Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/civil/proceso-monitorio-reclamaciones-comunidad-extranjeros_12_289935001.html
Timestamp: 2017-11-22 01:52:58
Document Index: 293504691

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 812', 'artículo 164', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 4']

Conclusión al debate
La cuestión que nos surge es la relativa a si en el caso de morosos extranjeros que tengan su residencia en país extranjero se aplicaría la reglamentación contenida en esta Disposición final 23ª LEC en cuanto al trámite a seguir para efectuar el requerimiento de pago al moroso extranjero, o más bien se entendería que se aplicaría el art. 815.2 LEC del que se deduce que se exige que el extranjero designe un domicilio "En España a efectos de notificaciones" y en su defecto se le notificaría todo por edictos. Si se aceptara esta segunda vía ¿se entendería entonces que este procedimiento monitorio europeo no se aplica a la reclamación de gastos de comunidad por tratarse este de un proceso especial frente al normal del monitorio y por tener que designar el extranjero un domicilio en España, no en el extranjero, a efectos de comunicaciones?
Este foro se ha publicado en el "Boletín de Propiedad Horizontal", el 1 de julio de 2011.
La resolución de la cuestión planteada pasa por efectuar una recta armonización de la normativa que para el procedimiento monitorio se prevé en la normativa nacional interna y en la norma comunitaria. Y en este orden de cosas, debe partirse de la consideración de que la nueva Disposición Final 23ª LEC, introducida por la Ley 4/2011, de 24 de marzo, intitulada "Medidas para facilitar la aplicación en España ...", persigue clarificar cuestiones relativas a la competencia objetiva y territorial, así como cuestiones de procedimiento, cuando de la aplicación del Reglamento comunitario 1896/2006 se trate, pero no implica alteración del régimen del procedimiento monitorio interno.
El Considerando 10º del Reglamento europeo enuncia que "el proceso establecido mediante el presente Reglamento debe constituir un medio complementario y opcional para el demandante, que conserva plena libertad de recurrir a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional. Por lo tanto, el presente Reglamento no sustituye ni armoniza los mecanismos de cobro de créditos no impugnados existentes en el Derecho nacional". En esta línea, el artículo 1.2 dispone que "el presente Reglamento no obstará para que un demandante reclame un crédito, según la definición del artículo 4, mediante el recurso a otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro o con arreglo al Derecho comunitario", en tanto que el artículo 2 prevé que el mismo se aplicará en los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, enunciando el número 2 de ese precepto a que materias no es aplicable el Reglamento, y entre las mismas se encuentra la relativa a los créditos derivados de obligaciones extracontractuales, si bien, como excepción en estos casos, sí será de aplicación en los casos en que se refieran a deudas líquidas derivadas de una comunidad de propietarios (articulo 2.2 letra d) inciso segundo), y el artículo 26 prevé la regla de supletoriedad como auténtica cláusula de cierre.
Para responder a la pregunta que se formula hay que recordar, en primer lugar, que, de acuerdo con el art. 9 LPH es obligación de cada propietario "Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo".
Por su parte, el art. 815,2 de la citada Ley Adjetiva, citado en la pregunta formulada, establece que "En las reclamaciones de deuda a que se refiere el número 2 del apartado 2 del artículo 812, la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local, y si tampoco pudiere hacerse efectiva de este modo, se le notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la presente Ley".
Por tanto, de cuanto antecede cabe deducir que no es factible recurrir al juicio monitorio europeo para efectuar una reclamación del importe de cuotas comunitarias impagadas por determinado propietario, teniendo en cuenta, además, que si de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000, al que se remite el Reglamento 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, que establece el proceso monitorio europeo en materia de competencia, la norma general es que resulte jurisdicción competente la del estado miembro donde el demandado tenga establecido su domicilio y ya hemos visto la obligatoriedad de que cada propietario designe uno en España, de lo que resulta que serán los juzgados de dicho Estado - y dentro de él los ya indicados – los competentes para conocer de la petición monitoria, la que deberá efectuarse siguiendo los trámites y requisitos recogidos en la LEC y LPH ya citados.
Así mismo el citado Reglamento 44/2001 establece que cuando lo que se están reclamando son derechos reales inmobiliarios y arrendamiento de bienes inmuebles serán juzgados competentes los del estado miembro donde está situado el inmueble, normativa que, por la naturaleza "propter rem" que se reconoce a las deudas comunitarias, podría resultar de aplicación, con lo que finalmente serían los tribunales españoles los que conocieran de la reclamación por la vía del juicio monitorio regulado en la LEC y al que se remite la LPH.
La respuesta a la cuestión ha de partir de dos asertos legales contenidos en el Reglamento 1896/2006 en tanto enmarcan la aplicación de la norma, a saber, de un lado, la contenida en el artículo 2.d)-ii) –ámbito de aplicación- donde de forma expresa, se establece que el procedimiento monitorio europeo es aplicable a las deudas líquidas derivadas de comunidad de propietarios y, de otro, a la contenida en el artículo 1 párrafo segundo, conforme al cual "El presente Reglamento no obstará para que un demandante reclame un crédito, según la definición del artículo 4, mediante el recurso a otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro o con arreglo al Derecho comunitario", normas de donde se deduce, primero, que está expresamente contemplada como objeto de reclamación las deudas comunitarias y, segundo, que ello no obstante, es un procedimiento alternativo a los procesos judiciales establecidos en los Estados miembros para tal tipo de reclamaciones.
La primera cuestión es clara, ambos procedimientos están vigentes, lo reconoce expresamente el Reglamento en que se establece el proceso monitorio europeo. En su consideración inicial número 10, afirma que este proceso "debe constituir un medio complementario y opcional para el demandante, que conserva plena libertad de recurrir a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional" y añade que "no sustituye ni armoniza los mecanismos de cobro de créditos no impugnados existentes en el Derecho nacional". A continuación, en el art. 1. 2 establece que el Reglamento "no obstará para que un demandante reclame un crédito... mediante el recurso a otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro o con arreglo al Derecho comunitario".
La segunda cuestión parte del supuesto (que de acuerdo con la norma no se da) de que en las reclamaciones de la comunidad de propietarios frente a morosos extranjeros se aplique el proceso monitorio europeo, que pretende, simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos. En el art. 3. 1 del Reglamento 1896/2006 se definen como "asuntos transfronterizos aquellos en los que al menos una de las partes esté domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la petición". Sin embargo en el art. 3. 2 para determinar el domicilio se remite "a lo dispuesto en los arts. 59 y 60 del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil" y el art. 59. 1 dispone que "para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal aplicará su ley interna".