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Timestamp: 2020-02-16 19:25:01
Document Index: 183862854

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 49']

﻿ SENTENCIA T-III DE MARZO 18 DE 1993
SENTENCIA T-III DE 18 DE MARZO DE 1993
CONTENIDO:SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO PÚBLICO PERMANENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PERMANENCIA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
Sentencia T-III de marzo 18 de 1993
En todo caso, es indudable, dada su naturaleza de servicio público, que la seguridad social tiene que ser permanente, por lo cual no es admisible su interrupción, y que se habrá de cubrir con arreglo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Si a lo dicho se agrega el carácter obligatorio del servicio, se tiene que, a la luz de la Constitución, el Estado es responsable de garantizar que las entidades de la seguridad social --públicas o particulares-- estén dispuestas en todo momento a brindar atención oportuna y eficaz a sus usuarios. Allí radica uno de los fines esenciales de la actividad que les compete según el artículo 2º de la Carta.
Por la naturaleza misma de las cosas, las eventualidades que afectan o agravan las condiciones de salud de una persona dando lugar a lo que, por tal razón, se denomina "urgencia" no se pueden circunscribir a los días hábiles o de labor administrativa de una entidad de previsión y, por tanto, la atención médica --en su más amplio sentido-- tiene que estar disponible para los afiliados de manera constante, motivo por el cual riñe con la normativa constitucional y atenta contra los más elementales derechos de la persona que la entidad obligada se desentienda de tan trascendental responsabilidad --inherente al concepto y al sentido de la seguridad social-- durante los días festivos o de vacancia, dejando desprotegidos a los trabajadores que pagan precisamente para tener como contraprestación la disponibilidad de acceso permanente e inmediato a los correspondientes servicios. Estos no son dádivas sino verdaderos derechos subjetivos del afiliado.
Se repite que la entidad pública puede contratar con centros privados aquellos servicios que estén fuera de su alcance directo, sobre todo si son de alta especialización o requieren equipos e instalaciones cuyo costo o complejidad exijan apoyo externo, pero aquella debe asumir cuando menos la coordinación y el control permanentes del conjunto de instituciones comprometidas a brindar en concreto la atención que demandan los usuarios, a objeto de que éstos sepan a dónde deben dirigirse con plena certidumbre de ser atendidos sin importar el día ni la hora, particularmente si de casos urgentes se trata.
Así, en el caso que nos ocupa, un centro de urgencias o un médico de turno en las instalaciones de Cajanal en Ibagué habrían podido evitar al petente el penoso tránsito de una a otra unidad asistencial y la consiguiente amenaza a su salud e integridad e inclusive a su vida, afectado como estaba en día festivo por heridas que demandaban atención inmediata.
No debe olvidarse que la seguridad social es principio fundamental estatuido por el propio constituyente en relación con los trabajadores (artículo 53 C. N.) y, por tanto, un derecho inalienable de éstios, tanto si laboran en el sector público, como si sirven al sector privado.
La función genérica del Estado en materia de seguridad social se hace concreta en la responsabilidad que asume por su efectivo y real cubrimiento la entidad pública de previsión a la cual se encuentra afiliado el trabajador. De allí que el Decreto Ley 3135 de 1968 (artículos 14 a 29, entre otros), al enunciar las prestaciones a cargo de tales organismos y al discriminar los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria a que tienen derechos los trabajadores o empleados y sus familias, aludan siempre a "...la respectiva entidad de previsión...", radicando en ella las pertinentes obligaciones que son propias de este servicio público.
Por lo dicho, no es aceptable para esta Corte la interrupción de los servicios de asistencia médica durante los días de vacancia, reconocida por la dirección seccional de la caja (folio 26 del Expediente), ni tampoco las afirmaciones del correspondiente director contenidas en el memorial presentado el 23 de julio de 1992 con el objeto de impugnar la providencia de primera instancia dentro del presente proceso.
“Cuando la Ley 6ª de 1945 dice que (la Caja) "podrá" extender su acción a todas las regiones del país, no quizo (sic) decir que "deberá"; es decir que esté obligada la Caja Nacional a prestar el servicio a los afiliados en su propio lugar de trabajo y si se establecieron seccionales y agencias en todo el país, ha sido para facilitar el acceso de afiliados, pensionados y beneficiarios al servicio médico hospitalario y farmacéutico, pero no porque esté obligada por la ley a tener que prestar todos, absolutamente todos los servicios en las seccionales, así como a construir clínicas u hospitales. Bien lo dice la misma ley de creación, que su domicilio es la ciudad de Bogotá D. E. (sic) y no otra. De allí que cuando en las seccionales no se pueda prestar un determinado servicio, el afiliado, pensionado o beneficiario se remite a la ciudad de Bogotá que es en donde se prestan la mayoría por no decir que la totalidad de los servicios...".
Si se sigue este criterio tendríamos que concluir en que el Estado cumple con las perentorias obligaciones constitucionales en referencia cuando establece una clínica en Santafé de Bogotá, D. C., como si las necesidades de atención médica, quirúrgica y hospitalaria de trabajadores que laboran en toda la Nación pudieran ser cubiertas con la eficiencia y oportunidad requeridas desde la Capital de la República y en un solo centro asistencial. Ello implicaría un centralismo ajeno a los principios que consagran los artículos 1º y 209 de la Carta, entre otros, y una ruptura del principio de igualdad (art. 13 C. N.), además de representar una concepción que esta Corte ha rechazado, según la cual el Estado es un fin en sí mismo (Cfr. Sala Plena, sentencia 479 del 6 de agosto de 1992), pues considera que, por el contrario, su existencia y actividad encuentran fundamento principal en la satisfacción de las necesidades de la persona y de la colectividad.
La seguridad social debe extenderse, en condiciones dignas y razonables, a todo el territorio nacional, pues la Constitución la garantiza como derecho irrenunciable de "...todos los habitantes...". De allí que el artículo 48 ordene al Estado, con la participación de los particulares, ampliar progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.
En consecuencia, la Caja Nacional de Previsión no puede excusarse por la deficiente prestación de los servicios de seguridad social a su cargo en la determinación que la ley haya hecho sobre su domicilio principal pues éste no indica el ámbito territorial de cobertura de aquellos.
Esa responsabilidad, sin embargo, no es exclusiva del Estado y, por ende, a la luz de la Constitución Política, no quedan excluidas de ella las entidades particulares pues todo derecho cumple en nuestro sistema una función social que implica obligaciones y a las autoridades públicas compete asegurar que se hagan efectivas (artículo 2º, inciso 2, C. N.).
— La Caja Nacional de Previsión --Seccional Tolima-- ha sido negligente en el cumplimiento de su función de asistencia médica en el servicio de urgencias, que debería ser permanente para sus afiliados. A juicio de la Corte no podía la Caja interrumpir durante los días feriados la prestación del enunciado servicio, cuando menos para recibir a quienes eventualmente lo demandaran, de tal manera que en el caso sub-lite hubiera podido brindar los primeros auxilios al petente aunque, por las alegadas carencias en sus instalaciones y equipos, hubiera tenido que remitirlo a otra entidad asistencial, pública o privada.
Ahora bien, aunque —según el estudio que antecede— no está probado que el peticionario acudió a las clínicas Tolima y Minerva ni que le fue negada la atención, tampoco puede concluirse que sean falsas las afirmaciones del actor, razón por la cual, si bien no se concederá la tutela contra los nombrados establecimientos asistenciales, no sobra advertir que, de conformidad con lo estatuido en los preceptos constitucionales objeto de análisis, en la Ley 10 de 1990 (artículo 2º) y en el Decreto 412 de 1992 (artículo 2º), todas las instituciones que ofrezcan servicios de salud, sean públicas o privadas y tengan o no celebrado contrato de asistencia con entidades de previsión social, están obligadas a prestar atención inicial de urgencia, independientemente de la capacidad socioeconómica de los solicitantes y sin condicionar ese servicio a pagos previos ni al cumplimiento de los contratos que eventualmente tengan celebrados con el Estado en materia de seguridad social. Esa obligación es genérica, perentoria e inexcusable, de tal manera que, en el caso de probarse la negativa o renuencia de cualquier institución a cumplirla, se configura grave responsabilidad en su cabeza por atentar contra la vida y la integridad de las personas no atendidas y, claro está, son aplicables no solamente las sanciones que prevé el artículo 49 de la Ley 10 de 1990 sino las penales del caso si se produjesen situaciones susceptibles de ello a la luz de la normatividad correspondiente.
Se revocará la sentencia de segunda instancia y en su lugar se confirmará la proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué por cuanto, a juicio de la Corte, sí cabía la tutela contra la Caja Nacional de Previsión —Seccional Tolima—.
Además, no encuentra esta Corporación justificado que el Tribunal haya resuelto conceder la tutela contra el Hospital Federico Lleras Acosta,. pues no se instauró contra él y, por tanto, no era parte en el proceso y, además, si bien cobró los servicios médicos prestados al paciente, lo atendió en forma oportuna y no está probado que haya puesto como condición para ello la cancelación de la respectiva cuenta.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.
Primero. REVÓCASE la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué —Sala Penal— el veintiséis (26) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992).
Segundo. CONFÍRMARSE, por las razones enunciadas en esta providencia, el fallo pronunciado en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué el diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992), en cuanto concedió la tutela impetrada contra la Caja Nacional de Previsión --Seccional Tolima--, pero SE MODIFICA en los siguientes sentidos:
1. CONDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión --Seccional Tolima-- a asumir en su totalidad el pago de las sumas correspondientes a la atención médica y quirúrgica prestada al demandante o que se le deba prestar en el futuro por causa o con ocasión de los hechos materia del presente proceso.
2. PREVIÉNESE a la Caja Nacional de Previsión --Seccional Tolima-- en el sentido de que su negligencia en la prestación y coordinación de los servicios médico-asistenciales, hospitalarias y quirúrgicos inherentes a la función de seguridad social que le corresponde y que debe atender directamente o por medio de contratos con otras instituciones públicas o privadas, así como la interrupción del servicio públcio que le concierne, constituyen violación de derechos fundamentales de sus afiliados y que si vuelve a incurrir en tales conductas se aplicarán las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991.
(Sentencia T-III de marzo 18 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).