Source: http://www.derechos.org/peace/ws/doc/cjeuws6.html
Timestamp: 2018-09-23 01:32:10
Document Index: 333582514

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 73', 'artículo 252', 'artículo 56', 'artículo 31', 'artículo 34', 'artículo 31', 'artículo 94', 'artículo 31', 'artículo 94', 'artículo 31', 'artículo 34', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 94', 'artículo 2', 'artículo 56', 'artículo 34', 'artículo 94', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 184']

Equipo Nizkor - Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE concluyendo que los Acuerdos de Liberalización celebrados entre la UE y Marruecos no son aplicables al Sáhara Occidental.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE concluyendo que los Acuerdos de Liberalización celebrados entre la UE y Marruecos no son aplicables al Sáhara Occidental
«Recurso de casación – Relaciones exteriores – Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos relativo a medidas de liberalización en materia de agricultura y pesca – Decisión por la que se aprueba la celebración de un acuerdo internacional – Recurso de anulación – Admisibilidad – Legitimación – Aplicación territorial del acuerdo – Interpretación del acuerdo – Principio de autodeterminación – Principio de efecto relativo de los tratados»
En el asunto C-104/16 P,
Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. H. Legal y A. de Elera-San Miguel Hurtado y la Sra. A. Westerhof Löfflerová, en calidad de agentes,
Confédération marocaine de l'agriculture y du développement rural (Comader), representada por Mes J.-F. Bellis, M. Struys, A. Bailleux, L. Eskenazi y R. Hicheri, avocats,
Siendo las otras partes en el procedimiento:
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. M. Ilešic y J.L. da Cruz Vilaça, Presidentes de Sala, y los Sres. J. Malenovský (Ponente), E. Levits, J.-C. Bonichot y A. Arabadjiev, la Sra. C. Toader, los Sres. C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin y F. Biltgen y la Sra. K. Jürimäe, Jueces;
1 Mediante su recurso de casación, el Consejo de la Unión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 10 de diciembre de 2015, Frente Polisario/Consejo (T-512/12, EU:T:2015:953; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual éste estimó el recurso del Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), que tenía por objeto la anulación parcial de la Decisión 2012/497/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2012, relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, sustitución de los Protocolos n.os 1, 2 y 3 y los anexos de estos Protocolos, y modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (DO 2012, L 241, p. 2; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
2 El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco (Estados Unidos) el 26 de junio de 1945, dispone:
2.Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;
«Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta [...]
4 Con arreglo al último párrafo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969 (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1155, p. 331; en lo sucesivo, «Convención de Viena»), las partes de esta Convención «afirma[n] que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de [dicha] Convención».
«1.Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos teniendo en cuenta su objeto y fin.
2.Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:
a)todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;
b)todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.
a)todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;
b)Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;
c)Toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.
4.Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.»
17 El Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, sustitución de los Protocolos n.os 1, 2 y 3 y los anexos de estos Protocolos, y modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, se firmó en Bruselas el 13 de diciembre de 2010 (DO 2012, L 241, p. 4; en lo sucesivo, «Acuerdo de Liberalización») antes de aprobarse en nombre de la Unión Europea mediante la Decisión controvertida. Con arreglo a sus disposiciones, entró en vigor el 1 de octubre de 2012, como se desprende del anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DO 2012, L 255, p. 1).
«Los productos agrícolas, los productos agrícolas transformados, el pescado y los productos de la pesca originarios de Marruecos enumerados en el Protocolo no 1 estarán sujetos, en su importación en la Unión Europea, a los regímenes previstos en ese Protocolo.
23 El Sáhara Occidental es un territorio situado en el noroeste de África que fue colonizado por el Reino de España en el siglo XIX antes de convertirse en una provincia española, y de ser inscrito posteriormente, en 1963, por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la lista de Territorios no autónomos en el sentido del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, en la que figura hasta la actualidad.
25 El 20 de diciembre de 1966, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 2229 (XXI) sobre la cuestión de Ifni y el Sáhara Español, reafirmando el «derecho inalienable d[el] pueblo [...] [...] del Sáhara Español a la libre determinación», y solicitó al Reino de España, en su calidad de Potencia administradora, que determinara lo antes posible «los procedimientos para la celebración de un referéndum bajo los auspicios de la [ONU] con miras a permitir a la población autóctona del Territorio que ejerza sin trabas su derecho a la libre determinación».
26 El 24 de octubre de 1970, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 2625 (XXV), titulada «Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas», mediante la que aprobó esta Declaración, cuyo texto se anexa a la Resolución. Esta Resolución declara, en particular, que «todo Estado tiene el deber de respetar [el derecho a la libre determinación de los pueblos] de conformidad con las disposiciones de la Carta» y que «el territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra; y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta, y, en particular, con sus propósitos y principios».
28 El 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia, en su condición de órgano jurisdiccional principal de la ONU y tras una demanda presentada por la Asamblea General de la ONU en el marco de sus trabajos relativos a la descolonización del Sáhara Occidental, dictó una opinión consultiva (Sáhara Occidental, opinión consultiva, CIJ Recueil 1975, p. 12; en lo sucesivo, «opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental»), en cuyo punto 162 realizó las siguientes consideraciones:
31 El 6 de noviembre de 1975, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 380 (1975) sobre el Sáhara Occidental, en la que «deplor[ó] la ejecución de la marcha» anunciada y «solicit[ó] al Reino de Marruecos la inmediata retirada del territorio del Sáhara Occidental de todos los participantes en [dicha] marcha».
37 Hasta ahora, este referéndum no ha tenido lugar, y el Reino de Marruecos controla la mayor parte del territorio del Sáhara Occidental, separada por un muro de arena edificado y vigilado por su ejército del resto de dicho territorio, controlado por el Frente Polisario.
«116Con carácter preliminar, se debe constatar que de la argumentación propuesta por el Frente Polisario en apoyo del conjunto de sus motivos se desprende que su recurso pretende la anulación de la Decisión [controvertida] en la medida en que dicha Decisión ha aprobado la aplicación del acuerdo contemplado por ésta al Sáhara Occidental. En efecto, tal como se desprende de las consideraciones expuestas anteriormente, acerca de la afectación directa e individual del Frente Polisario por parte de la Decisión impugnada, precisamente el hecho de que dicho acuerdo se aplique también al Sáhara Occidental es el motivo por el cual el Frente Polisario se ve directa e individualmente afectado por la Decisión [controvertida].
117También cabe señalar que el Frente Polisario invoca diversos motivos, de los cuales los dos primeros se refieren a la legalidad externa de la Decisión [controvertida], mientras que los otros son relativos a su legalidad interna. En esencia, el demandante invoca la ilegalidad de la Decisión [controvertida], alegando que ésta vulnera el Derecho de la Unión y el Derecho internacional. El conjunto de los motivos del recurso plantean, en realidad, la cuestión de la existencia de una prohibición absoluta de celebrar, en nombre de la Unión, acuerdos internacionales que sean susceptibles de aplicación en territorios controlados en la práctica por un Estado tercero, sin reconocer, no obstante, la soberanía de dicho Estado sobre ese territorio por parte de la Unión y sus Estados miembros o, de modo más general, por todos los otros Estados (en lo sucesivo, "territorio en disputa"), y, en su caso, la cuestión de la existencia de una facultad de apreciación de las instituciones de la Unión a este respecto, de los límites a dicha facultad y de los requisitos para su ejercicio.»
47 Por último, el Tribunal General analizó esta cuestión en los apartados 223 a 247 de la sentencia impugnada. A este respecto, consideró, en esencia, que, a pesar de gozar de una amplia facultad de apreciación en el marco de las relaciones exteriores de la Unión, el Consejo tenía la obligación, cuando se propusiera aprobar un acuerdo que se pudiera aplicar a un «territorio en disputa», como el Sáhara Occidental, y que pretendiera facilitar la exportación a la Unión de productos originarios de este territorio, de examinar previamente el conjunto de elementos pertinentes del supuesto concreto, y, en particular, de asegurarse de que la explotación de estos productos no se hiciera en detrimento de la población de dicho territorio y no implicara la vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas. El Tribunal General señaló que el Consejo había incumplido esta obligación en el caso de autos.
48 Estas consideraciones llevaron al Tribunal General a declarar, en el apartado 247 de la sentencia impugnada, que el «Consejo ha[bía] incumplido su obligación de examinar, antes de la adopción de la Decisión [controvertida], todos los elementos del presente caso» y, por consiguiente, a anularla «en la medida en que ésta aprueba la aplicación del [A]cuerdo [de Liberalización] al Sáhara Occidental».
52 Mediante auto de 9 de junio de 2016, el Presidente del Tribunal de Justicia autorizó la intervención en el litigio de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural) (Comader) en apoyo de las pretensiones del Consejo.
- Resuelva definitivamente el litigio desestimando el recurso.
- Condene al Frente Polisario al pago de las costas en que haya incurrido el Consejo en primera instancia y en el marco del recurso de casación.
- Con carácter principal, declare la inadmisibilidad de recurso de casación.
- Con carácter subsidiario, desestime el recurso por infundado.
- Con carácter subsidiario de segundo grado, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia estime las pretensiones del Consejo en la medida en que pretenden la anulación de la sentencia recurrida, resuelva definitivamente el litigio anulando la Decisión controvertida sobre la base de los motivos desestimados en primera instancia.
- Condene al Consejo al pago de las costas en que haya incurrido el Frente Polisario en primera instancia y en el marco del recurso de casación.
60 A este respecto, se desprende del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, que el Abogado General tiene la función de presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieran su intervención, bien entendido que el Tribunal de Justicia no está vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por su motivación (véanse las sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi y otros, C-584/10 P, C-593/10 P y C-595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 57, y de 6 de octubre de 2015, Comisión/Andersen, C-303/13 P, EU:C:2015:647, apartado 33).
61 Por consiguiente, el hecho de que una parte no esté de acuerdo con dichas conclusiones no puede constituir en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuáles sean las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (véanse las sentencias de 22 de noviembre de 2012, E.ON Energie/Comisión, C-89/11 P, EU:C:2012:738, apartado 62, y de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión, C-33/14 P, EU:C:2015:609, apartado 26).
66 El Frente Polisario formula una excepción de inadmisibilidad del recurso de casación alegando, en esencia, que la Unión carece de la competencia requerida para celebrar un acuerdo internacional jurídicamente aplicable al Sáhara Occidental y que, por tanto, una impugnación de la sentencia recurrida, que se limita a anular la Decisión controvertida «en la medida en que aprueba la aplicación del [A]cuerdo [de Liberalización] al Sáhara Occidental», carece de interés para el Consejo.
69 Además, se deduce del artículo 56, párrafo tercero, de este Estatuto que, para poder interponer un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal General, en un litigio distinto de aquellos que oponen a la Unión y a sus agentes, los Estados miembros y las instituciones de la Unión no están obligados a probar la existencia de un interés en ejercitar la acción (véanse las sentencias de 22 de febrero de 2005, Comisión/max.mobil, C-141/02 P, EU:C:2005:98, apartado 48, y de 21 de diciembre de 2011, Francia/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, apartado 45).
75 A continuación, el Tribunal General consideró, en los apartados 74 a 88 de la sentencia recurrida, que la propia cuestión implicaba, tomando en consideración las alegaciones del Consejo, de la Comisión y del Frente Polisario sobre este particular, interpretar dicho Acuerdo. Asimismo consideró, en los apartados 89 a 94 y 98 de la sentencia recurrida, que tal interpretación debía efectuarse con arreglo a las normas del Derecho internacional general consuetudinario recordadas en el artículo 31 de la Convención de Viena. En cambio, el Tribunal General declaró, en esencia, en los apartados 95 a 98 de la sentencia recurrida, que el principio de Derecho internacional general de efecto relativo de los tratados, del que el artículo 34 de la Convención de Viena constituye una expresión particular, no era pertinente a efectos de la interpretación del Acuerdo de Liberalización, habida cuenta de las circunstancias particulares del recurso de que tenía que conocer, a diferencia de lo que había declarado el Tribunal de Justicia en la sentencia de 25 de febrero de 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91).
«99Con arreglo [al artículo 31 de la Convención de Viena], procede tener en cuenta en especial el contexto en el que se integra un tratado internacional como el [Acuerdo de Liberalización]. El conjunto de los elementos mencionados en los apartados 77 a 87 anteriores forman parte de este contexto y demuestran que las instituciones de la Unión eran conscientes de la aplicación por las autoridades marroquíes de las disposiciones del Acuerdo de Asociación [...] también a la parte del Sáhara Occidental controlada por el Reino de Marruecos y no se opusieron a dicha aplicación. Al contrario, la Comisión cooperó, hasta cierto punto, con las autoridades marroquíes con miras a dicha aplicación y reconoció los resultados, incluyendo a empresas establecidas en el Sáhara Occidental entre las inscritas en la lista mencionada en el apartado 74 anterior.
100También cabe recordar que existe una divergencia entre las tesis respectivas de la Unión y del Reino de Marruecos en cuanto al estatuto internacional del Sáhara Occidental. Si bien la tesis de la Unión ha sido resumida de forma suficiente y correcta por el Consejo y la Comisión (véanse los apartados 74 y 75 anteriores), es notorio que el Reino de Marruecos tiene una concepción de las cosas totalmente diferente. Según éste, el Sáhara Occidental forma parte integral de su territorio.
101De este modo, en el artículo 94 del Acuerdo de Asociación [...], la referencia al territorio del Reino de Marruecos podía ser entendida por las autoridades marroquíes en el sentido de que incluía al Sáhara Occidental o, como mínimo, su parte más importante, controlada por el Reino de Marruecos. A pesar de que las instituciones de la Unión eran, tal como se ha señalado, conscientes de esta tesis sostenida por el Reino de Marruecos, el Acuerdo de Asociación [...] no incluye ninguna cláusula interpretativa y ninguna otra disposición que tenga como resultado la exclusión del territorio de Sáhara Occidental de su ámbito de aplicación.
102También se debe tener en cuenta el hecho de que el acuerdo contemplado por la Decisión impugnada se celebró doce años después de la aprobación del Acuerdo de Asociación [...] y cuando dicho Acuerdo se había ejecutado durante todo este período. Si las instituciones de la Unión deseaban oponerse a la aplicación al Sáhara Occidental del acuerdo de Asociación, en su versión modificada por la Decisión [controvertida], podrían haber insistido para que en el texto del [Acuerdo de Liberalización] se incluyera una cláusula excluyendo tal aplicación. Su omisión sobre este punto demuestra que aceptan, al menos implícitamente, la interpretación del Acuerdo de Asociación [...] y del [Acuerdo de Liberalización], según la cual dichos acuerdos se aplican también a la parte del Sáhara Occidental controlada por el Reino de Marruecos.»
78 El Consejo reprocha al Tribunal General haber presumido, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, que, si el Acuerdo de Liberalización se aplicaba al Sáhara, el Frente Polisario podía automáticamente estar directa e individualmente afectado por la Decisión controvertida. Pues bien, a su juicio esta presunción era jurídicamente errónea. En efecto, como el propio Tribunal General afirmó anteriormente en el auto de 3 de julio de 2007, Commune de Champagne y otros/Consejo y Comisión (T-212/02, EU:T:2007:194, apartados 90 a 94), una decisión del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo internacional entre la Unión y un Estado tercero carece de todo efecto jurídico sobre el territorio de la otra parte de dicho acuerdo. De este modo, la situación de este territorio está regida únicamente por las disposiciones adoptadas por esta otra parte, en el ejercicio de su competencia soberana, y, por otro lado, los efectos que este acuerdo produce sobre ese territorio tienen como único origen el hecho de que, al decidir ratificar el antedicho acuerdo, la otra parte consistió estar vinculada por éste y se comprometió a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la ejecución de las obligaciones derivadas de éste. Por tanto, la admisibilidad de un recurso de anulación contra la decisión del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo internacional debido a que dicho recurso versa sobre los efectos de este acuerdo internacional en el territorio de la otra parte llevaría al juez de la Unión a excederse de su competencia pronunciándose sobre la legalidad, a la luz del Derecho de la Unión, de los derechos u obligaciones resultantes, para un Estado tercero, de un acuerdo al que éste consistió en obligarse libre y soberanamente. Pues bien, en opinión del Consejo esto es precisamente lo que llevó a cabo el Tribunal General en el caso de autos, al hacer que la aplicación del Acuerdo de Liberalización al Sáhara Occidental fuera un requisito previo de la legitimación del Frente Polisario. Por último, el Consejo subraya que el hecho de que el Sáhara Occidental sea un «territorio en disputa» en Derecho internacional carece de incidencia en el razonamiento seguido por el Tribunal General en el mencionado auto, que suscribe plenamente.
79 Por su lado, la Comisión sostiene que el hecho, evocado en particular en el apartado 87 de la sentencia recurrida, de que el Acuerdo de Liberalización se aplique de facto en determinados supuestos al Sáhara Occidental no puede considerarse ni un elemento del contexto ni una práctica ulteriormente seguida, en el sentido del artículo 31, apartados 2 y 3, letra b), de la Convención de Viena, que justifique interpretar el artículo 94 del Acuerdo de Asociación en el sentido de que ambos acuerdos se apliquen a este territorio no autónomo. Afirma además que, aunque no se incluyó ninguna cláusula que excluyera expresamente al Sáhara Occidental de su ámbito de aplicación, habida cuenta de la falta de acuerdo entre la Unión y el Reino de Marruecos en cuanto al estatuto de este territorio no autónomo, evocada por el Tribunal General en el apartado 100 de la sentencia recurrida, esta circunstancia no permite considerar que dichos acuerdos se aplican al mencionado territorio, teniendo en cuenta el artículo 31, apartado 3, letra c), de la Convención de Viena, el principio de efecto relativo de los tratados, codificado en el artículo 34 de dicha Convención y recordado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 25 de febrero de 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91), el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, recordado en numerosas ocasiones por la Unión en sus posiciones sobre esta cuestión, y la práctica internacional pertinente en materia de aplicación territorial de los tratados.
82 Las posiciones del Consejo y de la Comisión ante el Tribunal de Justicia convergen, en definitiva, desde el momento en que dicha conclusión del Tribunal General se halla en el núcleo mismo de las alegaciones respectivas de ambas instituciones. En efecto, la Comisión alega que el Acuerdo de Liberalización no podía interpretarse en el sentido de que era jurídicamente aplicable al territorio del Sáhara Occidental. El Consejo, por su lado, sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al pronunciarse acerca de la legalidad de los derechos o de las obligaciones resultantes para la otra parte de este Acuerdo, al que consistió libre y soberanamente en obligarse. Pues bien, el análisis de este error de Derecho alegado entraña, en cualquier caso, que se examine con carácter previo el fundamento de la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el apartado 103 de la sentencia recurrida en cuanto a la aplicación del Acuerdo de Liberalización al territorio del Sáhara Occidental. En efecto, en caso de que no se aplique, los posibles derechos y obligaciones de la otra parte del Acuerdo en lo que atañe a este territorio no pueden verse afectados.
84 A este respecto, en primer lugar, en lo que atañe al apartado 101 de la sentencia recurrida, debe observarse que el Tribunal General interpretó el ámbito de aplicación territorial del Acuerdo de Liberalización a la luz del artículo 94 del Acuerdo de Asociación, a cuyo tenor este Acuerdo se aplica «al territorio del Reino de Marruecos». Más concretamente, el Tribunal General expuso que las autoridades marroquíes podían entender la referencia al Reino de Marruecos que figura en dicho artículo en el sentido de que incluye el Sáhara Occidental, y que, aunque el Consejo y la Comisión eran conscientes de tal posición, el Acuerdo de Asociación no incluía ninguna cláusula interpretativa ni ninguna otra disposición que tuviera como consecuencia excluir este territorio de su ámbito de aplicación.
85 Al hacer esto, el Tribunal General consideró que, habida cuenta, en primer lugar, de la posición del Reino de Marruecos, según la cual el Sáhara Occidental formaba parte de su territorio, en segundo lugar, del hecho de que el Consejo y la Comisión eran conscientes de esta posición en el momento de la firma del Acuerdo de Asociación, y, en tercer lugar, de la inexistencia de cláusulas que excluyeran al Sáhara Occidental del ámbito de aplicación territorial de dicho Acuerdo, debía considerarse que las partes del Acuerdo de Asociación se habían puesto tácitamente de acuerdo para interpretar la expresión «territorio del Reino de Marruecos», que figura en el artículo 94 de aquél, en el sentido de que ese artículo incluía también dicho territorio.
86 Pues bien, debe ponerse de manifiesto que, para poder extraer consecuencias jurídicas correctas de la inexistencia de cláusulas que excluyeran al Sáhara Occidental del ámbito de aplicación territorial del Acuerdo de Asociación, en el marco de interpretación de este Acuerdo, el Tribunal General estaba obligado a respetar no sólo las reglas de interpretación de buena fe enunciadas en el artículo 31, apartado 1, de la Convención de Viena, sino también la establecida en el apartado 3, letra c), de dicho artículo, con arreglo a la cual la interpretación de un tratado debe efectuarse teniendo en cuenta toda regla pertinente de Derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes de este tratado (sentencia de 25 de febrero de 2010, Brita, C-386/08, EU:C:2010:91, apartado 43; véase también, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C-402/05 P y C-415/05 P, EU:C:2008:461, apartado 291 y jurisprudencia citada).
88 A este respecto, procede señalar, antes de nada, que, como señaló la Corte Internacional de Justicia en los apartados 54 a 56 de su dictamen consultivo sobre el Sáhara Occidental, el principio consuetudinario de autodeterminación recordado, en particular, en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas es un principio de Derecho internacional aplicable a todos los territorios no autónomos y a todos los pueblos que no hayan accedido aún a la independencia. Además, es un derecho invocable erga omnes y uno de los principios esenciales del Derecho internacional [Timor occidental (Portugal c. Australia), sentencia, CIJ Recueil 1995, p. 90, apartado 29 y jurisprudencia citada].
95 Así, se desprende de dicha norma, situada en la perspectiva de la interpretación del artículo 94 del Acuerdo de Asociación, que un tratado vincula, por regla general, a un Estado, siguiendo el sentido ordinario que ha de darse al término «territorio», combinado con el adjetivo posesivo «su» que le precede, respecto del espacio geográfico en el que dicho Estado ejerce la plenitud de sus competencias reconocidas a las entidades soberanas por el Derecho internacional, con exclusión de cualquier otro territorio, como un territorio que puede encontrarse bajo la única jurisdicción de un Estado o de cuyas relaciones internacionales es responsable sólo un dicho Estado.
96 Sobre este particular, y como alegó acertadamente la Comisión, se deduce de la práctica internacional que, cuando un tratado está destinado a aplicarse no sólo en territorio de un Estado, sino también más allá de él, este tratado lo prevé expresamente, ya se trate de un territorio que se encuentra «bajo [la] jurisdicción» de este Estado, como enuncia por ejemplo el artículo 2, apartado 1, de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, ya de un territorio «de cuyas relaciones internacionales es responsable [dicho Estado]», como estipula por ejemplo el artículo 56, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950.
100 Por último, cabe subrayar que, en virtud del principio de Derecho internacional general de efecto relativo de los tratados, del que la regla que figura en el artículo 34 de la Convención de Viena constituye una expresión concreta, los tratados no deben perjudicar ni beneficiar a terceros sin su consentimiento (véase la sentencia de 25 de febrero de 2010, Brita, C-386/08, EU:C:2010:91, apartados 44 y 52).
101 En el caso de autos, como se ha recordado en el apartado 75 de la presente sentencia, el Tribunal General declaró, en esencia en los apartados 95 a 97 de la sentencia recurrida, que dicho principio no era pertinente a efectos del examen del recurso del que debía conocer, a diferencia de lo que declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 25 de febrero de 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91), ya que las circunstancias particulares del presente recurso se distinguían de las que caracterizaban el asunto que dio lugar a esta última sentencia.
102 Más concretamente, el Tribunal General señaló, en los apartados 96 y 97 de la sentencia recurrida, que la Unión no había celebrado ningún acuerdo de asociación relativo a los productos originarios del Sáhara Occidental distinto del que la vincula con el Reino de Marruecos, mientras que, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 25 de febrero de 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91), aquélla había celebrado un acuerdo de asociación no sólo con el Estado de Israel, sino también con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), actuando por cuenta de la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza.
105 Más concretamente, a este respecto, la Corte Internacional de Justicia subrayó en su opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental que la población de este territorio disfrutaba, en virtud del Derecho internacional general, del derecho a la autodeterminación, como se ha expuesto en los apartados 90 y 91 de la presente sentencia, debiéndose tener en cuenta que, por su parte, la Asamblea General de la ONU, en el apartado 7 de su Resolución 34/37 sobre la cuestión del Sáhara Occidental, citada en el apartado 35 de la presente sentencia, recomendó que el Frente Polisario, «representante del pueblo Sáhara Occidental, participe plenamente en toda búsqueda de una solución política justa, duradera y definitiva de la cuestión del Sáhara Occidental», como indicó el Tribunal General en el apartado 14 de la sentencia recurrida y recordó la Comisión ante el Tribunal de Justicia.
106 Habida cuenta de estos datos, debe considerarse que el pueblo del Sáhara Occidental es un «tercero», en el sentido del principio de efecto relativo de los tratados, como señaló el Abogado General en esencia en el punto 105 de sus conclusiones. Como tal, este tercero puede verse afectado por la aplicación del acuerdo de Asociación en caso de que se incluya el territorio del Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación de éste, sin que sea necesario determinar si tal aplicación le perjudicaría, o, por el contrario, le beneficiaría. En efecto, basta con señalar que, tanto en un caso como en otro, esta aplicación debe ser consentida por el tercero. Ahora bien, en el caso de autos, la sentencia recurrida no muestra que el pueblo del Sáhara Occidental haya manifestado su consentimiento.
111 Ahora bien, como se desprende de los apartados 18, 20 y 21 de la sentencia recurrida, el Acuerdo de Liberalización es un acuerdo que tiene por objeto modificar un acuerdo anterior entre la Unión y el Reino de Marruecos, a saber, el Acuerdo de Asociación, y, más concretamente, las disposiciones previstas por dicho acuerdo anterior en materia de liberalización de los intercambios de productos de la agricultura y de la pesca. A tal efecto, como se deduce de los mismos apartados de la sentencia recurrida, el Acuerdo de Liberalización modificó cuatro de los 96 artículos del Acuerdo de Asociación, entre los que no figura el artículo 94 de éste, y sustituyó tres de los cinco protocolos anejos. Estas modificaciones revisten carácter exhaustivo, como confirma el canje de notas entre la Unión y el Reino de Marruecos, forma en la que se celebró el Acuerdo de Liberalización.
113 Habida cuenta de tal vínculo especial, que no ha sido negado ante el Tribunal de Justicia, procede estimar, con arreglo a la norma codificada en al artículo 30, apartado 2, de la Convención de Viena, que las disposiciones del Acuerdo de Asociación que no han sido modificadas explícitamente por el Acuerdo de Liberalización deben prevalecer a efectos de su aplicación, para prevenir cualquier incompatibilidad entre ellos.
118 Las observaciones y apreciaciones llevadas a cabo por el Tribunal General en los mencionados apartados dejan traslucir, ante todo, que el Consejo y la Comisión eran conscientes, al celebrar el Acuerdo de Liberalización, del hecho de que las autoridades marroquíes aplicaban las disposiciones del Acuerdo de Asociación al Sáhara Occidental desde muchos años antes, a continuación, que ninguna de estas instituciones se opuso nunca a esta aplicación y la Comisión cooperó con ella en cierta medida, y, por último, que el régimen de preferencias arancelarias establecido por el Acuerdo de Asociación y modificado por el Acuerdo de Liberalización se aplica de facto en algunas circunstancias a los productos originarios del Sáhara Occidental tras la celebración del segundo de estos acuerdos, como recordaron el Consejo y la Comisión en sus escritos procesales y en la vista.
120 A este respecto, es necesario poner de manifiesto que, con arreglo al artículo 31, apartado 3, letra b), de la Convención de Viena debe tenerse en cuenta, en particular para los efectos de la interpretación de un tratado, y juntamente con el contexto de éste, toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado.
124 Ahora bien, esta ejecución sería necesariamente irreconciliable con el principio de ejecución de los tratados de buena fe, que constituye un principio obligatorio de Derecho internacional general que se aplica únicamente a los sujetos de Derecho internacional que son parte contratante de un tratado (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 1998, Racke, C-162/96, EU:C:1998:293, apartado 49, y de 23 de enero de 2014, Manzi y Compagnia Naviera Orchestra, C-537/11, EU:C:2014:19, apartado 38).
135 En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este último decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado, y resuelva definitivamente el litigio.
139 En el caso de autos, el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa y la República Portuguesa, y la Comisión, parte coadyuvante en primera instancia, cargarán con sus propias costas.
1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 10 de diciembre de 2015, Frente Polisario/Consejo (T-512/12, EU:T:2015:953).
4) El Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República Portuguesa, la Comisión Europea y la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (Comader) cargarán con sus propias costas.
*. Lengua de procedimiento: francés. [Volver]