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Timestamp: 2020-08-03 20:58:58
Document Index: 47697560

Matched Legal Cases: ['Artículo 64', 'Artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 52']

Opinión Consultiva de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de Julio de 1989. Caso Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Serie A No. 10 - Jurisprudencia - VLEX 428302538
Fecha de Resolución: 14 de Julio de 1989
Caso: Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
H.G.E., Presidente
M.E.V.R., S. a.i.
El Gobierno de la República de Colombia (en adelante “el Gobierno”), mediante comunicación de 17 de febrero de 1988, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”) una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), en relación con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración” o “la Declaración Americana”).
El Gobierno desea una respuesta a la siguiente pregunta:
Por nota de fecha 29 de febrero de 1988, el Embajador de Colombia en Costa Rica, doctor J.P., informó a la Corte que había sido nombrado Agente en la presente consulta. Posteriormente, según nota de 2 de junio de 1989, el Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno comunicó a la Corte que había sido acreditada Agente la señora M.C.Z. de P., nueva Embajadora de Colombia ante Costa Rica.
Mediante nota de 2 de marzo de 1988, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento de la Corte, la Secretaría solicitó observaciones escritas sobre el tema de la consulta a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA” o “la Organización”), así como, por conducto del S. General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el artículo 51 de la Carta de la OEA o el artículo 52 de la Carta reformada por el Protocolo de Cartagena de Indias, desde su entrada en vigencia para los Estados ratificantes.
El Presidente de la Corte dispuso que tales observaciones escritas y los documentos relevantes fueran presentados en la Secretaría antes del 15 de junio de 1988.
La comunicación de la Secretaría fue respondida por los gobiernos de Costa Rica, Estados Unidos de América, Perú, Uruguay y Venezuela.
The International Human Rights Law Group presentó un documento en calidad de amicus curiae.
El 20 de julio de 1988 la Corte celebró una audiencia pública con el objeto de escuchar las opiniones de los Estados Miembros y de los órganos de la OEA sobre la solicitud.
Comparecieron a esta audiencia pública:
Dr. J.P., Agente y Embajador en Costa Rica,
L.. C.V., Agente y Asesor Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
Mr. D.H., Embajador en Costa Rica,
Mr. J.K., Attorney-Adviser, Office of the Legal Adviser, United States Department of State, y
Ms. X.W., Senior Political Adviser, United States Mission to the Organization of American States.
Mediante comunicación de 3 de agosto de 1988, el Gobierno de los Estados Unidos de América respondió preguntas formuladas por la Corte durante la audiencia pública del 20 de julio de 1988 e hizo comentarios adicionales sobre la consulta. El 3 de julio de 1989, presentó observaciones complementarias.
En sus observaciones escritas el Gobierno de Costa Rica
El Gobierno de los Estados Unidos de América opinó que
Los Estados Unidos reconocen las buenas intenciones de aquellos que intentan transformar la Declaración Americana de un enunciado de principios en un instrumento jurídico vinculante. Pero las buenas intenciones no crean derecho. Debilitaría seriamente el proceso internacional de creación del derecho --por el cual los Estados soberanos voluntariamente asumen específicas obligaciones legales-- el imponer obligaciones legales a los Estados a través de un proceso de “reinterpretación” o “inferencia” de un enunciado de principios no obligatorios (traducción no oficial hecha por la Secretaría de la Corte).
Por su parte, el Gobierno del Perú estimó
que si bien antes de entrar en vigencia la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración podría ser tenida como instrumento sin mayores consecuencias jurídicas, la Convención Americana al conferirle un carácter especial en virtud de su...
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