Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-829-de-noviembre-13-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_edea4dd78fd90130e0430a0101510130&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 15:19:02
Document Index: 214786989

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 129', 'artículo 241', 'artículo 101', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 34', 'artículo 35']

﻿ Sentencia C-829 de noviembre 13 de 2013
SENTENCIA C-829 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL CAUSADA POR OBJETOS ESPACIALES. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS DE LANZAMIENTO Y EXCEPCIONES. SUPONE EL DESEMPEÑO DESDE DOS PUNTOS DE VISTAEL PRIMERO, CUANDO COMO ESTADO DE LANZAMIENTO, LE CORRESPONDE RESPONDER POR LOS DAÑOS QUE OCASIONEY EL SEGUNDO, CUANDO DESEMPEÑA LA FUNCIÓN DE CONDUCIR LA RECLAMACIÓN AL ESTADO O ESTADOS DE LANZAMIENTO. EL CONVENIO RESPETA LA SOBERANÍA NACIONAL Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO, EN TANTO LO EXCLUYE DE RESPONSABILIDAD CUANDO EL HECHO GENERADOR DEL DAÑO SUCEDA POR CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, O CUANDO POR TRATARSE DE DAÑOS A SUS NACIONALES O EXTRANJEROS QUE PARTICIPEN EN LA OPERACIÓN, LE CORRESPONDA A CADA ESTADO, SEGÚN SU LEGISLACIÓN INTERNA, DEFINIR LA RESPONSABILIDAD Y LAS INDEMNIZACIONES A QUE HAYA LUGAR. SE DECLARA EXEQUIBLE EL “CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE DAÑOS CAUSADOS POR OBJETOS ESPACIALES”, HECHO EN WASHINGTON, LONDRES Y MOSCÚ, EL 29 DE MARZO DE 1972. Y LA LEY 1591 DE 2012, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTROL CONSTITUCIONAL, ELEMENTO ESPACIAL, CONVENIO INTERNACIONAL
Sentencia C-829 de noviembre 13 de 2013
Ref.: Expediente LAT - 403
2.1.3. Frente al otorgamiento de plenos poderes, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no fueron expedidos por el Presidente de la República, en tanto de conformidad con el artículo 7º, numeral 2º de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, “(...) En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano (...)”.
El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República, por el Gobierno Nacional, por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 7 de septiembre de 2011, de conformidad con la Constitución (art. 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos en el Senado de la República.
Aparecen publicados en la Gaceta del Congreso 667(3) de septiembre 7 de 2011, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes de darle curso en la comisión respectiva (C.P., art. 157, num. 1º).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada en sentido favorable, por el senador Carlos Fernando Motoa Solarte, el día 18 de noviembre de 2011 y publicada en la Gaceta del Congreso 865 del 18 de noviembre de 2011(4).
El Proyecto de Ley 250 de 2012 Cámara, 115 de 2011 Senado, fue anunciado previamente en la sesión del 28 de marzo de 2012, para ser discutido y aprobado en primer debate, en la próxima sesión, la cual se llevó a cabo el 10 de abril a las 10 a.m., según consta en Acta 18, publicada en la Gaceta del Congreso 233 de mayo 15 de 2012(5).
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del día 10 de abril de 2012, según consta en la Acta 19 del 10 de abril de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 233 del 15 de mayo de 2012(6) y de acuerdo con la certificación emitida por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado por los trece (13) senadores que conforman la comisión, sin que se presentaran votos en contra.
Habiendo sido aprobado el proyecto de ley en primer debate de Senado el día 10 de abril de 2012 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 23 de mayo de 2012, se cumple el requisito constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo (C.P., art. 160).
La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa Solarte y publicada en la Gaceta del Congreso 165 del 20 de abril de 2012(7).
El proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 22 de mayo de 2012, según consta en el Acta 48(8) de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 414 del 10 de julio de 2012(9), para ser discutido y votado en la siguiente sesión.
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del 23 de mayo de 2012, según consta en el Acta 49(10) de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 415 del 10 de julio de 2012, mediante votación ordinaria señalada en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, y un quórum de 93 de 100 senadores.
El texto definitivo del proyecto de ley aprobado en la plenaria de Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso 292 del 31 de mayo de 2012.
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada el 8 de agosto de 2012, por el representante a la Cámara Víctor Hugo Moreno Bandeira y fue publicada en la Gaceta del Congreso 512 del 14 de agosto de 2012(11).
El proyecto de ley fue anunciado el día 28 de agosto de 2012, según consta en el Acta 7(12) de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 692 del 12 de octubre de 2012(13), en los siguientes términos:
Proyecto de Ley 250 de 2012, 115 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre responsabilidad internacional por los daños causados por objetos especiales” hecho en Washignton, (sic) Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.
Ponencia primer debate Cámara: Gaceta del Congreso 512 de 2002.
En la sesión del 5 septiembre de 2012 se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria, con la presencia de 18 congresistas, según lo registrado en el Acta 9(14) del 5 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 730 del 25 de octubre de 2012(15), conforme a la certificación expedida por la secretaria general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, mediante constancia del 23 de enero de 2013.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate en Cámara de Representantes el día 5 de septiembre de 2012 e iniciado el segundo debate el 10 de octubre de 2012, se cumple el requisito constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo (C.P., art. 160).
La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante Cámara Víctor Hugo Moreno Bandeira y publicada en la Gaceta del Congreso 651 del 28 de septiembre de 2012(16).
De conformidad con la certificación del 21 de enero de 2013, expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes y radicada en esta corporación el 22 de enero de esa misma anualidad, el proyecto fue anunciado en la sesión plenaria del día 9 de octubre de 2012, según consta en el Acta 159 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 81 del 12 de marzo de 2013(17).
El proyecto fue aprobado por la plenaria de la Cámara el día 10 de octubre de 2012, por unanimidad con el voto favorable de los 140 representantes presentes, según consta en el Acta 160 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 82 del 12 de marzo de 2013(18) y la certificación allegada por el secretario general de la Cámara Representantes.
En la Gaceta del Congreso 705 de 2012 se publicó el texto definitivo aprobado del Proyecto Ley 250 de 2012 Cámara, 115 de 2012 Senado.
El Presidente de la República sancionó la ley “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la responsabilidad internacional de daños causados por objetos espaciales, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972”, convirtiéndose en la de la Ley 1591 de noviembre 20 de 2012, la cual fue publicada en el Diario Oficial 48620 de 20 de noviembre de 2012.
Mediante oficio recibido el día 22 de noviembre de 2012, la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta corporación copia auténtica del convenio y de la ley aprobatoria, dentro del término de seis días contados a partir de la sanción de esta, en cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
El “Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales” (Convenio de responsabilidad), aprobado el 29 de noviembre de 1971 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, abierto para la firma el 29 de marzo de 1972 en Londres, Moscú y Washington, el cual entró en vigor el 1º de septiembre de 1972, establece: (i) la responsabilidad internacional del Estado que lance un objeto al espacio, (ii) por los daños que cause dicho objeto o sus componentes a las personas o bienes de otro Estado sobre la superficie terrestre, en el espacio, o a aeronaves en vuelo. Consta de 28 artículos.
3.4.3. Algunos de los intervinientes han considerado necesario que al momento del depósito del instrumento de ratificación, el Presidente de la República presente una declaración interpretativa frente a que la porción de la órbita geoestacionaria que le corresponde a Colombia, forma parte de su territorio. Examinado el convenio, encuentra la Corte que su contenido se enfoca a las responsabilidades que puedan derivarse de los daños causados por objetos espaciales, en cualquier órbita, en la tierra y en el espacio aéreo, sin hacer referencia alguna a elemento o segmento alguno de la órbita geoestacionaria ni a su régimen jurídico, por lo que no contraviene lo prescrito en el artículo 101 de la Constitución Política, que sobre los límites de Colombia, establece: “También son parte de Colombia, (...) el segmento de la órbita geoestacionaria, (...), de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales”.
3.4.4. Para esta corporación, la ratificación por parte del Estado colombiano del “Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales” constituye un desarrollo del mandato de internacionalización de las relaciones económicas, sociales, políticas y ecológicas (C.P., arts. 226 y 227) que redundará en beneficios para el Estado colombiano, al permitir la formulación de las reclamaciones internacionales para la reparación de los daños que le hayan sido ocasionados al mismo Estado o a sus habitantes, con objetos espaciales. Lo anterior, congruente con el mandato constitucional que establece como fin esencial del Estado la promoción de la prosperidad y el deber de las autoridades del Estado de proteger a los habitantes del territorio en su vida, honra y bienes (C.P., arts. 2º y 58), así como para la determinación de la responsabilidad del Estado colombiano, en los casos de daños ocasionados por objetos espaciales en los que participe (C.P., art. 90).
— El “daño” es “la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales u otros perjuicios a la salud, así como la pérdida de bienes o los perjuicios causados a bienes de los Estados o de personas físicas o morales, o de organizaciones internacionales intergubernamentales”; concepto que permite delimitar el ámbito frente al cual opera la responsabilidad de los Estados, al establecer la responsabilidad cuando sea sujeto activo de un lanzamiento, o la facultad de reclamar, cuando sea el afectado, o lo haga a nombre de los perjudicados.
3.5.2. El artículo V, establece que un Estado desde cuyo territorio o instalaciones se lanza un objeto espacial, se considerará como participante en un lanzamiento conjunto, para efectos de responsabilidad, disposición que a juicio de esta corporación, da claridad sobre los responsables por los daños que se produzcan, posibilitando la reclamación y reparación de los ismos(sic).
3.6.1. El régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia, está definido en el artículo 90 de la Constitución Política, que señala: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado:
Esta protección constitucional al patrimonio de los particulares se configura, entonces, cuando concurren tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, una acción u omisión imputable al Estado y una relación de causalidad. Respecto al daño antijurídico, si bien el mismo constituye un concepto constitucional parcialmente indeterminado, en cuanto la Carta no lo define en forma expresa, la jurisprudencia y la doctrina, dentro de una interpretación sistemática de las normas constitucionales que lo consagran y apoyan, lo definen como el menoscabo o perjuicio que sufre la víctima en su patrimonio o en sus derechos personalísimos, sin tener el deber jurídico de soportarlo(23). En cuanto al incumplimiento del Estado, este se presenta cuando la administración pública no satisface las obligaciones a su cargo dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que han sido fijadas. Finalmente, para que el daño antijurídico atribuido al Estado sea indemnizable, se exige que este sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la administración, esto es, desde una perspectiva negativa, que el daño sufrido por la víctima no se derive de un fenómeno de fuerza mayor o sea atribuible a su conducta negligente”(24)”(25).
9. La doctrina ha contribuido a la labor jurisprudencial, aportando definiciones de daño y precisando los elementos necesarios para que pueda hablarse de la obligación estatal de resarcirlo. En primer lugar los tratadistas han puesto especial énfasis en mostrar que el daño es el elemento sine qua non de la responsabilidad estatal. Sin embargo, no es un requisito suficiente, pues, además de su existencia, es preciso que sea atribuible al Estado y que este tenga la obligación de reparación. Ha dicho entonces la doctrina que el daño, para que sea objeto de la responsabilidad del Estado, (i) debe existir, (ii) debe ser imputable al él, y (iii) debe ser antijurídico; no es antijurídico aquel daño que, en virtud de las normas legales, deba ser soportado por quien lo padece”.
— La responsabilidad del Estado de lanzamiento, frente a los daños ocasionados por fuera de la superficie de la tierra, a otro objeto espacial o a las personas a bordo del mismo, se configura únicamente cuando se demuestre que incurrió en culpa. (arts. III y IV), siendo por lo tanto una responsabilidad subjetiva, en tanto la víctima deberá probar la culpa de quien produjo el daño o el dolo en los casos a que haya lugar.
3.6.5. Para la Corte, las disposiciones del convenio sobre la definición de la responsabilidad de los Estados de lanzamiento, en los casos en que el Estado colombiano deba presentar la reclamación por los daños ocasionados al mismo Estado o a quienes este represente, se ajustan a la Constitución Política, en especial, con el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes (C.P., arts. 2º, 58), el deber de los nacionales y extranjeros de cumplir la Constitución y la ley (C.P., art. 4º) y la obligación del Estado y de las personas de proteger los bienes del Estado (C.P., art. 8º), en la medida que fijan los parámetros de la responsabilidad por los daños, facilitando la reparación de las personas y las cosas que hayan resultado afectadas
3.6.6. El convenio establece unas excepciones al régimen de responsabilidad que contempla que: (i) no habrá lugar a responsabilidad para el Estado de lanzamiento, cuando se demuestre que los daños son total o parcialmente el resultado de una negligencia grave o de un acto de omisión cometido con intención de causar daños por parte de un Estado demandante o de personas físicas o morales a quienes este último represente (art. VI. 1), exención que no se tendrá en cuenta cuando el Estado de lanzamiento no haya respetado el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas o las normas contenidas en el Tratado del Espacio (1967) en el desarrollo de sus actividades (art. VI.2); y (ii) no se aplicarán las disposiciones del convenio, a los daños causados por un objeto espacial del Estado de lanzamiento, frente a sus nacionales y a los nacionales de un país extranjero que como resultado de una invitación del país de lanzamiento, participen en las operaciones del objeto espacial, desde su lanzamiento, hasta su descenso, o se encuentren en las proximidades del lanzamiento o recuperación (art. VII).
3.7.2. En criterio de la Corte, la definición de los sujetos y los objetos amparados, proporciona claridad en la interpretación del convenio, y permite la definición de los daños y de la indemnización correspondiente, para efectos del reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado frente a perjuicios ocasionados a terceros Estados (C.P., art 90) o para la satisfacción de la reparación y la indemnización del Estado como afectado o de quienes este represente, armonizando con los principios y valores propios del Estado social de derecho (C.P., art. 1º) y con la obligación del Estado de salvaguardar de los habitantes del territorio en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (C.P., arts. 2º y 58).
3.8. Régimen de solidaridad - Artículos IV y V.
No encuentra la Corte contradicción entre los artículos VIII, IX, X y XI, del convenio y la Constitución Política, al tratarse de disposiciones de carácter instrumental, que definen el procedimiento para la formulación de las reclamaciones, señalando quien las realiza y frente a qué daños(27), cómo es su trámite(28) y cuáles son los plazos para su presentación(29), disposiciones que permiten que los procesos de reclamación por daños entre los Estados se encuentren regulados, de manera que se garantice la atención de la solicitud por los Estados responsables y la pronta y adecuada reparación de las víctimas de los daños causados. Al respecto, considera la Corte que las normas y procedimientos precedentes desarrollan los artículos 9º, 224, 226 y 227 de la Constitución Política, al promover canales para el logro de una indemnización plena y equitativa de las víctimas de daños ocasionados por objetos espaciales, y son idóneos para determinar la responsabilidad de los Estados y de los organismos intergubernamentales.
A la luz del concepto de reparación integral, no basta la indemnización, sino que esta es una de las formas de reparar que debe ser acompañada de la restitución, la satisfacción y las medidas de no repetición(30).
— Los artículos XVIII y XIX, establecen que corresponderá al comité, de reclamaciones, la definición motivada de los fundamentos de la reclamación y la cuantía de la indemnización, dentro de un termino de máximo un año desde su constitución, decisión que será obligatoria si así lo han pactado las partes, o en caso contrario formulará un laudo que tendrá el carácter de recomendación que las partes atenderán de buena fe.
4.2. Así mismo, revisado el contenido de las disposiciones del “Convenio sobre la responsabilidad internacional de daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional y a la autodeterminación (C.P., art. 9º), el deber del Estado y de las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (C.P., arts. 2º y 58), la obligación del Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus autoridades (C.P., art. 90), a la facultad del Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales (C.P., art. 189.2) y del Congreso de la republica de aprobar tratados internacionales y promover la integración económica (C.P., art. 150.16), así como el mandatos de internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas de la Nación con otras naciones (C.P., arts. 226 y 227).
(3) Folios 12 a 21.
(4) Folios 1 a 4.
(6) Folios 29 y 30.
(7) Folios 6 a 12.
(8) “(...)
V. Lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate.
(11) Folios 6 a 12.
(12) (...).
Proyecto de Ley 250 de 2012, 115 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre responsabilidad internacional por los daños causados por objetos especiales” hecho en Washignton (sic), Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.
(13) Folios 1 a 22.
(14) Proyecto de Ley 250 de 2012-115 de 2011 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el convenio sobre la responsabilidad internacional por los daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington. Londres y Moscú el 29 de marzo de 1972.
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la responsabilidad internacional por los daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú el 29 de marzo de 1972.
(15) Folios 1 a 15.
(16) Folios 22 a 28.
(17) Folio 32.
(18) Folios 18 y 19.
(19) Comisión Colombiana del Espacio. http://www.cce.gov.co/web/guest/tratados-internacionales;jsessionid=3C9BEABE53ACBD902C7D76304F0590C2
(20) Concepto tomado de la Intervención de la Universidad de los Andes. Benko Marietta. “Essential Air and Space Law”. Pág. 132.
(21) C-294 de 2002, que declaró exequible el Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Chile para la promoción y protección recíproca de las inversiones, y su protocolo.
(22) Sentencia C-832 de 2001.
(23) Sentencia C-333 de 1996 y la sentencia del Consejo de Estado de mayo 8 de 1995.
(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de marzo 6 de 2008, Expediente 16075: “El artículo 90 de la Carta de 1991 es también un eficaz catalizador de los principios y valores que sirven de orientación política de nuestro Estado social de derecho y que deben irradiar todo nuestro sistema jurídico, catálogo axiológico dentro del cual ocupa especial importancia la garantía de la libertad (preámbulo). // Así mismo el artículo 90 sigue el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y liberal, que no puede ser otro que la eficacia general de los derechos fundamentales, los cuales vinculan a todas las manifestaciones del poder público, como enseña Locke[26] y proclama en forma contundente la Carta Política al disponer que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5º eiusdem). // En tales condiciones frente a cualquier daño antijurídico imputable a una autoridad pública con ocasión del ejercicio de uno de los llamados derechos de libertad, el Estado deberá responder patrimonialmente, no solo porque así se infiere de una lectura insular del artículo 90 constitucional, sino además por que se desprende de una lectura sistemática de la Carta”.
(25) Sentencia C- 644 de 2011.
(27) “1. Un Estado que haya sufrido daños, o cuyas personas físicas o morales hayan sufrido daños, podrá presentar a un Estado de lanzamiento una reclamación por tales daños.
(28) Las reclamaciones de indemnización por daños serán presentadas al Estado de lanzamiento por vía diplomática. Cuando un Estado no mantenga relaciones diplomáticas con un Estado de lanzamiento, podrá pedir a otro Estado que presente su reclamación a ese Estado de lanzamiento o que de algún otro modo represente sus intereses conforme a este convenio. También podrá presentar su reclamación por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, siempre que el Estado demandante y el Estado de lanzamiento sean ambos miembros de las Naciones Unidas.
(29) “1. La reclamación de la indemnización por daños podrá ser presentada a un Estado de lanzamiento a más tardar en el plazo de un año a contar de la fecha en que se produzcan los daños o en que se haya identificado al Estado de lanzamiento que sea responsable. 2. Sin embargo, si el Estado no ha tenido conocimiento de la producción de los daños o no ha podido identificar al Estado de lanzamiento, podrá presentar la reclamación en el plazo de un año a partir de la fecha en que lleguen a su conocimiento tales hechos; no obstante, en ningún caso será ese plazo superior a un año a partir de la fecha en que se podría esperar razonablemente que el Estado hubiera llegado a tener conocimiento de los hechos mediante el ejercicio de la debida diligencia. 3. Los plazos mencionados en los párrafos 1 y 2 de este artículo se aplicarán aun cuando no se conozca toda la magnitud de los daños. En este caso, no obstante, el Estado demandante tendrá derecho a revisar la reclamación y a presentar documentación adicional una vez expirado ese plazo, hasta un año después de conocida toda la magnitud de los daños”.
(30) Concordante con los artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados, aprobados mediante Resolución 56/83 del 12 de diciembre de 2001, de las Asamblea General de las Naciones Unidas, artículo 34 que señala que la reparación integral por el hecho internacionalmente ilícito, “adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada” y el artículo 35 que prescribe que “El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a la restitución”.
Diario Oficial 48620 de 20 de noviembre de 2012
2. Nada de lo dispuesto en este convenio impedirá que un Estado, o una persona física o moral a quien este represente, hagan su reclamación ante los tribunales de justicia o ante los tribunales u órganos administrativos del Estado de lanzamiento. Un Estado no podrá, sin embargo, hacer reclamaciones al amparo del presente convenio por los mismos daños respecto de los cuales se esté tramitando una reclamación ante los tribunales de justicia o ante los tribunales u órganos administrativos del Estado de lanzamiento, o con arreglo a cualquier otro acuerdo internacional que obligue a los Estados interesados.
A menos que el Estado demandante y el Estado que debe pagar la indemnización de conformidad con el presente convenio acuerden otra forma de indemnización, esta se pagará en la moneda del Estado demandante o, si ese Estado así lo pide, en la moneda del Estado que deba pagar la indemnización.
Si los daños causados por un objeto espacial constituyen un peligro, en gran escala, para las vidas humanas o comprometen seriamente las condiciones de vida de la población o el funcionamiento de los centros vitales, los Estados Partes, y en particular el Estado de lanzamiento, estudiarán la posibilidad de proporcionar una asistencia apropiada y rápida al Estado que haya sufrido los daños, cuando este así lo solicite. Sin embargo, lo dispuesto en este artículo no menoscabará los derechos ni las obligaciones de los Estados Partes en virtud del presente convenio.
1. En el presente convenio, salvo los artículos XXIV a XXVII, se entenderá que las referencias que se hacen a los Estados se aplican a cualquier organización intergubernamental internacional que se dedique a actividades espaciales si esta declara que acepta los derechos y obligaciones previstos en este convenio y si una mayoría de sus Estados miembros son Estados Partes en ese convenio y en el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes.
Cualquier Estado Parte en el presente convenio podrá proponer enmiendas al mismo. Las enmiendas entrarán en vigor para cada Estado Parte en el convenio que las aceptare cuando estas hayan sido aceptadas por la mayoría de los Estados Partes en el convenio, y en lo sucesivo para cada Estado restante que sea parte en el convenio en la fecha en que las acepte.