Source: https://es.scribd.com/document/58038831/14-ALVAREZ-Daniel-Gonzalez-La-conciliacion-penal-en-Iberoamerica-La-justicia-penal-consensual
Timestamp: 2017-10-18 22:50:52
Document Index: 283131882

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 25', 'artículo 116', 'artículo 246', 'artículo 247', 'artículo 1977', 'artículo 38', 'artículo 501', 'artículo 98', 'artículo 503', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 477', 'artículo 38', 'in fine', 'artículo 281', 'artículo 36', 'artículo 6', 'artículo 477', 'in fine', 'artículo 43', 'artículo 70', 'artículo 162', 'artículo 165', 'Artículo 299', 'artículo 2']

Cargado por Liz Vega
La conciliación penal en Iberoamérica (La justicia penal consensual
en Reformas Procesales en América Latina. La oralidad en los procesos” antes referido. Esto se debe no sólo a los serios problemas de corrupción que podemos encontrar en el sistema judicial sino también a la falta de criterios jurisprudenciales uniformes . 212.. en “Reformas Procesales en América Latina. otros sustitutos. más alejados del concepto originario. del apaciguamiento del conflicto generado por el delito. con todas sus implicaciones e imperfecciones. que corresponden a los valores. 201 ss.no una instancia elitista. A la víctima y al agente. y que puede ser extensible para una gran mayoría de los países de la región. que lleva a la co-existencia de una pluralidad de sistemas jurídicos. 1995.aumentar a la vez la eficiencia de la justicia estatal. Chile.. En algunos casos “la verdad legal” dista mucho de lo que las partes pueden considerar una solución justa al conflicto . Nos referimos indistintamente a la conciliación... Alberto. colocando el mundo en la posición que tenía antes de comenzar el delito o en la posición a la que debía arribar.. Como bien se afirma. Todas estas posibilidades hacen más atractiva la conciliación y la reparación.Esta reparación ideal (sustitución del statu quo ante. no debemos entusiasmarnos con las novedades. reparación in natura) es. Perspectivas de la reforma procesal penal en América Latina. 8 MAIER . básicamente. Sin embargo. Ad-Hoc. pp. entre las razones para adoptar la conciliación pueden invocarse: . a la racionalidad del proceso y a la independencia del juez.. así como también su trabajo Crisis y transformación de la justicia penal en latinoamérica. Como muy bien se concreta para la experiencia peruana6. cit. de que así satisfacen en su justa medida el interés del dañado”8. cit. 1993.la incapacidad del Poder Judicial de constituir una instancia efectiva de solución de conflictos. p.. imposible (por ejemplo: la vida no se puede reponer). 63/64. 1993.J.. La reconciliación y la regulación de conflictos son conceptos más altos. intereses. Colegio de Abogados de Costa Rica. pp. 48. BINDER.aplicar la ley. Existen riesgos que debemos cuidar al adoptarse mecanismos como la conciliación. 7 DûNKEL FRIEDER. . Democracia y administración de justicia penal en Iberoamérica.la demora con la cual normalmente son resueltos los casos por el Poder Judicial . JULIO B. en “Justicia Penal y Estado de Derecho”. frente a la simple posibilidad del castigo. sólo se trata de sustitutos de la reparación. a fin de beneficiarse del inmenso caudal de experiencias acumulado por la cultura occidental en lo que se refiere. La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños.. para enseñar a nuestro pueblo otras vías de solución que podrían ser más baratas y expeditas que la Administración 5 MAIER. se refieren másbien a las circunstancias externas de una prestación de reparaciones materiales o inmateriales 7. porque se trata de una amplia reconstrucción de la paz social. p.la existencia de una pluralidad cultural al interior del territorio nacional. en ocasiones. Buenos Aires.. por el contrario. Importante es el acuerdo compensatorio y la inteligencia de ambos. deshacer la obra antijurídica llevada a cabo.la onerosidad de lo que significa llevar un proceso por la vía judicial . La víctima y el sistema penal. mientras que la conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños.. “la reparación es. La experiencia de la justicia alternativa en la República del Perú. al menos.”. Julio. de los cuales el más conocido es la compensación por resarcimiento económico del daño (indemnización). al indicar que la adopción de mecanismos alternos para solucionar conflictos debe hacerse bajo dos condiciones: en primer término se debe “.. Coincidimos con el profesor Walter Antillón. sin embargo. sino una instancia democrática. usos y costumbres de los distintos grupos culturales que existen en el Perú. puede convenirles que la satisfacción de su interés se cumpla mediante una prestación del todo alejada del daño original. a la reconciliación y a la regulación de conflictos a sabiendas de que no tienen contenido idéntico. su adopción no debe significar la privatización de la justicia penal. simplemente y solamente para que las transnacionales y las grandes empresas en general tengan un instrumento de solución de conflictos a la medida de sus deseos. Por ello en numerosas oportunidades.. 6 REVILLA VERGARA ANA TERESA. Existen. inclusive. sin importar lo que piensan y desean los sujetos involucrados en el conflicto. y en segundo lugar debe procurarse que ese instituto constituya “. víctima y victimario. en “Justicia Alternativa en Costa Rica: De la Justicia Tradicional a la Justicia Necesaria” . En primer término.la impredecibilidad del fallo genera una incertidumbre jurídica en las partes que demandan la solución a un conflicto. a la reparación. según los procedimientos formalmente establecidos5. y menos en la minimización del aparato judicial. Corporación de Promoción Universitaria. La oralidad en los procesos”. o en su caso.
señalando lo posible y lo imposible.. 12 GIMENEZ-SALINAS ESTHER. cit. RICHARD E. 41.. colaborar en la tarea de restitución. . cit. sino de repersonalizarlo. p. que ella no provoque una nueva expropiación de los derechos de la víctima para resolver el conflicto. sobre los procedimientos para llegar a una conciliación WALTON. San Sebastián.Por esa razón las vías de ingreso de la reparación al sistema del Derecho penal deben ser pensadas cuidadosamente. en “Justicia Alternativa en Costa Rica: de la justicia tradicional a la justicia necesaria”. 129 ss. 355 ss. ni se han demarcado claramente las fronteras entre lo que podría trasladarse a los sectores privados y lo que debe permanecer en manos del estado10. Es evidente. Mediación y conciliación penal. 15 MAIER. fortaleciendo la convicción de que el sistema penal por regla continúa en manos del Estado con todas sus implicaciones. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología. Conciliación de conflictos.J. San José. Véanse también. para algunos la reparación debiera constituir simplemente un agregado de la pena. y ello debe evitarse14. lugares. pp. 9 ANTILLÓN MONTEALEGRE WALTER. negocios. 1995. también. Addison-Wesley Iberoamericana. y quizás tan seguras como ésta. pp 208/209. 1987. 8 extraordinario. “no se trata de privatizar a la justicia penal privatizando el conflicto. La víctima y el sistema penal. Ha iniciado un acelerado proceso de privatización en la vigilancia policial de casas. y PETERS TONY y AERTSEN IVO. La mediación y la confrontación son aspectos importantes de un proceso dinámico entre víctima y delincuente. predominantemente represiva en la actualidad. sino que coopere. La Victimología. p. Desde luego.. Desde luego.. de la justicia. que se hace necesario por un lado delimitar claramente las fronteras. en lo que respecta a la conciliación y la reparación.llegar a un proceso de conciliación puede ser más laborioso que la imposición de una pena. La mediación en el sistema de justicia juvenil: una visión desde el derecho comparado. la posibilidad de una justicia negociada. Colegio de Abogados. En muchas ocasiones “. También comienza la discusión sobre la posible privatización de las cárceles en varios sentidos: sobre su financiación y construcción. en “Cuadernos de Derecho Judicial”.A. 11 NEUMAN ELIAS. Delaware. Existe una tendencia a la privatización de una serie de funciones que tocan sensiblemente los derechos fundamentales de los ciudadanos. debe evitarse que los programas de reparación corran el peligro de ser acaparados por la tendencia. sobre la contratación de personal. La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños: desarrollos recientes del derecho penal y de la práctica del derecho penal en la comparación internacional. 14 DûNKEL FRIEDER.208. mejor dicho. y reducir la violencia de la reacción estatal frente al delito”15. el tiempo invertido en la solución de un conflicto penal suele ser inferior al tiempo que la justicia penal tradicional emplea en la atención del caso. Por otra parte.” 12. sino de introducir en términos de Derecho penal.U. p. E.. pp. cit. Consejo General del Poder Judicial. 10 GIMÉNEZ-SALINAS.. desde luego que el sistema tradicional emplea la mayor parte de su tiempo en tramitar papeles y en actos rituales y formales. de sacarse casos. Con frecuencia. 52/53. para que no se frustren sus objetivos principales: auxiliar realmente a la víctima o. 71 ss. 13 Ibídem.Estatal de la Justicia. JULIO B. en un sentido más amplio. Mediación para la reparación: presentación y discusión de un proyecto de investigación-acción. con los fines propuestos para la pena estatal. ni mecanismos para festinar los casos. en “EGUZKILORE”. Madrid. Jurisdicción y Resolución Alternativa de Conflictos. que se corresponde con su naturaleza. y sobre la comercialización del trabajo de los presos. pero no en atender a sus víctimas13. sobre su gestión. Diciembre l995. p. y en especial se le asocia como una condición de una serie de beneficios condicionales durante la ejecución.. La reparación no es una manera de agitar la justicia.”9... Tareas que tradicionalmente estaban en manos del estado. Como muy bien se afirma. en especial pp. No.... de modo que el pueblo se organice para administrar equitativamente sus propios conflictos con instrumentos seguros y fáciles de manejar. 52. de una participación activa para llegar a resolver el conflicto. lo que sugiere otras vivencias y compromisos. empezando por el resarcimiento de los daños a la víctima”11. la reparación es una meta racional propuesta como tarea para el derecho penal. bajo dos condiciones: “que ello no perjudique. La conciliación y la reparación no constituyen tampoco formas fáciles y rápidas para estar al día con el trabajo pendiente en los tribunales. y además. cit.. La conciliación víctima-delincuente: hacia un derecho penal reparador. p. 202. hoy observamos trasladar a los sectores privados sin mayor discusión. ESTHER. 1993. Estos procesos no han sido reglamentados.
La idea básica de la institución del arrepentimiento activo es que. Mediación y Justicia. debe ubicarse dentro del derecho penal. primero frente al agresor y luego frente al Estado. que en materia penal. etc. 1995. que mantenían una base más teórica que real.”20.. quién es delincuente. 359. debiera ser la reconstrucción de la paz social. que el derecho penal ha perdido en gran medida. Se trata de un concepto más amplio que la reparación del daño o la conciliación concreta entre el delincuente y la víctima.Entre las ventajas que se le asignan a la conciliación en general podemos mencionar. Trotta.. La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños: desarrollos recientes del derecho penal y de la práctica del derecho penal en la comparación internacional. de modo tal que. Madrid. puesto que el delincuente ha vuelto a la legalidad. y regirse según sus principios generales. desaparecen un interés de satisfacción de la víctima que supere ese marco y. quién es víctima. “la función pacificadora. El sistema penal “. o por lo menos apaciguar el conflicto surgido entre las partes y las demás personas relacionadas con ellas.”18.. teoría del garantismo penal. Como muy bien se ha expuesto. efectos desintegradores de la pena de privación de libertad. haciendo del proceso un sistema más confiable y creíble en la práctica cotidiana. La conciliación víctima-delincuente: hacia un derecho penal reparador. aparece una nueva función que podría denominarse como la “reconstitución de la paz jurídica”. 2 . Buenos Aires. pues una gran mayoría de los postulados del sistema penal constituyen serias garantías que se conquistaron a lo largo de años de civilización y hoy son incuestionables17. 50/51. Podríamos afirmar entonces. en especial pp. y atender más directamente las necesidades básicas que demandan los ciudadanos. ni de privatizar la justicia penal. bajo evitación de los conocidos efectos negativos de la sanción penal (estigmatización. sobre todo tratándose de infracciones de contenido patrimonial o de consecuencias muy leves. p. pp. 209 ss. La conciliación y en particular la reparación. 154 ss. 18 GIMÉNEZ-SALINAS. han venido a restablecer y hacer más efectivos postulados tradicionales del derecho penal. La conciliación víctima delincuente necesita por consiguiente del derecho penal para decidir qué es delito. No se trata en modo alguno de retornar a la venganza privada. l996. la razón básica por la cual deberíamos recurrir en mayor medida a la conciliación.. puede alcanzarse del modo más consecuente. cit. o bien se han transformado en pertenencia de otra gente. Desde luego.). de la reeducación y de la resocialización justifican recurrir a otros métodos para obtener resultados más positivos. consolidación y escalada de procesos de socialización de trayectoria negativa. Ed.. Derecho y razón.. . entre otras.ha profundizado un proceso en el que los conflictos le han sido arrebatados a las personas directamente involucradas. con la solución del conflicto de derecho civil.. Junto a los postulados clásicos del Derecho Penal. Los abogados son particularmente buenos robando conflictos. Depalma. Podrá así el sistema penal recuperar un poco la confianza perdida. cit.. y además resultar de un alto grado de satisfacción para las partes involucradas16. JASSAN ELÍAS.”19. “la conciliación víctima delincuente. Ello la hace un instrumento bastante atractivo en materia penal para contribuir a reparar la paz social resquebrajada con el hecho delictivo. ESTHER. la de ofrecer a los litigantes un enfoque colaborativo y consensuado para llegar a una resolución creativa y mutuamente satisfactoria. desde el punto de vista de la sociedad.. a consecuencia del hecho delictivo.. o bien han desaparecido. pp.CONCILIACIÓN Y SISTEMA PENAL. 17 FERRAJOLI. LUIGUI. 19 DûNKEL FRIEDER. la de ampliar los servicios de resolución de disputas del tribunal a relativamente bajo costo y cumplimentar la demanda de las partes para obtener la facilitación de un acuerdo.. Así la reparación constituye una consecuencia jurídica distinta y junto a la clásica pena y a la medida de seguridad. aunque se lleve a término fuera del proceso penal. cumpliéndose una función pacificadora y que en Austria ha sido denominada como “la tercera vía”... la necesidad de una punición. HIGHTON ELENA. en el nivel pre-judicial. LA TERCERA VÍA El sistema penal atraviesa una crisis de efectividad muy seria. pues este último le roba su conflicto 16 ALVAREZ GLADYS S. La víctima ha sido un perdedor por partida doble. La crisis de la prisión y de los fines de la pena.
hacen necesario recurrir a otros métodos de solución. y NEUMAN ELIAS. y así contribuir al fortalecimiento de la paz social. El Estado asume entonces la “venganza” y toma en sus manos la labor de aplicar la pena. en “De los delitos y de las víctimas”. La víctima y el sistema penal. en la medida en que lo consiga en concreto. 1992. Buenos Aires.159 y 163. GOITÍA.. Indiscutiblemente que aquí también encontramos una nueva misión que es cumplida por la reparación del daño y la conciliación jurídica a favor del sistema penal. de espaldas a la víctima. pp. 21 Ibídem. 24 Al respecto véanse ESER ALBIN. cit.. restituirle el conflicto a sus propietarios. en este punto. La mediación en el sistema de Justicia Juvenil: una visión desde el derecho comparado. Y TAVOLARI OLIVEROS. p. “Un Derecho penal orientado a la reparación es fundamentalmente un Derecho penal de la resocialización.Pero también significa. 1992. 13 ss. p. junto al autor. rescatándola así del olvido en que se encontraba y corrigiéndose también una distorsión más del propio sistema penal. Acerca del renacimiento de la víctima en el procedimiento penal. Véanse también CHRISTIE NILS. BERTOLINO. pp. que vienen a expropiar a la víctima de la solución del conflicto. en “La víctima en el proceso penal. menospreciada en el proceso penal y sólo se le utiliza como un objeto para descubrir la verdad real. y se plantea la necesidad de darle un papel protagónico en la solución del conflicto. SCARANCE FERNANDES. 154. Acerca de la posición de la víctima en el derecho penal y en el derecho procesal penal. Indiscutiblemente también fortalece la resocialización el que el imputado acepte los hechos delictivos atribuidos y asuma con responsabilidad la reparación de todos los intereses legítimos de la víctima. cit. para dirimir el conflictos o al menos transformarlo en otro de menor violencia. La víctima sufre entonces no sólo las consecuencias del delito. en lugar de ello. como ha puesto reiteradamente de manifiesto la doctrina alemana. creándose una protección especial para el imputado a quien se le garantiza un proceso penal debido y justo. Ad Hoc. que cuando el autor repara acepta públicamente la vigencia de las normas delante de la comunidad y se reafirma la prevención general positiva. en “De los delitos y de las víctimas”. Chile. entonces. pp. debería sustituir a la pena o ser computada para atenuarla”22. una prestación autónoma que puede servir para alcanzar los fines tradicionales de la pena y que. su régimen legal en Argentina.. cit. sin lugar a dudas. Mediación y conciliación penal. La necesidad de escuchar a la víctima. 125 ss...para ser “resuelto” por profesionales que en la mayoría de los casos ni siquiera le toman opinión 21. 91 ss. en “De los delitos y de las víctimas”. con la llegada del derecho penal público cambia el concepto de venganza privada. así como a todos los demás sujetos involucrados en el conflicto. y HIRSCH HANS JOACHIM. Buenos Aires. al ser abandonada e incomprendida. ed. sino además otro tipo de daños psíquicos. México. Buenos Aires. 23 GIMENES-SALINAS. En efecto. 20 CHRISTIE NILS. Paraguay y Uruguay”. Buenos Aires. Su consideración en el sistema de sanciones no significa.”23. puede ser efectiva desde los puntos de vista preventivo general y especial. En lo que al derecho procesal se refiere. ed.. Sobre la situación en América Latina véanse los trabajos de BERMUDEZ. KRONAWETTER.. . 1992. reprivatización alguna del derecho penal. Depalma. si su interés no es atendido. La reparación en el sistema de los fines de la pena.. un sistema de garantías básicas. p. “La víctima es. 1 ss. desde el punto de partida aquí defendido. Brasil. “La reparación. y el conflicto nunca podrá pretender haber hallado solución integral. un protagonista principal del conflicto social. al menos si no se abre la puerta para que él ingrese al procedimiento. 1984. traducción de Alberto Bovino y Fabricio Guariglia. La restitución es. en el sentido indicado. Fondo de Cultura Económica. Un acto reparador implica no solamente la reparación de la víctima sino también un acto de arrepentimiento del autor y con ello un paso a la interiorización. 25 MAIER. JULIO B. Ad-Hoc. sociales. ESTHER. gobierna la autonomía de la voluntad privada 25”. 220. Los conflictos como pertenencia. 22 ROXIN CLAUS. como consecuencia. ni tampoco la introducción de un nuevo fin de la pena. 196-201. la conciliación y la reparación constituyen. Ad-Hoc.J. 1997. No es sino hasta la mitad del presente siglo cuando comienzan las voces a clamar por una mayor intervención de la víctima en el proceso penal. pp. También para el derecho penal la reparación ha venido a contribuir al cumplimiento efectivo de los fines de la pena. pp. las fórmulas básicas para introducir a la víctima en la solución del conflicto penal.. es decir devolviendo a sede privada algo que el Estado había asumido como suyo24. Bolivia. dado que. Resultaba necesario. en idem. económicos y físicos. Los límites del dolor. promoción alguna de la reparación como una clase de pena especial. ed.
Estas situaciones se producen incluso hoy día entre las comunidades indígenas latinoamericanas. A la armonía por la palabra: La solución negociada de conflictos penales. la corrupción...”28´. segunda edición. incluso los de carácter penal. aunque formal y oficialmente no hayan logrado imponerse. en segundo lugar. 27 Nos basamos principalmente en la obra de STAVENHAGEN. . respeta y promueve sus formas de vida. Op. Entre la ley y la costumbre. Notas sobre la función requirente del Ministerio Público. Henry. Así. La obligatoriedad de la acción en el proceso penal costarricense. tampoco podría estimarse que la conciliación constituya un mecanismo ajeno a nuestra idiosincrasia. ante el anacronismo de sus procedimientos. sobre todo cuando éstos son de poca gravedad o sus efectos son de carácter meramente patrimonial. pp 10 ss. según el cual frente a todos los hechos en apariencia delictivos resultaba necesario iniciar una investigación policial que desembocara en un proceso penal. su lengua y sus costumbres” (art. tradiciones. cuya principal misión consiste en fijar la reparación del daño ocasionado. El Estado reconoce. incluso al interno de las organizaciones sociales y empresariales. 28 ISSA EL KHOURY JACOB. y conforme a su Constitución Política “se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores. que buscan un acuerdo entre las partes cuando surge un conflicto. “. 1990. idiomas y dialectos” (art. En efecto. costumbres. así como también se indica en forma expresa que “Guatemala está formada por diversos grupos étnicos. formas de organización social. 66 ibídem). Cit. Henry. al estimarse ajena a nuestras costumbres. conforme lo han determinado los estudiosos del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas27. No todos los hechos criminales llegan a conocimiento de las autoridades. reconocidos como jueces del lugar. el castigo por la falta está en último plano. sin embargo no encontramos un reconocimiento expreso y formal de estos métodos de conciliación entre indígenas frente a un hecho delictivo a falta de una ley que debe regular dichas comunidades según el artículo 70 de la Constitución Política. El derecho consuetudinario indígena en América Latina. se trata de una forma de solución alternativa de conflictos que ha sido utilizada de hecho con mucha frecuencia en nuestros países. Instituto Indigenista Interamericano. Un avance en esta dirección lo constituye el artículo 25 bis del CPP de ese país al disponer que en el proceso de conciliación “. y la indiferencia estatal.3 . sin embargo no se trata de una institución que podamos estimar como ajena a nuestra idiosincrasia según observamos.LA CONCILIACIÓN EN LAS COSTUMBRES LATINOAMERICANAS En la región latinoamericana la conciliación penal ha provocado alguna susceptibilidad por su supuesto origen norteamericano y europeo. dentro de los cuales debemos mencionar los acuerdos previos entre víctimas y delincuentes. cit. entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. ni todos ellos son “resueltos” por los tribunales. Haya o no reconocimiento formal. debido a la ineficacia del sistema oficial de justicia para resolver los problemas. En primer término. 11.A. es indiscutible señalar también que al margen e incluso dentro del mismo sistema penal han funcionado mecanismos selectivos.. incluso ante la existencia de un delito. es evidente que en nuestras comunidades se aplican criterios de conciliación para dirimir sus conflictos. Diego. La cifra negra de la criminalidad es muy amplia. que juegan un papel muy importante en el desarrollo de la cohesión y la armonía social dentro del grupo... México. y los trabajos de varios autores compilados en esa obra. porque ha sido y sigue siendo utilizado desde épocas ancestrales por nuestras comunidades indígenas para resolver conflictos.Dentro del proceso conciliatorio interesa sobre todo la reconstrucción de os hechos para la búsqueda de una verdad. y sin que haya mediado violencia sobre las personas. Ello ocurre en todos los estratos sociales. así como en la referencia que hace ISSA EL KHOURY JACOB. el uso del traje indígena en hombres y mujeres. Investigaciones Jurídicas S. Guatemala es un país con una alta población indígena.. Pero además. de manera satisfactoria para las partes involucradas. con el fin de averiguar la verdad real en todos los casos. es mas importante volver a relacionar a dos miembros de la comunidad disgustados que castigar a un transgresor. ni sean acogidas en la ley. por ejemplo. Loc.. ley que a la fecha no ha sido promulgada. Instituto Interamericano de Derechos Humanos... San José. 1992. que permiten resolver el conflicto de manera distinta a las fijadas en la ley. Es cierto que en materia penal la conciliación comenzó a utilizarse en Estados Unidos y en Europa. existen connotados conciliadores indios.pueden aplicarse los usos y 26 GONZÁLEZ ALVAREZ Daniel. 58 de la Constitución). Rodolfo e ITURRALDE. p. . Si bien nuestros sistemas penales adoptan como regla el principio de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal26.
cit. Tesis de Grado. 149 de la Constitución Política de Perú de 1993). Por el contrario. cit. entre sus propios integrantes y sin necesidad de la intervención de la justicia oficial del Estado30.. En este sentido dispone: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas. en los términos que determine la ley” (artículo 116 de la Constitución colombiana). ult. de conformidad con sus propias normas y procedimientos.las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos. y finalmente que “la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. De cualquier manera. siempre que npo violen los derechos fundamentales de la persona. Los procedimientos orales -como la conciliación. San José. luego que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de un ámbito territorial. 32 Véanse DOBLES OVARES. 1 y 2.33 Estas formas son recogidas en el libro del profesor Neuman. 1988. en virtud de haber suscrito el país el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes)32. pp.. al aceptar la conciliación penal como causa de extinción de la acción penal33. siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República” (artículo 246 ibídem). 123 ss. noviembre de 1994. pendiente de publicar en “Pena y Estado”.constituyen mecanismos más 29 REVILLA VERGARA ANA TERESA. Elementos prácticos para la puesta en marcha de un programa nacional de resolución alternativa de conflictos. San José. En Costa Rica. costumbres y tradiciones indígenas con el fin de resolver los conflictos de una manera distinta a la establecida en las leyes ordinarias. pp. San José.”. finalmente. También podrá ordenar que se elijan por votación popular” (artículo 247 ídem)31. lo cual en algunos casos se ha traducido en el derecho a utilizar sus propios sistemas de resolución de conflictos29. encontramos algunas disposiciones constitucionales que reconocen. . pp. En Colombia. no obstante la falta de reconocimiento expreso y directo en la mayoría de las legislaciones. lo cierto es que debemos rescatar esas formas de solucionar los problemas. la posibilidad de los particulares de ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores. Víctor y GUILLÉN GRILLO. Elías. país pionero en lo que a la conciliación penal se refiere en el ámbito latinoamericano. Mediación y conciliación penal. UCR.. por un lado. y por otra observamos normas que reconocen como válidas las funciones jurisdiccionales de sus pueblos indígenas. no obstante contar con una población indígena reducida. El abolicionismo y el rol de las comunidades indígenas. en Ciencias Penales N.. Problemas en la aplicación de la ley penal a los grupos indígenas costarricenses. en “Comunidades Nativas” y en “Rondas Campesinas” han logrado solucionar los conflictos de una manera directa. y RODRIGUEZ MIRANDA Martin. el nuevo Código Procesal Penal de 1996. San José. la concentración y muchos otros. pues además así también realizaremos en la práctica otros importantes principios como la inmediación. SANCHEZ ROMERO Cecilia. cit.. 1998. Georgina. La experiencia de la justicia alternativa en la República del Perú. en las distintas organizaciones sociales. HOUED VEGA Mario y CHIRINO SANCHEZ Alfredo. También refiere experiencias directas de los indios cunas en el archipiélago de las islas San Blas de Panamá. 9. la continuidad. en “Justicia Alternativa en Costa Rica: De la justicia tradicional a la justicia necesaria”. pp. en Perú la Constitución Política de 1993 ha reconocido la existencia de la pluralidad étnica y cultural. 31 GIRALDO ANGEL. pp. de manera más simple. Existen además amplias experiencias de mediación en las comunidades aborígenes costarricenses que constituyen y conformen el verdadero antecedente de lo que vino a hacer. pp. 67 ss.. 31 ss. En efecto la Constitución Política dispone que “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. Facultad de Derecho. la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no descarta la posibilidad de aplicar los usos. Colegio de Abogados. 30 Op. con el apoyo de las Rondas Campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de paz y demás instancias del Poder Judicial” (art. 1995.siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Estas normas han permitido a las comunidades rurales organizadas en “Comunidades Campesinas”. En procura de un derecho indígena en Costa Rica. JAIME. 61 ss.
La oralidad como facilitadora de los fines. a un segundo plano39. el Ministerio Público y los jueces penales resuelven en múltiples ocasiones no comenzar el proceso. culturales (desconocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y falta de confianza en los resortes de la justicia y sus operadores) y surgen también de la complejidad de los procedimientos judiciales. 39 DûNKEL FRIEDER.. además. una de las razones por las que más se ha criticado uno de los proyectos para modificar la legislación procesal penal en ese país ha sido porque recoge la conciliación. sobre todo frente a delitos de poca gravedad. como ocurre en la mayoría de nuestros países. la conciliación en materia penal tiene un claro contenido popular. . Mediación y Justicia.debemos tener en cuenta que. Como observamos de seguido. 35 BERTOLINO. pp. 11 ss. pues en este campo las víctimas aceptan en gran medida las ofertas de reparación. los cuales son básicos en un sistema democrático de administración de justicia34. por lo que la vía de la regulación formal parece ser la más atinada. la solución negociada del conflicto (aún el penal) es superior a la definición coercitiva.. “. 1997. se convierten en barreras insalvables 37. tanto para reclamar derechos como para defenderlos. 59 y 70. Ninguna norma establece en qué casos corresponde la aplicación de tales principios. Este uso a sistemas alternos han sido populares en nuestra región porque el acceso a la “justicia oficial” es muy dificultoso. la vestimenta. sistema jurídico e intereses nacionales..S. sino de obstáculos culturales y sociales.. pp. Pedro J. tanto óntica como axiológicamente. Santiago. cit. N. que han indemnizado adecuadamente a sus víctimas. Buenos Aires. resulta que en la práctica y de hecho operan criterios de oportunidad. con el fin de evitar arbitrariedades por exceso u omisión. sin violencia en las personas y realizados por sujetos primarios. CDJ/CPU. HIGHTON ELENA. “El libre e irrestricto acceso a la jurisdicción constituye un postulado ideal que está condicionado por la realidad práctica y por la existencia de obstáculos diversos que lo restringen.. como lo refiere el doctor Simón. JASSAN ELÍAS. p. ni qué se considera “razones de buena política criminal ameritante de una clausura”. En esos casos.. 41. como secundaria..efectivos para garantizar el cumplimiento de esos principios. pp. Una cosa es “acceso a la justicia” (entendida como sistema judicial) y otra es “acceso a justicia” (entendida como solución justa). tiempo). pero lo cierto es que se aplica sobre todo cuando ha habido una conciliación entre las partes. mientras que la indemnización material completa muchas veces para. aplicable en la práctica diaria tanto fuera como dentro de nuestros tribunales. disculpas. las actitudes de los abogados y de los funcionarios judiciales. so color de afectación de garantías o principios. 34 GONZÁLEZ ÁLVAREZ Daniel. pp. no dejando ninguna duda de que forman parte de nuestras propias tradiciones.” 35. en aplicación de lo que suelen llamar “razones de buena política criminal” (sic). A título de ejemplo podemos mencionar la experiencia uruguaya. Por lo anterior. En efecto. costas. principios y garantías del proceso penal. 6 y 7.C. siempre que se trate de delincuencia de bagatela.. La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños: desarrollos recientes del derecho penal y de la práctica del derecho penal en la comparación internacional. podríamos afirmar. ya citado.. Estas dificultades provienen no sólo de los costos económicos (honorarios. 21 y 28. y por el contrario han alabado la aprobación de otro proyecto porque no contiene fórmulas de negociación de tipo anglosajón. Coincidimos con Bertolino al afirmar que en la búsqueda de formas alternativas a la justicia tradicional. cit. no porque constituya una excepción. 20/21. 38 Ibídem. LUIS MARÍA SIMÓN. Las vallas son económicas (costo del servicio y excesiva duración de los procesos).. la conciliación penal comienza a ser tomada en consideración y regulada formalmente en los procesos de reforma del sistema penal en nuestra región. y en este carácter mal podría desecharse la primera. al estimar los parlamentarios que esa solución es ajena a la idiosincrasia. porque reproduce situaciones que se están repitiendo en muchos de nuestros países. o ha transcurrido mucho tiempo del hecho al extremo de haberse diluido sus efectos. 37 ALVAREZ GLADYS S.C. en “La implementación de la reforma procesal penal”. Sin embargo. 36 Informe del Dr.. ni qué contenido tienen los mismos... según nos refiere el Doctor Luis María Simón36. Chile. 1996. sino todo lo contrario.”38. etc. En todo caso la falta de recursos económicos no ha sido un obstáculo para la conciliación penal. El lenguaje. Para un encuadre del proceso penal abreviado. pp.
(Del presente francés al futuro español). pp. como sería el arrepentimiento. p. en la legislación portuguesa (art. por ejemplo. Panamá. ORTELLS RAMOS MANUEL. Honduras. siempre que los perjudicados no expresen su oposición (art. cuando las partes acepten una propuesta de reparación. También podemos incluir en este mismo grupo a Brasil. El Salvador y en la nueva legislación de Venezuela. como una causa extintiva de la acción penal.1. o que el menor haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado a la víctima. España. 193 ss. LUIS MARÍA SIMÓN. que mantiene el sistema mixto con algunas importantes modificaciones. como ocurre en la mayoría de los países europeos 40. debe mencionarse que la conciliación entre víctimas e imputados de delito ha ganado mucho terreno en la justicia de menores. . porque no tienen capacidad para contraer obligaciones civiles. Costa Rica. En Uruguay41 el Poder Ejecutivo envió al parlamento un proyecto para modificar la legislación procesal penal. Valencia. La mediación como respuesta a algunos problemas jurídico criminológicos. por lo que en la práctica son más viables los compromisos adquiridos por sus representantes. sino una forma de eximirse de la aplicación de una pena privativa de libertad. a las condiciones o circunstancias del menor. conforme a la “Ley Orgánica reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores” (Ley 4 de 5 de junio de 1992). Sin embargo. 21. España... la simple conciliación o cualquier otra actividad reparadora de carácter moral.3 de la ley de la justicia de menores citada) Hay muchos proyectos dirigidos a adoptar la conciliación en los sistemas penales latinoamericanos. Chile. el Juez. ya que la conciliación no constituye una forma de extinción de la responsabilidad penal. A este momento (1998) ya ha sido aprobado por el Senado y por la Comisión respectiva en la Cámara de Diputados.. Y un tercer grupo conformado por los países que no admiten formalmente la conciliación en delitos de acción pública. de Guatemala. junto con otros requisitos más. Tal es el caso. La conciliación es aplicable en el juzgamiento penal de menores de dieciséis años. etc. María Begoña. También en la experiencia española es posible que el Juez de Menores. GIMENESSALINAS.4 . la cual dispone que “atendiendo a la poca gravedad de los hechos. En él se prevé la posibilidad de que el Ministerio Público renuncie al ejercicio de la acción penal en ilícitos penales de escasa entidad. pp. ESTHER. 41 Informe especialmente elaborado para este trabajo por el Dr. SAN MARTIN LARRINOA. como una manera de extinguir la acción penal en delitos de acción pública dentro de la justicia de adultos. a propuesta del Fiscal. Nicaragua. Se prevé 40 Véanse el informe del Prof. Tradicionalmente el arrepentimiento y el deseo efectivo de reparar los daños ocasionados con el delito. de oficio o a instancia de parte. 235 ss. Montevideo. En esta situación se encuentran la mayoría de los países del área. 15. lo cual puede provenir de una conciliación. indemnizando en forma satisfactoria y adecuada a la víctima. 9/10. como exponemos al final de este trabajo (infra N° 15). el compromiso del menor de asumir el pago de los daños y perjuicios se reputa jurídicamente como inexistente. No obstante lo expuesto. o bien un criterio de oportunidad por parte del Ministerio Público.6ª). como ocurre en Colombia. La mediación en el sistema de Justicia Juvenil: una visión desde el derecho comparado. o bien cuando la reparación es de naturaleza extrapatrimonial. por ejemplo. para la justicia penal de adultos. han constituido en el mejor de los casos fórmulas de atenuación de la pena. cit. en las legislaciones del área se han adoptado otros mecanismos consensuales o alternativos para dirimir el conflicto penal.CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN La mayoría de los países del área no admiten en forma directa y formal la conciliación entre agresor y víctima. Un segundo grupo estaría conformado por aquellos países que admiten la conciliación como un presupuesto para aplicar la suspensión provisoria del proceso. El primero comprendido por aquellos que admiten la conciliación en forma directa. La conciliación en el proceso penal.5ª y 340 Código Penal español). La conciliación en el sistema penal. Uruguay. cit. 72 Código Penal de Portugal de 1995) y en la española (arts. 1997. podrá dar por concluida la tramitación de todas las actuaciones” (art. sin violencia en las personas y se produzca la satisfactoria indemnización de la víctima. como por ejemplo Bolivia. sin embargo. a que no se hubiese empleado violencia o intimidación. Perú y Portugal. 16. como ocurre. aunque con algunas particularidades. 1997. Paraguay. En España. suspenda el dictado del fallo. Podríamos clasificar los países en tres grupos. que han constituido un claro antecedente jurídico directo de la conciliación que ahora comienza a admitirse en los proceso de reforma penal.
163 ss. La conciliación. entre otras razones. realizada antes del juicio oral. Venezuela y Brasil. 58 ss. a fin de oírla y tentar medios que posibiliten su satisfacción. la cual debe ser propiciada por el Tribunal en los casos en que procede (art. distinta a la conciliación. 44 Seguimos el informe elaborado por FLOREZ GACHARNA. La mediación como respuesta a algunos problemas jurídico criminológicos.” 42. pp. . La justicia penal consensual en Colombia. y que ha tenido un importante desarrollo tanto en Estados Unidos como en Francia. Ediciones Panamá Viejo. Departamento de Justicia Gobierno Vasco. según observamos más adelante (infra N° 6). Según nos refiere el Dr.cuando el delito carezca de significación social y estén satisfechos los intereses del afectado. además. Panamá. El Salvador. externas al proceso judicial convencional.. 2° edición. 36 Código Procesal Penal de Costa Rica de 1996). 11 de ese proyecto). Los cinco países de la región. pp.LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO DIRECTO PARA EXTINGUIR LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS DE PERSECUCIÓN PÚBLICA De acuerdo con las experiencias que nos ofrece el derecho comparado. 112/113. la reparación integral del daño particular o social causado. cit. aunque desde fecha anterior se admitía en los delitos perseguibles con querella los cuales son muy numerosos. 1997. 5 . pp. Uno de ellos fue propiciado por la Corte Suprema de Justicia y apoyado por el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. “. 1997. La propuesta recoge el criterio de oportunidad. conforme al cual los agentes del Ministerio Público podrán abstenerse de ejercer la acción penal. Asociación de Ciencias Penales. como una forma directa e inmediata de solucionar el conflicto penal. 81 del 2 de noviembre de 1993) se admite la conciliación en delitos perseguibles de oficio. el artículo 1977 del “Código Judicial”. el cual establece de una forma amplia la conciliación. MARÍA BEGOÑA. En la experiencia costarricense debe mencionarse. dentro de la justicia penal de adultos. de corte acusatorio. existen dos clases de mediación penal. JORGE. y el otro denominado “mediación comunitaria”. a la vanguardia en la admisibilidad de la conciliación entre víctimas y acusados. Costa Rica. siempre que la víctima o el Ministerio Público lo admitan. Henry. A la armonía por la palabra: La solución negociada de conflictos penales. en delitos de contenido patrimonial sin grave violencia sobre las personas o en delitos culposos. ALFONSO.. lo constituyen Colombia. mediante una reforma introducida al artículo 38 del Código Procesal Penal (mediante ley N. Simón existen además otros proyectos.43 En argumento SAN MARTIN LARRINOA. y en ese supuesto lo condiciona a que esté resarcida la víctima del delito. Colegio de Abogados. San José. 42 MUÑOZ POPE. que se asienta en la comunidad social y trata los conflictos emanados de ésta como conflictos de las relaciones sociales. Cuestiones sobre el proceso penal. e ISSA EL KHOURY JACOB. que se encuentra prevista como una causal de extinción de la acción penal. nacido en Canadá y Estados Unidos. (Del presente francés al futuro español). que puede ser propiciada por cualquiera de las partes en cualquier etapa del proceso (art.. 30. a través de un procedimiento de mediación que conduce a la reparación de los daños ocasionados a la víctima. o el de “Boutique de droit” en Lyon43. en “Reflexiones sobre el nuevo Proceso Penal”. por ejemplo. como lo regulan hoy Guatemala y Perú.además que en la audiencia el Tribunal habilite el ingreso de la víctima con patrocinio letrado. Ed. Carlos Enrique. según el caso (art. 1997. con proyectos como el de “Community Board” de San Francisco.En Panamá.. Bogotá. En Colombia44. en uso de sus facultades constitucionales el Procurador General de la Nación presentó en 1995 un proyecto de ley para modificar. 45 Sobre la conciliación en Costa Rica véanse CHAVES RAMÍREZ. como anotamos adelante. Una ha sido el movimiento de “diversion”. sin distinguir su índole penal o civil. entre otros. cuyo objetivo principal ha sido la búsqueda y el favorecimiento de soluciones informales a los litigios. 1997.j CPP de 1996). En Costa Rica45 también es admisible la conciliación como un mecanismo directo de extinción de la pretensión punitiva del Estado en delitos de acción pública y dentro de la justicia de adultos.
ANTONIO SCARANCE FERNANDEZ Y LUIS FLÁVIO GOMES. 1997..O. 32 y 33 del Código Procesal Penal salvadoreño de 1996). como una causa extintiva de la acción penal en delitos de acción pública. mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. 9. ANTONIO MAGALHÅES GOMES FILHO. siempre que o admitan la víctima o l Fiscalía según sea el caso (art. por lo cual no constituye una forma directa de extinción de la acción penal. en vigencia desde abril de 1998. También consultamos PELLEGRINI GRINOVER. 35. pp. 47 ss. infraÇôes penais de menor potencial ofensivo. sin embargo también requiere de la indemnización de los daños y perjuicios a la víctima. y ello nos parece adecuado. en el caso brasileño su aplicación es muy frecuente sin que sea exagerado afirmar que más del 90% de los casos permitidos por la ley se resuelven por medio de la “transacción”. inciso I. La normativa no utiliza el término “conciliación”. 47 Aprobado y publicado en La Gaceta Oficial N° 5208 del 23 de enero de 1998. a transaçâo e o julgamento de recursos por turmas de juizes de primeiro grau”. Sâo Paulo. ANTONIO MAGALHÅES GOMES FILHO. pues aún cuando se tiende a conciliar a las partes en conflicto. Juizados especiais criminais. 34. la cual contiene amplios comentarios a la legislación que admitió en Brasil la “transacción penal” con muy buen suceso.11 ibídem). Río de Janeiro. en El Salvador también se encuentra prevista la extinción de la acción penal cuando se produce la reparación integral del daño particular o social causado. que entra en vigencia el 26 de noviembre de ese mismo año. Brasil. realizada antes de la vista pública. N. de 26 de setembro de 1995).Esa disposición constitucional requería de una ley federal que definiera que debía entenderse por infracciones de menor potencial ofensivo. revista e atualizada. . y así la disposición constitucional pasó a ser efectiva. A justiça penal consensual no Brasil. 48 Nos sustentamos en el informe del Profesor ANTONIO MAGALHÅES GOMES FILHO.. Associaçâo dos Advogados de Sâo Paulo. lo cual significa que a la fecha se encuentran vigentes.D. razón por la cual en la práctica opera como la conciliación directa a la que hacemos referencia. Forense Universitária. En Venezuela el recientemente aprobado “Código Orgánico Procesal Penal” 47 admite “los acuerdos reparatorios” entre imputado y víctima en delitos de acción pública. lo siguiente: “juizados especiais para julgamento e execuÇâo de. en los delitos relativos al patrimonio o de contenido patrimonial. como causa extintiva de la pretensión punitiva. en “Revista do Advogado”. en especial por los abogados. pero la celeridad con que se resuelven los casos de menor relevancia han propiciado un ambiente favorable y además han facilitado la tramitación de los procesos por delitos más graves. 50. 31. T. 904 de 4 de diciembre de 1996. así como en la obra de ADA PELLEGRINI GRINOVER. 1990. Novas tendências do direito processual..En El Salvador el nuevo Código Procesal Penal46 contempla en forma directa la conciliación entre víctima e imputado. P. ADA. Sâo Paulo. 46 Decreto Ley N. y que entrará en vigencia totalmente el 1° de julio de 1999. a pesar de que la reparación no constituya una prestación de dinero. y LUIS FLÁVIO GOMES. La transacción brasileña permite al inculpado eximirse de la aplicación de una pena privativa de libertad. pp. Sin embargo.. nas hipótesis previstas em lei.099.099.175 ss.. permitidos. Agrega que ello refleja una clara aceptación de las nuevas posibilidades de solución de los litigios penales por la sociedad en general. Brasilâªçââçââ48 también admite en forma directa la “transaçâo penal” conforme a la Constitución Federal de 1988. en ídem. en las que sería admisible la transacción penal. N° 334 de 20 de enero de 1997. y esta parte del Código ya se encuentra en vigencia (arts. Lo mismo se dispone para “el procedimiento por la admisión de hechos”. Brasil. Comentários á Lei 9. 2° edición. Editora Revista dos Tribunais. conforme al artículo 501. que permite concluir con el proceso en forma alternativa tendiendo a la solución del conflicto más que a la búsqueda de un castigo para un presunto culpable (arts. la cual señala en su artículo 98. conforme lo señala el profesor Gomes Filho. Juizados especiais criminais (anotaçôes resumidas sobre a Lei n.N° 11. Primeiros acórdâos dos Trinunais Superiores em relaçâo a lei dos Juizados Especiais Criminais. Sin embargo la vigencia de los acuerdos reparatorios regulados en el nuevo Código fue prevista para dentro de los sesenta días posteriores a la publicación. 2ª ediçâo. pero sustituirla por una pena de multa o privativa de derechos. Desgraciadamente la mayoría de los países que reconocen este instituto no llevan estadísticas para mostrar la mayor o menor incidencia en la justicia penal. aunque reconoce que al principio hubo un poco de resistencia. de 26-09-1995. 1997. 36 y 503 nuevo Código Orgánico Procesal Penal de 1998). Al igual que en Costa Rica. conforme a su artículo 503. 71 ss.N. pp. Es así como se promulga la ley N. 9099 de 1995. agosto 1997. lo cierto es que en el fondo lo que se produce es una pacificación o atenuación del problema ante un acuerdo reparatorio que no necesariamente implica una verdadera conciliación entre víctima y agresor.
señalando. están aquellos que admiten la conciliación como un requisito para aplicar un criterio de oportunidad.. y el procedimiento abreviado (arts. 1997. justa y eficaz.”.. como un presupuesto necesario. O consenso no ámbito do Sistema Penal Portugués. Lisboa. Brasil. o proceso a prueba. De acuerdo con el profesor Aguirre Godoy. lo que equivale a 49 Basado en el informe preparado especialmente para este trabajo del Dr. porque al no haberse tomado conciencia aún de la necesidad de racionalizar el empleo de la persecución penal ordinaria. el plazo para su cumplimiento y la constitución de las garantías necesarias. En este país se encuentra en vacatio legis un nuevo Código Procesal Penal (aprobado en marzo de 1995 para sustituir el CPP de 1940). 50 Reformas introducidas al Código Procesal Penal de 1992 mediante Decreto N. si así se hubiere acordado. se establece como requisito indispensable que el agresor repare los daños ocasionados a la víctima. que comienza a adquirir todo un verdadero significado en la experiencia guatemalteca.- . la conversión de la acción penal pública en privada. Guatemala admite la posibilidad de finalizar el conflicto penal por vías distintas a las tradicionales. Agrega el Doctor Aguirre que por lo general la ciudadanía no acepta la conciliación. Uno de los presupuestos requeridos para la aplicación del criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal. Una de las normas vigentes autoriza el criterio de oportunidad (previsto en el artículo 2 del nuevo CPP). pero los casos generalmente quedan inconclusos porque no se cumple con requerir la decisión judicial correspondiente. pero algunas de sus disposiciones se encuentran en vigencia (según lo autoriza la Décima Disposición Transitoria).. es la reparación del daño causado o la existencia de un acuerdo entre el imputado y la víctima.Se trata de una fórmula que liga la aplicación del criterio de oportunidad con la conciliación. siempre que el imputado sea primario. pero una reforma reciente que adiciona los artículos 25 bis. “La conciliación en el sistema penal guatemalteco”. AGUIRRE GODOY MARIO. FERNÁO. 25 ter y 25 quáter. a lo cual se llega mediante la conciliación. 26. según la clasificación hecha (supra N° 2). para propiciar la solución del conflicto.LA CONCILIACIÓN COMO PRESUPUESTO PARA APLICAR CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Dentro de la segunda categoría de países.. Tal es el caso de Portugal.6 . El Salvador. Costa Rica. ayudando a las partes a encontrar una solución equitativa. o con multa.. siempre que el agente hubiere reparado el daño ocasionado o exista acuerdo con el agraviado en este sentido. se le vincula con la impunidad. y Venezuela. 27 y 464 del Código Procesal Penal). y responda a una serie de condiciones que se le imponen para suspender el procedimiento. dentro de las cuales se encuentra necesariamente la indemnización del afectado. en Guatemala desde antes de la reforma la conciliación se utiliza con frecuencia.. como ocurre por ejemplo con los criterios de oportunidad.LA REPARACIÓN DEL DAÑO COMO PRESUPUESTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA En los países que admiten la suspensión condicional del proceso. el artículo 25 ter guatemalteco expresamente hace referencia al procedimiento de conciliación. 7 .51 Seguimos el informe elaborado por VIEIRA DA SILVA. así como el darle satisfacción moral adecuada. 79-97 publicado en el Diario Oficial del 10 de octubre de 1997. 25. Una situación similar a la guatemalteca ocurre en Perú. frente a casos por delito sancionado con pena no superior a tres años de prisión. En Portugal51 es admisible la suspensión provisoria del proceso penal. y modifica el artículo 477 todos del Código Procesal Penal establece mayores y más claras posibilidades50. cuya legislación también admite la conciliación pero como mecanismo directamente relacionado con el principio de oportunidad.el juez debe obrar en forma imparcial. Tratándose del criterio de oportunidad. así como en la legislación penal de ese país que tuvimos a mano. En Guatemala49 hasta hace muy poco no se encontraba prevista la conciliación como un mecanismo directo para extinguir la acción penal pública.En el acta de conciliación se determinarán las obligaciones pactadas. entre las cuales se contemplará la reparación del daño y el pago de los perjuicios si hubiere lugar a ello. Guatemala.. 1997. Tal es el caso de Guatemala y Perú. la suspensión condicional de la persecución penal. En tal sentido señala esa norma que “. Su función es la de ser un facilitador en la comunicación y el diálogo constructivo entre las partes.
p. agregándose que “sólo a proposición del imputado. También el nuevo Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela admite la suspensión condicional del proceso para los casos en que el delito admita la suspensión condicional de la ejecución de la pena. la reparación natural del daño causado o una reparación simbólica. es aplicable la suspensión del proceso a prueba para los delitos cuya pena mínima sea igual o inferior a un año de privación de libertad. frente a otros presupuestos básicos que también encuentran tutela constitucional52.DELITOS EN LOS CUALES ES ADMISIBLE LA CONCILIACIÓN El artículo 38 del CPP de Colombia (modificado en 1993) señala que “En los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.- . inmediata o por cumplir a plazos (arts. La nueva legislación procesal penal de El Salvador prevé la suspensión condicional del procedimiento para los casos en que es admisible la suspensión condicional de la ejecución de la pena. o asumido formalmente la obligación de reparar el daño en la medida de sus posibilidades.P. transcurridos los cuales se extingue la pretensión punitiva siempre que el imputado haya cumplido las condiciones.. Habrá que esperar algún tiempo para observar la práctica jurisprudencial. pero no se exige en forma directa que se haya indemnizado a la víctima. 362 y 364 C. según nos refiere el doctor Vieira da Silva. la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.. entre las cuales se encuentra la obligación de indemnizar el daño sufrido por la víctima. estafa. o que hubiere abandonado sin justa causa el lugar el accidente. El plazo de prueba va de 2 a 5 años. 26 in fine CPP de Costa Rica). alteración. Sin embargo.Esta fórmula a provocado algunas críticas en la experiencia portuguesa. 25 a 29 del Código Procesal Penal de 1996). haciendo aparecer dos tipos de condenas y de condenados.700).P. al estimarse que la discrecionalidad de la suspensión del proceso introduce una “impunidad selectiva”. colombiano). de acuerdo con el Código Procesal Penal colombiano la conciliación es admisible en los delitos dolosos contra el patrimonio siempre que la cuantía no exceda de 200 salarios mínimos (U$ 34. pues los jueces podrían tomar en consideración ese aspecto para acordar la suspensión. 52 Informe citado del Dr. imponiendo una limitación clara con el fin de que no se llegue a utilizar como un mecanismo de impunidad en los casos de delincuencia reiterada. disposición de bien gravado con prenda (arts.. el principio de legalidad. abuso de circunstancias de inferioridad. pero se puede suspender si el acusado se somete a determinadas condiciones.fórmulas que buscan la conciliación entre imputados y ofendidos (artículo 281 Código do Processo Penal. todavía. 24 CPP de 1996 de El Salvador). En Brasil también. 354. el hurto agravado. 349. excepto el hurto calificado y la extorsión. Vieira Da Silva. En tal caso el proceso se suspende por un plazo de dos a cuatro años. En estos casos el proceso se inicia. y los condenados por el Ministerio Público. La legislación penal de Costa Rica también adopta la figura de la suspensión del proceso a prueba en todos aquellos casos en que es admisible la suspensión condicional de la pena. 360. y la legislación prevé taxativamente las posibles condiciones a las cuales puede someterse el imputado. En consecuencia. 356. por medio de estos pactos. siempre que el imputado haya reparado los daños causados por el delito. 351. También son conciliables los delitos culposos de homicidio y lesiones personales siempre que el imputado no se encontrare al momento del hecho bajo los efectos del licor o alguna droga. y en los procesos por delito contra el patrimonio económico cuando la cuantía no excede de 200 salarios mínimos legales mensuales (U$ 3. decretolei n. 20. conforme a la ley 9099 del 26 de setiembre de 1995. 8 . 23. sino solamente existe el deber de escucharla antes de aprobar la medida (arts. alzamientos de bienes. En ese supuesto el plan puede consistir en la conciliación con la víctima.000). 22. se trata de posiciones rígidas que estiman como un dogma intocable y absoluto. 78-87 del 17 de diciembre de 1987). Esa misma norma agrega que no es admisible la conciliación como causa extintiva de la pretensión punitiva si el sujeto a cuyo favor se haya decretado ha recibido un beneficio igual en los cinco años anteriores. desfiguración y suplantación de marcas de ganado.” . 37 a 42 COPP de 1998). siempre que exista un plan para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el delito y un detalle de las condiciones que el imputado estaría dispuesto a cumplir. el tribunal podrá imponer otras reglas de conducta análogas cuando estime que resultan razonables” (art. con todas las garantías y publicidad. tales como el hurto simple. los verdaderos y propios condenados por el juez. y que no se haya utilizado violencia. cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva. incluso mediante acuerdos con la víctima (arts. consagradas en los arts 330 y 350 del C.
siempre que se repare el daño causado o se asuma la obligación de repararlo. cuando los cómplices o encubridores brinden declaración eficaz contra los respectivos autores. Desde luego por lo general ello ocurre durante la instrucción. en el homicidio culposo. y en los delitos de acción pública que admitan la suspensión condicional de la pena (artículo 36 del Código Procesal Penal de 1996). en los delitos sancionados con penas no privativas de libertad y en los delitos menos graves (art. pues el funcionario encargado (el fiscal) está obligado a convocar a una audiencia de conciliación En Costa Rica la reparación integral del daño como causa extintiva de la acción. CPP de Costa Rica de 1996). 34 Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela de 1998). CPP de 1996). Sin embargo para que sea admisible esa posibilidad en la experiencia brasileña se requiere que el imputado no haya sido condenado con anterioridad por delito (crime) a pena privativa de libertad. constituye una causal de extinción de la acción penal (art. en la etapa de juicio. y la suspensión condicional de la persecución penal es admisible cuando la pena no sea superior a tres años. 59 y 60 Código Penal de Costa Rica).j. salvo que la pena sea superior a dos años de prisión o los cometa un funcionario público. y además que conforme a los antecedentes y la conducta social y la personalidad del agente. cuando el inculpado resulte afectado por las consecuencias de un delito culposo. puede invocarse en cualquier momento antes del juicio oral (art. máxime que en la experiencia colombiana ello puede depender del monto de los daños en los delitos patrimoniales o de la cantidad de días de incapacidad en las lesiones. En Venezuela los acuerdos reparatorios son admisibles frente a delitos que afecten bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o cuando se trate de delitos culposos (art. en las lesiones. como causa extintiva de la acción penal. sino que ello surja con posterioridad ante una posible recalificación jurídica del los hechos. en la segunda instancia e incluso en casación Ello lo justifican indicando que al dictarse la resolución de apertura de la investigación podría no ser claro que el caso admitiría la conciliación. El . Deben agregarse también los delitos de contenido patrimonial sin grave violencia sobre las personas y los delitos culposos. en los delitos de acción pública previa instancia particular. en los cuales la reparación integral del daño por haberlo acordado así como la víctima. en los delitos de acción pública perseguibles a instancia privada.En Brasil la “transacción penal” es posible aplicarla en las contravenciones y en los delitos (crimes) que no sean sancionados con pena privativa de libertad mayor de un año (art. o cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público. hagan necesaria y suficiente la adopción de esa medida. La suspensión condicional de la pena es posible aplicarla a primarios sancionados a pena de prisión no mayor de tres años (arts.puede ejercitarlo el fiscal cuando el agente haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de su delito. Lo anterior ha permitido aceptar la conciliación en aquellos casos en que la pena mínima del delito imputado admita la posibilidad de la suspensión. no está previsto un momento procesal en el que precluya la posibilidad de invocar la conciliación en sentido estricto. También en Perú el criterio de oportunidad -que está condicionado a que se indemnice a la víctima. 30. En El Salvador la conciliación es admisible en los delitos de contenido patrimonial. es decir cuando sea de tres o menos años de prisión.OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR LA CONCILIACIÓN En Colombia las partes están facultadas para solicitar la conciliación en la etapa de instrucción. 61 lei 9099 de 1995). En Guatemala el criterio de oportunidad (recordemos que éste se encuentra condicionado a una conciliación entre las partes sobre las indemnizaciones correspondientes) es admitido en delitos de bagatela. 32 CPP de El Salvador de 1996). Sin embargo. siempre que no sea reprimido con pena superior a cuatro años de prisión. inciso j. en delitos de carácter patrimonial sin grave violencia sobre las personas y en delitos culposos. En esta categoría ingresan una amplia gama de hechos delictivos con penas cuyo extremo mayor llegan a los 10 años de prisión. de mínima culpabilidad. el imputado sea primario y no revele peligrosidad. 9 . 30. así como los motivos y las circunstancias del hecho. no haber sido beneficiado anteriormente con otra “transacción” en el plazo de cinco años. En Costa Rica la conciliación es admisible en las faltas o contravenciones.
sin embargo el profesor Gomes Filho nos manifiesta que existe cierta resistencia al ejercicio de esas funciones por jueces legos. en Colombia se admitió la conciliación también en materia contravencional (ley N. 10 . quien debe homologar los acuerdos adoptados por las partes.” (art. nos señala el doctor Florez Gacharna. así como para el juzgamiento de esas infracciones en las cuales es admisible tal posibilidad. 318 CPP de 1996).. sin el cual no tendrían eficacia. conforme al nuevo proceso.. por lo cual es importante examinar la necesidad de conocer los motivos que llevan a los perjudicados a aceptar conciliaciones con indemnizaciones notoriamente insignificantes”53. En Brasil el procedimiento para la “transaÇao penal” debe realizarse siempre frente al juez. 10.. intimidación o engaño. En la experiencia colombiana.ANTE QUIEN SE REALIZA LA CONCILIACIÓN En la experiencia colombiana al aceptarse que la conciliación pueda producirse en las diferentes etapas del proceso. la delincuencia organizada amenaza a los perjudicados. “. lo cual amplia la posibilidad de solicitar la conciliación prácticamente durante todo el proceso y antes del dictado de la sentencia. Sin embargo el artículo 6 de la ley N.se ha tenido conocimiento que en varias zonas del país. debe convocarse a la víctima de domicilio conocido a la audiencia preliminar en el procedimiento intermedio. como un requisito previo para expedir la resolución que corresponda. 228 de 1995) a realizar no sólo frente a los jueces municipales sino también ante los centros de conciliación o conciliadores en equidad. pero no establece un determinado momento procesal a partir del cual no pueda convocarse de nuevo la conciliación (art. y 504 del Código Orgánico del Proceso Penal de 1998). lo que equivaldría a continuar victimizando aún más y de nuevo a los perjudicados con el delito. pero antes de que se clausuren los debates en la vista pública. que la conciliación se verifique en otros lugares distintos a las oficinas judiciales y cuando se logre un acuerdo éste se plasma por escrito y se lleva ante el funcionario respectivo para que disponga la clausura del proceso. En El Salvador la conciliación procede “en cualquier momento del proceso. quien debe encargarse de convocar a la audiencia respectiva para controlar el procedimiento seguido. árbitros de hecho. pag. auxiliados por conciliadores.81 de 1993 (ley que modificó el CPP y admitió la conciliación en delitos de acción pública) señala que la audiencia de conciliación no debe ser convocada cuando el perjudicado manifieste haber sido indemnizado o haber estado de acuerdo con el monto propuesto por quien debe indemnizar. frente al fiscal. pero el funcionario judicial debe verificar que tales manifestaciones sean producto de una voluntad libre. 53 Informe antes referido.- . pero también en cualquier otro momento anterior al dictado de la sentencia definitiva si resulta aplicable el procedimiento previsto en el viejo código procesal (arts. 9099 de 26 de setiembre de 1995) esa diligencia está a cargo de juzgados especiales. entonces. familiares de los involucrados. puesto que ella se dicta luego de clausurada la vista pública (debate o juicio). Por disposición de la ley (N.nuevo Código Procesal establece que cuando la conciliación sea procedente. entonces se lleva a cabo ante el funcionario responsable del procedimiento. pero que el funcionario judicial debe luego verificar que se llegó al acuerdo en forma libre y voluntaria. cuando alguno de sus miembros es capturado. sin violencia.. y las razones que estuvieron a la base para adoptar la conciliación como un mecanismo alterno de justicia y de pacificación no tendrían ningún sentido. competentes para conocer de la conciliación. La ley precisa que los juzgados especiales estarán formados por jueces togados y legos. Esta opción ha permitido. pero por lo general la conciliación se produce en la fase de instrucción. con el fin de intentar que las partes se concilien. para obligarlos a que manifiesten haber sido indemnizados o reciban sumas inferiores al valor real de su indemnización. Lo anterior permite concluir que el proceso de conciliación se verifica en muchos casos ante amigables componedores. 32 CPP de El Salvador de 1996). situación que debe ponernos en alerta pues en todos los países del área podría ocurrir los mismo. Con posterioridad. etc. Sin embargo todavía en algunos estados de la federación brasileña ese juzgamiento le corresponde a los tribunales comunes de justicia penal. oficinas de abogados. En Venezuela los acuerdos reparatorios pueden adoptarse especialmente en la etapa preparatoria e intermedia. 333 inciso 5. 34..
En Guatemala no existen oficinas públicas o privadas que se dediquen a facilitar o promover la conciliación en asuntos penales de acuerdo con el informe del Dr. o la debilidad de una de ellas durante el proceso de negociación. 6). La ley brasileña también prevé la posibilidad de que el juez sea asistido por conciliadores. de la Constitución Federal ) también formula y hace una propuesta concreta de transacción al autor del hecho y a su abogado. pero corresponde a la víctima comunicar el acuerdo al tribunal. I. Debemos mencionar además. sin embargo ya en el artículo 477 del Código Procesal Penal (recientemente modificado) se hace referencia a que “previo a acudir a la audiencia de conciliación. En Guatemala corresponde al Juez pronunciarse sobre la solicitud que formula el Ministerio Público para aplicar el criterio de oportunidad o para suspender la persecución penal. y en especial no la apruebe “. que requiera el servicio y les determinará las facultades y responsabilidades” (art.A nivel experimental funcionan en el país algunos centros especializados en la solución alternativa de conflictos. 129. es decir trasladándole una concreta responsabilidad no solamente sobre el contenido de los acuerdos sino también respecto del procedimiento utilizado para llegar a ellos (arts. pues se requiere que éste homologue los acuerdos. o instar a los interesados para que designen un amigable componedor”. Desde luego el Ministerio Público asume un papel protagónico. pero en todo caso las posibilidades de desviarse de los objetivos es poco probable en ese país. debiendo preferir a los bachilleres en leyes. aspectos que antes realizaba el Ministerio Público. cuya concordancia es esencial para que el juez llegue a homologar los acuerdos. Jurisdicción y Resolución Alternativa de Conflictos. el tribunal podrá solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas para procurar acuerdos entre las partes en conflicto.cuando tenga fundados motivos para estimar que alguno de los que intervengan no están en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza” (art. con las limitaciones propias señaladas en las legislaciones respectivas. laboral.En ese contexto en Brasil es el juez quien controla los posibles excesos de las partes. en forma personal. o al menos con ocasión de su intervención. además de que el imputado debe ser asistido por abogado. debiendo el juez levantar una acta donde se determinen las obligaciones pactadas y el plazo para su cumplimiento (art.” 11 . o bien puede recurrirse a otros sujetos facilitadores. 34 y 504 del Código Orgánico del Proceso Penal de Venezuela de 1998). La Corte Suprema de Justicia designará a los jueces conciliadores. porque la ley fija los límites de la transacción.. En El Salvador no se indica en forma expresa ante quien. .. la cual dispone que “en cualquier etapa del proceso judicial. En Venezuela corresponde al Juez aprobar los acuerdos reparatorios entre víctimas e imputados “verificando que quienes concurran al acuerdo hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos”. pues son los protagonistas del conflicto. 54 Ley N° 7727 del 9 de diciembre de 1997. publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 9del 14 de enero de 1998. Se trata de la “Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social”54. Aguirre. y de acuerdo con las modificaciones señaladas le corresponde también controlar los posibles excesos de una parte sobre otra. Desde luego todo el proceso de negociación puede ser conducido directamente por el juez.QUIENES INTERVIENEN EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN Deben intervenir necesariamente el agresor y la víctima. en virtud de corresponderle el ejercicio exclusivo de la acción penal (art. cit. 36 CPP de 1996). en “Justicia Alternativa en Costa Rica: de la justicia tradicional a la justicia necesaria”.. 31 ss. conforme lo dispone esa ley especial. Estos nuevos funcionarios deberán actuar en todas las materias. En Costa Rica la conciliación debe producirse frente al Juez. sino a otras áreas como familia. el tribunal puede proponer una audiencia de conciliación. pp. El conciliador podrá ser el mismo juez de la causa o un juez conciliador.. etc. Véanse los comentarios del profesor ANTILLÓN MONTEALEGRE WALTER. que en la experiencia costarricense recientemente se aprobó una nueva legislación que exige crear órganos permanentes para tales propósitos. las partes podrán someter su conflicto al conocimiento de centros de conciliación o mediación. 32 in fine CPP de 1996 de El Salvador). pero ninguno de ellos se ha dedicado en forma particular a la materia penal. civil. Dispone la norma últimamente referida que “para facilitar el acuerdo de las partes.
La conciliación. si resulta admisible que se pueda producir la conciliación incluso frente a delitos “sin víctima” individualizada. porque recordemos que se trata de buscar una verdadera solución al conflicto humano que está en la base del hecho denunciado como delito. lo cierto es que podrían suministrar una información muy valiosa que el juez deberá tomar en consideración para aprobar u homologar los acuerdos entre la víctima y el imputado. En la experiencia costarricense ya hemos tenido conocimiento de jueces que se han negado a permitir la intervención del Ministerio Público en la conciliación porque la ley señala que ésta se produce entre el imputado y la víctima. de modo que al fiscal también le compete intervenir en lo que pueda ocasionar una causa de extinción de la acción penal. Lo anterior por cuanto la legislación procesal otorga la categoría de víctima. para todos los efectos legales. en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos.Sin embargo. y de las consecuencias jurisdiccionales de ella. Desde luego que debe escucharse y permitirse la intervención en todo el proceso de negociación al Ministerio Público. sobre todo en delitos de lesiones y homicidio ocurridos en la circulación de vehículos. puesto que su deber será velar porque no se afecten los intereses de ninguno de los sujetos. y que el proceso de conciliación podría provocarle consecuencias. es decir frente a aquellos que lesionan intereses colectivos o difusos. así como la posibilidad de incidir con eficacia en la negociación y finalmente en la aprobación o el rechazo de los acuerdos adoptados por las partes. . etc. demandado civil. También debe destacarse la intervención del fiscal o representante del Ministerio Público. que ni siquiera figuren formalmente dentro del proceso penal. para los casos en que el la conciliación debe realizarse frente a un juez. puesto que es el principal actor penal. otros ciudadanos involucrados en el conflicto pero no en el proceso penal. cit. pero desde luego que son y deben ser totalmente atendibles las intervenciones y observaciones que formule el fiscal. Los criterios de todos estos otros sujetos distintos al imputado y a la víctima (fiscal. pero que de alguna manera estén involucrados en el conflicto o bien son parte del mismo. incluyendo desde luego los derechos a la conciliación. encargado del ejercicio de la acción. Esto resulta particularmente de mucho interés. como ocurre con ciertos delitos que afectan bienes generales o difusos. También es posible que el Ministerio Público asuma una especie de representación en ese sentido.LA CONCILIACIÓN FRENTE A DELITOS QUE AFECTEN INTERESES COLECTIVOS De acuerdo con el doctor Florez Gacharna. 178 ss. El artículo 43 del CPP colombiano faculta al actor popular y al Ministerio Público para que en defensa de esos intereses colectivos y populares intenten las pretensiones indemnizatorias que se puedan. ALFONSO. y no una “solución formal” de un expediente o de un caso más. Esto es mas evidente cuando se trata de empresas que deben responder con su patrimonio de las conductas ilícitas desplegadas por sus empleados o administradores. Incluso estimo de importancia la participación de otros sujetos. del querellante particular. en la experiencia colombiana no es admisible la conciliación frente a delitos que afecten intereses colectivos o difusos.). así como por las empresas de seguros. del demandado civil.En la práctica costarricense. ni para solicitar la audiencia de conciliación. o bien que alteran la tranquilidad de un determinado grupo de vecinos. Es evidente la necesidad de hacer partícipes en la conciliación a todos los sujetos del proceso. por tratarse de bienes colectivos.. cuando el imputado quiere realizar una 55 CHAVES RAMÍREZ. fundaciones y otros entes. porque ni el actor popular ni el Ministerio Público adquieren legitimación ni titularidad para negociar la posible indemnización. sin embargo. Tal es el caso del actor civil. y de cualquier otro que se haya constituido como parte55. con el fin de escuchar sus opiniones sobre lo que podría ser una solución negociada. 12 . pp. y en especial los de la víctima. así como para controlar que en efecto la solución propuesta viene a contribuir a reafirmar la paz social. siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses” (artículo 70 del Código Procesal Penal de Costa Rica de 1996). ni puedan convertirse en un sensor con poder de veto. defensor. aún cuando su opinión no debe ser vinculante para el Juez. y no se trata simplemente de una causa menos en el tribunal. Lo mismo podemos señalar para el Perú. ya que la víctima es sólo coadyuvante (y sólo por excepción se convierte en acusador exclusivo). aunque desde luego no todos tendrán la posibilidad de hacer sus opiniones vinculantes. pero no les otorga la posibilidad de conciliar. Se trata de una visión muy estrecha y reducida de la norma que autoriza concluir el proceso por esa vía. “a las asociaciones. Respecto del demandado civil recordemos que en algunos casos es el garante de las acciones desplegadas por el imputado. es necesario determinar los alcances de la intervención del Ministerio Público. Es cierto que se propicia una conciliación entre la víctima y el imputado.
siempre que lo admitan la víctima o la Fiscalía General de la República. conforme señalábamos antes. en os delitos que afectan intereses colectivos o difusos. es obligatorio concurrir a la audiencia de conciliación. y el 184 ibídem establece que quien se sustraiga al cumplimiento de una obligación impuesta en resolución judicial incurrirá en arresto de seis meses a cuatro años y multa de $1. delitos ecológicos o de daños materiales) son accesibles a las prestaciones de reparación..11 ibídem). siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses. aun cuando en este caso el proceso puede resultar a veces laborioso y difícil”56. o que no hayan afectado los intereses de alguno de los sujetos. según sea el caso. quien la aprobará de inmediato salvo que estime conveniente examinar más a fondo la situación. ..000 a $100. En El Salvador. corresponde a la propia víctima comunicar los acuerdos de conciliación al tribunal. tratándose de un delito que le afecte. cuando la conciliación es admisible según los requisitos establecidos en la ley y las partes no la han solicitado. para que el juez levante una acta donde se hagan constar las obligaciones pactadas y el 56 DûNKEL FRIEDER. cit. Tampoco pueden excluirse por principio los delitos con varias víctimas. Lo normal es que si la convocatoria es obligada. 30 ibídem). 87 CPP Guatemalteco). el Tribunal debe proponerlo de oficio. 71.. porque en la nueva legislación procesal penal se consideran víctimas “a las asociaciones. procurando que las partes logren alcanzar un acuerdo satisfactorio (arts. en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos.siempre que la víctima o el Ministerio Público lo admitan.4 COPP de Venezuela de 1998). 12. inclusive el trabajo de utilidad pública. sin incidencia alguna en el proceso penal. La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños: desarrollos recientes del derecho penal y de la práctica del derecho penal en la comparación internacional.. 13 . En la experiencia costarricense. En Brasil la “transacción” se realiza en una audiencia preliminar pública. 36 y 318 ibídem). ni se registran las manifestaciones de las partes. la inasistencia de una de las partes simplemente implique que no desea ningún tipo de conciliación. en delitos de contenido patrimonial sin grave violencia sobre las personas o en delitos culposos. El cumplimiento de los acuerdos sólo puede exigirse por la vía civil.. convocando a una audiencia oral privada para verificar que las partes hayan aceptado voluntariamente los términos del arreglo. 32. sin embargo señala el doctor Aguirre que “lo anterior no excluye que la parte interesada pudiera solicitar su lectura en el curso del debate y su ratificación por parte del propio imputado”. sin que ello le ocasione otras consecuencias adicionales. art.LA DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN En Colombia. 116. solicitada la conciliación debe procederse a pedir la homologación al Juez de la Etapa Intermedia. Conforme al nuevo Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela también se plantea la misma situación..000.” (art. es decir al exigirse plena conformidad de la víctima. También los delitos frente a la comunidad (p. al disponerse “. ej. siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con esos intereses” (art.. fundaciones y otros entes.. pues la incomparescencia produce consecuencias desfavorables.reparación integral del daño social causado. En Guatemala el proceso de conciliación no es secreto. según el caso. no sin críticas. En Costa Rica la conciliación puede producirse en el curso de la investigación preparatoria o en la audiencia preliminar del procedimiento intermedio. pero no requiere de mayores formalidades. al disponerse que se consideran víctimas “las asociaciones. de acuerdo con el principio de publicidad de los actos judiciales consagrado en la Constitución Federal. o del Ministerio Público en los demás casos..4 CPP de El Salvador de 1996). P.” (Inciso j. o que no se hayan escuchado a todos los sujetos involucrados en el conflicto. Según se nos refiere en la experiencia europea “la conciliación delincuente-víctima no está limitada a delitos con víctimas individuales. y también se dispone que en delitos de contenido patrimonial se extingue la acción por la reparación integral del daño “. En cualquier caso.” (art. o existan otros aspectos no contemplados en la negociación que deban ser atendidos. Ello se debe a que el artículo 162 del Código Procesal Penal señala que es obligatorio comparecer ante el funcionario judicial que lo requiera cuando la persona sea citada para la práctica de diligencias. pero las manifestaciones del imputado durante el proceso conciliatorio no pueden introducirse al debate pues no constituye una declaración formal (art.. Idéntica situación podemos individualizar en El Salvador.
PLAZO PARA CUMPLIR LOS ACUERDOS Algunas legislaciones establecen la posibilidad de otorgar plazos para el efectivo cumplimiento de los acuerdos. e incluso puede determinar el plazo para que se realice el pago de la reparación civil a falta de acuerdo entre las partes. Para tal propósito podrá fijarse un plazo máximo de un año. al disponerse en forma clara que “en caso de incumplimiento que dé lugar a la reanudación del proceso. violación de comunicaciones. 332 y 263 Código Penal de Colombia). en Perú (306 CPP de 1940). el proceso continuará su marcha aún cuando haya justa causa para no cumplir con los acuerdos pactados (art. El nuevo Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela con muy buen tino dispone que “cuando la reparación ofrecida se haya de cumplir en plazos o dependa de hechos o conductas futuras.” (art. . ampliándose así las posibilidades de aplicar el instituto (arts. el Código exige indagar si hay o no causa justificada. en Colombia (arts. daños.. por ejemplo. actualizado por el art. entre otros. 14338/46).” (art. incesto. 15 . inasistencia familiar. agregando que dicho plazo no puede ser superior a seis meses. difamación. 32 y 33 CPP de El salvador de 1996). los pagos y prestaciones efectuados no serán restituidos” (art.la extinción de la acción penal tendrá efectos a partir del momento en que el imputado cumpla con todas las obligaciones contraídas. emisión ilegal de cheques. 262. en Brasil (art. y en Costa Rica (art. admite que la decisión del juez pueda ser impugnada. 385 CPP de 1996). disposición en vigencia según transitorio décimo). lesiones personales. También el Código Procesal Penal de El Salvador admite que para el cumplimiento de los acuerdos las partes pueden fijar un plazo. El plazo facilita la conciliación dándole mayor capacidad de negociar a los sujetos no pueden cumplir las prestaciones de inmediato. las partes pueden prorrogar el plazo hasta por seis meses más. 32 y 33 CPP de El Salvador de 1996). 288. 2 CPP de 1995. o en el evento de que la víctima no acepte prorrogar el plazo originalmente fijado. el procedimiento continuará como si no se hubieren conciliado las partes (arts. y si el imputado no cumple las obligaciones impuestas sin justa causa.274 del 6 de julio de 1992). y que de no cumplirse el acuerdo en ese tiempo el proceso debe continuar. 1 del Decreto Ley N. el procedimiento continúa como si no se hubiere conciliado (arts. usura. 175.. se suspenderá el proceso hasta la reparación efectiva o el cumplimiento total de la obligación.. 36 CPP de Costa Rica de 1996). incumplimiento de deberes alimentarios entre otros. sea por falta de recursos o porque el consentimiento de la víctima se condiciona al efectivo cumplimiento de los acuerdos. 314. bigamia. alteración del estado civil. 319. 315.Para paliar esta sustitución de voluntades. 477 CPP).plazo para cumplirlas. acceso carnal mediante engaño. 33. 365. en Uruguay (art.. perturbación de la posesión de inmuebles. 320. durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal. invasión de tierras o edificios. matrimonio ilegal. Si las obligaciones no son cumplidas.OTROS MECANISMOS CONSENSUALES O ALTERNATIVOS PARA RESOLVER EL CONFLICTO PENAL a) La conciliación en delitos de acción privada Tradicionalmente la conciliación ha sido admisible en los delitos perseguibles con querella de la víctima para delitos de acción privada. Tal es el caso de la legislación de Costa Rica que señala que “. Finalmente en este país también se resuelve un problema que podría generar algunas discusiones futuras en caso de reanudación de procesos. 36 ibídem). en El Salvador (art. 38 y 39 CPP). pero si hay justa causa en el retardo. malversación de bienes. 35 COPP de 1998). Si el imputado no cumple sin justa causa las obligaciones pactadas.. 261. 701 del Código Penal. en Paraguay (art. sin que pueda exceder de nueve meses (art. el procedimiento continúa como si no se hubiere conciliado. Vencido este último plazo. 36 ibídem). 34. 14 . 402 CPP de 1996). 235. injuria y calumnia.. pero en Colombia encontramos una amplia categoría de delitos perseguibles con querella: infidelidad de los deberes profesionales. 260. 367. en Guatemala (art. En Perú es admisible que el fiscal fije el monto de la indemnización cuando el agraviado no comparezca a la audiencia previa a la aplicación del criterio de oportunidad. 301. 313. Si se produce un incumplimiento de los acuerdos. 302. calumnias.. 370. 368. usurpación de tierras. 4 de la Ley 16. 520 del Código de Processo Penal). Tradicionalmente se trata de los delitos de injurias. suspendiéndose la declaratoria de la extinción de la acción penal. Así ocurre. sin precisar un límite máximo. 366. 266.
José I. al señalar que les corresponde “promover la conciliación en los delitos perseguibles por querella” (art. cuando el imputado y el fiscal llegan a un acuerdo sobre la existencia del hecho. art. procurará la conciliación con el querellante quien podrá estar asesorado. su participación y la calificación jurídica. de ser posible. GONZALO ARMIENTA CALDERÓN. los cuales deberán quedar asentados en la averiguación. ampliando así la posibilidad de la conciliación. en “Ciencias Penales” N° 11. Señala el artículo 165 bis de la legislación procesal penal del Estado de México (entidad federativa) lo siguiente: “Previamente al ejercicio de la acción penal y tratándose de delito culposo o de los perseguibles por querella. que se dedicaban en forma exclusiva a lograr acuerdos entre las partes con el fin de conciliarlas. la pena a imponer y las indemnizaciones correspondientes. Conforme a éste último procede el juicio abreviado para juzgar aquellos delitos en los que el Ministerio Fiscal estima suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena no privativa de libertad. señala que es necesaria la instancia (representaÇâo) también en los delitos de lesiones corporales leves y las lesiones corporales culposas. a diferencia de la mayoría de los países.58 Fueron establecidas por acuerdo número A/02/93 del 22 de marzo de 1993 del Procurador General de la República. su calificación legal.431 bis). Esa posibilidad está limitada a los delitos cuya persecución depende de la iniciativa de la víctima (acción penal privada) y en los casos de la instancia (representaÇâo).y). es decir la autorización de la víctima para que se investigue un delito de acción pública ocurrido en su perjuicio. 415. en su caso. También consultamos CAFFERATA NORES. archivándose el asunto”. proponiendo fórmulas de solución para que. . Esta categoría está conformada por delitos que en otros países reciben el calificativo de ilícitos de acción privada. que en México corresponde al Ministerio Público propiciar la conciliación en estos delitos perseguibles con la querella del ofendido. las cuales constituyen infracciones de gran incidencia. 57 Seguimos el informe del Dr. julio de 1996.1. 8. 3 ss. pero que en México son perseguidos también por el Ministerio Público previa querella de la víctima. En México57 también es admitida la conciliación para los delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella de la parte ofendida. Para un encuadre del proceso penal abreviado. arts. en los casos en que esa medida era admisible. 444 y ss). o al menos deben quedar establecidas las bases y los plazos para hacerlo. aceptando los hechos. 1997. puedan adoptar los convenios pertinentes a sus intereses que hagan posible la conformidad del agraviado. proponiendo vías de solución que logren la aveniencia” (art.IX). publicado en el Boletín de esa institución del 6 de abril de 1993. cuanto en el Código Procesal Penal de la Nación para la justicia federal (art. Armienta Calderón). San José. Cabe agregar que la ley 9099 de 26 de setiembre de 1995. norma que reitera sintéticamente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.Es importante destacar. siempre que el imputado manifieste su conformidad. En Perú está vigente lo que el nuevo Código Procesal Penal de 1995 denomina “proceso de terminación anticipada” (arts.México D. el Ministerio Público de la Federación propiciará conciliar los intereses en conflicto.. 3. tanto en la legislación procesal de algunas provincias (como Córdoba. Por tal razón la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (publicada en el Diario Oficial el 10 de mayo de 1996) establece “en aquellos casos en que la ley lo permita. Si bien la víctima no puede oponerse al acuerdo entre el fiscal y el imputado. y por acuerdo número A/08/94 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal. su derecho resarcitorio debe quedar cubierto como condición indispensable para adoptar la medida. PEDRO J.b) El proceso abreviado Argentina59 recepta el proceso abreviado. Hubo incluso una época en la que existieron las denominadas “Agencias del Ministerio Público Conciliador”58. pp.En Brasil deben mencionarse también las infracciones de menor potencial ofensivo (con penas menores de un año) en las cuales es posible evitar el proceso penal por medio de una conciliación con la víctima para la reparación del daño. que hemos citado.F. BERTOLINO. Mecanismos de conciliación que operan en la impartición de la justicia penal y en general en los sistemas de negociación y solución de conflictos penales diferentes a la respuesta tradicional (pena tasada). Juicio Penal Abreviado. y Buenos Aires. Hoy ya no operan porque esa labor corresponde a las propias oficinas encargadas de ejercer la acción penal y practicar las investigaciones previas. el agente del Ministerio Público concederá la garantía de audiencia y defensa a la persona inculpada. publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 1994 (informe del Dr. 59 Nos sustentamos el trabajo del Prof. 395 a 403). citándola para que declare con relación a los hechos y.
. 178 CP peruano). que no constituyen una conciliación en los términos en que lo tratamos aquí. En España60 rige desde 1850 una fórmula que podríamos calificar como una especie de juicio abreviado. en aquellos casos en que el imputado manifiesta “su conformidad” con la acusación. o tratándose de delitos castigados con penas privativas de libertad hasta de nueve años. en el que tiene una incidencia más decisiva la voluntad de las partes”61. si el acusado acepta la solicitud de pena y la correspondiente indemnización civil se procede a dictar sentencia. 50 de la Ley del Jurado..- . También es admisible según el Código portugués el denominado “proceso sumarísimo” (arts. CPP salvadoreño) y la de Costa Rica (arts. un procedimiento especial y más rápido de desarrollo del proceso penal. En estos casos. “. Algunos de los países que admiten en forma directa la conciliación entre víctimas y acusados. y en el art. 392 a 397 del Código do Processo Penal de 1987) aplicable para delitos sancionados con prisión no mayor de seis meses o con multa. pero se trata de una forma de conclusión del proceso de manera consensual y abreviada digna de tomar en cuenta.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. cuando el inculpado colabora eficazmente con la policía descubriendo o previniendo futuros crímenes. En Portugal opera una fórmula similar que permite atenuar la pena e incluso eximirse de la misma. que eliminó la generalidad de esa opción del matrimonio.. abusos deshonestos y rapto. 200 CP Guatemalteco).61 Informe citado. En estos supuestos el juez debe convocar a las partes a una audiencia antes de concluir la instrucción. 15. 791. p.. Esta misma regla se reproduce en el nuevo Código Procesal Penal para el proceso de terminación anticipada (art. En Paraguay también se admite como causa extintiva de la acción penal el matrimonio del acusado con la víctima en los delitos de violación. 373 y ss. CPP costarricense). aplicable en especial en delitos relacionados con el terrorismo y la delincuencia organizada (Artículo 299 del Código Penal.. Conforme lo señala el profesor Ortells Ramos. cuando se hubiere solicitado la aplicación de penas correccionales. 793. 379 y ss. pero si la diligencia fracasa. cuya legalidad controla el juez. 446). la Ley 26320 de 30 de mayo de 1994 autoriza la terminación anticipada del proceso en ciertos casos leves de tráfico de drogas. No es un acuerdo cuyos componentes den satisfacción. acuerdo cuya preparación o concertación excluya o suspenda la realización de proceso penal por los hechos correspondientes. restituida al poder de sus padres o guardadores. a los intereses afectados por el ilícito penal.la conformidad no es un medio de tratamiento del ilícito penal distinto a la imposición de las penas previstas en el Código Penal y a través de un proceso. mediante un acuerdo entre el fiscal y el procesado. que se denomina la “conformidad del acusado”. “. corrupción de menores. estupro. 373 y ss. como causa extintiva de la acción penal en delitos de persecución pública..En la experiencia peruana deben mencionarse también ciertos acuerdos entre el fiscal y el procesado. la pena a imponer y la indemnización si correspondiere. 1997.la ofendida consiente libremente en contraer matrimonio con ellos. aprobado por Decreto-Ley N 48 del 15 de marzo de 1995). Cödigo Orgánico Procesal Penal de 1998 de Venezuela). ORTELLS RAMOS MANUEL. 688 a 700. para impedirla en delitos graves y la mantiene sólo para ciertos casos concretos.3. 331 CP paraguayo). Es simplemente. En efecto. así como en los artículos 789. también establecen y admiten la institución del proceso abreviado.5. c) El matrimonio entre agresor y víctima En Guatemala es admisible el matrimonio del imputado con la ofendida como causa extintiva de la acción penal y de la pena en delitos de violación. como ocurre por ejemplo en la legislación de Venezuela (arts.” (inciso 7 del artículo 2. 60 Seguimos el informe del Prof. ley 26320 citada).. El Salvador (arts. si “. regulada en la actualidad en los artículos 655. siempre que la ofendida fuere mayor de doce años y.” (art. casos en los cuales se abrevian los procedimientos y se procede al dictado de la sentencia. sin embargo ante diversas manifestaciones de la opinión pública se promulgó recientemente la ley 26770 del 11 de abril de 1997. estupro. por vía distinta a la imposición de penas. España. en todo caso. La conciliación en el sistema penal. Valencia. con la previa aprobación del Ministerio Público (art. rapto de persona mayor de 15 años.... cuando están conformes sobre la calificación jurídica de los hechos.cualquier declaración hecha por el procesado se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra. En Perú se admitía también esta posibilidad en forma genérica para todos los delitos de carácter sexual (art.
106. Tal situación ha sido calificada por la doctrina como un caso de perdón. 26 y 31. También debe mencionarse. Tal es el caso. en la experiencia española. aplicable en delitos de acción pública pero perseguibles sólo ante la instancia personal y directa del ofendido. como por ejemplo a quienes se hubieren autoinculpado de delito para proteger un pariente. 169. se admite como causa extintiva de la acción penal el matrimonio del agente con la ofendida en los delitos de estupro (art. en cuyo caso el tribunal podría rechazar la eficacia del perdón (arts. 215. 151. de los delitos contra la intimidad. 186 del Código Penal del Estado de Sinaloa). como una forma extintiva de la acción penal. concretamente. por aborto honoris causa. 20 del Código del Proceso Penal uruguayo). pero además el ofendido puede retirar la “instancia privada” en cualquier momento del proceso. Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. 276 ibídem). Luis María Simón en su informe ya referido. como causa extintiva de la acción penal. México reconoce.3 Código Penal español).- . cuando éste es legalmente posible en lo delitos contra la honestidad y no haya oposición de parte de los representantes legales de la menor y del Patronato Nacional de la Infancia (art.por el casamiento del ofensor con la ofendida en los casos de los delitos de rapto. sus herederos o representantes legales en delitos de acción privada. en delitos contra la propiedad en caso de parientes. pero desde luego debe indicarse en primer lugar la posible conciliación que se haya producido entre agresor y víctima. el perdón del ofendido en los delitos de acción privada. p. a los contraventores. En estos casos se requiere de una autorización expresa de la víctima para perseguir estos delitos taxativamente fijados en la ley. 620. pues lo característico en esta clase de hechos es que exista una amplia disponibilidad de la acción por parte de la víctima (arts. Ed. en delitos tales como lesiones. lo cual viene a constituir una causa extintiva de la acción penal. violación. En Costa Rica también es admisible una manifestación de voluntad del querellante en delitos de acción privada. el perdón otorgado por el ofendido en los delitos perseguibles con querella (art. También es admisible como causa extintiva de la pena el “perdón judicial” que pueden otorgar los jueces en una gran cantidad de casos expresamente señalados en la legislación penal. el perdón que puede otorgar el ofendido en ciertos delitos perseguibles a instancia suya. 92 Código Penal). J. México. 233 y 235 CP guatemalteco). etc. 30 inciso b. etc. como causa extintiva de la acción (art. 201. Fundación de Cultura Universitaria.En el Estado de Sinaloa se reconoce además el perdón de la ofendida de delito de estupro (art. 18 y 30.62 En Sinaloa. 1981. y arts.h del CPP costarricense). 405 CPP de El Salvador de 1996). En Costa Rica es admisible también el matrimonio del procesado o condenado con la ofendida. atentado violento al pudor.4.. usurpaciones. Montevideo. 93 del Código Penal de Costa Rica). y 383 CPP de Costa Rica de 1996). 93 Código Penal Federal). daños. En “Curso sobre el Código del Proceso Penal”. denominada “desistimiento de la querella” y que puede estar motivada en una gran cantidad de situaciones.. Citado por el Dr. hurto de uso. el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. En El Salvador se encuentra prevista en forma directa el perdón que pueden otorgar la víctima. (arts. cuando su denuncia constituye un requisito de procedibilidad. (art. En Costa Rica y El Salvador es admisible lo que la legislación procesal penal denomina el “desistimiento de la instancia privada”. salvo tratándose de delitos cometidos en perjuicio de menores o incapacitados. 267. pp. según la cual se extingue la pretensión punitiva “. la cual asume una forma procesal más amplia que el perdón. de varios autores.8 del CPP salvadoreño. corrupción y estupro”. daños por imprudencia y de cuantía superior a diez millones de pesetas. 101. e) La devolución de los bienes sustraídos o retenidos 62 MARABOTTO... y las faltas contra las personas y contra el patrimonio (arts. En igual sentido en España. en cuyo caso el Ministerio Público puede oponerse al mismo y el Juez decide en definitiva (art. salvo tratándose de menores o incapacitados.En Uruguay se encuentra prevista la denominada “remisión por casamiento” (art. 621 y 624 del Código Penal español). 130. Disposiciones generales: Norma procesal penal y acciones. d) El perdón del ofendido En Guatemala opera como causa extintiva de la acción penal y de la pena. 6. donde el perdón del ofendido extingue la acción penal en delitos de acción privada. 66/67. lesiones culposas. así como también admite el perdón que puede otorgar el cónyuge en ciertos supuestos (art. Las razones para sustentar el retiro son muy amplias. 186 Código Penal del Estado de Sinaloa).
f) La reparación como presupuesto de la suspensión de la pena En Portugal es admisible la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. sea la primera vez que delinca y el delito no se hubiere cometido con violencia.412 del 8 de agosto de 1975) constituye una causa de extinción de la responsabilidad penal el pago del importe del cheque. más los intereses corrientes y moratorios. de carácter constitucional. el hecho de que el sujeto activo del ilícito restituya espontáneamente el objeto del delito. y todas las formas de liberación anticipada. luego de una prevención que debe hacerle la autoridad para que pague también dentro del término de cinco días (art. donde el cumplimiento de la responsabilidad civil es. Walter. ante una instancia en ese sentido que debe formularle la autoridad que conoce del asunto (art..En España es posible eximirse de responsabilidad penal en delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. así como también debe brindar una satisfacción moral adecuada (arts. la cual se encuentra supeditada -entre otros presupuestos. Mecanismos de conciliación que operan en la impartición de la justicia penal y en general en los sistemas de negociación y solución de conflictos penales diferentes a la respuesta tradicional (pena tasada) (Informe).3 Código Penal). 454/91 de 28 de diciembre de 1991) y en Uruguay (Decreto Ley N. “La conciliación en el sistema penal guatemalteco” (Informe). en “Justicia Alternativa en Costa Rica: de la justicia tradicional a la justicia necesaria”.. Lo mismo ocurre en España. Es necesario mencionar también otros mecanismos alternativos o sustitutivos tanto del proceso como de la pena. 1997. requisito para la remisión condicional de la pena (art. las penas se reducen a la mitad (art. San José. 14. 50 y 51 del Código Penal de 1995). 408 CP paraguayo). Costa Rica admite que el delito de apropiación o retención indebida no llegue a configurarse si el imputado devuelve los bienes apropiados o retenidos en el plazo de cinco días. 81. constituye una atenuante que justifica la reducción de la pena a la quinta parte (art. así como también exime de pena a quien reintegre el importe total de un cheque librado sin fondos. 305. así como los mecanismos alternativos y sustitutivos de la pena. l996. para poner en evidencia que en nuestros sistemas no es novedoso que se pretendan introducir otras vías distintas para solucionar los con conflictos penales. por regla general. o la indemnización correspondiente en caso de ser imposible la devolución. Mediación y Justicia. la libertad vigilada. o bien. y los daños y perjuicios. se contempla como excusa absolutoria. 1997. g) Otros sustitutivos propios del Derecho Constitucional y del Penitenciario. Gonzalo. 223 del Código Penal de Costa Rica).F. de no ser posible la restitución. Guatemala. o garantice su pago por medio de caución idónea. Depalma.México D. Colegio de Abogados. siempre que lo haga antes de que la autoridad investigadora tome conocimiento de los hechos. México. ARMIENTA CALDERÓN. como lo son la amnistía y el indulto. Buenos Aires. México). aplicables durante la fase de ejecución. 243 ibídem). 307 y 308 Código Penal español) En Sinaloa. . conocidos como beneficios penitenciarios. pero antes de dictada la sentencia.a que el sentenciado pague en un plazo razonable que fija el tribunal la correspondiente indemnización al ofendido. JASSAN ELÍAS. Si la devolución se realiza después. tales como la libertad condicional. 1995.En Paraguay la devolución de los bienes sustraídos o retenidos. cuando el sujeto activo efectúa los pagos y los reintegros correspondientes antes de que se inicien las actuaciones penales (arts. en los casos de delito de emisión de cheques sin fondos constituyéndose así en una fórmula de conclusión del proceso penal por pago de los daños y perjuicios. Mario. Jurisdicción y Resolución Alternativa de Conflictos. 236 Código Penal del Estado de Sinaloa. ALVAREZ GLADYS S.BIBLIOGRAFÍA AGUIRRE GODOY. ANTILLÓN MONTEALEGRE. cubra el importe de aquél. HIGHTON ELENA. 16 . En Portugal (artículos 11 y 12 del Decreto-lei n. tradicionalmente aceptados en una gran cantidad de legislaciones del área.
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