Source: http://www.libertadidioma.com/2010/20100709.htm
Timestamp: 2019-02-20 03:05:31
Document Index: 205009257

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 34', 'artículo 38', 'artículo 51', 'artículo 33', 'artículo 149', 'artículo 210', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 168', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 6', 'e contrario']

Recortes de Prensa Viernes 9 Julio 2010
La sentencia que el TC no se atrevió a dictar
Tomás-Ramón Fernández El Mundo 9 Julio 2010
El tribunal Constitucional ha tardado cuatro largos, larguísimos, años en dictar sentencia sobre la constitucionalidad de este unilateral Estatuto de Cataluña que, como recordarán, fue refrendado por la abrumadora minoría de un tercio de la población del Principado.
El fallo de la sentencia, que es todo lo que hasta este momento conocemos, ha evitado, sin duda, lo fundamental, esto es, el triunfo de un auténtico golpe de Estado constitucional. No merece otra calificación el intento de modificar subrepticiamente la Constitución que el 90% de los españoles aprobamos en 1978 y convertir el Estado de las Autonomías que ésta hizo posible en un Estado confederal en el que la Generalitat de Cataluña se entiende de igual a igual con el Gobierno de España y decide de acuerdo con éste cómo se distribuye entre ambos el común mientras las demás comunidades autónomas quedan a las resultas.
El reconocimiento de este logro no debe ocultar, sin embargo, la extraordinaria timidez que el TC ha mostrado a la hora de resolver un buen número de temas que contaban ya con una respuesta categórica en su jurisprudencia.
El texto definitivo de la sentencia va a ocupar, al parecer, varios cientos de folios, la mayoría de los cuales estarán dedicados a explicar por qué no se han considerado inconstitucionales una serie de preceptos estatutarios cuya declaración de nulidad pura y simple parecía inevitable a la luz de la doctrina que el Tribunal tenía ya firmemente establecida. Me limitaré aquí a enunciar algunos de ellos.
1. La sentencia remite al limbo nebuloso de las interpretaciones conformes -que al cabo de poco tiempo nadie es capaz de recordar y, desde luego, nadie respeta- el artículo 5 del Estatuto, según el cual «el autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán». Pero ha pasado por alto la declaración contenida en el apartado 4 del artículo 2, a cuyo tenor «los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña».
Ambas proclamaciones son rigurosa e injustificablemente contrarias a los artículos 1 y 2 de la Constitución, el primero de los cuales afirma solemnemente que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (todos los poderes del Estado, incluidos como es natural los de la propia Cataluña). Expresión de esa soberanía nacional es la Constitución, que, como proclama su artículo 2, «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española».
No hay, por tanto, otro posible fundamento para el autogobierno de Cataluña que el que la Constitución le presta. Si el pueblo español, en ejercicio de su soberanía, no la hubiera refrendado, la Generalitat no existiría. Existe, repito, gracias a ella, como una parte del todo, que alcanza su verdadero sentido precisamente dentro de la unidad de ese todo, como acertó a precisar el propio TC en su primera sentencia para resolver un recurso de inconstitucionalidad, dictada en 1981.
Y es que «autonomía no es soberanía». «La autonomía hace referencia a un poder limitado», como también dijo dicha sentencia, por lo que el Legislador, cuando la regula, «no puede colocarse en el mismo plano del poder constituyente» (sentencia de 5 de Agosto de 1983), como han pretendido abusivamente los preceptos del Estatuto catalán antes citados y cuya declaración de nulidad era obligada.
2. En lo que a la cooficialidad de las lenguas se refiere, el TC tenía establecida una doctrina muy clara en sus sentencias 82, 83 y 84/1986, de 26 de Junio, que resolvieron los recursos de inconstitucionalidad promovidos contra las Leyes catalana, vasca y gallega de Normalización Lingüística. En esas sentencias se dijo que «es oficial una lengua cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados», lo que «implica que el castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español».
Esta doctrina condenaba irremisiblemente la afirmación contenida en el apartado 1 del artículo 6 del Estatuto: «el catalán es la lengua de uso preferente», además de normal, de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña. La sentencia ha hecho efectiva esa condena declarando inconstitucional y nula la expresión «y preferente» del precepto en cuestión. Sin embargo, el resto del artículo 6 del Estatuto no le ha merecido al Tribunal reparo alguno, aunque es evidente que si las dos lenguas cooficiales son de uso normal, como las sentencias de 1986 dejaron dicho, no se puede afirmar que el catalán, sólo el catalán, es «la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».
En las sentencias de 1986 el TC dejó también absolutamente claro que la obligación que tienen todos los españoles de conocer el castellano «lo distingue de las otras lenguas españolas que con él son cooficiales en las respectivas comunidades autónomas, pero respecto de las cuales no se prescribe constitucionalmente tal obligación», lo que quiere decir que «sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen».
La sentencia 84/1986 añadió a esto, en relación al gallego, que el deber de conocer éste «no viene impuesto por la Constitución y no es inherente a la cooficialidad», afirmación que, evidentemente, es extensible a la lengua vasca y a la catalana. Es absolutamente inexplicable, por todo ello, que la sentencia no haya declarado inconstitucional y nulo el inciso del apartado 2 del artículo 6 del Estatuto, en el que con manifiesto abuso se afirma que los ciudadanos de Cataluña tienen también el deber de conocer el catalán.
Ese supuesto deber fue expresamente excluido por los constituyentes, que en el Pleno del Congreso de los Diputados de 5 de Julio de 1978 rechazaron por 269 votos frente a sólo 22 favorables y 26 abstenciones la enmienda 106 de la Minoría Catalana que pretendía imponerlo a todos los residentes en Cataluña, lo que hace especialmente penoso el desfallecimiento del TC.
La cuestión es particularmente importante porque del rechazo por el artículo 3 de la Constitución del deber de conocer el catalán que el artículo 6.2 del Estatuto ha pretendido imponer deriva la inviabilidad de ese «deber de disponibilidad lingüística» con que el artículo 34 del Estatuto viene a exigir a las entidades, empresas y establecimientos privados abiertos al público que atiendan oralmente y por escrito a los consumidores y usuarios de toda clase de servicios en la lengua oficial que éstos elijan, restringiendo de este modo la libertad individual de sus titulares y la libertad de empresa que el artículo 38 de la Constitución garantiza.
Tal exigencia, que excede el significado del régimen de cooficialidad, necesitaría para imponerse legítimamente la imprescindible cobertura constitucional. Cobertura que, a falta de un deber constitucional de conocer el catalán, tampoco puede darle la protección de los consumidores y usuarios que procura el artículo 51 de la Constitución, ya que todos los españoles, obligados como están a conocer el castellano, tienen garantizada esa protección sin necesidad de restringir la libertad de los dueños de los establecimientos privados imponiéndoles deberes adicionales.
Resta decir que la doctrina establecida por las sentencias de 1986 subrayó igualmente que los deberes derivados del sistema de cooficialidad lingüística tienen carácter institucional y no pueden imponerse individualmente a las personas que prestan sus servicios en las diferentes instituciones. El deber de conocer el catalán, dice también la sentencia constitucional de 21 de diciembre de 1989, afecta a la Administración «en su conjunto, no individualmente a cada uno de sus funcionarios». Si esto es así, parece claro que el TC tenía que haber declarado también inconstitucional el artículo 33.3 del Estatuto, que exige individualmente a todos los jueces y magistrados, fiscales, notarios, registradores, encargados del Registro Civil y personal al servicio de la Administración de Justicia que prestan servicios en Cataluña que acrediten un nivel adecuado de catalán.
3. Sobre los temas financieros, que el Estatuto ha pretendido reconducir a un mecanismo bilateral, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, el Tribunal Constitucional contaba también con una categórica doctrina expresada además con inusual energía, en su sentencia 13/2007, a la que luego se sumaron las de 8 y 21 de Noviembre del propio 2007.
En la primera de ellas, dictada a propósito de un recurso de inconstitucionalidad promovido por la Junta de Andalucía, el Tribunal afirmó que «el reparto de los ingresos del Estado es una cuestión que afecta a todos los entes territoriales y en particular a todas las comunidades autónomas» y que, por lo tanto, «es al Estado a quien corresponde en el momento de establecer la participación de las comunidades autónomas en los ingresos transferibles, ponderar los intereses en juego, tanto los del conjunto de las comunidades autónomas como de los suyos propios en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14 de la Constitución».
Con una insistencia inhabitual, la sentencia de 18 de Enero de 2007 repitió que «la determinación de los criterios de distribución de la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado corresponde exclusivamente a este último»; que «es al legislador estatal a quien [...] incumbe dar efectividad a los principios de suficiencia de las comunidades autónomas y de solidaridad y equilibrio adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español»; y que «en modo alguno cabe admitir que la determinación del porcentaje de participación de los ingresos del Estado pueda depender de la voluntad de una determinada comunidad autónoma», porque eso «sería tanto como conceder un derecho de veto a una comunidad autónoma sobre el ejercicio de competencias exclusivas del Estado».
Sorprende por ello en extremo que la sentencia no haya declarado la inconstitucionalidad y nulidad, sin rodeos y circunloquios de ningún tipo, los apartados 1 y 2 del artículo 210 del Estatuto, que atribuye a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat la competencia para acordar «el alcance y condiciones de la cesión de tributos de titularidad estatal y, especialmente, los porcentajes de participación en el rendimiento de los tributos estatales cedidos parcialmente», así como «la contribución a la solidaridad y los mecanismos de nivelación».
Unos textos tan claros y tan concluyentes sobre un asunto tan esencial reclamaban una respuesta tan enérgica y tan categórica como la que, con muchos menos motivos, dio a la Junta de Andalucía la Sentencia constitucional de 18 de Enero de 2007, y no la siempre ambigua y poco transparente remisión a una interpretación conforme que únicamente va a ser leída por unas docenas de expertos.
Pronto veremos si merecía la pena tanta mesura.
Tomás-Ramón Fernández es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Pío Moa Libertad Digital 9 Julio 2010
Desde 2004 tenemos un gobierno mafioso, esto es, ilegal e inmoral, conculcador de la Constitución, aliado del terrorismo, de los separatismos, de totalitarismos como el cubano o tiranías amenazantes como la marroquí, socavador de la independencia judicial, de la familia, fomentador de todas las formas de corrupción y que se siente heredero de un Frente Popular a su vez "rojo" y causante de la guerra civil.
Generalmente, la democracia tiene formas de contrarrestar las tendencias mafiosas presentes siempre en los partidos. Una es la independencia judicial, otra la libertad de expresión y otra la existencia de una oposición que frene al poder. Pero tanto la independencia judicial como la libertad de expresión han sido muy corroídas y se hallan muy acosadas; y la oposición ha dejado de existir desde el momento en que el PP ha caído bajo el poder de Rajoy y su camarilla, cuya política viene a ser casi la misma del PSOE. La última fechoría –por ahora– de estos políticos ha sido el estatuto catalán de estado asociado, que no de autonomía, fabricado por todos los enemigos de la Constitución y de España en obsequio a la ETA. Añadamos la crisis económica y una población en gran parte embrutecida por la telebasura, el botellón y el embuste sistemático sobre su propia historia, y tendremos "lo que hay".
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo resume Federico afirmando que "España no puede ser un régimen liberal y democrático enfeudado a una Cataluña despótica". Claro está. Ni a unas Vascongadas, Galicia o Valencia, Andalucía, Castilla la Mancha, etc., que por su propia cuenta siguen la misma vía del despotismo y la corrupción. Máxime cuando, como también observa Federico, la cuestión "catalana" es ante todo la cuestión de una clase política española desnortada o algo peor. Al final, de España no quedaría nada.
De todos los problemas que ha tenido España desde el "desastre del 98", el separatismo o balcanización es hoy el principal, después de haberlo sido durante mucho tiempo el revolucionario. Resolviéndolo se resolverían gran parte de los demás, tan agravados por el actual gobierno delincuente. Pero, como dice Vidal-Quadras y con otras palabras también Federico, los separatistas tienen un plan, saben lo que quieren, mientras que frente a ellos no existe plan alguno ni se sabe hacia dónde reman los partidos que se llaman "nacionales" y son, precisamente, antinacionales. Durante años, muchas personas, Federico de forma destacada, hemos defendido al PP como alternativa, aun si floja y llena de defectos. Hoy, se necesitaría una dosis demasiado alta de ingenuidad o tontería para ver en el PP esa alternativa. Existe un descontento extendido, bien manifiesto en las enormes manifestaciones de hace unos años, ahogadas precisamente por el PP, pero no surge el partido que pueda recogerlo y encauzarlo con un programa claro, democrático y español. Y esto es justamente lo que falta, a pesar de que las condiciones para crearlo son en general muy buenas. Si no surge ese partido, deberemos resignarnos a un proceso de descomposición, con probables violencias y "alternativas" estrafalarias o dictatoriales, en una dinámica tan conocida por los regímenes latinoamericanos.
España no se rompe hoy, pero se romperá mañana
Pablo Nuño García. www.gaceta.es 9 Julio 2010
Es verdad que España no se rompe hoy, pero con esta sentencia, se romperá mañana. No se entiende bajo una perspectiva jurídica la sentencia del Alto Tribunal. El artículo 2 de la Constitución es del siguiente tenor: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Los padres de la Constitución, conocedores de la tormentosa historia constitucional española, blindaron determinadas partes de la Carta Magna para obligar a los españoles a encontrar nuevos consensos para su reforma. Este artículo 2 se encuentra bajo la tutela del artículo 168, que impone altas exigencias para la reforma del consenso constitucional: mayoría de 2/3 en ambas cámaras, disolución de las Cortes y aprobación en referéndum.
La reforma de la Constitución por vía estatutaria supone una violación del principio de jerarquía normativa. Y lo que es peor: una vulneración de la soberanía del pueblo español que asiste estupefacto e inerme al proceso.
Políticamente, la sentencia consuma la ruptura del gran consenso constitucional de 1978. Ese consenso se basó en la integración de los sentimientos particulares en un gran proyecto de reconciliación nacional. El artículo 2 es un buen ejemplo de ello. Se encontró un difícil encaje entre unidad del Estado y soberanía del pueblo español, con el reconocimiento del autogobierno. Sin embargo, desde 1978 los nacionalistas han ido erosionando el consenso. La necesaria descentralización fue interpretada por los nacionalistas como una vía de construcción nacional. Mediante instrumentos técnicos buscaron intereses políticos.
En un plano histórico, el reconocimiento de “nación” por la sentencia del Constitucional abona una balcanización de España a largo plazo. La sentencia del Constitucional asegura el establecimiento de una Monarquía dual. Un Estado central regido por una semiderogada Constitución de 1978 y una Cataluña presoberana regida por el Estatut, unidas ambas provisionalmente por la institución de la Monarquía.
Al contrario de lo que se ha dicho, el problema es que “nación” no es un concepto estrictamente político, porque en su seno subyace la noción de “soberanía”, y “soberanía”, desde la perspectiva del Derecho Internacional, es uno de los elementos constitutivos del Estado. En resumen, toda nación reclama soberanía y, por tanto, independencia. Reconocer “nación” equivale a reivindicar “soberanía”, por lo que, lejos de zanjar el asunto de las autonomías, lo dinamita.
La lógica del soberanismo ha hecho que sobre las bases de “nacionalidad” y “Estado de las Autonomías” establecidos en la Constitución y tras un proceso de construcción nacional, el Estado reconozca la existencia de otra nación. Esto representa la aparición del Estado dual, pero no nos confundamos, no se trata del punto de llegada del independentismo, sino de una parada intermedia en su lucha por la independencia.
*Pablo Nuño es profesor de Derecho Comunitario en ICADE.
«No nos podemos permitir un Gobierno central y 17 estados»
CARMEN LLORENTE – EL MUNDO 9 Julio 2010
La gran distribución dice que la maraña legal autonómica «torpedea» su actividad
Las grandes empresas de distribución, entre las que están El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Ikea, Decathlon, Eroski, FNAC o Media Markt urgieron ayer al Gobierno y las fuerzas políticas y sociales a dar los pasos necesarios para salvarguardar la unidad de mercado en España, «seriamente en peligro» entre la gran maraña de administraciones autonómicas y mil y una normativas cada vez más intervencionistas.
«No podemos permitirnos la financiación de una Administración central y 17 estados, con sus normas particulares, sin coordinación, con una deuda exorbitante y con una multiplicación de funcionarios sin funciones. No somos lo suficientemente ricos para mantener esta estructura con dinámicas tan dispersas, que ponen en serio peligro la unidad de mercado y avanzan hacia un creciente intervencionismo». Así de claro y contundente habló ayer el presidente de la patronal de las grandes empresas de distribución (Anged), Juan Manuel de Mingo, quien afirmó que la creciente número de normas autonómicas y la falta coordinación y de unidad están «en muchas ocasiones paralizando o torpedeando la actividad empresarial».
De Mingo lanzó este claro mensaje en el acto de clausura de la Asamblea Anual de Anged, en la que, además, urgió a la necesidad de recuperar la fortaleza de las instituciones, los valores éticos, y anteponer el interés general sobre intereses particulares, o de grupo, en la gestión de las grandes cuestiones nacionales.
El presidente de la asociación de las grandes superficies manifestó que «el sector de la gran distribución es el ejemplo de un marco normativo que frena las iniciativas, constriñe la capacidad de crecimiento y, en algunos casos, expulsa del mercado a empresas que quieren invertir o mejorar su eficiencia». «La sociedad española no merece una legislación comercial como la que tenemos», sentenció de Mingo, apoyado en sus aseveraciones por los vicepresidentes de Anged, Rafael Arias-Salgado (Carrefour) y Patrick Coignard (Alcampo).
La gran distribución no está siendo ajena a la crisis económica. Las empresas integradas en Anged facturaron 39.916 millones de euros en el ejercicio 2009, lo que representa una caída del 5% respecto al año anterior, y perdieron 11.150 puestos de trabajo al pasar de una plantilla de 247.425 trabajadores a 236.275 empleados.
«Nuestro sector sufre la crisis, pero no está en crisis», puntualizó, sin embargo, de Mingo, que destacó el «esfuerzo» realizado por la gran distribución, junto con sus proveedores, para reducir los márgenes y hacer la cesta de la compra «más asequible», al tiempo que calificó de «satisfactorios» los resultados de 2009, especialmente en lo referente al «pulso inversor potente» que mantiene el sector.
Las grandes superficies invirtieron 2.515 millones de euros el pasado ejercicio, un 5,4% menos que el año anterior. Incorporaron 53 nuevos establecimientos, con una superficie de 173.750 metros cuadrados.
Caso Ripoll
El pulpo Freddy
Emilio Campmany Libertad Digital 9 Julio 2010
SENTENCIA DEL TC sobre el ESTATUTO CATALÁN
"La sentencia cierra los ojos ante la configuración de Cataluña como nación"
El magistrado Vicente Conde en su voto particular pone el acento en si el Estatuto supone globalmente la "configuración jurídica de Cataluña como nación". En su opinión la suma del preámbulo más varios puntos del articulado muestra que así es, y cree que la sentencia supone "cerrar los ojos a la realidad".
agencias Libertad Digital 9 Julio 2010
El Tribunal Constitucional ha hecho pública la sentencia que resuelve el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, cuyo fallo se conoció el pasado 28 de junio. Cinco magistrados emitieron votos particulares.
Un total de 27 artículos fueron declarados como constitucionales pero sujetos a interpretación. En la sentencia dada a conocer este viernes, se publican los términos en que dichos artículos han de ser interpretados.
Sobre el artículo 8.1, referido a los controvertidos símbolos nacionales, señala que "la Constitución no conoce otra que la Nación española, cuya mención arranca en el preámbulo". Por ello, señala, "cabe interpretar, de acuerdo con la Constitución, que con la calificación como "nacionales" de los símbolos de Cataluña se predica únicamente su condición de símbolos de una nacionalidad constituida como Comunidad Autónoma".
Respecto a la lengua, la sentencia recuerda que anuló del artículo 6 referido a las lenguas oficiales el adjetivo "preferente" en alusión al uso del catalán en las Administraciones públicas pero declaró constitucional el resto, sobre la educación en catalán y el deber de conocerlo.
Sobre la condición del catalán como lengua vehicular de la enseñanza, el TC indica que "el catalán debe ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano". El castellano, añade, "no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".
Más enrevesada es la forma en que el Constitucional declara legal, bajo interpretación, el punto 6.2 referido al deber de conocer el catalán. Afirma que el precepto "admite con naturalidad una interpretación distinta y conforme con la Constitución", que no supone equiparar este deber al impuesto por la Carta magna respecto del castellano. Habla el TC de "un deber individualizado y exigible", de "obligado cumplimiento", en el "ámbito específico de la educación y de las relaciones de sujeción especial a la Administración catalana con sus funcionarios". Es un deber, pues, "no jurídicamente exigible con carácter generalizado" sino que tiene "un objeto propio que lo justifica como mandato".
Junto a la sentencia se han hecho públicos los votos particulares redactados por varios de los magistrados, en los que justifican sus opiniones discrepantes con algunos de los aspectos de la resolución principal.
Aunque el día en el que se conoció el fallo fueron cuatro los miembros del Constitucional que anunciaron que harían voto particular -Ramón Rodríguez Arribas, Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde y Javier Delgado, todos ellos pertenecientes al sector conservador-, finalmente también el progresista Eugeni Gay ha redactado el suyo.
Gay, firme partidario de avalar el texto estatutario aprobado en 2006, mostrará su discrepancia con la parte de la sentencia referida al preámbulo del Estatut, en la que se dice que los términos las referencias "Cataluña como nación" y a "la realidad nacional de Cataluña" que figuran en el mismo carecen de eficacia jurídica interpretativa y se alude a la indisoluble unidad de España.
El tribunal condicionó a la interpretación que se les da en la sentencia la constitucionalidad de 27 preceptos, entre ellos los relativos al himno y la bandera, al deber de conocer y usar el catalán en distintos ámbitos y a la organización territorial por "veguerías". Ahora se conocerá en qué aspectos limita el tribunal su aplicación.
Aborto anticonstitucional
Nota del Editor 9 Julio 2010
El Tribunal Anti Constitucional español ha abortado otra sentencia que pueden ver en el enlace siguiente:
“…el catalán es la lengua de uso normal de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”,
Hay que resaltar que los votos particulares, que en general justifican criterios opuestos a la propia sentencia, no tienen efecto alguno, sólo sirven para hacer constar ante la historia los criterios tales magistrados, dejando de paso constancia del disparate del sistema judicial español que se basa en mayorías simples interesadas y que por tanto carece de valores éticos.
Como es habitual, la sentencia, claramente anticonstitucional, lo mismo que el estatuto, aumenta el embrollo, y abre el camino para todos tengamos la obligación de conocer todas las lenguas regionales y hasta el la propia sentencia mezcla la lengua regional con la castellana (por ejemplo, no utiliza la palabra Generalidad).
Está claro que el primero y último intérprete de la Constitución Española es el español, los españoles la aprobaron, porque la interpretaron (aunque en honor a la verdad fué un pufo, la propaganda oficial fue devastadora, cualquier posición crítica fue silenciada), y la sentencia "interpretativa del TC no se parece en nada a la interpretación racional de su texto, el TC es un tergiversador nato de la realidad y del sentido de la CE., y no merece más comentarios. Esperaremos a que algún escritor avezado presente un resumen del atropello a la constitución, al derecho constitucional, al sentido común, a la razón, a la libertad, a los derechos humanos en sus 881 páginas.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por los Magistrados
doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta,
don Guillermo Jiménez Sánchez,
don Vicente Conde Martín de Hijas,
don Javier Delgado Barrio,
doña Elisa Pérez Vera,
don Eugeni Gay Montalvo,
don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez,
don Ramón Rodríguez Arribas,
don Pascual Sala Sánchez
don Manuel Aragón Reyes.
684 VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas
742 VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado don Javier Delgado Barrio
801 Voto particular que formula el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo (sólo discrepancia párrafo sentencia)
811 VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ
845 VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado Ramón Rodríguez Arribas,
Ha perdido España
A la espera de conocer en su integridad la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña podemos pronunciarnos sobre las reacciones que la publicación del fallo ha producido en la clase política española.
Jaime Ignacio del Burgo. www.gaceta.es 9 Julio 2010
En Cataluña –salvo el Partido Popular, que ha expresado su acatamiento a la sentencia y exigido su cumplimiento– nadie ha querido quedarse atrás en la descalificación del pronunciamiento del Tribunal. La declaración institucional del presidente Montilla tuvo un tinte cuasi revolucionario al anunciar que no estaba dispuesto a acatar el fallo y que haría lo necesario para eludir su aplicación. CIU se ha abrazado a Montilla y ERC, socio privilegiado del presidente Zapatero, ha llegado aún más lejos al afirmar que el único camino posible es el de la independencia de Cataluña.
El honorable presidente de la Generalitat se refiere siempre a Cataluña y España como si se tratara de dos naciones diferentes en plano de igualdad, por lo que el Estatuto es un pacto entre dos entes soberanos. Por eso niega al Tribunal Constitucional “español” legitimidad para alterar un ápice su contenido y, mucho menos después de haber sido refrendado por el pueblo catalán. Haciéndolo, ha roto el pacto estatutario. Montilla, además, ha dado por roto el pacto constitucional de 1978. Ignora el mandatario catalán que en el proceso constituyente Cataluña como tal no desempeñó papel alguno. El pacto constitucional se fraguó en las Cortes constituyentes y no fue un acuerdo entre territorios. Los partidos constitucionalistas deberían ponerse de acuerdo para proclamar que sólo hay un Estado –el español– del que Cataluña forma parte inseparable. Que el Principado no es una nación soberana. Que la titularidad de la soberanía nacional, única e indivisible, corresponde al pueblo español, del que forma parte el pueblo catalán. Que el Estatuto no es un pacto entre dos naciones, sino una norma elaborada de forma paccionada –porque así lo autoriza la Constitución– entre la representación del Parlamento de Cataluña y la Comisión Constitucional del Congreso. Que el carácter paccionado de una norma jurídica no significa que pueda hablarse de un pacto o tratado entre iguales. Que la voluntad del pueblo catalán expresada en el referéndum estatutario no puede imponerse al conjunto del pueblo español ni violar la Constitución. Que sólo el cumplimiento de los trámites constitucionales –que culminan con la sanción del Rey, como Jefe del Estado español– permite la incorporación del Estatuto al ordenamiento jurídico. Que a partir de entonces –y sólo entonces– el Estatuto es una norma jurídica de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos, catalanes y estatales.
Por último, debieran recordar que Montilla no es nadie para dar por roto el pacto constitucional y que fueron los constituyentes quienes decidieron, por consenso, atribuir al Tribunal Constitucional la facultad de velar por la constitucionalidad de las leyes, por lo que su sentencia es plenamente legítima. El Partido Socialista se enfrenta a una grave crisis por la radical –y cuasi revolucionaria– postura de su socio catalán, el PSC. Para desviar la atención trata de presentar la sentencia como una derrota en toda regla del Partido Popular como si cada precepto confirmado fuera un gol contra la portería de los populares. Es cierto que tan sólo 12 artículos del Estatuto han sido declarados nulos de pleno derecho y otros 27 sólo serán constitucionales si su aplicación se realiza conforme a lo que disponga la sentencia en unos fundamentos de derecho que aún no conocemos. Pero ha quedado demostrado que el recurso del PP distaba mucho de ser temerario y la “poda” realizada en la Comisión Constitucional, de la que el PSOE se sentía tan satisfecho, era manifiestamente insuficiente.
El PP acata la sentencia. Pero acatar no es sinónimo de compartir. Y se puede, legítimamente, discrepar de ella por su laxitud al declarar constitucionales otros muchos preceptos que dificultarán o impedirán al Estado asegurar la libertad, la igualdad y la solidaridad en todo el territorio español, así como los grandes objetivos nacionales.
Es verdad que los preceptos nulos o reinterpretados afectan a aspectos muy sustanciales, que podían entrañar la defunción de la Constitución. La sentencia no ha ratificado la pretensión de convertir a España en un Estado confederal o plurinacional. Pero entre los preceptos sin tacha de inconstitucionalidad hay algunos que pueden conmover los cimientos del Estado autonómico o cuando menos hacer muy complicado el ejercicio de las competencias estatales. De ahí que sea censurable que las comunidades autónomas gobernadas por el PP pretendan mirarse en el espejo de Cataluña para reformar sus Estatutos, sin hacer antes una valoración global de la sentencia y de sus consecuencias para el normal funcionamiento del Estado. Si el PP se deja arrastrar por esta nueva marea abdicará de su condición de partido nacional. Especial mención merece la responsabilidad del presidente Zapatero. Se comprometió a aprobar cualquier reforma estatutaria con tal de que llegara a las Cortes avalada por una amplia mayoría en el Parlamento catalán, sin exigir el ineludible respeto a la Constitución. Infringió así su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Mientras algunos se entretienen en contar los goles, después de todo este lamentable episodio nacional quien sin duda ha perdido es España.
*Jaime Ignacio del Burgo fue senador en las Cortes constituyentes y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso.
Hay daños ya irremediables, y otros aún peores que, sin ser seguros, entran dentro de lo probable. El daño irremediable es el descrédito del Tribunal Constitucional, más que por deméritos propios, que también, por el comportamiento de los partidos.
Álvaro Delgado Gal ABC 9 Julio 2010
Calificamos como obsoletos a los cachivaches que por el paso del tiempo y los cambios que este trae consigo no se hallan bien adaptados a los fines para los que se diseñaron y desempeñan su función a trancas y barrancas, desprendiendo humo y calor y consumiendo demasiada energía. Llamamos también obsoletas, por contigüidad o analogía, a ciertas instituciones. ¿Cuáles? Las que producen cien quebraderos de cabeza por cada asunto que contribuyen a despachar con un mínimo de diligencia. Eran obsoletos los portazgos a mediados del XIX; lo fue el Syllabus después del Concilio Vaticano Segundo; y así sucesivamente.
Pues bien, el sistema político alumbrado por la Constitución del 78 se está quedando obsoleto. En realidad llevaba años, bastantes más de los que se ha querido admitir oficialmente, dando señales evidentes de fatiga. Ahora el proceso se ha disparado, hasta adquirir dimensiones explosivas, por el concurso de dos factores inéditos: la gigantesca impericia de Zapatero y la crisis económica internacional, con ecos agravados en la intendencia nacional. Lo demuestra dramática, esperpénticamente, la falta de correspondencia entre lo que exige la coyuntura presente y las teclas que se están pulsando en el mundo de la política.
Cabe resumir la situación en muy pocas palabras. España, tanto en su vertiente pública como en la privada, corre serio peligro de entrar en una situación a la griega si antes no se apresura a racionalizar su administración, reducir el gasto público y dinamizar su economía con una reforma del mercado de trabajo que infunda en nuestros acreedores la sensación de que somos capaces de algo más que seguir deslizándonos pendiente abajo. ¿Se han hecho los deberes? No. Las medidas de recorte del déficit, demasiado tardías y tímidas, no están impidiendo que continúe a la baja la calificación de nuestra deuda por los organismos internacionales; la reforma laboral ha sido una chapuza, y si no mienten informaciones bastante verosímiles, se ha ido desnaturalizando conforme viajaba desde los primeros borradores a la forma que finalmente adoptó en el Consejo de Ministros. El presidente, por las trazas, no termina de desatarse de los sindicatos, o, por decirlo sin rodeos, no cree en la política que las circunstancias le obligan, o deberían obligarle, a hacer. Finalmente, y esto es lo más importante, el embrollo del Estatut lleva aire de acabar como el rosario de la aurora.
El próximo día 10, mañana, los partidos catalanes, con la excepción del PP, bajarán a la calle para exigir que la ley se subordine a las reclamaciones soberanistas de esa región. El hecho es portentoso, y estaríamos llevándonos las manos a la cabeza si no estuviéramos curados de espanto, o si la sucesión de enormidades que han ocurrido de un tiempo acá no nos hubiese embotado las entendederas. Pero hay más. Hay daños ya irremediables, y otros aún peores que, sin ser seguros, entran dentro de lo probable. El daño irremediable es el descrédito del Tribunal Constitucional, más que por deméritos propios, que también, por el comportamiento de los partidos. La especie de que la política ha de estar por encima de la ley, divulgada desde Cataluña y no desmentida desde el propio Ejecutivo, anunciaba ya que la desconstitucionalización de España era una contingencia que segmentos decisivos de la clase política estaban dispuestos a asumir.
Algunos esperaban que la sentencia, que solo anula en su integridad un artículo importante del Estatut e intenta cortar el pabilo a la aparición del término «nación» en el preámbulo, calmase un poco las aguas y sirviera para ir tirando un ratito más en un país cada vez más ingobernable. Me temo que la apreciación ha pecado de demasiado optimista, por tres motivos. En primer lugar, porque se subestima la fuerza de la inercia en los asuntos humanos. Tomemos al señor Montilla. Ha estado vociferando, durante meses, que no toleraría una rebaja del Estatut. ¿No se les antoja un poco difícil, teniendo en cuenta quiénes son sus aliados en la Generalitat, cómo es la oposición, y cuál el clima que entre todos se ha generado en Cataluña, que varíe de registro y, tras hacer algunos aspavientos, pase de las vociferaciones a una cortés deferencia hacia lo fallado por el TC? Segundo: el presidente se encuentra en una situación de debilidad moral, puesto que ha sido él el primero en declarar que se le daría a Cataluña lo que esta pidiera. Por último, su margen de maniobra es muy limitado. Tanto, que Mas se ha permitido avisarle de que es él quien tiene la sartén por el mango, y ello con una dureza y una falta de modales que rayan en lo asombroso. Entre una cosa y otra, resulta por entero posible que el Gobierno, y esto no es una conjetura sino una reflexión en voz alta realizada por el propio Zapatero, intente neutralizar el fallo del TC promoviendo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sería el fin definitivo del TC. Peor: sería el fin de la separación de poderes y del imperio de la ley. Para completar el cuadro horrendo, no es descartable que el PNV cobre su apoyo al Gobierno con contraprestaciones que harían imposible la continuidad de la alianza entre el PP y el PSE en el País Vasco.
En resumen: Europa nos conmina disciplina y nosotros nos desparramamos. En parte porque la fase de disgregación se hallaba muy avanzada, en parte por la pésima gestión de un presidente al que viene grande el cargo, en parte porque los partidos están a lo que están, y aquello a lo que están no guarda una relación inteligible con los intereses colectivos. Reparen si no en el PP. El augur que estudia el vuelo de las aves desde la terraza de Génova ha persuadido a Rajoy para que imite la táctica del macho de la mantis religiosadurante la ceremonia nupcial. ¿Qué hace el macho? Adopta una inmovilidad total a fin de la que la hembra —entiéndase, el votante de izquierdas— no acierte a verlo y se lo coma. No niego, ni afirmo, que el procedimiento sea bueno para ganar las elecciones. Pero un candidato invisible lo es para todo el mundo, incluidos sus votantes. El resultado chusco es que el PP está invitando a los españoles a que lo voten, aunque no se sepa con qué objeto. Quiero presumir que las intenciones del PP son las mejores. Pero esta es una presunción mía, un acto de fe. En momentos de crisis nacional, tenemos derecho a votar algo más que una corazonada.
Por todo lo dicho, y algunas cosas más, no considero excesivo hablar de la obsolescencia de nuestra vida pública. La oferta empeora conforme la situación se hace más apretada. La lamentable huelga del Metro en Madrid confirma que hemos perdido el oremus. No es que la orquesta siga tocando mientras se hunde el Titanic. Es que los violinistas usan el arco del violín para degollar a los que soplan el oboe. En algún momento, acaso próximo, se alcanzará el clímax. Y los partidos, aun siendo los mismos, tendrán que ser distintos. Sobre todo es necesario, urgente, que el PSOE cambie de líder. El que tiene ahora no parece que dé, qué le vamos a hacer, para mucho más.
La Confederación Catañola (I)
Javier OrricoEl Semanal Digital 9 Julio 2010
La tragedia de España no es que Cataluña quiera ser independiente, sino que no quiera serlo, ni lo haya querido en plenitud nunca. Escindida entre una masa indiferente y ajena (la mano esclava que usaron para enriquecerse, charnega y abstencionista), y el núcleo de fe de la casta dominante que hizo de la nazión imaginaria el filtro de su tiranía dulce, el catalanismo ha ido creciendo sobre la permanente frustración de quien vive en la doblez, de quien desea lo que sabe que no le conviene alcanzar.
Divididos dramáticamente en su corazón entre el odio a la Castilla que se constituyó en la sangre de España y siempre les rebasó en grandeza, y la servidumbre fenicia del interés comercial, esa escisión es su verdadera seña de identidad, el origen de su resentimiento y de la corrosión que han ido expandiendo por una España que se nos cae a pedazos, disuelta en las taifas legales y sentimentales con las que nos han contaminado a todos.
Hoy, tras la miserable sentencia de un Tribunal Constitucional que sólo ha defendido sus intereses corporativos, la Cataluña peor, la nazionalista, ha conseguido sancionar legalmente lo que ha sido el sueño eterno del catalanismo durante los últimos ciento cincuenta años: convertir por la vía del chantaje a España en Espanya, un hipermercado bajo su estricto control, un arrabal de masas consumidoras a las que explotar sin mezclarse con ellas, manteniendo intacta su pureza intocada, la lengua que esgrimen como religión, como precepto y admonición contra los desafectos. Es la situación de privilegio neocolonial la que queda inalterada tras el fallo del Estatut, la Confederación Catañola ya es legal y la cobardía española su única causa.
Así pues, ya somos, según las leyes, de tres categorías: los forales, vascos y navarros, con la amenaza de un terror al que deben su intolerable estatus económico; los catalanes, un estado en pie de igualdad frente al Estado, a cuyos gobiernos, además tienen siempre acogotados gracias a una ley electoral que les hizo albaceas de la España a la que odian; y los hispanii o conejos para el arroz, todos los demás, condenados al cuarto de las criadas de la Historia, esta historia canalla que para España siempre termina mal.
Lo que el Estatut consagra es esencialmente la desigualdad de oportunidades, la diferencia: la de poder acceder a los puestos públicos, cerrados para los hispanii de lengua española en todas las regiones nazionalistas, de derechas o de izquierdas, mientras que ellos seguirán pudiendo competir y moverse libremente; la de la financiación autonómica, obligada a un previo acuerdo con la Generalitat, tras el cual el remanente será entregado a la plebe de los hispanii para que nos lo repartamos como perros; la de obligar a invertir, por un lado, e imponer vetos en su territorio , por otro, a las decisiones del Estado en materia de infraestructuras, por ejemplo un canal o el trazado de una carretera, es decir, que se reconoce legalmente lo que ya hace tiempo que ocurre: que el Estado no existe allí; la de implantar estructuras administrativas diferentes y superpuestas, las veguerías, que no harán sino aumentar el pesebre nazionalista y el gasto público que nos ha arruinado; la de gozar de derechos y deberes distintos; la de contar con selecciones nacionales deportivas ajenas a las españolas, lo menos importante, sin duda, pero lo más visible y emocional para nuestra futura vergüenza; la de considerar 'anormal' el uso del español, al que han echado de la vida pública y sueñan con expulsar definitivamente en algunas generaciones; la de establecer un sistema educativo distinto a los demás, impidiendo la libertad de movimientos real entre ciudadanos que ya, en efecto, no pertenecemos a la misma nación. Porque todo el Estatut se hizo, oh ‘salvapatrañas’ de la Ziquierda, para dar sentido y arquitectura institucional a la nación catalana. Y eso lo sabíais desde el primer momento.
Ni en sus fabulaciones más calenturientas imaginaron nunca que un Gobierno, unas Cortes y un Tribunal españoles consentirían la disolución nacional uniendo los términos nación y Cataluña, fijados ya en el texto -lo glosen como lo glosen- para la Historia de la estupidez y la vileza de una clase política y unas instituciones que un día soñamos democráticas. Mas aún: como recordó Miquel Iceta, portavoz del Partido Socialista Charnego o PSC, el mismo día en que la sentencia se hizo pública, “el PSOE es el padre del Estatut”.
Ahora se rasgan las vestiduras y mandan a sus plañideras a llorar por la sentencia. Son una antología del fariseísmo. Escuchar al cordobés Montilla, en su catalán gangoso, hablar de la nación ofendida (la historia de la Cataluña conversa es la que va de los "humillados y ofendidos" del poema de Vázquez Montalbán a estos montillas y chacones de hoy) es de lo más vomitivo a que hemos asistido en los últimos milenios. Las sanguijuelas son más decentes. Ríen por dentro y saben que han obtenido cuanto buscaban: un régimen de práctica impunidad en el que podrán mantener sus prebendas, sus redes de corrupción y mafias identitarias, fuera del control democrático de un Estado al que, como en Sicilia, han conseguido mantener a raya.
Y esa es la última y esencial de las diferencias: la de confirmar que en Cataluña la democracia no duró más que aquellos años prodigiosos de la Transición, justo hasta que el nazionalismo se alzó al poder y comenzó la construcción de su Régimen. Porque la democracia y el nazionalismo son incompatibles. El catalanismo consiste en el uso de unas determinadas adscripciones políticas, sentimentales y lingüísticas para conformar un grupo dominante y someter al resto.
Y esa es la Cataluña a la que el social-comunismo ha contribuido, converso y traidor, en primera línea de la infamia: aquella en la que el núcleo formado por la burguesía de sangre, negoci y lengua, y los capataces de sus fábricas, ascendidos a los cargos públicos, pero nunca al verdadero poder, controlan férreamente esa “realidad nacional” refrendada sólo por el 35% de la población. La parte que ocupa y usufructúa la nazión y que, al votar el Estatut, no votaban una ley: se votaban a sí mismos.
España está ahí
Cristina Losada Libertad Digital 9 Julio 2010
Fugaces banderas de España
Roberto Blanco Valdés La Voz 9 Julio 2010
El espectáculo de calles, bares y balcones adornados con banderas de España, que el miércoles pudo verse por doquier, sería normal si no resultase, de puro extraño, excepcional. Cuando digo «normal» no me refiero a que la cosa me guste o me disguste. No hablo de eso: digo normal como sinónimo de algo habitual. Las banderas habrán ondeado también en Alemania, el propio miércoles y, durante los días anteriores, en los pueblos y ciudades de las naciones que han participado en el Mundial.
¿Por qué extrañarse? Es sencillo: porque España debe ser uno de los pocos países en el mundo en el que, por razones dignas de un profundo psicoanálisis social, millones de personas tienen vergüenza de hacer ondear la bandera común en esas ocasiones en que se hace ondear en casi todos los lugares del planeta. A tal punto ha llegado la cosa, que es ya frecuente que en fiestas, manifestaciones o reuniones, la bandera que ondee, junto a la correspondiente regional, sea la enseña de la Segunda República española. Salvo en los actos a los que asiste gente muy conservadora, la bandera española sale de paseo cuando hay fútbol y duerme después hasta la próxima competición o campeonato.
Aunque he de reconocerles que no es que el asunto me produzca una gran preocupación, habrán de convenir ustedes conmigo sin esfuerzo en que resulta extraño que, con el fútbol, ocurra en España lo que en casi todo el mundo (que se inflaman los sentimientos nacionales), pero que tal cosa, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, solo acontezca con el fútbol.
Aunque para tan singular fenómeno hay explicaciones diferentes (algunas incluso complementarias entre sí) creo que una debe tener mucho que ver en ese contraste tan llamativo y persistente: la corrección política que ha logrado imponerse entre nuestra ciudadanía tras muchos años dando la matraca indentitarista regional. Una corrección por virtud de la cual millones de personas han comprado la estúpida mercancía de que la bandera constitucional, que nació mucho antes del franquismo (en 1785) y lleva más de tres décadas siendo uno de los símbolos de la actual España democrática y descentralizada, resulta cosa de los carcas, cuando no de los fascistas.
Esa presión -que quizá explica, por ejemplo, que en la vivienda oficial del presidente de la Xunta no haya ondeado nunca la bandera española, junto con la gallega, como manda la legislación vigente- solo estalla cuando el fútbol pone el país patas arriba. Entonces mucha gente pierde el miedo al que dirán y en los puestos de la calle, donde habitualmente se venden banderas palestinas, retratos de Che Guevara y carteles de Bob Marley, puede uno encontrar, entre estupefacto y divertido, banderas rojas y amarillas.
La mani del pesebre nacional
Antonio Robles Libertad Digital 9 Julio 2010
La riña por definir la cabecera de la mani contra el Tribunal Constitucional ha desatado todos los demonios engendrados y cebados por el catalanismo en los últimos treinta años. Y la disputa por hacerse con las mejores dentelladas a la cosa nacional deja al descubierto la naturaleza excluyente de una casta de políticos que se empeñan en reducir Cataluña a su ideología nacionalista.
El lema de la manifestación –"Som una nació. Nosaltres decidim"– hace treinta años era sólo la aspiración del catalanismo más resentido y reaccionario de grupos residuales sin representación parlamentaria. Òmnium Cultural, la asociación nodriza de ese catalanismo integrista, es hoy quien impone el lema y organiza la manifestación. Por encima incluso del presidente de la Generalitat, José Montilla.
Resulta esperpéntico que sindicatos de clase como CCOO o UGT y partidos políticos diametralmente contrarios en su naturaleza y origen al nacionalismo, como el PSC, hayan ido resbalándose por el lodo del nacionalismo romántico más reaccionario hasta llegar a este sábado del 2010 convertidos en monigotes de su hoja de ruta. Sin sentido del ridículo, se disputan la cabecera de la manifestación. El presidente Montilla quiere una senyera enorme para presidirla. Pretende huir del aquelarre independentista que su falta de escrúpulos políticos le llevó a abrazar para subirse al coche oficial a costa de las ilusiones e intereses de sus propios votantes. Ya es tarde: el retorno a la decencia es imposible. Sólo le resta negociar a cara de perro con su propia soga de ahorcado. Y convivir con todos los que habría de haber combatido. ERC ha dejado dicho por boca de varios de sus dirigentes que no acatarán la sentencia del TC; los soberanistas de CiU, con Mas a la cabeza, atizan el fuego del soberanismo desde plataformas encubiertas para inundar de banderas independentista la manifestación, el vicepresidente del gobierno catalán, Carod Rovira, propone desde su blog que "la pancarta que lleven los convocantes de la marcha pacífica debería ser bilingüe catalán-inglés" y los independentistas irredentos de los referéndum, como López Tena, le mandan al carajo.
Hoy parece que han llegado a un acuerdo en la sede de Òmnium para definir la cabecera de la manifestación. Todo un símbolo. Pero, por si acaso siguen sin ponerse de acuerdo con qué y quiénes han de encabezar la manifestación, yo les ofrezco desinteresadamente la solución definitiva. La idea atiende al interés y a la representación proporcional de los convocantes.
En la cabeza de la manifestación, todos los coches oficiales de los cargos institucionales, seguidos por cada uno de los pseudodelegados y pseudoembajadores de la proyección internacional de Vicepresidencia. Junto a ellos, y sin pelearse, todos los cargos de confianza y los miles de beneficiados por los informes externos otorgados a dedo por el gobierno de la Generalitat. En formación, inmediatamente detrás, los miles de comisarios lingüísticos, apóstoles de la inmigración, secretarias de expedientes y sanciones lingüísticas, ilusionistas de la cosa nacional, editorialistas y periodistas del régimen, etc. Sin separarse mucho, pero con una enorme senyera que les tape bien, todos los hipotéticos delincuentes que han desempeñado cargo público de relevancia, consorcios concertados con el presupuesto público y consejeros y hombres de confianza durante los gobiernos de Pujol y PSC, como Lluís Millet, Jordi Montull (caso Palau de la música), Lluís Prenafreta, (mano derecha de Pujol durante los años ochenta), Macià Alavedra (consejero en el gobierno de Jordi Pujol), Lluis García, el Luigi y el ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet etc., y si no hay suficiente tela, el mar de esteladas regaladas servirán igualmente. A continuación, los cientos de asociaciones subvencionadas por el negocio nacional. Para evitar que se codeen por ocupar un lugar más relevante en la foto histórica, Lluís Millet podría abandonar su posición bajo la bandera y convencerlas de la importancia de la unión para seguir haciendo país. Y a continuación, las delegaciones deportivas que hayan ganado alguna copa de América jugando con equipos africanos en Cataluña. Una nota de color es importante.
Y así, como diría Umbral, una última cosa. Como de lo que se trata es de evidenciar que en Cataluña no hay españoles y que el Tribunal Constitucional es un instrumento imperialista al servicio de España, les propongo la idea definitiva: ya que la Roja ha llegado a la final del mundial de fútbol y jugará sólo unas horas después de la manifestación, deberían retrasar la mani a las 20.30 del domingo haciéndola coincidir con el partido. De esta manera, la asistencia a la manifestación dejaría desiertos bares y pantallas gigantes. Madrid nos daría ipso facto la independencia. Y si no, es evidente que no nos quieren.
Símbolos nacionales catalanes
Humberto Vadillo Libertad Digital 9 Julio 2010
Este sábado Carod Rovira descansará de tanta bandera española como ondea en Cataluña y podrá solazarse en la contemplación de los dos auténticos símbolos nacionales catalanes: Montilla y Millet.
Y es que el sábado se celebra la manifestación "por la dignidad de Cataluña o aproximadamente" que es el momento en que toda la rauxa catalana va a plasmarse con furia almogávar por la Diagonal y ambos, Montilla y Millet estarán allí.
Montilla estará como presidente que es de la Generalidad y como presidente de la Generalidad exigirá de "Madrit" el máximo respeto a la soberana decisión de Cataluña, expresada inequívocamente en ese referendo en el que más de la mitad de los catalanes no se molestó en ir a votar. Ni una coma estaba autorizada a tocar el Tribunal Constitucional y se ha atrevido a limarle las uñas al monstruo jurídico y ponerle talco en las ingles. Poco más pero hasta ese poco es intolerable y al nacionalista un guisante centralista aun sobre doscientos colchones le impide dormir.
Pero si Montilla va, no irá su gemelo malvado, aquel que presentó 62 enmiendas contra el Estatuto, de mucho mayor calado que las aprobadas por el Tribunal de María Emilia. Y es que José-Josep Montilla, como San Agustín, es dos y está en cada uno por completo.
El escritor húngaro Frigyes Karinthy fue el primero en proponer la teoría de los seis grados de separación, según la cual todos los seres humanos estamos tan densamente interconectados que nunca estamos a más de seis grados de distancia unos de otros. Eso lo decía Frigyes porque era húngaro, si hubiera sido un buen catalán habría sabido que todos estamos a menos de tres grados de distancia de Félix Millet. Félix Millet es un tesoro nacional, un símbolo de esa Cataluña moderna, "urupea", "cosmoplita" y soñada. Y es que el bueno de Félix, conecta todos los vectores de la catalanidad.
Como ustedes saben, Félix Millet era el mandamás del Palau de la Música (catalana, por supuesto). Anda ahora en horas bajas por un quítame allá esos millones desaparecidos, o no tanto, pero seguro que no se pierde la manifestación; con él irán su mano derecha Jordi Montull, y la hija de éste, Gemma, que estaba emparejada con Enric Fernández. Si la primera era directora financiera del Palau, el segundo era auditor de la Generalidad. A match made in heaven. Millet y Montull, a través del escándalo de las recalificaciones de Olivia Hotels enlazan con el consejero de Economía Antonio Castells, con Inmaculada Turu, directora general de Patrimonio, con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Xavier Casas, con el concejal de Urbanismo Ramón García-Bragado, todos de obediencia PSC y con el líder de CiU en el ayuntamiento, Xavier Trias. En esta operación, el Orfeó (catalán, por supuesto) compraba unos locales a los hermanos de La Salle, estos locales se recalificaban por acuerdo de la Generalidad y el ayuntamiento y una vez convenientemente recalificados pasaban, por arte de birlibirloque y sin contraprestación alguna a Olivia Hotels para hacer en ellos, un hotel. Una bella coda es que el concejal de Distrito de Ciutat Vella, donde se encuentran Palau y locales era el mismo concejal al que después Jordi Hereu hizo dimitir para salvar el supuesto con ocasión del referendo de puchero sobre la Diagonal.
Por otra parte, Félix Millet se reunía casi mensualmente, casi como para rendir cuentas con el desaparecido Carles Torrent a la sazón responsable de finanzas de Convergencia Democrática de Cataluña y administrador de la Fundación Ramón Trias Fargas, que ahora lleva el mucho más moderno nombre de CatDem.
Don Félix, que es de natural agradecido, nunca dejó de valorar las gestiones que Josep Montilla (el gemelo bueno) realizó en su nombre para allegar fondos públicos al Palau. Un milloncete de euros de los Presupuestos Generales del Estado. En un sólo año.
Pero lo realmente hermoso y lo que convierte a Félix Millet en símbolo vivo, arteria palpitante, epicentro emocional de la Cataluña Nueva es saber que la manifestación del sábado la convoca Òmnium Cultural, la entidad pancatalanista que preside Muriel Casals, la que organizó la protesta contra el Ateneo de Barcelona por dejar hablar a Rosa Díez y comparó a esta con los nazi. Sí, hombre, la del compreu/no compreu que publicaba semanalmente listas de productos a boicotear por no estar etiquetados en catalán. Claro, la que ha recibido y recibe infinitas subvenciones públicas de Generalidad y ayuntamientos para promover entre otras cosas marchas anexionistas en el Sur de Francia y Valencia.
Y es que el padre de Félix Millet fue no otro que Félix Millet i Maristani, fundador del Orfeó (Catalá, cómo no) y director antes de la Guerra Civil del Periódico Oficial de Unió, los primos bautizados de Convergencia. Nada más estallar la Guerra salió a comprar tabaco y no paró hasta llegar a Burgos. A ponerse a las órdenes de Franco. Y cuando acabó la guerra presidió el Consejo del Banco Popular, y fundó (redoble de tambores) el Òmnium Cultural. Otro que era dos y estaba en ambos completamente o Cataluña, donde la esquizofrenia es arte (y parné).
Una última reflexión: cuando el sábado vea usted imágenes de la manifestación de Barcelona en las noticias recuerde que el 98% de las personas que allí ve tienen cargo público o esperan alcanzarlo en las próximas elecciones y entre tanto viven de la subvención. De nuestro dinero, en definitiva. Quítese al nacionalismo subvenciones, canonjías y sinecuras y quedan en España tres nacionalistas catalanes: Zapatero, Sistach y uno de los dos gemelos Montilla. No estoy seguro de cuál.
La Xunta invertirá 51 millones para que 40.000 escolares dominen el inglés
Madrid - La Razón 9 Julio 2010
El Gobierno gallego invertirá, hasta 2013, más de 51 millones para lograr que, cuando finalice la legislatura, 40.000 escolares de Primaria y ESO hayan mejorado sus competencias lingüísticas al cursar en lengua extranjera, «sobre todo en inglés», alguna asignatura más que la materia específica de idioma.
Así lo anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, quienes se han marcado el reto de poner en marcha en los próximos cuatro años 160 centros plurilingües y 1.800 secciones bilingües en la comunidad gallega, en el marco del «Plan Galego de Potenciación das Linguas Extranxeiras». «Intentaremos lograr una educación completa y competitiva», garantizó el máximo mandatario autonómico, antes de proclamar que «el multilingüismo» es la respuesta para que cualquier niño gallego «pueda moverse en un mundo global», principio con el que ha coincidido el responsable de Educación de la Xunta.
El plan que recibió ayer el visto bueno del Consello supondrá incrementar en casi 29.000 el número de alumnos que habrán estudiado materias no lingüísticas en inglés –en centros plurilingües y secciones bilingües–, con respecto de los que lo hacían en el curso 2008-2009.
Según Feijóo y Vázquez, el alumnado adquirirá las competencias necesarias en los 160 primeros centros plurilingües que se van a crear y en las 1.800 secciones bilingües con los que contarán los centros de aquí a 2013, con lo que se incrementa «en un 150%» las que existían al inicio de la legislatura.
Según indicaron, en estos centros plurilingües se impartirá en inglés un tercio de las asignaturas, respetando las materias lingüísticas y el decreto del plurilingüismo en la enseñanza. «Podría haber matemáticas en inglés», si bien, los alumnos podrán formular sus dudas en el idioma que decidan.
Paramount Pictures anuncia que no habrá películas en 3D dobladas al catalán
Los cines que emiten en ese formato solo pueden proyectar 'Shrek 4' en castellano 'por razones económicas'
www.lavozlibre.es 9 Julio 2010
Madrid.- La Ley del Cine catalán, aprobada por el Parlament y por la que se obliga a doblar al catalán el 50% de las copias de películas, no ha comenzado con buen pie. Unos días después de aprobarse, la productora Paramount Pictures ha distribuido la nueva película de 'Shrek 4' en catalán únicamente en sistema analógico.
Preguntada por las causas de esta decisión, la productora responde que no pueden proyectarse estas películas en este formato en catalán “por razones económicas y comerciales”. La idea inicial era poder ofrecer en lengua catalana la película tanto en 2D como en 3D. Incluso, afirma que el formato analógico es “con el que sacamos más rédito a las pantallas”, en tanto en cuanto Cataluña cuenta con 61 salas de cine en 3D frente a las 729 en analógico y una en 2D. De esta manera, la película podría estar más tiempo en cartelera en catalán. Ya que si la emitieran en tres dimensiones, apenas duraría por la inminente llegada de 'Toy Story 3'.
La reacción de la Generalitat ha llegado a través de Bernat Joan, secretario de Política Lingüística, que ha calificado la actitud de Paramount de “bastante cobarde”. Asegura que las negociaciones con la empresa americana se iniciaron hace meses y habían llegado a un acuerdo para que la película se proyectara en 3D en catalán.
La Ley del Cine aprobada ya fijó multas de hasta 75.000 euros a todas aquellas salas que no emitan, al menos, el 50% de las películas en catalán. Esto ha levantado mucha polvareda hasta el punto de que hace unos días, las principales patronales del sector avisaban que esta normativa conllevaría “una reducción ostensible” del número de películas distribuidas en Cataluña