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Timestamp: 2019-01-22 19:31:23
Document Index: 121919314

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 24', 'e contrario', 'artículo 34', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 195', 'artículo 23']

SENTENCIA SL8434-2014 DE 18 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS. EL JUEZ DE INSTANCIA NO INCURRE EN ERROR AL CONSIDERAR NO ACREDITADA LA RELACIÓN LABORAL SI DE LAS PRUEBAS APORTADAS NO ES POSIBLE EXTRAER QUE EXISTIÓ SUBORDINACIÓN. ASÍ MISMO, EL HORARIO DE TRABAJO ES UN ELEMENTO INDICATIVO DE LA PRESENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL, PERO NO NECESARIAMENTE LA DETERMINA, TAMBIÉN PUEDE DARSE EN RELACIONES JURÍDICAS INDEPENDIENTES. EL CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN DE UNA TAREA PACTADA NO ES EXCLUSIVO DEL CONTRATO DE TRABAJO, PUES PUEDE DARSE EN OTRO TIPO DE CONVENIO EN EL QUE SE PACTE UNA OBLIGACIÓN DE HACER.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD, JORNADA LABORAL, SUBORDINACIÓN LABORAL
Sentencia SL8434-2014/44191 de junio 18 de 2014
SL8434-2014
Rad.: 44191
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Luis Felipe Fernández Álvarez, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 30 de septiembre de 2009, en el proceso ordinario laboral adelantado por el recurrente contra SIKA de Colombia S.A.
El señor Luis Felipe Fernández Álvarez demandó a SIKA de Colombia S.A., para que previa declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo, fuera condenada al reconocimiento y pago de las cesantías e intereses sobre la misma; vacaciones; primas de servicio; horas extras; dominicales y festivos; 15 días de preaviso; las indemnizaciones por terminación del contrato sin justa causa y la indemnización moratoria; la indexación de los anteriores conceptos y las costas y gastos del proceso.
En sustento de sus pretensiones afirmó que entre el 1º de septiembre de 1998 y el 7 de mayo de 2005, estuvo vinculado a la demandada mediante un contrato de trabajo término indefinido; que desempeñó el cargo de celador y vigilante trabajando de lunes a domingo en el horario comprendido entre las 18:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente, inclusive festivos; que prestó sus servicios de manera personal y subordinada acatando las instrucciones de la empresa; que durante la relación laboral no le pagaron las prestaciones sociales, “cesantías e intereses a la cesantía, vacaciones, primas de servicio, horas extras, dominicales y festivos (…)”; que la empresa lo despidió el 8 de abril de 2005 sin alegar causal alguna. Finalmente expresó que el 14 de junio de 2005, fracasó un intento de conciliación (fls. 3 y 6).
SIKA de Colombia S.A., se opuso a todas y cada una de las pretensiones contenidas en la demanda, para lo cual y en resumen señaló que entre las partes no existió un contrato de trabajo, sino uno de naturaleza comercial; precisó también que no es cierto que el demandante se encontraba subordinado a la demandada, pues la única dependencia que se daba entre las partes, era la propia que tiene un contratista con un contratante. En su defensa propuso las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido (fls. 34 a 38).
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, D.C puso fin a la primera instancia mediante sentencia del 15 de mayo de 2009, a través de la cual y luego de considerar que las partes estuvieron unidas por un contrato de trabajo que fue del 1º de septiembre de 1998 al 7 de mayo de 2005, condenó a la demandada a pagar al actor la indemnización por despido sin justa causa; cesantías e intereses sobre las mismas; vacaciones; prima de servicios y la suma diaria de $41.585,82 a partir de la terminación de la relación laboral hasta cuando se produzca el pago de las prestaciones sociales causadas a la terminación del contrato de trabajo; la indexación de las condenas, salvo la indemnización moratoria. Absolvió a la demandada de las demás pretensiones y le impuso las costas del proceso a la parte “demandante”.
Por apelación de la convocada a juicio, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., quien mediante sentencia de 30 de septiembre de 2009, revocó la del a quo, para en su lugar absolver a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor Luis Felipe Fernández Álvarez. Se abstuvo de imponer costas en la alzada, las de primera las impuso al demandante.
El fallador de segundo grado comenzó por reprocharle a la parte demandante la precaria actividad probatoria desplegada en el proceso, pues ni siquiera asistió a la práctica del interrogatorio de parte que debía rendir la demandada ni acudió al que debía absolver a instancias de aquella y, por su falta interés, se tuvo por desistida la prueba documental.
Señaló también que el actor limitó su accionar a presentar la demanda y exigir el reconocimiento de un contrato de trabajo, protegido eso sí con la presunción que establece el C.S.T.; proceder que contrastó con el actuar de SIKA Colombia S.A., quien no escatimó esfuerzos en desvirtuar la existencia de la relación laboral, de cuyo análisis precisó que en el sub examine no se daba una subordinación laboral en tanto el señor Fernández Álvarez suscribió con la demandada un contrato en el cual se obligaba a poner a disposición de la demandada, dos personas para el servicio de celaduría y vigilancia, sólo que procedió a contratar únicamente a una, por lo que él, motu proprio, cumplió con las tareas restantes “pero ello se debe a su libre decisión, pues bien habría podido contratar a otra persona para el cumplimiento del contrato, sin que jamás tuviese que prestar sus servicios personales y conservando el contrato, o por lo menos no acreditó en el juicio esa limitación”.
De lo anterior, concluyó que no existía contrato de trabajo, dado que no confluyeron los tres elementos constitutivos previstos por el artículo 23 del C.S.T.; que para su reconocimiento no es suficiente la presunción legal establecida en el artículo 24 del C.S.T., por cuanto ella puede desvirtuarse por la demandada, quien efectivamente demostró que lo celebrado entre las partes fue un contrato de prestación de servicios independientes.
Interpuesto por Luis Felipe Fernández Álvarez, concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, se procede a su resolución previo estudio de la demanda de casación que oportunamente fue replicada.
Con el recurso pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que en sede de instancia, confirme la del a quo.
Con fundamento en la causal primera de casación, formula dos cargos que fueron replicados, los cuales se estudiaran conjuntamente por estar dirigidos por la misma vía, denunciar similares disposiciones, tener igual argumentación y perseguir idéntico fin.
La sentencia acusada incurrió en una violación medio de los artículos 56, 58 y 60 del CPL y de la SS; 26 de la Ley 712 de 2001; 177 del CPC; lo que condujo a que quebrantara indirectamente por aplicación indebida los artículos 34 del CST; en relación con los artículos 53 de la C.N.; 22, 23, 24, 27, 36, 64, 65, 127, 141, 193, 249, 253 y 306 del CST; 1, 2, y 99 de la Ley 50 de 1990; 1 y 2 de la Ley 52 de l975; l6 de la Ley 446 de 1998 y 307 del CPC.
Dice que la anterior violación se produjo como consecuencia de los errores de hecho que se enlistan a continuación:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante se comprometió a prestar servicios de celaduría para la demandada como “independiente”.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante sólo era un “intermediario” en el servicio de celaduría que se comprometió a prestar para la demandada.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación del servicio de celaduría no se había exigido directamente del demandante.
4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante podía tener a motu proprio dos personas que cumplieran la función de celaduría.
5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación de servicio de celaduría que prestó el demandante para la demandada, no ocurrió por subordinación alguna.
6. Dar por demostrado, sin estarlo, que nunca se exigió la prestación del servicio directamente del demandante.
7. No dar por demostrado, estándolo, que el servicio de celaduría que prestó el demandante para la empresa requería de su presencia durante todos los días.
8. No dar por demostrado, estándolo, que la prestación del servicio de celaduría de Luis Felipe Fernández se realizaba dentro de un horario de trabajo.
9. No dar por demostrado, estándolo, que el “servicio” (labor) de celaduría que el demandante prestó para SIKA S.A., lo realizaba de lunes a domingo, incluido festivos.
10. No dar por demostrado, estándolo, que el hecho que el demandante debiera poner a disposición del servicio de celaduría y vigilancia mínimo dos personas para cumplir con los turnos y horarios establecidos en la cláusula cuarta del contrato celebrado entre las partes, convertía al demandante en un simple intermediario.
11. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada exigió directamente la prestación del servicio de celaduría y vigilancia al demandante.
12. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía el deber de reportarse a la base de la empresa todos los días y estar todos los días de la semana desarrollando los servicios de celaduría y vigilancia.
13. No dar por demostrado, estándolo, que los servicios de celaduría y vigilancia siempre fueron prestados en forma directa y personal por el demandante.
14. No dar por demostrado, estándolo, que el “contrato de prestación de servicios” únicamente tuvo una vigencia de tres meses, desde el 1 de septiembre a 31 de diciembre de 1998.
15. No dar por demostrado, estándolo, que a las partes las unió en todo momento una relación de carácter laboral.
16. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada incumplió las obligaciones laborales con el demandante.
17. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada terminó el contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa causa.
18. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada siempre actuó de mala fe frente al demandante (fls. 7 a 8).
Indica que fueron apreciadas erróneamente las siguientes pruebas: demanda y su contestación; circular de Sika Andina S.A. de 31 de mayo de 2002; acta de no conciliación celebrada entre las partes; carta de terminación del contrato de fecha 8 de abril de 2005; cuentas de cobro; contrato para el servicio de celaduría y vigilancia; copia de cheques; las audiencias dentro del proceso ordinario laboral llevadas a cabo el 24 de octubre de 2007, 4 de marzo de 2008 y 17 de marzo de 2009, y las declaraciones rendidas por Carlos Arturo Pachón Pasachoa y Efraín Bottia Cristancho, declaraciones que, aclara, además de no ser calificadas en casación, no fueron valoradas por el tribunal.
En la demostración del cargo, el censor después de referir a ciertos apartes del fallo acusado, señala que el contrato de prestación de servicios muestra que el actor “no fungía como contratista independiente, ni mucho menos como “intermediario”, por el contrario, el documento demuestra una evidente subordinación en el contrato”.
Alega que en dicho contrato se estipuló un horario durante todos los días de la semana; la obligación de reportarse por radio a la base y “la aceptación de funciones que la empresa imponía, elementos típicos de subordinación laboral”.
Adiciona que “conforme al texto del mencionado contrato”, el demandante debía realizar recorridos por los sitios en los que se encontraban estacionados, guardados o almacenados los equipos, materiales, vehículos, herramientas y demás implementos del contratante; que en un libro de anotaciones reportaba las novedades ocurridas en los turnos de vigilancia y celaduría, lo que implicaba subordinación laboral respecto de la empresa, quien fue su empleadora.
Arguye también que se equivocó el ad quem en la valoración de la cláusula séptima del precitado contrato:
En la medida en que si bien se habla de dos personas, esa cláusula debía ser entendida como una opción de apoyo con que contaba mi mandante, ya que además de los recorridos que Luis Felipe tenía que realizar, tenía el deber de reportarse a la base y estar todos los días de la semana desarrollando los servicios que la empresa había contratado con él, es decir, que siempre se requirió de su prestación personal del servicio. No tuvo en cuenta el tribunal que la misma cláusula séptima curiosamente se refiere a que el CONTRATANTE y el CONTRATISTA “son sociedades independientes”, cuando la realidad muestra que dentro del expediente no existe ningún medio de prueba que acredite, que mi acudido hubiese sido una sociedad independiente, no obra certificado de cámara de comercio u otro documento que así lo demostrara.
Explica que el tribunal no observó que ese contrato en su cláusula quinta, fijó un término de duración de tres meses, es decir, del 1º de septiembre al 31 de diciembre de 1998; que “siendo pactada la prestación de servicios únicamente por el período antes indicado, el mismo no podía extenderse después de su finiquito, ya que los contratantes sólo dejaron establecida la forma como podía terminar antes del tiempo pactado, de donde puede evidenciarse que su deseo no era prolongarlo más allá del interregno acordado”.
Estima que el tribunal apreció erróneamente la demanda, toda vez que en “el hecho tercero se afirmó que el demandante trabajó desde el 1º de septiembre de 1998 hasta el día 7 de mayo de 2005, para un total de 2.437 días, y de los hechos 4 al 11 se hace referencia al valor del salario en cada año subsiguiente, indicándose que el demandante fue despedido sin justa causa” (fl. 13).
En cuanto a la contestación de la demanda, manifiesta:
Si bien en el escrito de contestación de demanda, la accionada en el capítulo denominado “A los hechos” indicó que no era cierto lo que se había expuesto con relación a un contrato de trabajo entre las partes, y aún cuando no se aceptó la relación laboral, es evidente que esa respuesta va dirigida únicamente al tiempo en que el demandante estuvo “vinculado” como “CONTRATISTA INDEPENDIENTE”, empero nunca fue cuestionado en ese escrito o desconocida la relación laboral posterior al contrato de prestación de servicios, razón que contrario a la conclusión del Tribunal, lo hubiera llevado a entender que el silencio respecto del período posterior a la vigencia del contrato, se traduce inexorablemente en una aceptación tácita de vinculación laboral directa de mi acudido con la demandada durante el lapso posterior al contrato de prestación de servicios, porque lo único que fue sometido a discusión fue el tiempo del convenio de prestación de servicios, razón por la cual fueron mal valoradas tanto la demanda como la contestación.
Afirma que si el tribunal hubiese valorado correctamente las cuentas de cobro, las copias de los cheques y sus comprobantes de pago, en armonía con la demanda, su contestación y el contrato de prestación de servicios, habría concluido que el actor “siguió prestando servicios a la demandada sin solución de continuidad, de manera directa y personal, no obstante haber caducado la vigencia del “contrato de prestación de servicios” el 31 de diciembre de 1998”; que las copias de los cheques acreditan la forma y valores a que ascendía la remuneración de los servicios prestados por el demandante, después de la referida data.
Considera que los testimonios de Carlos Arturo Pachón Pasachoa y Efraín Bottía Cristancho, dan cuenta que ellos conocían las funciones y actividades que desarrollaba el demandante, el horario que debía cumplir, su presencia en la empresa durante todos los días de la semana, lo que en su sentir y en conjunto con los demás medios probatorios, ratifican la subordinación laboral.
La sentencia acusada violó indirectamente por aplicación indebida el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo; en relación con los artículos 53 de la C.N.; 22, 23, 24, 27, 36, 64, 65, 127, 141, 193, 249, 253 y 306 del CST; 1, 2, y 99 de la Ley 50 de 1990; 1 y 2 de la Ley 52 de 1975; 16 de la Ley 446 de 1998 y 307 del CPC; 56, 58 y 60 del CPL y de la SS; 26 de la Ley 712 de 2001; 177 del CPC”. (fl.17).
Comoquiera que los medios probatorios denunciados como mal apreciados, los errores de hecho enlistados, -con diferente numeración- así como la argumentación al desarrollar el cargo resultan ser idénticos a los de la primera acusación, por economía procesal, la Sala se remite a lo dicho al sintetizar el primero de los ataques.
Se presenta de manera conjunta para los dos cargos y aduce que entre las partes no se dio una relación subordinada; que en el contrato de vigilancia y celaduría suscrito por las partes, se dispuso que el actor contrataría a terceras personas para el cumplimiento de la obligación de celaduría y vigilancia, y que tal libertad en que lo dejó la empresa para prestar el servicio, impide la configuración de un contrato de trabajo.
En esencia, de los dieciocho yerros fácticos señalados en el primer cargo y de los veinte individualizados en el segundo, puede advertirse con suma facilidad que el meollo de la discusión se circunscribe a determinar la naturaleza del vínculo que existió entre las partes, pues el demandante busca la declaratoria de una relación subordinada con el consecuente pago de las acreencias laborales que emergen de dicha vinculación, al paso que la demandada alega que lo celebrado entre las partes fue un contrato de prestación de servicios independientes de celaduría y vigilancia, tesis ésta acogida por el sentenciador de alzada.
Trazado así el asunto, se advierte desde ya que ambos cargos están llamados al fracaso, toda vez que ante la contundencia de lo concluido por el tribunal en punto a que lo pactado y ejecutado entre las partes fue un contrato de prestación de servicios de celaduría y vigilancia y no uno laboral, conclusión soportada principalmente en el análisis del contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes y allegado al proceso para desvirtuar la presunción contemplada por el artículo 24 del C.S.T., el recurrente en casación quiere desconocerlo cuando afirma que el Tribunal se equivocó al “No dar por demostrado, estándolo, que el “contrato de prestación de servicios” únicamente tuvo vigencia de tres meses, desde el 1º de septiembre a 31 de diciembre de 1998”, para con ello demostrar que el vínculo laboral se dio con posterioridad a su ejecución.
Puesto en otros términos, lo que en verdad busca la censura, es desconocer una prueba –contrato- que se allegó legal y oportunamente al proceso y con la cual se acreditó que la relación dada entre las partes no fue de índole laboral, y tal desconocimiento estriba en que dicho contrato, se convierte en la columna vertebral sobre la cual estructuró su decisión el tribunal.
Aunque lo anterior es suficiente para desestimar los cargos, la Sala por amplitud procede a examinar las pruebas señaladas como erróneamente valoradas, para con ello determinar si el Tribunal se equivocó al concluir que entre las partes no se configuró una vinculación subordinada.
1. La demanda con la cual se dio inicio al proceso, en momento alguno puede demostrar la subordinación reclamada por el demandante, máxime que la presunción establecida por el artículo 24 del C.S.T., fue desvirtuada por la demandada, -conforme lo adujo el Tribunal- con el contrato suscrito entre las partes del que dedujo que el demandante era un “intermediario”; de las declaraciones rendidas por dos testigos de las que concluyó que Fernández Álvarez tenía contratada otra persona para el servicio de vigilancia y que él libremente, vale decir, sin injerencia de la empresa contratante asumió las tareas restantes; que en forma adicional al contrato suscrito con la demandada, “tenía contratos para otras actividades”; que siempre cobró “honorarios por cuenta de servicios” respecto de los cuales “se hizo el descuento por el impuesto de retención en la fuente”.
2. Igualmente, la respuesta a la demanda no contiene confesión respecto a que los servicios prestados por el actor fueron subordinados, mucho menos hay confesión respecto al salario, y no la hay, por cuanto no se dan los requisitos que exige el artículo 195 del C.P.C., pues en ningún momento se aceptó tal cosa, por el contrario, lo que se adujo en esa pieza procesal fue que la relación no fue subordinada, no existió contrato de trabajo, ni le pagaban suma alguna de dinero por concepto de salarios.
3. Con relación a la circular de Sika Andina S.A y el acta de no conciliación, advierte la Sala que en el desarrollo del cargo, la censura no cumple con su deber de precisar en qué consistió la apreciación errónea de la referida prueba por parte del Tribunal, limitándose a su escueta enunciación, circunstancia ésta que lleva a la Corte a recordar que no basta relacionar las probanzas, sino que es necesario explicar de manera precisa, frente a éstas, qué es lo que en verdad acreditan y de qué manera incidió su errada valoración en la decisión acusada.
4. En lo que tiene que ver con la carta de terminación del contrato, encuentra la Sala que este documento no acreditaría, per sé, lo que con él pretende demostrar el recurrente, esto es, la existencia de un contrato de trabajo, pues la misma, lo único que indica es la terminación del servicio prestado, pero no la naturaleza del vínculo; además, lo expuesto por el recurrente en punto a que se disfrazó “esa situación como una terminación del contrato comercial”, es una simple suposición que debía corroborarse con otros medios probatorios, lo cual lejos estuvo de ocurrir en el caso de autos.
5. Las cuentas de cobro en las que el demandante relaciona su número de NIT “4.083.866-5”, no prueban cómo se desarrollaron los servicios prestados por el actor; sin embargo, aisladamente consideradas pueden ser un indicativo de la prestación de servicios no subordinados, máxime que en este caso, los demás medios probatorios no acreditan la existencia de una relación subordinada, ni brindan mayor convicción sobre lo que realmente tuvo lugar en la práctica.
6. Igualmente, las copias de los cheques lo único que prueban son los pagos que se realizaron al actor, esto es, ellos en momento alguno demuestran la manera como se desarrolló el vínculo contractual que unió a las partes, mucho menos subordinada como lo alega la censura.
7. Asimismo, el estudio objetivo del contrato celebrado entre las partes, tampoco demuestra la característica principal de un contrato de trabajo, como lo es la subordinación, pues si bien es cierto, en éste se indica la descripción y características del servicio de celaduría y vigilancia, así como el horario del referido servicio, dichas estipulaciones no son suficientes para declarar la existencia de un contrato de trabajo, tal y como pasa a explicarse:
La sola función convenida en un contrato de prestación de servicios no es un indicativo inexorable de la existencia de una relación subordinada, pues será en cada caso que deberán analizarse las condiciones particulares que rodeen el cumplimiento de la actividad contratada, ya que si se demuestra que la misma no conlleva subordinación o dependencia, como ocurrió en el sub examine, la prestación del servicio se sitúa en un campo diferente al laboral.
Igualmente, la presencia de ciertas condiciones en la prestación de un servicio, como la continuidad y la obligación de cumplir lo pactado, vistas de manera aislada, no determinan necesariamente la existencia de la subordinación laboral, dado que las hay comunes para contratos de distinta naturaleza; por demás, el cumplimiento o ejecución de una tarea pactada no es exclusivo del contrato de trabajo, pues es connatural a todo convenio, en el que se acuerde una obligación de hacer, cualquiera que sea el área del derecho que gobierne la materia del contrato celebrado entre las partes.
Ahora bien, no desconoce la Sala que el contratista se comprometió a cumplir el objeto del contrato, para lo cual debía observar la descripción y características del servicio. No obstante, en este caso específico no podría atribuírsele al tribunal un desacierto evidente en la valoración de las estipulaciones contractuales, porque lo anterior apenas constituye una asignación de tareas o funciones, sin que de ellas pueda desprenderse de manera cierta la subordinación pregonada por el censor, pues para que ello ocurra deberá aparecer demostrado que el demandante desarrollo sus labores, en cumplimiento de órdenes de la accionada en cuanto a modo, tiempo o cantidad, que es en últimas, lo que no encontró acreditado el ad quem.
Lo dicho en precedencia cobra mayor trascendencia, si se da una simple lectura a la cláusula séptima del contrato celebrado entre las partes, pues de la misma se evidencia con suma facilidad que fue el propio demandante -contratista- quien se obligó para con la demandada -contratante-, a poner a disposición dos personas para cumplir con las funciones, turnos y horarios establecidos en el contrato, y no otra cosa se concluye de su claro y expreso tenor literal, que al afecto dice: «EL CONTRATISTA pondrá a disposición del servicio de celaduría y vigilancia mínimo dos personas, para cumplir con los turnos y horarios establecidos en la CLAUSULA (sic) CUARTA del presente contrato» (Se resalta). Entonces, si el objeto del contrato debía cumplirse a través de interpuestas personas, fácil es concluir que en el caso de autos, no se configura una subordinación jurídica.
Dicho de otro modo, si el señor Luis Felipe Fernández Álvarez tenía la potestad y libertad para determinar quién prestaba el servicio de celaduría y vigilancia, mal puede sostenerse que el vínculo que unió a las partes era de índole subordinado; por demás, el hecho que, motu proprio, hubiese decidido contratar solo a una persona, para desarrollar él directamente las restantes tareas, en nada contribuye a demostrar la existencia de un contrato de trabajo, máxime que en dicho contrato se obligó a “emplear todos los recursos a su alcance que considere necesarios, y el personal indispensable para cubrir los horarios establecidos en el presente contrato”.
De otra parte, es menester señalar que es cierto que en nuestro sistema legal respecto de las relaciones laborales del sector privado, la existencia de un horario de trabajo, es un elemento indicativo de la presencia de subordinación, pero no necesariamente unívoco, concluyente y determinante, porque como lo ha explicado también la jurisprudencia de la Sala, la fijación del tiempo que ha de emplear quien presta el servicio en su actividad puede darse en otro tipo de relaciones jurídicas, sin que por ello se entiendan forzosamente signadas por la subordinación laboral, como lo expresa el recurrente.
Acá, en cuanto al horario establecido en el contrato, es patente que dentro del contexto de lo pactado con el accionante, no es un horario personal de éste, sino que dicho horario corresponde al de prestación del servicio de vigilancia y celaduría, el cual lo suministraba el contratista quien “pondrá a disposición del servicio de celaduría y vigilancia mínimo dos Personas para cumplir con los turnos y horarios establecidos (…)”.
Puesto en otros términos, el horario no es una característica exclusiva de una relación de dependencia, pues en otro tipo de contrataciones puede ser necesaria y aun indispensable para el cumplimiento del objeto del contrato, sin que ello conlleve la existencia de un contrato de trabajo, como ocurre en el caso bajo análisis en el que se acordó la prestación de los servicios de celaduría y vigilancia en un horario determinado, lo cual constituye tan sólo una circunstancia lógica y propia del objeto contractual que buscaba garantizar el servicio de celaduría confiado a un particular contratista independiente, sin que ello implique el encubrimiento de un ilegal artilugio para camuflar una vinculación laboral subordinada con el propósito de evadir las consecuencias de la misma.
En síntesis, las pruebas que cita el ataque no permiten extraer de ellas que entre las partes existió un vínculo laboral subordinado y, en ese orden de ideas, no acredita la censura que el juzgador de segundo grado se haya equivocado al concluir que en este caso en particular, no se evidencia “la existencia de un contrato de trabajo, en la medida que no se dan los tres elementos previstos por el artículo 23 del C.S.T.”
Por lo demás, debe decirse que la prueba testimonial no es calificada en casación laboral para estructurar yerros fácticos, esta solo podría estudiarse en la medida que prospere cualquiera de los yerros que se denuncian, respecto a la prueba calificada, lo cual no ocurre en el caso de autos, de manera que, al no darse tal circunstancia, es irrelevante consideración alguna al respecto.
Consecuencia de lo anterior, fácil es advertir que los cargos están llamados a la improsperidad.
Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la parte recurrente y a favor de la demandada, como agencias en derecho se fijan en tres millones ciento cincuenta mil pesos ($3.150.000,oo).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del juicio ordinario laboral seguido por Luis Felipe Fernández Álvarez contra SIKA de Colombia S.A.
Costas en el recurso extraordinario, conforme se indica en la parte motiva.