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Timestamp: 2018-06-25 13:20:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 167', 'artículo 183', 'artículo 169', 'artículo 175', 'artículo 10', 'artículo 6']

Normativa de Gestión Ambiental | Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente INSAPROMA `
Category Archives: Normativa de Gestión Ambiental
20 de agosto de 2017 Normativa de Gestión Ambiental, Notas de Prensa No comments
INSAPROMA APOYA CREACION DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL
El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) manifestó a través de su Director Ejecutivo Euren Cuevas Medina que apoyan la creación del Voluntariado Ambiental, porque viene a dar vida a uno de varios de los principios fundamentales de la Declaración de Río de 1992 y previsto a la ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales, como es el Principio de Responsabilidad Compartida que establece “Es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitante del país proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, y eliminar los patrones de producción y consumo no sostenibles.
Este principio pone en manos de todos la responsabilidad de proteger el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sin importar que sea dominicano o extranjero, todo el que habite en el país tiene la obligación de proteger el medio ambiente y hacer un uso sostenible del mismo.
Otro aspecto a resaltar del Voluntariado Ambiental es el hecho de despertar el Principio 10 de a Declaración de Río 1992, en el aspecto de que este Principio establece entre otras cosas que “El mejor modo de gestiona de manera efectiva el medio ambiente es con la participación de todos en el nivel que corresponda y las autoridades correspondientes deben garantizar, acceso a la información, a la participación y el acceso a la justicia ambiental”. Indiscutiblemente con este Voluntariado se van cumpliendo compromisos asumidos hace más de 20 años y que no han sido materializados aún.
El INSAPROMA espera que el titular de la cartera de Medio Ambiente Francisco Domínguez Brito aplique de manera efectiva la ley 64-00, pues si lo hace los suizos se mudarían a vivir a la República Dominicana.
08 de febrero de 2017 LEGISLACION, Normativa de Gestión Ambiental, Notas de Prensa No comments
Organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas solicitaron al Congreso Nacional que apruebe el Acuerdo de Parías sobre Cambio Climático.
Miércoles, 8 de febrero de 2017,
En la mañana de hoy, representantes de veinticinco organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas entregaron a la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados, una carta solicitando que el Congreso Nacional apruebe de urgencia el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
Las organizaciones expresaron en sus cartas dirigidas al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez y de la Cámara de Diputados, Lucía Medina Sánchez, su apoyo al Acuerdo de París y resaltaron la importancia de que la República Dominicana se sume a las ciento veintisiete naciones que ya lo han ratificado.
También las entidades hicieron entrega formal al Senado de 638 firmas de personas que apoyaron una petición colocada en las redes sociales desde el pasado mes de diciembre, para que el país ratifique el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
Explicaron que esta petición en las redes sociales, formó parte, junto con la exposición de artes plásticas que montaron durante el mes de enero y principio de febrero, de la campaña que están realizando a favor de la ratificación del Acuerdo de París.
Informaron que el acuerdo internacional fue depositado por el Poder Ejecutivo en el Sanado, el 19 de enero pasado, después que el Tribunal Constitucional fallara su conformidad con la Constitución de la República.
Entre las organizaciones que suscriben las misivas, figuran el Grupo Jaragua, PRONATURA, Participación Ciudadana, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), Alianza ONG, el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), la Sociedad Ecológica de Nizao y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC).
También firman, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la Fundación Macorís Verde, el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), la Asociación Dominicana de Empresas de Eficiencia Energética y Energías Renovables (ASEEFEER), la Red para el Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables (REDSER), Justicia Climática, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Federación de Organizaciones por la Defensa de la Salud, el Medio ambiente y la Agropecuaria de la Provincia Peravia, entre otras.
Manifestaron que el país en su condición de Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID) y siendo uno de los más vulnerables ante los efectos del cambio climático, se comprometió a reducir en un 25% las emisiones totales de dióxido de carbono para el 2030.
Señalaron que ese compromiso fue asumido públicamente por el propio Presidente de la República, Danilo Medina, durante la Conferencia Mundial del Clima, COOP 21 que se celebró, en noviembre del año 2015, en París, Francia.
Las organizaciones hicieron un llamado al Senado y a la Cámara de Diputados para que ratifiquen este acuerdo, “con sentido de urgencia, en coherencia con el alto nivel de vulnerabilidad climático de nuestro país”.
Destacaron que desde noviembre del año pasado este Acuerdo entró en vigencia y que el proceso de ratificación del mismo en el país ya lleva más de un año, cuando en la mayoría de los estados insulares como la República Dominicana lo ratificaron desde abril del año pasado.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas posan, junto al Senador José Ignacio Paliza, detrás de banderola que solicita la ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
El doctor Euren Cuevas, a nombre de las organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas, le hace entrega al senador José Ignacio Paliza, de la carta que suscribieron, solicitándole al Congreso Nacional la aprobación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
Andrea Thomen, del Grupo Jaragua, entrega al Senador José Ignacio Paliza, la petición pública que se colocó en las redes sociales reclamando la ratificación del Acuerdo de París y las 650 firmas de personas que suscribieron esta petición.
1ero. de febrero de 2017.-
Lucía Medina Sánchez
Distinguidos Señor Pared Pérez y Señora Medina Sánchez:
Nos dirigimos a ustedes, en relación al proceso de ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, depositado por el Poder Ejecutivo en el Senado de la República Dominicana, el jueves, 19 de enero del año 2017.
En tal sentido, como Organizaciones de la Sociedad Civil queremos externar nuestro apoyo a dicho Acuerdo y resaltar la importancia de que la República Dominicana se sume a las ciento veintisiete naciones que ya lo han ratificado a la fecha.
Nuestro país, como Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID) y siendo uno de los más vulnerables ante los efectos del cambio climático, adoptó el Compromiso-País de reducir en un 25% las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) para el año 2030, a través del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, durante la COP21, celebrada en noviembre del año 2015, en París, Francia.
Hacemos un llamado al Senado y a la Cámara de Diputados para que ratifiquen el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático con sentido de urgencia, en coherencia con el alto nivel de vulnerabilidad climática de nuestro país. Además este acuerdo entró en vigencia a partir de noviembre de 2016.
Francisco Arnemann
Fondo Pro-Naturaleza (PRONATURA)
Josefina Arvelo
Nicolás Cruz Tineo
Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)
Euren Cuevas Medina
Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA)
Belkis García
Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)
Michel Gay-Crosier
Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del
Turismo en la Zona de Cabarete y Sosua (ASOPROCASO)
Asociación Dominicana de Profesores (ADP)
Michela Izzo
GUAKIA Ambiente
Carlos Janáriz
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energías Renovables (ASEEFEER)
Red para el Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables (REDSER)
Ysaías Lara Kevelier
Acción Comunitaria para el Medio Ambiente (PACMA)
Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC)
Manuel María Mercedes Medina
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD)
David Montes de Oca
Fundación Ecológica Macorís Verde
Nelson Norman Williams
Asociación Dominicana de Especialidades Ambiental Públicas Autorizadas (ADEAPA)
Ingrid Pulino
Sociedad Ecolótica de Nizao
Víctor Polanco
Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR)
Sésar Rodríguez
Consorcio Ambiental Dominicano (CAD)
José Tavárez Lora
ECOFERIA Dominicana
Addys Then Marte
Organización Ecológica Gastón Fernando Deligne (GAFEDE)
Héctor Turbí Ortíz
Federación de Organizaciones por la Defensa de la Salud, el Medio
Ambiente y la Agropecuaria de la Provincia Peravia
10 de noviembre de 2016 Normativa de Gestión Ambiental, Notas de Prensa No comments
VEINTIDOS ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL RECLAMAN A LA CAMARA DE DIPUTADOS Y AL SENADO RATIFICAR DE INMEDIATO EL ACUERDO DE PARIS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO
Jueves, 10 de noviembre del 2016,
En la mañana de hoy, veintidós organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil del país, entregaron cartas a las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado, reclamando la inmediata ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
Entre las organizaciones firmantes de estas cartas figuran Alianza ONG, Grupo Jaragua, PRONATURA, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), la Sociedad Ecológica de Nizao, Consorcio Ambiental Dominicano, Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Fundación Ecológica Macorís Verde, Participación Ciudadana, el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), Justicia Climática, Ecoferia Dominicana y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC),
También suscribieron la carta Guakia Ambiente, la Federación de Organizaciones por la Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la Agropecuaria de la Provincia Peravia, la Fundación Ecología Tropical, la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo de la Zona de Cabarete y Sosúa (ASOPROCASO), Acción Comunitaria Para el Medio Ambiente (PACMA), la Asociación Dominicana de Especialidades Ambiental Públicas Autorizadas (ADEAPA), entre otras.
Josefina Arvelo, coordinadora de Participación Ciudadana, Euren Cuevas Medina del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), David Montes de Oca de la Fundación Macorís Verde e Yvonne Arias del Grupo Jaragua fueron los voceros de las organizaciones que explicaron el contenido de las cartas a los medios de comunicación presentes.
En la misiva, las organizaciones exhortan a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional y al Tribunal Constitucional, a actuar con sentido de urgencia y a que se salven los obstáculos que pudieran ser la causa de la demora en la ratificación del Acuerdo de París.
Señalaron que “no debiera existir nada más importante y urgente que la sobrevivencia y la seguridad de nuestras familias y las de todo el planeta”.
Manifestaron que es inexplicable que la República Dominicana todavía no haya ratificado el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, cuando en noviembre del año pasado, el Presidente, Danilo Medina, expresó su compromiso de apoyar el acuerdo que surgiera de la Cumbre Mundial del Clima, (COP 21), ante la comunidad internacional reunida en este cónclave, en París, Francia.
Recordaron que en esa ocasión el primer mandatario de la nación, adoptó el Compromiso-País de reducir en un 25% las emisiones totales de dióxido de carbono para el año 2020.
“Llamamos a la ratificación de un instrumento que favorecerá a todo el planeta y a nuestro país, en coherencia con nuestro nivel de vulnerabilidad climática, y con el hecho de que el propio Presidente Medina, a nombre de la República Dominicana, el 22 de abril de este año, en las Naciones Unidas, suscribió este Acuerdo, junto con otros 170 Estados,” dijeron.
Apoyaron la demanda de la ratificación del Acuerdo de París en el hecho de que el país es el octavo del mundo más vulnerable y amenazado por los efectos del cambio climático, y comparte la isla con Haití, que es el tercero en esta “trágica lista”.
“El reciente huracán Matthew acaba de confirmar esta situación, al dejar a su paso, a ambos lados de La Hispaniola, miles de familias desplazadas y sin viviendas, heridos, desaparecidos y muertos, especialmente en el suroeste de Haití, donde las víctimas mortales ascendieron a alrededor de mil personas”, indicaron.
Las organizaciones ponen de relieve en el documento entregado que la República Dominicana pertenece al grupo de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) ubicados en los trópicos, particularmente amenazados por el aumento del nivel de los océanos, a causa del descongelamiento del hielo en el Ártico, y por fenómenos extremos como el aumento de la frecuencia e intensidad de los huracanes, así como por prolongadas y severas sequías.
Observaron que aunque ya el país no estará entre el grupo de naciones del mundo que ratificaron antes del pasado viernes, 4 de noviembre el Acuerdo de París, se está a tiempo de ratificarlo y “así honrar el compromiso contraído por el Presidente Danilo Medina, en París, Francia, en noviembre del 2015, y el 22 de abril de este año, en Nueva York, en la sede de la ONU”.
Representantes de veintidós organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil entregaron en la mañana de hoy, a la directora del centro de representación, Olimpia Méndez Cartagena, carta dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados, demandando la ratificación inmediata del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
En la mañana de hoy, representantes de veintidós organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil entregaron en el Senado, carta dirigida a la Presidencia de ese organismo demandando la ratificación inmediata del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
Delegación de veintidós organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil depositan carta dirigida a la Presidencia del Senado, en la Comisión de Medio Ambiente de ese organismo, demandando la inmediata ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático
19 de agosto de 2016 Artículos, Normativa de Gestión Ambiental, Notas de Prensa, TRIBUNALES No comments
¿USTED ESTA DE ACUERDO EN LA CREACION DE LOS TRIBUNALES AMBIENTALES COMO MANIFESTARA EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA?
En la actualidad en República Dominicana contamos con cuatro tribunales especiales, Tribunal Laboral encargado de dirimir los conflictos entre patronos y empleados del sector privado, Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes regulado por la Ley 136-03 del 22 de julio del 2003, que conoce de todas las cuestiones relacionadas con el comportamiento de los menores con su entorno y sus familiares, Tribunal Contencioso Tributario que dirime los conflictos suscitados entre funcionarios y empleados de la administración publica y entre funcionarios del Estado y los particulares respecto a las funciones que desempeñan, el Tribunal Especial de Transito, que conoce las violaciones a la Ley 241 y sus modificaciones sobre accidente de transito de vehiculo de motor, además de las salas de familia .
Observamos que estos tribunales conocen de asuntos muy particulares que involucran una población especifica dentro del conglomerado dominicano, en ese sentido es factible señalar las cuestiones que conocería el Tribunal Ambiental si se creara, en función de lo representado, tomando como referencia la definición de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 18 de agosto del año 2000, en su articulo 16 numeral 35 que dice, “el Medio Ambiente es el sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en que viven, y que determinan su relación y sobrevivencia”, definición que claramente especifica las atribuciones del Tribunal Ambiental.
Si tomamos cada palabra de esta definición de Medio Ambiente observamos que es un sistema de elementos bióticos, quiere decir todos los elementos vivos que habitan la tierra (los seres humanos, las plantas y los animales); La segunda palabra que se debe tomar como referencia es lo “abiótico” que son aquellas cosas que no tienen vida, como la minería metálica y no metálica (arena, graba, gravilla), aire, suelo, etc.; un tercer elemento a tomar en consideración es lo “socioeconómico” indicando que al momento de intervenir el medio ambiente se debe tomar en cuenta el aspecto social y económico del país, de las comunidades o cualquier medio donde se impacte de una u otra manera el medio ambiente; el cuarto elemento lo “cultural”, se refiere a aquellos elementos que representan la identidad de una época determinada, como las pictografías aborígenes (las caritas del Parque Nacional Lago Enriquillo, el cementerio aborigen del Parque Nacional del Este, la Cueva del Pomiel, San Cristóbal, etc.), y por ultimo lo “estético” que tiene que ver con las bellezas naturales. De hecho somos signatarios de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América.
Cabria preguntarnos si tenemos un tribunal de tránsito, laboral, de menores, contencioso y tributario, que son cuestiones particulares, ¿porque no tener un tribunal ambiental, si el medio ambiente y los recursos naturales lo constituye todo, según la definición de la ley ambiental? pero además proteger el medio ambiente y los recursos naturales, es un asunto de sobre-vivencia de la raza humana, de manera que la creación del Tribunal Ambiental debe ser una necesidad.
Podría haber teorías encontradas que sustenten la tesis de que no estamos preparados para crear los tribunales ambientales y me pregunto ¿están preparados los jueces de derecho común que conocen de los delitos ambientales en la actualidad. ¿Cuales son los principales problemas que tenemos con los delitos ambientales? Sencillamente que los jueces no conocen el valor ecológico, económico, cultural y estético etc. del medio ambiente y los recursos naturales, de manera que los fallos no se corresponden con el daño causado al patrimonio natural, en tal sentido con la creación de los tribunales ambientales, la Escuela de la Judicatura tendrá la obligación de capacitar los jueces que conocerán de los asuntos ambientales.
¿CUALES SANCIONES CONOCERÍA EL TRIBUNAL AMBIENTAL?
La Ley 64-00, castiga a los infractores de la misma, con tres tipos de sanciones administrativas, estipuladas en el artículo 167, que castiga con Multa desde medio (1/2) salario mínimo hasta tres mil (3,000) salarios mínimos vigentes, en la fecha en que se cometió la infracción, en función de la dimensión económica de la persona física o jurídica que causó el daño y de la magnitud de los daños causados. Con la limitación o restricción de las actividades que provocan el daño o riesgo al medio ambiente, o si fuere el caso, sujeción de las mismas a las modalidades o procedimientos que hagan desaparecer dicho perjuicio o riesgo; decomiso y/o incautación de los objetos, instrumentos, artefactos, vehículos, materias primas, productos o artículos, terminados o no, empleados para provocar el daño; y prohibición o suspensión temporal o provisional de las actividades que generan el daño o riesgo ambiental que se trata de evitar y, en caso extremo, clausura parcial o total del local o establecimiento donde se lleva a cabo la actividad que haya generado la violación a la presente ley y otras relacionadas.
Sanciones penales:
En cuanto a las sanciones penales que contempla el artículo 183 de la referida ley, el Tribunal Ambiental podrá dictar contra las personas naturales que hayan violado la presente ley, las siguientes sanciones u obligaciones: prisión correccional de seis (6) días a tres (3) años y, si hubiesen fallecido personas a causa de la violación, se aplicará lo establecido en el Código Penal Dominicano; y/o multa de una cuarta (1/4) parte del salario mínimo hasta diez mil (10,000) salarios mínimos vigentes en el sector público en la fecha en que se pronuncie la sentencia; y/o el decomiso de materias primas, herramientas, equipos, instrumentos, maquinarias, vehículos de transporte, así como productos o artículos, si los hubiere, que provengan de la violación cometida, o fueron utilizados en la perpetración del hecho delictuoso, o puedan de por sí constituirse en peligro para los recursos naturales y el medio ambiente, o a la salud de seres humanos; y/o la obligación de indemnizar económicamente a las personas que hayan sufrido daños y perjuicios; y/o retiro temporal o definitivo de la autorización, licencia o permiso para ejercer o efectuar las actividades que hayan causado, o puedan causar daño o perjuicio; y/o destruir, neutralizar o disponer, de acuerdo con los procedimientos señalados por la presente ley y la autoridad competente, las sustancias elaboradas, fabricadas, manufacturadas, procesadas u ofrecidas en venta, susceptibles de causar daños a la salud humana y al medio ambiente; y/o la obligación de modificar o demoler las construcciones violatorias de disposiciones sobre protección, conservación y defensa del medio ambiente y los seres humanos; y/o la obligación de devolver a su país de origen las sustancias y elementos o combinaciones peligrosas o dañinas que se hayan importado en violación a la ley; y/o instalar los dispositivos necesarios para detener o evitar la contaminación, menoscabo, disminución o degradación del medio ambiente; y/o la obligación de devolver los elementos al medio natural de donde fueron sustraídos; y/o la obligación de reparar, reponer, resarcir, restituir, restaurar o rehabilitar a su estado original, en la medida de lo posible, el recurso natural eliminado, destruido, menoscabado, disminuido, deteriorado o modificado negativamente.
Sanciones Civiles:
Para la aplicación de este tipo de sanción se requiere que se haya causado un daño al patrimonio o a la persona, para poder ser resarcido, así está previsto en el artículo 169 de la Ley 64-00.
¿POR CUALES HECHOS PODRÍA EL TRIBUNAL AMBIENTAL IMPONER ESAS SANCIONES?
El artículo 175 de la Ley 64-00 establece que incurren en delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales: Quien violare la presente ley, las leyes complementarias, reglamentos y normas, y realizare actividades que dañen de forma considerable o permanente los recursos naturales; quien cace, capture o provoque la muerte de especies declaradas en peligro de extinción o protegidas legalmente; quien use explosivos, venenos, trampas u otros instrumentos o artes que dañen o causen sufrimiento a especies de fauna terrestre o acuática, sean éstas endémicas, nativas, residentes o migratorias; quien violare las normas, parámetros y límites permisibles de vertidos o disposición final de sustancias tóxicas y peligrosas definidas legalmente, y las descargue en cuerpos de agua, las libere al aire o las deposite en sitios no autorizados para ello, o en sitios autorizados sin permiso o clandestinamente; quien violare las normas, parámetros y límites permisibles, y vierta aguas servidas no tratadas a cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado, disponga de desechos sólidos industriales no peligrosos en sitios no autorizados para ello o emita al aire sustancias contaminantes, escapes de gases, agentes biológicos y bioquímicos; quien violare las normas técnicas pertinentes y genere o maneje sustancias tóxicas o peligrosas, transforme desechos tóxicos o peligrosos trasladando la contaminación a otro medio receptor, o quien los opere, almacene o descargue en sitios no autorizados; quien violare las regulaciones contenidas en las licencias o permisos ambientales, o las haya obtenido usando datos falsos o alteren las bitácoras ambientales sobre emisiones y vertidos, o el funcionario público que otorgue tales licencias o permisos, sin cumplir con los requisitos del proceso de evaluación de impacto ambiental, cuando la ley así lo exija.
Todas las infracciones que están no contemple este artículo se castigan con sanciones administrativas.
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL AMBIENTAL
La Ley No. 821 de Organización Judicial de fecha 21 de noviembre de 1927, y sus modificaciones regula el sistema de los tribunales dominicanos, dichos tribunales están constituidos en orden jerárquico por la Suprema Corte de Justicia que los divide en tres (3) Cámaras que se identifican como Primera Cámara, Segunda Cámara y Tercera Cámara, conforme lo establece la Ley No. 156-97, del 10/07/97, G.O. No. 9959; Las Cortes de Apelación, que comprenden once (11) Departamentos Judiciales, también están divididas en Cámaras; los Tribunales de Primera Instancia, que se clasificamos en dos grupos, los de plenitud de Jurisdicción y los que no tienen plenitud de Jurisdicción y los Juzgados de Paz, que conocen de los asuntos de simple policía y otros asuntos de menor cuantía.
La plenitud de jurisdicción consiste en que el tribunal conoce de conflictos en varías materias, penal, laboral, civil, comercial, niños, niños y adolescentes, con el simple hecho de constituirse en la materia que vaya a conocer en el momento. La mayoría de los tribunales de primera instancia conocen sus asuntos con plenitud de jurisdicción.
Vistos los hechos que pueden ser tratados en materia ambiental, proponemos que se cree el Tribunal Ambiental con plenitud de jurisdicción, para conocer en materia penal, civil y administrativa ambiental, con el simple hecho de constituirse en la materia que se esté conociendo en el momento.
Debe crearse un Tribunal de Primera Instancia y una Corte de Apelación que conozcan de los asuntos ambientales, el tribunal de Primera Instancia debe estar conformado por tres jueces y los de la Corte, con Cinco Jueces como lo contempla en la actualidad la Ley 821 y el Código Procesal Penal.
Con la creación de los tribunales ambientales garantizaríamos que los juzgadores de los infractores de la legislación ambiental sean castigados en su justa dimensión, en función del daño causado y no que tengamos sentencias que son muy cuestionables desde todos los puntos de vista.
LIC. EUREN CUEVAS MEDINA
19 de agosto de 2016 Normativa de Gestión Ambiental, Notas de Prensa No comments
Informe mediático – Promoción a participación del público en la 4ta. Reunión – Principio 10
Informe sobre los medios de comunicación contactados y en los que se participó para promover la participación del público en la 4ta. Reunión de negociación del Convenio Regional sobre el Principio 10.
Se le remitió las notas de prensa a todos los medios de comunicación, tanto a los escritos como los televisivos para que asistan al taller y a la inauguración de las negociaciones de la 4ta. Ronda de negociación del P10.
Entrevistas en vivo:
Viernes 8-08-2016
Programa Televisivo semanal sólo los viernes
“Mundo Ecológico” Viernes, 8 de agosto 2016 de 8:00 A.M. a 9:00 AM, Canal de T.V. Digital 15, conductor el periodista Esteban.
Participó como entrevistado Euren Cuevas Medina, Punto Focal en República Dominicana para el Proceso Regional del P10.
Lunes 8-08-2016
Programa Televisivo “La Revista“, que se transmite de 8 AM a 8:30.AM por Digical 15 canal 15. Conductores Geraldino González y Puello Báez.
Participaron del público Andrea Sanhueza de Chile y Euren Cuevas Medina de República Dominicana.
Programa Radial “La Opción de la Mañana”, por la 93.3 FM de 8:30 a 9:00 am. Participaron del público Andrea Sanhueza de Chile y Euren Cuevas Medina de República Dominicana.
Miércoles 10-08-2016
Programa de TV “Matinal”, en el canal 5, Telemicro canal. Conducido por Geraldino González, Persio Maldonado y Domingo del Pilar 7:25 am. Participaron del público Andrea Sanhueza de Chile y Euren Cuevas Medina de República Dominicana.
Jueves 11-08-2016
Programa radial “EL Gobierno de la tarde” por la emisora la Z 101.3, conductores Andrés L. Mateo, Fafa Taveras, Domingo Páez y José Luis Mendoza. Participaron del público Andrés Nápolis de Argentina y Euren Cuevas Medina de República Dominicana
Programas en los que se comentó y se reprodujo entre otros:
Fue comentado en los programas televisivos “Objetivo 5” que se transmite los sábados a las 11:00 de la noche, por el canal 5 conducido por Domingo del Pilar y Geraldino González.
Fue pasado como noticia en el programa televisivo “Lo Último” que se transmite los domingos a la 6:00 de la tarde.
Fue comentado también en “Noticias Telemicro” canal 5, lunes de 2 a 3 de la Tarde.
Comentado en el programa radial “Voces propias” por la emisora Z 101. De 1:00 de la tarde a tres.
Los programas fueron en vivo:
Andrea Sanhueza tiene uno de los programas grabados en un CD, no me han conseguido
Periódicos en los que publicaron los actos de apertura:
http://elnacional.com.do/ministros-encabezan-ronda-de-negociacion-para-la-aplicacion-del-principio-10-en-asuntos-ambientales-en-al-y-el-caribe/
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/15/08/2016/acuerdo-de-principio-10-debe-tener-vision-intercultural
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/alianza-regional-presenta-observaciones-al-comite-de-negociacion-de-principio-10-en-republica-dominicana/
http://azuainformadigital.blogspot.com/2016/08/rep-dom-sera-sede-desde-el-martes-de.html
http://noticias.anotao.com/link/do/20160802127482/www.diariolibre.com/medioambiente/republica-dominicana-sera-sede-desde-el-martes-de-ronda-de-negociacion-para-acuerdo-del-principio-10-AD4588673
http://primermomento.com/?p=279645
http://www.laverdad.com.do/otras-noticias/2016/08/07/medio-ambiente-anuncia-la-celebracion-en-el-pais-de-la-cuarta-ronda-de-negociacion-para-acuerdo-sobre-la-aplicacion-del-principio-10-en-asuntos-ambientales-en-america-latina-y-el-caribe/
Programas contactados para participar y que no confirmaron porque ya el cupo estaba lleno:
Programa de entrevistas y comentarios “Uno + Uno”, que se trasmite por teleantillas canal 2.
El programa televisivo de comentarios y entrevistas “El Despertador”, del grupo SIN, canal 9.
Programa Radial “El Zol De la Mañana” por la emisora 106.5, se trasmite de 5:00 de la mañana a 11:00.
Estos programas no se pudo participar por el tiempo muy corte, los que participan en los mismos lo contacta con 15 días de antelación.
17 de agosto de 2016 Normativa de Gestión Ambiental, Notas de Prensa No comments
Gobierno y sociedad civil trabajan para fortalecer Gobernabilidad Ambiental en América Latina y el Caribe
Veintidós (22) países signatarios y más de 40 representantes del público hicieron un avance significativo en la 4ª Reunión de la Comisión de Negociación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente en América Latina y el Caribe (ALC). La reunión de negociación que se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, del 9 al 12 de agosto de 2016, estaba orientada a elevar los estándares para la gobernabilidad ambiental en la región de ALC.
En sus palabras finales, Andrea Sanhueza, Representante electa del Público (Chile) destacó: “Estamos muy animados por una relación más abierta entre los representantes de los estados y el público, y hemos visto y sinceramente apreciamos el significativo aumento y la consideración que han recibido nuestros puntos de vista y contribuciones a las negociaciones”.
La Sra. Sanhueza también señaló al igual que el Lic. Euren Cuevas Medina, Director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) de República Dominicana, en su discurso de apertura, que un tema de preocupación es el continuo énfasis en la inclusión de textos que hacen referencia a “de acuerdo con las normas establecidas en las legislaciones nacionales”. Ella dijo: “Este enfoque está en contradicción con la norma regional progresiva que anticipamos para lograr de este acuerdo. En este sentido, instamos a nuestros países a enfocarse en que el estándar mínimo sea el más alto posible con el fin de garantizar la aplicación efectiva de este instrumento”.
La Sra. Sanhueza dio la bienvenida al último signatario, St. Kitts y Nevis, al proceso de ALC e indicó que los Representantes Electos del Público apoyarán la participación de la sociedad civil de estos nuevos países y una mayor participación de los gobiernos del Caribe. Granada se unió al proceso en la 3ª reunión de negociación en Uruguay, en abril de 2016.
En sus palabras de clausura, el Presidente de la negociación, el Embajador Luis Omar Fernández, del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, destacó el carácter único de las negociaciones, que incluyen a representantes del público. El Embajador Fernández y el delegado de México, el Sr. Hernán Ruiz Bravo, Subdirector General para Asuntos Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradecieron a los representantes del público por sus contribuciones.
Se espera que la 5ta. Reunión de negociaciones tendrá lugar en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile del 22 al 25 de noviembre de 2016. En este punto, las negociaciones se reanudarán en los artículos 7 al 10 y se llevará a cabo la revisión de los temas pendientes desde la exposición de motivos hasta el artículo 10.
Representante Electa del Público (Chile)
andreasanhuezae@gmail.com
Representante Electa del Público (Jamaica)
dandrade.law@gmail.com
Paola Valdés
Periodista (América Latina)
periodistalacp10@gmail.com
Karetta Crooks Charles
Representante Electa del Público Alterna (St. Lucia) y Periodista (El Caribe)
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¿Qué es la Declaración del Principio 10 de América Latina y el Caribe?
Es un compromiso político que han realizado varios Gobiernos de la región para promover un cambio en la forma como se toman las decisiones y para comenzar a negociar un Acuerdo Regional que traerá estándares en el acceso a la información, participación y justicia en sus países. Este compromiso busca asegurar que todas las personas de América Latina y el Caribe puedan participar en las decisiones ambientales que les afectan directamente. Este Acuerdo Regional ayudará a los ciudadanos a obtener información, participar en la toma de decisiones y prevenir el desarrollo de proyectos que puedan dañar su vida y sustento, y evitar la proliferación de conﬂictos socio-ambientales. Cualquier país de América Latina y el Caribe puede unirse al proceso de negociación ﬁrmando la Declaración. Para ello, debe contactar a la Secretaría Técnica de este proceso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el correo: principio10.lac@cepal.org.
17 de agosto de 2016 Artículos, Normativa de Gestión Ambiental, Notas de Prensa No comments
¿Qué es un ciudadano responsable?
Nuestras nuevas autoridades tomaron posesión ayer para dirigir los destinos del país durante los 4 años venideros, un requisito indispensable es jurar cumplir y hacer cumplir las leyes, los reglamentos y todos los deberes de su cargo, tanto el Presidente jura ante el congreso a mano alzada como los ministros de las diferentes cartera. Un ciudadano responsable le toma la palabra al Presidente y le toma la palabra a cada uno de los funcionarios, tanto electos como designados, para vigilar, si cumplen con lo que se han comprometido.
El INSAPROMA les tomará la palabra al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para ver si cumplirá su juramento, porque de lo contrario la Patria y el INSAPROMA se lo tomarán en cuenta. El Lic. Francisco Domínguez Brito, tiene un gran reto y es aplicar la ley de manera efectiva, con ello mejorará la gestión ambiental en más de un 80%, sencillamente con que cumpla con lo que se comprometió jurando ante el Presidente de la República y ante el país.
Por lo pronto le sugerimos acabar con la mafia del carbón, que a la vista de todos y hasta con permiso de medio ambiente se trafica carbón para Haití y hasta se exporta a otros países, todo sacado de un Parque Nacional, de la única Reserva de Biosfera que tiene el país como la de Jaragua, Bahoruco-Enriquillo.
Eliminar la corrupción con los permisos y licencias ambientales, la ley 64-00 establece muy claramente que antes de proceder a iniciar cualquier proyecto debe tener un estudio de impacto ambiental o declaración de impacto, según el caso y luego tener el permiso o licencia ambiental, sin embargo, los promotores de proyectos inician los trabajos de construcción y crean impactos al medio ambiente irreparable y no medible, toda vez que no se realizó el estudio de impacto ambiental previo y la práctica del Ministerio de Medio Ambiente es legitimar esa barbaridad, poniéndole una multica y luego otorgándole una licencia ambiental, para qué sirve la ley entonces?
Otra situación delicada es la extracción de agregado de los ríos sin control, todo esto a los ojos de todo el mundo, menos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esperamos señor Domínguez Brito que esta vez sea diferente, cuente con nosotros para hacer cumplir la ley, o sea para cumplir con su juramento cumplir y hacer cumplir la ley.
Director Ejecutivo INSAPROMA
09 de agosto de 2016 Normativa de Gestión Ambiental, Notas de Prensa No comments
4ta. Reunión Principio 10 – Palabras de Inauguración
Palabras de inauguración del Sr. Euren Cuevas Medina Director Ejecutivo de INSAPROMA, República Dominicana en la 4ta. Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Santo Domingo, República Dominicana ǀ 09 de agosto de 2016
Muy buenos días señor Andrés Navarro, Ministro de Relaciones exteriores, Dr. Bautista Rojas Gómez, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos de Miguel, de CEPAL, a los delegados de los distintos países, al público y a la prensa, sean todos bienvenidos a nuestra tierra.
Esta es una buena oportunidad para resaltar el papel protagónico desempeñado por la República Dominicana en este proceso, siendo de los primeros 10 países firmantes de este compromiso en el año 2012, ocupando la vicepresidencia de la mesa directiva y trabajando para sumar más países a esta fiesta de la democracia latinoamericana y caribeña, que hoy cuenta con 21 países signatarios. Es importante resaltar además que la República Dominicana ha tenido una posición firme e invariable y así lo ha manifestado desde la primera reunión de negociación, que para que este esfuerzo de 4 años que estamos realizando, de los frutos que toda la región y el mundo espera, debe ser un convenio vinculante.
Queremos destacar además que la sociedad civil dominicana y el gobierno han trabajado de manera conjunta en la difusión de este proceso en la República Dominicana y es un ejemplo de que sociedad civil y gobiernos pueden trabajar juntos y así obtener mejores resultados.
Lamentablemente, no es suficiente que tengamos un convenio vinculante, sino que:
Necesitamos un acuerdo regional que trascienda nuestras legislaciones nacionales y establezca estándares regionales.
Un acuerdo regional donde su contenido está continuamente referido a la legislación nacional no permite avanzar con el concepto de estándares regionales comunes que sean el piso, y no el techo del acuerdo.
El objetivo no debe ser el denominador común más bajo, sino aspirar a lo más alto.
Nuestras economías se basan en nuestro ecosistema; con el aumento de las inversiones regionales, necesitamos fuertes salvaguardas para asegurar el uso sostenible de nuestros recursos naturales y que nuestros medios de vida, la salud y la vida misma no se vean afectados negativamente por malas decisiones ambientales.
La República Dominicana, por ejemplo, es un país isleño, frágil, ubicado en una isla de 72 mil Km.2, que comparte con Haití, con más de 20 millones de habitantes y nuestro país tiene concesionado una gran parte del país con el objetivo de explorar y explotar minerales. Esas concesiones de exploración y explotación previo otorgamiento, deben
ser sometidas a la discusión del dueño de esos minerales, que es el pueblo dominicano, para que no ocurra lo que acontecido con la cementera y el Parque Nacional Los Haitises o lo ocurrido con Loma Miranda.
La integración del público en el aprovechamiento de los recursos naturales disminuye los conflictos, incrementa la transparencia y por ende contribuye con el desarrollo sostenible.
La práctica en el uso del Principio 10 en la República Dominicana, ha sido limitada, independientemente de que ocupamos el número 20 de 70 países evaluados por TAI-IRG en el Índice de la Democracia Ambiental, toda vez que lo que está estipulado en las leyes, no se traduce y se ejerce de manera efectiva en el país y es que no basta que la ley garantice el libre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, sino que es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, designe una partida del presupuesto de dicho
ministerio para garantizar esos derechos de acceso, empoderando la población con más educación y difusión por los distintos medios de comunicación, de manera que los ciudadanos estén conscientes de sus derechos y los usen para su bienestar.
Animamos a más gobiernos a comprometerse para lograr un acuerdo legalmente vinculante. Esto crea certidumbre en el proceso e indica un nivel de compromiso con el proceso. Esto asegurará que los gobiernos de todos los países firmantes se comprometan a trabajar en la consecución efectiva de los principios consagrados en el acuerdo para activamente elevar los niveles de gobernabilidad ambiental en la región.
Los derechos de acceso han sido reconocidos en la comunidad internacional y regional como intrínsecos a los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Estos mismos principios se entretejen con los objetivos de desarrollo sostenible, a los que todos los países firmantes de este proceso se han comprometido.
De ustedes líderes de la Región más desigual del planeta depende un convenio vinculante que disminuya los conflictos ambientales, es por eso que les digo: este es “Nuestro ambiente, nuestra región, nuestras decisiones, nuestro futuro.”
05 de agosto de 2016 Normativa de Gestión Ambiental, Notas de Prensa No comments
Representantes del Público participarán en Taller de buenas prácticas sobre derechos de acceso, previo a importante negociación ambiental
Santo Domingo, 05 de agosto de 2016
Representantes del Público participarán en Taller de buenas prácticas sobre derechos de acceso, previo a importante negociación ambiental.
Los Representantes Electos del Público y miembros de la sociedad civil organizada participarán el lunes 8 de agosto en un Taller de capacitación sobre buenas prácticas en cuanto al acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, organizado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales de República Dominicana.
Esta actividad, que tendrá lugar en el hotel Crown Plaza Santo Domingo, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.,
precede la cuarta Reunión de Negociación del Acuerdo Regional sobre esta materia que se realizará del martes 9 al viernes 12 de agosto.
El taller tiene como objetivo discutir y analizar las experiencias en la aplicación del Principio 10 en América Latina y el Caribe. Se compartirán tendencias, acciones, desafíos y lecciones aprendidas, con el fin de evaluar y definir los temas clave para la efectiva implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia de medio ambiente.
En el marco del taller, se realizará el Lanzamiento oficial de la página web del Público y la sociedad civil sobre el Principio 10, que servirá como valiosa herramienta en la difusión sobre los avances de la negociación del Acuerdo Regional, así como de información general sobre los derechos de acceso y su aplicación en los diferentes países de la región.
Euren Cuevas Medina, del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) de República Dominicana, señaló que “los Gobiernos negociarán disposiciones sobre los derechos de acceso, que son derechos fundamentales en la reunión que comienza el martes 9, por lo que las buenas prácticas que se compartirán en este taller son importantes para el proceso de negociación.”
Por su parte, Danielle Andrade, Representante Electa del Público por Jamaica, indicó que “es muy importante que cada vez más personas de la sociedad civil, especialmente de países de El Caribe, conozcan sobre estos derechos de acceso. Nuestras economías se basan en nuestro ecosistema; con el aumento de las inversiones regionales, necesitamos fuertes salvaguardas para asegurar el uso sostenible de nuestros recursos naturales y que nuestros medios de vida, nuestra salud y la vida misma no se vean afectados negativamente por malas decisiones ambientales.”
26 de julio de 2016 Normativa de Gestión Ambiental, Notas de Prensa No comments
21 PAISES NEGOCIAN CONVENIO REGIONAL EN RD
El Licdo. Euren Cuevas Medina, Director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), ha sido escogido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por los representantes del público y el gobierno dominicano, para dar las palabras de apertura por parte de la sociedad civil en la 4ta. Ronda de negociación sobre el Convenio de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia Ambiental (Principio 10 de la Declaración de Río, 1992), que desde el 2014, vienen discutiendo los gobiernos de América Latina y el Caribe, con la participación activa de la sociedad civil.
El conclave internacional, se realizará del 9 al 12 de agosto del presente año, con un taller previo para la sociedad civil de “Capacitación y buenas prácticas sobre aplicación del Principio 10 en América Latina y el Caribe”, cuyo objetivo es discutir y analizar las experiencias de aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe y compartir tendencias, desafíos y lecciones aprendidas.
Los gobiernos suscribientes de este compromiso han venido discutiendo punto por punto dicho convenio y se ha logrado avanzar hasta el artículo 6. Las aspiraciones de esta 4ta. ronda de negociación es que Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Granada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay, avancen hasta el articulo 10 por lo menos, para que en una próxima ronda completar lo faltante.
Esta es una oportunidad sin precedentes para la sociedad civil en la Región, toda vez que nunca representante de la sociedad civil habían tenido la oportunidad de discutir los convenios con los gobiernos con tanta incidencia, e por ello que debe ser asumido por toda la sociedad civil activa y los que no puedan están de manera presencial, dar seguimiento a través de la web.
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