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Timestamp: 2019-09-18 07:11:11
Document Index: 303047442

Matched Legal Cases: ['artículo 148', 'artículo 27', 'Artículo 2', 'Artículo 20', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'artículo 84', 'artículo 22', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 35', 'artículo 4']

Ley de Carreteras de Galicia (Ley 4/1994, de 14 de septiembre) - Normativa de Galicia - Legislación - VLEX 71503704
Ley de Carreteras de Galicia (Ley 4/1994, de 14 de septiembre)
SECCIÓN PRIMERA. Objeto y definiciones - arts. 1 a 5
SECCIÓN SEGUNDA. Competencias - arts. 6 a 8
SECCIÓN PRIMERA. Planificación. Estudios y proyectos - arts. 9 a 18
SECCIÓN SEGUNDA. Construcción - arts. 19 y 20
SECCIÓN TERCERA. Financiación - arts. 21 a 23
SECCIÓN CUARTA. Explotación - arts. 24 a 28
SECCIÓN PRIMERA. Limitaciones de la propiedad - arts. 29 a 39
SECCIÓN SEGUNDA. Uso de las carreteras - arts. 40 a 42
SECCIÓN TERCERA. Infracciones y sanciones - arts. 43 a 50
CAPÍTULO IV. Travesías y redes arteriales - arts. 51 a 54
Norma citada en: 133 sentencias, 11 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas, 11 noticias
La Constitución Española, en su artículo 148.1.5.º, establece que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de carreteras cuando su itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma. Por otro lado, el Estatuto de Autonomía de Galicia establece en su artículo 27.8 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de carreteras no incorporadas a la red del Estado, cuyo itinerario se desarrolle, asimismo, íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma.
SECCIÓN PRIMERA Objeto y definiciones Artículos 1 a 5
A los efectos de esta Ley se consideran carreteras las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles, cuyo itinerario no se desarrolle íntegramente en suelo calificado como urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico, con las excepciones que puedan derivarse de lo dispuesto respecto a las redes arteriales.
Por sus características, las carreteras se clasifican en autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y carreteras convencionales:
No tener acceso a ellas las propiedades contiguas.
No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o de tranvía, ni ser cruzadas a nivel por ninguna senda, vía de comunicación o servidumbre de paso.
2.3 Son corredores las carreteras con limitación de accesos desde las propiedades contiguas, constituidas por una sola calzada, que sean proyectadas con previsión de su futuro desdoblamiento. Las obras de fábrica, en su caso, se realizarán teniendo en cuenta dicha previsión. Los municipios recogerán en sus instrumentos de planeamiento dichos usos futuros.
Son áreas de servicio las zonas contiguas a las carreteras diseñados expresamente para albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las necesidades de la circulación y facilitar la comodidad y seguridad de los usuarios de la carretera, pudiendo incluir estaciones de suministro de carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de reparación y otros servicios análogos.
Es elemento funcional de una carretera todo terreno o instalación permanentemente afecto a la conservación de la misma o a la explotación del servicio público viario que haya sido adquirido mediante título legítimo por la Administración titular de la carretera o entidad concesionaria de su explotación, en su caso.
Artículo 2 apartado 2.3, modificado por el Artículo 20 de la Ley 7/2002, de 27 diciembre, de Medidas de Galicia 2003, publicada en DO. Galicia 30 diciembre 2002
A los efectos de esta Ley no tendrán la consideración de carretera, ni se incluirán, por tanto, en las redes de la Comunidad Autónoma, de las provincias o de los municipios:
Las vías que componen la red urbana de comunicaciones municipales.
Los caminos de servicio cuyos titulares sean el Estado, la Comunidad Autónoma, las entidades locales y demás entidades de derecho público.
Los caminos construidos por las personas o entidades privadas con finalidad análoga a los caminos de servicio.
Se consideran caminos de servicio los construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades específicas de sus titulares, a quienes corresponde atender a todos los gastos que ocasione su construcción, reparación y conservación.
Por cambio de titularidad de carreteras, con arreglo a los procedimientos de esta Ley.
Por construcción de nuevas carreteras.
Por variación de trazado en carretera existentes.
SECCIÓN SEGUNDA Competencias Artículos 6 a 8
Aprobar los planes de carreteras de Galicia y sus modificaciones, en los términos previstos en la presente Ley, que serán remitidos para su examen al Parlamento de Galicia.
Aprobar la relación y clasificación de las carreteras de titularidad de las entidades locales, en defecto del correspondiente plan.
Aprobar la incorporación a la red de titularidad autonómica, en su caso, de los caminos particulares, así como de los caminos de servicio, cuando sean abiertos a uso público con carácter permanentes.
Aprobar la incorporación de carreteras o de tramos de ellas de otras redes a la red de titularidad autonómica o viceversa, previo acuerdo entre las Administraciones afectadas.
Otorgar las concesiones de explotación de nuevas carreteras con itinerario comprendido íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia que no sean de competencia local.
Aprobar las redes arteriales y adscribir las vías incluida en ellas a las redes de titularidad autonómica, provincial o municipal, según corresponda.
Aprobar la relación de carreteras de Galicia que pertenecen a la categoría de autopistas, autovía, corredor o vía rápida.
Las restantes competencias que le encomiende el ordenamiento jurídico vigente.
Elaborar el plan de carreteras de la Comunidad Autónoma.
Elevar al Consejo de la Junta de Galicia los expedientes que hayan de serle sometidos, conforme al artículo anterior.
Aprobar los estudios, anteproyectos y proyectos relativos a carreteras de titularidad autonómica.
Ejercer las facultades necesarias para la construcción, conservación y explotación de las carreteras de titularidad autonómica.
Coordinar los planes provinciales y municipales de carreteras y supervisar su ejecución.
Otorgar las concesiones de elementos susceptibles de explotación individualizada en áreas de servicio de carreteras de titularidad autonómica con control de accesos.
Aprobar, en el ámbito de sus competencias, la normativa técnica y administrativa para las carreteras de titularidad autonómica, provincial y municipal.
Cuantas otras facultades no estén expresamente atribuidas a otros órganos de la Administración en las materias a que se refiere la presente Ley.
El proyecto, construcción, gestión, explotación, conservación y señalización de los tramos de la red de su titularidad, así como el ejercicio en la misma de las funciones de disciplina viaria, sin perjuicio de los acuerdos que pueda alcanzar con la Junta de Galicia para el desempeño de estas cuestiones.
CAPÍTULO II Régimen de las carreteras Artículos 9 a 28
SECCIÓN PRIMERA Planificación. Estudios y proyectos Artículos 9 a 18
Los planes de carreteras comprenderán las previsiones, los objetivos y la programación de actuaciones en las mismas, así como los criterios de revisión del propio plan. En ellos, las carreteras se clasificarán en tres redes: Primaria básica, primaria complementaria y secundaria.
La red primaria básica está formada por grandes ejes que, junto con la red de interés general del Estado, vertebran el territorio, lo conectan con la red de carreteras de las Comunidades Autónomas vecinas y relacionan entre sí tanto los grandes centros de población como los principales lugares de actividad económica.
La red primaria complementaria comprende las demás carreteras que conectan con las cabeceras comarcales y con los núcleos de población importantes.
La red secundaria comprende todas las carreteras no incluidas en las redes básica y complementaria.
Los planes de carreteras incluirán el análisis y diagnóstico de la red existente en el momento de su redacción, las previsiones de la situación de la red de carreteras al final del período de vigencia del plan, la programación de actuaciones y el estudio económico y financiero.
Para las carreteras que sean de titularidad de las diputaciones, los planes provinciales de carreteras contendrán la clasificación de la red de su titularidad.
La elaboración, redacción y aprobación inicial de los planes provinciales a que se refiere el apartado anterior, así como las modificaciones de los mismos, corresponden a las respectivas entidades provinciales. Redactado el plan, y antes de su aprobación inicial por el Pleno de la Diputación, éste se someterá a informe de los Ayuntamientos afectados. Dichos informes habrán de ser evacuados en el plazo de dos meses, y se entenderá que son favorables si no se han emitido en el referido plazo.
Los Ayuntamientos pueden formular planes municipales de carreteras cuando así lo decidan o lo exija la densidad de las redes existentes.
La elaboración de los planes municipales, así como las modificaciones de los mismos, corresponden a las respectivas entidades locales y su aprobación inicial a los plenos de las mismas. Después de haberlos aprobado inicialmente, serán sometidos a informe de la Diputación Provincial, que habrá de emitirlo en el plazo de dos meses, y se entenderá que es favorable si no se ha emitido en dicho plazo.
Todos los estudios, anteproyectos y proyectos a que hace referencia este capítulo se redactarán con sujeción a las normas técnicas aprobadas por la Administración competente, particularmente en lo que se refiere a la señalización y balizamiento de carreteras, así como a cualquier otro aspecto que se derive del cumplimiento de tratados, convenios, acuerdos y recomendaciones de carácter internacional suscritos por el Estado español.
Los proyectos de nuevas carreteras cuyos titulares sean las entidades locales serán aprobados por la corporación correspondiente y sometidos a informe previo con carácter vinculante de la Consejería competente en materia de carreteras.
Los estudios de carreteras que en cada caso requieran la ejecución de una obra se adaptarán a los siguientes tipos establecidos en razón de su finalidad:
Estudio de planeamiento.-Consiste en la definición de un esquema vial en un determinado año horizonte, así como sus características y dimensiones recomendables, necesidades de suelo y otras limitaciones a la vista del planeamiento territorial y de transporte.
Estudio previo.-Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir, en líneas generales, las diferentes soluciones de un determinado problema, valorando todos sus efectos.
Estudio informativo.-Consiste en la definición, en líneas generales, del trazado de la carretera a efectos de que pueda servir de base para el expediente de información pública que pueda incoarse.
Anteproyecto.-Consiste en el estudio a escala adecuada y en la consiguiente evaluación de las mejores soluciones al problema planteado, de modo que pueda concretarse la solución óptima.
Proyecto de construcción.-Consiste en el desarrollo completo de la solución óptima, con el detalle necesario para que sea factible su construcción y posterior explotación.
Proyecto de trazado.-Es la parte del proyecto de construcción que contiene los aspectos geométricos del mismo, así como la definición concreta de los bienes y derechos afectados.
Cuando se trate de la construcción de una nueva carretera o variante de población no prevista en el planeamiento urbanístico vigente, la Administración titular de la carretera aprobará técnicamente el correspondiente estudio informativo o proyecto de trazado, que habrá de someterse al trámite de información pública durante un plazo de treinta días hábiles, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Unicamente podrán ser tenidas en cuenta en este trámite las observaciones relativas a las circunstancias que justifiquen la declaración de interés general de la carretera y sobre la concepción global de su trazado.
Simultáneamente con dicha información pública, habrá de remitirse el estudio o proyecto a la Consejería competente en materia de carreteras y a las Administraciones afectadas para que, en el plazo de un mes, examinen si el trazado propuesto es el más adecuado para el interés general y para los intereses de las localidades y provincias afectadas. Transcurrido dicho plazo y un mes más sin que las Administraciones afectadas emitan informe al respecto, se entenderá que están conformes con el estudio o proyecto.
La aprobación definitiva del estudio informativo o proyecto de trazado de una nueva carretera o variante de población comportará la modificación o revisión del planeamiento urbanístico existente, que habrá de acomodarse a las determinaciones del estudio en el plazo de un año desde la fecha de dicha aprobación.
Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento que afecte a carreteras, el organismo competente para otorgar su aprobación inicial habrá de enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el correspondiente documento a las Administraciones titulares de las carreteras afectadas para que emitan, en el plazo de un mes, y con carácter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias que estimen convenientes.
La Administración titular de la carretera someterá los estudios y proyectos que afecten a las actividades de las distintas Consejerías de la Junta de Galicia a su informe, conforme a lo establecido sobre el particular por las disposiciones vigentes.
La aprobación de los proyectos de carreteras de titularidad autonómica implicará la declaración de utilidad pública y de la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres.
La declaración de utilidad pública y de la necesidad de ocupación incluye también los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.
A los efectos indicados en los apartados anteriores, los proyectos de carreteras y sus modificaciones habrán de comprender la definición de su trazado y la determinación de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estimen preciso ocupar o adquirir para la construcción actual o prevista, para la defensa o servicio de aquéllas y para la seguridad de la circulación.
La aprobación de un proyecto de construcción o de trazado, en su caso, de una nueva carretera implicará la aplicación a ella de los preceptos relativos al uso y defensa de las carreteras en igual forma que las existentes.
SECCIÓN SEGUNDA Construcción Artículos 19 y 20
Artículo 19, modificado por el Artículo 21 de la Ley 7/2002, de 27 diciembre, de Medidas de Galicia 2003, publicada en DO. Galicia 30 diciembre 2002
Las obras de construcción, reparación o conservación de carreteras, por constituir obras públicas de interés general, no están sometidas a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
La ejecución de dichas obras, siempre que se realice de acuerdo con los proyectos aprobados, únicamente podrá ser suspendida por la autoridad judicial.
SECCIÓN TERCERA Financiación Artículos 21 a 23
La financiación de las actuaciones en la red de carreteras se efectuará mediante las consignaciones que a tal efecto se incluyan en los presupuestos de la Administración titular de ellas, los recursos que provengan de otras Administraciones Públicas y de otras entidades o, excepcionalmente, de particulares.
También podrá producirse la financiación mediante contribuciones especiales en la forma y con los requisitos contenidos en el artículo 22.
Las carreteras a construir y explotar en virtud de un contrato de concesión de obras públicas o a través de una sociedad pública autonómica, así como las carreteras a explotar en régimen de gestión indirecta, se financiarán mediante recursos propios de las entidades adjudicatarias, los ajenos que éstas movilicen y las transferencias que pudieran otorgarse.
Artículo 21 apartado 3, modificado por el Artículo 22 de la Ley 7/2002, de 27 diciembre, de Medidas de Galicia 2003, publicada en DO. Galicia 30 diciembre 2002
A efectos de la presente Ley, tendrá la consideración de contrato de concesión de obras públicas aquel en que, siendo su objeto la construcción de carreteras, la contraprestación a favor del concesionario consista en el derecho a explotar la obra y, en su caso, a recibir un precio, siendo su régimen jurídico el establecido en la legislación básica estatal.
La utilización de las carreteras construidas y explotadas por los titulares de la concesión dará derecho a percibir de los usuarios las correspondientes tarifas. A estos fines la consellería competente en materia de carreteras determinará los precios máximos las mismas.
La administración titular de la vía podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares la transferencia de fondos públicos, de carácter presupuestario, calculados en función de los usuarios de la infraestructura y de la rentabilidad social producida, tanto por la construcción como por la utilización de la misma.
Con la finalidad de determinar las transferencias de fondos públicos, se realizará un estudio de viabilidad en el que habrán de expresarse las hipótesis económicas y se concretará el marco financiero de la concesión.
Artículo 21 Bis, añadido por el Artículo 23 de la Ley 7/2002, de 27 diciembre, de Medidas de Galicia 2003, publicada en DO. Galicia 30 diciembre 2002
Podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen para la construcción de carreteras, accesos o vías de servicio resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque éste no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas a causa de la ejecución de las obras tendrá a estos efectos la consideración de beneficio especial.
Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales aquéllos que se beneficien de modo directo con las carreteras, accesos o vías de servicio y, especialmente, los titulares de las fincas y establecimientos contiguos y los de las urbanizaciones que resulten mejoradas en su comunicación.
En vías de servicio, hasta el 50 por 100.
El importe total de las contribuciones especiales se repartirán entre los sujetos pasivos atendiendo a aquellos criterios objetivos que, según la naturaleza de las obras, construcciones y circunstancias que concurran en aquéllos, se determinen de entre los que figuran a continuación:
El Consejo de la Junta de Galicia acordará, mediante Decreto aprobado a propuesta de las Consejerías competentes en materia de economía y hacienda y de carreteras, el establecimiento de contribuciones especiales en los supuestos a que se refiere la presente Ley, las cuales sólo podrán referirse a la red de titularidad de la Comunidad Autónoma.
En el caso de las entidades locales se estará a lo dispuesto en la legislación de régimen local.
La Administración autonómica podrá construir y explotar carreteras mediante sociedades públicas en las que la Administración general participe bien directamente, bien a través de cualquier entidad o sociedad pública autonómica, previa autorización de la correspondiente Ley de Presupuestos.
La utilización de las carreteras construidas y explotadas por la sociedad pública dará derecho a percibir de los usuarios las correspondientes tarifas.
La administración titular de la vía podrá realizar transferencias de fondos públicos, de carácter presupuestario, calculados en función de los usuarios de la infraestructura y de la rentabilidad social producida, tanto por la construcción como por la utilización de la misma.
Artículo 23, modificado por el Artículo 24 de la Ley 7/2002, de 27 diciembre, de Medidas de Galicia 2003, publicada en DO. Galicia 30 diciembre 2002
SECCIÓN CUARTA Explotación Artículos 24 a 28
Las carreteras pueden ser explotadas por la Comunidad Autónoma, las entidades locales y los particulares.
La Comunidad Autónoma y las entidades locales, como regla general, explotarán directamente las autopistas a su cargo.
Las carreteras podrán ser explotadas mediante contrato de concesión de obra pública, en régimen de gestión indirecta o a través de una sociedad pública autonómica.
Las carreteras en régimen de concesión administrativa se regirán por lo dispuesto en la legislación específica.
En el caso de la red de titularidad autonómica, si la explotación de una carretera se efectúa por gestión interesada, por concierto con persona natural o jurídica, por sociedad de economía mixta o por sociedad pública autonómica, corresponde al Consello de la Xunta de Galicia acordar, por decreto, los términos de la gestión y la constitución de la sociedad.
Artículo 25, modificado por el Artículo 25 de la Ley 7/2002, de 27 diciembre, de Medidas de Galicia 2003, publicada en DO. Galicia 30 diciembre 2002
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que en aplicación de otros sistemas de gestión diferentes de la concesión resultasen titulares de la explotación de las carreteras podrán gozar de los beneficios fiscales y financieros que para el régimen de concesión disponga la legislación vigente. Tales beneficios están sujetos a los mismos condicionamientos establecidos en el supuesto de que las carreteras sean objeto de concesión administrativa.
El contrato de gestión, cualquiera que sea su modalidad, tendrá que determinar el correspondiente régimen jurídico-administrativo y económico-financiero, así como las fórmulas de reparto entre los contratantes o socios, de los beneficios y riesgos de la gestión.
La explotación de las carreteras comprende las operaciones de conservación y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a señalización, estudio y aplicación de la normativa de tráfico y seguridad vial, así como la ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección.
La Administración titular de la carretera o, en su caso, la persona física o jurídica titular de su gestión será la única competente para la señalización permanente de la misma fuera de las travesías, debiendo considerarse ilegal, a todos los efectos, toda señalización establecida por cualquier otra persona o entidad sin previa autorización de dicha Administración, salvo en caso de emergencia.
La Administración titular de la carretera facilitará la existencia de las áreas de servicio necesarias para la seguridad y comodidad del usuario y el buen funcionamiento de la circulación.
Reglamentariamente se establecerán las distancias mínimas entre dichas áreas y sus características funcionales, de tal modo que se garantice la prestación de los servicios esenciales, así como la protección del paisaje y de los demás elementos naturales del entorno y la seguridad de la circulación.
Las áreas de servicio podrán ser explotadas por cualquiera de los sistemas de gestión de servicios públicos.
CAPÍTULO III Uso y defensa de las carreteras Artículos 29 a 50
SECCIÓN PRIMERA Limitaciones de la propiedad Artículos 29 a 39
A los efectos de la presente Ley se establece el área de influencia de las carreteras, que está integrada por las siguientes zonas: De dominio público, de servidumbre y de afección.
Las obras, instalaciones, edificaciones, cierres y cualquier otra actividad que afecte a terrenos comprendidos en el área de influencia de las carreteras, incluida la plantación de árboles, requerirán, en todo caso, expresa autorización del órgano competente de la Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo dispuesto en el artículo 53 de la presente Ley, exceptuándose las labores agrícolas que no supongan una modificación de la configuración del terreno.
Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán otorgadas sin perjuicio de tercero, y siempre a precario en la parte en que afecten a la zona de dominio público. El órgano competente de la Administración titular de la carretera establecerá, en su caso, una fianza en metálico para garantizar la ejecución de las obras conforme a las condiciones impuestas, que habrá de depositar la persona o entidad que materialmente las realice.
Serán nulas de pleno derecho las licencias y autorizaciones administrativas otorgadas sin atenerse a lo dispuesto en esta Ley.
Aprobado el proyecto de construcción o de trazado, en su caso, de una nueva carretera, dichas áreas y zonas quedarán establecidas para ella con igual efecto que para las carreteras existentes.
Integran la zona de dominio público los terrenos adquiridos por título legítimo por la Administración titular de la carretera para la construcción de la misma y de sus elementos funcionales.
Sólo podrán realizarse obras, actuaciones o instalaciones en la zona de dominio público de la carretera cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija, se trate de conexión con ese servicio, de obras imprescindibles para acceder a la carretera o de instalaciones provisionales por plazo fijado, previa autorización del órgano competente de la Administración titular de la carretera. Todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 1.
La zona de circulación de la carretera es la parte de la zona de dominio público constituida por la calzada y sus arcenes.
En ningún caso podrán ejecutarse obras, actuaciones o instalaciones que afecten a la zona de circulación de la carretera sin autorización del órgano competente de la Administración titular de la misma.
La zona de servidumbre de las carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en el artículo 30 y exteriormente por dos líneas paralelas a dicho límite, a una distancia de 17 metros en autopistas, autovías, corredores y vías rápidas, y de dos metros en el resto de las carreteras, medidas desde el límite exterior de la zona de dominio público.
En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del órgano competente de la Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 53.
En todo caso, el organismo competente de la Administración titular de la carretera podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.
La zona de afección de las carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas de la explanación, a una distancia de 100 metros en el caso de las autopistas, autovías, corredores y vías rápidas, y de 30 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del órgano competente de la Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 53.
Se prohíbe toda aquella publicidad que sea visible desde las zonas de dominio público de la carretera, salvo en los tramos urbanos, donde la publicidad estará sometida a las ordenanzas municipales, debiendo situarse fuera de las zonas de dominio público y no afectar ni interferir las señalizaciones, alumbrado o balizamiento de la carretera, sin que esta prohibición pueda dar, en ningún caso, derecho a indemnización.
Las indicaciones de orden general que sean de interés para el usuario, tales como información sobre talleres, restaurantes, exposiciones, ferias, celebraciones, etcétera, siempre que no contengan nombres comerciales.
En todo caso, para la colocación de cualquier clase de letrero, cartel o reclamo, fuera de las zonas urbanas, será preceptiva la autorización del órgano competente de la Administración titular de la carretera, que atenderá, además, de a lo anteriormente expresado a que las condiciones de forma, tamaño, situación e iluminación no sean perjudiciales para la seguridad de la circulación, para lo que habrán de ajustarse a las características que reglamentariamente se determinen.
A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obras de construcción, reconstrucción o ampliación, salvo las que resulten imprescindibles para la mera conservación y mantenimiento de las construcciones existentes, que precisarán autorización del órgano competente de la Administración titular de la carretera.
Resto de las carreteras: Siete metros.
Cuando en una carretera de titularidad provincial o municipal las edificaciones sean continuadas, o las características del lugar hagan imposible el respeto de las distancias señaladas en el párrafo anterior, la Administración titular de la carretera, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de carreteras, podrá reducir excepcionalmente aquéllas, siempre que quede garantizada una suficiente ordenación de los márgenes de la carretera y el adecuado control de sus accesos.
Con carácter excepcional, en los tramos de las carreteras que discurran por zonas urbanas, la Consejería competente en materia de carreteras podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia distinta a la fijada en el apartado 1 anterior, conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca.
Asimismo, el Consejo de la Junta de Galicia, a propuesta de la Consejería competente en materia de carreteras y previo informe de las entidades locales afectadas, podrá por razones geográficas o socioeconómicas fijar una línea límite de edificación a una distancia inferior a la establecida con carácter general, de aplicación a determinadas carreteras en zonas o comarcas perfectamente delimitadas.
En los lugares en donde la línea límite de edificación, definida con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, quedase dentro de la zona de servidumbre, la citada línea se hará coincidir con el borde exterior de dicha zona.
Asimismo queda facultada para reordenar los accesos existentes al objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial, para lo que podrá expropiar los terrenos necesarios.
Cuando los accesos no previstos sean solicitados por los particulares directamente interesados, el órgano competente de la Administración titular de la carretera podrá convenir con éstos la aportación económica procedente, en cada caso, siempre que el acceso sea de interés público o exista imposibilidad de otro tipo de acceso.
Las propiedades contiguas no tendrán acceso directo a las nuevas carreteras y variantes de población, conforme a lo que se determine en los correspondientes estudios.
No se autorizarán cierres en las zonas de dominio público ni en las de servidumbre.
Por circunstancias especiales de aprovechamiento agrícola o ganadero, podrán ser autorizados cerramientos diáfanos en las zonas de servidumbre o afección de las carreteras pero no en las de dominio público. Cuando por razón de interés público o por obras de nuevas vías, desdoblamiento de calzada o ensanche de la plataforma de la carretera resulte necesario el retranqueo de cierres de fincas, éstos podrán llevarse a efecto en las mismas condiciones existentes con anterioridad al proyecto de obra, en cuanto a su estructura y distancia de la arista exterior a la plataforma, debiendo quedar, en todo caso, fuera de la zona de dominio público.
SECCIÓN SEGUNDA Uso de las carreteras Artículos 40 a 42
SECCIÓN TERCERA Infracciones y sanciones Artículos 43 a 50
El incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley tiene la consideración de infracción administrativa.
Realizar obras, instalaciones o actuaciones de poca importancia o trascendencia para la carretera en las zonas de dominio público, de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando no puedan ser objeto de legalización posterior.
Colocar, verter, arrojar o abandonar dentro de la zona de servidumbre objetos o materiales de cualquier naturaleza que no produzcan daño alguno.
Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de servidumbre o de afección de la carretera o de poca trascendencia en la zona de dominio público, llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando no fuese posible su legalización posterior.
Deteriorar no intencionadamente cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación.
Realizar en la zona de dominio público cruces aéreos o subterráneos no permitidos, sin la pertinente autorización o sin ajustarse a las condiciones de la autorización otorgada.
Colocar carteles informativos en las zonas de dominio público, servidumbre o afección sin autorización del organismo competente de la Administración de la que dependa la carretera.
Realizar en el área de influencia de la carretera cualquier obra o actuación que de alguna forma interfiera o modifique las condiciones de desagüe de la carretera y sus obras de fábrica.
Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en la zona de dominio público, llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando no fuese posible su legalización posterior.
Sustraer, añadir o modificar en cualquier forma un elemento o conjunto de elementos permanentes de la carretera o eventualmente autorizados, relacionados con la ordenación o seguridad de la circulación, o alterarlos en cualquier forma que modifique el régimen de la circulación establecido con aquéllos.
Establecer en la zona de afección instalaciones de cualquier naturaleza o realizar alguna actividad que resulte peligrosa, incómoda o insalubre para los usuarios de la carretera sin adoptar las medidas pertinentes para evitarlo.
Dañar o deteriorar la carretera circulando con pesos o cargas que excedan los límites autorizados o por cualquier otro procedimiento.
Establecer cualquier clase de publicidad en el área de influencia de la carretera.
Depositar, verter o abandonar objetos o materiales de cualquier naturaleza en la zona de circulación de la carretera.
El procedimiento para sancionar las infracciones a los preceptos de esta Ley se iniciará de oficio por la Administración titular de la carretera o como consecuencia de denuncia formulada por particulares.
En los supuestos en que actos cometidos contra la carretera o sus elementos pudiesen ser constitutivos de delito o falta, la Administración titular de la carretera pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras ésta no se pronuncie. La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa. Si no se estimase la existencia de delito o falta, la Administración podrá proseguir el expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales hubiesen considerado probados.
Ordenar la paralización inmediata de las obras o usos no autorizados o que no se ajusten a las condiciones impuestas en la autorización.
Ordenar la restitución del medio físico a las condiciones anteriores a las actuaciones que puedan constituir infracción, cuando supongan peligro para la circulación.
Las infracciones a que se refiere el artículo 43 serán sancionadas atendiendo a los daños y perjuicios producidos, según el caso, al riesgo creado y a la intencionalidad del causante, con las siguientes multas:
Infracciones graves, multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas.
Infracciones muy graves, multa de 200.000 a 25.000.000 de pesetas.
No obstante lo dispuesto anteriormente, en el supuesto de obras, instalaciones o construcciones, según se trate de infracciones leves, graves o muy graves, la multa impuesta no podrá ser inferior al 5, 10 ó 15 por 100, respectivamente, del valor de la obra realizada.
Cuando las actuaciones que constituyan infracción no puedan ser legalizadas conforme a lo dispuesto en esta Ley, la resolución recaída en el expediente sancionador incluirá la obligación del responsable de la infracción de reponer el medio físico al estado anterior a la comisión de la infracción, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
Con independencia de las multas previstas en el apartado 1 anterior, y de forma compatible con ellas, los órganos sancionadores, después de haber transcurrido el plazo establecido en la resolución correspondiente sin que el infractor hubiese dado cumplimiento a la obligación de reposición recaída en el expediente sancionador, podrán imponer multas coercitivas conforme a lo establecido en el procedimiento sancionador administrativo general, con el correspondiente requerimiento y apercibimiento previo.
La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 por 100 de la multa fijada por la infracción cometida, y éstas podrán ser reiteradas indefinidamente mientras persistan los efectos de la infracción.
En caso de reincidencia en faltas muy graves, la cuantía de la sanción podrá incrementarse hasta un 50 por 100.
Hay reincidencia cuando se cometa una infracción análoga a la que motiva la sanción anterior en el plazo de los dieciocho meses siguientes a la notificación de aquélla. En tal supuesto se requerirá que la primera resolución sancionadora hubiese adquirido firmeza en vía administrativa.
La imposición de sanciones por infracciones en las carreteras de titularidad autonómica corresponderá:
A los Delegados provinciales de la Consejería competente en materia de carreteras, para las infracciones leves.
Al Director general competente en materia de carreteras, para las infracciones graves.
Al Consejero competente en materia de carretera, para las infracciones muy graves que comporten multa de hasta 5.000.000 de pesetas.
Al Consejo de la Junta de Galicia, a propuesta del mismo Consejero, para las infracciones muy graves que comporten multa de más de 5.000.000 de pesetas.
La imposición de la sanción correspondiente será independiente de la obligación de restituir el medio físico al estado anterior a la comisión de la infracción, en su caso, así como de la indemnización de los daños y perjuicios causados, con un importe que será fijado por el órgano competente de la Administración de la que dependa la carretera.
El plazo de prescripción de las infracciones a que se refiere el artículo 43 será de cinco años para las muy graves, de tres años para las graves y de un año para las leves, a contar desde su total consumación. No obstante, se exigirá la restitución de las cosas y su reposición al estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.
La producción de daños a una carretera o a sus elementos funcionales originará la incoación y tramitación del correspondiente expediente administrativo al presunto responsable, a fin de determinar la indemnización de los daños y perjuicios causados, que serán evaluados por el organismo competente de la Administración titular de la carretera.
Cuando la reparación de un daño sea urgente para el servicio normal de la carretera y para la seguridad de la circulación, el órgano competente de la Administración titular de la carretera habrá de realizarla inmediatamente, a cargo del causante.
CAPÍTULO IV Travesías y redes arteriales Artículos 51 a 54
A los efectos de esta Ley se denominará red arterial de una población o grupo de poblaciones el conjunto de tramos de carreteras actuales o previstos que establezcan de forma integrada la continuidad y la conexión de los distintos itinerarios de carreteras, o presten debido acceso a los núcleos de población afectados; será definida por el Consejo de la Junta de Galicia, a propuesta de la Consejería competente en materia de carreteras, previo informe del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados.
Se consideran tramos urbanos de carreteras aquéllos que discurran íntegramente por suelo calificado como urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.
Se considera travesía la parte del tramo urbano en el que existan, al menos en uno de sus márgenes, edificaciones consolidadas en más de las dos terceras partes de su longitud y una trama de calles; debe ser delimitada por mutuo acuerdo de los órganos competentes de la Administración de la que dependa la carretera y del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados, teniendo en cuenta que, a estos efectos, se considera edificación la obra o fábrica construida para habitación o usos análogos, constituyendo un espacio cubierto, delimitado por muros de cierre.
A los efectos de esta Ley se considera que en un tramo urbano existe una población, únicamente, cuando en él existe una travesía.
El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por la Administración titular de la carretera que afecten a la zona de circulación de los tramos urbanos o travesías corresponde a la referida Administración, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por la Administración titular de la carretera en el resto de la zona de dominio público de los tramos urbanos corresponde a los Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicha Administración, que habrá de versar sobre los aspectos relativos a disposición de la presente Ley o de su Reglamento. Este informe será también preciso en el caso de obras a realizar por el propio Ayuntamiento.
En las zonas de servidumbre y afección de los tramos de carretera indicados en el número anterior, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán los Ayuntamientos, debiendo atenerse a lo dispuesto en el artículo 35 respecto a la línea límite de edificación.
En las travesías corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre actividades a desarrollar en terrenos contiguos en las carreteras situados en las zonas de servidumbre o afección. Los Ayuntamientos podrán señalizar las carreteras en las travesías, previo informe vinculante de la Administración titular de la carretera.
Cualquier autorización otorgada sin ajustarse a esta Ley, sin los informes previos requeridos o sin ajustarse a ellos será nula.
Las competencias de los Ayuntamientos establecidas por la presente Ley para autorizar obras o actuaciones que afectan a tramos urbanos o travesías de carreteras comportan la responsabilidad de los mismos para sancionar las infracciones que puedan cometerse en los ámbitos afectados por dichas competencias, sin perjuicio de la ejecución de sus competencias por el órgano titular de la vía.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, las carreteras autonómicas o provinciales o los tramos determinados de ellas en los que la circulación adquiera características urbanas se entregarán a los Ayuntamientos respectivos. El expediente se promoverá a propuesta del Ayuntamiento o de la Administración titular de la carretera y será resuelto por el Consejo de la Junta de Galicia, a propuesta de la Consejería competente en materia de carreteras, previo informe de ambos organismos.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración titular de la carretera y las entidades locales respectivas podrán convenir lo que estimen procedente para la mejor conservación y funcionalidad de tales vías.