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Timestamp: 2018-04-22 10:25:56
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Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 25', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 232', 'artículo 130']

DERECHO PENAL COLOMBIA: DECIMATERCERA PARTE - TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - Sentencia de Segunda Instancia - CONDENA POR DESAPARICION FORZADA - Palacio de Justicia - LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA (militar retirado) - Sentencia de 30 de enero de 2012 - Condena por un concurso de delitos de desaparición forzada – Hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985
DECIMATERCERA PARTE - TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - Sentencia de Segunda Instancia - CONDENA POR DESAPARICION FORZADA - Palacio de Justicia - LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA (militar retirado) - Sentencia de 30 de enero de 2012 - Condena por un concurso de delitos de desaparición forzada – Hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985
7.3.9.- GRABACIÓN DE LAS COMUNICACIONES MILITARES
Al proceso fueron aportadas unas grabaciones de audio que corresponden a algunas de las comunicaciones que sostuvieron miembros de la Fuerza Pública, básicamente del Ejército, que intervinieron en la operación de recuperación del Palacio de Justicia durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
Los audios atañen a 3 fuentes diferentes de recepción: el periodista Herbin Hoyos, quien señala su origen en el radioaficionado Pablo Montaña; el periodista Ramón Jimeno, cuyo origen lo cita en el comunicador Mike Forero; y las obtenidas en las instalaciones de Radio Todelar.
De las referidas grabaciones se debe señalar que corresponden a comunicaciones entre diferentes mandos militares que revelan cómo enfrentaron la acción terrorista del M-19, cuyo contenido muestra en forma clara e inequívoca que por dichos canales los militares impartieron algunas órdenes ilegales, pues aunque supuestamente lo hacían para salvar la democracia, tenían claro que el propósito final de la operación consistía en la supresión física de los rebeldes, de modo que la recuperación del edificio y preservar la democracia eran sofismas, pues la realidad es que no les importaban los rehenes y menos los rebeldes, a quienes se referían como a los que había que “fumigar”.
Las instrucciones que guiaron el desarrollo de los acontecimientos ponen de presente que las grabaciones contienen material fidedigno de lo acontecido, de modo que su alcance probatorio es similar al de los videos aportados al proceso, pero sobre un plano diferente.
Las explicaciones que dio el radioaficionado Pablo Montaña sobre cómo encontró la señal que grabó, el proceso de grabación, el equipo y los casetes utilizados, la duración del operativo militar y el tiempo total de duración de los audio aportados al proceso, explican porqué existen saltos en las conversaciones, las que además cuentas con apartes inaudibles y cortes. De allí también se explica porqué algunos fragmentos de la grabación traída por Ramón Jimeno, no coincide con exactitud con la antes mencionada ni con la de Radio Todelar, que fue la más corta de las tres.
La pericia realizada por la Policía Nacional a ese material demuestra que algunas órdenes impartidas en desarrollo del operativo fueron abiertamente contrarias a la Constitución Política, pero en particular a la ley interna penal colombiana, y tanto a los tratados como a los convenios internacionales suscritos por Colombia, y de resoluciones de la ONU vinculantes para el país. Muestra fehaciente de ello es el diálogo entre oficiales del más alto nivel en el que ofrece la siguiente instrucción: “… Esperamos que si está la manga no aparezca el Chaleco…”.
La autenticidad de las grabaciones, los momentos cuando se grabaron y la correspondencia de los diálogos que aparecen en ellas con lo que realmente ocurrió, habilitan tenerlas como documentos que demuestran el accionar de los militares por fuera de la legalidad vigente. Algunos militares, como es el caso del General Iván Ramírez Quintero, señalan como prueba dentro del proceso el contenido de las grabaciones, llamando la atención de los jueces para que las tengan como prueba de lo ocurrido[1]. Tal referencia constituye otra circunstancia de autenticidad de los audios aportados al proceso.
Lo expresado por Pablo Montaña, Herbin Hoyos, Ramón Jimeno y los periodistas de la emisora Radio Todelar, permiten constatar que los diálogos que aparecen en las grabaciones efectivamente fueron sostenidos por militares durante el operativo desarrollado con motivo de la toma guerrillera al Palacio de Justicia.
Si bien en el proceso se ha discutido sobre la legalidad de dicha prueba documental, la Sala considera, siguiendo jurisprudencia sobre la materia[2], que ninguna irregularidad se presenta cuando los jueces la toman como soporte de sus decisiones, porque dicho material fue aducido legalmente a la actuación y al contrastarlo con toda la evidencia aportada al proceso, surge su correspondencia con la realidad probada.
Si bien es cierto que los agentes estatales en el ejercicio de sus funciones tienen derecho a la intimidad, y con ello al secreto de las comunicaciones, de modo que no es lícito que se les intercepte cuando cumplen sus funciones constitucionales y legales, si un servidor público desborda el marco legal y utiliza medios institucionales para la comisión de delitos de lesa humanidad[3], y, por ejemplo, si sus conversaciones son escuchadas o grabadas por cualquier persona y éste las aporta a un proceso, las acciones del buen ciudadano no puede ser objeto de persecución penal y el documento (la grabación) podrá ser valorado probatoriamente dentro la respectiva actuación.
Esto es así porque cuando un agente estatal utiliza las herramientas que le ha entregado el Estado para el cumplimiento de sus actividades, tiene la obligación de darles un fin lícito y no podrá ampararse en que su derecho a la intimidad se vulnera cuando utiliza los medios estatales con el propósito de cometer delitos de lesa humanidad.
Solamente los regímenes que patrocinan holocaustos, como el nacionalsocialista alemán, o en los que se desarrolla la práctica sistemática del terrorismo de Estado[4], permiten que sus agentes desarrollen impunemente actividades delictivas utilizando el propio aparato estatal. Pero en Colombia, donde la Constitución Política impone a los jueces velar por el respeto y promoción de los derechos fundamentales, la judicatura no puede desentenderse ante los agentes estatales que en el ejercicio de sus cometidos se guían por el “todo vale” que quiebra la institucionalidad y deslegitima las funciones estatales[5].
El tipo de privilegio que abarcaría la inviolabilidad de las comunicaciones de los mandos militares durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia, no corresponde al mismo que podría invocar un particular respecto de sus comunicaciones, frente a otros particulares y frente al Estado, es decir, una las especies del derecho a la intimidad (un ámbito que la persona reserva para sí, apartándola del conocimiento de terceros), que se desarrolla a través de la inviolabilidad de las comunicaciones.
En el caso concreto, ese privilegio no se refiere a la intimidad porque los protagonistas de esas comunicaciones no las dotaron de contenidos personales, bajo el entendido que ellas versaban sobre información y órdenes militares para conducir las tropas a la consecución de un fin de batalla. Además, lo hicieron, en principio, para cumplir funciones de su empleo estatal, y por medio de equipos estatales. De este modo la finalidad de una reserva de tales comunicaciones solo puede estar referida a que dichas comunicaciones no se conocieran para que la efectividad de las órdenes que se impartían no se afectara ni se generara un riesgo para la seguridad del personal que debía, materialmente, cumplir la misión de batalla. Fuera de ese ámbito, tal reserva no tendría sentido democrático, es decir, de derecho.
Tampoco se observa que en esas comunicaciones haya temas que versen sobre la seguridad nacional ni tampoco un secreto de Estado, que justificara prolongar en el tiempo ese privilegio, de modo que de conocerse se generaría un efecto negativo en la estabilidad de las instituciones o un pánico o descrédito colectivo con el compromiso del ejercicio de los derechos de las personas y de los deberes correlativos del Estado, en cuanto deba garantizárselos. La especie de reserva cuya violación se invoca como fundamento para excluir esta prueba por ilícita, no guarda correlación con los fines que justifican el régimen de exclusión de las pruebas.
De otra parte, lo que hicieron los radioaficionados fue tomar una señal que de un espectro electromagnético disponible para los equipos que legalmente tenían cada uno por su cuenta, de modo que al conocer y grabar las comunicaciones no invadieron particularmente un medio que por vocación de los titulares de las comunicaciones, fuera reservado. De esto se deduce que en sus comunicaciones los miembros de la Fuerza Pública no tenían una expectativa razonable de privacidad, porque estaban utilizando canales que podían ser escuchados por cualquier radioaficionado que tuviera su base en lugares próximos a los sitios de emisión de la señal.
Obsérvese que cuando los militares querían comunicaciones reservadas realmente, se referían a la línea de 500 o a la misteriosa. Esta es la misma situación de quienes sostienen en un sitio público una conversación, de modo que las personas en su entorno la escucharán y tendrán la libertad de grabarla, sin por ello violar alguna reserva legal ni la intimidad de los titulares de la comunicación. La mejor evidencia de que las comunicaciones flotaban en una frecuencia disponible, es que para acceder a ellas no se usaron equipos especializados que violaran concretas medidas de seguridad previstas por los comunicantes, sino simples equipos de radio; y además, que las interceptaciones no las hizo una sola persona sino al menos la hicieron tres personas distintas.
Por estas razones no se entiende que las grabaciones comporten una ilicitud que justifique excluirlas como prueba dentro de este proceso, y por ello se le da pleno valor demostrativo a su contenido, que además no ha sido tachado por el procesado ni por la defensa de falsos ni de inexactos.
7.3.10.- AUTORIA MEDIATA EN APARATOS DE PODER COMO FORMA DE INTERVENCIÓN JURÍDICAMENTE RELEVANTE DEL CORONEL (r) PLAZAS VEGA EN LAS DOS DESAPARICIONES FORZADAS PROBADAS
El libro “Los juristas del horror”, del profesor Ingo Müller[6], dice sobre la llamada Justicia de Noche y Niebla en el régimen nazi: “… tan pronto como la maquinaria de guerra alemana hubo arrollado a más de la mitad de Europa, comenzaron a organizarse movimientos de resistencia en los países ocupados… en una orden dictada por el mariscal de campo general Keitel, el 23 de julio de 1945, se establecía que en vista de la extensión de los territorios ocupados, las fuerzas de seguridad disponibles solo serían suficientes si “cada acto de resistencia es castigado no enjuiciando a los perpetradores a través de los tribunales, si no lanzando una campaña de terror a través del Ejército con la intención de aplastar en la población toda inclinación a resistir”. La orden secreta del alto mando número 002060/41 dictada el 16 de septiembre de 1941 daba los detalles: “en tales casos debe considerarse que la retribución adecuada por la vida de un soldado alemán por lo general debe consistir en las muertes de 50 a 100 comunistas… el 7 de diciembre Keitel firmó un decreto de Hitler según el que “los delitos cometidos por civiles no alemanes en contra del Reich o de las fuerzas de ocupación o que implicasen amenazas a su seguridad y efectividad” por regla se castigaban con la pena de muerte. Dichos delitos debían ser objeto de juicio en el país del perpetrador solo si fuese probable imponer efectivamente penas de muerte rápidamente ejecutables. En todos los demás casos, los delincuentes debían ser deportados a Alemania y debía retenerse toda información relativa a su destino. El jefe del alto mando de las fuerzas armadas… ordenó el 12 de diciembre que las personas acusadas… o bien debían ser ejecutadas en el plazo de una semana o deportadas a Alemania dentro del mayor secreto, y sin darles oportunidad alguna de informarle a sus familiares… se le conocía precisamente como el “decreto de noche y niebla… porque las trazas de los desaparecidos se perdían en la noche y la niebla. En la Correspondencia oficial a estos desaparecidos se les refería siempre como prisioneros NN, que era la abreviatura tanto de los prisioneros para el decreto Nacht und Nebel y también por las palabras latinas non nominatur, es decir “no nombrado”, su identidad no podía revelarse…” (subrayas fuera del texto).
7.3.10.1- POR QUÉ AUTORÍA MEDIATA
Los elementos de juicio que se han expuesto, entendidos dentro de una estructura lógica indiciaria, permiten establecer que existía, entre las fuerzas del Estado que participaron en la recuperación del Palacio de Justicia, una instrucción de exterminio físico total de los miembros del M-19 que realizaron la toma.
La instrucción es un tipo de querer, que en una estructura de poder jerarquizada, da, trasmite o auspicia el superior a sus inferiores, que debe ser entendida como una institución intermedia entre la política y la orden, en cuanto a que la política comporta la designación general y abstracta de un objetivo ideal al que deben tender todas las acciones que con base en esa política asuma ese grupo. La orden, en cambio, es el mandato de producir un resultado concreto (que puede o no enmarcarse en una política) y cómo producirlo. En este sentido la instrucción es dar, trasmitir o auspiciar el mandato de producir un género de resultados indeterminados, con o sin la indicación de los medios deseados para producirlos.
Para los solos efectos de esta sentencia, la Sala mayoritaria entiende que los delitos que se cometieron en la operación de recuperación del Palacio de Justicia son indicativos, en un conocimiento más allá de toda duda razonable, de que el exterminio físico de los miembros del M-19 era la voluntad que prevalecía entre los superiores militares que comandaron esa operación, inclusive sobre el deber de proteger otros bienes, como el de salvar la democracia y la vigencia del orden constitucional, pero en particular sobre el bien mayor referido a proteger la vida (dignidad de las personas), honra y bienes, como lo proclamaba la Constitución Política de 1886.
La generalidad de los delitos pueden ser judicializados mediante las instituciones dogmáticas que la comunidad jurídica ha acogido como teoría dualista, que divide la intervención subjetiva jurídicamente relevante en el delito, entre autoría y participación.
Del concepto de autoría formaban parte: (i) la autoría: quien cometía el delito; (ii) autoría mediata: quien cometía el delito usando a otro como instrumento; (iii) la coautoría propia: quienes cometían el delito agotando, cada uno, la acción típica; (iv) la coautoría impropia: quienes cometían el delito con distribución del trabajo criminal.
Del concepto de participación formaban parte: (i) la determinación: plantando o impulsando en el autor la comisión del delito; (ii) la complicidad: quien contribuía a que el autor cometiera el delito; (iii) el interviniente: quien cometía el delito sin reunir la calidad para ser el autor[7].
Estas instituciones dogmáticas se entienden a través de la llamada teoría del dominio del hecho, según la cual es autor quien controla los factores necesarios para que el delito ocurra como un acto suyo. Y era cómplice quien participaba en el delito sin controlar tales factores, pero aportando para que el mismo ocurriera como un acto ajeno.
Como en la coautoría impropia, individualmente cada coautor no tiene, él solo, ese dominio, el dominio del hecho operaba como dominio funcional, esto es, que cada coautor dominaba el acontecer total en cooperación con los demás, por lo que debían estar presentes[8]: (i) un acuerdo; (ii) división de funciones; (iii) aporte en su consumación; (iv) cada coautor asumía como propio el hecho de todos.
Pero en casos como éste, el delito no es cometido individualmente sino por un grupo de personas que pertenecen a organizaciones permanentes, jerarquizadas y especializadas que aumentan su eficacia criminal y creaban condiciones propicias de impunidad, y aunque no comportan dificultad para judicializar a los inferiores que cometían el delito, sí dificultan la judicialización de los superiores por los delitos que cometían los inferiores, porque los conceptos de autoría y participación que usaba el sistema de justicia no le daban alcance a ese tipo de responsabilidad penal, pues su diseño estaba basado en una criminalidad individual o colectiva en estructuras menos complejas.
Estas organizaciones más complejas impedían que la teoría del dominio del hecho les diera respuesta satisfactoria, tanto dogmática como político criminalmente, debido a que los superiores solo impartían o transmitían políticas, instrucciones u órdenes de cometer delitos, pero no los cometían y no tenían comunicación con el autor, quien, además, siendo un inferior en el aparato, cometía el delito con responsabilidad penal propia.
En esta condición, a los superiores no les eran aplicables los conceptos de: (i) autor, porque no cometía el delito; (ii) autor mediato, porque en ésta el autor también era responsable del delito; (iii) coautor propio, porque no realizaban la misma conducta que el autor; (iv) coautor impropio, porque no realizaba un aporte, ni siquiera parcial, durante la ejecución del delito; (v) determinador, porque no plantaba ni impulsaba en el autor la comisión del delito, pues no se comunicaba con él sino a través de otras personas en cadena de mando, y la determinación de determinación es inadmisible para este efecto, además que el autor material tenía disponibilidad para cometerlo; (vi) cómplice, porque no ayudaba en la comisión del delito por el autor; (vii) interviniente, porque no cometían el delito, indistintamente si reunía o no las calidades para ser autor.
No obstante que la conducta del superior (al impartir o trasmitir la instrucción delictual) no se adecuara a ninguno de los conceptos tradicionales de autoría o participación, no era razonable calificar de irrelevante su injerencia en el delito, y por lo tanto excluirlo del ámbito penal connotaría una impunidad inadmisible.
Impartir o trasmitir la política, instrucción u orden criminal que era ejecutada por un inferior a través de la comisión de un delito, era un típico caso de autoría mediata porque el superior cometía el delito a través de otro. La disconformidad del caso con la autoría mediata consistía en que esta institución exigía que quien cometía directamente la tipicidad objetiva del delito actuara como un instrumento impune (error, coacción e inimputabilidad), en tanto que en este caso quien cometía la tipicidad objetiva, también respondía penalmente.
La variación en el concepto de autoría mediata en aparato organizado de poder propuesto por el profesor Claus Roxin consiste en que el instrumento también es responsable penalmente. De este modo el dominio del hecho no está solo en el autor mediato sino también en el autor inmediato, pero éste asume el dominio del hecho directamente y aquél asume el dominio del hecho a través del dominio del aparato organizado de poder al que pertenecen ambos.
Este hallazgo determinó que el aparato de poder adquiría un valor instrumental sobre el inferior, que si bien no inhibía su autonomía para gobernar su conducta, sí la orientaba hacia un ámbito antagónico al del derecho social y democrático de los Estados modernos.
Así ha sido reconocido en los últimos tiempos por la jurisprudencia nacional. Se citan los siguientes precedentes:
7.3.10.2.- JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Son cuatro las decisiones más caracterizadas que ha proferido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la autoría mediata en aparatos organizados de poder:
(i) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia de 2 de septiembre de 2009, radicación 29221: Al tratar las relaciones de agentes estatales con los grupos paramilitares se dijo que: “… Al valorar estos comportamientos vistos en su conjunto se puede llegar a la conclusión que obedecen a una estrategia criminal del terrorismo de Estado[9] diseñada en las esferas más altas de la dirigencia, y que desde la apariencia de las justificaciones, lo que en últimas hacen es explosionar el orden constitucional. No obstante que los funcionarios públicos no se hallan articulados a una organización criminal sino a la administración en jerarquías de diferente grado, lo cierto es que para los fines y consumación de los artículos 340 y 340 inciso 2º ejusdem se relacionan a través de la coautoría por cadena de mando. (…) Y para el caso Colombiano esta teoría de “la concurrencia de personas en el delito y los aparatos organizados de poder”, “autoría mediata en aparatos organizados de poder con instrumento fungible pero responsable” o “autor tras el autor”, la doctrina más atendible la viabilizó…”.
Siguió diciendo: “… En primer lugar, para garantizar la prevención general como función de la pena, pues la sociedad reprochará en mayor medida a los autores y no a los partícipes de las conductas punibles; segundo, porque al reprochar socialmente a la organización delictiva y a las diversas formas de participación que en ella se presenten, se desestimula la delincuencia y el dirigente se torna visible ante la sociedad; tercero, porque las diferentes formas de responsabilidad se justifican en razón al principio de proporcionalidad y a la función de retribución justa que significa reconocer el principio de accesoriedad, porque no es posible reprocharle a una persona su calidad de partícipe bien como instigador, determinador, cómplice o interviniente, sin haber reconocido previamente la identidad del autor; y, en cuarto lugar, porque en aras de garantizar el derecho a la verdad, sólo es posible establecer las cadenas de mando bajo las cuales opera una organización delictiva, su estructura y su funcionamiento si se sabe quiénes conforman la cúpula, los mandos medios y los miembros rasos de esos aparatos o grupos organizados al margen de la ley. Además, de contera, se garantiza el derecho a la no repetición y se podrá aplicar a los miembros rasos, muy seguramente, el principio de oportunidad condicionado, siempre y cuando sus conductas delictivas no estén dentro del marco de los delitos de lesa humanidad o contra el DIH y colaboren efectivamente, en el desmantelamiento de dichos grupos…”[10].
(ii) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 3 de diciembre de 2009, radicación 32672 (caso Salvador Arana Sus). Dijo: “… Se observa que Salvador Arana Sus, responsable del delito de asociación para delinquir aquí identificado, se concertó con la finalidad de promover un grupo armado al margen de la ley, para que inclusive lo apoyara en sus proyectos políticos y dicho aparato organizado fue puesto al servicio de esa causa, con el evidente propósito de que quien ejercía funciones públicas ejerciera el poder que detentaba al servicio del proyecto paramilitar, que es precisamente como se manifiesta el concierto para promover aparatos organizados de poder ilegales, categoría en la que tiene cabida (…) toda clase de organización que utiliza para la comisión de delitos un aparato de poder que cuenta con una estructura jerárquica, a partir de la cual la relación que se establece entre los miembros de la organización es vertical y piramidal. En la cúspide de la pirámide se sitúan los órganos o mandos directivos, desde donde se toman las decisiones y se imparten órdenes. Los encargados de cumplirlas, los ejecutores, no toman parte en la decisión original de realizar el hecho ni tampoco en la planificación del mismo, aunque decidan llevar a cabo el encargo. En muchas ocasiones los subordinados ni siquiera conocen el plan en su globalidad, siendo conscientes únicamente de la parte del plan que les toca ejecutar[11] (…) La banda criminal que coadyuvó a gestar e integró, diseñó y ejecutó un proceso de cooptación de las instituciones departamentales y municipales, que se refleja en el apoyo brindado a esa organización para alcanzar inclusive a enderezar todos sus movimientos oficiales en busca del favorecimiento directo e inmediato de la asociación criminal (…) En la actividad político-administrativa constituyó tarea esencial del mandatario departamental favorecer el quehacer de su compañía delictiva, hecho que … explica su continua comunicación, colaboración y participación con el líder del grupo paramilitar …”
Continuó diciendo: “… Los grupos paramilitares, entre cuyos miembros existían inclusive servidores públicos vinculados a todas las instituciones estatales como ha quedado establecido en el presente caso, desde el momento mismo de su creación tenían como propósito esencial arrasar a todos los ciudadanos u organizaciones que se opusieran a sus propósitos, razón por la cual la ejecución de conductas calificadas como delitos de lesa humanidad -torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, secuestro, etc.- hacían parte de sus diligencias ordinarias… Para los miembros de la organización no era ningún secreto que en aras de la consolidación de su poder facineroso se tenían que cometer toda clase de conductas criminales y ataques a la dignidad humana de los opositores o de cualquiera que se convirtiera en obstáculo al avance paramilitar… No cabe duda que quienes fungían como voceros políticos legalmente reconocidos, que inclusive escalaron posición dirigente, realmente hacían parte de la cúpula de los grupos paramilitares y en tal condición integraban el Directorio de mando que diseñaba, planificaba, proyectaba, forjaba e impulsaba las acciones que debía desarrollar la empresa criminal en aras de consolidar su avance y obtener más réditos dentro del plan diseñado… El político en su condición de miembro de la organización criminal impulsaba no sólo a obtener la permanencia del irregular grupo sino que pretendía ejercer en espacios o crear los mismos en procura de resultar funcionales a la empresa delictiva, en pro de la estrategia del crimen constituyéndose en un paso más en el proceso de la toma mafiosa de todos los poderes e instancias de decisión del Estado…”.
Explicó los elementos de la autoría mediata: “… En ese entorno se puede afirmar que en la estructura de los grupos paramilitares se ha constatado que se dan los siguientes elementos:… 1. Existencia de una organización integrada por una pluralidad de personas sustituibles antes o durante el evento criminal las cuales mantienen una relación jerárquica con sus superiores. Aquellas personas pueden o no tener cierta predisposición a la comisión de delitos;… 2. Control (dominio) de la organización por parte del hombre de atrás y a través de ella de sus integrantes sustituibles. Dicho control puede manifestarse bajo distintas modalidades: a través de la creación de la organización, el no control del mismo pudiendo hacerlo dada su posición o a través del impulso sostenido de la misma con medidas dirigidas a autorizar sus actuaciones ilícitas. En todos estos supuestos se evidencia, por parte del hombre de atrás, un dominio del riesgo (que es el aparato de poder) de producción de actos ilícitos;… 3. Conocimiento de la organización o aparato de poder y decisión de que sus miembros ejecuten o continúen ejecutando hechos ilícitos penales…”[12].
Finalmente dijo: “… Así las cosas…[13], el aforado hacía parte de una estructura criminal integrada por un número plural de personas articuladas de manera jerárquica y subordinada a una organización criminal, quienes mediante división de tareas y concurrencia de aportes (los cuales pueden consistir en órdenes en secuencia y descendentes) realizan conductas punibles, fenómeno que es factible comprenderlo a través de la metáfora de la cadena[14]… La solución que se da al fenómeno de la intervención de múltiples sujetos en la acción criminal se aproxima a las respuestas dadas por la Corte a otros asuntos conocidos con anterioridad[15] y que resulta cercana a expresiones recientes de la doctrina[16] y la jurisprudencia[17] foráneas aplicadas a fenómenos similares… Ello permite avizorar que quien así participó, inclusive valiéndose de su función, también debe responder penalmente por el conjunto de crímenes que se le atribuyen a los comandantes o jefes de los bloques, frentes o unidades que hacían parte de la asociación criminal… Entre las organizaciones criminales cabe distinguir: las desarrolladas al amparo del poder político de un determinado Estado, como la del régimen nacional-socialista alemán del III Reich; y, las organizaciones criminales que operan en contra del poder del Estado, enfrentándose al ordenamiento jurídico, como bandas mafiosas, grupos terroristas, etc. En el primer caso hablamos de ‘aparatos organizados de poder estatales’, entendiendo que es el propio Estado el que opera al margen del Derecho. En el segundo, nos referimos a la denominada ‘criminalidad organizada’, término que en principio engloba a toda organización no estatal que actúa con una rígida estructura jerárquica, con un mecanismo estricto de mando y cumplimiento de órdenes y con objetivos claramente criminales[18]. (…) conforme con lo anterior imperioso se ofrece compulsar copias para que se investigue la ocurrencia de hechos que en ejercicio del plan criminal de la organización a la cual pertenecía Salvador Arana Sus, éste efectuó y se establezca su eventual grado de responsabilidad que, de acuerdo con la prueba de la casuística y en el grado reclamado por el legislador[19], podría ser a título de autor[20] o de partícipe[21] según las particularidades de cada caso[22], supuestos que en todo caso no impiden la imputación del concierto para delinquir y los delitos ejecutados en desarrollo de lo acordado…”[23].
(iii) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 23 de febrero de 2010, radicación 32805 (Caso del senador Álvaro Alfonso García Romero): Señaló: “… En la doctrina nacional se ha discutido la denominación jurídica que deben recibir las personas que participan de una organización criminal, como es el caso de las mafias de los narcotraficantes y los aparatos de poder organizados y dirigidos por paramilitares y organizaciones guerrilleras… Los comentaristas proclaman que dichos individuos estrictamente no son coautores ni inductores y proponen que su responsabilidad se edifique a partir de la autoría mediata, teniéndose como fundamento de dicha responsabilidad el control o influencia que sobre la organización criminal ejercieron los superiores, de modo que los ejecutores son piezas anónimas y fungibles que realizan directamente la acción punible sin que siquiera conozcan a los jerarcas que ordenan el crimen… No obstante, como en la autoría mediata se entiende que el ejecutor material es un mero instrumento y tal conceptualización no se Corresponde con la que debería aplicarse tratándose de aparatos de poder organizados, se aboga por la aplicación de aquélla con instrumento responsable…”.
Siguió diciendo: “… En esa dirección, el debate doctrinal y los desarrollos de la jurisprudencia foránea, unidos a la mejor solución político-criminal del problema jurídico, llevan a la Corte a variar su jurisprudencia en punto a que la autoría mediata sólo se presenta, “… cuando una persona, sin pacto tácito o expreso, utiliza a otra como simple instrumento para que realice el hecho objetivamente típico. El fenómeno ocurre, entonces, cuando el ‘hombre de atrás’ es el único responsable, porque el instrumentalizado no realiza conducta, o despliega conducta que no es típica, u obra en concurrencia de una causal de no responsabilidad -excluyente de antijuridicidad o de subjetividad- o es inimputable”[24]… Ciertamente, cuando se está ante el fenómeno delincuencial derivado de estructuras o aparatos de poder organizados[25], los delitos ejecutados son imputables tanto a sus dirigentes -gestores, patrocinadores, comandantes- a título de autores mediatos, a sus coordinadores en cuanto dominan la función encargada -comandantes, jefes de grupo- a título de coautores; y a los directos ejecutores o subordinados -soldados, tropa, patrulleros, guerrilleros o milicianos-, pues toda la cadena actúa con verdadero conocimiento y dominio del hecho y mal podrían ser amparados algunos de ellos con una posición conceptual que conlleve la impunidad… En estos supuestos la criminalidad puede incubarse dentro de aparatos estatales -casos Eichmann -funcionario administrativo nazi encargado de ubicar, perseguir, seleccionar y capturar a los judíos que posteriormente eran llevados a los campos de exterminio-, Juntas Militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983, y Consejo Nacional de Defensa de la antigua República Democrática Alemana -disparos en el muro de Berlín- o en estructuras propiamente delincuenciales -caso de la cúpula de Sendero Luminoso en la masacre de Lucanamarca -un grupo de hombres de dicha banda asesinó a 69 campesinos en Santiago de Lucanamarca, región de Ayacucho-”[26].
Consideró que: “… La Corte destaca que si bien García Romero fue acusado como determinador de los delitos de homicidio ocurridos durante la denominada masacre, los elementos ontológicos de la conducta desplegada, resumidos supra, permiten establecer que se trató de una acción desplegada dentro del ámbito de la autoría mediata, situación que podría llevar a que se plantee un debate sobre el principio de consonancia y el apego que debe tener el fallador respecto de los términos de la acusación… En relación con el principio de congruencia es criterio reiterado que… En la sistemática de la Ley 600 de 2000, en cuyo imperio se adelantó el proceso, la Sala ha reiterado que la congruencia como garantía y postulado estructural del proceso, implica que la sentencia debe guardar armonía con la resolución de acusación o el acta de formulación de cargos, en los aspectos personal, fáctico y jurídico. En el primero, debe haber identidad entre los sujetos acusados y los indicados en el fallo; en el segundo, identidad entre los hechos y circunstancias plasmadas en la acusación y los fundamentos de la sentencia; y, en el tercero, Correspondencia entre la calificación jurídica dada a los hechos en la acusación y la consignada en el fallo… La congruencia personal y fáctica es absoluta y la jurídica es relativa porque el juez puede condenar por una conducta punible diferente a la imputada en el pliego de cargos, siempre y cuando no agrave la situación del procesado con una pena mayor…”[27].
Concluyó que: “… En todo caso, la modificación que ahora se hace en relación con la forma de participación en los hechos por parte de García Romero -de determinador a autor mediato-, no puede ser considerada como violatoria del principio de congruencia porque no se agrava la situación del procesado en tanto la pena que se fija legalmente para tales formas de ejecución de la conducta punible aparejan la misma consecuencia punitiva, cuestión que desde antaño ya ha sido estudiada por la Sala[28]… Recapitulando, han quedado demostrados los siguientes supuestos… Los grupos paramilitares denominados Frente La Mojana y Bloque Héroes de los Montes de María que operaron en el Departamento de Sucre, constituyeron aparatos organizados de poder cuya existencia es un hecho notorio[29]… La estrategia del grupo estaba enfocada al dominio militar de territorios y, posteriormente, al apoderamiento del aparato estatal que les llevó a impulsar candidatos a las Corporaciones de elección ciudadana, para obtener el control de las instancias del poder público. Igualmente, les animó la defensa de los empresarios y ganaderos de la región, tarea en la cual el exterminio de las personas que calificaban como “colaboradoras de la guerrilla” les permitía cumplir el primer propósito, actividad que de paso también facilitaba el apoderamiento de las tierras abandonadas por todos los desplazados forzosos, acosados por la situación de terror implantado por los paramilitares…”.
Finalmente dijo: “… El procesado controlaba “desde arriba” el aparato de poder, compartiendo el mando con los jefes militares que ejecutaban en el terreno el plan de dominio. Los grupos paramilitares son estructuras organizadas de manera vertical en donde existe compartimentación y las jerarquías superiores trazan los planes generales de acción y un amplio grupo de subalternos está presto a cumplir dichas directrices[30]… La “masacre de Macayepo” fue una acción ejecutada dentro del decurso “normal” de actividades de la agrupación paramilitar “Bloque Héroes de Montes de María” que conformó, apoyó y asesoró el acusado. La demostrada existencia de sesiones con los jefes militares de la banda y los diálogos cifrados son muestra de cómo se dinamiza el perfeccionamiento de una orden dentro de las organizaciones armadas ilegales[31]… Los ejecutores materiales de las acciones homicidas eran miembros de la misma organización armada ilegal, aun sin tener relación directa ni inmediata con el procesado…”.
(iv) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 14 de septiembre de 2011, radicación 32000 (Caso de Jorge Aurelio Noguera Cotes, Director del DAS). Dijo: “… En medio de dos aparatos organizados de poder se encontraba Alfredo Correa de Andreis: uno estatal -el Departamento Administrativo de Seguridad-, en cuya cúpula se encontraba Jorge Aurelio Noguera Cotes, y otro ilegal -bloque Norte de las Autodefensas- comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, mientras el primero a través de sus funciones de inteligencia y de policía judicial, fabricó un montaje para hacerlo ver como subversivo, el segundo ejecutó a un falso guerrillero… Ciertamente como no funcionó para ellos el montaje con que pretendían sacar al catedrático del contexto laboral y social en el que se desempeñaba, al proferirse a su favor una decisión excarcelatoria, paradójicamente ese éxito judicial constituyó su condena a la muerte… Cuando se está ante el fenómeno delincuencial derivado de estructuras o aparatos de poder organizados[32], los delitos ejecutados son imputables tanto a sus dirigentes -gestores, patrocinadores, comandantes- a título de autores mediatos, a sus coordinadores en cuanto dominan la función encargada -comandantes, jefes de grupo- a título de coautores mediatos; y a los directos ejecutores o subordinados -soldados, tropa, patrulleros, guerrilleros o milicianos-, en calidad de autores materiales, pues toda la cadena actúa con verdadero conocimiento y dominio del hecho y mal podrían salir favorecidos algunos de ellos con una posición conceptual que comporte la impunidad…”[33].
Reiteró lo señalado en el fallo proferido en el proceso adelantado contra el senador Álvaro Alfonso García Romero, respecto de la posibilidad que la estructura organizada de poder pueda incubarse dentro de aparatos estatales o en estructuras propiamente delincuenciales, y agregó: “… Atendiendo lo expuesto, puede calificarse jurídicamente la participación de Jorge Aurelio Noguera Cotes en el caso subjudice, como la de autor mediato que se vale de toda una estructura legal que se encontraba bajo su mando, esto es, el DAS, para ponerla a disposición de un aparato militar ilegal, con una cadena de mando jerarquizada como lo era el Bloque Norte de las Autodefensas cuyo líder era Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” del cual dependía el Frente José Pablo Díaz comandado por Edgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio”, quien dio la orden de matar al profesor y sociólogo… En este sentido, la Sala debe aclarar que si bien Noguera Cotes fue acusado por el Fiscal General de la Nación como coautor del delito de homicidio de Alfredo Correa de Andreis, las circunstancias que rodearon la conducta punible resumida en antecedencia, permiten colegir que dicho comportamiento se ubica en el ámbito de la autoría mediata, situación que podría llevar a que se plantee una discusión alrededor del principio de consonancia y apego que debe tener el fallador respecto de los términos de la acusación…”.
7.3.10.3.- CONCEPTO
El Código Penal de 2000 dice que se entiende por autor a quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento (artículo 29), supuesto a partir del cual doctrina y jurisprudencia coinciden en señalar que en dicho precepto se consagra la denominada autoría mediata, predicable de los casos en que el instrumento actúa en error, bajo coacción o al amparo de alguna causal que elimina la antijuridicidad del hecho o la culpabilidad del sujeto.
Sin embargo, debe destacarse que ninguno de los estatutos penales vigentes en Colombia durante el Siglo XX[34], estableció expresamente los supuestos de autoría mediata, de modo que a los mismos se fue llegando por vía hermenéutica, siendo la jurisprudencia la que delimitaba la materia de participación criminal al incluir la denominada autoría impropia (utilizada en el caso de la Masacre de Machuca[35]), dado que la doctrina se limitó a reiterar (muchas veces copiando los textos alemanes o españoles) las elaboraciones extranjeras sobre formas de autoría mediata.
La realidad práctica permitió que en un caso concreto el Tribunal de Jerusalén asumiera la existencia de la autoría mediata en una estructura de poder organizada, lo que llevó a la doctrina a construir lo que hoy se denomina autoría mediata en aparatos organizados de poder y que algunas llaman autor tras el autor.
Los elementos base de esta forma de autoría mediata, sin descartar la existencia de otros dependiendo de matices a esta teoría[36], son los siguientes: (i) Un aparato organizado de poder que funciona de un modo automático por fuera del orden legal; (ii) un superior que pertenece a ese aparato, que usa la verticalidad de mando para impartir o trasmitir una política, instrucción u orden, cuyo cumplimiento implica un delito; (iii) un inferior, anónimo y fungible, que también pertenece a ese aparato, que comete voluntariamente un delito en cumplimiento de la política, instrucción u orden del superior.
Un aparato es un grupo de personas concertadas en cuanto a su pertenencia y permanencia en ese aparato, que se integran en torno a unos fines y por medio de unas reglas comunes. Al modo sistémico, un aparato es una unidad que se diferencia de su entorno, de otras unidades y de sus propios miembros, a partir de interacciones significativas entre ellos, que le dan un sentido único. Sus miembros son anónimos y fungibles, no solo los mandos medios e inferiores, sino también, con algunas variables, sus superiores.
Es organizado porque tiene una distribución orgánica (conjunto de elementos integrados que funcionan de un modo especializado y complementario, dando un sentido propio al ente resultante) en orden jerarquizado verticalmente mediante estratos con niveles descendentes de prestigio, autoridad y poder. Pero la verticalidad no es lineal[37], pues la figura que mejor reduce la complejidad de este modelo de organización es la pirámide, lo que implica que haya también algunas estructuras horizontales o de pares, con mando equivalente, que en algunos casos tienen ámbitos temáticos[38] o territoriales[39] diferenciados.
Es decir, en los niveles superiores no suele haber estratos de poder integrados por pares (iguales entre sí) con idéntico campo temático y territorial (por ejemplo, la comandancia general de la operación de recuperación del Palacio de Justicia fue ejercida privativamente por el General Jesús Armando Arias Cabrales, en tanto que era el comandante de la Brigada 13 con jurisdicción en Bogotá, de modo que ese estrato de autoridad fue ejercido por una sola persona). Pero los grados medios hasta los inferiores, están integrados por un mayor número de elementos pares a medida que se desciende, hasta la soldadesca, que ocupan el último rango en la escala militar, la cual nunca es ejercida por una sola persona sino por grupos de pares entre sí.
Cada estrato implica elementos y estructuras (como agregado de elementos) articulados de modo que el rol antecedente, que no agota en sí mismo la totalidad criminal del aparato sino que abarca solo una parte, se complementa con el rol subsiguiente y así sucesivamente hasta totalizarla.
Es de poder porque a través del empleo de la fuerza, ese aparato organizado asegura el ejercicio de sus fines (existir y legitimarse) y funciones (vencimiento de opositores), por medios violentos e ilegales, sin excluir otros medios delictivos o sociales de bajo tono moral, determinando que los mismos se cumplan por su curso ordinario o aún venciendo cualquier resistencia que se le oponga.
Es automático en cuanto a que el superior no tiene que gobernar el aparato manualmente, es decir, en cada situación impartir o reiterar la política, instrucción u orden, ni velar por su cumplimiento particular, sino que una sola expresión abierta y aún casual a los subalternos o la repetición continua de tales actos, dispone que el aparato funcione mediante la ejecución de secuencias complejas de operaciones en el orden de su lógica interna, por voluntad (disponibilidad) propia de sus miembros en sus diferentes jerarquías, lo que implica un funcionamiento por sí mismo, con suficiente fuerza vinculante como para que se cumpla.
También debe haber ausencia de subordinación personal del autor inmediato respecto del superior, de modo que el vínculo entre ambos se surta a través del aparato de poder al que ambos pertenecen en niveles diferentes de jerarquía[40], lo que es presupuesto del funcionamiento independiente de la organización respecto de la identidad variable de sus miembros, es decir, la fungibilidad del ejecutor como persona anónima y sustituible.
El que tanto el superior como el inferior deban pertenecer al aparato es esencial para el funcionamiento de la teoría, porque de no mediar ese nexo, no podrían predicarse entre ellos la superioridad-inferioridad que caracteriza la responsabilidad del superior por el delito cometido por el inferior.
Sobre la exclusión del aparato de poder del orden legal, como la comisión de delitos no puede ser, válidamente, política de una organización ajustada a la Constitución Política del país, sino en cuanto ella esté al margen de la legalidad, solo en este caso funciona la teoría. En eventos diferentes, como en organizaciones propias de un Estado de Derecho (las fuerzas armadas, por ejemplo), una política de comisión sectorizada o generalizada de delitos no puede poner la organización en movimiento, pues así no se actúa con la organización sino en contra de ella.
No obstante, es factible que paralelamente a la estructura de la organización legal se active la estructura de una organización ilegal, que inclusive use sus mismas personas, jerarquías, competencias y medios lícitos para satisfacer los fines ilícitos que la motivan, amparándose en ella para emplearla como fuente de impunidad, solapando de apariencia de legalidad sus actos ilegales. Pero en este caso lo relevante para la aplicación de la autoría mediata en aparatos organizados de poder es que al lado o adentro de la organización lícita, subyace la organización ilícita, de modo que aquella es un referente para estructurarla.
Sobre que debe haber un superior, que pertenece a ese aparato, que usa la línea de mando para impartir o trasmitir una política, una instrucción o una orden cuyo cumplimiento implique un delito, se debe entender, como ya se dijo, que la política es un mandato general; la orden es una mandato particular; y la instrucción es un mandato intermedio, en cuanto a que no tiene la generalidad de la política ni la particularidad de la orden, pues solo define un género de resultados sin precisar los medios para producirlos.
Pero en cualquiera de los tres casos (política, instrucción u orden) la puesta en funcionamiento del aparato de poder sólo puede hacerse a través de acciones afirmativas, de modo que la fuente de responsabilidad del superior por el delito del inferior autor material, no procede por omisión (impropia ni propia), forma de responsabilidad que responde a otras exigencias fácticas y por lo tanto probatorias.
Respecto del inferior, se tiene que es fungible o intercambiable, en cuanto a que si no se integra al circuito, el trazado del cumplimiento de la política, la instrucción o la orden puede trascurrir por circuitos alternos y ser cumplidos de todas formas por otras piezas, igualmente fungibles, que también pertenecen a ese aparato.
Ese inferior comete voluntariamente un delito en cumplimiento de la política, una instrucción o una orden del superior, pero desde antes de ser impartida o trasmitida él ya tenía la disposición para cumplirla, la cual devenía de su adhesión o pertenencia al mismo aparato del que forma parte el superior que la impartió o la trasmitió.
Su anonimato se explica mejor, no en cuanto a que no se sepan quiénes son o cuál es su identidad, sino en tanto que son mejor conocidos por el rol que cumplen y por los símbolos con que se distingue su posición dentro del aparato de poder. Esta característica también pone de relieve el hecho de que el superior que impartió o trasmitió la política, instrucción u orden no necesita saber quién la va a realizar, aunque eventualmente pueda saberlo, lo cual es indiferente.
Esto implica que la lejanía fáctica entre el superior y el delito se compensa por medio de la cercanía jurídica que se deriva entre ellos a partir del dominio del superior sobre el aparato organizado de poder, es decir, la verticalidad de la estructura de su mando.
En esta teoría no es problemática la atribución de responsabilidad penal del superior por delitos cometidos por el inferior como autor material, en relación con el conocimiento e intencionalidad en la comisión de delitos, cuando tal delito ocurre en relación directa o de conformidad con la política, instrucción u orden impartida o trasmitida por el superior, si éste pudo prever su realización, así no conociera en concreto su comisión.
En este asunto la Sala mayoritaria estima que lo que se impartió por el General Jesús Armando Arias Cabrales y que fue trasmitido por el Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA fue una instrucción, en cuanto a que no debía haber sobrevivientes entre los miembros del M-19 que se tomaron el Palacio de Justicia, de modo que adentro del edificio se cometieron homicidios de quienes perteneciendo al comando “Iván Marino Ospina”, ya no estaban en combate, estaban heridos y desarmados, y fuera del edificio contra quienes de ellos pudieron salir, se cometió desaparición forzada, como un medio de consumar esa misma instrucción.
Cita la Sala mayoritaria la expresión declarada por el testigo Edgar Villamizar Espinel, cuando dijo: “… Alguien le pregunta al Coronel Plazas qué hacemos con la gente y es donde manifiesta abiertamente, “cuelguen esos hijueputas…”.
Sobre el alcance y significado de esta expresión deben hacerse algunas consideraciones.
Ya se dijo que el Coronel PLAZAS VEGA fue responsable militar de la incursión que se hizo el 6 de noviembre al Palacio de Justicia, de modo que aunque el personal armado que entró al Palacio de Justicia detrás del tanque Cascabel de la Escuela de Caballería no estuviera adscrito a ese batallón, él llevó el peso de la incursión militar ese día, según lo acepta el propio procesado. Pero al margen de esa carga, también se sabe que tanto el 6 como el 7 de noviembre de 1985 fue el responsable del traslado de rehenes entre el Palacio de Justicia y la Casa del Florero, aunque nuevamente el personal de a pie que realizaba dicho traslado no estuviera adscrito al batallón del cual él era comandante directamente. En ese personal de a pie había miembros del batallón Guardia Presidencial, de la Escuela de Artillería, de la Policía y del DAS, como también es probable que hubiera de otras unidades que apoyaban la operación militar.
Pero todos quienes intervenían de parte del Estado en la operación de recuperación del Palacio de Justicia reconocían al Coronel PLAZAS VEGA como el responsable de esta parte. Ya se citaron las declaraciones que lo ubican organizando la salida de rehenes desde el Palacio de Justicia, y otras que muestran a los soldados reportándole que algunos rehenes eran especiales o sospechosos.
Él mismo reconoce que el traslado de rehenes entre los dos edificios era su responsabilidad, razón por la cual estaban bajo su mando. Primero lo hace en la declaración de prensa televisiva que ya ha sido referida, cuando dice que “… los rehenes que íbamos sacando…” (01:02:22 del disco 1 de caracol). Después lo hace a través del escrito sin firma pero con antefirma suya que fue hallado en inspección judicial en la Escuela de Caballería por la fiscalía.
Entendida esta labor como a cargo del Coronel PLAZAS VEGA, es relevante describir cómo ocurría. Ya se dijo que la salida de rehenes se hacía, en algunos grupos, previa valoración de su condición de rehenes especiales o sospechosos, y los rehenes sin esa etiqueta, en un proceso de inteligencia que se iniciaba desde adentro del Palacio de Justicia.
En todo caso ese proceso se hacía bajo la presunción de que lo eran, pues la generalidad de los rehenes salía con las manos en alto, o en la cabeza o en el cuello. A la hora 01:32:12 del disco de video N° 1 de Caracol se observa la primera salida de un grupo de rehenes a quienes se les rodea de soldados y otros miembros de las fuerzas del Estado y se les exige su identificación.
Posteriormente, a la hora 01:32:45 del mismo disco de video se observa la salida de otro grupo de rehenes que van del Palacio de Justicia a la Casa del Florero, escoltados por soldados y miembros vestidos de civil pero armados, ocasión en la cual el Ejército le impide a los periodistas que graben esas imágenes, e inclusive cuando el camarógrafo protesta porque un soldado le dio un culatazo en la cámara, en otra escena un miembro uniformado del Ejército desde el interior del tanque Urutú grita “… es una orden…” (01:32:12).
A la hora 01:33:30 el camarógrafo se acomoda desde otro sitio de la Plaza de Bolívar frente al Palacio de Justicia y hasta él se vienen corriendo dos soldados para impedir que sigan haciendo tomas de video de la evacuación de rehenes hacia la Casa del Florero. En los demás casos se observa que la forma como los soldados y policías conducían a los rehenes del Palacio de Justicia a la Casa del Florero, comprendía formas en las cuales ex professo se dificultaba a los periodistas enfocar a los rehenes, a veces por la distancia de la cámara o a veces por los grupos de miembros de la Fuerza Pública que los ocultaban y la ubicación del rehén entre quienes los escoltaban.
La acción de los miembros del Ejército para interferir a los periodistas podría tener al menos dos lecturas: una para protegerlos y otra para impedir que hicieran las tomas de los rehenes. La primera no es razonable porque durante las tomas previas a la salida de rehenes, mientras se presentaban combates y se oían tiros y explosiones, no hubo ninguna oposición a que los periodistas hicieran sus tomas, en particular porque el frente sur del Palacio de Justicia era un muro entero sin ventanas, de modo que por este lado no había riesgo de recibir fuego desde adentro del Palacio de Justicia. La segunda forma de entender esa acción de los militares que controlaban el espacio público entre el Palacio de Justicia y la Casa del Florero, tiene a su favor el argumento de que tal acción fue coetánea con la salida de rehenes, condición en la cual se infiere, a partir de ella, que los militares no querían que se hicieran tomas de los rehenes. De lograrse ese resultado, como en efecto ocurrió, se dificultaría el cotejo e identificación de quienes salían del edificio judicial.
Se sabe que la condición de rehenes especiales comenzaba desde adentro del Palacio de Justicia, como ocurrió, por ejemplo, con Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci y Eduardo Arturo Matson Ospino, quienes son llevados hostilmente por los soldados durante el trayecto hasta la Casa del Florero; o en algunos casos desde el trayecto de traslado entre el Palacio de Justicia y la Casa del Florero, como le ocurrió a Irma Franco Pineda. Durante la imagen en video de la salida de Carlos Augusto Rodríguez Vera se observa que el soldado que lo lleva no traslada simplemente a un rehén sino que conduce a una persona restringida en su movilidad.
Todos estos hechos ocurrieron en un ciclo de la operación militar que estaba bajo el mando del Coronel PLAZAS VEGA y no es factible él los desconociera, porque hay evidencias de que tenía suficiente información sobre lo que ocurría, de una parte, tal como lo reportaba a la prensa, y de otra, porque en la declaración del 24 de noviembre de 1986 dada por Héctor Darío Correa Tamayo, citador de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se dice: “… el CO. PLAZAS que estaba de casco verde, uniforme verde, botas negras altas, una estrellita en el casco o dos estrellitas, no recuerdo bien, de bigote, alto como de 1.75 o 1.80 de estatura, yo lo vi en la casa del Florero en el Primer Piso … del CO. Plazas supe porque los Soldados lo llamaban y le decían así, le decían “Mi CO. Plazas tenemos a unos”, y el CO. no le paró bolas, luego le volvió a decir otro cuando a mí me estaban tomando los datos, él pasó por ahí y volvió uno de ellos y le dijo “Mi CO. Plazas”, pero ya pasó solo preguntando algo…” [41], de modo que los soldados y policías que custodiaban el traslado de rehenes le rendían informes, y en esa labor que combinaba el aspecto operativo con el de inteligencia, la información más relevante de ella consistía precisamente en la identificación de un rehén sospechoso, es decir, de quien no había certeza de que fuera guerrillero pero sí que era probable que lo fuera; o que fuera especial, esto es, cuando la probabilidad de que fuera guerrillero o le hubiera contribuido a los guerrilleros, era más alta.
En el citado video de Caracol N° 1, a la hora 01:30:22 hasta la 01:31:06 se ve una fila de rehenes a la entrada de la Casa del Florero, puestos contra la pared y custodiados por soldados y policías, y en esa escena aparece el Coronel PLAZAS VEGA entre las personas que interactúan en la escena calmando a quien se dice que es un empleado de la Corte Suprema de Justicia, cuando protestaba por el trato que recibían en ese momento.
Durante la misma entrevista a la que se ha hecho referencia (hora 01:02:34 del video N° 1 de Caracol) el periodista le pregunta: “… hay guerrilleros capturados…” y el Coronel PLAZAS VEGA responde: “… no creo…”. Esta entrevista fue dada la noche del 6 de noviembre de 1985, cuando él ya sabía de la conducción a la Casa del Florero, en su condición de rehenes especiales de Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci, Eduardo Arturo Matson Ospino y Orlando Arrechea Ocoró, a quienes en ese momento no se les había resuelto su situación, de modo que debían figurar como guerrilleros capturados, habida cuenta que hasta entonces se les daba ese tratamiento, no obstante lo cual él los negó.
De modo que volviendo a la pregunta original, sobre cuál sería el sentido y alcance de la expresión “… cuelguen esos hijueputas…”, su mejor entendimiento conduce unívocamente a interpretarla como una instrucción dada a quienes ejercían la labor de evacuación de rehenes del Palacio de Justicia a la Casa del Florero, que era la labor que el Coronel PLAZAS VEGA atendía el 7 de noviembre de 1985. Además solo podía ser referida a los rehenes sospechosos y los especiales, pues no sería inteligente que esa instrucción abarcara a todos los rehenes, pues si los enemigos en combate solo eran los del M-19, qué razón habría para involucrar en la instrucción a quienes no eran guerrilleros, según las evidencias.
Si la labor (posición de mando) del Coronel PLAZAS VEGA en este operativo era el conector entre lo que ocurrió dentro del Palacio de Justicia y lo que ocurrió en la Casa del Florero, y la naturaleza de ambos componentes era el desarrollo de una misma instrucción (las muertes dentro del Palacio de Justicia y las desapariciones forzosas fuera del Palacio de Justicia), es improbable que la instrucción impartida abarcara los dos extremos y no el conector entre ellos, en particular cuando ese conector se desarrolló de un modo consecuente con las desapasiones, pues se dificultó la toma de imágenes de los rehenes saliendo del Palacio de Justicia, y cuando a pesar de ello de todas formas se siguieron haciendo tomas en video y televisivas desde distintos ángulos, a pesar de las distancias, el traslado se hacía velozmente y en grupos bloqueados entre corredores de soldados y otros miembros de la Fuerza Pública que dificultaban las tomas, además preseñalando entre los rehenes, quiénes eran sospechosos y quienes especiales, de manera que cuando entraban a la Casa del Florero, para no ser expuestas en el primer piso, eran pasados directamente al segundo piso.
Pero se debe recordar que además, después de la Casa del Florero, en el cual hubo mando por el Coronel Sánchez Rubiano, el testigo Edgar Villamizar Espinel explicó que Carlos Augusto Rodríguez Vera fue llevado hasta las caballerizas de la Escuela de Caballería, donde se produjo su tortura, muerte y desaparecimiento forzado. Mediante esta actuación posterior es claro el dolo (con sus elementos de conocimiento e intención) del procesado en la realización de estas conductas punibles.
Aquí la Sala destaca que el lugar de ubicación, el tamaño de sus instalaciones y la existencia de zonas alejadas de los casinos y dormitorios de la tropa, hicieron de la Escuela de Caballería un centro de detención especializado, al que se conducían a aquellos respecto de quienes existiera sospecha de pertenecer a algún grupo armado ilegal.
Es cierto que en el proceso no se sabe aún, en concreto y físicamente, quiénes ejecutaron directamente-materialmente la desaparición de Irma Franco Pineda y de Carlos Augusto Rodríguez Vera. Pero lo que sí es inequívoco es que ello no ocurrió como una conducta aislada de unos militares de baja rango, desobedientes, indisciplinados y con desconocimiento de los comandantes de la operación. Al contrario: ocurrió en cumplimiento de una instrucción dada y trasmitida dentro de la jerarquía de las fuerzas del Estado, y solo dentro del aparato de poder que se conformó para esa operación se entiende este resultado antijurídico.
Solo pudieron hacerlo miembros activos de la fuerza del Estado, que eran quienes tendrían un motivo (el M-19 era su enemigo) y la oportunidad de hacerlo, pues solo ellos tenían acceso físico a los dos desaparecidos. Las mismas fuerzas que entraron en un negacionismo de la ocurrencia de estas desapariciones[42], en vez de contribuir a la resolución del problema que subyace en la zozobra de las familias que después de 26 años, no pueden hacer el duelo al dolor del familiar ausente de quien se ignora todo.
Por eso, si bien se ignora el autor material, uno de los autores mediatos es el Coronel PLAZAS VEGA, como se declaró, para estos dos casos, en la sentencia condenatoria apelada, pues estos delitos pueden adecuarse dentro de la instrucción dada y trasmitida en el aparato organizado de poder, como lo fueron las fuerzas del Estado que intervinieron en la operación de recuperación del Palacio de Justicia.
7.3.10.4.- RESPECTO DE PLAZAS VEGA LA RESPONSABILIDAD SE PREDICA POR ACCIÓN Y NO POR OMISIÓN
En un asunto que trascendió el ámbito internacional en el que fue juzgado[43], se dijo: “… (ii) no se necesita probar la orden directa de cometer los delitos concretos dado que quien está en la cabeza de la cadena también puede ser imputado por la omisión de controlar el aparato de poder pudiendo y debiéndolo hacerlo, y (iii) tampoco se necesita probar que el hombre de atrás quiso los actos ilícitos realizados se realizaron, porque basta con demostrar que el dirigente conocía el aparato de poder organizado y sus actividades ilícitas y decidió que continuara con ellas…”.
Como el anterior aparte fue citado como argumento de autoridad en la sentencia apelada, a juicio del Tribunal resulta imperioso hacer las siguientes precisiones:
El elemento material del dominio del aparato de poder no se configura mediante omisión ni ocurre en delitos propios de infracción de deber jurídico exigible. Independientemente de las nuevas posturas dogmáticas, para los efectos de esta sentencia se considera que aún no se supera el límite impuesto por el profesor Roxin en su teoría clásica mencionada, cuando adujo: “… Nuestras reflexiones nos conducen, en principio, al sorprendente resultado de que las consideraciones sobre dominio del hecho, de entrada, no son pertinentes en los delitos de omisión: el omitente no llega a ser autor por su eventual dominio del hecho, sino por el quebrantamiento del deber de evitar un resultado. Y esta idea es sorprendente porque justo en los delitos de omisión es donde doctrina y jurisprudencialmente han recurrido con especial frecuencia a la idea de domino del hecho; pero siendo así que el omitente, de tener la posibilidad de evitar el resultado, sobre la base de nuestra tesis aparecería, por lo general, como autor, la doctrina dominante tiende por el contrario a considerar cómplice al omitente cuando cooperan varios … No obstante, lo correcto de la concepción que aquí se define resulta más fácil de exponer en las omisiones que en los delitos de infracción de deber por comisión. Mientras en éstos la aplicación de principio del dominio del hecho sería inconcebible, si bien incorrecta e insatisfactoria en cuanto a sus resultados en las omisiones, ello es imposible desde el principio: no haciendo nada, no cabe dirigir, configurándolo, el curso de la acción. La dirección, con dominio, del acontecer presupone entre el resultado producido y la persona del autor una relación basada en conducta rectora activa, lo que justamente falta en aquel que se limita a dejar que los acontecimientos sigan su curso…”.
Con base en este postulado, el autor procedió a explorar dos posibilidades: (a) la posibilidad de intervención como dominio por omisión; (b) el omitente como sustentador de dominio del hecho.
La conclusión sobre el primero de los cuestionamientos permite su transcripción: “(…) una formación de conceptos con arreglo a la cual “el domino del hecho” del omitente con base en su posibilidad de intervenir evitando, o en la posibilidad de evitación del resultado particularmente cómoda, es incorrecta e inviable en la práctica. No existe dominio del hecho del omitente en estos casos y, si existiera, con su ayuda no cabría efectuar una delimitación de las formas de participación…”.
Sobre la respuesta al segundo de los planteamientos consideró: “… El “domino del hecho “social” del omitente es, pues, en definitiva, solo un derivado de su deber funcional social: De ahí se deduce que también aquí la circunstancia primaria, fundamentadora de la autoría, es el deber y que no existe un domino autónomo con respecto a este deber. El concepto de dominio del hecho carece, también en este sentido, de importancia para la autoría en la omisión, ya que no puede captar atinadamente su alcance, y donde fuera aplicable, no llevará más allá que el criterio del deber, para nosotros determinante…”.
La Sala mayoritaria considera que sobre este aspecto no se ha podido superar la ausencia de fundamentación, al menos de los aspectos materiales relacionados con la posibilidad de atribuir a una persona la autoría mediata por omisión propia o impropia a través del dominio del aparato de poder. Más aun, nada se dice en torno a la sustentación de conclusiones relacionadas con el deber de garantía que se desprende del control de una fuente de riesgo, en este caso tomada como tal el aparato de poder mismo, que podría fundamentar la determinación de la eventual responsabilidad por la intervención jurídicamente relevante de personas que no hubieran participado de un modo afirmativo en la instrucción del extermino total de los miembros del M-19 por la toma del Palacio de Justicia y los delitos colaterales que causó su ejecución, pero debían evitar que esa instrucción se diera y se trasmitiera, pero en especial, que se cumpliera.
Del mismo modo se enerva con ello el posible desarrollo de la atribución de responsabilidad del superior por su omisión intencional o imprudente, en los casos en que la legislación interna lo permita, de la comisión por omisión o de omisión propia, como acontece en Colombia, país en el cual con base en el artículo 25 del Código Penal sería factible la atribución de responsabilidad penal del superior por el delito cometido por su inferior dentro de estructuras organizadas de poder.
Concretamente se hace referencia a la omisión en los actos de control de los subordinados dentro de la cadena de mando, o para saldar los problemas referentes a la ausencia de conocimiento de los miembros del grupo respecto de los delitos cometidos por los demás miembros de la organización, con relación o sin ella a las políticas del grupo. Del mismo modo se ha utilizado esta teoría para la solución de casos relacionados con las órdenes dadas por algunos de los mandos, en adecuación de otras formas de participación claras, como la determinación en el tema de realización de resultados antijurídicos fuera de las políticas del grupo armado ilegal.
Otra categoría de discutibles precedentes la constituyen los relacionados con errores de aplicación directa del Estatuto de Roma, no solo respecto a la parte especial, para lo cual el legislador nacional desarrolló todo un estudio sobre principio de identidad, en el cual se estableció que solo algunos tipos referidos a lesa humanidad no conforman el catalogo interno de delitos, como en el caso de apartheid o de persecución.
El artículo 28 del Estatuto de Roma dispone: “Artículo 28: Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte: a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas, cuando: (i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y (ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento… (b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando: (i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; (ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y (iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento…“.
Es importante advertir como son claros los pronunciamientos sobre la constitucionalidad de los mencionados principios y su ámbito de aplicación respecto a la necesaria adecuación a la normatividad interna como condición necesaria para su aplicación, se insiste en el ámbito interno. Al respecto, por ejemplo, en el caso del artículo 28 del Estatuto de Roma, la Corte refiere precedentes jurisprudenciales ya expuestos y verificados con anterioridad, como en el caso de la sentencia SU-1184, en la cual concluye cómo a través del artículo 25 de la Ley 599 de 2000, ley preexistente a la entrada en vigencia para Colombia del estatuto de Roma (1º de noviembre de 2002), ya se aplicaban las reglas de omisión impropia para la atribución de responsabilidad por los delitos cometidos por los subordinados al dirigente militar, bien fuera por el nexo de culpabilidad doloso e imprudente, referidos a los ilícitos relacionados con lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos.
Cuando el delito se comete por el inferior como autor material contra la política del aparato organizado de poder, no es plausible resolver el caso atribuyéndole al superior que lo ignoraba, responsabilidad penal por autoría mediata en aparato organizado de poder porque no se cumplen sus elementos esenciales, pues el delito no es producto del dominio del superior sobre el aparato organizado de poder, sino exactamente por la razón contraria, por su falta de dominio, y por esta razón la fuente de responsabilidad debe ser, en Colombia, la responsabilidad de acuerdo con el artículo 25 del Código Penal, en cuanto a que si el superior supo y no hizo nada para evitarlo, el delito se atribuye con dolo eventual; si no lo supo pero debió saberlo, a titulo de culpa cuando el delito permita dicha especie de ejecución, o el delito que se configure por dicha omisión.
7.3.11.- CONCLUSIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO PLAZAS VEGA
Todo lo expuesto supra, que corresponde al análisis de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en forma individual y en su conjunto, permite señalar que el procesado es autor mediato de un concurso de delitos de desaparición forzada[44], porque se evidenció en el proceso:
(i) La existencia de una organización integrada por un grupo de personas. Estos individuos aprovecharon la organización institucional (organismos de seguridad del Estado: Fuerza Pública de Colombia -Ejército y Policía- y DAS) para desarrollar actividades delictivas, de manera tal que desbordaron el marco constitucional y legal vigente previsto para la persecución de los miembros de organizaciones armadas ilegales.
(ii) La organización delictiva tenía la misma relación jerárquica y operaba en forma paralela al aparato institucional. Esto significa que quienes en el ejercicio de las funciones del establecimiento oficiaban como comandantes, también tenían la más alta jerarquía para el cumplimiento de las actividades que se desarrollaban por fuera del ordenamiento jurídico.
(iii) Todas las estructuras de poder contribuían armónicamente, con plena solidaridad de cuerpo, a la ejecución de las actividades ilegales asignadas, motivo por el cual planificaban por anticipado las respuestas que se tenían que dar ante los organismos de control con el propósito de mantener a sus miembros libres de persecuciones penales o disciplinarias.
(iv) La instrucción ilegal se trasmitió por la cadena de mando sin resistencia de sus integrantes. Por ello todos tenían claro qué se debía hacer cuando algún superior disponía que “… esperamos que si está la Manga no aparezca el Chaleco…” o “… cuelguen esos hijueputas…” o a todos los bandidos hay que “… fumigarlos…”, instrucciones que se ejecutaban con dolo (conocimiento y voluntad) sin reparos por la asegurada impunidad, en tanto siempre se creyó (equivocadamente) que el asunto no desbordaba la competencia de la justicia penal militar.
La Sala reconoce que la acción emprendida por el M-19 en el Palacio de Justicia era delincuencial y violaba gravemente normas del Derecho Internacional Humanitario (lo cual es objeto de un juicio distinto a éste), condición en la cual debía haber una respuesta de las autoridades, en especial para proteger a las víctimas directas. Igualmente que en el desempeño de esa operación hubo combatientes del Ejército y la Policía que demostraron un valor sobresaliente, y que las fuerzas del Estado también tuvieron muertes y heridos entre los suyos.
También es cierto que la situación de combate usualmente crea en el combatiente una forma especial de desempeño sicológico y emocional en el cual las conductas emprendidas contra el adversario se ejercen en un estado de debilidad de los controles institucionales y propios de los abusos y la arbitrariedad, que se agudiza en cuanto a que se ven caer a los compañeros y se expone el propio combatiente al riesgo de morir, pero el Ejército de Colombia no intervenía en esta operación en un simple plano de igualdad con la fuerza opuesta, de modo que pudiera hacer lo mismo que ellos, sino como las fuerzas del Estado, esto es, de la razón, para proteger a las víctimas y restablecer sus derechos, primero que todo.
Pero cuando se ejecutaron las desapariciones forzadas de las dos víctimas, ese especial estado había cesado, pues de una parte el combate había terminado, y de otra, el procesado y otros comandantes no estaban en plano de fuego.
(v) Quienes cumplían la orden hacían parte de una amplia estructura que tenía individuos dispuestos a obedecer, y en todo caso eran sustituibles por sujetos que nunca cuestionarían lo ordenado ni se preguntarían sobre la legalidad de los procedimientos.
(vi) Los agentes estatales encargados de cumplir directa y efectivamente las órdenes de torturar y desaparecer forzadamente a quienes se les consideraba enemigos, ejecutaban la consigna en tanto hacía parte del plan general de fumigar a quienes ellos consideraban que debían correr tal suerte.
(vii) Los Comandantes militares (policiales y jefes de otros organismos) tenían control (dominio) de la organización criminal paralela a la institucional y a través de ella de sus integrantes sustituibles, prescindibles o fungibles.
(viii) El superior jerárquico impulsó de manera sostenida la ejecución de actuaciones ilícitas por parte de los miembros del aparato estatal ilegal. Ese hombre de atrás tenía un dominio del riesgo (que es el aparato de poder) de producción de actos ilícitos.
(ix) Conocimiento de la organización o aparato de poder y decisión de que sus miembros ejecuten o continúen ejecutando hechos ilícitos penales.
(x) El lugar de ubicación, el tamaño de sus instalaciones y la existencia de zonas alejadas de los casinos y dormitorios de la tropa, hicieron de la Escuela de Caballería un centro de detención especializado (ilegal), al que se conducían a todos aquellos respecto de quienes existiera sospecha de pertenecer a algún grupo armado ilegal. Dichas personas eran torturadas, y como ocurrió aquí, se desapareció forzadamente a Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera, motivo por el cual se debe confirmar parcialmente la sentencia de condena proferida contra el CO (r) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA.
(xi) Las alegaciones de los recurrentes y las consideraciones plasmadas en el escrito presentado por el procesado reclamando la cesación de procedimiento, en consecuencia, al no tener soporte probatorio ni legal impiden que el Tribunal las acoja, de modo que el desenlace legítimo, legal y único, impone confirmar parcialmente la sentencia de condena impuesta al procesado PLAZAS VEGA.
7.4.- DE LA PENA IMPUESTA
En relación con la pena a imponer por el delito de desaparición forzada, ésta corresponde a la que aparece regulada actualmente en la Ley 599 de 2000, aumentada en los términos de la Ley 890 de 2004, artículo 14, lo que implica que los extremos de la prisión van entre 320 a 540 meses; y como en el presente asunto se está ante un concurso de delitos, la pena se puede aumentar hasta en otro tanto.
El juzgado consideró, luego de señalar el ámbito de movilidad y de establecer los cuatro cuartos punitivos, que la pena a imponer por el concurso de delitos de desaparición forzada era de 30 años, monto máximo que no se podía desbordar con fundamento en que la pena máxima autorizada en los términos del Código Penal de 1980 era de 30 años.
Como se puede observar, en el análisis que hace la a quo se desconoce la jurisprudencia antes citada y en ese sentido las partes no recurrentes señalaron con razón que la pena impuesta se dosificó a partir del mínimo punitivo posible, motivo por el cual demandaron que se incrementara el quantum de la pena. Con todo, en atención al principio de la no reformatio in pejus, y como quiera que en el presente asunto se presenta el fenómeno del apelante único, no es posible agravar la pena del condenado porque si así se procediere se le violarían sus derechos fundamentales, motivo por el cual la pena decretada no será modificada, es decir, se confirmará con esta aclaración.
Esta consideración es necesaria porque en la sentencia apelada la condena se imponía por once desapariciones forzadas y en esta sentencia de segunda instancia se confirma la condena solo por dos desapariciones forzadas, lo cual supondría que debería haber una reducción proporcional en la pena impuesta, pero por las razones señaladas ello no es posible, y por lo tanto, se confirmará la sentencia apelada en este aspecto, en la cuantía prevista de treinta años de prisión.
7.5.- OTRAS DETERMINACIONES.
Con fines de reparación, y con el propósito de satisfacer derechos de las víctimas, la Sala ordenará, de acuerdo con los precedentes expuestos en este mismo sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[45], seguidos en el ámbito interno por la Corte Suprema de Justicia[46], el Consejo de Estado[47] y el Tribunal Superior de Bogotá[48], algunas medidas que honren la memoria de las víctimas directas pero que también impliquen dentro de lo que es posible, impedir que conductas semejantes a éstas, en atrocidad y en agresión al conjunto de valores y principios que conforman la dignidad humana, como la suma de todos los derechos reconocidos a las personas por el sólo hecho de serlo, no vuelvan a ocurrir, dentro del concepto de proscripción de repetición de la ofensa, se dispone:
5. Ante la inexistencia de pronunciamientos por parte de autoridades judiciales que determinen la posible responsabilidad que en estos delitos pueda tener el ciudadano Belisario Betancourt Cuartas[49], Presidente de la República para la época de los hechos, y atendiendo lo inane que resulta la compulsa de copias dispuesta por la a quo, se dispone exhortar a don Luis Moreno Ocampo o quien haga las veces de Fiscal Principal ante la Corte Penal Internacional, para que considere presentar el caso ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno colombiano[50].
Sobre el punto obsérvese que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la única razón convincente de la necesidad de la autorización de las cámaras para que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adquiera competencia en estos casos radica en que, por las implicaciones políticas de estos procesos y de conveniencia nacional, el Congreso de la República hace una previa valoración política (que no jurídica) de la procedencia del proceso penal como tal[51].
8. Compulsar copias de esta sentencia y de la declaración de Edgar Villamizar Espinel, para que se investigue la posible intervención del deponente, así como la de los miembros de la Brigada VII de Villavicencio (Comando Integrado Antiextorsión y Secuestro)[52], que durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 estuvieron en la Escuela de Caballería y que posiblemente participaron de la ejecución de los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio de los que fueron víctimas personas rescatadas del Palacio de Justicia.
De esta manera el Estado colombiano demostrará de manera efectiva a la comunidad internacional su interés en honrar realmente sus compromisos para evitar que crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales queden en la impunidad.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
3°. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia apelada y, como consecuencia de ello, CONDENAR al CO (r) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA como autor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Las penas impuestas por la a quo se mantienen sin modificación alguna.
4°. ORDENAR a la Secretaría de la Sala que dé cumplimiento a lo dispuesto en el acápite denominado “otras consideraciones”.
Fernando Adolfo Pareja Reinemer Alberto Poveda Perdomo
(Con aclaración y salvamento parcial de voto)
[1] En la diligencia de indagatoria rendida el 14 de abril de 2008 (c. N° 1 Paquetes Pruebas Trasladas del 1 al 4 Audiencia Preparatoria), expresó: «puede ver usted doctora que la DINTE, sí envió personal en apoyo al B2 de la Brigada. Por lo tanto, aunque el COICI, dependía de la DINTE, la DINTE nunca me ordenó ni que me agregara ni que fuera apoyo al B2 de la Brigada. Esa Dirección de Inteligencia envió personal directamente. Inclusive eso está en las comunicaciones radiales en las cuales anuncian si no estoy mal, el mando superior anuncia que allá va un apoyo de la DINTE y no lo niega el informe que hace el señor General Arias al comando del Ejército» (subrayas y negrillas agregadas).
[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 23 de febrero de 2010, radicación 32805 (caso del senador Álvaro Alfonso García Romero).
[3] Se destaca que en los delitos de lesa humanidad, como ocurre con la desaparición forzada, se está ante punibles cuyo ámbito de protección va más allá de los bienes jurídicos individuales afectados, como lo son la libertad individual, la integridad física-psicológica y al vida, porque este tipo de acciones finalmente también producen lesión a la seguridad, el derecho a la personalidad jurídica y a la prohibición a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ello es que en la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas se dice que "las desapariciones forzosas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad". En la sentencia C-394/07, la Corte Constitucional expresa que la «consagración constitucional de la prohibición de cometer el acto de desaparición forzada de personas es una manifestación del compromiso internacional del Estado de defender los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional en el marco de la condena a conductas que violan una multiplicidad de garantías fundamentales como la integridad, la seguridad y la libertad personales, la vida digna y todas aquellas que se ven afectadas con la retención arbitraria».
[4] La ejecución sistemática de delitos como la tortura, desaparición forzada, apropiación de menores, etcétera, contra la sociedad civil ha sido calificada por la jurisprudencia argentina como “terrorismo de Estado”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho que la condena a los máximos responsables del terrorismo de Estado tiene un valor preventivo respecto de la repetición de violaciones a los derechos humanos (Véase la sentencia en la caso Simón), S. 1767 XXXVIII, 14 de junio de 2005, radicación 17.768. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia de 2 de septiembre de 2009, radicación 29221.
[5] En la acción estatal de recuperación del Palacio de Justicia «se arrasó, al mismo tiempo, a casi un centenar de personas entre las cuales se contaban once Magistrados de la corte y ocho funcionarios y empleados de esa misma corporación y del consejo de Estado y, “protegiendo las instituciones”, se desinstitucionalizó la rama judicial generando horrendos y justificados temores entre los miembros que la conforman y falta de confianza entre la ciudadanía respecto de la fortaleza institucional de la rama judicial, en un proceso de deslegitimación que no termina aún./ La atropellada cadena de circunstancias, dolorosas unas, escandalosas otras, gravísimas todas, que presencia inerme la ciudadanía, ha impedido que se evalúen concienzudamente las desastrosas secuelas que, en todos los órdenes, dejaron y siguen produciendo los hechos atroces que aquí se juzgan y cuya sola descripción horroriza el espíritu y contrista el alma de un pueblo noble como el Colombiano, todo a contrapelo de cualquier idea de civilización./ Lo dicho muestra hasta qué punto es desacertado invocar la soberanía Estatal como justificante de la acción cuestionada y como fundamento de una pretendida irresponsabilidad patrimonial». Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de febrero de 1995, radicación 9273.
[6] Bogotá, Librería Jurídica, traducción al español de Carlos Armando Figueredo, 1987, p. 248 y 249.
[7] Aunque el inciso 3° del artículo 30 de la Ley 599 de 2010 ubica al interviniente entre los partícipes, esa catalogación es discutible porque el interviniente es autor porque realiza, directamente o con distribución del trabajo criminal, la conducta típica. Se entiende su ubicación como partícipe porque no reúne la calidad exigida en el tipo penal para serlo (servidor público en el peculado, por ejemplo), a consecuencia de lo cual se degrada la pena. Pero esta diferenciación es discutible porque a los determinadores y los cómplices no se les exige la calidad que sí se exige al autor, porque no cometen la acción típica.
[8] Corte Suprema de Justicia, auto de 2 de diciembre de 2008, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, radicación 27677. Así mismo, sentencia de casación de 21 de agosto de 2003, radicación 19213.
[9] La ejecución sistemática de delitos (torturas, desaparición forzada, apropiación de menores, etc.) contra la sociedad civil ha sido calificada por la jurisprudencia argentina como “terrorismo de Estado”. La corte Suprema de Justicia de la Nación argentina ha dicho que la condena a los máximos responsables del terrorismo de Estado tiene un valor preventivo respecto de la repetición de violaciones a los derechos humanos (Véase la sentencia en la caso Simón), S. 1767 XXXVIII, 14 de junio de 2005, Radicación 17.768.
[10] Claudia López Díaz, Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente, el caso Colombiano, Bogotá, Editorial Temis, 2009, p. 173.
[11] Carolina Bolea Bardon, Autoría mediata en derecho penal, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2000, p. 337. El artículo 17 de la Ley 1312 de 2009, se refiere a “grupo armado organizado al margen de la ley”.
[12] Iván Montoya Vivanco, «La autoría mediata por dominio de organización: a propósito del caso Fujimori», http:/blog.pucop.edu.pe/item/27749 (17-11-2009). La expresión teórica alemana mayoritaria demanda: (i) autoría mediata como dominio de la organización; (ii) la fungibilidad en el marco del dominio de la organización; (iii) la necesidad del apartamento del Derecho del aparato de poder; (iv) la disponibilidad hacia el hecho específica de la organización; (v) el poder de imposición de los hombres de atrás como soporte fundamental del dominio del hecho; y, (vi) el dominio del resultado. Claus Roxin, La teoría del delito, Lima, Editorial Jurídica Grijley, 2007, p. 513-534.
[13] corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 2 de septiembre de 2009, radicación 29221.
[15] Por ejemplo, siguiendo los ejes conceptuales de Jakobs se aplicó la teoría de la Coautoría impropia que permitió imponer similares penas a los ordenadores y ejecutores del hecho en los siguientes asuntos: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de casación de 7 de marzo de 2007, radicación 23825 (Caso de la Masacre de Machuca); y de 12 de septiembre de 2007, radicación 24448 (Masacre de La Gabarra).
[16] Héctor Olásolo, «Reflexiones sobre la doctrina de la empresa criminal común en derecho penal internacional», Barcelona, Indret - Revista para el Análisis del Derecho, Universidad Pompeu Fabra, julio de 2009, quien advierte que la primera jurisprudencia de la corte Penal Internacional en los casos Lubanga-Katanga y Ngudjolo, el artículo 25 (3) del Estatuto de Roma (ER): (i) acoge la teoría del dominio del hecho como criterio básico de distinción entre autoría y participación; y (ii) configura la forma de responsabilidad individual que más parece asemejarse a la doctrina de la empresa criminal conjunta (ECC) de las recogidas en el art. 25 del ER (aquella prevista en el párrafo (3)(d) del art. 25 del ER) como una forma residual de complicidad. Véase también, Silvana Bacigalupo Saggese, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Barcelona, Editorial Bosch, 1998, p. 35 y ss.
[17] En la sentencia de condena proferida contra Alberto Fujimori se dijo que (i) para atribuir a una persona la realización de un hecho delictivo por dominio de organización no se necesita probar el dominio del hecho concreto, esto es, el control del curso causal del delito cometido (por ejemplo el control directo sobre el desplazamiento o desaparición forzada de personas), sino que se necesita demostrar el control de la fuente del riesgo, es decir, el aparato de poder; (ii) no se necesita probar la orden directa de cometer los delitos concretos, dado que quien está en la cabeza de la cadena también puede ser imputado por la omisión de controlar el aparato de poder pudiendo y debiendo hacerlo. Y, (iii) tampoco se necesita probar que el hombre de atrás quiso que los actos ilícitos se realizaran, porque basta con demostrar que el dirigente conocía el aparato de poder organizado y sus actividades ilícitas y decidió que continuara con ellas (Véase corte Suprema de la República de Perú, Sala Penal Especial, expediente N° AV 19-2001, sentencia de 7 de abril de 2009, hechos de Barrios Altos, La Cantuta y sótanos SIE).
[18] Carolina Bolea Bardon, Autoría mediata en derecho penal, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2000, p. 338.
[19] Código de Procedimiento Penal de 2000, artículo 232 (certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado) y Código de Procedimiento Penal de 2004, artículos 7° y 381 (convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda).
[20] En el proceso adelantado contra los miembros de las Juntas Militares que gobernaron a Argentina (1976-1983), el fiscal Trassera y la cámara Federal imputaron autoría mediata con instrumento fungible pero responsable (Teoría de Roxin y Bacigalupo), pero la corte Suprema de la Nación condenó por Coautoría (Teoría de Jakobs). En Chile, se aplicó la primera teoría contra los militares y los Directores de la DINA, y contra Pinochet el encausamiento fue por comisión por omisión al tener calidad de garante. Y en Perú, se aplicó por primera vez la propuesta de Roxin en la causa adelantada contra la cúpula de Sendero Luminoso por los hechos de la masacre de Lucanamarca y más adelante -como ya se anotó- en la sentencia dictada contra el expresidente Alberto Fujimori.
[21] En la doctrina desarrollada por Gimbernat se considera que en los crímenes cometidos por una banda serán inductores quienes dan las órdenes, autores los ejecutores del hecho y cómplices los que transmiten el mandato.
[22] Fernando Velásquez Velásquez, «La concurrencia de personas en el delito y los aparatos organizados de poder. A propósito de los crímenes realizados por las estructuras criminales de los paramilitares Colombianos», fotocopias, sin fecha, p. 35. Es posible que respecto de los miembros de la autoridad se edifique responsabilidad penal a partir de la denominada omisión impropia, como ocurrió en las masacres de Tibú (corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 14 de noviembre de 2007, radicación 28017) y Mapiripán (corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 26 de abril de 2007, radicación 25889 y corte constitucional, sentencia SU-1184/01), oportunidades en las que se consideró que los miembros de la Fuerza Pública tenían posición de garante respecto de los bienes jurídicos de la población civil y, con ello, responsabilidad penal en la modalidad de comisión por omisión.
[23] Ibídem, p. 36.
[24] Por ejemplo, corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de única instancia de 29 de septiembre de 2003, radicación 19734, reiterada en auto de única instancia de 10 de junio de 2008, radicación 29268.
[25] También referenciada como “dominio del hecho a través de aparatos organizados de poder”, “autoría a través del poder de mando” y “autoría por dominio de la organización”, entre otros.
[26] Claus Roxin, impulsor de esta modalidad de autoría mediata, precisa que ella se puede presentar tanto en delitos cometidos por órganos del Estado como por la criminalidad organizada no estatal, más excluye los casos de criminalidad empresarial (La autoría mediata por dominio en la organización, en Problemas actuales de dogmática penal, Lima, Ara Editores, 2004, p. 238).
[27] Por ejemplo, corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 30 junio de 2004, radicación 20965, reiterado en auto de 20 de febrero de 2008, radicación 28954. Negrillas agregadas
[28] Véase corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 15 de junio de 2000, radicación 12372. Así mismo, sentencia de casación de 12 de marzo de 2008, radicación 28158.
[29] La Sala ha señalado que: “Las evidencias históricas y probatorias que ahora hacen parte de los hechos notorios, revelan de manera incontrastable que el gran alcance estaba dado en apoderarse del Estado en su conjunto mediante la imposición y nombramiento de candidatos a diversos cargos públicos de la más alta jerarquía, valga decir, financiar, apoyar, controlar, las elecciones populares en los municipios, departamentos, a nivel nacional, propósito que se puso a andar a través de los diferentes pactos delictuosos que se firmaron de manera distribuida a lo largo y ancho del territorio Colombiano”. Y se agregó que todo ello ocurría dentro de un plan dirigido a la “refundación de la patria, de destrucción y construcción de un para-estado mafioso”. Cfr corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 18 de noviembre de 2009, radicación 28540.
[30] Los paramilitares que ejecutaron acciones delictivas en el Departamento de Sucre y que se acogieron al proceso de desmovilización pactado entre el Gobierno Nacional suman varios cientos de hombres.
[31] La jurisprudencia foránea tiene definido que las órdenes que se dan en el ámbito de estructuras de poder organizado no se registran en disposición o documento (corte Suprema de la República de Perú, Sala Penal Especial, expediente N° AV 19-2001, sentencia de 7 de abril de 2009, p. 639).
[32] También referenciada como “dominio del hecho a través de aparatos organizados de poder”, “autoría a través del poder de mando” y “autoría por dominio de la organización”, entre otros.
[33] En el mismo sentido sentencia de 23 de febrero de 2010, radicación 32805
[34] Código Penal de 1936 (Decreto 230 de 1936 que adoptó la Ley 95 de 1936, vigente a partir del 1° de enero de 1937 -artículos 19 y 20-), Código Penal de 1980 (Decreto Ley 100 de 1980, vigente a partir de 1981 -artículos 23 y 24-) y Código Penal de 2000 (Ley 599 de 2000, vigente desde el 24 de julio de 2001 -artículos 29 y 30-)
[35] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 7 de marzo de 2007, radicación 23825, M.P. Javier Zapata Ortiz.
[36] Por ejemplo, algunos señalan que para hacer atribución de responsabilidad a un sujeto (jefe, director, comandante o cabecilla de un grupo criminal organizado, dentro de aparatos estatales o en estructuras propiamente delincuenciales) en condición de autor mediato, como aquí ocurre, se tiene que demostrar que (i) el agente (PLAZAS VEGA) ocupaba un puesto privilegiado (Comandante) en el aparato estatal que se ocupó de la desaparición forzada de personas, (ii) el aparato de poder actuaba al margen de la Constitución y la Ley, (iii) los ejecutores materiales de la acción -también responsables- eran fungibles o intercambiables porque para tal tarea estaba dispuesto un numeroso grupo de individuos dispuestos a cumplir las órdenes que se les impartieran y (iv) disponibilidad al hecho del ejecutor que se estructura a partir de un dominio vinculado a la seguridad en la que el sujeto cumple la orden.
[37] En las estructuras lineales solo hay un jerarca en cada nivel. En las piramidales, a medida que se desciende en la escala de poder, se encuentran más de un jerarca en cada nivel, de modo que hay pares, o sea, dos o más personas con poder equivalente.
[38] Temáticamente se distinguen, por ejemplo, en el Ejército Nacional, las unidades tácticas que se clasifican en Divisiones, Batallones, Pelotones, Escuadras y grupos más pequeños, como patrullas. Pero a su vez los batallones tienen especialidades, como Caballería, Artillería, Infantería, Ingenieros, Escuelas de Formación y de Ascenso, Inteligencia u otros grupos especiales, que representaban estratos iguales de autoridad, pero se diferenciaban funcionalmente porque se desempeñaban, cada uno, en su propio campo temático.
[39] En la diferenciación territorial, esas mismas estructuras se distribuyen por las distintas regiones del país, de modo que existen varios comandantes militares con idéntica jerarquía (cada frente tenía uno) y diferente campo temático y jurisdicción.
[40] Llama la atención cómo se adecua a esta teoría los casos en que quien imparte o trasmite la política, la instrucción o la orden, tiene la misma o inferior jerarquía de quien la ejecuta, pero en campos funcionales distintos y complementarios entre sí, siempre que ambos pertenezcan al mismo aparato de poder.
[41] C. Anexo 44 FL. 17.
[42] En el ámbito internacional las corrientes negacionistas han pretendido, por ejemplo, negar el holocausto judío propiciado por la máquina criminal nacionalsocialista alemana. A consecuencia de tales posturas, que en últimas permite ver en los partidarios de tales “teorías” a puros y duros apologistas de los más graves crímenes de lesa humanidad, algunas tratados internacionales y legislaciones nacionales han determinado sancionar con pena de prisión a dichos pseudoteóricos. Así se tiene que en Israel, al igual que en la "Ley belga sobre Negacionismo" (aprobada en 1995) se prohíbe el apoyo, justificación o negación pública del Holocausto. En Alemania está penalizada la negación o dudas del Holocausto en público según el artículo 130 párrafo 3 (§ 130 Abs. 3) del Código Penal alemán (Strafgesetzbuch), y se considera como "incitación al odio" (Volksverhetzung). Otros países europeos que tipifican esta conducta como delito en su ordenamiento jurídico son: Suiza, Eslovaquia, República checa, Lituania, Polonia, Canadá, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rumania y Sudáfrica. En Colombia bien haría el legislador elevando a delito el comportamiento de los apologistas de los delitos de lesa humanidad.
[43] Corte Suprema de la República del Perú, Sala Penal Especial, Expediente N° AV 19-2001, sentencia de 7 de abril de 2009, hechos de Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos SIE, contra Alberto Fujimori.
[44] Claus Roxin justifica su teoría cuando considera que en estas circunstancias «los poderosos están ante una teoría preventiva frente a los abusos del poder». Conferencia impartida en el seminario Estrategias del crimen y sus instrumentos: El autor detrás del autor en el Derecho penal latinoamericano, Bogotá, 5 de octubre de 2010.
[45] Por ejemplo, sentencia de 27 de noviembre de 2008, caso Valle Jaramillo y otros versus Colombia.
[46] Sala de Casación Penal, sentencia de 27 de abril de 2011, radicación 34547, M.P. María del Rosario González de Lemos, caso de la “Masacre de Mampuján”.
[47] La Sección Tercera, Subsección B, en sentencia de 14 de abril de 2011, radicación 05001-23-31-000-1996-00237-01(20145), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, dispuso “de manera simbólica y con el objeto de que la Nación satisfaga a los demandantes, por la muerte de sus seres queridos Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola los demandantes, víctimas de vulneraciones a los derechos humanos, el Ministro de Defensa en compañía de los altos mandos militares y con la comparecencia de los integrantes de la Décima Brigada, celebrará, dentro de un término razonable, no superior a tres meses calendario contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, una ceremonia con la presencia de los demandantes, participación de la comunidad e invitación a los medios de comunicación del departamento de Antioquia, con cubrimiento nacional, donde se tribute la vida de los antes nombrados, ofreciendo disculpas públicas a los ofendidos y a la comunidad por su muerte, repudiando clara y categóricamente la violación de los derechos humanos, con el compromiso claro y contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder”. También ordenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional que construya “en un lugar destacado del municipio de Zaragoza (Ant.) un monumento con el nombre de las víctimas en desagravio por su muerte y la Procuraduría General de la Nación conocerá de esta decisión para que si lo considera impulse ante la Fiscalía General de la Nación la apertura de la investigación en orden a judicialización de los responsables”.
[48] Cfr. Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, sentencia de 25 de octubre de 2011, radicación 73001 3107 001 2007 00235 04, M.P. Fernando Adolfo Pareja Reinemer.
[49] En la Comisión de Investigación y acusación se han tramitado dos procesos contra el Presidente Belisario Betancourt Cuartas, los cuales fueron archivados por la plenaria de la Cámara de Representantes en sesión de 15 de julio de 1986 y por la misma comisión el 18 de julio de 1990.
[50] Las razones que fundamentan decisiones de archivo fueron políticas y no jurídicas, motivo por el cual la posible responsabilidad del expresidente no ha sido debatida desde la perspectiva jurisdiccional (penal).
[51] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-047/99.
[52] Investigación que se dispone en consonancia con lo solicitado por el defensor del procesado en su escrito de apelación.
Publicado por DERECHO PENAL en 9:40 p.m.