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Timestamp: 2019-07-16 10:25:51
Document Index: 105935279

Matched Legal Cases: ['artículo 131', 'artículo 24', 'artículo 307', 'artículo 24', 'artículo 200', 'artículo 117', 'artículo 23']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 78, de 29/11/2012
cve: DSCD-10-PL-78
Año 2012 X Legislatura Núm. 78
Sesión plenaria núm. 74
- Proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 30-1, de 19 de octubre de 2012. (Número de expediente 121/000030) ... (Página2)
Votación de conjunto ... (Página13)
Se abre la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página2)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y los señores Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista y Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas al dictamen de la Comisión al proyecto de ley de referencia.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 178 votos a favor y 124 en contra.
Se levanta la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000030).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Vamos a comenzar el Pleno convocado para hoy que incluye como único punto del orden del día el debate y aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Dicho proyecto debe ser sometido a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia porque es orgánica. Previsiblemente la votación no tendrá lugar antes de las tres y media; previsiblemente no, no tendrá lugar antes de las tres y media, previsiblemente será más tarde, pero antes de las tres y media en ningún caso.
Varios grupos han manifestado su intención de defender en el Pleno sus enmiendas. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
Señorías, señor ministro, seré muy brevemente. Voy a defender las enmiendas del Grupo Mixto; doy por defendidas las de Esquerra Republicana y defenderé con dos argumentos las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, dos argumentos que el señor ministro y sus señorías ya conocen porque fueron motivo de nuestra explicación en relación con la enmienda de devolución que presentamos a este proyecto de ley y que están relacionados con que nosotros entendemos, a la vista del proyecto de ley que hoy se aprueba, que el régimen de sustituciones que se pretende implantar reduciendo la intervención de jueces sustitutos a supuestos verdaderamente excepcionales ocasionará que en la
mayoría de los casos no se puedan producir las mismas, afectando al normal funcionamiento de los órganos judiciales e incluso, como hemos denunciado en más de una ocasión, al derecho de los ciudadanos a la tutela judicial y, señorías, el derecho a la tutela judicial constituye un pilar fundamental del Estado de derecho, como además se expresa en el artículo 24 del texto constitucional.
Otro grupo de enmiendas están relacionadas con que el proyecto de ley, reduciendo los días de permiso, no contribuirá a evitar el colapso de los órganos judiciales, máxime cuando muchos de estos permisos se utilizarán para estudiar y dictar resoluciones judiciales complejas. Por lo tanto, la saturación se debe solucionar y el propio Gobierno y el ministro ha expresado en más de una ocasión que justifica estas modificaciones legislativas, pero entendemos que este no es el camino para conseguirlo. Las modificaciones que se hacen en este proyecto de ley no resuelven el problema de saturación que en este momento tiene la justicia, sino que es necesario llevar a cabo una modernización, desde el punto de vista técnico, además de la dotación de medios humanos. Por eso, señor presidente, vamos a votar negativamente el proyecto y a favor de las enmiendas que acabamos de defender.
Aprovechando, al mismo tiempo que agradeciendo, la presencia del ministro y dado que tenemos que reconocer que en el trámite en la ponencia de este proyecto de ley se ha conseguido en esta ocasión, no digo que fuese mucho pero sí comparándolo con otras ocasiones, un diálogo donde algunos grupos han podido incorporar algunas enmiendas al texto a través de transacciones y, por lo tanto, el texto ha sido mejorado en relación con el proyecto que llegaba del Gobierno, quiero decir con esto que, aunque, desde nuestro punto de vista, esa actitud ha sido tímida, debería seguir haciéndose e intensificándose en todos los proyectos que se traigan a esta Cámara. Es importante porque la falta de reconocimiento del trabajo de los grupos parlamentarios en las enmiendas que se presentan es una constante. Por eso no tengo ningún problema en reconocer que en este caso, y aunque no hubo ninguna posición positiva en relación con nuestras enmiendas, sí lo reconozco porque el señor ministro sabe que una de las cuestiones que le critiqué en la defensa de la enmienda de devolución fue precisamente esa actitud que consideramos prepotente. No sé los otros grupos cómo lo valorarán. Nosotros, desde el momento en que le criticamos a usted y se ha hecho esta pequeña modificación, lo que le pedimos es que intensifique el diálogo no solo con los grupos parlamentarios, sino también con aquellos sectores que están directamente afectados por estas leyes que se están tramitando y que se aprueban. No es necesario recordarle porque usted lo sabe, a pesar de que la Ley de Tasas Judiciales quedará aprobada definitivamente después de que se apruebe en el Senado, que los jueces, abogados, procuradores, etcétera, siguen manifestando, no el malestar en relación con su función profesional, sino la injusticia en relación con los derechos ciudadanos que representa esa Ley de Tasas Judiciales. Por eso le pedimos no solo una modificación e intensificación del diálogo con los grupos parlamentarios que presentamos enmiendas a los proyectos de ley, sino que establezca el diálogo con aquellos sectores directamente afectados, no solo los relacionados con el corpus del sistema judicial sino también con aquellas representaciones sociales que tienen mucho que decir.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, le quiero pedir disculpas por haberme excedido en el uso de la palabra en la anterior iniciativa, en la presentación del informe de la Defensora del Pueblo. Hay un pretendido mito antropológico que se nos atribuye a los vascos consistente en afirmar que somos parcos en palabras -y algunos más optimistas afirman que largos en hechos-, y yo me encargo sistemáticamente de pulverizar la antropología que afecta a los ciudadanos de mi país. Al margen de esta circunstancia, esta es una ley importante en virtud de la cual le quiero manifestar, señor ministro, varias preocupaciones. Primero, la escenografía. Este es un Pleno un tanto forzado, con pocos diputados asistentes. Prácticamente estamos los concernidos por su contenido material o los que nos dedicamos a analizar cuáles son las cuestiones que afectan al buen funcionamiento del servicio público de la justicia, y poca gente más. La verdad, señor ministro, y se lo digo con el afecto que sabe que le profeso, lo que no se puede es presentar -después de largos meses de legislatura sin haber procedido a la presentación de iniciativa legislativa de ninguna naturaleza- cinco proyectos de gran relevancia simultáneamente. Ustedes podrán absorber el trabajo, los grupos que tienen más de cien diputados lo podrán hacer; los grupos que tenemos pocos recursos humanos, valga la expresión, pocos diputados disponibles para afrontar ciertos problemas, tenemos grandes dificultades para la digestión de tanto trabajo. Pero no solo
nosotros, es que tienen dificultades para la digestión de lo que se está configurando todos los agentes que configuran el servicio público de la justicia.
El servicio público de la justicia no está configurado solo por los jueces y magistrados, no está configurado solo por los órganos judiciales y sus titulares, por el personal al servicio de la justicia y por los secretarios judiciales; el servicio público de la justicia está configurado por todos ellos. En este momento, este proyecto de ley y otros -particularmente la ya tantas veces citada Ley de Tasas- ha generado la oposición de la práctica totalidad de los llamados agentes judiciales, de los operadores jurídicos, etcétera. Yo no sé si lo que usted pretende -que me imagino que no- será incorporar a las manifestaciones de las batas blancas personas con togas negras. Es que, al final, su política es difícil de comprender, de verdad. Es que yo no sé a cuántos colectivos de los que vertebran la sociedad y constituyen, por lo tanto, elementos de interlocución necesarios quiere enemistar más o en relación con los cuales quieren generar más hostilidad. Es que, al final, las calles se van a llenar de personas protestando con batas blancas, negras, amarillas y de todos los colores si seguimos por esta vía, señor ministro. Claro, ni el procedimiento es el adecuado ni la dimensión de la materia es la adecuada en un debate de estas características, forzado en la Mesa y Junta de Portavoces del martes y, por lo que se ve, en la Mesa que se ha celebrado ahora mismo. Estas son materias demasiado serias como para despacharlas -yo no me atrevo a utilizar ni siquiera la expresión tramitarlas- de esta manera, señor ministro; y se lo digo con todo el cariño que sabe que le tengo.
Aquí hay un problema que hace referencia a mejorar la eficiencia de la justicia y a generar medidas de ahorro, sobre todo. No nos engañemos, aquí son las medidas de ahorro las que están incorporando estas prisas y las que están provocando procedimientos torticeros sumarios en donde se superponen la ponencia a la Comisión, la Comisión al Pleno cuando es avocado al Pleno por el carácter del ley orgánica, porque no hay normalmente una predisposición a avocar al Pleno nada en esta legislatura. Se está viciando el procedimiento legislativo previsto en los artículos 81 y siguientes de la Constitución. Y luego vienen otros, paradójicamente, reivindicando la mejora de la calidad democrática de las instituciones. ¿Pero cómo podemos invocar la calidad democrática de las instituciones cuando legislamos de esta manera? Si es que no se puede. Mire, es que tendría muchas cosas que decirle, pero estoy tentado de no decirle nada prácticamente.
Aquí hay un problema, un problema muy serio que hace referencia a la justicia, que es en primer lugar la preterición o la relativización de la calidad y de la cualidad profesional de los jueces sustitutos y magistrados suplentes. Es la primera disfunción que genera este proyecto de ley. Yo escuché con mucha atención al señor Astarloa, a quien tengo un gran respeto, que realizó una reflexión apologética de lo que se denomina justicia profesional. ¿Es que no es justicia profesional aquella se realiza en el ejercicio de funciones jurisdiccionales propias por los jueces sustitutos y magistrados suplentes? ¿Qué les falta de profesionalidad a jueces sustitutos y magistrados suplentes, algunos de los cuales llevan adscritos al ejercicio de la función jurisdiccional especializada, en la generalidad de los casos, quince, veinte y hasta treinta años? ¿Qué les falta de profesionalidad? ¿Es que son menos profesionales estos que jueces en prácticas que realmente no han hecho más que decurrir desde la licenciatura a caer en las garras de un preparador, y de las garras de un preparador a incorporarse a la escuela judicial, y en la escuela judicial realizar -si superan las pruebas, porque también pueden ser suspendidos- las elementos de formación complementaria a las que se provee en la escuela judicial? ¿Un juez de esta naturaleza es más profesional que un juez sustituto o un magistrado suplente que lleva veinticinco años ejerciendo funciones jurisdiccionales? Pues no, y usted tiene que estar de acuerdo conmigo en que no. ¿Un juez sustituto que lleva veinticinco años ejerciendo funciones de sustitución es menos profesional que un juez adjunto, que un juez de adscripción territorial, que todos estos jueces que bajo la invocación abstracta y manifiestamente falsaria de profesionalizar la justicia tienen mayor cualificación para el ejercicio de una función que es sacrosanta en los tiempos que corren prácticamente, porque la Administración de Justicia es la última tabla de salvación, la última ratio, el último mecanismo de amparo de quienes sufren recortes de derechos, recortes de prestaciones, recortes de retribuciones y la arbitrariedad del ejercicio de sus funciones de los poderes públicos? ¿Podemos permitirnos el lujo de amortizar a 1.600 profesionales de la justicia a los que siempre se les ha castigado? Porque este es uno de los problemas que yo le quería comenzar. Realmente a los jueces sustitutos y magistrados suplentes se les aplica el mismo régimen de incompatibilidades que a los jueces de carrera. Son profesionales con el mismo régimen de incompatibilidades, pero con una salvedad: solo reciben retribuciones cuando ejercen funciones jurisdiccionales mediante el llamamiento correspondiente y solo cotizan a la Seguridad Social durante el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales,
mediante el llamamiento correspondiente. Sin embargo, se les impone un régimen de incompatibilidades en donde su actividad compatible solo es la docencia, como a los jueces de carrera, que son los que eufemísticamente se llaman profesionales. Pues no, ni son profesionales todos los jueces de carrera ni carecen de profesionalidad los jueces sustitutos y magistrados suplentes.
Pero aquí se plantea otra cuestión -y le he prometido al presidente que iba a compensar el tiempo usado- que es la configuración territorial e institucional de la Administración de Justicia. Sobre esto, parafraseando a Lucrecio, nada está escrito en la naturaleza de las cosas, señor ministro. En otras leyes que pueden debatirse con más mesura y ponderación, con más tiempo, con otras características y con otra escenificación incluso -por qué vamos a callarnos lo que todos pensamos-, sobre la estructura territorial e institucional de la Administración de Justicia hay mucho que decir. Todos los poderes del Estado son poderes del Estado, pero hay poderes del Estado como el Ejecutivo que, sin embargo, ya está ajustado a los requerimientos de un Estado compuesto, autonómico, como es el español, pero compuesto, no unitario, y hay Gobiernos autonómicos. También el Poder Legislativo es un poder único, es un poder del Estado, pero también existen parlamentos autonómicos. ¿Por qué en el Poder Judicial no hay un ajuste a los requerimientos de un Estado compuesto? ¿Cuál es la razón ontológica, jurídica, constitucional, vinculada o dimanante del ordenamiento jurídico que impide el ajuste de la Administración de Justicia a los requerimientos de un Estado compuesto? Porque los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas son una instancia jurisdiccional o una instancia procesal más como las otras y no tienen más vinculaciones al territorio que las competencias casacionales que se les atribuye con relación al derecho civil propio, al derecho foral y, con dudas doctrinales e incluso jurisprudenciales, al derecho autonómico. Desde esa perspectiva, la creación de tribunales superiores de Justicia no es el mecanismo de ajuste del Poder Judicial o de la Administración de Justicia o del servicio público de Justicia. Por tanto, lo que le pedimos es que puesto que en los Estatutos de Autonomía llamados de última generación están, in nomine iuris, creados los consejos superiores de Justicia autonómicos, también se reconozca en el ámbito de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta es una oportunidad importante con relación a las materias o competencias materiales que se regulan en este proyecto de ley importantísimo, la provisión de vacantes, la provisión de sustituciones, la provisión de refuerzos y la provisión de mecanismos de formación donde una parte de los accesos denominados de tercer o cuarto turno se debería reservar a los jueces sustitutos y magistrados suplentes.
Le voy a decir una cosa que usted conoce, y es que si no hubieran existido en determinadas épocas históricas magistrados suplentes y jueces sustitutos en Euskadi, la Administración...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, me veo en la obligación de decirle que tiene usted que acabar, aunque creí que me iba a compensar del tiempo de antes. (Risas). Así que le ruego que vaya acabando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, ya siento someterle a semejantes admoniciones, que no forman parte de su fenotipo a la hora de presidir sino al exceso o a la exuberancia verbal de quien está hablando, pero este es un debate pendiente, señor ministro, y con esto acabo mi intervención. Yo no sé si usted cree o no cree en esto, pero es un debate pendiente. Le voy a pedir un último favor, y con esto acabo de verdad, señor presidente a las batas blancas no unamos en las calles las togas negras y tantas otras togas que pueden cubrir las calles de todas nuestras ciudades, y esa es su responsabilidad.
No me comprometeré a nada, por si acaso. (Risas).
Señorías, mi grupo parlamentario, La Izquierda Plural, mantiene buena parte de sus enmiendas para este trámite parlamentario con respecto a la ley de eficiencia presupuestaria con relación a la justicia. Mantenemos buena parte de las enmiendas porque hemos podido consensuar una pequeña parte de ellas en el marco de la ponencia y de la Comisión, y en ese sentido algo hemos avanzado con relación a leyes anteriores. Podemos decir que leyes anteriores eran superexprés y en este caso es una ley exprés. Sigue siendo un problema este tipo de tramitación parlamentaria en leyes, en nuestra opinión, delicadas que afectan no solamente al buen funcionamiento de la justicia sino que afectan al modelo democrático
de justicia. Por tanto, creemos que el Gobierno y el grupo parlamentario mayoritario tienen que hacer muchos más esfuerzos con respecto a la tramitación parlamentaria de estas iniciativas para que el Congreso de los Diputados no sea únicamente un convidado de piedra, como casi hemos sido hasta este momento.
Señor ministro de Justicia, en Luces de bohemia -lo he utilizado también en el debate de otras iniciativas legales en materia de justicia- aparece una reflexión sobre el esperpento -esta ley es parte del esperpento-, y uno de los personajes, me parece que Max Estrella, dice que hay tres formas de mirar la realidad: mirarla de rodillas, mirarla de pie o mirarla elevado sobre la realidad o levitando. Tengo la impresión de que el ministro de Justicia mira la realidad del país y la realidad de la justicia levitando, y esta ley es una ley que levita, al menos desde el punto de vista retórico, porque, en mi opinión, hay que tener mucho cuajo para decir que esta ley es una ley de eficiencia presupuestaria y de profesionalización de la justicia. Cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia.
Es una ley que podríamos denominar de recortes, es evidente que es una ley de recortes en los derechos y en las percepciones de jueces, fiscales, magistrados y del resto del personal de justicia -por tanto, es una ley de recortes, no es una ley de eficiencia- y, por otra parte, es una ley de despidos, una ley brutal de despidos; es un expediente de regulación de empleo en la justicia española, un expediente que afecta a muchos puestos de trabajo. Hace poco tiempo decía que afectaba aproximadamente a 1.000 sustitutos, pero me han dicho que me equivocaba por lo bajo porque, si bien afecta al 1.000 sustitutos en el ámbito de los jueces, afecta a 300 en la fiscalía. Es decir, señorías, que estamos asistiendo a un expediente de regulación de empleo del 20% del personal de justicia. En nuestra opinión, tiene gravedad esta medida que se pretende hacer pasar como una medida de eficiencia y de profesionalidad. La eficiencia es obtener mejores resultados con menos medios; en este caso no hay nada de eficiencia, hay menos medios y además la previsión de peores resultados, porque del conjunto de las medidas de recorte, de la medida del expediente de regulación de empleo y de otra medida que aparece en esta ley, que son los destajos o las peonadas de jueces, fiscales y resto del personal judicial, lo único que puede salir es un empeoramiento del funcionamiento de la justicia. Ya saben ustedes, señorías, que en este país, si es mala la percepción del funcionamiento de las instituciones, la percepción del funcionamiento de la justicia como poder y como servicio público es aún peor. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
El Gobierno y el señor ministro de Justicia, lejos de abordar el problema de la mejora de la calidad de la justicia y de su modernización, que tantas veces reclamaba, lo que hace es tomar medidas, primero mediante la Ley de Tasas y ahora mediante esta ley que podemos denominar de destajos, para empeorar la calidad del servicio público de la justicia. Señorías, no estamos únicamente ante los efectos en el servicio público de la justicia y en el poder constitucional de la justicia de la política de recortes y privatizaciones, no solamente estamos ante esa repercusión; estamos ante el oportunismo por parte del Gobierno y del Ministerio de Justicia de utilizar la crisis económica para cambiar el modelo de justicia español, para cambiar el modelo de justicia hacia un modelo que pertenece al pasado, hacia un modelo plutocrático, hacia un modelo de justicia condicionado política y partidariamente. Si no, señor ministro, cómo explica usted el indulto que acaban de aplicarle a los Mossos d´Esquadra después de dos decisiones judiciales. No se explica, señorías. En términos de su profesión -que muchas veces nos la presenta como argumento ante esta Cámara- no se explica ese indulto. Un indulto puede ser porque el reo está en condiciones de reinserción, porque ha cambiado su circunstancia y la circunstancia social; pero un indulto no puede ser abiertamente para incumplir la decisión judicial, no puede ser para anteponer el interés del Gobierno a la decisión del Poder Judicial. Eso es prevaricar, señorías, eso no es una justicia del futuro sino una justicia del pasado. Y quiero decírselo a usted, señor ministro, porque ha argumentado frente a nosotros y frente a los operadores del Poder Judicial, ha argumentado frente a jueces, fiscales y secretarios que somos corporativos, que somos antiguos y que usted es el moderno. Resulta que usted es el nuevo régimen y nosotros -¡Oh, asombro!- somos el viejo régimen. Pues no, señoría, no somos el viejo régimen o, mejor dicho, nosotros defendemos el régimen de la justicia en un sistema democrático y usted defiende un "a modo de justicia señorial" en un régimen plutocrático. Habría que decirlo así, a modo de justicia señorial, donde la Ley de Tasas encubre la selección de los ciudadanos en función de su renta para acceder a la tutela judicial efectiva, donde la Ley de Lucha contra el Fraude encubre en realidad una amnistía y la impunidad de los ciudadanos poderosos para defraudar, en definitiva, y donde esta ley, llamada ley de eficiencia y profesionalidad, encubre en realidad una ley, como digo, de desempleo, de
incremento del desempleo en la justicia, de expediente de regulación de empleo en la justicia y de degradación de la calidad de la justicia en nuestro país.
Esa es la situación, señor ministro de Justicia, la que nosotros queremos denunciar, y por eso hemos mantenido buena parte de nuestras enmiendas, porque estamos convencidos de que esta ley de nuevo va en detrimento de la justicia, de que esta ley, de nuevo con el ropaje de la modernización, es una involución en nuestro sistema de justicia democrático y hace de la justicia algo con mayor influencia política, con mayor influencia de su Gobierno y con menores garantías para los ciudadanos. Esa es nuestra principal razón para el mantenimiento de las enmiendas y para el rechazo de esta ley.
Termina usted su cambio de modelo: he dicho antes Ley de Tasas, ahora ley de eficiencia, y ha anunciado una ley de justicia gratuita. Está usted forzado por su propio modelo. Convierte la justicia como servicio público en una justicia de mercado y, como hay damnificados, se ve obligado a poner en marcha un sistema red o un sistema de beneficencia. Esa es la ley de justicia gratuita que acaba de presentar.
Señor ministro, yo habría preferido que ustedes hubieran mantenido la posición que tenía su padre en el debate parlamentario sobre el mismo tema hace ya bastante años. Solamente se lo leo: "No se devengará impuesto directo alguno como consecuencia de las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos judiciales. Con el fin de hacer efectivo el abaratamiento de la justicia, no solo es preciso suprimir las tasas y el impuesto de actos jurídicos documentados, sino también el impuesto del valor añadido que grava las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos". El nombre del enmendante era entonces...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llamazares, tiene que finalizar.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Perdón, estoy terminando.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Termine.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero ser preciso.
José María Ruiz Gallardón. Pero usted, señor ministro de Justicia, que entonces tenía veintiocho años, era secretario general de Alianza Popular. Cómo cambian las cosas.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, Convergència i Unió no presentó en su día enmienda a la totalidad a este proyecto de ley básicamente por comprender que, aunque en su día votamos negativamente el Real Decreto-ley 20/2012, el hecho de no aplicarlo a estas alturas a los secretarios judiciales y al resto del personal de la Administración de Justicia hubiera supuesto un claro agravio comparativo. El hecho de tener reconocida la paga extraordinaria del mes de diciembre en la Ley orgánica del Poder Judicial ha obligado ciertamente a la presente reforma. Pero esta reforma se ha aprovechado también por el ministerio para introducir ciertas medidas bajo la justificación de algo tan necesario como la mejora de la Administración de Justicia. Sin embargo, si nos atenemos a la letra del proyecto, lo único que se persigue es la posibilidad de un ahorro económico, ciertamente no despreciable -como no lo es ninguno en los tiempos que vivimos-, pero creemos que va a tener un coste proporcionalmente mucho más elevado en la unánime contestación y claro malestar en todos los sectores afectados. Aunque es evidente -y el señor ministro lo ha dicho en alguna ocasión- que no pueden mostrar especial satisfacción ante medidas que recortan sus derechos, entendemos que la expresión de su malestar se centra más en la falta de interlocución y en el hecho de que no se haya valorado lo suficiente las medidas contenidas en el proyecto de ley, porque consideran que en nada o en muy poco van a ayudar a resolver la actual situación o que incluso pueden generar todavía una mayor disfuncionalidad.
Señor ministro, nosotros entendemos que debería escucharse este malestar y contestación que, como digo, es unánime. No puede ser que todos se equivoquen en todo. Yo quiero sumarme a las palabras que ha dicho doña Olaia Fernández Davila, en el sentido de que hable con todos estos sectores, que lo que piden es que se escuchen sus propuestas.
Desde Convergència i Unió, y usted lo sabe, no somos contrarios a la necesidad de adoptar medidas reformistas. No obstante, tenemos la sensación de que las mismas no se están realizando de una manera
ordenada, en la que se pueda apreciar cuál va a ser el mapa final de la mejora funcional de la Administración de Justicia que se dice pretender, porque estamos legislando, si se me permite la expresión, excesivamente a parches. Habla el Gobierno de tasas para costear la mejora de la justicia gratuita, y me sumo aquí a todo lo que han dicho mis antecesores en el uso de la palabra sobre la contestación que tiene esta Ley de Tasas. Justicia gratuita, pero no conocemos siquiera en qué va a consistir esta mejora de la justicia gratuita. Legislamos sobre medidas que van a incidir directamente en el día a día del funcionamiento de juzgados y tribunales, pero no sabemos cuál va a ser la reforma más profunda de la Ley orgánica del Poder Judicial que se está reiteradamente anunciando y a la que se remite la respuesta a todas las cuestiones que ahora se están planteando. Estamos legislando con una indefinición sobre cómo se va a realizar la justicia de base, la planta y demarcación, los nuevos juzgados de instancia, cómo se va a ir desarrollando la nueva oficina judicial..., con tantas incógnitas que desde nuestra apreciación hubiera sido quizás mejor realizar el obligado cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2012 sin necesidad de tantos aditamentos y proceder a las reformas anunciadas de una manera racional y global, no tan parcialmente como las que se están haciendo, que a nuestro juicio no hacen nada más que añadir en cada nuevo proyecto irritación a la irritación del proyecto anterior.
Por otra parte, siendo, como es, necesario aplicar criterios de eficiencia presupuestaria en todos los órdenes de la Administración, no podemos olvidar -el ministerio ha de poder hacerlo valer frente a la necesidad de contención presupuestaria- que la justicia ha sido siempre la cenicienta de todos los presupuestos, no solo ahora, también en los momentos de bondad económica, por lo cual se arrastra un déficit de inversión en medios materiales y personales que sustentan buena parte de los males endémicos de la Administración de Justicia. No son solo estos, pero en buena parte sí lo son. Poco se puede recortar en justicia sin pinchar en músculo y, si se me permite, hasta en hueso.
Desde Convergència i Unió presentamos cuarenta y tres enmiendas al articulado y he de manifestar que, a pesar del buen clima en ponencia y en Comisión que aquí ya se ha señalado y que quiero personalizar en el ponente del Grupo Popular, don Ignacio Astarloa, ninguna receptividad se ha tenido con mi grupo parlamentario porque no se nos ha admitido ninguna de ellas. Las doy por defendidas y paso a glosar de alguna manera las cuestiones que en dichas enmiendas planteábamos y que nos parecen más preocupantes.
Jueces sustitutos y magistrados suplentes. Dijimos y mantenemos que, aunque compartimos la necesidad unánimemente expresada de que la actuación de los mismos pueda llegar a ser excepcional, como de hecho ya lo es en la actual previsión legal, la pretensión del proyecto de acabar con ellos de una vez por todas, además de injusta, nos parece ilusoria. Injusta porque ningún reconocimiento hay, ni ningún planteamiento en su caso de reubicación, para los hombres y mujeres, jueces sustitutos y magistrados suplentes, cuyo trabajo ha sido, es y va a seguir siendo fundamental para la estabilidad de la prestación de un servicio público, especialmente en aquellos lugares en donde la movilidad de titulares ha sido y es más alta, como por ejemplo en Cataluña. Entendemos que no se puede negar la profesionalidad de quien ha estado desempeñando la labor jurisdiccional durante años y que ha superado no solo los criterios de selección -que, por ejemplo, en Cataluña son muy rigurosos-, sino también el control del trabajo que hacen, que se realiza por el Consejo General del Poder Judicial. Esta pretensión también nos parece ilusoria en cuanto a la excepcionalidad de futuro de jueces sustitutos y magistrados suplentes, porque si hemos de hacer caso, y lo hacemos, no solo de lo que se manifiesta desde todas las asociaciones judiciales, sino sin ir más lejos de lo que ayer pudimos escuchar en una reunión que Mesa y portavoces de la Comisión de Justicia tuvimos con los jueces y magistrados que están haciendo un seminario estancia en esta casa y también en el Senado, ellos nos manifiestan que, cuando por todos había esta pretensión unánime de ir acabando con la justicia interina, se pensó siempre en que tenían que ser sustituidos por nuevos jueces, por más jueces, no por los mismos jueces. Porque lo que ayer nos decían también -todos en el mismo sentido, insisto, ninguno defendiendo lo contrario-, es que las previsiones de régimen de sustitución previstas en el proyecto van a tener una escasa operatividad. Primero, porque hoy los jueces están desbordados de trabajo, y así se ha reconocido en esta Cámara aludiendo en muchas ocasiones al aumento de litigiosidad, especialmente desde el inicio de la crisis económica, lo que supone obviamente mayor acumulación de trabajo en cada juzgado. En consecuencia, la voluntariedad para las sustituciones difícilmente va a poder operar y más después de la introducción -y es una introducción que valoramos muy positivamente- en el texto del proyecto del requisito de que el juez o magistrado que solicite estar en la lista de voluntarios ha de acreditar previamente que su juzgado está al día.
Hay además preocupación, porque estimándose que pocas sustituciones voluntarias va a poder haber, el proyecto prevé que las sustituciones van a ser finalmente obligatorias. Ello, además de anudarse al indeterminado concepto de carga de trabajo -hoy por hoy todavía no aprobado por el Consejo General del Poder Judicial-, puede llegar a suponer, en primer lugar, un detrimento de la calidad de prestación del servicio por sobrecarga de trabajo y además, teniendo en cuenta que prima hoy el principio de especialización, ello se va a traducir en que jueces que desde hace años están, por ejemplo, en lo social van a tener que pasar a entender de lo penal, que hace tiempo nos explican que no ven, con lo que tal y como nos siguen manifestando se va a ir a una situación que ellos consideran peor que la actual, en la que el servicio se presta por un sustituto. Tampoco desde esta óptica se va a mejorar la calidad del servicio. De todo esto se colige que ir a un justicia profesional es una finalidad que compartimos, pero que no puede hacerse de cualquier manera.
Por lo que se refiere a la posibilidad de sustituciones por jueces en prácticas, hemos de reconocer que el texto ha mejorado en la tramitación parlamentaria con la adición de dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que han recogido la opinión de los grupos parlamentarios. Una de ellas clarificando que las disposiciones de la ley no se aplicarán a ninguno de los jueces que ya están en la Escuela Judicial, y una segunda introduciendo la previsión de que las sustituciones que realicen los jueces en prácticas tengan lugar preferentemente en órganos judiciales de similares características a las que los jueces en prácticas puedan luego ser destinados. Aun así, se nos traslada la preocupación, que nos gustaría que se valorara, de que se tenga en cuenta que no solo no son jueces sino que, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 307 de la Ley orgánica del Poder Judicial, para ser luego nombrados jueces han de haber superado el curso teórico y práctico, lo cual añade un plus de tensión al desempeño de funciones de sustitución, porque además de tener que llevar el juzgado, se va a valorar su actuación en el mismo de cara a su posterior nombramiento. Opinión, pues, muy negativa, que de manera razonada nos hacen llegar las asociaciones judiciales por lo que respecta al tema de la cobertura de ausencias y vacantes judiciales. Porque si a todo ello añadimos que las posibilidades de sustituciones se van a supeditar a las disponibilidades presupuestarias que fije el ministerio, se nos advierte una y otra vez del grave riesgo de deterioro en la calidad de la prestación de servicio que va a propiciar precisamente este proyecto.
Nuestro grupo parlamentario, y lo defendimos en Comisión, presentó...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pigem, tiene que finalizar.
La señora PIGEM I PALMÉS: ... presentó enmiendas en orden a la oportunidad que nos ofrecía la ley de regular los consejos de justicia. No dispongo de tiempo, me remito a lo dicho por don Emilio Olabarría.
Finalizo, señorías, explicitando que, aunque no se nos haya aceptado ni una de nuestras enmiendas, Convergència i Unió no se hubiera opuesto a este proyecto de ley si consideráramos que lo regulado en el mismo fuera positivo de cara al objetivo pretendido de la necesaria y demandada mejora de la Administración de Justicia. Francamente, cuando de forma unánime todos los representantes de todas las asociaciones nos hacen llegar un mensaje tan claro, lo que pensamos es que se va a ir a una clara devaluación de la prestación del servicio. Desde este punto de vista, señorías, señor ministro, no lo vamos a poder apoyar.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Muñoz González.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, subo a la tribuna para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que no fueron aprobadas en la Comisión ni incorporadas en el informe de la ponencia. Es verdad que en el devenir del proyecto de ley que hoy concluye su tramitación -no volverá del Senado, porque imagino que no se incorporarán enmiendas y, por tanto, concluye su tramitación en el Congreso-, como han resaltado algunos de los anteriores intervinientes, ha habido un mejor ambiente de trabajo en la ponencia. Reconozco el trabajo concienzudo que han hecho todos los compañeros de la ponencia -también el de los miembros de la misma que pertenecen al Grupo Parlamentario Popular-, pero eso no impide que estemos ante un mal proyecto de ley. Ya era un mal proyecto de ley y, aunque se le han aplicado algunos cuidados paliativos, desde luego no el tratamiento que merecía. El tratamiento que merecía es que se hubiesen aprobado las enmiendas de devolución que planteamos varios grupos.
Señor Gallardón, algo podíamos atisbar de por dónde iba la reforma de la justicia con usted, pero ahora ha quedado clara. La reforma de la justicia por la vía del ingreso de asuntos consiste en una Ley de Tasas que hace inasumible para mucha gente la posibilidad de acceder a la jurisdicción. Desde ese punto de vista hay una clara violación ya evidenciada por muchísimos y reconocidos miembros de la carrera judicial, por autoridades en materia académica y por diversos colectivos que actúan en el orden judicial, y no puede decirse que esto tenga que ver con la defensa de un interés corporativo. Cuando los ciudadanos que están trabajando en la sanidad pública salen con la bata blanca -como antes decía- a defender la sanidad pública, no están defendiendo intereses corporativos, sino el derecho a la salud. Y cuando los que están trabajando en el ámbito de la justicia salen con las togas a defender la capacidad de la gente para tener acceso a la justicia, están defendiendo el servicio público de acceso a la justicia. No confundamos los intereses corporativos, que pueden ser más o menos legítimos, con la incapacidad de mucha gente para acceder a la justicia que habrá a raíz de la aprobación de la Ley de Tasas.
En segundo término, como ya han dicho otros compañeros intervinientes, esto va también de eliminación de la justicia que hasta ahora suplía la incapacidad por parte de los jueces titulares para poder cubrir toda la actuación de nuestra planta y demarcación judicial. Se hace a través de un procedimiento con el que ha conseguido usted superar -y era difícil- la reforma de la ministra Bañez. Usted va a despedir a los jueces sustitutos y a los magistrados suplentes sin ningún tipo de derecho y sin ninguna indemnización. Por tanto, hay que reconocerle que ha superado usted la reforma laboral para el resto de los ciudadanos. También va, señor Gallardón, de la aplicación e implementación del Real Decreto-ley 20/2012 que se aprobó -ni más ni menos- en el mes de julio, pero ahora hay que tramitar esta ley aceleradamente para poder dar cobertura a la extensión al ámbito de la Administración de Justicia de este decreto-ley. Tiene que tener esta cobertura por virtud de la reserva en materia de Ley orgánica del Poder Judicial.
Señor Gallardón, nosotros estamos en contra de todas estas cuestiones. Creemos que son ataques frontales al derecho de acceso a la justicia desde varias de sus vertientes. Señor Gallardón, le dijimos que iba usted a conseguir la unanimidad; y lo ha conseguido usted. Ha conseguido poner de acuerdo a todas las asociaciones judiciales, a todas las asociaciones de fiscales, a las diversas asociaciones de secretarios con sus diversas sensibilidades, a todos los operadores jurídicos y, en definitiva, a todos los ciudadanos. No era tarea fácil, pero hay que reconocer que usted lo ha conseguido. Hasta tal punto que ayer leía que las asociaciones judiciales ya incluso dejaban de considerarle un interlocutor válido y, por elevación, pedían una reunión con el propio presidente del Gobierno.
Esta no es una reforma neutra. Ya dijo usted en la réplica del debate de totalidad que querían dar autoridad a los presidentes de los TSJ y le aseguro desde ahora que ese va a ser uno de los principios de la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial. Ese es un problema, señor Gallardón. Desde luego que tienen que tener esa autoridad, pero preferiría que la ganasen de la forma en que tienen que ganarla. En todo caso, es bueno distinguir entre auctoritas y potestas. Sería mejor que tuvieran auctoritas y les sobraría lo que usted está pretendiendo. Señor Gallardón, lo que usted está pretendiendo -y eso no es neutral- es atacar un principio que para nosotros es fundamental: el principio al juez predeterminado por la ley o, en un concepto más amplio, al juez natural. Hay reconocidos autores que calificarían algunas de las actuaciones que contempla este proyecto de ley como una vulneración del artículo 24 de la Constitución en la faceta que le digo, porque dejan al arbitrio de los órganos de Gobierno la composición de las salas, el nombramiento y la remoción en periodos de tiempo y la designación de jueces ad hoc aparentemente con un criterio legal y referido a jueces de carrera pero que en el fondo esconde arbitrariedad o criterios arbitrarios porque los presidentes de los órganos de gobierno pueden llegar incluso hasta el punto de modificar las propias listas que contiene el artículo 200 reformado y, por lo tanto, eso hace que no se tenga la certeza en relación con la inamovilidad que recoge el artículo 117 de nuestra Constitución.
Señor Gallardón, le citaría un autor que creo que a usted le dejará ideológicamente tranquilo, me refiero a don Andrés de la Oliva. Él dice: Si las normas, aunque con rango de ley, determinan el cambio de juez porque determinan a su vez la decisión de un órgano gubernativo aplicando criterios que no pueden considerarse objetivos irracionales, la norma misma habrá de declararse inconstitucional. Nosotros hemos procurado trabajar en la ponencia, con nuestro compañero, señor Camacho, y hemos incorporado algunas enmiendas, pero desde luego este es un mal proyecto, es un proyecto que va a dar lugar a litigiosidad en relación con las actuaciones que se lleven a cabo por parte de los órganos de gobierno, de las salas de gobierno y de las decisiones de los presidentes. Eso va a dar lugar a innumerables recursos y va a llevar a bloqueos y colapsos. Va a colocar usted al borde del precipicio el funcionamiento ordinario de la
Administración de Justicia. Usted cree que con haber retrasado el ingreso por la aplicación de la Ley de Tasas ahora ya podría prescindir ni más ni menos que de cerca de una cuarta parte de las personas que están ejerciendo la jurisdicción. El tiempo dará la razón, y no solo el tiempo, ya habrá algún acuerdo de la sala de gobierno que se tenga que recurrir y ya verá usted cómo alguna sala de gobierno acabará planteando alguna cuestión de inconstitucionalidad y luego tendremos que recordarle que su empecinamiento en seguir por este camino llevará a que esto sea una forma de colapsar la Administración de Justicia.
Quiero referirme a algunas de las enmiendas porque nosotros tenemos sobre ellas un criterio y no las habíamos presentado; me estoy refiriendo a enmiendas en relación con los consejos de justicia autonómicos. Nosotros hemos mantenido en la Comisión la postura de abstenernos en ese bloque de enmiendas porque entendemos que tienen una cobertura que queda además reflejada en la sentencia que se dicta por el Tribunal Constitucional. Es verdad que dice dónde no se tienen que llevar a cabo la regulación de los consejos y cómo no se tiene que llevar a cabo esa regulación, pero también es verdad que sí da cobertura a la existencia de esos consejos, si se acomodan a lo que establece la Ley orgánica del Poder Judicial. Desde ese punto de vista a nosotros nos parece que tiene sentido hacerlo aquí. No solo viene recogido en uno, sino que ya lo recogen muchos estatutos de autonomía. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Déjenme que termine con un hecho que a nosotros nos parece lamentable, y es la actuación que tuvo la Mesa de la Comisión de Justicia en relación con una enmienda transaccional que nosotros presentamos con el Grupo de Izquierda Unida para algo que era fundamental: derogar la Ley de Tasas. Tan pronto como hemos tenido la oportunidad, hemos procurado una disposición derogatoria de la Ley de Tasas y que fuese sometida en sede de una Comisión con capacidad para adoptar esa enmienda. Esa es la práctica habitual. Lo que hicimos en esa Comisión fue única y exclusivamente poner encima de la mesa una enmienda transaccional con un grupo que es el que nosotros entendemos que, según los precedentes, tiene que aceptar o no si eso es una brecha. Frente a ello esa enmienda no se dejó votar en la Comisión de Justicia porque la Mesa, por empate, entendió que no era congruente. Señores del Grupo Parlamentario Popular, mal día aquel y hoy para el artículo 23 de nuestra Constitución, que reconoce el derecho de participación política, un derecho de configuración legal que se tiene que entender siempre con carácter expansivo. Porque el precedente que ha habido siempre aquí, en esta Cámara, es precisamente aquel que establece que se tiene que dejar tramitar las enmiendas. En todo caso, en el juego de los artículos 114 al 118, la capacidad de bloqueo se tiene, se tiene en el Pleno por parte de los grupos, pero no así en la Comisión. Por tanto, a nosotros nos parece que al no haber dejado debatir una enmienda tan importante, como es la Ley de Tasas, cuando quien nos daba soporte a ella era Izquierda Unida y estaba de acuerdo, se vulneró los precedentes que en esta Cámara existen, hasta el punto de que este proyecto de ley ha recogido enmiendas que no tienen nada que ver y, por tanto, también serían incongruentes, porque recogen la enmienda del Grupo Parlamentario Popular de reforma de la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor. Incongruencia máxima la de su grupo y que nosotros evidenciamos aquí. Esa hubiera sido una buena ocasión para que ustedes hubieran atendido al conjunto de la ciudadanía, no a intereses corporativos, en relación con un tema tan importante como la derogación de la Ley de Tasas, que creemos que es un ataque frontal a la tutela judicial efectiva, especialmente para aquellos que son más vulnerables, y también -por qué no decirlo- para la clase media, que a partir de ahora va a ver con dificultad cómo aquello que usted anunció ayer en una cita parlamentaria de reforma de la Ley de Asistencia Gratuita no es desde luego la forma de resolver un problema mucho más amplio, que es el que ha creado usted con esa ley. Esta es la cara B de su reforma, despedir a una parte sustancial de aquellos que ejercen la jurisdicción y lo hacen bien desde su capacidad de sustitución o de suplencia. Creemos que no es la manera en que se tiene que hacer y desde luego este tipo de despido que ha creado usted va a traer, se lo adelantamos, un colapso en la Administración de Justicia.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, con la venia.
Termina ahora el trámite en el Congreso de este proyecto de ley en esta fase, a expensas de lo que pase en el Senado, y, haciendo balance, que es lo que hoy toca, me atrevo a decir a sus señorías que el proyecto de ley que ahora vamos a votar ha mejorado con su tramitación parlamentaria. Así lo han
reconocido sus señorías y agradezco muy sinceramente que lo hayan hecho. Se han introducido unas veinte enmiendas en el proyecto de ley, que han afectado a unos veinte apartados del mismo. Quiero, en primer lugar, agradecer al ministerio, que ha sido sensible a lo que se ha planteado desde esta casa; en segundo lugar, a los compañeros de ponencia, a don Sebastián González y don Carlos Muñoz; en tercer lugar, a los letrados de la Comisión, que han hecho una aportación -y bien importante- para la mejora de la calidad de la norma y, en cuarto lugar, señorías, y se lo agradezco de corazón, las aportaciones que han hecho los grupos parlamentarios, vía enmienda o vía debate, y que han sido recogidas en el proyecto de ley. Se lo agradezco de verdad.
Para su información, me detendría en enumerar las mejoras, pero lo ha hecho mucho mejor que yo doña Mercè Pigem, y también se lo agradezco mucho. No se ha admitido ninguna enmienda de su grupo, pero su aportación al proyecto de ley ha sido muy valiosa; se lo dije en Comisión y se lo digo también en este trámite. Se ha extendido la voluntariedad en el caso de las sustituciones individuales, como pidió el consejo; se ha establecido la necesidad de acreditar que el juzgado está al día para poder entrar en el listado voluntario; se ha aclarado que los jueces en prácticas, que en este momento están en la escuela, no están afectados por esta norma y se ha establecido que en el proceso de formación de jueces -antes nueve meses teóricos y seis prácticos, ahora nueve meses teóricos y ocho prácticos, cuatro poniendo sentencias tutelados, cuatro poniendo sentencias individualmente- los jueces en prácticas van a tener en esa tarea un puesto similar al destino de su primera salida, una vez que terminen su periodo de formación. Son buenas mejoras, que han avanzado en perfeccionar el proyecto de ley.
Dicho eso, que me parece lo más importante que tengo que decir esta mañana, quisiera hacer algunos comentarios sobre algunos equívocos y algunas falsedades que se han vertido a lo largo de la tramitación y también en el día de hoy. No suelo hablar de procedimiento, porque soy de los que cree que cuando se habla tanto de procedimiento es que se tiene muy poco que decir sobre el fondo de las cosas, pero quiero dejar muy claro, por lo menos para el "Diario de Sesiones", frente a algunas afirmaciones que se han hecho, que aquí se ha seguido una normal y razonable tramitación de un proyecto de ley, tramitado, eso sí, por el procedimiento de urgencia. No es bueno que hagamos al mismo tiempo dos discursos contradictorios, el discurso de que este Parlamento cuando tiene que actuar con urgencia lo puede hacer y resolver los problemas de los ciudadanos y, al mismo tiempo, que cuando trabaja con urgencia resulta que en lugar de hablar de agilidad algunos hablan de descrédito. No puede ser, señorías, se lo digo muy en particular al portavoz del Grupo Socialista, que se quejen de determinado tipo de cosas que ustedes inventaron. Ustedes han sido durante décadas los reyes de las lecturas únicas, los procedimientos de urgencia, las lecturas en Comisión, etcétera. La palabra rodillo se inventó en el lenguaje parlamentario cuando se inventó, y ustedes saben muy bien que se inventó en los años ochenta. Además, por la última referencia que ha hecho su señoría, me obliga a recordar un viejo adagio romano, y es que nadie en derecho debe alegar su propia torpeza o sus propios vicios. Su señoría ha dicho en esta tribuna que está muy disgustado porque la Mesa de la Comisión no le ha admitido una enmienda in voce. No se le había ocurrido al presentar enmiendas, se le ocurrió el día del debate en Comisión, a lo mejor porque había leído ese día los periódicos y, entonces, presentó la enmienda in voce proponiendo que hay que derogar a todo meter la Ley de Tasas que hemos aprobado hace quince días, y la Mesa les dice que, aplicando el criterio que se sentó a petición del Grupo Socialista en la sesión anterior, no admite a trámite esa enmienda in voce. (Aplausos). Por favor, si de verdad de lo que estamos hablando aquí es de respetar al Parlamento, empecemos por respetarnos a nosotros mismos, y respetándonos a nosotros mismos, entonces pedimos a los demás las explicaciones que se quieran.
En cuanto al fondo, el fondo lo resumiría diciendo que se han presentado más de dos tercios de enmiendas y se dado en los debates -diría- más de tres cuartos de argumentos que no tienen nada que ver con el proyecto que estamos aprobando esta tarde. Se presentaron doscientas veintiuna enmiendas; si ustedes tienen -si no lo han hecho ya- el humor de coger el cuadernito y las leen, verán que van de consejos autonómicos del Poder Judicial, de la utilización de las lenguas en la justicia en las comunidades autónomas con lengua oficial, del incremento de competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia o hasta de la reforma de la Ley de Nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir varias cosas. En primer lugar, que aquí algunos no han trabajado por la mejora de la justicia sino, primero, para defender -lo cual es legítimo- su proyecto, que no tiene nada que ver con este proyecto de ley y, segundo, para desgastar al Gobierno y desgastar, en particular, a la persona del ministro, a la que muchos de ustedes han aludido en primera persona en este debate en lugar de tratar del proyecto de ley. Yo quiero decir que con toda evidencia el ministro, el Gobierno, este proyecto, están asistidos, en primer lugar, por
la razón, que es lo más importante que le puede pasar a un ministro, a un gobierno, a un grupo parlamentario y a un proyecto de ley, porque este proyecto hace razonablemente lo que tiene que hacer, que es aplicar al mundo de la justicia las previsiones generales sobre el conjunto de funcionarios de este país y afrontar de una vez algo que históricamente todo el mundo ha reclamado en la justicia española, incluso los que hoy están diciendo que no lo han reclamado nunca, todos, que es la profesionalización (Aplausos) y superar que en este país un tercio casi de las sentencias no las dictan jueces profesionales sino que las están dictando sustitutos, y he dicho mil veces que España se merece que hagamos lo necesario para que la justicia española esté formada por el máximo grado de profesionales, captados de forma objetiva, captados con el mérito y la capacidad y que estén en condiciones de resolver, a partir de un periodo de formación como el que tienen, las sentencias en este país. (Aplausos). Y eso que ha sido el objetivo universal, cada vez que llega aquí, y yo se lo recuerdo al Grupo Socialista, ustedes dicen: Sí, es verdad, lo hemos defendido siempre, hemos firmado mil papeles en esa dirección. Pero siempre encontramos una excusa para huir en la dirección contraria del juez profesional, hoy por las cosas que han dicho ustedes y otras veces porque nos han propuesto aquí que se cambie el sistema de oposiciones para que no sea por mérito y capacidad por oposición (Rumores) -sí, digan lo que quieran-, o nos han propuesto que haya jueces nombrados por los alcaldes. A partir de ahí ustedes siempre van en la dirección contraria, desde luego, de lo que pretende en el fondo este proyecto de ley.
Termino, señor presidente. Además de la razón, aquí hay un proyecto sobre justicia, es el proyecto de una justicia como la que defiende la Constitución, de un Poder Judicial único formado por jueces profesionales que captados por mérito y capacidad, por un sistema objetivo, tienen por misión defender la ley y el Estado de derecho, y tengo que decir que frente a ese proyecto, que es el que están trazando paso a paso el Ministerio de Justicia y el Gobierno, yo a estas alturas, señores de la izquierda, no sé cuál es su proyecto de justicia. No sé si su proyecto de justicia es el que se ha traducido durante siete años, que es no hacer ni una sola reforma para la mejora y modernización de la justicia, ni oficina judicial, ni ley de planta y demarcación, ni instrumentos alternativos de resolución de conflictos a los judiciales, ni ley de jurisdicción voluntaria, ni expediente informático, ni siquiera la interoperabilidad y comunicabilidad de diecisiete sistemas informáticos distintos. Eso sí lo sé, en siete años no han hecho nada, y a partir de hoy yo les escucho y leo sus enmiendas, lo ha explicado aquí su señoría y me vuelve a hablar de la territorialización del Poder Judicial y de la no profesionalización del modelo final de juez. Señorías, nosotros esperamos que algún día cambien ese lío en el que se han metido sobre la falta de modelo en materia de justicia. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer: modernización, transformación y reforma de la justicia española que lo está necesitando como el comer. Desde luego, como decía la señora Pigem, lo vamos a hacer con todos los implicados en el mundo de la justicia.
Me gustaría poder acabar esta intervención diciendo que lo vamos a hacer con ustedes. Aunque yo les emplacé en el debate de totalidad, tenían ocasión de demostrar que efectivamente estaban en la dirección de la justicia profesional, y hoy terminamos el debate de este proyecto de ley y han trabajado justo en la dirección contraria. Aun así, esperamos poder contar con ustedes para el resto de las muy importantes reformas que se tienen que hacer en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia. He dado instrucciones para que se rebaje el tiempo de votación, porque hay bastantes votaciones, al tiempo de la votación de presupuestos. Se lo digo a los señores diputados para que sigan atentos la votación.
Comenzamos con las enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Fernández Davila y de la señora Pérez Fernández. Votación en bloque de las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 28; en contra, 270; abstenciones, 5.
Enmiendas del señor Tardà. En primer lugar, enmiendas 85 y 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 124; en contra, 177; abstenciones, 1.
Enmiendas 87, 89, 90, 91 y 93.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 33; en contra, 269.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 109; en contra, 177; abstenciones, 16.
Enmiendas 95 a 101.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 27; en contra, 184; abstenciones, 92.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. En primer lugar enmiendas 122 a 127.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 26; en contra, 185; abstenciones, 91.
Enmiendas 128, 129 y 130.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 17; en contra, 270; abstenciones, 15.
Enmiendas 133 y 134.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 112; en contra, 178; abstenciones, 12.
Resto de las enmiendas del PNV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 16; en contra, 182; abstenciones, 103.
Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 5; en contra, 296; abstenciones, 1.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. El primer bloque lo forman las enmiendas 6, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 65 y 66.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 125; en contra, 178.
Enmiendas 7, 10, 27, 28, 29. 30, 31, 33, 34, 35 y 36 A.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 21; en contra, 180; abstenciones, 101.
Enmiendas 32, 36 B, 37, 38 y 39.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 112; en contra, 175; abstenciones, 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 26; en contra, 183; abstenciones, 94.
Enmiendas del Grupo de Convergència i Unió. En primer lugar, enmiendas 141, 150, 151, 153 y 154.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 21; en contra, 281.
Enmiendas 143, 146, 147, 148, 149, 152, 155, 156, 182 y 183.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 116; en contra, 178; abstenciones, 8.
Enmiendas 144, 145, 184 y 164 a 181.
Enmiendas 157 a 163.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 27; en contra, 185; abstenciones, 89.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 16; en contra, 183; abstenciones, 104.
Enmiendas del Grupo Socialista. Enmiendas 192, 195, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 212 y 213.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 114; en contra, 178; abstenciones, 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 109; en contra, 178; abstenciones, 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 120; en contra, 177; abstenciones, 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 178; en contra, 124; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Ahora votación de conjunto del proyecto de ley por tener el mismo carácter orgánico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 178; en contra, 124.
Eran las cuatro y veinte minutos de la tarde.