Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=661165
Timestamp: 2019-07-22 13:11:22
Document Index: 30726203

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 171', 'artículo 171', 'artículo 160', 'artículo 153', 'artículo 160', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 160', 'artículo 140', 'artículo 140', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1447', 'artículo 1774', 'Artículo 1', 'artículo 1005', 'artículo 2509', 'Artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 12']

FIJACIÓN DE HORA DE VOTACIÓN DE PROYECTOS.
NORMATIVA SOBRE ACOSO SEXUAL. Primer trámite constitucional.
GESTIÓN DE DIPUTADOS CHILENOS PARA LA DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA, CIA, RESPECTO DE CHILE.
ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS.
INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
CREACIÓN DE CENTROS REGIONALES POR LOS DERECHOS DEL NIÑO.
DETECCIÓN DE SORDERA EN RECIÉN NACIDOS.
RECHAZO A ACTOS TERRORISTAS DE LA ETA.
INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
INCONVENIENCIA DE INSTALACIÓN DE PLANTA DE CELULOSA EN VALLE DEL ITATA. Oficios.
ALCANCES A DECLARACIONES SOBRE REAJUSTE DE REMUNERACIONES.
SILENCIO DEL EJÉRCITO FRENTE A DECLARACIONES DE EX OFICIAL.
INTERPRETACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE APLICACIÓN DE DISPOSICIÓN DE LEY DE ALCOHOLES. Oficio.
IRREGULARIDADES EN RENEGOCIACIÓN Y COBRANZA DE CRÉDITO BANCARIO. Oficios.
ENAJENACIÓN DE TERRENOS FISCALES EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficio.
APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA EN LA TERCERA REGIÓN. Oficio.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL. Oficio.
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN TERCERA REGIÓN. Oficio.
REEMBOLSO DE RECURSOS UTILIZADOS POR MUNICIPIOS EN LA ELECCIÓN MUNICIPAL EN LA DÉCIMA REGIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CÓMPUTOS. Oficio.
RECHAZO A PRÁCTICAS ANTISINDICALES POR PARTE DE EMPRESARIOS.
FUNDAMENTOS DE TARIFAS DE SUSTENTACIÓN PARA LA COMPRA DE MINERALES DEL AÑO 2001. Oficios.
DESAFECTACIÓN DE TERRENOS EN COMUNA DE LA REINA. Oficio.
Sesión 12ª, en martes 7 de noviembre de 2000
(Ordinaria, de 11.17 a 14.29 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo
-Permiso constitucional10
-Fijación de hora de votación de proyectos10
Normativa sobre acoso sexual. Primer trámite constitucional10
-Gestión de diputados chilenos para la desclasificación de documentos de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, respecto de Chile30
-Establecimiento del Día Nacional de la Educación de Adultos30
-Creación de centros regionales por los Derechos del Niño32
-Detección de sordera en recién nacidos34
-Rechazo a actos terroristas de la ETA36
-Inconveniencia de instalación de planta de celulosa en valle del Itata. Oficios38
-Alcances a declaraciones sobre reajuste de remuneraciones39
-Silencio del ejército frente a declaraciones de ex oficial40
-Interpretación de la Contraloría General de la República sobre aplicación de disposición de ley de alcoholes. Oficio41
-Irregularidades en renegociación y cobranza de crédito bancario. Oficios42
-Enajenación de terrenos fiscales en Región de Atacama. Oficio44
-Aplicación del Fondo de contingencia en la Tercera Región. Oficio44
-Asignación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Oficio44
-Pavimentación de camino en Tercera Región. Oficio45
-Reembolso de recursos utilizados por municipios en la elección municipal en la Décima Región y perfeccionamiento de sistema de cómputos. Oficio45
-Rechazo a prácticas antisindicales por parte de empresarios45
-Fundamentos de tarifas de sustentación para la compra de minerales del año 2001. Oficios46
-Desafectación de terrenos en comuna de La Reina. Oficio47
1.Informe de la Comisión de Familia, recaído en el proyecto que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público (boletín Nº 2296-18)48
2.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público (boletín Nº 2296-18)98
3.Moción de los diputados señores Longton, Pérez, don Aníbal; Elgueta y Encina, que reconoce el lenguaje de señas como forma de comunicación para personas con discapacidad auditiva y vocal (boletín Nº 2619-07)103
4.Moción de los diputados señores Pérez, don Aníbal; Longton, Elgueta y Encina, que regula capacidad de los sordomudos para celebrar actos jurídicos (boletín Nº 2620-07)104
-Del diputado señor Valenzuela, don Felipe, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 7 de noviembre en curso para dirigirse a Brasil.
-Del diputado señor Pablo Galilea, estado de situación de la denominada Tarjeta Vecinal Fronteriza y su proceso de implementación.
-Del diputado señor Navarro, procedimiento postulación línea acciones concurrentes Programa Mejoramiento de Barrios.
-De los diputados señores Urrutia, Ceroni, Pedro Muñoz, Gutiérrez, Navarro, Jaramillo, Jarpa y de las diputadas señora Caraball y señorita Sciaraffia, esclarecimiento de hechos denunciados por profesores de la comuna de General Lagos relativo a desvío de recursos a particulares.
-Del diputado señor José García, lista de postulantes a pensiones asistenciales de vejez e invalidez actualizadas al 31 de julio pasado.
-De la Corporación, acuerdos de aplicación generalizada por parte de Carabineros de Chile y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile en relación con actos, siniestros y emergencias en que les corresponde intervenir.
-De la diputada señora González y de los diputados señores Ulloa, Rojas, Vargas y Van Rysselberghe, préstamo a favor de Essat S.A. para la construcción de proyecto Aducción Aguas Sur.
-Del diputado señor Kuschel, evaluación económica del proyecto ferrocarril moderno para el tramo Santiago-Puerto Montt.
-De los diputados señores Kuschel, Bertolino, Jiménez y Juan Pablo Letelier, evolución mensual de las importaciones de leche y sus derivados, durante los años 1998, 1999 y 2000.
-De la Corporación, diversas medidas para enfrentar la situación que afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas en el país.
-Del diputado señor Pablo Galilea, implementación de liceo en la localidad de La Junta.
-Del diputado señor Navarro, operación del sistema posicionador satelital para embarcaciones pesqueras.
-Del diputado señor Delmastro, proyectos de inversión para los próximos 2 años en las Regiones Sexta a Novena; reparación muro contención muelle pasajeros Isla Mancera, Décima Región.
-Del diputado señor Navarro, pavimentación camino El Patagual, Octava Región.
-De los diputados señores Navarro, Ceroni, Jaramillo, Jarpa, Felipe Letelier, Ulloa, José Pérez y de la diputada señora Soto, corporaciones administradoras de cuencas hidrográficas e información sobre empresa Arenas Biobío, Octava Región.
-Del diputado señor Pedro Muñoz, situación de los imponentes de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares.
-De la Corporación, medidas para dar solución a problema que afecta a sectores de jubilados, retirados y montepiadas.
-De los diputados señores Álvarez, Delmastro, Pablo Galilea, René García y Felipe Letelier, indemnizaciones pagadas a gerentes, principales ejecutivos y asesores de empresas públicas, dependientes del Sistema Administrador de Empresas.
-Del diputado señor Huenchumilla, Beca Presidente de la República.
-Del diputado señor Ascencio, fuentes de financiamiento público para presupuesto año 2000.
-Del diputado señor Kuschel, establecimientos educacionales rurales y urbanos de esa comuna.
-Del diputado señor Navarro, regulación legal de carácter sanitario, respecto de la descarga y almacenamiento en la Región Metropolitana, de escombros y residuos cuyo origen no sea domiciliario o industrial.
-Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
-Asistió, además, la ministra directora del Sernam, señora Adriana Delpiano.
-Se abrió la sesión a las 11.17 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 6ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 7ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Valenzuela , para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar desde el 7 de noviembre en curso para dirigirse a Brasil.
Pido la palabra para plantear una cuestión reglamentaria.
Señor Presidente, en atención a que en diez minutos más comenzará a funcionar en el Senado de la República la Comisión Mixta Especial de Presupuestos y a que los trece diputados titulares de la Comisión de Hacienda asistiremos a esa sesión, pido que solicite el asentimiento unánime de la Sala para fijar hora de votación de los proyectos que figuran en la tabla.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado señor Ortiz , fijando las 13.15 como hora de votación?
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley sobre acoso sexual.
Diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es la señora Adriana Muñoz .
-Moción, boletín Nº 1419-07, sesión 9ª, en 24 de octubre de 1994. Documentos de la Cuenta Nº 13.
-Informe de la Comisión de Trabajo, sesión 11ª, en 3 de noviembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Solicito la autorización de los señores diputados para que ingrese a la Sala la señora Ymai Ortiz , asesora de la señora ministra Adriana del Piano .
Señor Presidente, me corresponde entregar a la Sala el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, respecto del proyecto de ley, en primer trámite reglamentario y en primer trámite constitucional, sobre acoso sexual.
El proyecto en discusión fue presentado por el Ejecutivo en 1995 y sustituye íntegramente las mociones parlamentarias presentadas en 1991 por las diputadas Eliana Caraball , Laura Rodríguez y Adriana Muñoz ; por los diputados Carlos Montes , Sergio Aguiló , Juan Pablo Letelier y por los, en ese entonces, diputados, señores Armando Arancibia y Carlos Smok .
También recoge la moción presentada, en 1994, por las diputadas señoras María Angélica Cristi , Fanny Pollarolo y Marina Prochelle ; por los diputados señores Gabriel Ascencio , Maximiano Errázuriz , Juan Pablo Letelier , Exequiel Silva y por los señores Iván de la Maza y Ramón Elizalde , diputados en aquel entonces.
Por acuerdo de esta Sala, el proyecto fue enviado para su informe a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el 18 de marzo de 1997, y se inició su estudio en mayo de ese mismo año. La aprobación en general fue el 8 de agosto último, y en octubre lo aprobamos en particular y lo despachamos a la Sala.
Antes de hacer la relación del informe quiero reflexionar brevemente acerca de los largos diez años que ha durado su tramitación en la Cámara de Diputados. Este lapso por sí solo habla de que el estudio de temas de esta naturaleza no es fácil.
En la historia de la ley -de la cual forma parte el informe-, queda claro que algunos parlamentarios hicieron presente que en nuestra Carta Fundamental, en el Código del Trabajo y en otras normas legales, existían resguardos, que hacían innecesario explicitar el tema en un proyecto. Otros sostuvieron que el hecho de legislar sobre la materia iba a significar un nuevo impedimento para el ingreso de las mujeres al mercado laboral; que, junto con la existencia del fuero maternal, con el derecho de lactancia y con la no exigencia de hacerse un examen de orina, la medida sería otra barrera que impediría o disminuiría la demanda de mano de obra femenina por parte de los empresarios o del sector público. También se expresó que esto podía traer mayor inestabilidad a los trabajadores en cuanto constituiría una nueva causal de despido y, quizás, traería consigo nuevas perversidades en la relación trabajadores-empleadores.
En ese sentido, cabe hacer notar que el debate fue extenso. En 1991 se presentó el primer proyecto de ley sobre acoso sexual; en 1994, una segunda moción. En 1995, el Ejecutivo insistió con un proyecto sustitutivo de las mociones anteriores y, sólo ahora, el 2000, después de diez años, esta iniciativa ve la luz pública en la Cámara de Diputados. Durante diez años vivió en la clandestinidad del debate de las comisiones específicas.
Por eso, creo que este momento es muy crucial para nuestro país, y muchas mujeres y hombres trabajadores estarán expectantes de que la Cámara de Diputados debata hoy, con seriedad y profundidad, y mucha responsabilidad, un tema que siempre se ha considerado privado, que no es entendido como parte de las agendas políticas y legislativas, y que ha permanecido como tabú por largo tiempo en la sociedad chilena.
Otorgo gran trascendencia a esta sesión. Hemos roto una larga tramitación de diez años, lo cual significa haber disminuido resistencias culturales que tenemos en nuestra propia Cámara de Diputados para abordar materias de esta naturaleza. Es una gran señal del nuevo siglo para la modernización de nuestra legislación y para la incorporación de nuevos derechos legales para las trabajadoras.
Me alegro de que el proyecto haya sido aprobado unánimemente por la Comisión de Trabajo en su discusión general, y por una mayoría relativa en su discusión particular.
Paso en seguida a informar sobre las modificaciones fundamentales que en la Comisión de Trabajo introdujimos al proyecto presentado por el Ejecutivo.
En primer lugar, el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de la Mujer proponen incorporar en el artículo 2º del Código del Trabajo la definición de que el acoso sexual es una discriminación. En ese sentido, el objetivo del Ejecutivo es que en la legislación laboral debe considerarse el acoso sexual como falta.
No fue fácil el debate sobre la materia, en cuanto a convencernos de que es necesario dictar una ley especial sobre acoso sexual. En el transcurso del debate iremos conociendo las distintas visiones y matices que se plantearon en la Comisión, en cuanto a que nuestra legislación laboral requiere de esta ley especial para consagrar el acoso sexual como una falta en las relaciones laborales.
El Ejecutivo propuso que, en el artículo 2º del Código del Trabajo, se dispusiera que el acoso sexual es una forma grave de discriminación tanto en el lugar de trabajo como con ocasión de él; pero, en el debate de la Comisión, varios parlamentarios opinaron que el acoso sexual no es un acto de discriminación y que, incluso, hablar en esos términos perjudicaría la tramitación de juicios, demandas o denuncias de los propios afectados ante los tribunales.
La propuesta del Ejecutivo -que ha sido base de nuestros proyectos de ley- establece con mucha fuerza que, en la relación laboral, importan o tienen su contrapartida fundamental no sólo la remuneración, sino también todos aquellos aspectos correspondientes a condiciones de higiene, de seguridad y de trato igualitario entre los trabajadores.
En ese sentido, la propuesta de incorporar en el artículo 2º del Código del Trabajo -que se ocupa de los principios que inspiran la relación laboral-, la definición de acoso sexual en cuanto a que constituye una situación de discriminación hacia los trabajadores, tuvo plena aceptación.
Ahora, frente a lo planteado por distintos diputados sobre la complejidad del término “discriminación”, en el debate quedó claramente establecida la pertinencia de la modificación, siendo aprobada por mayoría de votos.
El otro objetivo del proyecto es incorporar en el artículo 160 del Código del Trabajo -que se ocupa de las causales de caducidad de un contrato de trabajo-, las conductas de acoso sexual como causal de despido. Por eso, dicho artículo quedaba con el siguiente número 2, nuevo: “Conductas de acoso sexual, entendiéndose por tal un comportamiento de carácter sexual, no deseado por la persona a la que va dirigido y que le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral”.
“Serán constitutivas, además, de acoso sexual las expresiones reiteradas verbales o de otro tipo, que ofendan la dignidad sexual de la persona, del trabajador o del empleador”.
Este tema también fue objeto de un prolongado debate, en el que los parlamentarios, en particular los varones, se preocuparon de acotar muy bien que en la definición de acoso sexual, no quedaran incluidos, por ejemplo, los piropos, los gestos y algunas señales o silbidos.
Por convencimiento del Ejecutivo y de una gran mayoría de parlamentarios, la definición de acoso sexual quedó contenida en el inciso primero del artículo 160, de la siguiente manera: “Conductas de acoso sexual, entendiéndose por tal un comportamiento de carácter sexual, no deseado por la persona a la que va dirigido y que le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral”.
Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad, con la eliminación del segundo inciso que había mencionado.
Los artículos posteriores dicen relación con las modificaciones que se introdujeron al Código del Trabajo para consignar las sanciones por el acoso sexual. Se establece claramente una modificación al artículo 171, que dice que cuando la causal de despido es de responsabilidad del empleador y si se invoca la causal de acoso sexual, el empleador será sometido a un pago de indemnización. Dicho pago, de un ciento por ciento -que establecía la propuesta original de los parlamentarios y del Ejecutivo-, se redujo a un 50 por ciento en el debate habido en la Comisión, y cuyos fundamentos no daré en esta oportunidad.
Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad de la Comisión.
Presentamos otras indicaciones, respaldadas por la totalidad de los integrantes de la Comisión, para agilizar algunas situaciones previstas en el Código del Trabajo. Estimamos necesario incorporarle algunos elementos que permitieran modernizar sus disposiciones, hacer más fácil la tramitación de los juicios y, de alguna manera, descomprimir la pesada tarea de los tribunales del Trabajo. En ese sentido, se presentó indicación para intercalar, como inciso segundo del artículo 171, la siguiente disposición: “Tratándose de la aplicación de las causales de los números primero y segundo del artículo 160 -referentes a las causales de despido y de acoso sexual-, el trabajador afectado podrá reclamar del empleador simultáneamente con el ejercicio de la acción de despido indirecto las otras indemnizaciones a que tenga derecho, incluido el daño moral”.
Consideramos que esta es una muy buena oportunidad para modificar el Código en ese sentido, lo que facilitaría a los trabajadores y trabajadoras, cuando deban realizar estos trámites judiciales, hacer de una vez y en un solo lugar toda la tramitación correspondiente del proceso que están siguiendo.
A pesar de ser aprobada, la indicación debe ser considerada por el Tribunal Constitucional, debido a algunas observaciones de inconstitucionalidad formuladas en la Comisión.
Por otro lado, se presentó indicación para reducir al máximo posible, dentro de nuestro papel de legisladores, el daño que puede provocar la denuncia de acoso sexual a las personas involucradas erróneamente en una denuncia. Es posible que algunos trabajadores y trabajadoras interpongan una denuncia, la que después, en el proceso, se demuestra que carecía de sustento. La indicación, que fue aprobada, señala que si la denuncia interpuesta por un trabajador ante los tribunales lesiona “la honra de la persona demandada y el tribunal hubiese declarado su demanda carente de motivo plausible, estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al afectado”.
Esta indicación, respaldada también por la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Adriana Delpiano , y por el ministro del Trabajo, don Ricardo Solari , recogió el espíritu de la Comisión de que el acoso sexual no fuera usado con el propósito de accionar un autodespido. Por cierto, hubo gran debate sobre la materia y, sin duda, los colegas que no compartieron la indicación podrán aducir otros antecedentes.
Asimismo, otra indicación incorpora un elemento de gran modernización en nuestro Código del Trabajo y descomprime los procesos que judicializan mucho la normativa. Así fue considerado en la Comisión. En el artículo 153 del Código, se agrega el siguiente inciso: “Especialmente, se deberán estipular las normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores”. En consecuencia, aquí estamos entregando a la empresa -privada o pública- la obligación de establecer disposiciones de política interna orientadas a sancionar el acoso sexual, sin necesidad de llevar la denuncia a los tribunales, pues esto significa un proceso judicial complejo. La propia empresa regulará la situación interna, calificando este hecho como negativo, nocivo y pertubador de las relaciones laborales. Desde ese punto de vista, consideramos que la indicación, que fue aprobada, aliviará un problema que también se hizo presente en la Comisión: que el acoso sexual no se produce sólo entre empleador y trabajador, sino entre trabajadores; es decir, se da el acoso sexual horizontal, que, de acuerdo con la normativa del Código del Trabajo, es muy difícil ubicar en la bilateralidad de la relación entre trabajador y empleador y del cual tendría que hacerse cargo el empleador.
En la Comisión se consideró que es poco claro que un empleador deba pagar indemnización por el acoso sexual realizado por un tercero, por un compañero o compañera de trabajo, con igual nivel jerárquico en la empresa.
Por eso, esta disposición es muy importante, porque en la medida en que las empresas sancionen el acoso sexual, se desarrollará una tarea de prevención y educación en el propio lugar de trabajo.
En este sentido, en la Comisión se complementó y enriqueció la iniciativa que presentó el Ejecutivo hace algunos años. En un comienzo, el debate originó resistencia y temores, pero, a la larga, se demostró que el acoso sexual es materia de ley, como pueden corroborarlo los demás colegas que la integran. Además, es un aporte sustantivo a la modernización del Código del Trabajo y a la humanización de las relaciones laborales entre hombres y mujeres, y favorece la igualdad de oportunidades en el empleo.
Asimismo, se propone la incorporación de una serie de importantes disposiciones a los estatutos administrativos, tanto para funcionarios de las municipalidades como del Estado.
Incluso, se recomienda que la normativa interna de la Cámara considere el acoso sexual como una falta grave en las relaciones laborales. Así, los parlamentarios y funcionarios de la Corporación conocerán una disposición de la Comisión de Régimen Interno que establecerá las sanciones pertinentes.
Por último, quiero hacer una reflexión final, que espero sea muy importante para futuros debates.
La materia está circunscrita, como dije al comienzo, a las situaciones individuales de las personas y es considerada casi una normalidad dentro de las relaciones laborales entre hombres y mujeres; pero, quizás, es una proyección del derecho de pernada que tenían los señores feudales, que se ha enraizado culturalmente en las relaciones laborales por el hábito de la cotidianidad y de las costumbres.
Muchas mujeres deben soportar el estrés, enfermedades nerviosas y daños sicológicos por el pánico de perder su empleo, y permanentemente deben hacer equilibrios entre la imperiosa necesidad de seguir trabajando, porque deben mantener a su familia, y los requerimientos de sus jefes o colegas de trabajo. Esta situación indigna la viven miles de mujeres en nuestro país.
Por eso, me alegro mucho de que después de diez años vea la luz el proyecto en la Cámara. Podemos decir que los parlamentarios hemos roto el tabú del acoso sexual y se debate como punto de la agenda política. En consecuencia, pido a las mujeres y a los varones -aunque son los menos- que defiendan este derecho, esta igualdad. No es posible que las mujeres tengamos debilitada la posibilidad de acceder o de mantenernos en nuestro trabajo.
Según he leído, el acoso sexual es un castigo fuerte a las mujeres por haber transgredido y entrado al mundo público de los varones. No nos hemos quedado remitidas a algunas ocupaciones o “peguitas” netamente femeninas, como se ha intentado, sino que hemos tenido la capacidad de ser transgresoras de las normas culturales y de las pautas sociales que se han querido imponer. Por eso, cuando incursionamos en el mundo que era netamente masculino -se nota mucho en el campo de la política-, esa transgresión es castigada con el acoso sexual.
El acoso no sólo es hacer un requerimiento sexual, como diría el “Rumpi”, de “grado” tres o cuatro, sino que también miradas, palabras y gestos que están en la cultura, aunque no figuran en el texto legal.
Ojalá el debate sirva para concluir que lo maravilloso en los seres humanos es la seducción y la conquista, pero no asociadas al poder para imponer a una mujer determinada actitud porque depende jerárquicamente de un jefe o del dueño de una empresa. Por el contrario, ésta tiene la libertad de decidir su vida afectiva y sexual.
El acoso sexual está muy ligado al poder y, de verdad, debemos romper con la cultura de usar la dependencia y la fragilidad de una persona para imponer un deseo de tipo sexual.
Reitero mi enorme alegría de haber roto el tabú y debilitado la resistencia cultural que la Cámara opuso durante diez años para tratar esta materia.
Por último, invito a mis colegas a un debate serio, profundo y responsable y que aprueben el proyecto a la brevedad, de manera que ojalá en diciembre o enero pase al Senado, donde espero que no se tramite durante otra década. Así, se dará una señal de justicia y dignidad a las mujeres y a nuestros trabajadores.
Tiene la palabra la señora ministra del Sernam.
La señora DELPIANO, doña Adriana (Ministra del Servicio Nacional de la Mujer).-
Señor Presidente, el informe de la diputada señora Adriana Muñoz refleja bien el espíritu del debate de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, quiero hacer resaltar un aspecto muy preciso.
El proyecto, que ha tenido, como se ha dicho, un largo trámite en la Cámara, se inició por iniciativa parlamentaria en 1991, aunque con posterioridad se presentaron otras mociones, como, por ejemplo, una de 1994. En la práctica, todos los sectores políticos han respaldado el estudio del proyecto. Sería largo enumerarlos, pero varios diputados y ex diputados -algunos ya no están entre nosotros, como la señora Laura Rodríguez -, han sido partidarios de legislar sobre la materia.
El Ejecutivo se hizo parte y refundió el espíritu de las mociones parlamentarias en un texto que presentó nuevamente a la Cámara y respecto del cual se inició una discusión muy rica, en la que, sobre la marcha, se le fueron introduciendo modificaciones.
Quiero rescatar este estilo de legislar, que no implica partir de la rigidez de un texto, sino más bien de la comprensión de las ideas y de los principios que fundamentan la necesidad de legislar. Agradezco la disposición de todos los diputados miembros de la Comisión por concurrir al desarrollo del texto que hoy conoce esta Sala.
Para el Gobierno y para el país en su conjunto, el hecho de estar empeñados en que la incorporación de la mujer al mundo laboral se haga en las mejores condiciones posibles -en la certeza de que la mujer puede acceder al mundo laboral-, es un apoyo directo a la calidad de vida de su familia y a las posibilidades ligadas a su autoestima, a un derecho ciudadano de ejercer sus capacidades e iniciativas en un país que invierte en educar a las mujeres lo mismo que en los hombres.
En el marco de la incorporación de la mujer al trabajo, es muy importante velar por mejorar, no sólo la posibilidad de acceder a un empleo, sino de mantenerlo. En esa línea, entendemos el acoso sexual como una perturbación fuerte y fundamental a la dignidad del trabajador y de la trabajadora; por ello, el Ejecutivo hizo suyo el proyecto.
Nos parece muy importante legislar en esta materia. Nos pone a la altura de los países más desarrollados, que han posibilitado, en cumplimiento de mandatos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de compromisos internacionales suscritos, tener legislaciones claras y precisas que dan una señal a la sociedad y, en particular, al mundo del trabajo.
Australia , Canadá , Francia, Nueva Zelanda, España , Suecia y Estados Unidos tienen legislaciones en esta materia y, en América Latina, Puerto Rico y Costa Rica. Esta iniciativa nos dejaría, como país, en una situación de avanzada en términos de regular un tema de fuerte discriminación en lo laboral: el acoso sexual.
Entendemos el acoso, como lo dijo la diputada Muñoz , como aquella conducta de abuso de poder que busca, a través del perjuicio real o potencial que puede recaer sobre el trabajador o la trabajadora, obtener favores sexuales. Pero para que ello se dé, deben concurrir, al menos, tres elementos fundamentales. Primero, conductas, de palabra u obra, destinadas inequívocamente a obtener favores sexuales por parte del acosador; segundo, requerimientos frecuentes y sistemáticos y, tercero, que, como consecuencia de dichos requerimientos, se alteren las condiciones generales o del normal desarrollo de las actividades laborales en la empresa.
Además de la dignidad del trabajador y de la trabajadora, éste es un entorpecimiento que pone en juego la productividad y la calidad de la empresa en la cual sucede este hecho.
Estudios de la OIT demuestran que cuando ya se ha producido el acoso sexual, en un 60 por ciento de los casos la víctima se ve obligada a abandonar el trabajo, porque no puede vivir en las condiciones laborales que se le presentan. Además, si tenemos en consideración que esto afecta a las mujeres más jóvenes, que están iniciando su vida laboral, y a los sectores más débiles de la sociedad, como a las trabajadoras de casa particular y a las con discapacidad, tenemos una violación flagrante de los derechos humanos de la trabajadora. Una legislación en esta materia es una potente señal de respeto del Estado de Chile a la sociedad en su conjunto.
Por último, así como el legislador estableció sanciones en el Código del Trabajo para cuando se cometan discriminaciones en un conjunto de aspectos, y en el tema de higiene laboral está preocupado hasta de la contaminación con tóxicos dentro de la empresa, no vemos razón alguna para que no haya una norma que proteja la dignidad y la relación de respeto que debe reinar dentro del ambiente laboral.
Nada tiene que ver esto, como bien dijo la diputada Muñoz , con la relación de seducción entre personas adultas, culturalmente aceptada, en la medida en que no medien la coacción, la coerción y el poder para obtener favores sexuales.
Si el proyecto es aprobado en el Congreso, va a poner a nuestro país a la vanguardia de la defensa de los derechos de los trabajadores y se transformará en una señal potente de que más mujeres y mujeres jóvenes podrán incorporarse al mundo del trabajo con la certeza de que sus derechos serán respetados.
Señor Presidente, valoro altamente el proyecto, porque creo que forma parte de las grandes modificaciones culturales que vamos a ir viviendo en el transcurso de las décadas, en lentos avances, de nuestra propia concepción sobre la relación entre mujeres y hombres, entre hombres y mujeres.
Este no es un proyecto destinado a poner freno y congelar el entusiasmo sexual, sino para evitar transformar el entusiasmo sexual en un chantaje, en una coacción. No es una iniciativa destinada a inhibir o a castrar la posibilidad de las relaciones amorosas en el ámbito laboral, sino a impedir que el amor, uno de los actos más maravillosos del ser humano -quizás el más maravilloso- se torne en una herramienta de coacción, de abuso, de presión. Este no es un proyecto destinado a terminar con el deseo ni a imponer, sobre la base de la ley, una juridicidad castradora de la naturaleza humana, sino a colocar en el término adecuado situaciones que, naciendo de la naturaleza amorosa, han sufrido quizás profundas deformaciones de las concepciones de cultura en la relación que hemos establecido entre hombres y mujeres en tantos ámbitos.
Esa concepción que irá cambiando en el medio laboral es quizás donde más brutalmente se expresa, porque, muchas veces, la mujer que se incorpora a un ámbito de trabajo de hombres es inmediatamente considerada una presa, parte del coto de caza e, incluso, la posibilidad, para quien tenga un poco de poder, de utilizarlo sobre esa trabajadora.
Hay películas y literatura de acoso de mujeres hacia hombres, pero, en verdad, históricamente, los hombres han acosado a las mujeres. Esa ha sido la situación.
Considero absolutamente absurdo pensar que este proyecto atenta contra la normalidad de las relaciones entre mujeres y hombres, porque es normal que en un ámbito laboral -justamente por estar realizando un trabajo en común- se pueda desarrollar tal grado de amistad, de complicidad, de compañerismo, que pueda producirse el atractivo, el entusiasmo y aumentar el deseo. Pero debe ser combinado, naturalmente, en las mejores condiciones, y en este caso, no solamente apelando a la buena voluntad de las personas, sino creando las condiciones jurídicas para que esto sea en verdadero compañerismo, en el respeto profesional y en el adecuado respeto de las jerarquías, pero no en abuso para cambiar el curso de la normalidad de las relaciones naturales.
Ciertamente, resulta difícil establecer el límite entre el flirteo o coqueteo con la aceptación voluntaria o no de la mujer cuando el hombre manifiesta interés. No existe ley que pueda regular esa sutileza, pero si hay algún grado de presión o chantaje en las condiciones laborales producto del pretexto del interés natural, entonces se está cometiendo un abuso.
Respecto del entusiasmo amoroso, normal, natural, de aceptación voluntaria, recuerdo ese relato oriental en que Kamaralzaman y Sett-Budur son dormidos por dos genios. Uno de ellos despierta a Kamaralzaman, quien, desnudo, mira a la princesa Sett-Budur y dice: “¡Qué lástima que esté dormida, porque no tendré la aceptación de su voluntad!”. La observa durante la noche mientras ella duerme bajo el influjo de los genios. Él, dormido, se desespera en su amor al descubrirla. Ahí espera el amanecer, hasta que se duerme, y sólo cuando los genios deciden despertarlos a ambos se produce el encuentro, la posibilidad de la conquista mutua, la seducción, el entusiasmo y la decisión de voluntad.
Eso es todo lo contrario a esta concepción cultural de la mujer como presa de caza en el ámbito de trabajo, que es más fuerte con las más pobres, pero existe en todos los ámbitos: en los gerenciales y secretariales. Forma parte del humor sexual, del humor amoroso, del chiste. Incluso está instalada la idea de que la secretaria es una mujer objeto de presión, de acoso sexual. Creo que no es para castigarlas. Sinceramente, no es que esto haya sido una cosa premeditada de la cultura masculina para decirle a las mujeres “no se metan en el ámbito de mi poder”. Pienso que es algo menos perverso, pero más brutal y profundo. Quizás es esta cultura del desprecio, de la visión minusvaloradora de la mujer. De no entender que ingresó una mujer que ejerce su labor y su trabajo como primer acto y, como segundo acto, podría ser que en el compañerismo nazca el interés amoroso, incluso de un jefe. Pero en la visión minusvaloradora de la mujer que existe en nuestra cultura, primero está la idea sutil, aparentemente inocente y suave, que incluso hemos escuchado en el ámbito de la política: “Ha venido esta dama a adornar como una flor esta reunión de varones”. Aparte de la siutiquería vulgar de la frase, encierra una barbaridad despectiva y descomunal. Yo la he escuchado entre diputados con motivo de la llegada de una diputada; entre arquitectos con el ingreso de una arquitecta; entre ministros, con la entrada de una ministra; en reuniones internacionales, con la presencia de una especialista que deslumbra con su belleza. Ella no ingresó en ese instante para adornar nada, sino porque era ministra y cumple labor de Estado; porque era diputada y quiere participar con sus pares, pero no para ser considerada como florcita. Si durante el transcurso de la reunión internacional, política, laboral o profesional, cualquiera de los hombres observa en esa mujer -además del compañerismo y respeto laboral- belleza física, hermosura, encanto, coquetería, podrá surgir también el entusiasmo natural del hombre y darse las relaciones como las que voluntariamente quería tener Kamaralzaman al descubrir a Sett-Budur.
La ley nunca podrá establecer todas las modificaciones culturales que quisiéramos, porque será un lento y gran cambio, pero esta iniciativa es una enorme contribución. Incluso, hago un reconocimiento al movimiento feminista en la defensa que hizo de las mujeres cuando eran agredidas y no tenían la posibilidad de desarrollarse bien en su trabajo. Así comenzó y, probablemente, se transformó en una cuestión exageradamente agresiva. En todo caso, eso no importa, porque al final se regula por el cambio cultural que va a permitir este avance. No creo que el acoso sea perversamente pensado por los hombres, sino que nace del impulso de la normalidad, y me alegro de que el proyecto sea capaz de precisar la posibilidad de que se pueda llegar al abuso. El día de mañana cualquiera -mujer u hombre- puede acusar de acoso sexual al jefe, convirtiéndose en la gran fórmula para lograr indemnizaciones. No tan millonarias como las que hemos conocido a nivel de gobierno, pero una indemnización al fin.
Por ello me alegro de que la diputada señora Adriana Muñoz y el diputado señor Aníbal Pérez , preocupados por años de este proyecto, hayan incluido el artículo que establece: “Si el trabajador hubiese invocado la causal del número dos del artículo 160 falsamente o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada” -es decir, alguien que quiera hacer un acto de venganza a su jefe- “y el tribunal hubiese declarado su demanda carente de motivo plausible, estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al afectado.”.
Me parece adecuado que este proyecto precise ciertas situaciones.
Observo varias clases de rechazo a este proyecto. Uno, de ellas es la que estima una estupidez una normativa de esta naturaleza, porque estas cosas se resuelven solas, además, que es normal la relación amorosa y de interés entre hombres y mujeres. Sí, pero como ya lo hemos dicho, no es normal que se transforme el amor en chantaje.
Lo que no es normal -aun cuando podría serlo- es que el jefe se enamore de la secretaria, que la busque, le coquetee, se entusiasme, la invite, y si ésta se niega, diga: “Conforme, siga trabajando” y no se creen las condiciones que todos conocemos y que no es necesario describir.
El proyecto precisa que por conductas de acoso sexual se entiende “un comportamiento de carácter sexual, no deseado por la persona a la que va dirigido y que le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral”.
También se da la sonrisa despectiva frente a este proyecto porque lo consideran una “tonterita”, que intenta solucionar el problema con una cuestión jurídica artificial, cuando el tema, al final, va a ser regulado por la relación de hombres y mujeres.
Termino mi intervención, contrariamente a todo lo que se pueda imaginar, en vez de inhibir y de enfriar, llamando justamente a valorar el entusiasmo de la relación de hombres y mujeres. ¡Ámense todo lo que puedan, entusiásmense todo lo que quieran, piropéense en todas las relaciones laborales, pero nunca, jamás, piensen que el entusiasmo que pueda producirse en una relación entre hombre y mujer puede servir de herramienta ya no sólo para castigar a la mujer ejerciendo una forma de poder, sino para sancionar la relación amorosa, para estigmatizar, infectar, dañar lo más sagrado que tenemos, que es el encuentro entre las personas y más aún si se da el encuentro amoroso entre los sexos.
Señor Presidente, junto con apoyar el proyecto, deseo señalar que con la diputada señora María Antonieta Saa defendimos una conducta tipificada en nuestro Código Penal, con el objeto de sancionar el delito de acoso sexual, propuesta rechazada en su oportunidad en la Comisión, porque se dijo que correspondía más bien al campo laboral.
El acoso y la seducción, tal como lo señaló el diputado señor Hales , tienen precedentes que deseo rememorar, con el objeto de añadir algunas consideraciones al debate.
Desde luego, en el libro maestro, la Santa Biblia, curiosamente los seducidos son los varones. De partida, Adán . El joven José , quien adivinó los sueños del faraón, fue seducido por la mujer de Potifar, capitán de la guardia del faraón, y posteriormente encarcelado porque se le imputó el delito extremo al que se lleva a la fuerza la seducción: la violación. No me voy a referir tampoco a María Magdalena , mencionada en distintas obras literarias y en la película “La última tentación de Cristo”, donde también aparece este fenómeno; o a Dalila, que le cortó el cabello a Sansón y lo privó de su fuerza.
En consecuencia, hay una larga historia sobre la materia. Para qué hablar del campo del derecho, si los que estudiamos historia del derecho sabemos que existió el jus primae noctis o derecho de pernada.
Estos ejemplos me vienen a la memoria para recordar que el problema ha estado presente desde que la pareja humana existe sobre la tierra.
Según algunos, el acoso sexual en el empleo puede entenderse como toda conducta sexual unilateral e indeseada que ocurre en la relación laboral y afecta el empleo mismo, sus oportunidades, términos o condiciones o el ambiente de trabajo de la persona hostigada.
En algunas legislaciones, como la de Costa Rica, se imponen responsabilidades y se fijan penalidades a cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, requerimiento de favores sexuales y cualquiera otra conducta verbal o física de naturaleza sexual, cuando se da una o más de las siguientes circunstancias: cuando el someterse a dicha conducta se convierte de forma implícita o explícita en un término o condición del empleo de una persona; cuando el sometimiento o rechazo de dicha conducta por parte de la persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el empleo o respecto del empleo que afecta a una persona; cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de interferir de manera irrazonable en el desempeño de esa persona o cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.
Un comentarista señala que se pueden mencionar, sin pretender ser exhaustivas, algunas de las siguientes tres manifestaciones: expresiones no verbales, gestos, miradas, exposiciones; expresiones verbales, piropos, chistes o insinuaciones de naturaleza sexual; contacto físico, como pellizcos, roces corporales, besos, apretones y agresiones sexuales.
Esta última circunstancia invade el campo penal, puesto que como se ha legislado sobre los delitos sexuales, ahí se consagran estas conductas como figuras delictivas.
Me referiré en especial a la idea central del proyecto y a su definición sobre conductas de acoso sexual.
El Nº 2 del artículo 1º del proyecto agrega en el inciso segundo del artículo 2º del Código del Trabajo, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: “Se considerará discriminación las conductas de acoso sexual.”. Creo que aquí hay un error gramatical. No sé si la Mesa lo corregirá o si será necesario presentar una indicación, porque dice: “Se considerará” y se habla de discriminación, en singular, y luego de las conductas en plural. Debería quedar todo en plural o en singular, sin adoptar un lenguaje que no está conforme a las reglas de la gramática. Entonces, sugiero la siguiente frase: “Se considerarán discriminaciones las conductas de acoso sexual”.
En el Nº 5 del mismo artículo se intercala el siguiente número 2, nuevo: “2.- Conductas de acoso sexual, entendiéndose por tal -debe decir tales- un comportamiento de carácter sexual, no deseado por la persona a la que va dirigido y que le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral”.
Me parece que este concepto debe expresar claramente lo que queremos decir en la ley. Desde luego, debe ser un comportamiento unilateral, porque si es recíproco no existe la conducta que se desea sancionar por la vía laboral. Además, debe producir un perjuicio en la situación laboral. Al respecto, deseo saber si tal comportamiento debe producir perjuicio sólo en su situación laboral o en el momento de pretender un empleo, porque en otras legislaciones se habla de las oportunidades del empleo. Me pregunto si una persona concursa de acuerdo con el Estatuto Administrativo, con el Estatuto Municipal o con otros estatutos, o si quiere ingresar a una empresa o está postulando a un trabajo en el sector privado, pueden producirse o no tales circunstancias.
Me parece que sí. En consecuencia, la definición debería abordar la circunstancia de la oportunidad del empleo y no sólo la situación laboral, o sea, que claramente deba haber una vinculación contractual entre empleado y empleador.
Es importante saber si la situación laboral comprende sólo el lugar de trabajo, porque no queda clara la situación cuando el acoso se produce fuera del mismo.
Deseo consultar a la diputada informante si la expresión “situación laboral” comprende también la oportunidad en que se está aspirando al empleo o sólo cuando la persona ya ha sido contratada, y las circunstancias de lugar, o sea, si el acoso se produce dentro del lugar de trabajo o fuera de éste, porque en el proyecto no quedan claros esos aspectos.
Considero un avance la iniciativa para la dignidad, la no discriminación y para que en Chile exista efectivamente un verdadero respeto mutuo en las relaciones laborales. Modernizar nuestra legislación significa ponernos a la altura de los tiempos y considerar que hoy ya no existen derechos tan brutales como el ius primae noctis o derecho de pernada y otros que hemos conocido a través de la historia.
Hay que buscar la forma de evitar que en las empresas, en las fábricas o en las industrias se vuelvan a producir aquellas circunstancias ocurridas en América cuando llegaron sus conquistadores, como lo describe tan bien el autor argentino del libro “La conquista erótica de las indias”, donde señala que el conquistador no sólo tenía encomiendas con esclavos, sino también un séquito enorme de mujeres, lo que posteriormente se traducía en más de 150 ó 200 hijos.
Por lo expuesto, considero que el proyecto constituye un avance, una modernización y un signo de respeto laboral.
Señor Presidente, el diputado señor Elgueta hizo algunas consultas a la diputada informante, las que no escuché bien. No sé si prefiere que le responda de inmediato o al final.
Señor Presidente, pregunté si la expresión “situación laboral” se refiere sólo al momento en que ya se ha firmado el contrato o también al momento en que una persona está postulando a un trabajo, sea en el sector público o en el privado. En segundo lugar, si la conducta de acoso sexual sólo se entiende cuando se da en el lugar de trabajo o también cuando ocurre fuera del mismo.
Señor diputado, la señora diputada dará respuesta a sus consultas al final del debate.
Señor Presidente, celebro que la Cámara de Diputados esté tratando un tema que en nuestro país había estado bajo tupidos velos, los que, afortunadamente, se han ido descorriendo, pues no dejaban ver la realidad de la violencia intrafamiliar y de una serie de situaciones reales y concretas que ocurren en la vida de las personas y de las mujeres en términos de sufrimientos y de situaciones injustas e indignas.
Tal como lo señaló la diputada señora Adriana Muñoz , el proyecto ha esperado diez años para ser tratado. No es extraño, ya que para tratar el patrimonio reservado de la mujer al interior de la sociedad conyugal pasaron más de diez años y el proyecto sobre violación se demoró casi cinco años. Se trata de nuevas concepciones de derecho que tienen una historia reciente en la humanidad y cuesta avanzar en ellas porque no son de sentido común, sino rupturistas respecto de una cultura.
El acoso sexual es una conducta que está justificada culturalmente y esa es la concepción que debemos romper. Tal conducta tiene su raíz -así se afirma en muchos textos- en una concepción cultural profunda de que los varones son superiores a las mujeres y que ellas son de su propiedad. Ése es uno de los sustentos del acoso sexual, que se expresaba claramente y se ligaba al poder político, por ejemplo, en el caso de los señores feudales con el derecho a pernada, que consistía en tener relaciones sexuales con las campesinas de su dependencia que contraían matrimonio.
En nuestro país durante largos años estuvo arraigado en nuestra cultura el derecho, prácticamente, del latifundista y de sus hijos varones sobre las campesinas y las inquilinas, situación que también vivieron -como describía el diputado señor Elgueta - las indígenas de parte de los españoles. Esa concepción aún tiene resabios que debemos desentrañar, corriendo los tupidos velos que la cubren.
Otro punto que está en la base cultural de este tema es la idea profunda, en el inconsciente o consciente de los acosadores, de que la sexualidad masculina es irracional e irrefrenable. Por tanto, cualquier manifestación de una mujer se puede entender como una suerte de invitación al acercamiento sexual. Esa creencia, esa idea inconsciente que hoy tienen muchos varones en nuestro país -que, por desgracia, ni los planes educacionales ni la cultura que se transmite a través de la familia todavía logran desarraigar- está unida a la idea de propiedad y de superioridad, lo que hace que los varones justifiquen, inconscientemente, el acoso sexual. Esto también tiene su correlato, pues muchas veces las mujeres que son víctimas de estas conductas -es el mismo caso de la violencia intrafamiliar-, sienten una especie de vergüenza y de culpa, pues culturalmente tienen la idea de que son culpables del acoso sexual, porque usan la pollera más corta o porque se arreglan, siguiendo una natural conducta de coquetería femenina.
Entonces, estamos desentrañando, poniendo en evidencia y recogiendo un importante cambio cultural rupturista, que entregará dignidad y tranquilidad a la vida laboral de las mujeres y, en general, al ámbito laboral -algunas mujeres también tienen conductas de acoso sexual hacia los hombres-, de manera que puedan trabajar sin sufrir este tipo de situaciones que, muchas veces, les produce inestabilidad psicológica y profundas depresiones. Según los investigadores que han analizado este problema en el mundo laboral chileno, la mayoría de las veces las obliga a renunciar a sus trabajos o a someterse a los requerimientos del acosador. Esto podemos apreciarlo en los sectores más desposeídos, como las temporeras, que deben someterse a tales requerimientos para conservar su fuente laboral que tanto necesitan, o renunciar, lo que resulta absolutamente injusto. El proyecto recoge esta situación, pero en forma insuficiente, pues la indemnización debería ser del ciento por ciento, porque se debe considerar no sólo la relación entre el acosador y la acosada, sino también las consecuencias sociales en el ambiente laboral, puesto que hay testigos y una serie de elementos. La incertidumbre de continuar trabajando o de tener que renunciar produce un tremendo estrés y, por lo tanto, la indemnización debería ser del ciento por ciento. Es necesario repensar ese aspecto, porque considero injusto que sea sólo del 50 por ciento.
La definición de acoso sexual hecha por la OIT es clara: “Acoso sexual es todo acercamiento sexual, sea éste verbal o físico, no deseado por la persona que lo sufre”. Además, hay estudios que indican que el acoso tiene distintas expresiones. Según la definición, se trata de gestos, comentarios con connotación sexual, apretones de hombro, abrazos o roces en diversas partes del cuerpo, aparentemente casuales; lenguaje sexual de tipo obsceno o proposiciones de carácter sexual. El acoso sexual abarca toda esta gama de actos, y cuando una mujer es acosada, siente una tremenda sensación de desagrado, muy distinta a la que se produce cuando hay una sana relación de coquetería, sin imponer nada.
Pero estas conductas ocurren no sólo en el plano laboral. Como decía el diputado Elgueta -en la Comisión presentamos una indicación para que estos actos quedaran tipificados en el Código Penal, pero diversos diputados y diputadas la votaron en contra-, esto no se da sólo en el sector laboral. Hace algún tiempo hubo un caso muy conocido en el ámbito deportivo y también se presenta en el campo educacional, sobre todo universitario, entre alumnas y profesores.
Por eso, anuncio que tengo preparado un nuevo proyecto para tipificar el acoso sexual en el Código Penal, porque considero muy importante proteger el derecho y la dignidad de las personas.
Espero que el proyecto sea aprobado, pues lo que estamos haciendo hoy día es histórico. Los países europeos han avanzado al respecto. Por ejemplo, en 1991 hubo una recomendación general del Parlamento Europeo tendiente a eliminar las discriminaciones en contra de la mujer, en la cual se pide a los Gobiernos europeos que adopten medidas jurídicas eficaces, incluidos las sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de indemnización, para proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia, incluida la violencia y malos tratos en familia, el ataque sexual y el hostigamiento sexual en el trabajo. Se recomienda adoptar las medidas necesarias para fomentar la conciencia de que la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo afectan la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluida la conducta de superiores y compañeros. Dice que dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma. La negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta, por parte de empresarios y trabajadores, incluidos los superiores y los compañeros, se utilizan de forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efecto sobre el acceso de dicha persona a la formación profesional y empleo, sobre la continuación del mismo, los ascensos, el salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo. Por último, dice que dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma.
Como decía, se trata de un problema que se da no sólo entre el acosador y el acosado, sino que también participa como testigo de él todo el entorno laboral. Este proyecto es muy importante, y todo lo que hagamos en la Cámara de Diputados tendrá efectos positivos. En primer lugar, interpretará el anhelo de muchas mujeres trabajadoras que sufren en silencio estas conductas, las cuales sentirán que estamos respaldándolas, que estamos ayudándolas a integrarse al mundo laboral -hoy todo el mundo, sobre todo las mujeres, tiene derecho al trabajo-, y percibirán este reconocimiento como un gesto solidario. En segundo lugar, considero muy importante aprobar el proyecto por unanimidad, a fin de que tenga la misma fuerza en el Senado. Sin embargo, allí resulta difícil tratar estos temas, porque creo que hay menos sensibilidad al respecto que en la Cámara. Espero que la iniciativa no quede sumida en el silencio por mucho tiempo y que con su actitud tan activa el Servicio Nacional de la Mujer posibilite su aprobación.
Si bien el diputado Elgueta mencionó ejemplos en la Biblia sobre seducción por mujeres, fíjense que los casos de grandes seductoras y destructoras de varones son muy pocos. Y precisamente por eso llaman la atención, porque rompen la norma cultural relativa a la actitud de las mujeres en la relación amorosa. En general e históricamente, en esta relación la mujer no ocupa el mejor lugar, de manera que las que aparecen como seductoras o destructoras son muy pocas. En esos textos y básicamente en obras históricas, hay una connotación cultural patriarcal en la referencia a esos casos, toda vez que se destacan conductas que son valoradas por los hombres: la agresividad y otra serie de actos que queremos erradicar.
No me cabe duda alguna de que el proyecto en estudio será muy importante para la vida laboral de los chilenos y chilenas. A través de este tipo de iniciativas estamos legislando muy concretamente en favor de la gente. Por eso, felicito a los autores de la moción y al Sernam por haberla hecho suya.
Para terminar, anuncio que dentro de muy poco tiempo presentaré una moción para que esta conducta quede tipificada en el Código Penal.
Señor Presidente, en primer lugar, felicito a la diputada señora Adriana Muñoz por su preocupación respecto de esta iniciativa. Ha seguido todo el debate con un interés que me llama en forma favorable la atención y la informó a cabalidad, toda vez que ha interpretado fielmente lo que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha discutido durante más de 8 años.
En segundo lugar, expreso mi preocupación por el tratamiento que se le está dando al proyecto. Han intervenido tres parlamentarios, aparte de la excelente participación de la diputada señora Muñoz , y ninguno de ellos es miembro de la Comisión de Trabajo. Las exposiciones han sido buenas, como la del diputado señor Elgueta , quien ha planteado muchos recuerdos históricos, hasta bíblicos algunos; pero me preocupa que se esté usando mal la iniciativa en algunas intervenciones, como en la del diputado señor Hales , quien no participó nunca en ninguna de las discusiones de la Comisión y pronunció un discurso bastante populista sin mayor conocimiento del tema.
Un sinnúmero de parlamentarios me ha dicho que no concurrirá a la votación del proyecto por el significado que conlleva; por el tratamiento que se le ha dado al tema del acoso sexual. De ahí que sería importante preocuparse, en el momento de la votación, de la asistencia de los diputados y diputadas.
Muchos también me han manifestado que van a votarlo a favor sólo por el efecto público que pudiere generar el hecho de hacerlo en contra o de hablar en contra de una materia de esta índole, cuestión que a mí me preocupa mucho.
He seguido durante 10 años el estudio del proyecto. Reconozco el interés de los parlamentarios autores de la iniciativa, quienes, en un par de ocasiones, fueron a la Comisión a ver qué ocurría con ella, y reconozco también en Adriana Muñoz a la persona que firmemente ha llevado adelante esta iniciativa sobre la base de una excelente predisposición de todos por perfeccionarla. La diputada señora María Rozas ha sido también defensora del proyecto.
Es importante que los parlamentarios lean el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social; pero lo es más conocer los documentos analizados en la discusión. El documento entregado por el Poder Judicial, leído por los miembros de la Comisión de Trabajo, ha sido conocido por muy pocos parlamentarios. Es bueno considerar la posición de los jueces del trabajo sobre el particular. Voy a leer un solo párrafo, sobre el cual es importante intercambiar opiniones. Después de un largo análisis, uno de ellos expone: “En resumen, estimo que con la normativa actual, el juez del trabajo está y ha estado en condiciones de resolver, por las causas legales, las conductas que pueden considerarse como un acoso sexual, ya por la decisión tanto del empleador como del trabajador, de poner término al contrato de trabajo”.
Argumentaciones como éstas, de que la situación del acoso sexual ya está contemplada en el Código del Trabajo y en la misma Constitución Política de la República, no fueron consideradas por los miembros del Ejecutivo y los parlamentarios.
Muy poca gente se atreverá a entregar una opinión muy certera en contra del articulado que se está proponiendo. ¿Por qué? Porque he llegado al convencimiento más absoluto -y lo he dicho en todos los tonos y lugares-, de que el proyecto no es bueno. Siempre fui partidario de agregar en el artículo 2º del Código del Trabajo sólo la frase “y acoso sexual”, después de todas las causales; pero se insistió en esta otra modificación.
La diputada señora María Antonieta Saa , en su intervención, obviamente me da la razón en lo que he venido planteando en materia de legislación laboral sobre este particular. Estoy convencido de que es un mal uso de las mayorías en esta materia, o de la mayoría publicitaria que se pudiera dar en un proyecto de ley, cuando ella se refiere a las multas, las cuales deberían ser del ciento por ciento, y no del 50 por ciento, como se acordó.
Situaciones como las planteadas por la diputada María Antonieta Saa hacen que en el Código del Trabajo la solución se ponga más compleja, más difícil y tengamos mayor oposición en materia de legislación laboral de parte de otros sectores. Cuando se empieza a establecer todo tipo de restricciones y a disponer multas elevadísimas, uno, que cree en las reformas laborales, se percata de que, de repente, se nos está pasando la mano. Reitero, el proyecto consignaba un 100 por ciento y, felizmente, se bajó a un 50. No se consiguió bajarlo a un 20 por ciento; pero ese tipo de afirmaciones, como las de la diputada, nos mueven a decir: “Yo no estoy de acuerdo en que legislemos de esta forma y pongamos este tipo de restricciones”.
Toda la gente entendida en el tema nos ha planteado la inconveniencia de legislar de la forma como lo estamos haciendo. Sin embargo, hemos sido insistentemente hostigados en la Comisión de Trabajo para aprobar este proyecto de ley. Voté a favor de la idea de legislar y participé en las indicaciones en la medida de lo razonable.
Escuché a la señora ministra manifestar, en un comentario radial, que le extrañaba mi opinión y mi posición. La sostuve siempre en la Comisión de Trabajo y la reitero: he sido opositor a legislar sobre esta materia en la forma como lo estamos haciendo; pero una vez que la situación está planteada, mi deber, como parlamentario, es participar en su análisis, presentar indicaciones y ver cómo puedo modificar lo que se está haciendo. Lo he dicho en todos los tonos. A las diputadas señoras Adriana Muñoz y María Rozas les expresé que no creo que éste sea un buen proyecto para las trabajadoras o para las mujeres. Afirmé, también, que ésta es una buena señal moral que los gobiernos de la Concertación les dan al país y a las mujeres trabajadoras. Puede ser una buena ley moral; pero discutiremos su eficiencia sobre la base de lo que diremos más adelante.
Considere también, señora ministra -por su intermedio, señor Presidente-, la afirmación que voy a hacer: presiento que si esto se transforma en ley, será la ley de la venganza. El numeral 2, nuevo, del artículo 160, dice: “Conductas de acoso sexual, entendiéndose por tal un comportamiento de carácter sexual, no deseado por la persona a la que va dirigido y que le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral”. Según la iniciativa, eso es lo que significa acoso sexual. Creo que en estas cuatro líneas se establece la ley de la venganza; porque cuando una mujer va a los tribunales a denunciar a su superior jerárquico por acoso sexual, pues esto siempre es de un superior hacia un inferior, que puede ser hombre o mujer, aunque normalmente es mujer -y me gustaría que la discusión se refiriera a los dos sexos y no sólo a uno, como lo ha hecho la diputada señora Saa ; hay que ser ecuánime en ese sentido-, el jefe o dueño de la empresa queda sometido de inmediato al escarnio dentro de la empresa, al escarnio público y, obviamente, a una situación familiar insostenible. Si la persona hace esta acusación por venganza, por malestar, porque el jefe o el empresario le cae mal, o porque desea un ascenso, una de las mejores herramientas que, obviamente, estaríamos entregando para perjudicar al superior jerárquico o al dueño de la empresa, es sostener que se es objeto de acoso sexual.
Pero, provocado el hecho, se va a los tribunales, y allí no se logra demostrar esta situación. Habrá multas y despidos; ¿pero quién limpiará la ya dañada imagen de la persona? ¿La trabajadora, un parlamentario o el Gobierno van a decir que se ha hecho una acusación de acoso sexual inexistente? No se pudo demostrar, ante los tribunales, que existía acoso sexual, y nos encontramos con un jefe o un empleador que no sabe cómo salir de esta circunstancia, y podemos encontrarnos con una situación límite en su familia, en la cual su señora puede creer este hecho.
Sería una infamia.
Gracias, diputada señora Muñoz . Acusar de acoso sexual cuando no existe es una infamia de las peores que se pueden hacer a una mujer o a un hombre.
A las diputadas señoras Rozas y Muñoz les dije que, si bien creo en la ley moral, lo que me preocupa de verdad son las formas en que se provocará este hecho en el país. ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Cómo vamos a restituir la credibilidad, la honorabilidad dañada de aquel empleador o jefe? ¿El Sernam publicará una inserción en los diarios diciendo que “don Juan Pérez Cotapos ” fue acusado de acoso sexual, pero que ello no era verdad; y mediante esta inserción se restituirá su honorabilidad y respeto como persona, y se le pedirá a su familia y a los trabajadores que sigan creyendo en él?
Estimo que mi intervención ayudará a que otros parlamentarios se atrevan a hablar. Hay que atreverse a decir lo que se siente o lo que uno cree respecto de este tipo de leyes -para mí, leyes morales-, las cuales respaldo.
Señor Presidente, me quedan muchas dudas. Asistió mucha gente a la Comisión. Una de ellas fue Mario Kreutzberger , quien fue acusado de acoso sexual en Estados Unidos. Fue imposible demostrar que él había acosado sexualmente a una mujer. ¿Pero qué ocurrió en Chile? Los titulares de todos los diarios, a ocho columnas, denostaron a Mario Kreutzberger ; creyeron en la acusación. Él tuvo que demostrar que no era un acosador. Aquí ocurre todo lo contrario: hay que demostrar que se es acosado y no que no se es acosador.
Recuerdo una frase muy importante que dijo Mario Kreutzberger : “Creo que es bueno que en Chile se legisle sobre acoso sexual”. Pero pidió lo siguiente: “que todo lo que se haga en legislación sea con respeto a las personas”.
Es cierto que hay muchos acosadores sexuales. Estuvimos en un programa de televisión con la diputada señora Muñoz . Un señor empresario decía ser el rey de los acosadores del país, que le fascinaba acosar sexualmente a sus secretarias y que si no le aceptaban el acoso, sencillamente las destinaba a otro lugar y ponía a otra que sí aceptaba ser acosada.
Como sé que esa realidad existe, me preocupa más el perjuicio que podamos provocar a quien es acusado sin causa alguna y cómo se le puede restituir la honorabilidad, credibilidad y respeto.
Es efectivo que entre pares y de inferior a superior no existe acoso. Pero formulo la siguiente pregunta: si la que acosa es la trabajadora inferior a su superior, ¿qué vamos a hacer?
Cuando el secretario -para no hablar siempre de la mujer- tiene una jefa estupenda y la acosa, ¿qué va a ocurrir? “Depende de la respuesta”, dice el diputado señor Huenchumilla , como buen abogado. Pero no es efectivo que el acoso sexual se dé de superior jerárquico a inferior. Creo que existe el acoso de inferior a superior para obtener ganancias, y ante eso no estamos legislando.
Termino diciendo que me gustaría que se pronunciasen todos los que creen que el proyecto no es bueno y todos los que estimamos que se trata más que nada de una iniciativa con un objetivo moral, destinada a establecer una conducta que el Gobierno quiere dar al país. Si el Gobierno y la ministra me dicen eso, con mucho gusto seguiré trabajando en la forma como lo he hecho hasta ahora.
Tiene la palabra la señora Adriana Delpiano .
Señor Presidente, como sucede con cualquier materia de ley, ésta puede suscitar la voluntad de más o menos personas sobre el tema.
Quiero aclarar un aspecto que me parece importante.
Cualquier norma legal se puede prestar para abusos. Una persona puede ser acusada injustamente de ladrona o de cualquier otra situación; pero para remediar eso, la propia ley dispone que uno pueda querellarse por calumnias e injurias. A pesar de eso, una vez que uno aparece como ladrona, como haciendo mal uso de recursos o como cualquier otra cosa, es bien difícil restituir la honra. Me parece que el abuso que se pueda cometer, basado en cualquier normativa, es un tema genérico para todo legislador. No obstante, también entiendo que la ley busca proteger a la mayoría de las posibles víctimas, en especial a los más débiles, así como abordar las situaciones más recurrentes sobre una determinada materia, como sucede en este caso.
Por lo anterior, el abuso de poder es un tema muy importante; y para que no se generen situaciones como las que ha señalado el honorable diputado señor Seguel , la propia ley establece multas o castigos para quienes cometan abusos de esta naturaleza, sin perjuicio de que la persona cuestionada presente querellas por injurias o por otras causas, tal como sucede cuando las personas abusan de una determinada legislación.
Solamente quiero dar algunas cifras y las razones de por qué se necesita una ley especial sobre esta materia, en lugar de leyes de carácter general que permitan, a través de su interpretación, sancionar este tipo de conductas.
Estudios realizados en Chile en 1991 y otros de la Organización Internacional del Trabajo sobre esta materia, señalan que más del 20 por ciento de las mujeres directamente encuestadas había sufrido algún tipo de acoso sexual, y que el 85 por ciento de ellas conocía casos de acoso sexual en su entorno; o sea, es un tema bastante más extenso de lo que pudiéramos imaginar. Sin embargo, la Dirección del Trabajo sólo ha recibido 34 denuncias en los últimos dos años, basados en algunos artículos del Código del Trabajo que pudieran entenderse ligados con esta problemática. Como no se han establecido sanciones y como estas faltas o delitos ni siquiera están tipificados, la Dirección sólo se ha limitado a realizar una especie de mediación entre las partes, con el objeto de que las condiciones laborales de las trabajadoras no queden tan perjudicadas.
Esa fue una de las razones que tuvo el Ejecutivo para dar su respaldo a este proyecto y obtener el apoyo que han expresado los parlamentarios sobre la idea de legislar respecto de esta materia, ya que con esta iniciativa se estaría protegiendo a muchas personas, más débiles y más jóvenes, que inician su proceso laboral.
Por lo tanto, considero que es una legislación moderna desde ese punto de vista y que viene a hacer justicia sobre un aspecto que muchas veces se vive en la intimidad de los espacios laborales, que, sin lugar a dudas, causa un daño considerable a los miles de personas que son acosadas privadamente en función del abuso de poder, el que puede ser tan grave como el que se le ocasiona a quien es acusado injustamente.
Señor Presidente, me da la impresión de que hay una tremenda confusión en el análisis de este proyecto de ley, ya que se está confundiendo el acoso con el chantaje, lo que no ha sido planteado aquí por ningún señor diputado. El acoso acontece desde un nivel jerárquico superior a uno inferior, mientras que el chantaje se origina cuando una persona quiere contratar a alguien y le dice: “Usted será contratada siempre que me otorgue ciertos favores.” Esto no es acoso, sino chantaje, el cual también se produce cuando alguien dice: “Usted se mantiene en este trabajo si me hace tales favores”.
Admiro cómo la diputada señora María Antonieta Saa se puede adaptar tan bien para defender temas diferentes, pero nunca en la misma línea. Señalo esto por una razón muy sencilla. Siempre se habla del acoso del hombre en contra de la mujer; pero, ¿no puede haber acoso de una mujer a un hombre, de una mujer a otra mujer y de un hombre a otro hombre?
Estos temas también debemos abordarlos con seriedad en el futuro. No se trata simplemente de convertir a la sociedad chilena a imagen de la sociedad estadounidense.
Aquí estamos estimando que tocar el hombro y dar un apretón a la secretaria cuando uno llega en la mañana es acoso sexual. Me siento feliz de saludar de esa manera a mi secretaria. Nunca he acosado a alguien.
Aquí se considera que porque analizamos el tema entre pares, estamos libres de estas situaciones. O sea, ¿las diputadas y los diputados podríamos estar sometidos al acoso permanente de nuestros pares sin poder hacer algo al respecto, porque somos iguales? A mi juicio, la ley tiene que ser pareja, y no puede hacer discriminaciones entre quienes tienen más o menos grados. Todos tenemos que ser iguales ante la ley; de lo contrario, podría pensarse que en una industria grande, donde existen 30 divisiones, no se producirían problemas de acoso entre los gerentes, porque todos tienen el mismo rango. Ésta es una materia que debemos ir zanjando hacia adelante.
Tanto que se habla del tema del acoso sexual, materia en la cual estamos de acuerdo; pero les pregunto: esta ley, ¿no irá en desmedro de la mujer? Porque, tal como señaló el diputado señor Rodolfo Seguel , para no exponerse a una acusación injusta, lo más probable es que los empresarios digan: “Vamos a contratar sólo a varones”. Esto ya pasó en Alemania cuando dictaron leyes que favorecieron demasiado a las mujeres, legislación que se derogó porque ya no las contrataban.
En consecuencia, en el análisis del proyecto sobre acoso sexual debemos tener presentes dos leyes: la del criterio y la de que uno tiene que actuar en conciencia, ya que estos abusos no se van a terminar sólo porque se dicta una ley al respecto.
Coincido plenamente con el diputado señor Seguel , de que aquí se está legislando para “sacarse el pillo”, ya que se trata de un proyecto que lleva diez años en la Comisión de Trabajo. Tan cierto es esto, que cuando fui miembro de esa Comisión, durante mi primer período, ya se había presentado esta moción, a la que ahora se le ha empezado a dar la importancia que reviste.
Coincido en cuanto a que se infiere un daño irreparable cuando una persona acude a un tribunal por venganza y declara: “Tal persona me acosó”. No importa lo que se contraargumente o lo que se haga al respecto, ya que el daño es irreparable.
Señor Presidente, esta iniciativa va por mal camino. Aquí hay que poner las reglas claras. La ley laboral debe señalar: “Concurse a un trabajo, en lugar de buscar “pitutos” para lograrlo”.
También es cierto que mucha gente entra con su currículo para postular a un trabajo, y el jefe se da el lujo de poner a 30 secretarias en fila para elegir a la más hermosa.
A ese empresario que decía: “Yo acoso y soy el rey de los acosadores.”, le pregunto: ¿Con qué moral va a dar un consejo a un hijo que está mal encaminado en relación con esta materia, en circunstancias que él es el principal causante de este tipo de problemas.
Muchas veces consideramos que estas leyes, que son interesantes, favorecerán a la mujer, pero realmente no es así. La ley en tramitación se prestará para venganzas, dará dolores de cabeza y será inconductiva.
Por lo tanto, debemos considerar que aquí hay que tener un profundo respeto por las personas, cualquiera que sea su rango, y las relaciones laborales no deben confundirse con relaciones amorosas. Ése es el problema de fondo. Por las necesidades actuales, mucha gente debe aceptar vejámenes con tal de conservar su trabajo. Eso sí que es denigrante para la persona; pero no que la piropeen, que la saluden, que le digan “que viene buenamoza”, porque esas cosas son agradables para una mujer.
Perdónenme las señoras diputadas por lo que voy a decir. Cuando ustedes se levantan en la mañana, ¿cuánto tiempo se demoran en ponerse un traje, en maquillarse y en mirarse en un espejo para asegurarse de que se ven bien? En consecuencia, debe ser frustrante que no les digan lo bien que se ven y que pasen inadvertidas como mujeres. Lo digo derechamente: debe ser atroz para una mujer que nadie se fije en ella, que no la miren y que sea una persona chantada en una oficina. Hablemos las cosas como son. Por lo tanto, debemos hacer una relación más armoniosa entre estos dos extremos. No se trata de hacer insinuaciones a cada rato a las damas.
Perdónenme por lo que he dicho, pero ello quizás se debe a que, para mí -de verdad, y no tengo ningún empacho en decirlo- lo más lindo que hay en el mundo son las mujeres, y por esa misma lindura, hay que conservar el respeto que debe tenérseles a quienes nos dieron la vida; pero eso no se hace por ley, sino que mediante la enseñanza en los colegios.
Por eso creo que el proyecto no nos va a conducir a buen término, dado que la principal confusión de las personas es que creen que es lo mismo acoso y chantaje.
Aquí se ha aludido a expresiones bíblicas y a muchas otras. O sea, el tema que aborda la iniciativa, desde que se escribió la Biblia ha sido un problema permanente; han pasado dos mil años y se sigue en lo mismo. No sé cuál va a ser la solución, pero creo que esto va a influir negativamente en la contratación de mujeres.
Hay que tener profundo respeto y leyes mucho más drásticas, no en ese aspecto, sino para que la gente pueda decir libremente cuando hay acoso y no se actúe por venganza, como ocurre a veces, porque eso produce un daño irreparable para las personas acusadas por algo que realmente no cometieron.
Me alegro de que la diputada señora Saa sea feminista -otras veces se pone a defender causas perdidas-; pero aquí realmente hay que ubicar el rumbo: el chantaje es una cosa y el acoso, otra; y no porque el proyecto de ley lleve diez años de tramitación, tenemos que despacharlo ahora.
En consecuencia, pido formalmente que vuelva a Comisión para estudiarlo más en profundidad y no despachar una iniciativa por cumplir, a fin de que se analicen los puntos que ha planteado el diputado señor Seguel , los que he mencionado y también algunas dudas que tienen la señora ministra y las mismas señoras diputadas que presentaron el proyecto. Entonces, vamos tranquilamente; elaboremos la futura ley con calmita -si ha estado tramitándose durante diez años, su despacho bien puede esperar un mes más-, con el objeto de que sea buena para todos los lados. No vaya a pasar lo mismo que con el 90 por ciento de las leyes ya promulgadas, es decir, que tengan que ser modificadas, porque se ha legislado sobre la base de dos o tres cosas para poder sacarlas, y la mayoría ha salido mal.
Por lo tanto, señora diputada, estudie bien lo que es acoso y lo que es chantaje.
Es el momento de rectificar los errores, es el momento de hacer una buena ley y es el momento también de hacer una profunda reflexión acerca de si el proyecto conduce realmente a favorecer a los acosados o a las acosadas. Ese es el fondo del problema.
Por eso estoy de acuerdo con que el proyecto vaya nuevamente a Comisión.
Recuerdo a los señores diputados que el Orden del Día termina a las 13.15 horas.
Hay 17 señores diputados inscritos y de acuerdo con la petición del diputado señor René Manuel García , siempre que haya unanimidad en la Sala, el proyecto podría volver a la Comisión.
Por lo tanto, le correspondería hacer uso de la palabra al diputado señor Mulet por el tiempo que queda, pudiendo continuar en la sesión siguiente.
Señor Presidente, creo que no procede que el proyecto vuelva a la Comisión, sólo por el interés de debate.
Está resuelto el problema, señor diputado. El proyecto no vuelve a la Comisión.
El debate continuará mañana. Queda con el uso de la palabra el diputado señor Mulet .
-Queda pendiente la discusión.
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 487, relacionado con gestión de diputados chilenos para desclasificar documentos respecto de Chile.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 9 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones
Proyecto de acuerdo Nº 488, de los diputados señores Olivares , Aguiló , Gutiérrez , Rozas , doña María ; Prokurica , Orpis , Ávila y Cornejo, don Patricio :
1.Que para el desarrollo de un país es muy importante el nivel de educación que logren sus habitantes.
2.Que en octubre de 1916 se funda el primer liceo que atiende fundamentalmente a los adultos que requieran enseñanza primaria y secundaria. Este establecimiento educacional obtiene su decreto de cooperador de la función educacional del Estado en el año 1929, por gestión del entonces director del Instituto Pedagógico don Federico Hanssen .
3.Que en concordancia con los planes y programas del Gobierno con relación a lograr doce años de escolaridad como mínimo para cada habitante de nuestro país, es que queremos realzar la educación de adultos.
1.Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República tenga a bien administrar las medidas necesarias para declarar el día 17 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Educación de Adultos”.
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Gutiérrez .
Señor Presidente, entre los impulsores de la iniciativa, puedo nombrar a los diputados señores Olivares , Aguiló , la señora María Rozas , los señores Prokurica , Orpis , Ávila , Patricio Cornejo y quien habla, interesados en promover aquellas iniciativas que digan relación con el adulto mayor.
La educación de adultos tiene bastantes años en el país, pero nunca ha estado asociada, como podría hacerlo hoy, con las políticas que el Gobierno está implementando respecto del adulto mayor. De manera que aquí confluyen dos políticas muy fuertes, que van en directo beneficio de las personas de la tercera edad.
Como una manera de consolidar y de hacer más fuerte este propósito, solicitamos que el 17 de octubre de cada año sea declarado Día Nacional de Educación de Adultos, porque creemos que ese hecho va en la línea que permanentemente hay que fortalecer y de la que hay que hacer conciencia en los países americanos en desarrollo. Destinar un día a celebrar la educación del adulto mayor en el país, a tener reuniones en todos los establecimientos donde se imparte este tipo de educación y a elaborar políticas sobre el tema, va a ser muy beneficioso.
Por ello, es una iniciativa muy positiva y no encierra ningún tipo de riesgo para nadie; por el contrario, muchos beneficios. En nombre de los diputados que suscribimos el proyecto, pido a los colegas que lo apoyen para enviarlo a su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que se dicte el decreto correspondiente para establecer el Día Nacional de la Educación del Adulto.
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Bartolucci .
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, apoyo el proyecto de acuerdo y anuncio el voto favorable de mi bancada sobre la base de sus considerandos y de las explicaciones dadas. Por el trabajo que he desarrollado desde hace muchos años, como también la bancada de la UDI, todo lo que tiene que ver con el adulto mayor y con ayudar a la gente de la tercera edad, debe constituir un especial deseo de todos nosotros. Hay muchas situaciones de las cuales preocuparnos: las jubilaciones, los montepíos, la ancianidad, las mutuales, las pensiones y su revalorización, en fin. Por otra parte, la expectativa de vida en el país también ha crecido. Hay toda una temática propia. La dignificación del adulto mayor y su integración a la sociedad son tareas que debemos considerar de manera especial y prioritaria.
Por eso, entendemos que la asignación de un día específico para que estemos junto a nuestros adultos mayores -ojalá estuviéramos todo el año- es una iniciativa loable; dedicar un día, especialmente, para dignificarlos, recordarlos y, ojalá, acordar políticas que siempre estemos desarrollando a fin de ayudar a quienes entregaron tanto por nosotros y a los cuales no debemos olvidar.
Acuña , Álvarez-Salamanca , Arratia , Ascencio , Bartolucci , Rozas (doña María) , Bustos , Cornejo (don Patricio) , Fossa , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Krauss , Kuschel , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Monge , Montes , Mulet , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma (don Joaquín) , Reyes, Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Vega , Velasco y Villouta .
-Se abstuvo la diputada señora Pérez, doña Lily .
El señor Prosecretario va a leer el siguiente proyecto de acuerdo.
Proyecto de acuerdo Nº 489, de las diputadas señora Pollarolo , doña Fanny ; señorita Saa, doña María Antonieta ; de los diputados señores Hales , Bustos, Krauss ; de la diputada señora Muñoz , doña Adriana , y del diputado señor Jarpa :
1.Las prácticas abusivas arbitrarias y discriminatorias que ocurren en nuestras escuelas y liceos constituyen un problema grave de nuestro sistema escolar a lo largo del país. Es por eso que en el Parlamento se han presentando distintos proyectos de ley sobre la materia y más aún ya es ley vigente en lo relativo a impedir la discriminación de alumnas embarazadas.
2.Por otra parte también se ha convertido en una situación grave en nuestro país el aumento de los abusos sexuales contra niños y niñas.
3.Ahora bien, en razón de que nuestro país suscribió y ratificó la Convención sobre Derechos del Niño, es que ha propiciado la creación de instituciones que velen por ellos.
4.En tal sentido y ejecución de tal política se celebró un convenio de programación en el año 1998 entre los Ministerios de Educación, Justicia y Salud y el gobierno de la Región Metropolitana, que dio origen al Centro Regional por los Derechos del Niño, que ha tenido por funciones, tanto superar la discriminación a nivel escolar como prevenir y denunciar los abusos sexuales, así como atender las víctimas de ellos.
5.La labor de este Centro Regional por los Derechos del Niño (Crecen), ha sido sumamente exitosa en los ámbitos en que ha actuado en defensa de los niños y niñas. Es por eso que dado que esta problemática no es exclusiva de la Región Metropolitana, aparece como necesario que los Ministerios ya citados lleven a cabo convenios de igual naturaleza con los demás Gobiernos Regionales, a fin de instalar en cada región del país un Centro Regional por los Derechos del Niño.
Por tanto, se propone a la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo:
Se acuerda oficiar a las ministras de Educación y de Salud y al ministro de Justicia, con el objeto de que suscriban convenios iguales al del año 1998, con el gobierno Región Metropolitana, destinados a crear en cada región del país un centro regional por los Derechos del Niño”.
Para hablar a favor, tiene la palabra la diputada señorita María Antonieta Saa .
La señorita SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente, quienes somos representantes de la Región Metropolitana hemos tenido la ocasión de apreciar el trabajo del Centro Regional por los Derechos del Niño, Crecen, que surgió de un acuerdo entre los Ministerios de Educación, de Justicia y de Salud. Ha cumplido una gran labor en la defensa de niños y niñas que han sufrido discriminación en el ámbito educacional.
Ya esta Cámara aprobó legislar sobre un proyecto del diputado Juan Pablo Letelier -entre otros- con respecto a discriminación en los colegios, fenómeno que, lamentablemente, hoy existe.
Durante estos años, el Centro Regional de los Derechos del Niño ha desarrollado una labor cotidiana y ha logrado el reingreso de muchos alumnos discriminados o su colocación en otros colegios, lo cual ha sido un alivio para los padres y la consagración del derecho a la educación de niños y niñas.
Hemos querido presentar este proyecto de acuerdo para ampliar la labor de dicho Centro hacia otras regiones, porque nos parece fundamental. Muchas veces, los niños discriminados quedan en absoluta indefensión. Es importante que nosotros, como Cámara, expresemos nuestra voluntad en cuanto a que existan otros centros en las diferentes regiones, porque -reitero- el Centro de la Región Metropolitana ha cumplido una labor realmente importantísima en la defensa e integración de niños que han sido discriminados en sus colegios.
Por lo tanto, llamo a aprobar el proyecto y ojalá los distintos ministerios suscriban convenios con el gobierno de la Región Metropolitana, para que tengamos centros como éste en todas las regiones.
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Jarpa .
Señor Presidente, como lo ha expresado la diputada María Antonieta Saa , el año pasado efectuamos una visita al Centro Regional por los Derechos del Niño de la Región Metropolitana y pudimos comprobar su importancia para menores que han tenido dificultades en algunos establecimientos educacionales. Ellos encontraron apoyo en esta institución, fueron acogidos y, posteriormente, lograron excelentes resultados.
Esa misma experiencia debe ser aplicada en las diferentes regiones y, a través de este proyecto, solicitamos a los Ministerios de Educación, de Justicia y de Salud que suscriban convenios iguales al de 1998 con el gobierno de la Región Metropolitana, para que establecimientos de esta misma naturaleza operen en todas las regiones -ojalá también en capitales de provincia-, de manera que nuestros menores sean acogidos cuando, por diversas circunstancias, tengan dificultades en sus colegios.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa,0 voto. Hubo 1 abstención
Acuña , Alessandri , Ascencio , Rozas (doña María) , Bustos , Cornejo (don Patricio) , Delmastro , Encina , Errázuriz , Fossa , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hales , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Krauss , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Monge , Montes , Moreira , Mulet , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés) , Pérez (doña Lily) , Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Soria , Ulloa , Vega y Villouta
-Se abstuvo el diputado señor Kuschel .
Proyecto de acuerdo Nº 490, de los diputados señores Cornejo, don Patricio ; Ojeda, Olivares ; diputada señora Cristi , doña María Angélica ; y diputados señores Jarpa , Masferrer y Aguiló :
1.Por cada 1.000 niños que nacen, 1 a 3 presentan sordera significativa.
2.El 2% de los niños que egresan de una UTI neonatológica, son sordos.
3.La sordera es la anomalía congénita más común en el recién nacido.
4.La sordera es 20 veces más frecuente que la fenilquetonuria y 30 veces más frecuente que el hipotiroidismo congénito, condiciones que se pesquisan en todas las maternidades del país.
5.En Chile, la sordera del recién nacido se descubre entre los 12 y 25 meses de edad, tarde para una rehabilitación efectiva.
6.El recién nacido sordo puede beneficiarse mucho con una intervención precoz, lo que puede significar que a las 4 semanas de vida pueda recibir un audífono.
7.El estímulo sonoro en el recién nacido y durante los primeros meses de vida, estimula el desarrollo del órgano de la audición (órgano de Corti).
8.La estimulación auditiva precoz mejora el desarrollo del lenguaje, cognitivo, psicológico y social del niño desde las primeras etapas del crecimiento.
9.Las investigaciones han demostrado que aquellos niños cuya sordera es identificada antes de los 6 meses de edad y se intervienen adecuadamente, tienen un lenguaje mucho mejor que aquellos que son identificados después de los 6 meses de edad.
10. La tecnología actual para esta detección, se basa en la medición de las emisiones otoacústicas y la pesquisa de los potenciales evocados auditivos, lo que representa un costo que debe ser asumido por el país.
11. Lo establecido en el Título III, artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la ley Nº 19.284, que establece normas para la plena integración de personas con discapacidad.
En mérito a las consideraciones expuestas, la Cámara de Diputados acuerda oficiar a las señoras ministras de Salud y Mideplan , y al Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis), para que en todas las maternidades chilenas, tanto del sector público como del privado, se efectúen los exámenes necesarios para detectar la sordera del recién nacido, e implementar las ayudas técnicas y los programas de rehabilitación en cada uno de los niños que presenten distintos grados de sordera”.
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo .
Señor Presidente, por cada mil niños que nacen en todo el mundo, de uno a tres presentan sorderas significativas. Esto aumenta notablemente cuando tienen algún otro tipo de problemas que hacen necesaria su internación en una unidad de tratamiento intensivo neonatológica. La sordera es, lejos, la anomalía congénita más común en el recién nacido; es veinte veces más frecuente que la denominada fenilquetonuria y treinta veces más frecuente que el hipotiroidismo congénito, condiciones que hoy se pesquisan en las maternidades de nuestro país.
En Chile, la sordera del recién nacido se descubre entre los 12 y 25 meses de edad, lo que es tarde para una rehabilitación realmente efectiva. El recién nacido sordo puede beneficiarse mucho con una intervención precoz, ya que a las cuatro semanas de vida puede recibir un audífono que lo ayudará notablemente, porque el estímulo sonoro en un recién nacido y durante sus primeros meses de vida, incentiva el desarrollo del órgano de la audición.
La estimulación auditiva precoz también mejora el desarrollo del lenguaje, cognitivo, psicológico y social del niño desde las primeras etapas del crecimiento. Por lo tanto, la estimulación precoz es muy importante.
Las investigaciones han demostrado que aquellos niños cuya sordera es identificada antes de los seis meses y son intervenidos en forma adecuada, tienen mejor lenguaje que los que son tratados después de esa edad.
La tecnología actual para esta detección se basa en la medición de las emisiones otoacústicas y en la pesquisa de los potenciales evocados auditivos, lo que representa un costo que debe ser asumido por el país.
Por último, cabe señalar que la ley Nº 19.284, que establece normas para la plena integración de las personas con discapacidad, en sus artículos 13, 14, 15, 16 y 17 consigna como punto preferente la pesquisa de las anomalías congénitas en los recién nacidos, como una forma de limitar las discapacidades de las personas.
En mérito de esas consideraciones, presentamos este proyecto de acuerdo y solicitamos su aprobación.
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Acuña , Ascencio , Bartolucci , Rozas (doña María) , Bustos , Cardemil , Cornejo (don Patricio) , Elgueta , Encina , Errázuriz , Fossa , González (doña Rosa), Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jocelyn-Holt , Krauss , Kuschel , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Masferrer , Monge , Montes , Mora, Moreira , Mulet , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal) , Prokurica , Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sciaraffia (doña Antonella) , Soria , Vega y Villouta .
Solicito el acuerdo de la Sala para tratar de inmediato un proyecto de acuerdo que acaba de presentarse, relacionado con la violencia que vive España, que viene a constituir un testimonio de la opinión de nuestra Corporación.
Señor Presidente, doy mi acuerdo siempre y cuando también se trate el proyecto de acuerdo Nº 491.
Si lo permite el tiempo, señor diputado.
Pida una prórroga, señor Presidente.
¿Habría acuerdo para prorrogar el tiempo destinado a tratar proyectos de acuerdo?
Entonces, nos abocaremos al proyecto de acuerdo Nº 491.
Señor Presidente, no me opongo a que se estudie el proyecto sobre el terrorismo en España, pero estoy pidiendo que se trate también el Nº 491. Ahora, si no se puede, entonces despachemos el del terrorismo.
¿Habría acuerdo para proceder de esta manera?
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo relacionado con el terrorismo en España.
Proyecto de acuerdo Nº 494, de los señores Ulloa , Longueira , Coloma , Mora , Orpis , Masferrer , Velasco , Krauss , Ortiz y Alessandri .
1.Que la organización terrorista ETA ha reanudado sus acciones terroristas en España, después de quince meses de tregua. La reactivación de la ETA se ha traducido en pocos meses en más de 33 atentados y 13 muertos.
2.Que la última acción terrorista se ha verificado sólo hace algunas horas. Un vigilante de un centro comercial y un guardia urbano fueron alcanzados por el estallido de un autobomba en una de las principales arterias de la ciudad de Barcelona.
3.Que esta acción se suma a una ocurrida hace sólo tres días, y en la cual, mediante el mismo expediente, se asesinó a tres personas en la propia capital española.
4.Que las acciones terroristas de esta organización han costado la vida de cientos de españoles, víctimas inocentes de una organización irracional como la ETA.
5.Que el Parlamento Europeo ha condenado recientemente, mediante una resolución aprobada por 413 diputados, las acciones de esta organización terrorista. La resolución aprobada expresa que el terrorismo de ETA “atenta contra la comunidad de valores que representa la Unión Europea, violando principios tan básicos como el derecho a la vida y la libertad personal”.
6.Que el terrorismo no conoce fronteras y su acción requiere una respuesta democrática de ámbito mundial.
7.Que los diputados de Chile, conscientes de esta situación, consideran necesario y oportuno manifestar al Gobierno y Parlamento Español nuestro rechazo a la violencia y cualquier forma de legitimación del terrorismo, y nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas y a todos los ciudadanos y autoridades afectados por la acción de este movimiento terrorista.
Manifestar a las autoridades del Gobierno y Parlamento Español, el profundo rechazo del parlamento chileno a los ataques cobardes y arteros de la organización terrorista ETA como a cualquier forma de legitimación de acciones terroristas. Asimismo manifestamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, las autoridades españolas y todos aquellos que luchan en España para que la paz, la libertad y la democracia reine en el país vasco y en toda la Comunidad Europea”.
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ulloa .
Señor Presidente, el hecho de que la Cámara de Diputados de Chile condene los actos terroristas que, lamentablemente, ha vuelto a cometer la ETA después de un período de inactividad terrorista, tiene gran valor para la democracia y estabilidad de las instituciones españolas. A todos nos interesa que impere la democracia en España y que no existan actos de violencia tan repudiables, como los cometidos por esta organización terrorista, que han significado más de 15 asesinatos y la intranquilidad del pueblo español.
Por ello, creemos indispensable respaldar al Presidente Aznar en su lucha contra dicha organización terrorista. Manifestar nuestra solidaridad al gobierno español y nuestro repudio a la ETA, le hace bien a Chile y a la Cámara.
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma .
Señor Presidente, es muy importante que los poderes políticos democráticos expresen la solidaridad con las víctimas del terrorismo, como en este caso, y con las instituciones democráticas.
Se equivocó el diputado señor Ulloa al decir que van 19 víctimas del terrorismo de la ETA, pues son más de mil. Lo que ocurre es que dicha organización ha reiniciado una campaña terrorista, después de un período en que, gracias a la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, se había conseguido terminar los ataques terroristas, a fin de abrir un espacio de búsqueda de una institucionalidad democrática, de un consenso en España y en el País Vasco
En ese sentido, carece de justificación lo que hoy hace la ETA, porque las propias fuerzas nacionalistas vascas, que reconocen el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco y a la expresión democrática de la ciudadanía, no comparten sus procedimientos.
Es muy importante insistir en la condena al terrorismo, solidarizar con las instituciones vascas y con el pueblo vasco, el que viene luchando desde hace muchos años -de cuando en España había dictadura- por su autodeterminación, por la expresión de su identidad, lucha que también desarrolla el Partido Nacionalista Vasco en ese país.
Por eso, como condena al terrorismo y una reafirmación del derecho democrático a la autodeterminación de los pueblos, votaré favorablemente este proyecto de acuerdo.
Dada la importancia y trascendencia del tema, solicito la unanimidad de la Sala para aprobar el proyecto de acuerdo.
Señor Presidente, el jueves pasado, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama , resolvió respecto del proyecto de instalación de una planta de celulosa en el valle del río Itata, en la Octava Región. Esta instancia dio el visto bueno para que el proyecto se llevara a cabo, pero con algunas observaciones, las que, como dicen en mi tierra, son para taparle el ojo al macho, porque, en el fondo, lo que hace es dar luz verde a un proyecto que quienes vivimos en la zona, la mayoría pequeños campesinos y agricultores, consideramos negativo, nocivo y perverso para los intereses de la comunidad.
La vitivinicultura en el valle del Itata, uno de los pocos libres de contaminación, limpio y hermoso, se desarrolla por más de trescientos años. Sin embargo, eso no le importa a Celco-Arauco y ha hecho todo tipo de presiones para que se materialice el proyecto de la celulosa.
¿Cómo se explica la actitud del Consejo Regional del Medio Ambiente del Biobío? Después de estudiar por más de quinientos días el proyecto y de considerarlo de impacto ambiental negativo, ya que las partículas contaminadas, cancerígenas y venenosas, serán tremendamente negativas para la flora, la fauna, y en especial para la gente que vive en el valle, dieciséis de sus diecisiete integrantes lo rechazaron. O sea, uno estuvo a favor. Pero, después de haber ido a terreno el consejo consultivo de la Conama y de percatarse que es cierto lo que digo, que el valle es limpio, hermoso y que las repercusiones serán tremendas, decidió aprobarlo. Es decir, por un lado, hay un discurso y, por otro, acciones inconsecuentes y negativas.
Me da la impresión de que con el afán de crear fuentes de trabajo, necesarias ante el gran desempleo, no importa si hay Dios, si hay ley o no hay nada. Hago presente que el proyecto de la celulosa no dará trabajo, no es rentable para la zona, perjudicará la vida de más de diez mil familias, más de 22 mil hectáreas serán contaminadas, en fin.
El señor Angelini ha dicho que si él puede beber un vaso de agua de la que emanará de su planta, significa que no contaminará los ríos Itata y Ñuble .
El cuerpo consultivo de la Conama, por un lado, está de acuerdo con lo que plantean los vecinos, los campesinos, los agricultores, pero, por otro, da luz verde al proyecto de la celulosa.
A la orilla del río Itata están Quinchamalí , donde por siglos se ha trabajado la greda, y más de diez mil hectáreas de viñedos. Los gobiernos de la Concertación han invertido miles de millones de pesos para reconvertir y modernizar la agricultura del valle. Sin embargo, hoy se da el lujo de instalar una planta que irá contra esos intereses.
Pido que se oficie para que los integrantes del consejo de ministros, que finalmente resolverán sobre esta situación, tengan a bien velar por los intereses de miles de familias campesinas que se verán dañadas, que por siglos han vivido en el valle del Itata, y para que la Corfo informe a la Corporación la cantidad que prestó a la Fundación Chile, con qué finalidad, y si hay intereses del Estado involucrados en el predio que supuestamente era para nuevos cepajes, reconvertir y modernizar la vitivinicultura, y que terminó vendiéndose a Celco-Arauco para instalar la planta de celulosa.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo , Alejandro Navarro , Jaime Naranjo , Guido Girardi , Jorge Soria , Carlos Abel Jarpa y Eugenio Tuma .
Señor Presidente, como se sabe, en estos momentos el Congreso estudia el proyecto de presupuestos y el Gobierno discute con los gremios del sector público y la CUT el reajuste de sueldos para el 2001. Se trata del ingreso mínimo. Pero, con profunda sorpresa, en recientes declaraciones en relación con el desempleo, una autoridad del Banco Central ha hecho la recomendación de controlar el aumento de las remuneraciones.
No estoy de acuerdo con esas declaraciones, porque caen como un balde de agua fría sobre los trabajadores, que han reaccionado, por supuesto, con el anuncio de movilizaciones, de las cuales, en alguna medida, no participo, aunque entiendo que siempre serán un derecho democrático.
Creo que los economistas y hábiles políticos debieran basarse en una premisa de la acción pública, que no es otra que estimular al ciudadano, sin pretender llevarlo a un conflicto social que puede inducir a la ingobernabilidad del país.
Hoy se espera algo que está inserto en nuestra carta magna: justicia y equidad. Por ello, las demandas de los trabajadores chilenos y sus organizaciones son y serán un clamor ciudadano. Cuando uno se enfrenta a un trabajador que sobrevive con cien mil pesos mensuales, no puede pedirle que no aspire a unos pesos más para no dañar la posibilidad de empleo de otra persona.
El dicho popular señala que “el hilo se corta siempre por lo más delgado”, y éste parece ser el sino de nuestro modelo económico, lo cual no me parece justo, porque no es equitativo ni genera las condiciones de viabilidad futura de nuestra democracia.
Insisto en que los trabajadores chilenos tienen el derecho y el deber como ciudadanos de no estar de acuerdo con las recientes declaraciones de una autoridad que no es parte del Gobierno ni puede determinar sus acciones de movilizaciones y protestas.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Naranjo .
Señor Presidente, en representación del Partido Socialista, me referiré a las declaraciones que formuló hace algunos días el ex oficial de ejército Herrera Jiménez , en relación con el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez . Lo haré, porque por fin se ha sabido con exactitud lo que ocurrió.
Mi ánimo no es de odiosidad ni de resentimiento, sino de sorpresa, de asombro, porque uno esperaría de las personas involucradas en estos hechos, de quienes dieron la orden o son responsables directos de estos lamentables acontecimientos, que hubieran dicho siquiera alguna palabra, en particular cuando el señor Herrera Jiménez ha reconocido que no sólo actuó en el caso de Tucapel Jiménez, sino también en el del modesto carpintero Alegría.
Uno se pregunta en estos momentos si alguna de las personas responsables de tales hechos o quienes dieron la orden han ido siquiera a la casa de la modesta familia Alegría o a la de la familia de Tucapel Jiménez a pedirles perdón o darles una explicación.
Cuando ocurrieron los hechos, se argumentó que el asesinato de Tucapel Jiménez había sido un ajuste de cuentas entre dirigentes sindicales; otras autoridades de la dictadura militar, civiles y militares, dijeron que se trataba de un atentado terrorista provocado por izquierdistas para desestabilizar el régimen del señor Pinochet . Lo grave de esta situación es que el señor Herrera Jiménez reconoce que quienes le dieron la orden fueron el señor Álvaro Corbalán y el general señor Gordon , ambos miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Dine .
Uno se pregunta por qué el Ejército tampoco dice nada, ni una sola palabra como institución, cuando uno de sus miembros -hoy, felizmente en retiro- confiesa que participó por orden de sus superiores en el crimen de dichas personas. No dan ni una sola disculpa, no asumen su responsabilidad, no son capaces siquiera de decir: “Nos equivocamos, cometimos un lamentable error”. ¡Nada, nada! No sé qué espera este país para sentir algún grado de asombro frente a estos hechos. Felizmente, el transcurrir del tiempo tiene la gran virtud de hacer aparecer la verdad. Y aquí apareció la verdad.
Es cierto que los tribunales de justicia se están encargando de cumplir con su tarea; pero uno quisiera escuchar, de parte de los responsables de estos crímenes, de la institución que cobijó a los dos altos oficiales que participaron directamente en estos hechos, al menos una palabra a la modesta familia del carpintero Alegría o a la familia de Tucapel Jiménez: “Perdón por lo que hicimos, perdón por el crimen que cometimos”. Nada de ello ocurre. Uno esperaría decir eso a quienes hoy tienen altas responsabilidades en el acontecer político de nuestro país, que siempre se manifiestan contrarios a los excesos -así hablan- que habrían cometido determinadas personas dentro del régimen militar. Sin embargo, aquí ha quedado en evidencia que la Dirección de Inteligencia del Ejército, a través de altos oficiales pertenecientes a esa rama, estuvo involucrada en los crímenes mencionados.
Espero que el Ejército dé una explicación al país y, por lo menos, tenga la dignidad de pedir disculpas y perdón a las familias del modesto carpintero Alegría y del dirigente sindical Tucapel Jiménez .
El turno siguiente corresponde al Comité Mixto.
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señorita María Rozas .
Señor Presidente, en estos días, autoridades de Gobierno se han referido a un flagelo que está afectando a los trabajadores de nuestro país, en especial a los más pobres: la cesantía.
En cuanto al crecimiento del desempleo, nos hemos encontrado con algunas sorpresas que nos causan cierta preocupación y que quiero plantear en esta Cámara.
Ayer me reuní con dirigentes sindicales y empresariales de la Región Metropolitana, quienes se encuentran preocupados por la situación que están viviendo ellos en particular, la cual podría provocar alrededor de 10 mil desempleados más, solamente en dicha región.
La Cámara aprobó, por razones muy bien fundadas y con el respaldo de la gran mayoría de parlamentarios, un proyecto sobre control de venta de alcohol, debido a los efectos que su consumo produce en los jóvenes y en los niños, en especial en las comunas más pobres, donde es más fácil encontrar botillerías abiertas que una farmacia a disposición de la gente.
Pero la ley, que faculta a los municipios para regular y controlar la venta de alcoholes, hoy está siendo usada de acuerdo con la interpretación dada en un dictamen de la Contraloría General de la República, de la letra d) del artículo 140 de la ley Nº 17.105. La mencionada ley se refiere a las horas de funcionamiento de los locales comerciales y fija su horario en la jornada nocturna. Estamos hablando de discotecas, centros nocturnos, lugares de recreación folclórica, etcétera.
La aplicación del dictamen de la Contraloría en relación con la ley de alcoholes -aprobada para que los municipios controlaran la hora de cierre de las botillerías-, que obliga al cierre de los locales, está provocando una verdadera persecución en algunas comunas de la Región Metropolitana, y que también se está extendiendo a otras regiones del país. En Santiago, se ha llegado al descriterio de multar a un local nocturno por vender café, supuestamente, porque la ley lo autoriza para vender alcoholes, pero no café.
¿De qué estamos hablando? De que la aplicación de la ley de alcoholes, dictada, insisto, para proteger a los menores y a los jóvenes, hoy está derivando no sólo en el cierre de locales que tienen que ver con la recreación, a la cual tienen derecho todas las personas, sino también de lugares donde se muestra y promueve la cultura de nuestro país, que tienen sus propios mecanismos de control y regulación. Esto está implicando que alrededor de 10 mil personas, entre ellos músicos, musicalizadores, artistas, folcloristas, intérpretes y ejecutantes estarían quedando cesantes en la Región Metropolitana y, por ende, los trabajadores afiliados a dicho comercio.
Por un lado, estamos hablando de promover el empleo, de dar facilidades al pequeño y mediano empresario y, por otro, de acuerdo con el dictamen de la Contraloría, los inspectores están equivocando la aplicación de la ley que regula la venta de alcoholes.
Por lo tanto, y dado que todo el país quiere que los mecanismos de regulación se apliquen con criterio, y para que no se culpe a la Cámara de Diputados de haber aprobado una ley que no tenía ese sentido, porque el tema está regulado en otra normativa, solicito que se oficie al contralor general de la República, con el objeto de que nos informe en virtud de qué preceptos se autoriza a los municipios a cerrar locales comerciales de difusión de actividades recreativas o folclóricas en la Región Metropolitana. Al prohibir el funcionamiento de estos locales serán muchos los trabajadores que quedarán sin empleo, lo que agravará aún más la situación laboral que está viviendo el país.
Aquí se apela mucho a los grandes empresarios, pero en este caso estamos hablando de pequeños empresarios, que dan una gran cantidad de empleos en la Región Metropolitana. Si esta interpretación de la Contraloría la aplicaran los municipios del resto del país, estaríamos hablando de alrededor de 120 mil trabajadores que estarían en riesgo de perder su empleo.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Contraloría para que nos informe sobre la interpretación que hace al extender la aplicación de la ley de alcoholes, aprobada en la Cámara, y autorizar a los inspectores municipales para cambiar los horarios de funcionamiento de los locales nocturnos y de recreación estipulados en la letra d) del artículo 140 de la ley Nº 17.105.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de los diputados señores Juan Ramón Núñez , Felipe Letelier , Jaime Mulet , Jaime Jiménez y de quien habla. Le ruego hacer llegar a la Secretaría de la Corporación, en el transcurso del día, el número del mencionado dictamen de la Contraloría.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez .
Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar una situación que me parece un tanto abusiva e injusta.
El domingo recién pasado recibí en el Palacio Ariztía a la señora Verónica Catalán -a quien no conocía-, porque con desesperación necesitaba exponer a un parlamentario la situación que afecta a su padre, don Porfirio Catalán Reyes, pequeño empresario que vive de la artesanía en una industria que ha desarrollado en la comuna de Puente Alto. Incluso, exporta su trabajo.
En 1993, solicitó un crédito al Banco Sudamericano y en algún minuto tuvo que renegociar dicha deuda -había pagado gran parte de la misma- con un nuevo crédito que asumía la diferencia de lo que había pagado en el primero más lo que necesitaba en el otro.
Debido a la crisis económica que está atravesando el país, cuyas consecuencias las están sufriendo las pequeñas y medianas empresas, se vio en la imposibilidad de servir la deuda adecuadamente, razón por la cual el Banco Sudamericano procedió al cobro judicial, según los antecedentes que me han entregado.
Lo curioso es que han cobrado las dos deudas completas, o sea, pagarán dos veces el mismo crédito, situación absolutamente injusta, que hasta el día de hoy no se ha aclarado. Aún más, a través de la cobranza judicial a esta pequeña empresa -así como a otras pequeñas y medianas empresas, que generan más del 80 por ciento del empleo en el país-, el 11º juzgado ha rematado esta mañana la propiedad donde funcionaba. Se trata de una propiedad que con el tiempo se ha ido valorizando y que, según me explicaban, tiene una tasación comercial no inferior a los 200 millones de pesos, pero le aplicaron un valor mínimo de 13 millones de pesos que, al parecer, corresponde a la deuda del primer y segundo crédito.
La situación anterior, aparte de parecerme injusta, demuestra la falta de solidaridad de la banca privada, a la que en el año 1980 hubo que ayudar, incluso, a costa de los jubilados y de su legítimo derecho a reajuste de sus pensiones. En dicha oportunidad, todo el país asumió la deuda subordinada de la banca privada, o sea, pagó Moya. Hoy, que la gente común y corriente, como estas personas de la pequeña y mediana empresa, necesitan una mano de la banca privada, pero ¡no se oye Padre! y no se abren puertas. Además, actúan con la más absoluta indolencia, falta de solidaridad y criterio, sobre todo en este caso, en que existe la intención de servir la deuda, pero no pagar lo que no corresponde. Ahora acaban de perder la propiedad y debemos estudiar cómo defenderlos, porque estamos ante vicios de nulidad.
Por lo anterior, solicito se oficie al superintendente de Bancos, para que nos informe por qué se está cobrando dos veces la deuda que contrajo don Porfirio Catalán Reyes con el Banco Sudamericano. Solicitamos que se realice una auditoría respecto de esta situación y que se informe a la Cámara de su resultado. Dicho caso está caratulado en el juicio “Catalán Reyes con Banco Sudamericano”, rol Nº 1159-04 del 11º juzgado de Santiago.
También pido que se oficie a la Corte Suprema para que informe detalladamente la situación denunciada por el señor Catalán , quien pidió audiencia al juez del 11º juzgado, pero no fue recibido. Si bien no podemos inmiscuirnos en otro Poder del Estado, pido que se nos informe por qué no fue aceptada su petición de audiencia y cuáles son los antecedentes que se tuvieron a la vista para proceder a una cobranza ejecutiva en una situación que es, por lo menos, injusta.
Reitero mi solidaridad con aquellas personas, modestos trabajadores de nuestro país, que han sido capaces de generar una pequeña empresa, pero que hoy no encuentran la solidaridad necesaria en la banca privada para superar la crisis que los afecta. Ellos no desconocen la deuda, sino que pretenden salvar su empresa y seguir proporcionando trabajo, pues la pequeña y mediana empresa genera más del 80 por ciento de los empleos en el país.
A través del ministro de Hacienda, se oficiará a la Superintendencia de Bancos, organismo encargado de la fiscalización de las instituciones bancarias.
Al ministro de Economía, para que haga llegar al Servicio Nacional del Consumidor la denuncia expuesta por su Señoría.
A la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, no así al Poder Judicial, porque se trata de una causa penal, y debemos respetar la autonomía e independencia de los poderes del Estado.
Si le parece al señor diputado, así se procederá.
Señor Presidente, señalé nuestra incompetencia respecto de otros poderes del Estado, pero me parece que el envío de oficio al Sernac reemplazaría en parte lo relativo a la autonomía; lo importante es que manifestemos nuestra solidaridad como diputados preocupados de los problemas reales de la gente.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de la diputada señora María Rozas y de los diputados señores Juan Ramón Núñez y quien habla.
Señor Presidente, en primer lugar, deseo reiterar el envío de oficio al ministro de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que estudie la forma de flexibilizar la enajenación de terrenos fiscales, particularmente necesaria, a mi juicio, en la Región de Atacama, donde existe una propiedad fiscal de aproximadamente el 50 por ciento de la superficie de toda la región.
El procedimiento que establece la ley es bastante demoroso, lato, y es necesario incentivar la adquisición de bienes y de terrenos fiscales para la instalación de industrias, para fines turísticos o de otra naturaleza; de manera que urge la flexibilización del actual sistema que está normado para todo el país.
Ésta es una reiteración de un oficio que solicité hace algún tiempo y del cual no he tenido respuesta.
Señor Presidente, en segundo lugar, deseo que se dirija oficio al ministro del Trabajo, con el objeto de que se estudie la aplicación del Fondo de contingencia para el empleo que se está creando en la ley de Presupuestos para el año 2001, dada la situación de desempleo que vive la Tercera Región y en particular comunas como Vallenar, con un 18,4 por ciento de desempleo; Tierra Amarilla, Caldera , Huasco y Freirina , que tengo la honra de representar en el Parlamento. Ojalá que dicho Fondo se pueda aplicar a partir de enero del próximo año.
En los últimos días se han suscitado situaciones complejas, a raíz del término de algunos de los programas de empleos municipales de la modalidad Sence , o de las otras modalidades vía Ministerios de Obras Públicas o de Vivienda y Urbanismo, que se estaban aplicando a la gente que estaba trabajando en los municipios.
Espero que, con el debido tiempo, el ministro del Trabajo, a quien el Ejecutivo le ha encargado esta tarea, estudie la aplicación del Fondo de contingencia en la Región de Atacama y en particular en las comunas mencionadas, que atraviesan por una situación de desempleo bastante grave y preocupante, ya que hace mucho tiempo mantienen cifras de desempleo de dos dígitos, por sobre el promedio nacional.
En tercer lugar, pido que se oficie al ministro del Interior a fin de que instruya al subsecretario de Desarrollo Regional para que estudie la posibilidad de que fondos asignados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional u otro tipo de recursos puedan ser utilizados en regiones en esa modalidad o destinados a un fondo de capital de riesgos para que se puedan financiar proyectos, ideas, especialmente nuevas, de jóvenes que, hoy, en las regiones carecen de recursos para realizar sus proyectos o programas.
Solicito que se estudie, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, vía Ministerio del Interior, la forma de aportar estos recursos; sé que es un tema complejo porque existe una limitación constitucional que prohíbe el Estado empresario, de manera que es necesario buscar la forma de que esto sea posible.
Por último, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que me informe del avance en que se encuentra el proyecto de pavimentación del camino que va desde Alto del Carmen hacia la localidad rural de El Tránsito; que se especifique cuándo se licitará y si en el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2001 se destinan recursos para el financiamiento de este proyecto.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel .
Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro del Interior, en primer lugar, con el objeto de que se sirva reembolsar los recursos que gastaron las municipalidades con motivo del traslado de los electores en los recientes comicios. Dichos recursos estuvieron disponibles para las dos vueltas de la campaña presidencial.
En el caso de la Décima Región se destinaron 60 millones de pesos; ahora sólo se destinaron 20 millones.
En la provincia de Llanquihue, que había dispuesto de 21 millones, se contó sólo con 4 millones 700 mil pesos, distribuidos en nueve comunas.
En segundo lugar, para hacerle presente la necesidad de mejorar el “modernísimo” sistema actual de cómputos, que en las pasadas elecciones municipales no funcionó en varias localidades de mi región.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora María Angélica Cristi y de los diputados señores Carlos Vilches y Haroldo Fossa .
Señor Presidente, deseo aprovechar la hora de Incidentes para saludar con mucho agrado a los señores Toledo , Alano y Llaras , tres connotados dirigentes del mineral El Abra, de la gran minería del cobre, que se encuentran en visita oficial en la Corporación para analizar problemas gremiales que les interesan no sólo a ellos, sino al resto de los sindicatos y trabajadores de la minería y, por qué no decirlo, a todos los trabajadores del país.
Aprovechando esta instancia, en que hemos analizado y seguiremos conversando con ellos en las próximas horas, quiero formular un llamado al empresariado en cuanto a las relaciones laborales en lo que se denomina prácticas antisindicales.
Quiero hacer presente, a costa de ser majadero, que el país está todavía experimentando una crisis económica, cuya consecuencia principal es un desempleo tremendo, puesto que más del diez por ciento de nuestros trabajadores y sus familias se encuentran en una situación irregular y difícil.
Si bien algunos sectores de la economía están pasando por un buen momento, estimamos necesario aplicar el principio de solidaridad para ser consecuentes con los demás.
En este sentido, el llamado hecho particularmente al pequeño, mediano y gran empresariado a ser consecuentes con sus trabajadores, con la mano de obra, implica, asimismo, que las solicitudes y requerimientos de éstos se enmarquen en el contexto real que hoy vive nuestra economía. Felizmente, poco a poco, el mundo sindical chileno se está modernizando y adquiriendo una forma distinta de plantear sus problemas. Ello se advierte en las relaciones laborales del pasado reciente, del presente y, sin duda alguna, del futuro, lo que significa un gran avance en el mundo laboral, particularmente cuando el país vive una época de crisis.
En consecuencia, reitero mi saludo a los distinguidos dirigentes que he mencionado, quienes, sin duda alguna, serán capaces de explicitar al resto de los trabajadores la valiosa discusión habida en la Cámara de Diputados sobre sus reivindicaciones.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero sumarme a la intervención del diputado señor Fossa en apoyo a los dirigentes del mineral El Abra, quienes han venido a plantear los puntos de vista de sus sindicatos en defensa de los trabajadores, respecto del proyecto minero que hoy está en producción.
Señor Presidente, pido oficiar, con carácter de urgente, a los ministros de Hacienda y de Economía, a fin de que materialicen el compromiso asumido, en esta Sala, con los diputados señores Baldo Prokurica y quien habla, de presentar una indicación en la glosa de fomento de compra de minerales en la partida del Ministerio de Minería del proyecto de Presupuestos de la Nación para el año 2001, que está analizando el Congreso Nacional.
Dicha indicación es necesaria, fundamentalmente, porque el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2001 no considera recursos de fomento para tarifas de sustentación en la compra de minerales a los pequeños mineros para el año 2001; en segundo lugar, el presupuesto está hecho sobre la base de 88 centavos de dólar la libra de cobre como promedio para el año 2001, y hoy, 7 de noviembre de 2000, el precio está en 82 centavos, lo que significa que hay alto riesgo de que el precio del cobre no alcance ese promedio en el 2001, lo que haría fracasar la posibilidad de comprar los minerales a los pequeños mineros.
Por esta razón, los diputados que representamos las zonas mineras hemos planteado la posibilidad de incluir en esta glosa, como un valor en reserva, a lo menos 2 millones de dólares, a fin de recurrir a dicha cifra si, en los primeros meses, el promedio del precio del cobre no alcanza los 88 centavos de dólar la libra, y así poder solventar con tarifas de sustentación la compra de minerales y mantener la actividad en desarrollo.
Por otro lado, durante la campaña presidencial, don Ricardo Lagos , en la plaza pública de Copiapó, comprometió su apoyo para comprar minerales a los pequeños mineros sobre la base de una tarifa no inferior a 90 centavos de dólar la libra. Eso es un hecho público y fue celebrado por el sector, lo que significa que hoy lo debo calificar como una promesa no cumplida aún por el Presidente de la República.
En consecuencia, pido adjuntar el texto de mi intervención a fin de potenciar la solicitud de que se materialice la indicación en la glosa del Ministerio de Minería y asegurar, así, a los pequeños mineros, a lo menos, un precio de 88 centavos de dólar la libra, o de 90 centavos, si el Presidente Lagos cumple su compromiso.
Finalmente, solicito oficiar al ministro de Minería, a fin de que confirme la propuesta hecha al sector de la pequeña minería, inserta en el programa de la Concertación y aún incumplida.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de la diputada señora María Angélica Cristi y del diputado señor Haroldo Fossa .
Señor Presidente, quiero plantear una situación que, desde hace muchos años, afecta a la comuna de La Reina, especialmente a la parte alta, en alrededor de 300 hectáreas, las que, a raíz de un estudio, fueron declaradas zona de riesgo, porque se determinó que en ellas podría ocurrir una remoción en masa por aluviones en el sector.
Pasado el tiempo y con la experiencia de los años, se consideró que dicha declaración era innecesaria, razón por la cual visitamos, con el concejal señor Luis Montt , al alcalde, señor Fernando Castillo Velasco , a fin de plantearle éste y otros problemas que afectan a la comuna, quien nos informó que llevan seis años tratando de desafectar la zona para que las familias que viven allí puedan hacer uso de sus terrenos, ya sea para vender, subdividir o designar herederos. Esta situación afecta a más de mil familias del sector, e incluso ha significado la ruina para muchas de ellas al no poder realizar operación alguna.
Afortunadamente, en la Intendencia de la Región Metropolitana se encuentra lista para la firma la desafectación de esta zona de riesgo, medida aprobada por los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda; por la Conama, por la Corema y por las 32 instancias por las que debe pasar un documento de esta naturaleza.
En consecuencia, solicito oficiar al intendente de la Región Metropolitana, como presidente del Consejo Regional respectivo, a fin de que ponga en tabla lo antes posible el proyecto para su aprobación, porque es una decisión muy necesaria y urgente para muchos vecinos de La Reina, que la han esperado por tantos años.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención.
Se levantó la sesión a las 14.29 horas.
Moción de los diputados señores Longton, Aníbal Pérez, Elgueta y Encina.
Reconoce el lenguaje de señas como forma de comunicación para personas con discapacidad auditiva y vocal. (boletín Nº 2619-07)
Considerando que en nuestro país la población con discapacidad auditiva y vocal es de 32.9% dentro de un universo cercano a 1.400.000 personas con distintos tipos de discapacidad, quienes no pueden darse a entender en forma oral o escrita.
El art. 1447 del Código Civil, contempla la incapacidad absoluta de los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito sancionando así sus actos jurídicos con nulidad absoluta.
Es imprescindible facilitar la incorporación de los sordomudos analfabetos a la vida jurídica.
En nuestro país y el resto del mundo, cerca del 90% de la población de sordos utiliza el lenguaje de señas para comunicarse, a través del cual desarrollan sus capacidades.
El lenguaje de señas, por ser universal, completo y permitir expresar la voluntad de la persona sordomuda -analfabeta o no- de manera clara y precisa, podrá considerarse eventualmente como un idioma para ellos.
Al constituir un idioma, existen intérpretes, los que generalmente son personas hipoacúsicas, que tienen lenguaje oral y además conocen y manejan el lenguaje de señas, por lo tanto es ciento por ciento factible realizar la traducción del lenguaje de señas al oral por medio de intérpretes.
Si consideramos que en nuestro país las personas con discapacidad visual cuentan con la alternativa del sistema Braille; los sordos, a través de las señas, también debieran considerarse personas hábiles para declarar en un juicio utilizando su propio idioma.
Recordemos que el Código de Procedimiento Civil, Art. 373 contempla para los efectos de presentar en juicio los instrumentos extendidos en lengua extranjera.
Hoy, los avances que existen en pedagogía hacia personas con discapacidad permiten integrar al discapacitado a la sociedad en pleno.
Tampoco podemos hablar de imposibilidad de exteriorizar una voluntad jurídica, sino una dificultad de interpretar su voluntad.
Hoy son 15 los países del mundo que han reconocido oficialmente el lenguaje de señas con el status de lenguaje alternativo oficial, siendo un imperativo para los servicios públicos y entidades privadas el que cuenten con personal capacitado para atender mediante dicho lenguaje a los discapacitados auditivos que los requieran.
Por lo tanto y en virtud de las facultades constitucionales que me son propias, es que vengo en presentar el siguiente:
Artículo 1º.- “Se reconoce como alternativa el lenguaje de señas, como herramienta de comunicación para la población con discapacidad auditiva en todo el territorio nacional”.
Artículo 2º.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 1447 del Código Civil por el siguiente:
“Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden expresarse o manifestar de modo inequívoco su voluntad”.
Moción de los diputados señores Aníbal Pérez, Longton, Elgueta y Encina Regula la capacidad de los sordomudos para celebrar actos jurídicos. (boletín Nº 2620-07)
El Código Civil en su artículo 1774 prescribe la incapacidad absoluta de los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito para celebrar actos jurídicos, sancionando con la nulidad absoluta la celebración de dichos actos. Esta incapacidad fue establecida por el legislador el siglo XIX partiendo de la base de que aquellas personas que no poseen el uso del oído ni la palabra y no dominan la escritura no tienen un claro concepto de lo que son sus derechos y obligaciones y, por lo mismo, no poseen el pleno dominio de su voluntad.
Conforme a antecedentes que posee el Fonadis, en nuestro país las personas que sufren de problemas auditivos suman varios cientos de miles, por ello ha resultado de principal importancia la dictación de la ley Nº 19.284, que establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad, prescribiendo de esta manera la obligación de la sociedad de velar por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las personas sin distinción.
El Código Civil y otras leyes relacionadas con el mismo, consideran al sordomudo que no puede darse a entender por escrito como una persona absolutamente inhábil para entender y para expresar voluntad, no reconociendo otro mecanismo que no sea la escritura para hacer manifestación de ella. Lo anterior resulta coherente si consideramos que las normas de nuestro Código Civil fueron dictadas en una época en que muy poco se conocía sobre otros medios para que los sordomudos pudiesen darse a entender. Sin embargo, esta disposición resulta anacrónica al día de hoy, ya que con el avance de las comunicaciones, las técnicas pedagógicas, los medios audiovisuales y el lenguaje de las señas, resulta posible que el sordomudo pueda expresar sentimientos y su voluntad con claridad, por ello es capaz de celebrar actos jurídicos de naturaleza patrimonial y de familia con pleno discernimiento sobre su contenido y ocasión.
El presente proyecto tiene por objeto modificar la normativa actual en materia de capacidad de los sordomudos para celebrar actos jurídicos, extendiendo la posibilidad de hacerlo no sólo a aquellos que se pueden dar a entender por escrito, sino a todo aquel sordomudo que puede darse a entender, es decir, exteriorizar su voluntad, por cualquier medio, ya sea por gestos, mímica, u otro recurso que haya ideado la ciencia y la tecnología.
La Unesco ha reconocido el lenguaje de los gestos y las señas como un lenguaje válido para la comunicación de los sordos y ha recomendado su uso en las oficinas públicas y privadas como una forma de crear un ambiente sin limitaciones para las personas con discapacidad auditiva. De ahí que el presente proyecto con las modificaciones que propone a nuestra legislación pretende ampliar las posibilidades de las personas con discapacidad auditiva e integrarlas de mejor manera a una vida en que puedan formar una familia, administrar sus bienes y participar de la comunidad jurídica sin mediar un representante legal.
Artículo 1.- Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Civil:
1. Elimínese la expresión “por escrito” en los artículos 342, 355, 472 y 1447.
2. Sustitúyase el Nº 5 del artículo 1005 por el siguiente:
“5º Todo el que no pudiere expresar su voluntad claramente”.
3. En el artículo 2509, Nº 1, agrégase a continuación de la palabra “sordomudo” la frase “que no puedan darse a entender”.
Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley de matrimonio civil:
1. Reemplázase el Nº 4 del artículo 4 por el siguiente:
“4º Los que no pudieren expresar su voluntad;”.
2. Agrégase el siguiente nuevo artículo 12 bis.
“Si uno de los contrayentes o ambos fuesen sordomudos, la manifestación del matrimonio y la información que les entregue el oficial de Registro Civil se efectuará por medio de una persona que comprenda el lenguaje de los sordomudos. Estas personas deberán ser hábiles para ser testigos”.