Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Medicamentos/1/AN
Timestamp: 2020-06-05 01:31:10
Document Index: 50888645

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 38', 'artículo 49', 'artículo 31', 'artículo 67', 'artículo 111']

Medicamentos - 1 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
1072 resultados ( máximo documentos a recuperar 200)
ROJ: STS 664/2020 - ECLI:ES:TS:2020:664
Resumen: Se desestima el recurso y se confirma la resolución administrativa que denegó la autorización para publicitar los servicios de odontología. El régimen de publicidad de tal actividad es el Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y no el Real Decreto 1907/1996, por el que se regula publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con "pretendida" finalidad sanitaria. Y ello, puesto que la ondontología es inequívocamente una ciencia sanitaria y, por lo demás, la actividad publicitaria objeto de autos no versa únicamente sobre aspectos económico-empresariales de la misma sino a difundir un específico método de ejercer la odontología. En consecuencia, su publicidad se encuentra prohibida como toda aquella que, a través de personajes notorios, incita a utilizar productos o servicios sanitarios específicos. Se concluye, en lo que la cuestión de interés casacional planteada se refiere y según lo expuesto, que no resulta de aplicación a la odontología el artículo 4 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria
ROJ: STS 511/2020 - ECLI:ES:TS:2020:511
Nº Recurso: 444/2018
Resumen: Se desestima el recurso, en consonancia con precedentes jurisprudenciales análogos. Los preceptos impugnados no resultan discriminatorios para la profesión enfermera ni crean inseguridad jurídica, toda vez son mera ejecución de lo preceptuado en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, RDLeg. 1/2015, de 24 de julio, cuya legalidad y constitucionalidad ya fuera refrendada por la Sala. No resulta irrazonable la exigencia de previa validación médica a la indicación enfermera -en aquellos supuestos en que así se establezca por protocolos o clínicas de práctica médica, a fijar en periodo de dos años-. Durante dicho periodo los enfermeros/as que hayan desarrollado funciones de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos como consecuencia de la aplicación de normativa autonómica vigente sobre la materia, podrán seguir aplicando los referidos protocolos y guías en los términos establecidos en la normativa autonómica. No existe discriminación respecto de médicos, odontólogos y podólogos toda vez se trata de profesiones distintas y no se da la identidad precisa para apreciar una diferencia de trato injustificada. En cuanto a la atribución a las Comunidades Autónomas de la competencia sobre la acreditación de los enfermeros para autorizar la dispensación de medicamentos, es consecuencia del criterio sentado por la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 76/2018, que declaró inconstitucional su atribución al Ministerio de Sanidad.
ROJ: STSJ BAL 51/2020 - ECLI:ES:TSJBAL:2020:51
Nº Recurso: 258/2016
Resumen: Ante la imposición de una sanción por llevar a cabo actividades de distribución de medicamentos a otra oficina de farmacia sin autorización, el farmacéutico recurrente invoca la caducidad del procedimiento sancionador al haberse superado el plazo de 6 meses fijada en el art. 42 LRJPAC y art. 20.6º del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. La resolución administrativa desestimó la caducidad al entender aplicable el plazo de 1 año fijado en la Ley autonómica. La sentencia rechaza la aplicación del plazo de caducidad anual fijado en la Ley autonómica porque en la materia en la que se impone la sanción (control de medicamentos) es de competencia estatal y la Comunidad Autónoma únicamente dispone de competencia de ejecución. La C.A puede alterar los plazos máximos para dictar y notificar la resolución sancionadora, en aquellos procedimientos en los que dispone de competencia normativa plena, pero aquí únicamente dispone de competencias de ejecución.
ROJ: STSJ MU 19/2020 - ECLI:ES:TSJMU:2020:19
Nº Recurso: 228/2018
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños sufridos por la recurrente como consecuencia del traslado forzoso de su farmacia ordenado por la Administración. Y ello,tras haberle autorizado la apertura de una oficina de farmacia con adjudicación a la actora,expediente que paralizó,a su vez, el expediente de traslado iniciado por otros dos farmaceúticos,y paralización que fue anulad mediante Sentencia del Tribunal Supremo declarando el derecho de éstos al traslado de su oficina de traslado,condicionado a que,su instalación, no imposibilite a la recurrente a ubicar la oficina de farmacia a la que tenía derecho pero siempre cumpliendo las condiciones legales.Sin embargo,tras ejecutar la sentencia,y hacer efectivo el traslado, se inició expediente de cierre respecto de la farmacia de la actora por no cumplir el requisito,de la distancia mínima respecto del local trasladado.Se sustenta la reclamación en el anormal funcionamiento de la administración ante la suspensión del expediente de traslado de la recurrente.Se desestima el recurso al declarar que el cierre de la farmacia de la actora deriva directamente del cumplimiento de una sentencia del TS, siendo conforme a derecho la actuación de la demandada al llevar a cabo la ejecución del fallo del TS,al que venía obligada,siendo las actuaciones de traslado y cierre de la farmacia de la actora,consecuencia directa del cumplimiento de dicho fallo.
ROJ: STS 129/2020 - ECLI:ES:TS:2020:129
Nº Recurso: 507/2017
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia que denegó la autorización de centro de distribución de medicamentos para uso humano al por mayor. Dados los precedentes en la Sala, se reproducen los fundamentos jurídicos para reiterar y responder a la cuestión planteada en el auto de admisión del recurso de casación, que el régimen de incompatibilidades que introduce el artículo 3.2 y la DT 2ª de la ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios -en la redacción dada por la Ley 10/2013, de 24 de julio-, respecto de los farmacéuticos ejercientes en oficina de farmacia y en relación con los almacenes de distribución de medicamentos, no conculca, los principios de confianza legítima, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, garantizados en el artículo 9.3 CE; ni vulnera el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 14 CE; se adecua, al principio de libertad de empresa reconocido en el artículo 38 CE; y respeta, la libertad de establecimiento proclamada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la interpretación que sobre ella ha alcanzado la jurisprudencia comunitaria.
ROJ: ATS 272/2020 - ECLI:ES:TS:2020:272A
Nº Recurso: 3631/2019
Resumen: Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en: Determinar si la primera copia de una escritura notarial en la que se documenta la cesión o transmisión de una oficina de farmacia es un acto sujeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPAJD, al impuesto sobre actos jurídicos documentados, al ser inscribible tal título en el Registro de Bienes Muebles creado en la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
ROJ: STSJ CV 259/2020 - ECLI:ES:TSJCV:2020:259
Resumen: Se impugna la Resolución del Conseller de Sanidad Universal y Salud Publica de la Generalitat Valenciana, que imponioa al recurrente la sancion de 90.000 € de multa por realizar tareas de distribucion de medicamentos a una Farmacia en otra comunidad autónoma de forma clandestina, vulnerando el artículo 67, 1 del real Decreto legislativo 1/2015 de 24 de julio, sobre la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como una infracción muy grave según el artículo 111 apartado 23 C, por Dispensar medicamentos en establecimientos distintos a los autorizados. La actora trata de escudarse en que las Leyes 29/2006 de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y 6/1998, de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, impiden a la Generalidad Valenciana sancionar al actor por cuanto que, a quien identifican los agentes transportando en su coche es al hijo de actor, que no es farmacéutico propietario y/o responsable de oficinas de farmacia, ni personal dependiente de su establecimiento sanitario, lo que no puede ser mantenida pues consta del acta levantada por la Guardia Civil, que se transportaban los medicamentos por quien era dependiente del actor, ya que el exceso de medicamentos los trasladaba el hijo del farmacéutico de Torrevieja a una oficina de Farmacia sita en Zaragoza. La Sala deja claro que lo transcendente era que siendo hijo del farmacéutico, obraba por su cuenta, ya que disponía de los productos de la farmacia infractora.
ROJ: STSJ CV 5456/2019 - ECLI:ES:TSJCV:2019:5456
Nº Recurso: 678/2016
Resumen: La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por titulares de oficina de farmacia que reclaman de la Administración el abono de intereses de demora por retraso en el pago de las facturas derivadas de suministro de medicamentos subvencionados que realizan tales farmacias. La sentencia aprecia que la naturaleza de la relación que une a la Administración Sanitaria y los Farmacéuticos es una relación jurídico pública con origen en Concierto entre la Consellería de Sanidad y los Colegios de Farmacéuticos por el que se fijan las condiciones de la prestación de farmacéutica a través de las oficinas de farmacia. El tipo de interés no puede ser el recogido en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad sino el interés legal de acuerdo con el sistema de precios fijado en el Convenio de 2004 mientras esté vigente, por tanto, no existe período de carencia en el cobro de intereses (las facturas de un mes natural se presentan a la Administración hasta el día 15 del mes siguiente y se deben cobrar el último día del ese mes, si es festivo el siguiente día).
ROJ: ATS 13059/2019 - ECLI:ES:TS:2019:13059A
Nº Recurso: 803/2019
Resumen: Auto de admisión en el que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: si la Administración sanitaria que realiza correcta y adecuadamente un acto sanitario debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización previamente autorizada por la Administración competente (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) o si por el contrario, la responsabilidad deber recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios. Y las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 135 a 138 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 9, 10 y 11 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 7 del Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios.