Source: https://sinmordaza.org/periodismo/
Timestamp: 2018-09-24 14:23:48
Document Index: 390598485

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 103', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 304']

Periodismo - Un Mundo Sin Mordaza
page-template-default,page,page-id-2073,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Para ejercer de manera democrática y válida el derecho al voto hay que saber que este cuenta con ciertas características:
Es libre, es decir no está sujeto a presión alguna, intimidación o coacción.
Es secreto. Nadie puede saber por quién decidiste votar.
Es electivo y participativo, es decir, los ciudadanos influyen en las decisiones públicas que se sometan a su consideración.
Es universal. Es patrimonio de todos.
“El derecho a la verdad es una forma de reparación para las víctimas, un instrumento para que las autoridades rindan cuentas y un mecanismo de reconciliación entre sociedad e instituciones”
Si estás interesado en conocer más acerca de este derecho, te invitamos a leer el artículo
DERECHO A SER JUZGADO POR UN TRIBUNAL INDEPENDIENTE E IMPARCIAL
Toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley para que se determinen sus derechos y obligaciones o se examine cualquier acusación contra ella en material penal.
El derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es tan fundamental que el Comité de Derechos Humanos ha declarado que es “un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna.
Este derecho no solo debe garantizar que se hace justicia, sino que así se haga. La persona tiene derecho a defenderse de los cargos que se le imputan ante un tribunal de justicia que le otorgue plenas garantías de igualdad e independencia.
El artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; por tanto, nadie puede ser sometido a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo a las personas que se encuentren privadas de libertad, las cuales deberán ser tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La integridad personal abarca tres aspectos del ser humano, el físico, psíquico y moral. Este derecho no resulta como excusa para que el protegido sea un presunto responsable de actos delictivos.
Según Infobae más de 30 organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras solicitaron al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que solicite a las autoridades nacionales a garantizar el derecho a la integridad personal, a la vida, a la libertad de expresión y al debido proceso, entre otros. Las cárceles venezolanas son un escenario claro de como la dignidad personal no es respetada. No obstante de las condiciones precarias en las que estas se encuentran, las personas privadas de libertad sufren a diario las violaciones cometidas y como los derechos humanos son quebrantados diariamente.
Lilian Tintori, esposa del mayor preso político, denunció el proceso ofensivo por el que tuvo que pasar como protocolo de seguridad del penal Ramo Verde. En todo país se deben evitar los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El llamado es para el régimen venezolano a que respeten los derechos de las personas.
El derecho a la salud, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es “un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”, con él se le debe garantizar al ciudadano la posibilidad de contar con la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Tras 20 años de considerarse erradicada reaparece la difteria en Venezuela y debido a la escasez de medicamentos ya ha cobrado más de 5 vidas desde su identificación; El Colegio de Médicos del estado Anzoátegui denunció este lunes que 20% de la población de la entidad padece escabiosiss (sarna); cada semana en Venezuela mueren entre 5 y 6 niños por desnutrición, según afirma Cáritas.
Entonces, ¿El Gobierno de Nicolás Maduro garantiza el derecho a la salud?
El derecho a la educación y a la formación profesional constituye un derecho humano fundamental protegido en la declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En su artículo 103 se establece como una obligación del Estado el garantizar el derecho a una educación “integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.
La educación permite también transmitir principios comunes a las nuevas generaciones, conservando y perpetuando, así, los valores de toda una sociedad.
LIBERTAD DE CÁTEDRA Y ENSEÑANZA
El derecho a la libertad de cátedra nace como una exigencia jurídica para impedir que los gobernantes infieran o afecten con una sola línea de pensamiento lo que los profesores, maestros o académicos enseñan en sus aulas de clases.
Este derecho faculta a los académicos para investigar, enseñar y publicar sobre cualquier tema que posea un interés profesional, sin riesgos, amenazas o sanción alguna y también para realizar investigaciones con la finalidad de que los estudiantes aprendan y comprendan la búsqueda de la verdad.
Actualmente, las comunidades académicas son un frecuente blanco de represión debido a la posibilidad que tienen de manejar y controlar el flujo de información debido a que cuando intentan comunicar ideas o hechos que son inconvenientes a grupos políticos externos o autoridades, puede convertirlos en el blanco de un ataque público, hacerlos perder sus trabajos, libertad, y hasta su vida.
La libertad de cátedra resulta imprescindible para el desarrollo económico y social de la nación siendo un derecho relativo a las necesidades y el respeto a las libertades personales y académicas.
La igualdad de los ciudadanos ante la ley es un principio esencial cuyo cumplimiento debe ser por parte de todos los órganos del Estado. Este derecho no sólo está establecido en el Artículo 2 de la Carta Magna de los Derechos Humanos, sino también en los Artículos 7 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El Artículo 2 de la Carta Magna de los Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Según el periódico El Impulso, varios son los casos de abuso de poder y de incumplimiento de este decreto como lo fue el de la Doctora Afiuni, el cierre de transmisión de CNE, Globovisión, 353 presos políticos y un sinfín de actos que van en contra de lo establecido en la ley. El llamado es para el régimen venezolano a que cumplan y no infrinjan este derecho que le pertenece a todos los ciudadanos.
Libertad académica es libertad de expresión, de asociación, de difusión de información, de pensamiento e investigación, calidad de la educación superior, autonomía universitaria, y está relacionada con el derecho a la educación, el cual los Estados están obligados a garantizarlo.
El principio de libertad académica está relacionado con el derecho a recibir educación, permitiéndole al individuo aprendizaje de conocimientos, desarrollo personal y profesional, haciendo de esta manera efectivos otros derechos humanos: alcanzar un nivel de vida adecuado, incrementar su participación ciudadana, o mejorar la salud.
También comporta la obligación de cada miembro de la profesión académica a la excelencia, a la innovación y al avance de las fronteras del conocimiento a través de la investigación y la difusión de sus resultados por medio de la enseñanza y las publicaciones.
Las obligaciones del Estado, siguiendo la Declaración de Lima 1988, son: respetar y garantizar todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos en los Pactos de Naciones Unidas de Derechos Humanos a todos los miembros.
Además, debe abstenerse de interferir en la autonomía de las instituciones de enseñanza superior y evitar las que pueden ejercer otras fuerzas sociales; tomar medidas positivas para garantizar la igualdad de acceso de estudiantes, así como la estabilidad y seguridad de profesores e investigadores en sus empleos.
Fuente: Aula Abierta
La Ley del Ejercicio del Periodismo establecida en la legislación venezolana, aprobada en la Gaceta Oficial Nro. 4.883, establece en su artículo 5 que la población tiene derecho a estar informado de una forma veraz e íntegra, así como el derecho de los periodistas para el libre acceso a las fuentes informativas, para salvaguardar la libertad de expresión, contribuir y mantener una objetiva política comunicacional en Venezuela.
De acuerdo al informe presentado en Abril de 2017 por la Asociación Civil “Espacio Público”, en Venezuela el poder de las instituciones estatales impide la cobertura y acceso a las cifras oficiales en temas críticos como alimentación, salud, economía y seguridad personal porque son temas de alta sensibilidad para la opinión pública y que deterioran la imagen pública del gobierno.
Las estadísticas presentadas en el mismo informe, señalan que durante la cobertura de las fuertes protestas contra el gobierno que se realizaron durante los primeros meses del 2017 en casi todo el territorio nacional, un significativo número de periodistas fueron objeto de agresiones físicas, detenciones arbitrarias, impedimento en la cobertura de sucesos y confiscación de equipos. Asimismo, varios corresponsales internacionales fueron expulsados del país para impedir la cobertura y divulgación de los sucesos y algunos canales de noticias internacionales que se transmitían por cable operadores fueron suspendidos.
Todas estas acciones representan una violación al libre derecho a la información y a la libertad de expresión. Para ampliar y fortalecer la democracia en Venezuela es fundamental la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación en la promoción y defensa del derecho que tienen los ciudadanos a las fuentes de información sin censura ni restricciones.
EL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO
El derecho al agua y saneamiento es primordial y genera obligaciones como cualquier otro derecho humano. Aunque no aparezca expresamente en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, este debe ser respetado, protegido y garantizado por parte del Estado. Sin embargo, en su artículo 304 señala: “Todas las aguas son bienes de dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio”.
La directora de Ecología y Ambiente del estado Miranda, Evelyn Pallotta, destacó que Venezuela está entre los diez países con mayores reservas de agua en el mundo. “Esto significa que no es un tema de recursos sino de una gestión inadecuada. Tener acceso al agua no es montar tuberías, sino hacer que sea un servicio continuo, seguro y con calidad confiable” asegura Evelyn. Son numerosos los casos y quejas por falta de este recurso y de saneamiento en el país por lo que se le hace un llamado al régimen venezolano a que garanticen un servicio de agua continuo, seguro y de calidad.
https://entorno-empresarial.com/el-dramatico-problema-del-…/
#PeriodismoSM #DerechoAlAguaYSaneamiento #DDHH
Según La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho a la vida es inviolable y es el Estado quien tiene el deber de proteger este derecho. Sin embargo, durante 18 años de gobierno y 25 intentos fallidos de programas de seguridad llevados a cabo por los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, han fallecido 152.521 venezolanos en manos de la violencia y más de 75% de estos casos no han recibido justicia.
En el 2017, al menos 20 menores de edad fueron asesinados en Venezuela solo durante las protestas contra el régimen de Maduro desde el 1 de abril hasta el 13 de agosto, con edades comprendidas entre 13 y 17 años. La mayoría dados de baja por impacto de proyectiles.
El derecho a la vida y a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que le afecta forman parte de los derechos fundamentales de los niños, menores y la juventud.
Desde el 2013, la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes se ha ido incrementando, de 4133 casos registrados a 9807 casos en el año 2016, es decir un 52 %. De 9807 casos el 49, 27 % son por violencia social. La violencia social afecta principalmente a adolescentes varones. De una muestra de 408 casos, 248 adolescentes y 6 niños mueren por agresiones de funcionarios de cuerpos de seguridad.
El llamado es al régimen venezolano a honrar los compromisos establecidos en el tratado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres es un tema comúnmente visto en la sociedad actual. Los marcos legales de algunos países del mundo proclaman el principio de la igualdad, aludiendo a la no discriminación por razones de sexo. En el mundo, millones de mujeres son víctimas de violencia sin importar su edad, color de piel o condición social.
El feminicidio es la expresión más vista de violencia en contra de las mujeres. En Latinoamérica y el Caribe el asesinato a estas ha incrementado a más de 90% en los últimos años y muchos de estos casos permanecen impunes. Países como Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Argentina, hoy en día presentan las tasas más altas de estos actos violentos en América Latina. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al día mueren un promedio de 12 mujeres a causa de la violencia.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) prohíbe la discriminación entre otras causas, por razones de sexo y establece la igualdad de todas las personas ante la ley en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En Venezuela son múltiples los problemas sociales que se pueden evidenciar como la prostitución, marginalidad, deserción escolar, abuso de alcohol, drogas, niños en la calle y gente pasando hambre que desembocan en un entorno de violencia y agresión doméstica. Actualmente, las mujeres venezolanas son víctimas de maltrato físico, psíquico y moral, causándole la muerte a muchas de estas. En un mundo con tanta diversidad, debemos fomentar el cumplimiento de los derechos humanos y respetar a los demás sin la necesidad de discriminación, actos vandálicos o situaciones que afecten en cualquier aspecto a las personas
En América Latina entre el 60 y el 90 por ciento de la población se define como católica y la Iglesia goza de un estatus especial en muchas de las Constituciones de estas naciones. No ocurre lo mismo en los países pequeños angloparlantes del Caribe, donde las Iglesias protestantes son mayoría.
En Venezuela, bajo el régimen populista autoritario, la hostilidad oficial contra la religión ha llevado a quejas de los obispos católicos por las expropiaciones, el acoso, la vigilancia de los dispositivos electrónicos (sobre todo las escuchas telefónicas) y el haber prohibido que los sacerdotes atiendan en hospitales y prisiones.
En Ecuador, el Gobierno de Rafael Correa ha sido acusado de eliminar las capillas católicas de las prisiones y de retirar los crucifijos de los hospitales y en Brasil, pese a que hay libertad religiosa tanto en las leyes como en la práctica, las minorías afrontan la intolerancia y, en ocasiones, la violencia.