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Timestamp: 2019-09-23 13:37:22
Document Index: 321419156

Matched Legal Cases: ['artículo 400', 'artículo 310', 'artículo 400', 'artículo 176', 'artículo 401', 'artículo 232']

﻿ SENTENCIA 20831 DE MAYO 27 DE 2003
SENTENCIA 20831 DE 27 DE MAYO DE 2003
CONTENIDO:TRASLADO DE LA CITACIÓN PARA AUDIENCIA PREPARATORIA. SU OMISIÓN NO GENERA NULIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CITACIÓN A AUDIENCIA PROCESAL, AUDIENCIA PREPARATORIA, CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA, PRUEBA, DEFENSA TÉCNICA, PROCEDIMIENTO PENAL
Sentencia 20831 de mayo 27 de 2003
Hernán Galán Castellanos
Aprobado acta 58
La pretensión del defensor se encamina a reclamar la nulidad de la actuación surtida en la etapa del juicio, en la que advierte varias irregularidades: las relativas a la incorrecta comunicación del traslado del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, al igual que las que convocan a la audiencia preparatoria, y de otra parte, la omisión del tribunal al no pronunciarse respecto a las pruebas pedidas en la instrucción y que ubica como violatorias del debido proceso y del derecho de defensa.
La Sala previamente a su estudio, debe señalar que la declaratoria de nulidades en el proceso penal se orienta por claros principios consagrados en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, de los cuales se concluye que su reconocimiento constituye una medida subsidiaria para los casos en que no exista otro mecanismo que permita subsanar el yerro, su procedencia está condicionada a la estructuración de las causales señaladas en forma expresa por la ley, solo puede ser invocada por la parte que no haya dado origen al motivo invalidatorio, la manifestación del sujeto afectado permite su convalidación siempre que se atiendan las garantías fundamentales, quien la invoque debe demostrar que el vicio afecta en forma grave las garantías constitucionales del sujeto procesal o que socaven las bases mismas de la instrucción y/o del juzgamiento.
Bajo estas premisas debe analizarse la situación planteada por el impugnante, a quien desde ya se le advierte que se limitó a indicar las presuntas irregularidades sin comprobar su existencia ni los fundamentos jurídicos que permitieran deducir el desconocimiento de garantías ni menos aún demostró que efectivamente la situación que expone incida sobre el cabal ejercicio de los derechos y garantías del procesado.
1. Del trámite irregular del traslado.
Aduce el defensor la imposibilidad en que estuvo el inculpado y la defensa técnica de conocer la iniciación de la etapa del juicio por la incorrecta citación que se les hizo.
La Sala tiene por definido, atendiendo las previsiones legales tanto del actual Código de Procedimiento Penal como el que perdió vigencia, que la iniciación del juzgamiento con el traslado previsto a los sujetos procesales para solicitar pruebas y reclamar la existencia de nulidades generadas en la instrucción y preparar las audiencias preparatoria y pública no requiere de una previa ordenación por parte del juez (1) , sino que opera por mandato legal, respecto de este trámite solo se exige la constancia secretarial de conformidad con lo establecido por el inciso 2º del artículo 400 ibídem.
(1) Sentencias 12009 del 18 de julio de 2002 y 12927 del 27 de febrero de 2003.
Luego, no pueden los sujetos procesales reclamar formalidad distinta, ya que no es necesario notificación alguna, bastando, entonces, con el arribo del proceso una vez ejecutoriado el pliego de cargos al despacho del respectivo juez, para que al día siguiente se inicie el termino fijado por la ley previa constancia secretarial. Distinto es que el juez quiera hacer un control previo sobre el asunto para determinar su competencia por economía procesal y disponga que el traslado se surta en la secretaría, y que ésta procesa por lealtad con los sujetos procesales a comunicarle la iniciación del juicio.
Sin duda que con dicho trámite no se está sorprendiendo a los sujetos procesales quienes han tenido el conocimiento previo y cierto sobre el proferimiento de la resolución acusatoria, siendo su deber legal y profesional, para el caso del representante de alguna de las partes, estar atento a las resultas de los medios de impugnación elevados, por manera que no puede decirse que el trámite haya sido sorpresivo o cumplido bajo su ignorancia.
Situación que, para el caso que se analiza, se cumplió a cabalidad, pues ordenado el traslado, la secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, juez competente por haberse cometido el hecho punible en esta ciudad, dejó la constancia respectiva y comunicó tal hecho a las partes a las direcciones reportadas en el proceso.
2. Citación para audiencia preparatoria.
La decisión mediante la cual se convoca a este especial trámite introducido en la nueva legislación procesal, tampoco requiere de notificación, pues por tratarse de un auto de mero impulso procesal así como el traslado que le precede, el legislador no lo previó entre los autos que deben ser notificados, artículo 176 del Código de Procedimiento Penal, limitándose a exigir la citación previa a los sujetos procesales en el artículo 401 ibídem.
Dicha exigencia se encuentra satisfecha en el presente asunto, pues la secretaría libró las comunicaciones pertinentes incluida la del procesado y su defensor a las direcciones que aparecen registradas en el proceso sin que se advierta yerro alguno, pues la indicada en la citación 11308 (fl. 13, c.c. del tribunal) es la que consignada en la diligencia de indagatoria y la del defensor corresponde a la dirección que reposa en el memorial poder.
Ningún sustento invalidatorio ofrece el argumento relativo a que no aparece consignada en la citación la dirección o el nombre de la entidad que la remite, pues no resulta lógico deducir que podría el sindicado confundir la citación con una de aquellas que se le envía en su calidad de fiscal delegado, pues tal deber lo cumple en las dependencias oficiales y no en su residencia particular, la que muy seguramente no reporta en los procesos que instruye, en tanto, que el defensor debía estar realizando una vigilancia permanente a cada uno de los asuntos que le habían sido confiados.
Luego, en dicho trámite no se incurrió en irregularidad alguna, que haya conducido a cercenar o a limitar el ejercicio de los derechos del procesado, distinto es que se pretenda suplir la propia desidia con presuntos errores judiciales.
3. Omisión en el pronunciamiento oficioso de pruebas.
Entendida la facultad oficiosa del juez para ordenar pruebas como un desarrollo de la garantía constitucional de investigación integral que conlleva igualmente la verificación de las citas que haga el procesado y la necesidad de establecer la verdad real sobre los hechos materia de juzgamiento, no puede pretenderse que ésta sea ejercida sin arbitrio alguno, pues tanto el juez como los sujetos procesales deben atender los lineamientos establecidos por el artículo 232 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, es decir, que el juez solo podrá ordenar las pruebas conducentes y pertinentes para la demostración de los hechos a que se contrae el pliego de cargos o a demostrar las exculpaciones que en torno a los mismos haya ofrecido el inculpado y cuando quiera que éstos sean determinables.
Si bien es cierto, la defensa solicitó en la etapa instructiva varios testimonios (fl. 23, c.c. 2) de los cuales solo uno fue ordenado por la fiscalía sin que se hubiera recepcionado, al interponer el recurso de reposición contra la resolución de cierre de a investigación el interés del defensor se limitó a dos de ellos, interés que decayó en la etapa del juicio al guardar silencio.
Por demás, no se imponía su ordenación oficiosa ya que las pruebas solicitadas no estaban orientadas a desvirtuar los hechos atribuidos en la acusación, sino a demostrar que el sindicado actuaba de manera similar con otros sindicados y a verificar la clase de relación que mantenía con el grupo de abogados, aspectos que no incidían en el cargo formulado, pues como sostuvo el fiscal delegado la conducta reiterada del procesado no desdibuja la imputación hecha.
De otra parte el apelante no realizó esfuerzo alguno en demostrar la trascendencia de la omisión probatoria en el pliego acusatorio, o en qué forma podría afectar el ejercicio de una defensa adecuada de manera tal que resultara imperativo su declaratoria oficiosa.
Estos razonamientos permiten a la Corte señalar que en el trámite cumplido en el juzgamiento no se ha incurrido en irregularidad alguna que conlleve el cercenamiento de garantías procesales, motivos por los cuales se confirmará la decisión impugnada.
En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal.
Confirmar la providencia del pasado 26 de febrero, emanada del Tribunal Superior de Bogotá.