Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=CorteConstitucional/20012531
Timestamp: 2020-02-28 08:47:54
Document Index: 158091739

Matched Legal Cases: ['artículo 179', 'artículo 178', 'artículo 176', 'artículo 145', 'artículo 188', 'artículo 164', 'Artículo 145', 'Artículo 164', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 176', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 181', 'Artículo 188', 'artículo 125', 'artículo 123', 'artículo 131', 'artículo 131', 'artículo 123', 'artículo 145', 'artículo 164', 'artículo 176', 'artículo 178', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 178', 'artículo 188', 'artículo 164', 'Artículo 145', 'Artículo 164', 'Artículo 168', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 169', 'Artículo 176', 'Artículo 176', 'Artículo 178', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 181', 'Artículo 181', 'Artículo 188', 'Artículo 188', 'artículo 145', 'artículo 177']

C-153 de 1999
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020012531CC-SENTENCIAC153199910/03/1999CC-SENTENCIA_C_153__1999_10/03/1999200125311999Sentencia C-153/99 CARRERA NOTARIAL -Fundamento constitucional La Corporación ha señalado que el servicio notarial es una función pública que puede ser ampliamente regulada por el legislador. En este sentido, resulta posible que la precitada función sea ejercida, bien por funcionarios públicos ora, - en virtud de la llamada descentralización por colaboración -, por particulares. Igualmente, la Corte ha indicado que en nada afecta los mandatos constitucionales el régimen legal que confiere a los notarios un status sui generis, según el cual al tiempo que les impone ciertos deberes y obligaciones propias de los servidores públicos, les reconoce un altísimo grado de autonomía empresarial. De manera explícita, esta Corte ha indicado que es la propia Constitución la que impone la carrera notarial, pues no otra cosa puede deducirse de la norma constitucional que establece que todo aquél que ejerza la función fedante debe acceder a su cargo mediante un concurso público de méritos. En este sentido, no cabe duda alguna de que la carrera notarial encuentra pleno respaldo constitucional, pues dicho régimen no hace otra cosa que reglamentar el acceso, permanencia, ascenso y retiro de una función pública de naturaleza eminentemente técnica, la cual, según la constitución, sólo puede ser ejercida, en propiedad, por personas que han superado un concurso público. NOTARIO -Derecho a la estabilidad en el cargo El derecho a la estabilidad en el cargo de notario es propio de la carrera notarial pues, en criterio de la Corporación, "es natural que se confiera el derecho a la estabilidad a quien obtenga el mejor puntaje en un verdadero concurso de méritos, pues la persona, en un proceso abierto, riguroso y objetivo, ha demostrado ser el más idóneo para el ejercicio de la función". Sin embargo, la Corporación señaló: "(f)inalmente, como es obvio, el derecho a la estabilidad no es absoluto. Así, la persona debe mostrar un rendimiento satisfactorio y respetar el régimen disciplinario para continuar en el ejercicio de la función, pues la propia Carta precisa que, entre otras causales admisibles, la calificación no satisfactoria implica el retiro de la persona de la función pública (CP art. 125)." NOTARIO DE SERVICIO/NOTARIO EN INTERINIDAD La disposición demandada tiene dos presupuestos básicos: en primer lugar la existencia de los llamados notarios de servicio y, en segundo término, la posibilidad de que los notarios en interinidad ejerzan su cargo por un periodo de cuatro años. No obstante, como ha sido estudiado, los dos supuestos mencionados han sido considerados inconstitucionales y, por consiguiente, la parte pertinente de la norma cuestionada deberá ser retirada del ordenamiento jurídico. La figura de los notarios de servicio, que pueden ejercer en propiedad la función fedante sin haber sido sometidos a un concurso público de méritos, es inconstitucional. En consecuencia, la Corte debe declarar la inexequibilidad del artículo 179, pues resulta claro que al momento de ingresar a la carrera no es constitucionalmente posible que el candidato ganador se encuentre ejerciendo, en propiedad, el cargo de notario. Adicionalmente, la Corporación habrá de declarar la exequibilidad condicionada del numeral 4 del artículo 178, en el sentido de que se entienda que la disposición no se refiere a los notarios de servicio. CONCURSO DE MERITOS -Garantizar igualdad de oportunidades La Corte Constitucional ha sido enfática en indicar que para ingresar a un cargo de carrera administrativa, notarial o judicial, se exige la superación de un concurso público y abierto, que respete los parámetros constitucionales destinados a garantizar la plena igualdad de oportunidades. En efecto, en reiteradas oportunidades esta Corporación ha señalado que no cualquier concurso satisface las condiciones que exige la Constitución para la implementación adecuada de un verdadero régimen de carrera. Si los concursos no tuvieran que respetar parámetros básicos de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad, resultaría en extremo sencillo diseñar un régimen perverso que, bajo la máscara del concurso, permita un altísimo grado de subjetividad en la selección del personal de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas y, sin embargo, tendrían pleno derecho a la estabilidad en sus respectivos cargos. Por esta razón, la Corte ha indicado que viola el derecho a la igualdad de oportunidades para el ingreso a los cargos públicos, el concurso que no se someta a los criterios de objetividad que exige la Constitución. CONCURSO CERRADO PARA NOTARIOS La realización de un concurso cerrado para poder acceder al cargo de notario en propiedad constituye un requisito desproporcionado que tiende más al establecimiento de un privilegio que a la definición de una condición necesaria para asegurar el adecuado ejercicio de la función fedante. Por tal razón, los apartes correspondientes del artículo 176 serán declarados inexequibles. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA -Casos en que procede En principio, la unidad normativa sólo se realiza en aquellos casos en los cuales después de considerar que la disposición acusada es inconstitucional, la Corte concluye que la decisión de inexequibilidad sería inocua si no incluyera otras normas que, pese a no haber sido demandadas, tienen el mismo contenido normativo que el que tiene el precepto que deberá ser excluido del ordenamiento. Lo anterior ocurre, normalmente, en una sola decisión o sentencia. No obstante, existen algunas hipótesis en las que procede la unidad normativa por razones diferentes o, incluso, en decisiones distintas. Se trata, por ejemplo, de casos en los cuales se necesita integrar la correspondiente proposición jurídica para no producir una decisión inhibitoria o, de aquellas oportunidades en las cuales "la Corte debe estudiar una proposición normativa que fue acusada por un ciudadano, pero frente a la cual resulta materialmente imposible pronunciarse sobre su exequibilidad o inexequibilidad sin analizar globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ella forma parte.". Según la Corporación, "en estos eventos, y con el fin de evitar un pronunciamiento inhibitorio, es válido que la Corte proceda a integrar la unidad normativa, siempre y cuando ello sea estrictamente necesario para examinar en debida forma las acusaciones formuladas en la demanda". Por último, se trata de aquellos casos en los cuales no se integró, en su momento, la correspondiente unidad normativa, pero en una nueva demanda la Corte encuentra la necesidad de hacerlo para mantener la doctrina constitucional vigente y, especialmente, la eficacia del fallo anterior. En el presente caso nos encontramos frente a una circunstancia en la cual, apartes no demandados de las normas parcialmente cuestionadas, regulan la figura de los llamados notarios de servicio que, según la doctrina constitucional vigente, es inconstitucional. Adicionalmente, tal y como ha sido expuesto, la Corte habrá de aplicar, en esta decisión, la mencionada doctrina constitucional para declarar inexequibles algunas normas que regulan la misma figura. De otra parte, la comprensión integral de la disposición parcialmente demandada, sólo es posible si se analizan cada uno de los elementos normativos que la integran, uno de los cuales es la existencia de los notarios de servicio. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA Y CARRERA NOTARIAL Se trata en esta oportunidad de un caso en el cual (1) aparece, a simple vista, la inexequibilidad de una parte no demandado de una disposición demandada; (2) que tiene idéntico contenido normativo al de otra disposición que ya ha sido declarada inexequible por la Corte; (3) que cuenta con el mismo supuesto ontológico que el de una norma actualmente demandada y que, a raíz del mencionado supuesto, será declarada inconstitucional; (4) que, indudablemente, ha podido ser declarada inexequible en sentencias anteriores, en aplicación de la figura de la unidad normativa; (5) y, que debe ser estudiada para comprender, cabalmente, la parte del artículo que ha sido efectivamente cuestionada en la demanda. En estas circunstancias, no hay ninguna duda sobre la procedencia de la unidad normativa, no sólo por obvias razones de seguridad jurídica, sino por que se trata de mantener la integridad de la Constitución. En consecuencia, la Corporación procederá a realizar la correspondiente unidad normativa de las expresiones para ingreso al servicio de los artículos 168 y 169 parcialmente demandados, con la expresión de servicio, contenida en el artículo 145 demandado - que fue declarada inconstitucional por la sentencia C-741 de 1998 - y con lo dispuesto en los artículos 176 numerales 1 y 2 y, 179, que serán declarados inexequibles en el presente fallo, precisamente por presuponer la existencia de los notarios de servicio. Por los mismos argumentos expuestos en el fundamento jurídico 11 anterior, la Corte procederá a realizar la correspondiente unidad normativa entre la expresión "de la Administración de Justicia", contenida en la denominación "Consejo Superior de la Administración de Justicia" del artículo 188 parcialmente demandado y la misma expresión del artículo 164 actualmente demandado, sobre la cual recae decisión previa de inexequibilidad. Referencia: Expediente D-2156 Actor: Camilo Vargas Jacome
Camilo Vargas JacomeCONSTITUCIONALIDADEduardo Cifuentes MuñozDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 145 (parcial), 164 (parcial), 168 (parcial), 169 (parcial), 176, 178, 179, 181 y 188 (parcial) del Decreto Ley 960 de 1970, "Por el cual se expide el estatuto del notariadoD2156Identificadores20020012532true25087Versión original20012532Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 145 (parcial), 164 (parcial), 168 (parcial), 169 (parcial), 176, 178, 179, 181 y 188 (parcial) del Decreto Ley 960 de 1970, "Por el cual se expide el estatuto del notariado
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Eduardo Cifuentes Muñoz y por los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Martha V. Sáchica de Moncaleano
1. El Presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias a él conferidas por la Ley 8ª de 1969, expidió el Decreto Ley 960 de 1970, "Por el cual se expide el estatuto del notariado", el cual fue publicado en el Diario Oficial N° 33.118 de agosto 5 de 1970.
El ciudadano Camilo Vargas Jácome demandó los artículos 145 (parcial), 164 (parcial), 168 (parcial), 169 (parcial), 176, 178, 179, 181 y 188 (parcial) del Decreto Ley 960 de 1970, por considerarlos violatorios del Preámbulo y de los artículos 13, 123, 125, 130 y 131de la Constitución Política.
Los ciudadanos Augusto Hernández Becerra, Alvaro Rojas Charry y Mario Fernández Herrera intervinieron para oponerse a las pretensiones de la demanda.
Artículo 145.-Los notarios pueden ser de carrera o de servicio; y desempeñar el cargo en propiedad, en interinidad o por encargo.
Artículo 164.-La carrera notarial y los concursos serán administrados por el Consejo Superior de la Administración de Justicia, integrado entonces, por el Ministro de Justicia, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Tribunal Disciplinario, el Procurador General de la Nación y dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales, elegidos para períodos de dos años por los notarios del país, en la forma que determine el reglamento. Para el primer período la designación se hará por los demás miembros del Consejo.
Artículo 168.- Los concursos se celebrarán para ingreso al servicio ypara ingreso a la carrera y el ascenso dentro de ella.
Artículo 169.- Los concursos para ingreso al servicio ypara ascenso dentro de la carrera tienen por objeto la selección de candidatos para cargos no desempeñados en propiedad por notarios pertenecientes a ella.
Artículo 176.-Para ser admitido en la carrera notarial se exigen los siguientes requisitos de modo concurrente:
1.Estar ejerciendo el cargo en propiedad.
2.Haber ejercido cargo de notario o de registrador, en propiedad, o en interinidad, pero con el lleno de los requisitos legales, por tiempo no inferior a cuatro años.
3.Haber aprobado el concurso de ingreso a la carrera.
Artículo 178.-El pertenecer a la carrera notarial implica:
1.Derecho a permanecer en la misma notaría dentro de las condiciones del presente estatuto.
2.Derecho a participar en concursos de ascenso.
3.Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político-administrativa, otra notaría de la misma categoría que se encuentre vacante.
4.Prelación en los programas de bienestar social general y en los de becas y cursos de capacitación y adiestramiento.
Artículo 179.-El ingreso a la carrera se hará en el grado correspondiente a la categoría del círculo notarial en que está clasificada la notaría que se ejerza en propiedad al momento de la admisión y en la correspondiente sección territorial.
Artículo 181.-Los notarios pueden ser reelegidos indefinidamente; los de carrera serán confirmados a la expiración de cada período. Unos y otros deberán retirarse cuando se encuentren en situación de retiro forzoso.
Artículo 188.- Los notarios tienen derecho a separarse del ejercicio de sus cargos mediante licencias hasta por noventa días continuos o discontinuos en cada año calendario, y a obtener licencia por enfermedad o incapacidad física temporal hasta por ciento ochenta días, en cada caso.Los notarios de carrera, además, tendrán derecho a licencia hasta por dos años, pero sólo para proseguir cursos de especialización o actividades de docencia o investigación o asesoría científica al Estado, previo concepto favorable del Consejo Superior de la Administración de Justicia.
2. A juicio del demandante, las normas acusadas vulneran los artículos 123 y 125 de la Constitución Política, toda vez que hacen extensiva la carrera administrativa a unos particulares como los notarios que, aunque cumplen funciones públicas, no son servidores públicos. Considera que el artículo 125 de la Carta, según el cual "los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera", sólo es aplicable a quienes desempeñan cargos estatales y, por ende, no cobija a los notarios. Prueba de lo anterior es que el artículo 123 del Estatuto Superior, al determinar, en forma taxativa, quiénes son servidores públicos, no incluye a los notarios.
De igual modo, señala que los artículos demandados, al establecer que los notarios pueden llegar a desempeñar su cargo a través de la carrera notarial, violan el artículo 131 de la Constitución Política, que es claro al establecer que la única forma de desempeño del mencionado empleo es en propiedad. Además, indica cómo de la norma constitucional antes mencionada es posible concluir que la carrera notarial no existe, toda vez que cuando tal norma "dice que (…) sólo después de superar sus pruebas en concurso abierto, no a dedo, el concursante puede ser [notario] en propiedad, se excluye así la noción de carrera para los notarios, pues, o el concurso conduce al ingreso a la carrera administrativa, o conduce a la categoría de notario en propiedad. No pueden ser las dos cosas al tiempo, ya que se excluyen necesariamente entre sí. Son proposiciones contradictorias. Es por eso por lo que es claro que la Constitución descartó la carrera notarial, al señalar que el concurso no es para entrar a ella, como lo hace con los servidores públicos en general, sino para ser notario en propiedad".
3. La apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho señala que "respecto a los notarios, estos son considerados servidores públicos ya que las tareas que desempeñan son de interés social, en la medida en que se les ha investido de la guarda de la fe pública y en tal virtud sus funciones se ejercitan como actos de autoridad estatal". Estima que, conforme a lo anterior, el artículo 131 de la Constitución Política es explícito al señalar que el nombramiento de los notarios en propiedad estará precedido de un concurso. Al respecto, anota que "con ello la Constitución del 91 quiso que se seleccionara a los notarios mediante la comprobación de sus capacidades intelectuales y morales; garantizando su estabilidad en el cargo y su promoción y ascenso, en aras de mejorar el servicio de la función notarial, liberándola de interferencias políticas o de otra índole que desvirtúan la naturaleza profesional y técnica".
Considera que la existencia de una carrera notarial es consecuente con el principio constitucional según el cual todos los empleos públicos serán de carrera, salvo aquellos de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Sobre este particular, indica que los notarios no son funcionarios de libre nombramiento y remoción, habida cuenta del carácter eminentemente técnico de su función, tal como fue señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-250/98. Agrega que "los notarios gozan y deben gozar de un régimen de carrera que les permita garantizar su derecho de permanencia y ascenso laboral, por ello, el régimen de carrera notarial no vulnera la Carta Política (…), sino que por el contrario, dicho régimen permite salvaguardar en mejor forma, el carácter técnico y profesional de una función necesaria para la estabilidad de las relaciones de los coasociados, como lo es la fe pública".
4. Según la representante judicial de la Superintendencia de Notariado y Registro, los notarios son particulares que prestan un servicio público, "posición que se reafirma si se tiene en cuenta que no están encasillados como servidores públicos en el artículo 123 de la Carta Política, ni se encuentran ubicados en las escalas de empleos fijadas para los funcionarios del sector público". Agrega que "los emolumentos que recibe el notario por la prestación del servicio, exceptuados los aportes e impuestos que debe girar a determinados entes públicos, entran a formar parte de su propio patrimonio" y "constituyen la remuneración de su trabajo".
Intervención del ciudadano Augusto Hernández Becerra
5. El interviniente señala que, en la tradición jurídica colombiana, los notarios siempre han sido considerados como particulares que prestan una función pública. Considera que "es de la esencia de la institución del notariado la simultaneidad de dos condiciones constantes: el carácter particular de la persona del notario, y el carácter público de buena parte de las funciones y servicios a su cargo. Sin perder su condición de particular, el notario queda sujeto a un régimen permanente de derecho público, en la medida en que su colaboración con el Estado es igualmente permanente. La permanencia de esta normatividad, que fija no sólo el régimen del servicio sino también el estatuto personal de los notarios, le da un tinte singular a esta categoría de particulares frente al Estado".
Por último, afirma que la acusación del demandante contra la carrera notarial por violación del derecho a la igualdad, pues permite que los notarios se perpetúen en sus cargos, no tiene asidero, toda vez que "el concepto mismo de carrera que la Constitución predica (…) no implica inamovilidad del cargo". Señala que, por el contrario, el estatuto notarial se ocupa de regular todas aquellas eventualidades por las cuales un notario puede resultar desvinculado del servicio. De otra parte, indica que los regímenes de carrera, lejos de violar el principio de igualdad, tienden a la efectividad del mismo, como quiera que pretenden fundar el acceso a una determinada función pública en criterios objetivos basados en la preparación, méritos y calidades de los aspirantes.
Intervención del ciudadano Alvaro Rojas Charry
6. El ciudadano interviniente indica que la presente demanda de inconstitucionalidad obedece a la incomodidad que, en algunos sectores, produjo la sentencia SU-250/98, proferida por la Corte Constitucional, y, conforme a ello, busca dilatar el cumplimiento del anotado pronunciamiento judicial.
Intervención del ciudadano Mario Fernández Herrera
7. A juicio del interviniente, los notarios son servidores y funcionarios públicos especiales, en la medida en que, aunque siendo particulares, llevan a cabo la función de dar fe pública, la cual, además de constituir un servicio público es, al mismo tiempo, una función pública. A este respecto, anota que "las funciones públicas del notario son funciones notariales, regladas, como tienen que ser, jamás iguales a las funciones juridicentes de los jueces, ni a las administrativas de la rama ejecutiva, ni a la función legislativa, ni a las de ningún funcionario, servidor o empleado público adscrito a órgano autónomo alguno, todas ellas con cargo, competencia, remuneración y emolumentos del Estado. La notarial se sale de la categorización clásica, pero por este hecho no deja de ser función".
8. El representante del Ministerio Público señala que, según la Constitución Política, la función notarial es un servicio público prestado por particulares a través de la figura de la descentralización por colaboración. A su juicio, "a pesar de no poder ser catalogados los notarios como servidores públicos, en tanto que son particulares sin vínculo laboral con el Estado, el régimen que se les aplica es en gran medida de derecho público y, teniendo en cuenta que la Constitución Política se refiere a los notarios y al servicio que prestan dentro del capítulo en que se consagran las normas sobre función pública, les son aplicables los principios generales definidos para los empleados al servicio del Estado, los cuales no sólo son consagrados en favor de éstos, sino que primordialmente apuntan a garantizar la prestación de los servicios públicos en forma estable, eficiente, transparente e imparcial".
2. Mediante la sentencia C-741 de 1998 la Corte Constitucional se pronuncio sobre los apartes demandados de los artículos 145 y 164 del Decreto 960 de 1970. En primer lugar, la precitada decisión declaró exequible el artículo 145 del Decreto 960 de 1970, salvo la expresión "ser de carrera o de servicio, y", que se declaró inexequible, en el entendido de que la interinidad y el encargo son mecanismos válidos para asegurar la continuidad del servicio notarial en circunstancias excepcionales, pero que no pueden ser utilizados para desconocer el mandato constitucional según el cual el servicio notarial debe ser prestado por notarios en propiedad nombrados por concurso (CP art. 131). La misma sentencia declaró exequible el artículo 164 del decreto 960 de 1970, con excepción de la expresión "de la Administración de Justicia", contenida en la denominación "Consejo Superior de la Administración de Justicia", de la expresión "entonces," del primer inciso del artículo, y de la expresión "y el Tribunal Disciplinario", las cuales se declararon inexequibles. En consecuencia, el presente fallo se remite a las decisiones que han sido mencionadas.
4. En distintas oportunidades la Corte se ha pronunciado sobre la viabilidad constitucional de la carrera notarial. A este respecto la Corporación ha señalado que el servicio notarial es una función pública que puede ser ampliamente regulada por el legislador (art. 131 C.P.). En este sentido, resulta posible que la precitada función sea ejercida, bien por funcionarios públicos ora, - en virtud de la llamada descentralización por colaboración -, por particulares. Igualmente, la Corte ha indicado que en nada afecta los mandatos constitucionales el régimen legal que confiere a los notarios un statussui generis, según el cual al tiempo que les impone ciertos deberes y obligaciones propias de los servidores públicos, les reconoce un altísimo grado de autonomía empresarial.
Ahora bien, de manera explícita, esta Corte ha indicado que es la propia Constitución la que impone la carrera notarial, pues no otra cosa puede deducirse de la norma constitucional que establece que todo aquél que ejerza la función fedante debe acceder a su cargo mediante un concurso público de méritos[1]. En este sentido, no cabe duda alguna de que la carrera notarial encuentra pleno respaldo constitucional, pues dicho régimen no hace otra cosa que reglamentar el acceso, permanencia, ascenso y retiro de una función pública de naturaleza eminentemente técnica, la cual, según la constitución, sólo puede ser ejercida, en propiedad, por personas que han superado un concurso público.
"10- Conforme a lo anterior, no tiene ningún sustento el cargo del actor según el cual, las normas acusadas, al crear la carrera notarial, desconocen la naturaleza privada de los notarios ya que, como se vio, la Carta confirió a la ley la posibilidad de regular de manera diversa la prestación del servicio notarial, ya sea por particulares, ya sea directamente por el Estado por intermedio de notarios que tengan la calidad de servidores públicos. Pero es más, la previsión legal de la carrera notarial, lejos de vulnerar la Constitución, es un desarrollo de la misma, y en especial de la finalidad que tuvo el Constituyente al incorporar a la Carta, el mandato según el cual "el nombramiento en propiedad de los notarios se hará mediante concurso. (CP art. 131)". En efecto, la exigencia constitucional del concurso tiene la pretensión de mejorar el servicio notarial y garantizar la idoneidad de quienes accedieran a esa función, así como evitar ciertos manejos no muy claros en el nombramiento de los notarios, con lo cual también se quería proteger los derechos de los notarios y asegurar el respeto del principio de igualdad en el acceso a la función pública (CP art. 40). Esto es muy claro en el debate en la Comisión IV de la Asamblea Constituyente que trató el tema, pues en ella los delegatarios coincidieron en que se debía mantener la anterior regulación constitucional, pero que sin embargo era necesario establecer ciertos ajustes que habían obstaculizado el adecuado desarrollo de la función notarial. La novedad más importante fue entonces la constitucionalización de la obligación del concurso, a fin de hacer verdaderamente imperativa su realización para el nombramiento de notarios en propiedad, con lo cual, en el fondo, los delegatarios pretendían la constitucionalización de la carrera notarial."[2]
En reciente decisión, esta Corporación se pronuncio exactamente sobre el tema debatido en el presente proceso. En efecto, en la sentencia C-741/98, la Corte consideró que el derecho a la estabilidad en el cargo de notario es propio de la carrera notarial pues, en criterio de la Corporación, "es natural que se confiera el derecho a la estabilidad a quien obtenga el mejor puntaje en un verdadero concurso de méritos, pues la persona, en un proceso abierto, riguroso y objetivo, ha demostrado ser el más idóneo para el ejercicio de la función". Sin embargo, la Corporación señaló: "(f)inalmente, como es obvio, el derecho a la estabilidad no es absoluto. Así, la persona debe mostrar un rendimiento satisfactorio y respetar el régimen disciplinario para continuar en el ejercicio de la función, pues la propia Carta precisa que, entre otras causales admisibles, la calificación no satisfactoria implica el retiro de la persona de la función pública (CP art. 125)."[3]
6. Según el artículo 176 demandado, para ser admitido en la carrera notarial se exigen, entre otros, el requisito de ser o haber sido notario de servicio o en interinidad pero, en este último caso, con el lleno de los requisitos legales y por un tiempo mínimo de cuatro años. El actor considera que esta disposición vulnera el principio de igualdad en la medida en que establece un concurso cerrado que limita la igualdad de oportunidades para competir en un concurso de ingreso a la carrera notarial.[4]
7. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-741 de 1998, declaró inexequible la categoría de los notarios de servicio. Adicionalmente, según reiterada doctrina constitucional[5], la figura de la interinidad sólo puede aplicarse por el tiempo estrictamente necesario para que se convoque a un concurso de méritos a fin de proveer el cargo en propiedad. A este respecto ha indicado la Jurisprudencia:
"(E)n reiteradas oportunidades esta Corporación[6] ha manifestado que la carrera para el ejercicio de funciones públicas se fundamenta en tres principios interrelacionados: de un lado, la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la función, por lo cual la administración debe seleccionar a la persona exclusivamente por su mérito y capacidad profesional (CP art. 125). De otro lado, la protección de la igualdad de oportunidades, pues todos los ciudadanos tienen igual derecho a acceder al desempeño de cargos y funciones públicas (CP arts 13 y 40). Finalmente, la protección de los derechos subjetivos de quien pertenece a la carrera (CP arts 53 y 125), tales como el principio de estabilidad en el empleo, el sistema para el retiro de la carrera y los beneficios propios de la condición de escalafonado, pues las personas vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos adquiridos, que deben ser protegidos y respetados por el Estado. Ahora bien, es claro que la regulación impugnada afecta estos principio."[7]
"(L)a diferenciación entre notarios de servicio y notarios de carrera es inconstitucional, pues la Carta establece que sólo pueden ejercer en propiedad el cargo personas que hayan ingresado a la carrera notarial, gracias al concurso de méritos respectivo, el cual, como ya se señaló, debe ser no sólo abierto sino cumplir los requisitos de objetividad anteriormente mencionados. Esta Corporación procederá entonces a retirar del ordenamiento aquellos apartes de las normas acusadas que consagran o presuponen la existencia de notarios de servicio, y que por ende limitan el carácter obligatoriamente abierto de los concursos para acceder a la carrera notarial".[8]
8. La disposición demandada tiene dos presupuestos básicos: en primer lugar la existencia de los llamados notarios de servicio y, en segundo término, la posibilidad de que los notarios en interinidad ejerzan su cargo por un periodo de cuatro años. No obstante, como ha sido estudiado, los dos supuestos mencionados han sido considerados inconstitucionales y, por consiguiente, la parte pertinente de la norma cuestionada deberá ser retirada del ordenamiento jurídico.
En suma, una verdadera carrera - administrativa o judicial - y un auténtico concurso de méritos, deben articularse en torno a los valores, principios y derechos que inspiran el estatuto constitucional de la función pública. En este sentido, puede afirmarse que todo concurso debe someterse, cuando menos, a las siguientes directrices: (1) la convocación debe ser pública y ampliamente difundida; (2) las reglas del concurso - denominación de los cargos a proveer, requisitos para participar, pruebas o evaluaciones, términos y lugares de realización y entrega de requisitos, documentos exigidos, criterios de ponderación, puntajes etc.- deben ser claras y expresas y la administración deberá someterse a ellas estrictamente (Cfr. T-256/95 (MP. Antonio Barrera Carbonell).; (3) las condiciones generales exigidas para participar deben ser proporcionadas - necesarias, útiles y estrictamente proporcionales - a la finalidad perseguida por el concurso; (4) las pruebas a las que han de someterse los competidores deben ser, además de razonables y proporcionadas, congruentes con la misma finalidad; (5) los factores de evaluación deben responder fundamentalmente de manera prioritaria a criterios técnicos, objetivos y públicos, que puedan ser controlados y que desplacen la posibilidad de imponer discriminaciones o privilegios para que todos los aspirantes puedan, realmente, competir en igualdad de condiciones; (6) debe existir una estricta relación de proporcionalidad en la ponderación de los distintos factores a evaluar, de manera tal que prevalezcan los criterios objetivos, a fin de que no ocurra, por ejemplo, que tenga un mayor valor ponderado la prueba que evalúe la condición objetivamente menos necesaria para el ejercicio del cargo.[9]"
10. Los artículos 178-4 y 179 demandados, parten del presupuesto de la existencia de notarios - en interinidad o de servicio - que pueden ejercer el cargo en propiedad o por prolongados periodos, sin pertenecer a la carrera, esto es, sin haber ingresado a la función fedante mediante un concurso público de méritos. En efecto, el numeral 4 del artículo 178 establece que los notarios que pertenezcan a la carrera notarial tendrán prelación en los programas de bienestar social general y en los de becas y cursos de capacitación y adiestramiento. Del contexto de la disposición citada, puede entenderse que la prelación opera, entre otros, frente a los notarios de servicio. A su turno, según lo dispuesto en el artículo 179, el ingreso a la carrera se hará teniendo en cuenta algunos factores propios de la notaria que se ejerza en propiedad al momento de la admisión. Como fue expuesto en los fundamentos anteriores de esta providencia, la figura de los notarios de servicio, que pueden ejercer en propiedad la función fedante sin haber sido sometidos a un concurso público de méritos, es inconstitucional. En consecuencia, la Corte debe declarar la inexequibilidad del artículo 179 citado, pues resulta claro que al momento de ingresar a la carrera no es constitucionalmente posible que el candidato ganador se encuentre ejerciendo, en propiedad, el cargo de notario. Adicionalmente, la Corporación habrá de declarar la exequibilidad condicionada del numeral 4 del artículo 178, en el sentido de que se entienda que la mencionada disposición no se refiere a los notarios de servicio.
11. Los artículos 168 y 169, parcialmente demandados, se refieren a la celebración de concursos para ingreso al servicio y para ingreso y ascenso dentro de la carrera notarial. La demanda, sin embargo, solo se orientó contra la parte de las disposiciones citadas que se refiere a la carrera y no contra la que menciona a quienes aspiran a ser notarios de servicio. No obstante, como ha sido expuesto con detalle en los fundamentos anteriores de esta providencia, la figura de los notarios de servicio fue declarada inexequible, lo que, en consecuencia, torna evidentemente inconstitucional la parte de las mencionadas disposiciones que regula el concurso para el ingreso a esta especial forma de vinculación. Ahora bien, dado que los precitados apartes no fueron demandados, se pregunta la Corte si, en estos casos, en defensa del principio constitucional de la seguridad jurídica, procede realizar la unidad normativa.
No obstante, existen algunas hipótesis en las que procede la unidad normativa por razones diferentes o, incluso, en decisiones distintas. Se trata, por ejemplo, de casos en los cuales se necesita integrar la correspondiente proposición jurídica para no producir una decisión inhibitoria o, de aquellas oportunidades en las cuales "la Corte debe estudiar una proposición normativa que fue acusada por un ciudadano, pero frente a la cual resulta materialmente imposible pronunciarse sobre su exequibilidad o inexequibilidad sin analizar globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ella forma parte."[10]. Según la Corporación, "en estos eventos, y con el fin de evitar un pronunciamiento inhibitorio, es válido que la Corte proceda a integrar la unidad normativa, siempre y cuando ello sea estrictamente necesario para examinar en debida forma las acusaciones formuladas en la demanda"[11]. Por último, se trata de aquellos casos en los cuales no se integró, en su momento, la correspondiente unidad normativa, pero en una nueva demanda la Corte encuentra la necesidad de hacerlo para mantener la doctrina constitucional vigente y, especialmente, la eficacia del fallo anterior.
12. Por los mismos argumentos expuestos en el fundamento jurídico 11 anterior, la Corte procederá a realizar la correspondiente unidad normativa entre la expresión "de la Administración de Justicia", contenida en la denominación "Consejo Superior de la Administración de Justicia" del artículo 188 parcialmente demandado y la misma expresión del artículo 164 actualmente demandado, sobre la cual recae decisión previa de inexequibilidad.
Estarse a lo resuelto ... Artículo 145 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Estarse a lo resuelto ... Artículo 164 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Exequible Artículo 168 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Inexequible (con excepcion de las expresiones ) Artículo 168 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Inexequible (con excepcion de las expresiones ) Artículo 169 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Exequible Artículo 169 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Inexequible (numeral 1, 2 ) Artículo 176 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Exequible por el cargo formulado Artículo 176 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Exequible por el cargo formulado Artículo 178 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Exequible condicionado (excepcion del numeral 4 ) Artículo 178 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Inexequible (salvo los inciso 1;2 ) Artículo 179 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Exequible por el cargo formulado Artículo 181 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Inexequible (con excepcion de la expresiones ) Artículo 181 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Exequible Artículo 188 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Inexequible (con excepcion de la expresion ) Artículo 188 DECRETO_960_1970_20/06/1970
[1]Sentencia SU-250 de 1998. (M.P. Alejandro Martínez Caballero); Sentencia C-741/98 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[2]Sentencia C-741/98 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[3]Sentencia C-741/98 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[4]En la sentencia C-741-98 se lee: "El artículo 145 del Decreto 960 de 1970 también distingue entre los notarios de servicio y los notarios de carrera. Conforme a la regulación legal, ambos ejercen el cargo en propiedad, por lo cual obligatoriamente deben ser nombrados por concurso. Sin embargo, los primeros no pertenecen a la carrera y son nombrados por un período determinado, que el estatuto establece en cinco años; por ende, su estabilidad sólo cubre el período para el cual fueron nombrados. Por su parte, los segundos no sólo han concursado para acceder al servicio y ser nombrados en propiedad sino que, además, han también concursado satisfactoriamente para ingresar a la carrera notarial; por, ello gozan de una mayor estabilidad pues, como lo señala el artículo 177, tienen derecho a permanecer en el cargo, siempre y cuando desarrollen satisfactoriamente sus funciones. Por consiguiente, la estabilidad en el cargo de los notarios de servicio y de carrera no es la misma ya que, como lo indica otra de las normas acusadas, ésta puede extenderse hasta el retiro forzoso, dentro de las condiciones de la carrera, para quienes pertenezcan a ella, mientras que para los notarios de servicio cubre únicamente el término del respectivo período. Esa diferencia de trato es cuestionada por el actor, quien considera que ésta infringe la igualdad pues consagra un privilegio para los notarios de carrera. Entra pues esta Corporación a examinar esa acusación". La Corte encontró fundado el cargo del actor y declaró inexequible la categoría de los notarios de servicio.
[5]Sentencia SU-250/98 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-741/98 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[6]Al respecto pueden verse, entre otras las sentencias C-479 de 1992, C-391 de 1993, C-527 de 1994, C-040 de 1995, C-063 de 1997, T-315 de 1998 y C-539 de 1998.
[7]Sentencia C-741/98 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[8]Sentencia C-741/98 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[9]Sentencia T-315 de 1998. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En el mismo sentido pueden consultarse, entre otras, la sentencia C-741/98 )M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[10]Sentencia C-320/97 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[11]Sentencia C-320/97 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).