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Timestamp: 2019-11-18 19:21:46
Document Index: 137333775

Matched Legal Cases: ['artículo 118', 'artículo 117', 'artículo 245', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16']

Un prior, una exhumación y la potestad jurisdiccional - Hay Derecho
16 octubre, 2019 /21 Comentarios/en Blog /por Javier Veiga Vacchiano
Nuestra Carta Magna dispone en su artículo 118 que las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales son de obligado cumplimiento, debiendo prestarse colaboración en la ejecución de áquellas. Se trata de un precepto que no admite duda en su interpretación, y de aplicación a la totalidad de la ciudadanía: ya se trate de una autoridad del Estado, funcionario público, de cualquier justiciable… o de un prior.
El pasado 9 de octubre del año en curso, Santiago Cantera Montenegro, Prior Administrador de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos remitió un escrito a la Vicepresidencia del Gobierno por el que manifestaba su negativa a permitir la entrada al Valle para proceder a la exhumación de Francisco Franco, en cumplimiento de lo acordado en virtud de la Sentencia núm. 1279/2019, de 30 de septiembre, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Dicha negativa, en suma, se venía fundamentando en los siguientes aspectos:
Que dicha exhumación fue acordada en un procedimiento en el que no fue parte la Abadía y que, en consecuencia, eso le reporta indefensión. Tampoco existe autorización eclesiástica para proceder al interior de un lugar de culto, ni a la res sacra (sepulturas), con carácter sacrosanto e inviolable.
Hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la posible vulneración de derechos fundamentales (tales son en este caso el derecho a la libertad religiosa y a la intimidad de la persona) no puede producirse en modo alguno la exhumación de los restos de Francisco Franco. Tampoco procedería hasta que el TEDH se pronunciase, por tratarse de derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si se autorizase la entrada para proceder a la citada exhumación, perdería su finalidad el amparo constitucional.
Esta misiva adolece de una serie de incorreciones jurídicas que el autor de estas líneas cree conveniente clarificar, porque de ninguna manera puede a estas alturas suspenderse el cumplimiento de un mandato judicial, fruto del ejercicio de la potestad jurisdiccional recogida en el artículo 117.3 de la Constitución.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es sentencia firme aquella frente a la que no cabe recurso, bien por no establecerlo la ley procesal respectiva o porque, aun permitiéndose ese recurso, las partes agoten el plazo establecido para ello sin interponerlo. La sentencia firme conlleva el efecto de cosa juzgada formal (la imposibilidad de recurrirla en ese mismo proceso) y material (imposibilidad de sustanciación del mismo objeto del pleito en otro ulterior). El Prior, como pone de manifiesto su misiva, tenía conocimiento de la sustanciación del proceso y pudo haber solicitado su intervención en el mismo (si es que no lo hizo ya en su momento procesal oportuno). La indefensión así alegada carece de todo sustento.
En relación a la autorización eclesiástica, el Acuerdo con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, de 4 de diciembre de 1979, en su artículo primero, apartado quinto, dispone que “la inviolabilidad de los lugares de culto se regirá de acuerdo con las Leyes”, que no son otras que las del Estado español. El fundamento de la inviolabilidad radica en garantizar el derecho a la libertad religiosa y de culto, de conformidad con el artículo 16 de nuestro texto constitucional (desarrollado por la Ley Orgánica 7/1980, de libertad religiosa).
El Valle de los Caídos, como complejo arquitectónico, pertenece en sí mismo a Patrimonio Nacional, sin perjuicio que la Basílica y sus sepulturas se encuentren bajo tutela e inviolabilidad eclesiástica, en cuanto al ejercicio sacrosanto de la libertad religiosa.
Por su parte, la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, de Memoria Histórica establece en su artículo 16.3, añadido por el artículo único del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, que “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”. La constitucionalidad de dicho precepto ya fue resuelta y afirmada por la precitada sentencia nº 1279/2019, pues fue cuestionada por la familia Franco en el recurso que derivó en tal resolución.
El artículo 16.3 de la Ley 52/2007, como resolvió acertadamente la Sala Tercera, prevalece sobre el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la intimidad personal de la familia del difunto cuando se trata de una exhumación con una significación extrarreligiosa, en un monumento que es de titularidad estatal y en que yacen los restos cuya exhumación ha sido autorizada por Acuerdo del Consejo de Ministros, considerando tal acuerdo conforme a Derecho. La Sentencia nº 1279/2019 afirma en este sentido que “no se pretende más que retirar del primer plano, desde luego en un lugar de titularidad estatal, cuanto signifique, represente o simbolice el enfrentamiento civil”. Ese propósito no es incompatible con la libertad religiosa ni supone negar o desconocer las creencias de nadie. Tal resolución, en consecuencia, dispuso que no se infringía la inviolabilidad de la Basílica del Valle de los Caídos.
Por otro lado, es de reseñar el artículo 21 de la LOPJ, que establece la inmunidad de jurisdicción y ejecución de resoluciones judiciales respecto de Estados, organismos internacionales y personas amparadas por el Derecho Internacional Público, salvo que naturalmente exista una renuncia por su parte a tales inmunidades. La Santa Sede, haciendo gala de la afamada diplomacia vaticana, no se opuso a la decisión de nuestro Alto Tribunal.
Adicionalmente, el Prior del Valle de los Caídos alega que previamente a ser autorizada la exhumación, debe ser resuelto el recurso de amparo que eventualmente se interpondrá ante el Tribunal Constitucional: de lo contrario, si se practica, generaría un perjuicio de imposible reparación.
La interposición de los recursos de amparo por norma general carece de efectos suspensivos respecto de resoluciones judiciales firmes. Así, el Tribunal Constitucional ha resuelto que “la suspensión de su ejecución entraña siempre en sí misma una perturbación de la función jurisdiccional, que comprende la potestad de hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE), a la vez que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de las demás partes procesales” (TC Sala Primera, Auto núm. 388/2008 de 15 diciembre, F.J. 1º), y que, en consecuencia, la premisa de partida es que la interposición de un recurso de amparo, como regla general, no suspende la ejecución de los actos recurridos, salvo en el supuesto expresamente previsto de la pérdida de finalidad del amparo y, aun en este caso, condicionado a que la suspensión no produzca perturbaciones del interés general o de derechos fundamentales de terceros (TC Sala Primera, Auto núm. 341/1996 de 25 noviembre, F.J 2º, con expresión de otros).
La exhumación de Francisco Franco persigue un claro interés general: dar cumplimiento por un lado a un mandato democrático materializado en una ley, la 52/2007, en su artículo 16.3; y por otro, cumplir con lo dispuesto en la sentencia 1279/2019, de 30 de septiembre. La suspensión de tal decisión conllevaría una afectación irremediable al interés público, no amparada por nuestro Tribunal Constitucional.
Etiquetas: Estado de Derecho, Memoria Histórica, Tribunal Supremo
https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/08/madrid-amanece-empapelada-contra-la-exhumacion-de-franco-el-valle-no-se-toca.jpg 560 996 Javier Veiga Vacchiano https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Javier Veiga Vacchiano2019-10-16 23:24:542019-10-16 23:24:54Un prior, una exhumación y la potestad jurisdiccional
17 octubre, 2019 en 00:07
Hasta lo explicado en el artículo, muy bien. Ya la “demanialización judicial” del cadáver y su destino, a instancia del Gobierno con un informe ad hoc y a posteriori al darse cuenta aquel de la opción de enterramiento en La Almudena, no lo entiendo, tampoco la urgencia del decreto-ley y no sé qué título habilitante utiliza el TS para, en relación a la dichosa licencia de obra, entrar a conocer de un asunto de un juzgado de lo contencioso-administrativo. No tengo claro que la sentencia pase el filtro de Estrasburgo al dejar un cierto rastro de “Quod principi placuit, legis habet vigorem”.
17 octubre, 2019 en 10:40
Justifica el artículista perfectamente el abuso de poder que se ha dado en todo el “affaire” profanación del cadáver de Franco, porque eso es lo que es, una profanación. ¿ Cómo llamar al hecho de desenterrar los restos de un señor sin el “plácet” de la familia ?
El derecho se puede estirar y encoger a placer. Es lo que tiene no ser una matemática. Había una hoja de ruta trazada por el gobierno del PSOE que ha culminado con la sentencia del TS.
Es un disparate jurídico que el gobierno extraiga un cadáver y no entregue a sus deudos y así les obligue a que el cadáver permenezca en un determinado lugar. Pero esto para el TS no ha sido impedimento alguno para perpetrar su sentencia.
Dice el autor que las sentencias están para cumplirlas. Ya, ya, ya. Llevamos décadas viendo como en Cataluña se conculcan sentencias en el ámbito académico y nadie se rasga las vestiduras por ello y a nadie se le he afeado la conducta.
Con respecto al prior, D. Santiago Cantera, espero que el TS se atreva a deducir testimonio de su negativa y lo encause.
Nuestro estado de derecho ha sumado una nueva derrota con esta infausta sentencia que precedió a otra del mismo tipo, la del golpe de estado catalán. La democracia asaltada por los partidos políticos se convierte en partitocracia y finalmente en tiranía que es en lo que estamos actualmente.
17 octubre, 2019 en 12:08
Con la venia…”El que faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violase los sepulcros y sepulturas, profanase un cadéver o sus cenizas o CON ANIMO DE ULTRAJE destruyese, alterase o dañase…….” (artº 526 C.P. ). Como vemos el “Derecho” puede aguantar todo. Si consideramos “Derecho” un Decreto/Ley, clara muestra de “Derecho de autor” a que tan acostumbrados estamos, o la propia Ley de la llamada “Memoria Histórica”, cuya inconstitucionalidad es manifiesta….. ¡apaga y vámonos!
Los “intereses generales” argüidos en la sentencia que AVALA UNA DECISION DEL EJECUTIVO (¿y la separación de poderes?) o, lo que es lo mismo, una decisión electoralista de un partido, ni han estado, ni están, ni se los espera…… La inclusión en la sentencia (hecho 1º) de párrafos como “”acuerdo del consejo de ministros……para dar cumplimiento a lo previsto en el artº 163 de la ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCION Y VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA…..” es otra muestra del “Derecho de autor”.
Que la abogacía del Estado (que no del gobierno) ampare tales dislates jurídicos es una muestra de lo que entendemos por “estado de Derecho”. Un saludo.
17 octubre, 2019 en 12:12
Falta por analizar si el Gobierno o el legislativo tiene competencia para decirle a la familia Franco donde debe enterrar a sus fallecidos. Si la familia Franco tiene espacio de su propiedad en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid no entiendo que supuestas razones de “orden público” pueden permitir al Gobierno decirle a la familia donde exactamente debe enterrar a su padre y donde no debe. Precisamente la tolerancia democrática debe permitir que la familia Franco, también ellos, decida enterrar a su padre donde quiera. Si hubiera, de hecho, problemas de “orden público” podrían tomarse las medidas necesarias… pero sin adelantar acontencimientos.
De todas formas después de Franco vendrán más.
Los que son intocables son las calles y estatuas de Largo Cabellero, Dolores ibarrurri, del Doctor honoris causa Santiago Carrillo, de Companys y de otros criminales de guerra. Hayan hecho lo que hayan hecho. Curiosa doble vara de medir las atrocidades y crímenes de una guerra civil.
17 octubre, 2019 en 12:38
Creo que he entendido bien el artículo pero me quedo con la inevitable sensación de que estamos ante una vulgar cacicada vía un Decreto Ley fraudulento –porque miente ostensiblemente al alegar urgencia– que ha conseguido torcer los entendimientos de un sistema judicial proclive a demostrarnos que sabe arrastrar las togas por lodazales y que puede tener flexibilidad interpretativa de hechos en función del momento y de las circunstancias meteorológicas.
¿No es parte el Abad? Si lo es, ¿se le ha tenido en cuenta durante el proceso? ¿Hemos perdido la protección de lo sagrado? ¿Por qué? ¿Puede un Estado pisotear las conciencias y llamarse libre y democrático? ¿Qué tipo de Derecho es este? ¿Despótico?, ¿”despotismo democrático” como vaticinó Tocqueville? Cada vez veo menos legitimidad moral en nuestras leyes.
La triste sensación es que vamos hacia atrás y que estamos más indefensos ante lo profundamente injusto. De hecho nuestra población carcelaria se ha multiplicado por 10 en relación con los últimos sesenta y setenta de Franco. Y eso que entonces se cumplían las sentencias.
Ayer por la tarde di un paseo por las calles de Madrid y en la primera media hora escuché, literalmente “en passant”, tres conversaciones muy críticas sobre este asunto. Una de ellas entre dos porteros.
No estoy ni siquiera seguro de que este abuso de poder –como mínimo sobre el derecho de la familia a enterrar a su abuelo donde quieran– vaya a ser rentable al Sr. Sánchez. Con apoyo legal o sin él es difícil no tomar esto como una cacicada.
Debo hacer notar que mi familia, abuelos y padres, fue represaliada por Franco tras la guerra y yo mismo he sido detenido preventivamente en mis años de universidad durante dos “estados de excepción”. No siento simpatía alguna por el Régimen. Pero, al igual que mis antepasados, tampoco siento odio ni puedo fingir ceguera ante lo que viene pasando de manos de gente escasa de valores morales y de respeto por los ajenos y que, –lo que hay que ver–, son descendientes de “Progenitores Uno” profundamente leales al Régimen como ha sido notoriamente el caso de nuestros últimos Jefes de Gobierno del PSOE. Encima, edípicos patológicos y oportunistas tal y como explicó en su día Edward O. Wilson.
Genaro Garcia Mingo Dice:
17 octubre, 2019 en 12:44
La libertad de culto me parece que ha sido claramente vulnerada con el cierre de la basílica impidiendo la celebración de la Misa.
Que una serie de normas y preceptos legales amparen formalmente lo que se está haciendo no impide que el conjunto de todo ello sea un atropello tal vez no de la ley pero si del Derecho, y por supuesto de la Justicia. Hemos entrado en una deriva preocupante desde hace mucho.
17 octubre, 2019 en 13:25
LA UE NOS OBLIGARÁ A REVISAR LA MEMORIA HISTÓRICA
Después de un siglo de experiencia política continuamos sin ver en el tratamiento de las opciones políticas algo que nos parece evidente: el que no se diferencia entre los que son demócratas ( de democracia plena) y los partidarios regímenes autoritarios . Antes era más difícil pero con la información actual no se entiende
Con ello, tendríamos una selección adaptada al interés de los ciudadanos que quieren vivir en sociedades prósperas y libres y no en cárceles.. Y hay que darse prisa :
17 octubre, 2019 en 13:52
¡Cuanto comentario negativo y malhumorado! Críticas a la justicia que parecen sacadas de web independentistas. Lamentos añadiendo adjetivos hiperbolicos de profanacion y ultraje con un cruento dictador. Que deprimente.
17 octubre, 2019 en 14:52
Dictador, asesino, libertador, salvador de las vicitmas del genocicio de católicos, drogadicto, docente, cuyaquiera que fueran sus méritos, deméritos o sus cuentas con las justicia, ¿porque no deben tener sus descendientes la libertad de decidir su lugar de enterramiento?
17 octubre, 2019 en 15:30
Don Francisco, yo, en momento alguno, he alegado nada de lo que usted expone en su mensaje. Solo me inquieta la calidad jurídica de alguna de las partes de la sentencia. Tenga en cuenta que el Tribunal Supremo está creando un precedente que se lo pueden aplicar a usted, a mi, o a un tercero que no guste al Gobierno.
Es que mañana podría venir un ejecutivo, de otro signo que, de acuerdo con la reciente resolución, disponga sacar de los cementerios civiles a Pablo Iglesias, a Pasionaria y a otros afines ideológicos -base legal reciente hay en la Unión Europea- para enterrarlos donde les plazca. A mi no me gustaría. ¿Y a usted?.
17 octubre, 2019 en 17:38
Las refutación a sus objeciones respecto a la aplicabilidad de estas resoluciones a cualquier ciudadano, se encuentran en la concisa y completa exposición de Javier Veiga Vacchiano. Basta leerla.
17 octubre, 2019 en 21:26
Don Francisco, le agradecería que me indicara en qué párrafo del artículo de don Javier Veiga Vacchiano habla de lo que he expuesto en mis dos anteriores mensajes. Si he preguntado por ello es debido a que no lo he visto.
No la ha podido ver porque no existe.
Si usted estima lo contrario debería hacer honor al autor y blog y presentar el fundamento legal de sus rotundas aseveracioens para que todos podamos aprender algo nuevo.
A no ser que en lugar de afirmar estuviese expresar alguna preocupación. En cuyo caso deberia haber añadido algun signo de interrogacion.
Tampoco creo que sea muy difícil de comprender la inquietud (reflejada en varias iniciativas parlamentarias, grupos de estudio y legislación) que a muchos españoles les causaba este lacerante y simbólico asunto.
El gobierno esta resolviendo este asunto razonablemente. Retira al dictador de un enorme y público mausoleo y lo entierra, de forma digna, en la capilla familiar junto a su esposa.
Cualquier comentario ponderado debería hacer alguna consideración a estos aspectos.
17 octubre, 2019 en 14:37
Se me suscita una duda.
A virtud del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica, resulta evidente que no se podrán practivarse nuevos enterramientos en el Valle de los Caidos; ahora bien, no tengo tan claro que pueda extenderse un efecto retroactivo sonbre los enterramientos anteriores a la norma (3.2 Cc) sin una aprevisión expresa, que no acabo de ver por ninguna parte en la Ley. Ya se que todos estamos pensando en que la norma se redactó pensando en Franco, pero no se dice y, al fin y al cabo eso es una conjetura. El caso se que previsión expresa de retroactividad no hay. Tampoco me parece que la DA6ª Bis pueda ampliar el ámbito de ampliación del artículo 16.3, porque su finalidad, al fin yu alcabo, es la de articular un mecanismo de ejecución.
Pues,dejando aparte el Derecho y los discutibles pronunciamientos judiciales al respecto, está muy claro que no era una cuestión vital para la Sociedad Civil ni para el Sistema Democrático.- Si la Constitución del 78 fué un verdadero Pacto estamos,por tanto,ante un sinalagma y no solo genético sino también funcional y de tracto permanente.- Lo que se pretende hacer por el gobierno con el “cádaver” de Francisco Franco podrá -igualmente- hacerse por otro gobierno de signo politico distinto .-
En vez de venderse esta torpeza como un triunfo politico ,que no lo es, se podría haber hecho con discreción y elegancia ,con honores de ,por los menos Capitán General, si no se le quiere reconocer su condición de Jefe del Estado y del Gobierno de España.-
Una chapuza con finalidad electoral muy del PSOE y de Sánchez.- Una pena porque podría haberse hecho con más elegancia y discreción . Pero discreción es lo que no interesaba. Al final resulta que no le interesa a casi nadie salvo a los muy adictos.-
17 octubre, 2019 en 20:20
Yo lo siento, pero la sensación que ha dado el TS, ha sido la de lavar la cara al gobierno de Sánchez. Será todo conforme a derecho que se diga, pero la cuestión es que todo ha partido de un Decreto-ley, de un gobierno que ha abusado bastante de los mismos desde que triunfó la moción de censura destructiva. Luego, la negación a la familia de enterrar los restos en La Almudena, tampoco ha parecido muy democrático después de 40 años de democracia y más de 40 que este hombre está enterrado allí; y este gobierno daba la sensación, con sus excusas (imposibilidad de evitar el culto de nostálgicos o de profanadores), de crear un problema donde no lo había. Lo cierto es que hay problemas muchos más importantes que exigen una intervención inmediata y firme, y sin embargo, este gobierno no reacciona. No hace falta citar ejemplos. Es evidente que se trata de una maniobra electoralista, y que el TS simplemente le ha seguido el juego. Y encima, aún se ha lucido el TS al considerar el golpe de estado del 1-Ocomo una mera ensoñación. Octubre negro para la credibilidad de nuestra justicia, que no podía caer más baja.
18 octubre, 2019 en 09:11
Al socaire de la intervención del Sr. Espinosa me gustaría recordar el último párrafo del artículo que comentamos.
“La exhumación de Francisco Franco persigue un claro interés general: dar cumplimiento por un lado a un mandato democrático materializado en una ley, la 52/2007, en su artículo 16.3; y por otro, cumplir con lo dispuesto en la sentencia 1279/2019, de 30 de septiembre. La suspensión de tal decisión conllevaría una afectación irremediable al interés público, no amparada por nuestro Tribunal Constitucional.”
Creo que merece relectura y reflexión. Pero de momento no me he encontrado a nadie –que no busque venganza interesada– que esté de acuerdo con la misma. Es más, como ya se ha dicho, vivimos en el país de los Incumplimientos de Resoluciones Judiciales y de la Dejación de funciones Jurisdiccionales y ahora resulta que profanar la tumba de un muerto conflictivo de hace 44 años y privar a sus descendientes de un derecho accesible a todos los españoles es la gran prioridad jurídica.
Yo diría que estamos ante un excelente ejemplo del uso perverso de la ley para fomento de los intereses de un partido político y una persona muy concreta. Lo cual, inevitablemente, resulta en la opinión generalizada: descrédito del Estado y de sus Instituciones.
Pero más allá de lo anterior es muy interesante reflexionar sobre un incidente que indicaría hasta que punto nuestro Derecho Positivo actual se ha alejado del Derecho Natural y de nuestras raíces Civilizatorias para convertirse en algo que no luce mucho. En los actuales planes de estudio se echa en falta un tratamiento profundo del Derecho Natural y de las bases filosóficas de nuestra civilización. Desde Grecia a Kant pasando por Plotino que sigue siendo un gran ausente. Ambas son corregibles al menos privadamente.
Lo que ya no es tan sencillo es superar las barreras cognoscitivas incrustadas en una generación –la de mi nieta mayor, estudiante de Derecho– que es bastante acrítica y muy respetuosa con la corrección política ambiental. Esto no es fruto del azar, es el resultado del trabajo de un Psicopedagogo de los años 70 y 80, Kolhberg, que trató de desarrollar las bases de la pedagogía “democrática” a base de experimentar en la escuela pública norteamericana y en los Kibutz de Israel. Sus directivas son hoy observables en toda la enseñanza de la UE. Kolhberg estudió y explicó tres modelos de raciocinio moral: Preconvencional, Convencional y Postconvencional. Terminología elegida para señalar los focos de conformidad que más determinarían la moralidad de los actos.
Podemos sintetizarlo así: al nivel Preconvencional “Es bueno si me hace bien o me evita el castigo” es decir, un modelo de Utilitarismo primario. En el nivel Convencional, como criterio de bondad moral, opera la Conformidad con el grupo más próximo o con los criterios socialmente aceptados, es decir, la Presión Grupal. Ya, en el nivel Postconvencional, estaríamos ante una formulación contractualista: “Nos tratamos bien en reciprocidad” que finalmente, en la última fase de este nivel, sería superada por un criterio análogo al Imperativo Universal kantiano. Es decir, una especie de Principio Moral Universal o un renacido Derecho Natural.
La abrumadora mayoría de la sociedad occidental, explica el profesor Cook, en el War College de la Marina de los EEUU al hablar de Kohlberg, se mueve hoy en las dos primeras categorías. Tanto es así que, para encontrar ejemplos de un criterio moral relativamente externo al Poder Social–, sugiere que habría que buscar personalidades tan infrecuentes como Luther King o Gandhi. El resto, más del 99.9% de la población, seguiría lo que se le dicta directa o indirectamente desde los agentes sociales dominantes en el entorno escolar y social. No tan lejos de la ingeniería social.
Desde la perspectiva moral la sociedad ya está en manos de la estructura de Poder Real al tiempo que éste parece recibir cada vez menos legitimidad libremente otorgada.
Alguien en este foro reclamaba no hace mucho volver al Derecho Natural y recordar que, más allá de nuestra voluntad, los criterios de Bien y Mal, de Justo e Injusto, de Libertad y falta de ella Preceden en nuestra cultura a cualquier diseño o capricho del Poder. Hay leyes injustas y es bueno denunciarlas.
Saludos y muchas gracias al autor, al Sr. Espinosa y resto de comentaristas por este interesante debate.
18 octubre, 2019 en 11:25
Lo que comentas me parece una exposición brillante y no pudeo estar más de acuerdo.
Me quedo con lo de “acrítico” y “corrección política”. Las formas y apariencia triunfan sobre el fondo. Y esta fundación y blog son un ejemplo.
Lo que ya no es tan sencillo es superar las barreras cognoscitivas incrustadas en una generación –la de mi nieta mayor, estudiante de Derecho– que es bastante acrítica y muy respetuosa con la corrección política ambiental. Esto no es fruto del azar, es el resultado del trabajo de un Psicopedagogo de los años 70 y 80,
18 octubre, 2019 en 12:19
Acabo de ver el comentario de D. Francisco Espinosa y lamento profundamente que eso le haya producido depresión. Por fin alguien (este blog) se atreve a denunciar la desnudez del estado de Derecho en lugar de seguir mirando las sombras chinescas de la caverna (Platón). Bienvenidos a la luz del exterior, a la libertad de pensamiento y opinión y al escaso pluralismo marginal calificado como “herejía” por quienes viven en las sombras. Un saludo.
Resulta llamativo que tanto el artículo, como la sentencia, basada en la ley de memoria histórica, apelen al cumplimiento de la legalidad, al imperio de la ley, para lograr la consecución de su objetivo.
No hay de las llamadas “razones de estado” o de las que podríamos llamar “razones sociales”, ni siquiera la comúmente usada, cuando se viaja en Falcon, “por seguridad”. El único motivo esgrimido es la ley de memoria histórica y el decreto-ley creado ad-hoc para que el que fuera 40 años jefe de estado, sea desalojado de donde otro jefe de estado, D. Juan Carlos, quiso colocarle.
Si esto no es despotismo, parapetado en una supuesta democracia, cada día más orgánica, se le parece mucho.
Por otra parte, suscribo lo que D. José Antonio dice cuando escribe: “Me quedo con lo de “acrítico” y “corrección política”. Las formas y apariencia triunfan sobre el fondo. Y esta fundación y blog son un ejemplo.”
Vivimos en tiempos de cobardía y de sumisión. Millones de conciencias de españoles han claudicado de su deber y han adaptado su pensar a la conveniencia económica y acomodaticia. Hoy día, cumplir con la obligación de estado es tarea de héroes.
21 octubre, 2019 en 08:33
Por si ayuda en algo esto es lo que dice el Abad,
Juana Rivas y la ministra: la fuerza de la costumbre Dedómetro IV: ¿Qué ocurre en Correos?