación de pagos
El derecho no puede amparar a quien, conociendo el estado de cesación de pagos, otorgó actos jurídicos con la finalidad de beneficiarse a sí mismo -o a un tercero- en perjuicio de todos los acreedores. Quien haya actuado de este modo no podría ampararse en el principio de la seguridad jurídica para repeler los reclamos de los perjudicados.
Su conocimiento previo del estado de cesación de pagos, con la siempre posible consecuencia de una quiebra, no le permite exigir al sistema la irrevocabilidad de sus derechos. Y ello no afecta la seguridad jurídica en general, por cuanto el resultado era previsible.
Sin embargo, tal conocimiento de la cesación de pagos debe probarse, y aquí entramos en otro conflicto. Es sabido que la prueba no siempre resulta sencilla, y ello nos lleva siempre a la tentación facilista de las presunciones. Y aquí es donde se puede afectar a la seguridad jurídica del sistema en general.
Ello no implica que en ningún caso pueda admitirse la presunción como modo de acreditación de los extremos requeridos por la ley, pero sí que debe utilizarse a la misma con extrema cautela y atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular. No pueden establecerse reglas generales.
Por otro lado, y especialmente por cuanto el hecho a probar -además del perjuicio- es el conocimiento de la cesación de pagos por parte del tercero, corresponde tener en cuenta la pauta que surge del artículo 902 del Código Civil, ya que no tienen la misma posibilidad de conocer el estado de cesación de pagos un cocontratante profesional y un consumidor.
El artículo 119 supedita la declaración de ineficacia -respecto de los acreedores- a que el acto haya sido realizado en el período de sospecha, que el tercero tenga conocimiento del estado de cesación de pagos y que se haya producido un perjuicio para la masa falimentaria.
Sin embargo, los mayores inconvenientes suelen surgir del requisito que se impone al síndico en cuanto a obtener la conformidad de la mayoría del capital quirografario para poder iniciar la acción.
La doctrina se ha ocupado de criticar esta norma, que habitualmente dificulta el inicio de las acciones. Pero así como se la criticó, tanto la doctrina como la jurisprudencia, y especialmente esta última, han ido buscando las formas de facilitar el cumplimiento de tal requisito(11), lo que será motivo de algunos de los fallos que infra se reseñan.
2.3. Acciones de responsabilidad contra administradores
En realidad, esta última herramienta no es exactamente una acción de recomposición patrimonial, sino una acción propia del derecho de daños basada en la teoría general de la responsabilidad, mediante la cual se impone a quien causó un daño la obligación de repararlo.
Una de las grandes diferencias es que quien cargará con las consecuencias de estas acciones no puede considerarse tercero, tanto por su necesario conocimiento de la situación patrimonial y financiera de la fallida como por sus deberes fiduciarios respecto del patrimonio de la misma, deberes que emanan de los artículos 59, 157 y 274 de la ley 19550, y que permiten una mucho mayor flexibilidad a la hora de probar el dolo en su accionar.
Aquí ya nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad por los perjuicios causados, por lo que se trata de administrar justicia y atender a que el daño sea afrontado por quien lo ha causado.
Es cierto que la ley, en sus artículos 173 y 174, ha sido mezquina en cuanto a la posibilidad de atribuir responsabilidades y su consiguiente obligación de reparar a los administradores.
No parece razonable la exigencia de dolo contenida en la norma concursal, cuando la responsabilidad de los administradores societarios, a la luz de los artículos 59, 157 y 274 de la ley de sociedades comerciales, impone deberes que, de no ser cumplidos, implican responsabilidad, aun sin dolo. Sería muy sencilla la función de los administradores si su única obligación fuese la de no dañar con dolo.
Y especialmente resulta irrazonable el recaudo exigido, por cuanto se aparta de la teoría general de la responsabilidad, ya que quien daña, aun sin dolo, debe responder.
Por otro lado, la aplicación estricta de tal principio ha sido, en innumerables fallos, la excusa para no condenar a quienes dañaron severamente el patrimonio del fallido, desde que muchas veces es muy difícil probar el dolo en forma certera e indubitable. Afortunadamente, la jurisprudencia ha comenzado a flexibilizarse en este aspecto.
Sin embargo, la ley ha dejado la herramienta de las acciones sociales de responsabilidad, legitimando al síndico en el artículo 175 para continuarlas o iniciarlas, previo obtener las conformidades de acuerdo con la remisión del artículo 176. La misma solución surge de la lectura de la ley de sociedades comerciales, que en su artículo 278, de redacción previa a la ley 24522, ya legitimaba al síndico, y en su defecto a los acreedores, para el inicio de estas acciones.
Habitualmente, para el momento en el que se inician las acciones, las originadas en la ley societaria se encuentran prescriptas, lo que deja como única herramienta los artículos 173 y 174 de la ley de concursos y quiebras, motivo por el cual insisto en que resulta desatinada la exigencia de acreditar el dolo, lo que habitualmente funciona como suficiente carga como para desalentar el inicio de las acciones.
3. TENDENCIAS ACTUALES EN LA DOCTRINA Y EN LA JURISPRUDENCIA
Todas las características reseñadas anteriormente, el conflicto de principios, la administración de la escasez y las dificultades probatorias, entre otros, han llevado a que las tendencias fluctúen a lo largo del tiempo entre privilegiar más a una de las partes que a otras, dificultando este tipo de acciones o interpretando las pruebas con mayor flexibilidad.
Afortunadamente, en los últimos tiempos se evidencia una marcada tendencia a evitar abusos y mayores injusticias, en oposición al exacerbado liberalismo de la década pasada(12), en la que prevalecían la letra fría de la ley y una interpretación literal que ha sido fuente de constantes abusos del derecho. Este cambio también comienza a reflejarse en las decisiones relacionadas con la recomposición patrimonial.(13)
El fallo “Harsin SA s/quiebra c/Ho Sheng Hsiung y otro s/ordinario”(14) es una clara muestra, al considerar que la desaparición del activo -junto con la falta de libros o explicaciones de los administradores- resulta suficiente prueba como para presumir “iuris tantum” el dolo de los administradores. La doctrina societaria apoya esta interpretación.
Se rescata un párrafo del fallo de primera instancia citado por la Fiscal de Cámara, en el que se afirma que “comprobados los elementos que configuran la responsabilidad prevista en el artículo 173 de la ley 24522, se crea una presunción ‘iuris tantum’ contra los demandados, que solamente podría ser desvirtuada por medio de la acreditación de alguna causal eximente de responsabilidad … que no se produjo en autos”.
Deja sentado ese precedente que la desaparición de los activos, ante la falta de libros o explicaciones, salvo prueba en contrario, implica una actividad dolosa, y no cabe imputarle el dolo a otras personas que a sus custodios, o sea a los administradores. Sería ilógico cargar al síndico o a los acreedores con la obligación de probar la intención de dañar, cuando los administradores no presentan libros o acreditan el destino que dieron a los bienes que, habiendo estado bajo su custodia, no fueron entregados al síndico.(15)
En autos “Belli, Ricardo Norberto c/Amondaray, Enrique Oscar y otros s/ordinario”(16) y “Droguería Urquiza SA s/quiebra c/Bonifarro, Salvador Francisco Remigio s/ordinario”(17), la Cámara sigue claros -y compartibles- dictámenes de la Fiscal de Cámara para flexibilizar los requisitos en cuanto a la forma de obtención de las conformidades para iniciar acciones de recomposición o de responsabilidad.
En el segundo de los expedientes mencionados, la Fiscal de Cámara sostiene que, ante el silencio de la ley en cuanto al modo de obtener tales conformidades, no cabe exigir más recaudos rigurosos que los previstos expresamente, alcanzando con que los acreedores sean notificados por un medio que garantice que han tomado real y efectivo conocimiento de la pretensión del funcionario concursal.
Es cierto que aún discute la doctrina la validez del silencio como manifestación positiva de la voluntad, a la luz de lo dispuesto por el artículo 919 del Código Civil que, en lo que nos ocupa, supedita tal validez a que haya una obligación legal de expedirse.
Queda claro que cualquier interpretación de dicha norma que admita, en el caso, la presunción de conformidad a partir del silencio, resulta al menos forzada. Debemos presumir para ello que el acreedor tiene obligación legal de expedirse respecto de la autorización, obligación que surgiría de su aceptación de las reglas de juego del concurso -al presentarse a verificar- y, con ellas, su obligación de actuar en función del interés concursal.(18)
De todos modos, la jurisprudencia, aun con el forzado argumento legal, evidencia una saludable tendencia a limitar los escollos al inicio de este tipo de acciones.
En otro reciente fallo(19), se aclararon los alcances de las sentencias de ineficacia, que lógicamente abarcan sólo a los acreedores y que dejan de tener efecto al ser éstos desinteresados. No puede una sentencia de ineficacia dejar al fallido en mejores condiciones que si no hubiese quebrado.
Es cierto que, en estas tendencias, siempre se esconden los fantasmas del “abuso del abuso” de la inseguridad jurídica.
Pero hasta ahora, en la mayor parte de los fallos, no se ha advertido tal exceso. Ello, con muy pocas excepciones que han sido duramente criticadas en comentarios de jurisprudencia, especialmente cuando las decisiones de mérito se efectúan en concursos preventivos en los que se ha logrado la conformidad de la casi totalidad de los acreedores.
Debe ser bienvenida esta tendencia de los últimos años, que vuelve a interpretar al derecho concursal como una rama más dentro del derecho que no puede excluirse del cumplimiento de los principios generales (emanados esencialmente del Código Civil), por lo que se han aplicado normas del derecho concursal más armónicas con las leyes de fondo.
La actual jurisprudencia comercial capitalina tiende, en el marco de las limitaciones que la ley concursal impone, a facilitar las acciones tendientes a recomponer la masa falimentaria en beneficio de los acreedores.
Igualmente clara es la tendencia general en la jurisprudencia analizada, en cuanto al respeto a la letra de la ley, lo que descarta los temores a abusos de los que hablamos antes.
Creo que un párrafo del dictamen fiscal del fallo “Belli, Ricardo Norberto c/Amondaray, Enrique Oscar y otros s/ordinario”(20) es el que resume esta saludable tendencia, por lo que me permito reproducirlo nuevamente: “debe interpretarse la norma de modo tal que se propenda a la conservación del ejercicio de esta acción de recomposición patrimonial y, correlativamente, que no debe adoptarse un criterio que tienda a restringir o hacer más dificultosa para la sindicatura la tarea previa, exigida en el ordenamiento vigente”.
Queda el desafío de implementar las reformas legislativas, especialmente en cuanto a la exigencia de dolo para imponer responsabilidad a los administradores y a las conformidades del artículo 119, “in fine”.
S.PC.084.balonas.q1
[1:] Estudio sobre la base del trabajo similar, publicado en obra colectiva denominada “La tutela de los acreedores en los procesos concursales” - Ed. Ad-Hoc - Bs. As. - noviembre/2006, en el marco del VII Seminario Anual sobre Análisis Crítico de Jurisprudencia, Doctrina y Estrategias Concursales - Mar del Plata - 23 y 24/11/2006
S.PC.084.balonas.q2
[2:] Para el Diccionario de la Real Academia Española, en su primera definición, justicia es “una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”. Sobre dicha base, toda decisión que implique que los acreedores cobren menos que lo que les corresponde deberá tener como finalidad provocar la menor injusticia posible, mas ante la finitud de los recursos -en este caso, el patrimonio del fallido-, nunca podrá sostenerse que la solución sea absolutamente justa
S.PC.084.balonas.q3
[3:] Fuente del derecho, conforme lo normado por el art. 16, CC
S.PC.084.balonas.q4
[4:] Ver Fallos - T. 319 - pág. 1915 y T. 320 - págs. 31, 1796 y 2157, entre otros. En doctrina, ver Bidart Campos, Germán: “Manual de la Constitución reformada” - Ed. Adiar - Bs. As. - T. II - pág. 118
S.PC.084.balonas.q5
[5:] Ver arts. 2505 y 3135, CC, y L. 17801
S.PC.084.balonas.q6
[6:] Tal lo ocurrido en autos “Manuel Iñíguez SACIA s/quiebra” - CNCom. - Sala B - 26/9/2000 - microjuris.com - MJJ6432
S.PC.084.balonas.q7
[7:] De hecho ya creado por el art. 295, LC, pero respecto del cual el PEN, encargado de la reglamentación y de la organización (conf. art. 296, LC), lo único que hizo fue disponer, mediante el D. 367/1996, que hasta tanto se reglamente y organice siguen vigentes los registros provinciales. Es una deuda del PEN que ya tiene 11 años de antigüedad
S.PC.084.balonas.q8
[8:] Ver el dictamen del Fiscal de Cámara luego seguido por el fallo en autos “Manuel Iñíguez SACIA s/quiebra” (CNCom. - Sala B - 26/9/2000 - microjuris.com - MJJ6432), en los que se sostiene, con cita de Lidia Vaiser (”La interpretación de la ley concursal” - LL - T. 1997-F - pág. 410 y ss.) y de lo resuelto en autos “Ramos, Juan Carlos s/quiebra”, por la Cámara Civil y Comercial de San Isidro (Sala II - 17/7/1997 - LL - T. 1997-E - pág. 10 y ss.), que la remisión del art. 109 debe leerse como al art. 118 y no al art. 119, por cuanto no podría imponerse un recaudo más gravoso a la declaración de ineficacia de un acto posterior a la quiebra que a uno anterior. También menciona como argumento que el anteproyecto elaborado por el PEN contenía la remisión correcta al art. 118
S.PC.084.balonas.q9
[9:] Ver autos “Rodríguez Ares de Baulan, María L. s/quiebra s/acción de ineficacia concursal por la sindicatura” - CNCom. - Sala C - 24/5/2005, entre otros
S.PC.084.balonas.q10
[10:] En el mismo sentido, ver Vítolo, Daniel R.: “Responsabilidad de terceros en caso de quiebra. Acciones de los acreedores” - Revista de Derecho de Daños - Nº 3 - Ed. Rubinzal-Culzoni - Santa Fe - 2001 - pág. 422
S.PC.084.balonas.q11
[11:] Ver evolución de la jurisprudencia sobre el tema reseñada por Villoldo, J. Marcelo: “Acción de revocatoria y responsabilidad concursal: oportunidad en la que deben ser obtenidas las conformidades del artículo 119 de la ley de concursos y quiebras” - ERREPAR - PAC - Nº 58 - diciembre/2004 - T. I - pág. 4 y ss.
S.PC.084.balonas.q12
[12:] Evidencian esta tendencia las desestimaciones de acuerdos abusivos -primero jurisprudenciales y luego receptadas por la reforma del año 2002-, el abandono de la taxatividad en la interpretación de las exclusiones del voto del art. 45, la exclusión del acreedor hostil, las críticas -por ahora, sólo en doctrina- a las cesiones de créditos, el denominado “cramdown power” y la creación jurisprudencial de la denominada “tercera vía”, entre otros
S.PC.084.balonas.q13
[13:] Como veremos más adelante, la menor exigencia en cuanto a la prueba contundente del dolo, la flexibilidad en cuanto a obtener las conformidades del art. 119, “in fine”, y el adecuado alcance de la declaración de ineficacia, entre otros
S.PC.084.balonas.q14
[14:] Ver CNCom. - Sala A - 21/7/2006
S.PC.084.balonas.q15
[15:] En este sentido, ver Ponencia presentada en coautoría con Gabriela Fernanda Boquin en el XLIV Encuentro de Institutos de Derecho Comercial de la Prov. de Buenos Aires - Mar del Plata - 30/11/2006 y 1/12/2006
S.PC.084.balonas.q16
[16:] Ver CNCom. - Sala B - 13/3/2006
S.PC.084.balonas.q17
[17:] Ver CNCom. - Sala D - 2/9/2005
S.PC.084.balonas.q18
[18:] Puede ampliarse este criterio en lo escrito recientemente sobre la exclusión del voto hostil, en el que se ha fundado tal exclusión en la obligatoriedad de todos los acreedores de ejercer los derechos que la ley les asigna en función del interés concursal, así como que “la no conformidad” debe interpretarse como el ejercicio de tal derecho efectuando un voto negativo
S.PC.084.balonas.q19
[19:] Ver autos “Rottari SA s/quiebra” - CNCom. - Sala E - 22/3/2006
S.PC.084.balonas.q20
[20:] Ver CNCom. - Sala B - 13/3/2006
**********************************************************************ERREPAR
TÍTULO:Recomposición patrimonial: estado actual
AUTOR/ES:Balonas, E. Daniel
PUBLICACIÓN:Práctica y Actualidad Concursal (P.A.C.)
TOMO/BOLETÍN: I
PÁGINA: 1 , MES: Febrero , AÑO: 2007
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