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Timestamp: 2018-12-15 04:33:50
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Buenos Aires, 14 de enero de 2016
Ref. Observaciones a la propuesta de los Doctores Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Las organizaciones no gubernamentales ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, FEIM – Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, MEI – Fundación Mujeres en Igualdad, REDI- Red de Derechos de Personas con Discapacidad, FIFCJ – Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, junto con la Dra. Diana Maffía a título personal, presentamos las siguientes observaciones a la propuesta de los Dres. Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz para ocupar los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 222/2003, declaramos bajo juramento que las organizaciones firmantes somos organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, que tienen como objetivo promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género a través del acceso a la justicia y las políticas públicas. Nuestras organizaciones ofrecen una opinión objetiva, con el solo interés de contribuir al proceso participativo que propone el procedimiento, para el ejercicio de la facultad que el artículo 99 inciso 4 de la Constitución de la Nación Argentina le confiere al Sr. Presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con las formalidades que establece el Decreto mencionado. La Dra. Maffía se suma a esta presentación en su carácter de doctora en filosofía y especialista en temas de género, dedicada a la docencia, investigación e incidencia en los temas específicos de su especialidad.
Consideramos que los nombramientos de los Dres. Rosenkrantz y Rosatti merecen ser impugnados por diversos motivos, tanto vinculados con el procedimiento utilizado para su nominación como en relación con el impacto que sus designaciones implicarían para los compromisos del Estado Argentino con la igualdad de género, en particular considerando opiniones vertidas por el Dr. Rosatti en publicaciones recientes.
1. El procedimiento para la nominación de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia
El Decreto 83/2015 sancionado el 14 de diciembre de 2015 designó en comisión doctores Horacio Daniel Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz. Este procedimiento de designación en comisión elegido por el Poder Ejecutivo de la Nación tiene su basamento en el artículo 99, inciso 19 Constitución Nacional, según el cual: “[El Presidente de la Nación] [p]uede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. De este modo, el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional regula un mecanismo de designación excepcional que, en la interpretación que propone el Poder Ejecutivo, permitiría argumentar que incluye la posibilidad de designar en comisión a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta decisión recibió fuertes críticas desde diversos sectores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil. ELA, FEIM, CEIJI, Aministía Internacional Argentina y la Fundación Directorio Legislativo, entre otras, sostuvieron que:
“La decisión de apartarse de ese procedimiento afecta la legitimidad de un órgano que ha logrado en los últimos años fortalecer su independencia e imparcialidad. El entonces Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, ha enfatizado la importancia de que la población adquiera confianza en un sistema judicial que administre justicia de manera independiente e imparcial exento de consideraciones políticas.
Pero además, la designación “en comisión” afecta la garantía de estabilidad de los cargos judiciales, atento a que sus nombramientos estarán sujetos a la aprobación de los pliegos por parte del Senado a partir del inicio del próximo período ordinario de sesiones legislativas, haciéndolos vulnerables a las presiones de los demás poderes del Estado.”[1]
En atención a las críticas recibidas, el 17 de diciembre de 2015 se publicó un aviso oficial firmado por el Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por el cual se dio inicio al procedimiento ordinario de designación regulado en el Decreto 222/03, dando lugar al espacio de participación ciudadana que se había reclamado. En tal sentido, se publicaron los antecedentes de los candidatos y se convocó a la ciudadanía a presentar sus posturas y observaciones que consideraran de interés.
Sin embargo, si bien se inició el procedimiento ordinario, se mantuvo la vigencia del Decreto 83/2015 y por lo tanto no queda claro de qué manera y en qué medida serán tenidas en cuenta las presentaciones que se realicen respecto de cada uno de los candidatos en esta instancia. Asimismo, se desconoce en qué momentos serán convocadas las Audiencias públicas en el Senado de la Nación en las que se puedan presentar preguntas a los candidatos, dando lugar a un verdadero espacio de participación ciudadana en el que las observaciones y preocupaciones puedan ser tenidas en cuenta de un modo sustantivo y no meramente solo formal. Lo cierto es que dado que el Decreto 83/2015 se encuentra vigente, la posibilidad de que los candidatos sean designados por el procedimiento excepcional (artículo 99.19 de la Constitución Nacional) hasta que se formalice el ordinario (artículo 99.4 de la Constitución Nacional) es manifiesta.
2. El nombramiento de dos candidatos vulnera el principio de igualdad y no discriminación
Hemos señalado en la declaración mencionada con anterioridad que
Preocupa especialmente que los nombramientos actuales desconozcan el deber de asegurar la igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas y procurar una representación equilibrada de género. Por el contrario, la composición mayoritariamente masculina de la Corte perpetúa una larga historia de privilegio en el acceso de varones a las máximas instituciones del país. Las vacantes producidas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación brindaban la oportunidad de evitar un retroceso en un tribunal que ha demostrado un particular liderazgo en los avances necesarios en el camino hacia la igualdad de las mujeres a través de políticas activas tanto para mejorar el acceso a la justicia, como el trabajo que se hace desde la Oficina de Violencia Doméstica, como el trabajo de investigación, sensibilización y formación que se promueve desde la Oficina de la Mujer.
La postulación de dos candidatos varones para ocupar los cargos vacantes implica un incumplimiento del criterio que fuera indicado por el propio Decreto 222/2003: diversidad de género. Más aún cuando al menos en el caso del Dr. Rosatti sus opiniones doctrinarias se han manifestado expresamente en contra de los avances logrados en relación con los derechos humanos de las mujeres, como se mencionará más adelante.
El Poder Judicial argentino no está exento de un problema de dimensión mundial en relación con las condiciones que aseguren la efectiva participación social y política de las mujeres, que queda en evidencia en las pocas mujeres que ocupan lugares de decisión en todos los ámbitos del Estado, tanto a nivel nacional como provincial[2]. Así, la composición mayoritariamente masculina de la Corte perpetúa una larga historia de privilegio en el acceso de varones a las máximas instituciones del país.
Desde su creación en 1863, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvo integrada casi exclusivamente por varones. La Dra. Elena Highton de Nolasco fue la primera jueza elegida por un gobierno democrático. Su nombramiento tuvo lugar en 2004, es decir, más de 140 años después de la inauguración del tribunal supremo. En toda la historia de la Corte, solo tres mujeres formaron parte de la misma: Margarita Argúas, designada por el presidente de facto Levingston en 1970, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, designadas por el Presidente Kirchner en 2004 y 2005, respectivamente.
Con la llegada de dos mujeres a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la creación de la Oficina de la Mujer (inicialmente a cargo de la Dra. Carmen Argibay) el máximo tribunal de justicia del país dio pasos fundamentales para documentar la situación estructural de discriminación de género, y para promover formas de revertirlo.
El “Mapa de Género de la Justicia Argentina”, un relevamiento periódico que realiza la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema desde el año 2010, ha permitido confirmar con bases empíricas un problema ya reconocido en diferentes ámbitos: pese a que la composición del Poder Judicial es mayoritariamente femenina esta representación no se ve reflejada en la distribución jerárquica de los cargos que ocupan, existiendo un marcado descenso de la presencia de mujeres en los estamentos superiores[3].
Los datos del Mapa de Género del año 2013 muestran que las mujeres constituyen la mayoría del personal del Sistema Judicial: el 55%, un dato consistente con la mayoría de estudiantes y graduadas mujeres en las Facultades de Derecho en muchas Universidades del país desde hace años. Sin embargo, el Mapa de Género ha mostrado la visible disminución de la participación de las mujeres a medida que aumenta la jerarquía escalafonaria dentro de la Justicia. En el personal administrativo y el funcionariado las mujeres son el 60%, mientras que en la magistratura las mujeres son solo el 41%. Analizando en detalle estos datos se observa que en el caso de la Justicia Provincial, el 56% de los/as jueces/zas son varones y el 44% mujeres; en tanto los/as camaristas son el 67% varones y solo el 33% mujeres. En el caso de la Justicia Nacional y Federal, el 66% de los/as jueces/zas son varones y el 34% mujeres; en tanto en el caso de los/as camaristas son el 76% varones y el restante 24% mujeres. Mientras que los Tribunales Superiores y Cortes Provinciales el porcentaje de magistradas es del 22% frente a un 78% de magistrados que ocupan el cargo de ministro/a.
El principio de igualdad y no discriminación, presente tanto en nuestra Constitución Nacional como en los Tratados de Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad, obligan al Estado a tener un enfoque de género en la conformación de espacios de poder político. Esto requiere de políticas activas para promover la participación igualitaria de mujeres, tal como lo establecen las normas de cupo femenino para la integración de los cuerpos legislativos, y como lo comprendió el criterio sentado en el Decreto 222/2003.
En el ámbito internacional los derechos políticos de las mujeres, sustentados en el principio de igualdad y no discriminación, han llegado a formar parte del corpus jurídico que los Estados se ven obligados a respetar. En este sentido, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar con el derecho y la oportunidad de “c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”, derecho que debe ejercerse en concordancia con el principio de igualdad real de oportunidades.
Los derechos políticos de las mujeres se vieron plasmados por primera vez en el año 1952 a través de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer que, en aquel contexto, contribuyó a que el derecho de las mujeres al voto sea universalizado, marcando el comienzo de un sostenido interés por el respeto de los derechos fundamentales de la mujer en cuanto a su participación en la vida política.
Fue a través de la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) que los Estados parte[4] se comprometieron expresamente a eliminar la discriminación contra las mujeres en todas las esferas, incluida la participación en la vida política. En efecto, en sus fundamentos la CEDAW da cuenta de esta necesidad al señalar que:
la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.
Estas motivaciones fueron las que llevaron a que el artículo 7, inciso b) de la CEDAW obligue a los Estados a tomar
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales
La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación de la mujer en la política de 2011 refuerza la importancia de este pilar fundamental para la democracia y exhorta a todos los Estados a fomentar la participación política de las mujeres con el objetivo de acelerar el logro de la igualdad entre varones y mujeres y los alienta a que
se comprometan a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y varones en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura, incluidas, según corresponda, la fijación de objetivos concretos y la aplicación de medidas a fin de aumentar sustancialmente el número de mujeres con miras a lograr una representación paritaria de las mujeres y los varones, de ser necesario mediante la adopción de medidas positivas en favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública[5].
Otros Acuerdos y consensos internacionales y regionales que el país ratifico también lo señalan. El más reciente es la “Agenda para el Desarrollo Sostenido” aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre 2015. De acuerdo al Objetivo 5 los Estados se comprometen a: “Lograr la Igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”; y en la meta 5.5 acordaron: “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de liderazgo a todos los niveles de decisión en la vida política, económica y `publica”.
El camino hacia la igualdad sustantiva a la participación política de las mujeres se ha visto reflejado en las últimas conformaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este tribunal ha sido pionero en la región en materia de políticas de género. Por eso, es importante que se consolide como un lugar de relevancia para las mujeres. El nombramiento de las Dras. Argibay y Highton llevó la participación de las mujeres a cerca del 30% entre sus integrantes por primera vez en la historia. Con el fallecimiento de la Dra. Argibay, en la posible nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia, la representación de las mujeres en la Corte quedaría reducida al 20%.
La promoción de la presencia de mujeres tiene como objetivo inmediato asegurar la participación plena de las mujeres en ámbitos políticos, lo cual tiene un valor en sí mismo al fortalecer el debate democrático en un debate más plural y diverso. Sin embargo, también tiene un objetivo que va más allá: con la mayor presencia de mujeres se desafían los estereotipos construidos y aumente nuestra legitimidad no sólo como ciudadanas, sino como sujetos políticos. De esta forma será posible desmontar el andamiaje cultural que, enquistado en las instituciones, dificulta una distribución equitativa del poder político que el Estado argentino se comprometió a alcanzar.
Es por ello que es necesario que el Estado tome la decisión de hacer de este momento una oportunidad promover esa mayor participación a través de políticas activas como es la nominación de candidatas para los cargos más altos de la justicia, puesto que el solo paso del tiempo no cambiará este profundo desbalance en la composición del Poder Judicial entre mujeres y varones.
La experiencia muestra que los momentos de mayor participación política de las mujeres en espacios de decisión coincidieron con el avance de los derechos de las mujeres. Esto se debe a que las experiencias que atraviesan a muchas mujeres, y las dificultades con las que se enfrentan, hacen, al menos probable, que incorporen esas problemáticas a la agenda política. Este fue el caso, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que avanzó en los estándares internacionales en relación a los derechos de las mujeres en los momentos donde se incorporaron juezas mujeres en su conformación.
3. Los candidatos propuestos no han demostrado un compromiso con la igualdad de género
3.1. Las trayectorias y antecedentes de los candidatos propuestos
No obstante los argumentos expuestos en el apartado anterior, la representación de los intereses de las mujeres no se ven necesariamente reflejadas en candidatas mujeres, y es por eso que el objetivo de perseguir la equitativa participación de las mujeres debe ir de la mano de un claro compromiso con la igualdad de género en todas aquellas personas que sean propuestas para integrar la Corte Suprema de Justicia.
En esta línea, vemos que de la revisión de los destacados antecedentes de los candidatos no surge que el interés o la preocupación por la igualdad de género se encuentre presente, a pesar de su trayectoria como destacados constitucionalistas. El principio constitucional de la igualdad no parece haber sido desarrollado por los candidatos en relación con la igualdad de género.
3.2. Opiniones preocupantes del Dr. Rosatti en contra de los derechos de las mujeres
Consideramos que sobre este punto cabe hacer un especial énfasis en los antecedentes del candidato Rosatti en virtud de un explícito desconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en sus escritos académicos.
Es alarmante para las organizaciones de derechos humanos y del movimiento de mujeres encontrar que del trabajo publicado por el candidato Rosatti surja un claro desconocimiento de los derechos humanos de las mujeres al respeto, ejercicio y goce de sus derechos sexuales y reproductivos.
El análisis del derecho a la vida que se desarrolla, tanto en su “Tratado de Derecho Constitucional” como en su libro más reciente “Derechos Humanos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, desconoce a un sujeto de derecho en particular: las mujeres. Así, desarrolla su postura sobre el derecho a la vida desde una concepción dogmática que responde exclusivamente a una ideología particular, destaca la necesidad de “dar voz al nasciturus” y cita la Convención de los Derechos del Niño pero desconoce la Convención de la CEDAW y otros instrumentos internacionales de la misma jerarquía destinados a la protección de los derechos de las niñas y las mujeres. De esa manera, desconoce el desarrollo del derecho a la vida en consonancia con nuestro derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos.
Los escritos citados manifiestan que rechaza el control de constitucionalidad fue realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”, de marzo de 2012, así como también ignora las sanciones que ha recibido el Estado argentino por parte de los órganos de tratados del sistema universal de Naciones Unidas debido al accionar de operadores judiciales que obstaculizaron el acceso al aborto. En este último punto, la condena internacional recibida frente al caso L.M.R por parte del Comité de Derechos Humanos[6] es una clara muestra de las obligaciones internacionales que podrían verse afectadas. Condena a la que el candidato, en su análisis del derecho no hace mención.
Esta observación no implica un cuestionamiento a una interpretación del derecho, por el contrario, es una observación que responde a la necesidad de preservar los principios democráticos de un estado de derecho frente al peligro de nombrar como garante de los principios constitucionales y los derechos humanos a una persona que manifiestamente antepone sus convicciones personales al respeto por el derecho vigente. “Como principales servidores de la Ley los Jueces están atados a la Ley”, fue lo que sostuvo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut al sancionar a un juez que obstaculizó el acceso al aborto legal. Seguidamente sostuvo que “Ello no implica censurar sus opiniones fundadas en razones jurídicas o disciplinar meras discrepancias (…) sino en todo caso poner en tela de juicio su manera de actuar.”[7]
Por eso, vemos con suma preocupación la posibilidad de que con la incorporación del Dr. Rosatti en la Corte Suprema se concrete un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres y que las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se ha comprometido se vean afectadas.
3.3. La necesidad de requerir opiniones de los candidatos sobre diversas manifestaciones de la igualdad de género
El procedimiento para la designación de candidatos ante la Corte debe completarse con la celebración de una audiencia pública ante el Senado de la Nación, en el que la ciudadanía pueda hacer llegar preguntas relevantes para ambos candidatos. Allí, será indispensable indagar sobre las opiniones de ambos en relación con diversas manifestaciones de la igualdad de género para conocer, más allá de lo advertido en el apartado 3.2. precedente, las opiniones y concepciones de cada uno de ellos en relación con los principios de igualdad y no discriminación de género, así como los avances existentes en relación con los derechos humanos de las mujeres.
En nuestra opinión, ningún candidato a integrar el máximo tribunal de la nación (ya sea mujer o varón) puede prosperar en la medida en que presente un desinterés por los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
FEIM - Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
MEI - Fundación Mujeres en Igualdad
REDI - Red de Derechos de Personas con Discapacidad
FIFCJ - Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas
[1] ELA, FEIM y otras organizaciones, comunicado difundido en relación con el nombramiento de jueces en comisión, difundido el 16 de diciembre de 2015. Disponible en http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2341&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl=3&opc=5
[2] En ese sentido, la CEPAL ha informado recientemente la situación en su Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en los países de América Latina y el Caribe, disponible en su página web http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-20867_Informe_regional_Beijing_WEB.pdf . Antes, la CIDH advirtió sobre las dificultades para el acceso de las mujeres en espacios de poder en su informe El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas (2011), disponible en http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MUJERES%20PARTICIPACION%20POLITICA.pdf
[3] El Mapa de Género se puede acceder desde http://www.csjn.gov.ar/om/mapa_genero/index.html
[4] Ratificada por Argentina a través de la Ley Nº 23.179 del año 1985
[5] Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución aprobada el 19/12/2011, A/RES/66/130.
[6] Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/101/D/1608/2007, L.M.R. c. Argentina, 28 de abril de 2011.
[7] Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Consejo de la Magistratura en autos: Guerrero Adriana Inés y otras s/ denuncia contra juez penal de Esquel, 7 de octubre de 2013.Sentencia completa disponible en http://www.articulacionfeminista.org/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=4250&plcontampl=3&aplicacion=app003&cnl=3&opc=4
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