Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-393-de-junio-26-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_1237bfad8d410278e0530a0101510278&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-19 13:37:42
Document Index: 54705573

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 17', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 13', 'artículo 310', 'artículo 42', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 310', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 310', 'artículo 310', 'artículo 95', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 4']

﻿ Sentencia T-393 de junio 26 de 2014
SENTENCIA T-393 DE 26 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN ARAS DEL CONTROL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NO PUEDE ANTEPONERSE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, EL DECRETO 2762 DE 1991 POR EL MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, SEÑALA EN SU ARTÍCULO 17, LITERAL B.) QUE EN EL CASO DE TENER UN VÍNCULO FAMILIAR HASTA DE SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD, CON UN RESIDENTE DE LAS ISLAS, SU PERMANENCIA PODRÁ SER HASTA DE SEIS MESES CONTINUOS O DISCONTINUOS EN EL AÑO, CON LO CUAL SE VULNERA LOS DERECHOS DE UN ADULTO MAYOR, QUIEN TIENE SU ÚNICA FAMILIA EN LA ISLA, QUE ES LA ENCARGADA DE RESPONDER ECONÓMICAMENTE, Y QUIEN ADEMÁS TIENE LA CAPACIDAD Y LA DISPOSICIÓN PARA PROPORCIONARLE EL CUIDADO QUE REQUIERE EN RAZÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN SU CONDICIÓN DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD, LO QUE SE VE AFECTADO POR CUENTA DE LA DECISIÓN DE LA OFICINA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA (OCCRE) DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, ANTE LA NEGATIVA DE PERMITIR LA ESTADÍA EN LA ISLA, SE REALIZA UNA PONDERACIÓN DE INTERESES, CON LA CUAL SE CONCLUYE QUE LA ESTADÍA NO GENERA UNA PUERTA DE ENTRADA A LA ISLA, Y NO CAUSA PERJUICIOS IRREMEDIABLES, SE APLICA LA FIGURA DE EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN ARAS DE PROTEGER EL NÚCLEO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR, AMPARADA CONSTITUCIONALMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, PROTECCIÓN A LA TERCERA EDAD, RÉGIMEN ESPECIAL DE SAN ANDRÉS, RESIDENCIA, EXCEPCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD, UNIDAD FAMILIAR, DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR, CAMBIO DE RESIDENCIA
Sentencia T-393 de junio 26 de 2014
Ref.: Expediente T-3.659.732
Bogotá D.C., veintiséis de junio de dos mil catorce.
Señala la agente oficiosa, nacida en Medellín pero residente en la Isla de Providencia, que su padre Rodrigo Rengifo Ardila, de 77 años de edad (a la fecha de presentar la tutela) vivía en la ciudad de Medellín y que su cuidado estaba a cargo de su hermana Marlén Rengifo Ardila, quien en el año 2010 sufrió un infarto cerebral, con secuelas que dificultan su movimiento y su comunicación, de manera que no puede procurar su autocuidado y requiere de acompañamiento permanente;(1) por tal razón, ya no está en condiciones de cuidar del señor Rodrigo Rengifo Ardila.
Debido al deterioro del estado de salud de la señora Marlén Rengifo Ardila, la accionante decidió trasladarse a Medellín para regresar a la Isla de Providencia en compañía de su padre, de manera que pudiera encargarse de su cuidado. Indicó en la demanda que “es la única persona que podía hacerse cargo de él soy yo como su única hija y con la edad que tiene no podía dejarlo desamparado (sic)”(2) En consecuencia, el señor Rodrigo Rengifo Ardila ingresó a la Isla de Providencia el 26 de febrero de 2012 en compañía de Claudia Patricia Rojas.
Una vez allí, informó a la Oficina de Control y Residencia de la Isla de Providencia (OCCRE), mediante comunicación del 22 de marzo de 2012, sobre la situación en la que se encontraba el señor Rodrigo Rengifo Ardila, afirmando ser hija única e indicando que “es un hombre pacífico y goza de buena salud y me hago responsable por su estadía en la Isla él es una compañía para la familia y sin problemas para la sociedad (sic)”(3).
iii. Por último, la OCCRE de Providencia advirtió a la agente oficiosa las consecuencia que podrían derivarse del incumplimiento de las normas del Decreto 2762 de 1991: “Artículos 18 del Decreto 2762 de 1991: Se encuentran en situación irregular las personas que: b) Permanezcan dentro del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por fuera del término que les ha sido autorizado. artículo 19 del Decreto 2762 de 1991: Las personas que se encuentren en situación irregular serán devueltas a su lugar de origen y deberán pagar una multa hasta de veinte salarios mínimos legales mensuales. artículo 18 del Decreto 2171 de 2001 señala: Quienes siendo residentes permanentes en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con los artículos 1º y 2º del Decreto 2762 de 1991, encubran o presten su concurso para la violación de las disposiciones sobre residencia o control poblacional, se harán acreedores a las sanciones previstas en el artículo 13 del Decreto 2762 de 1991”(4).
Posteriormente mediante comunicación del 22 de mayo de 2012 la señora Claudia Patricia Rojas insistió en su petición ante la OCCRE de Providencia y señaló lo siguiente: “no puedo en seis meses enviarlo [al padre] de paseo porque él no tiene a donde llegar y en este momento estoy pagando intereses de gastos que me dejó el viaje que tuve que ir a buscarlo a la ciudad de Medellín... mi papá no es carga para nadie yo soy responsable de mi padre (sic)”(5).
Luego, en oficio del 24 de mayo de 2012, la oficina de control y residencia de la Isla de Providencia (OCCRE) reiteró lo señalado en la comunicación del 4 de mayo e indicó que la actuación de la entidad encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 310 constitucional, en el artículo 42 transitorio de la Carta Política y en el Decreto 2762 de 1991. Por lo anterior, la OCCRE concluye que “mediante estos escritos estamos siendo consecuentes con las normas especiales del departamento Archipiélago, y le estamos previniendo para que usted y su padre no incurran en la violación de estas normas”(6).
La gobernación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina contestó por medio del director administrativo de la OCCRE, en el sentido de solicitar que sean desestimadas las pretensiones de la presente acción de tutela por las siguientes razones(7): (i) en primer lugar, la respuesta de la OCCRE da cuenta de la reducida extensión del Archipiélago y del problema de sobrepoblación que se presenta actualmente por tener que albergar a más de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado en el sector urbano; (ii) de otro lado, aduce que la Isla cuenta con “ecosistemas impares, frágiles y vulnerables a diversos peligros ambientales que se acentúan por la presión o demanda de la población que arribó en masa de las distintas regiones del país y otros del exterior ocasionando la más alta densidad poblacional del país y de las islas del caribe”.; (iii) por lo anterior, indica, el constituyente contempló en los artículos 310 y 42 transitorio la necesidad de una legislación especial para el Departamento Archipiélago “en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico”, lo cual llevó a la expedición de la Ley 47 de 1993 y del Decreto 2762 de 1991; (iv) advierte asimismo el director administrativo de la OCCRE en su contestación de la acción de tutela que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-530 de 1993, declaró exequible el mencionado Decreto 2762 de 1991, encontrando ajustada a la Constitución Política la posibilidad de restringir los derechos ciudadanos a ingresar, circular, residir, estudiar, trabajar y ser elegidos dentro del Departamento Archipiélago, en atención al riesgo del incremento poblacional en el mismo; (v) luego de recordar las normas del Decreto 2762 de 1991 relativas al derecho a permanecer en el Archipiélago, señala la accionada que el señor Rodrigo Rengifo Ardila “no cumple con los requisitos” en él establecidos para “demostrar su permanencia en el territorio insular y, por ende su permanencia en el vecino municipio de Providencia solo podrá extenderse hasta el día 26 de agosto de 2012, de conformidad a lo señalado en el artículo 17 del mencionado decreto, como lo anotó en su oportunidad el coordinador de la OCCRE en Providencia”; (vi) Por último, concluye la accionada que “en ningún momento se le ha vulnerado el derecho que alega la señora Claudia Patricia Rojas, ya que la Oficina de Control Poblacional le informó en su oportunidad a la administrada del término que dispone el señor Rengifo Ardila para permanecer de manera legal en el Territorio Insular, de conformidad con lo descrito en el artículo 17 del Decreto 2762 de 1991”(8).
3. Sentencia de única instancia.
“En el presente caso, dadas las condiciones particulares de este Departamento Archipiélago, su escasa dimensión geográfica y el número cada vez más creciente de habitantes, motivaron al constituyente a permitir la regulación y control de la población en estas islas, lo que así se plasmó en el artículo 310 de la Constitución Nacional, que tuvo desarrollo en el Decreto 2762 de 1991, en cuyo articulado descansa la filosofía de limitar la residencia y la circulación de las personas”(9).
Adicionalmente, el juzgado de instancia afirmó que la accionante no demostró, ni en el intercambio de comunicaciones con la OCCRE de Providencia, ni ante ese despacho judicial, ningún grado de consanguinidad con el agenciado Rodrigo Rengifo Ardila. Por lo anterior, concluye el a quo que no sólo no procede la acción de tutela en el caso examinado sino que la decisión de la OCCRE de Providencia de permitir la permanencia del señor Rengifo Ardila por un período de seis meses no tenía fundamento alguno conforme a lo previsto en el artículo 17 del Decreto 2762 de 1991, ante la ausencia de una prueba de la relación de consanguinidad alegada por la agente oficiosa:
“... al respecto es menester agregar al presente, que dicha aplicación [aplicar el literal B) del parágrafo del artículo 17 del mencionado decreto] no se ajusta a la realidad de las normas contempladas en el Decreto 2762 de 1991, debido a que la accionante no ha demostrado con documento idóneo ‘registro civil de nacimiento’, ni ante la oficina de control de circulación y residencia OCCRE ni ante el juzgado, ningún grado de consanguinidad con el señor Rodrigo Rengifo, pues en su cedula figura como Claudia Patricia Rojas”.
4. Actuaciones surtidas ante la Corte Constitucional.
De otro lado, mediante auto de febrero 12 de 2013 la Sala ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Registraduría Departamental del Estado Civil de Antioquia, a la Notaría Novena del Circulo Notarial de Medellín y a la agente oficiosa, que aportaran copia del registro civil de la señora Claudia Patricia Rojas.
En respuesta al oficio de la Corte Constitucional, la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo llegar a esta corporación copia del registro civil de nacimiento de Claudia Patricia Rojas, en la cual consta el nombre de la madre, Martha Inés Rojas Castrillón, pero no el del padre de la misma(10).
5. Material probatorio obrante en el expediente.
• Comunicación de la agente oficiosa dirigida a la OCCRE de Providencia informando acerca de las razones por las cuales su padre se encuentra en la Isla(11).
• Oficios de la OCCRE de Providencia dirigidas a Claudia Patricia Rojas de mayo 4 y 24 de mayo de 2012, indicando que el señor Rodrigo Rengifo Ardila podría permanecer en la Isla hasta el 26 de agosto de 2012(12).
• Partida de bautismo de la señora Claudia Patricia Rojas, en la cual aparecen como padres de la misma Rodrigo Rengifo y Martha Inés Rojas(13).
• Copia del itinerario de viaje del señor Rodrigo Rengifo Ardila y Claudia Patricia Rojas desde Medellín a San Andrés del 26 de febrero de 2012(14).
• Tarjeta de turismo que da cuenta del ingreso del Señor Rodrigo Rengifo Ardila al Archipiélago de San Andrés el día 26 de febrero de 2012.
• Informes médicos relativos al estado de salud de la señora Marlén Rengifo Ardila luego del accidente cerebro vascular que sufrió(15).
• Copia de la declaración jurada rendida por la señora Claudia Patricia Rojas ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Providencia Isla, el 10 de agosto de 2012(16).
• Documento de identificación, cédula de ciudadanía, del señor Rodrigo Rengifo Ardila(17).
• Documento de identificación, cedula de ciudadanía, a nombre de Claudia Patricia Rojas(18).
• Carnet de afiliación al Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales, Sisben, a nombre de Claudia Patricia Rojas Rengifo(19).
• Carnet de Residente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a nombre de Claudia Patricia Rojas(20).
• Análisis de movimientos del sistema OCCRE+PACK de Rodrigo Rengifo Ardila.
• Registro Civil de Nacimiento de la señora Claudia Patricia Rojas, en el cual aparece el nombre de la madre, Martha Inés Rojas Castrillón, pero no el del padre(21).
3. Razonabilidad de la limitación de los derechos de circulación y residencia en aras del control de la densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
“ART. 310.—El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se regirán, además de las normas previstas en la Constitución y las leyes para los otros departamentos, por las normas especiales que en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico establezca el legislador.
Mediante la creación de los municipios a que hubiere lugar, la asamblea departamental garantizará la expresión institucional de las comunidades raizales de San Andrés. El municipio de Providencia tendrá en las rentas departamentales una participación no inferior del 20% del valor total de dichas rentas”. (resaltado fuera de texto)
“ART. 17.—Las personas que viajen en calidad de turistas al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, solo podrán permanecer en el territorio por un lapso de cuatro meses continuos o discontinuos, al año.
PAR.—Podrán permanecer por un lapso de hasta seis meses los turistas que se encuentren en una de las siguientes situaciones:
“Por todo lo expuesto observa la Corte que los altos fines perseguidos por la Constitución y desarrollados por la norma sub examine —la triple protección de la supervivencia humana, raizal y ambiental—, confrontados con los medios empleados para ello en el decreto —limitaciones para ingresar, circular, residir, trabajar, elegir y ser elegido en las Islas—, existe una total adecuación de estos a aquéllos, toda vez que los medios no son tan gravosos, desproporciónales, irracionales o irrazonables que desnaturalicen los derechos que el artículo 310 de la Carta autoriza limitar en normas especiales.
Ello por cuanto la Carta en forma expresa dispuso en el artículo 310 que mediante un régimen especial podrán disponerse medios que limiten ciertamente los derechos —como los previstos en el decreto— pero que no sacrifiquen el núcleo esencialde los mismos(22).
Por esta vía pues cohabitan los derechos protegidos por la norma —la vida—, con los derechos parcialmente limitados (...).
La primera oportunidad en la cual la Corte Constitucional se encontró ante una tensión (aunque aparente en esas circunstancias) entre el régimen de control poblacional del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la protección de la unidad familiar, fue en el caso que se resolvió mediante la Sentencia T-441 de 1995. En ese asunto este tribunal comprobó que la madre de las menores que presentaron la acción de tutela, con el fin de lograr que la Oficina de Control de Circulación y Residencia del Departamento de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina les permitiera terminar el año escolar en el Archipiélago y permanecer al lado de su progenitora, estaba utilizando esta situación como excusa para continuar de forma irregular en la Isla, a la que ingresaron como turistas. En efecto, la Corte concluyó en esa oportunidad que la madre había abusado de la condescendencia de las autoridades del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quienes ya les habían permitido permanecer en el Archipiélago por un período superior al previsto en el Decreto 2762 de 1991, con el fin de lograr que las menores terminaron el año escolar que adelantaban en la Isla. Así, la Corte encontró probado que una vez concluido ese término, la madre había matriculado de nuevo a sus hijas en un colegio, y luego las menores reclamaron mediante tutela que se les permitieran continuar en el Archipiélago para continuar con su proceso formativo en la Isla, al lado de su progenitora:
“No existe en el expediente prueba alguna que permita afirmar que la oficina de control de circulación y residencia haya violado o amenazado los derechos fundamentales de la actora y su hermana. Antes bien, el acervo probatorio claramente indica que fue el comportamiento ilegal e injustificado de la madre de las menores, el que las puso en la situación de sufrir el perjuicio de una interrupción abrupta de sus estudios. Así, la acción de tutela no es procedente, aun siendo invocada por una menor para la protección de sus derechos prevalentes, cuando la amenaza contra los mismos se deriva directamente de la situación irregular en la que su madre insiste en mantenerla. En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se revocarán las decisiones de instancia, pues esta Corte encuentra que la oficina demandada ni violó ni amenazó los derechos de la actora.
Esas mismas pruebas dan fe de que la señora Silva de Riquett viene irrespetando los derechos de la comunidad raizal que la ha tratado solidariamente; también dan cuenta esos medios de que la dicha señora insiste en abusar de los propios derechos, con lo cual claramente sigue violando el deber ciudadano consagrado en el numeral 1 del artículo 95 de la Constitución. Además, existen varios indicios de que la dicha señora está usando a sus hijas para, de manera consciente, violar la ley. La buena fe que debe presidir sus relaciones con las autoridades (C.N. art. 83), y que éstas han honrado, no rige el comportamiento de la coadyuvante en esta causa. Así, dando aplicación al inciso tercero del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, en la parte resolutiva de esta sentencia se condenará a la representante de la actora y coadyuvante en el presente proceso, al pago de las costas ocasionadas por el mismo”.
De otro lado, esta corporación también ha resuelto casos acerca de la posibilidad de conceder la permanencia en el Archipiélago a una persona, en razón de su condición de compañero permanente de un residente en la Isla del mismo sexo, mediante la aplicación de lo previsto en los artículos 3º a) y 7º c) del Decreto 2762 de 1991. Un caso de este tipo fue resuelto por esta corporación en la Sentencia T-725 de 2004. En esa oportunidad, la Corte advirtió, contrario a lo solicitado por los tutelantes, que las normas del Decreto 2762 de 1991, relativas a la preservación de la unidad de la familia conformada por cónyuges y compañeros permanentes, no se hace extensiva a parejas del mismo sexo.
6. Carga probatoria en sede de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
Al respecto, el artículo 3º del Decreto 2591 de 1991 establece como uno de los principios rectores de la acción de tutela “(...) la prevalencia del derecho sustancial (...)”(23). Por este motivo, una de las características de esta acción es su informalidad.
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal(24). Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la autoridad judicial, al momento de analizar los medios probatorios aportados al proceso, pueda —cuando llegue al convencimiento de la verdad procesal— dejar de practicar algunas de las pruebas solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991.
8.(sic) Análisis del caso concreto.
En el caso bajo examen, la ciudadana Claudia Patricia Rojas interpuso acción de tutela como agente oficiosa de su padre el señor Rodrigo Rengifo García, de 77 años de edad, en contra de la gobernación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la oficina de control y residencia de la Isla de Providencia, con ocasión de la decisión adoptada por esta última entidad de negar la permanencia del señor Rengifo García en la Isla por un período superior a seis (6) meses, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 2762 de 1991. Para la agente oficiosa, la decisión de dicha autoridad vulnera el “derecho fundamental a la protección constitucional especial a las personas de la tercera edad”, pues ella se vio en la obligación de trasladar al señor Rengifo García a la Isla, teniendo en cuenta que la persona que cuidaba de él en Medellín sufrió un infarto cerebral y ya no está en condiciones de velar por su bienestar. La agente oficiosa asegura que ella es “la única persona que podía hacerse cargo de él soy yo como su única hija y con la edad que tiene no podía dejarlo desamparado (sic)”(25).
En respuesta a la acción de tutela, la gobernación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina contestó por medio del director administrativo de la OCCRE, en el sentido de solicitar que sean desestimadas las pretensiones de la presente acción de tutela por las siguientes razones(26): (i) en primer lugar, la respuesta de la OCCRE da cuenta de reducida extensión del Archipiélago y del problema de sobrepoblación que se presenta actualmente en él, ante la necesidad de albergar a más de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado en el sector urbano; (ii) de otro lado, manifiesta la demandada que, sumado a lo anterior, la Isla cuenta con “ecosistemas impares, frágiles y vulnerables a diversos peligros ambientales que se acentúan por la presión o demanda de la población que arribó en masa de las distintas regiones del país y otros del exterior ocasionando la más alta densidad poblacional del país y de las islas del caribe”.; (iii) por lo anterior, señala la accionada, el constituyente contempló en los artículos 310 y 42 transitorio la necesidad de una legislación especial para el Departamento Archipiélago “en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico”, lo cual llevó a la expedición de la Ley 47 de 1993 y del Decreto 2762 de 1991; (iv) advierte asimismo el Director Administrativo de la OCCRE en su contestación de la acción de tutela que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-530 de 1993, declaró exequible el mencionado Decreto 2762 de 1991, encontrando ajustada a la Constitución Política la posibilidad de restringir los derechos ciudadanos a ingresar, circular, residir, estudiar, trabajar y ser elegidos dentro del Departamento Archipiélago, en atención al riesgo del incremento poblacional en el mismo; (v) luego de recordar las normas del Decreto 2762 de 1991 relativas al derecho a permanecer en el Archipiélago, señala la accionada que el señor Rodrigo Rengifo Ardila “no cumple con los requisitos” en él establecidos para “demostrar su permanencia en el territorio insular y, por ende su permanencia en el vecino municipio de Providencia solo podrá extenderse hasta el día 26 de agosto de 2012, de conformidad a lo señalado en el artículo 17 del mencionado Decreto, como lo anotó en su oportunidad el Coordinador de la OCCRE en Providencia”; (vi) Por último, concluye la entidad demandada que “en ningún momento se le ha vulnerado el derecho que alega la señora Claudia Patricia Rojas, ya que la Oficina de Control Poblacional le informó en su oportunidad a la administrada del término que dispone el señor Rengifo Ardila para permanecer de manera legal en el Territorio Insular, de conformidad con lo descrito en el artículo 17 del Decreto 2762 de 1991”(27).
De otro lado, mediante auto de febrero 12 de 2013 la Sala ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Registraduría Departamental del Estado Civil de Antioquia, a la Notaria Novena del Circulo Notarial de Medellín y a la agente oficiosa, que aporten copia del registro civil de la señora Claudia Patricia Rojas. En respuesta al oficio de la Corte Constitucional, la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo llegar a esta corporación copia del registro civil de nacimiento de Claudia Patricia Rojas, en la cual consta el nombre de la madre, Martha Inés Rojas Castrillón, pero no el del padre de la misma(28).
Encuentra la Sala que la actuación de las entidades demandadas frente al caso de Claudia Patricia Rojas y Rodrigo Rengifo Ardila, si bien se efectuó de conformidad con lo previsto en el Decreto 2762 de 1991 y de las medidas allí incorporadas con el fin de controlar la densidad poblacional del Departamento Archipiélago, en atención a las especiales circunstancias demográficas, geográficas y ambientales de la Isla, terminó lesionando los derechos de una persona que claramente merece protección constitucional especial. La Sentencia T-413 de 2013 ha indicadoa este respecto “que el principio de solidaridad impone una serie de “deberes fundamentales” al poder público y a la sociedad para la satisfacción plena de los derechos. Dichos deberes se refuerzan cuando se trata de asegurar a las personas de la tercera edad la protección de todas las facetas de sus garantías fundamentales, para ello el constituyente involucró en su consecución a la familia, en primera medida y, subsidiariamente al Estado y la sociedad en su conjunto. A la familia le asiste el deber de garantizar el amparo a los derechos de sus parientes en situación de debilidad manifiesta, como consecuencia de los lazos de consanguinidad, reciprocidad, afecto y solidaridad que se presume que se han formado durante la convivencia de sus miembros, y que obligan a velar por cada uno de sus integrantes. De esta manera, la protección por parte de la familia implica asegurar la integridad de la persona, más allá de la subsistencia mínima, garantizando condiciones de vida dignas. Ante la disminución de las capacidades físicas del adulto mayor y la consecuente dificultad para proveerse por sí mismo la satisfacción de las necesidades mínimas, debe intervenir la familia como sostén para la garantía y protección de todas las dimensiones de sus derechos.
Por las consideraciones expuestas la Corte aplicará la figura de la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4º de la Constitución(29), que faculta a funcionarios judiciales, autoridades administrativas y particulares para inaplicar una determinada norma del ordenamiento porque sus efectos en un caso concreto resultan contrarios a los mandatos constitucionales(30).
(v) Finalmente, la Sala desestima el argumento de la sentencia de instancia y considera que cuando el juez niega la tutela aduciendo la ausencia de una prueba que determine el parentesco entre la accionante y el agenciado, incurre en un auténtico exceso ritual manifiesto(31) defecto que para esta Corte acarrea la violación del derecho fundamental al debido proceso. Una apreciación desmesurada de la prueba faltante cuando el resto de indicios demostraban la condición de hija de la demandante, devino en un exceso de rigor que afectó los derechos de un anciano indefenso que requiere la atención de su hija; la sujeción a la libre apreciación de una prueba, ha dicho la Corte, no puede conducir a una interpretación formalmente restrictiva de la prevalencia de los derechos en juego (T-974/2003).
Asimismo, la protección de las personas de la tercera edad, que corresponde de forma prioritaria a los familiares y allegados de los adultos mayores y solo de forma subsidiaria al Estado, se ve vulnerada luego de la salida del señor Rengifo Ardila de la Isla con destino a Medellín, donde vive solo en una habitación y la ayuda económica no es suficiente porque necesita atención y cuidado de su única pariente cercana como es su hija.
2. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés Islas el 15 de agosto de 2012, dentro de la acción de tutela interpuesta por Claudia Patricia Rojas como agente oficiosa de Rodrigo Rengifo Ardila contra la gobernación del Departamento de San Andrés y la oficina de control y residencia (OCCRE) de la Isla de Providencia, en el sentido de CONCEDER el amparo solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
3. INAPLICAR para este caso concreto el artículo 17 parágrafo b del Decreto 2762 de 1991, que dice ‘Podrán permanecer por un lapso de hasta seis meses los turistas que se encuentren en una de las siguientes situaciones: Tener vínculos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con un residente de las islas’”.
4. ORDENAR a la gobernación del Departamento de San Andrés y la Oficina de Control y Residencia (OCCRE) de la Isla de Providencia, que tome las medidas necesarias para establecer la residencia del señor Rodrigo Rengifo Ardila de manera definitiva en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
(1) Folio 17, cuaderno de instancia.
(2) Folio 1, cuaderno de instancia.
(3) Folio 6, cuaderno de instancia.
(4) Folio 11, cuaderno de instancia.
(5) Folio 54, cuaderno de instancia.
(6) Folio 10, cuaderno de instancia.
(7) Folios 39 a 41, cuaderno de instancia.
(8) Folio 40, cuaderno de instancia.
(9) Folio 63, cuaderno de instancia.
(10) Folio 16, cuaderno de la Corte Constitucional.
(11) Folio 6, cuaderno de instancia.
(12) Folios 10 y 11, cuaderno de instancia.
(13) Folio 12, cuaderno de instancia.
(14) Folio 13, cuaderno de instancia.
(15) Folios 13 y 17, cuaderno de instancia.
(16) Folio 35, cuaderno de instancia.
(17) Folios 44 y 49, cuaderno de instancia.
(18) Folio 7, cuaderno de instancia.
(19) Folio 44, cuaderno de instancia.
(20) Folio 9, cuaderno de instancia.
(21) Folio 16, cuaderno de la Corte Constitucional.
(22) Ver sentencias de la Corte Constitucional T-02, T-411, T-426, T-530, T-432, T-612 de 1992; C-014 y C-033 de 1993, entre otras.
(23) El texto de la norma citada es el siguiente: ART. 3º—Principios. El trámite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.
(24) Al respecto, puede consultarse la Sentencia T-744 de 2004.
(25) Folio 1, cuaderno de instancia.
(26) Folios 39 a 41, cuaderno de instancia.
(27) Folio 40, cuaderno de instancia.
(28) Folio 16, cuaderno de la Corte Constitucional.
(29) Constitución Política de 1991, artículo 4º “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
(30) Corte Constitucional, Sentencia C-122 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. S. V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Humberto Antonio Sierra Porto. S. P. V. Mauricio González Cuervo. A.V. María Victoria Calle Correa.
(31) Esta afirmación se basa en que en la Sentencia T-264 de 2009 (pronunciamiento de gran relevancia y ampliamente reiterado) la Corte consideró que una autoridad judicial había incurrido en exceso ritual manifiesto al negar el reconocimiento de una indemnización a la familia de la víctima de un accidente de tránsito en un proceso de responsabilidad civil extracontractual, tomando en cuenta que la demandante y sus hijos ya habían sido reconocidos como parte civil en un proceso penal previo.