Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/feb/20080221-IV.html
Timestamp: 2018-06-19 04:45:22
Document Index: 384626033

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 114', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 135', 'Artículo 115', 'artículo 152', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 133', 'artículo 28', 'artículo 17', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 16', 'Artículo 16']

Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2450-IV, jueves 21 de febrero de 2008
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta el diputado Victorio Montalvo Rosas, del Grupo Parlamentario del PRD.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE JUSTICIA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, se turnó para su estudio, análisis y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en los siguientes:
Primero.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 12 de diciembre de 2007, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia con Proyecto de Decreto que reforma disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándose al Senado de la República.
Segundo.- En fecha 13 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y dictamen.
Tercero.- El 1º de febrero de 2008 se recibió en Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la minuta remitida, que fue turnada mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1328 a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia para el estudio y análisis de las modificaciones hechas por la colegisladora.
La minuta en estudio, remitida por el Senado en su carácter de Cámara revisora, coincide en términos generales con la propuesta de reforma constitucional al sistema de justicia penal realizada por esta Cámara de Diputados, en el sentido de implantar un sistema garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; la primera, para asegurar una trilogía procesal en la que el ministerio público sea la parte acusadora, el inculpado esté en posibilidades de defenderse y que al final, sea un juez quien determine lo conducente; la segunda, que abonará a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos.
Todo ello respetando los fundamentales principios y características de los sistemas acusatorios, y adaptado al mismo tiempo a las necesidades inminentes de nuestro país de combatir eficientemente los altos índices de delincuencia que aquejan a la ciudadanía y a la naturaleza de nuestras instituciones, permitiendo con ello su consolidación de manera gradual a la cultura y tradición jurídica mexicana.
Hay coincidencias en cuanto a la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. El juez de control se hará cargo del asunto una vez vinculado a proceso el indiciado, hasta el auto de apertura a juicio. Un juez o tribunal que no haya tenido contacto con la causa, llevará a cabo el juicio oral, y un juez ejecutor vigilará y controlará la ejecución de la pena.
En cuanto a la prisión preventiva, ambas Cámaras están de acuerdo en que sólo pueda aplicarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud, la prisión preventiva se sugiere que se aplique en todos los casos.
También se estima necesario que se prevean mecanismos alternativos de solución de controversias, que por mandato constitucional expreso, procuren asegurar la reparación del daño, sujetas a supervisión judicial en los términos que la legislación secundaria lo juzgue conveniente. Tal medida generará economía procesal, además de alcanzar un objetivo fundamental, como es el de lograr que la víctima de un delito esté cobijada y que el inculpado se responsabilice de sus acciones, reparando, en lo posible, el daño causado.
Respecto a la defensa del imputado, se propone eliminar la "persona de confianza" y garantizar el derecho a una defensa adecuada por abogado. Para consolidar tal objetivo y que exista igualdad de condiciones, se prevé asegurar un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurar las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores, estableciendo que sus emolumentos no podrán ser inferiores a los que correspondan a los agentes del ministerio público.
En cuanto a delincuencia organizada, dada la complejidad que requiere dicho tema por el daño que causa a la sociedad, se propone un régimen especial desde su legislación, haciendo tal tarea facultad exclusiva del Congreso de la Unión y definiéndola a nivel constitucional como una organización de hecho de tres o más personas, para cometer en forma permanente o reiterada delitos en los términos de la ley de la materia. Para estos casos, se autoriza decretar arraigo a una persona por parte del juez de control y a solicitud del ministerio público, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, siempre y cuando sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. No podrá exceder de cuarenta días, plazo prorrogable únicamente cuando el ministerio público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, y en ningún caso podrá exceder los ochenta días.
Es importante precisar que las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada, están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad, y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas, en contra de luchadores sociales o a aquellas personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado.
Ahora bien, es importante precisar que el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional vigente señala que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. Con la reforma que nos ocupa, tal disposición se mantiene, aunque se traslada al artículo 20, concretamente al creado apartado C, fracción VII, para dar congruencia a la nueva estructura de dicho numeral, y hacer que los derechos de la víctima u ofendido se contemplen en la Constitución de manera ordenada y concentrada.
En el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto, se dispone que el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos relativos, entre ellos el 20, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años.
Dado que el derecho de la víctima u ofendido no forma parte del sistema procesal penal acusatorio por instrumentar, este Constituyente Permanente mantiene su convicción de que el precepto aludido debe seguir en vigor, pues, además de tratarse de una prerrogativa que actualmente tienen los agraviados de los delitos, su reubicación obedece únicamente a las razones aludidas en párrafos precedentes, sin que ello, desde luego, conlleve la intención de modificar tal derecho o condicionar su ejercicio a la adopción del sistema procesal penal acusatorio. Esto sería un contrasentido.
A mayor abundamiento, resulta fundamental destacar que múltiples instrumentos de carácter internacional que nuestro país ha suscrito -como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros- prevén el derecho a una tutela judicial efectiva, siendo uno de los requisitos indispensables para ello, que toda persona esté en posibilidad de impugnar ante un juez, determinaciones de alguna autoridad que viole sus derechos fundamentales. Ello cobra vital importancia, pues de conformidad con el artículo 133 constitucional, los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, siempre y cuando estén de acuerdo con la misma. En este orden de ideas, debe decirse que en el caso de México, la incorporación de tratados internacionales al orden jurídico es ipso iure, por el solo hecho de satisfacer las condiciones que el artículo 133 establece.
Además, la mayoría de los ordenamientos procesales penales de las entidades federativas y el federal prevén medios de impugnación para combatir el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, y no obstante que esto no fuera así, en todos los casos procede el juicio de garantías, de conformidad con la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por ello, es correcto que persista inalterado este derecho en el texto constitucional y que la legislación secundaria sea congruente con el mismo, solidificando, enriqueciendo y perfeccionando los derechos de las víctimas u ofendidos para impugnar por vía jurisdiccional las resoluciones del ministerio público que determinen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
En suma, se insiste en que es voluntad de este Constituyente Permanente que el derecho de las víctimas u ofendidos establecido en el párrafo cuarto del artículo 21, que se traslada a la fracción VII del apartado C del artículo 20 que se propone, no se modifique un ápice y mantenga absolutamente su vigor.
MODIFICACIONES HECHAS POR EL SENADO
La colegisladora consideró procedente realizar las siguientes modificaciones a la minuta remitida por esta Cámara de Diputados:
a) El artículo 16, párrafo décimo, establecía: "En los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación, autorizado en cada caso por el Procurador General de la República tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquélla que por ley tenga carácter reservado o confidencial, cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito." Al respecto, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, consideraron que a fin de no lesionar los derechos de las personas en ese tipo de documentación y en aras de hacer congruente tal disposición con el sistema procesal penal acusatorio, propusieron que el ejercicio de la facultad otorgada al Procurador General de la República estuviera sujeta a autorización judicial previa al hecho.
Sin embargo, en el Pleno de dicha Cámara se propuso la supresión del párrafo en su totalidad, por lo que estas Comisiones Unidas coinciden con la mencionada supresión. Además, debe decirse que el control judicial para este y otro tipo de solicitudes, en su caso, ya se encuentra contemplado en el ahora párrafo catorceavo del artículo en estudio.
b) El artículo 16, párrafo duodécimo, señalaba: "La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente." El Senado modificó dicho párrafo eliminando las palabras "información o conocimiento de", con lo cual coinciden estas Comisiones Unidas que hoy dictaminan.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, aprueban las modificaciones realizadas por el Senado de la República, y para los efectos del artículo 135 constitucional, someten a consideración de esta Asamblea, el siguiente:
La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente.
II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.
d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.
Artículo 115. Los estados adoptarán...
Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimocuarto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.
Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimocuarto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio segundo.
Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimocuarto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2008.
Diputados: Raymundo Cárdenas Hernández, presidente; José Giladardo Guerrero Torres (rúbrica), secretario; Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), secretaria; Mónica Fernández Balboa (rúbrica en contra), secretaria; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), secretario; José Jesús Reyna García, secretario; Patricia Castillo Romero (rúbrica en contra), secretaria; Arely Madrid Tovilla, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica en contra), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en contra),Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica en contra),Yadhira Yvette Tamayo Herrera, Silvano Garay Ulloa (rúbrica en contra),Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica),Felipe Borrego Estrada (rúbrica),Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica),Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica en contra), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica),Andrés Lozano Lozano (rúbrica en contra).
Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa, Omeheira López Reyna (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica en contra), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica en contra), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera.
AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO VICTORIO MONTALVO ROSAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Por disentir del parecer de la mayoría, con fundamento en los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 88, 119 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos permitimos formular el siguiente VOTO PARTICULAR respecto de la minuta de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia penal, lo que hacemos en los siguientes términos:
1. En fecha 12 de diciembre de 2007, se aprobó por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándose al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
2. En fecha 13 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
3. En sesión de la Cámara de Senadores de fecha 13 de diciembre de 2007, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, presentaron Dictamen que fue aprobado y turnado a ésta Honorable Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
4. Con fecha 1° de febrero de 2007, la Cámara de Diputados recibió la minuta remitida, misma que fue turnada mediante oficio número G.GP.L. 60-II-3-1328 a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia para el estudio, análisis y dictamen correspondiente.
La inviolabilidad del domicilio es considerado desde los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón como un asilo sagrado en el que a cada uno se le guarden sus propiedades y se le respete su casa.
La Constitución de Apatzingán de 1814, al proclamar los derechos del hombre y del ciudadano en igualdad de condiciones ante la ley, consideraba la casa de cualquier ciudadano como un "asilo inviolable" en el cual sólo se podría entrar cuando un incendio, una inundación, o la reclamación de la misma casa hiciera necesario este acto y que las visitas domiciliarias, las execuciones civiles deberían hacerse durante el día, y con respeto a la persona y objeto indicado en el acta que mande la visita o la execución.
La Constitución Federal de de 1824, no obstante su brevedad, establecía en su artículo 152 que "ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de las casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la república, si no es en los casos expresamente dispuestos por ley y en la forma que ésta determine".
La Constitución de 1857 estableció que nadie puede ser molestado en su persona familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
El Congreso Constituyente de 1916-1917, en el dictamen leído en la sesión del 27 de diciembre de 1916, en su parte correspondiente establecía: "El domicilio es inviolable; no podrá ser registrado sino por orden de la autoridad judicial, expedida por escrito, en la cual se expresarán el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, que se practicará ante dos testigos propuestos por el dueño del lugar cateado, o en su ausencia o renuncia, por la autoridad que practique la diligencia, de la cual se levantará acta circunstanciada". Derivado de lo anterior, podemos afirmar que la inviolabilidad del domicilio se circunscribe en lo que conocemos como principios fundamentales de nuestra Constitución, es decir, aquellos principios que construyen la estructura política y hacen efectivas las disposiciones constitucionales, en los que se encuentran también determinaciones o mandatos en los que se resumen los reclamos y las aspiraciones más elevadas para el pueblo mexicano, y en los cuales han emanado de procesos históricos y sociales, estableciendo postulados de origen dialéctico que son el ser y esencia de nuestra comunidad jurídico-política.
De ahí que nuestra Constitución protege algunos valores mínimos de manera inexorable, de ahí que nos cuestionemos si en un Estado Social y Democrático de Derecho ¿puede el poder reformador de la Constitución, modificar e incluso desvirtuar valores fundamentales como la inviolabilidad del domicilio?, desde luego que no; porque cambiar valores fundamentales equivale a lo menos a un Golpe de Estado, sin embargo, la presente reforma pretende incorporar en la Constitución un instrumento de control violatorio a las garantías individuales
ARGUMENTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN
PRIMERO. México es heredero de un presidencialismo y de un sistema de Partido de Estado, que obstruyó durante más de setenta años toda forma de participación política y estableció en los hechos un régimen fuertemente autoritario y antidemocrático.
Éste sistema utilizó los peores métodos para sostenerse en el poder; se crearon organismos irregulares de represión, como la "Brigada Blanca", se establecieron cárceles clandestinas, se utilizó el equipo y las instalaciones del ejército y la policía para perseguir a los adversarios políticos y se realizaron las peores prácticas en contra de la dignidad humana tales como: el genocidio, la desaparición forzada de persona, la ejecución extrajudicial y la tortura, es decir se instrumentó toda una política de Estado encaminada a eliminar a los adversarios políticos.
Actualmente las cosas no han cambiado significativamente, los conflictos sociales se han intensificado, lo que ha generado que la cifra de presos políticos aumente considerablemente. El acoso a los luchadores sociales en México es un problema grave. Las autoridades los tratan como si la suya fuera una actividad delictiva o subversiva, y los someten a formas degradantes de persecución que van desde acusaciones falsas de delitos como asesinato, narcotráfico o robo, hasta calumnias, humillaciones y acusaciones públicas de estar relacionados con el terrorismo o la corrupción.
Por tanto, no es extraño que México, un pueblo con una larga historia de lucha, tenga hoy dentro de las prisiones a un gran número de defensores de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, defensores del entorno ecológico, miembros de movimientos sociales, en una palabra disidentes del sistema económico que prevalece en nuestro país1.
No hay que olvidar que en nuestro país se han documentado casos, por los organismos internacionales de derechos humanos, en los que, por motivos más políticos que jurídicos, dolosamente se acusa a luchadores sociales, de pertenecer a la "delincuencia organizada".
Una muestra de cómo el Estado ha manipulado el concepto de delincuencia organizada para reprimir la lucha social es la sentencia de 67 años a los dirigentes de San Salvador Atenco, sentencia que contrasta con los 40 años a los que condenaron a Mario Aburto, supuesto asesino de Colosio, o a los 13 años de prisión a los que fueron sentenciados narcotraficantes del nivel del Güero Palma, el Chapo Guzmán o Benjamín Arellano Félix.
SEGUNDO. En el año 2007 se confirmó la tendencia a la represión de las legítimas demandas de los movimientos sociales. El discurso oficial enfatizó la necesidad de enfrentar eficazmente al crimen y garantizar la seguridad pública, dejando de lado lo relativo a la protección de los derechos humanos. Prueba fehaciente de esta afirmación son los trágicos hechos de Oaxaca, donde numerosos participantes en las manifestaciones realizadas en esta ciudad fueron víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas, violencias y actos de intimidación, tal como lo reporta el Observatorio Internacional de Derechos Humanos.
Estos hechos, nos muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar la adecuada protección de las víctimas. Los luchadores sociales siguen expuestos a la criminalización de sus acciones, a la descalificación o a la limitación de sus actividades. Mientras tanto, los agentes del Estado responsables por estos actos continúan gozando de la constante impunidad en México.
Por otra parte, en nuestro país las policías y algunos funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley que hacen uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego en perjuicio de las personas a las que pretenden detener, someter o asegurar ha alcanzado niveles que son preocupantes para los organismos defensores de los derechos humanos.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el uso de la fuerza debe ser considerado excepcional, puede aplicarse en la prevención del delito y para efectuar un arresto legal y solamente cuando es proporcional al legítimo objetivo que se pretende lograr. Es el último recurso al que deben recurrir las autoridades y sólo para impedir un hecho de mayor gravedad y deben tomarse en cuenta las características personales de los involucrados.
Sin embargo, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación general número 12/2006 señaló que con relación a los operativos de seguridad pública realizados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo siguiente: Se observó que algunos golpean brutalmente a los detenidos, ocasionándoles lesiones y hasta la muerte; se introducen a establecimientos comerciales sin órdenes escritas de autoridades competentes; cometen detenciones ilegales; maltratos físicos; confiscación ilegal de bienes; allanamientos de domicilios, de los cuales sacan a niños, mujeres y hombres mediante violencia, algunos ajenos a los hechos, e incluso se llega al extremo de incendiar las propiedades y hasta de efectuar ejecuciones sumarias. En estos supuestos, la Comisión Nacional ha observado que los agraviados no oponen resistencia para su sometimiento, tampoco intentan evitar su detención, mediante actos de agresión directa en contra de los servidores públicos, o que tales agresiones pongan en peligro su integridad física, por lo que estos actos se consideran ilegítimos. Por tanto, en las circunstancias actuales dotar de facultades constitucionales a las policías para ingresar sin orden judicial a un domicilio, se estaría otorgando una patente de corso para violentar derechos humanos y fomentar la impunidad.
TERCERO. La minuta enviada por el Senado de la República que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Penal, es improcedentes y contraria a las garantías individuales establecidas en nuestra Constitución, aunado a que se encuentran en franca contradicción con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha ratificado cumplir ante la comunidad internacional.
Sin duda, el Estado tiene en todo momento el imperativo de cumplir con su primordial misión de generar un adecuado equilibrio en la sociedad que garantice por lo menos el respeto a las garantías individuales. Esta tarea no resulta sencilla y la historia nos ha demostrado que las vías fáciles llevan al fracaso, donde se sacrifican derechos y libertades fundamentales también se resta autoridad y legitimidad a un proyecto político democrático que apuesta más por defender al Estado y no las garantías individuales de las personas.
Finalmente, los Informes y recomendaciones de los organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos proponen hacer prevalecer en toda ocasión, la jerarquía de la seguridad de los derechos, garantías y libertades fundamentales de las personas por sobre las facultades del Estado, misma que a través de sus agentes, hipotéticamente pretenderían cuidar dichos derechos y libertades esenciales para la persona humana, sin embargo, estos Informes son contundentes, el Estado incumple con su principal obligación que es garantizar el cumplimiento de lo que el jurista Luigui Ferrajoli ha denominado la ley del más débil, los derechos de las personas.
Autores como Miguel Carbonell han señalado al respecto: "La creación de subsistemas penales de excepción es bien conocida en otros países y se ha justificado con frecuencia al riesgo que ciertos fenómenos delictivos entrañan para la democracia. Lo cierto es que con la excusa de combatir el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, el robo organizado de vehículos, las mafias y camorras de distinto signo, etcétera, se ha terminando vulnerando la lógica y el sentido tanto del derecho penal sustantivo como de los procedimientos penales que deben regir en un estado de derecho". CUARTO. Considerando los criterios anteriores analicemos las reformas que incluye la minuta.
La Minuta motivo del presente voto particular, propone reformar en el párrafo once del artículo 16 constitucional en los siguientes términos: Artículo 16. La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente. Al respecto cabe señalar, que nuestro país ha ratificado un número importante de tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales de acuerdo al artículo 133 de nuestra Constitución forman parte de la ley suprema de toda la unión, en tal virtud, frente a la comunidad internacional, el Estado mexicano, es responsable del cumplimiento de sus compromisos internacionales, sin perjuicio de que al interior del propio Estado, éstos sean materialmente cumplidos por las autoridades federales o las autoridades locales.
Es precisamente por lo anterior que la Constitución Federal establece que los tratados internacionales serán ley suprema de la Unión, cuando hayan sido celebrados por el Presidente de la República, precisamente en su carácter de Jefe de Estado, y aprobados por el Senado de la República, en virtud de que compete a este órgano la representación de las entidades federativas en el Poder Legislativo Federal.
En este orden de ideas, es oportuno recordar que el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que "cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte, cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial" y que "con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención", de lo que se desprende la obligación del Estado Mexicano de responder del cumplimiento de los compromisos internacionales, sin posibilidad de aducir que algún incumplimiento es responsabilidad de una entidad federativa determinada.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 17 establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación; y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Asimismo, el numeral 2 del artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que aunque ciertas injerencias a la vida privada o al domicilio de las personas estén establecidas en las legislaciones de los Estados, éstas no deben violentar los principios que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en ese sentido, el Estado debe adecuar su legislación para prevenir que esta figura se utilice discrecionalmente por la autoridad con el fin de vulnerar los derechos humanos de las personas.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas implica el reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada y la familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y la vida familiar2.
Por otra parte, el artículo 4° constitucional establece el derecho a una vivienda digna y decorosa, de igual manera lo hacen los tratados internacionales en materia de derechos humanos y otros ordenamientos constitucionales. Para que ese derecho sea efectivo se requiere de una serie de prestaciones de carácter positivo a cargo de los poderes públicos, pero también es necesario que el Estado proteja el uso y goce de la vivienda. Para ello es esencial que ni los particulares ni los órganos públicos puedan entrar en ella.
Para las autoridades la prohibición de entrar a una vivienda se concreta justamente en la inviolabilidad del domicilio.
Existen dos bienes jurídicos que la inviolabilidad del domicilio preserva: uno es el disfrute de la vivienda y otro es el derecho a la vida privada reconocido en varios instrumentos internacionales; combinando ambos bienes jurídicos se obtiene la justificación de la inviolabilidad del domicilio, en tanto que permite disfrutar sin interferencias ilegítimas de la vivienda y permite además desarrollar la vida privada sin ser objeto de molestias.
De aprobarse el dictamen en sus términos, cualquier ciudadano, por simple presunción, estaría catalogado como delincuente, particularmente se le limitarían las garantías de libertad personal, de protección a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, libre asociación, derecho a un juicio justo, entre otras, todas ellas consagradas en instrumentos internacionales obligatorios para México como serían: el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU (1966), la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de la OEA (1969), entre otros.
Por tanto, la aprobación de éste párrafo once al artículo 16 va en contra de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano se ha obligado a cumplir, por tanto consideramos imprescindible su derogación, del presente dictamen, para que quede en los siguientes términos: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
SE DEROGA ESTE PÁRRAFO
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. ARTÍCULO TRANSITORIO
1. Ver informe de Amnistía Internacional "México se atreven a alzar la voz". Este informe expone las múltiples y diversas dificultades y violaciones de derechos humanos con los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en México. El informe examina casos ocurridos tanto durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León como en el del presidente Vicente Fox Quesada.
2. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007, párrafo 95.
Diputados: Victorio Montalvo Rojas, Claudia Cruz Santiago, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Aleida Alavez Ruiz, Valentina Batres Guadarrama, Gerardo Villanueva Albarrán, Armando Barreiro Pérez, Maricela Contreras Julián, Víctor Varela López, Miguel Ángel Arellano Pulido, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Pablo Trejo Pérez, Andrés Lozano Lozano, Raymundo Cárdenas Hernández, Concepción Ojeda Hernández, Humberto Alonso Razo, Rafael Villicaña García, Raúl Ríos Gamboa, Rosa Elva Soriano Sánchez, Mónica Fernández Balboa (rúbricas).