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Timestamp: 2020-07-09 08:53:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 11', 'artículo 76', 'artículo 33', 'artículo 26', 'artículo 33', 'artículo 57', 'artículo 117', 'artículo 118', 'artículo 32', 'artículo 116', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 57', 'artículo 33']

﻿ AUTO 15685 DE MARZO 18 DE 1999
AUTO 15685 DE 18 DE MARZO DE 1999
CONTENIDO:EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. JURISDICCIÓN COMPETENTE EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, COMPETENCIA JURISDICCIONAL, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:330 DE JUNIO DE 1999, PÁG.1019
•Auto 15685 de marzo 18 de 1999
JURISDICCIÓN COMPETENTE EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
Ref. Expediente 15.685
Actor: Luz Enid Sánchez Londoño y otros. Demandado: Empresa de Energía del Pacífico.
Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 13 de marzo de 1998, mediante el cual se negó la solicitud de nulidad presentada por la parte demandada por falta de jurisdicción.
1. El 26 de febrero de 1996, los señores Luz Enid Sánchez Londoño quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Mayra Alejandra y Oswaldo Bernal Sánchez; Luis Mario Bernal Ariza, Mariela Cardona, Conrado, Eymer, Luz Marina, Aleyda, Yesid, Mariela y Luis Mario Bernal Cardona, mediante apoderado judicial presentaron demanda de reparación directa en contra de la Empresa de Energía del Pacífico ESP, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de la muerte del señor Oswaldo Bernal Cardona por electrocución.
2. El apoderado judicial de la parte demandada presentó incidente de nulidad por falta de jurisdicción y competencia sustentándolo de la siguiente forma:
“La Ley 142 de julio 11 de 1994 expone claramente, reguladora de los servicios públicos domiciliarios y dispone en su artículo 1º el ámbito de aplicación de la ley, siendo que ésta “cobija el servicio público domiciliario de energía eléctrica (art. 14.21, 14.25)”.
Así mismo y en cuanto al régimen de los actos y contratos de las empresas, así como para los requeridos para su administración en su artículo 32 señala que “…se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado… la regla anterior se aplicará inclusive a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce”. Habiendo establecido también en su artículo 11 que “11.9 las empresas de servicios serán civilmente responsables por los perjuicios ocasionados a los usuarios…”.
A su turno la Ley 143 de la misma fecha, esto es del 11 de julio de 1994, por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional en el artículo 76 dice que los actos y contratos, salvo los que se refieren a contratos de empréstito, celebrados por las sociedades por acciones en las cuales las entidades oficiales tengan participación en su capital, sin atención a la cuantía que dicha participación represente, se regirá por las normas del derecho privado.
De acuerdo a lo expuesto, tenemos que en atención al carácter de empresa de servicios públicos domiciliarios que tiene la demandada, la misma debe regularse en su actividad por las normas citadas, esto es por las leyes 142 y 143 de 1994 de manera que si las mismas claramente disponen que sus actos se regularan por las normas del derecho privado, son esas disposiciones y no otras las que deben aplicársele a sus actos y contratos y por tanto es la jurisdicción ordinaria la que conoce de sus asuntos en tales aspectos”.
3. El a quo mediante auto de 13 de marzo de 1998 negó la nulidad propuesta por la demandada por considerar que
“...la demanda tiene como finalidad la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la demandada por la muerte del señor Oswaldo Bernal Cardona, ocurrida el 5 de junio de 1995 al ser electrocutado cuando iba a reparar las cuerdas de fluido eléctrico que la EPSA le suministraba a sus usuarios en el barrio Palo Blanco de la ciudad de Buga. Es decir por una falla en el servicio público de energía. Luego, como en el presente caso se demanda a la entidad por un acto propio de la función administrativa que desempeña, sí es ésta la jurisdicción la competente para conocer de este proceso”.
4. Inconforme el apoderado judicial de la parte demandada apeló la decisión del a quo por considerar que todos los actos y contratos de la entidad que representa deben regirse por las normas del derecho privado y por lo tanto, ésta no es la jurisdicción competente para conocer de las controversias que puedan generarse de esos actos o contratos.
1. Los actores pretenden que se declare administrativamente responsable a la entidad demandada por la muerte del señor Oswaldo Bernal Cardona, en hechos ocurridos el 5 de junio de 1995 en la vía que de Buga conduce al municipio de Yotoco, cuando en razón de su trabajo se encontraba realizando operaciones en las cuerdas de alta tensión.
2. La Ley 143 de 1994 por medio de la cual se estableció el régimen de las actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de las entidades del sector eléctrico, no reguló lo relativo a la jurisdicción competente para definir la responsabilidad extracontractual de las mismas. Por consiguiente, como entidades prestadoras de servicios públicos están cobijadas por la Ley 142 de 1994 (art. 186 en armonía con el art. 96 de la L. 143 del mismo año).
3. El artículo 33 de la Ley 142 pretende definir cuáles actos, hechos u omisiones realizados por las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios corresponde conocer a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Allí se mencionan aquellos actos expedidos en ejercicio de los derechos y prerrogativas que la propia Ley 142 u otras anteriores confieren para los siguientes aspectos:
a) Uso del espacio público;
b) Ocupación temporal de inmuebles;
c) Promover la constitución de servidumbres, o
d) La enajenación forzosa de los bienes que se requieran para la prestación del servicio.
a) En relación con el uso del espacio público, la doctrina(1) ha señalado que este puede ser de tres clases:
(1) Cfr. ANTONIO JIMÉNEZ BLANCO, La actividad de gestión del dominio público: la teoría de los bienes de la administración, en Manual de derecho administrativo, LUCIANO PAREJO ALFONSO y otros, Barcelona, Ed. Ariel S.A., 1992, 2ª ed., pág. 533.
— Común y general en el que no se requiere intervención administrativa alguna, v. gr. caminar o conducir por las vías públicas, bañarse o beber el agua de los ríos y caudales, etc.
— Uso común especial que requiere autorización administrativa (por ejemplo pescar).
— Uso privativo para el cual se necesita una concesión (un canal de agua que se hace saltar con fines de producción de energía).
Esta disposición debe armonizarse con el artículo 26 de la Ley 142 que en relación con los permisos municipales establece:
Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que éstas proporcionan, en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes.
Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la competencia” (se subraya).
Esto significa que en la medida en que las empresas de servicios públicos domiciliarios pretendan efectuar un uso especial o privativo del espacio público, están obligadas a obtener la respectiva autorización de la autoridad municipal y por consiguiente, por sí y ante sí no profieren ningún acto unilateral o administrativo como equivocadamente lo insinúa el artículo 33 de la Ley 142 de 1994.
b) La ocupación temporal de inmuebles es una actuación puramente material que en estricto sentido tampoco da lugar a la producción de actos administrativos por parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios y en el evento de que estos se requieran, deberán solicitarse a la entidad correspondiente o al municipio.
A ese respecto el artículo 57 de la Ley 142 de 1994 señala:
“Facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando sea necesario para prestar los servicios públicos, las empresas podrán pasar por predios ajenos, por una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le ocasione.
Las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y gas combustible, conducciones de acueducto, alcantarillado y redes telefónicas, podrán atravesar los ríos, caudales, líneas férreas, puentes, calles, caminos y cruzar acueductos, oleoductos, y otras líneas o conducciones. La empresa interesada, solicitará el permiso a la entidad pública correspondiente; si no hubiere ley expresa que indique quien debe otorgarlo, lo hará el municipio en el que se encuentra el obstáculo que se pretende atravesar” (se subraya).
c) En la constitución de servidumbres así mismo las empresas de servicios públicos domiciliarios no producen actos administrativos toda vez que de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 142 de 1994:
“La empresa de servicios públicos que tenga interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto, podrá solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo, o promover el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981”.
A su vez el artículo 118 del mismo estatuto prevé que
“Entidad con facultades para imponer la servidumbre. Tienen facultades para imponer la servidumbre por acto administrativo las entidades territoriales y la Nación, cuando tengan competencia para prestar el servicio público respectivo, y las comisiones de regulación”.
d) En cuanto a la enajenación forzosa o expropiación de los bienes que requieran las empresas para la prestación de los servicios públicos, lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 debe interpretarse en armonía con el artículo 116 de dicha ley que señala:
“Entidad facultada para impulsar la expropiación. Corresponde a las entidades territoriales, y a la Nación, cuando tengan la competencia para la prestación del servicio, determinar de manera particular y concreta si la expropiación de un bien se ajusta a los motivos de utilidad pública e interés social que consagra la ley, y producir los actos administrativos e impulsar los procesos judiciales a que haya lugar” (se subraya).
El vacío que dejó la Ley 142 de 1994 en cuanto no facultó a las empresas de servicios públicos domiciliarios diferentes a la Nación y a las entidades territoriales para impulsar el proceso de expropiación y por consiguiente, producir el acto administrativo que determine de manera particular y concreta el bien que se ajusta a los motivos de utilidad pública e interés social que consagra la ley, debe ser llenado con las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 que confieren esa facultad además a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores.
Sería por lo tanto este el único caso en el que algunas empresas de servicios públicos domiciliarios —no todas— podrían proferir actos administrativos que como tales están sujetos al control de esta jurisdicción (CCA, art. 82).
4. Tampoco aparece en el artículo 33 de la Ley 142 de 1994 en forma clara la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de la responsabilidad de las empresas de servicios públicos domiciliarios por la acción u omisión derivada del ejercicio de los supuestos derechos y prerrogativas que contempla el artículo 33: uso del espacio público, ocupación temporal de inmuebles, constitución de servidumbres y enajenación forzada (expropiación) de los bienes que se requieran para la prestación del servicio.
En efecto, la propia Ley 142 en el artículo 57 señala que el propietario del predio afectado con la servidumbre, ocupación temporal o remoción de obstáculos tiene derecho a indemnización por las incomodidades y perjuicios que ello le ocasione, de acuerdo con los términos establecidos por la Ley 56 de 1981 que le otorga competencia para ese propósito al juez civil del circuito (art. 27, inc. 2º, conc. art. 408-1 CPC.). También el proceso de expropiación debe surtirse ante esa misma jurisdicción (CPC, art. 16 ord. 1º).
La misma redacción de la parte final del artículo 33 de la Ley 142 no definió con toda certeza que sea esta la jurisdicción llamada a conocer de los daños que pudieren derivarse de la actuación material de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios al señalar
“— estarán sujetos al control de legalidad de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos,
— y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos”.
Esto último, ante cuál jurisdicción, ante la jurisdicción ordinaria.
Aplicando los razonamientos anteriores, deberá revocarse el auto proferido por el a quo mediante el cual negó la nulidad propuesta por el apoderado judicial de la parte demandada y en su lugar se decretará la nulidad de todo lo actuado ante esta jurisdicción, por carecer de competencia.
REVÓCASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el 13 de marzo de 1998 y en su lugar se declara la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 18 de marzo de 1996, inclusive.
Germán Rodríguez Villamizar, Presidente Sección—Jesús María Carrillo B.—Ricardo Hoyos Duque—Juan de Dios Montes H.—Daniel Suárez Hernández.
Carlos Alberto Corrales, Secretario Sección.