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Timestamp: 2018-09-23 16:55:35
Document Index: 286564554

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 46', 'artículo 46', 'artículo 22', 'artículo 241', 'artículo 22', 'artículo 45', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 38', 'artículo 46', 'artículo 48']

﻿ Sentencia C-597 de julio 27 de 2010
SENTENCIA C-597 DE 27 DE JULIO DE 2010
CONTENIDO:SOCIEDADES UNIPERSONALES DEBEN TRANSFORMARSE EN SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EN OTRO TIPO DE ENTIDAD PERMITIDO POR LA LEY NO EXTINGUE SINO QUE PRESERVA, AUNQUE MODIFICADOS, LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS INICIALES. ADEMÁS, LA SITUACIÓN PARTICULAR DE LOS CREADORES O ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD UNIPERSONAL NO PUEDE ENTENDERSE COMO UN DERECHO ADQUIRIDO, PUES EL RÉGIMEN LEGAL DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES ES SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS NORMATIVOS, SIEMPRE Y CUANDO EL LEGISLADOR QUE LOS ESTABLEZCA RESPETE LA PROPIEDAD. DECLARA EXEQUIBLE ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 1258 DE 2008.
TEMAS ESPECÍFICOS:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, SOCIEDAD COMERCIAL UNIPERSONAL, TRANSFORMACIÓN SOCIETARIA, SOCIEDAD COMERCIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:466 DE OCTUBRE DE 2010, PG.1857
Sentencia C-597 de julio 27 de 2010
Sentencia C-597/10
Ref.: Expediente D-7979
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 (parcial) de la Ley 1258 de 2008, “Por la cual se crea la sociedad por acciones simplificada”
El siguiente es el texto de la norma demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 47.194 del 5 de diciembre de 2008, advirtiéndose que la parte acusada es únicamente la resaltada en negrilla:
CAPÍTULO VI (sic); es VII.
“ART. 46.—Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir del momento de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de las ventajas y beneficios establecidos en el ordenamiento jurídico, una vez entre en vigencia la presente ley, no se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Las sociedades unipersonales constituidas al amparo de dicha disposición tendrán un término máximo improrrogable de seis (6) meses, para transformarse en sociedades por acciones simplificadas”.
Esta corporación es competente para conocer de la presente demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución, puesto que la disposición acusada hace parte de una ley de la República.
3. Breve precisión sobre la vigencia de la norma y la posibilidad de dictar un fallo de mérito.
La referida duda resulta del hecho de que, para la fecha en que se pronuncia esta sentencia, e incluso para aquella en la que se interpuso la acción que ahora se resuelve, se había cumplido ya el término máximo dentro del cual debería tener lugar la transformación societaria legalmente ordenada(4). A partir de esa circunstancia podría especularse sobre la posible pérdida de vigencia de la norma acusada, situación que conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corte conduciría a una decisión inhibitoria, ante la inocuidad del pronunciamiento constitucional, cualquiera que fuere su sentido.
En el presente caso, además de no existir en realidad pérdida de vigencia de la norma, la Corte considera evidente que aquella sigue produciendo efectos, y que continuará teniéndolos, en la medida en que las consecuencias de las distintas actuaciones que los constituyentes de sociedades unipersonales podían asumir frente al contenido de la norma acusada, sobre las cuales la Corte se referirá en los acápites subsiguientes, se proyectan hacia el futuro.
Por lo anterior, sin necesidad de ulteriores análisis, concluye la Sala que resulta posible emitir en este caso un pronunciamiento de mérito sobre los cargos planteados en la demanda.
4. Sentido y efecto de la norma demandada.
Aun cuando de manera general la función de este tribunal constitucional no se relaciona con la interpretación de las normas que ante él son demandadas, no es menos cierto que en casos como el presente, ese ejercicio puede resultar necesario, en la medida en que, tal como lo indicaron los intervinientes, y la Corte coincide también en apreciarlo, los cargos formulados descansan de manera notoria sobre un particular entendimiento de la norma acusada.
En este sentido resulta válido volver sobre los planteamientos formulados por los intervinientes, y especialmente por los representantes de las universidades participantes, quienes ilustraron a la Corte sobre el contexto dentro del cual tuvo lugar la expedición de la norma acusada. La Sala encuentra particularmente relevantes las explicaciones presentadas en torno al proceso de flexibilización normativa sobre el régimen de sociedades, que comienza con la expedición de la Ley 222 de 1995 y llega, hasta la fecha presente, a la Ley 1258 de 2008, de la cual hace parte el segmento normativo demandado. Por esa misma razón también considera importante recordar que estas reglas se insertan dentro del sistema normativo contenido en el libro segundo del Código de Comercio expedido en 1971, el cual continúa vigente en su gran mayoría, especialmente en lo concerniente a la parte general del régimen societario, la cual incluye los conceptos y reglas básicas que de manera supletiva son aplicables a todo tipo de sociedades.
Tal como lo señalaron varios de los intervinientes, la regla de derecho demandada solo adquiere sentido dentro de un contexto más amplio, el de la creación y regulación integral mediante la Ley 1258 de 2008, de un nuevo tipo societario, el de la sociedad por acciones simplificada, y la simultánea desaparición de otro modelo, el de las que doctrinariamente vinieron a denominarse sociedades unipersonales, que durante un lapso relativamente breve pudieron constituirse de conformidad con las reglas previstas en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006.
Con base en este supuesto, la regla demandada, usando una forma gramatical ciertamente imperativa, establece que las sociedades unipersonales creadas de conformidad con la norma de la Ley 1014 de 2006 últimamente citada, contarían con un plazo improrrogable de seis (6) meses para transformarse en sociedades por acciones simplificadas, es decir, para adoptar el modelo recientemente desarrollado por la Ley 1258 de 2008. Es claro entonces que la norma cuyo análisis ocupa en este caso a la Corte, ordena la mutación de las llamadas sociedades unipersonales en una forma jurídica diferente a la originalmente escogida por sus creadores.
Sin embargo, a partir de la remisión genérica contenida en el artículo 45 de la misma Ley 1258 de 2008, así como de las frecuentes referencias al Código de Comercio contenidas en varias disposiciones de esa norma, resulta acertada la precisión planteada por algunos de los intervinientes, en el sentido de que el mandato aquí cuestionado no puede ser entendido de manera aislada, sino como parte de un sistema normativo, integrado también por los demás artículos de esa misma ley, así como por las disposiciones generales sobre la creación, modificación, disolución y liquidación de sociedades comerciales, contenidas en el libro segundo del Código de Comercio vigente. Sobre este punto es pertinente aclarar que lo anterior no implica la necesidad de que esta corporación realice, como presupuesto previo al pronunciamiento contenido en esta providencia, una integración normativa entre el texto demandado y las otras normas legales a que se ha hecho referencia, puesto que aquel es plenamente claro, además de autónomo en cuanto a su contenido. Pero sí la precisión de que ese texto solo adquiere completo sentido desde la simultánea consideración de las otras normas legales a las que se ha hecho referencia.
Por lo demás, recuérdese que aun en los casos en los que al no acogerse otras opciones se concrete la disolución de una persona jurídica, ello tampoco implica, como parece asumirlo el actor, la súbita y absoluta desaparición de aquella, la cual solo se produciría al término del subsiguiente proceso de liquidación que en cualquier caso deberá adelantarse.
Ahora bien, según resulta de las reglas aplicables contenidas en el Código de Comercio, es evidente que la transformación de la sociedad en otro tipo de entidad permitido por la ley no extingue, sino que preserva, aunque modificados, los derechos del(los) inicial(es) accionista(s). También es claro que, incluso la disolución por ministerio de la ley que pudiera resultar de la inercia de aquel(los) frente a las alternativas contenidas en la norma acusada, tampoco afecta de manera definitiva tales derechos, ya que de conformidad con las normas mercantiles, ellos sobreviven a la disolución de la sociedad y pueden hacerse valer durante la subsiguiente etapa de liquidación.
En relación con el primer aspecto, entiende el demandante que el hecho de haber escogido un determinado modelo organizativo para una persona jurídica constituida por iniciativa privada genera una situación jurídica consolidada, o desde otra perspectiva, un derecho adquirido, cuya existencia torna imposible la posterior modificación legal de ese modelo o la obligación de adecuarse a uno diferente, como resultado de la salvaguarda contenida en el primer inciso del artículo 58 superior. Posteriormente, otra faceta de la supuesta violación de este mismo precepto se referiría al derecho de los acreedores de la sociedad unipersonal, pues la transformación forzosa o la extinción de esta, desconoce sus derechos de crédito.
Finalmente, la vulneración del derecho a la igualdad vendría dada por el hecho de que solo las sociedades unipersonales y sus creadores y accionistas se ven afectados por el mandato de transformación o disolución contenido en esta norma, a diferencia de las personas titulares de intereses o participaciones en otros tipos de sociedades, quienes no soportan una restricción semejante.
Con base en las reflexiones sobre el real contenido de la norma acusada consignadas en el acápite anterior, considera la Corte, tal como pasa a explicarlo, que ninguno de los cargos reseñados está llamado a prosperar.
En primer término, la situación particular de los creadores y/o accionistas de una sociedad unipersonal, en el sentido planteado por el actor, no puede entenderse como un derecho adquirido, constitucionalmente protegido por el artículo 58. Ello resulta claro por cuanto, al menos en principio, no existe en Colombia un derecho a la no alteración legislativa de un determinado marco normativo. Como excepciones que confirman la validez de esta regla pueden citarse la prohibición de la regresividad en materia de seguridad social(5), y la reciente aprobación de los llamados contratos de estabilidad jurídica(6).
Ahora bien, cabe recordar que el concepto de derecho adquirido ha sido asociado por la jurisprudencia constitucional con el ámbito del derecho privado(7), por su cercana e inescindible relación con el derecho a la propiedad (art. 58, const.), derecho que ha sido tradicionalmente considerado como una pieza característica de nuestro sistema constitucional. Desde esta perspectiva sí existe entonces en cabeza de los accionistas de las sociedades unipersonales un derecho adquirido a la propiedad en ellas constituida. Empero, como ha quedado suficientemente aclarado en el acápite precedente, este derecho no sufre merma alguna como resultado de la disposición demandada, ya que bajo cualquiera de las hipótesis a que ella conduce, esto es la transformación de la sociedad, o incluso su disolución, el sistema normativo del cual hace parte ese precepto garantiza la permanencia del derecho del accionista, el cual podrá hacerse efectivo bien desde su condición de socio de la nueva entidad surgida de la transformación operada, bien con ocasión del trámite liquidatorio de la sociedad disuelta.
En esa misma línea, tampoco se aprecia como resultado de las alternativas trazadas para las sociedades unipersonales por la norma demandada, posible lesión de derechos adquiridos en cabeza de quienes fueren trabajadores o acreedores suyos, como lo aseguró el demandante. Ello por cuanto, sus respectivos derechos no sufren ninguna lesión en el caso de transformación de la sociedad, ni tampoco ante su eventual disolución, situación frente a la cual la ley (códigos civil y de comercio) regula cuidadosamente la prelación de los distintos créditos y derechos. Incluso cabe precisar que si algún derecho quedare definitivamente sin ser satisfecho al término de la liquidación, la única causa posible para ello sería la insuficiencia patrimonial de la respectiva entidad, circunstancia no imputable a la disolución generada como último efecto del mandato legal, sino a otras causas, entre ellas el álea(sic) inherente a los negocios comerciales, o incluso las decisiones adoptadas por el propietario y/o los administradores de aquella.
Así las cosas, carece de fundamento la alegación de que la disposición demandada genera un desconocimiento de derechos adquiridos, argumento que es piedra angular de los cargos de la demanda.
Por las mismas razones que vienen de explicarse, tampoco resulta aceptable estimar que la condición del accionista de las entidades que la Ley 1014 de 2006 denominó sociedades unipersonales, o la de sus trabajores(sic) o acreedores, generen lo que la jurisprudencia constitucional ha considerado una situación jurídica consolidada(8), concepto semejante aunque de menor entidad que el de derechos adquiridos, pero sujeto a las mismas garantías contenidas en el artículo 58 superior. No lo es, por cuanto, como ha quedado suficientemente explicado, el régimen legal de las sociedades comerciales es inherentemente susceptible de cambios normativos, siempre y cuando el legislador que los establezca respete la propiedad y los demás derechos adquiridos respecto de ellas por las personas particulares.
Pasando al análisis de los restantes cargos de la demanda, y con respecto a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad a que se refiere el actor, baste simplemente recordar, tal como lo precisaron la mayoría de los ciudadanos intervinientes, que la regla jurídica aquí cuestionada gobierna una situación particular y específica de tránsito de legislación, surgida como resultado de la desaparición de un modelo organizativo deficientemente regulado y de su simultáneo reemplazo por otro esquema societario que el legislador consideró más apropiado.
Así las cosas, es claro que esta norma no tiene un propósito discriminatorio ni injustificado, sino que responde a una situación específica, no observable en las restantes formas de sociedad. En otras palabras, no existe frente al tema planteado una precedente igualdad fáctica suficiente para justificar la expectativa de trato igual expresada por el demandante.
Al mismo tiempo, cabría afirmar también que la norma demandada recoge una típica regla de tránsito de legislación, semejante a las establecidas en otros casos en los que una determinada institución jurídica es reemplazada por otra que teniendo el mismo objeto, presenta características diferenciales, haciéndose entonces necesario normalizar las situaciones que por efecto del cambio normativo operado devienen irregulares. Desde esa perspectiva, la norma, lejos de vulnerar el principio de igualdad, lo realiza, lo que permite descartar también la prosperidad de este cargo.
Finalmente, respecto de la posible violación del derecho de asociación, es del caso recordar que este es un derecho fundamental consagrado en el artículo 38 superior, que permite a todas las pesonas(sic) unir esfuerzos con otros individuos que persigan propósitos o intereses semejantes a los suyos, mediante la creación de una nueva persona ficticia de carácter colectivo, la que la ley denomina persona jurídica(9).
En lo que atañe al núcleo esencial de ese derecho, el cual se proyecta respecto de todos los tipos de personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, este tribunal constitucional ha explicado que comprende las siguientes posibilidades: i) la de intervenir en la creación de cualquier nueva institución; ii) la de vincularse a cualquiera que hubiere sido previamente creada por iniciativa de otras personas; iii) la de retirarse a libre voluntad de todas aquellas asociaciones a las que pertenezca; iv) la de no ser forzado a hacer parte de ninguna organización en concreto, especialmente como requisito previo al ejercicio de otros derechos(10). La jurisprudencia ha clasificado esas facultades en dos distintos grupos, dando así origen a lo que se conoce como las esferas positiva y negativa del derecho de asociación, incluyendo la primera la posibilidad de desplegar ciertos comportamientos de carácter asociativo, y la segunda la garantía de no ser forzado a desarrollar o mantener actuaciones no voluntarias de este mismo tipo.
Para el demandante, la regla contenida en el segmento normativo demandado vulnera el derecho de asociación al impedir la continuidad de la forma jurídica escogida por el creador o único accionista de la sociedad unipersonal. Esta trasgresión afectaría la primera de las facultades que según viene de explicarse, emanan de ese derecho, como es la posibilidad de crear una nueva institución, la que claramente incluye el derecho de escoger para ello la forma jurídica que el interesado considere más apropiada.
Al analizar en múltiples ocasiones el alcance de este derecho y confrontarlo con el contenido de normas legales que pudieran afectarlo, la Corte ha señalado de manera constante que el derecho de asociación, tanto como las restantes materias relacionadas con el ejercicio de la libertad económica y la iniciativa privada (art. 333, const.), es uno de los que en mayor medida es susceptible de ser regulado en la forma en que el legislador estime más conveniente, lo que equivale a decir que en relación con él, existe un amplio margen de configuración normativa. En otras palabras, siempre que pueda considerarse a salvo el núcleo esencial de este derecho, se estima válido que el poder legislativo establezca regulaciones que precisen y determinen la forma en que aquel habrá de ser ejercido, aun cuando a primera vista ellas pudieran considerarse restrictivas respecto de su alcance.
En la misma línea ha resaltado esta Corte, que frente a los eventuales custionamientos(sic) ciudadanos respecto de las normas que desarrollen el derecho de asociación, cabe aplicar el criterio de inconstitucionalidad manifiesta(11), a partir del cual, para no interferir el libre ejercicio de la facultad legislativa, el tribunal responsable de la guarda de la Constitución debe abstenerse de cuestionar la validez de las normas legales que con ese propósito se expidan, a menos que exista un motivo de notoria oposición entre el precepto acusado y uno o más mandatos superiores, no solucionable de otra manera.
Así las cosas, visto que según quedó reseñado en páginas precedentes, existen razones válidas para explicar la decisión legislativa de requerir un cambio en la forma organizativa inicialmente adoptada por las sociedades unipersonales, y en caso de inacción de los interesados la disolución de las mismas, y dado que no se observa oposición tangible entre el contenido de este mandato y algún precepto constitucional de carácter imperativo, considera la Corte que esa disposición no vulnera el derecho de asociación invocado por el actor, por lo que tampoco se abre paso este último reproche de inconstitucionalidad.
Tal como se estableció, no resulta posible predicar un derecho adquirido, ni aún la existencia de una situación jurídica consolidada, frente a la expectativa de que el régimen jurídico bajo el cual se constituyó una determinada entidad se mantenga inalterado a través del tiempo. Se precisó, en cambio, que sí existe un derecho adquirido frente a la propiedad representada en la conformación de una sociedad unipersonal, pero que este no resulta lesionado por una norma como la demandada, que ordena un cambio en la forma societaria específica bajo la cual se constituyó una entidad.
(4) Teniendo en cuenta el contenido del primer inciso del mismo artículo 46 parcialmente demandado, así como la promulgación de esta ley mediante su publicación en el Diario Oficial 47.194 del 5 de diciembre de 2008, se precisa que el plazo otorgado para la transformación de estas sociedades expiró el día 5 de junio de 2009. La demanda fue presentada ante la Corte Constitucional el 26 de noviembre de 2009.
(5) Esta regla se deriva del mandato de ampliación progresiva de este servicio, contenido en el artículo 48 constitucional. Sin embargo, en ese caso tampoco existe propiamente un derecho a que no se modifique el régimen jurídico aplicable a una determinada materia, sino apenas la prohibición de que los cambios, que sí pueden realizarse, no podrán causar la restricción de derechos previamente reconocidos por la ley.
(6) Ley 963 de 2005 “Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”, cuya exposición de motivos se refiere de manera explícita al riesgo que para los inversionistas y ciudadanos en general representa la latente posibilidad de reformas al marco normativo por el cual se rige una determinada actividad. Esta ley regula como absolutamente excepcional la posibilidad de celebrar contratos con el Estado colombiano por efecto de los cuales “se garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo”. Esa posibilidad fue avalada por esta corporación mediante las sentencias C-242 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y C-320 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En ambas sentencias, pero particularmente en la segunda, la Corte Constitucional señaló que este mecanismo no vulnera la soberanía nacional y resulta por tanto exequible, “en el entendido que los órganos del Estado conservan plenamente sus competencias normativas, incluso sobre las normas identificadas como determinantes de la inversión, sin perjuicio de las acciones judiciales a que tengan derecho los inversionistas”.
(7) Cfr. sobre este tema, entre otras, las sentencias C-393 de 1996, C-952 de 2007 y C-430 de 2009.
(8) La Corte ha aludido a este concepto en varios pronunciamientos sobre temas diversos, entre ellos en las sentencias C-506, C-584 y C-619 todas de 2001, C-1114 de 2003, y más recientemente en los fallos C-430 y T-479 de 2009 y T-180A de 2010.
(9) Sobre el sentido de este derecho y su relación con la teoría de las personas jurídicas, ver, dentro de las más recientes, la Sentencia C-803 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(10) Sobre el alcance de este derecho ver entre otras, las sentencias C-399 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-792 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-865 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-424 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-1188 de 2005 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y C-520 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(11) Sobre este tema ver, entre otras, las sentencias C-530 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-1032 de 2006 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y C-543 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).