Source: http://www.sogip.ehess.fr/spip.php?article422&lang=fr
Timestamp: 2018-12-10 09:18:03
Document Index: 412808001

Matched Legal Cases: ['artículo 126', 'artículo 126', 'artículo 19', 'artículo 126', 'Artículo 126', 'artículo 126', 'artículo 6', 'artículo 126', 'artículo 126', 'Artículo 126', 'artículo 19']

¿Cuáles son los derechos que el gobierno está dispuesto a reconocernos como Pueblo Rapa Nui ? (R. Tucki Tepano) - Programme de recherche SOGIP : échelles de gouvernance et droits des Peuples autochtones
¿Cuáles son los derechos que el gobierno está dispuesto a reconocernos como Pueblo Rapa Nui ? (R. Tucki Tepano) | Leslie Cloud - 24 mai 2012
Un análisis de Leslie Cloud :
"El pueblo Rapa Nui, el Estado de Chile y la regulación de la migración hacia Te Pito O Te Henua (Rapa Nui)"
Una versión de este artículo esta también disponible en francés/une version de cet article est également disponible en français
Leslie Cloud, « ¿Cuáles son los derechos que el gobierno está dispuesto a reconocernos como Pueblo Rapa Nui ? (R. Tucki Tepano) - El pueblo Rapa Nui, el Estado de Chile y la regulación de la migración hacia Te Pito O Te Henua (Rapa Nui) », SOGIP-Scales of governance and Indigenous Peoples [En línea], 23 de mayo del 2012. ISSN 2260-1872.
http://www.sogip.ehess.fr/spip.php?article422
En carta enviada el 26 de abril del 2012 al Presidente de la República de Chile el consejero Rapa Nui ante la CONADI, Rafael Tucki formula la siguiente pregunta : Cuales son los derechos que el gobierno está dispuesto a reconocernos como Pueblo Rapa Nui ?
El origen de esta pregunta remonta a un importante episodio constitucional ocurrido durante el verano el 2012 con la aprobación de una reforma constitucional del artículo 126 bis. Este artículo, adoptado en 2007 creó los territorios especiales de Rapa Nui (nombrada Isla de Pascua por el derecho chileno), Te Pito O Te Henua [vértice del ombligo del triángulo de la Polinesia (Carlos Hucke Atan)] y del archipiélago Juan Fernández declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, ubicadas respectivamente a casi 4000 km y 800 km del territorio chileno continental. En base a este artículo, se tiene que reglamentar los regímenes administrativos específicos adaptados a estos territorios insulares, por ley orgánica constitucional, aun no definidas debido a los desacuerdos entre el gobierno de Chile y las poblaciones insulares. Respecto a estos dos territorios especiales, la Presidenta M. Bachelet, presentó en 2009 un proyecto de reforma constitucional, que posibilitaba la restricción de las libertades de circulación, permanencia y residencia en dichos territorios por motivos de protección del medio ambiente y de desarrollo sustentable.
A pesar de que ambos territorios insulares sean objetos de un mismo trato constitucional, ellos responden a características distintas, la más evidente siendo la población originaria de estos territorios, en el caso de Te Pito O Te Henua, su origen Polinésico Rapa Nui que dejó en su tierra, un museo al aire libre como testimonio de su vivencia, historia, cosmovisión y cultura ancestral.
Nos centraremos en este análisis en el caso específico de Te Pito O Te Henua y a la historia reciente de la discusión de una ley de migración destinada a reglamentar los derechos de circulación, permanencia y residencia en y hacia dicho territorio.
Las reivindicaciones por parte de los Rapa Nui para la instauración de un control de migración hacia Rapa Nui remonta a más de dos décadas, pero integraron la agenda de los gobiernos chilenos desde 2009 cuando miembros del Parlamento Rapa Nui (institución Rapa Nui integrada por 36 jefes de clanes) y de otras instituciones Rapa Nui, se tomaron el aeropuerto de Mataveri. Sus motivaciones son numerosas y van desde realidades socio-culturales, ambientales sumadas al respeto del derecho internacional a la libre-determinación del Pueblo Rapa Nui.
Los fundamentos demográficos, sociales, ambientales y culturales para la instauración de un control y la reglamentación de la migración hacia Rapa Nui
La capacidad de carga de Rapa Nui
Unas de las principales razones invocadas respecto a la instauración de tal control, están relacionadas con la capacidad de carga, de suelo disponible y de infraestructura del territorio de Rapa Nui. La población de la isla conoció un incremento del orden del 86% en veinte años (contra 63% en el territorio chileno continental), con una cantidad de 6 000 personas aproximadamente en 2012, la mitad de origen Rapa Nui y la otra mitad de origen continental chilena y extranjera ; el aumento demográfico de la isla esta generado esencialmente por la instalación de continentales chilenos y extranjeros en esta localidad. A esta población llamada fija, se suma una población flotante, producto del turismo chileno e internacional que llegó a multiplicarse en las dos últimas décadas alcanzando en la actualidad la cifra de 80 000 turistas al año. Sin duda, La declaración del Parque Nacional Rapa Nui (40% del territorio de Rapa Nui) como patrimonio mundial de la UNESCO en 1995, en su categoría de patrimonio cultural, constituyó un atractivo suplementario para el turismo. Un estudio reciente del Consejo de Monumento Nacional estima a 100 000 personas la capacidad máxima de carga de esta isla.
Las carencias en infraestructura básica
Sin embargo, la infraestructura básica de Rapa Nui no se ha adaptado a este notorio aumento exponencial de población y visitantes a la isla, Se denuncia por parte de los habitantes, instituciones Rapa Nui y de la municipalidad local el colapso de todos los servicios básicos (colegio, hospital), la falta de alcantarillado así también las carencias de abastecimiento energético proveído a través del diesel, que provoca prolongados y recurrentes cortes de luz.
También se acusan las dificultades laborales a las cuales se enfrentan los Rapa Nui debido a la competencia de fuentes laborales de temporeros no Rapa Nui venidas del continente, sumado a una creciente inseguridad individual y familiar ocasionada por delincuentes llegados últimamente a la isla, atraídos por el desarrollo de un turismo de lujo.
La indisponibilidad de la mayoría de la tierra en Rapa Nui
Otro factor que perjudica la sobrepoblación de la isla junto con la migración masiva hacia ella está relacionado con la indisponibilidad del suelo en Rapa Nui ; más de un 80% del suelo esta aun de propiedad del fisco chileno desde su apropiación del conjunto de las tierras Rapa Nui en 1933. Si bien, en virtud del derecho chileno, particulares Rapa Nui no tienen derecho a la tierra en Rapa Nui (derecho violado con la construcción del polémico hotel Hanga Roa), actualmente los Rapa Nui son dueños de solamente 14% de las tierras, principalmente en el sector urbano de Hanga Roa (41% del territorio de la isla corresponden a Parque Nacional Rapa Nui, 28% al fondo Vaitea, 15% al remanente fiscal y una franja de 80m en el borde costero esta administrada por la Armada de Chile-datos 2011). A pesar de las reivindicaciones de los Rapa Nui respecto a la recuperación de sus territorios ancestrales, el gobierno de Chile está actualmente contemplando devolver, a través de la ley indígena 19.253 de 1993, algunas tierras en zona rural, parte del fundo Vaitea, excluyendo expresamente los suelos con piezas arqueológicas Rapa Nui así que las tierras del Parque Rapa Nui, administrado por la CONAF (Corporación Nacional Forestal).
En consecuencia, importantes daños al medio-ambiente y al patrimonio cultural Rapa Nui se están observando a raíz del aumento de la población. Recientemente, se implementó un reciclaje de parte de los desechos producidos en Rapa Nui y desde el 2011, se empezó a enviar los residuos reciclables por cargos para su tratamiento adecuado en el continente. Hasta este entonces, las 5 toneladas de residuos diarios (8 Tn. en periodo estival) se amontonaban en un sector del territorio, con todos los efectos de contaminación del aire y de las napas subterráneas que tal práctica implica.
Los daños al patrimonio cultural y natural Rapa Nui
Los daños al patrimonio cultural Rapa Nui denunciados son de variadas órdenes ; se invocan el retroceso del uso del idioma Rapa Nui ocasionado por la migración de personas hispano hablantes o de otros idiomas a la isla, también importantes procesos de aculturación. Por otro lado, a pesar de su reconocimiento como patrimonio mundial en 1995, los sitios y monumentos arqueológicos (Moai, monumentos megalíticos que representan los rostros de los ancestros Rapa Nui ; Ahu, plataformas sagradas donde están depositados los restos de los jerarcas), la mayoría concentrada en el Parque Nacional Rapa Nui, tampoco cuentan con el cuidado y protección adecuados frente a sus deterioros naturales o productos del turismo. Dicho Parque creado por Chile en 1935, el mismo año que se declaró el conjunto de la isla como monumento histórico de Chile, esta administrado no por una institución Rapa Nui sino por la CONAF, Corporación Nacional Forestal que cobra los ingresos al Parque. Interviene también en la protección de los sitios, el Consejo de Monumento Nacional de Rapa Nui, el cual contaría con un presupuesto de 100 millones de pesos al año (documento del Consejo de Monumento Nacional, 2005). En 2005, 12 guarda parques estaban encargados de vigilar los 6000 has. de parque visitados por más de 27000 personas. También el uso de explosivos para la extracción de material de construcción en sectores de la isla, destinados a implementar las infraestructuras a la par, la pista del aeropuerto ha causado las destrucciones irreparables de Moai ubicados fuera del Parque.
Este conjunto de factores, en grados distintos, motivaron a los Rapa Nui a reivindicar y apoyar la instauración de un control de migración hacia la isla, el cual constituye un derecho del pueblo Rapa Nui a la luz del derecho internacional de los pueblos a la libre-determinación y en particular de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) (art. 25, 26, 29, 32, 33, 34 y 38).
En septiembre del 2009, la organización Rapa Nui Makenu Re o Rapa Nui realizó un proceso de consulta hacia 1.102 personas Rapa Nui de 16 años o más y 122 cónyuges de Rapa Nui para conocer su opinión y percepción acerca del tema del control migratorio y del “Estatuto Especial de Gobierno y Administración del Territorio de Rapa Nui”. Los resultados de dicha encuesta en lo relativo al control migratorio informan que :
“el 99,9% de los encuestados está de acuerdo con efectuar un control migratorio en Rapa Nui. La mayoría (98,4%) está de acuerdo con efectuar un control de ingreso y permanencia, mediante el otorgamiento de visas nacionales y extranjeras, El 97,2% de las personas que señalaron estar de acuerdo con el control migratorio y de permanencia mediante visas indicaban, a su vez, estar de acuerdo con que las autorizaciones para el otorgamiento de las visas, nacionales y extranjeras, se hagan en el propio territorio Rapa Nui ; y sólo el 1,9% está en descuerdo. El 97,5% señalaba estar de acuerdo que al ingresar a Rapa Nui se aplique una tasa (cobro de ingreso), y que lo recaudado, sumado a las multas cobradas por infracciones que afecten al patrimonio cultural, se destine a un fondo para la conservación y promoción del patrimonio cultural y natural de Rapa Nui. Respecto de la utilización de categorías migratorias para operacionalizar el control migratorio, el 94% estuvo de acuerdo con ellas, el 4,5% estuvo en desacuerdo y el 1,5% señalaba no tener opinión al respecto”
(Informe Tecnico 1. ‘Apapa ‘i te mana’u)
La implementación en Rapa Nui de una ley de migración específica, se inserta dentro de un conjunto de reivindicaciones hacia el Estado de Chile que van desde el respeto del espíritu originario del Tratado de 1888 suscrito entre el Reino de Rapa Nui y el Gobierno de Chile (dicho tratado está actualmente objeto de un juicio en contra del Estado de Chile), el respeto del derecho a la libre-determinación del pueblo Rapa Nui, la restitución de sus territorios ancestrales y el respeto a los derechos humanos del pueblo Rapa Nui.
El derecho a la libre-determinación del Pueblo Rapa Nui, el estatuto especial y el control de la migración en Rapa Nui : en Debates
Sobre el derecho à controlar la residencia y permanencia en Rapa Nui
En virtud de la reforma constitucional de 2007 (art. 126 bis), Rapa Nui y el territorio insular de Juan Fernández, entonces incorporados a la región de Valparaíso se han convertidos en Territorios Especiales ; se empezó desde este entonces a debatir sobre el futuro estatuto de los territorios especiales, y en particular la elaboración de un estatuto de administración para Rapa Nui junto con la discusión de una ley de migración. Ambas medidas tomaron cada uno su camino paralelo a pesar de depender directamente del artículo 126 bis de la Constitución Nacional y de constituir, según las instituciones y organizaciones Rapa Nui, una temática a tratar de forma unitaria.
Con respeto al futuro régimen administrativo del territorio de Rapa Nui, un proyecto de ley orgánica de estatuto especial para la administración de Rapa Nui, actualmente en trámite en el congreso chileno, no contempla las reivindicaciones Rapa Nui, al respeto de su libre-determinación ; el estatuto en debate se limita a administrar Rapa Nui como mini región de Chile sin reconocer ningún grado de autonomía a las instituciones representativas de los Rapa Nui. En paralelo a este estatuto, la reivindicación de instaurar un control de migración en un territorio considerado como parte del territorio chileno causó grandes preocupaciones entre los parlamentarios y ministros chilenos, quienes temían por fragilizar la soberanía de Chile sobre Rapa Nui (sesión cámara de senadores del 21 diciembre del 2009) en tanto territorio “con ubicación estratégica en el Océano Pacifico” que aporta “enormes extensiones a la Zona Económica Exclusiva de mar chileno” y con un “potencial turístico único y diferenciador de sus pares de la región y del resto del país” (mensaje presidencial 28 de octubre del 2009), no querían restringir el acceso a la isla a los no Rapa Nui o que otros territorios de Chile o pueblos reclamen las mismas medidas (sesión Cámara de Senadores del 21 de diciembre del 2009). Considerando, a la luz de varios informes elaborados por constitucionalistas chilenos, que la implementación de una ley de migración en los territorios especiales, violaba el derecho a “residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio” contemplado por el artículo 19 inc.7 de la Constitución Política de 1980, los parlamentarios acordaron en la necesidad de modificar la Constitución con una disposición especifica relativa al derecho de residencia, permanencia y tránsito en y hacia los territorios especiales y empezaron a debatir la reforma del artículo 126 bis propuesta por la Presidenta M. Bachelet el 6 de noviembre del 2009.
Artículo 126 bis : alcances de los debates parlamentarios y de la consulta al Pueblo Rapa Nui
El inciso 2 del artículo 126 propuesto por la Presidenta M. Bachelet disponía así :
“En los referidos territorios especiales, con el fin de proteger el medioambiente y propender a su desarrollo sustentable, podrá restringirse el ejercicio de los derechos de permanencia o residencia, como asimismo el de libre circulación hacia ellos, en los casos y en la forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva”.
Considerando que Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT en 2008, en virtud del artículo 6 de dicho tratado, se debía consultar de buena fe a las instituciones representativas (en este caso del Pueblo Rapa Nui) respecto a todas medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, con el fin de llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento acerca de las medidas propuestas (también art. 18 y 19 de la DDPI). Si bien se consultó al pueblo Rapa Nui, en esta oportunidad antes que el proyecto esté aprobado por el Senado, el mecanismo de consulta implementado basado en el decreto 124 no era adecuado a los estándares del derecho internacional en la materia. En cuanto al fondo de la consulta : “¿Está de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se pueda restringir el ejercicio de los derechos de libre circulación, permanencia o residencia, con el fin de proteger el medio ambiente y el desarrollo sustentable en Rapa Nui ?, un 96.3% de los 704 Rapa Nui consultados respondieron afirmativamente. Si bien se inició un primer paso a consultar al Pueblo Rapa Nui sobre las matrices del proyecto constitucional, en las siguientes etapas del trámite constitucional, no se siguió consultando al Pueblo Rapa Nui respeto a la formulación exacta del artículo 126 bis, tal como quedaba modificada en los sucesivos debates parlamentarios, o sea en cada etapa de su proceso de adopción.
Después que la cámara del Senado aprobó el 27 de julio del 2010 la versión propuesta por la Presidenta M. Bachelet y sobre la cual se había indirectamente expresado parte del pueblo Rapa Nui en 2009, la cámara de diputados rechazó dicho proyecto el 30 de noviembre 2011. Algunos meses antes, el 23 de agosto de 2011, el Presidente de la República, S. Piñera había presentado una indicación destinada a eliminar del proyecto aprobado por el Senado, las referencias a la protección del medio ambiente y al desarrollo sustentable como justificaciones para afectar la libertad personal de residir y permanecer en los Territorios Especiales y trasladarse desde y hacia los mismos. Después de su rechazo, el proyecto pasó a estar examinado por una Comisión Mixta del Congreso. Con una modificación substancial del proyecto adoptado por el senado, similar a la sugerida por el ejecutivo, el Congreso adoptó el 19 de enero del 2012 el proyecto elaborado por la comisión mixta, el cual estuvo promulgado por el Presidente S. Piñera el 1° de febrero 2012, quedando el artículo 126 bis con la formulación siguiente :
Artículo 126 bis.- Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas. Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral 7º del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado.
Por una parte, no se establece como principio a valor constitucional, el de la restricción del ejercicio de los derechos de permanencia o residencia, como asimismo el de libre circulación hacia los Territorios Especiales ; tampoco se elevan las protecciones del medio amiente y la propensión hacia el desarrollo sustentable de estos territorios a este nivel jerárquico. Estos dos derechos desaparecen de esta formulación. Al final solamente se reconoce que estos derechos (y no su restricción de principio) podían estar reglamentados por leyes especiales de quórum calificado ; en la reforma aprobada, dichas leyes ya no relevan de la categoría de las leyes orgánicas constitucionales pero tienen el nivel de una simple ley ordinaria de quórum calificado (la mitad de los votos más uno), más fácilmente derogable que una ley orgánica como previsto en el proyecto original y también más vulnerable frente a leyes de ordenes jerárquicos mayores en caso de conflicto normativo.
A pesar de estos cambios fundamentales entre las matrices del Proyecto consultado (ya que el enunciado exacto de la propuesta constitucional no fue consultado) y el artículo finalmente aprobado, se estimó en la comisión mixta, bajo indicación del actual Ministro del interior Rodrigo Hinztpeter, que no había necesidad de consultar de nuevo al Pueblo Rapa Nui :
“se estimó que la norma aprobada no requiere de una nueva consulta, pues se refiere a los mismos asuntos que fueron sometidos a la consideración de la comunidad Rapa Nui antes de enviar este proyecto de reforma constitucional a trámite legislativo”
(Informe de la Comisión Mixta, boletín 6756-07, 26 de diciembre del 2011).
Sin embargo, como lo argumenta el actual Relator de las ONU sobre las libertades fundamentales y los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, en el caso de una medida legislativa y más aún en el caso de una reforma constitucional, cada Cámara del Congreso tiene el deber de consultar a las instituciones representativas de los pueblos indígenas interesados, en cada etapa del proceso de producción normativa, con el fin de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento, en este caso del Pueblo Rapa Nui. “El incumplimiento de la norma de consulta, o su realización sin observar sus características esenciales, compromete la responsabilidad internacional de los Estados” (Informe James Anaya 2009)
El Derecho de los Pueblos Indígenas : un derecho obviado
Conviene observar aquí, que el gobierno junto con el Congreso decidieron elaborar una misma disposición para ambos territorios especiales, en consideración de su carácter insular y patrimonio especifico, sin considerar a los derechos de los pueblos indígenas. Las dos indicaciones realizadas por los Senadores Navarro y Horvath destinadas a justificar las restricciones comentadas al nombre del derecho de los pueblos indígenas, de la protección de la integridad cultural del pueblo Rapa Nui y del patrimonio cultural, quedaron consideradas como inadmisibles por exceder las ideas matrices de la iniciativa o por introducir otro bien jurídico (boletín nº 6.756-07 (I y II), Indicaciones, 5 y 12 de abril del 2010). Según relata la Declaración realizada el 26 de abril del 2012 por el Consejero Rapa Nui Rafael Tucki Tepano, el enfoque del proyecto propuesto por el gobierno y debatido en las cámaras parlamentarias, conscientemente obvió la referencia a los derechos de los pueblos indígenas,
“ En intensas reuniones, los “Asesores” de múltiples Ministerios nos convencieron de que no era conveniente enfocar el asunto desde un punto de vista Indígena, el argumento más eficaz era la protección del Medioambiente, la que a su vez, incluía de manera implícita la protección al Pueblo Rapa Nui, esto nos permitiría restringir el ingreso indiscriminado a la Isla y de paso evitaba generarle al Gobierno un conflicto espejo en los territorios indígenas del continente”.
Hacia una ley de migración…
A penas promulgada dicha reforma constitucional, se conformó al principio de febrero 2012 en Rapa Nui la mesa técnica de migración coordinada por el Comisionado Especial para Isla de Pascua, Carlos LLancaqueo, presidida por el Subsecretario del Interior e incorporada por la gobernadora Provincial, la alcaldesa de Rapa Nui, los concejales de la Isla, los Comisionados de la CODEIPA (Corporación de Desarrollo de Isla de Pascua conformada en 1999 por cinco miembros Rapa Nui, más el Presidente del Consejo de Ancianos, el Alcalde, el Gobernador quien la preside, además de los representantes del Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, del Ministerio de Bienes Nacionales, de Mideplán, CORFO, Ministerio de Educación, CONAF y Armada de Chile), el Consejero Nacional de la Conadi, así que el equipo técnico asesor del Ministerio del Interior y de la Codeipa. Dicha mesa fijó como plazo, el final del mes de febrero, para recibir propuestas relativas al proyecto migratorio en base a tres matrices fijadas por el gobierno : el establecimiento de Categorías Migratorias, la fiscalización del debido cumplimiento de la regulación por parte de la autoridad migratoria respectiva así que el cobro de un derecho turístico por ingresar al Territorio Especial. Al final del mes, la mesa había recibido 6 propuestas según consta en el documento oficial del gobierno : de la municipalidad de Rapa Nui, de la CODEIPA, de la Comunidad Indígena Tupuna Rapa Nui, del Parlamento Rapa Nui y de dos particulares.
Como respuesta a las propuestas recibidas y considerando las “proposiciones pertinentes” (documento oficial gobierno de Chile), se elaboró una propuesta de ley que distingue las categorías migratorias de tripulantes, habitantes, residentes oficiales, residentes temporales y turistas y encarga a la gobernación provincial de la isla la tarea de implementar las disposiciones de la ley. Al analizar los proyectos formulados por instituciones Rapa Nui tal como el Parlamento Rapa Nui o la comunidad indígena Tupuna Rapa Nui, se observa importantes divergencias entre la propuesta del gobierno y aquellas formuladas por estas instituciones. A título de ejemplo, la propuesta elaborada por el Parlamento Rapa Nui distinguía el estatuto de los Rapa Nui, como soberanos ciudadanos de Rapa Nui no sometidos al sistema de visado, de aquel de los chilenos continentales y de los extranjeros que podían ser residentes permanentes, temporales o turistas según las circunstancias ; en la propuesta presentada por el gobierno, la categoría de habitante incluía : a los Rapa Nui, a “quienes hayan residido en el Territorio Especial por más de dos años continuos e ininterrumpidos en el período inmediatamente anterior de la fecha de entrada en vigencia de la ley”, “a las personas que hayan residido temporalmente en el Territorio Especial, según las disposiciones de los residentes temporales, por un lapso superior a dos años”, así como “a los cónyuge e hijos de una persona que tenga la condición de habitante”. La categoría de residentes oficiales corresponde según esta propuesta al “personal de la Administración del Estado, así como las personas que presten asesoría a aquella y que se encuentren en cumplimiento de sus funciones dentro del Territorio Especial” así que “a su cónyuge e hijos si los hubiere”. En las proposiciones de instituciones Rapa Nui, instituciones específicas propias Rapa Nui estarían encargadas de implementar la ley de migración.
Una vez finalizada esta propuesta de ley, una comisión de trabajo quedó encargada de elaborar un mecanismo de consulta con el fin de obtener el consentimiento del pueblo Rapa Nui ; dicho proceso debiendo ser discutido, según el derecho internacional en vigor, con la colaboración de las instituciones representativas del Pueblo Rapa Nui, las cuales no deberían limitarse a las instituciones Rapa Nui reconocidas por el Estado (Consejo de Ancianos y Consejero Rapa Nui ante la CONADI) sino también incluir a las instituciones propias Rapa Nui, como el Parlamento Rapa Nui, representante de 36 clanes y otras instituciones definidas por los Rapa Nui en su conjunto.
Sin duda, el otorgamiento de un mismo estatuto administrativo para los Rapa Nui y los no Rapa Nui constituirá un punto conflictivo de la ley migratoria al no tomar en cuenta las reivindicaciones Rapa Nui al ejercicio de su derecho a la libre-determinación sobre su territorio ancestral.
La región conoce otras experiencias de control migratorio hacia territorios insulares por razones de protección de los patrimonios culturales y naturales de estas localidades. Ecuador instauró un control migratorio en 1998 a través de la ley especial de la provincia de Galápagos para reglamentar los derechos de circular y residir hacia y en la isla, declarada patrimonio mundial de la UNESCO. También los derechos de circular y residir hacia y en el archipiélago de San Andrés y Providencia (Colombia) de población originaria « raizal »están reglamentados por una ley de migración desde 1991.