Source: https://www.scribd.com/document/13833232/Boletin-Informativo-31-Marzo-2009-Propiedad-Intelectual
Timestamp: 2018-12-14 03:22:15
Document Index: 364990751

Matched Legal Cases: ['IN FINE', 'artículo 2', 'in fine', 'artículo 109', 'artículo 200', 'artículo 25', 'artículo 230', 'artículo 6', 'artículo 146']

Boletín Informativo - 31 Marzo 2009 - Propiedad In...
Medidas de Autoproteccin Para Vctimas de Conflicto Armado 01 Cartilla PNUD
Actividades de Aprendizaje Del 1 Al 15.
2013-I - D71732 - (07-S) D Procesal Constitucional II - Mg. Castaneda
STC 0828-2003-HC - Tribunal Constitucional No Puede Ordenar Detencion
El Interés Público Como Eje de La Abogacía.
03460-2012-AA No Tiene Licencia de Funcionamiento
Exclusionary Ru
Despido Nulo Entorno Doctrinario- Queja
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Lima, 31 de Marzo de 2009.
DE LA SEPARATA DEL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” DEL MARTES 31 DE MARZO. Ley de recursos Hídricos Se aprobó la ley que regula el uso y gestión de los recursos hídricos, así como la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión. Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. (Ley N° 29338) Modifican Reglamento de Licitaciones de Suministros de Electricidad Se modificó los artículos 13° y 15° del Reglamento de Licitaciones de Suministros de Electricidad, referidos a la presentación de ofertas y la evaluación de ofertas y adjudicación de buena pro, respectivamente. (D.S. N° 020-2009-EM) Aprueban Directiva "Tramitación y Evaluación de las Iniciativas Privadas en Proyectos de Inversión" Se aprobó la Directiva "Tramitación y Evaluación de las Iniciativas Privadas en Proyectos de Inversión", la cual tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir cuando se presenten ante PROINVERSION iniciativas privadas en proyectos de inversión. (Acuerdo N° 278-01-2008) Aprueban nueva versión del Programa de Declaración Telemática del Impuesto Selectivo al Consumo Se aprobó la nueva versión del Programa de Declaración Telemática (PDT) del Impuesto Selectivo al Consumo, Formulario Virutal N°615 - versión 2.2, la cual estará a disposición de los interesados a partir del 1 de abril de 2009 en el portal de la SUNAT (http://www.sunat.gob.pe).(Res. N° 0902009/SUNAT) JUDICIALES Nada reseñable.
SE PROMULGÓ LEY DE RECURSOS HÍDRICOS Y EN MENOS DE 60 DÍAS ESTARÁ LISTO EL REGLAMENTO. LEY PREVÉ PAGO POR USO DEL AGUA E INFRAESTRUCTURA DE RIESGO. El ministro de Agricultura, Carlos Leyton, manifestó que en menos de 60 días debe estar listo el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la que fue promulgada ayer en Palacio de Gobierno. “Se está terminando de elaborar una propuesta para publicar este documento en la página web del Minag a fin de recibir comentarios y sugerencias de los interesados”, sostuvo Leyton. Asimismo indicó que la norma establece dos modalidades de pago por el uso del agua: la retribución económica que hace el usuario al Estado y la tarifa que se paga por el uso de la infraestructura a las juntas de riego. ¿SIN FINES DE LUCRO?
De otro lado, Enrique Málaga, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), se mostró conforme con la nueva ley, pero criticó el que se haya quitado el artículo 2 de la nueva norma, ya que no se enfatiza si la gestión del recurso deberá ser a través de operadores sin fines de lucro. “Se debe enfatizar en ese artículo ya que no queda claro si es que van a entrar empresas u otras personas que lucren con la gestión del recurso hídrico”, refirió. Asimismo, Málaga resaltó que la Junta de Usuarios espera continuar con la administración “salvo que haya otra intención de la Autoridad Nacional del Agua”, apuntó el dirigente. EL DATO Propuestas. Málaga señaló que una comisión de alto nivel se encuentra trabajando una propuesta de nuevo reglamento de recursos hídricos con la finalidad de que se esclarezcan algunos puntos. Esta estará lista dentro de ocho días y será presentada ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA). CRECE POLÉMICA POR RESCATE A DOE RUN GOBIERNO ANUNCIARÍA HOY SALVATAJE ESTATAL. ESPECIALISTAS SEÑALAN QUE EXISTEN OTROS MECANISMOS PARA REFLOTAR A LA EMPRESA Y EVITAR USAR RECURSOS DEL ESTADO. La confirmación de que el gobierno lanzará un saltavaje a la empresa Doe Run Perú (DRP), operadora del complejo metalúrgico de La Oroya, generó una serie de reacciones encontradas entre sectores políticos y especialistas en el tema. Ayer el jefe del gabinete Yehude Simon, tras reunirse con el presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimiro Huaroc, y el presidente de la Federación Minera del Perú, Luis Castillo, garantizó la continuidad de las operaciones en el complejo metalúrgico, los empleos de los trabajadores y el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de DRP. Simon agregó que hoy o mañana el gobierno dará a conocer los detalles del salvataje estatal. “Este es un tema que interesa al gobierno, y la salida que se ha dado es la más positiva, que el propio Presidente (Alan García) o el ministro encargado (Pedro Sánchez) darán a conocer”, refirió Simon sin dar detalles sobre el salvataje. No obstante, por declaraciones previas de miembros del gabinete se descartó la nacionalización del complejo metalúrgico, mientras que suena más fuerte la posibilidad de que el Estado le otorgue un préstamo o se convierta en aval de DRP ante las entidades bancarias. NO ES LA ÚNICA SALIDA Sin embargo, expertos en el tema minero ambiental, como José de Echave, Juan Aste o Jorge Manco coincidieron en afirmar que el salvataje estatal no es la única salida para la empresa. Refirieron que antes de cualquier rescate, el gobierno debe investigar la razón por la cual los bancos le cancelaron la línea de crédito revolvente a DRP. Asimismo, verificar si el operador respetó el fideicomiso que garantiza los fondos del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA). CAMINO A LA INSOLVENCIA Los expertos mencionaron que entre las opciones que no ameritan el rescate estatal figuran: que DRP se declare en insolvencia ante Indecopi y se forme una junta de acreedores que reemplace a la actual gerencia. Este proceso demoraría alrededor de dos años. Otra opción es que el salvataje (calculado en cerca de US$ 100 millones) esté a cargo de las empresas proveedoras de minerales a DRP y la tercera es que se le inyecte capital desde la matriz en EEUU.
Por ello, los legisladores Rosa Venegas, Washington Zeballos y Gloria Ramos, integrantes del grupo parlamentario Compromiso Democrático, criticaron que se utilicen los recursos del Estado en empresas del sector privado. “Que Doe Run inicie su proceso de insolvencia y se forme la Junta de Acreedores. Este es un mecanismo existente y lo usan todas las empresas en Perú. ¿Por qué inventar un mecanismo inexistente y no autorizado por ninguna ley vigente?”, subrayaron. CLAVES Situación. Doe Run Perú (DRP) es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, por lo cual no tiene obligación de publicar información de la empresa, pues no cotiza en la bolsa de valores. Además esta estructura societaria no permite la incorporación de nuevos socios sin la autorización de los socios actuales. Por esta razón ni Conasev ni Sunat tiene información precisa sobre el manejo financiero de la metalúrgica. LAS PERLAS DE IRA RENNERT Rennert, propietario de Doe Run, posee una fortuna personal de US$ 4,000 mil millones y es conocido a nivel mundial por haber amasado su fortuna gracias a industrias altamente impopulares. Su casa en Hamptons es la residencia más grande de todo EEUU. Entre 2001 y 2002, envió a una empresa de carbón en Kentucky y otra de magnesio en Utah a la insolvencia para evadir el cumplimiento de sus obligaciones. De 1992 a 1998, sus empresas emitieron US$ 1,500 millones en bonos chatarra. DIARIO EL COMERCIO
CONSUMIDORES CUESTIONAN AUMENTO DE TARIFAS ELÉCTRICAS La falta de infraestructura en el sector energía (generación eléctrica y líneas de transmisión) ha ocasionado injustificados sobrecostos que serán trasladados a los consumidores, según el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Eduardo Farah. El empresario advirtió que esto significará un desembolso de hasta US$100 millones en el siguiente año que deberá ser asumido por los consumidores libres (industriales y minería) como por los regulados (clientes residenciales). Como se sabe, el Osinergmin anunció un alza de las tarifas eléctricas a partir de mayo, debido a los diferentes decretos de urgencia y decretos legislativos que ha dado el Gobierno para sortear la falta de abastecimiento. Farah explicó que los consumidores pagan tres costos: generación, transmisión y distribución. Indicó que los grandes consumidores (mineros e industriales), que consumen volúmenes mayores a 1 Megavatio (MW), solo pagaban costos de transmisión y distribución, pues los de generación los negociaban directamente con los generadores eléctricos y no estaban afectos a las tarifas de generación del Osinergmin. Sin embargo, ahora se ha establecido que todos los sobrecostos eléctricos sean añadidos a la tarifa de transmisión, con lo que todos los consumidores serán afectados por el alza. SOLO CONSUMIDORES César Gutiérrez, especialista en el sector energético y ex presidente de Petro-Perú, indica que anteriormente varios sobrecostos eran asumidos en partes iguales entre los generadores eléctricos y los consumidores. Por ejemplo, la falta de infraestructura en las líneas de transmisión o la falta de abastecimiento del gas de Camisea para algunos generadores termoeléctricos. Esto ha cambiado. Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, explica que a través del Decreto de Urgencia 049-2008, dado por el actual ministro Pedro Sánchez, se trasladó estos sobrecostos a los usuarios y se liberó a los generadores.
“¿Por qué los consumidores tenemos que pagar la ineficiencia creada por el propio sector eléctrico? ¿Por qué no la paga el Gobierno que no ha sabido planificar el desarrollo de este sector?”, cuestionó Farah. Se debe indicar que el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Jaime Delgado, indicó en días anteriores que el sector tiene limitaciones en cuanto a producción eléctrica porque el Gobierno no había planificado en forma conveniente el desarrollo de infraestructura del sector. El vicepresidente de minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Santa Cruz, sostuvo que su sector estaba evaluando la magnitud del alza de las tarifas para pronunciarse. El sector minero es uno de los grandes consumidores de energía, siendo la mayoría clientes libres. Los industriales pedirían al Congreso la derogación de los decretos de urgencia que han generado sobrecostos en la tarifa eléctrica. Farah indicó que expondrán la próxima semana el tema ante la Comisión de Energía y Minas. Asimismo, indicó que una alternativa para salir del difícil tema es que Electro-Perú, por ser empresa del Estado, pague los sobrecostos de generación que han sido producto de la mala planificación del Gobierno. Intentamos hablar de este tema con Carlos Ariel Naranjo, presidente del sector eléctrico de la SNMPE, pero prefirió guardar silencio, al igual que funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. HOY ENTREGAN BUENA PRO DE PUERTO PAITA PRO INVERSIÓN RECIBIRÁ OFERTAS, LAS EVALUARÁ Y ENTREGARÁ LA CONCESIÓN EN UN SOLO DÍA Pese al retraso que sufrió la concesión del puerto de Paita, Pro Inversión anunció que hoy recibirá los sobres N°2 y N°3 (ofertas técnicas y económicas) de los tres postores precalificados, evaluará las propuestas técnicas y entregará la buena pro. Cabe precisar que la recepción de las propuestas técnicas estaba prevista para el jueves pasado, pero se retrasó porque Pro Inversión decidió esperar el pronunciamiento de la Contraloría, que tenía hasta ayer para entregar su informe. Sin embargo, el informe fue remitido el viernes, por lo que el Comité en Proyectos de Infraestructura decidió ayer que la recepción y la apertura de los sobres sean hoy mismo. Consultado sobre si las siete horas entre la recepción de los sobres y la entrega de la buena pro serán suficientes para realizar el análisis de las propuestas técnicas, Pro Inversión respondió que sí, ya que se han pedido requisitos técnicos muy puntuales y el factor de competencia es económico. DIARIO GESTIÓN
BOLSA DE VALORES DE LIMA SE DESPLOMÓ CONTAGIADA POR SOMBRÍAS EXPECTATIVAS DEL EXTERIOR La Bolsa de Valores de Lima (BVL) quebró ayer su racha alcista de cinco sesiones y se desplomó, en línea con los mercados externos, golpeada por sombrías perspectivas del sector automotor de Estados Unidos y por una caída de los precios de los metales, manifestaron operadores a Reuters. "Ha sido un día de baja arrastrada otra vez por temores de afuera, las noticias de bancos y automotrices han influido en las ventas, y los minerales también han golpeado fuerte. Las ventas fueron básicamente del sector minero", sostuvo el analista de Juan Magot & Asociados Sociedad Agente de Bolsa (SAB), José Menor.
El hecho de que el Gobierno estadounidense presionara a la empresa General Motors para que se fusione con Chrysler, amenazando con la quiebra de ambas, arrastró a los mercados bursátiles y de commodities a la baja, lo que afectó a la BVL, indicó a Andina el analista de Coril SAB, Arlen Lahura. Refirió que adicionalmente se sumaron comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, de que algunos bancos de ese país necesitarán mucho dinero en asistencia por parte del gobierno. "De esta forma, los inversionistas que ingresaron días atrás prefirieron asegurar sus ganancias y salir del mercado poniéndose a buen recaudo", explicó. DIARIO CORREO
PESQUERAS CHILENAS NUESTRO PAÍS
Los ejecutivos de las principales pesqueras de Chile que operan en el norte de ese país mantienen reuniones reservadas con las autoridades de su gobierno para abordar el impacto económico que tendría la devolución del espacio marítimo que reclama Perú a través de La Haya, según informó el diario El Mercurio. Una de las mayores firmas del sector (Corpesca) hizo ver al gobierno de Bachelet los riesgos sociales de esta situación. Incluso han sostenido conversaciones con la jefa de Fronteras y límites de la Cancillería, María Teresa Infante. Piden no ceder. "Somos uno de los heridos de este problema, pero este es un tema de soberanía que nos afecta a todos. No se puede ceder ni un solo milímetro, puesto que el 35% de la pesca del norte se realiza en Arica y el 90% entre Arica e Iquique", dijo el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica. Según cifras de la Subsecretaría de Pesca, los mares del norte chileno proveen casi un tercio de todos sus recursos pelágicos (anchoveta, jurel, sardina y caballa). Arica e Iquique son la segunda zona pesquera más importante de Chile, con desembarques superiores a 600 mil toneladas al año.
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ACCIÓN DE AMPARO SENTENCIA Nº 06402-2007-PA/TC DE FECHA 30 DE MARZO DE 2009. Principio de Publicidad de las Normas. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto al principio de publicidad de las normas en el ámbito de la potestad disciplinaria, en los siguientes términos: “A juicio del Tribunal, la omisión de publicar el texto del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, constituye una violación del artículo 109° de la Constitución Política del Estado, que establece que "La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte". Si bien dicho precepto constitucional establece que es la "ley" la que tiene que ser publicada, el Tribunal Constitucional considera que en dicha frase debe entenderse, prima facie, a cualquier fuente formal del derecho y, en especial, aquellas que tienen una vocación de impersonalidad y abstracción. A juicio de este Colegiado, la publicación de las normas en el diario oficial El Peruano es un requisito
esencial de la eficacia de las leyes y de toda norma jurídica, a tal extremo que, una norma no publicada, no puede considerarse obligatoria” Para mayor información visite la siguiente página: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/06402-2007-AA.html
HÁBEAS CORPUS SENTENCIA Nº 05842-2006-PHC/TC. DE FECHA 30 DE MARZO DE 2009. Objeto del Proceso de Hábeas Corpus. Según la Norma Fundamental, el PHC procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos [artículo 200º, inciso 1) de la Constitución]. Por tanto, siendo el PHC un mecanismo procesal expeditivo, sumarísimo y de tutela urgente que protege la libertad personal y derechos conexos a ella [entre otros, aquellos previstos en el artículo 25º del CPCo], su ámbito de protección como garantía constitucional no puede ser, bajo ningún supuesto, desnaturalizado. En lo referente a la finalidad del PHC conviene reflexionar brevemente sobre si con su actuación el aludido juez a quo ha respetado el cometido asignado al PHC en sede constitucional, en tanto garantía procesal de los derechos fundamentales de la libertad individual, o si por el contrario la ha alterado de manera sustancial. Mediante su formulación se preserva uno de los bienes jurídicos indispensables más importantes para el Estado social y democrático de derecho, cual es la libertad física o locomotora. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en adelante, CIDH-, el PHC es una garantía indispensable para la protección de distintos derechos que cumple con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, siendo esencial la función que cumple como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes [Opiniones Consultivas OC-8 y OC-9 de la CIDH, del 30 de enero y 6 de octubre de 1987, sobre El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos)]. El PHC se encuentra reconocido en la Constitución y, como tal, constituye un proceso jurisdiccional extraordinario, caracterizado por su eficacia y tutela urgente, que tiene por finalidad la protección de la libertad personal, así como derechos conexos a ésta. Como se aprecia, hoy en día el PHC se configura como proceso constitucional indispensable para la protección de la libertad individual, así como -y esto también es de relevancia- para la protección de otros derechos fundamentales conexos a aquella como son la vida, la integridad física, la verdad en materia de desapariciones forzadas o la protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y tal como se expondrá más adelante, incluso la salud de las personas, sobre todo en caso de aquellos que sufren problemas de enfermedades mentales. La dimensión tutelar del PHC exige al juez constitucional no una función pasiva o formalista sino por el contrario una actuación expeditiva y apremiante que, sostenida en la vocación de protección de bienes constitucionales tan preciados, identifique adecuadamente el fundamento o la razón de una demanda, así como los derechos afectados, de modo tal que pueda prevenir su vulneración o de ser el caso reparar con la mayor prontitud la afectación que se estuviera produciendo. Para mayor información visite la página: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/05842-2006-HC.html
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL ADMINISTRATIVO TRIBUNAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI RESOLUCIÓN Nº 1121-2008/TPI-INDECOPI DE FECHA 13 DE MAYO DE 2008. Probanza del Plagio El único medio probatorio presentado por el denunciante para demostrar el contenido de su obra (con fecha anterior a la publicación del artículo denunciado) son las declaraciones juradas mencionadas. Cabe precisar que una de ellas adjunta un texto que presenta diferencias respecto a las adjuntadas en las otras declaraciones. A efectos de evaluar dichas declaraciones, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 230 numeral 9 de la Ley 27444, que dispone que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario (presunción de licitud). La misma ley (artículo IV del Título Preliminar) establece que, entre los principios que rigen el procedimiento administrativo, se encuentran los siguientes: - Principio de Verdad Material, por le cual la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. - El Principio del Debido Procedimiento, por el cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Asimismo, la norma citada, en su artículo 6, dispone que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevante del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Teniendo en cuenta lo anterior, debe señalarse que, por su naturaleza, las declaraciones juradas resultan insuficientes por sí solas para acreditar lo manifestado en las mismas, puesto que la decisión que adopte la Autoridad, en cumplimiento de su deber, debe estar debidamente motivada y sustentada en los hechos acreditados en el procedimiento, lo que implica corroborar la ocurrencia de los hechos denunciados con los medios probatorios aportados por las partes, sobretodo en el caso de los procedimientos sancionadores, en los que la determinación de una infracción no puede estar supeditada exclusivamente a los manifestado por terceros. Se debe diferenciar entre una declaración jurada de terceros y una declaración testimonial. A diferencia de lo que sucede con una declaración jurada, en la declaración testimonial, la autoridad, a través del interrogatorio y confrontando la manifestado por el testigo con los demás medios probatorios aportados e el procedimiento, puede asignarle a la testimonial determinado valor probatorio. En el caso de las declaraciones juradas, la autoridad solo puede apreciar lo afirmado en la declaración, sin poder verificar, por ejemplo, la capacidad memorativa normal del declarante, la existencia de circunstancias subjetivas u objetivas que puedan haber alterado involuntariamente la fidelidad de lo declarado, ausencia de interés personal o familiar en el litigio, etc. Para mayor información visite la siguiente página: http://www.indecopi.gob.pe/portalSAE/index.html
VIGENCIA DE NUEVA LEY SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Área de Propiedad Intelectual. El 12 de abril de 2006, el Perú y los Estados Unidos suscribieron un Acuerdo de Promoción Comercial, el cual entró en vigencia el 01 de febrero de 2009. Entre los compromisos asumidos por el Perú en el marco de dicho Acuerdo, se estableció la obligación de adherirnos al Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, conocido como TLT por su siglas en inglés (Trademark Law Treaty) Este tratado internacional busca armonizar y simplificar los requisitos que debe observarse para adquirir y mantener el derecho de marcas. En cumplimiento a dicho compromiso, el pasado 17 de enero se ratificó la adhesión del Perú al Tratado sobre el Derecho de Marcas, lo que viabilizó la aplicación del Decreto Legislativo 1075, emitido por el gobierno peruano en junio de 2008 con la finalidad de que nuestra legislación interna quede adecuada a las disposiciones contenidas en el TLT. Mediante este Decreto Legislativo, se aprobaron disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se derogó la antigua Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823). Sin embargo, la entrada en vigencia de esta norma quedó suspendida hasta la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos, lo que oficialmente se produjo el 01 de febrero de 2009. El Decreto Legislativo 1075 incorpora, entre otras, una serie de importantes modificaciones en el proceso registral de marcas en el Perú, las mismas que en forma sucinta pasamos a detallar: 1. REGISTRO MULTICLASE Se incorpora el denominado sistema multiclase, el mismo que consiste en la posibilidad de que en una única solicitud de registro se comprendan una serie de productos o servicios pertenecientes a diferentes clases de la Clasificación Internacional. Dicha solicitud dará como resultado un registro único. La solicitud multiclase deberá ir acompañada del pago de la tasa por cada clase en la que se soliste el registro. 2. DIVISIÓN DE SOLICITUDES Y/O REGISTROS Se permite que los usuarios soliciten el fraccionamiento de su solicitud inicial en dos o más solicitudes entre las que se distribuirán los productos o servicios señalados en la primera. Estas solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial, así como también el derecho de prioridad cuando corresponda. La división de la solicitud puede ser solicitada en cualquier momento del procedimiento y está sujeta al pago de una tasa por cada solicitud divisional que se pretenda obtener. 3. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD Se reduce el plazo para efectuar la publicación (antes tres meses) la misma que ahora deberá realizarse dentro del plazo de 30 días hábiles, los cuales serán contados a partir de notificada la orden de publicación. 4. PODERES Se flexibiliza las formalidades de los poderes. Estos deben constar en documento privado simple, sin ser necesario ningún tipo de legalización.
En el caso que el solicitante sea una persona jurídica, el poderdante deberá incluir además de su firma, la condición o título que ostenta dentro de la empresa. Tratándose de renuncia a un registro, desistimiento de un procedimiento o cualquier acto procedimental y denuncias por infracción, la firma del poderdante deberá ser legalizada por notario. Si dicho poder fuera otorgado en el extranjero, se requerirá la legalización por funcionario consular peruano. Asimismo, los poderes podrán ser otorgados después de la presentación de las solicitudes. En este caso, los actos realizados por el apoderado deberán ser ratificados. 5. FECHA DE PRESENTACIÓN Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Dirección de Signos Distintivos, siempre que al momento de su recepción se hayan cumplido con los requisitos mínimos de presentación: indicación de la marca, datos del solicitante, indicación expresa de productos y/o servicios y el comprobante de pago de la(s) tasa(s) administrativa(s). Si faltara alguno de estos requisitos, la Dirección de Signos Distintivos requerirá al solicitante su cumplimiento, el mismo que deberá efectuarse dentro de los 60 días hábiles siguientes. Si dentro de este plazo se subsanan los requisitos, se considerará como fecha de presentación, aquella en la cual se hubieran cumplido dichos requisitos. 6. COEXISTENCIA DE SIGNOS Se precisa que los acuerdos de coexistencia de signos idénticos o semejantes que no afecten el interés de los consumidores también serán tomados en cuenta en las solicitudes de registro en las que no se presenten oposiciones. 7. ABANDONO DE LAS SOLICITUDES La solicitud caerá en abandono cuando el expediente permanezca paralizado por responsabilidad del interesado durante 30 días hábiles. 8. MODIFICACIONES DE REGISTRO Se dispone que para el caso de cambio de titularidad resultante de un contrato se deberá acompañar la solicitud con indistintamente uno de una serie de elementos contemplados en esta misma norma. Cuando la modificación se de cómo resultado de una fusión bastará con adjuntar copia del documento que pruebe la fusión, emitido por la autoridad competente y debidamente certificado por la autoridad emisora, por notario público o cualquier otra autoridad competente. Por su parte, si se trata de una modificación que no sea resultado de contrato o de fusión deberá adjuntarse copia fiel del documento que acredite el cambio. Dicho documento deberá ser certificado por Notario o cualquier autoridad pública competente. En cualquier caso, el documento que sustente la modificación, deberá ser legalizado consularmente, en caso hubiera sido extendido en el extranjero. 9. NO OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO DE LICENCIAS DE USO SOBRE MARCAS Se ratifica textualmente que la inscripción de las licencias de uso es opcional y la omisión en la misma no determina su invalidez ni sus efectos frente a terceros. 10. SOLICITUDES DE RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE REGISTRO Se establece que las solicitudes de renovaciones o modificaciones de dos o más registros de marca podrán solicitarse a través de un único expediente siempre que todos pertenezcan al mismo titular y
se encuentren dentro de los plazos establecidos para solicitar la renovación o se trate de la misma modificación, según sea el caso. La solicitud deberá ir acompañada del pago de la tasa por cada registro. 11. PLAZO DE LA OPOSICIÓN Se establece que en caso de incumplir con la presentación del comprobante de pago de los derechos correspondientes o con la presentación de los fundamentos en que se sustenta la oposición, la autoridad notificará al opositor otorgándole 2 días hábiles a partir de la notificación a fin de que subsane la omisión, bajo apercibimiento de tener por no presentada la oposición. 12. OPOSICIONES TEMERARIAS En concordancia con lo dispuesto por el artículo 146º de la Decisión 486, se determina que las multas que serán impuestas por la formulación de oposiciones temerarias ascenderán al monto de hasta 50 UIT. (1 UIT equivale aproximadamente a US$ 1100 dólares americanos). 13. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO Se ratifica la obligación por parte de la autoridad competente de suspender la tramitación de los procedimientos seguidos ante ella sólo cuando, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un procedimiento judicial que verse sobre la misma materia o cuando surja una cuestión contenciosa o no, que a criterio de la autoridad necesite un pronunciamiento previo. 14. RECURSOS IMPUGNATIVOS Sobre los recursos impugnativos se establece lo siguiente: En los casos de procedimientos de registro, oposición, cancelación, nulidad renovación, acto modificatorio y cualquier otro distinto al de infracción, procede interponer recurso de apelación únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia. En los casos de procedimientos de infracción procede interponer recurso de apelación contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas, contra la resolución que dicta una medida cautelar , contra los actos que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento y contra los que puedan producir indefensión.
INTERPRETACIÓN Y ALCANCE DE LAS LLAMADAS "MARCAS DE DEFENSA" Dra. Raquel Irene Flanzbaum Especialista en Propiedad Intelectual – Argentina. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la República Argentina recientemente ha dictado una serie de sentencias en las que confirma su interpretación circunstanciada de los alcances que la jurisprudencia asigna a los registros de marca defensivos. Argentina ha adoptado el llamado sistema atributivo: el derecho a la marca nace con el registro. En este esquema, las llamadas “marcas de defensa” son registros hechos en clases de productos o servicios que no están directamente relacionados con la actividad del solicitante. La ley argentina las admite en la medida en que éste utilice efectivamente su marca, aunque sea en una clase distinta. Los conflictos marcarios entre solicitantes y oponentes que resultan ser titulares de marcas de defensa han sido generalmente resueltos por los jueces con criterio benigno hacia el solicitante, mitigando el rigor del cotejo de los signos en pugna con el argumento que la marca de defensa no debe, en principio y cumplidas ciertas condiciones, vedar la posibilidad de nuevos registros. Pero esta
benevolencia no es absoluta, y confirmando lo expuesto la Cámara de Apelaciones ha dictado recientemente varios fallos. En uno de ellos resolvió que una oposición fundada en una “marca de defensa” no es fuerte y por 1 ende “no es irrazonable mitigar el rigor del cotejo marcario” . En esta causa se debatía la procedencia de la oposición presentada por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., con fundamento en su marca de defensa “GRUPO CLARÍN” (y diseño) Actas 2.270.855 y 2.270.856 en las clases 20 y 19 respectivamente, contra las solicitudes “PY” (y diseño) Actas 2.424.298 y 2.424.299 en las mismas clases, presentadas por Fijaciones PY S.A. En otro caso, con la misma orientación se sostuvo que “cuando la marca notoria cumple un mero papel de defensa, esto es, se halla registrada en clases que cubren productos o servicios que no tienen la más mínima relación con las actividades que desarrolla su titular, entonces el criterio de severidad no tiene la justificación antes indicada y da paso a un criterio menos estricto que el 2 habitual” . En esta causa la actora había solicitado el registro de la marca “ORBITZ” Acta 2.310.278 y 2.310.280 en las clases 39 y 42, y a ello se había opuesto la demandada con su marca “ORBIS” registrada en las clases 16, 39, 41 y 42. La Cámara consideró que la marca ORBIS era -y es- un signo notorio en el área de los artefactos para el hogar, tales como calefones, cocinas, heladeras y estufas y, por ende, su registro en las clases 39 y 42 era meramente defensivo. Sin embargo, siempre deben evaluarse todas las circunstancias que rodean el caso, y en consecuencia, dependiendo precisamente de dichas circunstancias, puede aplicarse un criterio más riguroso para la comparación de los signos. Ejemplo de lo expuesto es el tercer y último caso que examinaré aquí, donde se expresó que “es claro que no concurren en esta litis razones atendibles para mitigar el criterio de comparación que habitualmente debe ser aplicado en conflictos marcarios; esto así, dada la relación existente entre los productos de la clase 32 y los de la clase 33, en la que la marca oponente reviste notoriedad, lo cual torna desaconsejable permitir la coexistencia registral cuando los signos en pugna –aunque revistieran el carácter de marcas defensivas- presentan una aproximación excesiva” . En este caso la actora había solicitado el registro de la marca “SILVIA” en la clase 32, y la demandada se había opuesto en base a sus signos de defensa “SANTA SILVIA” y “SAINTE SYLVIE” en esa misma categoría. Para la demandada la clase 32 era defensiva en tanto su actividad primordial se desarrollaba en el ámbito de las bebidas alcohólicas, es decir, en la órbita de la clase 33. Como se puede apreciar, la jurisprudencia argentina reciente ha circunscripto una vez más el limitado campo de acción de las llamadas “marcas de defensa”, reafirmando claramente que, en principio, el criterio a utilizar en la comparación de los signos no es riguroso sino mitigado, aunque ello puede variar pronunciadamente dependiendo de las circunstancias adjetivas de la causa, tal como se observa en el último de los casos aquí reseñados.
CNACCF, sala 2, 09/09/2008, causa 13.997/03, “Fijaciones Py S.A. c. Grupo Clarín S.A. y otro s/ Cese de oposición al registro de marca”. 2 CNACCF, sala 3, 04/09/2008, “Orbitz LLC c. Sibro S.A. s/Cese de oposición al registro de marca”.
¿VALE COPIAR A MANO UNA BASE DE DATOS? Sergio Cámara Lapuente, Catedrático de Derecho civil. Universidad de La Rioja- España. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha otorgado un contenido amplio a al concepto de "extracción" del contenido de una base de datos protegida por el derecho "sui generis" (art. 133 LPI), de manera que la transferencia del contenido a otra base de datos no sólo puede ser técnica o tecnológica, sino también manual o a partir de la visualización en pantalla de una página web El llamado derecho sui generis sobre las bases de datos que algún glosador foráneo llamó "la bestia negra de la propiedad intelectual", ha sido objeto de delimitación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en el caso Albert-Ludwigs-Universität contra Directmedia Publishing GmbH. (C-304/07) en su sentencia de 9 de octubre de 2008. Si en sus cuatro sentencias de 2004 la Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo contribuyó a domesticar tamaña fiera (al prohibir extender el derecho sui generis a bases de datos que sean sólo secuelas o subproductos de la actividad principal de su fabricante, como ocurría con las bases de datos sobre partidos de fútbol o sobre carreras de caballos generadas por los organizadores de los eventos), en esta ocasión ha soltado un poco la rienda de su potencial. Pero no resulta tan fácil casar ambas directrices. El "derecho sui generis sobre las bases de datos" protege "la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante, ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido" (art. 133 LPI, similar al art. 7 de la Directiva 96/9). No es un derecho de autor -no se basa en la originalidad, esto es, en la selección o disposición de los contenidos, la estructura, en definitiva, art. 12 LPI-, sino que se concibe como un derecho afín que comprende dos facultades para su titular, que es quien toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales: prohibir la "extracción" (en terminología de derecho de autor, "reproducción") y/o la "reutilización" (en la terminología paralela, "comunicación pública") de la totalidad o parte sustancial del contenido de la base de datos. El caso era el siguiente: el Sr. Knoop publicó en internet una antología de 1100 poemas alemanes escritos entre 1720 y 1933 como fruto de un proyecto de investigación que dirigía en la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo. Esa recopilación de poemas se clasificaba en función de la frecuencia con que se citaban éstos en diferentes antologías; para ello se basaba en una selección de catorce antologías (que contenían unos 20.000 poemas), elegidas entre un total de unas tres mil antologías poéticas publicadas. Este trabajo se desarrolló a lo largo de dos años y medio, con un coste total de 34.900 euros, a cargo de la citada universidad alemana. Por otro lado, Directmedia comercializó en 2002 un CD-ROM con el título "1000 poemas que todo el mundo ha de tener". De los poemas incluidos, 876 proceden de la época comprendida entre 1720 y 1900; 856 de ellos aparecen citados también en la lista de poemas elaborada por el Sr. Knoop. Para su selección, Directmedia se inspiró en esa lista, pero -y aquí figuran dos extremos de suma importancia para poner en tela de juicio la aplicabilidad del derecho sui generis sobre las bases de datos a este caso-: "[a] descartó algunos poemas que figuraban en ésta, añadió otros y sometió cada uno de los poemas de la selección realizada por el Sr. Knoop a un análisis crítico". "[b] El texto de cada poema fue obtenido por Directmedia a partir de sus propios recursos digitales".
La inspiración/copia/extracción (digámoslo así), por tanto, se produjo mediante la consulta en pantalla de la antología publicada en internet, sin transferir físicamente, tecnológicamente, el contenido desde esa base de datos a la nueva. El investigador consideró que se habían vulnerado sus derechos de autor y la Universidad sus derechos afines como "fabricante de una base de datos", por lo que presentaron sus correspondientes demandas, que prosperaron en primera instancia y en apelación.
TERMINOLOGÍA LEGAL – PROPIEDAD INTELECTUAL MARCA DE CERTIFICACIÓN Signo que sirve para informar al consumidor que una o más características del producto o servicio han sido verificadas por un tercero (el titular de la marca de certificación), distinto del fabricante o de quien presta el servicio. DENOMINACIÓN DE ORIGEN Signo que sirve para identificar un producto que tiene características especiales, que se deben al lugar geográfico de producción, extracción o manufactura; y que debido a ese vínculo, el producto es conocido con el nombre del lugar geográfico.
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