Source: https://bocyl.vlex.es/vid/ley-medidas-impulso-actividades-leon-76430494
Timestamp: 2019-07-17 20:26:02
Document Index: 208294289

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 70', 'Artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 12', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 14', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 29', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 48', 'artículo 55', 'artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 63', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 48', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 23', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 27', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 44', 'artículo 22', 'artículo 44', 'artículo 22', 'artículo 44', 'artículo 22', 'artículo 44', 'artículo 24', 'artículo 29', 'artículo 56', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 3']

DECRETO-LEY 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León. - BOCYL. Boletín Oficial de Castilla y León - Legislación - VLEX 76430494
TÍTULO III. - art. 6
Capítulo II. - art. 12
Capítulo VIII. - art. 21
Disposición Derogatoria única. – Derogación normativa.
Norma citada en: 15 sentencias, 10 artículos doctrinales, 32 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
En el Título III, «Servicios turísticos», y en el ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas en materia de promoción del turismo y su ordenación por el artículo 70.1,26.º del Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Castilla y León adopta las medidas necesarias para llevar a cabo la correcta regulación de los servicios turísticos de conformidad con los principios generales establecidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; eliminando el sistema de autorizaciones administrativas previas contempladas en la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, para las empresas y actividades turísticas por constituir un obstáculo a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, y sustituyéndolo por un régimen de declaraciones responsables, que habilitan a la realización de las referidas actividades desde el momento de su presentación. Asimismo, en línea con la liberalización que informa la nueva regulación, se suprime el requisito que hasta ahora se exigía a las agencias de viajes en el sentido de ejercer de forma exclusiva dicha actividad. En consecuencia, se procede a la adecuación del régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley al nuevo sistema.
En materia de espectáculos públicos y espectáculos taurinos, y en el ejercicio de las competencias exclusivas que ostenta la Comunidad de Castilla y León en virtud del artículo 70.1.32.º del Estatuto de Autonomía, se mantiene el régimen de autorización administrativa debido a la necesidad de salvaguardar los intereses generales. Las limitaciones a la prestación de servicios que puede suponer el régimen de autorizaciones y requisitos contemplados en la legislación relativa a los espectáculos públicos, incluidos los taurinos, están amparadas en la necesidad de garantizar el orden público y la seguridad pública, la protección de los consumidores y destinatarios de los servicios, de los terceros no participantes en los espectáculos y de los trabajadores, del medio ambiente y del entorno urbano, así como la conservación del patrimonio cultural, sin que quepa sustituirlas por medidas menos restrictivas para el prestador que puedan garantizar tales extremos, pues no permiten un control a posteriori, momento en que los efectos dañosos para los bienes jurídicos protegidos ya se habrían producido. No resulta esta regulación en modo alguno discriminatoria por razón de la nacionalidad ni por razón de la ubicación del domicilio social del prestador.
Por último, las Disposiciones Finales recogen expresamente el cumplimiento mediante el presente Decreto-Ley de la Disposición Final tercera , apartado 1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la habilitación a la Junta de Castilla y León para dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y ejecución del presente Decreto-Ley; y , por último, se fija la entrada en vigor del presente Decreto-Ley el 27 de diciembre de 2009, fecha límite de la transposición de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Artículo 1 – Modificación de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
f) De establecerse un régimen de autorización para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios, motivación suficiente sobre la concurrencia de las condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, así como, en su caso, de la concurrencia de estas mismas condiciones en relación con los requisitos previstos en el artículo 11.1 o en el artículo 12.2 ambos de la Ley sobre el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Artículo 2 – Modificación de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León.
7. La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del empresario, o su contenido se corresponda con la oferta o publicidad realizada, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas, salvo cuando las diferencias en las condiciones de acceso a los bienes o servicios esté justificada por criterios objetivos.
1. Con el fin de salvaguardar la seguridad y la salud públicas, así como para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, requerirán autorización administrativa previa el establecimiento, en Castilla y León, de laboratorios y centros para la realización de análisis y pruebas de calidad sobre productos y bienes de consumo. El procedimiento para la solicitud y posterior concesión de tal autorización se establecerá reglamentariamente.
2. Dichas razones imperiosas de interés general exigen el régimen de autorización administrativa establecido en la Ley, que será aplicable tanto a los prestadores establecidos en el resto del territorio español como a los prestadores de servicios establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, sin discriminación alguna por razón de la nacionalidad o lugar de ubicación del domicilio social.
Artículo 3 – Modificación de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León.
f) La defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
k) Aprobar sus presupuestos y regular y fijar las aportaciones de sus colegiados. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción.
2. Para el ejercicio en Castilla y León de cualquier profesión colegiada será necesario pertenecer al Colegio correspondiente en los términos previstos en la normativa básica estatal.
4. El interesado podrá, sin necesidad de interponer los recursos previstos en los apartados anteriores, impugnar el acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a lo previsto en la Ley reguladora de la misma.
Disponer de página web y servicio de ventanilla única.
Emitir la memoria anual.
Disponer de un servicio de atención a los consumidores y usuarios y a los colegiados.
Disponer de un servicio de visado de los trabajos realizados por sus colegiados.
f) La memoria anual prevista en la normativa básica estatal.
TÍTULO II Artículos 4 a 5
Capítulo I Artículo 4
Artículo 4 – Modificación de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León.
Siete. En el Título II, su rúbrica pasa a ser «Del equipamiento comercial»; se da nueva redacción a los Capítulos I y II que quedan redactados en los siguientes términos:
OBJETO Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
DE LA ORDENACIÓN DEL EQUIPAMIENTO COMERCIAL
Artículo 14 – Objeto.
1. El presente Título tiene por objeto establecer las directrices necesarias para el adecuado desarrollo del equipamiento comercial de los municipios de Castilla y León, constituido por la dotación de establecimientos comerciales tanto de carácter individual como colectivo, así como el régimen jurídico de autorización administrativa para la implantación de los grandes establecimientos comerciales que ejerzan una actividad de comercio minorista capaces de producir efectos relevantes, con incidencia supramunicipal, sobre la sostenibilidad del desarrollo urbano, rural y medio ambiental con el fin de salvaguardar las siguientes razones imperiosas de interés general: la protección del medioambiente y del entorno urbano, la ordenación del territorio y la conservación del patrimonio histórico y artístico, así como, en su caso, la protección de los derechos de los consumidores y destinatarios de los servicios.
Artículo 15 – Elementos de la ordenación del equipamiento comercial.
Artículo 16 – Concepto de establecimiento comercial.
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS GRANDES
Artículo 17 – Concepto de gran establecimiento comercial.
Artículo 18 – Clasificación de los grandes establecimientos comerciales individuales.
Artículo 19 – Concepto de superficie de venta al público.
Artículo 20 – Licencia comercial de gran establecimiento comercial.
En las ampliaciones de los grandes establecimientos comerciales, individuales o colectivos, cuando supongan al menos el 25% de la superficie total de venta al público del establecimiento o cuando, sin superar el citado porcentaje, impliquen una obra nueva que suponga un aumento de la superficie construida del establecimiento.
Artículo 21 – Solicitud de la licencia comercial.
III)	Plano de localización geográfica en el término municipal en el que se sitúe el establecimiento sujeto a licencia.
Artículo 22 – Procedimiento.
2. Practicada la comunicación, se dará audiencia por un plazo de 15 días a los Ayuntamientos limítrofes a aquel en cuyo término municipal se ubique el proyecto objeto de la solicitud y, paralelamente, se abrirá un trámite de información pública mediante la inserción del correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, en el que se indicará claramente el objeto de la misma, la duración, así como el lugar y horarios dispuestos para la consulta.
– La solicitud de licencia comercial.
– La descripción del proyecto del establecimiento de acuerdo con el apartado 2 c) del artículo 21.
– El certificado sobre la existencia de planeamiento habilitante o el instrumento de planeamiento urbanístico.
6. Para su conocimiento, y a los efectos previstos en el apartado siguiente, se dará traslado al interesado de todos los informes generados en este procedimiento
7. El plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de licencia comercial será de 6 meses, contados desde el día en que haya tenido entrada toda la documentación que se señala en el artículo 21 en el órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de licencia comercial. No obstante, ésta se entenderá desestimada por silencio administrativo, dadas las razones imperiosas de interés general previstas en el artículo 14, cuando alguno de los informes preceptivos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente artículo no se hubiese solicitado o, solicitado, fuese desfavorable.
Artículo 23 – Resolución.
Cuando transcurridos dos años, contados a partir de la fecha de la notificación de la concesión de la licencia comercial, su titular no hubiese obtenido las oportunas licencias municipales ambiental y de obras.
Artículo 24 – Criterios para la concesión de la licencia comercial.
– La integración del proyecto en el entorno urbano, preferentemente en la trama urbana, teniendo en cuenta la posible interacción con el resto de construcciones edificadas o previsibles, y la adecuación de sus accesos y aparcamientos a la movilidad rodada y peatonal que genere.
– El impacto del proyecto en el medio ambiente teniendo en cuenta por un lado la necesidad de una gestión medioambiental adecuada del establecimiento, y por otro el respeto y la integración en el espacio preexistente al funcionamiento del establecimiento objeto del proyecto, incidiendo especialmente en la salvaguarda del paisaje y el respeto, en su caso, a los parajes tradicionales valiosos del entorno.
– La incidencia del proyecto sobre la red viaria de la zona y los sistemas de transporte de viajeros, haciendo especial hincapié en la adecuación de los flujos de tráfico a los niveles óptimos de utilización de todas las vías de comunicación de las que se sirva.
– La adecuada integración territorial del proyecto, resolviéndose con eficacia las tensiones territoriales que puedan producirse en los servicios e infraestructuras de los que se sirvan.
– La repercusión que el proyecto suponga en los servicios recibidos por los consumidores en la zona afectada. En este sentido, se considerará favorablemente el sometimiento de la actividad comercial del establecimiento proyectado a cualquier sistema de resolución extrajudicial de conflictos, en particular al sistema arbitral de consumo.
2. Estarán sujetas a lo previsto en esta Ley, las empresas de ventas a distancia cuyas propuestas de contratación se difundan por medios de comunicación que sólo alcancen el territorio de Castilla y León o cuyo titular ejerza esta actividad desde la Comunidad de Castilla y León. En ambos supuestos, el inicio de la actividad deberá comunicarse, dentro de los tres meses siguientes al mismo, al Registro de Ventas a distancia de la Consejería competente en materia de comercio.
d) La falta de comunicación de las ampliaciones reguladas en el artículo 20.4, así como en los supuestos previstos en el artículo 20.5, 6 y 7 de la presente Ley.
Artículo 5 – Modificación de la Ley 6/1997, de 22 de mayo, de Ferias Comerciales Oficiales de Castilla y León.
3. Están expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley los mercados y concursos de ganado.
Las denominaciones “Feria”, “Feria de Muestras”, “Feria Sectorial o Monográfica” y “Salón Sectorial o Monográfico” u otras de naturaleza similar, únicamente podrán ostentar el título de oficial, cuando se trate de manifestaciones feriales de carácter comercial que se celebren y se encuentren reconocidas con arreglo a esta Ley.»
b) Salones o Ferias Oficiales Sectoriales o Monográficas, son aquéllos en los que se limita la exposición de bienes y servicios a un sector determinado y sectores complementarios del mismo.
2. Los plazos establecidos en el apartado anterior podrán ser modificados por la Consejería competente para el reconocimiento de la feria como oficial cuando concurran circunstancias de especial interés económico o social.
El reconocimiento tendrá en cuenta, aparte de las condiciones que se establecen en el capítulo siguiente, las reglas que, sobre clasificación y periodicidad, afectan a las ferias oficiales de acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 5 de la presente Ley.
Características y reconocimiento de la condición de Feria Comercial Oficial. Procedimiento para el reconocimiento.
a) Con carácter general no podrán ocupar espacios, en calidad de expositores, entidades u organizaciones privadas que no tengan carácter comercial, técnico o científico, o cuyas actividades no guarden relación con el certamen de que se trate, salvo que se encuentren integradas en la entidad organizadora. En cualquier caso se garantizará la no discriminación entre las empresas y entes afectados y siempre con adecuación a la clasificación obtenida por la Feria como feria comercial oficial.
f) Deberán disponer de un libro de incidencias y reclamaciones, donde se hagan constar las posibles quejas de los expositores y visitantes, que deberá estar anunciado y a disposición pública dentro del recinto donde se celebre la feria.
2. Las entidades organizadoras de las ferias comerciales oficiales deberán acreditar que disponen de patrimonio propio u otros medios adecuados que permitan garantizar suficientemente las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de las ferias comerciales oficiales que organicen.
j) En su caso, autorizaciones preceptivas.
a) la capacidad de garantizar las condiciones exigidas en el artículo 7 y, en especial, la disponibilidad de un recinto ferial adecuado
b) la tradición y consolidación de la feria
c) el nivel previsto de participación de expositores, profesionales y público.
3. Una vez concedido el reconocimiento como feria comercial oficial, se procederá a su inscripción de oficio en el Registro Oficial de Ferias regulado en el Capítulo siguiente.
A la vista de los reconocimientos concedidos, la Consejería competente en materia de ferias aprobará y publicará en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, antes del 31 de diciembre de cada año, el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales que se celebren en el año siguiente.»
2. El Registro de Ferias Comerciales Oficiales será público.
Las infracciones se clasificarán en leves y graves.
La exhibición de muestras que no se correspondan con los bienes y servicios previamente reconocidos en la condición de feria comercial oficial, de conformidad con su carácter y contenido.
La exclusión de algún expositor, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley.
La no celebración de Ferias comerciales oficiales, salvo que concurran circunstancias especiales debidamente justificadas.
El incumplimiento de los requerimientos realizados por la Consejería en el ejercicio de sus funciones en el ámbito ferial.
Cualquier otra acción y omisión que resulte contraria a la presente Ley, siempre que no constituya infracción grave.
El uso indebido de las clasificaciones previstas en el artículo 4 de esta Ley.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 7 de la presente Ley, que no constituya infracción leve.
La reincidencia en la comisión de infracciones leves en un período de un año.
El uso indebido de la denominación de “Feria Comercial Oficial” u “Oficial” para muestras que carezcan de esa condición.»
1. Las infracciones reguladas en la presente Ley prescribirán a los dos años las calificadas de graves, y a los seis meses las calificadas de leves.
1. Las infracciones tipificadas en esta Ley serán sancionadas con multa cuya cuantía se establecerá de acuerdo con la siguiente escala:
b) Infracciones graves, desde 15.001 hasta 30.000 euros
b) En las infracciones graves: Exclusión del Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales, durante un período no inferior a un año ni superior a tres, de aquellas Ferias organizadas por la entidad organizadora sancionada, así como la prohibición de acceder a las ayudas de la Junta de Castilla y León por un plazo superior a un año sin que supere los tres, a contar desde que la sanción impuesta devenga firme.
1. Las sanciones reguladas en la presente Ley prescribirán a los tres años las impuestas por faltas graves y a los seis meses las impuestas por faltas leves.
TÍTULO III Artículo 6
Artículo 6 – Modificación de la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León.
La Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León se modifica del siguiente modo:
Uno. Las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 2 quedan redactadas en los siguientes términos:
b) Las empresas turísticas, las entidades turísticas no empresariales y las profesiones turísticas establecidas en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, así como a los establecimientos físicos en los que las empresas turísticas lleven a cabo las actividades dirigidas a la prestación de servicios de alojamiento turístico y de restauración.
c) Los usuarios turísticos o clientes, tanto personas físicas como jurídicas, que contraten o reciban los servicios turísticos regulados en esta Ley en la Comunidad de Castilla y León.
Dos. La letra d) del artículo 9 se suprime, quedando sin contenido.
Tres. Se modifican el primer párrafo y los apartados 1 y 3 del artículo 14, quedando redactados en los siguientes términos:
Las empresas turísticas, para el acceso y ejercicio de su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, estarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Ley y demás normativa aplicable, y en particular a lo siguiente:
1. Presentar, las declaraciones responsables que se establezcan, en las que se incluirán, en su caso, las manifestaciones correspondientes a la clasificación de los establecimientos turísticos, y mantener el cumplimiento de los requisitos previstos normativamente. La presentación de las declaraciones responsables conllevará la inscripción de oficio en el Registro de Empresas, Actividades y Profesiones Turísticas.
3. Cumplir las disposiciones vigentes en materia de publicidad de precios.
Cuatro. Se añade un apartado 4 en el artículo 15, con la siguiente redacción:
4. Recibir de los órganos competentes en materia de turismo la información que sea necesaria, con carácter previo al inicio de la actividad y durante su ejercicio, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa turística.
Cinco. El primer párrafo del artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:
Los usuarios turísticos, sin perjuicio de los derechos que les correspondan de conformidad con lo establecido en la legislación de protección de consumidores y usuarios, en la legislación sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, en la legislación sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en las demás normas que resulten de aplicación, tendrán derecho a:….
Seis. El artículo 20 se modifica en los siguientes términos:
Artículo 20. Declaración responsable.
1. Para el acceso y ejercicio de su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, los titulares de las empresas y actividades turísticas deberán presentar, con anterioridad al inicio de su actividad, las declaraciones responsables que se determinen en la normativa turística. Asimismo, los prestadores de servicios de alojamiento turístico y de restauración ya establecidos en territorio español o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y que ejerzan legalmente la actividad deberán presentar dicha declaración para cada establecimiento físico a partir del cual pretendan llevar a cabo la actividad en la Comunidad de Castilla y León.
2. En la declaración responsable, a la que deberán acompañarse los documentos que se determinen reglamentariamente, el prestador manifestará, bajo su responsabilidad, que el establecimiento o la actividad turísticos cumplen con los requisitos previstos en la normativa turística, que dispone de los documentos que así lo acreditan y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.
Cuando esté previsto reglamentariamente, en la declaración responsable se hará constar, la clasificación o categoría del establecimiento, así como el cumplimiento de los requisitos que se determinen a tales efectos en las normas turísticas.
Asimismo, a través de la declaración responsable se facilitará la información necesaria a la Consejería competente en materia de turismo para el control de la actividad en los términos que se establezcan en las normas turísticas.
3. Excepcionalmente, cuando esté previsto reglamentariamente, con anterioridad a la presentación de la declaración responsable, a petición razonada del titular y previa tramitación del oportuno expediente, la Consejería competente en materia de turismo podrá dispensar al establecimiento o a la actividad turísticos del cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos reglamentariamente, cuando las circunstancias concurrentes, entre otros supuestos, permitan compensar el incumplimiento con la valoración conjunta de las instalaciones, servicios y de las mejoras que pueda introducir.
4. Reglamentariamente, podrá exigirse a las empresas o actividades turísticas la suscripción de pólizas de seguros que cubran los riesgos de su responsabilidad en la cuantía que se establezca. Dichos seguros deberán mantenerse en vigor durante todo el tiempo de prestación de las actividades.
5. La presentación de la declaración responsable, acompañada de la documentación exigida, habilita, desde el día de su presentación, para el desarrollo de la actividad de que se trate con una duración indefinida, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones exigidas en otras normas que les resulten de aplicación.
6. Los titulares de las empresas y actividades turísticas deberán comunicar cualquier modificación de los datos incluidos en la declaración responsable y en los documentos aportados; las modificaciones o reformas sustanciales que puedan afectar a la clasificación de los establecimientos; así como, el cese de la actividad. Dichas comunicaciones deberán ir acompañadas de los documentos que, en su caso, se determinen. Asimismo, los citados titulares deberán comunicar los cambios de titularidad de los establecimientos y de la actividad, sin perjuicio de que el nuevo titular deba presentar la declaración responsable regulada en este artículo.
7. La comprobación por los órganos competentes en materia de turismo de la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, la no presentación de la mencionada declaración responsable o el incumplimiento de los requisitos que resulten de aplicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución que declare tales circunstancias, previa audiencia del interesado, podrá determinar la obligación de éste de restituir la situación jurídica al momento previo al ejercicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de presentar una nueva declaración responsable con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado.
Siete. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 29, que quedan redactados de la siguiente forma:
1. Son agencias de viajes las empresas que se dedican profesional y comercialmente al ejercicio de actividades de mediación y organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los mismos.
3. Las agencias de viajes deberán constituir y mantener vigentes las fianzas y seguros, que se fijen reglamentariamente, para proteger a los usuarios turísticos en sus relaciones de intermediación.
Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 33 en los siguientes términos:
1. En el Registro de Empresas, Actividades y Profesiones Turísticas de Castilla y León, que tendrá naturaleza administrativa y carácter público, se inscribirán de oficio en la forma que reglamentariamente se determine:
a) Las empresas y actividades turísticas que se señalan en el artículo 34.1 de esta Ley y aquellas otras que se determinen reglamentariamente, una vez recibida la correspondiente declaración responsable acompañada de la documentación exigida.
b) Las profesiones turísticas, tras obtener la oportuna habilitación.
Nueve. Se modifica el artículo 48, que queda redactado como sigue:
La Junta de Castilla y León, a propuesta de las Consejerías competentes en materia de turismo y ordenación del territorio, podrá con carácter excepcional declarar espacio turístico saturado la parte del territorio de la Comunidad Autónoma en el que se sobrepase el límite de oferta turística máxima que reglamentariamente se establezca, exista un exceso de oferta o se registre una demanda causante de problemas medioambientales. En tales casos, y en los términos establecidos reglamentariamente, se podrá limitar el establecimiento de actividades turísticas, hasta tanto desaparezcan las circunstancias que motivaron la declaración.
Diez. Se modifica el artículo 55, que queda redactado de la siguiente manera:
Once. Se modifican los párrafos d) y j), que quedan redactados de la siguiente manera, y se suprimen los párrafos e) y o), que quedan sin contenido, del artículo 57:
«d) No dar a los precios la obligada publicidad o utilizar para ésta impresos diferentes de los establecidos por la Consejería competente en materia de turismo.
La falta de comunicaciones, declaración o notificaciones a la Administración competente en materia de turismo, o hacerlo fuera del plazo establecido, de cambios de titularidad del establecimiento o de la actividad o de datos exigidos por la normativa turística.
Doce. Se suprime el párrafo g), quedando sin contenido, y se introduce un párrafo s) en el artículo 58 con la siguiente redacción:
s) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable que no esté tipificada como infracción muy grave.
Trece. Se modifica el párrafo a) y se añade un párrafo g) en el artículo 59, que quedan redactados en los siguientes términos:
a) La prestación de servicios o la realización de actividades turísticas sin haber presentado la correspondiente declaración responsable y el ejercicio de profesiones turísticas sin haber obtenido la correspondiente habilitación.
g) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.
Catorce. Se modifican los párrafos a) y b) del apartado 2 del artículo 60, que quedan redactados en los siguientes términos:
a) El cierre temporal del establecimiento o vehículo y la suspensión de los efectos de la declaración responsable o habilitación administrativa para el ejercicio de la actividad.
b) El cierre definitivo del establecimiento o vehículo, la privación de validez y eficacia de la declaración responsable y la revocación de la habilitación administrativa para el ejercicio de la actividad.
Quince. Se suprime el artículo 63, quedando sin contenido.
Dieciséis. Se introduce una nueva disposición adicional tercera con el siguiente contenido:
TÍTULO IV Artículos 7 a 9
Capítulo I Artículo 7
Artículo 7 – Modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
22.Bis.	La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, o manifestación, de carácter esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable previa al inicio de la puesta en marcha de las granjas cinegéticas lo que podrá dar lugar a la clausura de las instalaciones o suspensión de las actividades, por un plazo máximo de tres años.
Artículo 8 – Modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Los titulares de las actividades e instalaciones ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma notificarán anualmente al órgano competente de la misma los datos sobre las emisiones correspondientes a la instalación en los supuestos establecidos por la normativa básica estatal.
Artículo 33. Comunicación de inicio.
Artículo 34. Documentación complementaria a la comunicación de inicio.
Artículo 35. Inicio de las actividades sujetas a autorización y licencia ambiental.
Artículo 36. Efectos de la comunicación.
Siete. Se deroga el contenido del actual artículo 37. El contenido del actual artículo 38 pasa a ser el artículo 37, incorporándose al Título V con la siguiente rúbrica «Obligación de información de cualquier cambio».
Artículo 38. Vigencia de las licencias ambientales
Artículo 39. Vigencia y Renovación de las autorizaciones ambientales.
2. Con una antelación mínima de 10 meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la autorización, su titular solicitará a la administración competente su renovación. Transcurrido el plazo de vigencia sin que por el titular hubiera sido solicitada la renovación de la autorización ambiental se entenderá ésta caducada, sin perjuicio de la normativa sectorial que fuera de aplicación.
Los estudios de impacto ambiental deberán ser realizados por redactores que posean la titulación, capacidad y experiencia suficientes.
Artículo 48. Responsabilidad de los redactores de los Estudios de Impacto Ambiental.
Los redactores de los estudios de impacto ambiental son responsables del contenido y fiabilidad de los datos del mismo, excepto de los parámetros relativos al proyecto, de la información recibida del promotor de la actuación y de la recibida de la Administración de manera fehaciente. El promotor de la actividad evaluada es responsable subsidiario del redactor del estudio de impacto ambiental y del autor del proyecto sobre la información incluida en los estudios de impacto ambiental.
Artículo 9 – Modificación de la Ley 5/2009, de 4 junio, del Ruido de Castilla y León.
d) El registro y la inspección de las Entidades de Evaluación Acústica
– Dirección, teléfono, fax y correo electrónico.
– Campos de actuación.
DE EVALUACIÓN ACÚSTICA (EE
A) PARA EL EJERCICIO
– Sonómetro o analizador clase 1.
– Calibrador/verificador clase 1.
– Analizador clase 1 con capacidad de medir en bandas de 1/3 de octava.
– Generador de ruido rosa y ruido blanco.
– Amplificador.
– Fuente sonora cumpliendo los requisitos de la Norma UNE EN ISO 140-4:1999.
– Equipos de medida que cumplan las exigencias establecidas en la Norma UNE EN ISO 8041:2006 “Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida” o norma que la sustituya.
– Fuente sonora cumpliendo los requisitos de la Norma UNE EN ISO 3382:2001 o norma que la sustituya.
TÍTULO V Artículos 10 a 21
Artículo 10 – Modificación de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León.
La Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León se modifica del siguiente modo:
Uno. En el artículo 1, su contenido actual pasa a ser el apartado 1 y se añaden los nuevos apartados 2, 3 y 4, con la siguiente redacción:
Dos. El apartado 3 del artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
Cuatro. El apartado 3 del artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:
Cinco. Se suprime la letra e) del apartado 2 del artículo 1, quedando sin contenido.
Siete. El apartado 3 del artículo 21 queda redactado en los siguientes términos:
3. A tal fin, las condiciones de admisión, así como las instrucciones y normas particulares establecidas para el normal desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa deberán ser previamente autorizadas por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia respectiva, y, asimismo, deberán figurar de forma fácilmente legible en lugar visible a la entrada del establecimiento público, instalación o espacio abierto, así como, en su caso, en las taquillas y restantes puntos de venta de las localidades. También deberán figurar las condiciones de admisión, de forma fácilmente legible, en la publicidad o propaganda del espectáculo o actividad recreativa de que se trate, así como en las propias localidades cuando ello fuera posible.
Ocho. La letra c) del apartado 1 del artículo 23 queda redactada en los siguientes términos:
Nueve. En el Anexo, se suprime el apartado A.2.4; se modifican los apartados A.2.3, B.5.6 Y B.6.3, y se añade el apartado B.6.4 quedando redactados en los siguientes términos:
B.5.6. Café cantante: Establecimiento público en el que se desarrollan actuaciones musicales en directo, sin pista de bailes para el público. En el mismo se podrá ofrecer servicio de comida y de bebida. Deberá de disponer de escenario y camerinos.
B.6.3. Cafetería, café-bar o bar: Son establecimientos e instalaciones preparados para dispensar y consumir bebidas y comidas indistintamente en mesas o en las barras. Cuando dispongan de acompañamiento musical procedente de cualquier emisor su nivel de emisión, medido en el interior del establecimiento, estará limitado a un máximo de 50 decibelios en horario diurno y de 40 en horario nocturno.
B.6.4. Pizzería, Hamburguesería, Bocatería y similar: Son establecimientos e instalaciones preparados para dispensar comida y bebida rápida. Su consumo podrá realizarse en el interior del establecimiento o expedirse para uso externo. Cuando dispongan de acompañamiento musical procedente de cualquier emisor su nivel de emisión, medido en el interior del establecimiento, estará limitado a un máximo de 40 decibelios en horario diurno y 30 en horario nocturno.
Artículo 11 – Espectáculos taurinos.
1. La celebración de espectáculos taurinos, la instalación de plazas de toros, las escuelas taurinas y, en general, las actuaciones desarrolladas y los servicios prestados en materia de espectáculos taurinos, en el ámbito de las competencias exclusivas de la Comunidad de Castilla y León, estarán sometidos a autorización administrativa en los términos que establezca la normativa específica en la materia.
2. La finalidad de la normativa específica en esta materia es salvaguardar el orden público, la seguridad pública, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de los servicios y de los trabajadores, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, así como la conservación del patrimonio histórico y artístico.
3. Por razones de orden público, seguridad pública y protección del medio ambiente el régimen de autorizaciones administrativas y requisitos establecido será aplicable tanto a los prestadores establecidos en territorio español como a los prestadores de servicios establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, sin discriminación alguna por razón de la nacionalidad o lugar de ubicación del domicilio social.
4. Por razones imperiosas de orden público, seguridad pública y protección del medio ambiente, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León sólo serán eficaces las autorizaciones y requisitos previstos en la normativa reguladora en materia de espectáculos taurinos que se desarrollen o ubiquen íntegramente en el territorio de la Comunidad. Se podrán contemplar excepciones en la normativa reglamentaria.
5. Con el fin de cubrir los riesgos y posibles daños que pudieran derivarse de la celebración de los espectáculos taurinos o de las instalaciones en que éstos se desarrollan, serán exigibles los seguros o garantías equivalentes que se dispongan en su normativa específica.
Capítulo II Artículo 12
Artículo 12 – Modificación de la Ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León.
La Ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 2, quedando redactado en los siguientes términos:
Dos. El apartado 4 del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:
Tres. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:
1. A los menores de edad y a los incapacitados legalmente se les prohibirá la entrada en los establecimientos en los que específicamente se desarrollen juegos y apuestas.
Cuatro. Se suprime la letra c) del apartado 2 del artículo 12, quedando sin contenido.
Cinco. Se suprime el artículo 15, quedando sin contenido.
Seis. Se suprime el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 16, quedando sin contenido.
Siete. El segundo párrafo del artículo 17 queda redactado en los siguientes términos:
No obstante, en los establecimientos dedicados a la actividad de bar, restaurante y análogos que tengan una superficie igual o superior a 60 metros cuadrados de zona de concurrencia o uso público, excluidos aseos, podrá autorizarse la instalación de una máquina más, que deberá ser de las previstas en la letra d) del apartado 2 del artículo 18 de esta Ley.
Ocho. Se suprime la letra a) del apartado 2 del artículo 18, quedando sin contenido.
Nueve. El apartado 3 del artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:
a) Aquéllas que, a cambio de un precio, ofrecen al jugador un tiempo de utilización, sin que haya ningún tipo de premio o compensación en metálico, en especie o en forma de puntos canjeables, salvo la posibilidad de continuar jugando por el mismo importe inicial.
Diez. El apartado 4 del artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:
4. Las máquinas reguladas en la presente Ley no podrán situarse en terrazas y zonas que sean de ocupación de vías públicas. Tampoco podrían instalarse máquinas de tipo “B” en los bares de centros y áreas comerciales o estaciones de transporte público si el local no se encuentra aislado de la zona de paso, en los bares que sean dependencias complementarias de otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y otras actividades recreativas o deportivas.»
Artículo 27. Publicidad en las carreteras.
Capítulo II Artículo 14
Artículo 14 – Modificación de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León.
Artículo 15 – Modificación de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar.
b) En los casos de infracciones graves, suspensión temporal, con baja en el Registro de Mediadores Familiares de Castilla y León, para poder actuar como profesional de la mediación por un período de hasta un año
Capítulo IV Artículos 16 y 17
Artículo 16 – Modificación de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León.
1. Las explotaciones ganaderas se inscribirán en el Registro de Explotaciones Ganaderas creado al efecto. Su contenido y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
6. La realización de actividades propias del ganadero o la compraventa de animales vivos sin estar inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas.
Artículo 17 – Modificación de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de Animales de Compañía de Castilla y León.
Capítulo V Artículo 18
Artículo 18 – Modificación de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario.
3. Las autorizaciones sanitarias y los registros obligatorios que se establezcan, en virtud de la habilitación prevista en el apartado 1, deberán cumplir las condiciones siguientes:
Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones y registros a los que se refiere esta Ley deberán ser claros e inequívocos, objetivos y transparentes, proporcionados al objetivo de protección de la salud pública y darse a conocer con antelación.
a) Abrir, cerrar o trasladar un centro, servicio o establecimiento sanitario o sociosanitario, o modificar su capacidad asistencial, sin haber obtenido la correspondiente autorización administrativa, o cualquier otro acto administrativo exigible con arreglo a la normativa que resulte aplicable; o, en su caso, sin haber presentado la correspondiente declaración responsable o comunicación previa
Capítulo VI Artículo 19
Artículo 19 – Modificación de la Ley 3/1990, de 16 de marzo, de Seguridad Industrial de Castilla y León.
Capítulo VII Artículo 20
Artículo 20 – Modificación de la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales.
4. En los procedimientos de inscripción y autorización el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo como garantía de la protección de los derechos, seguridad y salud de los destinatarios de los servicios.
Capítulo VIII Artículo 21
Artículo 21 – Modificación de la Ley 14/2001, de 22 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.
El Anexo, apartado 2, de la Ley 14/2001, de 22 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas se modifica en los siguientes términos:
– Autorización para el establecimiento de cotos industriales de caza.
– Autorización de la caza intensiva, y realización de sueltas de piezas de caza viva en tanto no se apruebe el correspondiente Plan de Ordenación Cinegética.
Disposición Adicional primera – Regímenes de autorización.
Disposición Adicional segunda – Aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo desestimatorio en normas preexistentes.
Disposición Adicional tercera – Suspensión del plazo máximo de resolución de los procedimientos administrativos.
Disposición Adicional cuarta – Consentimiento para la verificación de datos de carácter personal.
Disposición Adicional quinta – Racionalización y simplificación.
Disposición Adicional sexta – Cumplimiento de la obligación de notificación a la Comisión Europea.
Disposición Transitoria primera – Prestadores de servicios autorizados o habilitados.
2. Excepcionalmente, cuando las modificaciones del presente Decreto-Ley establezcan nuevos requisitos para el ejercicio de una actividad de servicios, los prestadores ya autorizados o habilitados dispondrán del plazo de un mes para presentar, según los casos, la declaración responsable o comunicación previa en relación con el cumplimiento de los nuevos requisitos.
Disposición Transitoria segunda – Procedimientos administrativos iniciados y pendientes de resolución.
1. A los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley y que estén pendientes de resolución, serán de aplicación las modificaciones previstas en el presente Decreto-Ley por las que se elimina el régimen de autorización administrativa previa, archivándose, sin más trámites, previa resolución dictada al efecto. En todo caso, los interesados en dichos procedimientos podrán acceder y ejercer las actividades de servicios para las que habían solicitado la correspondiente autorización administrativa desde la entrada en vigor del presente Decreto-Ley.
Disposición Transitoria tercera – Licencias comerciales.
Las solicitudes en cuya tramitación no se hubiera completado la documentación que le era exigible en el momento de su presentación, se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo previsto en los artículos 21.2, 3 y 4 y 22 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, en la redacción dada por el presente Decreto-Ley.
Las solicitudes en cuya tramitación no se hubiese iniciado la fase de información pública, se tramitarán y resolverán de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 22 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, en la redacción dada por el presente Decreto-Ley.
Las solicitudes en las que, habiéndose iniciado o finalizado el trámite de información pública, no se hubiese alcanzado en su tramitación la solicitud de los informes previstos en el artículo 44.1. a) y b) del Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, se tramitarán y resolverán de acuerdo con el procedimiento previsto a partir del artículo 22.3 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, en la redacción dada por el presente Decreto-Ley.
Las solicitudes en cuya tramitación se hubiese alcanzado la solicitud de los informes previstos en el artículo 44.1. a) y b) del Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, se tramitarán y resolverán de acuerdo con el procedimiento previsto a partir del artículo 22.4 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, en la redacción dada por el presente Decreto-Ley.
Las solicitudes en cuya tramitación no se hubiese alcanzado la solicitud del informe previsto en el artículo 44.1. c) del Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, o habiendo sido solicitado no hubiera sido emitido, se tramitarán y resolverán de acuerdo con el procedimiento previsto a partir del artículo 22.4 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, en la redacción dada por el presente Decreto-Ley.
Las solicitudes en cuya tramitación ya se hubiese alcanzado la emisión del informe previsto en el artículo 44.1. c) del Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, se resolverán de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 24 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, en la redacción dada por el presente Decreto-Ley.
No se les podrá exigir criterios de implantación superiores a los previstos en el artículo 29 del Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León.
Disposición Derogatoria única – Derogación normativa.
El Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto ambiental y auditorías ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo.
El artículo 56 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.
La letra c) del artículo 5 del Decreto 15/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las funciones de la Comunidad de Castilla y León en materia de defensa de la competencia.
El Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León.
Las letras c), d), y e) del artículo 2 del Decreto 126/2003, de 30 de octubre, por el que se regula el Consejo Castellano y Leonés de Comercio.
El Decreto 8/2008, de 31 de enero, por el que se establece el plazo de vigencia de determinadas licencias ambientales y se regula el procedimiento de renovación de las licencias ambientales.
El Decreto 129/1999, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de auditorías ambientales de Castilla y León.
El Decreto 59/1999, de 31 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos usados.
El Capítulo III, artículos 11 a 17, ambos incluidos, y el artículo 22 del Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León.
El apartado 3 del artículo 10 y el Capítulo III, artículos 12 y 13, del Decreto 204/1994, de 15 de septiembre, de ordenación de la gestión de los residuos sanitarios.
La Orden de 31 de enero de 1996, de desarrollo del Decreto 204/1994, 15 de septiembre, de ordenación de la gestión de los residuos sanitarios, a excepción del artículo 12.2.
Los siguientes artículos del Decreto 12/2005, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las máquinas de juego y de los salones recreativos y de juego de la Comunidad de Castilla y León: 5.2a); 7; 36.1a) y 52.2,a) así como las referencias contenidas en esta norma a las máquinas de tipo A, a los salones recreativos y a las empresas que exclusivamente tengan por objeto la explotación de estas máquinas o salones.
m)	El artículo 3.3, en lo que respecta a la Sección Primera, del Decreto 17/2003, de 6 de febrero, por el que se crean y regulan los registros de modelos y empresas relacionadas con las máquinas recreativas y de azar de la Comunidad de Castilla y León, así como las referencias contenidas en esta norma a las máquinas de tipo A, a los salones recreativos y a las empresas que exclusivamente tengan por objeto la explotación de estas máquinas o salones.
El primer párrafo, referido a las máquinas de tipo A, del apartado 2 de la parte IV del Anexo 2, del Decreto 44/2001, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad de Castilla y León.
Disposición Final primera – Cumplimiento de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y del Derecho Comunitario.
En las materias que son de competencia de la Comunidad de Castilla y León de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, mediante este Decreto-Ley se da cumplimiento a la Disposición Final tercera , apartado 1, de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Disposición Final segunda – Habilitación y desarrollo reglamentario.
Disposición Final tercera – Entrada en vigor.
Valladolid, 23 de diciembre de 2009.
DECRETO-LEY 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición ...
Ley de desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura (Ley 2/2011, de 31 de enero)
DECRETO 21/2007, de 13 de febrero, por el que se reconoce como de Utilidad Pública a la Asociación para la inserción social 'Zabaltzen', de Durango.
ORDRE AAM/2/2011, de 13 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya i es convoquen els ajuts corresponents, per a la campanya 2010-2011.