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Timestamp: 2018-11-18 23:16:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 693', 'artículo 694', 'artículo 154', 'artículo 260', 'artículo 695', 'artículo 13', 'artículo 13']

﻿ Sentencia 2013-01441 de mayo 15 de 2014
SENTENCIA 2013-01441 DE 15 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:EXEQUÁTUR SIN RECIPROCIDAD DIPLOMÁTICA. PERMITIR QUE LAS DECISIONES JUDICIALES ADOPTADAS EN UN ESTADO SURTAN EFECTO EN OTRO ES RECONOCER, EN EL MARCO DEL DERECHO, LA REALIDAD DE UN MUNDO GLOBALIZADO EN EL QUE LA MIGRACIÓN DE PERSONAS ESTÁ A LA ORDEN DEL DÍA. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE OTORGÓ EFECTO JURÍDICO A UNA SENTENCIA PROFERIDA POR UN JUZGADO DE FAMILIA DE ALEMANIA QUE TUVO POR DISUELTO POR DIVORCIO UN MATRIMONIO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIVORCIO, MATRIMONIO, EXEQUÁTUR, MIGRACIÓN
PONENTE:GIRALDO GUTIERREZ, FERNANDO
Sentencia 2013-01441 de mayo 15 de 2014
Rad. 1100102030002013-01441-00
SC6143-2014
Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez
(Aprobado en sesión de nueve de abril de dos mil catorce)
Bogotá D.C., quince de mayo de dos mil catorce.
Se decide sobre la solicitud de exequátur presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para la sentencia de divorcio proferida el 16 de marzo de 2010, por el Juzgado Local de Familia de Northeim, Alemania.
1. Obrando mediante apoderada judicial, la demandante solicita la homologación de la citada providencia.
2. Como fundamento de su petición, narra los siguientes hechos:
a.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX, colombiana y alemán de nacimiento, respectivamente, contrajeron matrimonio el 21 de marzo de 2009 ante el oficial de registro civil en Ulsar, Alemania, unión de la cual no hubo hijos.
b.) La pareja radicó, de mutuo acuerdo, petición de divorcio ante la citada autoridad judicial foránea, que el 16 de marzo de 2010 resolvió disolver la relación civil, no realizar “una compensación de las expectativas de pensión” y determinar que los costos del proceso se “compensan mutuamente”.
3. Admitida a trámite la petición, de ella se dio traslado a la procuradora delegada para asuntos civiles, quien manifestó no oponerse a la súplica de exequátur, siempre y cuando se acreditara el cabal cumplimiento de las exigencias de ley (fls. 22 a 28).
4. Agotado el rito previsto para esta clase de materias, corresponde entonces resolver sobre el fundamento de lo reclamado, para lo cual son pertinentes las siguientes
1. Permitir que las decisiones judiciales adoptadas en un Estado surtan efecto en otro, es reconocer en el marco del derecho, la realidad de un mundo globalizado, en el que la migración de personas está a la orden del día.
En tal contexto, el exequátur surge como un proceso judicial especial de reconocimiento y autorización, con el claro propósito de llevar a un determinado ordenamiento, para su respectiva eficacia y ejecución, una resolución dictada por una autoridad jurisdiccional ajena.
Ese trámite, por supuesto, refuerza el principio de que la jurisdicción es una actividad del Estado en desarrollo de la cual se reserva la función judicial dentro de su territorio, pues, es bajo el cumplimiento de cada una de las exigencias que prevén los tratados internacionales, los acuerdos entre naciones o la ley, que se posibilita que las sentencias proferidas por una nación puedan cumplirse en el espacio territorial de otra.
En Colombia, ciertamente, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil acepta con fuerza vinculante los fallos o laudos pronunciados en un país extranjero, por vía de “reciprocidad diplomática”, esto es, cuando cumplan con los requisitos establecidos en los tratados existentes con él, o en su defecto acudiendo a la “reciprocidad legislativa”, basada en la admisión que allí se dé a las acá proferidas.
Así lo ha reiterado en múltiples oportunidades esta corporación al exponer que
“[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (...) (G. 3. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309 entre otras)" (CSJ SC 26 enero de 2011, Rad.2007-00499-00).
2. Acá, se pretende la homologación de una sentencia extranjera.
3. Para los efectos de la decisión que se está adoptando, surgen como hechos probados los siguientes:
a.) Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nació en Mocoa, Putumayo, Colombia (fl. 3), mientras que XXX XXXXXXXXXXXXXXX, Alemania (fl. 7).
b.) Que ellos contrajeron matrimonio el 21 de marzo de 2009 en la oficina de registro civil de Uslar, de dicho país (fl. 8).
c.) Que el 16 de marzo de 2010, el Juzgado Local de Familia de Northeim, Alemania, resolvió, previa solicitud de común acuerdo de la pareja, que esa relación “está disuelta por divorcio”, que “no se realiza una compensación de las expectativas de pensión” y que “los costos del proceso se compensan mutuamente” (fls. 6 a 8).
d.) Que la “empleada de justicia”, como “fedatari[a] del despacho”, dejó constancia de que el fallo está “en firme desde el 16.03.2010” (fl. 6).
e.) Que la directora de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que revisado el archivo pertinente constató que entre Colombia y la República Federal de Alemania no hay tratado ninguno que verse sobre el reconocimiento recíproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos Estados en procesos civiles (fls. 35 y 36).
f.) Que la embajada del citado país europeo adjuntó copia traducida de la “ley sobre el procedimiento en cuestiones de familia y en las cuestiones de jurisdicción voluntaria”, en la que se fijan reglas para “el reconocimiento de decisiones extranjeras en cuestiones maritales” (fls. 37 a 46).
4. De acuerdo con las anteriores premisas se tiene, en primer término, que en el presente caso no es posible acudir a la reciprocidad diplomática, dado que se constató, con el informe que rindió el Ministerio de Relaciones Exteriores, que entre Alemania y Colombia no existe tratado o acuerdo vigente para el mutuo reconocimiento de sus determinaciones jurisdiccionales.
Por el contrario, la legislativa está plenamente acreditada con los documentos aportados por la solicitante y la embajada alemana en Colombia, acompañados con la respectiva traducción hecha por intérprete oficial.
En efecto, en tales instrumentos se da cuenta que en Alemania, la “ley sobre el procedimiento en cuestiones de familia y en las cuestiones de la jurisdicción voluntaria”, reconoce las sentencias extranjeras en causas matrimoniales, si se tramita un proceso especial (art. 108) y siempre y cuando no se advierta una de las siguientes hipótesis:
“1. Los tribunales del otro Estado no tengan competencia según la legislación alemana”, “2.- Una persona involucrada que no se haya manifestado con respecto al fondo del litigio no haya recibido debidamente o con suficiente antelación el escrito de mera tramitación para poder hacer uso de sus derechos”, “3.- La sentencia sea incompatible con otra sentencia anterior o reconocida, dictada en territorio nacional o en el extranjero”, “4. El reconocimiento de la sentencia lleve a un resultado incompatible con los principios elementales de la legislación alemana, sobre todo cuando el reconocimiento sea incompatible con los derechos fundamentales” (art. 109).
En concordancia con lo que se halla en este estrado, la jurisprudencia de la Corte ha llegado a idéntica conclusión en casos similares. Así, en CSJ SC 20 mayo 2013, Rad. 2008-00405-00, se expresó en detalle:
“...según consta en la traducción oficial que de la legislación alemana se arrimó a la actuación, recaudada en el proceso radicado bajo el número 11001-02-03-000-2009-00937-00 y trasladada de manera regular y oportuna, “[l]as decisiones que en el exterior declaran un matrimonio como (...) divorciado (...), solamente se reconocen cuando la administración estatal de justicia ha determinado que las condiciones para el reconocimiento se cumplen”, las que, en general, coinciden con los requisitos que en la legislación interna colombiana se consagran para conceder el exequátur, a saber: que la autoridad judicial que profirió la sentencia cuya convalidación se pretende sea competente para emitirla; que la contraparte haya sido debidamente vinculada al trámite; que no contradiga una determinación judicial del país ante el cual se tramita el proceso de exequátur; que el fallo que se pretende homologar no sea contrario a los principios o bases esenciales de la ley alemana ni sea incompatible con derechos fundamentales; y que el pronunciamiento jurisdiccional cuyo reconocimiento se persigue haya adquirido validez legal según la ley del Estado en donde se emitió...Dicha reciprocidad legislativa entre Colombia y la República Federal de Alemania ha sido reconocida asimismo, entre otras, en sentencias de 24 de 2009, Exp. 2007-00731-00; 4 de diciembre de 2009, Exp. 2009-00419-00; 1º de diciembre de 2010, Exp. 2008-01637-00; 28 de mayo de 2010, Exp. 2008-00596-00; 2 de febrero de 2011, Exp. 2009-00967-00 y 29 de noviembre de 2011, Exp. 2007-00939-00”.
5. Establecida la reciprocidad legislativa, cumple ahora verificar si el fallo extranjero de divorcio reúne las exigencias previstas en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil.
En tal sentido, la Corte constata que
a.) La decisión no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentran en territorio colombiano, toda vez que concierne, exclusivamente, al estado civil de los contrayentes.
b.) No es contraria a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, pues, el mutuo acuerdo corresponde a la causal novena de divorcio consagrada en el artículo 154 del Código Civil; aspecto que, en reiteradas ocasiones ha avalado la Corte, entre ellas, CSJ SC 15 agosto de 2007, Rad. 2006-00857, 14 noviembre de 2008, Rad. 2007-01237, 13 mayo de 2009, Rad. 2007-01236 y 5 de agosto de 2013, Rad. 2011-00104-00.
c.) Se aportó copia del fallo debidamente legalizada mediante apostilla (fl. 5), atendiendo las reglas de los artículos 3º y 4° de la Ley 455 de 1998, que incorporó al derecho interno la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961.
d.) Se adjuntó la traducción de la providencia al castellano, elaborada por intérprete oficial, según el artículo 260 del estatuto procesal civil, a cuyo tenor “Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o traductor designado por el juez...”.
e.) La determinación, según certificación emanada de la empleada que da fe de las actuaciones propias del juzgado foráneo, está ejecutoriada, en firme, desde el 16 de marzo de 2010 (fl. 6).
f.) El asunto no es de competencia exclusiva de las autoridades judiciales de este país, toda vez que no hay norma que así lo señale, ni se aduce la existencia de proceso ante ellas o sentencia ejecutoriada sobre la misma materia.
g.) Por último, no era menester citar al contrayente que no suscribió la petición de exequátur, por ser la causa del divorcio el mutuo acuerdo de la pareja. Al respecto, ha dicho la Sala que “[n]o se ordenó la citación de la contraparte, porque el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil la exige cuando la decisión por homologar ha sido adoptada en proceso contencioso, naturaleza de la que no está revestido el procedimiento que se siguió en el caso, dado que el divorcio fue por mutuo acuerdo” (CSJ SC, 4 abr. 2008, Rad. 2006-01256, criterio reiterado CSJ SC, 5 ago. 2013, Rad. 2011-00104-00).
6. Como resultado de todo lo expuesto, se otorgará efecto jurídico a la mencionada resolución de divorcio, y, en cumplimiento a las exigencias del artículo 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordenará la inscripción del proveído objeto de pronunciamiento y de la presente decisión, tanto en el correspondiente registro civil de matrimonio, como en el de nacimiento de la solicitante, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970.
7. No se impondrá condena en costas por tratarse de un asunto producto de la libre voluntad de los intervinientes.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. Conceder el exequátur a la sentencia proferida el 16 de marzo de 2010 por el juzgado local de familia de Northeim, Alemania, por medio de la cual se tuvo por “disuelto por divorcio” el matrimonio civil que contrajeron XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXX XXXXXXXXXX.
2. Inscribir esta decisión junto con la providencia reconocida, en el registro civil de matrimonio y nacimiento de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971.
3. Librar, por conducto de la Secretaría, las comunicaciones dispuestas.
4. No condenar en costas en la actuación.
5. Archivar el expediente una vez agotado el trámite.
Magistrados: Jesús Vall de Rutén Ruiz—Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.