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Timestamp: 2019-10-19 03:41:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 23', 'Artículo 6', 'Artículo 19', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 53']

﻿ SENTENCIA T-1018 DE OCTUBRE 30 DE 2003
SENTENCIA T-1018 DE 30 DE OCTUBRE DE 2003
CONTENIDO:EL DERECHO DE PETICIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES. TÉRMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA UN ACTO ADMINISTRATIVO PROFERIDO EN EL TRÁMITE DE UNA PENSIÓN ES DE 15 DÍAS. (REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA)
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENSIONAL, ACTO ADMINISTRATIVO, DERECHO DE PETICIÓN, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Sentencia T-1018 de octubre 30 de 2003
Sentencia T-1018 de 2003
Ref.: Expediente T-761.677
Acción de tutela de José Andrés Ramírez Vanegas contra el Seguro Social.
Dentro del trámite de revisión de la tutela instaurada por José Andrés Ramírez Vanegas contra el Seguro Social.
El 28 de noviembre de 2002, el Instituto de Seguros Sociales, seccional Cundinamarca, por medio de la Resolución 28681, reconoció pensión por vejez a José Andrés Ramírez Vanegas a partir del primero de diciembre de 2002 con una mesada de $ 495.798.
El 25 de enero de 2003 se notificó ese acto administrativo al pensionado. Éste, el 27 de enero de 2003, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, pues estimó que debían reconocerse y pagarse las mesadas correspondientes a los meses de marzo a noviembre de 2003 y que debía determinarse el valor de la pensión teniendo en cuenta el promedio del último año de cotizaciones. Estos recursos, no obstante, no fueron resueltos por el Seguro Social.
El 5 de mayo de 2003, José Andrés Ramírez Vanegas, a través de apoderado, interpuso acción de tutela. En el escrito manifestó que el Seguro Social vulneró su derecho fundamental de petición, pues, a pesar de estar obligado a resolver los recursos interpuestos en el término de 15 días, hasta la fecha de solicitud del amparo constitucional, no había emitido decisión alguna. El actor solicitó protección para ese derecho y que se le ordene a esa entidad resolver, en el término de 48 horas, los recursos interpuestos.
La entidad accionada, pese al requerimiento realizado, no emitió pronunciamiento alguno.
El 20 de mayo de 2003, el juzgado veinticuatro civil del circuito negó la tutela interpuesta. Para ello argumentó que el régimen legal aplicable era el contenido en el Decreto 656 de 1994; que el artículo 19 regulaba específicamente las solicitudes sobre reconocimiento y pago de pensiones por vejez, invalidez y sobrevivientes y fijaba un término de cuatro meses para su decisión; que por ello no era aplicable el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo y que ese término no había transcurrido desde la presentación de la solicitud.
El 13 de junio de 2003, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la sentencia de primer grado. Esa corporación manifestó que debía tenerse en cuenta el término consagrado en el Código Contencioso Administrativo, en cuanto constituía una reglamentación del artículo 23 de la Carta, y que había operado el silencio administrativo, motivo por el cual el actor se encontraba habilitado para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
1. Uno de los ámbitos más sensibles en el ejercicio del derecho fundamental de petición es el de la seguridad social en pensiones. En este espacio el ejercicio de ese derecho adquiere matices particulares, de un lado, porque está regulado por una compleja red legal y reglamentaria que implica el agotamiento de múltiples procedimientos ante varias instancias, para vez de que sea posible el reconocimiento de una prestación económica de esa índole. De otro, porque los aspirantes a pensionados o pensionados constituyen un grupo humano que, por el hecho de estar ya desvinculado de la generación de riqueza nacional, con no poca frecuencia es sometido a un tratamiento negligente que, entre otras cosas, conduce a que sus peticiones no sean contestadas, o no lo sean de manera oportuna, o lo sean de manera superficial e incompleta.
Esta corporación ha tomado conciencia de esa situación y por eso ha elaborado una nutrida jurisprudencia orientada a la protección del derecho fundamental de petición en el ámbito de la seguridad social en pensiones. En ella ha identificado el régimen legal aplicable, ha interpretado ese régimen de manera compatible con sus fundamentos constitucionales y con el sistema de seguridad social integral, ha diferenciado las hipótesis que, en ese particular espacio, se presentan en el ejercicio de ese derecho y los términos aplicables a cada una de ellas y, de manera consecuente con ello, ha suministrado protección constitucional cuando tales términos se han desconocido.
2. Un claro ejemplo de esa línea jurisprudencial es la Sentencia T-588-03. En ella se recuerda el régimen legal del derecho de petición, se reconstruye su tratamiento jurisprudencial y se llega a unas conclusiones que marcan el derrotero que se ha de seguir para solucionar la protección constitucional del derecho de petición en materia de seguridad social en pensiones. La Corte se remite a las consideraciones que en esa ocasión, con detenimiento, expuso la Sala Séptima de Revisión:
“La doctrina constitucional sobre el término para resolver peticiones relacionadas con el trámite para el reconocimiento, la reliquidación y el pago de pensiones.
Artículo 6º del Decreto-Ley 1 de 1984 “por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo“.
“ART. 6º—Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demanda y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta“.
Artículo 19 del Decreto 656 de 1994 “por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones“.
Artículo 4º de la Ley 700 de 2001 “mediante la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pensionados“.
“ART. 4º—A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes“.
5. Ahora, para determinar cuál es el contenido del derecho de petición en materia de pensiones, la Corte ha tenido que fijar el alcance del enunciado del artículo 4º de la Ley 700 de 2001. Para ello la Corte ha recurrido a una interpretación sistemática de las normas que regulan el ejercicio del derecho de petición en materia de seguridad social en pensiones (CCA, D. 656/94 y L. 700/2001), y a una interpretación literal del enunciado del referido artículo 4º. Sobre el punto, en la Sentencia T-001 de 2003 la Corte afirmó:
Como se observa, el máximo plazo para decidir o contestar una solicitud relacionada con pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia es de cuatro meses. Hasta el momento no hay norma alguna que fije un término diferente para la respuesta a la solicitud en materia de pensión para las sociedades administradoras de fondos del régimen de ahorro individual, para el seguro, o para Cajanal. En consecuencia, se debe seguir aplicando por analogía el artículo 19 trascrito.
Obsérvese cómo el artículo 4º (de la L. 700/2001) establece un término de seis meses no para decidir sobre las solicitudes en materia de pensión, como lo hace el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, sino para adelantar los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de las mesadas; es decir, para el desembolso efectivo del monto de las mismas.
Estos dos términos aplicables con respecto al trámite de pensiones se ven complementados con un tercero. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la resolución de recursos interpuestos ante decisiones que resuelven sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una pensión “sigue vigente y le resulta aplicable (...) el término de 15 días hábiles a que hace referencia expresa el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo“ (sents. T-1086/2002 y T-795/2002)
El término de 15 días, consagrado en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, se aplica también en caso de que se presenten derechos de petición en los cuales se solicite, simplemente, información acerca del estado del trámite adelantado en materia de pensión o copias sobre documentos ya existentes dentro del expediente de la solicitud de pensión“ (negrilla fuera de texto)
Precedentes jurisprudenciales en materia del término aplicable para resolver peticiones relacionadas con el reconocimiento y pago de pensiones: Tres asuntos disímiles.
Primer asunto: solicitud de reconocimiento y pago
“El Seguro Social conoció de la solicitud desde el 14 de febrero y el 6 de junio de 2002 se interpuso la presente tutela. En esa medida, aún no habían transcurrido los 4 meses que tendría el Seguro Social para responder. El tiempo con el que contaba el Seguro Social para la respuesta de fondo a la petición se cumplían el 14 de junio, fecha posterior a la interposición de la tutela (Sent. T-232/2001)
Por no ser exigible la respuesta para ese momento, en ese aspecto no se vulneró el derecho de petición por parte de la entidad accionada“.
Segundo asunto: solicitud de reliquidación
En el caso de la Sentencia T-422 de 2003, una persona presentó acción de tutela pues habían transcurrido 3 meses sin que la entidad se pronunciara acerca de su solicitud de reliquidación de pensión de jubilación. La Corte consideró:
Los términos establecidos por la jurisprudencia reciente de esta corporación (Sent. T-325/2003) son aplicables igualmente a la solicitud de reliquidación de pensión, pues tal como lo sostuvo el juez de primera instancia, si bien el trámite previsto en el artículo cuarto (4º) de la Ley 700 de 2001, apunta al reconocimiento del derecho y ulterior pago de la prestación, la petición de reliquidación sí involucra un nuevo estudio de la solicitud, constancias de trabajo, factores salariales, aprobaciones, sustanciaciones, etc.“.
“En armonía con tal interpretación, se advierte en este caso que el juez de instancia debió conceder la tutela, pues en efecto aparecía vulnerado el derecho de petición de la señora Marleny Hurtado Álvarez, en la medida en que no fue resuelta en tiempo su solicitud de reconocimiento y pago (sic) de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta que el término de cuatro meses dispuesto por la jurisprudencia para resolver las solicitudes como la de la demandante ya había vencido al momento de presentar la tutela.
Dentro del expediente no aparece probado que el funcionario de la seccional, informara a la recurrente o a su poderdante sobre el curso de su petición, o la razón para no decidir. Han pasado más de quince (15) días, sin resolverse la petición. Este se formuló el día 12 de julio de 2002 y la tutela la presentó el 16 enero de 2003, es decir, seis meses después.
Estando suficientemente demostrada la omisión de la autoridad administrativa que motiva la presente acción, esta Sala de Revisión procederá a revocar el fallo de instancia que negó el amparo solicitado y, en su lugar, tutelará el derecho fundamental de petición“.
11. Para la Corte, esta decisión (Sent. T-365-03), junto con las dos anteriores (sents. T-422-03 y T-392-03), evidencian una divergencia de criterios en lo relativo al término, con que cuentan las entidades encargadas del reconocimiento y pago de pensiones, para resolver sobre las peticiones de reliquidación o revisión de pensiones; ya que, mientras la primera señala que es de quince (15) días, las otras dos señalan que es de cuatro (4) meses.
(iv) Finalmente, la Sala considera que siguiendo los términos del artículo 53 superior, en caso de duda acerca de la disposición aplicable en un caso concreto, el juez o la administración debe preferir aquella que favorezca al trabajador. En este sentido, se habla del principio de favorabilidad en materia laboral y así deberá atenderse la norma constitucional que indica el deber de adoptar la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho“.
Ahora si se opera una transposición de los términos en dicho mandato, se tiene que existe una duda sobre cuál de los dos precedentes (fuente formal) se deben aplicar, y se tiene como destinatario del beneficio en vez del trabajador, el pensionado. Por lo tanto el juez de tutela deberá preferir el precedente que más le favorezca a este último.
En consecuencia, no existe duda de la clara vulneración del derecho de petición por cuenta de Cajanal y, por consiguiente, esta Sala revocará la decisión judicial revisada y protegerá el derecho fundamental conculcado, toda vez que los términos para resolver el recurso de apelación frente a la resolución que impugnó la señora María Concepción Saldarriaga Saldarriaga han vencido y no obra prueba de pronunciamiento alguno de Cajanal al respecto“.
En este caso, el incumplimiento del término de quince días para resolver sobre los recursos interpuestos durante el trámite administrativo, desconoció el derecho fundamental de petición. Esta es la razón de la decisión o ratio decidendi del caso“.
3. De este modo, de acuerdo con el régimen legal vigente y con la intepretación que de ese régimen ha hecho esta corporación en el marco constitucional del derecho fundamental de petición, el término para resolver los recursos interpuestos contra un acto administrativo proferido en el trámite de una pensión es de 15 días y no de cuatro meses, como lo entendieron los jueces constitucionales de instancia. Y como ese término había transcurrido a la fecha de interposición de la tutela, su desconocimiento, y la consecuente vulneración del derecho fundamental de petición, son evidentes. Por este motivo, la Sala revocará las sentencias proferidas por aquellos y tutelará ese derecho.
1. Revocar la sentencia proferida el veinte (20) de mayo de dos mil tres (2003) por el juzgado veinticuatro civil del circuito y la sentencia proferida el trece (13) de junio de dos mil tres (2003) por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
2. Tutelar el derecho fundamental de petición de José Andrés Ramírez Vanegas. Ordenar al Seguro Social, seccional Cundinamarca, que en el término de 48 horas proceda a resolver de fondo el objeto de la petición elevada.
Magistrados: Jaime Córdoba Triviño, Presidente de la Sala—Marco Gerardo Monroy Cabra.