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Timestamp: 2017-07-25 00:40:44
Document Index: 47816880

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 54', 'artículo 334', 'artículo 31', 'artículo 48', 'artículo 86', 'artículo 36']

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[Sentencia T-0154-12] – Derecho al Trabajo – Reintegro
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La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle, Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA
Dentro de los procesos de revisión dictados en los asuntos de la referencia por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó y el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó. I. ANTECEDENTES Actuando mediante apoderado especial, el señor Julián Ismaín Palacios Copete promovió acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de ejercer profesión u oficio, presuntamente amenazados o vulnerados por la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba”. Los hechos, base de la demanda son los siguientes:
Según certificado laboral adjunto a la demanda, está vinculado a la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” como profesor de planta y tiempo completo desde el 1º de agosto de 1979, en virtud de lo cual reúne los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez, incluso sin sumarse el tiempo laborado y cotizado por prestar sus servicios en otras instituciones antes de ser vinculados por el ente accionado.
Señala, que sin detrimento de lo anterior, el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 prescribe lo siguiente: “sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas Instituciones”. Este precepto fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-584 de 1997.
Dice la demanda que pese a haber reunido los requisitos de ley para la pensión de jubilación aún no ha sido notificado del reconocimiento de la misma, ni de la inclusión en nómina para efectos de sus mesadas pensionales por la Nueva EPS, ente donde culminó su cotización. Afirma el accionante, que enterada en suficiencia la Universidad Tecnológica del Chocó de las anteriores circunstancias, “injustificadamente resolvió retirar al actor del servicio a través de la Resolución Número 1192 del 31 de marzo del 2011, motivada en que había cumplido la edad de retiro forzoso de 65 años conforme con lo dispuesto para el efecto por los artículos 31 y 68 del Decreto 2267 de 1979 y en virtud de que había solicitado voluntariamente el reconocimiento de pensión al ISS, hoy Nueva EPS, pretermitiendo la autorización que debió solicitar al Ministerio de Protección Social para lo pertinente.”
2.	Fundamentos jurídicos y solicitud de la tutela
Considera el apoderado judicial que a su representado se le vulneran los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, y a la libertad de ejercer profesión u oficio. En tal virtud, pide que (i) se ordene a la Universidad accionada que en un término perentorio de 48 horas deje sin efectos y por consiguiente suspenda la aplicación de los actos administrativos No. 1192 del 31 de marzo del 2011 y 100-74 del 25 de abril del 2011; (ii) que respecto del retiro forzoso aplique el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 que reconoce un régimen excepcional de los docentes universitarios cuya constitucionalidad fue declarada mediante sentencia C-584 de 1997 e inaplique los artículos 31 y 68 del Decreto 2267 de 1979 los cuales establecen como edad de retiro forzoso 65 años para los que se encuentran dentro del régimen general o común; (iii) como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene el reintegro del señor Palacios Copete en el cargo que se desempeñaba o a uno equivalente con reconocimiento de todos los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones dejadas de disfrutar y cesantías que se causen, aumentos de salario y demás emolumentos dejados de percibir, junto con los que hayan podido causarse desde la fecha en que fue desvinculado del servicio, hasta aquella en que sea efectivamente reincorporado a éste.
♣	Poder para actuar (Fl. 12).
♣	Copia simple de registro civil de nacimiento de Julián Ismain Palacios Copete (Fl. 13).
♣	Copia simple de cédula de ciudadanía de Julián Ismain Palacios Copete (Fl. 14).
♣	Copia simple de la Resolución N° 1192 del 7 de abril de 2011/ por medio del cual se desvincula a un trabajador por reconocimiento de pensión y copia simple de acta de notificación (Fls. 14-15).
♣	Copia de respuesta a derecho de petición (Fls. 16-17).
♣	Copia de recurso de reposición (Fls. 18-19).
♣	Copia del Acuerdo N° 0065 de 1 de diciembre de 1998, por medio del cual se concede una comisión de estudio (Fl. 20).
♣	Copia del Acuerdo por medio del cual se prorroga una comisión de estudio (Fl. 21).
♣	Copia de contrato de comisión de estudio (Fls. 22-24),
♣	Copia de carta de estar a disposición de la Universidad por parte del profesor Ismaín Palacios Copete (Fl. 25).
♣	Copia de constancia de servicios del profesor Ismain Palacios Copete (FI. 26).
♣	Copia de carnet de salud al ISS, hoy Nueva EPS (FI. 27).
♣	Copia de historia clínica (Fis. 28-44).
♣	Copia de sentencia N° 03 de 5 de febrero de 2008 (Fis. 45-51).
♣	Copia de diploma de Doctor en Ciencias Físicas conferido a Julián Ismaín Palacios Copete (FI. 52).
♣	Copia de acta de grado de Julián Ismain Palacios Copete (FI. 53).
♣	Copia de escrito presentado con reconocimiento de firma ante notario (FI. 54).
4.Intervención de la entidad accionada La autoridad accionada rindió el informe en el plazo concedido por el Juzgado de instancia. Solicitó despachar desfavorablemente todas las pretensiones del accionante por existir otros mecanismos de defensa judicial que la hacen improcedente.
Expresa que no existe violación a los derechos del actor porque el retiro del servicio se realizó por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez. Manifiesta que la parte demandante “cuenta con una pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales lo cual le garantiza los ingresos que requiera para su congrua subsistencia.”
Las sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó concede la tutela tras considerar que (i) la causal de retiro por obtención del derecho a la pensión se ajusta a la Constitución Política, siempre que no exista solución de continuidad entre el retiro y el reconocimiento y goce efectivo de la pensión de vejez del interesado o afectado, lo que solo se produce con su inclusión en la nómina de pensionados de la caja de previsión social correspondiente. La solidaridad social, el mínimo vital y el principio de efectividad de los derechos constitucionales son el fundamento normativo de esa condición y (ii) en el presente caso, se evidencia la existencia de una amenaza cierta, inminente y grave, en la medida en que existe una certeza razonable sobre la ocurrencia de la vulneración del mínimo vital del tutelante, dadas las dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas de salud, siendo el mínimo vital un bien especialmente protegido por la Constitución y que en este caso resulta altamente significativo para el accionante y su familia. 6. Sentencia de segunda instancia
La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución, y 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la Corporación, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. 2. Problema jurídico Debe resolver la Corte si se violan los derechos fundamentales de un docente que padece de algún grado de discapacidad y que es retirado del servicio ante el reconocimiento de una pensión de vejez, sin que para la fecha de la tutela se hubiere notificado aún su inclusión en la nómina de pensionados.
La edad de retiro forzoso es el criterio utilizado por la Universidad Tecnológica del Chocó para soportar el retiro del accionante y por ello, se recuerda el cuerpo de doctrina que la Corte ha elaborado al respecto: En efecto, frente a la fijación legal de una edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de servidores públicos, la Corte ha manifestado lo siguiente: “Siempre y cuando la misma responda a criterios objetivos y razonables, debe afirmarse que, en principio, resulta proporcional a los fines constitucionales cuyo logro se persigue. En efecto, la posibilidad de retirar a un servidor público de su empleo, una vez ha alcanzado una determinada edad fijada en la ley, es un instrumento de que disponen el legislador y la administración para lograr el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos (C.P., artículos 13 y 40-7) y el derecho al trabajo de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse como trabajadores al servicio del Estado (C.P., artículo 25). Así mismo, medidas de esta índole persiguen la efectividad del mandato estatal contenido en el artículo 54 de la Carta Política, según el cual “el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar” que, a su turno, es concordante con las facultades genéricas de intervención del Estado en la economía con la finalidad de “dar pleno empleo a los recursos humanos” (C.P., artículo 334). En suma, es posible afirmar que la fijación de una edad de retiro forzoso como causal de desvinculación del servicio público, constituye una medida gracias a la cual el Estado redistribuye y renueva un recurso escaso, como son los empleos públicos, con la finalidad de que todos los ciudadanos tengan acceso a éste en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades.” En esta misma sentencia, en la que se declaró la exequibilidad del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, la Corte sostuvo: “es razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino como mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos.”
Si el reconocimiento se efectuare dentro del término indicado, se decretará el retiro y el empleado cesará en sus funciones.” Para la Corte la restricción impuesta por el cumplimiento de la edad de retiro para que los empleados públicos continúen prestando el servicio se ve “compensada por el derecho que adquieren al disfrute de la respectiva pensión de jubilación (C.P., artículo 48) y a las garantías y prestaciones que se derivan de la especial protección y asistencia que el Estado está obligado a dispensar a las personas de la tercera edad (C.P., artículos 13 y 46),” lo cual garantiza la protección del derecho fundamental al mínimo vital de los antiguos trabajadores.
La Corte Constitucional ha estimado que la acción de tutela no procede, por regla general contra actos administrativos de contenido particular y concreto, toda vez que para controvertirlos judicialmente existe en el ordenamiento jurídico la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, gracias a la cual el interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto que vulnera los derechos cuya protección se invoca. Sin embargo, esta Corporación también ha aceptado la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los mencionados actos cuando ellos vulneran derechos fundamentales y existe peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, de tal manera que se haga necesaria una protección urgente de los mismos. Así fue señalado por la Corte, entre otras muchas decisiones, en la Sentencia T-514 de 2003 en la que manifestó lo siguiente:
Así entonces, por regla general, la acción de tutela es improcedente para solicitar el reintegro de empleados públicos a sus cargos, toda vez que para controvertir los actos por medio de los cuales la administración ha tomado la decisión de separarlos de los mismos, existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; de igual manera si se estuvieran desconociendo los derechos a la estabilidad laboral de un trabajador oficial, el juez natural llamado al conocimiento del litigio sería el juez laboral, lo cual desplaza la acción de tutela dado su carácter residual y subsidiario. No obstante, la Corporación ha admitido la procedencia excepcional del amparo constitucional para solicitar el reintegro de servidores públicos a los cargos de los que han sido desvinculados, cuando en el caso concreto se advierte la vulneración de un derecho fundamental y se evidencie la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en razón a que en estos eventos la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no proporcione una protección eficaz y adecuada a los derechos amenazados o vulnerados. En efecto, con respecto a este tópico, la Corte ha precisado:
“como regla general, la acción de tutela es improcedente para solicitar el reintegro de los empleados públicos, pues en el ordenamiento jurídico está prevista la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, luego existe un medio de defensa judicial propio, específico y eficaz que excluye la prevista en el artículo 86 Constitucional. No obstante la Corte ha manifestado que, excepcionalmente ante un perjuicio irremediable, puede resultar procedente el amparo cuando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta inadecuada para la efectividad de los derechos fundamentales violados, dada la situación que afronta el accionante.”
En efecto, dichos postulados se observaron desde la sentencia T-012 de 2009, cuando la Corte indicó: “Así, dimensionada la situación del accionante de manera integral, estima la Sala que la administración pública, vista en su conjunto, le ha infringido una vulneración grave de sus derechos. Por una parte, incumpliendo las normas en la materia, guarda silencio por un periodo superior a un año con respecto a la solicitud de reconocimiento de pensión de jubilación elevada por el actor. Por otra parte, la administración procede a la desvinculación del accionante del servicio, conforme con una simple aplicación objetiva de las normas de retiro forzoso del servicio por cumplimiento de la edad de 65 años, sin hacer una valoración de sus circunstancias particulares, como son (i) la entera dependencia de su salario para la satisfacción de sus necesidades; y (ii) la falta de respuesta de fondo de la solicitud de pensión que había presentado, privándolo con ese proceder, desproporcionado e injustificado, de la posibilidad de percibir un ingreso que le permita proveerse su subsistencia y la de su familia, con lo cual se vulnera su derecho fundamental al mínimo vital.
La sentencia T- 865 de 2009 reiteró un criterio semejante: “Por otra parte, la administración procede a la desvinculación del accionante del servicio, conforme con una simple aplicación literal de las normas de retiro forzoso del servicio por cumplimiento de la edad de 65 años, sin hacer una valoración conforme a los mandatos constitucionales de sus circunstancias particulares, como son (i) la entera dependencia de su salario para la satisfacción de sus necesidades; y (ii) el hecho de que el reconocimiento de la pensión del actor se vería truncada por la mora en el pago de los aportes a la seguridad social, hecho imputable a la entidad de salud, privándolo con ese proceder, desproporcionado e injustificado, de la posibilidad de percibir un ingreso que le permita proveerse su subsistencia y la de su familia, con lo cual se vulnera su derecho fundamental al mínimo vital.”
“Por esta razón, para esta Sala, retirar a una persona de su puesto de trabajo, sin haberle garantizado que el salario que deja de devengar, como resultado del retiro, tendrá un sustituto adecuado y eficaz en la pensión de vejez, es atentar contra sus derechos fundamentales al mínimo vital, tal como lo ha entendido la Corte (infra 3.2.4.), a la dignidad humana y a la misma vida que puede afectarse si esta prestación social no se le proporciona en forma oportuna y adecuada para afrontar las vicisitudes de la vejez.”
Finalmente la sentencia T- 487 de 2010 en donde igualmente se cuestionaba el proceder de la Fiscalía General de la Nación ante un caso de desvinculación por retiro forzoso, la Corte sostuvo: “A juicio de esta Sala de Revisión, la Fiscalía General de la Nación, antes que desvincular del cargo al señor Cano Díaz, ha debido en primer lugar, colaborar a completar de manera pronta y diligente la historia laboral, y en segundo lugar, debió requerir al Instituto de los Seguros Sociales y colaborar a César Ernesto Cano en el propósito de que resolvieran de manera perentoria su solicitud de reconocimiento y pago de pensión de jubilación.
La doctrina descrita en los casos referidos se aplicará a la tutela revisada, en el análisis que sigue. 5. Caso concreto El señor Julián Ismain Palacios Copete, mediante apoderado especial, promovió acción de tutela contra la Universidad Tecnológica del Chocó, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, y a la libertad de ejercer profesión u oficio, como consecuencia de su retiro estatal docente. La Universidad Tecnológica del Chocó, ente educativo de carácter público, estima que no ha transgredido ningún derecho fundamental al actor, porque a éste se le desvinculó por haber sido reconocida una pensión de jubilación que le garantiza su subsistencia, por lo que pide al juzgado se abstenga de conceder la tutela. Las siguientes circunstancias están probadas en el expediente:
4. El señor Julián Ismain Palacios Copete padece de disfonía hace 11 años, que le produce alteraciones en la producción de la voz, que al hablar se activa contracciones en cara que compromete ojos, boca y cuello, interfiere en actividades como hablar en público, y se encuentra en tratamiento médico especializado por neurología, según se observa de los documentos de la historia clínica visibles entre folios 28 a 44 del cuaderno principal. El accionante allega en sede de revisión la prueba del dictamen N0-70280911 rendido por la Junta regional de calificación de invalidez del Valle del Cauca, de fecha 21 de septiembre de 2011 en donde califica al señor Palacios Copete con pérdida de capacidad laboral del 31 % con ocasión al padecimiento de una distonía bucofacial idiopática. 5. El señor Julián Ismain Palacios Copete recibió el título de Doctor en Ciencias Físicas de la Universidad del Valle, según se acredita con el diploma y acta de grado visibles entre folios 52 a 53 del cuaderno principal.
En punto a lo expuesto, la Sala considera lo siguiente: De los hechos relatados por el accionante a lo largo del proceso, y que no fueron desvirtuados por la entidad demandada, se observa que ante la falta de su salario y sin la pensión efectivamente pagada, afronta una precaria situación psicológica y económica, dada su condición actual de desempleado, la imposibilidad de trabajar por la avanzada edad, la discapacidad derivada de su estado de salud y la carencia de recursos económicos para sufragar los aportes en salud para continuar con la asistencia médica especializada que requiere.
En efecto, da cuenta el material probatorio de que el salario nominal que percibe el accionante, cuya suma es de $5’876.192 representa el único ingreso con el cual cuenta para su manutención personal, familiar y para solventar su enfermedad. Discriminadamente se presenta una aproximación de sus gastos así:
Se reitera entonces, entre otras, la sentencia T-007 de 2010 en donde se dispuso que “retirar a una persona de su puesto de trabajo, sin haberle garantizado que el salario que deja de devengar, como resultado del retiro, tendrá un sustituto adecuado y eficaz en la pensión de vejez, es atentar contra sus derechos fundamentales al mínimo vital, tal como lo ha entendido la Corte (infra 3.2.4.), a la dignidad humana y a la misma vida que puede afectarse si esta prestación social no se le proporciona en forma oportuna y adecuada para afrontar las vicisitudes de la vejez.” Se concluye entonces, que la existencia en el caso objeto de estudio de un perjuicio cierto, inminente, grave y que requiere de medidas urgentes para prevenir la ocurrencia de un daño jurídico irreparable, hace procedente la acción de tutela interpuesta.
En este caso, es de suma importancia precisar que la protección solicitada por el accionante se mueve en dos escenarios: (i) el de la aplicación de la norma de la edad de retiro forzoso pese a que aún no percibe su pensión y (ii) que la desvinculación se produce a pesar de ser una persona en debilidad manifiesta dada su demostrada discapacidad. La decisión de esta Sala girará en torno a estas dos especificaciones en tanto se protege a una persona de la tercera edad que no tiene medios de subsistencia actuales y a una persona discapacitada que gozaba de una protección reforzada, ambas situaciones generadoras del derecho a ser ubicado nuevamente en la institución académica en los términos que dispondrá la parte resolutiva de esta decisión. III. DECISIÓN
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó y en su lugar CONFIRMAR la providencia del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, fallo de primera instancia, en tanto tuteló los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, a la seguridad social en salud, al trabajo en condiciones dignas y justas, y al mínimo vital a favor del señor Julián Ismain Palacios Copete.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de las Resoluciones 1192 del 31 de marzo del 2011 y 100-74 del 25 de abril de 2011, en consecuencia, reintegrar al accionante a una labor compatible con sus capacidades y aptitudes, teniendo en cuenta su estado de salud y las recomendaciones del médico tratante; iniciar y culminar las gestiones administrativas, financieras y presupuestales para satisfacer el pago de los salarios y prestaciones sociales causados durante la interrupción de la relación laboral y abstenerse de retirar del servicio al señor Palacios Copete hasta tanto no sea notificado del acto de inclusión en nómina por parte del Instituto de Seguros Sociales, o la entidad responsable de pagar sus mesadas pensionales.
TERCERO: Líbrense, por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2951 de 1991, para los efectos allí contemplados.
CUARTO: Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.