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Timestamp: 2019-02-23 17:42:16
Document Index: 380356526

Matched Legal Cases: ['artículo 234', 'artículo 2', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 47']

Asuntos acumulados C‑145/08 y C‑149/08
Club Hotel Loutraki AE y otros
«Directiva 92/50/CEE — Contratos públicos de servicios — Concesiones de servicios — Contrato mixto — Contrato que supone la transmisión de un grupo de acciones de una empresa pública de casino — Contrato por el que una entidad adjudicadora encarga a un adjudicatario la gestión del negocio de casino y la realización de un plan de mejora y desarrollo de sus locales, así como de acondicionamiento de los terrenos circundantes — Directiva 89/665/CEE — Resolución de la entidad adjudicadora — Vías de recurso eficaces y rápidas — Normas procesales nacionales — Requisito para la concesión de la indemnización de daños y perjuicios — Anulación previa del acto u omisión ilegales o declaración de su nulidad por el tribunal competente — Miembros de una unión temporal de empresas licitadora en un procedimiento de adjudicación de un contrato público — Resolución adoptada en este procedimiento por una autoridad distinta de la entidad adjudicadora — Recurso interpuesto, a título individual, por determinados miembros de la unión temporal de empresas — Admisibilidad»
1. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios — Directiva 92/50/CEE — Ámbito de aplicación
(Directivas del Consejo 89/665/CEE, art. 1, y 92/50/CEE)
2. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras — Directiva 89/665/CEE — Ámbito de aplicación
3. Derecho comunitario — Principios — Derecho a una tutela judicial efectiva — Resolución adoptada por una autoridad, distinta de la entidad adjudicadora, que puede tener repercusiones en el procedimiento de adjudicación de un contrato público
1. Un contrato mixto cuyo objeto principal es la adquisición por una empresa del 49 % del capital de una empresa pública y cuyo objeto accesorio, indisolublemente ligado a dicho objeto principal, se refiere a la prestación de servicios y a la ejecución de obras no está comprendido, en su conjunto, en el ámbito de aplicación de las Directivas sobre contratación pública.
En efecto, en el caso de un contrato mixto cuyas distintas estipulaciones están ligadas inseparablemente y forman, por lo tanto, un todo indivisible, la operación en cuestión debe examinarse en su conjunto de forma unitaria a efectos de su calificación jurídica y debe valorarse con arreglo a las normas por las que se rige la estipulación que constituye el objeto principal o elemento preponderante del contrato, con independencia de que el compromiso que constituye el objeto principal de un contrato mixto esté o no comprendido en el ámbito de aplicación de las Directivas sobre contratación pública.
Sin embargo, la transmisión de acciones a un licitador en el ámbito de una operación de privatización de una empresa pública no está regulada por las Directivas sobre contratación pública.
(véanse los apartados 48, 49, 59 y 62 y el punto 1 del fallo)
2. Se desprende del tenor de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, que la protección que pretende garantizar se refiere a los actos u omisiones de las entidades adjudicadoras. Por lo tanto, los litigios en relación con las resoluciones de una autoridad distinta de la entidad adjudicadora no se rigen por el sistema de recursos establecido por dicha Directiva.
(véanse los apartados 67 y 69)
3. El Derecho de la Unión, en particular el derecho a una tutela judicial efectiva, se opone a una normativa nacional que se interpreta en el sentido de que los miembros de una unión temporal de empresas, licitadora en un procedimiento de adjudicación de un contrato público, sean privados de la posibilidad de solicitar, a título individual, la reparación del perjuicio que hayan sufrido de forma individual a raíz de una resolución, adoptada por una autoridad distinta de la entidad adjudicadora, que intervenga en dicho procedimiento de conformidad con las normas nacionales aplicables, y que pueda influir en su desarrollo.
Ciertamente, los litigios referentes a las resoluciones de una autoridad distinta de la entidad adjudicadora no se rigen por el sistema de recursos establecido por la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras.
Sin embargo, si bien las resoluciones de tal autoridad pueden tener repercusiones ciertas en el desarrollo, e incluso en el resultado, de un procedimiento de contratación pública, ya que pueden conducir a la exclusión de un licitador, dichas resoluciones no carecen de interés desde el punto de vista de la correcta aplicación del Derecho de la Unión en la materia. Ante la inexistencia de una normativa comunitaria en esta materia, corresponde a cada Estado miembro designar a los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables. La citada regulación procesal de estos recursos, sin embargo, no debe ser menos favorable que la referente a los recursos semejantes establecidos para la protección de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad.
(véanse los apartados 69, 70, 74 y 80 y el punto 2 del fallo)
de 6 de mayo de 2010 (*)
«Directiva 92/50/CEE – Contratos públicos de servicios – Concesiones de servicios – Contrato mixto – Contrato que supone la transmisión de un grupo de acciones de una empresa pública de casino – Contrato por el que una entidad adjudicadora encarga a un adjudicatario la gestión del negocio de casino y la realización de un plan de mejora y desarrollo de sus locales, así como de acondicionamiento de los terrenos circundantes –Directiva 89/665/CEE – Resolución de la entidad adjudicadora– Vías de recurso eficaces y rápidas – Normas procesales nacionales – Requisito para la concesión de la indemnización de daños y perjuicios – Anulación previa del acto u omisión ilegales o declaración de su nulidad por el tribunal competente – Miembros de una unión temporal de empresas licitadora en un procedimiento de adjudicación de un contrato público – Resolución adoptada en este procedimiento por una autoridad distinta de la entidad adjudicadora – Recurso interpuesto, a título individual, por determinados miembros de la unión temporal de empresas – Admisibilidad»
En los asuntos acumulados C‑145/08 y C‑149/08,
que tienen por objeto dos peticiones de decisión prejudicial con arreglo al artículo 234 CE, presentadas por el Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), mediante resoluciones de 15 de febrero de 2008, recibidas en el Tribunal de Justicia el 9 de abril de 2008, en los procedimientos entre
Ellaktor AE, anteriormente Elliniki Technodomiki TEB AE,
Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, anteriormente Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE,
Leonidas Bombolas (asunto C‑145/08)
Michaniki AE (asunto C‑149/08),
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de la Sala Tercera, en funciones de Presidente de la Sala Cuarta, y la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. E. Juhász (Ponente), G. Arestis y J. Malenovský, Jueces;
– en nombre del Club Hotel Loutraki AE, por los Sres. I.K. Theodoropoulos y S.A. Pappas, dikigoroi;
– en nombre de Athens Resort Casino AE Symmetochon y Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, anteriormente Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE, por los Sres. P. Spyropoulos, K. Spyropoulos e I. Dryllerakis, dikigoroi;
– en nombre de Ellaktor AE, anteriormente Elliniki Technodomiki TEB AE, por la Sra. V. Niatsou, dikigoros;
– en nombre de Aktor ATE, por el Sr. K. Giannakopoulos, dikigoros;
– en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. A. Samoni-Rantou y E.‑M. Mamouna y N. Marioli, y por el Sr. I. Dionysopoulos, en calidad de agentes;
«[A efectos de la presente Directiva, se entenderá por] contratos públicos de servicios: los contratos a título oneroso celebrados por escrito entre un prestador de servicios y una entidad adjudicadora […]
«1. En lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de las Directivas 71/305/CEE [del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 185, p. 5; EE 17/01, p. 9)], 77/62 […] y 92/50 […], los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los artículos siguientes y, en especial, en el apartado 7 del artículo 2, cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos públicos o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa.
Además, excepto en caso de que la decisión deba anularse antes de conceder una indemnización por los daños y perjuicios, los Estados miembros podrán establecer que, una vez celebrado el contrato consecutivo a la adjudicación, los poderes del organismo responsable de los procedimientos de recurso se limiten a indemnizar por daños y perjuicios a cualquier persona perjudicada por una infracción.
13 El Derecho helénico fue adaptado a lo dispuesto en la Directiva 89/665 mediante la Ley nº 2522/1997, relativa a la protección jurisdiccional previa a la adjudicación de un contrato público de obras, suministros o servicios (FEK A’ 178).
«1. El interesado tiene derecho a solicitar la anulación o la declaración de nulidad de toda acción u omisión de la entidad adjudicadora que infrinja una norma de Derecho comunitario o interno relativa al procedimiento previo a la celebración del contrato. […]
2. Para la concesión de la indemnización se requiere la previa anulación o declaración de nulidad de la acción u omisión ilegal por parte del órgano jurisdiccional competente. Podrán acumularse la demanda de daños y perjuicios y la demanda de declaración de nulidad, de conformidad con las disposiciones aplicables con carácter general.»
18 El Decreto Presidencial 18/1989 codifica la legislación sobre el Symvoulio tis Epikrateias (FEK A’ 8). Su artículo 47, bajo la rúbrica «Interés legítimo», establece:
«1. Tendrá derecho a interponer recurso de nulidad la persona física o jurídica destinataria de un acto administrativo o cuyos intereses legítimos, incluidos los no económicos, resulten afectados por ese acto.
19 La Ley nº 2206/1994, tiene por objeto la «Creación, organización, explotación y control de los casinos, etc.» (FEK A’ 62). A tenor del artículo 1, apartado 7 de dicha Ley, con el título «Expedición de las licencias de casino»:
21 El artículo 14, apartado 9, de la Constitución griega y su Ley de desarrollo 3021/2002 (FEK A’ 143) introducen un régimen de restricciones aplicables a la celebración de contratos públicos con personas que estén activas o posean participaciones en el sector de los medios de comunicación. Dicho régimen establece una presunción de incompatibilidad entre la condición de propietario, socio, accionista mayoritario o directivo de una empresa que desarrolle una actividad en el sector de los medios de comunicación y la de propietario, socio, accionista mayoritario o directivo de una empresa a la que el Estado o una persona jurídica del sector público en sentido amplio confíe la ejecución de contratos de obras, suministros o servicios. Esta incompatibilidad alcanza asimismo a las personas físicas que tengan entre sí, en determinado grado, una relación de parentesco.
22 La Ley nº 3201/2002 establece, en esencia, que, antes de adjudicar un contrato público y, en todo caso, antes de la firma del contrato, la entidad adjudicadora de que se trate debe, bajo sanción de nulidad del contrato público, solicitará al ESR la expedición de un certificado que acredite que no concurren las causas de incompatibilidad contempladas en dicha Ley. La resolución del ESR es vinculante para la entidad adjudicadora, pero contra ella pueden interponer recurso de anulación las personas que demuestren tener interés en ejercitar la acción, incluidas las autoridades públicas.
23 En su sentencia de 16 de diciembre de 2008, Michaniki (C‑213/07, Rec. p. I‑9999), puntos 1 y 2 del fallo, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien el Derecho de la Unión no se opone a una normativa que persiga los objetivos legítimos de igualdad de trato entre los licitadores y de transparencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, sí se opone, no obstante, desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, al establecimiento de una presunción iuris et de iure de incompatibilidad como la recogida en la normativa nacional en cuestión.
Asunto C‑145/08
24 Se desprende del auto de remisión que, mediante resolución de 10 de octubre de 2001, la Comisión interministerial competente decidió privatizar la sociedad Elliniko Kazino Parnithas AE (en lo sucesivo, «EKP»), filial de la sociedad Ellinika Touristika Akinita AE (en lo sucesivo, «ETA»), cuyas acciones pertenecen en su totalidad al Estado griego. El anuncio de licitación publicado en octubre de 2001 establecía una primera fase de preselección para determinar qué candidatos cumplían los requisitos establecidos. La mejor oferta, de entre las presentadas por los interesados, sería elegida en una fase posterior. El adjudicatario sería convocado para firmar el contrato. En la primera fase, fueron preseleccionadas las uniones temporales de empresas Koinopraxia Casino Attikis y Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE – Elliniki Technodomiki AE.
– un compromiso referente a la transmisión por ETA del 49 % de las acciones de EKP a una «sociedad anónima con finalidad exclusiva» (en lo sucesivo, «AEAS») que debía ser constituida por el licitador finalmente seleccionado;
– un compromiso con arreglo al cual AEAS se obligaba a ejecutar un plan de desarrollo en un plazo de 750 días contado desde el momento en que obtuviera las autorizaciones necesarias. Este plan de desarrollo incluía la mejora de los locales del casino y la revalorización de las posibilidades que ofreciera su licencia de actividad, el acondicionamiento y la revalorización de los dos hoteles del complejo inmobiliario y el acondicionamiento de los terrenos circundantes, con una superficie de unas 280 hectáreas. La ejecución de estas obras era una parte del precio que debía abonarse por la adquisición del 49 % de las acciones de EKP;
– un compromiso entre ETA y AEAS por el que ésta adquiriría el derecho a nombrar a la mayoría de los administradores del consejo de administración de EKP y, en consecuencia, de administrar la sociedad con arreglo a lo estipulado en el contrato;
– un compromiso con arreglo al cual AEAS asumía la gestión del negocio de casino a cambio de una contraprestación, que sería abonada por ETA. En virtud de esta contraprestación, AEAS recibiría una suma que no podría exceder de un porcentaje decreciente de los beneficios anuales de explotación (que disminuiría del 20 % de los beneficios hasta 30 millones de euros al 5 % de los beneficios superiores a 90 millones de euros) y el 2 % del volumen de negocio;
– en su condición de gerente, AEAS debía administrar el negocio de casino de forma que se mantuviera constantemente un entorno lujoso que ofreciera servicios de alta gama con rentabilidad económica para EKP. Concretamente, los beneficios de la gestión, sin deducir los impuestos, no debían ser inferiores a un total de 105 millones de euros para los cinco primeros ejercicios financieros posteriores a la entrada en vigor del contrato. Los beneficios netos serían repartidos entre ETA y AEAS de forma proporcional al tanto por ciento del capital de EKP poseído por cada una de ellas;
– puesto que EKP es la única empresa de casino actualmente activa en la región del Ática, el contrato prevé que, en caso de que otro casino se establezca legalmente en esa demarcación geográfica en los diez años siguientes a la entrada en vigor del contrato, ETA estaría obligada a indemnizar a AEAS abonándole, en concepto de daños y perjuicios, una suma igual al 70 % del precio de la transacción. El importe de la indemnización se reduciría en una décima parte cada año a contar desde la entrada en vigor del contrato;
– en cuanto a la gestión del negocio de casino, el contrato se extinguiría diez años después de su entrada en vigor.
26 La unión temporal de empresas Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE – Elliniki Technodomiki AE presentó la mejor oferta en el procedimiento en cuestión, por lo que fue nombrada adjudicataria. Antes de la firma del contrato, ETA comunicó al ESR la identidad de los propietarios, socios, accionistas mayoritarios y directivos de la adjudicataria, con objeto de que se verificara que no concurrían en dichas personas las causas de incompatibilidad contempladas en el artículo 3 de la Ley 3021/2002. Mediante certificado expedido el 27 de septiembre de 2002, el ESR notificó que no existían causas de incompatibilidad entre las personas anteriormente señaladas.
32 El órgano jurisdiccional remitente se refiere, a este respecto, a la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2005, Espace Trianon y Sofibail (C‑129/04, Rec. p. I‑7805), apartado 22, de acuerdo con la cual una norma procesal nacional que exige que un recurso de anulación contra la resolución de una entidad adjudicadora de adjudicar un contrato público se interponga por la totalidad de los miembros que integran una unión temporal de empresas licitadora no limita la accesibilidad a tal recurso en contra de lo establecido en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665.
35 En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente señala que la posibilidad de que cada uno de los miembros de la unión temporal de empresas solicite al tribunal competente la indemnización por daños y perjuicios dependerá, por lo tanto, de la voluntad de los demás integrantes de la agrupación de interponer un recurso de anulación, aun cuando el perjuicio que hayan sufrido los miembros de la agrupación, a título individual, a raíz de que no se les adjudicara el contrato, puede ser diferente según el volumen de gastos en que haya incurrido cada uno de ellos para participar en dicho contrato. En consecuencia, el interés de cada uno de los miembros de esa unión temporal en solicitar la anulación de una resolución también puede ser diferente. Por consiguiente, cabe preguntarse si, en tales circunstancias procesales, queda salvaguardado el principio de tutela judicial efectiva como pretende la Directiva 89/665.
«1) ¿Constituye un contrato de concesión, no regulado por la Directiva 92/50 […], un contrato mediante el cual la entidad adjudicadora encarga al adjudicatario la gestión de una empresa de casino y la realización de un plan de desarrollo –que consiste en la mejora de los locales del casino y en la explotación empresarial de las posibilidades de la licencia de dicho casino–, y en el que se incluye una cláusula según la cual la entidad adjudicadora asume la obligación de abonar al adjudicatario una indemnización si en la región en la que funciona el casino en cuestión se explotara legalmente otro casino?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial: ¿Está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/665 […] un recurso interpuesto por quienes participaron en el procedimiento de adjudicación de un contrato público mixto, que prevé también la prestación de servicios comprendidos en el anexo I B de la Directiva 92/50 […], mediante el cual se alega la vulneración del principio de igualdad de trato de los licitadores (principio enunciado en el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva), o tal aplicación debe excluirse porque, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 92/50 […], sólo se aplican al procedimiento de adjudicación del mencionado contrato de prestación de servicios los artículos 14 y 16 de ésta?
3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial: Si se admite que, en principio, no es contraria al Derecho comunitario, en particular a las disposiciones de la Directiva 89/665 […], una norma nacional con arreglo a la cual sólo el conjunto de los miembros de una unión temporal de empresas sin personalidad jurídica que participó infructuosamente en un procedimiento de adjudicación de un contrato público puede interponer recurso contra el acto de adjudicación y no sus miembros a título individual, incluso cuando el recurso fue interpuesto inicialmente por todos los miembros de la unión temporal de empresas de manera conjunta, pero, finalmente, fue declarado inadmisible con respecto a algunos de ellos, ¿es necesario, para que dicho recurso sea declarado inadmisible, examinar, además, desde el punto de vista de la aplicación de la mencionada Directiva, si esos miembros conservan ulteriormente el derecho a reclamar a título individual ante otro órgano jurisdiccional nacional la indemnización de daños y perjuicios eventualmente prevista por una disposición de Derecho nacional?
4) Cuando la jurisprudencia reiterada de un órgano jurisdiccional nacional ha admitido que un miembro de una unión temporal de empresas puede interponer válidamente a título individual un recurso contra un acto, adoptado en el marco del procedimiento de adjudicación de un contrato público, ¿es compatible con las disposiciones de la Directiva 89/665 […] , interpretada a la luz del artículo 6 del [CEDH], como principio general del Derecho comunitario, la desestimación de un recurso por inadmisible debido a un cambio de orientación en esa jurisprudencia reiterada, sin que previamente se ofrezca al recurrente bien la posibilidad de subsanar la inadmisibilidad, bien, en cualquier caso, la posibilidad de formular sus observaciones en relación con dicha cuestión, conforme al principio de contradicción?»
Asunto C‑149/08
«1) Si se admite que, en principio, no es contraria al Derecho comunitario, en particular a las disposiciones de la Directiva 89/665 […], una norma nacional con arreglo a la cual sólo el conjunto de los miembros de una unión temporal de empresas sin personalidad jurídica que participó infructuosamente en un procedimiento de adjudicación de un contrato público puede interponer recurso contra el acto de adjudicación y no sus miembros a título individual, incluso cuando el recurso fue interpuesto inicialmente por todos los miembros de la unión temporal de empresas de manera conjunta, pero, finalmente, fue declarado inadmisible con respecto a algunos de ellos, ¿es necesario, para que dicho recurso sea declarado inadmisible, examinar, además, desde el punto de vista de la aplicación de la mencionada Directiva, si esos miembros conservan ulteriormente el derecho a reclamar a título individual ante otro órgano jurisdiccional nacional la indemnización de daños y perjuicios eventualmente prevista por una disposición de Derecho nacional?
2) Cuando la jurisprudencia reiterada de un órgano jurisdiccional nacional ha admitido que un miembro de una unión temporal de empresas puede interponer válidamente a título individual un recurso contra un acto, adoptado en el marco del procedimiento de adjudicación de un contrato público, ¿es compatible con las disposiciones de la Directiva 89/665 […], interpretada a la luz del artículo 6 del [CEDH], como principio general del Derecho comunitario, la desestimación de un recurso por inadmisible debido a un cambio de orientación en esa jurisprudencia reiterada, sin que previamente se ofrezca al recurrente bien la posibilidad de subsanar la inadmisibilidad, bien, en cualquier caso, la posibilidad de formular sus observaciones en relación con dicha cuestión, conforme al principio de contradicción?»
44 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 2008, los asuntos C‑145/08 y C‑149/08 fueron acumulados a efectos de las fases escrita y oral, así como de la sentencia.
Sobre las cuestiones planteadas en el asunto C‑145/08
47 En efecto, dicho contrato mixto está constituido, en esencia, por un compromiso relativo a la transmisión por ETA del 49 % de las acciones de EKP a AEAS (en lo sucesivo, «compromiso de venta de acciones»), por un compromiso con arreglo al cual AEAS asumía la gestión del negocio de casino a cambio de una remuneración (en lo sucesivo, «compromiso de servicios»), y por un compromiso en virtud del cual AEAS se obligaba a ejecutar un plan de mejora de los locales del casino y de los hoteles contiguos, así como de acondicionamiento de los terrenos circundantes (en lo sucesivo, «compromiso de obras»).
48 Se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que en el caso de un contrato mixto cuyas distintas estipulaciones están ligadas inseparablemente y forman, por lo tanto, un todo indivisible –con arreglo a lo indicado en el anuncio de licitación–, la operación en cuestión debe examinarse en su conjunto de forma unitaria a efectos de su calificación jurídica y debe valorarse con arreglo a las normas por las que se rige la estipulación que constituye el objeto principal o elemento preponderante del contrato (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de diciembre de 1989, Comisión/Italia, C‑3/88, Rec. p. 4035, apartado 19; de 19 de abril de 1994, Gestión Hotelera Internacional, C‑331/92, Rec. p. I‑1329, apartados 23 a 26; de 18 de enero de 2007, Auroux y otros, C‑220/05, Rec. p. I‑385, apartados 36 y 37; de 21 de febrero de 2008, Comisión/Italia, C‑412/04, Rec. p. I‑619, apartado 47, y de 29 de octubre de 2009, Comisión/Alemania, C‑536/07, Rec. p. I‑0000, apartados 28, 29, 57 y 61).
64 Por cuanto antecede, no procede responder a las otras cuestiones planteadas en el asunto C‑145/08.
Sobre la primera cuestión planteada en el asunto C‑149/08
73 A este respecto, procede recordar que el principio de tutela judicial efectiva es un principio general del Derecho de la Unión (véase la sentencia de 13 de marzo de 2007, Unibet, C‑432/05, Rec. p. I‑2271, apartado 37 y jurisprudencia citada).
74 De conformidad con una jurisprudencia reiterada, ante la inexistencia de una normativa comunitaria en esta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar a los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables. La regulación procesal de estos recursos, sin embargo, no debe ser menos favorable que la referente a los recursos semejantes establecidos para la protección de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, apartados 44 y 46 y jurisprudencia citada).
76 En cambio, en el ámbito de la contratación pública –contemplado por el Derecho de la Unión– ambos tipos de competencias, es decir, por una parte, la de anular o declarar la nulidad de un acto administrativo y, por otra, la de conceder la reparación del perjuicio sufrido, corresponden a dos órganos jurisdiccionales distintos en el ordenamiento jurídico nacional cuestionado en el litigio principal.
77 De este modo, en el ámbito de los contratos públicos, la combinación del artículo 5, apartado 2, de la Ley 2522/1997, que supedita la concesión de la indemnización de daños y perjuicios a la previa anulación del acto lesivo, y del artículo 47, apartado 1, del Decreto Presidencial 18/1989, con arreglo al cual sólo el conjunto de los miembros de una unión temporal de empresas está legitimado para interponer recurso de anulación contra un acto perteneciente a un procedimiento de adjudicación de un contrato público, conduce, como observa el órgano jurisdiccional remitente, no sólo a que los miembros de dicha unión temporal, a título individual, no puedan obtener la anulación del acto que les perjudica, sino a que tampoco puedan acudir al tribunal competente para solicitar la reparación del perjuicio que hayan sufrido individualmente, cuando esta imposibilidad no parece existir en otros ámbitos, en virtud de las normas de Derecho interno aplicables a las solicitudes de indemnización basadas en un perjuicio causado por un acto ilegal de una autoridad pública.
78 En cuanto al principio de efectividad, procede señalar que, con arreglo a la normativa nacional cuestionada en el litigio principal, un licitador –como la demandante en el litigio principal– se ve privado de toda posibilidad de reivindicar, ante el tribunal competente, la reparación del perjuicio que haya sufrido a raíz de una infracción del Derecho de la Unión por un acto administrativo que pueda haber influido en el desarrollo e incluso en el resultado del procedimiento de adjudicación del contrato público. Tal licitador se encuentra, de este modo, privado de la tutela judicial efectiva de los derechos que el Derecho de la Unión le reconoce en esta materia.
80 Por cuanto antecede, procede responder a la primera cuestión planteada en el asunto C‑149/08 que el Derecho de la Unión, en particular el derecho a una tutela judicial efectiva, se opone a una normativa nacional, como la cuestionada en el litigio principal, que se interpreta en el sentido de que los miembros de una unión temporal de empresas, licitadora en un procedimiento de adjudicación de un contrato público, sean privados de la posibilidad de solicitar, a título individual, la reparación del perjuicio que hayan sufrido de forma individual a raíz de una resolución, adoptada por una autoridad distinta de la entidad adjudicadora, que intervenga en dicho procedimiento de conformidad con las normas nacionales aplicables, y que pueda influir en su desarrollo.
81 A la vista de la respuesta anterior, no procede responder a la segunda cuestión planteada en el asunto C‑149/08.
2) El Derecho de la Unión, en particular el derecho a una tutela judicial efectiva, se opone a una normativa nacional, como la cuestionada en el litigio principal, que se interpreta en el sentido de que los miembros de una unión temporal de empresas, licitadora en un procedimiento de adjudicación de un contrato público, sean privados de la posibilidad de solicitar, a título individual, la reparación del perjuicio que hayan sufrido de forma individual a raíz de una resolución, adoptada por una autoridad distinta de la entidad adjudicadora, que intervenga en dicho procedimiento de conformidad con las normas nacionales aplicables, y que pueda influir en su desarrollo.