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Timestamp: 2018-12-11 05:10:47
Document Index: 259967246

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 125', 'artículo 129', 'artículo 228', 'artículo 79', 'artículo 53', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 305', 'artículo 267', 'artículo 5', 'artículo 228']

﻿ SENTENCIA 2010-01072/4233-2013 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2016
SENTENCIA 2010-01072 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:SALARIO IGUAL, TRABAJO IGUAL. LO QUE DETERMINA LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR SON LAS TAREAS QUE EFECTIVAMENTE CUMPLE Y NO LAS FORMALIDADES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRABAJO IGUAL SALARIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:545 DE MAYO DE 2017, PÁG.794
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
Exp.: 25000-23-25-000-2010-01072-01 (4233-2013)
Demandante: Gloria Inés Pardo Puentes
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene (i) reconocerle y pagarle sus salarios y prestaciones como si se desempeñara como gestor II; (ii) promoverla a dicho cargo por realizar las funciones que les son propias y cumplir los requisitos exigidos para ello; y (iii) cancelarle las sumas de dinero pretendidas desde la fecha en que se hicieron exigibles, de acuerdo con los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
Que ha desempeñado las funciones asignadas al cargo de gestor II en los siguientes lapsos: (i) del 17 de julio de 1994 al 1º de agosto de 1999, en la división de tesorería de la subsecretaría financiera; (ii) desde el 2 de agosto de 1999 hasta el 5 de marzo de 2007, como revisora de cuentas de la misma dependencia; (iii) del «1º de agosto de 2006» al «31 de enero de 2007», como analista de tesorería II; y (iv) del 6 de marzo de 2007 a la fecha de presentación de la demanda, en condición de auditora tributaria de gestión y control.
Dice que a pesar de que las labores que efectúa corresponden al cargo de gestor II, se le reconocen sus salarios y prestaciones como si ejerciera las de facilitador III, en desconocimiento del principio constitucional «salario igual, trabajo igual».
Que ha permanecido en el empleo de facilitador III pese a que las actividades que realiza son complejas y requieren de conocimientos especializados, lo que contraría el principio de «trabajo igual, salario igual», entre otros mandatos constitucionales y legales, y hace imperioso designarla en uno que corresponda a gestor II.
1.4. Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos administrativos acusados los artículos 1º, 22, 23 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 25, 53, 58 y 193 de la Constitución Política; 39 de la Ley 200 de 1995; 33 de la Ley 734 de 2002; 55 de la Ley 909 de 2004; 7º del Decreto 2400 de 1968; 37 del Decreto 1950 de 1973; 143 del Código Laboral; y 84 del Código Contencioso Administrativo.
Arguye que las decisiones administrativas acusadas desconocen los convenios internacionales suscritos por Colombia, que tienen plena validez y supremacía sobre el ordenamiento jurídico interno, los cuales coinciden en señalar que la remuneración de los trabajadores debe garantizar su digna subsistencia y corresponder a las actividades que realizan, es decir, que deben recibir un «salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción», tal como lo dispone la letra a) del artículo 7º del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derecho Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador).
Que la Corte Constitucional ha explicado que en virtud del derecho a la igualdad, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, mandato que en materia laboral se materializa en el principio «trabajo igual, salario igual», que se desconoce cuándo varios trabajadores cumplen una función idéntica pero reciben contraprestaciones disímiles, tal como acontece en el presente asunto, pues a pesar de cumplir funciones del cargo de gestor II, el salario que devenga corresponde al de facilitador III, que es inferior.
Explica que en el «cuadro de roles» allegado al expediente, mediante documento digitalizado, se evidencia que el cargo de facilitador III de la subdirección de recursos físicos de la DIAN tiene las siguientes funciones: «recepcionar, almacenar, y custodiar, los bienes y documentos soportes que ingresan al almacén y/o inventarios, para que exista organización y conservación de los bienes almacenados; incorporar al sistema informático los ingresos y salidas de elementos para legalizar los movimientos; revisar los traslados de elementos entre funcionarios para establecer la responsabilidad en la custodia de los mismos», entre otros trabajos relacionados con el manejo de los elementos materiales de la entidad.
Que de acuerdo con la certificación de 16 de marzo de 2010, proferida por el subdirector de gestión de personal de la DIAN, la demandante ejerció actividades de control de cuentas contables de efectivo en la división de tesorería de la subsecretaría de recursos financieros desde el 2 de agosto de 1999 hasta el 5 de marzo de 2007, donde era responsable de «[...] depurar las cuentas reciprocas; colaborar a las administraciones en el sistema financiero; causar contablemente las obligaciones a cargo de la DIAN; registrar y controlar los recursos que ingresen a las arcas de la entidad; realizar los asuntos contables de la división [...]», entre otras relacionadas con el manejo de los recursos del ente.
Advierte que el 6 de marzo de 2007 fue adscrita a la división de contabilidad general de la subsecretaría de recursos financieros y allí se encargaba de revisar la «conciliación» de la cuenta principal, vigilar las partidas, seguir «las resoluciones de traspasos, asesorar a las administraciones en el sistema de registro de información financiera y elaborar instrucciones para el manejo contable».
Que la actora fue asignada a partir del 4 de marzo de 2008 al «grupo interno de trabajo de control a obligaciones formales de la división de gestión de fiscalización para no obligados a llevar contabilidad de la dirección seccional de impuestos de Bogotá», dependencia en la que debe fijar el plan de auditoria de las sanciones e investigaciones dentro de los programas de control, gestión y omisos, investigar la destinación de los tributos, proferir el informe final de investigación tributaria y demás actividades relacionadas con la indagación de hechos sancionables.
Señala que al analizar el manual de funciones de la agencia estatal accionada se evidencia que al empleo de «gestor I, rol auditor tributario gestión y control» le corresponden las siguientes labores: «[...] analizar la información sustanciada en el expediente con el fin de continuar con la labor de auditoría, relacionada con las investigaciones y proponer sanciones dentro de los programas de gestión y control; elaborar el plan de auditoría, para su aprobación, donde se establezcan los aspectos a verificar o investigar en un determinado expediente teniendo en cuenta la naturaleza del programa de gestión y control; proyectar las actuaciones administrativas pertinentes para el desarrollo de la investigación teniendo en cuenta el plan de auditoría, la normatividad vigente y aplicable al caso, conservando el debido proceso; entre otras».
Expresa que la certificación de 16 de marzo de 2010 prueba que la accionante adelanta actuaciones de «gestor I» y profesional en ingresos públicos IV asignado al subproceso de recursos financieros, situación que contraría el ordenamiento jurídico, ya que estas no corresponden a las desempeñadas por un funcionario del nivel asistencial o auxiliar, por lo que en virtud del principio constitucional «salario igual, trabajo igual» debe reconocerse la diferencia salarial pretendida.
Asevera que desconoce el derecho constitucional fundamental a la igualdad de la demandante el hecho de que esté nombrada corno facilitador III, código 103, grado 03, cuyo requisito para ocuparlo es contar con cuatro (4) años de bachillerato, y desarrolle actividades propias de un profesional nombrado en el cargo de gestor I.
Que no es procedente ordenarle a la parte demandada nombrarla corno tal, pues si bien la entidad contrarío el ordenamiento jurídico al asignarle oficios que no eran propios de su empleo, ello no implica una vinculación automática a la carrera administrativa en razón a que debe aprobar un concurso de méritos previamente, corno lo prevé el artículo 125 de la Constitución Política.
Concluye que se le debe reconocer a la actora la diferencia salarial y prestacional entre lo que devengó en el nivel asistencial y lo asignado a un funcionario que ocupa cargos de gestor I, por el período comprendido entre el 9 de julio de 2009 y el 16 de marzo de 2010, a título de indemnización, «que fue lo único demostrado en el proceso».
1.7.1. La parte demandante (fls. 256 a 264, cdno. 1), a través de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que pidió «revocarla y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda», para lo cual argumentó que el manual de funciones y perfil del rol de la DIAN allegado con la acción no corresponde al que se encontraba vigente cuando desempeñaba las labores de gestor I.
1.7.2. La entidad demandada (fls. 279 a 282, cdno. 1) interpuso recurso de apelación contra l sentencia de primera instancia en el que pidió revocarla y, en su lugar, negar las súplicas de la demanda bajo el argumento de que a la actora no le asiste derecho a devengar las diferencias salariales pretendidas y ser nombrada en un cargo superior al que ocupa, por cuanto no se encuentra inscrita en carrera administrativa.
Los recursos interpuestos fueron concedidos mediante proveído de 20 de junio de 2013 (fls. 306 y 307, cdno. 1) y admitidos por esta corporación a través de auto de 20 de noviembre siguiente (f. 312, cdno. 1); posteriormente se ordenó el traslado de ley a las partes y al Ministerio Público (f. 317, cdno. 1), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara.
3.1. Competencia. Conforme a la preceptiva de artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, esta corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda instancia.
De abstenerse de decidir el litigio por el hecho de no identificar en debida forma el empleo al que corresponden las tareas desarrolladas por la actora en la DIAN, desconocería el artículo 228 de la Constitución Política, que contempla el principio de primacía del derecho sustancial sobre el procesal y, de paso, se configuraría lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado «exceso ritual manifiesto».(2)
Comoquiera que la denominación de los cargos invocados en la demanda es parecida al analizado por el juez de primera instancia, la Sala decidirá el litigio bajo el entendido de que la diferencia salarial pretendida corresponde al de gestor I.
3.5. Sistema específico de carrera administrativa de la DIAN. El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el congreso de la República mediante el artículo 79 de la Ley 488 de 1998, profirió el Decreto 1072 de 1999, «por el cual se establece el sistema específico de carrera de los servidores públicos de la contribución y se crea el programa de promoción e incentivos al desempeño de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN».
El ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 53 de la Ley 909 de 2004 y con el propósito de modificar el régimen específico de carrera administrativa de la DIAN (D. 1072/99), el presidente de la República expidió el Decreto 765 de 2005(3), en el cual se previó el mérito como sistema de selección.
El empleo público al interior de la aludida entidad está definido «por el perfil del rol», tal como lo dispone el artículo 19 del Decreto 765 de 2005, encontrándose supeditado a los oficios e incidencia del cargo, las condiciones o requisitos que exijan las actividades a desarrollar y las aptitudes para cumplir eficientemente la gestión, con dependencia del grado de complejidad de las tareas efectuadas. La citada norma dispone:
El artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 prevé los criterios y objetivos que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional al fijar el régimen salarial y prestacional, en lo que interesa al presente asunto, de los servidores públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, entre los que se encuentran:
El presidente de la República, en ejercicio de la facultades otorgadas por la Ley 4ª de 1992, profirió el Decreto 4049 de 2008, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la DIAN y, en lo pertinente al caso, estipuló en su artículo 4.0 que los cargos de facilitador III y gestor I corresponden a los niveles asistencial y profesional, respectivamente.
3.7. Caso concreto. En el sub lite se tiene que la demandante se vinculó como supernumeraria a la DIAN el 9 de octubre de 1992 y el 9 de diciembre siguiente fue nombrada en provisionalidad en la planta de personal para desempeñar el empleo de facilitador III, código 103, grado 03, el cual ocupaba al momento de la presentación de la demanda (f. 43, cdno. 1).
De acuerdo con la certificación de 16 de marzo de 2010, proferida por el subdirector de gestión de personal de la entidad accionada (fls. 43 a 47, cdno. 1), la demandante, desde el 2 de agosto de 1999 hasta el 5 de marzo de 2007, realizó labores de revisora de cuentas de la división de tesorería de la subsecretaría de recursos financieros de la DIAN, y en el período comprendido entre el 6 de marzo de 2007 y el 3 de noviembre de 2008, cumplió labores de analista contable financiera de la misma división, que corresponden a las :funciones asignadas a los profesionales en ingresos públicos III y IV, respectivamente, tal como consta en las descripciones de labores y perfiles de rol allegadas por el apoderado de la parte actora (fls. 48 y 94, cdno. 1).
No obstante, debido a que la accionante tanto en la vía gubernativa como en la demanda solicitó el reconocimiento de la diferencia salarial entre lo que devenga como facilitador III y la remuneración de quienes ocupan empleos de gestor I, y no la que perciben quienes ocupan cargos correspondientes a profesionales de ingresos públicos III y IV, no hay lugar a estudiar la procedencia del pago del salario por el tiempo en que desempeñó las funciones propias de aquellos, en atención al principio de congruencia previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (CPC)(6), aplicable al proceso contencioso-administrativo en virtud del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, cuyo tenor es el siguiente:
Por otra parte, la actora sostiene en el recurso de apelación que mediante el artículo 5º del Decreto 4049 de 2008 se equiparó el empleo de profesional en ingresos públicos al de gestor, por lo que se le debía reconocer las diferencias salariales pretendidas, sin embargo, la Sala observa que dicha afirmación no fue formulada en la demanda, lo que le impedía plantearla en la alzada, dado que la segunda instancia no es un instrumento para suplir vacíos del libelo introductorio.
Una vez analizado lo anterior y en aras de establecer si a la demandante se le deben reconocer los emolumentos pretendidos, es necesario efectuar las siguientes precisiones.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando se desconoce el principio de «salario igual, trabajo igual», se crea una discriminación laboral reprochable que debe ser eliminada por parte del funcionario judicial siempre que se pruebe que dos (2) o más sujetos desempeñan las mismas funciones, pero reciben contraprestaciones diferentes. Sobre este particular sostuvo:
En el sub lite, la Sala observa que durante el período comprendido entre el 4 de noviembre de 2008 y la fecha de expedición de la certificación laboral (16 de marzo de 2010), la demandante fue asignada a la «dirección seccional de impuesto de Bogotá, al grupo interno de trabajo de control a obligaciones formales de la división de gestión de fiscalización y al grupo interno de trabajo y control a obligaciones formales de la división de gestión de fiscalización para personas naturales y asimiladas de la dirección seccional de impuestos de Bogotá», donde ejerció las labores de auditora tributaria de gestión y control, que según el archivo «cuadro de consulta de roles», obrante en el CD allegado con la demanda, y las valoraciones individuales del desempeño que están en los folios 72 y 73 del cuaderno principal del expediente, corresponden al empleo de gestor I (nivel profesional).
Al establecerse que las actividades realizadas por la actora entre el 4 de noviembre de 2008 y el 16 de marzo de 2010, atañen al rol de auditora tributaria de gestión y control, la Sala en atención a las tareas dispuestas en el formato 1350-12 del manual de funciones de la DIAN, que corresponde a dicho cargo, las comparará con las previstas en el formato 1350-120 para el de facilitador III, con la finalidad de determinar si son disímiles:
Funciones de gestor I como auditor tributario de gestión y control (nivel profesional) Funciones de facilitador III (nivel asistencial)
1. Analizar la información sustanciada en el expediente con el fin de continuar con la labor de auditoría, relacionada con las investigaciones y proponer sanciones dentro de programas de gestión y control. l. Recibir la documentación que deba reposar en las historias laborales, para la apertura o actualización de las mismas.
3. Proyectar las actuaciones administrativas pertinentes para el desarrollo de la investigación teniendo en cuenta el plan de auditoría, la normatividad vigente y aplicable al caso, conservando el debido proceso. 3. Anexar los documentos a las historias laborales correspondientes, para garantizar la oportuna inclusión de todos los soportes que deben reposar en las mismas.
4. Adelantar las investigaciones asignadas, conforme a los programas de fiscalización tributaria de gestión y control para establecer la correcta determinación del tributo y si fuera del caso constatar hechos sancionables susceptibles para proponer sanción. 4. Actualizar la hoja de control con base en los documentos que se anexan, para llevar unos registros actualizados de todos los soportes, actos administrativos y comunicaciones relativos a cada empleado de la DIAN.
5. Practicar las pruebas pertinentes que soportan· la decisión para proferir la respectiva actuación administrativa. 5. Revisar las historias laborales que reposan en el grupo, para con base en los soportes físicos que reposen en ella atender las solicitudes.
6. Analizar los documentos y pruebas que reposan en el expediente con el fin de tomar una decisión frente a la investigación. 6. Dar traslado a las solicitudes de las historias laborales que no reposen en el grupo, «para que la dependencia que tenga a cargo la custodia de la misma de respuesta a lo solicitado».
7. Elaborar el informe final de investigación para dejar la evidencia de la decisión adoptada. 7. Enviar documentos con oficio remisorio y/o proyectar extractos de historias laborales, para la correspondiente suscripción y atención de los requerimientos de los solicitantes.
8. Entregar el expediente a fin de ser remitido a la instancia pertinente teniendo en cuenta el acto administrativo proyectado. 8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo a la naturaleza del empleo.
[...] la existencia de un amplio marco regulatorio del ejercicio de la función pública permeado transversalmente por el principio de la legalidad, que impide que un empleado público —sin la existencia de una situación administrativa que así lo permita— pueda ejercer funciones diferentes a las asignadas al cargo en el cual se haya vinculado y mucho menos percibir una asignación diferente a la establecida en el marco jurídico para él, no puede convertirse en un todo inmutable que permita desconocer situaciones originadas en la misma voluntad de la administración y que, al amparo de la protección constitucional al trabajo, exigen un tratamiento disímil de cara a proteger los derechos a la igualdad, a la dignidad humana, entre otros.
[...] el actor sí desempeñó materialmente funciones del nivel profesional en la DIAN, lo cual obedeció a una situación irregular de asignación de funciones diferentes a las propias del cargo de técnico en ingresos públicos II, nivel 26, grado 12, en el cual se encontraba legalmente vinculado.
1. Modificase el ordinal 1º de la sentencia de 9 de noviembre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección F, sala de descongestión), que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por la señora Gloria Inés Pardo Puentes contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el sentido de que el pago de las diferencias salariales procede desde el 4 de noviembre de 2008 hasta el 16 de marzo de 2010, conforme a la parte motiva.
2. Confirmaseen lo demás la sentencia apelada, de acuerdocon las consideraciones de este fallo.
2 Sentencia T-158 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla: «[...] Cuando se sobreponen la formas rituales al derecho sustantivo que claramente deriva de los hechos objeto de decisión, se puede transgredir lo normado en el artículo 228 Superior, a causa de la aplicación excesiva de una norma formal, que de esa manera impide la efectividad de un derecho sustancial [...]».
3 «Por el cual se modifica el sistema específico de carrera de los empleados de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN».
4 El aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, a través de Sentencia C-1262 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.
7 Que entró en vigor el 3 de enero de 1976, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 y ratificado el 29 de octubre de 1969, en el que se dispuso que «Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas».
9 Sección segunda, subsección B, sentencia de 26 de septiembre de 2012, M.P. Víctor Remando Alvarado Ardila, Exp. 15001-23-31-000-2006-02818-0 l.