Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-05-febrero-2008-ministerio-de-justicia-821369
Timestamp: 2016-10-22 09:27:56
Document Index: 123869533

Matched Legal Cases: ['artículo 100', 'artículo 249', 'artículo 254', 'artículo 33', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 254']

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santa Cruz de Tenerife, don Javier Martínez del Moral, contra la negativa del registrador de la propiedad de Tacoronte a inscribir una escritura de adjudicación de herencia
RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santa Cruz de Tenerife, don Javier Martínez del Moral, contra la negativa del registrador de la propiedad de Tacoronte a inscribir una escritura de adjudicación de herencia Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santa Cruz de Tenerife, don Javier Martínez del Moral, contra la negativa del registrador de la propiedad de Tacoronte a inscribir una escritura de adjudicación de herencia Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por el Notario de Santa Cruz de Tenerife don Javier Martínez del Moral, contra la negativa Registrador de la Propiedad de Tacoronte, don Óscar Germán Vázquez Asenjo, a inscribir una escritura de adjudicación de herencia.
«Diligencia de liquidación fiscal. Yo, Javier Martínez del Moral, hago constar: Que el sujeto pasivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, doña Monserrat Pisaca Fariña, con DNI 41845558-W, ha cumplido con su obligación de presentar a liquidación copia autorizada física del título que antecede, según los datos que se testimonian a continuación:
Del contenido de esta diligencia, redactada en el último folio de la serie 8B, número 264189 y en el presente de igual serie que el anterior, número 2641689, yo, el Notario, doy fe».
«Son hechos relevantes para la extensión de la presente nota de calificación desfavorable los siguientes:
Contra la precedente calificación negativa total/parcial por causas suspensivas de la misma, los interesados podrán...»
1. De las inexactitudes de los hechos narrados en la calificación.-En relación con el relato de antecedentes de hecho que se contienen en el apartado III de los mismos, debe precisarse que no había escaneado carta de pago alguna dado que la escritura calificada había sido presentada a liquidación, no a autoliquidación, añadiendo, además, que el número de protocolo que se citaba en dicho apartado había sido autorizado por el recurrente en fecha distinta y correspondía a un acto no inscribible, así como que el notario autorizante de la escritura calificada era el recurrente y no otro.
2. De la matriz autorizada se expidieron dos copias, una en soporte papel, para su presentación ante la Administración Tributaria conforme prevé el artículo 100 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones, y otra en soporte electrónico que causó el asiento de presentación 603 en el registro de la propiedad de Tacoronte, del Diario 13, el día 21 de agosto de 2007. Esta presentación se practicó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249.2 del RN. Expedida copia autorizada de la escritura en soporte papel y presentada para liquidar impuestos, se exhibió nuevamente al notario recurrente para dejar constancia en la matriz, después de su presentación fiscal, citando en apoyo de su postura el art. 244.2 del Reglamento Notarial.
a) Que extendida la nota en la matriz es obligación del notario dejar constancia en las copias autorizadas expedidas, cualquiera que sea su soporte, de ese nuevo contenido producto de la dinámica documental, ya que la copia autorizada en soporte papel tiene la nota y cajetín original y la copia autorizada electrónica carece de esa información, carencia que se colma expidiendo una copia parcial de la matriz (comprensiva de la diligencia de constancia de la presentación tributaria) y uniendo esa copia parcial a la previamente expedida para lograr la identidad entre matriz y título electrónico.
b) Debe negarse que hubiera desplegado ninguna función tributaria, en tanto que se había limitado a dejar constancia en la matriz, y en las copias autorizadas expedidas, de la declaración tributaria practicada por el sujeto pasivo. Al haber identidad entre copia autorizada en soporte papel y copia electrónica, los mismos efectos que son parangonables a aquélla deben reconocerse a ésta, pues si la copia física sirve de justificante para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la copia electrónica tiene ese mismo valor, dado el principio que subyace en el art. 17 bis de la LN: a identidad de contenidos entre copia física y electrónica, equivalencia de efectos.
c) Que esa actividad de técnica documental produce otra importante ventaja para el interesado, pues al ser idéntica la copia autorizada en soporte papel, incluida su dinámica tributaria, con la copia electrónica presentada en el Registro de la Propiedad el Registrador tiene a su disposición todos los elementos para practicar la inscripción, incluidos los que permiten justificar que Hacienda tiene conocimiento del contenido de ese documento, por medio de la liquidación practicada y el archivo de copia del mismo, como exigen los artículos 254 de la LH y 100 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones. Y todo ello sin necesidad de que el interesado tenga que desplazarse al Registro competente.
d) Que desde el punto de vista registral, las comunicaciones electrónicas para acreditar el pago de los impuestos de notario a registrador, también tienen su reconocimiento en el art. 110 de la Ley 24/2001, cuando dispone que mediante el uso de la firma electrónica regulada en este disposición podrán remitirse documentos públicos notariales, comunicaciones, partes, declaraciones y autoliquidaciones tributarias, solicitudes o certificaciones por vía electrónica, por parte de un notario o registrador de la propiedad, mercantil o de bienes muebles dirigidas a otro notario o registrador..., pudiendo un notario, con base en este precepto, remitir a un registrador una comunicación comprensiva de una liquidación o de una autoliquidación tributaria de un título presentado, ya se haya practicado la liquidación o declaración de forma electrónica o en soporte papel; o bien un documento público electrónico que comprenda esa liquidación o declaración. En uno u otro caso, esa comunicación electrónica producirá los mismos efectos que si se hubiera recibido en soporte papel, no sólo por la equivalencia legal de ambos soportes, sino también porque el hecho documentado, cualquiera que sea su soporte y forma de percepción, está amparado por las presunciones de legalidad, veracidad e integridad que adornan al instrumento público (arts. 17 bis y 24 de la LN).
e) Respecto de si el registrador, dentro del procedimiento administrativo registral, puede cuestionar la forma de acreditar o justificar el pago del tributo, el art. 254 de la LH exige que se acredite el pago del tributo antes de practicar la inscripción. Y el art. 256 de la LH dispone el archivo de las cartas de pago, cuando se practica autoliquidación. Ambos preceptos fueron redactados en 1946 y deben interpretarse a la luz del nuevo sistema de comunicaciones electrónicas de autoliquidaciones, entre la Administración en general, notarios y registradores, que disciplina los artículos 110 y concordantes de la Ley 24/2001. Para acreditar el cumplimiento de la obligación formal de declarar, a los efectos de la admisión registral de un título, el art. 99 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones exige la constancia en el título de la nota de presentación en la oficina competente para practicar la liquidación, o la del ingreso de la correspondiente autoliquidación o la de declaración de exención o no sujeción consignada en ella por la oficina gestora a la vista de la declaración-liquidación presentada, y el art. 100.2 dispone que se considerará acreditado el pago del impuesto siempre que el documento lleve la nota justificativa del mismo.
f) Que en el presente caso, según la tesis registral, para que pueda inscribirse el titulo, el sujeto pasivo debería pagar por un exceso de adjudicación no sujeto y por una segregación que no se ha practicado y después iniciar un procedimiento fiscal de devolución de ingresos indebidos, si considera que se encuentran no sujetos, al amparo del articulo 7.2 B del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, bastando con examinar el titulo para comprobar que el exceso de adjudicación en el reparto de las fincas hereditarias está compensado en metálico y, por tanto, es un exceso no sujeto que forma parte del documento que tiene la Administración Tributaria para su revisión, si lo considera oportuno (art. 1.062 del CC en conexión con el articulo 7.2.B de la LITP y AJD). Además, tampoco existe segregación y las herederas a lo que se comprometen a es a tramitar la licencia de segregación y rectificar el Registro una vez se obtenga.
g) Que el registrador cumple cuando se le justifica que se han puesto a disposición de la Administración Tributaria los elementos que permiten el cálculo del impuesto, sin que pueda realizar ulteriores fiscalizaciones, pues cualquier apreciación sobre el fondo del asunto fiscal queda fuera del ámbito registral y debe ventilarse en el procedimiento tributario, con las garantías del mismo y ante el órgano que tenga asignadas las competencias correspondientes.
1. La única cuestión por resolver se ciñe a la negativa a la inscripción de la escritura calificada que el registrador fundamenta en que, a su juicio, no se ha acreditado previamente «el pago de los Impuestos establecidos o que se establecieren por las leyes si los devengare el acto o contrato que se pretende inscribir».
2. No obstante, y antes de entrar en dicha cuestión, este Centro Directivo se ve en la obligación de formular ciertas consideraciones respecto de la actuación de los dos funcionarios intervinientes.
a) En primer término, tiene que expresar su desaprobación respecto del tono empleado por el notario y por el registrador en sus escritos, absolutamente inapropiado y alejado del que exige el mutuo respeto que ha de presidir sus relaciones.
b) En segundo lugar, y a la vista del tenor literal de la diligencia que se incorpora a la matriz (principal motivo de este recurso) y de la forma en que aparece redactada la nota de calificación, tampoco puede dejar de manifestar que son merecedoras de reproche, pues si la redacción de la primera -la diligencia notarial- no es paradigmática de la precisión que ha de guiar la actividad documentadora del notario, tal y como exige el art. 148 del Reglamento Notarial (pues, por ejemplo, alude a un impuesto distinto al aplicable a la escritura otorgada e indica que acompaña a ésta una carta de pago que luego afirma en el escrito de recurso simplemente no existe), no menor reprobación debe extenderse a la forma en la que en la nota de calificación se exponen los antecedentes de hecho sobre los que siempre -en buena técnica jurídica- se ha construir la argumentación posterior, pues son el necesario soporte fáctico de la motivación (por desarrollar en los fundamentos de derecho) de su postura en orden a la inscribibilidad o no del documento calificado. Y examinada la nota en este concreto apartado, la misma está plagada de errores absolutamente incomprensibles y de tal calado que ello constituiría, por sí, argumento suficiente para revocarla sin más, pues ni en la escritura, ni en la ulterior diligencia, hay escaneda una carta de pago (por la sencilla razón de que el documento no fue autoliquidado y sí presentado a liquidación), ni aquella es otorgada por quienes en alguna parte del texto de la nota se indica; el título no contiene una segregación, y el exceso de adjudicación no se produce con ocasión de la disolución de un condominio, sino en una partición de herencia.
3. Respecto del fondo del recurso, para la resolución del mismo han de analizarse dos aspectos: uno referido a las obligaciones que la legislación fiscal establece para los Registradores de la Propiedad en el proceso de inscripción; y otro, el examen de la diligencia extendida en la matriz y posteriormente presentada telemáticamente al Registro para completar el título inicialmente presentado.
A) Comenzando por el primero, no es en absoluto ocioso traer a colación diversos pronunciamientos de este Centro Directivo -por cierto ya con algunos años de antigüedad- que centran perfectamente la problemática de la cuestión suscitada en este recurso y son muestra patente de su inequívoca, y consolidada, doctrina sobre la misma:
a) «Ciertamente, el artículo 254 de la Ley Hipotecaria impone al Registrador el deber de comprobar el pago de los impuestos que devengue todo acto que pretenda su acceso al Registro, como requisito previo para la práctica del asiento. Asimismo, es doctrina reiterada de esta Dirección General que tal deber quedaba cumplido si el documento presentado contenía nota firmada por el Liquidador del impuesto que acreditara su pago, prescripción o exención, no pudiendo en tal hipótesis suspender la inscripción so pretexto de error o deficiencia de la liquidación practicada y sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Delegación de Hacienda respectiva (vid., Resoluciones citadas en los "vistos"). El artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, establece que no se admitirán en Oficinas y Registros públicos los documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto sin que conste la presentación del documento ante los órganos competentes para su liquidación ("salvo lo previsto en la legislación hipotecaria...", añade la norma); y, más específicamente, según el artículo 100.1 del Reglamento de dicho Impuesto, aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, los Registros de la Propiedad no admitirán ningún documento que contenga un acto sujeto al Impuesto sin que se justifique el pago de la liquidación correspondiente, la declaración de sujeción o no sujeción, "o la presentación de aquél ante los órganos competentes para su liquidación". De estos preceptos se desprende que, a los efectos de la inscripción, es admisible la simple presentación del documento ante el Liquidador del Impuesto, solución ésta que permite la adecuada composición de los intereses en juego: Los de la Hacienda Pública, mediante el suministro a la misma de los elementos necesarios para la exacción del Impuesto y la nota que el Registrador habrá de extender al margen de la inscripción de la finca transmitida para hacer constar la afección de ésta al pago de la liquidación tributario (artículo 100.3 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones)...» (cfr. Res. de 11 de enero de 2001).
b) «En cuanto a la falta de presentación de la carta de pago del Impuesto, también tiene declarado este Centro Directivo (cfr. Resolución de 21 de octubre de 1987) que la nota al pie del título expresiva del pago, exención o no sujeción -ahora, de la presentación de la autoliquidación correspondiente- es suficiente para la inscripción, sin perjuicio de que el Registrador, si lo estima procedente, pueda poner en conocimiento de las autoridades fiscales lo que considere oportuno...» (cfr. Resolución de 5 de enero de 2002).
B) Gran parte del desarrollo de la nota de la calificación gira en torno a la siguiente cuestión que el registrador se plantea en su nota y que argumenta por extenso como base de su negativa (cuestión por cierto claramente incongruente puesta en relación con el iter procedimental seguido): «... si el Notario tiene competencia legal dentro de la Administración Tributaria Canaria para en base a su criterio determinar que ha quedado acreditada la autoliquidación tributaria, y consecuencia de ello aportar testimonio de la carta de pago para su archivo en el Registro de la Propiedad, como expresamente señala en la diligencia, cuando dice que es, "para su remisión al Registro de la Propiedad de Icod de los Vinos con la finalidad exclusiva de acreditar la autoliquidación tributaria y el archivo registral de la carta de pago" y pretender dar así cumplimiento al artículo 254 de la ley Hipotecaria...».