Source: https://es.scribd.com/document/406010230/Contestacion-Assad
Timestamp: 2020-06-03 17:39:17
Document Index: 44754323

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 36', 'artículo 2156', 'artículo 74', 'Artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 882', 'artículo 2536', 'artículo 882', 'artículo 882', 'artículo 90', 'artículo 94', 'artículo 173', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 25', 'artículo 12', 'Artículo 882', 'Artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 94', 'artículo 164', 'artículo 9', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'e contrario', 'artículo 173']

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CONTESTACION DEMANDA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
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Cuándo puede solicitar que se declare prescripción o caducidad de las multas de tránsito
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CARLOS MARIO RUMBO FARFAN Abogado Especialista en Responsabilidad y Seguros Universidad del Norte
SEÑORES JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR ATN. Dr. JESUS ARMANDO ZAMORA SUAREZ
RADICADO: 20001310500220170002400
PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM
ASSAD GUTIERREZ POSEDENTE
CARLOS MARIO RUMBO FARFAN, varón, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 15.186.106 expedida en Urumita (La Guajira) Abogado titulado e inscrito con Tarjeta Profesional Nro. 165587 del C. S. de la Jud., actuando en mi calidad de Apoderado Judicial de La parte DEMANDADA, señor ASSAD GUTIERREZ POSEDENTE, varón, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 5.013.569 expedida en Chiriguaná (Cesar), en su calidad de DEMANDADA o EJECUTADA en el proceso de la referencia, respetuosamente dentro del término legal, mediante el presente escrito procedo a CONTESTAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL, formulada ante su Despacho, por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM mediante Apoderado Judicial, lo cual realizo de la siguiente manera:
II.- EN CUANTO A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS.
Me opongo a las pretensiones, peticiones o declaraciones de la parte actora porque no le asiste el derecho invocado, por carecer éstas de fundamentos facticos y jurídicos, en el sentido que:
2.1.- Mi prohijado ASSAD GUTIERREZ POSEDENTE, recibe la suma de dinero producto de un FALLO JUDICIAL, que si bien es cierto fue revocado por la Honorable Corte Constitucional 1 , ésta no realizó un verdadero juicio jurídico sobre las condiciones que cumplía mi poderdante, para obtener la Pensión Anticipada; otorgándole Pleno reconocimiento a un Documento elaborado por Telecom en donde se manifiesta como requisito para acceder al Plan de Pensión Anticipada, que el Trabajador este cobijado por el Régimen de Transición de la Ley 100 de1.993, olvidando que dicha Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Tenía un Régimen Especial de Pensiones que data desde el Decreto 2661 de 1960, como si lo Realizó la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral 2 en un pronunciamiento más reciente.
2.2.- No se acredita en esta demanda, la carencia de una real fuente de obligaciones que haya causado el derecho pensional del demandado, puesto que la misma tuvo origen en una DECISIÓN JUDICIAL, frente a la cual, no se cuestionó, por parte de la Honorable Corte Constitucional, su legalidad o
1 Sentencia SU -377, Corte Constitucional Magistrada ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), Página 212
2 SL3280-2018 Radicación No. 59400 Acta 26, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, sala de descongestión No.2, Magistrado ponente CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO
Calle 13 No. 15 – 35 Alfonso López Tel. 5724511 Cel. 3173784237 asesoriasrs@hotmail.com Valledupar – Cesar
legitimidad, sino que se limitó a efectuar un examen frente a sus causales de procedibilidad; y a manifestar erradamente que para pensionarse en TELECOM se necesitaba estar cobijado por el Régimen de Transición de la Ley 100 de1.993.
2.3.- La Honorable Corte Constitucional en Sentencia SU- 377 de 2014, y luego mediante AUTO 503 de 2015 3 , no condenó a mi poderdante a reintegrar sumas de dinero que este haya recibido del PAR en cumplimiento de las sentencias de instancia, a pesar de que las mismas eran objeto de revisión por la Corte.
2.4.- La Sentencia Judicial que le otorgo la protección de los derechos
fundamentales a mi poderdante hizo las veces de real fuente de las obligaciones
y goza de presunción de certeza, como manifestación soberana de la obligación del estado de administrar justicia, no puede endilgarle responsabilidad a mi prohijado quien resulto beneficiado con ella. Excepto, que se hubiese demostrado por medios probatorios fehacientes que la misma estuvo revestida de ILEGALIDAD Y MALA FE 4 .
2.5.- Mi poderdante acreditó que, estaba vinculado a TELECOM, cuando se transformó en empresa industrial y comercial del estado; que de acuerdo al artículo 10 del Decreto 1835 de 1994, tienen derecho a que se les apliquen las normas pensionales 5 , prestacionales y las convenciones colectivas vigentes a ese momento, celebradas entre la demandada y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – SITTELECOM -, Sindicato de Industria de Trabajadores de las Telecomunicaciones – ATT-, Asociación Nacional de Profesionales de las Telecomunicaciones – ASITEL, y la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones – USTC- Condición que no fue tenida en cuenta por la Honorable Corte Constitucional para negar el amparo de los derechos fundamentales, por lo tanto no está demostrado que jurídicamente mi procurado haya actuado de MALA FE y realmente.
2.6.- La parte demandada en los quince (15) años de servicios laborales prestados a TELECOM siempre fue informado y conocía que el régimen de
Pensiones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones era el establecido por el Decreto 2661 de 1960, artículos 9°, 10° y 11, que dispone de tres modalidades de pensión a favor de los trabajadores de la extinta TELECOM, a saber: 1) pensión vitalicia: 20 años de servicios continuos o discontinuos y
50 años de edad; 2) pensión por haber laborado 25 años continuos o
discontinuos sin consideración a la edad y 3) pensión vitalicia por haber laborado 20 años de servicios en cargos denominados como excepción, sin consideración a su edad, conforme el Decreto 1835 de 1994., por lo tanto mi poderdante actuó de BUENA FE
Por lo tanto señor Juez Niego el derecho invocado por la parte demandante y solicito se absuelva a mi PODERDANTE de todos y cada uno de los cargos mencionados y pido condenar en costas a la demandante.
3 M.P. María Victoria Calle Correa. 4 Ver Sentencia SU-377 de 2014. Página 212 5 Sentencia CSJ SL, 28 jun. 2001, rad. 15841, que el régimen jurídico aplicable a los trabajadores demandantes, esto es, el DL 3135 de 1968, el DR 1848 de 1969 y la Ley 33 de 1985,
III.- A LOS HECHOS
Los hechos que sirven de fundamento a la demanda los contesto de la siguiente manera:
EL HECHO PRIMERO: ES CIERTO, en cuanto a que TELECOM ofreció un Plan de Pensión de Anticipada. Básicamente, en ofrecer una pensión anticipada a los trabajadores relativamente próximos a pensionarse –proximidad que se determinaba tomando como punto de partida el mes de marzo de 2003- El instructivo que elaboró TELECOM decía que el PPA estaba dirigido: primero, a los trabajadores oficiales cubiertos por alguno de los regímenes especiales de pensión, si además el treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) les faltaban siete (7) años o menos para adquirir la pensión; y segundo, a los trabajadores en cargos de excepción, si al treinta y uno (31) de marzo de dos mil cuatro (2004) tenían “veinte (20) años de servicio a Telecom en uno de esos cargos”. Los regímenes especiales eran tres (3), de acuerdo con el instructivo. Uno permitía pensionarse con veinte (20) años al servicio del Estado y cincuenta (50) años de edad; otro con veinticinco (25) años al servicio del Estado y cualquier edad; y uno más con veinte (20) años en cargos de excepción y cualquier edad. Pero el instructivo aclaraba que la pertenencia a estos grupos no bastaba para ser incluido en el PPA, debido a que era indispensable cumplir con otros requisitos
Por una parte, el trabajador oficial debía estar cubierto por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993; es decir, haber tenido al primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) treinta y cinco años o más de edad en el caso de las mujeres, o cuarenta años o más de edad en el caso de los hombres, o quince (15) años o más de servicio en cualquier caso. Y por otra parte, cualquier aspirante debía haber estado vinculado a la planta de personal de TELECOM al momento de su transformación en Empresa Industrial y Comercial del Estado, lo cual ocurrió el veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992), por virtud del Decreto 2123 de esa misma fecha.
La condición de estar cubierto por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993; es decir, haber tenido al primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) treinta y cinco años o más de edad en el caso de las mujeres, o cuarenta años o más de edad en el caso de los hombres, o quince (15) años o más de servicio en cualquier caso; Creó una vulneración flagrante a los Derechos fundamentales de los trabajadores creando de facto Un nuevo requisito para obtener la PENSION, en TELECOM, desconociendo que el régimen de Pensiones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones era el establecido por el Decreto 2661 de 1960, artículos 9°, 10° y 11, que dispone de tres modalidades de pensión a favor de los trabajadores de la extinta TELECOM, a saber: 1) pensión vitalicia: 20 años de servicios continuos o discontinuos y 50 años de edad; 2) pensión por haber laborado 25 años continuos o discontinuos sin consideración a la edad y 3) pensión vitalicia por haber laborado 20 años de servicios en cargos denominados como excepción 6 .
6 Ver sentencia CSJ SL, 29 jul. 2009, rad. 32771
EL HECHO SEGUNDO: ES CIERTO, Que mi poderdante acreditó que, estaba vinculado a TELECOM, cuando se transformó en empresa industrial y comercial del estado; que de acuerdo al artículo 10 del Decreto 1835 de 1994, tienen derecho a que se les apliquen las normas pensionales, prestacionales y las convenciones colectivas vigentes a ese momento, celebradas entre la demandada y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – SITTELECOM -, Sindicato de Industria de Trabajadores de las Telecomunicaciones – ATT-, Asociación Nacional de Profesionales de las Telecomunicaciones – ASITEL, y la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones – USTC.
Es decir que mi poderdante ingresó a la compañía el dieciséis (16) de octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987), y fue despedido el 01 de febrero de 2006, ya que el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar protegió al actor por su condición de padre cabeza de familia, y ordenó el pago de salarios y prestaciones desde su desvinculación hasta la fecha de liquidación definitiva de Telecom.
EL HECHO TERCERO: ES CIERTO, que no me fue ofrecido el Plan de Pensión Anticipada, porque según el Instructivo Creado por la Directiva de la Empresa, creó de facto un nuevo requisito para obtener la Pensión en TELECOM o crear un nuevo régimen de Pensiones; que La cual es la condición de estar cubierto por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993; es decir, haber tenido al primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) treinta y cinco años o más de edad en el caso de las mujeres, o cuarenta años o más de edad en el caso de los hombres, o quince (15) años o más de servicio en cualquier caso.
Con lo anterior el Instructivo creó una vulneración flagrante a los Derechos fundamentales de los trabajadores desconociendo que para acceder al plan de pensión anticipada, se establecieron como requisitos encontrarse vinculado a la empresa antes del año 1992, fecha en la que se convirtió en empresa industrial y comercial del estado, y tener al año 2013, 13 años o más
en ninguna parte se estableció que se
vinculado como trabajador oficial 7 ;
7 Ver Sentencia CSJ SL-3280-2018, páginas 86,87 y 88. La cual manifiesta que :
i) Además del régimen especial dispuesto en la cláusula 2ª de la Convención Colectiva 1996- 1997 y su adenda aclaratoria, para los trabajadores oficiales de la extinta TELECOM, existía un régimen legal especial, de conformidad con los D 1835 de 1994 y 2661 de 1960, que se aplicaba a quienes se encontraran vinculados a la entidad al momento en que se transformó en empresa industrial y comercial del estado; ii) la adenda aclaratoria de la cláusula 2ª de la convención colectiva, no modificó esos regímenes legales especiales; iii) del Acta n.° 1782 de 2003, se sigue que el plan de pensión anticipada aplicaba para quienes se encontraran en regímenes pensionales especiales .
En efecto, encontró el ad quem, con fundamento en el acta en mención, sobre la que discernió el impugnante en la apelación, que milita a folios 1441 a 1451 del cuaderno n.°5, que dicho plan fue ofrecido por la empresa a quienes pertenecieran a regímenes especiales, entendiendo que se trataba de dos grupos:
[…] los trabajadores amparados por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […] y quienes estuvieran vinculados a la planta de personal de TELECOM al momento de su transformación en empresa industrial y comercial del Estado, según el Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992 […]
Porque, era claro que,
debía cumplir con una edad, los trabajadores contaban con un derecho adquirido sobre la pensión de jubilación, en razón a que habían completado el tiempo de servicios y solo les faltaba cumplir la edad para acceder a esa prestación en 1 de las 3 modalidades establecidas. Estas fueron condiciones que no fueron tenidas en cuenta por la Honorable Corte Constitucional para NEGAR el Amparo deprecado por mi poderdante.
EL HECHO CUARTO: ES CIERTO, que mi poderdante, interpuso mediante Apoderado Judicial el día 19 de agosto de 2009, Acción de Tutela que fue fallada el Dos (2) de Septiembre de 2009, en donde manifestó haberse encontrado vinculado a Telecom al momento de la expedición del Decreto 2123 de 1992, que convirtió a la compañía en Empresa Industrial y Comercial del Estado. Asegura que para cuando se ofreció el plan de pensión anticipada en Telecom estaban a menos de 7 años de acceder a la pensión. No obstante, afirman que Telecom no le ofreció el PPA porque no estaban en el régimen de transición. Esta omisión viola los derechos fundamentales de mi poderdante , y que en virtud del derecho
a la igualdad peticionó que debía ser incluido en el PPA pues en distintos lugares del país ha habido jueces que le han ordenado al PAR reconocerles el beneficio de la pensión anticipada a algunos demandantes en condiciones similares a las suyas. Teniendo como sustento su afirmación, refieren fallos emitidos en Barranquilla, Ayapel, Cereté, Bogotá, Medellín y Montería.
Lo anterior permite concluir que fue mediante una Decisión Judicial, que mi poderdante recibió los dineros que hoy se reclaman mediante la acción de enriquecimiento sin causa establecida en el numeral 882 del Código del Comercio. En ningún momento mi poderdante acudió a la ILEGALIDAD Y MALA FE, lo que quedó demostrado por medios probatorios fehacientes que la actuación del señor ASSAD GUTIERREZ POSEDENTE estuvo revestida de LEGALIDAD y siempre comprendió que su PENSIÓN era regida por el Decreto 2661 de 1960, artículos 9°, 10° y 11, que dispone de tres modalidades de pensión a favor de los trabajadores de la extinta TELECOM, a saber: 1) pensión vitalicia: 20 años de servicios continuos o discontinuos y 50 años de edad; 2) pensión por haber laborado 25 años continuos o discontinuos sin consideración a la edad y 3) pensión vitalicia por haber laborado 20 años de servicios en cargos denominados como excepción.
EL HECHO QUINTO: ME ATENGO A LO QUE SE PRUEBE. Que le cancelaron
a mi mandante la suma de dinero, A través de la Acción de Tutela mencionada,
debido a que los Jueces de la Republica en su sabio entender y aplicándola autonomía e independencia judicial, realizando una valoración de las pruebas conforme a unos criterios objetivos, racionales y rigurosos de acuerdo con las reglas de la sana crítica, los parámetros de la lógica, de la ciencia y de la experiencia; procedieron amparar los derechos fundamentales deprecados a mi poderdante.
Se le olvida al apoderado de la parte demandante que la protección de los derechos fundamentales de las personas cuando son vulnerados por el accionar de las autoridades o empresas del estado son de manera inmediata y que los
[…] en TELECOM existía un régimen especial de transición, reglado por los Decretos 1835 de 1994 y 2661 de 1960, no obstante, lo consagrado en forma expresa en la adenda extraconvencional.
dineros recibidos por mi mandante fueron causados por la vulneración de sus derechos en virtud del derecho a la igualdad por lo cual peticionó que debía ser incluido en el PPA pues en distintos lugares del país ha habido jueces que le han ordenado al PAR reconocerles el beneficio de la pensión anticipada a algunos demandantes en condiciones similares a las suyas. Teniendo como sustento su afirmación, refieren fallos emitidos en Barranquilla, Ayapel, Cereté, Bogotá, Medellín y Montería.
EL HECHO SEXTO: ES CIERTO, que el expediente de TUTELA fue seleccionado por la Honorable Corte Constitucional, para su revisión, quien decidió suspender los efectos mientras tomaba una decision
IV.- EXCEPCIONES
Pido al Señor Juez se sirva declarar probadas las siguientes excepciones a favor de mi Poderdante:
4.1.- EXCEPCIONES PREVIAS
4.1.1.- PRIMERA EXCEPCIÓN.- INDEBIDA REPRESENTACION DEL DEMANDANTE. Quien realiza una solicitud en nombre de otra persona natural o jurídica, debe acreditar la facultad con que lo hace y el juzgador no podrá dar viabilidad al proceso sin el cumplimiento de dicho requisito. En consecuencia, el poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado, constituye un anexo de la demanda y su ausencia, según las normas señaladas, es causal de inadmisión de la misma.
Un poder general, según el artículo 2156 del Código Civil Colombiano, es aquel que se concede para la representación de todos los negocios. En este caso adolece el expediente de la Escritura pública Nº 2852 del 15 de julio de 2016 otorgada en la Notaría Primera del Circuito de Bogotá por la cual la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. FIDUAGRARIA S.A y Sociedad Fiduciaria Popular S.A. FIDUCIAR S.A, integrantes del Consorcio de Remanentes de TELECOM, otorgan poder general amplio y suficiente a favor de la doctora Hilda Terán Calvache, quien aparece otorgando poder especial en este proceso
Es decir en este proceso no está demostrado que a la señora HILDA TEHERAN CALVACHE 8 la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. FIDUAGRARIA S.A y Sociedad Fiduciaria Popular S.A. FIDUCIAR S.A, integrantes del Consorcio de Remanentes de TELECOM, le otorgaron poder especial.
Por lo anterior, quien manifieste actuar en nombre de otra persona, debe probar el mandato judicial conferido, a través del poder expresamente otorgado para el efecto. Además el poder especial carece de lo requerido por el artículo 74 inciso 2 del Código General del Proceso
8 Artículo 26, numeral 4 del CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, modificado por el artículo 14 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: La demanda deberá ir acompañada de los siguientes anexos:
“4. La prueba de la existencia y representación legal, si es una persona jurídica de derecho privado que actúa como demandante o demandado”.
4.1.2.- SEGUNDA EXCEPCION.- INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES.
La acción por enriquecimiento sin causa es una acción subsidiaria a la que puede recurrir el tenedor de un título valor sobre el que ha recaído el fenómeno de la prescripción.
a la ocurrencia de la prescripción cambiaria, el acreedor puede
recurrir a la acción por enriquecimiento sin causa contenida en el artículo 882 del código de comercio, pero esta sólo tendrá éxito si se cumple con ciertos
requisitos que claramente ha enumerado la Corte suprema de justicia en sentencia del 26 de junio de 2008, expediente 00112-01.
“En este orden de ideas, puede reiterarse que el cómputo del término legalmente establecido para adelantar la acción de enriquecimiento cambiario no depende de que el fenómeno de la prescripción o la caducidad haya sido objeto de reconocimiento judicial, pues el ordenamiento jurídico no ha contemplado una exigencia semejante, sino que simplemente basta que cualquiera de ellos haya adquirido plena configuración, en orden a que el interesado tenga la posibilidad de acudir a este remedio excepcional, como mecanismo tendiente a evitar que obtenga firmeza una situación patrimonial desequilibrada e injusta”
Una sentencia judicial ejecutoriada, que se encuentre en firme, y que contenga una obligación clara y expresa, presta mérito ejecutivo o se constituye en título ejecutivo, que por su puesto puede ser afectado por el fenómeno de la prescripción si el derecho en ella consignado no se ejerce.
De conformidad con el artículo 2536 del código civil, la acción ejecutiva que se deriva de una sentencia judicial, prescribe en cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la misma, es decir, que transcurrido este tiempo no podrá ejecutarse al deudor por medio de un proceso en el que se pretenda hacer valer como titulo la sentencia que reconoce cierto derecho.
Sin embargo en materia laboral, la ejecución de la sentencia se puede realizar dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la Sentencia proferida y debidamente ejecutoriada
En el presente caso se configura esta excepción por lo siguiente:
Es cierto que mi representado señor ASSAD GUTIERREZ POSEDENTE, presentó mediante apoderado Judicial Acción de tutela que le fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, mediante fallo del dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009), y en segunda instancia esta decisión fue confirmada parcialmente por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009).
Mediante AUTO adiado el 12 de mayo de 2010, la Honorable Corte Constitucional procedió a la suspensión de los efectos de dicha sentencia, debido a que fue seleccionada para Revisión.
A través de la Sentencia SU- 377 del doce (12) de junio de dos mil catorce
(2014), la Honorable Corte Constitucional Levanto la suspensión de los efectos de las sentencias en revisión entre ellas la de mi mandante, y procedió a NEGAR
el amparo sin manifestar que las pruebas aportadas por mi mandante sean ilícitas susceptibles de imputarse como actuaciones ILEGALES y de MALA FE
De la fecha mencionada hasta la interposición de esta contestación ha transcurrido CUATRO (4) AÑOS, NUEVE (9) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS lo que permite inferir que aún no ha transcurrido el fenómeno de la PRESCRIPCIÓN, para que pueda proceder la ACCION de ENRIQUECIMIENTO
SIN JUSTA CAUSA tal como lo establece el artículo 882 del Código de Comercio,
y las Sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia en especial la
proferida el 26 de junio de 2008, expediente 00112-01.
ACCION.-
Dado caso en que su señoría considere que el termino de inicio de la prescripción de la acción de enriquecimiento sin causa en el presente caso se empiece a contar desde el momento en quedó ejecutoriada la Sentencia de Segunda instancia, proferida por el Juzgado Promiscuo de familia de Lorica (Córdoba), me permito comedidamente manifestarle que dicha acción de Enriquecimiento sin causa prescribe al término de un año, después que haya ocurrido el fenómeno jurídico de la prescripción ejecutiva de la Sentencia Judicial mediante la cual se otorgó el pago de los dineros, así lo establece el artículo 882 del Código de Comercio y diferentes Sentencias de la Corte Suprema de Justicia:
“[s]i el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación (…) fundamental se extinguirá así mismo; no obstante tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año”
… que cuando en el proceso ejecutivo tempestivamente incoado por el tenedor legitimo acaecen circunstancias impredecibles, no controlables por aquel y que conducen a que el termino de prescripción o de la caducidad no se detengan en los términos del artículo 90 del Código de procedimiento Civil y hoy el artículo 94 del Código General de Proceso, el inicio del conteo del término de la acción de enriquecimiento cambiario debe partir de la ejecutoria de la sentencia que declare la prescripción o la caducidad de la acción cambiaria 9 …”
9 Ver sentencia CSJ SC2343-2018 Radicación: 13001-31-03-004-2007-00002-01, LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Por lo tanto dicha acción a estas alturas ya prescribió, porque el acreedor en este caso el PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM, tenía hasta el año 2013 para impetrar dicha acción, siempre y cuando el despacho estime que la fecha de inicio sea el 24 se septiembre de 2009,lo que concluye que dicha acción es extemporánea.
4.1.4.-FALTA DE INTEGRACION DEL LITIS CONSORCIO NECESARIO.- Mi
poderdante solo conocía que en TELECOM existían 3 modalidades para obtener la PENSION, por lo tanto presentó a través de Apoderado Judicial una Acción
de tutela en donde demostró haberse encontrado vinculados a Telecom al
momento de la expedición del D. 2123 de 1992, que convirtió a la compañía en empresa industrial y comercial del Estado. Asegura que para cuando se ofreció
el plan de pensión anticipada en Telecom estaban a menos de 7 años de acceder
a la pensión. No obstante, afirma que Telecom no les ofreció el PPA porque no
estaban en el régimen de transición. Sostiene que esta OMISION viola sus derechos fundamentales, y que en virtud del derecho a la igualdad deben ser incluidos en el PPA pues en distintos lugares del país ha habido jueces que le han ordenado al PAR reconocerles el beneficio de la pensión anticipada a algunos demandantes en condiciones similares a las suyas. Para sustentar su afirmación, refieren fallos emitidos en Barranquilla, Ayapel, Cereté, Bogotá, Medellín y Montería.
Mi poderdante tiene entre 50 y 60 años de edad, y alego ser adulto mayor,
perteneciente a la tercera edad. Con fundamento en esa condición aduce tener
una capacidad laboral agotada, y unos niveles de salud y de vida muy
disminuidos. Por ese motivo, consideran que la pensión pasa a constituirse en
su único sustento económico. Por lo tanto señor Juez se configura esta
excepción porque el Apoderado de mi mandante Doctor JUAN CARLOS DIAZ GOMEZ era el que conocía jurídicamente que se debía realizar además de cobrar los dineros producto los salarios y prestaciones dejados de percibir, con el
incremento salarial y debidamente indexados, desde la fecha de su
desvinculación real y hasta que se les notifique el reconocimiento efectivo de la pensión de jubilación y la inclusión en nómina de pensionados, teniendo en cuenta el promedio de los factores legales y extralegales devengados hasta la fecha de su desvinculación, por lo tanto cobró un dinero, por un mandato que
no se concluyó.
Por todo lo anterior señor Juez se debe convocar a este proceso al Doctor JUAN CARLOS DIAZ GOMEZ, porque de los resultados del proceso, se verá afectado ya que debe responder por la parte cancelada en virtud del mandato concedido por mi poderdante quien puede ser citado en la Carrera 3 No. 28-38 of. 504 teléfono 7826211
4.1.5.- INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS DOCUMENTOS ANUNCIADOS COMO PRUEBAS.- Señor Juez, la presente demanda adolece de
los elementos exigidos por el artículo 173 del Código General del Proceso como
son las pruebas que se pretendan hacer valer y que fueron señaladas en el texto
de la demanda, tal como se dejó constancia por su despacho en el AUTO
admisorio de fecha febrero 16 de 2017.
La presente demanda señor Juez debió ser INADMITIDA tal como lo establece la normatividad vigente, porque hizo falta acompañarla tanto en el cuaderno principal como en el traslado al demandado de las pruebas que se anuncian
tales como Comprobante de nómina de los meses de noviembre de 2009 mayo de 2010 y Sentencia SU - 377 de 2014. Es decir carece de prueba documental respecto al monto del pago recibido por mi poderdante, cuestión fundamental a efectos de cuantificar las pretensiones de la demanda, por lo tanto no cumple con el juramento estimatorio, para fijar la cuantía y así determinar a qué Juez de la Republica le corresponde su estudio.
De manera específica el artículo 25 del C.P.T. y S.S 10 establece los requisitos formales que debe contener una demanda laboral (10 requisitos), y a su vez el artículo 28 ibídem, establece que antes de admitir la demanda, si el juez observa que no reúne los requisitos exigidos por el artículo 25, la devolverá al demandante para que subsane dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le señale.
4.2.- EXCEPCIONES DE MERITO
4.2.1.- BUENA FE EXENTO DE CULPA.- la buena fe es un principio general del derecho, presente en todas las instituciones, figuras y reglas del ordenamiento jurídico.
Por su particular connotación, a no dudarlo, el juez, en su labor aplicativa y hermenéutica del ordenamiento en la solución de los conflictos, debe considerarla en especial, en las relaciones obligatorias y contractuales.
Esta excepción se configura porque la petición en la Acción de Tutela que fue amparada por los Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero (Córdoba), se realizó con base en el conocimiento que tiene mi poderdante sobre las modalidades de PENSION, que se aplicaba a todos los trabajadores de TELECOM. Por lo tanto No Existe un ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA debido a que la Corte Constitucional solo razonó sobre uno de los requisitos que debía cumplir un grupo de trabajadores de TELECOM, en el cual no se encuentra mi prohijado.
4.2.3.- INNOMINADA O GENERICA
10 ARTICULO 25. FORMA Y REQUISITOS DE LA DEMANDA. Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La demanda deberá contener:
2. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer
3. El domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuere
el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la
6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por
10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia. Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo.
Respetuosamente le solicito señor Juez se sirva declarar probadas las demás excepciones que resulten dentro del presente proceso y que usted considere aun cuando no las haya utilizado como razones para demostrar que mi poderdante actuó de manera legítima y que no hay lugar al reintegro de las sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se presumen percibidas de buena fe por el beneficiario de la prestación, al estar fundadas en el cumplimiento de una decisión judicial.
V.- FUNDAMENTOS EN DERECHO y JURISPRUDENCIALES
Invoco como fundamento en derecho los siguientes:
Artículo 882 del Código De Comercio, La entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos-valores de contenido crediticio, por una obligación anterior, valdrá como pago de ésta si no se estipula otra cosa; pero llevará implícita la condición resolutoria del pago, en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera.
Decreto 2661 de 1960, artículos 5°, 9°, 10° y 11
Artículo 5° Son afiliados forzosos de la Caja los trabajadores, tanto obreros como empleados, que presten sus servicios al Ministerio de Comunicaciones, a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, al Servicio de Giros y Especies Postales, y los mismos empleados y obreros de la Caja. Artículo 9° Habrá lugar a la pensión vitalicia de jubilación cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a los cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos.
La pensión será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último año de servicio.
Artículo 10° En caso de que el empleado u obrero haya servido veinticinco (25) años, tendrá derecho a la pensión vitalicia de la jubilación sin consideración a su edad.
Artículo 11° Los operadores de radio y telégrafo, los jefes de oficina de radio y telégrafo, los jefes de Líneas, los Revisores, los Plegadores, los Clasificadores y Mecánicos de las oficinas de radio y telégrafo, tendrán derecho a la pensión de jubilación cuando cumplan veinte (20) años de servicios cualquiera que sea su edad.
Artículo 94 del Código General de Proceso, artículos 2156 y 2536 del Código Civil,
La Prescripción de la Ejecución de Sentencias Judiciales Una sentencia judicial ejecutoriada, que se encuentre en firme, y que contenga una obligación clara y expresa, presta mérito ejecutivo o se constituye en título ejecutivo, que por su puesto puede ser afectado por el fenómeno de la prescripción si el derecho en ella consignado no se ejerce, así que importa saber cuándo prescribe la sentencia judicial.
En los procesos laborales, cuando se dicta una sentencia que reconoce salarios
o prestaciones sociales a favor del trabajador, el proceso ejecutivo podrá
interponerse dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
En materia contenciosa administrativa en cuanto se trata de las prescripción de
la acción ejecutiva, el tema es un poco más complejo en el sentido de que la ley
1437 de 2011, le da cierto plazo a la entidad condenada para que pague y una
vez vencido este plazo es que empieza a correr el termino para poder interponer
el proceso ejecutivo, el cual es de 5 años contados desde la exigibilidad de la
obligación, de conformidad con lo señalado en el artículo 164 literal k, el cual
“cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida;»
Ahora bien, no es solo interponer el proceso ejecutivo y ya, es necesario solicitar todas las medidas cautelares procedentes para que se garantice el
cumplimiento, y ejercer todos los actos que como ejecutantes nos exige el procesos para que este se lleve a término y no sea archivado 11
 En Sentencia T –214 de 2018 la Honorable Corte Constitucional se
pronunció de la siguiente manera:
De ese modo, la posición adoptada por el juez de la causa en la decisión controvertida, resulta concordante con la jurisprudencia constitucional en la materia 12 , en la que se ha sostenido que, en los casos en los que se analice una posible irregularidad en el reconocimiento por vía judicial de prestaciones pensionales, se debe valorar la conducta y posible afectación de los derechos de los implicados en la decisión, de manera que, de encontrarse que no existe de su parte abuso del derecho ni fraude a la ley, no habrá lugar al reintegro de las sumas de dinero ya canceladas, pues se presume que las mismas fueron percibidas de buena fe y conforme al principio de confianza legítima, precisamente, al estar fundadas en un título jurídico derivado de una decisión judicial que produjo sus efectos antes de ser revocada.
Dicho criterio fue aplicado por la Corte, entre otras, en la Sentencia SU-210 de 2017 13 , donde la Corporación se pronunció sobre la acción de tutela promovida contra una decisión del Consejo de Estado, en la cual se había reconocido una pensión de vejez con base en el régimen especial de Congresistas y Magistrados de las altas cortes (Ley 4ª de 1992 y Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994), sin que, conforme a las reglas definidas en la sentencia C-258 de 2013, al beneficiario de la misma le fuera aplicable dicho régimen. En tal pronunciamiento, la Sala, no obstante haber encontrado acreditado que el pensionado no era beneficiario del régimen de transición, dejo en claro que
“no hab[ía] lugar al reintegro de las sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se presumen percibidas de buena fe por el beneficiario de la prestación, al estar fundadas en el cumplimiento de una decisión judicial.” En el mismo fallo, este Tribunal precisó sobre el particular que: “frente a situaciones irregulares como la que se plantea en la presente causa, lo que se cuestiona, en realidad, son las decisiones judiciales que, en desconocimiento del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional, definen las condiciones en las que se
11 Página WEB: www.gerencie.com/ /prescripcion-de-la-accion-ejecutiva-derivada-de-una- sentencia-judicial.html
12 Sobre el punto se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-258 de 2013, SU-427 de 2016 y SU- 210 de 2017. Al respecto en la Sentencia C-258 de 2013, se expresó que, la buena fe y la confianza legítima de haber actuado de conformidad con la normatividad vigente, sin que pueda predicarse abuso del derecho ni fraude a la ley, amparan aquellas situaciones en las que, derivado del reconocimiento de una prestación pensional, hayan ingresado recursos al patrimonio de una persona. La consecuencia de ello es que esta sentencia no puede ser invocada para exigir devoluciones de dinero por concepto de ingresos pensionales. 13 M.P. José Antonio Cepeda Amarís.
reconoce la pensión y el régimen de transición aplicable, y no el derecho de los beneficiarios a la aludida prestación”.
 En Sentencia SL- 3280-2018, manifestó La Honorable Corte Suprema de
Justicia en su Sala de Casación Laboral, en unos caso similares a la situación de mi prohijado que:
el recurrente desconoce el artículo 9° del D 2661 de 1960, en el que se establecen los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, entre ellos, tener 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos, sin que sea necesario que tales requisitos se completen estando vigente la relación laboral; que a la anualidad en que se profirió el plan de pensiones anticipadas, esto es, al 2003, ya tenían un derecho adquirido, pues para tal data cumplían con 20 años de servicios (f.° 139 a 141, ibidem).
Para acceder al plan de pensión anticipada, se establecieron como requisitos encontrarse vinculado a la empresa antes del año 1992, fecha en la que se convirtió en empresa industrial y comercial del estado, y tener al año 2003, 13 años o más vinculado como trabajador oficial; que en ninguna parte se estableció que se debía cumplir con una edad, como mal afirma el recurrente; que los trabajadores contaban con un derecho adquirido sobre la pensión de jubilación, en razón a que habían completado el tiempo de servicios y solo les faltaba cumplir la edad para acceder a esa prestación en 1 de las 3 modalidades establecidas (f.° 141 a 142, ibídem).
(…) El Tribunal fundamentó el reconocimiento a la pensión anticipada en las siguientes premisas: i) Tal y como lo aceptó la demandada en la apelación, mediante Acta n.° 1782 del 28 de febrero de 2003, TELECOM aprobó el plan de pensión anticipada, dirigido a los trabajadores oficiales cobijados por algunos de los regímenes especiales, que les faltaren siete años o menos para cumplir los requisitos para pensionarse al 31 de marzo de 2003, si se trataba de un trabajador de cargo ordinario, y al 31 de marzo de 2004, si era un trabajador de cargo de excepción, ii) si los servidores pertenecen a un régimen especial de pensión extralegal, de conformidad con la adenda a la cláusula segunda de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997, siempre y cuando estuvieran vinculados a la empresa bajo la vigencia del Decreto 2123 de 1992 y se encontraran cobijados al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; iii) la adenda convencional, no modificó los regímenes especiales ni de excepción de los trabajadores vinculados a TELECOM, iv) pertenecen a otro régimen especial de transición, regulado en los D 1835 de 1994 y D 2661 de 1960, quienes estuvieren vinculados a la empresa TELECOM, cuando se transformó empresa industrial y comercial del estado, según lo dispuesto en el
D 2123 de 1992; v) tanto la adenda convencional como los artículos 9º, 10° y 11
del D 2661 de 1960, contemplan tres modalidades de pensión en favor de los trabajadores de la extinta TELECOM, así: a) para quienes tuvieran 20 años de servicios continuos o discontinuos y 50 años de edad; b) para quienes hubiese
prestado 25 años de servicio sin consideración a su edad; y c) en favor de quienes hubiesen prestado 20 años de servicios en cargos de excepción sin consideración
a su edad; vi) no obstante, los señores GONZALO ENRIQUE TRIANA VERGARA,
CARLOS ALBERTO PÉREZ MARTÍNEZ, NÉSTOR JULIO VARELA JIMÉNEZ, IVÁN ALCIDES VÁSQUEZ ACEVEDO, PRISCILIANO ECHEVERRÍA CONSUEGRA, DALIA ELENA ORTIZ MEJÍA, NELSON ENRIQUE OVIEDO JIMÉNEZ, no eran beneficiarios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se encontraban vinculados antes de la transformación de TELECOM en
empresa industrial y comercial del estado; por lo cual, todos cumplían con los requisitos dispuestos en el Acta n.°1782 del 28 de febrero de 2003 y en el D 2661 de 1960, para acceder a la pensión anticipada; vii) el señor GUSTAVO CANDELARIO ESCORCIA ESCORCIA, hacía parte del régimen de transición de la Ley 100, pues, al 1º de abril de 1994, contaba con 47 años, de ahí que también tuviera derecho al reconocimiento de la prestación en mención.
En contraposición, la censura critica la conclusión del ad quem, aduciendo que erró al encontrar demostrado que los demandantes cumplían los requisitos para ser beneficiarios del plan de pensión anticipada, porque ninguno de ellos, al 1º de abril de 1994, había cumplido 40 años de edad, siendo hombres, o 35 años, siendo mujeres; así como tampoco tenían más de 15 años de servicios, es decir, ninguno pertenecía al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, requisito indispensable, que debió colegir el Tribunal, de haber realizado una lectura adecuada de la adenda a la cláusula 2ª de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997 (f. 296 a 329 cuaderno n.° 2), el plan de pensión anticipada y a su instructivo (f.° 93 a 100 del cuaderno n.°1).
Realiza la Corte el anterior parangón entre lo decidido por el Tribunal y lo atacado por la censura, porque de él emerge que el recurrente incurrió en iguales deficiencias técnicas que sirvieron de soporte para desestimar el cargo sexto, pues, en esta oportunidad, como en la anterior, dejó incólume varios de los asertos cardinales de la decisión confutada. En efecto, la estimación de la censura deja libre de juicio de legalidad, las siguientes consideraciones de la misma: i) Además del régimen especial dispuesto en la cláusula 2ª de la Convención Colectiva 1996-1997 y su adenda aclaratoria, para los trabajadores oficiales de la extinta TELECOM, existía un régimen legal especial, de conformidad con los D 1835 de 1994 y 2661 de 1960, que se aplicaba a quienes se encontraran vinculados a la entidad al momento en que se transformó en empresa industrial y comercial del estado; ii) la adenda aclaratoria de la cláusula 2ª de la convención colectiva, no modificó esos regímenes legales especiales; iii) del Acta n.° 1782 de 2003, se sigue que el plan de pensión anticipada aplicaba para quienes se encontraran en regímenes pensionales especiales.
6.1.- DOCUMENTALES APORTADAS: Solicito respetuosamente señor juez que se tenga en cuenta los siguientes documentos aportados con la presente contestación:
6.1.1.- Copia del Registro POSEDENTE.
mi ´poderdante ASSAD GUTIERREZ
6.1.2.- Copia del documento con el tiempo de servicio prestados por mi poderdante expedido por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM
Estas pruebas la consideramos pertinente, procedente y conducente al tenor de los artículos 164, 165, 167 y 168 del Código General del Proceso, porque con ellas se permite obtener la certeza de que mi poderdante no actuó de manera ilegal ni fraudulenta en la obtención del beneficio y no ha existido un enriquecimiento sin causa;.
6.2.- DOCUMENTALES OFICIOSAS: Solicito respetuosamente señor juez, de
conformidad con los artículos 372 y 373 del Código General del proceso, sírvase oficiar con la debida antelación a la Audiencia que ha de realizarse, a las siguientes entidades, para obtener de ellas información que ha de demostrar que
mi poderdante actuó de BUENA FE y que de acuerdo con la Jurisprudencia su
beneficio esta fundado en el cumplimiento de una decisión judicial,
demostrándose que nunca ha existido un enriquecimiento sin causa porque contrario a lo afirmado por la Corte Constitucional, los Jueces tanto de primera como de segunda instancia realizaron una elucubración Jurídica, en la cual concluyeron con apoyo en la sentencia CSJ SL, 28 jun. 2001, rad. 15841, que el régimen jurídico aplicable a los trabajadores de TELECOM, es, el Decreto 2660
de 1961, DL 3135 de 1968, el DR 1848 de 1969 y la Ley 33 de 1985.
6.2.1.- Oficiar al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, para que envíe a su despacho las certificaciones laborales formatos tipo CLEP, pertenecientes a mi poderdante que contengan el tiempo laborado, los salarios y aportes a pensión realizados.
6.2.2.- Oficiar al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, para que
envíe a su despacho copia del ACTA N.° 1782 del 28 de febrero de 2003, mediante la cual la junta directiva de TELECOM, aprobó la pensión anticipada de jubilación “dirigida esencialmente a los trabajadores oficiales […] cobijados por algunos de los regímenes especiales de pensión […]», con las condiciones de que al trabajador le faltaran 7 años o menos para cumplir lo requerido en las pensiones especiales al 31 de marzo de 2003, si se era trabajador ordinario y, si era trabajador en cargos de excepción, que al 31 de diciembre de 2004, cumpliera 20 años de servicio a TELECOM y no tuviera reconocida pensión de jubilación a cargo de Caprecom.
6.3.3.- Oficiar al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, para que envíe a su despacho copia de la Convención Colectiva 1.995-1996 y de la Adenda Convencional firmada por los trabajadores y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, para demostrar que esta última no reformó los regímenes especiales de Pensión vigentes en TELECOM.
6.3.4.- Oficiar al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, para que envíe a su despacho copia de la gestión administrativa realizada para darle
cumplimiento a la sentencia SL- 3280-2018 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en donde se le optorgó plan de pension anticipada a extrabaj
6.3.5.- Oficiar al Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero (Córdoba), para que envíe a su despacho Copia Autentica de todas y cada una de las piezas procesales contentivas del expediente de tutela con radicado No. 2009-00232.
Estas pruebas la consideramos pertinente, procedente y conducente al tenor de los artículos 164, 165, 167 y 168 del Código General del Proceso, porque con ellas se permite obtener la certeza de que mi poderdante no actuó de manera ilegal ni fraudulenta en la obtención del beneficio y no ha existido un enriquecimiento sin causa; pero como se tratan de documentos que reposan en entidades del Estado, y puede existir alguna reserva, por ende no es fácil el acceso directo de mi poderdante (interesados), de ahí que acudamos a esta vía factible al tenor del artículo 173 del estatuto procesal vigente .
6.3.- INTERROGATORIO DE PARTE: Solicito a su despacho citar y hacer comparecer a este juzgado a la Señora HIDA TEHERAN CALVACHE, en su calidad de representante legal del PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM EN LIQUIDACION, quien haga sus veces, la remplace o sea designada por ella con el fin de absolver el interrogatorio de parte que el suscrito formulará en audiencia; quien podrá ser notificado en: Calle 12 C No. 8 -39 piso 7 y 10 Edificio Sabana Royal, Bogotá – D.C.
Señor Juez, con este interrogatorio se busca establecer que en casos similares al de mi poderdante, se le ha ordenado al PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM EN LIQUIDACION, el reconocimiento y vinculación de los mismos al Plan de Pensión Anticipada.
VII.- ANEXOS 7.1.- Poder conferido al suscrito, en legal y debida forma por el señor ASSAD GUTIERREZ POSEDENTE.
7.2.- CD-ROM. Que contiene los siguientes archivos:
 Contestación de la demanda en formato Word y pdf.
 Texto de la Sentencia SU -377 de 2014, 442 folios en formato pdf.
 Texto del AUTO 503 de veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015), 27 folios en formato Word.
 Texto de la Sentencia T- 214 de primero (1) de junio de dos mil dieciocho (2018), 43 folios en formato Word.
 Texto de la Sentencia SL -3280 – 2018 de ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018), 117 folios en formato pdf.
VIII.- PETICIONES.
Señor Juez, por todo lo anterior solicito respetuosamente a su despacho, que Declare, que mi prohijado no actuó de MALA FE, en las peticiones realizadas en la Acción de Tutela, en que fue amparado sus derechos por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero (Córdoba), se realizó con base en el conocimiento que tiene sobre las modalidades de PENSION, que se aplicaba a todos los trabajadores de TELECOM. Por lo tanto No Existe un ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA debido a que la Corte Constitucional solo razonó sobre uno de los requisitos que debía cumplir un grupo de trabajadores de TELECOM.
En consecuencia de lo anterior se estime que mi prohijado no acudió a ningún tipo de irregularidad, falsedad e ilegalidad, porque cumplía a cabalidad con la
condición de estar vinculados a la planta de personal de TELECOM al momento de su transformación en empresa industrial y comercial del Estado, según el Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992 […], además de faltarle menos de siete (7) años para cumplir con el tiempo de servicio y la edad de cincuenta (50) años para obtener el derecho a pensionarse.
Además señor juez está demostrado que no hay lugar al reintegro de las sumas
dinero ya canceladas, como quiera que las mismas se presumen percibidas
buena fe por el beneficiario de la prestación, al estar fundadas en el
cumplimiento de una decisión judicial.
representado recibe notificaciones en la Calle 16 No. 20-96 Barrio La Popa
Valledupar Cesar. Correo Electrónico: gutierrezassad@gmail.com
suscrito en calidad de apoderado judicial de la parte demandada recibe
notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Carrera 16 No. 13 C – 31,
Bo. Alfonso López de la ciudad de Valledupar. Correo Electrónico:
carlosmariorumbo@hotmail.com
El demandante en las direcciones aportadas al proceso.
De usted señor Juez,
CARLOS MARIO RUMBO FARFAN
C. No.15.186.106 exp. En Urumita (La Guajira)
P. No.165.587 del C. S. de la Jud.
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