Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/contencioso-administrativo/sentencia-tribunal-supremo-num-51792011-25-01-2013
Timestamp: 2016-09-28 10:14:21
Document Index: 336295863

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 28', 'e contrario', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 86', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 161', 'artículo 1', 'artículo 139']

Sentencia Tribunal Supremo num. 5179/2011 25-01-2013
Portada > Informaci�n Jur�dica > Jurisprudencia > Contencioso-administrativo	El TS dice que los mínimos en la EMT de la huelga general de septiembre de 2010 violó el derecho a la huelga.
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado en una sentencia la ilegalidad de los servicios mínimos fijados por la Comunidad de Madrid en el ámbito de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para la jornada de huelga general del 29 de septiembre de 2010 al estimar que vulneraron el derecho fundamental de huelga.
Marginal: PROV\2013\54959
Tribunal: Tribunal Supremo, Madrid Sala 3 (Contencioso-Administrativo) Secci�n 7
Jurisdicci�n: Contencioso-Administrativa
Recurso de casaci�n n�m. 5179/2011
Ponente: Vicente Conde Mart�n de Hijas
RECURSO DE CASACION (LJCA/1998): Motivos: infracción de las normas del Ordenamiento o de la jurisprudencia: infracción del Ordenamiento jurídico: requisitos formales: crítica de la argumentación de la sentencia recurrida: inexistencia: casación improcedente.
T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección: SÉPTIMA
S E N T E N C I A Fecha de Sentencia: 25/01/2013
RECURSO CASACION Recurso Núm.: 5179 / 2011 Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimatoria Votación: 23/01/2013 Procedencia: T.S.J.MADRID CON/AD SEC.9 Ponente: Excmo. Sr. D. Vicente Conde Martín de Hijas Secretaría de Sala : Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián Escrito por: SGL Nota: Servicios mínimos en huelga de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid. Falta de adecuada causalización o motivación. RECURSO CASACION Num.: 5179/2011 Votación: 23/01/2013 Ponente Excmo. Sr. D.: Vicente Conde Martín de Hijas
Secretaría Sr./Sra.: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián S E N T E N C I A
Excmos. Sres.: Presidente: D. Jorge Rodríguez Zapata Pérez
Magistrados: D. Nicolás Maurandi Guillén
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil trece.
Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo,
constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el recurso de
casación número 5179/2011, que pende ante ella de resolución, interpuesto por
la COMUNIDAD DE MADRID, representada y asistida por el Letrado integrante de
sus Servicios Jurídicos, contra la sentencia de la Sección 9ª de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de
cuatro de julio de dos mil once, dictada en el recurso número 1279/2010 ,
interpuesto al amparo de lo previsto en los artículos 114 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de Julio ( RCL 1998\1741
) , para la protección de los derechos fundamentales de la persona. Ha sido parte recurrida la FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE
COMISIONES OBRERAS DE MADRID, representada por la Procuradora Doña Isabel
Cañedo Vega; y el Fiscal, en defensa de la legalidad.
PRIMERO La Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia el cuatro de julio de
dos mil once, en el recurso número 1279/2010 , para la protección de los
derechos fundamentales de la persona, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal «ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
Procuradora Da. Isabel Cañedo Vega, en representación de la «FEDERACIÓN DE
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS DE MADRID», tramitado por el
procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, contra
la Orden de 24 de septiembre de 2010 de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid por la que se concretan en el ámbito
de la «Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.» los servicios mínimos
con ocasión de la huelga general del día 29 de septiembre de 2010, debemos
declarar y declaramos la nulidad de pleno derecho de dicha Orden por vulnerar
el derecho fundamental de huelga delart. 28.2RCL
1978\2836CE ( RCL 1978\2836 )
, sin hacer especial declaración en cuanto a las costas procesales.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos»
SEGUNDO - Contra la citada sentencia anunció recurso de casación la
COMUNIDAD DE MADRID, representada y asistida por el Letrado integrante de sus
Servicios Jurídicos, que la Sala de instancia tuvo por preparado por
providencia de 29 de julio de 2011, acordando el emplazamiento a las partes y
la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo. TERCERO Recibidas las actuaciones, por la recurrente se presentó
escrito de interposición del recurso de casación, en el que, después de
formular sus motivos, terminó suplicando a la Sala tuviera por interpuesto «(...)recurso
de casación frente a lasentencia n° 585, de 4 de julio de 2011, dictada por
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid , y dicte sentencia revocatoria de la misma».
CUARTO Comparecidos los recurridos, se admitió a trámite el recurso
por providencia de 27 de abril de 2012, concediéndose, por providencia de 24 de
mayo de 2012, un plazo de treinta días para formalizar escrito de oposición. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., representada por la
Procuradora Dª Paloma Briones Torralba, presentó escrito el día 14 de junio de
2012 manifestando su conformidad con el recurso casación.
El escrito de oposición de la FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE
COMISIONES OBRERAS DE MADRID tuvo entrada el día 25 de junio de 2012, y en el
que se suplicaba a la Sala que «(...)dicte Sentencia por la que se
confirme íntegramente la dictada con fecha 4 de julio de 2011 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ».
QUINTO - El Fiscal en defensa de la legalidad, formuló sus
alegaciones por escrito que tuvo entrada en este Tribunal en fecha 16 de julio
de 2012 de 2010, en el que suplicaba que se dicte «(...) sentencia
desestimando el recurso de casación deducido por la Comunidad de Madrid
contra la sentencia de 28 de junio de 2011, dictada por la Sección Novena de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid , con expresa imposición de costas procesales a la parte
recurrente».
SEXTO Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la
audiencia del día 23 de enero de 2013, en cuyo acto tuvo lugar su celebración,
habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Vicente Conde Martín de Hijas ,
Magistrado de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO Se impugna en este recurso de casación la sentencia de la
Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de cuatro de julio de dos mil once, dictada en el recurso
número 1279/2010 , que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto
al amparo de lo previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de Julio ( RCL 1998\1741 ) , para
la protección de los derechos fundamentales de la persona por la FEDERACIÓN DE
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS DE MADRID, contra la Orden de
24 de septiembre de 2010 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid por la que establecía los servicios mínimos con ocasión
de la huelga convocada por el Comité de Empresa de la «Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, S.A.» para el día 29 de septiembre de 2010 en jornada
completa. El recurso de casación interpuesto por la COMUNIDAD DE MADRID, representada
y asistida por el Letrado integrante de sus Servicios Jurídicos contiene dos
El primero, formulado al amparo del artículo 88.1º, letra c) de la LJCA ,
denuncia que la sentencia de instancia ha incurrido en vulneración de los arts.
120RCL 1978\2836CE ( RCL 1978\2836 ) 248.3 LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635) y 208.2 LEC ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) al adolecer
de falta de motivación lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva El segundo, formulado bajo la cobertura del artículo 88.1º, letra d) de la
LJCA , reprocha a la sentencia de instancia la vulneración de el artículo 28.2RCL 1978\2836 de la Constitución Española y la
jurisprudencia constitucional que lo interpreta. Por su parte la FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES
OBRERAS DE MADRID se opone a ambos motivos en los términos que luego se dirá.
El Ministerio Fiscal afirma que existe la vulneración alegada por la parte
recurrente en la instancia en los términos que se expondrán.
SEGUNDO La Sentencia recurrida comienza en el Fundamento de Derecho
Primero concretando la relación entre el Decreto 68/2010 de 23 de septiembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen dichos servicios mínimos en
los diferentes sectores de actividad laboral y la Orden de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, de fecha 24 de
septiembre de 2010, que fija en el ámbito de la «Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, S.A.» (EMT) los servicios mínimos de la huelga del día
29 de septiembre de 2010, para concluir que: «La vinculación entre el Decreto y la Orden determina la de las
sentencias que hayan de resolver los recursos interpuestos contra aquellos. Los
sindicatos UGT y CCOO impugnaron el Decreto en el procedimiento 1252/2010, que
concluyó por sentencia estimatoria 558/2011, de 28 de junio . Dado que
la Orden es concreción del Decreto, la decisión de la Sala respecto de este
constituye un presupuesto lógico de la decisión que haya de adoptarse respecto
de la primera, a la que ha de condicionar necesariamente.».
Tras afirmar en el Fundamento de Derecho Segundo que: « Los motivos de
impugnación del sindicato aquí demandante giran sobre la falta de motivación de
los concretos servicios mínimos» dice que « La principal de estas
cuestiones, relativa a la motivación, aparece resuelta en laSentencia
558/2011antes citada, que recoge la doctrina constitucional al respecto, que
huelga ahora reiterar por ser conocida y parcialmente reproducida por las
partes en sus escritos alegatorios. Por tanto, a dicha Sentencia debe remitirse
la presente en evitación de inútiles repeticiones» , reproduciendo el
Fundamento de Derecho Decimosegundo de la referida sentencia en el que se
razona la falta de motivación adecuada de los servicios mínimos impugnados en
el caso decidido en dicha sentencia. El Fundamento de Derecho Tercero fija finalmente la ratio decidendi del caso
actual en los siguientes términos:
«TERCERO.- La traslación de este criterio al caso actual conduce, sin
más, a la estimación del recurso. Nótese que, como se ha adelantado, la
motivación del Decreto que transcribe nuestra Sentencia es idéntica a la de la
Orden ahora recurrida para el establecimiento de iguales servicios mínimos de
carácter general en el transporte de viajeros. La misma falta de motivación es
apreciable, por tanto, en ambas resoluciones administrativas.
Resta por examinar los servicios contemplados en la Orden y no previstos
en el Decreto, esto es, los que afectan a labores auxiliares del transporte de
viajeros propiamente dicho. Ahora bien, sin necesidad de descender a analizar
cada una de las clases de esas actividades, lo cierto es que podría merecer una
solución favorable la justificación que hace la Orden del número de
trabajadores asignados para el cumplimiento de los servicios mínimos en cada
una de ellas, pero, al hacerlo en función de la actividad de transporte
principal del 50% en horas punta y 20% en el resto, arrastra el vicio ya
advertido por esta Sala en su Sentencia 558/2011. Dicho de otro modo, el
cálculo de los trabajadores imprescindibles para mantener las funciones en los
centros de control, inspección, asistencia en ruta, coches de personal,
mecánicos, etcétera, se ha efectuado sobre la premisa de unos servicios al
público que hemos considerado opuestos al derecho fundamental delart. 28.2RCL 1978\2836CE ( RCL
1978\2836 ) , de manera que también están afectados por esta
vulneración constitucional aunque pudieran, hipotéticamente, considerarse
motivados y proporcionados a los servicios mínimos generales fijados en el área
de transporte de la Comunidad de Madrid».
TERCERO .- En el desarrollo argumental del motivo de casación, cuyo
enunciado sintético se indicó en el Fundamento de Derecho Primero cita, con
reproducción selectiva de contenidos de las mismas, las sentencias de 9 de
febrero de 2005 y 19 de junio de 2009 . Con apoyo en dicha jurisprudencia
afirma que en este caso la Sentencia de instancia carece de la obligada
motivación al remitirse a lo señalado en la sentencia 558/2011 . Tras reproducir el punto 6ª del Decreto 68/10 de 23 de septiembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión de
la huelga general, relativo al transporte, indica que con apoyo en dicho
Decreto la Orden impugnada estableció unos servicios mínimos del 50% como nivel
de los servicios mínimos en los horarios punta (de 6,00 a 9,00 horas y de 18,00
a 20,00 horas) y del 20% el resto del día.
Sostiene el recurrente que no parece acertado que la sentencia de instancia
tome como criterio para la anulación de la Orden, el que en cercanías RENFE,
por el Ministerio de Fomento se fijaran unos servicios inferiores (fundamento
de derecho segundo).
Tras reproducir el Fundamento de Derecho Tercero, concluye que desconoce el
criterio jurídico que ha llevado a la Sala a dicha conclusión, por lo que la
Sentencia de instancia carece de motivación.
CUARTO La recurrida se opone al recurso deducido de contrario con
apoyo en los siguientes argumentos. Respecto al primero de los motivos referidos considera que basta la lectura
de la fundamentación jurídica de la Sentencia dictada por el TSJ, para concluir
que el primero de los motivos del recurso no puede prosperar, por cuanto la
Sentencia está debidamente motivada, otra cuestión es que al letrado de la CAM
no le parezca suficiente los motivación jurídica que le sirvió al Magistrado
para estimar el Recurso Contencioso Administrativo, pero que no la comparta no
significa que pueda construir sobre esa supuesta falta de motivación un
verdadero motivo de Recurso frente al Tribunal Supremo.
QUINTO El Ministerio Fiscal, tras exponer unos antecedentes de la
cuestión de la que trae causa el proceso, responde al primer motivo, destacando
que la sentencia explica con precisión las insuficiencias que presenta la
Orden, determinadas por las causas que detalladamente refiere en sus
fundamentos de derecho primero a tercero, con mención explícita de las
consideraciones que tuvo en cuenta la sentencia 558/2011 de esa misma Sección y
Sala que anuló el Decreto 68/2010, del que la Orden constituye una concreción
para los servicios mínimos fijados para la EMT, al reiterar la misma motivación
y acoger el principal porcentaje de tales servicios (50% y 20%) para el
personal de esta empresa, relacionando además la redacción del fundamento n° 12
de aquella sentencia con su amplia argumentación, motivación "in
aliunde" que utiliza en coherente apoyo ante la evidente vinculación entre
ambas resoluciones de la autoridad autonómica. Indica que también compara los servicios mínimos con los establecidos para
"Cercanías RENFE" que, fijados por el Ministerio de Fomento, tiene en
consideración por ser aquellos inferiores.
Añade el Ministerio Fiscal que finalmente explica las razones por la que
considera que los servicios mínimos para las labores auxiliares arrastran el
mismo vicio de falta de motivación, de manera que no puede apreciarse en la
sentencia la falta de motivación que se alega en el recurso.
SEXTO Planteado el debate en los términos que resultan de los
fundamentos precedentes, debemos negar que asista la razón al recurrente cuando
imputa a la Sentencia de instancia falta de motivación. Ningún esfuerzo hay que realizar, para comprobar que la Sala de instancia
motivó en términos adecuados su decisión de estimar el recurso.
La sentencia de instancia explica con suficiente detalle que la Orden es
concreción del Decreto 68/2010, de 23 de septiembre, del Consejo de Gobierno,
por el que se establecían servicios mínimos en los diferentes sectores de
actividad laboral, y que la Orden reitera como motivación la que se contenía en
el Decreto sobre lo que califica como 6ª rama o área de actividad,
relativa a transportes. Seguidamente la sentencia indica que la propia Sección en la sentencia nº
558/2011, de 28 de junio ( PROV 2011\380708
) , dictada en el Recurso nº 1252/2010 , había anulado los servicios mínimos
allí establecidos y procede reiterar el mismo criterio, reproduciendo los
fundamentos de derecho de dicha sentencia, fundamentación por remisión que
satisface plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva, pues es doctrina
del Tribunal Constitucional que "la fundamentación por remisión no deja de
serlo ni de satisfacer las exigencias contenidas en el derecho fundamental que
se invoca" ( AATC 688/1986 y 956/1988 ) y que la validez ex art. 24.1 de
la Sentencia de remisión dependerá de que la cuestión sustancial hubiere sido
ya resuelta en la Sentencia de instancia con una fundamentación suficiente de
la decisión sobre el asunto. Desde una perspectiva del derecho a la tutela
judicial efectiva, como derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, no
es exigible, además, una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las
partes, sino que basta con que el juzgador exprese las razones jurídicas en que
se apoya para adoptar su decisión sin entrar a debatir cada uno de los
preceptos o razones jurídicas alegadas por las partes ( STC 165/1993 , por
todas). Este Tribunal Supremo también ha aceptado la motivación por remisión entre
otras en la Sentencia de 10 de noviembre de 2010 ( RJ
2010\8254 ) , dictada en el Recurso de Casación 2139/2007 (FJ 3º) en
el que decíamos que: «No obstante, el mero hecho de que un mismo órgano jurisdiccional se
remita a las razones dadas para resolver otro litigio, que guarda íntima
conexión con el que tiene ante sí, no supone incongruencia alguna: no hay en
ello una desviación de las pretensiones y los motivos formulados por las
partes, sino simplemente una reiteración de la argumentación por considerar que
lo dicho entonces vale también ahora. La motivación por remisión es algo
perfectamente admisible, por supuesto siempre que la remisión resulte
pertinente. Esto es algo tan conocido que no vale la pena insistir
ulteriormente sobre ello».
Por todo ello, hemos de concluir que la sentencia impugnada no incurre en la
falta de motivación que en el actual motivo se denuncia, motivo en el que el
recurrente parece mas bien disentir de la argumentación de la sentencia de
instancia, por lo que procede la estimación del mismo.
SÉPTIMO En el segundo motivo de casación la Comunidad de Madrid
reprocha a la sentencia de instancia la vulneración del artículo 28.2RCL 1978\2836 de la Constitución Española ( RCL 1978\2836 ) y la jurisprudencia
constitucional que lo interpreta. En el desarrollo argumental del motivo afirma que el Decreto impugnado
contiene motivación suficiente a efectos de la identificación pretendida,
justificándose adecuadamente la esencialidad de los servicios dispuestos.
Manifiesta que en contra de lo que sostiene la sentencia, cabe considerar
que se exponen por tanto los criterios objetivos considerados para la fijación
de los servicios mínimos dispuestos cumpliéndose con ellas las exigencias
derivadas del artículo 28.2RCL 1978\2836CE
, conforme con la interpretación que de dicha exigencia se ha hecho a nivel
judicial ( SSTC 26/1981 , 53/1986 , SSTS 15 de enero de 2007 o 22 de julio de
2010 ). Aduce que en relación con los criterios considerados por la sentencia de
instancia en relación con el citado porcentaje que parece que la Sentencia
confunde la ausencia de motivación con la motivación que la Sala entendía que
debía haberse hecho, siendo así por otro lado que, al entender de esta
representación, las circunstancias apuntadas por la sentencia sí que se
contemplan en el Decreto impugnado.
Añade que se cumple de esta manera el requisito fijado por el artículo 86.4RCL 1998\1741 de la LJCA ( RCL 1998\1741 ) , que exige que cuando se trate
de Sentencias dictadas por las Salas de lo contencioso administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia, la infracción de las normas alegadas lo sea
de derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del
fallo, siempre que hayan sido oportunamente invocadas en el proceso, siendo así
que se ventila en el presente proceso como ha quedado señalado la interpretación
y aplicación del artículo 28.2 Constitución , en lo referido a la exigencia de
motivación de los servicios esenciales dispuestos por el Decreto impugnado. OCTAVO La FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES
OBRERAS DE MADRID niega que exista la alegada infracción del artículo 28RCL 1978\2836 de la CE ( RCL 1978\2836 ) y aduce que basta, nuevamente,
con leer detenidamente la Sentencia recurrida o, mejor aún, basta con leer el
segundo de los motivos del Recurso que se impugna para verificar que no existe
ninguna posibilidad de estimar un motivo de recurso que ni siquiera argumenta
en que consiste la vulneración. NOVENO El Ministerio Fiscal se opone a la estimación del segundo
motivo, indicando que la motivación que se exige a la autoridad competente para
establecer los servicios mínimos que aseguren el mantenimiento de los que son
esenciales para la comunidad en una convocatoria de huelga no equivale a
cualquier justificación que acompañe a la resolución que lo fije o que pueda
extraerse del expediente. Manifiesta el Ministerio Fiscal que el Tribunal Constitucional y Tribunal
Supremo han precisado con reiteración y precisión en qué debe consistir, y han
subrayado que se trata de un requisito indispensable, sin el cual la resolución
en cuestión incurre en causa de nulidad, y así lo considera la sentencia
impugnada respecto de la Orden de 24 de septiembre de 2010.
Expone que la sentencia impugnada refiere que el porcentaje del 50% fijado
se aparta abiertamente del 40% propuesto en el informe elaborado por la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, basándose en consideraciones
genéricas y estereotipadas, en simples especulaciones sin fundamento alguno o
en consideraciones sobre "tiempos medios de espera" similares a las
que llevaron a la Consejería a proponer unos porcentajes inferiores, por lo que
la sentencia impugnada -a juicio del Ministerio Público- no incurre en
infracción alguna de la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando aprecia
falta de concurrencia de los requisitos de motivación exigibles en la Orden.
Concluye indicando que respecto de los servicios mínimos para labores
auxiliares, como se fijan en la Orden en función de los servicios mínimos
establecidos para la prestación principal de transporte por la EMT, al ser
declarados éstos opuestos al derecho fundamental del artículo 28.2RCL 1978\2836CE ( RCL
1978\2836 ) , la sentencia coherentemente los considera afectados
por el mismo vicio invalidante, y faltando por tanto el canon de motivación
exigible en la Orden impugnada, tal como aprecia la sentencia, el motivo de
casación procede ser desestimado. DÉCIMO Expuestas las tesis contrapuestas de las partes en relación
con el segundo motivo de casación, se ha de recordar que la exigencia de que el
escrito de interposición exprese razonadamente el motivo o motivos en que se
ampare, citando las normas o la Jurisprudencia que el recurrente considere
infringidas ( art. 92.1 de la Ley Jurisdiccional ), significa que ha de existir
una perfecta correlación entre el precepto considerado infringido y el modo y
medida en que haya podido vulnerarlo la sentencia, de tal suerte que no basta
con una mera cita de preceptos, más o menos extensa, seguida de un cúmulo de
argumentos que no guardan relación con el orden en que aquéllos han sido
consignados. Mucho menos resulta procedente que los argumentos vertidos en sede
casacional sean reproducción de los razonamientos expuestos en la demanda o en
otros actos alegatorios realizados en la instancia. El escrito de interposición
de un recurso de casación no es un escrito de alegaciones más, como si la
casación misma fuera una nueva instancia jurisdiccional. Es un escrito que debe
servir a la finalidad de este medio de impugnación, extraordinario o especial
según las terminologías al uso, finalidad que no es otra que la de asegurar la
correcta interpretación de la ley, corrigiendo los posibles errores "in
procedendo" o "in indicando" en que pudiera haber incurrido la
sentencia impugnada, y unificar los criterios interpretativos y aplicativos del
Ordenamiento, llevando a cabo así la función de nomofilaxis de ese mismo
Ordenamiento que el recurso tuvo desde sus orígenes y que nunca perdió. De ahí
la necesidad de que en la formalización del escrito de interposición se realice
por la parte el juicio crítico de la sentencia o auto recurrida en función de
las concretas infracciones del Ordenamiento que respecto de la misma hayan sido
detectadas. En el recurso de casación la posibilidad de debate y consiguiente examen
del litigio queda limitado a la crítica de las eventuales infracciones
jurídicas (formales o de fondo) en que pudiere haber incurrido la sentencia o
auto que se pretende sea casada. No se trata de una nueva instancia. El recurrente, al desarrollar el motivo de casación, se limita a citar el
artículos 28RCL 1978\2836 de la
Constitución Española ( RCL 1978\2836 )
, sin explicar cómo y en que medida son infringidos por la sentencia de
instancia. Cita dos Sentencias del Tribunal Constitucional y otras dos
Sentencias de este Tribunal Supremo. La alusión en las Leyes procesales, a la infracción de la jurisprudencia
como motivo de casación, es a la del Tribunal Supremo, en los términos en que
aparece reseñada en el artículo 161.1 a) de la Constitución como instrumento de
interpretación de la Ley y definida en el artículo 1.6LEG 1889\27 del Código Civil ( LEG 1889\27 ) como medio de complementar el
ordenamiento jurídico. El recurrente no indica en qué medida los supuestos contemplados por
aquellas dos únicas sentencias del Tribunal Supremo son idénticos al de autos,
y en qué medida han sido desconocidas las sentencias del Tribunal Supremo por
el Tribunal de Instancia, por lo que la cita de las mismas en apoyo de la tesis
de la recurrente resulta inoperante, según criterio jurisprudencial expresado,
por todas, en la Sentencia de 23 de febrero de 2010 ( RJ 2010\3998 ) , (Recurso de casación 2383/2008 ,
Fundamento de Derecho Cuarto). Lo anteriormente expuesto conduce a la desestimación del motivo de casación,
al faltar una crítica individualizada del concreto contenido de la sentencia
recurrida, y por ende a la desestimación del recurso de casación.
UNDÉCIMO La desestimación de todos los motivos de casación alegados
comporta la declaración de no haber lugar al recurso interpuesto y la
imposición de las costas procesales a la parte recurrente, según establece el
artículo 139.2º de la Ley Jurisdiccional , si bien, como permite el apartado
tercero del mismo precepto, procede limitar su cuantía, por el concepto de honorarios
de Abogado de la parte comparecida como recurrida, a la cifra de mil quinientos
euros, dada la actividad desplegada por aquél al oponerse al indicado recurso. Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la
potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la
F A L L A M O S Que debemos declarar, y declaramos, no haber lugar al recurso de casación nº
5179/2011, interpuesto por la COMUNIDAD DE MADRID, representada y asistida por
el Letrado integrante de sus Servicios Jurídicos, contra la sentencia de la
Justicia de Madrid cuatro de julio de dos mil once, dictada en el recurso
número 1279/2010 , interpuesto al amparo de lo previsto en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de Julio ( RCL
1998\1741 ) , para la protección de los derechos fundamentales de la
persona. Con imposición de las costas a la recurrente en los términos
establecidos en el último fundamento de esta sentencia. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el
Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública
la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
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