Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=656774
Timestamp: 2019-08-25 01:52:10
Document Index: 346865691

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 468', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 77', 'artículo 768', 'artículo 6', 'Artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 492', 'artículo 79', 'artículo 9', 'artículo 468', 'artículo 65', 'artículo 9', 'artículo 54', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 36', 'ARTÍCULO 25', 'artículo 468', 'artículo 467', 'artículo 468', 'artículo 143', 'artículo 143']

PROYECTO QUE DECLARA DÍA FERIADO PARA REGIÓN DE TARAPACÁ. TRATAMIENTO DE FÁCIL DESPACHO
DENUNCIA DE ACUERDO CON BOLIVIA SOBRE EXENCIÓN DE REQUISITO DE VISAS PARA TITULARES DE PASAPORTES OFICIALES, ESPECIALES Y DE SERVICIO
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO DE DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
PROTOCOLO DE ENMIENDA DE ACUERDO DE MARRAKECH QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
MODIFICACIÓN DE PENA PARA RADIODIFUSIÓN NO AUTORIZADA
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO LABORAL EN MATERIA DE DECLARACIÓN DE TRABAJOS PESADOS
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN, BIANCHI Y PROKURICA CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 468 DEL CÓDIGO PENAL PARA INCORPORAR LA DEFRAUDACIÓN COMETIDA MEDIANTE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INFORMÁTICAS. (10.806-07)
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA EL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 1, DEL AÑO 2005, DEL MINISTERIO DE SALUD, QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO LEY N° 2.763, DE 1979, Y DE LAS LEYES N°s 18.933 Y 18.469, EN LO RELATIVO A LA OBLIGATORIEDAD DE ACEPTAR LOS BONOS FONASA COMO MEDIO DE PAGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIVADA. (10.807-11)
Sesión 34ª, en martes 2 de agosto de 2016
(De 16:17 a 18:41)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE ;
JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE, Y
ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN Y EUGENIO TUMA ZEDAN, PRESIDENTES ACCIDENTALES
Proyecto que declara día feriado para Región de Tarapacá. Tratamiento de Fácil Despacho........................................................................
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el que solicita la opinión del Senado para proceder a la denuncia, por razones de Estado, del "Acuerdo entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre Exención del Requisito de Visas para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio, adoptado por intercambio de notas, de fecha 13 de abril de 1995" (S 1.897-14) (se aprueba)....................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (10.164-05) (se aprueba en particular)..........................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC)", adoptado por Decisión del Consejo General de esta el 27 de noviembre de 2014 en Ginebra, Suiza, que incorpora el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio a su Anexo 1A (10.121-10) (se aprueba en general y en particular)................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada (10.456-15) (se aprueba en general)..................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la declaración de trabajos pesados (5.205-13) (queda para segunda discusión en particular)..................................................
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Moreira Barros, Iván
Concurrieron, además, los Ministros de Relaciones Exteriores , señor Heraldo Muñoz Valenzuela, y de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido.
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- Se da por aprobada el acta de las sesión 31ª, ordinaria, en 13 de julio del año en curso, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 32ª y 33ª, ordinarias, en 19 y 20 de julio de 2016, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con los dos primeros retira la urgencia que hiciera presente para la tramitación de las siguientes iniciativas:
2) Proyecto de reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional (boletines Nos 9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, refundidos).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación los siguientes proyectos de ley:
1) El que crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata (boletín N° 10.277-06).
2) El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín N° 8.493-14).
Con el primero solicita el acuerdo del Senado para nombrar como miembro del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego al señor Raphael Bergoeing Vela, haciendo presente, para su tramitación, la urgencia del inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín N° S 1.898-05).
Con el segundo comunicó su ausencia del territorio nacional los días 27 y 28 de julio recién pasado, en visita a la República del Perú, para asistir al traspaso de mando presidencial.
Informó que durante su ausencia sería subrogada por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza, con el título de Vicepresidente de la República.
Con el último requiere el acuerdo del Senado para nombrar como integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora Bettina Horst von Thadden y al señor Eduardo Abarzúa Cruz, por un período de seis años (boletín Nº S 1.899-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política.
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto de ley que instituye el primer sábado de septiembre de cada año como el Día Nacional del Circo Chileno (boletín N° 10.662-24).
Con el segundo informa que ha aprobado, con las modificaciones que señala, el proyecto que otorga al personal asistente de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario, una bonificación adicional por antigüedad y las compatibiliza con los plazos de la ley N° 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín N° 10.583-04) (con urgencia calificada de "suma").
Emite su parecer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, sobre los siguientes proyectos de ley:
-El que modifica la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, en lo relativo a las medidas de protección a las víctimas y al cumplimiento efectivo de las penas (boletín N° 10.705-07).
-El que modifica la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, para limitar la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento respecto de los delitos cometidos dentro del contexto de la violencia intrafamiliar (boletín Nº 10.729-07).
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de candidaturas independientes (boletín N° 10.688-06).
Remite copias de las sentencias pronunciadas en requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativos a las siguientes disposiciones:
-Tres fallos relativos al artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
-Inciso final del artículo 6° de la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria.
-Artículo 51 de la ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
-Dos recaídas en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216 y del inciso segundo del artículo 17 B de la ley N° 17.798.
-Inciso segundo del artículo 492 del Código del Trabajo.
-Artículos 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil y 249 de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores.
Atiende petición, cursada en nombre de los Senadores señor Espina, señora Von Baer y señores Allamand, García y Walker (don Patricio), por la que solicitan analizar el envío de un proyecto de ley que faculte a las autoridades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile para deducir, en representación de sus respectivas instituciones, las acciones judiciales y querellas criminales en contra de quienes resulten responsables cuando las víctimas sean funcionarios de las referidas entidades.
Da contestación a solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca del retiro y tratamiento de basura no orgánica desde las bases del territorio antártico chileno.
Responde petición, formalizada en nombre de los Senadores señores Bianchi, Espina, Horvath, Lagos, Navarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar, para que se envíe a trámite legislativo un proyecto de ley que establezca aporte del Estado en una cuenta de ahorro para cada niño que nazca con nacionalidad chilena.
Atiende solicitud, expresada en nombre del Senador señor Espina, en cuanto a los motivos que originaron la falta de pago de los beneficios que administra el IPS en las localidades de Pichipellahuén y Manzanar, y el plazo contemplado de solución.
Informa sobre estadísticas de prestaciones y otros antecedentes de la salud privada en los últimos cinco años, materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Responde consulta, expedida en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, relativa al número de pacientes en lista de espera en los Servicios de Salud de Ñuble y Concepción.
Absuelve solicitud, planteada en nombre del Senador señor Espina, para informar respecto a la atención médica de menor individualizado.
Atiende requerimientos de información, expresados en nombre del Senador señor De Urresti, atinentes a las siguientes materias:
-Inundaciones de aguas servidas ocurridas en la comuna de Panguipulli.
-Intervención del cruce del humedal en el sector de Isla Teja.
Da contestación a petición de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los contratos celebrados con las empresas operadoras de Transantiago, Alsacia Express y Subús, y los instrumentos de que dispone el Estado para asegurar la continuidad del servicio en caso de quiebra de alguna empresa y la situación de los trabajadores en tal evento.
De la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género:
Responde solicitud de información, expresada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre las dependencias institucionales existentes en la ciudad de Valdivia.
Informa requerimiento relacionado con los recursos destinados a apoyar el plan nacional de inversiones hospitalarias, consulta realizada en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe.
Da respuesta a un acuerdo del Senado mediante el cual se solicita considerar la regulación de la carrera funcionaria y ampliar las plantas de Gendarmería de Chile (boletín N° S 1.884-12).
Atiende solicitudes, expresadas en nombre del Senador señor Navarro, sobre los siguientes asuntos:
-Remisión de balances del anterior directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Concepción (YMCA).
-Nuevos criterios utilizados para calcular las jubilaciones de los funcionarios de Gendarmería de Chile.
Informa requerimiento para que se haga presente la urgencia en la tramitación de los proyectos de ley relativos a la protección de las personas y menores de edad, materia solicitada en nombre del Senador señor Horvath.
Responde petición de información, enviada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa a las dependencias institucionales localizadas en la ciudad de Valdivia.
Absuelve petición, planteada en nombre del Senador señor De Urresti, referente a la aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de una zona de vertidos de lodo en la estancia Lourdes, cercana al Parque Nacional Torres del Paine.
De la señora Subsecretaria de Turismo:
Atiende solicitud, expresada en nombre del Senador señor De Urresti, para remitir antecedentes acerca del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable, detallando las inversiones y acciones que se realizarán en el Parque Alerce Costero, Región de Los Ríos.
Da contestación a requerimiento de información, cursado en nombre del Senador señor De Urresti, atinente a la situación que afecta a persona que se individualiza, de la comuna de Valdivia, quien solicitó un préstamo a la Caja de Compensación Los Héroes.
Remite respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre nómina de procesos sancionatorios realizados por dicho organismo, desde el año 2013 hasta la fecha.
Del señor Alcalde de Coquimbo:
Comunica acuerdo unánime del concejo de esa comuna en el que solicita que se declare feriado el día 20 de septiembre de cada año para la Región de Coquimbo con motivo de la realización de la "Fiesta de la Pampilla".
Del señor Alcalde de Laja:
Adjunta carta en la que solicita la reconsideración de la designación de esa comuna como cabecera del Servicio Local de Educación en el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública.
Del señor Alcalde de Victoria:
Atiende solicitud de información, expresada en nombre del Senador señor Espina, sobre la factibilidad de que el club del adulto mayor " Padre Alberto Hurtado" pueda seguir recibiendo subvención por parte de la Municipalidad de Victoria.
De la señorita Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía:
Responde inquietud, cursada en nombre del Senador señor García, referente al estado en que se encuentra la postulación de persona que indica al subsidio de aislamiento térmico, en la comuna de Temuco.
De la señora Directora del SERVIU de la Región del Biobío:
Informa requerimiento en relación con la situación en que se encuentra la multicancha ubicada en el sector Valle Piedra II, de la comuna de Chiguayante, materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Director del Hospital "Dr. Hernán Henríquez Aravena":
Da contestación a solicitud, cursada en nombre del Senador señor García, para analizar la posibilidad de que el voluntariado de las Damas de Celeste cuente con una oficina en dicho establecimiento hospitalario.
Del señor Jefe de Vialidad de la provincia de Linares:
Resuelve petición acerca de los proyectos de mejoramiento del camino que une los sectores "El Bonito" con San Ramón, en la comuna de Retiro, materia consultada en nombre del Senador señor Matta.
Contesta petición, formulada en nombre de la Senadora señora Von Baer, para informar acerca del estado del proyecto de construcción de una tenencia en la comuna de Mariquina.
Del señor Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Linares:
Da respuesta a inquietud, expresada en nombre del Senador señor Matta, en cuanto a las denuncias presentadas por la comisión de delitos en el sector rural "El Bonito", comuna de Retiro, y los patrullajes policiales que se efectúan en dicha localidad.
Del señor Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
Envía respuesta a solicitud, realizada en nombre del Senador señor García, para que se disponga el otorgamiento de un plazo que permita a los interesados subsanar observaciones en los procedimientos de regularización de viviendas de autoconstrucción, en cumplimiento a lo establecido en la ley Nº 20.898.
Informa petición, cursada en nombre del Senador señor Tuma, referente a la solicitud de la comunidad mapuche huilliche "Pepiukelen", de la comuna de Calbuco, tendiente a obtener la destinación de un espacio marino costero para los pueblos originarios.
Del señor Presidente Ejecutivo de CODELCO:
Da contestación a petición de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Girardi, relativa a los residuos peligrosos generados por la empresa.
Del señor Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile:
Pone en conocimiento de la Corporación que, con arreglo a lo prescrito por el artículo 79 de la ley N° 19.712, le corresponde designar un representante para integrar la comisión encargada de discernir el Premio Nacional del Deporte de Chile.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea, suscrito en Santiago el 22 de abril de 2015 (boletín N° 10.481-10).
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados (boletín Nº 10.696-07) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín N° 10.164-05) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Agricultura e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que aplica Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (boletín N° 6.829-01) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto que modifica el artículo 9° del decreto N° 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en materia de posesión, tenencia o porte de armas (boletín N° 10.658-07).
De la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con los niños, niñas y adolescentes, recaído en el proyecto de ley que sanciona el maltrato infantil (boletines N°s 9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 y 9.908-07, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
De los Senadores señores Chahuán, Bianchi y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 468 del Código Penal para incorporar la defraudación cometida mediante comunicaciones telefónicas e informáticas (boletín Nº 10.806-07).
Del Senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto que enmienda el decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes Nos 18.933 y 18.469, en lo relativo a la obligatoriedad de aceptar los bonos FONASA como medio de pago en los establecimientos de salud privada (boletín Nº 10.807-11).
Moción de la Senadora señora Goic, con la que propone un proyecto para modificar el decreto ley N° 2.859, que fija la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, en cuanto a requisitos para el personal y a la designación de su director.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En el curso de la sesión ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar Directores de la Empresa Televisión Nacional de Chile a la señora María José Gómez García y a los señores Jorge Atton Palma, Lucas Palacios Covarrubias y Augusto Góngora Labbé, por los períodos que en cada caso se indica (boletín Nº S 1.900-05)
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para informar de lo resuelto por los Comités.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión celebrada esta tarde, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1.- Tratar, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín Nº 10.164-05).
2.- Facultar al señor Presidente del Senado para incorporar a la tabla de la sesión ordinaria de hoy, en cuanto se dé cuenta, el informe recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, mediante el cual solicita la opinión de la Cámara Alta a fin de proceder a la denuncia, por razones de Estado, del "Acuerdo entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre exención del requisito de visas y pasaportes para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicio", adoptado por intercambio de notas el 13 de abril de 1995 (boletín Nº S 1.897-14).
3.- Volver a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización el proyecto, en primer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de la Niñez y modifica la ley N° 20.530, que creó el Ministerio de Desarrollo Social, y otros cuerpos legales que indica (boletín N° 10.314-06), facultándola para discutirlo en general y en particular.
4.- Tratar, en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 3 de agosto, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que enmienda el artículo 9° del decreto N° 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en materia de posesión, tenencia o porte de armas (boletín Nº 10.658-07).
5.- Considerar, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 3 del presente, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad (boletín Nº 10.661-05).
6.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula entrevistas grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín N° 9.245-07), hasta las 12 horas de mañana, miércoles 3 del presente, en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Señor Presidente, no sé qué pasó en la reunión de Comités, pero se ha producido un hecho bien grave.
Había una suerte de acuerdo en cuanto a que hoy se vería el proyecto de ley que establece como feriado regional el 10 de agosto, que corresponde a la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá, iniciativa que viene de la Cámara de Diputados.
Es un proyecto transversal: lo suscribieron un Diputado de la UDI y un Diputado comunista. Y yo lamentaría mucho que no hubiera unanimidad para verlo ahora, porque, si así fuera, no sería ley para la fecha indicada, porque ya estamos a 2 de agosto.
Existe amplio acuerdo y consenso en torno a él, por lo que le pediría a la Sala discutirlo como si fuera de Fácil Despacho.
Es una iniciativa muy importante para la Región. Entiendo que hay un problema: que el Gobierno debía presentar un proyecto de ley para establecer feriados regionales de Arica a Magallanes y que no lo ha cumplido, pero no podemos hacer pagar los costos de aquello a toda una comunidad que está esperanzada en que hoy sea aprobada dicha iniciativa.
Por lo tanto, pediría hacer una excepción y verla hoy como si fuera de Fácil Despacho, porque, de lo contrario, no podrá ser ley y no habrá feriado el 10 de agosto.
Senador Rossi, no hubo unanimidad en la reunión de Comités para poner en Fácil Despacho ese proyecto.
Una alternativa sería replantear el asunto en la Sala. Y es lo que voy a hacer porque usted lo está solicitando. Ahora, si no hubiera unanimidad en tal sentido, se podría pedir incluso votación para modificar lo acordado por los Comités, para lo cual se requerirían dos tercios.
Sin perjuicio de ello y sin esperar llegar a la votación, consulto si existiría disponibilidad para ver en Fácil Despacho la iniciativa que declara feriado el día 10 de agosto en la Región de Atacama por la fiesta de San Lorenzo.
Me ha pedido la palabra el Senador señor Pizarro.
¡Para la Región de Tarapacá!
¿Se da cuenta, señor Presidente, de que no es de Fácil Despacho? Porque el proyecto va a generar un debate que ya hemos tenido en otras oportunidades en la Sala respecto a propuestas muy legítimas y razonables de colegas Senadores o colegas Diputados.
Yo no soy Comité, pero asistí a la reunión acompañando al Senador Zaldívar. Sin embargo, me parece que hay que hacer el debate en serio en la Sala también.
Hoy, decretar feriado en una, dos o tres regiones, por cualquier motivo, por legítimo que sea, produce efectos en diversas actividades: sociales, económicas, jurídicas, financieras, administrativas. Y estamos en un momento en que uno debe evaluar bien lo que significa declarar un feriado en términos laborales.
La iniciativa es muy loable, porque es para celebrar la fiesta de San Lorenzo, que es el patrono de los pequeños mineros. Pero uno se pregunta: ¿por qué solamente en Tarapacá, si pequeña minería hay en la Segunda Región, en la Tercera, en la Cuarta, en la Quinta, en la Metropolitana, en la Sexta, en la Octava, en la zona sur? ¿Por qué San Lorenzo debería ser solo patrimonio de los mineros de Tarapacá?
Ese es un punto. Pero el tema más de fondo creo que tiene que ver con los problemas que se generan en el orden financiero, con una situación que indica que lo que hay que hacer es trabajar para que haya reactivación económica. Y aquí nosotros estaríamos declarando un feriado para toda una región, que además es una región muy importante para el país, que enfrenta serios problemas de desempleo y que está haciendo esfuerzos en sus zonas francas y en las áreas de servicio para recuperar actividad económica, dados los inconvenientes que se advierten en la minería.
Entonces, señor Presidente, este no es un tema de fácil despacho ni tampoco se trata de tener mayor o menor simpatía con una causa que es muy loable. Y es la razón por la cual a los Comités les pareció que la iniciativa debía permanecer en su lugar normal en la tabla. Nadie está diciendo que no se discuta, pero un debate de este tipo hay que hacerlo con la seriedad que corresponde.
Además, esperamos que el Gobierno traiga pronto un estudio más acabado sobre los efectos que produce la declaración de feriados en la buena marcha del país, que es aquello a lo que se comprometió.
Voy a pedir votación.
El señor LAGOS ( Presidente ).-
Senador señor García, ¿me ha solicitado intervenir sobre esta materia?
Señor Presidente, ocurre que en la sesión de Comités de hoy analizamos el caso del proyecto que se refiere a la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá, signado con el número 22 de la tabla, junto con el que le sigue, que declara feriado el día 8 de septiembre para la Región de Antofagasta.
Tenemos entendido que hay otras iniciativas similares. Entonces, todo indica que es necesario que exista un criterio común para establecer los feriados regionales. De manera contraria, llevado al extremo, podríamos producir una paralización del país, que naturalmente no es conveniente.
Por tales razones, hemos estimado que no es bueno tratar esta iniciativa como si fuera de Fácil Despacho el día de hoy.
El tema es bastante más profundo, contempla muchos muchos aspectos que hay que estudiar. Además, existen numerosos proyectos de igual naturaleza, por lo que es necesario -como señalé recién- tener un criterio más general, más común.
Por eso, consideramos mejor que cada una de estas iniciativas sean analizadas en profundidad.
Señor Presidente, creo que cuando hay casos extraordinarios, como este, se debe tener flexibilidad para entender los procesos.
Yo entiendo que hay que dar un debate, como aquí se ha dicho, más en profundidad y de largo plazo. Pero aquí estamos hablando de un proyecto específico, a una semana de la fecha aludida en él. Entonces, el debate ya no sirve.
En consecuencia, pido que se vote.
Está en la Sala el Diputado Trisotti, de la UDI, quien se encuentra muy preocupado por la iniciativa. O sea, aquí no hay un tema político, sino uno transversal que es muy importante para la comunidad.
Estoy de acuerdo con hacer esa discusión. Sin embargo, me parece que hoy día, y por eso pido flexibilidad, es demasiado tarde. Por los tiempos estamos fuera. ¡Es imposible!
El Gobierno debió haber presentado el año pasado los mensajes pertinentes a fin de establecer los feriados regionales.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decirle al Senador Pizarro que una iniciativa como esta no va a paralizar la Región ni generará una mayor crisis económica de la que ya existe en Tarapacá.
¡La gente tiene esperanza!
¡La gente también quiere celebrar!
Es una fiesta religiosa, de un fervor profundo, que demuestra, justamente, la identidad de Tarapacá.
Y quiero señalar que San Lorenzo podrá ser patrono de los mineros, pero la verdad es que en el único lugar donde se le celebra con tanta devoción, congregando a cien mil personas, es en la quebrada de Tarapacá, en la localidad de Tarapacá de Huara, no en la Segunda ni en la Tercera ni en la Cuarta Región.
Entonces, señor Presidente, si es que no hubiera unanimidad, yo pediría que se votara de acuerdo al Reglamento, como usted lo planteó al principio.
Solamente deseo recapitular en qué estamos.
Para forzar la votación, Senador señor Rossi, se requieren dos tercios de los Senadores en ejercicio. Es decir, necesitamos 25 votos favorables con el fin de cambiar lo que acordaron los Comités.
Lo planteo porque si vamos a votar debemos contar con ese número y, me parece, a ojo de buen cubero, que hay alrededor de 25 Senadores en este minuto en la Sala.
Si no se cumple el quorum no se aprueba no más.
Lo que pasa es que quiero llevar esta situación de la mejor manera posible.
Reitero: ¿existe unanimidad para tratar el proyecto como si fuera de Fácil Despacho?
Entonces, en votación la solicitud del Senador señor Fulvio Rossi de tratar como si fuera de Fácil Despacho el proyecto que está en el número 22 de la tabla, que declara feriado el día 10 de agosto para la Región de Tarapacá.
Quienes están de acuerdo con la proposición del Honorable señor Rossi votan que sí.
--Se rechaza la petición para tratar como si fuera de Fácil Despacho el proyecto que declara feriado el día 10 de agosto para la Región de Tarapacá (13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Coloma, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Ossandón, Quinteros y Rossi.
Votaron por la negativa los señores García, Pizarro, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Allamand, Montes y Prokurica.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Honorable señor Chahuán.
Ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita la opinión del Senado a fin de proceder a la denuncia, por razones de Estado, del "Acuerdo entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre Exención del Requisito de Visas para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio", adoptado por intercambio de notas el 13 de abril de 1995 (boletín N° S 1.897-14).
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita la opinión del Senado a fin de proceder a la denuncia, por razones de Estado, del "Acuerdo entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre Exención del Requisito de Visas para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio", adoptado por intercambio de notas en fecha 13 de abril de 1995 (boletín N° S 1.897-14), con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el oficio (S 1.897-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 33ª, en 20 de julio de 2016.
Relaciones Exteriores: sesión 34ª, en 2 de agosto de 2016.
En sesión celebrada por la Comisión de Relaciones Exteriores se acordó recomendar a la Sala, con los votos de los Senadores señores Pizarro, Chahuán, Lagos, Hernán Larraín y Letelier, que se otorgue el parecer favorable a la denuncia, por razones de Estado, solicitada por Su Excelencia la Presidenta de la República .
Le voy a dar la palabra al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , señor Jorge Pizarro, y después al Canciller señor Muñoz, si estima pertinente intervenir.
Honorable señor Pizarro.
Lo que estamos analizando en verdad es inédito. Entiendo que es primera vez que se denuncia un tratado.
Es una facultad exclusiva del Presidente de la República el denunciar un tratado o retirarse de él. Para ello, se pide la opinión de ambas Cámaras por separado. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados analizó este asunto ayer, y no sé si lo habrán votado hoy día.
Nosotros lo vimos en la Comisión de Relaciones Exteriores, con la presencia del Canciller, y -como dijo el señor Secretario- de manera unánime dimos una opinión favorable, de respaldo a la decisión de la Presidenta de la República en el sentido de denunciar el Convenio que establece la exención de visas diplomáticas para las autoridades de Bolivia.
Esto, señor Presidente, como nuestros colegas y la opinión pública saben, es el resultado de una larga larga campaña -malintencionada diría yo- de descrédito a la relación de nuestro país con Bolivia, efectuada por su Gobierno (fundamentalmente, por su Presidente, don Evo Morales, y el Canciller señor Choquehuanca).
La denuncia se presenta después de las actividades que desarrolló el señor Canciller de Bolivia junto con una delegación de su país de la cual formaban parte la Presidenta de la Cámara, la señora Montaño; el Presidente del Senado; gran cantidad de parlamentarios, y un enorme número de periodistas, en una delegación que llegaba casi a las sesenta personas, en una visita privada -en teoría-, sin avisar y sin guardar las formas correspondientes con el Gobierno de Chile.
Ello más bien obedecía a un acto comunicacional, como quedó muy claramente expresado en las opiniones y dichos que el propio Canciller Choquehuanca manifestó en Chile y al volver a su país.
Con el Canciller Muñoz analizamos largamente los antecedentes, y -como señalé- respaldamos claramente la postura del Gobierno.
Los hechos que han generado un distanciamiento y una polarización en las relaciones de Bolivia y Chile tienen su origen en esta actitud hostil, agresiva y falsa en muchos casos, pues en reiteradas oportunidades se falsea la información o los hechos, tal como ha ocurrido con el señor Choquehuanca tras su visita a los puertos de Arica y Antofagasta.
De más está decir que los últimos dichos del Canciller boliviano, al hacer referencia a su disposición a derramar sangre con el objeto de defender supuestos derechos en el río Lauca, fueron la guinda de la torta; porque, francamente, sobrepasaron todos los límites.
A mi juicio -y así lo estimamos en la Comisión y espero que el Senado en conjunto lo comparta-, la señal política que debe dar el Gobierno de Chile es que este tipo de actos no se pueden aceptar ni menos repetir.
En la práctica, la denuncia del Convenio en cuestión no afecta al pueblo boliviano, que va a poder seguir circulando por nuestro territorio de la misma manera como hasta ahora: con su carné de identidad, visitando los lugares que le interesen, desarrollando todas las actividades. Y lo mismo se da para el pueblo chileno.
No obstante, sus autoridades tendrán que solicitar visa cuando pretendan venir a nuestro país a realizar alguna actividad inherente a sus cargos.
Incluso, en el caso de que pretendan ingresar como turistas y no en visita de Estado o privada, nuestro país se reserva el derecho de recibirlos o no al llegar a la frontera, tal cual se podría dar con cualquier otro turista, con apego a las normas internacionales que rigen en este tipo de materias.
Desde nuestro punto de vista, desde la óptica del Gobierno, no nos gusta que estas situaciones nos hagan llegar a este nivel. Pero hay que establecer claramente la responsabilidad que corresponde: las actitudes y la firme decisión del Gobierno de Bolivia -de su Presidente y su Canciller- de seguir con una campaña de descrédito hacia nuestro país.
Por tales razones, señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores solicita al Senado que apruebe la denuncia del Convenio.
El señor MUÑOZ (Ministro de Relaciones Exteriores).-
Señor Presidente, quiero agradecer al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, así como a sus miembros, por la recomendación que hace en el sentido de aprobar en forma unánime la solicitud de la Presidenta de la República a fin de denunciar el acuerdo de exención de visas entre Chile y Bolivia para los pasaportes diplomáticos y oficiales.
Como bien sostuvo el Senador Pizarro, se trata de dar una potente señal política frente a la agresividad verbal, frente a la política confrontacional y a la falta de las autoridades bolivianas hacia Chile y su pueblo.
Lo acontecido no nos puede resultar indiferente. Por eso, la Presidenta de la República ha iniciado el proceso de denuncia, que pasa por solicitar la opinión de ambas Cámaras.
Lo importante aquí es subrayar que esta medida afecta solamente a los pasaportes diplomáticos y oficiales. O sea, si algún miembro del Gobierno boliviano quiere ingresar a Chile tendrá que hacerlo después de obtener una visa de nuestro país. Esto no afecta de ninguna manera -por el contrario- al pueblo boliviano en general, que seguirá siendo bienvenido en nuestro territorio.
Creemos que esta es una señal significativa en los tiempos que vivimos, donde el respeto y el apego a las prácticas que informan las relaciones internacionales constituyen un imperativo.
Pido el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Zaldívar me reemplace en la testera durante unos escasos minutos, a fin de hacer uso de la palabra.
Y el Vicepresidente , ¿dónde está?
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-
Junto con respaldar la decisión de la Presidenta de la República en orden a denunciar el Convenio que permite otorgar visas a diplomáticos y autoridades bolivianas, deseo reiterar que de parte de Bolivia solo hemos visto una conducta que no debemos considerar solo a la luz de los últimos dos o tres hechos acontecidos; por el contrario, se trata de una conducta sistemática del Gobierno boliviano durante los últimos cinco o seis años.
En lo personal, lo lamento harto.
Pude conocer al Presidente Evo Morales en enero de 2006, cuando asumió el mando de su país. Concurrí a Bolivia invitado por su Gobierno y en representación de la Presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, en su primera Administración.
Tuve la oportunidad de conocer al Presidente Evo Morales, de compartir en su casa y, cuando se constituyó la Comisión pertinente para discutir los trece puntos con respecto a Bolivia, fui uno de los optimistas que pensaron que aquello iba por buen camino, porque nos iba a permitir -no en el corto plazo, sino en el mediano o largo- llegar a un punto de encuentro entre las necesidades de Chile y las demandas de Bolivia.
Lo digo bien respetuosamente: pensé que era posible arribar, tal como había ocurrido en el pasado, a propuestas de entendimiento que permitieran dar curso a las demandas bolivianas.
Sin embargo, ha sido decepcionante ver que, al final del día, no solo ha terminado el diálogo de los trece puntos, sino que además se ha ido escalando con una provocación y un hostigamiento permanentes hacia el Gobierno chileno.
No discuto el derecho de cualquier Estado miembro del sistema internacional a recurrir ante la Corte Internacional de Justicia. ¡No lo discuto! Pero sí la oportunidad de hacerlo o su contenido. Y lo que vemos es que junto con esto hay un permanente hostigamiento y provocación que, mirado en retrospectiva, constituye casi un escalamiento, que comenzó con pocas señales.
Así, nos encontramos con la visita de un Canciller que se deja caer a última hora, sin comunicarlo como corresponde, pasando a llevar la institucionalidad chilena, tratando de traspasar las fronteras -tal como explicó nuestro Ministro -, sin respetar nuestra institucionalidad (ni siquiera en lo que se refiere al SAG o al Departamento de Extranjería y Migración) y forzando nuestra institucionalidad portuaria.
Y, como si eso fuera poco, hay que agregar las expresiones recientemente vertidas por el Canciller Choquehuanca, en el sentido de "derramar sangre". En cualquier contexto, más aún en la situación que vivimos con Bolivia, de la forma en que se haga, hablar de "derramar sangre" debe invitarnos a una lectura muy detenida.
Creo que es muy importante la señal que está dando el Gobierno o el Estado chileno en esta materia.
Lamento lo que ha hecho el Gobierno boliviano. En mi opinión, tal como he señalado en reiteradas oportunidades, ha hipotecado cualquier entendimiento futuro por los próximos 10 o 15 años. Si había algo que tuviera alguna chance de prosperar con respecto a los trece puntos que se discutían, hoy día ello se ha postergado por mucho tiempo, en virtud del cuadro que se ha generado.
Incluso, si el día de mañana un Gobierno chileno buscara enmendar con una nueva Administración boliviana todo esto, tendría que hacerse cargo del malestar y del estado de ánimo adverso de su pueblo como consecuencia del amedrentamiento permanente de que hemos sido objeto por parte del Gobierno boliviano.
No es fácil para la ciudadanía distinguir entre el Gobierno del Presidente Morales y el pueblo boliviano.
Por eso, debemos ser muy cuidadosos en nuestra respuesta, tanto en lo que dice relación con el Gobierno boliviano como en el mensaje que le entreguemos al pueblo.
Valoro el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo para explicar que esta medida no afecta en modo alguno a los ciudadanos bolivianos que viven en Chile, tampoco a quienes tengan que legalizar su permanencia en nuestro país ni a los que deban venir a nuestro territorio. Porque ella va dirigida al Gobierno boliviano, que es el que genera el hostigamiento.
Por último, señor Presidente , habrá que estar muy atentos, muy alertas, muy firmes en esta materia.
Ojalá que el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como lo hizo recientemente a propósito de la visita del Canciller boliviano, al desplegar un esfuerzo diplomático en todas las embajadas de Chile en el mundo para compartir con aquellas naciones anfitrionas el actuar de Choquehuanca, también ponga en conocimiento, en particular de los países de América Latina, las expresiones vertidas este fin de semana y que dicen relación con el derramamiento de sangre.
Es importante que el Gobierno argentino, que el Gobierno brasileño, que el Gobierno uruguayo, que el Gobierno peruano, que el Gobierno colombiano, que el Gobierno venezolano, que el Gobierno paraguayo conozcan las declaraciones del Canciller Choquehuanca, para que vean que escapan de todo criterio de buen vivir y buen diálogo.
Finalmente, reitero mi apreciación: lo que hemos visto de parte de Bolivia es una diplomacia pobre.
Si les parece a Sus Señorías, se abrirá la votación.
En votación el parecer del Senado.
Señor Presidente, Honorable Sala, en el día de hoy estamos resolviendo acerca de la recomendación que la Presidenta de la República, en uso de sus facultades exclusivas, formula a efectos de denunciar un tratado. Se trata del Acuerdo con Bolivia sobre Exención del Requisito de Visas para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio, adoptado por intercambio de notas el año 1995, aprobado por el Congreso en 1997 y sancionado en 2013.
Considero que acá se está dando una señal política muy potente a las autoridades bolivianas, quienes en el último tiempo han estado generando una escalada, una espiral de declaraciones que violentan y provocan al pueblo chileno, pues entienden la relación bilateral como un instrumento de política interna, pero también -y a riesgo de hipotecar la relación entre los pueblos- como un medio de ganar réditos políticos de corto aliento en dicho país.
Uno debe preguntarse: ¿qué busca David Choquehuanca con sus declaraciones? O está preparando la sucesión al Presidente Morales , o quiere generar el escenario político interno para otro referéndum habilitante en favor de un nuevo período presidencial, cosa que Morales puede hacer hasta antes del término de su mandato.
El sacrificio de la relación bilateral a costa de declaraciones irresponsables, que buscan promover un etnonacionalismo, un antichilenismo, nos parece grave. Y lo digo porque el vínculo entre los pueblos boliviano y chileno -y agregaría también al peruano- es de largo aliento y de interdependencia, particularmente en la zona norte de nuestro país.
Por tanto, la irresponsabilidad de declaraciones de tipo populista del Presidente Evo Morales y de su Canciller , David Choquehuanca, por supuesto que son graves.
Desde los hechos que desembocaron en la guerra, no recuerdo un período de la historia en que las relaciones entre Bolivia y Chile estén más distanciadas.
En mi opinión, debemos cultivar el vínculo que une a ambos pueblos, porque va más allá de la ambivalencia de las expresiones del Presidente Morales y su Canciller.
Las últimas declaraciones, en las que se señala la disposición a derramar sangre para recuperar territorio y las aguas del Lauca, a nuestro juicio, rayan en la provocación más absoluta.
Por eso le hemos pedido al Ministro de Relaciones Exteriores chileno impulsar la denuncia del Acuerdo, que es una facultad exclusiva de la Presidenta de la República, a quien le corresponde conducir las relaciones exteriores del país.
Y, además, hemos llamado a que se declare persona non grata al Canciller David Choquehuanca. Creemos que su actitud efectivamente vulnera la relación entre ambos Estados.
Adicionalmente, solicitamos que la diplomacia de nuestro país inicie una campaña para denunciar la hostilidad permanente del Gobierno boliviano.
Junto al Senador señor Larraín, ambos representantes de Chile Vamos, pedimos que se haga un "Téngase presente" ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que se conozca esta campaña de hostilidad permanente, y también ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque se está afectando la paz regional.
Los dos representantes de Chile Vamos en la Comisión de Relaciones Exteriores consideramos que las declaraciones de David Choquehuanca revisten la gravedad suficiente para que nuestro país reaccione con fuerza.
Le solicito 30 segundos más, señor Presidente .
También resulta oportuno, tal como Chile generó una estrategia y un punto de inflexión al demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las aguas del Silala, que se estudien los antecedentes para demandar -si es necesario y así lo estima la Presidenta de la República - por las aguas del Lauca. Chile utiliza tan solo el 20 por ciento del caudal de dicho río y, de acuerdo al Derecho Internacional, podríamos ocupar hasta el 50 por ciento. Hemos sido prudentes hasta en eso.
Claramente las muestras de hostilidad del Gobierno boliviano hacen necesaria una señal política potente.
¡Esta es una señal importante!
También lo es la declaratoria de persona non grata.
Por eso, señor Presidente, vamos a votar positivamente el oficio de la Presidenta de la República.
Señor Presidente, tal cual se ha señalado en el informe que ha dado el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador señor Pizarro , la opinión de sus integrantes fue unánime respecto de la solicitud que ha planteado el Ejecutivo para revocar la entrega de visas en forma automática a personeros del cuerpo diplomático, autoridades o a quienes tengan pasaporte oficial del Gobierno boliviano.
Ello, en respuesta a la visita que hiciera el Canciller Choquehuanca a Chile, acompañado de cerca de 60 personas, lo que constituyó una provocación permanente a nuestras instituciones, a nuestro Gobierno, y un desafío al pueblo chileno.
Ya se ha mencionado que en esa visita dichas autoridades realizaron actos completamente inusuales, desusados.
Cantar algunos himnos en el puerto de Antofagasta es más que una provocación, es una ofensa.
No aceptar las atribuciones de autoridades en las aduanas es un desacato.
Y si bien la prudencia de nuestro Gobierno evitó que se llegara a situaciones mayores, ello no obsta a que tales hechos sean considerados una actuación ofensiva, una afrenta para Chile.
En lo sucesivo, de aprobarse el oficio de la Presidenta de la República -espero que así ocurra-, quienes vengan de Bolivia y sean autoridad tendrán que pedir permiso. ¡No es aceptable que se repita nuevamente un cuadro de esa naturaleza!
Los bolivianos, como pueblo, entrarán como siempre lo han hecho. Pero las autoridades que pretendan utilizar pasaportes oficiales o diplomáticos tendrán que pedir permiso. Y si vienen como turistas, el Gobierno ejercerá su autoridad discrecional para autorizar o no su ingreso, como a cualquier turista. Y si no garantizan que no harán actos de provocación, no podrán entrar.
Esa es la realidad, y por eso apruebo esta materia.
Sin embargo, quiero agregar, como ya se ha indicado y como lo manifesté en la Comisión hoy día, que la situación no ha terminado ahí. Esta escalada, que se inició cuando Evo Morales, unilateralmente, rompió la Mesa de Acuerdo que se venía desarrollando con bastante éxito, ha seguido progresando en una espiral de violencia verbal cada día mayor.
Se pensaba que esa actitud, como expresó el propio Presidente Morales , era fruto de una cuestión ideológica con el entonces Presidente Sebastián Piñera. Aquel dijo: "Todo va a cambiar cuando llegue la compañera Bachelet" . Pero llegó la Presidenta Bachelet y, lamentablemente, al poco andar los insultos y el tono agresivo y ofensivo se han mantenido y escalado, no solamente respecto de ella, sino también del Canciller Muñoz .
Todos los hechos referidos, más allá de la visita provocadora, han culminado, a nuestro juicio, de la peor forma con las declaraciones posteriores que manifestó el Canciller Choquehuanca. Señalar que no descartaba recurrir al derramamiento de sangre para recuperar lo que estima era boliviano me parece que ha llegado al extremo de lo aceptable y tolerable.
Si bien Chile tiene vocación de paz -y debe mantenerla-, nosotros no podemos ignorar lo que hay detrás de esas palabras, porque es una progresión que va subiendo el tono cada día más.
El Presidente Evo Morales no ha desmentido ni rectificado a su Canciller. A mi juicio, a estas alturas solo cabría pedirle la renuncia si quiere corregir esos dichos.
Pero las declaraciones están y, por lo mismo, hemos planteado la conveniencia de que se pongan en conocimiento de los organismos internacionales pertinentes.
Yo sé que la política de Chile no es multilateralizar este problema, porque no es el escenario que corresponde. Sin embargo, se ha manifestado una velada amenaza bélica. Y, frente a amenazas bélicas, es imprescindible informar de ello a los organismos internacionales de seguridad, para que no se entienda que este es un hecho aislado ni la locura de alguien.
En verdad, mi primera reacción fue recomendarle al Canciller Choquehuanca ver a un especialista, porque sus declaraciones me parecieron extremas.
Ha pasado el tiempo y no se rectifican los dichos. El Gobierno boliviano no entra en la materia.
Por cierto, la Cancillería chilena es la encargada de tomar las decisiones en este ámbito. Uno solo hace sugerencias para que quede constancia ante el país y, desde luego, ante las autoridades bolivianas de que nos parece que el asunto se ha llevado al extremo de lo tolerable. Independientemente del proceso que se sigue en La Haya, las declaraciones vertidas rompen la confianza final que teníamos en las autoridades del Gobierno boliviano de hoy.
Señor Presidente, entiendo esta propuesta del Ejecutivo como una medida excepcional, como una respuesta a actos agresivos de algunas autoridades del Gobierno del Presidente Evo Morales, particularmente de su Canciller, quien llega al extremo de hacer amenazas de derramamiento de sangre en las fronteras respecto del uso del río Lauca, que reparte sus aguas entre ambos países en los términos que, como aquí se ha señalado, disponen los convenios internacionales.
Sin embargo, echo de menos una política más integral por parte de Chile frente a lo que ya parece visible: una política del Gobierno boliviano, con estrategia, con planes, con acciones, a fin de crear un conflicto ficticio para entrar a cuestionar el Tratado de 1904.
No se trata de simples incidentes aislados o hechos menores de carácter comunicacional, sino de acciones que tienen un fin: construir un caso.
También debo advertir que un escalamiento de este conflicto puede crear la imagen de un territorio en litigio, lo que afectaría los intereses chilenos y, al mismo tiempo, generaría algún tipo de incerteza en nuestra imagen internacional como área de inversiones.
Por otra parte, debemos tener la prudencia de entender que el pueblo de Bolivia no quiere sangre. Todas sus demostraciones indican que aspira a la paz, al progreso, a la integración y a la convivencia, como lo evidencian a diario familias bolivianas y chilenas, sobre todo de las regiones del norte de nuestro país, quienes conviven a través de la frontera en forma pacífica y bajo modos de complementación y desarrollo en sus vínculos familiares.
Por lo tanto, me parece necesario insistir en que, si bien es imprescindible que el Ejecutivo dé algunas señales de preocupación y de rechazo frente a lo que parecen actitudes hostiles, no debemos perder la perspectiva de que un escalamiento del conflicto es el propósito buscado por el Gobierno boliviano. Requerimos contar con la inteligencia diplomática, política y jurídica necesaria para dar un manejo integral a estos hechos y no caer en el riesgo de réplicas y contrarréplicas ante actos puntuales.
En consecuencia, dados el contexto de las relaciones y la importancia de dar esta señal, voto a favor de esta medida especial propuesta por la Presidenta de la República.
Señor Presidente, a quienes seguimos con mucha atención -yo lo hice cuando estuve en la Cámara de Diputados- el desarrollo de las relaciones Chile-Perú y Chile-Bolivia no nos extraña el punto al que han llegado las cosas con la nación altiplánica.
Más allá de las consideraciones de respeto al Derecho Internacional, que muy bien detallaron nuestro Canciller , los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra y el mismo Presidente de la Corporación, en términos prácticos tengo la sensación de que no va a haber ruido de sables y menos derramamiento de sangre.
Lo digo porque pienso que esta es una pataleta más a las cuales nos tiene acostumbrados el Gobierno boliviano.
Sabemos que las situaciones descritas se usan en la política interna del país vecino, porque el deseo del Presidente Morales es proyectarse a través de un sucesor para seguir gobernando Bolivia.
En el Tratado de Paz y Amistad de 1904 quedaron plenamente detallados y acordados nuestros límites con Bolivia. Considerando esto, la decisión que ha tomado nuestro Gobierno pone un límite a la falta de respeto que ha tenido ese país hacia nosotros, en circunstancias de que ambas naciones debieran relacionarse en la más sana convivencia.
Sin embargo, Bolivia ha actuado unilateralmente de forma inadecuada, razón por la cual se merece una respuesta como la que Chile ha adoptado a través del instrumento que hoy estamos votando (prohibir el libre acceso a Chile a las autoridades bolivianas). El derecho que la nación vecina se pudo haber ganado lo ha perdido hoy día, por una conducta que no corresponde.
En todo caso, me parece que no debemos hacer de esto una cuestión apocalíptica con Bolivia.
Dicho país busca crear conflictos con Chile y así articular su política interna para ocultar una verdad: un pueblo que tiene hambre, un pueblo que sufre necesidades, un pueblo que no avanza y un pueblo que no se desarrolla.
Es ciencia ficción pensar que va a correr sangre con Bolivia.
Chile es una potencia y, aunque las comparaciones sean odiosas, no se va a prestar para aplastar a un débil. Esa no es la conducta que ha tenido nuestro país.
En mi opinión, la medida propuesta goza del respaldo de todos los chilenos y sirve para decirle a Bolivia -en especial, al Presidente Evo Morales- que nosotros no nos vamos a apartar de la actitud que nos ha caracterizado: ser un país que acoge al forastero, ser un país que recibe a los bolivianos que vienen en busca de una vida nueva.
¡Aquí les damos la oportunidad de alcanzar una mejor calidad de vida!
¡Aquí podemos ofrecerles salud, educación, alimentación para sus familias!
Bolivia es un pueblo que se muere de hambre y en el cual se engaña a la gente con esta actitud de violencia verbal y de otra índole hacia nuestro país.
Chile hoy día pone en su lugar no al pueblo boliviano, sino a un Gobierno nefasto, inadecuado, que implacablemente usa y engaña a su gente.
Hoy día restablecemos el respeto que debe tener un país vecino.
Señor Presidente, valoro las expresiones del señor Canciller porque circunscriben el problema, desde el punto de vista diplomático, exclusivamente a las autoridades del vecino país.
Señalo lo anterior también en mi condición de Presidente de la Comisión Especial de Zonas Extremas, en la cual estamos analizando el proyecto que moderniza la legislación aduanera y las zonas francas.
Los personeros de las zonas francas, que tienen una relación muy potente no solo en lo económico, en lo social y en lo cultural con los países vecinos, acusan la repercusión de la política exterior de cualquiera de estos últimos en forma inmediata. Son como una especie de sensor en ese sentido.
Lo que han planteado es la necesidad de tener una mejor comunicación con la Cancillería cuando se realizan determinadas declaraciones públicas o acciones -no estas-, porque los afectan directamente.
Las relaciones exteriores no solo consideran los aspectos diplomáticos, sino también los económicos, todo lo que significan las relaciones sociales, humanas, culturales, la integración física, las cuencas compartidas.
En este sentido, hay mucho por hacer. Tenemos un mundo muy extenso para mejorar las relaciones con nuestros países vecinos.
Por eso, yo no hablaría de "Bolivia"; hablaría de "el Gobierno de Bolivia". El punto está ahí, no en el país.
Es particularmente importante cómo se enseña la historia de los países vecinos. La verdad es que en algunos momentos a los niños se les entrega el odio y el veneno en la mamadera. Y eso predispone al pueblo en una determinada línea de pensamiento y hace que las autoridades también tengan que actuar de una manera consistente con ello.
En este contexto, se puede nombrar un ejemplo distinto: el de Argentina. En dicho país hasta antes de los años noventa a los niños se les enseñaba en los textos de estudio que Chile llegaba hasta Puerto Montt y que todo lo que había desde esa ciudad hacia el sur era argentino.
Los propios argentinos -entre ellos, Carlos Escudé- denunciaron este tipo de prácticas en los textos de estudio, porque se alejaban de la verdad a través de investigaciones históricas sin revisionismo.
En el fondo, se hace luz sobre algo que se mantiene de adrede en la oscuridad y que se aprovecha con fines bastante mezquinos.
En ese sentido, desde luego que voy a respaldar esta decisión. Pero que quede absolutamente claro que, como ha señalado el Canciller, ella no va en contra del pueblo boliviano. Las relaciones se mantienen en su normalidad. De hecho, es al revés: hay que acrecentarlas. Esta medida se toma contra determinadas actitudes que son utilizadas políticamente por las autoridades del vecino país.
Solicito autorización de la Sala para que pase a reemplazarme en la testera por algunos minutos el Honorable señor Tuma.
¡Cualquiera menos el Senador Zaldívar...!
¿Y el Vicepresidente dónde está?
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Tuma, en calidad de Presidente accidental.
Señor Presidente, da pena constatar, una vez más, la torpeza humana.
Por lejos, debemos de ser los animales que tienen el peor comportamiento en la Tierra.
Hay una amiga que debiera acompañarnos en momentos particularmente especiales y duros: la prudencia. Es necesario ser prudentes.
En esa línea, yo felicito lo que ha hecho nuestra Cancillería, en la persona del Ministro, al no escalar en una posición que nadie puede garantizar a dónde nos llevará o dónde nos dejará. ¡Prudencia!
La torpeza humana. Una vez más, la tenemos presente.
Nuestros hermanos bolivianos toda la vida, ad aeternum, van a ser nuestros vecinos. Por lo tanto, es una realidad con la cual debemos vivir. Más aún, debemos aprender a convivir y buscar el mecanismo que permita que estos dos pueblos tengan la más sana convivencia.
Entonces, el problema no es con el pueblo boliviano. Es con el Gobierno boliviano, que ha tenido una actitud que, por lejos, nos ha llevado hoy día a una escalada de comentarios, de dimes y diretes, y que, sin duda alguna, nos tiene que hacer reaccionar.
Probablemente -y recogeré la larga experiencia de nuestro Canciller en esta materia-, esta era una medida absolutamente indeseada, una medida a la que nunca se ha recurrido. Entiendo que es la primera vez que nuestro país se ve obligado a tomarla. Jamás se pensó.
La conducta de las autoridades bolivianas nos ha obligado a reaccionar. Y entiendo que esta es la medida más amigable, la más armoniosa, la más hermanable que podemos tomar frente a la forma en que el Gobierno boliviano ha llevado la relación con nuestro país en el último tiempo.
Yo desearía, señor Presidente, que esta torpeza humana dejara de escalar. Y quiero pedir algo en los minutos que me quedan.
Considero que en estos momentos es cuando tiene que haber gestos enormes, con una visión que abarque más allá de la problemática actual.
Nuestras autoridades, la propia señora Presidenta , el propio Canciller , tendrán que hacer el gesto de ir al país vecino, buscar un lugar equidistante para que se junten las autoridades de estos dos pueblos. Y entender que más allá de la cosa irracional, más allá de la torpeza humana, más allá de esta conducta que escapa absolutamente al deseo que tienen ambos pueblos, tendremos que buscar un mecanismo inteligente, un mecanismo de paz que permita que esta situación no siga escalando.
A mí me tocó presidir el Grupo Parlamentario Chileno Argentino -y me honro en tener que hacerlo de nuevo-, que abarca la segunda frontera más grande del mundo: más de 5.000 kilómetros.
Esto nos obliga a eliminar los textos de estudio en los que se hable contra un determinado país y llegar a acuerdos.
En Chile hay más de 60 mil bolivianas y bolivianos. Se lo preguntaba al Ministro . Ellos tomaron alguna vez la decisión de venir a Chile. Y no hay un país mejor que otro. Obviamente, cada uno siente amor por su patria. Pero enfrentarnos a ver qué país es más rico, más pobre, mejor o peor, solo nos lleva a agudizar mucho más esta innecesaria escalada que hoy tenemos entre estos dos pueblos.
Yo quiero llamar a la cordura, quiero llamar a la prudencia, quiero llamar a la inteligencia humana para superar este impasse con nuestro país hermano.
Votaré favorablemente porque es una decisión que, no siendo deseada, es la mejor que podemos tomar como una forma de dar un mensaje no solo a Bolivia, sino también al resto de nuestros hermanos de América Latina, para entender que la inteligencia humana debe prevalecer por sobre la avaricia, la desinteligencia y la torpeza.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Coloma.
Señor Presidente, quiero que mis primeras palabras sean para respaldar plenamente lo que ha hecho la señora Presidenta de la República , a través de su Canciller, en cuanto a solicitar, como lo dice la Constitución, la opinión del Senado y de la Cámara de Diputados para terminar con el Acuerdo entre Chile y Bolivia respecto de la exención de requisitos de visas para los titulares de pasaportes diplomáticos.
Yo deseo ser categórico. Aquí no hay dos lecturas. Me parece que es una decisión que requiere el respaldo, la coherencia y la convicción de que se está actuando en la línea correcta. Y quiero partir señalando eso.
En segundo lugar, deseo hacer una reflexión respecto de cuál es la naturaleza de los acuerdos a que llegan los países para eximir de un requisito determinado. Porque lo hemos discutido varias veces en el Congreso.
Hay decenas de acuerdos con otros países latinoamericanos en los que precisamente se establece -y se ha planteado como un gesto de confianza en la autoridad respectiva- que la contraparte no deba cumplir una serie de requisitos que, en términos normales de las relaciones internacionales entre dos países, debería cumplir.
Si el hecho de que se exija un requisito respecto a las visas diplomáticas no es una anormalidad: es la normalidad.
Lo que ocurre es que los países tratan de evolucionar, tratan de acercarse. Así lo hemos hecho en muchos casos en que hemos realizado el esfuerzo, como Estado -y, en su momento, con otro gobierno boliviano-, de decir: "Hagamos más fáciles las relaciones entre ambos países y establezcamos una excepción fruto de la confianza; fruto del entendimiento de que estamos actuando de buena fe, y fruto de asumir que ese representante del Estado lo que buscará es un acercamiento en las relaciones de los países y no su deterioro".
Entonces, la reflexión que hay que hacer es si efectivamente la incursión y las declaraciones del Canciller Choquehuanca apuntan en el sentido de validar esa política de acercamiento o tienen más bien como propósito hacer explotar la relación entre los países, sea por intereses presidenciales ocultos -según plantea la prensa boliviana-, sea por la competencia que tiene con el Vicepresidente respecto de la sucesión de Evo Morales, o sea por instrucciones precisas del Primer Mandatario.
Lo concreto es que aquí se vino a hacer un acto provocador. No se concurrió a fiscalizar, a revisar, sino a provocar. Nadie va a otro país con tan numerosa comitiva ni canta la canción nacional de su país en presencia de autoridades de la contraparte sin tener por objeto preciso provocar una reacción, lo que, encima, continuó con la lógica del derramamiento de sangre planteado.
Con ello, no se hace sino configurar un cuadro global en donde uno legítimamente puede decir que aquí no existe confianza, que aquí no se precisa la excepción descrita. La situación exige una posición de firmeza. Y ser firme no significa actuar con arbitrariedad, sino aplicar la ley en el sentido correcto.
Por eso la Constitución -es primera vez que se usa este mecanismo, de ahí que sea un momento tan especial-, en su artículo 54, N° 1), inciso sexto, se coloca (y también la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional) en el evento de tener que denunciar un tratado y establece que al Presidente de la República corresponde la facultad exclusiva para hacerlo, "para lo cual pedirá la opinión de ambas Cámaras del Congreso, en el caso de tratados que hayan sido aprobados por éste" -tal como ha ocurrido-, precisamente con el objeto de dejarlo sin efecto.
La pregunta que cabe formularse es si quizá para el Gobierno también pudo haber sido más fácil obviar, hacerse el leso, ignorar la situación. Pero yo creo que ignorar la situación significa, en el fondo, tomar una decisión, decisión que, a mi juicio, habría sido muy equivocada.
De ahí que comparto que se actúe con serenidad, pero con firmeza frente a la contraparte boliviana, dando una señal potente de unidad al interior de Chile, y dejando claro -por eso se ha recurrido a todos los mecanismos institucionales- que esta es una excepción, en vista de la actuación de la dirigencia boliviana, que desde todo punto de vista es inaceptable.
¡Yo no sé quién, en un mundo globalizado, podría esperar que se entendieran provocaciones de este tipo!
No adoptar una medida mínima como esta, a mi juicio, sería transitar por la línea del dejar pasar, y sabemos que el dejar pasar, al final, se vincula a una debilidad, que yo la habría malentendido de no haberse operado de la manera en que se hizo.
Por eso, señor Presidente, me parece que se trata de una decisión justa, necesaria, que interpreta una forma serena de conducir las relaciones de un país, pero que también entrega una señal potente de que el ninguneo, el ataque artero en Chile siempre tendrán una respuesta firme en su contra.
En consecuencia, no solo aprobamos la decisión consultada, sino que también entendemos que se debe estar especialmente vigilante respecto de otras señales de agresión que estos gobernantes puedan plantear y, desde ya, les hacemos presente que siempre van a encontrar un Parlamento unido y un país que en esto no tiene dos opiniones.
Señor Presidente, solo deseo añadir a lo ya dicho que considero que el mensaje que estamos enviando con la aprobación de esta solicitud es muy simple: ¡con Chile no se juega!
Ahora, evidentemente, en las relaciones diplomáticas vecinales la medida que nos vemos obligados a aprobar -digámoslo así- es drástica. Se trata de denunciar el Acuerdo entre Chile y Bolivia sobre exención de visas para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales.
Dicha medida es muy drástica, porque con Chile no se juega.
Sin embargo, aquí se ha hecho una distinción muy adecuada entre el pueblo y las autoridades bolivianas, y resulta claro que lo que estamos haciendo es tomar esta decisión forzosamente, desgraciadamente, casi inevitablemente, por un cúmulo de provocaciones que hemos conocido en el tiempo de parte de las autoridades bolivianas.
Y lo hacemos como aquí se ve: en un tono sereno, tranquilo. Esta es casi una conversación en el Hemiciclo del Senado, donde, por unanimidad -seguramente-, vamos a aprobar la medida que se desea adoptar, que es drástica.
¿Qué es lo lamentable, más allá de esta decisión?
Que nuestro país, a través de su historia, ha demostrado una invariable vocación de integración. Avanzar hacia la más plena integración con Perú, con Bolivia, con Argentina ha sido la línea de continuidad histórica de nuestra política exterior, especialmente en el último siglo.
Sin embargo, por desgracia, no hemos encontrado eco, especialmente en el caso de Bolivia.
En 1962, unilateralmente Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile, a pesar nuestro.
En 1978, Bolivia, a través de una decisión unilateral, volvió a romper relaciones diplomáticas con Chile, después de los esfuerzos que se hicieron en Charaña.
Pero nuestro país continuó, especialmente desde que recuperamos la democracia, tratando de fortalecer la relación diplomática bilateral con Bolivia.
En 1999, en Algarve, Portugal, dijimos: "agenda sin exclusiones". ¡Qué demostración más clara de esa voluntad! No hay temas vedados. Todo se puede conversar.
Me tocó en el Gobierno del Presidente Lagos el honor, como Canciller, de tratar de avanzar en esa agenda en los más distintos ámbitos -no los voy a enumerar-, pero quiero hacer presente que el Presidente Lagos, en seis años, tuvo seis Presidentes de interlocutores -¡seis!-: Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales.
Me correspondió relacionarme con los últimos tres como Canciller, insistiendo en la idea de tratar de generar una buena relación.
Desgraciadamente, falleció Hugo Banzer, con quien había conversaciones bastante avanzadas en distintos sentidos.
Después vino la "agenda de los 13 puntos", con una temática rica, comprensiva, integral, para ver los temas de integración bilateral.
Y en 2012, durante el Gobierno del Presidente Piñera, el Presidente Morales y el Canciller Choquehuanca cerraron nuevamente la puerta. Fue un verdadero portazo, porque Chile se negaba a abrirse a la posibilidad de una salida soberana al mar, cosa que nunca estuvo en estas conversaciones, porque, en fin, hay un tratado y todo lo que se conoce.
Entonces, si hay algo que ha hecho Chile a través de muchas décadas de su historia es avanzar hacia la más plena integración con Bolivia.
Pero, por desgracia, eso no ha sido posible, y la gota que rebasó el vaso -digámoslo claramente- es esta visita absolutamente anómala, irresponsable; una verdadera provocación del Canciller Choquehuanca , que llegó con 60 personas, con todo lo que sabemos. En definitiva, un comportamiento totalmente ajeno a las normas básicas de las prácticas diplomáticas.
Bolivia se negó a llegar a un acuerdo previo, explícito con Chile al respecto. La llamó "una visita de inspección", algo que no existe. Y esa descortesía flagrante llevó finalmente a la Cancillería -¡muy bien hecho!- a presentar una nota de protesta.
En fin, nos hemos visto forzados a llegar a esta situación extrema que nadie desea, pero de la cual no tenemos escapatoria ni otra alternativa más que decir: "Miren, ¿saben que más?, la próxima vez que alguna autoridad de Bolivia venga a Chile debe hacerlo con la visa estampada en su pasaporte". Porque, desgraciadamente, estos comportamientos son incompatibles con la política de buena vecindad que invariablemente hemos intentado llevar a cabo -y lo seguiremos haciendo- en nuestras relaciones bilaterales.
Por las razones expuestas, lamentando, evidentemente, esta drástica decisión de parte de Chile -porque lo es-, pero con serena firmeza (ya se dijo), nos vemos en la obligación de otorgarle nuestro respaldo a dicha medida.
--Por 33 votos a favor, el Senado emite su parecer favorable a la denuncia del Acuerdo con Bolivia sobre Exención de Requisito de Visas Diplomáticas.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Señor Presidente, solo quiero agradecer al Honorable Senado por este voto unánime, que constituye un respaldo a Chile, a la dignidad de nuestro país, a las relaciones que queremos mantener, en el mejor plano, con el pueblo boliviano -como varios aquí lo señalaron-, pues hay lazos de integración, de negocios, de estudios, de migración que vamos a continuar conservando.
Pero se trata de una señal política que queremos dar frente a la intolerancia, a la falta de respeto por las normas mínimas que rigen las relaciones entre Estados libres.
Así que agradezco nuevamente el voto contundente y unánime de la Cámara Alta.
Corresponde tratar en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.164-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 68ª, en 10 de noviembre de 2015 (se da cuenta).
Hacienda: sesión 11ª, en 19 abril de 2016.
Hacienda (segundo): sesión 34ª, en 2 de agosto de 2016.
Sesión 12ª, en 3 de mayo de 2016 (se aprueba en general).
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 3 de mayo de 2016.
La Comisión de Hacienda deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
El referido órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto despachado en general, algunas de las cuales se aprobaron por unanimidad, y otras, que serán puestas en discusión y votación oportunamente, se acogieron por mayoría de votos y con algunas abstenciones.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o que existan indicaciones renovadas. De estas enmiendas unánimes, la recaída en el número 10 del artículo 1° del proyecto debe ser aprobada con 21 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Con el mismo quorum deben aprobarse en particular los números 2, 8 y 16 del artículo 1o y el artículo segundo transitorio, disposiciones de carácter orgánico constitucional que no tuvieron enmiendas en el segundo informe, pero que sí fueron objeto de indicaciones.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que transcribe las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda y el texto como quedaría de aprobarse esas modificaciones.
De consiguiente, salvo que existiera otro acuerdo, habría que votar todas las enmiendas unánimes, incluidas las normas de quorum especial, más aquellas disposiciones que no tuvieron modificaciones, pero que también son de rango orgánico constitucional.
Señor Presidente, nosotros ya discutimos en general este proyecto. Y ahora corresponde que lo votemos en particular.
Tal como plantea la Secretaría, creo que podríamos realizar una sola votación, pues la casi totalidad de las proposiciones vienen aprobadas por unanimidad, salvo dos o tres, en que hubo Senadores que se abstuvieron, pero -lo conversé con Sus Señorías- por cuestiones menores. Además, algunas normas requieren quorum orgánico constitucional.
Ello, sin perjuicio de que quienes lo deseen, al fundamentar el voto, puedan referirse a esta iniciativa en su conjunto.
¿Les parece a los señores Senadores proceder de esa manera?
Señor Presidente, el Sistema de Alta Dirección Pública ha sido una de las reformas más importantes del proceso chileno de modernización del Estado, pues ha permitido dotar a los servicios públicos de profesionales competentes para que implementen políticas públicas que se definen en el Congreso Nacional en conjunto con el Gobierno.
Mediante un modelo que busca conciliar la idoneidad y la confianza, selecciona por concurso público a los candidatos más aptos, y producto de su reconocimiento y validación ha ido paulatinamente expandiendo sus fronteras y ámbitos de acción no solamente a nuevos servicios públicos del Gobierno central, sino también a otros organismos del Estado y del ámbito municipal que utilizan la Alta Dirección Pública como mecanismo de selección directiva basado en el mérito.
A trece años de funcionamiento, este proyecto viene a perfeccionar y blindar el sistema de Alta Dirección Pública, extendiéndolo a nuevos servicios y cerrando vacíos que permitían a las autoridades "baipasear la ley", sobre todo durante los cambios de Gobierno y de coalición.
En el contexto de los dramáticos casos de menores que estaban a cargo del SENAME y que fallecieron y a la luz de lo ocurrido en Gendarmería, donde hemos conocido casos de funcionarios públicos que "se sirven del Estado", esta iniciativa responde a la necesidad de potenciar la gestión pública y también sintoniza con la demanda ciudadana creciente de probidad, transparencia y eficiencia en el aparato estatal. Para ello, resulta imprescindible que los servicios públicos sean encabezados por directivos idóneos y con probada capacidad de gestión.
En la Comisión de Hacienda le dimos un amplio apoyo (unánime) a este proyecto tanto en general como en particular, cuando revisamos cada uno de sus artículos. Sin embargo, creo importante darle nuevamente un apoyo macizo durante la votación particular en la Sala, como muestra de nuestro compromiso con la profesionalización del Estado, y porque, sin duda, es una forma de recuperar la confianza y la credibilidad en la función pública.
Quisiera destacar un elemento significativo que se incorpora a la ley en proyecto.
Es muy relevante que por el bien de un sistema de selección como este exista toda la transparencia que sea necesaria. Por cierto, que se protejan los datos sensibles de los candidatos (esta materia fue abordada en la Comisión de Hacienda), pero que la ciudadanía, al mismo tiempo, pueda formarse su propia opinión acerca de estos procesos y darle mayor legitimidad a la forma en que se nombra a los directivos públicos.
Al aprobar esta iniciativa estamos dando buenas noticias a nuestro país y avanzando hacia un mejor Estado para los ciudadanos.
Este proyecto propone el fortalecimiento de la gestión de personas en el Estado y perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública.
Se destaca como una iniciativa de la Presidenta Bachelet planteada -es el marco en que se halla inserta- con posterioridad al Seminario Internacional de Alta Dirección Pública 2014, organizado por el Servicio Civil y el Senado. En mi calidad de Vicepresidente de la Cámara Alta me correspondió participar en ese gran evento, que fue dirigido por el Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, don Rodrigo Egaña, y donde se recogieron opiniones no solo del sector público, sino también de distintas entidades preocupadas de la cosa pública respecto de cómo deberíamos mejorar lo relativo a la selección, calificación y requisitos de los distintos funcionarios que han de nombrarse mediante procesos competitivos y transparentes.
El proyecto de ley que estamos votando hoy día tiene como objetivo precisamente consolidar un sistema que le permita a nuestro país contar con directivos públicos que acceden a sus cargos, en primer lugar, porque reúnen las competencias y habilidades para ello. Un sistema como este nos posibilita avanzar decididamente en la profesionalización de la función pública y dar testimonio a la ciudadanía de que a los altos cargos de la Administración del Estado se accede por mérito y no por pituto.
Con la aprobación de esta iniciativa estaremos consolidando la posición de liderazgo de Chile en el ámbito de la gestión de personas y de los directivos de servicios públicos.
Por ello, señor Presidente, creo que prestigia al Congreso Nacional aprobar este proyecto.
Señor Presidente, el Sistema de Alta Dirección Pública, desde hace trece años, es la principal reforma del proceso de modernización de la gestión pública en Chile.
Ha sido validado por 342 mil 700 postulaciones de candidatos. Ha impuesto un estándar; ha permitido renovar los cuadros de directivos del sector público, elevar la participación de la mujer y situar a nuestro país como referente internacional en esta materia.
Ha permeado el valor del mérito al resto del Estado, extendiéndose más allá de sus fronteras originales, al seleccionar, entre otros, a directivos del Consejo para la Transparencia; a jueces tributarios y aduaneros y de los tribunales ambientales; a directores de CODELCO; a directivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de intervenir en la selección de 3 mil 900 directores de establecimientos educacionales municipales en más de 300 comunas de nuestro país.
Pese a los logros alcanzados, hay un amplio consenso respecto a la necesidad de perfeccionar dicho Sistema a los efectos de:
-Morigerar el impacto de la alternancia en el poder en el Sistema de Alta Dirección Pública: ha experimentado desde su creación dos cambios de coalición gobernante, los cuales se tradujeron en masivas desvinculaciones (60 por ciento, en promedio, de los directivos de primer nivel y 43 por ciento de los de segundo nivel).
-Incorporar también perfeccionamientos en otros ámbitos: entre ellos, la disminución de la duración de los procesos de selección, el fortalecimiento de los convenios de desempeño de los altos directivos públicos, el robustecimiento de la institucionalidad del referido Sistema.
Este proyecto es producto de distintos aportes. Por ejemplo, las diversas iniciativas que se presentaron con anterioridad; el debate llevado a cabo en el Consejo de Alta Dirección Pública; la discusión en el Parlamento; la opinión de expertos y académicos, y las mejores prácticas internacionales.
¿Cuáles son las principales contribuciones?
En primer término, hace frente al impacto de los cambios de coalición gobernante mediante las siguientes medidas:
-Designación directa por parte del nuevo Gobierno de hasta doce cargos de primer nivel de la Alta Dirección Pública.
-Eliminación de la figura de los ocupantes transitorios y provisionales.
-Limitación a concursos de Alta Dirección Pública en los últimos ochos meses de un gobierno.
-Desvinculación de altos directivos de segundo nivel durante los seis primeros meses del respectivo período presidencial.
-Limitación de declaraciones de desierto en el segundo nivel.
En segundo término, amplía el ámbito de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública: incorpora los dos primeros niveles jerárquicos de CONADI; SENAMA; SENAME; Dirección del Trabajo; FONASA ;ODEPA ;Instituto Nacional de la Juventud; Dirección General de Obras Públicas; Dirección de Planeamiento del MOP; SERVIU; cargos de subdirector médico y de subdirector administrativo de hospitales en determinados Servicios de Salud.
Además, esta iniciativa incorpora, bajo ciertos supuestos, a los jefes de programas que administran importantes acervos de recursos y a los gerentes de CORFO como cargos no adscritos (se aplica su proceso de selección), y se compromete -esto es tremendamente importante y fue muy debatido en la Comisión- el envío de proyectos de ley sobre Alta Dirección Pública municipal (es muy relevante extender el sistema a nivel de los municipios) y aplicación de selección basada en el mérito a directores de empresas públicas del SEP.
En tercer lugar, fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Consejo de Alta Dirección Pública, entre otras cuestiones, mediante el deber de implementar planes y programas de inducción, acompañamiento, formación y desarrollo de la ADP; o sea, por un lado existe un proceso de selección, y por el otro, un programa de seguimiento de las personas que ocupan cargos de altos directivos públicos.
En seguida, optimiza el proceso de selección. Se establece un sistema de precalificación, un banco de candidatos que incorpora a personas que han participado en otros concursos, que han reunido los requisitos, por lo que la selección final será mucho más breve y directa.
Asimismo, simplifica el modelo de remuneraciones; precisa el alcance de la confidencialidad; permite a los funcionarios públicos nombrados por la Alta Dirección Pública volver al cargo de planta que tenían antes; mejora la situación de los cargos críticos del sector salud; aumenta la dotación de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
De otro lado, es importante llamar la atención en el sentido de que el perfeccionamiento legal de la Alta Dirección Pública no tendrá resultados suficientes ni significativos si no se suma la voluntad política, el compromiso de todos nosotros y del país de avanzar en el proceso de profesionalización y mejoramiento de la dirección pública, en la convicción de que un Sistema de Alta Dirección Pública sólido fortalece la confianza ciudadana en las personas llamadas al servicio público y favorece la probidad, la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad frente a la ciudadanía.
Señor Presidente, ha quedado un muy buen proyecto, con avances significativos. Por lo tanto, debemos aprobar todas las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente, la discusión general la realizamos en una sesión anterior, y ahora hemos convenido en efectuar una sola votación, sin perjuicio de que en el informe pertinente se consignan algunas de las diferencias, más bien menores, que tuvimos al interior de la Comisión, donde se culmina con un proyecto que, para ser bien franco, es la última esperanza -por lo menos desde mi perspectiva- de que en Chile pueda haber una Administración Pública de calidad, independiente de los criterios políticos que en determinado momento puedan existir.
Aquí se hizo una gran apuesta el año 2003, al entender que lo que realmente se requería era que profesionales con alta capacidad, independiente de su ideología, ocuparan los cargos más relevantes de nuestro país y que ello no supusiera una visión política, lo cual es perfectamente legítimo. Nadie puede elegir por Alta Dirección Pública a los ministros ni a los seremis, quienes responden a otra lógica; pero, sí, respecto de los 125 servicios existentes en Chile es factible convenir que los dirijan personas cuyo sello principal sea la calidad.
Da lo mismo, cuando uno va a un hospital, si el director es socialista, de la UDI, del PPD o independiente. Lo importante es que sea bueno y realmente capaz de implementar las políticas públicas necesarias para que la ciudadanía reciba una buena atención de salud.
Eso mismo se puede vincular a un montón de servicios públicos que se hallan en una situación similar.
Digo lo anterior porque fue un gran sueño.
Pero también coincido con algunos en que aquello no ha tenido el efecto deseado, en gran medida porque, cuando ha habido sucesiones de gobiernos de ideologías distintas, se han producido verdaderas razias. Y eso le ha hecho muy mal al sistema.
Yo quiero ser franco: ocurrió parcialmente en el Gobierno que defendí -y lo sigo haciendo-, del Presidente Piñera , y con mucha más fuerza todavía en la actual Administración, de la Presidenta Bachelet .
Entonces, se produjo un descrédito. Cuando el 65 o el 80 por ciento de las personas elegidas por Alta Dirección Pública ven que a la primera de cambio, al asumir un nuevo Gobierno, son desvinculados de sus cargos, obviamente el sistema entra a colapsar.
Reitero: esta es la última esperanza, a mi juicio, de poder reenfocar una muy buena idea.
Y asumiendo que los problemas son las desvinculaciones, la alta rotación, los modelos no tan eficientes y la figura legal del directivo transitorio y provisional, se busca hacer lo contrario: fortalecer la Dirección Nacional de Servicio Civil; ampliar el Sistema de Alta Dirección Pública a nuevos cargos o servicios.
Logramos diez; me habría gustado que fueran más (ello formó parte de una larga discusión). Pero por lo menos ahora la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, el Instituto Nacional de la Juventud, el SENAMA, el Servicio Nacional de Menores, el Fondo Nacional de Salud, CONADI, la Dirección del Trabajo tendrán profesionales independientes afectos al Sistema de Alta Dirección Pública y no una situación en que un partido u otro legítimamente puede ganar o perder.
También se incorpora la Dirección Nacional del Servicio Civil, al igual que la Dirección General de Obras Públicas y la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas.
Se trata de una garantía. Es un candado a la demagogia que estamos poniendo entre todos en términos de decir: "Esta es la administración del Estado con la eficiencia que se tiene que buscar".
Obviamente, es preciso implementar las políticas públicas -y ello les corresponderá a los gobiernos y sus autoridades-, pero cabe considerar la ejecución particularmente de aquellas de largo plazo. Mis Honorables colegas advertirán que la Dirección General de Obras Públicas ha de pensar en un país para veinte a treinta años, no en que puede sobrevenir una rotación en seis meses o en dos o tres años, según el Gobierno.
No será posible la realización de concursos para llenar vacantes en los últimos ocho meses de un período. Ello me parece muy importante.
Se crea un mecanismo más moderno de gestión de candidatos, de manera de disponer de un verdadero banco de alternativas para determinados cargos y sin que sea preciso postular cada vez.
¿El trabajo resulta completo? No. En el informe se menciona un par de cosas. El Senador que habla hubiera esperado que se contemplase una lógica de regionalización más importante, porque es muy complicado venir a competir desde los lugares más alejados, en particular cuando, más allá de los antecedentes, quienes toman los concursos finales -los mismos directivos de la Alta Dirección Pública- suelen encontrarse en Santiago, según el cargo, lo que genera un inconveniente, como es obvio. Es un punto que se planteó. Se avanzó en cuanto a la información, pero se puede construir algo más todavía conforme al criterio señalado.
Me hubiera gustado, naturalmente, que aumentase el número de alternativas.
Solicito un minuto más, señor Presidente . Espero no pasarme.
Lo tiene, Su Señoría.
En resumen, aquí se hizo un esfuerzo relevante. Hay de por medio una reflexión bastante profunda. Entiendo que en la Cámara de Diputados ocurrió lo mismo. En el Senado se llevó a cabo una labor muy grande para llegar a entendimientos en aspectos que nos interesan a todos. Creo que quedó de lado, por fortuna, el cálculo con regla de lo que le convendría a cada uno según lo que pudiera pasar o no en los gobiernos venideros. Se efectuó un intento que estimo leal y noble por salvar realmente este sistema de administración.
En países más modernos cambian las principales autoridades, normalmente, con motivo de la alternancia en el poder, pero no son más de ciento veinte o ciento cincuenta personas. No estoy planteando este límite para nosotros, pero es evidente que tal medida no puede tener lugar con relación a ocho mil o diez mil funcionarios sobre la base del sistema de Alta Administración Pública, ni menos respecto de ciento veinticinco servicios. Es necesario un esfuerzo mayor. Lo estamos desplegando. Ahora, de la responsabilidad de Chile dependerá el éxito y que podamos exhibirlo como un logro entre todos o tendremos que convencernos de que no deja de ser un sueño.
Soy más bien positivo, a pesar de la experiencia registrada. He sido crítico, en general, en los últimos años -lo he dicho en numerosas entrevistas-, y, por eso, quiero dejar claro por qué, a pesar de haber mantenido una visión contraria, juzgo que por lo menos aquí se dan pasos muy significativos para enmendar los errores. Ello, con lealtad, con honestidad y con autocrítica, como es preciso hacerlo. Tiendo a pensar que se corrigen en forma adecuada. Es de esperar que en verdad se trate de una oportunidad aprovechada y no de una perdida.
Señor Presidente, me parece que los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra han dado bastante información acerca del proyecto que estamos aprobando ahora en particular.
El articulado en examen constituye un gran adelanto, efectivamente, en relación con lo que tiene que existir en un Estado moderno, eficiente, como debe ser el chileno. Y eso principalmente se halla determinado por el hecho de existir una carrera civil funcionaria que le dé seriedad a la gestión pública. Es un sistema que en todas las sociedades de dicha índole determina que los cargos de los servicios, en general, estén cubiertos por personas designadas a través de la Alta Dirección Pública.
Ahora, pienso que Chile experimentó un avance importante en 2003 al establecer este mecanismo para la selección de ciertos funcionarios, separando los puestos de nombramiento político -por supuesto, tienen que existir cuando asume un Gobierno- y los que se encuentran en los grados siguientes, que son más bien expresión de eficiencia y exigencia, de competencia de las personas que pueden cubrirlos.
¿Por qué ello cayó en el descrédito? ¿Por qué la gente empezó a no creer? Porque, si bien se trataba de cargos señalados en la ley de ese tiempo, venía cualquier Gobierno y automáticamente le ponía término a una parte importante de las designaciones.
No quiero hacer referencia a una Administración u otra: ocurrió así en general. ¿Por qué? Porque la que llega estima que necesita absoluta confianza en los nombramientos políticos.
Una de ellas, al poco tiempo de asumir, efectuó una remoción general en los servicios de Salud.
Lo mismo pasó en el FOSIS.
La misma medida se ha verificado en forma parcial, muchas veces, en otras.
¿Y qué sucedía? Con frecuencia, personas de planta optaban a un cargo y se les pedía la renuncia al año o a los dos años, sin tener siquiera la posibilidad de volver a su puesto anterior.
A mi juicio, la iniciativa tiende a corregir todos esos defectos y a afirmar una carrera civil funcionaria, porque, como se ha dicho aquí, finalizan los directivos transitorios y provisionales.
En seguida, se establece que un Gobierno, cuando asuma, podrá seleccionar doce cargos, pero se corrige, además, algo que ha sido un error: la falta de un plazo para la designación. Efectivamente, se confecciona la terna y se determina quiénes deben participar con miras a la nominación correspondiente, y a veces ha pasado un año o más sin que se resuelva.
Aquí sí que intervenimos como miembros de la Comisión de Hacienda y le pedimos al Gobierno poner un término. Y costó algo que ello se hiciera. Señalamos noventa días. El Presidente de la República tendrá que decidir en ese lapso.
Luego definimos algo importante. El funcionario que concurse contará con nueve años de compatibilidad, porque podrá volver a la planta al terminar su nombramiento a los ocho años, si acaso cumple el período completo. Eso garantiza la participación de gente de los servicios respectivos.
Igualmente nos hemos ocupado en la transparencia. Este es otro aspecto que quiero destacar en el proyecto: cómo se lleva a cabo el proceso.
Desde luego, no se pueden dar a conocer todos los datos sensibles, pero sí se dispone que los antecedentes curriculares de la persona nombrada sean públicos.
También lo serán los puntajes finales de los candidatos incluidos en las nóminas de seleccionados, con reserva, por supuesto, de la identidad.
Asimismo, cada postulante podrá solicitar su puntaje final y el resultado de su evaluación, para que se verifiquen los antecedentes por los cuales se ha procedido de una forma u otra.
Finalmente, la Dirección Nacional del Servicio Civil se obliga a elaborar y publicar un informe de cada uno de los procesos de selección y de la historia curricular de los candidatos entrevistados.
A mí me parece que todo ello se relaciona con la situación que queremos abordar, es decir, con la vigencia de un buen sistema de Administración Pública. Y eso se logra en virtud de la aprobación del proyecto, sin perjuicio de otras materias que ya se han mencionado.
¿Me permite plantear una cuestión de Reglamento, señor Presidente?
Le solicito a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para que la Comisión de Educación pueda discutir en general y en particular a la vez la iniciativa sobre incorporación del deporte adaptado y paralímpico.
Eso se tendría que acordar después de terminada la votación.
Señor Presidente, votaré a favor de las diferentes modificaciones al sistema de Alta Dirección Pública que se efectúan mediante el proyecto en debate.
Lo haré porque creo que perfeccionar este mecanismo significa también dar un paso para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Congreso, en los parlamentarios. Esta abriga la convicción de que quienes asumen cada vez que hay un cambio de Gobierno transforman el aparato del Estado en un verdadero botín y se dedican a colocar a su gente, que mayoritariamente no reúne ningún mérito para estar allí.
Fortalecer la Alta Dirección Pública significa que la ocupación de los cargos de primer o segundo nivel en la Administración del Estado, en los servicios públicos definidos en la ley, debe hacerse a través de este sistema, que combina la idoneidad técnica y la capacidad profesional con la confianza política. Y la ecuación no es fácil de resolver. Las modificaciones que introduce el articulado buscan precisamente hacerla mucho más factible.
El Senador señor Zaldívar puso un ejemplo adecuado. La legislación vigente dispone que es preciso llamar a concurso y elaborar una nómina de entre tres y cinco candidatos, pero lo curioso es que el Presidente de la República no tiene ningún plazo para resolver en relación con los cargos de primer nivel. Conocemos situaciones en que se ignora quiénes han ganado o perdido. Por lo tanto, se establece un plazo de noventa días para que el Primer Mandatario nombre a uno de los candidatos propuestos en la terna o cuaterna que se preparará en el futuro o declare desierto el concurso.
Lo que no puede ocurrir es la falta de la resolución respectiva. Me parece que esta es una norma elemental, no solo de buena administración, sino también de respeto hacia los participantes. Es preciso saber quién gana. Y, por supuesto, los que no queden incluidos en la terna o cuaterna tienen que enterarse del resultado o de que el proceso simplemente se declaró desierto, pero no permanecer por meses o años sin saber lo que ha ocurrido.
De esa manera concreta fortalecemos el sistema de Alta Dirección Pública.
También ha sucedido muchas veces que funcionarios de trayectoria, queridos, respetados, con un enorme conocimiento y dominio de las materias correspondientes a un cargo no postulan. ¿Por qué? Porque, vencido el plazo de desempeño, no pueden continuar con sus labores dentro del mismo servicio. Con ello, se han perdido años de experiencia, de trayectoria, de carrera funcionaria.
Entonces, creo que mantenerle el cargo a personal de carrera que desee postular por el sistema de Alta Dirección Pública y, sobre todo, aprovechar su trayectoria y experiencia beneficia definitivamente a todo el país.
No afirmo que la iniciativa sea perfecta, pero sí que constituye una buena expresión de nuestra voluntad de contar con una Administración Pública cada vez más profesionalizada y comprometida con todos los ciudadanos.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Señor Presidente, estamos aumentando la carga laboral de un servicio en el cual más de 90 por ciento del personal se encuentra a contrata o a honorarios.
¿Cuál es la planta de la Alta Dirección Pública? ¿Qué pretende hacer el Estado con la entidad en los próximos veinte o treinta años? ¿Quiere funcionarios comprometidos por ser parte de una planta, al tratarse de un organismo que lo acompañará siempre en sus decisiones para los nombramientos en la más alta jerarquía?
Al parecer, la definición para unas determinaciones tan relevantes no se refleja en la política hacia la propia Alta Dirección Pública. Estamos haciendo referencia a cerca del noventa y cinco por ciento de los servicios. Si bien se integrarán algunos funcionarios, creo que es una señal demasiado débil en relación con el sistema que queremos. Va a aumentar la carga. Se sumará un número muy importante de autoridades que será preciso atender: desde ya, los secretarios regionales ministeriales y otros. La pregunta es si el personal se incrementará de manera proporcional, adecuada, para ocuparse debidamente en esta demanda.
Se requiere, asimismo, una revisión muy necesaria. Muchos profesionales postulan una, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta veces a un cargo y se ha constituido una cantidad importante de empresas de asesoría que brindan servicios en la materia. A mi juicio, no se puede jugar con la dignidad de la gente al invitarse a participar a sabiendas de que la persona no quedará por haber sido rechazada en innumerables oportunidades.
He pedido, por oficio, toda la información respecto de cómo ello se regula. En efecto, si las empresas que llevan a cabo el análisis, el chequeo, la evaluación están incentivando postulaciones reiteradas porque más les pagan, pienso que se registra una desviación del sistema.
Aquí se fijan una planta y una dirección. Entiendo que ello fue conversado con los sindicatos de la Alta Dirección Pública. Este es el diálogo que cabe esperar de manera permanente para poder fijar exactamente las necesidades de un servicio que ha cumplido con las expectativas.
¡Los que no las han cumplido son los que toman las decisiones! El Senador señor García hizo referencia a más de un año sin llenarse un cargo, caso que no conozco en el sistema de Alta Dirección Pública -sería bueno disponer de la información pertinente-, pero sí sé que durante largos meses no se resuelve o simplemente se declara desierto un concurso. Y esto último ocurre -digámoslo francamente- porque ninguno de los tres que salen primeros es de la confianza política de quien tiene que definir. Son todos buenos, porque el sistema elige a los mejores, pero a "los mejores de los nuestros" o "a los mejores para la autoridad de turno".
Si se determina a los más calificados, se garantiza la calidad, pero a veces se busca, más allá de este último factor, la confianza política.
No sé cuántas veces los concursos se han declarado desiertos. Porque calificar a un secretario regional ministerial puede llegar a costar entre ocho y nueve millones de pesos.
En ello no interviene la Alta Dirección Pública.
¿Y lo que señala el proyecto?
Esa función no se incluye.
Entiendo que la Comisión rechazó mi indicación respecto de los Defensores Regionales de la Defensoría Penal Pública.
Quizás hubiera sido una buena decisión, más allá del cargo, que los secretarios regionales ministeriales pasasen a ser designados por la Alta Dirección Pública, con una evaluación para tal efecto, considerando los líos que tenemos con ellos en todo Chile.
Claramente, tenemos que regular un plazo en la materia. Aquí se hace un esfuerzo, pero, como lo ha dicho el Senador señor García, no se determina exactamente cuánto tiempo puede estar un cargo sin llenarse. Una buena institucionalidad no basta, ya que también se requiere una buena operatividad del sistema.
Es una extraordinaria y buena noticia que la postulación de un funcionario del propio servicio, cualquiera que sea, no obste para que mantenga la propiedad del cargo anterior hasta por nueve años, como señaló el Senador señor Zaldívar. Eso permitirá que las personas de experiencia participen sin correr un riesgo y vuelvan a su planta de origen.
Pronto trataremos el proyecto de Ley de Presupuestos. En ese momento revisaremos los fondos que se le asignarán a la Alta Dirección Pública. Ahí se realizará un debate interesante y apropiado, para dotar no solo de facultades o regulaciones, sino también de los recursos necesarios a un servicio de una importancia tan extraordinaria que no puede estar rebajado a contar con medios paupérrimos.
--Se aprueba en particular el proyecto en la forma propuesta por la Comisión de Hacienda (29 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Ahora sí podemos ver la petición del Senador señor Ignacio Walker.
La retiro, señor Presidente.
Lo vamos a ver en la Comisión.
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC)", adoptado por decisión del Consejo General de esta el 27 de noviembre de 2014 en Ginebra, Suiza, que incorpora el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio a su Anexo 1A, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.121-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 49ª, en 2 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
Relaciones Exteriores: sesión 33ª, en 20 de julio de 2016.
Hacienda: sesión 33ª, en 20 de julio de 2016.
El objetivo principal de la iniciativa es incorporar el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio al Acuerdo de Marrakech.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Lagos, Letelier y Pizarro.
Por su parte, la Comisión de Hacienda adoptó igual resolución por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Montes, Tuma y Zaldívar.
No sé si algún miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores va a informar sobre el proyecto.
¡Fue aprobado por unanimidad!
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (16 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Coloma, Girardi, Guillier, Hernán Larraín, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Navarro, en primer trámite constitucional, que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.456-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 84ª, en 22 de diciembre de 2015 (se da cuenta).
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 9ª, en 12 de abril de 2016.
Sesiones 31ª, en 13 de julio de 2016 (queda para segunda discusión en general); 32ª, en 19 de julio de 2016 (queda aplazada la votación en general).
Cabe recordar que en sesión de fecha 19 de julio se solicitó el aplazamiento de la votación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 46 y 47 del primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
¿Pueden tocarse los timbres, señor Presidente?
Si les parece, abrimos la votación, y así pueden empezar a sonar los timbres.
Necesitamos que alguien nos ilustre sobre esta moción. No sé si su autor, el Senador señor Navarro , quiere fundar el voto.
Deseo recordar a la Sala que la vez pasada tuvimos la posibilidad de explicar esta normativa, pero se pidió la suspensión de la votación.
La legislación actual establece un conjunto de sanciones para el funcionamiento irregular de la radiotelefonía local, dentro de las cuales se encuentra la pena de cárcel para las radios comunitarias que funcionen sin autorización legal.
Lo anterior provoca una situación grave desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la proporcionalidad entre la falta y la pena, ya que se castiga con cárcel la emisión irregular de ondas de radio o el funcionamiento de una emisora sin la aprobación legal, aunque sea en el período de prueba o de aprobación.
Me parece una sanción extrema encerrar a alguien por emitir una onda a nivel local. Las radios comunitarias tienen un rango de transmisión de 4, 6 o 10 cuadras. Se trata de emisoras muy pequeñas que no son comerciales, sino comunitarias, y que no reciben financiamiento. Tienen prohibido hacer cualquier tipo de publicidad remunerada o política. Por lo tanto, están fuera del marco regulatorio de la propaganda electoral.
Prestan un servicio muy importante -así ocurre en la Región del Biobío y en muchas otras- en momentos difíciles para la ciudadanía, ya que logran funcionar.
Por consiguiente, lo que se pide en esta normativa es la eliminación de la pena de cárcel y de la sanción del comiso y que se establezca una multa adecuada y proporcional a la falta.
Eso es, señor Presidente.
Discutimos el proyecto en la Comisión de Transportes; fue debatido igualmente en la Sala la vez pasada, y ojalá pudiéramos tener la unanimidad en esta ocasión. Las multas tienen que aplicarse cada vez que no se cumpla la normativa, pero en la actualidad hay una completa desproporción entre la gravedad de la falta y la pena de cárcel.
También se propone eliminar el comiso de los equipos, que en la mayoría de los casos han sido comprados o adquiridos con mucho esfuerzo o a través de proyectos de carácter social.
La multa y su reiteración son un disuasivo muy fuerte a la hora de hacer cumplir la normativa legal. Nadie está sobre la ley, ni siquiera quienes administran estas radios de carácter comunitario.
Por cierto, existe un amplio consenso a lo largo de todo Chile en cuanto al cumplimiento de la ley. Solo asusta y preocupa la mantención de la legislación actual.
Por lo tanto, espero que, dadas la unanimidad vista en el debate anterior y las explicaciones de los propios actores a lo largo del país, se apruebe en general la iniciativa. Todos los parlamentarios sabemos que en muchos sectores de nuestras circunscripciones existen radios comunitarias territoriales, de alcance regulado, acotado, que no debieran causar problemas.
Se debe suspender la pena de cárcel desde ya, señor Presidente.
Solo quiero recordar lo ocurrido con un chico que vendía cedés de cuneta, que fue llevado a la cárcel y murió quemado en San Miguel.
Llevar a prisión a personas por una falta me parece un despropósito. Y esta es la oportunidad de corregirlo.
Tampoco se trata de dejar sin sanción el incumplimiento de la normativa legal. La ley tiene que respetarse. Para eso se establecen multas y se regula el comiso, que también es desproporcionado respecto de la falta, que es como debiera estar tipificada la conducta.
Tiene la palabra a continuación la Senadora señora Van Rysselberghe.
Señor Presidente, en verdad, tras leer este proyecto y ver sus implicancias, me parece que efectivamente hay un punto en que el Senador Navarro tiene razón: resulta desproporcionado establecer una pena de cárcel para personas que incurren en este tipo de conductas, es decir, una transmisión ilegal.
Sin embargo, considero necesario mantener el comiso de los bienes porque, de hecho, la experiencia indica que cuando no existe la transmisión se sigue realizando. Por lo tanto, en el espacio aéreo que ocupa la radiodifusión, que es finito, donde las transmisiones clandestinas generan daño a las transmisiones legales, no parece razonable no instaurar sanciones que efectivamente terminen con la ilegalidad en este ámbito.
Por eso, si bien hay un punto correcto en lo que plantea el Senador Navarro, creo que la totalidad del proyecto no es adecuada. Ojalá se pudiera llegar a algún acuerdo en la discusión particular en la Comisión de Transportes.
La ARCHI, por ejemplo, señaló que no era necesario hacer ninguna modificación, ya que no había ninguna persona presa por este tipo de conducta. Sin embargo, también hizo presentes lo perniciosas que resultan las transmisiones clandestinas y el daño que ocasionan a terceros.
La Asociación de Radios Comunitarias, en cambio, tuvo una posición distinta. Planteó que había que terminar con el comiso de los bienes, pero, a su vez, como parte de su argumentación, reconoció el daño que producen las transmisiones clandestinas en un espacio aéreo que -repito- es finito.
Por lo tanto, aun cuando reconozco que existe mérito en eliminar el aspecto penal en la sanción, de verdad considero excesivo eliminar también el comiso, puesto que ello permitiría que se siguiera generando una acción que daña a terceros.
Acá no estamos castigando la libertad de prensa ni la libertad de transmisión, sino la transmisión ilegal.
En consecuencia, me voy a abstener, porque pienso que, si bien existen ciertos puntos en los cuales la moción es acertada, hay otros en que ella me parece excesiva.
Señor Presidente, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este proyecto en términos de las consecuencias que puede producir para todo el sistema de control, fiscalización y cumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones.
La propuesta elimina la expresión "o de radiodifusión" del artículo 36 B, letra a). ¿Qué significa esto? Que, con esta eliminación, quedan fuera de cualquier tipo de sanción todos aquellos que estén efectuando transmisiones clandestinas, irregulares o derechamente ilegales. O sea, tampoco se les decomisarán sus equipos.
Luego, se propone agregar un artículo 36 C, nuevo, que dice: "Comete falta el que opere o explote servicios o instalaciones de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente, y el que permita que en su domicilio, residencia, morada o medio de transporte, operen tales servicios o instalaciones. La multa en estos casos será de 1 a 3 UTM".
Esta multa, por sí misma, por los montos que contempla, no inhibe la comisión del delito; lo que sí la inhibe son las penas de presidio menor. Ahora, es cierto que esto es fuerte, pero lo que se busca es evitar el clandestinaje, la interferencia, que en un área tan sensible como la de las telecomunicaciones actúen operadores que no obedezcan a ninguna autorización o fiscalización de la autoridad correspondiente.
A mí me parece adecuada una pena que vaya de 61 a 540 días, porque en el caso de alguien modesto, que cometa el delito por primera vez, que a lo mejor lo cometió sin darse cuenta, existen varias atenuantes. En la práctica, no va a tener cárcel; seguramente se le aplicará una pena alternativa o una sanción mínima en la primera oportunidad. Sí le van a doler las multas o el decomiso de los equipos, que es lo mínimo que se puede hacer. El que transmite en la clandestinidad actúa intencionalmente y el decomisarle los equipos impide que siga cometiendo dicha conducta, más allá de la multa.
Entonces, a mí me parece muy riesgoso dejar multas tan bajas, de 1 a 3 UTM, pues, francamente, no son un factor inhibitorio para quienes cometen este tipo de delitos.
Quiero decir además que hay mucha gente que está transmitiendo de manera ilegal y clandestina. En las ciudades, incluso, existen radios que venden y comercializan marcas conocidas y que, sin embargo, no están legalmente establecidas. Como no existe fiscalización, se dan el lujo de seguir operando. En mi región tenemos varias. Y eso genera un daño a radioemisoras que sí cumplen con todas las normas, con todas las leyes, con todo lo que significa administrar una radio desde el punto de vista comercial o comunitario.
Creo que lo peor que podemos hacer es dar una señal de permisividad en un área muy sensible, incluso por materias de seguridad para la comunidad y de otro tipo.
Señor Presidente, yo le encuentro mucha razón al Senador Pizarro en el sentido de que se debe tener bastante cuidado con la señal que se entrega.
En la Comisión analizamos el asunto y escuchamos a distintos actores. Y, efectivamente, nadie ha ido a la cárcel por transmitir en forma clandestina. La SUBTEL, y específicamente el Subsecretario de Telecomunicaciones, nos explicaron que uno de los problemas más serios es que muchas veces ni siquiera piden autorización cuando perfectamente la podrían tener.
Por otro lado, consideramos fundamental mantener el comiso y la multa porque, si no, estaríamos dando chipe libre en esta materia.
Hago presente que ahora solamente se está votando la idea de legislar para permitir que el proyecto sea mejorado en la Comisión. Y yo estoy disponible para que siga existiendo el comiso, así como una multa, pero mayor.
Todos los días estamos con problemas bastante serios que también están afectando a los radiodifusores. La ARCHI señaló que no está en contra de mantener el comiso y una multa alta.
En realidad, no se puede pensar en penas privativas de libertad por situaciones de este tipo, porque la verdad es que no resultan efectivas: la ley no se cumple y los jueces no las aplican.
Por eso, señor Presidente, ojalá pudiéramos analizar nuevamente el texto en la Comisión. Repito: me parece fundamental mantener el decomiso, y es lo que escuchamos de parte de todos los actores que asistieron a dicha instancia y que comparten la posición que señaló el Senador Pizarro.
Voy a votar a favor de la idea de legislar, esperando solucionar el punto mencionado en la discusión particular.
--Se aprueba en general el proyecto (9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señora Muñoz y los señores García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Navarro, Ossandón, Quintana y Quinteros.
Votaron por la negativa los señores Hernán Larraín, Pérez Varela, Pizarro y Prokurica.
Se abstuvieron las señoras Allende y Van Rysselberghe.
Pasamos al siguiente punto de la tabla.
No hay quorum , señor Presidente .
Pero se puede pedir segunda discusión.
Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Letelier y de los ex Senadores señores Gazmuri, Muñoz Aburto y Núñez, en primer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la declaración de trabajos pesados, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5.205-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier, Gazmuri, Muñoz Aburto y Núñez).
En primer trámite: sesión 34ª, en 17 de julio de 2007 (se da cuenta).
Trabajo y Previsión Social: sesión 11ª, en 21 de abril de 2015.
Trabajo y Previsión Social (segundo): sesión 27ª, en 5 de julio de 2016.
Sesión 57ª, en 30 de septiembre de 2015 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 30 de noviembre de 2015.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social deja constancia, para efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El referido órgano técnico realizó una enmienda al proyecto de ley aprobado en general, consistente en sustituirlo por un artículo único permanente y dos disposiciones transitorias, modificación que fue acordada por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existan indicaciones renovadas.
El artículo único y el artículo segundo transitorio del texto sustitutivo propuesto tienen el carácter de normas de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos favorables.
La Comisión, atendido que la iniciativa despachada en particular ya no modifica el Código del Trabajo, acordó además proponer a la Sala que se reemplace su denominación por la siguiente: "Proyecto de ley sobre calificación de trabajo pesado y sus efectos".
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que, en la tercera columna, transcribe el texto despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social en su segundo informe.
Entiendo que la Senadora señora Muñoz entregará un informe.
Así es, señor Presidente: informaré sobre la labor realizada por la Comisión de Trabajo en relación con esta iniciativa, pero quizás podamos seguir mañana su debate, dada la situación que tenemos hoy día en el Parlamento.
Si algún Comité lo solicitara, podría haber segunda discusión. Sin embargo, quisiéramos escuchar el correspondiente informe.
Pido segunda discusión, señor Presidente.
En la primera discusión, tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.
Señor Presidente, cumplo con informar a la Sala que la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó en particular el proyecto referido a la calificación de trabajos pesados, sustituyendo el texto aprobado en general, que integraba los trabajos pesados en el Código del ramo, por uno que modifica directamente la ley N° 19.404, conocida como "ley de los trabajos pesados".
Lo anterior es una consecuencia de la formulación del Ejecutivo de una indicación sustitutiva, que fue acogida -como ya lo indicó el señor Secretario- por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Trabajo.
Dicha indicación contempló las siguientes materias:
Primero, el establecimiento de la acción de reclamación en contra de las resoluciones de la Comisión Ergonómica Nacional también para los sindicatos. En la actualidad solo pueden reclamar el empleador o los trabajadores afectados.
Corresponde señalar que la Comisión Ergonómica Nacional, dependiente de la Superintendencia de Pensiones, es la entidad encargada de establecer qué labores constituyen trabajos pesados, para la rebaja de la edad legal a fin de pensionarse por vejez, y si procede o no reducir las cotizaciones y aportes que deben enterar tanto los trabajadores como los empleadores.
La segunda finalidad de la indicación del Ejecutivo (que recogió las ideas fundamentales de la moción del Honorable señor Letelier y de los ex Senadores señores Gazmuri, Muñoz Aburto y Núñez) es permitir que los efectos de la calificación de "trabajo pesado" de determinado puesto laboral se apliquen al trabajador contratado directamente por la entidad empleadora, o al que esté bajo régimen de subcontratación, o a quienes hayan sido colocados a disposición por empresas de servicios transitorios.
Es decir, señor Presidente , se pone término a una diferenciación poco justificable, en el sentido de que, existiendo similares condiciones laborales o igual carga global de trabajo, deben hacerse extensivos los efectos de la calificación como "trabajo pesado".
Reitero: la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó tal indicación, ya que en nuestra opinión significa un avance respecto de la situación actual que abre las puertas para su perfeccionamiento en la tramitación que continuará en la Cámara de Diputados.
Por tanto, solicito a la Sala que manifieste su voto a favor de esta iniciativa.
Entiendo, señor Secretario, que se ha pedido segunda discusión.
Está solicitada la segunda discusión.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
-Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Al señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y al señor Gobernador Provincial de San Antonio, a fin de que se sirvan informar acerca de la factibilidad de implementar a la mayor brevedad el PLAN DE ACCIÓN FOCALIZADO PARA COMUNAS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO.
A la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales, pidiéndole precisar PORCENTAJE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE MULTAS DESTINADO A FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS ALCOHÓLICAS.
A la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, consultándole sobre INTERNACIÓN DE MAYORES DE EDAD EN CENTROS PERTENECIENTES A SENAME.
A la señora Directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, para que envíe NÓMINA DE FUNCIONARIOS A CONTRATA Y A HONORARIOS EN HOSPITAL HANGA ROA DE ISLA DE PASCUA.
Y al señor Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, con el objeto de que precise PORCENTAJE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE MULTAS DESTINADO A FISCALIZACIÓN Y A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIRTUD DE DISPOSICIONES DE LEY N° 19.925.
Al señor Fiscal Nacional Económico, para que remita información acerca de REQUERIMIENTO CONTRA SOCIEDAD SALES DE MAGNESIO LIMITADA (O SALMAG LIMITADA).
Al señor Superintendente del Medio Ambiente, pidiéndole enviar antecedentes relacionados con FORMULACIÓN DE CARGOS CONTRA EMPRESA GEOPARK POR INCUMPLIMIENTOS AMBIENTALES EN PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN REGIÓN DE MAGALLANES.
Al señor Director del Instituto Chileno Antártico, solicitándole información relativa a PROMOCIÓN POR CHILE Y ARGENTINA DE ÁREA MARINA PROTEGIDA PARA INVESTIGACIÓN DE EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO.
Y al señor Director Nacional del SENADIS, requiriéndole antecedentes sobre CONVENIO DE COLABORACIÓN "CHILE ACCESIBLE" SUSCRITO CON COLEGIO DE ARQUITECTOS.
Al señor Alcalde de Lautaro, pidiéndole ESTACIONAMIENTOS PREFERENTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE SARGENTO ALDEA CON BERNARDO O'HIGGINS, COMUNA DE LAUTARO.
A los señores Alcalde de Lautaro y Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía, solicitándoles ARREGLO DE ACERA UBICADA EN ESQUINA DE CALLE VICUÑA MACKENNA Y AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS, COMUNA DE LAUTARO.
Y al señor Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, requiriéndole información sobre PROCESO DE ENTREGA DE TIERRAS A COMUNIDADES MAPUCHES (reiteración de oficio).
Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole analizar ENVÍO DE PROYECTO PARA NO INCIDENCIA DE PAGO DE PENSIONES EN DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA (reiteración de oficio).
A la señora Ministra de Educación, consultándole por ESTADO DE TRÁMITE DE PROYECTO DE LEY SOBRE ESTATUTO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN (reiteración de oficio).
Al señor Ministro de Agricultura, requiriéndole información respecto a EVENTUAL POSTERGACIÓN DE CENSO NACIONAL AGROPECUARIO PLANIFICADO PARA 2017 (reiteración de oficio).
A la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales, solicitándole MEDIDAS PARA SOLUCIONAR FALTA DE MÉDICOS INTERNISTAS EN SERVICIO DE URGENCIAS DE HOSPITAL DOCTOR HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA DE TEMUCO (reiteración de oficio).
Al señor Alcalde de Freire, para que informe acerca de FACTIBILIDAD DE REGULARIZACIÓN DE TERRENO EN COMUNIDAD JUAN CAYUPI-JUAN CALFUMÁN, SECTOR QUEPE (reiteración de oficio).
Al señor Alcalde de Melipeuco, a fin de consultar por SITUACIÓN DE CAMINO EL BAQUEANO, PRESUNTIVAMENTE CERRADO POR PARTICULAR (reiteración de oficio).
Al señor Alcalde de Nueva Imperial, pidiéndole estudiar la posibilidad de POSTULACIÓN A FONDOS FNDR PARA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN COMUNA DE NUEVA IMPERIAL (reiteración de oficio).
Al señor Alcalde de Temuco, solicitándole evaluar INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN INTERSECCIÓN DE CALLES ANTIFIL Y VALPARAÍSO, EN CIUDAD DE TEMUCO, y que remita antecedentes sobre MEDIDAS PARA REPARACIÓN DE ACERAS DE CALLES PORTALES Y MANUEL MONTT, EN COMUNA DE TEMUCO (reiteración de oficio).
Al señor Alcalde de Teodoro Schmidt, requiriéndole disponer MEDIDAS PARA SOLUCIÓN DE MAL ESTADO DE CAMINO VECINAL EN KILÓMETRO 3 DE VÍA DE TEODORO SCHMIDT A NUEVA IMPERIAL (reiteración de oficio).
Al señor Alcalde de Puerto Saavedra, a fin de consultar acerca de SITUACIÓN DE VIVIENDAS DE SEÑORES JUAN MEJÍA ARANEDA, HUGO GÓMEZ SEPÚLVEDA, RAMÓN NEIRA HUECHUCOY Y JUAN BURGOS DURÁN ANTE CONSTRUCCIÓN DE COSTANERA (reiteración de oficio) y preguntándole por PROYECTO PARA REPARACIÓN DE MIRADOR EXISTENTE EN SECTOR PUERTO SAAVEDRA-BOCA BUDI (reiteración de oficio).
A la señora Directora del Servicio Electoral, pidiéndole informar, de manera detallada y por comuna, sobre SOLICITUDES DE CAMBIO DE DOMICILIO ELECTORAL REALIZADAS ENTRE EL 1 DE MARZO Y EL 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DE ARTÍCULO 25 DE LEY N° 18.556.
Al señor Director de Presupuestos, solicitándole antecedentes, región por región, acerca de DISCREPANCIAS EN INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO.
Al señor Superintendente de Seguridad Social, requiriéndole información respecto de DESCUENTO POR CRÉDITO DE CONSUMO DE CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA EN LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE SEÑOR SANTIAGO CAVALIERI ZÚÑIGA (reiteración de oficio) y pidiéndole dar a conocer ESTADO DE APELACIÓN DE LICENCIA MÉDICA PRESENTADA POR DON GUIDO DIONISIO VEROITZA TRONCOSO.
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, consultándole respecto de CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REGULACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN VILLA LOS ALTOS DEL SOL, COMUNA DE TEMUCO.
Al señor Director del Instituto de Previsión Social, para que informe sobre REGULARIZACIÓN DE PAGO DE PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE SEÑORA JUANA FERMINA RODRÍGUEZ.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social de La Araucanía, pidiéndole REVISIÓN Y RECTIFICACIÓN DE SITUACIÓN DE SEÑORA ELOÍSA PINILLA MONTOYA EN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (reiteración de oficio).
Al señor Director Regional de Vialidad de La Araucanía, con el objeto de pedir SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO EN INMEDIACIONES DE COLEGIO DOCKSTA, CARAHUE; consultar por ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE ACUERDO CON FAMILIAS QUEUPUMIL BURGOS DE PADRE LAS CASAS (reiteración de oficios), y solicitar que informe sobre ESTADO DE AVANCE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CHADA LOICA-CEMENTERIO, PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO Y SOLUCIÓN A PROBLEMAS Y DEMANDAS DE VECINOS DEL SECTOR.
Al señor Director del Servicio de Salud Araucanía Norte, requiriéndole información acerca de NÓMINA DE MÉDICOS, POR ESPECIALIDAD, EN FUNCIONES EN SUS CENTROS HOSPITALARIOS (reiteración de oficio).
Al señor Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización, pidiéndole solución a PROBLEMA DE ANEGAMIENTO QUE AFECTA A VECINOS DE CALLE PIRCUNCHE, ENTRE GALVARINO Y QUIDEL, SECTOR SANTA ROSA, COMUNA DE TEMUCO.
Y al señor Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, a fin de solicitar REPOSICIÓN DE CUATRO VAGONES PARA TRANSPORTE DE COMUNIDAD DE INSTITUTO CLARET, TEMUCO (reiteración de oficio).
A la señora Ministra de Salud y al señor Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, a fin de que se informe acerca de FACTIBILIDAD DE AUMENTO DE FONDO PARA ATENCIÓN DE PACIENTES ANTE ALZA DE PRESTACIONES E IMPOSIBILIDAD DE INCREMENTO DE SUBSIDIO DE CORPORACIÓN NACIONAL DEL CÁNCER.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Ministro de Bienes Nacionales, con el objeto de que se solucione FALTA DE ALCANTARILLADO Y DE REGULARIZACIÓN DE TERRENOS, ASÍ COMO OCUPACIÓN DE SITIOS, EN POBLACIÓN EDUARDO FREI, CALAMA.
Al señor General Director de Carabineros, a fin de que se proporcionen antecedentes sobre INFRACCIONES DE TRANSPORTISTAS DE CARGA Y CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN RUTA CH-11.
Y al señor Director Regional del Servicio Nacional de Turismo de O'Higgins, para consultar por RETRASO EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA TURÍSTICA WWW.TURISMOLIBERTADOR.CL.
Al señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, pidiéndole información referida a CANTIDAD DE ÓRDENES DE DETENCIÓN PENDIENTES DE TRIBUNALES CON COMPETENCIA EN LO PENAL.
Y al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de solicitar REPARACIÓN DE VÍAS EN SECTOR EL PATAGUAL, VILLA ALEMANA.
--Se levantó la sesión a las 18:41.
La doctrina nacional ha definido tradicionalmente al delito de estafa, como la acción deliberada de un agente, que mediante el engaño, o a través de cualquier otro ardid, persuade a la víctima para efectuar una disposición patrimonial en su favor, causándole perjuicio.
En nuestro Código Penal, dichas figuras y sus sanciones se encuentran contempladas en los artículos 467 y siguientes.
Ahora bien, tradicionalmente estos delitos se cometen en un contacto personal y presencial entre el autor, que despliega toda su "mise en scene", para lograr engañar a la víctima y persuadirla a que haga la disposición patrimonial en su favor, que pretende.
Sin embargo, con el avance de la tecnología en las comunicaciones que ha experimentado la comunidad mundial en los últimos años, y que también alcanza a nuestro país, desde hace algún tiempo se cometen estafas mediante comunicaciones telefónicas e incluso informáticas, que logran el mismo fin de parte del o los autores de tales ilícitos, y que no son conocidos en forma previa por su víctima.
En este orden de ideas, es un hecho público y notorio, que muchas de estas estafas, en su modalidad de comunicación telefónica, se cometen desde el interior de los recintos penales.
Por tal motivo, estimamos que este tipo de ilícitos debe ser tipificado expresamente, para cuyo efecto se hace necesario modificar el artículo 468 del Código Penal, que para efectos de su penalidad se remite al artículo 467 del mismo texto legal, atendiendo al monto del perjuicio causado.
En mérito a lo expuesto, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente
Artículo único: Agréguese un inciso nuevo al artículo 468 del Código Penal, del siguiente tenor:
"Con las misma penas que se prevén en el inciso anterior, se sancionará a quien defraude a otro, mediante las acciones señaladas, a través de comunicaciones telefónicas o informáticas, sin que la víctima lo conozca previamente".
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.
1.- Hoy, la falta de médicos y sobre todo de especialistas en el Sistema de Salud Público son síntomas de una crisis que se ha prolongado por varios años y que los distintos gobiernos, sin excluir al actual, no han podido dar solución de manera efectiva. El déficit de médicos especialistas no es una novedad. Es un problema crónico que afecta fundamentalmente al Sistema Público de Salud. Las causas pueden ser múltiples, pero sin duda que los factores económicos juegan un papel trascendental. [1]Según los últimos informes del Ministerio de Salud, indica que en Chile -a enero del 2016- hay 1.552.205 personas en lista de espera para atenderse con un médico especialista y 240.536 aguardando por una cirugía.
2.- El diagnóstico inicial de esta administración es que el déficit de médicos en el sector público, mantiene una brecha de [2]3.795 médicos en la red pública, correspondiente a 2.791 especialistas y 1.004 subespecialidades.
3.- De acuerdo con el [3]"1° Informe sobre los Prestadores Individuales de Salud Inscritos en el Registro Nacional de la Superintendencia de Salud (SIS) y la Dotación de Personal del Sector Público al 30 de septiembre de 2014, (...) Chile cuenta con una densidad total de Médicos por 100.000 Habitantes de 199,2 que suma una razón de 92,4 de Médicos Generales y 106,8 de Médicos Especialistas. Comparado con el promedio de los 34 países de la OCDE, que alcanza un total de 320 por 100.000 habitantes, el indicador global de Chile sigue siendo bajo, sin perjuicio del crecimiento observado entre 2008 y 2014: desde 160 por 100.000 al valor actual de 199.
En Argentina, Uruguay y México, las densidades totales de médicos por 100.000 habitantes se encuentran también más altas que en Chile, alcanzando respectivamente 298,4; 388,7 y 217,0 por 100.000 habitantes. Brasil presenta un valor cercano al de Chile, con un poco más de 200,0 por 100.000."
Estas densidades se traducían en que el país aspiraba a contar en promedio al 2014 con 1 Médico por 502 habitantes, indicador que se desglosaba en 1 Médico General por 1.082 y 1 Médico Especialista por 936 habitantes. Lo que está muy por debajo del promedio de tres médicos que tienen los países que pertenecen a la OCDE.
4.- Tomando como base el mismo informe estas cifras son aún más desalentadoras al depurar por [4]"especialistas contratados exclusivamente en el sector privado": cirujanos plásticos (80,3%), dermatólogos (71,6%), diabetólogos (60%), endocrinos adulto (65,9%), gastroenterólogos adulto (72,7%), imagenólogos (66,5%), laboratoristas clínicos (70,8%), oftalmólogos (65,8%), otorrinos (65,8%), psiquiatras adulto (63,4%), reumatólogos (64,3%) y médico-legales (90,5%).
5.- Una de las medidas adoptadas por el Minsal para abordar esta crisis dice relación con el aumento de la formación de nuevos médicos especialistas. Así las cosas, [5]en 2014 se dio a conocer el Plan de Ingreso, Formación y Retención de Médicos y Especialistas. Iniciativa que pretende aportar a Chile 1.480 nuevos médicos a la Atención Primaria de Salud e iniciar la formación de 4.000 especialistas durante el período 2015-2018. Como resultado de lo anterior, a partir de abril de 2015 comenzaron a ingresar al sistema público 552 nuevos médicos recién egresados que se distribuyen en consultorios y centros de salud familiar de 90 comunas urbanas y en los hospitales comunitarios, así como en consultorios de más de 50 comunas rurales a lo largo de todo Chile. Y, de acuerdo a lo informado por el Minsal, el presupuesto 2015 para el Plan de Ingreso, Formación y Retención de Médicos y Especialistas contemplaba un aumento del 83% respecto de los recursos disponibles en el período anterior, lo que para ese período implicó destinar un monto de $81.186 millones de pesos a la formación de especialistas, más habilitación de los campos clínicos para la docencia; ampliación de ciclo de médicos generales rurales y urbanos, y programas de educación continua para mantener las competencias profesionales de los médicos que ingresan al sistema público.
6.- No obstante las medidas adoptadas por el Minsal para paliar la falta de especialistas, los hechos demuestran que ello no es suficiente para hacer frente a esta crisis, porque en la formación de nuevos especialistas se mantiene la insuficiente capacidad de los Servicios de Salud y de las Universidades para formar a aquellos. Un elemento importante de este problema dice relación con la dificultad de obtención de campos clínicos por parte de las universidades, que al final se quedará con uno de ellos la universidad que realice la mejor oferta dentro del proceso. De esta manera, al momento de resolver ampliar los cupos por especialidad, la carencia de infraestructura y de facultativos formadores se han transformado en una traba difícil de hacer frente. Por su parte, las sociedades médicas cuidan con especial celo la cantidad de especialistas a formar, amparándose en el argumento de la calidad.
Pero para muchos la causa principal de la falta de especialistas en el Sistema de Salud Público se debería: a la salida masiva de médicos al sector privado.
7.- Conforme consigna una investigación realizada por Ciper: [6]"Una especialización médica dura tres o cuatro años, dependiendo de la disciplina. Una vez terminada la formación, la grúa del sistema privado empieza a operar. Ofreciendo sueldos mucho más altos que los del sistema público y haciéndose cargo del pago de la multa por no cumplir con el compromiso contraído con el Estado para su formación, los establecimientos privados se llevan una porción de los recién egresados. En julio de 2015, esa cifra no superaba el 5%. Ese número se multiplica cuando los especialistas ya han devuelto su deuda con el Estado.
Una vez que los médicos especialistas terminan su proceso de devolución en un servicio público, la grúa vuelve a funcionar: un 30% de ellos migra al sector privado, y un año después los sigue otro 20%. O sea, en dos años, sólo queda un 50% de los egresados en el sector público. Según un estudio realizado por el Banco Mundial en 2008, el 58% de las horas médicas de especialistas estaban en el sector privado, dejando sólo un 42% en el público. Hoy, (...) esta diferencia ha llegado a ser de un 54% de especialistas en el sistema privado y un 46% en el público."
8.- Esta situación se relaciona con la [7]creación del AUGE, con las garantías de acceso, calidad, protección financiera y oportunidad de atención que se inició en 2005 con 25 patologías -hoy suman 80-, lo que no se asoció a una política de formación de especialistas acorde a los requerimientos y plazos del programa, lo que contribuyó a incrementar el déficit y [8]la gran mayoría de los centros asistenciales del Estado no pudieron -y aún no pueden- dar respuesta a la demanda surgida, debiendo recurrir para cumplir con los compromisos AUGE a la compra de servicios a privados, a precios altísimos, lo que ha generado en parte el creciente aumento de la deuda hospitalaria que hoy llega a un histórico de $200 mil millones.
9.- Lo antes abordado da cuenta de la existencia de una inequitativa distribución de especialistas entre el sector público y el privado, el cual tendría al 50% de los médicos atendiendo al sector privado y el otro 50% a los más de 13 millones de personas aseguradas por FONASA[9]. Bajo este escenario se da la situación de que parte del universo que pertenece a Fonasa no cuenta con los recursos económicos suficientes para poder consultar en algún establecimiento e institución de salud privada, como asimismo, médicos especialistas que atiendan en dicho sector y que a su vez no reciban bono Fonasa, inhibiendo la posibilidad de muchos chilenos y chilenas de poder acceder a un sector de la salud, de la medicina que en determinadas ocasiones presenta mejores índices de calidad y servicio que los que entrega la salud pública y, por ende, limitando y encuadrando las alternativas de acceso a la medicina de ese 80% de la población que se atiende en el sector público a condicionantes relativos a factores sociales, económicos y culturales. A pesar de que el costo corre de parte del FISCO y de los usuarios de FONASA, es decir, de que las clínicas privadas no reciben ningún tipo de perjuicio, tanto los establecimientos de salud privada como los médicos asociados a ellos, no aceptan como medio de pago los bonos FONASA. En este sentido y como señala el "Manual FONASA en 100 Preguntas Guía Práctica para los Asegurados: ¿Uno se puede atender en todos los establecimientos privados? No, sólo se pueden atender en aquellos prestadores privados que han suscrito un convenio con Fonasa en la Libre Elección y que suman cerca de 38 mil (profesionales médicos y no médicos, centros médicos, laboratorios, clínicas, etc.) ( ... )."
10.- De suyo esto es una discriminación arbitraria, pues este medio de pago los deja absolutamente indemnes. La única explicación es discriminación arbitraria, es decir, por motivos ajenos a los legalmente aceptados. Aceptando esta situación, Chile vulnera tratados internacionales, tales como, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que expresamente reconocen los derechos a la vida y la salud.
11.- A mayor abundamiento, lo planteado en este proyecto se manifiesta en contra de lo resuelto por la [10]Naciones Unidas desde el 12 de diciembre de 2012 sobre la cobertura sanitaria universal cuyo respaldo mundial ha venido cobrando cada vez mayor fuerza desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad aquella resolución en la que se destaca la importancia fundamental de la salud para el desarrollo internacional. Dicha resolución insta a los gobiernos a adoptar medidas para garantizar a todos el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad. Asimismo, se reconoce el papel de la salud en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente y se insta a los países, a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones internacionales a que promuevan la inclusión de la cobertura sanitaria universal en el programa internacional de desarrollo.
12.- Finalmente, tal es el nivel de segregación y discriminación que la espera por varios meses o años en el sector público, se resuelve en la misma semana en una clínica privada. Por ende, a esta altura de los tiempos no se puede aceptar esta discriminación, por lo que se propone la obligación de aceptar este mecanismo de financiamiento, so pena de en virtud de la omisión legislativa el Estado de Chile contravenga lo dispuesto en Tratados Internacionales.
Por tanto, vengo en presentar el siguiente,
Artículo primero.- Modificase el Decreto con Fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, incorporando un inciso final a su artículo 143, del siguiente tenor:
"Con todo, los establecimientos e instituciones de salud privada y los profesionales que presten servicios asociados a los mismos, aceptarán siempre y en cualquier circunstancia, el financiamiento de libre elección ligado al Fondo, por lo cual deberán celebrar el acuerdo señalado en el inciso primero".
Artículo transitorio: Los establecimientos e instituciones de salud privada y los profesionales que presten servicios asociados a ellos, deberán celebrar el acuerdo señalado en el inciso primero del artículo 143 del Decreto con Fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469 dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.