Source: http://www.carlosheller.com.ar/2011/03/25/proyecto-complementaria-permanente-de-presupuesto-ley-11672-modificacion-del-articulo-40-sobre-facultar-al-poder-ejecutivo-a-contratar-prestamos-con-organismos-internacionales-economico-finan/
Timestamp: 2017-01-24 19:12:30
Document Index: 157428367

Matched Legal Cases: ['Artículo 40', 'artículo 3', 'Artículo 40', 'Artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 40', 'Artículo 75']

Proyecto: Complementaria permanente de presupuesto - Ley 11672 -. Modificación del Artículo 40, sobre facultar al poder ejecutivo a contratar préstamos con Organismos Internacionales Económico - Financieros de los cuales la Nación sea parte | Carlos Heller
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Proyecto: Complementaria permanente de presupuesto - Ley 11672 -. Modificación del Artículo 40, sobre facultar al poder ejecutivo a contratar préstamos con Organismos Internacionales Económico - Financieros de los cuales la Nación sea parte
Estado: en comisiones de “Presupuesto y Hacienda”, “Asuntos Constitucionales” y “Justicia”
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 40 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Facúltese al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por el plazo de cinco (5) años, a contratar préstamos con Organismos Internacionales económico- financieros a los que pertenezca como miembro la REPUBLICA ARGENTINA, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente:
a) Facilitar la movilización de capitales en el mercado interior o exterior,
b) Establecer o ampliar servicios públicos o actividades que directa o indirectamente estén vinculadas a los servicios de ese carácter, mediante obras o explotaciones legalmente autorizadas.
c) Crear o ampliar programas de asistencia social directa a los sectores más vulnerables.
d) Paliar situaciones de emergencia sanitaria a nivel nacional o regional dentro de la República Argentina.
e) Realizar inversiones fundamentales para el desarrollo económico del país.”
Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional podrá, por el plazo previsto precedentemente, someter eventuales controversias con personas extranjeras, a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales o a la CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA siempre que:
a) Los jueces de los tribunales arbitrales sean designados en forma imparcial.
b) La cesión de jurisdicción en jueces radicados fuera de la República Argentina constituya una exigencia de la contraparte en el marco de un convenio ya ratificado.
c) El derecho internacional haya establecido a través de la costumbre una práctica determinada de prorroga de jurisdicción.”
Por primera vez desde la sanción de la reforma constitucional del año 1994, el 24 de agosto próximo pasado, se cumplió con la manda constitucional contenida en la cláusula transitoria octava, habiendo resuelto este Congreso de la Nación no prorrogar en forma automática y masiva la totalidad de las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo de la Nación desde el año 1853 hasta la última reforma constitucional.
Es por ello que propiciamos, la delegación de parte de las facultades con las que contaba el Poder Ejecutivo Nacional para contratar préstamos con Organismos Internacionales económico- financieros de los que la REPUBLICA ARGENTINA forme parte (Art. 40), de conformidad con la facultad oportunamente delegada en la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto y sus modificatorias, ya que consideramos que dicha facultad constituye una herramienta indispensable para la correcta administración del país.
En sentido contrario, entendemos que no se deben confirmar las facultades oportunamente delegadas al Poder Ejecutivo Nacional para acordar, cuando las condiciones del mercado financiero así lo requieran, excepciones impositivas al capital y/o a la renta en aquellos casos en que emita títulos de la deuda pública (Art. 39), ya que la desgravación impositiva es una facultad que entendemos requiere de una ley formal, dado que atenta contra el principio de generalidad en materia tributaria. Así también, interpretamos que no se debe delegar nuevamente la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para disponer restricciones a las facultades de administración, acordadas a las entidades por sus respectivas leyes orgánicas y a las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica (Art. 122).
En cuanto al artículo al cual hicimos mención en primer término, debe tenerse presente que las facultades mencionadas en el artículo 40 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, ha sido reiteradamente utilizada en el último año (en más 10 ocasiones), en el marco de distintos préstamos otorgados por organismos internacionales de los cuales nuestro país forma parte y cuyos acuerdos en los cuales se establece la forma en que se requerirán prestamos, subsidios o donaciones fueron oportunamente aprobados por este Congreso de la Nación, de conformidad con las facultades previstas en el Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Ahora bien, viendo la utilización que se les ha dado a dichos préstamos durante ese período, entendemos conveniente incorporar además de los supuestos previstos en la norma, aquéllos en los que la ayuda financiera de los organismos internacionales de los cuales nuestro país forma parte, sean destinados a la creación o ampliación de programas de asistencia social directa a los sectores más vulnerables, así como cuando estén orientados a paliar situaciones de emergencia sanitaria como consecuencia de enfermedades, epidemias, etc.
En este sentido, la autorización en análisis, ha sido empleada, entre otras cosas, por ejemplo, para aprobar el modelo de contrato de préstamo BIRF celebrado entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por un monto de hasta dólares estadounidenses doscientos veintinueve millones -u$s 229.000.000- para financiar parcialmente el “proyecto de emergencia para la prevención y atención de las enfermedades tipo influenza y fortalecimiento del sistema epidemiológico de la Republica Argentina, así como la donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para la ejecución del Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad del Aire a suscribirse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de dólares estadounidenses tres millones novecientos ochenta y siete mil (U$S 3.987.000).
Es dable advertir que estos préstamos o donaciones otorgados al Estado Argentino se perderían si no pudieran ser aprobados por el Poder Ejecutivo, dado que los organismos internacionales establecen ciertas pautas temporales para la aprobación de los proyectos a ser financiados por ellos, por lo que en caso de no contar el PEN con la facultad suficiente para su aprobación, estos proyectos correrían el riesgo de no poder ser ejecutados.
Asimismo, resulta indispensable para acceder a dichos préstamos o donaciones, que el Poder Ejecutivo Nacional cuente con la aptitud legal para disponer la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, único modo en que tales préstamos son viables en el mercado internacional.
No obstante lo expuesto, entendemos que el PEN sólo podrá prorrogar la jurisdicción a jueces o tribunales arbítrales de otras jurisdicciones o a la CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA siempre que los jueces de los tribunales arbítrales sean designados en forma imparcial, la cesión de jurisdicción en jueces radicados fuera de la República Argentina constituya una exigencia de la contraparte en el marco de un convenio ratificado y en aquellos casos en los cuales el derecho internacional haya establecido a través de la costumbre una práctica determinada de prorroga de jurisdicción.
El criterio expresado precedentemente, según el cual las normas delegadas no pierden validez por la caducidad de la norma delegante en el marco de las cuales fueron dictadas, ha sido expresamente ratificado por los juristas convocados para asesorar a la Comisión Bicameral creada por la Ley Nº 26.519 quienes han manifestado en el informe que les fuera encomendado que: “A fin de despejar cualquier duda que pudiera abrigarse al respecto, conviene dejar sentado un principio de lógica jurídica uniformemente aceptado en el derecho comparado y en nuestro país hasta la reforma constitucional de 1994, que no innovó a ese respecto: las normas emitidas en ejercicio de facultades legislativas delegadas no pierden su vigor por la derogación de las leyes delegantes a cuyo amparo nacieron. (1) Ello obedece a la circunstancia de que, vigente la norma delegante al tiempo de sanción de la delegada, la validez del acto que dio origen a esta última debe juzgarse por las normas aplicables al tiempo en que fue celebrado y, en ese entonces, la norma delegante regía. La posterior derogación de la norma delegante no tiene efecto más que sobre ella misma, no sobre otras normas a cuyo nacimiento dio lugar de modo irrevocable. Dicho de otro modo, la norma delegada no nace subordinada a la condición resolutoria de que la delegante subsista sino que la vigencia de una y otro son independientes; tanto puede perderla la delegante como la delegada sin que ello impacte en su correlativa.” (2)
En virtud de lo hasta aquí manifestado, entendemos conveniente para los intereses del país en su conjunto que l Poder Ejecutivo ejerza las facultades para contratar préstamos con Organismos Internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro la REPUBLICA ARGENTINA, con el debido e inmediato control previsto por la Ley Nº 26.122 y de acuerdo a las bases y plazos establecidos en el proyecto que se acompaña, destacándose que aquéllas cumplen acabadamente con lo establecido por la doctrina nacional y la jurisprudencia internacional reinantes en la materia.