Source: https://es.scribd.com/doc/55428143/Diagnostico-del-Cumplimiento-de-Tratados-Internacionales-Ambientales-en-Nicaragua
Timestamp: 2017-02-22 06:23:24
Document Index: 265032219

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 44', 'Artículo 177', 'Artículo 12', 'artículo 12', 'in fine', 'Artículo 118']

Diagnostico del Cumplimiento de Tratados Internacionales Ambientales en Nicaragua
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Comité Interinstitucional Carlos Henry Loaisiga Prado Pedrarias Dávila Lucia Romero Antonio Mijail Pérez Diagramación y Diseño: Franklin Ruiz Oficina Proyecto NCSA /MARENA Km. 12.5 Carretera Norte Managua, Nicaragua Tel/Fax: (505) 263-2824 Apartado # 5123 UNA UNAN León UNA UCA
El presente documento refleja los resultados de un análisis integral de seis instrumentos internacionales en materia de ambiente y recursos naturales, de los cuales, el proyecto original preveía la evaluación de capacidades nacionales en relación a las tres convenciones de Río 92 (CDB, UNFCCC, UNCCD), no obstante, a petición del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, se ampliaron sus alcances a fin de formular un Diagnóstico Integral que represente, además de los instrumentos arriba señalados, el nivel de cumplimiento de las Convenciones de CITES, RAMSAR, y, Protocolo de Montreal.
Marco Legal e Institucional A. La Competencia del Gobierno Central B. Las Competencias de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense C. Las Competencias de Gestión Ambiental en el Ámbito Municipal
Mecanismos y Nivel de Cumplimiento del Estado Nicaragüense con los Compromisos Adquiridos en cada uno de los Convenios y Protocolos Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a. Compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar el CMNUCC b. Avances en el cumplimiento del CMNUCC c. Comentarios d. Fortalezas y Debilidades en el marco del cumplimiento del Convenio Convención sobre Diversidad Biológica a. Compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar el CDB b. Avances en el cumplimiento del CDB c. Comentarios d. Fortalezas y Debilidades en el marco del cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y Sequía a. Compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar la Convención b. Avances en el cumplimiento del UNCCD c. Comentarios d. Fortalezas y Debilidades en el marco del cumplimiento del Convenio Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre a. Compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar la Convención b. Avances en el cumplimiento del Convenio CITES c. Comentarios d. Fortalezas y Debilidades en el marco del cumplimiento del Convenio Convención Relativa a los Humedales de Importacia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas a. Compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar el Convenio Ramsar b. Avances en el cumplimiento del Convenio Ramsar c. Comentarios d. Fortalezas y Debilidades en el macro del cumplimiento del Convenio
12 15 17 18 20 23 25 26 26 28 31 33 34 34 35 36 39 40 41 43 43
DIAGNÓSTICO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERA AMBIENTAL
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono a. Compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar el Protocolo de Montreal b. Avances en el cumplimiento del Protocolo de Montreal en Nicaragua c. Comentarios d. Fortalezas y Debilidades en el marco del cumplimiento del Protocolo
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Nivel de cumplimiento con los compromisos generados por los Convenios y el Protocolo A. Instrumentos Jurídicos generados en el desarrollo de las Convenciones y el Protocolo B. Acciones que pueden mejorar la implementación de los Convenios y el Protocolo
Análisis de las fortalezas y debilidades del MARENA en el proceso de implementación de los instrumentos internacionales objeto de la Consultoría A. Coordinación institucional B. Selección de los puntos focales C. Comunicación intrainstitucional D. Manejo de la información vinculada al cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de ambiente E. Necesidad de la implementación de la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa F. Mayor implementación local a través de la descentralización administrativa G. Coordinación Interinstitucional H. Divulgación y Educación Ambiental
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n 1972, con la Declaración de Estocolmo sobre el Ambiente Humano la comunidad internacional empezó a tomar conciencia de la problemática global ambiental, señalando la necesidad de adoptar medidas para que cada uno de los Estados dirigiera sus mayores esfuerzos al tratamiento de las causas de esta problemática. Su principal objetivo ha sido la garantía de la calidad de vida del ser humano, como un derecho fundamental. Posteriormente, en la Cumbre de la Tierra realizada en 1992, en Río de Janeiro, fueron firmados tres instrumentos jurídicos internacionales ambientales de gran importancia: el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático implica compromisos de los Estados tendientes a lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, significando también la incorporación a los derechos nacionales de instrumentos jurídicos tendientes a tal propósito. El Convenio sobre la Diversidad Biológica persigue el múltiple propósito de la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos; ello, de igual manera implica para los países signatarios la obligación de adecuar sus legislaciones sobre el particular. Por su parte, la Convención Marco de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación, tiene por objeto luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde con el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas. Ante tales objetivos, se asume un compromiso de adecuación legislativa que se encuentra expresamente consagrado en el principio 11 de la Declaración de Río. Para ello, se afirma que “los Estados deben promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular países en desarrollo” . En este contexto, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha impulsado en común acuerdo, y en principio, con los Estados signatarios de las Convenciones Internacionales derivadas de la Cumbre de Río, una iniciativa dirigida a determinar los niveles de cumplimiento de estos tratados internacionales ambientales, con base en un proceso de autoevaluación de las capacidades nacionales para atender dichos compromisos.
En tal sentido, y a fin de optimizar la homogenización de nuestro ordenamiento jurídico y sentar una sinergia comprobable para el cumplimiento de estos compromisos, es necesario realizar un diagnóstico exhaustivo que recoja los principales elementos de la gestión ambiental en Nicaragua, contrastados con los compromisos asumidos en el plano internacional. De este diagnóstico se pueden rescatar los puntos a favorecer con una eficaz política de fortalecimiento a los sectores, agentes y autoridades encargadas de la gestión ambiental en el país. El comportamiento institucional obedece, entre otros factores, a la solidez de sus marcos regulatorios que, en el caso de la administración ambiental, y dadas las consideraciones, estimaciones y preocupaciones pertinentes, deben sujetarse a los principios y normativas derivadas de estos compromisos ambientales internacionales. Para ello, la clara identificación de sinergias tendientes a homogenizar un accionar coherente de todos los actores involucrados en la gestión ambiental, se constituye en una necesidad ineludible a fin de poder edificar el andamiaje jurídico, político e institucional, que sea eficaz, claro, ágil y sobre todo beligerante ante el comportamiento de nuestra conducta sobre el medio natural. Es necesario dimensionar el aporte como país a la protección, mejoramiento y conservación de los recursos naturales de la nación, protegiendo localmente y generando impactos a escala global, todo ello, bajo la sombrilla de obligaciones vinculantes, lo que hace necesario formular un diagnóstico de necesidades y capacidades institucionales y de agentes locales encargados de la administración de los recursos naturales. El diagnóstico debe ser capaz de identificar con la mayor precisión posible, las debilidades y fortalezas y en sí, el aforo de las instituciones de gobierno a nivel central, municipal y local, así como, en el ámbito regional cuando corresponda.
A. La Competencia del Gobierno Central
En Nicaragua el derecho a un medio ambiente saludable es un derecho constitucional para los ciudadanos, lo que conlleva que esta protección goce de las garantías más altas en la jerarquía jurídica del ordenamiento nacional.1 La Constitución Política de Nicaragua también define que los recursos naturales son “patrimonio nacional” 2 . La Ley 217 En 1996 se promulgó la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales,3 que introdujo elementos vinculantes derivados de las convenciones internacionales en materia de medio ambiente, específicamente de aquellas originadas a partir de la Cumbre de la Tierra, preparando de esta forma a Nicaragua para enfrentar el reto de preservar el medio ambiente con herramientas jurídicas actualizadas. La Ley 217 establece disposiciones de conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y de los recursos naturales. Está compuesta por 156 artículos en 6 títulos que contienen:
Arto. 60 Cn.- Los nicaragüenses tiene derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medioambiente y de los recursos naturales. Arto. 102 Cn.- Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponden al Estado; este podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera. Publicada en La Gaceta Diario Oficial, No. 105 del 6 de junio de 1996.
a. Disposiciones Generales, conteniendo los objetivos de la Ley y sentando que el “ambiente constituye la base del desarrollo sostenible del país” e introduciendo nociones de equidad económica, étnica y cultural en la gestión ambiental; además introduce una amplia sección de definiciones técnico-científicas. b. Gestión del Ambiente, donde se crea La Comisión Nacional del Ambiente como foro de análisis, discusión y concertación de las políticas ambientales entre los diferentes actores de la gestión ambiental e introduce la planificación y la legislación, el ordenamiento del territorio, las áreas protegidas, la Evaluación de Impacto Ambiental,4 el Sistema Nacional de Información Ambiental, la educación, divulgación y desarrollo científico y técnico, los incentivos, las inversiones públicas, la declaración de áreas contaminadas y la emergencia ambiental. Se crea además el Fondo Nacional del Ambiente. c. Recursos Naturales, donde establece normas y formas de adquirir los derechos, biodiversidad y patrimonio genético nacional, aguas, protección de suelos forestales y recursos naturales no renovables. d. Calidad Ambiental, abordando temas como la contaminación de la atmósfera, agua y suelo, desechos sólidos no peligrosos, y desechos peligrosos. e. Competencias, Acciones y Sanciones en materia administrativa. f. Disposiciones Transitorias y Finales.
Además de las sanciones administrativas que serán impuestas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), la Ley 217 establece la Acción Ciudadana, habilitando a los ciudadanos a intervenir directamente en la defensa del medio ambiente y los recursos naturales; 5 para su representación crea a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales6. Así mismo, la Ley 217 establece como ente regulador y normador de la política ambiental del país al MARENA, asignándole la responsabilidad del seguimiento a la ejecución de las disposiciones, y en general, del cumplimiento de dicha Ley. La Ley 290 La Ley No. 290 tiene por objeto determinar la organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo. Esta Ley establece las competencias de los diferentes Ministerios de Estado y determina que además del MARENA, tienen incidencia directa en la gestión ambiental: el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y el Ministerio de Defensa. Por su parte, el Decreto 118 – 2001, Reglamento de la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, establece la creación de un Consejo Científico, como instancia de consulta y asesoría para la toma de decisiones en lo relativo a temas de relevancia científica, integrado ad honorem por personas de reconocido prestigio profesional en el ámbito de acción del MARENA.
4) 5) 6) Ley 217, Capítulo I. De la Comisión del Ambiente. Artículo 6.Ley 217, Arto. 2.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público. Toda persona podrá tener participación ciudadana para promover el inicio de acciones administrativas, civiles o penales en contra de los que infrinjan la presente Ley. Ley 217, Arto. 9.- Se crea la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y los Recursos Naturales, como rama especializada de la Procuraduría General de Justicia. Esta ejercerá la representación y defensa de los intereses del Estado y la sociedad en esta materia.
La Ley 290 establece también el orden de precedencia legal de los 12 Ministerios existentes, donde el MARENA ocupa el número 11. El MIFIC, encargado de promover la aplicación del uso y explotación racional de los recursos naturales estatales, se encuentra ubicado en la posición número 5, y el MAGFOR, competente para formular y evaluar la política agropecuaria y forestal en consonancia con la política de desarrollo nacional,7 es el número 7. El orden antes mencionado nos podría llevar a concluir que las normas tendientes a establecer la regulación y control del medio ambiente no es una de las prioridades del legislador, como parecen ser los aspectos relacionados con el aprovechamiento económico de los recursos naturales estatales8 y las relacionadas al sector agropecuario y forestal;9 creando con esta precedencia una subestimación del potencial económico que el medio ambiente representa para la economía y el desarrollo nacional. Es pertinente señalar que la competencia de rector medioambiental del MARENA, es sobre todos los recursos naturales del país, por lo tanto el MIFIC y el MAGFOR están llamados a coordinar su actuar con el MARENA, especialmente en lo relativo a la formulación de programas de aprovechamiento y al otorgamiento de concesiones y licencias para el aprovechamiento de minas, bosques estatales y pesca. El MARENA, a través de la Dirección General de Recursos Naturales y Biodiversidad, formula, propone, evalúa, da seguimiento, coordina y dirige políticas, estrategias, normas y planes para la conservación y uso sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad, además de asegurar el cumplimiento del Convenio de la Diversidad Biológica (CDB), de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Por otra parte, la Dirección General de Áreas Protegidas, administra del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y asegura el cumplimiento de la Convención de Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR). La Dirección de Comercio Internacional de Flora y Fauna (CITES), adscrita a la Dirección General de Comercio y Medio Ambiente, asegura el cumplimiento de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES); y la Dirección General de Calidad Ambiental formula propuestas, evalúa, da seguimiento, coordina y dirige la ejecución de las políticas nacionales con relación a la calidad ambiental, el control de la contaminación, y administra el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, además de asegurar el cumplimiento del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (Protocolo de Montreal). De esta forma, la Ley 217 y la Ley 290,10 son entre otros, los instrumentos jurídicos que establecen el marco de las competencias institucionales para la regulación y el control estatal sobre los recursos naturales y el medioambiente en Nicaragua.
B. Las Competencias de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
El régimen jurídico de las Regiones Autónomas creado por la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (Estatuto de Autonomía), 11 comprende autonomía administrativa,
Decreto 118-2001, Arto. 156 numeral 1. Ídem, Artos. 12 y 17. Ídem, Arto 24. Publicada en La Gaceta Diario Oficial, No. 102 del 3 de junio del 1998. Publicada en La Gaceta Diario Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987.
política y financiera; 12 el funcionamiento de éstas no está sujeto a la autoridad y jerarquía del Poder Ejecutivo que ejerce el gobierno central, ya que las autoridades político-administrativas de los órganos las regiones autónomas, Consejos y Gobiernos Regionales, son elegidas por los ciudadanos de estas regiones, debido a la autonomía política ejercida mediante las elecciones regionales, efectuadas en las Regiones Autónomas desde 1990. La Ley 217 y las Regiones Autónomas Debido al régimen autónomo de las Regiones de la Costa Caribe, La Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, establece que el MARENA, en coordinación con los Consejos Regionales Autónomos, se encargará de normar el uso de los recursos naturales renovables y no renovables, el monitoreo, control de calidad y el uso adecuado de los mismos13.Y expresamente establece que el sistema de permisos y Evaluación de Impacto Ambiental deberá ser administrado por el MARENA. En el caso de las Regiones Autónomas, estos serán administrados por los consejos regionales. También la Ley 217 establece que la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento del territorio, que es responsabilidad de las autoridades municipales, en el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, será competencia de los Consejos Regionales Autónomos.14 Y el literal “e” del Arto. 17 del Reglamento de la Ley 28 establece para el INETER la responsabilidad de realizar en coordinación con los Consejos Regionales los planes de ordenamiento del territorio de las Regiones Autónomas. Todas esas funciones otorgadas por la Ley 217 y su Reglamento,15 para los Consejos Regionales, son plenamente consistentes con lo establecido en los Artos. 8 y 23 del Estatuto de Autonomía y su Reglamento, dictando que las Regiones Autónomas deberán participar efectivamente en la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo y en la promoción del racional aprovechamiento de sus recursos naturales. La Ley 445 y la Competencia de las Autoridades Comunales Tradicionales La Ley No. 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, tiene por objeto regular la propiedad comunal; ha dado también visibilidad a las instituciones comunales y territoriales, tradicionalmente reguladas por los usos y costumbres propios de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, principalmente a sus autoridades tradicionales. Las autoridades comunales ya habían sido reconocidas por la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, como autoridades administrativas u “órganos de administración” junto al Consejo Regional, Coordinador Regional y a las autoridades municipales16, sin embargo, esta norma no
12) El Arto. 3 del Reglamento de la Ley 28, Decreto No 3584, publicado en La Gaceta Diario Oficial No.186 del 2 de octubre del 2003, define al Régimen de Autonomía de la forma siguiente: Es el sistema o forma de gobierno, jurídico, político, administrativo, económico y financieramente descentralizado que dentro de la unidad del Estado nicaragüense, establece las atribuciones propias de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, de sus órganos de administración, los derechos y deberes que corresponden a sus habitantes para el ejercicio efectivo de los derechos históricos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, consignadas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley 28 y demás leyes de la República. 13) Ley 217, Arto. 16. 14) Ídem, Arto.16.-La elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento del territorio será responsabilidad de las autoridades municipales quienes lo harán en base a las pautas y directrices establecidas. En el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica será competencia de los Consejos Regionales Autónomos con la asistencia técnica de las Instituciones especializadas. 15) Decreto No. 9-96, Reglamento Ley 217, publicada en La Gaceta Diario Oficial No 163 del 29 de agosto de 1996. Arto. 74 16) Ley 28, Arto. 15.
había sido desarrollada en ley o reglamento alguno, para que verdaderamente las autoridades comunales pudieran desplegar sus poderes más allá que dentro de sus comunidades. El reconocimiento constitucional de las Autoridades Comunales como órganos de administración de las Regiones Autónomas es expreso al enunciar en la Constitución "el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales... administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones… y a …la libre elección de sus autoridades". De la misma manera el Estatuto de Autonomía establece para los Jueces, nombrados por la Corte Suprema en las Regiones Autónomas, la obligación de reconocer y respetar a las autoridades comunales tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas como tales. 17 Las autoridades comunales tradicionales tienen derecho de ocupación y de usufructo de la tierra y los recursos naturales, poseídos de manera colectiva entre todos los miembros de la comunidad. De esta forma, podrán otorgar autorizaciones para el aprovechamiento de las tierras comunales y de los recursos naturales a favor de terceros, siempre y cuando sean mandatados expresamente para ello por la Asamblea Comunal; para realizar actividades de subsistencia no se requerirá de dicha autorización. Cuando se tratare de aprovechamiento de recursos naturales de uso común de las comunidades miembros del territorio, las autorizaciones serán otorgadas para tal fin por mandato expreso de la Asamblea Territorial. El Consejo Regional Autónomo correspondiente apoyará técnicamente a las comunidades en el proceso de aprobación y aprovechamiento racional de sus recursos naturales
C. Las Competencias de Gestión Ambiental en el Ámbito Municipal
La Constitución Política de Nicaragua establece que el Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país. La ley determinará su número y extensión. El Arto. 177 de la Constitución establece para el Estado, como requisito previo para otorgar permisos de aprovechamiento de recursos naturales, la obligación de pedir y tomar en cuenta la opinión de la Municipalidad. La Ley de Municipios La Ley de Municipios18 en su Arto. 6 establece que los Gobiernos Municipales tienen competencia en todas las materias que incidan en el desarrollo socioeconómico, y por ende en la conservación del ambiente y los recursos naturales de su circunscripción territorial. Y el Arto. 7 numeral 8 establece para la Municipalidad la potestad de: “Desarrollar, conservar y controlar el uso racional del medio ambiente y los recursos naturales como base del desarrollo sostenible del Municipio y el país, fomentando iniciativas locales en estas áreas y contribuyendo a su monitoreo, vigilancia y control en coordinación con los entes nacionales correspondientes” Así mismo, señala las competencias siguientes: .
Ley 28, Arto.18.- La Administración de Justicia en las Regiones Autónomas se regirán por regulaciones especiales que reflejarán las particularidades culturales propias de las Comunidades de la Costa Atlántica, de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua. 18) La Ley 40, Ley de Municipios, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 155 del 17 de agosto de 1988 y su reforma Ley 261, publicada en La Gaceta Diario Oficial, No. 162 del 20 de agosto de 1997.
a) Emitir opinión respecto a los contratos o concesiones de explotación de los recursos naturales ubicados en su circunscripción, como condición previa para su aprobación por la autoridad competente. b) Percibir el 25% de los ingresos obtenidos por el Fisco, en concepto de derechos y regalías que se recauden por el otorgamiento de concesiones de exploración, explotación o licencias sobre de los recursos naturales ubicado en su territorio. c) Autorizar en coordinación con el INAFOR el marcaje y transporte de árboles y madera, para controlar su racional aprovechamiento. d) Participar con el MARENA en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental de obras o proyectos que se desarrollen en el Municipio, previo el otorgamiento de permiso ambiental. e) Declarar y establecer parques ecológicos municipales para promover la conservación de los recursos naturales más valiosos del municipio. Dicha declaratoria podrá recaer en un área de dominio público o en terrenos privados, previa indemnización establecida en el Artículo 44 de la Constitución Política. Sin embargo, la Ley 445 en su Arto. 14, crea una excepción a la potestad de las Municipalidades para declarar parques ecológicos, cuando tal declaración recaería sobre tierras comunales y prohíbe a las municipalidades declararlos sobre tierras comunales que estén ubicadas en su circunscripción. Las Leyes 28 y 445 y los Municipios Expresamente la Ley de Municipios en sus Artos. 67 a 69 establece: "Los Municipios reconocerán la existencia de las comunidades indígenas ubicadas en sus territorios, legalmente constituidas o en estado de hecho...Así mismo respetarán sus autoridades formales y tradicionales... Son autoridades tradicionales en las comunidades indígenas, aquellas que se rigen por la tradición y la costumbre... cuya elección o nombramiento no tiene previsto un reglamento oficial". Y, mientras la propiedad municipal se rige por la Ley 40 y 261; la propiedad comunal está bajo un régimen sui generis, definido por los Artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua; los Artículos 11, numerales 3, 4 y 6; y 36 de la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, su Reglamento; y la Ley 445, por lo tanto existe plena diferencia entre los bienes municipales y los comunales. La Constitución, en su Artículo 177 establece que el gobierno y la administración de los municipios corresponden a las autoridades municipales, las que gozan de autonomía sin detrimento de las facultades del gobierno central. La Ley 445 establece que las municipalidades deben consultar con las comunidades indígenas y étnicas, antes de dar su opinión para el otorgamiento de concesiones o de contratos de explotación de cualquier clase de recursos naturales en tierras comunales indígenas para los recursos naturales estatales.19 En el caso del resto de los recursos naturales, la municipalidad debe respetar los derechos de propiedad de las comunidades sobre estos, ya que la competencia de los municipios es meramente administrativa y de regulación y control del aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, mientras que los pueblos indígenas y las comunidades étnicas son considerados propietarios, de manera colectiva de los recursos naturales en las tierras que ocupan20, por lo que compete exclusivamente a sus autoridades tradicionales manejar sus asuntos internos.21
19) Ley 445, Arto. 12.- Todo tipo de otorgamiento de concesiones y contratos de explotación racional, de los recursos naturales se hará coordinadamente con el Gobierno Central. 20) Ídem, Arto. 11.- Las autoridades municipales, en observancia de lo establecido en la Constitución Política deberán respetar los derechos de propiedad comunal que tienen los pueblos indígenas y comunidades étnicas ubicadas dentro de su jurisdicción, sobre sus tierras y sobre los recursos naturales que en ella se encuentran. 21) Ídem, Arto. 13.- En los casos de aprovechamiento forestal en tierras comunales, la autoridad municipal podrá extender el aval correspondiente sólo cuando la comunidad lo solicite o ceda sus derechos a terceros, de conformidad con lo establecido en la legislación forestal vigente.
3. Mecanismos y Nivel de Cumplimiento del Estado Nicaragüense con los Compromisos Adquiridos en cada uno de los Convenios y Protocolos
Las leyes anteriormente descritas, establecen, entre otros aspectos, el marco institucional aplicable para cumplir con los compromisos adquirido por el Estado, al ratificar las diversas convenciones internacionales objeto de este diagnóstico: la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención de Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (Protocolo de Montreal), las que al haber sido ratificados por Nicaragua se convierten en leyes de la Republica, fortaleciendo el marco jurídico nacional para la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Las Partes Contratantes (los diferentes Estados signatarios) gobiernan estos instrumentos internacionales, por medio de las reuniones ordinarias periódicas y extraordinarias, denominadas Conferencias de las Partes (COPs). La mayoría de los instrumentos internacionales, objeto de la presente consultoría,22 por medio de mecanismos financieros creados para tal fin,23 ponen a disposición de las Partes Contratantes recursos financieros y técnicos, con el fin de apoyar a los países que los necesiten, en la implementación de estos instrumentos a nivel nacional; para acceder a estos recursos cada Convenio o Protocolo define el procedimiento a seguir. Cada uno de los Convenios, (cuyos Protocolos y Enmiendas forman parte integrante de los mismos) una vez ratificados, se convierten en leyes, y por ende, son de obligatorio cumplimiento en el ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados signatarios o Partes Contratantes, así como a nivel internacional y se comprometen a su implementación. Las Naciones Unidas, por medio de las Secretarías permanentes de cada uno de estos instrumentos realizan las funciones administrativas; así como los órganos subsidiarios (de carácter técnico-científico)24 mantienen la potestad de dar seguimiento al cumplimiento de cada Estado, con respecto de las obligaciones contraídas. Las Partes Contratantes, además, se comprometen a la presentación de comunicaciones e informes sobre las acciones y medidas adoptadas en cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos. Algunas Convenciones establecen expresamente mecanismos consultivos multilaterales y de resoluciones de conflictos, por medio de la negociación o arbitraje, cuyo procedimiento es establecido por la Conferencia de las Partes por medio de un anexo25 o por el sometimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. En Nicaragua, a nivel institucional, MARENA es la entidad responsable y, por medio de sus Direcciones Generales, garante directa de dar seguimiento a la implementación de los instrumentos internacionales
22) CDB, CMNUCC, UNDC y el Protocolo de Montreal. 23) Tales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, o GEF por sus siglas en inglés) 24) En la CMNUCC se estableció el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPCC) con el fin de evaluar la información científica disponible sobre el cambio climático, los impactos probables sobre el medio ambiente y sobre las actividades económicas y para formular las estrategias apropiadas. En el caso de la CDB la Conferencia de las Partes cuenta con el apoyo de un Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT). Todas las Partes del Convenio son libres para participar en este órgano multidisciplinario que está constituido por representantes de los Gobiernos con experiencia y conocimientos en los campos pertinentes. Este órgano informa regularmente a la Conferencia de las Partes sobre todos los aspectos de su labor y los asesora acerca de las medidas que serían necesario adoptar para responder a diversos asuntos relacionados con la aplicación del Convenio. 25) Sin embargo, CITES, Arto. XXVIII numeral 2 establece el arbitraje para las partes ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. El Convenio RAMSAR no contempla ningún tipo de mecanismo para resolver controversias entre los Estados partes.
objeto de la consultoría. Dentro de la institución se nombra un punto focal, encargado de realizar las funciones de implementación técnica para cada una de estas Convenciones y Protocolos.26 El Punto Focal participa en las Conferencia de las Partes (COPs), de las Convenciones dentro del marco de Naciones Unidas, y en todos los casos, prepara y envía informes periódicos de seguimiento a cada una de las Secretarias, sobre cada uno de estos instrumentos internacionales. La Dirección de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) entrega las credenciales para la participación de los funcionarios del MARENA en las diferentes reuniones y a la vez actúa como enlace con las Secretarías. Actualmente existe la tendencia de dar seguimiento y preparar informes y posiciones regionales a nivel de Centroamérica ante las Secretarías del CDB, Ramsar, CITES y CMNUCC,27 ya que los países Centroamericanos han iniciado un proceso de integración bastante consistente en el área de medio ambiente. Por medio de la suscripción de acuerdos, protocolos y convenios. En el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se han venido realizando diversos esfuerzos en pro de la integración regional en temáticas específicas. Un claro ejemplo lo representa la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), conformada por los Ministros de Ambiente de la Región. En 1994 la Reunión de Presidentes Centroamericanos aprobó la Alianza de Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES),28 desde esa fecha el Consejo de Ministros de Ambiente ha venido aprobando políticas de conservación y uso racional de los recursos naturales en Centroamérica. La integración regional en el tema ambiental se expresa también en el hecho de que los países han comenzado a presentar informes periódicos de seguimiento a las diferentes Secretarías de forma regional, independientemente de la presentación de sus propios informes nacionales. Representantes del MARENA participan en los Comités Técnicos de la CCAD29 para dar seguimiento y preparar informes y posiciones regionales ante las Secretarias de los Convenios: CMNUCC, CITES, CDB, y Ramsar. De esta forma, el cumplimiento de estos compromisos prácticamente constituye la agenda ambiental Centroamericana. Así mismo, se han creado instituciones de fiscalización sobre asuntos de medio ambiente a nivel regional, como la Red de Fiscales y Procuradores Ambientales de Centroamérica y Panamá, auspiciada por la CCAD, y la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), de la que la Contraloría General de la República de Nicaragua forma parte. A continuación se describe y analiza el desarrollo que ha alcanzado cada uno de los compromisos internacionales objeto de la Consultoría, en su implementación dentro del ordenamiento jurídico nacional.
26) Por ejemplo, el Anexo III de la UNCCD Arto. 7, a este respecto establece: Marco Institucional. 1. A los efectos de dar operatividad al presente anexo, los países Parte afectados de la región: a) establecerán y/o fortalecerán puntos focales naciones, encargados de la coordinación de las acciones relativas a la lucha contra la desertificación y/o la litigación de los efectos de la sequía; b) establecerán un mecanismo de coordinación entre los puntos focales nacionales, con los siguientes objetivos: i) intercambiar información y experiencias, ii) coordinar acciones a nivel subregional y regional, iii) promover la cooperación técnica, científica, tecnológica y financiera, iv) identificar lo requerimientos de cooperación externa, y v) realizar el seguimiento y la evaluación de la ejecución de los programas de acción. 27) Estado Ambiental en Nicaragua, 2003. Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Managua, Nicaragua 2004. Pág. 112. 28) Suscrita en ocasión de la celebración de la Cumbre Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, realizada en Managua, el 13 de octubre de 1994. 29) Dentro de la estructura de la CCAD su máxima autoridad es el “Consejo de Ministros” integrado por las autoridades ambientales de los 7 países que la forman, con una presidencia protempore rotativa cada 6 meses, que la representa, actuando regionalmente con el fin de armonizar las posiciones regionales y de esta forma contribuir a la consolidación de Centroamérica y el caribe como región.
a Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fue suscrita por Nicaragua en 1992 y ratificada por la Asamblea Nacional en 1995.30 El Protocolo de Kyoto fue firmado en julio de 1998 y ratificado en noviembre de 1999.
La CMNUCC tiene como objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, por causas antropógenas, a un nivel que evite interferencias peligrosas en el sistema climático. El Arto. 2 del CMNUCC expresa lo siguiente: “...la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten, naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible...” . Sin embargo, Nicaragua, en su calidad de país en vías de desarrollo, no tiene responsabilidad explícita de reducir emisiones bajo la CMNUCC, por lo que su énfasis esta en la formación de capacidades nacionales en el ámbito del Cambio Climático y en particular en la transferencia de tecnologías de mitigación, para poder contribuir así activamente a la reducción de las emisiones de GEI. Así mismo, para los países en desarrollo como Nicaragua el Protocolo de Kyoto creó un mecanismo de flexibilidad conocido como, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que permite a un país industrializado efectuar proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un país en vías de desarrollo sin compromisos de reducción de GEI, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del país anfitrión y alcanzar el cumplimiento de sus compromisos al acreditarse las reducciones logradas en los países en desarrollo. La Ley 217 establece las normas de la calidad ambiental aplicables en el país.31 A lo interno del MARENA, la Dirección General de Recursos Naturales y Biodiversidad, por medio de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio (ONDL), está encargada de dar cumplimiento al CMNUCC. La CMNUCC tiene como incentivos la introducción de tecnologías limpias, la utilización de fuentes renovables de energía y del uso eficiente de la energía; mediante planes de manejo eficientes en la protección y reforestación de zonas degradadas y de áreas protegidas, de la conservación de cuencas hidrográficas y de sus acuíferos, y el manejo de desechos sólidos.
30) La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita por Nicaragua el 13 de junio de 1992, ratificada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 1995, por medio del Decreto No. 50-95 publicado en La Gaceta Diario Oficial, No. 199 del 24 de octubre de 1995. 31) Ley 217, Título IV. Arto. 109-133. Arto. 111.-El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en coordinación con las instituciones del Estado, Gobiernos Autónomos y Alcaldías: 1) Orientará el monitoreo y el control de las fuentes fijas y móviles de contaminación, los contaminantes y la calidad de los ecosistemas. 2) Emitirá estándares y normas de calidad de los ecosistemas, los cuales servirán como pautas para la normación y la gestión ambiental. 3) Emitirá normas de tecnologías, procesos, tratamiento y estándares de emisión, vertidos, así como de desechos y ruidos. 4) Emitirá normas sobre la ubicación de actividades contaminantes o riesgosas y sobre las zonas de influencia de las mismas. Arto. 122.-El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en coordinación con el Ministerio de Construcción y Transporte y la Policía Nacional, reglamentará el control de emisiones de gases contaminantes provocados por vehículos automotores.
a. Compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar el CMNUCC
Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán: a) Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes (COP), de conformidad con el Artículo 12, inventarios nacionales de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías comparables que habrán de ser aprobadas por la COP. b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático, teniendo en cuenta las emisiones y absorción de los GEI, y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático. c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la transferencia de tecnología, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones de GEI, en los sectores energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura y gestión de desechos. d) Promover la gestión sostenible, la conservación y el reforzamiento, de los sumideros y depósitos de los GEI, inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos. e) Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático; desarrollar y elaborar planes apropiados e integrados para la gestión de las zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura, y para la protección y rehabilitación de las zonas afectadas por la sequía, desertificación y las inundaciones. f ) Tener en cuenta, las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales, y hacer evaluaciones del impacto a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente; de las medidas emprendidas por las Partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él. g) Promover y apoyar la investigación científica, socioeconómica y de otra índole, la observación sistemática y el establecimiento de archivos de datos relativos al sistema climático, con el propósito de facilitar la comprensión de las causas, los efectos y la magnitud del cambio climático. h) Promover y apoyar el intercambio oportuno de la información de orden científico, tecnológico, técnico, socioeconómico y jurídico sobre el sistema climático y el cambio climático, y sobre las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta. i) Promover y apoyar la educación, la capacitación y sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular la participación más amplia posible en ese proceso; Comunicar a la Conferencia de las Partes la información relativa a la aplicación, de conformidad al artículo 12 (transmisión de información relacionada con la aplicación).
b. Avances en el cumplimiento del CMNUCC
Los principales avances en el cumplimiento de los compromisos del Estado en el CMNUCC son los siguientes: 1. Presentación ante la Convención Marco Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de la “Primera Comunicación Nacional” en junio del 2001.32 Realización de estudios científico-técnicos: a) Impactos del Cambio Climático en Nicaragua sobre varios sectores. b) Evaluación de la vulnerabilidad y adaptación de los recursos hídricos ante el cambio climático. c) Estudios de mitigación del Cambio Climático. Publicaciones realizadas: a) Guía para comprender el Cambio Climático en Nicaragua (1999). b) Manual de Consideraciones de Cambio Climático para Tomadores de Decisiones (1999). c) Resumen Ejecutivo del Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de Gases de Efecto Invernadero (2000). d) Los Impactos del Cambio Climático en Nicaragua (2001). e) Primera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (2001). f ) Guía Metodológica para la formulación, monitoreo y verificación de Proyectos de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (2002). g) Marco de Indicadores para Evaluar la Vulnerabilidad del Cultivo de Maíz y Fríjol ante el Cambio Climático (2002). h) Potencial de Mitigación del Sector Forestal en Nicaragua (2002). i) Marco Legal e Institucional de Nicaragua frente al Cambio Climático. MARENA, 2002. Proyecto Centroamericano Bosques y Cambio Climático/ FAO. Rehabilitación y funcionamiento de la Red Hidrometereológica Nacional por medio del Proyecto de Cambio Climático, continuación del Proyecto Regional de Mejoramiento y Rehabilitación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Centroamericanos, financiado por el Gobierno de Finlandia 1991-1995 y ejecutado por el INETER. Formación de capacidades nacionales en el ámbito de la ciencia del Cambio Climático y promover la temática con la inserción de la asignatura de Cambio Climático en las Universidades UNA y UCA. Creación de la Comisión Nacional de Cambios Climáticos y su Reglamento, por Resolución Ministerial, elaborado en consenso por la misma Comisión y realización de gestiones para que la Comisión sea ratificada por un Decreto Presidencial para elevar su perfil institucional; la Comisión Nacional de Cambios Climáticos es el principal instrumento gubernamental de gestión y ejecución de las acciones inherentes a la Convención.
32) Finlandia decidió patrocinar a Nicaragua a través del Proyecto de Apoyo a la Implementación de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo de Montreal. En enero los gobiernos de Nicaragua y Finlandia firmaron el Convenio de Cooperación y en abril se inició el Proyecto. Además, en mayo del mimo año el FMAM a través del PNUD aprobó el Proyecto de Preparación de Primera Comunicación Nacional de Nicaragua en respuesta a sus obligaciones ente la Convención., por lo que ambos Proyectos se complementaron teniendo al MARENA como la institución ejecutora.
Participación en el esfuerzo regional de preparación como potencial oferente de los servicios ambientales en fijación de carbono, en coordinación con los Institutos Meteorológicos Nacionales de Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Realización de esfuerzos para incorporar el Cambio Climático en las políticas y acciones a nivel del Poder Ejecutivo, MINSA, MAGFOR, ENEL y Universidades. Creación del Centro de Información en Cambio Climático, integrado al Centro de Documentación de MARENA. Actualización del programa de observación climatológica y meteorológica de la red nacional de observación en superficie y aire superior. Creación en 1999 del sitio web http://www.marena.gob.ni/cambio-climatico sobre cambio climático en MARENA
Creación de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio (ONDL) por medio del Decreto No. 21-2002 para facilitar en Nicaragua la prestación de servicios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.33 Afianzamiento de proyectos regionales con la FAO en Bosque y Cambio Climático que apoyan las acciones de la ONDL. Acuerdo con el Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial para que compre los certificados de reducción de emisiones generados por un proyecto que utilizará el metanol producido por la descomposición de la cascarilla de arroz para producir energía. La ONDL desde su creación ha logrado asesorar a 18 Empresas y Proyectos en asistencia técnica para que preparen los documentos necesarios y lograr someter las propuestas de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero bajo el mecanismo de Desarrollo Limpio. Coordinación de la gestión para la venta de Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) de varios proyectos (Gemina, San Jacinto Tizate y Wiwili, entre otros). Gestión de fondos para la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Fomento a las capacidades nacionales en cinco talleres de capacitación en materia de cambios climáticos, vulnerabilidad, adaptación, mitigación y mecanismos de desarrollo limpio (MDL), posible contribución a la Política Energética Sustentable en México y Reunión Consultiva en Proyectos Forestales de Pequeña Escala dentro del MDL, en Alemania, Panamá, México, Guatemala y Perú respectivamente, con la participación de seis especialistas. Consolidación de la compra de Certificados de Reducción de Emisiones (CER), con la Compañía Licorera de Nicaragua y el Proyecto Bote.34
33) Publicado en en La Gaceta Diario Oficial, No. 56 del 21 de marzo del 2002. 34) Se trabajó un plan de mitigación con la Licorera Nacional, ya que en su proceso de producción tiraba la ceniza a la atmósfera y los desechos a una laguna, por lo que con el apoyo de la ONDL se propuso un proyecto de emisiones evitadas de GEI bajo el MDL del Protocolo de Kyoto utilizando tecnología limpia, independientemente que la CMNUCC no exige a Nicaragua (país No Anexo1) reducir emisiones GEI, pero si participar en la iniciativa global de reducción de emisiones GEI, por medio de la introducción de tecnologías limpias. Sin embargo, se trabajaron ambos aspectos.
Asistencia técnica como apoyo al fortalecimiento de la ANPPER, en la elaboración de propuestas de Proyectos de Energía y a la organización de la feria de energía renovable. Proceso de elaboración de una propuesta para obtener fondos Intercambio de Deuda por Naturaleza para la Cuenta de Carbono (CNCO2) y otras cuentas del Fondo Nacional del Ambiente.
c. Comentarios
La Formulación del Plan de Acción Nacional ante el Cambio Climático (PANCC) fue basado en los estudios realizados en el marco del Proyecto Primera Comunicación Nacional en respuesta a las obligaciones ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, PNUD-NIC/98/G31-MARENA y del proyecto Apoyo a la Implementación de la Convención Marco de Naciones Unidad sobre Cambio Climático, PANIF/MARENA. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que cuantifica las emisiones y fijaciones de CEI para el año de referencia (1994) fue el primer compromiso cumplido por Nicaragua ante la CMNUCC, a la vez este documento se constituye en una importante herramienta para planificar las estrategias y políticas nacionales sobre el Cambio Climático. En general se obtiene un balance positivo para Nicaragua constituyéndose en un “país sumidero” con un potencial de fijación en el sector del Cambio de Uso de Tierras y Silvicultura (CUTS), este sector es a la vez la principal fuente de emisión de CO2 seguido del sector Agricultura, Energía, Procesos Industriales y Desechos Sólidos. Sin embargo, de continuar con la alta tasa de deforestación (calculada entre 80 y 90 mil hectáreas entre los años 1993 y 1995), sin que se implementen medidas de mitigación, las emisiones de GEI superarán la capacidad de fijación actual, debido a los procesos de deforestación, erosión, sedimentación, contaminación y avance de la frontera agrícola, generando uso inadecuado de las tierras.35 Por lo que la formulación e implementación en el terreno de una política nacional para atender de manera integral el fenómeno del avance de la frontera agrícola es necesaria para mantener la potencialidad de Nicaragua como “país sumidero” . Otras medidas de mitigación de GEI se están impulsando con el apoyo de la ONDL y en coordinación con la Comisión Nacional de Energía (CNE), tales como medidas de eficiencia energética y mejoramiento de la red vial para reducir el gasto de combustible, entre otras. Actualmente se está en el proceso de realización de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Con la formulación de la Segunda Comunicación Nacional, se planea impulsar la implementación de un Programa de Medidas de Mitigación en los departamentos de Boaco y Chontales, en concordancia con los Planes Operativos Departamentales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, como por ejemplo: la reforestación de la Serranía de Amerrisque. También Nicaragua está participando junto con los países de Centroamérica, México y Cuba en un proyecto piloto regional, para elaborar y aplicar un Marco de Política de Adaptación que genere
35) Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de Gases de Efecto Invernadero de Nicaragua. Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Managua, Nicaragua 2000. Pág. 5 y 10.
estrategias de adaptación, políticas y medidas. La aplicación de este Marco demostrará cómo la política para la adaptación puede integrarse en el desarrollo sostenible nacional para dos sistemas humanos seleccionados: recursos hídricos y agricultura. Este proyecto demostrativo fue elaborado sobre la Fase I de los estudios de evaluación de la vulnerabilidad y adaptación de la Primera Comunicación Nacional de los ocho países participantes de la región y los preparará hacia la Fase III de la Adaptación. En el contexto nacional el proyecto mejorará la capacidad de adaptación de la población que vive en la Cuenca No. 64 (Volcán Cosigüina/Río Tamarindo) en la región del Pacífico de Nicaragua, ante los impactos del cambio climático, incluyendo variabilidad climática y eventos extremos, para contribuir a la disminución de la vulnerabilidad ambiental, socioeconómica y reducción de la pobreza. Mediante el involucramiento de los principales actores desde el inicio del proyecto, el proceso de formación de capacidades incluirá asistencia técnica para fortalecer el sistema institucional nacional y local en la evaluación de la vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático. Nicaragua contará con un Plan Regional de Adaptación, con el objetivo final de incorporar la adaptación en los planes nacionales de desarrollo. Los resultados finales del proyecto también contribuirán a la preparación de la Segunda Comunicación Nacional de Nicaragua sobre Cambio Climático. La falta de datos sobre el cambio de uso de tierras y silvicultura (CUTS) Considerando la carencia de datos de entrada para el mejoramiento de la calidad del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), Nicaragua ha previsto utilizar un método de Nivel 2, según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), para los sectores agricultura y CUTS, siempre y cuando los datos de entrada (activity data) permitan realizar los cálculos a este nivel. Sin embargo, a pesar de utilizar esta metodología, siempre persistirá la limitante de seguir utilizando los datos por defectos del IPCC, en los sectores energía, agricultura y CUTS, lo cual es una fuente importante de incertidumbre; debido a que a nivel nacional aún no se han desarrollado y/o calculado Factores de Emisión para las categorías principales de fuentes (CUTS, Agricultura y Energía). Por otro lado la calidad de los datos es relativamente pobre en particular en los sectores agricultura (suelos agrícolas, desechos del ganado, etc.) y CUTS. En base a lo anterior se puede decir, que la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio del MARENA, necesita financiamiento y asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el cual es una de las prioridades en el proceso de sistematización de las Comunicaciones Nacionales sobre Cambio Climático, mismas que son parte de los compromisos comunes pero diferenciados que tiene Nicaragua ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De forma general se han identificado las líneas de trabajo priorizadas para seguir cumpliendo con este compromiso; éstas se enumeran a continuación: • Elección de la metodología a utilizar para el desarrollo de los factores de emisiones locales, en los sectores agricultura (suelos, desechos de ganado mayor, arrozales anegados, etc.) y CUTS, tomando en consideración las circunstancias nacionales. Evaluar la representatividad de los valores por defecto del IPCC para la situación nacional. Asistencia en la aplicación de las Guías de Buenas Prácticas del IPCC. Creación de capacidades locales (técnicos de MARENA y universidades involucradas) en la aplicación de las metodologías de cálculo de los Factores de Emisión.
Desarrollar los Factores de Emisión en los sectores seleccionados. Recomendaciones para mejorar el control de calidad de los datos de entrada del Inventario (activity data). Diseñar un Sistema de Recopilación, procesamiento y almacenamiento de los datos del inventario, que garantice la sostenibilidad futura de preparación de los inventarios nacionales de Gases de Efecto Invernadero.
La falta de presupuesto Los puntos focales reportan que la falta de presupuesto institucional ha limitado la implementación de planes para promover la educación, la formación y la sensibilización del público con respecto al cambio climático, ni para hacer preparativos para adaptarse al cambio climático en Nicaragua. Sin embargo entre 1999-2001 se realizó una serie de actividades que consistieron principalmente en la publicación de materiales académicos y populares, como libros y artículos, realización de talleres y una campaña educativa, para difundir el Cambio Climático y sus consecuencias; una vez agotados los fondos las actividades se acabaron. La ONDL no cuenta con un presupuesto institucional propio, por lo que sus actividades se financian a través de la formulación y ejecución de proyectos provenientes de la cooperación internacional. La Oficina Nacional de Desarrollo Limpio (ONDL) ha desarrollado un proceso sencillo para otorgar el aval gubernamental que requieren los proyectos MDL. Este proceso se desarrolló en dos partes, con la Idea de Proyecto (PIN) la Oficina da una carta inicial de No Objeción, la cual es firmada por el Director de ésta, después de analizar dicho documento. El Aval se otorga luego de la entrega del Documento de Proyecto (PDD), previa consulta pública a nivel local y de haber recibido la aprobación definitiva de parte de la Junta Directiva de la Oficina. Este proceso está detallado en la página web de la ONDL: http://www.ondl.gob.ni La Junta Directiva de la ONDL la preside el Ministro del MARENA; está integrada por miembros del sector privado e instituciones del Estado, así como algunas ONGs. La ONDL es la instancia de Nicaragua acreditada como Autoridad Nacional Designada ante la CMNUCC y ante la Junta Ejecutiva del MDL y como tal, con el apoyo de la Junta Directiva tiene la atribución de otorgar el aval gubernamental requerido para que un proyecto pueda ser registrado ante la Junta Ejecutiva. Actualmente la ONDL mediante sus actividades de formación de capacidades para el sector privado y diseñadores de proyectos bajo el MDL, ha logrado formar una masa crítica considerable en la preparación de este tipo de proyectos, así como la firma de memorandos de entendimiento con distintos compradores internacionales (Banco Mundial, Centro Andino de Fomento, etc.), ha propiciado que se facilite a nivel nacional la compra de Certificados de Reducción de Emisiones (CERs); también ya ha elaborado una propuesta para obtener fondos para el intercambio de deuda por naturaleza para la Cuenta de Carbono (CNCO2) y otras cuentas del Fondo Nacional del Ambiente. Porcentaje de tales fondos podrían ser asignados al MARENA para que se convierta en una entidad auto sostenible. De la misma manera que el INAFOR se financia con los fondos generados por el aprovechamiento forestal, por lo que se le ha criticado que incentiva el mismo; el hecho de que el MARENA obtenga un porcentaje de los fondos generados por estas gestiones de ventas de CERs y por el intercambio de deuda por Naturaleza, podría incentivar la promoción de la conservación.
d. Fortalezas y Debilidades en el marco del cumplimiento del Convenio
Fortalezas • • • • Contar con el Plan de Acción Nacional ante el Cambio Climático (PANCC). Balance positivo para Nicaragua al considerase un “país sumidero” . Creación de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio (ONDL). Elaboración y gestión de un documento de proyecto que permite a Nicaragua realizar la Segunda Comunicación Nacional. Consolidación de la compra de Certificados de Reducción de Emisiones (CER).
Debilidades • • Perfil institucional bajo de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Falta de datos de entrada (como factores de emisión locales) para el mejoramiento de la calidad del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Falta de personal para cubrir las distintas áreas especializadas que atiende la ONDL. Falta de presupuesto institucional para la ONDL. Poco financiamiento para la implementación de medidas de adaptación al cambio climático (conocida como fase III de la adaptación) en áreas piloto. Nivel bajo de sensibilización del público respecto del cambio climático y falta de estímulo para mejorar una participación más amplia. Falta de un marco de política sobre el cambio climático que integre la mitigación y la adaptación. Falta de capacidades para el diseño de proyectos y altos costos de transacción de los pequeños proyectos bajo el MDL.
a Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), fue suscrita en 1992, durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro y ratificada por Nicaragua en 1995;36 tiene como objetivos la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías.
La Ley 217 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, emitida en 1996, así como su Reglamento,37 refuerzan el cumplimiento de los objetivos de la CDB ya que tiene como propósito establecer y reglamentar las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional. De esta forma, la Ley 217 desarrolla los principios y normas establecidos, de manera genérica por la CDB, y por ende actúa de manera complementaria en su implementación en el ámbito nacional.
a. Compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar el CDB
La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos; mediante el acceso adecuado a esos recursos, y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes; tomando en cuenta todos los derechos sobre estos recursos y tecnologías, y mediante un financiamiento adecuado.38 La Dirección General de Recursos Naturales y Biodiversidad del MARENA es la entidad actualmente competente de asegurar la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
b. Avances en el cumplimiento del CDB
Entre los avances en la implementación del CDB encontramos: 1. En 1998 se inició el proceso de planificación para la biodiversidad nacional, con la formulación del documento “Biodiversidad en Nicaragua: Un Estudio de País” auspiciado por el Programa Ambiental , Nicaragua Finlandia, a través del Proyecto Apoyo a las Áreas Protegidas y a la Biodiversidad. Este documento representó una aproximación general al estado de la biodiversidad nacional.
36 37 38 La CDB fue suscrita por Nicaragua el 13 de junio de 1992, ratificada por la Asamblea Nacional el 15 de noviembre de 1995, y publicada en La Gaceta Diario Oficial No.215 del 15 de noviembre de 1995. Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en La Gaceta Diario Oficial No 163 del 29 de agosto de1996. El CDB insta a los países a actuar en las siguientes esferas: a) Conservación de los ecosistemas y los hábitat naturales y protección y regeneración de poblaciones de especies dentro y fuera de sus hábitat naturales; b) Utilización sostenible de los recursos biológicos; c) Identificación y monitoreo de la diversidad biológica; d) Intercambio de información pertinente a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica; e) Cooperación técnica y científica para satisfacer los objetivos del Convenio; f) Incentivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de modos económica y socialmente aceptables; g) Investigación y capacitación sobre identificación, conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica; h) Educación pública para despertar la conciencia de la importancia de la diversidad biológica; i) Evaluación de impactos de proyectos propuestos que probablemente tendrían un influjo significativamente adverso en la diversidad biológica; j) Acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios procedentes de su utilización; k) Transferencia de tecnología entre las Partes en el Convenio para promover la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica; l) Manipulación de la biotecnología para asegurar la transferencia, manipulación y usos seguros de organismos genéticamente modificados; m) Presentación de informes nacionales a la Conferencia de las Partes sobre la eficacia de las medidas adoptadas para aplicar el Convenio.
2. A través de un amplio proceso participativo, en el 2001 se formuló la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Este documento se oficializó a través de Resolución Ministerial No. 27-2002, publicado en La Gaceta No. 156 del 20 de agosto de 2002. La Estrategia Nacional de Biodiversidad se sustenta en cuatro estudios científico-técnicos: Biodiversidad Zoológica en Nicaragua; Estado de Conservación de los Ecosistemas de Nicaragua, Valoración Económica de la Biodiversidad y Recursos Genéticos y Biotecnología en Nicaragua. 3. Con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en el año 2000 se elaboró el Anteproyecto de Ley de Biodiversidad, mismo que fue debidamente consultado son los diversos sectores involucrados y actualmente se encuentra en revisión por la Presidencia de la República. 4. En el año 2002, se envió a la Secretaria de la Convención el Segundo Informe Nacional de cumplimiento ante los compromisos del CDB (que para Nicaragua fue el primero); posteriormente, en 2003 se envió el Primer Reporte de Cumplimiento del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas del CDB. Actualmente se está elaborando el Tercer Reporte Nacional de Cumplimiento. 5. En este mismo año 2002, a través de las Actividades Habilitadoras de Biodiversidad (Enabling Activities) del FMAM (GEF), se obtuvo financiamiento para realizar una evaluación de necesidades para la creación de capacidades nacionales en materia de Incentivos a la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, Sistema de Monitoreo de Biodiversidad y Evaluación de Amenazas a la Biodiversidad. 6. Actualmente se está trabajando en el diseño e implementación del Mecanismo de Facilitación e Intercambio de Información (Clearing House Mechanism) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Como primer paso se está conformando el nodo de Biodiversidad en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) que va a formar parte de redes internacionalmente reconocidas como IABIN (Interamerican Biodiversity Information Network) y GBIF (Global Biodiversity Information Facility). 7. Actualmente se está trabajando también en la creación de las condiciones para la efectiva implementación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del CDB. 39 Debido a la amplitud de los temas abordados por la CDB, y queriendo enfatizar la importancia de la biotecnología en la vida moderna, la COP de la CDB decidió crear y aprobar el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología con el objetivo siguiente: Contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que pueden tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.40
39) Derivado del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), fue adoptado el 29 de enero de 2000 y firmado por Nicaragua el 26 de mayo de 2000. Ratificado mediante Decreto Legislativo de la Asamblea Nacional No. 3248 y a través de Decreto Ejecutivo, para el depósito del instrumento de ratificación, con fechas de 21 de marzo de 2002 y 28 de junio de 2002, publicados en la Gaceta Diario Oficial No. 56 y 121 respectivamente. Entró en vigor el 11 de septiembre de 2003. 40) Protocolo de Cartagena del CDB sobre Seguridad de la Biotecnología Arto. 2.
Para implementar el Protocolo de Cartagena del CDB sobre Seguridad de la Biotecnología, con fondos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se creó el denominado “Proyecto de Bioseguridad” Los resultados esperados al finalizar el proyecto son: a) Personal nacional capacitado en . materia de Política, Legislación de Bioseguridad y Gestión y Evaluación de Riesgos y b) Marco regulatorio referido a la Bioseguridad en Nicaragua. En el marco del “Proyecto de Bioseguridad” se han realizado las acciones siguientes: A. La creación y funcionamiento del Comité Nacional de Coordinación del Proyecto de Bioseguridad; este Comité ha realizado un total de siete reuniones entre ordinarias y extraordinarias, en donde se han planificado las distintas tareas y formulado el plan de trabajo del Proyecto. B. La realización de tres consultorías: Diagnóstico técnico e institucional sobre la capacidad nacional en materia de bioseguridad en Nicaragua; Diagnóstico político legal sobre la capacidad nacional en materia de bioseguridad en Nicaragua; y, Propuesta de marco regulatorio nacional en materia de seguridad de la biotecnología. C. La creación de capacidades en materia de bioseguridad, en conjunto con las universidades: UCA, UNA, UNI, UNAN- León; en este sentido se elaboraron e impartieron los siguientes cursos: a) Cultivo in-vitro de planta y riesgos de OGMs en el campo, ambos impartidos por la universidad Nacional Agraria UNA Diagnóstico de OGMs y Bioseguridad, ambos impartidos por la UCA Marcadores Moleculares y Derecho de Propiedad Intelectual
Al haberse realizado las acciones antes descritas, se gestionaron y obtuvieron los fondos para garantizar la segunda etapa del Proyecto y continuar implementado el Protocolo. 8. El cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, también se ha expresado en los esfuerzos de integración regional. En el 2004 se formuló la Estrategia Regional de Biodiversidad, como un instrumento de facilitación y cooperación mutua entre los países de la región en lo que hace al cumplimiento del Convenio. Actualmente se está trabajando en la elaboración del Programa Estratégico Regional de Trabajo de Áreas Protegidas.
Los temas centrales del CDB: Conservación de la Biodiversidad,41 Uso sostenible de la Biodiversidad42 y Equitativa distribución de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos,43 son los aspectos que abordaremos para analizar su implementación y desarrollo en Nicaragua.
41) CDB, Artos. 6-9, 11y 14. 42) Ídem, Artos. 6, 10 y 14. 43) Ídem, Artos.15, 16, 19, 20 y 21.
La Conservación de la Biodiversidad La Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) surge como parte de las medidas de conservación de la biodiversidad establecidas por la CDB. La Ley 217, es consistente también con el mandato de la CDB, mismo que establece realizar un inventario y registro de la diversidad biológica del país (que aunque no se ha realizado completamente, ya existen registros sobre flora, fauna y ecosistemas). La ENB de esta forma pretende combinar el conocimiento científico generado por la información del inventario y registro de la diversidad biológica del país con acciones especificas de combate y reducción de la pobreza, por medio de la promoción de la seguridad alimentaria; propiciando de esta forma una relación directa entre los dueños de fincas, comunidades indígenas y locales en el territorio, y el MARENA. La Ley 217 también contiene una sección especial para las Áreas Protegidas,44 instrumento por excelencia para la conservación in situ de la diversidad biológica. Principalmente fueron creadas por medio de decretos y cuyo régimen legal ha sido reglamentado para todo el país; sin embargo, estos decretos de creación fueron en general muy vagos y los límites de la mayoría de las Áreas Protegidas continúan siendo imprecisos,46 lo que contribuye a aumentar las limitaciones en la protección de estas áreas en la práctica. Vale la pena mencionar que ya se ha iniciado un proceso de reformas al Reglamento de Áreas Protegidas, buscando dar un giro al papel de las áreas, considerando la función social que deben cumplir también, y no solamente el de la conservación, acorde con las corrientes internacionales de pensamiento, así como con las necesidades del país. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está conformado por 76 áreas (2,242,193 has que representan el 18.2% del territorio nacional), sin embargo sólo algunas de ellas están siendo atendidas administrativamente y brindando algunos servicios. En cuanto a la conservación ex situ existen algunas iniciativas desde universidades y centros de investigación para promover la conservación de colecciones y muestras. El Uso Sostenible de la Biodiversidad Como lo señala la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y su Plan de Acción, la conservación de la biodiversidad está íntimamente ligada a la viabilidad económica del uso sostenible de la misma. Mientras la sociedad no reconozca el valor económico de los bienes ambientales (agua, semillas forestales, plantas medicinales, madera, leña, alimento vegetal y frutas comestibles, bejucos, troncos, material biológico, productos no maderables, animales) ni los servicios ambientales (captación hídrica, suplidor de aguas subterráneas, protección de suelo, fijación de nutrientes, control de inundaciones, retención de sedimentos, fijación de carbono, protección de la cuenca, belleza escénica),47 el Estado va a continuar impulsando políticas cuyo cumplimiento no tendrá eco en la sociedad. Aunque las políticas nacionales lo
44) Ley 217, Titulo II, Capitulo II, Sección III de las Áreas Protegidas, Artos. 62-71. 45) Decreto 14-99, Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, publicado en La Gaceta Diario Oficial No 42 del 2 de marzo de1999. 46) “La base jurídica e institucional es insuficiente para el manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Las áreas protegidas han sido declaradas mediante decretos muy variados, de diferente formato, pobres en propósitos, simplemente declarativos y sin mayor atención a definir limites territoriales precisos” Estrategia Biodiversidad en Nicaragua. Un Estudio de País. Ministerio del Ambiente y Recursos . Naturales (MARENA). Managua, Nicaragua 2000.Pág.78 47) Servicios Ambientales del Bosque: Beneficios que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente, entre estos la mitigación de gases de efecto invernadero, regulación y protección hidrológica, conservación de biodiversidad, reducción de la vulnerabilidad ante desastres naturales. Arto. 4. Definiciones. Decreto 73-2003.
reconozcan, como ciertamente lo hace la Política Ambiental de Nicaragua48 y lo reitere el Plan Nacional de Desarrollo (PND), aún se necesita su inclusión en el marco jurídico nacional, así como la implementación de acciones concretas para lograr tal valorización. Desafortunadamente el establecimiento, por parte de Ley 217, de las medidas tributarias que debían servir como incentivos para la conservación y mantenimiento de la diversidad biológica (como lo propone la CDB),49 fueron reducidas a la simple posibilidad de reglamentar y extender una certificación a los propietarios de bienes inmuebles que pudieran ser exonerados de los impuestos de estos bienes, cuando sus propiedades son destinadas a programas de reforestación, conservación de suelos y biodiversidad, para entonces ser exonerados por el organismo competente y por medio de una Ley, haciendo el proceso más complejo. Sin embargo, las certificaciones expedidas por el MARENA resultan de gran utilidad para quienes gestionan exoneraciones fiscales ante las Municipalidades. La Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios Derivados de la Utilización de los Recursos Genéticos El Acceso reglamentado a los recursos genéticos en Nicaragua ha tenido su base en la Ley 217 que establece para los ciudadanos nicaragüenses y el Estado, la obligación de protegerlos y a su vez registrar y patentar a favor de ambos “para su uso exclusivo o preferente, los germoplasmas y cada una de las especies nativas del territorio nacional, particularmente las endémicas. Sin embargo el desarrollo y reglamentación de esta norma se encuentra pendiente en el Anteproyecto de Ley de Diversidad Biológica.50 Actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley de Medicina Tradicional y Terapias Complementarias impulsado por el MINSA, elaborado con auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); el anteproyecto promueve el respeto, la protección y el reconocimiento a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales en el tema; y promueve la participación equitativa a los beneficios que se obtengan en la medicina tradicional y en la biotecnología relacionada.51
48) Política Ambiental de Nicaragua Arto. 3.- Como lineamientos específicos de la Política Ambiental de Nicaragua se establecen los siguientes: el Estado, conjuntamente con la sociedad civil, promoverá un modelo de desarrollo balanceado entre el crecimiento económico y la protección de la biodiversidad, los recursos naturales y la calidad ambiental, que asegure la eliminación progresiva de la brecha y el mejoramiento del nivel de calidad de vida de la población, principalmente de los grupos sociales más vulnerables. 49) Ley 217, Sección VII. De los Incentivos. 50) Política, Derecho y Acceso a Recursos Genéticos. Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Dirección General de Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales, Unidad de Asesoría Legal. Hernández Murguía, Javier. G. 2002 (realiza un análisis amplio sobre el tema). 51) El Anteproyecto es bastante completo y hace un buen esfuerzo para incorporar a los pueblos indígenas, comunidades étnicas, locales y a la Regiones Autónomas y Municipalidades en el proceso con el MINSA, atendiendo de esta forma al esquema de desconcentración del gobierno central establecido por la ley 290 y a la descentralización administrativa de las regiones y los municipios, establecida por la Ley 40 y 261; 28 y 445, y especialmente por esta última que visibiliza y otorga jurisdicción y competencia a las autoridades comunales tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. Algunos de los artículos mas importantes del Anteproyecto establecen: Arto. 15. - La presente Ley reconoce la contribución de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de los Pueblos Indígenas, comunidades étnicas y otras organizaciones sin fines de lucro, que de manera colectiva o individual e históricamente han venido desarrollando sobre los recursos biológicos y aplicándolos a la atención primaria de salud en todo el país. Arto. 18 .- El Ministerio de Salud fomentará el otorgamiento de incentivos que promuevan la práctica colectiva de la Medicina Tradicional, su promoción e investigación. Dichos incentivos deberán tomar en cuenta los conocimientos, la costumbre y cosmovisión de esta práctica de modo que no altere las culturas existentes. Arto. 25.La realización de estudios sobre los recursos biológicos o de la biodiversidad en territorios de los pueblos indígenas, comunidades étnicas, por parte de personas particulares o institutos de investigación y Universidades, podrá realizarse previo acuerdos contractuales con las autoridades indígenas o étnicas supervisados por el Ministerio de Salud y las autoridades municipales o regionales, según el caso, quienes deberán garantizar los derechos y demás prerrogativas de los miembros de estos territorios de manera colectiva o individual. Copia de estos acuerdos serán dados a conocer al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, y Consejos Regionales, en su caso, para su control y seguimiento.
d. Fortalezas y Debilidades en el marco del cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica
Fortalezas • • La formulación y oficialización de una Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción. Se ha creado una Unidad Administrativa como dependencia del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales directamente encargada de velar por la ejecución e implementación del CDB. Formulada y aprobada la Estrategia Regional de Biodiversidad.
Debilidades • La falta de reconocimiento del valor económico de los bienes y servicios ambientales en general, y de la biodiversidad en particular. La ausencia de incentivos fiscales para la preservación de la Biodiversidad. La débil coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades relacionadas con la gestión ambiental en general, a nivel nacional.
a Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, Particularmente en África (UNCCD), fue suscrita por Nicaragua en 1994 y ratificada por la Asamblea Nacional en 1997.52
El objetivo de esta Convención es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde con el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas. La consecución de este objetivo exigirá la aplicación en las zonas afectadas, de estrategias integradas a largo plazo que se centren simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos, todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida, especialmente a nivel comunitario. Como originalmente el Convenio fue pensado para África, el Anexo III de la UNCCD tiene como objeto señalar las líneas generales para la aplicación de la Convención en la región de América Latina y el Caribe, a la luz de las condiciones particulares de la región.
a. Compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar la Convención
Los compromisos adquiridos por el Estado al ratificar el UNCCD son los siguientes: • Adoptar enfoques integrales contando con los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos de los procesos de sequía y desertificación. Crear estrategias integradas que terminen la pobreza en la lucha contra la mitigación de los efectos de la sequía y la desertificación. Fomentar la cooperación en materia de conservación de la tierra y el agua y del medio ambiente en general. Crear prioridades y estrategias en las políticas y en los planes nacionales de desarrollo sostenible.
b. Avances en el cumplimiento del UNCCD
Los principales avances en la implementación del UNDC son los siguientes: 1. 2. Elaboración del Informe Nacional de la Republica de Nicaragua sobre la implementación de la UNCCD. Conformación de base de datos sobre las zonas secas del país, la precipitación, temperatura, cobertura boscosa, uso de suelos, tipo de suelos relieves, índice de pobreza. Realización del Estudio País con amplia información sobre las zonas secas para la formulación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (PAN) con los
52) Publicado en La Gaceta Diario Oficial, del 12 de marzo de 1998.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA
componentes: ordenamiento territorial, protección de los recursos naturales, restauración de áreas para la producción de agua y protección de la biodiversidad y diseño de planes de manejo municipales. 4. Elaboración del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con la colaboración del MAGFOR, MIFIC, MECD, MINREX, entre otros. Conformación del Organismo de Coordinación Nacional (OCN) como instancia técnica de coordinación y concertación donde estén representados todos los actores nacionales involucrados en la temática de desertificación y sequía, y así orientar las acciones de los diferentes organismos e instituciones del país en el marco del PAN. Formulación del Proyecto “Manejo Sostenible de la Tierra en Áreas Degradadas Propensas a Sequía en Nicaragua” para ser ejecutado en los próximos 5 años.53 Participación en reuniones nacionales para revisión y ajustes al Documento de Proyecto sometido ante el FMAM.
El Proyecto “Manejo Sostenible de la Tierra en Áreas Degradadas Propensas a Sequía en Nicaragua” tiene , como objetivo global la creación de las disposiciones gubernamentales, las condiciones financieras y la base de conocimientos que permitan el arraigo de prácticas sostenibles de manejo de la tierra y su adopción general en las áreas rurales de las zonas secas de Nicaragua. El objetivo de desarrollo del Proyecto es la mitigación de las causas y de los impactos negativos de la degradación de la tierra en la estructura y la integridad funcional de los ecosistemas, por medio de prácticas de manejo sostenible de la tierra, y al mismo tiempo contribuye al mejoramiento del sustento de la población y a su bienestar económico. En Nicaragua la mayoría de las municipalidades (53%) se consideran extremadamente pobres y todas están ubicadas en tierras secas, en 10 de los Departamentos del país: Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega, León, Managua, Rivas, Masaya, Granada y Carazo, y comprenden parte de Matagalpa, Jinotega, Boaco y Chontales, comprendiendo 116 municipalidades, 24 de ellas consideradas altamente vulnerables a las sequías. Casi la mitad del territorio de estas municipalidades es actualmente sobre-explotado y manejado de forma insostenible, lo que resulta en una severa degradación de la tierra. Entre los factores relacionados con la presión humana sobre la tierra están: prácticas agrícolas insostenibles (especialmente la agricultura de tumba y quema y el cultivo en las pendientes); la colonización de tierras nuevas para el cultivo, lo que conduce a la deforestación, la fragmentación de cuencas y una reducción de la integridad del ecosistema;
53) Fuente de Financiamiento: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
otros cambios inapropiados del uso de la tierra, especialmente debido a una migración no regulada; la extracción excesiva de madera para leña; y la contaminación y la sedimentación, reducción del flujo de los ríos debido a la erosión y el uso excesivo de fertilizantes, sustancias agro-químicas. El proyecto prevé la ejecución de proyectos pilotos que puedan ser fácilmente replicados en las municipalidades como el incentivo al desarrollo de prácticas sostenibles de manejo de la tierra. Sin embargo, la ausencia de una ley de conservación de suelos constituye un reto en la implementación del proyecto, ya que en la actualidad solamente existe el Decreto 1308, Ley de protección de Suelos y Control de Erosión, del 29 de agosto de 1983, ya obsoleto para regular el tema. 54 Para la ejecución del Proyecto, el MARENA deberá trabajar en coordinación con las municipalidades del área de influencia del proyecto, debido a su competencia legal y administrativa en tales circunscripciones territoriales y a la integralidad del Proyecto; además el MARENA ha iniciado contactos con instituciones como el INTA, IDR, MAGFOR, y el INETER para realizarlo, fomentando de esta forma el fortalecimiento de redes de cooperación técnica interinstitucional como lo sugiere la UNCCD para obtener mejores resultados. La UNCCD señala la necesidad de que todas las acciones cuenten con la participación ciudadana y especialmente de las mujeres de las áreas afectadas, y que se tome en cuenta las tecnologías y prácticas tradicionales de estas poblaciones, por lo que las ONG que trabajan en la zona podrán tomar parte activa. Las consideraciones de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP) del Gobierno de Nicaragua, deben ser incorporadas en este proyecto, ya que la erradicación de la pobreza por medio de acciones integrales, es uno de los objetivos de la UNCCD. Debido a que este es un proyecto que debe ser realizado en los territorios de los municipios establecidos, el nivel de desconcentración del MARENA con sus Delegaciones Territoriales, la coordinación con otras entidades gubernamentales, ONGs, y la población local, así como la creación de capacidades administrativas y técnicas a nivel de las municipalidades, serán los retos más grandes para su exitosa implementación.
Fortalezas • • • Financiamiento para la realización del proyecto. Capacidad técnica para la realización del proyecto. Necesidad económica y de tecnología por parte de las comunidades beneficiadas con el Proyecto.
54) Existe ya elaborado el texto de una Ley de Conservación de Suelos. Matriz de Metas Nacionales y Objetivos Específicos del Sector Publico por Sectores Transversales 2004-2008. Plan Nacional de Desarrollo.
Debilidades • • Ausencia de una Ley de Conservación de Suelos actualizada. Falta de presencia de capacidad y de recursos en el campo por parte de las Delegaciones Territoriales del MARENA, entendiéndose tales en términos económicos y técnicos, en el nivel central y local. Necesidad de un alto grado de coordinación y el establecimiento de alianzas estratégicas con otras entidades gubernamentales, las Municipalidades, ONGs y los pobladores de donde se va a realizar el Proyecto; Necesidad de erradicar malas prácticas ambientales arraigadas entre los pobladores.
sta Convención tiene como objetivo principal regular el comercio internacional de especies de fauna y flora silvestre, sus partes, productos o sub-productos; es decir la exportación, re exportación e importación de plantas y animales vivos o muertos, mediante un sistema de permisos y certificados que se expiden a condición de que se cumplan ciertos requisitos.
Esta Convención se firmó en Washington en 1972 con el arreglo de 88 países partes, entrando en vigor el 01 de Julio de 1975. En el preámbulo de la misma, las partes contratantes reconocen que la conservación de la fauna y flora silvestre reviste una importancia mundial, y que los países donde habitan son los primeros responsables de su protección, destacando como motivo principal para su firma: Que la cooperación internacional es esencial para la protección de ciertas especies de fauna y flora silvestres contra su explotación excesiva mediante el comercio internacional. En el texto de la Convención se establece el marco jurídico internacional necesario para prevenir el comercio de especies amenazadas y para la reglamentación efectiva del comercio de las especies. Nicaragua se adhirió como estado parte de este Convenio en 1977, mediante resolución No. 47 del Congreso Nacional, ratificado por el Presidente de la República en el Decreto No. 7 del 22 de junio de ese mismo año. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales es la autoridad de aplicación de la Convención a través de la Dirección General de Comercio y Medio Ambiente, quien es la entidad encargada de la implementación y el cumplimiento. Desde su ratificación, Nicaragua en la medida de lo posible, ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos tanto en el texto de la Convención como en los emanados en las resoluciones emitidas en las Conferencias de las Partes, mediante decretos, normas y resoluciones de tipo técnico, administrativas y legales.
Los Artos.VIII y IX del texto de la Convención establece los compromisos y medidas que deben adoptar las partes al momento de la ratificación: 1. Designar una o más Autoridades Administrativas competentes para conceder permisos o certificados en nombre de dicha parte; y nombrar una autoridad científica. 2. Al depositar el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión cada Estado comunicará al Gobierno Depositario el nombre y la dirección de la Autoridad Administrativa autorizada para comunicarse con las otras partes y con la Secretaría. 3. La Autoridad Administrativa designada de conformidad con el párrafo anterior trasmitirá modelos de sellos u otros medios utilizados para autenticar permisos o certificados, los cuales serán transmitidos por la Secretaría al resto de las partes. 4. Las partes adoptaran las medidas apropiadas para velar por el cumplimiento de sus disposiciones y para prohibir el comercio de especimenes en violación de las mismas. Estas medidas deberán incluir:
CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE
Sancionar el comercio o la posesión de tales especimenes, o ambos y prever la confiscación o devolución al estado de exportación de dichos especimenes. Designar puertos de salida y de entrada ante los cuales deberán presentarse los especimenes para su despacho Designar un centro de rescate para cuidar el bienestar de los especimenes vivos, especialmente los que hayan sido confiscados.
5. Cada parte deberá mantener registros del comercio de especimenes de las especies incluidas en los Apéndices I, II y III que deberán contener: • Los nombres y las direcciones de los exportadores e importadores y el número y la naturaleza de los permisos y certificados emitidos, los estados con los cuales se realizó dicho comercio, las cantidades y los tipos de especimenes, los nombres de las especies incluidas en los Apéndices y cuando sea apropiado, el tamaño y sexo de los especimenes.
6. Cada parte preparará y trasmitirá a la Secretaría informes periódicos sobre la aplicación de las disposiciones de la presente Convención incluyendo: • • Un informe anual que contenga un resumen de la información descrita en el punto 5. Un informe bienal sobre medidas legislativas, reglamentarias y administrativas adoptadas con el fin de cumplir con las disposiciones.
La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece que el MARENA deberá determinar un listado de las especies en peligro de extinción, amenazadas o protegidas y controlarlas y protegerlas para su preservación; regular por ley los zoocriaderos de éstas; y regular y controlar la salida y entrada al territorio nacional de las mismas, de conformidad a las leyes y el Convenio CITES. A efectos de resguardar la diversidad biológica, de conformidad con el Arto. 71 de la Ley 217, el MARENA deberá: 1. Establecer sistema de vedas. 2. Fijar cuotas de exportación de especies de fauna, caza y captura. 3. Retener embarques de productos de la vida silvestre, tanto los originados en Nicaragua como en tránsito, en cualquier fase de su envío o traslado, cuando presuma que se trata de comercio ilegal o se infrinjan las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos, quedando exento de cualquier tipo de responsabilidad.
b. Avances en el cumplimiento del Convenio CITES
Los principales avances en la implementación del Convenio CITES son los siguientes: 1. Elaboración del Decreto 8-98, el cual establece las normas y procedimientos para la exportación e importación de especies de flora y fauna silvestres en Nicaragua. En dicho instrumento se designa al MARENA como autoridad administrativa, así como sus funciones y atribuciones para la implementación del Convenio.
Además, se establece la creación del registro nacional de exportadores de vida silvestre, tal y como lo establece el Arto. VIII de la Convención 2. Creación de la oficina CITES-Nicaragua. 3. Conformación del comité asesor científico de autoridades científicas conformado por las universidades. 4. Elaboración de estudios científicos para la definición del aprovechamiento de especies sujetas a comercio: a) Status, management, and trade of psittacines in Nicaragua, 1994-1995; b) Status, management, and trade of psittacines in Nicaragua, 1999; c) Aprovechamiento de los crocodylia de Nicaragua 2001; d) Monitoreo de Psitácidos en Nicaragua 2004, Estado Actual y Conservación, Diciembre 2004; e) Pesca Exploratoria del Caracol Rosado Strombus gigas, en el Norte del Caribe de Nicaragua, ADPESCA, Junio 2004; f ) Diagnóstico Situación Actual de la Caoba en Nicaragua, Diciembre 2004 (Borrador). 5. Establecido el sistema de licencias y permisos para el aprovechamiento sostenible de vida silvestre sujeta a comercio internacional. 6. Definidos en coordinación con Aduanas los puertos de salida y entrada de los embarques de especies. 7. Elaboración y envío a la Secretaría General CITES de los informes periódicos anuales de exportación, importación y re exportación de flora y fauna. 8. Establecimiento de los procedimientos administrativos para el acceso y exportación de las especies sujetas a comercio internacional: • • Acuerdo Ministerial 003-2001 Criterios para el otorgamiento de cuotas de Psittacidae; Resolución Ministerial 10-2002, Procedimiento Administrativo para la obtención del Permiso y/o Certificado de Exportación para la especie maderable Switenia macrophilla Especie incluida en el Apéndice III del Convenio CITES; Acuerdo Ministerial DGRN-PA-No. 341-2003, que establece las medidas de ordenamiento para el aprovechamiento del caracol del caribe (Strombus gigas).
9. Elaboradas las normas técnicas para las actividades de crianza en cautiverio de las especies sujetas a comercio. • “Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para Cría en Granja de Fauna Silvestre” NTON 017 0702 publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 186 del 2-10-02.
“Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para Centros de Acopio de Fauna Silvestre” NTON 05 018-02 publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 186 del 2-10-02. “Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Crianza en Cautiverio” NTON 05 020-02 publicada en La Gaceta Diario Oficial No 186 del 2-10-02.
10. Establecidos los mecanismos de coordinación interinstitucional para el control del comercio internacional de especies: Dirección General de Aduanas. Ministerio Agropecuario y Forestal, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Ejército de Nicaragua y Policía Nacional.
De conformidad al mandato del Convenio CITES se han elaborado las normas administrativas necesarias para regular y controlar la importación, exportación y reexportación de las especies de flora y fauna amenazadas y en peligro de extinción, así mismo, se han nombrado y colegiado las autoridades científicas que intervienen en el proceso; se han elaborado estudios sobre las especies sujetas a comercio mas exportadas en Nicaragua, para asegurar su sostenibilidad. La autoridad CITES ha establecido coordinaciones interinstitucionales con el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), el Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas (CIPA) del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), La Dirección General de Aduanas (DGA), la Autoridad Portuaria, el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) y el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAFGOR). Actualmente algunas de las actividades dentro del proceso para la aprobación de otorgamiento de los permisos de exportación han sido desconcentradas y son realizadas por las Delegaciones Territoriales del MARENA: seguimiento y control a los establecimientos de crianza en cautiverio y otorgamiento de permisos de aprovechamiento de la vida silvestre.
Fortalezas • • • Altos niveles de coordinación interinstitucional. Desarrollo legislativo de las funciones del CITES. Realización de acciones de capacitación, monitoreo y control con Delegaciones Territoriales y personal de puestos fronterizos.
Debilidades • • • No existe asignación del presupuesto general de la República para esta oficina. Falta de recursos humanos para la implementación de las actividades relacionadas al proceso de seguimiento, control y exportación de embarques de especies. Monitoreo no sistemático de las especies sujetas a comercio por la falta de recursos financieros.
l Convenio sobre las Marismas (humedales) de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, Ramsar, fue suscrito por Nicaragua en 1971 y ratificado en 1997. 55
El objetivo principal del Convenio Ramsar es el detener la ocupación y desaparición progresiva de las marismas o humedales en la actualidad y hacia el futuro, por medio del reconocimiento de las funciones ecológicas esenciales que realizan las marismas; así como su valor económico, científico, cultural y recreacional. MARENA es la autoridad administrativa de la Convención. A lo interno, la Dirección General de Áreas Protegidas administra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y se ocupa de coordinar el cumplimiento del Convenio Ramsar. La Ley 217 y su reglamento no aborda los ecosistemas y recursos naturales de humedales de forma expresa, sin embargo, los describe con suficiente precisión para comprenderlos dentro de su materia.56 Por medio de Resolución Ministerial el MARENA establece el procedimiento administrativo y los requisitos para el otorgamiento de permisos especiales de uso de manglares, humedales y recursos asociados, para poder ejecutar actividades productivas que impliquen intervención en estos ecosistemas. 57 De las 76 áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 35 de ellas contienen o son humedales (46.5%) y en 13 de éstas, un 50% o más de su extensión esta conformada por humedales. A nivel centroamericano existen 31 sitios Ramsar cubriendo alrededor de 1,500,000 hectáreas, constituyendo el 25% del territorio continental.
a. Compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar el Convenio Ramsar
Entre los principales compromisos adquiridos por el Estado al suscribir el Convenio Ramsar encontramos: • Incluir al menos un humedal en la “Lista de Humedales de Importancia Internacional” y conservar sus características ecológicas. Incluir los temas relativos a la conservación de los humedales dentro de sus planes nacionales de uso racional del suelo. Promover la declaración como Áreas Protegidas de los humedales en general para promover su conservación. Establecer consultas con otras partes contratantes sobre la aplicación de resoluciones derivadas de la Convención en lo referente a humedales transfronterizos, sistemas hidrológicos compartidos, especies compartidas y en el apoyo de la aplicación de las políticas y regulaciones sobre humedales.
55) Suscrita por Nicaragua el 2 de febrero de 1971, ratificada por la Asamblea Nacional por medio del Decreto No. 21-96 del 24 de septiembre de 1996, publicado en La Gaceta Diario Oficial, No. 206, del 31 de octubre de 1996. 56) Ley 217, Capítulo III. De las aguas. Sección I. Normas comunes Arto. 72.- El agua, en cualesquiera de sus estados, es de dominio público. El Estado se reserva además la propiedad de las playas marítimas, fluviales y lacustres; el álveo de las corrientes y el lecho de los depósitos naturales de agua; los terrenos salitrosos, el terreno firme comprendido hasta treinta metros después de la línea de marcas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos y los estratos o depósitos de las aguas subterráneas. Arto. 74.-El uso, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas acuáticos, costeros y los recursos hidrobiológicos contenidos en ellos, deberá realizarse con base sostenible y de acuerdo a planes de manejo que garanticen la conservación de los mismos. 57) Reglamento de la Ley 217, Artos. 48, 52 y 53. Resolución Ministerial 26-2002, establece el Procedimiento Administrativo y Requisitos para el Otorgamiento del Permiso Especial de uso de Manglares, Humedales y Recursos Asociados. Como lo establece el Arto. 91 de la Ley 217 y los Artos. 48 y siguientes del Decreto 9-96, Reglamento de la Ley 217.
CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTACIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE AVES ACUÁTICAS
b. Avances en el cumplimiento del Convenio Ramsar
Entre los principales avances en la implementación del Convenio Ramsar encontramos: 1. Creación del Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos como sitio Ramsar, con una extensión de 43,750 has, por medio del Decreto Presidencial 527 de 1990. Aprobación de la Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales. Implementación por parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de Planes de Manejo potenciando el uso sostenible y la conservación de los humedales. La presentación en el 2003 de la Política Nacional de Humedales. Coordinación y facilitación de MARENA para la participación de la sociedad civil, Universidades, profesionales, en la aplicación y cumplimiento de la Convención. Con relación a la participación ciudadana existe un canal abierto con instituciones académicas y de la sociedad civil a través de reuniones periódicas con el Grupo de Trabajo de Humedales de Nicaragua. Este grupo surgió en febrero de 1998 de un encuentro nacional de actores involucrados en la gestión de humedales en el país. Por medio de él se han enviado personas a capacitaciones internacionales sobre el tema de humedales y es el foro por excelencia para el intercambio de información, datos y publicaciones relativas a humedales. 6. Se ha integrado a Nicaragua, a través del MARENA como parte del Comité Permanente de la Convención, en representación de la región centroamericana. La inclusión de los siguientes humedales en la lista Ramsar, el 8 de noviembre del 2001: la Reserva Biológica Cayos Miskitos y su franja costera inmediata, el Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields, Reserva Natural Delta del Estero Real y Reserva Genética Llanos de Apacunca, Reserva Natural Sistema Lagunar de Tisma, Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, Humedales de San Miguelito y Lago de Apanás-Asturias. A través de Resolución Ministerial 26-2002 se establece el Procedimiento Administrativo y Requisitos para el Otorgamiento del Permiso Especial de Uso de Manglares, Humedales y Recursos Asociados. Proceso de contratación, conforme los procedimientos legales establecidos, a empresa consultora que elaborará el Plan de Manejo de Tisma.
No todos los humedales de importancia internacional forman parte del SINAP aunque son sitios de gran importancia por su extensión o por los servicios que prestan a las comunidades locales, como el lago de Apanás, la formación de los cayos Miskitos, y los Humedales de San Miguelito. Para materializar la conservación de los Sitios Ramsar es fundamental la implementación en el terreno de planes de manejo. Sin embargo, solamente 2 sitios Ramsar tienen planes de manejo en implementación y
los otros se encuentran en consulta, elaboración o gestión; existen además 2 sitios Ramsar cuya formulación de planes de manejo no está proyectada (ver el cuadro).
Los sitios Ramsar y sus planes de manejo
Sitios Ramsar de Nicaragua Área (has) Departamento Fecha de o Región designación Río San Juan Río San Juan RAAS RAAN 30/07/97 08/11/01 08/11/01 Estado del plan de manejo En implementación y actualización En implementación En consulta con las autoridades locales En formulación
Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos Refugio de Vida Silvestre Río San Juan Reserva Biológica Cayos Miskitos y la franja costera Inmediata Reserva Natural Deltas del Estero Real y Reserva Genética Llanos de Apacunca Reserva Natural Sistema Lagunar de Tisma Lago de Apanás-Asturias
43,750 43,000 85,000
16,850 5,415
ManaguaGranada Jinotega
08/11/01 08/11/01
En gestión En gestión por ONG avalada por MARENA y en la planificación del subcomponente AP-POSAF58 Sin plan de Manejo Sin plan de Manejo
Sistema de Humedales de San Miguelito Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields
43,475 86,501
Río San Juan RAAS
La implementación de los planes de manejo de los sitios Ramsar parece ser el reto más grande que enfrenta la implementación de los compromisos adquiridos por la ratificación del Convenio Ramsar por el Estado de Nicaragua. Los planes de manejo y las acciones que se derivan de estos son esenciales para la conservación de las características ecológicas de los humedales nacionales de importancia internacional que promueve Ramsar. Una vez obtenidos los fondos, los planes de manejo son elaborados por consultorías privadas bajo la supervisión técnica de la DGAP, en coordinación con los proyectos adscritos; los planes son consultados con las Municipalidades, y en los casos pertinentes con las Regiones Autónomas.
58) Subcomponente Áreas Protegidas del Programa Socioambiental y de Desarrollo Forestal (POSAF), ejecutado por MARENA.
Para la elaboración de los planes de manejo de los sitios Ramsar el SINAP coordinó con los proyectos del Corredor Biológico del Atlántico (CBA) adscrito al MARENA, el Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP) adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el programa de regularización de la propiedad de la Superintendencia de la Propiedad y con la Empresa HIDROGESA, hidroeléctrica ubicada en el Lago de Apanás. Es importante mencionar que uno de los principales problemas para el manejo de los humedales es la tenencia de la tierra, por conflictos con propietarios no indígenas que no se sujetan a las regulaciones ambientales muy fácilmente. Se han realizado diversos talleres de manejo y conservación de humedales con aplicación al sistema de información geográfica, así como capacitaciones a tomadores de decisiones de los municipios del Lago Cocibolca para la conservación y el manejo de los humedales. Se debe preparar el Informe a la Secretaria del Convenio Ramsar para el 2004 y uno a nivel regional para el 2005. Así mismo, como parte de los compromisos de país, esta el rendir un informe bianual del estado de cumplimiento de la convención. A nivel regional, en el año 2002 el Consejo de Ministros de Ambiente aprobó la Política Centroamericana de Conservación y Uso Racional de Humedales, con el fin de que los países centroamericanos refuercen sus acciones conjuntas en la protección de estos ecosistemas. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en cuanto a la coordinación transfronteriza de actividades de conservación; por ejemplo, en el sector de las Crucitas, en Costa Rica, el gobierno costarricense otorgó una concesión minera a cielo abierto que afecta el caudal del río San Juan en el sector de Nicaragua, siendo este un sitio donde existen humedales transfronterizos de un sistema hidrológico compartido.
d. Fortalezas y Debilidades en el macro del cumplimiento del Convenio
Fortalezas • • • • • La declaración de 8 sitios Ramsar en Nicaragua. La declaración como Áreas Protegidas de 5 de los 8 humedales Ramsar. Contar con una Política de Humedales. Resolución Ministerial estableciendo el Procedimiento Administrativo y los requisitos para el otorgamiento de permisos especiales de uso de Manglares, Humedales y Recursos Asociados. Coordinación interinstitucional para la consecución de fondos para realizar los planes de manejo de los sitios Ramsar.
Debilidades • • • Falta de planes de manejo en algunos de los sitios Ramsar. Limitada implementación en el terreno, de los planes de manejo, de los sitios Ramsar que cuentan con ellos. Limitados recursos humanos y financieros en el gobierno para atender todos los compromisos en tiempo y forma así como también escasos recursos humanos especializados.
l Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (Protocolo de Montreal), fue suscrito por Nicaragua en 1987 y ratificado en 1993. 59
El Protocolo de Montreal tiene como objetivo principal adoptar medidas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos que se derivan, o se pueden derivar, de actividades humanas que modifican o pueden modificar la capa de ozono; por medio de acciones preventivas para controlar las emisiones mundiales de las sustancias que agotan la capa de ozono; mediante la utilización de sustitutos provenientes de la evolución científica, y teniendo en cuenta los aspectos técnicos y económicos que tienen los países en desarrollo y los países desarrollados. 60 La Dirección General de Calidad Ambiental por medio de la Oficina Técnica del Ozono (OTO)61 del MARENA es la encargada de implementar el Protocolo de Montreal. La Dirección del Registro Nacional y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas Peligrosas y Similares, del MAGFOR lleva los registros de las cantidades de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAOs) introducidas al país por aduanas e informa de las mismas al MARENA. Por medio del Decreto 91-2000 “Reglamento de Control de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono” se debe regula y controlar las SAOs importadas al país mediante registro y asignación de cuotas a los importadores.
a. Compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar el Protocolo de Montreal
Los compromisos adquiridos por el Estado al ratificar el Protocolo de Montreal son los siguientes: • Adoptar las medidas necesarias para garantizar la reducción gradual de importación y por ende del uso de sustancias que agotan la capa de ozono (CFC-11, CFC-12). Cumplir con los compromisos establecidos en el Programa País según los requisitos del articulo 5 (1) del Protocolo de Montreal contando con la asistencias del Fondo Multilateral. Realizar campañas de sensibilización sobre la problemática de la capa de Ozono con los sectores involucrados y de interés. Según lo establecido en el Programa País. Informar sobre las actividades desarrolladas por la Oficina Técnica de Ozono (OTO) y el consumo de SAOs, a la Secretaría del Ozono del PNUMA, al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral y a las otras agencias involucradas en la implementación del Protocolo.
b. Avances en el cumplimiento del Protocolo de Montreal en Nicaragua
Los principales avances en el cumplimiento de los compromisos del Estado en el Protocolo de Montreal son los siguientes: 1. Creación de la Oficina Técnica del Ozono (OTO) del MARENA en 1998 con recursos provenientes del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.
59) Suscrita por Nicaragua el 16 de septiembre de 1987, ratificada por la Asamblea Nacional el 5 de marzo de 1993 y sus enmiendas Decretos No. 2303 y 104-99 publicados en La Gaceta Diario Oficial No. 135 y 168 del 15 de julio y 2 de Septiembre de 1999 respectivamente. 60) Ley 217, Artículo 118.- No podrán introducirse en el territorio nacional, aquellos sistemas, procedimientos, materiales y productos contaminantes cuyo uso está prohibido en el país de origen. 61) La OTO fue formada como parte del proyecto de fortalecimiento institucional aprobado por el Fondo Multilateral del Protocolo para la preparación del Programa de País para Nicaragua por 3años y a través de las agencias de implementación de las Naciones Unidas PNUD y del Programa el Medio Ambiente (PNUMA) en 1998.
Creación de la Comisión del Ozono conformada por la Cámara de Industria, de Comercio, importadores, universidades, MINSA y ONGs, como órgano consultivo y de apoyo. Decreto 91-2000 “Reglamento de Control de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono” y sus reformas, que regula y controla las SAOs que ingresan al país mediante registro y asignación de cuotas. Aprobado por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, y posteriormente realizado, el Proyecto de Reconversión Industrial de la Empresa FOGEL de Nicaragua (CFC 11 y CFC12 ton/año), para sustituir la tecnología de fabricación de refrigeradores que funcionan con el gas 134-a que no afecta la Capa de Ozono. Realizado Programa de capacitación sobre buenas prácticas de refrigeración, recuperación y reciclado de refrigerantes, implementándose la capacitación a talleres de refrigeración automotriz y la entrega de equipos de recuperación y reciclaje de CFC, destinados a reducir las emisiones de SAOs así como su consumo en el sector de la refrigeración, mediante optimización del proceso de mantenimiento de los equipos de refrigeración y aire acondicionado. Realización del inventario del Bromuro de Metilo en Nicaragua, a fin de verificar que en Nicaragua sólo se utiliza para cuarentena y preembarque. No tenemos reporte de que se utilice en tabaco, melón o en otros cultivos. Institucionalización de la Dirección General de Calidad Ambiental de la que actualmente depende la OTO; Gestiones ante la Dirección de Integración Económica del MIFIC para que por medio de incentivos y restricciones, en el Código Arancelario, se puedan controlar gradualmente las importaciones de SAOs, para que se aperture el código arancelario de las sustancias que agotan la capa de ozono y se pueda cotejar con las importaciones reportadas en el registro nacional que presentan al MAGFOR los importadores de estas sustancias. Autorización, en coordinación con la Dirección del Registro Nacional y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas Peligrosas y Similares del MAGFOR, del registro de importación de SAOs no regulados, a las empresas que lo soliciten. Reunión con los importadores de sustancias restringidas SAOs con el objetivo de obtener su propuesta de cuota a ser consensuada con la Comisión de Ozono. Coordinaciones de desaduanaje de equipos donados por el PNUMA/México (identificadores de gases refrigerantes, para los puestos de aduanas y máquina de recuperación y reciclaje de CFCs) para las clases prácticas de los talleres de buenas prácticas de refrigeración, para realizar la ejecución de la II etapa de talleres de Capacitación de Funcionarios de Aduanas, en el marco de aplicación del Plan de Gestión de Refrigerantes (PGR). Informe Anual de consumo de SAOs 2003 e informe físico y financiero del II Semestre 2003 del Protocolo, para enviarlo al PNUMA/México y PNUMA/París. Entrega oficial de “Ozonita” y libro ilustrando la “Capa de Ozono” al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como parte de la Campaña de Divulgación y Sensibilización Pública.
Entrega al Ejército Nacional de Nicaragua de una máquina de recuperación y reciclaje de sustancias que agotan la capa de ozono en el sector automotor, a fin de ser utilizado en los talleres de esta entidad. Atendidas reuniones de coordinación para el diseño del Plan de Gestión de Recursos (PGR) - Fase II, en el marco del Protocolo de Montreal. Implementación del taller de funcionarios de aduanas que a su vez capacitarán a los técnicos de los puestos fronterizos del país.
El consumo per cápita de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) en Nicaragua es de 0.024 Kg./año62 por lo que de acuerdo con el Arto. 5, Capítulo 1 del Protocolo de Montreal, este otorga a Nicaragua la prerrogativa de retrasar el cumplimiento de algunas acciones del Protocolo diez años con respecto de los países industrializados, cuyo consumo de SAOs es considerablemente mayor. Para esos países la fecha límite fue el 31 de diciembre de 1995, mientras que para países en desarrollo como Nicaragua es el 2005. Nicaragua no cuenta con industrias que produzcan SAOs, por lo tanto, todo el consumo es importado; sin embargo, existen introducciones ilegales que la Dirección General de Aduanas no puede controlar, generándose así una cantidad no precisada de SAOs en el país. Las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal y usadas en Nicaragua son los CFC-11 y CFC-1263 ubicados en el Anexo A, grupo1, utilizados en la industria de refrigeración y aire acondicionado. En Nicaragua no existían estudios previos a 1995 sobre consumo y aplicación de SAOs, ya que las estadísticas de importación del MIFIC no separaba a las SAOs de categorías generales correspondientes a los “derivados halogenados” por lo que para la elaboración del Programa de País se recurrió a la información de la Cámara de Comercio y Cámara de Industria para localizar a los distribuidores y usuarios de SAOs, aunque ninguno de ellos disponía de estadísticas de consumo.64 La principal consumidora de SAOs en Nicaragua era la empresa fabricante de refrigeradores de uso comercial y doméstico FOGEL. Entre 1993 y 1995 FOGEL tuvo un promedio de producción de 6,000 unidades por año, con un consumo de 1,500 Kg/año CFC-12 como refrigerante y de 2,900Kg de CFC-11 como agente espumante. Pero por medio del Proyecto de Reconversión Industrial de la Empresa FOGEL se consiguió sustituir el CFC12 por HFC-134ª con 0 Potencial de Agotamiento de Ozono (PAO) y el CFC-11 por CFC-141b con PAO de O.11. FOGEL bajó el consumo en 19955 de 4,150Kg/año de CFC-12 y a 9,000Kg/año de CFC-11; a 1 ton. de CFC-11 y de .28 ton. de CFC-12.
Implementación del Protocolo de Montreal, Programa de País para la Eliminación Gradual del Consumo de sustancias Agotadoras de la capa de Ozono (en adelante Informe País) Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). Managua, Nicaragua 1996. Pág. 3. 63) En el caso del Bromuro de Metilo, este tiene un uso agropecuario permitido y además es usado en muy pocas cantidades en Nicaragua. 64) Informe País. Pág. 4.
Sin embargo, también se necesita que los talleres de aires acondicionados y los de aires acondicionados automotrices hagan la conversión, pero su número es bastante grande, su personal tiene el más variado grado de instrucción formal y están dispersos por todo el país. Y aunque se les han entregado algunas máquinas ellos las siguen utilizando pero no existe un programa de mantenimiento de las mismas que les promocionen repuestos. También se patrocinó un programa para identificar los talleres y otro tipo de instituciones que trabajan con refrigeración para darles capacitación a través del Centro de Capacitación Profesional Nicaragüense Alemán (CECNA) del Instituto Nacional de Tecnología (INATEN). Se identificaron alrededor de 217 establecimientos y empresas que trabajan con refrigerantes y requieren capacitación para su personal en el uso de los sustitutos y del equipo de recuperación y reciclaje. Además se identificó que existen alrededor de 300 talleres dentro del sector informal y unos 1,500 a 2,000 técnicos que trabajan en refrigeración de manera independiente. 65 La forma más eficiente que se encontró es trabajar con los importadores que introducen las SAOs al país para limitarles sus importaciones e incentivar que importen los sustitutos. Los principales importadores son: Compañía de Importaciones y Representaciones S.A. (COIRSA) representa un 39% del mercado nacional de SAOs durante 1996; AYRE & CIA. Ltda., que importa aproximadamente el 24%; y Refrigeración Técnica (REFRITECNIA) atiende a los aires acondicionados de automóviles que se calculan en Nicaragua son unos 120,000 y de los cuales el 30% se revisan cada año. La OTO debe coordinar con la Dirección de Registros e Insumos de Control Agropecuario del MAGFOR y el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (MHCP) el cual podría participar en la motivación del uso de productos y tecnologías sustitutas mediante la creación de políticas de eliminación o reducción de aranceles de importación de SAOs. Del MHCP depende la Dirección General de Aduanas (DGA) que registra las entradas de SAOs e implementa las medidas tomadas por la OTO. El Decreto 91-2000 mandata que conforme a lo estipulado en el Programa País, la OTO en consulta con la Comisión de Ozono, establecerá las cuotas anuales nacionales de importación y exportación de SAOs.66 Sin embargo, la OTO aún no ha establecido las cuotas de importación correspondiente para las empresas importadoras de SAOs, debido a que no se ha logrado un consenso entre la OTO y los importadores, en lo relacionado a las cantidades a importar, sin que haya un acuerdo en cómo se van a dividir los porcentajes de la cuota de importación de SAOs existente. Urge una decisión por parte de la OTO sobre este tema ya que estamos llegando al 2007, año en que ha sido establecido como el límite de tiempo en que se podrán importar las sustancias controladas; el Arto. 21 del Decreto 91-2000 establece que deberán eliminarse gradualmente de la forma siguiente: 50% del consumo actual suprimido a fines del año 2001 en tres etapas: A fines de 1999: 20% A fines de 2000: 15% A fines de 2001: 15% El otro 50% restante se suprimirá en seis etapas: A fines del 2002: 10% A fines del 2003: 10%
65) Ídem, Pág. 10. 66) Decreto 91-2000, Reglamento de Control de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. Arto. 19.
A fines del 2004: 10% A fines del 2005: 10% A fines del 2006: 5% A fines del 2007: 5% En función de lo cual la OTO a través del Registro e Insumo de Control Agropecuario del MAGFOR, asignará las cuotas de importación y exportación anualmente. Sin embargo, la mayor debilidad en la implementación del Protocolo lo constituye el tiempo que ha transcurrido sin que se hayan establecido las cuotas de importación de SAOs, especialmente cuando el tiempo establecido para eliminar el uso de SAOs es el año 2007. Por lo que en el caso del Protocolo de Montreal sería recomendable proceder inmediatamente a realizar el proceso de asignación de cuotas a los importadores para no caer en incumplimiento de la ley nacional y del mismo Protocolo.
d. Fortalezas y Debilidades en el marco del cumplimiento del Protocolo
Fortalezas • • Creación y funcionamiento de la Oficina Técnica del Ozono (OTO) y su Comisión. Promulgación e implementación del Decreto 91-2000, Reglamento de Control de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. La OTO ha sensibilizado a la población en el tema de la problemática del ozono. Ha creado capacidades en el manejo de equipos y maquinarias para recuperación y reciclaje de SAO. Ha capacitado a funcionarios de aduanas y talleres de refrigeración en la temática de la problemática de ozono. Ha fortalecido las coordinaciones entre las instituciones, ONGs, universidades en el trabajo en pro de la capa de ozono. Formulada la segunda fase del Plan de Gestión de Refrigerantes.
Debilidades • La vulnerabilidad institucional manifestada en la falta de establecimiento de las cuotas de importación de SAO. Falta de recursos propios para implementación de las obligaciones derivadas del Protocolo, tales como programas de sensibilización y creación de capacidades de logística y coordinación.
4. Nivel de cumplimiento con los compromisos generados por los Convenios y el Protocolo
El establecimiento de la Política Ambiental de Nicaragua y de su Plan Ambiental Nacional (PANic) 20012005, junto a la incorporación de la Sostenibilidad Medioambiental y Disminución de la Vulnerabilidad Ecológica, como eje transversal de los pilares de la Estrategia de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP) dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituyen avances importantes para el cumplimiento de los compromisos internacionales, dado que representan la expresión a desarrollarse localmente, de las líneas de trabajo de los Convenios y el Protocolo. De forma específica, vale la pena resaltar los siguientes avances: 1. La formulación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción; así como el envío del Primer Informe Nacional de cumplimiento y del Primer Reporte de Cumplimiento del Programa de trabajo de áreas protegidas del CDB y la implementación del “Proyecto de Bioseguridad” para crear condiciones de implementación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología de la CDB. La designación como Humedales de Importancia Internacional de: Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, Reserva Biológica Cayos Miskitos y su franja costera inmediata, Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields, Reserva Natural Deltas del Estero Real, Reserva Genética Llanos de Apacunca, Reserva Natural Sistema Lagunar de Tisma, Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, Humedales de San Miguelito y Lago de Apanás-Asturias; la presentación de la Política Nacional de Humedales; implementación de planes de manejo de áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), potenciando el uso sostenible y la conservación de los humedales y coordinación a nivel nacional del Grupo de Humedales de Nicaragua, en la implementación del RAMSAR. La designación de las Autoridades Administrativas y Científicas de CITES; la creación de una base de datos de registro de los exportadores de fauna silvestre, estadísticas de las exportaciones de especies de fauna silvestre viva, pieles y productos elaborados; la autorización y expedición de los certificados de exportación CITES de acuerdo a las normas técnicas; el establecimiento anual de las cuotas de exportación de fauna silvestre; el financiamiento y coordinación de los estudios de poblaciones de flora y fauna para determinar su potencial de exportación; el seguimiento a la reproducción en cautiverio; la coordinación y capacitación con la Policía Nacional, Ejército, Procuraduría Ambiental, Aduanas, CETREX, MAGFOR y las Delegaciones Territoriales del MARENA para disminuir el tráfico ilegal de especies de vida silvestre; la realización de gestiones y regulaciones para la conformación del comité asesor de la autoridad científica de la Convención CITES y el envío a la Secretaría General CITES de los informes periódicos de exportaciones de vida silvestre. La formulación, envío y divulgación del primer Informe Nacional de la República de Nicaragua sobre la implementación de la UNDCC; la conformación de base de datos sobre las zonas secas del país, precipitación, temperatura, cobertura boscosa, uso de suelos, tipo de suelos relieves, e índice de pobreza; la formulación del Programa de Acción Nacional de lucha contra la desertificación y la sequía (PAN) con sus componentes; la conformación del Organismo de Coordinación Nacional (OCN) como instancia técnica de coordinación y concertación; la formulación del proyecto “Manejo Sostenible de la Tierra en Áreas Degradadas Propensas a Sequía en Nicaragua” para ser ejecutado en los próximos 5 años con financiamiento del FMAM.
La Presentación ante la CMNUCC de la “Primera Comunicación Nacional”; la realización de estudios científicos y la formación de capacidades nacionales, por medio de la impartición de talleres sobre mecanismos de desarrollo limpio (MDL) con la intervención de especialistas internacionales, y con la inserción de la asignatura sobre Cambio Climático en Universidades nacionales; la creación de la Comisión Nacional de Cambios Climáticos y su reglamento; participación a nivel regional de preparación como potencial oferente de los servicios ambientales en fijación de carbono; realización de esfuerzos para incorporar el Cambio Climático en las políticas y acciones a nivel del Poder Ejecutivo; creación del Centro de Información en Cambio Climático; creación del sitio web sobre cambio climático; creación de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio (ONDL); distribución de 350 Guías Metodológicas para Proyectos MDL; Asesoramiento de la ONDL a 18 Empresas y Proyectos en asistencia técnica para someter las propuestas de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio; Firma de iniciativa II sobre energía renovable entre Centroamérica y Finlandia para facilitar la compra-la venta de Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) de varios proyectos; reuniones preparatorias con una compañía holandesa y la Embajada de Holanda para capacitar a la Asociación Nacional de Productores y Promotores de Energía Renovable (ANPPER) en materia de mercados de carbono para proyectos de energía y preparación de líneas de base, y elaboración en conjunto con ANPPER, del Documento de Proyecto para realizar la Feria de Energía; gestión de fondos para la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC; proceso de elaboración de una propuesta para obtener fondos para intercambio de deuda por Naturaleza. Para la implementación del Protocolo de Montreal se creó la Oficina Técnica del Ozono (OTO) del MARENA, y la Comisión del Ozono, las que en coordinación con la Dirección del Registro Nacional y Control de Plaguicidas, Sustancias Toxicas Peligrosas y Similares, del MAGFOR regulan la importación de SAOs.
Además, las acciones en protección al medioambiente y los recursos naturales ha trascendido a cada uno de los países centroamericanos, los que de manera regional han estado trabajando en los últimos años para construir una legislación regional consistente y uniforme en protección del medioambiente, para lo que han conformado grupos de trabajo para crear políticas, normas y hasta la presentación de informes, de manera regional a las Secretarías de RAMSAR, CITES, CDB, y CMNUCC. Entre las acciones más relevantes encontramos: la aprobación de la Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales; la Estrategia Forestal Centroamericana; la Estrategia Regional de Biodiversidad y el Programa Estratégico Regional de Trabajo de Áreas Protegidas, actualmente en elaboración; los Informes Regionales de los Países de Centro América ante el Comité Permanente de la CITES; La Secretaría CITES Nicaragua representando a la Región Centroamericana en el Comité Permanente; participación activa en el proceso de estandarización de la normativa CITES en Centroamérica. En el contexto del CMNUCC se realizó la firma de iniciativa II sobre energía renovable entre Centroamérica y Finlandia, para facilitar la venta de Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) de varios proyectos; también Nicaragua está participando, junto con los países de Centroamérica, México y Cuba, en un proyecto piloto regional, para elaborar y aplicar un Marco de Política de Adaptación que genere estrategias de adaptación, políticas y medidas. La implementación de las normas de los Convenios y del Protocolo objeto de la Consultoría, han generado, no solamente legislación pertinente, sino que una serie de instrumentos jurídicos que han tenido como consecuencia la regulación y el control administrativo de la gestión ambiental nacional;
reglamentando y desarrollando, por medio de normas operativas y de implementación, de la forma que actualmente lo hace la normativa aquí señalada.
A. Instrumentos Jurídicos generados en el desarrollo de las Convenciones y el Protocolo
Las acciones anteriores han ido acompañadas del desarrollo de un marco jurídico constituido por la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que recoge y desarrolla los principales temas de los Convenios y del Protocolo objeto de la Consultoría de la forma siguiente: 1. De la CDB y de la Ley 217 se desprende la propuesta de Ley de Biodiversidad, formulada por el MARENA. La designación legal de 76 Áreas Protegidas con todo un marco jurídico regulatorio formado por los Artos. 62-71 de la Ley 217; el Decreto 14-99, Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua y el Decreto 66-99, Actualización y Precisión de Categorías y Límites de las Áreas Protegidas ubicadas en el Sureste de Nicaragua, así como su actual proceso de reforma; la Sección VII de la Ley 217 sobre incentivos; el Título II de la Ley 217 sobre la biodiversidad y el patrimonio genético nacional por medio de la Ley de Producción y de Comercio de Semillas, la Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales y la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, y sus respectivos Reglamentos; la Ley No. 28 y 445 sus respectivos Reglamentos que protegen el acceso a los recursos naturales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe nicaragüense, así como los Artos. 62 a 64 de la Ley 217 que establecen algún grado de protección para el resto de los pueblos indígenas y a las poblaciones locales; y el Decreto 45-94, Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental. Así mismo, la Resolución Ministerial 26-2002 que establece el Procedimiento Administrativo y Requisitos para el Otorgamiento del Permiso Especial de uso de Manglares, Humedales y Recursos Asociados, como lo establece el Arto. 91 de la Ley 217, en desarrollo del Convenio RAMSAR. En el caso de CITES, el Decreto 8-98, normas y procedimientos para la exportación e importación de especies de flora y fauna silvestres en Nicaragua; el establecimiento de normas y procedimientos administrativos sobre: sistema de licencias y permisos de acceso, comercialización local, exportación y reducción de los recursos de biodiversidad; exhibición de fauna silvestre; el procedimiento administrativo para la devolución a su hábitat de animales vivos y muestras botánicas extraídas ilegalmente de las áreas protegidas de Nicaragua; procedimientos administrativos para la obtención de permiso CITES de exportación para productos elaborados, taxidermia, circos internacionales, colectas científicas de flora y fauna silvestre; criterios para el otorgamiento de cuotas de Psittacidae; el procedimiento administrativo para la obtención del permiso y/o certificado de exportación para la especie maderable Switenia macrophilla, especie incluida en el Apéndice III del Convenio CITES; establecimiento del sistema de vedas de especies silvestres de Nicaragua; las medidas de ordenamiento para el aprovechamiento del caracol del caribe (Strombus gigas); Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses de Comercio Interno de Fauna Silvestre, Cría en Granja de Fauna Silvestre, Centros de Acopio de Fauna Silvestre, Coto de Caza de Fauna Silvestre y Crianza en Cautiverio. En el caso de la CMNUCC el Título IV (Artos. 110 a 133) de la Ley 217 establece las principales normas de calidad ambiental aplicables al país; el Decreto 32-97, Reglamento General para el Control de Emisiones de los Vehículos Automotores de Nicaragua; la Resolución Ministerial No. 014-99 que crea la Comisión Nacional de Cambio Climático; y el Decreto No. 21-2002, la Oficina Nacional de
Desarrollo Limpio (ONDL), para facilitar que Nicaragua preste servicios ambientales en la reducción de emisiones de GEIs. 5. Para la implementación del Protocolo de Montreal se emitió el Decreto 91-2000, Reglamento de Control de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono y sus reformas, para regular y controlar las SAOs que ingresan al país mediante registro y asignación de cuotas de importación.
Todos los puntos focales han preparado y remitido a las Secretarías los informes periódicos sobre la aplicación de las disposiciones de los Convenios y el Protocolo objeto de la Consultoría. La adopción de políticas nacionales y la regulación de los temas ambientales abordados por los Convenios y el Protocolo constituyen indudablemente, un excelente nivel de cumplimiento a nivel formal e institucional por parte del Estado de Nicaragua, con respecto a los compromisos adquiridos al ratificarlos. Al instaurar políticas y legislación en protección del medio ambiente y los recursos naturales, tal protección se institucionaliza y de esta manera se protege un medio ambiente, que si bien es cierto, constituye patrimonio nacional, lo es también de toda la humanidad. Sin embargo, el reto continúa siendo, a nivel nacional, la implementación efectiva de tal normativa.
B. Acciones que pueden mejorar la implementación de los Convenios y el Protocolo
La implementación en el terreno es el complemento perfecto a las políticas y normas desarrolladas como consecuencia de los Convenios y del Protocolo. Esto se puede lograr más efectivamente por medio de la promoción y apoyo a los gobiernos regionales y municipales para la formulación de estrategias y políticas en pro del medio ambiente y la protección de los recursos naturales en general, y en particular a la diversidad biológica in situ y ex situ, promover el uso sostenible de la biodiversidad, y la equitativa distribución de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos; la protección de los humedales, de las especies de flora y fauna en peligro de extinción; la concientización sobre el cambio climático y la promoción de energía limpia, combatir la sequía y proteger la capa de ozono. En estas actividades juega un papel fundamental la participación en el terreno de las Delegaciones Territoriales del MARENA, los gobiernos regionales y municipales, las ONGs y las comunidades indígenas, étnicas y locales. Por lo anterior, promover instrumentos legales que propicien acciones de desconcentración y descentralización de funciones en la gestión ambiental es recomendable; por ejemplo, el Decreto No. 362002 para la administración del sistema de permisos y evaluaciones de impacto ambiental en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica o la incorporación al sistema jurídico de un decreto para establecer los mecanismos y procedimientos para la descentralización y administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, en el marco de los Decretos 1499 y Decreto A. N. 35-84. Otra forma es por medio de la inclusión de miembros de las Delegaciones Territoriales del MARENA, las Regiones Autónomas, las Municipalidades, y las comunidades indígenas, étnicas y locales, en lo que sea pertinente, a las diferentes comisiones (Grupo de Humedales de Nicaragua, del comité asesor de la autoridad científica de la Convención CITES, Organismo de Coordinación Nacional (OCN), Comisión Nacional de Cambios Climáticos, La Junta Directiva de la ONDL, Comisión del Ozono) conformadas para implementar los Convenios y el Protocolo objeto de la Consultoría. Los anteriores podrían ser instrumentos y acciones que fortalecen el proceso de descentralización y desconcentración en la gestión ambiental, haciéndola mas dinámica y participativa.
La implementación del proyecto “Manejo Sostenible de la Tierra en Áreas Degradadas Propensas a Sequía en Nicaragua” para ser ejecutado en los próximos 5 años en diferentes municipios, constituye una buena oportunidad para educar y concientizar a las poblaciones beneficiadas, siempre y cuando los logros sean realizados en el terreno. En el caso del proyecto del Corredor Biológico del Atlántico (CBA), la mayor parte de las acciones no fueron acciones realizadas en el terreno, sino en las oficinas del MARENA central en Managua, dejando insatisfechos a los pobladores de las Regiones Autónomas.67 Otra forma es a través de la promoción en todo el proceso de implementación, de la efectiva consulta y participación ciudadana, no sólo de personas y entidades provenientes de Managua, sino con entidades y personas de las Regiones Autónomas (por ejemplo de las Universidades de la Costa Caribe) y de las Municipalidades, en la formulación de las políticas, las normas y los proyectos relacionados a la implementación de los Convenios y del Protocolo y de conformidad con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana. Pero para que todas estas acciones sean más efectivas se debe adicionar e incrementar la divulgación de las acciones realizadas y la normativa desarrollada por los diferentes proyectos, planes y programas, ejecutados en la implementación de los Convenios y del Protocolo y por medio de tal divulgación, promover la educación ambiental ciudadana, de las ONG y de los funcionarios de las Delegaciones Territoriales, las Regiones Autónomas y las Municipalidades y de otras entidades nacionales. En todos los talleres realizados en el contexto de la presente Consultoría, los participantes señalaron la falta de conocimiento de los instrumentos internacionales aludidos, y la consecuente necesidad de divulgarlos, así como la de divulgar las acciones realizadas en el desarrollo de la implementación de los mismos. La coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades que intervienen en la implementación de los Convenios y del Protocolo es crucial, por lo que es recomendable adicionar al sistema jurídico y administrativo que determina la gestión ambiental la suscripción de Convenios Interinstitucionales para desarrollar los procedimientos de coordinación que en materia de medio ambiente establece la Ley 290 principalmente entre el MARENA y el MIFIC, en materia de concesiones, licencias pesqueras y vedas, con el MAGFOR en materia de regulación de CITES y en la legislación sobre acceso a recursos genéticos, y principalmente buscar el consenso sobre el anteproyecto de Ley de Diversidad Biología, al igual que con el INAFOR para la exportación de la caoba de conformidad con CITES y para la preservación y uso sostenible de los bosques estatales. Estos Convenios también podrían ser extensivos entre el MARENA y las Regiones, las Municipalidades y las comunidades indígenas, étnicas y locales, como ya lo ha hecho el MIFIC con las Municipalidades para el otorgamiento de las licencias y el registro en materia de pesca artesanal. Solamente determinando el alcance de las competencias establecidas por la Ley 290 para los Ministerios de Estado y demás entes del Gobierno Central y las leyes que conceden autonomía a las Municipalidades y a las Regiones Autónomas, se puede lograr una efectiva coordinación y desarrollar la desconcentración de estos entes a la vez que se apoya el proceso de descentralización hacia las administraciones locales y regionales. Finalmente, los Puntos Focales de los Convenios y del Protocolo podrían promover y coadyuvar dentro del MARENA, a la realización de la consulta, para que posteriormente sean presentadas ante la Asamblea
67) Según lo expresaron los asistentes a los talleres realizados por la presente Consultoría en la RAAN y en la RAAS en Diciembre del 2004.
Nacional las siguientes leyes: Ley de conservación de suelos, Ley de tasas de aprovechamiento del ambiente y la Ley de pagos por servicios ambientales, que de conformidad con la Matriz de Costos de Metas Nacionales y Objetivos Específicos del Sector Público, por sectores transversales 2004-2008, del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ya se encuentran elaboradas.
5. Análisis de las fortalezas y debilidades del MARENA en el proceso de implementación de los instrumentos internacionales objeto de la Consultoría
A. Coordinación institucional
Institucionalmente en la elaboración del presente Diagnóstico se detectaron limitaciones en el nombramiento de algunos puntos focales, en la comunicación entre el equipo de trabajo y en la elaboración y archivo de los informes realizados.
B. Selección de los puntos focales
La designación de los puntos focales, para obtener la mayor eficiencia administrativa y funcional, debe obedecer a criterios técnicos y administrativos claros; en las entrevistas realizadas durante la elaboración de este Diagnóstico encontramos que no todos los puntos focales, ni sus suplentes, están oficialmente designados como tales, por lo que algunos funcionarios que manejan la información sobre los instrumentos internacionales objeto de la Consultoría, no han sido designados oficialmente. Para la designación antes enunciada, se debe obedecer a criterios de carácter científico, técnico, profesional, eligiendo a la persona idónea para ocupar el cargo del que se trate, es decir, estar intrínsicamente ligado en su preparación académica y profesional de manera que se pueda contar con un funcionario capaz de atender sin limitaciones de esta índole las tareas que el cargo demanda de sí. En tal sentido, la formulación de un instrumento jurídico específico, que establezca tales criterios de designación y el procedimiento administrativo interno para su nombramiento, brindaría la formalidad requerida para la oficialización nacional de los puntos focales, entendiéndose que regirá para su titular y suplente. El instrumento jurídico antes mencionado, debe dotarse de la envestidura legal máxima de la representatividad de la cartera del Ministerio, para ello, su formulación, a través de una Resolución Ministerial, sentaría las bases legales suficientes para revestirla de un ineludible cumplimiento para el país. En ésta, se deberá plasmar el proceso interno de MARENA para su designación, así como, aquellos trámites necesarios para su materialización a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
C. Comunicación intrainstitucional
Todos los miembros del equipo técnico inmediato, y definitivamente más que una sola persona, deben manejar la información con respecto a la implementación de estos instrumentos internacionales. Ya que si el punto focal se guarda la información para sí mismo, su función se realizará parcialmente. Por esta razón es necesario elaborar informes escritos que estén accesibles para que cualquiera de los miembros del equipo pueda obtener información precisa y clara en cualquier momento que lo necesite, sobre todo previendo que el punto focal en algún momento ya no se encuentre en la institución. Actualmente, la práctica es que los informes sobre las participaciones de los puntos focales en las COPs deben mandarse a la Oficina del Secretario General del MARENA, con copia a la Dirección de Planificación. Sin embargo, no todos los Puntos Focales cumplen con esta disposición en tiempo y forma, por lo que se debe establecer un procedimiento de monitoreo para que se cumpla con esta tarea, además un funcionario específico podría ser designado para darle seguimiento.
D. Manejo de la información vinculada al cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de ambiente
Se ha logrado identificar que la información atinente a las acciones y quehaceres del Ministerio en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios internacionales en materia de ambiente, se encuentra dispersa en diferentes dependencias de la entidad. Para ello, se ha planteado la posibilidad de recopilar esta información y crear una base de datos consolidada que aglutine la documentación e información de manera ordenada y esté accesible a las demás dependencias de la entidad, al público, universidades, ONGs y demás partes interesadas. Para lograr una correcta armonía de la información generada y la dependencia encargada de su gestión y sistematización, se requiere de la creación de un vínculo cercano con la oficina encargada de los asuntos de manejo de los instrumentos legales internacionales en materia de medio ambiente. Es decir, dotar de la capacidad de la información, a la dirección que más apunta a generar dicha material. Para ello, la Dirección General de Comercio y Medio Ambiente juega un papel preponderante en la ejecución de esta tarea, por lo que se recomienda que así deba estructurarse. De igual manera, y con el fin de potenciar el manejo y difusión de la información en mención, se recomienda que al momento de generarse nuevos datos relacionados, se deberá reservar una copia digital e impresa de los mismos para ser remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, con atención a la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales, garantizándonos así, el respaldo de dicha información. En ese mismo sentido, la situación idónea se daría al momento en que los puntos focales de cada convención se hiciesen acompañar de un funcionario con poder de decisión de Relaciones Exteriores a las reuniones internacionales atinentes a las Convenciones objeto del presente trabajo.
E. Necesidad de la implementación de la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa
La Ley No. 476, Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa fue aprobada en Diciembre del 2003 y su Reglamento, promulgado recientemente en Agosto del 2004; ambos instrumentos establecen que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) es el órgano responsable de implementar la Ley, por lo que formular las coordinaciones y procedimientos expeditos y claros que propicien la eficaz materialización de sus disposiciones se traduciría en beneficios para todo el sector público nacional, incluyendo, naturalmente, al MARENA.
Con este marco jurídico, se pretende garantizar la estabilidad laboral del punto focal. En ese sentido, se posibilitaría dar continuidad al manejo de la información generada de la cual este funcionario ha sido partícipe en su formulación o participación directa o indirecta, creando así, una capacidad institucional sólida y eficiente en términos laborales, técnicos y científicos que contribuirían al mejoramiento de la calidad de participación como país en el cumplimiento de las obligaciones internacionales ambientales.
F. Mayor implementación local a través de la descentralización administrativa
La excesiva concentración de personal y de recursos en la sede central del MARENA contrasta con las limitaciones técnicas y materiales de las Delegaciones Territoriales. La falta de recursos económicos y el alto contenido laboral es común en todas las instituciones del Estado, sin embargo, en las Delegaciones Territoriales del MARENA esto se agudiza, debido a que, a pesar de los instrumentos legales existentes, la poca capacidad institucional en la administración y gestión de la biodiversidad, dentro y fuera de las áreas protegidas, ha generado que la observancia de tal legislación no haya generado la protección más adecuada para el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. Se ha identificado la clara necesidad de crear instrumentos de descentralización administrativa que, de primer índice creen la capacidad técnica local para poder dar respuesta efectiva en la materialización de las tareas necesarias para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la ratificación de la gestión publica del ambiente. Esa capacidad técnica local, debe dotarse de los insumos económicos necesarios para su optima ejecución, es decir, la creación de capacidades debe entenderse como el conjunto de elementos que conjugados habilitarían a las autoridades locales o municipales para ejecutar la toma de decisiones en relación a la gestión ambiental local, de manera técnicamente cierta y oportuna. De tal forma que, de manera particular, debe considerarse la formulación de los procedimientos expeditos para: a) El proceder de la consulta que se deberá realizar a la Municipalidad y a las Regiones Autónoma, en caso de que se pretenda otorgar una concesión en las regiones autónomas, tierras indígenas comunales tradicionales, principalmente cuando estas sean áreas protegidas. b) La emisión de la opinión respecto a los contratos o concesiones de explotación de los recursos naturales ubicados en las circunscripciones de las Municipalidades, como condición previa para su aprobación por la autoridad competente. c) La formulación de los procesos de consultas con las comunidades étnicas y pueblos indígenas en la declaración de áreas protegidas y en la formulación de los planes de manejo y el comanejo de áreas protegidas en tierras comunales tradicionales.
d) La realización de las evaluaciones técnicas pertinentes para la aprobación, por parte del los Consejos Regionales Autónomos, de licencias, contratos o concesiones de explotación de los recursos naturales ubicado en su jurisdicción. e) El otorgamiento de permisos, marcaje y transporte de árboles y madera, así como de las acciones de monitoreo y control en las Regiones Autónomas, en coordinación con el INAFOR.
La creación del procedimiento administrativo, y en la efectiva implementación del otorgamiento de los permisos de pesca artesanal, de pesca industrial y la declaración de las vedas, en coordinación con el MIFIC, conjuntamente con las Municipalidades, Regiones Autónomas y con la participación activa de las comunidades indígenas, étnicas y locales.
g) En la efectiva implementación del proceso de declaración de parques ecológicos municipales o áreas forestales de protección municipal.
G. Coordinación Interinstitucional
La coordinación interinstitucional del MARENA con otras entidades de gobierno, se ha superado en los últimos años, sin embargo, no dejan de realizarse comunicaciones formales a través de la oficina del Ministro. De igual forma, comunicaciones puntuales y coyunturales a través de los funcionarios, principalmente cuando surgen tareas que deban ser realizadas. Para una mejor implementación de los Convenios y del Protocolo es recomendable incorporar al ordenamiento jurídico y administrativo la suscripción de Convenios Interinstitucionales para desarrollar las coordinaciones que en materia de medio ambiente establece la Ley 290 entre el MARENA, MIFIC, MAGFOR, MINSA. Ya que aunque la Ley 290 lo mandaba, esta no define en que forma se logra la coordinación necesaria, por lo que la creación de tales procedimientos reglamentados tendrían como resultado una gestión administrativa mucho más profesional y eficiente. Para esta coordinación, se han creado las Unidades de Gestión Ambiental en el Estado a fin de establecer un vínculo de comunicación constante y fluido en la consecución de actividades de gestión ambiental. El MARENA ha considerado la necesidad de sostener reuniones periódicas de coordinación con las ONGs a fin de facilitar un mecanismo abierto, participativo que permita la realización de actividades conjuntas o aisladas pero enfocadas en un mismo esfuerzo de fortalecimiento ambiental.
H. Divulgación y Educación Ambiental
La divulgación de los instrumentos ambientales genera educación ambiental en los ciudadanos, constituyéndolos en los agentes más activos en la protección de los recursos naturales y el ambiente. Los medios para educar a la ciudadanía pueden ser la impartición de talleres, la realización de campañas, la divulgación de viñetas, la elaboración de publicaciones y sitios virtuales, que generen la concientización ciudadana sobre el valor de los recursos naturales y el medio ambiente, así como el peligro de perderlos. Sin embargo, en todos los talleres realizados en el contexto de este Diagnóstico, encontramos que los asistentes consideraron que, a pesar de los esfuerzos realizados, se necesita mucha más información y educación sobre el tema ambiental en Nicaragua. Consistente con lo anterior, el presente Diagnóstico encontró que, de manera general, el MARENA no tiene una política definida con respecto a la divulgación y al acceso de la información científica y técnica generada por este Ministerio, por lo que, se deriva la necesidad de su creación..
El nivel de cumplimiento con los compromisos adquiridos con la ratificación de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención de Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR), la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (Protocolo de Montreal), por parte de Nicaragua muestra un significativo avance en comparación con algunos países latinoamericanos y caribeños. Prueba de ello, Nicaragua ejecutará un proyecto de manejo sostenible de la tierra de dos millones de dólares, así mismo, se cuenta con una oficina Nacional de Desarrollo Limpio, una oficina de Ozono. Actualmente se está realizando una evaluación de capacidades del país en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Todo ello, se ha logrado gracias al comprobado cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de ambiente y los recursos naturales. En tal sentido, es menester mencionar que CITES está consolidada como una Dirección específica de la Dirección General de Comercio y Medio Ambiente. En tal sentido, se ha conformado con personal técnico especializado encargado de velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio. Las normas derivadas de los compromisos internacionales han alcanzado cierto desarrollo en el ordenamiento jurídico nicaragüense, principalmente porque la ratificación de estos instrumentos internacionales vino a determinar la agenda ambiental nacional y a impulsar un proceso interno que apunta hacia la total implementación de los mismos. Lo anterior es plenamente consistente con un ordenamiento jurídico que considera el ambiente saludable un derecho constitucional de los nicaragüenses, or lo que hoy en día en Nicaragua existen Normas Constitucionales, Leyes, Convenios Internacionales, Decretos Legislativos y Ejecutivos, Reglamentos, Resolución Ministeriales, Normas Técnicas y Administrativas, Resoluciones y Ordenanzas Regionales y Municipales que protegen el medio ambiente y los recursos naturales; así mismo, Nicaragua también cuenta con políticas ambientales modernas emitidas al más alto nivel. Además, la elaboración de reglamentos y normas administrativas que establecen regulaciones operativas sobre la legislación de medio ambiente y recursos naturales, ha sido muy prolífera en la presente década. Todo lo anterior significa un gran avance en la mejoría de la gestión ambiental institucional. Sin embargo, la implementación de estas normas jurídicas todavía constituye un reto para la administración pública en general, y por ende para el MARENA y para la implementación de los Convenios y del Protocolo. Visto lo anterior, se identifica la necesidad de revestir al MARENA de mayores niveles de apoyo en términos de la creación de capacidades en lo que a recursos humanos y financieros se trata. Para ello, la formulación de estrategias claras de captación de recursos y retorno de recursos para costear las actividades inherentes a la gestión ambiental y por ende al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad internacional a través de la ratificación de los convenios se traduciría en mayores niveles de observancia jurídica de la norma. Es importante mencionar también que la carencia de voluntad política se ha identificado como una limitante para impulsar las acciones y programas encaminados al cumplimiento de las obligaciones emanadas de los convenios internacionales.
A continuación presentamos las siguientes recomendaciones para lograr mayores resultados en la implementación de los Convenios y del Protocolo: • Crear una unidad de seguimiento al proceso de implementación de los Convenios y del Protocolo; establecer un procedimiento simple y expedito para la designación de puntos focales; crear y entregar informes sobre las actividades de los puntos focales y su archivo, con accesibilidad a ellos por parte del resto de los funcionarios del equipo de trabajo.
Sensibilización de las autoridades superiores en la importancia y alcances de las obligaciones adquiridas con la ratificación de las convenciones internacionales en materia de medio ambiente y recursos naturales. Se deben de garantizar los mecanismos necesarios para asegurar el traslado de información en los cambios de designación de los puntos focales de cada convenio. Garantizar la rendición de los informes técnicos correspondientes en donde se reflejen los acuerdos, compromisos y demás información relevante cuando los puntos focales participen en las reuniones de las convenciones. Promover la creación de un rubro de gastos, en el Presupuesto General de la República, a fin de sufragar las obligaciones financieras con las Secretarías de las Convenciones y demás organismos internacionales con los que el país ha adquirido compromisos. En el caso del Protocolo de Montreal, iniciar el proceso de asignación de cuotas a los importadores de SAOs para no caer en incumplimiento de la ley nacional ni del mismo Protocolo, ya que el tiempo establecido por la legislación para eliminar el uso de SAOs en Nicaragua es el año 2007. Garantizar la actualización de la página web del MARENA, la cual deberá contener información relevante para promover la divulgación de la información atinente a los Convenios Internacionales ratificados en materia de ambiente y recursos naturales. Incluir miembros de las Delegaciones Territoriales del MARENA, las Regiones Autónomas, las Municipalidades, o las comunidades indígenas, étnicas y locales, en lo que sea pertinente, a las diferentes comisiones (Grupo de Humedales de Nicaragua, comité asesor de la autoridad científica de la Convención CITES, Organismo de Coordinación Nacional (OCN), Comisión Nacional de Cambios Climáticos, Junta Directiva de la ONDL, Comisión del Ozono) para implementar los Convenios y el Protocolo. Velar porque la implementación del proyecto sobre “Manejo Sostenible de la Tierra en Áreas Degradadas Propensas a Sequía en Nicaragua” sea realizada en el terreno y con el activo involucramiento de las comunidades locales; con la efectiva participación de las Delegaciones Territoriales del MARENA y de las Municipalidades.
Promover la concientización general sobre la efectiva incorporación del valor económico de los recursos naturales, no sólo en su preservación misma, sino en lo que ellos aportan para la calidad de vida de los nicaragüenses. Crear alianzas estratégicas con las ONGs de los territorios donde se desarrollan las diferentes actividades y proyectos, potenciando la presencia de las ONG en todo el territorio nacional y su fuerte base social. Crear centros de documentación en cada una de las Delegaciones Territoriales del MARENA con las publicaciones que se realizan, para que no sólo los funcionarios de la Delegación tengan acceso, sino también las contrapartes de los proyectos, los estudiantes y el público en general. Promover el establecimiento de convenios con las facultades de biología, ingeniería forestal, derecho, economía, etc., de las diferentes universidades en todo el país para que los estudiantes de los últimos años hagan pasantías en las Delegaciones Territoriales colaborando con la gestión ambiental del MARENA y al mismo tiempo adquieran conocimientos técnicos y trabajen en el terreno. Promover el desarrollo de mecanismos para generar recursos y ser autosuficientes a través del retorno de los fondos que sean captados con la paliación de la Ley de Tasas por aprovechamiento de los recursos naturales una vez que sea aprobada. Formular un régimen de política de pagos por bienes y servicios ambientales que generen los recursos financieros necesarios para la oparativizacion de las actividades inherentes al quehacer ambiental. De igual forma, se debe contemplar la posibilidad de desarrollo de un mecanismo de incentivos de orden fiscal y económico para aquellas personas que ejecuten actividades de conservación y fomento del desarrollo de actividades de rescate del medio ambiente y los recursos naturales. Incentivar las actividades de producción más limpia, a través de la certificación de reducción de emisiones que habiliten a los usuarios del medio ambiente para acceder a fondos de subsidio para la reconversión tecnológica y la capacitación técnica necesaria que les permita generar el menor impacto posible.
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