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Timestamp: 2018-10-21 11:59:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 41', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 41', 'Artículo 4', 'Artículo 41', 'artículo 15', 'artículo 38', 'artículo 156', 'artículo 366', 'artículo 361', 'artículo 341']

Consejo general exp. Jge/qpan/JL/ags/248/2006
EXP. JGE/QPAN/JL/AGS/248/2006
CG157/2008
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “ALIANZA POR MÉXICO” POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
Distrito Federal, a 23 de mayo de 2008.
VISTOS para resolver los autos del expediente identificado con el número JGE/QPAN/JL/AGS/248/2006, al tenor de los siguientes:
I. Con fecha quince de mayo de dos mil seis, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el oficio CL/CP/0423/2006, suscrito por el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo, Consejero Presidente del Consejo Local de este Instituto en el estado de Aguascalientes, mediante el cual remitió escrito de dos de mayo del mismo año, suscrito por el Lic. Javier Jiménez Corzo, representante propietario del Partido Acción Nacional ante dicho Consejo, en el que medularmente expresa:
1.- El año pasado con la Instalación del Consejo General dio inicio el proceso electoral 2006, con el cual se elegirán a Diputados, Senadores y Presidente de la República para el mes de junio de 2006. (sic)
2.- El mes de Noviembre de 2006 se instaló el Consejo Local en la entidad.
3.- En el mes de Diciembre quedaron instalados los Consejos Distritales respectivos en el Estado de Aguascalientes.
4.- En el mes de Enero se dio formal inicio a la etapa de campaña electoral en particular de los candidatos a Presidente de la República.
5.- En fecha 19 de Abril del año 2006, en el periódico denominado “página 24”, diario de circulación local, apareció una nota periodística realizada por el reportero de dicho medio Mario Luis Ramos Rocha, en la que en una entrevista realizada al Presidente del Partido Revolucionario Institucional y Candidato a Senador por la Primera Fórmula de la Coalición “Alianza por México” JOSÉ CARLOS LOZANO DE LA TORRE menciona, entre otras cosas lo siguiente; “… Nadie traga a Felipe González ni a Camarillo, Representan lo peor que nos ha gobernado”.
6.- De lo anterior se desprende que el C. Ingeniero JOSÉ CARLOS LOZANO DE LA TORRE actual Presidente del Partido Revolucionario Institucional y Candidato a Senador por la Primera Fórmula en Aguascalientes, por la Coalición “Alianza por México”, violenta lo consagrado en el artículo 38, inciso p), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto con la clara intención de verse favorecido con el voto de los ciudadanos de Aguascalientes, en el próximo proceso federal electoral, olvidándose de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, ya que no por el hecho de ser Candidato a Senador en Aguascalientes, lo exime de cumplir con la legalidad que el Código en mención establece, aunado a que en dicha nota periodística, se percibe un ánimo de difamación pública ya que lo que se pretende dolosamente es privar de su buen nombre y fama a los Senadores por mi Representada.
FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye la conducta irregular e ilegal desplegada por el Ing. JOSE CARLOS LOZANO DE LA TORRE Presidente del Partido Revolucionario Institucional y Candidato a Senador y/o LA COALICIÓN DENOMINADA “ALIANZA POR MÉXICO”. A través de EL PERIÓDICO DENOMINADO “PÁGINA24” DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2006.
ARTÍCULOS VIOLATORIOS.- 41 de la Constitución Federal, 1, 38, incisos a) y p), 39, 182, 182-A, 185 y demás relativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
CONCEPTOS DE AGRAVIO.- Causa agravio al Partido Acción Nacional el hecho de que el hoy denunciado, no cumpla con las disposiciones de la Constitución Federal, ni del Código Electoral.
Es decir, si el artículo 41 de la Constitución dice:
Del texto en comento, es claro que nos remite al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se fijan las particularidades de los Partidos Políticos Nacionales, Coaliciones, su intervención en el proceso, como registrar candidatos, derechos y obligaciones, etc.
En este orden de ideas, resulta notorio que el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, refiere a una serie de preguntas las cuales se encuentran expresamente prohibidas, aunque estas son enunciativas, no limitativas, porque puede ser que se susciten supuestos que no aplican al tipo de norma, el fin es la participación ciudadana, la expresión de ideas, el acceso al poder público de los ciudadanos, el financiamiento público, los registros para que los ciudadanos participen y ejerciten el voto, se entiende que cualquier conducta que atente en contra de estos valores, y que pretenda obtener una ventaja indebida, o tratar de truquear o evadir la norma, siempre que atente en contra del derecho tutelado por el derecho electoral, que es la soberanía del pueblo que puede ser delegada a través de mecanismos legales y que los contendientes podrán ofertar en igualdad y equidad sus plataformas políticas; es una conducta que puede ser analizada y sancionada por el Instituto Federal Electoral y/o por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Ahora bien, dentro de las obligaciones están las siguientes:
Artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dice:
1.- Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
Del artículo en examen es evidente que todas las actividades de los entes políticos, independientemente deben de ajustarse a la Ley y a los principios del Estado democrático, así las cosas que al no respetarse las normas de propaganda o campaña, por ende se está evadiendo el cumplimiento de esta obligación, y al realizar una conducta ilegal es obvio que no se sujeta al Estado Democrático.
Se dice lo anterior, porque si el Estado Democrático contiene ciertas características y principios tales como realizar elecciones periódicas, libres, auténticas (Artículo 41 Constitucional) a través del sufragio universal, libre, secreto, personal e intransferible (Artículo 4, párrafo 2, COFIPE), organizado mediante un órgano autónomo, que deberá de conducir su actividad en la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad (Artículo 41, fracción III, de la Constitución Federal), con la participación monopólica de los partidos políticos como entidades de interés público para ser el conducto mediante el cual los ciudadanos acceden al orden público, etc.; así como que existan reglas claras y precisa respecto de la campaña electoral, porque se oferta con mecanismos ilegales por ende, obtiene votos viciados, etc.
Para finalizar, el criterio que se ha sostenido el Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre los mensajes políticos en medios masivos de comunicación y difundidos a través de un medio masivo de comunicación como lo es el periódico, tiene como característica la de llegar a un cúmulo de personas lectoras y receptoras del contenido publicado en el mismo. En este sentido, las imágenes o expresiones que se presenten o promueva a candidatos o plataforma electorales por ese medio, serán atribuibles al partido político beneficiado con la circulación de tal nota, aunque no se advierta la autoría o participación directa del partido, ya que la difusión masiva del mensaje genera ventaja en las preferencias electorales de los ciudadanos.
Escrito al que acompañó la documental privada consistente en el original de la sección Local, página 6, del diario “Página 24” de fecha diecinueve de abril de dos mil seis.
II. Por acuerdo de fecha seis de junio de dos mil seis, se tuvo por recibido en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el escrito señalado en el resultando anterior, y con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, incisos a) y t); 82, párrafo 1, incisos h) y w); 85, 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87, 89, párrafo 1, incisos ll) y u); 269, 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, párrafo 1; inciso a), fracción V, 12, párrafo 1, 16, 19, 21, 37 y 38 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ordenó integrar el expediente respectivo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número JGE/QPAN/JL/AGS/248/2006; emplazar a la otrora coalición "Alianza por México" para que en un término de cinco días hábiles contestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas pertinentes.
III. En cumplimiento al acuerdo referido en el resultando anterior, con fecha veintiséis de junio de dos mil seis, se giró el oficio SJGE/987/2006 con el que se emplazó a la otrora coalición “Alianza por México”.
IV. El veinticuatro de agosto de dos mil seis, el Lic. Felipe Solís Acero, entonces representante propietario de la coalición “Alianza por México” ante el Consejo General de este Instituto, dentro del plazo legal dio contestación a la queja manifestando, esencialmente, lo siguiente:
“PRIMERO.- Previo al estudio de fondo del presente asunto, se solicita a ese órgano ejecutivo determine el desechamiento de la queja, en atención a que en la especie se actualiza la hipótesis normativa establecida en el artículo 15, párrafo 1, inciso e) del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra previene:
1.- La queja o denuncia será desechada de plano, por notoria improcedencia cuando:
d) Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, superficiales, pueriles o ligeros.
Lo anterior es así, dado que en el caso los argumentos expuestos por el denunciante se eximan frívolos e intrascendentes, ya que como se puede observar, las pruebas ofrecidas no son idóneas, pertinentes y consecuentemente eficaces para acreditar los extremos de sus pretensiones, esto es, de la única nota periodística que aporta como prueba, la misma no puede siquiera considerarse como indicio, ya que si bien en cierto menciona que se trata de una nota periodística en donde se menciona “… que nadie traga a Felipe González ni a Camarillo, que representan lo peor que nos ha gobernado…”, también lo es que se trata de declaraciones sacadas de contexto, en este sentido el elemento de prueba ofrecido por el quejoso y al tenor de una lectura integral de la nota, no se desprende ningún supuesto que permita acreditar que, la coalición “Alianza por México”, con las declaraciones denunciadas, actualiza lo establecido en el artículo 38, inciso p) del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales.
SEGUNDO.- Establecido lo anterior Ad Cautelam se procede a realizar las siguientes consideraciones:
El actor en su escrito de queja, se duele que las declaraciones realizadas por el C. Carlos Lozano de la Torre causaron en sus candidatos al Senado de la República “una difamación pública”, sin embargo tal apreciación es completamente falsa.
La falsedad de los hechos que denuncia el actor, derivan de su propia naturaleza, ya que es necesario dejar en claro que la publicación derivó del trabajo periodístico del C. Mario Luis Ramos Rocha, lo que deja en evidencia que no se trata de algún evento, como pudiese ser una conferencia de prensa, convocada por el ciudadano denunciado lo que en consecuencia no se trata de un acto que de manera premeditada se realice con el fin de dar a conocer a la opinión pública algún tópico en específico, en consecuencia no puede existir violación a la normatividad electoral.
La nota destaca una serie de cuestiones diversas a las denunciadas por el actor, ya que al realizar una lectura integral de la nota periodística claramente se puede apreciar que la naturaleza de las declaraciones tienen como fin, el mostrarle al periodista la realidad que sobre las encuestas y preferencias electorales acontece ya que el Partido Acción Nacional estuvo dando a conocer cuestiones contrarias a la realidad, en este sentido de las declaraciones realizadas por el C. Carlos Lozano Torres debe destacarse que “El dirigente local del Partido Acción Nacional (PAN) Juan Antonio Martín del Campo, pretende que la población de Aguascalientes crea en sus falsas encuestas donde pone a los candidatos de su partido como quienes arrasarán en las próximas elecciones, situación que es totalmente falsa”.
Atentos a lo anterior, las declaraciones realizadas demuestran que las mismas fueron emitidas, primeramente a consecuencia de una entrevista otorgada al C. Mario Luis Ramos Rocha, del diario “Página 24”, y en segundo lugar en ejercicio al derecho de libertad de expresión, sin que para ello el impetrante demuestre lo contrario.
Cómo podrá observar esta autoridad, en el escrito de queja presentado por el Partido Acción Nacional, en ninguna parte del mismo se demuestra la difamación, injuria o el desprestigio que con las declaraciones denunciadas se le ocasionó al Partido Acción Nacional o a sus candidatos a senadores de la República, lo que deja en manifiesto la manera ligera y apartada de la realidad con que se realizó su denuncia, basándose en puras apreciaciones de carácter subjetivo, carente de elemento de prueba que de manera contundente corroboren su dicho.
En este sentido, al no haberse aportado prueba adicional a la nota periodística que le permita dar contundencia a la misma, así como no establecerse en qué sentido y en qué magnitud las declaraciones denunciadas causaron agravio a las persona e imagen de sus candidatos, esta autoridad cuenta con los elementos necesarios para declarar infundada la presente queja, en virtud de que sus argumentos son completamente inoperantes e inatendibles, máxime cuando al día de hoy, una vez concluida la jornada electoral, el partido impetrante obtuvo el mayor número de votos siendo sus candidato, esos candidatos que según él fueron difamados, los que obtuvieron el triunfo, un triunfo que fue aceptado, en una muestra de madurez política, por mi representada.
TERCERO.- Por último, resulta necesario precisar a esta autoridad, que la información que se difunde por cualquier medio, debe aspirar a ser cierta y objetiva, considerando que tal principio resulta aplicable a aquella información que se refiere a los hechos en sí mismos, más no a la valoración que sobre ellos pudiera realizar algún periodista, editorialista, columnista o cualquier persona, porque en esa valoración intervienen sus preferencias, convicciones o creencias, lo que aunado al hecho de que los medios de comunicación social tienen no solo la función de informar, sino también la de formar opinión, no debe perderse de vista que los medios de comunicación son un instrumento de orientación para la población, por lo que la información que difunden no está exenta de apreciaciones subjetivas, característica esencial de la libertad de expresión.
No hay que olvidar, que los comunicadores pueden externar su opinión de tal forma que se distinga de la difusión veraz, objetiva, sin tendencias, inducciones o coacciones, lo cual permita a los ciudadanos asumir una posición con independencia de la del comunicador. Y en el caso que nos ocupa, la nota periodística contiene declaraciones hechas por el C. Carlos Lozano de la Torre, así como también apreciaciones subjetivas, mismas que no demuestran la realidad de los hechos, y en consecuencia éstos no pueden ser utilizados para suponer o determinar que se realizó alguna conducta que pudrir ser considerada violatoria de la normatividad electoral federal.
Por tanto se puede desprender que:
No existe la conducta irregular por parte del C. Carlos Lozano de la Torre y en consecuencia de la Coalición “Alianza por México”.
Que la queja se sustenta en apreciaciones erróneas e imprecisas.
Que no existen elementos probatorios suficientes y eficaces que acrediten los hechos imputables a mi representado.
En tal tesitura, se estima que se debe desechar por improcedente la queja presentada por los representantes de marras a la luz de que los elementos en los que se basa la denuncia son endebles, insuficientes y carentes de pertinencia e idoneidad para sustentar o desprender de los mismos la existencia de la irregularidad imputada a mi representado.
Con motivo de lo anterior, opongo las siguientes:
1.- La que se deriva del artículo 156, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que el que afirma tiene la obligación de probar, lo que en el caso no ocurrió, toda vez que no hay pruebas que acrediten de manera contundente la supuesta conducta irregular del C. Carlos Lozano de la Torre y en consecuencia de la Coalición “Alianza por México” a quien represento.
2.- Los de “Nulla poena sine crime” que hago consistir en que al no existir conducta irregular por parte de la Coalición que represento, no es procedente la imposición de una pena.
3,. Las que se deriven del presente escrito.
V. Mediante el acuerdo de fecha primero de junio de dos mil siete, se tuvo por recibido el escrito señalado en el resultando anterior y con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo 1, incisos h) y w); 85, 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87, 89, párrafo 1, incisos ll) y u); 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos, 1, 2, 3, 42, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ordenó poner las actuaciones a disposición de las partes, para que dentro del término de cinco días manifestaran lo que a su derecho conviniera.
VI. En cumplimiento del acuerdo referido en el resultando anterior, mediante los oficios SJGE/441/2007 y SJGE/442/2007, de primero de junio del presente año, se dio vista a las partes, otorgándoles un plazo de cinco días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.
VII. Con fecha doce de junio de dos mil siete, se recibió en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, escrito por el cual el Partido Acción Nacional dio contestación a la vista realizada en autos; mientras que con fecha catorce de junio de dos mil siete, se recibió el escrito por medio del cual el Lic. Alfredo Femat Flores, en su carácter de representante común de los partidos integrantes de la otrora coalición “Alianza por México” dio contestación a la vista.
VIII. Mediante proveído de fecha doce de mayo de dos mil ocho, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral declaró cerrada la instrucción, atento a lo que dispone el artículo 366, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho.
IX. En virtud de que se ha desahogado en sus términos el procedimiento administrativo previsto en los artículo 361, párrafo 1, 364, 365 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de enero de dos mil ocho, se procedió a formular el proyecto de resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria de fecha quince de mayo de dos mil ocho, por lo que procede resolver al tenor de los siguientes:
1.- Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral es competente para resolver el presente asunto, en términos de los dispuesto en los artículos 118, párrafo 1, incisos h) y w); 365 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, los cuales prevén que dicho órgano cuenta con facultades para vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas, así como los sujetos a que se refiere el artículo 341 del mismo ordenamiento, se desarrollen con apego a la normatividad electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; asimismo, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, a través del procedimiento que sustancia el Secretario del Consejo General y el proyecto de resolución que analiza y valora la Comisión de Quejas y Denuncias.
2.- Que toda vez que en términos de lo previsto en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se aprueba el ordenamiento legal antes citado, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DEREXCHO PENAL” y el principio tempus regit actum (que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización), el presente asunto, en cuanto al fondo del mismo; deberá ser resuelto conforme a las disposiciones aplicables al momento en que se concretaron los hechos denunciados, es decir, conforme a las normas sustantivas previstas en la legislación electoral federal vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho; mientras que por lo que se refiere al procedimiento, deberán de aplicarse las disposiciones del código electoral vigente, ya que los derechos que otorgan las normas adjetivas se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por norma vigente que los regula; por lo tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador modifica la tramitación de ésta (suprime un recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la valoración de la pruebas), debe aplicarse la nueva ley, en razón de que no se afecta ningún derecho, según se desprende de los dispuesto en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Abril de 1997, en la página 178, identificada con la clave I.8o.C. J/1 y cuyo rubro es “RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES”.