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Timestamp: 2018-08-21 04:10:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 594', 'artículo 1', 'artículo 83', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 594', 'artículo 864', 'artículo 864', 'artículo 863', 'artículo 863', 'Artículo 1', 'Artículo 5']

﻿ SENTENCIA 2012-00130/20488 DE OCTUBRE 13 DE 2016
SENTENCIA 2012-00130 DE 13 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:PRECISIONES SOBRE EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. SE INDICA QUE MEDIANTE LA LEY 963 DE 2005 EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA. POR MEDIO DE ESTOS CONTRATOS, EL ESTADO COLOMBIANO GARANTIZA A LOS INVERSIONISTAS, QUE EN CASO DE MODIFICACIONES DESFAVORABLES DE LAS NORMAS QUE FUERON DETERMINANTES PARA SU INVERSIÓN, ESTAS SE SEGUIRÁN APLICANDO SI FUERON OBJETO DEL REFERIDO CONTRATO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIAN, CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA, CONTRIBUYENTE, IMPUESTO AL PATRIMONIO, RECURSO DE APELACIÓN
Sentencia 2012-00130/20488 de octubre 13 de 2016
Rad.: 25000-23-27-000-2012-00130-01(20488)
Actor: Sociedad de Fabricación de Automotores S.A. Sofasa
Demandado: Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
En los términos del recurso de apelación, y de acuerdo con el marco de competencia del ad quem, le corresponde a la Sección determinar, si los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a derecho, en la medida en que negaron la petición de dejar sin efecto la declaración presentada por Sofasa S.A., el 5 de mayo de 2011, en la que liquidó el impuesto al patrimonio por el año gravable 2011.
Para lo cual, la Sala analizará: i) El Contrato de estabilidad jurídica, ii) Si con la expedición de la Ley 1370 de 2009, se creó el impuesto al patrimonio o se modificó el existente.
2.1. El Gobierno con el propósito de promover las nuevas inversiones y ampliar las existentes adoptó mediante la Ley 963 de 2005 el contrato de estabilidad jurídica. Por medio de estos contratos, el Estado colombiano garantiza a los inversionistas, que en caso de modificaciones desfavorables de las normas que fueron determinantes para su inversión, estas se seguirían aplicando si fueron objeto del referido contrato(9).
2.2. Por eso, deben identificarse en el contrato las leyes, decretos, actos administrativos del orden nacional, o una interpretación administrativa, a las cuales se les garantizará estabilidad.
2.3. En los contratos de estabilidad jurídica no se les garantiza a los inversionistas la inmodificabilidad de la ley, sino que se les asegura la permanencia, dentro de los términos del acuerdo celebrado con el Estado, las mismas condiciones legales existentes al momento de su celebración.
2.4. Sofasa S.A. suscribió el Contrato de Estabilidad Jurídica, EJ-04(10) con la Nación - Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el 29 de noviembre de 2007, en la que se pactó entre otras lo siguiente: “CLÁUSULA CUARTA: Normas Objeto de Estabilidad Jurídica entre las cuales se encuentra: “… Artículos 273 (adicionado por el artículo 19 de la Ley 1111 de 2006), 292 (modificado por el artículo 25 de la Ley 1111 de 2006) y 295 (modificado por el artículo 28 de la Ley 1111 de 2006), del Estatuto Tributario, relacionado con el Impuesto sobre el Patrimonio…”. “CLÁUSULA SÉPTIMA: Obligaciones de la Nación. La NACIÓN se obliga a: -1 Garantizar al INVERSIONISTA que, durante todo el término de duración del contrato se le continuarán aplicando las normas a que se refiere la cláusula cuarta, consideradas como determinantes de la inversión, en el evento de que tales normas sean modificadas en forma adversa a aquél…” “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Duración. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula décima séptima, el presente contrato tendrá una duración de DIEZ (10) AÑOS, contados a partir de la suscripción por las partes del Acta de Inicio del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución de que trata la cláusula vigésima primera…”.
2.4.1. El 5 de mayo de 2011 la sociedad demandante presentó la declaración del impuesto al patrimonio correspondiente al año 2011, en la que se liquidó un impuesto a cargo por $8.404.451.000(11).
2.4.2. El 3 de abril de 2012, radicó ante la Jefe Fiscalización Grandes Contribuyentes(12) solicitud para que se tuviera sin efecto la anterior declaración, en virtud de lo consagrado en el artículo 594-2 del Estatuto Tributario, por cuanto la sociedad firmó contrato de estabilidad jurídica en el que se estabilizaron entre otros, los artículos 292 y 295 ídem, con la modificación hecha por los artículos 25 y 28 de la Ley 1111 de 2006.
2.4.3. La Jefe de la División de Fiscalización Grandes Contribuyentes, dio contestación el 17 de abril de 2012, mediante el Oficio 003295(13), en el que informa que acata la interpretación oficial de la DIAN contenida en el Concepto 098797 de 28 de diciembre de 2010 y, concluye que el nuevo impuesto sobre el patrimonio, creado por la Ley 1370 de 2009 con causación el 1 de enero del año 2011, si es aplicable a los contribuyentes que se acogieron al régimen especial de estabilidad jurídica consagrado en la Ley 963 de 2005.
2.5. El asunto fue estudiado por la Sección en sentencia del 2 de agosto de 2016, Expediente 18636, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, donde se trató la validez del Concepto 098797 de 28 de diciembre de 2009. Se dijo:
Al hilo de la argumentación que ha venido exponiendo la Sala, es indudable que la expedición de la Ley 1370 de 2009, implicó una modificación normativa adversa, en los términos del artículo 1° de la Ley 963, en cuanto los inversionistas que suscribieron el contrato de estabilidad jurídica estarían obligados a pagar el impuesto al patrimonio de la Ley 1370. Y esa modificación normativa adversa, a juicio de la Sala, terminó por reiterarse cuando la DIAN, en el acto demandado, concluyó que como era «nuevo» el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 no podía amparar la situación de los contribuyentes que se acogieron al régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963.
El artículo 83 de la CP establece que las actuaciones de los particulares deben ceñirse por los postulados de la buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que obliga a que los sujetos de una relación jurídicas actúen de manera honesta, leal, clara, transparente y siempre guiados por las reglas de la mutua confianza, esto es, sin el ánimo de defraudar o sacar provecho injustificado de la contraparte. La buena fe es, por ende, un mandato de doble vía, que exige no solo cumplir con las obligaciones a cargo, sino a cumplirlas de manera leal y honesta, mas no con el ánimo de defraudar o desconocer el derecho de la contraparte con la que se entabló una relación jurídica.
Se repite: no es suficiente que el concepto demandado interprete que la Ley 1370 creó un nuevo impuesto al patrimonio para el año 2011. Lo realmente determinante es que la Ley 1370 prorrogó la vigencia del impuesto al patrimonio de la Ley 1111 y eso constituye una modificación normativa adversa que resulta contraria al principio de buena fe, que rige la relación entre el Estado y el inversionista, máxime cuando el inversionista asumió una carga económica adicional a las que habrían asumido en condiciones ordinarias, conforme con el artículo 5º de la Ley 963(14).
2.6. De acuerdo con el anterior pronunciamiento, la Ley 1370 de 2009 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111 de 2006. En consecuencia, el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 está amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963, siempre y cuando en el contrato de estabilidad jurídica se hubiera identificado expresamente el impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006.
2.7. En el caso en estudio, la Sala observa que en el Contrato de Estabilidad Jurídica EJ-04 en la Cláusula Cuarta se identificaron las normas respecto de las cuales se les garantizaba estabilidad, entre otras, los artículos 273 (adicionado por el artículo 19 de la Ley 1111 de 2006), 292 (modificado por el artículo 25 de la Ley 1111 de 2006) y 295 (modificado por el artículo 28 de la Ley 1111 de 2006), del Estatuto Tributario, relacionado con el Impuesto sobre el Patrimonio.
Y la modificación adversa legislativa tributaria surgida con la Ley 1370 de 2009 (causado el 1º de enero del año 2011), no le es aplicable a la sociedad, por cuanto como quedó visto, en virtud del Contrato de Estabilidad Jurídica EJ-04 suscrito el 29 de noviembre de 2007, el Estado le garantizó a la demandante que las disposiciones relacionadas que regulaban el impuesto al patrimonio, se le aplicaban hasta el año 2010 solamente, puesto que así lo consagraban y, en eso consistía la finalidad de la estabilidad jurídica prevista en el artículo 1º de la Ley 963 de 2005, y las modificaciones efectuadas con posterioridad no le son aplicables.
En consecuencia, Sofasa S.A., no estaba obligada a presentar y pagar la declaración del impuesto al patrimonio por el año 2011, y como ya ha precisado la Sala(15), las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados a declarar no producen efecto legal alguno, de acuerdo al artículo 594-2 del Estatuto Tributario.
Así las cosas, al ser declarada sin valor la declaración del impuesto al patrimonio, el restablecimiento del derecho que se deriva es la devolución de las sumas pagadas por $2.101.112.000(16), como primera cuota del impuesto al patrimonio del 2011, junto con los intereses corrientes a la tasa señalada en el artículo 864 del Estatuto Tributario, desde la fecha de notificación del acto que negó la solicitud de dejar sin efecto la declaración presentada por la sociedad por impuesto al patrimonio 2011, hasta la ejecutoria de esta providencia, e intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de esta sentencia hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, también a la tasa prevista en el artículo 864 ib.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión del a quo que anuló los actos demandados y declaró sin valor legal la declaración del impuesto al patrimonio presentada por la sociedad correspondiente al año gravable 2011, y contenida en el formulario Nº 4208600020112, y a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Direccción de Impuestos Nacionales la devolución de la suma de $2.101.112.000, junto con los intereses corrientes y moratorios dispuestos en el artículo 863 del Estatuto Tributario, que deben liquidarse en la forma señalada en esta providencia.
1. CONFÍRMASE la sentencia de 17 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección A.
2. ADICIONAR a la parte resolutiva de la sentencia del 17 de julio de 2013, el numeral QUINTO, el cual dispondrá:
5. Se ordena a la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN devolver a la sociedad Sofasa S.A. la suma de $2.101.112.000, junto con los intereses corrientes y moratorios dispuestos en el artículo 863 del Estatuto Tributario, que deben liquidarse en la forma señalada en esta providencia.
3. Se RECONOCE personería para actuar a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, como apoderada judicial de la U.E.A. DIAN, de conformidad con el poder que obra a folio 236 del expediente.
9 Artículo 1º de la Ley 963 de 2005. Contratos de estabilidad jurídica. Se establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional.
10 Fls. 9-17 c.a.
11 Fls. 28-30 c.a.
12 Fls. 1-8 c.a.
13 Fls. 31-33 c.a.
14 Artículo 5°. Prima en los contratos de estabilidad jurídica. Modificado por el art. 48, Ley 1450 de 2011. El inversionista que suscriba un contrato de estabilidad jurídica pagará a favor de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - una prima igual al uno por ciento (1%) del valor de la inversión que se realice en cada año.
15 Sentencias de 8 de octubre de 2015, Exp. 19518 y de 3 de agosto de 2016, Exp. 20149, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
16 Fls. 29 y 30, c.a.