Source: https://vlexvenezuela.com/vid/irwin-oscar-fernandez-arrieche-375874122
Timestamp: 2020-04-03 03:21:42
Document Index: 375700751

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 4', 'artículo 61', 'IN DUBIO', 'artículo 89', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 257', 'Artículo 89', 'artículo 168', 'artículo 104', 'artículo 99', 'artículo 104', 'artículo 126', 'artículo 61', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 61', 'artículo 168', 'artículo 89', 'artículo 36', 'artículo 104', 'artículo 64', 'artículo 1', 'artículo 168', 'artículo 320', 'artículo 320', 'artículo 168', 'artículo 63', 'artículo 174', 'artículo 63', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 180', 'artículo 174', 'artículo 64', 'artículo 25', 'artículo 61', 'artículo 104', 'artículo 61', 'in dubio', 'artículo 61', 'in dubio', 'artículo 89', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 104', 'artículo 89', 'artículo 89', 'in dubio', 'artículo 104', 'artículo 26', 'artículo 104', 'artículo 61']

Sentencia nº 650 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 23 de Mayo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 375874122
Número de Expediente: 10-0001
El 17 de diciembre de 2009, comparecieron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los abogados F.V.B. y G.A.C., inscritos en el Instituto Previsión Social del Abogado bajo los números 6.854 y 61.758, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano I.O.F.A., titular de la cédula de identidad núm. 10.840.709, según se evidencia de instrumento poder autenticado el 3 de noviembre de 2009, ante la Notaría Pública Segunda de Barquisimeto, Estado Lara, anotado bajo el núm. 40, Tomo 154 de los libros de autenticaciones llevados en esa notaría, y solicitaron la revisión constitucional de la sentencia dictada, el 14 de julio de 2009, por la Sala de Casación Social, que declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por el hoy solicitante, con ocasión del juicio que sigue contra la empresa Productos EFE, S.A.
El 7 de enero de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor F.A.C.L., quien, con tal carácter la suscribe.
Mediante diligencias del 20 de mayo y 11 de noviembre de 2010, así como del 7 de abril de 2011, la representación judicial del solicitante solicitó la continuidad de la presente solicitud y pronunciamiento al respecto.
En virtud de la designación de los Magistrados Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado, por la Asamblea Nacional en sesión del 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.569 del 8 del mismo mes y año. El 9 de diciembre de 2010 se reconstituyó esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado F.A.C.L., Vicepresidente y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.
La representación judicial del solicitante fundamentó la solicitud de revisión sobre la base de los argumentos que se resumen a continuación:
Que, “habiendo ya agotado [su] representado todos los recursos ordinarios y extraordinarios que pueden ejercitarse en nuestro ordenamiento jurídico en contra una decisión judicial, recu[rren] a la competente autoridad de esta Sala Constitucional para solicitar la Revisión de la sentencia N° 1.152, dictada por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, con fecha 14 de julio de 2009, […] correspondiente al juicio que, por pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoado por [su] mandante I.O.F.A. en contra de la empresa PRODUCTOS EFE S.A., por considerar que ese fallo tiene su fundamento en errores jurídicos inexcusables que han desconocido los principios de intangibilidad y progresividad de los derechos laborales e interpretación pro operario de las normas laborales, garantizados en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y violando normas expresas de la Ley Orgánica del Trabajo que son de estricto orden público” (negritas del texto transcrito).
Que, “…[l]a sentencia de la Sala de Casación Social objeto de la presente solicitud de revisión, al declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación interpuesto, ratificó una grave violación del derecho constitucional de [su] representado a ser protegido en el ejercicio y disfrute de sus derechos laborales…”.
Que, “…en el caso que [les ocupa], en su contestación a la demanda, la demandada, después de negar la existencia de la relación laboral, propuso la defensa de Prescripción…”.
Que, “…[l]os tribunales de instancia declararon CON LUGAR la defensa de Prescripción de la acción y en consecuencia improcedente la demanda incoada por [su] representado. La Sala Social (sic) confirmó ese criterio y declaró SIN LUGAR el Recurso de Casación anunciado y formalizado en contra la sentencia del entes (sic) mencionado Juzgado Superior…”.
Que, “…para estimar la defensa perentoria de la empresa demandada, la Sala Social (sic) de este Tribunal Supremo de Justicia negó la aplicación del Parágrafo Único del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo…”.
Que, “…[s]i aplicamos en la interpretación del Parágrafo (sic) único del artículo 104 eiusdem el sentido propio de las palabras del legislador, como lo ordena en primera instancia el artículo 4° del Código Civil, es indudable que la frase ‘para todos los efectos legales’ debe inteligirse que, en caso de despido injustificado o de retiro justificado, la relación de trabajo se considera prolongada hasta el vencimiento del tiempo del preaviso, vale decir que la relación de trabajo no concluye con el acto de despido injustificado sino que se prolonga en su duración por el tiempo correspondiente al preaviso del trabajador, el cual se adiciona en este supuesto, al tiempo efectivamente servido por el trabajador…”.
Que, “…según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo ‘todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de servicios’; pero el mismo legislador se encarga de establecer algunas excepciones a esa regla general; por ejemplo: La prescripción para el reclamo de las últimas utilidades corre a partir del vencimiento del respectivo ejercicio y no desde la terminación de los servicios. De la misma manera el legislador ha instituido como una sanción accesoria a la omisión del preaviso por parte del patrono, la de tenerse el lapso correspondiente, como tiempo efectivo de servicios, vale decir, que la antigüedad en el servicio se prolonga hasta la culminación del tiempo del preaviso…”.
Que, “…[l]a sentencia cuya revisión constitucional solicita[n], al confirmar el criterio de la instancia declarando la Prescripción de la Acción desconoció el Principio IN DUBIO (sic) PRO OPERARIO consagrado en el ordinal 3 del artículo 89 de la Constitución de la República, porque al interpretar el espíritu, propósito y alcance del Parágrafo Único del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, ratificó su criterio sustentado en las sentencias N° 1.777 de fecha 6 de diciembre de 2005 y N° 330 del 15 de mayo de 2003, […] [lo cual] Se trata ciudadanos Magistrados de una interpretación absolutamente restrictiva del Parágrafo Primero del artículo 104 eiusdem; porque la Sala Social (sic) pretende que el legislador debió decir expresamente que el tiempo del preaviso omitido debía adicionarse también a los efectos del cómputo de la prescripción, no obstante señalar que ese tiempo ‘se computará en la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales’…” (negritas del texto transcrito).
Que, “…es incuestionable que cuando el legislador ordena que el tiempo del preaviso omitido por el patrono al trabajador se compute como parte de su antigüedad, el lapso de prescripción no puede comenzar a discurrir sino a partir del vencimiento del tiempo del preaviso…”.
Que, “…[d]esconoció la Sentencia cuya revisión constitucional solicita[n], el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […]. Esta grave infracción constitucional se deriva de la negativa de la Sala Social (sic) de ordenar el reembolso del llamado Fondo de Garantía constituido con el equivalente al 4% de la comisión mensual, de [su] representado que era del 9% sobre las ventas y que por tanto equivale al 36% de su salario mensual. Esta práctica era radicalmente nula, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que mancha de nulidad cualquier acuerdo, pacto o convenio que vulnere los derechos del trabajador…”.
Que, “…[e]n el presente caso, al no pronunciarse la sentencia cuya revisión solicita[n], sobre el reembolso al demandante de ese fondo de garantía, formado con parte de su salario, desconoció el principio de intangibilidad del salario según el cual, el trabajador tiene derecho a la percepción integral de sus salario, sin sometimiento a retenciones o garantías no autorizadas expresamente por la Ley…”.
Que, “…los errores de derecho anotados en que incurrió la sentencia cuya revisión solicita[n], son a todas luces inexcusables pues no es posible admitir una violación tan evidente del principio Pro (sic) Operario que tiene en nuestro país rango y jerarquía constitucionales…”.
Que, “…[e]sa violación constitucional, lesionó en forma irreparable los derechos laborales de [su] representado, pues si la sentencia impugnada hubiese adicionado los dos (2) meses de preaviso que correspondían a [su] mandante, de acuerdo con su tiempo de servicios, el lapso anual de prescripción comenzaba a correr no el 5 de abril de 2003, cuando fue despedido injustificadamente, sino el 5 de junio de 2003; y como quiera que el 3 de junio de 2004 se registró copia certificada del libelo de la demanda con el auto de admisión debidamente autorizada por el Tribunal, copia que encuentra agregada a las actas procesales, quedó interrumpido el curso de la prescripción, la cual se consumaba nuevamente el 3 de junio de 2005; pero como quiera que el 1° de noviembre de 2004 se practicó la notificación de la demandada para la Audiencia Preliminar, quedó definitivamente firme sin efecto la prescripción de la acción…”.
Finalmente, “…[p]or todo lo expuesto, solicita[n] se declare CON LUGAR el presente Recurso (sic) de Revisión, se anule la sentencia impugnada y se ordene a la Sala Social (sic) de este Tribunal Supremo de Justicia, dictar nueva sentencia que corrija los graves errores de derecho denunciados en el presente escrito…”.
La decisión dictada, el 14 de julio de 2009, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, fue del siguiente tenor:
De conformidad con el ordinal 2º del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el recurrente la infracción de los artículos 61 y 104 parágrafo único de la Ley Orgánica del Trabajo y 36 del Reglamento de la misma Ley sustantiva laboral, por errónea interpretación, en los siguientes términos:
En aquellos casos en que el patrono despide injustificadamente un trabajador sin permitirle laboral el lapso que la Ley establece como de preaviso, dicho lapso, así omitido, se computa en la antigüedad a todos los efectos legales, así está preceptuado en el párrafo único del artículo 104, es decir, por ficción legal la fecha de terminación de la prestación de servicios se prolonga en el término por un período igual al que hubiera correspondido de preaviso tomando en consideración su antigüedad en el trabajo (...) su duración se adiciona al tiempo efectivo de servicios del trabajador.
Ahora bien, la antigüedad del actor excede de cinco (5) años, es decir, que siendo la fecha de ingreso del demandante el 15/10/96 y habiendo sido despedido el 05/04/03, fue cuando se materializó el acto voluntario y unilateral del patrono de poner fin al vínculo de trabajo, en atención al artículo 99 de la Ley Orgánica del Trabajo, le resulta aplicable el literal d) del artículo 104 ejusdem, que prevé un lapso de Preaviso de dos (2) meses. Es así como puede concluirse, que la prestación de servicios del actor se prolonga en el tiempo por un período igual al que hubiera correspondido por preaviso de dos meses, es decir, hasta el día 05/06/03, tomando en consideración su antigüedad en el trabajo. (Resaltado del formalizante).
Alega el formalizante, que el sentenciador de alzada incurrió en la violación de la reiterada doctrina dictada por esta Sala de Casación Social y de la Sala Constitucional de este m.T., vulnerando los artículos 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 21 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al declarar prescrita la acción con fundamento en que hizo coincidir la fecha del despido con la fecha de término del vínculo de trabajo, a pesar que, como en el caso de autos, cuando el trabajador es despedido injustificadamente sin permitirle laborar el lapso que la Ley establece como preaviso, dicho lapso omitido, debe computarse a la antigüedad a todos los efectos legales, es decir, que pretende el formalizante que la duración del preaviso de dos (02) meses, se adicione al tiempo efectivo de servicios prestados por el trabajador.
A los fines de constatar el vicio delatado, esta Sala considera conveniente transcribir parcialmente el fallo recurrido, en los siguientes términos:
Ahora bien, vista la anterior declaratoria de prescripción de la acción, esta Sala pasa de seguidas a verificar si efectivamente la presente demanda se encuentra prescrita, por lo que se estima necesario señalar brevemente la forma como se cumplieron las siguientes actuaciones:
De la revisión de las actas que rielan en el expediente, se constata que la presente demanda por concepto de cobro de prestaciones sociales fue incoada por ante el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, en fecha 19 de febrero del año 2004, en la cual el ciudadano I.O.F.A. (sic) alega haber sido despedido injustificadamente en fecha 05 de abril del año 2003.
Seguidamente, rielan del folio 215 al 271, copias certificadas mecanografiadas del libelo de la demanda y su reforma, debidamente registradas por ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara, en fechas 03 de junio del año 2004, 31 de marzo del año 2005 y 04 de abril del año 2006.
Asimismo, consta en autos al folio 58, diligencia de fecha 22 de noviembre del año 2004, mediante la cual el alguacil del Tribunal de la causa, deja constancia que la notificación cartelaria de la demandada EFE, S.A., fue debidamente practicada en fecha 01 de noviembre del mismo año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
De todo lo anterior se evidencia que, si bien la actora demandó dentro del lapso de un (01) año, contado a partir de la fecha de terminación de la relación de trabajo (05/04/2003), legalmente establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, la trabajadora no logró interrumpir la prescripción, visto que, el primer registro de la demanda fue el día 03 de junio del año 2004, es decir, 1 mes 28 días después de expirado el lapso de un (01) año de prescripción, que culminó el 05 de abril del año 2004, y la citación cartelaria de la demandada se practicó el día 01 de noviembre del año 2004, es decir, fuera del referido lapso anual y de los dos (02) meses de gracia siguientes, que vencieron el 05 de junio del año 2004, todo lo cual implica la que la acción se encuentra prescrita.
Finalmente, en cuanto al alegato formulado por el recurrente en su delación, referido a que la acción fue interrumpida con el registro de la demanda por la prolongación de la relación de trabajo por dos (02) meses, debido al preaviso omitido, esta Sala de Casación Social se ha pronunciado específicamente, según sentencia Nº 1777, de fecha 06 de diciembre del año 2005 (caso: J.H.M.S. contra HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE, C.A), en los siguientes términos:
En todo caso, ha sido criterio pacífico y reiterado por esta Sala establecido, entre otras, en sentencia N° 330 de fecha 15 de mayo de 2003 que ‘según lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el literal ‘e’ de dicho artículo, y en virtud de que no se concedió el preaviso al demandante, esta Sala debe advertir que dicha norma establece una adición en el cómputo de la antigüedad del trabajador, cuando se ha omitido el preaviso, más no establece que dicho período también deba aumentarse a los efectos del cálculo que debe realizarse para determinar cuándo prescriben las acciones provenientes de la relación de trabajo’.
En el caso concreto, la recurrida consideró que era improcedente adicionar el lapso correspondiente al preaviso previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo a los fines de computar el término de prescripción, razón por la cual, concluyó que no se tomó en cuenta el preaviso como una prolongación al período que duró la relación laboral, motivación de la recurrida que esta Sala comparte. (Resaltado de la Sala).
De conformidad con el criterio jurisprudencial anteriormente expuesto, no debe computarse el lapso correspondiente al preaviso, contemplado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, como una prolongación de la relación de trabajo entre las partes, a los efectos del computar el lapso de prescripción.
En el presente caso y como ya se señaló con anterioridad, si bien el trabajador demandó dentro del lapso de un (01) año, contado a partir de la fecha de terminación de la relación de trabajo (05/04/2003), legalmente establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, sin embargo, el actor no logró interrumpir la prescripción, visto que, el primer registro de la demanda fue el día 03 de junio del año 2004, es decir, 1 mes y 28 días después de expirado el lapso de un (01) año de prescripción, que culminó el 05 de abril del año 2004 y la citación cartelaria de la demandada se practicó el 01 de noviembre del año 2004, es decir, fuera del referido lapso anual y de los dos (02) meses de gracia siguientes, que vencieron el 05 de abril del año 2004.
En consecuencia, no infringió el sentenciador superior los artículos delatados, motivo por el cual resulta improcedente la presente denuncia. Así se resuelve.
De conformidad con el ordinal 2º del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el recurrente que el sentenciador de alzada al ‘desconocer’ la jurisprudencia dictada por esta Sala de Casación Social, referida a la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, incurrió en la infracción del artículo 89 numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por falta de aplicación, en los siguientes términos:
Omitido el preaviso y no computar éste a su antigüedad, a todos los efectos legales, la recurrida niega la aplicación y vigencia del artículo 36 del Reglamento de la Ley del Trabajo y siendo que el literal d) del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, que prevé un lapso de Preaviso de dos (2) meses la fecha de terminación de la prestación de servicios del actor, se prolonga por un tiempo igual al preaviso omitido, tomando en consideración su antigüedad en el trabajo hasta el día 05 de Junio de 2003, es por ello que en fecha 03 del Mes de Junio del año 2004, se registró libelo de la demanda, auto de admisión y la compulsa por ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Irribarren del Estado Lara, para interrumpir la prescripción de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo literal d) y el artículo 1.969 del Código Civil. (Resaltado del formalizante).
Dada la similitud de la esta delación con la resuelta en el capítulo que precede, se reproduce en idéntico contenido los argumentos allí expuestos, para declararla improcedente. Así se resuelve.
De conformidad con el ordinal 3º del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el recurrente la infracción de los artículos 5 eiusdem y 320 del Código de Procedimiento Civil, por error o falsedad de la motivación, en los siguientes términos:
Disentimos de la apreciación del Juez de la recurrida, al incurrir flagrantemente en el tercer caso de falsa suposición previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, es decir, dar por demostrado un hecho cuya inexactitud resulta de las propias actas del expediente. En efecto, una simple lectura del libelo de la demanda basta constatar que en (sic) dicho instrumento se registró en tres oportunidades a saber: El primer registro marcado con la letra ‘B’ se hizo por ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Irribarren (sic) del Estado Lara. Barquisimeto, en fecha 03 del Mes de Junio del año 2004, quedando registrado bajo el Nro. 13, Tomo 18, protocolo Primero, con lo cual quedaba interrumpida fehacientemente la prescripción, registros que anexamos al escrito de promoción de pruebas marcados con las letras ‘B’, ‘B1’ y ‘B2’. (Resaltado del formalizante).
Señala el recurrente que la recurrida incurrió en el tercer caso de falsa suposición previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, al dar por demostrado un hecho cuya inexactitud resulta de las propias actas del expediente, pues declaró prescrita la acción, aún cuando consta en autos que la prescripción fue interrumpida, al verificarse en el escrito de promoción de pruebas que la demanda fue debidamente registrada en tres (03) oportunidades, por ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Irribarren del Estado Lara, a saber, el 03 de junio del año 2004, el 31 de marzo del año 2005 y, finalmente, el 04 de abril del año 2006.
Visto que lo que pretende delatar nuevamente el formalizante -pero a través de otro vicio- ya fue resuelto en el capítulo I de este recurso, se reproduce lo allí expuesto para declarar improcedente esta denuncia. Así se resuelve.
De conformidad con el ordinal 2º del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el recurrente la infracción del artículo 63 de la Ley Orgánica del Trabajo, por falta de aplicación, en los siguientes términos:
(…) se interrumpió la prescripción para reclamar el pago que por concepto de utilidades con sus intereses le corresponden al actor de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, en consecuencia el Juzgador de Alzada niega la aplicación y vigencia del artículo 63 ejusdem, cuyo concepto y lapso de prescripción especial no forman parte del artículo 61 ejusdem, pues, se refieren a conceptos y lapsos de prescripciones totalmente diferentes, y mucho menos forma parte de los artículos 61 ejusdem (…).(Resaltado y subrayado del formalizante).
Alega el formalizante que el sentenciador de alzada no debió declarar prescrita la acción por el reclamo de las cantidades que puedan corresponder al trabajador por concepto de su participación en los beneficios del último año de servicio, al tratarse de un lapso de prescripción distinto al establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Sin embargo, de la revisión del libelo de la demanda y de sus dos posteriores reformas, constata la Sala que el trabajador no reclamó el pago de la participación del trabajador en los beneficios, consagrado en el artículo 180 de la Ley Orgánica del Trabajo, visto que sólo reclamó las utilidades previstas en el artículo 174 eiusdem, reclamo éste evidentemente declarado prescrito, conforme al artículo 64 de la misma Ley sustantiva Laboral.
Siendo así, no incurrió el sentenciador superior en la infracción del artículo que se le imputa, razón por la cual resulta improcedente la presente denuncia. Así se resuelve”.
Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes está contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.991 Extraordinario, del 29 de julio de 2010; reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.483, del 9 de agosto de 2010, y Nº 39.522, del 1 de octubre de 2010), en sus numerales 10 y 11, en los siguientes términos:
Ahora bien, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la sentencia dictada, el 14 de julio de 2009, por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se declara.
En el presente caso se pretende la revisión de una sentencia emanada de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia dictada el 21 de mayo de 2009, con ocasión del juicio que, por cobro de prestaciones sociales, sigue el ciudadano I.O.F.A. contra la empresa Productos EFE, S.A.
…Conforme al amplio extracto de la recurrida trasladado al fallo que se dicta, la relación de trabajo que dio génesis a la acción que nos ocupa finalizó el día 22 de noviembre de 1996, posteriormente, en fecha 5 de marzo de 1997 se dio por terminado un procedimiento que por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos intentara el demandante contra la empresa demandada, donde se persistió en el despido del trabajador; y es en fecha 18 de marzo de 1998 que se interpone la pretensión bajo estudio, por lo tanto, la Alzada declara la prescripción de la misma, por mandato del artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, motivado a que el actor sobrepasó el tiempo que le concede la Ley para interponer su acción.
En torno a que la recurrida debía considerar que la prescripción de la presente acción comenzaba a contarse tres (3) meses después de concluido el proceso de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, según lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el literal ‘e’ de dicho artículo, y en virtud de que no se concedió el preaviso al demandante, esta Sala debe advertir que dicha norma establece una adición en el cómputo de la antigüedad del trabajador, cuando se ha omitido el preaviso, más no establece que dicho periodo también deba aumentarse a los efectos del cálculo que debe realizarse para determinar cuándo prescriben las acciones provenientes de la relación de trabajo, en razón de que ello está expresamente contenido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo y sólo establece un (1) año para el ejercicio de tales acciones. Así se declara…
. (Vid. sent. N° 330 del 15/7/03).
Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios
PARAGRAFO ÚNICO: en caso de preaviso omitido, el trabajador deberá pagar al patrono como indemnización una cantidad equivalente al salario que le habría correspondido en el lapso del preaviso.
Como quiera que esa circunstancia constituye una conducta ilícita del patrono al no acatar la providencia administrativa de reenganche y resultaría contrario a derecho que quien se coloca al margen de la ley pueda beneficiarse alegando la prescripción de la acción, esta Sala Constitucional, en atención al principio in dubio pro operario, en sentencia N° 376/12 (caso: E.M.A.), consideró necesario interpretar el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, concluyendo que el lapso de prescripción ahí previsto (en los casos en que el patrono no acata la orden de reenganche y pago de salarios caídos contenido en una providencia administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo), comienza a computarse desde el momento en el cual el trabajador renunció al reenganche, y ello ocurrió al ser interpuesta la demanda por cobro de prestaciones sociales. A tal conclusión llegó esta Sala, al razonar lo siguiente:
…Quiere dejar asentado esta Sala que de la conducta rebelde del patrono cuando no acató la providencia administrativa de reenganche del trabajador accionante, no puede derivarse un acto lícito, como pudiera ser la declaratoria con lugar de la prescripción laboral alegada sin cumplimiento de las condiciones para tal fin procesal en contra del trabajador. Pues tal posición conduciría al Juzgador a una interpretación absurda no permitida por la metodología interpretativa de la ley, actos o contratos. No es posible que quien se coloque al margen de la legalidad pueda a su vez beneficiarse con el alegato de la prescripción y su procedencia. Estarían el derecho y la legislación premiando una conducta ilícita con un acto lícito. Esto es inaceptable en toda la teoría del derecho, y muy especialmente, en el Derecho y la legislación del trabajo de raigambre proteccionista de los derechos de los trabajadores. No puede el patrono lucrarse de su propia conducta ilícita cuando desacató la providencia administrativa de reenganche a favor del trabajador accionante, alegando la procedencia de la prescripción en contra de éste, porque el derecho, como se dijo, ampara el acto lícito, no el ilícito, sino para regular las consecuencias que tal conducta apareja (Ex eo non debet quis fructum consequi quod nisus extitit impugnare: ‘Nadie debe conseguir un lucro de aquello mismo que se esforzó por combatir’. Bonifacio. Reglas VII).
Es por ello que, en atención al principio in dubio pro operario, consagrado en el numeral 3 del artículo 89 de nuestra Carta Magna, debe aplicarse la interpretación más favorable al trabajador; razón por la cual, en el presente caso, debe entenderse que el lapso de prescripción previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo comienza a computarse desde el momento en el cual el trabajador renunció al reenganche, y ello ocurrió al ser interpuesta la demanda por cobro de prestaciones sociales. Así se establece…
De este modo, el lapso de prescripción de la acción proveniente de la relación de trabajo, en aquellos casos en que el patrono no acata la orden de reenganche y pago de salarios caídos contenida en una providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo, se computa desde el momento en el cual es clara la intención del trabajador en renunciar a su reenganche, bien sea expresa o tácitamente.
No se trata de eliminar la figura de la prescripción de la acción; se trata de resguardar a cabalidad los derechos del trabajador, quien no obstante obtuvo un pronunciamiento a su favor en sede administrativa para el reenganche y pago de los salarios caídos, vio frustrada su pretensión por una conducta contumaz del patrono. Por ello, en ese supuesto, debe entenderse que “la terminación de la prestación de los servicios” a que se refiere el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo ocurre cuando sea el trabajador (y no el patrono) quien efectúe un acto que, sin lugar a dudas, se interprete como renuncia a su reenganche, como lo sería la interposición de una acción para el cobro de sus prestaciones sociales.
Ahora bien, aunado al criterio que con carácter vinculante estableció esta Sala Constitucional para determinar el momento en que comienza a computarse el lapso de prescripción de las acciones laborales, considera igualmente necesario examinar, el criterio que desarrolló la Sala de Casación Social, en cuanto a que a los efectos del cómputo de la prescripción, no debe adicionarse el lapso del preaviso que otorga el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues tal postura, no es acorde con el fin proteccionista que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga al trabajador y al trabajo como hecho social, así como tampoco atiende a los principios que se encuentran expresamente receptados en diversas disposiciones constitucionales y legales, los cuales son de importancia capital, pues como bien lo afirma Plá Rodríguez son “líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos” (PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo, 3ra. edic. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1998, p.14).
En sentencia N° 790 del 11/4/02, esta Sala Constitucional, expuso el alcance del “trabajo como hecho social” a la luz de su mención en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresando lo siguiente:
…Observa esta Sala, que la Constitución de 1999 pretende reforzar las conquistas que -de forma progresiva- se han alcanzado en nuestro país, en el régimen jurídico del trabajo, tanto público como privado, dada la universalidad de los derechos fundamentales y su condición expansiva, que no excluye, sino por el contrario, integra, a grupos o comunidades en el disfrute de éstos, y que viene a sumarse al poco más de medio centenar de Convenios Internacionales del Trabajo, que se han suscrito; en especial, los relativos a la libertad del trabajo (Convenios números 29, de 1930 y 105, de 1957, sobre el trabajo forzoso u obligatorio), a la igualdad (Convenios número 100, sobre igualdad de remuneración, 1951 y número 111, sobre la discriminación-empleo y ocupación-, 1958) y a la libertad sindical (Convenios número 87, sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 1948, y número 98, sobre el derecho de sindicación y protección colectiva, 1949), así como los demás Convenios que cubren una amplia gama de materias, que van desde el empleo, política social, administración del trabajo, relaciones profesionales, condiciones de trabajo, hasta la seguridad social. (Vid. E.M.Q. y F.I., Ob.cit, p.49).
3. (…) Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad…
(...) observamos en el caso que nos ocupa, un punto muy controversial en el derecho del trabajo, el cual no es otro que el problema que encierra la aplicación del principio denominado ‘de la norma más favorable
la cual forma parte del ‘principio protector’, al igual que las reglas de ‘indubio pro operario’ y ‘de la condición más beneficiosa’ con las que se complementan.
La comparación debe efectuarse teniendo en cuenta el tenor de las dos normas. No puede, en cambio, comprender las consecuencias económicas lejanas que la regla puede engendrar.
La comparación de las dos normas debe tomar en consideración la situación de la colectividad obrera interesada y no la de un obrero tomado aisladamente.
La cuestión de saber si una norma es o no favorable a los trabajadores no depende de la apreciación subjetiva de los interesados. Ella debe ser resuelta objetivamente, en función de los motivos que han inspirado las normas.
La confrontación de dos normas deber ser hecha de una manera concreta, buscando si la regla inferior es, en el caso, más o menos favorable a los trabajadores.
Como la posibilidad de mejorar la condición de los trabajadores constituye una excepción al principio de intangibilidad de la regla imperativa, jerárquicamente superior, no puede admitirse la eficacia de una disposición inferior mientras que pueda dudarse de que sea efectivamente más favorable a los trabajadores…”.
Otro ejemplo a citar mediante el cual la Sala de Casación Social ha puesto de manifiesto la preeminencia de aplicación del principio protector, es el fallo N° 2080 dictado el 12 de diciembre de 2008 (caso: N.J.M.C. vs. Venezolana de Televisión), en el cual se estableció lo siguiente:
…Para resolver la misma ha de tenerse en cuenta, el principio protectorio constitucionalmente consagrado, en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone:
Ahora bien, la norma constitucional recoge lo que doctrinariamente se denomina el principio protectorio, el cual se expresa en tres formas: a) la regla in dubio pro operario, el cual se desprende cuando hace referencia a que ante la interpretación de una norma, el juez o intérprete aplicará de los posibles sentidos que pueda tener la misma, aquello que sea más favorable al trabajador; b) la regla más favorable, conforme a la cual cuando a un caso en particular le sea aplicable más de una norma, se debe aplicar aquella que sea más favorable al trabajador, que como lo señala A.P.R. en su obra ‘Los Principios del Derecho del Trabajo’ citando A.G. en el alcance de esta regla ‘No se aplicará la norma que corresponda conforme a un orden jerárquico predeterminado, sino que en cada caso se aplicara la norma más favorable al trabajador’, debiendo denotarse que al estar constitucionalmente consagrado este principio, queda garantizado el principio de la jerarquía normativa; y c) la regla de la condición más beneficiosa, conforme a la cual según el citado autor ‘la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un trabajador’.
Todo lo cual conduce a esta Sala a declarar sólo aplicable en el presente caso, la cláusula 141 de la Convención Colectiva que rige la relación de trabajo entre la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN y los trabajadores de la misma en cualquiera de sus canales…
PARAGRAFO ÚNICO: En caso de omitirse el preaviso, el lapso correspondiente se computará en la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales…
En el caso en concreto, observa esta Sala que la disposición respecto a la prescripción de las acciones derivadas de la relación de trabajo, dispone que el lapso para accionar en sede jurisdiccional es de un año. Sin embargo, el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece que, “en caso de omitirse el preaviso, el lapso correspondiente se computará en la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales“. La función de la norma citada, como bien lo afirma J.I.B., “es evitar la ruptura brusca del contrato de trabajo, a fin de que el trabajador tenga la posibilidad de procurarse oportunamente una nueva ocupación”, (“El Preaviso en el Contrato de Trabajo” Universidad del Zulia, Facultad de Derecho, Maracaibo, 1970. P. 78)”.
Tomando en consideración que la prescripción de la acción incoada por el ciudadano I.O.F.A., fue declarada además de la Sala de Casación Social, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara (el 18 de octubre de 2007) y confirmada por el Juzgado Superior Primero de la Coordinación del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial (el 9 de enero de 2008), sin que ninguno efectuara pronunciamiento sobre el mérito de la causa, esta Sala Constitucional, atendiendo al mandato del artículo 26 de la Carta Magna que propugna la justicia sin dilaciones indebidas, ANULA igualmente dichos fallos y REPONE la causa al estado en que un tribunal de primera instancia de juicio de la misma Circunscripción Judicial, dicte sentencia al fondo conforme al criterio establecido en el presente fallo.
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara HA LUGAR, la solicitud de revisión propuesta por el ciudadano I.O.F.A. de la sentencia dictada, el 14 de julio de 2009, por la Sala de Casación Social, la cual se Anula. En consecuencia, se REPONE la causa al estado en que un tribunal de primera instancia de juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, dicte sentencia al fondo conforme al criterio establecido en el presente fallo.
Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente indicación “Sentencia que, con carácter vinculante, interpreta conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, a los efectos de establecer que en el supuesto en que se despide a un trabajador por causa injustificada y se omita el preaviso, el lapso al que tiene derecho por efecto de la antigüedad, se dejará transcurrir con anterioridad a que comience a computarse el lapso que dispone el artículo 61 ejúsdem a los efectos de la prescripción de la acción” .
Remítase copia del presente fallo tanto a la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, como al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y al Juzgado Superior Primero de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial de la misma Circunscripción Judicial.
Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 23 días del mes de mayo de dos mil doce. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
Exp. N° 10-0001
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 10 de Octubre de 2005