Source: http://www.lexureditorial.com/legislacion/20141029/decreto-ley-42014-de-26-de-agosto-por-el-que-se-regula-la-renta-basica-extremena-de-insercion/
Timestamp: 2017-08-24 08:42:40
Document Index: 353803727

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 231', 'artículo 10', 'artículo 70', 'artículo 231']

Decreto-ley 4/2014, de 26 de agosto, por el que se regula la Renta Básica Extremeña de Inserción. | Lexur Editorial
La solicitud implicará la autorización al órgano gestor para la comprobación de lo datos económicos declarados con los de carácter tributario obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de los datos de identidad y residencia, la comprobación de la situación de alta o baja, periodos cotizados y las bases de cotización a la Seguridad Social, la comprobación de las pensiones o prestaciones percibidas de cualquier administración pública y en general de cualquier otro dato de carácter personal o económico que sea necesario para el reconocimiento o el mantenimiento de la percepción de la prestación de Renta Básica de Inserción de Extremadura a obtener de las bases de datos de cualquier otro organismo o Administración pública. De este modo, se facilita al interesado la acreditación de los requisitos exigidos para solicitar la Renta Básica de Inserción, simplificándose la tramitación administrativa y creándose un procedimiento más ágil y racional acorde con lo dispuesto en el Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura.
Planteada y justificada la extraordinaria y urgente necesidad de dar una nueva redacción a la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción, la cual ha quedado lo suficientemente explícita y razonada en la presente parte expositiva, es obligado recurrir a la posibilidad introducida en nuestra legislación por el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura reformado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de dictar una disposición legislativa bajo la forma de decreto-ley.
1. A los efectos de este decreto-ley, se entiende por situaciones de exclusión o riesgo de exclusión aquellas en las que las personas carecen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y se encuentran en un estado de dificultad personal o social para su inserción en el mercado laboral y su integración social.
2. Se entenderá por carencia de recursos necesarios para la atención de las necesidades básicas la no obtención de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo anual alcancen la cuantía del 75 % del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) (12 pagas) vigente en cada momento.
2. Las medidas que pueden adoptarse en cada proyecto individualizado de inserción se concretarán por los servicios sociales de base en acciones a adoptar en todos o alguno de los siguientes ámbitos: personal, familiar, educativo, de salud, de empleo, de formación o reconversión profesionales.
5. Si el proyecto individualizado de inserción determina que el beneficiario reúne condiciones de aptitud para participar en itinerarios de inserción sociolaboral elaborados por empresas de inserción, serán estas empresas las que elaborarán y aplicarán dichos itinerarios.
a) Quienes en los 6 meses anteriores a la solicitud hubieran cesado voluntariamente en un trabajo realizado por cuenta ajena.
b) Quienes en los 6 meses anteriores a la solicitud hubieran rechazado una oferta adecuada de empleo o de formación para el empleo realizada por los servicios públicos de empleo o por agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos.
c) Quienes encontrándose en situación de desempleo y cumpliendo los requisitos para acceder a prestaciones o subsidios de desempleo de cualquier clase, no los hubieran solicitado a la correspondiente entidad gestora.
d) Quienes reuniendo todos los requisitos necesarios para el acceso a las pensiones de jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva, incapacidad permanente, también en sus modalidades contributiva o no contributiva, o viudedad, todas ellas tanto del sistema de la Seguridad Social como del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, no las hubieran solicitado a la correspondiente entidad gestora.
3. La resolución que deniegue la concesión de la Renta Básica Extremeña de Inserción a quienes se encuentren en cualquiera de las situaciones previstas en las letras c) y d) del apartado anterior, deberá expresar la prestación o el subsidio para cuya concesión el interesado reúne los requisitos necesarios, al objeto de que pueda ser solicitado.
1. A los efectos del presente decreto-ley, se entiende por unidad familiar de convivencia la formada por la persona solicitante de la ayuda y, en su caso, su cónyuge o pareja de hecho, así como los ascendientes y descendientes y demás parientes de uno u otro, por consanguinidad y afinidad hasta el tercer grado inclusive, así como por adopción, tutela o acogimiento familiar constituido por resolución judicial o administrativa, siempre que convivan con aquélla.
5. En el supuesto de que dos o más miembros de la misma unidad familiar de convivencia soliciten la prestación, se tramitará la solicitud que se hubiera presentado en primer lugar. Si resultare denegada la prestación por causas directamente imputables a la persona del solicitante, podría solicitarla otro miembro de la unidad familiar de convivencia.
6. Los parientes entre sí, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, que convivan en un mismo domicilio serán considerados a todos los efectos como una sola unidad familiar de convivencia, no pudiendo concederse más de una prestación de Renta Básica Extremeña de Inserción a la misma.
a) Estar empadronados y residir legalmente en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y haberlo hecho al menos durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la presentación de la solicitud.
b) Encontrarse en un estado de dificultad personal o social determinante de exclusión o riesgo de exclusión, que constituya una especial dificultad para su integración en el mercado laboral y sea considerado como tal por los servicios sociales competentes.
c) Tener cumplidos los 25 años de edad antes de la presentación de la solicitud de la ayuda y constituir por sí o con familiares a su cargo una unidad familiar de convivencia. Bastará con ser mayor de edad antes de la presentación de la solicitud de la ayuda en los siguientes supuestos:
d) Carecer de los recursos económicos o patrimoniales suficientes para cubrir las necesidades básicas, en los términos previstos en los artículos 12 y 13 del presente decreto-ley.
e) No percibir alguna de las pensiones o prestaciones públicas declaradas incompatibles en el artículo 11 de este decreto-ley.
f) No residir en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que estén obligadas a atender las necesidades básicas de subsistencia de sus residentes, ni estar ingresado con carácter permanente en una residencia o centro de carácter social, sanitario o sociosanitario público o concertado. Este requisito no es de aplicación a las mujeres víctimas de violencia de género o abandono familiar que residan en los espacios de acogida de la Comunidad Autónoma de Extremadura ni a los usuarios de centros residenciales de apoyo destinados a personas carentes de domicilio con carácter temporal.
2. Los requisitos relacionados en el apartado anterior deberán cumplirse en el momento de la presentación de la solicitud y mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción de la renta básica extremeña de inserción.
a) La renta básica extremeña de Inserción será compatible con la percepción por el solicitante de las prestaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo, del sistema de la Seguridad Social.
b) La Renta Básica Extremeña de Inserción será compatible, hasta completar el importe de la misma, con la percepción por el solicitante de las siguientes pensiones o prestaciones, concedidas por cualquiera de las Administraciones Públicas:
c) La renta básica extremeña de Inserción será incompatible con la percepción por el solicitante de las siguientes pensiones o prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección:
2.º Incapacidad Permanente en cualquiera de sus grados, contributiva o no contributiva, salvo la pensión por incapacidad permanente total derivada de enfermedad común percibida por personas menores de 60 años, siempre que su cuantía sea inferior al importe de la prestación de Renta Básica Extremeña de Inserción y hasta completar el importe de la misma.
a) La Renta Básica Extremeña de Inserción será incompatible con la titularidad del solicitante de cualquier tipo de establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo, así como con la titularidad de cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera. Igualmente, será incompatible con la realización por el solicitante de cualquier clase de actividad económica a título lucrativo que, por sus características, deba dar lugar a su inclusión en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
b) La Renta Básica Extremeña de Inserción será compatible con el trabajo realizado por cuenta ajena cuando su duración sea inferior a tres meses, y siempre que los ingresos obtenidos por su realización sumados al resto de rentas de la unidad familiar de convivencia no superen el límite de que da derecho a esta prestación conforme a lo previsto en el artículo 12.
Para ser beneficiario de la renta básica extremeña de Inserción el solicitante deberá carecer de rentas o ingresos, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del indicador público de rentas de efectos múltiples anual (12 pagas) vigente en cada momento.
a) Las prestaciones y ayudas familiares vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores, o de hijos mayores con discapacidad, concedidas por cualquiera de las administraciones públicas, cualquiera que sea el miembro de la unidad familiar que las perciba.
5. En caso de separación o divorcio, no se computará la vivienda sobre el que un miembro de la unidad familiar ostente el título de propiedad total o parcial y cuyo uso como vivienda habitual hubiera sido adjudicado por resolución judicial al otro cónyuge o excónyuge.
a) Las rentas derivadas del patrimonio se calcularán en base a los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes al año natural anterior a la solicitud, prorrateando el resultado mensualmente.
b) La determinación de los rendimientos derivados del trabajo se realizará promediando mensualmente los obtenidos en los seis meses anteriores a la solicitud, computando al efecto el importe de las bases de cotización obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social.
c) Las prestaciones o pensiones reconocidas a los integrantes de la unidad familiar se computarán por el importe íntegro reconocido por la correspondiente Entidad Gestora o por la Administración pública o entidad concedente, referido al año en que se presenta la solicitud y prorrateado mensualmente.
b) Cumplir con las obligaciones específicas que se hayan acordado en el Proyecto Individualizado de Inserción en los ámbitos personal y familiar, educativo y de salud.
c) Participar en los programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que determine el Servicio Extremeño Público de Empleo, o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquél y aceptar la colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por dichas agencias, en los términos previstos en el artículo 231.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, cuando el Proyecto Individualizado de Inserción determine la aptitud del beneficiario para ello.
d) Participar en itinerarios de inserción sociolaboral elaborados por empresas de inserción cuando el Proyecto Individualizado de Inserción determine la aptitud del beneficiario para ello.
e) Comparecer, cuando haya sido previamente requerido, ante los servicios sociales competentes, el Servicio Extremeño Público de Empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con éste.
f) Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo la realización de cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, con carácter previo al inicio de la prestación de servicios.
g) Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo máximo de 15 días hábiles, cualquier cambio o variación en las circunstancias económicas o personales de la unidad familiar de convivencia que pudieran dar lugar a la reducción, suspensión o extinción de la prestación.
h) Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo máximo de quince días, el cambio del domicilio facilitado a efectos de notificaciones.
i) Facilitar la actuación de los técnicos de la Administración para evaluar su situación y las posibles modificaciones futuras, así como para efectuar el seguimiento y evaluación del Proyecto Individualizado de Inserción.
j) Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.
k) Solicitar la inscripción como demandante de empleo o mejora del mismo en el mes siguiente a la concesión de la prestación, en los casos en los que fuese obligatorio según lo previsto en el correspondiente Proyecto Individualizado de Inserción.
l) Buscar activamente empleo o participar en acciones de mejora de la ocupabilidad, que se determinen por el Servicio Extremeño Público de Empleo, cuando esta medida figure dentro del proyecto individualizado de inserción.
1. La cuantía mensual de la renta básica extremeña de inserción será igual al 75% del Indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) mensual vigente en el momento de dictarse la resolución.
2. La cuantía mensual dispuesta en el apartado anterior se incrementará en un 15 % por el segundo miembro de la unidad familiar, en un 10 % por el tercer y cuarto miembro, y en un 5 % por el quinto miembro y siguientes, distintos del titular, sin que el importe máximo de la prestación para cada unidad familiar de convivencia pueda superar el 125 % del IPREM mensual vigente en el momento de dictarse la resolución.
a) Por la celebración de un contrato de trabajo temporal de duración inicial igual o superior a 3 meses e inferior a 6 por el titular de la renta básica, por el que se perciba retribuciones mensuales superiores al importe de la renta básica de inserción de extremadura, mientras dure la relación laboral.
b) Por superar los recursos mensuales de la unidad familiar de convivencia el importe correspondiente de la renta básica de inserción de Extremadura, siempre que no se superen los límites máximos que determinan su concesión, mientras dure dicha situación.
c) Mientras dure el internamiento de carácter temporal del titular en centros o instituciones en los que tenga cubierta sus necesidades básicas, cuando éste sea beneficiario único y la estancia se prolongue más de treinta días, salvo en los supuestos contemplados como excepción en el artículo 10.1.f).
d) Mientras el titular del derecho esté cumpliendo condena que implique privación de libertad. No se suspenderá el derecho si la unidad familiar de convivencia estuviera formada por más de una persona y no disfrutara de renta familiar cuya cuantía exceda del límite que determina su concesión.
e) En los supuestos de traslado de residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura por tiempo superior a 30 días e inferior a 3 meses, se suspenderá el derecho mientras el titular resida fuera de Extremadura, salvo que declare que es para realización de un trabajo por cuenta ajena, siempre que la salida esté previamente comunicada.
f) Por sanción impuesta como consecuencia de la comisión de infracciones tipificadas en este decreto-ley, por el tiempo determinado en la resolución que la imponga.
e) Superación en el transcurso de la duración del derecho del límite de rentas establecido para su concesión.
g) Realización de trabajo por cuenta ajena de duración superior a 6 meses, siempre que se perciban retribuciones mensuales superiores al importe de la Renta Básica de Inserción de Extremadura.
h) Por sanción impuesta como consecuencia de la comisión de infracciones tipificadas en este decreto-ley.
2. Por orden del titular de la Consejería competente en materia de renta básica extremeña de inserción se determinarán los plazos de presentación de solicitudes mediante la publicación de las correspondientes convocatorias.
3. Para presentar la correspondiente solicitud, los interesados se deberán dirigir a la sede de los servicios sociales que les correspondan en función de la localidad de residencia, en donde, previa identificación con la exhibición del DNI, NIE o documento que acredite su identidad y domicilio, se les asignará un trabajador social que les prestará asistencia para la tramitación.
5. El trabajador social, en el caso de apreciar en su informe la existencia de un estado de dificultad personal o social determinante de riesgo de exclusión, deberá elaborar además un Proyecto Individualizado de Inserción adaptado a las circunstancias, capacidades y necesidades personales y familiares del solicitante, definiendo las actuaciones o compromisos que debe realizar el solicitante en caso de ser beneficiario de la prestación, e indicando de forma expresa si reúne requisitos de aptitud para participar en acciones de mejora de la ocupabilidad, en los programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que se determinen por el Servicio Extremeño Público de Empleo, o, en su caso, por las agencias de colocación, o en itinerarios de inserción sociolaboral elaborados por empresas de inserción.
6. Finalmente, una vez realizado el informe social y el proyecto individualizado de inserción, el trabajador social asistirá al solicitante en la cumplimentación de la solicitud a través de la aplicación informática citada, supervisando la aportación de la documentación necesaria y velando por el cumplimiento de todos los requisitos mencionados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los previstos en este decreto-ley.
9. El interesado en la misma solicitud suscribirá una declaración responsable en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento del derecho a la prestación, que son ciertos los datos declarados y que dispone de la documentación que así lo acredita.
12. Completada y verificada la documentación anterior, el trabajador social la remitirá al órgano gestor, que será el servicio competente en materia de renta básica extremeña de inserción, quien realizará de oficio las comprobaciones de la concurrencia de los requisitos exigidos incluidas las consultas a las bases de datos de las distintas Administraciones Públicas que fueran necesarias, emitiendo la correspondiente propuesta de resolución.
1. Constituyen infracciones las acciones u omisiones de los titulares de la prestación de renta básica extremeña de inserción tipificadas y sancionadas en el presente decreto-ley.
3. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves en atención a la naturaleza del deber infringido, de conformidad con lo establecido en el presente decreto-ley.
1. Las infracciones establecidas en este decreto-ley prescribirán: al año las leves, a los dos años las graves y a los tres años las muy graves, contados desde la fecha de la comisión de la infracción.
a) No comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo máximo de quince días hábiles, cualquier cambio o variación en las circunstancias económicas o personales de la unidad familiar de convivencia que pudieran dar lugar a la reducción de la prestación.
b) No comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo máximo de quince días, el cambio del domicilio facilitado a efectos de notificaciones.
c) No comparecer, cuando haya sido previamente requerido, ante los servicios sociales competentes, el Servicio Extremeño Público de Empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos.
d) No comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo la realización de cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, con carácter previo al inicio de la prestación de servicios, cuando el trabajo se realice dado de alta en la Seguridad Social.
e) No cumplir con las obligaciones específicas que se hayan acordado en el proyecto individualizado de inserción en los ámbitos personal, familiar, educativo y de salud, siempre que el incumplimiento no cause perjuicio al resto de miembros de la unidad familiar de convivencia.
f) Obstaculizar o dilatar injustificadamente la actuación de los técnicos de la Administración para evaluar su situación y las posibles modificaciones futuras, así como para efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del proyecto individualizado de inserción.
g) No solicitar la inscripción como demandante de empleo o mejora del mismo en el mes siguiente a la concesión de la prestación, o no mantenerla durante el periodo de su percepción, en los casos en los que fuese obligatorio según lo previsto en el correspondiente proyecto individualizado de inserción.
a) No destinar la renta básica extremeña de inserción a la cobertura de las necesidades básicas.
b) No cumplir con las obligaciones específicas que se hayan acordado en el proyecto individualizado de inserción en los ámbitos personal, familiar, educativo y de salud, siempre que el incumplimiento cause perjuicio a otros miembros de la unidad familiar de convivencia.
c) Negarse a participar en los programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que determine el Servicio Extremeño Público de Empleo, o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos, cuando el proyecto individualizado de inserción determine la aptitud del beneficiario para participar en dichos programas y acciones.
d) Rechazar la colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos, en los términos previstos en el artículo 231.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, cuando el Proyecto Individualizado de Inserción determine la aptitud del beneficiario para participar en programas de empleo.
e) Rechazar la colocación adecuada que le sea ofrecida por una empresa de inserción cuando se hubiera determinado la aptitud del beneficiario para participar en itinerarios de inserción sociolaboral elaborados por estas empresas.
f) No comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo la realización de cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, con carácter previo al inicio de la prestación de servicios, cuando el trabajo se realice sin haber sido dado de alta en la Seguridad Social.
g) No comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo máximo de quince días hábiles, cualquier cambio o variación en las circunstancias económicas o personales de la unidad familiar de convivencia que hubieran dado lugar a la suspensión de la prestación.
h) Impedir la actuación de los técnicos de la Administración para evaluar su situación y las posibles modificaciones futuras, así como para efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del proyecto individualizado de inserción.
i) Los supuestos de coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los técnicos de la Administración cuando realizan el cometido de evaluar su situación y efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del proyecto individualizado de inserción.
a) La aportación de datos o documentos falsos con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute.
b) La omisión de declaraciones legalmente obligatorias, la ocultación de ingresos o bienes de los que se disponga u otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones indebidas o superiores a las que correspondan.
1. Las sanciones establecidas en este decreto-ley prescribirán:
a) Las impuestas por infracciones leves, en el plazo de 1 año.
b) Las impuestas por infracciones graves, en el plazo de 2 años.
c) Las impuestas por infracciones muy graves, en el plazo de 3 años.
1. Será órgano administrativo competente para la iniciación del procedimiento sancionador previsto en este decreto-ley, así como para la imposición de sanciones correspondientes a infracciones leves y graves la Dirección General competente en la materia, correspondiendo al titular de la Consejería competente en la materia la imposición de las sanciones por infracciones muy graves.
Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados al amparo de la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de Renta Básica Extremeña de Inserción, con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto-ley.
1. Los procedimientos iniciados al amparo de la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de Renta Básica Extremeña de Inserción, con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto-ley se regirán por la normativa anterior, salvo en lo referido a determinación de rentas, que se regirán por este decreto-ley, para lo cual deberán recabarse las correspondientes autorizaciones para comprobar los datos económicos necesarios para el reconocimiento o mantenimiento de la prestación, en aquellos supuestos que no consten dichas autorizaciones en el expediente. Si por aplicación de esta nueva normativa resultara desestimada la solicitud, el órgano gestor examinará el expediente conforme al procedimiento establecido en la normativa anterior, por si resultara más favorable para el interesado.
2. A los actuales beneficiarios de la prestación que hayan solicitado una renovación, sólo podrán concedérsele la misma por el período que medie entre la finalización de la prestación inicialmente concedida y el 31 de diciembre de 2014.
3. Los beneficiarios que estén disfrutando de una primera renovación de la prestación a la entrada en vigor de este decreto-ley, no podrán solicitar una segunda al finalizar el periodo por el que se concedió la primera.
4. A partir de la entrada en vigor de este decreto-ley, no podrán solicitarse nuevas renovaciones de las prestaciones reconocidas.
Mérida, 26 de agosto de 2014.–El Presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago Terraza.–La Consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María de los Ángeles Muñoz Marcos.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 167, de 29 de agosto de 2014)