Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43614766
Timestamp: 2019-12-09 00:10:51
Document Index: 270109586

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 48', 'artículo 46', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 46', 'artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 279', 'artículo 36', 'artículo 36', 'Artículo 57', 'artículo 36']

Sentencia de Tutela nº 534/01 de Corte Constitucional, 21 de Mayo de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614766
Sentencia T-534/01
DERECHO A LA PENSION DE JUBILACION-Aplicación inmediata
REGIMEN PENSIONAL DE TRANSICION-Alcance
PENSION DE JUBILACION-Equivalencia tiempo de servicios por publicación de libros
DERECHO A LA IGUALDAD-Discriminación por no aplicación de régimen pensional de transición
PENSION DE JUBILACION-Cotización conforme a la asignación correspondiente al cargo realmente desempeñado
La Corte ha desarrollado una línea jurisprudencial según la cual la cotización de las pensiones debe realizarse teniendo en cuenta la asignación correspondiente al cargo efectivamente desempeñado y no la correspondiente a un cargo diferente pues de lo contrario se incurre en prácticas discriminatorias pues a trabajadores que han recibido una asignación mayor se les reconocen prestaciones económicas en montos correspondientes a trabajadores de asignaciones menores.
CARRERA ADMINISTRATIVA Y CONSULAR-Equivalencias/CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR-Alternación entre plantas interna y externa
Referencia: expediente T-420601
Acción de tutela instaurada por J.E.G.L. contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto de Seguros Sociales
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil uno (2001).
El 21 de septiembre de 1997, J.E.G.L. le solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social el reconocimiento y pago de su pensión de vejez. Esa entidad remitió la solicitud al Instituto de Seguros Sociales pues tuvo en cuenta que el peticionario se encontraba afiliado a tal entidad desde el 27 de diciembre de 1994 y, ante esa situación, era ella la que debía proceder al reconocimiento de esa prestación económica.
El 2 de agosto de 1998 G.L. le solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con base en la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993 afirmando que para la fecha en que ésta entró en vigencia ya había cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicios, en este último caso, teniendo en cuenta el período de equivalencia por libros publicados. Luego, el 17 de junio de 1999, solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez y la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
El 17 de noviembre de 1999, mediante resolución 023836, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez a G.L. con base en el régimen general y no en el régimen de transición de la Ley 100 considerando que el peticionario, si bien cumplía los requisitos para estar en transición, a la fecha de entrada en vigencia de esa ley -1º de abril de 1994-, no se encontraba afiliado a ningún régimen prestacional y que ante ello ese régimen de transición no le resultaba aplicable.
El 14 de diciembre de 1999 G.L. interpuso los recursos de reposición y apelación contra esa resolución, recursos cuya sustentación amplió el 9 de mayo, insistiendo en que cuando entró en vigencia la Ley 100 ya había adquirido el derecho a su pensión de jubilación y que debía aplicársele el régimen de transición puesto que la exigencia de estar afiliado a un régimen pensional fue anulada por el Consejo de Estado y que, para efectos de la liquidación de la pensión, debía tenerse en cuenta el régimen especial para los Embajadores. Además, el peticionario cuestionó que la liquidación de la pensión se haya hecho teniendo en cuenta la asignación correspondiente al secretario general del Ministerio y no la de Embajador P. en la República Checa, que fue el que efectivamente desempeñó.
El 7 de diciembre de 2000 J.E.G.L. interpuso acción de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca indicando que el Instituto de Seguros Sociales le dio un tratamiento discriminatorio al no tener en cuenta el tiempo de servicio equivalente a las obras publicadas, al no solicitar la cuota parte pensional al Ministerio de Hacienda por ese concepto y al aplicar indebidamente el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993. Expuso también que se le violó el derecho de petición al no resolver oportunamente ni los recursos ni el derecho de petición interpuestos. Indicó, finalmente, que el Ministerio de Relaciones Exteriores le dio un tratamiento discriminatorio al no reportar las asignaciones realmente devengadas sino unas correspondientes a un cargo inferior.
La pensión de vejez es un derecho fundamental sólo en la medida en que su negativa, existiendo el derecho, comprometa el mínimo vital y ésta no es la situación del actor pues a él el Instituto de Seguros Sociales le reconoció una pensión por valor de $1.998.640.
El actor tiene todo el derecho de solicitar la revisión de la liquidación hecha por el Instituto de Seguros Sociales pero debe hacerlo ante la jurisdicción contencioso administrativa y no ante la justicia constitucional pues aquella es la competente para decidir si al actor le son aplicables la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753 de 1974, mucho más cuando no ha aportado ejemplares de las obras publicadas y de las que infiere la equivalencia de tiempo de servicios con base en la cual afirma el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión.
La certificación de sueldo y la equivalencia realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores fue hecha con base en normatividad vigente y auxiliándose en jurisprudencia constitucional y por tanto de ello no puede inferirse discriminación alguna.
El derecho de petición no ha sido desconocido pues las peticiones presentadas han sido respondidas por el Seguro y en cuanto a la vulneración del debido proceso, ella tampoco existe pues el recurso de reposición ya fue resuelto y se halla pendiente la decisión de la apelación que si fue concedida.
El régimen aplicable al actor con miras al reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
La no contestación de las peticiones formuladas al Instituto de Seguros Sociales.
La asignación con base en la cual el Instituto de Seguros Sociales liquidó la pensión reconocida al actor.
Carácter fundamental del derecho a la seguridad social
De manera reiterada esta Corporación ha manifestado que les asiste el carácter de fundamentales, y son por tanto susceptibles de protección por vía de tutela, no solo aquellos derechos a los que el Constituyente revistió expresamente de esa calidad, sino también todos aquellos derechos que sin ser directamente portadores de esa especial naturaleza, sí están en conexidad con un derecho fundamental de tal manera que no se puede vulnerar aquél sin menoscabar a éste.
Esa primacía de la seguridad en un Estado que se anuncia como social de derecho se explica en cuanto los derechos de segunda generación entran en conexión directa con derechos fundamentales. Esto es así al punto que en muchísimos ámbitos éstos no se realizan si se desconocen aquellos. Por ello, esta Corporación ha indicado:
"El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido en forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad (CP. artículo 46, inciso 2o.), adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (CP. artículo 11), la dignidad humana (CP. artículo 1o.), la integridad física y moral (CP. artículo 12) o el libre desarrollo de la personalidad (CP. artículo 16) de las personas de la tercera edad (CP. artículo 46). Sentencia T-462-1992. Magistrado Ponente, D.E.C.M...
Sostener lo contrario implicaría desconocer evidentes razones de justicia material que llevaron al constituyente a vincular al Estado con la garantía de la dignidad de quienes, al término de su vida laboral, luego de contribuir con su trabajo a la construcción de la riqueza nacional, merecen de la sociedad, no sólo un justo reconocimiento sino una pensión equivalente a un porcentaje de su salario, para asegurar una vejez tranquila. Frente a este derecho, el Estado debe actuar con toda energía y prontitud, de manera tal que quienes han adquirido, en virtud de su edad y años de trabajo, una pensión de jubilación o vejez, no se vean, ni siquiera transitoriamente, desprotegidos frente a actos arbitrarios o negligentes del propio Estado o de los particulares que por ley estén obligados a asumir la prestación social" Sentencia T-323-1996. Magistrado Ponente, D.E.C.M...
El caso sometido a revisión
De acuerdo con lo expuesto, la Corte advierte que uno de los puntos objeto de controversia en el proceso sometido a revisión radica precisamente en la determinación del régimen pensional aplicable al actor. Mientras él solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación causada antes de entrar en vigencia la Ley 100 y de acuerdo con ese régimen, el Instituto de Seguros Sociales consideró inicialmente la viabilidad del régimen de transición previsto en el inciso segundo del artículo 36 y, tras considerarlo improcedente, optó por reconocer la pensión de vejez aplicando el régimen general consagrado en el artículo 33 de esa Ley.
El actor invoca el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios necesarios para acceder a la pensión de jubilación de acuerdo con el régimen establecido en la Ley 33 de 1985 y para ello solicita el reconocimiento del tiempo de equivalencia correspondiente a la publicación de libros, derecho que plantea con base en la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753 de 1974.
En cuanto a la equivalencia de tiempo de servicios por publicación de libros, hay que indicar que ella está vigente para los servidores públicos exceptuados de la aplicación del sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de 1993 en el artículo 279 de la misma y para los servidores públicos que se encuentren en el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de dicha ley pues así lo advirtió el Consejo de Estado en consulta de 22 de abril de 1998 Consulta Nro.1082. 22 de abril de 1998. Magistrado Ponente, D.C.H.S... Según esa Corporación, la entidad que reconoce la pensión debe asumir lo correspondiente a tal tiempo y por ello no puede solicitarse ni cuota ni bono pensional a otra entidad. Ello es así porque ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso, tienen facultad para destinar la suma referida a las cotizaciones correspondientes a los años de equivalencia en razón de los libros publicados.
Por consiguiente, la discusión no gira en torno a bonos pensionales o cuotas de cotizaciones sino en si debe o no cotizarse por los libros publicados y, en caso positivo, la pregunta sería quién cotiza. En este evento, para evitar que se presente una afectación del equilibrio financiero de la entidad que reconoce la pensión, lo correcto no es que se pidieran bonos o cuotas improcedentes sino que se cotice lo justo tanto por parte del empleador como por parte del trabajador. Orientándose por parámetros similares, en un caso en el que se consideraba la manera cómo debían cubrirse las diferencias en los aportes sobrevinientes a un reajuste pensional, la Corte expuso:
Por otro aspecto, como los aportes remitidos por el Ministerio de Relaciones al ISS correspondieron a un salario menor no devengado por el señor V., el ISS tiene derecho a que se le remitan los aportes bien liquidados, según el salario real (no el de la equivalencia) y esta obligación es tanto del empleador como del trabajador, para lo cual el ISS indicará cuál es la suma que se le adeuda. Cuando principie a operar el reajuste pensional, el I.S.S. podrá descontar de la mesada las sumas que no se cancelaron por aporte, hasta cuando se cubra la totalidad de lo debido Sentencia T-1016 de 2000. Magistrado Ponente, Dr. A.M.C...
Lo expuesto en ese pronunciamiento no solamente se predica sobre el mayor valor del salario base para la liquidación de una pensión sino también en relación con el tiempo de servicios reconocido por concepto de la publicación de libros pues tanto en ese caso como en éste se está ante situaciones que tornan más favorables las circunstancias para el incremento o reconocimiento de una prestación económica y que imponen el correlativo incremento o cotización de los aportes. Esta postura respeta la necesaria armonía que debe existir entre el salario y el monto de las cotizaciones, deja a salvo los derechos del pensionado, distribuye equitativamente las cuotas de cotización y mantiene el equilibrio financiero de la entidad que reconoce la pensión.
Al examen de la resolución 023836 del 17 de noviembre de 1999, se aprecia que la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de acuerdo con el régimen anterior a la Ley 100 ni siquiera fue considerada por el Instituto de Seguros Sociales. No se tuvieron en cuenta ni el sentido de esa solicitud, ni los argumentos del actor, ni se indicaron los motivos por los cuales se descartaba el reconocimiento de la prestación invocada. Ante tal proceder, el actor optó por recurrir ese acto administrativo insistiendo en su solicitud a pesar de que desconocía los argumentos con base en los cuales se le sometió a un régimen pensional diferente del que esperaba.
Con ese proceder, el Instituto de Seguros Sociales desconoció que la motivación de las decisiones es una manifestación del debido proceso en cuanto permite advertir que aquella no es fruto de un simple ejercicio de poder sino de una argumentación fundada en supuestos fácticos y normativos que permiten conocer, y si es el caso controvertir, por qué se acepta o rechaza la pretensión esgrimida.
Esta línea argumentativa, orientada a propiciar el respeto de los derechos fundamentales de los pensionados y a evitar la implementación de exigencias adicionales no previstas por el legislador, ha sido desarrollada también por el Consejo de Estado:
El "régimen anterior al cual se encuentren afiliados" exigido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no puede ser entendido como sinónimo de vínculo laboral vigente, ya que es posible que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, se tengan quince (15) o más años de servicio cotizados y por circunstancias, a la entrada en vigencia del régimen, el interesado no tenga un vínculo laboral. Esta hipótesis no podría entenderse como un impedimento para acceder al beneficio que establece la ley. El "régimen anterior al cual se encuentren afiliados" hace referencia a servicios prestados o cotizados antes de la entrada en vigencia del régimen establecido en la ley 100 de 1993, no al vínculo laboral vigente en ese momento" Sentencia de 31 de agosto de 2001. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero Ponente, Dr. A.O.M.. .
En suma, es cierto que el actor ha sido sometido a un tratamiento discriminatorio, tanto porque de manera arbitraria el Instituto de Seguros Sociales se abstuvo de considerar la viabilidad del régimen pensional por él invocado, como porque se lo sometió al régimen pensional general de la Ley 100 por incumplir una exigencia que no ha sido prevista por ella.
Considera ahora la Corte la situación que se presenta en relación con la información que suministró el Ministerio de Relaciones Exteriores y con base en la cual, entre otros documentos, el Instituto de Seguros Sociales determinó el monto de la mesada pensional del actor. Aquél certificó una asignación mensual correspondiente al cargo de secretario general y no al de Embajador P. en la República Checa y lo hizo con base en el Decreto 10 de 1992, reglamentario de la carrera diplomática.
Y en relación con servidores públicos del servicio exterior, la Corte ha indicado que un artículo de un decreto que reglamentó el anterior régimen de la carrera diplomática no es el aplicable para computar la mesada pensional (Artículo 57 del Decreto 10 de 1992), mucho más si permite la liquidación de prestaciones económicas con base en asignaciones inferiores a las recibidas. Precisamente por ello ha inferido que, aún en caso de estar vigente, esa norma admite la excepción de inconstitucionalidad por desconocer el derecho de igualdad y la universalidad como principios de la seguridad social.
P.F.V.L. adquirió el status de jubilado, llenando con creces los requisitos de edad y tiempo de servicios. El problema radica en que la base para su pensión de vejez no fue el salario por él devengado sino una remisión al salario de otros funcionarios del Estado.
En el presente caso el Ministerio de Relaciones Exteriores envió para efectos de la pensión de vejez del exembajador en Tokio no el sueldo de éste sino el de S. General del Ministerio, cargo que el peticionario de la pensión nunca desempeñó. Al hacerlo el Ministerio de Relaciones Exteriores se basó en una norma inconstitucional y que para el momento en que el señor V.L. inició sus funciones como embajador el 26 de febrero de 1996 estaba tácitamente derogada por las disposiciones de la ley 100 de 1993. Esta actitud constituye una violación al derecho a la seguridad social del accionante, una violación al derecho a la igualdad y por ende al mínimo vital estimado este cualitativamente y en conexión con el derecho a la dignidad.
El señor P.F.V.L. reclamó por escrito, mediante el ejercicio del derecho de petición, al Ministerio de Relaciones Exteriores y este no varió su comportamiento cuando ha debido hacerlo. De manera que la violación a los derechos fundamentales se ha dado, en su origen, en el referido Ministerio. El Estado ha debido responder por escrito a los reclamos de esa persona en forma justa y razonada. Si la reclamación no prosperó cuando ha debido prosperar, si antes de la reclamación ya se había remitido información equivocada y abiertamente inconstitucional, la orden para la protección de los derechos fundamentales conculcados no puede ser otra que la de exigirle al Ministerio de Relaciones Exteriores que envíe nuevamente a los Seguros Sociales la base que legalmente corresponde para la pensión de vejez del señor V.L., a saber: los salarios que él devengo en su cargo de Embajador Extraordinario y P. en el Japón, haciendo como es lógico la conversión de los yenes a moneda colombiana para que este nuevo elemento de juicio sea tenido en cuenta por los Seguros Sociales en una correcta liquidación de la pensión de vejez del solicitante Sentencia T-1016 de 2000. Magistrado Ponente, Dr. A.M.C...
En un reciente pronunciamiento la Corte indicó que el establecimiento de equivalencias entre los cargos en el servicio exterior y los cargos en planta interna debía entenderse en el contexto de la alternación entre el servicio en planta interna y el servicio en planta externa como una especificidad de la carrera diplomática y consular y que por ello era armónico con la Carta que quien ostentaba el cargo de embajador sólo podía ser designado en planta interna en un cargo equivalente o en uno inmediatamente inferior Sentencia C-292 de 2001. Magistrado Ponente, Dr. J.C.T... Pero es claro que una tal relación de equivalencia tiene sentido si de lo que se trata es de evitar una nominación en planta interna en un cargo que no guarde correspondencia con la investidura del cargo que se ejerce en planta externa pero no es posible invocar una relación de equivalencia para perjudicar los derechos del servidor de tal manera que la pensión a que tenga derecho termine liquidándose con un salario base que no corresponde al cargo ejercido en planta externa sino a uno en planta interna con una remuneración inferior.
M. en esa línea jurisprudencial, la Corte concederá la tutela para que el Ministerio de Relaciones Exteriores proceda a certificar la asignación correspondiente al cargo que efectivamente desempeñó el actor y no al que resulte equivalente en virtud de un Decreto susceptible de inaplicarse por excepción de inconstitucionalidad.
En suma, la Corte tutelará el derecho de petición y el derecho a a la seguridad social en conexidad con los derechos a la igualdad y a la subsistencia digna.
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinara del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Segundo. TUTELAR el derecho de petición, el derecho al debido proceso y el derecho a la seguridad social en conexidad con los derechos a la igualdad y a la subsistencia digna de J.E.G.L..
Tercero. ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores que en el término de 48 horas envíe nuevamente al Instituto de Seguros Sociales, en la forma indicada en la motivación de este pronunciamiento, la información sobre la asignación de J.E.G.L. como embajador P. en la República Checa.
Cuarto. ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales que en el término de 48 horas determine el régimen pensional aplicable a J.E.G.L. y resuelva la petición planteada por el actor teniendo en cuenta los razonamientos hechos en la motivación de esta decisión.
Quinto. ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales que la información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sea tenida en cuenta para realizar la liquidación de la pensión correspondiente a J.E.G.L..
Sexto. El Ministerio de Relaciones Exteriores y J.E.G.L. pagarán las sumas correspondientes a los aportes por concepto del reajuste pensional.
Séptimo. Por Secretaría, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.