Source: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=30&tipo=2
Timestamp: 2017-12-14 15:16:12
Document Index: 214151930

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Sinopsis artículo 30 - Constitución Española
Sinopsis artículo 30
Concordancias: Artículos 8, 16.1, 31.3, 116, 117.5.
El estudio del artículo 30 de la CE desde la aprobación de nuestra Carta Magna se ha hecho, fundamentalmente, desde el análisis de las obligaciones militares y el reconocimiento y ejercicio del derecho de objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas que estableció la supresión del servicio militar obligatorio y la profesionalización de los Ejércitos, su análisis debe tomar otra perspectiva.
En este nuevo enfoque, se ha de empezar señalando que el artículo 30 de la CE, como hace la doctrina española y la del resto de países de nuestro entorno, distingue entre "el deber de defender a España" y la obligación de "cumplir el servicio militar". El primero, se reconoce en el apartado uno y el segundo, de acuerdo con lo que exprese la ley, en el apartado dos. Evidentemente, el deber de defender a España es un concepto más amplio que las posibles obligaciones militares que se puedan imponer a los ciudadanos por el legislador, y que no queda, como éstas, en todos sus extremos, a disposición del legislador.
Unido y expresando un límite a las obligaciones militares está recogido el derecho a la objeción de conciencia y la posibilidad de imponer una prestación social sustitutoria.
Finalmente, y en la línea de concepto amplio de la idea de defensa de España se encuentran las referencias a servicios civiles para el cumplimiento de fines de interés general, apartado tercero y los deberes de los ciudadanos en supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, apartado cuarto.
El establecimiento de deberes militares en la Constitución no es una novedad de nuestra Carta Magna, por el contrario, tenemos antecedentes en la mayor parte de los textos históricos de nuestro país. El artículo 361 de la Constitución de 1812 establecía que "ningún español podrá excusarse del servicio militar cuando y en la forma que fuere llamado por la ley". Por su parte, las constituciones de 1837 (art. 6), de 1845 (art. 6), de 1856 (art. 7), de 1869 (art. 26), de 1873 (art. 30), y la de 1876 (art. 3), establecían con idéntica redacción que "todo español está obligado a defender la Patria con las armas, cuando sea llamado por la ley". Finalmente, la Constitución de 1931 (art. 37) establecía que "El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o militares, con arreglo a las leyes".
No sucede lo mismo con la consideración de la participación en la defensa nacional como derecho, que aparece por primera vez en la Constitución de 1978 y que hay que ponerlo en relación con la extensión del principio de igualdad también en el ámbito militar. Tampoco la objeción de conciencia tiene precedente en nuestro constitucionalismo histórico.
Desde luego el derecho/deber de contribuir a la defensa nacional, y el derecho de objeción de conciencia si que son comunes en el constitucionalismo comparado. Es más, incluso se ha dicho que el servicio militar universal y obligatorio tiene una tradición liberal-democrática que se remonta a la Revolución francesa de 1789 (el pueblo en armas). En la Ley Fundamental de Bonn artículos 4.3 y 12 A, en la italiana en el artículo 52, en la portuguesa, artículos 2 y 41.5, entre otras. También se encuentran precedentes de las previsiones del artículo 30 de la CE en normas de carácter internacional: artículo 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4.3 del Convenio europeo de Derechos Humanos de 1950.
La tramitación parlamentaria del precepto aunque no generó grandes debates sí que fue ocasión de cambios importantes respecto del texto que presentó la Ponencia. Por ejemplo, el establecimiento de las prestaciones a la defensa nacional como derecho/deber se introduce mediante enmienda "in voce". También es significativo que el artículo 30.1 haga referencia a la defensa de "España" y no a la defensa de la "Patria" que era la practica común de constitucionalismo histórico y que tiene una connotación más política y menos jurídica que el primero. La prestación social, aunque estaba ya en el texto de la Ponencia, tendrá que esperar hasta el debate en la Comisión del Congreso de los Diputados para pasar de una formulación imperativa a ser potestativa para el legislador.
Como se señalaba más arriba, el derecho/deber de defender a España afecta a las obligaciones militares, pero también a las obligaciones de los ciudadanos en servicios civiles de interés general o supuestos de protección civil, como pueden ser situaciones de catástrofes o calamidades públicas, que quedan explicitadas en los apartados 3 y 4 del artículo 30 de la CE. Desde luego, lo más importante de la regulación amplia del artículo 30.1 de la CE es que la defensa nacional deja de entenderse un asunto exclusivo de los ejércitos para convertirse en un derecho/deber de todos los españoles; además, sin que puedan producirse situaciones de discriminación por razón de sexo de acuerdo con las previsiones que establece el artículo 14 de la CE.
El desarrollo legislativo a lo largo de estos años del servicio militar propiamente dicho se inicia con la Ley 19/1984, de 8 de junio, que entendía dicho servicio como una prestación obligatoria de carácter personal. A partir de la década de los 90 se generaliza un importante debate sobre la utilidad del servicio militar obligatorio y las posibilidades de un ejercito profesional que dará lugar, en un primer momento a la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, que aunque no suprime el servicio militar obligatorio si que reduce su tiempo de prestación y se ponen las bases para el futuro ejercito profesional. Finalmente, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, será la que en su Disposición Adicional decimotercera establezca que a partir del 31 de diciembre de 2002, quedaría suspendida la prestación obligatoria del servicio militar. El Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, de Profesionalización de las Fuerzas Armadas, adelanta la suspensión al 31 de 2001. Por ultimo, se ha de citar la Ley 32/2002, de 5 de julio, de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, para permitir el acceso de los extranjeros a la condición de militar de tropa y marinería.
Un importante hito en la regulación de esta materia es sin duda la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre de Defensa Nacional.
Esta ley, como reconoce su Exposición de Motivos, se debe a los importantes cambios producidos tanto en la sociedad española como en el marco internacional, y que han afectado profundamente al derecho-deber de defender a España, desde la última regulación general de la Defensa, la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se establecían los Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar. Por una parte, las leyes antecitadas han introducido modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico, como el nuevo reclutamiento de los Ejércitos, la desaparición del servicio militar obligatorio y la implantación de un modelo de Fuerzas Armadas profesionales, que constituyen cambios tan relevantes que reclaman una legislación orgánica de la Defensa adaptada a ellos. Por otra, El escenario internacional ha visto desaparecer la política de bloques que protagonizó la guerra fría y emerger la globalización y un nuevo marco de relaciones entre Estados. Al mismo tiempo, junto a los riesgos y amenazas tradicionales para la paz, la estabilidad y la seguridad, surgen otros como el terrorismo transnacional. En el ámbito de la seguridad y la defensa, la interdependencia entre los Estados es considerable, como ejemplo pueden citarse la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, así como la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a la Unión Europea Occidental. Ello hace que desde 1980, año de nuestra incorporación a estas dos últimas organizaciones internacionales, las Fuerzas Armadas españolas vengan actuando fuera de nuestras fronteras como observadores, como fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria.
Por ello, una de las principales aportaciones de la ley se ha dado precisamente en relación con las misiones en el exterior, pues era necesario que las Cortes Generales, que representan la soberanía nacional, adquiriesen una mayor participación y protagonismo. La Ley somete a su debate las decisiones gubernamentales y regula de manera concreta las condiciones que deben cumplir dichas misiones (Título III de la ley).
Recae en el Presidente del Gobierno la responsabilidad de la gestión de las situaciones de crisis que afectan a la Defensa, al igual que la dirección del conflicto armado (art. 6). Para asistirle se crea el Consejo de Defensa Nacional, órgano asesor, coordinador y consultivo cuya composición se ajusta a las necesidades de cada circunstancia (art. 8).
Para incrementar la eficacia de las Fuerzas Armadas, la ley concreta su organización con criterios que posibiliten la acción conjunta de los Ejércitos. A diferencia de la anterior, que atribuía misiones a cada Ejército, ésta considera a las Fuerzas Armadas como una entidad única e integradora de las distintas formas de acción de sus componentes y que posibilita el empleo óptimo de sus capacidades, sin que aquéllos vean mermada su especificidad. Se implanta una organización que diferencia con claridad la estructura orgánica y la operativa; la primera, bajo la responsabilidad de los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, encargada de la preparación de la Fuerza; la segunda, cuyo mando recae en el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, encargada de su empleo y establecida para el desarrollo de la acción conjunta y combinada. Por otra parte, se deja sin efecto la organización territorial, aunque con fines de representación y colaboración con las Administraciones Públicas se mantiene una representación institucional.
Esta ley deja sin efecto la citada Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulaban los Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, modificada por la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero y la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre del Servicio Militar.
Es destacable asimismo, dentro de la regulación de las Fuerzas Armadas, la ley del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, (ley 8/1998 de 2 de diciembre), y la ley de la Carrera militar 39/2007 de 19 de noviembre, que una vez promulgada la citada Ley Orgánica de Defensa Nacional, cumple con el objetivo de desarrollar el modelo de profesionalización y reformar la carrera militar. Aunque tal objetivo se podría haber alcanzado mediante una sola norma que sustituyera a la Ley 17/1999, de 18 de mayo, dada la ambición de un proceso que requería tiempo suficiente de maduración y resultando perentorio consolidar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, se elaboró y promulgó la Ley 8/2006, de 24 de abril de Tropa y Marinería, en la que también se insta a la actualización del régimen del personal militar, y que derogó la actecitada ley 32/2002. No obstante, la ley 17/1999 del Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas continúa aún vigente por lo que hace al conjunto de derechos y deberes contenidos en su título XII, y que hay que complementar con lo dispuesto en las Reales Ordenanzas (Ley 85/1978 de 28 de diciembre y Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero).
En el art. 23 de la ley se establece que la Guardia Civil es un Instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior en el desempeño de las funciones que se le atribuyen por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden. Las más importantes normas reguladoras de la guardia Civil son la Ley de Derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre del Régimen disciplinario de la Guardia Civil, Ley 42/1999, de 25 de noviembre del Régimen de Personal de la Guardia Civil, modificada por Ley 46/2007, de 13 de diciembre.
Los apartados 3º y 4º del artículo 30 de la CE expresan la idea de que el deber de defensa de España también puede prestarse si tener que integrase en cuerpos armados. Con una redacción que la doctrina ha entendido redundante, el apartado tercero recoge que "podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general"; evidentemente, aunque no se diga expresamente, será el legislador el que debe decidir establecer el servicio y evaluar si se dan las condiciones de interés general. Por su parte, el apartado cuarto dice que "Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública". Aunque las previsiones de dicho apartado se asemejan mucho a supuestos que podrían poner en funcionamiento del estado de alarma previsto en el artículo 116.1 de la CE, evidentemente este precepto se refiere a las contribuciones de los ciudadanos en situaciones en las que no está declarado dicho estado de excepción, en concreto, a la protección civil. Que como tuvo ocasión de señalar la doctrina del Tribunal Constitucional en la Sentencia 123/1984, de 18 de diciembre, estos servicios, en otros tiempos en manos de las Fuerzas Armadas, han adquirido un carácter civil, que se encomienda al Gobierno a través del Ministerio del Interior. En la actualidad protección civil se desarrolla en la Ley 2/1985, de 21 de enero, mediante la cual se pone en funcionamiento parte del servicio público de seguridad que corresponde a la Administración del Estado; que ha tenido su desarrollo en el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, que aprueban las normas básicas de protección civil y por el Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, que Regula la creación e implantación de unidades de apoyo ante desastres. A estas normas de carácter estatal habría que acompañarle la normativa sobre la materia que en uso de sus competencias aprueban las Comunidades Autónomas.
Finalmente se aborda el análisis de la objeción de conciencia y la prestación social previstas en el apartado 2º del artículo 30 de la CE. Desde luego la objeción de conciencia se ha de entender como un derecho fundamental que va más allá de la garantía de exención del servicio militar obligatorio. Su regulación junto con el deber de cumplir con las obligaciones militares responde a una cuestión meramente circunstancial, fruto del conflicto que en el periodo preconstitucional había generado el servicio militar obligatorio y la falta del derecho de objeción de conciencia.
La objeción de conciencia formalmente es un derecho fundamental que de acuerdo con las previsiones del artículo 53.1 y 2 de la CE goza del más alto nivel de protección jurisdiccional. En su modalidad de objeción de conciencia al servicio militar está específicamente reconocido por el art. 30.2 de la Constitución. El resto de las manifestaciones de la objeción de conciencia precisan de un reconocimiento jurídico expreso, por la ley o bien por la interpretación judicial, y estarían amparadas por el art. 16 de la Constitución (derecho a la libertad ideológica y religiosa). Así o ha reconocido el Tribunal Constitucional, por ejemplo, respecto de la objeción de conciencia al aborto, en su STC 53/1985 de 11 de abril, FJ 14.
La objeción de conciencia al servicio militar queda, ciertamente, protegida por el art. 16 de la Constitución (STC 15/1982, 160 y 161 de 1987). Sin embargo, el hecho de encontrarse explícitamente entre los derechos regulados en la sección segunda del Capítulo segundo hace que su desarrollo normativo no tenga rango de ley orgánica, de acuerdo con las previsiones del artículo 81.1 de la CE (STC 160/1987, de 27 de octubre), sin perjuicio de que es tutelable mediante el Recurso de amparo a tenor de los expresamente dispuesto en el art. 53.2 de la Constitución.
Desde el punto de vista material, el Tribunal Constitucional lo ha definido como una especificación de la libertad de conciencia, la cual supone no sólo el derecho a formar libremente la propia conciencia sino también a obrar de modo conforme a los imperativos de la misma. En este sentido, se puede expresar como la oposición, por razones de índole religiosa o ideológica, en un sentido amplio de ambos términos, a cualquier forma de violencia y, por consiguiente, al adiestramiento militar, en tanto que formación encaminada a la defensa del Estado por medio de las armas en caso de que ello sea preciso (STC 15/1982, de 23 de abril). Es decir, el rechazo es a toda manifestación de violencia, de manera que sería inaceptable que el rechazo a las armas se hiciese depender de los objetivos a los que se encaminase su empleo.
El reconocimiento constitucional de la objeción de conciencia supone una notable novedad, no olvidemos que en la normativa castrense preconstitucional la objeción de conciencia fue un delito hasta el Real Decreto 3011/1976, de 23 de diciembre. No obstante, su que la regulación legislativa durante un cierto tiempo fue inexistente, a pesar de la aprobación en 1980 de la Ley de Defensa Nacional por lo que se hizo precisa la intervención del Tribunal Constitucional, para señalar, introduciendo la doctrina de la aplicabilidad directa de los derechos fundamentales, que pese a la falta de regulación legal de la objeción y de su prestación sustitutoria, este derecho tiene una aplicación inmediata y directa que hace que los mozos que se acojan al mismo puedan suspender su incorporación a filas (STC 15/1982, de 23 de abril).
La Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria puso fin a esa situación, aunque no agotó el debate sobre como se había de regular dicha prestación hasta el punto de que el Defensor del Pueblo la recurrió ante el Tribunal Constitucional dando lugar a la Sentencia 160/1987, de 27 de octubre. Finalmente, con la profesionalización del ejército y lo que ello supone para la objeción de conciencia a la actividad militar se aprueba la Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, que resuelve algunos de los problemas planteados por la ley anterior: duración de la prestación sustitutoria, plazo para poder ejercer el derecho, realización de las prestaciones cerca del domicilio del objetor, etc.
Finalmente se ha de señalar que la supresión del servicio militar obligatorio, que como antes decía ha afectado a la prestación social sustitutoria, también ha determinado que ciertos artículos del Código Penal que hayan quedado sin contenido (arts. 527 y 604), así como el artículo 119 bis del Código Penal Militar. Por supuesto también afectó a situaciones de procesales en trámite por este tipo de delitos, a sentencias no ejecutadas y a los antecedentes penales derivados de haberse visto incurso en acciones penales de esa naturaleza, todos ellos fueron revisados y cancelados en aplicación del artículo 9.3 de la CE.
Profesor Titular. Universidad Carlos III