Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r0-o260599-mtas.t3.html
Timestamp: 2019-10-22 17:54:17
Document Index: 378494272

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'artículo 107', 'artículo 14', 'artículo 51', 'artículo 114', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 122', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 131', 'artículo 116', 'artículo 122', 'artículo 183', 'artículo 119', 'artículo 27', 'artículo 124', 'artículo 40', 'artículo 9', 'artículo 133', 'artículo 136', 'artículo 10', 'artículo 130', 'artículo 165', 'artículo 136', 'artículo 139', 'artículo 143', 'artículo 151', 'artículo 147', 'artículo 148', 'artículo 193', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 150', 'artículo 121', 'artículo 152', 'artículo 149', 'artículo 148', 'artículo 162', 'artículo 155', 'artículo 119', 'artículo 151', 'artículo 156', 'artículo 127', 'artículo 110', 'artículo 114', 'artículo 181', 'artículo 161', 'artículo 165', 'artículo 158', 'artículo 166', 'artículo 170', 'artículo 8', 'artículo 171', 'artículo 171', 'artículo 179']

Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. TITULO III. Procedimiento de recaudación en vía ejecutiva (Vigente hasta el 02 de Marzo de 2000).
Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (Vigente hasta el 02 de Marzo de 2000).
Vigencia desde 05 de Junio de 1999. Esta revisión vigente desde 05 de Junio de 1999 hasta 02 de Marzo de 2000
Carácter del procedimiento, su anulación y competencia y pago durante el mismo
1. El procedimiento de apremio para la exacción forzosa de las deudas por cuotas y demás recursos de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, objeto de gestión recaudatoria, se inicia automáticamente y tiene carácter exclusivamente administrativo, en los términos establecidos en los artículos 107 y 108 del Reglamento General.
El Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, en todo caso, y los Directores Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro del territorio al que se extienden sus funciones, podrán solicitar del órgano competente el planteamiento de conflicto jurisdiccional a los Juzgados y Tribunales de cualquier grado y orden jurisdiccional que admitan demanda o pretensión en relación con dicho procedimiento de apremio o promuevan de oficio actuación al respecto, sin haberse agotado antes la vía administrativa, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, y demás disposiciones complementarias. Asimismo, el Director general o el Director provincial de la Tesorería General instará, en su caso, que se promueva conflicto de atribuciones conforme a lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1948.
2. Los órganos centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social y las Direcciones Provinciales de la misma ejercerán la debida vigilancia para que los procedimientos administrativos de vía ejecutiva se ajusten a las normas establecidas en el Reglamento General, en la presente Orden y demás disposiciones aplicables.
En el ejercicio de esta función, los Organos Centrales y las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social propondrán o adoptarán las medidas oportunas para el restablecimiento de la legalidad en el procedimiento y demás efectos que correspondan, especialmente en orden a la exigencia de responsabilidades, con facultad incluso para revisar de oficio y, en su caso, dejar sin efecto las actuaciones en que se aprecie la existencia de vicio o defecto que las invalide, dentro de los límites establecidos en el artículo 130 de esta Orden.
O.M. 26 mayo 1999, derogada, excepto los artículos 57.2, 59, 68, 69, 73, 78 y 84 y las disposiciones adicionales segunda, séptima y octava y su disposición final primera, por la disposición derogatoria única del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social («B.O.E.» 25 junio), que se mantendrán en vigor hasta que se dicten las correspondientes normas de desarrollo del reglamento.
1. El procedimiento administrativo para la exacción forzosa de las deudas con la Seguridad Social se seguirá por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en cuyo ámbito territorial se hubiere expedido el título ejecutivo a que se refiere el artículo 107 del Reglamento General.
No obstante, cuando dicho título ejecutivo se hubiera expedido por los Organos Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, el procedimiento ejecutivo se seguirá por la Dirección Provincial de la misma en la que tenga su domicilio el apremiado, determinándose éste a tales efectos conforme a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento General.
Lo dispuesto en los apartados anteriores no será obstáculo para la aplicación, en su caso, de lo establecido en el apartado 3 del artículo 51 de esta Orden ni para que la práctica de los embargos y demás trámites y diligencias del procedimiento de apremio puedan llevarse a cabo por una Unidad de Recaudación Ejecutiva no perteneciente a la Dirección Provincial de la Tesorería General a que se refiere el apartado precedente en los supuestos previstos en el artículo 114 de esta Orden.
Asimismo, en los supuestos de empresas que tengan centros de trabajo con códigos de cuentas de cotización correspondientes a diferentes Direcciones Provinciales de la Tesorería General, así como en los casos de concurrencia de circunstancias especiales o en función de las necesidades o por conveniencia de la gestión recaudatoria, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento General, el Director general de la Tesorería podrá designar una Unidad de Recaudación Ejecutiva, de entre las existentes en el ámbito estatal, regional o provincial para que siga el procedimiento administrativo de apremio, con jurisdicción sobre todo o parte del territorio del Estado. Dicha Unidad centralizará la tramitación de los expedientes de apremio pudiendo interesar directamente, de las demás Unidades de Recaudación Ejecutiva afectadas, las actuaciones que procedan en orden a asegurar el cobro en base a criterios de economía, celeridad y eficacia.
2. Iniciada la vía ejecutiva, los sujetos responsables habrán de hacer efectivas sus deudas, con el recargo de apremio y, en su caso, las costas que procedan, precisamente en la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social a la que corresponda su tramitación, por los medios de pago previstos en los apartados b), c) y d) del número 1 del artículo 21 del Reglamento General.
Medidas cautelares y providencia de apremio
1. Para asegurar el cobro de las deudas con la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, incluso antes de iniciarse el procedimiento administrativo de apremio, podrá adoptar las medidas cautelares de carácter provisional previstas y en las condiciones que se señalan en el apartado 1 del artículo 33 de la Ley General de la Seguridad Social.
2. Si por la Tesorería General de la Seguridad Social se acordare el embargo preventivo, la Tesorería fijará, a efectos del mismo, la cantidad de la deuda que reclame y lo llevará a efecto sin oír al deudor, sin perjuicio del derecho del mismo a formular contra dicho acuerdo el pertinente recurso ordinario cuya interposición no suspenderá el procedimiento salvo que se garantice con aval suficiente o se consigne el importe de dicha deuda y sin perjuicio de que la persona contra la que se haya decretado el embargo pagare la deuda en el acto.
Si el embargo preventivo se hubiese hecho sobre bienes existentes en poder de un tercero, se le ordenará que los conserve a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social y bajo responsabilidad del mismo, notificándoselo a la persona contra la que se haya decretado el embargo preventivo en los términos establecidos en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En todo lo que no se halle establecido en el artículo 33.1 de la Ley General de la Seguridad Social y en este artículo, los embargos preventivos se efectuarán con sujeción a las formalidades previstas en el Reglamento General y en esta Orden para los embargos ejecutivos en función de los bienes que constituyan su objeto.
3. La conversión del embargo preventivo en ejecutivo o de las demás medidas cautelares provisionales en definitivas, se producirá dentro del procedimiento administrativo de apremio desde que, una vez dictada la providencia de embargo, se practique la correspondiente diligencia respecto de los bienes objeto de aquellas medidas cautelares.
Desaparecidas las circunstancias que justificaron la adopción de las medidas cautelares, acordada su sustitución por otra garantía suficiente o transcurrido el plazo de seis meses desde su adopción sin que dichas medidas se hayan convertido en definitivas dentro del procedimiento administrativo de apremio seguido por la Tesorería General de la Seguridad Social, aquéllas se levantarán de oficio por el mismo órgano que las hubiera adoptado.
4. Las cantidades abonadas por la adopción de medidas cautelares convertidas en definitivas tendrán la condición de costas del procedimiento administrativo de apremio, pero únicamente serán anticipables en los términos previstos en el apartado 1.3 del artículo 122 de esta Orden.
1. La providencia de apremio a que se refiere el artículo 110 del Reglamento General será expedida por las unidades de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a la distribución de competencias establecida para las mismas, una vez que la reclamación de deuda, el acta de liquidación o, en su caso, las resoluciones administrativas que las mismas determinen adquieran el carácter de título ejecutivo, notificándose al deudor conforme a lo establecido en los artículos 109.1 y 110.4 de dicho Reglamento.
2. La oposición a la providencia de apremio en el plazo y por los motivos previstos en el artículo 111 del Reglamento General se dirigirá al órgano que la hubiere dictado, quedando suspendidas las actuaciones durante veinte días hábiles salvo que se formulare impugnación frente a la misma por motivos distintos a los fijados taxativamente en el indicado artículo 111 o que, formulada oposición por dichos motivos, éstos no resulten debidamente justificados.
3. La Dirección Provincial de la Tesorería General deberá proceder de oficio, sin alegación del deudor, a dejar sin efecto el título ejecutivo y la correspondiente providencia de apremio por las deficiencias y errores a que se refieren los artículos 108.2 y 130 de esta Orden, por comprobarse el pago de la deuda apremiada, por haberse producido la prescripción en cualquier momento del procedimiento recaudatorio, por apreciarse compensación o condonación operadas con anterioridad a la expedición del título ejecutivo o por acuerdo de la autoridad o Tribunal competente, sin perjuicio de que se emita, si procediere, nueva reclamación administrativa de deuda en la forma establecida.
Embargo y enajenación de los bienes
Expediente de apremio, ejecución de garantías y embargo de bienes
1. El expediente de apremio comprenderá cuantas deudas tenga el interesado en una misma Unidad de Recaudación Ejecutiva al iniciarse el expediente y a él se podrán ir acumulando, en su caso, los sucesivos vencimientos no satisfechos en período voluntario preceptivamente apremiados.
2. No se admitirá desglose de las deudas acumuladas de un expediente de apremio aunque esté integrado por varios títulos ejecutivos a cobrar. No obstante, cuando las necesidades de procedimiento exijan que se desprenda alguno de ellos por cobro o por cualquier otra causa de baja, se hará constar mediante diligencia o se tomará razón en la aplicación informática de tal circunstancia y los títulos desprendidos o relación de los mismos formarán, en su caso, pieza o piezas separadas de aquél pero a ningún efecto constituirán un nuevo expediente.
1. Transcurrido el plazo de los quince días siguientes al de la notificación de la providencia de apremio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 110 del Reglamento General, sin que el apremiado haya efectuado el ingreso de la deuda con la Seguridad Social para cuyo cumplimiento estuvieren constituidas garantías y sin que se hubiere formulado oposición a dicha providencia y no se hubiere dejado sin efecto el título ejecutivo en los términos establecidos en el artículo 111 de esta Orden, se ordenará al Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social que proceda, en primer lugar, a ejecutarlas en los términos establecidos en el artículo 115 de dicho Reglamento General.
Si se hubiere formulado oposición a la providencia de apremio por los motivos establecidos debidamente justificados y fuere desestimada, en defecto de pago, se ordenará la ejecución de las garantías que pudieran estar constituidas.
2. Para la ejecución de las garantías consistentes en prenda, hipoteca u otra de carácter real sobre bienes o derechos del deudor, se procederá a enajenarlos conforme a lo previsto en el apartado 3 de dicho artículo 115 sin necesidad de efectuar previamente anotación preventiva de embargo. Una vez iniciada la ejecución administrativa por la Unidad de Recaudación Ejecutiva, el Recaudador, con base en la providencia de apremio, solicitará al Registrador de la Propiedad para que libre y remita la correspondiente certificación de dominio y cargas con el contenido y efectos establecidos en la Regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
3. Si la oposición al apremio fuere estimada o se dejare sin efecto el título ejecutivo, se liberarán las garantías por el propio órgano ante el que estuvieren constituidas o se instará su liberación en la forma que proceda.
1. De forma inmediata a la recepción de las providencias de apremio, el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social dictará providencia de embargo de los bienes y derechos del deudor en cuantía suficiente para asegurar el cobro de la deuda principal, intereses en su caso, recargo de apremio y hasta el 3 por 100 para costas del procedimiento, como cantidad a cuenta de las mismas.
En todo caso, hasta la formalización de la respectiva diligencia de embargo, el Recaudador Ejecutivo podrá requerir del deudor apremiado que haga manifestación de bienes así como obtener información en los términos previstos en el artículo 116 del Reglamento General y, sujetándose al orden de prelación y a las limitaciones que se establecen en los artículos 118 y 119 del mismo, la llevará a efecto conforme a lo dispuesto en el articulo 120 de dicho Reglamento.
2. En caso de concurrencia de otros embargos judiciales o administrativos sobre unos mismos bienes o derechos, la preferencia de los embargos se determinará por la prioridad en la traba.
En el supuesto del apartado 2 del artículo 122 del Reglamento General, las cantidades abonadas a los acreedores preferentes tendrán el carácter de costas del procedimiento pero solamente serán anticipables previa autorización del Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
3. Cualquier diligencia o actuación necesaria en la tramitación de un expediente que no requiera necesariamente la presencia física del Recaudador o funcionario de la unidad de recaudación actuante podrá ser realizada dentro del ámbito territorial al que extiende su competencia e incluso en el ámbito territorial de otra Unidad de Recaudación Ejecutiva de la misma o de distinta Dirección Provincial. En los demás casos, incluso con anterioridad a la remisión del expediente si procediere, aquel expedirá comunicación al Recaudador Ejecutivo de la localidad en la que haya de efectuarse la actuación de que se trate, debiendo figurar en la comunicación la fecha de la providencia de apremio o, en su caso, la de embargo, dictada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitante.
Cumplimentadas las actuaciones solicitadas, éstas se remitirán o notificarán directamente a la Unidad de Recaudación Ejecutiva que las solicitara o se le comunicarán las causas que hayan impedido su cumplimentación.
4. En los casos de insuficiencia o inexistencia de los bienes embargados en la demarcación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva que siga el expediente de apremio pero en los que el deudor los poseyera en la de otra Unidad de Recaudación Ejecutiva perteneciente a la misma o a distinta Dirección Provincial de la Tesorería General y siempre que así lo exija el debido aseguramiento de los intereses de la Seguridad Social, se datarán los títulos ejecutivos no satisfechos, los cuales, juntamente con la justificación de carencia de otros bienes en el municipio en el que se produjo el descubierto y, en su caso, en el del domicilio del deudor, acompañándose de las diligencias y actuaciones recibidas de la Unidad de Recaudación Ejecutiva oficiada si procedieren, serán remitidos a la Unidad de Recaudación Ejecutiva que proceda a través de la respectiva Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, siguiéndose el procedimiento administrativo de apremio hasta su finalización en los términos reglamentariamente establecidos.
5. Las costas que devenguen cualquiera de las actuaciones a que se refieren los dos números anteriores se consignarán en las diligencias de cumplimentación, a fin de que por la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitante de las mismas se proceda a su pago.
1. Además de observar las prescripciones generales previstas en los artículos 114 a 122 del Reglamento General, el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social se sujetará en la realización de los embargos a las normas especiales establecidas en los artículos 123 a 135 de dicho Reglamento para la práctica de los mismos en función de los bienes del deudor sobre los que aquéllos recaigan.
A estos efectos serán además de aplicación, en su caso, las normas contenidas en los apartados siguientes:
1.1. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el artículo 183 del Reglamento General, si el deudor demostrare que se ha producido el embargo de alguno de los bienes inembargables o que el mismo supera los límites a que se refiere el artículo 119 de dicho Reglamento, el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o el Subdirector de la misma competente ordenará de inmediato al Recaudador el levantamiento de la traba del bien si aún no se hubiere iniciado el procedimiento para su enajenación forzosa en cualquiera de las formas establecidas o la devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia del embargo de dinero, siempre que no hubiere finalizado el procedimiento de apremio.
En particular, se actuará conforme a lo indicado en el apartado precedente cuando el deudor demuestre que el embargo se ha efectuado sobre salarios, jornales, sueldos, retribuciones o prestaciones económicas de la Seguridad Social que superen los límites establecidos en el artículo 27.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en los artículos 1449 y 1451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1.2. En los embargos de efectos y valores negociables a que se refiere el artículo 124 del Reglamento General, en el supuesto de su apartado b), cuando los valores inicialmente especificados en la diligencia de embargo no sean suficientes a juicio del Recaudador para cubrir el importe del embargo decretado, el mismo, de acuerdo con la información suministrada por la entidad, determinará el número máximo de valores adicionales a embargar para cubrir el importe de la deuda.
1.3. A efectos de embargo, los buques mercantes tendrán la consideración de bienes inmuebles y su embargo se practicará, en lo que resulte aplicable, con sujeción a las normas de los artículos 129 a 132 del Reglamento General así como a las contenidas en los apartados siguientes:
1.3.1. En todos los casos, cuando se decrete el embargo de un buque o cualquiera otra embarcación española, se mandará practicar, mediante la oportuna providencia, la anotación del mismo en el Registro de Matrícula de Buques de la provincia marítima en que aquél figure matriculado así como en el Libro de Buques del Registro Mercantil, tanto si el buque o embarcación se encuentra navegando dentro del territorio del Estado como si lo estuviere en el de un país extranjero.
1.3.2. Asimismo, cuando se decrete el embargo de un buque o cualquiera otra embarcación española, el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social notificará a la autoridad de Marina que el empresario correspondiente no se encuentra al corriente en la cotización a la Seguridad Social que por cada buque o embarcación le corresponda, a fin de que no autorice el despacho del buque o embarcación para su salida a la mar, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 1867/1970, de 9 de julio, y en el artículo 9 del texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, aprobado por el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto.
1.4. En los embargos de sueldos o pensiones regulados en el artículo 133 del Reglamento General, el pagador de los mismos obligado a retener las cantidades procedentes tendrá la consideración de depositario incluido en el supuesto previsto en el apartado 1 del artículo 136 del citado Reglamento, incidiendo, en su caso, en responsabilidad solidaria si concurren las circunstancias establecidas en el artículo 10.4 de dicho Reglamento.
1.5. En los embargos de bienes inmuebles, los mandamientos para la anotación preventiva a que se refiere el apartado 3 del artículo 130 del Reglamento General contendrán también la transcripción literal de la providencia de embargo, además de la providencia de apremio y de la diligencia de embargo, conforme a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento Hipotecario.
2. Para el depósito de los bienes embargados se estará a lo dispuesto en los artículos 136 a 138 de aquel Reglamento, aplicándose además las disposiciones siguientes:
2.1. Cuando los bienes estén depositados en los lugares indicados en los apartados c), d) y e) del número 2 del artículo 136 del Reglamento General, el Recaudador vigilará que la actuación del depositario se ajuste estrictamente a las funciones, derechos y deberes determinados en los artículos 137 y 138 del citado Reglamento, proponiendo, en su caso, la iniciación de las actuaciones pertinentes incluso para la exigencia de las responsabilidades a que haya lugar.
2.2. Si el lugar inicialmente elegido para el depósito de los bienes embargados dejare de reunir las condiciones debidas o el depositario incumpliere las funciones que le corresponden, el Director provincial de la Tesorería General o Subdirector de la misma competente acordará que se designe nuevo depositario idóneo al respecto.
1. La valoración de bienes objeto de embargo a que se refiere el artículo 139 del Reglamento General se efectuará, a petición del Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social, por persona física o jurídica, perita o experta designada colaboradora a estos efectos mediante concurso de ámbito estatal o provincial. En su defecto, el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá designar personas de profesión, arte u oficio relacionados con los bienes que hayan de tasarse, pertenecientes a los servicios técnicos de la Tesorería o a servicios externos especializados y, de no encontrar alguno para realizar el servicio, podrá designar peritos prácticos.
Para que el personal al servicio de las Administraciones Públicas sea designado perito o experto a estos efectos será requisito necesario el reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de dicha actividad de peritaje, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y demás disposiciones que los complementen o sustituyan.
2. Cuando los peritos o expertos designados no cumplieren dentro del plazo que se les señale el cometido que hayan aceptado, además de entenderse que renuncian al cargo y de incurrir en responsabilidad, se procederá a la designación, por quien corresponda, de los que hayan de sustituirles y se continuará el procedimiento con la primera tasación que se reciba.
1. Una vez completado el expediente de apremio con las diligencias habidas, valoración y titulación, el Recaudador Ejecutivo lo pondrá en conocimiento de la Dirección Provincial de la Tesorería General para que, caso de estar conforme con las actuaciones practicadas, autorice la forma de enajenación de entre las previstas en el artículo 143 del Reglamento General, respecto de aquellos bienes embargados que, a su juicio, cubran con prudente holgura la deuda perseguida. A estos efectos, se evitará, en la medida de lo posible, la venta de otros bienes cuyo valor sea notoriamente superior al importe de dicha deuda, sin perjuicio de que, si ésta no se cubriese con la venta de aquéllos, se autorice posteriormente la enajenación de todos los que sean precisos y con sujeción a las reglas establecidas en los artículos 144 a 153 del Reglamento General.
En caso de no estar conforme con las actuaciones practicadas, se devolverá el expediente para la subsanación de los defectos observados.
2. La enajenación de los bienes embargados, en la forma determinada por el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social al conceder la autorización para su realización, se celebrará en el lugar que el mismo señale o, en su defecto, en la sede de la Dirección Provincial de dicha Tesorería, conforme al procedimiento y demás condiciones establecidas para cada una de las formas de enajenación en los artículos 144 y siguientes del Reglamento General.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución material de subastas públicas por empresas y profesionales especializados, a que se refiere el artículo 151 de dicho Reglamento, se celebrará en los locales que tales empresas y profesionales determinen.
3. A efectos de lo previsto en el artículo 147.1.a) del Reglamento General, cuando el valor de los bienes objeto de la subasta pública fuere superior a 100.000.000 de pesetas, el anuncio de la misma se publicará en el boletín oficial de la provincia o en el de la Comunidad Autónoma respectiva conforme determine el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se unirán al expediente respectivo los ejemplares de los anuncios de celebración de la subasta pública, con el sello de la oficina donde estuvieron expuestos hasta el día señalado para la misma, así como una fotocopia de la página o páginas, en su caso, del boletín o boletines oficiales donde se insertaron los anuncios de la subasta o, en su caso, del concurso.
A efectos de la realización de consignaciones o constitución de depósitos para ser licitadores en las subastas públicas, además de las previsiones establecidas en el artículo 148 del Reglamento General, se aplicarán las disposiciones siguientes:
1. Los resguardos de las consignaciones y, en su caso, los depósitos constituidos para ser licitador desde el mismo día de la publicación de cualquier anuncio de la subasta hasta la iniciación del acto de constitución de la Mesa, se presentarán o se formalizarán ante el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social que tuviese a su cargo el expediente.
1.1. Se entenderá realizada la consignación para ser licitador desde el momento de la entrega del resguardo justificativo de la misma al Recaudador Ejecutivo o a la Mesa y se entenderá constituido el depósito a tales efectos cuando el depositante entregue al Recaudador o a la Mesa el metálico o el cheque extendido a nombre de la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social y certificado, visado o conformado por el librado, con obligación de retener el importe necesario para su pago hasta veinte días, como mínimo, posteriores a la fecha anunciada para la celebración de la subasta.
1.2. Por el funcionario correspondiente se tomará razón de la entrega del documento justificativo de la consignación efectuada o del acto de formalización del depósito tanto en el expediente, mediante diligencia realizada al efecto, como en el libro o registro de consignaciones y depósitos para ser licitadores, haciendo constar en uno y otro el número de orden correspondiente al documento justificativo de la consignación o del depósito, nombre, apellidos, domicilio y documento nacional de identidad o número de identificación fiscal del consignante o del depositante así como hora y minuto exacto, con fracciones en su caso, de la entrega del documento justificativo de la consignación efectuada o del depósito constituido.
1.3. Los funcionarios y demás personas que, en el ejercicio de sus funciones, tengan conocimiento de los datos que sobre la realización de consignación o sobre la constitución de depósitos obren en el expediente y en el libro o registro de consignaciones y depósitos para ser licitadores estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de los mismos. Dichos datos sólo podrán utilizarse para la realización de las subastas por los componentes de las Mesas y, después de ellas, para los demás efectos recaudatorios que procedan.
En caso de infracción del deber de sigilo, se exigirá la responsabilidad correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento General.
1.4. Se entregará al consignante o depositante resguardo justificativo de la entrega del documento justificativo de la consignación efectuada o del depósito constituido. En dicho resguardo se hará constar la hora y minuto exacto y fracción, en su caso, de su realización y se custodiará el documento justificativo de la consignación o el cheque o el importe en metálico de dicho depósito en la caja existente al efecto en la Unidad de Recaudación Ejecutiva o en la Administración en que la misma esté integrada.
2. La Mesa de Subasta a que se refiere el artículo 149 del Reglamento General sujetará su actuación a las normas establecidas en el mismo y, en su defecto, se estará a lo dispuesto en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. La postura más alta efectuada en sobre cerrado a que se refiere el artículo 149.4.1.ª , c) del Reglamento General no podrá ser mejorada sucesivamente por los licitadores con nuevas posturas verbales relativas al bien o lote de bienes objeto de la licitación.
4. Respecto de la retención de las cantidades consignadas o depositadas por el licitador adjudicatario, aplicación del importe de la consignación o del depósito y devolución de los resguardos y entrega, en su caso, del instrumento para la movilización de los importes de los mismos a los licitadores no adjudicatarios, se estará a lo dispuesto en los números 6 y 8 del artículo 148 del Reglamento General.
Si al término de la subasta alguno de los licitadores no adjudicatarios de bienes no recogiese el resguardo justificativo de la consignación realizada o el importe del depósito constituido para poder pujar, se entregará el documento justificativo de la consignación, el cheque o el importe del depósito en la Caja o en la cuenta de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a disposición del titular de la misma en la forma habitual, como de propiedad del depositante, dentro del plazo máximo de seis días a contar desde el siguiente hábil al de la adjudicación definitiva.
Previamente al ingreso en la cuenta de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social del importe de la consignación o del depósito constituido por el adjudicatario que se declare incautado, se efectuará liquidación de los gastos imputables a dicha consignación o depósito, que serán únicamente los ocasionados por los anuncios de la subasta, realizándose entonces el ingreso del exceso en la cuenta de la Dirección Provincial de la Tesorería General y uniendo al expediente la carta de pago. Si la cantidad consignada o depositada fuese insuficiente para el pago de tales gastos, se remitirá la liquidación a la Dirección Provincial, a fin de que pueda procederse a la exigencia de la mayor responsabilidad en que haya incurrido el adjudicatario que faltó a la obligación contraída.
5. La manifestación de cualquier licitador de que hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá si no se hace en el momento mismo de la adjudicación, aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el momento del pago del precio del remate, considerándose inoperante la reserva efectuada en caso contrario. La cesión deberá formalizarse o iniciarse la formalización de la misma, como máximo, dentro de los cinco días hábiles posteriores al del pago del precio de la adjudicación de la subasta.
6. En caso de impago del precio de remate por el adjudicatario inicial, sea mediante ingreso en cuenta, cheque, transferencia bancaria u otro medio autorizado por la Tesorería General de la Seguridad Social, se procederá a la adjudicación sucesiva a los demás licitadores por el orden establecido en el apartado 7 del artículo 148 del Reglamento General, pagando el nuevo adjudicatario en el mismo plazo de cinco días y por los mismos medios, la diferencia entre el importe de su consignación o depósito y la totalidad de su postura, salvo que se hubiere devuelto el importe consignado o depositado al nuevo adjudicatario, en cuyo caso éste deberá pagar la totalidad de su postura en el acto o dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación al mismo.
7. Cuando en la segunda o en la tercera licitación celebrada no se hubiere cubierto la deuda y queden bienes sin adjudicar, la Mesa podrá anunciar bien la celebración de una segunda subasta y, en su caso, ulterior venta por gestión directa o bien la iniciación inmediata de los trámites de ésta, en los términos regulados en los artículos 152 y 153 del Reglamento General.
1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 150 del Reglamento General, una vez pagado el precio de remate, el Secretario de la Mesa de la subasta, en el plazo máximo de los quince días siguientes al del pago del precio, ordenará la entrega de los bienes al adjudicatario y remitirá al ejecutado, al adjudicatario y a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o de la Administración pública correspondiente, certificación en la que, además de los datos identificativos del adjudicatario, se relacionen los bienes adjudicados y su precio de remate, a efectos de la liquidación y pago del Impuesto sobre el Valor Añadido por el ejecutado como sujeto pasivo del mismo o del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el adjudicatario, según proceda, y para el pertinente control por la indicada Delegación.
2. Asimismo, una vez cubierto el débito y las costas del procedimiento con el importe de las adjudicaciones efectuadas, el Recaudador Ejecutivo, por providencia dictada en el expediente de apremio, alzará el embargo de los bienes no enajenados y acordará su entrega al deudor, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta Orden.
1. En los casos en que, por declararse desierto el concurso o la subasta, por proponerse por el Subdirector provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente o por propia iniciativa, se acuerde por el Director provincial la procedencia de la venta por gestión directa de los bienes embargados al estarse ante alguno de los supuestos del artículo 152 del Reglamento General, se anunciará así en el Ayuntamiento en que los bienes se encuentren ubicados o depositados y, si así se estima conveniente, mediante anuncios en algún medio de comunicación, indicando en ellos la fecha límite para la admisión de ofertas, el tipo mínimo para la enajenación y, si se considera conveniente, la exigencia de consignación o depósito de garantía del 25 por 100 de dicho tipo, constituido ante el Secretario de la Mesa de Subasta o, en su caso, de la Junta de Ventas por Gestión Directa de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social con anterioridad al agotamiento del plazo de admisión de ofertas, o la inexistencia de tipo o de consignación o depósito así como el lugar, día y hora para la apertura de los sobres que contengan las ofertas.
2. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, en cuyo exterior figurará la indicación de que en él se contiene la oferta que se formula para la adquisición directa del bien de que se trate y el resguardo justificativo de la cantidad consignada o depositada cuando deba constituirse, y estarán dirigidas a la Mesa de Subasta o, en su defecto, a la Junta de Ventas por Gestión Directa constituida al efecto.
La Junta de Ventas por Gestión Directa de cada Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social estará formada por el Subdirector provincial de Recaudación Ejecutiva o de la unidad que tenga atribuidas estas funciones y que presidirá la misma, el Interventor Territorial y el Secretario de dicha Dirección Provincial, que lo será también de la Junta. Todos sus miembros podrán ser sustituidos en los términos que para los de las Mesas de Subasta prevé el artículo 149.2 del Reglamento General.
3. Obtenida alguna o algunas ofertas como consecuencia de los procedimientos de publicidad determinados en el apartado 1 de este artículo o, en otro caso, valiéndose de los medios que se consideren más ágiles y efectivos, la Mesa de Subasta o la Junta de Ventas por Gestión Directa procederá, en acto público y en el lugar, día y hora anunciados, a la apertura de los sobres que contengan aquéllas y acordará la pertinente propuesta de enajenación, que será elevada por su Presidente al Director provincial respectivo. Este acordará la venta, en principio, a favor de la oferta económicamente más ventajosa, salvo que concurran circunstancias de seguridad y eficacia en el cobro que, consideradas conjuntamente con el precio de otra oferta, hagan aconsejable la aceptación de esta última.
3.1. Aceptada una oferta, si el ofertante no completare el pago del precio, mediante cheque, transferencia bancaria u otro medio autorizado por la Tesorería General, dentro de los dos días siguientes al de la notificación que se le efectúe, perderá la cantidad consignada o depositada si se hubiere constituido y la Mesa de Subasta o la Junta de Ventas por Gestión Directa procederá conforme a los criterios establecidos en los números 7 y 8 del artículo 148 del Reglamento General.
3.2. Los ofertantes que deseen realizar su oferta en calidad de ceder a terceros, deberán manifestarlo así en el momento de efectuar la oferta y precisar los nombres y domicilios de los mismos hasta el momento de efectuar el pago del precio.
3.3. En todos los casos, el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá acordar la adjudicación preferente de los bienes objeto de la venta por gestión directa a la Tesorería General por el precio de la oferta económica más ventajosa o, en defecto de ésta, por el valor señalado en el artículo 162.2 del Reglamento General. Cuando el precio de la adjudicación supere los 20.000.000 de pesetas, para hacer uso del derecho de adquisición preferente se requerirá autorización expresa del Director general de la Tesorería.
Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento General y, en su caso, en el artículo 119.2 de esta Orden, deban entregarse al deudor bienes no enajenados ni adjudicados, una vez finalizados los procedimientos correspondientes se acordará dicha entrega y se expedirá el oportuno mandamiento de entrega a favor del mismo, en duplicado ejemplar, a fin de facilitar uno de los ejemplares al depositario y conservar el otro en poder de la Dirección Provincial de la Tesorería General.
1. Para la liquidación de costas en el procedimiento de apremio se estará a las reglas contenidas en los artículos 156 a 161 del Reglamento General, para cuya aplicación se tendrán en cuenta, además, las siguientes disposiciones:
1.1. No tendrán la consideración de costas del procedimiento de apremio los gastos de desplazamientos y demás indemnizaciones por razón del servicio de los órganos de la Administración de la Seguridad Social ni las contraprestaciones acordadas en los conciertos celebrados para la ejecución material de subastas públicas por empresas y profesionales especializados a que se refiere el artículo 151 del Reglamento General, ni los gastos ordinarios de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social y demás órganos de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social.
1.2. Se considerarán incluidos en el apartado e) del número 2 del artículo 156 del Reglamento General, como costas del procedimiento y cuando así lo autorice el Director provincial de la Tesorería General, los gastos ocasionados por las actuaciones practicadas para la revisión de las declaraciones de créditos incobrables a que se refiere el artículo 127 de esta Orden, siempre que se produzca la rehabilitación de los mismos. En otro caso, los gastos producidos al respecto serán por cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social.
1.3. Tendrán la consideración de costas anticipables los honorarios y demás gastos que deban abonarse por actuaciones seguidas en los registros públicos, incluidas las relativas a certificaciones sobre cargas y gravámenes de los bienes así como las tasas y precios públicos que deban abonarse a organismos públicos y las cantidades abonadas en el supuesto a que se refieren el apartado 4 del artículo 110 y el apartado 2 del artículo 114 de esta Orden, previa autorización del Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
2. Las costas que, por insolvencia total de los deudores, resultaren incobrables no podrán prorratearse entre los restantes deudores solventes implicados en el mismo procedimiento.
3. Cuando el importe obtenido en el procedimiento de apremio fuere insuficiente para solventar el débito perseguido, se aplicará, en primer lugar, al pago de las costas causadas en el procedimiento de apremio en su totalidad y seguidamente al débito restante conforme a lo previsto en el artículo 181.2 y 3 del Reglamento General.
4. Para aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 161 del Reglamento General, se requerirá la previa instrucción de expediente de devolución de costas por parte de la Administración correspondiente o, en su defecto, por la Subdirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente.
Adjudicación de bienes a la Tesorería General de la Seguridad Social
1. La adjudicación de bienes a la Tesorería General de la Seguridad Social procederá en los casos y en las condiciones establecidos en los artículos 162 a 166 del Reglamento General, aplicándose además, las previsiones establecidas en el apartado siguiente.
2. Acordada la adjudicación de inmuebles a la Tesorería General, el Director provincial de la misma expedirá, en triplicado ejemplar, la certificación correspondiente con los extremos especificados en el apartado 2 del artículo 165 del Reglamento General.
Dicha certificación se entenderá título bastante para producir la inscripción de la transmisión o la inmatriculación, en su caso, a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, a cuyos efectos se remitirá al Registro de la Propiedad correspondiente el original y la primera copia de la certificación para que, practicados los asientos que procedan, se devuelva a la Dirección Provincial de la Tesorería General el original de la misma por el Registrador de la Propiedad, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del citado Reglamento General.
1. El Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social expedirá certificación en la que hará constar, con referencia al expediente de apremio, el importe de la deuda o, en su caso, la parte de la misma que queda liberada en virtud de la adjudicación de bienes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta certificación se entregará al deudor y servirá a éste como documento liberatorio de su débito por la totalidad o por la parte del mismo que queda cancelada.
2. Tratándose de inmuebles, tan pronto obre en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social su propia certificación diligenciada con la inscripción de las fincas a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, se inutilizarán los valores objeto de expediente de apremio a los que se aplicó el importe de la adjudicación.
2.1. La certificación original devuelta por el Registro será remitida por la Dirección Provincial de la Tesorería General, en unión de copia de la misma, a la Subdirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras de dicha Tesorería, a los efectos previstos en el apartado c) del artículo 166 del Reglamento General. Dicha Subdirección General comunicará a la correspondiente Dirección Provincial el número o números que en el inventario de bienes de la Tesorería General han correspondido a las fincas adjudicadas.
2.2. La Dirección Provincial de la Tesorería General se incautará materialmente de los bienes inscritos ya como propiedad de la misma, realizando seguidamente los demás trámites procedentes según la regulación aplicable a tales bienes, y extenderá la correspondiente acta de incautación, expresando en ella su número o números en el inventario de bienes de la Tesorería General.
Créditos incobrables y tercerías
1. La justificación de la inexistencia de bienes a que se refiere el artículo 170 del Reglamento General se efectuará mediante informe de la Alcaldía correspondiente al último domicilio conocido del deudor, acreditativo de no conocérsele aquéllos, así como mediante los demás informes que con carácter general determine, en su caso, el Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social.
1.1. Cuando en el Municipio existan Tenencias de Alcaldía, Concejalías u otras unidades administrativas o territoriales con funciones delegadas para un determinado territorio, los informes se solicitarán de los respectivos Tenientes de Alcalde, Concejales-Delegados, del Secretario de la Junta Municipal de Distrito o del Jefe de la unidad correspondiente.
1.2. El Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá requerir a estos efectos informe expreso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos que el mismo determine.
2. Si los informes solicitados conforme a lo establecido en el apartado anterior para la declaración de crédito incobrable no fueran recibidos en el plazo de treinta días contados desde que se acredite la recepción de su solicitud, se dará por cumplimentado dicho trámite y seguirá el procedimiento con la petición de otros informes facultativos que, en cada caso, determine el Director provincial de la Tesorería General.
3. Cuando los informes a que se refiere el apartado anterior tampoco se hubieren cumplimentado en el plazo de treinta días, se reputaren insuficientes o así se acordare por los órganos directivos centrales o provinciales de la Tesorería General, los expedientes, a efectos de la declaración de incobrables por inexistencia de bienes, podrán justificarse con los informes o actuaciones de otros organismos, funcionarios u otras personas físicas o jurídicas especializadas al efecto así como con cualquier otro informe o investigación que sean autorizados con carácter general por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social o con carácter particular por la respectiva Dirección Provincial de la misma, tomándose en consideración la cuantía, origen o naturaleza de la deuda. No será necesaria esta autorización cuando se solicite informe de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones de colaboración en la investigación y señalamiento de bienes susceptibles de embargo conforme a lo previsto en el artículo 8.2.4 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento General, en ningún caso procederá la declaración de crédito incobrable mientras el deudor ejerza una actividad y/o tenga trabajadores en alta en su empresa, por la que figuren incluidos en cualquiera de los Regímenes de la Seguridad Social.
1. Corresponde al Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Subdirector provincial de la misma o Director de la Administración declarar incobrables los créditos de la Seguridad Social en los supuestos a que se refiere el artículo anterior, lo que se realizará mediante resolución formal dictada al efecto.
Si el crédito declarado incobrable, por desconocerse el paradero de los responsables del pago, fuese debido a descubiertos en la cotización respecto de empresas que no ejercieren actividad alguna, se advertirá además en la resolución que, si los responsables del pago no compareciesen en el plazo de diez días ante la Administración de la Seguridad Social o ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, se presumirá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en su actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso. Dichas presunciones, que podrán ser destruidas por la prueba en contrario, no extinguirán la obligación de cotizar si continuase la prestación o realización del trabajo.
2. La resolución del Director provincial de la Tesorería General, Subdirector provincial de la misma o Director de la Administración por la que se declara incobrable un crédito motivará su baja provisional en cuentas y será publicada en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma, haciendo constar el nombre del deudor, el importe del débito y el período a que se refiere.
Si, por cualquier causa, se comprobasen adquisiciones de bienes o de nuevas titularidades jurídicas por los responsables del pago cuyos débitos fueron declarados incobrables, para la rehabilitación de los créditos incobrados a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 171.6 del Reglamento General se procederá a la reapertura del procedimiento ejecutivo, que se efectuará en base al título ejecutivo anterior y en la fase que proceda conforme al procedimiento establecido para la recaudación ejecutiva de las deudas con la Seguridad Social.
El trámite y resolución de las reclamaciones por tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio se ajustará a lo dispuesto en los artículos 173 y siguientes del Reglamento General, teniéndose en cuenta además las siguientes prevenciones:
1. En caso de reclamación por tercería de mejor derecho, con suspensión del procedimiento de apremio con posterioridad a la realización de los bienes y consignación o depósito del producto obtenido a resultas de la tercería, si ésta fuera desestimada, la cantidad consignada o depositada se aplicará a la extinción de la deuda, alzándose los embargos que se hubieran practicado.
2. Transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 179 del Reglamento General, podrán presentarse otras reclamaciones en tercerías pero éstas no suspenderán el procedimiento de apremio.