Source: https://garciayasociados.ec/ley-covid-19-rebaja-de-salarios-acuerdos-precarizacion-y-potenciales-inconstitucionalidades/
Timestamp: 2020-05-27 09:04:19
Document Index: 225260965

Matched Legal Cases: ['artículo 165', 'artículo 16', 'artículo 326', 'artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 327', 'artículo 79']

Ley COVID 19: Rebaja de salarios, acuerdos, posible precarización y potenciales inconstitucionalidades. – García y Asociados
Ley COVID 19: Rebaja de salarios, acuerdos, posible precarización y potenciales inconstitucionalidades.
21/05/2020 – 15h30.
La Constitución, en su artículo 165 inciso primero faculta al Presidente de la República, durante el Estado de Excepción, a suspender o limitar el ejercicio de las garantías constitucionales relativas, en específico, al derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, a la libertad de tránsito, de asociación y reunión, además de información; de ninguna manera, el primer mandatario – ni cualquier otra persona – está facultado a limitar o suspender derechos laborales.
El Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la crisis Sanitaria derivada del Covid-19, dentro del Capítulo de las “Medidas para apoyar la sostenibilidad del Empleo”, en la parte pertinente de su artículo 16 establece:
1.- “ Los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral…¨
Resultaría evidente que por las consecuencias negativas aludidas a la COVID-19, la modificación de las condiciones económicas referidas en el Proyecto de Ley, implicaría la disminución de salarios, mas no el aumento de los mismos.
Por ende, tal Disposición citada, sería contraria a los principios en que se sustenta el derecho del trabajo, esto es, porque implicaría la renuncia de los derechos adquiridos por el Trabajador; lo que en consecuencia, violaría la norma establecida en el numeral 2 del artículo 326 de la Constitución, que manda:
“Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”
Al mismo tiempo, tales derechos irrenunciables del trabajador, se verían restringidos en su contenido, lo que violaría la norma contenida en el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República, que manda:
¨Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales¨
2.- A continuación el referido Proyecto de Ley en el numeral 3. del artículo 18, denominado ¨Condiciones mínimas para la validez de los acuerdos¨ dispone:
“En caso de que se alcance acuerdos con la mayoría de los trabajadores y el empleador, serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no los suscriban…¨
Entenderíamos que las condiciones mínimas del proyecto de ley para la validez de los acuerdos, por las consecuencias negativas de la pandemia, precarizarían la actual situación laboral de los empleados, no la mejorarían; incluso, estos acuerdos implicarían la imposición forzosa de condiciones para los empleados que no suscriban tales acuerdos, lo que afectaría el principio de la “autonomía de la voluntad contractual”, que se resume en la libertad de contratar o acordar lo que cada parte desee, sin presión o imposición alguna; esto además, constituiría un vicio de consentimiento, que acarrearía la nulidad e ineficacia de dichos acuerdos, para los empleados no suscriptores.
Ahora bien, esta potencial precarización laboral, violaría el principio constitucional de Formas de Trabajo, establecido en el segundo inciso del artículo 327 de la Constitución del Ecuador, que manda:
“ Se prohíbe toda forma de precarización… que afecte los derechos de las personas trabajadoras…”
Es nuestro criterio profesional, que en un Estado Constitucional de Derechos, las potenciales normas que violarían derechos constitucionales, deberían ser vetadas totalmente por el Presidente de la República, en subsidio deberían ser declaradas como inconstitucionales por la Corte Constitucional en cuanto lleguen en su conocimiento, en virtud de su capacidad independiente del control constitucional; y si dicha Corte, no declarase de oficio tales inconstitucionalidades, correspondería a la ciudadanía, en especial a los trabajadores afectados, deducir las respectivas demandas de Inconstitucionalidad, al amparo de lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
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