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Timestamp: 2019-06-16 08:31:59
Document Index: 138962400

Matched Legal Cases: ['Artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 25', 'Artículo 130', 'artículo 131', 'Artículo 131', 'Artículo 106', 'artículo 15', 'Artículo 107', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 20']

MARCO LEGAL SOBRE PRIVACIDAD E INTIMIDAD EN BOLIVIA - Diálogos de la ComunicaciónDiálogos de la Comunicación
Escrito por Marcelo Guardia Crespo ( Bolivia ) // 25 octubre, 2011 // Artículos, Edición 82 // Sin comentarios
Se trata de una revisión de la legislación vigente sobre privacidad e intimidad en Bolivia, así como documentos deontológicos relacionados con el tema, con el propósito de conocer el estado del marco legal y contar con elementos que sirvan para intervenir en el proceso de redacción de una posible Ley de las Comunicaciones, anunciada en la nueva Constitución Política del Estado.
Marcelo Guardia Crespo (Bolivia)
Conocer la legislación y normativa vigente en Bolivia sobre privacidad e intimidad es el objetivo de este trabajo. Para el efecto se han revisado leyes, códigos, reglamentos, documentos deontológicos que abordan directa o indirectamente los derechos a la privacidad e intimidad, que son frecuentemente vulnerados por la prensa y los medios de comunicación social. Analizar la relación entre las formas de vulneración de estos derechos personales con la normativa actual, puede orientarnos a identificar los puntos sobre los cuales se puede intervenir, mejorando la legislación o concientizando sobre su importancia a quienes tienen la responsabilidad de dirigir, producir y difundir programas que abordan estos temas. Por otro lado, es necesario contribuir a la posible discusión y debate sobre la redacción de una nueva “Ley de Comunicaciones”, anunciada en la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Para conocer las características de la normativa vigente, ámbitos de aplicación y documentación vigente, seguimos el análisis de Dermizaky Pablo (2000), en su trabajo El derecho a la intimidad, en el que analiza la legislación nacional presente en diversos documentos normativos.
Existen varios tipos de derechos, entre los que destacamos el civil, el penal y constitucional. El derecho civil es el ámbito referido a los aspectos que regulan el derecho privado, es decir, los temas relativos a las relaciones personales, familiares, contratos, negocios, transacciones patrimoniales. Es la regulación de las relaciones privadas entre los ciudadanos. Sus componentes son tres: derecho de la personalidad, que trata temas de relacionamiento entre personas naturales y jurídicas (públicas y privadas), derecho de familia referido a las relaciones personales y patrimoniales y derecho patrimonial propiamente dicho que se ocupa del derecho al patrimonio, derechos reales, de crédito, obligaciones y sucesión hereditaria, etc. El derecho penal se refiere a los aspectos en los que interviene el Estado para asegurar los valores vigentes en una sociedad, a través de puniciones a los infractores. Su misión principal es la protección de la sociedad de cualquier tipo de amenaza. El derecho constitucional se refiere a la CPE y su capacidad de establecer parámetros para que los demás tipos de derecho puedan ser aplicados bajo principios tales como el de que nadie puede ser condenado si no es sometido a un juicio previamente.
Es la ley máxima del sistema jurídico de una sociedad por cuanto se ubica en el nivel superior de las demás leyes. Su objetivo es construir un marco jurídico amplio para reconocer los derechos de los ciudadanos y establecer las obligaciones de éstos frente a la sociedad y el Estado. Para lograr legitimidad recurre al consenso puesto que se trata de un acuerdo formalizado a través de documento escrito, de modo que los miembros de la sociedad sepan que la norma está reglamentada y es vigente. Se trata de un instrumento que permite al Estado controlar los comportamientos sociales utilizando como parámetro de juicio la Constitución. Controla y limita al poder y también regula la arbitrariedad. Define el desarrollo de las funciones del Estado, con premisas tales como la unidad, la cohesión e integración de los componentes de la nación. La constitución en un estado de derecho garantiza la convivencia justa, el desarrollo equitativo de la vida ciudadana, respetando los derechos y libertades ciudadanas, así como los sociales.
Luego de un complicado proceso de elaboración del texto a cargo de la Asamblea Constituyente y modificación por el parlamento, el gobierno actual consiguió consensuar con sectores de la oposición una versión final para someterla a referéndum constitucional. Por tratarse de una constitución considerada por el gobierno “refundacional”, incorpora una fuerte visión social que la hace ver como favorable y avanzada para movimientos sociales y sectores subalternos. De manera opuesta, sus detractores la ven como inconsistente en contenido y desconfiable por su irregular procedimiento de redacción y aprobación.
Dividimos el análisis del contenido de la Constitución en dos grandes áreas, según nuestro objeto de estudio: intimidad y privacidad, en un primer campo, y derecho de información y comunicación en un segundo.
Intimidad y privacidad en la constitución
Esta CPE abarca más dimensiones y campos relacionados con los derechos humanos, aspecto que es reconocido inclusive por sus críticos.
No cabe duda alguna que, entre los aspectos positivos del proyecto de constitución se tiene el gran avance de la positivación de los derechos humanos consagrándolos como derechos fundamentales; de manera que, superando el catálogo resumido que contiene la Constitución vigente, presenta un desarrollo extraordinario de los derechos fundamentales, consagrando, de un lado, los derechos económicos, sociales y culturales, y de otro, los derechos colectivos o de los pueblos; y ampliando el catálogo de los derechos civiles y políticos; además de ello, el proyecto no se detiene en la mera consagración declarativa de los derechos, sino establece, aunque de manera poco ordenada y sistemática, garantías constitucionales para el goce pleno y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, imponiendo obligaciones negativas y algunas obligaciones positivas al Estado (Rivera, 2008, p.26).
Entre los derechos fundamentales, abordados en el capítulo segundo, Artículo 15, punto III, refiriéndose a la violencia de género, señala que tal disposición tiene valor, tanto para el espacio público como para el privado. Es la primera referencia a la distinción entre esos dos espacios.
El capítulo tercero, sobre derechos civiles y políticos, sección I, artículo 21, dice:
La preocupación con la identidad probablemente se debe a la necesidad de reafirmación cultural que se ha proclamado en la historia de los movimientos sociales, como respuesta a un fuerte y largo proceso de occidentalización de las culturas latinoamericanas. Sin embargo, aquí también se relaciona con la propia imagen, pero en un sentido colectivo. El siguiente punto hace referencia de manera explícita a los derechos que nos interesan.
De manera mucho más clara y explícita que en la anterior constitución, aquí se hace referencia a cada uno de estos derechos, confirmando la especificidad que la doctrina y teoría del derecho reconocen en la actualidad. Recordemos que en la anterior constitución se habla solamente de dignidad, libertad, inviolabilidad de la propiedad privada y correspondencia o comunicaciones.
Otro punto importante es el 4, referido a la libertad de reunión, relacionado también con el reconocimiento de la libertad de expresión y pensamiento, básicos para un sistema democrático. En este caso además se lo vincula con las nociones de lo público y lo privado.
Finalmente, el artículo 22 reafirma la obligación del Estado a defender y proteger la dignidad, de la cual se desprenden la privacidad e intimidad.
Se reconoce la relación estrecha entre dignidad y libertad, lo que supone también el reconocimiento de uno de los fundamentos de la democracia y de la modernidad. Las garantías sobre la inviolabilidad tanto de las viviendas como de las comunicaciones privadas o correspondencia, están formuladas en el punto I del artículo 25.
Se deja claro, tal como en la anterior CPE, que solamente las disposiciones emitidas por autoridad competente pueden permitir tal invasión.
Entrando en mayor detalle, se establece que la información obtenida a través de registros clandestinos o secretos, no tiene valor legal por tratarse de datos no legítimos.
En esa misma línea detallada de proteger los derechos de las personas y su privacidad, se establece en la sección III, la posibilidad que los ciudadanos tienen de actuar efectivamente para proteger su privacidad.
Artículo 130. I. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad.
Asimismo, relaciona esta posibilidad de protección con situaciones propias del trabajo periodístico. Es decir que prevalece, como más importante, el secreto de prensa al que recurren los periodistas cuando necesitan informar sin tener que revelar obligatoriamente sus fuentes.
El artículo 131, en sus puntos I, II, III y IV, explicita los procedimientos a ser cumplidos por los administradores de justicia, sean éstos tribunales o jueces.
Artículo 131. I. La Acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de acuerdo con el procedimiento previsto para la acción de Amparo Constitucional. II. Si el tribunal o juez competente declara procedente la acción, ordenará la revelación, eliminación o rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado. III. La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, sin que por ello se suspenda su ejecución. IV. La decisión final que conceda la Acción de Protección de Privacidad será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley.
Hacia el derecho a la información y comunicación
Uno de los avances reconocidos por actores vinculados con la tarea informativa es la actualización de la noción de “derecho a la información”, que está formulada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Anteriormente sólo se reconocía el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, siguiendo una tradición iluminista.
Para muchos analistas nacionales, la sola vigencia de la posibilidad de expresarse ha sido utilizada para justificar determinados excesos por parte de comunicadores, periodistas y propietarios de medios para sus logros particulares o de grupo. Hacía falta en Bolivia, desde mediados del siglo pasado, avanzar hacia el reconocimiento del derecho a la información que supone además de expresión, derecho a investigar y derecho a recibir información.
El segundo avance es la incorporación del derecho a la comunicación que está ausente todavía en la mayoría de las constituciones del continente. Con este derecho se reconoce la posibilidad de que los procesos de transmisión y circulación de información sean más democráticos y permitan la participación equilibrada de todos los sectores de la sociedad, inclusive los que tradicionalmente ejercen la condición de simples destinatarios de información. Esto coincide con la confirmación, en la teoría de la comunicación y las ciencias sociales, de que se está viviendo un nuevo paradigma en el que el receptor se está transformando en emisor gracias a los recursos proporcionados por las TIC (Guardia, 2008).
El capítulo séptimo está dedicado a la comunicación social. Consta de dos artículos (106 y 107) que se dividen en 5 y 4 puntos respectivamente.
Artículo 106. I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.
Sabemos que el derecho a la información supone la vigencia implícita de las libertades de expresarse, investigar y recibir información de interés social. Por tanto, el derecho a la libre expresión está garantizado.
El punto II hace referencia a esa libertad, aclarando que eso supone también libertad de opinión. Incluye el derecho a la rectificación que también podría estar contemplado en disposiciones generales, leyes o reglamentos específicos. Reconoce la réplica como un derecho, en la lógica de la dialogicidad que está implícita en la noción de derecho a la comunicación. Finalmente, se refiere a la emisión libre de ideas por cualquier medio y sin censura. Con estos elementos, se ajusta a las condiciones de libertad requeridas para la vigencia de un Estado democrático.
El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.
En el siguiente punto, especifica la vigencia de esos derechos para los trabajadores de la prensa.
Finalmente, hace explícito el reconocimiento de la cláusula de conciencia que ya estaba vigente en el artículo 15 del Estatuto Orgánico del Periodista de 1984.
En el siguiente artículo se hace referencia a una serie de principios relacionados con la nueva visión de derecho a la información en conexión con el proyecto de “nueva sociedad” que propone construir el actual gobierno. En el primer punto establece que los medios de comunicación tienen responsabilidad de favorecer los valores de las culturas de Bolivia, en concordancia con el postulado de pluralismo cultural presente en el primer artículo de la CPE. También atribuye a los medios un rol educativo plurilingüe incluyendo codificación en lenguajes para discapacitados.
Artículo 107. I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados.
El segundo punto hace referencia a contenidos de la información emitida por los medios. Establece que la información transmitida debe ser verdadera y sujeta a principios de responsabilidad. Para evitar la relativización o interpretación subjetiva de estos dos conceptos, se hace la conexión con documentos deontológicos de los mismos gremios de periodistas o comunicadores, tales como códigos de ética, en los que ciertamente, se prevé esta situación. Asimismo hace referencia a una Ley que probablemente será promulgada en el futuro.
El punto III aborda el tema de la creación de monopolios u oligopolios, prohibiéndolos de manera explícita.
El último punto de este artículo, constitucionaliza la posibilidad de que cualquier comunidad pueda generar y crear sus propios medios de comunicación. En Bolivia existe una fuerte tradición de comunicación popular a través de las radios mineras que tuvieron un rol protagónico en épocas de dictaduras en los años 60 y 70. En este caso se deja claro que será el Estado el que apoye estas iniciativas.
Derecho a la privacidad en el Código Civil
El Código Civil es el conjunto de instrumentos normativos legales más importante del derecho civil y como tal, regula los actos concernientes al derecho privado. Tiene por objetivo ordenar las relaciones civiles entre ciudadanos. En el capítulo III, “De la Capacidad”, que hace referencia a los derechos de la personalidad, encontramos varios artículos que tienen relación con la privacidad, intimidad, honor y honra, que los analizamos de manera secuencial. El artículo 15, se refiere a la nulidad de las formas de obtención de información coercitivas o por presión.
Son nulas toda confesión y toda manifestación de voluntad obtenidas por procedimientos lesivos a la personalidad.
Se incluyen las formas de tortura, presión física, procedimientos hipnóticos y químicos. Pues todas estas formas van contra la voluntad, por tanto son lesivos a la dignidad de las personas, independientemente de su situación o vínculo con delitos de cualquier naturaleza.
El artículo 16, referido al derecho a la imagen, deja establecido que la reputación y decoro de las personas son protegidos por las leyes a través de disposición de autoridad competente.
Cuando se comercia, publica, exhibe o expone la imagen de una persona lesionando su reputación o decoro, la parte interesada y, en su defecto, su cónyuge, descendientes o ascendientes pueden pedir, salvo los casos justificados por la ley, que el juez haga cesar el hecho lesivo.
Está previsto que, en caso de que el titular no esté en condiciones de ejercer su defensa, por cualquier razón, sus familiares están habilitados para hacerlo. Sobre el tema, se añade el punto II que aclara que esta disposición es válida también para registros de voz, emisiones de radio, grabaciones, etc.
Se comprende en la regla anterior la reproducción de la voz de una persona.
El honor de las personas también está protegido por el estado boliviano. El artículo 17 se refiere al tema:
El honor personal es parte de la noción de derechos personales reconocidos ampliamente en el ámbito internacional. Supone respetar también la dignidad personal, tal como fue explicado en capítulo anterior, además porque existe una relación íntima entre dignidad, honor y vida íntima. Precisamente en el artículo 18 se hace referencia a esta dimensión.
Nadie puede perturbar ni divulgar la vida íntima de una persona. Se tendrá en cuenta la condición de ella. Se salva los casos previstos por la ley.
Afirmar que “nadie” puede perturbar, se refiere tanto a personas como a instituciones, sean éstas públicas o privadas. Es un artículo que deja claro el límite entre la esfera pública y la privada, así como la posibilidad que tiene el Estado de ingresar en ese ámbito. Es decir, cuando está en juego el interés público. En el mismo orden, el artículo 19 de este Código hace alusión a documentos y papeles privados y la inviolabilidad de los mismos. El punto I del artículo dice:
Las comunicaciones, la correspondencia epistolar y otros papeles privados son inviolables y no pueden ser ocupados sino en los casos previstos por las leyes y con orden escrita de la autoridad competente.
Las comunicaciones incluyen cartas, apuntes personales, escritos íntimos, diarios y documentos en cualquier tipo de soporte, desde los tradicionales como el papel hasta los más sofisticados como los digitales: correos electrónicos, chats, etc. En lo concerniente a los casos previstos por ley, se consideran las mismas condiciones que en el artículo 18. El Punto II establece que este tipo de documentos privados, en caso de haber sido obtenidos de manera ilícita o sin autorización de sus autores, no pueden ser utilizados como prueba en ningún proceso ordinario. Aquí cabe resaltar que también existen excepciones previstas por Ley en las que prevalece el interés público sobre el privado, permitiendo que una autoridad competente autorice el uso de este tipo de documentos o comunicaciones.
No surten ningún efecto legal las cartas y otros papeles privados que han sido violados o sustraídos, ni las grabaciones clandestinas de conversaciones o comunicaciones privadas.
El artículo 20 del Código Civil se refiere a las cartas confidenciales. Tiene dos puntos. En el primero se deja establecido que este tipo de mensajes no puede ser divulgado sin la autorización del autor a no ser que se pueda usar como prueba en algún proceso.
El destinatario de una carta misiva de carácter confidencial no puede divulgar su contenido sin el asentimiento expreso del autor o de sus herederos forzosos, pero puede presentarla en juicio si tiene un interés personal serio y legítimo…
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Comunicador social, docente universitario, director del pre y postgrado en comunicación social, Universidad Católica Boliviana San Pablo, Cochabamba.// Contacto: guardia@ucbcba.edu.bo
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