Source: http://docplayer.es/2559734-A-coruna-25-de-mayo-de-2012-ilustre-colegio-de-abogados-la-mediacion-penal-cronica-de-una-experiencia.html
Timestamp: 2018-05-20 12:25:12
Document Index: 7486652

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 88', 'artículo 90', 'artículo 34', 'Artículo 1', 'Artículo 10', 'artículo 17']

A Coruña, 25 de mayo de 2012 Ilustre Colegio de Abogados. LA MEDIACIÓN PENAL: CRÓNICA DE UNA EXPERIENCIA. - PDF
A Coruña, 25 de mayo de 2012 Ilustre Colegio de Abogados. LA MEDIACIÓN PENAL: CRÓNICA DE UNA EXPERIENCIA.
Download "A Coruña, 25 de mayo de 2012 Ilustre Colegio de Abogados. LA MEDIACIÓN PENAL: CRÓNICA DE UNA EXPERIENCIA."
Juan José Hugo Casado Vázquez
1 A Coruña, 25 de mayo de 2012 Ilustre Colegio de Abogados. LA MEDIACIÓN PENAL: CRÓNICA DE UNA EXPERIENCIA. Rosa María Freire Pérez Magistrada. Profesora de la Escuela Judicial. 1
2 Qué es la mediación penal? La mediación se define como el sistema de gestión de conflictos en que una parte neutral, con carácter técnico y en posesión de conocimientos adecuados, independiente de los actores institucionales del proceso penal e imparcial, ayuda a dos o más personas implicadas en un delito o falta, en calidad de víctima e infractor, a comprender el origen del conflicto, sus causas y consecuencias, a confrontar sus puntos de vista y a elaborar acuerdos sobre el modo de reparación, tanto material como simbólica Suele centrarse, sustancialmente, en las infracciones con víctimas definidas, en las que la interacción entre víctima y victimario está presidida por la simetría de fuerzas, lo que garantiza un espacio de libertad recíproco. Se discute el recurso a la mediación en la criminalidad de dominio, por ejemplo la violencia de género en la relación de pareja, y también en la criminalidad difusa o colectiva, por la ausencia de una víctima individual. En este último caso se ha señalado por algunos expertos la conveniencia de la mediación cuando existe una organización o asociación que representa a las víctimas y que puede servir de interlocutor válido con el victimario. La mediación descansa en cuatro criterios vertebrales: 1. La consideración de la víctima como una persona capaz de comprender, que no justificar, el hecho delictivo mediante la escucha de las motivaciones del infractor en un contexto de calma emocional, y la estimación del victimario como un individuo susceptible de mejora y responsabilidad. 2. La implantación de un espacio de encuentro entre la víctima y el victimario que facilite el análisis reposado de lo que el delito ha significado en sus proyectos vitales. 3. La presencia de un mediador imparcial y adecuadamente formado, encargado de crear las condiciones precisas para el diálogo entre la víctima y el victimario. El mediador es una pieza clave en la mediación, al ser la persona que facilita el diálogo, pero que no resuelve el conflicto, cuya 2
3 composición queda residenciada en las partes. Sus características han de ser la neutralidad, la empatía, la flexibilidad y la creatividad. 4. La construcción por la víctima y el victimario de una respuesta encaminada a la reparación adecuada del daño causado, reparación que puede ser simbólica (admisión de la responsabilidad y petición de disculpa a la víctima), prestacional (realización de una actividad en beneficio de la víctima o de terceros) o material (abono de una cantidad de dinero en concepto de indemnización). Características esenciales a. Voluntariedad de las partes. El proceso de mediación exige la participación voluntaria e informada de la víctima y de la persona infractora. Se garantiza para la víctima la ausencia de cualquier tipo de presión y para la persona acusada la posibilidad de volver a la fase procesal que corresponda. b. Gratuidad. El proceso debe ser totalmente gratuito para las partes debido al carácter público que tiene el derecho penal. Se garantiza, así, el principio de igualdad. La mediación penal no debe responder a finalidades u orientaciones puramente economicistas; sin embargo, es evidente que su incorporación al proceso y su puesta en marcha en los Juzgados y Tribunales provoca dos efectos esenciales en tal sentido: en primer lugar, un efecto de economía procesal, que a corto y medio plazo se traduce en la evitación de dilaciones procesales indebidas, y que podrá dar lugar a un cambio cultural que, derivado del reconocimiento del diálogo como base de las relaciones sociales y de la solución negociada como fórmula de resolución de los conflictos, contribuirá a reducir los niveles de litigiosidad que hoy padecen nuestros Juzgados y Tribunales. En segundo lugar, derivado del anterior, un segundo efecto, de economía de medios personales y materiales de la Administración de Justicia, que podrán destinarse a otros objetivos más urgentes o complejos. c. Confidencialidad. Se garantizará la confidencialidad de la información que se obtenga en el proceso de mediación. El Juez no tendrá conocimiento del contenido del proceso salvo lo pactado en el documento final -acta de acuerdos-.la utilización como material probatorio, fundamentalmente en sentido incriminatorio, de las manifestaciones vertidas en el procedimiento de mediación o en el acta por la que se le ponga fin, solo debe ser posible con el consentimiento de ambas partes. Ello hace compatible la mediación con el derecho a la presunción de inocencia. Precisamente por ello, el mediador nunca podrá ser llamado al proceso ni como testigo ni como perito. 3
4 Donde nace la mediación penal Las primeras experiencias de mediación en el ámbito de la justicia penal, nacen en EE.UU. y Canadá, a principios de los años 70. Se cuenta cómo el 28 de Mayo de 1974, dos jóvenes de Kitchener, Ontario (Canadá) se declararon culpables de destrozos en 22 viviendas de sus convecinos. El agente de libertad vigilada Mark Yantzi, perteneciente a la Iglesia Menonita y responsable de preparar una propuesta de sentencia, pensó en la posibilidad de que los jóvenes se reunieran con sus víctimas. Con muchas dudas, se lo expuso al juez del caso, que inmediatamente le dijo que esto no se podía hacer. La sorpresa le llegó cuando al leer la sentencia vio que el juez había ordenado que se realizaran reuniones cara a cara entre los infractores y las víctimas, a fin de hablar sobre la forma de restitución. Este caso marca el inicio de los procesos de mediación entre víctima e infractor (VOMP, Victim Offender Mediation Process). Estas primeras mediaciones se realizaron de manera poco refinada: Mark Yantzi, acompañaba a los infractores, tocaba a la puerta de cada una de las víctimas y una vez en el domicilio dejaba que dialogaran y acordaran una forma de restitución, quedando él en un segundo plano, tomando notas en un cuaderno. Aún así, a los pocos meses los jóvenes habían abonado todas las restituciones. El éxito de este caso llevó al Comité Central Menonita, una organización pacifista afiliada a la iglesia menonita, a poner en marcha un proyecto piloto denominado Iniciativas de Justicia Comunitaria a fin de promover la reconciliación entre infractores y víctimas y facilitar la reparación de los daños causados por los delitos. Estas experiencias se trasladaron a EEUU y posteriormente surgen en Inglaterra, en el año 1977, varios programas de mediación, unos dirigidos a jóvenes, otros dirigidos a adultos, relativos estos a la resolución de conflictos vecinales y con la finalidad de evitar los efectos negativos de una judicialización excesiva. Actualmente existen programas de mediación que se pueden aplicar antes, durante y después del proceso. En 1985, Holanda, Alemania, y Austria inician las primeras experiencias y Francia lo hizo a principios de los 80 y se regula por primera vez mediante una ley de También tienen regulada, o prácticas de mediación, Bélgica, Italia, Polonia y Portugal y países nórdicos. El Panorama de la Mediación Penal en España Las primeras experiencias de Mediación Penal en España se llevaron a cabo en el ámbito de la Justicia Juvenil, a principios de los años 90 y fueron impulsadas por psicólogos de los Equipos Técnicos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. En el año 2000 entra en vigor la Ley Penal del Menor donde expresamente se regula y reconoce -por primera vez en la Justicia Penal- la posibilidad de acudir a la mediación-reparación, en delitos con pena aparejada inferior a 5 años de prisión, en íntima conexión, a su vez, con el reconocimiento, 4
5 también por primera vez en nuestro derecho, del principio de oportunidad. La Fiscalía de Menores de Cataluña, a la que se ha adscrito por la Administración autonómica un equipo estable de mediadores, (26 empleados públicos) ha publicado estadísticas que permiten concluir que entre el 25 % y el 30% de asuntos penales registrados en dicho órgano, terminan con mediación/reparación. Además, se han realizado trabajos de investigación a cargo del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del Departamento de Justicia que concluyen en estimar un bajo nivel de reincidencia - un 12 %- por parte de los jóvenes que han acudido o han participado en un programa de mediación-reparación. Siguiendo esta vía iniciada en la Justicia de Menores, en el año 1998 se desarrolló, también en Cataluña, y por impulso de Técnicos de la Administración de Justicia autonómica, la primera experiencia piloto en el ámbito de la Justicia Penal de adultos. Dado el éxito de esta experiencia, en el año 2000, el Departamento de Justicia creó el primer Servicio de Mediación Penal de Adultos, vinculado a la Dirección General de Ejecución Penal y Medidas Alternativas, ubicándolo en la misma sede de los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de Barcelona,- ahora en la Ciudad de la Justicia- si bien con vocación de servicio a toda Cataluña, ya que existen delegaciones en todas las capitales de provincia. Y a la espera de que el legislador estatal se decida a acometer la transposición de la Decisión Marco relativa al Estatuto de la Víctima, fuera ya del plazo vencido en marzo de 2006, otras Administraciones autonómicas como la del País vasco, y diversas Administraciones locales, y Universidades como la Carlos III de Madrid han creado y sostienen servicios de mediación que han puesto a disposición de Juzgados concretos para desarrollar experiencias de mediación penal. Pero es sobre todo el Consejo General del Poder Judicial, el que, en los últimos años, hizo una apuesta decidida por este método de resolución de conflictos, amparando y coordinando el desarrollo de Experiencias de Mediación penal en aquellos Juzgados de Instrucción y de lo Penal que voluntariamente se adhirieron al Protocolo elaborado por el propio CGPJ. El Consejo impulsa además, la celebración de cursos y seminarios de formación que se imparten tanto en Formación Inicial, en la Escuela Judicial y dirigidos a los futuros jueces, como en Formación Continua, destinados a jueces en activo y con un contenido multidisciplinar y que atañe a todos los órganos jurisdiccionales. En su Plan de Modernización de la Justicia, el CGPJ ha abogado por dar impulso a fórmulas alternativas de resolución de conflictos, apostando expresamente por la mediación familiar, civil, y penal. Así se recoge en su página web: 5
6 Veamos algunos datos estadísticos recopilados por el CGPJ relativos a la actividad en mediación penal en órganos judiciales de todo el territorio nacional durante el segundo semestre de 2010: Han participado 108 órganos judiciales con competencias en materia criminal: la mayoría Juzgados de Instrucción, también Juzgados de lo Penal, y Audiencias Provinciales, y que han derivado 632 asuntos penales. En los casos en que se inició el Proceso se alcanzó un Acuerdo en el 70% de los procesos. De los restantes, en 352 no se pudo iniciar el proceso de mediación por diferentes motivos, de los cuales el más numeroso es la no localización de alguna de las partes. Respecto al tipo de infracciones, en primer lugar lo ocupan las lesiones, segundo las amenazas, en tercer lugar, los delitos contra la propiedad incluidos robos violentos, 9- y a continuación los quebrantamientos de custodia.le siguen injurias y otros. La media de resolución se sitúa entre 30 y 60 días. Amparo normativo de estas experiencias La Legislación española La situación es la siguiente: La ley Penal Juvenil es la única Ley Penal donde se regula la mediación entre víctima e infractor. La Ley de Violencia de contra la Mujer prohíbe expresamente la mediación en estos supuestos El Código Penal vigente no regula la mediación. No obstante, prevé expresamente el otorgamiento de determinados beneficios jurídicos al infractor que repare el daño causado a la víctima, que según los casos pueden consistir en:. La apreciación de la atenuante genérica del artículo 21.5., que recoge como una de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal, que el culpable haya reparado el daño ocasionado a la víctima o aminorado sus efectos en cualquier momento del procedimiento, antes del juicio oral. 6
7 . La apreciación de alguna de las atenuantes específicas reguladas en diversos tipos penales de la parte especial del Código..La extinción de la responsabilidad penal por el perdón del ofendido. El Código Penal tipifica diferentes delitos y faltas perseguibles únicamente mediante denuncia de la persona ofendida. En estos casos un proceso de mediación puede facilitar la obtención de un acuerdo con el cual el perjudicado se considere plenamente reparado y, como consecuencia retire la denuncia y el Juez o Tribunal pueda archivar la causa. Asimismo, la flexibilidad de algunos artículos del Código Penal hace posible una amplia interpretación que permite, en diferentes casos, la mediación como un instrumento muy útil para:. Facilitar una efectiva reparación al perjudicado.. Favorecer la rehabilitación del infractor.. En fase de ejecución, posibilitar la obtención de otros beneficios jurídicos, como la suspensión de la condena, la libertad condicional, o el indulto de la pena. Así: - El artículo 88 del Código Penal prevé que el Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, pueda sustituir las penas de prisión que no excedan de un año (excepcionalmente hasta dos) para la de arresto de fin de semana o multa, cuando la naturaleza del hecho, las circunstancias especiales del reo, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen. La reparación a la víctima, por tanto, puede evitar el ingreso en prisión del condenado y hacer posible un cumplimiento alternativo a la pena privativa de libertad. - El artículo del Código Penal prevé la posibilidad de que el Juez o Tribunal pueda condicionar la suspensión de las penas privativas de libertad no superiores a dos años al cumplimiento de determinados deberes que se considere convenientes para la rehabilitación social del condenado, contando con su consentimiento y siempre que se den los requisitos del articulo 81. Valorando las circunstancias del caso, el Juez puede estimar la mediación y reparación como uno de estos deberes posibles y convenientes para la rehabilitación social del condenado. Esta posibilidad, queda sujeta a la previa conformidad del condenado, respeta plenamente la voluntariedad, como un principio básico de la mediación. 7
8 - En una interpretación flexible del mismo Código Penal y de otras normas penales, podríamos llegar a deducir, siguiendo ejemplos de derecho comparado, que la reparación conseguida a través de un proceso de mediación, realizado con posterioridad a la sentencia o, incluso, durante la ejecución, hace posible la obtención de determinados beneficios, como por ejemplo la progresión de grado en el cumplimiento de la pena privativa de libertad, la libertad condicional o el indulto. - Progresión en el grado de cumplimiento: el régimen vigente de ejecución de las penas de prisión responde a las características del modelo progresivo o individualización científica, según el cual se fragmenta la ejecución de la pena privativa de libertad en diferentes etapas (tres, en nuestro sistema). Cada vez que el preso progresa de etapa, se le otorgan más ventajas y privilegios. El progreso en las etapas depende de la evolución favorable del interno. Una reparación voluntaria del preso a favor de la víctima, fruto de una mediación, puede entenderse como una prueba concreta de esta evolución positiva y del interés por reinsertarse de nuevo en la comunidad. Por tanto, esta reparación voluntaria obtenida a través de un proceso de mediación puede facilitar un cambio que implique una mejora en su clasificación, es decir, la progresión a un grado superior con más ventajas. - La libertad condicional: El artículo 90 del CP prevé que para acceder a la libertad condicional, el preso ha de estar clasificado en tercer grado de tratamiento penitenciario y han de darse los otros requisitos exigidos en el mismo artículo. Entre estos requisitos, se recoge como circunstancia necesaria para obtener la libertad condicional, la buena conducta y un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido por expertos que el Juez de Vigilancia Penitenciaria estime conveniente. La implicación voluntaria del penado en la obtención de un acuerdo de reparación, la participación también voluntaria de la víctima por compensar o minimizar el daño causado pueden ser considerados, en determinados casos, como una manifestación práctica y concreta del concepto indeterminado de buena conducta. Por otra parte, la voluntad, unida a la reparación, facilita la emisión de un pronóstico favorable de reinserción social, que favorece la prevención especial sin detrimento de la general. - El indulto es una manifestación concreta del derecho de gracia, mediante el cual el Estado, titular del ius puniendi renuncia a su ejercicio efectivo, en determinados casos particulares. Se inspira en el principio de humanidad y sus fundamentos de política criminal hacen referencia al principio de necesidad de la pena, destacando, especialmente, la no necesidad de la pena respecto a las personas rehabilitadas. 8
9 En aquellos casos, en que por sus características y en especial, teniendo en cuenta las circunstancias del penado, sea innecesaria o, incluso, contraproducente la ejecución de la pena y esto no cause alarma social ni represente detrimento para la prevención general; la reparación voluntaria del preso, a favor del perjudicado, contando con su participación y voluntad, conseguidas a través de un proceso de mediación, pueden representar un argumento sólido y concreto para demostrar la no necesidad de la pena, la resocialización del penado y por tanto, para fundamentar la solicitud del indulto. Normativa internacional que inspira las prácticas de Mediación penal en España 1. NACIONES UNIDAS. Carta de los Derechos Humanos, de 26 de junio de 1945, Capítulo VI, artículo 34, refleja para la solución de controversias la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos a su elección.. Resolución 53/243, de 6 de octubre de 1999, sobre la declaración y programa de acción sobre una cultura de Paz.. X Congreso sobre la Prevención del Delito y Tratamiento de la Delincuencia, abril de 2000, Viena, que estableció la necesidad de que el concepto de Justicia Restaurativa debía de ser un elemento fundamental de los debates sobre responsabilidad y equidad respecto a los delincuentes y a las víctimas en el proceso penal de justicia. Opinando que esta clase de Justicia ofrecía al proceso penal una alternativa a las modalidades establecidas de enjuiciamiento y castigo y a toda la sociedad en el proceso restaurativo.. Resolución 55/59 sobre Plan de acción sobre Justicia Restaurativa.. Resolución 26/1999, de 28 de julio, sobre el desarrollo y la implementación de la mediación y las medidas de la Justicia Restaurativa en la Justicia criminal.. Resolución 14/2000, de 27 de julio, sobre principios básicos del uso de la Justicia Restaurativa en los procesos criminales, que anima el intercambio y experimentación en el ámbito de la mediación penal. 9
10 . Informe del Secretario General del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de 7 de enero de 2002, sobre la reforma del sistema de justicia penal: logro de la eficacia y la equidad. La Justicia Restaurativa.. Standards y normas para la prevención del crimen y la Justicia criminal, Comisión de Prevención del Crimen y Justicia Criminal, de 18 de abril de 2002, sobre Principios básicos sobre el uso de los programas de Justicia Restaurativa en los procesos criminales. 2. EUROPA 1. Consejo de Europa. Las Recomendaciones: Diversas resoluciones del Consejo de Europa instan a los estados miembros a incorporar la mediación y la reparación, así como el reconocimiento de un mayor protagonismo de los ciudadanos en los procedimientos judiciales y en la resolución de los conflictos penales que les afectan: La Recomendación núm. R (83)7 está orientada a potenciar la participación del público en la elaboración y aplicación de políticas criminales que tienden a prevenir la criminalidad y a facilitar la indemnización y la reparación a la víctima. La Recomendación núm. R (85)11, relativa a la posición de la víctima en el marco del proceso y del derecho penal. La Recomendación núm. R (87)18, sobre la simplificación de la justicia penal, recomienda a los gobiernos potenciar la aplicación de los principios de no criminalización y de intervención mínima; tomar medidas que faciliten la simplificación de los asuntos menores; y evitar, siempre que sea posible, la intervención judicial en primer término. Así mismo, en estos asuntos, se recomienda recurrir a acuerdos de compensación entre el autor y la víctima y evitar la acción penal, si el sujeto cumple las condiciones acordadas. La Recomendación núm. R (99)19, sobre mediación en el ámbito penal: Considera a la mediación penal como una opción flexible, basada en la resolución del problema y en la implicación de las partes, como complemento o como alternativa al procedimiento penal tradicional; 10
11 Valora la necesidad de posibilitar una participación personal activa en el procedimiento penal de la víctima, del delincuente y de todos aquellos implicados como partes, así como de la comunidad; Reconoce el interés legítimo de las víctimas para que puedan expresar las consecuencias de su victimización, comunicarse con el delincuente, obtener razones de él, explicaciones y una reparación; Considera que es importante reforzar el sentido de la responsabilidad en los delincuentes y darles la oportunidad de rectificar; Reconoce que la mediación puede contribuir a la solución de los conflictos y a una justicia penal con resultados más constructivos. Por todo ello, recomienda a los gobiernos de los estados miembros que inspiren su legislación y práctica internas en los principios de la Recomendación para ponerlos en marcha progresivamente y dar a este texto la más amplia difusión posible. Define la mediación y establece los principios generales de actuación, orientados tanto a las jurisdicciones penales juveniles como a la jurisdicción penal de adultos. Entre estos principios generales recoge que la mediación en el ámbito penal tendría que ser un servicio generalmente disponible y que habría de ser posible en todas las fases del procedimiento penal. Por otra parte, en los fundamentos jurídicos, prevé que la legislación tendría que facilitar la mediación en el ámbito penal. Entre otros criterios, propone que la mediación únicamente se haga con el libre consentimiento de las partes, tanto para iniciarla como para dejarla en cualquier momento del proceso. En cuanto al contenido de la mediación, es confidencial y no se puede utilizar la mediación como una prueba de culpabilidad en los procedimientos penales. También, establece criterios de derivación, y de funcionamiento de los servicios, los cuales considera que tendrían que gozar de suficiente autonomía. Igualmente define las líneas de actuación en relación con la formación, el rol y las funciones de los mediadores, etc. El CEPEJ: En el marco del Consejo de Europa se ha creado una comisión, el CEPEJ, European Commission for the Efficiency of Justice, que ha venido a ocuparse de la mediación a través de varios informes, el último de ellos, relativo a la mediación penal, de fecha 7 de diciembre de 2007, se titula Líneas directrices para mejorar la puesta en práctica de la Recomendación en materia penal (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/mediation) y se ocupa de diversas cuestiones que afectan a la eficacia de la mediación: 11
12 Disponibilidad: Los Estados deben reconocer y promover dispositivos de mediación eficaces en todos los estadios del procedimiento, incluso en la ejecución, y deben fomentar la cooperación entre autoridades y los servicios de mediación. La calidad de la mediación: esencial garantizarla, por lo que se deberán controlar los dispositivos y los proyectos piloto. El legislador y/o las autoridades judiciales penales de los Estados Miembros deben identificar las consecuencias posibles de la mediación y de los acuerdos de mediación en los procesos penales Confidencialidad: El deber de confidencialidad debe ser vinculante para el mediador en todas las etapas de la mediación y tras su finalización. Las excepciones a este deber deben estar claramente definidas por la legislación Normas comunes en materia de formación. Se hace un listado de materias que deberían estar en los programas de formación, y se hace hincapié en que la formación debe seguirse por supervisión y formación profesional continua Accesibilidad: La información que ha de darse a las partes sobre el proceso de mediación, derechos y obligaciones de los usuarios y efectos jurídicos de la mediación. Las partes deben estar debidamente informadas sobre las eventuales consecuencias de la mediación en los procesos judiciales, como la interrupción del procedimiento, la suspensión o atenuación de la sanción Coste: deberían mantenerlo los Estados Suspensión de plazos de prescripción: deberían establecerse disposiciones que prevean la suspensión de los plazos de prescripción. 2. Unión Europea Decisión Marco (2001/220/JAI) del Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2001, relativa al Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal. En las consideraciones previas, de la Decisión Marco, se estima que de acuerdo con el plan de acción del Consejo y de la Comisión, esta Decisión se orienta a buscar la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Ámsterdam, relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Establece un marco normativo de actuaciones a desarrollar, a nivel de la Unión Europea, a fin de que los estados miembros las incorporen a sus respectivas legislaciones. Concreta normas referentes a los derechos y garantías de las víctimas, asistencia, protección, indemnización, mediación, cooperación entre los estados miembros, servicios especializados, etc. Esta Decisión Marco hace referencia explícita a la mediación penal en diferentes apartados: Artículo 1. Contiene la definición de diferentes conceptos y concretamente en el apartado e) se define la mediación en causas penales como la busca, antes o durante el proceso penal, de una solución negociada entre la víctima y 12
13 el autor de la infracción en la cual interviene como mediador una persona competente. Artículo 10. En sus apartados 1 y 2 insta a los estados miembros a impulsar la mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a estos tipos de medidas. Los estados también han de vigilar para que puedan tenerse en consideración los acuerdos a los cuales hayan llegado la víctima y el inculpado con motivo de la mediación en las causas penales. Según el artículo 17, referente a la aplicación, los estados miembros han de poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a esta disposición a más tardar el día 22 de marzo de Es obvio que hasta la fecha el Estado español ha incumplido sus compromisos comunitarios, y ello porque se ha vinculado la regulación de la mediación penal a la mas amplia y ambiciosa reforma de la Lecrim,con las dificultades de todo orden que ello conlleva. No obstante, el Ministro de Justicia se ha referido a ella en términos favorables. Amparo Institucional Debe hacerse especial referencia a la Unión Europea, que es una firme promotora de la utilización de métodos alternativos de solución de conflictos, entre los cuales cabe mencionar la mediación. En su Portal e-justice ( https://ejustice.europa.eu/) da cumplida información sobre el estado de la mediación en el ámbito de la Unión y en cada uno de los estados miembros. Ademas, y en el ámbito de la Justicia restaurativa, algunos organismos promueven foros de difusión, diálogo y estudio sobre la mediación.especial referencia merece el European Forum for Victim- Offender Mediation and Restorative Justice, creado en 1999 bajo los auspicios de la Unión Europea, Programa Grotius, y que participa en diferentes programas europeos de impulso de la Justicia Restaurativa y asimismo dirige el programa AGIS. (www.euforumrj.org). En el ámbito de América Latina, los Jueces y Magistrados implicados en la difusión de la Mediación seguimos muy atentos la labor de promoción de la Justicia restaurativa llevada a cabo por el ILANUD, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, y los estudios e investigaciones patrocinadas por el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas - CEJA
14 Cabe destacar, asimismo, la labor realizada por el GEMME, Grupo de Magistrados europeos pro mediación (www.gemme.eu ) GEMME es una asociación europea y europeísta que tiene por finalidad la de promover, desde el ámbito de los propios tribunales de justicia, los sistemas alternativos de resolución de conflictos (ADR) y, especialmente, de la mediación. Se creó en Francia en el año Su impulsor y primer presidente fue el presidente de la Cour de Casación francesa Guy Canivet. Hoy existen secciones en Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Eslovenia y Suiza y miembros asociados de Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Polonia y Lituania. La sección española se constituyó en Conclusión La mediación, como instrumento auxiliar de la justicia, presenta una metodología especialmente adecuada para dar mejor respuesta a los intereses en juego que subyacen en determinados tipos de conflictos en los que las partes enfrentadas necesitan mantener una relación posterior viable. La mediación alienta la madurez de los individuos al permitirles decidir por ellos mismos cómo solucionar sus conflictos sin privarles jamás del derecho a la tutela judicial efectiva. Es un sistema complementario a la administración de justicia y en ningún caso sustitutivo de la misma y sobre todo, y lo que es más importante, en relación a la mediación penal, es un sistema que humaniza la Justicia penal. Así,en un entorno en principio hostil o cuando menos incierto, como en el seno de un proceso penal, por virtud de los mecanismos que la mediación introduce en el proceso se crean las condiciones idóneas para hacer posible que brote lo mejor de cada uno y que se produzca el aparentemilagro de que quienes han llegado hasta nosotros enfrentados (a veces hasta irreconciliablemente) se escuchen, atiendan los argumentos del otro, se disculpen y perdonen. Tener la fortuna de contemplar este fenómeno, desplegado de manera natural por los justiciables en los estrados ante nosotros, juristas ya en buena media experimentados y en no poca descreídos, produce casi de manera tan inevitable como imperceptible una notable alteración en nuestra manera de mirar, de contemplar, y por ende de analizar los fenómenos humanos que constituyen la base de nuestro trabajo. A través de la mediación podemos, pués, mejorar el sistema de justicia penal y de paso, dar sentido y satisfacción a nuestro trabajo como juristas. No desperdiciemos esta oportunidad. 14