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Timestamp: 2018-08-18 08:03:11
Document Index: 163914524

Matched Legal Cases: ['Artículo 25', 'Artículo 19', 'artículo 291', 'Artículo 25', 'artículo 18', 'artículo 18', 'ARTÍCULO 251', 'artículo 251', 'artículo 304', 'artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 304', 'artículo 22']

Secretario: jorge luis revilla de la torre - Página 8
Artículo 25.- El incumplimiento por parte de los patrones de las obligaciones establecidas en este reglamento, será sancionado en los términos de la Ley y del reglamento correspondiente .
II. Se estimará el monto de la mano de obra total utilizada en la construcción de que se trate, multiplicando la superficie en metros cuadrados de construcción, por el costo de la mano de obra por metro cuadrado que de acuerdo al tipo y periodo de construcción establezca el Instituto;
V. A los salarios base de cotización mensuales respectivos se les aplicarán los porcentajes de las cuotas obrero patronales establecidas en la Ley, obteniéndose así los montos a cubrir por concepto de dichas cuotas.
“Artículo 19.- Si transcurridos los plazos establecidos en la Ley y en sus reglamentos el patrón no cubre las cuotas obrero patronales, los capitales constitutivos, la actualización, los recargos, las multas y los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, ni los impugna y garantiza dentro del plazo respectivo, serán cobrados a través del procedimiento administrativo de ejecución en términos del artículo 291 de la Ley.”
“Artículo 25.- El incumplimiento por parte de los patrones de las obligaciones establecidas en este reglamento, será sancionado en los términos de la Ley y del reglamento correspondiente.
Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto exija el pago de las cuotas obrero-patronales omitidas, de los recargos que en su caso procedieran, de los capitales constitutivos a que hubiese lugar y en su caso, de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad de carácter penal.”
Así las cosas, se pone de manifiesto que es en el propio Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, en donde se hace alusión a los diversos reglamentos a los que debe ceñir su actuación el patrón; así como las obligaciones a su cargo, la forma en que deben cumplirlas y los tiempos en que tienen que hacerlo; motivo por el cual no se deja en estado de indefensión o inseguridad jurídica al impetrante de garantías, ya que a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 18 de dicho ordenamiento jurídico, no se advierte que exista la posibilidad de que la autoridad pueda actuar de manera arbitraria o caprichosa en perjuicio de los gobernados ya que esos aspectos están expresamente señalados en la Ley del Seguro Social, así como en los Reglamentos, de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; para el Pago de Cuotas del Seguro Social o de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; de ahí que se estime infundado dicho planteamiento.
A mayor abundamiento, debe señalarse que, inclusive, en caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, lleve a cabo el procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, el último párrafo del numeral en comento, dispone que la liquidación respectiva se le notificará al patrón para que dentro de los cinco días hábiles siguientes, aduzca las aclaraciones que estime pertinentes o para que, en su caso, entere las cuotas adeudadas con la actualización y los recargos correspondientes, en términos del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social; debiendo expresarse en dicha resolución, los fundamentos y motivos de la liquidación, lo que le permitirá conocer con precisión las razones del por qué se le determina un crédito fiscal.
Resulta aplicable en lo conducente la tesis aislada 1a. XLV/2008 sustentada en la novena época por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, mayo de dos mil ocho, página ocho, misma que es del tenor literal siguiente:
“SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 251, FRACCIÓN XXXVII, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TENDRÁ LAS DEMÁS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE OTORGUEN LA PROPIA LEY Y DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. La fracción aludida, al establecer que el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá las demás facultades y atribuciones que le otorguen la propia Ley, sus reglamentos y cualquier otra disposición aplicable, no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal remisión no provoca incertidumbre a los gobernados en tanto que el objetivo de aquella disposición es tener una adecuada integración del sistema jurídico. Así, cuando el referido Instituto emita un acto basado en facultades no previstas expresamente en las fracciones I a XXXVI del mencionado artículo 251, deberá invocar el fundamento legal del cual deriva la atribución con que actúa, lo que permitirá conocer y, en su caso, impugnar los preceptos correspondientes.”
Amparo en revisión 117/2008. ********** 23 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.
NOVENO.- Por lo que se refiere al agravio que quedó sintetizado en el inciso e) del considerando tercero de esta ejecutoria, a través del cual la parte quejosa, en esencia, sostiene que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó un indebido estudio del planteamiento a través del cual sostuvo que el artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, transgrede lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer una multa excesiva, ya que no permite tomar en consideración la situación económica del particular; el mismo resulta, en una parte, infundado y, en la otra, inoperante, en atención a las siguientes consideraciones:
En primer lugar, se estima necesario precisar que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cuestiones, que quedan prohibidas las multas excesivas, al señalar, en la parte que interesa, lo siguiente:
"Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”
Ahora bien, en torno al concepto de “multas excesivas”, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.
A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir la tesis de jurisprudencia P./J. 9/95 que sustento el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época y que aparece publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, julio de mil novecientos noventa y cinco, página cinco, misma que es del tenor literal siguiente:
"MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo ‘excesivo’, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda."
Así las cosas, el Pleno de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que las leyes que establecen multas entre un mínimo y un máximo, no son inconstitucionales, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor.
Corrobora lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 102/99 sustentada en la novena época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y uno; y que es del tenor literal siguiente:
“MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor.”
Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que las multas que están prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son aquellas que han sido denominadas por este Alto Tribunal como “multas fijas”, esto es, aquellas en cantidad o porcentaje invariable, toda vez que no permiten que las autoridades fiscales tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia y otras circunstancias que tiendan a individualizar la sanción.
Corrobora lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J.10/95 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, julio de mil novecientos noventa y cinco, página diecinueve, que es del tenor literal siguiente:
“MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el primero de lo cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares.”
Una vez precisado lo anterior, procede analizar si el artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, prevé o no una multa excesiva que transgreda lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, se estima necesario transcribir el contenido de dicho precepto jurídico, mismo que establece: