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Timestamp: 2019-03-23 04:24:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 35', 'artículo 651', 'artículo 55', 'artículo 1340', 'artículo 47', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 52', 'artículo 145', 'artículo 131', 'artículo 145']

Boletin Correspondiente a 2015-10-23Regresar
Libreta militar dejaría de ser requisito para primer empleo.
Beneficio será temporal para dar más oportunidades a jóvenes.
La libreta militar dejaría de ser un requisito para que las personas puedan acceder a un trabajo formal, pero esto no exonerará de la obligación de solucionar la situación castrense que tiene todo colombiano.
La medida fue anunciada por el presidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que esta decisión se impulsa pensando en la necesidad de que las personas jóvenes puedan acceder a trabajos formales y, así mismo, la economía tenga un impulso adicional.
Esto se desarrollará a través de un proyecto de ley que será llevado a discusión del Congreso y que contará con el apoyo de los ministerios de Trabajo y de Defensa. Se espera, por ser de iniciativa gubernamental, que cuente con el respaldo de los partidos de la Unidad Nacional y de otros sectores políticos.
En el proyecto también se estipula una reducción de la edad máxima para prestar servicio militar. La intención del Ejecutivo es que ese límite baje de 28, como está hoy en día, a 24 años
( 2015-10-23) Consultar
Todos los empleadores están obligados a vincular aprendices.
Así lo aclaró la Sección Primera del Consejo de Estado al negar la nulidad de unas resoluciones expedidas por el SENA en las que fijó la cuota de aprendices que una universidad privada debía vincular.
Al respecto, el alto tribunal consideró que sin excepción alguna y sin importar la función que cumplan, en este caso una entidad sin ánimo de lucro, están en la obligación de cumplir con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 789 del 2002.
Además, la providencia destacó que la resolución no impone a la empresa en qué calidad deben vincular a los aprendices pues, según lo establece el artículo 35 de citada ley, las empresas patrocinadoras tienen la facultad de seleccionar los aprendices y de vincularlos en oficios u ocupaciones objeto del contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta los perfiles y los requerimientos de mano de obra calificada o semicalificada que exija (C.P. María Elizabeth García).
(Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 25000232400020070011801, Ago. 31/15)
Omisión y entrega errada de información tributaria exigen pliegos de cargos aparte.
Así lo aclaró la Sección Cuarta del Consejo de Estado al analizar con detenimiento el artículo 651 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 55 de la Ley 6 de 1992, en el que se señalan las sanciones relativas por no enviar la información tributaria solicitada o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo pedido por la administración.
En este sentido, para el alto tribunal “si bien la omisión en el suministro de información y la entrega de información errada tienen su origen en el trámite administrativo dispuesto para la sanción por no enviar información, se trata de hechos diferentes que exigen la expedición de un pliego de cargos aparte, que le garantice al presunto infractor el ejercicio del derecho de defensa”.
Finalmente, la corporación reiteró que el tope máximo de las sanciones tributarias no puede ser utilizado de manera imparcial e injustificada por el funcionario competente, en razón a que le corresponde fundamentar su decisión con argumentos que se deben ajustar no solo a los criterios de justicia y equidad, sino también a los de razonabilidad y proporcionalidad respecto del daño (C.P. Hugo Fernando Bastidas).
(Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 47001233300020120002501 (20440), Sept. 29/15)
Contrato de corretaje que implique subordinación deriva en negocio distinto al pactado.
De los elementos esenciales del contrato se desprende su carácter de independiente y autónomo, de manera tal que si en el mismo se presentan particularidades que desvirtúen tales elementos, se hará patente una verdadera relación de subordinación, advirtió la Sala Laboral de la Corte Suprema.
Según lo reseñó la providencia, la función del corredor es poner en contacto dos contratantes para facilitar sus negociaciones (artículo 1340 del Código de Comercio) y no se le puede cargar con la obligación de mantenerse en vigilia para la realización del negocio, por ejemplo.
En el caso concreto, la sala encontró probada la configuración de un contrato realidad, pues a la persona contratada para ejercer la intermediación negocial se le exigía, además, asistir a capacitaciones, cumplir metas específicas y permanecer en las instalaciones de la empresa en las fechas que esta así lo requiriera, por lo que ordenó el reconocimiento de todas las prestaciones debidas a la trabajadora (M. P. Elsy del Pilar Cuello).
(Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia 2555 (40726) - 4/3/2015)
Existen una serie de recursos que agilizan la prestación de un servicio, la entrega de medicamentos o la realización de un procedimiento.
El sistema de salud en Colombia ha entrado en una etapa de crisis en la que el Gobierno ya está tomando medidas para volverlo más eficiente, pero mientras eso ocurre es necesario tomar una serie acciones para hacer valer los derechos como usuarios.
Héctor Vázquez, asesor de Colombia Saludable, una fundación que asesora a usuarios de las EPS ha elaborado un ABC para no perder el tiempo insistiendo en ventanillas o en llamadas telefónicas vanamente.
Cuando la EPS incumple o demora, entre otros, algún tipo de procedimiento, cita médica o entrega de medicamentos, el principal recurso al que se debe recurrir es el de realizar un derecho de petición ante la EPS solicitando el tratamiento de manera oportuna.
Es recomendable que se haga firmar el recibido del derecho de petición. Para redactarlo es crucial asesorarse porque en algunas ocasiones los devuelven por error en la forma de presentación.
Las políticas de devoluciones cuando no estén relacionadas con temas de garantías (falta de calidad o idoneidad del bien o servicio), serán de resorte exclusivo de los proveedores de bienes y servicios en el mercado.
El peticionario informa que su empresa 2M&W SAS, comercializa con productos (chanclas) de marca EVACOL a través de Centros Comerciales en todo el país y por políticas de control de sus inventarios y flujo de caja han instruido a sus empleados para que no hagan devoluciones de dinero , ya que esto genera desorden en la administración del producto y manejo de caja.
Al respecto formula la siguiente consulta:
“ Estaríamos obligados a la devolución del dinero en efectivo, una vez se haya efectuado la venta y el cliente regrese a los 20 minutos, porque el cliente ya no quiere el producto, o no lo necesita.”
El artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 consagra la figura del retracto en los siguientes términos:
“En todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de cinco (5) días, se entenderá pactado el derecho de retracto por parte del consumidor.
Reporte por parte de las entidades estatales de la información sobre contratos, multas y sanciones de los proponentes.
En esta segunda oportunidad la Comisión centra sus observaciones en un nuevo régimen fiscal para las entidades sin ánimo de lucro y la necesidad de hacer más eficiente la administración de impuestos.
“Quisiera saber si las sanciones impuestas a una empresa o que estén reportadas a las cámaras de comercio y por tanto, en caso de existir, son indicadas en el certificado de existencia y representación legal emitido por la cámara de comercio?
2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con las Cámaras de Comercio.
De conformidad con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, especialmente por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta entidad ejercer control y vigilancia de las cámaras de comercio, sus federaciones y confederaciones.
Conforme a la normativa vigente sobre el Registro Único de Proponentes, las entidades estatales tienen la obligación de reportar mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio la información concerniente a todos los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con todos los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados, información que debe ser registrada por parte de las cámaras de comercio en los respectivos certificados de existencia y representación legal.
EPS no pueden exigir al empleador copia de la historia clínica para tramitar incapacidades.
El empleador no está incluido dentro de aquellas personas expresamente autorizadas por la ley para acceder a la historia clínica, como tampoco lo está el personal administrativo de las EPS o las IPS que tramitan incapacidades, en los términos del numeral 4º del artículo 14 de la Resolución 1995 de 1999.
Por lo tanto, estas últimas no pueden exigir al empleador y este a los trabajadores copia de la historia clínica para tramitar incapacidades y, en caso de hacerlo, la situación debe informarse a la Superintendencia Nacional de Salud, para que esta entidad efectúe la investigación correspondiente y aplique las sanciones a que haya lugar.
El Ministerio de Salud indicó que no es viable expedir más normativa (leyes 23 de 1981 y 1751 del 2015), ya que esta y los pronunciamientos de la Corte Constitucional tienen la suficiente fuerza vinculante para obligar a todos los actores del sistema a respetar la reserva de la cual goza la historia clínica.
También, recordó que, de acuerdo con la Sentencia T-182 del 2009, el carácter reservado de la historia clínica se funda en la necesidad de proteger el derecho a la intimidad del individuo sobre una información que, en principio, únicamente le concierne a él y debe ser excluida del conocimiento público.
Concepto 13875
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, es función de ésta Dirección absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la Entidad, ámbito dentro del cual será atendida su solicitud.
1. Determinación de las deudas asociadas para determinar el Patrimonio Líquido por parte de las sociedades extranjeras y personas naturales sin residencia en Colombia.
Con el fin de delimitar los supuestos que se pueden dar en el análisis de este apartado, resulta necesario abordar el mismo de conformidad con los elementos relativos a la sujeción pasiva del Impuesto a la riqueza desarrollados en el artículo 1° de la Ley 1739 de 2014:
Personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país, y sociedades extranjeras respecto de su riqueza poseída indirectamente a través de establecimientos permanentes.
Para efectos de la determinación de la base gravable de los sujetos pasivos del Impuesto a la riqueza aquí analizados, el parágrafo 6 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014 señala que:
ACCIDENTE DE TRABAJO - Requisitos.
Para que exista accidente de trabajo, se requiere que además de una relación laboral entre el siniestrado y una entidad oficial, concurran tres elementos:
Un suceso imprevisto y repentino, de orden externo, es decir, extraño al organismo de quien lo sufre y de naturaleza violenta o traumática.
Una lesión o perturbación funcional en el organismo de la víctima, como consecuencia de ese hecho y que produce incapacidad o muerte.
Nexo de causalidad o de ocasionalidad entre el trabajo y el hecho externo que originó el daño corporal. Ausencia de dolo y de culpa grave del trabajador o empleado en la realización del accidente.
En el caso de autos, aún cuando no se ha probado que el deceso del causante hubiera ocurrido por causa del trabajo, sí puede afirmarse que por haber ocurrido mientras laboraba y en el sitio en que normalmente debía hacerlo, se presume que acaeció con ocasión del trabajo.
Así las cosas, correspondía a la Administración desvirtuar la presunción, aportando pruebas de la falta de conexidad o de hechos exonerativos de responsabilidad. Máxime cuando los servicios del trabajador se prestaban en una zona violenta y por tanto de alto riesgo.
ACCIDENTE DE TRABAJO - Indemnización por Muerte
SEGURO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRABAJO - Reajuste.
Se tiene que el deceso de Germán Gabriel Meza Salas ocurrió mientras se dirigía de su hogar al sitio de trabajo, vale decir, se trata de un siniestro acaecido bajo la figura del "accidente de trabajo".
En el mismo sentido, con arreglo a las probanzas allegadas al proceso resulta indudable que los beneficiarios del seguro por muerte son los demandantes. El artículo 20 del Decreto 1848 de 1969, prevé como una de las consecuencias del accidente de trabajo la muerte del empleado.
Y en consonancia con ello el artículo 52 ejusdem dispone en su inciso segundo a propósito del seguro por muerte:
"El valor de dicho seguro será equivalente a veinticuatro (24) mensualidades del último salario devengado, en el evento de que el empleado oficial fallezca como consecuencia de accidente de trabajo (...)".
Según se ha visto, en el caso de autos la muerte del empleado docente se produjo en circunstancias que ameritan la tipificación del deceso como accidente de trabajo, siendo del caso reconocer que el monto a reclamar por los beneficiarios en razón del concepto de seguro por muerte debe ser el equivalente a veinticuatro (24) mensualidades del último salario devengado por aquél.
Solicitud indemnización por muerte en accidente de trabajo y pensión de jubilación, procedencia parcial.
Como se anotó en los antecedentes, fueron dos los derechos reclamados en el libelo inicial, el derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación correspondiente al señor Miguel Angel Vásquez Mejía sustituida en cabeza de la actora, como cónyuge superstite; y el reconocimiento de la indemnización por muerte en accidente de trabajo del mismo causante.
El derecho al reconocimiento y sustitución pensional fue negado por el Tribunal y la parte actora no impugnó tal decisión, razón por la cual este aspecto no es materia de estudio ni de pronunciamiento distinto a su confirmación, en esta instancia.
El derecho al reconocimiento de la indemnización por muerte en accidente de trabajo fue acogido por el a-quo y es materia del recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Bello contra la sentencia de primera instancia, motivo por el cual esta pretensión es el objeto del presente recurso. advierte la Sala que el Municipio de Bello en primera instancia solicitó llamar en garantía a la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., petición a la cual accedió el Tribunal pero no se llevó a cabo la notificación de la misma, sin que la administración hubiera insistido en ella. Cumplida la notificación a la aseguradora "SEGUROS DEL ESTADO S.A."
Deducción Provisión de Cartera.
Solicita la Directora Seccional se resuelvan los siguientes problemas jurídicos:
1. Se encuentra vigente el numeral 3 del Acta de Comité de Dirección No. 002 de 2003 correspondiente a la sesión del 25 de marzo de 2003, en la cual se dispuso la aceptación de la deducibilidad de todas las provisiones individuales sobre cartera de crédito para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera?
2. En caso de ser afirmativa la respuesta del anterior cuestionamiento, se solicita precisar si la aceptación de la mencionada deducción, se encuentra circunscrita únicamente para los años gravables 1999 y 2000, o se hace extensiva a todos los periodos fiscales posteriores.
3. En el contexto, y según lo señalado en el parágrafo del artículo 145 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 131 de la Ley 633 del 2000, ¿la deducibilidad de la provisión de cartera de crédito para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, en todas sus categorías, se encuentra o no supeditada al cumplimiento de los requisitos previstos por el legislador en el artículo 145 del Estatuto Tributario y los señalados por el Decreto Reglamentario No. 187 de 1975?