Source: http://www.slideshare.net/MANUELLITOR/el-procedimiento-en-los-juicios-contra-el-presidente-de-la-repblica-y-otros-altos-funcionarios
Timestamp: 2015-08-30 08:18:42
Document Index: 38332712

Matched Legal Cases: ['Artículo 200', 'in fine', 'artículo 380', 'in fine', 'in fine', 'artículo 222', 'artículo 73', 'artículo 118', 'artículo 57', 'artículo 22', 'artículo 200', 'artículo 291']

El procedimiento en los juicios contra el presidente de la república …
Las Teorías Administrativas en el c...
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República Bolivariana de Venezuela. Universidad de Los Andes. Vicerrectorado Académico. Consejo de Estudios de Postgrado. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Maestría Derecho Procesal Penal. Mérida, Noviembre de 2011 Facilitador: Dr. Héctor Albarrán Villarreal. Maestrantes: Abg. Nancy Arias Abg. Balza Molina, Dunia. Abg. Guerrero Ochea, Ciribeth. Abg. Ilija Ojeda Miguel. Abg. Rojas, Manuel Alexander. JUICIOS CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO . 2.
<ul><li>El Código Orgánico Procesal Penal contempla y desarrolla en su Libro Tercero el trámite a seguir en los procedimientos especiales. </li></ul><ul><li>Estos procedimientos especiales tienen en común y de allí el calificativo de especiales , que presentan variantes respecto al orden de las fases que contempla el procedimiento ordinario. En efecto, mientras que en el procedimiento ordinario puede advertirse una fase preparatoria, una intermedia, una de juicio, una de impugnación y otra de ejecución, los procedimientos especiales se caracterizan por la supresión de una o varias de esas fases o, por establecer alguna modalidad en cuanto a su desarrollo. </li></ul>
EL PROCEDIMIENTO EN LOS JUICIOS CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS <ul><li>FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL </li></ul><ul><li>En desarrollo de las atribuciones conferidas por la Constitución en los numerales 2 y 3 del Art. 266, al máximo Tribunal de la República, regula el COPP, entre los Arts. 377 y 381, el trámite previo a seguir para el enjuiciamiento del Presidente de la República, de quien haga sus veces y de los altos funcionarios del Estado. En estos casos se requiere que el Fiscal General de la República presente querella ante el TSJ; sin embargo, mediante sentencia Nº 1331 del 20 de junio de 2002, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal estableció que la víctima puede solicitar el antejuicio de mérito, pero no puede formalizarlo sin la intervención del Ministerio Público, pues a este corresponde, con base en lo que se investigue, la proposición formal del antejuicio de mérito o los demás actos conclusivos del proceso penal establecidos en el COPP. Posteriormente, mediante sentencia del 24 de septiembre del mismo año se asentó que la cualidad de víctima se debe analizar en el caso concreto . </li></ul>
<ul><li>El legitimado para querellarse contra el Presidente de la República es el Fiscal General de la República; y por sentencia de la Sala Constitucional se establece que no sólo el Fiscal General de la República es el legitimado para interponer querella, cualquier ciudadano puede querellarse contra el Presidente de la República, siempre y cuando tenga la cualidad de víctima, atendiendo a lo preceptuado en el Art. 119 COPP en lo que se refiere a la cualidad de víctima. </li></ul>
<ul><li>Puede tenerse la cualidad de víctima bien sea por habérsele violentado intereses personales o bien por tratarse de intereses colectivos o difusos. </li></ul><ul><li>La querella se interpone por delitos de acción pública. </li></ul><ul><li>La víctima tramita la querella por ante la Sala de Sustanciación de la Sala Plena del TSJ . Dicha Sala se encuentra conformada por el Presidente o Presidenta del TSJ conjuntamente con la Secretaria de la Sala Plena del TSJ. </li></ul><ul><li>Una vez recibida la querella, el TSJ debe convocar, dentro de los treinta (30) días siguientes, a una audiencia oral y pública para que el imputado de respuesta a la querella. Abierta la audiencia, el Fiscal General de la República debe explanar la querella y de inmediato el defensor exponer los alegatos correspondientes. En estos casos se admite réplica y contraréplica y el imputado tiene la última palabra. </li></ul><ul><li>Concluido el debate el TSJ debe declarar, dentro de los cinco (05) días siguientes , si hay o no mérito para el enjuiciamiento. </li></ul><ul><li>Culminada la exposición, la Sala Plena decidirá si hay mérito para el enjuiciamiento o no. Si no hay méritos se decreta el sobreseimiento . Si el TSJ declara que hay mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República, debe continuar conociendo de la causa hasta sentencia definitiva , previa autorización de la Asamblea Nacional , a tenor de los dispuesto en el numeral 2 del Art. 266 Constitucional; es decir, de haber méritos, pasa a consulta a la Asamblea Nacional para discutir en Sesión Extraordinaria y determinar si se autoriza el enjuiciamiento. </li></ul><ul><li>Si se autoriza el enjuiciamiento se ordena la separación del cargo de presidente , por mandato expreso del COPP. El Presidente de la República al ser separado de su cargo mantiene la investidura pero no está en ejercicio de sus funciones. </li></ul>
<ul><li>Quien conoce del proceso en los juicios contra el Presidente de la República es la Sala Penal del TSJ; pudiendo esta dictar una sentencia: </li></ul><ul><li>Absolutoria: que tendrá como consecuencia que el Presidente de la República retorne a su cargo y por ende al ejercicio de sus funciones. </li></ul><ul><li>Condenatoria: que tendrá como consecuencia el hacerle cesar de su cargo. </li></ul><ul><li>Sobreseimiento: cuyo efecto es la extinción del proceso. </li></ul><ul><li>En caso de existir violación de alguna garantía constitucional en la sentencia de juicio contra el Presidente de la República, procede un Recurso de Revisión Constitucional. </li></ul>
<ul><li>La inviolabilidad «es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las actuaciones </li></ul><ul><li>Artículo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley. </li></ul>PRONUNCIAMIENTO DEL TSJ EN EL CASO DE JUZGAMIENTO DEL PRESIDENTE Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1999) Y OTRAS LEYES DE LA REPÚBLICA INVIOLABILIDAD DE LOS PARLAMENTARIOS INMUNIDAD PARLAMENTARIA PRERROGATIVAS PROCESALES DEL ANTEJUICIO DE MÉRITO 8.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE JUZGAMIENTO DEL PRESIDENTE Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO CONSTITUCIÓN (1999) Y COPP LA FASE PREPARATORIA O DE INVESTIGACIÓN LA FASE INTERMEDIA (ANTEJUICIO DE MÉRITO) (JUICIO) 9.
<ul><li>CONSTITUCIÓN 1961: </li></ul><ul><li>Art. 215 no incluía a los oficiales de la FAN , y hace la distinción entre delito común y político </li></ul><ul><li>La declaratoria de no haber mérito no produce cosa juzgada, y no implica el sobreseimiento </li></ul><ul><li>Declaratoria de mérito apertura el enjuiciamiento que en el caso del Presidente de la República necesitaba autorización del Senado o allanamiento de la inmunidad en el caso de los parlamentarios </li></ul><ul><li>Art. 143: Delito Flagrante, establecía que si dentro del lapso de 96 horas la Cámara respectiva no autorizaba el arresto preventivo del parlamentario cesaba la medida de coerción personal mientras se decidía sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria </li></ul><ul><li>Ordenada la apertura del juzgamiento el efecto inmediato era la suspensión del funcionario en el ejercicio del cargo </li></ul><ul><li>CONSTITUCIÓN 1999 Y COPP (ÚLTIMA REFORMA AGOSTO 2008): </li></ul><ul><li>Art. 266, 2º y 3º; no es compatible con el Art. 378 1er aparte, que mantiene lo establecido en el Art. 215 CN derogada y Art. 381 COPP </li></ul><ul><li>La declaratoria de no haber mérito produce Cosa juzgada (sobreseimiento) Art. 378 parte in fine del COPP </li></ul><ul><li>Declaratoria de mérito apertura el enjuiciamiento que en el caso del Presidente de la República necesita autorización de la Asamblea Nacional o allanamiento de la inmunidad en el caso de los parlamentarios, se extiende a los miembros de los Consejos Legislativos (Art. 162 CN y Art. 9 LOCLE) </li></ul><ul><li>Art. 200: Delito Flagrante en el caso de Inmunidad Parlamentaria NO prevé límite de tiempo para el arresto preventivo. Sólo se prevé medida de coerción personal en el caso de delito flagrante </li></ul><ul><li>El COPP en su artículo 380, incorpora que una vez realizados los trámites necesarios para el juzgamiento se produce la suspensión en el cargo que ejerce y la inhabilitación del funcionario para cualquier otro cargo público mientras dura el proceso judicial penal </li></ul>PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL JUZGAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DE OTROS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO 10.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE JUZGAMIENTO DEL PRESIDENTE Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS DE CONFORMIDAD CON LA CN 1999 Y EL COPP COMPRENDE LA FASE PREPARATORIA O DE INVESTIGACIÓN (ANTEJUICIO DE MÉRITO) Y LA FASE INTERMEDIA (JUICIO) Querella del FGR (Art. 377 COPP) Querella Victima (Art. 119 COPP) Art. 36 COPP elevación de los autos por cualquier fiscal al FGR Procedimiento Esquema (Art. 22 LOTSJ) y (Art. 266, 2º y 3º CN) Investigación del propio FGR (Art. 285, 4º y 5º CN y Art. 11 COPP) Procedimiento Esquema de la sentencia del TSJ de fecha 20/06/2002 Conocimiento del hecho punible de acción pública por vías ordinarias (noticia criminis, denuncia y querella) 11.
PROCEDIMIENTO EN LOS JUICIOS CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO Audiencia: (Art. 22 LOTSJ) (discrepancia lapso del Art. 379 COPP) <ul><li>FGR </li></ul><ul><li>Defensa </li></ul><ul><li>Replica y Contrarréplicas </li></ul><ul><li>Imputado </li></ul><ul><li>Concluido el debate </li></ul>Efectos del Art. 22 LOTSJ No se prejuzga La responsabilidad penal del imputado Art. 380 COPP: Suspensión e inhabilitación del funcionario durante el Enjuiciamiento Art. 371 y 378, COPP: La causa se tramitaran procedimiento ordinario TSJ debe participar a la AN o Comisión Delegada, quedando suspendida la causa Allanamiento de la Inmunidad Parlamentaria (Delito Flagrante) Art. 200 CN a) Delito común (TSJ) hasta sentencia definitiva b) Remisión al FGR Diputados de la AN (Art. 200 y 266, 3º CN) y Miembros del Consejo Legislativo (Art. 162 CN) Otros Altos Funcionarios del Estado (Art. 266, 3º CN) Voto favorable de la mayoría absoluta del TSJ en Sala Plena y Previa autorización de la AN Presidente de la República (Art. 266, 2º CN) Otros Altos Funcionarios (Art. 266, 3º CN) (1er. Aparte del Art. 378 COPP ) Sobreseimiento: (Art. 378 parte in fine COPP) (Art. 22 parte in fine LOTSJ) SI Hay Mérito Si NO Hay Mérito Procedimiento: ( Art. 22 LOTSJ) Competencia: (Arts. 162, 200 y 266, 2º y 3º CN) y (Art. 22 LOTSJ) Si la AN autoriza el enjuiciamiento el TSJ en Sala Plena continuara conociendo hasta sentencia definitiva Delito común (TSJ) Remisión al FGR 12.
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DEL MÁXIMO TRIBUNAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE JUZGAMIENTO DEL PRESIDENTE Y DE OTROS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO Sala Plena del TSJ Sentencia No. 70/2000 de fecha 04/07/2000 (Ponente: Alejandro Angulo Fontiveros) Sala Plena del TSJ de fecha 15/01/2008 Exp. No. AA10-L-2006-000268 (Ponente: Luís Martínez Hernández ) Sala Constitucional del TSJ Sentencia No. 1.331 de fecha 20/06/2002 (Caso: Tulio Álvarez vs. FGR) A) Legitimidad de la víctima B) Pruebas 13.
PROCEDIMIENTO DEL ANTEJUICIO SOLICITADO POR LA VÍCTIMA (Conforme a la Sentencia No. 1.331 de Fecha 20/06/2002 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Caso Tulio Álvarez Vs. Fiscal General de la República): Solicitante podrá Apelar por ante la Sala Plena (en el término ordinario) Art. 19 párrafo 5to LOTSJ TSJ remite al Ministerio Público Investigación penal (Art. 285, 3º CN) Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena del TSJ Art. 19 LOTSJ Competencia y lapso para admitir o no TSJ si lo estima conveniente notifica de la petición y su apertura al Ministerio Público para que se haga parte Víctima solicita el antejuicio de mérito (aportar pruebas ) Niega la Petición Admite la Petición Actos Conclusivos Proposición formal del antejuicio de mérito (querella) La Sala Plena del TSJ (Tribunal de Control) y Si no declara el archivo o sobreseimiento Ordenará la interposición del antejuicio de mérito (tiempo determinado) Ministerio Público De no existir Suplente nombrará Un Fiscal que lo interponga Solicita al Suplente que Lo incoe FGR No cumple 14.
Luego de revisar las sentencias del TSJ sobre solicitudes de antejuicios de mérito a importantes funcionarios públicos: &quot;Todos los casos que involucran a figuras del alto Gobierno son decididos a su favor o están por ahí aguantados&quot;. Aunque, claro, hay excepciones: &quot;Sólo cuando alguna de estas personas cae en desgracia con el régimen de gobierno se toman decisiones en su contra. De todo lo revisado, encontramos apenas cuatro casos de solicitudes de antejuicio que prosperaron&quot;. Se trata, de las referidas a: El general de la Guardia Nacional Carlos Alfonso Martínez , de los ex gobernadores de Guárico y Yaracuy, Eduardo Manuitt y Carlos Giménez ; y del diputado Wilmer Azuaje ; &quot;cuyo antejuicio de mérito fue resuelto en 24 horas&quot;. En contraste con la celeridad con la que despojaron de su inmunidad al incómodo diputado, Palacios apunta: &quot;Hay casos gravísimos contra el Presidente, bien sustentados, que están archivados o dando vueltas en esa decantadora mientras pasa el tiempo y no se toman decisiones, como el de malversación en el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica, Fiem , que involucra 2,3 billones de bolívares de los viejos y sobre el que han hecho públicas tres decisiones con aspectos contradictorios&quot;. 15.
<ul><li>El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió que en el caso del diputado Wilmer Azuaje no procede el antejuicio de mérito, pues fue “aprehendido en flagrancia”, por lo que ordenó mantenerlo bajo arresto domiciliario. </li></ul><ul><li>La Sala Plena del TSJ estimó también que no es de su competencia determinar si se debe o no allanar la inmunidad parlamentaria a Azuaje, así como tampoco es su atribución debatir sobre la culpabilidad o inocencia, ya que esa función compete a los tribunales. </li></ul><ul><li>El parlamentario fue señalado de presunta agresión contra funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). </li></ul><ul><li>Azuaje, quien salió electo diputado por la tolda oficialista, se distanció del gobierno luego de denunciar una serie de presuntos hechos de corrupción cometidos por familiares del presidente de la nación, radicada en Barinas, el estado por el cual fue electo. </li></ul><ul><li>El comunicado emitido por el TSJ señala lo siguiente: </li></ul><ul><li>De conformidad con el informe emitido por el Ministerio Público, el ciudadano Wilmer Azuaje fue aprehendido en flagrancia por la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 413 del Código Penal, que regula el delito genérico de lesiones, y el artículo 222.1 del mismo Código que tipifica el delito de ultraje contra funcionario público . </li></ul><ul><li>En los casos de delitos en flagrancia no es procedente la institución de la figura de antejuicio de mérito , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 de la Constitución Nacional y 22 de la Ley Orgánica del TSJ. </li></ul><ul><li>Por tratarse de delitos comunes y de conformidad con la decisión número 1.684 del 4 de noviembre de 2008 , dictada por la Sala Constitucional del TSJ, el enjuiciamiento del mencionado ciudadano deberá hacerse en los tribunales ordinarios competentes, según lo dispuesto en el COPP. </li></ul><ul><li>Según lo previsto en el artículo 73 del COPP, por atribuirse al mencionado ciudadano la comisión de varios delitos, el conocimiento de la causa debe corresponder al tribunal competente para conocer del delito que merezca mayor pena. </li></ul><ul><li>En consecuencia, de conformidad con esta disposición y lo previsto en el artículo 118 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponderá a los tribunales de esta competencia, su enjuiciamiento en concordancia con el artículo 57 del COPP . </li></ul><ul><li>El informe culmina: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del TSJ, se mantiene la detención domiciliaria del ciudadano diputado, información que se efectúa según lo dispuesto con el artículo 200 de la Carta Magna. </li></ul><ul><li> </li></ul>
A estas alturas no se sabe cuántas peticiones de antejuicio de mérito contra Hugo Rafael Chávez Frias circulan en el TSJ, pero sí se conoce el número de decisiones que, al respecto, han tomado los magistrados: son 68 desde el año 2000 y hasta enero de 2011. Y no es poca cosa. 68 es un número que puede considerase un récord histórico: &quot;Esto no es usual. Esas son las decisiones, pero las denuncias son muchas más. En ningún país donde funcione el Estado de derecho y se respeten las leyes se produce tal cantidad de denuncias contra un mandatario en ejercicio&quot;. De esas 68, 35 fueron declaradas inadmisibles y 30 desestimadas . Sobre las otras tres, una fue remitida a Fiscalía , otra a la Sala Plena y la restante se calificó como &quot;no ha lugar&quot;. Las decisiones fueron tomadas por la Sala Plena (33) y el juzgado de sustanciación de la Sala Plena (35), instancia ésta en la que -por cierto- es el presidente del TSJ quien resuelve en solitario. En la lista elaborada se cuentan 43 solicitantes distintos aunque algunos nombres se repiten. Los ciudadanos Akran El Nimer Abou Assi y Enrique Ochoa Antich encabezan los intentos con 7 y 5 respectivamente. Les siguen Antonio Ledezma, Oscar Pérez y Pablo Medina, con tres en cada caso. También reúne 21 tipos de delitos que -según los denunciantes- habrían sido cometidos por el mandatario, de los cuales destacan en el recuento &quot;corrupción&quot; (13 veces); &quot;instigación a delinquir&quot; (9); &quot;abuso de poder&quot; (9); &quot;delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos&quot; (7); &quot;traición a la patria&quot; (5) y &quot;malversación&quot; (5). 17.
<ul><li>El pasado año fue el mas controvertido por las decisiones tomó el TSJ en relación al Presidente Chávez: 27. </li></ul><ul><li>En el 2000, fecha en que inicia este recuento, el TSJ decidió en dos ocasiones. </li></ul><ul><li>2004 tuvo el segundo mayor registro con 12 y 2006 el tercero con 10. </li></ul><ul><li>En enero de 2011, ya sumaron otras 5. </li></ul><ul><li>Además de estos aspectos cuantitativos el análisis realizado permite asomar algunas conclusiones: &quot;Es cierto que hay denuncias con poca consistencia. O, mejor dicho, no muy bien planteadas. Pero al margen de esas cuestiones de forma, la cantidad de solicitudes de antejuicio de mérito evidencia que el Presidente, en su ejercicio del poder, ha tenido actuaciones y ha producido situaciones que han hecho sentir a mucha gente afectada, humillada, vejada y otras tantas en las que se percibe que ha actuado al margen de la ley&quot;. </li></ul><ul><li>La revisión de las 68 decisiones arroja la existencia de un criterio común: que el antejuicio de mérito debe ser solicitado por la Fiscalía General de la República . Es decir, esa instancia recibe las denuncias de los ciudadanos (remitidas por el TSJ) y de allí, en todo caso, regresarían al TSJ. Con lo cual, se apunta que ese despacho &quot;actúa como una especie de filtro&quot;. </li></ul>
<ul><li>Otro aspecto relevante tiene que ver con la &quot;legitimidad&quot; de quien denuncia: </li></ul><ul><li>&quot;El criterio es que la víctima es la persona perjudicada por un hecho y acude al tribunal a demandar justicia. Pero hay hechos que no atentan contra una persona en particular sino contra un colectivo y el TSJ está negando ese derecho desestimando la legitimidad de los denunciantes. Eso tiene que ser corregido&quot;. </li></ul><ul><li>El análisis realizado aporta un ejemplo: &quot;En el caso de los adjetivos negativos contra la jueza María Lourdes Afiuni, lo que dijo el Presidente no es solamente contra ella, es contra todos los jueces del país que quedan advertidos de lo que les puede pasar si toman decisiones contrarias a la voluntad del régimen de gobierno imperante &quot;. </li></ul>
<ul><li>La denuncia por violaciones a los derechos humanos durante los sucesos del 11 de abril de 2002 es otro ejemplo. Los ciudadanos Mohamed Merhi y María Capote, junto a Catalina Palencia y José Palencia, Mary Arellano, Lisbeth Querales, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo presentaron ante el TSJ el 25 de junio de ese año la acusación por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente, el entonces ministro de Defensa, José Vicente Rangel y el entonces Fiscal, Julián Isaías Rodríguez, por la muerte de 18 personas, entre ellos Jesús, el hijo de Merhi y Capote. </li></ul><ul><li>En los argumentos del juzgado de sustanciación del TSJ para no admitir la denuncia resalta la consideración de que estas personas no pueden ser consideradas víctimas. Nos interrogamos: &quot;¿Cómo no van a estar legitimados los padres del muchacho al que mataron? ¿Acaso no son víctimas por extensión? Utilizan cualquier subterfugio para desestimar, arguyendo que los denunciantes no tienen legitimidad y que los hechos por los que se señala al Presidente nunca tienen carácter delictivo. </li></ul>
<ul><li>De acuerdo al informe realizado, aquí funcionó la &quot;decantadora&quot;: &quot;Declaran el caso inadmisible y lo remiten a Fiscalía. Pero además el TSJ se permitió opinar sobre los acontecimientos del 11, 12 y 13 de abril, señalando como responsables a otras personas y eximiendo al Presidente y a los demás funcionarios de toda responsabilidad&quot;. </li></ul><ul><li>En efecto, el juzgado de sustanciación redactó lo siguiente: </li></ul><ul><li>&quot;... mediante la implementación sistemática de un plan, iniciaron con la convocatoria el 10 de abril de 2002 a un paro general y a la ciudadanía a una importante marcha que partiría del Parque del Este hasta la sede de Petróleos de Venezuela S.A. en Chuao, pero que de forma premeditada fue luego dirigida hacia el Palacio de Miraflores, para solicitar la renuncia del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; plan que fue llevado a cabo en medio del desconocimiento de la autoridad del Primer Mandatario por parte de algunos sectores de la Fuerza Armada Nacional, para luego privar ilegítimamente de su libertad al Presidente de la República e iniciar así el Golpe de Estado que continuó con la autojuramentación del ciudadano Pedro Carmona Estanga, como nuevo Presidente del gobierno de &quot;Transición Democrática y Unidad Nacional&quot; y la emisión de un írrito decreto para la disolución de los Poderes Públicos constituidos. Hechos que dejaron un lamentable número de personas fallecidas y heridas, entre las cuales posiblemente se encuentran los familiares de los peticionarios, hechos que como es del conocimiento público, están siendo investigados por los organismos competentes del Estado y, respecto de algunos imputados, juzgados por los tribunales ordinarios con la finalidad de determinar e imponer, en cada caso, las responsabilidades correspondientes&quot;. </li></ul><ul><li>El estudio de estos folios refleja, que &quot;hay un manifiesto interés por desechar las denuncias&quot;. Y evidencia -asegura- que la aplicación de justicia no es igual para todos. Y en ocasiones luce &quot;interesada&quot;: &quot;Haifa El Aissami, hermana del ministro del Interior y Justicia, durante su trabajo como fiscal hizo al menos cuatro solicitudes de desestimación de denuncias. Por su parentesco con ese alto funcionario ha debido de abstenerse&quot;. </li></ul>
<ul><li>Pero de esto se desprende un elemento aún más preocupante y que ya se asomaba en años anteriores. De las cinco decisiones publicadas por el TSJ en enero, en dos de ellas -con algunos votos salvados- se indica a la Fiscalía que abra averiguaciones contra los denunciantes tomando en consideración la posibilidad de que exista &quot;falsedad&quot; o &quot;mala fe&quot; con sustento en el Código Penal. </li></ul><ul><li>En dos casos -denuncias presentadas una por los dirigentes adecos Henry Ramos Allup y Rafael Marín (2002) y la otra por los militares Mario Iván Carratú y Pedro Vicente Soto (2004)- la Fiscalía queda encargada de voltear la torta: &quot;... con la expresa indicación: “(…)de estimarlo pertinente -de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales- inicie la averiguación penal correspondiente en contra de los denunciantes de autos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 291 del Código Orgánico Procesal Penal&quot;. </li></ul><ul><li>El magistrado Omar Mora Díaz fue el redactor de estos dos fallos que inauguran una nueva etapa en la aplicación de justicia: si no puedes probar lo que dices, de denunciante pasas a denunciado. </li></ul>
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