Source: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnzSGolKOaUX8SsM2PfxU7simjcDtbhPSCoi7RrWmaLBuwdV4b4xZUdFNNBHsCY%2BhkHFlDNnUUGnib8DGDPxxvePU62VUFwjBVLGWpsbs2qs
Timestamp: 2019-07-22 12:20:52
Document Index: 186165963

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 21', 'in fine', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 351', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 33']

CRPD/C/AUS/2-3
Español, inglés y ruso únicamente
Informes periódicos segundo y tercero combinados que Australia debía presentar en 2018 en virtud del artículo 35 de la Convención *
[Fecha de recepción: 7 de septiembre de 2018]
1.El Gobierno de Australia se complace en presentar al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (el Comité) los informes periódicos segundo y tercero relativos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (la Convención). Australia ratificó la Convención el 17 de julio de 2008, y esta entró en vigor para el país el 16 de agosto de 2008. Australia presentó un informe inicial en el marco de la Convención, publicado el 3 de diciembre de 2010.
2.El presente informe pone de manifiesto el compromiso de Australia con el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y el gran esfuerzo dedicado a garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con la Convención.
3.El presente informe se ha preparado sobre la base de las directrices para la presentación de informes periódicos al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los procedimientos simplificados de presentación de informes, y teniendo en cuenta las orientaciones relativas a la preparación de un documento básico ampliado y de informes sobre tratados específicos, así como las directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos.
4.Las cuestiones abordadas responden a la lista de cuestiones previa a la presentación de los informes periódicos segundo y tercero de Australia (lista de cuestiones).
5.El presente informe debe leerse conjuntamente con el documento básico común sobre Australia.
Consulta sobre el informe
6.Durante la elaboración del presente informe, el Gobierno de Australia celebró amplias consultas con los gobiernos de los estados y los territorios, que se encargan de muchas de las actividades destinadas a aplicar la Convención. Se consultó asimismo a la Comisión de Derechos Humanos de Australia.
7.El Gobierno de Australia reconoce el papel fundamental que desempeñan las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la aplicación de la Convención, por tanto celebró consultas con ellas durante la elaboración del informe. En la fase inicial, se solicitó a 36 ONG a que presentaran información para elaborar las respuestas a la lista de cuestiones. En una fase posterior, el Gobierno publicó en línea el primer proyecto de informe e invitó a las ONG y al público en general a que hicieran comentarios.
Situación del Protocolo Facultativo
8.Desde que el Protocolo Facultativo entró en vigor para Australia, el 20 de septiembre de 2009, Australia ha recibido 13 comunicaciones individuales relativas a presuntas violaciones de la Convención.
9.En relación con dichas comunicaciones, el Comité tomó las siguientes decisiones:
a)Declaró inadmisibles dos casos (A. M. c. Australia (comunicación núm.12/2013) y D. R. c. Australia (comunicación núm. 14/2013)), y
b)Emitió un dictamen desfavorable para Australia en cuatro casos (Noble c. Australia (comunicación núm. 7/2012), F. G. c. Australia (comunicación núm. 19/2014), G. B. c. Australia (comunicación núm. 11/2013) y M. L. c. Australia (comunicación núm.13/2013)).
10.El Comité sigue examinando seis casos y otro caso se ha suspendido.
11.El Gobierno de Australia colabora ampliamente y de buena fe con los órganos de las Naciones Unidas dimanantes de tratados en relación con las comunicaciones individuales, respondiendo a los dictámenes desfavorables y aplicando las recomendaciones conexas cuando lo considera oportuno.
A.Propósito y obligaciones generales (artículos 1 a 4)
Propósito, definiciones y principios
Incorporación de la Convención en el derecho interno
12.Los derechos enunciados en la Convención se han incorporado en el derecho interno a través de la legislación del Commonwealth, los estados y los territorios.
13.La Ley contra la Discriminación por Discapacidad de 1992 (Commonwealth) se aplica al Commonwealth, los estados y los territorios y los órganos del sector privado. Esta Ley prohíbe la discriminación directa e indirecta por motivos de discapacidad en ámbitos como el trabajo y el empleo, la educación, el acceso a locales, el suministro de bienes y de servicios públicos y de otro tipo, el alojamiento, la enajenación de inmuebles o derechos sobre tierras, la participación en clubes y asociaciones legales, el deporte y la administración de leyes y programas del Commonwealth. La Comisión de Derechos Humanos de Australia está facultada para investigar y resolver las denuncias de discriminación por motivos de discapacidad de conformidad con esta Ley.
14.Todos los estados y territorios tienen también legislación que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad, administrada por órganos de dichos estados y territorios que ejercen funciones relacionadas con la legislación, incluida la investigación y resolución de denuncias. Victoria y el Territorio de la Capital de Australia tienen asimismo legislación en materia de derechos humanos que exige que las autoridades públicas tengan en cuenta los derechos humanos al adoptar decisiones, actúen de conformidad con los derechos humanos y reconozcan los derechos de las personas con discapacidad.
Declaraciones interpretativas
15.El Gobierno de Australia ha formulado una declaración interpretativa sobre los artículos 12, 17 y 18 de la Convención, y no se propone retirarla. La finalidad de dicha declaración no es excluir ni modificar los efectos jurídicos de la Convención sino aclarar que, a juicio de Australia, la Convención:
a)Permite la adopción de decisiones con la plena asistencia de un tercero o la sustitución en la adopción de decisiones cuando sea necesario, como último recurso y con sujeción a salvaguardias;
b)Permite la asistencia o el tratamiento obligatorios cuando sea necesario, como último recurso y con sujeción a salvaguardias; y
c)No crea el derecho para los no nacionales a entrar o permanecer en Australia ni afecta a los requisitos de salud impuestos por Australia, cuando estos sean legítimos, basados en criterios objetivos y razonables.
16.Australia apoya firmemente el derecho de las personas con discapacidad a ejercer su capacidad jurídica. En algunos casos, las personas con discapacidad cognitiva o con una discapacidad que les impide la adopción de decisiones pueden requerir apoyo para tal fin.
17.En Australia, se recurre a la sustitución en la adopción de decisiones únicamente como último recurso cuando se considera necesario y con las debidas salvaguardias, de conformidad con el artículo 12, párrafo 4 de la Convención. Por ejemplo, la sustitución en la adopción de decisiones como último recurso podría ser necesaria para asegurar que no se prive a las personas con discapacidad de un tratamiento médico adecuado porque no pueden evaluar o comunicar sus necesidades y preferencias.
18.De conformidad con el artículo 16 de la Convención, las leyes de tutela de Australia contienen salvaguardias para prevenir el abuso, la explotación y el abandono de las personas con discapacidad. Todas las órdenes de tutela se expiden por un tiempo limitado y son revisables previa solicitud y al finalizar el período de la orden. También existen disposiciones para la revisión de las órdenes de tutela por iniciativa del adulto o una persona interesada, como un miembro de la familia. La legislación se basa en el principio fundamental de la menor intervención requerida para satisfacer las necesidades claramente demostradas de la persona con discapacidad para la adopción de decisiones.
19.Algunas jurisdicciones están revisando o modificando sus leyes de tutela para asegurar la protección de los derechos y los intereses de los adultos con capacidad disminuida. Por ejemplo, en marzo de 2018, el gobierno de Victoria presentó un proyecto de ley destinado a reemplazar su actual Ley de Tutela y Administración de 1986 por un marco legislativo basado en una interpretación más contemporánea de la capacidad y la discapacidad para la adopción de decisiones, que prevé el reconocimiento jurídico de la adopción de decisiones asistida.
20.En Australia, solo se recurre a la asistencia o el tratamiento obligatorios cuando es necesario, como último recurso y con sujeción a salvaguardias, de conformidad con el artículo 14, párrafo 2 de la Convención.
21.La legislación de los estados y los territorios establece los criterios para nombrar a las personas que tomarán las decisiones relativas al tratamiento médico de los adultos que se consideren sin capacidad para dar su consentimiento. La mayoría de las jurisdicciones disponen que cuando un adulto no sea capaz de dar su consentimiento, las decisiones en materia de salud sean tomadas por un tercero, que será elegido (por ejemplo, un tutor de larga data), asignado por ley (por ejemplo, un cónyuge o pariente), o nombrado (por ejemplo, por un tribunal).
22.Para ejercer sus facultades, las personas que tomarán las decisiones deben pasar dos pruebas o una combinación de ambas: la prueba del interés superior (que exige cotejar los beneficios del tratamiento propuesto y los riesgos para el paciente) y la prueba del buen juicio (que exige la adopción de una decisión coherente con la decisión que la persona hubiera tomado si tuviera la capacidad necesaria, sobre la base de las pruebas disponibles, como las instrucciones previas, las creencias religiosas y el tratamiento anterior).
23.De conformidad con los requisitos sanitarios de Australia, todos los solicitantes de visados deben someterse a exámenes médicos, cuando se les soliciten, para determinar que su estado de salud es adecuado para la duración de la estancia y las actividades propuestas en Australia.
24.Estos requisitos tienen por objeto minimizar los riesgos para la salud pública de la comunidad australiana, reducir el gasto público en servicios sanitarios y comunitarios y garantizar el acceso a los servicios de salud y otros servicios comunitarios a los residentes en el país, incluidos los australianos con discapacidad.
25.Australia no discrimina a las personas con discapacidad en lo que respecta a la concesión y el registro de la ciudadanía. Las personas con discapacidad pueden solicitar y obtener la ciudadanía en igualdad de condiciones con las demás, incluso en el momento del nacimiento. Lo mismo se aplica al registro de la ciudadanía por filiación.
26.Australia considera que sus requisitos de salud para los no nacionales están basados en criterios legítimos, objetivos y razonables, y son compatibles con las disposiciones del artículo 18.
27.El Gobierno de Australia no tiene previsto dejar de financiar el Programa Nacional de Defensa de las Personas con Discapacidad.
28.El Gobierno de Australia está empeñado en garantizar la disponibilidad de servicios de defensa de las personas con discapacidad y ha establecido mecanismos para su participación plena y efectiva en la adopción de medidas para promover, proteger y asegurar el disfrute de todos los derechos reconocidos en la Convención.
29.En 2018-2019 el Gobierno de Australia ha asignado:
a)20,8 millones de dólares con cargo al Programa Nacional de Defensa de las Personas con Discapacidad para la financiación de 60 organizaciones en todo el país;
b)2,125 millones de dólares para organizaciones que representan a personas con discapacidad; y
c)Más de 9 millones de dólares para el programa de apelaciones del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad.
30.Los tres programas, que se financian mediante acuerdos de subvención que finalizan el 30 de junio de 2020, aseguran el acceso de las personas con discapacidad a mecanismos eficaces que promueven y protegen sus derechos, así como la representación de una diversidad de voces en las decisiones y políticas del Gobierno de Australia.
31.El programa de apelaciones del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad presta asistencia a todas las personas con discapacidad (así como a familiares y cuidadores) afectadas por una decisión revisable del Organismo Nacional del Seguro de Discapacidad para obtener la revisión de la decisión del Tribunal Administrativo de Apelación. La asistencia incluye el acceso a un defensor idóneo que actuará como persona de apoyo, y servicios jurídicos cuando el caso plantee cuestiones jurídicas complejas o novedosas.
32.Las organizaciones que representan a las personas con discapacidad pueden utilizar sus fondos para:
a)Promover la comprensión de la vida de las personas con discapacidad;
b)Promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y fomentar el apoyo a su dignidad, derechos, bienestar y participación en todos los aspectos de la vida de la comunidad;
c)Apoyar la accesibilidad de las personas con discapacidad y la elaboración de nuevos recursos pertinentes;
d)Realizar campañas en los medios de comunicación para fomentar la comprensión de las personas con discapacidad;
e)Promover determinados objetivos de la Convención, como aprovechar al máximo el potencial de las personas con discapacidad para que participen en la sociedad como ciudadanos en pie de igualdad;
f)Celebrar consultas en el plano nacional con las personas con discapacidad, sus familiares, sus cuidadores y las organizaciones que las representan, sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de la Convención en Australia; y
g)Cumplir las tareas de supervisión y presentación de informes previstas en la Convención y las obligaciones conexas dimanantes de los tratados de las Naciones Unidas.
33.La Estrategia Nacional sobre la Discapacidad 2010-2020 es el marco normativo general para la reforma en el ámbito de la discapacidad y el mecanismo fundamental para impulsar la elaboración de políticas y programas más inclusivos a todos los niveles de gobierno. La Estrategia está en consonancia con los principios de la Convención y establece un marco para supervisar su aplicación en el país. Todos los gobiernos de los estados y los territorios son signatarios.
34.La Estrategia Nacional sobre la Discapacidad refleja las conclusiones de un amplio proceso de consultas con la comunidad australiana (en particular las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores), las organizaciones, los empleadores y los expertos del sector comprometidos con la discapacidad y el cuidado de las personas con discapacidad a nivel nacional. La colaboración y la consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan es una parte importante de su ejecución.
35.El primer plan de ejecución de la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad (Echar las Bases 2011-2014), preparó el terreno para poder influir en todas las esferas normativas y de servicios durante el decenio de la Estrategia.
36.El segundo plan de ejecución (Fomento de la Acción 2015-2018), retoma ese compromiso y determina cuatro ámbitos de cooperación:
a)Mejora de los resultados en materia de empleo;
b)Mejora de los resultados para los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres (indígenas) con discapacidad;
c)Continuación de la ejecución del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad; y
d)Promoción de los objetivos de la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad en toda la comunidad.
37.El segundo plan de ejecución está respaldado por un plan de acción del Gobierno, así como por planes de los estados, los territorios y los gobiernos locales. El Gobierno también ha elaborado un plan para mejorar la situación de las personas indígenas con discapacidad proporcionándoles un mejor acceso a sistemas de apoyo con una perspectiva cultural. El plan se lanzó en octubre de 2017 e incluye hasta 3 millones de dólares para financiar durante tres años dos proyectos específicos:
a)La fase experimental de servicios de apoyo paramédico en escuelas aisladas para alumnos indígenas con problemas de conducta y dificultades relacionadas con la discapacidad; y
b)Un proyecto de investigación cuyo objetivo es comprender las repercusiones de la discapacidad o las deficiencias no identificadas de los presos aborígenes e isleños del estrecho de Torres a fin de reducir los posibles obstáculos que inciden en el éxito de la transición a la comunidad y el empleo.
38.El tercer y último plan de ejecución (Medición de los Progresos 2019-2020), está actualmente en proceso de elaboración.
39.El Consejo de Reformas sobre la Discapacidad del Consejo de Gobiernos Australianos es el principal mecanismo para coordinar políticas y servicios que afectan a las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores, en todos los ámbitos del Gobierno de Australia y con todos los gobiernos de los estados y los territorios. El Consejo lleva a cabo una amplia variedad de reformas a través de la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad para garantizar que los servicios y los sistemas sean inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores.
40.En el primer informe bienal de alto nivel sobre la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad, publicado en 2015, se detallan los logros concretos y las reformas específicas en el diseño y la prestación de servicios generales durante el primer período de ejecución. El segundo informe se publicará a mediados de 2018.
41.En noviembre de 2017, el Consejo de Reformas sobre la Discapacidad acordó nuevas actividades para revitalizar la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad, incluida la solución de cuestiones relativas a la interfaz entre el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad y otros servicios que prestan apoyo a las personas con discapacidad. El Consejo también acordó iniciar la elaboración de un nuevo marco nacional sobre la discapacidad para el período posterior a 2020, que se basará en el examen de la Estrategia realizado en 2018.
42.Los criterios de evaluación para acceder al Plan Nacional de Seguro de Discapacidad se establecen en la Ley del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad de 2013 (Commonwealth), y son los siguientes:
a)Ser menor de 65 años;
b)Tener una discapacidad debida a una deficiencia que podrá ser permanente y para toda la vida;
c)Tener una deficiencia que reduzca en forma considerable la capacidad de desenvolverse eficazmente en la vida cotidiana;
d)Ser ciudadano o residente permanente de Australia; y
e)Requerir un apoyo razonable y necesario para la vida diaria.
43.Toda persona que reúna los criterios puede participar en el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad y beneficiarse de un conjunto de medidas de apoyo personalizadas. El Plan también puede prestar ayuda a las personas con una deficiencia permanente o un retraso en el desarrollo que se beneficiarían de una pronta intervención para reducir sus futuras necesidades de apoyo.
44.El Gobierno también está trabajando con la Organización Nacional de Salud Gestionada por la Comunidad Aborigen sobre un proyecto del Fondo de Desarrollo para el Sector del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad con miras a garantizar que las personas indígenas con discapacidad puedan acceder a servicios que tengan en cuenta las diferencias culturales. El proyecto permitirá identificar problemas y soluciones para que esta Organización Nacional y otras organizaciones y empresas indígenas presten servicios en el marco del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad.
Medidas de apoyo a las personas no incluidas en el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad
45.La iniciativa Información, Vínculos y Creación de Capacidad del Organismo Nacional del Seguro de Discapacidad garantiza que las personas con discapacidad puedan participar en sus comunidades, haciéndolas más accesibles e inclusivas. Esta iniciativa consta de cuatro componentes para apoyar a las personas con discapacidad, independientemente de que participen o no en el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad:
a)Información, conexión y remisión para acceder al apoyo general y comunitario;
b)Fomento de la capacidad de los servicios generales;
c)Actividades de concienciación de la comunidad; y
d)Fomento de la capacidad individual de las personas con discapacidad.
46.El Organismo Nacional del Seguro de Discapacidad otorga subvenciones a las organizaciones que implementan actividades y programas de la iniciativa Información, Vínculos y Creación de Capacidad. En 2018-2019, la financiación para esta iniciativa será de 114 millones de dólares y ascenderá a más de 131 millones de dólares a partir de 2019‑2020.
Continuidad de los servicios de apoyo
47.En 2018-2019, el Gobierno anunció créditos por 92 millones de dólares como parte del compromiso asumido de garantizar la continuidad del apoyo a las personas con discapacidad que actualmente reciben servicios del Commonwealth y no cumplen los requisitos para participar en el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad. Esto garantizará que no se vean perjudicadas en la transición al Plan Nacional y las ayudará a obtener resultados similares a los que se proponían alcanzar antes del Plan Nacional.
48.El 1 de julio de 2016 comenzó el programa de continuidad de los servicios de apoyo del Gobierno de Australia para las personas mayores de 65 años no elegibles para el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad. Este programa asume la responsabilidad administrativa de los servicios prestados por los programas estatales a las personas mayores de 65 años con discapacidad durante su transición al Plan Nacional, a fin de asegurar la continuidad del apoyo. Los servicios incluidos en los programas estatales son similares a los servicios de cuidados para personas de edad que presta el Gobierno de Australia.
49.Los gobiernos de los estados y los territorios incorporarán en el programa de continuidad de los servicios de apoyo a los clientes de los servicios para personas con discapacidad menores de 65 años que no cumplan los requisitos para participar en el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad.
50.La continuidad de los servicios para los clientes de los programas del Commonwealth no elegibles para el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad recibirán servicios conforme a los arreglos existentes hasta el 30 de junio de 2019, fecha en la que se prevé que el Plan Nacional se encontrará plenamente operativo y todos los clientes tendrán la oportunidad de participar.
51.Las disposiciones para la continuidad de los servicios entrarán en vigor el 1 de julio de 2019. Se prevé que unos 27.000 clientes actuales del Gobierno australiano recibirán esos servicios a partir de esa fecha.
Supervisión y evaluación del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad
52.Una asociación de entidades dirigida por el Instituto Nacional de Estudios Laborales de la Universidad Flinders realizó una evaluación del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad con miras a proporcionar una validación externa de las experiencias y los resultados de los participantes. Se examinó la experiencia de más de 10.000 participantes y 1.000 proveedores de servicios entre 2013 y 2017.
53.El Gobierno publicó el Informe Final de Evaluación el 30 de abril de 2018, cuya conclusión es que, en general, el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad es satisfactorio para la mayoría de las personas, pues recibieron mayor apoyo, tuvieron más posibilidades de elección, más control y algunas mejoras en su bienestar. Sin embargo, aún pueden mejorarse los resultados para algunas personas con discapacidad de edad avanzada o que tienen una discapacidad psicosocial o intelectual, necesidades complejas y/o proceden de entornos culturales y lingüísticos diversos o son de origen indígena.
54.El Acuerdo Provisional entre el Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y los territorios preveía que la Comisión de Productividad llevara cabo una revisión de los costos del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad en 2017 para que sirviera de base a su diseño definitivo. La Comisión consultó a los participantes en el Plan Nacional, grupos de defensa de personas con discapacidad, otros grupos de interés, proveedores de servicios, personal de apoyo y cuidadores, académicos, y departamentos y organismos del Commonwealth y los gobiernos de los estados y los territorios.
55.El Gobierno de Australia colabora estrechamente con el Organismo Nacional del Seguro de Discapacidad y los gobiernos de los estados y los territorios para aplicar las principales conclusiones del examen. El Plan Nacional de Seguro de Discapacidad se revisará de nuevo en 2023 en el marco del examen quinquenal de sus costos.
56.El Organismo Nacional del Seguro de Discapacidad también supervisa y evalúa la puesta en marcha del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, lo cual incluye el examen de un nueva “trayectoria” para participantes y proveedores, concebida para mejorar considerablemente la experiencia de las organizaciones y las personas con el Plan Nacional, incluidas las personas de origen indígena y procedentes de entornos culturales y lingüísticos diversos y las personas con necesidades complejas. La elaboración de esta trayectoria se ha basado en amplias consultas con más de 1.100 participantes, familias y cuidadores, proveedores y otras partes interesadas para conocer sus experiencias.
57.Organismo Nacional del Seguro de Discapacidad también hace encuestas de satisfacción entre los participantes desde la creación del primer plan.
B.Derechos específicos (artículos 5 a 30)
58.Australia aplica una variedad de instrumentos legislativos del Commonwealth, los estados y los territorios que protegen contra la discriminación por discapacidad. La legislación contra la discriminación del Commonwealth incluye la Ley contra la Discriminación Racial de 1975, la Ley contra la Discriminación Sexual de 1984, la Ley contra la Discriminación por Edad de 2004 y la Ley contra la Discriminación por Discapacidad.
59.Estas leyes no permiten que se presente una denuncia de discriminación única en relación con varios motivos de discriminación. El Gobierno de Australia no tiene previsto enmendar la legislación del Commonwealth para permitir lo contrario.
60.En Victoria, es posible presentar una sola denuncia de discriminación en relación con múltiples motivos, en virtud de la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2010, que prohíbe la discriminación por 18 atributos personales, como la discapacidad, la edad, el sexo y la raza.
61.La Ley contra la Discriminación Racial de 1975 (Commonwealth) prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional o étnico en todas las esferas de la vida pública.
62.A nivel del Commonwealth, una persona puede presentar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Australia alegando discriminación racial ilegal. La Comisión puede investigar e intentar la conciliación. Si no se logra resolver el problema mediante conciliación, el demandante puede presentar su caso al tribunal federal.
Plan Nacional de Seguro de Discapacidad
63.El objetivo de la Ley sobre el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad es cumplir las obligaciones contraídas por Australia en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
64.Al 31 de marzo de 2018, había más de 7.600 participantes (5,2 %) identificados como indígenas. El Organismo Nacional del Seguro de Discapacidad se ha comprometido a aplicar diversas iniciativas para asegurar la prestación respetuosa de los servicios del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad a las comunidades indígenas, en particular mediante:
a)La contratación de personas de las organizaciones indígenas locales de las zonas más aisladas para que oficien de enlaces comunitarios;
b)El diseño y la puesta a prueba de una trayectoria adaptada a las personas de comunidades indígenas y aisladas; y
c)Un grupo de participantes de referencia que refleje las diferentes necesidades de las personas con discapacidad, incluidas las personas indígenas.
Mujeres con discapacidad (artículo 6)
65.El Gobierno de Australia prioriza la seguridad de la mujer y la prevención de la violencia de género, pues reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad se encuentran entre los más grupos de mayor riesgo.
66.La Estrategia Nacional sobre la Discapacidad incluye medidas para reducir la violencia, el abuso y el abandono de las personas con discapacidad, y velar por que tengan todas las oportunidades para participar plena y activamente en la vida de la comunidad. Además, los gobiernos de Australia han elaborado el Plan de Acción Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos (2010-2022) (Plan Nacional para Reducir la Violencia), encaminado a mejorar la seguridad y el bienestar de las mujeres y los niños, incluidos aquellos con discapacidad, centrándose en la violencia doméstica y familiar y la violencia sexual.
Plan Nacional para Reducir la Violencia – Tercer Plan de Acción
67.El Tercer Plan de Acción se inició el 28 de octubre de 2016 y contiene una serie de medidas diseñadas específicamente para reconocer y abordar las formas de violencia que sufren las mujeres con discapacidad.
68.Las medidas fundamentales están destinadas a mejorar el apoyo a las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia o corren el riesgo de serlo, trabajando con ellas, el sector de la discapacidad, especialistas en la familia, los servicios de violencia doméstica y los servicios generales. Esto se logrará mediante:
a)La colaboración con las mujeres con discapacidad, investigadores y el sector de la discapacidad, para comprender mejor las experiencias y los tipos de violencia que sufren las mujeres con discapacidad (0,7 millones de dólares comprometidos);
b)La elaboración de cursos de formación acreditada para los trabajadores del sector de la discapacidad a fin de mejorar sus aptitudes para apoyar a las mujeres con discapacidad (1,5 millones de dólares asignados);
c)El fomento de la prestación de servicios innovadores y conjuntos, y de actividades de divulgación para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios (2,058 millones de dólares asignados).
69.También se desarrollarán tecnologías para ayudar a las mujeres que han sido víctimas de violencia, incluidas las mujeres con discapacidad, mediante vídeos y orientación y apoyo en línea en tiempo real.
Capacitación en violencia doméstica
70.DV-alert es un programa de capacitación en violencia doméstica encaminado a fomentar el conocimiento y la capacidad de los trabajadores de primera línea para intervenir en forma efectiva, identificando a las mujeres y los niños que sufren o corren el riesgo de sufrir violencia doméstica y familiar y remitiéndolos a servicios de apoyo apropiados. El actual programa DV-alert, ejecutado por Lifeline Australia, se ha ampliado para incorporar un nuevo curso de dos días, gratuito y acreditado a nivel nacional para trabajadores del sector de la discapacidad (“Trabajando con mujeres con discapacidad”).
Marco de Calidad y Protección del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad (Marco de Protección)
71.El Marco de Protección proporciona un enfoque coherente a nivel nacional para las denuncias, los incidentes graves y la supervisión de las prácticas restrictivas. Este marco también impone a los proveedores de servicios la obligación de presentar informes y buscar mejores formas de prevención, detección y respuesta en relación con los casos de violencia, abuso y abandono de las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y las niñas.
72.La Comisión del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad asumirá las tareas que incumben al Gobierno en virtud del Marco de Protección, mediante la inscripción de proveedores, el apoyo a la resolución de las denuncias, la recepción y el análisis de las notificaciones sobre incidentes graves, la gestión de las normas de calidad y la aplicación de un código de conducta para los proveedores y los trabajadores del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad.
Conjunto de Medidas de Seguridad en favor de las Mujeres
73.En 2015 se introdujo el Conjunto de Medidas de Seguridad en favor de las Mujeres, y se le asignaron 100 millones de dólares para financiar:
a)La distribución de 20.000 teléfonos inteligentes y capacitación para las víctimas de violencia doméstica. Se han distribuido más de 9.111 teléfonos, y el 8 % de los beneficiarios son mujeres con discapacidad;
b)La elaboración de una aplicación de telefonía móvil del servicio 1800 RESPECT para prestar apoyo a las mujeres con discapacidad que sufren violencia doméstica y familiar y agresión sexual;
c)Unidades especializadas en violencia doméstica para prestar servicios jurídicos integrados y otros servicios a las mujeres vulnerables y desfavorecidas.
74.Los estados y los territorios han establecido estrategias para ayudar a proteger a las mujeres y los niños que sufren o corren el riesgo de sufrir violencia y abuso sexual, incluidos aquellos con discapacidad.
75.Todos los estados y territorios proporcionan servicios de respuesta a la crisis para las personas con discapacidad (por ejemplo, mediante el suministro de viviendas accesibles en momentos de crisis).
76.Los estados y los territorios también ejecutan programas de educación y capacitación en los que se abordan temas como las relaciones respetuosas y la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, Nueva Gales del Sur cuenta con el programa “Respeto en las Relaciones Sexuales”, ejecutado por la Asociación para la Defensa de la Pluralidad Cultural y las Personas con Discapacidad y la Red de Mujeres con Discapacidad.
Niños con discapacidad (artículo 7)
77.Australia protege y promueve los derechos de los niños mediante legislación, y una variedad de políticas y programas a nivel del Commonwealth, los estados y los territorios.
Principios Nacionales para la Seguridad de los Niños en las Instituciones (Principios Nacionales para la Seguridad de la Infancia)
78.El Gobierno de Australia ha colaborado con el gobierno de Nueva Gales del Sur para dirigir la elaboración de principios nacionales para la seguridad de la infancia, que ofrezcan un enfoque coherente a nivel nacional para crear culturas institucionales que fomenten la seguridad y el bienestar de los niños en todos los sectores que interactúan con niños y jóvenes. El cuarto principio se refiere específicamente a la necesidad de que las instituciones presten especial atención a los niños con discapacidad.
79.A mediados de 2018 se solicitará el apoyo del Consejo de Gobiernos Australianos al Proyecto de Principios Nacionales para la Seguridad de la Infancia.
Marco Nacional de Protección de la Infancia 2009-2020
80.El Marco Nacional de Protección de la Infancia 2009-2020, elaborado por los gobiernos de Australia en el contexto de la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad, reconoce que la discapacidad infantil es un factor de riesgo de maltrato y abandono. La intervención temprana es una estrategia fundamental del Tercer Plan de Acción, con medidas centradas en el apoyo a las familias para hacer frente a los factores que puedan contribuir a la vulnerabilidad, incluida la discapacidad.
81.El Plan Nacional de Seguro de Discapacidad proporciona a las personas con discapacidad permanente e importante, incluidos los niños, las ayudas razonables y necesarias para la vida cotidiana.
82.El Plan Nacional de Seguro de Discapacidad reconoce específicamente la necesidad del acceso a la intervención temprana de los niños y sus familias y cuidadores. El portal de Intervención Temprana en la Primera Infancia (iniciado en febrero de 2016) permite que los niños con retraso en el desarrollo o discapacidad, desde el nacimiento hasta los 6 años sean evaluados y reciban asistencia terapéutica inmediata sin obtener primero un diagnóstico ni solicitar admisión oficial al Plan Nacional de Seguro de Discapacidad.
83.Al 31 de marzo de 2018, el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad prestaba apoyo a casi 80.000 participantes de hasta 18 años de edad. Esa cifra incluye 10.253 niños que reciben apoyo a través del portal de Intervención Temprana en la Primera Infancia. Los participantes en el Plan Nacional de hasta 18 años de edad representan el 49 % del total (incluidas las remisiones del mencionado portal).
84.Cuando esté en pleno funcionamiento, el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad prestará apoyo a unos 160.000 niños con discapacidad importante y permanente.
Educación y desarrollo del niño en la primera infancia
85.En Australia, todos los niños en edad escolar tienen derecho a matricularse en una escuela que les brinde seguridad y apoyo. La mayoría de los alumnos con discapacidad asisten a escuelas ordinarias. Las Normas sobre la Educación de las Personas con Discapacidad aclaran las obligaciones de los proveedores de servicios de educación y formación previstos en la Ley contra la Discriminación por Discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad en relación con la educación y la capacitación.
86.En el marco de la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad, los gobiernos australianos han convenido centrar su atención en las acciones destinadas a:
a)Fortalecer la capacidad de todos los educadores para ejecutar programas educativos inclusivos de alta calidad desde la primera infancia hasta la edad adulta;
b)Reducir la disparidad en los resultados académicos de los alumnos con discapacidad y los demás alumnos y velar por que las reformas del Gobierno y las iniciativas para la primera infancia, la educación, la capacitación y el desarrollo de aptitudes respondan a las necesidades de las personas con discapacidad; y
c)Facilitar la transición de los estudiantes con discapacidad de la escuela a niveles superiores de enseñanza, el empleo y la formación permanente.
87.Como parte de las reformas para lograr escuelas de calidad, el Gobierno de Australia invertirá unos 22.100 millones de dólares para alumnos con discapacidad durante el período 2018-2027, aumentando así la financiación un promedio del 5,7 % cada año. A partir de 2018, la financiación para los alumnos con discapacidad será más específica, pues se basará en la Recopilación de Datos Coherentes a Nivel Nacional sobre Alumnos con Discapacidad.
88.El Gobierno de Australia invertirá unos 550 millones de dólares para financiar durante cuatro años, a partir del bienio 2018-2019, el Programa de Apoyo a la Inclusión en el sector de la primera infancia. Este Programa se inició el 1 de julio de 2016 y tiene por objeto aumentar el acceso y la participación en el cuidado de los niños con necesidades adicionales, incluidos los niños con discapacidad, mediante el desarrollo y la incorporación de competencias adecuadas para prestar servicios que permitan no separar a los niños con necesidades adicionales y los niños que se desarrollan de forma ordinaria.
Opiniones de los niños
89.El Gobierno de Australia apoya el derecho de los niños con discapacidad a expresar sus opiniones sobre los asuntos que les atañen.
90.La Comisionada Nacional para la Infancia investiga cuestiones relacionadas con los niños, incluidos los niños con discapacidad, hace aportaciones a las investigaciones y lleva a cabo proyectos relacionados con los derechos de los niños, como diálogos entre jóvenes y proyectos de educación. La Comisionada mantiene amplias consultas con los niños, los jóvenes y sus representantes.
91.Todos los estados y territorios cuentan con órganos independientes que supervisan y promueven el bienestar de los niños, en particular de los grupos vulnerables, entre los que pueden encontrarse los niños con discapacidad.
92.Cuando los padres tienen diferencias sobre la crianza de los hijos, la Ley de Familia de 1975 (Commonwealth) establece que el interés superior del niño ha de ser la consideración primordial. Para decidir cuál es su interés superior, el tribunal debe examinar, entre otras cosas, las eventuales opiniones expresadas por los niños y factores relevantes, como el grado de madurez del niño o su nivel de comprensión.
93.Los niños pueden expresar sus opiniones ante el tribunal de diversas formas: a través de un abogado de menores independiente, el informe de un asesor familiar, el interrogatorio de un juez o cualquier otro medio que el tribunal considere apropiado.
94.Las Directrices para Abogados de Menores Independientes señalan que se requiere una particular sensibilidad para lograr que los niños con discapacidad física, intelectual, mental y/o emocional puedan participar en los procesos de adopción de decisiones, en la medida de sus posibilidades.
95.El Gobierno de Australia ha dado instrucciones a la Comisión de Reforma Legislativa de Australia para que lleve a cabo un examen amplio del sistema de derecho de familia. Una cuestión fundamental es la determinación de la forma más eficaz de informar a los encargados de la adopción de decisiones acerca del interés superior de los niños y de sus opiniones en el caso de conflictos familiares. La Comisión también examinará formas de mejorar la accesibilidad de los niños con discapacidad a los tribunales y su participación en ellos. La Comisión debe presentar un informe el 31 de marzo de 2019.
96.Los sistemas judiciales de los estados y los territorios también protegen los intereses de los niños gracias a una serie de medidas, en particular el establecimiento de tribunales de menores, que permiten que los niños aporten pruebas en formas adecuadas a su edad.
97.El Gobierno de Australia se ha comprometido a mejorar los informes nacionales sobre el bienestar de los niños. El Instituto Australiano de Salud y Bienestar y el Instituto Australiano de Estudios sobre la Familia (organismos oficiales independientes) reúnen datos, realizan investigaciones y presentan informes sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas con la salud y el bienestar de los niños. Todos los gobiernos de Australia encargan directamente estudios que contribuyan a la formulación y evaluación de políticas y programas basados en las mejores prácticas.
98.Australia desglosa los datos sobre los niños con arreglo a diversas categorías, en función del proceso de recopilación y el uso previsto, como por ejemplo, la edad, el género, la condición de indígena, los idiomas hablados además del inglés, la ubicación geográfica y el país de nacimiento.
99.Todos los estados y territorios reúnen datos sobre el número de niños en cada jurisdicción incorporados en el sistema de protección y cuidado fuera del hogar.
100.El Instituto Australiano de Salud y Bienestar reúne y publica datos nacionales sobre esos niños, desglosados, entre otras cosas, por edad, sexo, condición de indígena, disposiciones legales, lugar de residencia, ubicación geográfica y tipo de maltrato o abandono.
Niños criados fuera del hogar
101.Los gobiernos australianos toman una serie de iniciativas para proteger a los niños, incluidos aquellos con discapacidad, de situaciones que puedan resultar abusivas en hogares de guarda o instituciones residenciales.
102.Australia es consciente del problema que significa el elevado número de niños que reciben cuidados y protección fuera del hogar. Los estados y los territorios administran sus propios regímenes de protección para ayudar a los niños vulnerables, incluidos los niños con discapacidad, que se sospecha son víctimas de abuso sexual, abandono u otras formas de maltrato, o cuyos padres no están en condiciones de cuidarlos o protegerlos debidamente.
103.Todas las jurisdicciones exigen a los guardianes o familiares a cargo que demuestren su capacidad para “trabajar con niños” y cuentan con medidas para examinar la situación de los niños que no están al cuidado de los padres. Asimismo, los servicios de protección de la infancia de todas las jurisdicciones colaboran con otras autoridades competentes para garantizar el bienestar de los niños.
104.El tercer Plan de Acción del Marco Nacional de Protección de la Infancia tiene por finalidad reducir el maltrato y abandono de los niños. La prioridad fundamental de los gobiernos es que los niños permanezcan con sus familias en condiciones de seguridad mediante la acción preventiva y medidas de intervención temprana, y su retirada del hogar se considera como un último recurso.
105.Los gastos corrientes a nivel nacional en protección de la infancia y servicios de cuidado fuera del hogar fueron de 4.300 millones de dólares en 2016-2017, lo que equivale a un aumento real de 327,3 millones de dólares (8 %) con respecto a 2015-2016.
Concienciación (artículo 8)
Cuestión 8
106.Australia ha adoptado una serie de iniciativas para concienciar a la sociedad acerca de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sus capacidades y su contribución a la sociedad, que se basan en un enfoque de derechos humanos coherente con la Ley contra la Discriminación por Discapacidad y la Convención.
107.El Gobierno de Australia apoya varios programas nacionales y premios en el contexto de las celebraciones del Día Internacional de las Personas con Discapacidad a fin de fomentar la concienciación, reconocer los logros y las contribuciones de las personas con discapacidad y promover la accesibilidad y la inclusión.
108.El Gobierno de Australia también aporta fondos a organizaciones que representan a las personas con discapacidad para que los australianos con discapacidad estén representados a nivel nacional, y apoya campañas en los medios de comunicación para fomentar la conciencia y la comprensión.
109.La Comisión de Derechos Humanos de Australia y el Comisionado para la Lucha contra la Discriminación por Discapacidad desempeñan una importante tarea de concienciación. La Comisión lleva a cabo programas educativos para concienciar sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y vela por que estas participen activamente y estén representadas en sus campañas y estrategias de concienciación. Las publicaciones de la Comisión deben ser accesibles a las personas con discapacidad.
110.Entre octubre de 2016 y marzo de 2017, el Comisionado para la Lucha contra la Discriminación por Discapacidad celebró consultas nacionales para orientar sus prioridades y buscar aportaciones de la comunidad de personas con discapacidad sobre la manera más eficaz de promover sus derechos. El Comisionado se reunió con más de 1.000 personas de toda Australia y recibió 85 comunicaciones escritas.
111.La Comisión de Derechos Humanos de Australia basa sus proyectos y campañas en los conocimientos de las personas con discapacidad y sus representantes, en particular los grupos de expertos. Un buen ejemplo es el grupo de expertos que proporciona asesoramiento continuo sobre el diseño, la aplicación y la supervisión de los proyectos de la Comisión sobre la violencia contra las personas con discapacidad en entornos institucionales. Sus miembros incluyen representantes de organizaciones de personas con discapacidad y expertos gubernamentales con conocimientos especializados en la materia.
112.Los estados y los territorios también adoptan medidas de concienciación para promover los derechos humanos y mejorar el acceso y la inclusión de las personas con discapacidad. En Nueva Gales del Sur, se organiza desde hace 14 años una campaña para concienciar sobre las capacidades de las personas con discapacidad (Don’t Dis My Ability), con miras a promover la inclusión activa de las personas con discapacidad, dar a conocer sus experiencias y celebrar su diversidad.
Cuestión 9
Normas Nacionales sobre los Servicios para Personas con Discapacidad de 2014
113.El Gobierno de Australia aprobó las Normas Nacionales sobre los Servicios para Personas con Discapacidad que deben aplicar todos los servicios de empleo y promoción de las personas con discapacidad financiados con cargo a la Ley de Servicios para Personas con Discapacidad de 1986 (Commonwealth). Las Normas Nacionales ayudan a promover e impulsar un enfoque coherente a nivel nacional para mejorar la calidad de los servicios, centrándose en los derechos y los resultados de las personas con discapacidad.
114.Los servicios deben contar con la certificación del cumplimiento de las Normas Nacionales para recibir financiación del Gobierno de Australia, y los nuevos proveedores deben obtener dicha certificación en un plazo de 12 meses contados desde el inicio de los servicios de empleo y 18 meses desde el inicio de los servicios de promoción.
115.Periódicamente órganos independientes acreditados por el Sistema de Acreditación Independiente de Australia y Nueva Zelandia realizan auditorías para comprobar el cumplimiento de las Normas Nacionales sobre los Servicios para Personas con Discapacidad y presentan informes al Gobierno de Australia.
116.El Gobierno de Australia hace una contribución financiera a los gastos de la auditoría de los proveedores certificados y supervisa de cerca los resultados de las auditorías y el estado de la certificación de todos los servicios de empleo y promoción para personas con discapacidad que reciben financiación. Con arreglo a la Ley de Servicios para Personas con Discapacidad, un servicio que pierde su certificación y financiación debe recuperar la certificación antes de que se examine la posibilidad de volver a aportarle financiación.
Normas sobre Transporte Público Accesible para las Personas con Discapacidad de 2002 (Normas de Transporte)
117.Las Normas de Transporte establecen los requisitos mínimos de accesibilidad que deben cumplir los proveedores y operadores de vehículos, infraestructuras e instalaciones de transporte público.
118.Todos los vehículos, infraestructuras e instalaciones construidos después de 2002 tienen la obligación de cumplir plenamente las Normas de Transporte. Para los construidos antes de 2002, se ha establecido un calendario con crecientes porcentajes de obligación de cumplimiento a lo largo de un período de 30 años.
119.Las Normas de Transporte también prevén un mecanismo para que los operadores y proveedores de transporte público logren el cumplimiento mediante la provisión de “accesos equivalentes”, a saber, el uso de métodos, equipo e instalaciones que ofrezcan otros medios de acceso con un nivel equivalente de prestaciones, disponibilidad, comodidad, conveniencia, dignidad, precio y seguridad. El acceso equivalente también puede incluir alguna forma de asistencia directa acordada por las personas con discapacidad.
120.Si el cumplimiento de las Normas de Transporte supusiera dificultades injustificables al explotador o proveedor, el incumplimiento no es ilegal.
121.Las Normas de Transporte permiten que la Comisión de Derechos Humanos de Australia conceda exenciones temporales durante un período determinado, que no excederá de cinco años. La decisión de la Comisión puede ser revisada por el Tribunal Administrativo de Apelación.
122.Cada cinco años, se pide a los gobiernos de los estados y los territorios que aporten información sobre el cumplimiento en su jurisdicción, como parte del proceso de examen previsto en las Normas de Transporte. Cada gobierno informa sobre el grado en que la discriminación ha sido eliminada dentro de su sistema de transporte público, así como sobre las iniciativas y acciones que hayan permitido un acceso mayor que el previsto en las Normas de Transporte. La información se pone a disposición del público y se incorpora en el informe del examen.
Normas sobre Discapacidad de 2010 (Acceso a Locales – Edificios) (Normas sobre Locales)
123.Las Normas sobre Locales establecen los requisitos mínimos a nivel nacional, para asegurar el acceso y el uso dignos de los edificios a las personas con discapacidad.
124.Los requisitos técnicos figuran en el Código de Acceso a Edificios incorporado en las Normas sobre Locales. Los inspectores de edificios, tanto privados como públicos, son los principales responsables de garantizar que los edificios se construyan de conformidad con todos los requisitos legislativos y reglamentarios, incluidos los requisitos de accesibilidad.
125.Las autoridades edilicias estatales y territoriales deben encargarse de la supervisión y el cumplimiento de los requisitos de acceso como parte de toda actividad general de reglamentación, conformidad, supervisión y cumplimiento de las normas. Los mecanismos y los recursos dedicados a esas actividades variarán en las distintas jurisdicciones, en función de su plan de ejecución.
126.La Comisión de Derechos Humanos de Australia tiene la facultad de conceder exenciones al cumplimiento parcial o total de la Parte H2 del Código de Acceso (que establece los requisitos para los edificios relacionados con el transporte público). La exención es válida por un período no superior a cinco años y puede ser objeto de revisión por el Tribunal Administrativo de Apelación.
Denuncias y procedimientos de conciliación ante la Comisión de Derechos Humanos de Australia
127.Una persona puede presentar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Australia si considera que sus derechos han sido vulnerados en virtud de la Ley contra la Discriminación por Discapacidad, y en particular de las normas.
128.La Comisión de Derechos Humanos de Australia está facultada para investigar y facilitar la conciliación entre las partes, y si el asunto no se resuelve, los denunciantes pueden interponer una demanda ante el Tribunal Federal de Australia o el Tribunal de Circuito Federal de Australia. El procedimiento de conciliación de la Comisión es inclusivo y se esfuerza por llegar a resultados mutuamente satisfactorios. En 2016-2017, aproximadamente el 75 % de las denuncias se resolvieron mediante conciliación.
Cuestión 10
129.Australia reconoce la importancia fundamental de garantizar el acceso a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a todas las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público. Australia cuenta con un marco legislativo y normativo amplio y coordinado para tal fin (véanse las cuestiones 1 y 9 para el marco legislativo).
130.La Estrategia Nacional sobre la Discapacidad se propone impulsar un enfoque más inclusivo para el diseño de políticas, programas e infraestructura, a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en todos los aspectos de la vida del país.
131.Uno de los principales objetivos de la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad es lograr que las personas con discapacidad vivan en comunidades accesibles y bien diseñadas que les brinden oportunidades para la plena inclusión en la vida social, económica, deportiva y cultural. La Estrategia incluye ámbitos de acción concebidos para tal fin, centrándose en:
a)Mejorar el acceso y aumentar la participación de las personas con discapacidad en diversas actividades deportivas, recreativas y sociales;
b)Supervisar el cumplimiento y evaluar la eficacia de las normas de accesibilidad; y
c)Fomentar la utilización del diseño universal y la conciencia de la comunidad al respecto.
132.El Gobierno de Australia sigue colaborando con el Foro sobre Acceso al Transporte Aéreo, que se reúne dos veces al año para asesorar sobre políticas de acceso para las personas con discapacidad, así como cuestiones operacionales y administrativas relacionadas con su acceso a los servicios de transporte aéreo. El Foro brinda la oportunidad de intercambiar información a los representantes de organizaciones del sector de la discapacidad, la industria de la aviación y los organismos del Gobierno de Australia para seguir mejorando el acceso de las personas con discapacidad.
133.Todos los organismos del Gobierno de Australia están obligados a cumplir la Norma de Servicios Digitales del Organismo de Transformación Digital. Esta Norma establece que los servicios gubernamentales en línea diseñados o rediseñados después del 6 de mayo de 2016 deben ser accesibles a todos los usuarios, independientemente de su capacidad y entorno. Exige además la conformidad con las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) 2.0 nivel AA.
134.Los gobiernos de los estados y los territorios también han establecido políticas y estrategias para reducir las barreras a que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de acceder a la educación, el empleo y otros servicios.
135.Varios estados y territorios cuentan con planes y estrategias para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y su acceso a los servicios generales.
136.El Gobierno de Nueva Gales del Sur cuenta con una directriz para responder a las necesidades de las personas con discapacidad durante la hospitalización, que incluye instrumentos y reglamentos que pueden ayudar a facilitarles la comunicación, como la señalización en braille, los pasillos de estimulación táctil y los bucles de inducción en los centros sanitarios, recursos de “lectura fácil”, vídeos con intérpretes en lengua de señas australiana (auslan) para hacer accesible la información y documentos electrónicos accesibles con lectores de pantalla.
Cuestión 11
137.Australia está trabajando para garantizar una oferta adecuada de vivienda accesible a las personas con discapacidad. En 2017, el Gobierno anunció medidas con arreglo al Plan para Mejorar la Asequibilidad de la Vivienda y hacer frente al problema del alojamiento, entre las que se encuentran el Acuerdo Nacional de Vivienda y Personas sin Hogar y una institución independiente, la Corporación Nacional de Inversión y Financiación de la Vivienda, establecida el 30 de junio de 2018.
138.La Corporación Nacional de Inversión y Financiación de la Vivienda tiene por finalidad mejorar la situación de la vivienda mediante un Fondo Nacional para Construcción de Infraestructura para Viviendas que moviliza 1.000 millones de dólares y un Plan de Crédito para la Compra de Vivienda Asequible. El Fondo Nacional ayuda a financiar la infraestructura esencial para acondicionar solares y acelerar el suministro de vivienda nueva, que podría incluir vivienda accesible. El Plan de Crédito mejorará la eficiencia de la financiación para los proveedores de vivienda, permitiéndoles así mejorar las condiciones de la oferta para sus clientes, incluidas las personas con discapacidad.
139.En 2016-2017, el Gobierno invirtió unos 4.400 millones de dólares en el Programa del Commonwealth de Subsidios para el Arrendamiento, que ayuda a más de 1,3 millones de personas y familias, incluidas unas 260.000 personas y familias beneficiarias de pensiones por discapacidad.
Diseño Universal de la Vivienda
140.El Gobierno de Australia trabaja en colaboración con los estados y los territorios (responsables del marco normativo que rige el entorno edificado) para garantizar un enfoque nacional coherente y eficaz en función del costo para la edificación y la reglamentación de la construcción.
141.El Gobierno dirige la colaboración a través del Foro de Ministros de Urbanismo, constituido por los Ministros de Urbanismo de cada jurisdicción, que trata una variedad de cuestiones normativas, entre ellas la creación del Código Nacional de Construcción y Accesibilidad.
142.En febrero de 2011, el Consejo de Gobiernos Australianos convino una meta ambiciosa en el marco de la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad, a saber, que para 2020 todas las nuevas viviendas cumplan las normas de accesibilidad y diseño universal. Los gobiernos estatales y territoriales han hecho progresos en lo que respecta al número de viviendas accesibles de diseño universal, en particular viviendas públicas y sociales. Por ejemplo, las Directrices para el Diseño de Viviendas Públicas en Zonas Urbanas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Territorio del Norte exigen que todas las nuevas viviendas públicas tengan la calificación de nivel plata con arreglo a las Directrices.
143.En octubre de 2017, el Foro de Ministros de Urbanismo pidió a la Junta de Códigos de Edificación de Australia que realizara una evaluación del impacto de la reglamentación a nivel nacional con miras a incorporar normas mínimas de accesibilidad para la vivienda en el Código Nacional de la Construcción, en consulta con los Ministros Encargados de la Discapacidad. La Junta procederá ahora a elaborar un documento de opciones para llevar a cabo la evaluación, incorporando las aportaciones del Consejo de Reforma de la Discapacidad, para su examen por el Foro en su próxima reunión.
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (artículo 11)
Cuestión 12
144.La Estrategia Nacional para la Resiliencia a los Desastres prevé la accesibilidad y la inclusión de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, en todas las medidas previstas para situaciones de riesgo. La Estrategia reconoce que a menudo los miembros de las comunidades vulnerables son los más afectados por los desastres y subraya que debe asignarse prioridad a este grupo, lo cual incluye la identificación de los más vulnerables, su educación en materia de riesgos, la elaboración de un plan de reducción del riesgo específico que responda a sus necesidades y la priorización de su asistencia en casos de emergencia.
145.El Gobierno de Australia apoya los 38 indicadores del Marco de Sendai, que constituye un mecanismo importante para presentar informes sobre situaciones de riesgo de desastre e impulsar su reducción. Australia colabora estrechamente con las partes interesadas para examinar la manera más pragmática y eficaz de informar sobre la aplicación del Marco de Sendái. Esta labor está en curso y sigue siendo una prioridad nacional.
146.El Gobierno de Australia creó recientemente el Grupo de Tareas sobre Resiliencia Nacional, que elaborará un marco nacional quinquenal de reducción del riesgo para orientar las reformas en todo el país y reducir los efectos y la carga financiera de los desastres. La elaboración del nuevo marco será dirigida por el Gobierno de Australia, en colaboración con los gobiernos de los estados y los territorios, los grupos comunitarios y el sector privado. La labor se basará en el Marco de Sendái, en particular en lo que se refiere a las personas con discapacidad.
Igual reconocimiento como persona ante la ley (artículo 12)
Cuestión 13
147.El Gobierno de Australia está examinando las recomendaciones de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia sobre la igualdad, la capacidad y la discapacidad en la legislación del Commonwealth (informe 124 de la Comisión), incluida la recomendación de que las leyes y los marcos jurídicos pertinentes del Commonwealth incorporen un modelo de adopción de decisiones que fomente la adopción de decisiones asistida. El informe servirá de base para toda labor futura con los gobiernos estatales y territoriales sobre esta cuestión.
148.Australia apoya firmemente el derecho de las personas con discapacidad a la capacidad jurídica. Existen programas de capacitación a nivel del Commonwealth, los estados y los territorios sobre el trabajo con personas con discapacidad y el reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Estos programas son accesibles a una multiplicidad de actores, incluidos funcionarios judiciales, personal de los tribunales federales, agentes de policía, funcionarios públicos y trabajadores sociales.
Personal y funcionarios del poder judicial
149.Se ha elaborado un módulo en línea de concienciación sobre la discapacidad para el personal de los tribunales federales, denominado “Hablemos de Discapacidad”. Este módulo tiene por objeto ayudar al personal del tribunal federal a desarrollar los conocimientos, las aptitudes y la concienciación que se requieren para trabajar eficazmente con las personas con discapacidad y ayudarles a acceder a la justicia en los tribunales.
150.En marzo de 2018, el Director de la Fiscalía Pública del Commonwealth puso en marcha la Estrategia de Inclusión de la Discapacidad 2018-2020 para la Fiscalía, que incluye iniciativas específicas, como la formación de personal, sobre la base del informe 124 de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia.
151.Los estados y los territorios también imparten capacitación a los funcionarios judiciales para desarrollar su comprensión de las posibles dificultades, barreras o desigualdades que pueden enfrentar las personas con atributos diferentes (incluidas las personas con discapacidad) en relación con las leyes y prácticas de procedimiento. Esta capacitación incluye cursos de desarrollo profesional y manuales de procedimiento con capítulos específicos que proporcionan información y orientación a los funcionarios judiciales sobre el papel que desempeñan para hacer accesible el sistema judicial a las personas con discapacidad.
152.El Programa de la Policía Federal Australiana para el Interrogatorio de Testigos Vulnerables incluye una sesión sobre la comprensión de los tipos de discapacidad mental (y en cierta medida física) que pueden contribuir a una deficiencia intelectual. También se aborda la forma de ayudar a las personas y dónde buscar asistencia cuando sea necesario.
153.Los estados y los territorios han establecido programas de capacitación para el personal que trabaja en el sistema de justicia, incluidos guardias penitenciarios, funcionarios de justicia juvenil, funcionarios de servicios penitenciarios de la comunidad, agentes de policía y personal médico o personal paramédico. Estos programas se elaboran en consulta con los grupos comunitarios pertinentes e imparten capacitación sobre cómo trabajar con personas con discapacidad. Abarcan temas como el interrogatorio de niños y personas con deficiencia mental, el trabajo con víctimas con discapacidad y personas con deficiencias para la comunicación u otras formas de discapacidad, y a veces cuentan con la participación de oradores de ONG, como los proveedores de servicios para sordos.
154.En Australia Occidental, el Departamento de Comunidades imparte capacitación para concienciar en materia de discapacidad al personal que trabaja en el sistema de justicia, a fin de proporcionar a quienes interactúan con las personas con discapacidad las herramientas para apoyarlas de manera apropiada en los diversos entornos (como las prisiones y comisarías de policía).
Funcionarios públicos y trabajadores sociales
155.Los empleados públicos del Commonwealth y los gobiernos de los estados y los territorios deben respetar códigos de conducta que contienen disposiciones sobre diversidad, respeto y derechos humanos (incluidos los derechos de las personas con discapacidad). Algunas jurisdicciones también tienen cartas de derechos humanos, que incluyen los derechos humanos fundamentales (en particular los derechos de las personas con discapacidad).
156.La Comisión de Derechos Humanos de Australia ofrece capacitación en derechos de las personas con discapacidad a organizaciones del sector privado y miembros de la administración pública con obligaciones específicas dimanantes de la Convención, la Ley contra la Discriminación y la legislación conexa y la Estrategia Nacional sobre la Discriminación. Por ejemplo, recientemente la Comisión impartió capacitación, en colaboración con el Departamento de Servicios para la Familia y la Comunidad de Nueva Gales del Sur, para concienciar sobre la discapacidad al personal de la administración pública de Nueva Gales del Sur encargado de la formulación de políticas y proyectos.
157.Las entidades gubernamentales de los estados y los territorios ofrecen cursos de concienciación sobre discapacidad para su personal. En Queensland, el Centro de Excelencia en Tratamientos Médicos Innovadores y Apoyo Comportamental imparte capacitación a todos los proveedores de servicios para personas con discapacidad para ayudar a fomentar la capacidad del sector. También colabora con la Oficina del Defensor del Pueblo para impulsar la adopción de decisiones asistida como método para ayudar a las personas con discapacidad a ejercer el derecho a tomar sus propias decisiones.
Acceso a la Justicia (artículo 13)
Cuestión 14
158.El informe de 2015 sobre la salud de los presos australianos (Informe sobre los Presos) es el cuarto informe del Instituto Australiano de Salud y Bienestar sobre los indicadores de salud en el sistema penitenciario nacional, elaborados para ayudar a supervisar la salud de los presos y fundamentar y evaluar la planificación, la prestación y la calidad de los servicios de salud en las prisiones. Por primera vez, el informe incluye datos sobre las discapacidades de los reclusos en Australia.
159.El Informe sobre los Presos incluye datos de los reclusos en las prisiones de todos los estados y los territorios de Australia. Participaron en su elaboración el 84 % de las prisiones, y aportaron datos aproximadamente el 49 % de las personas que ingresaron en esas prisiones y el 42 % de las que salieron. El Instituto Australiano de Salud y Bienestar está trabajando con los estados y los territorios para mejorar la cobertura de la recopilación de datos para futuros informes.
160.El Informe sobre los Presos remite a varios estudios australianos que concluyen que los adultos con discapacidad intelectual están excesivamente representados entre los reclusos, especialmente los de origen indígena. En el Informe se señala que el 12 % de la población penitenciaria tiene un coeficiente intelectual tan bajo que indica discapacidad intelectual, y el 30 % tiene un coeficiente intelectual indicativo de discapacidad intelectual límite. Las personas con discapacidad intelectual son, con mayor frecuencia, hombres, indígenas, tienen menos de diez años de escolarización, no tienen residencia fija en el período inmediatamente anterior al encarcelamiento y tienen un historial de detención juvenil, así como una mala evaluación de su propio estado de salud, depresión y dependencia de sustancias.
161.En la actualidad hay poca información sobre los presos con discapacidad física en Australia. El Informe sobre los Presos concluye que casi una tercera parte (el 30 %) de los participantes informaron tener problemas de salud desde hace mucho tiempo o una discapacidad que limita sus actividades cotidianas y/o afecta su participación en la educación o el empleo.
Cuadro 10.2
Población penitenciaria, grado de limitación de las actividades, 2015 (porcentaje)
Severa/ grave
Origen indígena
Total (número)
Total (porcentaje)
162.La mayoría de los gobiernos de los estados y los territorios actualmente no reúnen información sobre la discapacidad de los reclusos. El gobierno de Victoria informa de que hay unos 580 delincuentes con discapacidad intelectual diagnosticada encarcelados, cumpliendo órdenes de supervisión y seguimiento en la comunidad o en libertad condicional. Se estima que unos 1.200 presos adultos en Victoria tienen un daño cerebral adquirido y aproximadamente 1.000 han recibido tratamiento psiquiátrico antes de su encarcelamiento.
163.Los gobiernos de algunos estados y territorios recopilan datos sobre las personas con discapacidad en los centros de detención de menores. Según informes del gobierno de Victoria, unos 130 delincuentes en el sistema de justicia juvenil tienen discapacidad intelectual. El Gobierno de Nueva Gales del Sur informa de que en 2016-2017 había 727 jóvenes en centros de detención de menores con discapacidad diagnosticada y se estima que el 23 % de ellos tenían una discapacidad intelectual.
164.El Gobierno de Queensland ha empezado a explorar nuevos instrumentos de diagnóstico y evaluación para ayudar a determinar el número de reclusos con discapacidad en los centros correccionales de Queensland.
Cuestión 15
165.La sección sobre la cuestión 13 contiene información acerca de los programas de capacitación pertinentes del Commonwealth, los estados y los territorios.
166.Australia reconoce que asegurar a las personas con discapacidad el acceso efectivo a la justicia es fundamental para que puedan ejercer sus derechos jurídicos en igualdad de condiciones con las demás.
167.En el marco del Acuerdo Nacional de Asociación sobre Servicios de Asistencia Jurídica de 2015-2020, las causas que requieran una subvención debido a circunstancias especiales, como la discapacidad, se consideran prioritarias para la financiación de la asistencia jurídica por el Commonwealth.
168.En 2016-2017, las personas con discapacidad o enfermedad mental recibieron el 12,6 % de las subvenciones para asistencia jurídica en cuestiones relacionadas con el Commonwealth. En 2016-2017, fueron beneficiarias del 32,8 % de los servicios de representación del centro jurídico de la comunidad.
169.El Gobierno de Australia administra también una serie de planes formales e informales para la financiación de la asistencia jurídica. Por ejemplo, en virtud de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Australia de 1986 (Commonwealth), el Fiscal General puede prestar apoyo financiero a una persona que entable actuaciones por discriminación ilícita en los tribunales federales. Las solicitudes presentadas a los tribunales federales en materia de derechos humanos, en particular por las personas con discapacidad, pagan una tasa judicial reducida.
170.Como se explicó en el marco de la cuestión 1, Australia cuenta con mecanismos para la adopción de decisiones asistida o mediante sustitución para ayudar a las personas con discapacidad a acceder al sistema judicial por sí mismas.
171.Los gobiernos estatales y territoriales también proporcionan financiación y apoyo para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en Queensland se han asignado más de 4,6 millones de dólares para el período 2017-2020 a organizaciones que prestan servicios de asistencia jurídica a las personas con discapacidad.
172.El Gobierno de Australia reconoce la importancia de que los tribunales y el sistema de justicia sean accesibles a las personas con discapacidad. Los tribunales federales ofrecen sillas de ruedas, bucles de inducción y servicios de interpretación en las salas de los tribunales. Sus sitios web cumplen las normas de accesibilidad al contenido en la web del Gobierno de Australia. Las obras que se realizan en los edificios de los tribunales existentes y propuestos siguen teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. El Tribunal de Familia de Australia y el Tribunal de Circuito Federal también proporcionan actualmente servicio de chat en directo para comunicarse con los clientes y ayudarlos a abordar la práctica y los procedimientos judiciales.
173.La mayoría de los gobiernos de los estados y los territorios aseguran la accesibilidad a los tribunales de las personas con discapacidad y les prestan servicios para ayudarlas a asistir a los procedimientos judiciales y participar en ellos. Por ejemplo, los tribunales pueden instalar un bucle de inducción infrarrojo el día de una audiencia judicial a la que asistirán personas sordas o con deficiencias auditivas.
174.El sheriff del Tribunal Federal (el único tribunal que puede celebrar juicios con jurado) está elaborando manuales para miembros del jurado y funcionarios judiciales, que armonizarán con la Convención la reglamentación del Tribunal sobre la composición del jurado. El sitio web del Tribunal Federal ofrece información a los posibles miembros del jurado del Tribunal Federal sobre los servicios de traducción e interpretación y el Servicio de Retransmisión Nacional para las personas con discapacidad auditiva.
175.Algunos estados y territorios han promulgado legislación para promover la participación en pie de igualdad de las personas con discapacidad en el sistema de jurado. Por ejemplo, en 2018 el Territorio de la Capital de Australia introdujo enmiendas a su Ley de Jurados de 1967 para facilitar la prestación de apoyo razonable a las personas con discapacidad que integren un jurado. El apoyo razonable puede incluir un intérprete, asistencia de animales, dispositivos de ayuda o un asistente.
Impugnación de la detención y los cargos penales
176.Las cárceles y otros lugares de detención del sistema de justicia penal son administrados por los estados y los territorios. Una persona con discapacidad privada de su libertad en el contexto de la justicia penal, se beneficia de las mismas garantías procesales que el resto de las personas. Existen políticas y prácticas para atender a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, incluido el acceso de las personas con discapacidad física y el acceso a la información de las personas con deficiencia visual o auditiva o discapacidad cognitiva.
177.Como se indicó en relación con la cuestión 16, los gobiernos de Australia están examinando un proyecto de principios nacionales que reconocen los derechos de las personas con deficiencia cognitiva o mental y establecen salvaguardias durante todo el proceso judicial y los períodos en que una persona está sujeta a órdenes.
178.Muchos estados y territorios proporcionan servicios para atender a las necesidades de apoyo adicionales de los delincuentes con discapacidad. Por ejemplo, el Programa Correccional Alternativo para Personas con Discapacidad Intelectual ofrece la gestión de casos y el apoyo personalizados para adultos con deficiencias cognitivas o intelectuales que se declaren culpables o indiquen la intención de hacerlo ante el tribunal de primera instancia. La Ley de Salud Mental de 2014 (Australia Occidental) dispone que todas las personas sujetas a una orden de tratamiento médico involuntario, incluidas las personas con discapacidad cognitiva o intelectual detenidas en un hospital autorizado, deben ser contactadas por un defensor especializado en salud mental dentro de un plazo establecido para que las ayude y les preste el apoyo necesario. El Gobierno de Australia Occidental también se ha comprometido recientemente a modificar la Ley de Derecho Penal (Acusados con Deficiencia Mental) de 1996 (Australia Occidental) a fin de incluir servicios para ayudar a las personas con discapacidad mental a participar en los procesos judiciales.
Excesivo número de reclusos con discapacidad
179.El Instituto Australiano de Criminología llevó a cabo varias investigaciones sobre las personas con discapacidad en el sistema de justicia penal. Por ejemplo, un estudio publicado en octubre de 2017 puso de manifiesto que las tasas de deficiencia cognitiva entre los reclusos indígenas son más altas que entre los reclusos no indígenas. El estudio determinó asimismo que los reclusos con deficiencias cognitivas tenían mayores probabilidades de reincidir, cometían el primer delito a una edad más temprana y tenían un mayor historial delictivo. Estas conclusiones recientes indican la necesidad constante de prestar asistencia a las personas con discapacidad teniendo en cuenta las diferencias culturales y de aportar opciones correccionales alternativas a todos los niveles del sistema de justicia penal.
180.Los gobiernos de varios estados y territorios han llevado a cabo investigaciones o están respondiendo a informes independientes sobre el excesivo número de personas con discapacidad en el sistema de justicia penal. En 2015, el Parlamento de Victoria llevó a cabo una investigación sobre el maltrato en los servicios para las personas con discapacidad. El informe final se completó en mayo de 2016 y el gobierno de Victoria está examinando sus conclusiones.
181.En su informe de 2016 sobre la interacción entre las personas con problemas de salud mental y el sistema de justicia penal, el Comité de Reforma Legislativa del Territorio del Norte formuló 22 recomendaciones sobre la forma en que las personas con problemas de salud mental han de ser tratadas en la Sala de lo Penal del Tribunal Local. El Gobierno del Territorio del Norte está elaborando opciones para poner en práctica las recomendaciones.
Libertad y seguridad de la persona (artículo 14)
Cuestión 16
182.Australia se ha comprometido a asegurar que ninguna persona sea privada de su libertad en razón de su discapacidad. No obstante, Australia reconoce que existen dificultades particulares en lo que respecta al tratamiento de las personas con discapacidad mental en el contexto de la salud y la justicia penal. En este ámbito se están llevando a cabo exámenes y reformas.
183.En 2015 se creó un grupo de trabajo interjurisdiccional sobre el tratamiento de las personas con discapacidad cognitiva o deficiencia mental que no pueden declararse ni ser declaradas inocentes por motivo de su discapacidad. El grupo de trabajo se ocupó de recopilar y analizar datos de todas las jurisdicciones sobre la aptitud para comparecer en juicio, la defensa de una persona con deficiencia mental y la transferencia de pruebas forenses entre estados, así como de elaborar una declaración de principios sobre las personas no aptas para declarase culpables o inocentes por razón de una deficiencia cognitiva e intelectual (Principios Nacionales).
184.El Proyecto de Principios Nacionales reconoce los derechos de las personas con discapacidad cognitiva o deficiencia mental y trata de determinar salvaguardias durante todo el proceso judicial y los períodos en que la persona está sujeta a órdenes.
185.En junio de 2018, el Consejo de Fiscales Generales examinó una versión revisada del proyecto de principios nacionales y acordó seguir deliberando en su próxima reunión, que se celebrará en 2018.
186.El enfoque de Australia de la atención de la salud de las personas con discapacidad consiste, siempre que sea posible, en proporcionar el entorno menos restrictivo, proteger los derechos de la persona y reconocer la función de las familias y los cuidadores. Las personas con discapacidad solo podrán permanecer detenidas en un entorno sanitario cuando haya riesgo de daño a sí mismas y terceros.
187.Si bien algunas jurisdicciones permiten el encarcelamiento por tiempo indefinido, este está sujeto a garantías, como el requisito de una duración proporcional al delito imputado, la supervisión y el examen periódicos por un órgano independiente y un proceso de presentación de denuncias. El Territorio de la Capital de Australia aprobó recientemente el enfoque de tiempo limitado conforme al cual si se encarcela a una persona que carece de capacidad para declarar en un juicio, la prisión solo podrá prolongarse por un tiempo determinado no superior a la pena impuesta por el tribunal en condiciones ordinarias (es decir, una sentencia que se estimaría apropiada si la persona hubiera sido juzgada con arreglo al procedimiento penal ordinario).
188.El consentimiento para el tratamiento médico está regulado por la legislación y las políticas de los estados y los territorios, que prevén una serie de medidas para que una persona exprese sus preferencias de tratamiento, en particular, las instrucciones anticipadas, la designación de una persona o un tutor y el otorgamiento de una procuración por tiempo indefinido. El tratamiento solo podrá prestarse sin el consentimiento libre, previo e informado, si la persona no tiene capacidad y el tratamiento es el método menos restrictivo.
189.Como se analizó en el marco de la cuestión 1, Australia considera que la Convención permite la asistencia o el tratamiento obligatorios, incluidas medidas adoptadas para el tratamiento de enfermedades mentales, en los casos en que sea necesario como último recurso y con sujeción a salvaguardias adecuadas y efectivas.
Cuestión 17
190.El Gobierno de Australia está examinando las recomendaciones del informe de la Comisión de Referencias sobre Asuntos Comunitarios del Senado de 2016 sobre la detención indefinida de personas con deficiencias cognitivas y psiquiátricas en Australia y espera aportar una respuesta a finales de 2018.
191.Mientras tanto, se han adoptado algunas medidas para aplicar las recomendaciones del informe, como por ejemplo:
a)Los gobiernos australianos están estudiando el Proyecto de Principios Nacionales y un grupo de trabajo ha emprendido la labor de recopilar y analizar datos (véase la cuestión 16);
b)Los gobiernos de algunos estados y territorios tienen o ejecutan un plan para mejorar el acceso a los servicios de justicia para las personas con discapacidad;
c)Algunos gobiernos estatales y territoriales han emprendido la labor de examinar y reformar su legislación correspondiente. Por ejemplo, Victoria promulgó la Ley de Poderes de Representación de 2014 (Victoria) tras un examen exhaustivo de la adopción de decisiones asistida;
d)Otras jurisdicciones están desarrollando capacitación de vanguardia para hacer frente a cuestiones de deterioro cognitivo o psiquiátrico. Por ejemplo, se están elaborando programas especializados de capacitación y educación en salud mental para la policía de Victoria, a fin de mejorar su capacidad para gestionar incidentes con personas que presenten deficiencias intelectuales.
Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 15)
Cuestión 18
192.Australia se ha comprometido a trabajar en pro de la eliminación de las prácticas restrictivas, y considera que esta es una medida de último recurso y que la dignidad y los derechos humanos de las personas que reciben este tratamiento debe respetarse y apoyarse en todo momento.
193.Algunos estados y territorios han promulgado leyes para garantizar que el uso del aislamiento y la coerción sean el último recurso, cumplan las normas apropiadas, se informe a un órgano responsable y se examine posteriormente. Algunas jurisdicciones también tienen órganos que cumplen una función educativa, mediante la elaboración de directrices sobre mejores prácticas y la recomendación de otras opciones de apoyo que eviten la utilización de prácticas restrictivas.
194.La Comisión del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad se encargará de asegurar las mejores prácticas en el marco de las estrategias de apoyo para hacer frente a problemas de comportamiento y reducir y eliminar el uso de prácticas restrictivas que limiten la libertad y menoscaben la dignidad de las personas con discapacidad.
195.La función de apoyo comportamental de la Comisión del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad se basa en los compromisos del Commonwealth y los gobiernos de los estados y los territorios asumidos en relación con el Marco Nacional para Reducir y Eliminar las Prácticas Restrictivas en los Servicios para Personas con Discapacidad. La Comisión trabajará en pro de ese objetivo facilitando la supervisión nacional, imponiendo el requisito de notificación obligatoria, utilizando datos para inspirar las mejores prácticas y suministrando liderazgo, orientación y educación.
196.En virtud de las nuevas disposiciones, las prácticas restrictivas solo pueden utilizarse en el contexto de un plan de apoyo comportamental, como último recurso, y deben ser la opción menos restrictiva, proporcional al riesgo planteado por el comportamiento e incluir una estrategia para reducir y eliminar su necesidad.
197.Las Normas sobre la Educación de las Personas con Discapacidad exigen que los educadores garanticen un entorno de aprendizaje libre de acoso y victimización. Las escuelas deben ofrecer a los alumnos un entorno en el que no se sientan amenazados por los comportamientos violentos o problemáticos de otros alumnos, y al mismo tiempo deben ofrecer un entorno seguro a los estudiantes con comportamientos violentos o problemáticos.
198.En respuesta a dos investigaciones efectuadas por el Senado en 2015, que plantearon preocupación con respecto a la utilización de prácticas restrictivas, el Gobierno de Australia ha señalado su interés en seguir mejorando el apoyo a los alumnos con discapacidad y seguirá colaborando con los gobiernos de los estados y los territorios y con instituciones educativas no gubernamentales para buscar oportunidades para ampliar y fortalecer la labor iniciada.
199.Varios estados y territorios han realizado recientemente sus propios exámenes de la escolarización de las personas con discapacidad.
200.En los últimos años también se han logrado progresos significativos en lo que respecta a lograr que los maestros tengan las aptitudes y la comprensión requeridas para responder eficazmente a las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos, incluidos aquellos con discapacidad.
201.El Consejo Asesor de los Ministros de Salud de Australia ha celebrado 11 foros nacionales sobre prácticas restrictivas para compartir los resultados y apoyar un cambio más importante en pro de la eliminación de esas prácticas. El 12º foro está previsto para noviembre de 2018.
202.Los datos del Instituto de Salud y Bienestar de Australia sobre el uso del aislamiento y la restricción en los servicios de salud mental de los hospitales públicos de Australia muestran una reducción considerable del uso del aislamiento. En el período 2009-2010 el número de casos prácticamente se redujo a la mitad.
203.Las Normas Nacionales sobre los Servicios de Salud Mental de 2010 incluyen una norma específicamente relacionada con la seguridad de los clientes y el principio de que los servicios de salud mental deben reducir y, cuando sea posible, eliminar el uso de la restricción y el aislamiento en todos los entornos.
204.La Comisión Nacional de Salud Mental ha encargado un proyecto al Colegio Australiano de Enfermeros de Salud Mental para ayudar a establecer la base empírica que permita reducir el uso del aislamiento y la restricción. El proyecto se propone concretamente comprender mejor los factores que afectan y respaldan las decisiones de los trabajadores de primera línea, como los enfermeros especializados en salud mental.
205.La Comisión Nacional de Salud Mental también está trabajando actualmente con el Colegio Australiano de Enfermeros de Salud Mental para promover las recomendaciones formuladas en su informe sobre el apoyo a los profesionales de la salud mental mediante cambios culturales y clínicos para facilitar la reducción continua del aislamiento y la restricción en los servicios de salud mental de Australia.
206.El uso del aislamiento y la restricción son objeto de constante revisión y reforma en los estados y los territorios. Por ejemplo, el gobierno de Nueva Gales del Sur aceptó recientemente las recomendaciones de un examen independiente realizado en 2017 del aislamiento, la restricción y la observación de personas con trastornos mentales ingresadas en los centros de salud de Nueva Gales del Sur, y aportó 20 millones de dólares para mejorar el entorno terapéutico dentro de las unidades de enfermedades mentales graves en Nueva Gales del Sur.
207.El 21 de diciembre de 2017, Australia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Gobierno de Australia está trabajando en colaboración con los estados y los territorios en la aplicación del Protocolo Facultativo, en particular para el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención, que estará constituido por una red cooperativa del Gobierno de Australia y los órganos estatales y territoriales encargados de inspeccionar los lugares de detención, cuyo funcionamiento se verá facilitado por un coordinador.
208.La aplicación del Protocolo Facultativo se centrará inicialmente en los lugares de detención “primaria” bajo jurisdicción y control de Australia. Teniendo en cuenta la frecuencia del uso, la duración de la detención, la intensidad de la supervisión y la negociación con los estados y los territorios, se considera que los principales lugares de detención son: las prisiones para adultos, los centros de detención de menores, los centros de detención policial o los calabozos de las comisarías, algunos centros de internamiento de personas con trastornos psiquiátricos o con discapacidad, los centros de detención de inmigrantes y los centros de detención militar. El alcance y el objeto de las medidas de supervisión más específicas se considerarán a lo largo del tiempo. El ámbito de acción y las funciones exactas de los órganos de la red del Mecanismo Nacional de Prevención es un tema de examen constante en las deliberaciones entre el Commonwealth, los estados y los territorios.
209.Este enfoque tiene en cuenta los consejos del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a los Mecanismos Nacionales de Prevención, a saber, que en todas las situaciones, el Mecanismo Nacional de Prevención deberá tener presente el principio de proporcionalidad al fijar sus prioridades y el objeto de su trabajo.
210.La Comisión del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad se encargará de inscribir a los proveedores, tramitar las denuncias, analizar las notificaciones de incidentes, gestionar las normas de calidad y aplicar un código de conducta para los proveedores de servicios y los trabajadores del Plan Nacional.
211.Los gobiernos de los estados y los territorios seguirán prestando, con un mayor alcance, los servicios existentes, como los relacionados con los defensores del pueblo, los derechos humanos y los servicios públicos de promoción.
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (artículo 16)
Cuestión 19
212.El Gobierno de Australia acordó, acordó en principio o tomó en cuenta 29 de las 30 recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión de Referencias sobre Asuntos Comunitarios del Senado acerca de la violencia, el abuso y la negligencia respecto de las personas con discapacidad en residencias o instituciones. La primera recomendación, en la que se pedía una Comisión Real, es la única no acordada.
213.El Gobierno de Australia ha examinado cuidadosamente las conclusiones del informe, junto con los resultados de investigaciones similares realizadas por los estados. El Marco de Protección del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad aborda muchas de las preocupaciones planteadas en el informe, incluido el modo de reducir al mínimo el riesgo de abuso.
214.El Marco de Protección proporciona un enfoque coherente a nivel nacional para las denuncias, la notificación de incidentes y la supervisión de las prácticas restrictivas. También impone a los proveedores de servicios la obligación de presentar informes y buscar mejores formas de prevención, detección y respuesta en relación con la violencia, el abuso y el abandono de las personas con discapacidad.
215.El Gobierno de Australia ha asignado 209 millones de dólares en el presupuesto 2017-2018 para financiar el establecimiento y el funcionamiento durante los próximos cuatro años de la Comisión Independiente de Protección del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, que asumirá las responsabilidades del Gobierno de Australia en relación con el Marco de Protección.
216.Por tanto, el Gobierno de Australia no considera que la Comisión Real sea necesaria.
217.Australia cuenta con sólidos marcos nacionales para proteger a las personas, incluidas aquellas con discapacidad, de la explotación, la violencia y el abuso. La Estrategia Nacional sobre la Discapacidad reconoce que las personas con discapacidad pueden correr un mayor riesgo de violencia, explotación y abandono, y los gobiernos de Australia deben aplicar medidas adecuadas para protegerlas. También reconoce que el género puede repercutir significativamente en la experiencia de la discapacidad, y que las mujeres y las niñas con discapacidad a menudo se enfrentan a problemas diferentes por razón de su género.
218.Las seis Normas Nacionales sobre los Servicios para las Personas con Discapacidad son aplicables a todos los proveedores de servicios relacionados con la discapacidad. El propósito de la primera norma es promover los derechos individuales a la libertad de expresión, la libre determinación y la adopción de decisiones y previene activamente el abuso, los daños, el abandono y la violencia. El propósito de la cuarta norma es asegurar que se tengan en cuenta las opiniones y las quejas de los interesados en los exámenes y el mejoramiento de los servicios individuales e institucionales.
219.Los proveedores registrados por la Comisión del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad deben presentar informes a la Comisión y someterse a sus mecanismos de supervisión cuando tramitan denuncias o abordan incidentes de violencia y abuso sexual y otros incidentes graves.
220.A nivel de los estados y los territorios, las personas con discapacidad tienen acceso a una variedad de mecanismos de supervisión y denuncia.
221.Los gobiernos de Australia han establecido medidas a todos los niveles para garantizar que las personas con discapacidad que han sido víctimas de violencia o abusos institucionales tengan acceso a servicios de asesoramiento adecuados.
222.1800 RESPECT es un servicio nacional de asesoramiento sobre agresión sexual y violencia doméstica y familiar financiado por el Gobierno de Australia. Este servicio proporciona apoyo las 24 horas del día los siete días de la semana a personas que han sufrido o corren el riesgo de sufrir agresiones sexuales o violencia familiar y doméstica, sus familiares y amigos y los trabajadores de primera línea. Asesores experimentados prestan apoyo por teléfono y en línea y también proporcionan asesoramiento postraumático especializado. El servicio también ofrece información a los profesionales sobre práctica inclusiva y sobre cómo hacer frente a la violencia contra las personas con discapacidad.
223.El Plan Nacional de Reparación prestará apoyo, incluido el acceso a servicios de asesoramiento, a las personas que han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia mientras estaban al cuidado de una institución. El Commonwealth, Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania, el Territorio de la Capital de Australia, el Territorio del Norte, Australia Meridional y Queensland se han incorporado al Plan.
224.Los gobiernos de los estados y los territorios también han tomado medidas para garantizar el asesoramiento pertinente a las personas con discapacidad. En Australia Meridional, el programa de asistencia de los Servicios de Evaluación Inicial de los Problemas de Salud Mental está integrado por profesionales de la salud mental que pueden prestar asesoramiento.
Protección de la integridad personal (artículo 17)
Cuestión 20
225.El Gobierno de Australia se ha comprometido a respetar el derecho de todas las personas a la integridad física y los derechos reproductivos, y reconoce que en el pasado las personas con discapacidad han sido sometidas a esterilización sin su consentimiento o en contra de sus deseos, y que en la mayoría de los casos se ha tratado de mujeres.
226.En los dos últimos decenios, la reglamentación sobre la esterilización de las personas con discapacidad ha sido objeto de investigaciones y exámenes y las leyes de los estados y los territorios de Australia han sido reformadas considerablemente para ofrecer una mejor protección a las personas con discapacidad que han sido víctimas de esterilización en el pasado.
227.Si bien los datos disponibles sugieren que el número de esterilizaciones de personas con discapacidad es bastante reducido, la incoherencia de las prácticas de recopilación de datos sigue siendo causa de preocupación. Por tal razón, en 2015 el Gobierno de Australia proporcionó financiación a la Oficina del Defensor del Pueblo de Victoria, que representa al Consejo de Tutela y Administración de Australia, para que elabore indicadores encaminados a normalizar la recopilación de datos en las distintas jurisdicciones.
228.En ausencia de un consentimiento válido, la intervención quirúrgica constituye un delito con arreglo al derecho penal y civil de Australia. En general, la patria potestad otorga el derecho a consentir un tratamiento médico para el hijo y en su nombre. Sin embargo, no da derecho a autorizar un procedimiento médico no terapéutico, invasivo e irreversible, que presente un riesgo importante de decisión errónea con consecuencias especialmente graves. En esos casos, se requiere la autorización del Tribunal de la Familia, que tiene la responsabilidad del bienestar de la familia con arreglo a la Ley de Derecho de Familia de 1975 (Commonwealth).
229.El Tribunal de la Familia ha afirmado que para estar permitido en el ámbito de la patria potestad y no requerir autorización judicial, un procedimiento médico que dé lugar a la esterilización de un niño debe tener carácter terapéutico.
230.En virtud del Reglamento de Aplicación del Derecho de Familia de 2004, cuando se pide autorización para someter a un niño a una intervención médica importante (incluida la esterilización o la eliminación de los órganos reproductivos), deben darse pruebas al Tribunal de que el procedimiento propuesto promueve el interés superior del niño. Se deben incluir pruebas médicas, psicológicas u otras pruebas periciales que establezcan, entre otras cosas:
a)En caso de que el niño sea capaz de tomar una decisión informada acerca de la intervención, que este da su consentimiento;
b)En caso de que el niño sea incapaz de adoptar una decisión informada acerca de la intervención:
i)Que en esos momentos es incapaz de adoptar una decisión informada; y
ii)Que es poco probable que se desarrolle lo suficiente para poder adoptar una decisión informada en el momento en que la intervención se lleve a cabo o en un futuro cercano.
231.Parte del examen del sistema de derecho de familia efectuado por la Comisión de Reforma Legislativa de Australia (abordado en el marco de la cuestión 7) está dedicado a considerar si deben modificarse las facultades del Tribunal de Familia relacionadas con protección y la promoción del interés superior de los niños, incluidos los niños intersexuales.
232.Las necesidades de las personas intersexuales se tienen cada vez más en cuenta en el derecho y las políticas del Commonwealth. En 2013 se modificó la Ley contra la Discriminación Sexual de 1984 (Commonwealth) para proteger contra la discriminación por motivos de intersexualidad. Australia es uno de los primeros Estados que proporciona protección específica contra la discriminación a las personas intersexuales. Las Directrices del Gobierno de Australia sobre el Reconocimiento del Sexo y el Género definen claramente la intersexualidad como una condición biológica y brindan a las personas intersexuales la posibilidad de que establezcan o modifiquen su género en los registros del Gobierno. Con el tiempo, esas reformas deberían favorecer una mayor aceptación social de las diferencias en la identidad de género y las características sexuales.
Libertad de circulación y nacionalidad (artículo 18)
Cuestión 21
233.Como se indicó en el marco de la cuestión 1, el Gobierno de Australia considera apropiado imponer requisitos sanitarios a los extranjeros que quieren entrar o permanecer en Australia, cuando dichos requisitos se basan en criterios legítimos, objetivos y razonables.
234.La mayoría de los solicitantes de un visado australiano deben cumplir ciertos requisitos mínimos de salud para obtenerlo, como se establece en el Reglamento de Migración de 1994 (Commonwealth).
235.La finalidad de esos requisitos es:
a)Proteger a la comunidad australiana de amenazas a la salud pública (con el objetivo principal de detener la importación de tuberculosis activa);
b)Limitar el gasto público en servicios sanitarios y comunitarios; y
c)Proteger el acceso de los residentes en Australia a los servicios de salud y otros servicios comunitarios escasos.
236.Si hay razones para considerar que existe una amenaza para la salud pública, el visado para entrar en Australia puede denegarse.
237.La aplicación de la Ley de Migración de 1958 (Commonwealth) y sus instrumentos legislativos está eximida del cumplimiento de las disposiciones de discriminación ilegal de la Ley contra la Discriminación por Discapacidad. La finalidad es garantizar que los australianos, incluidos aquellos con discapacidad, sigan recibiendo en forma apropiada los servicios de salud y los servicios comunitarios esenciales. Esta política se refleja en todos los aspectos de las formalidades sanitarias requeridas por los servicios de inmigración. La exención no se aplica a los trámites administrativos, incluidos los trámites de solicitud de visados o la solicitud de revisión de decisiones adversas.
238.El método actual del Gobierno de Australia para determinar si los solicitantes de visado satisfacen los requisitos de salud no discrimina entre las personas que tienen una discapacidad, una enfermedad o una combinación de ambas. Todos los solicitantes son tratados de manera igualitaria y justa. La discapacidad de una persona no acarrea por sí sola el incumplimiento de los requisitos de salud.
239.Como parte del proceso de solicitud del visado, el solicitante pasará un examen médico, durante el cual un médico del servicio de inmigración del Commonwealth evaluará si tiene una enfermedad o una discapacidad que pudiera requerir servicios de atención de la salud “importantes” o gastos en servicios comunitarios o que obstaculizara el acceso de los ciudadanos australianos a la atención de la salud y servicios comunitarios escasos, en caso de que se concediera el visado.
240.Existen exenciones de este requisito para algunas subclases de visado, a las cuales es posible acogerse si el encargado de la decisión considera que hay circunstancias humanitarias y apremiantes o factores atenuantes que superan los posibles costos y/o perjuicios al acceso de los ciudadanos o residentes permanentes de Australia a la atención de la salud o a servicios comunitarios escasos.
241.Todas las personas refugiadas en Australia o amparadas por la obligación de no devolución dimanante de los tratados de derechos humanos firmados por Australia reciben protección independientemente de que tengan una discapacidad. Los visados relacionados con la protección deben cumplir el requisito de examen médico, cuyo objetivo es en realidad determinar los problemas de salud que requieren seguimiento. La existencia de un problema de salud no supone la denegación de un visado.
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19)
242.No existe un marco nacional para el cierre de las instituciones residenciales, sin embargo, en el curso de los decenios de 1980 y 1990 casi todos los estados y los territorios trasladaron a la mayoría de las personas con discapacidad que estaban en instituciones a residencias en la comunidad. El Territorio del Norte, Australia Occidental y el Territorio de la Capital de Australia ya no alojan a las personas con discapacidad en instituciones sino en residencias comunitarias y otros tipos innovadores de alojamiento asistido. El Plan Nacional de Seguro de Discapacidad está promoviendo el traslado de las personas con discapacidad de las instituciones a un alojamiento más adecuado de su elección en el territorio de Australia. En particular, el traslado de las personas menores de 65 años que viven en residencias de ancianos a otro tipo de alojamiento es una prioridad para el Gobierno de Australia.
243.En marzo de 2018, había aún 320 personas que vivían en tres grandes centros residenciales de Nueva Gales del Sur, pero el gobierno está en proceso de trasladarlas a nuevas viviendas en la comunidad. Desde 2013, Queensland ha asignado más de 9 millones de dólares al traslado de 115 personas con discapacidad intelectual o deficiencias cognitivas de los centros de salud pública a residencias en la comunidad. Se espera que el proceso se acelere significativamente en los próximos años con la puesta en marcha del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad y el cierre de las restantes instituciones residenciales en Nueva Gales del Sur. En 2016, Victoria anunció el cierre de su última institución para personas con discapacidad, en Colanda.
244.El Plan Nacional de Seguro de Discapacidad representa un cambio muy importante en la forma en que las personas con discapacidad reciben apoyo, pues trata que el apoyo se base en las necesidades y que las personas tengan la posibilidad de elección y control del apoyo. El número de participantes en el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad sigue creciendo: al 31 de marzo de 2018 había 151.970 participantes con un plan aprobado. Se estima que 460.000 participantes tendrán un plan aprobado en 2021, momento en que el Plan Nacional estará en pleno funcionamiento en toda Australia.
245.El Plan Nacional de Seguro de Discapacidad financiará ayudas razonables y necesarias para que las personas con discapacidad que reúnan los criterios puedan llevar una vida independiente en la comunidad, en particular prestará asistencia para acceder a los mercados de alquiler, conocer las obligaciones del arrendatario, encontrar alojamiento temporal de transición, hacer modificaciones en el hogar y obtener dispositivos de apoyo para las tareas domésticas y viviendas adaptadas para personas con discapacidad. En su pleno nivel de desarrollo, se espera que el Plan Nacional financie viviendas adaptadas para personas con discapacidad por un total aproximado de 700 millones de dólares anuales. Esto facilitará la construcción de un gran número de residencias muy accesibles en todo el país, para que las personas con discapacidad vivan de forma independiente en sus comunidades.
246.Los gobiernos de algunos estados y territorios ofrecen también otras opciones de vivienda y apoyo para que las personas con discapacidad accedan a una vivienda adecuada y asequible. Por ejemplo, el gobierno de Victoria prioriza el acceso a la vivienda pública y comunitaria de las personas con discapacidad que viven en viviendas inadecuadas que requieren modificaciones estructurales importantes o apoyo de personas para llevar una vida independiente.
247.La mayoría de las opciones de vivienda para las personas con discapacidad en Australia incluyen una combinación de habitaciones independientes y espacios compartidos en casas privadas y hogares colectivos.
248.En 2015-2016, había 331.817 usuarios de servicios para personas con discapacidad, y se dispone de información sobre los arreglos de alojamiento de 287.568. El 80,7 % (232.005) vivían en casas privadas en la comunidad y el 5,2 % (14.812) en viviendas colectivas asistidas, como los hogares funcionales. El 2,8 % (8.046) vivían en establecimientos con servicios de apoyo y el restante 11,4 % (32.705) en otros entornos.
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (artículo 21)
Cuestión 23
249.Australia no tiene un idioma oficial ni nacional, pero hay varias lenguas reconocidas de uso corriente, incluido el lenguaje de signos australiano (auslan).
250.El Gobierno de Australia está comprometido con la satisfacción de las necesidades de las personas con discapacidad y los servicios en línea son accesibles e inclusivos, en un contexto de evolución y crecimiento del uso de la tecnología y de la comunidad.
251.El Servicio de Retransmisión Nacional permite a las personas sordas o con deficiencia auditiva o del habla acceder a los servicios telefónicos ordinarios. Los usuarios del Servicio pueden hacer y recibir llamadas personales o laborales en forma independiente a través de una variedad de opciones de servicios de retransmisión. Los usuarios también pueden acceder a algunos de estos servicios por medio de una aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas. El 23 de junio de 2017, el Gobierno de Australia lanzó un plan de ejecución para asegurar la sostenibilidad del Servicio a largo plazo. En abril de 2018, el Gobierno anunció una licitación para la prestación continua y la ampliación del Servicio, con una asignación anual de 22 millones de dólares.
252.El Programa de Servicios de Impresión para Personas con Discapacidad del Gobierno de Australia proporciona financiación a organizaciones para convertir el material impreso en otros formatos accesibles a las personas con discapacidad. En 2017-2018, el presupuesto para el Programa fue de 1,4 millones de dólares. A partir del 1 de julio de 2018, la cifra aumentó a 1,9 millones de dólares anuales. El programa de Franquicias Postales para Ciegos otorga franquicias a las personas y las organizaciones acreditadas que utilizan los servicios postales para distribuir el material necesario para las personas ciegas o con discapacidad visual.
253.Con arreglo a la Ley de Servicios de Radiodifusión de 1992 (Commonwealth), la televisión gratuita por aire y la televisión de pago tienen programas subtitulados. Los licenciatarios de cadenas de televisión de pago también deben cumplir requisitos de subtitulado que van aumentando gradualmente hasta alcanzar el 100 % de la programación el 1 de julio de 2033.
254.En abril de 2017, el Gobierno estableció el Grupo de Trabajo sobre Audiodescripción para examinar opciones para el aumento sostenible de los servicios de audiodescripción. El Grupo de Trabajo presentó un informe al Gobierno en diciembre de 2017 y el Gobierno está examinando sus conclusiones.
255.La Enmienda de la Ley de Derecho de Autor (Acceso para Personas con Discapacidad y otras Medidas) de 2017 (Commonwealth) establece dos nuevas excepciones simplificadas para facilitar el acceso al material sobre derechos de autor a personas que de otro modo tendrían dificultad para leerlo, verlo, oírlo o comprenderlo debido a una discapacidad, y a las instituciones educativas y las organizaciones sin fines de lucro que prestan asistencia a personas con discapacidad.
256.Varios estados y territorios también proporcionan financiación para promover el desarrollo de comunicación accesible para personas con discapacidad. Por ejemplo, el Gobierno del Territorio de la Capital de Australia gestiona un programa de subsidios anuales que apoya el fomento de oportunidades para que las personas con discapacidad participen y colaboren en la comunidad.
257.El Gobierno de Australia proporciona información sobre las leyes, las políticas, los sistemas y las obligaciones en formatos accesibles, incluso, cuando es posible, en inglés de lectura fácil y sencilla. Con arreglo a la Ley contra la Discriminación por Discapacidad, todos los organismos del Gobierno de Australia están obligados a velar por que la información y los servicios se provean de manera no discriminatoria y accesible.
258.El sitio web del Gobierno de Australia (Australia.gov.au) es el principal lugar para obtener información sobre los servicios gubernamentales, las leyes, las obligaciones y las políticas del país. Este sitio proporciona información y servicios de forma accesible y no discriminatoria y cumple con las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) 2.0 nivel A.
259.Los estados y los territorios también proporcionan servicios de comunicación, publicaciones y materiales en línea accesibles y adecuados. Por ejemplo, en Queensland, el Departamento de Transporte y Carreteras Principales tiene una aplicación y un sitio web accesible y está trabajando con Vision Australia para dar información y acceso en tiempo real a la red de transporte a las personas con discapacidad, lo cual incluye la función “texto a voz” en las estaciones, pavimentos táctiles en las paradas de autobús y señales en braille.
Educación (artículo 24)
Cuestión 24
260.La Recopilación de Datos Coherentes a Nivel Nacional sobre los Estudiantes con Discapacidad de 2017 determinó que 724.624 estudiantes recibían una educación adaptada por motivos de discapacidad, cifra que representa el 18,8 % del alumnado del país. En 2015, el 31,7 % de las personas con discapacidad de 20 años o más habían terminado la escuela secundaria o su equivalente, lo que significa un aumento del 5,6 % con respecto a 2003.
261.La Recopilación de Datos Coherentes tiene por objeto reunir información sobre todos los alumnos que reciben una educación adaptada para facilitar su acceso y participación en el aprendizaje por motivos de discapacidad, y no solo los alumnos con un diagnóstico médico. Por tal razón, esta recopilación arroja como resultado un mayor número de alumnos que otras recopilaciones de datos sobre la cuestión y está teniendo un efecto positivo en el apoyo que se presta a los alumnos con discapacidad en las escuelas australianas.
262.No se reúnen datos a nivel nacional sobre la suspensión, el uso de restricciones y el aislamiento de los alumnos con discapacidad. El Gobierno de Australia no acepta el castigo corporal como medida disciplinaria en las escuelas, y todas las jurisdicciones aplican sanciones penales a los maestros que maltratan o agreden a los niños.
263.El Territorio de la Capital de Australia, Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Queensland, Tasmania, Victoria y Australia Occidental ya han prohibido explícitamente los castigos corporales en las escuelas públicas o han eliminado las disposiciones legislativas que defendían la utilización del castigo corporal razonable por personas que actúen en lugar de un progenitor (por ejemplo, los maestros). Nueva Gales del Sur, el Territorio del Norte, Tasmania, Victoria y Australia Occidental han promulgado leyes y Australia Meridional ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para prohibir los castigos corporales en las escuelas gubernamentales y no gubernamentales.
Cuestión 25
264.Durante el último decenio, el Gobierno ha puesto en marcha importantes reformas sistémicas para mejorar los resultados educativos de los alumnos con discapacidad, pero reconoce que queda mucho por hacer para que puedan alcanzar los mejores resultados educativos. El Gobierno apoya, o apoya en principio, siete de las recomendaciones formuladas en el informe de 2016 de la Comisión de Referencias sobre Educación y Empleo del Senado acerca del acceso al aprendizaje real y los efectos de las políticas, la financiación y la cultura en los estudiantes con discapacidad.
265.Los arreglos de financiación de las escuelas del Gobierno de Australia se centran en las necesidades de los alumnos. Se asigna un monto básico por cada alumno y se añaden asignaciones adicionales por cargas onerosas, en particular para los estudiantes con discapacidad. La asignación para alumnos con discapacidad de 2018 se basa en las conclusiones de la Recopilación de Datos Coherentes a Nivel Nacional sobre los Estudiantes con Discapacidad. Se están tomando medidas para mejorar la precisión y la calidad de la Recopilación de Datos, incluidos proyectos ejecutados a través del Consejo de Educación con la participación de los gobiernos de los estados y los territorios.
266.El Marco Nacional de Escuelas Seguras de Australia cuenta con el apoyo de todos los Ministros de Educación. Este Marco, elaborado con las autoridades docentes, presta apoyo a las escuelas para formular y aplicar políticas y prácticas de seguridad y bienestar del alumnado.
267.Las Normas Profesionales para Maestros, así como las normas y procedimientos de acreditación incluyen elementos para apoyar la participación y el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. El Organismo de Planes de Estudio, Evaluaciones e Informes de Australia está trabajando para mejorar el acceso a la educación de todos los estudiantes australianos, incluidos aquellos con discapacidad. En 2015-2016 el Organismo se asoció con escuelas de cuatro jurisdicciones para filmar ejemplos de prácticas que ayuden a los alumnos con discapacidad a acceder a las distintas especialidades.
268.Las Normas sobre la Educación de Personas con Discapacidad se revisan cada cinco años. En el examen de 2015 se determinó que los educadores habían mejorado el conocimiento de las Normas desde el examen de 2010.
269.Durante el examen de 2015, los interesados indicaron que se requería un mayor conocimiento de cómo aplicar las normas en la práctica. En respuesta, el Gobierno financió la elaboración de un conjunto de ejemplos de práctica en consulta con algunas partes interesadas para demostrar la forma en que podrían aplicarse las normas para mejorar los resultados del aprendizaje y las experiencias educativas de los estudiantes en entornos de aprendizaje temprano, en la escuela, la formación profesional y la educación superior.
270.El Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y los territorios están colaborando para aplicar otras recomendaciones del examen de 2015 a través del Consejo de Educación. Victoria y Queensland han realizado exámenes de la inclusión de la discapacidad en sus sistemas de educación y están aplicando las recomendaciones. El gobierno de Victoria aprobó 21 de las 25 recomendaciones resultantes de un examen amplio del programa para alumnos con discapacidad realizado en 2016 y proporcionó un total de 22 millones de dólares para aplicarlas y apoyar la aplicación de iniciativas y reformas complementarias.
271.En el período 2018-2027, el Gobierno asignará 243.500 millones de dólares para los gastos recurrentes de las escuelas, incluida una asignación de unos 22.100 millones de dólares para los alumnos con discapacidad. En promedio, la financiación de los alumnos con discapacidad aumentará el 5,7 % cada año a lo largo de ese período. Estos fondos se añadirán a los aportados por los estados y los territorios para los estudiantes con discapacidad.
272.El gobierno de cada estado y cada territorio tiene arreglos de financiación para los alumnos con discapacidad en sus sistemas de educación.
273.En virtud de la Ley de Apoyo a la Educación Superior de 2013 (Commonwealth) se otorgan subvenciones a los establecimientos de educación superior pertinentes para mejorar el acceso de los estudiantes con discapacidad a través del Programa de Apoyo a la Educación Superior de las Personas con Discapacidad. Este programa incluye apoyo adicional a los estudiantes con discapacidad, mediante la asignación de fondos a los establecimientos de educación superior pertinentes para sufragar los gastos de dispositivos de apoyo (como estetoscopios amplificados, micrófonos inalámbricos y escribientes personales). Los alumnos con discapacidad intelectual también pueden beneficiarse de mobiliario para una sala de reposo y programas informáticos, como un predictor de palabras y un convertidor de texto a voz.
274.El Comité de Aptitudes Profesionales de Australia, financiado por el Gobierno, también está fomentando la labor para mejorar los resultados de la formación y la capacitación profesional de las personas con discapacidad. Por ejemplo, mediante la adaptación de los recursos utilizados en la enseñanza y la capacitación profesional para crear conciencia acerca de la inclusión y de las obligaciones impuestas por las Normas sobre la Educación de las Personas con Discapacidad.
Cuestión 26
275.En 2016, el Gobierno de Australia señaló lo siguiente en su presentación al Comité sobre el entonces proyecto de observación general núm. 4:
a)Con respecto a la observación del Comité, en la que pide a los Estados partes “que se transfieran recursos de entornos educativos segregados a entornos inclusivos”, Australia considera que un Estado parte cumple sus obligaciones en virtud del artículo 24 si cuenta con un sistema educativo que permita la financiación de diferentes modalidades de educación para que los alumnos con discapacidad tengan una variedad de opciones de educación, como la participación en clases ordinarias en las escuelas ordinarias con apoyo adicional, en clases o unidades especializadas en las escuelas ordinarias y en escuelas especializadas. La diversidad de opciones educativas garantiza que el interés superior de los alumnos sea el factor primordial;
b)Australia señala específicamente que los artículos 13, párrafos 3 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipulan que los padres y tutores gozan de la libertad de elegir las escuelas para sus hijos siempre que las instituciones de enseñanza cumplan determinadas normas mínimas, así como los objetivos de educación mencionados en el artículo 13, párrafo 1. Por consiguiente, Australia sugiere que el Comité aclare que, de conformidad con el artículo 24, los Estados partes pueden ofrecer educación mediante clases o escuelas especializadas.
276.El modelo de financiación utilizado por el Gobierno de Australia para apoyar a los alumnos con discapacidad se basa, desde 2018, en el nivel de ajuste requerido por el alumno para acceder a la educación en las mismas condiciones que los demás. No se basa en el tipo de escuela a la que el alumno asiste. La mayoría de los alumnos con discapacidad asisten a escuelas ordinarias.
Salud (artículo 25)
Cuestión 27
Igualdad de acceso
277.La Ley contra la Discriminación por Discapacidad tiene por objeto eliminar la discriminación por motivos de discapacidad en el contexto del suministro de bienes y servicios, incluidos los servicios de salud. La Ley se aplica a las personas con discapacidad que puedan estar excluidas del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, residan en zonas rurales o estén encarceladas. La legislación de los estados y los territorios también reconoce los derechos de las personas con discapacidad y promueve su inclusión en la sociedad y la igualdad de acceso a los servicios.
278.El Gobierno de Australia reconoce las posibilidades que ofrece la tecnología digital para mejorar los servicios de atención de la salud y el estado de la salud, especialmente en el caso de las personas que viven en zonas rurales y aisladas. La utilización de los servicios de telemedicina puede reducir las barreras al acceso de los pacientes, como el aislamiento geográfico, el tiempo de viaje, los costos y otros recursos.
279.En julio de 2011 Medicare incluyó entre sus prestaciones consultas ambulatorias por vídeo a médicos especialistas privados en las zonas rurales y aisladas, las residencias de ancianos y los servicios médicos aborígenes acondicionados para recibir servicios de telesalud en toda Australia. Medicare también incluye en sus prestaciones los servicios de médicos generalistas u otros médicos, enfermeros y enfermeras, parteras, trabajadores de la salud aborígenes y enfermeras practicantes para que asistan al paciente durante la consulta por vídeo.
280.En los ámbitos de la salud sexual y reproductiva, la salud mental y el apoyo psicológico, el Plan de Prestaciones de Medicare incluye una variedad de consultas a profesionales que prestan servicios para las personas con discapacidad. También incluye prestaciones específicas de especialistas y servicios de salud conexos para las personas con discapacidad.
281.Las personas encarceladas en Australia tienen derecho al plan básico de Medicare cuando ingresan en prisión, pero no tienen derecho al Plan de Prestaciones de Medicare. El acceso a los medicamentos en el marco del Plan de Prestaciones Farmacéuticas se basa en los mismos criterios, de modo que los presos tampoco suelen tener acceso.
282.A pesar de estas disposiciones generales, el Gobierno de Australia financia el acceso de los reclusos en cada estado y cada territorio a través del Programa de Fármacos Altamente Especializados del Plan de Prestaciones Farmacéuticas. De este modo, se reconoce la necesidad de facilitar el acceso a los medicamentos para tratar enfermedades crónicas complejas, como el VIH/sida, la hepatitis B y C, la enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia.
283.El Gobierno de Australia aporta financiación a los servicios de atención de la salud para personas indígenas a través del Programa de Salud para los Indígenas Australianos, que presta servicios de atención de la salud secundarios y terciarios y servicios comunitarios, que pueden incluir la prestación de servicios culturalmente apropiados para personas con discapacidad.
284.Los estados y los territorios cuentan con políticas y programas para ayudar a garantizar la satisfacción de las necesidades de las personas con discapacidad y su acceso a servicios de calidad, culturalmente adecuados e inclusivos.
285.Esto incluye programas para ayudar a los pacientes aislados, incluidos aquellos con discapacidad, con los gastos de viaje y alojamiento para consultar a un médico especialista. Uno de estos programas es el Plan de Asistencia de Nueva Gales del Sur para Pacientes Aislados, que en el período 2017-2018 sufragó los gastos de viaje y alojamiento de 29.724 personas de todo el Estado.
286.El Plan Nacional de Seguro de Discapacidad no pretende sustituir a los servicios generales. Los estados y los territorios seguirán prestando servicios de salud a las personas con discapacidad que no sean elegibles para el Plan Nacional. Por ejemplo, en el Territorio de la Capital de Australia, el Programa de Apoyo y Asistencia Comunitaria presta apoyo a corto y mediano plazo a las personas afectadas y a sus cuidadores si tienen dificultades en la vida cotidiana debido a un problema de salud.
287.Las interacciones entre el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad y los servicios generales, como los del sistema de salud, se rigen por el marco legislativo del Plan Nacional y los Principios para Determinar las Responsabilidades del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad y Otros Sistemas de Servicios, acordados por el Consejo de Gobiernos Australianos en abril de 2013 y examinados en 2015.
288.En el caso de las personas que están recibiendo servicios por discapacidad del estado y no tienen acceso al Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, el Consejo de Gobiernos Australianos se ha comprometido a asegurar la continuidad de la atención para que no se vean perjudicadas en la transición al Plan Nacional de Seguro de Discapacidad.
Normas éticas y programas de capacitación
289.Los profesionales de la salud y los trabajadores sanitarios de las comunidades de los estados y los territorios se rigen por normas de práctica profesional y ética y códigos de conducta profesional, en particular las Normas Nacionales para Profesionales de la Salud Mental de 2013, que incorporan los principios de derechos humanos y el derecho de todas las personas a ser tratadas con respeto, dignidad y autonomía, independientemente de su origen o discapacidad.
290.Todos los estados y territorios cuentan con programas de capacitación relacionados con las personas con discapacidad que se imparten a los médicos, enfermeros, parteras, profesionales de la salud conexos (como los trabajadores sociales, los fisioterapeutas y los logopedas) y a trabajadores sanitarios de la comunidad. El programa de salud de Nueva Gales del Sur ha incorporado 11 cursos de capacitación en línea y un módulo de capacitación sobre tutela para mejorar las aptitudes y los conocimientos del personal de salud de ese estado y responder mejor a las necesidades de los pacientes con discapacidad.
291.Las Normas Nacionales sobre Servicios para Personas con Discapacidad ayudan a promover e impulsar un enfoque coherente a nivel nacional para mejorar la calidad de los servicios prestados a las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores. La Norma Seis establece las normas de calidad de los servicios de gestión y dirección para garantizar que personal de primera línea, el personal de gestión y los órganos rectores estén debidamente cualificados, sean competentes y estén respaldados para maximizar los resultados para las personas con discapacidad.
Acceso a la habilitación y la rehabilitación (artículo 26)
Cuestión 28
292.Australia ofrece una variedad de servicios para atender a las necesidades de las personas con discapacidad y trata de ayudarlas a lograr la máxima independencia en su vida cotidiana. Para tal fin, se ejecutan programas específicos centrados en la habilitación en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales y programas de rehabilitación destinados a lograr el máximo nivel de independencia. La prestación de estos servicios y el acceso a ellos se basa en un enfoque de derechos humanos reflejado en la legislación de los estados y los territorios y del Commonwealth, que propugna el derecho de las personas a acceder a servicios que observen, respeten y promuevan los derechos, la libertad, la dignidad y la autonomía de la persona.
293.Los Servicios de Empleo para Personas con Discapacidad son servicios que el Gobierno de Australia presta a las personas cuya principal barrera para conseguir empleo en el mercado laboral abierto es una discapacidad, lesiones o el estado de salud. Estos servicios pueden incluir servicios de rehabilitación profesional y apoyo para adquirir nuevas aptitudes y educación, y para comprender, contrarrestar y gestionar una lesión o una discapacidad mediante el fomento de la capacidad de trabajo.
294.Además, el Commonwealth y todos los estados y territorios tienen su propio plan de indemnización para los trabajadores que sufran lesiones y prevén la gestión de lesiones de manera que el trabajador herido pueda volver al trabajo.
295.Todas las jurisdicciones tienen servicios de salud que se centran en los servicios de rehabilitación para personas con discapacidad. Por ejemplo, la Oficina de Discapacidad del Gobierno del Territorio del Norte apoya y financia la elaboración de planes de apoyo individuales para las personas con discapacidad, que definen sus prioridades, establecen objetivos para aumentar la participación en los ámbitos de la educación, la formación profesional y la vida en sociedad y maximizan la independencia de conformidad con sus objetivos y aspiraciones.
296.Los gobiernos estatales y territoriales han adoptado políticas que imponen a los profesionales de la salud la obligación de obtener el consentimiento del paciente para su tratamiento. Esto se basa en el principio general de que los pacientes tienen un derecho legal de autonomía reconocido y que no se administrará tratamiento sin su consentimiento, salvo en unas pocas circunstancias (como una situación de emergencia en la que el paciente no tenga la capacidad de tomar una decisión). Cuando esto ocurra, la normativa establece una jerarquía de encargados de la adopción de decisiones sobre el tratamiento que debe respetarse para designar al sustituto que adoptará las decisiones.
297.Si una persona tiene una discapacidad que le impide dar su consentimiento para el tratamiento médico, en la mayoría de los casos el consentimiento se obtiene a través de instrucciones anticipadas del paciente o un tutor.
298.Todos los estados y territorios cuentan con una Oficina del Defensor del Pueblo o Defensoría Pública que ofrece servicios y desempeña funciones relacionadas con las personas que tienen una capacidad deficiente para adoptar decisiones. La Oficina ayuda a las personas con discapacidad a participar y adoptar decisiones cuando sea viable, consultándolas y teniendo en cuenta sus opiniones y deseos en la mayor medida posible.
Derecho al trabajo (artículo 27)
Cuestión 29
299.En 2015, se estableció un equipo de tareas para examinar el sistema de empleo de las personas con discapacidad y elaborar un nuevo marco nacional para fomentar su empleo. A través de este marco, el Gobierno de Australia ha elaborado el programa de reformas de los Servicios de Empleo para Personas con Discapacidad.
300.El Gobierno de Australia también está promoviendo reformas para mejorar el empleo de las personas con discapacidad, en particular las mencionadas en las observaciones finales del Comité de 2013 (CRPD/C/AUS/CO/1, párr. 50).
301.El 5 de junio de 2015, la Comisión de Relaciones Laborales Justas eliminó la Herramienta de Evaluación de Salarios para Actividades Empresariales de la Subvención a los Servicios de Empleo Asistido de 2010. Todas las empresas australianas que anteriormente utilizaban la Herramienta de Evaluación deben utilizar un nuevo mecanismo aprobado en relación con la Subvención a los Servicios de Empleo Asistido.
302.El 10 de octubre de 2017, la Comisión de Relaciones Laborales Justas acordó modificar el Sistema de Salarios Subvencionados incorporado en los Servicios de Empleo Asistido a partir del 1 de julio de 2018. Las modificaciones se sometieron a prueba en 2016 y posteriormente, en 2017, se examinaron en consulta con las empresas australianas que emplean personas con discapacidad, los defensores de las personas con discapacidad, los sindicatos y otras partes interesadas. Las modificaciones permiten una evaluación más precisa de la productividad en los lugares de trabajo que reciben la Subvención a los Servicios de Empleo Asistido. Esta Subvención se está examinando en el contexto del examen cuatrienal de las nuevas subvenciones por la Comisión de Relaciones Laborales Justas.
303.El programa de los Servicios de Empleo para Personas con Discapacidad ofrece actualmente servicios especializados de empleo a unos 193.000 solicitantes de empleo con discapacidad, lesiones o problemas de salud. Más del 46 % son mujeres con discapacidad. Alrededor del 30 % de las mujeres participantes consiguen empleo a los tres meses de su ingreso en el programa (32 % en el caso de los hombres). El Gobierno está trabajando en las reformas de los Servicios de Empleo para ayudar a superar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres en las diferentes etapas del empleo.
Cuestión 30
304.El Gobierno ha adoptado una serie de medidas para aplicar las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Australia relativo a la encuesta nacional sobre la discriminación en el empleo de los australianos de edad y los australianos con discapacidad (informe “Dispuestos a Trabajar”).
Servicios de Empleo para Personas con Discapacidad
305.En el presupuesto para 2017-2018, el Gobierno de Australia incorporó importantes reformas de los Servicios de Empleo para Personas con Discapacidad a fin de ayudar a más personas con discapacidad a encontrar y mantener un empleo. A partir del 1 de julio de 2018 están en vigor los siguientes cambios:
a)Mayor capacidad de decisión y control del participante;
b)Fomento de la competencia y la disputabilidad entre los proveedores;
c)Mejora de los incentivos financieros a través de un nuevo modelo de financiación basada en los riesgos y una nueva prestación por el mantenimiento del empleo durante al menos un año;
d)Puesta a prueba de la ampliación de los Servicios de Empleo para Personas con Discapacidad a fin de incorporar a los alumnos con discapacidad que abandonan la escuela que cumplan determinados requisitos; y
e)Introducción de pagos indizados a los proveedores.
Plan de Incentivos para Nuevas Empresas
306.Mediante el Plan de Incentivos para Nuevas Empresas, el Gobierno presta asistencia a las personas para que trabajen en forma independiente. A raíz de los cambios introducidos en 2016-2017, las personas con discapacidad pueden ahora registrarse directamente para obtener los servicios del Plan de Incentivos para Nuevas Empresas sin remisión previa de un proveedor de Servicios para Personas con Discapacidad. Una persona puede beneficiarse de ambos servicios simultáneamente mientras establece su pequeño negocio.
307.La Comisión de Derechos Humanos de Australia desempeña funciones educativas y elabora instrumentos y recursos educativos sobre la discriminación laboral de las personas con discapacidad. El Defensor del Trabajo Justo elabora recursos educativos, como folletos informativos sobre la discriminación en el lugar de trabajo para ayudar a los empleadores y los empleados a comprender sus derechos y responsabilidades con arreglo a la legislación laboral de Australia. También investiga las denuncias de discriminación ilegal en el trabajo y puede iniciar acciones judiciales contra un empleador por contravenir el artículo 351 de la Ley de Relaciones Laborales Justas de 2009 (Commonwealth).
308.El Gobierno de Australia está interesado en promover los beneficios del trabajo flexible. El Defensor del Trabajo Justo y el Organismo para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo proporcionan información y herramientas para los empleadores y los empleados a fin de alentar la adopción de horarios flexibles. Con arreglo a las Normas Nacionales de Empleo, todos los empleadores deben cumplir lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Relaciones Laborales Justas, que describe las situaciones en que dan derecho a los empleados a solicitar horarios flexibles, en particular cuando tienen una discapacidad. El Gobierno de Australia considera que la recomendación de examinar la funcionalidad de ese artículo formulada en el informe “Dispuestos a Trabajar” fue abordada por la Comisión de Productividad, que en 2015 realizó un examen del marco de relaciones en el lugar de trabajo, y no recomendó ningún cambio.
Modificación de las actitudes
309.En 2016-2017, el Gobierno se comprometió a sensibilizar a los empleadores acerca de la contratación de personas con discapacidad. Desde entonces, se han asignado aproximadamente 3 millones de dólares a elaborar y aplicar una estrategia de comunicaciones y material de capacitación para los empleadores, con el objetivo de promover el empleo de las personas con discapacidad y los distintos programas y servicios disponibles.
310.El Día de la “AccesHabilidad” es una iniciativa del Gobierno de Australia que se puso a prueba en ocho localidades de todo el país en diciembre de 2017. Dado el éxito del período experimental, se ejecutará a nivel nacional en noviembre de 2018. La iniciativa alienta a los empleadores a recibir a los solicitantes de empleo con discapacidad en su lugar de trabajo durante un día para conocer sus aptitudes e informarse del apoyo disponible, y al mismo tiempo brindar la oportunidad a las personas con discapacidad de tener la experiencia de un nuevo lugar de trabajo y establecer contactos.
311.El servicio de asesoramiento y el sitio web de JobAccess constituyen el centro nacional de información sobre el empleo de personas con discapacidad. Ofrecen información adaptada a las personas con discapacidad y a los empleadores y los ponen en relación con mecanismos de apoyo gubernamental gratuito para el empleo de personas con discapacidad. Se están realizando mejoras para incluir nuevos contenidos, recursos mejorados y capacitación en línea para los empleadores y para promover las buenas prácticas en el empleo de las personas con discapacidad.
312.El Coordinador de la Contratación Nacional de Personas con Discapacidad y Participación del Empleador de JobAccess presta apoyo a los empleadores para mejorar su confianza y sus conocimientos con miras a emplear a más personas con discapacidad. El servicio de JobAccess se evaluará en 2018-2019, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en el informe “Dispuestos a Trabajar”. Los resultados servirán de base para mejorar el modelo de prestación de servicios.
313.El Gobierno de Australia también presta apoyo financiero para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. El Fondo de Asistencia a los Empleados proporciona asistencia financiera a las personas con discapacidad o a su empleador para que se hagan las modificaciones necesarias en el lugar de trabajo, el equipo y los servicios para que desempeñen sus tareas laborales.
314.La nueva subvención salarial de inicio, disponible desde diciembre de 2017, proporciona hasta 6.000 dólares a los empleadores que ofrezcan trabajo a los desempleados de larga duración o a los jóvenes que hagan pasantías en su lugar de trabajo, que hayan sido remitidos por el Servicio de Empleo para Personas con Discapacidad. Se otorgan aproximadamente 1.700 subvenciones salariales de inicio cada año y el empleo debe tener una duración mínima de seis meses.
315.Los estados y los territorios también promueven y apoyan el empleo de las personas con discapacidad. Por ejemplo, los gobiernos del Territorio de la Capital de Australia y de Nueva Gales del Sur han elaborado materiales y recursos de capacitación para concienciar respecto de los derechos de las personas con discapacidad y alentar a los empleadores a promover lugares de trabajo inclusivos.
Nivel de vida adecuado y protección social (artículo 28)
Cuestión 31
316.El Gobierno ofrece una serie de medidas específicas centradas en la reducción del riesgo de pobreza y falta de vivienda (incluso de las personas con discapacidad), y asigna más de 6.000 millones de dólares anuales a ayudas para vivienda y servicios para las personas sin hogar, que benefician a millones de australianos.
Acuerdo Nacional sobre Vivienda y Personas sin Hogar
317.El Acuerdo Nacional sobre Vivienda y Personas sin Hogar entró en vigor el 1 de julio de 2018, con un presupuesto de 1.500 millones de dólares anuales. En virtud del Acuerdo, los estados y los territorios deben tener una estrategia de vivienda y personas sin hogar, que tenga en cuenta las necesidades de determinados grupos prioritarios (en particular las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica y familiar, los niños y los jóvenes, las personas indígenas y las personas que salen del sistema de acogimiento o instituciones). Los estados y los territorios pueden identificar otros grupos prioritarios, incluidas las personas con discapacidad.
318.Con arreglo al nuevo Acuerdo Nacional sobre Vivienda y Personas sin Hogar, el Gobierno de Australia dedicará 620 millones de dólares a servicios para personas sin hogar durante cinco años a partir de 2018-2019, y los estados y los territorios harán una aportación equivalente.
Acuerdo de Asociación Nacional de Transición sobre las Personas sin Hogar
319.En 2017, el Gobierno de Australia proporcionó 117,2 millones de dólares a los gobiernos de los estados y los territorios en el marco del Acuerdo de Asociación Nacional para la prestación de servicios esenciales a las personas sin hogar. El Acuerdo retoma los objetivos fundamentales de la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad, incluido el mejoramiento de los servicios generales en beneficio de las personas con discapacidad.
Vivienda social y personas sin hogar
320.Los programas de vivienda social y los servicios a las personas sin hogar son fundamentales para que las personas con discapacidad obtengan y mantengan una vivienda estable y el vínculo con los servicios.
321.Los estados y los territorios se encargan de los servicios para las personas sin hogar y trabajan en colaboración con el sector comunitario para proporcionar viviendas públicas y sociales a personas que reúnen los requisitos, incluidas las personas con discapacidad o enfermedades mentales que no tienen hogar o corren el riesgo de quedarse sin hogar y desempleadas o tienen bajos ingresos. Las personas con discapacidad que carecen de hogar tienen generalmente prioridad para la vivienda y los servicios de apoyo.
322.Muchos estados y territorios trabajan con organizaciones comunitarias para brindar asistencia preventiva a fin de que las personas puedan mantener una vivienda estable y asequible. Por ejemplo, el gobierno de Victoria está aplicando medidas para impedir que las personas queden sin hogar, ayudándolas a mantener una vivienda estable y aumentando la oferta de viviendas mediante una planificación más rápida, la promoción de la estabilidad y la asequibilidad de la vivienda para los arrendatarios, el aumento y renovación del parque de viviendas sociales y el mejoramiento de los servicios de vivienda.
323.En el territorio de la Capital de Australia, Victoria y Nueva Gales del Sur, servicios especializados para personas sin hogar prestan apoyo a personas con discapacidad, indígenas, mujeres, niños y personas con discapacidad psicosocial que corren riesgo de quedar sin vivienda.
Complemento de los ingresos
324.El Gobierno de Australia paga un complemento de los ingresos a través del plan de pensiones para personas con discapacidad a las personas con deficiencias físicas, intelectuales y/o psiquiátricas permanentes que les impidan trabajar o capacitarse. Los beneficiarios reciben una tarjeta de pensionado que les da acceso a prestaciones como servicios de salud y medicamentos más baratos. También pueden recibir asistencia financiera para el alquiler.
325.Las personas desempleadas que buscan trabajo pueden recibir un subsidio en el marco del programa “Nuevo Comienzo” si tienen 22 años o más o en el marco del programa Subsidios para Jóvenes si tienen entre 16 y 21 años. Si se ha determinado que un beneficiario con discapacidad no puede trabajar un mínimo de 30 horas por semana, se considera que tiene una capacidad parcial para trabajar y esto le permite acceder a una prestación para gastos farmacéuticos. Los jóvenes con discapacidad que reciben la pensión por discapacidad o el subsidio para jóvenes también reciben un suplemento para jóvenes con discapacidad. Además se paga una prestación para movilidad a las personas con discapacidad que no pueden usar los medios de transporte público.
Participación en la vida política y pública (artículo 29)
Cuestión 32
326.El Gobierno de Australia se ha comprometido a garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles, incluidos el voto y el ejercicio de la libertad de elección.
327.Todo ciudadano australiano que cumpla los requisitos y tenga 18 años cumplidos está obligado a empadronarse y votar en las elecciones federales en virtud de la Ley Electoral de 1918 (Commonwealth). No obstante, una persona no tiene derecho a que su nombre se inscriba o se mantenga en el padrón electoral, ni a votar, si es incapaz de comprender la naturaleza e importancia del empadronamiento y la votación por motivos de “enajenación mental”. Un elector podrá ser eliminado de la lista electoral cuando un médico colegiado haya certificado por escrito que es incapaz de comprender la naturaleza e importancia del empadronamiento y la votación porque padece enajenación mental.
328.La Comisión Electoral de Australia se encarga de mantener un sistema electoral imparcial e independiente para los votantes que cumplen los requisitos mediante la gestión del padrón electoral, la prestación de servicios para las elecciones federales y programas de educación y concienciación de la ciudadanía.
329.La Comisión Electoral de Australia apoya la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad mediante su Estrategia de Inclusión de la Discapacidad 2012-2020 (Estrategia de la Comisión Electoral), elaborada para ayudar a las personas con discapacidad a participar plenamente en el sistema electoral. La Estrategia incluye medidas destinadas a maximizar la visibilidad y la accesibilidad física de los centros electorales, ofrecer otras opciones de votación y asistencia para emitir el voto, como por ejemplo, el voto por teléfono para los votantes ciegos o con escasa visión y el voto a través del sistema nacional de retransmisión.
330.La Estrategia de la Comisión Electoral incluye también medidas para garantizar que el material de votación sea accesible a todos los votantes. Por ejemplo, hay guías en inglés de fácil comprensión y en vídeo para inscribirse y votar en las elecciones federales. El vídeo incluye interpretación en auslan, voz en off y subtítulos en inglés sencillo. Toda la información sobre la Comisión Electoral es accesible a través de su sitio web, incluido el formulario de inscripción. Durante las elecciones, se dispone de información en letra grande, texto electrónico, MP3 y braille.
331.La Comisión Electoral sigue mejorando el sistema de votación a fin de garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad. En particular, instalará con carácter experimental centros de votación accesibles durante el período previo a las próximas elecciones federales. Estos centros tendrán una mejor accesibilidad física, incluida una mayor superficie, bucles de inducción y luces modulables. La Comisión también está estudiando la aplicación de un módulo de capacitación en línea sobre la discapacidad para concienciar al personal electoral.
332.Muchos estados y territorios aplican medidas similares cuando celebran elecciones, en particular suministran información en formatos accesibles, garantizan la accesibilidad física a los centros electorales y permiten el voto por correo y el voto asistido en los hospitales y los centros de votación. Algunas comisiones electorales de los estados y los territorios han introducido sistemas de votación electrónica, incluida la votación por Internet, a fin de que las personas con discapacidad puedan emitir un voto secreto y sin asistencia. Por ejemplo, Nueva Gales del Sur ha utilizado el sistema iVote, una plataforma electrónica de voto asistido, disponible por teléfono o por Internet, que puede ser utilizada por las personas ciegas o con baja visión para emitir un voto secreto con mayor facilidad.
Recopilación de datos y estadísticas (artículo 31)
Cuestión 33
333.Mediante una serie de encuestas, el Gobierno de Australia recopila, reseña y coordina sistemáticamente los datos de prevalencia de la discapacidad, en general desglosados con arreglo a diversos indicadores.
Encuesta/datos reunidos
Encuesta sobre discapacidad, envejecimiento y cuidadores
Datos de prevalencia de la discapacidad, acceso a los servicios, discriminación, participación social y salud y bienestar
Encuesta nacional de salud y encuesta social general
Incluye un módulo corto de discapacidad, para ser examinado junto con otros factores socioeconómicos
Edad, condición lingüística y cultural diversa, condición socioeconómica y lejanía (entre otros)
Encuesta sobre seguridad personal
Se pregunta a las personas de 18 años y más, incluidas aquellas con discapacidad, acerca de su experiencia de violencia desde los 15 años
Sexo, edad, ubicación, condición lingüística y cultural diversa, educación y situación de discapacidad a largo y a corto plazo
Recopilación de datos coherentes a nivel nacional sobre alumnos con discapacidad
Número de alumnos con discapacidad, tipo de discapacidad y ajuste necesario para que accedan a la educación en las mismas condiciones que los demás
Jurisdicción, nivel de ajuste, tipo de discapacidad y tipo de escuela
Censo de población y vivienda de Australia
Personas que necesitan asistencia para realizar una actividad básica
Edad, sexo, condición lingüística y cultural diversa, y otras variables demográficas y socioeconómicas
Encuesta nacional de salud sobre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres
2018-2019Nueva encuesta en elaboración
Estado de salud general y a largo plazo de las personas indígenas
Edad, sexo, variables socioeconómicas y lejanía
Encuesta nacional sobre la condición social de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres
Edad, sexo, variables socioeconómicas y la lejanía
Informe sobre los servicios públicos
Equidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos de Australia, incluidos los servicios para las personas con discapacidad
Edad, sexo, ubicación geográfica, lejanía, condición lingüística y cultural diversa y condición de indígena
334.A través del Acuerdo Nacional sobre Discapacidad, el Gobierno de Australia y los gobiernos estatales y territoriales financian una variedad de proyectos de investigación y recopilación de datos centrados en la discapacidad. El Conjunto de Datos Mínimos Nacionales sobre los Servicios para la Discapacidad es una recopilación nacional que se realiza anualmente de un conjunto estándar de datos sobre los servicios de apoyo a la discapacidad prestados en el marco del Acuerdo. Los servicios que prestan los organismos financiados recogen datos de los usuarios y luego los proporcionan a las jurisdicciones, que a su vez los suministran para que sean cotejados e incorporados en informes nacionales.
335.La Organización Nacional de Investigación para la Seguridad de la Mujer está financiada conjuntamente por el Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y los territorios. Su finalidad es financiar investigaciones para obtener datos pertinentes y traducibles que sirvan de base para las políticas y la práctica y ayuden a reducir la violencia contra las mujeres y sus hijos. Los proyectos de investigación actuales relacionados con la discapacidad incluyen a las madres y los niños con discapacidad que acuden a los servicios de intervención temprana y las mujeres con discapacidad víctimas de violencia que acuden a la justicia.
336.El Grupo de Trabajo sobre el Cuidado de las Personas de Edad y las Personas con Discapacidad (Informe sobre los Servicios Públicos) fue establecido por la Comisión de Productividad para asegurar la mejora continua de las cuestiones tratadas en los capítulos del informe sobre el cuidado de las personas con discapacidad y las personas de edad mediante la mejora de la calidad y el alcance de la recopilación de datos y las definiciones, así como mediante la investigación y la solución de los problemas de comparabilidad de los indicadores de resultados.
337.El Gobierno también ha financiado la Asociación para la Integración de Datos con el fin de maximizar el uso de los datos existentes. Los conjuntos de datos creados por la Asociación agrupan datos que de otra manera permanecerían aislados y aumentan la disponibilidad de información, en particular, sobre las personas con discapacidad, que se utilizará para orientar la elaboración de políticas, programas y servicios eficaces.
Cooperación internacional (artículo 32)
Cuestión 34
338.Australia está comprometida con la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. La Estrategia de Desarrollo para Todos (2015-2020) fomenta un desarrollo inclusivo que tenga en cuenta la discapacidad en el marco del programa de asistencia de Australia, que articula el compromiso de Australia de adoptar un papel de liderazgo internacional en materia de discapacidad y desarrollo inclusivo. La Estrategia explicita el enfoque basado en los derechos humanos y de doble vertiente para implementar la inclusión de la discapacidad en el desarrollo mediante actividades generales y medidas específicas.
339.La Oficina de Eficacia del Desarrollo está llevando a cabo un examen independiente de la Estrategia de Desarrollo para Todos. En diciembre de 2017, publicó las conclusiones sobre las actividades de promoción en favor de la inclusión de la discapacidad en el desarrollo, aportando pruebas concluyentes de su eficacia general. En particular, la capacidad de las organizaciones para las personas con discapacidad ha aumentado y sigue creciendo, y el apoyo de Australia ha mejorado la capacidad de otros defensores de la causa, ha creado coaliciones y ha ayudado a reunir a otros donantes bilaterales.
340.El examen destaca que estos resultados a corto plazo han generado importantes resultados intermedios, incluida una mayor participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas. La promoción por Australia de un desarrollo que incluya a las personas con discapacidad también ha ayudado a transformar las políticas del sistema de las Naciones Unidas, los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones.
341.Como parte del examen, la Oficina de Eficacia del Desarrollo está evaluando la inclusión de la discapacidad en los programas de ayuda para determinar los progresos alcanzados y lo que debe hacerse para fortalecer aún más la inclusión de la discapacidad. El informe de evaluación se publicará en el segundo semestre de 2018.
342.Para Australia, los derechos de las personas con discapacidad constituyen un tema central de su mandato en el Consejo de Derechos Humanos. Australia también cuenta con un representante en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que complementa el papel de la Comisión de Derechos Humanos de Australia y pone de manifiesto el compromiso del país con la protección y el fortalecimiento de la sociedad civil.
343.Australia impulsa la promoción internacional de la inclusión de la discapacidad mediante la copresidencia de la red Global Action on Disability. Esta red encausa las opiniones, las funciones y los recursos colectivos de los donantes bilaterales y multilaterales, el sector privado y las fundaciones, hacia el logro de un desarrollo y una acción humanitaria internacionales que incluyan y beneficien a las personas con discapacidad. La red tiene tres esferas prioritarias: la educación, la protección social y la acción humanitaria con inclusión de las personas con discapacidad. Desde sus inicios en 2015, la copresidencia de Australia ha contribuido considerablemente a la dirección estratégica y el crecimiento de la red.
344.De conformidad con los principios rectores de la Estrategia de Desarrollo para Todos y el principio consagrado en la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, el Gobierno de Australia está invirtiendo en la recopilación de datos empíricos sobre la discapacidad y el seguimiento de los resultados para las personas con discapacidad. Australia ha apoyado varias iniciativas de creación de capacidad para la recopilación de datos sobre discapacidad, en particular el cuestionario breve sobre discapacidad elaborado por el Grupo de Washington y el Módulo para el Funcionamiento en Niños y Niñas del UNICEF y el Grupo de Washington para el desglose de datos por discapacidad a los efectos del seguimiento de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Australia sigue prestando apoyo al Grupo de Washington para difundir esas herramientas de compilación de datos y prestar asistencia técnica.
Aplicación y seguimiento nacionales (artículo 33)
Cuestión 35
345.La Comisión de Derechos Humanos de Australia es una institución nacional de derechos humanos de clase A. Se trata de un órgano oficial independiente, cuyas funciones incluyen educación y concienciación, investigación y conciliación en el marco de las denuncias de discriminación ilegal y vulneración de derechos humanos, realización de investigaciones nacionales y presentación de informes sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, suministro de asesoramiento y presentaciones a los parlamentos y los gobiernos y realización y coordinación de investigaciones sobre derechos humanos y cuestiones relacionadas con la discriminación.
346.La Comisión de Derechos Humanos de Australia desempeña un papel importante en la promoción, protección y supervisión de la aplicación de la Convención. La Convención ha sido declarada instrumento internacional relativo a las libertades fundamentales y los derechos humanos pertinente para la labor de la Comisión de Derechos Humanos de Australia. Por consiguiente, la Comisión puede ejercer las siguientes funciones en relación con los derechos enunciados en la Convención:
a)Promover la comprensión, la aceptación y el debate público de la Convención en Australia;
b)Emprender investigaciones y programas educativos para promover la Convención;
c)Informar al Fiscal General sobre las leyes que deberían promulgarse o las medidas que deberían adoptarse sobre cuestiones relacionadas con la Convención;
d)Participar en las actuaciones judiciales que incluyan cuestiones relacionadas con la Convención;
e)Investigar e intentar resolver las denuncias de discriminación ilegal con arreglo a la Ley contra la Discriminación por Discapacidad;
f)Investigar e intentar resolver las denuncias de actos o prácticas del Commonwealth que puedan ser incompatibles con la Convención o vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Convención.
347.El Comisionado para la Lucha contra la Discriminación por Discapacidad dirige la labor de la Comisión de Derechos Humanos de Australia relacionada con las personas con discapacidad, en particular la promoción de la comprensión, la aceptación y el cumplimiento de la Ley contra la Discriminación por Discapacidad, la colaboración con las partes interesadas para eliminar la discriminación por discapacidad en el lugar de trabajo y en la comunidad, la superación de las barreras a la igualdad y la participación debidas a la discriminación por discapacidad, y la realización de investigaciones y proyectos de educación para luchar contra las actitudes y los estereotipos que puedan contribuir a la discriminación por discapacidad.
348.El 24 de enero de 2017, la Comisión de Derechos Humanos de Australia obtuvo la acreditación como institución nacional de derechos humanos de clase A por el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, de conformidad con los Principios de París. El Gobierno de Australia se ha comprometido a observar los Principios de París y respeta y valora la independencia de la Comisión, que está protegida por la legislación del Commonwealth.