Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7396
Timestamp: 2019-10-14 03:20:13
Document Index: 111601263

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 38', 'artículo 113', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 113', 'artículo 4', 'artículo 4']

El Congreso no puede establecer que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ejerza funciones de asesoramiento y consejo al ejecutivo
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTÍCULOS 4° Y 6° (PARCIALES) DE LA LEY 18 DE 1970; PARÁGRAFO 2° (PARCIAL) DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993; PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 7° Y ARTÍCULO 24 (PARCIAL) DE LA LEY 185 DE 1995; Y ARTÍCULO 38 DE LA LEY 344 DE 1996
¿Puede el Congreso establecer que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ejerza funciones se asesoramiento y consejo al ejecutivo, sin vulnerar el principio de la separación de poderes ni desnaturalizar la función del control político?
Las funciones conceptuales que cumple la Comisión Interparlamentaria son trasunto de la colaboración armónica de poderes. «(...)Desde otro ángulo de análisis, también encuentra la Corte que la funciones conceptuales que cumple la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público son trasunto de la colaboración armónica entre los poderes públicos prevista en el artículo 113 Superior. Efectivamente, cuando el Congreso a través de dicha Comisión emite concepto en relación con operaciones de crédito que previamente han sido autorizadas por la ley, no está actuando como si fuera un simple tercero, sino que interviene en su condición de regulador de la economía para dar su opinión respecto de asuntos que tienen importante repercusión en la economía nacional, si se tiene en cuenta que los recursos provenientes de las operaciones crediticias inciden en la ejecución de planes y programas estatales.
En efecto, el Congreso no es un ente ajeno a la regulación de materias económicas puesto que constitucionalmente, y a la par que el Ejecutivo, desempeña importantes funciones en este campo. Piénsese, por ejemplo, en las facultades de que goza el órgano legislativo para aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas (CP art.150 num.3°); establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración (ibid. num. 11); crear contribuciones fiscales y parafiscales (ibid. Num. 12); determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio; y arreglar el sistema de pesas y medidas (ibid. num. 13); dictar normas generales en materia de crédito público, comercio exterior, aranceles y tarifas, regulación de las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (ibid. num. 19 literales a, b, c y d); expedir leyes de intervención económica (ibid. num. 21); dictar leyes relacionadas con el Banco de la República (ibid. num 22); y dictar leyes que rigen la prestación de los servicios públicos (ibid. num. 23), entre sus más destacadas facultades. (...)»
Así pues, queda establecido que a través de su función conceptual la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público el Congreso desempeña en forma plena su rol coprotagónico en el manejo de la economía, brindando su criterio a fin de hacer realidad el mandato superior de la colaboración armónica entre las ramas del poder (CP art. 113), ya que de esta forma contribuye a que el Ejecutivo pueda ejecutar cabalmente las autorizaciones legales en materia de crédito público, sin menoscabo de los intereses nacionales
«(...) Ciertamente, si bien nada se opone a la Carta el que la aludida Comisión sea convocada por el Gobierno, aún estando en receso el Congreso, con el fin de informarla acerca del ejercicio de las autorizaciones legalmente otorgadas para la celebración de empréstitos - ya que de esta forma se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150-9 de la Constitución, que obliga al Ejecutivo a rendir periódicamente informes en este sentido -, sin embargo, lo que sí resulta contrario a la Carta es que dicha Comisión cumpla funciones de asesoramiento y consejo, pues al ejercer éstas atribuciones no sólo desconoce el principio de separación de poderes sino que también desnaturaliza la función de control político en cabeza del Congreso de la República.
Para la Corte, mediante las funciones de asesoramiento y consejo el órgano legislativo se inmiscuye en asuntos propios de la órbita del Ejecutivo, pues al cumplir tareas de orientación acerca del ejercicio de la actividad administrativa en materia de celebración de empréstitos, impide que el Gobierno pueda desarrollar la competencia que le reconoce el artículo 150-9 Superior para vincularse autónomamente en el campo contractual, situación que evidentemente resulta contraria al principio de la separación funcional de las ramas del poder público consagrado en el artículo 113 Superior.
Además, al dar su consejo acerca de la gestión de empréstitos por parte del Gobierno la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público compromete la imparcialidad que caracteriza la función de control político, pues si a través de la función asesora ha sentado pautas sobre la forma como debe ser desarrollada la actividad contractual por parte del Gobierno, dicho organismo pierde toda ecuanimidad y neutralidad para vigilar efectivamente el desarrollo de las autorizaciones conferidas al Ejecutivo en este ámbito. (...)»
El Congreso no puede establecer que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ejerza funciones se asesoramiento y consejo al ejecutivo, sin vulnerar el principio de la separación de poderes ni desnaturalizar la función del control político. Al ejercer éstas funciones el legislativo se inmiscuye en los asuntos propios del Ejecutivo, por las siguientes razones:
La Comisión se inmiscuye en la órbita funcional del ejecutivo al ejercer funciones de orientación sobre la actividad administrativa en cuanto a la celebración de empréstitos. Ello le impide al Gobierno desarrollar las competencias atribuidas por la Constitución política referente a las autorizaciones que hace el Congreso al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales.
La Comisión al dar consejos sobre la celebración de empréstitos compromete la imparcialidad que caracteriza la función del control político.
Se declaró la exequibilidad del artículo 4° de la Ley 18 de 1970 salvo las expresiones “en su condición de asesora del Gobierno” y “con el fin de obtener su consejo”, de ésta disposición, que son inexequibles
Se declaró la exequibilidad del artículo 4° de la Ley 18 de 1970 salvo las expresiones “en su condición de asesora del Gobierno” y “con el fin de obtener su consejo”, de ésta disposición, que son inexequibles.
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El Congreso no puede establecer que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ejerza ..