Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/47500/sentencia-ap-la-coruna-67-2010-de-31-de-marzo-lesiones-por-imprudencia-derechos-de-los-trabajad
Timestamp: 2017-12-12 18:01:39
Document Index: 260422099

Matched Legal Cases: ['artículo 576', 'artículo 20', 'artículo 316', 'artículo 77', 'artículo 152', 'artículo 152', 'artículo 621', 'artículo 21', 'artículo 621', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 21', 'artículo 621', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 152', 'artículo 621', 'artículo 317', 'artículo 77', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24']

Sentencia A.P. La Coruña 67/2010, de 31 de marzo. Lesiones por imprudencia. Derechos de los trabajadores. Responsabilidad civil directa. Carretillas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. La Coruña 67/2010, de 31 de marzo
Lesiones por imprudencia: Delito contra los derechos de los trabajadores con un delito de lesiones por imprudenia grave. Indemnización: Por días de hospitalización del accidentado, por días de incapacidad, por factor de corrección y por secuelas. Responsabilidad civil directa: Entidad aseguradora. La víctima no actuó irreflexivamente, sino que no fue convenientemente aleccionada e instruida sobre la conducta que debió adoptar en una situación en la que al conductor de una carretilla le impedían la visibilidad los tableros de frente y no le funcionaban las señales acústicas ni las luminosas.
En A Coruña, treinta y uno de marzo de dos mil diez.
LA SECCION SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA, constituída por las Ilustrísimas Señorías DON/DOÑA MARIA DEL CARMEN TABOADA CASEIRO-Presidente, DON LUIS BARRIENTOS MONGE, DON GUSTAVO A. MARTIN CASTAÑEDA, Magistrados/das, ha pronunciado
En el recurso de apelación penal número 311/09, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 4 de A Coruña, en el Juicio Oral número 332/07, seguidas de oficio por un delito Lesiones por imprudencia grave contra los derechos de los trabajadores, figurando como apelantes-apelados la responsable civil directa ENTIDAD BANCO VITALICIO DE ESPAÑA S.A. representado por procurador Sr. Del Río Sánchez y defendido por Letrado Sr. Muiño Míguez, la acusación particular ejercida por DOÑA Montserrat representada por procurador Sr. Pérez Lizarriturri y defendido por Letrado Sr. Novo Prego, los acusados Andrés, Arturo, Benito y la responsable civil subsidiaria TERMINALES MARITIMOS DE GALICIA S.L. representados por procuradora Sra. Vilariño Durán y defendidos por Letrada Sra. Otero Charlón, el acusado Cipriano representado por procurador Sr. Painceira Cortizo y defendido por Letrado Sra. Fernández González-Dopeso, y como apelado MINISTERIO FISCAL.- Siendo Ponente el Ilmo./Ilma. DON/DOÑA GUSTAVO A. MARTIN CASTAÑEDA.
Primero.-Que por el Ilmo./Ilma. Magistrado/a- Juez del Juzgado de lo Penal Nº 4 de A Coruña con fecha 31-03-09, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice como sigue: "FALLO: CONDENO a los acusados Andrés, Benito, Cipriano y Arturo, ya circunstanciados, como autores plenamente responsables, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con un delito de lesiones por impurdencia grave -asimismo definido- a la pena para cada uno de los acusados por el primer delito de SEIS MESES DE PRISION con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y la pena de MULTA de SEIS MESES con cuota diaria de SIETE EUROS, con la responsabildad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y por el segundo delito y también para cada uno de los acusados la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, con imposición de las costas por partes iguales, incluidas las de la acusación particular.
Andrés, Benito, Cipriano y Arturo, conjunta y solidariamente, con responsabilidad civil directa de la Compañía Banco Vitalicio de España y subsidiaria de la empresa TERMINALES MARITIMOS DE GALICIA S.L. indemnizarán a Montserrat en la suma total de 95.641,39 euros, que se desglosa del modo siguiente:
a) 3.718,20 euros por días de hosptitalización.
b) 23.714,85 euros por los restantes días de incapacidad.
c) 2.743,31 euros por factor de corrección en los días de incapacidad.
d) 65,465,03 por secuelas.
Estas cantidades devengarán un interés anual a cargo de la Compañía aseguradora de Banco VITALICIO del 20% desde la fecha del accidente y para los acusados y el responsable civil subsidiario el interés prevenido en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.".
Segundo.-Que notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma, recurso de apelación por BANCO VITALICIO DE ESPAÑA S.A., Montserrat, Andrés, Arturo, Benito, TERMINALES MARITIMOS DE GALICIA S.L. y por Cipriano, que le fue admitido en ambos efectos, por proveido de fecha 01-07-09, dictado por el instructor, acordando dar el traslado prevenido en el art. 790.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las restantes partes.
Tercero.-Por proveido de fecha 22-07-09, se acordó elevar todo lo actuado a este Tribunal, para resolver el recurso y recibidas que fueron las diligencias se acordó pasar las mismas al Ilmo./Ilma. Sr. /Sra. Magistrado/a Ponente.
Cuarto.-En la sustanciación del presente recurso se han observado y cumplido las prescripciones y formalidades legales.
Se aceptan los hechos declarados probados de la resolución recurrida, que se dan por reproducidos en aras de la brevedad.
Primero.-En el presente procedimiento se dictó sentencia y contra ella se alza la representación de la entidad Banco Vitalicio de España S.A. invocando error en la apreciación de la prueba, interesando que se declare la ausencia de responsabilidad de la aseguradora Banco Vitalicio de España S.A. y de modo subsidiaria se estime una compensación de culpas e improcedencia de aplicación a esta parte de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y sin imposición de costas.
Segundo.-La representación de Dª Montserrat, por vía de recurso de apelación que formaliza interesa que se eleven las indemnizaciones establecidas a favor de la perjudicada a las cuantías solicitadas, o subsidiariamente, elevando las ya reconocidas en la sentencia de instancia hasta el importe que se considere correcto para la debida reparación de los daños y perjuicios causados.
Tercero.-La representación de D. Andrés, D. Arturo, D. Benito y Terminales Marítimos de Galicia S.L. en el recurso de apelación, invocan error en la apreciación de las pruebas; aplicación indebida del artículo 316 y 318 del Código Penal y por ende del artículo 77 del mismo texto legal, en relación con el artículo 152.1.3º, aplicación indebida del artículo 152.1.3º del Código Penal y por no aplicación del artículo 621,3 del Código Penal; lo no aplicación de la atenuante analógica de dilaciones indebidas en su grado de muy cualificada artículo 21.6 del Código Penal, y en cuanto a la responsabilidad civil se adhieren al recurso interpuesto por la representación de la entidad aseguradora Banco Vitalicio, interesando la libre absolución de los acusados Andrés, Benito y Arturo, y en caso de condena, lo sean como autores de una falta de imprudencia leve prevista en el artículo 621.3 del Código Penal, imponiendo a los mismos la pena de multa prevenida y de forma también subsidiaria, para el caso de considerar que son autores de un delito, se acuerde que concurre la atenuante analógica de dilaciones indebidas en su grado de muy cualificada y se proceda a rebajar la pena a la que ahora han sido condenados hasta en dos grados, revocando asimismo las costas ocasionadas por la acusación particular.
Cuarto.-La representación de D. Cipriano, alega infracción del principio de presunción de inocencia recogido en el artículo 24 de la Constitución, por error en la valoración de la prueba; vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, artículo 24.1 de la Constitución Española; la no aplicación de la atenuante analógica de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal; la no aplicación del artículo 621 del Código Penal y se adhiere al recurso interpuesto por la representación de la entidad Aseguradora Banco Vitalicio y que se excluyan las costas de la acusación particular; interesando la absolución de su defendido con todos los pronunciamientos favorables.
Quinto.-El Ministerio Fiscal interesa la confirmación de la sentencia de instancia por ser conforme a derecho.
Sexto.-Recurso de apelación formalizado por la representación de la entidad Banco Vitalicio de España S.A.,.-
El recurso de apelación se formula, en base a un único motivo de impugnación de la sentencia recurrida, cual es el error en la apreciación de la prueba, aunque en forma subsidiaria entiende la existencia de una compensación de culpas y que no se aplique el interés del 20% de la Ley de Contrato de Seguro. Pues bien, siendo como es la apelación una revisión de las actuaciones y decisiones vertidas en el juicio que es objeto de recurso, no cabe la menor duda de que las facultades del Juez para apreciar y valorar el material probatorio aportado al juicio, es un derecho que la Ley otorga al Juez y un deber, a fin de corregir los errores que en la apreciación de la prueba o en la aplicación del derecho se haya podido padecer en la sentencia.
Ahora bien, una vez constitucionalizada la presunción de inocencia por el artículo 24 de la Constitución Española, la imputación hecha a una o varias personas en la comisión de un delito, ha de adoptarse con todas las garantías al proceso de ahí que el juicio de culpabilidad es producto de la convicción de la juzgadora, según valoración en conciencia de la prueba. En efecto, una vez examinadas las actuaciones, de las mismas se desprende, la existencia de elementos de prueba suficiente para apoyar la condena, al no existir el error probatorio que se denuncia en el recurso, ya que hay prueba de cargo bastante, constituida fundamentalmente por el testimonio emitido en el acto del juicio oral, por la perjudicada Montserrat, que indicó que no recibió información, así como las versiones que de los hechos emitieron Benito, Cipriano que dirigían las operaciones y Arturo que se encargaba de coordinar y comprobar las operaciones portuarias y en el caso concreto indicó que se realizaba una operación repetitiva y que la causa del accidente es la pérdida del Control Visual de la Estibadora, con el carretillero. Así la juzgadora de instancia indica que el jefe de operaciones de la empresa Consignataria no se encontraba en el lugar en que ocurrieron los hechos ni el capataz de Terminales Marítimos de Galicia S.L, por lo que la única persona que podría coordinar las tareas era el carretillero Andrés el cual manifestó que la carga de tableros le impedía la visibilidad de frente. Se complementan los referidos testimonios, con la amplia prueba testifical practicada con todas las garantías, complementada con el informe de la Inspección Provincial de Trabajo en el que se concreta, la falta de coordinación de la trabajadora agravada por la falta de visibilidad del carretillero.
Es por tanto, que los referidos testimonios probatorios, que comprenden los testimonios que sobre los hechos han emitido los testigos y la perjudicada, con precisión, seguridad, coherencia y inamovilidad en los datos de hecho, y cuyos contenidos han sido percibidos directamente por la Juzgadora de instancia, la cual ha examinado, de forma minuciosa y detallada los referidos testimonios que ha apreciado y valorado con corrección y en este sentido es consolidada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional al establecer que la declaración de la víctima, siempre que se hubiera practicado normalmente en el acto del juicio oral con las garantías procesales puede erigirse en prueba de cargo y de convicción judicial sobre los hechos. Doctrina perfectamente aplicable al presente supuesto, que la referida actividad probatoria es suficiente para quedar desvirtuada la presunción de inocencia que contempla el artículo 24.2 de la Constitución Española y llegar al convencimiento de la culpabilidad de los acusados Andrés, Benito, Cipriano y Arturo por lo que sus conductas son merecedoras de reproche social y han de ser sancionados penalmente y en los mismos términos que aparecen recogidos en la sentencia de instancia.
Séptimo.-Invoca la entidad recurrente la compensación de culpas e imprudencia, así como la no aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguros.
En cuanto al primero de los motivos, de lo actuado, se deduce que no cabe aplicar un porcentaje de disminución por la alegada imprudencia de la víctima, porque la estancia de ésta en el sitio más inoportuno en el momento del accidente, no se debió a un comportamiento irreflexivo de la misma, asumiendo una riesgo innecesario, sino simplemente a que no fue convenientemente aleccionada e instruida sobre la conducta que debió adoptar en una situación como la ocurrida, que no fue controlada directamente por ningún responsable de la empresa, lo que sucedió en el caso de autos, dado que si al conductor de la carretilla los tableros le impedían visibilidad de frente, debió en tales circunstancias requerir los servicios para control de las maniobras de la máquina que al parecer no le funcionaban las señales acústicas ni las luminosas.
En cuanto al alegato de que no se aplique el interés del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, es doctrina reiterada en el ámbito penal, que transcurridos dos años desde la fecha del siniestro ha de computarse desde el principio el 20% para el cálculo del interés moratorio. En este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha quince de noviembre de dos mil siete, establece que el interés al haber transcurrido más de dos años del accidente, ha de ser el 20%, pues aún admitiendo que hay criterios dispares en nuestra jurisprudencia, ello se estima más conforme con el carácter sancionador del precepto y es además el criterio adoptado por la Junta de Magistrados de la Secciones Penales de esta Audiencia Provincial en su reunión de diez de junio de dos mil cinco. El artículo 20,4 de la Ley de Contrato de Seguro EDL 1980/4219 debe interpretarse en el sentido de entender que transcurridos dos años desde la fecha del siniestro si no se ha producido el abono de la indemnización el interés será el 20% desde la misma fecha del siniestro, tal criterio se mantiene en la junta de veinticinco de mayo de dos mil siete que tras analizar la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera de uno de marzo de dos mil siete EDJ 2007/15277, acuerda, mientras no exista nueva jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, debe mantenerse el criterio adoptado en anteriores reuniones de Magistrados de la Audiencia Provincial. Pues bien, en el caso de autos es perfectamente aplicable la doctrina expuesta, ha que han transcurridos más de dos años, desde la fecha del siniestro sin que se hubiera producido el pago de la indemnización a la perjudicada, de ahí que ha de decaer la pretensión de la entidad recurrente.
Octavo.-Recurso de apelación formalizado por la representación de Dª Montserrat.-
La petición que efectúa la recurrente es la relativa a que se eleven las indemnizaciones que le fueron concedidas en su condición de perjudicada.
De las actuaciones, deviene que la Juzgadora de instancia, con claridad y precisión, así como de forma minuciosa, ha seguido el informe del médico forense obrante en autos en el que se reflejan las lesiones y secuelas que sufre la perjudicada Montserrat, habiendo sido apreciado y valorado con corrección por la juzgadora, atendiendo a la naturaleza y entidad de las lesiones y secuelas que ha sufrido y sigue sufriendo la referida perjudicada, sin que sea por ello admisible que se produzca un incremento indemnizatorio al no existir causas que justifiquen la pretensión de la recurrente y a mayor abundamiento, se ha de significar que el informe del médico forense, tiene carácter de imparcialidad y objetividad, y además el Baremo que ha sido aplicado lo fue de forma correcta y atemperado a las lesiones y secuelas sufridas por la perjudicada, como consecuencia del accidente laboral.
Noveno.-Recurso formalizado por la representación de D. Andrés, D. Arturo, D. Benito y Terminales Marítimos de Galicia S.L., alegando error en la apreciación de las pruebas, aplicación indebida de los artículos 316, 318 y 77 del Código Penal, en relación con el artículo 152.1 3ª del Código Penal, y que no se aplicó el artículo 621.3 del Código Penal, y que se aplique la circunstancia atenuante analógica de dilaciones indebidas en su grado muy cualificada.
En cuanto al primero de los alegatos que se invoca por los recurrentes, hemos de indicar que a fin de evitar repeticiones nos remitimos a lo expuesto, en el fundamento jurídico sexto de la presente resolución.
Por lo que respecta la aplicación indebida de los preceptos legales mencionados, de modo reiterado se ha declarado que cuantos dirigen deben impartir diligentemente las instrucciones oportunas, a fin de que el trabajo ser realice con las adecuadas medidas de seguridad, sin que puedan ser suficientes las advertencias generales, atendiendo a cada situación con el debido cuidado y que son obligaciones que competen a todos aquellas personas que desempeñan funciones de dirección o de mando, ya que tienen obligación de exigir a los operarios el cumplimiento exacto de las cautelas y prevenciones que establecen las normas de seguridad e higiene, toda vez que el trabajador debe ser protegido hasta de su propia imprudencia profesional.
Por su parte los empresarios según la Ley de Prevención de Riesgos 08-11-1995, deben cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad e instruir a los trabajadores de los riesgos inherentes a cada tarea, tanto en la empresa en su conjunto, como en cada puesto de trabajo o función, sentencias de 14-07 y 11-10-2000.
Así en el presente supuesto, la juzgadora, ha puesto de relieve que no se utilizaron medios de protección y que la trabajadora accidentada no se percató de la situación de la carretilla debido a que ésta no disponía de señales acústicas o luminosas lo que evidencia un riesgo para la trabajadora y que originó el accidente, al haber omitido medidas de seguridad. Es por tanto que de los hechos deviene la existencia de un concurso ideal entre el delito contra los derechos de los trabajadores y el delito de lesiones por imprudencia grave, pues el resultado lesivo acaecido no impide que se produjeran otros, ya que se había creado una situación de peligro del artículo 317 del Código Penal, motivo por el que entendemos ha sido aplicado con corrección el artículo 77 del referido texto legal, al existir una conducta omisiva por parte de los responsables de las medidas de seguridad. Por ello, las conductas de los acusados se incardinan perfectamente en los tipos penales por los que vienen condenados los acusados por sus comportamientos, e incumplimientos de los deberes objetivos de cuidado, y de protección de bienes de naturaleza individual, existiendo tanto conductas imprudentes como omisivas y que de forma correcta han sido analizadas y examinadas por la juzgadora de modo que dichas conductas dada la naturaleza, entidad y gravedad de los hechos son circunstancias y motivos que justifican que tengan el carácter de delito, y en consecuencia, los preceptos legales mencionados han sido aplicados correctamente.
Igualmente invocan los recurrentes que ha de aplicarse la circunstancia atenuante analógica de dilaciones indebidas en grado muy cualificada.
En el presente supuesto, estimamos que la juzgadora de instancia ha tenido muy en cuenta la duración del procedimiento, así como la complejidad del mismo, habiendo adoptado la sanción de compensar la duración del procedimiento en la reducción de las penas, lo que ha sido aplicado con corrección, de ahí que proceda la desestimación de la circunstancia alegada y su no aplicación en el grado de muy cualificada como pretenden los recurrentes.
Décimo.-Recurso formalizado por la representación de D. Cipriano.-
Invoca infracción del principio de presunción de inocencia recogido en el artículo 24 de la Constitución por error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Pues bien, lo que alega la defensa de D. Cipriano es la infracción del artículo 24.2 de la Constitución, por ello se ha de tratar la cuestión referente a la invocada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, debiendo verificarse si de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional de que la ponderación de la prueba realizada por la juzgadora de instancia, pueda llegar a desvirtuar la presunción de inocencia, para lo cual es necesario una mínima actividad probatoria que de alguna forma puede entenderse de cargo y de la que se pueda deducir la culpabilidad de los acusados.
Undécimo.-De lo actuado se deduce, que han sido apreciados correctamente los elementos de prueba que obran en la causa, ya que hay prueba de cargo bastante para apoyar la condena y ello es precisamente mediante el testimonio que emitió la perjudicada Montserrat, y sin que exista el error probatorio que se indica en el recurso, pues el contenido testimonial es coherente, claro y preciso, habiendo sido apreciado y valorado y examinado de forma minuciosa y detallada por la Juzgadora, así como correctamente, lo que le llevó al convencimiento de la culpabilidad de los acusados, al tener dicho testimonio suficiente aptitud probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia que contempla el artículo 24 de la Constitución Española, de ahí que la conducta del acusado Cipriano, ha de ser sancionada penalmente y en los mismos términos que aparece recogidos en la sentencia, pues la misma queda configurada en el delito por el que viene condenado.
Así también alega el recurrente que ha de aplicarse la atenuante analógica de dilaciones indebidas. Examinadas las actuaciones, de las mismas, se desprende, que la juzgadora ha aplicado correctamente la referida circunstancia, lo que ha quedado reflejado en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, al sancionar penalmente a los acusados, entre ellos el recurrente con el mínimo legal establecido, compensando la duración del procedimiento y el hecho de que no se haga mención de dicha circunstancia, ha sido posiblemente a una omisión formal que queda puridad subsanada al haber sido aplicada materialmente según se deduce de la parte dispositiva de la resolución dictada en instancia.
Duodécimo.-En el ámbito de la responsabilidad civil, ha quedado debidamente acreditado por vía documental en los autos, por lo que huelga entrar a considerar el recurso de la entidad recurrente Banco Vitalicio cuya existencia se afirma en el relato de hechos probados y por tanto es fuente obligatoria, y ha de operar en cuanto a soportar el abono de las indemnizaciones cuyos importes han quedado constatados en la sentencia de instancia al quedar condenada al pago de las mismas, sin que existan causas o motivos que pudieran justificar la exclusión de las mismas, al constar como asegurada la referida entidad y tomador y asegurado Terminales Marítimos de Galicia S.L.,.
Decimotercero.-El último de los motivos que interesan los recurrentes es que se excluyan las costas de la acusación particular. Desde un principio, se significa que la pretensión no puede prosperar, pues se cumplen en el presente supuesto las condiciones necesarias para que se incluyan las costas de la acusación particular, ya que consta en autos la activa participación de la misma a lo largo del procedimiento, así como la innegable homogeneidad esencial entre sus pretensiones, y siendo el principio general el de la inclusión, en la condena en costas, en cuanto a las ocasionadas por la acusación particular, ha de darse por supuesta, y deben ser incluidas en la resolución condenatoria, salvo que se dé de excepcional circunstancia de que la intervención de la acusación particular hubiera resultado realmente inútil, superflua e incluso perturbadora para el correcto desarrollo del procedimiento, y siendo que en el caso concreto, existe homogeneidad, así como una perfecta y absoluta identidad entre las peticiones de la acusación particular y las formuladas por el Ministerio Fiscal por lo que su intervención es tan relevante como lo fue la del Ministerio Fiscal, en consecuencia, el motivo analizado no puede prosperar.
Decimocuarto.-Las consideraciones expuestas nos llevan a la desestimación de los recursos de apelación formalizados por las representaciones de la entidad Banco Vitalicio España S.A., Doña Montserrat, D. Andrés, D. Arturo, D. Benito y Terminales Marítimos de Galicia S.L., y D. Cipriano respectivamente, y a la confirmación de la sentencia recurrida.
Decimoquinto.-Se declaran de oficio las costas procesales causadas en esta instancia.
Que se desestiman los recursos de apelación interpuestos por las representaciones de la Entidad Banco Vitalicio de España S.A., Dª Montserrat, D. Andrés, D. Arturo, D. Benito, Terminales Marítimos de Galicia S.L. y D. Cipriano, contra la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve, dictada por la Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número Cuatro de A Coruña, en el juicio oral número 332/07, y CONFIRMAMOS íntegramente dicha resolución, con declaración de oficio de las costas procesales en esta alzada.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de que proceden, con testimonio de esta Sentencia para su conocimiento y cumplimiento.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION: Leída y publicada que fue en el día de hoy, que es el de su fecha, la anterior sentencia por el Ilmo./a. Sr./ Sra. Magistrado/a Ponente, al estar celebrando audiencia pública la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial. Doy fe.