Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-17633-de-mayo-2-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_759ed399e6edf072e0430a010151f072&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 03:52:35
Document Index: 315502704

Matched Legal Cases: ['artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 1', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 22', 'artículo 9', 'artículo 146', 'artículo 53', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 43', 'artículo 146']

﻿ SENTENCIA 17633 DE MAYO 2 DE 2002
SENTENCIA 17633 DE 02 DE MAYO DE 2002
CONTENIDO:RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. TENIENDO EN CUENTA LA LEY 100 DE 1993 SE PROTEGEN LAS SITUACIONES JURÍDICAS INDIVIDUALES DEFINIDAS CON ANTERIORIDAD A SU EXPEDICIÓN, FRUTO DE LA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES DE RAIGAMBRE MUNICIPAL, PERO CUANDO UNA PERSONA NO TENÍA SU SITUACIÓN PENSIONAL DEFINIDA CON REFERENCIA A LAS DISPOSICIONES TERRITORIALES QUE LE SIRVEN DE BASE PARA SU RECLAMACIÓN, NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA DICHAS NORMAS, SINO LA LEY 100 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, ISS, PROCESO LABORAL, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN
Sentencia 17633 de mayo 2 de 2002
Rad. 17633
Bogotá, D.C., dos de mayo de 2002.
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Santiago Elías Vásquez Cartagena contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 29 de mayo de 2001, complementada el 13 de julio de 2001, en el proceso instaurado por el recurrente contra las Empresas Públicas de Medellín, ESP.
Santiago Elías Vásquez Cartagena demandó a Empresas Públicas de Medellín, ESP, para que fuera condenada a reconocerle, “a partir de diciembre 23 de 1993” (fl. 33), la pensión de jubilación en cuantía “equivalente al cien por ciento (100%) por ciento(sic) de la suma promedia percibida (...) en el año de servicio inmediatamente anterior a la adquisición del derecho pensional” (ibíd.) y liquidada “en concreto (...) a partir de su desvinculación definitiva del servicio oficial” (ibíd.), y “en las condiciones particulares precisadas en el hecho noveno de la presente demanda” (ibíd.). En subsidio, se condenara a la demandada, “en las condiciones que cada petición resultare debidamente probada, en conformidad con la ley correspondiente” (ibíd.).
Fundó sus pretensiones, en suma, en que laboró como trabajador oficial al servicio de las Empresas Públicas de Medellín desde el 16 de junio de 1962 hasta el 28 de julio de 1995 y en que por haber cumplido 50 años de edad el 26 de noviembre de 1995, por virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la pensión especial de jubilación consagrada en los acuerdos 82 de 1959 y 20 de 1985, expedidos por el Concejo de Medellín, “a partir de diciembre 23 de 1993, fecha ésta (sic) en la cual se inició la vigencia del artículo 146 antes citado” (fls. 29 a 30).
La demanda, aun cuando reconoció el tiempo de servicio que le prestó el actor, se opuso a las pretensiones aduciendo que “para el 26 de noviembre de 1995, edad en la cual cumplió los 55 años, dejaron de tener vigencia y aplicación los acuerdos municipales que invoca, de conformidad con la Ley 11 de 1986” (fl. 41). Propuso las excepciones de “falta de integración del contradictorio y del litisconsorcio necesario”, “inaplicabilidad de los acuerdos municipales invocados”, “pago del respectivo bono pensional”, “subrogación de las obligaciones derivadas del riesgo” y, subsidiariamente, “prescripción trienal” (fl. 44).
El juzgado Trece laboral el Circuito de Medellín, por sentencia de 17 de abril de 2001, absolvió a Empresas Públicas de Medellín de las pretensiones de Santiago Elías Vásquez Cartagena; decisión que fue apelada por el demandante y confirmada por el tribunal mediante la sentencia acusada en casación.
Para confirmar la absolución el tribunal asentó que el derecho reclamado por Santiago Elías Vásquez Cartagena “no se había consolidado para el momento en que entró en vigencia la Ley 11 de 1986, que excluyó de la aplicación de las disposiciones municipales las situaciones que no se hubieran consolidado a la sazón” (fl. 274), al dar por probado que “no había cumplido los 25 años de servicios que exigía el parágrafo del artículo 1º del Acuerdo 20 de 1985 para tener derecho a la pensión de jubilación a cualquier edad” (fl. 275), dado que “para el 15 de enero de 1986, fecha en que entró a regir la Ley 11 de 1986, sólo contaba con 24 años, 6 meses y 1 día de servicio” (fl. ibíd.).
Según el juez de la alzada, la pensión de jubilación consagrada en el Acuerdo 20 de 1985, para el demandante, era apenas “una mera expectativa que no alcanzó a definirse (...) sin que sea posible extender su aplicación hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (...), puesto que ya la Ley 11 de 1986 había puesto punto final a las aspiraciones del actor” (ibíd.).
También afirmó el tribunal que el actor no tenía derecho a la pensión de jubilación contemplada en el Acuerdo 82 de 1959 por no haber cumplido al momento de entrar a regir la Ley 11 de 1986 la edad de 60 años exigida en éste, “pues el señor Santiago Elías Vásquez Cartagena nació el 26 de noviembre de 1945, según el documento visible al folio 5” (fl. 276) y dicho acuerdo no podía, como él lo pretendía, completarse con el Acuerdo 20 de 1985, pues, este último “en su artículo tercero derogaba las disposiciones contrarias” (ibíd.).
Adicionalmente, advirtió que ya la Corte se había pronunciado, en similares casos, “en forma negativa para la aplicación de los acuerdos municipales” (fl. 276) y para apoyar su afirmación copió los pasajes que consideró procedentes de la sentencia de esta Sala de 5 de abril de 2001.
En sentencia complementaria de 13 de julio de 2001, que se profirió ante la solicitud del demandante de que se le reconociera la pensión de jubilación conforme al Decreto 2527 de 2000, aun cuando afirmó que no le estaba dado pronunciarse sobre dicha pretensión, “por que (sic) este (sic) no fue solicitado en la demanda original” (fl. 287), aseveró que tal normatividad no le era aplicable “porque (...) no es retroactiva, toda vez que el actor dejó de laborar en la accionada desde el 28 de julio de 1995” (ibíd.).
Para el juez de la alzada, la pensión consagrada en la Ley 33 de 1985 y la que por vejez reconoce el Instituto de Seguros Sociales “atiende un mismo objeto o amparan el mismo riesgo” (fl. 289), lo que significa que “no son acumulables ni mucho menos compatibles” (ibíd.). De ello concluyó que “la entidad accionada no está obligada a pagar la pensión de jubilación al mismo beneficiario, porque éste solo tiene derecho a percibir la de vejez que le está pagando el Instituto de Seguros Sociales, o que le pagará esta entidad porque la empresa ya canceló el bono pensional que le correspondía, el día 7 de julio de 1999, folio 43” (ibíd.). También, “por cuanto tanto el trabajador como la accionada efectuaron los aportes respectivos al dicho instituto, para el seguro de invalidez, vejez y muerte, subrogándose aquella (sic) en los derechos de esta (sic)” (ibíd.).
Inconforme la parte demandante, interpuso el recurso de casación (fls. 7 a 79, cdno. 2), que fue replicado (fls. 89 a 100, cdno. 2). En él el recurrente le pide a la Corte que case la sentencia impugnada para que, “previa revocatoria de la sentencia de primera instancia, profiera sentencia en la cual se acojan las súplicas de la demanda” (fl. 11, cdno. 2).
Para tal efecto le formula cinco cargos que la Corte estudiará conjuntamente, con lo replicado, tal y como lo permite el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, atendiendo que todos se dirigen por la vía directa de violación de la ley, aun cuando como se verá en el tercero y el quinto se afirma que en ella se incurrió por los errores de hecho que allí se señalan, e indican como violados similares preceptos, amén de los defectos técnicos de que adolece el recurso en general y cada uno de los cargos en particular.
Acusa la sentencia de infringir directamente los artículos 1º y 9º de la Ley 71 de 1988; 11, 14, 141, 142, 143, 146 y 150 de la Ley 100 de 1993; 1º y 16 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990; 45 del Decreto Reglamentario 1748 de 1995; 5º del Decreto Reglamentario 813 de 1994; 4º del Decreto Reglamentario 1180 de 1989; y “53 de la Constitución Política” (fl. 11, cdno. 2).
Para su demostración afirma que por virtud de lo contemplado en el artículo 22 de la Ley 6ª de 1945 y en el Decreto 2767 de 1945 los gobernadores, los alcaldes, las asambleas y los concejos municipales pueden establecer el régimen prestacional y pensional de los servidores públicos del orden territorial, habiéndose establecido expresamente en el artículo 9º del segundo que esas prestaciones “prevalecerán sobre las normas de origen legal” (fl. 16, cdno. 2).
Según el recurrente, esa prevalencia se mantuvo en la reforma constitucional de 1968 y a pesar de que la Ley 11 de 1986 dispuso que el régimen prestacional de los servidores públicos “no puede establecerse por normas de rango inferior a la ley” (fl. 19, cdno. 2), debe quedar claro que el régimen prestacional contemplado en disposiciones departamentales y municipales “conservó su plena vigencia como quiera que no fue derogado ni expresa ni tácitamente” (ibíd.), pues la derogatoria que en la ley se dispuso fue sobre normas de orden legal “no las de origen extralegal” (ibíd.).
Sostiene el recurrente que el artículo de la Ley 100 de 1993 vino a modificar parcialmente el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales “y de sus organismos descentralizados” (fl. 22 cdno. 2), pues en su inciso primero legalizó las situaciones jurídicas “que a partir de la Ley 11 de 1986 se habían consolidado toda vez que las consolidadas con anterioridad a ésta ya habían quedado vigentes por mandato expreso de la ley en cita” (fl. 23). A su vez, en su inciso segundo, “estableció un derecho nuevo” (ibíd.) para quienes hubieren cumplido o cumplieren los requisitos con anterioridad a la vigencia de la ley, “lo cual ocurrió en diciembre 23 de 1993” (fl. 24 cdno. 2).
Para el censor, ese es el entendimiento que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado le han dado a las normas que indica, por lo que el tribunal debió dirimir el conflicto de leyes aplicando el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que es posterior y general, debiendo colegir que para su derecho “no está invocando disposición alguna de rango inferior a la ley” (fl. 28 cdno. 2), sino el referido precepto que “establece el derecho pensional por él reclamado” (ibíd.).
Igualmente sostiene que la sentencia infringió el artículo 53 de la Constitución Política al poner en duda que los hechos de la demanda se acomodaban a los que exige la ley y no tener en cuenta que “toda duda sobre la aplicación de las fuentes del derecho laboral conduce a la aplicación de aquella que sea más favorable al trabajador, no a su rechazo” (fl. 29 cdno. 2).
Asevera el impugnante que el tribunal infringió directamente las demás normas que incluye en el cargo “como quiera que tales normas constituyen la normatividad que rige la situación fáctica sometida a la decisión” (fl. 35 cdno. 2), puesto que debieron aplicársele a su caso las disposiciones que regulan las pensiones que asume el Instituto de Seguros Sociales para que una vez esta entidad le reconociera la pensión por vejez, la demandada continuara pagándole la diferencia existente entre las dos pensiones, si la hubiere.
Acusa la sentencia por interpretación errónea del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 e infracción directa de algunos de los restantes preceptos que indica en el primer cargo, y su demostración la soporta en similares planteamientos a los de aquel en cuanto a la vigencia del régimen prestacional establecido en el Decreto 2767 de 1946 aplicable a los servidores públicos del orden territorial, su inaplicabilidad por virtud de la Ley 11 de 1986 y la modificación que, según él, a dicho régimen produjo el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que por ser posterior y especial prima sobre aquella anterior y general a lo que agrega que el mentado artículo no solamente se ocupó de la situaciones jurídicas consolidadas, sino que creó “un derecho nuevo a favor de esos servidores públicos toda vez que determinó que “también tendrán derecho a pensionarse” con arreglo a las disposiciones departamentales y municipales aquellos servidores de las entidades territoriales o de sus organismos descentralizados que hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes a su vigencia los requisitos exigidos en dichas normas” (fl. 40 cdno. 2).
Aduce que como el tribunal no entendió que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 modificó el régimen pensional contenido en el Acuerdo 82 de 1959, “incurrió en una clara y manifiesta infración(sic) directa del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, por interpretación errónea” (fl. 44 cdno. 2) y de las demás que citó, “pero por infracción directa, al dejar de aplicarlas al caso de autos, siendo, todas ellas, las norma(sic) aplicable al caso controvertido” (ibíd.).
La interpretación errónea que endilga al fallo la hace consistir en que el tribunal exigió que los requisitos del régimen prestacional contemplado en las disposiciones municipales en que apoyó la demanda “debían haber sido cumplidos para el momento en que fuera expedida la Ley 11 enero de 1986” (fl. 41 cdno. 2), no entendiendo con ello, “con notorio error de juicio” (fl. 24 cdno. de la C.), que la Ley 100 de 1993 “es una ley posterior” (ibíd.), que modificó la Ley 11 de 1986 y que estableció que “a tales servidores sí les son aplicables las disposiciones departamentales y municipales (...) siempre y cuando que hayan cumplido los requisitos exigidos por tales disposiciones para su adquisición antes de la vigencia de la norma legal, lo que sucedió en diciembre 23 de 1993, momento este para el cual ya (...) había reunido esos requisitos exigidos por las disposiciones municipales para su adquisición” (fl. 42 cdno. 2).
En este ataque, atribuye a la sentencia ser “directamente violatoria, en la modalidad de infracción directa” (fl. 44 cdno. 2), de las mismas normas que reseña en los dos anteriores, a las que suma los artículos 4º del Código de Procedimiento Civil, 145 del Código Procesal Laboral y 228 de la Constitución Política.
La violación de la ley la atribuye a los errores de hecho que puntualiza así:
“Primer error de hecho: no dar por plenamente demostrado en el proceso, que para diciembre 23 de 1993, el demandante ya había laborado para la entidad empleadora demandada más de veinticinco años.
“Segundo error de hecho: no dar por establecido en el proceso que habiendo completado, para diciembre 23 de 1993, más de veinticinco años de servicio para la entidad demandada, el demandante reunía, para la fecha indicada, los requisitos exigidos por el artículo sexto del Acuerdo Municipal 82 de 1959, en la forma como quedó al ser modificado por el Acuerdo 20 de 1985, para tener derecho a la pensión de jubilación demandada” (fl. 45 cdno. 2).
Yerros que afirma tuvieron ocurrencia por la falta de apreciación de los documentos de folios 3, 4, 6 a 11, 41 a 46 y 135 a 136 del expediente y de los acuerdos 82 de 1959 y 20 de 1985, expedidos por el concejo municipal (fls. 12 a 14 y 15).
El alegato para demostrarlo se circunscribe, en lo pertinente, a su aseveración de que el tribunal no apreció los documentos relativos a su tiempo de servicio que prueban el trabajo para la demandada del 17 de julio de 1962 al 28 de diciembre de 1995 y de los cuales se evidencia claramente que “completó veinticinco años de servicio para la entidad empleadora en septiembre 30 de 1987” (fl. 46 cdno. 2), ni los acuerdos 82 de 1959 y 20 de 1985, pues, de haberlo hecho, habría concluido que en el artículo sexto del primero se establecieron dos requisitos para acceder a la pensión especial de jubilación que reclama, los cuales, para el 23 de diciembre de 1993, “ya había completado” (fl. 47 cdno. 2).
Acusa la sentencia de ser “directamente violatoria, por aplicación indebida, de los artículos 11 y 12 del Acuerdo 49 de 1990, expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el Decreto 758 de 1990, 1º de la Ley 33 de 1985, 9º del Decreto 692 de 1994, 1º y 3º del Decreto 813 de 1994, y 1º, 2º, 3º y 4º del Decreto 1008 de 1995” (fls. 49 a 50 cdno. 2), como por ser “directamente violatoria, por infracción directa...” (fl. 50 cdno. 2), de preceptos que, por aparecer en los anteriores cargos, no es necesario repetir.
En síntesis, para demostrarlo alega que el tribunal debió reconocerle el derecho a acceder a la pensión de jubilación establecida por la Ley 6ª de 1945 y el Decreto 2767 de 1945, normas contra las cuales afirma se rebeló, por serle más favorable a la que por vejez le correspondería asumir al Instituto de Seguros Sociales, para que cuando cumpla los 60 años edad únicamente le pague la diferencia que por razón del régimen de compartibilidad debe asumir y que tampoco tuvo en cuenta el tribunal. Para apoyar su aserto transcribe los apartes que considera pertinentes de la sentencia 13.097 de esta Sala y alude al tema de la subrogación del riesgo por el Instituto de Seguros Sociales.
En este último cargo, que dice dirigirlo “por vía indirecta” (fl. 66 cdno. 2), a causa de “errores de hecho que aparecen de un modo manifiesto en los autos” (ibíd.), acusa la sentencia de ser “directamente violatoria en la modalidad e infracción directa” (ibíd.), del artículo 16 de la Ley 6ª de 1945 y de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Decreto 2767 de 1945, “en concordancia” (ibíd.) con la misma norma que cita en el primero y que repite en los demás, cargos, razón suficiente para no reproducirlos.
Los yerros fácticos que le atribuye al fallo los hace consistir en:
“Primer error de hecho: dar por demostrado que en el proceso el demandante solicita el reconocimiento de dos pensiones, que no son acumulables ni compatibles.
“Segundo error de hecho: no dar por establecido que en el proceso el demandante sólo reclama el reconocimiento de una pensión de jubilación, pensión de jubilación ésta (sic) que es de carácter legal, la que, precisamente por ser de carácter legal, posteriormente ha de ser compartida con la pensión de vejez que pueda llegar a reconocerle el instituto de los (sic) seguros sociales.
“Tercer error de hecho: no dar por demostrado en el proceso, que la pensión legal de jubilación establecida en el Decreto 2767 de 1946, en concordancia con el artículo 17 de la Ley sexta de 1945, por ser una pensión de jubilación más favorable para el demandante debe primar sobre la pensión de vejez que ha sido reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, también en beneficio del mismo demandante.
“no dar por demostrado en el proceso, que el demandante no ha llegado a la edad de sesenta (60) años, razón por la cual aún no ha reunido los requisitos exigidos por el régimen de los seguros sociales obligatorios para que el instituto de Seguros Sociales reconozca a su favor [la] pensión de vejez.
“Quinto error de hecho: dar por demostrado en el proceso, que la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales a favor del demandante, mediante la Resolución 10433 de septiembre 2 de 1977, es la pensión de vejez que dicho instituto debe reconocer en su favor en el régimen de los seguros sociales obligatorios” (fls. 67 a 68 cdno. 2).
No obstante incluir un título de “pruebas mal apreciadas” (fl. 68 cdno. 2), a renglón seguido indica como “dejadas de apreciar” (ibíd.) la demanda inicial (fls. 29 a 36), la contestación a la demanda (fls. 41 a 46), su registro civil de su nacimiento (fl. 5) y la certificación laboral obrante a folios 6 a 11.
En la demostración afirma que en la demanda inicial a la pretensión de la pensión consagrada en los acuerdos municipales le agregó la subsidiaria de que le fuera otorgada la que resultare probada “de conformidad con la ley existente” (fl. 70 cdno. 2), por lo que no puede decirse —como según él lo hizo el tribunal— que solicitó “el reconocimiento de dos pensiones” (ibíd.).
Asevera que la pensión por vejez que le reconoció el ISS o le pudiera reconocer “no es la pensión de vejez a que tienen derecho (...) puesto que (...) aún no ha llegado a la edad de 60 años” (fl. 71 cdno. 2), y que a pesar de que el tribunal dio por probado que nació el 26 de noviembre de 1945, al leer el documento visible a folio 5, no lo apreció, pues, de haberlo hecho, hubiera concluido que “sólo ha de llegar a la edad de sesenta (60) años en noviembre 26 del año 2005” (fl. 72 cdno. 2).
A continuación, vuelve sobre sus particulares apreciaciones en torno a los eventos de subrogación del riesgo, el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, los requisitos legales para acceder a la pensión por vejez a cargo del ISS, para concluir que al haberse referido el fallo a dicha entidad debió vinculársele al proceso “mediante el llamamiento en garantía que ha debido solicitar la entidad empleadora demandada, lo que ésta no hizo” (fls. 78 a 79 cdno. 2).
La opositora configura los cinco cargos de manera separada: el primero, por cuanto olvida que el Acuerdo 82 de 1959, por ser contrario a la Ley 11 de 1986, perdió su vigencia sin que se requiera para el efecto disposición expresa y porque los acuerdos municipales, expedidos por el Consejo de Medellín, como lo ha dicho la jurisprudencia, no les son aplicables a los trabajadores de la demandada. El segundo, en razón de que la Ley 100 de 1993 no tuvo la virtud de revivir las disposiciones territoriales en que se apoya la demanda, extinguidas por aplicación de la Ley 11 de 1986 y de otra parte, el principio de favorabilidad en el derecho del trabajo presupone la coexistencia de dos o más estatutos legales, situación que no ocurre en el presente caso. El tercero, porque parte del supuesto equivocado de que la Ley 100 de 1993 es aplicable a este asunto y desconoce que uno de los fundamentos del fallo fue el de que para cuando entró en vigencia la Ley 11 de 1986, el actor no había cumplido los requisitos exigidos por las normas en que ampara su pretensión. El cuarto, por resultar claro que, conforme al extenso estudio histórico que hace relativo a la situación pensional de los trabajadores oficiales, el ISS la subrogó en la atención del riesgo de vejez. Y el quinto y último, porque además de ostentar “una actitud francamente heterodoxa frente a los principios claros pero eminentemente rígidos de la técnica propia del recurso de casación” (fl. 99 cdno. 2), insiste en las alegaciones que soportaron el tercero de los ataques.
Como resulta claramente de lo dicho al consignar los antecedentes, el tribunal fundó la absolución dispuesta por el juez de primer grado en las siguientes esenciales consideraciones: la primera, que el derecho reclamado por Santiago Elías Vásquez Cartagena “no se había consolidado para el momento en que entró en vigencia la Ley 11 de 1986, que excluyó de la aplicación de las disposiciones municipales las situaciones que no se hubieran consolidado a la sazón” (fl. 274), dado que “para el 15 de enero de 1986, fecha en que entró a regir la Ley 11 de 1986, sólo contaba con 24 años, 6 meses y 1 día de servicio” (ibíd.); la segunda, que la pensión de jubilación consagrada en el acuerdo 20 de 1985 era para el demandante apenas “una mera expectativa que no alcanzó a definirse (...) sin que sea posible extender su aplicación hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (...), puesto que ya la Ley 11 de 1986 había puesto punto final a las aspiraciones del actor” (ibíd.); la tercera, que el actor no tenía derecho a la pensión de jubilación contemplada en el Acuerdo 82 de 1959 por no haber cumplido al momento de entrar a regir la Ley 11 de 1986 la edad de 60 años exigida en éste, “pues el señor Santiago Elías Vásquez Cartagena nació el 26 de noviembre de 1945, según el documento visible al folio 5º (fl. 276) y dicho acuerdo no se podía, como infructuosamente lo pretendía el demandante, completarse con el Acuerdo 20 de 1985, pues, este último, “en su artículo tercero derogaba las disposiciones contrarias” (ibíd.); la cuarta, que ya la Corte se había pronunciado, en similares casos, “en forma negativa para la aplicación de los acuerdos municipales” (fl. 276); la quinta —producida ante la solicitud del demandante de que se dictara sentencia complementaria para que se le reconociera la pensión de jubilación conforme al Decreto 2527 de 2000—, que aunque no le estaba dado pronunciarse sobre dicha pretensión “por que(sic) este (sic) no fue solicitado en la demanda original” (fl. 287), lo cierto era que tal normatividad no se le aplicaba “porque (...) no es retroactiva, toda vez que el actor dejó de laborar en la accionada desde el 28 de julio de 1995” (ibíd.); y la sexta, que la pensión consagrada en la Ley 33 de 1985 y la que por vejez reconoce el Instituto de Seguros Sociales “atienden un mismo objeto o amparan el mismo riesgo” (fl. 289), lo que significa que “no son acumulables ni mucho menos compatibles” (ibíd.), de todo lo cual concluyó que “la entidad accionada no está obligada a pagar la pensión de jubilación al mismo beneficiario, porque éste solo tiene derecho a percibir la de vejez que le está pagando el Instituto de Seguros Sociales, o que le pagará esta entidad porque la empresa ya canceló el bono pensional que le correspondía, el día 7 de julio de 1999, folio 43” (ibíd.).
Esto quiere decir que, además de fundar el tribunal el fallo en su apreciación de no tener el actor derecho a la pensión de jubilación contemplada en el Acuerdo 82 de 1959 por no haber cumplido al momento de entrar a regir la Ley 11 de 1986 la edad de 60 años exigida en éste, “pues (...) nació el 26 de noviembre de 1945, según el documento visible al folio 5” (fl. 276), ni tampoco a la establecida en el Acuerdo 20 de 1985 porque “no había cumplido los 25 años de servicio que exigía el parágrafo del artículo 1º del Acuerdo 20 de 1985 para tener derecho a la pensión de jubilación a cualquier edad”, sustentó su conclusión acerca de la improcedencia de la pensión especial de jubilación, reclamada con fundamento en los acuerdos municipales mencionados, en las esenciales consideraciones de que no se podía, como infructuosamente lo pretendía el demandante, completarse o complementarse tales acuerdos, dado que el Acuerdo 20 de 1985, “en su artículo tercero derogaba las disposiciones contrarias” (ibíd.), como también de que ya la Corte se había pronunciado, en similares casos, “en forma negativa para la aplicación de los acuerdos municipales” (fl. 276), a quienes eran trabajadores de la demandada.
Aparte de ello, en relación con la que el recurrente formuló de manera genérica en la demanda inicial como pretensión pensional “en conformidad con la ley correspondiente”, que en el escrito en que solicitó la adición de la sentencia concretó como la pensión de jubilación contemplada en la Ley 6ª de 145 y el Decreto 2767 del mismo año y en el recurso extraordinario refiere expresamente en los cargos cuarto y quinto, además de asentar que no le era dable pronunciarse “por que(sic) este (sic) no fue solicitado en la demanda original” (fl. 287), adujo que tal normatividad no le era aplicable “porque (...) no es retroactiva, toda vez que el actor dejó de laborar en la accionada desde el 28 de julio de 1995” (ibíd.). Adicionalmente, en lo atinente a la pensión referida en la Ley 33 de 1985 y la que por vejez reconoce el Instituto de Seguros Sociales sostuvo que “atienden un mismo objeto o amparan el mismo riesgo” (fl. 289), lo que significa que “no son acumulables ni mucho menos compatibles” (ibíd.), concluyendo así que “la entidad accionada no está obligada a pagar la pensión de jubilación al mismo beneficiario, porque éste solo tiene derecho a percibir la de vejez que le está pagando el Instituto de Seguros Sociales, o que le pagará esta entidad porque la empresa ya canceló el bono pensional que le correspondía, el día 7 de julio de 1999, folio 43” (ibíd.).
En consecuencia, los anteriores esenciales fundamentales del tribunal sobre la improcedencia de los Acuerdos 082 de 1959 y 20 de 1985, como de la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2667 del mismo año e inclusive la Ley 33 de 1985, al caso del demandante, hoy recurrente, por no haber sido tema expreso de los ataques, permanecen incólumes y con ello la sentencia —en integridad— mantiene su presunción de legalidad.
Por lo anterior, debe reiterar la Corte que para la prosperidad del recurso de casación es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca razones distintas de las expresadas por el tribunal como soporte de la decisión impugnada o apenas alguna de ellas, como aquí sucedió, ya que el recurrente se extiende en la demostración de los cinco cargos que plantea en un dilatado discurso propio de un alegato de instancia, ignorando con ello, las fundamentales consideraciones del tribunal sobre la inaplicación de los acuerdos municipales en que se fundó la demanda por efectos de la vigencia de la Ley 11 de 1986, no poderse extender a los trabajadores de entidades que como la demandada son distintos de sus originales destinatarios, esto es, los trabajadores del municipio de Medellín, ni poderse fusionar, complementar o completar los acuerdos a gusto del interesado; como también, la de no serle aplicables las demás normas en que fundó la pretensión subsidiaria que, como medio nuevo, vino a perfilar al solicitar la adición del fallo de segunda instancia y a completar en el recurso de casación. Ante la orfandad argumentativa de los cargos en los aspectos señalados, como se anotó, las conclusiones del tribunal permanecen incólumes como también la presunción de legalidad que cobija la sentencia.
No obstante, interesa recordar que el fundamento del fallo, no cuestionado, consistente en la imposibilidad de aplicar los referidos acuerdos municipales 082 de 1959 y 20 de 1985 a los trabajadores de la demandada por ser un ente descentralizado y autónomo, encuentra pleno respaldo en la jurisprudencia. Así se dijo en la sentencia 11.157 de 20 de octubre de 1998 —y se ratificó en la sentencia 13.216 de 5 de abril de 2000—, en los siguientes términos:
“La ausencia de fundamento legal para extender a la demandada la obligación consagrada en los acuerdos, hace que la decisión termine dependiendo sólo de lo contemplado en el texto de los mismos, en los que aparece claramente que la prestación reclamada está instituida en favor de los trabajadores del municipio de Medellín, sin que en ellos obre explicación de por qué se le impone a las Empresas Públicas de Medellín, persona jurídica diferente a la obligada por los acuerdos, tal como debe entenderse del hecho mismo de dirigirse contra ella la demanda, como bien lo indica el recurrente, entidad esta última a la que el actor prestó sus servicios”.
Importa también anotar que en la sentencia de 28 de agosto de 2001 (rad. 16.200), en asunto similar al presente, la Corte precisó la situación de quienes, como el demandante, no habían consolidado su derecho pensional antes de la Ley 100 de 1993 por no haber cumplido los requisitos de edad y/o tiempo de servicio con anterioridad a la vigencia de la Ley 11 de 1986. Por ser conveniente, a continuación se transcriben los apartes pertinentes de la misma.
“La controversia así planteada ya ha sido resuelta por esta Sala de la Corte, bajo supuestos de hecho similares. Precisamente, en la sentencia, radicación 13216, del 5 de abril de 2000, recordada por la censura en el aparte que denominó “anotación preliminar”, se dijo lo siguiente:
“... es incuestionable que, como lo infirió el segundo juzgador, no puede considerársele protegido por los supuestos de hecho de dicha norma municipal, toda vez que, ciertamente, su derecho no se hallaba consolidado y su situación pensional no se encontraba jurídicamente definida cuando el artículo 43 de la Ley 11 de 1986 entró en vigencia el 29 de enero de ese mismo año, echando al traste con los regímenes pensionales dispuestos en disposiciones municipales, y tan sólo respetando los derechos que ya se hubieran adquirido en su marco, situación en la que a todas luces no se hallaba el demandante, pues carecía del requisito de la edad para que pudiera predicarse que había adquirido, para esta fecha, el derecho pensional que depreca.
De lo que viene de decirse, resulta forzoso concluir que el tribunal no incurrió en los dislates jurídicos que intenta atribuirle el recurrente.
Fuera de toda discusión de orden jurídico sobre los derechos pretendidos por el demandante, aquí recurrente, que también destacara acertadamente la opositora en su réplica, cabe hacer notar que en el segundo de los ataques la violación de la ley la atribuye el censor a “una clara y manifiesta infracción(sic) directa del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, por interpretación errónea” (fl. 44), incurriendo en la inexcusable deficiencia técnica de incluir en el mismo cargo y respecto de la misma norma dos modalidades de violación de la ley las cuales, dada su naturaleza, resultan incompatibles, por cuanto no es posible que se haya interpretado erróneamente una norma que debiendo aplicarse a un caso, dejó de aplicarse por ignorancia o rebeldía del juzgador.
Y en los cargos tercero y quinto de la censura, adicional a lo ya anotado respecto de los anteriores, como con todo tino lo advirtiera la réplica, incurre en el insalvable defecto de dirigirlo por la vía de los hechos, aun cuando le atribuye al fallo la violación de la ley por “infracción directa”.
Como ya lo ha asentado la jurisprudencia de la Sala, no es compatible la atribución de la violación de la ley en un mismo cargo por modalidades distintas, como aquí ocurre, pues mientras la “infracción directa” de la ley hace relación al error sobre la validez en el tiempo o en el espacio de una norma que se traduce en la falta de aplicación de la que corresponde al caso concreto, teniendo como supuesto la aceptación de las conclusiones fácticas a que llegó el juzgador; la violación de la ley por la vía indirecta, que se ha concluido únicamente da lugar a la aplicación indebida de la norma, se presenta por existir discrepancia en cuanto a la valoración o apreciación probatoria de los hechos del proceso, sin que para ello concurra discrepancia jurídica alguna con lo concluido por el tribunal.
Por último, es conveniente recordar que el recurso extraordinario de casación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asisten el derecho, pues su labor siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley.
Conviene también reiterar que la demanda de casación requiere de un planteamiento y desarrollo lógicos, que se muestren acordes con lo propuesto por quien hace valer el recurso, razón por la cual si el recurrente acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; pero si el ataque se plantea atribuyéndole a la sentencia una violación indirecta de la ley por la comisión de errores de hecho o de derecho, los razonamientos pertinentes deberán enderezarse a criticar la apreciación de las pruebas.
No es más lo que debe decirse para rechazar los cargos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 29 de mayo de 2001, complementada el 13 de julio del mismo año, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Santiago Elías Vásquez Cartagena le sigue a Empresas Públicas de Medellín.