Source: http://www.ftaa-alca.org/NGROUPS/ngin/publications/spanish99/binv_ape.asp
Timestamp: 2018-09-20 12:27:32
Document Index: 318933905

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 9', 'artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9']

ALCA FTAA ZLEA Acuerdos sobre Inversión en el Hemisferio Occidental | Convenio Argentina-Perú
Convenio entre el Gobierno de la República de Argentina y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 10 de noviembre de 1994.
El término "inversión" designa, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de activo invertido por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con el Convenio. Esta definición general incluye, aunque no exclusivamente, cinco grupos de derechos específicos, incluidos los derechos de propiedad tradicionales, los derechos en sociedades, títulos de crédito y derechos a prestaciones que tengan un valor económico y estén directamente vinculados a una inversión, derechos de propiedad intelectual y concesiones económicas. (Artículo 1 (1)).
El término "inversor" designa toda persona física que sea nacional de una de las Partes contratantes, de conformidad con su legislación. (Artículo 1 (2) (a)).
El término "inversor" incluye: toda persona jurídica constituida de conformidad con las leyes y reglamentaciones de una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante; y toda persona jurídica establecida de conformidad con la legislación de cualquier país que esté efectivamente controlada por personas físicas o jurídicas de la otra Parte Contratante. (Artículo 1 (2) (b)(c)).
La Parte Contratante receptora de la inversión puede solicitar la prueba del control invocada por los inversionistas de la otra Parte Contratante. Pueden ser considerados evidencia de control: un porcentaje de participación directa o indirecta en el capital de una persona jurídica que permita un control efectivo tal como, en particular, una participación en el capital superior a la mitad; la posesión directa o indirecta de la cantidad de votos que permita tener una posición determinante en los órganos societarios o influir de manera decisiva en el funcionamiento de la persona jurídica. (Ad. Artículo 1 (2)(c)).
Fecha de la firma: 10 de noviembre de 1994.
Entrada en vigor: 24 de octubre de 1996
Duración: Indefinido. Sólo podrá ser denunciado por cualqueira de las Partes Contratantes cumplidos los primeros diez años de su entrada en vigor. La denuncia surtirá efecto luego de doce meses a partir de la fecha en que alguna de las Partes Contratantes notifique por escrito a la otra Parte Contratante su intención de darlo por terminado.
Cada Parte Contratante promoverá en su territorio las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y las admitirá de conformidad con sus leyes y reglamentaciones. (Artículo 2(1)).
Sí. Cada Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante. (Artículo 2 (3)).
Las inversiones realizadas por inversores de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con las leyes y reglamentaciones de esta última gozarán de la plena protección de este Convenio. (Artículo 2 (2)).
Sí. Cada Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas arbitrarias o discriminatorias. (Artículo 2 (3)).
Sí. Cada Parte Contratante, una vez que haya admitido en su territorio inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, les acordará un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversores nacionales o de inversores de terceros Estados, considerando el que sea más favorable para las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante. (Artículo 3 (1)).
Sin perjuicio de lo previsto en parrafo (1), el tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que cada Parte Contratante acuerda a inversores de un tercer Estado como consecuencia de su participación o asociación en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común o acuerdo regional similar. (Artículo 3 (2)).
Las disposiciones del párrafo (1) de este artículo no serán interpretadas en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversores de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de un acuerdo internacional relativo total o parcialmente a cuestiones impositivas. (Artículo 3(3)).
Las disposiciones del párrafo (1) del artículo 3 no serán tampoco interpretadas en el sentido de extender a los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de los acuerdos bilaterales que proveen financiación concesional suscriptos entre la República Argentina con Italia el 10 de diciembre de 1987 y con España el 3 de junio de 1988. (Ver Protocolo, ad. Artículo 3).
Si las disposiciones de la legislación de cualquier Parte Contratante o las obligaciones de derecho internacional existentes o que se establezcan en el futuro entre las Partes Contratantes en adición al presente Convenio o si un acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, contienen normas ya sean generales o específicas que otorguen a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el que se establece en el presente Convenio, dichas normas prevaleceran sobre el presente Convenio en la medida que sean más favorables. (Artículo 9).
Los inversores de una Parte Contratante, que sufrieran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, debido a guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o motín, recibirán, en lo que a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado. Los pagos que resulten serán libremente transferibles. (Art. 5).
Sí. Cada Parte Contratante otorgará a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión y, en particular, aunque no exclusivamente de:
el capital de la inversión y de las reinversiones, así como las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones;
la totalidad de las ganancias;
los fondos para el reembolso de lo préstamos tal como se definen en el artículo 1, párrafo (1) (c), así como sus intereses;
las compensaciones o resarcimientos previstos en los artículos 4 y 5;
los ingresos de los nacionales de una Parte Contratante que estén autorizados a trabajar en relación a una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante (Artículo 6 (1)).
Sí (Artículo 6 (1) (c)).
Sí (Artículo 6 (1) (d)).
Sí (Artículo 6 (1) (a), (e), (f)).
Las transferencias serán efectuadas sin demora, en moneda libremente convertible, al tipo de cambio normal aplicable a la fecha de la transferencia, conforme con los procedimientos establecidos por la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, los cuales no podrán afectar la sustancia de los derechos previstos en este artículo (Artículo 6 (2)).
Las transferencias serán efectuadas al tipo de cambio normal aplicable a la fecha de la transferencia (Artículo 6 (2)).
Las transferencias serán efectuadas sin demora (Artículo 6 (2)).
Nacionalización o expropiación, o medida que tenga el mismo efecto. (Artículo 4(2)).
Sí. "Seguridad nacional o utilidad pública" (Artículo 4(2)).
Sí (Artículo 4(2), Artículo 4(4)).
"Compensación pronta, adecuada y efectiva".
el monto corresponderá al valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la expropiación inminente se hiciera pública.
comprenderá intereses desde la fecha de la expropiación a una tasa comercial normal
será pagada sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible. (Artículo 4(3)).
Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación del presente Convenio serán, en lo posible, solucionadas por la vía diplomática. (Artículo 11 (1)).
Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera ser dirimida de esa manera en un plazo de seis meses contado a partir del comienzo de las negociaciones, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral (Artículo 11 (2)).
El tribunal será constituido para cada caso particular de la siguiente manera:
Dentro de los dos meses de la recepción del pedido de arbitraje, cada Parte Contratante designará un miembro del Tribunal.
Estos dos miembros, dentro de un plazo de tres meses, elegirán un nacional de un tercer Estado quien, con la aprobación de ambas Partes Contratantes, será nombrado presidente del tribunal. Si dentro de los plazos previstos no se hubieren efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes Contratantes podrá invitar al presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios. Contiene disposiciones para el caso de que el Presidente fuere nacional de una de las Partes Contratantes o se hallare, por cualquier razón, impedido de desempeñar dicha función.
Cada Parte Contratante sufragará los gastos de su miembro del tribunal y de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del Presidente, así como los demás gastos serán sufragados en principio por partes iguales por las Partes Contratantes. No obstante, el tribunal arbitral podrá determinar en su decisión que una mayor proporción de los gastos sea sufragada por una de las dos Partes Contratantes, y este laudo será obligatorio para ambas Partes Contratantes (Artículo 11 (3) (4) (5)).
El tribunal determinará su propio procedimiento.
El tribunal arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Tal decisión será obligatoria para ambas Partes Contratantes (Artículo 11 (5)).
Toda controversia entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte será, en la medida de lo posible, resuelta por consultas amistosas. (Artículo 9 (1)).
Si no hubiera podido ser resuelta en el término de seis meses, podrá ser sometida, a pedido del inversor:
a los tribunales competentes de la Parte receptora; o
al arbitraje internacional.
La elección de uno u otro de los procedimientos por el inversor será definitiva (Artículo 9 (2)).
En caso de recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá ser llevada, a elección del inversor a:
el CIADI, siempre y cuando cada Parte haya adherido al Convenio del CIADI. (Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte da su consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con el reglamento del Mecanismo complementario del CIADI); o
a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la CNUDMI (Artículo 9(3)).
El tribunal arbitral decidirá en base a las disposiciones de este Convenio, al derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia, a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión así como también a los principios del derecho internacional (Artículo 9 (4)).