Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-350-12.htm
Timestamp: 2017-10-22 13:39:16
Document Index: 232556208

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 4', 'artículo 78', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 53', 'artículo 21', 'artículo 53', 'artículo 21', 'artículo 53', 'artículo 29', 'artículo 4', 'Artículo 121', 'artículo 29', 'artículo 29']

T-350-12
Sentencia T-350/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedencia
PRINCIPIO DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL-Competencia de autoridades judiciales para interpretar y aplicar normas jurídicas no es absoluta
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA AL TRABAJADOR-Aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL-Sujeción de autoridades judiciales
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL-Opera cuando se presenta un conflicto entre normas y cuando existe una norma que admite varias interpretaciones
ACCION DE TUTELA DE ASESOR DEL SERVICIO OFICIAL DE LA CNTV CONTRA CONSEJO DE ESTADO EN PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Orden de reliquidación pensional
Referencia: expediente T-3.234.661
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla -quien la preside-, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente, de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
El doce (12) de marzo de dos mil doce (2012), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54A del Acuerdo 05 de 1992 por el cual se adopta el Reglamento de la Corte Constitucional, el suscrito magistrado presentó informe del asunto en consideración a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que ésta decidiera si asumía o no conocimiento del mismo, en la medida en que se trata de una acción de tutela que cuestiona una decisión del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
El 13 de diciembre de 2010, el señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, ya que considera que éste vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social.
1.2.1. El 21 de febrero de 2001, mediante Resolución No. 3485, la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) EICE -en liquidación-, reconoció al señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco su pensión mensual vitalicia de vejez en cuantía de $269’429.47, efectiva a partir del 1° de abril del año 2000. Para la fecha en que la pensión le fue reconocida el actor contaba con 61 años de edad.
1.2.2. No obstante estar pensionado, mediante Resolución No. 265 del 15 de mayo de 2001, se reincorporó al servicio oficial en el cargo de Asesor II, Grado de Remuneración 19 del Despacho de los Comisionados de la Planta de Personal de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
1.2.5. El señor Pinilla Pacheco se retiró de la CNTV el 01 de julio de 2004 por renuncia aceptada mediante Resolución No. 00408 del 28 de junio de la misma anualidad, proferida por la Junta Directiva de dicha entidad. El último cargo que allí desempeñó fue el de Jefe de Oficina, Grado Remuneración 17 de la Oficina de Planeación.
1.2.6. En vista de lo anterior, el señor Pinilla Pacheco solicitó la revisión de su pensión de jubilación con base en lo establecido en el artículo 4° de la Ley 171 de 1961, para que fuera reliquidada con base en el sueldo promedio de los tres últimos años de servicios.
1.2.7. Mediante Resolución No. 33842 del 25 de octubre de 2005, CAJANAL negó la solicitud de revisión y reliquidación de la pensión, con fundamento en lo establecido en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, que no permite el reintegro de un pensionado al servicio, salvo en determinados cargos que aparecen relacionados en dicha norma.
1.2.8. Mediante Resolución No. 09090 del 27 de diciembre de 2005, con ocasión del recurso de reposición interpuesto, CAJANAL confirmó la Resolución No. 33842 del 25 de octubre de 2005.
1.2.9. El señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra CAJANAL, con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron la revisión y liquidación de la pensión, y se restableciera el derecho lesionado, mediante el reajuste de su pensión, en los términos del artículo 4° de la Ley 171 de 1961.
1.2.10. El veintitrés (23) de abril de dos mil nueve (2009), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de la Resoluciones No. 33842 del 25 de octubre de 2005 y 09090 del 27 de noviembre de 2005.
“(…) omitió por completo considerar la situación especial favorable al actor, derivada de la circunstancia de haberse vinculado, siendo pensionado, al servicio oficial, no en un empleo perteneciente a la rama ejecutiva del poder público, sino a un órgano constitucional autónomo como es la Comisión Nacional de Televisión.” (cd.1, fl.13).
1.3. Contestación de la entidad accionada
1.3.1. Indica que la providencia cuestionada sujetó su estudio a la viabilidad de la reliquidación de la pensión de la que era beneficiario el accionante, teniendo en cuenta su nueva vinculación al servicio oficial en la Comisión Nacional de Televisión con base en la Ley 171 de 1961 y normas concordantes (cd.1, fl.82).
1.3.2. Señala que conforme al artículo 78 del Decreto 1848 de 1969, por regla general, las personas que disfrutan de su pensión de jubilación tienen prohibido vincularse nuevamente al servicio oficial. No obstante, se exceptúan algunos cargos que la normatividad taxativamente señala; de modo que sólo en ciertos casos es posible reliquidar la pensión en los términos del artículo 4° de la Ley 171 de 1961 (cd.1, fl.82).
1.3.3. Enfatiza en la claridad del artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, que establece algunos cargos con respecto a los cuales podría excepcionalmente presentarse una suspensión y reliquidación de la pensión, en atención a la naturaleza e importancia de los mismos, en la medida en que requieren ser desempeñados por personas cuya experiencia, conocimientos y trayectoria garanticen la eficiencia de la función pública (cd.1, fl.82).
1.3.4. Reitera que el reintegro al servicio oficial es una situación excepcional y que la lista de los cargos que permiten tal situación es taxativa, por lo que no es posible extender tal prerrogativa a otros empleos no incluidos expresamente por el Congreso o el Ejecutivo (cd.1, fl.83).
1.3.5. Precisa que al no existir una norma que regule expresamente la posibilidad de acceder al servicio y reliquidar la pensión para quien ocupe el cargo de Jefe de Planeación en la CNTV, no era viable acceder a las pretensiones de la demanda (cd.1, fl.84). En efecto, en la decisión cuestionada se manifestó:
“Se observa, entonces, que el mencionado cargo no es de elección popular ni se encuentra enlistado en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, por lo cual no es posible ordenar el reajuste de la pensión de vejez del actor teniendo en cuenta su nueva vinculación al Estado, tal como lo solicitó en vía gubernativa y en el libelo demandatorio.” (cd.1, fl.83).
“El a-quo consideró que el demandante sí se encontraba amparado por el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, en cuanto establece que ‘Por necesidades del servicio, el gobierno podrá ampliar estar excepciones siempre y cuando que (sic) el empleado no sobrepase la edad de sesenta y cinco (65) años.’ Sin embargo, este precepto no se ajusta al caso concreto, porque el ejecutivo nacional no ha proferido el decreto mediante el cual incluya el cargo de Jefe de la Oficina de Planeación de la Comisión Nacional de Televisión como uno de los empleos exceptuados y en virtud del cual los pensionados puedan reincorporarse al servicio oficial.” (cd.1, fl.83).
1.4. INTERVENCIÓN DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL (CAJANAL) EICE
1.5.1. Sentencia DE PRIMERA instancia. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA
En sentencia proferida el tres (03) de febrero de dos mil once (2011), el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, denegó el amparo de los derechos invocados por el accionante al considerar que la acción de tutela era improcedente (cd.1, fl.187). En efecto, manifestó:
“En efecto, si bien la Sala considera que la acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, no ocurre lo mismo con los fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, máximos órganos de su respectiva jurisdicción y por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Disciplinaria- como máxima autoridad en materia jurisdiccional disciplinaria, en razón de que cuando estas corporaciones judiciales se pronuncian, ponen fin a un largo proceso judicial que, de lo contrario, se haría interminable y, además, porque deben ser salvaguardados la seguridad jurídica y el principio del juez natural.” (cd.1, fl.187).
1.5.2. IMPUGNACIÓN DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
El accionante, mediante apoderado, y en el término legal dispuesto para ello, impugnó la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el tres (03) de febrero de dos mil once (2011) al considerar que se trató de una decisión contraria a la Constitución, ya que desconoció la doctrina constitucional sobre la materia y el bloque de constitucionalidad que establece la supremacía de los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección (cd.1, fl. 208).
Adicionalmente, señaló que otras secciones del Consejo de Estado sí aceptan la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de las altas Cortes (cd.1, fl.208).
1.5.3. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA
En sentencia proferida el dieciséis (16) de agosto de dos mil once (2011), el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, modificó la decisión de primera instancia y rechazó la solicitud de amparo al considerar que “En el asunto de la referencia no se avizora ninguna de las situaciones de hecho y de derecho que la han llevado a estudiar de fondo los errores groseros en los que los jueces puedan llegar a incurrir al proferir sentencia. Lo que se observa es que, en el caso sub lite el accionante cuestiona el criterio de la autoridad judicial demandada y lo que busca en realidad es que a través de este dispositivo constitucional se modifique la providencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, con pleno desconocimiento de la competencia del juez natural, cometido para el cual no se concibió la tutela, pues esta acción no suple los mecanismos dispuestos legalmente para el conocimiento de este tipo de casos, ni tampoco es un nuevo recurso ni una instancia judicial adicional de la justicia ordinaria y por ello resulta improcedente.” (cd.1, fl.212).
1.6. Pruebas documentales
1.6.1. Copia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco contra CAJANAL, el 05 de junio de 2006 (cd.1, fl.28-39).
1.6.2. Copia de la Sentencia proferida el veintitrés (23) de abril de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A (cd.1, fl.52-64).
1.6.3. Copia de la Sentencia proferida el siete (07) de julio de dos mil diez (2010) por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, con ponencia del Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, mediante la cual se revocó la Sentencia del veintitrés (23) de abril de dos mil nueve (2009) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A (cd.1, fl.40-41).
1.6.4. Copia del Registro Civil de Nacimiento y la cédula de ciudadanía del señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco, a partir de las cuales puede observarse que actualmente el accionante tiene 72 años de edad (cd.1, fl.69 y 70).
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de esta referencia.
2.2. PRESENTACIÓN DEL CASO Y PROBLEMA JURÍDICO
En el presente caso, el señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, pues considera que éste vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, al rechazar su solicitud de nulidad frente a un acto administrativo proferido por CAJANAL, en el que se negó la revisión y reliquidación de su pensión.
El actor sostiene que el Consejo de Estado incurrió en una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ya que su decisión dio lugar a un defecto sustantivo, teniendo en cuenta: (i) que “los órganos de origen constitucional autónomos e independientes, no se ven afectados por las restricciones establecidas para que los pensionados se reintegren al servicio público”; y (ii) que “las restricciones específicas con origen en el Decreto 2400 de 1968 y desarrolladas en épocas anteriores, cuando no existía la Comisión Nacional de Televisión, o posteriores a la Constitución de 1991, no los involucran.”
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
2.3.1. El artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procederá contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares, que haya vulnerado, vulnere o pueda vulnerar derechos constitucionales fundamentales.
“[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un régimen democrático”[1].
2.3.3. No obstante, excepcionalmente, la acción de tutela procederá contra providencias judiciales en aquellas situaciones en que éstas desconozcan los preceptos constitucionales y legales que deben seguir[2].
2.3.4. De hecho, la Corte Constitucional ha establecido que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se sujeta al cumplimiento de presupuestos generales que habilitarían al juez de tutela para revisar las decisiones judiciales puestas a su consideración, cuando tales presupuestos se presentan en su totalidad[3]. Los presupuestos generales aludidos fueron consagrados en la Sentencia C-590 de 2005, que los clasificó de la siguiente manera:
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[4].
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[5].
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[6].
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[7].
f. Que no se trate de sentencias de tutela[8]”[9].
Así, al no contar con un medio eficaz para solucionar tal situación, la acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo para adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados por una decisión judicial[10]. La jurisprudencia constitucional ha establecido como causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, las siguientes:
h. Violación directa de la Constitución.”[13]
2.4. CARACTERIZACIÓN DEL DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
2.4.1. Basadas en el principio de autonomía e independencia judicial, las autoridades judiciales son competentes para interpretar y aplicar las normas jurídicas. Sin embargo, dicha potestad no es absoluta, ya que emana de la función pública de administrar justicia, que a su vez está limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que caracterizan al actual Estado Social de Derecho. Así, pese a la autonomía con la que cuentan para adoptar las normas jurídicas pertinentes según las circunstancias, para precisar la forma como tales normas se deben aplicar, y para establecer como se ha de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es permitido a los jueces separarse de las disposiciones de la Constitución o la Ley[14].
2.4.2. La jurisprudencia constitucional se ha referido al defecto sustantivo como aquel que se presenta cuando la decisión tomada por la autoridad judicial excede el marco de acción que la Constitución y la Ley le reconocen[15].
Se configura un defecto sustantivo cuando se aplica una norma: (i) que ha sido derogada y ya no produce efectos en el ordenamiento jurídico, (ii) que es claramente inconstitucional, (iii) que ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional o, (iv) que pese a estar vigente y ser constitucional, no se adecua al caso al cual se aplicó[16].
“(…) una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva.”[17] (Negritas fuera del texto original).
2.4.3. En virtud de lo expresado, el juez de tutela no se hallará ante a un defecto sustantivo cuando el operador judicial desarrolle una interpretación constitucional admisible[18]. En esa medida, el hecho de que los sujetos procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no compartan la interpretación acogida por el operador jurídico competente en un caso determinado, no invalida su actuación, ya que se trata de una vía de derecho distinta y, por ello no se puede incluir en los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.5. EL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA
2.5.1. Teniendo como punto de partida los artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, en lo que tiene que ver con los trabajadores dependientes, “(…) los principios generales del derecho al trabajo que la doctrina ha establecido y que en Colombia adquieren rango constitucional en el artículo 53 de la C.P., conllevan la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad, la favorabilidad, la condición más beneficiosa, el principio pro operario, la justicia social y la intangibilidad de la remuneración.”[19]
2.5.2. El principio de favorabilidad, además de ser un mandato constitucional, tiene respaldo en toda la doctrina y jurisprudencia laboral y de la seguridad social. En efecto, el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo lo reconoce como un principio general, y lo define en los siguientes términos: “NORMAS MAS FAVORABLES. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad.”
2.5.3. El alcance de tal precepto ha sido definido por esta Corporación, que en Sentencia C-168 de 1995[20] expresó:
“La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.
Y en punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador.”[21]
Posteriormente, la Corte fue enfática en sostener que, so pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable a los jueces desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con los principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad de trato y favorabilidad. En este sentido, “puede afirmarse que el Estatuto Superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de la República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la ley”[22]. En la Sentencia T-001 de 1999[23], se dijo:
Allí la autonomía judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser muy relativa: el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica.” (Subrayado fuera del texto)
“...el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u odiosos.” (Sentencia T-800/99, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
“En el ámbito de los conflictos de trabajo, por ejemplo, la Corte ha sido enfática en sostener que, so pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable al operador jurídico desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con los principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad de trato y favorabilidad. En este sentido, puede afirmarse que el Estatuto Superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de la República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la ley.”
Recientemente, en la T-792 de 2010[24] la Corporación reiteró que la aplicación del principio de favorabilidad “obedece a uno de los dispositivos que la Carta Política establece para la resolución de conflictos surgidos con ocasión de la interpretación o aplicación de las normas que regulan las relaciones del trabajo; dicho principio está previsto en el artículo 53 Superior y en el artículo 21 del Código Sustantivo del trabajo y de la Seguridad Social. De conformidad con estos preceptos, constituye principio mínimo del trabajo la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho.”
2.5.4. Desde esta perspectiva, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que las autoridades judiciales se encuentran sujetas a la aplicación del principio constitucional de favorabilidad en materia laboral. En este orden de ideas, si bien los jueces, incluyendo las Altas Cortes, tienen un amplio margen de interpretación en las normas laborales, no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquél que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. En consecuencia, una conducta contraria configura un defecto que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por desconocimiento directo del artículo 53 Constitucional.
2.6.1. Como se reseñó en los antecedentes, el 13 de diciembre de 2010 el señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B , ya que a su parecer dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social al revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en la que se declaró la nulidad de la Resolución No. 33842 del 25 de octubre de 2005 mediante la cual se negó la reliquidación pensional del ahora accionante.
2.6.3. Análisis de la posible vulneración de los derechos fundamentales del señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, la Sala analizará si en el presente caso el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales del accionante al revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en la que se declaró la nulidad de la Resolución No. 33842 del 25 de octubre de 2005 mediante la cual se le negó la reliquidación pensional.
Posteriormente el 01 de julio de 2004, el señor Pinilla Pacheco se retira de la Comisión Nacional del Servicio Civil y solicita a la CAJANAL la reliquidación de su mesada pensional, con base en el sueldo promedio de los últimos tres años de servicio. Mediante Resolución No. 33842 de 2005, CAJANAL niega la solicitud del actor, con fundamento en lo establecido en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 que no permite el reintegro de un pensionado al servicio, salvo en determinados cargos que aparecen estipulados en la norma. Resolución que fue confirmada en diciembre de 2005 con ocasión del recurso de reposición interpuesto por el accionante.
Debido a lo anterior, el señor Pinilla Pacheco inició proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra CAJANAL, con la finalidad de que se declara la nulidad de los actos administrativos que negaron la revisión y reliquidación de su mesada pensional y, se restableciera el derecho lesionado, mediante el reajuste de su pensión, en los términos del artículo 4 de la Ley 171 de 1961. En esa oportunidad, en ocasión del proceso ordinario, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, declaró la nulidad de las resoluciones mencionadas y ordenó a CAJANAL que reliquidara la pensión de vejez reconocida al señor Pinilla Pacheco.
En vista de lo anterior, el 13 de diciembre de 2010 el señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B , ya que a su parecer dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social al revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en la que se declaró la nulidad de la Resolución No. 33842 del 25 de octubre de 2005 mediante la cual se negó la reliquidación pensional del ahora accionante.
‘Artículo 121. La persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al servicio salvo cuando se trate de ocupar posiciones de:
2.Ministro del Despacho o Jefe de Departamento Administrativo.
7.Secretario privado de los despachos de los funcionarios anteriores.
9. Las demás que por necesidades del servicio determine el Gobierno, siempre que no se sobrepase la edad de los sesenta y cinco (65) años (…)’
El accionante pretende el reajuste de su pensión teniendo en cuenta el tiempo laborado para la Comisión Nacional de Televisión, desde el 17 de mayo de 2001 hasta el 1° de julio de 2004, petición que será estudiada por la Sala pues se encontraba habilitado por la norma mencionada para reintegrarse al servicio activo oficial, ya que la entidad para la cual prestó sus servicios lo requirió por necesidades del servicio y así lo señaló el actor en su relato fáctico, aún cuando se encontrara ya con el lleno de los requisitos pensionales.
Claro lo anterior, y teniendo en cuenta que el señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco podía reincorporarse al servicio oficial, porque estaba amparado por la excepción y porque sus derechos fundamentales se estaban viendo afectos, considera esta Corporación que hay lugar a hacer el análisis normativo para que su pensión sea reliquidada (…)” (cd.1, fl.57 y 58).
Por otro lado, en segundo lugar, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, consideran que el señor Pinilla pacheco no tiene derecho a su reliquidación pensional, ya que el cargo desempeñado por éste no se encuentra dentro de los exceptuados por el artículo 29 del Decreto 2400 y, además el Ejecutivo Nacional no ha proferido el Decreto mediante el cual se incluya el cargo de Jefe de la Oficina de Planeación de la Comisión Nacional de Televisión como uno de los empleos exceptuados y en virtud del cual los pensionados puedan reincorporarse al servicio oficial. Añadió que el demandante no se reincorporó al servicio público en un cargo de excepción que le permitiera obtener el reajuste de su pensión de vejez en atención a los nuevos tiempos laborados. Asimismo, el hecho de que el actor haya sido objeto de un nombramiento en condiciones no previstas por el ordenamiento jurídico no le otorga la posibilidad de acceder a la reliquidación reclamada pues el error en derecho no es fuente formal del mismo.
De esa forma, la favorabilidad opera, no sólo cuando se presenta un conflicto entre normas, sino también cuando existe una norma que admite varias interpretaciones, en estos casos “el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica”[25]
9. Las demás que por necesidades del servicio determine el gobierno, siempre que no se sobrepase la edad de los sesenta y cinco (65) años.”[26]
Por otro lado, en razón de la protección inmediata de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del actor, la Corte Constitucional debe optar por tomar una decisión que de fin a esta controversia, por ello se dejará ejecutoriada la sentencia proferida el veintitrés (23) de abril de dos mil nueve (2009), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual declaró la nulidad de la Resoluciones No. 33842 del 25 de octubre de 2005 y 09090 del 27 de noviembre de 2005 y en su lugar, ordenó la reliquidación pensional del señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco.
Primero.- REVOCAR, la sentencia proferida el dieciséis (16) de agosto de dos mil once (2011), por la Sección Quinta del Consejo de Estado, y en su lugar, conceder la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital del señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco.
Segundo.- En consecuencia, SE DEJARÁ SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, que revocó la decisión de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Tercero.- En su lugar, SE DEJARÁ EJECUTORIADA la sentencia proferida el veintitrés (23) de abril de dos mil nueve (2009), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual declaró la nulidad de la Resoluciones No. 33842 del 25 de octubre de 2005 y 09090 del 27 de noviembre de 2005 y en su lugar, ordenó la reliquidación pensional del señor Pedro Antonio Pinilla Pacheco.
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-590 del 08 de junio de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.
[2] Ver, entre muchas otras, las Sentencias: Corte Constitucional. T-191 del 25 de marzo de 1999. MP. Fabio Morón Díaz, T-1223 del 22 de noviembre de 2001. MP. Álvaro Tafur Galvis, T-907 del 03 de noviembre de 2006. MP. Rodrigo Escobar Gil y T-092 del 07 de febrero de 2008. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[3] Corte Constitucional. Sentencia T-024 del 26 de enero de 2010. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[4] “Corte Constitucional. Sentencia T-504 del 08 de mayo de 2000. MP. Antonio Barrera Carbonell.”
[5] “Corte Constitucional. Sentencia T-315 del 01 de abril de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.”
[6] “Corte Constitucional. Sentencia T-008 del 22 de enero de 1998. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.”
[7] “Corte Constitucional. Sentencia T-658 del 11 de noviembre de 1998. MP. Carlos Gaviria Díaz.”
[8] “Corte Constitucional. Sentencias: T-088 del 17 de febrero de 1999. MP. José Gregorio Hernández y SU-1219 del 21 de noviembre de 2001. MP. Manuel José Cepeda.”
[9] Cfr. Ibídem. Sentencia C-590 del 08 de junio de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.
[10] Corte Constitucional. Sentencia T-327 del 15 de julio de 1994. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-522 del 18 de mayo de 2001. MP. Manuel José Cepeda.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencias T-1625 del 23 de noviembre de 2000. MP (E). Martha Victoria Sáchica Méndez, T-1031 del 27 de septiembre de 2001. MP. Eduardo Montealegre Lynett, SU-1184 del 13 de noviembre de 2001. MP. Eduardo Montealegre Lynett, y T-462 del 05 de junio de 2003. MP. Eduardo Montealegre Lynett.”
[13] Cfr. Ibídem. Sentencia C-590 del 08 de junio de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.
[14] Corte Constitucional. Sentencia T-156 del 13 de marzo de 2009. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[15] Ver Sentencias: T-008 del 22 de enero de 1998. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-156 del 13 de marzo de 2009. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[16] Ibídem. Corte Constitucional. Sentencia T-156 del 13 de marzo de 2009. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[17] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-462 del 05 de junio de 2003. MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[18] Corte Constitucional. Sentencias: T-411 del 23 de mayo de 2002. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-359 del 07 de mayo de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
[19] Sentencia T-631 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[20] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[21] Sentencia C-168 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz
[22] T- 545 de 2004 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet
[23] M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[24] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[25] Cfr. Sentencia T- 1000 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[26] El texto original del artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 establecía: “El empleado que reúna las condiciones para tener derecho a disfrutar de una pensión de jubilación, cesará definitivamente en sus funciones y será retirado del servicio, dentro de los seis (6) meses siguientes. La persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo, Presidente, Gerente o Director de Establecimientos Públicos o de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidos en la respectiva carrera y secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que trata este artículo. Por necesidades del servicio, el gobierno podrá ampliar estas excepciones siempre y cuando no sobrepase la edad de sesenta y cinco (65) años.”