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Timestamp: 2017-02-22 11:23:19
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V Informe de Seguimiento a la aplicación en Colombia de las Recomenda…
V Informe de Seguimiento a la aplicación en Colombia de las Recomendaciones del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas (Enero - junio de 2008)
Colombia: Informe de seguimiento a ...
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. V Informe de Seguimiento a la aplicación en Colombia de lasRecomendaciones del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas Enero - junio de 2008 Bogotá, marzo de 2009. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 2.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. TABLA DE CONTENIDOPresentación Capítulo 1. El desplazamiento forzado se incrementa como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario 1.1 Los desplazamientos individuales superaron a los éxodos masivos 1.2 Las comunidades afrocolombianas y campesinas y los pueblos indígenas fueron las principales víctimas de los desplazamientos forzados Capítulo 2. Colombia carece de una política que respete los derechos humanos y garantice la protección contra el desplazamiento forzado 2.1 El Sistema de Alertas Tempranas no ha recobrado su independencia La reglamentación del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas es contraria a los principios del Sistema de Alertas Tempranas Capítulo 3. No existe una política de protección a la vida y la integridad de las víctimas durante el desplazamiento Capítulo 4. No se han adoptado medidas para superar la impunidad sobre el delito de desplazamiento forzado Capítulo 5. La impunidad abarca la vulneración del derecho a la restitución de los bienes de las víctimas del desplazamiento Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 3.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.5.1 Los cambios institucionales establecidos en la ley de Estatuto de Desarrollo Rural hanafectado negativamente la protección de las la tierras de la población desplazada y en riesgo dedesplazamiento5.2 Las reformas institucionales han resultado inadecuadas para garantizar el derecho a larestitución de las tierras de la población desplazada5.3 La ley de “Justicia y Paz” no ha garantizado la restitución de los bienes de las víctimas deldesplazamientoCapítulo 6.Los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento no están garantizados6.1 Las violaciones a los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento son motivode preocupación para la Defensoría del Pueblo6.2 El gobierno no ha implementado programas específicos para las mujeres víctimas deldesplazamiento forzado6.3 La Fiscalía General de la Nación no ha garantizado el derecho a la justicia de las mujeresvíctimas de violencia sexualCapítulo 7.Solicitudes al Representante Especial Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 4.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.V Informe de Seguimiento a la aplicación en Colombia de las Recomendaciones delRepresentante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechoshumanos de las personas internamente desplazadas (enero – junio de 2008)PresentaciónLa Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- trabaja por la promoción de los derechos humanos ydel derecho humanitario, y la utilización de instrumentos internacionales de protección de losmismos. Entre sus actividades se encuentra la publicación periódica de informes sobre la situaciónde derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia.En este marco, la CCJ ha contribuido al monitoreo de la evolución del desplazamiento forzado y dela aplicación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y de las recomendacionesinternacionales en la materia, participando en la preparación de informes al Representante Especialdesde 1996. En el marco del 8º Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebradoen junio de 2008, la CCJ presentó al Representante el IV Informe de Seguimiento a la aplicación de lasRecomendaciones del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos de laspersonas internamente desplazadas (2006- 2007).En consideración al agravamiento del desplazamiento en Colombia y dando continuidad almonitoreo la CCJ presenta el V Informe de Seguimiento a la Aplicación de las Recomendaciones,correspondiente al período enero – junio de 2008. Además, el informe brinda información alConsejo de Derechos Humanos que en diciembre de 2008 adelantó el Examen Periódico Universalsobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano, en particular laaplicación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y de las recomendaciones enla materiaEl primer capítulo del informe se ocupa de la evolución del desplazamiento en el período deestudio. Los siguientes capítulos están dedicados al análisis de la aplicación de las recomendacionesdel Representante relativas a la protección contra los desplazamientos; la protección durante eldesplazamiento; el derecho a la justicia respecto del delito de desplazamiento forzado; la restitucióndel patrimonio de la población desplazada; y los derechos de las mujeres desplazadas. Por último, eldocumento presenta las Conclusiones y las recomendaciones al Representante. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 5.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.1. El desplazamiento forzado se incrementa como consecuencia de las violaciones a losderechos humanos e infracciones al derecho humanitarioLas graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derechohumanitario cometidas por las partes del conflicto armado interno -Fuerza Pública, gruposparamilitares y grupos guerrilleros - ha causado, desde 1985, un promedio anual de 200 milpersonas desplazadas. Actualmente, Colombia es el segundo país del mundo en cuanto a poblacióndesplazada, después de Sudán. De acuerdo con el informe sobre desplazamiento forzado interno enel mundo del Internal Displacement Monitoring Centre –IDMC, el país acumula hasta cuatromillones de personas desplazadas, cifra que continúa aumentando de manera preocupante1.La enorme dimensión del desplazamiento forzado en Colombia es compartida por el AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien destacó que [m]ás allá de la diferenciaen las cifras entre el Gobierno y los organismos que le hacen seguimiento al desplazamiento forzado en Colombia, elsegundo lugar ocupado por el país en el escalafón de las naciones con mayor número de desplazados, de acuerdo con elAlto Comisionado de la ONU para los Refugiados, despertó preocupación porque ni países en guerra como Irakalcanzan los niveles colombianos”2.No obstante, la gravedad del desplazamiento forzado es negada y distorsionada por representantesde alto nivel del gobierno colombiano, como el vicepresidente de la República quien afirmó que “laONU suele escandalizar para conseguir plata”3.Asimismo, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional tiene unregistro muy inferior, reconociendo 2,5 millones de personas desplazadas, de las cuales 1,4 milloneshabrían abandonado sus lugares de origen entre agosto de 2002 y marzo de 2008.Adicionalmente, el asesor de la Presidencia de la República José Obdulio Gaviria, durante una visitaa Washington realizada en julio de 2008, cuyo propósito era promocionar el Centro de PensamientoPrimero Colombia, creado para apoyar la política de Seguridad Democrática del Gobierno, negó laexistencia del conflicto armado interno y del desplazamiento interno: “Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla (...) esa gente se fue para ciudades y allá están como migrantes, más la gente que se fue del país, clase alta y media. (...). La propaganda internacional sobre nuestra situación de desplazamiento masivo, como el mayor desplazamiento del mundo, suma todos los que salieron durante los últimos 40 años”4.En el informe anterior, la CCJ reportó que a partir de la fecha de la misión del RepresentanteEspecial hasta diciembre de 2008 todas las partes del conflicto armado causaron desplazamientosforzados y que se presentó un incremento de la modalidad de desplazamientos masivos,especialmente de comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas. La CCJ también señaló que elgobierno no implementó una política especial de prevención del desplazamiento forzado quegarantice los derechos humanos de la población desplazada puesto que continuó privilegiando la“política de ‘seguridad democrática’, que tiene por objetivo fortalecer la “acción antiterrorista” de la Fuerza Pública,que es contraria a los derechos humanos y a las normas del derecho humanitario que protegen a la población civil”5.1 Internal Displacement Monitoring Centre –IDMC-, Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in 2007,April 2008, pág. 13, en http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/BD8316FAB5984142C125742E0033180B/$file/IDMC_Internal_Displacement_Global_Overview_2007.pdf2 Colombia, segundo en desplazados, diario El Tiempo, Junio 17 de 2008, págs. 1-6.3 Vicepresidente de Colombia le resta importancia a informe de Acnur sobre desplazados en Colombia, diario El Tiempo, junio 18 de2008, en http: // www.eltiempo.com4 “El país según José Obdulio”, revista Cambio, 14 al 20 de agosto de 2008, pág. 23.5 Comisión Colombiana de Juristas, IV Informe de seguimiento a la aplicación en Colombia de las recomendaciones del RepresentanteEspecial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas (julio de 2006 adiciembre de 2007), febrero de 2008. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 6.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.Aunque prevalece la modalidad individual y familiar de los desplazamientos, en el semestre de 2008cubierto por el presente informe, también ocurrieron gran número de desplazamientos masivosocasionados por causas como los combates; operaciones de la Fuerza Pública para erradicarcultivos de uso ilícito; violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública;violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de los grupos paramilitares que operanbajo denominaciones diferentes; infracciones del derecho humanitario por parte de los gruposguerrilleros, como el uso de minas antipersona; y reclutamiento directo e indirecto de niños portodas las partes del conflicto armado. Es importante señalar que varios desplazamientos forzadosmasivos se consumaron pese que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo –SAT-, había emitido previamente Informes de Riesgo con las respectivas recomendaciones a lasautoridades responsables de adoptar medidas de prevención y protección.1.1 Los desplazamientos individuales superaron a los éxodos masivosLos reportes del Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR dan cuenta de algunas característicasdel fenómeno. Entre enero y marzo de 2007, 21.764 personas desplazadas recibieron asistenciahumanitaria del CICR, de las cuales 15.083 corresponden a desplazamientos individuales atendidos11 centros urbanos, mientras que 6.681 personas corresponden a 16 desplazamientos masivos,cifras que muestran “un incremento cercano al 45% con respecto al trimestre inmediatamente anterior (octubre-diciembre 2007)”6. Según el CICR, las causas de estos desplazamientos fueron minas antipersonales,restricciones, amenazas directas, enfrentamientos armados y la muerte de un miembro de la familia.Entre abril y junio, el CICR brindó asistencia humanitaria a más de 19.000 personas desplazadas, delas cuales más de 16.200 correspondieron desplazamientos individuales mientras que las cerca de3.000 personas restantes corresponden a 12 desplazamientos masivos ocurridos en losdepartamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Huila y Nariño”7.1.2 Las comunidades afrocolombianas y campesinas y los pueblos indígenas fueron las principalesvíctimas de los desplazamientos forzadosTal como ocurrió en 2006 y 2007, los desplazamientos masivos afectaron especialmente a lascomunidades rurales. A continuación se reseñan 26 éxodos masivos registrados por la CCJ en losseis meses del presente informe.i. El 1 de enero comenzó el desplazamiento de los indígenas Kogui del corregimiento El Palmor,municipio de Ciénaga (Magdalena), en la Sierra Nevada de Santa Marta, hacia los corregimientos deJulio Zawadi y Santa Rosalía pertenecientes al mismo municipio.Los indígenas denunciaron la guerrilla y grupos paramilitares hurtan sus alimentos, presionan elreclutamiento de los jóvenes y les amenazan con la muerte en caso de que denuncien. En la zonahay presencia del Frente 19 de las Farc, grupos paramilitares que ahora se llaman banda de “LosMellizos”, y tropas de un Batallón de Alta Montaña del Ejército8.ii. Entre el 6 y el 12 de enero de 2008 fueron desplazadas 56 personas de la vereda El Paraíso,municipio de Arauquita (Arauca), presuntamente por las Farc.6 Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, Informe Trimestral Colombia Enero – Marzo de 2008, págs. 1 y 2 en http://www.cicr.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/colombia-update-090608/$File/colombia-bulletin-010408.pdf7 CICR, Informe Trimestral Colombia Abril – Junio de 2008, en http://www.cicr.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/colombia-update-260808/$File/colombia-bulletin-010708.pdf8 “Sigue desplazamiento de indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta”, diario El Tiempo.com, marzo 13 de 2008. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 7.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.Los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros Farc y Eln dejaron dos personas civiles muertas9.Como consecuencia de amenazas de estos grupos, alrededor de 2.000 personas se desplazaron hacialos cascos urbanos de Saravena, Arauquita, Fortul y Tame (Arauca), Dicho desplazamiento afectó a44 de las familias desplazadas pertenecen a la comunidad indígena Guahibos-Managua, delresguardo La Esperanza10.iii. En el corregimiento de Suruco Santa Mónica, el municipio de Istmina (Chocó), el 14 de enero de2008 un grupo de 15 presuntos paramilitares asesinó a dos personas; desapareció a ocho (entre ellasdos niños) y provocó el desplazamiento forzado de aproximadamente 120 personas11.v. El 30 de enero de 2008, se denunció un desplazamiento masivo de 10 familias campesinas de 20veredas de Orteguaza (Caquetá) originado por las acciones del grupo guerrillero Farc contra lapoblación civil12.vi. Aproximadamente 500 personas se desplazaron por vía fluvial de las comunidades de Don Paíto,Basura, Las Camelias, Playagrande y Juana Marcela y el corregimiento Las Camelias, municipio deIstmina (Chocó) como consecuencia de enfrentamientos de grupos armados ocurridos el 4 defebrero de 2008. Algunas personas se asentaron en el municipio de Andagoya (Chocó) y otras lohicieron en la cabecera municipal de Istmina.Las autoridades presumen que los enfrentamientos se presentaron entre grupos armados al mandode narcotraficantes que se disputarían el control del territorio, por los cultivos de uso ilícito. Sinembargo, en esta zona operaban grupos paramilitares del Bloque Pacífico, exactamente el grupo“Héroes del Chocó”13, cuyos miembros participaron el 23 de agosto de 2005 en una ceremonia dedesmovilización14.vii. El 6 de febrero de 2008 se presentó un nuevo desplazamiento las veredas La Tolda y El Volcándel corregimiento de Florencia, Samaná (Caldas). Los pobladores de dichas veredas habían sidodesplazados en enero de 200815.viii. El 6 de febrero de 2008, tres personas murieron por la explosión de minas antipersona. Eltemor a dichas minas instaladas por el grupo guerrillero Eln ocasionó que aproximadamente 1.500personas se desplazaron al municipio de Samaniego (Nariño)16.ix. El 25 de febrero de 2008, se registró el desplazamiento de 200 personas de Cumbal (Nariño)como consecuencia de la instalación de minas antipersona por parte de grupos guerrilleros. Algunasfamilias desplazadas buscaron refugio en territorio de Ecuador, otras en el casco urbano delCumbal y otro grupo huyó a otros municipios y uso en departamentos vecinos”17.9 “Secuestro, desapariciones, asesinatos y desplazamientos comenzando 2008 – Difícil situación de orden público en Chocó y Arauca”,Defensoría del Pueblo, enero 14 de 2008, en http: //www.defensoria.org.co/red/?_item=0301&_secc=03&ts=2&n=11710 “Colombia: grave situación para unas 2.000 personas desplazadas en Arauca”, Comunicado de prensa 08/7 ComitéInternacional de la Cruz Roja, 17 de enero de 2008, enhttp://www.acnur.org/pais/index.php?accion=pag&id=7193&iso2=CO11 “Colombia: difícil situación de orden público en Chocó y Araucahttp://www.acnur.org/pais/index.php?accion=pag&id=7194&iso2=CO12 “Desplazamiento masivo en Orteguaza”, Diario La Nación, enero 30 de 2008, en http: // www.lanacion.com13 “Desplazamiento masivo 1.044 personas en riesgo - Río Suruco Municipio de Istmina – Chocó”, Red derecho y desplazamiento,marzo 10 de 2008, disponible en http: //www.derechoydesplazamiento.net/spip.php?article74614 “Bloque Pacífico -Héroes del Chocó- hace dejación de armas”, Alto Comisionado para la Paz, Istmina, Chocó, agosto 23 de 2005,disponible en http//: www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/desmovilizacion15 “Nuevo éxodo en Florencia (Samaná)”, diario La Patria, 6 de febrero de 2008, en http: // www.lapatria.com16 “Campesinos huyen por temor a minas”, La Nación (San José), febrero 9 de 2008, en http://www.acnur.org/busq_predefinida/index.php?siguiente=75&total=570&id=11&origen=&iso2=17 “Doscientas familias son desplazadas en San Martín”, Diario del Sur, 25 de febrero de 2008, en http: //www.diariodelsur.com Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 8.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.x. El 27 de febrero de 2008, se registró un desplazamiento de 265 personas de la vereda El Loro,municipio de Tierralta (Córdoba). Según Acción Social, el desplazamiento se produjo comoconsecuencia de la presencia de “bandas emergentes al servicio del narcotráfico”18, nombre asignado por elgobierno a los grupos paramilitares.xi. Al menos 196 personas se desplazaron en el poblado de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán(Meta) por un grupo paramilitar “Ejército Revolucionario del Pueblo Antiterrorista- Erpac”, queingresó a la zona el 17 de febrero de 2008 buscando a algunos pobladores, cuyos nombres tenían enun listado.Además, una misión de la Defensoría del Pueblo que visitó la zona fue informada que al pobladoMocuare, localizado cerca de Puerto Alvira, se encontraban asentados 44 indígenas Sikuanidesplazados de Mitare (Meta), quienes se desplazaron a raíz de los bombardeos que se presentan enla zona y de la dificultad para acceder a alimentos. A Barranco Colorado (Guaviare) se desplazaron60 indígenas Nukak Makú y 80 indígenas Guayaberos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, enPuerto Alvira “el 70% de las cerca de 250 viviendas están deshabitadas” 19. Acnur distribuyó asistencia a losindígenas Guayabero y Nukak desplazados quienes “enfrentan la amenaza de extinción”20.En julio de 1997, la población de Mapiripán fue víctima de una masacre perpetrada por un grupoparamilitar, que causó un desplazamiento masivo. La colaboración de miembros de las fuerzasarmadas con los paramilitares se manifestó en un conjunto de graves acciones y omisiones porparte del Ejército que permitieron la realización de la masacre y el encubrimiento de los hechos paraprocurar la impunidad de los responsables. Por los mencionados hechos, el Estado fue condenadopor la Corte Interamericana de Derechos Humanos21.xii. Once personas se desplazaron en febrero de 2008 del poblado Santo Domingo, municipio deVistahermosa (Meta) a Bogotá, como consecuencia de amenazas de grupos paramilitares. Varias delas personas desplazadas forman parte de la Comisión de Derechos Humanos y DerechoInternacional Humanitario del Bajo Ariari que busca esclarecer los crímenes contra pobladores deesta zona del país. Una comisión integrada por delegados de la Defensoría Regional del Pueblo yONG acompañó a estas personas hasta Bogotá22.xiii. Un desplazamiento forzado de 250 campesinos de la vereda San Agustín Leones al cascourbano del municipio de Ituango (Antioquia) se produjo en marzo de 2008, como consecuencia delos combates entre el grupo guerrillero Farc y el Ejército. Según la Defensoría del Pueblo, existeuna orden por parte de la guerrilla para que los pobladores de los lugares donde el Ejércitopermanezca más de 48 horas se desplacen, de lo contrario “no se hacen responsables de sus vidas”sí quedan en medio del fuego cruzado. Los campesinos desplazados también enfrentaban falta dealimentos y temor a los campos minados por las Farc.El desplazamiento forzado se produjo pese a que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoríadel Pueblo –SAT- había enviado “un Informe de Riesgo (027-06), una nota de seguimiento (13 de julio de18 “Desplazamiento masivo en el alto del Sinú por enfrentamientos armados”, diario El Heraldo, 28 de Febrero de 2008, en http: //www.elheraldo.com19 “Colombia: ACNUR distribuye ayuda a indígenas desplazados” Radio Naciones Unidas (Internacional), 22 Abril 2008.20 Ibídem.21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, Sentencia de 15 septiembrede 2005.22 “Amenazados del Bajo Ariari desplazados a Bogotá”, diario El Tiempo.com, febrero 20 de 2008 en http://www.eltiempo.com Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 9.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.2007) y una ficha de seguimiento (febrero de 2008), además de una misión interinstitucional programada para el 26,27 y 29 de marzo de 2008 para evaluar los avances de las recomendaciones consignadas en los informes”23.xiv. El 10 de marzo de 2008, ocurrió el desplazamiento de cerca de 80 familias del corregimiento deTeyeté (Putumayo), debido a que el frente 48 del grupo guerrillero Farc había minado la carretera ylos caminos24.En los meses de abril y mayo de 2008 se registró un incrementó el desplazamiento masivo decolombianos hacia Ecuador, debido a los combates en esta zona de frontera con Ecuador. Losdesplazamientos provienen de Teteyé, donde se hicieron fumigaciones aéreas y se presentaroncombates entre el Ejército colombiano y el grupo guerrillero Farc.Hasta el 3 de mayo de 2008, el Servicio Jesuita a Refugiados / Ecuador registró 210 colombianos,que advirtió que otras muchas personas desplazadas permanecían en las poblaciones fronterizas oprosigue su desplazamiento hasta Quito25.Sin embargo, la persecución contra los desplazados colombianos prosigue más allá de las fronteras.En junio de 2008, el Acnur denunció que "[t]res colombianos han desaparecido en el último mes en lalocalidad fronteriza de San Martín, en el norte de Ecuador, que es hogar de un gran número de refugiados deColombia”26. Dicho organismo recibió "testimonios coherentes de testigos directos de que tres refugiados fueronsecuestrados por un grupo de hombres vestidos de uniforme durante una incursión armada en San Martín”27 afinales de mayo. Previamente, el grupo armado que provenía de Colombia torturó a variosmiembros de la comunidad.xv. Cerca de 1.200 indígenas de las veredas La María y El Damián, resguardo indígena Tacueyó,municipio de Toribío (Cauca) se desplazaron masivamente el 16 de marzo de 2008 comoconsecuencia de los combates entre tropas del Ejército transportadas en helicópteros y el grupoguerrillero Farc. La explosión causada por el disparo de un mortero de fabricación artesanal de laguerrilla causó un indígena muerto y 14 heridos28.xvi. En marzo de 2008 en los municipios de Tarazá y Valdivia (Antioquia) cerca de 7.000campesinos se desplazaron de la zona rural debido a las operaciones para erradicación de cultivosdesarrolladas por el Ejército29.xvii. Debido a amenazas recibidas el 10 de abril de 2008, por el grupo paramilitar “Águilas Negras”,tres sacerdotes de los municipios del sur de Bolívar se desplazaron el 6 de mayo de 2008 haciaMagangué (Bolívar).En los primeros meses de 2008, alrededor de 180 campesinos habían huido hacia Barrancabermeja(Santander). El 16 de abril de 2008, 50 sacerdotes de la región y cerca de 2.000 personas hicieronuna manifestación pacífica en el municipio de Morales (Bolívar), para protestar por las amenazas delgrupo paramilitar “Águilas Negras, Bloque Norte de Colombia”, contra 52 líderes sociales,23 “Defensoría denuncia desplazamientos masivos en Cauca, Meta y Antioquia”, Comunicado de Prensa de la Defensoría delPueblo, 19 de marzo de 2008, disponible enhttp://www.defensoria.org.co/red/?_item=0303&_secc=03&ts=2&n=130024 “Más de 80 familias desplazadas en Teyeté”, Diario del Sur, 10 de Marzo de 2008, en http: //www.diariodelsur.com25 “Ecuador: el aumento de la violencia dispara el desplazamiento”, Servicio Jesuita a Refugiados, en http://www.jrs.net/news/index.php?lang=es&sid=344426 “ACNUR pide aclarar desapariciones de desplazados en Ecuador”, diario El Espectador.com, 10 Junio 2008.27 Ibídem.28 Defensoría del Pueblo, citado supra en Nota 24.29 “Declaran crisis humanitaria en Tarazá”, diario El Espectador.com, en abril 24 de 2008, enhttp://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-declarada-crisis-humanitaria-taraza Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 10.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.miembros del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Corporación Sembrar, losmismo que contra los tres sacerdotes mencionados30. Los manifestantes solicitaron al Gobiernoprotección.Los campesinos de la zona han denunciado que miembros del Ejército les han intimidadoanunciando las acciones de los grupos paramilitares: “Los soldados intentan obtener información sobregrupos guerrilleros con este tipo de presiones a los campesinos. Les dicen a los habitantes de la región que tienen quehablar porque ‘hoy somos nosotros, pero detrás vienen las Águilas Negras’”31.xviii. El 13 de abril de 2008, llegaron al casco urbano de Ituango (Antioquia) alrededor de 300personas desplazadas que se suman a las 486 personas anteriormente habían huido de losenfrentamientos entre el Ejército y el grupo guerrillero Farc32.En esta ocasión el desplazamiento a Ituango se produjo como consecuencia del temor de lapoblación por los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, la siembra de minas antipersonapor parte de los grupos guerrilleros y los operativos de erradicación de cultivos de uso ilícitoadelantados por el Ejército. Para retornar, las personas desplazadas demandaban de las autoridadesla realización de un programa de desactivación de minas y la suspensión de las operaciones militaresy antinarcóticos del Ejército.Justamente, en jurisdicción de Ituango se proyecta la construcción de la hidroeléctrica Pescadero-Ituango, que será el mayor proyecto de energía eléctrica del país y la segunda en importancia deSuramérica, puesto que consiste en un embalse de 3.800 hectáreas y 70 kilómetros de longitud enterrenos de los municipios de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Liborina, Yarumal, San Andrésde Cuerquia, Buriticá y Briceño33, que está presupuestado en 2,300 millones de dólares34.El alcalde de Ituango reconoce que el aumento del precio de las propiedades abandonadas: “Las quevalían $200 millones, hoy cuestan $400 millones”35 y ofreció como solución la reubicación: “Ya hemosreubicado más de 80 familias en los últimos años debido a circunstancias similares, por eso la fórmula que se proponees que el gobierno les compre la tierra a estas personas y que les asignen nuevas parcelas para que continúen con suvida normal”Es necesario recordar que en 1998, los grupos paramilitares cometieron masacres que causaron eldesplazamiento forzado de 724 personas de los corregimientos de La Granja y El Aro delmunicipio de Ituango, hechos por los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanosestableció la responsabilidad del Estado colombiano y su obligación “de investigar los hechos del caso,identificar, juzgar y sancionar a los responsables”36.30 “Continúa la persecución en el sur de Bolívar: amenazados Fedeagromisbol, Sembrar, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalenamedio y sacerdotes del sur de Bolívar”, Acción urgente, Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Equipos Cristianos deAcción por la Paz, Diócesis de Magangue y otros, abril 10 de 2008.31 “Se desplazan sacerdotes amenazados del Sur de Bolívar”, revista Semana.com, mayo 8 de 2008.32 “Crece problema de desplazamiento en Ituango, 300 personas más habrían llegado este fin de semana”, diario El Tiempo.com, Abril14 de 2008.33 “Pescadero Ituango declarada obra de utilidad pública”, Instituto para el Desarrollo de Antioquia –Idea, enhttp://www.idea.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=618&Itemid=1 (consultado en septiembre 9de 2008).34 “Recursos para la hidroeléctrica Pescadero Ituango”, Gobernación de Antioquia, Medellín, enero 18 de 2008, enhttp://www.gobant.gov.co/noticias/enero2008/18_recursos47.htm (consultado en septiembre 9 de 2008).35 “El milagro de vivir en Ituango” diario El Espectador, agosto 31 de 2008, pág. 8 y 9.36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las masacres de Ituango Vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de2006, párr. 399 y 400. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 11.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.En julio de 2007 el SAT de la Defensoría del Pueblo emitió un Informe de Riesgo por medio delcual recomendó al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas – CIAT del gobierno nacional,al gobernador de Antioquia y a los comandantes de la VII División del Ejército y del Departamentode Policía Antioquia mantener las medidas de seguridad en la zona y reforzar las accionespreventivas y de protección a la población civil.xix. El 16 de abril de 2008, el CICR reportó 1.500 personas desplazadas de las veredas El Loro,Altos de San Juan, La Jagua, San Juan Medio, Tres Palitos y William hacia los municipios deTierralta y Puerto Libertador (Córdoba), donde continúa habiendo presencia de gruposparamilitares37.xx. En abril de 2008, aumentaron los desplazamientos forzados en el departamento del Caquetá. LaVicaría del Sur de la Diócesis de Florencia denunció las consecuencias de las fumigaciones aéreascon glifosato del programa gubernamental antinarcóticos, sobre la población campesina de 27veredas de San José del Fragua (Caquetá). Los daños causados a los cultivos, el medio ambiente y ala salud han ocasionado el desplazamiento forzado de muchas familias campesinas.La población de las veredas Berlín, El Rosal, La Y, Palmeiras, El Sinaí, El Topacio, El Diviso, ElPortal Zabaleta, La Cristalina, Puerto Bello, La Alberto, Fraguita, El Jardín y Patio Bonito fueronafectadas por las fumigaciones aéreas realizadas en los meses de octubre y noviembre de 2007. Enmarzo de 2008, fueron fumigadas las veredas de La Primavera, El Portal Zabaleta, El Diviso,Buenos Aires, Resguardo El Portal, Los Andes, El Jardín, Patio Bonito, Zabaleta, El Jardín,Monterrey, La Paz, La Esmeralda, Alto San Isidro y El Mirador. En abril de 2008, fueron fumigadasnuevamente La Primavera, El Portal Zabaleta, El Diviso, Buenos Aires, Resguardo el portal, LosAndes, La Cristalina, Puerto bello, Costa Rica El Palmar y El Diamante.La Vicaría indicó que la fumigación con glifosato “afectó los potreros, los cultivos de maíz, plátano y yuca,las huertas caseras y los frutales, afectó a los animales domésticos y contaminó las fuentes de agua”38. Algunos deestos bienes forman parte del proyecto de Desarrollo Rural Municipio San José del Fragua,implementado por la Vicaria del Sur, y financiado por agencias internacionales como Misereor,Trocaire, SCIAF y Manos Unidas.xxi. Los desplazamientos forzados de los pueblos indígenas a través de la frontera con Panamáocurren con frecuencia39. El 12 de mayo de 2008, llegaron al resguardo Chidima, localizado en elmunicipio de Unguía (Chocó), 22 indígenas Embera Dóbida desplazados de la comunidad SantaLucía, en el río Bojayá (Chocó), quienes había huido hacia la frontera con Panamá comoconsecuencia de los rumores de ataques armados por parte de grupos paramilitares que ahora sehacen llamar “Los Paisas”. Los indígenas desplazados buscaban llegar a la comunidad Unión Chocó.Sin embargo, las autoridades panameñas de Policía de Puerto Obaldía impidieron el paso a travésde la frontera, argumentando que no tenían documentos de identidad que los acreditara comociudadanos panameños, ni permiso para circular en territorio panameño.37 “La gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa, planteó la delicada situación ante el Gobierno nacional señalando que las bandascriminales de ‘Don Mario’ y ‘Los Paisas’ están disputándose los corredores del narcotráfico, especialmente en el sur del Departamento en lasregiones de Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia”, diario El Universal, 16 de abril de 2008, en http://www.eluniversal.com.co38 Vicaría del Sagrado Corazón de Jesús, Vicaría del Sur, Diócesis de Florencia- Caquetá, Comunicado, Morelia, 12 de juniode 2008, en http: //www.encod.org/info/FUMIGACIONES-AFECTAN-VIDA-HUMANA.html39 En diciembre 2007, a 47 personas del pueblo Wounaan les fue reconocido el estatuto de refugiados en Panamá. Lasfamilias indígenas habían llegado a Panamá un año atrás, en mayo de 2007, huyendo de la violencia armada en Colombia.Ver Centro de Noticias ONU, Panamá otorga estatus de refugiados a 42 indígenas colombianos, reporta ACNUR, diciembre 15 de2006, en http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp? newsID=8417&criteria1= Panama. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 12.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.Los indígenas permanecieron seis días en la zona de frontera, hasta que del 12 al 13 de mayobuscaron refugio temporal en el resguardo Chidima. En dicha fecha, los indígenas se desplazaronnuevamente para reintentar cruzar la frontera40.xxii. El 29 de mayo de 2008 llegaron a Bogotá 134 indígenas Embera Katío de la comunidad deConondo quienes se desplazaron de su resguardo, localizado en las selvas de Bagadó (Chocó). Enlos últimos años, los indígenas habían denunciado la ocurrencia en su territorio de combates entreel Ejército y los grupos guerrilleros, la restricción al acceso a alimentos por parte del Ejército, lasminas antipersona sembradas en la selva por la guerrilla, la instalación de campamentos del Ejércitoen el resguardo y el consumo de los cultivos y animales domésticos de la comunidad por parte delos soldados.El desplazamiento de los Embera Katío fue ocasionado por la incursión del Ejército en elresguardo el 14 de mayo de 2008 y por la toma como rehén de un indígena por parte de la guerrilla.El 26 de mayo, luego de una explosión descendieron helicópteros militares en el resguardo arecoger los soldados heridos. Además, los indígenas denuncian la detención de sus comunerosDarío Acero y Misael Pequia por parte del Ejército41.Otros indígenas de la comunidad solamente pudieron desplazarse hasta Pueblo Rico (Risaralda),donde fueron internados en el hospital local42.Las autoridades nacionales negaron el reconocimiento de los indígenas como víctimas deldesplazamiento forzado. La viceministra del Interior aseguró que estos indígenas son “desplazados nopor el conflicto, sino por las condiciones de pobreza”43.Los indígenas desplazados permanecieron en Bogotá durante 40 días, hasta que lograron la atencióndel Gobierno nacional. El retorno a su territorio ocurrió luego de obtener compromisos delGobierno en cuanto a “162 subsidios de mejoramiento de vivienda, instalación del acueducto y unpuesto de salud en la vereda Aguasal, entre otros”44.xxiii. La primera semana de junio de 2008, más de 800 personas fueron desplazadas comoconsecuencia de los combates entre el Ejército y el grupo guerrillero Farc que se presentaron en lavereda Palotal de Zaragoza (Antioquia). Los desplazados llegaron al casco urbano de Zaragoza enbusca de refugio45.xxiv. Entre junio 15 y 29 de 2008, 27 familias de la zona de Murmullo Medio, Tierralta (Córdoba)fueron desplazadas como consecuencia del asesinato de un miembro de la comunidad ocurrido el15 de junio, y de la distribución de una lista de doce nombres de los miembros de la comunidad.Entre enero y junio de 2008 se presentaron 207 homicidios en el municipio de Tierralta; sietedesapariciones forzadas se registraron en el corregimiento de Batata del mismo municipio46.40 Unión Sindical Obrera, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y Comisión Colombiana de Juristas, Comentariosal Convenio 169 ratificado por Colombia en el caso del pueblo Embera Katío y Dóbida de los resguardos de Pescadito y Chidima, ubicados enlos municipios de Acandí y Unguía, departamento del Chocó, Bogotá, agosto 29 de 2008.41 “Gobierno no reconoce a emberas del Chocó como desplazados”, SIEC-Actualidad Étnica, mayo 30 de 2008, en http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica42 “Los actores armados y la negligencia del Estado colombiano son los responsables del etnocidio y el desplazamiento forzado del puebloEmbera-Katío, Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC, Bogotá, 13 de junio de 2008, enhttp://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/DOCUMENTO__COMUNIDAD_EMBER__KATIO_DE_CONONDO_ONIC____.doc43 “No son desplazados”, diario El Espectador.com, junio 12 de 2008.44 “Los embera katíos retornan al Chocó”, diario El Espectador.com., julio 6 de 2008.45 “Combates entre Ejército y Farc dejan más de 800 desplazados en Antioquia”, diario El Espectador.com, 5 de Junio 2008.46 “Nuevo desplazamiento en Córdoba requiere respuesta urgente del Gobierno colombiano”, Refugees International, julio 1 de 2008,disponible en http: //www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/ASIN-7G5LC9? Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 13.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.xxv. Luego de recibir amenazas de muerte y del asesinato de un campesino por parte del grupoparamilitar “Los Paisas”, el 22 de junio de 2008 alrededor de 491 campesinos abandonaron susfincas en las veredas Miramar, Orinoco y Los Cocos de la Sierra Nevada de Santa Marta y seasentaron en el corregimiento de Guachaca, municipio de Santa Marta (Magdalena) 47. Esta es lazona donde operaba el grupo paramilitar Frente Resistencia Tayrona cuyos miembros participaroncinco años atrás en una ceremonia de desmovilización48.El 24 de junio de 2008, el alcalde de Santa Marta visitó a las familias desplazadas y expresó que laintención es que la población desplazada retorne a las parcelas: "Les explicamos que es más seguro estarallá, y por ello habrá mas patrullajes para que retornen"49. Con dicho propósito, una compañía de soldadoscontraguerrilla y un contingente de carabineros de la Policía realizaron patrullajes en la zona rural deGuachaca. El 16 de Julio de 2008, la Defensoría del Pueblo advirtió que 35 familias desplazadas enjunio de 2008 permanecían sin ningún tipo de asistencia.xxvi. Más de 100 personas llegaron desplazadas a Buenaventura (Valle del Cauca) en las últimassemanas de junio y las primeras de julio de 2008 50, provenientes del municipio de Olaya Herrera(Nariño). Los desplazamientos fueron consecuencia de los abusos de los grupos armados contra lapoblación y del asesinato selectivo de tres personas de la comunidad51. En el mes de septiembre,Acción Social organizó el retorno de 250 familias desplazadas a sus lugares de origen, cuyaseguridad estuvo a cargo de la Infantería de Marina52.xvii. Como consecuencia de una masacre contra siete personas cometida el 20 de julio de 2008 porel grupo paramilitar “Águilas Negras” en las veredas San Daniel y Lomaseca, del municipio dePuerto Libertador (Córdoba), 550 familias campesinas se desplazaron a los poblados Río Verde ySan Juan.El SAT de la Defensoría del Pueblo había advertido la situación de vulnerabilidad de la poblaciónde esta zona por medio de “3 informes de riesgo en los municipios como Montelíbano, Valencia, Tierralta yPuerto Libertador”53.47 “Amenazas y muertes espantan a Campesinos de sus veredas”, diario El Tiempo.com, junio 25 de 2008.48 “Adiós a las armas: se desmovilizó Bloque Resistencia Tayrona de las Auc”, Alto Comisionado para la Paz, febrero 3 de 2006, enhttp: //www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/noticias/2006/febrero/febrero_03_06.htm49 “Ejército y Policía garantizan seguridad a 491 desplazados de la Sierra Nevada de Santa Marta”, diario El Tiempo.com, 25 Juniode 2008.50 “Siguen llegando desplazados al Puerto”, diario El País, julio 8 de 2008, en http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Julio042008/siguendespla.html51 “Con ayuda de Comisión Humanitaria Habitantes retornan a sus hogares en Olaya Herrera”, diariodelsur.com.co, agosto 29 de2008.52 “250 familias desplazadas retornaron a sus tierras”, Diariodelsur.com.co, septiembre 9 de 2008.53 “Masacre en Puerto Libertador estaba advertida por la Defensoría del Pueblo”, diario El Tiempo.com, julio 23 de 2008 enhttp://www.eltiempo.com/colombia/caribe/2008-07-23 Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 14.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.2. Colombia carece de una política que respete los derechos humanos y garantice laprotección contra el desplazamiento forzadoEl informe del período anterior presentado al Representante Especial explicó la manera como lapolítica de prevención del desplazamiento y de protección de los derechos de las personasdesplazadas continúa teniendo un énfasis en medidas la política de “seguridad democrática”, que tienepor objetivo fortalecer la “acción antiterrorista” de la Fuerza Pública que prescinde del enfoque dederechos humanos y que no esta dirigida a las causas del desplazamiento, con lo que aumenta elriesgo de desplazamiento de la población civil. A continuación se expone el funcionamiento delSistema de Alertas Tempranas –SAT-, instrumento que brinda encargado de monitorear y advertirlas situaciones de riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derechohumanitario y desplazamiento forzado, de recomendar acciones preventivas al gobierno nacional ylas autoridades locales y de introducir el enfoque de género en su labor de prevención.2.1 El Sistema de Alertas Tempranas no ha recobrado su independenciaDesde hace años la naturaleza preventiva del SAT se encuentra distorsionada como consecuenciade su perdida de independencia con respecto al Gobierno, a raíz de la conformación de unainstancia adicional, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas –CIAT- que está integradopor el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional y la Vicepresidencia dela República. La conformación del CIAT significó la concentración del poder de decisión sobre laemisión de las Alertas Tempranas y las correspondientes acciones a tomar en el gobierno nacional,relegando a un papel secundario a la Defensoría del Pueblo y debilitando la perspectiva deprevención basada en un enfoque respetuoso de los derechos humanos.El IV informe de seguimiento a las recomendaciones que la CCJ presentó al RepresentanteEspecial señaló que de julio de 2006 a diciembre de 2007, solamente 13 de los 33 informes deriesgo emitidos por la Defensoría fueron calificados por el CIAT como Alertas Tempranas54.El gobierno reglamentó el CIAT años después de su creación. No obstante dicha reglamentación,no ha conducido a que el funcionamiento y la efectividad del SAT superen sus deficiencias, por loque en muchos casos, pese a la emisión de informes de riesgo por parte de la Defensoría delPueblo, se consuman las violaciones a los derechos humanos previstas en dichos informes y losconsecuentes desplazamientos forzados.La reglamentación del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas es contraria a los principios del Sistema deAlertas TempranasUna de las líneas del Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada es el fortalecimiento delCIAT, para lo cual dispuso el diseño de protocolos y rutas de acción para coordinar las medidas deprevención y protección, así como la puesta marcha de mecanismos de seguimiento a las respuestasa las situaciones de riesgo identificadas en los informes del SAT55.Tras más de dos años de la expedición del Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada, elgobierno procedió a la formalización y reglamentación del CIAT a través del decreto 2862 de 2007,como “un grupo de trabajo interinstitucional encargado de coordinar una respuesta ordenada y oportuna frente a losInformes de Riesgo (Focalizados y de Alcance Intermedio) y las Notas de Seguimiento provenientes del Sistema deAlertas Tempranas, SAT de la Defensoría del Pueblo”56.54 Comisión Colombiana de Juristas, citado supra en Nota 6, pág. 46.55 Decreto 250 de 2005 “Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia yse dictan otras disposiciones”, numeral, artículo 4.56 Decreto 2862 de 2007 Por el cual se conforma y reglamenta el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, CIAT, artículo 1. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 15.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.Dicho decreto clarifica las competencias del CIAT y define algunas responsabilidades de losalcaldes y gobernadores autoridades locales en la adopción de medidas de prevención y protección.No obstante, con esta reglamentación el gobierno no hizo más que formalizar los aspectos quemodificaban la naturaleza original y el funcionamiento del SAT. En primer lugar, la conformacióndel CIAT refleja el enfoque militarista de seguridad y mantenimiento del orden público propio de lapolítica de “Seguridad Democrática y de su “Doctrina de Acción Integral”, como queda plasmado en elartículo 3, parágrafo 1: “El proceso de toma de decisiones del CIAT, sus actas y las recomendaciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional, tienen carácter reservado (…)”57.El enfoque militarista de dicha política es claramente contrario a los “Principios humanitarios, deprotección, de imparcialidad, de celeridad y de respeto por las competencias” establecidos por la Defensoría delPueblo para el SAT, en particular con respecto a dos de los principios: “· El deber de protección de la población civil, sin generar riesgos adicionales ni agravar los preexistentes; · La promoción de la intervención humanitaria, sin propiciar o constituir ventaja alguna para los actores que participan en la confrontación armada”58.Además, al establecer que está en cabeza del CIAT decidir sobre la emisión de las alertastempranas; emitir recomendaciones a las autoridades civiles, militares, de policía y a otras entidadespúblicas y “[r]ealizar seguimiento periódico a la implementación de las medidas recomendadas y a la evolución de lasituación de riesgo advertida por la Defensoría del Pueblo, en conjunto con las autoridades civiles, militares y dePolicía, así como con otras entidades públicas”59, el CIAT despoja a la Defensoría de las principalescompetencias en materia de alertas tempranas, puesto que la participación del Defensor del Puebloen el CIAT es solamente en “calidad de invitado permanente”60, lo cual resulta insuficiente para daraplicación a la recomendación del Representante Especial de garantizar la participación de laDefensoría del Pueblo en las “deliberaciones del CIAT sobre las recomendaciones a las alertas tempranas”61.Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la reglamentación del CIAT establece laobligación de los alcaldes y gobernadores en la adopción de medidas de prevención y protecciónconsiderando las recomendaciones y orientaciones provenientes del CIAT, lo cual puede implicarun desconocimiento a las funciones asignadas en la ley 387 de 1997 a los Comités municipales ydepartamentales de atención a la población desplazada, específicamente en materia de prevención,a través de acciones jurídicas, mecanismos alternativos de solución de conflictos y accionesasistenciales para responder a las “necesidades insatisfechas de las personas o comunidades que eventualmentepuedan precipitar un proceso de desplazamiento forzado”6257 Ibídem, artículo 3, parágrafo 1.58 “Sistema de Alertas Tempranas, Naturaleza y principios”, Defensoría del Pueblo. Disponible en http://www.defensoria.org.co/?_s=sat&_op=359 Decreto 2862 de 2007, citado supra en Nota 57, artículo 3.60 Ibídem, artículo 5, parágrafo 2.61 Naciones Unidas, Informe presentado por el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos,Sr. Walter Kälin, Adición Misión a Colombia, Consejo de Derechos Humanos, cuarto período de sesiones, Tema 2 delprograma provisional, A/HRC/4/38/Add.3, 24 de enero de 2007, párr. 7562 La ley 387 de 1997 Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación yestabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia, en su Artículo 8º establece lasacciones de prevención de los Comités Municipales de Atención a la Población Desplazada. De acuerdo con el Artículo 7de la ley, dichos Comités deben estar conformados, además de los alcaldes y las autoridades militares y de policía, por lasentidades públicas del SNAIPD y representantes de la población desplazada. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 16.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.Esta concentración de funciones de prevención en los alcaldes y gobernadores implica que elMinisterio Público, la población desplazada y las organizaciones de la sociedad civil, cuyosdelegados participan en los Comités de atención a la población desplazada, concentrado lasdecisiones de prevención a nivel territorial, lo cual es particularmente preocupante en losmunicipios y departamentos donde es mayor el control e influencia ejercida por los gruposparamilitares, donde son más estrechos los nexos de las autoridades civiles y militares con los estosgrupos y donde existe predomina la presencia y la acción militar del Estado.Al tiempo que el decreto que reglamenta el CIAT, excluye la participación de las organizaciones dela población desplazada y las ONG que defienden sus derechos en las decisiones relativas a lasmedidas de prevención, el artículo 4 del decreto 2862 de 2007, señala que dicho Comité “podrásolicitar la coadyuvancia y apoyo de las organizaciones de la sociedad civil para atender la implementación de algunasde sus recomendaciones”. El artículo mencionado no debe interpretarse de manera contraria a laresponsabilidad principal que corresponde al Estado en la prevención del desplazamiento y laatención a la población desplazada63.Además, resulta preocupante que del decreto reglamentario del CIAT no haga referencia alguna ados temas centrales de la prevención del desplazamiento, como son las situaciones de riesgogeneradas en las operaciones de la Fuerza Pública o en declaraciones y señalamientos de susoficiales, ni en las obligaciones legales de las autoridades con respecto a la protección de las tierrasen caso de desplazamiento o de riesgo de desplazamiento que establece el decreto 2007 de 200164.A pesar del monitoreo permanente de la dinámica del conflicto armado y las situaciones de riesgopor parte del SAT de la Defensoría del Pueblo, por las razones anteriormente analizadas, suesfuerzo no se ha traducido en una respuesta adecuada y efectiva en materia de prevención de laocurrencia evite las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario,que proteja efectivamente a la población contra los desplazamientos forzados. Los siguientes datosresultan demostrativos de la escasa respuesta a las advertencias hechas por el SAT:En el periodo enero 1 a junio 30 de 2008, el SAT remitió al CIAT diez informes de riesgo decarácter coyuntural65, de los cuales solamente tres se tradujeron en Alertas Tempranas. En el mismo63 La ley 387 de 1997 en su artículo 3 precisa que “[e]s responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar lasmedidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazadosinternos”.64 El decreto 2007 de 2001 Por el cual se reglamentan parcialmente los Artículos 7º,17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo relativo a laoportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de sureasentamiento en otro lugar y se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación, en su artículo 1º establece la Declaratoria de lainminencia de riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado en una zona para limitar la enajenación otransferencia a cualquier título de bienes rurales. También establece las responsabilidades de Alcaldes Municipales,Procuradores Judiciales Agrarios, Jefes Seccionales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, Registradores deInstrumentos Públicos y Gerentes Regionales del Incora, quienes deben presentar al correspondiente Comité Municipal,Distrital o Departamental de Atención a la Población Desplazada, un informe sobre los predios rurales existentes en lafecha de declaratoria de inminencia de riesgo o de ocurrencia de los primeros hechos que originaron el desplazamiento.Dicho informe, que debe precisar la titularidad de los derechos constituidos, una vez avalado por el Comité, constituyeprueba suficiente para acreditar la calidad de poseedor, tenedor u ocupante de las personas desplazadas. La ley 1152 de2007 Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria yDesarrollo Rural. – Incoder- y se dictan otras disposiciones, en su artículo 128, restringió el alcance de la medida deprotección establecida por el decreto 2007 de 2001, puesto que estableció que el informe elaborado por los Comité, queanteriormente constituía prueba suficiente para acreditar la calidad de poseedor, tenedor u ocupante de las personasdesplazadas, solamente será considera “prueba sumaria” para acreditar el derecho sobre la tierra.65 Los “Informes de Riesgo Coyuntural” tiene carácter focalizado y alcance intermedio. Son emitidos por le SAT una vez hansido verificadas y valoradas las amenazas y las dinámicas que caracterizan el conflicto armado en una región determinada.Contienen recomendaciones generales a las autoridades e instituciones competentes para que, en forma ágil y eficaz,adopten acciones de prevención y mitiguen el riesgo de posible ocurrencia de violaciones masivas a los derechos humanose infracciones al derecho humanitario. Su destinatario es el CIAT. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 17.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.período, el SAT emitió dos informes de riesgo de inminencia66 con destino a las autoridades civilesy a la Fuerza Pública de la región identificada en riesgo67.El SAT advierte que durante “el primer semestre de acuerdo a las notas de seguimiento emitidas para losmunicipios advertidos en el 2008 se consumaron desplazamientos en el departamento de Caquetá (informe de riesgo004.08 para el Doncella, Paujil, Puerto Rico y San Vicente del Caguán) y en Norte de Santander (Informe deriesgo 006.08 para los municipios de Tibú y El Tarra). Sin embargo, es menester registrar que aún no hemosrealizado el cruce de eventos de desplazamientos registrados en Acción Social en el 2008 con las zonas de riesgoadvertidas por el SAT”68.De acuerdo a las notas de seguimiento emitidas en el primer semestre de 2008 para los municipiosadvertidos en el 2008 “se consumaron desplazamientos en el departamento de Caquetá (informe de riesgo 004.08para el Doncella, Paujil, Puerto Rico y San Vicente del Caguán) y en Norte de Santander (Informe de riesgo006.08 para los municipios de Tibú y El Tarra). Sin embargo, es menester registrar que aún no hemos realizado elcruce de eventos de desplazamientos registrados en Acción Social en el 2008 con las zonas de riesgo advertidas por elSAT”69.En el período de 2007 y 2008, el SAT advirtió 144 situaciones de riesgo a través de 59 Informes deRiesgo y 85 Notas de Seguimiento. Por su parte, el CIAT declaró 64 Alertas Tempranas, es decir el 44%del total”70. Estos datos muestran la manera como el CIAT limita los alcances preventivos del SAT, ala vez que ilustran el propósito gubernamental de mantener una subestimación de las violaciones alos derechos humanos, las infracciones al derecho humanitario y el desplazamiento forzado.2.1 El Estado colombiano no ha aplicado las recomendaciones del Representante Especial del Secretario Generalsobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas y Acnur en el campo de la prevención deldesplazamiento forzadoAlgunas de las recomendaciones formuladas por el Representante Especial y por Acnur se refierena la creación de mecanismos que garanticen la consulta previa en el caso de proyectos que afectan alos pueblos indígenas; la adopción de medidas para evitar la usurpación de sus tierras; el cese deluso de los territorios indígenas para fines militares y de la fumigación aérea con sustancias tóxicas.El desconocimiento de las recomendaciones para prevenir los desplazamientos se ha reflejadosobre la situación de numerosos pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas se enfrentan alriesgo de desplazamiento forzado que con frecuencia se encuentra asociado a los intereses deexplotación sobre sus territorios y recursos naturales.En 2008 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que: “Los grupos indígenas y afrocolombianos, que representan un porcentaje considerable de la población desplazada, se han visto particularmente afectados. Esta situación se debe en parte a su ubicación en territorios estratégicos para la dinámica del conflicto armado, y en parte por la marginación y discriminación que han sufrido. También se han visto afectados por proyectos productivos de gran envergadura impuestos sobre sus territorios colectivos, por normas que desfavorecen la explotación campesina tradicional, por el66 El SAT emite de manera excepcional los “Informes de riesgos de inminencia” ante la gravedad y la alta probabilidad deconcreción del riesgo con el objeto de que las autoridades adopten las medidas requeridas y ajustadas a la particularidaddel riesgo identificado. Sus destinatarios son las autoridades pertenecientes a la Fuerza Pública de carácter operativo conjurisdicción en la zona y las autoridades civiles de la región o localidad.67 Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado,SAT, Respuesta al derecho de petición presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá D.C., 6 de enero de 2009.68 Ibídem.69 Ibídem.70 Ibídem. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 18.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. desarrollo de grandes proyectos de infraestructura (como represas que pueden afectar negativamente el medio ambiente) y, en ocasiones, por las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos”71.Como se puede apreciar en los casos de desplazamientos masivos reseñados en el presente informe,la población afrocolombiana e indígena sigue siendo gravemente afectada por el desplazamientoforzado, homicidios, reclutamiento forzado, restricciones a la libertad de circulación y el acceso avíveres y despojo de sus tierras72. Pese a lo anterior, el Estado colombiano no ha cumplido lasobligaciones establecidas en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales73 y enmuchos casos ha obrado contrariamente a sus obligaciones de garantizar los derechos de estaspoblaciones a disfrutar de una vida libre de violencia, la tierra, el uso de los recursos naturales y aser consultados sobre proyectos que los afectan, con lo cual se han incrementado los factores deriesgo de desplazamiento forzado de dichos pueblos y comunidades.Pese a la existencia de una seria amenaza para la supervivencia de muchos pueblos indígenas, ladelegación colombiana se negó a votar favorablemente la Declaración sobre los Derechos de los PueblosIndígenas con base en objeciones a los siguientes artículos: No 19 que establece la obligación derealizar consultas antes de adoptar medidas legislativas y administrativas que afecten a estospueblos-; No 30 que prohíbe el desarrollo de operaciones militares dentro de los territoriosindígenas sin consulta a los pueblos interesados-; y No 32 relativo al derecho a determinar lasprioridades para la utilización de sus tierras y recursos, y la obligación de consultar con estospueblos antes de aprobar cualquier proyecto en sus territorios y de establecer mecanismos eficacespara la reparación justa por los daños causados por dichos proyectos74.Esta negativa estatal muestra la ausencia de voluntad política para garantizar los derechos de lospueblos indígenas que se encuentran amenazados por los intereses privados relacionados con laimplementación de proyectos mineros, forestales, agropecuarios y de infraestructura.El gobierno ha mantenido una actitud contradictoria, puesto que, de una parte expide directivas quemostrarían una voluntad de respetar la condición de civiles de los pueblos indígenas, y por la otrapromueve operaciones militares contrarias al contenido de dichas directivas, como la Directivapermanente 016 de 2006 del Ministerio de Defensa Nacional que ordena a la Fuerza Públicarespetar los lugares sagrados indígenas y abstenerse de ejercer acciones que pongan en peligro laintegridad de los indígenas y hacer declaraciones infundadas sobre los mismos. En efecto el Ejércitoha incursionado en los resguardos indígenas.71 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Séptimo período de sesiones, Tema 2 del programa, Informe de laAlta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2007,A/HRC/7/39 28 de febrero de 2008, párr. 56.72 Entre enero de 2004 y abril de 2007, la ONIC registró 519 homicidios contra indígenas. En el mismo período, AcciónSocial registró 22.369 indígenas desplazados de sus territorios, mientras que la ONIC registró 30.000.73 Organización Internacional del Trabajo -OIT, Convenio (N. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.Adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General en su 67o reunión. Entrada en vigor: 5 de septiembre de1991.74 Naciones Unidas, Asamblea General, Sexagésimo primer período de sesiones, Tema 68 del programa: Informe delConsejo de Derechos Humanos, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, A/61/L.67, 7 deseptiembre de 2007. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 19.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Presencia militar en los resguardos indígenas de Acandí y Unguía (Chocó)En la mañana del 29 de febrero de 2008, miembros del Ejército Nacional se hicieron presentes enel resguardo Pescadito (Acandí) con una delegación de 10 geólogos de la firma Soratano.El 5 de agosto de 2008, miembros del Ejército se instalaron en el lugar donde se encuentran lasviviendas de la comunidad del resguardo Chidima (Unguía). Los soldados impidieron a losindígenas del resguardo trasladarse a los lugares de caza y pesca, y realizaron varios disparos. Estasituación fue puesta en conocimiento de la Oficina de Asuntos Étnicos y al Sistema de AlertasTempranas de la Defensoría del Pueblo.Estas comunidades indígenas se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado debido aamenazas directas, la expansión de las fincas ganaderas y proyectos de minería y de infraestructuravial y de interconexión eléctrica, sin que las autoridades hayan actuado para garantizar los derechosde los indígenas al territorio y a ser consultados con anterioridad de la implementación deproyectos que los afecten75.75 Unión Sindical Obrera, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y Comisión Colombiana de Juristas, citadosupra en Nota 41, pág. 23. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 20.
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La Corte ordenó al Director del Programa de Protección del Ministerio delInterior y de Justicia diseñar un Programa específico para la superación de las falencias de diseño eimplementación, adoptar las medidas necesarias para que la presunción de riesgo “sea aplicada a cadauno de los líderes de organizaciones de población desplazada o personas desplazadas en situación de riesgo quecumplan con sus condiciones de aplicación, para efectos de garantizar el cumplimiento de los deberes mínimos de lasautoridades en relación con sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal”76 .El CNAIPD aprobó el Acuerdo 009 de 2007 con el objetivo de que el Programa de Protección aPoblación en situación de desplazamiento a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia secoordinara con el SNAIPD77. Adicionalmente, en noviembre de 2007, el Ministerio del Interior y deJusticia puso a consideración del CNAIPD un proyecto de decreto “Por el cual se adiciona y modifica elDecreto 250 de febrero 7 de 2005 mediante el que ‘se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a laPoblación Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones’ ”. En su momento, la CCJ manifestólas preocupaciones sobre muchos aspectos el proyecto que no se ajustaban a las disposiciones de laCorte Constitucional y eran contrario a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos,puesto que introducían medidas correspondientes a la estrategia de consolidación de la política de“seguridad democrática” y de su “Doctrina de Acción Integral”, las cuales desconocen el principio dedistinción entre civiles y combatientes reconocido en el derecho humanitario y el principio deimparcialidad que debe caracterizar la acción humanitaria. Adicionalmente, el proyecto de decretoomite tanto medidas combatir la impunidad sobre las violaciones a los derechos humanos causantesdel desplazamiento y sobre el delito de desplazamiento forzado, como medidas destinadas aprevenir los factores de riesgo originados en las acciones de la Fuerza Pública78. A la fecha de cierrede este informe, el decreto no había sido expedido ni se conocía información acerca sobre laincorporación al texto de las sugerencias hechas por las organizaciones de desplazadas y las ONG.En el período comprendido entre enero y junio de 2008 la población desplazada fue víctima denuevas violaciones a los derechos a la vida y la integridad personal. A continuación se reseñanalgunos casos emblemáticos de violaciones contra la vida de líderes de la población desplazada.a) El 13 de mayo de 2008, fue asesinado Julio César Molina, presidente de la asociación dedesplazados de Ansermanuevo y miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, quien formaba partedel grupo de personas desplazadas que, el 23 de diciembre de 2004, recibió directamente delPresidente de la República y de Incoder los predios El Edén, Túnez y La Indiana, bajo la modalidadde tenencia provisional79. Estas tierras habían sido incautadas al narcotraficante Albeiro Monsalve,razón por la cual las personas desplazadas habían sido amenazadas por una hermana del anteriorpropietario de las tierras, quien anunció que el grupo paramilitar “Águilas Negras” atacaría a las76 Corte Constitucional, Auto N° 200 de 2007, Referencia: Sentencia T-025 de 2004 – Protección del derecho a la vida y a laseguridad personal de líderes de la población desplazada y personas desplazadas en situación de riesgo, M.P.: Manuel José CepedaEspinosa.77 Acuerdo 009 de 2007 del Consejo Nacional para la Atención integral a la población desplazada por la violencia –CNAIPD, “Por el cual se adoptan medidas tendientes a evidenciar y profundizar la coordinación y articulación entre el Programa deProtección a Población en situación de desplazamiento que lidera el Ministerio del Interior y de Justicia y el Sistema Nacional de AtenciónIntegral a la Población Desplazada”.78 Comisión Colombiana de Juristas, citado supra en Nota 6, págs. 30 a 32.79 Contrato de Asignación o tenencia provisional, en común y proindiviso No 54, predios El Edén, Túnez y la Indiana,Vereda Tres Esquinas, municipio Ansermanuevo, departamento del Valle del Cauca, suscrito entre la Oficina de EnlaceTerritorial No 4 Cali – Valle del Cauca del Incoder y Geny Monsalve y otros, Ansermanuevo, 23 de diciembre de 2004. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 21.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.personas desplazadas que permanecieran en las fincas. Tres años atrás, las ONG habían advertidosobre el riesgo al que estaban sometidas las familias desplazadas en las tierras de Ansermanuevo80.El asesinato de Julio César Molina ocurrió en un contexto de amenazas contra varios líderes depoblación desplazada en el Valle del Cauca, así como en otras zonas del país, situación que motivóla preocupación de ACNUR y de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos 81. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los gruposparamilitares continúan ejerciendo el control territorial y poblacional el norte del Valle del Cauca, ytendrían responsabilidad en el asesinato del mencionado líder82.b) El 29 de junio de 2008 fue asesinada en Buenaventura (Valle) Martha Cecilia Obando,desplazada de El Charco (Nariño), quien era presidenta de la Asociación de Mujeres Desplazadas –Asodesfran e integrante de organizaciones locales como Comité Organizativo del Barrio SanFrancisco, el Comité de Veeduría y la Red Local Madres por la Vida83.c) Las comunidades afrocolombianas desplazadas del Curvaradó y Jiguamiandó, municipio deCarmen del Darién (Chocó), que fueron desplazadas en 1997 por el Ejército y los gruposparamilitares, han regresado a las cercanías de sus lugares de origen para reclamar su derecho sobreel territorio, buscando protección por medio de la creación de Zonas Humanitarias. Sin embargo,las amenazas y ataques contra los miembros de estas comunidades han continuado por parte de losparamilitares, terratenientes y empresarios privados interesados a usurpar las tierras para dedicarlasal cultivo de la explotación de palma aceitera, madera y ganadera. Los siguientes son algunos casosde la persecución contra miembros de estas comunidades:* El 25 de enero de 2008, Martha Martínez, Secretaria del Consejo Comunitario de Caño Manso,fue amenazada de muerte, presuntamente por grupos paramilitares84.* El 4 de febrero de 2008, el empresario palmicultor Gabriel Jaime Sierra ofreció la suma de $5.000.000 (aprox. 2500 USD) para quien atentara contra la vida de Ligia María Chaverra,representante legal del Consejo Mayor de la Cuenca del Curvaradó, y Manuel Denis Blandón, exrepresentante legal del Consejo Mayor de la Cuenca del Jiguamiandó85.* El 29 de abril de 2008, en el municipio de Belén de Bajirá (Chocó), la señora Miriam García,hermana de Liria Rosa García, de la comunidad de Caracolí, fue amenazada por un paramilitar delas “Convivir”, quien supuestamente se había desmovilizado. El paramilitar advirtió que lacomunidad de Caracolí debía abandonar las tierras que ocupa Antonio Argote, el ganadero queestableció una hacienda en Caracolí después del desplazamiento masivo de sus pobladores en1.99786.80 Comisión Colombiana de Juristas y Servicio Jesuita a Refugiados, “Compromisos Rotos – Seguimiento a la aplicación de lasrecomendaciones Internacionales sobre desplazamiento forzado en Colombia – Informe para el Representante del Secretario Generadle lasNaciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, diciembre de 2004, pág. 54.81 “ONU pide investigar asesinato de líder desplazado y requiere protección para otros”, Acnur, Comunicado de Prensa, mayo 14 de2008.82 “La confrontación silenciosa que se vive en el Valle del Cauca - ‘Los Rastrojos’ siguen en guerra”, diario El Espectador.com, junio 29de 2008.83 “Asesinada lidereza del barrio San Francisco, Comuna 7 en Buenaventura”, Acción Urgente, CHF y otros, julio 1 de 2008, enhttp://www.dhcolombia.info/spip.php?article60684 Unión Sindical Obrera, Consejos Comunitarios del Curvaradó y Jiguamiandó, Comisión Colombiana de Juristas yComisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Informe sobre la observación individual sobre el Convenio (No 169) sobre pueblosindígenas y tribales en países independientes, acerca de la solicitud de protección de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, Chocó(Colombia), agosto 29 de 2008, pág. 17.85 Ibídem.86 Ibídem. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 22.
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COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA : RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.4. No se han adoptado medidas para superar la impunidad sobre el delito dedesplazamiento forzadoLa ausencia de garantías para el derecho a la justicia de las víctimas es uno de los factores quehistóricamente han impedido una efectiva prevención del desplazamiento en Colombia.Cuando el Representante realizó su misión a Colombia en 2006, es decir siete años después de laadopción del tipo penal de desplazamiento forzado, solamente dos casos con sentenciacondenatoria contra los responsables. A abril de 2007, ACNUR calculó en 0,002% la efectividad dela justicia con 13 sentencias para el delito de desplazamiento88.A junio de 2008, las recomendaciones del Representante Especial al Fiscal General, en el sentido de“elaborar un inventario completo de los procesos penales existentes hasta la fecha por el delito del desplazamientoforzado, e iniciar acciones por ese delito, independientemente de otros posibles delitos y violaciones de derechoshumanos, en lugar de considerarlo un aspecto accesorio o una mera consecuencia de un conflicto armado”89, al igualque la recomendación al Gobierno de “velar porque el derecho a una reparación plena de los desplazadosinternos no esté vinculada a su registro en el SUR” 90, no han sido debidamente atendidas ni aplicadas.Por su parte, el gobierno no ha garantizado a las víctimas del desplazamiento la obtención dereparación integral. La inscripción en el registro de población desplazada es una condición para quelas víctimas puedan aspirar a la reparación.El gobierno expidió el decreto 1290 de 2008 por medio del cual creó un programa de reparacionespor vía administrativa91. Para efectos de dicho programa de reparaciones, las personas desplazadasson consideradas sujetos de reparación colectiva “en los términos del artículo 1 de la ley 387 de 1997” 92.Dicho artículo de la ley 387 de 1997 ha sido objeto de reglamentación por parte del Gobierno demanera que Acción Social tiene la facultad de “declarar que se encuentra en condición de desplazamientoaquella persona desplazada que solicite tal reconocimiento mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en elartículo 32 de la Ley 387 de 1997” 93 que consisten en la declaración de los esos hechos ante laProcuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales odistritales o cualquier despacho judicial; y la inscripción en el registro único de poblacióndesplazada, con lo cual la reparación de las personas desplazadas por vía administrativa quedacondicionada a la inscripción en el sistema gubernamental de registro, de esta maneradesatendiendo la recomendación del Representante Especial.Asimismo, el decreto mencionado incluye entre los criterios para reconocer la calidad de víctima la“presentación de denuncia o puesta en conocimiento de los hechos ante cualquier autoridad judicial, administrativa ode policía, dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho”94, y la inclusión de la víctima en la base de datosde entidades públicas tales como Acción Social, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de laNación o la Procuraduría General de la Nación, entre otras, que son prácticamente las mismascondiciones establecidas en la ley 387 de 1997 y el decreto 2569 de 2000 con relación a lainscripción en el registro de población desplazada.88 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados -ACNUR, Balance de la Política Pública para la AtenciónIntegral al Desplazamiento Forzado en Colombia Enero 2004 – abril 2007, Bogotá D. C. Colombia, agosto de 2007, pág. 39.89 Naciones Unidas, citado supra en Nota 62, párr. 81.90 Ibídem.91 Decreto 1290 de 2008 Por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los gruposarmados organizados al margen de la ley.92 Decreto 1290 de 2008, citado supra en Nota 92, pág. 2 del Considerando.93 Decreto 2569 de 2000, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones, artículo 2.94 Decreto 1290 de 2008, citado supra en Nota 92, artículo 24. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 24.
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