Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/acuerdo-28-de-agosto-31-de-2017?documento=legcol&contexto=legcol_5d663c8a838e4c16a1d9e5d1486491ed&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-15 17:43:42
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Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 9', 'artículo 107', 'artículo 12', 'artículo 65', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 85', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6']

﻿ ACUERDO 28 DE AGOSTO 31 DE 2017
ACUERDO 28 DE 31 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. ESTABLECE UNAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE TERRENOS BALDÍOS QUE HAGAN PROCEDENTE SU ADJUDICACIÓN A TRAVÉS DE ESQUEMAS O CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE BALDÍOS QUE FACILITEN DICHA EXPLOTACIÓN EXIGIDA, CUANDO EL SUJETO DE REFORMA AGRARIA NO TENGA POSIBILIDADES DE DESARROLLARLA SOLO, Y DETERMINA EL EMPLEO DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR PREDIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADJUDICACIÓN DE BIEN PÚBLICO, TERRENO BALDÍO, ADJUDICACIÓN DE TERRENO BALDÍO, ADJUDICACIÓN DE BIEN INMUEBLE, AUDIENCIA PÚBLICA, UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TERRENO BALDÍO RURAL, CLASES DE TERRENO BALDÍO, CONTRATO DE EXPLOTACIÓN
ACUERDO 28 DE 2017
“Por el cual se fijan reglas especiales en cuanto a las extensiones y condiciones de adjudicación de baldíos”.
en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren el inciso 5º del artículo 65 de la Ley 160 de 1994, los numerales 1º y 16 del artículo 9º del Decreto 2363 de 7 de diciembre de 2015, y
Que el artículo 107 de la Ley 1753 de 2015 ordenó efectuar un ajuste institucional integral y en ese sentido crear una entidad responsable de la administración de las tierras como recurso para el desarrollo rural, de la política de acceso a tierras y la gestión de la seguridad jurídica para consolidar y proteger los derechos de propiedad en el campo.
Que mediante Decreto 2363 de 2015, se creó la Agencia Nacional de Tierras como máxima autoridad de las tierras de la Nación, para gestionar el acceso a ellas como factor productivo en condiciones de seguridad jurídica, promover su uso en cumplimiento de la función social la propiedad y administrar y disponer de los terrenos baldíos, entre otros.
Que el artículo 12 de la Ley 160 de 1994, establece las funciones del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, hoy Agencia Nacional de Tierras y consagra en su numeral 13 la de administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación y, en tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar en ellas programas de colonización, de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida la junta directiva.
Que adicional a que el artículo 65 de la Ley 160 de 1994, permite al consejo directivo imponer condiciones para que proceda la titulación del baldío en ciertas zonas, en armonía con los fines perseguidos en la ley, también faculta al Incora hoy Agencia Nacional de Tierras, para decretar la reversión si se incumplen las condiciones de la adjudicación, bien sea las generales fijadas en la ley, o las especiales determinadas por el consejo directivo.
Que el numeral 1º y 16 del artículo 9º del Decreto 2363 de 2013, le otorga al consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras, la función de orientar el funcionamiento general de la agencia y verificar el cumplimiento de los objetivos, planes y programas definidos y su conformidad con las políticas del sector agricultura y desarrollo rural, así como las demás que otorgue la ley y su reglamento, de acuerdo con su naturaleza.
Que el numeral 11 del artículo 4º del Decreto 2363 de 2015, consagra dentro de las funciones de la Agencia Nacional de Tierras la de administrar las tierras baldías de la Nación, adelantar los procesos generales y especiales de titulación y transferencia a las que haya lugar, delimitar y constituir reservas sobre estas, celebrar contratos para autorizar su aprovechamiento y regular su ocupación sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 5º y 6º del artículo 85 de la Ley 160 de 1994.
Que en el artículo 22 del citado decreto se asigna a la dirección de acceso a tierras de la Nación, la función de proponer al director general, en coordinación con la oficina jurídica y la dirección de gestión del ordenamiento social de la propiedad, criterios y lineamientos para la celebración de contratos de aprovechamiento de baldíos con particulares.
Que el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2016, concede facultades al Gobierno de la República para que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del citado acto legislativo, expida los decretos con fuerza de ley para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”.
Que acorde a lo anterior, se expidió el Decreto-Ley 902 de 29 de mayo de 2017, “por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral, contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.
Que el artículo 27 del Decreto 902 de 2017 contempló un régimen de transición en materia de titulación de baldíos de forma que las personas que iniciaron ocupaciones con anterioridad al 29 de mayo de 2017, tienen derecho a que se les aplique en su integridad las disposiciones de la Ley 160 de 1994 para efectos de la adjudicación.
Que conforme a lo establecido en su artículo 1º la Ley 160 de 1994 tiene por objeto dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional, como también, fomentar la adecuada explotación y la utilización social de las aguas y de las tierras rurales aptas para la explotación silvoagropecuaria, y de las tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas, mediante programas que provean su distribución ordenada y su racional utilización.
Que conforme a la experiencia institucional y al estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación, “Evaluación de operaciones y resultados al instrumento de titulación de baldíos a familias campesinas en el periodo comprendido entre 1995 y 2013” Proyectamos Colombia 2015, existe demostración técnica y cifras que permiten evidenciar que apenas el 43,8% de los adjudicatarios explotaba el inmueble al momento de la encuesta y apenas un 49% lo hacía antes de la titulación.
Que la no explotación o explotación económica deficiente de los terrenos baldíos, no debe dar lugar a su adjudicación mientras no se corrija tal situación, pues de lo contrario persistirán las condiciones de pobreza de la familia campesina y el otorgamiento de la propiedad no cumplirá con las finalidades de mejora en las condiciones de vida que persigue la Ley 160 de 1994.
Que ante el escenario anteriormente expuesto, es deber del Estado adelantar acciones en procura de que la población campesina que se encuentre ocupando terrenos baldíos en esas condiciones inadecuadas, adelante explotaciones económicas acordes a la aptitud del suelo, de forma eficiente y organizada que les permita percibir ingresos que aporten a la mejoría en sus condiciones de vida.
Que conforme al artículo 38 de la Constitución Política es deber del Estado garantizar el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
Que en virtud de lo señalado se hace necesario expedir el presente acuerdo para fijar unas condiciones de explotación económica de terrenos baldíos que permitan su posterior adjudicación en óptimas condiciones, como también determinar el empleo de la unidad agrícola familiar predial.
ART. 1º—Objeto. Establecer unas condiciones de explotación económica de terrenos baldíos que hagan procedente su adjudicación a través de esquemas o contratos de explotación de baldíos que faciliten dicha explotación exigida, cuando el sujeto de reforma agraria no tenga posibilidades de desarrollarla solo.
También tiene por objeto fijar reglas especiales en cuanto a la extensión de la unidad agrícola familiar aplicables a los sujetos de reforma agraria que se acojan a lo dispuesto en el presente acuerdo.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. El presente acuerdo aplica a todos los terrenos baldíos adjudicables.
Condiciones para acceder a los contratos de aprovechamiento
ART. 3º—Condiciones de los beneficiarios de contratos de aprovechamiento. Para efectos del presente acuerdo, se entenderán como beneficiarios de contratos de aprovechamiento las personas incluidas en el RESO que tengan la calidad de sujetos de reforma agraria conforme al artículo 24 de la Ley 160 de 1994, cumplan con las condiciones subjetivas para lograr la titulación conforme a dicha ley, y no tengan capacidad económica para la implementación de un proyecto productivo. Los beneficiarios de los contratos de aprovechamiento serán destinatarios de las obligaciones y condiciones establecidas en el presente acuerdo.
PAR.—En caso de existir ocupación previa de los predios, se verificarán las siguientes condiciones.
a) Se encuentren ocupando los terrenos baldíos sin adelantar ninguna clase de explotación económica.
b) Se encuentren adelantando una explotación económica en una porción inferior a las dos terceras partes del inmueble.
c) Se encuentren ocupando y explotando terrenos baldíos en actividades no acordes con la vocación del suelo e insostenibles desde el punto de vista ambiental, social y económico
ART. 4º—Identificación de las circunstancias de ocupación previa. Las circunstancias previstas en el artículo 3º del presente acuerdo, podrán ser identificadas:
1. Cuando se haya practicado la inspección ocular de que trata los artículos 2.14.10.5.7 y 2.14.10.5.8 del capítulo 5 del título 10 del Decreto 1071 de 2015 en el marco de una solicitud de titulación de baldío.
2. Cuando sin existir solicitud de titulación ni haber iniciado formalmente un proceso de adjudicación, la Agencia Nacional de Tierras tenga conocimiento de este tipo de ocupaciones, en desarrollo de cualquier actividad misional.
ART. 5º—Unidad agrícola familiar predial. Para efectos de la explotación y adjudicación de terrenos baldíos de que trata el presente acuerdo, no se tendrá en cuenta la unidad agrícola familiar contemplada en el Acuerdo 08 de 2016 expedido por el consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras, que asumió las disposiciones del Acuerdo 041 de 1996 expedido por la junta directiva del Incora, en su lugar, la superficie de la unidad agrícola familiar se establecerá con cálculos específicos a nivel predial, sustentados en el proyecto productivo elaborado para cada predio en particular.
ART. 6º—Obligaciones de explotación de la tierra. Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el parágrafo del artículo 3º del presente acuerdo, deberán iniciar una explotación económica, adelantar un plan gradual de reconversión, o aplicar mecanismos que tecnifiquen e incrementen su producción, según corresponda teniendo en cuenta los siguientes elementos:
a) La explotación económica debe recaer como mínimo sobre las dos terceras partes de la superficie ocupada y recaer sobre actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas o forestales, que sean coherentes con los usos del suelo establecidos en el respectivo plan de ordenamiento territorial, POT, plan básico de ordenamiento territorial, PBOT, o esquema básico de ordenamiento territorial, EOT, y regido por las determinantes ambientales que expida la autoridad ambiental competente.
b) La explotación económica debe hacerse manteniendo la aptitud de los suelos, acorde a las determinantes ambientales fijadas por la autoridad ambiental competente y evitando procesos de deforestación.
La Agencia Nacional de Tierras tendrá especial cuidado en determinar que la explotación de las dos terceras partes del inmueble solicitado en adjudicación, no se haya realizado deforestando o adelantando conductas que atenten contra el medio ambiente, caso en el cual se abstendrá de su adjudicación.
Aspectos relevantes para acceder al contrato de aprovechamiento
ART. 7º—Ausencia de capacidad económica. Cuando los interesados a los que se refiere el artículo 3º del presente acuerdo, no estén en la capacidad económica o no tengan los medios para lograr y sostener una explotación económica del baldío, podrán asociarse con personas naturales o jurídicas, que para efectos del presente acuerdo se denominará “socio”, sin importar si estas últimas son sujetos de reforma agraria.
ART. 8º—Solicitud de los interesados, sujetos de acceso a tierras. Para tal efecto, deberán solicitar por cualquier medio a la Agencia Nacional de Tierras, que identifique un posible socio y funja como intermediario para acercar a las partes, lograr acuerdos, generar confianza y suscribir contratos de explotación de baldíos que comprometan a los socios a apoyar y financiar proyectos productivos rentables que tengan como presupuesto la explotación económica por parte del sujeto de reforma agraria, exigida en el presente acuerdo.
ART. 9º—Posibilidad de no acceder a un contrato de aprovechamiento. El sujeto de reforma agraria que cumpla con las condiciones para la adjudicación sin que requiera el impulso económico y técnico de un contrato de aprovechamiento, podrá manifestar a la Agencia Nacional de Tierras su intención de no acogerse a este tipo de figuras.
Requisitos y prohibiciones de los socios
ART. 10.—Requisitos de los socios. Las personas jurídicas que pretendan asociarse con, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Acreditar su existencia y representación legal mediante documento idóneo y actualizado expedido por autoridad competente.
b) Su objeto social debe estar relacionado con el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y/o acuícolas, de promoción de la economía campesina propia, seguridad alimentaria, agricultura familiar, formación y fortalecimiento de organizaciones campesinas en gestión, producción, transformación, conservación, mercadeo y/o comercialización de los productos agropecuarios, pesqueros, forestales y de desarrollo rural.
c) No estar incursa en causales de disolución y liquidación.
d) Tener como mínimo tres (3) años de constitución inmediatamente anterior a la fecha de suscripción del contrato de explotación del baldío.
e) La asociación y su representante legal, no pueden estar inmersos en causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme a los certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales actualizados que expida la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República respectivamente.
f) El representante legal de la asociación no debe estar requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa de la libertad intramural impuesta mediante sentencia condenatoria en firme.
g) El representante legal debe estar autorizado por la junta directiva o el órgano social correspondiente, para la presentación y manejo de los recursos de la propuesta.
h) El representante legal no debe haber sido adjudicatario de un predio y haberlo vendido sin autorización de la entidad o haber sido beneficiado de otro programa similar del Estado en los últimos 5 años o haber renunciado a él.
La carga de la prueba de la concurrencia de los requisitos exigidos en el presente artículo, corresponderá a la persona jurídica interesada en la asociación.
ART. 11.—Prohibiciones de los socios. No podrán asociarse para la explotación de un terreno baldío, las personas naturales que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones:
a) Ser requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa de la libertad intramural impuesta mediante sentencia condenatoria en firme.
b) Haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías. En todo caso, si el ocupante restituyera voluntariamente las áreas por él ocupadas sin que sea necesaria la intervención policiva se entenderá superada la prohibición y podrá asociarse con sujetos de reforma agraria.
c) Ser servidor público.
d) Tener antecedentes penales por la comisión de delitos contra el patrimonio del Estado, delitos relacionados con narcotráfico, o haber pertenecido a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido objeto de amnistía o logrado acuerdos de paz con el Gobierno Nacional.
Contrato de aprovechamiento
ART. 12.—Contrato de explotación de baldíos. Cuando los sujetos de reforma agraria, una vez surtida la fase de intermediación y acercamiento por parte de la Agencia Nacional de Tierras, hayan manifestado su intención de obtener el apoyo de un socio para procurar la explotación económica exigida y el desarrollo de un proyecto productivo, formalizarán tal intención a través de un contrato de explotación de baldío, el cual será suscrito con la Agencia Nacional de Tierras y el respectivo socio.
El socio suscribirá el contrato sin que se entienda que explota el baldío, pues dicha explotación corresponde únicamente al sujeto de reforma agraria que es financiado y apoyado este para cumplir las condiciones que le permitan obtener su adjudicación, beneficiándose ambos de las utilidades del proyecto.
Adicional a los elementos de todo contrato como la identificación de las partes, el objeto, las obligaciones, las causales de terminación o cláusulas de incumplimiento, el contrato establecerá:
a) El proyecto productivo concertado y aprobado, en el cual se incluirán: i) plazos de gracia en la distribución de las utilidades mientras el proyecto arroja los primeros resultados, calculados en razón al tipo de proyecto realizado; ii) La delimitación precisa de las contribuciones de capital y en especie. iii) La repartición porcentual de las ganancias.
b) La constancia de que los socios, además de no poder ser adjudicatarios del baldío, tampoco podrán ser propietarios de las tierras objeto del proyecto con posterioridad a la adjudicación a sujetos de reforma agraria, por un periodo igual al de duración del respectivo contrato y siete (7) años posteriores a su terminación.
c) El plazo del contrato que será fijado por las partes en atención al tipo de proyecto productivo que se vaya a ejecutar, y cuya duración podrá exceder el periodo necesario para que el sujeto de reforma agraria logre la adjudicación.
d) La cláusula de caducidad administrativa en caso de que alguna de las partes incumpla las obligaciones derivadas del contrato para con la Agencia Nacional de Tierras.
e) La obligación de atender las determinantes ambientales dadas por las autoridades ambientales.
f) La obligación de los socios de establecer pólizas de cumplimiento.
ART. 13.—Fases del contrato de aprovechamiento. Dependiendo del plazo estipulado en atención al tipo de proyecto productivo acordado por las partes, los contratos de explotación de baldíos no solamente contemplarán la fase de explotación previa a la adjudicación en propiedad a favor del sujeto de reforma agraria, y como presupuesto para poder lograrla, sino también podrán contemplar una fase posterior a la adjudicación.
PAR.—Una vez lograda la adjudicación, la Agencia Nacional de Tierras dejará de ser parte del contrato no obstante, conservará la facultad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales generadas como consecuencia de la adjudicación, y en tal sentido, aplicar la caducidad administrativa en caso de incumplimiento y hacer efectiva la póliza si a ello hubiere lugar.
ART. 14.—Caducidad administrativa. El incumplimiento de las obligaciones previstas en contrato de explotación de baldíos, faculta a la ANT para declarar la caducidad administrativa.
El acto administrativo que declara la caducidad de la adjudicación deberá ser expedido y notificado dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia del hecho u omisión que la genera.
ART. 16.(sic)—Procedimiento de la caducidad administrativa. La caducidad será decretada por la ANT, previa comprobación de la causal respectiva, para lo cual se ordenará la práctica de las diligencias pertinentes.
La resolución que inicie el procedimiento será notificada al sujeto de reforma agraria, el socio o su apoderado según proceda y se le dará traslado del expediente por el término de tres días.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación y traslado del expediente, el interesado podrá interponer el recurso de reposición contra la providencia y solicitar la práctica de pruebas, las cuales se ordenarán y practicarán dentro de los cinco días siguientes, si fueren conducentes y pertinentes.
Culminado el término probatorio, se someterán las diligencias el examen y decisión final que deberá ser emitida dentro de los tres días siguientes al recibo del expediente, decretando la caducidad u ordenando el archivo del expediente, según el caso.
Inscrita la providencia que decrete la caducidad, su dominio vuelve ipso jure al dominio de la Nación.
ART. 17.—Incorporación de nuevo socio en caso de caducidad administrativa. Cuando se decrete la caducidad administrativa, la Agencia Nacional de Tierras intermediará para que ingrese al aprovechamiento un nuevo sujeto de reforma agraria o un nuevo socio, dependiendo de la parte que haya incumplido.
ART. 18.—Actividades a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Conforme a lo dispuesto en el presente acuerdo, la Agencia Nacional de Tierras desarrollará las siguientes actividades:
1. Identificar las circunstancias de ocupación, inexplotación o explotación inadecuada de que trata el parágrafo del artículo 3º del presente acuerdo.
2. Socializar a la población sujeta de reforma agraria que se encuentre en las circunstancias señaladas en el parágrafo del artículo 3º, la forma en que este instrumento le permite lograr la adjudicación del baldío y mejorar su calidad de vida.
3. Buscar e identificar en las regiones los posibles socios para los sujetos de reforma agraria y socializarles los beneficios que pueden obtener de la sociedad.
4. Fungir como intermediario y/o mediador propiciando acercamientos entre las partes con el fin de lograr acuerdos para la suscripción de contratos de aprovechamiento de baldíos.
5. Elaborar y suscribir contratos de aprovechamiento de baldíos, requiriendo a las partes para el cumplimiento de todos los requisitos propios de la gestión contractual.
6. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato y velar porque se respeten las condiciones de asociatividad asumidas por las partes.
7. Adjudicar el terreno baldío a los sujetos de reforma agraria cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 6º del presente acuerdo.
8. En caso de ser necesario, decretar la caducidad administrativa, hacer efectiva la póliza u orientará al sujeto de reforma agraria, en caso de presentarse alguna controversia.
9. Socializar y hacer pedagogía con los eventuales beneficiarios, sobre las implicaciones jurídicas y posibles riesgos de la suscripción del contrato de aprovechamiento, como de las responsabilidades de las partes y el rol de la Agencia Nacional de Tierras.
Teniendo en cuenta que la suscripción de los contratos de aprovechamiento dependen completamente de la autonomía y voluntad del sujeto de reforma agraria y el socio, las controversias y conflictos que surjan con ocasión de la fase precontractual, suscripción y ejecución del contrato de aprovechamiento por circunstancias ajenas a la actividad misional de la Agencia Nacional de Tierras en su rol de administradora del baldío otorgado en aprovechamiento, no serán atribuibles a la entidad y serán resueltas por las mismas partes bien sea utilizando los mecanismos alternativos de solución de conflictos o en sede judicial.
ART. 19.—Prohibición de suscripción de contratos en caso de conflictos. No se podrán suscribir contratos de explotación de baldíos sobre inmuebles que hayan sido demandados en restitución conforme a la Ley 1448 de 2011, ni inmuebles en los que existan litigios pendientes de resolución hasta que los mismos no sean resueltos.
ART. 20.—Apertura de folios de matrícula inmobiliaria. Previo a la suscripción del contrato de aprovechamiento de baldíos se dará apertura a un folio de matrícula inmobiliaria en caso de que el inmueble aún no lo tenga, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1858 de 2015.
ART. 21.—Suscripción de contratos de aprovechamiento para efectos de publicidad. Cuando la Agencia Nacional de Tierras identifique ocupantes que no requieran el apoyo de un socio para lograr la explotación económica exigida en la Ley 160 de 1994 y el presente acuerdo, pero que aún no hayan cumplido los 5 (cinco) años mínimos requeridos para poder solicitar la adjudicación, podrán también si a bien lo tienen, suscribir contratos de aprovechamiento con la entidad para de esa manera lograr publicidad frente a terceros, hacer constar la existencia de su ocupación y explotación, el tiempo restante para cumplir los 5 (cinco) años y facilitar a la agencia desde un punto de vista probatorio, las futuras diligencias a realizar para efectos de la adjudicación.
ART. 22.—Disposiciones supletorias. Lo no regulado expresamente en el presente acuerdo ni en las normas vigentes del Decreto 1071 de 2015, se someterá a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.
ART. 23.—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.