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Timestamp: 2018-08-16 19:21:53
Document Index: 143339236

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 151', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 121', 'artículo 450', 'artículo 450', 'artículo 60', 'artículo 450', 'artículo 450', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 450', 'artículo 1', 'artículo 450', 'artículo 450', 'artículo 450']

﻿ SENTENCIA 1576 DE ABRIL 3 DE 1991
SENTENCIA 1576 DE 03 DE ABRIL DE 1991
CONTENIDO:DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DE UN PARO, OBLIGACIÓN DE AUTORIZAR LOS DESPIDOS
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, PROCESO ADMINISTRATIVO, HUELGA ILEGAL, PROCEDIMIENTO LABORAL, AUTORIZACIÓN PARA EL DESPIDO DEL TRABAJADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:233 DE MAYO DE 1991, PÁG.389
Sentencia 1576 de abril 3 de 1991
OBLIGACIÓN DE AUTORIZAR LOS DESPIDOS
Ref.: Expediente 1576
Reconstrucción única instancia.
Bogotá, D. E., tres de abril de mil novecientos noventa y uno.
La sociedad Rodríguez & Gompf S. A. “Rogosa”, en demanda que en ejercicio de la acción de restablecimiento del derecho presentó ante esta Corporación, impetra la nulidad del artículo 2º de la Resolución Nº 858 de 17 de marzo de 1983 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se dispuso que la empresa no podía ejercer la facultad de despedir a los trabajadores que intervinieron en el cese de actividades realizado por éstos en 1982, el cual fue declarado ilegal mediante el artículo 1º de la misma resolución.
Así mismo, solicitó se le restableciera en el derecho disponiendo que “es facultad del patrono, en este caso de Rodríguez & Gompf S. A. ''''Rogosa”, terminar con justa causa los contratos de los trabajadores a quienes se probare o hubiere probado el hecho de haber organizado, promovido, fomentado o estimulado en cualquier forma el cese ilegal de actividades” (fol. 2).
Como hechos y omisiones fundamentales de a acción, se expusieron los siguientes:
“1. El día 1º de febrero de 1982, un grupo minoritario de trabajadores de la empresa Rodríguez & Gompf S. A. “Rogosa”, sin fundamento jurídico alguno, instaló carpas en las puertas de entrada a la empresa, prestó turnos periódicos de vigilancia para impedir el ingreso de los demás trabajadores a las instalaciones de la misma e incitó a otros para asumir similar conducta.
2. El cese de actividades así promovido interrumpió en forma total las actividades de la empresa y causó serio perjuicio a ésta y a los compañeros de trabajo.
3. El hecho fue oficialmente acreditado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de los inspectores enviados por la Sección de Relaciones Colectivas de Trabajo de la División Departamental de Cundinamarca; en actas que acreditan el cese de actividades durante el término anotado.
4. La empresa por su parte, con memoriales de fechas 3, 9 y 17 de febrero de 1982, radicados en el Ministerio del Trabajo con los números 2858, 3592 y 4745, respectivamente, solicitó en forma reiterada y oportuna a la señora Ministra del Trabajo, la pronta intervención de dicho Ministerio para restablecer el orden.
5. Por otra parte, la misma señora Ministra, doctora Maristella Sanín de Aldana, en sendas reuniones celebradas en su Despacho el día 9 de febrero de 1982, advirtió verbalmente a los representantes de la empresa y del sindicato acerca de la evidente ilegalidad del paro.
6. Por ello, la empresa jamás ofreció fórmulas conciliatorias y no adoptó conducta distinta que la de acogerse a los efectos previstos en las normas vigentes frente a la violenta ilegalidad de la falta cometida por el grupo de trabajadores.
7. Es un hecho notorio el perjuicio que se causa a una empresa a la cual se le suspende la actividad productiva durante 20 días. Ello indudablemente hace más ilegal la falta y permite establecer con mayor evidencia la seriedad de lo aquí expuesto.
8 Los mismos trabajadores causantes del paro, se vieron precisados a ponerle fin, el día 20 de febrero de 1982, sin que en ello obrara causa distinta a la simple aceptación de su imprudencia y de la gravedad de su falta.
9. Aproximadamente un año después, el 17 de marzo de 1983, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social dicta la Resolución 858, reconoce la ilegalidad del hecho, pero en el artículo 2O, niega al patrono el derecho de aplicar el criterio de justa causa legal, aduciendo no sólo presuntos acuerdos o fórmulas “conciliatorias”, sino también la misma tardanza del Ministerio en dar pronta respuesta a la respetuosa petición de la empresa''''. (fols. 2 a 4).
En el libelo se citaron como disposiciones violadas, aparte de los artículos 16, 30 y 45 de la Constitución, los artículos 60 —numerales 5º y 7º—, 450 —numeral 2º —y 451 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, así como los Decretos 2164 de 1959, artículo 1º, y 2004 de 1977, artículos 1º y 3º, en concordancia con el Decreto 2131 de 1976 (fol. 4).
“3. Acogiéndonos a los principios de la sana hermenéutica, sin desatender el tenor literal so pretexto de consultar el espíritu y considerando que donde la ley no distingue al interprete no le es dado distinguir, se puede observar en los anteriores preceptos que el C.S.T. y el decreto reglamentario aludido, en modo alguno, eliminan la facultad del patrono para despedir con justa causa a aquellos trabajadores que intervinieron en el paro ilegal y lo promovieron activamente.
4. En efecto, si bien el Ministerio del Trabajo está autorizado por el Decreto 2164 de 1959 para determinar algunos casos y circunstancias que permitan limitar el derecho patronal antes mencionado, no es menos cierto que tal autorización, en modo alguno y por ningún motivo puede interpretarse como una facultad para eliminar de plano un derecho consagrado expresamente, en las normas en mención.
Bien lo dice el precepto antes citado: se trata de proteger a quienes no hayan asistido al trabajo por causas “ajenas a su voluntad” pero pretender eliminar de plano la falta cometida por aquellos que intencionalmente promovieron y causaron la suspensión intempestiva del trabajo, es exceder el claro sentido de la norma, modificándola sin tener competencia para ello.
En efecto, si según el artículo 20 de la Constitución Nacional los funcionarios públicos son responsables no sólo por la infracción de la Constitución y de las leyes, sino por extralimitación de funciones, no existe norma laboral alguna que permita o faculte al Ministerio del Trabajo para eliminar, mediante resolución administrativa, la justa causa a que den lugar los ceses de actividades laborales injusta e intencionalmente promovidos.
5. La Resolución Nº 858, cuyo artículo segundo es objeto del presente recurso, reconoce en el artículo primero que es ilegal la suspensión de actividades que realizaron algunos trabajadores de la empresa Rodríguez & Gompf S. A. “Rogosa”, desde el 1º de febrero de 1982, hasta el día 20 del mismo mes y año.
6 Tal providencia administrativa solamente se dictó un año después del hecho, no obstante que, como ya se dijo, la empresa el día 3 de febrero de 1982 radicó la petición respectiva, ratificada posteriormente mediante memoriales presentados el 9 y el 17 de febrero de 1982.
7 En consecuencia, por razones imputables única y exclusivamente al mismo Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, solamente se resolvió la petición de la empresa después de un año de la ocurrencia del hecho.
El cese de actividades en Rodríguez & Gompf S.A. “Rogosa'''', se produjo entre el 1º y el 20 de febrero de 1982, período durante el cual es un hecho público y notorio que subsistía el estado de sitio decretado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2131 de 1976.
Por tanto, como es sabido que por mandato constitucional expresamente adoptado en el artículo 121 C. N, los decretos expedidos en uso de las facultades del estado de sitio suspenden la vigencia de las normas que fueren contrarias, no puede siquiera invocarse el artículo 450 C.S.T., numeral 2º, ni el Decreto 2164 de 1959, para eliminar la facultad patronal de terminar los contratos de trabajo, pues según el precitado D. L. 2004 de 1977, el cese de actividades en estado de sitio, por sí, constituye la justa causa potestativa del patrono, sin requerir previo procedimiento alguno ante la autoridad administrativa.
En otras palabras, el Ministerio no está autorizado para calificar la facultad patronal de despedir a los trabajadores que incurrieron en la ilegal conducta en cuestión, pues ésta tuvo lugar durante el estado de sitio y un decreto ley especial configuró esta falta durante este período como justa causa calificable por el patrono y aplicable en cualquier tiempo sin requerir intervención ministerial alguna y, mucho menos, cuando ésta ha tenido lugar para eliminar por medio de una resolución el derecho consagrado al patrono en una norma de superior jerarquía, vigente en la fecha en que ocurrió el hecho violando así un derecho adquirido.
9. Además, en la parte motiva de la Resolución Nº 858 en comento, el Ministerio del Trabajo fundamentó la decisión contenida en el artículo segundo de dicha resolución pretendiendo establecer una especie de prescripción atípica y original para curar la ilegalidad de una conducta de hecho por el transcurso de tiempo, cuando esta mora ha sido culpa exclusiva de la misma administración.
Pensar lo contrario, es aceptar que la mora del Ministerio del Trabajo para resolver, elimina la ilegalidad que el mismo Ministerio del Trabajo reconoce, le autoriza para exceder las facultades previstas en el artículo 450 C.S.T., y en el Decreto Reglamentario 2164 de 1959, y para violar abiertamente el derecho adquirido por virtud del Decreto-Ley 2004 de 1977, concordante con el Decreto 2131 de 1976, reformando normas de superior jerarquía y sentando un peligroso precedente por virtud del cual la mora de la administración es suficiente para cohonestar situaciones de hecho, reconocidas como ilegales y propiciadas por minorías anárquicas”. (fols. 4 a 7).
Destruido el expediente en noviembre de 1985, se le reconstruyó mediante el procedimiento establecido por el Decreto 3825 de 1985 y el proceso quedó por fallo, a lo cual se procede, no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado y previas las siguientes
Muestran los autos que efectivamente, a partir del 1º de febrero de 1982, se produjo un cese de actividades en la empresa demandante, verificado, día a día, por inspectores del Ministerio del Trabajo hasta el 23 del mismo mes (fols 22-34); que la empresa, el mismo día de iniciación del paro, obtuvo la intervención del Ministerio del Trabajo para “determinar la existencia de un cese de actividades producido sin razón legal alguna y la perturbación grave de las actividades laborales de la empresa con el objeto de que se levanten las medidas arbitrarias que impiden la actividad normal” (fols. 19-21) y luego, el 3 de febrero, solicitó al Ministerio “declarar la ilegalidad del paro colectivo de trabajo promovido por los trabajadores sindicalizados” (fols. 135-137), solicitud que luego se reiteró el 9 y el 17 del mismo mes (fols. 126, 148).
Ahora bien, la Resolución 00858, por la cual se declaró ilegal el cese de actividades, sólo vino a proferirse el 17 de marzo de 1983, más de un año después. En su parte resolutiva dispuso:
“Artículo Primero. —Declarar ilegal la suspensión de actividades que realizaron algunos trabajadores de la empresa Rodríguez & Gompf S. A. Rogosa.
Artículo Segundo. —La empresa no podrá ejercer la facultad de despedir a los trabajadores que intervinieron en el cese, por las razones aludidas en la parte motiva de la presente resolución”. (Fols. 15-18).
Como se ha visto, la entidad accionante enjuicia solamente el artículo segundo, invocando, junto con preceptos constitucionales, las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo contenidas en los artículos 60, 450, 451 y 488 del C.S.T. y los Decretos 2164 de 1959, 2004 de 1977 y 2131 de 1976.
Aparte del artículo 60, que consagra prohibiciones a los trabajadores, conviene recordar el texto de los artículos 450 —numeral 2— y 451 de la citada codificación, que más directamente se refieren a la situación planteada.
“ART. 450 —Casos de ilegalidad y sanciones.
2. Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el patrono queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado en él, y respecto a los trabajadores amparados por el fuero, el despido no requerirá calificación judicial. En la misma providencia en que se decrete la ilegalidad se hará tal declaración y se suspenderá por un término de dos (2) a seis (6) meses la personería jurídica del sindicato que haya promovido o apoyado la suspensión o paro del trabajo, y aún podrá decretarse su disolución, a juicio de la entidad o funcionario que haga la calificación''''.
“ART. 451. —Declaratoria de ilegalidad. 1. Lailegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo será declarada administrativamente por el Ministerio del Trabajo. La providencia respectiva deberá cumplirse inmediatamente, y contra ella sólo procederán las acciones pertinentes ante el Consejo de Estado.”
3. En la calificación de suspensiones colectivas de trabajo por las causales c) y d) del artículo anterior no se toman en cuenta las irregularidades adjetivas de trámite en que se haya podido incurrir” .
Como fácilmente se advierte, la facultad que la ley otorga al patrono para ''''despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado” en el paro, se presenta allí como la consecuencia inmediata o necesaria de la declaración de ilegalidad, vale decir, no son dos fenómenos aislados y autónomos. La ley se muestra en este caso imperativa, imponiendo a la autoridad administrativa que declara la ilegalidad, la obligación consiguiente de autorizar los despidos. Más aún, ni siquiera se trata de una autorización: es la propia ley la que faculta —no el Ministerio— al patrono para adoptar aquella medida. La función del Ministerio se circunscribe a declarar ese derecho patronal.
Por decreto reglamentario, se atemperó más tarde el rigor de la disposición, a fin de que, al amparo de la misma, no se dieran posibles abusos o se cometieran injusticias con aquellos trabajadores que hubiesen hecho ''''cesación pacífica del trabajo pero determinada por circunstancias ajenas a su voluntad y creadas por las condiciones mismas del paro”. (Decreto 2164 de 1959, art. 1º).
Siendo ello así, como lo es en efecto, no le es permitido al funcionario administrativo que declara la ilegalidad de un cese de actividades con fundamento en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, el aplicar solamente el numeral 1º de la norma, fraccionándola y contrariando el principio de la inescindibilidad, que es de la esencia de los preceptos jurídicos: su competencia, en efecto, es reglada y no discrecional.
Por otra parte, claramente se ve que todos los argumentos que trae la resolución enjuiciada para sustentar la decisión adoptada en el artículo segundo, son razones de conveniencia.
Como se lee en la citada resolución, el Ministerio del Trabajo, tras hacer notar que “paso a paso se redujeron las diferencias que ocasionaron el conflicto en forma tal que fue posible el restablecimiento de la normalidad laboral en la empresa” y que “de un buen tiempo a esta parte, la empresa Rogosa vive un clima de tranquilidad laboral que este Ministerio está en la obligación de proteger y preservar'''', concluye que, atendidas esas circunstancias, “ el pronunciamiento sobre ilegalidad, que no se encuentra sometido a un término legal, no podía producirse a contrapelo de las reiteradas declaraciones de buena voluntad de las partes en conflicto, en lo atinente al propósito de solucionarlo a través del entendimiento directo, ni con prescindencia de los logros que en este sentido había alcanzado la tarea mediadora del Ministerio”.
Estos escarceos son el preámbulo de la siguiente conclusión:
''''Lo anterior explica, el que después de transcurrido un período de tiempo y sólo con el fin de desatar una solicitud formulada a la administración, este Ministerio entre ahora a pronunciarse sobre el particular, lo cual, a su turno implica el que la decisión a adoptar consulte el sentido de la conveniencia y la oportunidad, en cuanto concierne a la conservación de la paz laboral, actualmente existente en la empresa.
Es así como la decisión que se adopte debe ser consecuente, por una parte, con los hechos que dieron lugar a la solicitud, pero, por la otra, con la situación laboral que hoy presenta la empresa, en orden a que ella no se vea alterada ahora con la autorización para efectuar unos despidos cuya causa ha sido rebasada por la normalización de actividades y las expresiones de ánimo conciliatorio de las partes. Por lo tanto, pese a que se debe declarar la ilegalidad del cese, no es del caso acceder a la autorización para que la empresa imponga las sanciones previstas por el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo” (fls. 15-18).
Piensa la Sala que ni el legislador puede tener en mente, al legislar, que las reglas de derecho se expidan para que se apliquen o se dejen de aplicar o se apliquen parcialmente según la conveniencia del caso o las circunstancias de los tiempos, ni puede el funcionario encargado de dar eficacia a la ley disponer, a su arbitrio, del texto legal con esa misma mentalidad.
Realizándose el supuesto jurídico de una norma, las autoridades están en el deber de darle la consecuencia que en ella se prevé, tratándose de disposiciones imperativas.
Cabe recordar que el Ministerio, pese a haberse solicitado su intervención al tercer día del paro, sólo vino a pronunciarse más de un año después, en marzo 17 de 1983, momento en que sus alegaciones de conveniencia y oportunidad no pueden ser válidamente estimadas respecto de una situación ocurrida un año antes. Por lo demás, esa falta de oportunidad es imputable única y exclusivamente al propio Ministerio.
Otras razones que también son atendibles alega la parte actora como soporte de su pretensión.
En efecto, por Decreto 2131 de octubre 7 de 1976, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, y por Decreto 2004 de 26 de agosto de 1977 se dispuso en su artículo 1º:
“Mientras subsista el actual estado de sitio, quienes organicen, dirijan, promuevan, fomenten o estimulen en cualquier forma el cese total o parcial, continuo o escalonado, de las actividades normales de carácter laboral o de cualquier otro orden, incurrirán en arresto inconmutable de treinta (30) a ciento ochenta (180) días, que impondrán los gobernadores, intendentes, comisarios y Alcaldes del Distrito Especial de Bogotá, por medio de resolución motivada” .
Y en el artículo 3º:
“Constituirá justa causa de terminación de los contratos de trabajo el haber sido sancionado conforme al presente decreto o el haber participado en los ceses de actividades en él previstos”.
El estado de sitio se levantó mediante Decreto 1674 de junio 9 de 1982, con efectos a partir de día 20 siguiente. Así que aquellas disposiciones estaban vigentes cuando ocurrió el cese de actividades.
Como puede verse en los apartes de la demanda que se transcribieron, la parte actora invoca también la citada norma del Decreto 2004 censurando el acto acusado en cuanto “no puede ni siquiera invocarse el artículo 450 del C.S.T., numeral 2º, ni el Decreto 2164 de 1959, para eliminar la facultad patronal de terminar los contratos de trabajo, pues según el precitado D. L. 2004 de 1977, el cese de actividades en estado de sitio, por sí, constituye la justa causa potestativa del patrono, sin requerir previo procedimiento alguno ante la autoridad administrativa”. (Fol. 6).
No está consagrada en nuestra legislación la “epiqueya” que autorice dejar de aplicar una disposición legal vigente por razones de conveniencia o equidad. Es, por tanto censurable la conducta de la autoridad administrativa que, en primer término, cumple tardíamente una función de la mayor trascendencia social y, luego, alega su propia mora para disponer que, por no ser ya oportuna, no procede la sanción prevista en la norma. Lo que ha hecho el Ministerio del Trabajo es, pura y simplemente, derogar, sin facultad para ello, una norma legal.
Es el caso, por lo tanto, de anular el acto acusado, tal como se solicita en la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
Declárase nulo el artículo segundo de la Resolución Nº 0858 de marzo 17 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En consecuencia, por razón de la declaración del artículo 1º de la citada resolución, la empresa está facultada para despedir a los trabajadores responsables del cese de actividades, en los términos del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes.
El anterior proyecto lo discutió y aprobó la Sala en la sesión celebrada el día 13 de marzo de 1991.
Dolly Pedraza de Arenas —Reynaldo Arciniegas Baedecker —Joaquín Barreto Ruiz, salvo el voto —Clara Forero de Castro —Álvaro Lecompte Luna, con salvedad voto —Diego Younes Moreno, con salvamento de voto —Antonio Barrera Carbonell, Conjuez.
Expresamos a continuación los criterios jurídicos que nos han llevado a apartarnos, muy respetuosamente, de las consideraciones y de lo decidido por la ilustrada mayoría, al declarar nulo el artículo segundo de la Resolución Nº 0858 de marzo 17 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y al indicar que, en consecuencia, por razón de la declaración del artículo primero de la citada resolución, la empresa demandante está facultada para “despedir a los trabajadores responsables del cese de actividades, en los términos del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes”. Ellos son:
1. Las atribuciones de competencia que los arts. 450 y 451 del mencionado código confieren al ministerio del ramo, aunque en verdad, como lo apunta la providencia de que se disiente tienen una base o fundamento de naturaleza reglada, no ha de olvidarse que no hay en el obrar público de la administración actuaciones categóricamente desprovistas del elemento discrecional así como tampoco las hay despojadas de cierta reglamentación inclusive en aquellas que se distinguen por las notas de sensatez y de buen juicio con que el legislador la ha revestido para adoptar sus manifestaciones de voluntad, sino que, antes bien en ambas concurren aspectos de una y otra.
La discrecionalidad, para el profesor Sayagués Lasso, “es la posibilidad de apreciar libremente la oportunidad o conveniencia de la acción administrativa”. Afirma que “cualquiera sea el detallismo con que el legislador regula la actividad de la administración, no es dable prever de antemano todas las contingencias posibles y, por lo tanto, ha de existir necesariamente un margen de libre apreciación en los órganos administrativos”. (“Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, pág. 406,1963). Y otros autores, como José Miguel de la Cuetara, sostienen, al referirse a las potestades administrativas, que aún en los actos reglados, cabe un margen —muy estrecho, desde luego— de discrecionalidad. Ese margen de discrecionalidad, tratándose de materias eminentemente sociales como las contempladas en el acto acusado en el sub-lite, entendemos que permite las mejores decisiones laborales dentro del marco de la ley.
2. La legalidad administrativa no sólo está compuesta de razones jurídicas, sino también de razones políticas, es decir, de razones de mérito de oportunidad y de conveniencia. Como explica Dromi,
“... lo que especifica lo jurídico del poder de control es la naturaleza del objeto sometido a control y no una pretendida prefiguración normativa de “supuestos de control”. Tampoco basta estar a la sola naturaleza del criterio sobre el cual se basa el control, ya que de aceptarse tal proposición solamente sería control jurídico el usualmente denominado de “legitimidad” y carecería de dicho carácter el que no asumiera esa tipificación, vgr. el llamado de “mérito u oportunidad”. El objeto del control jurídico es la actividad humana, el comportamiento humano productor de efectos jurídicos emanados de los órganos de la administración imputables o atribuibles a la persona pública que ejerce función administrativa”. (2“ Prerrogativas y Garantías Administrativas”, 2 parte, pág. 35. 1979).
3. Si en el caso in examine, el órgano competente —el Ministerio de Trabajo— hizo notar que “paso a paso se redujeron las diferencias que ocasionaron el conflicto en forma tal que fue posible el restablecimiento de la normatividad laboral en la empresa” y que “de buen tiempo a esta parte, la empresa Rogosa vive un clima de tranquilidad laboral que este Ministerio está en la obligación de proteger y preservar” como motivación para denegar a la empresa la facultad de despedir a los trabajadores que intervinieron en el cese de actividades porque ello iría contra “las reiteradas declaraciones de buena voluntad de las partes en conflicto, en lo atinente al propósito de solucionarlo a través del entendimiento directo'''', no obstante que declaró ilegal la suspensión de actividades habida meses atrás, no hay duda, piensan los suscritos consejeros, que el Ministerio evaluó las circunstancias especiales que rodearon el asunto concreto y las apreció en aras del interés general y del bien común, justificando plenamente la medida adoptada para la satisfacción de las necesidades públicas.
4. No participamos los suscritos de la consideración que trae el fallo en lo que atañe a la inescindibilidad de la norma inserta en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, de la manera que aplicando el numeral 1º, ineludiblemente haya que aplicar el segundo. De la lectura cuidadosa del mencionado numeral 2º se observa cómo se dan varias opciones, las que se dejan al juicio de la entidad o funcionario que haga la calificación. Nosotros entendemos como un rasgo significativo dentro de la evolución de derecho administrativo la posibilidad de que la jurisdicción del ramo, al someter a su control un acto administrativo, examine también los elementos de oportunidad o mérito que ha tenido en cuenta la administración para pronunciarse en uno u otro sentido, y que no escapan de los mismos los llamados actos reglados, al reflejar el momento de su dictación. No es que el juez administrativo juzgue por oportunidad o por conveniencia, lo que sería absurdo, sino que al juzgar el acto ha de apreciarse el mérito, la oportunidad, la conveniencia que movieron a la administración a pronunciarse en uno u otro sentido.
De allí, pues, que en nuestra opinión, las peticiones de la parte actora han debido ser denegadas.
Joaquín Barreto Ruiz —Álvaro Lecompre Luna —Diego Younes Moreno.