Source: http://psicolog.org/inter-american-court-of-human-rights.html?page=2
Timestamp: 2020-04-10 02:58:09
Document Index: 301943276

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 47', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 62', 'artículo 28', 'artículo 37', 'artículo 1386', 'artículo 1386', 'artículo 46', 'artículo 42', 'artículo 46']

12. El 20 de diciembre de 2002 la Comisión presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó a los señores Clare Kamau Roberts y Santiago A. Canton como delegados, y al señor Ariel Dulitzky como asesor legal. Después del examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) notificó la demanda a Suriname el 17 de enero de 2003, e informó al Estado sobre los plazos para contestar la demanda y para designar sus representantes en el caso. Asimismo, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado sobre su derecho a designar un Juez ad hoc para que participara en la consideración del caso. Además, mediante comunicación de fecha 9 de enero de 2003, la Secretaría, de conformidad con el artículo 35.1.d del Reglamento notificó la demanda a Maytrie Kuldip-Singh de Moiwana ’86. Finalmente, mediante comunicaciones de la misma fecha, la Secretaría, de conformidad con el artículo 35.1.e del Reglamento, notificó la demanda a Maytrie Kuldip-Singh, Julie Ann Fishel, Fergus Mackay y Martin Misiedjan (en adelante “los representantes”).
13. El 3 de marzo de 2003 el Estado designó al señor Soebhascandre Punwasi como Agente, y al señor Armand van der Saan como Agente alterno, y el 6 de marzo de 2003 designó al señor Freddy Kruisland como Juez ad hoc para el presente caso.
14. Después de que le fuera otorgada una prórroga, el 1 de mayo de 2003 el Estado presentó su escrito de interposición de excepciones preliminares y contestación de la demanda, al cual adjuntó prueba documental.
15. Ante una solicitud de información presentada por los representantes el 23 de mayo de 2003, el 26 de mayo de 2003 la Secretaría les respondió que el plazo para la presentación de su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas había vencido el 17 de febrero de 2003.
16. El 24 de febrero de 2004 Harvard Law Student Advocates for Human Rights y el Global Justice Center sometieron conjuntamente un escrito de amici curiae.
17. El 26 de mayo de 2004 la Comisión Interamericana presentó sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado (supra párr. 14).
18. El 5 de agosto de 2004 el Presidente emitió una Resolución en la que requirió, de conformidad con el artículo 47.3 del Reglamento, que el señor Thomas S. Polimé, quien había sido propuesto como perito por la Comisión, rindiera su peritaje mediante declaración rendida ante fedatario público. De conformidad con los términos de la Resolución, el affidávit debía ser presentado a la Corte antes del 23 de agosto de 2004, y ser posteriormente transmitido al Estado y a los representantes para que éstos presentaran las observaciones que estimaren pertinentes. Asimismo, en dicha Resolución el Presidente convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública que tendría lugar en la sede de la Corte el 9 de septiembre de 2004, para escuchar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de determinados testigos y peritos (infra párr. 21). Finalmente, el Presidente informó a la Comisión, a los representantes y al Estado que contaban con plazo hasta el 11 de octubre de 2004 para presentar sus alegatos finales escritos sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas.
19. El 23 de agosto de 2004 el Presidente emitió otra Resolución en la que decidió escuchar, las declaraciones de dos testigos y un perito en la audiencia pública que se celebraría el 9 de septiembre de 2004 (infra párr. 21).
20. En la misma fecha, la Comisión remitió a la Corte la declaración jurada del señor Thomas S. Polimé. Dicha declaración fue transmitida al Estado y a los representantes el 25 de agosto de 2004, y ninguno de los dos presentó observaciones a ésta.
21. El 9 de septiembre de 2004, durante la audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, la Corte escuchó las declaraciones de los testigos y peritos propuestos por la Comisión Interamericana, así como los alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas de la Comisión, los representantes y el Estado.
Víctor Hugo Madrigal, asesor; y
Lilly Ching, asesora;
Mariska Muskiet, Director, Moiwana ’86; y
Fergus MacKay, Coordinador, Forest Peoples Programme;
por el Estado de Suriname:
Soebaschandre Punwasi, Agente;
Eric Rudge, asesor;
Margo Waterval, asesora;
Lydia Ravenberg, asesora;
Henry MacDonald, asesor; y
Monique Pool, intérprete;
Stanley Rensch;
Erwin Willemdam;
Antonia Difienjo; y
Andre Ajintoena;
perito propuesto por la Comisión Interamericana:
Kenneth M. Bilby.
22. El 8 de octubre de 2004 los representantes remitieron sus alegatos finales escritos sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas.
23. El 11 de octubre de 2004 tanto el Estado como la Comisión remitieron sus alegatos finales escritos sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas.
24. El 14 de enero de 2005 el Estado remitió copia “de la reforma reciente al Código Penal de la República de Suriname”, en relación con la ampliación del plazo de prescripción para ciertos delitos.
25. El 17 de febrero de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente y de conformidad con el artículo 45 del Reglamento, solicitó al Estado, a la Comisión y a los representantes que presentaran, a más tardar el 17 de marzo de 2005, determinada prueba adicional a la Corte.
26. El 15 de marzo de 2005 los representantes remitieron la documentación requerida de conformidad con el artículo 45 del Reglamento. Asimismo, los representantes solicitaron una prórroga de 20 días para complementar la información presentada. Siguiendo instrucciones del Presidente, la Secretaría les otorgó la prórroga hasta el 6 de abril de 2005.
27. El 17 de marzo de 2005 Suriname remitió la información faltante requerida de conformidad con el artículo 45 del Reglamento. Ese mismo día la Comisión también respondió a la referida solicitud (supra párr. 25). En su comunicación, la Comisión indicó, inter alia, que había recibido “información relacionada con la identificación de cuatro víctimas adicionales del ataque a la aldea de Moiwana”.
28. El 14 de abril de 2005 se notificó al señor F. Kruisland, a la Comisión, a los representantes y al Estado la Resolución emitida por la Corte el 15 de marzo de 2005, mediante la cual se ordenó al señor Kruisland que “dimitiera del puesto de Juez ad hoc en el caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname”, debido a “su [anterior] participación en un proceso legal que tiene conexión directa con hechos y asuntos relevantes bajo conocimiento de la Corte en el presente caso”. En dicha Resolución, la Corte observó que su decisión de separar al señor Kruisland del presente caso “no significa[ba] que efectivamente él careciera de independencia o de imparcialidad en relación con el asunto en estudio, ni expresa[ba] ninguna forma de reproche o crítica por parte del Tribunal”.
29. El 15 de abril de 2005 el señor Kruisland “dimit[ió] como Juez ad hoc de la Corte [en el presente caso], con efecto inmediato”.
30. El 30 de abril de 2005 los representantes presentaron documentación adicional, en respuesta a lo requerido por el Presidente (supra párr. 25) en aplicación del artículo 45 del Reglamento. En dicha documentación se incluyeron contenía los nombres de siete personas que no habían sido previamente señaladas como presuntas víctimas en el presente caso.
31. El 12 de mayo de 2005 los representantes señalaron, inter alia, que no les fue posible obtener más documentación adicional a la que ya habían transmitido a la Corte relativa a las presuntas víctimas.
32. El 13 de mayo de 2005, siguiendo instrucciones del Presidente, la Secretaría invitó a las partes del caso a presentar observaciones a la información y documentación presentada en respuesta a la solicitud del Presidente de 17 de febrero de 2005, realizada de conformidad con el artículo 45 del Reglamento. La Secretaría indicó que si las partes decidían presentar dichas observaciones, debían hacerlo antes del 20 de mayo de 2005.
33. El 20 de mayo de 2005 la Comisión Interamericana remitió observaciones a la información y documentación presentada ante la Corte en respuesta a la solicitud del Presidente de 17 de febrero de 2005, realizada de conformidad con el artículo 45 del Reglamento.
La Corte carece de competencia ratione temporis porque la Convención Americana
no es aplicable a la República de Suriname en el presente caso
34. El Estado alegó que la Corte carece de competencia ratione temporis para conocer el presente caso con base en lo siguiente:
a) la Comisión hizo una distinción entre dos categorías de presuntas violaciones de derechos humanos: i) presuntas violaciones que se llevaron a cabo antes del 12 de noviembre de 1987 relativas a los artículos I, VII, IX y XXIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; y ii) presuntas violaciones continuadas después del 12 de noviembre de 1987 relativas a los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana. Estas son “dos categorías claramente diferentes” de violaciones y, por lo tanto, debieron haber sido procesadas por separado;
b) un “Estado Parte de la Convención” es un Estado miembro de la OEA que es parte de la Convención Americana. La Comisión, en forma errónea, trató a Suriname como un “Estado Parte de la Convención” durante todo el caso, aplicándole la Convención ex post facto;
c) los hechos que tuvieron lugar en la aldea de Moiwana el 29 de noviembre de 1986, cuando Suriname todavía no era un “Estado parte de la Convención”, no constituirían violaciones a normas de la Convención, “sino talvez violaciones de los estándares establecidos en la Declaración”. Dado que los hechos del caso ocurrieron antes de que Suriname se convirtiera en un Estado Parte de la Convención, los peticionarios no presentaron a la Comisión prueba de violaciones de dicho tratado;
d) la Comisión, entonces, debió haber desestimado la denuncia porque ésta no establecía los hechos que configuran una violación de la Convención, tal como lo requiere el artículo 47.b de la Convención Americana;
e) la Corte sólo reconoce la posibilidad de que las desapariciones forzadas, que no corresponden al objeto del presente caso, puedan constituir violaciones continuadas. El concepto de violación continuada, tal como ha sido aplicado a las presuntas violaciones de la Convención Americana en el presente caso, es “extremo, excepcional y contrario a principios generalmente aceptados del derecho internacional”; y
f) dado que no se han violado los estándares de la Convención, sería imposible que existieran violaciones continuadas de dicho tratado, como lo alega la Comisión. Además, en su informe sobre el fondo, la Comisión no declaró ninguna violación del artículo XVIII de la Declaración; por lo tanto, no podría concluir que haya existido una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.
35. En relación con la excepción preliminar interpuesta por el Estado de falta de competencia del Tribunal ratione temporis, la Comisión Interamericana argumentó que:
a) esta objeción a la admisibilidad es extemporánea; el Estado objetó la aplicabilidad de la Convención Americana al presente caso después de que la Comisión adoptó el Informe de Fondo No. 35/02;
b) en vista de que el Estado interpuso sus objeciones a la admisibilidad fuera de las oportunidades procesales existentes para las partes que litigan ante la Comisión, los peticionarios no tuvieron oportunidad de responder a esas objeciones dentro del contexto del procedimiento ante la Comisión;
c) si el Estado está alegando que la Comisión debió haber adoptado dos juegos separados de informes de admisibilidad y de fondo – uno para los alegatos relativos a la Declaración y el otro para los alegatos relativos a la Convención – no citó ningún fundamento jurídico para tal posición. Ni la Convención, ni el Estatuto de la Comisión o su Reglamento, requieren un procedimiento de esas características, lo cual sería además contrario al principio de economía procesal;
d) a pesar de que Suriname argumenta que ha sido efectivamente tratado como un Estado Parte en la Convención en relación con la totalidad de los alegatos presentados en este caso, tanto el informe de admisibilidad como el de fondo demuestran que sólo los alegatos relacionados con la denegación continuada de justicia fueron analizados bajo la Convención Americana. Los alegatos relativos al presunto ataque y las presuntas violaciones cometidas el 29 de noviembre de 1986 fueron tratados sólo bajo la Declaración Americana;
e) la Comisión no está solicitando a la Corte que aplique normas legales o ejerza su competencia en forma retroactiva; la Corte tiene plena competencia sobre todos los actos y omisiones de Suriname ocurridos con posterioridad al 12 de noviembre de 1987; y
f) en la medida en que el Estado desea controvertir el fundamento fáctico y jurídico en el que la Comisión basó su Informe de Fondo No. 35/02, y su sucesiva demanda ante la Corte, esos son puntos que deben ser tratados en la etapa de fondo del procedimiento.
36. En relación con la excepción preliminar ratione temporis interpuesta por el Estado los representantes alegaron que:
a) las violaciones alegadas ante la Corte tuvieron lugar con posterioridad a la ratificación de la Convención Americana por parte de Suriname y su reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte, o son de naturaleza continuada;
b) la denegación de justicia en este caso se encuentra específicamente ligada a las acciones y omisiones de Suriname ocurridas en 1989, 1992, 1993, 1995 y 1997, que continúan hasta hoy día;
c) la presunta violación del artículo 2 de la Convención Americana se refiere a acciones y omisiones que ocurrieron en 1992, cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1989, y en 1993, cuando agentes del Estado presuntamente invocaron la Ley de Amnistía de 1989 como fundamento para descontinuar la investigación preliminar de la masacre en la aldea de Moiwana;
d) las presuntas violaciones del artículo 5 de la Convención están asociadas con la masacre misma y son de naturaleza continuada, “y además son violaciones diferentes y acumulativas relacionadas con la denegación de justicia y con otras acciones y omisiones posteriores al reconocimiento de la competencia de la Corte por parte del Estado”;
e) la presunta violación del artículo 21 de la Convención Americana es de naturaleza continuada y, por lo tanto, atribuible a Suriname con posterioridad a su reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte; y
f) considerando que las presuntas violaciones que fueron cometidas el 29 de noviembre de 1986 no se encuentran bajo el conocimiento de la Corte, la masacre constituye una violación grave y sistemática de una serie de normas fundamentales de derecho internacional que, de igual manera, son relevantes para la determinación de la naturaleza y alcance de la responsabilidad estatal por la denegación de justicia bajo la Convención Americana, así como de la naturaleza y alcance de las medidas que se requieren para remediar esas violaciones.
37. La principal defensa del Estado en el caso sub judice consiste en su rechazo de la competencia ratione temporis de la Corte. En este sentido, Suriname argumenta que las violaciones alegadas por la Comisión y por los representantes se originaron en hechos que ocurrieron en noviembre de 1986, un año antes de su ratificación de la Convención Americana y su reconocimiento de la competencia de la Corte. De conformidad con lo señalado por el Estado, los términos de su responsabilidad internacional durante 1986 se definirían exclusivamente por la Declaración Americana, y de esta manera impedirían que la Corte tuviera competencia en el presente caso. Igualmente, el Estado sostiene que cualquier violación que el Tribunal declare en relación con los hechos en cuestión necesariamente implicaría una aplicación ex post facto de la Convención.
38. Tal como se indicó anteriormente, el 12 de noviembre de 1987 Suriname reconoció la competencia de la Corte (supra párr. 4) de conformidad con el artículo 62 de la Convención, sin ninguna limitación expresa. De esta manera, el Estado reconoció la competencia de la Corte como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. A la luz de la naturaleza de la presente excepción preliminar, es necesario referirse al artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 19691, el cual establece que:
[l]as disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.
39. De conformidad con este principio de irretroactividad, en el caso de violaciones continuadas o permanentes, las cuales comienzan antes del reconocimiento de la competencia de la Corte y persisten aun después de ese reconocimiento, el Tribunal es competente para examinar las acciones y omisiones que hayan ocurrido con posterioridad al reconocimiento de competencia, así como sus respectivos efectos2.
40. La Comisión ha sostenido a lo largo del trámite del presente caso que las únicas violaciones que atribuye al Estado ante este Tribunal se refieren a “una serie de acciones y omisiones”, existentes en la fecha del reconocimiento de la competencia de la Corte por parte del Estado, las cuales presuntamente han causado una continua denegación de justicia en violación de lo que disponen los artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana. En sus diferentes alegatos presentados ante la Corte, la Comisión se ha referido a varios ejemplos de “violaciones individuales y autónomas de las obligaciones del Estado contenidas en la Convención”, todas las cuales presuntamente habrían ocurrido con posterioridad a la ratificación de la Convención por parte del Estado y su reconocimiento de la competencia de la Corte.
41. Estas supuestas violaciones del Estado se basan, inter alia, en los siguientes presuntos hechos citados por la Comisión: la falta, hasta 1989, de una investigación ex officio de los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 1986 en la aldea de Moiwana; la liberación forzosa, realizada por el ejército, de los sospechosos que se encontraban bajo custodia policial en 1989; el homicidio, ocurrido en 1990, del oficial de policía a cargo de la investigación de Moiwana y, como consecuencia, la suspensión de la investigación oficial; y el “efecto inhibidor” adicional en la investigación causado por la aprobación de una ley de amnistía en 1992.
42. Por su parte, los representantes argumentaron que “[l]a denegación de justicia en este caso se encuentra específicamente vinculada a las acciones y omisiones de Suriname que ocurrieron en 1989, 1992, 1993, 1995 y 1996-97, y que continúan hasta el día de hoy”. Asimismo, han alegado otras violaciones estatales a la Convención, además de las asociadas a los artículos 8, 25 y 1.1 de dicho tratado, las cuales también habrían tenido lugar después del reconocimiento de la competencia de la Corte por parte de Suriname, como por ejemplo las presuntas violaciones de los artículos 5 y 21 de la Convención.
43. En el caso sub judice, la Corte distingue tanto entre presuntas violaciones a derechos de la Convención Americana que son de naturaleza continua y presuntas violaciones ocurridas después del 12 de noviembre de 1987. En relación con las primeras, el Tribunal advierte que se ha alegado la perpetración de una masacre en 1986; como consecuencia de ella, habría nacido para el Estado la obligación de investigar, procesar y juzgar a los responsables. Tanto es así que el propio Estado inició esta investigación en 1989. La referida obligación podía ser examinada a contar de la fecha del reconocimiento por Suriname de la competencia de la Corte. El examen de la compatibilidad de las acciones y omisiones del Estado respecto a esta investigación, a la luz de los artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención, es de competencia de esta Corte. Por otra parte, se ha alegado que las presuntas víctimas fueron desplazadas forzadamente de sus tierras ancestrales. Aunque este desplazamiento presuntamente sucedió en 1986, la imposibilidad del retorno a estas tierras supuestamente ha subsistido. La Corte tiene también jurisdicción para decidir sobre estos presuntos hechos y sobre la calificación jurídica que a ellos corresponda. Finalmente, en cuanto a las presuntas violaciones ocurridas después del 12 de noviembre de 1987, que se estima innecesario detallar aquí, es evidente que caen bajo la competencia de la Corte Interamericana.
Los peticionarios no han agotado los recursos internos tal como lo requieren
la Convención Americana y el Reglamento de la Comisión Interamericana
45. El Estado alegó lo siguiente en relación con la falta de agotamiento de los recursos internos:
a) a pesar de que en Suriname existen recursos específicos aplicables a este caso, los peticionarios han sido negligentes en invocarlos y/o agotarlos. Asimismo, la carga de la prueba recae sobre el peticionario, quien debe probar que los recursos específicos fueron agotados o que caen dentro de la excepción establecida en el artículo 37.2 del Reglamento de la Comisión;
b) Suriname no ha renunciado a su derecho a alegar la inadmisibilidad del caso con base en la falta de agotamiento de los recursos internos; el Estado actuó a tiempo en relación con este asunto en mayo de 2002;
c) el Código Civil del Estado, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal establecen recursos internos efectivos;
d) en el presente caso, el peticionario tuvo oportunidad de iniciar un procedimiento penal y una acción civil acerca de las presuntas violaciones;
e) de conformidad con el artículo 1386 del Código Civil, el Estado puede ser demandado por los daños causados por sus actos. Éste hubiera sido el remedio legal más efectivo en Suriname para obtener compensación; sin embargo, los peticionarios no litigaron de conformidad con el mencionado artículo 1386, sino sólo optaron por la persecución criminal de los responsables;
f) la Comisión no ha reconocido que efectivamente se encontraba disponible una acción civil y que los peticionarios no agotaron este recurso, ni ha quedado demostrado que dicho recurso no era efectivo; y
g) los peticionarios no pueden argumentar que se ha negado el acceso a las autoridades judiciales nacionales; tampoco se puede alegar un retardo en el proceso legal, dado que los peticionarios no hicieron uso de las posibilidades de recursos internos legales disponibles.
46. En relación con el alegado no agotamiento de los recursos internos, la Comisión argumentó que:
a) el Estado no respondió a reiteradas solicitudes de la Comisión de que presentara información y nunca objetó la admisibilidad de los argumentos presentados por los peticionarios durante la oportunidad procesal adecuada. Por lo tanto, Suriname tácitamente renunció a su derecho a objetar la falta de cumplimiento de requisitos tales como el agotamiento de recursos internos, de conformidad con el artículo 46 de la Convención, estando ahora impedido de presentar tales objeciones en relación con este punto, en virtud del principio de estoppel;
b) la Comisión expresamente informó al Estado que su falta de respuesta a las solicitudes de la Comisión permitiría a ésta presumir, de conformidad con el artículo 42 de su Reglamento aplicable en ese momento, que los hechos denunciados eran verdaderos, en ausencia de evidencia que probara lo contrario;
c) en su Informe de Admisibilidad No. 26/00, la Comisión consideró el silencio del Estado como una renuncia implícita a su derecho de alegar el no agotamiento de los recursos internos;
d) el requisito de que los peticionarios agoten los recursos internos no debe imponer obstáculos procesales injustificados, sino más bien asegurar que el Estado tenga conocimiento de la reclamación antes de ser convocado ante un mecanismo internacional de supervisión. Cuando no es posible para los peticionarios agotar tales recursos por razones de hecho o de derecho, el requisito se “excusa consecuente y necesariamente”;
e) una acción civil por daños podría ser apropiada para un daño privado o civil entre dos partes, o en ciertos casos de incumplimiento de una obligación extra contractual por parte del Estado, pero no representa un remedio efectivo ni adecuado en respuesta a acciones que pueden constituir crímenes graves bajo la ley interna de Suriname;
f) el remedio apropiado para las violaciones de derechos humanos en el presente caso es una investigación penal diseñada para identificar, juzgar y sancionar a los responsables. Tales crímenes deben ser juzgados de oficio;
g) los recursos que el Estado debió haber proveído a través de su sistema de justicia penal se han visto afectados por un “retardo injustificado evidente”;
h) a la fecha de presentación de la demanda ante la Corte, habían pasado más de 16 años desde que ocurrieron los hechos que dieron origen al presente caso, y nadie había sido juzgado ni sancionado por las violaciones de derechos humanos. En este sentido, a las presuntas víctimas les han sido denegadas la protección judicial efectiva y las garantías judiciales; e
i) el retardo y la denegación de justicia en este caso son justamente el fundamento de la demanda; “[e]l caso mismo demuestra que los recursos internos no han estado disponibles ni han sido efectivos para los residentes de la aldea de Moiwana”.
47. Los representantes alegaron que “[l]os testimonios y demás pruebas presentadas a la Corte demuestran que las [presuntas] víctimas buscaron remedio activa y repetidamente en Suriname”. De conformidad con lo manifestado por los representantes, “[e]stos intentos de obtener justicia fueron ignorados, refutados e incluso castigados por Suriname y no produjeron ningún resultado”.
48. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia o comunicación presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con los artículos 44 ó 45 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos.
49. Sobre este asunto, la Corte ya ha establecido criterios claros. En efecto, de los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, a los cuales se refiere la regla del agotamiento de los del agotamiento de los recursos internos, resulta, en primer lugar, que el Estado demandado puede renunciar en forma expresa o tácita la invocación de esa regla3. En segundo lugar, la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado4. En tercer lugar, el Estado que alega el no agotamiento debe señalar los recursos internos que deben agotarse y proporcionar la prueba de su efectividad5.
50. En el presente caso, el Estado niega que haya renunciado a su derecho a alegar la falta de agotamiento de recursos internos. En efecto, Suriname sostiene que su primera objeción en relación con este asunto, contenida en un escrito dirigido el 20 de mayo de 2002 a la Comisión Interamericana, fue presentada a tiempo. Sin embargo, tal como lo ha señalado la Comisión en reiteradas ocasiones, y se desprende inequívocamente del expediente, la mencionada primera objeción de Suriname sobre este asunto no se remitió sino hasta después de que la Comisión había emitido sus Informes de Admisibilidad el 7 de marzo de 2000 y de Fondo el 28 de febrero de 2002.