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Timestamp: 2020-08-14 19:40:17
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Justicia y Transparencia - 04012-2009-PHD/TC
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04012-2009-HD.html
EXP. N.° 04012-2009-PHD/TC
LAZARTE PROSPERO
En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lazarte Próspero Rosales Vásquez contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 104, su fecha 4 de mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda de hábeas data de autos.
Con fecha 17 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), con el objeto de que se ordene que dicha entidad cumpla con poner a su disposición el texto del Reglamento Interno de funcionamiento para la calificación de los expedientes precalificados por parte de la Comisión Ejecutiva reactivada en virtud de la Ley N.º 29059. Alega que se ha vulnerado su derecho constitucional de acceso a la información pública, toda vez que la entidad emplazada no ha dado respuesta al pedido de los documentos solicitados dentro del plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional.
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante escrito de fecha 7 de abril de 2008, se apersona al proceso y solicita que la demanda sea declarada improcedente, aduciendo que la solicitud de la información requerida no fue planteada ante el funcionario competente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 62º del Código Procesal Constitucional. Asimismo, sostiene que no está en la obligación de proporcionar la información requerida por cuanto la misma se encuentra comprendida dentro de las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 15-B de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante resolución de fecha 18 de abril de 2008 (folio 21), declaró improcedente la demanda, considerando que en el presente caso no se ha violado ni se ha amenazado el derecho de acceso a la información pública del demandante toda vez que la información requerida se encuentra dentro de las excepciones reguladas en la Ley N.º 27806.
En segunda instancia, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 4 de mayo de 2009 (folio 104), confirmó la apelada por los mismos fundamentos.
1. Del análisis de la demanda se advierte que ésta tiene por objeto que se ordene al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que proporcione al demandante el texto del Reglamento Interno de funcionamiento para la calificación de los expedientes precalificados por parte de la Comisión Ejecutiva reactivada por la Ley N.º 29059, en virtud de la cual se encargó a dicha comisión la revisión de los expedientes de los trabajadores que han solicitado su inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente.
2. De conformidad con el artículo 62º del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito especial de procedencia de la demanda de hábeas data que el demandante haya reclamado previamente al demandado, mediante documento de fecha cierta, el respeto de los derechos constitucionales invocados, es decir, el derecho de acceso a la información pública y/o el derecho de autodeterminación informativa. Asimismo, el demandado debe ratificarse en su incumplimiento o no contestar dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud, en el caso del primero de los derechos mencionados. Solamente se podrá prescindir de este requisito de manera excepcional en aquellos casos en los que su exigencia genere el inminente peligro de sufrir un daño irreparable, lo cual debe ser acreditado por el demandante.
3. En el caso de autos, se advierte que el demandante ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional (folio 4), motivo por el cual, y estando a que la demanda de hábeas data ha sido presentada dentro del plazo de ley, cabe efectuar el análisis del fondo de la controversia.
4. El hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2° de la Constitución, según los cuales “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”; y “que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”, respectivamente.
5. Conforme ha sido establecido por este Tribunal en reiterada jurisprudencia, como es el caso de la sentencia recaída en el Expediente N.º 01797-2002-HD/TC (fundamento 16), el contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información pública no sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la obligación de dispensarla de parte de los organismos públicos. A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro, sin existir razones constitucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada. En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública cuenta con una faz positiva, según la cual este derecho impone a los órganos de la Administración pública el deber de informar; y con una faz negativa, la cual exige que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa.
6. Asimismo, este derecho ha sido desarrollado por el legislador por medio de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuyo artículo 3º se señala que toda información que posea el Estado es considerada como pública, a excepción de los casos expresamente previstos en el artículo 15º de esta ley.
7. En el caso de autos, la controversia radica en determinar si es que la información requerida por el demandante, el Reglamento Interno de funcionamiento para la calificación de los expedientes precalificados por parte de la Comisión Ejecutiva reactivada por la Ley N.º 29059, se encuentra incluida dentro de las excepciones establecidas en el artículo 15-B de la Ley N.º 27806, específicamente dentro de las reguladas en los numerales 1 y 4, en cuyo caso la negativa a brindar la información por parte del MTPE estaría debidamente justificada.
8. El artículo 15-B de la Ley N.º 27806 establece en sus numerales 1 y 4, como excepciones al ejercicio al derecho de acceso a la información pública, los siguientes supuestos:
“1. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión del gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones.
4. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa de un proceso administrativo o judicial o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción termina al concluir el proceso”.
9. Este Tribunal considera que la información requerida por el demandante (el texto del Reglamento Interno de funcionamiento para la calificación de los expedientes precalificados por parte de la Comisión Ejecutiva reactivada por la Ley N.º 29059) no se encuentra comprendida en ninguno de tales supuestos, por cuanto se trata de una información que no es utilizada en el marco de una decisión de gobierno de la administración pública, ni es información que comprometa el secreto profesional que deben guardar los asesores jurídicos de las entidades públicas.
10. Por el contrario, se trata de una información que es empleada por la administración para el ejercicio de una competencia reglada, pues la Comisión Ejecutiva debe cumplir con evaluar los expedientes sometidos a su conocimiento teniendo en cuenta los parámetros establecidos tanto en la Ley N.º 27803 como en la Ley N.º 29059, en cuya Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final se señala justamente que los miembros de la Comisión Ejecutiva son responsables solidariamente por la no información, ocultamiento de información y/o transgresión del debido proceso en la calificación y evaluación de los expedientes.
11. Conviene recordar que, de conformidad con el principio de participación, las entidades de la administración pública deben brindar la oportunidad a los administrados de expresar su opinión en el marco del proceso de tomar una decisión que pueda tener incidencia en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Asimismo de acuerdo con el principio de predictibilidad, las entidades de la administración pública deben brindar a los administrados información veraz, completa y confiable sobre cada trámite de modo tal que puedan tener conciencia certera sobre su resultado final. Estos principios se encuentran regulados en los incisos 1.12 y 1.15 del Artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.º 27444, y constituyen una expresión del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad y del deber de transparencia de las entidades públicas en atención a las garantías inherentes al debido proceso al cual tienen derecho las personas. Es por ello que, la entidad emplazada se encuentra en la obligación de otorgar la información solicitada al demandante, de modo que, al haberse negado indebidamente a ello, ha vulnerado el derecho de acceso a la información pública del demandante.
12. Por último, este Colegiado considera pertinente expresar su desacuerdo con el argumento de la demandada expresado en que la petición del demandante, supuestamente, había sido correctamente denegada por haber utilizado para ello una vía procedimental impertinente y al no haber estado dirigido contra el funcionario responsable. Conforme con los principios de impulso de oficio, de informalidad y de razonabilidad, regulados en los incisos 1.3, 1.4 y 1.6 del artículo IV de la Ley N.º 27444, así como a los principios de celeridad y economía procesal inherentes al debido proceso, las entidades públicas están en la obligación de orientar al administrado a fin de encausar su petición en la vía procedimental que resulte la más adecuada, pues siendo la finalidad de las entidades públicas atender las demandas legítimas de los ciudadanos, no puede admitirse que se empleen institutos procesales diseñados como instrumentos para cumplir con tal finalidad, para evadir responder a las demandas de los ciudadanos.
13. En consecuencia, en la medida que en el presente caso se ha vulnerado el derecho de acceso a la información pública, la demanda debe ser estimada.
1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data de autos.
2. Ordenar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que otorgue al demandante, previo pago del costo razonable de reproducción, copia del Reglamento Interno de funcionamiento para la calificación de los expedientes precalificados por parte de la Comisión Ejecutiva reactivada por la Ley N.º 29059.
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