Source: https://issuu.com/siderechos/docs/tratamiento_drogodependencias
Timestamp: 2017-06-26 19:31:19
Document Index: 229931170

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Tratamiento drogodependencias by Portal - issuu
A/65/255Naciones UnidasAsamblea GeneralDistr. general
Original: inglésSexagésimo quinto período de sesiones
humanos y las libertades fundamentalesDerecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental
El Secretario General tiene el honor de transmitir a los miembros de la
Asamblea General el informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover,
presentado de conformidad con la resolución 6/29 del Consejo de Derechos
Humanos.* A/65/150.10-47794 (S) 300810 070910*1047794*A/65/255Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda
El actual sistema internacional de fiscalización de drogas se ha centrado en
crear un mundo libre de drogas casi exclusivamente mediante la aplicación de
políticas de ejecución de la ley y sanciones penales. Sin embargo, hay cada vez más
pruebas que indican que este enfoque ha fracasado, en primer lugar porque no
reconoce las realidades del consumo de drogas y la drogodependencia. Si bien es
cierto que las drogas pueden tener un efecto pernicioso en la vida de las personas y
en la sociedad, este régimen excesivamente punitivo no ha logrado cumplir sus
objetivos de salud pública y ha dado lugar a un sinnúmero de violaciones de los
Las personas que consumen drogas tal vez eviten acudir a los servicios debido a
la amenaza de recibir una sanción penal o sencillamente porque temen que se les
niegue el acceso a la atención de la salud. La penalización y las prácticas represivas
excesivas también menoscaban las iniciativas de promoción de salud, perpetúan el
estigma y aumentan los riesgos de salud a que se exponen poblaciones enteras, no
sólo los que consumen drogas. Algunos países encarcelan a los consumidores de
drogas o les imponen tratamientos obligatorios o aplican ambas medidas. El régimen
internacional de fiscalización de drogas vigente también limita innecesariamente el
acceso a medicamentos esenciales, lo que atenta contra el disfrute del derecho a
El objetivo primordial del actual régimen internacional de fiscalización de
drogas, enunciado en el preámbulo de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes, es la “salud física y moral de la humanidad”, pero el enfoque
aplicado actualmente para luchar contra el consumo y la tenencia de drogas conspira
contra ese objetivo. La generalización de intervenciones que reduzcan los daños
causados por el consumo de drogas (iniciativas de reducción de los daños asociados
a las drogas) y de la destipificación en algunos ámbitos relacionados con la lucha
contra las drogas mejorarían visiblemente la salud física y moral de las personas que
consumen drogas y de la población en general. Las entidades de las Naciones Unidas
y los Estados Miembros también deberían adoptar un enfoque de la fiscalización de
drogas basado en el derecho a la salud, además de alentar la coherencia y la
comunicación a nivel de todo el sistema, incorporar el uso de indicadores y
directrices y considerar la posibilidad de elaborar un nuevo marco jurídico en
relación con determinadas drogas ilícitas, a fin de asegurar el respeto, la protección y
el disfrute de los derechos de las personas que consumen drogas.210-47794A/65/255Índice
PáginaI.Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4II.El derecho a la salud y la fiscalización internacional de drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5III.Repercusiones de la fiscalización de drogas en la realización del derecho a la salud . . . . .8A.Prácticas de disuasión en relación con el acceso a los servicios y el tratamiento . . . . .9B.Discriminación y estigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10C.Exposición a mayores riesgos con el consumo de drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10D.Efectos desproporcionados en las comunidades vulnerables y marginadas . . . . . . . . . .11IV.Tratamiento obligatorio de la drogodependencia e infracciones del derecho a la salud . . . .12V.Acceso a los medicamentos sujetos a finalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14VI.Un enfoque de la fiscalización de las drogas basado en los derechos humanos . . . . . . . . . . .18A.VII.10-47794Reducción de los daños ocasionados por las drogas y tratamiento basado en pruebas
empíricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18B.Destipificación y despenalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23C.Uso de indicadores y directrices relativos a los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . .25D.Marcos reguladores alternativos en materia de fiscalización de drogas . . . . . . . . . . . . .26Recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273A/65/255I. Introducción
En su resolución 6/29, el Consejo de Derechos Humanos pidió al Relator
Especial que presentara un informe provisional a la Asamblea General. El Consejo,
en su resolución 12/24, también alentó al Relator Especial a que integrara en su
mandato actual la perspectiva de los derechos humanos en el acceso a
medicamentos. Este informe se presenta de conformidad con esas peticiones.
Desde la presentación de su último informe a la Asamblea General (A/64/272),
el Relator Especial ha emprendido una serie de actividades para consolidar su
mandato y crear conciencia sobre el derecho a la salud en todo el mundo. Además de
realizar misiones a Australia en noviembre de 2009 y a Guatemala en mayo de 2010,
el Relator Especial participó en diversas consultas y conferencias sobre el derecho a
la salud, incluidas la consulta de parlamentarios sobre la salud materna en la región
de Asia y el Pacífico, celebrada en Bali; una consulta con la sociedad civil sobre los
trabajadores migrantes y la salud, organizada por Coordination of Action Research
on AIDS and Mobility (CARAM Asia) en Kuala Lumpur; la reunión de Global
Partners in Action: Foro de organizaciones no gubernamentales con motivo del
examen realizado 15 años después de la Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo, celebrada en Berlín; y la XVIII Conferencia Internacional sobre el
SIDA celebrada en Viena en julio de 2010.
El Relator Especial también hizo presentaciones en la Universidad de Nueva
York y la Universidad de Columbia; la reunión de partes interesadas en la Human
Rights Development Initiative, en Johannesburgo; la Conferencia Internacional
sobre la realización de los derechos a la salud y al desarrollo para todos, en Viet
Nam; la reunión cumbre del Parlamento Europeo sobre cáncer de cuello uterino, en
Bruselas; la Conferencia sobre el poder judicial y el derecho a la salud, en la
Universidad Princeton; y la ceremonia de entrega de los premios anuales de salud y
derechos humanos de HealthRight International, en Nueva York. El Relator Especial
también dictó conferencias en un curso sobre la justiciabilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales impartido en el Instituto de Derechos Humanos de
la Universidad Ǻbo Akademi, de Turku/Ǻbo (Finlandia).
En marzo de 2009, el Relator Especial celebró una consulta con la sociedad
civil en Guatemala, a la que asistieron organizaciones de la sociedad civil de toda
Centroamérica. Esta consulta ofreció una excelente oportunidad para obtener
información que resultó imprescindible para completar la misión que realizó a
Guatemala en mayo de 2009. El Relator Especial también asistió, por invitación de
Save the Children, a una consulta sobre el tema de la salud infantil y materna
celebrada en el Afganistán.
El presente informe del Relator Especial examina las medidas relacionadas con
la fiscalización de drogas que actúan sobre la demanda, es decir las que atañen
fundamentalmente al consumo y la tenencia de estupefacientes, y sus diversos
efectos en el disfrute del derecho a la salud. Examina también la necesidad de
prestar más atención a los derechos humanos en la lucha contra las drogas, en lugar
de seguir aplicando enfoques extremadamente punitivos que ocasionan más daños a
la salud que los que procuran evitar.
El Relator Especial recomienda que se integren los derechos humanos en las
medidas de fiscalización de drogas a nivel internacional mediante el empleo de
directrices e indicadores relativos al consumo y la tenencia de drogas, y que se410-47794A/65/255considere la posibilidad de crear un marco regulatorio alternativo. Además, los
Estados Miembros deberían garantizar que las medidas de reducción de daños y los
servicios de tratamiento de la drogodependencia estén a disposición de los
consumidores de drogas, haciendo especial hincapié en las personas encarceladas.
Asimismo, deberían reformar la legislación interna para destipificar o despenalizar
la tenencia y el consumo de drogas y aumentar el acceso a los medicamentos
esenciales sujetos a fiscalización.II. El derecho a la salud y la fiscalización
El disfrute del derecho a la salud por todas las personas que consumen drogas
y dependen de ellas se aplica independientemente de que sean consumidores. Es
importante que el consumo de drogas y la drogodependencia no se vean como una
misma cosa: la drogodependencia es considerada un trastorno crónico 1 recurrente
que altera los procesos cerebrales 2 y que puede requerir tratamiento médico,
idealmente mediante un enfoque “biopsicosocial” 3. En cambio, el consumo de
drogas no es un problema de salud y no necesariamente implica dependencia. De
hecho, la mayoría de las personas que consumen drogas no se vuelven dependientes
de ellas y no necesitan tratamiento alguno.
El derecho a la salud implica, entre otras cosas, asegurar el acceso a
instalaciones, artículos y servicios de salud de calidad sin discriminación, ni
siquiera por impedimentos físicos o mentales o estado de salud 4. El párrafo 2 del
artículo 2 y el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales también prohíben la discriminación en el ejercicio de los derechos que
en él se enuncian. El hecho de que una persona consuma drogas no puede en sí
mismo constituir motivo para limitar sus derechos 5, independientemente de que
tenga un síndrome de dependencia reconocido o de que el régimen de fiscalización
de drogas aplicable permita su encarcelamiento o la imposición de otras sanciones.
Las personas que consumen drogas y las que dependen de ellas tienen las mismas
libertades y derechos que se garantizan en los instrumentos jurídicos internacionales
y, en el sistema actual de fiscalización de drogas, se violan los derechos de ambos
Los tres tratados que conforman el marco jurídico básico del régimen
internacional de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas son: a) la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de
1972, que consolidó los acuerdos internacionales anteriores y sometió a
fiscalización internacional plantas como la marihuana, la coca y la adormidera; b) el
1234510-47794Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2010, Suplemento núm. 8
(E/2010/28), pág. 51.
Organización Mundial de la Salud, Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias
psicoactivas (Ginebra, 2004), págs. 13 y 22.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y OMS, Principles of Drug
Dependence Treatment: Discussion Paper (Ginebra, 2008), pág. 1.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general núm. 14 (2000)
(EC.12/2000/4), párrs. 18 y 19.
Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
policy” (10 de marzo de 2009). Comunicado de prensa disponible en: www.ohchr.org.5A/65/255Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971), que incluyó a las sustancias
sintéticas y los precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas; y c) la
Sustancias Sicotrópicas (1988), que aumentó el alcance y la intensidad de la
actividad policial internacional contra el comercio de drogas y destacó la conexión
entre este y la delincuencia organizada 6. Como resultado de esos tratados, cientos de
sustancias ilícitas están sometidas actualmente a fiscalización internacional 7, con lo
que se penaliza virtualmente cada aspecto de la producción y distribución no
autorizadas de esas sustancias, aunque se permita la producción, distribución y
tenencia con fines médicos o científicos 8. Los tratados, que han sido ratificados por
más de 181 Estados, han orientado la elaboración de políticas relativas a las drogas
10. Diversos órganos de las Naciones Unidas se ocupan del cumplimiento de los
tres tratados de fiscalización de drogas y de promover y proteger los derechos
humanos, de conformidad con los artículos 1 y 55 de la Carta de las Naciones
Unidas. Está claro que cuando los objetivos y enfoques del régimen internacional de
fiscalización de drogas entren en conflicto con los del régimen internacional de
derechos humanos, las obligaciones en materia de derechos humanos deberán
prevalecer. La Asamblea General ha aprobado sistemáticamente resoluciones en las
que declara que la fiscalización internacional de las drogas debe llevarse a cabo de
conformidad con la Carta y respetando plenamente los derechos humanos (véanse
las resoluciones 62/176 y 63/197).
11. El objetivo principal del régimen internacional de fiscalización de drogas
consiste en proteger la salud física y moral de la humanidad, disminuyendo el
consumo y suministro ilícitos de sustancias sujetas a fiscalización y asegurando a la
vez el acceso a esas sustancias con fines médicos y científicos 9. Sin embargo, la
consideración explícita de los derechos humanos está ausente de los tratados y no ha
sido priorizada por los órganos de aplicación de esos tratados.
12. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes supervisa la
aplicación de los tres convenios internacionales en materia de drogas. Vigila la
producción y el comercio de drogas ilícitas y el acceso con fines científicos y
medicinales a las sustancias sujetas a fiscalización y está facultado para investigar a
los gobiernos que no cumplen las condiciones que imponen los tratados. La
Comisión de Estupefacientes clasifica los estupefacientes y las sustancias
sicotrópicas según distintos niveles de restricción y es el órgano rector del Programa
de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas dentro de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El mandato
de la Oficina consiste en “contribuir a lograr seguridad y justicia para todos
protegiendo al mundo de la delincuencia, las drogas y el terrorismo” 10.__________________
106Véanse E/CONF.82/15 y Corr. 1 y 2, artículo 3, párr. 5.
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Lista de estupefacientes sometidos a
fiscalización internacional (48ª edición, Viena, 2008).
Véase la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, 30 de marzo de 1961, Naciones
Unidas, Treaty Series, vol. 520, artículo 36.
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, preámbulo y artículo 2.
A/65/6 (Prog. 13), párr. 13.4.10-47794A/65/25513. Aunque en el pasado los órganos de fiscalización de drogas rara vez se habían
involucrado en exámenes constructivos relacionados con los derechos humanos 11,
recientemente se ha registrado un bien recibido cambio hacia la incorporación de
enfoques de derechos humanos en su labor. La UNODC ha examinado métodos para
sincronizar mejor la fiscalización de drogas con la protección de los derechos
humanos 12 y recientemente el Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes celebró por primera vez una reunión oficiosa con representantes
de la sociedad civil 13. La Comisión de Estupefacientes también aprobó una
resolución relativa a la promoción de los derechos humanos en la aplicación de los
tratados de fiscalización internacional de drogas y en otras resoluciones ha
examinado las cuestiones del VIH/SIDA y el acceso a los medicamentos 14. No
obstante, es evidente que debe hacerse mucho más para que los derechos humanos
pasen a ser un elemento central de la fiscalización de las drogas.
14. Lamentablemente, el enfoque actual de la fiscalización de drogas a nivel
mundial sostiene que las drogas son un “mal” indiscutible que la comunidad
internacional tiene la obligación de combatir 15. El concepto de la “guerra contra las
drogas” se emplea para justificar políticas y prácticas extremas 16. Los vínculos
existentes entre la producción de drogas y la financiación de grupos armados, como
por ejemplo entre los cultivadores de opio y los talibanes en el Afganistán, han
contribuido aún más a justificar el enfoque de la tolerancia cero, incluso aunque
cada vez es más obvio que tales políticas no resultan eficaces para reducir la oferta
y la demanda de drogas 17. Por consiguiente, este enfoque no sólo no cumple su
finalidad primaria de prevenir los daños que causa a la salud el consumo de drogas,
sino que tampoco permite realizar una verdadera fiscalización de las drogas.
15. El enfoque de la guerra contra las drogas tampoco reconoce las realidades del
consumo y la dependencia de las drogas y, por esa razón, no ha logrado alcanzar sus
objetivos declarados. En primer lugar, las personas invariablemente siguen
consumiendo drogas con independencia de la legislación penal, pese a que la
justificación principal para imponer sanciones penales es lograr disuadir al
consumidor de que consuma drogas 18. En segundo lugar, la drogodependencia a
diferencia del consumo de drogas, es un problema de salud que requiere un__________________
16171810-47794La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes había declarado expresamente que no
trataría el tema de los derechos humanos ni se relacionaría con la sociedad civil: Mr. Koli
Kouame, Secretario de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, conferencia
de prensa celebrada en Nueva York el 7 de marzo de 2007. Transmisión web disponible en
http://157.150.195.10/webcast/pc2007.htm (Última consulta: 14 de febrero de 2008).
Véase E/CN.7/2010/CRP.6.
International Drug Policy Consortium, The 2010 Commission on Narcotic Drugs – Report of
proceedings (Londres, 2010), pág. 8.
Véanse las resoluciones 49/4 (E/CN.7/2006/10), 51/12 (E/CN.7/2008/15) y 53/9
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, preámbulo.
Véase P. Gallahue, “Targeted Killing of Drug Lords: Traffickers as Members of Armed
Opposition Groups and/or Direct Participants in Hostilities”, International Yearbook on Human
Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, Drogas y democracia: hacia un cambio
de paradigma (2009), pág. 7.
R. Bluthenthal et. al., “Collateral damage in the war on drugs: HIV risk behaviors among
injection drug users”, International Journal of Drug Policy, vol. 10, núm. 1 (1999), pág. 26.7A/65/255tratamiento apropiado, basado en pruebas empíricas, no sanciones penales 19. Por
último, los regímenes punitivos de fiscalización de drogas aumentan los daños
asociados al consumo de drogas pues asignan los recursos a métodos inapropiados y
soluciones equivocadas, y a la vez ignoran los enfoques fundamentados en pruebas.
16. El consumo de drogas puede tener consecuencias perjudiciales para la salud,
pero al Relator Especial le preocupa el hecho de que el enfoque actual de la
fiscalización de drogas cause más daños que los que intenta prevenir. La
penalización del consumo de drogas, concebida para disuadir de su consumo,
tenencia y comercio ilícito 20, ha fracasado18. En cambio, perpetúa métodos
riesgosos de consumo de drogas, al tiempo que castiga de manera desproporcionada
a los consumidores. Tiene además repercusiones igualmente serias en la salud de la
comunidad en su conjunto, sobre todo en lo que se refiere al VIH/SIDA: la
Declaración de Viena de 2010 señala que la penalización de quienes consumen
drogas ilícitas estimula la epidemia del VIH 21. El sexto Objetivo de Desarrollo del
Milenio obliga a los Estados a detener e invertir para 2015 la tendencia de la
propagación del VIH/SIDA (véase la resolución 55/2 de la Asamblea General), pero
la insistencia en la imposición de sanciones penales entra en contradicción directa
con varias políticas de salud multilaterales 22.III. Repercusiones de la fiscalización de drogas
en la realización del derecho a la salud
17. La salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio de los demás
derechos humanos. Los países que aplican sanciones extremadamente punitivas
también violan otros derechos de los consumidores de drogas. En 32 jurisdicciones
se sigue imponiendo actualmente la pena capital por la comisión de delitos
relacionados con las drogas, en algunos casos de manera obligatoria 23. El artículo 6
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “sólo podrá
imponerse la pena de muerte por los más graves delitos” (resolución 2200 A (XXI)
de la Asamblea General). El Comité de Derechos Humanos y el Relator Especial
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias han confirmado que los
delitos relacionados con las drogas no reúnen esas condiciones y que por tanto las
ejecuciones por ese tipo de delitos violan las normas internacionales de derechos
humanos 24.__________________
2223248UNODC y OMS, Principles of Drug Dependence Treatment: Discussion Paper (Ginebra, 2008),
S. Friedman et al., “Relationships of deterrence and law enforcement to drug-related harms
among drug injectors in United States metropolitan areas”, AIDS, vol. 20, núm. 1 (2006),
pág. 93.
Declaración de Viena, XVIII Conferencia Internacional sobre el SIDA (AIDS 2010), pág. 1.
Michel Sidibé, Director Ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA (ONUSIDA), “Parliament: The Heart of Governance”, declaración pronunciada en la
122ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Bangkok, 28 de marzo de 2010. Puede
consultarse en http://unaids.org.
Comité de Derechos Humanos, Observación general núm. 6/16, de 27 de julio de 1982 (A/37/40,
anexo V). Véase International Harm Reduction Association, The Death Penalty for Drug
Offences: Global Overview 2010 (Londres, 2010), pág. 11.
Véase A/HRC/4/20, párr. 53.10-47794A/65/25518. La penalización del consumo y la tenencia de drogas constituye una violación
de varios derechos humanos, incluido el derecho a la salud. Otras infracciones del
derecho a la salud son menos directas, pero se derivan del desvirtuado objetivo del
régimen internacional de fiscalización de drogas: por ejemplo, el acceso insuficiente
a medicamentos esenciales. El Relator Especial considera que cada una de esas
violaciones tiene su origen en última instancia en la atención desproporcionada que
se da a la penalización y las prácticas de aplicación de la ley a expensas del disfrute
del derecho a la salud y la reducción de los daños asociados a las drogas.A.Prácticas de disuasión en relación con el acceso
a los servicios y el tratamiento
19. En los países donde se libra una enérgica “guerra contra las drogas” o donde
las leyes relativas a las drogas se aplican rigurosamente es posible, e incluso
frecuente, que los toxicómanos se sientan disuadidos de acudir a los servicios de
salud. Se sabe que en algunos países este enfoque ha reforzado el estatus de las
personas que consumen drogas como marginados sociales, lo que hunde la práctica
en la clandestinidad, pone en peligro la respuesta al VIH/SIDA 25 y disuade a los
consumidores de drogas de acceder al tratamiento. Asimismo, en los lugares en que
las infecciones por el VIH se producen debido a las prácticas de riesgo en el
consumo de drogas inyectables, hasta el 50% de los consumidores de drogas
inyectables podrían ser seropositivos25.
20. Las personas que consumen drogas tal vez eviten solicitar atención médica por
temor a que la información sobre su consumo de drogas sea compartida con las
autoridades, lo cual podría conducir a su detención, encarcelamiento 26 o tratamiento
contra su voluntad 27. La existencia de registros oficiales que se utilizan para
identificar e incluir en listas a los consumidores de drogas y limitar sus derechos
civiles también pueden disuadir a las personas de buscar tratamiento, pues se ha
documentado que en las jurisdicciones de ese tipo se suele violar la confidencialidad
de la información sobre los pacientes 28.
21. En algunos Estados se tipifica como delito la posesión de agujas, jeringuillas y
otros accesorios, en contravención de las Directrices internacionales sobre el
VIH/SIDA y los derechos humanos 29. Por temor a ser detenidas y sancionadas
penalmente, las personas tal vez no acudan a los programas de distribución de
agujas y jeringuillas ni dispongan de material estéril, lo que aumenta la posibilidad
de que utilicen material no esterilizado y se transmitan enfermedades. Se ha
reconocido que la legislación que penaliza a los consumidores, e incluso al personal
que realiza trabajos de campo, por la tenencia de esos accesorios es un obstáculo en
la lucha contra el VIH 30.__________________
3010-47794Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Thailand’s Response to HIV/AIDS:
Progress and Challenges (Bangkok, 2004), pág. 55.
R. Jürgens et al., “People who use drugs, HIV, and human rights”, The Lancet (2010). Puede
consultarse en doi:10.1016/S0140-6736(10)60830-6, págs. 3 y 4.
A/64/272, pág. 23.
Open Society Institute, The Effects of Drug User Registration Laws on People’s Rights and
Health: Key Findings from Russia, Georgia, and Ukraine (Nueva York, 2009), pág. 16.
Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.06.XIV.4, pág. 30.
UNODC, ONUSIDA y OMS, “Policy brief: provision of sterile injecting equipment to reduce
HIV transmission”, Evidence for action on HIV/AIDS and injecting drug use (Ginebra, 2004),
pág. 2.9A/65/255B.Discriminación y estigma
22. Los consumidores de drogas a menudo sufren discriminación en los entornos
médicos. El acceso al tratamiento con fármacos antirretrovirales puede ser escaso
para las personas que consumen drogas: en Europa Oriental, pese a que el 70% de
las infecciones por el VIH se produjo entre las personas que consumen drogas
inyectables, este grupo sólo representaba el 39% de la población total que vive con
el VIH y recibe terapia antirretroviral 31. Ello tal vez obedezca a las desigualdades
estructurales que impiden el acceso de esos grupos al tratamiento; por ejemplo,
debido a la falta de intervenciones selectivas. Sin embargo, también se han señalado
casos de proveedores de servicios de salud que han negado el tratamiento con
medicamentos antirretrovirales a personas que usan drogas 32, lo que contraviene
directamente el enfoque del derecho a la salud.
23. En ocasiones se niega también el acceso a otros tratamientos médicos a
personas que son o fueron consumidores de drogas aunque no existan pruebas que
justifiquen esa negativa. Se ha informado que en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, por ejemplo, en contravención de las orientaciones oficiales, se ha
denegado tratamiento contra la hepatitis C a personas que consumen o solían
consumir drogas, argumentando que no seguirían el tratamiento 33. Entre las
personas que usan drogas el cumplimiento del tratamiento no es necesariamente
menor y debe evaluarse de manera individual.
24. La estigmatización generada o reforzada por los regímenes punitivos de
tratamiento o aplicación de la ley también puede aumentar los riesgos para la salud.
Los abusos y actos de violencia que infligen las autoridades a las personas que se
inyectan drogas pueden aumentar la posibilidad de que padezcan enfermedades
físicas y mentales 34. Se ha observado el uso selectivo de prácticas policiales, que
van desde la vigilancia hasta el empleo de fuerza excesiva, contra poblaciones
vulnerables y marginadas, y estas personas en última instancia internalizan el
sufrimiento social y se vuelven cómplices de su propia subordinación 35.C.Exposición a mayores riesgos con el consumo de drogas
25. La penalización del consumo de drogas también aumenta los riesgos a que se
exponen los consumidores debido que produce alteraciones en los patrones de
comportamiento en el consumo y en la composición de las drogas. Aunque es más
común la contaminación con sustancias benignas que con sustancias perjudiciales 36,
sigue existiendo la posibilidad de que se produzcan daños como consecuencia de la__________________
34353610OMS, ONUSIDA y UNICEF, Towards Universal Access: Scaling up priority HIV/AIDS
interventions in the health sector (Ginebra, 2008), pág. 24.
D. Barrett et al., “Recalibrating the Regime”, The Beckley Foundation Drug Policy Programme,
13º informe (2008), págs. 37 y 38.
Ibíd., pág. 40.
H. Cooper et al., “Characterizing Perceived Police Violence: Implications for Public Health”,
American Journal of Public Health, vol. 94, núm. 7 (2004), pág. 1116.
T. Rhodes, “Risk environments and drug harms: A social science for harm reduction approach”,
International Journal of Drug Policy, vol. 20, núm. 3 (2009), pág. 196.
C. Cole et al., Cut: A Guide to Adulterants, Bulking Agents and Other Contaminants Found in
Ilicit Drugs, Centre for Public Health, Liverpool John Moores University (Liverpool, 2010),
págs. 10 y 11.10-47794A/65/255falta total de reglamentación. Recientemente fueron confirmados 33 casos de ántrax
entre consumidores de Escocia, que se atribuyen a heroína contaminada 37.
26. La penalización del consumo y la posesión de drogas también puede contribuir
a que los consumidores de drogas corran un mayor riesgo de contraer enfermedades.
Se ha asociado un mayor grado de represión legal a una mayor prevalencia del VIH
entre quienes consumen drogas inyectables, sin que ello implique una disminución
de la prevalencia del consumo de esas drogas 38. Ello probablemente se deba a que
las personas adoptan prácticas más riesgosas, como por ejemplo, comparten
jeringuillas y material de inyección, se inyectan de forma apresurada o utilizan
drogas en lugares poco seguros (como los sitios donde se venden drogas y se
comparten los accesorios para inyectarse) por temor a ser detenidas o castigadas 39.
La preparación apresurada de las drogas para evitar ser detectados por los agentes
del orden también predispone a los consumidores de drogas a un mayor riesgo de
sobredosis, accidentes vasculares o infecciones, como los abscesos. Esos riesgos se
exacerban cuando la persona que consume drogas se muestra renuente, por temor, a
pedir ayuda en la preparación e inyección de drogas 40.
27. Las redadas policiales y otras intervenciones asociadas a la penalización del
consumo y la posesión de drogas también provocan el desplazamiento de los
consumidores de drogas de las zonas atendidas por los programas de reducción de
daños, disminuyendo así la posibilidad de que participen en los programas de
intercambio de agujas y jeringuillas, reciban terapias de sustitución de opiáceos y
tengan acceso a los promotores de salud 41. También se obstaculiza el acceso a la
asistencia de emergencia en caso de sobredosis y, además, cuando se obstruye el
acceso a las redes de inyección y suministradores de drogas habituales puede
aumentar la incidencia de sobredosis. Los más afectados por el desplazamiento
suelen ser los más marginados, a saber, las personas sin hogar, que no
necesariamente pueden acceder a un recinto cerrado para consumir drogas41.D.Efectos desproporcionados en las comunidades vulnerables
y marginadas
28. Las políticas punitivas en relación con las drogas también surten efectos
desproporcionados en las comunidades vulnerables. Por ejemplo, ha trascendido que
en los Estados Unidos de América las tasas de detención de afronorteamericanos son
habitualmente superiores a las de los estadounidenses blancos, aunque las tasas de
delitos cometidos por ambos grupos son comparables 42. Además, más del 80% de
los arrestos son por posesión de drogas, no por su venta 43. La acumulación de
delitos menores puede llevar al encarcelamiento y a una mayor marginación de esos
individuos vulnerables, lo que hace que se expongan a más riesgos para su salud.__________________
424310-47794Health Protection Scotland, “Anthrax Confirmed in NHS Lothian Patient” (Glasgow, 12 de abril
de 2010). Puede consultarse en www.documents.hps.scot.nhs.uk.
Friedman et al., op. cit., pág. 97.
Ibíd.; véase también Bluthenthal et al., op. cit., pág. 31.
Canadian HIV/AIDS Legal Network, Do not Cross: Policing and HIV Risk Faced by People
Who Use Drugs (Toronto, 2007), pág. 6.
Ibíd., págs. 7 y 8.
Human Rights Watch, Decades of Disparity: Drug Arrests and Race in the United States (Nueva
York, 2009), págs. 1 y 5.
Ibíd., pág. 12.11A/65/25529. En la actualidad hay más de 9 millones de personas recluidas en
establecimientos penitenciarios de todo el mundo 44. En muchas prisiones, las tasas
de infección por el VIH son varias veces superiores a las registradas en las
comunidades. Ello se atribuye al consumo de drogas inyectables previo al
encarcelamiento y a los factores de riesgo característicos de esas poblaciones, como
la pobreza y la marginación 45. En las instituciones penales la prevalencia de las
infecciones por hepatitis es elevada, y las tasas de infección por hepatitis C superan
a las del VIH 46. Dentro de las prisiones, el elevado número de consumidores de
drogas inyectables, combinado con la falta de acceso a terapias de sustitución de
opiáceos y a material de inyección estéril, crea enormes riesgos para los reclusos 47.
Al ser liberados, los presos también exponen a otras personas a esos riesgos46.
Cuando no se aplican programas eficaces de reducción de daños y tratamiento de la
drogodependencia en esos establecimientos se vulnera el disfrute del derecho a
la salud.IV. Tratamiento obligatorio de la drogodependencia
e infracciones del derecho a la salud
30. Algunas de las violaciones más graves del derecho a la salud han ocurrido en
el contexto del “tratamiento” de la drogodependencia. La penalización del consumo
de drogas alimenta la percepción de que las personas que consumen drogas son
delincuentes improductivos o degenerados morales, consideración que a su vez
permite que proliferen los enfoques de tratamiento disciplinario. En lugar de aplicar
una gestión médica basada en pruebas empíricas, los gobiernos y las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley coaccionan u obligan a los toxicómanos para que
ingresen en centros en que son sometidos a maltratos y trabajos forzosos. Este
enfoque discrimina a las personas que consumen drogas, pues les niega el acceso a
servicios de atención de la salud y a tratamientos médicos apropiados.
31. En el presente informe se abordan los programas de tratamiento obligatorio
que utilizan principalmente intervenciones disciplinarias, sin tener en cuenta las
pruebas médicas. En esos programas no suele haber acceso a un personal médico
capacitado para atender los trastornos relacionados con la drogodependencia como
enfermedades 48. El trabajo forzoso, la reclusión en régimen de aislamiento y los
tratamientos experimentales administrados sin consentimiento del paciente violan
las normas internacionales de derechos humanos y son sucedáneos ilegítimos de
medidas fundamentadas en pruebas, como la terapia de sustitución, las
intervenciones psicológicas y otras formas de tratamiento administrado con el
consentimiento pleno e informado del paciente.
4812R. Walmsley, World Prison Population List, International Centre for Prison Studies (7ª ed.,
Londres, 2007), pág. 1.
International Harm Reduction Association, State of Global Harm Reduction (Londres, 2010),
Ibíd., pág. 106.
A/HRC/10/44, párrs. 55 a 67.
Véase OMS, Assessment of compulsory treatment of people who use drugs in Cambodia, China,
Malaysia and Viet Nam: An application of selected human rights principles (Ginebra, 2009).
Puede consultarse en www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/4AF545599-A3F-4168-A61F3617412017AB/0/FINALforWeb_Ma17_Compulsory_Treatment .pdf (última consulta: 10 de
junio de 2010).10-47794A/65/25532. El disfrute del derecho a la salud incluye, entre otras cosas, el acceso a
establecimientos, bienes y servicios de salud que sean apropiados desde el punto de
vista científico y médico y de buena calidad 49 y el “derecho a no padecer
injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y
experimentos médicos no consensuales”49. Además, el artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma que “nadie será sometido sin su
libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”. Los Estados tienen la
obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, incluso
absteniéndose de administrar tratamientos médicos coercitivos, salvo en casos
excepcionales y sujetos a condiciones restrictivas para el tratamiento de
enfermedades mentales o la prevención de enfermedades transmisibles y la lucha
contra ellas 50. En la administración de todo tratamiento de la drogodependencia se
deberán cumplir los requisitos del consentimiento informado, incluido el derecho a
negarse a recibirlo 51.
33. El tratamiento obligatorio atenta contra el derecho a la salud de dos maneras.
En primer lugar, este “tratamiento” por lo general ignora las prácticas médicas
basadas en pruebas y por tanto deja de cumplir el requisito de calidad del derecho a
la salud 52, según argumenta el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. En segundo lugar, con frecuencia el tratamiento se realiza en masa, sin
tener en cuenta que cada persona debe dar su consentimiento informado.
34. La gestión médica correcta de la drogodependencia exige que el tratamiento se
base en pruebas. Sin embargo, el catálogo de “tratamientos” de muchos centros de
tratamiento obligatorio incluye trabajos forzosos, detención, ejercicios de tipo
militar, ejercicios físicos y tratamientos experimentales, entre otras intervenciones,
cuya eficacia no ha sido respaldada por pruebas científicas. Casi entre el 90% y el
100% de las personas que consumen drogas vuelven a hacerlo después de haber sido
obligadas a recibir tratamiento en ese tipo de centros 53.
35. Según se ha informado, algunos pacientes son sometidos a terapias aberrantes
como la “terapia de azotes” 54. Se ha sabido también que hay pacientes que son
obligados a trabajar casi 17 horas al día, durante toda la semana, bajo amenazas de
golpizas y otros castigos corporales 55.
36. Esos tratamientos disciplinarios por lo general se utilizan en lugar de métodos
fundamentados en pruebas y, como consecuencia de ellos, muchas personas
dependientes de la heroína y otros opiáceos sufren los síntomas de abstinencia sin
recibir medicamentos, en lugar de administrárseles fármacos o la terapia de
sustitución de opiáceos. La clasificación de la metadona y la buprenorfina como
sustancias ilícitas crea un obstáculo adicional al acceso a esos tratamientos de la__________________
53545510-47794Observación general núm. 14 (2000) (E/C.12/2000/4), párr. 12 d).
Ibíd., párr. 34.
Véase A/64/272, párrs. 28 y 88 a 91.
Observación general núm. 14 (2000) (E/C.12/2000/4), nota 55.
N. Crofts, “Treatment in Southeast Asia: The need for effective approaches”, en Open Society
Institute Briefing on Drug Treatment, HIV, and the Challenge of Reform (2006).
V. Mendelevich, “Narcology: Drug treatment in Russia”, en Open Society Institute Briefing on
Drug Treatment, HIV, and the Challenge of Reform (2006).
J. E. Cohen y J. J. Amon, “Health and Human Rights Concerns of Drug Users in Detention in
Guangxi Province , China”, Public Library of Science (PLoS Med, 5912): e234 2008.13A/65/255drogodependencia 56. La imposición de tratamientos obligatorios a expensas de la
terapia de sustitución de opiáceos y otras intervenciones de reducción de daños
también aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades, en particular del
VIH/SIDA 57.
37. En algunos países puede suceder que se obligue a las personas a recibir
tratamientos innecesarios desde el punto de vista médico porque no se distingue
entre los consumidores ocasionales de drogas y los toxicómanos 58. Muchas de esas
personas también pueden ser sometidas a tratamientos experimentales. El hecho de
que no se proporcione al paciente la información necesaria para que pueda dar su
consentimiento plenamente informado vulnera su disfrute del derecho a la salud.
38. Como se examinó en un informe anterior del Relator Especial 59, el requisito
del consentimiento informado para seguir un tratamiento es un elemento
fundamental del derecho a la salud, y ese requisito se cumple muy raras veces al
administrar un tratamiento punitivo de manera forzosa. Las decisiones sobre la
capacidad y la competencia y la necesidad de obtener el consentimiento informado
deben adoptarse según las circunstancias de cada caso. El tratamiento prima facie en
masa no cumple esas condiciones. Ha trascendido que en algunos países se han
producidos arrestos en masa de consumidores de drogas, que luego han sido
obligados a ingresar en centros de tratamiento obligatorio 60. Como resultado de este
enfoque se obliga a las personas a recibir tratamiento sobre la base de exámenes
médicos superficiales e insuficientes —si es que han llegado a realizarse.
39. Las personas que consumen drogas o son drogodependientes no carecen
automáticamente de la capacidad para consentir en recibir tratamiento. La
presunción de incapacidad basada en el consumo o la dependencia de drogas crea
grandes posibilidades de que se cometan abusos. En muchos casos, la determinación
de la incapacidad individual no es más que un pretexto para administrar un
tratamiento obligatorio a las personas que consumen drogas. En vez de negar a los
consumidores de drogas el derecho a ser partícipes de un tratamiento al que hayan
dado su consentimiento deberían establecerse mecanismos de apoyo apropiados para
superar los obstáculos que impiden obtener el consentimiento informado.V. Acceso a los medicamentos sujetos a finalización
40. Millones de personas en todo el mundo necesitan medicamentos esenciales
para el tratamiento del dolor, la drogodependencia y otros problemas de salud, pero
la disponibilidad de esas medicinas con frecuencia se ve limitada por reglamentos
restrictivos, el funcionamiento deficiente del sistema de suministro y distribución y
6014Open Society Institute, At What Cost?: HIV and Human Rights Consequences of the Global
“War on Drugs” (Nueva York, 2009), pág. 87.
Véase Open Society Institute, “Detention as Treatment” (mayo de 2010); R. Pearshouse,
“Compulsory Drug Treatment in Thailand: Observations on the Narcotic Addict Rehabilitation
Act B.E. 2545 2002” (2009).
OMS, Assessment of compulsory treatment of people who use drugs in Cambodia, China,
Malaysia, and Viet Nam: An application of selected human rights principles (Ginebra, 2009).
Puede consultarse en www.wpro.who.int/.
Véase A/64/272.
Véase D. Barrett et al., “Recalibrating the Regime”, The Beckley Foundation Drug Policy
Programme, 13º informe (2008).10-47794A/65/255la insuficiente capacidad del sistema de atención de la salud. Entre los países
desarrollados y los países en desarrollo existe una alarmante diferencia en lo que se
refiere a la disponibilidad y el suministro de medicamentos esenciales. Aunque en el
mundo en desarrollo vive casi la mitad de los pacientes de cáncer del mundo y se
producen casi todas las nuevas infecciones por el VIH, sólo se consume el 6% de la
oferta de morfina para fines lícitos 61. Alrededor del 89% de todos los medicamentos
fiscalizados, incluida la morfina, se consume en América del Norte y Europa 62. En
su resolución 2005/25, el Consejo Económico y Social reconoció la necesidad de
eliminar las barreras a la utilización de analgésicos opiáceos 63 y la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha llegado a la conclusión en
reiteradas ocasiones que la disponibilidad de medicamentos esenciales fiscalizados
es demasiado limitada en muchos países 64.
41. Esos medicamentos suelen estar sometidos a restricciones excesivas por temor
a que sean desviados de los usos médicos legítimos a usos ilícitos64. Aunque es
importante impedir el desvío de medicamentos, debe encontrarse un equilibrio entre
ese riesgo y las necesidades del paciente que va a recibir tratamiento. La
Convención Única sobre Estupefacientes reconoce el uso médico de los
estupefacientes que son indispensables para mitigar el dolor 65. La UNODC y la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ejercen funciones de
supervisión con el fin de asegurar que los Estados cumplan las obligaciones que les
incumben en virtud de los tratados de fiscalización de drogas. Dado que muchas de
las barreras que obstaculizan el acceso a los medicamentos esenciales fiscalizados
son de carácter reglamentario, es posible cambiarlas con rapidez y sin grandes
costos. Sin embargo, muchos países no han logrado adaptar sus sistemas de
fiscalización de drogas de manera que se mantenga un suministro adecuado de
medicamentos; esos sistemas a menudo se habían implantado antes de que se dieran
a conocer o concibieran los métodos contemporáneos de tratamiento del dolor
crónico y la drogodependencia 66. Ello constituye una infracción del derecho a la
salud, pues el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha explicado
que facilitar medicamentos esenciales es una obligación básica mínima dimanante
de ese derecho 67 y que los Estados deben cumplir inmediatamente esta obligación
inderogable independientemente de la limitación de recursos 68.
42. La restricción del acceso a los opiáceos tiene consecuencias obvias para la
disponibilidad de la terapia de sustitución de opiáceos (véase el examen de este
tema más adelante en la sección VI). No obstante, existen otras tres esferas
principales en las que el acceso a los medicamentos fiscalizados resulta esencial:
a) el tratamiento del dolor moderado a intenso, incluso como parte de los cuidados
6810-47794Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2007
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.08.XI.1), pág. 22. Puede consultarse
en www.incb.org/incb/es/annual-report-2007.html.
OMS, Access to Controlled Medications Programme: Biennial Report 2006-2007
(WHO/PSM/QSM/2008), pág. 1.
E/2005/INF/2/Add.1, pág. 74.
Véase Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a
2008 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.09.XI.1).
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, segundo preámbulo.
OMS, Achieving Balance in National Opioids Control Policy: Guidelines for Assessment
(Ginebra, 2000), pág. 6.
Observación general núm. 14 (2000) (E/C.12/2000/4), párr. 43.
Ibíd., párr. 47.15A/65/255paliativos de personas que padecen enfermedades que acortan la vida;
b) determinadas situaciones obstétricas de emergencia; y c) el tratamiento de la
43. El objetivo de los cuidados paliativos consiste en alcanzar la mejor calidad de
vida posible para pacientes diagnosticados con enfermedades que pueden causar la
muerte, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento 69. El dolor moderado a
intenso es un síntoma común de esas enfermedades, entre ellas los tumores malignos
en estadios avanzados, que requieren la administración de analgésicos opiáceos 70.
La OMS califica a estos y otros analgésicos como medicamentos esenciales. Entre el
60% y el 90% de los pacientes con cáncer avanzado padecen dolor moderado a
intenso que es necesario aliviar por esos medios, y es posible que alrededor del 85%
de las personas que viven con el VIH sufran dolor sin recibir tratamiento para
aliviarlo 71. Puede darse el caso de que a pacientes con VIH que también son
drogodependientes se les niegue el acceso tanto a la terapia de sustitución de
opiáceos como a los cuidados paliativos. Las consecuencias del dolor crónico para
el cual no se administra tratamiento no solo son físicas. Las personas que sufren
dolor crónico tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir depresión o
ansiedad71. Los pacientes con dolor intenso a moderado que en lo fundamental no
tienen acceso a cuidados paliativos manifiestan que preferirían morir en lugar de
seguir viviendo con dolores intensos sin recibir alivio 72.
44. Hay medicamentos sujetos a fiscalización que también son necesarios en
tratamientos obstétricos de urgencia y en el tratamiento de la epilepsia pero el
acceso a ellos sigue siendo limitado. Cada año, la hemorragia puerperal causa más
de 100.000 muertes maternas 73. El uso de oxitocina y ergometrina, dos
medicamentos fiscalizados que se utilizan en tratamientos obstétricos pero son de
difícil acceso, reduce en más de la mitad el riesgo de hemorragia puerperal grave73.
De manera análoga, alrededor del 75% de los enfermos epilépticos de los países en
desarrollo y hasta el 90% de los enfermos epilépticos de África no son tratados con
medicamentos esenciales, en particular fenobarbital, lo que obedece en parte a que
este es un medicamento fiscalizado 74.
45. El cumplimiento de las disposiciones de almacenamiento, suministro y
prescripción de medicamentos sujetos a fiscalización puede ser oneroso para las
instituciones y los trabajadores de la salud y crea obstáculos para el suministro de
esos medicamentos. Por ejemplo, se imponen restricciones a la concesión de
licencias a instituciones médicas para que prescriban medicamentos fiscalizados. Se
ha informado que en algunos países solo se permite prescribir opiáceos a hospitales
69707172737416OMS, WHO Definition of Palliative Care (Ginebra, 2010). Puede consultarse en
OMS, Pain Relief Ladder (Ginebra, 2010). Puede consultarse en www.who.int/cancer/palliative/
painladder/en/.
O. Gureje et al., “Persistent pain and well-being: a World Health Organization study in primary
care”, JAMA, vol. 80 (1998), págs. 147 a 151.
Human Rights Watch, Unbearable Pain: India’s Obligation to Ensure Palliative Care (Nueva
York, 2009), págs. 18 a 20.
OMS, Datos y cifras núm. 336, “Medicamentos: accesos a los medicamentos fiscalizados
(sustancias narcóticas y psicotrópicas)”, junio de 2010, pág. 10. Puede consultarse en
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs336/es/index.html.
Ibíd., pág. 1.10-47794A/65/255de “Nivel 1” 75. Los reglamentos también limitan el tipo o la cantidad de sustancias
que puede recetar un médico. En algunos Estados se exige a los profesionales de la
salud que, además de sus licencias profesionales, obtengan permisos especiales para
recetar morfina 76. Las leyes de carácter restrictivo son un problema particular en los
casos de la metadona y la buprenorfina, medicamentos utilizados en la terapia de
sustitución de opiáceos. En algunos Estados se ha prohibido el uso de estos
medicamentos 77.
46. Existen muchos mitos sobre el uso de los medicamentos sujetos a
fiscalización: se dice, por ejemplo, que causan adicción, que no tratan el dolor de
manera apropiada o que no es posible tratar el dolor crónico o terminal. Los propios
profesionales de la salud suelen conocer poco sobre cuidados paliativos y se sienten
incómodos al prescribir analgésicos opiáceos por temor a que creen dependencia75,
aunque las conclusiones de decenas de estudios afirmen lo contrario 78. En los
lugares donde no se ofrece una capacitación apropiada, los profesionales de la salud
tal vez no estén seguros de las implicaciones legales que entraña recetar esos
medicamentos, sobre todo en caso de pacientes que consumen drogas ilícitas, y tal
vez eviten hacerlo, lo que limita aún más la disponibilidad de medicamentos
47. La asequibilidad es un elemento central del requisito de acceso inherente al
derecho a la salud. Los medicamentos sujetos a fiscalización no tienen que ser
gratuitos, pero su costo debe ser asequible. Sin embargo, incluso las medicinas que
pueden fabricarse a bajo costo no son necesariamente asequibles para los
consumidores, porque los fabricantes incurren en gastos considerables para cumplir
los reglamentos, gastos que se transfieren al consumidor con el precio de mercado
del medicamento. Por ejemplo, Cipla, un fabricante de medicamentos genéricos de
la India, produce tabletas de morfina de 10 miligramos que se venden al por mayor a
0,017 centavos de dólar de los Estados Unidos cada una; sin embargo, el costo
medio de la morfina suficiente para un mes de tratamiento en países de ingresos
bajos y medianos es de 112 dólares, contra 53 dólares en los países
industrializados 79. Además, se suele promover más el uso de medicamentos no
genéricos en comparación con similares genéricos más baratos pero igualmente
seguros y eficaces. Los medicamentos de marca suelen ser más costosos y, por
consiguiente, no son asequibles para grandes sectores de la población,
especialmente los grupos vulnerables, como los consumidores de drogas y las
personas que viven con el VIH.__________________
7910-47794Human Rights Watch, Please, do not make us suffer any more … Access to Pain Treatment as a
Human Right, (Nueva York, 2009), pág. 25.
Open Society Institute, At What Cost?: HIV and Human Rights Consequences of the Global War
on Drugs (Nueva York, 2009), pág. 84.
OMS, Achieving Balance in National Opioids Control Policy (Ginebra, 2000), págs. 8 y 9.
S. Burris y C. Davis, “A Blueprint for Reforming Access to Therapeutic Opiods: Entry Points
for International Action to Remove the Policy Barriers to Care”, Centers for Law and the
Public’s Health: A Collaborative at the Johns Hopkins and Georgetown Universities (2008),
pág. 18.17A/65/255VI. Un enfoque de la fiscalización de las drogas
basado en los derechos humanos
48. Resulta prioritario que se adopte un enfoque basado en los derechos humanos
en la lucha contra las drogas para prevenir las continuas violaciones de derechos
derivadas de los enfoques aplicados actualmente a la restricción del suministro y la
demanda, y que se avance hacia la creación de un sistema humano, que cumpla sus
propios objetivos en materia de salud. En la actualidad, existe una falta de
coordinación y de debate entre los organismos que se ocupan de la lucha contra las
drogas y los que se ocupan de los derechos humanos en el ámbito internacional. Los
enfoques basados en el cumplimiento de la ley se enmarcan, desde el punto de vista
institucional, en el régimen internacional de fiscalización de las drogas, dado que
estas actividades están radicadas en la UNODC, que dirige las iniciativas de las
Naciones Unidas en la lucha contra la delincuencia organizada. Esta vinculación
entre las esferas de la imposición de la ley y de la fiscalización de las drogas impide
en parte que se adopte un enfoque basado en los derechos humanos y que se
colabore con los organismos de las Naciones Unidas competentes en este ámbito.
49. Es necesario que se entienda que el sistema internacional de fiscalización de
drogas vigente es ineficaz y hay que emprender reformas en todas las instancias
normativas. Los gobiernos nacionales deberían implantar programas y normas
encaminados a reducir los daños ocasionados por las drogas, destipificar o
despenalizar su consumo y posesión, y reformar las regulaciones relativas a los
medicamentos esenciales. Los organismos de las Naciones Unidas que participan en
la lucha contra las drogas deben asegurar que exista coherencia en todo el sistema
adoptando un enfoque de la fiscalización de drogas basado en los derechos
humanos, lo que implica necesariamente el reconocimiento de que los derechos
humanos son esenciales en su actividad. Estos cambios del sistema internacional
también deberían marcar la pauta para las reformas nacionales y dotarlas de
legitimidad.A.Reducción de los daños ocasionados por las drogas
y tratamiento basado en pruebas empíricas
50. Las iniciativas orientadas a reducir los daños tienen por objeto reducir los
perjuicios asociados al uso de sustancias psicoactivas sin desaconsejar
necesariamente su consumo 80, y es posible que se den en regímenes jurídicos
restrictivos. Entre estas iniciativas figuran los programas de distribución de agujas y
jeringuillas, la prescripción de medicamentos sustitutivos, las salas habilitadas para
el consumo de drogas, los programas orientados a cambiar la vía de administración
intravenosa, las prácticas para prevenir la sobredosis y los programas de extensión e
51. Los programas de distribución de agujas y jeringuillas, consistentes en facilitar
material esterilizado para inyecciones a las personas que se administran drogas por
vía intravenosa, han recibido el respaldo de la Organización Mundial de la Salud,
que señala que existen pruebas convincentes de que contribuyen a reducir
notablemente la infección por el VIH de manera rentable y sin consecuencias__________________
8018International Harm Reduction Association, What is harm reduction? (Londres, 2010), pág. 1.10-47794A/65/255negativas de importancia 81. La aplicación de este tipo de programas se ajusta a
principios básicos en el ámbito de la salud pública, según los cuales la eliminación
del medio de transmisión (en este caso, las agujas infectadas) reduce el contagio de
la enfermedad que trasmite 82.
52. La terapia de sustitución de opiáceos es un enfoque terapéutico basado en
pruebas empíricas consistente en la prescripción de medicamentos sucedáneos,
como la metadona o la buprenorfina, para combatir la dependencia de los opiáceos.
Este tipo de tratamiento reduce el consumo de drogas inyectables y el uso
compartido de material para inyectarlas, por lo que disminuye el riesgo de contraer
el VIH y otros virus transmitidos a través de la sangre 83. Disponer de la terapia de
sustitución de opiáceos a escala mundial podría reducir las nuevas infecciones por el
VIH en más de 100.000 casos 84,limitar considerablemente la incidencia de otras
enfermedades transmitidas a través de la sangre, y recortar en casi un 90%84 las
muertes por sobredosis de opiáceos. En los lugares en los que no se dispone de este
tipo de terapia, se observa una mayor incidencia de casos de sobredosis tras el
tratamiento de la drogodependencia, debido a la menor tolerancia del individuo a la
droga 85. Además, según indican numerosos estudios, el apoyo farmacológico resulta
eficaz para tratar el síndrome de abstinencia de opiáceos 86 y prevenir que se recaiga
en el uso de la droga 87.
53. Hay otras iniciativas como los programas informativos que también están
concebidas para reducir al mínimo los daños que sufren los consumidores de drogas.
En la actualidad existe poca información sobre su eficacia, debido en muchos casos
a que están integrados en otros programas, pero su uso es frecuente 88. Según las
conclusiones de un meta-análisis, los programas informativos redundan en cambios
de comportamiento entre los drogodependientes que ayudan a reducir los riesgos,
pero sus resultados varían dependiendo del diseño del programa 89. Los programas
de extensión se utilizan para contactar a las personas que consumen drogas dentro
de sus propias comunidades y facilitarles información, así como para referirlos a los
servicios médicos y de análisis clínicos, entre otras actividades. Se ha observado__________________
81828384858687888910-47794OMS, Effectiveness of sterile needle and syringe programming in reducing HIV/AIDS among
injecting drug users (Ginebra, 2004), pág. 28.
S. Burris et al., “Physician Prescribing of Sterile Injection Equipment to Prevent HIV Infection:
Time for Action”, Annals of Internal Medicine, vol. 133, núm. 3 (2000), pág. 219.
L. Gowing et al., “Substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV
infection (Review)”,The Cochrane Library, núm. 4 (2008), págs. 27 a 29.
OMS, Nota informativa 2007: Access to Controlled Medications Programme (Ginebra, 2007),
Eurasian Harm Reduction Network, The impact of drug policy on health and human rights in
Eastern Europe: 10 years after the UN General Assembly Special Session on Drugs (Vilnius,
2009), pág. 18.
Véase L. Gowing et al., “Alpha2-adrenergic agonists for the management of opioid withdrawal”,
The Cochrane Library, núm. 3 (2009).
infection (Review)”, The Cochrane Library, núm. 4 (2008).
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J. E. Cross et al., “The Effectiveness of Educational and Needle Exchange Programs: A Metaanalysis of HIV Prevention Strategies for Injecting Drug Users”, Quality & Quantity, vol. 32,
núm. 2 (1998), pág. 176.19A/65/255una disminución de alrededor del 27% en los comportamientos de riesgo tras
mantener contacto con los servicios de extensión 90.
54. Otras iniciativas, como las clases de primeros auxilios y la administración de
naloxona, un antagonista puro de los opiáceos que se utiliza para combatir la
depresión del sistema nervioso central asociada a la sobredosis de ese tipo de
sustancias, también contribuyen a reducir los daños asociados a la sobredosis de
drogas, al igual que las salas habilitadas para el consumo de drogas, donde los
consumidores se administran las drogas en un entorno asistido. Entre las ventajas
que pueden ofrecer estas salas figuran la prevención del contagio de enfermedades y
un menor deterioro de las venas, así como la promoción del tratamiento y de otros
servicios. Existen pruebas de que este tipo de salas ha contribuido a una
disminución de los índices de sobredosis y a un mayor acceso a los servicios
médicos y sociales 91.
55. Conforme al artículo 12 c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, los países están obligados a adoptar medidas para prevenir,
tratar y controlar las epidemias. Dado que la infección por el VIH ha cobrado
proporciones de epidemia entre los grupos que utilizan drogas, en especial en las
prisiones, los Estados están explícitamente obligados a adoptar medidas directas al
respecto. En el párrafo 1) b) del artículo 15 del Pacto también se estipula que toda
persona tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso científico. Dado que
existe un importante cúmulo de pruebas que demuestran la eficacia de los programas
y las medidas de reducción de daños, los Estados partes tienen la obligación de
aplicar este tipo de iniciativas, cuya aplicación sigue siendo insuficiente en todo el
mundo. En la actualidad, 93 países y territorios apoyan el enfoque basado en la
reducción de los daños causados por las drogas 92. En 2009, 82 países contaban con
programas de distribución de agujas y jeringuillas, 70 países disponían de
programas de terapia de sustitución de opiáceos, y en 66 existían iniciativas de
ambos tipos 93. Sin embargo, se ha confirmado que 55 países donde se consumen
drogas inyectables carecen de programas de distribución de agujas y jeringuillas, y
en 66 no había terapia de sustitución de opiáceos 94. Suscita especial preocupación
que este tipo de terapia no se encuentre disponible en 29 países de África y el
Oriente Medio, sobre todo habida cuenta del grave problema que plantea la
infección por el VIH en toda África94.
1.VIH/SIDA
56. La legislación y las medidas en materia de drogas repercuten en la lucha contra
la infección por el VIH debido a los hábitos asociados al consumo de drogas, en
especial, a la práctica de compartir agujas mediante la cual se puede contagiar el
VIH. Aproximadamente, 1 de cada 10 nuevas infecciones por el VIH en el mundo se
debe al uso de drogas inyectables, y hasta un 90% de las infecciones se da entre los__________________
92939420A. Ritter y J. Cameron, “A review of the efficacy and effectiveness of harm reduction strategies for
alcohol, tobacco and illicit drugs”, Drug and Alcohol Review, vol. 25, núm. 6 (2006), pág. 615.
N. Hunt, “A review of the evidence-base for harm reduction approaches to drug use”, págs. 31 y 32.
International Harm Reduction Association, The Global State of Harm Reduction 2010 (Londres,
2010), pág. 8.
B. Mathers et al., “HIV prevention, treatment and care services for people who inject drugs: a
systematic review of global, regional and national coverage”, The Lancet, vol. 375 (2010), págs.
1018 y 1019.
Ibíd., págs. 1019 a 1021.10-47794A/65/255consumidores de drogas inyectables en regiones como Europa Oriental y Asia
Central 95. En los lugares donde no se aplican medidas para reducir los daños, la
prevalencia del VIH en este grupo puede ascender al 40% o incluso a un porcentaje
superior en el plazo de uno o dos años a partir de la introducción del virus en la
comunidad 96.
57. El riesgo de transmisión del virus a través del uso compartido de agujas se
puede atajar utilizando los principios de reducción de daños. La puesta en marcha de
programas de distribución de agujas y jeringuillas se corresponde en gran medida
con una reducción de los comportamientos de riesgo que predisponen a los
consumidores de drogas inyectables a contraer el VIH 97. Este tipo de programas
tiene otras ventajas como el aumento de la participación en los programas de
tratamiento del VIH 98. Sin embargo, la cobertura actual de los programas de
distribución de agujas y jeringuillas, la terapia de sustitución de los opiáceos y el
tratamiento con antirretrovirales no basta para prevenir la transmisión del VIH en la
inmensa mayoría de los países donde se consumen drogas inyectables 99. La
financiación destinada a lograr que los consumidores de drogas inyectables tengan
acceso universal a los servicios de prevención de la infección por el VIH asciende
en la actualidad a la vigésima parte del monto necesario 100.
58. Las Naciones Unidas han declarado que se deberían realizar actividades de
extensión, programas de distribución de agujas y jeringuillas y tratamientos de la
dependencia basados en pruebas empíricas (entre otros, terapia de sustitución de los
opiáceos) para reducir al máximo el riesgo de transmisión del VIH entre los usuarios
de drogas 101. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoció
que las actividades encaminadas a reducir los daños ocasionados por las drogas
constituían un elemento esencial de las respuestas nacionales a la dependencia de
drogas ilícitas y ha formulado recomendaciones a los Estados partes. En su
resolución 12/27, el Consejo de Derechos Humanos también reconoció la necesidad
de ofrecer un completo “conjunto de servicios a los usuarios de drogas inyectables,
entre ellos programas de reducción de daños en relación con el VIH” 102.
2.Centros de detención
59. Los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud
absteniéndose de denegar el acceso igual de todas las personas, incluidos los presos
o detenidos, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos 103. Muchos
Estados han empezado a aplicar programas de reducción de daños en los centros de__________________
10310-47794OMS (Europa), Status Paper on Prisons, Drugs and Harm Reduction (Copenhague, 2005), pág. 3.
Ibíd., pág. 5.
A. Wodak y A. Cooney, “Do Needle Syringe Programs Reduce HIV Infection among Injecting
Drug Users: A Comprehensive Review of the International Evidence”, Substance Use & Misuse,
(2006), vol. 41, núms. 6 y 7, pág. 792.
Ibíd., pág. 799.
Mathers et al., “HIV prevention”, pág. 1025.
G. V. Stimson et al., “Three Cents a Day is Not Enough: Resourcing HIV-Related Harm
Reduction on a Global Basis” (International Harm Reduction Association, 2010).
Subcomité de Fiscalización de Drogas del Comité Administrativo de Coordinación (2000).
Preventing the Transmission of HIV among Drug Abusers: A position paper of the United
Nations System. Anexo al informe del octavo período de sesiones del Subcomité de
Fiscalización de Drogas (28 y 29 de septiembre de 2000), párrs. 3 a 10.
A/HRC/12/50, secc. I.
Observación general núm. 14 (E/C.12/2000/4), párr. 34.21A/65/255tratamiento, en vista de que los regímenes punitivos anteriores han generado las
tasas de incidencia del VIH de más rápido crecimiento en el mundo 104. No obstante,
en la actualidad solo existen programas de distribución de agujas y jeringuillas en
los centros de detención de 10 países, y menos de 40 países ofrecen la terapia de
sustitución de opiáceos como mínimo en un centro penitenciario 105.
60. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impone
a los Estados partes diversas obligaciones de efecto inmediato, como la garantía de
que los derechos serán ejercidos sin discriminación alguna 106. Facilitar programas
de reducción de daños y tratamientos basados en pruebas empíricas al público en
general, pero no a las personas detenidas, contraviene la legislación internacional.
De hecho, dados los riesgos para la salud que conlleva el encarcelamiento, el
Relator Especial considera que probablemente sea necesario aplicar nuevas medidas
en las prisiones para cumplir los objetivos en materia de salud pública. En el
contexto del VIH y de las actividades de reducción de daños, ello exige la puesta en
marcha de servicios de reducción de daños en los centros de detención incluso allí
donde aún no se ofrecen a la comunidad, ya que el principio de equivalencia resulta
insuficiente para hacer frente a la epidemia entre los reclusos 107.
61. En la Recomendación de Madrid de 2009 se señala que hay pruebas
abrumadoras de la eficacia de las medidas de protección de la salud, entre otras, las
medidas de reducción de daños, en las prisiones 108. En la Recomendación de
Madrid se establece que el tratamiento de los usuarios de drogas, junto con medidas
de reducción de daños como los programas de distribución de agujas y jeringuillas,
constituyen una necesidad urgente en todos los sistemas penitenciarios 109. También
se observa que el tratamiento de la drogodependencia es de una gran eficacia para
reducir la delincuencia: el tratamiento o la atención dentro de la prisión, o bien
como alternativa a la reclusión, reduce las tasas de recaída, la transmisión del VIH y
la reincidencia en el delito 110. De este modo, el tratamiento de la drogodependencia
protege no solo al individuo, sino a la sociedad en su conjunto, y combate el círculo
vicioso de la reincidencia, que expone al riesgo a otros detenidos. Dado que los
programas de reducción de daños son rentables y relativamente fáciles de gestionar
en entornos cerrados, su aplicación en los centros de detención debería revestir
carácter de urgencia.__________________
11022Open Society Institute, “At What Cost? HIV and Human Rights Consequences of the Global
‘War on Drugs” (2009), pág. 81.
2010), pág. 105.
E/C.12/2000/4, párr. 30.
Véase R. Lines, “From equivalence of standards to equivalence of objectives: the entitlement of
prisoners to health care standards higher than those outside prisons”, International Journal of
Prisoner Health, vol. 2, núm. 4 (2006), págs. 269 a 280.
OMS (Europa), The Madrid Recommendation: health protection in prisons as an essential part
of public health (Madrid, 2009), pág. 3.
UNODC y OMS, Principles of Drug Dependence Treatment: Discussion Paper (Ginebra, 2008),
pág. 14.10-47794A/65/255B.Destipificación y despenalización
62. El Relator Especial considera que continuar imponiendo condenas penales por
el consumo y la posesión de drogas perpetúa muchos de los principales riesgos
ligados al uso de estas sustancias, y aboga por que se estudien enfoques menos
restrictivos de la fiscalización de drogas, como la destipificación o la
despenalización. La destipificación como delito del consumo de drogas no se puede
equiparar sin más a la legalización. En el caso de la destipificación, el consumo y la
tenencia de drogas pueden seguir estando jurídicamente prohibidos, pero, o bien no
se aplican condenas penales por dichos delitos, o solo se imponen condenas leves.
La destipificación conlleva por lo general la total supresión de las sentencias
penales por la conducta en cuestión (en su lugar, se podrán aplicar sanciones
administrativas), mientras que la despenalización exige la eliminación de las
sentencias privativas de libertad, aunque la conducta sigue siendo constitutiva de
delito penal 111. En cambio, la legalización implica que no pesan prohibiciones sobre
63. Los tratados internacionales en materia de fiscalización de drogas dan cabida a
un buen número de interpretaciones de buena fe que permiten las reformas
legislativas nacionales 112, incluso si no se introducen cambios importantes en el
régimen internacional de fiscalización de las drogas. Por ejemplo, el párrafo 2) del
artículo 3, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 se estipula que la obligación de
tipificar como delito el consumo personal está supeditada a los principios
constitucionales del Estado y a los conceptos de su ordenamiento jurídico. Por
ejemplo, el Tribunal Supremo de Argentina dictaminó recientemente que la
aplicación de sanciones penales por posesión de marihuana para consumo personal
es inconstitucional. Por consiguiente, Argentina ha adoptado medidas legislativas
para destipificar como delito el consumo personal de drogas. México también
destipificó recientemente la posesión de pequeñas cantidades de drogas para uso
personal. Ambos países recibieron críticas de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes, basadas sobre todo en que las enmiendas transmiten un mensaje
erróneo a la opinión pública 113.
64. Asimismo, en 2001 Portugal destipificó la adquisición, la tenencia y el
consumo de todas las drogas ilícitas para uso personal, que tipificó como
infracciones administrativas 114. En esta legislación se prevé la imposición de
sanciones pecuniarias y no pecuniarias, y se dispone la anulación de las sanciones si
el infractor se somete a tratamiento. Frente a la reacción de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes en el caso de Argentina y México, se ha
considerado que la destipificación hasta este grado está en consonancia con la
Convención de 1988 115. La impresión general fue que, lejos de indicar al público__________________
11510-47794G. Greenwald, Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful
Drug Policies (Cato Institute, Washington, D.C., 2009), pág. 2.
G. Harris, “Decriminalisation: pushing the limits of drug control”, Conferencia de la
International Harm Reduction Association, Liverpool, 27 de abril de 2010.
INCB, Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a
2009 (E/INCB/2009/1), págs. 68 y 75.
Artículo 2 1), Decreto ley núm. 183/2001, de 21 de junio de 2001 (Portugal).
2004 (E/INCB/2004/1), págs. 80.23A/65/255que se toleraba el uso de drogas, la destipificación era la opción más indicada para
reducir al máximo los problemas ligados a las drogas en Portugal, principalmente
porque eliminaba el estigma que pesaba sobre el consumo de drogas y propiciaba
que un número mayor de usuarios accediera al tratamiento 116.
65. Varios Estados más han despenalizado diversas modalidades de consumo y
posesión de drogas, ya sea promulgando legislación al efecto o mediante la
despenalización de hecho, de modo que la legislación en materia de drogas no se
aplique de manera estricta. En España se mantienen las sanciones penales por
consumo de drogas, aunque nunca se encarcela a los encausados únicamente por
cargos de consumo116. En los Países Bajos y en Alemania la posesión para uso
personal sigue siendo ilegal de iure, pero no se imponen condenas por contravenir
estas leyes 117. No obstante, está claro que esta solución es, en el mejor de los casos,
66. La destipificación y la despenalización entrañan la posibilidad de reducir los
riesgos asociados al uso de drogas y aumentar la participación de quienes las
consumen en los tratamientos. En Portugal, tras la destipificación, el consumo de
drogas disminuyó en cifras absolutas entre los principales grupos demográficos y
descendieron tanto la mortalidad ligada a la droga como las nuevas infecciones por
el VIH entre los drogodependientes 118. El número de personas sometidas a terapia
de sustitución también ascendió de 6.040 a 14.877 entre 1999 y 2003 119.
67. Cabe destacar que, por ejemplo en Portugal, la destipificación se produjo de
forma paralela a otras iniciativas, como una notable ampliación de los programas de
tratamiento de drogas, campañas de información sobre las drogas y la reorientación
de las actividades policiales hacia la interrupción de las operaciones de tráfico de
drogas119, lo que demuestra que, por sí solo, la reforma legislativa no basta para
reducir de manera importante los daños ocasionados por el uso de drogas. Cuando la
destipificación viene acompañada por programas de tratamiento, campañas de
información y otras iniciativas realizadas a la escala necesaria, por ejemplo, para
frenar la propagación de los virus de transmisión sanguínea, es cuando el derecho a
la salud de todas las personas se ejerce de una manera más eficaz.
68. La despenalización de ciertos delitos relacionados con las drogas también
redundaría en una disminución de las tasas de encarcelamiento, lo que a su vez
reduciría los riesgos para la salud ligados a la reclusión penitenciaria. La
penalización excesiva también puede generar saturación y malas condiciones en las
cárceles, y de por sí ha creado una tendencia favorable a que se suavicen ciertas
leyes relativas al uso de drogas 120. La despenalización se ha llevado a cabo
recientemente en Brasil, donde se abolieron las penas de prisión por posesión de
drogas para uso personal, que se reemplazaron por programas informativos 121.
69. Además de los cambios legislativos, revisten especial importancia la
reeducación y la sensibilización del personal encargado de hacer cumplir la ley,
12124C. Hughes y A. Stevens, “What can we learn from the Portuguese decriminalisation of illicit
drugs?” British Journal of Criminology (de próxima publicación).
M. Jelsma, “Salir de la oscuridad”, Newsweek Argentina, 19 de agosto de 2009.
Ibíd., págs. 15 a 17.
C. Hughes y A. Stevens, “The Effects of Decriminalization of Drug Use in Portugal”, The
Beckley Foundation Drug Policy Programme, Briefing Paper 14 (2007), pág. 2.
Ibíd., pág. 9.
Véase la Ley núm. 11.343/2006, artículo 28.10-47794A/65/255especialmente en vista del riesgo que crean las prácticas policiales estrictas. Por
ejemplo, durante la década de 1980 la prevalencia del VIH era mucho más elevada
entre las personas que se inyectaban drogas en Edimburgo, donde la policía imponía
rigurosamente las leyes que prohibían la posesión de agujas, que en la cercana
ciudad de Glasgow, donde la ley no se imponía de manera tan estricta 122. Toda
iniciativa encaminada a destipificar o despenalizar el uso o la posesión de drogas
debe ir acompañada por estrategias adecuadas para garantizar que remita el temor y
la estigmatización reforzados por un exceso de medidas policiales.C.Uso de indicadores y directrices relativos a los derechos
70. La formulación de directrices internacionales relativas a la aplicación de los
tratados internacionales de fiscalización de drogas permitiría que se abordara
detalladamente la relación entre las iniciativas de lucha contra las drogas y los
derechos humanos y que los Estados determinaran si esas iniciativas están en
consonancia con el enfoque centrado en el derecho a la salud. Tales directrices
deberían resaltar el carácter vulnerable de los grupos marginados, como los usuarios
de drogas y las personas que viven con el VIH, los más expuestos a las violaciones
de los derechos humanos derivadas de los regímenes de fiscalización de drogas.
Estas directrices deben ser fruto de un proceso de consulta incluyente, participativo
y transparente con los grupos afectados. Ya se han creado directrices internacionales
que sirven de pauta para las medidas y los programas nacionales en materia de VIH
y en las actividades contra el terrorismo, que destacan cómo se deben aplicar las
normas relativas a los derechos humanos en cada contexto y enumeran medidas
prácticas que los Estados deberían emprender para tratar estos temas con arreglo a
un enfoque basado en los derechos humanos.
71. Durante los últimos 10 años, en este procedimiento también se ha estudiado el
uso de indicadores sanitarios, como parte de un enfoque de la salud basado en los
derechos humanos 123. Un enfoque basado en los derechos humanos es aquel que
requiere “mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas eficaces,
transparentes y accesibles”123. Los indicadores basados en los derechos humanos se
están utilizando en muchas esferas, como las de la reducción de la pobreza y el
desarrollo y en otras de vital importancia, para garantizar que los Estados cumplan
todas las obligaciones que emanan de los distintos derechos humanos. El anterior
Relator Especial sugirió tres categorías de indicadores: indicadores estructurales, de
proceso y de resultados. Los indicadores estructurales, que con frecuencia se
enmarcan en una pregunta que requiere una respuesta sí/no, se ocupan de si existen
o no estructuras y mecanismos fundamentales, mientras que los indicadores de
proceso y de resultados utilizan referencias que se cuantifican frecuentemente
mediante un porcentaje o una cifra, y que por tanto exigen una investigación y un
análisis más complejos 124. Los indicadores de proceso miden las iniciativas del
Estado orientadas a hacer valer el derecho a la salud, mientras que los indicadores
de resultados miden el efecto de dichas iniciativas sobre la salud de la población.
Estos indicadores crean unos criterios que se pueden aplicar a los Estados, lo que les__________________
12410-47794R. MacCoun y P. Reuter, “Harm Reduction in Europe”, Drug war heresies: learning from other
vices, times and places (Cambridge, 2001) pág. 266.
Véase E/CN.4/2006/48, secc. II.
Véase A/58/427, párr. 25.25A/65/255permite cuantificar sus logros graduales, así como demostrar con datos las
deficiencias cuando se producen.
72. El Relator Especial sugiere que las organizaciones internacionales creen
indicadores similares a los descritos anteriormente:
a)Indicadores estructurales:i)
Disponibilidad de la terapia de sustitución de opiáceos, los programas de
distribución de agujas y jeringuillas y otras iniciativas de reducción de daños;
ii)Adopción por parte del Estado de una lista de medicamentos esenciales;iii)Disponibilidad de dichos medicamentos esenciales;iv) Aplicación de medidas alternativas o legislación similar para las personas
dependientes de las drogas sometidas al sistema de justicia penal;
b)Indicadores de proceso:i)
Porcentaje de centros de detención en los que se aplican medidas de
ii) Porcentaje de consumidores de drogas que reciben terapia antirretroviral
(si procede);
iii) Porcentaje de personas dependientes de las drogas que recibe el
tratamiento adecuado (conforme a lo estipulado por la UNODC y la OMS);
c)Indicadores de resultados:i)Porcentaje de consumidores de drogas infectados con el VIH;ii) Porcentaje de personas recluidas en centros de detención infectadas con
el VIH.D.Marcos reguladores alternativos en materia
de fiscalización de drogas
73. El Relator Especial considera que existe la necesidad a largo plazo de estudiar
alternativas al sistema actual de control de drogas. Podría utilizarse como modelo el
Convenio Marco para el Control del Tabaco, y regular ciertos medicamentos
fiscalizados de manera similar al tabaco. El Convenio Marco, cuyo propósito es
reducir el daño social, ambiental y para la salud pública asociado al humo del tabaco
mediante la creación de un marco que permita una disminución constante del
consumo del tabaco en el mundo, representa un cambio de paradigma en la
formulación de una estrategia reguladora de las sustancias que crean dependencia, a
fin de proteger a los consumidores de drogas y los toxicómanos al tiempo que se
reducen al máximo los daños asociados a las drogas. Un nuevo marco regulador
relativo a las drogas distintas del tabaco exigirá que se evalúen las pruebas
científicas de los efectos de una droga sobre el individuo y sobre el público, así
como las repercusiones en materia de salud pública y derechos humanos de cada
sustancia sujeta a fiscalización. La incorporación a este programa se decidiría caso
74. Las medidas del Convenio Marco para el Control del Tabaco no relacionadas
con los precios ofrecen el mejor ejemplo del tipo de salvaguardias y regulaciones2610-47794A/65/255que podrían reemplazar el marco vigente basado en la imposición de la ley. Entre
tales medidas figura la reglamentación del contenido de las drogas, las campañas de
educación y sensibilización, así como las iniciativas encaminadas a reducir la
dependencia y abandonar el consumo. La aplicación de este tipo de medidas hará
valer el derecho a la salud, entre otros medios, garantizando la oferta de drogas sin
adulterar, creando conciencia a nivel individual y comunitario para reducir al
máximo los riesgos, y asegurando el acceso al tratamiento adecuado cuando sea
necesario. Por lo general, el grado de aplicación de la práctica totalidad de estas
medidas por las partes en el Convenio Marco para el Control del Tabaco es elevado,
lo que sugiere que podría darse el mismo caso con las drogas actualmente sujetas a
75. Además, el marco propuesto permitiría el consumo de drogas como práctica
tradicional y arraigada en la cultura, cuyas repercusiones para la salud pública son
muy limitadas, según se ha demostrado. Tal es el caso de la hoja de coca en Bolivia
y de diversas variantes del cannabis en la India. El régimen existente ha privado a
millones de personas de su forma de ganarse la vida y les ha vedado el uso
tradicional de las drogas debido a las prohibiciones sobre el cultivo y a los métodos
de erradicación, extremadamente dañinos, utilizados para limitar la producción. Este
tipo de sanciones ni se justifican ni contribuyen a restringir el uso de las drogas.VII. Recomendaciones
76.Los Estados Miembros deberían:
• Garantizar que todas las medidas encaminadas a reducir los daños
ocasionados por las drogas (conforme los detalla el ONUSIDA) y los
servicios destinados a tratar la dependencia de las drogas, en especial, la
terapia de sustitución de opiáceos, estén a disposición de los consumidores
de drogas, sobre todo entre la población penitenciaria.
• Derogar o reformar de manera importante la legislación y las normas que
coartan la prestación de servicios de salud esenciales a los consumidores
de drogas, y examinar las iniciativas relativas a la imposición de la ley en
materia de fiscalización de drogas para garantizar que se cumplan las
obligaciones ligadas a los derechos humanos.
• Enmendar las leyes, las regulaciones y las normas para aumentar el acceso
a los medicamentos esenciales sujetos a fiscalización.77. Los organismos de las Naciones Unidas competentes en materia de
fiscalización de drogas deberían:
• Integrar los derechos humanos en la respuesta al problema de las drogas a
través de leyes, medidas y programas.
• Fomentar una mayor relación y diálogo entre las entidades de las Naciones
Unidas que se interesan por los efectos del consumo y el mercado de las
drogas, y las políticas y los programas de fiscalización de drogas.
• Estudiar la creación de un mecanismo permanente, como una comisión
independiente, que permitiera a las entidades que operan en al ámbito de10-4779427A/65/255los derechos humanos contribuir a la elaboración de la normativa en
materia de drogas, y supervisar su aplicación nacional, con el objetivo
principal de velar por la salud y los derechos humanos de los
consumidores de drogas y las comunidades en las que viven.
• Formular directrices que sirvan de referencia a las entidades competentes
para adoptar un enfoque de la fiscalización de drogas basado en los
derechos humanos, y crear e implantar indicadores basados en los
derechos en el ámbito de la fiscalización de drogas y del derecho a la
• Considerar a largo plazo la creación de un marco regulador alternativo en
materia de drogas, basado en modelos como el Convenio Marco para el
Control del Tabaco.2810-47794All pages:12345678910111213141516171819202122232425262728InfoStackLikeShareDownloadMoreTratamiento drogodependencias Published on Jun 27, 2013 siderechosFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore