Source: https://merchantadventurer.wordpress.com/2013/07/
Timestamp: 2020-06-05 00:45:55
Document Index: 250791991

Matched Legal Cases: ['artículo 363', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 41', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 22']

julio | 2013 | Mercantilista sin ánimo de lucro
¿Puede un árbitro nombrar administradores y liquidadores de SA o SRL?
Completando la última entrada sobre la RDGRN de 25-6-2013 subo este artículo sobre las Facultades del árbitro para nombrar administradores o liquidadores en sociedades de capital. Se analizan ambas cuestiones por separado, pues el fundamento y las condiciones son distintas en uno y otro caso. En el caso de los liquidadores, simplificando un poco todo el argumento, diríamos que es una facultad que puede entenderse comprendida dentro de la cláusula general de sumisión a aribtraje, pues la Ley permite expresamente hacerlo al juez (cfr. la previsión específica ahora en el 377.2 LSC) aunque haya que cumplir una serie de presupuestos, empezando por la falta de acción de la junta general.
Imagino que el mero hecho de plantear la posibilidad de nombramiento de administrador por parte del árbitro genera perplejidad en el lector. Por esa razón prefiero traer aquí la reflexión que hice en su día para que queden claras las condiciones bajo las que a mi juicio debería aceptarse algo aparentemente tan extraño (cada uno viene de donde viene, y en mi caso vengo influido ideológicamente por el estudio de los mecanismos aceptados con normalidad desde hace décadas en los EEUU para resolver situaciones de bloqueo en joint ventures y en general close corporations).
Teniendo presentes los argumentos para aceptar que una típica cláusula de sometimiento a arbitraje faculta al árbitro para nombrar liquidadores, y teniendo en cuenta por tanto que no parece factible considerar que una cláusula general incluya entre las facultades del árbitro el nombramiento de administrador, debemos plantearnos una segunda posibilidad: si se puede atribuir de manera específica al árbitro la facultad para que nombre administrador. Ya hemos apuntado que su utilidad no es dudosa: una cláusula de este tipo podría funcionar en supuestos de bloqueo de la sociedad como alternativa a la disolución por paralización. Nos mostramos favorables a la validez de una cláusula de este tipo, tanto en un momento previo, con la constitución de la sociedad –o en una eventual modificación de los estatutos-, como en un momento posterior, cuando aparece el problema del bloqueo, acordada por todas las partes (suelen ser dos, o estar divididas en dos grupos). Es más, entendemos que si se inicia el procedimiento al amparo de una cláusula arbitral general, y las partes están de acuerdo, una vez verificada que existe la paralización de los órganos sociales, y la voluntad de las partes es la de continuar con la sociedad, podrían acordar dejar en manos del árbitro el nombramiento del administrador.
Las razones para aceptar esta posibilidad son de dos clases. De una parte, una de carácter general, la pacífica admisión de este tipo de soluciones en el derecho comparado. No se trata de aceptar una posibilidad por el mero hecho de que sea posible, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es más bien tener en cuenta que es una alternativa para resolver un problema frecuente, que funciona con normalidad en diversas jurisdicciones, y que no supone ninguna vulneración de principios relevantes, o por utilizar la terminología del legislador, configuradores del derecho de sociedades. (esta última frase hoy no la pondría tal como está, porque requiere una argumentación que no se da, pero no sería correcto citarme mal a mi mismo)
La segunda razón a favor requiere dar primero el argumento concreto en contra. Podría oponerse a la validez de una cláusula de este tipo que se vulnera la regla básica de que los administradores deben ser elegidos por la junta general. Mientras en el caso de los liquidadores, la propia Ley se refiere expresamente al nombramiento judicial, en el caso de los administradores no hay una regla similar. Entendemos que la objeción podría ser salvada con un argumento semejante al empleado para aceptar el nombramiento de liquidadores. El silencio legal debe resolverse en favor de la autonomía de la voluntad de los socios, que no renuncian a su derecho a elegir administradores sino que ante la imposibilidad de hacerlo dejan esa decisión en manos de un tercero, en este caso el árbitro. Como presupuesto debería exigirse que hubiera un bloqueo, que el bloqueo fuera real y acreditado y como ya se ha dicho, que las partes hayan pactado expresamente esa facultad del árbitro –o la acepten en el marco de un procedimiento arbitral basado en una cláusula típica-.
En fin, cuestión distinta es la eficacia práctica que pudiera tener ese nombramiento, porque un administrador nombrado por ese procedimiento podría tener problemas para actuar al no contar (presuntamente) con el respaldo expreso de los grupos opuestos. Por supuesto, no se garantiza el final de los problemas en la sociedad. Además, surgen otros problemas de diversa índole. Entre otras circunstancias cabe mencionar las que rodean al procedimiento de elección: los candidatos posibles, los requisitos que debieran reunir o si el árbitro debe tener en cuenta o no determinadas indicaciones de las partes en ese sentido por citar algunas. Se trata de aspectos que tal vez no vayan a preverse en la cláusula, caso de haberla, pero sí deberían quedar claros cuando empieza el procedimiento. Con todo, no es conveniente que renunciemos a posibles alternativas por la existencia de eventuales cuestiones dudosas en la aplicación: la práctica es la mejor manera de irlas resolviendo. La persistencia a lo largo de los años en el uso de esta solución en el derecho comparado es la mejor prueba de su utilidad.
Añado por último que la entrada de hoy del blog del Profesor Sánchez Calero: Paralización orgánica y disolución societaria se complementa perfectamente con el contenido de esta.
¿Debe admitirse la cláusula estatutaria que somete a arbitraje los conflictos que puedan surgir entre administradores?
La RDGRN de 25-6-2013 dice que sí, sin perjuicio de que el árbitro deba estimar en cada caso si se trata de una controversia jurídica que pueda ser efectivamente sometida a arbitraje. La Resolución se refiere tanto a arbitraje como a mediación. Copio literalmente toda la argumentación.
La segunda cuestión hace referencia a la sumisión a arbitraje y mediación de los conflictos que puedan surgir entre administradores. Es cierto como pone de relieve la nota de defectos que esta Dirección General afirmó en la Resolución de 27 de abril de 1989 que la sumisión a arbitraje, en un caso en el que el sistema de administración era de consejo y se preveía como fórmula para solucionar las situaciones de empate, se aviene mal con el sistema de formación de la voluntad del órgano así configurado pues no puede afirmarse en puridad que la situación de empate de votos constituya un conflicto susceptible de ser conocido por los Tribunales de Justicia o, por pacto de sumisión, por un árbitro nombrado al efecto. Este razonamiento sigue siendo válido pues no todo conflicto en el ámbito societario tiene naturaleza litigiosa y el ordenamiento prevé soluciones cuando resulta imposible alcanzar acuerdos dentro de la sociedad, soluciones que si bien traumáticas (artículo 363.1.d de la Ley de Sociedades de Capital) responden rigurosamente a su base contractual. Con posterioridad este Centro Directivo ha entendido que no puede rechazarse la inscripción de la cláusula genérica de sumisión porque no cabe presumir que cualquier conflicto entre los administradores sea ajeno al conocimiento jurisdiccional y por consiguiente susceptible de arbitraje. Así se afirmó en las resoluciones de 10 de noviembre de 1993 y 4 de mayo de 2005 y es que, como puso de relieve la de 19 de febrero de 1998, una cláusula genérica de sumisión a arbitraje remite a un momento posterior la decisión de si el conflicto es susceptible de ser solventado por esta vía o no. Esta doctrina, por un lado, refleja más adecuadamente la incontrovertida posibilidad de incluir en los estatutos una cláusula de arbitraje en general (posibilidad aceptada tras algunas vacilaciones por la jurisprudencia del Tribunal Supremo a partir de la Sentencia de 18 de abril de 1998, ratificada por las de 30 de noviembre de 2001 y 15 de septiembre de 2004) y por otro el propio funcionamiento tanto de los Tribunales como de la institución arbitral. Al igual que el juez debe rechazar de oficio o a instancia de parte su actuación cuando carezca de jurisdicción (artículos 37 y 39 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), el árbitro designado debe proceder de forma semejante. Como pusieron de relieve las Resoluciones citadas anteriormente será en el momento en que la controversia concreta y específica se someta al conocimiento del árbitro cuando este deberá apreciar si la misma cae o no dentro del ámbito de su actuación (artículo 22.1 de la Ley de Arbitraje). Y ello sin perjuicio de que la apreciación de incompetencia se haga valer por la parte (artículo 22.2) o por la vía de la impugnación del laudo tal y como expresamente prevé su Ley reguladora al contemplar como causa de nulidad «que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje» (artículo 41.1.e, de la Ley). Como pone de relieve la Exposición de Motivos de la Ley 11/2011, de 20 de mayo por la que se llevó a cabo la reforma de la Ley de Arbitraje, «se reconoce la arbitrabilidad de los conflictos que en ellas (las sociedades de capital) se planteen». La previsión legal de que se incluya en los estatutos una cláusula de arbitraje en general (artículo 11.1 bis de la Ley) lo es sin perjuicio de que el ámbito concreto de la arbitrabilidad venga determinado tanto por la materia (artículo 1 y 2 de la Ley) como por el especifico convenio de sumisión (artículo 9).
En el supuesto de la mediación regulada por la Ley 5/2012, de 6 de julio, el acuerdo genérico de mediación contenido en una cláusula estatutaria (artículos 6, 10.2 y 16.1.b de la Ley) no excluye que con posterioridad se deba fijar cual es el conflicto concreto en que se ha de desenvolver la actividad del mediador (artículo 19.1.c) por lo que este puede siempre excusar su actuación (artículo 14) o renunciar posteriormente (artículo 22.2). Es cierto que en el ámbito de la mediación no se sustituye la voluntad de las partes en conflicto que por otro lado pueden poner fin al proceso en cualquier momento (artículos 1, 6 y 8). Aún así la Ley prevé un determinado ámbito para la actuación del mediador lo que confirma que, fijada la controversia sometida a su actuación, deba el mediador abstenerse de actuar cuando desborde el ámbito legal de su competencia (artículos 2 y 19). Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto que provoca este expediente es claro que procede estimar el recurso en este punto pues la cláusula no contiene elemento alguno que permita, a priori, entender que el posible objeto de controversia sea contrario a Derecho (como si, por ejemplo, incluyera supuestos de responsabilidad penal, excluidos del ámbito de conocimiento de árbitros y mediadores). Será en consecuencia en cada supuesto en que se plantee un posible conflicto entre administradores (pues a este supuesto se contrae el expediente) cuando bien el mediador designado bien el árbitro a quien corresponda conocer la controversia, habrán de pronunciarse al respecto tal y como hemos visto prevé el ordenamiento.
Fusiones transprovinciales y competencias registrales (II)
Se publica en el BOE de 1 de julio la RDGRN de 27 de mayo de 2013 referida al mismo caso que dio lugar a la RDGRN de 6 de abril de 2013.
Esta Resolución se produce porque el recurrente no esperó a que se resolviera la otra (que vino a decir que el registrador de origen -Palma de Mallorca- no podía entrar a calificar los aspectos de fondo de la fusión). En este caso, el registrador de destino -Madrid- estima que no se cumplen los requisitos exigidos por el 231 RRM -que el de origen declare que no hay obstáculos- y deniega la inscripción. La DGRN le da la razón al registrador, porque efectivamente no se ha cumplido el 231 RRM. Cuestión distinta es que el registrador se hubiera excedido, pero eso es precisamente lo que resolvió la Resolución de 6 de abril. La de 27 de mayo deniega la inscripción parcial de la fusión, porque como es obvio, la fusión o se inscribe en sus términos, en los aprobados en el proyecto, o no se inscribe.
A modo de epílogo, no sabemos si el registrador de Madrid también coincide con el de Palma en la necesidad de aplicar el 49.2 II LME y compensar adecuadamente a la “hija” por la absorción de la “nieta” por parte de la “madre” y si eso será objeto de Fusiones transprovinciales y competencias registrales (III). Ciertamente, el argumento promete.