Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/02/STSJC20020701.htm
Timestamp: 2018-02-21 15:19:23
Document Index: 203904660

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 1214', 'artículo 1', 'artículo 24', 'in fine', 'artículo 1214', 'e contrario']

Sentència d'1 de juliol de 2002
D’1 de juliol de 2002 núm. 20/2001 (Sala Civil i Penal)
Excmo. Sr. D. Guillem Vidal Andreu
Dada cuenta del escrito del procurador D. Joaquín Sans Bascú; únase a las actuaciones. Se levanta la suspensión de la votación y fallo acordada en la Providencia de fecha 3 de junio de 2002; y visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de 28 de noviembre de 2001 dictada en grado de apelación por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 337/99 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Mollet del Vallès. El recurso de casación fue interpuesto por D. X1 representado por el procurador Sr. Joaquín Sans Bascú y defendido por el letrado D. Francisco Armendáriz del Cura, siendo parte recurrida Dª Y1, representada por la procuradora Dª Olanda López Graña y defendida por la letrada Sra. Franco.
Primero. La procuradora de los tribunales Sra. Francisca Dolores Rodríguez Nieto, actuando en nombre y representación de Dª Y1, formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía, que fue registrada al núm. 337/99 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Mollet del Vallès, contra D. X1 Previos los trámites legales, el indicado Juzgado dictó Sentencia en fecha 18 de mayo de 2001, cuyo fallo dice lo siguiente: “FALLO: Que con estimación parcial de la demanda interpuesta a instancia de la procuradora Dña.
Francisca Dolores Rodríguez Nieto, en nombre y representación de Dña. Y1, y defendida por la letrada Dña. Estela Franco, contra D. X1, con domicilio en la calle XXXXX, nº XX, de L, debo extinguir y extingo la unión estable de hecho formulada por Dña. Y1 y D. X1 provocando como efecto el cese y revocación de todos los poderes otorgados.
“Igualmente debo condenar y condeno a D. X1 a pagar a la actora la cantidad de 50.000 ptas. mensuales, durante tres años ininterrumpidos. Estas entidades habrán de ser abonadas por el demandado por meses anticipados y dentro de los cinco primeros días de cada mes. Los abonos deberán tener la debida constancia documental (correo certificado, transferencia bancaria, ingreso en cuenta de ahorro, etc.) que permitan a cada una de las partes acreditar el cumplimiento o incumplimiento de esta obligación.
“Como base anual para la actualización de estas cantidades se fija el índice general de precios al consumo. La referida actualización tendrá lugar siempre y en todo caso, sin perjuicio de que judicialmente se solicite, y así se acuerde, la improcedencia de la misma porque no se produzca un aumento correlativo de las ganancias o ingresos del mismo en la misma proporción al incremento del IPC. Todo ello sin especial pronunciamiento sobre las costas.”
Segundo. Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación ambas partes, que fueron admitidos, y sustanciada la alzada la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia con fecha 28 de noviembre de 2001 cuyo fallo es el siguiente: "FALLAMOS: Que, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por Dña. Y1 y desestimanddo el de D. X1 contra la Sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil uno dictada por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Mollet del Vallès en el asunto mencionado en el encabezamiento, debemos revocar y revocamos dicha sentencia, únicamente en lo referido a la indemnización solicitada en la demanda, de manera que condenamos al citado señor X1 a que pague a la señora Y1 la cantidad de tres millones de pesetas, confirmando en todo lo demás la sentencia apelada, sin especial pronunciamiento respecto a las costas ocasionadas por el recurso de Dña. Y1 y con imposición a D. X1. de las ocasionadas por su recurso”.
Tercero. Contra dicha sentencia, el procurador D. Carlos Vargas Navarro, en representación de D. X1, anunció ante la Sala 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona la interposición del presente recurso. Por Providencia de la mencionada de fecha 29 de enero de 2002, se tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso y se concedió a la representación de D. X1 el plazo de 20 días para la interposición del recurso.
Cuarto. El procurador D. Joaquín Sans Bascú, en nombre y representación de D. X1, mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2002, interpuso recurso de casación, que fundamentó en las siguientes alegaciones:
“Primera. La Sentencia objeto de casación concurre en infracción del principio de irretroactividad establecido en el artículo 2.3º del Código civil.
Segunda. Existe error por parte del Tribunal en la interpretación del artículo 1.1º de la Ley de unión estable de parejas dictada para la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Tercera. La Sentencia objeto del presente recurso es incongruente e infringe con ello el artículo 24 de la Constitución española.
Cuarta. La Sentencia incurre en un error en la valoración de la prueba, infringiéndose con ello lo dispuesto en el artículo 1214 del Código civil, vigente durante la sustanciación del proceso”.
Quinto. Por providencia de la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 28 de febrero de 2002, se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de casación y se acordó remitir las actuaciones a esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Una vez recibidas las actuaciones, por Auto de la Sala de fecha 11 de abril de 2002, se admitió a trámite el recurso y se acordó dar traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que en el plazo de 20 días formalizara su oposición, lo que efectuó oportunamente la procuradora Dª. Olanda López Graña en nombre y representación de D.ª Y1 Por providencia de fecha 9 de mayo se tuvo por evacuado el traslado conferido, y de acuerdo con el art. 486.1 de la LEC se señaló para la votación y fallo el día 3 de junio de 2002 a las 11,00 horas de la mañana. Y por otra providencia de 3 de junio, se suspendió el señalamiento anterior y se requirió a la representación procesal de la parte recurrente por el plazo de 10 días para que formulara alegaciones sobre el documento presentado por la parte recurrida, lo que realizó oportunamente mediante un escrito de fecha 11 de junio de dos mil.
Ha sido ponente el magistrado Exmo. Sr. D. Guillermo Vidal i Andreu.
Primero. Se interpone el presente recurso de casación contra la Sentencia dictada en fecha 28 de de noviembre de 2001 por la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona que estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por la demandante, D.ª Y1, y desestimó el del ahora recurrente, D. X1, contra la Sentencia dictada el 18 de mayo de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Mollet del Vallès.
La sentencia de primera instancia, estimando parcialmente las pretensiones de la demanda, concedió a la actora una pensión de cincuenta mil pesetas mensuales durante tres años ininterrumpidos con cargo al demandado. Implícitamente desestimó la petición de que se le concediera una pensión compensatoria a tanto alzado de diez millones de pesetas. El fundamento del acogimiento de aquella primera pretensión se centraba en la probada convivencia more uxorio de los litigantes durante catorce años aproximadamente y el desequibrio económico que se había producido tras la crisis convivencial. Por contra, se denegó la pensión compensatoria por entender el juzgador que aquel desequilibrio traía causa de la situación económica y patrimonial de que ya disfrutaba D. X1. antes de iniciar la relación de pareja con D.ª Y1
La sentencia de apelación confirmó el primero de los pronunciamientos y revocó parcialmente el segundo para conceder a la apelante una pensión de tres millones de pesetas, sobre la base de quedar probada en los autos la dedicación de D.ª Y1, mientras duró la conviencia, a la casa común y, durante un tiempo, al negocio de su pareja, lo que redundó en el sostenimiento y la mejora de la situación económica de ésta.
La sentencia ahora combatida declara probado que actora y demandado convivieron “desde al menos el 30 de mayo de 1986” y afirma que "si bien es cierto que, tras la entrada en vigor de la Ley de uniones estables de pareja, de 15 de julio de 1998, los litigantes no vivieron dos años juntos, pues se separaron en 1999, dicha Ley puede ser aplicada por razón de existir una hija común"; es decir, la Audiencia hace aplicación de lo establecido en el art. 1.2 de la Ley catalana. Al propio tiempo, la Audiencia explica: "La compensación económica que reconoce el art. 13 de la repetida Ley se funda en haberse dedicado quien la solicita a la casa o al negocio del otro, sin retribución suficiente, ocasionando con ello un enriquecimiento del otro interesado. Es obvio que un tal fundamento de hecho puede conducir a una indemnización al amparo de la doctrina del enriquecimiento sin causa, aunque no se reputase aplicable la legislación especial de parejas de hecho".
Segundo. Pues bien, el primer motivo de recurso (incluido por el recurrente en el capítulo único de Alegaciones) aduce "infracción del principio de retroactividad establecido en el art. 2.3 del Código civil, al aplicar al presente caso una norma legal cuya aplicación viene expresamente limitada en aquellos supuestos en que no hayan transcurrido dos años de convivencia desde su entrada en vigor y estableciéndose una especie de retroactividad en su aplicación ".
Como es sabido, el art. 2.3 del Código civil establece que "las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario". La Ley de uniones estables de pareja, como también es conocido, contiene una disposicion transitoria, única y especial, de forma que deviene inaplicable la disposición general contenida en el Código civil. Sin más, pues, el motivo casacional debería ser rechazado.
Pero el recurrente, con mezcla inapropiada de supuestas vulneraciones de preceptos sustantivos, alude en este mismo motivo a que no se dan las condiciones de aplicación de la citada disposición transitoria de la Ley catalana, con lo que tácitamente está reconociendo que el precepto hipotéticamente conculcado es el contenido en dicha disposición y no el art. 2.3 del Código civil.
Mas ocurre que tampoco la disposición transitoria de la Llei ha sido conculcada por el órgano a quo por la sencilla razón de que, según se ha visto, no la aplica, contando con la específica previsión del art. 1.2 del texto legal. Es decir, la Audiencia acude a la Ley de uniones estables de pareja no porque entienda que debe sumarse el tiempo de convivencia anterior a la entrada en vigor de esta Ley al posterior a dicha fecha, lo que requeriría —efectivamente— el acuerdo de los dos miembros de la pareja, sino porque entiende que tal convivencia de dos años mínimo que marca el art. 1.1 para la aplicación de la Ley no rige en el presente caso al darse una descendencia común.
El motivo, en consecuencia, ha de desestimarse por carecer fundadamente de razón jurídica.
Tercero. El segundo de los motivos de casación denuncia "error por parte del Tribunal en la interpretación del artículo 1.2 de la Ley de unión estable de parejas dictada por la Comunidad Autónoma de Cataluña" y se basa en que "la filiación de la presunta hija común, Z, estaba determinada conforme a derecho, resultando que el padre de la misma era el ex marido de la actora, Don K, por lo que no puede atribuirse esta a mi representado por obra del Tribunal ".
Salta a la vista, pues, que el precepto supuestamente vulnerado no puede ser nunca el citado por el recurrente, sobre cuya exégesis no yerra el Tribunal, sino, en todo caso, el o los preceptos que definen la filiación no matrimonial, como puede ser el 93 del Código de família, pues el ataque que dirige el recurrente a la sentencia de la Audiencia se basa en la declaración de una negada descendencia.
Nótese que el recurso de casación lleva fecha 20 de febrero de 2002.
Pues bien, según consta en la documentación del recurso, en fecha 1 de septiembre de 2001 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Mollet del Vallès dictó sentencia reconociendo a D. X1, hoy recurrente, la filiación paterna no matrimonial de Z.... Y ello ¡mediando el allanamiento del demandado! Poco más habría de añadirse a lo anterior, y con la vista puesta en las inasumibles alegaciones del dicho recurrente ante la presentación de la documentación aludida, sino recordar las reglas de la buena fe que deben presidir las actuaciones ante los tribunales de justicia conforme determinan los arts. 11.1 y 437.1 de la Ley orgánica del poder judicial.
La Ley catalana de uniones estables dispone en el segundo inciso del art. 1 que “no és necessari el transcurs del període esmentat [dos años ininterrumpidos de convivencia] quan tinguin descendència comuna, però sí que cal el requisit de la convivència ”. Según lo probado existe un largo período de convivencia entre D. X1. y D.ª Y1, que comienza en 1986 y termina en 1999, y consta también la existencia de una hija nacida de esta unión.
Sobre estos parámetros de hecho, la aplicación de la norma catalana es rigurosa y exacta, por cuya razón ha de ser mantenida.
Cuarto. En el tercer motivo de recurso se invoca: “la sentencia objeto del presente recurso es incongruente con las pretensiones de la contraria, introduciéndose hechos no alegados por las partes, como es la aplicación de la teoría del ‘enriquecimiento sin causa’, infringiéndose con ello el artículo 24 de la Constitución española ”.
El motivo no es ya desestimable, sino incluso inadmisible.
Como es sabido y ha tenido ocasión de exponer esta Sala, la incongruencia es un vicio de la sentencia que se presenta cuando ésta otorga más de lo pedido por el actor o convenido por las partes (ultra petita), concede cosa distinta a la pedida (extra petita) u omite algún pronunciamiento (citra petita). La incongruencia es un vicio procesal de la sentencia en cuanto se contradice con el mandato contenido en el art. 359 de la antigua Ley de enjuiciamiento civil y 218.1 de la actual. En consecuencia, el vicio de incongruencia sólo puede acceder a la casación por la vía del quebrantamiento de forma, hoy por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal y, en concreto, por la previsión que se contiene en el numeral 3º del art. 469 de la LEC.
Al no haberse hecho así en el caso presente, el motivo de recurso no debó siquiera haberse admitido, y procede ahora, en esta fase procesal, su desestimación.
Desestimación, por otro lado, que también procede en el fondo a poco que se observe que:
-Primero. La actora ya en el suplico de su demanda solicita que: “atendiendo a que la Sra. Y1 siempre ha trabajo tanto para el hogar como para el negocio familiar, generando ella (sic) una situación de desigualdad entre el patrimonio de los dos que implica un enriquecimiento injusto favorable para el X1, se fije como compensación económica la cantidad de diez millones de pesetas (10.000.000 ptas.-) ”.
-Segundo. Que el enriquecimiento injusto es precisamente la base de la procedencia de la compensación económica, porque específicamente se prevé en la Ley, art. 13 in fine, corroborado por sentencias del Tribunal Supremo de las que son ejemplo las de fechas 11 de diciembre de 1992 y 16 de diciembre de 1996.
-Tercero. Que la teoría del enriquecimiento injusto es utilizada en la sentencia como argumento de refuerzo o ex abundantia, como claramente se deduce de su texto, pudiendo ser sólo objeto de revisión casacional los errores en los fundamentos jurídicos que son decisivos para la integración del fallo.
Por todo lo anterior, pues, el motivo debe ser rechazado.
Quinto. El cuarto de los motivos de casación reza así: “por último, la sentencia incurre en un error en la valoración de la prueba, en primer lugar al declarar la posesión de estado del X1 respecto a la hija de la actora Z, y en segundo lugar en cuanto a la determinación de la existencia de desequilibrio patrimonial entre la actora y el demandado, infringiéndose con ello lo dispuesto en el artículo 1214 del Código civil, vigente durante la sustanciación del proceso”.
De la situación de la hija de los litigantes ya se ha hablado, de forma que, tanto para no repetir conceptos, cuanto porque la parte recurrente mezcla de forma incompatible en casación preceptos heterogéneos, debemos remitirnos a lo expresado en el fundamento de derecho tercero.
Respecto a la determinación de la existencia de un desequilibrio patrimonial que es base del otorgamiento de la pensión compensatoria, el recurso no puede prosperar en la medida en que adolece de la lamentable confusión de presentar una casación como si de un puro recurso de apelación se tratara. No es ya la cita del art. 1214 del Código civil, derogado por la disposición derogatoria única (punto 2) y por tanto sin vigor al dictarse la sentencia combatida, lo que es inaceptable del recurso, pues podría sin esfuerzo entenderse integrado por la cita del art. 217 de la actual LEC., sino la pretensión de una revisión probatoria por el Tribunal de casación, lo que supone el desconocimiento de la esencia misma de este recurso.
Pues se pretende, en efecto, que esta Sala sustituya la conclusión valorativa, imparcial y objetiva, del Tribunal de instancia por unos argumentos de la parte recurrente, resumidos en tres párrafos, que revelan la parcial interpretación de unos hechos realizada por aquel a quien en definitiva interesa.
El Tribunal analiza el resultado de las pruebas y llega a concluyentes decisiones:
-la actora convivió durante trece años con el demandado;
-trabajó en la casa y en el negocio de éste;
-percibió por ello una retribución insuficiente;
-el trabajo en la casa debió ser relevante a partir del hecho de que, desde la separación,
el demandado tiene a dos personas a su servicio;
-la actora ha quedado probadamente con un capital que asciende a 2.752.000 ptas;
-el demandado, por el contrario, mantiene un productivo negocio de venta de animales.
Los argumentos de contrario, expuestos por el recurrente, no pueden ser más inasumibles:
el demandado ya poseía el negocio al iniciarse la convivencia con la demandante y durante los trece años que duró esa convivencia mantuvo a la actora y le abonó un sueldo por su trabajo. Sus argumentos, en consecuencia, no son de prueba, sino jurídicos y olvidan y desconocen la filosofía de la pensión compensatoria, orientándose más bien hacia la figura del servicio doméstico retribuido o al puro salario laboral. La pensión compensatoria nace para equilibrar en lo posible las desigualdades que pueden generarse durante una convivencia estable, cuando uno de los convivientes se dedica al cuidado del hogar y de los hijos o ayuda en el negocio percibiendo en este caso una insuficiente remuneración, mientras el otro dirige y administra el comercio con el ahorro —de todo tipo— añadido que supone la anterior dedicación. La pensión compensatoria intenta impedir o limitar que, al cese de aquella convivencia, quien ha ayudado propiciando el mantenimiento y el desarrollo del negocio, quede sin la capitalización de sus esfuerzos, mientras el otro retenga el activo patrimonial íntegro. Se trata, pues, de lograr un justo equilibrio patrimonial, medido a la hora de la crisis de convivencia, pero con la vista puesta en la necesidad de retribuir un trabajo y un esfuerzo colateral pero convergente no remunerado o remunerado insuficientemenrte hasta entonces.
La valoración de la prueba de los hechos ha sido efectuada con toda corrección por el Tribunal de Instancia en este caso, y ha sido también correcto el encaje jurídico de aquellos hechos en la norma, en razón de lo cual el último de los motivos de casación y con él todo el recurso ha de ser rechazado.
Sexto. Según lo establecido en el art. 394.1 en relación con el 398.1 de la LEC, se impondrán al recurrente las costas causadas.
Así pues, por lo expuesto
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador de los tribunales, D. Joaquín Sans Bascú, en nombre y representación de D. X1, contra la Sentencia dictada en fecha 28 de noviembre de 2001 por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Barcelona en rollo de apelación nº 535/2001, procedente de los autos de juicio de menor cuantía nº 337/1999 del Juzgado de Primera Instancia de Mollet del Vallès; la qual, en consecuencia, confirmamos en todas sus partes, con expresa imposición de las costas a la parte recurrente.
Notifíquese la presente a las partes y con testimonio de la misma remítanse los autos originales a la citada Sección de la Audiencia.