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Timestamp: 2019-10-21 08:38:22
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 174', 'artículo 468', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 179', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 360', 'artículo 10', 'artículo 179', 'ARTÍCULO 180', 'artículo 180', 'artículo 180', 'ARTÍCULO 181', 'artículo 181', 'ARTÍCULO 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 9', 'artículo 9']

TÍTULO III. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA
ESTRAGOS (ARTÍCULO 174)
Valor histórico. Instrucción No. 6 de 25 de enero de 1974 (sin vigencia).
El delito de estragos, previsto en el artículo 468 del CDS, tal y como quedó modificado por la Ley No. 923 de 4 de enero de 1961, compete conocerlo a la Sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado de los Tribunales Provinciales Populares y, en su caso, a la del TSP.
Daños considerables (artículo 174.3). Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.
Se estiman “daños considerables” (artículo 174. 3), aquellos cuya cuantía es superior a diez mil pesos.
Para la determinación del valor de los daños, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y No. 394 de 2000, en Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito.
DELITOS COMETIDOS EN OCASIÓN DE CONDUCIR VEHÍCULOS POR LAS VÍAS PÚBLICAS (ARTÍCULOS 177 AL 183)
DISPOSICIONES COMUNES A LA SECCIÓN PRIMERA. DELITOS EN VÍAS PÚBLICAS.
Delitos cometidos en las vía públicas. Dictamen No. 24. Acuerdo No 401 de 25 de septiembre de 1978.
Este Dictamen a pesar de referirse al derogado CDS, comporta un valor para la interpretación de los delitos en ocasión del tránsito cometidos en las vías públicas, ya que como su nombre lo indica, estos sólo pueden ser cometidos en la aludida superficie –vía pública–.
La Ley No. 60, Código de Vialidad y Tránsito, en su artículo 4 (apartado 97), fija con precisión el significado de “vía “de la manera siguiente: “Superficie completa de toda autopista, carretera, camino o calle utilizada para el desplazamiento de vehículos y personas. Cuando están abiertas a la circulación se consideran públicas. Son componentes de la vía los elementos que se construyen o instalan para cumplir los objetivos de la circulación tales como: faja de emplazamiento, calzada, corona, separadores, parterres, cunetas, paseos, aceras, defensa, explanaciones, puentes, alcantarillas, túneles, muros de contención, elementos de señalización y pasos viales y peatonales”.
De manera que la muerte de una persona, lesiones o daños, en ocasión de conducir un vehículo por un área distinta a la vía pública, como lo puede ser en el parqueo interior de un edificio, o al transitar por un solar yermo, o arando un terreno, no integra un delito en ocasión del tránsito rodado, y sí pudiera constituir –en su caso– un delito cometido por imprudencia de homicidio, lesiones o daños respectivamente.
Aprovecho la oportunidad para hacer la siguiente aclaración: es posible que, durante la conducción de un móvil por las vías públicas, se produzca un homicidio, lesiones o daños, pero no motivado por la infracción de “las leyes o reglamentos del tránsito”, y sí a tenor de la falta del deber de cuidado, exigible a ese conductor en las concretas circunstancias. En este supuesto, difícil de que acontezca –pero no imposible– no se está en presencia de un delito en ocasión del tránsito rodado, pero sí se realiza el de homicidio, lesiones o daños cometidos por imprudencia.
Responsabilidad del Instructor o examinador. Dictamen No. 297. Acuerdo No. 108 de 29 de noviembre de 1988.
En los delitos por imprudencia, lo determinante de la culpabilidad reside en la relación causal que se establece entre el actuar infractor y el resultado lesivo, tal proceder, determina la causa eficiente del evento; luego, el que con su actuación produzca ese vínculo de causalidad, responde penalmente por el hecho justiciable.
El Dictamen hace referencia, de una manera muy general, sobre la posible responsabilidad de quien enseña a otro a conducir, o quien lo examina: ¿Acaso estos, sin ser conductores, incurren en un delito en ocasión de conducir vehículos por las vías públicas?
DELITO DE DAÑOS EN OCASIÓN DE CONDUCIR VEHÍCULOS POR LAS VÍAS PÚBLICAS (ARTÍCULO 179)
Daños de considerable valor (artículo 179.2). Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.
Se estiman “daños considerables” (artículo 179. 2), aquellos cuya cuantía es superior a mil pesos.
Para la determinación del valor de los daños, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito.
Denuncia del perjudicado (artículo 179.3). Dictamen No. 99. Acuerdo No. 244 de 14 de junio de 1980.
En el caso de delitos de daños en ocasión del tránsito, si el Tribunal se percata al recibir las actuaciones, que no ha mediado la denuncia del perjudicado, concederá un plazo a la persona legitimada para que formalice aquella (artículos 290.6 y 304 de la LPP). Subsanada la falta, continuará el curso del proceso, de no rectificarse, se sobreseerá libremente.
Otra solución sería, devolver el asunto a la Fiscalía (artículo 360 de la LPP) con la propia finalidad.
Son de ajena pertenencia los equipos propiedad de una empresa, con respecto a aquel que los conduce. Dictamen No. 129. Acuerdo No. 211 de 7 de septiembre de 1981.
A los efectos de los delitos de daños en ocasión del tránsito por las vías públicas, los equipos propiedad de una empresa, son de ajena pertenencia respecto a aquel, a quien se le confía su explotación.
Concurso ideal. Denuncia del perjudicado. Dictamen No. 321. Acuerdo No. 21 de 2 de abril de 1991.
En el caso de un delito en concurso ideal de homicidio, lesiones y daños (artículo 10. 1, inciso b), para conocer del delito de daños (artículo 179), se requiere la denuncia del perjudicado; formalidad que se cumple en los llamados delitos complejos, tomándosele declaración al perjudicado o la víctima, en la que se acreditará el daño sufrido, y su interés en que se conozca judicialmente de los mismos, o la ausencia de la invocada pretensión.
En las diligencias sumariales, debe quedar establecido claramente, si el perjudicado por el delito de daños, está interesado en que estos se conozcan por la vía judicial, en caso contrario, no es posible proceder en cuanto a los mismos, aun cuando –hipotéticamente– formen parte de un concurso ideal de delitos.
DELITO DE DAÑOS, COMETIDOS POR EL NO CONDUCTOR, POR INFRACCIÓN DE LAS LEYES O REGLAMENTOS DEL TRÁNSITO (ARTÍCULO 180.2).
Daños de considerable valor (artículo 180.2). Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.
Se estiman “daños considerables” (artículo 180.2) aquellos cuya cuantía es superior a mil pesos.
DELITO DE CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD O AFECTADO EN LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN –O PERMITIR QUE OTRO CONDUZCA EN LOS REFERIDOS ESTADOS– EN OCASIÓN DE GUIAR VEHÍCULOS POR LAS VÍAS PÚBLICAS(ARTÍCULO 181)
Determinación de la capacidad de conducción por ingestión de bebidas alcohólicas. Dictamen No. 226. Acuerdo No. 73 de 14 de mayo de 1985.
La convicción de que un chofer ha ingerido bebidas alcohólicas, en cantidad suficiente para afectar su capacidad de conducción, en ausencia de información ofrecida por institución o laboratorio, la obtiene el Tribunal con auxilio del examen médico –practicado inmediatamente después de ocurrido el hecho– con empleo de las comprobaciones psicométricas corrientes –test Romberg, test digital y otros–, por un médico de un centro asistencial cualquiera, quien tendrá, por esta razón, el carácter de perito-testigo. Por lo demás, el acto del juicio oral y una completa información sobre todos los aspectos del hecho, contribuirán a garantizar la justeza de la decisión que, en definitiva, se adopte.
En el Dictamen –seguramente por error material– se alude a perito-testigo, cuando lo correcto es testigo-perito. En esta moderna figura procesal, que es propiamente un testigo, el sujeto percibe los hechos o su verdadera significación, en virtud de especiales conocimientos, como el caso del médico de guardia. Recuérdese que el perito actúa dentro del proceso; es designado en la fase investigativa por el Instructor y realiza su labor por encargo, en virtud de un interés procesal preexistente. Lo que no ocurre en el caso consultado. También tiene el carácter de testigo perito el auditor de una entidad, que en el curso de una auditoría detecta un faltante en dinero, que pudiera constituir un delito.
Discordancia entre el resultado del examen clínico y el de alcohol en sangre. Dictamen No. 258. Acuerdo No. 14 de 24 de febrero de 1987.
De producirse discrepancia entre el dictamen emitido por un médico, acerca de si una persona se halla o no en estado de embriaguez, y el resultado del examen de alcohol en sangre, ninguna de esas pruebas puede apreciarse preferentemente a la otra. El Tribunal apreciará el valor de una y otra prueba, en el marco de los principios de la formación de su convencimiento, valorando todos aquellos elementos demostrativos de la verdad, y según su conciencia, y de las razones expuestas por la acusación y la defensa, determinará si efectivamente el conductor del vehículo se hallaba o no en estado de embriaguez.
El Dictamen afirma el principio de libre apreciación de las pruebas, que rige en nuestro ordenamiento procesal, y cuya antítesis lo constituye el de prueba legal –tasada o tarifada–.
Permitir que otro conduzca ebrio o drogado. Responsabilidad por el resultado lesivo de la conducción. Dictamen No. 280. Acuerdo No. 113 de 13 de noviembre de 1987.
El propietario de un vehículo, o quien lo tiene encargado por cualquier concepto, que permite, a sabiendas, que otro, estando ebrio o intoxicado por drogas, y en consecuencia, incapacitado para conducir, lo haga; y a resultas de la ebriedad o intoxicación, ocasione un efecto de lesión para un bien jurídico –homicidio, lesiones o daños–; además de responder del delito previsto en el artículo 181. 1 b) –permitir que otro conduzca ebrio o drogado–, también incurre en el título de imprudencia de los señalados resultados –homicidio, lesiones o daños–, si entre la infracción de peligro –permitir que otro conduzca en los señalados estados– y el resultado lesivo, se aprecia una íntima relación causal y él pudo o debió haber previsto el citado efecto.
DELITOS COMETIDOS EN OCASIÓN DEL TRÁNSITO FERROVIARIO, AÉREO Y MARÍTIMO (ARTÍCULO 184)
Daños de limitado y considerable valor (artículo 184. 1 ch y d). Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.
Se consideran bienes de limitado valor –artículo 184. 1 d) – aquellos cuya cuantía es hasta dos mil pesos; y considerable valor –artículo 184.1 ch)- superior a dos mil pesos.
Son de ajena pertenencia, los equipos propiedad de una empresa, con respecto a aquel que los conduce. Dictamen No. 129. Acuerdo No. 211 de 7 de septiembre de 1981.
A los efectos de los delitos de daños en ocasión del tránsito ferroviario, aéreo o marítimo, los equipos propiedad de una empresa, son de ajena pertenencia con respecto a aquel a quien se le confía su explotación.
DELITOS DE PRODUCCIÓN, VENTA, DEMANDA, TRÁFICO, DISTRIBUCIÓN Y TENENCIA ILÍCITA DE DROGAS, ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS Y OTRAS DE EFECTOS SIMILARES (ARTÍCULOS 190 AL 193)
Drogas. Adecuación de sanción. Instrucción No. 170 de 11 de diciembre de 2002.
Los Tribunales actuarán con el rigor necesario, sin menoscabo de los derechos y garantías fundamentales de los enjuiciados, en los casos de delitos relacionados con la producción, cultivo, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia ilícita de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares; especialmente en el tráfico internacional, búsqueda y escamoteo de recalos, cultivadores, comercialización en particular en centros nocturnos, o facilitándolas a menores de edad, estudiantes, o ante manifestaciones de asociación para dicha comisión. No siendo recomendable, como regla, el empleo de sanciones sustitutivas de la de prisión, ni la remisión condicional de esta en los mencionados supuestos. Se deben aplicar consecuentemente, las penas accesorias de comiso y confiscación.
Determinación de droga, estupefaciente, sustancia sicotrópica o de efecto similar. Dictamen No. 423. Acuerdo No. 102 de 19 de junio de 2004.
Para la consideración de droga, estupefaciente, sustancia sicotrópica o de efectos similares, a los efectos de la integración del delito en cuestión, basta la determinación mediante prueba de suficiente rigor científico, en correspondencia con las regulaciones que al respecto haya establecido el organismo facultado para ello, la que será apreciada con criterio racional. De manera que no constituye un presupuesto, que dichas sustancias estén previamente clasificadas –en documentos jurídicos internacionales, o resoluciones de ministerios, por ejemplo–.
El Dictamen loablemente aclara uno de los delitos más nocivos y repudiados por la civilidad; una breve observación, cómo conoce el ciudadano destinatario de la norma, cuál es el comportamiento proscripto; ya que para afirmar la existencia de un delito intencional, se requiere entre otros elementos, tener conciencia de que la conducta es prohibida.
Determinación. Ocupación de partículas de marihuana. Intencionalidad. Acuerdo No. 25 de 24 de marzo de 1987.
Si en ocasión de practicársele un registro en el vestuario a un ciudadano, se hallan partículas o picadura de la hierba conocida por marihuana, cualquiera que fuera su cantidad, ese hecho constituye el delito de tenencia de drogas , siempre que, en el caso concreto, concurran los elementos de la culpabilidad, es decir, la tenencia querida y consciente de esa sustancia.
Al exigirse en el Acuerdo para la integración del tipo penal –tenencia de drogas–, en el plano subjetivo, “la tenencia querida y consciente de esa sustancia”, se afirma, que se está ante un delito que sólo se comete por intención.
TÍTULO IV. DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO
PORTACIÓN Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O EXPLOSIVOS (ARTÍCULOS 211 AL 214)
Determinación. Arma para la que no se concede licencia (artículo 211. 3). Dictamen No. 371. Acuerdo No. 39 de 16 de julio de 1996.
A los efectos de la calificación de la modalidad agravada de este delito (artículo 211.3), por tratarse de armas de fuego para las que no se concede licencia, hay que acudir al Decreto-ley No. 52 de fecha 24 de marzo de 1982, que las relaciona en su artículo 9.
A continuación transcribo el artículo 9 del Decreto ley No. 52, expresivo de la relación de armas para las cuales no se concede licencia, siendo estas: plumas fuente pistolas, bastones fusiles y otros similares, escopetas recortadas, cualquiera que sea su calibre, rifles con excepción de los destinados a actividades deportivas, ametralladoras de cualquier tipo, cañones de cualquier clase o tamaño, todas las armas blancas de uso reglamentario en las FAR; sables, espadas, puñales, dagas, navajas de punta sevillana u otras similares, bastones de estoque, manoplas, cachiporras, black jacks y demás armas contundentes o punzantes y armas de fuego de fabricación artesanal o casera.