Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2010/12/la-entrada-en-vigor-de-la-reforma-del.html
Timestamp: 2018-07-20 18:22:08
Document Index: 181029982

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 53', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 116', 'artículo 110', 'artículo 129', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 130', 'artículo 173', 'artículo 313', 'artículo 282']

EL BLOG DE EDUARDO ROJO: La entrada en vigor de la reforma del Código Penal.
La entrada en vigor de la reforma del Código Penal.
Hace justamente seis meses publiqué en el blog una nota descriptivo sobre la reforma del Código Penal y su posible impacto sobre las relaciones laborales. Me permito reproducirla hoy jueves, 23 de diciembre, día en que entra en vigor dicha reforma.
1. El BOE del día 23 de junio publicó la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Su disposición final séptima especifica que la entrada en vigor se producirá “a los seis meses de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado”, es decir el día 23 de diciembre.
El propósito de esta entrada del blog es meramente descriptivo y sin entrar en análisis más jurídicos. Reproduzco los artículos que a mi parecer pueden tener incidencia sobre las relaciones laborales, de manera directa o indirecta, una vez que el texto adquiera vigencia. Mi interés por el estudio de las relaciones entre la normativa penal y la realidad jurídica y social laboral data ya de de hace muchos años, en especial desde que tuve la oportunidad de coordinar, al mismo tiempo que ser autor, de una monografía publicada en el ya lejano 1997 sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social, en la que se estudió de forma exhaustiva la regulación de los artículos 307 y 311 a 318 en la redacción entonces vigente de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, normativa dirigida, tal como puse de manifiesto en la introducción, a proteger y salvaguardar “no sólo los intereses de las personas asalariadas o que desean acceder al mundo del trabajo, sino también a proteger los intereses del conjunto de la colectividad y del Estado como garante supremo de los derechos e intereses de los sujetos, individuales o colectivos, afectados”.
2. En primer lugar, y sigo el orden establecido en el preámbulo de la norma, hay que referirse a la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según puede leerse en dicho preámbulo,
“Junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideración de las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputación.
Se deja claro que la responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física.
En este ámbito se concreta un catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas, añadiéndose –respecto a las hasta ahora denominadas consecuencias accesorias (disolución, suspensión de actividades, clausura de establecimientos...)–, la multa por cuotas y proporcional y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social. …. Igualmente, se tiene en cuenta el posible fraccionamiento del pago de las multas que les sean impuestas a las personas jurídicas cuando exista peligro para la supervivencia de aquellas o la estabilidad de los puestos de trabajo, así como cuando lo aconseje el interés general.
Al objeto de evitar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación, fusión, absorción o escisión, se contienen previsiones especificas donde se presume que existe la referida disolución aparente o encubierta cuando aquélla continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándose en aquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y extendiéndose a la entidad o entidades a que dé lugar la escisión”.
3. Se incorpora al ámbito penal la protección contra las conductas de acoso laboral. Según se afirma en el preámbulo, “dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. Con ello quedarían incorporadas en el tipo penal todas aquellas conductas de acoso producidas tanto en el ámbito de las relaciones jurídico privadas como en el de las relaciones jurídico-públicas”. Recuérdese que no hay una definición del acoso laboral propiamente dicho en la normativa reguladora de los derechos y deberes laborales, la Ley del Estatuto de los trabajadores, y que sólo encontramos el reconocimiento del derecho que asiste a los trabajadores “al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo” (artículo 4.2 e).
4. Por fin, en el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, el preámbulo enfatiza que “se ha producido un endurecimiento de las penas al objeto de hacerlas más adecuadas y proporcionales a la gravedad de las conductas”.
5. Las manifestaciones contenidas en el preámbulo se concretan en los artículos del nuevo Código Penal que paso a referenciar a continuación y de los que reproduzco sólo aquellos epígrafes que interesan al objeto de mi exposición.
A) Se añade el artículo 31 bis, que tendrá la siguiente redacción:
….. 5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.
B) Se añade un apartado 7 al artículo 33 con el siguiente contenido:
«7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:
… b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
….. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.»
C) Se añade un apartado 5 al artículo 53 con la siguiente redacción:
«5. Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurídica, durante un período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general. Si la persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma.»
D) Se añade un artículo 66 bis nuevo, que tendrá la siguiente redacción:
«En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas 1.ª a 4.ª y 6.ª a 8.ª del primer número del artículo 66, así como a las siguientes:
… b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores.
E) Se añade un apartado 3 al artículo 116, que tendrá la siguiente redacción:
«3. La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.»
F) Se modifica el artículo 129, que queda redactado como sigue:
«1. En caso de delitos o faltas cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis de este Código, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en los apartados c) a g) del artículo 33.7. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.
3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7.»
G) El actual artículo 130 pasa a ser el apartado 1 de dicho artículo y se le añade un apartado 2, con el siguiente contenido:
«2. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella.
No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.»
H) Se añaden un segundo y un tercer párrafo al apartado 1 del artículo 173, con la siguiente redacción:
«Con la misma pena (prisión de seis meses a dos años) serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.
I) Se modifica el artículo 313, que queda redactado como sigue:
«El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, será castigado con la pena prevista en el artículo anterior (.prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses)»
J) Se modifica el apartado 4 del artículo 282 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado como sigue: