Source: http://www.corrierecaraibinews.com/IT_costituzioneESP.htm
Timestamp: 2018-03-22 13:31:53
Document Index: 93403467

Matched Legal Cases: ['artículo 134', 'artículo 131', 'artículo 132', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 3']

Constitución de la República italiana - Il Corriere d'Italia nel Nuovo Mondo
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Cronaca | Politica | Sistema bipolare | Economia | Cultura
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Fondato, Edito e Diretto in Santo Domingo da Giovanni GARIBALDI - 1997-
Traducida por Giovanni Garibaldi (Il Corriere d' Italia)
Italia es una Republica democrática fundada en el trabajo.
La soberanía pertenece al pueblo, que la ejercitara en las formas y dentro de los límites de la Constitución.
La republica reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ora como individuo, ora en el seno de las formaciones sociales donde aquíl desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social.
Constituye obligación de la Republica suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país.
La Republica reconoce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo y promoverá las condiciones que hagan efectivo este derecho.
La Republica, una e indivisible, reconoce y promoverá las autonomías locales, efectuara en los servicios que dependan del Estado la más amplia descentralización administrativa y adoptara los principios y mtodos de su legislación a las exigencias de la autonomía y de la descentralización.
La Republica protegerá mediante normas adecuadas a las minorías Lingüísticas.
Sus relaciones se regulan por los Tratados de Letras. No requerirán procedimiento de revisión constitucional las modificaciones de los Tratados aceptadas por las dos partes.
La Republica promoverá el desarrollo de la cultura y la investigación científica y técnica.
Salvaguardara el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la Nación.
Todo extranjero al que se impida en su país el ejercicio efectivo de las libertades democráticas garantizas por la Constitución italiana tendrá derecho de asilo en el territorio de la Republica, con arreglo a las condiciones establecidas por la ley.
La bandera de la Republica es la tricolor italiana: verde, blanca y roja, con tres franjas verticales de igual dimensión.
No procederá ninguna forma de detención, inspección o registro personal ni otra restricción cualquiera de la libertad personal salvo por razonado de la autoridad judicial y únicamente en los casos y del modo previsto por la ley.
En casos excepcionales de necesidad y de urgencia, especificados taxativamente en la ley, la autoridad de orden publico para adoptar medidas provisionales que deberán ser comunicadas dentro de las cuarenta y ocho horas siguiente a la autoridad judicial y que, de no ser confirmadas por esta en las cuarenta y ocho subsiguiente, se consideraran revocadas y no surtirán efecto alguno.
Se castigara toda violencia física y moral sobre las personas sujetas de cualquier modo a restricciones en su libertad.
Se regularan por leyes especiales las comprobaciones e inspecciones por motivos de sanidad y de salubridad públicas o con fines económicos y fiscales.
La limitación de lo mismo solo podrá producirse por auto motivado de la autoridad judicial con las garantías establecidas por la ley.
Todo ciudadano será libre de salir del territorio de la Republica y de regresar a l, salvo las obligaciones que la ley imponga.
No se requerirá pre-notificación para las reuniones, aunque tengan lugar en lugares abiertos al público.
De las reuniones en lugares publico se deberá cursar prenotificación a las autoridades, las cuales solo podrán prohibirlas por motivos contrastados de seguridad o de salubridad publica.
Los ciudadanos tendrán derecho a asociarse libremente, sin autorización, para fines que no están prohibidos a los individuos por la ley penal.
El carácter eclesiástico y la finalidad de religión o de culto de una asociación no podrán constituir causa delimitaciones legislativas especiales ni de gravámenes fiscales para su constitución, capacidad jurídica y cualesquiera formas de actividad.
En estos casos, cuando haya urgencia absoluta y no sea posible la intervención a tiempo de la autoridad judicial, podrá procederse a la recogida de la prensa periódica por funcionarios de la policía judicial, que deberán inmediatamente, y nunca más de veinticuatro horas después, ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Si esta no confirma la medida dentro de las veinticuatro horas siguientes se considera la recogida como nula y carente de efecto alguno.
Se prohíben las publicaciones de prensa, los espectáculos y cualesquiera otras manifestaciones contrarias a las buenas costumbres. La ley establecerá medidas adecuadas para prevenir y reprimir las violaciones en este campo.
Solo se podrá conceder la extradición de un ciudadano en el caso de que esta expresamente prevista por convenciones internacionales.
Los funcionarios y los empleados del Estado y de las entidades publicas serán directamente responsables, con arreglo a las leyes penales, civiles y administrativas, por los actos realizados en violación de cualesquiera derechos. En estos casos la responsabilidad civil se extiende al Estado y a los entes públicos.
DE LAS RELACIONES POLITICO-SOCIALES
La ley garantizara a los hijos nacidos fuera de matrimonio plena protección jurídica y social, en la medida compatible con los derechos de los miembros de la familia legitima.
La ley dictara las normas y los limites de investigación de la paternidad.
La Republica estimulara a través de medidas económicas y otras providencias la constitución de la familia y el cumplimiento de las tareas inherentes a ella, dedicando atención especial a las familias numerosas.
La Republica protegerá la salud como derecho fundamental del individuo e interés básico de la colectividad y garantizara asistencia gratuita a los indigentes.
La Republica dictara normas generales sobre instrucción y establecerá escuelas estatales para todas las ramas y grados.
Al determinar los derechos y las obligaciones de las escuelas no estatales que soliciten la paridad, la ley deberá garantizar a esta plena libertad y a sus alumnos un trato académico equivalente al de los alumnos de escuelas estatales.
La enseñanza primaria, que se dispensara por lo menos durante ocho anos, será obligatoria y gratuita.
Las personas con capacidad y mritos tendrán derecho, aun careciendo de medios, a alcanzar los grados mas altos de la enseñanza.
La Republica hará efectivo este derecho mediante becas, subsidios alas familias y otras medidas, que deberán asignarse por concurso.
La Republica protegerá el trabajo en todas sus formas y aplicaciones.
Cuidara la formación y la promoción profesional de los trabajadores.
El trabajador tendrá derecho a una retribución proporcionada a la cantidad y calidad de su trabajo y suficiente, en cualquier caso, para asegurar a su familia y a l una existencia libre y decorosa.
Se determinara por la ley la duración máxima de la jornada de trabajo.
La Republica establecerá el límite máximo de edad para el trabajo asalariado.
La Republica protegerá el trabajo de los menores con normas especiales y les garantizara para trabajos iguales, el derecho ala igualdad de retribución.
Será condición para el registro que los estatutos de los sindicatos sancionen un rgimen interior fundado en los principios democráticos.
El derecho de huelga se ejercitara en el ámbito de las leyes que lo regulen.
La ley determinara los programas y controles oportunos para que la actividad económica publique y privada pueda encaminarse y coordinarse con fines sociales.
La propiedad privada será reconocida y garantizada por la ley, la cual determinara sus modalidades de adquisición y de goce y los limites de la misma, con el fin de asegurar su función social y de hacerla accesible a todos.
La ley establecera las normas y los limites de la sucesión legítima y testamentaria y los derechos del Estado en materia de herencia.
La ley podrá, con finalidades de interés general, reservar a titulo originario o transmitir mediante expropiación y con indemnización al Estado, a entes públicos o comunidades de trabajadores o de usuarios determinadas empresas o categorías de empresas que exploten servicios públicos esenciales o fuentes de energía o situaciones de monopolio y tengan carácter de interés general predominante.
Con objeto de conseguir el aprovechamiento racional del suelo y de establecer relaciones sociales equitativas, la ley impondrá obligaciones y cargas a la propiedad rustica privada, fijara limites a su superficie según las regiones y las zonas agrarias, promoverá e impondrá la bonificación de las tierras, la transformación del latifundio y la preconstitución de las unidades productivas, así como ayudara a la pequeña y mediana propiedad.
La Republica reconoce la función social de la cooperación con caracteres mutualistas y sin finalidad de especulación privada. La ley fomentara y favorecerá el incremento de la misma con los medios mas adecuados y preservara, a través de los controles oportunos, su carácter y sus finalidades.
La Republica reconoce, con la finalidad de elevar el nivel económico y social del trabajo y en armonía con las exigencias de la producción, el derecho de los trabajadores a colaborar, con las modalidades y dentro de los límites establecidos por las leyes, en la gestión de las empresas.
La Republica estimulara y protegerá el ahorro en todas sus formas; disciplinara y coordinara el ejercicio del crédito.
Favorecerá el acceso del ahorro popular a la propiedad de la vivienda, a la propiedad agraria directa y a la inversión accionaría directa e indirecta en los grandes complejos productivos del país.
Todos los ciudadanos podrán dirigir peticiones a las Cámaras para pedir se dicten disposiciones legislativas o exponer necesidades de índole común.
Todos los ciudadanos de uno y otro sexo podrán desempeñar cargos públicos y puestos electivos en condiciones de igualdad, según los requisitos establecidos por la ley.
La ley podrá, para la admisión a los cargos públicos y a los puestos electivos, equiparar con los ciudadanos a los italianos no pertenecientes a la Republica.
El ordenamiento de las Fuerzas Armadas se inspirara en el espíritu democrático de la Republica.
Todos los ciudadanos tendrán el deber de ser fieles a la Republica y de observar la Constitución y las leyes.
Los ciudadanos a quienes están confiadas funciones públicas tendrán el deber de cumplirlas con disciplina y honor, prestando juramento en el caso que la ley establezca.
El Parlamento se compone de la Cámara de Diputados y del Senado de la Republica.
La Cámara de los Diputados será elegida por sufragio universal y directo.
El número de los diputados serán 630.
Serán elegibles como diputados los electores que el día de las elecciones tengan veinticinco anos de edad cumplidos.
La distribución de los escaños entre las circunscripciones se efectuara dividiendo el número de habitantes de la Republica, tal como resulte del último censo general de la población, por 630 y distribuyendo los escaños en proporción a la población de cada circunscripción, sobre la base de los cocientes enteros y de los mayores restos.
El Senado de la Republica será elegido sobre una base regional.
El numero de los senadores electivos serán 315 (trescientos quince).
Ninguna región podrá tener un numero de senadores inferior a siete, si bien Molise tendrá dos y el Valle d'Aosta uno.
La distribución de los escaños entre las regiones, previa aplicación de los preceptos del párrafo, se hará en proporción a la población de aquellas, tal como resulte del último censo general, sobre la base de cocientes enteros y de los restos más altos.
Los senadores serán elegidos por sufragio universal y directo por los electores que tengan veinticinco anos de edad cumplidos.
Será senador nato y vitalicio, salvo renuncia, quien haya sido Presidente de la Republica.
El Presidente de la Republica podrá nombrar senadores vitalicios a cinco ciudadanos que hayan enaltecido a la Patria por sus mritos extraordinarios en el campo social, científico, artístico y literario.
La Cámara de Diputados y el Senado de la Republica serán elegidos por cinco anos.
Las elecciones de las nuevas Cámaras se celebraran dentro de los setenta días siguientes a la expiración de las anteriores. La primera reunión tendrá lugar no mas tarde del vigésimo día tras las elecciones.
Quedaran prorrogados los poderes de las Cámaras precedentes mientras no se reúnan las nuevas.
Cada Cámara podrá ser convocada a titulo extraordinario por iniciativa de su Presidente o del Presidente de la Republica o de un tercio de sus componentes.
Cuando se reúna a titulo extraordinario una de las Cámaras será automáticamente convocada la otra.
Cada Cámara adoptara su propio Reglamento por mayoría absoluta de sus miembros.
Las sesiones serán públicas por cada una de las dos Cámaras y el Parlamento en sesión conjunta de ambas podrá acordar reunirse en sesión secreta.
No serán validos los acuerdos de cada una de las Cámaras y del Parlamento si estuviere presente la mayoría de sus respectivos componentes y si no se adoptan por mayoría de los presentes a menos que la Constitución exija una mayoría especial.
La ley determinara los casos de in elegibilidad y de incompatibilidad con el cargo de diputados o de senador.
Cada Cámara examinara la validez de las actas de sus componentes y se pronunciara sobre las causas que sobrevengan de in elegibilidad y de incompatibilidad.
Los miembros del Parlamento no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.
Sin autorización de la Cámara a la que pertenezca, ningún miembro del Parlamento podrá ser sometido a procedimiento penal, ni podrá ser detenido, o privado en alguna forma de su libertad personal, ni sujeto a registro personal o domiciliario, a menos que sea sorprendido aparejado el auto judicial o la orden de busca y captura.
La misma autorización será necesaria para detener o mantener detenido a un miembro del Parlamento en ejecución de una sentencia, aun cuando sea firme.
La función legislativa será ejercitada colectivamente por entrambos Cámaras.
Todo proyecto de ley presentado a una de las Cámaras será examinado, según lo que disponga el Reglamento de esta, por una Comisión y luego por la Cámara misma, que lo aprobara articulo por artículo y en una votación final.
Podrá asimismo disponer en que casos y de que forma procede trasladar al examen y la aprobación de las propuestas de ley a unas Comisiones, incluso las permanentes, compuestas de tal modo que reflejen las proporciones de los grupos parlamentarios. También en estos supuestos, mientras no hayan recaído aprobación definitiva, la propuesta de ley será reenviada al Pleno de las Cámara si el Gobierno o una dcima parte de los componentes de la Cámara o una quinta parte de la Comisión reclaman que sea discutido y votado por la Cámara misma o bien que sea sometido a la aprobación final de esta únicamente con declaraciones de voto. El Reglamento especificara la forma de publicidad de los trabajos de las Comisiones.
Las leyes serán promulgadas por el Presidente de la Republica dentro del mes siguiente a su aprobación.
Las leyes serán publicadas inmediatamente después de su promulgación y entraran en vigor el decimoquinto día siguiente a su publicación, a menos que ellas mismas señalen un plazo distinto.
El Presidente de la Republica, antes de promulgar la ley, podrá, mediante mensaje razonado, pedir a las Cámaras una nueva deliberación.
Se celebrara referéndum popular para decidir sobre la derogación total o parcial de una ley o de un acto con fuerza de ley cuando lo soliciten 500.000 (quinientos mil) electores o cinco consejos regionales.
La propuesta sometida a referéndum será aprobada si ha participado en a votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y se alcanza la mayoría de los votos validamente emitidos.
La ley determinara las modalidades de celebración del referéndum.
Los decretos perderán todo efecto desde el principio si sino fueren convertidos en leyes dentro de los sesenta días de su publicación. Las Cámaras podrán, sin embargo, regular mediante ley las relaciones jurídicas surgidas en virtud de los decretos que no hayan resultado convertidos.
Las Cámaras acordaran el estado de guerra y conferirán al Gobierno los poderes necesarios.
La amnistía y el indulto serán otorgados por el Presidente de la Republica en virtud de ley de delegación de las Cámaras.
La amnistía y el indulto no podrán aplicarse a los delitos cometidos con posterioridad a la propuesta de delegación.
Las Cámaras autorizaran mediante la ley la ratificación de los tratados internacionales que sean de naturaleza política o prevean arbitrajes o decisiones judiciales o lleven aparejadas modificaciones en el territorio o gravámenes para la hacienda o modificaciones de las leyes.
Las Cámaras aprobaran cada ano los Presupuestos y las cuentas de ingresos y gastos presentadas por el Gobierno.
Con este fin nombrara entre sus componentes una Comisión formada de tal modo que refleje la proporción de los diversos grupos. La Comisión de investigación procederá a las indagaciones y a los exámenes con los mismos poderes y las mismas limitaciones que la autoridad judicial.
El Presidente de la Republica será elegido por el Parlamento en sesión común de sus miembros.
La elección del Presidente de la Republica se hará por votación secreta y mayoría de dos tercios de la asamblea.
Podrá ser elegido Presidente de la Republica todo ciudadano que tenga cincuenta anos de edad y goce de los derechos civiles y políticos.
El cargo de Presidente de la Republica será incompatible con cualquier otro cargo.
El Presidente de la Republica será elegido por siete anos.
Treinta días antes de que expire su mandato de Presidente de la Republica el Presidente de la Cámara de Diputados en sesión conjunta al Parlamento y a los delegados regionales para elegir el nuevo Presidente de la Republica.
Si las Cámaras estuviesen disueltas o faltaran menos de tres meses para la expiración de la legislatura, la elección se efectuara dentro de los quince días siguientes a la reunión de las nuevas Cámaras. Mientras tanto quedaran prorrogados los poderes del Presidente de la Republica en funciones.
En caso de que el Presidente de la Republica no pueda cumplir sus funciones, estas serán ejercidas por el Presidente del Senado.
En caso de impedimento permanente o de muerte o dimisión del Presidente de la Republica, el Presidente de la Cámara de Diputados señalara la elección del nuevo Presidente para dentro de los quince días siguientes, sin perjuicio del plazo mayor previsto para el caso de que las Cámaras están disueltas o de que falte menos de tres meses para que queden extinguidas.
Señalara las elecciones de las nuevas Cámaras y la primera reunión de las mismas.
Señalara la fecha del referéndum popular en los casos previstos por la Constitución.
Acreditara y recibirá a los representantes diplomáticos y ratificara los tratados internacionales, previa autorización de las Cámaras, cuando sea necesaria.
Confederal las distinciones honoríficas de la Republica.
El Presidente de la Republica podrá, después de escuchar a los Presidentes respectivos, disolver ambas Cámaras o una sola.
No podrá, sin embargo, ejercitar esta facultad en los últimos seis meses de su mandato.
Ningún acto del Presidente de la Republica será valido si no es refrendado por los Ministros proponentes, que asumirán la responsabilidad del mismo.
El Presidente de la Republica no será responsable de los actos realizados en ejercicio de sus funciones, salvo por alta traición o violación de la Constitución.
El Presidente de la Republica prestara, antes de asumir sus funciones juramento de fidelidad de la Republica y de la observancia de la Constitución ante el Parlamento reunido en sesión conjunta.
El Presidente de la Republica nombrara al Presidente del Consejo de Ministros y, a propuesta de l, a los Ministros.
El Gobierno deberá gozar de la confianza de entrambos Cámaras.
Cada Cámara otorgara o revocara su confianza mediante moción razonada y votada por llamamiento nominal.
Dentro de los diez días siguientes a su Constitución el Gobierno se presentara ante las Cámaras para obtener su confianza.
No acarreara obligación de dimitir el voto contrario de una de las Cámaras o de ambas sobre una propuesta del Gobierno.
La moción de desconfianza deberá ir firmada por la dcima parte, como mínimo, de los componentes de la Cámara y no podrá ser discutida antes de haber transcurrido tres días de su presentación.
Mantendrá la unidad de dirección política y administrativa y promoverá y coordinara la actividad de los Ministros.
La ley proveerá a la organización de la Presidencia del Consejo y determinara el número, las atribuciones y la organización de los Ministerios.
El Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros serán acusados por el Parlamento en sesión conjunta por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
En la disposición de los cargos se especificara su ámbito de competencia, las atribuciones y las responsabilidades propias de los funcionarios.
Se entrara en los empleos de la Administración Publica mediante oposición salvo los casos que la ley establezca.
El Consejo de Estado será órgano de consulta jurídico- administrativa y de salvaguardia de la justicia en la Administración.
El Tribunal de Cuentas ejercitara el control preventivo de legitimidad sobre los actos del Gobierno, así como el control sucesivo sobre la gestión de los Presupuestos del Estado. Participara, en los casos y del modo que la ley establezca, en el control sobre la gestión financiera de los entes a los que el Estado contribuya de modo ordinario.
La ley garantizara la independencia de ambos órganos y de sus componentes frente al Gobierno.
DEL REGIMEN JURISDICCIONAL
No podrán instituirse jueces de excepción (jueces extraordinarios) ni jueces especiales. Solo podrán instituirse en el seno de los órganos judiciales secciones especializadas para materias determinadas, con participación incluso de ciudadanos competentes que no pertenezcan a la magistratura.
La ley regulara los casos y las modalidades de la participación directa del pueblo en la administración de justicia.
El Consejo de Estado y los demás órganos de la justicia administrativa tendrán jurisdicción para la protección frente ala Administración Publica de los intereses legítimos y, en ciertas materias que la ley indique, asimismo para la de los derechos subjetivos.
Los tribunales militares en tiempo de guerra tendrá la jurisdicción establecida por la ley. En tiempo de paz tendrán jurisdicción únicamente para los delitos militares cometidos por personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
El Consejo Superior de la Magistratura estará presidido por el Presidente de la Republica.
Formaran parte de l, como miembros natos, el primer Presidente y el Fiscal General del Tribunal Supremo.
Los miembros electivos del Consejo permanecerán en el cargo cuatro anos y no serán inmediatamente reelegibles.
Podrán ser llamados al cargo de vocal del Tribunal Supremo por mritos especiales, previa designación del Consejo Superior de la Magistratura, catedráticos titulares de Universidad en disciplinas jurídicas y abogados que tengan quince anos de ejercicio y están inscritos en los registros especiales correspondientes a las jurisdicciones superiores.
El Ministerio Fiscal gozara de las garantías establecidas para l por los preceptos orgánicos de la judicatura.
La jurisdicción actúa a través del justo proceso regulado por la ley.
Todo proceso se desarrolla a través del contradictorio entre las partes en condiciones de paridad, delante de un juez imparcial. La ley les asegura una razonable duración.
En el proceso penal, la ley garante que la persona acusada de un crimen sea, en el menor tiempo posible, informada de la naturaleza y de los motivos de la acusación a el imputada; que disponga del tiempo y de las condiciones necesarias para preparar su defensa; tenga la facultad, delante de juez, de interrogar o hacer interrogar las personas que hagan cualquier declaración sobre si y a obtener la intimación de personas para su defensa en las mismas condiciones de la acusación y adquisición, cualquier medio de proba a su favor, que sea asistida por interprete si no comprende o no habla la lengua usada en el proceso.
El proceso penal es regulado por el principio del contradictorio en la obtención de la prueba, la culpabilidad del imputado no puede ser probada tomando por base declaraciones obtenidas por quien, por libre voluntad se substraía al interrogatorio por parte del imputado o de su defensor.
La ley regula los casos en que la formación de la prueba no tenga lugar en el contradictorio por consenso con el imputado o dada la imposibilidad de naturaleza objetiva o por efecto de comprobada conducta ilícita.
Todas decisiones jurisdiccionales deben ser motivadas.
Contra sentencias y contra decisiones sobre libertad personal, pronunciadas por los órganos jurisdiccionales ordinarios o especiales siempre es admitido recurso a la Corte de Casación por violación de la ley, pode ser derogada tal norma apenas por tribunales militares en tiempo de guerra.
Contra decisiones del Consejo de Estado y de la Corte de Cuentas el recurso en la Corte de Casación es admitido solamente por motivos inherentes a la jurisdicción.
La ley establece requisitos y modalidades para el esercicio del derecho de voto de los ciudadanos residentes en el exterior y les asegura efectividad. Para tal fin es constituida una circuncisión extranjera para elección de las cámaras, las cuales son asignadas cupos en número establecido por la norma constitucional y segundo criterios determinados por la ley.
Contra los actos de la Administración Publica se dará siempre la protección jurisdiccional de los derechos y de los intereses legítimos ante cualesquiera órganos judiciales ordinarios o administrativos.
La ley especificara los órganos jurisdiccionales con facultad para anular los actos de la Administración Publica en los casos y con los efectos previstos por la ley misma.
A Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Julia y Valle de Aosta se atribuirán formas y condiciones especiales de autonomía, con arreglo a estatutos especiales adoptados mediante ley constitucional.
La Región dictara para las materias que a continuación se enuncian normas legislativas dentro de los límites de los principios fundamentales establecidos por las leyes del Estado, con tal que las normas mismas no se opongan al interés nacional ni al de otras Regiones:
- régimen de los cargos y entidades administrativas dependientes de la Región; - términos municipales; - policía local urbana y rural; - ferias y mercados; - beneficencia publica y asistencia sanitaria y hospitalaria; - formación artesanal y profesional y asistencia escolar; - museos y bibliotecas de las entidades locales; - urbanismo e industria hotelera; - tranvías y líneas automovilísticas de interés regional; - vialidad, acueductos y obras publicas de interés regional; - navegación y puertos lacustre; - aguas minerales y termales; - minas y turberas; - caza; - pesca en aguas interiores; - agricultura y bosques; - artesanado; - las demás materias que se indiquen en leyes constitucionales.
Las leyes de la Republica podrán delegar a la Región la facultad de dictar normas para la aplicación de aquellas.
Corresponderán a las Regiones las funciones administrativas relativas a las materias enumeradas en el artículo anterior, salvo las de interés exclusivamente local, que podrán ser atribuidas por las leyes de la Republica a las Provincias, a los Municipios o a otros entes locales.
Podrá el Estado delegar por ley a la Región el ejercicio de otras funciones administrativas.
La Región ejercerá normalmente sus funciones administrativas delegándolas en las Provincias, a los Municipios o a otras entidades locales o valiéndose de sus respectivos servicios.
Las Regiones tendrán autonomía financiera en las formas y con los límites establecidos por leyes de la Republica, que la coordinaran con la Hacienda del Estado, de las Provincias y de los Municipios.
Se asignaran a las Regiones tributos propios y participaciones en los tributos del Erario Publico, en proporción a las necesidades de las Regiones para los gastos necesarios en orden al cumplimiento de sus funciones normales.
Para proveer a finalidades determinadas, y especialmente para explotar el Mediodía y las Islas, el Estado asignara a determinadas Regiones contribuciones específicas.
Cada Región tendrá un patrimonio y un dominio propio, según las modalidades que se establezcan mediante ley de la Republica.
La Región no podrá establecer aranceles de importación o exportación o de transito entre las Regiones.
No podrá tampoco adoptar medidas que obstaculicen en algún modo la libre circulación de personas y cosas entre las Regiones.
No podrá limitar el derecho de los ciudadanos a ejercer en cualquier parte del territorio nacional su profesión, empleo o trabajo.
Son órganos de la Región: el consejo regional, la junta y su presidente
El consejo regional ejerce la potestad legislativa atribuida a la Región y las otras funciones que le fueron concedidas por la Constitución y por las leyes, pidiendo hacer propuestas de leyes a las Cámaras.
La junta regional es un órgano ejecutivo de la Región
El presidente de la Junta representa la Región; dirige y es responsable por su política, promulga las leyes y decreta los reglamentos regionales; dirige las funciones administrativas delegadas por el Estado a la región, conforme las instrucciones del gobierno de la república.
El sistema de elecciones y los casos de in elegibilidad y de incompatibilidad del presidente y de los otros miembros componentes de la junta regional bien como de los consejeros regionales son disciplinados por la ley de la región dentro de los limites de los principios fundamentales establecidos por la ley de la república que determina también la duración del los órganos electivos.
Nadie puede pertenecer simultáneamente a un consejo o a una junta regional y a una de las cámaras del parlamento, a un otro consejo, o a otra junta regional, o entonces al parlamento europeo.
El consejo elegí entre sus miembros un presidente y una mesa directora de la presidencia.
Los consejeros regionales no pueden ser llamados a responder por sus opiniones expresas y por el voto dado en el ejercicio de sus funciones.
El presidente de la junta regional, salvo si el estatuto regional dispone diversamente, es elegido a través de sufragio universal y directo. El presidente elegido nombra y destituye los miembros de la junta.
Cada región tiene un estatuto que en armonía con la constitución les determina la forma de gobierno y los principios fundamentales de organización y funcionamiento.
El estatuto regula el ejercicio del derecho de la iniciativa y del referéndum sus leyes y actos administrativos de la región y la publicación de las leyes y de los reglamentos regionales.
El estatuto es aprobado y modificado por el consejo regional a través de ley aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros con dos deliberaciones sucesivas adoptadas en un intervalo no menor que dos meses. Para tales leyes no es requerida la posición del visto por parte del comisario del gobierno.
El gobierno de la república puede promover la cuestión de la legitimidad constitucional de los estatutos regionales delante la corte constitucional dentro de 30 días de su publicación.
El estatuto es sometido a referéndum popular dentro de 3 meses de su publicación en caso de requisición de un quincuagésimo de los electores de la región o un quinto de los miembros del consejo regional.
El estatuto sometido a referéndum no es promulgado si no es aprobado por la mayoría de los votos validos.
Un comisario del Gobierno, que residirá en la capital de la Región, supervisara las funciones administrativas ejercidas por el Estado y las coordinara con las ejercitadas por la Región.
El control de legitimidad sobre los actos administrativos de la Región será ejercido en forma descentralizada por un órgano del Estado del modo y con los límites establecidos por leyes de la Republica. La ley podrá en determinados casos admitir el control de oportunidad, con el único objeto de promover, mediante instancia razonada, la reconsideración del acuerdo por parte del Consejo Regional.
Se instituirán en la Región órganos de justicia administrativa de primer grado, con arreglo al rgimen que se establezca por una ley de la Republica.
Por decreto motivado por el Presidente de la República es determinada la disolución del Consejo Regional y la remoción del Presidente de la Junta que tengan practicado actos contrarios a la Constitución o graves violaciones a la ley. La disolución y la remoción pueden ser determinadas también por razones de la seguridad nacional. E decreto es editado después de ser oída una Comisión de deputados y senadores constituida, sobre cuestiones regionales, con las modalidades establecidas por ley de la República.
El consejo regional puede exprimir a desconfianza en relación al Presidente de la Junta a través de moción motivada subscrita por lo menos por un quinto de sus componentes y aprobada por llamada nominal por mayoría absoluta de los miembros. La moción no puede ser colocada en discusión antes de 3 días de su presentación.
La aprobación de la moción de desconfianza en relación al Presidente de la Junta electo por sufragio universal y directo, bien como la remoción, impedimento permanente, muerte, o demisión voluntaria del mismo, determinan la dimisión de la Junta y la disolución del Consejo. En cada caso los mismos efectos se aplican a las demisiones contextuales de la mayoría de los componentes del Consejo.
Toda ley aprobada por el Consejo Regional será comunicada al Comisario, quien, salvo en el supuesto de oposición del Gobierno, deberá visarla en el plazo de treinta días tras la notificación.
La ley será promulgada en los diez días siguientes al visado y entrara en vigor no antes de haber transcurrido quince días desde su publicación. Si una ley fuese declarada urgente por el Consejo Regional y el Gobierno de la Republica lo consiente, no estarán la promulgación y la entrada en vigor sujetas a los plazos indicados.
Cuando el Gobierno de la Republica considere que una ley aprobada por el Consejo Regional excede de la competencia de la Región o se opone a los intereses nacionales o a los de otras Regiones, la devolverá al Consejo Regional en el plazo señalado para el visado.
Si el Consejo Regional aprueba la ley de nuevo por mayoría absoluta de sus componentes, el Gobierno de la Republica podrá, dentro de los quince días siguientes a la notificación, suscitar la cuestión la cuestión de legitimidad ante el Tribunal Constitucional, o la de oportunidad por oposición de intereses ante las Cámaras. En caso de duda, el Tribunal resolverá de quien es la competencia.
Las Provincias y los Municipios son entidades autónomas en el ámbito de los principios fijados por leyes generales de la Republica, que determinaran las funciones respectivas.
Las Provincias y los Municipios son también circunscripciones de descentralización estatal y regional. Las circunscripciones provinciales podrán subdividirse en partidos con funciones exclusivamente administrativa para una mayor descentralización.
- sobre las controversias acerca de la legitimidad constitucional de las leyes y de los actos con fuerza de ley del Estado y de las Regiones; - sobre los conflictos de atribuciones entre los poderes del Estado y sobre los que surjan entre el Estado y las Regiones y entre las Regiones; - sobre las acusaciones entabladas contra el Presidente de la Republica y los Ministros, conforme a la Constitución.
El Tribunal Constitucional estará compuesto de quince jueces nombrados en un tercio por el Presidente de la Republica, en otro tercio por el Parlamento en sesión conjunta y en el tercio restante por la suprema magistratura ordinaria y administrativa.
Los magistrados del Tribunal Constitucional serán escogidos entre los magistrados, incluso los jubilados de las jurisdicciones superiores ordinarias y administrativas, los catedráticos titulares de Universidad en disciplinas jurídicas y los abogados con veinte anos de ejercicio.
Los magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por 9 (nueve) anos, que empezaran a correr para cada uno de ellos desde el día del juramento, y no podrán ser nuevamente designados.
A la expiración de su periodo de mandato, cada magistrado constitucional cesara en el cargo y en el ejercicio de sus funciones.
El Tribunal elegirá entre sus componentes, con arreglo a lo dispuesto por la ley, a su Presidente, quien permanecerá en el cargo por un trienio y será reelegible, sin perjuicio en todo caso de los términos de expiración del cargo de juez.
El cargo de magistrado del Tribunal será incompatible con el de miembro del Parlamento o de un Consejo Regional, con el ejercicio de la profesión de abogado y con cualquier cargo y puesto determinados por la ley.
En los juicios de acusación contra el Presidente de la Republica y contra los Ministros intervendrán, además de los vocales ordinarios del Tribunal, 16 (dieciséis) miembros elegidos a la suerte por un colegio de ciudadanos que reúnan los requisitos para ser elegido senador y que el Parlamento designara cada nueve anos mediante elección con las mismas formalidades que las establecidas para el nombramiento de los magistrados ordinarios.
Cuando el Tribunal declare la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de un acto de fuerza de ley, la norma dejara de surtir efecto desde el día siguiente a la publicación de la sentencia.
La resolución del Tribunal se publicara y notificara a las Cámaras y a los Consejos Regionales interesados a fin de que, si lo consideran necesario, provean con arreglo a las formalidades previstas por la Constitución.
Contra las decisiones del Tribunal Constitucional no se dacha apelación.
Dichas leyes serán sometidas a referéndum popular cuando, dentro de los tres meses siguientes a su publicación, lo solicite una quinta parte de los miembros de la Cámara o 500.000 (quinientos mil) electores o 5 (cinco) Consejos Regionales. La ley sometida a referéndum no se promulgara si no fuere aprobada por la mayoría de los votos validos.
Al entrar en vigor esta Constitución, el Jefe Interino del Estado ejercerá las atribuciones de Presidente de la Republica y asumirá el titulo de tal.
Si a la fecha de elección del Presidente de la Republica no estuvieren constituidos los Consejos regionales, participaran en aquella únicamente los componentes de las dos Cámaras.
Para la primera composición del Senado de la Republica serán nombrados senadores, mediante decreto del Presidente de la Republica, los diputados de la Asamblea Constituyente que ostenten los requisitos legales para ser senadores y que:
- hayan sido presidente del Consejo de Ministros o de Asambleas Legislativas; - hayan formado parte del Senado disuelto; - hayan sido elegidos en tres elecciones, por lo menos, incluida la de la Asamblea Constituyente; - hayan sido declarados incursos en perdida de su escaño en la sesión de la Cámara de los Diputados de 9 de noviembre de 1926 (mil novecientos veintiséis); - hayan purgado la pena de reclusión por tiempo no inferior a cinco anos en virtud de condena por el Tribunal especial fascista para la defensa del estado.
Serán nombrados asimismo senadores, por decreto del Presidente de la Republica, los miembros del Senado disuelto que hayan formado parte de la Asamblea Consultiva Nacional.
Para la primera elección del Senado, Molise será considerado como Región en si misma, con el número de senadores que le corresponda según su población.
El precepto del articulo 80 de esta Constitución, en lo que se refiere a los tratados internacionales que impliquen cargas para la hacienda o modificaciones de las leyes, surtirá efecto a partir de la fecha de convocatoria de las Cámaras.
Mientras no sea dictada la nueva ley orgánica judicial conforme a lo previsto en la Constitución, seguirán observándose las normas del ordenamiento vigente (derogado por ley constitucional numero 2 de 22-XI-1967). Mientras no entre en funcionamiento el Tribunal Constitucional, la decisión de las controversias a que se refiere el artículo 134 se efectuara de la forma y con los límites de las disposiciones anteriores a la entrada en vigor de esta constitución.
Se señalaran las elecciones de los Consejos Regionales y de los órganos electivos de las administraciones provinciales dentro del plazo de un ano tras la entrada en vigor de la Constitución.
Se regulara por leyes de la Republica para cada ramo de la Administración Publica la transferencia de las funciones estatales encomendadas a las Regiones. Mientras no se provea a la reestructuración y al reparto de las funciones administrativas entre las entidades locales, permanecerán atribuidas a las Provincias y a los Municipios las funciones que ejercitan actualmente y las demás cuyo ejercicio les deleguen las Regiones.
Se regulara por ley de la Republica el paso a las Regiones de funcionarios y empleados del Estado, incluso en la Administración Central, que resulte necesario en virtud de la nueva ordenación. Para la constitución de sus propios servicios deberán las Regiones, salvo en casos de necesidad, extraer su personal del perteneciente al Estado y a las entidades locales.
En el plazo de tres anos desde la entrada en vigor de la Constitución, la Republica adaptara sus leyes a las necesidades de las entidades locales autónomas y a la competencia legislativa atribuida a las Regiones.
Se aplicaran provisionalmente a la Región de Friuli-Venecia Julia, a que se refiere el articulo 116, las normas generales del titulo V de la parte II, sin perjuicio de que subsista la salvaguardia de las minorías lingüísticas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.
Hasta que se cumplan cinco anos de la entrada en vigor de la Constitución se podrá, mediante leyes constitucionales, formar otras Regiones a diferencia de la lista del artículo 131, aun sin el concurso de las condiciones exigidas por el primer párrafo del artículo 132, sin bien subsistirá el requisito de oír a la población interesada.
Por excepción a lo dispuesto en el artículo 48, se establecerán por ley, durante periodo no superior a un quinquenio desde la entrada en vigor de la Constitución, limitaciones temporales al derecho de voto y a la elegibilidad para los jefes responsables del rgimen fascista.
Los miembros y los descendientes de la Casa de Saboya no podrán ser electores y no podrán ocupar cargos públicos ni puestos electivos.
Se prohíbe la entrada y la permanencia en el territorio nacional a los ex-reyes de la Casa de Saboya, a sus consortes y a sus descendientes varones.
Los bienes existentes en el territorio nacional de los ex-reyes de la Casa de Saboya, de sus cortes y de sus descendientes varones serán transmitidos al Estado. Serán nulas las transferencias y las constituciones de derechos reales sobre dichos bienes que hayan tenido lugar con posterioridad al 2 de junio de 1946.
Se conservara la Orden Mauriciano como ente hospitalario y funcionara del modo establecido por la ley.
La ley regulara la supresión del Consejo heráldico.
Al entrar en vigor la Constitución se tendrá por convertido e ley el decreto-ley lugartenencia de 25 de junio de 1944, numero 151, sobre la ordenación provisional del Estado.
En el plazo de un ano de la entrada en vigor de la Constitución se procederá a la revisión y a la coordinación con ella de las leyes constitucionales anteriores que no hayan sido hasta ahora explicita o implícitamente derogadas.
La Asamblea Constituyente será convocada por su Presidente para deliberar, antes del 31 de enero de 1948 (mil novecientos cuarenta y ocho), sobre la ley para la elección del Senado de la Republica, sobre los Estatutos Regionales especiales y sobre la Ley de Prensa.
Hasta el día de las elecciones a las nuevas Cámaras la Asamblea Constituyente podrá ser convocada, cuando haya necesidad de deliberar sobre las materias de su competencia según el artículo 2, párrafos primero y segundo, y el artículo 3, párrafos primero y segundo, del decreto-ley de 16 de marzo de 1946 (mil novecientos cuarenta y seis), numero 98.
La presente Constitución será promulgada por el Jefe interino del Estado dentro de los cinco días de su aprobación por la Asamblea Constituyente y entrara en vigor el 1 de enero de 1948.
El texto de la Constitución será depositado en el Salón Consistorial de cada uno de los Municipios de la Republica para permanecer allí expuesto, durante el ano 1948, a fin de que todo ciudadano pueda tomar conocimiento de ella.
La Constitución, revestida del sello del Estado, será insertada en la Colección Oficial de las leyes y de los decretos de la Republica.
La Constitución deberá ser observada fielmente como ley fundamental de la Republica por todos los ciudadanos y los órganos del Estado.
ENRICO DE NICOLAControfirmano:
Il Presidente dellAssemblea Costituente :UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:ALCIDE DE GASPERI Visto: il Guardasigilli GRASSI