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Timestamp: 2019-10-17 15:59:22
Document Index: 210379767

Matched Legal Cases: ['Artículo 67', 'Artículo 81', 'Artículo 86', 'artículo 34', 'artículo 45', 'artículo 18']

Administracion Publica: Marconia Legal
Articulos de interés elaborados por el Equipo Jurídico de MARCONIA LEGAL con el objeto de informar a nuestros clientes y usuarios sobre la actualidad y las relaciones del ciudadano con la Administración Pública
NOVEDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 2016 CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS LEYES 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO
La responsabilidad patrimonial y el consiguiente procedimiento se regulaban hasta ahora en los Artículos 139 a 146 de la Ley 30/92 y en el Reglamento de los Procedimientos, que se aprobó por R.D. 429/93, derogados por la Ley 39/2015.
A partir del 2 de octubre, se regulan por las dos leyes, la 40/2015 en cuanto a principios y régimen jurídico, y la 39/2015 en cuanto a especialidades procedimentales.
Éstas se elevan a rango legal y se consideran “especialidades”, ya que, según dice en la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, “los procedimientos se han integrado en el común”.
Éstas son las principales “especialidades”:
1.- Inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial:
Se permite iniciar el procedimiento por petición razonada de otros órganos, de oficio o por los particulares.
Si la Administración decide iniciar de oficio el procedimiento, será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado a que se refiere el Artículo 67, cuyo plazo no ha variado y se mantiene en un año desde que se produjo el hecho o acto lesivo, o desde la curación o determinación de las secuelas para los casos de daños físicos o psíquicos a las personas.
2.- Solicitud de Informes y Dictámenes:
El Artículo 81 de la Ley 39/2015 se refiere a tres tipos, que deben solicitarse:
a) El Informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, que deberá emitirse en 10 días.
b) El Dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando la indemnización sea superior a la cantidad que fije la norma. Se emitirá en el plazo de 2 meses.
c) El Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando sean reclamaciones al Estado por el funcionamiento anormal de la Justicia. Será emitido en el plazo máximo de 2 meses.
3.- La terminación convencional.
El Artículo 86.5 de la Ley 297”015 establece que el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley 40/2015.
Inexistencia de lesión física. La actuación médica es correcta y positiva para el paciente pero no se ha informado o la información ha sido defectuosa.
Actuación conforme a la lex artis, si bien se produce un daño típico y previsto.
Actuación conforme a la lex artis, si bien se produce un daño atípico o imprevisible o ha concurrido fuerza mayor.
Actuación contraria a la lex artis además de la falta de información o consentimiento.
Solo puede dar lugar a responsabilidad de la Administración Pública aquellos supuestos en los que el daño por el que se reclama no solo sea antijurídico, sino que, además, debe proceder de una actuación de la Administración y que esta sea contraria a la lex artis.
2. ¿DONDE VIENE RECOGIDO EL DERECHO A SER INDEMNIZADO?
CONTENIDO Y NOVEDADES DE LA LEY 15/2015 DE JURISDICCION VOLUNTARIA
20.07.2015.- El pasado día 3 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria.
Para ver el contenido y novedades de la ley 15/2015, os dejo el siguiente enlace:
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10315-contenido-y-novedades-de-la-ley-15-2015-de-la-jurisdiccion-voluntaria/
EL TRIBUNAL SUPREMO ENDURECE LOS REQUISITOS PARA RECURRIR EN VIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
17.07.2015.- El Tribunal Supremo desestima un recurso de casación interpuesto por una Sociedad Mercantil que había sido inadmitido por el Tribunal de instancia, por no haber aportado el Acuerdo de la Junta General autorizando la interposición del recurso contencioso-administrativo, según una reciente interpretación del articulo 45.2 d de la LJCA.
En efecto, el Alto Tribunal, en Sentencia de fecha 17 de Diciembre de 2014, ha confirmado la Sentencia dictada por el Pleno del TSJ de Andalucía, por la que se inadmite el recurso contencioso administrativo interpuesto por una sociedad anónima por no haber aportado a la interposición del recurso el Acuerdo Social adoptado por la Junta General para el ejercicio de acciones, a fin de acreditar el cumplimiento del requisito recogido en el artículo 45.2 d) de la LJCA. Y ello con independencia de que sí se aportó el acuerdo del administrador único autorizando la interposición de este recurso.
Esta necesidad se plantea especialmente cuando quien recurre es una sociedad de capital con un órgano de administración unipersonal: ¿basta entonces con acreditar el cargo de administrador único, que llevaría implícita la facultad de accionar en juicio (arts. 62 y 63 de la LSRL), o debe también acreditarse de manera autónoma la facultad para decidir ejercitar acciones en nombre de la persona jurídica?
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/el-ts-endurece-los-requisitos-formales-para-recurrir-en-via-contencioso-administrativa
COMPUTO DE PLAZOS EN LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
08.07.2015.- Una de las cuestiones mas importantes a la hora de plantear cualquier reclamación a las Administraciones Públicas es conocer el computo de plazos.
Existen y existirán numerosas sentencias que ponen fin a los asuntos planteados con la inadmisibilidad por este motivo, determinando la imposibilidad de entrar a conocer el fondo del asunto.
http://contencioso.es/2013/06/10/curiosidades-vitales-sobre-el-computo-de-plazos-impugnatorios/
29.06.2015.- Asociaciones empresariales que representan a cinco sectores de servicios, presentarán alegaciones al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, al entender que se menoscaban los intereses de las pequeñas y medianas empresas.
Consideran que en el nuevo texto los cambios que se incluyen para favorecer el acceso de las pymes a la licitación pública son una simple "declaración de intenciones", que únicamente busca perjudicarles.
Entienden que en el documento se promueve la concentración de contratos para beneficiar a las grandes empresas, con una "regulación ambigua" en lo referente a la división de lotes, mermando a su vez la libre competencia en la contratación pública, saltándose las directrices establecidas en las Directivas Europeas.
Recordemos que las cinco organizaciones firmantes de este acuerdo son ANECPL (Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas), FEHR (Federación Española de Hostelería), AFELIN (Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales), FES (Federación Empresarial Española de Seguridad) y CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos). En total agrupan a 32.702 empresas y dan empleo a 642.368 trabajadores.
Estas organizaciones se muestran contrarias a la regulación existente en el artículo 18 del Anteproyecto, en lo que se refiere a los contratos mixtos, ya que creen que dicha regulación obedece a las presiones ejercidas por las multinacionales.
El objetivo, entre otras cosas, es evitar que la mayor parte de los contratos vayan a parar a un reducido número de operadores, que perjudicaría mucho a las pymes. Aseguran, además, que supone una práctica muy común entre las Administraciones Públicas lo de concentrar en un mismo contrato distintos servicios, lo que ha provocado que varias empresas hayan optado por los recursos administrativos y contencioso-administrativos, que por lo general se suelen prolongar en el tiempo sin buenos resultados.
Desde estas organizaciones sostienen la necesidad de regular y fomentar la división de los contratos públicos en lotes para facilitar que las pymes puedan acceder a ellos a través de concursos. El Gobierno deja en manos de los órganos licitadores la decisión de dividir o no los contratos, lo que puede suponer una barrera difícil de superar por parte de las pequeñas y medianas compañías. A todo ello se le añade los elevados importes de los contratos, que discriminan a los pequeños empresarios en favor de las grandes sociedades.
LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS VERÁN MAS SIMPLIFICADOS LOS TRÁMITES ANTE LA ADMINISTRACION
22.06.2015.- El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, firmó un nuevo Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA).
Estos trabajadores autónomos verán aún más simplificados y reducidos los trámites que deben realizar ante las diferentes Administraciones.
La reducción de cargas administrativas es un instrumento clave para la recuperación económica y los ahorros conseguidos a lo largo de los últimos años por medidas de simplificación que afectan a las relaciones de las empresas con la Administración se elevaban, a 1 de mayo de 2015, a 20.435 millones de euros.
APROBADOS LOS PROYECTOS DE LEYES PARA REFORMAR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
08.06.2015.- El Consejo de Ministros aprobó el 8 de mayo la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que implantarán una Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple.
El referido a las relaciones externas de la Administración con ciudadanos y empresas, del que se ocupa el Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El referido a la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones, en el que se centra el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
1. Se facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la Administración. Con este objetivo se habilita la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan.
2. Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos. Para ello se potencia, por ejemplo, el uso de claves electrónicas concertadas que se facilitan al ciudadano en el momento para realizar su trámite, se establece la asistencia personal por parte de la Administración en el uso de medios electrónicos a aquellos ciudadanos que lo necesiten y se prevé que las Administraciones puedan avisar al ciudadano, si así lo ha autorizado, mediante mensaje al teléfono móvil de que tiene una notificación que podrá consultar de manera electrónica.
3. Se reducen las cargas administrativas y se establece como regla general la no solicitud de documentos originales, por ejemplo, la declaración de la renta o los certificados de empadronamiento, etc.
4. Habrá un único procedimiento común, más fácil de conocer, prescindiendo del abundante número actual de procedimientos especiales, y se prevé un procedimiento administrativo "exprés" para supuestos de menor complejidad, a fin de reducir plazos.
5. Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.
6. Por otra parte, los ciudadanos podrán conocer las principales reformas que se tiene previsto aprobar cada año a través del denominado Plan anual normativo.
1. Las empresas se relacionarán, obligatoriamente, de forma electrónica con todas las Administraciones, como vienen haciendo ya con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarles esta tarea contarán con un registro administrativo de poderes a su disposición.
2. Se reducen cargas administrativas al no exigir como regla general documentos que hayan sido presentados con anterioridad, o elaborados por la propia Administración (por ejemplo: licencias o autorizaciones ya expedidas).
3. En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional, lo que permitirá a las empresas poder planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.
1. Las ganancias de agilidad serán, tanto para la gestión de procedimientos administrativos, al prever que todas las comunicaciones entre Administraciones serán íntegramente electrónicas en todos sus procedimientos, lo que permitirá reducir tiempos de tramitación, como en los procesos de elaboración de normas, al prever, en el ámbito estatal, un procedimiento abreviado, lo que facilitará dar respuestas regulatorias más rápidas a determinados problemas.
2. A ello se unen distintas medidas que profundizan en la senda de transparencia iniciada en el último año.
3. También se crea un nuevo registro estatal en el que constará todo el listado de órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado, así como de los convenios que el Estado tiene suscritos con otras Administraciones.
4. También se gana en transparencia en los procedimientos de elaboración de normas al prever la realización de una consulta pública a través de la web con carácter previo a la elaboración de las propuestas normativas.
5. Habrá una evaluación de las iniciativas normativas aprobadas el año anterior como mecanismo de control ex post, con el objetivo de analizar los efectos de su aplicación, el grado de cumplimiento de sus objetivos y hacer, si fuera necesario, propuestas de modificación o derogación.
1. El Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público simplifica el sector público institucional, racionalizando a futuro los tipos de entidades y organismos públicos que pueden existir en el ámbito estatal, y establece un régimen completo, más ágil y eficiente de transformaciones, fusiones, disolución, liquidación y extinción de entidades y organismos públicos estatales.
2. Regulación de nuevas causas de disolución de entidades, en particular cuando se encuentren en desequilibrio económico durante dos años o se constate que ya no son idóneas para cumplir los fines que justificaron su creación.
3. Se crean nuevos controles sobre las entidades y organismos del sector público, tanto de supervisión continua, para evaluar periódicamente el cumplimiento del plan de actuación y su sostenibilidad financiera, como de control de eficacia, para evaluar si están logrando los objetivos para los que se crearon.
4. Para un mayor rigor y mejor control se clarifica el contenido mínimo de los convenios suscritos entre Administraciones Públicas, y se regulan los trámites e informes preceptivos a los que deben someterse, especialmente cuando conlleven aportaciones financieras, incluyendo la obligación de comunicación al Tribunal de Cuentas.
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
11.05.2015.- Los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas es lo primero que se debe tener en cuenta antes de emprender cualquier acción administrativa o judicial contra cualquier Administración Pública.
a) Derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos.
b) Derecho a identificar a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten.
c) Derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportando la junto con los originales, así como a la devolución de estos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.
d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
e) Derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
f) Derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la administración actuante.
g) Derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
h) Derecho al acceso a la información pública, archivos y registros.
i) Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
j) Derecho a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.
k) Cualquier otro derecho que le reconozca la constitución y las leyes
¿QUE SE ENTIENDE POR ADMINISTRACION PUBLICA ?
20.04.2015.- El derecho administrativo es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas existentes entre los ciudadanos y las diferentes administraciones públicas y de estas entre si.
1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas :