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Timestamp: 2018-12-09 21:16:35
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Matched Legal Cases: ['artículo 310', 'artículo 315', 'artículo 310', 'artículo 315', 'Artículo 594', 'Artículo 316', 'artículo 310', 'artículo 278', 'artículo 3987']

Reformas a la caducidad de instancia en la Provincia de Buenos Aires
Título: Reformas a la caducidad de instancia en la Provincia de Buenos Aires
Autor: Kaminker, Mario E.
Publicado en: Sup. Doctrina Judicial Procesal 2009 (diciembre), 219
Sumario: I. Introducción.- II. Reformas al artículo 310 incisos 1) y 3.- III Reformas al artículo 315.- IV. Efectos de la Reforma.- V. Resumen.- VI. Colofón.
La ley 13.986 modifica los artículos 310 y 315 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
A continuación se transcriben los textos antes y después de esta reforma, resaltando las diferencias entre ambos:
II. Reformas al artículo 310 incisos 1) y 3)
a) El inciso primero
La modificación adiciona a los procesos en que la caducidad de instancia opera a los seis meses, aquellos que tramitan en única instancia, esta norma se aplica también a los procesos laborales y de familia.
Ello requerirá, sin duda modificaciones normativas respecto de los juicios no penales, a cuyo respecto no se ha establecido la segunda instancia.
b) El inciso tercero
Adiciona a los supuestos de caducidad de instancia por falta de impulso durante tres meses a los juicios ejecutivos. Hasta aquí el plazo respectivo era de seis meses.
Cabe considerar si tal modificación alcanza a las ejecuciones especiales y apremios establecidos por leyes especiales. La respuesta parece afirmativa, en tanto las normas del Código son supletorias o integrativas del plexo de ellas (1).
III Reformas al artículo 315
De mayor relevancia es la reforma al art. 315 por la gran incidencia que tiene sobre la vigencia del instituto según la norma reformada y su efecto respecto del art. 316 (2).
La reforma determina que la caducidad de instancia podrá ser solicitada POR UNICA VEZ por el demandado.
En espejo, autoriza POR UNICA VEZ el saneamiento de la caducidad mediante actos de quien tiene la carga de impulso, es decir manifestar su intención de continuar con la acción, producir la actividad procesal útil para la prosecución del trámite. La reforma adiciona, que si quien utilizó la posibilidad saneatoria no realizara actividad procesal útil, en igual plazo a pedido de la contraria o de oficio se tendrá por decretada la caducidad de instancia.
A ello debe adunarse la referencia que la norma reformada (no modificada) hace, en su primera parte, al artículo siguiente.
Se trata de plazo perentorio, en consecuencia el vencimiento del plazo sin incumplimiento de las cargas referidas determina, sin necesidad de declaración, la preclusión del plazo para hacerlo.
IV. Efectos de la Reforma
A partir de la reforma aparecen dos modalidades diversas para la operación de caducidad de instancia.
IV. i) A pedido de parte:
- Legitimados: Puede solicitarse por una sola vez en primera instancia, en los incidentes y en los recursos. Existe así, una sola posibilidad, atribuida solamente al demandado, al contrario de quien articulará la incidencia y al oponente de quien recurre.
- Recaudo de oportunidad. Saneamiento: Quien articula la caducidad debe hacerlo antes de consentir actuación del Tribunal posterior al vencimiento del plazo legal.
El impulso de las actuaciones por el Tribunal posterior al vencimiento del plazo legal obsta a la declaración de caducidad.
No ocurre lo mismo con el impulso de parte, salvo que como consecuencia de ello se produzca el impulso tribunalicio.
El impulso tribunalicio no esteriliza el curso del plazo de caducidad cuando el solicitante de ella no consiente tal actuación judicial.
Tal actitud (no consentimiento) debe producirse en el tiempo propio que el Código determina al efecto en materia de nulidades (art. 170 segundo apartado) esto es, dentro del quinto día de tener conocimiento del acto del Tribunal.
IV. ii) Intimación: Articulada la caducidad el Tribunal dispondrá intimación a las partes, esto es al interesado en la continuación del juicio, incidente o recurso, dentro del quinto día.
- Manifiesten voluntad de continuar con la acción.
- Produzcan la actividad procesal útil para la prosecución del trámite. Hay entonces cinco días para cumplir ambos recaudos, que deberán obrarse simultáneamente.
IV. iii) Sustanciación: Cumplidos los actos referidos o sin que ello haya tenido lugar, el Tribunal sustanciará el pedido de caducidad.
Si el plazo se hallare cumplido -no obrando en autos o fuera de ellos actos interruptivos- hará lugar a la petición.
a) Para la procedencia de la caducidad de instancia a pedido de parte se requiere:
- Articulación o petición por legitimado.
- No consentimiento oportuno de actividad impulsoria del tribunal.
- Intimación para manifestar interés en la continuidad y cumplimiento de actos útiles al efecto por el contrario que deben llevarse a cabo de quien pide la caducidad.
- Sustanciación.
- Inexistencia de actos interruptivos de la caducidad.
- Tanto el acuse de caducidad como el saneamiento solo pueden tener lugar una sola vez en cada juicio, incidente o recurso.
El art. 316 determina la posibilidad del decreto oficioso de la caducidad de instancia.
Al efecto debe:
- No haberse producido impulso de parte posterior al vencimiento del plazo de caducidad; debe tratarse de actividad útil.
- Intimar en los términos del art. 315.
- Resolución en la que deberá hacer constar el cumplimiento de los recaudos.
Solo es apelable la resolución que declara procedente la caducidad. Se el decreto emana de Tribunal de segunda o ulterior instancia la resolución es solo susceptible de reposición.
La normativa anterior en materia de caducidad, ya compleja, se ha complicado aún más, tratándose de institución a cuyo respecto se discute sobre su utilidad y su mantenimiento o derogación.
La reforma requerirá, sin duda, la ponderada interpretación judicial, habida cuenta de la trascendencia de los efectos de su declaración.
(1) Artículo 594. Reglas aplicables.- En las ejecuciones especiales se observará el procedimiento establecido para el juicio ejecutivo, con las siguientes modificaciones:
1°) Sólo procederán las excepciones previstas en el capítulo siguiente;
2°) No se admitirá prueba que deba rendirse fuera del lugar del asiento del juzgado, salvo que el juez, de acuerdo con las circunstancias, lo considerara imprescindible, en cuyo caso fijará el plazo dentro del cuál deberá producirse.
(2) Artículo 316 (Texto según Ley 12.357).- Modo de Operarse. La caducidad podrá ser declarada de oficio, previa intimación a la que se refiere el artículo anterior y comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 310, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento.
La caducidad de la instancia en la Provincia de Buenos Aires
Markin, Elías Emanuel
Flores Frutos, Olivia Rita
Título: La caducidad de la instancia en la Provincia de Buenos Aires
Autor: Markin, Elías Emanuel ; Flores Frutos, Olivia Rita
Publicado en: LLBA 2009 (agosto), 815
A raíz de la reciente reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, introducida mediante la ley 13.986 (1), acerca del régimen de la perención de la instancia, consideramos relevante efectuar una renovada lectura de este instituto procesal.
La importancia del tema se encuentra en que esta reforma es sustancial, pues como veremos, vuelve a poner en vigencia al instituto de la caducidad de la instancia dentro de la órbita provincial, ya que su anterior regulación la convertía en una herramienta procesal inoperante.
Así lo consideró la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, al expresar en los fundamentos de elevación del proyecto de ley a la Cámara de Senadores, que en la anterior redacción no se fijaba "un límite a la cantidad de oportunidades en que se puede pedir la caducidad; circunstancia por la que se pueden encontrar expedientes de procesos judiciales en lo que transcurre el plazo legal, con solicitud de caducidad de instancia, se intima a activar el proceso, lo activan y luego vuelve a transcurrir el plazo legal de inactividad y todo vuelve a repetirse; configurándose así un círculo vicioso que nunca termina, perdiendo efectividad y desnaturalizándose el instituto de la caducidad de instancia" (2).
2 — El instituto procesal de la caducidad de instancia
La caducidad o perención de la instancia "es una institución procesal aplicable a los procesos dispositivos, en virtud de la cual, durante determinado lapso, de oficio o a pedido de la parte contraria, el tribunal puede declarar el cese del curso de la instancia" (3).
Es uno de los modos anormales de extinción del proceso, que consiste en el "desistimiento tácito de la demanda o la extinción de la instancia por cesación de los procedimientos durante cierto tiempo" (4). Pero que a "diferencia de la renuncia, desistimiento, allanamiento o acuerdo, que son verdaderos actos jurídicos, unilaterales o plurilaterales, el caso de la caducidad de la instancia no es un acto de ninguna clase, sino un hecho: el transcurso del tiempo sin la realización de hechos o actos procesales, dentro de un proceso pendiente y paralizado" (5).
Los presupuestos esenciales para que opere la caducidad de la instancia son: la existencia de instancia y la inexistencia de actividad procesal útil. La doctrina y jurisprudencia son concordantes en considerar que la instancia comienza desde la presentación de la demanda, y que a partir de allí la parte tendrá la carga de impulsar el proceso (6).
Iniciado el proceso, y transcurridos los plazos previstos por el art. 310 del CPCC sin que se registre actividad útil para el propósito de obtener sentencia, el demandado podrá solicitar la caducidad de la instancia en curso. Para ello, antes de que se produzca un acto impulsorio por parte del actor o, si el acto impulsorio procediera del órgano judicial, antes de consentir éste, deberá intimarse al inactivo a manifestarse en el plazo de 5 días si desea continuar con el trámite, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de instancia.
Si la contraparte calla, o se manifiesta por la afirmativa sin impulsar simultáneamente el proceso, podrá actuarse la perención, lo cual significará la extinción del proceso, que podrá reiniciarse sin que implique nulidad de los actos producidos, los cuales, en la medida de lo compatible con un nuevo proceso, serán útiles. Así, por ejemplo, será admisible la prueba producida. Pero de este trastorno en tono menor (sólo la necesidad de oblar nuevamente la tasa de justicia) puede surgir para el actor una verdadera catástrofe: la caducidad de instancia borra la interrupción de la prescripción como si nunca hubiera ocurrido.
La caducidad de la instancia encuentra su fundamento subjetivo en la "presunción de abandono de la instancia que configura el hecho de la inactividad procesal prolongada" y objetivo "en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales" (7).
La caducidad no opera en forma automática sino que se requiere un pronunciamiento judicial que la declare; y su declaración es siempre de carácter restrictivo, debiendo optarse en caso de duda por mantener viva la instancia.
3 — Evolución en la Provincia de Buenos Aires
En primer lugar debemos recordar que este instituto fue siempre mal visto en la Provincia de Buenos Aires. En general los Tribunales del interior veían sencillamente como una canallada acusar caducidad de instancia y condenar al colega (vecino y amigo) a correr con las costas, cuando no con una demanda por daños y perjuicio.
Pero con el paso del tiempo se fue imponiendo y, al principio los forasteros de paso por la región y luego la cruda realidad de que en definitiva la ley otorgaba al cliente un derecho del cual no podía ser privado ni por espíritu de cuerpo ni por derecho natural, prevaleció sobre la benigna costumbre provinciana.
Empezó a aplicarse, en consecuencia, la norma escrita en lugar de la costumbre. Se trataba por supuesto del Decreto Ley 7425/68; y trascurridos los plazos previstos, el acuse de caducidad por sorpresa resultaba irrebatible. No había remedio ni recurso aplicable. Al letrado de la actora sólo le quedaba contar tristemente los plazos con la ilusión de que el incidentista hubiera cometido un error.
Sin embargo, con el último suspiro de las viejas costumbres, se modificó el Código Procesal provincial y en 1999 la ley 12.357 (8) reformó el art. 315 estableciendo que, como previo a decretarse la caducidad de la instancia, debía intimarse por cédula a la otra parte a manifestar su voluntad de continuar con el proceso bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la instancia.
Esta ley no hacía otra cosa que establecer legislativamente lo que era todavía costumbre vigente en La Plata y los departamentos judiciales del interior de la Provincia de Buenos Aires, donde existía un rechazo sensible al acuse de caducidad por sorpresa considerado una falta de consideración entre colegas y un aprovechamiento inmoral de las circunstancias. Por lo tanto, la reforma del Art. 315 del CPCC resultó muy bien acogida, en la conciencia de que, quien se mantiene silente ante una intimación semejante, bien se merece una caducidad de instancia.
Una década después las circunstancias se volverían a modificar, mediante la reforma introducida por la Ley 13.986, quedando el instituto de la caducidad de la regulado de la siguiente forma en el Art. 315 del Código Ritual:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser solicitada por única vez en primera instancia, por el demandado. En los incidentes, por el contrario de quien lo hubiere promovido. En los recursos, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal y se substanciará previa intimación por única vez a las partes para, que en el término de cinco (5) días manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan la actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de instancia".
"En el supuesto de que la parte intimada activare el proceso ante solicitud de caducidad; y posteriormente a ello transcurra igual plazo sin actividad procesal útil de su parte, a solicitud de la contraria o de oficio se tendrá por decretada la caducidad de instancia".
A partir de esta reforma, el actor, recurrente o incidentista, frente al acuse de caducidad de instancia, deberá ser intimado por única vez; cumplido este trámite, aquellos estarán sujetos a una situación procesal mucho más frágil; ya que la próxima vez que transcurra el plazo legal sin actividad útil, no solo la contraparte podrá solicitar su declaración sin necesidad de nueva intimación, sino que también podrá ser declarada de oficio.
¿Por qué resurge así una institución tan mal vista por los profesionales bonaerenses? ¿Acaso la institución tenga su razón de ser en una suerte de economía procesal que posibilita despoblar sin razón alguna —de orden jurídico o axiológico— las estanterías de tribunales?
4 — La caducidad de instancia y el art. 3987 del Código Civil
El Código Civil legisla cuidadosamente el instituto de la prescripción; y dispone que se interrumpen los plazos de la prescripción ante el acaecimiento de cualquier actividad tribunalicia, aun otorgando nueva vida a deberes ya prescriptos y a derechos ya fenecidos: bastando para ello silencio del demandado en su primera presentación para que se pierda el derecho de oponerlo más adelante.
Entonces nos preguntamos ¿Por qué razón ha de otorgarse a normativas de índole local como son las procesales, preeminencia sobre las prescripciones del Código Civil, sobre todo cuando éstas afectan derechos de relevante jerarquías como el de propiedad? ¿Por qué basta una inacción de seis meses para dejar a un parapléjico sin derecho a resarcimiento por el hecho que le produjo tan grave daño? ¿Cuál es el fundamento jurídico para obtener resultados tan disvaliosos? ¿Acaso se trata sólo de una legislación de origen local, que persigue como única y confesada causa fin, la de liberar espacio en los estantes y pasillos de Tribunales? ¿Es la ley 13.986 apenas un nuevo embate de los despejadores de estanterías? ¿O es que existe algún fundamento moral en este asunto? ¿Se trata de sancionar al actor?
Cierta jurisprudencia parece pensar que así es, al decir por ejemplo: "El artículo 278 de la L.C. dispone que 'cuanto no esté expresamente dispuesto por esta ley, se aplican las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal'. Evidentemente, la regulación del procedimiento del incidente de caducidad de instancia que el código procesal de la provincia contempla (arts. 315 y 316) es incompatible con tales premisas. La intimación previa que estas normas prevén para que el interesado manifieste su intención de continuar la acción y produzca actividad procesal para la prosecución de trámite, además de alargar el plazo de caducidad (toda intimación debe hacerse por cédula, a lo que se adicionan los cinco días para contestar), ha producido, en la práctica, la lisa y llana derogación del instituto de la perención de instancia - como de sobra ya tenemos experiencia en la provincia - dado que basta un mero escrito pidiendo una medida impulsatoria para que la caducidad no se produzca, situación que, para colmo, puede repetirse indefinidamente, dado que la regulación no contempla que la especial oportunidad que se le brinda al interesado moroso sea en una sola oportunidad. En definitiva, es constitucional que la ley concursal contenga disposiciones procesales, y su interpretación debe hacerse partiendo de la base que todas sus normas integran un 'sistema', no pudiéndose aplicar supletoriamente normas procesales locales quedesnaturalicen la rapidez y economía que la ley procura (art. 278, ley 24.522)" (9).
Y también que: "La caducidad de la instancia es un arbitrio instituido para sancionar la inacción de los litigantes , siempre que se encuentren en el deber de instar el proceso o que no se hallen en la imposibilidad de impulsar el trámite del mismo hacia su fin natural que es la sentencia, pero la perención debe estimarse como una medida excepcional y por lo tanto de aplicación restrictiva y que la interpretación, en materia de caducidad de instancia debe ser estricta y ordenada a mantener la vitalidad del proceso" (10) .
Cabe señalar que este fallo incurre en un error de concepto; ya que los litigantes no tienen "el deber" de instar el proceso; sino que tienen un interés en ello, que es muy distinto. Y por lo mismo que no están incumpliendo deber alguno sino sólo ejerciendo una facultad de recio orden constitucional, es que no corresponde aplicarle "sanción" alguna por su inacción.
Por que si así fuera ¿Acaso el otro litigante, el que no tiene "el deber" de instar el proceso goza "del derecho" de ser liberado de sus deberes en virtud de la inacción de la contraria? ¿De donde surge tal "derecho"? ¿Y qué decir del deber del juez de dictar sentencia? Ya que iniciado el juicio, dice el Código Civil que el juez no podrá excusarse de dictar sentencia.
Sin embargo, la norma procesal lo excusa rápidamente; ya que mediante la simple aplicación de la caducidad de instancia, el juez queda liberado de su deber esencial y su razón de ser.
Y si de sancionar se trata, ¿habrá que hacerlo a la parte o a su letrado, quien en definitiva, es el verdadero responsable en la generalidad de los casos?. ¿O por qué no al juez, que debe dirigir e instruir el proceso, velar por su buen desarrollo y definitivamente impartir justicia y dictar sentencia? ¿Que hay de moral en relevar al juez del deber de dictar sentencia mediante la simple razón pseudo moralizante de que se debe castigar la desidia del actor? ¿Cómo se castiga en tal caso la desidia del juez, o la desidia del demandado que tampoco se preocupa de impulsar el proceso que ha de dilucidar definitivamente su situación? ¿Por qué sancionar solamente la desidia del actor? ¿Es porque se atrevió a ejercer su derecho a la jurisdicción?
También se ha dicho que existe un derecho subjetivo del demandado: "La caducidad de instancia, constituye un derecho subjetivo de naturaleza procesal para el demandado . Frente al interés de la actora en que el proceso se mantenga en curso, se alza el interés de la demanda en verse liberada de él cuando han transcurrido los plazos de ley, siendo tan legítimo y atendible éste último como el primero, máxime si advertimos que la adquisición de tal derecho por la accionada se cimenta en la omisión, por parte de la promotora del proceso, de los actos conducentes a su mantenimiento (Art. 512 Cód. Civ.; arts. 315 y 316 Cód. Proc.)" (11).
Todo esto se ha dicho y del catálogo de jurisprudencia es llamativa la insistencia en atribuir a la institución de la caducidad de instancia la muy pedestre intención de contribuir a la celeridad y economía procesal o bien de impedir la eternización de los juicios. Y es probable que esa falsa moralina sea precisamente la que impide apreciar la institución en su dimensión real, destinada a evitar que, mediante la simple promoción de la demanda, los derechos se tornen imprescriptibles; lo que sería a todas luces inadmisible.
Acertadamente se ha dicho que, si la prescripción no existiera, nadie podría disfrutar tranquilamente de sus derechos ya que estarían siempre en riesgo de sufrir reclamos basados en sucesos ocurridos from the beginning of the World como dicen pintorescamente los contratos anglosajones, en los cuales las partes se obligan a desistir de todo reclamo desde el comienzo del mundo y hasta el fin de los siglos: for ever.
Por la misma razón, para que las partes no deban guardar el contrato exoneratorio durante siglos, es que la prescripción resulta de orden público y no puede ser prorrogada por acuerdo de partes.
Luego de haber dedicado los párrafos precedentes a plasmar la creatividad de los tribunales para justificar el instituto de la caducidad de instancia corresponde ocuparnos de su real y verdadera fuente, el artículo 3987 del Código Civil:
"La interrupción de la prescripción, causada por la demanda, se tendrá por no sucedida, si el demandante desiste de ella, o si ha tenido lugar la deserción de la instancia, según las disposiciones del Código de procedimientos, o si el demandado es absuelto definitivamente".
En esta simple y clara disposición del Código Civil se resume toda la fundamentación y razón de ser de la caducidad de instancia, la evidente imposibilidad de abolirla de los códigos procesales y también el daño que puede producir que el legislador olvide la razón real de la institución y crea realmente que se trata de un mero artilugio tendente a despejar las estanterías de Tribunales.
Olvidar el fin que ha tenido en mira el ordenamiento jurídico al crear determinada institución, por supuesto genera regulaciones que producen verdaderos abusos de derecho.
Porque al rebajar la jerarquía del instituto se cae en errores legislativos, como permitir que derechos de enorme importancia puedan perderse con sólo una inactividad procesal de tres meses, por ejemplo. O que en un proceso con etapa probatoria concluida, se declare caducidad de instancia sólo porque al actor no se le ocurrió presentar un escrito pidiendo sentencia, actividad que pudo haber sido suplida tranquilamente con la actividad del órgano judicial. O que, cuando el juez debió actuar de oficio se declare caducidad de instancia al litigante que no recordó al juez su deber.
En los catálogos de jurisprudencia encontraremos también innumerables ejemplos de estos procesos fenecidos por razones fútiles y de inadmisible ritualismo formal, no en realidad por una mala interpretación de la ley de forma sino por una evidente incomprensión de ésta última acerca de los fines de su propia existencia. Y si el ordenamiento procesal no es enderezado por una sólida interpretación finalista por parte del pretorio, los resultados son realmente disvaliosos.