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Timestamp: 2019-10-16 15:32:38
Document Index: 394242561

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 30', 'artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 16', 'artículo 30', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 210', 'artículo 2', 'artículo 48']

﻿ DECRETO 1066 DE 1998
DECRETO 1066 DE 12 DE JUNIO DE 1998
CONTENIDO:ESTABLECE NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO DURANTE EL PERÍODO DE ELECCIONES.
DECRETO 1066 DE 1998
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 4 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 30 de la Ley 130 de 1994, y los artículos 10 y 16 de la Ley 163 de 1994,
ART. 1º—Transmisiones. Con miras al normal desarrollo del proceso electoral a realizarse el 21 de junio de 1998, los programas, mensajes, entrevistas o ruedas de prensa que se transmitan con candidatos y dirigentes políticos, así como la propaganda electoral, deberán realizarse dentro de los parámetros del respeto a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los demás aspirantes y de las personas en general, de manera que en ningún momento perturben el desarrollo normal del debate electoral, obstaculicen la acción de las autoridades electorales o constituyan factor de alteración del orden público, sin perjuicio del debate político y del ejercicio del derecho a la oposición y de conformidad con la reglamentación que para el efecto dicte el Consejo Nacional Electoral.
Así mismo, en los términos del artículo 27 de la Ley 130 de 1994, los concesionarios de los noticieros y espacios de opinión en televisión, durante la campaña electoral, deberán garantizar el pluralismo, la imparcialidad y el equilibrio informativo.
Los concesionarios de los espacios de televisión y del servicio de radiodifusión sonora que transmitan publicidad política pagada, deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 130 de 1994 y demás disposiciones vigentes. Las autoridades públicas a quienes corresponde ejercer inspección y control sobre la radio, la televisión y demás medios audiovisuales y de comunicaciones, vigilarán, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
En todo caso, la publicidad electoral que se transmita a través de la televisión deberá ceñirse a lo dispuesto en el presente artículo y a las reglas que dicte la Comisión Nacional de Televisión.
A partir del lunes 15 de junio y hasta el lunes 22 de junio de 1998, sólo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados. Cuando se dé aviso de la intención de celebrar reuniones en espacios abiertos durante dichos días, el respectivo alcalde deberá aplazarlas para una fecha posterior.
ART. 3º—Propaganda electoral, programas de opinión y entrevistas. De conformidad con lo previsto en los artículos 29 de la Ley 130 de 1994 y 10 de la Ley 163 de 1994, durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político-electorales a través de radio, prensa y televisión, así como toda clase de propaganda móvil, estática o sonora, camisetas, sombreros, cualquier otra prenda de vestir, banderas, globos aeroestáticos, casetas, afiches, volantes, gacetas o documentos similares que inviten a votar por determinado candidato o simplemente le hagan propaganda. Las autoridades competentes retirarán todos aquellos elementos por medio de los cuales se haga propaganda político-electoral.
Durante el día de elecciones no podrán colocarse nuevos carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir propaganda electoral, así como su difusión a través de cualquier tipo de nave o aeronave. Respecto de los que se hubiesen colocado con anterioridad, se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente.
PAR. —El día de elecciones, se prohíbe a los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora y a todas las modalidades de televisión legalmente autorizadas en el país, difundir propaganda electoral.
ART. 4º—Propaganda en espacios públicos. De conformidad con el artículo 29 de la Ley 130 de 1994, sin perjuicio de lo establecido por la Ley 140 de 1994, corresponde a los alcaldes y registradores municipales, a través de un acto conjunto, regular la forma, lugares y condiciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir propaganda electoral a fin de garantizar el acceso equitativo de los partidos y movimientos, agrupaciones y candidatos a la utilización de estos medios en armonía con el derecho de la comunidad a disfrutar del uso del espacio público y a la preservación de la estética. También podrán, con los mismos fines, limitar el número de vallas, afiches y elementos publicitarios destinados a difundir propaganda electoral.
Los alcaldes señalarán los sitios públicos autorizados para fijar esta clase de propaganda, previa consulta con un comité integrado por los representantes de los diferentes partidos, movimientos o grupos políticos que participen en la elección a fin de asegurar una equitativa distribución.
Los partidos, movimientos o grupos políticos, no podrán utilizar bienes privados para desplegar este tipo de propaganda sin autorización del dueño. El alcalde, como primera autoridad de policía, podrá exigir a los representantes de los partidos, movimientos y candidatos que hubieren realizado propaganda en espacios públicos no autorizados, que los restablezcan al estado en que se encontraban. Igualmente podrá exigir que se garantice plenamente el cumplimiento de esta obligación antes de conceder las respectivas autorizaciones.
ART. 5º—Acompañante para votar. De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 163 de 1994, los ciudadanos que padezcan limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse por sí mismos, podrán ejercer el derecho al sufragio acompañados hasta el interior del cubículo de votación, sin perjuicio del secreto del voto. Así mismo, bajo estos lineamientos podrán ejercer el derecho al voto, las personas mayores de ochenta años o quienes padezcan problemas avanzados de visión.
ART. 6º—Información de resultados electorales. El día de las elecciones, mientras tiene lugar el acto electoral, los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora, los espacios de televisión y del servicio de televisión por suscripción y los contratistas de los canales regionales y locales, sólo podrán suministrar información sobre el número de personas que emitieron su voto, señalando la identificación de las correspondientes mesas de votación, con estricta sujeción a lo dispuesto en este decreto.
Después del cierre de la votación, los medios de comunicación citados sólo podrán suministrar información sobre resultados electorales provenientes de las autoridades electorales de las mesas de votación, de las registradurías municipales, auxiliares, especiales, distritales, y zonales de las delegaciones departamentales de la registraduría y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
ART. 7º—De las encuestas. De conformidad con el inciso segundo del artículo 30 de la Ley 130 de 1994, el día de las elecciones, los medios de comunicación no podrán divulgar proyecciones con fundamento en los datos recibidos, ni difundir resultados de encuestas sobre la forma como las personas decidieron su voto o con base en las declaraciones tomadas a los electores sobre la forma como van a votar o han votado el día de las elecciones.
ART. 8º—Información sobre orden público. En materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales.
ART. 9º—Prelación de mensajes. Desde el viernes 19 de junio hasta el lunes 22 de junio de 1998, los servicios de telecomunicaciones darán prelación a los mensajes emitidos por las autoridades electorales.
ART. 10.—Disponibilidad de las grabaciones. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 74 de 1966, las estaciones de radiodifusión mantendrán a disposición de las autoridades, por lo menos durante treinta (30) días la grabación completa de todos los programas que se transmitan durante el período a que se refiere el artículo 2º de este decreto.
ART. 11.—Ley seca. Queda prohibido en todo el territorio nacional la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las seis (6) de la tarde del día viernes 19 de junio hasta las seis (6) de la mañana del día lunes 22 de junio de 1998.
ART. 12.—Porte de armas. Las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto-Ley 2535 de 1993 adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional, desde el viernes 19 de junio hasta el lunes 22 de junio de 1998 , sin perjuicio de las autorizaciones especiales que durante esas fechas expidan las mismas.
PAR.—Las autoridades militares de que trata este artículo podrán ampliar este término, de conformidad con lo decidido en los Consejos Departamentales de Seguridad, para prevenir posibles alteraciones del orden público.
ART. 13.—Tránsito de vehículos automotores y de transporte fluvial. Los gobernadores, de conformidad con lo decidido en el Consejo Departamental de Seguridad, podrán restringir la circulación de vehículos automotores, embarcaciones, motocicletas, o de éstas con acompañante, desde las seis de la tarde hasta la seis de la mañana, durante el período que se estime conveniente , con el objeto de prevenir posibles alteraciones del orden público.
ART. 14.—Toque de queda. Los gobernadores y alcaldes, de conformidad con lo decidido en el Consejo Departamental y Municipal de Seguridad, y durante el período que se estime conveniente, podrán decretar el toque de queda con el objeto de prevenir posibles alteraciones del orden público.
ART. 15.—Transporte. De conformidad con los previsto en el artículo 210 del Decreto 2241 de 1986, las empresas de transporte que tengan rutas y frecuencias, u horarios autorizados en áreas urbanas, veredales e intermunicipales, están obligadas a prestar el servicio público de transporte con un mínimo del 70% de su parque automotor en el día de elecciones durante las horas de votación. Sólo podrán cobrar las tarifas fijadas por la autoridad competente.
ART. 16.—Fijación de rutas. Los gobernadores, los alcaldes distritales y municipales y las autoridades de tránsito adoptarán las medidas necesarias para fijar rutas de carácter intermunicipal, urbano y veredal que garanticen la movilización y traslado de los ciudadanos a los centros de votación, las que se deberán dar a conocer con la debida anticipación a la ciudadanía, y estarán obligados a controlar la operatividad durante ese día. Para tal efecto, el Ministerio de Transporte permitirá los cambios de ruta que fueren necesarios durante el día de elecciones.
ART. 17.—Consejos Regionales de Seguridad. A partir del lunes 15 de junio de 1998, se podrán convocar Consejos Regionales de Seguridad para coordinar con los gobernadores de la región y los demás integrantes señalados en el artículo 2º del Decreto 2615 de 1991, las acciones que permitan garantizar el normal desarrollo de las elecciones.
ART. 18.—Delegados del Gobierno. Para promover el desarrollo del proceso electoral rodeado de condiciones que permitan plenas garantías, el Gobierno Nacional designará para cada uno de los departamentos y para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, un funcionario del nivel nacional quien el día de las elecciones deberá realizar el seguimiento del proceso electoral; observar el comportamiento de los servidores públicos en relación con el proceso electoral; colaborar con la organización electoral, los organismos de control y vigilancia y las autoridades departamentales y municipales; informar a las autoridades nacionales sobre el desarrollo del proceso electoral, y transmitir a las autoridades competentes sus observaciones y recomendaciones.
ART. 19.—Apoyo a los delegados. Los gobernadores y alcaldes prestarán a las personas a las que se refiere el artículo anterior, el apoyo necesario para que puedan cumplir su cometido.
ART. 20.—Sanciones. Las infracciones a lo dispuesto en el presente decreto por parte de los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora, de los espacios y servicios de televisión por suscripción y de los contratistas de los canales regionales y locales, darán lugar a la aplicación de las sanciones consagradas en las normas que regulan la materia y en los correspondientes contratos de concesión.
Las empresas de transporte que no cumplan con lo dispuesto en el presente decreto serán sancionadas por las autoridades competentes de conformidad con las normas que regulan la materia y en especial lo establecido en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996, teniendo en cuenta que los vehículos que presten ese servicio y los ocupantes de los mismos, estarán protegidos por la póliza de seguros que el Estado tiene contratada con La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
ART. 21.—Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación.