Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006F0783&from=RO
Timestamp: 2019-11-20 03:21:10
Document Index: 80311585

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 12']

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La Decisión marco 2001/500/JAI del Consejo (3) establece normas relativas al blanqueo de capitales, la identificación, el seguimiento, el embargo, la incautación y el decomiso de los instrumentos y productos del delito. En virtud de dicha Decisión marco, los Estados miembros están también obligados a no formular ni mantener ninguna reserva en relación con el artículo 2 del Convenio de 1990 en la medida en que el delito lleve aparejada una pena o medida de seguridad privativa de libertad de duración máxima superior a un año.
Por último, el 22 de julio de 2003, el Consejo adoptó la Decisión marco 2003/577/JAI relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (4).
La presente Decisión marco pretende facilitar la cooperación entre Estados miembros en lo referente al reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones de decomiso de los bienes, de manera que se obligue a los Estados miembros a reconocer y ejecutar en su territorio las resoluciones de decomiso dictadas por un tribunal competente en materia penal de otro Estado miembro. La presente Decisión marco está relacionada con la Decisión marco 2005/212/JAI, de 24 de febrero de 2005, sobre el decomiso de los instrumentos y productos del delito y de bienes relacionados con el delito (5). El propósito de dicha Decisión marco es garantizar que todos los Estados miembros tengan normas efectivas que regulen el decomiso de los productos del delito por lo que atañe, entre otros aspectos, a la carga de la prueba en lo relativo al origen de los bienes en posesión de una persona culpable de un delito relacionado con la delincuencia organizada.
«Estado de emisión»: el Estado miembro en el que un órgano jurisdiccional haya dictado una resolución de decomiso en relación con una causa penal;
«Estado de ejecución»: el Estado miembro al que se transmita una resolución de decomiso para su ejecución;
«resolución de decomiso»: la sanción o medida firme impuesta por un órgano jurisdiccional a raíz de un procedimiento relacionado con una o varias infracciones penales, que tenga como resultado la privación definitiva de bienes;
«bienes»: cualquier tipo de bienes, ya sean materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, así como los documentos con fuerza jurídica u otros documentos acreditativos de un título o derecho sobre esos bienes respecto de los cuales el órgano jurisdiccional del Estado de emisión haya decidido:
que constituyen el producto de una infracción penal o equivalen total o parcialmente al valor de dicho producto,
que constituyen los instrumentos de dicha infracción,
que pueden ser decomisados con motivo de la aplicación en el Estado de emisión de cualquiera de los supuestos de potestad de decomiso ampliada que se especifican en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Decisión marco 2005/212/JAI,
que pueden ser decomisados a tenor de cualesquiera otras disposiciones relacionadas con una potestad de decomiso ampliada de conformidad con el Derecho del Estado de emisión;
«producto»: todo beneficio económico resultante de infracciones penales. Podrá tener forma de cualquier tipo de bien;
«instrumentos»: cualquier bien utilizado o destinado a utilizarse de cualquier forma, total o parcialmente, para cometer una o varias infracciones penales;
«bienes culturales pertenecientes al patrimonio cultural nacional»: los bienes definidos de conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro (6);
la infracción penal prevista en el artículo 8, apartado 2, letra f), será la infracción principal, cuando las diligencias conducentes a una resolución de decomiso impliquen una infracción principal y blanqueo de capitales.
el Estado de emisión,
el Estado de ejecución.
la autoridad competente del Estado de emisión tenga motivos fundados para creer que los distintos bienes objeto de la resolución se encuentran en distintos Estados de ejecución,
el decomiso de un bien concreto incluido en la resolución de decomiso requiera la intervención en más de un Estado de ejecución,
la autoridad competente del Estado de emisión tenga motivos fundados para creer que un bien concreto incluido en la resolución de decomiso está localizado en uno de los dos o más Estados de ejecución determinados.
cuando los bienes afectados no hayan sido embargados con arreglo a la Decisión marco 2003/577/JAI,
cuando el valor de los bienes que pueden ser decomisados en el Estado de emisión y en cualquier Estado de ejecución probablemente no sea suficiente para ejecutar la cantidad total objeto de la resolución de decomiso.
pertenencia a una organización delictiva,
tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas,
fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas,
blanqueo de los productos del delito,
falsificación de moneda, con inclusión del euro,
ayuda a la entrada y a la estancia irregulares,
homicidio y agresión con lesiones graves,
secuestro, retención ilegal y toma de rehenes,
robos organizados o a mano armada,
chantaje y extorsión de fondos,
violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías,
falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos,
tráfico ilícito de materias nucleares y radiactivas,
apoderamiento ilegal de aeronaves y buques,
la ejecución de la resolución de decomiso resultaría contraria al principio de ne bis in idem;
en uno de los casos citados en el artículo 6, apartado 3, la resolución de decomiso se refiere a actos que no constituyen una infracción que permita el decomiso de acuerdo con la legislación del Estado de ejecución; no obstante, en materia de impuestos o gravámenes, de derechos de aduana y de actividades de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la resolución de decomiso aduciendo que la legislación del Estado de ejecución no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene el mismo de tipo de reglamentación en materia de impuestos o gravámenes, de derechos de aduanas y de actividades de cambio que la legislación del Estado de emisión;
en virtud de la legislación del Estado de ejecución, existe inmunidad o privilegio que impediría la ejecución de una resolución de decomiso nacional sobre los bienes en cuestión;
los derechos de las partes interesadas, incluidos los terceros de buena fe con arreglo a la legislación del Estado de ejecución, impiden la ejecución de la resolución de decomiso, incluso cuando ello sea el resultado de la aplicación de recursos legales de conformidad con el artículo 9;
con arreglo al certificado indicado en el artículo 4, apartado 2, la persona afectada no compareció personalmente ni estuvo representada por un asesor jurídico en los procedimientos que concluyeron con la resolución de decomiso, a menos que el certificado señale que la persona fue informada de los procedimientos según el Derecho del Estado de emisión personalmente o a través de su representante competente con arreglo a la legislación nacional, o que esa persona haya indicado que no impugna la resolución de decomiso;
la resolución de decomiso es fruto de actuaciones penales por infracciones que:
conforme a la legislación del Estado de ejecución, se considera han sido cometidas total o parcialmente en el territorio de este o en un lugar equivalente a su territorio,
se cometieron fuera del territorio del Estado de emisión, no permitiendo la legislación del Estado de ejecución la incoación de actuaciones judiciales respecto de tales infracciones en caso de haber sido cometidas fuera del territorio de aquel Estado;
la resolución de decomiso, en opinión de dicha autoridad, fue dictada en circunstancias en las que el decomiso de los bienes se ordenó en aplicación de las disposiciones sobre la potestad de decomiso ampliada a que se refiere el artículo 2, letra d), inciso iv);
hay prescripción de la ejecución de la resolución de decomiso en el Estado de ejecución, siempre que los hechos entren en el ámbito de competencias de dicho Estado en virtud de su propio Derecho penal.
la resolución de decomiso se dictó en circunstancias en las que el decomiso de los bienes se ordenó en aplicación de las disposiciones sobre la potestad de decomiso ampliada contemplada en el artículo 2, letra d), inciso iii),
la resolución de decomiso excede del ámbito de aplicación de la opción adoptada por el Estado de ejecución con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Decisión marco 2005/212/JAI,
el apartado 1,
el apartado 2, letras a), e), f) o g),
el apartado 2, letra d), y no se facilite información con arreglo al artículo 9, apartado 3,
cuando, en el caso de una resolución de decomiso referente a una cantidad de dinero, considere que hay riesgo de que el valor total derivado de su ejecución pueda exceder del importe especificado en la resolución como consecuencia de su ejecución simultánea en más de un Estado miembro;
en los casos de recursos que se mencionan en el artículo 9;
cuando la ejecución de la resolución de decomiso pueda impedir el buen desarrollo de una investigación o actuación penal en curso, durante el tiempo que estime razonable;
en los casos en que considere necesario que la resolución de decomiso o partes de ella se traduzcan, a expensas del Estado de ejecución, por el tiempo necesario para obtener su traducción, o
en los casos en los que el bien ya es objeto de un procedimiento de decomiso en el Estado de ejecución.
dos o más resoluciones de decomiso referentes a una cantidad de dinero dictadas contra la misma persona física o jurídica, y dicha persona no disponga de medios suficientes en el Estado de ejecución para que se ejecuten todas las resoluciones,
dos o más resoluciones de decomiso referentes a un mismo bien concreto,
cuando considere que hay riesgo de que la ejecución supere el importe máximo especificado, por ejemplo, basándose en la información notificada por cualquier Estado de ejecución con arreglo al artículo 10, apartado 3. Cuando se aplique el artículo 10, apartado 1, letra a), la autoridad competente del Estado de emisión informará cuanto antes a la autoridad competente del Estado de ejecución de que el riesgo mencionado ha dejado de existir;
cuando la totalidad o parte de la resolución de decomiso haya sido ejecutada en el Estado de emisión o en otro Estado de ejecución. Deberá especificarse el importe de la resolución de decomiso que aún no haya sido ejecutado;
si, una vez transmitida una resolución de decomiso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 5, una autoridad del Estado de emisión recibe una cantidad de dinero pagada voluntariamente por el interesado en cumplimiento de la resolución de decomiso; en dicho caso será de aplicación el artículo 12, apartado 2.
si el importe obtenido de la ejecución de la resolución de decomiso es inferior a 10 000 EUR o al equivalente a dicho importe, el importe corresponderá al Estado de ejecución;
en todos los demás casos, el Estado de ejecución transferirá al Estado de emisión el 50 % del importe que se haya obtenido de la ejecución de la resolución de decomiso.
los bienes podrán enajenarse. En este caso, se dispondrá del producto de la enajenación de conformidad con el apartado 1;
los bienes podrán transferirse al Estado de emisión. Si la resolución de decomiso se refiere a una suma de dinero en efectivo, los bienes solo podrán transferirse al Estado emisor con el consentimiento de este;
en caso de que resulte imposible aplicar las letras a) o b), la disposición final de los bienes podrá ser cualquier otra que sea conforme con la legislación del Estado de ejecución.
de la transmisión de la resolución de decomiso a la autoridad competente, con arreglo al artículo 4, apartado 5;
de cualquier decisión de no reconocer una resolución de decomiso, junto con los motivos de la decisión;
de la no ejecución total o parcial de la resolución por los motivos mencionados en el artículo 11, en el artículo 12, apartados 1 y 2, o en el artículo 13, apartado 1;
tan pronto como se haya completado la ejecución de la resolución;
de la aplicación de medidas alternativas con arreglo al artículo 12, apartado 4.
(1) DO C 184 de 2.8.2002, p. 8.
(2) Dictamen emitido el 20 de noviembre de 2002 (DO C 25 E de 29.1.2004, p. 205).
(3) DO L 182 de 5.7.2001, p. 1.
(4) DO L 196 de 2.8.2003, p. 45.
(5) DO L 68 de 15.3.2005, p. 49.
(6) DO L 74 de 27.3.1993, p. 74. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2001/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 187 de 10.7.2001, p. 43).