Source: http://bazica.org/admisibilidad-adan-guillermo-lopez-lone-y-otros.html
Timestamp: 2019-03-24 05:32:12
Document Index: 135368630

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 46', 'artículo 5', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 31', 'artículo 320', 'artículo 191', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 65', 'Artículo 46']

Admisibilidad adan guillermo lopez lone y otros
INFORME No. 70/11
PETICIÓN 975-10
ADAN GUILLERMO LOPEZ LONE Y OTROS
El 6 de julio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”) recibió una denuncia de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (en adelante, “peticionarios”) en contra del Estado de Honduras (en adelante, “Estado”, “Honduras” o “Estado hondureño”) porque la Corte Suprema de Justicia de Honduras habría despedido del Poder Judicial, presuntamente en forma arbitraria, ilegal y por causas políticas, a los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado y a la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza (en adelante, “presuntas víctimas”).
Los peticionarios sostienen que el Estado violó los artículos 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de pensamiento y expresión), 15 (derecho de reunión), 16 (libertad de asociación) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “Convención Americana” o “Convención”), en relación con la obligación de respeto y garantía establecida en el artículo 1.1 y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2, ambos del mismo instrumento internacional. En cuanto al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, alegan que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46.2.a de la Convención Americana.
El Estado solicita se declare inadmisible la petición porque los peticionarios no habrían agotado los recursos de jurisdicción interna. Además, sostiene que la petición debe ser rechazada porque no expone hechos que caractericen una violación a la Convención Americana.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 13, 15 y 16, en concordancia con los artículos 1.1. y 2 de dicho tratado. La Comisión decide unir el análisis del requerimiento de agotamiento de los recursos internos a su consideración en el fondo de la posible vulneración de los artículos 8 y 25. Además, por aplicación del principio iure novit curia la Comisión analizará en la etapa de fondo la posible violación del artículo 5.1 de la Convención. La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
La petición fue presentada ante la Comisión Interamericana el 6 de julio de 2010 e identificada como P-975-10. El 20 de agosto de 2010 fue trasladada al Estado, otorgándole un plazo de dos meses para presentar las observaciones que estimare pertinentes. La respuesta de Honduras se recibió el 19 de octubre de 2010. Además, la CIDH recibió información de los peticionarios en fecha 22 de septiembre de 2010 y 20 de enero de 2011, siendo debidamente trasladadas al Estado. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado el 11 y 22 de marzo de 2011, siendo debidamente trasladadas a los peticionarios.
El 25 de marzo de 2011, durante el 141° periodo ordinario de sesiones de la CIDH, se realizó una audiencia pública donde las partes expusieron sus alegatos de admisibilidad.
Los peticionarios alegan la responsabilidad internacional del Estado por los presuntos despidos arbitrarios e ilegales de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, todos miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)1, organización que habría sido objeto de hostigamiento y persecución por la Corte Suprema de Justicia (en adelante, “CSJ”), en particular, después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Afirman que en la crisis política de 2009, la AJD adoptó una posición jurídica contraria a la CSJ, órgano que calificó como un proceso de "sucesión presidencial" conforme a la Constitución y las leyes2 el golpe de Estado de 2009. Argumentan que por la posición de ADJ, la CSJ inició una campaña de persecución, para silenciar las críticas y discrepancias dentro del Poder Judicial, a través de despidos, traslados y otras sanciones, en cuyo contexto presentan los hechos de la petición3. Indican que las presuntas víctimas habrían sido despedidas por los siguientes hechos:
Juez Adán Guillermo López Lone: Los peticionarios alegan que el 5 de julio de 2009, el juez López Lone, miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, participó en una marcha pacífica en la cual se denunciaba el rompimiento del orden constitucional y se exigía el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Honduras. Alegan que la presencia del juez López Lone en la marcha, fue en su condición de ciudadano, sin portar insignias oficiales ni distinciones gráficas de tipo político-partidista; que además no se identificó como funcionario judicial y que la marcha se realizó un día no laborable. Señalan que la manifestación fue pacífica y que se originaron actos violentos cuando las fuerzas militares abrieron fuego en contra de la población indefensa. Indican que ello provocó “una gran estampida humana”, producto de la cual la presunta víctima resultó con una fractura en la pierna izquierda, teniendo que someterse a una intervención quirúrgica y padecer una incapacidad laboral de más de noventa días.
Juez Luis Alonso Chévez de la Rocha: El 12 de agosto de 2009, el juez Chévez de la Rocha, asignado al Juzgado Contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, se encontraba en la entrada principal del centro comercial “City Mall”, cuando pasó por el lugar una manifestación en oposición al golpe de Estado. Indican que en ese momento tropas antimotines se hicieron presentes y sin advertencia procedieron a reprimir a los manifestantes. Alegan que el juez observó que efectivos policiales golpeaban a personas de avanzada edad, por lo que les manifestó que era juez. Según los peticionarios, esto habría provocado el enojo de los policías y lo detuvieron, profiriendo en su contra expresiones ofensivas. Junto a otras personas detenidas, fue conducido a la Primera Estación de Policía. Indican que su liberación se produjo en la noche por la tramitación de un recurso de exhibición personal interpuesto ante la Corte de Apelaciones Seccional4.
Juez Ramón Enrique Barrios Maldonado: El 19 de agosto de 2009, el Juez Ramón Enrique Barrios Maldonado, miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, actuando en su condición de profesor en la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dictó ante un grupo de profesores una conferencia sobre las circunstancias relacionadas con el golpe de Estado. Indican que el Diario Tiempo, en su edición del 28 de agosto de 2009, publicó un resumen de la conferencia como artículo de opinión titulado “No Fue Sucesión Constitucional" y la autoría se atribuyó al juez Barrios Maldonado.
Magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza: El 30 de junio de 2009, Tirza Flores, Magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, en su condición de ciudadana, habría presentado ante la Sala Constitucional de la CSJ un recurso de amparo a favor del Presidente Manuel Zelaya Rosales, quien había sido “expatriado del territorio nacional” en el contexto del golpe de Estado. Indican que el recurso fue acumulado con otros similares interpuestos por jueces, fiscales y defensores de derechos humanos; y que en la resolución de admisión no se indicó irregularidad por la interposición de la acción por parte de la magistrada. Añaden que el 16 de octubre de 2009, la Sala Constitucional negó a la magistrada su derecho a formalizar la acción de amparo porque la actuación habría sido un acto de procuración que se encontraba prohibido por la ley de Tribunales. Alegan que ello constituyó un trato diferenciado y discriminatorio e indican que contraviene lo dispuesto por la Ley de Justicia constitucional. Por otra parte, señalan que el 30 de junio de 2009, la magistrada presentó una denuncia contra altos funcionarios del Estado -miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y diputados -quienes participaron y aprobaron el decreto mediante el cual se destituyó a José Manuel Zelaya Rosales de su condición de Presidente Constitucional de la República de Honduras.
Alegan que entre agosto y septiembre de 2009, la Inspectoría de Juzgados y Tribunales inició la investigación de los hechos mencionados en contra de las presuntas víctimas; entre octubre y noviembre del mismo año, la Dirección de Administración de Personal les notificó el inicio de un procedimiento sancionatorio; y entre los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010, las presuntas víctimas comparecieron ante la Dirección de Personal para presentar sus descargos y proponer medios de prueba, las que se evacuaron en el mes de abril de 2010. Indican que el 5 de mayo de 2010, el Pleno de la CSJ les impuso la sanción de despido, decisión ratificada el 12 de mayo de 2010. Indican que las presuntas víctimas presentaron una solicitud de reconsideración el 21 de mayo de 2010, siendo resuelta por el Pleno de la CSJ el 1 de junio de 2010, ratificando la sanción impuesta5.
Respecto del procedimiento disciplinario, alegan que en la etapa de investigación previa, las presuntas víctimas no tuvieron participación; que cuando se les notificó el procedimiento iniciado en su contra no se les brindó detalles de los cargos imputados, no se les dio acceso al expediente, ni a las pruebas que fueron conocidas en la etapa de investigación; nunca se les permitió examinar a los testigos de la investigación preliminar y que recién el 30 de junio de 2010 lograron obtener una copia del acta de la sesión de la CSJ del 5 de mayo de 2010. Añaden que las audiencias de descargos y evacuación de la prueba se llevaron a cabo ante un funcionario de rango administrativo y que no se conocen los resultados de dichas audiencias así como de la valoración de las pruebas aportadas en ellas.
Ante dicha situación, señalan que de conformidad a lo previsto en la Ley de Carrera Judicial y su respectivo Reglamento, el 30 de junio de 2010, las presuntas víctimas recurrieron ante el Consejo de la Carrera Judicial para impugnar sus destituciones, sin que hasta la fecha se hayan resuelto dichos recursos. Resaltan que aunque no han sido resueltos los recursos, dos de los cuatro despidos se han hecho efectivos por el nombramiento y posesión en el cargo de los jueces sustitutos, y un tercer juez sustituto está a la espera de juramentación.
No obstante el reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial, alegan que en el caso se aplica la excepción del artículo 46.2.a de la Convención Americana, porque no existe un debido proceso en el procedimiento disciplinario aplicado a las presuntas víctimas. Alegan que la comunidad internacional ha reconocido la falta de independencia de la CSJ y su apoyo a las autoridades de facto; que la regulación del procedimiento disciplinario no garantiza el debido proceso y que el Consejo de la Carrera Judicial es un órgano dependiente de la CSJ. Indican que sus miembros son designados por la CSJ y que dos de sus miembros son magistrados de la CSJ. En suma, alegan que no se garantiza la independencia para que el recurso resulte efectivo y conforme a las garantías judiciales.
Por otra parte, en cuanto a los alegatos estatales de la falta de interposición del recurso de amparo, alegan que 1) la normativa interna expresamente establece que contra las decisiones del Consejo de la Carrera Judicial no cabe recurso alguno ni ordinario ni extraordinario6; 2) que se requiere que el agraviado haya recurrido el acto impugnado, lo que en el presente caso se traduce en la interposición del recurso ante el Consejo de la Carrera Judicial cuyas decisiones no son recurribles7; y 3) que no constituye un recurso efectivo dado que corresponde a la Sala de lo Constitucional de la CSJ el conocimiento del recurso de amparo, que es el mismo órgano que decidió los despidos de los jueces y la magistrada, y por tanto ya ha emitido un criterio al respecto. Finalmente, alegan no existe procedimiento de sustitución si se recusara a la totalidad de alguna Sala, o de la CSJ en pleno.
En cuanto a la caracterización de violaciones, alegan la vulneración de los derechos consagrados en los artículos 8, 13, 15, 16 y 25 de la Convención en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento. Alegan que el procedimiento disciplinario no tiene una regulación apropiada que garantice el debido proceso y el derecho a la defensa de los funcionarios judiciales, y que no se les garantizó el principio del juez natural, ni los principios de independencia e imparcialidad. En cuanto a la libertad de expresión, alegan que los despidos no persiguieron un fin legítimo necesario en una sociedad democrática, sino que dichas restricciones atentan contra la democracia. En cuanto a la libertad de asociación, alegan que los despidos se realizaron en violación a dicho derecho, porque al perder su condición de jueces se ven impedidos de continuar siendo parte de la AJD y consecuentemente, se les imposibilita alcanzar los fines para los cuales existe dicha organización. Además, alegan que las sanciones vulneran el derecho a la libertad de reunión, dado que se sanciona la presunta participación de los funcionarios en manifestaciones pacíficas realizadas en rechazo al golpe de Estado y en apoyo al retorno del orden constitucional. En la audiencia pública celebrada durante el 141° período ordinario de sesiones de la CIDH, los peticionarios alegaron que sus despidos les causaron afectaciones emocionales y pecuniarias, a nivel personal y familiar.
El Estado alega que los hechos que motivaron los despidos de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado y de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, no se basan en supuestos de persecución y hostigamiento político, dado que el Estado de Honduras, en general, como la CSJ, en particular, sólo han procedido en cumplimiento de la ley ante las conductas realizadas por las presuntas víctimas en su condición de jueces en actividad y no simples ciudadanos, las cuáles se encuentran expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico8. Asimismo, alega que los peticionarios eluden el análisis jurídico de lo que denominan “golpe de Estado”, por lo cual rechaza la exposición de los hechos al respecto. Expresa que la ruptura constitución existió, pero por las conductas inconstitucionales atribuibles al entonces presidente Zelaya Rosales. No obstante, señala que los jueces en actividad no son activistas políticos ni pueden serlo, tampoco pueden ser miembros de partidos políticos ni hacer política por otros medios, porque su función por mandato constitucional es impartir justicia con imparcialidad e independencia.
En ese contexto señala que la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial inició diferentes expedientes de investigación o procesos disciplinarios por las acciones asumidas por las presuntas víctimas, que habrían sido acreditadas y aceptadas por los investigados en las respectivas audiencias de descargos9.
Afirma que el marco legal disciplinario respecto de los servidores del Poder Judicial respeta las exigencias del Estado de Derecho, dado que el procedimiento y los órganos que intervienen tienen su origen en la Constitución y en las leyes (Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, Ley de la Carrera Judicial10, Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, Reglamento Interior de la CSJ, Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial y Código de Ética para Funcionarios y Empleados Judiciales, entre otros). En particular, alega que el debido proceso no implica la garantía de una solución favorable a la pretensión del demandante en un proceso, sino que se respete el debido proceso y señala que a lo largo del proceso disciplinario que aun no ha concluido, las presuntas víctimas han tenido la oportunidad de defenderse formulando en audiencia las razones y descargos en su favor; de presentar y pedir que se practiquen los medios de prueba que estimaron necesarios; y la posibilidad de recurrir ante el Consejo de la Carrera Judicial la sanción de despido impuesta. Informa que las presuntas víctimas solicitaron al Consejo de la Carrera Judicial su reintegro al cargo y, en defecto, se declare la prescripción de la acción y se archiven las diligencias.
Por ello, en cuanto a la regla del previo agotamiento de los recursos internos, alega que los peticionarios no han agotado los recursos disponibles con anterioridad a la interposición de la petición. Concretamente, alega que los peticionarios presentaron su petición el 6 de julio de 2010, siendo que la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial emitió la resolución de admisión de los reclamos ante el Consejo de la Carrera Judicial el 31 de agosto de 2010 y aun no han sido resueltos.
Sostiene que los peticionarios al litigar simultáneamente en el orden interno e internacional, vulneran los principios del estoppel, de buena fe y de seguridad jurídica.
Si bien señala que las decisiones firmes y definitivas de la CSJ no pueden ser recurribles al no existir otro tribunal interno jurídicamente superior, alega que las presuntas víctimas pueden interponer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ para impugnar hipotéticas violaciones en el procedimiento disciplinario11. Sostiene que es un recurso idóneo y adecuado que faculta a toda persona agraviada para peticionar por la restitución en el “goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen”. Añade que el ordenamiento jurídico también contempla la posibilidad de recusación de los jueces.
En cuanto a la caracterización de violaciones de derechos, refuta las alegaciones de los peticionarios alegando en cuanto a las garantías judiciales y la protección judicial, que el proceso legal disciplinario ofrece a los servidores judiciales afectados las garantías para el pleno respeto de sus derechos. Asimismo, señala que este argumento resulta contradictorio con la alegación de los peticionarios relativa a la no garantía del derecho de defensa en el trámite del proceso disciplinario, dado que los peticionarios participaron a lo largo del mismo. En adición indica que a todos los peticionarios se les proporcionó copias de los expedientes. En cuanto a la alegada falta de independencia del Consejo de la Carrera Judicial por su composición, señala que si se siguiera dicha argumentación se podría afirmar que los peticionarios han carecido de independencia en el transcurso del ejercicio de su función judicial ya que todos ellos fueron nombrados por la CSJ12.
En cuanto al derecho a la libertad de expresión y pensamiento, alega que al no tratarse de libertades ilimitadas, pueden estar sujetas a responsabilidades ulteriores determinadas por ley y que sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En cuanto al derecho a reunión, alega que el presente caso refiere a la asistencia y participación de miembros del Poder Judicial en manifestaciones de naturaleza política, lo que resulta incompatible con las obligaciones inherentes al cargo que ostentaban en el momento de los hechos. En cuanto a la libertad de asociación, alega que la “Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)”, se trata de una asociación legal con personalidad jurídica, siendo que la propia página Web de la CSJ realiza la publicidad de dicha asociación y que los peticionarios realizan sus actividades sin que exista injerencia por parte del Estado ni de sus órganos.
Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto de quienes el Estado hondureño se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana y en otros instrumentos internacionales. Por lo anterior, la CIDH tiene competencia ratione personae para conocer la presente petición.
La CIDH tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado.
La CIDH tiene competencia ratione temporis, por cuanto los hechos alegados habrían tenido lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención ya se encontraba en vigor para Honduras, Estado que depositó el respectivo instrumento de ratificación el 8 de septiembre de 1977. Finalmente, la CIDH tiene competencia ratione materiae porque en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos en la Convención Americana.
El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos13. El requisito de agotamiento previo se aplica cuando en el sistema nacional están efectivamente disponibles recursos que son adecuados y eficaces para remediar la presunta violación. En este sentido, el artículo 46.2 especifica que el requisito no se aplica cuando no exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho en cuestión; o si la presunta víctima no tuvo acceso a los recursos de la jurisdicción interna; o si hay retardo injustificado en la decisión sobre dichos recursos.
En el presente caso, las partes controvierten el cumplimiento de este requisito convencional. En efecto, el Estado invoca la falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna alegando que los peticionarios presentaron ante la CIDH la petición original sin que el recurso interpuesto ante el Consejo de la Carrera Judicial haya sido resuelto y que el recurso de amparo es un recurso disponible e idóneo en la jurisdicción doméstica, a fin de lograr la protección de los derechos que reclaman vulnerados. Por su parte, los peticionarios alegan que en el presente caso corresponde la aplicación de la excepción al requisito del previo agotamiento prevista en el artículo 46.2.a de la Convención, en tanto no existe en Honduras el debido proceso legal y que no procede la interposición de un recurso de amparo dado que resulta inefectivo.
En ese sentido, la Comisión considera pertinente analizar en el presente caso si los peticionarios debieron de agotar el recurso ante el Consejo de la Carrera Judicial con anterioridad a la presentación de la petición y si correspondía que interpusieran el recurso de amparo.
De conformidad con la información disponible, el 30 de junio de 2010 las presuntas víctimas recurrieron ante el Consejo de la Carrera Judicial para impugnar sus destituciones14, sin que hasta la fecha del presente informe se hayan resuelto los recursos interpuestos.
Asimismo, la Comisión observa que la dependencia jerárquica del Consejo ante la CSJ y que dos de sus cinco miembros sean miembros de la CSJ, organismo que destituyó a las presuntas víctimas el 5 de mayo de 2010, podría generar una manifestación de inefectividad del recurso15. A ello, se agrega que en los acuerdos de destitución de las presuntas víctimas se indicó que la misma surtiría efectos a partir de la fecha de la toma de posesión del juez o magistrado sustituto16. Surge de la información obrante en el expediente que en los casos del juez López Lone y la magistrada Flores Lanza, las destituciones se hicieron efectivas con el nombramiento de los jueces sustitutos a partir del 1 de julio de 201017. Es decir, con anterioridad a que el Consejo de la Carrera Judicial resuelva el último recurso y que los despidos adquieran firmeza, según la normativa interna18.
En lo referente a la alegada falta de interposición de un recurso de amparo, la Comisión observa que la legislación de Honduras establece una doble limitación para su interposición. Por una parte, para la admisibilidad del recurso, se requiere acreditar el previo agotamiento de los recursos internos con respecto a la situación denunciada, lo que en el presente caso refiere a la resolución del recurso ante el Consejo de la Carrera Judicial que a la fecha se encuentra pendiente19. Por otra parte, si el Consejo se hubiera expedido, el recurso de amparo no sería susceptible de interposición por lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento del Consejo de la Carrera Judicial, que establece que “contra las resoluciones definitivas que emita el Consejo no cabrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario”. Por lo que en ambos supuestos, la interposición de un recurso judicial en los términos del artículo 46 de la Convención se encontraría obstaculizado.
Además, en virtud del citado artículo 31, el procedimiento disciplinario para funcionarios judiciales adolecería de una posible revisión judicial, porque no solo imposibilitaría la interposición de un recurso de amparo, sino que cualquier recurso.
Dada la interrelación existente entre la efectividad de los recursos disponibles a los efectos del agotamiento de los recursos internos y las presuntas violaciones de derechos humanos a las que refiere el caso, la Comisión considera que la cuestión del previo agotamiento de los recursos debe considerarse conjuntamente con el fondo de la petición. En consecuencia, la Comisión unirá ese aspecto del agotamiento de los recursos internos a la consideración del fondo del asunto.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1.b de la Convención, para que una petición pueda ser admitida debe presentarse dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que la parte denunciante fue notificada de la decisión definitiva dictada a nivel nacional. Sin embargo, en virtud del artículo 32.2 del Reglamento de la CIDH, en aquellos casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.
En la petición bajo estudio, la CIDH ha considerado procedente la aplicación de las excepciones al agotamiento de los recursos de jurisdicción interna previstas en el artículo 46.2.a y c de la Convención Americana. Teniendo en cuenta que las destituciones de las presuntas víctimas tuvieron lugar mediante decisión de la CSJ de fecha 5 de mayo de 2010, que aquellas presentaron recursos ante el Consejo de la Carrera Judicial el 30 de junio de 2010, los cuales no han sido aun resueltos, la CIDH concluye que la petición, presentada el 6 de julio de 2010, fue presentada en un plazo razonable y, por tanto, considera cumplido el requisito establecido en el artículo 46.1.b de la Convención.
V. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional
Según ya ha manifestado la Comisión en otros casos, no corresponde en esta etapa del procedimiento establecer si se verifica o no una violación de la Convención Americana. A los fines de la admisibilidad, la CIDH debe decidir simplemente si los alegatos exponen hechos que podrían caracterizar una violación a la Convención Americana, según estipula su artículo 47.b, y si la petición es “manifiestamente infundada” o sea “evidente su total improcedencia”, según el inciso (c) del mismo artículo. El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre el fondo del reclamo. En la presente etapa la CIDH debe realizar una evaluación prima facie que no implica un juicio previo o el adelanto de una opinión sobre el fondo. Su propio Reglamento refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizarse a los fines de declarar una petición admisible y la requerida para determinar si efectivamente se verifica la responsabilidad del Estado, al establecer etapas claramente diferenciadas para el estudio de la admisibilidad y el fondo.
En el presente caso, los peticionarios alegan que las presuntas víctimas habrían sido destituidas arbitrariamente de sus cargos por razones políticas sin que se les garantizara un debido proceso. De acuerdo con los hechos expuestos por los peticionarios, la Comisión considera que se han formulado alegaciones que no son "manifiestamente infundadas" o "evidentemente improcedentes" y que, de comprobarse como ciertas, podrían configurar violaciones a los derechos alegados contenidos en los artículos 13, 15 y 16 de la Convención Americana, respectivamente, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional. Asimismo, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la Comisión concluye que la petición contiene alegaciones de hecho que, si se comprobaren, tienden a configurar violaciones de los derechos garantizados por los artículos 8 y 25 de la Convención, en conjunción con las obligaciones que impone al Estado el artículo 1.1 de la Convención. A juicio de la Comisión, lo expresado en la petición comprende la cuestión de si los peticionarios han tenido la posibilidad efectiva de recurrir las respectivas decisiones de destitución, conforme al artículo 8.2.h de la Convención. Además, la CIDH en aplicación del principio iura novit curia considera que se configura una presunta vulneración al artículo 5 de la Convención Americana.
Por cuanto la falta de fundamento o la improcedencia del reclamo no resulta evidente, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 47.b y c de la Convención Americana respecto de este aspecto del reclamo.
La Comisión concluye que es competente para examinar los reclamos presentados por los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 13, 15 y 16 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, y que éstos son admisibles, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
Asimismo, decide unir el análisis de requerimiento de agotamiento de los recursos internos en el fondo sobre la posible vulneración de los artículos 8 y 25. Además, por aplicación del principio iure novit curia la Comisión analizará en la etapa de fondo la posible violación del artículo 5.1 de la Convención.
Declarar admisible el presente reclamo con relación a los artículos 13, 15 y 16 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.
Notificar esta decisión al Estado hondureño y a los peticionarios.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 31 días del mes de marzo de 2011. (Firmado): Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, Luz Patricia Mejía Guerrero, y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.
1 Los peticionarios indican que la AJD se fundó el 12 de agosto de 2006 en San Pedro Sula, por jueces independientes, para tutelar los derechos fundamentales de la sociedad en general y de los jueces en particular, en procura de una justicia eficaz y legítima que fortalezca el Estado de Derecho. Informan que el juez López Lone es Presidente de la AJD, la magistrada Flores Lanza, Secretaria del Tribunal de Honor y los jueces Chévez de la Rocha y Barrios Maldonado asociados desde 2008 y 2006, respectivamente.
2 Argumentan que la propia Corte Suprema emitió un comunicado invitando a "todos los Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a participar en la Marcha por le Paz en Honduras el día martes 30 de junio de 2009”, durante horario laboral.
3 Precisan que la postura jurídica de la AJD, se manifestó a través de comunicados y pronunciamientos públicos por parte de la asociación y de los jueces que la componen y mediante acciones prácticas para la protección de los derechos humanos. Añaden que sus acciones se inscribieron en el rechazo general al golpe de Estado, concordante con el rechazo de la comunidad internacional que condenó la ruptura del orden democrático.
4 Los peticionarios alegan que la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula envió fotocopia del expediente y de la sentencia que declaraba la detención ilegal, a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de San Pedro Sula, a efecto de que se establecieran las responsabilidades del caso. Sin embargo, alegan que hasta la fecha no se conocen actuaciones policiales o del Ministerio Público tendientes a investigar el hecho.
5 Los peticionarios alegan que según las resoluciones de despido el mismo tendría efecto “a partir de la fecha de toma de posesión del sustituto”. Alegan que en el caso de la magistrada Flores Lanza y de los jueces López Lone y Chévez de la Rocha, los jueces sustitutos han sido nombrados y los despidos se materializaron el 1 de julio de 2010. Asimismo, el 21 de septiembre de 2010 se informó al Juez Luis Alonso Chévez de la Rocha el nombramiento de su sustituto, haciéndose efectivo su despido una vez juramente ante la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula.
6 Citan al artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial.
7 Entre otros, citan el artículo 46.3 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual establece como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo que “los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes”.
8 Respecto del alegato de los peticionaros, en el sentido de que la propia Corte Suprema habría invitado a los funcionarios judiciales a participar en una marcha a favor del golpe de Estado, el Estado indicó que la funcionaria judicial que emitió la invitación habría sido sometida a una investigación administrativa.
9 Añade que la Corte Suprema de Justicia, electa para el periodo 2009-2016, desde el comienzo de su mandato hasta el momento de elaboración del presente informe, ha adoptado veinticinco acuerdos de cancelación de jueces como consecuencia del incumplimiento o violación grave de sus deberes.
10 Indica que con el fin de administrar la Carrera Judicial, la Ley crea tres órganos: 1) el Consejo de la Carrera Judicial, 2) la Dirección de Administración de Personal y 3) la Comisión de Selección de Personal. Indica que el Consejo de la Carrera Judicial, depende de la Corte Suprema de Justicia y su función consiste en auxiliar a la Corte Suprema de Justicia en lo referente a la política de Administración de personal, y resolver los conflictos que se presenten como resultado de la aplicación de la ley y su reglamentación.
11 Sostiene que la resolución del Consejo de la Carrera Judicial puede recurrirse de amparo, no obstante lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial, en virtud del artículo 320 de la Constitución.
12 Añade el Estado que prueba de la imparcialidad del procedimiento administrativo, es que cuatro magistrados de la Corte Suprema, miembros del Consejo de la Carrera Judicial, se han excusado para examinar el reclamo.
13 Ver Corte I.D.H., Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 16; Corte I.D.H., Caso Nogueira de Carvalho y otro. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de Noviembre de 2006. Serie C No 161, párr. 50; Corte I.D.H., Caso Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No 144, párr. 122 y ss; Caso Ximenes Lopes. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 2005. Serie C No. 139, párr. 4; entre otros.
14 El artículo 191 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial dispone, en su parte pertinente que:”Las resoluciones del Consejo de la Carrera Judicial que sean consecuencia de un reclamo contra un despido, podrán consistir en la confirmación del despido o en el reintegro al servicio del funcionario o empleado judicial afectado, ya sea a su mismo cargo o a otro de igual categoría con derecho a percibir los sueldos devengados desde el retiro del puesto.(…)”.
15 El Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial dispone expresamente: Artículo 22.- El Consejo de la Carrera Judicial, dependerá de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 23.- (…) Dicho Consejo estará integrado por cinco (5) miembros Propietarios y tres (3) Suplentes. Los Propietarios serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia, a propuesta de su Presidente, quien presentará una nómina de diez candidatos. Dos de los Propietarios serán Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y (…).
16 Corte Suprema de Justicia, Acuerdos No. 346, 348, 371 y 372.
17 Corresponde añadir que los peticionarios informaron que el juez Chévez de la Rocha en septiembre de 2010 tomó conocimiento del nombramiento de un sustituto para su cargo.
18 La parte pertinente del artículo 65 de la Ley de Carrera judicial establece: “El despido quedará firme una vez agotados y fallados los recursos interpuestos por el inculpado”.
19 Artículo 46 (de la inadmisibilidad de la acción de amparo) de la Ley sobre Justicia Constitucional.