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Timestamp: 2017-04-30 16:43:19
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El quehacer de la Teoría Parte V-Realismo Jurídico y Protesta Anónima (Gabriela Moros)
Por Érika Fontánez Torres ⋅ November 15, 2016 Tags protesta, Realismo Jurídico, Teoría Nota Editorial: En esta nueva ronda de entradas de la serie El quehacer de la Teoría compartimos varios trabajos de la situación de Hechos A que tiene como tema la protesta en anonimato frente a la seguridad. En esta y las próximas entradas los estudiantes Gabriela Moros, José Coss, Miliette Reyes y Manuel Martin presentan las opiniones del Tribunal siguiendo también las corrientes jurídicas positivistas, realistas y transnormativistas. La primera Opinión se comparte en esta entrada y fue preparada por Gabriela Moros quien presenta su argumentación a partir del Realismo Jurídico. Recordamos que se trata de un ejercicio ficticio que aunque toma de un caso reseñado en la prensa y que surge de la vida real, altera los hechos y circunstancias para fines didácticos. Se han marcado aquellas partes que ilustran de manera más directa la corriente jurídica en cuestión.
Reposteo la situación de hechos:
Situación de Hecho A:
Tema 1: Libertad de Expresión v. Seguridad Pública
El 30 de junio el Presidente Obama firmó la ley PROMESA (“Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act”) que impone una junta federal de control fiscal a Puerto Rico. Recientemente la Junta fue nombrada y se reunió por primera vez, estableciendo que con vigencia inmediata tendría el control fiscal de todas las corporaciones públicas del país y de la Universidad de Puerto Rico. Desde la aprobación de PROMESA se han generado manifestaciones ciudadanas y actos de protesta en actividades relacionadas a la Junta, en las plazas públicas, en las calles del país y otros foros públicos. Recientemente, un grupo de ciudadanos y ciudadanas han convocado a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes entre 18 y 25 años de edad y a jóvenes de edad universitaria a manifestarse en diferentes lugares del país con miras a ejercer presión para detener el impacto de las políticas y órdenes fiscales de la Junta en asuntos tales como las leyes laborales, incluyendo el salario mínimo, el cierre de escuelas, el aumento en las tarifas universitarias y la reducción del cupo universitario en la Universidad de Puerto Rico, la eliminación del transporte público, entre otros.
Estos jóvenes han adoptado una nueva estrategia de protesta en la que comparecen a diversos lugares del país y lugares como El Capitolio, La Fortaleza, la Milla de Oro, el Banco Gubernamental de Fomento y otros lugares del país en que se reúnen bonistas y acreedores de la deuda pública, pero portando máscaras de Guy Fawkes, es decir, de forma anónima. En algunas de sus manifestaciones los manifestantes han impedido el paso a edificios gubernamentales o lugares de reuniones como hoteles. A medida que pasa el tiempo se unen más y más jóvenes, todos portando esas mascaras, impidiendo, entre otras cosas, que puedan ser identificados a los fines de ser emplazados en algunas demandas que entidades comerciales o industriales, como la Cámara de Comercio ha presentado.
Lo anterior generó un cabildeo intenso en la Legislatura para que se enmendara el Código Penal y se estableciera como delito el uso de mascaras en lugares públicos. A esos fines, el Código Penal dispone:
Artículo 248.- Uso de disfraz en la comisión de delito y en lugares públicos.
(b) Ocultarse, evitar ser arrestado, fugarse o escaparse al ser denunciado, procesado o sentenciado de algún delito.
(c) Adentrarse o encontrarse y alterar o intervenir con las actividades ordinarias en instalaciones públicas o privadas, gubernamentales, educativas o comerciales, instalaciones de salud o en el interior de edificios de gobierno.
Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.
No se configurará este delito cuando:
(a) Se trate de un evento festivo de máscaras, entretenimiento, educativo, cultural, artístico o teatral organizado o autorizado por las autoridades competentes.
(b) Se trate de un uso bona fide ligado a la realización de alguna actividad deportiva, donde el uso de la máscara cumpla el propósito de asegurar la seguridad física de su usuario u otras personas, o por la naturaleza de la ocupación, empleo o profesión de la actividad deportiva.
(c) Se trate de un uso bona fide relacionado a un requisito o motivación de salud, o como parte de una emergencia o simulacro de emergencia que así lo requiera.
(d) Cualquier otra circunstancia donde haya mediado previa dispensa o autorización de las autoridades competentes de la instalación pública educativa, de salud o de gobierno.
En la última actividad masiva que consistió en una marcha que se llevó a cabo en la Avenida Ponce de León, en San Juan, la policía arrestó a 78 manifestantes que marchaban con máscaras de Guy Fawkes. También, ese mismo día arrestaron a 16 manifestantes que piqueteaban frente a las instalaciones de El Nuevo Día y la empresa GFR e Guaynabo. Jueces del Tribunal de San Juan y de Bayamón procesaron a Nilda Monterola de 34 años y residente en Carolina y a Omar Álvarez de 28 años, y a Luisa Pérez, de 18 años, por obstrucción a la justicia y el delito de utilización de máscaras.
La representación legal de éstos acudió inmediatamente impugnando la constitucionalidad del delito y su aplicación por infringir la libertad de expresión de los jóvenes. El gobierno compareció defendiendo su constitucionalidad alegando que existen razones apremiantes para la prohibición de las máscaras y su penalización. Las partes han comparecido. El Tribunal Supremo en sala de tres jueces emite su opinión. Redacte y argumente de tres a cinco páginas por parte de cada juez o jueza desde las corrientes positivista (normativista), transnormativista (Teoría Integral de Dworkin) y realista.
El Pueblo de Puerto Rico v. Nilda Monterola, Omar Álvarez y Luisa Pérez, peticionarios.
Número: 0-00-000 Sometido: Septiembre 30, 2016. Resuelto: Octubre 7, 2016.
Gabriela Moros, estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho UPR y del curso Teoría General del Derecho. En la ocasión que da lugar a la foto, en otro ejercicio, presenta un acto performativo en que cuestiona los debates adversativos tomando argumentos de la teoría crítica del Derecho.
Opinión mayoritaria emitida por la Juez Asociada Señora Moros Luces.
Nos encontramos el día de hoy ante la ardua tarea de resolver si existe o no el derecho a la libertad de protesta anónima.
Resolvemos en la afirmativa.
En el caso de autos, un grupo de jóvenes se organizaron en protesta a la Ley PROMESA aprobada el 30 de junio de este año. La Ley impone una junta de control fiscal cuyas decisiones permean gran parte de los aspectos de la vida de los puertorriqueños: como lo son el salario mínimo, el cierre de escuelas, el aumento en las tarifas universitarias, la reducción del cupo universitario y la eliminación del transporte público, entre otros. Es bajo este ambiente que los jóvenes universitarios se manifiestan en diferentes lugares del país de manera anónima al portar máscaras de una caricatura que representa el rostro del revolucionario inglés Guy Fawkes.
Es así como tres jóvenes han sido procesados a raíz de la siguiente enmienda al artículo 248 del Código Penal de Puerto Rico.
a. Evitar que se le descubra, reconozca o identifique en la comisión de algún delito.
b. Ocultarse, evitar ser arrestado, fugarse o escaparse al ser denunciado, procesado o sentenciado de algún delito.
c. Adentrarse o encontrarse y alterar o intervenir con las actividades ordinarias en instalaciones públicas o privadas, gubernamentales, educativas o comerciales, instalaciones de salud o en el interior de edificios de gobierno.
a. Se trate de un evento festivo de máscaras, entretenimiento, educativo, cultural, artístico o teatral organizado o autorizado por las autoridades competentes.
b. Se trate de un uso bona fide ligado a la realización de alguna actividad deportiva, donde el uso de la máscara cumpla el propósito de asegurar la seguridad física de su usuario u otras personas, o por la naturaleza de la ocupación, empleo o profesión de la actividad deportiva.
c. Se trate de un uso bona fide relacionado a un requisito o motivación de salud, o como parte de una emergencia o simulacro de emergencia que así lo requiera.(d) Cualquier otra circunstancia donde haya mediado previa dispensa o autorización de las autoridades competentes de la instalación pública educativa, de salud o de gobierno.
Los tres jóvenes antes mencionados, son los peticionarios en este caso, Nilda Monterola, Omar Álvarez y Luisa Pérez. Los mismos han sido acusados de obstrucción a la justicia y el delito de utilización de máscaras. En su petición de certiorari, la representación legal de los tres individuos reclama que el Tribunal Apelativo cometió un error al confirmar al Tribunal de Primera Instancia y permitir así la aplicación de una Ley inconstitucional que infringe la libertad de expresión de los jóvenes. Para discutir este caso a fondo, primeramente se buscará elaborar en la continua expansión del derecho a la libertad de expresión política a lo largo de la historia occidental.
II. Libertad de expresión política anónima.
Desde hace más de 200 años podíamos apreciar la importancia de la expresión anónima. Cuando en Francia florecían la ideas leibznizianas positivistas de que el mundo es sin duda alguna el mejor que Dios pudo haber creado, se publica anónimamente en 1756 el Libro Cándido, o el optimismo. Esta novela corta causó sismos en sus lectores al traer la idea impopular pragmática de que tal vez, simplemente debemos dedicarnos a nosotros mismos ya que el mundo, después de todo, no es el mejor lugar. Otro ejemplo icónico han sido los Papeles Federalistas, en los cuales se publica, también anónimamente, otra idea poco popular: Que valía la pena el defender la Constitución. Sin estos papeles la ratificación de la Constitución estadounidense habría de prolongarse un tanto más. Por lo tanto, ambas expresiones han marcado a la historia occidental por sus ideas importantes, y todo sin saber que se trataba de Voltaire en el primer ejemplo, filósofo del más alto calibre; y Alexander Hamilton, James Madison y John Jay en el segundo, fundadores de la nación norteamericana.
Otro ejemplo que vale la pena mencionar sería una de las piedras angulares de la democracia occidental: el voto secreto. Precisamente el voto se hace de manera anónima porque desde tiempos de antaño se comprendía que el miedo a ser el receptor de persecución política era un desalentador sumamente efectivo para una democracia eficiente; se comprendía que un voto expuesto se prestaba para el yugo de la intimidación y se entendía la posibilidad de la inmoralidad del soborno. No obstante, su origen esencialmente nace como creencia imprescindible que debe aceptar todo pueblo para así legitimar el proceso electoral.
Entendida la importancia histórica de la expresión anónima, pasemos a evaluar jurisprudencia sobre el tema para así vislumbrar las tendencias de los Tribunales, empezando con el caso de Talley v. California, 362 U.S. 60 (1960), en donde se resolvió que prohibir el anonimato en panfletos de índole política conllevaría interferir con la Primera Enmienda de la Constitución Federal y que las leyes que desalientan críticas a través de facilitar la posibilidad de represalias, violentan de llano la Primera Enmienda Federal.
Finalmente, en el 1995 la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció en el caso de Ohio v. McIntyre, 514 U.S. 334 (1995) el derecho a la libertad de expresión política anónima, a través de un entendimiento literal de la Libertad de Expresión ya que concibe la anonimidad como una decisión editorial, es decir, una forma de expresión misma. Más adelante, para el argumento final de la opinión, el Tribunal expresa las siguientes aseveraciones: “[A]nonimity allows democratic participation by protecting the unpopular individual against the populace at large. Anonimity exemplifies the purpose of the First Amendment: ‘to protect unpopular individuals from retaliation –and their ideas from suppression- at the hand of an intolerant society”. Desde entonces se ha reconocido la necesidad elemental de dicho tipo de expresión en veinte años posteriores de jurisprudencia.
III. Derecho a la protesta
El Derecho a la protesta fue declarado como parte del Derecho a la libertad de expresión en el caso de Thornhill v. Alabama, 310 U.S. 88 (1940) en donde se permitió la protesta siempre y cuando se regule según la doctrina de “acceso disponible”, por lo tanto, la protesta no puede cerrar todas las entradas en el lugar donde se está realizando la protesta; y se trate de una protesta pacífica.
IV. Derecho a la protesta anónima
Una vez estipulado que ya se ha reconocido indiscutiblemente que existe el derecho a la libertad de expresión política anónima, y el derecho a la protesta de acuerdo a las limitaciones pautadas por la jurisprudencia. Pasemos a discutir si existe el derecho a la protesta de forma anónima. Se pueden evaluar las tendencias de los tribunales estatales respecto a este tema y así notar que realmente no hay tendencia alguna. En Texas, California, Florida y Tennessee entre otros se han declarado inconstitucionales estatutos anti-máscaras; mientras que Nueva York, Virginia y Georgia entre otros, encuentran que los estatutos son constitucionales tanto parcial como totalmente.[1]
Sin embargo, es mi pensar que las soluciones dadas por estos tribunales no han logrado dar en el clavo. Muchas de las que mantienen la constitucionalidad se han justificado porque los estatutos prohíben la conducta mas no la expresión en sí;[2] porque la máscara no es una expresión simbólica o porque simplemente es redundante ya que el disfraz ya envía el mensaje deseado;[3] o meramente porque el interés del Estado sí es legítimo. A su vez, otros estados han declarado la inconstitucionalidad de este tipo de estatutos porque la máscara sí es una expresión simbólica;[4] porque el interés del Estado se ve derrotado por el interés en asegurar la libertad de expresión sin miedo a represalias del pueblo;[5] porque el estatuto es demasiado abarcador;[6] etc.
Ninguna de estas opiniones distingue el meollo del asunto. No debemos voltear la mirada e ignorar que este es un asunto político y como todo en la política, involucra entonces una relación de poder. Por lo tanto, lo cierto es que el enmendado artículo 248 del Código Penal surgió debido al cabildeo intenso en la Legislatura en reacción a las molestias que las protestas de los estudiantes le causan al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Si se me permite el siguiente chistecito: Al desenmascarar el Estatuto, encontramos el rostro de la incomodidad de diversos funcionarios del Estado para poder entrar a sus respectivos lugares de trabajo, encontramos el rostro de la molestia causada por el embotellamiento en el tránsito automovilístico, encontramos el rostro de un Estado que se rehúsa a escuchar el reclamo de su pueblo. Los jueces no podemos cruzarnos de brazos cuando el Estado se rehúsa a escuchar a las personas que precisamente legitiman su existencia y más aún cuando los medios utilizados son los legisladores, quienes se supone que representen al pueblo mismo. Debe propagarse por toda la Asamblea un sentimiento colectivo de vergüenza, porque con la aprobación de la enmienda al artículo 248, los legisladores le han dado la espalda a su pueblo para atender las quejas frívolas de servidores públicos.
La diferencia de relaciones de poder entre los jóvenes aquí en cuestión y el Estado es abismal. En nuestra búsqueda por la justicia, los jueces debemos interponer la Constitución para que llene el hueco de tal abismo. Por consiguiente, la Sección 4 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución Federal cobijan el derecho a la protesta de los jóvenes, incluso la realizada de forma anónima. Resolver lo contrario propiciaría auto-censura debido al posible miedo a represalias y consecuentemente heriría el derecho a la libertad de expresión; elemento inherente a nuestra democracia. Recordemos que un mundo sin crítica es un mundo estancado. Reitero la importancia de la crítica política libre de censura, en donde no se le requiera al dueño de la opinión impopular que en añadidura también sea un temerario. En donde la democracia se nutra de opiniones encontradas, de ideas nuevas y revolucionarias como la novela de Voltaire o los Papeles de los fundadores pero que además de leerlas, las podamos ver en las calles del país, cobrado vida y forma sin censura ni temor a castigo alguno.
Así mismo, en el caso de autos, los jóvenes utilizan la máscara no solamente por los beneficios que proporciona el anonimato. Sino que la máscara misma es un mensaje por sí sola. Para propósitos de proveer mayor contexto, Guy Fawkes fue un revolucionario inglés el cual fracasó en su intento de explotar el parlamento para matar al Rey Jacobo I y así restaurar un trono católico. No es sino hasta el largometraje estadounidense basado en una historieta, llamado V de Vendetta, que Guy Fawkes pasa de la infamia a la fama. Su rostro caricaturesco, plasmado en una máscara utilizada por el protagonista que busca revelarse en contra del gobierno tirano, quedó fijado en las mentes de la juventud como símbolo de inconformismo, crítica y anti-totalitarismo. En tiempos más actuales, la máscara ha sido utilizada de forma organizada por grupos activistas. No tiene nada de extraño, que con la situación actual de la Isla, dicho símbolo llegara hasta Puerto Rico. Por lo tanto, dichos mensajes de inconformismo y de notificar que se es parte del grupo protestante, están protegidos por las respectivas disposiciones de ambas constituciones.
Finalmente cabe recalcar que el apuro de la Asamblea Legislativa en aprobar la enmienda al artículo 248 haya su evidencia en la segunda cláusula de la disposición (c), en donde se determina que la pena para un delito menos grave será de tres (3) años, yendo así en contra de todo principio emanado del Código Penal respecto a la clasificación entre delitos graves y menos graves. Es insólito, el mal trabajo de la Legislatura que ni siquiera puede actuar inconstitucionalmente de manera coherente con preceptos básicos del Derecho Penal.
Por por los fundamentos antes expuestos declaramos la inconstitucionalidad de la enmienda al artículo 248 del Código Penal de Puerto Rico y revocamos.
[1] Véase Aryan v. Mackey, 462 F. Supp. 90 (1978) y Am. Knights of the Ku Klux Klan v. City of Goshen 50 F. Supp. 2d 835 (1999) como ejemplos.
[2] Véase People v. Aboaf 721 N.Y.S. 2d. 725 (2001).
[3] Véase Church of the Am. Kinghts of the Ku Klux Klan v. Kerik, 356 D. 3d 197 (2004).
[4] Véase Ku Klux Klan v. MLK Worshippers, 735 F. Supp. 745, 751 (1990).
[5] Véase Aryan en la página 92.
[6] Véase Ghafari v. Mun Ct. for S.F. Jud. Dist. Of S.F., 87 Cal. App. 3d 255, 265 (1978).
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