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Timestamp: 2019-04-23 04:10:48
Document Index: 229218825

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 31', 'artículo 30', 'artículo 28', 'artículo 19', 'artículo 21', 'in fine', 'artículo 19', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 18', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 5', 'artículo 76']

Comisión 3.3 – Modos Alternativos de Solución de Conflictos | Fundación Bicentenario
Comisión 3.3 – Modos Alternativos de Solución de Conflictos
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En el marco del convenio para la Reforma Judicial celebrado entre la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y ARGENJUS, entidad que agrupa a diferentes asociaciones vinculadas directamente a la justicia, FUNDACIÓN BICENTENARIO participó activamente durante el año 2004 en varios de los grupos temáticos conformados al efecto.
De esta manera, entre los grupos de trabajo en los que FUNDACIÓN BICENTENARIO ha participado se encuentra el Grupo 3.3 relativo a los modos alternativos de solución de conflictos, cuyas conclusiones se adjuntan al presente.
 Nota de elevación
 Nómina de participantes, representaciones invocadas y forma de contactarse.
 Actas de las reuniones plenarias (3)
 Integración de los sub – grupos
 Propuestas
 Anexos 1/5 (trabajo y sugerencias de los subgrupos)
COORDINADORA: Gladys Stella Álvarez – Fundación Libra
SECRETARIA: María Elena Bertoni de Bressan – Corte Suprema de Justicia
Buenos Aires, 25 de febrero de 2005
Al Señor co-director de la Comisión Coordinadora del Convenio de Cooperación Técnica para la Reforma Judicial
Dr. Rolando E. Gialdino
Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de coordinadora del Grupo de trabajo 3.3. a fin de elevarle el informe final relativo a propuestas en el área de los Modos alternativos de solución de conflictos.
Tal como se consignó en el informe de avance del día 18 de octubre de 2004, el objetivo general propuesto por el grupo fue producir un documento que contenga propuestas que puedan ser receptadas, canalizadas o apoyadas tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Consejo de la Magistratura de la Nación, a fin de mejorar el desarrollo de la Resolución Alternativa de Disputas a partir del estado en que se encuentra en la actualidad.
Entre los objetivos específicos que dieron origen al agrupamiento en subgrupos de trabajos se fijaron.
1. Mediación prejudicial obligatoria
2. Código de ética del mediador
3. Mediación penal (Víctima-Victimario)
4. Conciliación laboral prejudicial obligatoria
5. Arbitraje
6. Otras formas de resolución de conflictos
A) nómina de participantes, representaciones invocadas y forma de contactarse.
B) actas de las reuniones plenarias
C) integración de los sub – grupos correspondientes a cada objetivo
D) propuestas
E) cinco anexos con el trabajo y las sugerencias y propuestas de los subgrupos
Para elaborar – en su caso – el proyecto correspondiente a las propuestas que sean aceptadas, se deberá constituir la respectiva comisión de redacción e implementación.
Saludo a usted con mi mayor consideración
tto nombre apellido lugar teléfono e-mail
1 Dra. Natalia Abruzky Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 4328-5608/5278 nabruzky@jus.gov.ar // nabruzky@yahoo.com.ar
2 Dra. Gladys Stella Álvarez Coordinadora Fundación Libra 4382-3708/3967 / Cámara: 4379-1277 alvagla@fibertel.com.ar
3 Dra. Esther Arbiser SECLO 4370-4297 estherarbiser@yahoo.com.ar
4 Dra. Analía Arosena Fundación Bicentenario 4325-2101 / 15-4538-7937 aarosena@yahoo.com.ar
5 Sra. Elena Bertoni de Bressán Corte Suprema de Justicia de la Nación 4370-4738 ebertoni@csjn.gov.ar // yubia@fibertel.com.ar
6 Dra. Maria Elena Caram Mediadora – Fundación Libra – Ministerio de Justicia 4371-2787 mecaram@fibertel.com.ar
7 Dr. Fabián R. E. Céliz Procuración General de la Nación 4338-4336 / 15-5062-9109 frec@ciudad.com.ar
8 Dra. Susana Castañera Titular Juzgado Instrucción N° 31 15-5339-0296 susanacastanera@fibertel.com.ar
9 Dra. Luisa Mabel Costabile Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 4521-1620
15-5013-3478
4371-7158 dralmcostabile@hotmail.com
10 Dr. Jorge Danzi Consejero Colegio Publico de Abogados 4371-8431/4372-3747 jdanzi@yahoo.com
11 Dr. Nicolás Deane Consejo de la Magistratura 4370-4602 nicolas_deane@hotmail.com
12 Dra. Inés Della Rocca Asociación Conciencia 4813-8262/4813-6715 / 15-5052-0021 irocca2001@yahoo.com.ar
13 Dra. Teresa Maria del Val Mediadora especialidad en mediación penal 4963-6335 vdel@fibertel.com.ar
14 Dr. Juan Carlos G. Dupuis Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Cámara: 4379-1277 jcdupuis@ccc.pjn.gov.ar
15 Arq. María Marta Fernandez ARQUIJUS mfq3557@yahoo.com.ar // arqmfernandez@arquijus.com.ar
16 Dra. Maria Rosa Fernández Lemoine Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 4374-1824 flemoine@fibertel.com.ar
17 Dr. Luis M. Gaibrois Fundación Libra 4773-4550 kwmauro@cpacf.org.ar
18 Dr. Carlos Garber ARGENJUS 1327-1441/3607 – 15-5010-4146 carlosgarber@fibertel.com.ar
19 Dr. Luis Mariano Genovesi Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 4788-8448 lgenovesi@derecho.uba.ar
20 Dra. Silvana Greco Fundación Libra 4382-0708 / 15-5462-5849 sgreco@fibertel.com.ar
21 Dr. Víctor Guisado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación – Dirección de Métodos Participativos 4328-3010 conmutador
22 Dra. Maria Cristina Klein Colegio Público de Abogados de la Capital Federal – UBA (Fac de Derecho) 4313-4935
15-4427-5338 klein@interlink.com.ar
23 Dra. Raquel Elena Lerer Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 4373-0707 / 4371-3381 rlerer@infovia.com.ar
24 Arq Maria del Carmen Muñoz Grupo Canciller – S.C. de Arquitectos 15-4492-2518 mcmara@infovia.com.ar
25 Dr. Orlando Ocampo Tribunal Arbitral del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
26 Dr. Luis María Palma Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación – Coordinador “Programa Integral de Reforma Judicial” 4328-5608/5278 lmpalma@jus.gov.ar // lmpalma@arnet.com.ar
27 Dra. María E. Trebolle Inst. Univ. Pol. Fed Arg. Fundación Libra 4904-0169 mtrebolle@yahoo.com.ar
28 Dr. Carlos Silva Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 4382-5351/2878 ethikos@ciudad.com.ar
30 Dr. Sergio A. Villamayor Alemán Club de Negociadores 4371-9229 clubdenegociadores@sinectis.com.ar // sergiovillamayoraleman@sinectis.com.ar
Convenio de Cooperación Técnica para la
(Corte Suprema de Justicia de la Nación – ARGENJUS)
Grupo de trabajo 3.3.: relativo a los modos alternativos de solución de conflictos.
Reunión N° 1
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de septiembre de 2004, siendo las 15:30 hs se reúnen los miembros del Grupo 3.3 relativo a los modos alternativos de solución de conflictos, en la Fundación Libra, Lavalle 1125 7º 16, encontrándose presentes: la Coordinadora provisoria del Grupo, Dra. Gladys Stella Álvarez, Fundación Libra; Dr. Juan Carlos Dupuis, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Dr. Luis M. Gaibrois, Fundación Libra; Dr. Fabián R. E. Céliz, Procuración General de la Nación; Dr. Sergio A. Villamayor Alemán, Club de Negociadores; Arq. María Marta Fernández, ARQUIJUS; Dr. Nicolás Deane, Consejo de la Magistratura; Dra. Raquel Elena Lerer, CPACF; Dra. Natalia Abruzky por Dr. Luis María Palma Coordinador “Programa Integral de Reforma Judicial”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Dra. Analía Arosena, Fundación Bicentenario; Dr. Pablo Tornielli, Fundación Bicentenario; Dra. Silvana Greco, Fundación Libra y Sra. Elena Bertoni de Bressán, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estando ausentes: Dr. Carlos Garber, ARGENJUS; Lic. Cristina Oundjian, Asoc Arg de Prevención de la Violencia Familiar; Dra. Inés Della Rocca, Asociación Conciencia; Dra. Amalia Mattio (suplente), Asociación Conciencia; Dra. Luisa Mabel Costabile, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Dra. Maria Rosa Fernández Lemoine, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Dr. Luis Mariano Genovesi, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Dra. Maria Cristina Klein, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Dr. Carlos Silva, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Dra. Cristina González, JU.FE.JUS; Dr Fernando Augusto Niz, – JU.FE.JUS – Ministro Superior Tribunal de Just de Corrientes; Dra. Sonia de Elizalde; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ; Dr. Eduardo Roveda (suplente), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Dr. Víctor Guisado, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación – Dirección.
La Dra. Gladys Álvarez invita a los asistentes a presentarse y exponer las inquietudes respecto al tema que nos convoca. Los temas que surguieron son los siguientes: evaluación y prórroga de la ley de mediación y de conciliación SECLO, conflictos internos en unidades judiciales, evualuación temprana, volver operativo el art 360 inc 1 y 36 inc 2 del CPC al arbitraje, mediación victima-infractor, oficina de información, orientación y gestión del conflicto para el ciudadano, creación de un cuerpo de mediadores dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y anteproyecto de ley nacional de arbitraje. Se decide seleccionar las prioridades para comenzar a trabajar.
Luego de un intercambio de opiniones se acuerda unificar criterios para medir y evaluar la incidencia de la ley de Mediación. Se decide como primer paso reunir estadísticas para lo cual: la Dra. Alvarez solicitará al SECLO, la Dra. Greco al Colegio de Escribanos, Centros de Mediación del Ministerio de Justicia de la calle Uruguay y del Plan Social, el Dr. Deane a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, el Dr. Villamayor Aleman a la Bolsa de Comercio, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y a los Tribunales Arbritrales de Consumo, la Dra. Lerner al Centro de Mediación del Colegio de Abogados y la Arq. Fernandez al Centro de Mediación del Colegio de Arquitectos. Se solicitará al Ministerio de Justicia el registro de mediadores y las estadísticas que ellos tengan, dejando encargado la tarea a Dra. Natalia Abruzky.
Se sugiere la confección de hojas con membrete del Grupo 3.3. para hacer formal los pedidos, la Sra. Elena Bertoni de Bressán se encargará de ello, como así también la confección de las actas de reuniones.
Respecto de la Oficina de información, orientación y gestión del conflicto, se acuerda que en principio se necesitaría: un coordinador de las dos bocas (Cámara y Corte), capacitación para los empleados y entrenar mediadores. Se sugiere confirmar con el Grupo de trabajo 3.1. para no superponer actividades respecto del proyecto.
Se designa por unanimidad como Coordinadora permanente a la Dra. Gladys Stella Álvarez y, para aquellos casos en los que no pudiere estar presente dado los compromisos adquiridos con anterioridad, como Coordinadores suplentes a los Dres. Dr. Juan Carlos Dupuis y Dr. Luis M. Gaibrois.
Se fija como fecha para la próxima reunión el día jueves 30 de septiembre a las 15hs y la Arq. Fernandez confirmaría unos días antes si el lugar de la reunión será la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la calle Lavalle 1220.
Se deja constancia de la presencia en esta reunión del Dr. Guillermo Borda en calidad de asesor y coordinador de grupos representando a la Comisión Directiva y los Sres. Mariano Riviello y Horacio Ramella de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Concluido lo cual, se firma la presente acta.
Reunión N° 2
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de septiembre de 2004, siendo las 15 hs se reúnen los miembros del Grupo 3.3 relativo a los modos alternativos de solución de conflictos, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la calle Lavalle 1220 Piso 2, encontrándose presentes: la Coordinadora permanente del Grupo, Dra. Gladys Stella Álvarez, Fundación Libra; Coordinador Suplente Dr. Juan Carlos Dupuis, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Coordinador Suplente Dr. Luis M. Gaibrois, Fundación Libra; Dr. Sergio A. Villamayor Alemán, Club de Negociadores; Dra. Inés Della Rocca, Asociación Conciencia; Dra. Amalia Mattio, Asociación Conciencia; Dr. Nicolás Deane, Consejo de la Magistratura; Dra. María Rosa Fernández Lemoine, Colegio Público de Abogados; Dra. Raquel Elena Lerer, Colegio Público de Abogados; Dr. Luis María Palma Coordinador “Programa Integral de Reforma Judicial”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Dra. Natalia Abruzky, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Dra. Adriana García Netto, Procuración General de la Nación; Dra. Analía Arosena, Fundación Bicentenario; Dr. Pablo Tornielli, Fundación Bicentenario; Dr. Orlando Ocampo, Tribunal Arbitral del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; Dr. Carlos Garber, ARGENJUS, y Sra. Elena Bertoni de Bressán, Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Dr. Fabián R. E. Céliz comunicó su imposibilidad de asistir, así como la Arq. María Marta Fernández anticipó su ausencia debido a un problema de salud.
Toma la palabra el Dr. Dupuis y explica que las ausencias producidas en la primer reunión se debieron a que a estos integrantes no les llegó la invitación. También recuerda algunos lineamientos de trabajo definidos en el reglamento a fin de ordenar el trabajo a realizar. Toma la palabra la Dra. Álvarez y propone continuar con el análisis de los puntos que se evaluaron en la primer reunión relativos a la Ley de Mediación. Los asistentes, en forma ordenada y pidiendo la palabra, comparten opiniones personales y experiencias profesionales al respecto. En general se plantean sugerencias referidas a la prórroga de la ley y su modificación, a la calidad de las mediaciones, a la falta de control en la práctica, a la burocracia en el trabajo de los mediadores, entre otros. Luego de un intercambio de opiniones se acuerda organizar subgrupos a fin de estudiar en profundidad los aspectos más significativos. Se detallan a continuación los grupos y sus integrantes:
1) Sugerencias para optimizar la gestión y propuestas de reforma
a. Dra. Gladys Stella Álvarez
b. Dra. Raquel Elena Lerer
c. Dra. María Rosa Fernández Lemoine
d. Dra. Natalia Abruzky
e. Dra. Analía Arosena
f. Dr. Juan Carlos Dupuis
2) Código de Ética del Mediador
b. Dra. Amalia Mattio
d. Dr. Luis M. Gaibrois
e. Dr. Nicolás Deane
3) Análisis Estadísticos
a. A conformarse. En espera de contar con todas las estadísticas.
4) Arbitraje
b. Dra. Inés Della Rocca
c. Dra. Analía Arosena
d. Dr. Orlando Ocampo
e. Dr. Sergio R. Villamayor Alemán
5) Art. 360 Otras formas de resolución de conflictos
a. Dr. Carlos Garber
Los subgrupos se reunirán durante el mes de octubre para luego volcar las conclusiones en la reunión integral a realizarse el día 2 de noviembre del corriente a las15hs la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la calle Lavalle 1220 Piso 2.
Se da por finalizada la reunión siendo las 17hs.
Reunión N° 3
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de noviembre de 2004, siendo las 15 hs se reúnen los miembros del Grupo 3.3 relativo a los modos alternativos de solución de conflictos, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la calle Lavalle 1220 Piso 2, encontrándose presentes: la Coordinadora permanente del Grupo, Dra. Gladys Stella Álvarez, Fundación Libra y Coordinador Suplente Dr. Juan Carlos Dupuis, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; y por orden alfabético: Dra. Natalia Abruzky, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Dra. Gladys Stella Álvarez Coordinadora Fundación Libra; Dra. Esther Arbiser, SECLO; Dra. Analía Arosena, Fundación Bicentenario; Sra. Elena Bertoni de Bressán, Corte Suprema de Justicia de la Nación; Dra. Maria Elena Caram, Mediadora, Fundación Libra, Ministerio de Justicia; Dr. Fabián R. E. Céliz, Procuración General de la Nación; Dra. Susana Castañera, Titular Juzgado Instrucción N° 31; Dra. Luisa Mabel Costabile, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Dr. Jorge Danzi, Consejero Colegio Público de Abogados; Dr. Nicolás Deane, Consejo de la Magistratura; Dra. Inés Della Rocca, Asociación Conciencia; Dra. Teresa Maria del Val, Mediadora especialidad en mediación penal; Dra. Maria Rosa Fernández Lemoine, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Dr. Carlos Garber, ARGENJUS; Dra. Silvana Greco, Fundación Libra; Dra. Maria Cristina Klein, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal – UBA (Fac de Derecho); Dra. Raquel Elena Lerer Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Arq Maria del Carmen Muñoz Grupo Canciller – S.C. de Arquitectos; Dra. María E. Trebolle, Inst. Univ. Pol. Fed Arg. Fundación Libra; Dr. Carlos Silva Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Dr. Sergio A. Villamayor Alemán, Club de Negociadores.
De acuerdo al acta anterior se reunen los miembros presentes a fin de consensuar las conclusiones de los subgrupos, cuya conformación es la siguiente:
Subgrupo 1 – Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria: 1 – Sugerencias para optimizar la gestión; 2 – Propuestas de reforma a la ley:
Dra. Gladys Stella Álvarez (Juez C.Civil – Fundación Libra)
Dra. Raquel Elena Lerer (abogada – mediadora – concliadora C.Púb.de Abogados)
Dra. María Rosa Fernández Lemoine (abogada – mediadora – C.Púb. de Abogados)
Dra. Natalia Abruzky/ Luis Palma/ Víctor Guisado (Dirección de Nacional de Métodos Participativos de Justicia (Ministerio de Justicia)
Dr.Carlos Silva (C.Púb. de Abogados)
Dra. Analía Arosena (Fundación Bicentenario)
Dr. Juan Carlos Dupuis (Juez de la Cámara Civil)
Dra. Silvana Greco (abogada – mediadora – Fundación Libra
Subgrupo 2 – Código de Ética del Mediador
Dra. Gladys Stella Álvarez
Dra. Amalia Mattio
Dra. María Rosa Fernández Lemoine
Dr. Luis M. Gaibrois (ex- Juez Civil , Estudio Marval y O’Farrell
Dr. Nicolás Deane (Consejo de la Magistatura)
Arquitecta María del Carmen Muñoz
Subgrupo 3 – Mediación Víctima – Victimario (Penal); 1. Experiencia Piloto; 2. Proyecto de ley
Dr. Fabian Celiz (Procuración Gral.de la Nación)
Dra. María Elena Caram (Ministerio de Justicia/Fundación LIbra
Dra. Cristina Klein ( Facultad de Derecho de la UBA)
Dr. Damián D’Alessio ( Fundación Libra)
Dra. Silvana Greco (Ministerio de Justicia/Fundación Libra)
Dra. María Evangelina Trebolle (Instituto Universitario de la Policía Federal/Fundación Libra)
Dra. Teresa M. del Val
Subgrupo 4 – Conciliación laboral prejudicial obligatoria
Dra. Esther Arbiser (Directora del SECLO)
Dra. Raquel Lerer (Conciliación Laboral)
Subrupo 5 – ARBITRAJE
Dra. Analía Arosena
Dra. Inés Della Rocca
Dr. Orlando Ocampo (arbitro del Centro de Mediación y Arbitraje del CFCE)
Dr. Sergio Villamayor Alemán (ex juez, árbitro)
Subgrupo 6 – Art. 360 Otras formas de resolución de conflictos
Dr. Carlos Garber ( Ministerio de R. Exteriores)
La Dra. Gladys Álvarez, Coordinadora permanente, invita a los miembros de los subgrupos a exponer los trabajos.
Toma la palabra el Dr. Celiz, representado al Subgrupo N° 3, e informa sobre las particularidades de la mediación penal, por lo que entre otras cosas proponen se declaren de interés institucional.
El Dr. Villamayor Aleman, hace lo propio representando al Subgrupo N° 5; el Dr. Silva al Subgrupo N° 1, el Dr. Deane al Subgrupo N° 2 , la Dra. Arbiser y la Dra Lerer al Subgrupo N° 4, y por último el Dr Garber por el Subgrupo N° 6.
Cada exposición abre un debate donde los otros miembros aportan sus opiniones o experiencias para terminar de conformar el trabajo. Se corrigen los aspectos que a sugerencia de los presentes es necesario modificar.
Una vez consensuados todos los trabajos realizados por los grupos, la Dra. Gladys Alvarez agradece a los miembros del Grupo 3.3., la participación y disposición.
Siendo las 17:30hs se da por finalizada la reunión.
PROPUESTAS PARA SER CONSIDERADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Sub-grupo 3.3.1. Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria
Sub-grupo 3.3.2. Código de Ética del Mediador
Sub-grupo 3.3.3. Mediación Penal
1. Incorporación de los Tribunales Federales del interior del país.
La ley 24.573 publicada en el B.O.el 27 de octubre de 1995 comenzó a aplicarse en los tribunales nacionales civiles y comerciales el 23 de abril de 1996. Recién en el mes de agosto la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dispuso que sus tribunales se integraran al sistema, tal como lo dispone el artículo 28.
El artículo 31, dispuso que “quedará en suspenso la aplicación del presente régimen a los juzgados federales en todo el ámbito del territorio nacional, hasta tanto se implemente el sistema de cada uno de ellos, de las secciones judiciales en donde ejerzan su competencia.
“La obligatoriedad de la etapa de mediación – dice el artículo 30 – regirá por un plazo de cinco años, contados a partir de la puesta en funcionamiento del régimen de mediación de conformidad con lo establecido en el artículo 28”. A su vencimiento este plazo fue prorrogado por el término de cinco años (5) a partir de su vencimiento (Ley 25.287)
Dado el desarrollo que ha tenido la mediación en las provincias podemos afirmar que, en principio, no se justifica que los tribunales federales del interior del país queden sin incorporarse al sistema que –sin lugar a dudas- ha sido un instrumento valioso para la administración de justicia y lo será sobre todo en aquéllos juzgados federales que se encuentran sobrecargados de causas.
Similar propuesta surgió de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino y los titulares de los Juzgados Federales de Chaco y Mar del Plata, manifestaron estar en condiciones para incorporarse al sistema.
Por ello se propone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el Consejo de la Magistratura de la Nación declaren incorporados al sistema nacional de mediación los tribunales federales en las jurisdicciones donde se cuente con mediadores debidamente capacitados. A los fines de la implementación se acordarán las acciones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien detenta la administración del sistema de mediación.
2. Comisión de Selección y Contralor
2.1. Contralor del funcionamiento del sistema
El artículo 19 de la ley crea una Comisión de Selección y Contralor que – entre otras funciones- tiene a su cargo el contralor sobre el funcionamiento de todo el sistema de mediación. En esa Comisión, el Poder Judicial tiene dos representantes que fueron designados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A casi 9 años de estar en vigencia el sistema, se puede afirmar que esta Comisión no ha funcionado. El Poder Judicial no ejerce a través de sus representantes, el contralor del funcionamiento del sistema tal como lo establece la ley. En abril del año próximo vencerá la prórroga de la obligatoriedad y sólo se ha hecho una investigación de sus resultados cuantitativos y cualitativos a los dos años de su entrada en vigencia y ello a cargo de ONG.
Sólo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil lleva estadísticas que permiten un seguimiento – incompleto por deficiencias en la administración del sistema – de las consecuencias que esta importante reforma produce en el sistema de justicia. Así se pudieron visualizar resultados estadísticos positivos en cuanto a su incidencia en el ingreso de causas al sistema, el acortamiento de plazos de tramitación en primera instancia y la ampliación del acceso a justicia. Estas circunstancias movieron a ese tribunal (por unanimidad) a requerir al Ministerio de Justicia la prórroga de la obligatoriedad. (acuerdo plenario del 11 de julio de 2000)
Por ello se propone que la Corte Suprema de Justicia instruya a la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial para que diseñe un modelo de estadísticas confiable a fin de ser utilizado por las Cámaras de Apelaciones y por los tribunales federales que se vayan incorporando al sistema. Asimismo y a través de sus representantes inste las acciones que permitan el contralor del sistema nacional de mediación.
2.2. Código de Ética del Mediador Judicial
Las normas éticas de los mediadores requieren de sistematización, tal ha sido la necesidad que se ha planteado en el grupo de trabajo. En el anexo 2 obra el Código de Ética del Mediador Judicial elaborado por el sub-grupo 3.3.2.
Por ello se eleva el proyecto de Código de Ética de los Mediadores Judiciales, a fin de que la Corte Suprema de Justicia por intermedio de sus representantes en la Comisión de Selección y Contralor, presente este documento de trabajo y procure su plena vigencia como uno de los instrumentos de contralor del sistema.
Para el caso en que se considerare necesario, las funciones de contralor del sistema de mediación judicial, deberían ser atribuidas a una secretaría de la Corte Suprema de Justicia.
3. Cuerpo de mediadores anexo al tribunal
El sistema nacional de mediación actualmente vigente está conectado con los tribunales. Las legislaciones provinciales han adoptado mayoritariamente el modelo de mediación anexo a los tribunales.
Se ha considerado que para la administración (manejo) de los casos que se encuentran en trámite ante la Corte, puede resultar conveniente de contar con un grupo reducido de mediadores que presten sus servicios en los casos en que el tribunal lo considere adecuado o sea solicitado por las partes. Sin perjuicio se esta instancia de mediación facultativa, puede el tribunal convocar a la conciliación como suele hacerlo en determinados supuestos y los mediadores como terceros neutrales preparar con las partes las audiencias de conciliación que se dispongan.
Sin aumentar la plantilla del personal, podrían entrenarse como mediadores, aquellos funcionarios actuales que manifiesten su interés y vocación. La capacitación respectiva puede ser dada “ad honorem” por diversas instituciones oficiales o privadas que integran el convenio.
Su funcionamiento puede estar a cargo de la misma secretaría a que se hace referencia en el punto anterior.
Por ello se propone la creación de un Cuerpo de Mediadores Anexo a la Corte Suprema de Justicia, o en un sentido más amplio, Anexo a Tribunales para que intervengan como terceros neutrales prestando servicios de mediación o preparando las audiencias de conciliación ya sea a pedido de las partes o por disposición del tribunal.
4. Mediación Penal – Programas Víctima – Victimario
La fundamentación de la propuesta de este sub-grupo se acompaña en el Anexo 3. La denominación de “mediación penal” como mecanismo para el tratamiento de ciertos casos abarcados por el sistema penal suele ser objeto de reparos conceptuales. Se prefiere llamarlos “programas ”Víctima-Victimario” o “Víctima – Infractor” . El grupo de trabajo ha realizado un exhaustivo trabajo de recopilación de experiencias piloto realizadas en ámbitos de la justicia nacional y provincial. El resultado de las mismas, avala la propuesta de una experiencia piloto en mediación penal en el ámbito de la justicia nacional acotada en un comienzo a los juzgados nacionales en lo correccional, con cuyos resultados se procederá a elaborar un proyecto de ley.
Se consideró necesario que previo a su realización se efectúe un pronunciamiento institucional de política pública judicial tal como la que contiene la Resolución 2/94 Expte. S -1309/93 Superintendencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación, que precedió a la Experiencia Piloto de Mediación conectada con los Juzgados Nacionales en lo Civil. A tal fin una comisión que se constituya a tal efecto elaborará el proyecto que permita la implementación, administración, monitoreo y oportunamente, la evaluación cuantitativa y cualitativa de sus resultados.
Por ello se propone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare de interés institucional la realización de una experiencia piloto de mediación penal en el ámbito de los Juzgados Nacionales en lo Correccional.
7. Ley de mediación prejudicial obligatoria
Optimización de la gestión y reformas a la ley
Ante el próximo vencimiento de la ley, el sub- grupo 3.3.1. elaboró el documento que se acompaña en el Anexo 1. que contiene sugerencias de modificaciones al sistema de mediación para su optimización. Algunas pueden ser incorporadas por resolución ministerial y otras hacen al texto normativo y su reglamentación. El sub-grupo consideró indispensable hacer una evaluación de los 10 años de experiencia de esta reforma y su incidencia en la administración de justicia. También consideró necesario la constitución de una comisión que con los antecedentes y resultados obtenidos elabore un proyecto de ley que incorpore definitivamente al sistema la obligatoriedad de la mediación prejudicial con las modificaciones que permitan un mejor funcionamiento y control del sistema.
Se ha tomado conocimiento que el 28/12/04 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha creado una comisión a tales efectos que funciona en el ámbito de la Dirección Nacional de Métodos Participativos (Resolución Ministerial nº352).
Por ello proponemos que se remita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el trabajo producido por el sub-grupo 3.3.1. como aportes a la Comisión RM nº352.
Sub-grupo 3.3.4. Ley de conciliación laboral prejudicial obliga
Los resultados del sistema creado por esta ley administrada por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social obran en el Anexo 4 y dan cuenta de los resultados positivos que esta ley ha provocado en el sistema de administración de justicia.
Se acompaña en dicho anexo algunas propuestas de modificaciones al sistema.
Por otra parte y atento a la necesidad de descongestionar los Juzgados Federales del interior del país que conocen en causas laborales, se considera necesario la implementación del sistema – a título de experiencia piloto – en aquellos que se encuentren en condiciones de hacerlo.
Por ello se propone que se eleve esta propuesta y mediante la concertación de acciones coordinadas con el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se efectúe una experiencia piloto de conciliación laboral previa en los Juzgados Federales que se encuentren en condiciones de instrumentar el sistema.
Sub-grupo 3.3.5
Se acompaña en el Anexo 5 el trabajo del sub-grupo que se interesó y trabajó en el tema, del que resulta la necesidad de contar con una legislación acorde con las últimas que se han promulgado en América latina (Chile) y Europa (España), siguiendo los lineamientos de la Ley Modelo de UNCITRAL. La ausencia de una normativa moderna ha descolocado a nuestro país frente a foros internacionales que son elegidos para dirimir las cuestiones sometidas a arbitraje.
Por ello se propone que se remita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el trabajo que se acompaña, a fin de que se realicen las acciones tendientes al dictado de una pronta ley de arbitraje, en línea con lo legislado en el mundo y conforme a lo dispuesto en la Ley Modelo de UNCITRAL.
GRUPO 3.3 – ANEXOS
ANEXO 1 – Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria 2
ANEXO 2 – Código de Ética del Mediador 14
ANEXO 3 – Mediación Víctima – Victimario (Penal) 21
ANEXO 4 – Conciliación laboral prejudicial obligatoria 28
ANEXO 5 – Arbitraje 31
ANEXO 1 – Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria.
1 – Sugerencias para optimizar la gestión
2 – Propuestas de reforma a la ley
Dras. María Rosa Fernández Lemoine – Raquel Lerer.
Se sugiere remitir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ser girado a la Comisión de reformas de la ley de mediación prejudicial obligatoria, y a título de aporte, el trabajo realizado por el sub-grupo
OBLIGATORIEDAD DE COMPARECER A LA PRIMER AUDIENCIA DE MEDIACIÓN.
Extender el plazo de obligatoriedad para comparecer a mediación dada la experiencia positiva recogida desde la sanción de la ley 24.573 y que la misma, como toda práctica social nueva, aún no es plenamente aceptada por muchos operadores jurídicos, en los que incluimos los colegas abogados y magistrados y tampoco ha sido suficientemente difundida en la sociedad. Aconsejamos extender el plazo de obligatoriedad a un plazo superior al hasta ahora previsto de cinco años.
En los ocho años de vigencia de la ley, hemos advertido que los colegas abogados optan por la mediación privada, en general lista de ocho, y también, en muchas oportunidades, eligen al mediador de común acuerdo.
También advertimos la concurrencia voluntaria a mediación en casos no previstos por la ley 24.573, ni siquiera como opcionales. Ejemplo de ello han sido los temas vinculados con la “pesificación” y el llamado “corralito”, situaciones en que abogados y partes prefirieron ocurrir a este proceso y no a juicio. En ocasiones, profesionales acordaron elegir un mediador pivado, no obstante ser el tema de jurisdicción provincial, privilegiando la negociación colaborativa al litigio.
Ello permite pensar la importancia de la mediación como forma auto compositiva de los intereses de las partes, la necesidad de éstas de encontrar respuestas satisfactorias y más o menos rápidas a sus problemas y repensar un servicio de justicia que brinde, a quienes acuden a él, la posibilidad de acceder a formas alternativas de resolución de disputas (en los términos del Art. 36 C.P.C. y C), pensando en las limitaciones de los tribunales para dar respuesta a todos los casos que se presentan. Esta dificultad o imposibilidad de dar respuesta adecuada, alimenta la falta de confianza y de credibilidad en el servicio de justicia.
En esta instancia queremos hacer notar que la crítica o cuestionamiento formulado, muchas veces, al desempeño e idoneidad de algunos colegas mediadores no alcanza a socavar la validez del instituto y pueden ser abordadas operativamente.
Un tema que no es menor y que hay que cuidar es el uso del lenguaje y procurar ajustar el mismo, por lo menos en los ámbitos judiciales y profesionales, abandonando la terminología “mediación obligatoria” que no refleja la realidad porque nadie está obligado a mediar y reemplazarla por “comparecer a la primer audiencia de mediación”.
Esta terminología debiera ser receptada por modificaciones que se hicieran a la ley 24.573 y a su decreto reglamentario, porque la comparecencia a la audiencia de mediación y luego la labor del mediador, para que las partes permanezcan voluntariamente y negocien, permitió, en estos años, que la cantidad de juicios no creciera exponencialmente como ocurría antes de sancionarse la 24.573.
REFORMA DEL DECRETO 91/98
Hasta tanto se reforme la ley 24573 entendemos que debiera ser reformado el Decreto 91/98, reforma factible ya que está dentro de las facultades del P.E.
1- Pago de los honorarios a los mediadores cuando el requirente no inicie demanda.
El artículo 21 in fine prevé que cuando el requirente no inicie juicio dentro de los 60 días corridos de cerrada la mediación deberá realizar un pago al mediador de $ 150 a cuenta de lo que correspondiere si iniciare posteriormente y se dictare y se dictare sentencia o se arribare a un acuerdo.
Esta redacción promueve una litigiosidad inútil, una cosa es actuar en caso de que no se abonen los honorarios y otra quedar sometido a las diversas interpretaciones debido a la mala redacción del artículo.
“Si promovido el procedimiento de mediación, éste se interrumpiere o fracasare “y por cualquier causa no se iniciare el juicio por parte del requirente dentro de “los NOVENTA DIAS CORRIDOS, quien promovió la mediación deberá “abonar al mediador, el monto total de los honorarios que le correspondan de “acuerdo con lo consignado en el formulario de mediación o lo acordado con el “mediador. El plazo se contará desde el día en que otorgó el acta de cierre de la “mediación”
Sugerimos el plazo intermedio -90 días- entre el actualmente vigente (60 días) y el que preveía el decreto 1021 (180 días) que autorizaba al mediador a cobrar la totalidad de sus honorarios cando no se iniciare juicio en el plazo previsto por dicho decreto.
2- Monto de los honorarios.
El Art. 30 de la ley 24.573, delega en el P.E establecer por vía de reglamentación los honorarios del mediador.
Respecto a esto sugerimos
Que el Poder Ejecutivo revea periódicamente, preferentemente cada dos años, la escala de honorarios del mediador y agregue una escala más cuando el monto de la mediación, del acuerdo y/o el consignado en el formulario supere la suma de $ 20.000. En este caso se sugiere establecer un porcentaje cuyo resultado no pueda nunca ser inferior a $ 600, actualmente establecido como monto máximo de la escala.
3- Fondo de Financiamiento (Art. 23 de la ley 24.573)
Este Fondo debería abonar los honorarios del mediador en las mediaciones por sorteo, cuando la mediación se cerrare sin acuerdo.
El decreto 91/98, no obstante ser reglamentario, modificó la ley y en su Art. 23 estableció que los honorarios básicos del mediador ascienden a $ 15 y son abonados por el Fondo al mediador en las mediaciones oficiales, cuando no se arribare a acuerdo y como pago a cuenta de los honorarios que le corresponde por el Art. 21 de dicho decreto.
Sin embargo muchos magistrados, debido a la mala técnica legislativa, interpretan la normativa de diversas maneras y en muchos casos han resuelto que el único honorario que le corresponde percibir al mediador es el de $ 15. Además en casos de mediaciones privadas (lista de 8), algunas veces, ordenan acreditar la percepción de los $ 15, no obstante no corresponder y algunas veces aún con la manifestación en este sentido requieren pedir informes al Ministerio de Justicia.
El tema debería ser debidamente aclarado, de la manera más pertinente, para evitar una litigiosidad inútil y la carga de tareas y despachos de los Juzgados.
Solicitamos, asimismo, la posibilidad de que los magistrados utilicen las facultades y deberes establecidos por el Art. 36 Inc 2 del CPCC y sugieran a las partes durante el proceso y/o sus incidentes ir a mediación, pudiendo elegir las partes de común acuerdo el mediador o sortearlo, ya que muchas veces no hubo mediación previa y en caso de que la hubiera habido, con la experiencia del juicio y los cambios que pudieron haberse producido con el transcurso del tiempo (en las partes, en el contexto, etc.) la mediación puede resultar, en esta etapa, efectiva.
La posibilidad de eximir a los mediadores del pago de la tasa de justicia cuando deben ejecutar los honorarios, dado su monto bajo, que son fijos y la dificultad que general el cobro, lo planteó la Dra. Fernández Lemoine en el Grupo 1.4 pero, por ahora, no tuvo aceptación. Es conveniente desde nuestro grupo seguir estudiando el tema. .
En el futuro y para continuar trabajando:
Proponemos se profundice el estudio para introducir reformas en la ley 24.573, tomando en cuenta los aspectos cualitativos y la experiencia positiva durante la vigencia de la ley.
Entendemos que, prima facie, deberán ampliarse las causas que deben someterse a mediación, rever el tema del Fondo de Financiamiento, hacer una investigación estadística cualitativa del resultado de la vigencia de la ley entre magistrados, mediadores, abogados que participan en mediaciones y usuarios del sistema.
ANEXO 2 – Código de Ética del Mediador
(Se propone remitir el presente proyecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que como miembro de la Comisión de Selección y Contralor lo apruebe en el marco de las atribuciones establecidas en el artículo 19 del Decreto 91/98)
Artículo 1: El presente cuerpo normativo constituirá el Código de Ética y será de observancia para todos los mediadores que ejerzan como tales por elección, designación o adjudicación.
Artículo 2: Las normas éticas que se establecen a continuación constituyen directivas generales impartidas a los mediadores con el objetivo de fijar principios de actuación profesional. No son limitativas de las responsabilidades ni excluyentes de otras reglas más estrictas a que suscriban los mediadores o que correspondan a sus profesiones de origen.Artículo 3: El mediador actúa como tercero neutral. Tiene un deber hacia las partes, hacia su profesión y para consigo mismo. El mediador debe expresarse en forma clara con los participantes, debe actuar con honestidad e imparcialidad, promover la confianza de las partes, obrar de buena fe, ser diligente y no buscar su propio interés, ni tener interés en el acuerdo de las partes. Tiene el deber de poner a disposición de los intervinientes todas las habilidades inherentes a su profesión y todos los esfuerzos tendientes a conducir la mediación con la mayor excelencia.
Artículo 4: Antes de comenzar la mediación y durante todo el proceso, el mediador debe evaluar si la mediación constituye procedimiento adecuado para las partes y si cada una está en condiciones de participar hábilmente.
Asimismo deberá informar a las partes sobre la naturaleza, características y reglas a que se sujetará el proceso de mediación, sentido de la función y papel que desempaña el mediador, asegurándose de la comprensión de los participantes y su consentimiento al respecto.
Artículo 5: El mediador deberá poner diligencia en tratar de lograr la pronta conclusión del procedimiento.
Artículo 6: El mediador informará a las partes sobre otras formas de Resolución Alternativa de Disputas cuando ello sea aconsejable.
Artículo 7: Es deber del mediador mantener una conducta imparcial y equilibrada respecto a todas las partes, despojada de prejuicios o favoritismos, ya sea en apariencia, palabra o acción. En ningún caso podrá practicar, facilitar o colaborar con actitudes de discriminación racial, religiosa, por nacionalidad, estado civil, sexo, edad, razones de salud u otro tipo de diferencias, debiendo generar la confianza en su imparcialidad y servir a todas las partes por igual.
Artículo 8: El mediador sólo debe aceptar la responsabilidad de conducir un procedimiento de mediación en los casos en que se sienta suficientemente capacitado, teniendo en cuenta el contenido de la disputa y la naturaleza del procedimiento.
Artículo 9: El mediador evitará recibir o intercambiar obsequios, favores, información u otros elementos que puedan predisponer su ánimo o empeñar su labor de tercero imparcial.
Artículo 10: El mediador deberá excusarse y apartarse del caso en las siguientes situaciones:
1) si tuviese relación de parentesco -hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad-, con alguno de los participantes, sus mandatarios o abogados;
2) si el mediador o sus consanguíneos o afines tuviesen interés en el conflicto o en otro semejante, sociedad o comunidad con alguno de los participantes, sus mandatarios o abogados;
3) si tuviese pleitos pendientes con algunas de las partes;
4) si fuese acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes;
5) si hubiese sido autor de denuncia o querella o hubiese sido denunciado o querellado por alguno de los participantes;
6) si hubiese sido denunciado por alguna de las partes ante la Comisión de Selección y Contralor de los mediadores;
7) si hubiese sido defensor, hubiera brindado servicio profesional o asesoramiento o emitido dictamen u opinión o dado recomendaciones respecto del conflicto;
8) si hubiera recibido beneficios de importancia de alguno de los participantes;
9) si tuviese relación de amistad íntima, que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato con alguno de los participantes;
10) si tuviese relación de enemistad, odio o resentimiento con alguno de los participantes;
11) si diese cualquier otra causal que a su juicio le impusiera abstenerse de participar en la mediación por motivos de decoro o delicadeza.
El mediador siempre debe excusarse o apartarse del caso si cree o percibe que su imparcialidad se encuentra afectada o que su participación como tercero neutral puede verse comprometida por algún conflicto de interés u otra circunstancia que razonablemente pueda suscitar cuestionamiento o afectar su aptitud para conducir el procedimiento en forma equilibrada.
La obligación de excusación es continua y subsiste durante todo el procedimiento de mediación.
Artículo 11: Constituye obligación del mediador revelar toda circunstancia que sea susceptible de dar lugar a una posible parcialidad o perjuicio y hacer saber a las partes cualquier cuestión que, sin configurar a su juicio causal de excusación, pudiese suponer influencia en su imparcialidad, a fin de que las partes consientan sobre su continuidad en el procedimiento.
La obligación de revelación es continua y subsiste durante todo el procedimiento de mediación.
Artículo 12: Está prohibido a los mediadores asistir profesionalmente en el futuro -en la causa en la que hayan intervenido- a alguna de las partes intervinientes en la mediación o asociarse con sus profesionales, cualquiera fuese el resultado. Asimismo, no podrá asesorar ni patrocinar a cualquiera de las partes intervinientes en la mediación hasta tanto se cumpla el lapso previsto en el artículo 18 de la Ley 24.573, o la que pudiera regir en la materia.
Artículo 13: Todo el material de trabajo que quede en poder del mediador será confidencial; y el mediador deberá informar al inicio de la mediación sobre los alcances -y en su caso las excepciones- de la regla de confidencialidad a que estará sometido el procedimiento.
Si se arribare a un acuerdo escrito, éste será confidencial a menos que las partes establezcan lo contrario.
Artículo 14: La confidencialidad cubre la información que el mediador reciba en sesión privada. El mediador deberá guardar absoluta reserva de lo que las partes le confíen y no le autoricen a transmitir a la otra parte.
Artículo 15: Los mediadores, no podrán comentar el caso antes o después de la mediación ni hacer uso de la información, salvo a los fines de la evaluación de los programas y actividades de investigación, en reuniones de trabajo o estudio o para aprendizaje y a estos únicos efectos. En todos los supuestos evitará revelar los datos personales de las partes o características salientes que hicieran reconocible la situación o las personas, no obstante omitirse su identificación.
Artículo 16: Cuando la mediación sea dirigida por dos o más mediadores a los efectos de la resolución de un mismo caso, cada uno debe intercambiar información con su comediador y evitar cualquier apariencia de desacuerdo o crítica.
Artículo 17: El procedimiento de mediación pertenece a las partes, que delegan su conducción en el mediador. El mediador no tiene interés particular alguno en el resultado o en los términos del acuerdo y sus consecuencias para las partes, pero deberá estar satisfecho de que el convenio al que se ha arribado con su intervención no contraríe la integridad del proceso. Llegado este caso, hará saber a las partes su inquietud, no pudiendo jamás violar la regla de la confidencialidad a estos fines. Deberá asegurarse de que los participantes comprendan los términos del acuerdo y den libre conformidad al mismo antes de la suscripción.
Artículo 18: Cuando el mediador advierta que existen intereses no presentes ni representados en la mediación, que las partes no han considerado y pudieran resultar afectados por el acuerdo, deberá hacerlo saber a los participantes y sugerir la integración del procedimiento con terceros.
Artículo 19: Antes de iniciar el procedimiento de mediación, las partes deberán estar informadas de los gastos y honorarios que se devengarán por el procedimiento de mediación.
Artículo 20: El mediador tiene el deber y es responsable de estar capacitado y de mantenerse informado y actualizado, debiendo tender hacia la excelencia profesional. En la medida en que se le requiera, deberá prestar su colaboración en la capacitación práctica de otros mediadores.
Artículo 21: El mediador debe promover la profesión y hacer contribuciones en el campo respectivo, alentar la investigación y participar en ella, como también procurar la divulgación de la Resolución Alternativa de Disputas e intervenir en las diversas formas posibles en la preparación profesional y pública.
Artículo 22: Los mediadores deben cuidar la forma en que hacen tareas de divulgación, publicidad y ofrecimiento de servicios, no pudiendo anunciar resultados específicos ni sugerir que una parte puede prevalecer sobre otra. No pueden cobrar comisiones, hacer rebajas o descuentos o eximir a las partes de pagar los gastos legalmente establecidos, ni ofrecer formas similares de remuneración a quien les derive clientes, comprometiendo la imparcialidad, a los fines de obtener casos.
Artículo 23: El mediador tiene el deber de desempeñar servicios voluntarios durante su práctica para ofrecer asistencia a aquellos que no pueden pagar los honorarios del procedimiento.
Artículo 24: Las normas enunciadas en el presente cuerpo se extienden, en lo pertinente, a los observadores o a toda otra persona que por cualquier circunstancia presencie las mediaciones o tenga acceso al material de trabajo de los mediadores.
Artículo 25: En caso de que se denuncie la violación de las normas enunciadas ante la Comisión de Selección y Contralor o por verificación de esta última, se constituirá un Tribunal de Ética que estará integrado -para cada caso- con un representante del Ministerio de Justicia, un representante del Poder Judicial de la Nación y un mediador registrado que designará el Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o la Federación Argentina de Colegios de Abogados según se trate de un caso que tramite en la Capital Federal o en los Juzgados Federales en el interior del país. Las tareas que allí se desarrollen serán ad honorem.
El Tribunal podrá desestimar in límine la denuncia, convocar a las partes a esclarecer los hechos denunciados o producir todas la medidas de prueba tendientes a establecer su verosimilitud. Una vez producida la prueba deberá dar intervención al mediador a fin de que pueda realizar su descargo y en su caso ofrecer las medidas de prueba que considere conducentes. Una vez producido el descargo, cumplido el plazo para hacerlo o producida la prueba ofrecida por el medidor, el tribunal deberá expedirse por la desestimación de la denuncia o por la aplicación de las siguientes sanciones:
a) llamado de atención y/o apercibimiento;
b) multa que no podrá exceder a dos veces el honorario básico del mediador;
c) suspensión por plazo determinado del registro, y
d) separación del registro.
Las sanciones se graduarán de acuerdo a la gravedad o reiteración de las faltas.
Artículo 26: La prescripción de las acciones derivadas de violaciones al Código de Ética se operará a los dos años de producido el hecho que le dio origen. La prescripción será interrumpida por los actos procesales tendientes a su dilucidación.
ANEXO 3 – Mediación Víctima – Victimario (Penal)
1 – Experiencia Piloto
2 – Proyecto de ley
Los integrantes de esta sub comisión en cumplimiento de lo solicitado, a fin de elaborar una propuesta sobre la posible implementación de la Mediación Penal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y partiendo de las prácticas y estudios de las Instituciones que representan, consideran oportuno primeramente poner en conocimiento sus propias experiencias haciendo mención de las mismas.
La Dra. María Elena Caram, mediadora del Centro de Mediación del Ministerio de Justicia de la Nación, Dirección Nacional de Métodos Participativos, dijo:
En el año 1999 se planeó como desarrollo de experiencia piloto, conjuntamente con el Poder Judicial, siguiendo el modelo empleado en la implementación de la mediación en materia civil y comercial. Lo cual iba a dar un antecedente mejor y más sólido, como para presentar resultados satisfactorios para el dictado de una ley en materia de Mediación Penal. A esos fines se crearon dos franjas de trabajo en el Ministerio de Justicia. Una comisión que trabajó el tema de menores y otra comisión que trabajo el tema de mayores. A partir de ahí se fueron convocando a todos los operadores: los fiscales, los defensores, los jueces, distintos lugares como el consultorio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho, UBA, delegados tutelares cuando se trato el tema de menores, etc., y en un momento se decide que todo esto da pie como para el lanzamiento de una experiencia piloto.
El aporte que en ese momento da la Procuración General de la Nación, es el dictado de la Resolución PGN 45/99, que dispone que en oportunidad de la Suspensión del Juicio a Prueba se derive al Centro de Mediación del Ministerio de Justicia o cualquier otro afin. En esta oportunidad la Cámara de Casación Penal dictó una acordada que declaraba de interés público la Mediación Penal.
Evaluando la experiencia por primaria, se consideró conveniente comenzar con los Juzgados Correccionales. Los operadores del sistema penal mostraron preocupación por carecer de un marco normativo que los avalara en este proceder. Entiendo que ello podría caberles algún tipo de responsabilidad como funcionarios públicos.
Después de diversas reuniones con la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, la misma dicta un acuerdo adverso a esta pretensión, lo cual significó un retroceso y debilitamiento de la propuesta. A esta propuesta de experiencia piloto se habían adherido dos jueces de menores. Ello no significó que no se trabajara en distintos casos de competencia civil que tenían ribetes de índole penal.
Dra. María Cristina Klein,- sub-directora del Centro de Formación Profesional, Facultad de Derecho, UBA-
La experiencia en el Centro de Formación Profesional de la Facultad de Derecho, UBA, que está muy ligada a la del Ministerio de Justicia justamente porque en el marco de un proyecto piloto, en el año 96 /97, se firma entre el Ministerio de Justicia y dicha facultad un convenio a fin de llevar a cabo una experiencia de mediación penal, la cual estuvo a cargo de la Dra. Gabriela Rodriguez Fernández hasta el año 2000.
En este mismo año el Ministerio de Justicia en distintas reuniones convocó a mediadores y operadores del derecho vinculados con el tema penal, a fin de conocer las diversas experiencias en la materia. En ese ámbito se toma contacto con la Dra. Beatriz Avila, que estaba mediando en el Departamento Judicial de Mercedes y tenía mucha experiencia, la cual fue convocada a nuestro centro para llevar a adelante este plan, manteniéndose a cargo del mismo hasta el presente. Desde el comienzo en el año 2002, en poco mas de un año se recibieron en el centro cien casos, todos referidos a delitos de acción pública obteniéndose acuerdo en un 74% de los casos efectivamente mediados. Es importante destacar que la afluencia de casos para mediación penal en el Servicio Gratuito es importante en cuanto a cantidad y variedad de delitos, porque allí funcionan varias comisiones de Derecho Penal que atienden las consultas y derivan a mediación los casos aptos para este procedimiento. Incluso hubo un 17 % de ellos que se encontraban judicializados y que el acuerdo sirvió para otorgar la suspensión del juicio a prueba, o para aclarar de tal forma los hechos que los fiscales determinaran que no había motivos para impulsar la acción penal.
Además de los objetivos comunes, uno de los propios del Centro de Formación es la prevención trabajando sobre la conflictiva en forma inmediata. La riqueza de esta experiencia en el predicho Centro respecto de la formación de futuros abogados, es que éstos adquieren un nuevo perfil dentro de la profesión, resultando mas capacitados para entender la conflictiva humana.
La Dra. María Evangelina Trebolle- mediadora y coordinadora de Surco-manifestó:
De acuerdo a la experiencia en el Instituto Universitario de la Policía Federal. Argentina, donde funciona el Servicio Universitario en Resolución de Conflictos ( “l Surco”) y compartiendo lo expresado por la Dra. Klein, uno de los objetivos principales de nuestro Centro es el trabajo sobre la prevención, por estar ligado con la actuación del funcionario policial.
El siguiente objetivo compartido es que al ser una Institución Universitaria, trabajamos en la formación de personas con distintas carreras de grado sobre las cuales dichos cursantes adquieren un perfil más amplio para comprender el conflicto humano y de este modo, actuar eficientemente en la prevención de la violencia generando espacios, diálogo que permitan la pacificación social.
Nuestro Servicio recibe los casos derivados de las distintas comisarías de la Capital Federal, pues las personas concurren a las seccionales para plantear sus problemas de los cuales, en la mayoría de los casos excede el quehacer normal de las mismas.
Estos casos son derivados a nuestro servicio, por ejemplo, daños, lesiones leves, amenazas, violencia doméstica, etc. En todos ellos no existe la configuración clara de un tipo penal como para iniciar una causa, pero en todos ellos, existe la posibilidad de que se concreten hechos de sangre, a veces irreversibles.
Sería interesante pensar en una suerte de mediación prevencional, para ir atendiendo los distintos casos antes de llegar a otras instancias, desde un sistema mas formal, pues el funcionario público se ve muy constreñido a la derivación a instancias judiciales para no contravenir normas que por ley se encuentra obligado a cumplir.
Además se atendería a la población desde otro lugar, porque también existe mucha discriminación dentro de nuestra sociedad.
Hay mucha migración del interior del país y de otros países, y así también personas con diferentes discapacidades, que hacen a una problemática específica, pues parten de culturas diferentes donde es necesario escuchar y comprender, antes de intentar aplicar soluciones incompatibles y juzgar “a priori”.
Cuando uno habla de Prevención, nunca sabe que es lo que va a llegar a suceder, porque si no sucede, en realidad es un éxito. Uno se entera de los casos cuando ya ocurrieron.
Las mediaciones se llevan a cabo en el Surco, por intermedio de mediadores de este centro, provenientes de distintas campos disciplinares.
Nuestro Centro trabaja en red con oficinas como el Centro de Orientación a la Víctima y el Centro de Orientación a la Víctima de Abuso Sexual de la Policía Federal Argentina.
La riqueza de nuestro trabajo, es que por más pequeño que sea el conflicto que la persona trae, es atendido profesionalmente y no archivado en un estante. Concretamente todos los casos que entran son resueltos y de aquellos que son evaluados para implementar un proceso de mediación contamos con un 75 % de acuerdos.
La Dra. Teresa María del Val:- abogada, especialista en derecho penal y derechos humanos, mediadora –
De acuerdo a la experiencia desde el taller de Legislación Penal de la cual fue coordinadora en la Escuela en la Procuración General de la Nación, y experiencia en Fiscalía y en el Poder Judicial durante 25 años, expresa a raíz de los estudios de campo efectuados en las distintas Provincias de nuestro país, que en mediación penal está la Ciudad de Buenos Aires totalmente atrasada.
En cuanto a la problemática de la violencia familiar, en la mayoría de las provincias esta prevista la mediación, lo cual facilita la integración y transformación de la relación familiar. Dado que es muy difícil escindir en este tipo de problemática los aspectos civiles de los penales, y si sólo se puede mediar lo civil no se ataca el problema de fondo. Por tanto, de acuerdo a todo lo dicho precedentemente se impone que ya se implante la mediación penal en algunos tipos de delito y en tema violencia familiar.
No estamos diciendo que se medie la violencia, en lo que incluímos la violencia escolar, barrial, futbolística, etc., sino todo lo concomitante a ella.
Este tema es fundamental para lograr una convivencia pacífica y es imprescindible avanzar sobre mediación en todos estos aspectos, aclarando que cuando hablamos de paz, hablamos de participación de diálogo, de comprensión, de ponerse en el lugar del otro.
Es importante destacar la experiencia de avanzada de Neuquén, a cargo de la Dra. Finochietto, de acuerdo a la estadística del año 2002 de esa provincia, atendieron 1188 casos penales para mediación de menores, con un resultado óptimo.
La reincidencia de menores bajo aproximadamente un 20 % en esa Provincia a raíz de aplicarse este sistema alternativo de resolución de conflictos.
El sistema penal juvenil en la Pcia. de Neuquén se compadece con el cambio de paradigma que introdujo la Convención sobre los Derechos del Niño, al considerar al menor como un “sujeto de derecho” y no como un objeto de protección tonto.
Está tan concientizada la población, que las madres concurren en forma espontánea ante el Centro de Mediación solicitando su intervención preventivamente con respecto a sus hijos en conflicto con la Ley Penal.
Se podría hacer una experiencia piloto de mediación penal teniendo en cuenta el art. 120 de la Constitución, donde realmente se crea un cuarto poder que es el Ministerio Público, y que el artículo 5 del Código Procesal Penal de la Nación que dice que el Ministerio Público es el titular de la acción publica, la que no puede suspender sin una ley que lo permita, y además la ley del Ministerio Público los faculta a los fiscales para disponer de la acción pública.- ley 24.946, art.25 Corresponde al Ministerio Público: c) promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, salvo cuando para intentarla o proseguirla fuere necesaria instancia o requerimiento de parte conforme las leyes penales.
Dr. Fabían Celiz – Fiscal- dijo:
La aplicación de la mediación penal permitirá satisfacer las necesidades de la víctima tanto en el ámbito material como en el psicológico, dar una respuesta más rápida y adecuada por el Estado, proporcionada a la magnitud de la acción disvaliosa, además de evitar la pena privativa de la libertad por ilícitos menores (cfr. Comité de expertos sobre la mediación en materia penal. Consejo de Europa, 1977). Como consecuencia de ello, los operadores del sistema penal podrán dedicarse con mayor intensidad, a la persecución de los ilícitos de envergadura, que atentan contra la seguridad cotidiana; para los cuales, requiere la sociedad – y se necesita-, de una respuesta punitiva.
Creemos que, en un principio, el ámbito de aplicación de la mediación en el proceso penal, debe corresponder a la justicia correccional, toda vez que en casi la totalidad de los ilícitos que comprenden tal competencia se encuentra un sujeto pasivo, una víctima directa. Asimismo, la poca violencia contenida en el conflicto base, nos lleva a pensar que, el “interés público” reflejado en que el imputado termine el proceso con una pena de prisión, es menor; y lo más importante-sin restarle relevancia a lo dicho- es que aquí se ve con total claridad las diferentes pretensiones que contiene la acción penal, desde la óptica del denunciante. La práctica judicial demuestra que el ínfimo el número de denuncias realizadas en las que se pretende una reacción punitiva, en este fuero.
Es de suma importancia destacar que para evitar fundadas críticas a la implementación de una experiencia piloto, ya desde junio de 1999, el Procurador General de la Nación de aquél entonces Dr. Nicolás Becerra, dispuesto que: “los Sres. Fiscales de todos los fueros e instancias requieran la intervención y asesoramiento de la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de conflictos del Ministerio de Justicia, a efectos de proponder al logro de los acuerdos entre víctima e imputado que tiendan a la superación del conflicto que dio origen al proceso penal, debiendo practicarse en ocasión de la utilización procesal del mecanismo previsto en el artículo 76 bis del Código Penal, cada vez que ello sea posible y necesario “-ver Res. PGN 45/99-
De esta manera, la derivación de conflictos para su mediación dentro de las hipótesis contenidas en el marco de la “Suspensión del proceso a prueba”, nos permitirá –mas allá de una actuación legítima, en armonía con el principio de legalidad-.una primera aproximación con el instituto, verificar en la práctica la confirmación de los objetivos prefijados, y en base a dicha experiencia, la redacción de un proyecto de ley que se ajuste con mayor precisión a las necesidades concretas de esta jurisdicción.
Para la implementación de tal propuesta, sugeriríamos que, en primer lugar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, efectué una declaración de interés público que aportará la cobertura política, tan necesaria para llevar adelante cambios significativos.
A partir de las experiencias relatadas y los resultados obtenidos, proponemos la puesta en marcha de un proyecto piloto de mediación penal, previo a la redacción de una ley definitiva sobre el tema.
NOTA: completamos este trabajo con estadísticas de los centros mencionados y de algunas provincias.
Estadísticas – Informe N°1
Sobre el trabajo en MEDIACIÓN PENAL realizado en el Centro de Formación Profesional de la Facultad de Derecho. U.B.A
Período: abril de 2002 a julio de 2004.
Mediadores: 1 (uno)
Días de trabajo: 1 semanal (miércoles)
Casos girados: 141
Ausencias: 63 (de una u otra parte)
Trabajo con una sola parte: 57. (a los efectos morigeratorios del conflicto)
Mediaciones efectivas: 78
Acuerdos: 58
Casos judicializados: 25
Repercusiones judiciales: en algunos casos el denunciante no concurrió a ratificar la denuncia, en otros se efectuaron archivos, se dictaron sobreseimientos, se concedieron suspensiones del juicio a prueba, algunas con las obligaciones del acuerdo.
Repercusiones en Provincia: 1 caso (archivo)
Alumnos presentes: en todos los casos. Existe mayoría en el aprecio del sistema.
Participación de la comunidad: se incorporaron a las mediaciones a los familiares y amigos que habían concurrido espontáneamente o que fueron citados o a terceros citados.
Monitoreos: se efectuó con nuevas audiencias en los casos más difíciles o con contactos telefónicos de la mediadora en los de menor gravedad.
Otras repercusiones: Se efectuaron derivaciones al Servicio Social interdisciplinario del Centro y también al Servicio de Psicopatología del Hospital Alvear o a centros de autoayuda del Gobierno de la ciudad, como Ayuda para hombres violentos o A.A.
Grado de satisfacción: la mayoría de los participantes expresó un alto grado de satisfacción con el procedimiento.
Opinión de letrados participantes: la mayoría expresó sorpresa por desconocer la mediación penal y alta satisfacción por el procedimiento.
Estadísticas – Informe N°2
Centro de Mediación del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina
SURCO (conectado con Comisarías)
CASO PROCEDENCIA TEMA SUBTEMA PROBLEMÁTICA MANIFESTADA SERVICIO
OTORGADO ESTADO CONCLUSIÓN
1 SURCO PATRIMONIALES CONTRATO GARANTIA ASESORAMIENTO
JURÍDICO ARCHIVADO RESUELTO P/
2 Cria 8 COMUNITARIO CONVIVENCIA:
R.INTERPERSONALES SOCIAL
VECINAL(VINCULOS)
CON PROBLEMAS CON EL ENCARGADO
DISCRIMINACION CONTENCIÓN Y
DERIVACIÓN TRABAJO
SOCIAL ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
3 SURCO COMUNITARIO PROB.EDILICIOS.
SEGURIDAD COMPLEJOS
HABITACIONALES ASESORAMIENTO
TRABAJO SOCIAL EN TRABAJO EN TRABAJO
4 SURCO PATRIMONIALES HIPOTECAS FALTA DE PAGO ASESORAMIENTO ARCHIVADO RES.P/SURCO
5 Cria 33 FAMILIAR.
CONVIVENCIA CONVIVENCIA.
AGRESIONES FAMILIAR(VINCULOS)
COMERCIAL CONTENCIÓN
ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO
DESISTIDO POR REQUIRENTE
6 Cria 11 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA RUIDOS MOLESTOS
R.INTERPERSONALES VECINAL(VINCULOS)
FAMILIAR ASESORAMIENTO
TRABAJO SOCIAL ARCHIVADO RES.P/SURCO
7 Cria 2 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA FILTRACIONES/Y O
HUMEDAD PROBLEMAS
EDILICIOS R.INTERPERSONALES ASESORAMIENTO
8 Cria 2 COMUNITARIO.
R.INTERPERSONALES VIOLENCIA
DISCRIMINACION ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
9 Cria 18 COMUNITARIO.
CON PROBLEMAS CON EL ENCARGADO CONTENCIÓN
DESISTIDO POR REQUERIDO
10 Cria 8 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA AGRESIONES
CONSUMO DE ALCOHOL CONTENCIÓN
ASESORAMIENTO ARCHIVADO RES.P/SURCO
11 Cria 11 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA AGRESIOES
PATRIMONIALES POR DEUDAS SOCIAL
VECINAL(VINCULOS) CONTENCIÓN
DESISTIDO POR PARTES
12 Cria 11 PATRIMONIALES LABORAL EMPLEADA DOMESTICA ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO
13 Cria 11 COMUNITARIOS.
CONVIVENCIA RUIDOS MOLESTOS AGRESIONES SOCIAL
DISCRIMINACION ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO DESISTIDO POR REQUERIDO
14 Cria 12 ADMINISTRACION DE CONSORCIO PROBLEMAS EDILICIOS
ASAMBLEAS AGRESIONES MEDIACIÓN CON ACUERDO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
15 Cria 38 COMUNITARIO.
ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO DESISTIDO POR REQUIRENTE
16 Cria 11 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA RELACIONES INTERPERSONALES COMERCIAL CONTENCIÓN
ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
17 Cria 50 FAMILIAR.
FAMILIAR(VINCULOS) CONTENCIÓN
ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
18 Cria 12 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA MASCOTAS AGRESION A HUMANOS Y A OTROS ANIMALES CONTENCIÓN
19 Cria 6 FAMILIAR.
CONVIVENCIA VIOLENCIA COMERCIAL
FAMILIAR(VINCULOS)
20 Cria 18 COMUNITARIO.
AGRESIONES VECINAL(VINCULOS) ASESORAMIENTO
JURIDICO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
21 Cria 18 COMUNITARIO.
R.INTERPERSONALES IVECINAL(VINCULOS)
CON EL ENCARGADO ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO PORREQUERIDO
22 Cria 12 COMUNITARIO.
EDILICIOS SERVICIOS.MEDIDORES DE LUZ SOCIAL
VECINAL(VINCULOS) ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
23 Cria 7 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA FILTRACIONES Y/O HUMEDAD SOCIAL Y LEGAL ASESORAMIENTO
TRABAJO SOCIAL ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
24 Cria 12 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA AGRESIONES RELACIONES INTERPERSONALES CONTENCIÓN
ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUQRIDO
25 Cria 5 PATRIMONIALES CONTRATOS ALQUILER ASESORAMIENTO
JURIDICO ARCHIVADO NO RESUELTO POR PARTES
26 Cria 6 ADMINISTRACION DE CONSORCIOS PROBLEMAS
EDILICIOS POR ARREGLOS ASESORAMIENTO ARCHIVADO
27 Cria 12 COMUNITARIO.
ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR PARTES
28 Cria 12 COMUNITARIO.
EDILICIOS ARBOLES RELACIONES INTERPERSONALES ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
29 Cria 12 COMUNITARIO.
EDILICIOS DAÑOS POR OBRA VECINA MOLESTIAS ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
30 Cria 11 COMUNITARIO{
INTERPERSONALES FAMILIAR
CONSUMO DE PSICOFARMACOS CONTENCIÓN ASESORAMIENTO CON DERIVACIÓN ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
31 Cria 11 ADMINISTRACION
DE CONSORCIO EXPENSAS PROBLEMAS CON EL
ADMINISTRADOR ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
32 Cria 8 PATRIMONIALES RECONOCIMIENTO DE
DEUDA FAMILIAR (VINCULOS) CONTENCIÓN ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDO
33 Cria 7 FAMILIAR.
CONVIVENCIA VIOLENCIA FAMILIAR(VINCULOS) CONTENCIÓN
34 Cria 18 COMUNITARIO.
ENCARGADO Y PASAJERA ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
35 SURCO COMUNITARIO.
CONVIVENCIA MALOS OLORES PROBLEMAS CON ADMINISTRADOR ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
36 SURCO COMUNITARIO.
AL CONSUMIDOR SERVICIOS LUZ :PROBLEMAS
DE INSTALACION ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
37 Cria 5 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA RUIDOS MOLESTOS RELACIONES INTERPERSONALES MEDIACIÓN CON ACUERDO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
38 Cria 8 COMUNITARIO.
AGRESIONES VECINAL(VINCULOS)
ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
39 Cria 12 PATRIMONIALES LABORAL EMPLEADA DOMESTICA ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDA
40 SURCO PATRIMONIALES RECONOCIMIENTO
DE DEUDA ALQUILER ASESORAMIENTO
JURÍDICO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUQRIDO
41 Cria 8 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA.CON ENCARGADO DEL
HOTEL AGRESIONES SOCIAL
DISCRIMINACIONARCHIVADO
ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDO
42 Cria 38 FAMILIAR.
CONVIVENCIA VIOLENCIA FAMILIAR(VINCULOS)
SOCIAL CONTENCIÓN
DERIVACIÓN AL COV ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
43 CRIA20 PATRIMONIALES CONTRATOS ALQUILER ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUQRIDO
44 Cria 11 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA BASURA
INTERPERSONALES VECINAL(VINCULOS)
45 Cria 8 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA AGRESIONES VIOLENCIA ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
46 Cria 44 FAMILIAR.
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
47 Cria 8 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA RUIDOS MOLESTOS VECINAL
DISCRIMINACIÓN ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR PARTES
48 Cria 8 ADMINISTRACION
DE CONSORCIO EXPENSAS
ENCARGADO RELACIONES INTERPERSONALES ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
49 Cria 44 PATRIMONIALES SUCESIONES LEGAL ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
50 Cria 7 FAMILIAR.
ALIMENTOS CUOTA ALIMENTARIA LEGAL ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
51 Cria 12 COMUNITARIO
CONVIVENCIA FILTRACIONES
Y/O HUMEDAD
AGRESIONES RELACIONES INTERPERSONALES ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
52 Cria 18 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA MALOS OLORES
AGRESIONES SOCIAL
R.INTERPERSONALES
DISCRIMINACION ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
53 Cria 11 COMUNITARIO{
CONVIVENCIA RUIDOS MOLESTOS RELACIONES INTERPERSONALES ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
54 Cria 48 COMUNITARIO
CONVIVENCIA AGRESIONES VECINAL ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
55 Cria 18 COMUNITARIO
CONVIVENCIA MASCOTAS
BASURA RELACIONES INTERPERSONALES ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
56 SURCO FAMILIAR
CONVIVENCIA VIOLENCIA FAMILIAR(VINCULOS) ASESORAMIENTO CON DERIVACIÓN ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
57 Cria 12 COMUNITARIO
AGRESIONES VIOLENCIA Y CONSUMO DE ALCOHOL ASESORAMIENTO CON DERIVACIÓN A AA ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
58 Cria 48 COMUNITARIO
VECINAL VINCULOS ASESORAMIENTO EN TRABAJO PARA CODIGO DE CONVIVENCIA EN TRABAJO
59 Cria 12 COMUNITARIO
RUIDOS MOLESTOS VECINAL VINCULOS ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
60 Cria 8 COMUNITARIO
CONVIVENCIA AGRESIONES SOCIAL
DISCRIMINACIÓN ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
61 Cria 2 FAMILIAR
CONVIVENCIA VIOLENCIA SOCIAL
FAMILIAR ASESORAMIENTO CON dERIVACIÓN AL COV ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
62 Cria 44 FAMILIAR
CONVIVENCIA AMENAZAS VIOLENCIA ASESORAMIENTO
ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
63 SURCO PATRIMONIALES HIPOTECA JUICIO ASESORAMIENTO
JURÍDICO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
64 Cria 8 FAMILIAR.
CONVIVENCIA VIOLENCIA VIOLENCIA ASESORAMIENTO
65 Cria 8 PATRIMONIALES LABORAL RECLAMO SALARIAL
ACOSO SEXUAL ASESORAMIENTO
JURÍDICO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDO
66 Cria 15 COMUNITARIO
CONVIVENCIA PROBLEMAS CON EL
ENCARGADO SUPLENTE INCUMPLIMIENTO DE TAREAS ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDO
67 Cria 11 COMUNITARIO
PROBLEMAS EDILICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES
MEDIANERA CHIMENEA VECINA
AGRESIONES ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
68 Cria 11 PLAZA VEACOMUNITARIO
CONVIVENCIA PROBLEMAS EDILICIOS DISCRIMINACION ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
69 Cria 18 COMUNITARIO
CONVIVENCIA AGRESIONES RELACIONES
INTERPERSONALES EN TRABAJO EN TRABAJO EN TRABAJO
70 Cria 7 FAMILIAR
TENENCIA FAMILIAR CONVENIOS MEDIACIÓN CON ACUERDO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
71 Cria 8 COMUNITARIO
PROBLEMAS EDILICIOSTANQUE DAÑOS PATRIMONIALES
LABORAL ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR PARTES
72 Cria 9 COMUNITARIO
INTERPERSONALES ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDO
73 Cria 34 COMUNITARIO
CONVIVENCIA AGRESIONES RELACIONES INTERPERSONALES ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDO
74 Cria 8 COMUNITARIO
VECINAL ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDO
75 Cria 27 COMUNITARIO
CONVIVENCIA MASCOTAS SUCIEDAD
AGRESIONES ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
76 Cria 12 COMUNITARIO
CONSORCIO VECINAL ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
77 Cria 12 COMUNITARIO
78 Cria 12 COMUNITARIO
CONVIVENCIA AGRESIONES VECINAL(VINCULOS)
INTERPERSONALES ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
79 Cria 48 FAMILIAR
CONVIVENCIA VIOLENCIA VIOLENCIA ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDO
80 Cria 48 COMUNITARIO
EDILICIOS MEDIANERA
OTRAS CONSTRUCCIONES VECINAL
DAÑOS ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
81 Cria 8 PATRIMONIALES LABORAL ARREGLO ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
82 SURCO COMUNITARIO
CONVIVENCIA VIOLENCIA VIOLENCIA
LABORAL ASESORAMIENTO
83 Cria 8 FAMILIAR
CONVIVENCIA VIOLENCIA VIOLENCIA ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
84 Cria 53 FAMILIAR
FAMILIAR(VINCULOS) ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
85 SURCO FAMILIAR
CONVIVENCIA LEGALES
PATRIMONIALES COMERCIAL
VIOLENCIA ASESORAMIENTO EN TRABAJO ENTRABAJO
86 Cria 48 COMUNITARIO
CONVIVENCIA MASCOTAS AGRESIONES ASESORAMIENTO EN TRABAJO ENTRABAJO
87 Cria 43 COMUNITARIO
AGRESIONES VECINAL ASESORAMIENTO ENTRABAJO EN TRABAJO
88 Cria 53 COMUNITARIO
CONVIVENCIA AGRESIONES VECINAL ASESORAMIENTO
TRABAJO SOCIAL ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
89 Cria 11 IDEM 68 IDEM 68 IDEM 68 IDEM 68 ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
90 Cria 12 COMUNITARIO
DE TAREAS SOCIAL
91 Cria 53 FAMILIAR
VIOLENCIA ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
92 Cria 18 FAMILIAR
ALIMENTOS LEGAL
COMERCIAL FAMILIAR ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
93 Cria 9 FAMILIAR
CONVIVENCIA VIOLENCIA VIOLENCIA ASESORAMIENTO CON DERIVACIÓN AL COV ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
94 SURCO COMUNITARIO
EDILICIOS PH LEGALES
PATRIMONIALES ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
95 Cria 12 COMUNITARIO
ENCARGADO RELACIONES
INTERPERSONALES MEDIACIÓN SIN ACUERDO ARCHIVADO NO RESUELTO POR PARTES
96 Cria 12 COMUNITARIO
EDILICIOS FILTRACIONES VECINAL ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR PARTES
97 SURCO COMUNITARIO
98 SURCO PATRIMONIALES HIPOTECA ASESORAMIENTO ASESORAMIENTO
99 Cria 37 FAMILIAR.
CONVIVENCIA VIOLENCIA FAMILIAR
VIOLENCIA ASESORAMIENTO CON DERIVACIÓN AL COV ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
100 Cria 11 COMUNITARIO.
INTERPERSONALES VECINAL
FAMILIARES CONTENCIÓN
101 SURCO FAMILIAR.
TENENCIA FAMILIAR FAMILIAR ASESORAMIENTO JURÍDICO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
102 Cria 16 ADMINISTRACION
DE CONSORCIO LIMPIEZA
AGRESIONES VECINAL ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
103 Cria 8 FAMILIAR.
CONVIVENCIA VIOLENCIA VIOLENCIA ASESORAMIENTO CON DERIVACIÓN AL COV ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
104 Cria 16 FAMILIAR.
CONVIVENCIA RELACIONES
INTERPERSONALES FAMILIAR(VINCULOS)
105 Cria 16 ADMINISTRACION
DE CONSORCIO PROBLEMAS
EDILICIOS SOCIAL
DISCRIMINACION ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR PARTES
106 Cria 8 PATRIMONIALES RECLAMO DE
PERTENENCIAS RELACIONES
INTERPERSONALES ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
107 Cria 8 PROBLEMAS
USURPACION CASA TOMADA LA REQUIRENTE
MANIFESTO PROBLEMAS
DE CONDUCTA ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
108 Cria 9 COMUNITARIO.
PERTENENCIAS DISCRIMINACION
COMERCIAL ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
109 Cria 18 COMUNITARIO.
VIOLENCIA ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDO
110 Cria 8 COMUNITARIO.
AGRESIONES VECINAL(CLUB)
ASESORAMIENTO EN TRABAJO ENTRABAJO
111 SURCO FAMILIAR.
TENENCIA FAMILIAR
FAMILIAR ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
112 Cria 50 FAMILIAR.
VIOLENCIA VIOLENCIA VIOLENCIA ASESORAMIENTO CON DERIVACIÓN AL COV ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
113 Cria 31 FAMILIAR.
SOCIALES CONSUMO DE
ALCOHOL RELACIONES
Y CONSUMO ASESORAMIENTO CON DERIVACIÓN AL AA ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
114 Cria 44 COMUNITARIO
EDILICIOS ARBOLES
(PALMERA) VECINAL
DAÑOS ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
115 Cria 18 COMUNITARIO
116 Cria 18 COMUNITARIO
CONVIVENCIA AGRESIONES DEL
ENCARGADO VECINAL(VINCULOS) ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDO
117 Cria 12 COMUNITARIO
DESALOJOS SOCIAL ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
118 Cria 43 COMUNITARIO.
DAÑOS PATRIMONIALES COMERCIAL
VIOLENCIA ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
119 C.O.V. FAMILIAR.
CONVIVENCIA AGRESIONES FAMILIAR(VINCULOS)
COMERCIAL ASESORAMIENTO ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
120 Cria 18 COMUNITARIO
INTERPERSONALES ASESORAMIENTO CONTENCION ARCHIVADO RESUELTO P/SURCO
121 Cria 18 COMUNITARIO.
CONVIVENCIA CON ENCARGADO BASURA
AGRESIONES COMERCIAL
DISCRIMINACION ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUERIDO
122 Cria 18 COMUNITARIO.
FAMILIAR(VINCULOS) ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
123 Cria 11 FAMILIAR.
PATRIMONIALES ASESORAMIENTO ARCHIVADO NO RESUELTO POR REQUIRENTE
124 Cria 6 FAMILIAR
125 Cria 12 PATRIMONIALES LABORAL FAMILIAR(VINCULOS)
AGRESIONES ASESORAMIENTO EN TRABAJO EN TRABAJO
Estadísticas – Informe N°3
Depto JUDICIAL DE LA MATANZA
Esta estadística corresponde al mes de febrero del año 2004, ingresaron 81 casos para mediación, de los cuales 7 de los mismos habían estado en el Centro de Mediación y/o Conciliación, se cumplen un 60 % o más de acuerdos.
Amenazas y/o lesiones 30
Abuso de armas 3
Defraudaciones 8
Infracción de la Ley 13.944 10
Infracción de la Ley 24.270 5
S/D 17
Usurpación de propiedad 4
Violación de domicilio 1
TOTAL DE CAUSAS 81
Estadísticas – Informe N°4
EXPERIENCIA EN EL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MERCEDES
El departamento judicial de Mercedes ha sido el pionero en la Provincia de Buenos Aires, en la implementación de la mediación penal como sistema alternativo de solución de conflictos, habiendo obtenido resultados tan exitosos que lo convierten en un fenómeno del que vale la pena tomar ejemplo.
El mentor de la, por entonces, novedosa idea fue el Dr. Ricardo Gerónimo Uncal, Fiscal General de ese departamento, quien contó con el apoyo del colegio de abogados departamental, a través de su Consejo Directivo – presidido por el Dr. Horacio Alberto Vero – y de su Centro de Mediación, lo cual facilitó la concreción del proyecto.
En efecto, el 11 de noviembre de 1999, se suscribió un convenio de colaboración institucional entre la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Mercedes , gracias al cual el instituto de la mediación en conflictos de naturaleza penal se ha hecho realidad, permitiendo solucionar, desde sus raíces más profundas, una enorme cantidad de casos, sin apartarse en absoluto de la legislación penal y procesal penal vigente.
De acuerdo a la legislación vigente en la Provincia de Bs.As., el Fiscal tiene la posibilidad de decidir ejercer la acción penal o no, atendiendo – entre otros factores – a la situación de la víctima, en cumplimiento del art. 38 de la Ley de Ministerio Público de la Provincia de Bs.As., precepto que promueve el empleo de la mediación y de la conciliación, en aras de llegar a la pacífica solución de los conflictos.
Evidentemente, la Fiscalía General de Mercedes supo ver que se contaba con todos los instrumentos legales necesarios como para llevar adelante tamaño desafío, poniendo la mirada en los valiosos frutos que la mediación daría. El primero y fundamental, la solución definitiva de conflictos humanos profundos, en mejora de la calidad de vida de la población. Ya se verá lo abundante que ha sido la cosecha.
El Dr. Uncal se preocupó por tratar de encontrar la forma de poner en práctica los postulados consagrados en el ordenamiento legal, con la mirada puesta en el objetivo de arribar a una pronta solución o atenuación de los conflictos originarios subyacentes en la relación de las partes (art. 86 del C.P.P.), cuya carga de violencia suele ir in crescendo, hasta derivar en la comisión de delitos, que no son siempre leves. En otras palabras, se buscaba remedio o paliativo para ciertas relaciones conflictivas, cuya problemática inicial era, o parecía ser, nimia, derivando finalmente en resultados nefastos.
En cuanto al procedimiento las Unidades Funcionales de Investigación (UFI) derivan entre veinte y treinta casos por semana, los cuales ingresan al Centro de Mediación del Colegio de Abogados – a cargo del Dr. Marcelo Gabriel Mendiola – los días lunes, donde se les designa mediador y se fija audiencia para la semana siguiente.
Los expedientes se confeccionan tal como los judiciales, es decir, que se los caratula y se los carga en un sistema informático creado especialmente para este tipo de procesos, en el que, diariamente, se cargan los distintos movimientos que se produzcan en cada caso. De tal modo, se logra un buen sistema de control y se obtienen datos estadísticos sumamente precisos, lo cual permite monitorear constantemente el desarrollo del proyecto e ir corrigiendo posibles fallas.
Los mediadores cumplen turnos diarios, en los que atienden las primeras audiencias de las causas nuevas, amén de otras que puedan corresponder en los expedientes en trámite. Se realizan de cuatro a seis audiencias por mañana de casos nuevos y segundas o ulteriores en los ya iniciados.
Las notificaciones se realizan por cédulas, diligenciadas por la policía provincial.
Si tras la audiencia de mediación se arribó a un acuerdo, el expediente permanece un mes en el Centro para control del cumplimiento de aquél. Transcurrido ese plazo y antes de la correspondiente devolución a la UFI de origen, se efectúa la carga final de datos en el sistema informático.
Un punto fundamental a destacar es que el acuerdo al que se llegue en ningún caso es vinculante para el Fiscal, quien lo evalúa y tiene la plena potestad de impulsar, de todos modos, la acción penal. En caso de que el Ministerio Público entienda que el acuerdo es viable, envía la causa a archivo sin impulsar la acción.
El cuadro que se incluye a continuación expone los datos estadísticos de la labor realizada en el departamento, entre el 29 de noviembre de 1999 y el 31 de agosto de 2002.
TOTAL DE CASOS DERIVADOS 2031
CASOS EFECTIVAMENTE MEDIADOS 1014 Representan el 44,06 % de los casos derivados.
CASOS EFECTIVAMENTE MEDIADOS QUE CULMINARON CON ACUERDO 765 Representan el 75,44 % de los casos efectivamente mediados y el 33,24 % de los casos derivados. Como se ve, el porcentaje de acuerdos es muy alto.
ACUERDOS CUMPLIDOS Representa el 94,62 % de los casos en que se llegó a un acuerdo. Este elevadísimo nivel de cumplimiento es producto del buen trabajo de los mediadores y del compromiso que asumen la propias partes en la solución de su conflicto.
CASOS NO MEDIADOS 1281 Representan el 55,67 % de los casos derivados. Causas: incomparecencia de denunciante o denunciado; imposibilidad de notificación a las partes.
La elocuencia de los datos en cuanto al nivel de eficacia del programa no amerita mayores explicaciones, salvo en lo atinente al tiempo que transcurre entre la primera audiencia y la firma del acuerdo. El promedio estimado es de diez a treinta y dos días.
Evidentemente, la celeridad de esta vía alternativa de resolución de entuertos penales brinda una respuesta cierta, tanto a la víctima como al victimario, que en nada puede compararse con la de los larguísimos procesos judiciales. Sabido es que, en gran parte de las causas que se dirimen en los tribunales, al culminar los procesos, las partes han perdido interés en el caso o la respuesta que obtienen ya no representa una “solución”, pues en muchos supuestos, para que sea tal, hace falta prontitud.
Otro dato fundamental revelado por las estadísticas – el cual, pensamos, tiene que hacer las veces de motor o estímulo para luchar por una mayor acogida de la mediación penal – es que en el 75 % de los casos las partes involucradas tiene algún tipo de relación cercana (familiar, vecinal, comercial, etc.) y, por ende, luego de la denuncia van a seguir en contacto. De ahí que resulte vital lograr, si no la solución definitiva, por lo menos una atenuación significativa del conflicto originario, pues nada más sacro que la tutela de las relaciones humanas que hacen a la madura convivencia familiar y social.
Lo anterior viene a corroborar lo que hemos sostenido en este trabajo, en cuanto a que la mediación puede ser una herramienta utilísima que bien vale implementar, pero no para cualquier supuesto delictivo (lo que a nuestro entender no sería tolerable), sino reservada exclusivamente para casos de los denominados intrascendentes o de bagatela (limitados a los intereses de víctima-victimario), privilegiando aquellos en los que existe una relación previa entre las partes, sobre todos lazos familiares. De ahí que, en Mercedes, por aplicación del principio de oportunidad, siempre quede librado a la discrecionalidad del fiscal el impulso de la acción penal.
Estadísticas – Informe N°5
Jurisdicción de San Martín
Estadísticas – Informe N°6
Justicia Juvenil y Mediación Penal en la ciudad de Neuquén
Casos ingresados a la Justicia Penal Juvenil Año 2001 Año 2.002
Homicidio 3 6
Lesiones Graves 17 4
Lesiones Leves 130 153
Abuso y agresión con arma 11 10
Violación 2 4
Otros abusos sexuales 9 17
Hurto simple 335 336
Hurto automotor 10 5
Otros hurtos calificados 9 19
Robo simple 179 253
Robo con armas 24 33
Robo automotor 4 13
Otros robos calificados 20 25
Estafa 1 4
Extorsión 1 –
Usurpación 1 2
Daño 65 95
Violación de domicilio 10 5
Encubrimiento 8 12 8
Amenaza 69 98
Amenaza con arma 6 19 6
Tenencia y portación de armas 10 17
Privación ilegítima de libertad 1 –
Resistencia a la autoridad 10 10
Incendio 3 3
Lesiones culposas 8 5
Otros – 40
Total 946 1188
ANEXO 4 – Conciliación laboral prejudicial obligatoria
Informe Dra. Arbizer Directora del SECLO
Se agrega al presente la secuencia que se ha configurado como experiencia del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) en sus siete años de vigencia
Carta Compromiso con el Ciudadano:
El 7 de octubre de 2004, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) ha firmado la Segunda Carta Compromiso con el Ciudadano. Este es un programa instrumentado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Subsecretaría de la Función Pública. Con la firma referida, el SECLO no sólo renueva el compromiso de ofrecer un mejor servicio al ciudadano, sino que ha asumido nuevos desafíos tendientes a demostrar que un organismo estatal eficiente y efectivo es posible.
Comunicación con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo:
Si bien han existido y existen comunicaciones puntuales, sería interesante que se pudiera intercambiar datos estadísticos, jurisprudencia actualizada y/o alguna sugerencia que pudiera tener el Fuero Laboral con respecto al sistema de conciliación.
Difusión de la experiencia del SECLO:
Siendo concientes que la experiencia recabada por este sistema alternativo de solución de conflictos pudiera ser enriquecedora para las diferentes provincias del interior del país, sería muy útil que a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pudiera coordinar con las diferentes Supremas Cortes o Superiores Tribunales provinciales, una tarea de difusión detallada de la misma a través del propio organismo SECLO.
Dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria
Análisis y Evaluación luego de siete años de gestión
1997/2004 – Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social
Situación previa a la implementación del SECLO
Juzgados con excesiva cantidad de causas.
Duración promedio de un juicio: entre 4 o 5 años (para las dos instancias).
Intento de solución: se establecieron 80 juzgados de Primera Instancia y 10 Salas de Cámara de Apelaciones.
Implementación del SECLO: Comienzo de la actividad: 1 de Septiembre de 1997
Septiembre 1997 – Diciembre 1997:
– Causas ingresadas: 12.155
– Acuerdos Alcanzados: 42%
Período de mayor actividad:
Enero 2001 – Diciembre 2001:
– Causas ingresadas: 50.794
– Acuerdos Alcanzados: 31%
Enero 2002 – Diciembre 2002:
– Causas ingresadas: 52.284
– Acuerdos Alcanzados: 30 %
Enero – Agosto de 2004:
– Causas ingresadas: 31.002
– Acuerdos Alcanzados: 34 %
Mes de agosto de 2004:
– Expedientes ingresados: 4741-
– Trabajadores involucrados 5419
Características salientes del sistema
Celeridad: primer audiencia a los 10 días de ingresado el trámite.
Solución rápida: acuerdos conciliatorios alcanzados dentro de los 20 días de iniciado el trámite (promedio).
Cobro del reclamo: audiencias de pago dentro de los 5 días hábiles posteriores de celebrado el acuerdo.
Procedimiento reducido en gastos.
Eficacia para los reclamos de baja cuantía.
Facilita la administración de justicia.
Supervisión de las Audiencias de Conciliación (ejercido por el SECLO y el RENACLO).
Causales de Supervisión:
De oficio: por sorteo del SECLO a una primera audiencia, sobre la nómina de Conciliadores en ejercicio.
A pedido de las partes intervinientes.
A pedido del Conciliador designado.
Recusación / Excusación de Conciliadores.
Aplicación de multas a la parte incompareciente a las audiencias.
Intimación y Ejecución de las multas aplicadas.
Acuerdo Homologado: se ejecuta judicialmente (arts. 132 a 136 ley 18.345).
Multa a favor del trabajador: hasta el 30 % del monto conciliado (valoración realizada por el Juez).
Conclusiones a siete años de implementado el sistema
Reducción significativa de las causas judiciales.
Duración de los juicios: 2 años y medio (promedio) para las dos instancias.
Alternativa rápida para satisfacer los intereses de las partes.
Método rápido y eficaz.
Satisfacción pública y privada
Aportes efectuados por la Dra. Lerer
Conciliación y arbitraje laboral
Sugerimos lo siguiente:
Respecto de lo legislado en materia de Conciliación y Arbitraje laboral consideramos que no hay cuestiones importantes para modificar.
Consideramos que lo que contribuiría a optimizar el sistema, son cuestiones a ser instrumentadas por el del SECLO y el RENACLO, propuestas:
1) Difusión pública de la nómina actual de Conciliadores y los suplentes registrados y de aquellos ingresados por bajas de los titulares.
2) Ampliación del número de conciliadores, ya que en su oportunidad fue objeto de críticas el número cerrado de 180, y sus respectivos suplentes, también fue cuestionada la operatoria instrumentada para su designación. Esta ampliación está justificada, por el tiempo transcurrido desde el dictado de la ley, los nuevos conflictos en materia individual y colectiva del trabajo y la amplia difusión del procedimiento.
3) Reapertura del registro para cubrir las vacantes, y la designación de nuevos conciliadores, que acrediten fehacientemente y en forma transparente su experiencia en la materia.
4) Difusión a los abogados de las normas que establece el SECLO, respecto de resoluciones sobre aspectos relativos al procedimiento de Conciliación.
5) Modificación de algunas medidas del SECLO que puedan colisionar con leyes de fondo. Ejemplo: Al firmar un convenio en que haya más de un requerido, y sea uno solo el obligado, se obliga al trabajador a renunciar a la acción contra todos los demás, sin darle opción a hacerlo una vez cumplida la obligación. Esto es especialmente difícil, en convenios en que se instrumenta el pago en cuotas, y existe incumplimiento por parte del obligado.
6) Posibilidad de volver al mismo conciliador por conexidad, evitando gastos extra a las partes, y procurando de esta manera reducir los plazos del procedimiento. Tal medida evitaría dificultades al momento de abonar honorarios al conciliador por la realización de acuerdo. Se permite ampliar en número de requeridos, solamente en la primera audiencia. De hacerlo con posterioridad, hay que proceder al sorteo de otro conciliador.
Esto genera gastos extra al reclamante y alarga el procedimiento. A veces no es posible contar con todos los datos en la primera audiencia.
7) Mayor control de los conciliadores, y difusión del resultado de las denuncias. Existen conciliadores con numerosas denuncias en su haber, y de distinto grado de gravedad, que aún ejercen sus funciones.
8) Condiciones de practicidad y celeridad para aquellos que deseen hacer denuncias por irregularidades en la conciliación.
9) Revisión de los modos y tiempos de notificación para evitar que se frustren audiencias, porque no existen constancias de la notificación y posibilidad para el abogado de parte, de conocer el resultado de la notificación con amplitud, y no sólo si el requerido se notificó o no.
10) Establecimiento de un radio para las oficinas de los conciliadores, ya que se accede a su designación solamente por sorteo, sin opción alguna y existen algunos en lugares muy lejanos, con el consiguiente costo para las partes y sus abogados.
ANEXO 5 – Arbitraje
Reunidos los integrantes del sub-grupo “Arbitraje”, luego de un intercambio de opiniones, decidieron formular las siguientes propuestas:
1- Apoyar el dictado de una moderna legislación sobre arbitraje
Actualmente en la Argentina el arbitraje, a nivel nacional, está regulado en el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación. A su vez, la mayoría de las provincias tiene idéntica o parecida legislación en sus respectivos códigos procesales.
En el mundo, y ya desde hace varios años, existe un intenso movimiento legislativo, tendiente a actualizar la legislación de arbitraje. Demostrativo de ello es el listado que figura a continuación, en el que se indican a 30 países que, entre otros no incluidos ( Hungría, Irlanda, Egipto, etc.) han dictado nuevas leyes sobre el tema. En casi todos los casos, se ha tomado como fuente a la Ley Modelo de UNCITRAL.
– Alemania: 1998
– Bolivia: 1997
– Brasil: 1996
– Bulgaria: sancionada en 1988 y actualizada en 1993, 1998, 2001 y 2002
– Canadá: 1986
– Chile: 2004
– República Popular China: 1994
– Colombia: 1996
– Corea: 1999
– Costa Rica: 1997
– Ecuador: 1997
– España: 2003
– Guatemala: 1995
– Honduras: 2000
– India: 1996
– Inglaterra: 1996
– Italia: 1994
– Japón: 1999
– México: 1993
– Nueva Zelanda: 1996
– Panamá: 1999
– Paraguay: 2002
– Perú: 1996
– Federación Rusa: 1993
– Singapur: 2001
– Suecia: 1999
– Suiza: 1987
– Turquía: 2001
– Venezuela: 1998
– Zimbabwe: 1996
Como se advierte, casi todos nuestros vecinos, especialmente Brasil y Chile (éste recientemente, el 29 de septiembre de 2004), además de Paraguay y Bolivia, han modernizado su legislación, lo mismo que otros países latinoamericanos como Méjico, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. En el norte de América, lo hicieron Canadá y también, recientemente, California, Connecticut, Oregón y Texas, en E.E. U.U.
En la Exposición de Motivos de la ley más reciente, la chilena (publicada en el Diario Oficial del 29.9.04, bajo el Nº 19.971) se expresa, como uno de los principales motivos de la sanción legislativa, que ésta “persigue que nuestro país ocupe un lugar destacado como centro de arbitraje en el comercio internacional, especialmente a nivel latinoamericano”.
Destacase que también España dictó una nueva ley de arbitraje, que empezó a regir en marzo de este año.
Ello refleja, por una parte, una globalización legislativa en materia de arbitraje, así como una uniformidad básica en los contenidos de las distintas leyes y, por otra parte, el afán de los diferentes países de disponer de leyes ágiles y útiles, que les posibiliten, por un lado, dar soluciones de calidad a una enorme cantidad de conflictos locales y, por otro lado, ser sedes de arbitrajes internacionales.
Argentina se está quedando afuera del mundo en el tema arbitraje y estamos perdiendo la posibilidad de que nuestro país, que por lo menos dentro de Latinoamérica mantiene intacto el prestigio de sus profesionales, sea elegible como sede de arbitrajes internacionales.
Teniendo en cuenta dicho prestigio así como la importancia que como ciudad Buenos Aires tiene en el mundo, además de su belleza y jerarquía en variados órdenes, bastaría con que la Argentina remozara su legislación, poniéndola a tono con lo aceptado y practicado internacionalmente, para que se convirtiera en país elegible. De no actuar rápidamente en el asunto es probable que las sedes preferidas de América Latina sean Chile o Méjico, principalmente.
En tal caso, se habría perdido para Buenos Aires una excelente fuente de trabajo profesional pues, como es sabido, el proceso arbitral convoca a profesionales de variadas disciplinas (abogados, ingenieros, contadores, licenciados en diversas materias, etc.), sea como representantes, asesores de las partes o peritos.
Además, nuestro país necesita urgentemente fomentar y difundir los métodos alternativos de solución de conflictos como modos adecuados de posibilitar el cabal ejercicio de la garantía constitucional de acceso a la justicia, entendida ésta en su sentido amplio.
En este terreno, una nueva ley de arbitraje ayudaría muchísimo al desarrollo de este instituto, lo haría más popular, de más frecuente uso y, además de asegurar, en su campo, una rápida y eficiente resolución de los conflictos, posibilitaría un descongestionamiento de la justicia estatal, principalmente del fuero comercial, que se encuentra sumido en un estado de colapso, declarado oficialmente como tal.
En base a tales consideraciones, entonces, el subgrupo que conformamos propone que se solicite, tanto del Poder Ejecutivo Nacional, como del Congreso de la Nación, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que realicen las acciones tendientes al dictado de una pronta ley de arbitraje, en línea con lo legislado en el mundo, concretamente, con la Ley Modelo de UNCITRAL
2 – Proponer que el arbitraje, así como la negociación y la mediación, básicamente, sea materia obligatoria en los planes de estudio de las distintas facultades de Derecho, de Ciencias Económicas y afines.
En estos últimos años algunas facultades (por ej. la de Derecho de la U.B.A. y la de Derecho de la U.C.A.), han agregado a sus planes de estudio, aunque no como obligatorias, materias de grado referidas a los métodos alternativos de resolución de conflictos. Existen también cursos de posgrado sobre el tema.
Ello debería generalizarse y, además, debería el arbitraje, lo mismo que la negociación y la mediación, ser materia obligatoria en todas aquellas carreras que aspiran a formar profesionales que, en mayor o menor medida, deberán desenvolverse en el campo de la negociación, pública o privada, o especialmente en el de los conflictos.
En el caso particular de los abogados, el manejo apropiado de las técnicas adecuadas para resolver los conflictos debería ser tarea esencial y ello contribuiría, en gran medida, a formarlos como hacedores de la paz y no como generadores o inductores de conflictos, como muchísimas veces ocurre, precisamente por falta de una formación adecuada.
Este grupo propone, entonces, que se solicite a las distintas universidades, públicas o privadas, así como al Ministerio de Educación de la Nación, la inclusión en los planes de estudio mencionados, con carácter obligatoria, de la enseñanza de la negociación, la mediación y el arbitraje, entre otros métodos alternativos de resolución de conflictos.
3 – Proponer que se difunda y fomente el arbitraje.
Suele señalarse, con razón, que una de las causas fundamentales por las cuales el arbitraje no es mas utilizado es su desconocimiento, no solo por parte de los abogados –lo cual es grave- sino de la población en general y, en particular, de los protagonistas de los negocios.
Es menester, entonces, realizar una intensa campaña que difunda este método, en todos los estamentos, de modo que pueda llegar a utilizarse con mas frecuencia en los variados ámbitos en los que su utilización es marcadamente provechosa.
Este subgrupo propone, en consecuencia, que se requiera especialmente del Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de los poderes ejecutivos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, a través de los respectivos ministerios, que realicen una intensa campaña de difusión y fomento del arbitraje, dando a conocer a la población en general sus ventajas. En el caso particular del arbitraje laboral, la petición de difusión y fomento tendría que estar dirigida a los ministerios de trabajo, nacional y provinciales, de modo que, ante una conciliación en la que no se llegare a un acuerdo, total o parcial, el conflicto sea definitivamente resuelto por arbitraje, a petición de las partes, tal como la posibilita específicamente la normativa vigente. Así también, en el caso del “arbitraje de consumo”, la petición debería estar dirigida al Ministerio de Economía de la Nación –a través de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor-, así como a los entes que, dentro de cada jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias, tengan incumbencia en el asunto.
Tanto la difusión como el fomento deberían realizarse dentro del contexto de una difusión y de un fomento de los diversos métodos alternativos de resolución de conflictos.
Analía Arosena, Inés Della Rocca, Orlando Ocampo y Sergio A. Villamayor Alemán