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Timestamp: 2020-06-04 11:37:31
Document Index: 359005715

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 34', 'artículo 29', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 44', 'artículo 166', 'artículo 72']

Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. TÍTULO III. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.
1. Deberán someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, en la forma prevista en este reglamento, los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II-A.
2. Sólo deberán someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos:
a) Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II-B.
b) Los proyectos, públicos o privados, no incluidos en el Anexo II-B que, individualmente o en combinación con otros proyectos, puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000 de forma apreciable.
c) Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el Anexo II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que se producen dichos efectos cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.º. Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera, de los vertidos de aguas residuales o de la generación de residuos.
2.º. Incremento significativo del uso de recursos naturales o de la afección a bienes materiales, especialmente los de alto valor ecológico o patrimonial.
3.º. Afección significativa a la biodiversidad.
4.º. Afección apreciable, individualmente o en combinación con otros proyectos, a áreas protegidas de Extremadura, o a especies protegidas, sin tener relación directa con la gestión o conservación de dichas áreas o especies o sin ser necesarios para la misma.
3. Deberán someterse a evaluación de impacto ambiental abreviada, en la forma prevista en este reglamento, los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el Anexo III y sus modificaciones, cuando éstas puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
4. La evaluación de impacto ambiental comprenderá la totalidad del proyecto y no solo las evaluaciones parciales de cada fase o parte del proyecto.
1. El fraccionamiento de proyectos de naturaleza análoga, a realizar en el mismo espacio físico no impedirá su sometimiento a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. A la hora de determinar los umbrales establecidos que puedan aplicarse, se acumularán las magnitudes, cantidades o dimensiones de cada una de las fracciones del proyecto.
2. Para cualquier ampliación de proyectos, las dimensiones y los límites establecidos se entenderán referidos a los que resulten al final de la ampliación.
3. Cuando un nuevo proyecto pretenda ubicarse en el área de influencia de instalaciones existentes, se tendrán en cuenta los efectos sinérgicos en el procedimiento de evaluación.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA DE PROYECTOS DEL ANEXO II-A
La evaluación de impacto ambiental ordinaria de proyectos comprenderá, en todo caso, las siguientes actuaciones:
a) Solicitud de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental por el promotor ante el órgano sustantivo, acompañada del estudio de impacto ambiental del proyecto.
b) Evacuación del trámite de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas por el órgano sustantivo.
c) Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental, que se hará pública y finalizará la evaluación.
1. De forma previa a la solicitud de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, el promotor podrá solicitar una consulta al órgano ambiental, con objeto de determinar la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, para lo que se remitirá el documento inicial del proyecto con el siguiente contenido:
2. El documento inicial del proyecto deberá identificar a su autor o autores mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad.
3. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas para que se pronuncien en el plazo de un mes sobre el documento inicial del proyecto, la consulta podrá ampliarse a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente.
4. Recibidas las contestaciones a las consultas, o transcurrido el plazo para ello, el órgano ambiental, en el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud prevista en el apartado primero, las remitirá al promotor junto con la determinación de la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental. Si el órgano ambiental no remitiera dicha información en el plazo establecido, el promotor podrá proseguir con las actuaciones debiendo elaborar el estudio de impacto ambiental conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
5. La determinación de la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental notificado al promotor tendrá una validez de dos años desde que se produzca dicha notificación, periodo en el cual el estudio de impacto ambiental debe ser sometido a información pública y consultas.
1. El promotor presentará el estudio de impacto ambiental ante el órgano sustantivo solicitando que el proyecto sea sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
No obstante, el promotor presentará el estudio de impacto ambiental y la solicitud ante el órgano ambiental para aquellos proyectos en los que no exista órgano sustantivo o, siéndolo la Administración local, la actividad esté sometida a autorización ambiental integrada o unificada.
Para aquellos proyectos de instalación de empresas que precisen de calificación urbanística conforme a lo establecido en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial en Extremadura, el promotor deberá presentar simultáneamente ante el Ayuntamiento la solicitud de licencia de obra y la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria, o copia de esta última si se presenta ante un órgano de la Administración autonómica. En el caso de que la calificación urbanística sea competencia de la Administración autonómica, el Ayuntamiento remitirá la documentación relativa a la calificación urbanística al órgano competente para la realización de la información pública del estudio de impacto ambiental.
2. El estudio de impacto ambiental tendrá, al menos, el siguiente contenido:
a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con el uso del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
b) Una exposición de las principales alternativas técnica y ambientalmente viables estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. El conjunto de alternativas evaluadas, debe ser lo suficientemente amplio como para permitir determinar razonablemente, la opción de menor impacto ambiental global, incluyendo la alternativa «sin proyecto», alternativa cero.
c) Evaluación de los efectos previsibles, directos o indirectos, del proyecto sobre la población, la biodiversidad, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje, los bienes materiales, especialmente los de alto valor ecológico y patrimonial, y el patrimonio cultural. Asimismo, se atenderá a la interacción de todos estos factores, así como a los posibles riesgos de origen natural o antropológico.
d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos, incluida su valoración económica.
e) Programa de vigilancia ambiental incluyendo definición de las actuaciones y su presupuesto de ejecución.
3. La Administración pondrá a disposición del titular del proyecto los informes y cualquier otra documentación que obre en su poder, cuando resulte de utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental.
4. En el estudio de impacto ambiental deberán venir identificados sus autores mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad u otro documento oficial acreditativo de ella.
1. El órgano sustantivo someterá el estudio de impacto ambiental, dentro del procedimiento aplicable para la autorización o realización del proyecto al que corresponda y conjuntamente con éste, al trámite de información pública y demás informes que en el mismo se establezcan, excepto en los casos recogidos en el siguiente apartado.
2. Corresponde al órgano ambiental realizar el trámite de información pública y los demás previstos en este artículo en los siguientes casos:
a) Proyectos en los que dentro de su procedimiento de autorización administrativa o aprobación no hubiera trámite de información pública.
b) Proyectos que están sometidos a declaración responsable o comunicación.
c) Proyectos en los que no exista órgano sustantivo o, siéndolo la Administración local, la actividad esté sometida a autorización ambiental integrada o unificada.
En los casos recogidos en los apartados a) y b) el promotor presentará el estudio de impacto ambiental ante el órgano sustantivo que lo remitirá al órgano ambiental en el plazo de 10 días desde su recepción.
3. El periodo de información pública no será inferior a 30 días y se realizará a través de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
4. Durante la evacuación del trámite de información pública se informará al público de los aspectos relevantes relacionados con el procedimiento de autorización del proyecto y, en concreto, de los siguientes aspectos:
a) La solicitud de autorización del proyecto o en el caso de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación, la solicitud de declaración de impacto ambiental.
b) El hecho de que el proyecto está sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como que, en su caso, puede resultar de aplicación lo previsto en el artículo 32 en materia de consultas transfronterizas.
c) Identificación del órgano competente para resolver el procedimiento o, en el caso de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación, identificación del órgano ante el que debe presentarse la mencionada declaración o comunicación. Además, la identificación de aquellos órganos de los que pueda obtenerse información pertinente y de aquellos a los que puedan presentarse observaciones, alegaciones y consultas, así como del plazo disponible para su presentación.
e) Indicación de la fecha y lugar o lugares en los que se pondrá a disposición del público la información recogida con arreglo al artículo 30.
5. Simultáneamente a la información pública, el órgano que la realice consultará a las Administraciones públicas afectadas y les proporcionará la siguiente información, la cual, además, será puesta a disposición de las personas interesadas:
a) Toda información recogida en virtud del artículo 30.
b) Toda la documentación relevante, recibida por el órgano sustantivo con anterioridad a la evacuación del trámite de información pública.
El órgano que realice la información pública informará a las personas interesadas y a las Administraciones públicas afectadas, del derecho a participar en el correspondiente procedimiento y del momento en que pueden ejercitar tal derecho. La notificación indicará la autoridad competente a la que se deben remitir las observaciones y alegaciones en que se concrete tal participación y el plazo en que deberán ser remitidas. Dicho plazo no será inferior a 30 días.
6. Asimismo, el órgano que realice la información pública y las consultas pondrá a disposición de las personas interesadas y de las Administraciones públicas afectadas, aquella otra información distinta de la prevista en el apartado anterior que sólo pueda obtenerse una vez expirado el periodo de información al público a la que se refiere el apartado anterior, y que resulte relevante a los efectos de la decisión sobre la ejecución del proyecto.
7. Los resultados de las consultas y de la información pública, deberán tomarse en consideración por el promotor en su proyecto, así como por el órgano sustantivo en la autorización del mismo.
8. En el plazo de un mes desde la realización del trámite de información pública, y con carácter previo a la resolución administrativa por la que se autorice o apruebe el proyecto, el órgano sustantivo remitirá el expediente al órgano ambiental, acompañado en su caso, de las alegaciones, informes y observaciones que estime oportunas, al objeto de que se formule una declaración de impacto ambiental. La recepción del expediente por parte del órgano ambiental será notificada al órgano promotor, en un plazo de 15 días desde su recepción.
9. En el caso de proyectos de instalación de empresas que precisen de calificación urbanística y ésta sea competencia de la Administración autonómica, el trámite de información pública y consultas incluirá los aspectos relativos a dicha calificación.
Finalizado el trámite de información pública, la Dirección General con competencias en evaluación ambiental recabará de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, remitiendo copia de las alegaciones presentadas de contenido urbanístico, o del Municipio en que vaya a procederse a la instalación, cuando este resulte competente para la calificación urbanística, un informe referido a la no prohibición de usos y a los condicionantes urbanísticos que la instalación deba cumplir en la concreta ubicación de que se trate. El informe deberá emitirse en el plazo de 15 días, entendiéndose favorable de no ser emitido en dicho plazo.
1. Cuando una vez recibido el estudio de impacto ambiental o en el momento de realizar las consultas previstas en el artículo anterior, y previo a la emisión de la correspondiente declaración de impacto ambiental, se considere que la ejecución de un proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro estado miembro de la Unión Europea o cuando un Estado miembro que pueda verse significativamente afectado lo solicite, el órgano ambiental se lo comunicará al órgano de la Administración General del Estado competente para la tramitación de las consultas transfronterizas conforme a la normativa y convenios vigentes.
2. Los plazos previstos en la normativa reguladora del procedimiento de autorización del proyecto, quedarán suspendidos hasta que se concluya el procedimiento de consultas transfronterizas. Transcurridos los plazos establecidos en la normativa y convenios vigentes para la contestación de las consultas se podrá continuar con la tramitación del expediente.
1. Antes de efectuar la declaración de impacto ambiental el órgano ambiental, a la vista del contenido del estudio de impacto ambiental y de las alegaciones y observaciones formuladas en el periodo de información pública y en las consultas, y dentro de los 30 días siguientes a la recepción del expediente, comunicará al titular del proyecto, aquellos aspectos en los que, en su caso, el estudio de impacto ambiental ha de ser completado, dándole un plazo de tres meses para hacerlo. De dicha comunicación se dará traslado al órgano sustantivo.
2. En el requerimiento al promotor para la subsanación de deficiencias y la aportación de la documentación, se hará constar la suspensión del plazo para resolver y notificar la declaración de impacto ambiental, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido, igualmente se indicará que en caso de no presentar la documentación solicitada se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada por el órgano sustantivo.
1. El órgano ambiental emitirá la declaración de impacto ambiental en el plazo máximo de dos meses desde la recepción del expediente completo. Transcurrido dicho plazo sin que se haya realizado, ésta deberá entenderse emitida en sentido desfavorable.
2. La declaración de impacto ambiental determinará, a los solos efectos ambientales, la viabilidad o no de ejecutar el proyecto y, en caso afirmativo, fijará las condiciones en que aquél deba realizarse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales, así como, las medidas protectoras, correctoras y compensatorias y el programa de vigilancia ambiental.
Número 3 del artículo 34 derogado por la Letra c) de la disposición derogatoria única de la Ley [EXTREMADURA] 16/2015, de 23 abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura («D.O.E.» 29 abril).Vigencia: 29 junio 2015
4. Formulada la declaración de impacto ambiental, el órgano ambiental la publicará en el Diario Oficial de Extremadura y la remitirá al órgano sustantivo, para que sea incluida en el contenido de la resolución administrativa por la que se autorice o apruebe el proyecto o para aportarla junto con la declaración responsable o comunicación previa.
c) Una descripción cuando sea necesario, de las principales medidas para evitar, reducir, y, si es posible, anular los principales efectos adversos.
2. La información a la que se refiere el apartado anterior será enviada a los Estados miembros que hayan sido consultados.
3. Las decisiones sobre la autorización o aprobación de los proyectos o, en su caso, las que se deriven de proyectos sometido a comunicación previa o declaración responsable, serán remitidos en el plazo de 15 días desde su adopción al Diario Oficial de Extremadura para su publicación.
DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA CASO POR CASO
1. La persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el Anexo II-B; de los no incluidos en el Anexo II que, individualmente o en combinación con otros proyectos, puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000 de forma apreciable; o cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran el Anexo II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de evaluación caso por caso de la necesidad de sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, acompañada de su documento ambiental.
Una vez mostrada su conformidad con la documentación requerida, el órgano sustantivo la enviará al órgano ambiental en el plazo de 10 días, al objeto de que éste se pronuncie sobre la necesidad de someter o no el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
No obstante, el promotor presentará el documento ambiental ante el órgano ambiental para aquellos proyectos en los que no exista órgano sustantivo o, siéndolo la Administración local, la actividad esté sometida a autorización ambiental integrada o unificada.
Para aquellos proyectos de instalación de empresas que precisen de calificación urbanística conforme a lo establecido en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial en Extremadura, el promotor deberá presentar simultáneamente ante el Ayuntamiento la solicitud de la licencia de obra y la solicitud para la determinación del sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental ordinaria o copia de ella si se presenta ante el órgano de la Administración autonómica. La administración competente para resolver la calificación urbanística consultará al órgano ambiental sobre el procedimiento ambiental a seguir en le proyecto que condicionará el procedimiento a aplicar para la obtención de la calificación urbanística.
2. El documento ambiental del proyecto tendrá al menos el siguiente contenido:
c) Un análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente, con especial referencia a: emisiones a la atmósfera, vertidos de aguas residuales y generación de residuos; riesgos de origen natural o antropológico; uso de recursos naturales y afección a bienes materiales, especialmente los de alto valor ecológico o patrimonial; y afección a la biodiversidad y a áreas protegidas de Extremadura, o a especies protegidas.
d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio.
e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras, correctoras y compensatorias contenidas en el documento ambiental.
3. En el documento ambiental deberán quedar identificados su autor o autores mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad.
1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, para que en el plazo de 20 días se pronuncien sobre el sometimiento o no del proyecto a evaluación de impacto ambiental, poniendo a su disposición el documento ambiental al que se refiere el artículo anterior.
2. En el plazo de tres meses desde la recepción del documento ambiental, el órgano ambiental se pronunciará sobre la necesidad de que el proyecto se someta o no a evaluación de impacto ambiental ordinaria, tomando en consideración el resultado de las consultas y de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo VI. La decisión adoptada se hará pública.
3. Si se determina la necesidad de que el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del presente Título, dando traslado al promotor a través del órgano sustantivo cuando proceda, de acuerdo con el artículo 29, de la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental junto con las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, teniendo éstas la consideración de consultas previas. En caso contrario, el órgano ambiental formulará un informe de impacto ambiental sobre el proyecto con el contenido y alcance que se especifica en el Capítulo IV de este título, en el plazo de tres meses.
4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya acordado el sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, se considerará que el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
1. Los promotores que pretendan la introducción de modificaciones en proyectos comprendidos en el Anexo II, deberán presentar al órgano sustantivo, para su remisión en un máximo de 10 días al órgano ambiental, un documento ambiental con el contenido recogido en el artículo 36.2.
No obstante, el promotor presentará el documento ambiental de la modificación ante el órgano ambiental para aquellos proyectos en los que no exista órgano sustantivo o, siéndolo la Administración local, la actividad esté sometida a autorización ambiental integrada o unificada.
2. El órgano ambiental se pronunciará sobre el carácter de la modificación a la que se refiere el apartado anterior, pudiendo realizar consultas previamente a las Administraciones públicas afectadas cuando el proyecto pueda producir efectos adversos sobre el medio ambiente o precisar medidas protectoras o correctoras adicionales, y se lo comunicará al órgano sustantivo o al promotor, según el caso.
De no emitirse el pronunciamiento en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación completa, se entenderá que la modificación del proyecto puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
No obstante, el órgano ambiental podrá pronunciarse expresamente sobre la posibilidad de afección significativa sobre el medio ambiente con posterioridad al plazo señalado en el párrafo anterior.
3. En el caso de que la modificación del proyecto pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente se procederá a determinar la necesidad de someter o no el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria conforme a lo establecido en el artículo anterior. En el plazo de tres meses desde la recepción del documento ambiental, el órgano ambiental se pronunciará sobre la necesidad de que el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria. Si se determinara que no es preciso, el órgano ambiental emitirá un informe en el que se incluyan las medidas protectoras o correctoras adicionales que deberán incluirse en la declaración o informe de impacto ambiental emitido para el proyecto.
1. Corresponde a la Dirección General con competencias en áreas protegidas la determinación de si un proyecto no incluido en el Anexo II puede afectar directa o indirectamente de forma apreciable a espacios incluidos en la Red Natura 2000.
2. En el caso de proyectos no incluidos en ninguno de los anexos de este reglamento, cuyo informe de afección a la Red Natura determine que puede afectar directa o indirectamente de forma apreciable a espacios incluidos en la misma, la Dirección General con competencias en áreas protegidas remitirá dicho informe al órgano sustantivo y a la Dirección General con competencias en evaluación ambiental, al objeto de que se realice la evaluación ambiental conforme al procedimiento recogido en el artículo 37. Para ello, el órgano sustantivo o el órgano ambiental, según proceda, requerirá al promotor el documento ambiental del proyecto, iniciándose el procedimiento a partir de su presentación.
La evaluación de impacto ambiental abreviada de proyectos comprenderá, en todo caso, las siguientes actuaciones:
a) Solicitud de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental abreviada por el órgano sustantivo.
b) Petición de informes por parte del órgano ambiental.
c) Informe de impacto ambiental emitido por el órgano ambiental.
1. El promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental abreviada, acompañada de un documento ambiental. El órgano sustantivo, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de que se trate, remitirá al órgano ambiental el documento ambiental especificado en el apartado siguiente, acompañado, en su caso, de las observaciones que estime oportunas. Dicha remisión deberá hacerse en el plazo máximo de 15 días.
2. El documento ambiental presentado tendrá, al menos, el siguiente contenido:
1. El órgano ambiental solicitará, en el plazo máximo de 15 días desde la recepción del documento ambiental, los informes que sean preceptivos o se consideren necesarios para la formulación del informe de impacto ambiental a las Administraciones públicas afectadas las cuales tendrán un plazo de 20 días para emitirlos, salvo que una disposición legal establezca un plazo distinto.
2. Cuando el proyecto pueda tener repercusiones en espacios incluidos en la Red Natura 2000 se solicitará a la Dirección General con competencias en áreas protegidas informe sobre la afección del proyecto a dicha Red. El informe de afección deberá incluir un pronunciamiento explícito sobre si el proyecto puede afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura de forma apreciable.
Si el informe determinara que las repercusiones no serán apreciables mediante la adopción de un condicionado especial, se recogerá éste en el informe de impacto ambiental. En caso de que se determine que el proyecto puede afectar de forma apreciable a espacios incluidos en la Red Natura 2000 se iniciará el procedimiento establecido en el Capítulo III del presente título, lo que será comunicado al promotor y al órgano sustantivo. El plazo para emitir el informe será de dos meses, de no emitirse en dicho plazo se entenderá que es positivo.
3. Cuando el proyecto pueda afectar a Bienes de Interés Cultural y Bienes Inventariados se solicitará informe conforme a lo establecido en los artículos 30.1 y 49.3 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. En todo caso, el plazo para emitir el informe será de 20 días. De no emitirse el informe en el plazo establecido se entenderá que es positivo
1. El órgano ambiental emitirá el informe de impacto ambiental en el plazo máximo de tres meses desde la recepción del expediente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya realizado, éste deberá entenderse emitido en sentido favorable.
2. El informe de impacto ambiental determinará, a los solos efectos ambientales, la viabilidad o no de ejecutar el proyecto y, en caso afirmativo, fijará las condiciones en que deba realizarse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales, así como las medidas protectoras, correctoras y compensatorias y el programa de vigilancia ambiental.
3. El órgano ambiental remitirá el informe de impacto ambiental al órgano sustantivo para que sea incluido en el contenido de la resolución administrativa por la que se autorice o apruebe el proyecto. El informe de impacto ambiental será remitido al promotor en los proyectos para los que no exista órgano sustantivo, para los que el informe de impacto ambiental tendrá la consideración de autorización del proyecto.
1. Los promotores que pretendan modificar proyectos comprendidos en el Anexo III deberán presentar al órgano sustantivo, para su remisión en un máximo de 10 días al órgano ambiental, la documentación que se indica a continuación con objeto de determinar si la citada modificación puede tener efectos adversos significativos en el medio ambiente:
a) Análisis comparativo del proyecto evaluado y el proyecto modificado.
b) Efectos ambientales negativos previsibles derivados de la modificación del proyecto, con especial referencia a vertidos de aguas residuales, emisiones a la atmósfera, generación de residuos, uso de recursos naturales y afección a áreas y especies protegidas.
c) Medidas preventivas y correctoras destinadas a minimizar los efectos ambientales negativos de la modificación si los hubiera.
2. Dicha documentación se presentará ante el órgano ambiental para aquellos proyectos en los que no exista órgano sustantivo o, siéndolo la Administración local, la actividad esté sometida a autorización ambiental integrada o unificada.
3. El órgano ambiental se pronunciará sobre la modificación en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación prevista en el apartado primero, pudiendo realizar consultas previamente a las Administraciones públicas afectadas cuando el proyecto pueda producir efectos adversos sobre el medio ambiente o precisar medidas protectoras o correctoras adicionales, y se lo comunicará al órgano sustantivo o al promotor, según el caso.
4. En el informe que emita se incluirán, si son precisas, las medidas protectoras o correctoras adicionales que deberán incluirse en el informe de impacto ambiental emitido para el proyecto. De no emitirse pronunciamiento al respecto en el plazo señalado se entenderá que la modificación no precisa medidas protectoras o correctoras adicionales y que el proyecto no precisa someterse a nueva evaluación de impacto ambiental.
1. Tal como se establece en el artículo 44 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura, los proyectos comprendidos en los Anexos II y III no podrán autorizarse o ejecutarse sin haberse formulado la correspondiente declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, según proceda. Serán nulas de pleno derecho las licencias o autorizaciones otorgadas contraviniendo lo dispuesto en este apartado.
En el supuesto de discrepancia entre los órganos sustantivo y ambiental de la Administración de la Comunidad Autónoma sobre la conveniencia a efectos ambientales de ejecutar un proyecto o sobre el contenido del condicionado de la declaración de impacto ambiental, resolverá el Consejo de Gobierno.
1. La declaración y el informe de impacto ambiental del proyecto o actividad caducará si, una vez autorizado o aprobado el proyecto, no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo de cinco años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano ambiental podrá resolver, a solicitud del promotor, que la declaración o el informe de impacto ambiental sigue vigente al no haberse producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
3. El promotor deberá comunicar al órgano ambiental con suficiente antelación y, en todo caso, con la antelación mínima que se establezca en la declaración de impacto ambiental o en el informe de impacto ambiental, la fecha de comienzo de las obras o del montaje de las instalaciones.
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL
1. Serán objeto de vigilancia, inspección y control ambiental, todos los proyectos que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Extremadura y que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de este reglamento.
2. Se someterán a inspección, vigilancia y control los proyectos y actividades sujetos a evaluación de impacto ambiental con los siguientes objetivos:
a) Comprobar que los proyectos y actividades se realicen según las condiciones recogidas en la declaración o informe de impacto ambiental.
b) Analizar, determinar y asegurar la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración o informe de impacto ambiental del proyecto.
3. Corresponde al órgano sustantivo la vigilancia del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración o en el informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones que estime necesarias en relación con dicho cumplimiento.
4. El órgano sustantivo o el promotor, en el caso de proyectos en los que no exista órgano sustantivo o, siéndolo la Administración local, la actividad esté sometida a autorización ambiental integrada o unificada, comunicarán al órgano ambiental el comienzo y el final de las obras, así como el comienzo y final de la fase de explotación de los proyectos sometidos a declaración de impacto ambiental; para el resto de proyectos sometidos a evaluación ambiental se estará a lo dispuesto al respecto en el informe de impacto ambiental correspondiente.
5. El programa de vigilancia ambiental se desarrollará en informes que serán remitidos al órgano sustantivo o al órgano ambiental, en los casos recogidos en el apartado anterior, con la frecuencia y contenido que se establezcan en la declaración o informe de impacto ambiental. Los informes deberán identificar a su autor o autores mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad.
1. El personal que desempeñe la función inspectora en las materias reguladas en el presente reglamento será considerado agente de la Autoridad en el ejercicio de esta función. Para el ejercicio de la función de vigilancia, inspección y control, el personal inspector podrá contar con el auxilio del personal adscrito a entidades de derecho público o privado debidamente autorizadas que no tengan intereses directos en los resultados de la inspección que se realice y que actuarán siempre bajo su autoridad y supervisión. En cualquier caso, dicho personal contará con la adecuada capacidad y cualificación técnica para el auxilio que presten.
2. El personal de inspección en el ejercicio de sus funciones tendrá las siguientes potestades y facultades:
a) Acceder, previa identificación, a las instalaciones o lugares donde se desarrollen proyectos o actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, y realizar las comprobaciones y mediciones que considere necesarias. En el supuesto de entrada domiciliaria se precisará consentimiento del titular o resolución judicial.
b) Requerir información a los titulares, responsables o encargados de las proyectos o actividades que sean objeto de inspección y proceder a los exámenes y controles necesarios para el cumplimiento de su misión.
c) Poner en conocimiento del órgano competente los hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en esta materia proponiendo, en los casos que proceda, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador.
3. Para el desempeño de la función de inspección, los titulares y responsables de las actividades, actuaciones e instalaciones, deberán prestar toda la asistencia y colaboración necesarias al personal que realice la inspección. No será necesaria la notificación previa de las inspecciones, cuando éstas se efectúen dentro del horario de funcionamiento de las instalaciones o de desarrollo de las actividades y actuaciones.
4. De toda visita de inspección realizada se levantará un acta que, en su caso, describirá los hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, y en la que se harán constar las alegaciones que formule el titular o el responsable de la actividad, actuación o instalación, así como cualquier otro aspecto que cualquiera de las dos partes consideren de relevancia durante la inspección. Estas actas gozarán de presunción de veracidad y valor probatorio, sin perjuicio de las demás pruebas que, en defensa de los respectivos intereses, puedan aportar los interesados.
5. Los informes y actas elaboradas tras las inspecciones realizadas por el órgano ambiental deberán ser remitidas al órgano sustantivo a efectos de coordinar las actuaciones.
1. El promotor de un proyecto sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria o abreviada está obligado a remitir al órgano ambiental, a través del órgano sustantivo, informes relativos al cumplimiento, la vigilancia y el seguimiento de los aspectos ambientales del proyecto, con la periodicidad establecida en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental recogido en la declaración o informe de impacto ambiental, en la resolución de discrepancias, o en la resolución sustantiva de autorización o aprobación del proyecto.
2. El órgano sustantivo deberá remitir al órgano ambiental dichos documentos junto a las observaciones que estime oportunas en el plazo de 10 días.
1. Serán sancionados por los hechos constitutivos de infracciones administrativas reguladas en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo relativo a la evaluación de impacto ambiental de proyectos, los promotores de proyectos que tengan la condición de persona física o jurídica que resulten responsables de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden a las que hubiera lugar.
2. Corresponde a la Dirección General con competencias en evaluación ambiental incoar los expedientes sancionadores por las infracciones relativas a la evaluación de impacto ambiental de proyectos conforme a lo establecido en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de los supuestos en que pueda corresponder a la Administración General del Estado por derivar de obras y actuaciones de su competencia.
3. Serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones relativas a la evaluación de impacto ambiental de proyectos:
a) El titular de la Dirección General con competencias en evaluación de impacto ambiental para infracciones que lleven aparejadas multas de hasta 300.000 euros.
b) El titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de Extremadura, para infracciones que conlleven multas desde 300.001 hasta 600.500 euros.
c) El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, cuando la multa exceda de 600.500 euros.
4. El inicio de un expediente sancionador, por parte del órgano ambiental, por infracciones relativas a la evaluación de impacto ambiental de proyectos deberá ser comunicado al órgano sustantivo a efectos de coordinar las actuaciones.
1. Una vez iniciado el procedimiento sancionador el órgano competente para resolverlo podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución final que pudiera recaer conforme a lo establecido en el artículo 166 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, si un proyecto de los sometidos obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental, comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración o informe de impacto ambiental, se suspenderá su ejecución a requerimiento del órgano ambiental, acordado de oficio o a instancia de parte, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiese lugar.
3. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, el órgano sustantivo acordará la suspensión en los siguientes supuestos:
a) Cuando se hubiere acreditado la ocultación de datos o su falseamiento o la manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación de impacto, siempre que hubiere influido de forma determinante en el resultado de dicha evaluación.
b) Cuando se hubieren incumplido o trasgredido de manera significativa las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto.
4. Podrán adoptarse medidas cautelares antes del inicio del procedimiento sancionador, en los casos de urgencia, existencia de un riesgo grave e inminente para el medio ambiente, seguridad y salud de las personas y para la protección provisional de los intereses implicados, conforme al procedimiento previsto en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. A efectos de coordinación de las actuaciones, las medidas provisionales adoptadas por cualquiera de los órganos sustantivo o ambiental, deberán ser comunicadas inmediatamente al otro órgano.
Cuando exista una concurrencia de planes o programas promovidos por diferentes Administraciones públicas, éstas deberán adoptar las medidas necesarias, con el fin de que puedan complementarse y para evitar que se produzca una duplicidad de evaluaciones, asegurando que todos los efectos ambientales significativos de cada uno, son convenientemente evaluados.
Cuando los planes y programas se estructuren en distintos ámbitos jerárquicos de decisión de una misma Administración pública, la evaluación ambiental en cada uno de ellos, deberá realizarse teniendo en cuenta la fase del proceso de decisión en la que se encuentra el plan o programa, para evitar la duplicidad de evaluaciones.
La evaluación ambiental estratégica no excluirá la exigencia de los informes preceptivos que deban solicitarse al amparo de la legislación sectorial correspondiente.
A los efectos de lo previsto en la disposición adicional primera, no deberán someterse a un nuevo proceso de evaluación, como consecuencia de la elaboración y aprobación de un instrumento de ordenación urbanística o territorial, las infraestructuras de titularidad autonómica o local en cuya planificación sectorial se haya realizado la evaluación ambiental conforme a lo dispuesto en este reglamento.
En tales casos, la Administración pública competente para la aprobación del instrumento de ordenación urbanística o territorial, podrá exigir que se tengan en cuenta los aspectos no específicamente considerados en la primera evaluación ambiental.
Cuando un proyecto, plan o programa, cuya autorización o aprobación corresponda a la Comunidad Autónoma de Extremadura, tenga repercusiones sobre el medio de otra Comunidad Autónoma, el órgano ambiental remitirá a su homólogo la documentación necesaria para que se pronuncie sobre los aspectos de su competencia.
En la evaluación de impacto ambiental abreviada de los proyectos de líneas eléctricas incluidas en el Anexo III, se aplicará el procedimiento establecido en el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan normas de carácter técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección ambiental en Extremadura. Los proyectos de líneas eléctricas que no precisen evaluación de impacto ambiental, por no estar recogidos en los anexos de este decreto, deberán cumplir las condiciones técnicas recogidas en el citado decreto y en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en los casos en que éste así lo establezca.
De acuerdo con las disposiciones sobre propiedad industrial y con la práctica jurídica en materia de secreto industrial y comercial al realizar la evaluación de impacto ambiental, se deberá respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto que tengan dicho carácter, teniendo en cuenta en todo caso, la protección del interés público.
El coste de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias del impacto, así como del programa de vigilancia ambiental que se establezcan en la declaración o informe de impacto ambiental, correrá por cuenta del promotor de la actividad.
Para facilitar la elaboración de documentos, mejorar la calidad del proceso de evaluación ambiental y facilitar a los promotores el trabajo a la hora de presentar la documentación exigida, se realizarán guías para fijar el contenido o amplitud de los documentos que se consideren convenientes.
Los procedimientos recogidos en el presente decreto podrán tramitarse por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
La aplicación del procedimiento de evaluación ambiental en los instrumentos de planeamiento que no dispongan de aprobación definitiva, y que a la entrada en vigor del presente reglamento ya cuenten con el acuerdo de aprobación inicial o provisional se realizará atendiendo a su estado de tramitación, sin necesidad de retrotraer el mismo, debiendo realizarse dicha evaluación antes de la aprobación definitiva. Si ya se hubiese remitido el estudio de impacto ambiental, éste podrá considerarse documento de inicio para la realización de las consultas y la elaboración del documento de referencia.
El informe de sostenibilidad ambiental deberá someterse a información pública y a consultas por periodo de 45 días junto con la aprobación inicial del instrumento de planeamiento si ésta aún no se ha realizado, o de forma independiente si la misma hubiese finalizado.
El órgano ambiental elaborará la correspondiente memoria ambiental conforme a lo establecido en el Título II.