Source: http://www.portaldms.com/2/index.php?option=com_content&view=article&id=7325&Itemid=891
Timestamp: 2020-05-26 17:35:39
Document Index: 403759887

Matched Legal Cases: ['artículo 250', 'artículo 231', 'artículo 172', 'artículo 16', 'Artículo 7', 'artículo 115', 'artículo 177', 'artículo 90', 'artículo 185', 'artículo 90', 'artículo 40', 'artículo 250', 'artículo 231', 'artículo 174', 'artículo 229', 'artículo 172', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 137']

En el sub lite, se demanda la reparación de los daños causados por el defectuoso funcionamiento en que presuntamente incurrió el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá al permitir la pérdida del vehículo de propiedad del demandante, y que estaba bajo cuidado de ese Despacho en atención a la orden de embargo que sobre este libró dentro de la causa penal que le siguió al actor (…) [F]ácticamente infiere esta Sala que el daño sufrido por Rafael Guillermo Arenas Álvarez a causa de la pérdida del vehículo de su propiedad es fácticamente imputable a la Nación debido a la negligencia y el desgreño que observó la autoridad que dispuso su retención y depósito, pues de haber obrado conforme al deber de cuidado que tal competencia la imponía, el daño hubiera podido evitarse. En el plano fáctico, los hechos así acreditados configuran una falla del servicio en la modalidad de defectuoso funcionamiento de la administración de Justicia, por cuanto la lesión padecida por Arenas Álvarez se produjo como consecuencia del tráfico jurisdiccional pero con ocasión del incumplimiento de deberes materiales de administración de bienes retenidos, deberes que surgían en el marco de la ejecución de la providencia judicial que dispuso su embargo, pero al margen de error en dicha providencia. En resumen, el Juzgado 10 Penal del Circuito incumplió con la finalidad de la medida cautelar ordenada, comoquiera que se debía procurar su buen estado de conservación en orden a que constituye la garantía de quien la persigue y que de no ser así debe ser devuelta a su propietario en el estado en que se embargó.
DEBER DE CUSTODIA Y CUIDADO DE BIENES SECUESTRADOS / MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO PENAL / INMOVILIZACIÓN Y RETENCIÓN DE VEHÍCULO
Para los fines del juicio de imputación en fase fáctica, esta Sala partirá del supuesto de la competencia que tienen las autoridades en el curso de las investigaciones penales a su cargo, para ordenar la práctica de medidas cautelares sobre bienes del sindicado para garantía del pago de los perjuicios causados a las víctimas (numeral 1º artículo 250 de la Constitución), medidas para cuya ejecución, cuando de automotores se trata, pueden disponer su inmovilización y retención. De esta forma, el artículo 231 del decreto 1344 de 1970, vigente para la época en que se ordenó la medida sobre el vehículo de placas BAJ 813 prescribía: "Los vehículos podrán retenerse preventivamente solamente en los siguientes casos: 1. Por orden judicial…” Ahora bien, una vez privado el propietario de la tenencia del bien, éste queda a órdenes y bajo la custodia de la autoridad que dispuso la práctica de la medida, custodia que le impone la obligación de conservarlos en el mismo estado que presentan al momento de su retención, para lo cual, deben depositarlos en patios dispuestos para ese fin o en almacenes de depósito, lugares en los que podrá confiar su guarda y conservación a terceras personas particulares. En el caso sub lite, sin embargo, el desgreño observado en la custodia del vehículo de propiedad de Rafael Guillermo Arenas Álvarez, pues aquel quedó por espacio de cinco (5) años en manos de Milton Gómez Cubillos, en sitios que si bien prestaban el servicio de parqueadero en condiciones de informalidad alarmantes, no estaban dispuestos especialmente para la custodia de bienes por cuenta de las autoridades, sin control alguno por parte del Juzgado que ordenó su retención.
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES / DAÑO EMERGENTE – Condena en abstracto
[A]sí el conjunto de pruebas, en general, no permita establecer el valor comercial del automotor para la época en que fue embargado, lo cierto es que el actor habrá de ser indemnizado por su pérdida, pues, según lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 178 de la misma codificación y 137 del Código de Procedimiento Civil, lo procedente, cuando establecido el daño antijurídico, es determinar el quantum, este tiene que ver con resolver en abstracto, por trámite incidental previsto para el efecto, y se liquide la prestación. Para la Sala, el no proceder de otra forma equivaldría a desconocer el principio de reparación integral, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 a cuyo tenor, en lo posible, el perjudicado debe quedar indemne del daño antijurídico ocasionado. De manera que la sala proferirá condena en abstracto, para que mediante trámite incidental se acredite el valor comercial del automotor, camioneta Mazda B 2000, modelo 1989, color: rojo; placas: BAJ 813; motor: FE 727236, tipo: station wagon, para la época del embargo, seis (6) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), considerando la depreciación que sufren estos bienes por su uso normal, y el estado en que, según el acta de inmovilización que obra en el proceso penal, presentaba al momento en que ella operó.
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-26-000-2006-01258-01(40406)
Actor: RAFAEL GUILLERMO ARENAS ALVAREZ
Subtema 1: Pérdida de vehículo embargado
A la Sala corresponde resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, el seis (6) de octubre de dos mil diez (2010). Por medio de esta, se negaron las súplicas de la demanda.
Rafael Guillermo Arenas Álvarez se vio implicado en un proceso penal, y dentro de este fue embargado un vehículo de su propiedad. Al resolverse la investigación penal con la absolución de Arenas Álvarez, este solicitó infructuosamente la entrega del vehículo. Los administradores del parqueadero al que supuestamente había sido conducido una vez embargado, manifestaron que este automotor no había sido trasladado a dicho lugar, y el juzgado al que correspondió conocer de la causa penal no contestó el escrito que el propietario presentó en ejercicio del derecho de petición en procura de información sobre el lugar donde se encontraba su auto.
El señor Rafael Guillermo Arenas Álvarez (víctima), el seis (6) de junio de dos mil seis (2006)1, formuló demanda de reparación directa2 contra la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que se la declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de falla en el servicio de justicia por omisión que llevó a la pérdida del vehículo de su propiedad que le fue embargado en el curso de un proceso penal.
Solicitó, como consecuencia de la anterior declaración, que se condenara a la demandada al reconocimiento y pago de perjuicios materiales por $40.800.000 y perjuicios morales por $40.800.000.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso los siguientes hechos relevantes:
La Fiscalía 180, adscrita a la Unidad Octava de Delitos contra la Fe Pública, ordenó dentro de las diligencias del sumario 5098, mediante resolución del diez (10) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), el embargo especial del vehículo de propiedad de Rafael Guillermo Arenas Álvarez, determinado como camioneta Mazda B 2000, modelo 1989, color: rojo; placas: BAJ 813; motor: FE 727236, tipo: station wagon.
El automotor fue inmovilizado por la Policía Nacional el día seis (6) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998) y entregado con inventario al señor Milton Gómez Cubillos, en el “Parqueadero Los Sauces” del municipio de Sibaté - Cundinamarca.
Posteriormente, el vehículo fue trasladado por Milton Gómez Cubillos del parqueadero Los Sauces en Sibaté al “Parqueadero Mario” de la calle 66 No. 58-10 de la ciudad de Bogotá, según consta en oficio del seis (6) de marzo de dos mil uno (2001) dirigido al Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá.
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al demandante por medio de sentencia del veintitrés (23) de abril de dos mil dos (2002). El entonces apoderado del demandante solicitó al Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, el primero (1) de octubre de dos mil dos (2002), la cancelación de las medidas cautelares que pesaban sobre el vehículo, y su entrega material.
El Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la entrega del vehículo, y para ello libró el oficio del dieciocho (18) de mayo de dos mil cuatro (2004) dirigido a Milton Gómez Cubillos “Parqueadero Mario”.
La cónyuge del demandante se hizo presente en el Parqueadero Los Sauces en Sibaté, con el propósito de que le hiciera entrega del vehículo, previa presentación de la orden emitida por el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá. Allí fue recibida por el señor Manuel López, quien le manifestó que él estaba a cargo de ese parqueadero desde hacía cinco (5) años y que cuando lo recibió, dicho vehículo no se encontraba en el inventario.
Ante tal situación, la cónyuge del demandante acudió ante la Notaria 43 del Círculo Notarial de Bogotá, a rendir declaración extrajuicio sobre lo sucedido con el vehículo.
El demandante solicitó del Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, el nueve (9) de marzo de dos mil seis (2006), información sobre la ubicación del vehículo y que se ordenaran los oficios correspondientes para la ejecución de la orden de entrega de este. Transcurrido el término de ley, no recibió respuesta a la solicitud, circunstancia que le llevó a considerar que se había configurado un silencio administrativo negativo.
A juicio del actor, los hechos así descritos comprometieron la responsabilidad de la demandada por falla en la administración de justicia, en la figura de defectuoso funcionamiento por omisión que llevó a la pérdida del vehículo.
2.2 Trámite relevante en primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda el día cinco (5) de julio de dos mil seis (2006)3, y ordenó notificar el admisorio a la demandada y al Agente del Ministerio Público.
Posteriormente, en razón del Acuerdo PSAA06-3345, del trece (13) de marzo de dos mil seis (2006), con el que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura implementó los Juzgados Administrativos en el Territorio Nacional, y el Acuerdo PSAA06-3409, del nueve (9) de mayo de dos mil seis (2006), fue sometido a reparto el proceso de la referencia, correspondiéndole al Juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Tercera4.
El Juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá avocó conocimiento por auto del dieciséis (16) de enero de dos mil siete (2007)5.
En el escrito de contestación de la demanda, la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6 se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto, a su juicio, no se configuró responsabilidad de la entidad en los hechos que se narraron. Argumentó que para declarar patrimonialmente responsable a una persona pública es necesario demostrar una actuación suya que cause un daño cuantificable pecuniariamente, y que este se pueda atribuir a la entidad. Aseveró que las actuaciones de la Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial son de principio ajustadas a derecho y por ello nunca son causal de indemnización alguna. Propuso las exceptivas de caducidad, cobro de lo no debido y la innominada.
Por proveído del doce (12) de junio de dos mil nueve (2009), el Juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá declaró la falta de competencia y remitió el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca7.
Por auto del doce (12) de agosto de dos mil nueve (2009)8, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avocó conocimiento, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto del dieciséis (16) de enero de dos mil siete (2007), pero le confirió validez a las pruebas practicadas.
2.3 La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el seis (6) de octubre de dos mil diez (2010)9, dictó fallo de primera instancia, en el que decidió:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda conforme lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la excepción de caducidad propuesta por la demandada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por Secretaría de la Sección los gastos ordinarios de proceso y en caso de remanentes devuélvanse al interesado, lo anterior de conformidad a lo establecido por el Artículo 7º y 9º del Acuerdo No. 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (…)
Para arribar a esta conclusión, el Tribunal consideró que revisadas cuidadosamente las pruebas allegadas al expediente, no encontró en el plenario elementos de prueba que acreditaran el daño causado a la parte actora, pues los documentos que daban cuenta del proceso penal adelantado en su contra fueron allegados en copia simple y no se les puede dar valor así hayan sido allegados con sello de notaría en el que se haga constar que estas coinciden con el original, pues este no es el medio idóneo para darle autenticidad a este tipo de documentos.
Por otra parte, señaló que las copias allegadas al proceso, relacionadas con el expediente penal, no cumplieron con lo señalado en el artículo 115, numerales 5 y 6 del C.P.C., por cuanto no fueron allegadas al proceso previa orden del juez y firma del secretario, tal como le fue señalado a las partes, en auto de pruebas del treinta (30) de septiembre de dos mil nueve (2009), visible a folios 88 a 93, c.1.
En ese orden de ideas, para el Tribunal, la parte actora omitió asumir la carga probatoria impuesta por el artículo 177 del C.P.C., que impone a las partes la carga de probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y que, en consecuencia, al no acreditar el actor los supuestos fácticos expuestos en la demanda como basamento de su pretensión, no se podrá acceder a las pretensiones deprecadas.
“al no obrar los medios de juicio necesarios que conllevan a dar certeza de la presente omisión en que incurrió el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá en el proceso adelantado contra Rafael Guillermo Arenas Álvarez esta Corporación se abstendrá de condenar a LA NACIÓN –DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por no encontrar acreditados ninguno de los elementos indispensables para la declaración de la responsabilidad patrimonial del Estado”.
La parte demandante interpuso recurso de apelación10, que fue concedido el nueve (9) de diciembre de dos mil diez (2010)11.
En la sustentación del recurso, la parte demandante cuestionó la decisión del Tribunal, al negar las pretensiones de la demanda, ya que a su juicio, obró como si se tratara de una privación injusta de la libertad cuando de lo que se trataba era de una demanda que buscaba que se reconociera y se pagara una indemnización por daño emergente, lucro cesante y daños morales derivados de la pérdida de la camioneta que le fue secuestrada al demandante, de manera que la sentencia resolvió cosa distinta a lo pedido, vale decir, varió la causa petendi.
Reiteró que la administración de justicia incurrió en tres omisiones, la primera, el comportamiento irregular del Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, que permitió la pérdida del vehículo, pues era su deber legal ejercer control sobre las actuaciones de los auxiliares de la justicia; la segunda, que desde la retención del vehículo, acaecida el dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), quedó el bien mueble a disposición del juzgado penal y este lo depositó en el Parqueadero Mario, debiendo procurar la vigilancia del automotor; y la tercera, por la demora en la respuesta a su escrito presentado en ejercicio del derecho de petición.
Solicitó la revocación de la sentencia y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda y se declararan no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
2.5 Trámite en segunda instancia
En auto del dos (2) de marzo de dos mil once (2011)12, se admitió el recurso de apelación; posteriormente, por providencia del dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011)13, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión, etapa procesal aprovechada por la parte demandante para reiterar básicamente los argumentos expuestos en el escrito de sustentación del recurso de apelación14.
No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a desatar la alzada, previas las siguientes:
En general, a partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.
La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace referencia a estos dos elementos para presentar, por un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y, por el otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud le imputa la responsabilidad que pide sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita las pruebas que esa parte soportaba y, por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber, hechos relativos al daño y hechos relativos a la imputación.
Ahora, en lo que tiene que ver con el valor de las pruebas documentales allegadas al proceso, la Sala anota que la mayoría de estas fueron aportadas en copia simple, y que serán valoradas con fundamento en lo decidido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación de jurisprudencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil cuatro (2014), por cuanto estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen, sin que fueran tachadas de falsas.
En relación con la prueba trasladada que obra en el plenario, la Sala seguirá el precedente, según el cual procede su valoración en el proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del C.P.C., esto es, en la medida en que dentro del proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, por cuanto la protección del derecho de contradicción y publicidad de la prueba solo es posible si las partes tienen conocimiento de ellas. En esos términos, para este caso les dará pleno valor, porque el derecho de contradicción se garantizó.
3.1.1 Sobre las pruebas relativas al daño
El daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en el hecho de la pérdida del vehículo de propiedad de Rafael Guillermo Arenas Álvarez, clase camioneta Mazda B 2000, modelo 1989, color: rojo; placas: BAJ 813; motor: FE 727236, tipo: station wagon, lo que le generó perjuicios de orden material y moral.
Copia del certificado de tradición No. CT900743458 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, en el que aparece inscrito como propietario del vehículo clase camioneta Mazda B 2000, modelo 1989, color: rojo; placas: BAJ 813; motor: FE 727236, tipo: station wagon, el señor Rafael Guillermo Arenas Álvarez15.
Copia del oficio del Juzgado 10 penal del Circuito de Bogotá, con fecha del dieciocho (18) de mayo de dos mil cuatro (2004), dirigido al señor Milton Gómez Cubillos, parqueadero Mario, ordenando la entrega del vehículo BAJ 813 al defensor del demandante o a Rafael Guillermo Arenas Álvarez16.
Copia auténtica de la declaración extraproceso rendida por la señora María Eugenia Marín Méndez, cónyuge del demandante, ante la Notaría 43 del Círculo de Bogotá, con fecha veintisiete (27) del mayo de dos mil cuatro (2004), en la que manifestó que:
“el viernes 21 de mayo de 2004 estuve en el parqueadero Los Sauces y o Mario ubicado en el municipio de Sibaté (Cundinamarca), entregando el oficio dirigido al señor Milton Gómez Cubillos, del proceso No. 1998-008, para que procediera a la entrega del vehículo Camioneta Mazda B2000 modelo 1989, de placas BAJ – 813 de propiedad de mi esposo Rafael Guillermo Arenas Álvarez, identificado con la C.C. No. 19.075.355 de Bogotá, para lo cual me informó el señor Manuel López, identificado con C.C. No. 186645 de Anolaima, que ese parqueadero estaba a cargo de él desde hace más o menos cinco (5) años y que cuando él lo recibió dicho vehículo no se encontraba dentro del inventario que él recibió que hasta ese momento no llevaban ningún libro de registro. Ingresé al parqueadero y verifique que efectivamente el vehículo no estaba allí (…)”17.
Copia auténtica del escrito presentado el nueve (9) de marzo de dos mil seis (2006), en ejercicio del derecho de petición, por el señor Rafael Guillermo Arenas Álvarez, al Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, en el que solicitaba la ubicación, para ese entonces, del vehículo de placas BAJ 813 y que se libraran los oficios para la entrega material de dicha camioneta18.
Declaración rendida por María Elsa Orjuela Méndez, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del veintidós (22) de octubre de dos mil nueve (2009)19.
Declaración rendida por Marco Fidel Méndez León, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del veintidós (22) de octubre de dos mil nueve (2009)20.
Declaración rendida por Adriana Marín Bernate, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del veintidós (22) de octubre de dos mil nueve (2009)21.
Declaración rendida por María Eugenia Marín Méndez, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el veintisiete (27) de octubre de dos mil nueve (2009)22.
3.1.2 Sobre las pruebas de la imputación
Copia del escrito del seis (6) de marzo de dos mil uno (2001), suscrito por el señor Milton Gómez Cubillos, arrendatario del parqueadero Mario, y dirigido al Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, informando el traslado del vehículo BAJ 813 del parqueadero de Sibaté al parqueadero Mario de la calle 66 No. 58-10 de la ciudad de Bogotá23.
Copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del veintitrés (23) de abril de dos mil dos (2002), en la que se revocó la sentencia proferida por el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, del cinco (5) de febrero de dos mil uno (2001), en contra de Rafael Guillermo Arenas Álvarez y lo absolvió de los delitos endilgados y, en consecuencia, ordenó revocar las medidas cautelares, devolver la caución y enviar las comunicaciones pertinentes24.
Copia del escrito del treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002), del defensor del demandante, dirigido al Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, en el que solicitó la entrega del vehículo con fundamento en la revocación que se había producido de la sentencia condenatoria proferida por ese juzgado25.
Declaración rendida por Milton Gómez Cubillos, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del veintisiete (27) de octubre de dos mil nueve (2009)26.
3.2 Presupuesto de la responsabilidad de la entidad demandada por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
En el sub lite, se demanda la reparación de los daños causados por el defectuoso funcionamiento en que presuntamente incurrió el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá al permitir la pérdida del vehículo de propiedad del demandante, y que estaba bajo cuidado de ese Despacho en atención a la orden de embargo que sobre este libró dentro de la causa penal que le siguió al actor.
De acuerdo con la fecha de la ocurrencia de los hechos, esto es, el año 1998, la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le fueran imputables estaba regulada en la Ley 270 de 1996, que desarrolló el artículo 90 de la Constitución.
La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales. Allí distinguió tres supuestos: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68).
El Consejo de Estado definió el error judicial de la siguiente forma:
“Una providencia contraria a la ley es aquella que surge al subsumir los supuestos de hecho del caso en las previsiones de la norma (error de interpretación), de la indebida apreciación de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde o de la indebida aplicación de la misma.
Hay que entender incluida en la definición de error jurisdiccional además las providencias las providencias contrarias a la Constitución, que de acuerdo con el artículo 40. Es norma de normas. Piénsese, por ejemplo, en la sentencia penal que viola el principio de la no reformatio in pejus (art. 31 de la C.P.)”27.
En tanto, sobre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, precisó esta Corporación:
“La responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. Esto es, cuando la lesión se haya producido en el giro o tráfico jurisdiccional, entendido éste como el conjunto de las acciones u omisiones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que pueden provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales”28.
Los anteriores lineamientos, relativos a la responsabilidad estatal por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, son aplicables en el presente caso, pues es claro que el demandante cuestiona que la administración de justicia incurrió en falta de vigilancia sobre el custodio al quien entregó el vehículo de propiedad del actor, falta que habría conducido a la pérdida del automotor, esto es, al daño antijurídico cuya reparación pretende.
Así pues, el origen del daño radicaría en una falta de control y vigilancia por parte del funcionario judicial, defecto este que se configuraría dentro de una actuación administrativa adelantada en el desarrollo de un proceso judicial, que puede calificarse, por tanto, como un evento de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, como una falla del servicio y que, de encontrarse probado, permitiría imputar el daño que llegare a probar la parte demandante, a la Nación.
A la Sala corresponde decidir si en el sub lite se encuentra demostrado el daño cuya reparación pretende la parte demandante, como quiera que el Tribunal denegó las pretensiones de la demanda fundado en que, a su juicio, la parte actora no demostró el daño alegado, mientras que esta pretende que en segunda instancia (i) se valoren las pruebas documentales dejadas de lado en primera instancia por haber sido aportadas en copia simple y (ii) se profiera sentencia que declare la responsabilidad patrimonial del Estado respecto de ese daño.
Vistas las pruebas relacionadas en el acápite 3.1.2. de esta providencia, la Sala encuentra acreditado que Rafael Guillermo Arenas Álvarez es el propietario del vehículo clase camioneta Mazda B 2000, modelo 1989, color: rojo; placas: BAJ 813; motor: FE 727236, tipo: station wagon, condición que costa en el certificado de tradición No. CT900743458 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá.
Aunque no encuentra prueba del acto mediante el cual se decretó el embargo y se ordenó la retención del vehículo referido, tal actuación se infiere, sin dificultad, de una interpretación conjunta de los siguientes documentos: a) la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el veintitrés (23) de abril de dos mil dos (2002), en la que, además de revocar la sentencia proferida por el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, del cinco (5) de febrero de dos mil uno (2001) en contra de Rafael Guillermo Arenas Álvarez, ordenó la revocación de las medidas cautelares decretadas; b) Copia del escrito del seis (6) de marzo de dos mil uno (2001), suscrito por el señor Milton Gómez Cubillos, arrendatario del parqueadero Mario, y dirigido al Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, informando el traslado del vehículo BAJ 813 del parqueadero de Sibaté al parqueadero Mario de la calle 66 No. 58-10 de la ciudad de Bogotá; c) Copia del escrito del treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002), del defensor del demandante, dirigido al Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, en el que solicitó la entrega del vehículo con fundamento en la revocación que se había producido de la sentencia condenatoria proferida por ese juzgado, y c) copia del oficio del Juzgado 10 penal del Circuito de Bogotá, de fecha del dieciocho (18) de mayo de dos mil cuatro (2004), por medio del cual se ordenaba al señor Milton Gómez Cubillos, como administrador del parqueadero Mario, la entrega del vehículo BAJ 813 al defensor del demandante o a Rafael Guillermo Arenas Álvarez.
Con base en estos documentos, la Sala infiere que el vehículo se encontraba inmovilizado y a órdenes del Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, y que una vez absuelto su propietario de los cargos que se le habían formulado dentro del proceso que allí cursaba en su contra, este Juzgado dispuso y ordenó, aunque con notable e inexcusable transcurso del tiempo, la entrega del automotor, por parte de su custodio, el señor Milton Gómez Cubillos, a su propietario.
La Sala también encuentra probado que Rafael Guillermo Arenas Álvarez, por sí mismo, con escrito presentado en ejercicio del derecho de petición al referido Juzgado, y por conducto de la señora María Eugenia Marín Méndez, realizaron gestiones conducentes a la entrega del vehículo, gestiones, que como se puede inferir del documento que recoge la declaración extra juicio rendida por esta última (que se aprecia como documento declarativo emanado de tercero, que no como prueba testimonial), y del escrito que aquel presentó al Juzgado en procura de información del paradero del automotor de su propiedad, resultaron infructuosas, pues no de otra manera se puede entender el escrito presentado el nueve (9) de marzo de dos mil seis (2006), en ejercicio del derecho de petición, por el señor Rafael Guillermo Arenas Álvarez, al Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, en el que solicitaba la ubicación, para ese entonces, del vehículo de placas BAJ 813.
Y, finalmente, la Sala tiene por probada la razón por la que no resultó posible la restitución de este bien a su propietario, no otra que la venta que de él hizo el administrador del parqueadero “Mario”, sitio en el que lo depositó Milton Gómez Cubillos, quien manifestó en su testimonio rendido ante el Tribunal de Cundinamarca, que tras varios intentos fallidos para recuperar la tenencia del automotor, finalmente se encontró con Juan De Jesús Mayorga, quien le comentó que él había lo vendido “porque le debían mucha plata de parqueaderos”.
Así las cosas, se encuentra plenamente probado el daño que sufrió Rafael Guillermo Arenas Álvarez con afectación de su derecho de propiedad sobre el vehículo automotor de placas BAJ 813, bien que se encontraba inmovilizado por órdenes y a disposición del Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, y cuya tenencia y posesión perdió su propietario, sin que exista título de justificación para la causación de este daño.
Procede, entonces, esta Subsección, a determinar si este daño es imputable a la Nación, mediante un juicio que se desarrolla en dos fases: la fase puramente fáctica, y la fase jurídica. En la primera, a través de instrumentos normativos o sociales, en orden a establecer si la conducta del Juzgado 10 Penal del Circuito fue determinante en la producción del resultado, y la segunda, con aplicación de los títulos de imputación que ha decantado la jurisprudencia de la Corporación, en orden a verificar la existencia de un título jurídico que explique la razón por la que la demandada debería soportar las consecuencias del daño.
Para los fines del juicio de imputación en fase fáctica, esta Sala partirá del supuesto de la competencia que tienen las autoridades en el curso de las investigaciones penales a su cargo, para ordenar la práctica de medidas cautelares sobre bienes del sindicado para garantía del pago de los perjuicios causados a las víctimas (numeral 1º artículo 250 de la Constitución), medidas para cuya ejecución, cuando de automotores se trata, pueden disponer su inmovilización y retención. De esta forma, el artículo 231 del decreto 1344 de 1970, vigente para la época en que se ordenó la medida sobre el vehículo de placas BAJ 813 prescribía: "Los vehículos podrán retenerse preventivamente solamente en los siguientes casos: 1. Por orden judicial…”
Ahora bien, una vez privado el propietario de la tenencia del bien, éste queda a órdenes y bajo la custodia de la autoridad que dispuso la práctica de la medida, custodia que le impone la obligación de conservarlos en el mismo estado que presentan al momento de su retención, para lo cual, deben depositarlos en patios dispuestos para ese fin o en almacenes de depósito, lugares en los que podrá confiar su guarda y conservación a terceras personas particulares.
En el caso sub lite, sin embargo, el desgreño observado en la custodia del vehículo de propiedad de Rafael Guillermo Arenas Álvarez, pues aquel quedó por espacio de cinco (5) años en manos de Milton Gómez Cubillos, en sitios que si bien prestaban el servicio de parqueadero en condiciones de informalidad alarmantes, no estaban dispuestos especialmente para la custodia de bienes por cuenta de las autoridades, sin control alguno por parte del Juzgado que ordenó su retención.
Esta Sala tiene claro que los establecimientos a los que se confía la guarda de los vehículos pueden prestar simultáneamente los servicios de parqueo al público en general y de patios, a las autoridades con fines de depósito de vehículos retenidos o inmovilizados por cuenta de aquellas. Sin embargo, en tales casos se impone a las autoridades el deber de cuidado en la selección de los particulares que prestan tales servicios.
En el presente caso, la declaración que rindió Milton Gómez Cubillos causa asombro por razón de la informalidad que caracterizaban sus servicios como custodio del bien, al punto que este quedó a disposición de un tercero inescrupuloso, en un lugar al que aquel ni siquiera tenía acceso, y en tal grado de abandono, que finalmente este tercero optó por su venta so pretexto de la necesidad de recuperar dineros que le adeudaban por concepto de parqueo, pues, al parecer, ni idea tenía de la orden judicial en cuya virtud ese carro estaba allí depositado.
Luego, fácticamente infiere esta Sala que el daño sufrido por Rafael Guillermo Arenas Álvarez a causa de la pérdida del vehículo de su propiedad es fácticamente imputable a la Nación debido a la negligencia y el desgreño que observó la autoridad que dispuso su retención y depósito, pues de haber obrado conforme al deber de cuidado que tal competencia la imponía, el daño hubiera podido evitarse.
En el plano fáctico, los hechos así acreditados configuran una falla del servicio en la modalidad de defectuoso funcionamiento de la administración de Justicia, por cuanto la lesión padecida por Arenas Álvarez se produjo como consecuencia del tráfico jurisdiccional pero con ocasión del incumplimiento de deberes materiales de administración de bienes retenidos, deberes que surgían en el marco de la ejecución de la providencia judicial que dispuso su embargo, pero al margen de error en dicha providencia.
En resumen, el Juzgado 10 Penal del Circuito incumplió con la finalidad de la medida cautelar ordenada, comoquiera que se debía procurar su buen estado de conservación en orden a que constituye la garantía de quien la persigue y que de no ser así debe ser devuelta a su propietario en el estado en que se embargó.
6. De los perjuicios
Por otra parte, en el sub judice es claro que en la apelación se cuestionó el hecho de que el Tribunal denegara la reparación deprecada, porque no se demostró el daño, con fundamento en haber allegado copias simples del proceso penal, situación que ya entiende superada la Sala con el análisis realizado en el acápite de la prueba de los hechos.
Por lo expuesto, la Sala se limitará a establecer si de las pruebas obrantes en el plenario se puede derivar la causación de los perjuicios y el quantum de estos y, en caso negativo, si era procedente denegar la reparación a pesar de que el daño antijurídico estaba acreditado.
6.1 El lucro cesante
La parte demandante consideró que la prueba testimonial era suficiente para acreditar los perjuicios materiales que deprecó, para lo que citó, ante el Tribunal Contencioso de Cundinamarca, a los señores María Elsa Orjuela Méndez, Marco Fidel Méndez León, Adriana Marín Bernate y María Eugenia Marín Méndez, quienes depusieron sobre el perjuicio moral derivado del embargo de la camioneta y, en especial, la cónyuge del actor, que por el embargo de la camioneta cuantificó, de manera muy general, los costos que debió asumir por concepto de transporte. Además, ella señaló que dicha situación propició que el demandante sufriera un infarto coronario.
No obstante, no se probó, de manera efectiva, que antes del embargo, el vehículo se explotara económicamente, más allá de ser utilizado por la familia para el transporte de los padres y los hijos en su rutina diaria.
De modo que no es dable afirmar que, de no haberse embargado el vehículo, este hubiese generado lucro para su propietario, salvo lo referido por quien tiene interés en las resultas del proceso, como lo es la señora María Eugenia Marín Méndez; por esta razón, la Sala tiene que lo deprecado por lucro cesante no cuenta con un respaldo de pruebas que permitan inferir la existencia de una explotación económica a que se alude en la demanda.
Es importante resaltar que las decisiones judiciales deben fundarse en pruebas, regular y oportunamente, allegadas al proceso, de acuerdo con lo señalado en el artículo 174 del C. de P.C., con el objeto de llevar al juez la convicción suficiente para que pueda decidir sobre el asunto materia de la controversia, con sujeción al debido proceso, por lo que los elementos de pruebas, además de conducentes y eficaces, deben allegarse en los términos y condiciones establecidos de antemano en el ordenamiento, señalados estos en el artículo 229 del C. de P.C.
Siendo así, es dable señalar que de los elementos de convicción, con que se cuenta para proferir decisión, no se desprende que el automotor embargado al actor estuviera destinado a alguna actividad productiva para la época en que se practicó la medida.
6.2 El daño emergente
Algo totalmente diferente tiene que ver con la prueba del perjuicio por el daño emergente, habida cuenta que los bienes, como su nombre lo indica, representan en sí mismos un valor patrimonial y de intercambio, cualquiera que fuera su estado, salvo que se tratara de aquellas cosas no son susceptibles de valorar, porque no se pueden poseer, lo que no resulta predicable de un vehículo automotor, para el efecto, la camioneta Mazda B 2000, modelo 1989, color: rojo; placas: BAJ 813; motor: FE 727236, tipo: station wagon.
Empero, demostrado como está que el titular del vehículo sufrió un desmedro patrimonial, lo cierto es que el proceso se encuentra huérfano de pruebas que demuestren la cuantía del perjuicio por daño emergente, cuantía que se estimó en la demanda en suma de diez millones trescientos mil pesos ($10.300.000).
No obstante, así el conjunto de pruebas, en general, no permita establecer el valor comercial del automotor para la época en que fue embargado, lo cierto es que el actor habrá de ser indemnizado por su pérdida, pues, según lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 178 de la misma codificación y 137 del Código de Procedimiento Civil, lo procedente, cuando establecido el daño antijurídico, es determinar el quantum, este tiene que ver con resolver en abstracto, por trámite incidental previsto para el efecto, y se liquide la prestación.
Para la Sala, el no proceder de otra forma equivaldría a desconocer el principio de reparación integral, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 a cuyo tenor, en lo posible, el perjudicado debe quedar indemne del daño antijurídico ocasionado.
De manera que la sala proferirá condena en abstracto, para que mediante trámite incidental se acredite el valor comercial del automotor, camioneta Mazda B 2000, modelo 1989, color: rojo; placas: BAJ 813; motor: FE 727236, tipo: station wagon, para la época del embargo, seis (6) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), considerando la depreciación que sufren estos bienes por su uso normal, y el estado en que, según el acta de inmovilización que obra en el proceso penal, presentaba al momento en que ella operó.
El valor obtenido, será indexado a la fecha del auto en el que resuelva el incidente, al tener en cuenta los índices de precios al consumidor fijados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-Dane, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Índice inicial: Es el índice de precios al consumidor de la última fecha en que se tuvo noticia del automotor extraviado.
6.3 Respecto de los perjuicios morales
Respecto al daño moral que aduce haber padecido, como consecuencia de la pérdida del vehículo de su propiedad, cabe reiterar lo resuelto en anteriores oportunidades, en el sentido de su reconocimiento solo procede si este se encuentra debidamente acreditado.
Así las cosas, se considera que el daño moral alegado en la demanda, estimado en $40.800.000 a favor del actor, no quedó debidamente acreditado en el expediente, pues si bien es connatural a la pérdida patrimonial alguna alteración de ánimo, esto no tendría que causar congoja o aflicción. Salvo su demostración, echada de menos en el sub lite, pues son muy genéricas las referencias a dicho perjuicio por parte de los testigos arrimados al proceso.
7. Sobre las costas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó en esa forma, no se efectuará condenas en costas alguna.
PRIMERO: REVOCAR, conforme a las razones expuestas, la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, el seis (6) de octubre de dos mil diez (2010), con la que se negaron las pretensiones. En consecuencia se dispone:
SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, causados a Rafael Guillermo Arenas Álvarez por la pérdida del vehículo de placa BAJ 813 de su propiedad.
TERCERO: En consecuencia, CONDENAR en abstracto a la Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a Rafael Guillermo Arenas Álvarez, el daño emergente causado derivado de la pérdida del vehículo de placas BAJ 813 de su propiedad. Este perjuicio deberá liquidarse por incidente regulado en el artículo 137 del C.P.C., que deberá promoverse por el interesado dentro del término de dos (2) meses contados desde la ejecutoria de esta providencia, y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva de esta sentencia.
SEXTO: En firme, devuélvase al Tribunal de origen.
Aclaración de voto Cfr. Rad. 36146-15 #1
1 Fl. 17v, c.1.
2 Fls. 1 a 17 c.1.
3 Fls. 20, c.1.
4 Fl. 22, c.1.
5 Fls. 25 a 25v, c.1.
6 Fls. 27 a 38, c.1.
7 Fls. 68 a 69, c.1.
8 Fls. 73 a 79, c.1.
9 Fls. 200 a 210, c.3.
10 Fls. 212-217, c.3.
11 Fls. 219-220, c.3.
12 Fl. 224, c.3.
13 Fl. 226, c.3.
14 Fls. 230 a 234, c.3.
15 Fl. 1, c.2.
16 Fl. 17, c.2.
17 Fl. 18, c.2.
18 Fls. 19 a 20, c.2.
19 Fls. 27 a 28, c.2. Declaración de María Elsa Orjuela de Méndez: “(…) ellos tenían esa camioneta como herramienta de trabajo porque ella es decoradora de interiores y además también la usaba para transportar a los niños en esa época a los tres mayores que prácticamente son todos seguiditos además el esposo Guillermo trabaja como asesor de seguros, por lo tanto ella le colaboraba en los trámites de llevar y recoger papeles, yo se que esto les causo gran problema a nivel económico por que ellos ya no tenían este medio de transporte les tocaba coger taxi para trasladarse de un lado a otro (…)”.
20 Fls. 29 a 30, c.2. Declaración de Marco Fidel Méndez León: “(…) la camioneta la usaba la familia para transportarsen (sic) y trabajar ya que María Eugenia tiene un trabajo de instalación de cortinas y además le ayuda al esposo en trámites, documentos de seguro que es el oficio de él vender seguros, también para llevar a los muchachos al colegio sobre todo al menor Nicolás porque es un niño que tiene deficiencias visuales (…) yo he visto que a raíz de esto se deterioró la relación familiar en la parte económica y lógicamente que eso con lleva que existan inconvenientes entre la pareja y sus hijos porque ya no se puede tener el vehículo que les sirven de facilidad para transportarsen y visitar su familia, ir al colegio o universidad cuando la parte económica es mala no deja de que existan disgustos y no funcione bien la relación (…)”.
21 Fls. 25 a 26, c.2. Declaración de Adriana Marín Bernate: “(…) se que ese era el único carro que tenían ello para movilizarse para el trabajo de él y para la cónyuge en el carro ellos llevan los niños al colegio, la cónyuge le ayuda le colabora con el trabajo ayudándole a llevar pólizas ya que trabaja en una oficina de seguros se que llevan y traían a los niños del colegio estos lo se por que allí estudian mis hijos, sé que briegan mucho por que les toca pagar taxi, o recurren a sus amigos, se que desde la fecha que le quitaron el carro les tocó contratar a veces personas para que los pueda movilizar (…)”.
22 Fls. 32 a 34, c.2. Declaración de María Eugenia Marín Méndez: “(…) a partir de la captura de la camioneta somos perjudicados los dos, porque yo soy la cónyuge de él, nosotros la camioneta la utilizábamos para llevar y recoger los niños en el colegio, los dos somos asesores de seguros, luego la camioneta la utilizábamos para visitar los clientes, llevar y recoger las pólizas y dineros de las mismas, y la profesión que yo tengo de decoradora, yo la utilizaba para llevar las cortinas, los rieles y para el servicio del mismo. El daño es que a partir de que nos quitaron la camioneta nos ha tocado pagar transporte para realizar nuestro trabajo, a parte de eso en la parte social y familiar también se ha visto afectada porque nosotros somos seis integrantes de familia y nos queda muy difícil movilizarnos en forma conjunta con los niños, por lo cual no hemos podido compartir juntos ni transportarnos a causa de no tener la camioneta. Igualmente a mi esposo a causa de que nos quitaron la camioneta le produjo un infarto coronario y él ha seguido en tratamiento y nos ha generado gastos esta situación al igual que los transportes para movilizarnos para llevar a mi esposo al médico. PREGUNTADO: SÍRVASE MANIFESTAR AL DESPACHO QUE PROMEDIO PAGA USTED COMO GASTOS MENSUALES POR LA AUSENCIA DE ESTE TRANSPORTE. CONTESTÓ: yo le calculo más o menos millón y medio en gastos mensuales, porque son los transporte del colegio de los niños, lo del médico y los referente al trabajo para visitar a los clientes. PREGUNTADO: MANIFIÉSTELE AL DESPACHO CUANTO HACE QUE ASUME ESTE TIPO DE COSTOS MENSUALES. CONTESTÓ: mas o menos unos doce años, desde que me quitaron la camioneta. PREGUNTADO: MANIFIÉSTELE AL DESPACHO CON MAS EXACTITUD LAS CONSECUENCIAS OCURRIDAS EN EL NÚCLEO FAMILIAR A RAÍZ DE LA CAPTURA Y/O PÉRDIDA DE LA CAMIONETA. CONTESTO: primero lo del infarto de mi esposo, que fue infarto al corazón, segundo el embarazo mío hace nueve años, mi embarazo fue de alto riesgo eso causo que me diera una hemorragia al tener que levantarme durante el embarazo de mi hijo menor para coger transporte, mi hijo nació con una discapacidad visual, entonces para llevarlo a todos los tratamientos me tocaba contratar carro y esto lo perjudicaba mas en su salud y me generaba gastos. A parte de eso también la relación familiar porque nos ha tocado dividirnos para ir a una reunión pues no nos podemos transportar en forma conjunta como lo podríamos hacer si tuviéramos la camioneta, mis hijos mayores se han distanciado puesto que les toca salir separados y pues no es bueno para una familia que siempre ha sido unida. Igualmente a raíz de la pérdida de la camioneta nos tocó trasladarnos de domicilio, pues vivíamos en Chía y nos vinimos para Bogot´s por que se nos dificultaba el transportarnos de Chía a Bogotá y en razón de que los costos eran altos”.
23 Fl. 3, c.2.
24 Fls. 5 a 15, c.2.
25 Fl. 16, c.2.
26 Fls. 28 a 30, c.2 Declaración de Milton Gómez Cubillos: “(…) la camioneta fue depositada en un parqueadero llamado los Sauces del municipio de Sibaté, el vehículo fue incautado a la señora María Eugenia por orden del inspector de policía del municipio de Sibaté, Héctor Villota, y remitida al parqueadero que estaba a mi cargo, a fines de julio del año 1999 y posteriormente yo la trasladé por que tuve que entregar el parqueadero, y lo trasladé al parqueadero del señor Juan De Jesús Mayorga y la mamá; después tuve un parqueadero que queda detrás de la Cruz Roja de la cr 68 con calle 68 se llama parqueadero Mario, el cual yo le di a conocer por medio de un oficio a la Fiscalía que tiene el proceso de ese vehículo que lo quería trasladar a este parqueadero, y ello no lo pude hacer dado que el señor Juan de Jesús Mayorga me dejaron sacar el vehículo del parqueadero donde aun reposaba, esto sucedió en el mes de marzo de 2001 cuando hice la petición a la Fiscalía e inclusive yo llevé tres grúas al Parqueadero del señor Juan de Jesús Mayorga, con el fin de trasladar tres vehículos que estaban a mi cargo en esa zona, para el parqueadero Mario aquí en Bogotá; de igual manera el inspector de policía municipal de Villota le dio la orden al comandante de turno para que me acompañara a sacar los vehículos que yo iba a trasladar para el parqueadero Mario, lo cual no fue posible debido a que don Juan de Jesús se perdió y no dejó abrir las puertas del parqueadero de él; fue así que me enteré que el vehículo del señor Arenas ya no estaba en el parqueadero de don Juan de Jesús y un día me lo encontré en el parque de Sibaté y le pregunté que había pasado con los vehículos, y él me respondió que los había vendido porque le debían mucha plata de parqueaderos, fue entonces cuando yo le dije que él sabía que esos vehículos que estaban ahí estaban por orden judicial y que la plata de sus parqueaderos no se iba a perder que él bien sabía eso, que tan pronto se solucionara el problema jurídico de cada vehículo se le cancelaría las deudas causadas por el parqueo de estos vehículos, de todos modos yo a él yo ya le puse un denuncio en la inspección de Sibaté por desvalijar los vehículos y no dejármelos sacar del parqueadero de él. (…). PREGUNTADO: MANIFIESTELE AL DESPACHO SI LE CONSTA SI EL VEHICULO LE FUE ENTREGADO A SU PROPIETARIA RAFAEL GUILLERMO ARENAS. CONTESTO: no me consta que fue entregado a él. PREGUNTADO: MANIFIÉSTELE AL DESPACHO SI TUVO CONOCIMIENTO DE UN OFICIO EMANADO DEL JUZGADO DÉCIMO PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA DIRIGIDO AL SEÑOR MILTON GOMEZ CUBILLOS PARA QUE PROCEDIERA A ENTREGAR LA CAMIONETA. CONTESTÓ: si tuve conocimiento del oficio pero yo ya no tenía dominio del vehículo como quedó constancia en la inspección de policía del Municipio de Sibaté, con el denuncio que interpuse contra el señor Juan de Jesús Mayorga. PREGUNTADO: MANIFIÉSTELE AL DESPACHO QUE TRÁMIYE LE DIO AL OFICIO QUE CONTENÍA LA ORDEN DE ENTREGA DEL VEHÍCULO. CONTESTÓ: yo busqué al señor Arenas y no lo encontré por ningún lado, y le dije al señor Juan de Jesús que tocaba entregar la camioneta por que había llegado la orden judicial de entregar el vehículo. SIRVASE MANIFESTAR SI SABE O LE CONSTA QUE ACTIVIDAD DESEMPEÑABA LA CAMIONETA Y CUAL ES HOY LA UBICACIÓN DE LA MISMA. CONTESTÓ: no se la actividad que desempeñaba la camioneta, y no se la ubicación de la misma”.
27 Auto del 14 de agosto de 1997, exp. 13258). La misma definición se plasmó en sentencia del 21 de octubre de 1999 (exp. 9544).
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 660012331000200100002901 (28096), mar. 26/14.