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RE-EXPORT 2013 – AVALES PARA FACILITAR A LAS EMPRESAS GALLEGAS EL ACCESO A FINANCIACIÓN DESTINADA A LA ACTIVIDAD EXPORTADORA
30 Mayo, 2013 /en principal /por Abel Barredo
Título del programa / ayuda
IG170 – RE-EXPORT 2013 – AVALES PARA FACILITAR A LAS EMPRESAS GALLEGAS EL ACCESO A FINANCIACIÓN DESTINADA A LA ACTIVIDAD EXPORTADORA
Finalidad/Objetivo
El objetivo de estas bases es facilitar la internacionalización de la empresa gallega no exportadora o con escasa presencia en los mercados exteriores y apoyar también aquellas otras que ya se iniciaron en el ámbito de las exportaciones y que tienen posibilidades de incrementar su presencia en el exterior.
1. Podrán acceder a los avales las pequeñas y medianas empresas, según la definición establecida por la Comisión Europea.
En cualquiera caso, deberán tener su domicilio fiscal en Galicia.
2. No podrán ser beneficiarias las empresas que se encuentren en situación de crisis, las que tengan un riesgo vivo con el Igape como consecuencia de un aval concedido previamente ni las empresas cuyo único objeto social sea la compraventa de bienes inmobiliarios o activos financieros.
• Características de las líneas de financiación y cobertura de los avales del Igape:
El Igape sólo podrá garantizar operaciones de financiación nuevas, no permitiéndose la sustitución de créditos bancarios preexistentes.
Se entenderá que la línea de financiación avalada por el Igape sustituye a otras líneas preexistentes cuando:
a) Los contratos de financiación que la beneficiaria tenga suscritos a la fecha de entrada en vigor de la convocatoria con las entidades financieras, para la misma finalidad, fueran cancelados antes de su vencimiento, sin consentimiento expreso del Igape.
b) Los contratos de financiación que la beneficiaria tenga suscritos a la fecha de la solicitud con la entidad financiera, para la misma finalidad, no sean renovados durante la vigencia de la operación avalada, sin consentimiento expreso del Igape.
• Modalidades de operaciones financieras:
El Igape podrá avalar las siguientes modalidades de operaciones financieras:
– líneas de crédito.
– líneas de descuento o anticipo de efectos comercias o facturas
– líneas genéricas de riesgos mercantiles.
Las operación avaladas deberán destinarse a las siguientes finalidades:
la) Créditos de prefinanciamento: Créditos destinados a la financiación del aprovisionamiento de materias primas, fabricación de los productos a exportar, así como los gastos derivados del proceso de envase, embalaje y preparación para el envío al exterior. La necesidad del prefinanciamento deberá ser justificar por la empresa, basándose en la previsión de exportaciones durante el plazo de vigencia de la operación y en la previsión de aplicación de fondos.
b) Créditos de postfinanciamento: Créditos destinados a anticipar los derechos de cobro de las operaciones de exportación materializados en diferentes documentos tales como facturas, deberes de pago, letras de cambio, etc.
c) Avales o fianzas: Emisión de avales y fianzas prestadas por la entidad financiera en garantía de terceros, vinculadas a operaciones de tráfico o avales técnicos.
• Cobertura y coste de los avales:
El Igape responderá de hasta el 50% de los importes adebedados a la entidad financiera como consecuencia de los descubiertos que se produzcan, y devengarase una comisión de aval anual a favor del Igape de un 0,50 % del importe del aval formalizado.
• Importe de las operaciones:
La suma de las operaciones avaladas por el Igape para cada beneficiaria será como mínimo de 80.000 euros y máximo de 250.000 euros.
Una misma empresa podrá solicitar el aval para las tres finalidades o bien para una o dos de ellas. No obstante, en caso de que lo soliciten para más de una finalidad en una misma entidad financiera, deberán ampararse en una póliza genérica de riesgos mercantiles.
Una misma empresa también podrá solicitar los avales a través de dos o más entidades financieras, siempre que no se supere el importe máximo de operaciones.
El plazo máximo de vigencia de las operaciones avaladas será de un año, y la vigencia de los avales de dos años.
• Objeto y condiciones de la garantía del Igape:
– Las garantías otorgadas por el Igape consistirán en la prestación de aval subsidiario ante las entidades financieras.
– El plazo de vigencia de la garantía será como máximo de 2 años, cubriendo el riesgo vivo financiado o anticipado durante el año de vigencia máxima de la operación avalada.
• Garantías a aportar por la beneficiaria.
Las garantías a acercar serán las exigidas por la entidad financiera para autorizar la operación. Las dichas garantías serán repartidas entre la entidad financiera y el Igape en función del riesgo asumido por cada parte.
En el caso de acreditarse la constitución de otras garantías distintas a las declaradas por las entidades financieras, el Igape no responderá por el aval concedido.
Inversiones y/o gastos computables
Cuantía de las axudas
El Igape responderá de hasta el 50% de los importes adebedados a la entidad financiera como consecuencia de los descubiertos que se produzcan, una vez cumplidos los requisitos de ejecución señalados en el artículo 6.3, y se devengará una comisión de aval anual a favor del Igape de un 0,50 % del importe del aval formalizado.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación de estas bases reguladoras en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 31 de diciembre del año 2013.
Se podrán cubrir y obtener los formularios a través de la aplicación informática hasta las 14.00 horas del día de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Resolución del 13 mayo de 2013 (DOG Nº93 del 16/05/2013) – Bases reguladoras y convocatoria 2013
Información y tramitación en:
– En las oficinas del Igape
– Por teléfono: 902 300 903 / 981 54 11 47
– Por correo electrónico: informa@igape.es
– En la web del Igape: www.igape.es
1.- Para solicitar una operación avalada por el Igape, la empresa deberá acudir a alguna de las entidades financieras adheridas a este programa y obtener el certificado expedido por la misma, de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo II.
2.- Una vez que la empresa esté en posesión del dicho certificado, deberá cubrir un formulario descriptivo de la empresa, del proyecto y de la operación financiera a través de la dirección de internet http://www.tramita.igape.es.
Las solicitudes de aval se presentarán mediante la instancia normalizada (Anexo I) que xenera la aplicación junto con la documentación.
Junto con la instancia de solicitud, se presentará la siguiente documentación, en original o copia cotejada:
a) Comunicación por parte de la entidad/s financiera/s de las operaciones que estarían dispuestas a conceder condicionadas al aval del Igape certificando que no sustituye la otras líneas de financiación preexistentes y descripción de las garantías exigidas para cubrir el riesgo de la operación (Anexo II).
b) NIF de la empresa.
c) NIF del firmante de la solicitud. Con el fin de evitar su aportación el órgano gestor accederá al Sistema de Verificación de Datos de Identidad si el solicitante autoriza su verificación de conformidad con el dispuesto en el artículo 2 del Decreto 255/2008. En caso de que el solicitante deniegue expresamente esta autorización deberá, obligatoriamente, presentar el NIF.
d) Escrituras de constitución y de los estatutos debidamente inscritas en el registro competente así como las modificaciones posteriores.
e) Poder del representante que presenta la solicitud, inscrito, si es el caso, en el registro competente.
f) Cuentas anuales corresponsales al último ejercicio cerrado depositadas en el Registro Mercantil, incluido, si es el caso, informe de auditor.
http://app.igape.es/.axudas/ver_pdf.asp?cod=3103&l=0
El comité de expertos no logra un acuerdo sobre el factor de sostenibilidad de la Seguridad Social
El grupo de expertos al que el Ejecutivo encargó la realización de un informe sobre la reforma del sistema de pensiones, que debería haber alcanzado ayer, última reunión que en principio tenía prevista, un consenso para presentar su trabajo, tuvo que darse más plazo para lograrlo ante la falta de acuerdo, acordando reunirse de nuevo, sin fijar una fecha pero en todo caso esta semana, por concluir el plazo que les dio el Gobierno.
Al parecer el grupo se divide entre una mayoría de nueve miembros, que comparte la opinión inicial de Presidencia relativa a que el sistema público de pensiones no tiene asegurado el equilibrio presupuestario, y una minoría formada por Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada; José Luis Tortuero, catedrático de Derecho del Trabajo (ambos propuestos por el PSOE), y Miguel Ángel Tortuero, que dirige el gabinete de estudios de CCOO, que sostienen —al menos los dos primeros— que la reforma no es una necesidad inmediata y que habría que evaluar primero cómo funciona la reforma de 2011 que retrasa (de forma paulatina hasta 2027) la edad de jubilación ordinaria hasta los 67 años.
En cuanto al principal objeto de la reforma, el factor de sostenibilidad, grupo mayoritario defiende una doble fórmula: una que calcule las nuevas pensiones tomando en cuenta la esperanza de vida y otra que vincule la actualización anual de las pensiones a la situación de las cuentas de la Seguridad Social en lugar de al IPC como en la actualidad.
Para la minoría de tres expertos citada, proponer esta doble vía excede el alcance del grupo de expertos, puesto que la reforma de 2011, que introduce el factor de sostenibilidad, establece que éste debe consistir en una fórmula que relacione el cálculo con la esperanza de vida, mientras que la propuesta mayoritaria añade la vinculación a la situación económica de la Seguridad Social, afectando a los jubilados actuales (aunque es cierto que el informe provisional contempla que “por razones de justicia y prudencia el factor de sostenibilidad debe aplicarse a los jubilados actuales y a los futuros en grados y bajo modalidades distintas”).
El plazo dado por el Ejecutivo para que el grupo de expertos le remita sus conclusiones finaliza esta semana. Cuando se logre cerrar esta fase, existe el compromiso del Ministerio de Empleo de enviarlo al Pacto de Toledo, a la comisión parlamentaria que negocia la reforma de las pensiones y a los agentes sociales.
NOTA DE AVISO – OBLIGATORIEDAD CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS
27 Mayo, 2013 /en Zona de circulares | Notas de aviso /por Abel Barredo
El pasado sábado día 13 se publico el RD 253/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
A partir del próximo 1 de Junio de 2013 “será obligatorio que los edificios o unidades de estos, que se construyan, vendan o alquilen dispongan de un certificado de eficiencia energética”.
Esto es similar al etiquetado energético de los electrodomésticos, este certificado asigna a cada edificio una Clase Energética de eficiencia, que variará desde la clase A, para los mas eficientes, a la clase G, para los menos eficientes. Esta obligación la tiene el propietario del inmueble que debe encargar el certificado y conservarlo. Asimismo, será obligatorio incluir la etiqueta en toda la publicidad que se haga del piso/local El comprador/arrendador tiene el derecho a exigir este certificado. Tiene validez de 10 años, tras los cuales se deberá renovar. También se puede renovar antes si se han acometido medidas de mejora y voluntariamente se quiere reflejar en el certificado.
Se trata de un documento que describirá lo eficaz que es un inmueble en cuanto al consumo de energía. Se determina la calificación del bien mediante una etiqueta.
Inmuebles privados – en los contratos de compraventa o arrendamiento a partir del día 1 de Junio de 2013, tanto en edificios o partes del mismo, nuevos o ya existentes.
Inmuebles públicos – los edificios o unidades de edificios existentes ocupados por una autoridad pública.
¿Qué pasa si estando obligado, no se realiza dicho certificado?
En el artículo 18 de la normativa se introduce la nueva figura administrativa de la infracción específica en materia de certificación energética de los edificios cuyos tipos y sanciones serán desarrollados en una orden posterior.
Además se mantiene que la no exhibición y/o puesta a disposición de la etiqueta y el certificado se considerará infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios de acuerdo con lo establecido en los apartados k) y n) del artículo 49.1 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007.
El artículo 50 del texto refundido de dicha Ley, gradúa las infracciones, que podrán calificarse por las Administraciones Públicas competentes como LEVES, GRAVES O MUY GRAVES atendiendo entre otros a su grado de intencionalidad y reincidencia.
Las infracciones que establece el artículo 51.1 de dicho texto legal son:
a) Infracciones leves hasta 3.005,06 euros
c) Infracciones muy graves, entre 15.025,31 euros y 601.012,10 euros
Que el contrato de compraventa o arrendamiento sea declarado nulo por no haber informado correctamente al comprador o arrendatario. Además que el vendedor /arrendador tenga que indemnizar al comprador o inquilino por los perjuicios ocasionados por la falta de información facilitada.
El certificado de Eficiencia Energética será suscrito por Técnicos competentes que estén en posesión de la titulación académica y profesional habilitante para la realización de proyectos de edificación o de sus instalaciones térmicas o de la certificación energética.
Serán elegidos libremente por la propiedad del inmueble a certificar.
El plazo de entrega del certificado energético es de aproximadamente diez días desde la visita y toma de datos del personal cualificado.
Validez de 10 años.
A quien recurrir? La certificación supone una inspección del inmueble por un técnico cualificado. Se comprobaran los elementos constructivos y su composición, los huecos, carpinterías y sistemas de calefacción y refrigeración y en base a unos documentos reconocidos y/o acreditados ante la administración se emite una Certificación Energética.
Los precios del Certificado van desde unos 195 € para una vivienda individual perteneciente a un bloque, hasta los 3.000 € para un edificio de viviendas entero, dependiendo del tamaño y la complejidad. Hablamos de precios aproximados tomando como referencia otros países.
Una vez obtenida la calificación energética, ésta deberá registrarse en el órgano competente de su Comunidad Autónoma.
Puede encontrar la disposición legal, pinchando AQUI
Se endurecen las penas para delitos económicos
22 Mayo, 2013 /en principal /por Abel Barredo
La reforma del Código Penal recrudece las multas y penas de cárcel para quien oculte, destruya, dañe o realice una mala gestión que disminuya el valor de los elementos patrimoniales.
El Anteproyecto desarrolla nuevos tipos de insolvencia punible para “quien oculte, destruya, cause daños o realice cualquier actuación que no se ajuste al deber de diligencia en la gestión y que disminuya el valor de elementos patrimoniales”. Se prevén penas de prisión de hasta seis años. También se aplica a quien realice operaciones de venta por precio inferior a su coste, a quien simule créditos o a quien lleve doble contabilidad.
No será requisito para actuar contra las compañías el que se pueda individualizar a la concreta persona física responsable del delito. Se introduce la figura de los “modelos de prevención”. El Código vigente preveía esta posibilidad pero no explicaba cómo podía desarrollarse. Ahora se detallan procedimientos y sistemas disciplinarios. Si se implantan con los requisitos que establece la ley, no se asumirá responsabilidad penal. Administración desleal Se tipifica una nueva forma de administración desleal. El texto vigente lo configuraba como delito societario, cuando en realidad es un delito patrimonial. Se castigará los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o deslealtad por quien administra el patrimonio de un tercero y le causa un perjuicio. Se amplía el delito a quien adquiera bienes que no son útiles o no puedan cumplir la función económica de la gestión leal. Malversación La malversación constituye una modalidad de administración desleal que históricamente se refería básicamente a sustracción de fondos públicos, y en mucha menor medida, a la desviación del destino de los mismos.
La reforma amplía los supuestos por los que se puede castigar la gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público. Ahora se aplicará también para los funcionarios que incurran en mala gestión.
El texto prevé penas de cárcel de hasta seis años y cuatro años y medio para las empresas que sobornen a los funcionarios de la UE o de cualquier otro país del mundo. Se controlará a quien realice este acto en cualquier país, con el requisito de que sea ciudadano español o con residencia en España. También se vigilará a los directivos, a los administradores y a los empleados de las empresa que tengan domicilio social en España.
Se eliminan las faltas para ahorrar tiempo y costes. Algunas de ellas serán dirigidas a otros órdenes, mientras que otras se convertirán en delitos. En relación con los delitos patrimoniales, se suprime la falta de hurto (así como muchas otras) y se pondrá énfasis en la delicuencia profesional. Hasta ahora, en muchas ocasiones, los ladrones ‘profesionales’ se libraban de penas porque solo incurrían en hurtos, algo que cambia con la actual reforma. Propiedad intelectual Se endurecen los delitos contra la Propiedad Intelectual. Antes había pena de prisión de 6 meses a 2 años y multas de 12 a 24 meses para quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica. También se endurecen las penas a los manteros. En la reforma de 2011 no iban a la cárcel. Ahora podrán ir a prisión de 6 meses a 2 años.
El decomiso de bienes, la pena accesoria a la principal que consiste en la privación definitiva de los instrumentos y del producto del delito, no sólo afectará al terrorismo. También al blanqueo de dinero, a la falsificación de moneda, a la corrupción en el sector privado y a los delitos informáticos. El Estado se incautará de todo tipo de bienes. Se facilitarán instrumentos legales para que sea más fácil recuperar activos que proceden del delito.
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21 Mayo, 2013 /en principal /por Abel Barredo
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