Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-4391-de-2005?documento=legcol&contexto=legcol_759920421261f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 04:56:25
Document Index: 191495938

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 99', 'artículo 100', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 229', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 70', 'artículo 62', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 7']

﻿ RESOLUCIÓN 4391 DE 2005
RESOLUCIÓN 4391 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL ORDEN NACIONAL. SE DIVULGAN CRITERIOS LEGALES CON INCIDENCIA EN EL TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN DEL INURBE EN LIQUIDACIÓN. NOTA: LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN PUEDEN SER CONSULTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA - EN LIQUIDACIÓN.
RESOLUCIÓN 4391 DE 2005
“Por medio de la cual se divulgan criterios legales con incidencia en el trámite de la liquidación del Inurbe en Liquidación”.
en uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las consideradas en el Decreto 254 de 2000, el artículo 116 del Decreto 663 de 1993, el artículo 99 y el artículo 100 de Decreto 222 de 1995, el Decreto 554 de 2003, el Decreto 600 de 2005 el Decreto 1014 de 2005, y
I. Marco normativo del proceso de liquidación del Inurbe en Liquidación
El Gobierno Nacional, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 7º de la Ley 573 del 2000, expidió el Decreto-Ley 254 de 2000, “por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, norma de la cual se transcriben, como elemento de análisis, los siguientes apartes pertinentes a la finalidad del presente acto administrativo:
“ART. 1º—Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplica a las entidades públicas del orden nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución.
ART. 2º—Iniciación del proceso de liquidación. El proceso de liquidación se inicia una vez ordenada la supresión o disolución de una de las entidades a las cuales se refiere el artículo 1º del presente decreto. El acto que ordene la supresión o liquidación dispondrá lo relacionado con las situaciones a que se refiere el parágrafo primero del artículo 52 de la Ley 489 de 1998...
PAR. 2º—Los jueces que conozcan de los procesos en los cuales se hayan practicado las medidas a que se refiere el literal d) del presente artículo, a solicitud del liquidador oficiarán a los registradores de instrumentos públicos para que estos procedan a cancelar los correspondientes registros.
ART. 6º—Funciones del liquidador. Son funciones del liquidador las siguientes:
e) Dar aviso a los registradores de instrumentos públicos para que den cumplimiento a lo dispuesto en el literal d) del artículo 2º del presente decreto, y para que dentro de los treinta (30) días siguientes a que se inicie la liquidación informen al liquidador sobre la existencia de folios en los que la institución en liquidación figure como titular de bienes o de cualquier clase de derechos;
k) Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, en los procesos y reclamaciones que se presenten dentro de la liquidación, hasta el monto autorizado por la junta liquidadora, cuando sea del caso, y atendiendo las reglas sobre prelación de créditos establecidas en el presente decreto;
o) Velar por que se dé cumplimiento al principio de publicidad dentro del proceso de liquidación;
ART. 7º—De los actos del liquidador. Los actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, constituyen actos administrativos y serán objeto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso de liquidación.
Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno (negrilla y subrayado fuera de texto).
ART. 18.—Inventarios. El liquidador dispondrá la realización de un inventario físico detallado de los activos de la entidad, el cual deberá ser realizado dentro de un plazo no superior a tres (3) meses a partir del inicio del proceso. Este debe estar debidamente justificado tanto en los inventarios como en los documentos contables correspondientes y además incluirá la siguiente información:
PAR.—En el inventario se identificarán por separado aquellos bienes que se consideren indispensables para el funcionamiento de la entidad durante el periodo de la liquidación.
ART. 19.—Estudio de títulos. Durante la etapa de inventarios, el liquidador dispondrá la realización de un estudio de títulos de los bienes inmuebles de propiedad de la entidad, con el fin de sanear cualquier irregularidad que pueda afectar su posterior enajenación y de identificar los gravámenes y limitaciones existentes al derecho de dominio.
Así mismo, el liquidador identificará plenamente aquellos bienes inmuebles que la entidad posea a título de tenencia, como arrendamiento, comodato, usufructo, u otro similar, con el fin de establecer la posibilidad de transferir dicha condición a terceros o, de lo contrario, proceder a su restitución. Si la restitución no se obtuviere en este lapso, se cederán los respectivos contratos a la entidad a la cual se traspasen los remanentes de la liquidación.
ART. 20.—Masa de la liquidación. Integran la masa de la liquidación todos los bienes, las utilidades, rendimientos financieros y cualquier tipo de derecho patrimonial que ingrese o deba ingresar al patrimonio de la entidad a liquidar.
ART. 21.—Bienes excluidos de la masa de la liquidación. No formarán parte de la masa de la liquidación:
ART. 22.—Inventario de pasivos. Simultáneamente con el inventario de activos, el liquidador elaborará un inventario de pasivos de la entidad, el cual se sujetará a las siguientes reglas:
1. El inventario deberá contener una relación cronológica pormenorizada de todas las obligaciones a cargo de la entidad, incluyendo las obligaciones a término y aquellas que solo representan una contingencia para ella, entre otras, las condicionales, los litigios y las garantías.
ART. 23.—Emplazamiento. Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se inicie el proceso de liquidación, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la entidad en liquidación y a quienes tengan en su poder a cualquier título activos de la entidad, para los fines de su devolución y cancelación.
PAR.—En los procesos jurisdiccionales que al momento de decretarse la liquidación de la entidad se encontraren en curso y dentro de los cuales se hubieren practicado medidas cautelares sobre los bienes de la entidad en liquidación, levantada tal medida de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto, el o los actuantes deberán constituirse como acreedores de la masa de la liquidación (negrilla y subrayado fuera de texto).
ART. 24.—Término para presentar reclamaciones. El término para presentar reclamaciones, el traslado de las mismas y la decisión sobre ellas se sujetará a las disposiciones que rigen a las entidades financieras.
ART. 28.—Avalúo de bienes. Simultáneamente con la elaboración de los inventarios el liquidador realizará el avalúo de los bienes de propiedad de la entidad, sujetándose a las siguientes reglas:
PAR.—En todo caso el valor por el cual deberá enajenar el liquidador los activos será su valor en el mercado.
ART. 30.—Enajenación de activos a otras entidades públicas. Copia del inventario y avalúo de los bienes de la entidad en liquidación deberá remitirse a las entidades de la rama ejecutiva del poder público, con el fin de que en un plazo máximo de treinta (30) días, informen si se encuentran interesados en adquirir cualquiera de dichos elementos. Si tal manifestación ocurre dentro del plazo estipulado, el liquidador celebrará un convenio interadministrativo con la entidad respectiva.
ART. 31.—Bienes objeto de enajenación. Los activos que no sean adquiridos por otras entidades públicas se enajenarán con criterio estrictamente comercial, con sujeción a las normas legales que regían a la entidad para efectos de contratación y podrán también enajenarse a través de los martillos autorizados conforme a las normas que regulan estos últimos.
PAR.—Para la determinación de los bienes que deban ser materia de enajenación y la oportunidad en que esta deba realizarse, se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar el funcionamiento de la entidad durante la liquidación, pero sin afectar con ello la celeridad requerida en el proceso liquidatorio.
ART. 32.—Pago de obligaciones. Corresponderá al liquidador cancelar las obligaciones pendientes a cargo de la masa de la liquidación, previa disponibilidad presupuestal, con el fin de realizar su liquidación progresiva; para ello se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
2. En el pago de las obligaciones se observará la prelación de créditos establecida en las normas legales. …
4. El pago de las obligaciones condicionales o litigiosas se efectuará solamente cuando estas se hicieren exigibles.
PAR.—Las obligaciones de la entidad en liquidación, incluyendo los pasivos laborales, se cancelarán con el producto de las enajenaciones, con observancia de las normas legales y presupuestales del caso, teniendo en cuenta la prelación de créditos. Los pasivos laborales incluirán el valor correspondiente al cálculo actuarial del pasivo pensional, el cual se entregará a la entidad que deba asumir el pago de las pensiones y de bonos pensionales, si hubiere lugar a ello, con la preferencia reconocida por las normas vigentes sobre obligaciones laborales.
En caso de que los recursos de la liquidación de un establecimiento público o de una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional no societaria sean insuficientes, las obligaciones laborales estarán a cargo de la Nación o de la entidad pública del orden nacional que se designe en el decreto que ordene la supresión y liquidación de la entidad. Para tal efecto se deberá tomar en cuenta la entidad que debía financiar la constitución de las reservas pensionales.
Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 6º del artículo 1º de la Ley 573 del 2000, la Nación podrá asumir o garantizar obligaciones de las entidades públicas del orden nacional, incluidas las derivadas de las cesiones de activos, pasivos y contratos que haya realizado la entidad en liquidación, actuaciones que no causarán el impuesto de timbre siempre y cuando se realicen entre entidades públicas.
ART. 33.—Provisión para el pago de créditos a cargo de la entidad en liquidación. A la terminación del último periodo para el pago de los créditos a cargo de la masa de la liquidación oportunamente reclamados y aceptados, con las sumas disponibles para realizar tales pagos y cuyos titulares no se hubieren presentado a recibir, el liquidador constituirá por el término de tres (3) meses, en espera de que aquellos se presenten, una provisión representada en activos de alta seguridad, rentabilidad y liquidez.
En cualquier tiempo, desde el inicio del primer periodo de pagos a cargo de la masa de la liquidación hasta el vencimiento de la respectiva provisión, el reclamante aceptado que no se haya presentado oportunamente a recibir, tendrá derecho al pago en la misma proporción que los demás reclamantes aceptados y de acuerdo con la prelación de créditos.
Vencido el término de la provisión, los remanentes se destinarán al pago del pasivo cierto no reclamado o a la constitución de la provisión para atender procesos en curso, según el caso (negrilla y subrayado fuera de texto).
ART. 34.—Pasivo cierto no reclamado. Mediante resolución motivada el liquidador determinará el pasivo cierto no reclamado con base en las acreencias, tanto a cargo de la masa de la liquidación como de las excluidas de ella, que no fueron reclamadas pero aparezcan debidamente justificadas en los libros y comprobantes de la entidad en liquidación, así como las presentadas extemporáneamente que estén debidamente comprobadas.
De otro lado, es oportuno indicar que han cursado las demandas C-140-2001, C-291-2001 y C-382-2003, contra los literales b) y d) y el parágrafo 2º del artículo 2º y los literales d) y e) del artículo 6º del Decreto 254 de 2000, preceptos relativos a la obligación de remisión de procesos ejecutivos y cancelación de embargos en contra de la liquidación, declarando la honorable Corte Constitucional exequible dichos textos.
En efecto, en Sentencia C-382 de 2005, que sintetiza la posición de la Corte en relación con dichos aspectos, se declara lo siguiente:
“4.3. Sobre la base de la anterior doctrina constitucional, para la Corte resulta claro que la formulación del cargo bajo estudio desconoce que el objetivo mismo del fuero de atracción de los procesos liquidatorios, que se controvierte en esta oportunidad, es el de garantizar que la totalidad de los acreedores de las entidades públicas que se han visto afectas a procesos de liquidación puedan, efectivamente, acceder a la protección de las autoridades encargadas de llevar a cabo tal proceso liquidatorio, en condiciones de igualdad, sin que existan circunstancias adicionales —tales como la existencia de procesos ejecutivos paralelos contra bienes de propiedad de la entidad en liquidación— que obstruyan o restrinjan la efectividad de sus derechos crediticios. En esta medida es pertinente recordar que la Corte, en la Sentencia C-291 de 2002, precisó lo siguiente:
“7. Como bien lo señalan al unísono los intervinientes, la disolución de cualquier persona jurídica da lugar a su subsiguiente liquidación, proceso que tiene un carácter universal que se deriva de la circunstancia de que el patrimonio mismo es una universalidad jurídica, en la cual el activo responde por el pasivo. Esta característica exige que sean llamados todos los acreedores[18], incluso aquellos respecto de los cuales la deuda no es aún exigible, y que se conforme la masa de bienes a liquidar, activo con el cual se atenderá el pasivo patrimonial. Ahora bien, el proceso liquidatorio regulado por el Decreto 254 de 2000 se reviste de las mismas características de universalidad que están presentes a la hora de la liquidación de cualquier persona jurídica, y cumple con los mismos principios que dominan los procesos concursales. Estos principios, acorde con el espíritu del constituyente, persiguen dar a todos los acreedores el mismo tratamiento, salvo las preferencias que se señalan en la ley.
El legislador no consideró que el haber iniciado el proceso ejecutivo y el haber logrado el decreto de embargo de un bien específico perteneciente a la persona jurídica disuelta, fuera razón suficiente para conceder un privilegio en el pago al acreedor respectivo, ni para excluir de la masa de la liquidación el bien previamente embargado. Razones que justamente tocan con la necesidad de no establecer privilegios injustificados, y de hacer efectivo el principio “par conditio creditorum” que busca hacer efectiva la igualdad entre acreedores en los procesos liquidatorios, lo llevaron a la conclusión contraria: que el sólo hecho del embargo ya decretado no podía constituirse en fundamento constitucional suficiente para otorgar el privilegio mencionado. De lo contrario, la circunstancia de haber logrado primero la medida cautelar sería argumento para hacer prevalecer un crédito sin ninguna consideración distinta, como las relativas a la situación de debilidad del acreedor, a la presencia de intereses públicos en la satisfacción de los créditos, o simplemente a la existencia de garantías especiales constitutivas de derechos adquiridos, que son razones, estas sí de rango constitucional, para conceder privilegios, que son tenidas en cuenta por el ordenamiento.
(...) La cancelación de los embargos decretados y la correspondiente desanotación en el registro, son entonces medidas que persiguen la obtención de fines constitucionales implícitos en la prelación de créditos legalmente preestablecida[19], y que además se revelan como adecuadas, pues permiten la conformación de la masa de bienes a liquidar con todos los activos patrimoniales de la entidad, sin exclusión de los activos embargados y no adjudicados en remate”.
De allí que las disposiciones acusadas, lejos de restringir el derecho de acceso a la administración de justicia de los acreedores de entidades públicas nacionales en proceso de liquidación, constituyan un medio para materializar tal derecho en igualdad de oportunidades. Las normas acusadas no dejan a dichos acreedores en estado de indefensión, ni constituyen un incumplimiento de los deberes del Estado de proteger a los asociados; lo que disponen es un curso de acción procedimental específico diseñado para hacer efectivos los derechos de quienes tienen a su favor créditos que deben ser satisfechos por tales entidades públicas. En consecuencia, el cargo por violación del artículo 229 superior será desestimado”.
Posteriormente, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 554 de 2003, “por el cual se suprime el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, y se ordena su liquidación”. Dispuso entre otras medidas específicas para la liquidación del Inurbe y las entidades que le antecedieron, lo siguiente:
“ART. 1º—Supresión y liquidación. Suprímese el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 3ª de 1991, adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante el Decreto-Ley 216 de 2003.
... y utilizará para todos los efectos la denominación —Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, en Liquidación.
Los bienes y derechos cuyo titular sea el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, en Liquidación y de la unidad administrativa especial liquidadora del Instituto de Crédito Territorial, ICT, harán parte de la liquidación, salvo los que por compromisos derivados del Instituto de Crédito Territorial deban ser transferidos a personas que hayan acreditado estar al día en sus obligaciones con esa entidad, los que podrán ser transferidos a favor de estas personas mediante resolución (negrilla y subrayado fuera de texto). En igual forma se procederá con la transferencia de los bienes a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie y complementarios asignados en desarrollo de la Ley 708 de 2001 hasta la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. Esta operación se hará mediante resolución en los términos de la citada ley y el Decreto 933 de 2002.
ART. 17.—Procesos judiciales. El gerente liquidador deberá continuar atendiendo dentro del proceso de liquidación los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término, hasta tanto se efectúe la entrega de inventarios al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
“ART. 19.—Estudio de títulos. Durante la etapa de inventarios, el liquidador dispondrá la realización de un estudio de títulos de los bienes inmuebles de propiedad de la entidad, con el fin de sanear cualquier irregularidad que pueda afectar su posterior enajenación y de identificar los gravámenes y limitaciones existentes al derecho de dominio.
Así mismo, el liquidador identificará plenamente aquellos bienes inmuebles que la entidad posea a título de tenencia, como arrendamiento, comodato, usufructo, u otro similar, con el fin de establecer la posibilidad de transferir dicha condición a terceros o, de lo contrario, proceder a su restitución. Si la restitución no se obtuviere en este lapso, se cederán los respectivos contratos a la entidad a la cual se traspasen los remanentes de la liquidación”.
ART. 22.—Masa de la liquidación. Integran la masa de la liquidación todos los bienes, las utilidades, rendimientos financieros y cualquier tipo de derecho patrimonial que ingrese o deba ingresar al patrimonio del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, en Liquidación , incluidos aquellos bienes y haberes provenientes de la unidad liquidadora del Instituto de Crédito Territorial, según lo dispuesto en la Ley 3ª de 1991 y el Decreto 1121 de 2002.
II. El proceso de reclamaciones del Inurbe en Liquidación
El proceso liquidatorio de la entidad se ha ceñido al marco legal y al cumplimiento de las siguientes etapas:
• El gerente liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación, expidió la Resolución 001 del 1º de abril de 2003, mediante la cual se emplazó formalmente a las personas naturales o jurídicas que se consideraran con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación, y se citó a las personas que tuvieran en su poder, a cualquier título, activos de la entidad, para los fines de su devolución y cancelación.
• En cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 2418 de 1999, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación, publicó los avisos emplazatorios en el diario El Tiempo en fechas 5 y 12 de abril de 2003 y en el diario La República, también en fechas 5 y 12 de abril de 2003, respectivamente. Así mismo y de conformidad con la Circular GG 01 del 4 de abril de 2003 impartida por el gerente liquidador, copia de los avisos emplazatorios se fijaron en lugares visibles al público en la sede del nivel central y en todas las sedes regionales del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación. La Resolución 001 de 2003 fue publicada en el Diario Oficial Nº 45149 del 5 de abril de 2003.
• El gerente liquidador a través de la Resolución 001 de 2003, mediante la cual se realizó el emplazamiento para formular las reclamaciones contra el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación, y se citó a las personas que tuvieran en su poder, a cualquier título, activos de la entidad, para los fines de su devolución y cancelación, otorgó, para tales efectos, un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del 12 de abril de 2003, fecha de la publicación del último aviso emplazatorio.
• De conformidad con las normas anteriormente citadas, el término para la presentación de las reclamaciones ante el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación, comprendió el periodo entre el 14 de abril y 7 de mayo de 2003.
• El día 7 de mayo de 2003, vencido el término para la presentación de las reclamaciones ante el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación, se procedió a elaborar y suscribir las respectivas actas de cierre tanto en la sede del nivel central, como en todas y cada una de las sedes regionales, en las cuales se discriminaron todas las reclamaciones presentadas y radicadas dentro de dicho plazo.
• Con el propósito de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5º numeral 3º del Decreto 2418 de 1999, el gerente liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación, expidió la Resolución 200 del 26 de mayo de 2003, mediante la cual se dio traslado a los interesados de las reclamaciones presentadas, por el término común de diez (10) días hábiles, con el fin de que cualquier persona natural o jurídica pudiera presentar objeciones en relación con el listado detallado que de ellas se realizó al tenor del artículo 1º de esta. Así mismo y para estos efectos se informó a los interesados la disposición de consulta de los expedientes de las reclamaciones tanto en la sede del nivel central como en las sedes regionales del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación, donde fueron presentadas.
• Para los efectos de publicidad de la Resolución 200 del 26 de mayo de 2003, el gerente liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación, ordenó y efectuó su publicación en el Diario Oficial Nº 45201 del 28 de mayo de 2003. Para los mismos efectos, expidió la Circular G 10 del 27 de mayo de 2003, mediante la cual impartió instrucciones a los funcionarios del nivel central y de las sedes regionales del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación, para su fijación en lugar visible de acceso al público de las respectivas sedes.
• El término de diez (10) días hábiles de traslado de las reclamaciones a fin de efectuar objeciones sobre las mismas comprendió el periodo entre el 3 de junio de 2003 y el 16 de junio de 2003.
• El gerente liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Inurbe en Liquidación, mediante la Resolución 367 del 30 de julio de 2003, ordenó suspender los términos dentro del proceso de reclamaciones hasta por noventa (90) días.
• La Resolución 367 del 30 de julio de 2003, fue publicada en el Diario Oficial Nº 45267 del sábado 2 de agosto de 2003. Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo el término de suspensión de noventa (90) días, que deben entenderse hábiles conforme lo dispuesto en el artículo 70 del Código Civil —subrogado por el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal—, comprende el periodo entre el 4 de agosto y el 15 de diciembre de 2003.
• El gerente liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Inurbe en Liquidación mediante la Resolución 894 del 15 de diciembre de 2003, ordenó prorrogar por diez (10) días hábiles el término de suspensión dentro del proceso de reclamaciones. La resolución fue publicada en el Diario Oficial Nº 45402 del 15 de diciembre de 2003 y fijada en la sede principal y en las sedes regionales conforme lo previsto en la Circular G. 59 del 15 de diciembre de 2003.
• La gerencia liquidadora del Inurbe en Liquidación, mediante la Resolución 895 del 15 de diciembre de 2003 ordenó el emplazamiento a las personas naturales o jurídicas para la formulación de las reclamaciones administrativas que versen sobre derechos sociales.
• El plazo para la presentación de las reclamaciones administrativas sobre derechos sociales, comprendió el periodo entre el 5 de enero y el 6 de julio de 2004.
• El gerente liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Inurbe en Liquidación mediante la Resolución 1001 del 26 de diciembre de 2003, ordenó prorrogar por treinta (30) días hábiles el término de suspensión dentro del proceso de reclamaciones. La resolución fue publicada en el Diario Oficial Nº 45415 del 29 de diciembre de 2003 y fijada en la sede principal y en las sedes regionales conforme lo previsto en la Circular G. 63 del 29 de diciembre de 2003.
• La gerencia liquidadora mediante la Resolución 126 del 12 de febrero de 2004 resolvió las reclamaciones presentadas dentro del proceso de liquidación del Inurbe.
• La citada resolución fue fijada en las regionales del Inurbe en Liquidación y en la sede central y publicada en el Diario Oficial Nº 45473 del 26 de febrero de 2004.
• La gerencia liquidadora del Inurbe mediante la Resolución 1583 del 5 de agosto de 2004 procedió al traslado de las reclamaciones sobre derechos sociales.
• Mediante la Resolución 1958 del 30 de septiembre de 2004 se suspendió hasta por sesenta días hábiles a partir del 4 de octubre de 2004 el término para resolver las reclamaciones formuladas.
• La gerencia liquidadora mediante la Resolución 4283 del 31 de diciembre de 2004, resolvió las reclamaciones presentadas dentro del proceso de liquidación del Inurbe en Liquidación, acto administrativo respecto del cual se interpusieron parcialmente recursos de reposición por parte de varios reclamantes. Así mismo se decretó en virtud de dicho administrativo la práctica de unas pruebas administrativas para resolver algunas de las reclamaciones presentadas.
III. Activos de la liquidación
El gerente liquidador del Inurbe en Liquidación, en cumplimiento del literal e) del artículo 6º del Decreto-Ley 254 de 2000 y el numeral 7º del artículo 7º del Decreto 554 de 2003, requirió en varias oportunidades a los registradores de instrumentos públicos, solicitando la información de existencia de folios en los que la institución en liquidación figure como titular de bienes o de cualquier clase de derechos.
Ante la dificultad de contar con una respuesta clara y oportuna por parte de las oficinas de instrumentos públicos, el Inurbe en Liquidación, para contar con el inventario real de activos de la entidad, desde el punto de vista de propiedad y de cualquier otro gravamen inmobiliario que figure a favor de la entidad, procedió a realizar las siguientes tareas:
— Información catastral: Con base en dicha información, y la posible combinación de nombres donde figuren derechos y obligaciones de entidad o denominaciones legales anteriores, o entidades adscritas o vinculadas, se procedió a revisar la totalidad de la información catastral del país llegando a los siguientes resultados, de predios que de una u otra manera deben ser revisados para definir los activos de la entidad:
1. Catastro Bogotá: 5.302 registros a nombre de la entidad.
2. Catastro Medellín: 244 registros a nombre de la entidad.
3. Catastro Cali: 3.024 registros a nombre de la entidad.
4. Bases IGAC a nivel nacional: 40.618 registros en 312 municipios. (En el anexo 1 se resume la información por municipio).
5. Catastro Antioquia: 423 registros en 31 municipios. (En el anexo 2 se resume la información por municipio).
En total se han identificado 49.611 registros en las bases catastrales de 346 municipios, que es necesario revisar.
Es importante recordar, que jurídicamente, la propiedad de cualquiera de estos predios está expresada en la información contenida en notariado y registro en cada uno de los respectivos folios de matrícula inmobiliaria; la información catastral no genera propiedad.
— Información de notariado y registro: Ante la imposibilidad de poder contar con la información de los diferentes folios de matrícula, donde pudiese existir propiedad o cualquier gravamen a nombre de la entidad, el Inurbe en Liquidación y la Superintendencia de Notariado y Registro realizaron una prueba piloto en las tres oficinas sistematizadas de registro de la ciudad de Bogotá (zonas centro, norte y sur) y se logró definir un procedimiento que cumple las expectativas exigidas en los decretos-ley 254 de 2000 y 554 de 2003, para la identificación de los inmuebles y gravámenes a nombre de la entidad.
Con base en el ejercicio desarrollado se procedió a firmar un convenio interadministrativo, entre el Inurbe en Liquidación, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Departamento Nacional de Planeación, cuyo objeto es: “La cooperación interadministrativa de las entidades para adelantar las actividades necesarias que conlleven a la entrega en medio magnético de los folios de matrícula inmobiliaria con sus respectivas anotaciones que reposan en los archivos de las oficinas de registro de instrumentos públicos sistematizadas del país que permitan al Inurbe en Liquidación y al DNP conocer la titularidad de sus bienes y de las 302 entidades objeto del Proga, y la de cualquier otra clase de derechos que figuren a su nombre, o a nombre de cualquiera de las entidades que por mandato legal le corresponde liquidar al Inurbe en Liquidación relacionadas en el documento descrito como el anexo 1 que forma parte integrante de este convenio”.
Que en anexo 3 se definió la prioridad para la entrega de la información por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Para las oficinas no sistematizadas, anexo 4, es necesario realizar un proceso más complejo, consistente en revisión manual de cada uno de los folios, para este proceso se está trabajando conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Notariado y Registro, con el objeto de definir el procedimiento y realizar las contrataciones necesarias para realizar este barrido.
— Trabajo conjunto con diferentes municipios: Durante el proceso de liquidación se ha venido revisando la información contenida en la base catastral con diferentes municipios, inclusive con algunos se tienen firmados convenios para el saneamiento de esta información.
— Convenio IGAC: Desde el principio del proceso liquidatorio se tienen firmados convenios interadministrativos con el IGAC, con el objeto de contar con las herramientas de información (magnética como física), revisión de campo, etc., que permita la revisión y saneamiento de la información catastral.
— Trabajo interno de depuración: Con la información preliminar contenida en los archivos del antiguo ICT, se está reconstruyendo la información de escrituras y folios de matrícula inmobiliaria de todos los proyectos ejecutados con el objeto de identificar los inmuebles pendientes de escriturar o legalizar, las zonas de cesión a entregar a los municipios, los activos de la entidad que pueden ser comercializados y aquellos ocupados por entidades públicas que podrían ser transferidos a estas previo el pago de la totalidad de las acreencias del Inurbe en Liquidación en el proceso de liquidación.
IV. Posible pasivo contingente por impuesto predial y valorización
• Proceso de reclamaciones
En el proceso concursal iniciado en abril de 2003, solamente presentaron reclamaciones en tiempo, las ciudades de: Bogotá, Bucaramanga, Montería y Pereira.
En una primera instancia estas reclamaciones fueron negadas, y solo la ciudad de Bogotá presentó recurso de reposición, dentro de los plazos fijados por la ley, la cual deberá ser resuelta por el Inurbe en Liquidación, antes de expedir la resolución convocando a los acreedores en el pasivo cierto no reclamado.
Con la expedición del Decreto 554 de 2003, el liquidador carece de facultades para pretermitir normas de orden público que informan a este proceso administrativo, específicamente lo que atañe a igualdad y universalidad de los acreedores, quienes siempre estuvieron obligados a presentar sus reclamaciones en la oportunidad legal, incluso respecto de impuestos prediales, valorización, etc., pendientes de pago si los mismos fueran a cargo de la liquidación, so pena de perder sus privilegios en el orden de prelación de pagos que establece el Código Civil. Por tanto, si una entidad territorial y/o una persona natural o jurídica omitió presentar su reclamación luego de haberse surtido los requisitos de publicidad a través del respectivo emplazamiento, o sea dentro del lapso comprendido entre el 12 de abril y el 7 de mayo de 2003, habrá de entenderse que la petición es extemporánea y solo susceptible de cumplirse cuando se determine el pasivo cierto no reclamado.
El hecho de que no se hubiese presentado la referida reclamación en dicho término, no implica que el Inurbe en Liquidación pueda valerse de esa circunstancia para omitir el cumplimiento de lo que debe a sus acreedores, ya porque se le presenta prueba de la existencia del crédito, o por estar él mismo debidamente acreditado en los asientos contables de la entidad, pero aún así es necesario indicar que tal petición tiene carácter de extemporánea y solo podrá ser decidida como parte del pasivo cierto no reclamado, etapa cuya ocurrencia está determinada por el cumplimiento íntegro de la anterior, vale decir de la relativa a la calificación y graduación de créditos y el subsiguiente pago del pasivo cierto reconocido mediante el respectivo acto administrativo. Es más, no se puede pasar por alto que el artículo 34 del Decreto-Ley 254 de 2000, al cual se remite el Decreto 554 de 2003, establece que mediante resolución motivada el liquidador determinará el pasivo cierto no reclamado con base en las acreencias que no fueron reclamadas pero aparecen debidamente justificadas en los libros y comprobantes de la entidad en liquidación, así como las presentadas extemporáneamente que estén debidamente comprobadas, pero eso sí estableciendo a ese efecto, cuáles son a cargo de la masa de la liquidación como las excluidas de ella.
Ahora bien, en cuanto al trámite del proceso liquidatorio, específicamente en relación con reclamaciones de impuesto predial, valorización, etc., y teniéndose en cuenta que a la fecha no se ha establecido de manera oficial y definitiva el inventario total de los bienes inmuebles que integran el inventario de la liquidación, resulta apenas obvio que mientras ello no ocurra, no puede predicarse obligación fiscal en cabeza del Inurbe en Liquidación en relación con un determinado inmueble, puesto que no se tiene la certeza jurídica que dicho inmueble sea de su propiedad.
• Procesos ejecutivos relativos al impuesto predial
Con fundamento en las situaciones prácticas que se han experimentado dentro del trámite de la liquidación, básicamente en lo que atañe a las reclamaciones de diversos municipios en punto de impuestos prediales, menester es clarificar lo siguiente:
Como quedó indicado en la reseña normativa incluida en la presente resolución, lo primero es señalar que los jueces de la República deben remitir, para su acumulación al proceso liquidatorio, todos los expedientes de procesos ejecutivos vigentes al momento de su iniciación, y no podrán adelantar ninguna actuación posterior por estar incursa en causal de nulidad (D.L. 254/2000, art. 6º).
Ahora, si lo anterior se integra con lo establecido en el Decreto 554 de 2003 (art. 7º, num. 6º), esto es con el deber que tienen las autoridades y entidades de cancelar los embargos registrados y practicados en contra de la liquidación con anterioridad a la iniciación del proceso liquidatorio, todo con el fin de integrar los créditos a la masa de la liquidación, es evidente que los requerimientos de pago no pueden hacerse sin el estricto cumplimiento de las normas de orden público que informan a los procesos de liquidación, menos cuando existe la perentoria obligación de garantizar la universalidad e igualdad entre todos los acreedores, sean públicos o privados.
En consecuencia, y como quiera que la ley exige la acumulación de los procesos ejecutivos, amén de que también es perentoria la cancelación de las medidas de embargo preexistentes al inicio del proceso de liquidación, el Inurbe en Liquidación no dará trámite alguno a aquellas solicitudes de pago que contravengan lo establecido en la ley.
V. Los inmuebles del Inurbe en Liquidación en lo referente al artículo 3º de la Ley 901 de 2004
El Gobierno Nacional expidió la Ley 901 de 2004, “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones”.
ART. 3º—Titulación de bienes inmuebles. Para dar cumplimiento al literal g) del artículo 4º de la Ley 716 de 2001, las entidades públicas podrán obtener título de propiedad idóneo, respecto de aquellos bienes inmuebles que aparezcan registrados contablemente, y de los cuales se carezca del derecho de dominio, o que, teniéndolo por expresa disposición legal, carezcan de identidad catastral y de existencia jurídica en el registro inmobiliario, siempre que se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el bien inmueble objeto de titulación se encuentre plenamente identificado, de acuerdo con la reglamentación catastral y de registro vigentes;
b) Que el ente público haya ejercido la ocupación o posesión del inmueble con ánimo de dueño por un periodo no menor a diez (10) años;
c) Que el bien esté destinado a la prestación de un servicio público o afectado a proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad;
d) Cuando el bien ocupado o poseído esté registrado a nombre de otra entidad pública, para lo cual se procederá a realizar la respectiva transferencia, mediante acta, suscrita por los representantes legales de las entidades involucradas, la cual por sí sola será título registrable para la transferencia de la propiedad;
e) Cuando se trate de bienes cuyo titular sea una colectividad, la comunidad o un tercero público o privado, cuya intención es trasladar el dominio a título gratuito, en favor de la entidad u organismo público, se procederá a la suscripción del instrumento respectivo ante la autoridad notarial correspondiente;
f) El acta de liquidación del contrato de obra o el documento que haga sus veces, bastará para incorporar o depurar la información contable respecto de las construcciones que carecen de título de propiedad idóneo, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Posteriormente el Gobierno Nacional expide el Decreto 1014 de 2005, “por el cual se reglamenta el artículo 3º de la Ley 901 de 2004”.
“ART. 1º—Titulación de bienes inmuebles. Para efectos de la titulación de bienes inmuebles de que trata el artículo 3º de la Ley 901 de 2004, se reputan de propiedad de las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, los inmuebles baldíos rurales o urbanos, según se trate, que hayan sido ocupados o poseídos por una entidad pública, con ánimo de dueño durante un periodo no inferior a diez (10) años.
De igual tratamiento gozarán aquellos bienes inmuebles que sin haber sido ocupados o poseídos en el mismo periodo por una entidad pública, estén destinados a la prestación de un servicio público o afectado a proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad.
Asimismo, se aplicarán estas disposiciones a las entidades públicas que se encuentren en proceso de liquidación, siempre y cuando su aplicación no entre en contradicción con las normas especiales de disposición de bienes” (subrayas por fuera del texto original).
La procedencia de la configuración del título de propiedad a favor de una entidad pública por la ocupación o posesión en los términos aquí señalados, únicamente operará con respecto a bienes inmuebles de otras entidades públicas”.
Las constantes reclamaciones y solicitudes para la transferencia de inmuebles, basándose a ese efecto en la aplicación parcial del contenido del artículo 1º del Decreto 1014 de 2005, imponen al liquidador aclarar los siguientes aspectos:
El Procurador General de la Nación en Concepto 3001 de 2004, enviado a la Corte Constitucional con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 2º y 6º (parciales) del Decreto 254 de 2000, la cual terminó con la Sentencia C-382 de 2005, dijo: “Las liquidaciones, desde la óptica empresarial u organizacional, tienen como características ser definitivas. El de establecer el estado de los activos para cubrir pasivos, y de repartir en último término el patrimonio que llegare a sobrar. Estas operaciones se basan en la determinación de los activos como universalidades económicas o conjunto o masa de bienes, para responder por los pasivos, y no sobre individualidades. Bajo esa concepción universal se atienden los pasivos y se reparte el patrimonio”.
De ahí, que en relación con las solicitudes de transferencia a partir de lo reglado en el Decreto 1014 de 2005, se tenga lo siguiente: En primer lugar debe tenerse en cuenta que el artículo 10 del Decreto 554 de 2003 establece que los bienes y derechos cuyo titular sea el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, en Liquidación y de la unidad administrativa especial liquidadora del Instituto de Crédito Territorial, ICT, harán parte de la liquidación, salvo los que por compromisos derivados del Instituto de Crédito Territorial deban ser transferidos a personas que hayan acreditado estar al día en sus obligaciones con esa entidad, los que podrán ser transferidos a favor de estas personas mediante resolución. En igual forma se procederá con la transferencia de los bienes a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie y complementarios asignados en desarrollo de la Ley 708 de 2001 hasta la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. Esta operación se hará mediante resolución en los términos de la citada ley y el Decreto 933 de 2002.
Por su parte, el artículo 2º del Decreto-Ley 254 de 2000, reproducido por el artículo 9º del Decreto 554 de 2003, prohíbe igualmente al liquidador adelantar cualquier clase de actos o contratos que no estén dirigidos a la liquidación de la entidad, justamente por la condición especial de este procedimiento que determina, en primer lugar, la realización de los bienes y pago a los acreedores.
De otro lado, y en relación con los bienes inmuebles de las entidades en liquidación, se ordena al liquidador efectuar un procedimiento de saneamiento predial para posteriormente proceder a la enajenación de los mismos, según lo consagra el Decreto-Ley 254 de 2000 en su artículo 19, trascrito en su integridad en la reseña normativa que forma parte de esta resolución.
En este orden de ideas, si el liquidador está obligado a integrar el conjunto de bienes que conforman la masa liquidable, es necesario fijar una posición frente al alcance de normas como el artículo 1º del Decreto 1014 de 2005, que eventualmente pueden ser consideradas por parte de personas naturales y jurídicas como fundamento para exigir adjudicaciones de bienes sujetos de estudio respecto de su titularidad en el marco del proceso liquidatorio, como es el caso de numerosos municipios; veamos que en el Decreto Reglamentario 1014 de 2005, artículo 1º, se establece una salvaguardia para proteger los activos con los cuales el liquidador deberá responder a los diferentes acreedores del proceso concursal y según se observa, la norma específica y perentoria en señalar que la disposición reglamentaria precede en forma condicional, es decir así: Se aplicarán estas disposiciones a las entidades públicas que se encuentren en proceso de liquidación, siempre y cuando su aplicación no entre en contradicción con las normas especiales de disposición de bienes” (subrayas por fuera del texto original).
En ese entendido, lo primero es poner de presente que una de las funciones básicas del liquidador es la de actuar bajo los lineamientos del buen hombre de negocios conforme a los parámetros establecidos en la Ley 222 de 1995 y por ende, sin excepción, su conducta debe enderezarse a cumplir las funciones que impone el trámite concursal a la luz de criterios de la optimización de los resultados en un esquema donde la premisa es la valoración del costo-beneficio.
Así las cosas, si una de las funciones fundamentales a cargo del liquidador es la preservación de los bienes que conforman la masa a liquidar, tal como lo establece el literal b) del artículo 6º del Decreto-Ley 254 de 2000, por simple lógica habrá de convenirse que el sentido y el alcance de la disposición reglamentaria que invocan las entidades territoriales no es susceptible de compaginarse, ni darse por imperativa, cuando subyacen los mandatos de orden público de los procesos concursales en lo que atañe a la custodia y conservación de la masa de los bienes a liquidar, justamente, y esto es trascendental, para garantizar la prenda general de los acreedores quienes se ven compelidos a presentar sus créditos en condiciones de igualdad y universalidad dentro de la prelación establecida por el Código Civil.
A la luz de lo expuesto, al realizar un ejercicio de armonización lógico sistemático de las normas “especiales” de disposición de bienes implícitos en el proceso de liquidación del Inurbe, se concluye:
a) El artículo 10 del Decreto 554 de 2003 solo faculta la titulación de bienes respecto de los cuales exista certeza sobre el pago total de las obligaciones dinerarias a cargo de quienes fueron adjudicatarios de las soluciones de vivienda, o frente a aquellos que hubieran recibido el subsidio con anterioridad al proceso liquidatorio de acuerdo con la Ley 708 de 2001.
b) Lo anterior significa que la voluntad de la Presidencia de la República de circunscribir el proceso liquidatorio a los bienes y derechos respecto de los cuales no existe duda acerca de su titularidad, ya por el estudio pormenorizado de su tradición, o porque fue objeto del respectivo saneamiento en lo que respecta a la consolidación del título de propiedad.
c) Lo expuesto también halla respaldo en las disposiciones del Decreto-Ley 254 de 2000, estatuto de las liquidaciones de las entidades públicas, cuando en sus artículos 20, 21 y 31 estatuye, por demás con total nitidez, que la masa de la liquidación está conformada por los bienes y derechos que integran el patrimonio de la liquidación y sólo se excluyen los recursos de la seguridad social y los no pertenecientes a la masa en los términos del estatuto orgánico del sistema financiero, EOSF.
Pero si se ahonda más en el tema, el artículo 1º del Decreto 1014 de 2005 está lejos de establecer una forma “automática” de transferencia de bienes entre entidades públicas por el solo hecho que las mismas estén “destinadas a la prestación de un servicio público” ya que, como se anotó precedentemente, la adición de la Ley 716, en su literal g), parte del supuesto de la carencia de título de propiedad idóneo y respecto del cual será necesario llevar a cabo el proceso de titulación que corresponda para incorporar o eliminar de la información contable, según corresponda.
Finalmente, y siendo que el Inurbe en Liquidación hoy por hoy se encuentra adelantando a nivel nacional un procedimiento de saneamiento predial, habrá de ponerse de presente, a manera de consideración general, que hasta tanto no se culmine con dicho procedimiento, es decir, hasta que no se sepa la disponibilidad de bienes reales para la satisfacción de los pasivos de la liquidación, no se verificaría la eventual transferencia de bienes a entidades públicas, todo ello, claro está, dentro de las potestades que la ley permite y sin afectar las prelaciones del Código Civil.
En síntesis, y a manera de conclusiones generales que se desprenden de la exposición precedente, se tienen las siguientes:
• El Inurbe en Liquidación procederá eventualmente a titular bienes a entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, bajo estricta sujeción a lo dispuesto por el Decreto 1014 de 2005, “Por el cual se reglamenta el artículo 3º de la Ley 901 de 2004”, es decir, cuando la titulación no entre en contradicción con las normas especiales de disposición de bienes de la liquidación. Esto implica que esta facultad solamente se ejercerá, si es del caso, cuando se tenga plena certeza en cuanto a la integración de los bienes que constituyen el patrimonio de la liquidación y se hayan solventado todos los pasivos de la misma.
• Cualquier crédito derivado de impuestos prediales a favor de entidades territoriales cuyos soportes no hayan sido presentados durante la etapa del traslado para presentar reclamaciones, será objeto de estudio para ser considerado eventualmente en la etapa del establecimiento del pasivo cierto no reclamado. No obstante, durante la etapa previa, el Inurbe en Liquidación convoca e invita a los municipios a unificar esfuerzos tendientes a agilizar el saneamiento predial mediante la suscripción de convenios interadministrativos orientados a tal cometido.
• Todos aquellos procesos de jurisdicción coactiva iniciados para el cobro de impuestos prediales a la entidad en liquidación, deberán ser remitidos para su acumulación, previa declaratoria de nulidad de todas las actuaciones surtidas después del 13 de marzo de 2003, fecha de iniciación del procedimiento liquidatorio.
ART. 1º—El gerente liquidador, facultado por las normas legales que rigen a las entidades públicas en liquidación, y en el parágrafo tercero del artículo 1º del Decreto 1014 de 2005, define que solo se podrán ceder inmuebles a entidades públicas en el proceso de reclamaciones de pasivo cierto no reclamado, siempre y cuando se cuenten con suficientes recursos para el pago de los acreedores.
ART. 2º—Todas las solicitudes de cualquier ente público en aplicación de la Ley 901 de 2004 y el Decreto 1014 de 2005, que sean presentadas antes del 31 de diciembre de 2005, serán acumuladas al proceso de liquidación y se determinará su procedencia como parte del pasivo cierto no reclamado, si a ello hubiere lugar.
ART. 3º—Comuníquese a todas las oficinas de registro de instrumentos públicos del país, para que se abstengan de registrar transferencias a cualquier título sobre bienes de propiedad del Inurbe en Liquidación, mientras no se expida resolución o autorización expresa y escrita por parte del Inurbe en Liquidación que así lo determine.
ART. 4º—Comuníquese del contenido de la presente resolución a los 346 municipios en los que en principio se tienen registrados bienes inmuebles en las bases de catastro, a cargo del Inurbe en Liquidación, para que se atengan a lo dispuesto en este acto administrativo, y en especial, para que alleguen los soportes que acrediten la procedencia de la reclamación de impuesto predial, valorización, etc., mientras se determina el pasivo cierto no reclamado.
PAR.—Para todas aquellas reclamaciones relativas al impuesto predial, valorización, etc., que pretendan hacerse valer dentro del proceso liquidatorio, los acreedores, sin excepción, deben atenerse a los preceptos que rigen la etapa para la determinación del pasivo cierto no reclamado, todo sin perjuicio de las facultades del liquidador en lo que atañe al rechazo y/o graduación de las mismas, ya sea con cargo a la masa o no masa de la liquidación.
ART. 5º—En aquellos casos donde se hayan iniciado procesos de jurisdicción coactiva o procesos ejecutivos cuya pretensión sea el recaudo del impuesto predial, valorización, etc., y/o existan embargos, los jueces o responsables de los procesos de cobro deberán cumplir los preceptos legales del artículo 2º, literal d), parágrafo 2º y artículo 6º literal d), ordenando el levantamiento de cualquier embargo que exista contra el Inurbe en Liquidación y remitiendo todos los procesos para ser acumulados al proceso de liquidación.
PAR.—Es sobreentendido que todas aquellas actuaciones adelantadas dentro de los procesos precedentemente indicados, con posterioridad al 13 de marzo de 2003, estarán afectadas de nulidad, conforme con las normas que rigen los procedimientos liquidatorios de entidades públicas.
ART. 6º—Por ser este un acto administrativo de trámite dentro del proceso liquidatorio, no es susceptible de recursos en vía gubernativa, conforme con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto-Ley 254 de 2000, que establece en su parte pertinente:
ART. 7º—De los actos del liquidador. (...)
ART. 7º—Publíquese la integridad del presente acto administrativo en el Diario Oficial.
ART. 8º—Publíquense extractos de la presente resolución en un diario de amplia circulación nacional.
NOTA: Los anexos que forman parte integral de la presente resolución pueden ser consultados en el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, en Liquidación.