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Timestamp: 2019-05-22 03:27:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 24', 'artículo 53', 'artículo 24', 'artículo 137', 'artículo 47', 'artículo 34', 'artículo 97', 'artículo 34', 'artículo 2', 'artículo 39', 'artículo 23', 'artículo 114', 'artículo 115', 'artículo 28', 'artículo 12', 'artículo 25', 'artículo 129', 'artículo 69', 'artículo 131', 'artículo 72', 'artículo 130', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 68', 'artículo 81', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 43', 'artículo 133', 'artículo 17']

recurso de alzada | Abogados penalistas en Madrid,
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23 julio, 2015 en 16:22 · Filed under ABOGADOS, RECURSOS and tagged: recurso de alzada
Recurso de alzada contra una resolución sancionadora por falta de solicitud de la afiliación o alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
PRIMERO.Que con fecha ……………….. se dictó resolución sancionadora que tiene su origen en el acta de infracción número ……………….. en la que se impone una multa de ……………….., ya que, de conformidad con el artículo 22.7 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, los hechos descritos han sido calificados como constitutivos de la siguiente infracción GRAVE:
No solicitar, en tiempo y forma, el alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
A) [Opción 1ª:] En relación a los elementos objetivos de la infracción, los hechos reflejados en el acta de infracción no son ciertos puesto que mi solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se comunicó el día ……………….. mediante ……………….., es decir, dentro del plazo de los treinta días naturales siguientes a aquel en que concurren las condiciones determinantes de mi inclusión en el campo de aplicación de este Régimen Especial.
[Opción 2ª:] Mostramos nuestra absoluta disconformidad con los hechos relatados en el acta de infracción por cuanto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, la actividad consistente en ……………….. no se realiza de forma habitual ni tampoco es fundamental para atender a las necesidades de mi unidad familiar.
[Opción 3ª:] Negamos categóricamente los hechos tal y como se exponen en el acta de infracción ya que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, no es procedente el alta en este Régimen Especial por el mero hecho de ostentar la titularidad del establecimiento ……………….., máxime cuando al solicitarse la pensión de jubilación en ……………….. se anunció por escrito presentado el día ……………….. el propósito de continuar en la titularidad del negocio y el nombramiento de un regente y, pese a ello, se reconoció la mencionada pensión mediante resolución de ……………….. dictada por ………………..
[Opción 4ª:] Nos oponemos frontalmente a los hechos y circunstancias descritas en el acta de infracción puesto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, la empresa ……………….. cursó mi alta en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena por la actividad de ……………….. que es precisamente la que dio lugar a que se levantara el acta de infracción ……………….. Esta sujeción a un contrato de trabajo supone el hecho de no estar comprendido en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
[Opción 5ª:] Los hechos que constan en el acta de infracción no responden a la realidad por cuanto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, mi actividad profesional como agente de seguros se limita exclusivamente a la conservación de la cartera de clientes de modo que no puedo solicitar el alta en este Régimen Especial por no trabajar habitual y personalmente.
[Opción 6ª:] Los hechos que se reflejan en el acta de infracción no son ciertos y, además, contradictorios, puesto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, mi actividad profesional en la sociedad mercantil ……………….. consiste en ……………….., es decir, se limita al mero ejercicio de funciones consultivas y de asesoramiento, por lo que estoy excluido del campo de aplicación de este Régimen Especial. En resumen, aunque ostento el cargo de ……………….. formando parte del órgano de administración de la mencionada mercantil, dicho cargo no comporta en ningún momento funciones reales y efectivas de dirección y gerencia de la misma.
[Opción 7ª:] No son ciertos los hechos y circunstancias que se reflejan en el acta de infracción ya que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, estoy excluido del campo de aplicación de este Régimen Especial por cuanto que, si bien ostento la condición de administrador de la sociedad mercantil ……………….., mi actividad profesional en la mencionada entidad consiste en ……………….., es decir, se limita el mero ejercicio de funciones consultivas y de asesoramiento y no comportan en ningún momento funciones reales y efectivas de dirección y gerencia de la misma.
[Opción 8ª:] Los hechos y circunstancias consignados en el acta de infracción son totalmente erróneos, toda vez que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, estoy excluido del campo de aplicación de ese Régimen Especial por cuanto que, si bien presto los servicios retribuidos en la sociedad mercantil ……………….., no poseo el control efectivo de ésta por mi participación directa o indirecta en su capital social, toda vez que las acciones o participaciones cuya titularidad ostento en dicha entidad son ……………….., es decir, no suponen en ningún caso la mitad de su capital social.
[Opción 9ª:] Mostramos nuestra absoluta disconformidad con los hechos relatados en el acta de infracción por cuanto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, estoy excluido del campo de aplicación de ese Régimen Especial por ser personal de alta dirección a que se refiere el artículo 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y no formar parte del órgano de administración de la sociedad mercantil ……………….., por lo que estoy dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social con fecha ………………..
[Opción 10ª:] Además, el acta de infracción califica genéricamente los hechos como falta de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, sin describir pormenorizadamente la conducta realizada y no se aportan los elementos de juicio necesarios, dado lo escaso del relato, para que el órgano competente sancionador pueda adoptar su decisión, ni tampoco para que el inculpado pueda defenderse de unos hechos que no se describen con el detalle necesario para poder ser calificados como constitutivos de esta infracción, tal y como reiteradamente viene exigiendo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.
La sanción ha sido erróneamente impuesta pues no existe intencionalidad alguna por mi parte en no darme de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, dadas las peculiaridades del caso concreto y máxime cuando he sido dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen ……………….. En resumen, existe una mera discusión jurídica sobre el Régimen de encuadramiento y no una falta absoluta de alta y cotización del/de los trabajador/trabajadores en cuestión y, por ello, no hay culpabilidad en la actuación empresarial.
CUARTO.Que la sanción impuesta, consistente en el pago de una multa en cuantía de ……………….. euros, vulnera el principio de proporcionalidad y demás principios que informan el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de infracciones en el orden social, atendiendo al relato de hechos más arriba reseñado.
La resolución sancionadora es contraria al principio de tipicidad (artículos 25.1 de la Constitución y 1.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) puesto que los hechos reflejados en el acta de infracción no se corresponden con el precepto que supone o implica la vulneración del ordenamiento ni tampoco con el precepto que tipifica tal infracción, por lo que en el expediente sancionador se ha realizado una aplicación analógica de la norma sancionadora que no comprende en su descripción a los hechos sancionados. En consecuencia, el acta de la Inspección infringe el artículo 53.1.b) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
La resolución sancionadora no es correcta porque vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución pues el acta de infracción no goza de la presunción legal de certeza del artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, por realizar una descripción insuficiente o inadecuada de los hechos relevantes a los efectos de la tipificación de la infracción y graduación de la sanción y de los medios probatorios empleados. De la simple lectura del acta de infracción, resulta que en ésta no se consignan los hechos o circunstancias del caso con precisión, incurriendo en una obvia inconcreción al limitarse a realizar meras calificaciones jurídicas
En el expediente sancionador se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia proclamado en el artículo 24.2 de la Constitución, por cuanto que la carga de la prueba corresponde a la Administración y en ningún momento se ha probado la culpabilidad de la supuesta conducta infractora, no siendo posible destruir la mencionada presunción de inocencia mediante indicios, sospechas de culpabilidad o a través de una valoración subjetiva del derecho sancionador sin respaldo de pruebas de los hechos en que pudiera fundarse. Es evidente que en el acta de infracción no se reflejan los elementos trascendentales para el juicio de culpabilidad, con infracción del artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
La acción cometida carece del elemento de la culpabilidad, por lo que no puede imponerse sanción alguna. En efecto, la aplicación de esta infracción administrativa requiere la presencia de intencionalidad en el autor de la infracción, lo que no sucede en el presente caso en el que no me di de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos sino en ……………….. debido a un mero error injustificable. Se plantea, pues, una duda real de cuál es la clase de Régimen de la Seguridad Social en que debo estar encuadrado o, dicho en otros términos, una simple discusión jurídica sobre el Régimen de encuadramiento por lo que no procede sanción alguna.
En este sentido, se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1982 y 12 de diciembre de 1990 (Archivo, 1991, 5907).
Téngase en cuenta, además, que la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1990 afirma que “frente a la construcción de la Seguridad Social como departamentos estancos, es clara hoy la unidad sistemática, como servicio público estatal” y que “de una afiliación, alta y cotización en concreto, por la aplicación de la normativa rectora de un Régimen no adecuado al caso, no puede deducirse la consecuencia de que exista una falta absoluta de cotización por no haberse cotizado según la normativa rectora del Régimen aplicable, pues realmente la cotización ha existido, aunque sea insuficiente”.
En el expediente administrativo sancionador se han vulnerado los derechos de defensa reconocidos a todos los ciudadanos en los artículos 24 de la Constitución y 135 y 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, porque no se ha informado de la imputación de los hechos, de las infracciones y de las sanciones, así como del instructor y, en segundo lugar, porque no se ha admitido a trámite las pruebas propuestas sin resolución motivada y las demás que sean conducentes para la comprobación de los hechos presuntamente infractores
[Opción B:] Falta de consignación de los medios probatorios pues en el acta de infracción se hace constar ……………….., con la consiguiente inadecuación o insuficiencia.
[Opción C:] Falta de consignación del funcionario que levanta el acta de infracción y firma del mismo.
[Opción D:] Falta de consignación de la fecha del acta de infracción, que resulta necesario para el conocimiento y la defensa de cuándo se produjeron el presunto comportamiento infractor.
[Opción 1ª:] Existe un excesivo lapso de tiempo entre los supuestos hechos infractores y la actuación inspectora que invalida el acta de infracción recurrida. Así, una inspección realizada en fecha ……………….., no puede acreditar los hechos acaecidos en el pasado, en concreto en fecha ………………..
[Opción 2ª:] No existe una comprobación efectiva de los supuestos hechos infractores por cuanto que no se ha procedido a una comprobación in situ sino en virtud de expediente administrativo, de acuerdo como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 10 diciembre 1992 (AL nº 2424, 675/93).
[Opción 3ª:] El acta de la inspección de trabajo carece de eficacia probatoria por tratarse de una deducción o conjetura, sin base fáctica objetiva, lo que resulta evidente de la comprobación efectuada, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo de 20 abril 1992 y 16 febrero 1994
[Opción 4ª:] Existe una falta de comprobación efectiva y adecuada de los hechos al extenderse el acta sólo en base a declaraciones de los trabajadores sedicentes contra el empresario, por lo que estamos ante un acta basada en pruebas parciales de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 15 septiembre 1992.
[Opción 5ª:] Téngase presente que el acta de la Inspección se basa en la denuncia de un solo trabajador, D ……………….., que según manifestaciones de sus propios compañeros presumía de que podía cerrar la empresa, resultando contradicha por la prueba testifical de los trabajadores afectados ante fedatario público, que tiene por ello relevancia a efectos de desvirtuar la presunción legal de certeza del acta de la Inspección, de acuerdo con la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1989
[Opción 1ª:] El artículo 47 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la Seguridad Social, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
[Opción 2ª:] Los artículos 2 y 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que exigen para estar incluido en su campo de aplicación realizar de “forma habitual” un actividad económica en relación con los artículos 1 y 2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
En cuanto al requisito de la “habitualidad”, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1987 declara que “esta característica de habitualidad, esencial para conceptuar la relación, hay que conectarla con la realización de trabajo”, por lo que la habitualidad supone que el trabajo personal y directo debe ser cotidianamente la principal actividad productiva que el trabajador desempeñe lo que “no se compagina en los Subagentes Productores de Seguros, toda vez que esta labor es secundaria o complementaria de otra principal que constituye el núcleo central de la actividad productiva, por lo que ante la inexistencia de esta nota esencial, el acta levantada por el Inspector sobre la falta de afiliación y cotización a dicho Régimen carece de cobertura normativa”, máxime cuando el trabajador es, a la vez, empleado de banca.
La sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1990 declara que “el dato de haberse encontrado al marido, trabajador del campo, afiliado a su Régimen Especial, ocupado en el bar de su esposa a donde acude y así se admite cuando no tiene trabajo, todo lo más que descubre es que presta una labor secundaria, porque su oficio principal es ser trabajador agrícola; si ayuda a su esposa y como tal carece de relación laboral con ella está buscando un complemento para su subsistencia, no desempeñando una principal actividad productiva, de manera que se hace imposible estar a la vez sometido a ambos Regímenes, por lo que el acta levantada por la Inspección por falta de afiliación y cotización, que es el único particular a que se extiende el recurso de apelación, carece de cobertura necesaria”.
La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1997 declara que “la superación del umbral del salario mínimo percibido en un año natural puede ser un indicador adecuado de habitualidad. Aunque se trate de una cifra prevista para la remuneración del trabajo asalariado, el legislador recurre a ella con gran frecuencia como umbral de renta o de actividad en diversos campos de la política social, y específicamente en materia de Seguridad Social, de suerte que en la actual situación legal resulta probablemente el criterio operativo más usual a efectos de medir rentas o actividades. La superación de esta cifra, que está fijada precisamente para la remuneración de una entera jornada ordinaria de trabajo, puede revelar también en su aplicación al trabajo por cuenta propia -y, en concreto, al trabajo de los subagentes de seguros-, la existencia de una actividad realizada con cierta permanencia y continuidad, teniendo además la ventaja, como indicador de habitualidad del trabajo por cuenta propia, de su carácter revisable”.
La sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 1 de diciembre de 1976 declara que un agente de seguros no está integrado en el campo de aplicación del Régimen Especial de Autónomos “cuando la actividad queda limitada a la conservación de la cartera”, en tanto que no puede apreciarse como un ejercicio normal y habitual de la actividad.
[Opción 3ª:] Los artículos 2 y 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que exigen para estar incluido en su campo de aplicación realizar de “forma personal y directa” un actividad económica a título lucrativo, en relación con los artículos 1 y 2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1986 no considera procedente el alta en el Régimen Especial de Autónomos, en relación con la titularidad de un establecimiento y la posibilidad de obtener la misma tras la pensión de jubilación, porque “no consta que sean distintas de las que implican ejercicio de titularidad, sin indicio alguno de que se haya producido esa presencia física, ese trabajo de despacho, de oficina o de otro tipo, en la circunstancia de que al solicitar la pensión de jubilación anunció al Organismo demandante el propósito de continuar en la titularidad del negocio y el nombramiento de un regente, sin que deba desconocerse que en el campo de lo que se denominan funciones de titularidad y en el más amplio de actividades de explotación, pueden existir zonas coincidentes, lo que no debe llevar a desvirtuar el supuesto de excepción, si no se justifica el ejercicio en plenitud de los trabajos por cuenta propia que dan lugar a su inclusión en el Régimen Especial de Autónomos”.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1996 declara que “el art. 2.1 D 2530/1970 de 20 de agosto (Régimen Especial de la S.S. de trabajadores autónomos) considera como trabajador por cuenta propia o autónomo, a efectos de su obligatoria inclusión o afiliación a su Régimen Especial, a aquel que realiza actividad económica lucrativa, sin sujeción a contrato laboral, de manera habitual, personal y directa, estableciendo el apartado 3 del precepto, como únicos supuestos de presunción iuris tantum , la integración sindical en el concreto sector o actividad del interesado o bien ostentar la titularidad de establecimiento abierto al público, y no concurre en el caso ninguno de estos dos supuestos de presunción de ejercicio de actividad, ni se acredita la realización directa y personal por trabajador de actividad de transporte alguna. La reclamación de cuotas al mismo, como afiliado al señalado Régimen por parte de la TGSS es, pues, improcedente, dado que la licencia fiscal de la que estaba en posesión es un documento que habilita para el ejercicio de una actividad pero que, por sí sólo, no supone el desarrollo real de la misma, que es lo que efectivamente determina la inclusión en el campo de aplicación del Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en los términos establecidos en el art. 2 del citado Decreto”.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 4 de octubre de 1994 (Archivo, 1995, 19336) entiende ante un pensionista de jubilación del Régimen Especial Agrario que “la profesión del actor no ha sido nunca la de autónomo, pues el bar de su esposa es regentado y explotado por ella”, teniendo presente que la misma figura en alta en Licencia Fiscal y en el Régimen Especial de Autónomos, sin que dicho pensionista desarrollara su actividad laboral en dicho establecimiento.
[Opción 4ª:] Los artículos 2 y 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que exigen para estar incluido en su campo de aplicación realizar de “forma habitual, personal y directa” un actividad económica a título lucrativo “sin sujeción por ella a contrato de trabajo”, en relación con los artículos 1 y 2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
[Opción 5ª:] La disposición adicional vigésima séptima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la nueva redacción dada por el artículo 34 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social relativa al encuadramiento de los socios trabajadores y miembros de los órganos de administración de las sociedades mercantiles capitalistas dentro del Sistema de la Seguridad Social, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
[Opción 6ª:] El artículo 97.2.a) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la nueva redacción dada por el artículo 34 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en relación con el artículo 2.1.a) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La sanción impuesta vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, puesto que la sanción no se adapta a la gravedad de la infracción, así como a las circunstancias de hecho concurrentes que no han sido tenidas en cuenta a la hora de graduar la multa infligida. Al no considerarse relevantes las circunstancias de graduación, la sanción debe imponerse en la cuantía inferior del grado mínimo, máxime cuando el acta de infracción no contiene una descripción detallada de tales circunstancias, incurriéndose en arbitrariedad y discrecionalidad impropia de un expediente administrativo sancionador. En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, en relación con el artículo 114 y artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, SOLICITA:
Recurso de Alzada estupefacientes
13 julio, 2015 en 16:00 · Filed under ABOGADOS, formularios, RECURSOS and tagged: recurso de alzada
Recurso de Alzada/Reposición contra una resolución sancionadora por infracción de disposiciones sobre pruebas para la detección de sustancias estupefacientes y similares
AL MINISTERIO DEL INTERIOR: D. ……………….., mayor de edad, DNI número……………….., con domicilio para notificaciones en ……………….., calle o plaza ……………….., número……………….., Código Postal……………….., en nombre propio, o en nombre de ……………….. cuya representación tiene acreditada mediante ……………….., ante el órgano competente para resolver, comparece y como mejor proceda en derecho, DICE: Que en virtud de este escrito, y dentro del plazo de un mes concedido al efecto, interpone RECURSO DE ALZADA/REPOSICION, contra la resolución de fecha ……………….., dictada por ……………….., en el expediente sancionador número ……………….., por no encontrarla ajustada a derecho, de conformidad con los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos:
A) ANTECEDENTES DE HECHO. Que con fecha ……………….. ha recibido la notificación de la resolución sancionadora antes mencionada, en la que se impone una multa de ……………….. euros, y la privación del permiso de conducir durante ……………….. meses, como consecuencia de la siguiente infracción MUY GRAVE, del artículo 28 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación y artículo 12.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:
No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas, estando implicado directamente como posible responsable de un accidente.
No someterse, el conductor de un vehículo implicado directamente en un accidente, a las pruebas para la detección de estupefacientes, medicamentos o sustancias análogas.
No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas, el conductor de un vehículo con síntomas o manifestaciones de conducir bajo su influencia.
No someterse el conductor de un vehículo denunciado por cometer alguna infracción a este Reglamento, a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas.
No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas el conductor de un vehículo requerido para ello por la autoridad o sus agentes en un control preventivo. Que la descripción de los hechos imputados en este expediente no se corresponde con la realidad, y así se manifestó (en su caso) mediante escrito de descargos que no se ha tenido en cuenta en la resolución sancionadora, por lo que procedemos seguidamente a realizar un resumen de los hechos verdaderamente acaecidos: ……………….. Que como puede deducirse de los hechos tal y como verdaderamente sucedieron, no es posible una imputación en la forma pretendida por la resolución, ni por tanto son constitutivos de la infracción imputada, ya que ello supondría un ejercicio incorrecto de las potestades administrativas en materia sancionadora y así se acredita con los siguientes fundamentos de derecho.
B) FUNDAMENTOS JURIDICOS. Que la resolución impugnada no tiene validez jurídica por cuanto que en el expediente seguido para imponer la sanción, se han infringido los principios que gobiernan la potestad sancionadora, las normas de procedimiento administrativo aplicables y las disposiciones sustantivas sobre tráfico y seguridad vial, en los siguientes términos: Que se vulnera el principio de TIPICIDAD por cuanto que los hechos realizados por el supuesto infractor no están caracterizados expresamente por la norma jurídica como constitutivos de dicha infracción administrativa, por lo que el órgano sancionador ha realizado una interpretación amplia, contraria a los criterios aplicables, para considerar infracción administrativa la conducta realizada forzando con ello una aplicación incorrecta de la norma que, en sentido estricto, no se refiere en su descripción del tipo a los hechos objeto de este expediente. En efecto, el artículo 25.1 CE ha recogido el mandato de la tipificación legal al expresar que nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento, y en el mismo sentido el artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, las disposiciones reglamentarias de desarrollo sólo pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, sin que las normas definidoras de infracciones y sanciones sean de interpretación analógica(1). Que la sanción impuesta es contraria al principio de PROPORCIONALIDAD ya que no guarda una proporción adecuada con las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes; por el contrario, el órgano sancionador ha incurrido en su actuación en un automatismo impropio del proceso de reflexión y análisis de las circunstancias y hechos a tener en cuenta para la más adecuada graduación de las sanciones administrativas. Este principio de proporcionalidad para la imposición de sanciones se establece en el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, a cuyo amparo las sanciones no se impondrán arbitrariamente sino que se graduarán en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor y al peligro potencial creado. Siguiendo este mismo criterio en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se prevé que en la determinación de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar: a) La existencia de intencionalidad o reiteración, b) la naturaleza de los perjuicios causados, y c) la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme(2). Que en el expediente no se ha tenido en cuenta el principio de RESPONSABILIDAD o autoría, al no dirigirse las actuaciones contra el autor responsable de la infracción cometida, sino contra una persona ajena a los hechos imputados, por lo que el órgano sancionador ha procedido de forma incorrecta ya que únicamente se puede dirigir el expediente contra “los peatones o los conductores de vehículos o animales” que hubieran cometido la infracción administrativa y no contra terceros que no han realizado directa y personalmente la conducta objeto de expediente sancionador. Este principio fundamental del procedimiento sancionador en materia de tráfico se halla expresamente recogido en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que establece expresamente que “la responsabilidad por infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción, excepto en el supuesto de los pasajeros de los vehículos que estén obligados a utilizar el casco de protección en los casos y en las condiciones que reglamentariamente se determinan, en que la responsabilidad por la infracción recaerá en el conductor”. En el mismo sentido el artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, declara que “sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos”
Que el órgano sancionador ha vulnerado el derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA que asiste a los ciudadanos en los procedimientos sancionadores en los que sean inculpados al no aportar al expediente los elementos de prueba adecuados para la correcta y completa determinación de los hechos y de las personas responsables de los mismos, limitándose a realizar una afirmación genérica de culpabilidad en relación a unos hechos que no han sido cometidos por el imputado en la forma y extensión que se presumen, sin pruebas adecuadas, realizados por el sujeto pasivo del expediente. El derecho a la presunción de inocencia, que no ha sido respetado en este expediente, viene regulado en el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al prescribir que “los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”. En aplicación de este derecho de presunción de inocencia la Administración sancionadora tiene la carga de acreditar los hechos constitutivos de la infracción, no bastando afirmaciones generales, y la responsabilidad de presunto infractor a través de una actividad probatoria de cargo con todas las garantías, cuya ausencia o ineficacia determina la ilegitimidad de la sanción
Que no se ha respetado en todos sus términos y consecuencias del DERECHO DE DEFENSA del imputado en este expediente administrativo sancionador ya que, en primer lugar, porque sin resolución motivada al respecto no se han admitido a tramite ni practicado las pruebas propuestas y las que hubieran resultado necesarias para la más adecuada averiguación de los hechos imputados y, en segundo lugar, no se ha dado traslado a esta parte de la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador, actuaciones que han provocado una supresión absoluta del derecho de defensa que asiste a los ciudadanos en los procedimientos sancionadores. En este sentido, el artículo 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dice que “se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos y posibles responsabilidades. Sólo podrán declararse improcedentes aquéllas pruebas que por su relación con los hechos no pueden alterar la resolución final a favor del presunto responsable” y el artículo 13 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece que “el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar mediante resolución motivada las pruebas propuestas por los interesado, cuando sean improcedentes”. En lo que se refiere a la Propuesta de Resolución, se ha vulnerado el ordenamiento jurídico gravemente por no comunicarla al interesado ya que el artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, ordena que “una vez concluida la instrucción del expediente y formulada su propuesta de resolución, se dará traslado de la misma a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince y con vista del expediente, puedan alegar lo que estimen pertinente y presentar los documentos que tengan por oportuno”
Que la resolución impugnada es nula de pleno derecho por cuanto el órgano que tiene la COMPETENCIA para la imposición de esta sanción es el Jefe Provincial de Tráfico ……………….., no constando su firma sobre la resolución impugnada, por lo que puede afirmarse que la sanción no está impuesta por el órgano competente que tiene esta función pública legalmente atribuida, y no resulta lícito el empleo de la formula de los actos verbales para el ejercicio de la potestad sancionadora. La autoridad competente para la imposición de sanciones en materia de tráfico es la definida en el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (el Jefe Provincial de Tráfico de la provincia en que se haya cometido la infracción o Alcalde en su caso).”
Que la sanción es improcedente en este momento por cuanto se habría producido la PRESCRIPCION de la infracción supuestamente cometida por el transcurso del plazo de un año desde que se cometieron los hechos hasta la fecha de la notificación del inicio del expediente o por la paralización del expediente durante más de tres meses sin causa imputable al interesado, y al haber prescrito la acción para sancionar, el órgano administrativo debió acordar la improcedencia de la incoación de expediente sancionador. La prescripción se establece el en artículo 81.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “el plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será el de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves. El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los hechos se hubieren cometido”, y en el artículo 18 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, a cuyo tenor “el plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento estuviere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al denunciado
Que, aunque debiera apreciarse de oficio por su carácter de norma de orden público, alegamos la CADUCIDAD del expediente por el transcurso del plazo de seis meses desde la incoación del expediente y treinta días más, sin que hubiera recaído resolución expresa en el mismo sin causa imputable al interesado. La caducidad del procedimiento administrativo sancionador se regula en el artículo 20.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, de forma que si no hubiese recaído resolución, transcurridos seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos 5 y 7, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Que no es correcta la sanción impuesta por el órgano de tráfico actuante ya que se produce con esta actuación una CONCURRENCIA DE SANCIONES toda vez que, por los mismos hechos, ya se ha impuesto al mismo infractor una sanción por otro organismo público tal y como se acredita mediante la copia que se adjunta de la resolución sancionadora correspondiente. La imposibilidad de este ejercicio múltiple de la potestad sancionadora se recoge en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que “no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecia identidad del sujeto, hecho y fundamento”
Que en el expediente instruido al efecto para adoptar la resolución sancionadora no se han respetado las normas y principios que gobiernan la potestad sancionadora: se infringe el principio de responsabilidad ya que el prescindir de la prueba aportada al expediente y de las demás consideraciones descritas en el pliego de descargos y alegaciones se ha suprimido toda referencia subjetiva (culpabilidad) y objetiva (carga de la prueba) para poder realizar la imputación correctamente. Igualmente se infringe el procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial en sus trámites esenciales (falta de notificación de la propuesta de resolución, identificación correcta de hechos y responsables y ausencia total de motivación en la resolución sancionadora) lo que conduce a la necesaria declaración de la invalidez de las actuaciones practicadas con todos los pronunciamientos favorables al inculpado. Que en la tramitación de este expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial se ha incurrido en DESVIACION DE PODER por el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico y en ARBITRARIEDAD en los siguientes términos: ……………….. Que en este expediente sancionador se han cometido las siguientes infracciones del ordenamiento jurídico aplicable, lo que debe conducir a la declaración de la invalidez de la resolución sancionadora, con todos los demás pronunciamientos favorables al interesado: Negamos la veracidad de los hechos consignados en la denuncia ya que el conductor no se negó realmente a que se le practicaran las pruebas para la detección de sustancias estupefacientes o similares, sino que se manifestó que ……………….., ante la evidencia de que se podían advertir en su comportamiento síntomas o manifestaciones que razonablemente denotasen la presencia de cualesquiera de las sustancias aludidas en su organismo. ……………….. Que para la correcta y completa determinación de los hechos imputados y sus circunstancias relevantes es preciso que se tenga a bien admitir y practicar los siguientes MEDIOS DE PRUEBA ……………….., que indebidamente, por el órgano instructor y sancionador, no han sido tenidos en cuenta en fases anteriores del expediente
En virtud de lo expuesto y de conformidad con las previsiones del artículo 17 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en relación con los artículos 107 a 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, SOLICITA: Que se tenga por interpuesto el recurso de Alzada/Reposición dentro del plazo establecido y tras la admisión y práctica de las pruebas propuestas y las demás actuaciones que sean necesarias de conformidad con las normas de procedimiento y sustantivas aplicables, se dicte resolución en la que se declare la invalidez de la resolución impugnada y el archivo de las actuaciones practicadas. Que, subsidiariamente, en caso de no estimar la pretensión formulada en el párrafo anterior, se acuerde rebajar la cuantía de la multa
inicialmente impuesta para adecuarla al principio de proporcionalidad vigente en esta materia, sin perjuicio de la posible interposición de los demás recursos que tenga por conveniente
Que, finalmente, se disponga dejar sin efecto la sanción, en lo que se refiere a la de retirada temporal del permiso o licencia para conducir, por no darse las circunstancias de peligro o riesgo para la seguridad vial necesarias para que proceda acordar válidamente esta medida sancionadora.
17 junio, 2015 en 17:11 · Filed under RECURSOS and tagged: recurso de alzada
13 diciembre, 2012 en 8:00 · Filed under formularios and tagged: recurso de alzada