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Timestamp: 2020-08-06 22:16:37
Document Index: 248817169

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 241', 'artículo 74', 'artículo 102', 'artículo 6', 'artículo 124', 'artículo 131', 'artículo 119', 'artículo 74', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 29']

Sentencia de Constitucionalidad nº 175/01 de Corte Constitucional, 14 de Febrero de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614419
Sentencia de Constitucionalidad nº 175/01 de Corte Constitucional, 14 de Febrero de 2001
Ley 200 de 1995. Art. 74 (p.). Codigo disciplinario unico. Vigencia y oportunidad del nombramiento de apoderado. Presentacion de pruebas en indagacion preliminar. Solicitud version voluntaria sobre los hechos. Recursos. Exequible expresion.
Sentencia citada en: 34 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 74, parcial, de la Ley 200 de 1995 "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico".
Demandante: L.C.M.P.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-4 de la Constitución Política, el ciudadano L.C.M.P., demandó el artículo 74, parcial, de la Ley 200 de 1995 "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico".
Por auto de 20 de octubre del año 2000, el magistrado sustanciador admitió la demanda presentada, en consecuencia ordenó fijar en lista la norma acusada. Así mismo, dispuso dar traslado al señor P. General de la Nación para que rindiera su concepto, y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso de la República y al señor Ministro de Justicia y del Derecho, con el objeto que si lo
El P. General de la Nación solicita la declaratoria de inexequibilidad de la disposición acusada, pues considera que con relación a la presentación de las pruebas "el artículo demandado es claro en cuanto a que el apoderado puede presentarlas en la indagación preliminar, sin que sea viable afirmar que `la negativa' a la que alude el citado precepto se refiere a la recepción de las mismas por parte del funcionario investigador. Tal afirmación la sustenta el artículo 102 del Código Disciplinario Unico cuando consagra que `el recurso de apelación es procedente contra el auto que niega pruebas en la investigación disciplinaria y contra el fallo de primera instancia".
En relación con la posibilidad que tiene el investigado de rendir versión voluntaria, manifiesta el P. General que la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el mismo tema, y ha expresado que el funcionario investigador tiene la obligación procesal de escuchar al disciplinado, por lo tanto, dejar esa decisión a su arbitrio violaría el derecho de defensa y el debido proceso del investigado, de tal suerte que la posibilidad que tiene éste de ser escuchado no es una facultad discrecional del investigador, sino un derecho con que cuenta el investigado.
Sobre el particular, esta Corporación en sentencia C-725 de 21 de junio de 2000, M.P.A.B.S., expresó que : "3.3.3. Precisamente por ello, el artículo 6 de la Carta preceptúa que los servidores públicos son responsables ante las autoridades cuando infrinjan la Constitución o las leyes, o cuando incurran en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, norma esta que guarda estrecha armonía con el artículo 124 de la misma, en cuanto este último ordena que "la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva".
Y, de la misma manera, para precisar la distinción existente entre el proceso disciplinario y el proceso penal, la Corte, en sentencia C-244 de 30 de mayo de 1996, M.P.C.G.D., señaló que "Cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios. En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de éstos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública; en el proceso penal las normas buscan preservar bienes sociales más amplios".
En la misma dirección, cabe recordar que en sentencia C-280 de 1996, M.P.A.M.C., para explicar la razón de ser del derecho disciplinario, esta Corte, examinados los antecedentes de la Ley 200 de 1995, transcribió apartes de la exposición de motivos, en la cual se expresó entonces que "Es incuestionable que el Estado Colombiano debe tener un código o estatuto unificado para la realización del control disciplinario tanto interno como externo a fin de que la función constitucional se cumpla de manera eficaz y además, se convierta en herramienta eficiente en la lucha contra la corrupción administrativa" (Gaceta del Congreso, año IV, número 73, citada en la sentencia aludida).
2.7. En ese orden de ideas, y para satisfacer a plenitud el derecho de defensa, resulta claro que si en forma arbitraria se deniega la solicitud de comparecer desde el comienzo a la indagación preliminar a quien solicitó ser oído en versión libre, o se le priva en absoluto del derecho a presentar pruebas que puedan serle favorables a la indagación de los hechos en esta etapa, se vulneraría el derecho al debido proceso, razón esta por la cual el afectado con ese proceder autoritario tendría a su disposición la posibilidad de alegar la existencia de una nulidad en el proceso disciplinario, como quiera que el artículo 131 del Código Disciplinario Unico establece que son, entre otras, causales de nulidad "la violación del derecho de defensa", así como "la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso" (art. 131 Ley 200/95), nulidades que, aún no alegadas, deben ser declaradas de oficio, en cualquier etapa del proceso en que se adviertan por el funcionario encargado de la tramitación del mismo (art. 132 ejusdem), lo cual guarda armonía con lo dicho por la Corte en sentencia C-892 de 10 de noviembre de 1999, en la que actúo como ponente el magistrado que ahora lo es en este proceso, en la que, al analizar la constitucionalidad del artículo 119 del Código Disciplinario Unico expresó que : "Tanto en la etapa de indagación preliminar antes de que se le formulen cargos y durante el término de los descargos, el investigado podrá solicitar, en aras del ejercicio del derecho de defensa, la práctica de las pruebas que considere pertinentes, es decir, las que tengan relación con el tema y que permitan esclarecer los supuestos fácticos que dan origen al inicio de la investigación".
Igualmente ha de insistirse ahora que en la sentencia C-013 de 17 de enero de 2001, reitero la Corte su doctrina en el sentido de que no es "razonable ni proporcionada" la restricción normativa que deje "a la voluntad del funcionario investigador recibir o no la exposición espontánea que solicita el investigado", pues éste si así lo solicita "deberá ser oído en versión espontánea, tanto durante la indagación preliminar como en la investigación".
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 74 (parcial) de la Ley 200 de 1995 "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico"
Si bien la negativa a recibir ciertas pruebas puede ser controvertida durante la etapa de investigación, el derecho al "debido proceso sin dilaciones injustificadas" (art. 29 C.P.) implica que el legislador, al regular el procedimiento disciplinario debe imponer a los órganos de control del Estado la obligación de resolver la situación del implicado procurando causarle el mínimo de daño posible. Esta subregla constitucional admite como única excepción que haya una causa que justifique una dilación del procedimiento, la cual no está presente en la norma demandada.
El debido proceso sustancial frente al debido proceso formal
Las fuentes constitucionales de las restricciones a la libertad del legislador para establecer procedimientos: la regulación constitucional de los contenidos sustanciales del debido proceso
Con todo, el ámbito de aplicación de las garantías del debido proceso explícitas en la Constitución puede ser general por ejemplo, el derecho a presentar pruebas, que opera tanto en los procesos judiciales, como en los procedimientos administrativos, o específico, aplicable a una especie de procedimiento particular, como el principio de favorabilidad de la ley en el proceso penal. Ahora bien, al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha afirmado, desde sus inicios, que aun cuando las disposiciones constitucionales utilicen términos que parezcan restringir ciertas garantías procesales al ámbito penal, éstas deben interpretarse en un sentido amplio, y no puede entenderse que las mismas carezcan de asidero constitucional en otros procesos, en la medida en que sean compatibles. Sentencia T-413/92 refiriéndose al término "pena", contenido en el inciso segundo del artículo 31 de la Constitución dijo: "Debe entenderse, por supuesto, que la norma constitucional hace referencia también a sanciones distintas a las penales. El término pena ha de entenderse aquí en su sentido extenso, como toda sanción que le sea desfavorable a la parte que la está apelando." Así también la Sentencia C-479/92, refiriéndose al principio del "non bis in idem": "El enunciado principio no es aplicable únicamente a la materia penal sino también a la administrativa en cuanto, según ya se dijo, forma parte de las garantías que integran el debido proceso, expresamente exigido por el artículo 29 de la Carta como de ineludible aplicación `a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas'".
En aquellos casos en que la Carta no determina directa o indirectamente a qué procesos es aplicable una garantía en particular, debe entenderse que ésta se debe aplicar a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
El derecho a presentar pruebas y solicitar versión voluntaria en la etapa de indagación preliminar del proceso disciplinario: la apelación como garantía
El debido proceso sin dilaciones injustificadas en el procedimiento disciplinario: alcances
"Para la Corte, el hecho de que el funcionario investigador profiera una providencia negando las pruebas aportadas por el defensor del presunto inculpado, no vulnera el artículo 29 de la Carta Política, pues como se vio, a él le corresponde analizar la conducencia y pertinencia de la prueba en aras de preservar el ejercicio de la función pública de conformidad con los principios de eficacia, economía, celeridad e imparcialidad (art. 209 C.P.); además como lo dispone la norma acusada, se trata de una providencia susceptible de ser impugnada mediante la interposición del recurso de reposición, en el evento de que se observe restricción de las garantías que tiene el presunto inculpado a presentar pruebas y contradecir la que se alleguen en su contra ..." (Fundamento 2.2)
"Esta Corte en varias sentencias ha sostenido que el derecho de defensa debe asegurarse permanentemente, es decir, tanto en la etapa de la investigación previa como en la investigación y en el juicio Sentencias C-150/93 M.P.F.M.D.; C-411/93 M.P.C.G.D.; C- 412/93 M.P.E.C.M., por lo tanto, no se justifica que se restrinja el derecho a rendir exposición en la etapa de la indagación preliminar."
"En las condiciones anotadas, no encuentra la Corte razonable ni proporcionada a la finalidad que pretende perseguirse -eventualmente la economía procesal o la eficiencia y la eficacia para la administración de la actuación disciplinaria- el que quede a la voluntad del funcionario recibir o no la exposición espontánea que solicita el inculpado, pues siendo ella como se dijo un acto de defensa, no existe justificación alguna valedera para su restricción." Sentencia C-430/97 (M.P.A.B.C.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46805 de 18 de Marzo de 2010