Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/727607213
Timestamp: 2020-07-12 16:46:04
Document Index: 134614534

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 10', 'artículo 86', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 186', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 44']

Sentencia de Tutela nº 207/18 de Corte Constitucional, 30 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 727607213
Sentencia de Tutela nº 207/18 de Corte Constitucional, 30 de Mayo de 2018
MODALIDADES EDUCATIVAS Y SU RELACIN CON LA LIBERTAD DE ESCOGENCIA DE PROFESION U OFICIO. Los accionantes aducen que la Alcaldía demandada vulneró derechos fundamentales de sus hijos al suspender el servicio de transporte escolar que los trasladaba desde el corregimiento donde residen hasta el corregimiento donde cursaban sus estudios en una institución educativa que les brindaba su formación en la modalidad técnica. Alegan que con dicha actuación se obliga a algunos estudiantes a caminar al menos dos horas diarias por una zona rural, mientras que a otros se les indujo a cambiar de colegio y matricularse en una institución con una modalidad educativa con énfasis agropecuario. Se examinan los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la educación y sus componentes y, 2º. Las modalidades educativas y su vínculo con la libertad de escogencia de profesión y oficio. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. Recibo Relatoria:
Acción de tutela instaurada por Y.D.G.M. y otros contra la Alcaldía Municipal de La Cruz, N..
Procedencia: Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz, N.,
La S. Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado J.F.R.C. y por las M.C.P.S. y G.S.O.D., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia pronunciado el 29 de agosto de 2017 por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz, N., que confirmó la sentencia emitida el 24 de julio de 2017 por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Cruz, por medio de la cual se negó el amparo constitucional solicitado por los accionantes.
El asunto llegó a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz. El 15 de diciembre de 2017, la S. Número Doce de Selección de Tutelas[1] de esta Corporación escogió el presente caso para su revisión.
La Alcaldía de La Cruz, N., prestó durante 9 años el servicio de transporte escolar a los estudiantes que residen en el corregimiento de Tajumbina, de ese mismo municipio, hasta la Institución Educativa de B.ato, la cual se encuentra ubicada en el corregimiento La Estancia, N..
En febrero de 2017, la Alcaldía suspendió la prestación del servicio de transporte a los alumnos que residen en Tajumbina, con el argumento de que estos pueden adelantar sus estudios en los establecimientos educativos ubicados en su corregimiento.
El 9 de mayo de 2017, los padres de familia de los estudiantes referidos, en ejercicio del derecho de petición, solicitaron la reanudación del servicio de transporte. Argumentaron que a pesar de que en su lugar de residencia se encuentra ubicada la Institución Educativa M.Á.R., esta es de carácter agropecuario mientras que la Institución Educativa de B.ato es de “modalidad técnica”[2]. Por lo anterior, sostuvieron que el transporte de sus hijos es necesario para que estos continúen la modalidad educativa en la que han adelantado su proceso de formación. La petición no obtuvo respuesta.
El 11 de julio de 2017, los padres de familia L.D.M.E., S.C.P.J., J.M.G., L.G.D., B. delC.M., V.O.B., M.M.B., E.B., P. delC.M., D.B.L. y M.I.B.O., en calidad de agentes oficiosos de Y.D.G.M., L.E.M.B., K.Y.M.M., E.J.E.M., S.V.G.C., K.Y.M.M., A.M.O., Y.A.O.M., Z.Y.P.B., S.P.B.M., C.C.C.M., J.L.G.M. y Y.S.L.B., interpusieron acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de La Cruz, N..
Los accionantes adujeron que la entidad accionada vulneró el derecho fundamental a la educación de sus hijos. Argumentaron que debido a la suspensión del servicio de transporte ellos deben caminar al menos dos horas diarias por una zona rural para acceder a la Institución Educativa de B.ato, ya que quieren completar una modalidad educativa técnica y no agropecuaria. Por lo tanto, solicitaron al juez de tutela que le ordenara a la Alcaldía Municipal de La Cruz a restablecer el servicio de transporte escolar.
Con respecto al caso de los alumnos de la Institución Educativa de B.ato que viven en Tajumbina señaló que en este corregimiento se encuentra la Institución Educativa Agropecuaria M.Á.R., a través de la que se les garantiza el derecho a la educación, razón por la cual no existe la necesidad de desplazarse para que este derecho sea efectivo. En ese sentido, resaltó que la decisión de adelantar los estudios en una institución lejana al lugar de residencia es una elección personal de los estudiantes que no tiene implicaciones para la Alcaldía, ya que garantiza la educación de los estudiantes mediante el plantel ubicado en el corregimiento en el que viven.
Respuesta de la Comisaría de Familia de La Cruz, N.
Con el fin de contar con mayores elementos de juicio, mediante auto del 16 de febrero de 2018[9], la Magistrada Sustanciadora ordenó a la Institución Educativa de B.ato y a la Institución Educativa Agropecuaria M.Á.R. que informaran cuál es el currículo que ofrecen a sus estudiantes, cuáles son las habilidades que buscan desarrollar en sus estudiantes y de qué manera la modalidad de estudios se refleja en su infraestructura. Por otro lado, también le solicitó a la Alcaldía de La Cruz, N. que remitiera información relacionada con el presupuesto del municipio, el porcentaje destinado a la educación y la fuente de los recursos.
Así mismo, vinculó al Ministerio de Educación Nacional, a la Gobernación de N. y a la Secretaría de Educación de ese departamento. Lo anterior, con el objetivo de que el primero indicara cuáles son los criterios y elementos mínimos en términos de infraestructura que determinan que una modalidad educativa sea técnica o agrícola. De otra parte, ordenó a la Gobernación de N. que informara de qué manera destinó los recursos para educación en los últimos cinco (5) años en el municipio de La Cruz y cuáles son sus criterios para designar presupuesto. Adicionalmente, le preguntó a la Secretaría de Educación de N. en qué consiste y cómo se desarrolla concretamente en las mencionadas instituciones educativas las modalidades de educación técnica y agrónoma.
Igualmente, solicitó que los señores Y.S.L.B. y Y.D.G.M. ratificaran lo expuesto en la acción de tutela y manifestaran de manera clara su intención de exigir el amparo de sus derechos fundamentales, ya que desde la presentación de la acción de tutela son mayores de edad.
Por último, estableció que una vez recibidos los informes rendidos por las instituciones educativas, estos se remitieran a la Facultad de Educación de la Universidad de N., al Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Educadores, a la Facultad de Ciencias Naturales, E. y de la Educación de la Universidad del Cauca, a la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y al Centro de Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, para que rindieran concepto sobre las modalidades educativas en mención y las implicaciones de cambiar la orientación del proceso educativo.
Respuesta de la Secretaría de Educación y de la Gobernación de N.
La Secretaría de Educación de N., mediante comunicación electrónica del 22 de febrero de 2018[10], allegó respuesta a las preguntas que se le formularon directamente y las elevadas a la Gobernación de N..
Respecto a las preguntas dirigidas a la Gobernación de N., la Secretaría señaló, en primer lugar, que aplica los criterios para la destinación de presupuesto fijados por el Ministerio de Educación Nacional y anexó el informe denominado “B02.06. Asignación de Recursos Provenientes de Rendimientos Financieros Aplicados a Calidad Educativa”. Este informe establece el procedimiento de priorización de proyectos para asignación de recursos a través de transferencias provenientes de rendimientos financieros aplicados a calidad educativa. De igual forma, determina y analiza los requisitos que deben presentar las Instituciones Educativas para acceder a recursos económicos para el mejoramiento, mantenimiento y dotación de los ambientes escolares.
En segundo lugar, la Secretaría se refirió a la destinación de los recursos para educación en el municipio de La Cruz e informó que este hace parte del proyecto de “Mejoramiento de la calidad educativa en 40 municipios no certificados del departamento de N.”[11]. En el marco de dicho proyecto, los recursos de rendimientos financieros del Sistema General de Participaciones se destinaron a la financiación de los siguientes proyectos en establecimientos educativos:
Proyectos que se financiaron con rendimientos financieros aplicados a calidad educativa en los últimos cinco años a establecimientos educativos en el municipio de La Cruz, N.[12]
I.E. de B.ato
I.E.N. Superior Del Mayo
Institución Educativa De B.ato
Institución Agropecuaria M.Á.R.
I.E.N. Superior De Mayo-Primaria
I.E.N. Superior De Mayo-Secundaria
I.E.N. Superior De Mayo
En tercer lugar, resaltó que adelanta un plan de infraestructura que busca diagnosticar el estado de las plantas físicas educativas en los 61 municipios no certificados. Sin embargo, no hizo referencias particulares a la Institución Educativa de B. ni a la Institución Educativa Agropecuaria M.Á.R..
Por último, la Secretaría resaltó que las indicaciones que la Gobernación de N. puede dar al municipio de La Cruz en relación con la inversión de recursos económicos en educación son de orden legal, y están previstas tanto en la Ley 715 de 2001, como en las Directivas Ministeriales 04 del 27 de marzo de 2003 y 12 de junio de 2008. En ese sentido, resaltó que:
Ahora bien, en relación con las preguntas formuladas directamente a la Secretaría de Educación, en primer lugar respondió que según el artículo 32 de la Ley 115 de 1994, la modalidad agropecuaria forma parte de la educación media técnica como una de las especialidades, razón por la que no se pueden establecer diferencias entre la educación técnica y la agropecuaria. En segundo lugar, dijo que en términos académicos las consecuencias para los accionantes de cambiar de modalidad son no cumplir con la totalidad de horas requeridas en cada enfoque. Por último, resaltó que las instituciones académicas M.Á.R. y Educativa de B.ato se diferencian en que mientras en el pénsum de la primera “aparecen ciencias agrícolas, ciencias pecuarias, extensión rural, administración agropecuaria y taller”[14], en la segunda se registra “emprendimiento y gestión empresarial.”[15]
El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz, a través de comunicación del 22 de febrero de 2018[16], remitió oficio en el que certificó el cumplimiento del despacho comisorio emitido por la Magistrada Sustanciadora. En su respuesta anexó los cuestionarios formulados a Y.D.G.M. y Y.S.L.B., quienes ratificaron los hechos y pretensiones de la acción de tutela. No obstante, es importante señalar que el joven L.B. manifestó “que en la tutela que cayó (sic) dice que el colegio agropecuario Tajumbina es solamente agropecuario, pero es todo lo contrario es técnico agropecuario y el bachillerato lo presentaron como técnico y no es técnico sino académico.”[17]
Respuesta de la Institución Educativa de B.ato
La Institución Educativa de B.ato, mediante comunicación electrónica del 22 de febrero de 2018[18], informó que las accionantes S.P.B.M., S.V.G.C., L.E.M.B. y Z.Y.P.B. están matriculadas en la institución. Además, señaló que J.M.B., a pesar de no haber suscrito la acción de tutela de la referencia, también vive en el corregimiento de Tajumbina y está inscrita en el colegio en el grado 6º.
Además, envió oficio en el que comunicó que el modelo pedagógico del colegio es la “P.D.”[19], el cual consiste, entre otras, en reconocer “las diferentes dimensiones humanas, el carácter contextual, cultural, histórico, social y mediado del desarrollo [sic]; por lo tanto, [ubica] como principal tarea de la escuela el desarrollo de competencias integrales.”[20]
La Alcaldía de La Cruz, mediante comunicación electrónica del 28 de febrero de 2018[25], manifestó que los recursos con los que cuenta el municipio para invertir en educación provienen del Sistema General de Participaciones y de ingresos corrientes de libre destinación. Además, precisó que el presupuesto global para la vigencia fiscal de 2017 fue de $23.930.964.066, de los cuales $993.470.888 se destinaron para el sector educativo. Por otro lado, afirmó que la educación que se imparte en los centros educativos La Ciénaga, La Palma y el S.do es la misma que se dicta en la primaria de la Institución Educativa Agropecuaria M.Á.R., ya que comparten el mismo Proyecto Educativo Institucional-PEI. Finalmente, destacó que las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 regulan la inversión de los recursos en educación.
Respuesta de la Institución Educativa Agropecuaria M.Á.R.
La Institución Educativa Agropecuaria M.Á.R. respondió a través de oficio del 28 de febrero de 2018[26] a las preguntas formuladas en sede de revisión. En primer lugar, señaló que el plan de estudios de la institución está dividido, por un lado, en las nueve áreas fundamentales del conocimiento, mientras que por el otro, se encuentran las áreas de conocimiento con énfasis técnico agropecuario. En segundo lugar, dijo que:
“El egresado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria M.Á.R. obtiene el título de B. agropecuario y el de Técnico en Producción Sistema productivos [sic] ecológicos ofrecido por el SENA regional N.. En cumplimiento con la articulación de la educación básica media.”[27]
En cuarto lugar, informó que los accionantes E.J.E.M., K.Y.M.M., K.Y.M.M., Y.S.L.B., Y.A.O.M. y A.M.O. están matriculados en la institución.
Respuesta de la Universidad de N.
La Facultad de Educación de la Universidad de N., a través de oficio radicado el 9 de marzo de 2018[39], respondió la invitación de la Magistrada Sustanciadora. En primer lugar, manifestó que dentro de la educación media técnica existen diversas modalidades entre las que se encuentra la agropecuaria, cuyo propósito es el estudio del campo y de los distintos aspectos que tienen que ver con la agricultura.
Una vez recibida la información del auto del 16 de febrero de 2018, la S. de Revisión consideró que esta era insuficiente para resolver el asunto. Por lo tanto, a través de auto del 9 de marzo de 2018[41], requirió a la Institución Educativa de B.ato para que cumpliera las órdenes emitidas en el auto del 16 de febrero de 2018 y, además, le ordenó que allegara copia de las Resoluciones 1711 del 4 de 2003 y 1889 del 13 de junio de 2013, ya que estas regulan su modalidad académica. Por otro lado, para tener mayor información sobre el asunto en discusión, consideró necesario ordenar a la Alcaldía que precisara el presupuesto destinado para transporte escolar durante el 2016 y las razones por las que dejó de prestar este servicio a los accionantes.
Por último, anotó que después de cotejar las listas de estudiantes enviadas por las instituciones educativas se advirtió que Y.D.G. y J.L.M. no están inscritos. Siendo así, les ordenó a través de la Personería Municipal que informaran por qué no están matriculados en los colegios mencionados y si actualmente adelantan estudios de educación media en otra institución educativa.
El despacho de la Magistrada Sustanciadora, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en atención al carácter informal de la acción de tutela y con el objetivo de contar con elementos de juicio suficientes, contactó por vía telefónica al señor L.G.D., padre de Y.D.G., con el fin de determinar si esta se encontraba escolarizada. El señor G.D. aseguró que la accionante recibió su título de bachiller de la Institución Educativa de B.ato en diciembre de 2017[42].
La Institución Educativa de B.ato respondió al requerimiento formulado a través de comunicación electrónica del 20 de marzo de 2018[43]. En primer lugar, anexó una copia de la Resolución 1889 del 13 de junio de 2013, que reconoce que la institución está autorizada para expedir certificados “académicos y técnicos agroindustriales en la educación regular y académicos en la educación de adultos.”[44]
Por último, señaló que una persona que haya obtenido el título de B. Técnico Agroindustrial de la Institución Educativa B.ato de La Cruz debe ser competente laboralmente para, entre otras, transformar, adecuar y procesar alimentos a partir de productos agrícolas.
Respuesta de la Alcaldía de La Cruz, N.
La Alcaldía Municipal de La Cruz, a través de correo electrónico del 21 de marzo de 2018[46], respondió a las preguntas formuladas por la Magistrada Sustanciadora. En primer lugar, afirmó que el presupuesto destinado para el transporte escolar durante el año 2016 fue de $326.000.000.00. En segundo lugar, reiteró que la decisión de suspender el servicio de transporte escolar de los accionantes se debió a que en el corregimiento en el que viven se encuentra la Institución Educativa Agropecuaria M.Á.R., a través de la que se les garantiza el derecho a la educación, razón por la cual no existe la necesidad de desplazarse para que este derecho sea efectivo.
Respuesta de la Personería Municipal de La Cruz, N.
Por un lado, informó que la señora M.M.B., como representante legal de J.L.M.B., compareció ante la Personera Municipal y le indicó que su hijo estuvo matriculado en la Institución Educativa de B.ato hasta quinto de primaria. No obstante, el menor de edad abandonó sus estudios porque no se siente cómodo por su edad -15 años- y el grado que debe cursar –sexto-. Sobre esta circunstancia, la Personería informó que intentó convencer al joven y a su madre de retomar la formación escolar sin éxito, por lo que remitió el caso a la Comisaría de Familia Municipal para que tomara las medidas correspondientes.
Por otro lado, la Personería indicó que a pesar de que no se pudo comunicar directamente con Y.D.G.M., la Personera Municipal informó que “pudo conocer a través de la señora L.D.M.E. en que Y. cursó estudios hasta 11 y recibió su grado en diciembre de 2017 en la Institución Educativa de B.ato del corregimiento de La Estancia.”[48]
El 17 de abril de 2018, el despacho de la Magistrada Sustanciadora contactó por vía telefónica[49] a L.D.M.E. con el propósito de establecer su rol dentro del proceso en referencia y su relación con Y.D.G.M.. En primer lugar, la señora M.E. señaló que es la encargada de liderar la acción de tutela dentro de su comunidad. En segundo lugar, comunicó que es vecina de Y.D.G.M. y aseguró que en diciembre de 2017 esta se graduó de bachiller de la Institución Educativa de B.ato. Por último, informó al despacho que C.C.C.M. también se graduó de ese colegio en el mencionado periodo.
Para corroborar la información descrita, el despacho de la Magistrada Sustanciadora llamó a C.C.C.M., quien confirmó que en el mes de diciembre de 2017 recibió su título de bachiller de la Institución Educativa de B.ato.
Los padres de familia L.D.M.E., S.C.P.J., J.M.G., L.G.D., B. delC.M., V.O.B., M.M.B., E.B., P. delC.M., D.B.L. y M.I.B.O., en calidad de agentes oficiosos de Y.D.G.M., L.E.M.B., K.Y.M.M., E.J.E.M., S.V.G.C., K.Y.M.M., A.M.O., Y.A.O.M., Z.Y.P.B., S.P.B.M., C.C.C.M., J.L.G.M. y Y.S.L.B., interpusieron acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de La Cruz.
Los accionantes indicaron que la suspensión del servicio de transporte por parte de la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la educación, a la libre escogencia de la modalidad educativa y a la libertad de aprendizaje, ya que deben caminar al menos dos horas diarias por una zona rural para acceder a la Institución Educativa de B.ato, a la cual asisten para completar su proceso educativo en la modalidad técnica en la que iniciaron su formación.
La S. considera que antes de la formulación del problema jurídico de fondo debe determinar si la acción de tutela es procedente. Por lo tanto, analizará si esta cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 86 Superior, a saber: i) legitimación en la causa por activa; ii) legitimación en la causa por pasiva; iii) subsidiariedad; e, iv) inmediatez.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En desarrollo de este, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 previó la posibilidad de que un tercero agencie los derechos del afectado y solicite su protección "cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa".
En esta oportunidad los padres de familia formularon la acción de tutela en calidad de “agentes oficiosos” de sus hijos.
Por otro lado, es importante señalar que según lo establecido en los oficios remitidos por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz[52], Y.D.G.M. y Y.S.L.B., mayores de edad, ratificaron los hechos y pretensiones de la acción de tutela. Por lo tanto, también están legitimados en la causa por activa en los términos del Decreto 2591 de 1991, ya que también pretenden el restablecimiento de sus derechos fundamentales a la educación, a la libre escogencia de la modalidad educativa y a la libertad de aprendizaje.
La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado una vez se acredite la misma en el proceso[53]. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 5º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental.
En el presente asunto la acción está dirigida contra la Alcaldía Municipal de La Cruz, por lo que se trata de una tutela contra una autoridad pública a la que se le atribuye la vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva.
El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política establece el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela así:
“[E]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. (N. fuera del texto original).
Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran vulnerados, la tutela es procedente si se acredita que i) el mecanismo no es idóneo ni eficaz, o ii) “siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela”[56].
En este caso, esta S. de Revisión encontró que aun cuando los accionantes no contaban con ningún mecanismo ordinario de defensa judicial para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, el 9 de mayo de 2017 ejercieron el derecho de petición para solicitarle a la Alcaldía Municipal la reanudación del servicio de transporte[59]. Teniendo en cuenta que la mencionada petición no tuvo respuesta, y que en este caso los actores no cuentan con un medio idóneo que les ofrezca una solución integral para el restablecimiento de los derechos comprometidos, la S. concluye que la acción de tutela es procedente como mecanismo definitivo.
En atención a las consideraciones expuestas, la S. advierte que el presupuesto de inmediatez está acreditado, ya que transcurrieron cinco meses desde el momento en el que el municipio dejó de prestar el servicio de transporte escolar[62] y la presentación de la acción de tutela de la referencia. Este espacio de tiempo se muestra razonable y proporcionado en el caso particular.
En definitiva, la S. encontró acreditados en el presente asunto los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, procederá al estudio de las vulneraciones denunciadas, previa formulación del problema jurídico.
La S. estima que el problema jurídico que debe resolver se circunscribe a establecer si: ¿La Alcaldía Municipal de La Cruz vulneró los derechos fundamentales a la educación y la libre escogencia de profesión u oficio de los accionantes al suspender el servicio de transporte que los trasladaba desde el corregimiento de Tajumbina, en donde residen, a la Institución Educativa de B.ato, ubicada en el corregimiento de La Estancia, a través del cual se les garantizaba el acceso a la modalidad educativa en la que iniciaron su proceso formativo?
Para resolver la cuestión planteada, es necesario examinar los siguientes temas: i) el derecho fundamental a la educación y sus componentes; ii) las modalidades educativas y su vínculo con la libertad de escogencia de profesión y oficio; iii) la carencia actual de objeto por daño consumado. Después del estudio de esos asuntos se llevará a cabo el análisis del caso concreto.
Además de esas normas, el bloque de constitucionalidad remite a varias disposiciones que regulan y fijan el alcance de la educación y de las obligaciones estatales en la materia. Por ejemplo, los Estados deben tomar medidas tales como la implantación de la enseñanza gratuita, el apoyo financiero en caso de necesidad, el fomento de la asistencia a las escuelas y buscar la reducción de las tasas de deserción escolar[64]. En particular, la Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales describió el alcance del derecho a la educación en el Pacto Internacional sobre esta misma materia[65] -en adelante PIDESC- y precisó que existen cuatro facetas de la prestación: la aceptabilidad, la adaptabilidad, la disponibilidad o asequibilidad, y la accesibilidad.
La incorporación de estas facetas de la educación es fácilmente reconocible en el texto constitucional, a lo que se suma que estas han sido objeto de distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional. Respecto de la asequibilidad o disponibilidad, el inciso 5 del artículo 67 de la Constitución señala que el Estado debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores de edad las condiciones necesarias para su acceso y permanencia. Así mismo, el inciso 1º del artículo 68 de la Carta Política da la posibilidad expresa a los particulares para fundar establecimientos educativos.
Por otro lado, debe señalarse que la accesibilidad consta de tres dimensiones reconocidas constitucionalmente:
Sobre la adaptabilidad, el inciso 5º del artículo 68 de la Constitución señala que los integrantes de grupos étnicos tienen derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. Además, el inciso 6º de esa disposición indica que el Estado está obligado a prestar el servicio de educación a las personas en situación de discapacidad y a aquellos con capacidades excepcionales.
Por último, el criterio de aceptabilidad se ve reflejado en el inciso 5º del artículo 67 de la Carta, de conformidad con el cual el Estado debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad y la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Adicionalmente, el inciso 3º del artículo 68 Superior establece que la enseñanza debe estar a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
La S. Plena de esta Corte ha abordado el contenido del derecho a la educación en distintos pronunciamientos. La sentencia C-210 de 1997[77] declaró inexequible el artículo 186 de la Ley 115 de 1994[78], el cual consagraba la gratuidad de la educación en los establecimientos públicos para hijos del personal de educadores, directivos y administrativos del sector educativo estatal, de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional muertos en servicio activo. En esa oportunidad, esta Corporación resaltó que el mandato constitucional de gratuidad de la educación “es claro y no hace distinciones” en cuanto a sus titulares.
En esta oportunidad, la S. reitera la jurisprudencia de esta Corporación en la que establece que la educación: i) es un derecho fundamental e inherente a la persona, y un servicio público cuya prestación es un fin esencial del Estado; ii) está íntimamente ligada con el ejercicio del derecho a la libre escogencia de profesión u oficio, ya que es el presupuesto para materializar la elección de un proyecto de vida; iii) es un derecho fundamental de las personas menores de 18 años; iv) es gratuita y obligatoria en el nivel básico de primaria; v) debe priorizar su dimensión de servicio público de manera que todas las personas hasta de 18 años accedan al menos a un año de preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria; vi) la integran 4 características fundamentales que se relacionan entre sí, a saber: aceptabilidad, adaptabilidad, disponibilidad y accesibilidad; y vii) las entidades públicas de orden nacional y territorial tienen la obligación de garantizar el cubrimiento adecuado de los servicios de educación y de asegurar a los niños y niñas condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo.
Como se ha visto, la educación es un derecho que constituye un presupuesto básico para la efectividad de otros derechos, principios y valores constitucionalmente reconocidos y, particularmente, es un supuesto de la libre escogencia de profesión u oficio, ya que resulta necesaria para materializar la libertad de elección de un plan de vida concreto, funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella.
Ahora bien, estos presupuestos se ven reflejados en la Ley 115 de 1994, la cual señala las normas generales para regular el servicio público educativo y define su objeto en el artículo 1º del siguiente modo: “[l]a presente ley […] se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.”
La Sección IV del Capítulo I de la Ley en mención, que comprende los artículos 27 a 35, señala los presupuestos normativos de la educación media. Esta constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados: 10º y 11º. De este modo, el artículo 27 determina que la finalidad de este nivel educativo es comprender “las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo”. Por su parte, el artículo 28 fija que tiene el carácter de académica o técnica, y precisa que a su término se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras.
Respecto a la educación media académica, la Ley 115 de 1994 dice que su objetivo es permitir a los estudiantes profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades, y acceder a la educación superior según sus intereses y capacidades. Para lograr estos objetivos, el artículo 31 ibídem fija que en esta modalidad educativa serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica[86] en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía. No obstante, el parágrafo determina que aunque las áreas referidas son obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas tienen el deber de organizar la programación de tal manera que los estudiantes puedan intensificar sus estudios en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, entre otros, de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior.
Por su parte, la educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. En ese sentido, el artículo 32 de la Ley 115 de 1994 determina que está dirigida a la formación clasificada en especialidades tales como: “agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia.” Por último, establece que las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben corresponder a las necesidades regionales.
En conclusión, la educación formal se organiza en los niveles de preescolar, básica y media. Cada uno de estos exige un número mínimo de grados que deben ser aprobados por los estudiantes, y todos comparten el objetivo de que los educandos desplieguen aptitudes y valores mediante los cuales puedan fundamentar su desarrollo personal. Particularmente, el artículo 28 de la Ley 115 de 1994 dispone que la educación media se divide en académica y técnica. A su vez, el artículo 29 establece que la primera tiene como objetivo que los estudiantes ahonden en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades, para que accedan a la educación superior según sus intereses y capacidades. Por su parte, el artículo 32 precisa que la modalidad técnica se distingue por su carácter teórico y práctico y cuenta con distintas modalidades, ya que busca que las personas adquieran los conocimientos y habilidades propias de un sector de la producción o servicio determinado, y que orienten sus decisiones profesionales y laborales hacia campos afines a la modalidad aprendida.
La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales, de tal manera que cuando la amenaza a los mismos ha cesado, ya sea porque la situación que propició dicha amenaza desapareció o fue superada, la acción impetrada perderá su razón de ser como mecanismo de protección judicial, pues el juez de tutela no podrá adoptar algún tipo de medida frente al caso concreto[92]. En este sentido, se ha interpretado que una decisión judicial bajo las anteriores condiciones, resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente previsto para la acción de tutela[93].
Respecto a la primera, la Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley[94]. De esta manera, cuando la situación de hecho que ha dado paso a la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado se desvanece o fue superada, la acción de tutela pierde su razón de ser y por tanto no habría orden que impartir.
Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando “no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela”[95].
Finalmente, se puede generar la carencia actual de objeto cuando se presentan otras situaciones que hacen innecesaria o ineficaz una eventual orden de tutela, como por ejemplo “cuando las circunstancias existentes al momento de interponer la acción se transformaron y, como consecuencia, la parte accionante pierde el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada o ésta ya es imposible de obtener.”[96]
Los actores interpusieron acción de tutela contra la Alcaldía de La Cruz, N., por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la educación generada por la suspensión del servicio de transporte que los recogía en corregimiento en el que viven y los trasladaba hasta la Institución Educativa de B.ato, ubicada en el corregimiento La Estancia, donde cursaban sus estudios en la “modalidad educativa técnica”[97].
De las pruebas que obran en el expediente y de las recaudadas en Revisión, la S. pudo establecer lo siguiente:
i) En febrero de 2017, la Alcaldía de La Cruz decidió suspender la prestación del servicio de transporte a los alumnos que vivían en el corregimiento de Tajumbina y adelantaban sus estudios en la Institución Educativa de B.ato, ubicada en el corregimiento La Estancia, con el argumento de que podían acudir al Instituto Agropecuario M.Á.R., el cual se encuentra en el corregimiento en el que viven.
ii) La Institución Educativa de B.ato cuenta con las modalidades académica y agroindustrial[98]. Las accionantes S.P.B.M., S.V.G.C., L.E.M.B. y Z.Y.P.B. actualmente están matriculadas en esta institución[99].
iii) La Institución Educativa Agropecuaria M.Á.R. es un colegio técnico agropecuario[100]. En la actualidad los accionantes E.J.E.M., K.Y.M.M., K.Y.M.M., Y.S.L.B., Y.A.O.M. y A.M.O. se encuentran matriculados en este centro educativo[101].
iv) Los accionantes J.L.M., C.C.C.M. y Y.D.G. no están inscritos en ninguna de esas dos instituciones educativas.
De los hechos expuestos se advierte que de la suspensión del servicio de transporte que motivó la presente acción de tutela, se derivaron tres situaciones fácticas distintas. En primer lugar, un grupo de accionantes continúan estudiando en la Institución Educativa de B.ato a pesar de la suspensión del servicio de transporte. Según los hechos narrados en la acción de tutela caminan alrededor de dos horas por una zona rural para acceder a la institución. En segundo lugar, otro grupo de actores se vieron obligados a cambiar de colegio y matricularse en la Institución Educativa Agropecuaria M.Á.R.. Por último, tres peticionarios no están matriculados en ninguna de las dos instituciones educativas.
En atención a las divergencias fácticas descritas y para mayor claridad en el análisis del asunto, la S. estudiará de forma independiente cada una de las situaciones previamente identificadas, con la finalidad de establecer las eventuales vulneraciones de los derechos invocados por los demandantes.
Para el análisis en mención resultar necesario precisar, de forma preliminar y por tratarse de una circunstancia relevante para el caso, que si bien los accionantes indicaron que su proceso formativo en la Institución Educativa de B.ato se adelantó en la modalidad “técnica”, con los elementos de prueba recaudados se concluye que se produjo en la modalidad académica. Esta conclusión está motivada por tres razones.
En primer lugar, Y.S.L.B. precisó en su respuesta al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz, que en la acción de tutela los demandantes presentaron a la Institución Educativa de B.ato “como [un colegio] técnico y no es técnico sino académico.” [102]
“En la presente vigencia y según lo que usted nos ha manifestado en reuniones, no se nos va a brindar el apoyo de transporte escolar, según usted por que (sic) existe un colegio en la vereda Tajumbina; sin embargo, la administración municipal ha venido ayudando desde hace muchos años con este servicio; las modalidades son totalmente distintas, ya que los muchachos quieren seguir la modalidad TÉCNICA, mas no agropecuaria.”[103] (N. por fuera del texto original)
Por último, la Resolución 1889 del 13 de junio de 2013 determina que la Institución Educativa de B.ato cuenta con las modalidades académica y agroindustrial. Los demandantes manifestaron su deseo de seguir cursando una modalidad “técnica” a diferencia de una agropecuaria. No obstante, como se precisó en los fundamentos jurídicos 26, 27 y 28 de esta sentencia, no existe ninguna modalidad educativa que sea solamente técnica, ya que esta siempre está ligada a alguna especialidad. Por lo tanto, si se tiene en cuenta que los accionantes manifestaron expresamente que no quieren recibir una educación con énfasis agropecuario, e instauraron la acción de tutela para asegurar su permanencia en la Institución Educativa de B.ato porque ofrece la modalidad educativa que quieren completar, solo es posible que estén o hayan estado inscritos en la modalidad académica.
i) La situación de los alumnos que a pesar de la suspensión del servicio de transporte continúan asistiendo a la Institución Educativa de B.ato
Esta S. encuentra acreditado en el proceso que las accionantes S.P.B.M., S.V.G.C., L.E.M.B. y Z.Y.P.B. continúan matriculadas en la Institución Educativa de B.ato, a pesar de que la Alcaldía de La Cruz suspendió el servicio de transporte que las trasladaba desde el corregimiento en el que viven hasta el colegio. Además, se comprobó que para acceder a la institución educativa las alumnas caminan alrededor de dos horas diarias por una zona rural.
El municipio indicó que la decisión de las estudiantes de adelantar sus estudios en una institución lejana al lugar de residencia es una elección personal que no tiene implicaciones para la Alcaldía, ya que esta garantiza la educación de las alumnas mediante el plantel ubicado en el corregimiento en el que viven. No obstante, las accionantes argumentaron que la administración les prestó el servicio de transporte durante 9 años, y que quieren cursar la modalidad ofrecida por la Institución Educativa de B.ato.
En relación con la pretensión de la acción se advierte que si las peticionarias continúan matriculadas en la Institución Educativa de B.ato porque ofrece la modalidad que quieren completar, solo es posible que estén inscritas en la académica. Por lo tanto, esta S. entiende que las demandantes pretenden que se les restablezca el servicio de transporte para permanecer en la especialidad académica del mencionado colegio así se hayan referido a la “técnica”.
En la parte considerativa general de esta sentencia se reiteraron las características del derecho a la educación reconocidas en los instrumentos internacionales y en la jurisprudencia constitucional. En particular, se resaltó que se trata de un derecho fundamental de los niñas, niñas y adolescentes, por lo que el Estado debe priorizar que todas las personas hasta de 18 años accedan al menos a un año de preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria. Además, se indicó que es gratuita y obligatoria en el nivel básico de primaria, y que en virtud de sus dimensiones de adaptabilidad y disponibilidad el Estado tiene, entre otras, la obligación de eliminar todas las barreras que puedan desincentivar a los menores de edad en su proceso de aprendizaje. Por otra parte, se estableció que la educación media comprende los grados décimo y once, y que una vez iniciado el proceso formativo en una de sus modalidades los estudiantes tienen el derecho fundamental a mantener ese enfoque, ya que esta prerrogativa está íntimamente ligada al derecho a la libre escogencia de profesión u oficio, debido a que constituye una garantía para la elección del proyecto de vida de las personas, y materializa las dimensiones de adaptabilidad y aceptabilidad de la educación.
La S. encuentra que la conducta de la Alcaldía de La Cruz, vulneró el derecho fundamental a la educación de S.P.B.M., S.V.G.C., L.E.M.B. y Z.Y.P.B., ya que desconoció sus derechos al acceso efectivo de la educación y a escoger la modalidad educativa cuando suspendió el servicio de transporte que las trasladaba del corregimiento de Tajumbina, en donde residen, hasta la Institución Educativa de B.ato, ubicada en el corregimiento de La Estancia, para recibir su educación.
La vulneración del derecho a la educación de las accionantes se hace más evidente si se considera que la Alcaldía guardó silencio ante la petición presentada el 9 de mayo de 2017[104] en la que se le solicitaba la reanudación del servicio de transporte, y, en Sede de Revisión, no expuso cuáles fueron las razones objetivas para justificar la suspensión del traslado de los estudiantes, sino que reiteró el siguiente argumento:
En ese sentido, como la Alcaldía no explicó cuáles fueron los factores objetivos por los que suspendió el servicio, la S. concluye que no existen razones objetivas para la decisión y que puso en riesgo de forma injustificada el disfrute del derecho fundamental a la educación de las peticionarias. En efecto, las acciones de la administración generaron unas barreras desproporcionadas para que las accionantes continúen su proceso formativo en la modalidad educativa en la que lo iniciaron -académica-, pues deben asumir un costo exagerado para seguir accediendo a la educación que quieren llevar a cabo al tener que caminar dos horas desde su casa para asistir a la escuela.
Por último, es importante señalar que la Institución Educativa de B.ato, mediante comunicación electrónica del 22 de febrero de 2018[107], informó que J.M.B., a pesar de no haber suscrito la acción de tutela en referencia, también vive en el corregimiento de Tajumbina y está inscrita en el colegio en el grado 6º. Este despacho no se manifestará sobre su situación, debido a que (i) la estudiante no solicitó el amparo de sus derechos fundamentales; (ii) el reconocimiento de la autonomía personal exige la manifestación expresa del interés de la parte en el restablecimiento de sus derechos y (iii) de acuerdo con la información suministrada por el colegio la estudiante no se encuentra en la misma situación de los accionantes, ya que este año inició la educación básica secundaria, por lo que no se varió la modalidad educativa del proceso formativo
En consecuencia, esta S. revocará en su totalidad la sentencia de segunda instancia proferida dentro del trámite de tutela, y en su lugar tutelará el derecho fundamental a la educación de S.P.B.M., S.V.G.C., L.E.M.B. y Z.Y.P.B.. Por lo anterior, ordenará a la Alcaldía de La Cruz que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, restablezca el servicio de transporte para las accionantes desde su lugar de residencia, en el corregimiento de Tajumbina, a la Institución Educativa de B.ato, ubicada en el corregimiento La Estancia.
ii) El caso de los demandantes que debido a la suspensión del servicio de transporte cambiaron de colegio y se matricularon en la Institución Educativa Agropecuaria M.Á.R.
Como previamente se advirtió, los hechos probados en el proceso evidencian que la suspensión del servicio de transporte generó una segunda situación fáctica, en la que también se pudo presentar una vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes. En esta oportunidad se encuentra probado que los estudiantes E.J.E.M., K.Y.M.M., K.Y.M.M., Y.S.L.B., Y.A.O.M. y A.M.O. estaban matriculados en la Institución Educativa de B.ato. Sin embargo, a partir de la suspensión del servicio de transporte ahora están matriculados en la Institución Agropecuaria M.Á.R..
Tal y como se precisó de forma preliminar, si bien no hay ningún documento que determine la modalidad de estudios que los accionantes cursaban en la Institución Educativa de B.ato, de los hechos del caso se deduce que se trataba de la modalidad académica.[108] Además es importante resaltar que, como se vio en el acápite anterior, la Alcaldía no expuso razones objetivas para justificar la suspensión del servicio.
En el presente caso se comprobó que la suspensión del servicio de transporte provocó que los accionantes cambiaran de colegio y de modalidad educativa, circunstancia que afectó sus derechos a la educación y a elegir profesión u oficio.
El artículo 27 de la Ley 115 de 1994 señala que la finalidad de la educación media en general es preparar al educando para el ingreso a la educación superior y al trabajo. Ahora bien, el artículo 29 ibídem determina, por un lado, que la educación media académica debe permitir al estudiante profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior según sus intereses y capacidades. Por otro lado, el artículo 32 establece que la educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior.
En primer lugar, como lo describió su rector, el pénsum y la intensidad horaria semanal en la educación básica y media vocacional de la Institución Educativa de B.ato es la siguiente[113]:
En segundo lugar, de conformidad con lo informado por la Institución Educativa Agropecuaria M.Á.R., su currículo y horarios son los siguientes[114]:
Por lo anterior, esta S. revocará la sentencia de segunda instancia de la tutela en referencia y amparará los derechos fundamentales a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio de E.J.E.M., K.Y.M.M., K.Y.M.M., Y.S.L.B., Y.A.O.M. y A.M.O..
En consecuencia, ordenará a la Alcaldía Municipal de La Cruz que, si los estudiantes así lo desean, otorgue a cada uno de los accionantes en mención un cupo en la Institución Educativa de B.ato, el cual podrá hacerse efectivo inmediatamente o al comienzo del próximo año escolar. Este cupo no implica una obligación para los estudiantes que deseen seguir su formación en la Institución Agropecuaria M.Á.R.. Además, se ordenará a la Secretaría de Educación de N. que tome todas las medidas necesarias para que los estudiantes que reingresen a la Institución Educativa de B.ato reciban los cursos de nivelación correspondientes. Por último, también se le ordenará que preste el servicio de transporte a las personas que hagan efectivo este cupo, y por lo tanto traslade a los accionantes desde su lugar de residencia hasta la Institución Educativa de B.ato a partir del momento en que estos empiecen a cursar sus estudios hasta que los culminen.
En el trámite de revisión surtido ante esta Corporación se estableció que los accionantes J.L.M., C.C.C.M. y Y.D.G. no están inscritos en ninguna de las instituciones educativas involucradas en el asunto.
En relación con C.C.C.M. y Y.D.G., se logró establecer que finalizaron sus estudios de educación media en la Institución Educativa de B.ato. Sobre la primera, en el informe del 17 de abril de 2018[115] se dejó en claro que el despacho de la Magistrada ponente se comunicó directamente con la accionante, quien aseguró que había recibido su título de bachiller de la mencionada institución en diciembre de 2017. Respecto a la segunda, a través de la información remitida por la Personería Municipal de La Cruz[116], y los informes del 12 de marzo y 17 de abril de 2018[117], se logró establecer que también finalizó sus estudios de la educación media en la Institución Educativa de B.ato en diciembre de 2017.
Conforme a lo anterior, la S. advierte, respecto de ellos, la carencia actual de objeto por daño consumado, debido a que si bien las accionantes terminaron su formación académica en la modalidad educativa de su preferencia tuvieron que asumir cargas desproporcionadas para el efecto, tales como las comprobadas en relación con las demás estudiantes del corregimiento de Tajumbina que continuaron sus estudios en esa institución. En particular, la suspensión del servicio de transporte las obligó a caminar dos horas desde su lugar de residencia hasta la escuela y asumir los riesgos de esa actividad.
Comprobada la afectación de los derechos fundamentales de las accionantes y la configuración de una circunstancia que torna inocua una medida de protección -grado de bachiller-, la S. declarará la carencia actual de objeto por daño consumado con respecto a Y.D.G. y C.C.C.M..
Ahora bien, en relación con el menor de edad J.L.M., la S. comprobó la deserción del colegio, debido a que no se encuentra matriculado en ninguna de las dos instituciones que hacen parte de este proceso. Además, su madre, la señora M.M.B., indicó que aquél abandonó sus estudios porque no se siente cómodo con el hecho de tener 15 años y cursar sexto grado[118].
El artículo 44 de la Constitución establece que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, y que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Así mismo, consagra a la educación como un derecho fundamental de los menores de edad.
En el caso de J.L.M., se advierte que es un menor de edad que se encontraba en la mitad de su proceso educativo, y que en atención a la suspensión del servicio de transporte escolar y su edad, decidió abandonar la escuela.
Por lo tanto, en virtud de la obligación que tiene el Estado de tomar todas las medidas necesarias para evitar la desescolarización, esta S. amparará el derecho fundamental a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio del menor de edad.
Como quiera que las circunstancias referidas por la madre del menor de edad evidencian que la deserción escolar estuvo fundada en la suspensión del servicio de transporte y la insatisfacción del adolescente con su proceso formativo, la S. considera necesario poner en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la situación de deserción escolar de J.L.M. para que adelante el proceso de acompañamiento correspondiente, en el que se adopten todas las medidas necesarias para asegurar la continuación de su proceso formativo.
En consecuencia, la S. pondrá en conocimiento de la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional N.- la situación de J.L.M. para que, en virtud de las competencias establecidas en el Código de Infancia y Adolescencia[119], adopte las medidas que estime pertinentes para el restablecimiento de sus derechos.
Finalmente, como la madre del accionante manifestó que la deserción escolar también estuvo motivada por su edad y el grado que cursa, la S. requerirá a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional N. para que, en virtud de sus competencias establecidas en el Código de Infancia y Adolescencia, preste a J.L.M. la ayuda psicológica que requiera y adopte las medidas que estime pertinentes para la protección de sus derechos.
La S. encontró acreditada la procedencia general de la acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de La Cruz, N., fundada en la presunta vulneración a los derechos a la educación y libre escogencia de profesión u oficio de los accionantes representados por sus padres. La afectación se la atribuyeron a la suspensión del servicio de transporte escolar desde el corregimiento de Tajumbina, donde residen, hasta la Institución Educativa de B.ato, la cual se encuentra ubicada en el corregimiento de La Estancia, N.. Por tal razón, emprendió el análisis del problema jurídico de fondo, relacionado con la vulneración de los derechos a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio.
Para establecer la afectación denunciada, la S., en primer lugar, reiteró que la educación es un derecho y un servicio público. Así mismo, resaltó que está íntimamente ligada con el ejercicio del derecho a la libre escogencia de profesión u oficio, ya que es el presupuesto para materializar la elección de un proyecto de vida, y la integran cuatro características relacionadas entre sí: la aceptabilidad, adaptabilidad, disponibilidad y accesibilidad.
En el análisis del caso concreto la S. estableció que de la suspensión del servicio de transporte por parte de la Alcaldía Municipal de La Cruz se derivaron tres situaciones fácticas distintas.
La primera, la de las accionantes que a pesar de la interrupción del servicio siguieron matriculadas en la Institución Educativa de B.ato y, por ende, debían caminar alrededor de dos horas por una zona rural para acceder al colegio. En este caso, la S. estableció que la actuación de la Alcaldía vulneró el derecho fundamental a la educación de las demandantes, ya que creó barreras que los motivaban a abandonar su proceso educativo y de esta forma puso en riesgo, de manera indefinida, su derecho a la educación.
La segunda, la de los actores que con ocasión a la suspensión del servicio de transporte se vieron obligados a cambiar de colegio y, en consecuencia, de modalidad educativa. La S. determinó que esta circunstancia se produjo por una actuación arbitraria de la Alcaldía accionada, que generó la violación del derecho a la educación y, en particular, de la garantía constitucional de continuar el proceso formativo en la modalidad educativa en la que se inició. En efecto, determinó que, de conformidad con los principios pro homine y de progresividad, es posible extender la protección que tienen los alumnos de educación media respecto a la continuidad de su proceso de aprendizaje a los del nivel de secundaria básica, cuando desde este nivel se desarrolla la modalidad educativa correspondiente –técnica o académica-.
Por último, examinó la situación de tres estudiantes que a pesar de que formularon la acción de tutela no se encontraban matriculados en ninguna de las dos instituciones educativas. Con respecto a Y.D.G. y C.C.C.M. estableció la configuración de carencia actual de objeto por daño consumado, debido a que estas culminaron su educación media en la Institución Educativa de B.ato sin que se les garantizara el servicio de transporte. En relación con J.L.M., menor de edad, la S. comprobó su deserción, derivada de la suspensión del servicio de transporte escolar y de otras dificultades expuestas por la madre del adolescente. En atención a la desescolarización comprobada se advirtió la necesidad de emitir diversas órdenes para que, a través de la acción conjunta de las entidades vinculadas, se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos fundamentales del menor de edad.
En consecuencia, esta S. de Revisión revocará la providencia de segunda instancia de la tutela de la referencia y, en consecuencia, amparará el derecho fundamental a la educación y a la libertad de profesión u oficio de los accionantes. En relación con Y.D.G. y C.C.C.M. declarará la carencia actual de objeto por daño consumado y con respecto a J.L.M. emitirá medidas de protección adicionales ante su comprobada desescolarización.
Primero.- REVOCAR la sentencia del 29 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz, mediante la cual se confirmó la providencia del 24 de julio de 2017 del Juzgado Promiscuo Municipal de La Cruz, en la que se denegó la solicitud de amparo. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio de L.E.M.B., K.Y.M.M., E.J.E.M., S.V.G.C., K.Y.M.M., A.M.O., Y.A.O.M., Z.Y.P.B., S.P.B.M., Y.S.L.B. y J.L.M..
Segundo.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de La Cruz que, en un término que no exceda las 48 horas a partir de la notificación de la presente sentencia, restablezca el servicio de transporte escolar a las accionantes S.P.B.M., S.V.G.C., L.E.M.B. y Z.Y.P.B. desde su lugar de residencia, en el corregimiento de Tajumbina, a la Institución Educativa de B.ato, ubicada en el corregimiento La Estancia.
Tercero.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de La Cruz que, en un término que no exceda los 15 días hábiles a partir de la notificación de esta providencia, ofrezca un cupo en la Institución Educativa de B.ato a E.J.E.M., K.Y.M.M., K.Y.M.M., Y.S.L.B., Y.A.O.M. y A.M.O.. Los estudiantes podrán, a su elección, reintegrarse a la Institución Educativa de B.ato de forma inmediata, matricularse para el próximo año escolar o continuar su proceso formativo en el colegio agropecuario M.Á.R..
En relación con los estudiantes que se matriculen en la Institución Educativa de B.ato, la Alcaldía de la Cruz deberá garantizar que se les proporcione la nivelación académica y el servicio de transporte correspondiente desde el corregimiento de Tajumbina hasta el corregimiento La Estancia, en donde se ubica el colegio.
Cuarto.-DECLARAR la carencia actual de objeto por daño consumado con respecto a las accionantes Y.D.G. y C.C.C.M., como consecuencia de la obtención del grado de bachiller.
Quinto.- PONER EN CONOCIMIENTO de la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional N.- la situación de desescolarización del menor de edad J.L.M., fundada en la suspensión del transporte escolar y su inconformidad con su proceso formativo, para que, de acuerdo con sus competencias legales, adopte las medidas que considere pertinentes para la restablecimiento de los derechos del adolescente.
Sexto.- ORDENAR a la Secretaría de Educación de N. y a la Alcaldía Municipal de La Cruz que, de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, adelanten las actuaciones necesarias para el restablecimiento de los derechos del menor de edad J.L.M. a través de la continuación de su proceso educativo. Como quiera que la deserción escolar también estuvo fundada en la inconformidad con dicho proceso, deberán formularse opciones que atiendan las necesidades específicas de su caso.
Séptimo.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de La Cruz que, en el término de quince (15) días contados desde la notificación de esta sentencia, ubique al menor de edad J.L.M. y le proporcione un cupo a su elección en un algún colegio público de su jurisdicción. En caso de que el peticionario escoja educarse en un colegio alejado de su residencia, la Alcaldía Municipal de La Cruz deberá prestarle el servicio de transporte escolar que corresponda.
C., N. y cúmplase.
[1] Esta S. fue integrada por los Magistrados A.J.L.O. y G.S.O.D..
[4] F. 47-55, cuaderno de primera instancia.
[7] F. 56-61, cuaderno de primera instancia.
[8] F.. 95-100, cuaderno de primera instancia.
[9] F.. 20-26, cuaderno de la Corte Constitucional.
[10] F. 385-402, cuaderno de la Corte Constitucional.
[12] F. 392, cuaderno de la Corte Constitucional. Versión original en mayúsculas y sin negrilla.
[14] F. 387, cuaderno de la Corte Constitucional.
[16] F. 48 a 62, cuaderno de la Corte Constitucional.
[18] F. 92-371, cuaderno de la Corte Constitucional.
[21] F. 380-381, cuaderno de la Corte Constitucional.
[25] F. 374-375, cuaderno de la Corte Constitucional.
[26] F. 63-70, cuaderno de la Corte Constitucional.
[29] F. 72 a 73, cuaderno de la Corte Constitucional.
[31] F. 75 a 77, cuaderno de la Corte Constitucional.
[34] F. 78 a 82, cuaderno de la Corte Constitucional.
[39] F. 84 a 86, cuaderno de la Corte Constitucional.
[41] F. 477-480, cuaderno de la Corte Constitucional.
[43]F. 493-573, cuaderno de la Corte Constitucional.
[44] F. 493, cuaderno de la Corte Constitucional.
[46]F. 487-490, cuaderno de la Corte Constitucional.
[47]F. 688-690, cuaderno de la Corte Constitucional.
[50] Sentencia C-145 de 2010, M.P.G.E.M.M..
[51] Sentencia T-162 de 2016, M.P.L.G.G.P..
[52] F. 48-62, cuaderno de la Corte Constitucional.
[53] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P.Á.T.G.; T-780 de 2011, M.P.J.I.P.C.; T-373 de 2015 y T-098 de 2016 ambas con ponencia de la magistrada G.S.O.D., entre otras.
[54]Sentencia T-113 de 2013, M.P.L.E.V.S..
[55]Sentencia T-471 de 2014, M.P.L.G.G.P..
[56] Sentencia T-705 de 2012, M.P.J.I.P..
[57]Sentencia T-896 de 2007, M.P.M.J.C..
[58] T-185 de 2016, M.P.G.S.O. y T-400 de 2016, M.P.G.S.O..
[60] Sentencia T-106 de 2017, M.P.G.S.O.D..
[61]Sentencias T-1028 de 2010, M.P.H.A.S.P. y T-246 de 2015; M.P.M.V.S.M., entre otras.
[63]Sentencia C-520 de 2016 M.P.M.V.C..
[67] M.P.H.S.P.. Esta posición ha sido reiterada en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional en las sentencias T-743 de 2013, M.P.L.E.V.S.; T-137 de 2015, M.P.M.V.C.C.; T-008 de 2016, M.P.A.R.R.; T-055 de 2017, M.P.G.E.M.M., entre otras.
[69] Sentencia C-376 de 2010, M.P.L.E.V.S..
[70] T., K. Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable and adaptable. P.. 32. Disponible en línea en: http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/T._Primer%203.pdf Consultado por última vez el 17 de abril de 2018.
[71]Sentencia T-006 de 2016, M.P.A.R.R..
[72] A.O., E. Situación del derecho a la educación, en los componentes de aceptabilidad y adaptabilidad, de niñas y niños víctimas del conflicto armado, en instituciones educativas públicas de Medellín. P.. 54. Disponible en línea en:
[74] A.O., E. Situación del derecho a la educación, en los componentes de aceptabilidad y adaptabilidad, de niñas y niños víctimas del conflicto armado, en instituciones educativas públicas de Medellín. P.. 55. Disponible en línea en:
[75] Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El derecho a la educación. P.. 7. Disponible en línea en:
[76] Sentencia T-662 de 1999, M.P. A.M.C..
[77]M.P.C.I. de G. (e)
[79]M.P.A.M.C.
[80]M.P.R.E.G..
[81]M.P.L.E.V.S..
[82]M.P.J.I.P.C..
[83] M.P.M.V.C.C..
[85] M.P.A.R.R..
[89] Informe de la Facultad de Educación de la Universidad de N. sobre modalidades educativas. Folio 84, cuaderno de la Corte Constitucional.
[90] Informe del Centro de Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes sobre modalidades educativas. F. 79-82, cuaderno de la Corte Constitucional.
[91]Sentencia T-008 de 2016. M.P.A.R.R..
[92] Sentencia T-391 de 2012, M.P.J.I.P.C.
[93] Sentencia T-147 de 2010, M.P.N.P.P.
[94] Sentencia T-323 de 2013, M.P.J.I.P.C.
[95]Sobre las diferencias entre la configuración de la declaración de carencia actual de objeto por hecho superado y daño consumado, ver la Sentencia T-544 de 2017, M.P.G.S.O.D..
[96] Sentencia T-946 de 2014, M.P.G.S.O.D..
[98] F. 493, cuaderno de la Corte Constitucional.
[105]F. 487, cuaderno de la Corte Constitucional.
[106] ODCE. Educación en Colombia en 2019. P.. 247 Disponible en línea en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf Consultado por última vez el 18 de abril de 2018.
[107] F. 92-371, cuaderno de la Corte Constitucional.
[109] Informes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, del Centro de Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, y de la Facultad de Educación de la Universidad de N.. F. 72 a 73, 75 a 77, 78 a 82 y 84 a 86, respectivamente, cuaderno de la Corte Constitucional.
[111] La Corte Constitucional estableció en la sentencia T-743 de 2013 que en materia educativa “las dimensiones del derecho a la educación le impone a los Estados obligaciones […] de forma progresiva, esto es, avanzando de manera gradual pero constante, lo cual incluye la prohibición de medidas regresivas que afecten el grado de goce del respectivo derecho.” (Sentencia T-743 de 2013, M.P.L.E.V.S.)
[112] De acuerdo con este mandato, las normas han de ser interpretadas en favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, “en procura de que los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad de vida de las personas.” (Sentencia T-121 de 2015, M.P.L.G.G.P.)
[114]F. 377, cuaderno de la Corte Constitucional.
[116] F. 688-690, cuaderno de la Corte Constitucional.
[117] F. 685 y 686, cuaderno de la Corte Constitucional.