Source: http://espanito.com/inadmisibilidad-v4.html
Timestamp: 2019-01-22 20:50:17
Document Index: 385023822

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 46', 'Artículo 194', 'Artículo 195', 'artículo 195', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 195', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46']

INFORME No. 17/11
PETICIÓN 277-01
JOSÉ LUIS FORZZANI BALLARDO
El 1º de mayo de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la CIDH” o la “Comisión Interamericana”) recibió una petición presentada en nombre propio por José Luis Forzzani Ballardo (en adelante también “el peticionario” o “la presunta víctima”), en la cual se alega la responsabilidad de la República del Perú (en adelante "Perú", "el Estado peruano" o "el Estado") por la violación a derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”). El peticionario afirmó que el 10 de septiembre de 1993 el Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao dictó una sentencia exigiendo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pio XII efectuar el pago de más de 7.800 nuevos soles en su favor. Señaló que en febrero de 1994 la referida cooperativa entró en proceso de liquidación, por lo cual el juzgado de paz dispuso la suspensión de la ejecución de la sentencia de 10 de septiembre de 1993. Manifestó que esa decisión derivó de presiones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de un decreto legislativo dictado de forma irregular por el entonces Presidente Alberto Fujimori. Señaló que los tribunales peruanos desestimaron sendos recursos de reposición y apelación contra la decisión de suspender la ejecución de sentencia y que el último de estos recursos fue decidido el 19 de abril de 1996.
A su vez, el Estado sostuvo que de conformidad con la legislación pertinente, las sentencias judiciales contra entidades en liquidación tienen el proceso de ejecución suspenso, debiendo sus beneficiarios presentarse al respectivo proceso de restructuración patrimonial y pago de acreedores en el orden de prelación correspondiente. Señaló que en vista de ello, las solicitudes del señor José Luis Forzzani de que se retomara el proceso de ejecución de la sentencia dictada en su favor el 10 de septiembre de 1993, fueron todas desestimadas, siendo la última resolución de fecha 19 de abril de 1996. Finalmente, el Estado afirmó que la petición fue presentada ante la CIDH fuera del plazo de seis meses establecido en el artículo 46.1.b) de la Convención y que los hechos allí narrados no satisfacen el requisito previsto en el artículo 47.b) del mismo instrumento.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión concluyó que es competente para conocer el reclamo, pero que el mismo es inadmisible por incumplimiento del requisito previsto en el artículo 46.1.b) de la Convención Americana. La Comisión decidió notificar el presente Informe de Inadmisibilidad a las partes, hacerlo público e incluirlo en su Informe Anual.
El 1º de mayo de 2001 la CIDH recibió la petición y le asignó el número 277-01. El peticionario presentó información adicional el 7 de febrero y 12 de julio de 2005 y el 6 de agosto de 2008. El 11 de mayo de 2009 se transmitió las partes pertinentes de esa documentación al Estado y se le otorgó un plazo de dos meses para que presentara respuesta, de conformidad con el Reglamento de la CIDH.
El Estado presentó su respuesta el 11 de mayo de 2009 y remitió comunicaciones adicionales el 13 de agosto de 2009, 16 de abril y el 11 de noviembre de 2010. A su vez, el peticionario envió información adicional el 15 de diciembre de 2009, 15 de agosto de 2010 y 2 de marzo de 2011.
Afirmó que durante varios años realizó depósitos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pio XII (en adelante también “CACP”), cuya suma total habría ascendido a los 7.800 nuevos soles. Indicó que ante la negativa de la cooperativa en entregar los valores regularmente consignados en su cuenta, el 9 de agosto de 1993 interpuso una acción civil ante el Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao. Señaló que la cooperativa demandada no presentó contestación, por lo cual la acción fue declarada fundada de forma anticipada el 10 de septiembre de 1993. El peticionario indicó que durante el proceso de ejecución de sentencia, CACP decidió liquidarse, siendo dicha solicitud atendida por la Superintendencia de Banca y Seguros en mayo de 1994.
Según lo alegado, el 2 de septiembre de 1994 el juez que conocía la causa declaró la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada en favor de la presunta víctima. Se indica que esa decisión se fundamentó en una circular del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de número 028-94, la cual requirió a los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Justicia de la jurisdicción civil observar los artículos 194 y 195 del Decreto Legislativo No. 770 – Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros (en adelante “DL 770”). Las referidas disposiciones del DL 770 establecen lo siguiente:
Artículo 194. El dinero y los bienes de una empresa o entidad del Sistema Financiero declarada en disolución y liquidación no son susceptibles de embargo, preventivo o definitivo, ni de otra medida cautelar. Los embargos decretados en fecha previa a la respectiva resolución de la Superintendencia deben ser levantados por el sólo mérito de ésta.
Artículo 195. A partir de la fecha de publicación de la resolución de disolución y liquidación de una empresa o entidad del Sistema Financiero, es prohibido:
a) Iniciar contra ella juicios, o procedimientos coactivos, para el cobro de sumas a su cargo.
b) Perseguir la ejecución de sentencias dictadas contra ellas.
c) Constituir gravámenes sobre alguno de sus bienes, en garantía de las obligaciones que le respectan.
d) Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros1.
El peticionario indicó haber presentado recursos de reposición y apelación contra la resolución del Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao de 2 de septiembre de 1994, los cuales fueron decididos de forma desfavorable. Señaló que a través de la circular 028-94 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ejerció una ingerencia indebida en las atribuciones del Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao. Manifestó haber formulado quejas contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el titular del Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao, pero que en resolución del 9 de noviembre de 1994 se dispuso no haber mérito para instaurar un proceso contra los magistrados denunciados.
Según el peticionario, en resolución del 19 de abril de 1996 el Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao desestimó un recurso de apelación con el fundamento de que no se habría acompañado la tasa judicial correspondiente. Al respecto, afirmó que según la Constitución Política de 1993, la administración de la justicia se rige por el principio de la gratuidad y que al exigir el pago de tarifas para formular apelación, el referido juzgado de paz le privó del acceso a los recursos de la jurisdicción interna. Añadió que en esas circunstancias, se aplican al presente caso las excepciones a la regla de previo agotamiento de los recursos establecidas en los artículos 46.2.b) y c) de la Convención Americana.
El peticionario afirmó que el DL 770 fue promulgado el 28 de octubre de 1993 por el entonces Presidente Alberto Fujimori, sin observarse disposiciones de la Constitución Política del Perú de 1979, vigente en esa época. Manifestó que dicha Constitución y así también la de 1993 establecen que una sentencia con calidad de cosa juzgada es de obligatorio cumplimiento, por lo que un decreto legislativo no podría modificar los efectos de la sentencia del Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao de 10 de septiembre de 1993. Manifestó que los artículos 194 y 195 del DL 770 no solo carecen de validez por ser inconstitucionales sino que no pueden ser aplicados de forma retroactiva, respecto de sentencias firmes dictadas antes de la entrada en vigor del referido decreto.
El peticionario describió y adjuntó copias de leyes, decretos, códigos procesales y de derecho material, extractos de las Constituciones de 1979 y 1993, recortes de prensa sobre asuntos diversos y una denuncia disciplinaria contra el titular del Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao. Finalmente, afirmó que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos protegidos en los artículos 8, 21, 24 y 25 de la Convención Americana.
El Estado efectuó una narración similar a la del peticionario sobre las decisiones del Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao en torno a la acción civil formulada por el señor José Luis Forzzani Ballardo contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pio XII. Indicó que en febrero de 1994 la cooperativa dio inicio a un proceso de liquidación y que el 2 de septiembre del mismo año el Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao dispuso lo siguiente:
Dado cuenta y atendiendo a los actuados del expediente novecientos trece del año mil novecientos noventa y tres donde aparece que la cooperativa demandada resolvió liquidarse con fecha 05.02.94, y que la Superintendencia de Banca y Seguros absolvió positivamente la consulta que hicieran sus directivos con fecha once de mayo del año en curso, (…) por lo que procede en el presente caso dar cumplimiento a la circular 28-94 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (…) de fecha 09.08.94 que ordena a los jueces a aplicar los artículos 194 y 195 del DL 770, en consecuencia SUSPENDE la ejecución de la sentencia en el presente proceso y en el estado en que se encuentra.
El Estado alegó que el 7 de septiembre de 1994 la presunta víctima interpuso recurso de apelación contra la citada resolución, el cual fue concedido sin efecto suspensivo el 27 de septiembre del mismo año. Sostuvo que el 23 de septiembre el señor Forzzani Ballardo presentó un recurso de reposición contra la misma resolución del Primer Juzgado Letrado del Callao de 2 de septiembre de 1994, el cual fue declarado sin lugar el 17 de octubre de 1994. Indicó que contra esa decisión, la presunta víctima formuló un recurso de apelación el 24 de octubre 1994 y un segundo recurso el 17 de abril de 1996, los cuales fueron declarados improcedentes el 11 de noviembre de 1994 y el 19 de abril de 1996, respectivamente. De acuerdo con la información presentada, la resolución de 19 de abril de 1996 fue notificada a la presunta víctima el 30 de abril del mismo año.
El Estado afirmó que según el artículo 195 del DL 770, cuando una entidad es declarada en liquidación no es posible proseguir con la ejecución de sentencias en su contra. Agregó que al formar parte del grupo de co-acreedores, la presunta víctima debió presentarse a la junta liquidadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pio XII y seguir el cauce del proceso de reestructuración patrimonial, en los términos de la legislación pertinente.
Indicó que la resolución dictada en última instancia por las autoridades judiciales internas tiene fecha 19 de abril de 1996, mientras que la petición fue recibida por la CIDH el 1 de mayo de 2001. En ese sentido, sostuvo que la petición es inadmisible por incumplimiento del plazo de seis meses establecido en el artículo 46.1.b) de la Convención. Finalmente, afirmó que los hechos narrados en la petición no tienden a caracterizar la vulneración a derechos protegidos en la Convención y solicitó que la CIDH la declare inadmisible en virtud del artículo 47.b) del referido instrumento.
ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD
Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci
El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona natural, respecto a quien el Estado peruano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención. Por su parte, Perú ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978. En consecuencia, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar el reclamo.
La Comisión tiene competencia ratione materiae y ratione loci, por cuanto en la petición se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte de dicho tratado.
Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione temporis pues la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos por la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición.
El artículo 46.1.a) de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, tengan la oportunidad de solucionarla antes de que sea conocida por una instancia internacional.
En la presente petición se alega subsistir un incumplimiento de la sentencia de 10 de septiembre de 1993 en la que el Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao ordenó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pio XII pagar cierta suma en dinero al señor José Luis Forzzani. La información disponible indica que la ejecución de dicha sentencia fue dejada sin efecto a través de una resolución de 2 de septiembre de 1994, dictada por el mismo órgano judicial. El peticionario afirmó que “estando suspendida la ejecución, ello impide que realice cualquier gestión, por cuanto no pued[e] hacer ningún tipo de requerimiento (…).” A su vez, el Estado señaló que la resolución del Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao que puso fin al proceso de ejecución de sentencia tiene fecha 19 de abril de 1996, siendo notificada al señor Forrzani Ballardo el 30 de abril del mismo año. Al respecto, argumentó que la petición no satisface el requisito previsto en el artículo 46.1.b) de la Convención.
En casos de alegado incumplimiento de resoluciones relacionadas con obligaciones patrimoniales de entidades privadas, la CIDH ha señalado que no le corresponde reemplazar las autoridades judiciales internas en la determinación de cuestiones de derecho interno, tales como embargos, remate de bienes, orden de prelación u otras medidas ejecutorias. Al respecto, ha indicado que antes de acudir a una instancia internacional, las presuntas víctimas deben en principio impulsar los mecanismos ejecutorios de acuerdo con la legislación interna2.
En el asunto sub judice, el proceso de ejecución de la sentencia favorable al señor Forzzani Ballardo fue declarado sin efecto el 2 de septiembre de 1994, en los términos del artículo 195 del DL 770, tras lo cual presentó una serie de recursos dirigidos a recobrar la vigencia de dicho proceso. La información presentada indica que el Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil del Callao desestimó todos los recursos deducidos por la presunta víctima y que la última actuación judicial en torno a la pretensión de proseguir con el referido proceso de ejecución se realizó el 19 de abril de 1996, en los siguientes términos:
[…] atendiendo a que el recurso que antecede no se ha indicado en forma clara y precisa los fundamentos de hecho o de derecho y el error incurrido en la resolución materia de apelación, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria, y no se ha acompañado la tasa judicial correspondiente, en consecuencia (…) declara improcedente su aperlación (sic)3.
En ese sentido, la CIDH concluye que los recursos de la jurisdicción interna orientados a impugnar la suspensión de la ejecución de la sentencia de 10 de septiembre de 1993 fueron agotados con la resolución del Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil de 19 abril de 1996.
El artículo 46.1.b) de la Convención establece que para que la petición pueda ser declarada admisible es necesario que haya sido presentada dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que el interesado fue notificado de la decisión final que agotó la jurisdicción interna.
Conforme a lo señalado en el párrafo 23 supra, los recursos de la jurisdicción interna fueron agotados el 19 de abril de 1996, mediante resolución del Primer Juzgado de Paz Letrado en lo Civil que declaró sin lugar un recurso de apelación deducido por el señor José Luis Forzzani Ballardo. De acuerdo con la información proporcionada por las partes, dicha resolución fue notificada a la presunta víctima el 30 de abril de 1996. Dado que la presente petición fue recibida por la CIDH el 1º de mayo de 2001, no se encuentra satisfecho el requisito previsto en el artículo 46.1.b) de la Convención Americana.
La Comisión se abstiene, por sustracción de materia, de examinar los demás requisitos de admisibilidad previstos en la Convención4.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, la Comisión considera que la petición es inadmisible por incumplimiento del requisito establecido en el artículo 46.1.b) de la Convención Americana, y en consecuencia,
Declarar inadmisible la presente petición por incumplimiento del requisito previsto en el artículo 46.1.b) de la Convención Americana.
Notificar esta decisión al Estado y al peticionario.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 23 días del mes de marzo de 2011. (Firmado): Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, Luz Patricia Mejía Guerrero, y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.
1 Escrito inicial del peticionario recibido por la CIDH el 1 de mayo de 2001, anexos, extractos del Decreto Legislativo No. 770.
2 CIDH, Informe Nº 158/10, Petición 167-99, Inadmisibilidad, Miembros del Sindicato de Obreros de Unión Productores de Lecho S.A., Perú, 1 de noviembre de 2010, párr. 24.
3 Comunicación del peticionario recibida por la CIDH el 15 de diciembre de 2009, anexos, Cedula de Notificación con registro de recibo de 30 de abril de 1996, en la cual se adjunta resolución del Primer Juzgado de Paz Letrado en Lo Civil del Callao de 19 de abril de 1996.
4 CIDH, Informe Nº 14/10, Petición 3576-02, Inadmisibilidad, Trabajadores Despedidos de Lanificio del Perú S.A., Perú, 16 de marzo de 2010, párr. 35; Informe Nº 135/09, Petición 291-05, Inadmisibilidad, Jaime Salinas Sedó, Perú, 12 de noviembre de 2009, párr. 37 e Informe Nº 42/09, Petición 443-03, Inadmisibilidad, David José Ríos Martínez, Perú, 27 de marzo de 2009, párr. 38.