Source: https://blogextranjeriaprogestion.org/2017/04/04/
Timestamp: 2017-04-27 15:02:21
Document Index: 201643638

Matched Legal Cases: ['Artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41']

04 | abril | 2017 | Práctica administrativa extranjería
Archivo diario: 04/04/2017	04/04/2017 · 10:08	Jurisprudencia Unión Europea	– Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Asunto C-560/14) (1) (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2004/83/CE — Normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados — Solicitud de protección subsidiaria — Regularidad del procedimiento nacional de examen de una solicitud de protección subsidiaria presentada tras la denegación de una solicitud de concesión del estatuto de refugiado — Derecho a ser oído — Alcance — Derecho a una audiencia oral — Derecho a designar y a repreguntar a testigos) (2017/C 104/17). (Publicada en el DOUE en fecha 03/04/2017)
Fallo El derecho a ser oído, tal como se aplica en el marco de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, no exige en principio que, cuando una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal establece sendos procedimientos distintos y sucesivos para examinar la solicitud que tiene por objeto la obtención del estatuto de refugiado y la solicitud de protección subsidiaria, el solicitante de protección subsidiaria tenga derecho a una audiencia oral relativa a su solicitud ni a designar o a repreguntar a testigos con ocasión de dicha audiencia.
– Asunto C-573/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 31 de enero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Asilo — Directiva 2004/83/CE — Normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados — Artículo 12, apartado 2, letra c), y artículo 12, apartado 3 — Exclusión del estatuto de refugiado — Concepto de «actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas» — Alcance — Miembro dirigente de una organización terrorista — Condena penal por participación en las actividades de un grupo terrorista — Evaluación individual] (Publicada en el DOUE en fecha 03/04/2017)
Fallo 1) El artículo 12, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que no implica necesariamente que, para que pueda considerarse que concurre el motivo de exclusión del estatuto de refugiado que contiene, el solicitante de protección internacional haya sido condenado por uno de los delitos de terrorismo a los que se refiere el artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo.
2) El artículo 12, apartado 2, letra c), y el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/83 deben interpretarse en el sentido de que pueden justificar la exclusión del estatuto de refugiado actos de participación en una organización terrorista como los que motivaron la condena del recurrido en el litigio principal, aun cuando no se haya demostrado que la persona de que se trate haya cometido un acto de terrorismo, tal como se precisa en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni haya intentado cometerlo o amenazado con hacerlo. A efectos de la evaluación individual de los hechos para apreciar si hay razones fundadas para considerar que una persona es culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas, ha incitado a la comisión de tales actos o ha participado en ellos, la circunstancia de que haya sido condenada por los tribunales de un Estado miembro por su participación en las actividades de un grupo terrorista tiene especial relevancia, así como el hecho de que haya sido miembro dirigente de ese grupo, sin que sea necesario demostrar que haya incitado personalmente a la comisión de un acto de terrorismo o haya participado en él.
– Asunto C-283/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 9 de febrero de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England and Wales), Family Division (Reino Unido)] — M. S./P. S. [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.° 4/2009 — Artículo 41, apartado 1 — Reconocimiento y ejecución de las resoluciones y cooperación en materia de obligaciones de alimentos — Ejecución de una resolución en un Estado miembro — Presentación de la solicitud directamente a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución — Legislación nacional que obliga a acudir a la autoridad central del Estado miembro de ejecución] (2017/C 104/32). (Publicada en el DOUE en fecha 03/04/2017)
Fallo 1) Las disposiciones del capítulo IV del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, y en particular el artículo 41, apartado 1, de este Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que un acreedor de alimentos, que ha obtenido una resolución en su favor en un Estado miembro y que desea ejecutarla en otro Estado miembro, puede presentar su solicitud directamente a la autoridad competente, como un tribunal especializado, de este último Estado miembro, y no puede estar obligado a presentar su solicitud a tal autoridad a través de la autoridad central del Estado miembro de ejecución.
2) Los Estados miembros han de garantizar la plena eficacia del derecho previsto en el artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.o 4/ 2009 modificando eventualmente sus normas procedimentales. En cualquier caso, incumbe al juez nacional aplicar las disposiciones del citado artículo 41, apartado 1, dejando inaplicadas en caso de necesidad las disposiciones contrarias del Derecho nacional, y, por consiguiente, permitir a un acreedor de alimentos presentar su solicitud directamente ante la autoridad competente del Estado miembro de ejecución, incluso si el Derecho nacional no lo prevé.
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04/04/2017 · 08:47	Calendario módulos “conoce tus leyes” Abril	Calendario de los módulos de “Conoce tus leyes” para el mes de Abril de 2017 en los CEPIs* de la Comunidad de Madrid.
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