Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JDC/SUP-JDC-00628-2003.htm
Timestamp: 2019-05-25 15:43:27
Document Index: 127040769

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 85', 'artículo 38', 'artículo 27', 'artículo 36', 'artículo 90', 'artículo 92', 'artículo 81', 'artículo 92', 'artículo 81', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 41', 'artículo 99', 'artículo 79', 'artículo 80', 'artículo 12', 'artículo 270', 'artículo 27', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 28', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 62', 'artículo 14']

SUP-JDC-628-2003
EXPEDIENTES: SUP-JDC-628/2003, SUP-JDC-629/2003, SUP-JDC-630/2003, SUP-JDC-631/2003 y SUP-JDC-632/2003 ACUMULADOS
ACTOR: JOSÉ CUPERTINO DE LA ROSA HERNÁNDEZ y OTROS
RESPONSABLE: COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN VERACRUZ
MAGISTRADO: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ
SECRETARIO: HUGO DOMÍNGUEZ BALBOA
México, Distrito Federal, a veintidós de enero de dos mil cuatro. VISTOS para resolver los autos de los expedientes indicados en el rubro, formados con motivo de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos por los ciudadanos José Cupertino de la Rosa Hernández, Roberto de Jesús Aguirre Cházaro, Félix Melchor Castillo Cabrera, Alfredo Márquez Maza y Daniel Flores Camarero, respectivamente, en contra de sendas resoluciones de veintiocho de noviembre de dos mil tres, emitidas por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, por medio de las cuales desechó los recursos de revocación interpuestos por los propios ciudadanos para controvertir la sustitución del Comité Directivo Municipal de Boca del Río, Veracruz, por una Delegación Municipal, y
I. Las cinco demandas de los juicios ya indicados fueron promovidas, individualmente y por separado, por José Cupertino de la Rosa Hernández, Roberto de Jesús Aguirre Cházaro, Félix Melchor Castillo Cabrera, Alfredo Márquez Maza y Daniel Flores Camarero. Tales demandas son esencialmente iguales y sólo cambian algunos datos de los promoventes, pero se sustentan en idénticos hechos y agravios. Por este motivo, la referencia de los antecedentes que a continuación se hace se relaciona con los cinco escritos iniciales.
Los promoventes refieren que integraban el Comité Directivo Municipal en Boca del Río, Veracruz, en el que ocuparon los puestos que se especifican en cada demanda
II. El treinta y uno de octubre de dos mil tres, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz determinó sustituir al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Boca del Río, Veracruz, por una Delegación Municipal.
III. El trece de noviembre de dos mil tres, los ciudadanos José Cupertino de la Rosa Hernández, Roberto de Jesús Aguirre Cházaro, Félix Melchor Castillo Cabrera, Alfredo Márquez Maza y Daniel Flores Camarero, por su propio derecho y en su carácter de militantes del Partido Acción Nacional, interpusieron sendos recursos de revocación en contra de la determinación precisada en el resultando que antecede.
IV. El veintiocho de noviembre de dos mil tres, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz resolvió los citados recursos de revocación, cuyas consideraciones, en idénticos términos, se sustentan en lo siguiente:
Estando presentes en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la sesión sexagésima cuarta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, en 28 de noviembre de 2003, el suscrito Gerardo Nieto Casas, Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, y con las facultades que me confiere el artículo 32, inciso e), del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, presento dictamen a este Comité del proyecto de desechamiento del RECURSO DE REVOCACIÓN, promovido por la (sic) C. JOSÉ CUPERTINO DE LA ROSA HERNÁNDEZ al tenor de lo siguiente:
Que con fecha 13 de noviembre del presente año, C. JOSÉ CUPERTINO DE LA ROSA HERNÁNDEZ, presentó Recurso de Revocación inconformándose por la privación del cargo de Secretario de Logística y Propaganda del Comité Directivo Municipal de Boca del Río del Partido Acción Nacional derivado de la sustitución del Comité Directivo Municipal de Boca del Río a Delegación, que acordara este Comité Directivo Estatal, en la cual dice el inconforme "deduzco la privación de cargo o comisión de Secretario de Logística y Propaganda del CDM del Partido Acción Nacional acordado por este Comité Directivo Estatal..."
Que somos competentes para conocer del presente asunto toda vez que en términos de lo que establecen el artículo 85, fracción XVI de los Estatutos vigentes, el Comité Directivo Estatal atenderá y resolverá todos los asuntos municipales que le sean puestos a se consideración.
Que es improcedente la acción planteada por el recurrente, toda vez que de acuerdo a los artículos 14, segundo párrafo; 79 de los Estatutos; 1, 14 y demás relativos del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, este recurso sólo procede para impugnar actos derivados de procedimientos de sanción seguidos en lo particular contra miembros activos, lo que implica una sanción de tipo personal, que no es el caso, porque se siguió el procedimiento para la sustitución del Comité Municipal a Delegación, normando la competencia y el procedimiento los artículos 85, fracciones I y XVI; y 92, párrafo segundo de los Estatutos, y los artículos 30, incisos d) y q); 78, primer párrafo; 81 y 83 del Reglamento de los órganos Estatales y Municipales, por lo tanto, como se trata de un procedimiento en que se sancionó al órgano no al miembro activo resulta infundado y equivocado lo planteado por la recurrente, y se propone que sea desechada dicha revocación por ser inconducente.
V. El veintitrés de diciembre dos mil tres, los ciudadanos José Cupertino de la Rosa Hernández, Roberto de Jesús Aguirre Cházaro, Félix Melchor Castillo Cabrera, Alfredo Márquez Maza y Daniel Flores Camarero, respectivamente, promovieron ante el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, sendos escritos de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de la resolución antes referida. En dichos escritos, plantearon en idénticos términos, los agravios siguientes:
PRIMER AGRAVIO.- El acto que impugno consistente en la sustitución ilegal del Comité Municipal del Municipio de Boca del Río y, en consecuencia, la privación de mi cargo como miembro del Comité Directivo Municipal de Boca del Río, Veracruz, de dicho comité resulta ilegal por las siguientes razones:
a) El artículo 38 con relación al artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen la obligación de los partidos políticos de ajustar su conducta a las normas contenidas en sus estatutos.
b) Por otra parte, el artículo 36 fracción X del Código Electoral del Estado de Veracruz-Llave, establece la obligación de los partidos políticos de ajustar su conducta a los lineamientos establecidos en sus estatutos.
c) Asimismo, el artículo 90 de los Estatutos del Partido Acción Nacional, establecen que los Comités Directivos Municipales son los órganos de los partido responsables directos de promover las actividades dentro de su jurisdicción y se señalan las atribuciones con las que cuentan.
d) En la misma lógica, el artículo 92 de los propios estatutos, establece en su párrafo segundo que en tanto no funcione en algún Municipio el Comité Directivo Municipal, el Comité Directivo Estatal designará una delegación que tendrá las mismas facultades que corresponden a los Comités Directivos Municipales.
e) Por último, el artículo 81 del reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, establece el procedimiento para que un Comité Municipal sea sustituido por una Delegación Municipal el cual consiste en:
I. En sesión del Comité Directivo Estatal el Secretario General presentará un dictamen basado en un diagnóstico realizado por la Secretaría de Organización sobre el estado que guarda el partido y el Comité Municipal;
II. Analizado por el Comité Directivo Estatal, por mayoría de votos determinará la aplicación del artículo 92 de los Estatutos, es decir, determinará la sustitución del Comité por la Delegación.
f) En el caso que nos ocupa, el Comité Directivo Estatal Partido Acción Nacional, determinó de manera unilateral la sustitución del Comité Directivo Municipal, violando todo precepto tanto legal como estatutario por las siguientes razones:
Los estatutos del Partido establecen que el caso de sustitución de un Comité Municipal por una Delegación solamente procede en el caso que el Comité no funcione de manera regular y, en el caso que nos ocupa, el Comité Municipal del Partido venía funcionando de manera regular, por lo cual la sustitución por una delegación viola los estatutos y el reglamento de los órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional.
Por razón de método, analizaremos las actas de sesión llevadas acabo por el Comité Directivo Municipal, en donde se ve el buen cumplimiento y funcionamiento regular que ha tenido el Comité Municipal:
1- El Comité Directivo Municipal convocó a diversas Sesiones de trabajo de fechas: El día 19 de febrero del 2001 se reunió el Comité Directivo Municipal del PAN, para Celebrar Sesión Extraordinaria No. 2 del Periodo 2001-2003. El día16 de febrero del 2001 se reunió el Comité Directivo Municipal del PAN, para celebrar su sesión Extraordinaria No.3 del periodo 2001-2003. El día 16 de Febrero del 2001 se reunió el Comité Directivo Municipal del PAN para celebrar su sesión Extraordinaria No.4 del periodo 2001-2003. El día 7 de noviembre del 2001 se reunió el Comité Directivo Municipal del PAN, para celebrar su sesión Extraordinaria No 10. El día 16 de julio del año 2002 se reunió el Comité Directivo Municipal del PAN, para celebrar su sesión Extraordinaria No. 19. El día 21 de Octubre de 2002, se reunió el Comité Directivo Municipal del PAN, para celebrar su sesión Extraordinaria No. 25. El día 18 de Febrero del 2003, se reunió el Comité Directivo Municipal del PAN, para celebrar su sesión Extraordinaria No. 30. El día 17 de septiembre del año 2002, se reunió el Comité Directivo Municipal del PAN, para celebrar su Sesión Ordinaria No. 48. El día 4 de noviembre del 2000, se levanto el registro de los Delegados Numerarios asistentes y dando inicio se llevó acabo la V Asamblea Municipal Ordinaria, del Comité Directivo Municipal del PAN. El día 28 de Abril de 2003, se reunió el Comité Directivo Municipal del PAN, para celebrar su Sesión Ordinaria No. 72. El día 26 de septiembre de 2003 se reunió el Comité Directivo Municipal del PAN, para celebrar su sesión Ordinaria No. 90. Asímismo, se presenta copia de la Escritura Número 15,028, del Volumen 368 de fecha 7 de febrero del 2003, otorgada ante el Notario Público No. 23 del Distrito Federal, en donde se celebró, Contrato de Compra-Venta por una parte La Señora Lidia Meza Silerio, "La parte Vendedora" y por la Otra, el Partido Acción Nacional, Representado Por el Señor Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, Presidente del Comité Directivo Estatal, "Como la Parte Compradora", en donde se adquirió la casa marcada con el número mil ciento sesenta y ocho de la Calzada Costa Verde, y Terreno en la que esta construida, Lote Número seis de la Manzana Doscientos Cuarenta y Cinco "D" Fraccionamiento "Costa Verde, Municipio de Boca del Río, Veracruz, por lo que la citada Compra-Venta realizada y citada con anterioridad fue una propuesta hecha por el Comité Directivo Municipal, toda vez que el interés de llevar acabo esta compraventa era para tener un Inmueble Propio y que actualmente el Comité Directivo Municipal se instalara en él, que a la fecha así sigue.
Con las Sesiones Realizadas así como desahogados todos y cada unos de los puntos de acuerdo al orden del día y convocadas por el Comité Directivo Municipal, se demuestra, que el Comité Directivo Municipal venía funcionando de manera regular acciones que se demuestran con las actas de sesiones realizadas y señaladas con anterioridad, por lo que, en ningún momento el Comité Directivo Municipal dejo de funcionar.
Por todo lo anterior, el acto que impugno es violatorio como lo he mencionado, de mis derechos políticos electorales en particular del derecho de libertad de asociación y participación política.
SEGUNDO AGRAVIO.- La violación de mis derechos político electorales de la que fui objeto, es ilegal y viola estatutos toda vez que en ningún momento se me otorgó durante el procedimiento de sustitución del Comité por la Delegación, pues no se me dio oportunidad ni defensiva ni probatoria de aportar elementos para acreditar el funcionamiento regular del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Boca del Río.
Por otra parte, el procedimiento estatutario también fue violentado, toda vez que en ningún momento se realizó el diagnóstico respectivo que establece el inciso a) del artículo 81 del reglamento de órganos estatales y municipales del Partido Acción Nacional, con base en el cual se funda la decisión de sustituir el Comité por la Delegación, razón por la cual se violaron mis derechos político electorales de libre asociación y participación política, pues al haber sido destituido de manera indirecta de mi cargo a través de la sustitución del Comité Municipal por una Delegación y ese procedimiento se apartó de lo marcado por la normatividad interna del partido, hacen de manera directa que se vulneren en mi perjuicio los derechos político electorales aludidos.
A mayor abundamiento, al tratar de remediar la lesión jurídica, se promovió recurso de revocación en contra de la privación del cargo, con la finalidad indirecta de anular el acto por el cual se suprimía el Comité Directivo Municipal, toda vez que en contra de esa decisión no procedía recurso alguno, pues en este sentido los estatutos del partido son omisos, es decir violan de manera flagrante el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo con el ánimo de agotar el principio de definitividad procesal electoral, establecida en la jurisprudencia citada en el apartado de procedencia de la vía, es que se promovió el mencionado recurso de revocación. No obstante lo anterior, dicho medio de defensa no fue analizado en el fondo en virtud de que de manera ilegal y por demás artera, se argumentó de manera verbal que no se causaba perjuicio alguno a mi persona toda vez que se trataba de actos de cambio de estructuras conforme a la normatividad estatutaria.
No es óbice lo anterior, mencionar que el recurso de revocación es procedente en contra de procedimientos de sanción, sin embargo, el Comité Directivo Estatal aduce la improcedencia y por ende el desechamiento del recurso de revocación por no tratarse de un sanción impuesta al suscrito sino que se trata de una sanción al órgano municipal, luego entonces, si se trata de una sanción al órgano municipal del cual formo parte y como consecuencia de ello se sustituye por delegación y se priva de los cargos a los actuales miembros del Comité Municipal como consecuencia lógica y natural, es entonces más ilegal aún. Tal y como puede verse en la versión estenográfica de la sesión del Comité Directivo Estatal, la cual nos ha sido negada su entrega, sin embargo, contamos con la grabación de la misma, al tratar este asunto se dice:
"Que es improcedente la acción planteada por el recurrente toda vez que los artículos 14 segundo párrafo y 79 de los estatutos, primero y 14 y demás relativos para aplicación de sanciones, este recurso sólo procede para impugnar casos derivados de procedimientos de sanción cometidos en lo particular contra miembros activos y especifica una sanción de tipo personal que no es el caso porque se siguió el procedimiento para la sustitución de comité municipal a delegación, turnando la competencia de procedimiento a los artículos 85 fracciones primera, décimo sexta y 92 párrafo segundo de los estatutos y los artículos 30 inciso "D" y "Q", 68 primer párrafo, 8I y 83 del reglamento de órganos estatales y municipales, por lo tanto como se trata de un procedimiento en el que se sancionó al órgano no al miembro activo, resulta infundado y equivocado lo planteado por la recurrente y se propone que sea desechada dicha revocación pues es inconsistente. CP. Gerardo Nieto Casas, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN de Veracruz. En el mismo sentido son las respuestas a: Ubaldo Huerta García. Julen Rementería del Puerto".
Como puede observarse, claramente el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, reconoce que se trata de un procedimiento "sancionatorio" sin sustento legal alguno, pues incluso la figura de Delegación no se prevé en los estatutos como "sanción a un órgano" sino como un mecanismo para que las estructuras del partido funcionen de manera adecuada.
Por otra parte debe mencionarse que es de explorado derecho que los órganos son operados por personas físicas, de manera que si se trata de sancionar a un órgano y por ende sustituirlo por otro, lo que en el fondo se está haciendo de manera indirecta es sancionar a los funcionarios que encarnan y despliegan las funciones de los órganos, por lo que en el caso que nos ocupa, de manera dolosa y mañosa el Partido desecha la impugnación cuando en el fondo acepta que se trata de una sanción y no de un procedimiento apegado a los estatutos del partido, ocasionando la lesión jurídica que hoy reclamo sea reparada a través de esta vía.
A mayor abundamiento, en tratándose de Derecho Público, es bien sabido que los órganos del Estado son personas morales o entes jurídicos que actúan dentro del marco de su ámbito competencial, lo que equivale en la doctrina constitucional a la "voluntad jurídica" del órgano del Estado y, por otra parte, estos órganos actúan o despliegan su actividad a través de los funcionarios que lo encarnan. De esta manera, estas reglas se aplican de-igual forma a los partidos políticos, que son entidades de interés público, por lo que en el caso que nos ocupa, el partido político, al citar que se trata de "una sanción al órgano" y por esa razón se cambia un Comité por una Delegación, lo que realmente está haciendo es sancionar a los miembros que encarnan al propio Comité y destituyéndolos con un procedimiento que no es el idóneo pues se viola de manera flagrante toda garantía de audiencia, escudándose en el cambio de figura o de naturaleza jurídica y dejando en estado de total indefensión a los miembros del Comité, por lo cual se justifica y robustece la ruta jurídica emprendida por el suscrito de impugnar la resolución a través del medio de impugnación idóneo para resarcir las sanciones que se imponen a los miembros del partido, sin embargo, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, aunque reconoce que el acto tiene un carácter sancionatorio, para eludir la responsabilidad habla solamente de "órgano" como sujeto de responsabilidad pero desvinculándolo de los funcionarios que integramos el propio órgano. Así de esta manera, sanciona realmente a los funcionarios involucrados pero argumentando el pretexto que no se actúa en contra de ellos sino en contra de una creación del Derecho, es decir una persona moral o, en este caso, un órgano del partido el cual por sí. sería incapaz de actuar de no ser por lo funcionarios. De esta manera se acredita plenamente la violación de estatutos y normas legales en que incurrió el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y los extremos para que la acción intentada sea procedente.
VI. El veintisiete de diciembre de dos mil tres, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibieron escritos, sin fecha, suscritos por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, por medio de los cuales, entre otros documentos, remitió: A) Los escritos de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; B) Copia de la resolución impugnada; C) Diversas constancias relativas a la tramitación del medio de impugnación, y D) Informe circunstanciado de ley.
VII. El veintinueve de diciembre de dos mil tres, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó formar los expedientes SUP-JDC-628/2003, SUP-JDC-629/2003, SUP-JDC-630/2003, SUP-JDC-631/2003 y SUP-JDC-632/2003, y turnarlos al magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, el primero y el último, y los restantes a los magistrados Mauro Miguel Reyes Zapata, Leonel Castillo González y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, respectivamente, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
VIII. Por sendos acuerdos de veintiuno de enero del presente año, los magistrados instructores radicaron los citados expedientes, admitieron a trámite las demandas y, al estar debidamente integrados, declararon cerrada la instrucción, en cada uno de ellos, por lo que los asuntos quedaron en estado de resolución, y
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver sobre el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de medios de impugnación presentados por ciudadanos, por sí mismos y en forma individual, haciendo valer presuntas violaciones a su derecho de libre asociación y participación política, específicamente porque, según manifiestan los promoventes, un órgano intrapartidario acordó sustituir al Comité Directivo Municipal de Boca del Río, Veracruz, y con ello se les privó de manera indirecta del cargo que venían ejerciendo, a través del cual se vulneraron sus derechos como militantes; además, sirve de fundamento para la anterior consideración, lo previsto en la tesis de jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sesión del catorce de abril de dos mil tres, y cuyo rubro y texto son:
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. - La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 17; 41, fracción IV, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 12, apartado 1, inciso b), 79 y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, llevan a la conclusión de que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sí resulta jurídicamente procedente contra actos o resoluciones definitivas de los partidos políticos que sean susceptibles de vulnerar irreparablemente los derechos político-electorales de sus militantes o de otros ciudadanos vinculados directamente con ellos, cuando no existan medios específicos para conseguir la restitución oportuna y directa de esos derechos, a través de la impugnación de algún acto o resolución concretos de una autoridad electoral. Para lo anterior, se tiene en cuenta que el derecho a la jurisdicción previsto en el artículo 17 de la Constitución federal, no establece excepción respecto de los conflictos que puedan presentarse en un partido político, con motivo de la aplicación e interpretación de su normatividad interna, además de que existen leyes internacionales suscritas por México, que contienen la obligación del Estado de establecer medios accesibles para la defensa de los derechos humanos, entre los que se incluyen los derechos político-electorales del ciudadano, en tanto que el artículo 41, fracción IV, constitucional, determina que una de las finalidades del sistema de medios de impugnación en materia electoral, consiste en garantizar los derechos políticos de votar, ser votado y asociación, sin limitar esa protección respecto de los actos de los partidos políticos lo que se corrobora con los trabajos del proceso legislativo, que evidencian el propósito de crear un sistema integral de justicia electoral, para ejercer control jurisdiccional sobre todos los actos electorales; en ese mismo sentido, el párrafo cuarto del artículo 99 constitucional, al establecer la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las fracciones de la I a la IV, menciona como objeto de impugnación sólo actos de autoridad, pero al referirse al juicio para la protección de los derechos político-electorales en la fracción V, dispone su procedencia para impugnar actos o resoluciones que violen los derechos ya citados, lo que conduce a concluir que también quedan incluidos los actos de entidades colocadas en una relación preponderante frente a los ciudadanos en lo individual que les permita o facilite conculcar los derechos de éstos, como es el caso de los partidos políticos, posición que asume la legislación secundaria, pues el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral tampoco limita la impugnación en dicho juicio a actos de autoridad, en tanto que el artículo 80 sólo contiene una relación enunciativa y no taxativa de algunos supuestos de procedencia de este juicio. En el artículo 12, apartado 1, inciso b), de este mismo ordenamiento, destinado a establecer los sujetos pasivos de los medios de impugnación en materia electoral, menciona a los partidos políticos, enunciado que necesariamente debe surtir efectos jurídicos, conforme al postulado del legislador racional, por no existir elementos contundentes para justificar que se trata de un descuido del legislador, y en cambio, sí existen elementos, como los ya referidos, para sostener lo contrario. Esta interpretación resulta más funcional que aquella en la que se sostuvo que la protección de los derechos citados en el caso de referencia, debía realizarse a través del procedimiento administrativo sancionador establecido en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque éste juicio es un medio más sencillo y eficaz para lograr la restitución. Todo lo anterior permite afirmar que de mantener el criterio anterior, se reduciría sin justificación la garantía constitucional prevista para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, dejando una laguna, y se estaría distinguiendo donde el legislador no lo hace, lo que además implicaría que las resoluciones de los partidos políticos al dirimir este tipo de conflictos, serían definitivas e inatacables, calidad que en materia electoral únicamente corresponde a las del Tribunal Electoral, lo anterior, sobre la base de que el criterio aceptado es que se deben agotar las instancias internas de los partidos, antes de acudir a la jurisdicción estatal. Finalmente, no constituye obstáculo, el hecho de que en la legislación falten algunas disposiciones expresas y directas para tramitar y sustanciar los juicios en los que el partido político sea sujeto pasivo, pues los existentes se pueden ajustar conforme a los principios generales del derecho procesal.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-084/2003. - Serafín López Amador. - 28 de marzo de 2003. - Mayoría de cinco votos. - Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-092/2003. - J. Jesús Gaytán González. - 28 de marzo de 2003. - Mayoría de cinco votos. - Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-109/2003. - José Cruz Bautista López. - 10 de abril de 2003. - Mayoría de cinco votos. - Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.
SEGUNDO. Del examen de los escritos de demanda, esta Sala Superior advierte la existencia de conexidad en la causa de tales juicios, en virtud de que en ellos se impugnan sendas resoluciones de veintiocho de noviembre de dos mil tres, emitidas por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, por medio de las cuales desechó los recursos de revocación interpuestos por los propios ciudadanos ahora actores, para controvertir la sustitución del Comité Directivo Municipal de Boca del Río, Veracruz, por una Delegación Municipal, por lo que, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 73, fracción VII, y 74 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe decretarse la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con los expedientes SUP-JDC-629/2003, SUP-JDC-630/2003, SUP-JDC-631/2003 y SUP-JDC-632/2003 al SUP-JDC-628/2003, por ser este último el más antiguo, así como glosar copia certificada de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.
TERCERO. De la lectura integral de los escritos de demanda de los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, esencialmente, se desprende que los ahora actores formulan, a manera de agravios, los siguientes:
A. Aducen los enjuiciantes que les causa perjuicio la sustitución ilegal del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en el municipio de Boca del Río, Veracruz, y, en consecuencia, la privación de sus cargos como miembros del Comité Directivo Municipal antes mencionado. Ello es así, sostienen los actores, en virtud de que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional determinó de manera unilateral la sustitución del Comité Directivo Municipal, violando los artículos 27 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 36, fracción X, del Código Electoral del Estado de Veracruz-Llave, 90, y 92 de los Estatutos del Partido Acción Nacional, así como 81 del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional.
B. Argumentan los impetrantes que les causa perjuicio la resolución dictada por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en la que determinó desechar sus respectivos recursos de revocación, por no tratarse de una sanción impuesta en lo individual, sino que, según el órgano intrapartidario, se trataba de una sanción al órgano municipal. Lo anterior, a juicio de los respectivos actores, es ilegal en virtud de que lo que realmente se está haciendo es sancionar a los miembros que encarnan el propio comité, al destituirlos con un procedimiento que no es el idóneo.
Para el estudio de los agravios antes sintetizados, esta Sala Superior estima pertinente abordar, en primer término, el agravio identificado en el apartado B, ya que la cuestión a dilucidar en el presente juicio consiste en determinar si el desechamiento del recurso de revocación interpuesto por los hoy actores se encuentra o no ajustado a derecho.
En ese orden de ideas, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que el agravio respectivo resulta sustancialmente fundado, por las razones jurídicas que se mencionan a continuación.
Es criterio reiterado de esta Sala Superior que los medios de defensa que los partidos políticos tienen obligación de incluir en sus estatutos, conforme con lo establecido en el artículo 27, apartado 1, inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se deben agotar, a fin de satisfacer el principio de definitividad establecido en el artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y, de esa manera, una vez que se hubieren presentado todos y cada uno de los recursos internos partidarios, sin que se hubiere dado satisfacción a las pretensiones del militante disconforme, estar en condiciones de acceder a los medios de defensa creados y regulados en la legislación electoral federal que sean procedentes.
Por ello, la finalidad de la existencia de recursos, mediante los cuales se pueden impugnar actos de órganos partidarios, es preservar los derechos de los militantes como tales, como integrantes de alguno de los órganos del partido o en el desempeño de una comisión, a fin de que sólo sean sancionados cuando se den las hipótesis previstas en la normativa y después de seguir el procedimiento atinente.
En el caso bajo estudio, es claro que el recurso de revocación establecido en los artículos 14, párrafo segundo, de los Estatutos del Partido Acción Nacional, y 26 del Reglamento sobre aplicación de sanciones del propio instituto político, resulta procedente para impugnar la separación del cargo de los miembros del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Boca del Río, Veracruz, pues si bien lo ordinario es que las sanciones se impongan después de sustanciado el procedimiento idóneo para la aplicación de sanciones de manera individual, tal situación no excluye la posibilidad de que de hecho, con motivo de la sustanciación de un procedimiento distinto al sancionatorio, se llegue a determinar también la imposición de una sanción que tenga como consecuencia la separación del cargo, con el que se puedan violar los derechos de los miembros del órgano; por tanto, es indudable que el recurso de revocación es adecuado para preservar los valores jurídicos tutelados con el objeto de que se revise si la sustitución del comité del que eran integrantes los actores se realizó conforme con el procedimiento estatutario y si la consecuente separación de sus cargos estuvo o no apegada a dicha normativa, con base en los agravios que se hayan planteado.
ESTATUTOS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
Las Delegaciones Estatales y Municipales que se establezcan en los términos de este artículo, tomarán las medidas conducentes para la organización y el funcionamiento de los cuadros básicos del Partido en las entidades o municipios del caso, conforme a lo previsto en estos Estatutos y los reglamentos aplicables.
ARTÍCULO 1. Las sanciones que se podrán aplicar a los miembros activos del partido por indisciplina, incumplimiento de su cargo o violación de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y de sus Reglamentos, son:
Artículo 28. El recurso de revocación se promoverá ante el mismo órgano o, en su caso, ante el presidente del Comité que hubiese acordado la sanción para que lo someta al propio Comité. El término para la interposición de este recurso es de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación. La autoridad deberá resolver dentro de los 20 días hábiles siguientes al de su presentación (artículo 14 E).
c) Privación de algún cargo o comisión partidaria de los miembros activos del Partidos Acción Nacional, y
b) Los funcionarios partidarios integrantes de los Comités Nacional, Directivos Estatales y Municipales del propio instituto político.
Sentado lo anterior, en el asunto bajo análisis, el acto intrapartidario primigeniamente impugnado consistió en la remoción del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Boca del Río, Estado de Veracruz, lo cual se tradujo en una privación del cargo de los integrantes de dicho cuerpo colegiado, mismo que ocupaban los ahora actores.
En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, fracción I, inciso b), de los Estatutos del Partido Acción Nacional, los miembros activos tienen, entre otros derechos, participar en el gobierno de ese instituto político, desempeñando cargos en sus órganos directivos.
En ese sentido, cualquier afectación a ese derecho político de asociación, en su vertiente de afiliación político-electoral, debe realizarse de acuerdo con las normas que rigen la vida interna del Partido Acción Nacional y, en todo caso, deben existir medios de defensa tendentes a remediar cualquier violación que se hubiere cometido.
Al respecto, la separación del cargo de un miembro de un Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional puede ocurrir por cualquiera de las siguientes causas: a) Cuando, en términos del Reglamento sobre aplicación de sanciones, se instaura un procedimiento sancionador en contra de un miembro activo y se determina la remoción del cargo, y b) Cuando un Comité Directivo Estatal designe una Delegación Municipal que sustituya al Comité Directivo Municipal, en aquel municipio donde no funcione regularmente. En ambos casos, la consecuencia jurídica para los miembros activos del Partido Acción Nacional se traduce en la afectación de un derecho político-electoral de asociación, al separárseles de un cargo partidario.
En efecto, atendiendo a los supuestos de procedencia del recurso de revocación previstos en la normativa interna del Partido Acción Nacional antes mencionados, se desprende que dicho recurso de revocación es procedente en contra de la determinación del Comité Directivo Estatal de dicho instituto político en Veracruz, de sustituir por una Delegación Municipal al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Boca del Río, Estado de Veracruz.
Para arribar a tal conclusión debe tenerse presente que, de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los preceptos estatuarios y reglamentarios transcritos con anterioridad, esta Sala Superior desprende lo siguiente:
a) El Comité Directivo Estatal tiene la facultad expresa para designar una Delegación Municipal que tendrá las mismas facultades que los Comités Directivos Municipales, en caso de que estos últimos no funcionaran regularmente;
c) Las sanciones a los miembros activos del Partido Acción Nacional, procederán en los siguientes casos: i) Indisciplina, y ii) Incumplimiento de sus cargos o infracción de los Estatutos o de los reglamentos;
d) Las sanciones previstas estatutariamente pueden consistir en: i) amonestación; ii) privación del cargo o comisión del Partido que desempeñen; iii) cancelación de la precandidatura o candidatura; iv) suspensión de sus derechos, y v) inhabilitación o exclusión del Partido;
e) Tanto en los Estatutos como en el Reglamento sobre aplicación de sanciones se establece que en caso de que dicha sanción comprenda la privación del cargo, será acordada por los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos Estatales o Municipales, y surtirá efectos de manera inmediata, la cual podrá ser impugnada por medio del recurso de revocación;
f) El recurso de revocación contra amonestación o privación del cargo, puede ser interpuesto por: i) Los miembros activos del Partido Acción Nacional, y ii) Los Comités Nacional, Directivos Estatales y Municipales.
De lo anterior, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advierte que el medio de defensa procedente para combatir la determinación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, consistente en la privación del cargo o comisión partidaria de un militante, es el recurso de revocación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, segundo párrafo, de los Estatutos del citado instituto político, así como 26 y 28 del Reglamento sobre aplicación de sanciones.
En ese sentido, tal como lo sostienen los ciudadanos actores, el medio de defensa intrapartidario que, de acuerdo con la normativa partidaria, procedía contra la designación de una Delegación Municipal en sustitución del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Boca del Río, Estado de Veracruz, es el recurso de revocación, puesto que tal acto emitido por el Comité Directivo de ese partido en tal entidad federativa se tradujo en la privación del cargo o comisión partidaria de los militantes que ocupaban ese órgano directivo.
En el presente caso, de las constancias que obran en autos se desprende que los hoy actores, en contra de la designación de una Delegación que sustituyó al Comité Directivo Municipal de Boca del Río, Estado de Veracruz, que se tradujo en la privación del cargo o comisión partidaria a los militantes que lo integraban, interpusieron sendos recursos de revocación, que era el mecanismo estatutariamente previsto para controlar ese tipo de actos intrapartidarios.
Ahora bien, tal como lo sostienen los ahora enjuiciantes, en forma indebida el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz desechó los recursos de revocación, toda vez que, a juicio del órgano partidario responsable, este recurso sólo procede para impugnar actos derivados de procedimientos de sanción seguidos en lo particular contra miembros activos, lo que implica una sanción de tipo personal que, de acuerdo con la responsable, no es el caso, porque se siguió el procedimiento para la sustitución de Comité Directivo Municipal por una delegación, es decir, se trataba de un procedimiento en que se sancionó al órgano y no al miembro activo.
En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por el órgano partidario responsable, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estima que, independientemente de la causa que dio origen a la privación del cargo, los efectos materiales de la misma no recaen sobre el órgano, sino sobre las personas físicas que lo integran, por lo que su esfera jurídica se ve afectada por dicha determinación y ello genera un interés jurídico que legitima a cada uno de los integrantes del órgano removido a interponer el recurso de revocación establecido para tal efecto en los estatutos partidarios. En ese orden de ideas, la esfera jurídica de los miembros activos del partido puede verse afectada por resoluciones dictadas en procedimientos distintos a los procedimientos de sanción seguidos en lo particular contra personas físicas, lo que implica una sanción de tipo personal.
En el caso bajo estudio, el acuerdo mediante el cual el Comité Directivo Estatal acordó la remoción del Comité Directivo Municipal, tiene como consecuencia jurídica la producción de diversos efectos; por un lado, los efectos formales, traducidos en la mera remoción del órgano partidario y, por otro lado, efectos materiales, en tanto dicha remoción se traduce como una sanción a los propios integrantes del órgano.
En esa tesitura, de acuerdo con los artículos 13 y 14 de los Estatutos, así como los artículos 26 y 27 del Reglamento sobre aplicación de sanciones, ambos del Partido Acción Nacional, esta Sala Superior estima que los efectos materiales del acuerdo de treinta y uno de octubre del dos mil tres, mediante el cual el Comité Directivo Estatal acordó la remoción del Comité Directivo Municipal, recaen efectivamente sobre los integrantes de este último, actualizándose el supuesto previsto en el artículo 26 del Reglamento sobre aplicación de sanciones por privación del cargo, siendo el recurso de revocación el medio idóneo para su impugnación.
No es óbice para lo anterior, el hecho de que en el artículo 62, fracción XV, de los Estatutos del Partido Acción Nacional, se prevea la posibilidad de que el Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político pueda vetar la resolución primigeniamente impugnada, puesto que el ejercicio de dicha facultad de veto constituye un acto de control interorgánico, cuyo objeto es que el órgano administrativo superior del partido político verifique si, a su juicio, las decisiones del inferior son contrarias a los principios y objetivos del partido o inconvenientes para el desarrollo de sus trabajos; pero en manera alguna representa un medio de defensa de los militantes, en el que se pueda analizar la violación de sus derechos partidarios, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de los mismos estatutos, los efectos de la determinación de sustitución de un Comité Directivo Municipal, se actualizan de manera inmediata, lo cual implica como consecuencia una afectación directa e inmediata a los derechos partidarios de los miembros del cuerpo colegiado removido, toda vez que se traduce en una lesión a la esfera jurídica del funcionario partidario, pues con dicho actuar se le separa del cargo que desempeña y se le impide continuar con el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo.
En virtud de lo anterior, al haber resultado fundado el agravio bajo estudio, lo procedente es revocar las resoluciones de veintiocho de noviembre de dos mil tres, por las cuales el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz desechó los recursos de revocación interpuestos por los ciudadanos José Cupertino de la Rosa Hernández, Roberto de Jesús Aguirre Cházaro, Félix Melchor Castillo Cabrera, Alfredo Márquez Maza y Daniel Flores Camarero, para controvertir la sustitución del Comité Directivo Municipal de Boca del Río, Veracruz, por una Delegación Municipal, para efectos de que, en términos de las normas estatutarias y reglamentarias del Partido Acción Nacional, en ejercicio de sus atribuciones y en un término de veinte días hábiles siguientes a la notificación de esta ejecutoria, el Comité Directivo Estatal de ese partido en dicha entidad federativa entre al estudio de fondo del asunto y, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en dicha normativa interna, emita la resolución que en derecho proceda, e informe a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimiento, dentro de los tres días siguientes, contados a partir de la emisión de la resolución respectiva, sin que sea necesario pronunciamiento de esta Sala Superior respecto de los demás argumentos expuestos por los actores, toda vez que se refieren a cuestiones inherentes al fondo del asunto en el recurso de revocación.
PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con los expedientes SUP-JDC-629/2003, SUP-JDC-630/2003, SUP-JDC-631/2003 y SUP-JDC-632/2003 al SUP-JDC-628/2003, por ser este último el más antiguo. Al efecto, glósese copia certificada de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.
SEGUNDO. Se revocan las resoluciones de veintiocho de noviembre de dos mil tres, por las que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, desechó los recursos de revocación interpuestos por los ciudadanos José Cupertino de la Rosa Hernández, Roberto de Jesús Aguirre Cházaro, Félix Melchor Castillo Cabrera, Alfredo Márquez Maza y Daniel Flores Camarero, para controvertir la sustitución del Comité Directivo Municipal de Boca del Río, Veracruz, por una Delegación Municipal, para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de esta sentencia.
NOTIFÍQUESE personalmente a los actores en los domicilios que obran en autos; por oficio, al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, acompañando en este último caso copia certificada de la sentencia, así como por estrados a los demás interesados. Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Eloy Fuentes Cerda. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe.