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Timestamp: 2019-12-16 01:56:33
Document Index: 352974735

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Nuevas formas de autogestión cultural desde la perspectiva del derecho a participar en la vida cultural | Cultura y humanización del Derecho
3 Nuevas formas de autogestión cultural desde la perspectiva del derecho a participar en la vida cultural
Este trabajo aparece como un paso más en la labor de investigación que vengo desarrollando sobre la autogestión cultural. Se ha elaborado con ocasión de la intervención en un seminario organizado en la Universidad Rey Juan Carlos por la profesora Beatriz Barreiro. Y a su vez es una síntesis del trabajo fin de master titulado “El derecho a participar en la vida cultural y los Centros Sociales Autogestionados”, que culminaba el programa cursado de Master en Derechos Culturales de la UNED y la Universidad Carlos III. Sucede al trabajo que elaboré junto con el Colectivo Triple Gestión sobre el Centro Social Autogestionado (CSA) “La Tabacalera de Lavapiés” (2012), donde analizamos la actividad del centro y por extensión la labor de los centros autogestionados, desde el punto de vista de la gestión cultural. En ese trabajo concluíamos que la autogestión es una incipiente tercera vía de gestión cultural, que no sustituye las ya existentes, pero viene a cubrir una parte de la demanda, no satisfecha desde los centros de cultura pública o privada. En estos años esta teoría ha venido confirmándose, puesto que cada vez son más los centros y más desarrollado el andamio teórico que los sostiene.
Sin embargo, el estudio a través de la gestión cultural es absolutamente insuficiente para comprender la realidad de los centros autogestionados. El análisis de esta realidad desde la perspectiva de los derechos culturales supone entender mejor la totalidad de este proceso y, por otra parte, arma a la gestión cultural para elaborar su propio discurso, proporcionándole importantes herramientas de análisis.
Mi ámbito profesional es la Gestión Cultural, lo que someramente podríamos definir como una labor de facilitación y programación entre públicos y creadores/as. Pero ese estudio, solamente referido a la gestión, era también insuficiente para defender su continuidad. Los estudios en derecho internacional público y derechos culturales me han proporcionado una nueva visión sobre el acceso y la participación en la vida cultural, que es necesaria para defender éstos como ejercicios de derechos y libertades.
En este trabajo, mi análisis se centra en los procesos de autogestión cultural, es decir en aquéllos en los que la labor de mediación y facilitación es desarrollada por un colectivo ciudadano que precisamente participa en las decisiones organizativas de un espacio cultural. Para ello es necesario, por una parte, estudiar estos procesos como maneras de gestión cultural no enmarcados en la diatriba público-privada, y, por otra, enfocarlos desde una perspectiva legal nacional e internacional, atendiendo a las diversas legislaciones tanto sobre las formas organizativas y derechos de participación, como sobre los espacios físicos donde se diera esta forma de organización.
Aunque el recorrido por las legislaciones y opiniones académicas sobre el derecho a participar en la vida cultural intenta ser amplio y variado, en los últimos años hemos asistido a una evolución del concepto de participación ciudadana en diferentes ámbitos. Los recientes sucesos políticos, la crisis económica, la aparición de nuevos movimientos sociales o las nuevas tecnologías (TIC) están obligando a la normativa actual a revisar el concepto de participación ciudadana y, por lo tanto, también del derecho a participar en la vida cultural.
Podemos empezar por observar el panorama internacional en lo referido al derecho a participar en la vida cultural (a partir de ahora dpvc). Quedará así enmarcado dentro de los derechos culturales, que es donde además dotamos de sentido a los espacios autogestionados y la autogestión cultural, que es finalmente lo que nos ocupa.
La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 afirma en su art 27 el dpvc como un derecho fundamental:
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (a partir de ahora PIDESC) en su Art. 15 (Asamblea General de las Naciones Unidas 1966) obliga a su vigencia y observancia según dice el propio texto:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona:
a) A participar en la vida cultural
b) A gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
c) A beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”
A partir de lo anterior es importante conocer la acotación y desarrollo de este derecho, también en su relación con los desarrollos de la UNESCO, fundamentada en la observación general número 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General de las Naciones Unidas (2009), que a su vez se refiere al artículo 15, párrafo 1 a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este artículo 15 define el dpvc como libertad, además de como derecho, y por lo tanto prescribe la no injerencia y obligatoria prestación del Estado. Es decir, estamos hablando de que el dpvc es libertad cultural, participación (identidad), acceso (conocer y comprender las culturas) y contribución (creación y decisiones- políticas culturales).
Otra importante concreción de este derecho se encuentra en los informes de la Relatora Especial de derechos culturales, la Sra. Farida Shaheed, que dan actualidad y mayor precisión al enunciado de este derecho. El mecanismo de la Relatora Especial es un mandato creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2009 para el desarrollo de los derechos culturales, incluido el derecho a participar en la vida cultural.
También es relevante la recomendación de la UNESCO relativa a la Participación y a la Contribución de las Masas Populares en la Vida Cultural, de 26 Noviembre de 1976, donde se expresa que “la presente recomendación concierne al conjunto de los esfuerzos que sería conveniente que los Estados Miembros o las autoridades competentes emprendieran para democratizar los medios y los instrumentos de la acción cultural, a fin de que todos los individuos puedan participar plena y libremente en la creación de la cultura y en sus beneficios, de acuerdo con las exigencias del progreso social”
Un aspecto importante a tratar es el de la justiciabilidad del dpvc. Desde el marco del PIDESC hasta ahora solo se podía controlar el cumplimiento estatal de los derechos que contiene a través de informes periódicos. Ahora, a partir de la entrada en vigor del el Protocolo Facultativo al Pacto los individuos pueden presentar comunicaciones individuales ante el Comité de derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), un gran avance en la justiciabilidad del derecho que nos ocupa.
Situación legal actual a nivel nacional y autonómico
Es importante abordar cuál es la situación en el ámbito nacional porque es nuestro ámbito de estudio, y por lo tanto, donde se ubican los espacios del trabajo etnográfico.
Nos encontramos con una escasa regulación local, regional e incluso nacional en temas de participación en la vida cultural. A pesar de no encontrar legislación que se refiere literalmente al el dpvc como tal, podemos explicar algunos artículos de nuestra Constitución que se refieren de una u otra forma al mismo. Se trata de los artículos 9.2 y 44.1. El artículo 9.2 de la Constitución establece que: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” Y el artículo 44.1: “Los poderes públicos promoverán y tutelaran el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.”
Estos artículos se ocupan de la responsabilidad de los poderes públicos en la promoción y el acceso a la cultura en libertad e igualdad, así́ como de remover los obstáculos que lo impidan. Este acceso a la cultura se configura como un derecho que merece ser tutelado.
El Profesor Jesús Prieto de Pedro, en su libro canónico Cultura, culturas y Constitución (1992), no trata monográficamente el tema, si bien de modo colateral lo aborda en varios lugares. Especialmente en el último capítulo, dedicado al “Progreso de la cultura”. El autor, partiendo también del concepto “Estado de Cultura”, pone de relieve cómo la Constitución prescribe el apoyo positivo que las instituciones deben ofrecer al “progreso de la cultura”. Cita también el artículo 44.1 que ordena a los poderes públicos “Tutelar y promover el acceso a la cultura”. Consecuentemente con ello, el Estado ya no se debe conformar con una posición liberal que garantice la autonomía y el libre desarrollo, sino que su acción debe partir de un “derecho a la cultura”, que sería un “derecho fundamental autónomo, en concreto como un derecho de prestación” (P. de Pedro, 2006, p. 279-80).
Resulta relevante citar también el artículo 53.3 de la Constitución, del que se desprende que, para el caso del derecho a la cultura, no existe el recurso judicial en caso de vulneración del mismo.
En el ámbito autonómico tampoco encontramos legislación que se refiera explícitamente al dpvc como tal. Es apreciable la propuesta de “Ley vasca de Acceso a la cultura” que aunque no pasó de ser una propuesta, puede considerarse un modelo para regular el acceso y la participación en la vida cultural, cuestiones tratadas en la observación general del Comité DESC, y que sirve como base teórica para algunos planteamientos posteriores en la propia institución vasca. Reseñable es cómo el Consejo Vasco de las culturas admitía la actitud proactiva de la ciudadanía, que debía regularse bajo un marco general y unas garantías de acceso, y que por lo tanto afectaría directamente a las prácticas de autogestión.
Por último, son interesantes las iniciativas civiles como la Agenda 21 de la Cultura, el “Manifiesto en Defensa de la cultura” (Plataforma en defensa de la cultura) y Pacto por la cultura (Conferencia para la cultura, asociación estatal de gestores culturales), Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC))
Los Centros Sociales Autogestionados (CSA’s)
Es necesario abordar una definición y análisis legales de los centros sociales autogestionados (CSA’s), especialmente aquellos que se instalan en espacios de titularidad legal púbica. La legislación todavía no contempla la aparición de estos espacios, ni tampoco ha desarrollado un proceso estipulado para la regularización de su actividad y relación con la Administración, sin embargo, la realidad se impone y cada vez son más numerosos y están más enraizados en la sociedad civil. Por otro lado, la aparición de estos centros, así como la de movimientos culturales afines, está suponiendo el surgimiento de otros modelos de participación cultural que no quedan contemplados en la actual normativa. Aunque ése no es el principal objetivo de este texto, resulta importante señalar cómo estos laboratorios están desarrollando nuevas figuras de ciudadano participante en la vida cultural que no coinciden con lo ya establecido y que requerirían de un desarrollo propio dentro de ese derecho a participar en la vida cultural.
Diversos autores aportan conceptos importantes, así Meyer Bisch, P. (1992) hablaba de grados de participación (paciente/activo/productivo) cuya separación en la realidad actual parece ya casi imposible. Katarina Tomasevski, que fue la primera Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, se refiere al cumplimiento de ciertos criterios en relación con éste como son la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad e idoneidad, y pone el énfasis en la interacción (diversidad cultural y en la capacidad de elección (libertad individual). Estos criterios, que se vienen utilizando para analizar también otros derechos humanos, se recogen también en el partado II. B de la mencionada Observación General nº 21 sobre el derecho a participar en la vida cultural.
Nos interesa especialmente la mención al derecho a “la definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales”, tal y como lo establece la Observación General nº21, que lo considera parte del propio dpvc. Parecemos estar ante un indicio de lo que podría ser un derecho/libertad a la autogestión cultural, aún sin definir del todo y que es algo novedoso que demostraría una concepción revolucionaria de este derecho a participar en la vida cultural, más flexible y contemporánea.
La expresión “vida cultural” misma sugiere fuertemente lo colectivo, y el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se refiere expresamente a la vida cultural “de la comunidad”, lo que hoy en día debe entenderse por “comunidades plurales.” (Shaheed, F., 2010, p.6), debiéndose entender la colectividad de un derecho cultural no solamente en el reconocimiento de la cultura de una comunidad o la diversidad, sino como la participación colectiva en la vida cultural.
Si tomamos como referencia la mencionada Observación General nº 21, y en concreto su apartado II B parece cada vez más evidente que los centros sociales autogestionados desarrollan y ayudan al efectivo cumplimiento del dpvc.
La referida disponibilidad de la cultura, vinculada a la accesibilidad, requiere la presencia de bienes y servicios culturales que podamos disfrutar en nuestro entorno. Las iniciativas autogestionadas nacen de propuestas ciudadanas que ven una necesidad de oferta cultural no cubierta, y de la disponibilidad a autoabastecerla. Siendo necesaria la existencia de una cultura pública que atienda también a las minorías y las reconozca, desde unos criterios profesionalizados, es también legítimo que las necesidades culturales concretas de los colectivos se pueden satisfacer con propuestas ciudadanas que identifican las carencias de la oferta pública e intentan solventarlas, siempre que las mismas sean respetuosas con los derechos y deberes fundamentales.
La Observación General nº 21 sobre el dpvc también indica que tal derecho requiere que existan “oportunidades efectivas y concretas” de disfrutarlo que estén “al alcance físico y financiero” de todos (párrafo 16). La adecuación de los precios, o los precios libres, son algunas de los puntos que encontramos en los diferentes decálogos de los CSA’s, que por lo tanto denotan una auténtica vocación de accesibilidad. Por otro lado, nada impide que estos centros puedan desarrollarse en cualquier lugar geográfico, siempre que exista una voluntad social dispuesta a ello. Estos CSA’s vendrían a satisfacer así el criterio de accesibilidad -parece que el término en inglés“affordability” es más exacto- recogido en la Observación General nº21, y por lo tanto este sería otro argumento para que el Estado apoyara la creación de este tipo de centros.
En pro del cumplimiento de la accesibilidad de la cultura estaría, así́ mismo, el argumento de la diversidad y comunicación entre culturas. Cuanto más horizontal y menos trabas de acceso se establezcan, más plural puede ser un espacio cultural. Además, en muchas ocasiones, estos centros son un reflejo más fidedigno de la realidad cultural de una sociedad, puesto que en ellos no existe el concepto museístico de “cultura oficial”, porque son fruto de la actividad espontánea del medio en el que nacen. La democratización de la participación en la vida cultural es el fruto y a su vez la herramienta para la interacción intercultural, y por lo tanto para el respeto y desarrollo de la diversidad cultural.
Según la Observación citada (párrafo 16) para el buen cumplimiento del derecho a participar en la vida cultural es necesario que sean efectivas la aceptabilidad y adaptabilidad de las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas adoptadas por el Estado. Es decir, es necesaria una mejora en la participación, en la gestión y decisiones culturales por parte de la ciudadanía y a su vez una mayor integración en la legislación de los requerimientos ciudadanos en políticas culturales. Los CSA’s, surgidos de iniciativas ciudadanas auto organizadas, cumplen un papel en la realización de los derechos culturales demandando que la legislación se adapte a estas realidades. Esta adaptación supondría un mayor y mejor cumplimiento de los requisitos de adaptabilidad y aceptabilidad del derecho a participar en la vida cultural por parte del Estado.
Dice J. Bogumil que el ciudadano es ‘co-gestor’ y ‘co-productor’ en la producción de servicios. Es decir, se está́ construyendo un nuevo papel de la participación en lo público, que no tiene por qué descartar los anteriores, sino que aporta una nueva visión múltiple con unos ritmos diferentes. “El papel de lo público es el de crear las estructuras fuertes sobre las que estos pequeños mundos se encaraman, ofreciendo el espacio neutro en el que discutir los distintos proyectos que aparecen y las formas en que se pueden articular, recopilando y ofreciendo la información que permite tomar pausas en los procesos, mirando de forma retrospectiva qué es lo que estamos montando, para poder evaluarlo o reconsiderarlo” (Bogumil, J., 2001).
Experiencias concretas de avance en la legislación del dpvc y/o en la referida a los centros sociales autogestionados
Como ya hemos señalado anteriormente no hay normativa concreta respecto al tratamiento de estos procesos. En nuestro país, los CSA’s se tratan en su mayoría de asociaciones culturales como personalidad jurídica reguladas por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo sobre Derecho de Asociación.
Encontramos por tanto dos dimensiones legales para observar este proceso: la dimensión de los derechos culturales y la dimensión de un planteamiento administrativo. Vamos a señalar someramente algunos procesos relativos al dpvc de los cuales podemos tomar determinados aprendizajes para la aplicación en procesos de autogestión cultural.
Ley NOTRE en Francia
Dentro de la nueva organización territorial que sustituye la antigua cláusula de competencia, y tras dos años de debate, la Ley 2015/991 de 7/8/2015, conocida coloquialmente como ley NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) define que la responsabilidad cultural es ejercida conjuntamente por el Estado y las colectividades regionales, en relación a los derechos culturales referidos, aunque sea de forma implícita, en la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de 2005. Aunque no es tan ambicioso como lo era el primer planteamiento, constituye el primer reconocimiento de normativa nacional europea a los derechos culturales que, en boca de los teóricos francófonos JM Lucas y Meyer Bisch, supone una manera de “faire humanité” (Lucas, J.M. 2015). Es por tanto un avance estratégico en el derecho de la cultura, que denota una voluntad de convivencia en la diversidad a través de la participación.
Ley MECA en Argentina
Tras la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular, que denunciaba la necesidad de espacios para fines culturales, finalmente se aprobó el 18 de diciembre de 2014 la ley MECA (Colectivo MECA), que contempla diferentes figuras legales de espacio cultural, entre los que se encuentran los “clubes de cultura”. Son espacios sin ánimo de lucro, lo más similar a nuestros centros sociales autogestionados. Esta ley facilita los trámites legales a estos colectivos y formula condiciones especiales en lo relativo a seguridad e higiene. Eleva por tanto la autogestión a un modelo de gestión más, facilitando además la reproducción del modelo.
Ley de acceso a la cultura vasca y las fábricas de creación
La ley se concebía como un intento de regular el acceso y la participación en la vida cultural; que, como decíamos antes, son cuestiones que desarrolla la Observación General nº21, sobre el derecho a participar en la vida cultural. Deja, sin embargo, menos definida la parte ligada a la creación (dentro de la contribución, no así la parte de contribución en las políticas culturales, como veremos después). Es por este mismo motivo que el grupo de trabajo, creado para aportar a esta ley, pone de relevancia esta falta y además propone cambiar el nombre de la Ley que pasaría a denominarse Ley Integral de Cultura. (Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, 2012).
Bajo esta misma filosofía reflejada en la mencionada ley y junto al estudio de experiencias reales, se crean las llamadas fábricas de creación. De todos los ejemplos de soluciones que hemos estudiado en este trabajo éste es el que mejor contempla la realidad de los espacios autogestionados. Resulta muy interesante la interpretación sobre su creación como laboratorio, prueba, ensayo. Una “política de innovación e investigación artística” (Gobierno Vasco, 2010). Se utiliza el mismo lenguaje que el utilizado por los propios CSA’s en sus documentos internos, lenguaje de procesos, no de fines, de experimentación y no de resultados.
Este estatus de “fábrica de creación” contempla espacios de confluencia de disciplinas artísticas que funcionan en “biodiversidad”. Es decir, aquellos espacios que responden a una necesidad social manifestada y que se desarrollan de una manera orgánica (en el sentido biológico), sin dirigismo por parte la Administración.
Los CSOA’s (centros sociales “okupados” autogestionados)
Estos CSOA’s son espacios que han usurpado una propiedad pública o que se asientan en una propiedad privada. En ambos casos se puede alegar la comisión de un delito tipificado en el artículo 245 del Código Penal español. Sin embargo, estamos viendo cómo empieza a existir jurisprudencia sobre estos casos, en la que el juez pone en valor la función social y cultural que realiza el colectivo, mientras el edificio se encuentre en desuso. Somos conscientes de que las cuestiones culturales se caracterizan por precisar de elementos extrajurídicos y buscar los mecanismos para incluirlos en la valoración del conflicto. Un terreno a explorar en este ámbito podría ser los mecanismos de conciliación que mediaran entre los propietarios de los centros abandonados y los “okupas” con fines culturales.
Límites y puntos de avance
En este apartado vamos simplemente a señalar algunas cuestiones que quedan sin cubrir por la legislación actual y en las que cabría incidir o crear nueva normativa que regulara estos procesos y favoreciera el cumplimiento de los derechos y libertades.
Podríamos hacer un grupo con las cuestiones referidas a la seguridad del espacio y accesibilidad al inmueble como cuestiones relevantes en lo referido a infraestructura. Hemos visto en los documentos legales que las reparaciones, mantenimiento y adecuación del edificio (excepto en casos excepcionales como el de Gernika) dependen de la asociación titular del contrato de cesión del espacio, y aunque también constan en algunos casos ayudas puntuales a este fin por parte de la administración, los recursos son generalmente muy precarios. En muchos de sus estatutos se pueden encontrar principios como el de autoconstrucción, austeridad y reaprovechamiento de los recursos (CSA La Tabacalera, 2011), pero lo cierto es que, incluso cumpliendo estos principios, muchos de estos centros no se adecuarían a las normas correspondientes de seguridad infraestructural ni de accesibilidad para todo tipo de personas. Con lo cual aquí́ detectamos ciertos déficits, ya que los CSA son instituciones abiertas al público.
En lo relativo a la responsabilidad civil la Asociación debe suscribir un seguro de responsabilidad civil general que garantiza las responsabilidades que puedan derivarse de daños materiales a personas ocasionados por el uso de los espacios asignados y siempre dentro de estos espacios, y asumir la responsabilidad laboral del personal que desarrolle su actividad en los referidos espacios autorizados. Además, se obliga a cumplir la Ley 29/2005 de 29 de Diciembre de Publicidad y Comunicación Institucional en todos los proyectos y actividades que se realicen.
Pero, en la mayoría de los casos, la realidad de estos centros no se adecua a esta normativa y además no responde a los deseos de los asociados en lo que toca a muchas de sus condiciones. Por lo tanto, constatamos los vacíos legales sin resolver y reiteramos la necesidad de desarrollo de una normativa adecuada a las visiones propias de estos centros.
Sin ninguna duda un tema fundamental es el relativo a la obtención de un espacio para el desarrollo de la actividad y por lo tanto la reivindicación de que la administración proporcione espacios públicos para el consecuente cumplimiento del dpvd. En el análisis de los casos de “La Tabacalera de Lavapiés” (situado en un edificio que pertenece al Ministerio de Cultura y que fue cedido dentro del plan estratégico de excelencia MCU agente social y cultural de Madrid) y ASTRA en Gernika (que comenzaba como una “okupación”, seguía con una posterior recalificación, y finalmente terminaba con una compra, rehabilitación y cesión por parte del Ayuntamiento de la localidad al colectivo autogestionado) se observan prácticas públicas de colaboración en este sentido.
La ciudadanía debería poder tomar parte en las decisiones sobre el patrimonio público, sobre todo aquel que está en desuso, y poder decidir cuál es su finalidad. Uno de los usos posibles para estos espacios sería utilizarlos para el buen cumplimiento del derecho a participar en la vida cultural. Podría desarrollarse una legislación que preestableciera el preferente uso cultural de los edificios públicos carentes de actividad, aunque solo fuera con carácter transitorio.
El derecho a participar en la vida cultural, propio de los espacios de autogestión, necesita de espacios físicos donde desarrollarse. Entendemos que la función que desarrollan es pública y por lo tanto debe haber una relación con la Administración, que es quien debería dotar de estos servicios a la población. El uso de los edificios públicos en desuso puede ser una solución para facilitar este derecho, incentivar la interacción y fortalecer la convivencia en diversidad.
En el caso más problemático de los Centros Sociales “Okupados” podría desarrollarse un protocolo de mediación comunitaria (basándome en Romero Navarro, F. Coord., 2005) que consistiera en un diálogo previo entre los okupas y el propietario. No podemos resignarnos a la invocación aséptica del derecho positivo español y renunciar a contemplar la complejidad de estos casos. Deberíamos realizar un análisis particular en cada caso que tuviese en cuenta las circunstancias específicas y que se elaborara desde una empatía con el medio local.
Importante parece señalar que la relatora especial Farida Shaheed, en el informe sobre el derecho a la libertad de expresión y la creación artística (2013) se refiere al uso del espacio público para fines artísticos (aunque este espacio sea un inmueble), lo que supone un sensible tratamiento cuando la demanda es para un objeto cultural.
Por lo tanto, tras esta labor de investigación, se pretende haber demostrado las tesis detalladas a continuación, planteadas coherentemente desde una metodología que aúna una recopilación teórica legislativa y cultural con un trabajo etnográfico que dota de valor al proceso.
Podríamos avanzar las siguientes conclusiones:
– El derecho a participar en la vida cultural es un derecho básico. Así lo demuestra la legislación internacional (DUDH art 27, Art 15 PIDESC, OG 21, los informes de la Relatora Especial). Sin embargo, este reconocimiento no conlleva que exista una cobertura suficiente.
– Este derecho no está desarrollado suficientemente en la legislación española. La legislación nacional lo aborda, si bien no explícitamente, en los artículos 9.2 y 44.2, que ofrecen una visión prestacional del derecho a la cultura. No encontramos leyes autonómicas que concreten más sobre el dpvc y tan solo una propuesta de desarrollar una ley en el intento Ley Vasca de Acceso a la cultura.
– Es constatable la existencia de una red de experiencias autogestionadas con cierta homogeneidad y organización, como se pudo comprobar etnográficamente. Estos espacios se convierten en agentes facilitadores del ejercicio del dpvc y por eso merecen la atención de la legislación. La Observación General número 21 y los informes de la Relatora especial señalan el derecho a participar en la elaboración de políticas culturales y a desarrollar la propia cultura. Podríamos interpretar que ese derecho en un ámbito local se podría convertir en el “Derecho a la autogestión cultural”, el derecho a tomar parte en las decisiones que afectan al cumplimiento de los derechos culturales y que así se llevan a cabo en los centros sociales autogestionados.
En este punto es importante señalar la voluntad de una parte de ellos de entrar en la legalidad o consolidarse en la misma, entrando en contacto con fórmulas legales que contemplen una relación público-autogestionada o incluso privado-autogestionada.
– También es importante entender las reivindicaciones de la cesión de espacios para el cumplimiento de este derecho, una localización física, generalmente de titularidad pública, que facilite este tipo de prácticas. Sin embargo, y sin extenderme excesivamente en este punto, podría proponerse que no solo se limite a una cesión sino que la relación con la administración pública conlleve un acompañamiento y aprendizaje que además establezca el marco de los Derechos Humanos y la Constitución como límites necesarios.
– El cumplimiento del dpvc, aunque no exactamente con esta misma terminología comienza a ser considerado un argumento jurídico a tener en cuenta en instancia judicial, en los casos que tienen que ver con los espacios autogestionados. Encontramos ejemplos de este tipo en los casos del barrio Errekaleor de Vitoria o la Madreña de Oviedo (Suárez M. 2014).
– Sería necesaria una legislación nacional y/o local que permitiera el ejercicio de ese derecho (“derecho a la autogestión”), reconociendo la especificidad de estos centros pero sin pervertir su naturaleza.
1.- Fuentes doctrinales
Bogumil, J. (2001) “Ist die kooperative Demokratie auf dem Vormarsch?” Der Staedtetag, 6/2001
Lucas J.M. , (2015), “Petit guide pratique pour mettre en oeuvre l’article 28a de la loi notre appelant respect des droits culturels”. 22 juillet 2015. En http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/guide_v3_pratique_a28.pdf
Lucas J.M. et Bisou D.K, (2015). Note sur les pseudos « effets pervers » des droits culturels. 16 febrero 2015. En goo.gl/HDcTuv
Lucas, J.M. (2015), Pour l’amendement sur la garantie des droits culturels des citoyens 29 janvier 2015. En goo.gl/1rEBiy
Lucas, J.M. , 2015 “Pour repenser les enjeux culturels publics”, 15 de Octubre 10 de 2013. En http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/oct13.pdf
Prieto de Pedro, J. (2006) Cultura, culturas y Constitución, Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Romero Navarro. (2005) La mediación, una visión plural: diferentes campos de aplicación, Gobierno de Canarias.
Shaheed Farida, (2011) Informe de la experta independiente en la esfera de los derechos culturales.Adición. Misión a Austria. Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos.
Suárez M. (2014),” Juez de Oviedo considera adecuada la ocupación de un edificio por su uso social” Eldiario.es Las Crónicas de Asturias 21 de Marzo de 2014. En http://www.eldiario.es/cronicas-asturias/Oviedo-considera-adecuada-ocupacion- edificio_6_241185904.html
2.- Fuentes legales
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Asamblea General de las Naciones Unidas (2012) Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, y su protocolo facultativo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos México D.F. En https://goo.gl/DukohW
Assamblée Nationale Francaise, (2015) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République. Loi NOTRe. Journal officiel du 8 août 2015.
Audiencia Provincial de Oviedo- Sección 1. No Recurso: 786/1999. Sentencia 2262/2000, Oviedo, 1 de junio del 2000.
Gobierno Vasco (2012), Departamento de Cultura. Primer borrador de bases de ley vasca de acceso a la cultura. Gobierno vasco. Vitoria/Gasteiz. Documento inédito.
Gobierno Vasco (2015). Orden de 18 de marzo de 2015 de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2015 dentro del programa «Fábricas de Creación», BOPV no 60 de 30 de marzo de 2015.
Juzgado de Instrucción de Oviedo (2011). Sede 1. Auto 4882/2011. Procedimiento abreviado.
Juzgado de Primera Instancia n.o 6 de Vitoria-Gasteiz (2015), Edicto. Juicio: pro. ordinario 455/2014. 21-05-2015.
3.- Fuentes documentales
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Asociación CSA La Tabacalera de Lavapiés, (2013) Estatutos. En http://latabacalera.net/
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Ayuntamiento de Gernika-Lumo, (2008), Convenio de colaboración entre el Ilustrísimo Ayuntamiento de Gernika y la Koordinadora Astra. Gernika, 11 de Junio de 2008. En http://www.astragernika.net/pdf/hitzarmena.pdf
Centro Social Comunitario Luis Buñuel (2013). Proyecto de Conversión del Antiguo Instituto de Educación Secundaria Luis Buñuel de Zaragoza en: Centro Social de Gestión Compartida Luis Buñuel. Zaragoza, en https://docs.google.com/file/d/0B8KjJpkfQw_8V3NPMGNMOUNubWM/edit?pli=1htt p://
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