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Timestamp: 2017-02-24 01:50:12
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EL PROCESO PENAL EN PANAMÁ - PDF
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Irene Jiménez Valenzuela
1 EL PROCESO PENAL EN PANAMÁ AURA GUERRA DE VILLALAZ * SUMARIO: 1. Introducción La situación de los derechos humanos Normativa vigente internacional y constitucional sobre derechos humanos con trascendencia procesal penal El reflejo, en los medios de comunicación, del proceso penal. 2. Evolución del proceso penal Evolución del proceso penal desde la Independencia Las reformas procesales de la última década. 3. El derecho vigente Tribunales penales Las partes en el proceso penal Medidas coactivas Fases del proceso El juicio oral. 3.6 Medios de impugnación Procedimientos especiales Consecuencias económicas del proceso. 4. Proyectos de reformas Proyectos nacionales Importancia del Código Procesal Penal modelo para Latinoamérica. 5. Conclusiones Garantía normativa de la protección de los derechos humanos en el proceso penal Situación efectiva de la protección de los derechos humanos en el proceso penal Propuestas de reformas. 1. INTRODUCCIÓN Los sistemas de justicia penal tienen por objeto sancionar los delitos, las formas más graves de conducta antisocial. Por ello, su funcionamiento regular y legítimo, verdaderamente justo y humanitario, puede contribuir mucho a la paz y a la estabilidad social. Sin embargo, el funcionamiento distorsionado de esos sistemas puede producir graves injusticias e incluso violaciones a los derechos humanos, algunas veces irreparables. El presente estudio revela importantes avances en el sistema logrados en los últimos años en nuestro país. No obstante, estos avances aún son inconclusos, pues todavía existen graves violaciones a los derechos humanos, lo que significa que restan tareas por hacer LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS En cuanto a los logros se refiere, vale la pena destacar que la libertad de prensa no está sujeta a autorización ni a censura previa, pues el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 12 de marzo de 1990, decretó la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nº66, del 22 de septiembre de 1988, mediante el cual se reglamenta el artículo 4 de la Ley 11 de 1978, que regula los medios de comunicación social. Allí, la Corte hizo valer el principio constitucional que rige la libertad de prensa, consagrada en el artículo 37 de la Constitución Nacional, norma que señala que la libertad de pensamiento, de palabra, o por cualquier otro medio, debe ejercerse sin sujeción a censura previa. En otro orden de ideas, se han dado avances para garantizar la libertad de la persona en aplicación del hábeas corpus preventivo, reconocido en sentencia del 18 de noviembre de 1991; según este, una persona contra la cual se haya librado una orden de detención puede impugnarla antes de que esta se haya hecho efectiva. De igual manera, se ha aplicado hábeas corpus correctivo, que tiene como finalidad la de evitar tratos vejatorios, indebidos o crueles a los detenidos. La Corte Suprema de Justicia lo incorporó en sentencia del 11 de agosto de 1993, al conocer de una acción de hábeas corpus * Magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Colaboradores: Antonia de Arauz, Karem Benítez, Brenda Bloise, Irlena Brown Villalobos, Damarys Caballero de Almengor, Maritza Cedeño, Eysa Escobar de Herrera, Judith Gadelof, Óscar Herrera, Juan D. Ibarra, Eleonor Maschkowski, Publio Muñoz, Danabel de Recarey, Nidia Rendón, Miriam de Salinas, Mirta Vanegas de Pazmiño, Abel Zamorano.2 clásico o reparador. También en fallo de 24 de agosto de 1994, la Corte Suprema de Justicia lo reconoció bajo la iniciativa constitucional correctiva. El hábeas corpus clásico o reparador fue incorporado en nuestro sistema constitucional en ANTONIO TRUYOL explica: Decir que hay Derechos Humanos o Derechos del Hombre en el contexto histórico-espiritual que es el nuestro, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados. 1 Queda claro que el estado no otorga ni concede estos derechos, sino que se limita a reconocerlos, debido a que son anteriores a la existencia de dicho estado y se fundamentan en la naturaleza y dignidad de la persona humana, que requiere que se le otorguen para el pleno cumplimiento de sus necesidades materiales, intelectuales y morales. Más adelante nos referiremos a este tema NORMATIVA VIGENTE INTERNACIONAL Y CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS CON TRASCENDENCIA PROCESAL PENAL Panamá suscribió, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, ha aprobado mediante Ley formal importantes tratados sobre la materia, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles infamantes o degradantes. En los Códigos Penal y de Procedimiento Penal se han incluido principios rectores inspirados en ellos. Así tenemos como ejemplo el artículo 2181 del Código Judicial, que señala los delitos que no podrán ser excarcelables bajo fianza, y respecto del cual la Corte Suprema manifestó, en sentencia de 30 de diciembre de que no es inconstitucional, pues las limitaciones a la libertad en él previstas van precisamente en beneficio del interés general, como lo exige el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Suprema señaló allí que la detención preventiva es la medida cautelar más grave y se aplica en aquellos delitos que afectan mayormente la conveniencia social. De esta manera, se constituye en la excepción, y no la regla, en nuestro sistema penal. Por otra parte, la protección interna de los derechos humanos está integrada por procedimientos y principios destinados a la protección de los derechos de las personas, cuya observancia es indispensable por parte de las autoridades. La profesora Guerra de Villalaz ha enseñado que, para la vigilancia de los derechos humanos, los jueces deberán tener más cuidado al momento de analizar la tipicidad de conductas descritas en tipos penales abiertos o en leyes penales en blanco. De igual manera se restringirán la interpretación extensiva y la interpretación analógica sobre todo en la aplicación de sanciones o medidas de seguridad. Esto significa que la sanción penal no puede aplicarse sino en virtud de un proceso que ofrezca y acate las garantías constitucionales, en virtud del cual se declarará la responsabilidad del imputado como infractor, previa acreditación del hecho atribuido y de la subsunción de su conducta en un tipo penal. 1 Monroy Cabra, Marco Gerardo. Los derechos humanos. Bogotá: Edit.Temis, 1980, pág. 1.3 En ese proceso deberán conjugarse los tres característicos poderes de realización jurídica, a saber, jurisdicción, acción y defensa 2. Pero para poder llegar a la aplicación jurisdiccional de la pena, se requiere la declaración de culpabilidad, que sólo puede ser obra del órgano judicial competente (de los jueces) en cuanto culminación de un proceso de conocimiento con la participación del Ministerio Público, e indefectiblemente integrado por la defensa del perseguido. Lo anterior significa que en el desarrollo de ese proceso debe existir una presunción de inocencia, para cuya efectividad el artículo 2099 del Código Judicial consagra dicho principio. De allí que exista la obligación de guardar reserva en cuanto al nombre y otras señales que permitan su identificación o vinculación con el delito, y se dispone que esta reserva se mantendrá hasta que exista sentencia ejecutoriada en contra del procesado. Además, la falta de cumplimiento de esta norma constituye delito de calumnia EL REFLEJO, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DEL PROCESO PENAL La Corte Suprema de Justicia ha sido celosa de que los medios de comunicación social cumplan con esta norma. Precisamente mediante fallo del 30 de abril de 1991, consideró que sólo la frase "hasta tanto exista sentencia ejecutoriada en su contra" del artículo en mención era inconstitucional. Sin embargo, es interesante resaltar lo señalado por la Corte para garantizar frente a los medios la presunción de inocencia; en el fallo, la Corte expuso: "Por las razones expuestas se evidencia que resulta indispensable alcanzar un equilibrio, el cual debe reinar entre la presunción de inocencia y el derecho a información de la sociedad, dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución, de suerte tal que, por un lado, se preserva el derecho a la dignidad humana y por el otro, la sociedad pueda aprovechar el derecho a la información concerniente". Finalmente el conjunto de señalamientos de lo que constituye nuestra propuesta sobre los Derechos Humanos en el sistema penal nuestro con una ideología que tiene sus raíces en el Siglo XIX y que se limita a propugnar un estricto respeto al derecho penal de acto (y dentro de este marco a una pena cuya medida máxima sea proporcional a la magnitud del delito y particularmente de la culpabilidad); un proceso penal acusatorio por medio de órganos judiciales, un sistema que algunas veces pasa por alto la dignidad humana, a pesar que la tendencia moderna es una intervención punitiva mínima rodeada de garantías de objetividad y que procura reducir los niveles de violencia activa u omisiva del poder" EVOLUCIÓN DEL PROCESO PENAL 2.1. EVOLUCIÓN DEL PROCESO PENAL DESDE LA INDEPENDENCIA En el caso de Panamá, dadas las particularidades en que logra su Independencia hasta constituirse como un Estado independiente y soberano, tenemos que referirnos a dos períodos históricos relevantes. El 28 de noviembre de 1821, Panamá se independizó de España, pero en la misma fecha decidió unirse a la Gran Colombia, imbuida en el sentimiento de solidaridad continental que prevalecía en esos momentos, dado el gran prestigio de que gozaba el Libertador Simón Bolívar. Esa unión se mantuvo durante 82 años hasta el 3 de noviembre de 1903, cuando efectuó el segundo acto de emancipación, que la convirtió en República independiente Subsistencia y evolución posterior de la estructura colonial 2 Guerra De Villalaz, Aura E. Trascendencia jurídico-penal de la encuesta sobre "Derechos Humanos y Sistemas Penales en América Latina" (Primer Informe).Buenos Aires: Edit. De Palma, 1984, págs. 251 y Registro Judicial, Abril de Pleno, Corte Suprema de Justicia.4 Durante las ocho décadas de unión a Colombia, rigieron en nuestro país las constituciones y Códigos colombianos. El último de ellos fue el Código Judicial de 1872, que continuó vigente en la nueva República hasta el 22 de agosto de 1916, cuando apareció publicado en la Gaceta Oficial Nº2418 el texto de la Ley 2 de 1916, mediante la cual se aprobaba el nuevo Código Judicial, que dedicaba uno de sus libros al procedimiento en materia penal. La estructura del Código Judicial de 1916 comprende tres libros: el primero destinado a la organización judicial; el segundo, al procedimiento civil; y el tercero, al procedimiento penal. Cada uno se subdividía en títulos y capítulos, para un articulado total de Este Código se inspiró en la legislación colombiana (1872), la Ley de Enjuiciamiento Española (1871) y el Código Judicial italiano (1865). Nuestra legislación procesal, a pesar de los actos de independencia, continuó bajo la influencia del sello judicial de los códigos de Colombia y España Evolución autónoma Durante la vigencia del Código de 1916, que se prolongó hasta abril de 1987, el proceso penal, con gran acento inquisitivo basado en la escrituralidad, aplicó el juicio oral en materia criminal y el juicio con intervención de jurados de conciencia. De 1969 a 1987, el gobierno militar de esa época derogó la normativa que regulaba el juicio oral en materia criminal, pero mantuvo los juicios con jurados de conciencia; no obstante, se reforzó el sistema escrito en todo el proceso anulando la inmediación y debilitando el contradictorio oral. En mayo de 1969 se nombró una Comisión Codificadora del Código Judicial. Esta Comisión fue asesorada por el gran procesalista colombiano Hernando Davis Echandía y otros suramericanos, como Clariá Olmedo y Vélez Mariconde. Su texto fue ampliamente consultado; empero, al libro III, sobre procedimiento penal, no se le dedicó mucho tiempo hasta el punto de que ni siquiera tomó en cuenta el ordenamiento sustantivo contenido en el Código Penal, aprobado el 22 de septiembre de El Código de 1984: La Comisión Codificadora de 1969 logró concluir su trabajo en 1984 y ese mismo año se sometió a la consideración del Órgano Legislativo su articulado, el que se aprobó mediante la Ley 29 del 25 de octubre de 1984; no obstante, en el período de vacatio legis, la Corte Suprema pidió que antes de que entrara en vigencia, se permitiera una revisión total para ajustar algunas instituciones a la realidad socio-política y económica del país, con lo que dio lugar a la introducción de algunas reformas; por ello, se expidió la Ley 18 del 8 de agosto de 1986, que extendió ocho meses más la fecha de inicio de vigencia del Código Judicial. El libro III de este Código contiene el procedimiento penal y se estructura en nueve títulos, divididos en capítulos, con un total de 580 artículos, en los que se regula lo referente a las distintas fases o etapas del proceso, a los juicios con intervención de jurados, a las penas, sentencias, procesos especiales (contra servidores públicos, ante la Asamblea Legislativa, extradición y rehabilitación) LAS REFORMAS PROCESALES DE LA ÚLTIMA DÉCADA Dado el desfase entre las normas sustantivas y las adjetivas, a tres años de vigencia del Código Judicial, se presentaron dos proyectos de ley para hacer los reajustes más urgentes. El primero se planteó a fines de 1990 y logró su aprobación a través de la Ley 3 de 1991, que introdujo las medidas cautelares reales y personales, restringiendo así la aplicación de la detención preventiva a todo acusado por delito con pena de prisión por hechos delictivos cuyo tramo mínimo penal fuera superior a dos años. Esta ley introdujo cinco medidas alternativas substitutivas a la detención preventiva, tales como: a) la prohibición al imputado de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial; b) el deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública; c) la obligación de residir en determinado lugar; d) el arresto domiciliario; y e) la5 reclusión en casa de salud. También se prohibió la detención preventiva de las mujeres embarazadas, de las que amamanten a su prole, de personas en grave estado de salud y de quienes hayan cumplido 65 años de edad. La segunda reforma se aprobó recientemente, por la Ley 1ª de 1995, a través de la cual se introdujeron cuatro instituciones que modifican las tres etapas del proceso penal: la instructoria, la intermedia y la plenaria. Se trata de: 1- la suspensión condicional del proceso (probation) en casos de delitos leves cometidos por delincuentes primarios; 2- la audiencia preliminar que permite reducir los términos para calificar el sumario e introduce la oralidad, acentuando la inmediación, la bilateralidad, además de la publicidad y legalidad; 3- el proceso abreviado, el cual se desarrolla en la mitad de los plazos establecidos por la Ley y da lugar a que la causa se decida al final de la audiencia; 4- el juicio directo, que se puede aplicar en los casos de flagrancia o de confesión de los hechos. En la actualidad se consulta un anteproyecto de reforma al juicio con intervención de jurados de conciencia. Esta iniciativa ha sido la respuesta a un crecido número de veredictos de inocencia en casos de gran repercusión social. Se pretende exigir más requisitos a los jurados y reducir los alegatos a períodos cortos, no mayores de tres horas, pues en la actualidad las audiencias con jurados pueden prolongarse por varios días, semanas o meses. 3. EL DERECHO VIGENTE Con base en lo acordado en la reunión de Mazatlán, México, en enero de 1996, nos vamos a ocupar de ocho temas básicos, obligatorios para todos los países y que en su orden abordan los aspectos más sobresalientes del proceso penal en los que se presentan características y problemas comunes a la mayoría de los países que participamos en esta investigación TRIBUNALES PENALES a) Jueces unipersonales: En nuestro país la estructura de la organización judicial prevé la existencia de tribunales unipersonales en dos niveles: municipales y circuitales. Sus decisiones de primera instancia admiten revisión en una segunda instancia integrada por tribunales colegiados. b) Tribunales colegiados: En Panamá contamos con tribunales colegiados superiores especializados o mixtos, según su ubicación regional y la población que atienden. Se integran con números impares: tres para los mixtos y cinco para los especializados. c) Jueces profesionales y jueces legos: Desde 1992 rige la carrera judicial como sistema de selección del personal en servicio en la administración de justicia. Los jueces deben reunir los requisitos legales de idoneidad y experiencia. También se cuenta con jueces legos que integran los juicios penales con jurados de conciencia y los que participan en las juntas de conciliación en asuntos laborales y que deciden en primera instancia conflictos sobre despidos injustificados. d) Motivos de recusación y abstención: La materia sobre impedimentos y recusaciones está debidamente regulada en la ley procesal penal y vincula al juez con el procesado, no así con el abogado. No obstante, el parentesco, la enemistad, el interés o participación en la causa son motivos de abstención o de recusación. e) Tribunales especiales: La Constitución y la ley prohíben la creación de tribunales especiales o de excepción en asuntos penales LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL Debemos entender por parte "...cualquier sujeto autorizado por la ley procesal para pedir en nombre propio, la realización de una relación jurídica propia o ajena, mediante resoluciones jurisdiccionales de diversa naturaleza (Rocco).6 Dentro del proceso penal, existen sujetos esenciales, que tienen una forzosa intervención, y otros sujetos que, sin ser parte, se sitúan dentro del escenario del procedimiento penal y constituyen el elemento subjetivo de este El Ministerio Público La acción penal es pública y la ejerce el Estado por medio del Ministerio Público, salvo en los casos en que se requiera acusación particular para iniciar la acción penal. Constitucionalmente, el Ministerio Público es ejercido por el procurador general de la nación, el procurador de la administración, los fiscales y personeros y por los demás funcionarios que establezca la ley. Por ley se creó la Fiscalía Auxiliar de la República, la Fiscalía Superior Especial y las Fiscalías Delegadas, cada una de las cuales tiene asignadas funciones específicas. Hasta 1941 la fase instructoria del sumario estuvo bajo la responsabilidad de jueces de instrucción, y correspondía a la Fiscalía un papel de acusador en el plenario en representación de la vindicta pública. Los países de América Latina que mantuvieron en su sistema procesal a los jueces de instrucción, abogan por trasladar esa función al Ministerio Público. En ese sentido José María Rico y Luis Salas, en la introducción comparativa de la Compilación de los Códigos Latinoamericanos de Procedimiento Penal, anotan: "-La instrucción formal, la cual, hasta ahora efectuada por el juez, debería confiarse al Ministerio Público, quien realizaría la labor de instrucción bajo la tutela de un juez de garantías. -La potenciación del Ministerio Público, en especial asignándole mayores atribuciones durante la etapa sumarial, con la finalidad de acentuar la forma acusatoria del procedimiento penal y simplificar y dinamizar la tarea de la investigación". En la actualidad cursa en la Asamblea un proyecto de ley que atribuye al Ministerio Público el principio de oportunidad reglada, con lo que se crearía un primer filtro procesal ante el crecido número de casos que ingresan al sistema de justicia penal cada año. Sin embargo, se han presentado objeciones por parte de los abogados y del público, pues consideran que la ley le confiere mucho poder a tal ente. Las funciones de los auxiliares del Órgano Judicial son de naturaleza pública. Como auxiliares de los Agentes del Ministerio Público, tenemos al Instituto de Medicina Legal, que, aun cuando forma parte del Ministerio Público, desempeña una labor de suma importancia en los procesos penales que requieran sus servicios. El Instituto debe "...practicar las autopsias, determinar las causas de la muerte y demás reconocimientos que los funcionarios de instrucción, miembros del Órgano Judicial y autoridades de Policía le recomienden, determinar las lesiones e incapacidades, establecer y certificar el estado de los cadáveres que serán enviados fuera del país. Además, realizará todos aquellos reconocimientos y exámenes que los funcionarios judiciales y las partes en los juicios soliciten en lo relativo a matrimonios, testamentos e interdictos y demás casos previstos. (art.358 del Código Judicial) "Los Tribunales podrán solicitar de oficio o a solicitud de parte, informes técnicos o científicos a las oficinas públicas, entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas del Estado, hospitales y centros de investigaciones respecto a hechos y circunstancias de interés para el proceso" Acusador privado (querellante)7 La querella es un derecho que el particular puede ejercer o no, en la cual el Estado deja a su propia decisión el movilizar la actividad judicial ante un hecho punible por el cual se considera ofendido. Quien acciona debe ser acusador legítimo, es decir, que debe ser el ofendido o su cónyuge, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o aquellos que estén bajo guarda o custodia y de los que fuere representante legal. Los artículos 1978 y 1980 del Código Judicial enumeran los delitos que exigen querella para dar inicio al proceso penal, aun cuando son delitos perseguibles de oficio. Estos delitos son: violación carnal, rapto, estupro, corrupción de menores, ultrajes al pudor, calumnia, injuria e incumplimiento de los deberes familiares. Sin embargo, hay excepciones para el ejercicio de la acción penal. Así, el artículo 2023 señala que no podrán ejercer acción penal entre sí: 1.- Los cónyuges, a no ser por delito cometido por uno contra la persona o el patrimonio del otro o de sus hijos, y por el delito de bigamia. 2.- Los ascendientes y hermanos consanguíneos o afines, a no ser por delito cometido por uno contra la persona o el patrimonio del otro. Exceptúase también el delito de incumplimiento de deberes familiares Víctima o perjudicado Es la persona lesionada con la comisión del hecho delictivo. Generalmente, cualquier persona puede ser sujeto pasivo. Sin embargo, en los delitos propios, este debe reunir ciertos requisitos. Dependiendo del tipo de delito, el Código establece el procedimiento que se seguirá con las víctimas u ofendidos, sobre todo en los delitos contra el pudor y la libertad sexual, así como en los delitos contra la vida y la integridad personal. Nuestra legislación, coherente con los criterios tradicionales, ha mantenido la responsabilidad civil derivada del delito que no sólo se extiende al directamente responsable del hecho, sino también a los partícipes en forma solidaria y a los terceros subsidiariamente, tales como los curadores, tutores, padres de incapaces, instituciones estatales, municipales y a los patronos cuando el autor resulta insolvente o no puede cubrir el monto de la reparación del daño causado, o la indemnización establecida por el tribunal. En el campo del derecho penal, por siglos, los esfuerzos de los penalistas se han dirigido a estudiar a profundidad el papel del sujeto activo en relación con cada uno de los elementos esenciales del delito así como los principios y garantías que deben rodearlo en todas las fases del proceso penal. En ese sentido, tenemos todas las excluyentes de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, además de las causas de extinción de la acción penal y de la pena, sin descuidar la retroactividad favorable al reo, la presunción de inocencia y las alternativas y sustantivos de la detención preventiva y de la prisión. Muy poco se ha hecho y se ha escrito sobre la víctima, el sujeto pasivo que recibe la lesión, disminución o destrucción de sus bienes jurídicos. Por ello, a partir de la segunda mitad del presente siglo, se ha iniciado un movimiento internacional tendente a rescatar la importancia de la víctima en el proceso penal. Se propone darle un papel protagónico con el derecho a ser oída y asistida técnicamente para reclamar su pretensión punitiva y su pretensión resarcitoria. Panamá ha comenzado a estudiar una ampliación de la ley procesal que ofrezca protección a aquellas víctimas cuya mayor indefención las torna más vulnerables a los actos de alta violencia y agresión, como son los niños, los ancianos y las mujeres. En el anteproyecto se establece como derechos de las víctimas: a) Recibir atención médica de urgencia en los casos previstos por la ley. b) Intervenir como querellantes en el proceso para exigir responsabilidad penal e indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del delit. c) Recibir protección de las autoridades públicas. d) Ser informadas sobre el curso del8 proceso penal. e) Recibir patrocinio gratuito del Estado para coadyuvar con el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. Cabe mencionar que este anteproyecto crea un Departamento de Asesoría Legal gratuita, que actuaría en defensa de los derechos de las víctimas de delitos contemplados en la ley El acusado No es más que el sujeto activo del delito. Es el autor o partícipe de este. Los artículos 2036 a 2042 del Código Judicial contienen las reglas atinentes al imputado. Contemplan el principio de presunción de inocencia de todo imputado, hasta tanto sea declarado culpable a través de sentencia firme. Además, el derecho al debido proceso desde el momento en que es sindicado como posible autor de un delito. También este articulado alude al tratamiento especial que debe dársele al imputado que padezca de enfermedad mental. Nuestro Código de Procedimiento desarrolla la forma obligatoria como agente instructor debe investigar un hecho denunciado como punible, al igual que la personalidad de su autor (art y ss.) Abogados defensores y otros asesores La Constitución Nacional consagra como una garantía fundamental el derecho que posee toda persona que sea detenida, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales. El poder podrá darlo tanto el imputado como alguno de sus familiares expresamente señalados. A quien no posea los recursos económicos para pagar los servicios de un abogado, el Estado le facilitará un defensor de oficio. El Código Judicial creó el Instituto de Defensoría de Oficio. En él se regula la forma de elección de los defensores, su período y jubilación. Igualmente se reglamenta el funcionamiento del Instituto. El patrocinio procesal gratuito se ofrece a toda persona que tenga derecho a asistencia legal gratuita. Así, ninguna persona que sea detenida puede quedar sin derecho un defensor. Nuestra jurisprudencia ha señalado que, en el procedimiento penal panameño la ley permite que el defensor proponga sus defensas y continúe con su actividad aun en contra de la voluntad del imputado, al dejar a aquel en libertad de continuar con su defensa a pesar de que el imputado se haya declarado culpable del delito. Sin embargo, la práctica plantea serios problemas porque hay limitación en el número de defensores para atender el creciente volumen de causas penales de una manera satisfactoria. Con la incorporación de la jurisdicción de menores y de familia al Órgano Judicial y la creación, en el nivel normativo, de los defensores de oficio de Familia y los Menores, la capacidad actual de ofrecer asistencia pública gratuita a estos componentes sociales, se ha hecho cada vez más reducida e incompleta. La inviolabilidad de la defensa emerge como principio de obligatorio acatamiento en un Estado democrático, pero en los países en vías de desarrollo, con limitados recursos presupuestarios, la defensoría de oficio resulta insuficiente, más aún cuando la población de mayor índice de criminalidad se recluta entre las personas de escasos recursos MEDIDAS COACTIVAS Detención policial para identificación9 Sin tener ningún asidero constitucional o legal, en la práctica ocurre la detención policial para solicitar documento de identidad a las personas que transitan libremente. En las llamadas rondas o batidas que hace la policía, sobre todo en horas de la noche, se detiene a los ciudadanos con la excusa de que se encontraban en actitud sospechosa, término este que no se halla regulado en nuestras normas vigentes; es el policía quien determina cuál es esa actitud, para cuya interpretación el policía generalmente se basa en el hecho de que el ciudadano se encuentra en un área de alta criminalidad, o se viste de una forma no adecuada, según su concepto, o bien se halla en compañía de personas que se sospecha son de mal vivir Prisión preventiva En nuestro país, al igual que todos aquellos que han tenido la triste experiencia de regímenes autoritarios o militares por largos períodos, se ha recurrido a las medidas cautelares personales en forma excesiva y arbitraria. Ello explica el hacinamiento en los centros penitenciarios, con millares de "presos sin condena", que esperan la culminación de los procesos penales por períodos extensos, que a veces exceden el lapso de las sanciones penales que se les imponen, eso cuando no logran una absolución o sobreseimiento de sus causas. Comúnmente se justifica la medida señalando que su adopción responde a un clamor social de seguridad, o que se cumple con la prevención de otras conductas graves y lesivas a los bienes jurídicos, o que así se evita que el imputado evada la acción de la justicia y obstaculice el debido desenvolvimiento del proceso penal. En la década de los noventa, a pesar de que Panamá salió de un régimen autoritario y encaminó sus instituciones hacia el fortalecimiento de la democracia, los brotes de violencia y de la criminalidad organizada, además del incremento de los delitos relacionados con drogas, han dado lugar a un crecimiento de las detenciones preventivas hasta en un 300%, lo que resulta motivo de alarma y preocupación por todos los problemas que esta situación engendra. El artículo 2148 de nuestro Código Judicial establece los presupuestos para que se decrete la detención preventiva. Son: 1. Que el delito tenga pena mínima de dos años de prisión. 2. Que el autor o partícipe haya sido sorprendido en flagrante delito. Generalmente los excesos o abusos en la detención preventiva se dan por parte del funcionario instructor en los delitos que tienen pena mínima menor de dos años, para los que no se requiere detención preventiva. De hecho, se decretan para que a la postre resulten declaradas ilegales, tras haber lesionado la libertad ambulatoria del sindicado Alternativas a la prisión preventiva Las alternativas a la prisión preventiva con que cuenta nuestra legislación se señalan en el artículo 2147-B del Código Judicial, y son: a. La prohibición al imputado de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial; b. El deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública; c. La obligación de residir en un determinado lugar comprendido dentro de la jurisdicción correspondiente; d. La obligación de mantenerse recluido en su propia casa, habitación o establecimiento. Estas alternativas a la detención preventiva se dan cuando el delito contempla pena mínima de dos años de prisión. La prisión preventiva tampoco debe aplicarse la prisión preventiva contra mujeres embarazadas, en lactancia, contra personas mayores de 65 años o enfermos graves. Otra alternativa que prevé nuestra legislación vigente es la fianza de excarcelación Exámenes corporales, observación en establecimientos psiquiátricos10 Nuestra legislación faculta, a través del Instituto de Medicina Legal, a efectuar al sindicado exámenes corporales para determinar generalmente su estado de salud física o mental. En los casos del delito de posesión ilícita de droga, la dependencia a la droga se prueba con el examen hecho por el médico psiquiatra forense. Igualmente la Ley Nº16 de 9 de julio de 1991 que aprueba la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial, crea las secciones de Investigaciones Toxicológicas y de Investigaciones Físico- Químicas, que hacen exámenes de todos los fluidos que contiene el cuerpo humano. No hay una disposición legal que establezca que, para la realización de estos exámenes, se deba contar con la anuencia o aprobación del sindicado. El artículo 112 del Código Penal prevé como medida de seguridad el destinar a los enfermos mentales, toxicómanos habituales, alcohólicos y a los sujetos de imputabilidad disminuida, al hospital psiquiátrico o a los establecimientos de tratamientos especial o educativos Registro, puesto de control, redadas policiales Nuestra legislación no contempla estas medidas. Sin embargo, de hecho se dan, sobre todo en ciertas fechas del año, como son las fiestas de Navidad y año nuevo, donde proliferan los puestos de registros, puestos de control y las redadas policiales. También cuando se comete algún delito espectacular. Algunos opinan que estas medidas de hecho violentan el principio de libre tránsito por el territorio nacional, consagrado en el artículo 27 de nuestra Constitución Política Medidas cautelares reales para asegurar el procedimiento El artículo 2077-C de nuestro Código Judicial prevé el secuestro penal estableciendo que, mediante resolución motivada, el juez podrá autorizar el secuestro de títulos, valores, sumas depositadas en cuentas corrientes, de ahorro y semejantes, así como de otros valores contenidos en cajas de seguridad que se encuentren en bancos u otras instituciones de crédito públicas o privadas, que pudieren tener relación con el delito. Esta es una figura relativamente nueva en nuestro derecho penal vigente, pues se la incorporó en Medidas cautelares reales para el aseguramiento de la ejecución de la sentencia El artículo 120 del Código Penal faculta al juez para que en la sentencia condenatoria ordene la restitución de la cosa obtenida por razón del delito o, en su defecto, el respectivo valor. Igualmente se faculta al juez a mantener el secuestro penal para garantizar la responsabilidad civil derivada del delito. Esta facultad del juez solo se podrá ejercer a solicitud de parte interesada Intervención del correo y teléfono El artículo 29 de nuestra Constitución Política establece el derecho de inviolabilidad de documentos privados, previendo que solo pueden ser ocupados o examinados por autoridad competente para fines específicos y mediante formalidades legales. Sin violentar dicha norma, el artículo 2077-B del Código Judicial faculta al juez para autorizar el secuestro, en las oficinas postales o telegráficas, de las cartas, pliegos, paquetes, valores, telegramas u otros objetos de correspondencia, cuando existan fundadas razones para suponer que le han sido dirigidas al imputado, ya sea con su propio nombre o con nombre supuesto, a través de interpuesta persona o que, de cualquier modo, estén relacionadas con el delito. Esta diligencia, según la ley, debe practicarse siempre en presencia del interesado, de su familia o de dos vecinos honorables del lugar.11 En relación con la intervención telefónica, el artículo 21B de la Ley 13 de 27 de julio de 1994, establece que cuando existan indicios de la comisión de un delito grave, el procurador general de la nación podrá autorizar que se filmen o graben las conversaciones y comunicaciones telefónicas de aquellos que estén relacionados con el delito, con sujeción a lo que establece el artículo 29 de la Constitución Política. Es evidente que este artículo no concuerda con lo que establece el artículo 29 antes citado; por el contrario, consideramos que lo viola, ya que este señala claramente que las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables y no se pueden interceptar Imposición provisional de medidas de seguridad El artículo 115 del Código Penal establece que el término máximo de duración de las medidas de seguridad que impliquen internamiento será de 20 años. Con respecto a las medidas de carácter curativo, estas subsistirán mientras duren las causas que las motivaron FASES DEL PROCESO Investigación policial o por el fiscal Las denuncias en nuestro país pueden ser presentadas ante la Policía Técnica Judicial, la cual tiene asignadas funciones de investigación en materia penal. Esta Policía se desempeña como auxiliar del Ministerio Público, del cual forma parte; por ello debe cumplir órdenes y seguir las indicaciones dadas por los funcionarios de instrucción; también deberá cumplir, en coordinación con estos, la debida y oportuna comunicación, las denuncias del hecho delictivo al trabajador encargado de la fase instructoria. Por autoridad policial se entenderá a aquel funcionario o empleado que por ley tenga atribuciones de investigación preventiva. Sin embargo, si el hecho investigado, estuviera a cargo del mismo agente fiscal, procederá a investigarlo con base en la denuncia. Una vez presentada la denuncia ante la autoridad policial, esta deberá comunicarla sin demora alguna al agente instructor acompañando toda la información recogida Instrucción sumarial La primera fase del proceso penal corresponde a la etapa sumarial, en la que el funcionario de instrucción efectúa la investigación para determinar la existencia del delito, al autor del hecho punible y todas aquellas circunstancias que servirán para la calificación del delito y para lo cual se le dan amplias facultades. En esta etapa rinden declaración la persona ofendida y todas aquellas que tengan algún conocimiento de los hechos. Se puede ordenar la práctica de pruebas periciales, diligencias de allanamiento, careos, etc. En nuestro ordenamiento jurídico no existe reserva del sumario para los abogados, sus asistentes y voceros ni para las partes. Estos tendrán acceso al expediente en cualquier momento, siempre y cuando se encuentren acreditados, por escrito, ante el respectivo despacho. Se plantea la reserva del sumario para todos los demás, incluidos los medios de comunicación. Pero en la realidad no hay tal reserva, pues generalmente los asuntos de gran impacto trascienden a los medios con suma facilidad Fase intermedia La conforma la calificación del sumario por el tribunal jurisdiccional competente. Se puede pedir la ampliación del sumario o calificar el mérito legal de la investigación realizada Plenario12 El plenario es la fase del procedimiento que tiende a darle oportunidad a las partes activas, para que refuercen los antecedentes de culpabilidad en contra del reo, y a este, para que desvanezca esos antecedentes y logre probar su inocencia. En este sentido, son las partes las que deben producir las pruebas. Terminada la etapa de la instrucción sumarial y ejecutoriado el auto de proceder o auto de enjuiciamiento, el proceso pasa a la etapa del plenario, momento en que se resuelven todas las relaciones jurídicas que constituyen el objeto del proceso. Esta es la fase más importante, porque en ella el juez ejerce su potestad de formalizar una imputación concreta contra el sindicado, y además se suceden una serie de actos, comunes a todo proceso, como lo son la emisión de citaciones y notificaciones, el nombramiento de defensores, la detención del procesado, la consignación de fianzas de excarcelación, la decisión de incidentes, la práctica de pruebas en general, etc. En esta etapa rinden declaración la persona ofendida y todas aquellas que tengan algún conocimiento de los hechos; se puede ordenar la práctica de pruebas periciales, diligencias de allanamiento, careos, etc.. En nuestro ordenamiento jurídico no existe la reserva del sumario para los abogados, sus asistentes y voceros ni para las partes, quienes tendrán acceso al expediente en cualquier momento, siempre y cuando se encuentren acreditados, por escrito, ante el respectivo despacho EL JUICIO ORAL La estructura del proceso penal se encuentra conformada por: la fase preliminar o de instrucción sumarial, la fase intermedia y el plenario. Para llegar al juicio oral, se requiere haber pasado por lo menos, por la fase de instrucción del proceso penal, la cual implica a una tramitación diligente mediante la intervención de la Policía Técnica Judicial, del Ministerio Público y de las partes. La apertura del caso se da por denuncia, querella o de oficio. En esta fase se adelantan las diligencias previas relativas a la determinación de la naturaleza y circunstancias del hecho y de las personas que hayan participado en él; además se establece el procedimiento que se seguiá. Una vez concluida la fase de instrucción sumarial, puede aparecer el juicio oral. Luego de que se tengan elementos objetivos para fundamentar la acusación, se concretan los cargos y se ofrecen los medios de prueba suficientes para sustentarlos, se accede a dictar un llamamiento a juicio, en donde en forma directa, se desarrolla la audiencia oral, entablándose el verdadero debate contradictorio del proceso penal. En nuestro derecho, el Código Judicial, en su artículo 2220, establece que "el juicio penal comienza con el auto de enjuiciamiento" y es aquí donde tiene lugar el inicio del plenario. En ese auto de enjuiciamiento se debe señalar un término común de cinco días improrrogables, que comenzará desde la ejecutoria del auto, para que las partes manifiesten por escrito las pruebas de que intenten valerse, en apoyo a sus respectivas pretensiones. Vencido ese término probatorio, el tribunal debe admitir las pruebas conducentes, y en ese mismo auto señalará día y hora para la celebración de la audiencia, en la cual tendrá lugar la práctica de las pruebas admitidas. En nuestro medio el juicio oral será público, bajo pena de nulidad, conforme a los principios de oralidad, publicidad y unidad de acto. La decisión de elevar la causa a plenario, donde se desarrollará el juicio oral, la toma el tribunal de la causa, basándose en el resultado de las diligencias de instrucción y en la petición de las partes, entre las que se encuentra la que realice el Ministerio Público en su vista fiscal. La apertura a juicio oral indica que ha terminado la fase instructoria sumarial y que hay mérito probatorio suficiente o base para formular la acusación, que se concretará en ese debate oral Formulación de la acusación13 Cuando termina la instrucción sumarial, la cual en nuestro país está a cargo de los agentes del Ministerio Público, como funcionarios de instrucción, debe darse la calificación del sumario. Si existen elementos suficientes se avanza hasta dictar un llamamiento a juicio, en los casos del procedimiento ordinario. En los casos del nuevo procedimiento penal, que prevén audiencia preliminar, conforme a la nueva Ley 1 del 3 de enero de 1995, ante la función de acusación que ejecuta el Ministerio Público, las partes pueden presentar argumentos sobre los puntos que pueden ser objeto de calificación. De acuerdo con lo señalado por el artículo 2204 del Código Judicial, el tribunal de la causa, una vez recibido el sumario, dentro de los cinco días siguientes fijará la fecha de la audiencia preliminar, en la que se decidirá el mérito del sumario. La resolución que establece la fecha de audiencia preliminar es irrecurrible y esta debe celebrarse con la participación del Ministerio Público, del imputado y de su defensor. Las partes tienen oportunidad de formular la acusación y de contestarla. Entonces se materializa el contradictorio entre la acusación y la defensa. Concluida la instrucción sumarial, el agente del Ministerio Público enviará al juez de la causa, la vista fiscal, que señala las disposiciones contenidas en los artículos 2201 y 2202 del Código Judicial. La vista fiscal es pues un acto procesal documentado, en que el representante del Ministerio Público expresa la circunstancia de que ha terminado la etapa sumarial. Por medio de ella pasan, al tribunal competente, el expediente penal junto con los instrumentos del delito si los hubiere, como todos los otros objetos relacionados con el delito que estén en su poder. El escrito contentivo de la vista fiscal debe solicitar bien que se dicte auto de enjuiciamiento a la persona que se estime responsable o que se dicte auto de sobreseimiento definitivo o provisional según proceda en derecho. Debe igualmente expresar las diligencias practicadas en el sumario exponiendo los motivos de hecho y de derecho que justifiquen la medida procesal recomendada, con la calificación genérica del hecho imputado. La defensa tiene el derecho a oponerse a los requerimientos de la vista fiscal (art A, C.J.), y sustentar mediante palabra su escrito de oposición, si lo hubiere. El representante del Ministerio Público, ejerciendo el pincipio de oralidad, expondrá los resultados de la instrucción sumarial y los medios de prueba que justifiquen la solicitud plasmada en su vista fiscal. Igualmente puede hacer uso de la palabra, por una sola vez y por un término no mayor de 30 minutos, para externar los alegatos que considere convenientes antes de que el tribunal resuelva el mérito del sumario. Con esa misma oportunidad procesal cuentan el acusador particular, si lo hubiere, y el defensor Calificación del sumario Al tribunal competente le corresponde calificar el mérito del sumario, lo que puede hacer por medio de auto de enjuiciamiento, o de sobreseimiento definitivo o provisional según corresponda, y una vez determinado que la investigación está completa y no necesita ampliación. El juez en la audiencia preliminar decidirá, como lo establece el artículo 2207-B del Código Judicial, adicionado por la Ley 1 del 3 de enero de 1995, lo que corresponda en derecho. En ese sentido, calificará el sumario y puede decidir enjuiciamiento, por encontrar que hay plena prueba de la existencia del hecho punible y cualquier medio probatorio que establezca graves indicios contra alguno. Es indispensable que el auto de enjuiciamiento contenga una parte motiva y otra resolutiva. La parte motiva contendrá la narración sucinta y fiel de los hechos que hubieren dado lugar a la investigación con expresión de la forma o modo como el hecho llegó al conocimiento del funcionario de instrucción (art del C.J.); también el nombre completo del imputado así como los datos que permitan su clara identificación; el análisis de las pruebas que demuestren el hecho14 punible y aquellas en que se funda la imputación del hecho, así como la competencia del juzgador. En su parte resolutiva, debe expresar la apertura de la causa a juicio con imputación en denominación genérica, conforme al Código Penal, del delito que corresponda; debe señalarse si el imputado está detenido o en libertad y la causa y motivo de esta, como también el nombre del defensor si lo tuviere o si se le nombrare uno de oficio Conformidad o no del imputado con la calificación del sumario: Contra el auto de enjuiciamiento, según el nuevo procedimiento penal abreviado, no cabe recurso alguno; sin embargo, el auto de sobreseimiento podrá ser recurrido en apelación por cualquiera de las partes. El auto de sobreseimiento sobre servidores públicos requiere consulta con el superior respectivo, aunque no haya sido apelado, por mandato excepcional del artículo 2481 del Código Judicial Término para presentar medidas de previo pronunciamiento, anteriores al juicio oral: Una vez ejecutoriado el auto de enjuiciamiento y hasta la resolución que fija fecha de audiencia en el juicio ordinario, las partes pueden promover en este momento procesal y mediante un trámite específico, como lo es el de las incidencias, lo que la ley denomina medidas de previo pronunciamiento (art. 2274, C.J.). Doctrinalmente han surgido inquietudes, como la del procesalista español Francisco Ramos Méndez, quien establece en su obra El proceso penal (editada por Librería Bosch, Barcelona, España, 1988, página 322), que: "No parece creíble que, después de haber consumido una importante actividad en la instrucción de la causa, todavía no se hayan despejado definitivamente todos los obstáculos que impidan entrar en el juicio oral". En nuestro derecho, se señalan taxativamente, conforme el sistema de numerus clausus, los casos que dan lugar al incidente de medida de previo y especial pronunciamiento en el procedimiento ordinario. Entre ellos, se indican las siguientes cuestiones: 1. Falta de competencia. 2. Falta de agotamiento de la legitimación para actuar. 3. Extinción de la acción penal. El incidente se tramitará en cuaderno separado y suspenderá la tramitación del proceso; las resoluciones que lo deciden son apelables en el efecto suspensivo. Es importante anotar, en lo que se refiere al momento de proposición de estas cuestiones, que si las partes no las han alegado en incidente de previo pronunciamiento, pueden hacerlas valer en la audiencia del juicio o vista oral de la causa. La tramitación de las medidas de previo pronunciamiento se establece en la regulación que de ellas hacen los artículos 2276 al 2280 del Código Judicial, referentes a la proposición, contestación del incidente, pruebas y resoluciones que las deciden. Procede la suspensión del juicio oral cuando se presenten solicitudes de las partes que deban decidirse como cuestiones de previo y especial pronunciamiento (art. 2271, ord.1) El plenario o juicio oral Constituye la tercera fase del procedimiento penal y se desarrolla en sesiones que sirven para practicar las pruebas de cargo y de la defensa. En ella se plantean los argumentos definitivos de acusación y de defensa, basados en las pruebas practicadas. Consideramos que es la parte más importante del proceso penal, ya que se llevan a juicio las conductas de los procesados, y luego de esta, el tribunal debe juzgar y dictar la sentencia Principios: La celebración del juicio oral en sí se rige por los siguientes principios: a) Presencia física de los acusados: La ley exige la presencia física del procesado en las sesiones del juicio oral, y para ello dispone que los que se encuentren detenidos o presos sean15 conducidos del centro penitenciario al recinto del tribunal para celebrar la audiencia oral. Tambien da facultades al juez para que cite a los procesados que estuviesen en libertad provisional o bajo fianza, con el fin de que se presenten ante el tribunal; para ello puede adoptar las disposiciones convenientes que eviten la ausencia de los procesados o que dejen de comparecer a las sesiones del juicio (art del C.J.). En ocasiones la falta de presencia física del procesado a las sesiones del juicio oral, es causa de suspensión de la audiencia. Si el imputado enferma repentinamente hasta el punto de que la enfermedad le impide seguir tomando parte en el juicio, este debe suspenderse luego de haber escuchado a los facultativos que hayan reconocido al enfermo; también el enfermo tiene la oportunidad de presentar certificado médico comprobatorio, preferiblemente oficial, dentro de las 24 horas siguientes (art C.J.). Debemos anotar que, en casos excepcionales, puede continuarse el juicio oral sin la presencia del procesado, pero con la asistencia del defensor. Esto puede aplicarse si la enfermedad del procesado a por más de cinco días luego de suspendida la audiencia. También si este altera el orden con una conducta inconveniente que persiste luego, a pesar de las advertencias del presidente y del apercibimiento de hacerle abandonar el local, o expulsarlo por cierto tiempo, o por toda la duración de las sesiones, las cuales continuarán en su ausencia (art C.J.). En el nuevo procedimiento penal abreviado, introducido por la Ley 1 de 3 de enero de 1995, la inasistencia del imputado oportunamente notificado de la celebración de la audiencia o vista oral, no impide que esta se lleve a cabo (art del C.J.). b) Principio de oralidad: El plenario está informado del principio de oralidad y el procedimiento penal debe ser predominantemente oral. Por ello se establece la celebración de la audiencia según los principios de oralidad, publicidad y unidad de acto; y el artículo 2231 del Código Judicial, libro tercero, del Procedimiento penal, recoge dicho principio sin perjuicio de su documentación, la cual es necesaria. De cada sesión celebrada de la audiencia oral se extiende un acta, por disposición del artículo 2267 del Código Judicial; y se permite la grabación total o parcial del debate con la utilización de medios técnicos de reproducción, transcripción y de su documentación. En lo que se refiere a la publicidad, lo ideal sería que se produzca una información veraz y objetiva, sin sensacionalismos y que evite llevar a los jurisdiccionales a juicios paralelos, los cuales resultan peligrosos, pues se desprenden de una actividad informativa poco seria, que no arroja certeza judicial ni material y que confunde a la sociedad desinformándola. Este principio se encuentra señalado en el artículo 2230 del Código Judicial. c) Principio de concentración: El proceso penal persigue reunir en un solo acto todas las cuestiones que puedan ser objeto de debate. Por ello vemos que es en el juicio donde generalmente se practican la pruebas, según el orden en que hayan sido propuestas, y se externan los alegatos de conclusión (art C.J.). El nuevo procedimiento penal abreviado, introducido como medida urgente de reforma procesal por la Ley 1, de 3 de enero de 1995, lleva también implícito el principio de concentración. En la audiencia preliminar el imputado puede solicitar que el proceso se sustancie y decida cuando la investigación esté completa y la prueba resulte evidente (art A C.J.). d) La prueba penal de la acusación y la defensa: En el procedimiento ordinario, las partes cuentan con un término probatorio común, de cinco días prorrogables, luego de ejecutoriado el auto de enjuiciamiento. Pero de acuerdo con el artículo 2528-H del Código Judicial, adicionado por la Ley 1 del 3 de enero de 1995, en los procesos abreviados y en el proceso directo, una vez ejecutoriado el auto de enjuiciamiento, el juez fijará la fecha de audiencia por celebrarse, dentro de los 10 días siguientes, y las partes podrán aducir pruebas hasta el día anterior a la audiencia. También el juez puede decretar las pruebas que considere que se deban deban practicar durante la audiencia.16 En el acto de audiencia por regla general se practican las pruebas pedidas tanto por la parte acusadora como por la defensa; ello sin detrimento de que pueda adelantarse la práctica de algunas que no fuere posible efectuar en dicho acto. Se ha establecido que el juicio oral debe ser el único escenario posible de la prueba en el proceso penal, porque da a las partes en el juicio, tanto acusadora, como acusada, la posibilidad de exponer sus razonamientos y de defender sus derechos, y al tribunal le otorga el más amplio conjunto de elementos de juicio para decidir la causa. Dentro del juicio oral, el acusado, materializa especialmente su derecho de defensa, porque allí se le comunica la acusación de que es objeto y se le proporciona la posibilidad de ejercer los medios de defensa que considere oportuno desarrollar. La acusación, tienen la misma oportunidad de exponer sus razones y de practicar pruebas en el juicio. En nuestro derecho, las pruebas practicadas en la fase sumarial conservan valor probatorio en el plenario, pese a que determinados medios probatorios de difícil y muchas veces imposible repetición, requieren desarrollarse con todas las garantías de contradicción en el momento de su práctica para que valgan como prueba. Algunas, aunque se dicen pruebas, constituyen diligencias sumariales adelantadas con la finalidad de buscar huellas y rastros del delito, para poder tomar una decisión sobre la calificación del sumario. Es relevante anotar que el juicio oral realmente necesita una actividad probatoria mínima en lo que se refiere a la acusación, y que si las pruebas son inexistentes, o no se logran aportar, ello lo resuelve la presunción de inocencia consagrada en el artículo 1966 del Código Judicial. Las pruebas en materia penal deben llevarse al proceso, en observancia de los derechos, garantías o libertades fundamentales para que surtan su efecto legal y tengan el valor que la Ley les otorga, por lo que no se aceptan las pruebas ilícitamente obtenidas Proposición de pruebas: Es en el juicio oral donde propiamente tiene lugar la práctica de pruebas. La prueba penal persigue establecer la verdad material, y por ello las partes pueden utilizar las que les convengan en forma legal y que tengan relación con el objeto de la causa o con el hecho aprobado. Entre las pruebas que pueden ser aducidas por las partes tenemos las siguientes: a. Declaración del imputado b. Prueba testimonial c. Prueba documental d. Prueba pericial e. Prueba de inspección ocular f. Careo Las partes deben solicitar por escrito las pruebas de que intenten valerse, en apoyo de sus respectivas pretensiones. En el escrito de pruebas deben expresarse los testigos y peritos por sus nombres y apellidos, si fueren conocidos, su domicilio y residencia, manifestando al tribunal si han de ser citados judicialmente o si se encargará de hacerlos concurrir. Si se aducen pruebas documentales, el escrito debe acompañarlas y, si se solicita que el tribunal las pida, se indicará la fuente donde puedan localizarse (arts y 2226 del C.J.) Admisión de pruebas: El tribunal debe admitir las pruebas conducentes y, conforme lo señala el artículo 2228 del Código Judicial, en el mismo auto señalará el día y la hora para la celebración de la audiencia o juicio oral, en la cual se practicarán estas; sin perjuicio de que dentro del término de ejecutoria de esa resolución, las partes pidan que se practiquen aquellas pruebas que, por cualquier causa justificada, fuera de temer que no se puedan practicar en la audiencia y pudieran motivar su suspensión. En el plenario o juicio oral también pueden practicarse las pruebas que el juez estime conveniente de oficio ordenar para el esclarecimiento de los hechos.17 En el proceso abreviado, puede surgir prueba evidente, o prueba que permita decidir que el proceso se decida en la audiencia preliminar (arts A y 2528-B del C.J.). En el proceso directo, por disposición del artículo 2528-H del Código Judicial, las partes podrán aducir pruebas hasta el día anterior a la audiencia y el juez puede decretar pruebas en el auto de enjuiciamiento para practicarlas durante la audiencia Actividades previas a la celebración del juicio oral La audiencia oral debe ser previamente preparada y ello requiere un cuidado extremo para lograr el fin perseguido con esta celebración, como lo es la unidad de acto, que prevé el artículo 2231 del Código Judicial. Deben tenerse presentes las garantías constitucionales que rodean el debido proceso penal. Antes de la celebración del juicio oral, debe pasarse una revisión de las pruebas propuestas y admitidas y de las que en todo caso deben ser practicadas en dicho acto, y tomarse las medidas oportunas para las que requieren práctica anticipada. Debe darse también una ojeada al llamamiento a juicio de las partes y al auto que admite pruebas para, con antelación a la fecha de audiencia, realizar la citación de testigos y peritos mediante las boletas correspondientes. Si el imputado se hallare privado de su libertad, debe tenerse cuidado de comunicar con la antelación debida al centro penitenciario donde se encuentre, para que se lo conduzca al lugar del juicio en el momento oportuno. Al local donde se desarrollará la audiencia oral, el tribunal debe trasladar las piezas de convicción, como a las personas que deben intervenir en el acto (art del C.J.) Desarrollo del juicio oral Apertura del debate: El presidente del tribunal o el juez declarará abierta la sesión y seguidamente le preguntará al imputado si se considera culpable del delito que se le imputa (art del C.J.). En la audiencia preliminar, introducida por la Ley 1 del 3 de enero de 1995, el juez procederá a dar la palabra al imputado si este estuviere presente y solicitare que se le interrogue sobre los cargos atribuidos (artículos 2207-A, 2240 y 2242 del Código Judicial). Si ello sucede, el juez debe preguntar al imputado, con claridad y precisión sobre su culpabilidad para que conteste categóricamente. Si el imputado contesta afirmativamente, el juez preguntará al defensor si considera necesaria la continuación del acto y, de ser así, continuará con la celebración de la audiencia. Pero si el imputado contesta negativamente, debe proceder a cerrar el debate y a dictar sentencia dentro del término que le concede la ley. En el juicio oral se prevé la llamada dación en cuenta por el secretario. Conforme el Código Judicial en su artículo 2245, este funcionario luego de dar cuenta del hecho que motivó la formación del sumario y el día en que este se comenzó a instruir, debe expresar además si el imputado está en prisión o en libertad provisional, con o sin fianza. En la audiencia preliminar y en el procedimiento abreviado, el secretario del tribunal ya no tendrá esta función de dación de cuenta, aunque sí debe leer los escritos de calificación, consistentes en la vista fiscal, enviada por el Ministerio Público, y el escrito de oposición de la defensa, si lo hubiere (arts A, 2528-C del C.J.). En el proceso directo, el juez declarará abierta la sesión del juicio oral y hará leer por secretaría el auto de enjuiciamiento, la indagatoria y las demás piezas procesales que se considere conveniente hacer leer (art I del C.J.).18 Práctica de pruebas: En acto continuo se pasará a la práctica de las diligencias de pruebas. Se empieza por las que haya ofrecido el Ministerio Público; se continua con las aducidas por el acusador, si lo hubiere; y por último, por las que adujera el imputado o su defensor. Los testigos serán examinados en el orden en que figuren sus nombres en las listas, aunque el juez podrá alterar dicho orden cuando lo considere conveniente para esclarecer mejor los hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad (art del C.J.) Alegatos de las partes: Terminadas las diligencias de pruebas, el juez anunciará que ha llegado el momento de alegar. Para ello, concederá la palabra al fiscal si fuere parte de la causa, y después al acusador particular si lo hubiere. Seguidamente, dará la palabra al defensor del imputado. En el proceso penal ordinario, las partes alegarán por una sola vez por un término que no exceda de una hora. En la audiencia preliminar el juez concederá la palabra para alegatos, también por una sola vez, por un término no mayor de 30 minutos y en el mismo orden que establece el artículo 2266 del Código Judicial. Aunque los alegatos de que habla el artículo 2207-A del Código Judicial, introducido por la Ley 1 de 3 de enero de 1995, se vierten antes de que se resuelva el mérito del sumario y si la causa fuere muy compleja, el Juez podrá conceder la palabra a las partes hasta por una hora. Al proceso abreviado son aplicables las disposiciones previstas en la audiencia preliminar (art C del C.J.), en materia de alegatos. En el proceso directo, concluida la práctica de pruebas, el juez concederá la palabra por una sola vez y por un término no mayor de una hora a cada uno y en el mismo orden señalado, al Ministerio Público, al acusador particular si lo hubiere, al imputado, quien tiene derecho a designar un vocero cuando personalmente no quiere hacer uso de la palabra, y por último, al defensor (art I del C.J.) Documentación del acto: Como establecimos al hablar del principio de oralidad, se requiere que de la audiencia se levante un documento o acta que debe contener distintos requisitos, entre ellos los siguientes: a. Lugar y fecha de la vista, con indicación de la hora en que fue iniciada y concluida, así como las suspensiones dispuestas. b. Nombre y apellido del juez, del fiscal, del defensor y de los actores civiles si los hubiere (art.2267 del C.J.) Conclusión del juicio oral: Terminada la audiencia oral y levantada el acta que exige el artículo 2267 del Código Judicial, el juicio oral o plenario concluye con la sentencia penal. Mediante la sentencia penal concluye jurisdiccionalmente el proceso, regido por el principio de legalidad (art del C.J.) MEDIOS DE IMPUGNACIÓN En Panamá, el ordenamiento jurídico procesal permite diversos medios de impugnación, ordinarios y extraordinarios. Nos referiremos a los que interesan, en este trabajo El recurso de hábeas corpus El hábeas corpus es un medio de impugnación por excelencia establecido en nuestra Constitución Nacional para salvaguardar los derechos humanos, específicamente la libertad individual. El derecho a la libertad comprende no sólo la libertad física del individuo sino que también cubre otros aspectos más amplios, tales como la libertad ambulatoria, es decir, la libertad de movimiento, la facultad de desplazarse de un lugar a otro. Contempla además las desapariciones forzadas de personas dispuestas por grupos policiales, así como otras19 restricciones a la libertad personal, tales como el confinamiento a una determinada área geográfica, el arresto domiciliario y la negativa de otorgar salvoconducto para la salida del país a personas asiladas en embajadas o misiones diplomáticas. De todo lo anterior se colige que, a través del recurso de hábeas corpus, se pretende garantizar que nadie pueda ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni se le pueda privar de su libertad a menos de que medien las causas establecidas en la ley. De manera, pues, que no solamente se aplica a aquellas detenciones producto de la supuesta comisión ilícita, sino que también comprende otros tipos de privación de libertad, tales como los que mencionamos anteriormente. En la actualidad, no sólo se aplica el recurso de hábeas corpus ordinario o reparador, es decir, aquel interpuesto en favor de la persona que se encuentra detenida y cuya detención se considera que es ilegal, sino que también se aplica a la amenaza de una posible detención. Nuestra jurisprudencia nacional reconoce el supuesto de hábeas corpus preventivo, señalando que este tipo de recurso constituye una vía procesal idónea para enervar las órdenes de detención arbitrarias o ilegales, aun en el supuesto de que la orden no se haya hecho efectiva. Lo anterior tiene su fundamento en los artículos 2565 y 2566 del Código Judicial, los cuales, a juicio de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, aluden al hábeas corpus reparador, y en el artículo 2560, que se refiere tanto a la detención de alguna persona como a la privación de la libertad corporal. La Corte ha declarado ilegal la detención de una mujer embarazada, por razón de su estado y específicamente para salvaguardar el derecho del menor; también se han declarado ilegales las detenciones que se hayan producido con merma de las garantías procesales previstas en el artículo 22 de la Constitución e incluso en aquellos casos de deportación y expatriación sin causa legal, siempre y cuando la deportación no haya sido consumada, pues se requiere que el tribunal de hábeas corpus tenga poder de disposición sobre el corpus de la persona de que se trate. Cabe anotar que es posible solicitar la comparecencia del detenido y celebrar una vista o audiencia oral inmediata en su presencia que permita resolver el caso con la mayor brevedad, pues se trata de un proceso sumarísimo. Esta práctica se da cuando no hay documentación o antecedentes que sustenten la medida adoptada. Consideramos, pues, que el recurso de hábeas corpus constituye, en nuestro país, un medio impugnación efectivo para salvaguardar el derecho a la libertad. No se desestima el criterio de algunos procesalistas que ven en él una acción autónoma y no un recurso Amparo de garantías constitucionales La acción de amparo de garantías es un remedio constitucional que permite que los afectados por actos dictados por los funcionarios públicos (de policía, judiciales o administrativos), se defiendan de las órdenes de hacer o no hacer que vulneren derechos y garantías consagrados en la Carta Magna, y que trae como consecuencia el que se revoquen dichas órdenes. El perjuicio causado por estos actos debe ser grave, actual e inminente pues, de lo contrario, esta acción sería rechazada de plano en la etapa de admisión. Debe considerarse que, jurisprudencialmente, se ha señalado que las omisiones por parte de los servidores públicos pueden ser también motivo de acción de amparo; como ejemplo, la mora judicial. En este mismo orden de ideas, las órdenes expedidas por autoridades administrativas muchas veces no son revisables por medio de esta acción, dado que la Corte ha señalado que a estos actos se les debe aplicar el procedimiento contencioso-administrativo. La Corte Suprema de Justicia, los juzgados de circuito civiles y los tribunales superiores civiles son los competentes para conocer de la acción de amparo de acuerdo con la jerarquía y territorio donde el funcionario ejerce su mando. Cuando se admite el amparo, se ordena al funcionario demandado a que rinda un informe o que se le haga llegar la actuación en un período de dos horas, que se computan a partir de que el servidor tenga conocimiento de dicho requerimiento y que suspenda provisionalmente la20 ejecución de la orden. Esto es contrario a lo que sucede con las órdenes emanadas de las autoridades jurisdiccionales, puesto que estas no se suspenden inmediatamente, sino que queda a discreción del juez o magistrado ponente, la suspensión o no, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 2606 del Código Judicial. La decisión se encuadra en que se conceda la acción, o no. Si se concede, la orden debe revocarse y tendrá efectos retroactivos. Si se niega, el curso del acto continuará Casación penal El recurso de casación se ha definido como un medio extraordinario y específico de impugnación, por medio del cual se persigue anular total o parcialmente una sentencia definitiva proferida por los tribunales superiores, cuando presente errores en el procedimiento o en la aplicación o inaplicación de una disposición legal y en la valoración de la prueba (errores in procedendo y errores in judicando). También la Corte ha sostenido que procede dicho recurso contra la sentencia que reconozca delitos sancionados con prisión superior a dos años. La casación penal tiene como finalidad que se defienda el derecho lesionado, que se procure la exacta observancia de las leyes por parte de los tribunales y se uniforme la jurisprudencia nacional, tal como lo prevé el artículo 1147 del Código Judicial. A la Sala Segunda Penal le compete conocer de los recursos de casación, pero el anuncio y la sustentación de estos se presentan ante el tribunal superior que dictó la sentencia, tal como lo señalamos en líneas anteriores. Otros de los medios de impugnación extraordinarios son las demandas de inconstitucionalidad de las resoluciones y los procesos contencioso administrativos de los derechos humanos, de reciente data en Panamá La demanda de inconstitucionalidad Se halla consagrada en la Constitución Nacional. Tiene como con la finalidad que todo ciudadano pueda impugnar por razones de fondo y forma, ante el pleno de la Corte, cualquier acto emanado de autoridad que conculque preceptos incorporados en la Constitución. Con gran frecuencia se utiliza esta acción para demandar la inconstitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales, por violación al debido proceso, en sus distintas acepciones. En estricto derecho, las decisiones en materia de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo; pero excepcionalmente la Corte, en determinados casos, le ha dado dicho efecto (caso de la Editora Panamá América) El proceso contencioso-administrativo de protección a los derechos humanos El proceso contencioso-administrativo de protección a los derechos humanos fue creado en Panamá mediante la Ley 19 del 9 de julio de 1991, que lo introduce como modificación al artículo 98, numeral 15, del Código Judicial de la República de Panamá, mediante el cual se señalan los procesos que le están atribuidos a la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema. El objetivo de este tipo de proceso es la salvaguarda de los derechos humanos justiciables, es decir, aquellos exigibles judicialmente ante la administración pública. La Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema ha señalado, en innumerables fallos, que este tipo de proceso comprende de manera específica los derechos humanos justiciables de naturaleza civil y política fundamentalmente; aclara que aquellos de carácter económico, social o cultural quedan excluidos de este tipo de procesos por tratarse de los denominados derechos-programa que, tal como lo señala el Presidente del Órgano Judicial "sólo obligan a los gobiernos a crear condiciones sociales y económicas favorables para el progreso de Mostrar más
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