Source: https://educacionespecialhoy.com/2019/09/
Timestamp: 2020-04-02 22:13:30
Document Index: 105976260

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 92', 'Artículo 62', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68']

septiembre | 2019 | Educación Especial Hoy
De modalidad a “servicio”, Educación Especial en la iniciativa de Ley General de Educación.
septiembre 16, 2019 Educación Especial Hoy	10 comentarios
A pesar de haberse fijado un plazo de 120 días para legislar y aprobar las Leyes Secundarias de la Reforma Educativa, los legisladores decidieron extenderse hasta finales de este mes para analizar, discutir, legislar y aprobar las iniciativas; una acción contraria a lo establecido en el recién reformado Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa para la Ley General de Educación, presentada por el senador Martí Batres de MORENA y publicada en el Diario Oficial de la Federación, constituye otro golpe para Educación Especial, atentando contra el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se benefician y requieren de esta disciplina para su desarrollo.
Presentar el análisis completo de la iniciativa nos llevaría muchas páginas, por lo tanto señalamos una serie de puntos a considerar sobre la situación en la que quedaría Educación Especial si se aprueba sin cambios de fondo:
Se asocia a la inclusión educativa, como una política que aplica únicamente para las personas con discapacidad y con necesidades específicas de aprendizaje; en la iniciativa no es clara la diferencia entre Inclusión Educativa y Educación Especial.
La Educación Especial pasa de ser una modalidad del Sistema Educativo Nacional, a asumirse como un servicio únicamente escolarizado; esto significa una regresión y abona el camino para su eliminación total. Un servicio es prescindible en cualquier momento, una modalidad no.
Las personas con discapacidad únicamente son mencionadas en el Capítulo VIII, están excluidas del resto de la ley.
Se excluye la formación integral de los alumnos con requerimientos de Educación Especial; no se contemplan habilidades para la vida, la comunicación, la convivencia, la atodeterminación, el auto-sostenimiento y la independencia.
Se desconoce la formación de maestros de Educación Especial (Artículo 92); de acuerdo con el estudio realizado por la Honorable Junta Académica de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), el Plan de Estudios 2018 no cubre los créditos mínimos para ser considerado licenciatura. El desconocimiento legal de la Licenciatura en Educación Especial, afianza el proyecto educativo neoliberal y el plan de estudios impulsado por Mexicanos Primero e impuesto de manera irregular, corrupta y opaca.
Es un error crear una Licenciatura en Inclusión, puesto que la implementación de la política corresponde a todo el Sistema Educativo Nacional; se fortalece la creencia de que la inclusión de las personas con discapacidad es sólo tarea de los licenciados en inclusión.
Al centrar la inclusión como exclusiva de las personas con discapacidad, se excluye a los otros grupos en situación de vulnerabilidad que también tienen derecho a ser incluidos en el SEN.
No hay coherencia entre la redacción del Capítulo VIII y el resto de la iniciativa, parece haber sido escrita por diferentes personas o grupos.
Aquí faltaría eliminar políticas y no sólo prácticas, pues se reduce sólo a los actos concretos. Además, ¿quién se encargará de diseñar y llevar acabo esas acciones?
La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos.
Si la educación fuera inclusiva, no habría la necesidad de adaptar los sistemas, pues de manera natural, o de origen, habría cabida y respeto a todas las diferencias individuales y colectivas.
Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo; para lo cual buscará:
Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad humana;
Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas;
La plena participación de las personas, su educación y facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria y superior;
Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Nacional por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras, y
Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación.
Contradicción con lo dispuesto en lo referente a la educación media superior y superior, pues en ellos, no aparecen las personas con discapacidad ¿Y los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)?
¿Sólo su inclusión laboral? ¿Las habilidades para la vida diaria, el autocuidado, autodeterminación, auto-sostenimiento e independencia no son importantes?
Artículo 64. En la aplicación de esta ley, se garantizará el derecho a la educación a los educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos; para tal efecto, en el marco de la educación inclusiva, previa decisión y valoración de madres y padres de familia o tutores, y del personal docente, se prestarán servicios de educación especial en situaciones excepcionales.
¿Qué significan las “situaciones excepcionales”? ¿Quién las determina? ¿Con qué parámetros?
Estos servicios podrán ser de carácter temporal, optativo, voluntario y proporcional, para apoyar la atención escolar de los educandos que, por alguna condición de discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Ofrecerán formatos y lenguajes accesibles para su educación, procurando en la medida de lo posible su incorporación a todos los servicios educativos, sin que esto cancele su posibilidad de acceder al servicio escolarizado de educación especial, lo anterior de común acuerdo entre la escuela, y las madres y padres de familia, tutores o cuidadores de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, atendiendo al interés superior señalado en esta ley .
¿Qué significa proporcional?
¿Educación Especial es únicamente el servicio escolarizado? Esto no es así, pero de serlo, se contrapone con el capítulo sobre Educación Básica, donde se retoman los Centros de Atención Múltiple (CAM).
Los profesionales que laboran en este tipo de servicios de educación, en conjunto con los directivos y docentes de la educación obligatoria son responsables de apoyar la transformación de las condiciones de la escuela y la comunidad educativa, con la finalidad de identificar, prevenir, minimizar y eliminar las barreras que obstaculizan la participación y el aprendizaje de los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellos con aptitudes sobresalientes; a través de acciones como el diagnóstico de la escuela y la ruta de mejora escolar, la detección y evaluación oportuna de los educandos; y el desarrollo de un plan de intervención que incluya los ajustes razonables en la planeación, la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes, que la escuela debe implementar.
El Estado y el Sistema Educativo Nacional SE DESLINDAN de su responsabilidad en la inclusión, el fracaso de la política recaerá en los trabajadores de los servicios de Educación Especial (maestros, directivos, personal administrativo, etc).
El Estado procurará la mayor cobertura de servicios de apoyo, atendiendo a las necesidades de cada contexto, para lo cual establecerá servicios permanentes y transitorios.
El Estado procurará la mayor cobertura, pero, no garantizará la totalidad de la misma. Falla en el primer procedimiento técnico relacionado con la inclusión. Al utilizar la palabra “procurar”, el Estado no se obliga a garantizar la cobertura total, todo queda en intenciones y discursos.
Este servicio garantizará la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, el bienestar y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma inclusión a la vida social y productiva.
La Secretaría emitirá lineamientos en los cuales se determinen los criterios orientadores para la prestación de los servicios a los que se refiere el presente artículo y se cumpla con el principio de inclusión.
¿Qué se entiende por inclusión? Tanto la Secretaría de Educación Pública como los legisladores, han demostrado poca claridad sobre el significado de la palabra y sus implicaciones.
Artículo 65. Los servicios de educación a los que se refiere el artículo anterior, atenderán a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, para lo cual ofrecerá las medidas pertinentes, entre ellas:
Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo necesario;
Facilitar el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;
Asegurar que la educación de los educandos ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social;
Asegurar se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad, y
Proporcionar a educandos sobresalientes la atención que requiera su esfuerzo cognitivo.
No se establece ni menciona la formación de profesionales debidamente capacitados para enseñar lo que se señala, y además, se debería mencionar el diseño e implementación de currículo individualizado cuando se requiera.
Retoma muy a la ligera lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Observación General N° 4 del Comité de Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Artículo 66. Para la atención educativa de los educandos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, la Autoridad Educativa Federal, con base en sus facultades, establecerá los lineamientos necesarios que orienten la toma de decisiones relacionadas con los mecanismos de acreditación, promoción y certificación.
Artículo 67. Para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes sobresalientes, la Autoridad Educativa Federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, así como la educación media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el Sistema Educativo Nacional se sujetarán a dichos lineamientos.
Las instituciones de educación superior autónomas por ley podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a educandos con aptitudes sobresalientes.
Artículo 68. Quienes presten los servicios educativos que se mencionan en este Capítulo, en el marco del Sistema Educativo Nacional, atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la presente ley, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y en las demás normas aplicables.
¿Cuáles son los servicios que se mencionan en este capítulo?, y, ¿Qué no es el Estado quien prestará los servicios? ¿Se está asumiendo y validando la privatización de los servicios de Educación Especial?
Es posible, que muchos maestros de Educación Especial, y padres de familia, esperen un oficio o comunicado de parte de la SEP, para creer en lo que está sucediendo; no será así, el desmantelamiento se irá dando de manera paulatina, tal como ha sucedido durante por lo menos los últimos diez años.
Una muestra clara de la política de atención a personas con discapacidad, es la reciente orden de reducir el número de asesores en los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED), único servicio de bachillerato para personas con discapacidad en México.
Oficio mediante el cual se ordena la reducción de personal en los CAED.
Otra señal de alerta, es el la reducción de la matrícula en los Centros de Atención Múltiple (CAM), y el traslado de alumnos a las escuelas ordinarias sin que estas cuenten con el personal, materiales, herramientas e infraestructura para proporcionarles la atención que requieren.
A pesar de que las autoridades educativas, afirman que Educación Especial no desaparecerá, la meta de la ONU y la UNESCO, es la “Inclusión plena” y el plazo vence en 2030.
Dejar de ser una modalidad y convertirse en un servicio, deja a Educación Especial con poco tiempo de vida y a sus alumnos en situación aún más vulnerable.
La reducción en el presupuesto destinado a Educación y la débil política de atención a las personas con discapacidad del Estado mexicano, ofrecen un panorama poco alentador.
Está en manos de maestros, familias y personas con discapacidad, rescatar a Educación Especial y garantizar el derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al aprendizaje y la participación.
Faltan más personas con discapacidad en las escuelas, también falta compromiso del Estado y de la SEP para legitimar su presencia en las aulas.