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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 241']

﻿ LEY 412 DE 1997
LEY 412 DE 06 DE NOVIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:APRUEBA LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, SUSCRITA EN CARACAS EL 29 DE MARZO DE 1996.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1084 DE DICIEMBRE 15 DE 1997, PG. 1309
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, suscrita en Caracas el 29 de marzo de mil novecientos noventa y seis”.
Visto el texto de la “convención interamericana contra la corrupción”, suscrita en Caracas el 29 de marzo de mil novecientos noventa y seis.
Convencidos de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio: así como respecto de los bienes producto de estos actos;
HAN CONVENIDO EN SUSCRIBIR LA SIGUIENTE:
ART. 1º—Definiciones. Para los fines de la presente convención, se entiende por:
Función pública. Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
Funcionario público. “Oficial gubernamental” o “servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
Bienes. Los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
ART. 2º—Propósitos. Los propósitos de la presente convención son:
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
ART. 3º—Medidas preventivas. A los fines expuestos en el artículo 2º de esta convención, los Estados partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:
5. Sistemas para contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.
ART. 4º—Ámbito. La presente convención es aplicable siempre que el presunto acto de corrupción se haya cometido o produzca sus efectos en un Estado parte.
ART. 5º—Jurisdicción. 1. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta convención cuando el delito se cometa en su territorio.
4. La presente convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida por una parte en virtud de sus legislación nacional.
ART. 6º—Actos de corrupción. 1. La presente convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción.
a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad o cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
2. La presente, convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.
ART. 7º—Legislación interna. Los Estados partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el artículo 6º, 1º para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente convención.
ART. 8º—Soborno transnacional. Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliarias en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas favores, promesas o ventajas, o cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.
ART. 9º—Enriquecimiento ilícito. Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
ART. 10.—Notificación. Cuando un Estado parte adopte la legislación a la que se refieren los párrafos 1 de los artículos 8º y 9º lo notificará al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien lo notificará a su vez a los demás Estados partes. Los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito serán considerados para ese Estado parte acto de corrupción para los propósitos de esta convención, transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de esta notificación.
ART. 11.—Desarrollo progresivo. 1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la consecución de los objetivos de esta convención, los Estados partes estiman convenientes y se obligan a considerar la tipificación en sus legislaciones de las siguientes conductas:
a) El aprovechamiento indebido en beneficio propio de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada;
c) Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado, y
ART. 12.—Efectos sobre el patrimonio del Estado. Para la aplicación de esta convención, no será necesario que los actos de corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al Estado.
ART. 13.—Extradición. 1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados partes de conformidad con esta convención.
3. Si un Estado parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado parte; con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el Estado parte requerido se considere competente, éste presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a menos que se haya convenido otra cosa en el Estado parte requirente, e informará oportunamente a éste de su resultado final.
7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición, se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.
ART. 14.—Asistencia y cooperación. Los Estados partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca, de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los actos de corrupción descritos en la presente convención, a los fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de corrupción.
ART. 15.—Medidas sobre bienes. De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la presente convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.
ART. 16.—Secreto bancario. El Estado parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este artículo será aplicado por el estado parte requerido, de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado parte requirente.
ART. 17.—Naturaleza del acto. A los fines previstos en los artículos 13, 14, 15 y 16 de la presente convención, el hecho de que los bienes obtenidos o derivados de un acto de corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un delito político o como un delito común conexo con un delito político.
ART. 18.—Autoridades centrales. Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en el marco de esta convención, cada Estado parte podrá designar una autoridad central o podrá utilizar las autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos.
ART. 19.—Aplicación en el tiempo. Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados vigentes entre los Estados partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente convención, no impedirá la cooperación procesal penal internacional entre los Estados partes. La presente disposición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta convención.
ART. 20.—Otros acuerdos o prácticas. Ninguna de las normas de la presente convención será interpretada en el sentido de impedir que los Estados partes se presten recíprocamente cooperación al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre ellos, o de cualquier otro acuerdo o práctica aplicable.
ART. 21.—Firma. La presente convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
ART. 22.—Ratificación. La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos.
ART. 23.—Adhesión. La presente convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro estado, los instrumentos de adhesión se depositarán en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos.
ART. 24.—Reservas. Los Estados partes podrán formular reservas a la presente convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósitos de la convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.
ART. 25.—Entrada en vigor. La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
ART. 26.—Denuncia. La presente convención regirá indefinidamente, pero cualesquiera de los Estados partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados partes.
ART. 27.—Protocolos adicionales. Cualquier Estado parte podrá someter a la consideración de los otros Estados partes reunidos con ocasión de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a esta convención con el objeto de contribuir al logro de los propósitos enunciados en su artículo 2º.
ART. 28.—Depósito del instrumento original. El instrumento original de la presente convención, cuyos textos español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro de publicación a la secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La secretaría general de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha organización y a los Estados que hayan adherido a la convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la “convención interamericana contra la corrupción”, suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de mil novecientos noventa y seis, documento que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 13 de agosto de 1996.
ART. 1º—Apruébase la “convención interamericana contra la corrupción”, suscrita en Caracas el 29 de marzo de mil novecientos noventa y seis.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1994, la “Convención interamericana contra la corrupción”, suscrita en Caracas el 29 de marzo de mil novecientos noventa y seis, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Comuníquese y publíquese ejecútese previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 6 de noviembre de 1997.