Source: https://www.scribd.com/document/79006218/DCO-Recopilacion-apuntes-BORRADOR-v2
Timestamp: 2017-06-23 02:37:07
Document Index: 104975578

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 9', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 23', 'Artículo 14', 'artículo 57', 'artículo 57', 'Artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 28', 'Artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 53', 'Artículo 10', 'Artículo 14', 'Artículo 55', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 25', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 7', 'artículo 28', 'artículo 37', 'artículo 40', 'Artículo 36', 'artículo 35', 'artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 7', 'artículo 28', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 14', 'artículo 30', 'Artículo 54']

DCO Recopilación apuntes BORRADOR v2Uploaded by Campus 2.0Related InterestsConstitutionRightsState (Polity)SpainDemocracyRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: Recopilación revisada de apuntes de Derecho de la Comunicación, del doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, curso 2009-2010.View MoreRecopilación revisada de apuntes de Derecho de la Comunicación, del doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, curso 2009-2010.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentDERECHO DE LA COMUNICACIÓNApuntes de la asignatura BORRADOR
TEMARIO DE LA ASIGNATURA El concepto de derecho natural frente al de derecho positivo El orden jurídico en el sistema social. La visión global de la pirámide de Kelsen. La estructura de la Constitución 3 5 La construcción histórica del constitucionalismo. El péndulo de Hauriou 7 El Preámbulo de la Constitución: un análisis lingüístico El Título Preliminar de la Constitución. Análisis. Artículos fundamentales: 1, 2 y 9 13 14 El Título I de la Constitución: el patrimonio jurídico de la ciudadanía El Artículo 10: el concepto de persona y su relación con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre La Sección 1ª del Capítulo Segundo. Artículo fundamental: 14 La Sección 2ª del Capítulo Segundo El Capítulo Tercero 16 17 19 24 24 El Capítulo Cuarto. Artículo fundamental: 53 El Tribunal Constitucional ANEXOS 25 26 27 Este sumario se corresponde con el temario propuesto para el examen de la asignatura. En los apuntes se recogen otros conceptos. No obstante se recuerda que en el examen se valorará la relación de todos los conceptos tratados en las clases. CAMPUS 2.0
Definición y disyuntiva de la definición de derecho Derecho: Constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que es suyo (traducción de la expresión romana que hace referencia a la voluntad; es decir, se trata de de un trabajo que arranca en el propio corazón de las personas). Esta expresión nos remite a la pregunta siguiente: ¿qué es de cada uno? El derecho es voluntad, un trabajo que arranca en el corazón de uno. Por otro lado, existe una realidad fáctica sobre lo que es de cada uno, es decir, la propiedad. De ahí que se haga necesario un lenguaje jurídico, que es una doble articulación semántica y sintáctica en la cual, a través de reflexionar en los conceptos y articularlos en ese sintagma verbal, conseguimos articular una expresión entendida por otros. Es necesario además entender que el propio lenguaje verbal surge de la necesidad de expresar algo a otros componentes de nuestro entorno. Si no existiera esa necesidad, no existiría el lenguaje; así que aunque lo parezca, no existe un lenguaje natural, puesto que es construcción de las personas. En tanto se considera un lenguaje artificial, y por tanto algo antinatural, podemos deducir que el derecho nos lleva a controlar nuestros propios impulsos (que serían lo propiamente natural). Aquello a lo que nos incita la naturaleza es lo que nos impide el derecho. La cultura representa la neurosis del ser humano, y a partir de la cultura surge el derecho que, en principio, nos priva de la felicidad más inmediata. Ello nos diferencia de los animales. No obstante, Rousseau nos plantea la posibilidad de la consideración de persona (como ser pensante y por lo tanto ser jurídico) desde nuestro nacimiento, lo que convertiría al derecho en un concepto natural; y es en este punto donde encontramos la disyuntiva de las definiciones y conceptos propios del derecho. Sólo encontramos el concepto de derecho en el reconocimiento de la personalidad del otro. Es a partir de Erasmo de Rotterdam y la aparición de la escuela de Salamanca (y esencialmente con el pensamiento de los dominicos) cuando surgen las primeras reflexiones sobre las que se construye la idea de la personalidad: para ser personas necesitamos compartir derecho. Hasta entonces somos animales y no estamos en el marco de la civilización. También el derecho, como lenguaje, necesitará varios hablantes. Lo que se quiere enunciar es que el derecho necesita una pluralidad de participantes, es decir, no existe derecho sin la pluralidad social. No obstante podemos plantear estas reflexiones con anterioridad con el Código de Hammurabi (1728–1686 a.C.). Resumen: ‐El derecho tiene un carácter artificial. ‐Surge de la voluntad compartida de distintos seres humanos (en la idiosincrasia no existe la posibilidad de derecho). ‐El derecho tiene una doble característica: es un elemento volitivo, es decir, quiere dar a cada uno lo que es suyo, entendiendo “lo que es suyo” dentro de la estructura de leyes o estructura normativa (que nos hace la propuesta que determina qué es de cada cual). En Antígona de Eurípides se plantea el conflicto entre el concepto de ley natural y ley póstuma. Antígona actúa en contra de las reglas de la ciudad enterrando a su hermano, porque una ley interior, llamémosla conciencia o ética, hace que considere que pese a haber sido su enemigo, también tiene derecho a un acto fúnebre digno como persona. CAMPUS 2.0 3
Es la sima ética que genera el nazismo lo que lleva a los juristas (a partir de 1945) a reincorporar el concepto de derecho natural. Fue Locke quien introdujo este término en sus obras como un modelo de convivencia social. Otra de las grandes dicotomías del derecho es la que opone el derecho positivo específico de cada momento y el derecho histórico. Ferdinández Saviní plantea que existen distintas maneras de actuar que vienen determinadas por la tradición que constituye y configura el marco del derecho jurídico; según él, no es tanto un derecho natural u original, sino lo que es la costumbre de los propios pueblos (“nos empapamos” de lo que nos rodea). Esto se enfrenta al derecho positivo, el cual es capaz de cambiar leyes; mientras que el derecho histórico es un derecho enraizado en las costumbres de un pueblo, en el que no es tan fácil cambiar normas. La estructura de toda norma entraña un elemento sancionador, ya que se presupone que la norma surge cuando la acción de un individuo puede crear perjuicios en otros. Una ley se convierte en una norma cuando se convierte en obligatoria. Esa fuerza de obligar procede de la época en que la norma tenía una cierta santidad. Algo sagrado se introduce en la norma; sancionar la ley es convertirla en sagrada. Es necesario, en derecho, incorporar una tercera dicotomía dentro de los campos de derecho, que sería la distinción entre derecho público y derecho privado. Entendemos como derecho privado el planteamiento de un principio de equilibrio de derecho civil o de igualdad (que resuelve todas aquellas relaciones que implican conflictos entre personas). Es la raíz del derecho. En su marco, la estructura clásica es la del derecho civil (conflictos entre personas). _ Dentro del derecho privado también existe el derecho mercantil. Surge en la era medieval. La herencia recibida de la época romana no se caracterizaba por su unicidad, de modo que los comerciantes no estaban amparados por procedimientos y garantías ágiles. Surgieron entonces elementos como el arbitraje (propagado hasta la actualidad). El derecho público no se basa en el principio de igualdad, como el anterior, sino que pretende favorecer a quien sufre un mayor daño (la sociedad). Hay instituciones nacidas en el derecho privado que se ramifican hacia el ámbito público. Por ejemplo el derecho laboral. Los contratos laborales sufren una evolución a lo largo de la historia desde el S. XIX, por la que el derecho, como fruto de la desigualdad social existente entre las empresas y los trabajadores, asume que no existe igualdad a nivel jurídico. El Estado regula las acreditaciones mínimas de tal manera que la relación de las empresas y los trabajadores adquiere un cariz social (de ahí la intervención estatal). Las ramas específicas del derecho público son: la construcción del propio estado (derecho público o constitucional), relaciones entre el sujeto y la administración (derecho administrativo) imponiéndose una serie de factores diferentes en las que intervendrán diferentes elementos para la protección de la administración o del Estado que representan la integridad de la sociedad. En los últimos años, sin embargo, se está produciendo un retorno a la privatización que implicaría un reflujo del derecho para compensar el exceso de protección en el que incurría el derecho público. El ámbito de la información normalmente se enmarca en las bases del derecho público. CAMPUS 2.0 4
_ La estructura del sistema jurídico. El orden jurídico en el sistema social. El lenguaje jurídico se basa en símbolos. Como individuos precisamos de esa estructura simbólica, que nos remite al lenguaje. Dado que mediante el lenguaje construimos la realidad, no somos capaces de concebir la realidad sin una normativa jurídica. La estructura normativa toma como referencia el modelo de Hans Kelsen, uno de los grandes juristas de principios del siglo XX y exponente del positivismo jurídico. Su pirámide representa un modelo deóntico: una estructura jurídica jerarquizada, de carácter obligatorio, que se recoge en códigos y en sucesivas normas de orden superior, cuya subordinación las convierte en obligatorias (es decir: toda norma de rango inferior procede o se basa en una de categoría superior, y además depende de ella en caso de derogación). Norma de soberanía (Constitución)
Pirámide de Kelsen En la pirámide de Kelsen, el vértice superior corresponde a una norma de soberanía, lo que, en los países desarrollados, se conoce como constitución. Es el ordenamiento jurídico de más alto rango, y se apoya, según Kelsen, en diferentes orígenes, como pueden ser la religión, la fuerza o el consenso. Sin embargo, este autor desprecia ese origen como objeto de estudio, ya que, según él, trasciende los límites de lo jurídico para adentrarse en el terreno de lo sociocultural. CAMPUS 2.0
Desde una perspectiva opuesta, el elemento que determina la validez de la norma de soberanía es, según Rousseau, la voluntad general. Así, dicha voluntad general debe ser absoluta (no sujeta a norma). Y eso significa que la Constitución, siendo la suprema de las leyes, queda sometida a la voluntad general, que no obedece a ninguna ley: pertenece al poder político (como poder público). El pueblo, como soberano, es quien posee la autoridad: los funcionarios sólo velan por el cumplimiento de la norma. Sin embargo, en la práctica, se da una contradicción por la que el individuo no se considera soberano. Rousseau consideraba que debe actuar como tal incluso desde su individualidad (no únicamente de manera conjunta con otros individuos). La pirámide de Kelsen se divide en tres estamentos: _ Definimos tres niveles; en el superior se encuentra la norma de soberanía, es decir, las normas constitucionales, que no es sólo la Constitución, sino también las normas que adquieren una competencia soberana. En el segundo nivel están las leyes, o, de forma más amplia, normas con rango de ley. En el nivel más bajo de la estructura kelseniana se encuentran las normas con rango reglamentario, que incluyen desde normas de alto nivel político hasta circulares de la facultad o las normas que pone un profesor. Legitimidad de la norma de soberanía. Como ya se dijo, esta norma tiene su origen en un elemento extrajurídico, pues es el eslabón último de la cadena: no hay normas por encima de ella. Ese marco extrajurídico lo englobamos en la política, y esta, en un estado democrático, depende de la voluntad general. Sin embargo, no se puede hacer una diferenciación total entre lo jurídico y lo político, en tanto todo texto constitucional abarca también la estructura política. _ CAMPUS 2.0
Factores de concentración del poder Poder. Durante la Edad Media existía un modelo de poder tributario, de modo que cuando cambiaba el poder (debido a una invasión o a otra causa) el modelo permanecía invariable. El poder se configura desde una concepción imperial: una pirámide en cuya cúspide se encuentran el Emperador y el Papa, a quienes los reyes, que ostentan el mandato en pequeños territorios, rinden vasallaje. En ocasiones también existe vasallaje entre reyes. La particularidad del derecho feudal reside en que, mientras el emperador tiene competencia sobre el territorio, el Papa la tiene sobre el espíritu. Territorio. A partir del siglo XII, los juristas aprecian que el orden existente ha entrado en declive. Se aplica la Reforma Gregoriana, impulsada por los papas desde León IX hasta Bonifacio VIII, y cuyo propósito es el retorno a los valores originales del cristianismo, así como la implantación de un modelo de vida acorde a los textos bíblicos. De forma paralela, cada reino deja de depender de la figura imperial y se establece como una estructura independiente, basada en la unificación de un poder y un territorio. Como dice Alfonso X: «El rey es emperador en su propio reino». Ideología. Posteriormente, durante el Renacimiento y hasta el Barroco (S. XVII) tiene lugar un proceso ideológico, por el cual la religión se vincula al poder para aumentar su influencia. Surgen las universidades, siempre bajo la premisa del fortalecimiento y el desarrollo de las formas de control por parte del poder imperante. Población. Por último, en el siglo XVIII se da una unidad poblacional; mediante los procesos revolucionarios, el poder recae en el pueblo, que se identifica con el territorio dando lugar al nacionalismo como forma política. _ La construcción histórica del constitucionalismo En el S. XVII, Thomas Hobbes introduce, por primera vez, el concepto de comunidad en su obra «Leviatán». El término hace referencia a un monstruo marino de la Biblia que posee un poder descomunal. El Leviatán (un cuerpo formado por otros cuerpos menores) representa al Estado, como una institución a favor de la cual renunciamos al poder que nos es propio y, por lo tanto, a la violencia que, de forma natural, nos conduce a la destrucción; homo homini lupus: el hombre es un lobo para el hombre. Es decir: delegamos nuestra fuerza en el Estado para que éste construya la sociedad y defienda los intereses de sus ciudadanos, debiendo renunciar éstos, incluso, a la autodefensa. Dicha concepción del Estado se corresponde con la legitimación que da la política a todo el orden jurídico. La doctrina de Hobbes, de corte pesimista, se propaga a lo largo de los siglos XVII y XVIII hasta llegar a Rousseau, para quien, por el contrario, la ley nos ayuda a ser libres; sin embargo, la idea de la construcción del estado se encuentra ya en el S. XII, con la identificación del poder con un determinado territorio, como promulgaba el papa Gregorio VII. La Iglesia es, por lo tanto, el punto de partida del estado moderno, lo que explica su influencia decisiva hasta finales del S. XVIII, cuando acaecen la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. En el S. XVIII la vida giraba en torno a la Ilustración pero se mantenía una forma de gobierno de monarquía absoluta (que, por su parte, no estaba sujeta a ninguna norma). Los estados europeos luchan por la hegemonía en el continente, a raíz de la extinción de algunas de las CAMPUS 2.0 7
antiguas dinastías, como sucede en España en el año 1700 a raíz de la muerte de Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias; hecho que desencadena la Guerra de Sucesión. En Austria sucedió otro tanto tras el fallecimiento de Carlos VI en 1740. No obstante, el conflicto más importante fue la Guerra de los Siete Años en la que tomaron parte numerosos contendientes provocando que se extendiera a la India y a las colonias de Norteamérica. #1. Ver mapa En el frente americano, la Guerra de los Siete Años causó a Francia la pérdida del control estratégico del río Misisipi. Inglaterra, por su parte, recibió buena parte de los territorios franceses, no sólo en América sino también en la India; pero la guerra tuvo un coste económico muy alto. El agotamiento de las arcas motivó que ambos gobiernos, inglés y francés, aumentaran la presión fiscal para conseguir recursos económicos. En el caso de Inglaterra, considerando que los mayores beneficiarios de la Guerra habían sido las colonias norteamericanas, se procedió a gravarlas de forma más severa, desencadenando la Guerra de Independencia. En Francia, mermado el poder colonial, la búsqueda de recursos se centró en su territorio continental. En 1789, Luis XVI procedió a convocar los «Estados Generales» para paliar la situación económica. Éstos eran tres: la nobleza, el clero y el pueblo llano. La última reunión de esta asamblea había tenido lugar en 1614, ya que los sucesivos monarcas habían preferido evitar contar con la voz del pueblo llano en la toma de decisiones. La convocatoria de los Estados Generales es un proceso que reviste cierta modernidad. Los representantes de cada región son elegidos mediante un proceso electoral y llevan un mandato específico de la asamblea que les escoge, recogido en cuadernos de quejas. Por lo tanto, son representantes civiles, con un mandato imperativo. Aun así, la toma de decisiones se hacía a través de un sistema de un voto por cada estado, de modo que las alianzas entre la nobleza y el clero siempre terminaban por desplazar la voluntad del pueblo. Como consecuencia de la Revolución Francesa el Tercer Estado, es decir, el pueblo, abandona los Estados Generales y se constituye como Asamblea General. En primer lugar, entienden que los problemas que debe resolver Francia son mayores que lo que se recogen los cuadernos de quejas, y los queman. El pueblo se erige en representante de la Nación: asume un mandato representativo. En segundo lugar, rechazan reunirse con la nobleza y el clero y logran que algunos miembros de estos estamentos se unan al Tercer Estado. Tal es el caso del sacerdote E. Sieyès, que escribe un artículo titulado «¿Qué es el Tercer Estado?», a lo que responde que es la nación; esta identificación excluye a los otros estamentos de la nacionalidad: ya no les considera franceses, sino enemigos. En tanto el Tercer Estado se convierte en el único Estado, surge una identidad que perdura hasta nuestros días: la del estado‐nación, como una asociación total del territorio con el pueblo. Durante la primera mitad del siglo XIX, este modelo desarrolla una conciencia social que da lugar al romanticismo (en el arte) y a un movimiento político parejo: el nacionalismo, que establece una relación directa del individuo, no ya con el territorio de su estado, sino con su nación. El patriotismo, surgido en la Revolución Francesa (en la que los revolucionarios se denominaban a sí mismos patriotes, patriotas), también está ligado al nacimiento de la acción política terrorista. Los revolucionarios (ya desde el Estado) pusieron el marcha el Terror como «la justicia rápida, severa, inflexible», en palabras de M. Robespierre. Se trataba, en realidad, de defender los logros de la Revolución y luchar por el establecimiento de las libertades; sin CAMPUS 2.0 8
embargo, se trata de una forma de acción que «devora a sus propios hijos», como dijo P. Vergniaud. Desde este momento histórico, los sucesivos gobiernos hacen uso del Terror; cuando Napoleón es vencido en Waterloo y se restaura la monarquía borbónica en Francia (1815), Luis XVIII promueve el Terror Blanco. Considérese, entonces, que el terrorismo como fenómeno sociopolítico surge bajo el amparo de la legalidad y del Estado. _ M. Hauriou, uno de los grandes constitucionalistas de mediados del siglo XX, plantea una metáfora pendular para explicar la evolución que el modelo de Estado ha vivido a raíz del primer impulso revolucionario en América y Francia a finales del S. XVIII. De acuerdo a las leyes de la Física, este péndulo oscila de forma constante y nunca pasa dos veces por un mismo punto. En su trayectoria se distinguen cuatro procesos, que dan lugar a otros tantos momentos revolucionarios: ‐REVOLUCIÓN FRANCESA. Se produce un cambio en el sistema, instigado por la alta burguesía, que es quien establece unos derechos fundamentales, de tipo individual: los derechos civiles (a diferencia del Antiguo Régimen que se basaba, principalmente, en la discriminación). Dentro de esos derechos se pueden encontrar el derecho a la propiedad y el principio de igualdad. Ello supone el abandono de los estamentos y la creación de una estructura de clases. También se liberan los bienes de manos muertas, como las tierras de la Iglesia, mediante procesos de desamortización; se impone, en definitiva, un modelo de constitucionalismo liberal, de derecho. CAMPUS 2.0 9
‐Primera restauración monárquica o Reacción. Luis XVIII en Francia (1815) y Fernando VII en España (1813) recuperan el trono y tratan de retornar a un modelo absolutista, reconstruyendo las antiguas instituciones y estructuras. Esta situación tiene algunos altibajos (como el Trienio Liberal en España) que provocan su agotamiento a partir de 1830. ‐REVOLUCIONES ROMÁNTICAS. Entre 1830 y 1835, y posteriormente en 1848 y 1870, se producen una serie de revoluciones con ideales democráticos. Se establece un modelo constitucional y democrático, dentro del que la pequeña burguesía se erige en la clase dinamizadora del progreso; quedan instituidos los derechos políticos. La pequeña burguesía se sirve de la competencia asociativa para poder avanzar más que de manera individual, creando y potenciando estructuras intermedias para relacionarse con el Estado: asociaciones y colegios de periodistas, abogados, médicos… Grupos que, en principio, palian su escasez de recursos con su amplia cultura. Así, la pequeña burguesía adquiere un mayor poder no sólo a nivel político, sino en todas las expresiones artísticas, lo que motiva la búsqueda de unas raíces: el concepto del nacionalismo. Fruto de ello, tienen lugar varias guerras de independencia, como la de Grecia (1821‐31) del Imperio Otomano; y otros conflictos democratizadores, como los que en 1848 (Segunda República) y 1871 (Comuna de París) tienen lugar en Francia. Los ideales comunistas de Karl Marx inspiran algunos de estos movimientos, que provocan la desestabilización de los estados europeos. ‐Segunda restauración monárquica (Restauración): Este movimiento puede considerarse constitucionalista (no opuesto, en este sentido, a la corriente revolucionaria anterior) aunque basado en una ideología conservadora. Fruto de este nuevo modelo se dan la Tercera República Francesa, la unificación de Italia bajo el reinado de Víctor Manuel II o la creación del Imperio Alemán (II Reich) con Otto von Bismarck. Algunos textos constitucionales de este periodo son fundamentales para comprender el modelo actual, como por ejemplo la Constitución de la III República Francesa o la española de 1876. La mujer se convierte en un sujeto dinámico y revolucionario y es en esta época cuando se producen las primeras reivindicaciones sociales por parte de este colectivo. Numerosas obras literarias dan fe de esta tendencia: Madame Bovary, Anna Karenina, La Regenta… Sin embargo y al igual que con las causas en pro de la libertad sexual (Oscar Wilde) y religiosa (Alfred Dreyfus), la Justicia de los diferentes estados siempre tomó medidas de carácter conservador. Por otra parte, es el momento histórico en el que surge el capitalismo moderno. Desde finales del siglo XIX tiene lugar el expansionismo imperialista de las grandes potencias europeas, principalmente hacia el continente africano, con una finalidad de explotación económica. África es dividida en colonias: por ejemplo el Congo belga, sometido al expolio de Leopoldo II. Los países ocupadores, ansiosos de expandir sus mercados, pronto entraron en conflicto. Francia e Inglaterra se disputaban el centro del continente en pos de la construcción de un eje territorial que atravesara África (de norte a sur los ingleses; de este a oeste los franceses). Alemania trataba de hacerse con el control de un espacio estratégico en la costa del Atlántico norteafricano, por lo que también forzó un enfrentamiento con Francia. #2. Ver mapa. En el Extremo Oriente, Rusia y Japón se enfrentaron repetidamente; y el Imperio Otomano, en descomposición, era un objetivo preciado para Rusia, Austro‐Hungría y los reinos balcánicos. Todos estos puntos de fricción desembocaron en la I Guerra Mundial en 1914, a raíz del asesinato del príncipe Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. CAMPUS 2.0 10
‐I GUERRA MUNDIAL. Finalizada la guerra, comienza un nuevo periodo de corte progresista: desaparecen los antiguos imperios y dan lugar a nuevos estados, la mayoría de ellos en forma de repúblicas (la U.R.S.S. a partir de la Revolución Rusa, la República de Weimar en Alemania; el Imperio Austro‐Húngaro se desintegra en varios países con limitado poder y territorio, como son Austria, Hungría, Checoslovaquia y Serbia). El esfuerzo que se ha llevado a cabo para lograr la finalización de la guerra no ha estado relacionado directamente con el poder de los ejércitos, sino con el aspecto económico: Alemania ya no disponía de más recursos financieros ni armamentísticos como para seguir en combate, pese a que sus tropas aún no se habían rendido. Debido a esta circunstancia, los trabajadores, el proletariado, se encuentra en una situación ventajosa (como motor de la actividad económica de los estados) y comienzan a serle otorgados derechos sociales, en el marco del constitucionalismo social: derecho a la huelga, a un salario justo, y, en general, al trabajo. Se llega a los “Felices años 20”, en los que predomina un estilo de vida alegre, que se manifiesta en las formas de ocio y de cultura (vanguardias, cubismo, etc.), opuestas al formalismo del arte y el modelo social de principios de siglo. ‐Fascismo. Sin embargo, en 1929, una grave crisis económica desemboca en el Crack del 29 de la Bolsa de Nueva York, que rápidamente tiene consecuencias para la economía mundial. Se dan casos de hiperinflación (Alemania) y se expande el fascismo como forma política en toda Europa. Mussolini había accedido al poder en Italia en 1922 y su modelo establece las pautas para los demás movimientos totalitaristas, amparándose en una cierta legitimidad intelectual, al estar apoyado por algunos movimientos culturales (futurismo) y por la interpretación de algunas corrientes filosóficas, como en el caso de Nietzsche. Hitler accede al poder en Alemania en 1933, Franco en España en 1939 al término de la Guerra Civil, y en otros países el fascismo está cerca de convertirse en la fuerza predominante. Tal es el caso de Francia, Inglaterra y Japón, cuyas ambiciones imperialistas le llevan a alinearse con el régimen nazi. ‐CONSTITUCIONALISMO MODERNO. Al finalizar la II Guerra Mundial, el carácter antihumanista de los regímenes fascistas es reemplazado por una vuelta al humanismo en el constitucionalismo de cuarta generación (según el esquema de Hauriou). Se priman los derechos de los ciudadanos, tratando de desarrollar la plenitud de la persona como integrante de la sociedad. _ Ejemplos de este nuevo constitucionalismo son textos como la Ley Fundamental de Bonn (1949), la Constitución de la República Italiana (1947), la de las IV y V República Francesa (1946 y 1958, respectivamente) o la Constitución española actual (1978). Pese a su carácter humanista, es preciso señalar que todas estas constituciones también se ven afectadas por diferentes procesos: la descolonización de numerosos territorios por parte de las potencias europeas, los conflictos a distancia (Vietnam, Guerra Fría) y la desaparición de los últimos reductos del fascismo, como en Portugal (Revolución de los Claveles, 1974). Los estados se organizan en instituciones como la ONU, bajo cuyo amparo y con el referente del constitucionalismo europeo se crean muchas de las nuevas constituciones de cuarta generación. Estados Unidos, que se mantiene fiel a su texto de 1787, es la única excepción a esta evolución. Una evolución que entraña contradicciones (esclavismo, regímenes CAMPUS 2.0 11
autoritarios) que, no obstante, no enturbian el espíritu liberador de los hombres que emana de los sucesivos textos. Es en este momento histórico cuando la actual Constitución española encuentra su razón de ser. Ver información complementaria en Anexo. CAMPUS 2.0
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 La Constitución es la norma de soberanía del Estado español. No debe entenderse como un marco, sino como un proyecto que implica un continuo desarrollo. Se trata de un recorrido delimitado por la convivencia, y que debe tener sentido en cada momento presente; ya que el poder constituyente de la Constitución (la Nación) es el conjunto de ciudadanos a quienes rige. Preámbulo de la Constitución PREÁMBULO La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España1 en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.
La constitución es, más que un marco, una estructura limitada por los marcos de la convivencia. Es un camino que nos impulsa continuamente a avanzar. Es un texto que tiene sentido en el presente. La voluntad popular es anterior a todo orden normativo y, por lo tanto, surge de la propia Constitución. El poder constituyente somos todos: la reclamación de un cambio o sustitución en la constitución debe partir de la propia voluntad de los ciudadanos. 1. La globalización ha introducido un dilema en la consideración del concepto pueblo, al desplazarse, cada vez en mayor medida, los ciudadanos entre diferentes estados. De tal modo que, actualmente, pueblo puede referenciar a los grupos sociales oriundos de España tanto como a los que habitan en el territorio estatal. Al respecto, es interesante resaltar que las leyes de un Estado son aplicables en el extranjero, en tanto no atenten contra el orden público. CAMPUS 2.0
El Título Preliminar de la Constitución Los nueve primeros artículos de la Constitución son una sinopsis del texto. Se pueden clasificar en cuatro bloques: • • • • Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho1, que propugna como valores superiores2 de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado3. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria4.
Artículos 1* y 2*. Resumen específico de la naturaleza de la Constitución. Artículos 3, 4 y 5. Donde se definen los elementos de la nación española. Artículos 6, 7 y 8. Establecen los pilares del funcionamiento del Estado. Artículo 9*. Piedra angular del equilibrio constitucional. Los artículos marcados con un asterisco fueron resaltados como de especial importancia por el profesor. 1. Esta definición es una herencia del constitucionalismo histórico. Hace referencia a los derechos adquiridos en los anteriores periodos constitucionalistas (sociales y políticos). 2. No se recoge de forma explícita la naturaleza del nuevo constitucionalismo, pero se insta a lograrlo en la supeditación del texto a los valores superiores que propugna. 3. Se establece una igualdad entre ciudadanos, y además se hace constar que el gobierno corresponde a la Nación. Este planteamiento se opone a la concepción de un pueblo ajeno a las cuestiones políticas que imperaba en el pasado; ahora, las estructuras del poder emanan del pueblo. 4. La organización del Estado corre a cargo de un sistema de representación parlamentaria. El pueblo elige a unos representantes; por lo tanto, no es correcto hablar, en este sentido, de una separación de poderes (ya que el único poder es el del pueblo). Esta es una perspectiva que plantean numerosos constitucionalistas desde Jean Bodin hasta la actualidad. Se pueden definir dos modelos en función de la relación de los diferentes poderes entre ellos: ‐Modelo parlamentario. Uno de los poderes tiene potestad de veto y de control sobre las decisiones de los otros. Tal es el caso de una monarquía absolutista (origen de este modelo), en la que el Rey podía desestimar las decisiones de las Cortes. En el modelo parlamentario, los poderes están supeditados a una instancia superior. Es el modelo establecido en España. Al respecto, pueden consultarse los artículos 66, 102 y 106 de la Constitución. En este modelo, existe una interpretación constitucional individualizada o iurisdictio (se dicta la ley, desde el poder legislativo), y otra interpretación constitucional abstracta o iurisdatio (se provee y se ejerce la ley, desde el poder judicial). ‐Modelo presidencialista. Los diferentes poderes tienen una competencia electiva independiente, de forma que las instituciones son inviolables, ya que no pueden ser juzgadas por otras instituciones. Este modelo está presente, por ejemplo, en Estados Unidos. Da lugar a que los diferentes poderes puedan ostentarlos fuerzas políticas de diferente signo. CAMPUS 2.0 14
Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad1 de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía1 de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas2.
Este artículo establece el modelo territorial de España. 1. Se incurre en una aparente contradicción entre ambos conceptos, que además se relacionan mediante una conjunción copulativa y. De ello se deduce la no oposición de la unidad y la autonomía, entendida a la vez como una cualidad (nacionalidad) y una naturaleza (región), Debe considerarse el momento histórico en el que es promulgada la Constitución; el constituyente reconoce la (entonces futura) existencia de esa realidad autonómica, pese a haber sido ignorada hasta ese momento. Este es un ejemplo de la Constitución como un proyecto en constante evolución. 2. El equilibrio entre unidad y autonomía reposa sobre el principio de solidaridad, que tiene una dimensión social, cultural y económica, como se desprende del Capítulo I del Título VIII del Texto (artículos 137, 138 y 139). Artículo 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Este artículo 3 establece la unidad lingüística de España. Artículo 4. 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5. La capital del Estado es la villa de Madrid.
Ambos artículos, 4 y 5, hacen referencia a la unidad administrativa de España. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su activi-dad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Artículo 8. 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
Estos tres artículos establecen los elementos básicos para el funcionamiento del Estado: los partidos políticos, los sindicatos y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, una lectura histórica de la Constitución permite plantear cómo, en el artículo 7, el papel de los sindicatos ha sido asumido, en parte, por el asociacionismo solidario de los ciudadanos (comunidades, organizaciones no gubernamentales); mientras que en el artículo 8, no sólo las Fuerzas Armadas, sino también la Policía y otros cuerpos de seguridad, desempeñan la defensa de la soberanía y el ordenamiento constitucional. La inclusión de las Fuerzas Armadas en detrimento de otros cuerpos es fruto de la tradición histórica. Artículo 9. 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico1. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas2; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales2, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
1. Este artículo sienta el carácter obligatorio de la norma constitucional; como cúspide del ordenamiento jurídico, contiene su propia afirmación normativa (no depende de ninguna otra norma). Al mismo tiempo, se refiere al resto del ordenamiento jurídico porque la Constitución lo excede: también se adentra en el ámbito del ordenamiento político. 2. La obligatoriedad de la Constitución tiene por finalidad la defensa de la libertad de los ciudadanos. Fruto de ello, existe el principio de irreversibilidad, por el cual no se pueden restaurar impedimentos a dicha libertad una vez han sido eliminados de la normativa. Las nuevas normas (del rango que sean) no pueden ser regresivas en cuanto a las libertades, y para ello deben tener como modelo a las normas vigentes. _ El Título I de la Constitución: De los derechos y deberes fundamentales El Título I sirve como encaje constitucional. Constituye el patrimonio jurídico de la ciudadanía. Nada en él es superfluo; se trata de un título largo y complejo. Su organización consiste en un primer artículo (artículo 10), que queda fuera de la estructura de caja del resto de los artículos. #4. Ver sumario del Título I. CAMPUS 2.0 16
Artículo 10 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España1.
Estamos frente a uno de los derechos más esenciales y vitales del ser humano, entendiendo que la dignidad es el respeto debido a toda persona, por encima de sus circunstancias propias, y que prohíbe cualquier tratamiento que pueda suponer un menoscabo en el ejercicio de los derechos fundamentales. Con este artículo, la persona adquiere una dimensión por encima de todas las realidades jurídicas. Este marco específico en el que se encuentra delimitada la persona se encuentra en el segundo punto de este artículo, planteando un proceso de integración en nuestro sistema constitucional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DIDH, que rige en las situaciones de paz (ius ad bellum); y del Derecho Internacional Humano, DIH, que rige en las situaciones de guerra (ius in bello). La Constitución recoge la normativa de esos tratados, de modo que establece el cumplimiento de todos los derechos humanos. 1. Una lista de dichos tratados puede consultarse en: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=10&tipo=2 ‐El Capítulo Primero. A lo largo del Capítulo Primero se establecen los derechos de los ciudadanos. La CE establece la siguiente clasificación de derechos: ‐Del art. 14 al 29 nos encontramos con los derechos fundamentales y libertades públicas. ‐Del art. 30 al 38, derechos y deberes de los ciudadanos. ‐Del art. 39 al 52, principios rectores de la política económica y social. Los derechos fundamentales nacen con el objetivo de limitar el poder estatal, protegiendo así la esfera propia de los ciudadanos. Tienen una doble perspectiva: por un lado, impedir injerencias del Estado en el ámbito personal, y por otro, implican el reconocimiento de determinadas competencias que tiene que llevar a cabo el Estado. Mientras que algunos de esos derechos son comunes a todos los ciudadanos, existen otros cuya aplicación depende de la persona. Tal es el caso del artículo 13. Artículo 13 1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
Los derechos de los extranjeros pueden considerarse desde tres grandes perspectivas: según el origen de la persona, según el desarrollo convencional o legal, y a través de los derechos específicos de los españoles. Por nacionalidad se puede entender la nacionalidad de origen (la del estado en el que se nace), pero también la nacionalidad adquirida mediante la residencia. En este sentido, el sistema español exige que el extranjero lleve diez años viviendo de forma legal y continuada en territorio español. Existen, no obstante, una serie de privilegios que reducen este plazo a cinco años para refugiados políticos; dos para ciudadanos iberoamericanos, filipinos, judíos, sefardíes y, por proximidad, naturales de Andorra, Portugal y Marruecos. El plazo queda reducido a un único año en algunos casos: extranjeros con un cónyuge español, hijos de españoles nacidos fuera del territorio nacional, e hijos de padres extranjeros nacidos en territorio español; caso en el que se da la opción de hacerse con la doble nacionalidad. También existe la figura de la Carta de Naturaleza, por la que el Gobierno, mediante Real Decreto, concede la nacionalidad a determinadas personas. Una vez se han denotado los derechos, su estructura se recoge en los capítulos segundo y tercero del Título I. En el Capítulo Segundo aparecen los derechos que requieren abstención por parte de los ciudadanos, es decir, que se comporten como sujetos pasivos. Por ejemplo, en el caso del derecho a la vida; se reclama que nadie mate a nadie, es decir, un acto de pasividad. Son derechos surgidos en los tres movimientos constitucionalistas previos. En el Capítulo Tercero se obliga al Estado a una serie de acciones; se tratan de derechos sociales o de prestación, que acarrean un determinado coste económico. Estos derechos son nuevos, fruto del último movimiento constitucionalista. Establecen los principios de solidaridad entre los ciudadanos, por lo que unifican la sociedad, proveyendo mecanismos para proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por razón de su edad o cualquier otra forma de desprotección. ‐El Capítulo Segundo se divide en dos secciones; la Sección 1ª está compuesta por derechos fundamentales y libertades públicas (son derechos puros, que no implican ningún condicionante), mientras que los derechos recogidos en la Sección 2ª entrañan una obligación en sí mismos. Por ejemplo, el derecho a la creación de empresas conlleva una serie de responsabilidades hacia los accionistas y los trabajadores de las empresas. Todos ellos son derechos heredados de anteriores generaciones constitucionalistas. _ Artículo 14* Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
En base a este principio de igualdad, aunque en nuestra sociedad existen numerosos sistemas discriminatorios que son admisibles, otros son aborrecibles; la discriminación no puede estar fundamentada en la propia condición de nacimiento de la persona. Sin embargo, en el artículo 57, relativo a la Corona, existe una contradicción con este principio de igualdad, ya que en cuanto a la sucesión se prefiere la línea anterior a las posteriores; en la CAMPUS 2.0 18
misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. #5. Ver artículo 57. En el Art. 1 se establece la soberanía nacional, es decir, del pueblo; su representación legislativa la ejercen las Cortes Generales (Art. 66), así como la judicial recae en los Jueces y Magistrados (Art. 117). Estos representantes administran la soberanía popular y controlan la acción del Gobierno, que desempeña el poder ejecutivo. Como se recoge en el Art. 106, los Tribunales controlan la potestad reglamentaria. Pueblo Justicia (Iurisdictio) Corona Gobierno Cortes (Iurisdatio)
La Corona no tiene una legitimación soberana; su legitimidad es extraconstitucional, puesto que radica en el régimen franquista (por desestimar la dinastía que habría permitido reinar a D. Juan de Borbón) y en la personalización del título de Rey en una persona concreta, como se recoge en el Art. 57. La Corona también es de una naturaleza extrademocrática, puesto que no emana de la soberanía popular. Estas características hacen difícil plantear una reforma constitucional acerca de la preferencia del varón sobre la mujer. Ya que, ante dicha reforma, se plantea la disyuntiva de abolir todos los demás derechos recogidos en el Art. 57, pues atentan igualmente contra lo estipulado en el Art. 14; con el condicionante añadido de que los primeros artículos de la Constitución son considerados de una importancia mayor que los últimos. _ • Sección 1ª. Recoge los derechos humanos, entre los que destaca el derecho a la vida, no limitado a una oposición a la muerte, sino dotado de otros matices humanistas modernos como la defensa de la integridad física y moral de la persona. Artículo 15 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
Este planteamiento se recoge en el artículo 15. La vida adquiere una dimensión que excede lo biológico, y se entiende como calidad de vida. Por ello se prohíben la tortura y los tratos degradantes. Mientras el ordenamiento jurídico de otros estados modernos recoge la pena de muerte, en países como España existe una movilización por la erradicación de esta pena a nivel internacional, que se manifiesta, por ejemplo, en la negativa a extraditar a individuos a países con pena de muerte. Ya que se entiende que, no ya la ejecución del reo, sino la espera para el cumplimiento de esta condena, es degradante y por lo tanto atenta contra la dignidad del individuo y sus derechos fundamentales. CAMPUS 2.0 19
En relación con este artículo, la Constitución también recoge el derecho a la libertad (personal, circulatoria, de pensamiento y, ligada a este, la libertad de expresión); así como a la seguridad, que implica una serie de derechos de protección social, los cuales aparecen en el Capítulo III de la Constitución junto a los derechos colectivos. Artículo 16 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
En cuanto a la libertad ideológica, el Estado no puede entrometerse en la conciencia de los individuos, ni obligarles a manifestarse acerca de ello. Lo que define un ataque a esta libertad es la intencionalidad de la pesquisa, ya que en otras ocasiones responde únicamente a fines administrativos. La interdependencia de estos dos derechos fundamentales: el derecho a la información y el derecho a la libertad ideológica es verdaderamente marcado. Ambos dependen para su pleno ejercicio del otro. Las personas elaboran sus planteamientos ideológicos a partir de la información y de la formación que poseen y que reciben. Estructuran e interpretan la información y los datos a partir de la ideología que detentan. Nuestra libertad ideológica exige y requiere un pluralismo en nuestra educación y formación y, por supuesto, también de nuestra información. Si la información que recibimos solo nos muestra una única perspectiva o enfoque de la realidad nuestra libertad ideológica será más ilusoria que otra cosa. Los ciudadanos de un país que no disfruten de un pluralismo informativo y de un auténtico derecho a la información no podrán disfrutar un verdadero derecho a la libertad ideológica. Artículo 17 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
Referido a la actuación del Estado en cuanto a la libertad de la persona y a su seguridad, con el apoyo del Código Penal. Sólo el Estado puede privar de libertad a los ciudadanos, y debe hacerlo con unas condiciones estrictas, si es de forma preventiva. CAMPUS 2.0
En caso de que no se respeten esas condiciones, la autoridad estará incurriendo en un delito. Se dan dos figuras asociadas a este artículo: o El habeas corpus: Obligación de poner al detenido a disposición de un juez de forma inmediata, a petición de un allegado al detenido (familiar, abogado) o del Defensor del Pueblo. o La enmienda Miranda: Los detenidos deben ser informados de su situación, de los hechos por los que se les acusa y por los que son detenidos. Artículo 18 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Relativo a la libertad y la seguridad, en cuanto al derecho a la intimidad (concepto antiguamente conocido como derecho al honor). Incluye la protección de la imagen, el domicilio y la propia intimidad como ámbitos concéntricos a la persona física, en los que esta se desarrolla física e intelectualmente. INTIMIDAD DOMICILIO IMAGEN
La inviolabilidad del domicilio lo convierte en una esfera de protección de los individuos ante el poder y ante la vida pública. Por lo que respecta al concepto de intimidad, incluye toda manifestación de la persona en cualquier lugar, sea físico o virtual. Artículo 19 Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
Este artículo no está dirigido a todas las personas, como los anteriores, sino a aquellas que tienen la nacionalidad española. Artículo 20 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
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b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Libertad de prensa. En este derecho existe un sujeto activo plural, ya que no sólo el emisor de la información tiene derecho a informar, sino que el receptor lo tiene a ser informado. Existe una tradicional confrontación entre este derecho y el derecho a la intimidad. A la hora de analizar el derecho a la información tenemos que atender a dos cuestiones que forman parte de la mayoría de los derechos fundamentales y que en el Derecho de la Información adquiere una especial relevancia. Nos referimos a la esfera individual y social de este derecho. Hay derechos que a pesar de tener gran trascendencia para el individuo, tienen un marcado carácter social, como por ejemplo, el derecho de reunión, de asociación o de sufragio. De la misma forma, existen otros derechos que teniendo una importante vertiente social, se encuadran claramente en el ámbito particular e individual del sujeto, como el derecho a la intimidad. Sin embargo, se hace difícil precisar si el derecho a la información se incluye más en la esfera individual o en la esfera social de la persona. La información juega un papel fundamental para la sociedad, pero no es menor su papel para la información del individuo. De ahí la importancia de este derecho en cada una de las dos esferas, la individual y la social. _ Los artículos 21, 22 y 23 recogen derechos de ejercicio colectivo. Estos derechos surgen en el constitucionalismo de segunda generación, ya que en un primer momento se consideraba que el asociacionismo y la delegación en las instituciones empobrecían los derechos individuales. Sin embargo, hacia el primer tercio del S. XIX surgieron las primeras asociaciones obreras, como cuerpos mediadores entre el poder y el pueblo llano. Hoy día, el asociacionismo se considera imprescindible, lejos de las antiguas posturas abstencionistas. Artículo 21. 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
Artículo 22 1. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes.
Este derecho de participación política de todos los ciudadanos debe ponerse en relación con el artículo 28, que recoge el derecho a la sindicación y a la huelga. El derecho al voto es el derecho a la libertad de expresión política, mediante el que el pueblo expresa libremente su pensamiento político, sus ideas políticas en la elección de nuestros gobernantes. Posiblemente sea en el derecho al voto donde se aprecie con mayor claridad la clara dependencia de este derecho respecto del derecho a la información. Si un gobierno tiene controlados los medios de comunicación social, si la información que llega al pueblo es la que quiere, elige, selecciona, elabora y manipula el gobierno, las elecciones en ese país nunca serán verdaderamente libres. Los artículos siguientes recogen los derechos de garantía. Hacen referencia específica a la seguridad de los ciudadanos. Artículo 24. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
La tutela efectiva establece que los poderes públicos tienen como única razón de ser hacer accesibles los derechos a la persona, y garantizarle una calidad de vida digna. El aparato judicial se encarga de esta misión de protección al ciudadano. El artículo 24 también ampara la defensa de los intereses públicos aun no existiendo una defensa de los intereses personales. CAMPUS 2.0 23
Artículo 25. 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
El principio de irretroactividad civil establece que la finalidad de las penas privativas de libertad es la reinserción social de los individuos. Esto inhabilita la pena de muerte y la de cadena perpetua). El sistema penal no es punitivo, sino que está destinado a la futura concordia social. Por ello hay delitos que no tienen prescripción. […] Lectura y comentario de los artículos 26‐29. • Sección 2ª. En esta parte del articulado se recogen derechos funcionales: conllevan una serie de obligaciones. Algunos de ellos han sido derogados, como el servicio militar, para adaptarse a la realidad sociocultural de cada momento histórico. Como ejemplo, en el servicio militar la defensa del Estado no era sólo un deber sino también un derecho, como también lo es la sustentación del Estado mediante el pago de impuestos. En definitiva, quien tiene estos derechos tiene, también, la potestad de decidir sobre ellos y sobre sus fines. Por este motivo surgen las fundaciones y las colegiaciones; que, además del beneficio de sus miembros, tienen una determinada utilidad social. Véase el derecho a la propiedad, o la libertad de empresa, que acarrea una responsabilidad social corporativa para con la protección del empleo, de los accionistas y del entorno ambiental. […] Lectura y comentario de los artículos 30‐38. _ ‐El Capítulo Tercero. De los principios rectores de la política social y económica. Este capítulo no se enuncia como un compendio de derecho, sino como una conceptualización social. Son derechos modernos, y por ello no se tratan de la misma forma que los derechos ya constituidos, sino con una visión de futuro. Hacen referencia a la solidaridad, y requieren de los ciudadanos una actitud activa, no ya por obligación sino para el propio disfrute de los derechos, que precisan de la participación común. Estos derechos de prestación se oponen, por lo tanto, a los derechos asistenciales, puesto que no son de caridad: implican el beneficio de quien asume su carga, que, al hacerlo, también recibe un compromiso para disfrutarlos. Tienen un coste económico que supone una fuerte carga impositiva para la sociedad. Los principios de solidaridad se diferencian de la naturaleza animal, que, por ejemplo, no protege a los individuos de avanzada edad. Fruto de esta diferencia, se habla de solidaridad como un compromiso que excede los límites biológicos, y que permite alcanzar la plenitud a CAMPUS 2.0 24
quienes, per se, no tienen acceso a las prestaciones sociales (personas en situación de desamparo). […] Lectura y comentario de los artículos 39‐52. _ ‐El Capítulo Cuarto. Se trata de un capítulo breve que sólo comprende dos artículos. Se refiere al riesgo que existe de que las normas no cumplan con los preceptos constitucionales y legales. Dicho riesgo se da en dos fases. En primer lugar, durante el desarrollo normativo; es decir, cabe la posibilidad de que el planteamiento normativo no se adecue a la legalidad vigente. En segundo lugar, a la hora de la aplicación y ejecución de las normas; es decir, si la ley dispone unos mecanismos cuyo cumplimiento implica actos antijurídicos. Artículo 54. Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
Se prevé, en el artículo 54, la figura del Defensor del Pueblo como un instrumento encargado de velar por los intereses del pueblo en la utilización del marco jurídico. Puesto que el pueblo es el constituyente, esta figura llama la atención por manifestar la necesidad del pueblo de defenderse de la normativa que de él mismo emana. En la actualidad, el Poder Judicial ha ganado terreno al Defensor del Pueblo, por lo que la actuación de este ya no es tan frecuente ni tan determinante como al principio de la etapa democrática. […] Lectura y comentario del artículo 53. Los derechos recogidos en el Capítulo Segundo y en el Capítulo Tercero de la Constitución se regulan de la siguiente forma, atendiendo a su importancia: Articulado CE Capítulo Segundo Desarrollo normativo Ejecución Principios de preferencia y sumariedad Recurso de amparo (TC) Principio de sumariedad Jurisdicción ordinaria Procedimiento ordinario Jurisdicción ordinaria Sección 1ª Ley orgánica* Sección 2ª Ley ordinaria Ley ordinaria Reglamentación Capítulo Tercero * En el art. 81 CE se recoge que el desarrollo de los derechos fundamentales requiere ley orgánica. _ CAMPUS 2.0
El Tribunal Constitucional Los orígenes del control de constitucionalidad moderno están en los postulados de Kelsen. De acuerdo con su modelo, las leyes se desarrollan en las Cortes, en representación del pueblo soberano. Originalmente, los legisladores no admitían la posibilidad de que una institución enmendara las decisiones tomadas en representación popular. Sin embargo, sí era necesario un organismo que regulara la potestad normativa de las Cortes dentro de los límites constitucionales que se habían positivado. Este problema, por el contrario, no ha existido en países como Inglaterra, donde ha perdurado una constitución consuetudinaria; la legislación se agiliza y la mayoría de las cuestiones están sujetas a la interpretación puntual del Parlamento. Pese a la inestabilidad que sugiere este modelo, se ha probado de una mayor consistencia que el nuestro. Existen dos modelos de control constitucional. El primero surge de la Revolución Francesa, que tiene lugar contra un régimen absolutista y reclama el poder para una Asamblea. El segundo parte de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que se rebelan contra el imperialismo de corte liberal de la metrópolis inglesa; lo que estos reclaman es el control del poder parlamentario. Crean una Constitución como una norma jurídica, otorgando a los tribunales la potestad de defender sus postulados. Este modelo es el que inspira a Kelsen para establecer su modelo de ordenamiento jurídico, creando un legislador negativo: allá donde exista una legislación que exceda los límites del ordenamiento, el legislador borra las normas; pero en ningún caso puede crearlas. El modelo de España está a medio camino entre el modelo jurisdiccional y el legislativo; esto es lo que provoca los problemas sobre su funcionamiento. Cuenta con dos herramientas: el recurso de inconstitucionalidad, que tiene un carácter político; y el recurso de amparo. El TC actúa como un Tribunal por encima del Tribunal Supremo, una última instancia, al igual que sobre el Tribunal Europeo lo es sobre el TC, y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU lo es sobre el Tribunal Europeo. El Tribunal Constitucional no surge del pensamiento democrático, sino del pensamiento jurídico. Esto debe plantear la conveniencia de mantener esta institución en un Estado moderno. Se trata, al fin y al cabo, de crear un orden jurídico por encima de la soberanía del Estado, pero esta es una competencia que han asumido los organismos internacionales, dando lugar, incluso, al concepto de justicia universal. Los estados son pequeños para tratar las grandes cuestiones relativas al Derecho. Por ejemplo, en los conflictos bélicos, en las fronteras se producen choques entre la soberanía de los contendientes, dándose una ausencia de derecho; una institución como el Tribunal Penal Internacional tiene competencia para observar y juzgar los hechos que allí sucedan; algo que es imposible para un órgano como el TC. CAMPUS 2.0
ANEXO #1. Las colonias norteamericanas antes de la Guerra de los Siete Años (volver al texto) CAMPUS 2.0
#2. Las colonias africanas antes de la I Guerra Mundial (volver al texto) CAMPUS 2.0
#3. Proceso de conceptualización de los derechos (volver al texto) El nacimiento del estado soberano supone la aparición de los derechos fundamentales. Posteriormente el reconocimiento de estos derechos se convirtió en requisito indispensable para la existencia de un autentico estado de derecho. En definitiva, el ejercicio de los derechos fundamentales representa un acto de defensa frente a las intromisiones del poder en la esfera de la libertad individual. Es necesario crear un control de ese Estado a través de los derechos fundamentales. Se distinguen las siguientes fases en el proceso de desarrollo y reconocimiento de los derechos fundamentales: 1. Iusnaturalismo: Se refiere al derecho natural. Existen unos derechos permanentes e inmutables, anteriores al Estado y a las leyes e inherentes a la naturaleza del hombre. 2. Positivación: Proceso por el cual se plantean por escrito los derechos fundamentales. Serán únicamente derechos fundamentales aquellos que reconozcan la Constitución y las leyes. 3. Generalización: Esos derechos fundamentales ya no van a ser privilegio de una clase sino que se convierte en titular de los derechos fundamentales el pueblo (todas las personas independientemente de su estatus social o residencia). 4. Internacionalización: Aparece en el s. XX cuando la declaración universal de la ONU en 1948 y otros pactos internacionales posteriores reconocen estos derechos de forma internacional. La Constitución Española (CE) de 1978 refleja cada una de esas fases de la siguiente manera: • • La influencia del Iusnaturalismo se refleja en el art. 1 de la CE a través de los valores superiores que recoge: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En cuanto a su positivación, nuestra CE incluye en el capítulo 2, título 1º el catálogo de derechos fundamentales. Según García de Enterría estos derechos gozan de un plus de constitucionalidad. En primer lugar, estos derechos van a vincular a todos los poderes públicos (art. 53. 1); se van a desarrollar a través de una ley Orgánica (art. 81). El art. 168 de la CE establece un procedimiento extraordinario para su reforma. Un ejemplo de Generalización lo podemos encontrar en el art. 14 de la CE. “Todos somos iguales ante la ley”. En cuanto a la internacionalización, la CE, art. 10, establece que las normas de derechos se interpretarán de acuerdo a los Derechos Universales del hombre, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras instituciones y acuerdos internacionales. • •
#4. Sumario del Título I de la Constitución (volver al texto) Título I. De los derechos y deberes fundamentales Artículo 10 Capítulo primero. De los españoles y extranjeros Artículos 11-13 Capítulo segundo. Derechos y libertades Artículo 14 Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas Artículos 15-29 Sección 2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos Artículos 30-38 Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica Artículos 39-52 Capítulo cuarto. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales Artículos 53-54 Capítulo quinto. De la suspensión de los derechos y libertades Artículo 55
#5. Artículo 57 de la Constitución (volver al texto) Artículo 57 1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. 2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. […]
ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN El Título Preliminar de la Constitución. Artículos fundamentales: 1, 2 y 9. En el Título preliminar de la Constitución se nos obliga a estructurar la Carta magna reproduciendo su estructura en una síntesis, clasificable en cuatro bloques: ‐ El primero lo componen los artículos 1 y 2, que recogen la proclamación de la nación española como un Estado social y democrático de derecho donde la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político priman como valores superiores. La soberanía nacional reside en el pueblo y es de donde emanan las estructuras de poder del Estado. Se impone la Monarquía parlamentaria como forma política (el pueblo elige a sus representantes y los poderes están supeditados a una instancia superior). Se establece el modelo territorial del Estado español, donde se garantiza el derecho a la autonomía a la vez que la indisoluble unidad de la Nación española, por lo que la Constitución no se opone a la unidad y la autonomía, que reposa sobre el principio de solidaridad social, cultural y económica entre las diversas partes del territorio español, atendiendo en particular a las zonas insulares. ‐ El segundo bloque esta compuesto por los artículos 3, 4 y 5, en relación a la unidad lingüista de España, donde se proclama el castellano como lengua oficial siendo también oficiales las demás lenguas españolas de acuerdo con los Estatutos de las respectivas Comunidades Autónomas; ambas son patrimonio cultural objeto de respeto y protección. Se dan a conocer la composición y colores de la bandera española así como el reconocimiento de las banderas de las Comunidades Autónomas. Se establece como capital del Estado la villa de Madrid. ‐ En el tercer bloque, recogido en los artículos 6, 7 y 8, se reconocen los elementos básicos para el funcionamiento del Estado: ∙ Los partidos políticos expresan el pluralismo político y son instrumentos fundamentales para la participación política; su creación y actividad es libre siempre que respete la Constitución y las leyes. ∙ Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios (este papel ha sido asumido por el asociacionismo de los ciudadanos); su creación y actividad son libres siempre que se respete la Constitución y las leyes. ∙ Las Fuerzas Armadas, compuestas por los ejércitos de Tierra, Aire y Armada que garantizan la soberanía e independencia de la Nación española, defienden su integridad territorial así como el orden constitucional (debe incluirse el trabajo de otros cuerpos como la Policía y otros cuerpos de seguridad). Sus bases serán reguladas mediante ley orgánica. ‐ El último y cuarto bloque lo compone el artículo 9, piedra angular de todo el equilibrio constitucional. Proclama que todos los ciudadanos y los poderes públicos quedan sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (establece a la Constitución como norma suprema que contiene su propia regulación normativa y es de donde deriva todo el ordenamiento jurídico). Por otro lado, corresponde a los poderes público promover las condiciones de libertad e CAMPUS 2.0 31
igualdad del individuo y de los grupos que forma parte sean reales y efectivas, debe eliminar los obstáculos que impiden a los ciudadanos formar parte de la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza unos principios generales del derecho: Legalidad (conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Íntimamente relacionado con la reserva de ley), jerarquía normativa, publicidad de las normas y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas (las nuevas normas no pueden ser regresivas en cuanto a las libertades y deben tener como modelo las normas vigentes, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El Título I de la Constitución: el patrimonio jurídico de la ciudadanía Es en el titulo primero donde arranca la practica más dogmática de la Constitución, sirve como encaje constitucional, que da sentido a todo el mecanismo del que se compone. El índice muestra su complejidad; queda dividido en capítulos, secciones y artículos que pueden parecer desorganizados que, sin embargo, dan sentido a todos los demás. Podría entenderse mejor mediante una metáfora de cajas: El título abarca y comprende los demás artículos aunque se encuentre separado de ellos. La dignidad de la persona se convierte en el fundamento de todo el sistema y adquiere dimensión en todo el mundo jurídico; fundamentado en tratados internacionales de derechos humanos que quedan incorporados a la Constitución (Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en situaciones de paz y el Derecho Internacional Humano en situaciones de guerra). ¿Cómo se va a tener acceso a los derechos desarrollados en este Título? ¿Hay elementos que modulan estas situaciones? El art. 11 hace alusión al código civil y el acceso a la nacionalidad española, el art. 12 habla de la mayoría de edad, el art. 13 de lo extranjeros; sin embargo, el art. 10 nos habla de la persona, y los extranjeros, junto con los menores también lo son, por tanto, poseen una carta de derechos fundamentales. En lo que respecta a la ciudadanía, se accede a ella en base a dos acontecimientos: ∙ Origen: Basada en el principio de sangre (España reconoce la nacionalidad española de origen cuando se pertenece a la tercera generación de nacidos en el territorio nacional), aunque no rige en todos los países (ciudadanía de suelo, que reconoce como propios a aquellos que nacen dentro de su territorio). ∙ Adquisición: con una nacionalidad anterior, podemos adquirir la española de 3 formas: a) Opción: Se posee doble nacionalidad reconocida por el Estado cuando existe un tratado específico entre países. b) Carta de naturaleza: Se concede la nacionalidad a aquellas personas cuyos méritos merezcan el honor de poseer una nacionalidad característica. c) Residencia: Se exige un periodo de tiempo residiendo de manera continuada. En algunos casos pueden darse situaciones especiales (en España, iberoamericanos, CAMPUS 2.0
judíos‐sefardíes, colonos, portugueses deben residir tan sólo dos años frente a los diez que se les exige al resto). Una vez accedido a los derechos; los capítulos segundo y tercero contienen una estructura compleja: el capítulo II contiene los derechos acumulados en toda su historia mediante herencias del propio derecho; por el contrario, el capítulo III profundiza en la modernidad, formulando derechos que se deben construir (propio de las constituciones siguientes a la II Guerra Mundial). También podemos diferenciarlos en base a los “modos de ser”: en el capítulo II, el sujeto pasivo debe no actuar (el derecho a la vida en realidad afirma “no me mates”; son, por tanto, derechos de abstención. El capítulo III, por su parte, obliga a la actuación; los sujetos pasivos (en este caso, el Estado y los poderes públicos) deben actuar. El derecho a la salud entiende que es el Estado quien debe proveer a los ciudadanos de hospitales y personal médico). Son derechos de solidaridad que normalmente suponen un coste económico para el Estado. La sección I del capítulo II cita los derechos “puros”, que no entrañan ningún tipo de contraprestación o condicionante; sin embargo, los de la sección II conllevan una responsabilidad y unas obligaciones. ARTÍCULO 10 El art. 10 queda fuera de la estructura de caja del resto del Título I, y sirve como introducción a todo el desarrollo de los derechos, para poner de manifiesto que están basados en la Declaración de los Derechos Humanos. En este artículo se exponen los principios más importantes de toda persona, sus derechos y deberes fundamentales. El texto cita los derechos de la persona en dos categorías, los que se recogen textualmente a continuación: • En la primera categoría establece: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. • Y a continuación: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Si nos fijamos en el primero de los apartados, aquí la Carta magna pretende garantizar los derechos personales de todo individuo –esto es, su desarrollo como persona ‐ pero, a su vez, el texto se preocupa por el desarrollo de esa persona dentro de una comunidad o sociedad. Por eso, la Constitución habla de “libre desarrollo de la personalidad” pero también se refiere al “respeto a la ley”. Y es que, esa libertad de la persona tiene también sus límites: respetar la legislación y los derechos de los demás. Según el texto, de esa forma quedaría garantizado el orden político y la paz social; un objetivo clave de este texto fundamental que regula el Estado español. Ahora pasemos a analizar el segundo apartado. Evidentemente, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce son de suma importancia para todo ciudadano. Por eso, este texto no se quiere limitar únicamente a citarlas. Pero tampoco lo desarrolla. CAMPUS 2.0 33
Lo que hace es remitir en este artículo 10 a la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde todo esto queda garantizado y a la que se acogen multitud de países, todos los constitucionalistas. Además, el texto prevé que estos derechos, por su importancia, requieran un desarrollo mayor o una explicación en otro tipo de documentos legales que se pueden desarrollar en un ámbito trasnacional. Por ello establece en este artículo (como un principio a tener en cuenta con posterioridad) que los tratados y acuerdos internacionales que se hagan sobre este mismo asunto y que sean ratificados por España también se tendrán en cuenta para interpretar estos derechos de la persona. Capítulo II. Derechos y libertades. Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (artículos 15‐29) Podríamos decir que esta sección de la Constitución es una copia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, libertades y derechos que fueron conseguidos en la Revolución Francesa (1789). La sección se divide en 14 artículos, en los cuales se intenta cubrir las dos clases distintas de derechos fundamentales: los individuales y los que han de ser ejercidos en común. Los derechos individuales son aquellos que los individuos gozan como particulares. En la constitución los encontraríamos recogidos entre los artículos 15 y 20 y cubren los siguientes aspectos: Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y prohibición de la pena de muerte( salvo en tiempos de guerra); libertad ideológica, religiosa y de culto; derecho a la seguridad y a la libertad personal; derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; derecho a elegir libremente residencia y a circular por el territorio nacional; derecho a la libertad de expresión , divulgación y libertad de cátedra. Estos son entendidos como derechos naturales desde su reivindicación en el siglo XVIII en Francia, entendidos como aquellos que posee el hombre por el mero hecho de haber nacido, otorgados por el orden natural mismo, sin participación humana, y por tanto no pueden ser ni desconocidos ni ilegitimados por las autoridades. Se los puede caracterizar de inalienables, inmanentes e imprescriptibles. Los derechos en común son aquellos que los individuos gozan en compañía de un grupo. Los encontramos recogidos entre los artículos 21 y 29 de la Constitución española y cubren los siguientes aspectos: Derecho de reunión pacífica y sin armas; derecho de asociación; derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, bien directamente, bien escogiendo libremente representantes mediante sufragio universal; prohibición de los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración Civil y de las organizaciones profesionales; derecho a la educación y a la libertad de enseñanza; y por último, el derecho a la sindicalización libre ( libertad a la hora de hacer huelgas). Dentro de los derechos en común encontramos dos artículos, el 24 y el 25, dedicados a las garantías procesales. Es decir, los derechos que disfrutan los españoles ante la justicia. El artículo 24 aclara que todo individuo tiene derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio jurídico, obligando así que ningún sujeto quede bajo indefensión. Por otro lado, el artículo 25 sostiene que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones cometidas que CAMPUS 2.0
en el momento del acto no constituyeran un delito según la legislación vigente de aquel momento. Quedarían así recogidas la primera parte de los derechos fundamentales y las libertades públicas de la sociedad española, que, como anteriormente hemos dicho, está claramente ligada con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa. Aunque en nuestra Constitución se ve una mayor evolución y desarrollo de las libertades a causa del transcurso de la Historia y de la continua lucha del hombre por aquellos privilegios que le corresponden. Para concluir decir que también es visible en esta sección la característica principal que rige la Constitución española de 1978: El poder emana del pueblo. Es decir, es el pueblo el que decide por sufragio universal quiénes serán sus representantes (y serán estos representantes gente de a pie), qué pautas educativas y religiosas se instalarán en las instituciones pedagógicas, la libre asociación, libertad de expresión (art. 20) pudiendo por este derecho criticar, valorar o desaprobar los actos de cualquier autoridad, ya sea escogida por el pueblo, como es el caso del presidente, o tratarse de una autoridad monárquica de carácter hereditario, como sería la Familia Real española. Sección 2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos En esta parte del articulado se recogen derechos funcionales: conllevan una serie de obligaciones. Como ejemplo, en el servicio militar la defensa del Estado no era sólo un deber sino también un derecho, como también lo es la sustentación del Estado mediante el pago de impuestos. En definitiva, además del beneficio de sus miembros, estos derechos tienen una determinada utilidad social. Además quien posee estos derechos, como contribuyente a que funcionen, tiene, también, la potestad de decidir sobre ellos y sobre sus fines. Algunos de los derechos de esta Sección han sido derogados o modificados, debido a la naturaleza cambiante del contexto sociocultural de la Constitución. Es el caso del servicio militar, que ya no es obligatorio; y del matrimonio, que en la actualidad puede celebrarse entre personas del mismo sexo. No se trata de derechos fundamentales, y por lo tanto no cabe para ellos el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque tienen una reserva de ley (ordinaria) para preservar su ejercicio. Se pueden catalogar como derechos del ámbito público y de carácter socioeconómico. Artículo 30. Servicio militar y objeción de conciencia. Con la supresión del servicio militar obligatorio (Ley 17/1999) y la profesionalización de los Ejércitos, se ha de valorar la distinción entre "el deber de defender a España" y la obligación de "cumplir el servicio militar". El primero, se reconoce en el apartado uno y el segundo, de acuerdo con lo que exprese la ley, en el apartado dos. El deber de defender a España es un concepto más amplio que las posibles obligaciones militares que se puedan imponer a los ciudadanos por el legislador, y que no queda regulado por éste en todos sus extremos. El establecimiento de deberes militares en la Constitución no es una novedad de la actual Constitución; por el contrario, tenemos antecedentes en la mayor parte de los textos históricos de nuestro país. No sucede así con la consideración de la participación en la defensa nacional como derecho, que aparece por primera vez en la Constitución de 1978 y CAMPUS 2.0
que hay que poner en relación con la extensión del principio de igualdad también al ámbito militar. Tampoco la objeción de conciencia tiene precedente. Artículo 31. Pago de impuestos. El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es una necesidad para el mantenimiento del Estado. Lo que genera discusión son las condiciones en las que de acuerdo con la Constitución debe cumplirse dicho deber. Por ello, se establecen los principios de universalidad, individualidad, igualdad y progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica, así como el principio de eficacia y economía en la ejecución del gasto. Artículo 32. Matrimonio. Desde el punto de vista del Derecho privado el matrimonio es un negocio de Derecho de familia que se perfecciona con la voluntad concordante de los contrayentes y que se expresa con la declaración que emiten los cónyuges de acuerdo con ciertos requisitos formales y materiales, como la capacidad o ausencia de impedimentos. El reconocimiento del derecho al matrimonio en la Constitución lo convierte en mucho más que un negocio privado, es la plasmación constitucional de la manifestación del derecho de toda persona a configurar libremente su vida, en tanto que reconoce y garantiza la capacidad de constituir una familia de acuerdo con las previsiones legales y constitucionales. Artículo 33. Derecho a la propiedad. Si bien la propiedad privada y la herencia se incluyen en el Capítulo Segundo del Título Primero, referente a los derechos y libertades, no se integra en los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª, sino que se sitúa entre los "derechos y deberes de los ciudadanos" de la Sección 2ª. Ello se debe a que la propiedad ha pasado de entenderse como el derecho individual y personal por antonomasia a ser un derecho "estatutario" y a articularse como una institución jurídica objetiva, cargada de limitaciones impuestas por la función social a la que se encuentra sujeta. Artículo 34. Derecho de fundación. La Constitución consagra el derecho de fundación como un derecho fundamental de segundo grado, excluido de la tutela del recurso de amparo, a pesar de la remisión que en este artículo 34 se hace al derecho de asociación (que sí tiene esta tutela constitucional). El concepto de fundación reconocido en la Constitución es el que la considera como "la persona jurídica constituida por una masa de bienes vinculados por el fundador o fundadores a un fin de interés general". El concepto de persona no equivale sólo al de ser humano, sino que es más amplio, ya que también incluye a las personas jurídicas, que pueden ser fundaciones o empresas. Estas se basan en la idea de compartir, presente en el credo de las religiones. Artículo 35. Derecho y deber del trabajo. El derecho al trabajo es una de las bases sobre las que se asienta jurídicamente el modelo laboral de nuestra Constitución. Este modelo comprende otras disposiciones constitucionales de carácter fundamental como son, entre otras, el reconocimiento del papel de los sindicatos (artículo 7), el reconocimiento del derecho de huelga (artículo 28), el reconocimiento de la negociación colectiva y los conflictos colectivos (artículo 37), y la distribución de la renta, la formación profesional y la seguridad e higiene en el trabajo (artículo 40). Todos ellos constituyen una sistemática que conforma la estructura de las relaciones laborales desde el punto de vista constitucional. El Derecho al trabajo como parte de este articulado aparece configurado como un derecho dinámico que comprende no sólo su reconocimiento formal sino también el deber de los Poderes públicos de promover su realización efectiva. Artículo 36. Colegiación. La libertad del ejercicio profesional se encuentra contemplada en dos preceptos constitucionales. Primero en el artículo 35 que reconoce con carácter general CAMPUS 2.0 36
el derecho a la libre elección de profesión u oficio y, segundo, este artículo 36 que establece la regulación de las profesiones tituladas. La libertad de elegir una profesión no tiene límites jurídicos, sí, en cambio, el ejercicio de la profesión, más aún cuando ésta se encuentra bajo la tutela de un colegio profesional. La Constitución no establece un modelo predeterminado de colegio profesional. Solamente impone que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". Artículo 37. Convenio laboral. Conflicto. El artículo 37 junto con el 35 y el 38 comprenden el marco constitucional de las relaciones laborales. Conforme este precepto, la ley debe garantizar el derecho a la negociación colectiva laboral y la fuerza vinculante de los convenios, reconociendo, además, el derecho de los trabajadores y empresarios a tomar medidas de conflicto colectivo. Hay vínculos estrechos con otros preceptos constitucionales: con el artículo 7, porque la negociación colectiva y los convenios son instrumentos utilizados por los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de empresarios para la defensa de sus intereses; con el artículo 28, también porque el derecho de huelga tiene un vínculo inmediato con las medidas de conflicto colectivo a las que se refiere este artículo. Artículo 38. Libertad de empresa. Este derecho conlleva una responsabilidad social corporativa para con la protección del empleo, de los accionistas y del entorno ambiental. También establece los límites dentro de los que han de moverse los poderes constituidos al adoptar medidas que incidan sobre el sistema económico de nuestra sociedad, que responde a un modelo de economía de libre mercado. Capítulo III El Capítulo III de la Constitución de 1978 hace referencia a los principios rectores de la política social y económica (poderes públicos) abarcando desde los artículos 39 hasta el 52. Artículo 39: Protección a la familia y a la infancia por parte de los poderes públicos que, además, han de dar protección oficial a los menores. Por otra parte, se obliga a la atención de los hijos, por parte de sus padres, dentro o fuera del matrimonio. Artículo 40: Se divide en dos apartados que hacen referencia a la obligación de promover el progreso social mediante la redistribución de la renta y la política orientada al pleno empleo. Además establece exigencia de la existencia y cumplimiento de una política de formación y readaptación laboral, así como de la seguridad, higiene y descanso del trabajador durante el periodo de la jornada laboral. Artículo 41: Establecimiento de un régimen público de la Seguridad Social para todos los ciudadanos, de tal manera que se garantice la cobertura de las prestaciones suficientes, especialmente, en caso de necesidad. Artículo 42: Artículo por el que el Estado ha de garantizar la salvaguardia de los derechos de los emigrantes españoles. Artículo 44: Los poderes públicos han de promover y tutelar el acceso a la cultura, la investigación científica con el fin de la obtención del beneficio general. Artículo 45: Derecho al disfrute del Medio Ambiente necesario para el desarrollo de la persona, motivo por el que los poderes públicos quedan obligados a velar por la utilización racional de los mismos reservándose el derecho de establecer sanciones penales. CAMPUS 2.0 37
Artículo 46: Garantía, por parte de los poderes públicos, de la conservación y enriquecimiento del enriquecimiento del patrimonio artístico determinando la sanción penal para aquellos que atenten contra dicho patrimonio. Artículo 47: Dos apartados que exponen el derecho a la vivienda digna y adecuada así como la obligación de los poderes públicos de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho mediante la regulación del suelo evitando posibles especulaciones. Por otra parte, la comunidad participará en la plusvalía de las acciones urbanísticas públicas. Artículo 48: Derecho a la participación por parte de la juventud en el desarrollo de la sociedad. Artículo 49: Realización de una política de previsión y atención de los disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales. Artículo 50: Garantía de pensiones adecuadas y actualizadas para la suficiencia económica de los ciudadanos de la tercera edad, siendo también necesario promover su bienestar. Artículo 51: Se divide en tres apartados que hacen referencia a la defensa de los consumidores, la información y educación de los mismos, y la regulación del comercio interior así como del régimen productivo. Artículo 52: La ley deberá encargarse de regular las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos propios, siempre que sea de manera democrática. Capítulo IV El capítulo IV de la Constitución habla de las garantías de las libertades y derechos fundamentales del ciudadano. Y trata los artículos 53 y 54. Artículo 53: De este artículo deriva el concepto esencial de «derecho fundamental» 1 y vincula a todos los poderes públicos y a la ley, además persigue la eficacia en el ejercicio de los mismos. Asimismo se establece que cualquier ciudadano puede alcanzar o exigir los derechos expuestos en el artículo 14 de la sección 1º de la constitución «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»; por otra parte establece la relación jurídica de derecho fundamental y su limitación así determina que cualquier ciudadano puede exigir dichos derechos por un procedimiento de principios de preferencia (ponderación judicial directa de los derechos y bienes en conflicto) y, en caso de que no funcionase, mediante el recurso de amparo ante el TC, aplicable a la objeción de conciencia del artículo 30: «La ley fijará las obligaciones militares de los Derechos Fundamentales: Son aquellos Derechos Humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo. De este modo podemos observar en la práctica que no siempre que se atenta contra los Derechos Humanos se atenta contra los Derechos Fundamentales. Comprenden junto a las libertades tradicionales, los nuevos Derechos de carácter económico, social y cultural. Los Derechos Fundamentales son una pieza fundamental del Constitucionalismo actual; tanto es así que las normas que los rigen son decisivas para determinar un modelo u otro de sociedad. Estado de Derecho y Derechos fundamentales mantienen una relación de mutua exigencia e implicación: Los Derechos fundamentales constituyen la principal garantía con la que cuentan los ciudadanos de un Estado de Derecho, y así éste se orienta hacia el respeto y la promoción de la persona humana. CAMPUS 2.0 38
españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria». Además se expone (en el apartado 3) el reconocimiento, respeto y protección de estos principios atendiendo a la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (previamente vinculados en el apartado 1) sólo pudiendo ser ordenados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que desarrollen. Regulando, de esta manera, el margen de intervención legislativa, la construcción jurisprudencial, los derechos fundamentales, entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional, el llamado «amparo ordinario» de los derechos fundamentales, el panorama legislativo e incertidumbres constitucionales y el marco de la exigencia constitucional. Artículo 54: Sobre el Defensor del Pueblo. «Una Ley Orgánica 2 regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.» Ley orgánica: Se trata de la ley que se necesita desde el punto de vista constitucional para regular algún aspecto de la vida social. Estas leyes tienen una competencia distinta a las leyes ordinarias y, por tanto, requieren de algunos requisitos extraordinarios (como la mayoría absoluta a la hora de su aprobación). CAMPUS 2.0 39
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