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Timestamp: 2020-07-14 10:30:41
Document Index: 138531619

Matched Legal Cases: ['artículo 612', 'artículo 353', 'artículo 109', 'artículo 28', 'artículo 109', 'artículo 188']

BOE.es - Documento BOE-A-2020-6789
Documento BOE-A-2020-6789
«BOE» núm. 177, de 26 de junio de 2020, páginas 44868 a 44890 (23 págs.)
BOE-A-2020-6789
«Art. 9.–Embargo de las participaciones sociales de un socio.
Art. 11.–Serán causas de exclusión de la Sociedad las previstas por la Ley. Así mismo, será cusa de exclusión de la Sociedad el inicio de un procedimiento administrativo o judicial que acuerde el embargo de las participaciones de cualquier socio, ya sea de forma total o parcial. No obstante, dicha exclusión deberá ser acordada por la Junta General. Iniciado el proceso de exclusión de la Sociedad, ésta procederá a amortizar las participaciones sociales del socio afectado por la exclusión, cuya valoración a efectos de su contraprestación corresponderá con el valor razonable de las participaciones afectadas, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta.»
«Santiago Laborda Peñalver, registrador mercantil y de bienes muebles III de la provincia de Murcia, a la escritura otorgada en Cartagena ante su notario Don Miguel–Angel Cuevas Aldasoro el día 31 de julio de 2019 n.º de protocolo 2.123 que ha sido presentada en este registro en soporte papel el día 20 de septiembre de 2019 motivando el asiento de presentación en el diario de esta oficina n 973 del Diario 296, formula por el presente escrito la siguiente nota de calificación desfavorable, fundada en los hechos y fundamentos jurídicos siguientes:
3. Íntimamente conectado con el anterior defecto está el de implicar que, supuesto que a raíz de la iniciación del procedimiento o del embargo de participaciones los socios o la sociedad deciden adquirir las participaciones el Juzgado debe aceptar que el embargo pase a recaer sobre el precio por subrogación legal. Es lo cierto que ninguna norma admite ni prevé esa subrogación. Por un lado el artículo 612.2 L.E.C. atribuye a la competencia exclusiva del Letrado de la Administración de Justicia, con recurso de revisión ante el Juez, la modificación del embargo y, por otro lado, no debe olvidarse la necesidad de que una norma con rango de ley prevea la sustitución. En este sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo es especialmente rigurosa al señalar que la subrogación legal es una “modificación objetiva del derecho subjetivo, consistente –en armonía con su derivación etimológica de “subrogatio” (ocupar el puesto) “rei” (de la cosa)–, en el cambio del objeto inicial por uno nuevo que pasa a ocupar el lugar de aquél, sólo es aplicable, en las hipótesis de bienes singulares, (…), cuando la transferencia de la cualidad jurídica de un bien al que le sustituye se halla expresamente prevista en la ley (arts. 486, 517 y 518; 1626 y 1627; 1897, todos del Código Civil; 109 y 110.2.º LH; 40 Ley del Contrato de Seguro 50/1980, de 8 de octubre; entre otras) –ficción legal–. (Sentencia núm. 1012/2003 de 5 noviembre de 2003).
Murcia, a 10 de octubre de 2019 El Registrador Mercantil Santiago Laborda Peñalver.»
«Primero.–Procedencia de la calificación registral.
2. Cita asimismo las resoluciones de 30 de marzo de 1999 y 28 de julio de 2009, que consideraron que la norma sobre valoración en caso de exclusión de socio del artículo 353 de la ley de Sociedades de capital tiene carácter de orden público. Frente a ello cabe afirmar que es un criterio anterior al actual de la Dirección General, recogido en las resoluciones de 9 y 23 de mayo de 2019, y que la referencia al balance de la sociedad es un criterio perfectamente objetivo, por las razones que se han expuesto en el fundamento de derecho cuarto. De este escrito.»
1. Mediante la escritura objeto de la calificación impugnada se elevan a público los acuerdos adoptados por unanimidad en junta universal de una sociedad de responsabilidad limitada, por los que se modifican los estatutos sociales, de modo que se dispone que, notificado a la sociedad el inicio o apertura de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las participaciones sociales frente a cualquiera de los socios de la sociedad que tuviera como objeto la inmovilización de las mismas que pudiera desembocar en un procedimiento de ejecución forzosa, la sociedad, a través del órgano de administración, podrá adquirir la totalidad de las participaciones embargadas, debiendo ejercitar el derecho en un plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación a la sociedad del procedimiento de embargo; y si la sociedad no ejercita este derecho, todos los socios podrán adquirir las participaciones embargadas, en el plazo máximo de veinte días. Además, se dispone que, en todos los casos anteriores, «el precio de la transmisión se corresponderá con el valor razonable de las participaciones, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta». Se añade también que «en tanto las participaciones sociales afectadas por el embargo no sean transmitidas en los términos previstos en los presentes estatutos, conferirán a su titular el ejercicio de sus derechos económicos y políticos, a excepción del ejercicio del voto en acuerdos que tengan por objeto decisiones que requieran de una mayoría reforzada según lo establecido en la Ley y en los presentes estatutos, detrayéndose su participación del cómputo de votos a los efectos de quorum y mayorías establecidas». Y, por último, se establece que será cusa de exclusión de la sociedad –que deberá ser acordada por la junta general– el inicio de un procedimiento administrativo o judicial que acuerde el embargo de las participaciones de cualquier socio, ya sea de forma total o parcial, debiendo proceder la sociedad «a amortizar las participaciones sociales del socio afectado por la exclusión, cuya valoración a efectos de su contraprestación corresponderá con el valor razonable de las participaciones afectadas, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta».
2. En relación con el derecho de adquisición preferente en caso de inicio o apertura de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las participaciones sociales, la Dirección General de los Registros y del Notariado en las citadas Resoluciones de 9 y 23 de mayo de 2019 afirma que debe tenerse en cuenta que, respecto del régimen de transmisión de participaciones sociales en caso de procedimiento administrativo o judicial de embargo, el artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital establece la suspensión del remate y de la adjudicación de las participaciones sociales embargadas y el derecho de los socios y, en su defecto –sólo si los estatutos le atribuyen en su favor el derecho de adquisición preferente–, de la sociedad, a subrogarse en lugar del rematante o, en su caso, del acreedor, mediante la aceptación expresa de todas las condiciones de la subasta y la consignación íntegra del importe del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor y de todos los gastos causados. Pero este régimen legal no impide que, con base en el principio de autonomía de la voluntad (cfr. artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital), puedan prevenirse en los estatutos sociales sistemas alternativos como los establecidos en los estatutos objeto de la calificación impugnada, que, en caso de inicio de un procedimiento de embargo –en una fase anterior a la suspensión del remate o adjudicación a que se refiere el citado artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital– atribuye a la sociedad y a los socios el derecho de adquirir tales participaciones por su valor razonable (con la correlativa obligación del socio de transmitirlas –cfr. artículo 188.3 del Reglamento de Registro Mercantil–), con la previsión añadida de que, en defecto de ejercicio de tal derecho de adquisición, pueda la junta general adoptar el acuerdo de excluir al socio afectado por el inicio de ese procedimiento de embargo de las participaciones, con la consiguiente amortización de las participaciones del socio afectado por la exclusión.
3. Respecto de la forma de valoración de las participaciones del socio excluido deben recordarse las consideraciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en las citadas Resoluciones de 9 y 23 de mayo de 2019.
4. Por último, debe decidirse si es o no inscribible la cláusula estatutaria por la cual se previene que, mientras las participaciones sociales afectadas por el embargo no sean transmitidas en la forma establecida en los mismos estatutos –anteriormente expuesta–, tales participaciones no conferirán a su titular el «ejercicio del voto en acuerdos que tengan por objeto decisiones que requieran de una mayoría reforzada según lo establecido en la Ley y en los presentes estatutos, detrayéndose su participación del cómputo de votos a los efectos de quorum y mayorías establecidas».