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Timestamp: 2017-07-27 04:47:23
Document Index: 319151664

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 32', 'artículo 19', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 75']

discusión generada a partir de un convenio para el intercambio electrónico de
información, suscripto entre la Anses y la Secretaría de Comunicación Pública,
dependiente de la Jefatura de Gabinete, puso sobre la mesa un tema que en
nuestro país estaba invisibilizado: la importancia del tratamiento adecuado de
los datos personales como una herramienta para la protección de la privacidad.
Esta discusión es auspiciosa, dado que puede contribuir al impostergable
proceso de reflexión sobre las reformas necesarias en la legislación sobre
Este proceso ya
había sido iniciado por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(Dnpdp), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se lleva adelante
principalmente a partir de la plataforma del programa Justicia 2020, el espacio
de participación institucional y ciudadana para la elaboración, implementación
y evaluación de políticas públicas en el ámbito de la Justicia. Pero para
llegar a buen puerto es importante destacar los enormes desafíos que tenemos
para contar prontamente con una mejor legislación sobre datos personales.
motivo del debate alrededor del convenio se centró en la legalidad para que dos
órganos del Estado compartan datos personales. Este debate es importante, dado
que alerta sobre los problemas que podría generar una cesión de datos si se
recolectaran o usaran fuera de la competencia de los organismos. Sin embargo,
es un debate insuficiente y no agota los desafíos que tiene la discusión sobre
la modernización de la ley.
La Dnpdp expresó
claramente que el acuerdo era acorde con la ley de datos personales vigente,
sobre todo teniendo en cuenta que la normativa mencionada permite expresamente
este tipo de cesión de datos entre organismos públicos, aun sin el
consentimiento de su titular, cuando esa cesión se realice para el tratamiento
de datos exclusivamente necesarios para el ejercicio de la competencia de esos
parece haber pasado inadvertida en el debate es que estamos frente a un único
recolector y tratante de los datos, el Estado, que lo hace a través de
distintas oficinas. En otras palabras, hemos cedido la información al Estado
para el cumplimiento de sus funciones y es por ello que la ley no ha previsto
la necesidad de requerir nuestro consentimiento cuando ocurra la cesión.
también son entendibles las dudas que pueden generarse por la utilización de
esos datos que, insisto, ya están en manos del Estado. Pero son las mismas
dudas que nos genera el posible mal uso de nuestros datos personales por parte
de empresas privadas que también tratan una inmensa cantidad de datos
personales y que podrían hacer un uso de ellos fuera de los términos y
condiciones que en general se aprueban, pero que muy pocas veces se leen. En
ambos casos, la violación de la ley sobreviene tanto si lo hace un órgano del
Estado excediendo su finalidad y competencia como si lo hace una empresa
privada excediendo el consentimiento preestablecido.
para pensar en una mejor y más moderna ley de datos personales no pueden
terminar en esta discusión. Un tema clave será cómo legislar sobre la protección
de datos personales sin que ello se enfrente o impida el desarrollo de la
tecnología. Además deberemos ser cuidadosos para que una nueva ley de datos
personales no genere conflictos con otros derechos fundamentales. Específicamente,
tendremos que reflexionar sobre la reformulación de conceptos hoy vigentes y la
incorporación de nuevas definiciones como por ejemplo "dato biométrico",
"dato genético", "tratamiento transfronterizo de datos" y
"consentimiento del interesado", entre otros.
pensar en un diseño institucional del organismo de control acorde con los estándares
internacionales y la posibilidad de incluir criterios de lo que se conoce como
"responsabilidad demostrada", como una obligación de reportar a la
autoridad de aplicación sobre las medidas implementadas por una organización
para cumplir con los requisitos de tratamiento de datos personales. La
"privacidad desde el diseño" es otro enfoque que podría tenerse en
cuenta en una nueva regulación, apuntando a que desde el origen mismo del diseño
de un sistema, aplicación o dispositivo se contemple la protección de la
La ley 25.326
fue sancionada en octubre de 2000 y reglamentada un año después. Resulta una
obviedad destacar los cambios de la tecnología operados en los últimos 15 años,
muchos de los cuales tienen impacto en la protección de los datos personales y
las posibles vulneraciones al derecho a la privacidad. Asimismo, es importante
considerar el nuevo contexto internacional, particularmente las regulaciones
europeas recientemente aprobadas (Reglamento UE 2016/679) que entrarán en vigor
en 2018. La oportunidad y necesidad de la reforma aparecen como indiscutibles,
y las recientes discusiones, aunque enfocadas sólo en un aspecto, prometen un
debate vibrante.
* Reproduzco abajo nota de opinión escrita con Santiago Cantón y publicado en El Pais aquí. El histrionismo y la comicidad no lograrían ocultar la gravedad de lo actuado. Como ex Relatores de Libertad de Expresión de las Américas, sabíamos perfectamente la magnitud de la amenaza. Jorge Capitanich, Jefe de Gabinete de la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, contrariado con lo expresado por el diario Clarín, rompió ante las cámaras de televisión un ejemplar del periódico, representando en menos de un minuto la lucha histórica y desigual de la prensa frente al inconmensurable poder del Estado.
libertad de expresión se encuentra garantizado a nivel nacional e
internacional. El artículo 14 de
la Constitución Nacional dice: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; (…)
publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.” Además, el artículo 32 de
la Constitución prohíbe al Congreso federal el dictado de leyes que restrinjan
la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. En el
orden internacional, la libertad de expresión esta garantizada en los artículos
de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en el artículo 19 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[2],
ambos tratados de los que Argentina es parte. La reforma constitucional de 1994, además, le otorgó
jerarquía constitucional a esos tratados de derechos humanos.[3]
La libertad de expresión y de prensa son
fundamentales en una sociedad democrática.[4] La
Corte Suprema Argentina en el caso Abal
sostuvo que: “Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de
prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo de que sin su debido
resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal (…)
está claro que la Constitución al legislar sobre la libertad de prensa, protege
fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda desviación
tiránica.”[5] El derecho a la libertad de expresión
requiere “que nadie se vea limitado o impedido arbitrariamente de expresar sus
propios pensamientos” y que nadie se vea limitado de “recibir cualquier
información y de tener acceso a los pensamientos expresados por los demás.”[6]
Sin embargo, en la legislación argentina, la libertad
de expresión halla restricciones tanto en el Código Civil de la Nación[7]
como en el Código Penal (CP).[8] En materia penal existen varios tipos
penales que criminalizan expresiones. En razón con el objeto de este capítulo, es importante
mencionar que el CP protege el honor a través de los delitos de calumnias e
injurias.[9]
La Reforma de 2009 al CP mantuvo ambos delitos aunque estableció una suerte de
despenalización de la expresión cuando la información publicada o difundida
fuera de interés público. Las restricciones a la libertad de expresión
contenidas en el Código Civil fueron, por su lado, objeto de cambios menores en
la reforma que entró en vigor en 2015.[10] Este capítulo tiene un objetivo concreto:
brindar al lector un panorama actualizado de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CorteIDH) en aquellos casos que tuvieron que decidir
conflictos entre el derecho a la libertad de expresión por un lado, y derechos
personalísimos -como el honor o la privacidad- por el otro. Para cumplir con
este objetivo se analizarán cuestiones tales como la doctrina de la real
malicia, el estándar del umbral de diferente protección, la prohibición de
censura previa y la consecuente posibilidad de aplicación de responsabilidades
ulteriores a partir de lo que el Sistema Interamericano de protección de Derechos
Humanos (SIDH) y el Sistema Universal denominan el "test tripartito".[11]
El artículo 13 de la Convención Americana establece: 1. Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección.2. El ejercicio del derecho previsto en el
inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los
espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5.
Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
idioma u origen nacional.” ver Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José), O.A.S. Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123 vigente a
partir del 8 de julio del 1978, OEA/Ser.L. V/II.82 doc. 6 rev. 1 Artículo 13,
disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html. [2]
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, A.G. res. 2200A (XXI), 21
U.N. GAOR Supp. (No. 16) en 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171,
vigente a partir del 23 de marzo de 1976, artículo 19. [3]
Ver Constitución de la Nación Argentina, artículo 75, inciso 22. [4]
Corte I.D.H. “La Colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29
Convención Americana de Derechos Humanos)”, Opinión Consultiva OC- 5/85 del 13
de noviembre de 1985 solicitada por el Gobierno de Costa Rica, párrafo 50.
CSJN, Caso “Abal, Edelmmiro y otros c. Diario La Prensa s/ despido”, Fallos,
248:291, sentencia del 11 de noviembre de 1960, considerando 25. [6]
Corte I.D.H., “La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29
Convención Americana de Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de
noviembre de 1985, Serie A, número 5, párrafo 30. [7]
Los artículos del Código
Civil que se aplicaban antes de la reforma eran el 1071 bis y el 1089 (disponible
en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm). Nótese que los artículos vigentes tuvieron
modificaciones no sustanciales salvo la eliminación del delito -civil- de
injurias como causa del resarcimiento. Las disposiciones vigentes determinan: "ARTICULO
1770.- Protección de la vida privada. El que arbitrariamente se entromete en la
vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en
sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe
ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una
indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias.
Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia
en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una
adecuada reparación." "ARTICULO 1771.-
Acusación calumniosa. En los daños causados por una acusación calumniosa sólo
se responde por dolo o culpa grave. El denunciante o querellante responde por
los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba
que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba
implicado." [8]
Código Penal de la Nación Argentina, Libro Segundo – De los delitos, Título II,
Artículos 109 a 117 bis, Ley 11.179, 30 de septiembre de 1921, publicado en el
Boletín Oficial N° 8300 del 3 de noviembre de 1921, pág. 1, disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm.
Boletín Oficial N° 8300 del 3 de noviembre de 1921, pág. 1, disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm
Sobre este tema ver por todos, GULLCO, H. V., “La regulación del derecho a la
libre expresión en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, LA LEY
2014-F, 1060 (AR/DOC/3910/2014).
Varios pasajes de este capítulo se corresponden con reflexiones que fueron
publicadas con anterioridad y que son pertinentes reiterar aquí. Publicadas por
Los avances de la tecnología deben ir junto con la protección de los derechos Los avances de la tecnología deben ir junto con la protección de los derechos Imprimirjueves, 19 de mayo de 2016
like to share with you important news from my side. I accepted the offer to be
appointed as the new National Director for Data Protection Authority
in Argentina. I recently started with my new job. Because of my new job, I
decided to resign as CELE´s Director.
of you may remember, after living in the US for many years, I returned to
Argentina in 2009. At that time, I founded CELE, the Center for Studies on
Freedom of Expression and Access to Information. After seven years as CELE's
director, I will depart from the center to face new professional
challenges. During all these years, CELE increased the amount of financial
support it received, which allowed us to carry out our activities and fulfill
the center's goals. All of CELE´s research was possible thanks to the work we
did together with the many researchers who collaborated with the center, and of
course, with people like many of you that always help us.
Thanks for your support during the past years and I look forward to
staying in touch with you in one way or another from my new position.
para compartir una importante noticia: recientemente acepté ser el nuevo Director Nacional de
Protección de Datos Personales de Argentina. Por esa razón decidí renunciar
como Director del CELE.
Como seguro muchos
recuerdan, luego de vivir durante varios años en los Estados Unidos, cuando
regresé a Argentina en el 2009, fundé un centro académico que se dedicaría a la
investigación de cuestiones vinculadas al derecho a la libertad de expresión y
acceso a la información. Así nació el CELE. A punto de cumplir siete años como
su director parto para enfrentar nuevos desafíos profesionales. En estos años
el centro incrementó el apoyo financiero externo que permitió desarrollar
nuestros trabajos y, además, cumplir con los objetivos que nos trazamos al
crearlo. Todo ello fue posible gracias al trabajo que realizamos con los investigadores
y las investigadoras que colaboraron con el centro. Y por supuesto, por gente
como muchos de ustedes con quienes siempre contamos.
Gracias por todo el apoyo durante estos años. Seguramente seguiremos en
contacto de una manera u otra en el futuro.
Thanks to all the people who were interested in my articles during 2015. I am on vacation and that is why I will not write articles until the end of January. Happy new year and see you soon! Publicadas por