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Timestamp: 2020-04-05 16:08:24
Document Index: 270260519

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6']

Publicado en DOCM núm. 215 de 05 de Noviembre de 2018
Vigencia desde 25 de Noviembre de 2018
Artículo 2 Precios sujetos a intervención por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Artículo 3 Intervención de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Artículo 6 Trámite de audiencia
Artículo 7 Informe preceptivo
Artículo 8 Publicación
Disposición adicional única Referencias a la Comisión Regional de Precios
Disposición transitoria única Tramitación de los procedimientos iniciados a la entrada en vigor del decreto
Con estos antecedentes y en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los artículos 31.1. 1ª, 4ª, 8ª, 11ª, 12ª y 28ª; 32.6 y 33.15 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla- La Mancha, a propuesta de las Consejerías de Fomento y de Sanidad, de acuerdo con el Consejo Consultivo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de octubre de 2018.
A los efectos de este decreto se consideran precios que requieren la intervención por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:
a) Abastecimiento de agua potable a poblaciones.
b) Transporte público urbano de viajeros en automóviles de turismo.
c) Transporte público urbano colectivo de viajeros.
La intervención en los precios de los servicios públicos municipales por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se realizará a través de la emisión de un informe preceptivo por los órganos competentes en las materias sustantivas objeto de tarifa por los municipios u otras entidades locales.
1. Son órganos competentes para la emisión de informes preceptivos a los que se refiere el artículo anterior:
a) En relación con el abastecimiento de agua potable, la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha u órgano que como administración hidráulica de Castilla-La Mancha tenga atribuidas las competencias en materia de abastecimiento de agua potable a poblaciones.
b) En relación con los servicios de transporte público urbanos, la Dirección General competente en materia de transporte.
2. La coordinación e impulso de la tramitación del procedimiento regulado en este decreto le corresponde a la Dirección General competente en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
1. Los municipios u otras entidades locales, de manera previa a la aprobación o modificación de los precios, remitirán a la Dirección General competente en materia de defensa de los consumidores y usuarios solicitud de informe en relación a las tarifas de los servicios de competencia municipal descritos en el artículo 2 de este decreto.
2. La solicitud de informe se cumplimentará mediante el envío telemático de los datos a través del formulario, conforme al modelo incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es.
3. La solicitud irá acompañada de:
b. Documento acreditativo de cumplimiento de trámite de audiencia al Consejo Local de Consumo u Órgano de participación sectorial del propio ámbito local, que cuente con participación de representantes de los consumidores y usuarios, y copia de las alegaciones realizadas, en su caso.
c. Memoria económica justificativa referida a la estructura de costes de prestación del servicio desglosados en sus distintos componentes y al análisis de la variación de los mismos.
1. En el plazo máximo de diez días desde la recepción de la solicitud de informe, la Dirección General competente en materia de defensa de los consumidores y usuarios otorgará un trámite de audiencia a los agentes sociales y a las asociaciones de consumidores más representativas durante un plazo de diez días.
2. Transcurrido este plazo el expediente completo, incluidas las alegaciones presentadas, serán trasladadas a los órganos competentes para la emisión del informe preceptivo, informándose simultáneamente de dicho traslado a la Entidad Local que solicitó el informe.
1. El plazo para la emisión del informe y su remisión a los municipios u otras entidades locales solicitantes será de dos meses a contar desde que se reciba el expediente completo por el órgano que haya de emitirlo.
2. Transcurrido el plazo de dos meses previsto en el apartado anterior sin que se haya remitido el informe, éste se entenderá favorable.
3. El informe, cuyo contenido no será vinculante para los municipios u otras entidades locales solicitantes, se fundamentará en el examen de la estructura de costes de prestación del servicio y en el análisis de la variación de los mismos, expresando si es favorable o desfavorable a la solicitud.
Los municipios u otras entidades locales, tras la toma en consideración del informe preceptivo y la aprobación del precio por el órgano competente, procederán a la publicación de los precios de los servicios en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.
Las referencias que, en la normativa vigente, se hacen a la Comisión Regional de Precios, se entenderán realizadas a los órganos que el artículo 4.1 declara competentes para la emisión de informes preceptivos.
A los procedimientos de aprobación inicial o modificación de precios en tramitación a la entrada en vigor de este decreto les será de aplicación una tramitación de urgencia, concretamente:
1. Los Ayuntamientos deberán acreditar el cumplimiento del trámite de audiencia previsto en el artículo 5.3.b) si no constare en el expediente en tramitación. El plazo para su realización será de diez días. Una vez cumplimentado dicho trámite los municipios u otras entidades locales deberán ratificar el acuerdo sobre aprobación inicial o modificación de precios autorizados adoptado, en su caso, con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, y remitirlo a la Dirección General competente en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
2. La Dirección General competente en materia de defensa de los consumidores y usuarios, a la entrada en vigor de este decreto o, en su caso, recibida la documentación requerida en el apartado anterior, deberá realizar el trámite de audiencia referido en el artículo 6. El plazo para su realización será de cinco días.
3. Los expedientes serán informados por el órgano competente conforme a este decreto y remitidos a los municipios u otras entidades locales correspondientes en un plazo de quince días, desde que se recibió el expediente remitido por la Dirección General competente en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
Queda derogado el Decreto 84/1984, de 10 de julio, por el que se modifica y regula el funcionamiento de la Comisión Regional de Precios y el Decreto 109/1988 de 26 de julio, por el que se atribuyen competencias y se modifica la estructura de la Comisión Regional de Precios, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a este decreto.
D 84/1984 de 10 Jul. CA Castilla-La Mancha (Regulación del funcionamiento de la Comisión Regional de Precios) D 109/1988, de 26 Jul. CA Castilla-La Mancha (atribución de competencias y modificación de la estructura de la Comisión Regional de Precios)
Las personas titulares de las Consejerías de las que dependan los órganos competentes para la emisión de informe están facultadas para desarrollar este decreto mediante orden, estableciendo o modificando el contenido mínimo de las solicitudes realizadas, los plazos de referencia para las revisiones, así como la forma de acreditar el incremento de los costes de tal manera que los datos aportados puedan servir de referencia para la obtención automática, en su caso, de informe favorable.
Este decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».