Source: http://www.amnestyusa.org/node/56110?page=show
Timestamp: 2014-03-10 18:30:30
Document Index: 127606508

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 101', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14']

Índice AI: MDE 30/001/2003/s
Han pasado más de 15 años desde que el presidente Zine El Abidine Ben Ali, tras asumir el poder en 1987, hiciera una serie de promesas con respecto a los derechos humanos, y aquellos a quienes se considera opositores políticos siguen corriendo peligro de ser objeto de detención, torturas, juicios injustos ante tribunales penales o militares y encarcelamiento.
Más de diez años después de los juicios ante tribunales militares que se celebraron en 1992, en los que se juzgó a un gran número de personas en condiciones extremadamente injustas, cientos de activistas políticos o presuntos opositores siguen encarcelados. Tras años de trato cruel y discriminatorio en prisión, las personas que quedan en libertad sufren hostigamiento, son objeto de nuevas detenciones arbitrarias y ven como se les niegan los derechos básicos.
Las mejoras en las leyes proporcionan más garantías en lo que respecta a los derechos humanos; sin embargo, las autoridades siguen sin acatar la ley. La actuación del poder judicial y de las fuerzas de seguridad sigue infringiendo la legislación tunecina y las normas internacionales de derechos humanos.
Los defensores de los derechos humanos, como abogados, médicos y periodistas, que piden a las autoridades que protejan esos derechos son objeto de intimidación y hostigamiento. Las organizaciones de derechos humanos existentes encuentran obstáculos para realizar su trabajo, mientras que a otras se les sigue negando la autorización para llevarlo a cabo.
En Túnez, las personas a las que se considera opositores políticos corren peligro de entrar en un ciclo de injusticias en el que se violan sus derechos fundamentales en todas las etapas de los procesos legales, durante el encarcelamiento e incluso después de su excarcelación. La falta de independencia del poder judicial y las consiguientes irregularidades en la administración de justicia permiten que este ciclo se alargue interminablemente.
El ciclo de injusticias comienza con detenciones arbitrarias y reclusiones ilegales. Durante la detención en régimen de incomunicación, que a menudo supera el periodo máximo de detención preventiva (garde à vue) permitido por la legislación tunecina, las personas de quienes se sospecha que son opositores políticos corren peligro de ser objeto de torturas. Se les deniega el reconocimiento médico y el derecho a informar a su familia de su detención. Es frecuente que a los detenidos no se les informe de su derecho a asistencia letrada.
Durante los juicios políticos, a veces ante tribunales militares, los abogados de la defensa son objeto de hostigamiento e intimidación. Los sumarios son confiscados o alterados. Aunque Túnez es Estado Parte en la Convención contra la Tortura, es habitual que se utilicen como pruebas ante los tribunales confesiones que se obtuvieron presuntamente mediante tortura. Los responsables de las torturas casi nunca son procesados.
El ciclo de injusticias continúa tras los muros de las prisiones. En Túnez, las condiciones carcelarias son deficientes, y los presos sufren las consecuencias del hacinamiento, la falta de higiene y las epidemias generalizadas de enfermedades infeccionas. Cientos de presos políticos, la mayoría de ellos presos de conciencia, siguen encarcelados y sufren un trato especialmente discriminatorio. Pueden permanecer recluidos de forma arbitraria en régimen de aislamiento durante largos periodos de tiempo. Corren peligro de ser objeto de torturas y malos tratos. Se les deniegan arbitrariamente la asistencia médica, la formación o el trabajo adecuados. A menudo se les traslada a prisiones alejadas de la residencia de sus familias, lo que dificulta que sus familiares puedan visitarles.
El ciclo de injusticias no finaliza tras la excarcelación. Ex presos políticos y presos de conciencia ven cómo se restringen sus derechos y libertades de diversas formas. Pueden ser objeto de una nueva detención arbitraria u obligados a presentarse ante las fuerzas de seguridad. A menudo se les niega el acceso a servicios sanitarios y se les impide de forma arbitraria trabajar o estudiar. Las autoridades tampoco cumplen lo dispuesto en las normas internacionales de derechos humanos, que exigen que los presos que han sufrido violaciones de derechos humanos reciban rehabilitación y una indemnización.
Una definición poco precisa de «terrorismo» en el Código Penal puede utilizarse para silenciar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y no han utilizado ni propugnado la violencia. En la actualidad, las autoridades tunecinas están preparando un proyecto de ley sobre la lucha contra el «terrorismo» que hace temer que la nueva ley pudiera minar aún más las normas de derechos humanos.
Amnistía Internacional insta a las autoridades tunecinas a que tomen medidas eficaces para mejorar la situación de los derechos humanos y para que su actuación respete la legislación tunecina y los tratados internacionales de derechos humanos que el gobierno tunecino ha ratificado.
Este texto resume un documento titulado Túnez: El ciclo de la injusticia y publicado por Amnistía Internacional en junio de 2003 (Índice AI: MDE 30/001/2003/s. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo. Una amplia gama de nuestros materiales sobre éste y otros temas se encuentra disponible en <http://www.amnesty.org>. Los comunicados de prensa de Amnistía Internacional pueden recibirse por correo electrónico:
http://www.web.amnesty.org/web/news.nsf/thisweek?openview
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO
El contexto político 2
Acoso a los defensores de los derechos humanos 5
Juicios políticos injustos7
Se comete una injusticia cuando se le quitan a alguien sus bienes, o se lo obliga a trabajar por la fuerza, o se le hace una exigencia injustificada, o se le impone una obligación no establecida por la ley [...]. El solo hecho de que la injusticia amenace con erradicar la especie humana al destruir la civilización justifica que se la prohíba.
Ibn Khaldun (Túnez, 1332 - El Cairo, 1406)
En Túnez, las personas sospechosas de oponerse o tan sólo criticar al gobierno siguen siendo objeto de detención arbitraria, reclusión en régimen de incomunicación (sin contacto con abogados o miembros de su familia), torturas y encarcelamiento tras juicios injustos. A lo largo de la última década, varios cientos de presos políticos, la mayoría de ellos presos de conciencia, han sido objeto de trato discriminatorio y arbitrario. Incluso tras quedar en libertad se enfrentan a medidas destinadas a impedir su reinserción en la sociedad: es posible que sufran restricciones a la libertad de circulación, sean víctimas de nuevas detenciones arbitrarias o se les niegue el acceso a la asistencia sanitaria, la educación o el mundo laboral. Es frecuente que las medidas arbitrarias se amplíen a las familias de los presos y ex presos políticos.
La falta de independencia del poder judicial y las consiguientes irregularidades en la administración de justicia permiten que estas prácticas sigan realizándose con total libertad. Un clima general de impunidad hace que resulte casi imposible el procesamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de detenciones ilegales, torturas y otras violaciones de derechos humanos. Las familias de los presos que han muerto bajo custodia, o las de aquellos que han sido víctimas de malos tratos o privados de sus derechos básicos, tienen pocas posibilidades de que sus casos se investiguen de forma imparcial y exhaustiva. Los ex presos tienen muy pocas posibilidades de intentar conseguir un resarcimiento por las injusticias pasadas o presentes, y se encuentran con impedimentos cuando intentan impugnar en los tribunales las medidas que se toman en su contra.
Este informe analiza con detalle las diferentes etapas de este ciclo de injusticias e identifica las constantes y los avances con respecto a los derechos humanos a lo largo de la última década. Se basa en las experiencias de las personas que han asistido a juicios en calidad de observadores, en el análisis de textos legales y otras pruebas documentales, en reuniones y comunicaciones con funcionarios del gobierno, y en decenas de testimonios directos de ex presos políticos y de familias de personas que aún están encarceladas. Analiza la ley y la práctica en función de las normas internacionales de derechos humanos y con respecto a las detenciones, los juicios políticos y el trato a los presos y ex presos políticos. El informe concluye que el reconocimiento de los derechos en la legislación se ha visto constantemente vulnerado por la incapacidad de poner las reformas en práctica:
· aunque la legislación tunecina ha incorporado progresivamente más garantías con respecto a los derechos humanos, otros cambios legales, como una definición imprecisa del delito de «terrorismo», minan los derechos humanos básicos, como los derechos a la libertad de expresión y asociación;
· las detenciones colectivas ya no son habituales, pero sigue habiendo detenciones y reclusiones arbitrarias que infringen la legislación tunecina y las normas internacionales de derechos humanos;
· los derechos de los presos han aumentado en la legislación, pero los funcionarios de prisiones que discriminan a los presos políticos violan habitualmente esos derechos;
· pese a que la legislación exige que las autoridades faciliten la reinserción de los ex presos en la sociedad, los ex presos políticos se encuentran con nuevas medidas arbitrarias una vez han abandonado la prisión;
· pese a que se ha procesado a algunos responsables de violaciones de derechos humanos, la gran mayoría de los responsables de torturas y otros malos tratos no se ha visto obligada a rendir cuentas de sus actos.
El informe finaliza con recomendaciones a las autoridades tunecinas para que conformen sus prácticas a las obligaciones de Túnez en virtud de la legislación nacional y del derecho internacional. Túnez es Estado Parte en tratados de derechos humanos de la ONU, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura).(1) Además, Túnez está vinculado legalmente por el artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que se firmó el 17 de julio de 1995, entre, por un lado, la Comunidad Europea y sus Estados miembros y, por otro, la República de Túnez. Este Acuerdo entró en vigor el 1 de marzo de 1998, y su artículo 2 estipula que las relaciones entre las partes, así como las disposiciones del propio Acuerdo, se basarán en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, que guían su política nacional e internacional y constituyen un elemento fundamental de ese Acuerdo.
Tras asumir el poder el 7 de noviembre de 1987, el presidente Zine al-Abidine Ben Ali anunció ambiciosas reformas destinadas a iniciar un cambio con respecto a su predecesor, el presidente Habib Bourguiba, cuyo gobierno había restringido enormemente las libertades civiles y políticas. Los presos políticos quedaron en libertad, gracias a una amnistía general. El gobierno ratificó tratados de derechos humanos, como la Convención contra la Tortura; reformó el Código de Procedimiento Penal, suprimió el Tribunal de Seguridad del Estado, autorizó los partidos políticos y celebró elecciones legislativas.
Estas medidas positivas se vieron debilitadas por un rápido deterioro de las relaciones entre, por un lado, el gobierno y el partido en el poder (la Agrupación Constitucional Democrática, Rassemblement constitutionnel démocratique, RCD), y, por otro, algunos grupos de la oposición. Para impedir que aumentase la influencia de los movimientos islamistas, cada vez más populares, las autoridades prohibieron los partidos fundamentados en la religión. El Movimiento de Tendencia Islámica (Mouvement de la tendance islamique, MTI), el movimiento islamista mayoritario en Túnez, intentó formar un partido político, Ennahda (Renacimiento), pero se le negó la autorización legal en junio de 1989; a esta medida le siguió un recrudecimiento en la represión contra activistas y simpatizantes.
En septiembre de 1990, la muerte de un estudiante a consecuencia de los disparos de la policía durante una manifestación desencadenó una serie de manifestaciones; después de ellas se produjeron detenciones a gran escala de islamistas, lo que, a su vez, provocó nuevas manifestaciones de protesta. Durante las semanas y los meses siguientes, cientos de activistas islamistas, reales o presuntos, fueron detenidos. Decenas de ellos permanecieron recluidos en régimen de incomunicación durante semanas. Muchos sufrieron torturas, y algunos murieron mientras estaban recluidos. Sus muertes no fueron objeto de una investigación adecuada.(2)
Algunos activistas islamistas cometieron actos aislados de violencia. Por ejemplo, el 29 de enero de 1990, tres activistas islamistas arrojaron ácido a la cara de Mohamed Salah Manai, agente de policía, en Jendouba. El 17 de febrero de 1991 fue incendiada la oficina de la Agrupación Constitucional Democrática en el barrio de Bab Souika, en la capital, Túnez; según los informes, fue obra de activistas islamistas. En el incendio murió Amara Soltani, un guarda de seguridad de 60 años, y Lahzar Ben Rjeb, otro guarda, sufrió quemaduras tan graves que tuvieron que amputarle las dos manos.(3)
Los dirigentes de Ennahda condenaron reiteradamente el uso de la violencia. Sin embargo, desde finales de la década de los 80, las autoridades han intentado infructuosamente aportar pruebas de que Ennahda era una organización implicada en intentos de derrocar al gobierno por medios violentos. Por ejemplo, en julio y agosto de 1992, 265 personas fueron condenadas por tribunales militares en los recintos militares de Bouchoucha y Bab Saadoun, en Túnez, acusadas de conspiración para derrocar al gobierno y pertenencia a una organización no autorizada. Casi todos los dirigentes de Ennahda, incluidos quienes residían en el extranjero, fueron juzgados ante los tribunales militares de Bouchoucha y Bab Saadoun.
Observadores de Amnistía Internacional presentes en los juicios concluyeron que se violaron las normas básicas para un juicio justo, que las pruebas de conspiración fueron insuficientes y que la presunción de culpabilidad prevaleció sobre la presunción de inocencia.(4) Se hizo caso omiso de las recomendaciones de Amnistía Internacional para que se celebrase un nuevo juicio y se iniciasen investigaciones independientes sobre las denuncias de torturas y de irregularidades previas al juicio, como detención prolongada en régimen de incomunicación, falsificación de fechas de detención y falta de contacto con abogados. Diez años después, las autoridades tunecinas siguen sin aceptar las conclusiones de Amnistía Internacional.(5) Alrededor de 103 presos, condenados tras los juicios colectivos de 1992, aún están cumpliendo condenas que oscilan entre los 20 años de cárcel y la cadena perpetua; la mayoría de ellos son presos de conciencia, encarcelados únicamente por el ejercicio pacífico de sus convicciones políticas o religiosas.
Desde entonces, las autoridades han utilizado la cuestión de la «seguridad» como pretexto para la represión de la disidencia política y del discurso crítico en todo el espectro político. Han reprimido la actuación de miembros de organizaciones como el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos (Parti communiste des ouvriers tunisiens, PCOT) y el Movimiento de Demócratas Socialistas (Mouvement des démocrates socialistes, MDS) y de sindicalistas de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (Union générale des travailleurs tunisiens, UGTT).(6)
Después de los atentados que se produjeron en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, las autoridades tunecinas reiteraron que llevaban mucho tiempo advirtiendo acerca de la «amenaza terrorista». Su informe ante el Comité de la Lucha contra el Terrorismo, creado en virtud de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó que «el Estado tunecino no esperó hasta los acontecimientos del 11 septiembre de 2001 para adoptar las medidas necesarias para luchar contra el fenómeno del terrorismo, pues ya había emprendido con toda firmeza y ganado esa batalla dentro de sus fronteras».(7)
Sin embargo, el 11 de abril de 2002, la explosión de un camión en el exterior de una sinagoga de Djerba causó la muerte a 21 personas, entre las que había 14 turistas alemanes. En un principio, las autoridades tunecinas manifestaron que había sido un accidente, pero posteriormente afirmaron que se trataba de un atentado criminal obra de activistas islamistas, el primero de esta magnitud. En junio de 2002, un portavoz de Al Qaeda admitió públicamente la autoría del atentado, que había sido obra de Nizar Naouar, un ciudadano tunecino que, según los informes, murió en la explosión.
Sigue habiendo graves restricciones en las libertades civiles y políticas. Un partido de la oposición, el Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades (Forum démocratique pour le travail et les libertés), fue legalizado en octubre de 2002, ocho años después de su creación, elevando a siete el número de partidos políticos autorizados. Sin embargo, se les sigue negando la autorización a otros partidos, como ocurre con Ennahda, el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos y el Congreso para la República (Congrès pour la République, CPR). La prensa está controlada en gran parte por las autoridades, y los periodistas de los medios de comunicación privados que critican la política del gobierno sufren acoso e intimidación.
Según cifras oficiales, sumamente polémicas, más del 99 por ciento de los votantes aprobaron cambios constitucionales en un referéndum celebrado en mayo de 2002. La Constitución revisada proporciona algunas garantías adicionales para la protección de los derechos humanos, como la prohibición de la detención arbitraria (artículo 12). Las revisiones de la Constitución eliminaron las restricciones que impedían que el jefe de Estado cumpliera más de tres mandatos, y le concedieron inmunidad frente a un procesamiento, incluso después de haber abandonado el poder.(8) Ahora el presidente Ben Ali podrá intentar conseguir un cuarto mandato en las elecciones de 2004.
Acoso a los defensores de los derechos humanos
A medida que la represión política aumentaba en los primeros años de la década de los 90 se crearon algunas instituciones oficiales de derechos humanos, como el Comité Superior de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (Comité Supérieur des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales), creado en enero de 1991 mediante un decreto presidencial.(9) Este organismo, así como los servicios de derechos humanos pertenecientes a la Presidencia, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, trabajaba fundamentalmente para mejorar en el ámbito internacional la imagen de los derechos humanos en Túnez.(10)
Desde entonces, mediante una política de hostigamiento y obstrucción, las autoridades han intentado silenciar a organizaciones independientes y no gubernamentales de derechos humanos, como la Liga Tunecina de Derechos Humanos (Ligue tunisienne des droits de l'homme, LTDH, la organización de derechos humanos más antigua de la región), la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD) y la Sección Tunecina de Amnistía Internacional.
A algunas organizaciones se les negó la autorización oficial en los últimos años: es el caso del Consejo Nacional para las Libertades en Túnez (Conseil national pour les libertés en Tunisie, CNLT), el Centro Tunecino para la Independencia del Poder Judicial (Centre de Tunis pour l'indépendance de la justice, CTIJ) y la Asociación Internacional de Apoyo a los Presos Políticos (Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques, AISPP). Muchos de los miembros de la comunidad de defensores de los derechos humanos en Túnez, que cada vez es más numerosa y en la que hay abogados, médicos y periodistas, han sido objeto de hostigamiento, amenazas, detención sin cargos ni juicio por parte de las fuerzas de seguridad o condenas a prisión tras juicios injustos.(11)
Estas medidas incumplen abiertamente las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila el cumplimiento de las disposiciones del PIDCP por parte de los Estados y que ya en 1994 recomendó que «es preciso conseguir un equilibrio entre las instituciones estatales y las instituciones privadas que se ocupan de los derechos humanos», y sugirió que «se adopten medidas para dar más estímulo a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos en Túnez».(12)
En febrero de 2002, la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos expresó preocupación ante «la situación de los defensores de los derechos humanos y las condiciones en las que realizan sus actividades en Túnez». La representante especial afirmó también que las violaciones de que eran objeto los defensores de los derechos humanos «se cree que consisten fundamentalmente en registros ilegales, confiscación de propiedades, llamadas telefónicas anónimas y amenazantes, vigilancia por parte de personas no identificadas, cortes en las líneas telefónicas, detención arbitraria, retención de pasaportes, actuaciones judiciales, violencia física, difamación en los medios de comunicación, y otros actos que podrían constituir una constante de intimidación contra defensores de los derechos humanos». La representante especial indicó que «según la información recibida, una parte significativa de estos actos de acoso e intimidación se ha caracterizado por la impunidad, ya que, incluso en las raras ocasiones en que las autoridades judiciales han investigado los hechos, los autores nunca han sido procesados».(13)
Las autoridades tunecinas también han obstaculizado el trabajo de organizaciones internacionales de derechos humanos. Entre 1994 y 2000 se impidió que visitaran el país representantes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones, como la Federación Internacional de los Derechos Humanos. A la Comisión Internacional de Juristas también se le ha denegado reiteradamente la entrada en el país.
En septiembre de 2001, miembros de las fuerzas de seguridad agredieron a dos delegados de Amnistía Internacional que se encontraban en Túnez para mantener reuniones con funcionarios y asistir como observadores a las vistas de apelación en las causas del defensor de los derechos humanos Dr. Moncef Mazouki y del sindicalista Lotfi Idoudi.(14) Cuando aún no habían pasado 48 horas desde su llegada fueron detenidos de noche por agentes uniformados de la policía de tráfico; agentes vestidos de civil, uno de los cuales afirmó que pertenecían a la «policía política» («police politique»), les obligaron a subirse a un coche particular. Los llevaron a una calle oscura, en donde les agredieron y les robaron. Las autoridades les devolvieron posteriormente algunas de sus pertenencias, aunque no los documentos. En una reunión posterior mantenida con los delegados, el ministro de Derechos Humanos, Slaheddine Maaoui,(15) justificó el incidente refiriéndose al aumento en las medidas de seguridad necesario tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. No se tienen noticias de que se haya iniciado una investigación sobre los hechos. Las personas que iban a entrevistarse con los delegados fueron amenazadas; al menos una de ellas recibió amenazas de muerte. Se consideró que este suceso era un mensaje que se enviaba a los defensores de los derechos humanos indicando que nadie estaba protegido frente a la intimidación por parte de las autoridades. Desde entonces, la campaña para silenciar e intimidar a los defensores de los derechos humanos en el país ha continuado.
Los delegados de Amnistía Internacional que realizaron una visita al país en septiembre y octubre de 2002, en la que se reunieron con funcionarios del gobierno y realizaron investigaciones, estuvieron sometidos a vigilancia policial constante. Varios defensores de los derechos humanos con los que se reunieron, como abogados, así como víctimas o sus familiares, fueron posteriormente objeto de acoso por las fuerzas de seguridad.
Juicios políticos injustos
Las garantías para un juicio justo en virtud de la legislación tunecina y del derecho internacional se incumplen en todas las fases de los procesos penales: en el momento de la detención, durante la prisión preventiva y cuando se ve la causa ante el tribunal. Amnistía Internacional lleva muchos años documentando una constante de injerencias por parte del poder ejecutivo en la administración de justicia. Son numerosos los juicios políticos, muchos de los cuales contaron con observadores de organizaciones de derechos humanos tunecinas e internacionales, que incumplieron las normas internacionales para un juicio justo definidas en el PIDCP.
Detención arbitraria y reclusión en régimen de incomunicación
Algunas reformas legales han introducido medidas positivas encaminadas a cumplir con las normas internacionales de derechos humanos relativas a la detención y la reclusión. El Código de Procedimiento Penal (artículo 13 bis) fue modificado para reducir el periodo máximo que un sospechoso puede permanecer detenido por la policía (garde à vue) sin contacto con su abogado o su familia: en 1987 se redujo a 10 días y en 1999 a seis días.(16) La modificación de 1999 permite la detención policial durante tres días y la ampliación de ese periodo durante tres días más mediante la autorización por escrito del fiscal (Procureur de la République). La policía tiene que informar al detenido de sus derechos, especialmente del derecho a un reconocimiento médico, y tiene que comunicar la detención a un familiar elegido por el detenido.
Sin embargo, la protección que se ofrece al detenido es inferior a la que exigen las normas internacionales de derechos humanos. Las autoridades tunecinas no han puesto en práctica las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura, que les instó a «reducir el periodo de detención por la policía a un máximo de 48 horas».(17)
Las fuerzas de seguridad infringen la ley con regularidad. Testimonios pormenorizados corroboran que realizan detenciones arbitrarias sin orden de arresto y falsifican fechas de detención en los registros policiales. Según los informes recibidos, mantienen a los sospechosos detenidos durante más días de los que permite el periodo legal máximo, les niegan su derecho a un reconocimiento médico y no informan de su detención a los familiares. El Departamento de Seguridad del Estado (idarat amn ad-dawla), responsable ante el Ministerio del Interior, ha infringido la ley sistemáticamente y con impunidad.
Salem Zerda, recluido en régimen de incomunicación durante un largo periodo de tiempo
El 13 de mayo de 2002, Salem Zerda, ciudadano tunecino que vivía en el extranjero desde 1991, fue devuelto a su país desde Estados Unidos como inmigrante ilegal y detenido a su llegada a Túnez. Según los informes, el Departamento de Seguridad del Estado le mantuvo recluido durante más de tres semanas en régimen de incomunicación en el Ministerio del Interior, sin que se le realizase ningún reconocimiento médico ni se informase a su familia. Al parecer, el Departamento de Seguridad del Estado falsificó la fecha de su detención, cambiándola al 2 de junio, en un informe policial(procès-verbal). Según los informes, el 4 de junio, un juez militar de instrucción le interrogó sin presencia de un abogado y decretó su prisión preventiva pendiente de juicio en la Prisión Civil 9 de Abril, bajo la acusación de pertenencia a una «organización terrorista» que actuaba en el extranjero.(18)
Belgacem Naouar, sin contacto con un abogado durante varios meses
Belgacem Naouar, de 39 años de edad, casado y con cuatro hijos, era tío de Nizar Naouar, el principal sospechoso de la explosión de un camión en Djerba que causó su propia muerte y la de otras 21 personas en abril de 2002. Belgacem Naouar fue detenido poco después de estos hechos, permaneció recluido durante varias semanas en un lugar desconocido, y durante varios meses se le denegó el contacto con un abogado. Según los informes, en junio de 2002, cuando el presidente del Colegio de Abogados comunicó al juez instructor del Tribunal de Primera Instancia de Túnez que la familia de Belgacem Naouar le había contratado para representarle, le comunicaron que el preso había solicitado a otros dos abogados que le defendieran. Sin embargo, en octubre de 2002, cuando Amnistía Internacional se puso en contacto con ellos, estos dos abogados desmintieron su participación en el caso. En el momento de redactarse este informe, casi un año después de la detención, parece que ningún abogado había tenido acceso al sumario o se había reunido con el detenido.
Estas prácticas habituales de negar los derechos de los detenidos en prisión preventiva no sólo infringen las disposiciones de la legislación tunecina, sino también las normas internacionales de derechos humanos. El PIDCP afirma que «todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias» (artículo 9). Los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados piden a los gobiernos que garanticen «además que todas las personas arrestadas, o detenidas, con una acusación penal o no, tengan acceso a un abogado inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención» (principio 7).(19)
El relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura ha pedido la prohibición absoluta de la reclusión en régimen de incomunicación, que facilita la tortura y los malos tratos: «Este tipo de detención debe declararse ilegal y las personas retenidas en régimen de incomunicación deben salir en libertad sin demora. Deben existir disposiciones jurídicas que aseguren que los detenidos gocen de acceso a asistencia letrada en un plazo de 24 horas a partir de su detención».(20)
Tortura durante la reclusión
Según los informes recibidos, durante más de una década cientos de detenidos han sido objeto de torturas, generalmente mientras permanecían bajo custodia policial. En agosto de 1999 se modificó el Código Penal para tipificar la tortura como un delito punible con un máximo de ocho años de cárcel. Según el artículo 101 bis del Código Penal, «todo funcionario público o similar que, en el ejercicio de sus funciones, someta a una persona a tortura será castigado con ocho años de cárcel».(21) Sin embargo, según testimonios recibidos por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad siguen utilizando la tortura en comisarías de policía y centros de detención, entre los que se encuentra el Ministerio del Interior, en la capital.
Zouheir Yahiaoui fue detenido en Ben Arous el 4 de junio de 2002; al parecer, agentes de las fuerzas de seguridad le torturaron en el Ministerio del Interior. Fue golpeado mientras permanecía suspendido del techo por las manos, que estaban atadas. Según los informes, no fue sometido a un reconocimiento médico, pese a las peticiones por escrito que los abogados que le representaban presentaron el 5 de junio ante los fiscales de Ben Arous y Túnez, la capital. Al parecer, las solicitudes fueron retiradas posteriormente del sumario, y la fecha de su detención se cambió a la del 5 de junio en un informe policial. Posteriormente fue declarado culpable de los cargos de «difundir información falsa» y «uso indebido de las líneas de telecomunicaciones» y condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, que en la apelación, en julio de 2002, se redujeron a dos años. El tribunal no ordenó una investigación sobre las denuncias de tortura.
En octubre de 2002, un alto funcionario del Ministerio del Interior declaró a los delegados de Amnistía Internacional que había casos ocasionales de tortura bajo custodia, pero que esta no era una política deliberada. Sin embargo, las personas detenidas por las fuerzas de seguridad, especialmente por el Departamento de Seguridad del Estado, siguen corriendo peligro de sufrir torturas, y las denuncias de torturas no se investigan.
Túnez es Parte en la Convención contra la Tortura, que exige la investigación pronta e imparcial de todas las denuncias de tortura (artículo 12). Aunque se han realizado investigaciones sobre algunos casos de tortura (véase el caso de Mohamed Ali Mansouri, página 30 infra), en cientos de otros casos de tortura que se han producido en la última década no se han realizado investigaciones ni se ha procesado a los responsables.
En la mayor parte de los casos, las víctimas de tortura, sus familias e incluso los abogados sufren intimidación y presiones si piden una investigación, y se encuentran con obstáculos si intentan presentar una denuncia. Funcionarios judiciales y agentes de policía comunicaron a las víctimas o a sus abogados que tenían órdenes de no archivar las denuncias sobre casos concretos. La Convención contra la Tortura afirma que «[s]e tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado» (artículo 13).
El Comité contra la Tortura, que vigila la aplicación de la Convención contra la Tortura, afirmó que estaba «preocupado por los informes de la difundida práctica de la tortura y otros tratos crueles y degradantes que perpetran las fuerzas de seguridad y la policía [en Túnez], que, en algunos casos, tienen como consecuencia la muerte del detenido». Además, estaba «preocupado por las presiones e intimidación que utilizan los funcionarios para impedir a las víctimas que presenten denuncias».(22)
Flagrante violación del derecho a un juicio justo
El PIDCP protege el derecho de la persona acusada «a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley» (artículo 14). En Túnez, estos derechos se deniegan con frecuencia durante los procesos ante los tribunales. En la mayor parte de los casos no se respetan los derechos de la defensa desde el comienzo del proceso judicial; durante los juicios se restringen los derechos del letrado de la defensa y de los acusados, a los que, en ocasiones, se les impide dirigirse al tribunal. Las «confesiones» se admiten como prueba sin investigar las denuncias de que se obtuvieron mediante tortura. Se ignora sistemáticamente la presunción de inocencia: la fiscalía no presenta más pruebas que las «confesiones», o las que presenta son insuficientes para que la declaración de culpabilidad sea fiable. Existen numerosos casos de acusados que son procesados más de una vez por el mismo delito.
No se tienen en cuenta los derechos de la defensa
El derecho a preparar la defensa se ignora o se restringe en todas las fases del proceso judicial. Es frecuente que a los acusados que comparecen ante un juez de instrucción no se les informe de que tienen derecho a asistencia letrada. En muchos casos, a los abogados de la defensa no se les da la cantidad mí