Source: https://ciperchile.cl/2012/04/05/alza-de-precios-de-los-planes-de-isapres-seis-verdades-ocultas/
Timestamp: 2019-09-19 17:33:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 197', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 38']

Alza de precios de los planes de Isapres: Seis verdades ocultas – CIPER Chile
Alza de precios de los planes de Isapres: Seis verdades ocultas
Ante la reciente publicación del reajuste que tendrán los planes de salud que las Isapres aplicarán a cerca de un millón y medio de afiliados, el columnista, un abogado que se ha especializado en la defensa de los usuarios del sistema privado de salud, explica por qué y cómo ese reajuste beneficia sólo el incremento del lucro de estas entidades y de qué manera la entidad reguladora no protege a los usuarios e incluso sus cálculos de los costos médicos adolece de errores. Las ganancias obtenidas por las Isapres en su último período entrega nuevos elementos de análisis.
Como todos los años, el lunes 2 de abril se dio a conocer el porcentaje de reajuste que aplicarán las Isapres a los planes de salud de cerca de un millón y medio de afiliados para la próxima anualidad (julio 2012 a junio 2013). El 2,4% informado fue superior al cálculo que hizo la Superintendencia de Salud del aumento del costo médico anual y que alcanzó al 2,15%, aún cuando esta entidad reconoció que legalmente las Isapres pueden aplicar el reajuste que deseen.
No obstante, aún ese 2,15% anual de la Superintendencia implica un doble reajuste y una ganancia indebida para las Isapres, ya que el precio de los planes, al estar fijado en UF, recoge el IPC calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ese IPC tiene 12 divisiones, siendo la sexta el costo de salud anual calculado sobre la base de los 35 bienes y servicios que mayor incidencia tienen en el presupuesto familiar, y no en los más de 200 incluidos en la canasta de la Superintendencia, muchos de muy bajo consumo e incidencia.
El INE es el único organismo legalmente autorizado para calcular estadísticas, tarea que hace con criterio objetivo y técnico, recopilando la información de fuentes independientes y desinteresadas y no de clínicas e Isapres, como lo ha hecho la Superintendencia del rubro para arribar a un 2,15% sobre el IPC, índice de precios que ya recoge la variación de los costos de salud.
Salvo escasísimas excepciones, los medios periodísticos dan a este tema un tratamiento incompleto, sesgado y desequilibrado, que no incorpora visiones disidentes de la “verdad oficial”, o sea, la que trasmiten los dueños de las empresas comerciales-Isapres, sus directivos y autoridades sanitarias. Muy pocas veces se consulta la opinión de un afiliado, un abogado o economista disidente de la doctrina oficial. En lo personal, he comprobado la negativa de agunos medios escritos a publicar cartas y comentarios personales, pero que en esos mismos días han difundido las opiniones de otras personas afines a la “verdad oficial”.
En verdad, se sacrifica el pluralismo y la diversidad de opiniones por intereses comerciales, comodidad o lo que sea, quedando privados los beneficiarios de Isapres y los chilenos de recibir otras visiones. La falta de pluralismo y diversidad impide el debate, el cual no puede desarrollarse en un contexto monocorde.
En lo que a mí respecta, he decidido difundir crudamente una visión global, disidente de la oficial, basada en muchos años de experiencia profesional en la defensa de usuarios de Isapres. Espero que ello motive, por lo menos, algunas dudas y preguntas.
PRIMERA VERDAD: El sistema de reajuste anual del precio base es ilegítimo.
Este sistema, que ha perdurado por más de 30 años, arranca del inciso 3° del artículo 38 de la Ley 18.933 de Isapres, que permite el reajuste anual del precio base. Se trata de una norma ilegitima, abusiva, inconstitucional y contraria al bien común que el Estado debe promover, de acuerdo al inciso 3° del artículo 1° de la Constitución.
Ello es así, porque esa norma consagra puros beneficios para la Isapre y ninguno para el afiliado que debe soportar el reajuste, resultando violado su derecho constitucional a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado (N° 2 del artículo 19).
En efecto, de acuerdo a la ley, ante el reajuste anual “propuesto” por la Isapre, el afiliado tiene tres “opciones”, todas perjudiciales para sus derechos y convenientes para los intereses comerciales de la Isapre.
Primera opción: Aceptar expresa o tácitamente el alza (si nada dice o hace, según el inciso 3° del artículo 38, se entenderá que “acepta” el reajuste). El lucro de la Isapre prevalecerá porque dará los mismos beneficios y coberturas por un precio mayor, incrementando sus ingresos y utilidades a costa de la reducción del patrimonio del cotizante.
Segunda opción: Aceptar el plan alternativo ofrecido por la Isapre, el cual mantiene el precio sin reajuste, pero lógicamente con menores coberturas o beneficios. Esto es un reajuste disfrazado (con el mismo dinero recibirá menos coberturas y beneficios). Vuelve a ganar solamente la Isapre y a perder el afiliado.
Tercera opción: Si el afiliado no “acepta” este plan alternativo (menos coberturas por el mismo dinero), por obra y gracia de la ley deberá desafiliarse, para júbilo de la Isapre, sobre todo cuando se desembaraza de beneficiarios viejos y enfermos, los cuales por imposibilidad de pago, se van de la Isapre cuando más la necesitan. La Isapre les habrá sido útil cuando no la necesitaban e inútil cuando la requieren con desesperación.
Entonces, ¡qué duda cabe que este inicuo sistema de precios opera como un mecanismo de selección de riesgos! Ante este aberrante sistema, ¿puede alguien extrañarse de los considerables aumentos de utilidades de las Isapres?
El proyecto de ley modificatorio, en actual tramitación en la Cámara de Diputados, no pretende terminar, modificar y ni siquiera limitar esta abusiva y desequilibrante facultad unilateral anual de reajustar el precio base.
La norma impugnada es ilegítima e inconstitucional por consagrar una situación de privilegio para la Isapre y de desmedro para el afiliado, dejando en nada la igualdad ante la ley y la igualdad contractual. En efecto, resulta discriminatorio y contrario al bien común -que, de acuerdo al inciso 3° del artículo 1° de la Constitución, debe ser fomentado por el Estado -, que en el contrato de salud previsional, la Isapre, parte que persigue el lucro, tenga la facultad anual de reajustar el precio base, contribuyente absoluto de sus fines de lucro, lo cual perjudica al afiliado, cuyo interés, contrario al anterior, es mantener el precio bajo para seguir en la Isapre y cubrir sus necesidades financieras de salud, sobre todo considerando que con el devenir de los años cada vez se enfermará más y ganará menos.
SEGUNDA VERDAD: La ley da a la Isapre todos los medios para perseguir el lucro.
Por obra y gracia del inciso 3° del artículo 38 de la Ley de Isapres, éstas tienen en sus manos el monopolio de medios y fines para obtener el lucro. El contrato de salud previsional no puede ser más desequilibrado. De una parte una empresa comercial, organizada para perseguir el lucro y, de otra, el afiliado que persigue obtener cobertura, ojalá la mayor para sus gastos de salud y con el menor precio mensual. Entre ambos intereses, la ley opta sin ambages por el primero.
En sí la persecución del lucro no es ilegítima. Lo pasa a ser cuando la ley, como en la especie, concentra en la Isapre todos los medios para acrecentar el lucro, dejando indemne y desprotegido al afiliado. Ello explica las altísimas utilidades de las Isapres, publicadas con verdadero escándalo recientemente en la prensa.
En el sistema actual, las Isapres actúan como partes (interesadas en el lucro) y jueces mediante facultades unilaterales para aumentar ingresos y disminuir costos. Se concentran en una misma mano fines y medios en pos del lucro. Así, por ejemplo:
a) Las Isapres pueden aumentar sus ingresos todos los años aplicando discrecionales reajustes a los precios bases de los planes de salud de sus afiliados.
b) Las Isapres pueden disminuir gastos en pos de su lucro. En efecto, el uso de la facultad anual de reajuste, les permite deshacerse de beneficiarios costosos, viejos y enfermos, los que ante incesantes, obsesivos y despiadados reajustes anuales, llegan a la imposibilidad de pagar el sideral monto mensual que alcanza su plan de salud, viéndose obligados a migrar a Fonasa. Han “gozado” de la Isapre cuando menos la necesitaban y la pierden cuando la requieren desesperadamente.
c) También las Isapres, actuando como jueces y partes (en pos de su propio lucro), resuelven por sí y ante sí en materia de licencias médicas, rechazándolas o acortándolas, muchas veces sin pedir informe al médico tratante ni examinar al paciente; en suma, ahorrando costos.
d) Como si lo anterior fuera poco, las Isapres tienen facultades unilaterales para terminar el contrato de los afiliados.
Por último, esta situación es contraria al bien común, porque las Isapres no transan bienes y servicios prescindibles o suntuarios, sino que atienden al financiamiento de los gastos de salud de las personas más vulnerables, niños, viejos y enfermos. Estamos en el terreno de la seguridad social, no en el de los seguros privados, como lo ha establecido reiteradamente el Tribunal Constitucional.
El proyecto en actual debate parlamentario no resuelve el problema porque las Isapres seguirán gozando de todas sus facultades unilaterales para aumentar ingresos y disminuir costos. El IPC de la Salud referencial que se propone, será eso, referencial y no obligatorio, contemplará solamente lo que conviene a las Isapres (aumento de costos médicos), pero no descontará aumento de ingresos (por aumento de afiliados y ahorros de operación). En materia de licencias y término unilateral del contrato, todo seguirá igual.
En Chile, las Isapres seguirán siendo las únicas empresas “monopólicas” en materia de lucro ya que en pos de ese fin concentrarán medios; o sea, seguirán siendo “autorreguladas”. Como diría la sabiduría popular, “el gato al cuidado de la carnicería”.
Esta concentración de medios y fines en una sola mano en pos del lucro es contraria a claros derechos constitucionales, como la igualdad ante la ley y la protección del bien común. La inconstitucionalidad del inciso 3° del artículo 38 de la Ley 18.933 (texto refundido en DFL 1, de Salud, de 2005, artículo 197, inciso 3°), ha sido solicitada al Tribunal Constitucional y hay un fallo que está pendiente actualmente sobre la materia.
TERCERA VERDAD: La ley de protección del consumidor excluyó a los afiliados de Isapres del ámbito de su protección para evitar que quedara patente la flagrante nulidad de las disposiciones legales y contractuales que permiten el reajuste del precio base.
Debido a lo anterior, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tiene prohibición de actuar en la protección de los afiliados de Isapres.
Los cotizantes de Isapres son consumidores o usuarios, de acuerdo a la definición que da el Nº 1 del artículo 1º de la Ley 19.496 de Protección a los Consumidores: “Las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieran, utilicen o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios”, no obstante no están protegidos por esa ley.
La Ley 19.496 excluyó las prestaciones de salud y “las materias relativas a la calidad de éstas y su financiamiento a través de fondos o seguros de salud” (letra f del artículo 2º), con lo cual las Isapres quedaron fuera del control del Sernac.
Lo más grave, es que no son aplicables al contrato de salud de los afiliados las normas de equidad en las estipulaciones de los contratos de adhesión que establece la Ley de Protección a los Consumidores. Según esa ley, en los contratos de adhesión, como es el de salud, son inválidas y carecen de efectos jurídicos las cláusulas que otorguen a una sola de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o aumentar su precio.
Si esta ley se aplicara a las Isapres, éstas no podrían tener la facultad unilateral de reajustar anualmente el precio base de sus afiliados y el Sernac podría protegerlos.
Como resultado, las Isapres gozan de un estatuto legal privilegiado que ninguna otra empresa chilena tiene. ¿Por qué tanta condescendencia?
CUARTA VERDAD: El reciente IPC de la Salud de la Superintendencia es sesgado.
Lo es, porque solamente considera lo que beneficia el interés alcista de las Isapres, pero ignora lo que lo perjudica. Así, ese cálculo considera aumento de costos médicos, o sea lo que representa mayores gastos para las Isapres, pero no descuenta los mayores ingresos que obtienen por los ahorros que logran (rechazando, reduciendo licencias médicas, disminuyendo gastos de administración y publicidad e incorporando nuevos afiliados). Por ejemplo, el 8,1% de los siderales aumentos de ingresos del sector en 2011 se logró por 100.000 nuevos afiliados, según se ha informado recientemente.
Por otra parte, nadie sabe qué prestadores fueron elegidos por la Superintendencia para calcular aumento de costos médicos. Es sabido que en regiones casi todos los afiliados se atienden en prestadores públicos que no reajustan sus precios. Además, un porcentaje apreciable de afiliados está en planes cerrados y preferentes, asociados a clínicas o establecimientos en convenio con las Isapres, que les cobran valores preferentes y cuyos precios no aumentan, e incluso disminuyen. Entonces, llama la atención que se hable de 2,15% de aumento de costos médicos, lo cual solamente podría explicarse si es que la selección hubiera estado inclinada a las clínicas más caras que no integran las redes cerradas y preferentes de las Isapres.
El punto es bien importante para no acrecentar aún más las enormes utilidades de las Isapres. Según información proporcionada por El Mercurio, en su edición del 08.09.2011 (página C12), en el primer semestre de 2011 se registraron las mayores ganancias de las Isapres en los últimos cinco años: $45.683 millones. La Tercera, en su edición del 03.03.2012 (página 13), informa de un aumento de utilidades del 33% de las Isapres en 2011, pasando de $51.035 millones a $67.867 millones.
QUINTA VERDAD: Incompetencia de la Superintendencia.
No es la Superintendencia el organismo público con capacidad técnica, independencia y objetividad para calcular el aumento de costos médicos, sino que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La Superintendencia carece de independencia porque por ley está llamada a resolver los juicios arbitrales entre afiliados e Isapres, es decir, actuar como juez entre las partes y, al calcular un IPC de Salud estará actuando como parte interesada en aplicar ese producto.
SEXTA VERDAD: Tardía actuación. Los que quedaron en el camino.
Llama la atención que en más de 30 años de existencia de las Isapres, ésta sea la primera vez que la Superintendencia de Salud intente moderar sus alzas anuales con un cálculo de IPC de la Salud, que aunque presenta falencias, aspira a señalar un límite aunque sea moral.
Sería interesante que ese cálculo se hiciera para cada uno de los 30 años de existencia del sistema para ver cuán confiscatorios fueron estratosféricos reajustes anuales de 50, 30 o 20% aplicados por las Isapres año tras año a los afiliados, muchos de los cuales tuvieron que irse del sistema. ¿Quién podría compensar ese daño patrimonial inmenso?
El sistema requiere reformas urgentes en pos de justicia, equilibrio y respeto de los derechos constitucionales de los afiliados, quienes deben ser tratados como co-contratantes y no como dependientes de una relación de subordinación impropia de un contrato, de una democracia y de un Estado de Derecho.
Con ese fin, he realizado una petición de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso 3° del artículo 38 de la Ley de Isapres, cuyo fallo está pendiente en el Tribunal Constitucional y he expuesto estas ideas en enero pasado ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Claudio Iturrieta05.06.2012
¿Terminara algún día el robo legal de las isapres? ¿Los políticos ineptos serán capaces de terminar con este robo y estar a la altura de sus cargos?. Ojalá.
ALICIA27.07.2012
Vergonzoso el trabajo de los legisladores: Ingresé a Banmedica en Mayo 2007 pagando UF 4.631 ($ 85.739) el reembolso por una Mamografia Bilateral era $ 22.845. Año 2012 pago UF 5.452 ($ 123.329) un 45% de aumento y por el mismo examen ahora reembolsan $22.400. Por lo tanto menos que año 2007. ¿Que pasa ?? ¿que están legislando ??
Sergio Ocampo12.10.2012
Y nadie además reclama por la falta del envio de la famosa carta de aviso. Segundo año consecutivo en que Banmedica NO envía la carta aviso y solo aparece el FUN con el aviso del alza. Ante esto, quien me defiende?????
Daniel19.11.2012
Es el colmo. Como nadie reclama? yo hace poco mas de un año que impongo por el maximo y mas encima este año los tipos me llaman para decirme que me van a reajustar el plan, cuando ni siquiera he usado el plan. Esto ya me parece una uzura de tomo y lomo, llame a la superintendencia de isapres y me dijeron que tenia 3 opciones, reajustar, cambiarme de plan o cambiarme de isapre. El tema que conlleva es que ninguna de las ofertas del mercado me agrada hasta el momento, por lo cual o sigo en mi isapre actual pagando mas o me adapto a otro. Me huele a que los politicos estan todos mojados cuando se trata de este tema, o simplemente los partidos estan mojados.
doris16.04.2013
cro que nadie se atreve a reclamar , sobretodo los enfermos crónicos que se ven obligados a aceptar estas alzas o cambios de planes o hasta desafiliaciones por ser personas vulnerales debido a su enfermedad y parece que para las isapres son una carga pesada ahora que son enfermos , pero no lo eran cuando eran sanos y pagaban sagradamente su plan.... y todo esto permitido por la ley ..........
sandra valenzuela z. Abogado04.06.2013
Complemento del artículo: Libro: "Licencias médicas fraudulentas, Mito o Realidad". Ril editores 2012. ...La verdad del repugnante sistema de salud chilena, que duele...
Jenny Haeger30.06.2013
Me parece super interesante lo que plantean en esta entrevista, yo soy contador y veo que efectivamente tener una empresa en primera categoria te hace tener una gran cantidad de utilidades retenidas, de hecho yo tengo un cliente muy pequeno que esta tributando en primera desde antes que existiera el 14 bis y el 14 ter y ahora no me conviene cambiarlo al 14 ter porq tiene un fut positivo y al cambiarlo va a tener que declarar esa utilidad como ingreso por lo que le tocaria pagar, entonces conviene tenerlo como fut e ir haciendo retiros hasta que lo saque todo. Realmente ninguno de los presidenciales tiene vocacion porq sino han hecho un cambio tributario es porq ellos tienen rentas de capital.
AFV28.05.2015
CONTROL DEL AUMENTO DE PRECIOS DE PLANES DE SALUD EN ISAPRES El precio de los planes de salud se calcula en función de dos elementos, el Precio Base del plan (UF) y la sumatoria de los factores de riesgo de todos los beneficiarios adscritos a cada contrato. El valor obtenido al multiplicar ambos conceptos, da como resultado el precio del plan expresado en UF. El aumento de precio de los planes de salud de Isapre, se debe fundamentalmente a tres razones; al cambio de los factores de riesgo por tramo de edad y sexo de algún beneficiario del grupo familiar, al aumento de la frecuencia de uso de prestaciones del plan o al aumento del precio de prestaciones por parte de los prestadores, donde este ultimo afecta a todos los planes de cada isapre. La primera de estas, cambio de los factores por tramo de edad y sexo de algún beneficiario del grupo familiar, corresponde aplicarse cuando algún beneficiario del contrato de salud cumple un año mas de vida durante la última anualidad del plan, y de esta forma pasa de un tramo a otro, pudiendo aumentar o disminuir el factor de riesgo asociado, lo cual afecta en igual sentido al precio del plan. Esta modalidad se encuentra debidamente estipulada en el contrato de salud, en la respectiva tabla de factores de riesgo del plan, por lo que su procedencia no está en cuestionamiento, salvo que esta haya sido aplicada erróneamente. La segunda, aumento de la frecuencia de uso de prestaciones del plan, puede ser invocada, cuando al comparar la cantidad de prestaciones ocurridas en la última anualidad, resulta superior a la cantidad de prestaciones correspondientes a la anualidad inmediatamente anterior, considerando cada uno de los grupos de prestaciones, de la clasificación con la cual se diseñó cada plan de salud. Esta razón es la única que puede ser considerada parcialmente como responsabilidad de los beneficiarios, pues son ellos los que reciben directamente las prestaciones. Sin embargo, dentro de estas cifras de aumento se encuentra encubierta la parte que es responsabilidad directa de aquellos profesionales de la salud, que emiten órdenes médicas para que los beneficiarios se realicen exámenes y procedimientos entre otras, las cuales pueden obedecer mas que a una razón de tipo médico, a una práctica inducida por las empresas empleadoras de dichos profesionales, que velan por el financiamiento de sus instituciones. La última razón, el aumento del precio de prestaciones por parte de los prestadores, corresponde a un factor externo a las isapres, que si bien es cierto responde a la reposición de equipamiento por obsolescencia y a la inversión en nuevos equipos de última generación, no queda claro hasta qué punto este efecto podría obedecer a acciones planificadas para conseguir la recuperación de tales inversiones. El aumento de precio de algunas prestaciones afecta la totalidad de los planes de una Isapre, lo que las obliga a realizar un aumento en el precio del plan, para de esta forma mantener las bonificaciones del mismo. Actualmente la Superintendencia de Salud no cuenta con Normativa que le asegure recabar detalladamente toda la información de costos incurridos por las isapres, de forma tal, que esta le permita arribar a cifras tanto a nivel de plan o grupo de prestaciones por isapre, las cuales son fundamentales para pronunciarse eficazmente sobre las alzas de precio en cada institución. Por otro lado, si existe Normativa que obliga a las isapres a informar anticipadamente sobre los porcentajes de alza futura por plan, pero la Superintendencia del ramo sólo verifica que dichos porcentajes de alza ocurran dentro de una franja específica resultante para cada Isapre, en función de todos los porcentajes declarados por esta, no pronunciándose sobre la procedencia de tales alzas en función de un análisis detallado de las tres razones descritas anteriormente. Ante este escenario, cabe proponer que el organismo contralor juegue un rol distinto, tanto ante las instituciones de salud, como ante los beneficiarios del sistema Isapre. Este rol no puede ser otro que el de ejercer una intermediación efectiva, entre las isapres y sus afiliados, de manera que evite que dichas instituciones traspasen a sus afiliados, la totalidad del aumento de sus costos, mediante un aumento unilateral de los precios. La forma en que es posible cumplir el objetivo propuesto en el párrafo anterior, es conociendo y monitoreando el Ciclo de vida de los planes de salud. Las isapres diseñan sus planes de salud en base a estadísticas de registros de prestaciones, acumulados históricamente, en función de los cuales pueden determinar los costos esperados para cada uno de ellos, asociándola a una frecuencia de prestaciones estimada. Esto en conjunto al margen de utilidad que imponen a cada plan de salud, les permite definir los ingresos esperados, a partir de los que se calculará el precio base de cada uno, conjuntamente con la tabla de factores de riesgo definida para cada plan. Lo anterior constituye una “apuesta” que cada isapre hace, basándose además de lo anterior, en proyecciones de variables macroeconómicas, lo que podría dar origen a utilidades o pérdidas dentro del horizonte utilizado en cada evaluación. La decisión del alza de precios entonces, obligadamente debe pasar por un análisis detallado, verificando si se cumple alguna de las tres razones que podrían invocarse para llevarla a efecto. En primer lugar, si sólo ocurriese un cambio de los factores de riesgo por tramo de edad y sexo de algún beneficiario del grupo familiar, procedería un ajuste automático de precios sólo para los contratos de salud de las personas que están en dicha condición. Por otra parte, si ocurriese un aumento de la frecuencia de uso de prestaciones de algún plan y/o un aumento del precio de prestaciones por parte de los prestadores, lo cual debe probarse consignando los documentos e informes financieros contables pertinentes, la Superintendencia del rubro debería analizar y validar los antecedentes que obligatoriamente presente cada Isapre, de manera tal que establezca claramente la procedencia de una o ambas razones para dar inicio a un proceso de aumento de precios de los planes revisados. En base a la información recabada por la Superintendencia, este organismo debería calcular el Costo real ocurrido dentro de cada anualidad, el que debería compararse con el estimado por la Isapre en el diseño de cada plan. Sólo en la eventualidad que el Costo real de algún plan resulte superior que el estimado, en una cantidad superior a un X %, por fijar, se estaría justificando el alza del precio base del plan, para aplicarse a partir del siguiente período de ajuste por anualidad. El monto porcentual de tal alza, en general, debería ser menor que la diferencia porcentual de costos calculada por la Superintendencia, dado que la Isapre al crear y comercializar nuevos planes, está arriesgándose como en cualquier otro negocio y no tiene ningún derecho adquirido que le permita traspasar a precio el monto total de sus pérdidas por este concepto. Cabe precisar, que la implementación de un esquema como el propuesto, debe pasar previamente y en forma ineludible, por una modificación a la ley de Isapres, junto con el rediseño de la normativa respectiva, lo cual necesariamente implicará un enfrentamiento con los dirigentes de la Asociación de Isapres, puesto que ellos postulan que la información mencionada, la cual es imprescindible para cumplir el objetivo planteado, no estaría sujeta a fiscalización de la Superintendencia, ni menos disponible para entregársela, ya que sería información reservada y secreta de su negocio. Como contraargumento a tal posición, se propone homologar esta industria con la de los Seguros privados, donde las empresas que operan deben entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros, toda la información de respaldo del Cálculo Actuarial realizado el que sustenta los productos que estas comercializan.