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Timestamp: 2020-08-04 14:47:46
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Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 528', 'artículo 528', 'artículo 4', 'artículo 528', 'artículo 566', 'artículo 566', 'artículo 528', 'artículo 35', 'artículo 250', 'artículo 528', 'artículo 35', 'artículo 7', 'artículo 243', 'Artículo 566', 'artículo 28', 'artículo 566', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 243']

Sentencia de Constitucionalidad nº 1216/01 de Corte Constitucional, 21 de Noviembre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43615634
Sentencia de Constitucionalidad nº 1216/01 de Corte Constitucional, 21 de Noviembre de 2001
Ley 600 de 2000. Art. 528. Codigo de procedimiento penal. Captura de persona solicitada en extradicion. Nota diplomatica. Derecho a la igualdad. Cosa juzgada material. Exequible.
Sentencia citada en: 22 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa
Sentencia C-1216/01
Demandante: O.M.S.O..
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano O.M.S.O., demandó los artículos 566 del decreto 2700 de 1991 y 528 de la ley 600 de 2000.
Articulo 528. Captura. El F. General de la Nación decretará la captura de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida."
El ciudadano O.M.S.O. considera que la disposición acusada viola los artículos 1, 4, 28, 29, 35, 121, 122, 228, 229, 243 y 250 de la Constitución Nacional. Sustenta la violación con los siguientes argumentos:
- El artículo 35 de la Constitución, tal y como quedó redactado con posterioridad a la promulgación del Acto L.lativo No. 1 de 1997, promueve una garantía fundamental "vinculada a la forma como debe ser implementada la institución de la extradición, cuando se trata de colombianos por nacimiento".
- La Corte Constitucional en Sentencia T-1736 de 2000 sostuvo "que debe entenderse por delito cometido en el exterior aquel respecto del cual y de acuerdo con las normas jurídicas colombianas, y básicamente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13 y 15 del Código Penal, existe jurisdicción, de parte de la F.ía General de la Nación, para realizar la correspondiente investigación." Por lo tanto, el inicio o la continuación del trámite a que se refiere el artículo 528 carece de sentido, así como privar de la libertad a un nacional colombiano por esta causa, pues un hecho que sea delito en Colombia "debería ser investigado y juzgado por la F.ía General de la Nación y por los jueces internos, y no por la jurisdicción foránea."
- El hecho de que la captura derivada de una solicitud de extradición, reglada en el artículo 528 del Código de Procedimiento Penal, no tenga un control previo del cumplimiento de los requisitos constitucionales, vulnera el artículo 4 de la Constitución. Así mismo, "en materia de extradición de nacionales colombianos por nacimiento, por delitos cometidos en el exterior, la misma no procede por hechos acaecidos antes del día 17 de diciembre de 1997, fecha en la cual fue promulgado el Acto L.lativo No. 1 de 1997", ni por hechos que no son constitutivos de delito dentro del territorio nacional.
El doctor P.E.G.M. en su calidad de F. General de la Nación encargado, presentó escrito solicitando la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada, con fundamento en los mismos argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-1106 de 2000. Sobre el particular expuso:
"En efecto, en el desarrollo del proceso de extradición en Colombia, intervienen dos ramas del poder público : la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial, resultando así que la concesión o no de la extradición es un acto complejo. Una serie de actos, se desarrollan en sede administrativa a través de los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, entidades que previa la verificación de la ocurrencia de los elementos necesarios para su procedencia, dan curso al trámite de la extradición ; otros actos se desarrollan en sede judicial, esto es en la Corte Suprema de Justicia y en la F.ía General de la Nación.
Así pues, la disposición procedimental vigente, en el artículo 528 establece la intervención de otra entidad de la Rama Judicial del Poder Público, como es la F.ía General de la Nación (Ley 270 de 1996 art. 11), otorgando competencia al F. General, para decretar la captura de la persona solicitada en extradición, con el lleno de determinados requisitos formales, tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes si así lo pide el Estado requirente."
El ciudadano J.C.G.S., actuando en su condición de apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho intervino en este proceso indicando que se estaba ante el fenómeno de la cosa juzgada material, pues el contenido jurídico del artículo 566 del anterior Código de Procedimiento Penal y el que ahora se demanda es "exactamente el mismo" ya que "la norma sub examine reproduce en su totalidad el tenor literal del artículo 566 del anterior Estatuto; disposición que fue declarada ajustada al ordenamiento constitucional mediante fallo C-1106 de 2000".
El señor P. General de la Nación en concepto No. 2649 recibido el 30 de agosto de 2001, solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad del artículo 528 del Código de Procedimiento Penal, con fundamento en las siguientes consideraciones:
- Para el Ministerio Público se plantean dos problemas jurídicos centrales : 1) "determinar si permitir que se disponga la captura de una persona con fines de extradición impide que la F.ía General de la Nación cumpla con su deber constitucional de iniciar la investigación de las conductas punibles que aquella hubiera podido cometer en Colombia" y, 2) "resolver si la disposición en comento releva al F. General de la Nación del deber de examinar, antes de dictar la orden de captura, si concurren las condiciones objetivas de procedibilidad de la extradición, señaladas tanto en el artículo 35 Superior como en las disposiciones legales que regulan la materia".
Por tanto, atendiendo al contenido material de la disposición y desde un punto de vista teleológico "la finalidad de la norma no es la de restringir de ninguna forma el ejercicio de la acción penal por parte de la F.ía General de la Nación cuando por cualquier medio tenga conocimiento de un delito realizado dentro del territorio nacional, sino implantar un mecanismo de cooperación judicial internacional con el fin antes señalado". De tal suerte que no existe restricción positiva o negativa de la función constitucional que de acuerdo con el artículo 250 de la Carta se le entregó a la F.ía General de la Nación.
- Considera desacertados los planteamientos del demandante en torno al caso definido en la sentencia de tutela T-1736 de 2000 porque "el supuesto de hecho que dio origen a él, nada tiene que ver con el contenido normativo del artículo 528 del Código de Procedimiento Penal" pues, en el caso revisado, la F.ía a pesar de tener conocimiento de la conducta punible antes de formalizarse la solicitud de extradición no había cumplido con su deber de investigar.
- En cuanto al segundo problema consideró que aunque la disposición acusada no sea explícita en indicar que el F. General de la Nación debe valorar si se cumplen las condiciones de la solicitud de extradición y los elementos subjetivos que harían viable la extradición, una interpretación sistemática del ordenamiento procesal penal, "implica una valoración previa del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la medida, determinados por el precepto acusado en concordancia con el artículo 35 de la Constitución Política y los artículos 511 y 513 del Código de Procedimiento Penal". De allí que "no hace falta una descripción tan minuciosa en la norma demandada para comprenderlo así, teniendo en cuenta que normas internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José, ratificado mediante la ley 16 de 1972, en su artículo 7 numeral 4, impone que "toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella."
En segundo lugar, la noción de Cosa juzgada material. Se presenta este fenómeno cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política." Sentencia C-427 de 1996. M.P.A.M.C..
"Sólo olvidando los presupuestos sobre los cuales se asienta la cosa juzgada y cayendo en el absurdo cabe sostener que la reproducción material del acto jurídico declarado exequible no está cobijado por la cosa juzgada y podría ser declarado inexequible, de instaurarse una nueva demanda. En este último caso, el contenido material del acto jurídico declarado inexequible no podría en el futuro ser reproducido. En este escenario hipotético sólo los fallos de inexequibilidad serían definitivos. Esta conclusión contradice abiertamente la Constitución que otorga a todas las sentencias de la Corte Constitucional el valor de la cosa juzgada: ´Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada´ (C.P art. 243). Los juicios que pronuncia la Corte tienen valor y fuerza porque la Corte los pronuncia y no porque sean positivos o negativos. No puede, pues, pensarse que las sentencias de inexequibilidad tengan mayor fuerza y sean más definitivas que las sentencias de exequibilidad. Ambas despliegan idéntica eficacia, son igualmente definitivas y comprenden tanto la fuente como el contenido material del acto." Sentencia C-301 de 1993. M.P.E.C.M..
Artículo 566. Captura. Nota Diplomática. El F. General de la Nación decretará la captura de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse expedido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida".
En la sentencia C-700 de 2000 M.P.J.G.H.G.. la Corte examinó la constitucionalidad del aparte "o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse expedido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida", contenida en el precitado artículo.
"En el artículo acusado se prevé la posibilidad de captura por parte del F. General de la Nación, tan pronto se conozca la solicitud formal de extradición transmitida a Colombia mediante nota diplomática, o incluso antes, si se dan las siguientes condiciones:
Petición del Estado requirente.
Plena identidad de la persona requerida.
Existir en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente.
Urgencia, manifestada por la autoridad estatal que solicita la entrega de la persona en extradición.
Esto hace que la ley haya creado procedimientos especiales y mas ágiles para los casos de extradición. Por eso, en concepto remitido a esta Corporación con ocasión del presente proceso, el F. General de la Nación señaló:
Mirada la norma desde la perspectiva del artículo 28 de la Constitución, se cumplen en su integridad los requisitos que él contempla para que una persona pueda ser privada de su libertad: se necesita mandamiento escrito de autoridad judicial competente -en este caso el F. General de la Nación-, con las formalidades legales -todas las que se consagran en las normas procesales para capturar a una persona en territorio colombiano-, y por motivo previamente definido en la ley. Este, en la norma de que se trata, consiste en la existencia de una nota diplomática por la cual se solicita al sindicado o condenado, se lo identifica plenamente, y se da cuenta de una sentencia condenatoria, de una resolución de acusación o de su equivalente, y se pone de presente la urgencia de la captura y entrega.
el actor que la norma acusada vulnera el derecho a la igualdad, al introducir un trato diferente respecto de las personas solicitadas en extradición.
Con posterioridad la Corte profirió la sentencia C-1106 de 2000 M.P.A.B.S.. en la que estudió de manera integral la constitucionalidad de varios artículos relacionados con la extradición, entre ellos la del artículo 566 del anterior Código de Procedimiento Penal, con relación al texto que no había sido objeto de pronunciamiento en la decisión anterior, concluyendo:
"4.4. El legislador extraordinario, en ejercicio de la facultad de regular el trámite que se debe seguir entratándose de la figura de la extradición -como se ha dicho-, estableció en los artículos 562 y 566 del Código de Procedimiento Penal, la intervención de otra entidad de la Rama Judicial del Poder Público, como es la F.ía General de la Nación (Ley 270 de 1996, art. 11) y dispuso que el F. General ordenará la captura de la persona solicitada en extradición, si ésta ya fue concedida, o tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes si lo pide el Estado requirente, determinación que según el demandante no constituye el mandamiento escrito de autoridad judicial competente (art. 28 C.P.).
Adicionalmente, no sobra recordar que la persona que resulte capturada por la F.ía General de la Nación, goza de todos los derechos y garantías constitucionales reconocidas en Colombia mientras se encuentre a disposición de esa entidad, la cual a su vez, deberá garantizar, respetar y proteger los derechos de la persona que se encuentre en esas condiciones.
Que el H. Magistrado doctor J.C.T., no firma la presenet sentencia por cuanto en su momento le fue aceptado impedimento para intervenir en la presente decisión.
2- Si a pesar de lo anterior, me permito aclarar mi voto es debido a las referencia que la sentencia hace a la figura de la llamada "cosa juzgada material" en materia constitucional, pues considero que esa construcción teórica es equivocada, pues no sólo no tiene un sustento claro en la Carta, sino que además genera muchos más problemas de los que eventualmente resuelve. Creo entonces que la Corte debe abandonar esa discutible creación jurisprudencial, y sustituirla por una rigurosa cultura de respeto al precedente en materia constitucional, la cual logra los mismos efectos positivos que se pretenden alcanzar con la llamada "cosa juzgada material", en términos de seguridad jurídica y control a la discreción judicial, pero sin los equívocos y efectos contraproducentes de esa figura. La finalidad de esta aclaración de voto es entonces señalar cuáles son mis reparos frente a la teoría de la cosa juzgada material, para lo cual me baso en gran medida en la aclaración realizada por los magistrados C.E., C.T., M.L. y T.G. a la reciente sentencia C-1046 de 2001. Si he creído de todos modos necesario profundizar en el tema es simplemente porque considero que la mencionada aclaración, si bien presenta correctamente los reparos esenciales a la teoría de la cosa juzgada material en la práctica constitucional colombiana, sin embargo se queda un poco corta en la solución propuesta, pues sugiere mantener la figura, aun cuando con unos efectos parcialmente distintos. Mi visión es diferente: la Corte debería simplemente abandonar esta doctrina de la cosa juzgada constitucional material, y en cambio debería tomar mucho más en serio el respeto a sus propios precedentes. Para sustentar esa tesis, comenzaré por recordar muy brevemente el significado que nuestra jurisprudencia constitucional ha conferido a la cosa juzgada constitucional material, para luego sistematizar los principales reparos que esa construcción suscita, y presentar finalmente las razones por las cuales creo que debería ser sustituida por otra noción de cosa juzgada, que sea más compatible con las particularidades de la justicia constitucional y con una práctica de respeto al precedente constitucional.
3- En numerosas ocasiones, esta Corte ha distinguido entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material en los procesos de constitucionalidad, y ha señalado que la cosa juzgada formal recae sobre el texto revisado, mientras que la cosa juzgada material se proyecta sobre los contenidos normativos estudiados. Conforme a esa diferencia conceptual, la cosa juzgada formal impide un nuevo pronunciamiento sobre una determinada "disposición" (el artículo X de la ley Y), si previamente la Corte ya ha proferido una decisión sobre ese mismo texto legal. Por su parte, la cosa juzgada material impide estudiar nuevamente la constitucionalidad de "contenidos normativos idénticos", aún cuando se hallen consagrados en disposiciones distintas, si sobre ellos ya existe una decisión integral de parte del juez constitucional. Esta Corte ha considerado entonces que la cosa juzgada material se presenta "cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica" Sentencia C-427 de 1996, MP A.M.C., Fundamento 2..
4- Esta doctrina de la cosa juzgada material ha llevado a la Corte a decidir que aunque sobre una disposición no haya habido formalmente una decisión de constitucionalidad, sin embargo sobre ella existe cosa juzgada material, en caso de que haya existido un pronunciamiento previo sobre el mismo contenido normativo, aunque éste se encontrara incorporado en otra disposición Cfr. entre otras las Sentencias C-812/01, C-599/98 y C-225/94.. En esos casos, la Corte ha ordenado estarse a lo resuelto en la sentencia previa.
5- Una examen de las principales sentencias en donde esta Corte ha desarrollado esta figura de la cosa juzgada material muestra que ella se basa en distinciones conceptuales válidas, parece encontrar sustento en mandatos constitucionales específicos, y pretende cumplir importantes funciones constitucionales Ver, entre otras, las sentencias C-301 de 1993, C-427 de 1996 y C-774 de 2001..
9- Una primera duda que provoca la distinción entre la cosa juzgada formal y material en la jurisprudencia constitucional colombiana es el uso del lenguaje frente a la manera como esos conceptos son usualmente entendidos a nivel procesal. Así, en la doctrina de la Corte, la cosa juzgada formal es aquella que cubre la disposición, y la material es la que recae sobre el contenido normativo de la misma. En la teoría procesal esas expresiones son usadas pero con un sentido distinto Ver, por ejemplo, entre muchos otros, Hernando Devis Echandía- Compendio de derecho procesal. Tomo I. Teoría General del Proceso. (6 Ed). Bogotá: editorial A.B.C, 1978, p 446.: así, la cosa juzgada formal hace referencia a la firmeza de la sentencia, en el sentido de que ésta se encuentra ejecutoriada y no puede ya ser modificada en el mismo proceso, por cuanto éste ya llegó a su fin. En cambio, por cosa juzgada material se entiende el hecho de que la decisión de un asunto material entre ciertas partes no puede ser modificada o revisada en una sentencia posterior.
La distinción entre cosa juzgada formal y material elaborada por la jurisprudencia constitucional colombiana no corresponde entonces a la acepción usual en la teoría procesal. En efecto, lo que la Corte llama cosa juzgada formal corresponde en realidad, según la teoría general del proceso, a una cosa juzgada material, pues significa que un asunto -en este caso, la constitucionalidad de un cierto artículo de una ley- no puede ser debatido en un proceso ulterior, por existir sobre el mismo una sentencia en firme.
10- La anterior constatación no es en sí misma grave, pues los procedimientos constitucionales tienen grandes particularidades, como el hecho de que las decisiones de la Corte tienen efectos erga omnes, y por ello las categorías jurídicas desarrolladas por la justicia constitucional no tienen por qué corresponder exactamente a las distinciones y definiciones elaboradas por la teoría clásica del proceso, que en general se ha basado en la práctica civil y penal. Como dice B.S., "el derecho procesal constitucional se resiste a aceptar, por lo menos lisa y llanamente, los principios y desarrollos concretos procedentes del derecho procesal general. R.B.S.. "Sobre el alcance objetivo de las sentencias del tribunal constitucional" en VV.AA. Estudios sobre la Constitución Española. Madrid: Civitas, 1991, Tomo I, p 510. " Sin embargo, esta referencia al sentido que normalmente tiene la distinción entre cosa juzgada formal y procesal en la teoría general del proceso es importante, al menos por las siguientes dos razones: de un lado, muestra que el mandato del artículo 243 de la Carta, según el cual los fallos de la Corte "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional" dista de ser unívoco, puesto que la norma constitucional no explicita si por esa expresión debe entenderse que dichas sentencias están dotadas de firmeza, y no pueden entonces ser recurridas o modificadas en el propio proceso (acepción usual de la cosa juzgada formal); o si ese mandato hace referencia a que el problema debatido en una determinado proceso constitucional no puede ser objeto de una nueva decisión en un proceso posterior (acepción clásica de la cosa juzgada material). O si, finalmente, como yo creo que sucede, ese precepto constitucional confiere ambas cualidades a la sentencia de la Corte, esto es, que ésta queda en firme, y que la controversia decidida no puede ser examinada en una sentencia posterior.
11- Estas primeras dificultades conceptuales muestran que es problemático aplicar, en el plano constitucional, una noción como la de cosa juzgada. Esto obviamente no significa que esa figura no exista en los juicios constitucionales, pues no sólo tiene una evidente virtud pacificadora, sino que, además, explícitamente el artículo 243 superior confiere la calidad de cosa juzgada constitucional a las decisiones de la Corte en ejercicio del control jurisdiccional. En tales circunstancias, es obvio que no se puede negar la fuerza de cosa juzgada a esas decisiones del juez constitucional. Sin embargo, el problema consiste en construir una concepción de la cosa juzgada que sea compatible con la naturaleza del control constitucional. Y esa doctrina, según mi criterio, debe reunir dos características, que son parcialmente contradictorias, y allí reside la dificultad del tema: de un lado, debe ser lo suficientemente rigurosa y estricta, como para asegurar que los litigios constitucionales tengan una conclusión definitiva y la justicia constitucional cumpla sus funciones pacificadoras; pero, de otro lado, debe ser igualmente flexible, para permitir la adaptación de la jurisprudencia constitucional a los cambios históricos En el mismo sentido, ver R.B.S.. Op-cit, p 509. Igualmente P.P.T.. Tribunal constitucional y poder judicial. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985, pp 260 y ss. E.A. y M.G.B.. "Conclusiones Generales" en E.A. (Ed) Las tensiones entre el tribunal constitucional y el L.lador en la Europa actual. Barcelona: A., 1998,pp 283 y ss..
13- La excesiva rigidez que implicaría asumir, en forma estricta, la cosa juzgada material, como la entiende teóricamente esta Corte, explica que en derecho comparado no exista, en materia constitucional, una figura similar, pues esos ordenamientos admiten que el propio tribunal constitucional puede revisar sus doctrinas y pronunciarse en forma diversa sobre un mismo contenido normativo. Eso es claro en los países que, como Estados Unidos o Argentina, tienen un sistema difuso de control, ya que la disposición no es formalmente expulsada del ordenamiento sino únicamente inaplicada, por lo cual, el juez constitucional puede reexaminar la constitucionalidad de contenidos normativos sobre los cuales ya se había pronunciado. Sin embargo, la situación es similar en los ordenamientos jurídicos que tienen un sistema concentrado de control, en donde las decisiones del tribunal constitucional tienen fuerza erga omnes, como en Alemania, España o Italia. En esos países es claro que las sentencias del tribunal constitucional hacen tránsito a cosa juzgada, pero la doctrina y la jurisprudencia admiten que una modificación de las circunstancias históricas puede autorizar un nuevo examen de constitucionalidad sobre un contenido normativo ya analizado por el tribunal. Por ejemplo, en Alemania es claro que las decisiones del Tribunal Constitucional gozan de cosa juzgada; pero igualmente es aceptado que excepcionalmente el tribunal puede separarse de sus precedentes Ver, entre otros, A.W.. "Alemania" en E.A. (Ed) Las tensiones entre el tribunal constitucional y el L.lador en la Europa actual. Barcelona: A., 1998, pp 71 y ss. Igualmente ver K.S.. "El Tribunal Constitucional federal Alemán" en Varios Autores. Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pp 210 y ss. Sobre la posibilidad del tribunal constitucional de modificar sus precedentes, ver R.A. y R.D.. "Precedent in the Federal Republic of Germany" en N.M. y Robert Summers (Ed) Interpreting precedents. P., A.D., 1997, pp 56 y ss. . Igualmente, en España, la Constitución expresamente confiere valor de cosa juzgada a las decisiones del tribunal constitucional, pero ese mandato no ha sido entendido como una autovinculación absoluta del juez constitucional a sus decisiones previas sobre un determinado contenido normativo, que impediría, según la doctrina, una adaptación progresiva del texto constitucional a las nuevas realidades sociales Ver P.P.T.. Op-cit, p 261, quien funda su afirmación en una referencia a G. de Enterría, quien señala además que la autovinculación estricta del juez constitucional ignora "la riqueza inventiva de la casuística, sin la cual la técnica jurídica se agota y se reseca." . La situación es semejante en Italia. Por ello, la doctrina, a partir de un examen de la práctica de los sistemas de control concentrado europeos, concluye que "la función pacificadora de la justicia constitucional debe hacerse compatible con el carácter dinámico de la interpretación constitucional y la consiguiente posibilidad de instar a la revisión de la doctrina de los tribunales constitucionales", lo cual obliga a relativizar "el contenido de categorías clásicas como la cosa juzgada. E.A. y M.G.B.. "Conclusiones Generales" en E.A. (Ed) Las tensiones entre el tribunal constitucional y el L.lador en la Europa actual. Barcelona: A., 1998,pp 283 y ss."
En el caso colombiano, la necesidad de preservar el dinamismo de la Carta y de su interpretación fue también una de las razones por las cuales la Corte Suprema de Justicia, mientras ejerció la guarda de la Constitución, no admitió la figura de la cosa juzgada material, tal y como la ha entendido esta Corte Constitucional. Según la Corte Suprema, esa figura petrifica, en forma inconveniente, la jurisprudencia, pues "elimina una de las pocas posibilidades que tiene el juez constitucional para revisar los fundamentos de la primera decisión enmendando los errores cometidos, y mantener una línea doctrinal actualizada permanentemente" Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia del 13 de febrero de 1990 M.P.J.E.D.P.. Por ello la Corte Suprema admitió que era posible estudiar de nuevo un contenido normativo sobre el cual ya había habido una decisión previa, pues "se le abre así a la Corte la posibilidad de reexaminar el criterio jurisprudencial precedente o matizarlo y afrontar la evolución doctrinaria sin que la seguridad jurídica se afecte ni los atributos de definitividad, inmutabilidad, intangibilidad e indiscutibilidad que resumen los efectos de la cosa juzgada tanto material como formal de la primera decisión, resulten comprometidos o excepcionados con el nuevo pronunciamiento".
Cualquiera de las dos alternativas al dilema pone entonces en cuestión la doctrina de la cosa juzgada material, como ha sido desarrollada teóricamente por la Corte, pues si la aceptamos rigurosamente, entonces desconocemos la necesidad de adaptación histórica de la jurisprudencia constitucional. Por el contrario, si tomamos en cuenta esa necesidad de adaptación, entonces nos vemos forzados a apartarnos -aunque no lo reconozcamos- de la doctrina de la cosa juzgada material. Precisamente esas dificultades explican la ambigüedad misma con la cual la Corte ha manejado la doctrina de la cosa juzgada material
15- Un examen atento de la jurisprudencia de la Corte sobre cosa juzgada material muestra que esta Corporación ha sido consciente de sus dificultades, y por ello ha introducido matices teóricos y prácticos a la figura, que son tan importantes que incluso terminan por desvirtuarla. Así, desde el punto de vista práctico, esta Corporación ha señalado, en ocasiones, que la existencia de un pronunciamiento previo de exequibilidad sobre un contenido normativo idéntico representa un precedente, que merece respeto, pero que no impide un nuevo pronunciamiento de exequibilidad o inexequibilidad Ver, entre otras, la sentencia C-559 de 1998. Igualmente, en varias ocasiones, la Corte ha modificado su jurisprudencia, no solamente en sede de tutela, sino también en los fallos de control de constitucionalidad, sin que la cosa juzgada hubiera sido un obstáculo para esos cambios jurisprudenciales Ver, entre otras, las sentencias C-400 de 1998 (control constitucional de tratados), C-674 de 1999 (sobre decomiso adminisrativo) y las sentencias C-893 de 1001 y C-1195 de 2001 (conciliación como requisito de procedibilidad)..
A su vez, en el plano teórico, la Corte ha señalado que la cosa juzgada material no impide que esta Corporación pueda volver a examinar un contenido normativo sobre el cual ya había habido pronunciamiento constitucional. Así, la reciente sentencia C-774 de 2001, MP R.E.G., luego de recordar que la doctrina de la cosa juzgada material impedía a la Corte "pronunciarse sobre la materia previamente resuelta", introdujo sin embargo el siguiente matiz:
16- Personalmente estoy de acuerdo con el hecho de que la Corte puede excepcionalmente variar su doctrina y puede en ciertos casos pronunciarse sobre contenidos normativos ya debatidos; además adhiero totalmente al anterior párrafo de esa sentencia C-774 de 2001. Sin embargo, la pregunta obvia que surge es la siguiente: ¿en qué queda la doctrina de la cosa juzgada material, si ella no impide que la Corte vuelva a estudiar un mismo contenido normativo que ya fue examinado en una ocasión anterior? Y según mi parecer, esa consideración implica claramente que la llamada cosa juzgada material deja de ser realmente una cosa juzgada, puesto que permite que la Corte vuelva a pronunciarse, incluso en forma distinta, sobre un contenido normativo que ya había estudiado en un proceso anterior. En tal contexto, la llamada cosa juzgada material se convierte en un fenómeno jurídico distinto: un llamado al respeto al precedente, tal y como la Corte lo ha reconocido en otras ocasiones. Por ejemplo, la sentencia C-447 de 1997, MP A.M.C., fundamento 6, explícitamente señaló que "la cosa juzgada material no debe ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente".
Conforme a lo anterior, si la cosa juzgada material ya no impide que la Corte pueda variar sus precedentes y pueda volver a pronunciarse sobre los mismos contenidos normativos, entonces, en el fondo, no es mucho lo que queda de la figura. Algunos podrían entonces decir que esa situación muestra que la cosa juzgada material debe ser relativizada, como lo sugiere la aclaración de voto de los magistrados C.E., C.T., M.L. y T.G. a la reciente sentencia C-1046 de 2001. Según esta aclaración, si la Corte constata que existe la cosa juzgada material, en principio debe estarse a lo resuelto en la primera decisión. Sin embargo, según su parecer, pueden ocurrir dos casos en donde, a pesar de existir cosa juzgada constitucional, la Corte debe pronunciarse de fondo, y son los siguientes: si existe alguna duda, por mínima que sea, sobre la existencia misma de la cosa juzgada material, es deber del juez constitucional decidir de fondo, reiterando la doctrina establecida en los precedentes anteriores. Y, de otro lado, es posible que la Corte considere que las decisiones de exequibilidad anteriores fueron equivocadas; en tal caso, la fuerza de la cosa juzgada material obliga a la Corte a explicar y motivar en forma especialmente rigurosa por qué es necesario y se justifica un cambio jurisprudencial.
19- Finalmente, tanto en derecho comparado, como en la propia práctica constitucional colombiana, las herramientas dogmáticas relativas al respeto al precedente son mucho más finas que aquellas que trabajan con la noción de cosa juzgada. Así, en relación con la cosa juzgada, la dogmática usual es simple y podría ser resumida así: si existe cosa juzgada, entonces el juez no puede pronunciarse sobre el asunto; si no hay cosa juzgada, entonces el juez tiene plena libertad para abordar y decidir el caso. Esa simpleza es suficiente para regular los litigios de los particulares, pero me parece demasiado burda e imprecisa para enfrentar las complejas situaciones que abordan los jueces constitucionales. Por el contrario, las herramientas y categorías dogmáticas para analizar la fuerza de los precedentes y la posibilidad de distanciarse de ellos son mucho más finas y se ajustan mejor a las dinámicas constitucionales Para una visión de estas herramientas dogmáticas, a nivel comparado, el texto más importante es tal vez el estudio llevado a cabo por el llamado grupo de B., que reúne a autores de la talla de A., M., Aarnio, D., T. y otros. Estos autores realizaron conjuntamente una investigación comparada sobre precedentes en numerosos países. Ver N.M. y Robert Summers (Ed) Interpreting precedents. P., A.D., 1997. En el caso colombiano, por el contrario, los estudios doctrinales sobre el precedente han sido más bien escasos. Sin lugar a dudas, en la doctrina nacional, el texto más importante en el tema es el de D.L.. El derecho de los jueces. Bogotá: L., 2000, en especial sobre este tema, el capítulo 3. Esta Corte ha desarrollado, empero, una labor dogmática muy importante en relación con los alcances del respeto al precedente en un sistema jurídico de derecho legislado pero que ha constitucionalizado el principio de igualdad . Ver, en particular, las sentencias C-131 de 1993, C-083 de 1995, T-123 de 1995, SU-047 de 1999, SU-168 de 1999 y C-836 de 2001.. Así, y por no citar sino algunas construcciones útiles, la dogmática sobre precedentes permite analizar qué es lo obligatorio de un caso anterior, mediante la distinción entre ratio decidendi, obíter dictum y parte resolutiva. Igualmente es posible discutir hasta donde llega la fuerza vinculante de determinados precedentes: ¿son ellos formalmente obligatorios, de suerte que no es posible apartarse de ellos? ¿Establecen simplemente una carga argumentativa, de suerte que el juez posterior puede distanciarse, siempre y cuando establezca una justificación suficiente? Etc. Igualmente, existen análisis muy finos sobre en qué situaciones es legítimo distinguir el presente caso de un precedente anterior, en qué contextos eso no es posible, y en qué eventos y con qué requisitos puede justificarse una variación jurisprudencial. Incluso esta misma Corte ha desarrollado poco a poco herramientas propias al respecto, como la noción de "sub-regla" constitucional, que se asemeja al concepto de ratio decidendi sin confundirse con éste.
20- Por todo lo anterior, considero que la Corte debería abandonar la teoría de la cosa juzgada material, y por el contrario intentar desarrollar una doctrina y una práctica más rigurosa de respeto a sus propios precedentes. Estoy convencido de que la fineza de las categorías teóricas sobre el precedente permitirían elaborar construcciones doctrinales más adecuadas sobre cómo debe la Corte enfrentar aquellos casos en donde debe estudiar un contenido normativo igual o semejante a otro que ya fue objeto de un pronunciamiento previo. Por ejemplo, y sin que esta construcción pretenda abarcar todos los casos, podrían formularse algunos lineamientos dogmáticos así En un sentido similar, ver mi aclaración individual de voto a la sentencia C-1195 de 2001.: (i) si en el pasado la Corte ha decidido de cierta manera la constitucionalidad de un contenido normativo, la Corte debe en principio mantener esa decisión y acoger la ratio decidendi del caso previo, la cual debería llevar a un decisión idéntica a la del precedente. (ii) Si el nuevo caso se asemeja a un precedente, pero un análisis muestra con claridad que los hechos materiales y los asuntos constitucionales abordados son distintos, y que la sub-regla explícitamente formulada en la sentencia anterior no es aplicable, la Corte no tiene que hacer una justificación especial para no seguir la doctrina establecida en el precedente, por la sencilla razón de que ésta no lo vincula. Basta simplemente que la Corte muestre que los dos casos son distintos. (iii) Si el nuevo caso cae bajo la sub-regla formulada explícitamente por la sentencia anterior, pero la Corte concluye que ésta fue mal planteada, entonces la exigencia argumentativa sobre la Corte para no aplicar el precedente es mayor. Según mi parecer, las consideraciones de seguridad jurídica, en el caso de los precedentes verticales, y la búsqueda de racionalidad en las decisiones judiciales, en el caso de los precedentes horizontales Como es sabido, por precedente vertical se entiende aquella vinculación de un juez a la doctrina establecida en una decisión previa de un juez funcionalmente superior, en general el tribunal supremo. Por precedente horizontal, se entiende la vinculación de un juez o un tribunal a la ratio decidendi de sus propias decisiones previas. Esta distinción es importante, porque la fuerza vinculante del precedente varía en los distintos ordenamientos, según lo disponga su sistema de fuentes., exigen que deba presumirse que la sub-regla expresamente formulada en la sentencia previa constituye verdaderamente la ratio decidendi de la decisión anterior, y es por ende vinculante. Por consiguiente, si la Corte considera necesario apartarse de esa sub-regla, sin recurrir a un cambio jurisprudencial explícito, tiene la carga argumentativa de destruir esa presunción, y mostrar convincentemente que la sentencia anterior se equivocó al formular la sub-regla, y que la verdadera razón de la decisión era otra. Este replanteamiento o rectificación jurisprudencial es muy exigente, pues no basta con señalar que los hechos relevantes, (en las tutelas), o los cargos y problemas discutidos, (en las acciones de constitucionalidad), son distintos; la Corte debe demostrar que el caso anterior podía ser decidido de la misma forma con una sub-regla distinta, y que esta sub-regla alternativa es más adecuada a los principios y reglas del ordenamiento que aquella que fue originariamente formulada por el juez que tomó la decisión anterior. (iv) Finalmente, si el nuevo caso cae bajo la sub-regla formulada en la sentencia anterior, y resulta imposible reformular la ratio decidendi de ese caso, entonces la exigencia argumentativa para no aplicar el precedente es máxima, pues la única alternativa es un cambio jurisprudencial, que es siempre un remedio extremo.
A pesar de su aparente fuerza, considero que ese reparo no es de recibo, pues asimila dos fenómenos jurídicos, que son diversos: (i) el deber de respeto que las otras autoridades deben tener por las decisiones de la Corte, y (ii) la autovinculación estricta del tribunal a sus propias decisiones. En efecto, una cosa es que las decisiones del tribunal constitucional tengan una fuerza vinculante general, lo cual implica que todas las otras autoridades estatales deben cumplirlas, y por ende no pueden reproducir las normas declaradas inexequibles por el juez constitucional. Otra cosa distinta es que el juez constitucional no pueda modificar sus precedentes. Nada de contradictorio hay entonces en reconocer, como se hace en Alemania o en España, que existe una prohibición de que las otras autoridades reiteren los contenidos normativos declarados inconstitucionales, pero que el propio tribunal constitucional puede modificar sus precedentes Al respecto, ver los textos citados de W., S. y P.T...
Un análisis histórico de los antecedentes de esa disposición en la Asamblea Constituyente no permite definir cuál de las dos interpretaciones es la adecuada. Así, la ponencia sobre el control de constitucionalidad expresamente dijo que "la prohibición de reproducir normas declaradas inexequibles es un factor de seguridad jurídica, al no permitir que se burle por el legislativo o el Ejecutivo la acción de la justicia en materia constitucional, por lo cual esta propuesta será acogida en el texto del articulado" (subrayas no originales) Ponentes: M.T.G.L. y J.M.V.G.. Gaceta Constitucional No.36, de abril 4 de 1991, pág.16. Este aparte sugiere entonces que la finalidad del inciso segundo del artículo 243 superior es impedir la burla de las decisiones de la Corte por otras autoridades, pero no implica una autovinculación absoluta del juez constitucional a sus precedentes. Por su parte, el informe de ponencia para la sesión plenaria, al explicar la finalidad de este inciso, señaló que esa "norma dará mucha más seguridad y estabilidad a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y evitará las vacilaciones y aún fallos contradictorios en que ha incurrido en algunas materias la Corte Suprema de Justicia (subrayas no originales)." Este segundo aparte sugiere entonces que la voluntad de la Asamblea Constituyente era vincular estrictamente a la Corte a sus precedentes.
24- Pero incluso es necesario ir más lejos, pues hay que matizar la prohibición de reiteración, en especial en el caso del L.lador. En efecto, el artículo 243 establece que esa interdicción se mantiene "mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución". Una interpretación razonable de esa condición significa que la prohibición opera mientras la Corte conserve la doctrina que sirvió de sustento para la declaración de inexequibilidad de un determinado contenido normativo, pero deja de obligar si la Corte realiza una variación de su doctrina, que permita concluir que ese tribunal, con esa nueva doctrina, declararía la constitucionalidad de ese mismo contenido normativo. Y es que no tendría sentido que, debido a una decisión de inexequibilidad en el pasado, el L.lador no pudiera incluir en una ley un contenido normativo que, conforme a la actual doctrina de la Corte, resulta claramente constitucional. Debe entonces entenderse que la prohibición de reiteración para las otras autoridades perdura mientras subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de base a la declaración de inexequibilidad, así como las interpretaciones de la Corte de esas disposiciones que fundamentaron esa decisión.
25- Las consideraciones precedentes muestran que el abandono de la teoría de la cosa juzgada material y la relativización de la prohibición de reiteración por los otros órganos del Estado, y en especial por el Congreso, de los contenidos declarados inexequibles, tienen además otras virtudes, y es que promueven la deliberación social y política en torno a los principios constitucionales. En efecto, en la medida en que se acepta que la Corte puede excepcionalmente modificar sus precedentes, y que no existe cosa juzgada material, entonces adquiere sentido que la academia y la ciudadanía en general debatan las decisiones de la Corte, por cuanto esas discusiones sociales y académicas pueden estimular eventuales rectificaciones jurisprudenciales. La discusión social constitucional se vuelve entonces relevante, aunque obviamente, desde el punto de vista jurídico, y por razones de seguridad jurídica, las decisiones de la Corte siguen siendo definitivas, gozan del atributo de cosa juzgada formal, y deben entonces ser obedecidas. Por consiguiente, aunque, debido a la función que ejerce, el juez constitucional sigue teniendo la última palabra sobre el significado jurídico vinculante de la Carta, sin embargo no tiene el monopolio social del debate constitucional; es posible entonces que avancemos a una "sociedad abierta de intérpretes de la Constitución", según la sugestiva expresión de P.H. Citado por J.H.. Between Facts and Norms. Cambridge: MIT Press,1196, p 223., en donde todos los ciudadanos debaten sobre el sentido y valor de los principios constitucionales. Estoy convencido de que ese diálogo fructífero entre los ciudadanos, el juez constitucional y los órganos políticos, lejos de debilitar la legitimidad constitucional, la refuerza, pues el significado de la Carta no es sólo obra de los jueces sino también una construcción ciudadana permanentemente actualizada. Y esta situación, a su vez, debería beneficiar y fortalecer la deliberación democrática, lo cual no es para nada despreciable pues, como bien lo señala N., una de las funciones decisivas del control constitucional es "contribuir a mejorar la calidad del proceso de discusión democrática y toma de decisiones, estimulando el debate público y promoviendo decisiones más reflexivas" C.S.N. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: G., 1997p 293..