Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/civil/Continuacion-Comentario-Auto-AP-Navarra_12_235185001.html
Timestamp: 2018-01-19 11:47:33
Document Index: 83759975

Matched Legal Cases: ['artículo 1911', 'artículo 579', 'artículo 1857', 'artículo 1911', 'artículo 1157', 'artículo 3', 'artículo 1911', 'artículo 579']

Este foro ha sido publicado en el "Boletín Contratación Inmobiliaria", el 1 de marzo de 2011.
El procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados ha saltado al primer plano de la actualidad gracias a una resolución dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra (Auto de 17 de diciembre de 2010), que confirma una decisión anterior de la Magistrada-Jueza de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella de no continuar adelante con dicho procedimiento, con la sola excepción de "... las cantidades que en su día puedan resultar de la Tasación de Costas y Liquidación de Intereses que se practiquen". Los medios de comunicación se han referido a esta decisión como un punto de inflexión que permitiría, a través de una interpretación teleológica de las normas sobre realización de los bienes inmuebles, aliviar la insoportable carga que llevan sobre sí los deudores en los tiempos actuales, a quienes catalogan como de auténticas víctimas de una crisis económica mundial gestada por el sistema financiero, o por mejor decir, por la mala actuación de las entidades financieras, esto es, bancos y entidades de crédito en general.
Los procesos de ejecución hipotecaria tienen una enorme importancia y trascendencia para la seguridad del mercado. Como dice Vicente C. Guzmán Fluja en sus "Reflexiones en torno a la ejecución hipotecaria en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil" (Estudios de Derecho Judicial, 2004), los procesos de ejecución hipotecaria sirven para dar cobertura a la necesidad de arbitrar un mecanismo procesal rápido, ágil y lo más contundente posible en defensa de los acreedores que tienen garantizado su crédito mediante una hipoteca o una prenda. El procedimiento de ejecución hipotecaria de los arts. 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) es el cauce a través del cual el titular del derecho de hipoteca puede realizar el bien que garantizaba el cumplimiento de una determinada obligación principal previamente constituida. Se trata, pues, de un proceso de ejecución, por contraposición a proceso declarativo, por lo que carece de fase de cognición propiamente dicha, encaminado a la realización del valor de la finca hipotecada.
Puede suceder, y a menudo ocurre, que el valor del bien hipotecado no llegue a cubrir la totalidad de la obligación por la que se reclama. Una de las novedades introducidas por la LEC es que si subastado el bien o bienes hipotecados el importe no fuera suficiente para el pago íntegro al acreedor, podrá continuar la ejecución conforme a las normas del procedimiento ordinario solicitando el ejecutante el embargo por la cantidad que falte (art. 579 LEC), sin necesidad, por tanto, de acudir a un nuevo juicio o interponer nueva demanda ejecutivo. Y en este punto concreto se sitúa la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella, la cual denegó "... la continuación del procedimiento de ejecución por las cantidades que la parte ejecutante solicita en su escrito de fecha 16 de octubre de 2009, dejando la vía de ejecución por las cantidades que en su día puedan resultar de la Tasación de Costas y Liquidación de Intereses que se practiquen". Según sabemos por el fundamento tercero (3º) del auto que es objeto de comentario, un conocido banco concedió a dos señores un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 59.390.- €, el cual fue ampliado más tarde en 11.865,39.- € (en total, 71.255,39.- €), y ante el impago de las cuotas pactadas, el banco ejecutante dio por resuelto el contrato y solicitó la ejecución pidiendo la subasta de la finca hipotecada. Al no existir postores y resultar desierta la subasta, el banco acreedor interesó la adjudicación del inmueble con facultad de ceder el remate a un tercero, la cual finalmente no utilizó, adjudicándosela por la suma de 42.895.- €. La misma entidad bancaria solicitó la prosecución de la ejecución por la cantidad no cubierta por la subasta (28.219,52.- € de principal, más 8.438,86.- € calculados para intereses, costas y gastos) siendo en ese momento cuando se produce la decisión denegatoria que motiva el recurso ante la Audiencia Provincial de Navarra.
El auto que es objeto de comentario sale al paso, en primer lugar, a cierta consideración efectuada por la magistrada de instancia en la resolución cuestionada, y concluye que la petición de continuación de ejecución no supone un abuso de derecho pues "... la ley procesal permite a la parte ejecutante solicitar lo que solicita, esto es, que se continúe la ejecución respecto de otros bienes del ejecutado, dado que con los objeto de realización mediante la subasta no han sido suficientes para cubrir la deuda reclamada". A continuación, al abordar la cuestión fundamental, cual es que "... el bien ejecutado en subasta no es suficiente para cubrir la deuda reclamada...", echa mano de un cuestionable argumento cual es que "... el valor de la finca, no obstante el resultado de la subasta, es suficiente para cubrir el principal de la deuda reclamada e incluso encontrándose por encima de dicho principal, siendo circunstancial el que la subasta, al haber resultado desierta, tan solo sea adjudicada en la cantidad de 42.895.- €, pero lo cierto es que, como señala el Auto recurrido, el banco se adjudica una finca, que él mismo valoraba en una cantidad superior a la cantidad adeudada por el préstamo concedido, a salvo el tema de intereses y costas". La Sala valida así la decisión de la jueza "a quo" de considerar que la adjudicación de la finca al banco ejecutante cubre más del principal reclamado, tras lo cual late el argumento de que el valor obtenido en la subasta "... debe contrastarse con la propia valoración que se hace en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, que formalizaron las partes y singularmente por lo que supone un acto propio, del propio banco cuando, con arreglo a las cláusulas séptima, novena bis y décima, siendo el objeto y finalidad del préstamo la adquisición de la finca finalmente subastada, y a los efectos de su valor en subasta, se fijó (en) la cantidad (de) 75.900 €".
Y aquí radica, a nuestro entender, el extremo más discutible de la resolución: atribuir al valor de tasación de la finca la consideración de "acto propio" de la entidad bancaria ejecutante, con virtualidad suficiente como para cubrir, por sí mismo, el principal del préstamo reclamado (71.225,79.-€). Dicha consideración lleva al tribunal a estimar que la adjudicación material de la finca "... cubre más del principal reclamado", por lo que la ejecución únicamente cabrá continuar respecto de las costas y de la liquidación de intereses". Mas la constancia, en la escritura de constitución de hipoteca, de un valor de tasación de la finca a efectos de subasta, es una exigencia impuesta por el art. 682,2,1º LEC. Esta previsión elimina la fase de avalúo en el procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados y lo agiliza desde el primer momento. Ahora bien, a nadie se le escapa que el valor fijado no tiene por qué coincidir con el real: se está fijando un precio a un bien que puede salir a subasta al cabo de varios años, con lo que su valor, indiscutiblemente, será distinto, de ahí que el citado art. 682.2.1º LEC se refiera al mismo como "... el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta", es decir, para su venta pública a terceros conforme a las normas de los arts. 670 y siguientes de la LEC.
Por tanto, resulta rechazable la asimilación entre valoración de un bien a efectos de subasta con precio real del mismo. La decisión de considerar "acto propio" de la entidad bancaria la valoración del inmueble para que sirva de tipo a la subasta resulta muy discutible desde el momento en que prescinde del mecanismo liquidatorio que el sistema de realización en general y la subasta en particular comportan para asignar al bien que sirve de garantía un valor establecido de antemano con otra finalidad, la de servir de arranque para la subasta.
Dicho lo cual es mi opinión que la norma es la que es, nos guste o no. Algunos de los problemas detectados en la formulación de la resolución de la APNavarra se intentan resolver en la reforma de la LEC (en la denominada ley de medidas de agilización procesal) por ejemplo la relativa al modo en que el ejecutante puede hacer suya la finca ejecutada en caso de subasta desierta, que es quizás uno de los caballos de batalla en este tipo de procesos. Pero el contenido del actual Art. 579 LEC permite al acreedor ejecutante pedir cuando como sucede en el caso que nos ocupa la ejecución de bienes del deudor cuando el importe percibido por su crédito una vez ejecutado el bien hipotecado haya sido insuficiente para cubrir la deuda. El artículo de referencia no ha supuesto un cambio esencial en el sistema procesal español, toda vez que esta opción por parte del acreedor siempre había existido. A este respecto conviene recordar previamente que el art. 1.911 del CC dispone que "Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros"; y que por su parte, el art. 105 de la LH establece que "La hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece el art. 1911 ". Por ello son multitud las resoluciones adoptadas con arreglo a la anterior regulación contenida en el Art. 131 LH que permitían al acreedor continuar eso sí en el curso de otro proceso de ejecución en pos del cobrar el total de lo adeudado si el importe obtenido tras la ejecución hipotecaria no la había cubierto. La novedad del actual 579 LEC se centra en la posibilidad de continuar en el curso del mismo proceso.
a) Tras épocas remotas en las que el deudor incluso respondía de las deudas contraídas de forma "personal" –Roma clásica-,en la actualidad ordenamientos jurídicos como el nuestro vienen reconociendo el principio de la "responsabilidad patrimonial universal" del deudor, esto es, el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros, tal y como prescribe el artículo 1911 del Código Civil.
d) El artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al regular la ejecución dineraria de bienes hipotecados, señala: "si subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuere insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá...".
Sentadas tales premisas es de precisar que en modo alguno comparto con la resolución en comentario el considerar "acto propio" al valor de la tasación otorgado a la vivienda al constituirse la hipoteca a los efectos de , consentida la tasación por el acreedor, venir este obligado a adquirir la finca por el importe de aquella –como se viene a considerar en el auto de la AP de Navarra- pues , no olvidemos, se trata de una valoración efectuada a otros efectos como lo es el precio o tipo de salida, no cabiendo extender su eficacia al valor de adjudicación por el ejecutante de no existir postores en la subasta. Es decir, según se vienen constituyendo habitualmente las hipotecas –desconocemos el contenido exacto de la que fue objeto de la citada resolución- , no considero que a tal valor de tasación quepa concederle el efecto de "acto propio" a los fines citados, distintos a los consentidos
Por otra parte, los argumentos formulados respecto a la interpretación de las normas según la realidad del tiempo......(art.3 C.Civil) tampoco los comparto .Existe una legislación (como la apuntada anteriormente)que está vigente y a ella se sometieron las partes ,que es clara, razón por la que entiendo no cabría efectuarse la interpretación que se efectúa en la resolución: in claris non fit interpretatio_..Máxime cuando se argumenta ,no solo sin sustento probatorio en autos (como la referente a la responsabilidad de los bancos en la "crisis"),si no también de dudosa eficacia para la fundamentación que se pretende (en todo caso habría de enjuiciarse una relación concreta entre las partes, no la actitud de una u otra fuera de esa relación).
También se infringe el carácter accesorio de la hipoteca respecto de un crédito, al que sólo puede añadir garantías en vez de sustraérselas, esta nota está recogida en el artículo 1857. 1º CC, como requisito esencial y en el 105 LH, según el cual "la hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece el artículo 1911 CC".
Tampoco respeta las reglas sobre extinción de las obligaciones y especialmente sobre el pago o cumplimiento, por todas ellas el artículo 1157 CC, según el cual "no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía".
En el auto comentado se afirma expresa y acertadamente que el banco ejecutante no incurrió en abuso de derecho, reconociendo que "la ley procesal permite a la parte ejecutante solicitar lo que solicita", ya que efectivamente lo solicitado está permitido en nuestro derecho no sólo por el texto sino por el espíritu de la ley.
Así, entendemos que la sala acuerda bien, y haciendo una justicia material al señalar la imposibilidad de continuar con el título ejecutivo sobre otros bienes del ejecutado, al considerar suficiente el inmueble que se ha adjudicado el banco por impago de un préstamo hipotecario que concedió. Cierto es que el ejecutado alegó, en su defensa para negarse a pagar lo que le reclamaba el banco como plus tras haber perdido el inmueble, abuso de derecho del ejecutante, cuestión ésta que la sala desestima desde el punto de vista formal al entender que la ley procesal permite al ejecutante solicitar la continuación de la ejecución sobre otros bienes del ejecutado, ya que se ajusta a la literalidad de la norma y que efectivamente, tiene derecho a solicitar la continuidad de la ejecución sobre otros bienes. Otra cuestión bien distinta es que este derecho a pedir deba ser reconocido, ya que una cosa es que el ejecutante pueda pedir completar la diferencia entre ambos precios y otra bien distinta es que se obvien razones que debemos considerar para resolver este problema. Así, el banco ejecutante sostiene que el valor real de inmueble hoy es inferior al que consta en la escritura del préstamo dada la situación por la que está pasando el mercado inmobiliario actual, pero lo cierto, es que la subasta quedó desierta y el banco se adjudicó el bien que él mismo valoró por una cantidad superior a la adeudada por el préstamo concedido, por lo que la cuestión consiste en un tema de valoraciones simplemente y si estas han estado mal realizadas o fuera de contexto, lo cierto es que se debe entender acertada la posición de la sala de aplicar la norma -artículo 3.1 del Código Civil- para el supuesto de hecho en un caso que debe colegirse con la situación actual de crisis económica, propiciada por la deficiente gestión de las entidades financieras, ya que con independencia de la mayor o menor responsabilidad de estas en el advenimiento de la crisis derivado por las facilidades en la concesión de créditos y las valoraciones acordes para que fueran estos estimados, no puede devenir en perjuicio del prestatario hasta el punto de que este pueda ver mermado su patrimonio completo cuando no puede pagar un préstamo con un bien inmueble constituido como garantía y perder el bien garantizado y un sobreprecio cuando la tasación final en subasta es inferior a la que el propio banco hizo en su momento. Y es que es evidente que estas facilidades colectivas para hacer más fácil el mercado hipotecario conlleva, o debe hacerlo, que cuando la situación es menos propicia para la entidad bancaria las normas se deban interpretar atendiendo a su tiempo, en especial, a su espíritu y finalidad de las mismas. Puede ser cierto, como señaló el tribunal navarro, que efectivamente, no supone un abuso de derecho del ejecutante el solicitar lo que ahora le es denegado, pero aplicado el art. 3 CC resulta rechazable el hecho de alegar la continuidad de la ejecución por la pérdida de valor de la finca que fue entregada como garantía, ya que no se hubiera concedido la financiación si el inmueble no hubiera tenido una tasación superior a la cuantía del préstamo concedido, y supone un contrasentido señalar que lo que servía antes para valorar el bien de una forma superior resulta ahora que el mismo bien va a resultar peor valorado cuando el deudor deja de pagar la hipoteca para reclamarle tanto el bien que fue la garantía como parte de su patrimonio en la cuantía que la entidad bancaria considere para cubrir la diferencia entre el valor de la subasta y la deuda que queda por pagar.
Tres normas sirven de cobertura a tal interpretación. De un lado, el artículo 1911 del Código Civil que dispone que "Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros"; de otra parte, el art. 105 de la LH que establece que "La hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece el art. 1911 "; y finalmente, el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que al regular la ejecución dineraria de bienes hipotecados, señala: "si subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuere insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá...".