Source: https://issuu.com/codhes/docs/docodhes_36_la_vida_por_la_tierra_f
Timestamp: 2018-08-20 07:45:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 9', 'artículo 73', 'artículo 3', 'artículo 50', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 91', 'ARTÍCULO 91', 'artículo 91', 'ARTÍCULO 201', 'ARTÍCULO 116', 'artículo 97', 'ARTÍCULO 91']

Documento CODHES 36 La Vida por la Tierra by CODHES - Issuu
DOC umentos ODHES 36
La Vida por la Tierra (Des)protección en contextos de restitución de tierras y derechos territoriales
CODHES - Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
DOC umentos ODHES 36 ISBN: 978-958-8881-26-3 Marco Romero Silva DIRECTOR CODHES Jorge Durán Pinzón SUBDIRECTOR Documento elaborado por el Equipo del Área de Tierras y Derechos Territoriales: Ingrid Paola Hurtado Sánchez Coordinadora del Área Carlos Enrique Núñez Mendoza Edna Bibiana Ortiz Méndez Investigadores Principales Jennifer Alexandra Gutiérrez Ariel Rosebel Palacios Angulo Analistas Johan Steven Tribaldos Serrano Olga Lucero Vargas Peña Camila Fernanda López Agámez Juana Marcela Bernal Vargas Daniela Carolina Castillo Aguillón Analistas Junior Área de Comunicaciones Claudia Ortiz Munar Corrección de Estilo Francy Barbosa Maldonado Revisión Editorial @astrocreativa Diagramación Impreso en Colombia @Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES Fecha de terminación del documento: Abril de 2018 Descargar gratuitamente esta publicación en www.codhes.org
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- es una organización no gubernamental de carácter internacional que promueve la realización y vigencia integral de los derechos humanos de las víctimas en Colombia.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos de este documento son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos.
La Vida por la Tierra: (Des)Protecciรณn en Contextos de Restituciรณn de Tierras y Derechos Territoriales
PRIMERA PARTE LA HISTORIA: LA VIDA POR LA TIERRA
Línea del tiempo de las agresiones
20	(DES)PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA EN ESCENARIOS RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES	25
MILITARIZACIÓN: AFECTACIONES PARA LA PROTECCIÓN
TERCERA PARTE 28	MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN EN TÉRMINOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DERECHOS TERRITORIALES 29
La protección en el escenario normativo de la Restitución de Tierras y los Derechos Territoriales
La restitución de tierras en el marco del Acuerdo Final de Paz
Instrumentos normativos y sub-normativos en materia de protección a la restitución de tierras y los derechos territoriales
CUARTA PARTE LA PROTECCIÓN EN EL POSFALLO, MEDIDAS TENDIENTES A LA PROTECCIÓN DE LOS RECLAMANTES PROFERIDAS EN LA SENTENCIA
Acceso a justicia como medida de protección
a) Se identifican conductas y sujetos que presuntamente están relacionados con el abandono y el despojo
47	b) Se identifican conductas, aunque no sujetos, que están relacionadas con el abandono forzado y el despojo 49	c) Se identifican sujetos, aunque no conductas presuntamente relacionados con el abandono forzado y el despojo 49	d) No se identifican ni sujetos ni conductas relacionados con el abandono forzado y el despojo	51	e) Los sujetos y las conductas identificados corresponden a situaciones generadas en el marco del proceso de restitución de tierras 51
ÓRDENES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS EN LAS SENTENCIAS DE RESTITUCION DE TIERRAS
52	Acompañamiento de la Fuerza Pública 56	Protección 58
QUINTA PARTE RECOMENDACIONES PARA EL AJUSTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN
Condiciones mínimas de la Política
63	Referencias 5
PRESENTACIÓN Las relaciones de dominio, control y uso de la tierra en Colombia han sido históricamente nodos problemáticos en la génesis del conflicto armado en el país. Los intentos de solución a los conflictos agrarios, llevados a cabo por el Estado a través de la Ley 200 de 1936, Ley 135 de 1961 y Ley 160 de 1994 han resultado infructuosos y propiciado el surgimiento de actores que prolongan la inestabilidad agraria. La importancia económica y especialmente política de la tierra, ligada a las lógicas de acumulación, ha conllevado a la disputa por la misma. En esta confluyen distintos intereses, entre los que se destacan: -	-	-
los de las empresas de oficio extractivo, agroindustrial o minero energético, interesadas principalmente en actividades de explotación de recursos del suelo y subsuelo; los de actores armados que encuentran en la tierra la financiación para su accionar los de pequeños campesinos por lograr su superviviencia
Desde la Ley 387 de 1997 se incorporaron medidas para la protección jurídica de los predios de las personas desplazadas o en riesgo de estarlo, todo esto con miras a facilitar lo que un día serían los procesos de restitución. A partir de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633 de 2011 y 4635 de 2011, se dio inicio al proceso de restitución de tierras por vía administrativa. Desde la fecha de su promulgación y hasta junio de 2017, se habían proferido 2.554 sentencias de restitución de tierras, que beneficiaron a 71.509 personas y 6 sentencias de restitución de derechos territoriales. Sin embargo, adelantar la restitución de tierras y derechos territoriales en medio de un conflicto armado activo como el colombiano, ha tenido como consecuencia el riesgo para el proceso y para la vida de las personas vinculadas al mismo. Si bien el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP en noviembre de 2016, y las negociaciones con el ELN - que permitieron un cese al fuego temporal- han generado una oportunidad para la construcción de la paz, la presencia de los grupos armados herederos del paramilitarismo y las dinámicas de reconfiguración de los poderes armados en los territorios han transformado el conflicto y la violencia armada. Esto ha significado que las acciones contra la población civil han aumentado a pesar de que las acciones bélicas -las confrontaciones armadasse redujeran en un 92 por ciento en 2017 en comparación con 2011. Un ejemplo de lo anterior ha sido la transformación de las causas del desplazamiento masivo en el país: históricamente el desplazamiento tuvo como principales causas los combates y las confrontaciones armadas, pero entre los años 2016 y 2017 las principales causas para su ocurrencia han sido las amenazas y homicidios contra personas con algún liderazgo dentro de las comunidades1, existiendo una acentuación del riesgo en las personas vinculadas con procesos de restitución de tierras y derechos territoriales, y con aquellas relacionadas con asuntos agrarios y de derechos territoriales. A la restitución se le ha enfrentado un movimiento de contrarreforma vinculado a lógicas históricas ocurridas en otros intentos de reformas agrarias en Colombia. Por un lado, la arremetida violenta contra las personas vinculadas al proceso, no solamente reclamantes, sino líderes, lideresas y funcionarios públicos. Por otro, la presión a partir de intentos legislativos2 para limitar el accionar de la Restitución de Tierras y la protección de los derechos a las víctimas de desplazamiento y despojo, y en algunos casos proteger a quienes se beneficiaron del mismo. 1	2
CODHES. Boletín CODHES Informa 91. La paradoja de construir la paz territorial en medio de una crisis humanitaria que no cesa. Septiembre, 2017. Antes del mecanismo Fast Track y el Acuerdo de Paz, ya se habían presentado tres propuestas para modificar la Ley 1448 de 2011 en materia de restitución de tierras en el Congreso.
La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
Desde el inicio de la Política de Restitución en 2011 y hasta octubre de 2017, al menos 313 personas con una vinculación directa a la política de restitución de tierras y derechos territoriales han sido agredidas. A partir de la firma del Acuerdo de Paz, esta situación se ha vuelto más visible con los homicidios semanales ocurridos contra líderes y lideresas sociales y comunitarias con alguna vinculación a diferentes procesos organizativos. Entre 2011 y 2017, más de 588 personas con liderazgo comunitario, social y/o político han sido agredidas, y de estas agresiones el 50 por ciento ha ocurrido en los últimos 3 años. Al respecto, en junio de 2017, la Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva 002 para la Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos3, en un escenario de múltiples sistematicidades de los ataques contra quienes tienen alguna visibilidad política, social o comunitaria y defienden o reclaman sus derechos y los de otras personas. En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo en marzo de 2017, presentó un Informe de Inminencia a través del Sistema de Alertas Tempranas frente a esta situación y en el que señala: “A lo anterior se suman los intereses de élites y grupos de poder regionales que han manifestado su oposición a los acuerdos de paz y a las reformas y cambios que estos conllevan, especialmente en lo atinente a medidas de retorno, restitución y reparación en materia agraria. Algunos de estos actores al parecer asociados a grupos armados ilegales, estarían promoviendo amenazas, hostigamientos y atentados en contra de defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones de víctimas, organizaciones y movimientos políticos de oposición, expresados en situaciones de estigmatización, panfletos amenazantes, homicidios y desapariciones forzadas4” La tragedia humanitaria que vive el país respecto a la intensidad de las agresiones contra los líderes y lideresas, hace fundamental entender a la sociedad civil y la comunidad internacional que las violaciones a los derechos humanos no se pueden banalizar y que por el contrario se hace necesario profundizar en el riesgo y comprender la vulnerabilidad de las víctimas. Es una tragedia humanitaria que se profundiza en cada proceso social, territorial y político debilitado y lamentablemente--en consecuencia- es una victoria para quienes persiguen y asesinan a los líderes y las lideresas sociales. Durante los más de 25 años de monitoreo continuo a las violaciones de derechos humanos en Colombia, para CODHES ha sido un mandato que la información debe contribuir a dignificar a las víctimas y visibilizar la situación humanitaria. Por esta razón consideramos fundamental que todo proceso de información se desarrolle en el marco de los estándares de la protección y promoción de los derechos humanos, entendiendo, aún más, la complejidad que significa contar muertes y la necesidad de sensibilizar frente a una realidad que como país nos desborda. En esta consideración, el presente informe advierte sobre el riesgo que persiste alrededor de la reclamación de las tierras y los territorios despojados por los actores armados en el conflicto armado y propone, desde la voz de quienes están en riesgo, medidas de protección colectivas y comunitarias que respondan de mejor manera a la cotidianidad de quienes reclaman, lideran y acompañan estos procesos. En el marco de construcción de paz, proponemos la protección desde una perspectiva que concibe el acceso a justicia como un mecanismo fundamental para garantizar la no repetición.
Procuraduría General de la Nación. Directiva 002 de 2017. Ver: https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/	flas_juridico/1721_PGN porciento20Directiva porciento20002 porciento20DE porciento202017.pdf Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo N° 10 de 2017. Sistema de Alertas Tempranas – SAT.
Para CODHES el despojo de tierras y territorios ha sido históricamente una causa y consecuencia del desplazamiento forzado. De acuerdo con los estudios de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, cerca de 6.6 millones de hectáreas fueron despojadas, y en ese camino, la responsabilidad del Estado con las víctimas de despojo implica insistir en los esfuerzos por restituir las tierras despojadas. Desde esta perspectiva, el desplazamiento forzado ha sido funcional para la reconfiguración económica de los territorios y de que se perpetúe depende la continuidad de estas reconfiguraciones. Por esta razón, el miedo no puede ser el eje que fracture las intenciones de reclamar las tierras y la responsabilidad de restituirlas, la protección de quienes hacen parte directa o indirecta de procesos de restitución (reclamantes, funcionarios, autoridades étnicas, líderes y lideresas, defensores acompañantes) es el reflejo de la superación del despojo como herramienta de guerra en el país, y debe garantizarse. CODHES publica este documento, en un momento de dos profundas tensiones: el aumento de homicidios y amenazas a líderes y lideresas sociales y las intenciones de modificación normativa en materia del Punto 1 del Acuerdo de Paz acerca de la Reforma Rural Integral. Esta última pretende proteger a los grandes terratenientes y los modelos productivos basados exclusivamente en la competitividad, en detrimento de la posibilidad de cerrar las brechas históricas entre campesinos, campesinas, trabajadores rurales y empresarios agroindustriales y grandes hacendados. De manera similar, las propuestas circuladas por parte del Gobierno Nacional para la modificación de la Ley 1448 de 2011 en materia de restitución de tierras han intentado limitar el alcance de la restitución incorporando múltiples medidas regresivas en materia de derechos de las víctimas de desplazamiento, despojo y abandono forzado5. El Informe, que contó con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), está conformado por tres partes. La primera se concentra en la lectura situacional de las agresiones contra personas que tienen una relación directa con la restitución de tierras y derechos territoriales, así como la situación de desprotección de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el marco de este proceso. La segunda parte propone de manera indicativa un resumen del marco normativo para la protección de las personas y las comunidades en el marco de las políticas de restitución de tierras y derechos territoriales. Una tercera parte presenta, a través del análisis de las sentencias de restitución de tierras, la lectura de la protección y el acceso a justicia -como mecanismo de no repetición- y a su vez cómo ha sido la implementación de esas medidas. Finalmente, se presenta una propuesta de recomendaciones para el fortalecimiento de la política pública de protección a líderes, lideresas y colectivos que hacen parte o harán parte de procesos de restitución de tierras y derechos territoriales.
Marco Romero Silva Director de CODHES
CODHES. Las propuestas legislativas del gobierno nacional sobre reforma rural y restitución de tierras a la luz de los derechos de las víctimas en la implementación del acuerdo final de paz. Papeles para la Incidencia N° 12. 2017.
La historia: la Vida por la Tierra
LA HISTORIA: LA VIDA POR LA TIERRA Son múltiples los ejercicios de monitoreo y seguimiento que se adelantan desde la sociedad civil en relación con las amenazas, riesgos y violaciones a los derechos contra la vida y la integridad personal de quienes tienen alguna visibilidad política y comunitaria. Por lo anterior, se esperaría que los datos presentados por las diferentes organizaciones fueran homogéneos, sin embargo, entre los datos presentados existen unas profundas diferencias que no se derivan de la calidad del trabajo de las organizaciones, sino del alcance metodológico de cada una de las mismas y las prioridades de monitoreo y verificación. Por lo tanto, se hace necesario iniciar este capítulo con unas aclaraciones metodológicas que den cuenta del alcance del monitoreo de CODHES, y en tal sentido, permitan una lectura consistente de los datos presentados a continuación. En primer lugar, la especialidad de CODHES ha sido históricamente el desplazamiento forzado. A partir de esta gran categoría, el despojo y abandono forzado de tierras no se leía como un hecho diferente, sino como una causa y una consecuencia del desplazamiento forzado. Por esta razón estas categorías han estado presentes en todos los instrumentos de monitoreo situacional de la organización, así como en las estrategias de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado. A partir del 2011, el reconocimiento del despojo /abandono forzado y desplazamiento forzado como hechos victimizantes diferentes en el marco normativo para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto derivó en que CODHES ajustara metodológicamente sus instrumentos para lograr una mejor trazabilidad de la información y mejores ejercicios de incidencia. Lo anterior es relevante debido a que explica el cambio metodológico que surge a partir de 2011 en el monitoreo de agresiones a líderes y lideresas. Desde el año 2002, CODHES comenzó a monitorear de manera sistemática los homicidios contra líderes y lideresas de población desplazada. A partir de 2005, debido al recrudecimiento de las amenazas, el monitoreo se extendió a homicidios y amenazas de líderes y lideresas de población desplazada. A partir de la promulgación del marco normativo para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto, la categoría se amplía también para líderes y lideresas reclamantes de tierras. En el año 2013, según relata en el Boletín CODHES Informa N° 83, se hizo una revisión exhaustiva de la metodología de seguimiento a las situaciones de riesgo.6 Lo anterior fue consecuencia de la negación por parte del Estado, especialmente de la Unidad de Restitución de Tierras, de que en las situaciones de amenazas y homicidios a líderes y lideresas de población desplazada, “no existía una relación directa de estas personas con la restitución pues ninguno era reclamante7”. Como resultado de ese proceso, CODHES ha estandarizado la información monitoreada desde 2011 y a continuación presenta el alcance en términos poblacionales y relacionales de este ejercicio. Población a)	Personas en ejercicio de exigibilidad de los derechos de la población víctima del conflicto armado. b)	Personas con alguna vinculación con la política de restitución de tierras y derechos territoriales. c)	Personas en ejercicios de defensa del territorio, los recursos naturales y los derechos territoriales.
Tipo de agresiones a)	Homicidio / Feminicidio b)	Amenaza Individual
Relación con la Restitución a)	Función pública b)	Autoridad propia c)	Liderazgo comunitario
c)	Amenaza Colectiva
d)	Reclamante
d)	Herida Intencional a Civil (Lesiones)
e)	Familiar o
e)	Violencia Sexual
g)	Desaparición Forzada
g)	ONG acompañante 6	7
CODHES. Boletín CODHES Informa N° 83. Aprendiendo a reparar el despojo. Noviembre 2013. “Avances y retos en la implementación de la política de restitución de tierras—2012”, Ricardo Sabogal, Director Nacional de la Unidad de Restitución, 29 de noviembre de 2012, en donde participo el equipo de investigación de CODHES.
Para este en particular se analiza la situación de la segunda población, la de las “Personas con alguna vinculación con la política de restitución de tierras y derechos territoriales”. Se abordan todos los tipos de agresiones y todos los roles de relación con la restitución. Esto significa que del análisis a continuación se excluyen todas las personas que han sido agredidas por sus ejercicios de liderazgo pero que, o no tienen una relación clara con la restitución de tierras y derechos territoriales, o no se cuenta con información sobre la misma.
Línea del tiempo de las agresiones Entre 2011 y 2017 por lo menos 313 personas vinculadas con la política de restitución de tierras y derechos territoriales han sido agredidas por actores armados. Los principales tipos de agresiones han sido las amenazas individuales (131 personas), las amenazas colectivas (110)8 y los homicidios (90), como evidencia la gráfica 1. De igual manera, el 73 por ciento de las víctimas son hombres, y el 27 por ciento son mujeres; sin embargo, el 7 por ciento de los hombres agredidos son familiares de una persona que tiene una vinculación con la restitución, y en el 67 por ciento de los casos esa persona es mujer. Esto da cuenta de una afectación diferencial que requiere por supuesto una respuesta diferenciada por parte del Estado. Mientras los hombres son víctimas con más frecuencia de agresiones directas, las mujeres son agredidas a través del daño que generan en sus familiares, principalmente hijos e hijas. Los principales actores responsables de estas agresiones contra personas vinculadas al proceso de restitución de tierras y derechos territoriales son los Grupos Herederos del Paramilitarismo o Grupos Paramilitares Posdesmovilización, pues se les señala como agresores en el 53 por ciento de los casos; le siguen los grupos armados sin identificar (41 por ciento) y las guerrillas (2 por ciento). Gráfica 1. Relación de las víctimas con la Restitución
ONG acompañante 11%
Función pública 4%
Autoridad propia 4%
Familiar 6%
Reclamante 30%
Liderazgo comunitario 42%
Estas solamente incluyen el conteo de personas que se pudieron identificar dentro de la amenaza colectiva, cuando las amenazas colectivas son en general contra todas las personas estén involucradas en procesos de restitución de tierras no se cuentan como personas, pero si como evento. La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
Esto implica que efectivamente son las personas con una vinculación más directa quienes están expuestas a mayor riesgo. Quienes están en roles de liderazgo comunitario, y hacen acompañamiento a procesos de restitución, constituyen el 42 por ciento de las víctimas de agresiones, el 30 por ciento son personas directamente reclamantes de restitución y derechos territoriales, y le siguen las personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales que acompañan los procesos de restitución y los familiares. Todas las personas identificadas como familiares son de reclamantes y de líderes o lideresas acompañantes. Los funcionarios públicos más afectados son los Jueces y Magistrados de Restitución y las personas de la Unidad de Restitución que hacen las mediciones a los predios. Frente a los responsables de las agresiones hay dos grupos que suscitan particular preocupación y que están conformados por civiles. Por un lado los funcionarios públicos y por otro lado los beneficiarios del despojo9. Frente a los beneficiarios públicos, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció en 2015 que Héctor Pérez del Consejo Comunitario de la Madre Unión en Riosucio, estaba siendo intimidado por un funcionario de una entidad el Ministerio Público: Martes 10 de marzo a las 10:20 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el integrante del consejo comunitario, La Madre Unión, territorio colectivo de la Larga Tumaradó, HÉCTOR PÉREZ, fue acusado y maltratado verbalmente por WILLIAM GONZÁLEZ DE LA HOZ, Defensor del Pueblo Regional de Urabá. Cuando HÉCTOR preguntaba telefónicamente al Defensor si le había llegado un censo de la comunidad que había retornado a la Madre Unión en octubre pasado, este respondió que no. Segundos después manifestó: “usted es el famoso Héctor Pérez, el hombre que allá en su comunidad promueve la insurgencia, yo tengo muchas quejas de usted y de la comunidad, los líderes tienen a la comunidad engañada y los campesinos necesitan conocer la verdad. Dentro de quince días iré a la comunidad de La Madre Unión para tener una mesa de concertación”. En un posterior encuentro el Defensor WILLIAM GONZÁLEZ pidió disculpas por lo expresado a HÉCTOR, quien exigió que las disculpas se presentaran a toda la comunidad10. Este tipo de señalamientos, que como veremos más adelante, no son aislados, sino que los funcionarios del Estado han puesto su estructura al servicio de enemigos de la restitución de tierras y derechos territoriales. En últimas generan una mayor situación de riesgo que pareciera no dimensionarse. Frente a las agresiones por parte de quienes se han beneficiado del despojo, puede tramitarse en algunos casos a través de mecanismos para la resolución de conflictos territoriales y en otros casos requiere la intervención del Estado, no solamente militar. Respecto de estas agresiones, hay que resaltar que son muchos los actores armados que han tenido incidencia en las mismas, siendo los grupos herederos del paramilitarismo los actores con mayor actividad en contra de las personas vinculadas con los procesos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales, pese a que en varios de los eventos registrados no fue posible identificar al presunto perpetrador. En este punto, es importante hacer referencia a grupos específicos relacionados con las amenazas a esta población. Particularmente, el autodenominado Ejército Anti restitución, así como los comandos de este mismo tipo pertenecientes a grupos de autodefensas, hicieron presencia entre los años 2012 y 2014 en los departamentos de Atlántico, Bogotá D.C., Bolívar, Cesar, Santander y Sucre con la intención de atentar contra todos aquellos que se vincularan a los procesos de restitución de tierras cobijados por la Ley 1448 de 2011. 9	10
Cuando hablamos de beneficiarios del despojo, nos referimos a personas naturales o jurídicas que, debido al despojo o abandono forzado de tierras, han resultado beneficiados de la situación de las víctimas y de los predios. Eso no significa que tengan responsabilidad o conocimiento respecto al despojo o al desplazamiento. CIJP. Amenazas, adquisición ilegal de tierras y ausencia de garantías para las víctimas. Fecha de publicación: 30/04/2015. Ver: https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-adquisicion-ilegal-de-tierras-y-ausencia-de-garantias-	para-las-victimas/
Estos grupos paramilitares posdesmovilización actuaban a través de distintas formas de intimidación como el envío de sufragios, correos amenazantes y panfletos, en donde se declaraba como objetivo militar a todos aquellos que fuesen partícipes activos de los procesos de restitución, y especialmente, a quienes impulsaban estos procesos en las comunidades, es decir lideresas, líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, así como miembros de ONG’s acompañantes y en algunos casos a periodistas que cubrieran noticias referentes a la Restitución de Tierras.
Gráfica 2. Tipo de actor armado responsable de las agresiones Fuente i. Monitoreo CODHES
Guerrillas 2% Fuerza pública 1% Funcionarios públicos civiles 0%
GASI 41%
Despojo 3%
GHP 53%
Una parte de las amenazas recibidas establecía que se declaraba objetivo militar a estas personas por querer arrebatar las tierras a sus verdaderos dueños, ya que muchos de los predios solicitados en restitución pertenecían a grandes terratenientes de las regiones que se beneficiaron por el despojo y otros tantos predios, ya en abandono, eran utilizados como corredores estratégicos por los grupos al margen de la Ley. En cuanto al caso particular del autodenominado Ejército Anti restitución, estructura que tuvo funcionamiento durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la Ley 1448, su accionar tuvo especial presencia en la región en la que operaba el extinto Bloque Norte de las AUC en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Sucre y especialmente en el Cesar, departamentos afectados por el despojo y el abandono de tierras a causa del conflicto armado. Así pues, los departamentos anteriormente nombrados fueron el blanco principal del accionar de este grupo, cuyo accionar descendió hasta la captura, del que al parecer era su máximo comandante, en noviembre de 2014: Omar Montero, alias “Codazzi”, desmovilizado del Bloque Norte de las AUC y considerado el mayor despojador de tierras del país, cuyo predio emblemático, la finca El Tamarindo en el predio de Planadas (Chivoló-Cesar), fue de los más extensos de la región. Como se mencionó anteriormente, la presencia de los grupos anti restitución se dio en al menos 6 departamentos, siendo afectados Bogotá D.C. con el 27 por ciento de las agresiones a personas vinculadas con la restitución, Cesar con el 19 por ciento, Bolívar con el 13 por ciento, el 4 por ciento en Atlántico y el 2 por ciento en Sucre. Especialmente el departamento de Santander en el La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
que se encontró el mayor número de registros con 35 por ciento del total, es llamativo por no ser un departamento en el que se llevara a cabo una desmovilización paramilitar colectiva. Así mismo, en Santander, cerca del 76 por ciento de hechos sucedieron en Bucaramanga; el 18 por ciento en Sabana de Torres y el 6 por ciento restante en Barrancabermeja. En Cesar y Atlántico todos los hechos sucedieron en sus ciudades capitales. Mientras en Bolívar, la totalidad de los hechos se registraron en El Carmen de Bolívar y en Sucre, todos se registraron en Los Palmitos. Es decir, incluso dentro de los departamentos la concentración de las agresiones es diferente. No suceden en todo el departamento, ni en todos los municipios con procesos de restitución. A lo anterior se suman las agresiones ocurridas en Bogotá, para resaltar que cerca del 77 por ciento de hechos registrados, sucedieron en las ciudades capitales departamentales. En cuanto a la distribución sexual de las víctimas, de las que se tiene registro, se identificó que cerca del 60 por ciento fueron hombres y el 40 por ciento restante fueron mujeres. Por otro lado, también se puede estimar que del 100 por ciento de personas agredidas, el 96 por ciento recibieron amenazas colectivas. Un 2 por ciento fueron asesinadas y el 2 por ciento restante fueron agredidas a través de amenazas individuales. Todo lo anterior se realizó con el fin de frenar o entorpecer los procesos de restitución sobre predios reclamados, y principalmente, con la intención de favorecer nuevamente a aquellos que habían adquirido el dominio de los territorios en el momento posterior al despojo. La totalidad de agresiones y situaciones de contexto han tenido una tendencia cíclica asociada a factores como la incertidumbre, los señalamientos contra la política de restitución de tierras, y de manera particular, contra el proceso de paz y todo lo que pueda significar una transformación de las relaciones de poder en los territorios.
Gráfica 3. Agresiones por año de ocurrencia 100 88
Personas agredidas
Como muestra la gráfica 3, en este periodo, es posible identificar tres picos en las agresiones, el primero en 2012, cuando inician formalmente los procesos de restitución de tierras y se comienzan a dar las primeras sentencias de restitución. En este año, los departamentos afectados fueron:
Gráfica 4. Agresiones por Departamento (Pico Temporal 1 - 2012) BOGOTÁ DC SANTANDER BOLIVAR NARIÑO CESAR ANTIOQUIA CÓRDOBA ATLÁNTICO META CHOCÓ LA GUAJIRA QUINDIO
Sin embargo, a excepción de Bolívar, la territorialización de las agresiones no parece guardar relación con la territorialización de la restitución que inició en la región de Montes de María, entre Bolívar y Sucre. A pesar de lo anterior, cuando se hace la revisión de quiénes fueron las personas y su relación con la restitución, es posible evidenciar que el 53 por ciento eran líderes y lideresas acompañantes. El 47 por ciento eran miembros de organizaciones de la sociedad civil que acompañan procesos de exigibilidad de derechos a la restitución. Por lo que podría inferirse que, la agresión estaba dirigida a quienes impulsaron la creación de la Ley e intentaron incidir en su contenido. Una situación diferente sucede con el pico de 2015. Durante este año y el siguiente, se adelantó una campaña de desprestigio contra la Política de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales, especialmente en la Costa Atlántica (donde comenzó la restitución), impulsada por el ex procurador Alejandro Ordoñez -con los recursos logísticos, financieros y políticos de la Procuraduría- y el Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos – FEDEGAN. Como consecuencia de esta campaña, que incluyó señalamientos contra las víctimas, se crearon grupos de civiles contra la restitución y se fortaleció el Ejército Anti restitución como ya se mencionó. Esta campaña tenía como correlato legislativo un Proyecto de Ley que cursaba en el Congreso en el que se pretendía reversar la inversión de la carga de la prueba en relación con quien debía demostrar tener la razón en el escenario judicial11. Gráfica 5. Agresiones por Departamento (Pico Temporal 2 - 2015) CHOCÓ CÓRDOBA VALLE DEL CAUCA CESAR SUCRE ANTIOQUIA CAUCA NARIÑO MAGDALENA META NORTE DE SANTANDER BOLIVAR CAQUETA LA GUAJIRA
Una de las victorias más importantes para las víctimas, es que dado que en el Sistema Judicial Colombiano, se presume la inocencia del acusado y por lo tanto, en la justicia ordinaria las víctimas debían demostrar que habían sido despojadas y quien había sido el responsable- esto es que tienen “la carga de la prueba”; en la justicia transicional en cambio, son los opositores en este caso, quienes deben demostrar la buena fe excenta de culpa, es decir, que no tuvieron nada que ver con el despojo y que tampoco sabían de él al adquirir el predio. La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
Sin embargo, como evidencia la gráfica 5, si bien Córdoba, Cesar y Sucre se encuentran en los primeros 5 departamentos con mayor número de agresiones registradas, la diferencia entre estos departamentos y Chocó es importante. Esto indica que en las agresiones tuvo un mayor impacto la primera sentencia de Restitución de Derechos Territoriales en el Alto Andágueda12, en el departamento del Chocó. Por otra parte, la reconfiguración del conflicto13 que la situación de desprotección generó en la Costa Atlántica, da cuenta del impacto desproporcionado de la violencia contra los pueblos étnicamente diferenciados -esto se abordara en el siguiente acápite. De acuerdo con la CIJP y otras organizaciones locales, múltiples amenazas colectivas circularon en ese momento en el departamento, una de las más recurrentes fue la siguiente: “El conocido paramilitar llamado “andrés” y el “paisita” la orden de asesinar a los reclamantes que habitan en las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad de Curvaradó. La orden es “cargárselos, a penas den papaya” (...) “que no se dejen ver esos hijueputas, no saben lo que les va a pasar” la fuente agregó que el pasado 25 de septiembre, en horas de la mañana, a eso de las diez y treinta, cinco paramilitares intentaron atentar contra Ledis Tuirán y Andrés Lance. El atentado con granadas se vio frustrado porque estos líderes habían cambiado sus planes de trabajo por la presencia de actores gubermentales. El pasado 5 de septiembre, estos líderes y la comunidades con acompañamiento internacional verificaron cómo predios usurpados por paramilitares desde 1996 están ocupados de mala fe y explotados por repobladores de la extinta casa de los hermanos Castaño Gil y de Luis Felipe Molano, militar retirado vinculado con ACORE. La producción extensiva es entregada a las empresas privadas Banacol, Uniban, del monte. Se conoció que luego de la muerte violenta de Doris Adriana Niño en diciembre de 1987, en la que está implicado el difunto cantante Diomedes Díaz, este fue protegido en predios ocupados de mala fe por Luis Felipe Molano, espacios territoriales despojados por los paramilitares.”14 Finalmente, el tercer pico, es en 2017. La implementación del Acuerdo de Paz y las tensiones asociadas a las circunscripciones especiales de paz, así como las disputas por el control territorial entre actores armados herederos del paramilitarismo, intentando copar los territorios dejados por las FARC, ha derivado en el recrudecimiento de las acciones contra la población civil, en tanto disminuye la confrontación entre actores armados. Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia y Putumayo, en donde sucedieron el 61 por ciento de las agresiones. El dia 8 de junio se realiza un evento donde la Unidad de Restitucion de Tierras hace la entrega formal de varios proyectos productivos y mejoramientos de vivienda rurales en la cual participa la presidenta de la mesa municipal de víctimas Carlina Estrella la cual funge también como funcionaria pública en el cargo de coordinadora de asuntos afro, mientras regresaba del evento y después de visitar al señor José Elias Benavides hermano de la víctima, es interceptada por dos hombres encapuchados y armados en la vereda Brisas del Palmar, quienes la agreden fisicamente y la amenazan de muerte. Dentro las amenazas le exigen abandonar los procesos que mantiene a favor de la población víctima, al igual que los líderes Jose Elias Benavides, Deargenis Cabrera y Adelaida Orozco, estas dos últimas fueron referenciadas como líderes amenazadas en el marco del informe de riesgo 007 de 2017 para los municipios de Valle del Guamuez y San Miguel.15”
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado: 27001 31 21 0001 2014 0005 00 (15). M.P. Vicente Landinez Lara. Septiembre 23 de 2014. Es necesario recordar que desde 2012 comenzaron a salir de las cárceles quienes habían sido condenados en el marco de la Ley 975 de 2005, muchos de estos a retomar el control territorial en zonas de antiguo andamiaje de las AUC, la Costa Atlantica es una de estas regiones.
CIJP. Ver: http://www.rcnradio.com/locales/victimas-de-norte-de-santander-denuncian-amenazas-de-muerte/
Gráfica 6. Agresiones por Departamento (Pico Temporal 3 - 2017) CAUCA ANTIOQUIA PUTUMAYO CÓRDOBA VALLE DEL CAUCA CESAR META CHOCÓ ARAUCA ATLÁNTICO BOGOTÁ DC BOYACA BOLIVAR CASANARE HUILA MAGDALENA NARIÑO NORTE DE SANTANDER
La situación durante 2017 ha sido particularmente compleja, las visibilidades políticas y comunitarias se interseccionan con otros nuevos escenarios de riesgo, los conflictos territoriales se recrudecen y el Estado sigue sin llegar a las comunidades más afectadas. De los homicidios ocurridos en 2017, 30 en total, 12 habían solicitado medidas de protección y solamente una persona contaba con estas medidas. Así, la gráfica 7 evidencia dos fenómenos que son relevantes frente a la necesidad de construir una política pública pertinente, adecuada y efectiva para la protección de las personas. El primero, las agresiones con cada vez más personales, esto significa que se han reducido las agresiones colectivas y son cada vez a menor escala. Y segundo, la materialización de las amenazas ha aumentado. Las lesiones, y los homicidios son cada vez más visibles en el ejercicio de monitoreo y eso tiene que ver con la primera premisa de este documento, la confrontación armada se ha reducido pero los ataques directos contra la población civil han aumentado. Gráfica 7. Tipo de agresión según año 100% 90% 80%
HERIDA INTENCIONAL A CIVIL
AMENAZA INDIVIDUAL
A partir del monitoreo histórico de CODHES asociado a las agresiones contra líderes y lideresas de población desplazada y más tarde a personas vinculadas con procesos de restitución de tierras y derechos territoriales, se han identificado dos tendencias que se han recogido metodológicamente en este mapa de riesgos para 2017. La primera, es que la sistematicidad de las agresiones -en relación con el tipo de violencia, el rol, el sector social, y el actor armado- es territorial. Es decir, es posible encontrar múltiples sistematicidades en los territorios asociadas a los procesos que allí se desarrollan. La segunda, cómo es posible ver en el Boletín CODHES Informa N°90, las agresiones a líderes y lideresas aumentan en el marco del proceso de paz, no cuando se firma el Acuerdo, o posterior al resultado del plebiscito sino cuando en la Mesa de Negociación de la Habana se acuerda el punto de participación política. La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
Gráfica 8. Municipios según nivel de riesgo Riesgo Medio 9%
Riesgo Bajo 17%
Riesgo Extremo 3% Riesgo Alto 3% Sin Riesgo 68%
Con base en estas dos premisas, se diseñó un ejercicio de valoración del riesgo de violación a los derechos humanos (vida e integridad personas) de líderes y lideresas en los municipios de acuerdo con cuatro variables: 1. Ocurrencia de amenazas individuales o colectivas a líderes y lideresas durante el 2017; 2. Homicidios a líderes y lideresas durante 2017; 3. Presencia de actores armados ilegales, bien sea insurgentes, Grupos Herederos del Paramilitarismo o grupos disidentes de las FARC y 4. Municipios seleccionados para las circunscripciones especiales para la paz. Mapa 1. Mapa nacional de riesgo de violación a los derechos humanos de líderes y lideresas – 2017
(Des)protecci贸n individual y colectiva en escenarios restituci贸n de derechos territoriales
La Vida por la Tierra: (Des)Protecci贸n en Contextos de Restituci贸n de Tierras y Derechos Territoriales
(DES)PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA EN ESCENARIOS RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES Del monitoreo también es posible identificar la afectación diferencial a la población indígena y afrodescendiente en los eventos de agresiones registrados. Que, si bien la agresión es individual, con frecuencia tiene impactos colectivos. Así, del total de casos registrados, el 28 por ciento de las personas agredidas pertenecen a comunidades afrodescendientes. De estas, el 20 por ciento fueron asesinadas, el 65 por ciento recibieron amenazas individuales y casi el 35 por ciento recibieron amenazas colectivas. Cerca del 4 por ciento registraron lesiones y otro 5 por ciento se registró como víctima de atentado. Además de ello, de los registros que se tienen de agresiones en contra de personas afrodescendientes, el 62 por ciento de las mismas se ejecutaron en Chocó. Mientras en Valle del Cauca y Cauca, se realizaron cerca del 13.5 por ciento y 12 por ciento respectivamente. Por otro lado, del total de agresiones registradas en Chocó, algo más del 93 por ciento se realizaron en contra de afrodescendientes; en Cauca, el porcentaje de agresiones en contra de esta población fue casi del 82 por ciento, entretanto en Valle del Cauca, las agresiones acumulaban un 67 por ciento lo que quiere decir que en estos tres municipios la población afrodescendiente enfrentó una situación de riesgo mayor a la del resto de la población. Departamento
*Porcentaje
Porcentaje del Total de Registros por Dpto.
*Porcentaje del total de registros de agresiones en contra de afrodescendientes. Comparado con la población total que fue agredida, el 39 por ciento de las personas que recibieron amenazas individuales son afrodescendientes. Lo anterior es un índice que advierte que de mantenerse esta tendencia respecto al total de la población, las personas afrodescendientes tienen gran probabilidad de recibir amenazas individuales. Por otro lado, del total de personas que recibieron amenazas colectivas el 25 por ciento pertenecen a este grupo étnico. En cuanto a la cifra de homicidios, del total de eventos algo más del 21 por ciento corresponden a personas pertenecientes a esta comunidad, mientras que de aquellos que fueron víctimas de heridas intencionales, 25 por ciento pertenecían a esta población y el 33 por ciento del total de las personas víctimas de ataques indiscriminados también fueron afrodescendientes.
Por otro lado, del total de afrodescendientes agredidos, cerca del 34 por ciento fueron mujeres y el 66 por ciento hombres; lo que conlleva que la cifra de mujeres afrodescendientes agredidas se encuentra por encima del total general de mujeres que entre 2011 y 2017 se han visto afectadas por su vínculo con procesos en su mayoría de Restitución de Derechos Territoriales. Respecto a la población indígena, los departamentos de Córdoba y Valle del Cauca representan cada uno el 25 por ciento del total de agresiones a indígenas, seguidos por Chocó, Cauca y Nariño que representan alrededor del 13 por ciento de manera individual. Finalmente, Caquetá y Risaralda representan cerca del 13 por ciento en conjunto. En cuanto a la correspondencia de las agresiones a indígenas con total departamental, en los departamentos de Caquetá y Risaralda representan el 100 por ciento, mientras que en el Valle del Cauca representan el 26.67 por ciento, en los departamentos de Córdoba y Nariño el 19 por ciento y el 20 por ciento respectivamente. En Cauca el 18 por ciento y en el departamento de Chocó el 4 por ciento.
*Porcentaje del total de registros de agresiones en contra de indígenas. Así pues, del total de agresiones registradas, las que se llevaron a cabo en contra de población indígena representan el 6.13 por ciento. De este segmento el 56 por ciento fueron homicidios, el 43 por ciento amenazas individuales y en el 19 por ciento se llevaron a cabo amenazas colectivas. En este mismo aspecto, del total de homicidios registrados el 13 por ciento fue contra población indígena, mientras que del total de amenazas individuales y colectivas la población indígena representó el 7 por ciento y el 9 por ciento respectivamente. En cuanto a la distribución de agresiones por sexo a la población indígena, el 75 por ciento se llevaron a cabo en contra de hombres y el 25 por ciento restante fueron en contra de mujeres. En Colombia los diversos procesos de exigibilidad de derechos sociales y colectivos han tenido que sobrevivir a las múltiples formas de persecución y asesinato de quienes se oponen férrea y radicalmente a la conquista de derechos por parte de las comunidades rurales y los pueblos étnicamente diferenciados, realidad conocida no solo por un amplio espectro de las comunidades víctimas del conflicto en Colombia, sino también al interior de las instituciones del Estado. Entre los mecanismos concertados y dialogados entre el gobierno y la sociedad civil colombiana para buscar salidas inmediatas para abordar esta realidad se concertó la instalación de una Mesa de Garantías, escenario en el cual gran parte de los sectores sociales presentan las situaciones generales y particulares a partir de casos en virtud de la prevención y en ocasiones, casos dramáticos de asesinatos de líderes y lideresas, con el objetivo de obtener respuestas inmediatas y contundentes por parte del Estado en su rol de garante de la vida, honra y bienes de todas y todos sus habitantes. En múltiples sesiones se ha presentado la situación humanitaria que viven los pueblos étnicos, los impactos sobre sus procesos organizativos y la sistemática victimización de sus líderes y lideresas. La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
En efecto, los esfuerzos en dicho diálogo han contenido primordialmente el espíritu propositivo de lineamientos que conduzcan a avances hacia una política integral de protección diferencial a los líderes y lideresas afrocolombianos e indígenas, sus organizaciones y procesos organizativos, así como a la concreción prioritaria y específica de medidas de respuesta institucional urgentes para la protección efectiva de procesos organizativos étnicamente diferenciados y prevenir/ mitigar los daños irreparables. De manera sistemática las personas indígenas y afrodescendientes son amenazados y perseguidos por sus procesos de liderazgo al interior de los procesos, esto genera múltiples afectaciones entre otras, en lo que las y los representantes de los pueblos han llamado “destrucción de los procesos organizativos o desarticulación de la organización comunitaria”. A diferencia de los casos de restitución de tierras, con los casos de restitución de derechos territoriales, es posible advertir dos cosas. La primera, que el riesgo sí se acentúa cuando se presenta la demanda o cuando se está en proceso de definición de las pretensiones. La segunda, que los conflictos territoriales por la colonización de los territorios colectivos están escalando como consecuencia de la temprana intervención estatal en el saneamiento de los territorios. Hay casos que desbordan la capacidad de resiliencia de cualquier proceso, el ejemplo concreto es el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, territorio que hace menos de dos meses fue escenario de una masacre perpetrada por la Policía Nacional. En los últimos años, cinco miembros de la Junta de Gobierno de Alto Mira Frontera han sido asesinados, tres de ellos luego de iniciar los procesos de restitución de derechos territoriales. En 1998 asesinaron a Francisco Hurtado, en 2008 asesinaron a Armenio Cortés Landázuri, en 2013 asesinaron a Patrocinio Sevillano, en 2015, a Gilmer Genaro García y en 2017 a José Jair Cortés. Sin embargo, el cubrimiento mediático se concentró en la primera situación y no en las presiones sistemáticas a las que están sometidos los miembros de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario, quienes durante la elaboración de este informe se encontraban en situación de desplazamiento. Lo que sucede en el Consejo Comunitario, se resume en que, a falta de saneamiento del territorio colectivo, que por cierto es inembargable, inalienable e intransferible, los campesinos colonos que han llegado al mismo y que son cultivadores de coca se resisten a la erradicación forzada. Sin embargo, el Gobierno no puede hacer sustitución de cultivos porque están dentro de un territorio colectivo. Si el proceso de restitución de derechos territoriales se hubiese surtido, se habrían hecho las respectivas compensaciones a estos campesinos, protegiendo también sus derechos y hoy no estarían en tal situación. Pero además, no estarían en medio de un conflicto social generando señalamientos unos a otros, causando más muertes. En situaciones de riesgo similares están Cocomopoca, Consejos Comunitarios menores de Cocomacia, Consejos Comunitarios de la Cordillera en el Departamento de Nariño. Lo propio sucede con los consejos comunitarios como La Toma y Aires de Garrapatero en el Departamento del Cauca que se enfrentan a los procesos de explotación minera sin haber surtido el derecho fundamental a la consulta previa. Por esta razón sus líderes y lideresas obtienen amenazas directas por parte de actores armados que defienden la explotación mencionada, con lo cual se producen casos de desplazamiento forzado reiterados y continuos. Esta realidad también desborda las posibilidades de acción del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima por el impacto que tiene la minería sobre las relaciones al interior de las comunidades. En los casos de los pueblos indígenas, la comunidad del Resguardo Caño Oveja ha tenido que afrontar una situación de persecución luego de impulsar la demanda de restitución que busca el restablecimiento de los derechos étnico-territoriales en controversia con agentes económicos que detentan posición dominante en el territorio. Particularmente una empresa de Palma de Aceite 23
(Poligrow) que actualmente tiene la posesión y uso territorial. Los testimonios del sujeto colectivo señalan que posterior a la radicación y aceptación de la demanda, la presencia paramilitar en las zonas se ha incrementado y ha generado incluso nuevos desplazamientos. Este proceso de persecución, cuanto menos, atraviesa por la restricción a la movilidad ante los sistemáticos bloqueos de vías y retenes en los que actores armados preguntan por los líderes afrodescendientes, señalándonos de pertenecer a las FARC, o a los miembros de las comunidades indígenas de invasores de tierras. Igualmente, las amenazas que se ciernen sobre los resguardos Calle Santa Rosa en el Departamento del Cauca, los Almendros y del 90 (ambas pertenecientes al pueblo Zenú) y Tanela, han incidido en vicisitudes para los escenarios de post -fallo en el marco del proceso de restitución, vinculadas a las reacciones de los terratenientes afectados con las decisiones. Conforme a lo anterior, y como se ha denunciado reiteradamente en diversos espacios y a través de múltiples medios, es evidente que la vulneración de derechos está relacionada con la actividad de promoción y defensa de los territorios colectivos. Se evidencia una constante en las diversas regiones relacionada con intereses de desarticulación territorial, reacciones por parte de los actores interesados, discriminación racial sistemática y la mal llamada “limpieza étnica” que no es otra cosa que la pretensión de un genocidio y un etnocidio. Las respuestas institucionales en virtud de la protección son correlativas a la desatención sistemática, en tanto no existe eficacia en el procedimiento de la recepción de solicitudes lo que evidencia la ausencia de respuestas pertinentes e idóneas por parte de las instituciones concernientes. Cabe resaltar que fácticamente, esta situación imposibilita la realización del primer principio que proponen los decretos ley: garantía de pervivencia física y cultural de los pueblos a través de la prevención del exterminio de sus miembros. Un ejemplo claro de esto es la muerte del Cabildo Gobernador del Resguardo Emberá Chami Dokera en el departamento del Meta en 2015, quien fue objeto de la desidia y omisión de protección estatal, en un caso que puede ser encuadrado en lo que la doctrina internacional ha denominado racismo ambiental. Desplazados del Chocó biogeográfico fueron reasentados en un predio en el departamento del Meta en el que antes funcionaba el botadero de basuras de varios municipios, como consecuencia de la situación ambiental en este escenario, la salud del Cabildo Gobernador se deterioró rápidamente, así como la de otros miembros de la comunidad. Con la muerte del Cabildo Gobernador el proceso organizativo ha sido mucho más difícil y el riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ha aumentado. Sin duda alguna estas circunstancias particulares y generalizadas de inseguridad, ausencia de protección y falta de garantías en el proceso, instalan relevantes dificultades en la aplicación y desarrollo de la política pública que establecen los decretos ley 4633 y 4635 de 2011 en materia de restitución de derechos étnico-territoriales.
MILITARIZACIÓN: AFECTACIONES PARA LA PROTECCIÓN Esta militarización entendida por algunos funcionarios como la presencia soberana del Estado en los distintos territorios de la geografía nacional, ha ocasionado que los pueblos indígenas y las comunidades del pueblo afrodescendiente se encuentren confinadas en sus territorios ancestrales viendo limitada su autonomía y desconocida su cosmovisión, lo que ha ocasionado la pérdida cultural y del tejido social, en un contexto de temor generalizado que impide la libre movilidad de las comunidades en sus propios territorios. Pese a que los territorios colectivos son considerados y determinados constitucionalmente16 con el grado de no enajenables, inalienables, imprescriptibles e inembargables, en muchos territorios colectivos ancestrales o en territorios colindantes, se han establecido estructuras, edificaciones, y complejos militares, como bases y batallones. Situación que dado el contexto de conflicto armado que persiste en Colombia no solo supone una infracción a la luz del Derecho Internacional Humanitario, sino que en la práctica, afecta directa o indirectamente la seguridad y tranquilidad de los pueblos que habitan estos territorios, destacándose que estas instalaciones en un número significativo de casos se realizan como medida de protección para empresas multinacionales de exploración y explotación minera y/o de hidrocarburos establecidas en los territorios, a través de batallones minero energéticos y viales (al menos 18 instalados hasta agosto de 2012, según información del Ministerio de Defensa), contratos de seguridad firmados entre el Ministerio de Defensa y empresas concesionarias (cuanto menos 103 suscritos entre enero de 2010 y octubre de 2013 según datos de la Contraloría General de la República). Estas acciones son violatorias del debido proceso y conjuntamente contrarían normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados, tales como el Convenio 169 de la OIT, la ley 21 de 1991, la Constitución Política, entre otras, y con especial relevancia del artículo 30 de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas citado en el marco teórico, según el cual, “no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas”, y de los principios de distinción y de salvaguarda de los lugares y personas protegidas establecidos en el Derecho Internacional Humanitario. La militarización de los territorios ancestrales supone el tránsito terrestre, aéreo y marítimo constante de las Fuerzas Militares, así mismo la presencia de actores armados ilegales que en estos contextos ha incrementado hostigamientos y combates en las zonas de coincidencia de batallones y proyectos de explotación de recursos naturales, lo cual involucra indebidamente a la población civil indígena y afrodescendiente en el conflicto armado, poniéndola en riesgo de victimización, desplazamiento, confinamiento y de padecer los impactos desproporcionales y diferenciales de los hostigamientos, en tanto los territorios se convierten en constantes teatros de operaciones militares, donde las comunidades condicionan el libre desarrollo de su autonomía por las limitaciones y el difícil acceso a sus cultivos tradicionales y a sus sitios sagrados. Si bien la Corte Constitucional ha referido específicamente que para el caso de las Fuerzas Militares “ellas tienen por finalidad primordial, que justifica su existencia, entre otras, “la defensa (...) del orden constitucional”, las vulneraciones a los derechos fundamentales de las comunidades étnicas constituyen una contradicción, debido a que las Fuerzas Militares establecidas en los territorios deben asegurar el goce efectivo de los derechos de la población en el territorio y en mayor proporción a las comunidades que gozan de protección especial y no contribuir con su re-victimización17.
Mediante el articulo 63 y 329 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Corte Constitucional. Sentencia T-030 de 2016. M.P. María Victoria Calle.
El establecimiento de dichas estructuras militares legales (presencia de las bases militares y batallones) de manera inconsulta en los territorios colectivos étnicos genera cambios drásticos que afectan directamente el bienestar de las comunidades. Por lo anterior, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado es un requisito para la militarización de los territorios, y se trata de un derecho fundamental que salvaguarda la autonomía y el derecho propio de las comunidades en sus territorios. Para el caso específico de las comunidades indígenas y del pueblo afrodescendiente, con mayores afectaciones territoriales a causa de la militarización de los territorios, se destacan las regiones de la Costa Pacífica nariñense, por una parte, donde se perciben intervenciones directas de las Fuerzas Armadas que fragmentan los territorios ancestrales, prohibiendo movilizaciones en horarios determinados, señalando a miembros de las comunidades como colaboradores de grupos armados ilegales y generando violencia sexual contra las mujeres que se encuentran en el territorio. Por otra parte se destaca Putumayo, donde la fuerte militarización que existe dentro de los territorios ancestrales provoca riesgos constantes por los corredores o caminos compartidos entre las bases y los batallones militares con las comunidades étnicas. En estos casos, los territorios son usados como campos de inducción y capacitación militar, con polígonos ubicados en el territorio ancestral, (siendo que el decreto 4633 menciona que para minimizar los riesgos de las comunidades de ser posible se hará un traslado de los mismos), situación que agrava las ya existentes restricciones de movilidad de los miembros de las comunidades y causa temor en los miembros de los pueblos étnicamente diferenciados, de ser heridos en los desplazamientos que realizan en el desarrollo de su diario vivir. Adicionalmente, los miembros de las Fuerzas Armadas tienen depósitos de armas y municiones de las bases y batallones militares dentro de los territorios ancestrales, siendo esta una amenaza permanente para las comunidades, debido a que están expuestas, por un lado, a las municiones sin explotar que se encuentran en los caminos del territorio y a la activación no contralada de este armamento y, por otro lado, esta situación configura al territorio como objetivo militar y por ende facilita los ataques de actores armados ilegales que se encuentran en la región. Estas acciones constituyen problemáticas estructurales para el desarrollo cultural de las comunidades, tales como situaciones de confinamiento, abandono o desplazamiento por el temor de las actividades militares que se desarrollan en los territorios con las consiguientes rupturas tanto de las relaciones familiares como con los tejidos comunitarios lo que deviene en la pérdida de identidad de los miembros de la comunidad. Lo anterior, permite concluir que la presencia militar del Estado, en muchos casos, se configura como un factor de desarraigo y desprendimiento forzoso, de los miembros de los pueblos étnicamente diferenciados, de su cosmovisión. Con lo cual se pone en riesgo su pervivencia física y cultural como sujetos colectivos diferenciados, y expone a estos pueblos a procesos de revictimización y de privación de derechos étnico-territoriales. Las fuerzas militares desconocen los derechos étnico-territoriales de las comunidades y les imponen diferentes limitantes para transitar por los territorios libremente, lo que impide asegurar la soberanía alimentaria, salvaguardar las medicinas tradicionales y realizar los ritos espirituales. Por estos motivos las comunidades de los pueblos indígenas y del pueblo afrodescendiente han solicitado en determinadas ocasiones que las Fuerzas Militares no se establezcan en los territorios por los efectos que produce su presencia.
Así mismo, las comunidades reconocen que el conflicto armado persiste en los territorios y que además la restitución de los derechos étnico-territoriales se está realizando con ciertas condiciones atribuidas al contexto. De esta manera es relevante la presencia de las Fuerzas Militares en la región, pero el ingreso a los territorios ancestrales debe ser objeto del consentimiento previo de las autoridades y del pleno de los pueblos étnicamente diferenciados susceptibles de verse afectados por dicho fenómeno, en pleno o cuanto menos coordinado/autorizado por las autoridades autónomas de protección, ya sea la Guardia Indígena o la Guardia Cimarrona, dependiendo el caso, ya que estas son las encargadas de velar por el cuidado de los territorios ancestrales y de sus habitantes. Esta consulta debe realizarse de buena fe, en el marco de esta debe existir libre consentimiento por parte de las comunidades, la información que se proporcione debe ser completa y culturalmente adecuada, de manera que se expliquen todos los impactos que los establecimientos de bases y batallones suponen en los territorios y los riesgos que sobre la autonomía de los pueblos suscitaría en sus territorios ancestrales.
Marco normativo de protección en términos de restitución de tierras y derechos territoriales
MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN EN TÉRMINOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DERECHOS TERRITORIALES El presente capítulo busca ofrecer un panorama del marco normativo y sub-normativo frente a la protección en contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales en Colombia. Este panorama se compone, en primer lugar, por las leyes que actúan como procesos legislativos internos o mecanismos en los que se insertan las disposiciones internacionales que Colombia ha acogido, bien sea porque tiene la obligación o el mandato de hacerlo, o porque en el marco del principio de progresividad de los derechos el Estado colombiano debe procurar su cumplimiento y respeto. En segundo lugar, existen instrumentos sub-normativos que se refieren a las resoluciones u otras disposiciones normativas cuyo fin es operativo. En tercer lugar, se encuentran las decisiones judiciales que suponen instrumentos de jurisprudencia. Para este documento se retomarán aquellas decisiones proferidas por la Corte Constitucional en donde se reconoce la protección de los derechos relacionados con la restitución de tierras.
La protección en el escenario normativo de la Restitución de Tierras y los Derechos Territoriales La protección en el marco normativo es entendida en dos niveles, el primero, la protección a la vida e integridad de las personas y colectivos para la reclamación de sus derechos, y el segundo, la protección de la tierra y de los territorios. Con respecto a la protección a la vida e integridad de las personas y los colectivos, en el año 1997 el Congreso de la República expide la ley 387, en la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado y para la atención y protección de los desplazados internos por la violencia. Más adelante mediante la ley 1448 de 2011, se establecen las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, con el fin de posibilitar el goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición. El mismo año mediante el Decreto 4065 se crea la Unidad Nacional de Protección cuyo objetivo es articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes, por sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, entre otras, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal. Debido a que no existía un procedimiento claro que permitiera realizar evaluaciones del riesgo de tipo colectivo, ni tampoco implementar medidas conforme a dichas evaluaciones, el Estado en su obligación de protección integral a las personas, comunidades o grupos que se encuentran en situación de riesgo, expidió en el 2015, el protocolo para implementar la Ruta de Protección Colectiva del programa de prevención y protección del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección que partió de la resolución 1085. En este sentido, las medidas de protección pretenden contrarrestar elementos de riesgo asociados con las causas del riesgo, las amenazas y la vulnerabilidad de estos sujetos, grupos o comunidades.
Para septiembre de 2017, los sujetos colectivos étnicos en este proceso de protección colectiva eran:
1.	AFRODESCENDIENTE: Consejo Comunitario Renacer Negro (Timbiqui – Cauca) 2.	AFRODESCENDIENTE: Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (Tumaco – Nariño) 3.	AFRODESCENDIENTE: Resguardo Tahami del Alto Andagueda – Zona 3 (Bagadó – Chocó) 4.	AFRODESCENDIENTE: Resguardo Dobida Dogibi – Territorio Ancestral Eyakera (Unguia – Chocó) 5.	AFRODESCENDIENTE: Consejo Comunitario La Nueva Esperanza (El Hoyo Patía – Cauca) 6.	AFRODESCENDIENTE: Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera (Tumaco – Nariño) 7.	AFRODESCENDIENTE: Resguardo Indígena Chidima, Tolo y Pescadito (Acandí – Chocó) 8.	INDÍGENA: Asentamiento Wayúu Nuevo Espinal (Barrancas – La Guajira) 9.	INDÍGENA: Consejo Comunitario La Larga Tumaradó (Riosucio – Turbo y Mutata – Antioquia)
10.	INDÍGENA: Asociaciones Indígenas del Amazonas ACIMA – AIPEA (La Pedrera – Amazonas) 11.	INDÍGENA: Consejo Comunitario COCOMASUR (Acandí – Chocó) En cuanto a los pueblos étnicamente diferenciadas, los Decretos 4633, 4634, 4635 de 2011 reconocen a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y al pueblo Rrom o Gitano como sujetos de especial protección. Debido a que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad, debilidad e indefensión, como consecuencia de unas condiciones particulares que los colocan en un lugar subordinado con respecto a la garantía de sus derechos constitucionales. Por su parte la Corte Constitucional en sus autos poblacionales18 reconoce la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, y de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, población afrodescendiente, y en condición de discapacidad, igualmente desplazadas por la violencia. La Corte Constitucional identifica y expone los riesgos particulares de cada una de estas personas en el marco del conflicto armado, riesgos que se ven acentuados por diferencias étnicas y de género. Los avances jurisprudenciales en materia de protección del derecho a la tierra han permitido avanzar en la garantía de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado o despojo en alguna medida, a través de las disposiciones de la alta Corte. En cuanto a la protección de la tierra y el territorio, la Ley 1448 de 2011 proclama que las medidas de restitución se harán en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas. En esta vía, el Decreto 4801 de 2011, establece la estructura interna de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que tiene como objetivo servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados en los términos establecidos en la ley 1448. 18
Auto 092 de 2008 y autos 004, 005, 006 de 2009.
El Decreto 4829 de 2011, dispone que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas velará por la protección jurídica de los predios que se pretenden restituir o formalizar, con el fin de garantizar la eficacia de las decisiones y fallos de las autoridades administrativas y judiciales en la materia. Por su parte, el Decreto 599 de 2012, el cual regula la instancia de coordinación local afirma que frente a situaciones emblemáticas de violaciones de derechos fundamentales, y su particular connotación en el despojo de tierras, es necesario ofrecer respuestas oportunas y efectivas en aplicación de principios constitucionales que orientan el ejercicio de la función pública, y apunten a la prevalencia del derecho sustancial a la reparación y a la restitución, con enfoque transformador, de los derechos fundamentales conculcados. En relación con los territorios de pueblos indígenas el Decreto 2333 de 2014 establece los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente, bajo una serie de principios referidos a la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios; el respeto a la ley de origen, ley natural, derecho mayor o derecho propio de los pueblos indígenas; la identidad territorial ancestral y/o tradicional; el respeto a los derechos de terceros y la celeridad de los procesos de protección de la posesión de las tierras y territorios ancestrales y/o tradicionales. A partir de este resumen se evidencia que la estructura normativa en materia de protección a la restitución y los derechos territoriales se compone en su mayoría de decretos. Esto es consecuencia, entre otras, de la producción normativa en el marco de Estados de Sitio o Emergencia, situación que ha enfrentado Colombia en el último siglo y medio. Pero implica también que existe un marco normativo, y que las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos y las personas se desarrollan en un escenario de desprotección derivado de las dificultades en los procesos de implementación de la política de protección, desde una perspectiva integral.
La restitución de tierras en el marco del Acuerdo Final de Paz Respecto a las consideraciones del Gobierno Nacional relacionadas con la necesidad de hacer ajustes normativos a la política de restitución de tierras y derechos territoriales en el marco del procedimiento legislativo especial para la paz19, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, ha planteado una serie de problemáticas relacionadas con tres temas específicos: 1. La articulación del programa de protección a predios y la política de restitución de tierras; 2. Tratamiento a segundos ocupantes y opositores en procesos de restitución y 3. Regresividad en términos de los derechos de las víctimas de despojo.20 Con respecto al primer punto sobre la articulación del programa de protección a predios y la política de restitución de tierras, hemos afirmado que existen dos pretensiones del Gobierno nacional alrededor de la misma, las cuales resultan problemáticas porque “atentan directamente en contra el espíritu de la Ley 387 de 1997 en materia de protección y van en contravía del contexto actual de continuidad de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de actores armados en territorios de interés actual y potencial para la restitución de tierras y territorios, a saber: (a) levantar medidas de protección a predios de las que trata la Ley 387 de 1997 de manera pasiva, por vía administrativa, eliminando la necesaria intervención judicial; (b) declarar expresa o tácitamente las medidas de protección excluyentes en los territorios donde se implementen medidas de restitución”21. 19	20	21
Acto Legislativo 01 de 2016, a través de la modificación del Capítulo III del Título IV de la Ley 1448 de 2011 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, Programa de Participación y Reparación Colectiva a las Víctimas en Colombia. “Papeles para la Incidencia N° 12: Las propuestas legislativas del Gobierno Nacional sobre Reforma Rural y Restitución de Tierras a la luz de los derechos de las víctimas en la implementación del Acuerdo Final de Paz”, 2017. 31-39. Ibid. 35
Es importante traer a colación este tema teniendo en cuenta que en el escenario actual de violencia las medidas de protección en términos restitución de tierras y derechos territoriales, son limitadas, ineficaces, inoportunas, inadecuadas, en tanto, las víctimas de desplazamiento forzado o despojo no cuentan con una participación integral en los procesos judiciales y administrativos contemplados en los programas de protección. Los factores de riesgo a los que se ven expuestas las víctimas siguen siendo invisibilizados, el aparataje institucional para la protección de la restitución de tierras es discriminatorio y no aplica de manera adecuada los enfoques diferenciales de género, étnico, ciclo vital o de discapacidad. Estas limitaciones se ven acentuadas cuando las víctimas del despojo o desplazamiento forzado han sido mujeres, ya que, aunque ellas desempeñan un rol preponderante en el trabajo de cuidado y productivo dentro de las comunidades, generan ingresos y mejoran los medios de subsistencia y el bienestar general en las zonas rurales, su acceso a la tierra, a la seguridad jurídica de la tenencia y su trabajo no es suficientemente reconocido a nivel social, político o económico.22
Instrumentos normativos y sub-normativos en materia de protección a la restitución de tierras y los derechos territoriales Fuente: Elaboración de CODHES - 2017 Norma
Frente a la protección
Adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la república de colombia.
Se establece la responsabilidad del estado en la protección de los desplazados internos por la violencia.
Dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
La dirección general unidad administrativa especial para los derechos humanos del ministerio del interior brindará protección a las personas desplazadas por la violencia. Las autoridades competentes deberán adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras. Las medidas de restitución se producirán en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas.
Reglamenta la ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
En el artículo 9 del capítulo único de este decreto se establece que las entidades del estado deberán compartir la información necesaria para la prevención de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al dih, la protección y las garantías de no repetición, de manera armónica y coordinada. Así como la armonización de un sistema articulado de registro y que permitan la comunicación entre las distintas bases de datos.
22	Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP. Derecho a la tierra. http://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/ itemlist/category/115-derecho-a-la-tierra.html La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
Establece la estructura interna de la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas.
Esta unidad tendrá como objetivo servir de órgano administrativo del gobierno nacional para la restitución de tierras de los despojados en los términos establecidos en la ley 1448 de 2011.
Crea la unidad nacional de protección (unp), se establecen su objetivo y estructura.
El objetivo de la unidad nacional de protección - unp es articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes determine el gobierno nacional, que por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario.
Organiza el programa prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del ministerio del interior y de la unidad nacional de protección
La unidad nacional de protección, el ministerio del interior, la policía nacional y demás autoridades del orden nacional, aportarán las medidas de prevención y protección de acuerdo con sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, para la garantía efectiva de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de su población objeto. Este decreto define las medidas de protección como acciones que emprende o elementos físicos de que dispone el estado con el propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad, y seguridad personal de los protegidos.
2011 Dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Este decreto reconoce a las personas pertenecientes a comunidades afrodescendientes como sujetos de especial protección, debido a que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad, debilidad e indefensión frente a sus derechos.
Reglamenta el capítulo 111 del 2011 título iv de la ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras.
La unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas velará por la protección jurídica de los predios que se pretenden restituir o formalizar, con el fin de garantizar la eficacia de las decisiones y fallos de las autoridades administrativas y judiciales en la materia. Medida de protección del predio: la uaegrtd ordenará la inscripción, de la medida de protección jurídica del predio en el folio de matrícula del inmueble respectivo, con carácter preventivo y publicitario, conforme a lo señalado en el artículo 73 numeral 6 de la ley 1448 de 2011.
Dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
Es obligación del estado responder efectivamente a los derechos de los pueblos indígenas a la reparación integral, a la protección, a la atención integral y a la restitución de sus derechos territoriales, vulnerados como consecuencia del conflicto armado, y en consecuencia, garantizar que los pueblos indígenas puedan asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida, de desarrollo económico y a hacer efectivo el goce efectivo de sus derechos humanos y fundamentales, en especial a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.
Decreto 599 de Regula la instancia de coor2012 dinación local para la micro focalización e implementación gradual y progresiva del registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
Decreta: La micro focalización para el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente será asumida por la uaegrtd. Los comités operativos locales de restitución y formalización de tierras despojadas y abandonadas forzosamente - colr, serán la instancia de coordinación operacional para la articulación, implementación, planeación, ejecución y seguimiento al proceso de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Una vez micro focalizada un área, la uaegrtd iniciará el análisis previo de las solicitudes que reciba de predios localizados en estas áreas, para lo cual contará con un término de 20 días.
Decreto 4634 de 2012
Dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo rrom o gitano.
Este decreto reconoce a las personas pertenecientes al pueblo rrom o gitano como sujetos de especial protección, debido a que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad, debilidad e indefensión frente a sus derechos.
Establece los mecanismos para 2014 la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del convenio 169 de la oit, y se adicionan los artículos 13,16 y 19 del decreto 2664 de 1994”)
Medidas para la protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales: Se establece el procedimiento de medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales. Estudios socioeconómicos y levantamiento topográfico. Prelación de la protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de comunidades indígenas en riesgo o situación de desplazamiento forzado. Creación de código para medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales. Demarcación del territorio ancestral y/o tradicional. Revocatoria directa de las resoluciones adjudicación de baldíos a particulares, donde estén establecidas comunidades indígenas. Certificación de existencia de comunidades o pueblos indígenas en tierras baldías. Inspección ocular en el procedimiento de adjudicación en tierras baldías. Delimitación y demarcación de territorios de pueblos aislados.
Resolución 1085 de 2015
Expide el protocolo para la implementar la ruta de protección colectiva del programa de prevención y protección del ministerio del interior y la unidad nacional de protección.
Las medidas de protección colectiva se definirán a partir del análisis de riesgo y de las decisiones adoptadas por el cerrem donde se estudien este tipo de casos. Estas medidas podrán materializarse a través de: Acciones de protección individual, cuando estas tengan impacto sobre el colectivo objeto de protección. Apoyo a infraestructura para la protección. Fortalecimiento organizativo y comunitario. Fortalecimiento de la presencia institucional. Establecimiento de estrategias de comunicación. Participación e interacción con entidades que disminuyan el grado de exposición a riesgos del colectivo. Promoción de medidas jurídicas y administrativas que contrarresten factores de riesgo. Formulación e implementación de estrategias encaminadas a contrarrestar las causas del riesgo y la amenaza que se enmarcarán en la hoja de ruta definida en el cerrem de medidas de protección colectiva.
Expide el decreto único reglamentario del sector administrativo del interior.
Describe la estructura del sector administrativo del interior.
Modifica algunos artículos del capítulo 2, del título 1, de la parte 4, del libro 2, del decreto 1066 de 2015, decreto único reglamentario del sector administrativo del interior que organizan el programa de prevención y protección, cuyo objetivo se enmarca en la garantía y salvaguarda de los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad de las personas, grupos y comunidades, que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas sociales o humanitarias o en razón del ejercicio de su cargo.
En el desarrollo del seguimiento y evaluación realizado por la unidad nacional de protección a la oportunidad, idoneidad y eficacia de los programas y medidas de protección implementadas, el director de la unp presentó al consejo directivo de dicha unidad los resultados de la implementación de las medidas de protección.
Adicióna el capítulo de la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de grupos y comunidades al decreto 1066 de 2015.
De acuerdo con estos resultados, se requiere el ajuste y precisión respecto del uso de ciertas medidas de protección, con el fin de que no solo se garantice la vida, libertad, integridad y seguridad personal de los beneficiarios del programa, sino que también se garantice el adecuado uso de los recursos públicos. En virtud de lo anterior, se hace indispensable ajustar y precisar las condiciones en que se llevará a cabo la protección para la población objeto del programa de protección, así como adaptar la forma y procedimientos para la asignación de algunas de las medidas de protección otorgadas por el programa, bajo los principios de eficacia, idoneidad y oportunidad que orientan las acciones en materia de protección.
Objeto. Adoptar la ruta de protección colectiva del programa de prevención y protección del ministerio del interior y la unidad nacional de protección.
Directiva n° 002. Procuraduría general de la nación
Directiva para la protección de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.
Objetivo: establecer los lineamientos para garantizar la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y líderes políticos y sociales, y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Programa prevención y protección. Decreto 4912 de 2011.
Ruta de protección colectiva 2011 del programa de prevención y protección del ministerio del interior y la unidad nacional de protección.
Este programa platea una serie de principios y estrategias que pretenden garantizar la prevención de los riesgos para las personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o debido al ejercicio de su cargo.
Comité de evaluación del riesgo y recomendación de medidas
De acuerdo con el decreto 1066 de 2015, este comité tiene como objetivo la valoración del riesgo, la recomendación de medidas de protección y complementarias.
Cerrem mujeres: De acuerdo con el artículo 3 del decreto 0805 de 2012, por el cual se expide el protocolo específico con enfoque de género y de los derechos de las mujeres a que se refiere el artículo 50 del decreto 4912 de 2011, cuando se trate de atención a mujeres, el programa de prevención y protección adelantará unas actuaciones acordes con el enfoque de género.
Fuente: Elaboración de CODHES 2017 Después de revisar la amplitud del marco normativo y subnormativo, reiterado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, es evidente la desconexión sobre esta realidad normativa y la realidad situacional presentada en el primer apartado de este informe. Esto necesariamente lleva a preguntarse qué es lo está pasando. El tránsito entre estas dos realidades está mediado por la implementación de la política pública. Son múltiples las dificultades que se han identificado en la implementación de la política, unas de carácter estructural y otras que dependen de la sensibilización y formación de los y las funcionarias responsables de estos procesos. A continuación se enuncian las más representativas y que a juicio de las organizaciones locales y poblaciones afectadas, son las que afectan de mayor manera la efectividad de la política pública. En primer lugar, se ha construido en el imaginario colectivo que la Unidad Nacional de Protección es la única entidad estatal responsable de la protección de las personas y de los sujetos La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
colectivos, tanto en las comunidades como en las personas que ejercen funciones públicas y que eventualmente también tienen responsabilidades concretas en materia de protección. Esto, no desconoce el rol y las responsabilidades de la UNP, sin embargo, sí acentúa la necesidad de exigir una respuesta integral a la situación de riesgo. Esa respuesta integral, implica la respuesta del Estado de manera coordinada y no de instituciones individuales. En segundo lugar, las medidas implementadas para la protección individual, con frecuencia, no responden en términos de pertinencia ni de oportunidad en muchas ocasiones. Entre otras porque no se adecuan a los contextos de las personas y afectan los procesos organizativos y comunitarios puesto que no se adaptan a la cotidianidad comunitaria de las personas protegidas. Por otro lado, las evaluaciones de riesgo toman tiempo excesivo en relación con la inminencia de las amenazas, en parte resultado de la escaza descentralización de las entidades responsables y de su desarticulación con entidades como la Defensoría del Pueblo. En tercer lugar, una de las principales dificultades identificadas en el marco normativo y su implementación en materia de estructura institucional, es que es virtualmente es imposible abordar la interseccionalidad de las características diferenciales. Es decir, el reconocimiento y la respuesta diferencial están concentradas en una de las dimensiones, pero desconoce las demás. Por ejemplo, las dependencias de las entidades que se dedican a la protección de sujetos colectivos étnicos no abordan las discusiones sobre el riesgo diferencial de las mujeres, y viceversa. Entonces las mujeres indígenas no tienen un correlato institucional para el abordaje de sus riesgos. En cuarto lugar, la falta de sensibilización de algunos y algunas funcionarias respecto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas y del pueblo afrodescendiente, resultan en la resistencia de los pueblos a las medidas de protección y la acentuación de su riesgo. Si bien no es una práctica generalizada, ni institucionalizada, sí ocurre con frecuencia y tiene implicaciones en el relacionamiento entre las comunidades y el Estado. Máxime cuando históricamente la presencia del Estado en muchos territorios ha sido exclusivamente militar y ha participado de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades. Finalmente, la continuidad de los grupos armados ilegales tanto insurgentes como los grupos herederos del paramilitarismo, son una amenaza manifiesta contra la vida y la integridad de quienes se enfrentan a sus intereses; la acumulación de tierras, la acumulación de rentas provenientes de economías legales e ilegales y el poder político y social gracias a la corrupción en el país. La superación de la violencia armada como mecanismos para garantizar el libre ejercicio de los derechos, parece un escenario obvio, sin embargo, las políticas para la desarticulación de los grupos herederos del paramilitarismo, lejos de ser efectivas no se han articulado con la protección de adolescentes y jóvenes frente al reclutamiento y uso por parte de estos grupos y en tal sentido, el engrosamiento de sus filas. Esto también implica la necesidad de depuración de las Fuerzas Militares, las relaciones históricas entre los grupos paramilitares y las fuerzas legítimas del Estado ha tenido rupturas formales, pero en algunos territorios pareciera no haber terminado nunca. Esa protección tanto en las comunidades rurales como urbanas pasa por políticas educativas, como políticas sociales para la superación de la pobreza y el acceso a otros mecanismos de educación y entretenimiento. Que, en principio, se considera que no guardan relación con políticas que propenden por la protección de las comunidades.
La protecci贸n en el posfallo, medidas tendientes a la protecci贸n de los reclamantes proferidas en la sentencia
LA PROTECCIÓN EN EL POSFALLO MEDIDAS TENDIENTES A LA PROTECCIÓN DE LOS RECLAMANTES PROFERIDAS EN LA SENTENCIA En el marco de la Política de Restitución de Tierras definida por el Título II de la Ley 1448 de 2011 y múltiples decretos reglamentarios23 CODHES ha construido una metodología de seguimiento desde el año 2012, con un doble propósito. Caracterizar las órdenes de los Jueces y Magistrados de Restitución de Tierras desde un enfoque de Derechos e identificar el avance de la implementación de las medidas posfallo en relación con el goce efectivo de derechos. A la fecha de construcción de este informe, se habían sistematizado 1.920 sentencias de restitución de tierras, es decir, cerca del 72 por ciento del total de sentencias proferidas en ese momento (noviembre 2017). De estas sentencias se identificaron dos categorías que resultan pertinentes para el análisis contenido en este informe. Primera, medidas de acceso a Justicia y segunda, medidas de protección a reclamantes -esta segunda conformada por varias categorías cuyo propósito es la protección-. Los resultados de ese análisis se presentan a continuación.
Acceso a justicia como medida de protección Durante el trascurso de la historia las víctimas de violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario han tenido que luchar diariamente para conseguir justicia y especialmente para que esas acciones no se repitan. Este contexto hace que en el Sistema Internacional de Derechos Humanos existan dos dimensiones en las que su eje principal son las víctimas, acompañadas por instituciones estatales que les ayudarán a alcanzar la justicia y la no repetición que tanto buscan. En primer lugar, está la dimensión de lucha contra la impunidad y en segundo lugar la dimensión de los Derechos de las víctimas. Ambos campos buscan obtener reparaciones por las violaciones que sufrieron las personas y por las cuales tienen algún sufrimiento que sanar. Esto hace que los Estados tengan la obligación de analizar las situaciones y hacer entender que los derechos humanos se deben respetar. Al ser un deber del Estado, hace que esta situación se empape en materia de justicia. El Derecho Internacional obliga a los Estados a que luchen contra la impunidad y a reconocer los derechos de las víctimas a obtener reparaciones. En el caso Colombiano, reconociendo la importancia de las obligaciones jurídicas que tienen los Estados en relación con las víctimas de violaciones de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), que el cumplimiento de esas obligaciones parte de un ejercicio sistematizado que consiste en desarrollar todas las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de unas obligaciones universales estatales, establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la convención Americana de Derechos Humanos.
No se consideran reglamentarios aquellos que son Decretos Ley. Tampoco fueron tenidos en cuenta los procesos posfallo de la política de restitución de derechos territoriales a pueblos indígenas y afrodescendientes.
“[L]a investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, (...) es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad’. Además, este Tribunal ha indicado que el Estado ‘tiene la obligación de combatir [la impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que [esta] propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares’. El Estado que dejara impune las violaciones de derechos humanos estaría incumpliendo, adicionalmente, su deber general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción”.24 En este sentido los Estados deben investigar, juzgar y sancionar los delitos. Para esto, el Estado colombiano, por ejemplo, tiene diferentes “cuerpos” que lo representan y materializan el imperio de la ley. En todo caso las víctimas tienen derecho en primer lugar, a saber, a conocer la verdad; en segundo lugar, tienen derecho a la justicia que tiene que ver con que el Estado surta un proceso de investigación, esclarecimiento, juzgamiento y sanción. Y por último el derecho a la reparación que de manera integral debería facilitar las condiciones para la no repetición. Lo anterior en materia de justicia quiere decir que las personas sospechosas de responsabilidad penal deben ser procesadas, juzgadas y condenadas de manera eficaz y eficiente para que, de esta forma, se tomen las medidas correctas y necesarias que garanticen la no repetición. Así, las víctimas pueden estar tranquilas y se pueden enfocar en aliviar el sufrimiento, por medio de los recursos entregados o la participación en los programas estatales. Para que no se repitan las acciones de violaciones el Estado debe aplicar medidas apropiadas, realizar reformas institucionales para que se respete la ley, promover la cultura de respeto de derechos humanos, establecer confianza en las instituciones gubernamentales y, además, destituir a los funcionarios que hayan sido cómplices de infracciones a los derechos humanos. Para garantizar lo anteriormente mencionado, el Estado tiene que representar a los miembros de la sociedad, pero de una forma especial, representar a los grupos históricamente excluidos. Así, en las reformas serán incluidas las víctimas de manera activa. También como medida para la no repetición, el Estado deberá controlar de manera minuciosa las fuerzas militares y actuar de forma imparcial. Una de las medidas más complejas pero eficientes para la no repetición es la disolución de grupos armados ilegales que debe concluir en la reintegración social de aquel grupo. Esto se logrará con ayuda de otros países que puedan aportar algo más allá de lo económico, pues las experiencias vividas, son muy valiosas en este tipo de procesos. La justicia después del conflicto es esencial, con este propósito y de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos se pueden establecer comisiones nacionales que ayuden al proceso de paz para todos y al acceso a la justicia. Lo cual requiere un proceso justo, que dependerá de la información que se tenga sobre las infracciones, la protección de víctimas y defensores y la utilización de medios jurídicos y diplomáticos apropiados para las víctimas, para que así se facilite la asistencia.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Bámaca Velásquez c. Guatemala, Reparaciones, sentencia del 22 de febrero de 2002, Serie C, No. 91, párr. 74. En su decisión la Corte IDH cita numerosos precedentes que sostienen la misma regla: Corte IDH, Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, sentencia del 3 de diciembre de 2001, Serie C No. 89, párr. 63 y 69; Corte IDH, Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, sentencia del 31 de mayo de 2001, Serie C No. 78, párr. 62, 63; Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, sentencia del 26 de mayo de 2001, Serie C No. 77, párr. 99 y 100; y Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, sentencia del 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 199, 200 y 201 La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
En el mismo sentido, las relaciones de control y dominio sobre el uso de la tierra en Colombia han estado mediadas por mecanismos de violencia, los procesos de reforma agraria han estado seguidos de violentas etapas de contrareforma. Los grupos armado, sin importar la posición política, han tenido un rol fundamental en la distribución de la tierra rural en el país, y por supuesto, en la concentración y consolidación de un modelo bimodal, de latifundios-minifundios. Sin embargo, los grupos armados no han sido necesariamente los únicos beneficiarios del despojo. Los terceros civiles como se ha identificado en las providencias judiciales de la jurisdicción especial de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)25, se han beneficiado directa o indirectamente del despojo. Teniendo en cuenta este escenario, para garantizar que el despojo de tierras y todas las violaciones a los derechos humanos, que se cometieron en su comisión, no se repitan, es fundamental investigar, juzgar y sancionar a los responsables. En tanto el derecho penal en Colombia está diseñado para que la sanción desincentive el crimen. Por lo tanto, de cada proceso de restitución de tierras exitoso se esperaría un proceso consecuente de justicia penal, que investigara y sancionara a los y las responsables del despojo, más aún cuando en el proceso civil se hayan identificado opositores que no probaron la buena fe (ni siquiera simple). Por lo anterior, a continuación, se analiza la categoría acceso a justicia a partir de la sistematización de sentencias de restitución de tierras proferidas por diferentes jueces y magistrados a nivel nacional. Del total de sentencias sistematizadas y órdenes categorizadas se tomaron aquellas en donde la categoría justicia determina la naturaleza de la orden. Entendiendo que este tipo de órdenes refieren a “la solicitud de una apertura de investigación de tipo penal y/o sancionatoria en contra de cualquiera de las partes en el proceso. En este marco el Art 24 de la ley 1448, establece que es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la misma Ley, la identificación de los responsables, y su respectiva sanción”26. Del total de órdenes que corresponden a la categoría justicia se tomaron aquellas en las que el juez o magistrado/a ordena algún tipo de compulsa a otra instancia para la respectiva investigación del hecho, con el fin de identificar y caracterizar los casos en los que esto sucede, y cómo son esas compulsas. Antes de presentar los resultados de este análisis es necesario hacer algunas precisiones metodológicas. En primer lugar, del total de sentencias analizadas (1920), fue necesario excluir 29 sentencias por razones de integridad estadística. Luego, los resultados corresponden a las primeras 1.891 sentencias proferidas, que incluyen 35.723 órdenes entre principales y secundarias. Es decir, se utilizaron el 98,5 por ciento del total de las sentencias sistematizadas. Segundo, el 25 por ciento de las sentencias corresponden a acumulaciones procesales. Tercero, estas sentencias no incluyen las Sentencias de restitución de derechos territoriales que han proferido en el marco de los Decretos Ley 4633 de 2011 y 4635 de 2011. Frente a la magnitud de la injusticia en materia de despojo y abandono forzado se establece que, del total, solamente en el 17 por ciento de los casos el proceso es remitido a una instancia de investigación penal. Es decir, el 83 por ciento de los casos de despojo y abandono forzado queda en la impunidad, a menos que los responsables admitan haber cometido este crimen ante una autoridad judicial penal. Sin embargo, solamente en el 46 por ciento de los casos se presentaron formalmente oposiciones. De estas, el 13% logró probar la buena fe exenta de culpa que implica dos criterios: 25	26
Ver: https://www.ramajudicial.gov.co/web/sala-de-justicia-y-paz-tribunal-superior-de-bogota/decisiones-de-la-sala Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado – CODHES. Metodología para el seguimiento a la política pública de restitución de tierras y derechos territoriales. Abril 2017. Pag. 8
1.	La persona en oposición no estuvo implicada en las acciones de desplazamiento o despojo. 2.	La persona en oposición no tenía conocimiento de la situación de desplazamiento o despojo en el predio cuya propiedad está en disputa. De estos, el 23 por ciento de las sentencias, incluye solicitudes de investigación penal, mientras el 79 por ciento no. Si bien sigue siendo la mayoría, las relaciones de incentivo a la impunidad cambian. En el mismo sentido, el 87% de las personas que presentaron oposición no lograron probar la buena fe exenta de culpa. Esto no implica que hayan tenido una implicación directa o indirecta en el despojo y/o abandono forzado, así como tampoco permite inferir que existía una intención de beneficiarse del mismo antes de que este ocurriera. De hecho, de ese 87 porciento, el 44 por ciento ha tenido tratamiento de segundos ocupantes vulnerables, y medidas que protegen sus derechos y pretenden aliviar o no acentuar su situación de vulnerabilidad, en la mayoría de los casos con base en los principios Pinheiro27 y cuyo margen de protección amplió la Corte Constitucional, a través de la sentencia 330 de 2016. Lo que es posible decir de los datos presentados, es que por lo menos en el 43% de las sentencias con opositores que no cumplen ni los criterios de buena fe exenta de culpa, ni los criterios de segundos ocupantes vulnerables, deberían existir investigaciones de tipo penal que permitieran esclarecer la situación mediante la cual llegan a tener una relación con un predio despojado o abandonado de manera forzada. Sin embargo, solamente el 23% de estas sentencias incluía compulsa a la Fiscalía General de la Nación o a los entes de control, cuando la oposición está sujeta a un régimen de función pública. Segundo, que es evidente que los segundos ocupantes vulnerables no están desprotegidos en el escenario judicial de la restitución de tierras, como se ha intentado argumentar en el legislativo28 con el fin de flexibilizar el estándar de la buena fe exenta de culpa como mecanismo para proteger las formas más sofisticadas de despojo. Por el contrario, en el caso de estos Segundos Ocupantes Vulnerables, la compulsa a la Justicia Penal en considerablemente menor que en los dos otros dos grupos, solamente el 7% de las sentencias solicitan investigación o compulsan copias a las entidades correspondientes. Tabla 1. Solicitudes de investigación a justicia penal, según la naturaleza del opositor en el proceso Compulsa
Sin Compulsa
TOTAL, Sentencias
Buena fe EC Probada
Buena fe EC No Probada
BFECNP -Segundos Ocupantes Vulnerables.
Fuente: CODHES. Área de Tierras y Derechos Territoriales.
United Nations Economic and Social Council. Housing and property restitution in the context of the return of refugees and internally displaced persons Final report of the Special Rapporteur, Paulo Sérgio Pinheiro Principles on housing and property restitution for refugees and displaced persons E/CN.4/Sub.2/2005/17 28 June 2005 Ver: http://www.senado.gov.co/historia/item/24640-reforma-a-ley-de-victimas-y-restitucion-de-tierras-busca-hacerlamas-equilibrada-y-garantista-respetar-derechos-de-segundos-ocupantes
Es importante señalar que estas tendencias no se podrían considerar como parte de la construcción de una línea jurisprudencial, pues combina el resultado de las decisiones de diferentes despachos que no tienen un tribunal de cierre especializado en restitución de tierras. Aunque cada tribunal ha venido construyendo hitos jurisprudenciales, que en muchos casos reflejan discusiones de todos los despachos, el alcance de este ejercicio es en términos de la política pública, particularmente la comunicación entre dos políticas de acceso a la justicia. Gráfica 9. Sentencias por decisión principal No Restitución 10%
Gráfica 10. Sentencias de Restitución de Tierras según Decisión Principal y Solicitud de Investigación Penal Compulsa
Compensación 8%
Restitución 82%
Re st it uc ió n Compensación
No Re st it uc ió n
Del total de sentencias analizadas, el 82% resultó en restitución, el 10% en no restitución y el 8% en compensación del predio como mecanismo para proteger el derecho a la restitución. Cómo muestra la gráfica 10, la tasa de mayor compulsa para investigación penal está en los casos de compensación. Es decir, en casos en los que con certeza las víctimas no retornaran a sus predios29 . Y el menor número, es cuando no procede la restitución. Sin embargo, en los tres casos se mantiene la tendencia general. Ahora bien, frente a la presunta responsabilidad de actores armados específicos en el abandono y el despojo, de acuerdo con la información recopilada en las sentencias, que se considera desde CODHES como Verdad Judicial, es decir, información que ha sido probada en un escenario judicial aun cuando este no tenga fines punitivos. Existe una hipótesis común que señala que como resultado de las zonas inicialmente micro focalizadas a las que corresponden la mayoría de las sentencias, fueron zonas principalmente de dominio paramilitar, la mayoría de los despojos y abandonos forzados habrían sido perpetrados por estas estructuras. A continuación, se evidencia la participación individual o compartida de grupos armados en el despojo y el abandono forzado, teniendo en cuenta que los porcentajes no pueden sumar 100% como debería porque en el 49,9% de las sentencias esta violación a los derechos humanos fue ocasionada por más de un grupo simultáneamente. Gráfica 11. Proporción de sentencias con compulsa a justicia penal según presunto perpetrador Compulsa
Civil con alianza con GA
0,2% 10,0%
Grupos Posdesmovilización
Grupos Fuerza Pública
Gráfica 12. Porcentaje de sentencias según participación individual o simultanea de grupos armados como perpetradores
2,9% 16,4% 50,9% 53,2%
Si bien la sentencia no garantiza el retorno ni este es obligatorio para el proceso de restitución, la sostenibilidad de este si guarda una relación con la sostenibilidad del proceso, y la reparación efectiva del daño. Según la Primera Encuesta sobre Intención de Retorno desarrollada por CODHES a familias en procesos de restitución de tierras arrojó que en el 72,6% de los casos en los que hay sentencia hay intensiones de
retornar. La compensación por otro predio necesariamente significa que es más probable la reubicación que el retorno.
De acuerdo con esta información en el 53,2% de las sentencias los grupos armados guerrilleros participaron en el despojo y el abandono forzado, mientras los paramilitares aparecen como responsables en el 50,9% de las sentencias. Los grupos armados sin identificar en el 10% de las sentencias; en el 16,4% la fuerza pública y en el 0,2% de los casos, civiles en alianza directa con grupos armados. Es interesante señalar que en todas las sentencias que identificaron a un civil como presunto responsable en alianza directa con grupos armados, -sin que esta sea la misionalidad de la jurisdicción- se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación y a los Tribunales de Justicia y Paz. Sin embargo, en el caso de la Fuerza Pública como agente presunto responsable (por acciones legítimas o no) solo en el 2% se compulsa a las autoridades competentes. Es posible decir entonces, que es más probable que los civiles sean enjuiciados por su presunta responsabilidad en el despojo y abandono forzado a que lo sean los agentes de Estado. Esto no necesariamente corresponde a una actuación deliberada de los Jueces y Magistrados, pero sí presenta un escenario de riesgo particular en el ejercicio de reconfiguración del conflicto armado actual. En el mismo sentido, con mayor frecuencia se compulsan copias en los hechos protagonizados por Paramilitares (25%) o Grupos Posdesmovilización (herederos del paramilitarismo) (19%) que en el caso de las guerrillas (7%). Esto también responde a las múltiples coincidencias de los postulados en Justicia y Paz (principalmente paramilitares) con investigaciones en curso o con sentencias que existen al momento de la restitución. Situación que es diferente con las guerrillas, hasta ahora comienza el proceso de justicia transicional diseñado en el Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP. A pesar de que solo en el 17% de las sentencias se compulsan copias a las instancias de Justicia Penal, en el 29% de las sentencias, existe una identificación específica no solamente del grupo armado, sino de la sub-unidad o sub-estructura responsable dentro de ese grupo, lo que facilitaría el proceso de individualización en procesos de justicia penal. Respecto a los despachos que profieren estas órdenes, se concentran principalmente en los tribunales. Los juzgados solo han expedido 41,9% de estas compulsas, y más de la mitad han sido generadas en los juzgados primero y segundo de Montería, como evidencia la Tabla 2. Tabla 2. Porcentaje de órdenes de compulsa de copias a justicia penal proferidas por juzgados, con base en el total de órdenes clasificadas así. DEPARTAMENTO
Total, Juzgados
En el caso de los tribunales, el Tribunal de Antioquia es el que con mayor frecuencia ha proferido estas órdenes, esto tiene que ver con la competencia territorial y el número total de sentencias proferidas por cada despacho. En total, de los Tribunales ha salido el 23,6% de estas órdenes. Tabla 3. Porcentaje de órdenes de compulsa de copias a justicia penal proferidas por juzgados, con base en el total de órdenes clasificadas así. DEPARTAMENTO
Total, Tribunales
El análisis cualitativo de las órdenes (y en algunos casos de las sentencias) se hizo a partir de un criterio de especificidad, basado en dos líneas. La primera, la identificación del sujeto presunto responsable o beneficiario del despojo. El sujeto puede ser un grupo armado, un civil - persona natural o persona jurídica. Y la segunda, la identificación de la posible conducta punible. En ambos casos, también se clasificó si el sujeto/conducta identificadas correspondía con el tiempo del abandono y el despojo, o su relación era con el proceso de restitución. Es necesario señalar que uno de los aspectos más relevantes, aunque esperados es que, con mayor frecuencia las órdenes proferidas por tribunales son más específicas que las proferidas por los juzgados. Entre otras, se presume que es por la mayor frecuencia de opositores en unos escenarios que en otros.
a). Se identifican conductas y sujetos que presuntamente están relacionados con el abandono y el despojo El 29% de las órdenes emitidas por tribunales tienen este nivel de especificidad, incluso contribuyen con información adicional proveniente de otras jurisdicciones. Mientras que, de las proferidas por juzgados, solamente el 8% llegan a este grado de especificidad. En estas órdenes se compulsan copias para la investigación -a que haya lugar- contra un sujeto específico y por una conducta concreta. Los sujetos identificados son por un lado funcionarios públicos que incurrieron en presuntas conductas que facilitaron el despojo, por ejemplo: COMPÚLSESE COPIAS CON DESTINO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A EFECTOS DE QUE SE INVESTIGUE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y DISCIPLINARIA EN QUE PUDIERON INCURRIR EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE COROZAL Y EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE ESA MISMA MUNICIPALIDAD, AL OTORGAR INSCRIBIR RESPECTIVAMENTE, LA ESCRITURA PÚBLICA K0171 DEL 9 DE MARZO DE2010, SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES30.
Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Cúcuta Sala Civil Especializada En Restitución De Tierras. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°540001222100120130005100. Orden N° 17. M.P. Amanda Janneth Sánchez Tocora
En otro caso similar, pero en Juzgado, VIGÉSIMO TERCERO: ORDENAR COMPULSAR COPIAS DE TODAS LAS PIEZAS PROCESALES DEL RADICADO 2013-00020, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN TENIENDO EN CUENTA QUE DE ACUERDO A LO OBSERVADO A LO LARGO DEL PROCESO SE VISLUMBRA LA POSIBLE COMISIÓN DE UN HECHO PUNIBLE, EN LO QUE RESPECTA AL OTORGAMIENTO DE LAS ESCRITURAS 426 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999 EN LA NOTARÍA ÚNICA DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO Y LA 370 DEL 16 DE DICIEMBRE DE MIMO AÑO EN LA MISMA NOTARÍA EN CABEZA DEL NOTARIO PARA ESA ÉPOCA EL SEÑOR LEONEL FERNANDEZ FERNANDEZ. CONFORME AL ARTÍCULO 91 LITERAL T DE LA PLURÍCITADA LEY, POR EL PRESUNTO HECHO PUNIBLE DEL SEÑOR FERNANDEZ FERNANDEZ31.
Asimismo, TRIGÉSIMO: COMPULSAR COPIAS A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION PARA LO SU COMPETENCIA, POR LOS PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS SOBRE EL HECHO QUE LA ESCTURA PÚBLICA DE VENTA A LUIS BERNARDO QUIJANO GONZALEZ, NO 276 DEL 25 DE FEBRERO DE 2000 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE MONTERÍA, FUE EFECTUADA EN ÉPOCA POSTERIOR A LA MUERTE DEL PRESUNTO OTORGANTE ALFREDO DE JESUS CARDONA MONTOYA (Q.E.P.D.); CUANDO ESTE HABLA FALLECIDO EL 27 DE JULIO DE 1999.32
En ambos casos se presume la participación de una persona que ejercía una función pública en el desarrollo de las acciones que derivaron en el despojo de tierras de una persona víctima del conflicto armado en Colombia. Si bien no se señala una relación con los grupos armados, sí se sugiere una con el despojo. El segundo tipo de sujetos son civiles, que siendo o no presentados como opositores, se presume guardan una relación con los grupos armados responsables, o con los delitos de despojo y abandono forzado. Por ejemplo, contra personas jurídicas y las naturales que actúan en su representación, por presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil: VIGÉSIMO SEXTO: OFICIAR A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DE CONFORMIDAD AL LITERAL T DEL ARTÍCULO 91, PARA QUE SE INVESTIGUE A ROGELIO ZAPATA VANEGAS, KENIA SUSANA GOMEZ TORO, DEMETRIO ALBERTO CARRASCAL ALVAREZ, DAIRO MARIN, CARLOS MAURICIO ZULUAGA DIEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TRIPLE ZETA S.A.S., POR LA POSIBLE PARTICIPACIÓN EN HECHOS DELICTIVOS INCLUSIVE EN EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LAS VÍCTIMAS AQUÍ RESTITUIDAS. ENVIÁNDOSE COPIA MAGNÉTICA INCÓLUME DEL PRESENTE EXPEDIENTE33.
En otros casos, civiles identificados en otros procesos penales, como los surtidos en Justicia y Paz, vinculados a grupos armados, principalmente paramilitares. Y la reiteración y complementación de investigaciones en curso VIGÉSIMO TERCERO: ENVIAR COPIAS COMPULSADAS A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA SOLICITUD RESTITUTORIA, DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS (FOLIO 80 C.1.) Y DE ESTA PROVIDENCIA, PARA SER AGREGADAS A LA INVESTIGACIÓN QUE ADELANTA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN CONTRA
Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Montería. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°23001312100220130002000. Orden N° 23. J. James Mauricio Paucar Agudelo Tribunal Superior Sala Primera Civil Especializada En Restitución De Tierras Del Distrito Judicial De Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°23001312100120140000700. Orden N° 30. M.P. Javier Enrique Castillo Cadena Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Montería. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°23001312100220140000100. Orden N° 26. J. James Mauricio Paucar Agudelo La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
DE HUMBERTO SANTOS NEGRETE FAJARDO, COMO QUIERA QUE EN ESTE ASUNTO SE OTEA LA POSIBLE OCURRENCIA DE HECHOS PUNIBLES; NO SIN ANTES ADVERTIR QUE LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN EN SENTENCIA DEL VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE 2015, TAMBIÉN COMPULSÓ COPIAS PARA QUE FUERA INVESTIGADO POR SU PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN, APOYO Y/O FINANCIACIÓN DEI BLOQUE CÓRDOBA DE LA ORGANIZACIÓN PARAMILITAR AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA, Y QUE SEGÚN RESPUESTA DE LA DIRECTORA SECCIONAL DE FISCALÍAS Y SEGURIDAD CIUDADANA DE CÓRDOBA, ESTÁN EN CURSO INVESTIGACIONES EN CONTRA DEL SEÑOR NEGRETE FAJARDO, ENTRE OTROS, POR CONCIERTO PARA DELINQUIR, HOMICIDIO, AMENAZAS E INCENDIO; ELLO PARA QUE EL ENTE FISCAL, SI A BIEN LO TIENE, INVESTIGUE LA POSIBLE OCURRENCIA DE UN HECHO PUNIBLE ADVERTIDO EN ESTE ASUNTO EN CONTRA DE AQUÉL O INCORPORE LOS DOCUMENTOS A LA CORRESPONDIENTE INVESTIGACIÓN.34
Finalmente, civiles que se beneficiaron del despojo, incluso que pudieron generarlo, pero que los medios para hacerlo requieren de investigación penal, COMPULSAR COPIAS A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CON EL FIN DE QUE INVESTIGUE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LOS SEÑORES JAVIER RAMÍREZ GUERRERO Y GERMÁN AGUILAR BARRIENTOS, PARA LOGRAR QUE LA SOLICITANTE TRANSFIRIERA EL INMUEBLE RESTITUIDO35.
Es importante señalar que, en relación con los hechos de despojo y abandono forzado no se compulsan copias para la investigación de grupos armados que pudieron ser presuntamente responsables.
b). Se identifican conductas, aunque no sujetos, que están relacionadas con el abandono forzado y el despojo Este tipo de órdenes corresponden al 11% de las emitidas en tribunales y al 15% de las emitidas en juzgados. Cuando se identifican las conductas, pero no los presuntos responsables en las órdenes de las sentencias, es posible advertir que no se refieren -como en el caso anteriora conductas para formalizar el despojo, sino a las violaciones a los derechos humanos que ocasionaron el mismo, bien sea desplazamiento forzado en los casos de abandono o de otros hechos, de manera particular, desaparición forzada. Esta orden corresponde a la violación concreta, identificada en los casos asociados a la sentencia. Frente a desplazamiento forzado, los ejemplos tipo se concentran en señalar la necesidad de investigar el desplazamiento forzado del que fueron víctimas los solicitantes en cada caso COMUNÍQUESE LA PRESENTE DECISIÓN A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -FISCALÍA 17 DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL UNIDAD NACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ PARA LO DE SU COMPETENCIA. ES DECIR, PARA QUE SE INICIE SI NO SE HA HECHO INVESTIGACIÓN PENAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEBIDAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR A LAS PERSONAS QUE ORIGINARON EL PRESENTE DESPLAZAMIENTO36. OFICIAR A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION PONIÉNDOLA EN CONOCIMIENTO DE LA DECISIÓN AQUÍ ADOPTADA, PARA QUE REPOSE EN LA INVESTIGACIÓN QUE POR EL DESPLAZAMIENTO DE LA VEREDA LA MALPASO DEL MUNICIPIO DE GRANADA-ANTIOQUIA SE VIENE ADELANTANDO; EN CASO 34	35	36
Tribunal Superior De Antioquia De La Sala Civil Especializada En Restitución De Tierras. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°23001312100220140005300. Orden N° 23. M.P. Puno Alirio Correal Beltrán Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Cúcuta Sala Civil Fija De Decisión Especializada En Restitución De Tierras. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°54001222100320130009600. Orden N° 16. M.P. Julián Sosa Romero Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Apartadó Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°050453121002201300031. Orden N° 21. J. Alberto Aurelio Chica Bedoya.
DE NO HABERSE INICIADO ACTUACIÓN, SE ADELANTE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE, Y EVENTUALMENTE SE IMPUTE Y ACUSE A QUIENES COMETIERON TAL ACTO DE BARBARIE37. SE ENVIARÁ COPIA DE ESTA SENTENCIA CON DESTINO A LA FISCALÍA 44 DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL CON SEDE EN MEDELLÍN Y A LA FISCALÍA SECCIONAL 126 DE CISNEROS PARA EFECTOS DE QUE OBRE DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES QUE ALLÍ SE ADELANTAN POR EL DESPLAZAMIENTO DEL QUE FUE VÍCTIMA JAVIER ALBEIRO VALDES VASQUEZ. (LÍBRESE OFICIO EN TAL SENTIDO CON LAS COPIAS RESPECTIVAS)38
En otros casos, la conducta es más general y se identifica simplemente como los hechos de los que fueron víctimas las personas solicitantes, aunque en la sentencia, se enuncian en la parte considerativa los hechos concretos de los que fueron víctimas los solicitantes. DECIMOSEXTO: COMPULSAR COPIA DE LO ACTUADO CON DESTINO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –DIRECCIÓN SECCIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA V.-, PARA QUE LO ACTUADO HAGA PARTE DE LAS INVESTIGACIONES QUE ADELANTE ESE ENTE POR LOS HECHOS DE QUE FUERON VÍCTIMAS EL SOLICITANTE Y SU NÚCLEO FAMILIAR O PARA QUE SE INICIE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL CORRESPONDIENTE39.
Al respecto de otras violaciones a los derechos humanos, buena parte de las compulsas en esta categoría de especificidad, corresponden a dos tipos de delitos: desaparición forzada y violencia sexual. DECIMO QUINTO: OFICIAR A LOS ÓRGANOS DE POLICÍA JUDICIAL Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN UNIDAD NACIONAL DE DELITOS DE DESAPARICIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, A FIN DE QUE GARANTICEN EL DERECHO A LA BÚSQUEDA DE LAS VÍCTIMAS MIENTRAS NO SEAN HALLADAS VIVAS O MUERTAS40. OFICIAR A LA FISCALÍA SECCIONAL NO. 50 EN EL MUNCIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ , QUE DE MANERA OFICIOSA INICIE LA INVESTIGACIÓN POR DELITO DE DESAPACIÓN FORZADA DE LA PERSONA QUE PARA ESE ENTONCES ERA MENOR DE EDAD Y RESPONDIA A LOS NOMBRES DE LORENA BEDOYA CISNEROS, HIJA MAYOR DE LA SOLICITANTE, DEBIENDO RECAUDAR TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS MATERIA DE DENUNCIA, Y VERIFICANDO ADICIONALMENTE SI SU NOMBRE SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL REGISTRO DE PERSONAS DESAPARECIDAS QUE MANEJA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. DICHO ENTE INVESTIGADOR PODRÁ, POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, PEDIR MAYOR INFORMACIÓN A LA SOLICITANTE EN ESTE ASUNTO, CARMEN AMELIA CISNEROS ORDOÑEZ, HABIDA CUENTA DE LA REPRESENTACIÓN QUE EJERCE DICHA ENTIDAD EN ESTE ASUNTO 41.
Es así como las conductas cuando se identifican sin el presunto sujeto responsable corresponden a las graves violaciones a derechos humanos que se han cometido para hacer posible el despojo de tierras en el país.
Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°05000312100220140005900. Orden N° 20. J. Aroldo Antonio Gómez Medina. Juzgado Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Caucasia (Ant.). Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°5154312100120140004100. Orden N° 24. J. Natalia Adelfa Gámez Torres. Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución Y Formalización De Tierras De Santiago De Cali Valle Del Cauca. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°76111312100220150006700. Orden N° 16. J. Oscar Rayo Candelo Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Montería. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°2300131210022013000500. Orden N° 15. J. James Mauricio Paucar Agudelo Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Mocoa - Putumayo. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°86001312100120140041800. Orden N° 7. J. Mario Fernando Coral Mejía La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
c). Se identifican sujetos, aunque no conductas presuntamente relacionadas con el abandono forzado y el despojo Este tipo de compulsas corresponde al 1,8% de las proferidas por tribunales y al 9% de las proferidas por juzgados; en las que se oficia a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones a que hubiera lugar, por un lado, contra funcionarios públicos, y por otro, contra civiles. Frente a los funcionarios públicos, por ejemplo, COMPULSENSE COPIAS ALA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A FIN DE QUE INVESTIGUE LA ACTUACIÓN DESARROLLA POR EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y EL NOTARIO ÚNICO DE SAN JACINTO BOLÍVAR, POR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES OBJETO DE REPROCHE PENAL, EN LAS QUE HUBIEREN PODIDO INCURRIR.42
Frente a los civiles, por ejemplo, COMPULSAR COPIA DE LO ACTUADO A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A FIN DE INICIAR INVESTIGACIÓN A LOS SEÑORES MARTA LUZ LÓPEZ, IDENTIFICADA CON LA C.C. N°39.068.732 DE ARIGUANÍ-MAGDALENA Y JOSÉ DE ÁVILA HERNANDEZ IDENTIFICADO CON LA C.C. N°15.249, POR LAS PRESUNTAS CONDUCTAS DELICTIVAS EN QUE PUDIERON ESTAR INCURSOS LOS MISMOS43
No son las de esta categoría, los tipos de compulsas más frecuentes, aunque lo son en menor medida en tribunales que en Juzgados. Los operadores judiciales son más tendientes a compulsar copias frente a sujetos y conductas específicas cuando estas se desarrollaron en el marco de la función pública, o aprovechándose de esta, para formalizar el despojo; y cuando son civiles cuya relación con los grupos armados ha sido mencionada en diferentes escenarios. En cambio, en las conductas que implicaron la compulsa de copias, aun cuando dentro de la sentencia no se identifica el presunto responsable; lo que es posible evidenciar es que son conductas asociadas a graves violaciones a los derechos humanos, como desplazamiento forzado, desaparición forzada, y violencia sexual. Conductas, que además, no necesariamente están vinculados a la formalización del despojo, sino al método de violencia utilizado para gestionar el desplazamiento y el abandono forzado.
d). No se identifican ni sujetos ni conductas relacionados con el abandono forzado y el despojo Este tipo de compulsas son en su mayoría genéricas que hacen el llamado a la Fiscalía a revisar, si existe dentro del expediente, información que permita identificar conductas susceptibles de investigación penal. Estás responden, desde la perspectiva de CODHES, a los requerimientos formales establecidos en el artículo 91, numeral t44 de la Ley 1448 de 2011. Son también las más comunes, corresponden al 54% de las órdenes relacionadas con justicia, proferidas por los tribunales, y el 68% de las que profieren los juzgados.
Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Cartagena Sala Civil Especializada En Restitución De Tierras -. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°13244312100120130007200. Orden N° 22. M.P. Ada Lallemand Abramuck JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE SANTA MARTA. Proceso de Restitución de Tierras Radicado N°470013120012013005800. Orden N° 16. J. FABIÁN ARRIETA BAENA t. La remisión de oficios a la Fiscalía General de la Nación en caso de que como resultado del proceso se perciba la posible ocurrencia de un hecho punible.
La orden más común, tanto en tribunales como juzgados, es similar al ejemplo a continuación: OFICIAR, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN Y DE LA GARANTÍA DE NO REPETICIÓN, A LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTROPARA QUE ORDENE A TODOS LOS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, REPORTAR, POR SU CONDUCTO, DEMANERA INMEDIATA Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY 1448 DE 2011, TODASOLICITUD DE INICIO DE TRÁMITES NOTARIALES Y/O REGÍSTRALES, RELACIONADOS CONACTOS DE ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA A CUALQUIER TÍTULO, CONSTITUCIÓN DEGRAVÁMENES O CELEBRACIÓN DE CUALQUIER NEGOCIO JURÍDICO, SIN IMPORTAR SUDENOMINACIÓN, CUYO OBJETO, DIRECTO O INDIRECTO, LO CONSTITUYAN LAS TIERRAS AQUÍRESTITUIDAS, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO YMONITOREO DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 201, IBÍDEM, PARA QUE DENTRO DELÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS TENDIENTES AGARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA RESTITUCIÓN JURÍDICA Y MATERIAL DE LOS BIENESINMUEBLES, CUYA PROPIEDAD, POSESIÓN U OCUPACIÓN HAN SIDO DEFENDIDAS ENESTE PROCESO, ASÍ COMO LA ESTABILIDAD EN EL EJERCICIO Y GOCE EFECTIVO DE LOSDERECHOS DE LAS PERSONAS REPARADAS, MEDIANTE LA PRESENTE PROVIDENCIAJUDICIAL. CON FUNDAMENTO LOS ARTÍCULOS 91, PARÁGRAFO 1, Y 97, IBÍDEM, LAENTIDAD OFICIADA INFORMARÁ A ESTA CORPORACIÓN EL RESULTADO DE SU GESTIÓN.45
Esta orden a diferencia de otras más genéricas, se especifica y ordena a diferentes entidades de acuerdo con su competencia a adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad de la restitución. Lo que no está claro es que, para la Fiscalía, la investigación por las conductas que dieron lugar al despojo tenga esa relación directa con la efectividad de la restitución. La segunda más recurrente, es aún más genérica, aunque dirigida específicamente a la Fiscalía, en ocasiones a las sub-unidades de la entidad, que son las responsables de determinados temas, por ejemplo: COMUNIQUESE LA PRESENTE DECISIÓN A LA FISCALÍA GENERALDE LA NACIÓN -FISCALÍA 17 DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL UNIDAD NACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ PAR LO DE SU COMPETENCIA46.
O mucho menos específicas como: COMPULSAR COPIAS DEL PRESENTE PROCESO CORI DESTINO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. PARA LO DE SU COMPETENCIA47
En todo caso, estas investigaciones deberían resultar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el despojo y el desplazamiento forzado, así como sus responsables mediatos e inmediatos, bien sea en los escenarios de justicia penal ordinaria o transicional.
Sala Tercera de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia. Proceso de Restitución de Tierras Radicado N°05045312100120130065300. Orden N° 1 M.P. BENJAMIN DE J. YEPES PUERTA Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras De Apartadó – Antioquia. Proceso de Restitución de Tierras Radicado N°050453121002201300001. Orden N° 19. J. ALBERTO AURELIO CHICA BEDOYA Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Cúcuta Sala Civil Fija De Decisión Especializada En Restitución De Tierras.
Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°54001222100320130006700. Orden N° 15. M.P. Alba Luz Jojoa Uribe
e). Los sujetos y las conductas identificados corresponden a situaciones generadas en el marco del proceso de restitución de tierras Este tipo de compulsas que solo se identificaron en sentencias proferidas por tribunales, ninguna por juzgado, representan cerca del 4% de las órdenes clasificadas como acceso a justicia. Son conductas en las que incurren principalmente los solicitantes. Las órdenes en esta categoría, más que ser resultado de una tendencia, por la cantidad y las situaciones aquí evidenciadas son más anecdóticas, pues no contribuyen a la perspectiva de justicia como mecanismos de protección, y las garantías de no repetición. Ahora bien, frente al cumplimiento de dichas órdenes, se hicieron tres (3) solicitudes formales a la Fiscalía General de la Nación través de diferentes mecanismos, sin tener respuesta efectiva frente a la etapa procesal de cada una de estas investigaciones. En sentido estricto, a la fecha de elaboración de este informe, otra solicitud similar que cursaba en Fiscalía General de la Nación no había tenido respuesta. Ante la ausencia de información, más allá de la buena voluntad de diferentes funcionarios y del contexto complejo de implementación normativa del Acuerdo para la terminación del conflicto armado entre las FARC y el Gobierno nacional, el interrogante que queda al final es ¿en el nuevo Tribunal de Justicia Especial para la Paz, no será posible juzgar a los terceros civiles beneficiarios del despojo, a menos que estos se presenten voluntariamente48 los beneficiarios directos del despojo quedarán impunes, disfrutando posiblemente de los bienes colindantes de las víctimas cuyos predios han sido restituidos, generando la continuidad del riesgo y el temor por parte de las víctimas?. Es fundamental que jueces y magistrados de Restitución de Tierras acudan a compulsar copias a Fiscalía como mecanismo para la protección en el mediano plazo de las víctimas de despojo y abandono forzado cuyos predios han sido restituidos.
ÓRDENES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS EN LAS SENTENCIAS DE RESTITUCION DE TIERRAS En términos de las medidas de protección proferidas por jueces y magistrados de Restitución de Tierras, para la elaboración de este informe hemos considerado dos categorías que pueden ser correlato de la protección. Desde el objetivo que se cree que tenía el operador judicial al proferirla. Teniendo en cuenta que la Unidad Nacional de Protección y la Fuerza Pública hacen parte de las entidades encargadas de brindar apoyo al momento de ser restituido el predio y también después cuando sea requerido. Por medio de un acompañamiento se busca garantizar la seguridad de los solicitantes y su núcleo familiar a los que el juez o magistrado les otorgó la restitución.49
Corte Constitucional. Comunicado N° 55, Expediente Rpz-003 -Sentencia C-674/17 (noviembre 14) M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Ley 1448 De 201, Art. 105, Art. 116
1. ACOMPAÑAMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA El acompañamiento de la Fuerza Pública se identifica dentro de las sentencias en dos sentidos, el acompañamiento y seguimiento a la entrega material de los predios restituidos; y el acompañamiento y garantía de las condiciones de seguridad para el retorno. En el mismo sentido, estas órdenes están dirigidas dependiendo de la zona, el propósito y el operador judicial a la policía o las Fuerzas Militares.
2. PROTECCIÓN La solicitud expresa a la Unidad Nacional de Protección de medidas de protección individual o colectiva, o la solicitud de evaluaciones de riesgo para la posible asignación de medidas de protección. La diferencia identificada en las sentencias revisadas entre una y otra categoría (que no son excluyentes en una misma providencia) guarda una estrecha relación con la identificación de situaciones de amenaza persistentes contra la vida y la integridad de beneficiarias del proceso de restitución. En este caso, no hay mayor diversidad entre las órdenes, por lo que este acápite se concentrará, en identificar las zonas donde se han solicitado medidas de protección y en el resultado del piloto de seguimiento a las entidades responsables, que se concentró en las órdenes proferidas para predios ubicados en el Norte del Cauca, el Bajo Cauca Antioqueño y el Sur de Córdoba. De la misma manera que en el acápite anterior, para este análisis, se utilizaron 1.920 sentencias, de las cuales 29 fueron excluidas por razones de integridad estadística, luego los resultados corresponden a las primeras 1.891 sentencias proferidas, que incluyen 35.723 órdenes entre principales y secundarias. Es decir, se utilizaron el 98,5 por ciento del total de las sentencias sistematizadas. Segundo, el 25 por ciento de las sentencias corresponden a acumulaciones procesales. Tercero, estas sentencias no incluyen las Sentencias de restitución de derechos territoriales que han proferido en el marco de los Decretos Ley 4633 de 2011 y 4635 de 2011.
Acompañamiento de la Fuerza Pública Esta es una categoría de órdenes presente en el 97% de las sentencias de restitución de tierras, por lo que se podría pensar que el acompañamiento es generalizado para los procesos. Se presenta de manera indiferente a otras categorías, es decir, hace parte del inventario de medidas estructurales de la restitución. Se da en dos situaciones, la primera, en acompañamiento a la entrega material y definición de linderos, por ejemplo, CON MIRAS A GARANTIZAR QUE AL SEÑOR REMBERTO HUMANEZ RIVERO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 8.423.643, SE LE RESTITUYA MATERIALMENTE EL PREDIO SE ORDENA A LA FUERZA PÚBLICA ACOMPAÑAR Y COLABORAR EN LA ENTREGA MATERIAL DEL INMUEBLE. EN CUANTO AL CERCAMIENTO DEL PREDIO, SE ORDENA QUE LA POLICÍA ACOMPAÑE JUNTO CON UN TOPÓGRAFO DE LA UNIDAD DE TIERRAS A LOS SOLICITANTES PARA EVITAR QUE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE INTERÉS AJENO A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE FALLO PUDIERAN OBSTACULIZAR DICHA LABOR, SITUACIÓN QUE YA HA OCURRIDO Y QUE GENERÓ UNA AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE FALLO EN OTRO PROCESO50. 50
Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Apartadó – Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°05045-31-21-002-2014-0009-00. Orden N° 6. J. ALBERTO AURELIO CHICA BEDOYA La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
De manera particular, en relación con este proceso, es necesario recordar que, en octubre de 2014, varios Topógrafos de la Fundación Forjando Futuros que lleva procesos de Restitución de Tierras fueron amenazados mientras hacían la medición de uno de los predios51; y en julio de ese mismo año, un Topógrafo de la Unidad de Restitución de Tierras también había sido asesinado en Antioquia52. La segunda, en acompañamiento al retorno y la sostenibilidad de la restitución, por ejemplo: ORDENAR A LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ANTIOQUIA Y A LA COMANDANCIA MUNICIPAL DE TURBO, QUE PRESTEN EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA COLABORACIÓN NECESARIA, EN ARAS DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA. ADEMÁS, ESAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD DEBERÁN COORDINAR Y LLEVAR A CABO EN FORMA EFECTIVA, UN PROGRAMA O ESTRATEGIA QUE OFREZCA CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA VEREDA PAQUEMÁS CORREGIMIENTO EL TRES, DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL BIEN OBJETO DE ESTE PROCESO, DE MODO QUE CON BASE EN LAS GESTIONES QUE MANCOMUNADA Y CORRESPONSABLEMENTE EFECTÚEN, SE LE BRINDE UN OPORTUNO Y ADECUADO NIVEL DE SEGURIDAD AL SOLICITANTE Y A SU FAMILIA, CON EL FIN DE QUE PUEDAN TANTO RETORNAR COMO PERMANECER EN SU PREDIO Y DISFRUTAR DE SU DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, CON NIVELES DE SEGURIDAD Y DIGNIDAD FAVORABLES53.
En alguno de los casos, se incluye el consentimiento del solicitante como criterio para el acompañamiento permanente o más prolongado de la fuerza pública, TENIENDO PRESENTE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 1448 DE 2011, SE ORDENE A LA POLICIA NACIONAL, EN CABEZA DEL COMANDANTE DE POLICÍA DE URABÁ PROPORCIONAR LA SEGURIDAD NECESARIA PARO EFECTOS DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL SOLICITANTE EN EL PREDIO RESTITUIDO, PARA ELLO EL SOLICITANTE HUMBERTO GONZALEZ MATUTE DEBERÁ EXPRESAR SU CONSENTIMIENTO54.
Frente al cumplimiento de estas medidas se desarrolló un piloto en las regiones de Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Córdoba y Norte del Cauca, en las que a través de derechos de petición y visitas a campo se identificaron diferentes situaciones sobre la implementación de estas medidas y la pertinencia de estas con la efectiva protección de las personas reclamantes beneficiarias de la restitución. Es necesario señalar que la Policía Departamental de Cauca y Antioquia, respondieron a la solicitud de CODHES con diferencias en el nivel de información proporcionada, pero que permiten dar cuenta de la situación; mientras la Policía de Córdoba no respondió, a pesar de las retiraciones a la fecha. Las entidades que respondieron lo hicieron con información de gestión frente a las acciones tomadas al respecto, pero también con información referente a los mecanismos y los contextos de aplicación de estas. En el caso del Norte del Cauca, se dio respuesta efectiva de gestión para la totalidad de las órdenes consultadas, señalando incluso que existen predios en los que es el ejército quien realiza estas actividades, pero que en todo caso se remite la información. La mayoría de las respuestas
51	52	53	54
Ver: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2014/10/21/controversia-con-unidad-de-restitucion-en-uraba-por-amenazas-a-	topografos-de-forjando-futuros/ Ver: http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/fallecio-funcionario-de-la-unidad-de-restitucion-tras-ataque-en-antioquia/20140712/	nota/2318452.aspx Sala Tercera De Decisión Civil Especializada En Restitución De Tierras Del Tribunal Superior De Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°05045-31-21-002-2013-00012-00. Orden N° 9. J. BENJAMÍN DE J. YEPES PUERTA Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Apartado-Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras
Radicado N°05045-31-21-002-2014-00032-00. Orden N° 19. J. DR. VICENTE LANDINEZ LARA
señalan que: “Se realizan actividades de prevención y consolidación para la convivencia y la seguridad ciudadana, mediante patrullajes, puestos de control y revista a predios restituidos” asimismo “se mantiene permanente contacto con las personas favorecidas por dicha sentencia y sus núcleos familiares” etc. De esta región en particular, llama la atención respecto a la respuesta por una sentencia: “SENTENCIA 033- RADICACIÓN 2014-00003-00
Se realizan actividades de prevención y consolidación para la convivencia y seguridad ciudadana, se pasa revista al predio lote de terreno de sentencia 033, al llegar a la vereda y preguntar por el señor libardo quigua penagos manifestaron no conocer al señor antes mencionado donde nos entrevistamos con la señora ana judith otero encargada de la junta de acción comunal de la vereda san jerónimo quienes se reúnen en la escuela y al señor otoniel velazco propietario del predio los corazón quien manifiesta tampoco conocer al señor quien resuelta favorecido en la sentencia antes mencionada”55 Precisamente en la parte considerativa de la sentencia señala: “Que ante la percepción de inseguridad que aún reina en la zona de ubicación del predio “Villa Marfa”, los Solicitantes manifiestan su voluntad de No retornar a su inmueble, no conciben el re-emprendimiento de su proyecto de vida y la reagrupación del núcleo familiar en un escenario de conflicto que no garantiza condiciones para el retorno y una Restitución sostenible”56. y que, Que, de acuerdo con el registro fotográfico del predio, obtenido en el Informe Técnico de Georreferenciación elaborado por el Área Catastral de la Dirección Territorial, la casa de habitación antes descrita actualmente no existe y el predio se encuentra abandonado57. Finalmente, el juzgado resuelve como decisión principal: Al respecto considera el despacho que procede la COMPENSACIÓN, pues el actor y su familia buscan un lugar donde puedan establecer su hogar, rehacer su familia hoy desintegrada por la violencia, para el caso concreto hablaremos de compensación en especie y reubicación que alude el literal c) del artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, acorde con lo anterior, no habrá lugar a decretar la restitución material estricto sensu, sino a la COMPENSACION, por lo que se ordenará con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, una restitución por equivalencia medioambiental en los términos que lo regula esta última normativa y sólo en caso de que no sea posible esta simetría, podrá recurrir, subsidiariamente, a la equivalencia económica con pago en efectivo, contando indefectiblemente con la participación directa y suficientemente informada del núcleo familiar que se protege con esta decisión58. Luego, es fundamental que las entidades responsables no se limiten a leer la identificación del predio, y profundicen en la sentencia de su competencia, teniendo en cuenta que se espera una intervención integral del Estado para estas familias, y que como en este caso, no hay lugar para buscar a los beneficiarios en el predio abandonado porque la decisión principal fue una compensación. En cambio, sí, se desconoce la situación de seguridad y protección brindada en el eventual predio entregado en compensación. 55	56	57	58
Departamento de Policía del Cauca. Comunicación N° S-2017-146651 SUBCO-COSEC – 1.10. Popayán 10 de julio de 2017, en respuesta al Derecho de Petición enviado por CODHES. Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Popayán. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N° 19001-31-21-001-2014-00003-00. J. Luis Felipe Jaramillo Betancourt. Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Popayán. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N° 19001-31-21-001-2014-00003-00. J. Luis Felipe Jaramillo Betancourt. Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Popayán. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N° 19001-31-21-001-2014-00003-00. J. Luis Felipe Jaramillo Betancourt.
En el mismo sentido, la Policía Departamental de Antioquia, se refirió a la ubicación de cada uno de los predios, señalando las siguientes conclusiones: “Se entregó mediante actas medidas de autoprotección a estas personas brindándoles las recomendaciones de seguridad pertinentes con el fin de garantizar sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal. Debido a las condiciones geográficas como la distancia de estas veredas no se realizan visitas constantes por lo que se realizaron intercambios de números de teléfono con el objetivo de realizar un monitoreo constante a los bienes restituidos para así prevenir casos de extorsión, amenazas o atentados que puedan afectar su integridad física y la de sus núcleos familiares. Se dieron a conocer los diferentes programas de participación ciudadana que se realizan con la comunidad tales como: Red de Cooperantes, red de Apoyo, encuentros comunitarios, campañas educativas, acciones de gestión, Escuelas de Convivencia y Seguridad Ciudadana entre otros.”59 Frente a esto, es necesario señalar que, en trabajo de campo se identificaron varias situaciones que aunadas a la respuesta de la Policía dan cuenta de un contexto en el no existen de facto garantías de no repetición. Para Antioquia, se indagó de manera particular en los predios restituidos o en proceso, en el Bajo Cauca Antioqueño. Al respecto es necesario decir, que si bien los mecanismos de protección autogestionados han evidenciado éxito en algunos casos, las medidas de autoprotección no son mecanismos a través de los cuales el Estado garantice la vida de las personas, menos aún de personas que están en el marco de un proceso de reparación integral y transformadora, del que hace parte la restitución de tierras. En segundo lugar, no son solamente las condiciones geográficas, que, para el caso del Bagre, han generado que los vehículos de la UNP asignados a los funcionarios judiciales no sean los adecuados para entrar a algunas veredas, o que tampoco lo sean los vehículos de la Policía, y que frente al requerimiento de apoyo logístico del ejército -que se espera que en un nuevo escenario de “paz”- los recursos que implica las horas de vuelo de un helicóptero hacen imposible ese apoyo. Luego a las zonas de predios restituidos en municipios como el Bagre, el Estado sigue sin llegar, y las condiciones de vulnerabilidad y amenaza que originaron las violaciones a los derechos humanos que se pretenden reparar continúan. Lo anterior a pesar de que, dentro de la Policía se hayan hecho esfuerzos administrativos y operativos para articularse a la implementación de la política de restitución de tierras, como la creación del grupo especial del Escuadrón Móvil de Restitución (ESMOR). La profunda desconexión entre el contexto situacional y las acciones del Estado redunda en la acentuación del riesgo de las personas vinculadas con la política de restitución de tierras, y en general de la población civil. Esto es, en un escenario en el que las Autodefensas Gaitanitas de Colombia o el Clan del Golfo o Los Urabeños, han declarado un Plan Pistola60 abiertamente conocido por la opinión pública y que, ha generado que se retiren las unidades de policía de algunos corregimientos como Puerto López y Puerto Claver (El Bagre) para proteger a los oficiales; no es claro como para la policía ofrecer mecanismos de participación ciudadana como “ Red de Cooperantes” – de acuerdo con la información entregada en respuesta al derecho de petición- es un mecanismo de protección. 59	60
Departamento de Policía de Antioquia. Comunicación N° 4459 DIECA – ESCAU – 29.25. Caucasia, 1 de septiembre de 2017, en respuesta al Derecho de Petición enviado por CODHES. Ver: http://www.semana.com/noticias/bajo-cauca/113158 | https://www.elheraldo.co/colombia/un-policia-y-un-menor-heridos-por-plan-	pistola-en-bajo-cauca-antioqueno-367147 | http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/los-urabenos-desataron-plan-pistola-enantioquia-AJ6469345 | http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/policia-avanza-en-contrarrestar-el-plan-pistola-del-clan-delgolfo-86956
“Se dieron a conocer los diferentes programas de participación ciudadana que se realizan con la comunidad tales como: Red de Cooperantes […]61” Para CODHES, como se ha advertido desde hace varios años, esto supone una situación de riesgo adicional, la colaboración de la población civil a sujetos que son considerados objetivos militares y que son participantes de un contexto de conflicto armado vigente, no puede ser una medida de protección.
Protección Frente a las sentencias que ordenan evaluaciones de riesgo, y medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, estas equivalen al 3% de la totalidad de órdenes sistematizadas. Todos son casos con oposición reconocida y cuya decisión principal es la restitución del predio. De estas, el 30 por ciento son provenientes del Juzgado Segundo de Buga, Valle del Cauca, y son órdenes más amplias que entre otras incluyen a la UNP. Por ejemplo: QUINTO: EN ORDEN A GARANTIZAR LA REALIZACIÓN CIERTA DE LA RESTITUTIO IN INTEGRUM CON VOCACIÓN TRANSFORMADORA, APLICANDO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA RESTITUCIÓN, EN ESPECIAL EL DE PROGRESIVIDAD, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY 1448 DE 2011, EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS, ADEMÁS DE LOS ORDENAMIENTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 91 IBÍDEM, LA LEY 387 DE 1997, EL DECRETO 4800 DE 2011 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, ESTÉS A LO RESUELTO EN EL NUMERAL DÉCIMO DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA DE RESTITUCIÓN NO. 01 DEL 30 DE ENERO DE 2015 PROFERIDA POR ESTE DESPACHO DENTRO DEL RADICADO 76-111-31-21-002-201400003-00. EN CONSECUENCIA, ITÉRESE LAS ÓRDENES A TODAS LAS AUTORIDADES CORRESPONSABLES DE LAS MEDIDAS REPARADORAS, PERO EN ESPECIAL A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, AL COMANDANTE DE LA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO, AL COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA QUE SE TOMEN TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA VIDA, HONRA Y BIENES DE LAS VÍCTIMAS, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE RETORNAR A SUS PREDIOS YADMINISTRARLOS EN LAS CONDICIONES QUE ELLOS ESTIMEN MÁS CONVENIENTES. JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO62
En todos los casos los jueces y magistrados han identificado situaciones de riesgo concretas, especialmente amenazas. Sin embargo, uno de los casos que más ha llamado la atención en este proceso de seguimiento es uno cuyo predio en discusión está en el departamento del Meta, en este caso, el opositor es quien presuntamente realizó el despojo y ha sido condenado por la Justicia Colombiana y requerido en extradición por cargos de Narcotráfico63. El juez lo consideró necesario al identificar las acciones del opositor y su intención de impedir con el proceso de restitución. PRORROGAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS EN RELACIÓN CON EL SOLICITANTE EDUVIN EPIMENIO VELASCO VILLAMIL EN ATENCIÓN A LAS PRESUNTAS AMENAZAS DE LAS QUE FUE OBJETO CONFORME QUEDÓ DICHO EN EL CUERPO DE ESTA PROVIDENCIA. OFICIESE A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN64.
Departamento de Policía de Antioquia. Comunicación N° 4459 DIECA – ESCAU – 29.25. Caucasia, 1 de septiembre de 2017, en respuesta al Derecho de Petición enviado por CODHES. Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras Guadalajara De Buga. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N° 76-111-31-21-002-2014-00054-00. Orden N° 5. J. Oscar Rayo Candelo Ver: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/narco-despojador-de-tierras-de-regreso-al-pais-articulo-425162 Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá D. C., Sala Civil Especializada En Restitución De Tierras. . Proceso De Restitución De Tierras Radicado N° 5000013121 001-2012-00064-00. M.P. Jorge Eliécer Moya Vargas La Vida por la Tierra: (Des)Protección en Contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales
Sin embargo, en otras situaciones no tan evidentes como las señaladas en el marco de análisis de la compulsa de copias, no necesariamente se considera necesaria la evaluación de riesgo. Las amenazas, e incluso otras agresiones menos graves están tan normalizadas en la sociedad y en determinados contextos que no se consideran de facto, situaciones de riesgo inminente. Los únicos despachos que han proferido este tipo de órdenes son: •	Juzgado Primero de Villavicencio •	Juzgado Primero de Caucasia •	Juzgado Primero de Popayán •	Juzgado Segundo de Apartadó •	Juzgado Segundo de Buga •	Juzgado Segundo de Cúcuta •	Juzgados Primero y Tercero de Cali •	Tribunal de Bogotá •	Tribunal de Cartagena El seguimiento al cumplimiento de medidas de protección fue tramitado a través de solicitudes de información formales a la UNP para que con una respuesta se pudiera identificar el tipo resultado de las evaluaciones de riesgo y además el proceso en el que encontraba la solicitud de protección directa que se mencionó anteriormente. Como respuesta a esta solicitud de información, la UNP envió un oficio N° OFI17-00022494 el 22 de junio de 2017, en el cual aseguran que se hicieron las evaluaciones de riesgo pertinentes pero que al ser información de los solicitantes y los protegidos es de carácter reservado según la ley 418 de 1997. Luego no sería posible saber, si las personas recibieron o no medidas de protección efectiva frente a un riesgo identificado en una instancia judicial.
Recomendaciones para el ajuste de la política pública de protección
RECOMENDACIONES PARA EL AJUSTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN La construcción de estas recomendaciones se enmarca en un proceso de consulta con entidades públicas a nivel territorial en Antioquia, Córdoba y Cauca, en consultas individuales con personas vinculadas con la política de restitución de tierras o de derechos territoriales, y finalmente, los espacios de construcción colectiva que se desarrollaron en Santander de Quilichao y Bogotá en el marco de dos Encuentros de Diálogo Intercultural para la Protección en contextos de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales. En el mismo sentido, esta propuesta pretende contribuir a la construcción de una política que responda de manera más oportuna y efectiva frente a las situaciones de riesgo particulares de las personas y las comunidades; y de esta manera optimizar los recursos del Estado en esta tarea. Con base en lo anterior, se han identificado tres elementos que pueden transformar de manera radical la política de protección y en tal sentido se organiza de esta manera la propuesta: 1.	Condiciones mínimas de la política. Estas pueden ser equivalentes a principios o lineamientos que suponen que de manera indiferente a las medidas diseñadas para la protección y las rutas definidas para ello, unos criterios inexcusables y necesarios para que la política funcione. 2.	Medidas de protección. Las medidas de protección son la principal discusión en todos los espacios, porque se consideran descontextualizadas e ineficaces frente a situaciones de riesgo inminente, por lo cual se proponen algunas medidas que guarden una relación de pertenencia con determinados contextos. No son medidas que puedan ser aplicadas de manera genérica porque perderían su efectividad dada por el contexto.
CONDICIONES MÍNIMAS DE LA POLÍTICA 1. Buena fe. Las actuaciones de buena fe por parte del Estado se consideran fundamentales, y para la materialización de esa buena fe es primordial partir del reconocimiento de las personas que están en riesgo, de sus contextos socioculturales y espirituales, así como, la promoción de una cultura de buena fe dentro de las entidades públicas para con las víctimas o las personas en riesgo, que les permita actuar sin prejuicios y sin banalizar las situaciones. 2. Celeridad y Oportunidad. Cualquier mecanismo que busque proteger la vida e integridad de una persona, en contextos de conflicto armado o violencia armada en reconfiguración como sucede en Colombia, debe tener una fase de respuesta rápida, desde el diagnóstico hasta la elección de la medida. La flexibilidad de los procedimientos es fundamental en este contexto, entendiendo que el derecho sustancial siempre estará por encima del derecho procedimental. Un mes es un tiempo exagerado para una respuesta que se presume inmediata. 3. Confianza. Poder recuperar la confianza legítima en el Estado es fundamental para las comunidades, y eso pasa por un proceso de auditoría exhaustiva que permita identificar factores de desconfianza y corrupción y depurar la planta de personas de las entidades que tienen la responsabilidad de tener acceso a la información sobre personas en riesgo o víctimas del conflicto armado.
4. Confidencialidad. La confidencialidad parte de reconstruir esa confianza legítima en las entidades del Estado, las fugas de información que resultan en la acentuación del riesgo es la primera barrera de acceso al Estado y es una situación que ha permeado a todas las instituciones, por lo que es muy difícil establecer una ruta general para todo el país por las mismas dinámicas de cooptación en los territorios. 5. Coordinación o articulación. No es posible que una sola entidad pueda proveer todas las acciones que se requieren para la protección de la vida y la integridad de una persona o de una comunidad. El desafío que tenemos como país es construir un Estado realmente descentralizado que pueda coordinar intra e intersectorialmente, pero ese desafío no puede seguir costando vidas, por lo que es fundamental identificar en otras experiencias qué mecanismos de coordinación han resultado y ser creativas en la proposición de esquemas de articulación. Por ejemplo, las comisiones intersectoriales son un mecanismo, sería necesario revisar las bondades y limitaciones de este -en la práctica- para evaluar la pertinencia de crearlo. 6. Eficacia. La rendición de cuentas del Estado, y en su representación de las entidades responsables, debe darse en términos de gestión, efectivamente, pero también y de manera inexcusable en términos de resultados concretos e impacto. En términos del goce efectivo de los derechos. Si las medidas conducentes a la evaluación del riesgo y a la protección están resultando ineficaces es necesario hacer modificaciones a la política. 7. Enfoque de Derechos Humanos. Entender que el Estado no presta unos servicios per se sino que su objetivo es garantizar el goce efectivo de los derechos, y en tal sentido, la identificación de los derechos en riesgo, para protegerlos y respetarlos -como los derechos a la autonomía de los pueblos-que son fundamentales. Garantizar que las medidas de protección no resulten en la restricción o vulnerabilidad de otros derechos implica un diagnóstico real en términos de situación de derechos. Frente a esto se hizo énfasis en tres derechos, el derecho a la AUTONOMÍA de los pueblos étnicamente diferenciados; el derecho a la LIBERTAD, es decir que las libertades individuales no se vean afectadas, ni se vea fraccionado el proceso organizativo como consecuencia de la medida de protección; y la LIBRE MOVILIDAD, de manera particular. Esto parte de procesos de formación al interior de las entidades, pero también de adecuación de los instrumentos diseñados para la implementación de la política. 8. Enfoque Territorial. El enfoque territorial tiene dos sentidos. El primero propone entender que muchas de las situaciones de riesgo afectan a todos los pobladores que conforman un territorio -entendiéndolo como un escenario socio-espacial que puede ser rural o urbano, étnico o no- y que se intersecciona con la integralidad del diagnóstico. También entender que ese territorio tiene unas dinámicas específicas que pueden contribuir a mitigar el riesgo, y a partir de esas dinámicas construir las medidas de manera conjunta con la comunidad y no solamente con la persona que presenta el mayor nivel de riesgo. El segundo sentido es entender cuáles son las relaciones socio-territoriales que también están en riesgo y que por lo tanto cualquier medida de protección debe, cuando menos, garantizar que no va a acentuar el riesgo sobre esas relaciones socio-territoriales. 9. Integralidad. También se planteó en dos sentidos, por un lado, el reconocimiento integral del riesgo, que parte de una lectura completa del contexto que permite dar cuenta de la magnitud de la situación más allá de la amenaza concreta, y por el otro, la respuesta integral, que significa que la responsabilidad del Estado se agota con el goce efectivo del derecho, lo que puede y debe implicar diferentes tipos de medidas en un mismo caso, que respondan de manera integral al riesgo.
10. Participación efectiva. Este principio es fundamental tanto en el diagnóstico como en el diseño del Plan de Protección o de las medidas a implementar, como en la evaluación de la efectividad de estas. La participación efectiva implica que se habiliten todos los medios logísticos, comunicativos y socioculturales para garantizar que las personas puedan entender la conversación -es decir, que cuenten con la información y medios suficientes- para retroalimentar las propuestas y que sus aportes se vean reflejados en las decisiones que se toman. 11. Pertinencia. La pertinencia es un pre-requisito para la efectividad y la integralidad, y se espera que las medidas diseñadas respondan de manera directa a las vulnerabilidades, capacidades y amenazas que configuran los riesgos concretos de cada persona y comunidad. Así mismo, que encuadren con las construcciones socioculturales del contexto de las personas protegidas. 12. Respuesta Diferenciada. El enfoque diferencial en la política pública se ha transformado en una categoría discursiva que no se traduce del diagnóstico a la respuesta concreta. Por esta razón, se considera que la respuesta debe ser diferenciada según el contexto, la población y el riesgo. Frente a cada categoría deben aplicar unas medidas específicas y no otras, y si bien hay medidas que pueden contribuir en términos generales a la protección de todos y todas, deben existir elementos diferenciadores que garanticen el enfoque de derechos, la pertinencia y la integralidad de la respuesta.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN De estos ejercicios resultó un proceso interesante y fue entender que lo que esperan las personas en riesgo, o lo que creen que desde su contexto funcionaría mejor, no guarda ninguna relación con el espectro de la oferta institucional actual para protección individual. Estas medidas se pueden resumir en tres grupos, medios de comunicación, fortalecimiento de procesos autónomos (reconociendo las capacidades de respuesta de las comunidades) y mecanismos de transporte (no individual).
1). Fortalecimiento de procesos autónomos El fortalecimiento de procesos autónomos se da en dos vías, la primera, es no restringir las capacidades comunitarias a las comunidades étnicamente diferenciadas, sino también entender que en las relaciones comunitarias campesinas y urbanas hay redes de apoyo y de respuesta. Es fundamental que en todo este proceso las comunidades sean consideradas como el primer respondiente material en casos de emergencia, porque surge de la cotidianidad de las comunidades y de las propias capacidades que han construido desde la experiencia para responder. En el caso el caso de las Guardias Cimarronas e Indígenas se proponen como medidas mecanismos para su fortalecimiento y garantizar su funcionamiento: a)	Formación en derechos humanos, derecho internacional humanitario, derechos étnico-territoriales, liderazgo y representatividad y estructura del Estado Colombiano. b)	Dotación de radioteléfonos, chalecos, linternas, bastones, botas, insumos para acampar, carpas, cámaras, grabadoras, medios de transporte y recursos para su sostenimiento. Nótese que no se propone que se entreguen armas de dotación. c)	Mecanismos de coordinación directa (enlace) entre las autoridades tradicionales y propias y las instituciones del Estado responsables de la respuesta en situaciones de protección. 61
En el caso de las comunidades campesinas, se propone involucrar a las comunidades en el proceso, hacerlos parte del entorno protector y también generar relaciones de solidaridad con la persona que está en riesgo, de manera que se eviten los prejuicios y temores asociados a la intervención del Estado de manera tan localizada en sus territorios.
2). Medios de comunicación Lo que se espera de estas medidas es que se garantice que en caso de emergencia, las comunidades y las personas en riesgo puedan comunicarse con personas afuera del territorio para pedir ayuda y dar aviso sobre una situación de riesgo específica. Se proponen como medidas estructurales para las comunidades en donde no existe cobertura de red eléctrica o la cobertura es intermitente, y para lugares donde no existe señal de telefonía celular, lo correspondiente: d)	Plantas de energía eléctrica con mecanismos de generación alternativos como paneles solares o con energía eólica. e)	Antenas repetidoras para tener señal de telefonía celular. Con estas medidas, no solamente se responde a una situación de riesgo particular, sino que se anticipa a otras situaciones de riesgo y de paso, se cierra la brecha de acceso a servicios en el país. Por otro lado, como instrumentos de comunicación se propone: f)	Radioteléfono g)	Teléfonos celulares con ‘whatsapp’ Adicionalmente se propone, que, para garantizar la conectividad con los celulares, y frente a las limitaciones de recursos de las comunidades, el teléfono tenga un plan de minutos y datos o que se generen kioscos digitales veredales, donde la gente se pueda conectarse a internet en caso de emergencia.
3). Transporte Esta es la categoría que más guarda relación con las medidas actualmente ofertadas para los casos individuales y muchos individuales con impacto colectivo. El transporte, para salir a cualquier hora de la zona de riesgo se considera fundamental, sin embargo, los carros blindados solamente se consideran pertinentes para funcionarios públicos y en contextos urbanos. Para los contextos rurales, se proponen chivas porque pueden entrar a cualquier lugar de los territorios y pueden transportar a varias personas de la comunidad, pero además se considera un medio de transporte que no va a generar alertas adicionales en el resto de las comunidades, porque es uno cotidiano. Motos, en los casos individuales, de manera que en caso de emergencia se puedan transportar rápidamente, se considera que los carros blindados tienen muchas restricciones tanto transaccionales como del lugar al que pueden o no entrar. Finalmente, considerar las chalupas o lanchas pequeñas para las comunidades que se conectan a través de ríos, entender que ese es el escenario de movilidad, es fundamental para la respuesta diferenciada.
Referencias Acto Legislativo 01 de 2016, Capítulo III del Título IV de la Ley 1448 de 2011 Antes del mecanismo Fast Track y el Acuerdo de Paz, ya se habían presentado tres propuestas para modificar la Ley 1448 de 2011 en materia de restitución de tierras en el Congreso. Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP. Derecho a la tierra. http://www.cinep.org.co/ Home2/component/k2/itemlist/category/115-derecho-a-la-tierra.html CIJP. Amenazas, adquisición ilegal de tierras y ausencia de garantías para las víctimas. Fecha de publicación:
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Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitucion De Tierras De Popayán. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N° 19001-31-21-001-2014-00003-00. J. Luis Felipe Jaramillo Betancourt. Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitucion De Tierras De Popayán. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N° 19001-31-21-001-2014-00003-00. J. Luis Felipe Jaramillo Betancourt. Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Mocoa - Putumayo. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°86001312100120140041800. Orden N° 7. J. Mario Fernando Coral Mejia Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras De Apartadó – Antioquia. Proceso de Restitución de Tierras Radicado N°050453121002201300001. Orden N° 19. J. ALBERTO AURELIO CHICA BEDOYA Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Apartadó – Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°05045-31-21-002-2014-0009-00. Orden N° 6. J. ALBERTO AURELIO CHICA BEDOYA Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitucion De Tierras De Apartadó Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°050453121002201300031. Orden N° 21. J. Alberto Aurelio Chica Bedoya. Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Montería . Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°23001312100220130002000. Orden N° 23. J. James Mauricio Paucar Agudelo Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Montería. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°23001312100220140000100. Orden N° 26. J. James Mauricio Paucar Agudelo Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°05000312100220140005900. Orden N° 20. J. Aroldo Antonio Gómez Medina. Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Montería. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°2300131210022013000500. Orden N° 15. J. James Mauricio Paucar Agudelo Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras Guadalajara De Buga. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N° 76-111-31-21-002-2014-00054-00. Orden N° 5. J. Oscar Rayo Candelo Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución Y Formalización De Tierras De Santiago De Cali Valle Del Cauca. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°76111312100220150006700. Orden N° 16. J. Oscar Rayo Candelo Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Apartado-Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°05045-31-21-002-2014-00032-00. Orden N° 19. J. DR. VICENTE LANDINEZ LARA Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado: 27001 31 21 0001 2014 0005 00 (15). M.P. Vicente Landinez Lara. Septiembre 23 de 2014. Sala Tercera De Decisión Civil Especializada En Restitución De Tierras Del Tribunal Superior De Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°05045-31-21-002-2013-00012-00. Orden N° 9. J. BENJAMÍN DE J. YEPES PUERTA
Sala Tercera de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia. Proceso de Restitución de Tierras Radicado N°05045312100120130065300. Orden N° 1 M.P. BENJAMIN DE J. YEPES PUERTA Tribunal Superior De Antioquia De La Sala Civil Especializada En Restitución De Tierras. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°23001312100220140005300. Orden N° 23. M.P. Puno Alirio Correal Beltrán Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá D. C., Sala Civil Especializada En Restitución De Tierras. . Proceso De Restitución De Tierras Radicado N° 5000013121 001-2012-00064-00. M.P. Jorge Eliécer Moya Vargas Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Cartagena Sala Civil Especializada En Restitución De Tierras -. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°13244312100120130007200. Orden N° 22. M.P. Ada Lallemand Abramuck Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Cúcuta Sala Civil Especializada En Restitución De Tierras. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°540001222100120130005100. Orden N° 17. M.P. Amanda Janneth Sánchez Tocora Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Cúcuta Sala Civil Fija De Decisión Especializada En Restitución De Tierras. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°54001222100320130009600. Orden N° 16. M.P. Julián Sosa Romero Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Cúcuta Sala Civil Fija De Decisión Especializada En Restitución De Tierras. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°54001222100320130006700. Orden N° 15. M.P. Alba Luz Jojoa Uribe Tribunal Superior Sala Primera Civil Especializada En Restitución De Tierras Del Distrito Judicial De Antioquia. Proceso De Restitución De Tierras Radicado N°23001312100120140000700. Orden N° 30. M.P. Javier Enrique Castillo Cadena
Documento CODHES 36 La Vida por la Tierra
(Des)protección en contextos de restitución de tierras y derechos territoriales. Desde el inicio de la Política de Restitución en 2011 y has...