Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/civil/sentencia-tribunal-supremo-num13182011-18-01-2013
Timestamp: 2016-12-03 00:18:44
Document Index: 127607060

Matched Legal Cases: ['artículo 576', 'artículo 418', 'artículo 469', 'artículo 217', 'artículo 477', 'artículo 1303', 'artículo 1091', 'artículo 469', 'artículo 217', 'artículo 1594', 'artículo 1450', 'artículo\n1271', 'artículo\n1160', 'artículo 437', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1213', 'artículo 1156', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 79', 'artículo 118', 'artículo 1303']

Sentencia Tribunal Supremo num. 1318/2011 18-01-2013
PRIMERO Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Castellón,
el veinte de abril de dos mil nueve, la Procurador de los Tribunales doña Eva
María Pesudo Arenós, obrando en representación de doña Benita y don Isidro ,
interpuso demanda de juicio ordinario contra Hogar y Jardín SA. En el referido escrito de demanda, la representación procesal de doña Benita
y don Isidro alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión de los
recursos, que el veintiocho de abril de dos mil ocho sus representados
compraron una vivienda unifamiliar a la demandada, en un edificio en
construcción sito en el término de San Antonio de Benageber, lo que demostraba
con el documento número 1. Que el precio de compra convenido fue de doscientos
cuarenta y nueve mil novecientos treinta y cinco euros (249.935 €), impuesto
sobre el valor añadido incluido. Que, al firmar el documento que contenía el
contrato, los compradores entregaron a la vendedora treinta y seis mil
trescientos sesenta y dos euros (36.362,00 €) en concepto de parte del precio
convenido, sirviendo el documento de venta como carta de pago, si bien, además,
aportaba un recibo que demostraba la entrega, como documento número 2. Que la
entrega de la vivienda debía llevarla a cabo la constructora y vendedora, según
la cláusula primera del contrato, antes del día treinta y uno de octubre de dos
mil ocho. Que, para el caso de impago del precio, se facultó a la vendedora
para resolver el contrato y, en el caso de que optara por ello, a quedarse con
un veinticinco por ciento de las cantidades recibidas como precio. Añadió que, el cinco de noviembre de dos mil ocho, los compradores
comunicaron a la vendedora su voluntad de " rescindir " el
contrato, con reclamación de la cantidad entregada en concepto de precio hasta
entonces - treinta y seis mil trescientos sesenta y dos euros (36.362 €) - o la
que correspondiera tras aplicarle el veinticinco por ciento de cláusula penal.
Que la sociedad vendedora les contestó emplazándolos ante el notario, para
otorgar la escritura de compraventa y pagar el resto del precio convenido, como
demostraba el documento número 5. Que los compradores, con fecha once de marzo
de dos mil nueve, comunicaron a la vendedora que no irían a la notaria, al
tiempo que le reclamaban otra vez la devolución del precio. Con esos antecedentes, la representación procesal de los demandantes alegó
que era de aplicación la cláusula octava del contrato de compraventa, la cual facultaba
al vendedor para resolver el contrato y retener el veinticinco por ciento del
precio ya pagado: treinta y seis mil trescientos sesenta y dos euros (36.362 €)
y nueve mil noventa euros, con cincuenta y un céntimos (9.090,51 €),
Añadió que, con independencia de lo expuesto, la negativa a formalizar la
escritura no respondía a un simple capricho, sino que era la consecuencia de
que les fuera imposible obtener financiación para el pago del precio, como
demostraba el documento número 7, librado, el nueve de marzo de dos mil nueve,
por Bancaja, para comunicarles la denegación de un préstamo de doscientos
treinta mil euros (230.000 €).
Invocó la representación procesal de los compradores los artículos 1091LEG 1889\27 , 1101LEG
1889\27 , 1124LEG 1889\27 ,
1256LEG 1889\27 , 1290LEG 1889\27 y 1291LEG
1889\27 del Código Civil ( LEG 1889\27
) e interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia que
declarase " la resolución del contrato privado de compraventa suscrito
por don Isidro y doña Benita , con la mercantil Hogar y Jardín, SA, firmado el
veintiocho de abril de dos mil ocho, por la compraventa de la vivienda familiar
número NUM000 , tipo NUM001 , de la promoción <Benageber Green>, sita en
la parcela NUM002 del sector San Vicente, en el términos de San Antonio de
Benageber" y que condenase a " la mercantil Hogar y Jardín, SA a
reintegrar a don Isidro y doña Benita la cantidad de veintisiete mil
doscientos setenta y un euro, con cincuenta y seis céntimos (27.271,56 €), más
los intereses legales " . SEGUNDO La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia
número Uno de Castellón, que la admitió a trámite por auto de veintinueve de
abril de dos mil nueve , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el
número 1064/2009. La demandada, Hogar y Jardín, SA fue emplazada y se personó en las
actuaciones representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Borrell
Espinosa, que, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.
En el escrito de contestación, la representación procesal de Hogar y Jardín,
SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que
estaba conforme con las alegaciones de los demandantes sobre el contenido del
contrato, pero no con que la fecha de entrega de la vivienda fuera el treinta y
uno de octubre de dos mil ocho, ya que, a consecuencia de una prórroga - cuya
posibilidad habían pactado en una de las cláusulas del contrato, la 6.2 -, fue
retrasada hasta el treinta y uno de julio de dos mil nueve.
Que, por medio de carta de veintiuno de julio de dos mil ocho, dirigida a
los compradores, entre ellos los demandantes, su representada, la vendedora,
comunicó a los mismos la proximidad de la fecha de entrega de la vivienda, a la
vez que les requería para que indicaran la forma de pago, lo que demostraba con
los documentos números 2 y 3. Que, por carta de seis de noviembre de mil
novecientos ocho, los compradores fueron invitados por la vendedora a señalar
lugar, día y hora para documentar el contrato públicamente, como demostraban
los documentos números 4 y 5. Que, sin embargo, la respuesta de los compradores
demandantes fue interesar la resolución del contrato. Que la vendedora, al no
haberlo hecho los compradores, señaló la fecha de otorgamiento de la escritura
- el trece de marzo de dos mil nueve - y la notaria - una de Valencia - para el
otorgamiento de la escritura. Que los demandados no se personaron en ese lugar
y no otorgaron el documento ni pagaron el precio que debían.
Con esos antecedentes, alegó la representación procesal de la vendedora que
la opción por el cumplimiento o la resolución, prevista en el contrato, se
había establecido a su favor y no de los compradores, que eran los
incumplidores. Añadió que no había cláusula contractual en la compraventa
litigiosa que permitiera a dichos compradores resolver la relación por no
A su vez, la representación procesal de Hogar y Jardín, SA formuló
reconvención, para interesar el cumplimiento del contrato, afirmando, al
respecto, que había optado por esa solución, de acuerdo con lo pactado.
En tal escrito, la representación procesal de Hogar y Jardín, SL invocó los
artículos 1089LEG 1889\27 , 1091LEG 1889\27 , 1101LEG
1256LEG 1889\27 y 1258LEG 1889\27 del Código Civil ( LEG 1889\27 ) e interesó del Juzgado de Primera
Instancia número Uno de Castellón una sentencia "por la que: 1.- Se
desestime la demanda planteada contra Hogar y Jardín, SA, con expresa condena
de los demandantes al pago de todas las costas y gastos del juicio
correspondientes a la cantidad por ellos reclamada. 2.- Se estime íntegramente
la reconvención contra doña Benita y don Isidro , declarando conforme a derecho
la opción elegida por Hogar y Jardín, SA de exigir el cumplimiento del contrato
y condenando a doña Benita y a don Isidro al abono de las cantidades que quedan
pendientes de pago y que ascienden a la cuantía de ciento noventa y nueve mil
seiscientos euros y ochenta y siete céntimos (199.600,87 €), más trece mil
novecientos setenta y dos euros, con seis céntimos (13.972,06 €) de impuesto
sobre el valor añadido, más los intereses legales desde la interpelación
judicial y los previstos en el artículo 576RCL
2000\34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) , con
expresa condena al pago de todas las costas y gastos del juicio
correspondientes a la cantidad a ellos reclamada ". Por auto de ocho de junio de dos mil nueve, el Juzgado de Primera Instancia
número Uno de Castellón admitió a trámite la reconvención y dio traslado de
ella a la representación procesal de don Isidro y doña Benita , que la
contestó, alegando, en síntesis y en lo que importa para la decisión del
conflicto, que se oponía a su estimación y que, en refuerzo de su demanda,
aportaba un segundo documento en el que constaba la negativa de una segunda
entidad de crédito a prestarles el dinero pedido para la compra - documento
número 1 -. Añadió que les resultaba imposible cumplir la principal obligación
que habían asumido como compradores, ante esa reiterada negativa a concederle
crédito. En el suplico de la contestación a la reconvención, la representación
procesal de don Isidro y doña Benita interesó del Juzgado de Primera Instancia
número Uno de Castellón que dictara " sentencia desestimando
íntegramente la presente demanda reconvencional, con expresa imposición de
costas a la demandante, Hogar y Jardín, SA " TERCERO Celebrados la audiencia previa, el treinta de abril de dos
mil diez, el Juzgado de Primera Instancia, en aplicación del artículo 418RCL 2000\34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) , dictó
sentencia, con fecha nueve de junio de dos mil diez y con la siguiente parte
dispositiva: "Fallo. Que debo desestimar, como desestimo, la demanda
interpuesta por la Procuradora de los Tribunales doña Eva María Pesudo Arenós,
en representación procesal de doña Benita y don Isidro , contra la mercantil
Hogar y Jardín, SA y debo absolver, como absuelvo, a la indicada mercantil
demandada de todas las peticiones habidas en su contra. Y estimando la
reconvención formulada por la mercantil Hogar y Jardín, SA contra los actores,
debo declarar y declaro conforme a derecho la opción elegida por Hogar y
Jardín, SA de exigir el cumplimiento del contrato, debo condenar y condeno a
doña Benita y don Isidro al abono de las cantidades pendientes de pago que
ascienden a la cuantía de ciento noventa y nueve mil seiscientos euros, con
ochenta y siete céntimos (199.600,87 €), más trece mil novecientos setenta y
dos euros, con seis céntimos (13.972,06 €) de impuesto sobre el valor añadido,
más los intereses establecidos en el fundamento de derecho sexto. Se imponen
las costas de la demanda y la reconvención a la parte actora". CUARTO La representación procesal de doña Benita y don Isidro
recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Uno
de Castellón de nueve de junio de dos mil diez . Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia
Provincial de Castellón, en la que se turnaron a la Sección Tercera de la
misma, que tramitó el recurso con el número 534/2010 y dictó sentencia con
fecha siete de abril de dos mil once , con la siguiente parte dispositiva: "Fallamos.
Que estimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal
de doña Benita y don Isidro , contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia número Uno de Castellón en fecha nueve de junio de dos mil
diez , en autos de juicio ordinario seguidos con el número 1064 de 2009,
revocamos la resolución apelada y, estimando la demanda formulada por doña
Benita y don Isidro , contra Hogar y Jardín, SA, a la vez que, desestimando la
reconvención formulada por dicha mercantil contra los actores: 1º.- Declaramos
resuelto el contrato de compraventa suscrito por las partes el veintiocho de
abril de dos mil ocho por el que los demandantes compraban a la demandada la
vivienda unifamiliar número 40 tipo NUM001 , de la promoción <Benageber
Green> sita en parcela NUM002 del sector San Vicente, en término municipal
de San Antonio de Benageber. 2º.- Condenamos a Hogar y Jardín, SA a que
devuelva a los citados demandantes la cantidad de veintisiete mil doscientos
setenta y un euros, con cincuenta y seis céntimos (27.271,56 €), que devengará
desde la fecha de la presente sentencia y hasta su completo pago un interés
anual igual al legal incrementado en dos puntos. Desestimamos la reconvención
planteada por Hogar y Jardín, SA frente a doña Benita y don Isidro a los que
absolvemos de las pretensiones deducidas en su contra. No se hace expresa imposición
de las costas de la primera instancia ni de la alzada ". QUINTO La representación procesal de Hogar y Jardín, SA preparó e
interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra
la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón de
siete de abril de dos mil once . Dicho Tribunal de apelación mando elevar las actuaciones a la Sala Primera
del Tribunal Supremo, la cual, por auto de siete de febrero de dos mil doce ,
decidió: " 1º) Admitir el recurso extraordinario por infracción
procesal y el recurso de casación, interpuestos por la representación procesal
de Hogar y Jardín, SA, contra la sentencia dictada, en fecha siete de abril
de dos mil once, por la Audiencia Provincial de Castellón -Sección Tercera-, en
el rollo número 534/2010 dimanante de los autos de juicio ordinario número
1064/2009, del Juzgado de Primera Instancia número Uno de Castellón. 2º)
Entregar copia de los escritos de interposición de los recursos extraordinarios
por infracción procesal y de casación formalizados, con sus documentos
adjuntos, a la parte recurrida personada para que formalice su oposición por
escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto
las actuaciones en la Secretaría ". SEXTO El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto
por la representación procesal de Hogar y Jardín, SA, contra la sentencia de la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón de siete de abril de
dos mil once , se compone de un único motivo en el que la recurrente, con apoyo
en la norma del artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de
y RCL 2001, 1892) , denuncia: ÚNICO La infracción del artículo 217 de la misma Ley de
Enjuiciamiento Civil . SÉPTIMO El recurso de casación interpuesto por la representación
procesal de Hogar y Jardín, SA, contra la sentencia de la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Castellón de siete de abril de dos mil once , se
compone de tres motivos en los que la recurrente, con apoyo en la norma del
ordinal segundo del apartado 2 del artículo 477RCL
2000\34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) , denuncia: PRIMERO La infracción, por aplicación indebida, de los artículos 1182LEG 1889\27 , 1183LEG
1889\27 y 1184LEG 1889\27 del
Código Civil ( LEG 1889\27 ) . SEGUNDO La infracción, por aplicación indebida, del artículo 1303LEG 1889\27 del Código Civil . TERCERO La infracción por inaplicación de los artículos 1254LEG 1889\27 , 1089LEG
1889\27 , 1091LEG 1889\27 ,
1124LEG 1889\27 , 1255LEG 1889\27 , 128LEG
1889\27 , 1261LEG 1889\27 ,
1278LEG 1889\27 , 1445LEG 1889\27 y 1450LEG
1889\27 del Código Civil . OCTAVO Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador de
los Tribunales doña Isabel Sánchez Ridao, en nombre y representación de don
Isidro y doña Benita , impugnó los recursos, solicitando se declarase no haber
lugar a los mismos. NOVENO No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración
de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el cinco
de diciembre dos mil doce, acordándose someter el recurso al conocimiento del
Pleno de la Sala, señalándose para ello el día diecisiete de diciembre de dos
mil doce, en el que el recurso quedó decidido. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,
El conflicto de intereses a que se refieren los recursos extraordinarios a
decidir, se generó en el funcionamiento de un contrato de compraventa de
vivienda en construcción, en el que los demandantes - don Isidro y doña Benita
- ocuparon la posición de compradores y la demandada - Hogar y Jardín, SA -,
también actora reconvencional, la de vendedora. I. Sin perjuicio de que, al tratar de alguna de las cuestiones planteadas
con los recursos, hagamos más adelante referencia a datos relativos al
contenido y funcionamiento del contrato, destacamos ahora, como más
significativos, los que siguen:
Se perfeccionó la compraventa, por medio de un consentimiento reflejado en
documento privado, el veintiocho de abril de dos mil ocho.
En esa misma fecha, del precio convenido - doscientos cuarenta y nueve mil
novecientos treinta y cinco euros - los compradores abonaron una parte -
treinta y seis mil trescientos sesenta y dos euros -.
La entrega de la vivienda, en construcción al celebrarse el contrato, como
se ha dicho, se había previsto para determinada fecha, aunque con posibilidad
de prórroga automática del plazo, hasta diez meses, de concurrir determinadas
Para el caso de que los compradores no cumplieran la prestación de pagar la
parte aplazada del precio, los contratantes pactaron, a favor de la vendedora,
la facultad de optar por resolver la relación, con pérdida por los
incumplidores de una parte de la suma ya entregada, o por exigir el
cumplimiento de la deuda pendiente.
La misma opción fue expresamente reconocida a los compradores, para el caso
de que fuera la vendedora la que no cumpliera la prestación a su cargo, esto
es, no entregara la vivienda en el tiempo establecido para ello.
II. La crisis en el funcionamiento de la relación contractual se produjo al
tomar los vendedores la decisión de " rescindirla " y
comunicar a la vendedora su voluntad en tal sentido; lo que efectuaron el
veinticuatro de noviembre de dos mil ocho, sin alegar causa alguna que pudiera
entenderse imputable a la destinataria de la declaración, pero con reclamación
de la devolución de la parte del precio que ya habían abonado. La vendedora no aceptó en ningún momento esa voluntad de desistimiento y
requirió a los compradores para que estuvieran en disposición de recibir la
vivienda y de hacer efectivo simultáneamente el pago del precio adeudado.
III. Con esos antecedentes, en el escrito de demanda pretendieron los
compradores la resolución del vínculo contractual y la condena de la vendedora
a la devolución de la parte del precio que habían abonado, una vez aplicada en
beneficio de la otra parte la reducción resultante de la cláusula penal.
Dicha pretensión resolutoria la basaron los demandantes - según resulta de
los hechos sexto y séptimo de su escrito inicial - en la cláusula octava del
contrato, que no es otra que la que facultaba a la vendedora, en caso de impago
del precio, a resolver la relación o exigir el cumplimiento de lo debido.
Sin embargo, en el hecho séptimo del mismo escrito, también alegaron que su
negativa a concurrir al otorgamiento de la escritura pública de venta no
respondía " a un simple capricho " , sino a " la
imposibilidad de obtener financiación para el pago del préstamo hipotecario
resultante ". Para demostrar esa imposibilidad, presentaron los demandantes un documento
librado por una entidad de crédito en el que constaba la negativa de la misma a
prestarles el dinero interesado. A dicho documento añadieron, con
posterioridad, otro con el mismo contenido, emitido por distinta entidad.
Al contestar a la reconvención interpuesta por la vendedora - en los
términos que seguidamente se indican - los compradores hicieron referencia a la
actual situación económica general y a la oportunidad de valorar la repercusión
que sobre las relaciones contractuales a plazo pueden tener las alteraciones en
aquella, notoriamente producidas en los últimos años, por medio de la
aplicación de la regla " rebús sic stantibus ". Hogar y Jardín, SA, como acaba de indicarse, además de oponerse a la
estimación de la demanda, manifestó su decisión de optar, según lo convenido,
por el cumplimiento del contrato y, con invocación de la regla "pacta
sunt servanda ", que inspira la norma del artículo 1091LEG 1889\27 del Código Civil ( LEG 1889\27 ) , pretendió, por medio de
reconvención, la condena de los compradores a dar cumplimiento a aquello a que
habían quedado obligados, en ejercicio de su autonomía de voluntad. IV. En la primera instancia fue desestimada la demanda y estimada la
reconvención. En síntesis, el Juzgado entendió que la reglamentación nacida del
contrato de veintiocho de abril de dos mil ocho era válida en su totalidad, por
lo que, habiendo cumplido la vendedora su obligación principal - " al
finalizar y poner a disposición de los compradores la vivienda objeto del
contrato en tiempo y forma convenidos " - y al no haberlo hecho los
compradores con la suya, debía entrar en juego la cláusula octava, según la
cual Hogar y Jardín, SA, no los incumplidores - esto es, los demandantes don
Isidro y doña Benita -, podía optar por resolver la relación o por exigir el
cumplimiento. Y lo había hecho por la última alternativa. En la segunda instancia el resultado de la decisión del conflicto fue el
opuesto. Consideró el Tribunal de apelación que el cumplimiento de la
obligación de pagar el precio había devenido imposible para los compradores,
ante " la falta de entidad bancaria que financiara la operación
". Lo que se tradujo en la estimación de la pretensión de resolución de la
relación contractual, deducida por los demandantes, y en la condena de la
vendedora demandada a devolverles la suma recibida de ellos en concepto de
parte del precio, reducida en la medida que habían señalado en la demanda, como
consecuencia de la cláusula penal. V. Hogar y Jardín, SA interpuso contra la sentencia de la Audiencia
Provincial recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, que
seguidamente examinamos.
SEGUNDO Enunciado y fundamentos del único motivo.
Hogar y Jardín, SA, con apoyo en la norma del artículo 469, apartado 1,
ordinal segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL
2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) , denuncia la infracción del
artículo 217 de la misma Ley . Alega la recurrente que la sentencia de segundo grado había resultado de una
aplicación incorrecta de las reglas sobre la carga de la prueba.
Explica dicha afirmación con un juicio crítico sobre la sentencia recurrida,
al señalar que no era correcta la conclusión del Tribunal de apelación de
considerar probada la imposibilidad de los compradores de satisfacer la parte
del precio pendiente de pago, a causa de no haberse demostrado que la situación
económica de dichos deudores no les permitiera cumplir sin financiación. Añade
que ni siquiera se había demostrado que ninguna entidad financiera - además de
las dos a que se refería la prueba documental practicada - estuviera dispuesta
a concederles crédito, por haberse referido la prueba sólo a dos.
Considera la recurrente que, ante esas deficiencias, debía ser mantenida la
conclusión contraria, a la que había llegado el Juzgado de Primera Instancia.
TERCERO Desestimación del motivo.
El llamado problema de la carga de la prueba surge sólo en el caso de
ausencia de elementos de juicio susceptibles de fundar la convicción del Juez
sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes y a
los que la norma vincula la consecuencia jurídica pretendida. Es en ese caso,
por la prohibición del " non liquet ", cuando se hacen
necesarias unas reglas que determinen cual es la parte sobre la que ha de
recaer el perjuicio derivado de la falta o insuficiencia de prueba. Por esa razón, las mencionadas reglas exclusivamente se infringen cuando,
por no haberse considerado probados hechos necesitados de demostración, se
atribuyan las consecuencias del defecto a quién, según ellas, no le
correspondía sufrir la imputación de la laguna o deficiencia probatoria - al
respecto son de señalar las sentencias 376/2010, de 14 de junio , 88/2011, de
16 de febrero , 333/2011, de 9 de mayo , 518/2011, de 30 de junio , 479/2012,
de 19 de julio , 494/2012, de 20 de julio , 526/2012, de 5 de septiembre ,
525/2012, de 7 de septiembre , 561/2012, de 27 de septiembre , 557/2012, de 1
de octubre , 615/2012, de 23 de octubre , 616/2012, de 23 de octubre ,
601/2012, de 24 de octubre , 662/2012, de 12 de noviembre , 684/2012, de 15 de
noviembre , entre otras muchas -. Consecuentemente, carece de sentido denunciar un deficiente reparto del
" onus probandi " en casos en los cuales el Tribunal de
instancia, tras la correspondiente valoración de los medios de prueba
practicados, hubiera declarado que los hechos controvertidos de que se trate
han sido demostrados - con independencia de la parte que hubiera proporcionado
el medio de prueba que produjo ese efecto -. Por otro lado, no es procedente denunciar la vulneración de las reglas sobre
la carga de la prueba para impugnar la valoración de los medios efectivamente
practicados, dado que aquellas no contienen criterios o máximas sobre tal
materia - sentencias 526/2012, de 5 de septiembre , 557/2012, de 1 de octubre ,
entre otras muchas -. En el caso que se enjuicia, el Tribunal de apelación declaró probada "la
imposibilidad sobrevenida de cumplir el contrato por parte de los compradores
por falta de la financiación necesaria para poder cumplir su obligación de pago
del precio de la compraventa ". Dato al que, en los términos
expuestos, los demandantes señalaron como constitutivo de la pretensión
resolutoria. En aplicación de la mencionada doctrina, procede, como se apuntó, desestimar
el motivo y el recurso.
CUARTO Previa calificación del contrato.
Antes de entrar en el examen de los motivos que componen el recurso de
casación de Hogar y Jardín, SA, procede calificar el contrato litigioso, a fin
de identificar su régimen jurídico.
La necesidad de dicha calificación resulta, por un lado, de que tuviera por
objeto una vivienda que, en el momento de la perfección consensual, no se
hallaba, como tal, " in rerum natura ", pues estaba
construyéndose, de lo que debía encargarse, para poder entregarla en las
condiciones pactadas, la propia Hogar y Jardín, SA. Y, por otro lado, de que si
nos halláramos, no ante una compraventa de cosa futura, sino ante un contrato
de ejecución de obra, sería aplicable el artículo 1594LEG 1889\27 del Código Civil ( LEG 1889\27 ) , a cuyo tenor el comitente puede,
por su sola voluntad, desistir de la construcción aunque ya hubiera empezado,
bien que indemnizando al contratista. Es sabido que la naturaleza obligacional de nuestra compraventa - que no
provoca, por sí sola, la transmisión de un derecho, sino que se limita a
prepararla mediante la constitución de la obligación de llevarla a cabo -,
determina que, como efecto inmediato de su perfección, nazca un vínculo
obligatorio - artículo 1450LEG 1889\27
del Código Civil - y, sólo como efecto mediato - es decir, con la entrega de la
cosa, que a la vez que investidura de la posesión o modo, constituye acto
debido, pago o cumplimiento: artículos 609LEG
1889\27 , 1095LEG 1889\27 y
1462LEG 1889\27 del Código Civil -, se
produzca el efecto jurídico traslativo y real, querido al celebrarla. Por ello
mismo, para entenderla celebrada, no precisa la venta que la cosa exista al
perfeccionarse, pues basta con que, en ese momento, pueda existir - artículo
1271LEG 1889\27 del Código Civil -.
Tampoco es necesario que, al consentir las partes sobre la cosa y el precio, el
vendedor tenga poder de disposición sobre aquella. Ambas condiciones han de concurrir
en una fase posterior, en concreto, al realizarse el pago o entrega - artículo
1160LEG 1889\27 del Código Civil -,
pues, ciertamente, sin ellas no pueden tener lugar, naturalmente, la
disposición traslativa ni la liberación del deudor. No es preciso insistir más sobre esta cuestión, pues también es sabido que
la venta de cosa futura se admite en nuestro sistema y que la existencia de la
cosa cumple en tal contrato, salvo que otra cosa se pacte, la función de una
" condicioiuris " o requisito de eficacia, si bien sólo en el
orden mediato o real, que no en el obligacional, como se ha dicho. Pues bien, cuando el vendedor de una vivienda futura es quien debe antes
construirla, particularmente si le corresponde aportar los materiales, se
plantea la cuestión de deslindar el contrato de compraventa del de ejecución de
obra. Y esa calificación depende de cuál de las dos prestaciones debidas por
uno de los contratantes, la consistente en el " facere "
previo o en el " dare " o entrega posterior de lo ya construido,
fue considerada más importante por las partes, teniendo en cuenta lo expresado
al contratar y, también, aquellas circunstancias objetivas concurrentes que
hubieran podido dar lugar a una representación común jurídicamente
significativa a estos fines. En todo caso, se trata de una cuestión de interpretación de la voluntad
contractual, que en el supuesto enjuiciado ha sido decidida en las dos
instancias en un mismo sentido - el que llevó a la calificación del contrato
como compraventa -, sin controversia alguna, previa o posterior a las
sentencias recaídas en ellas.
Se sigue de lo expuesto que la facultad de desistir no la tenían reconocida
los demandantes, en cuanto compradores, por el contrato ni por la ley que le
era aplicable.
QUINTO Identificación de la razón o fundamento de la decisión recurrida.
El Tribunal de apelación declaró resuelta la relación de compraventa
existente entre las dos partes litigantes y, al fin, liberados a los dos
compradores, por considerar probada una sobrevenida imposibilidad de que
obtuvieran financiación para cumplir la obligación de pagar el precio de
Fue el afirmado cierre para los demandantes de los mercados de crédito, el
fundamento fáctico de la estimación de la demanda. Sin embargo, la alteración
de las prácticas imperantes en el mercado financiero no fue alegada en la
demanda y, menos, tomada en consideración por el Tribunal de apelación, en el
esencial momento de identificar la " ratio " de su sentencia,
cuanto menos, en la forma explícita que una motivación en derecho requiere. En realidad, fue al contestar la reconvención, que había interpuesto la
vendedora, cuando los demandantes invocaron la regla "rebús sic
stantibus " (según la que toda convención se entiende que vincula en
la medida en que no se alteren las circunstancias), aunque sin identificar
suficientemente los aspectos del cambio - eso sí, notoriamente producido - que
pudiera haber influido en el funcionamiento de la relación contractual a la que
quedaron vinculados. Esa referencia, aunque insuficiente a otros fines, justifica recordemos
ahora que los contratantes deben cumplir sus obligaciones aunque les resulten
más onerosas de lo que habían previsto, tanto por un aumento de los costes de
la ejecución como por una disminución del valor de la contraprestación a que
tuvieran derecho. Y, también, que es valorable la posibilidad que tienen de
prever, mediante el establecimiento de condiciones suspensivas o resolutorias o
cláusulas estabilizadoras, la subsistencia o el cambio de la situación económica
en la que se celebró el contrato.
Mas, en el caso de que la previsión no hubiera sido tan minuciosa, se
plantea la cuestión de determinar los efectos que, en la reglamentación
contractual, puede producir una imprevista y extraordinaria mutación de aquellas
circunstancias, ya sea porque las representaciones mentales de los contratantes
se forman a partir de una determinada realidad - criterio subjetivo -, ya
porque la alteración puede llegar a romper, en medida inadmisible, el
equilibrio de prestaciones y, en función del tipo negocial elegido, a privar de
todo sentido a la reglamentación pactada - criterio objetivo -.
La cuestión que acaba de ser apuntada ha sido tratada por la doctrina, desde
distintos puntos de vista, como el de la continuada influencia de la causa
onerosa del contrato, la excesiva dificultad de cumplir la obligación asumida,
la asignación de los riesgos contractuales, la alteración de la base del
negocio, objetiva y subjetiva, la interpretación del contrato y la doctrina de
la presuposición o la supuestamente implícita " cláusula rebús sic
stantibus omnis conventio intellegitur "... La jurisprudencia, utilizando especialmente esta última fórmula, se ha
referido a la mencionada cuestión, para destacar la admisibilidad en nuestro
sistema de los medios de corrección de la frustración económica del contrato,
en determinadas situaciones particulares - así, entre otras, en las sentencias
de 31 de octubre de 1963 , 15 de marzo de 1972 , 16 de junio de 1983 , 27 de
junio de 1984 , 19 de abril de 1985 , 17 de mayo de 1986 , 13 de marzo de 1987
, 6 de octubre de 1987 , 23 de marzo de 1988 , 16 de octubre de 1989 , 21 de
febrero de 1990 , 12 de noviembre de 1990 , 1202/1993, de 14 de diciembre ,
209/1994, de 15 de marzo , 344/1994, de 20 de abril , 29/1996, de 29 de enero ,
1048/2000, de 15 de noviembre , 1059/2000, de 17 de noviembre , 129/2001, de 20
de febrero , 1234/2001, de 28 de diciembre , 518/2002, de 27 de mayo ,
313/2004, de 22 de abril , 539/2004, de 18 de junio , 1090/2004, de 12 de noviembre
, 481/2005, de 17 de junio , 953/2006, de 9 de octubre , 79/2007, de 25 de
enero , 197/2007, de 1 de marzo , 966/2007, de 26 de septiembre , 175/2009, de
16 de marzo , 336/2009, de 21 de mayo , 781/2009, de 20 noviembre , 360/2010,
de 1 de junio , 84/2012, de 20 de febrero , 93/2012, de 21 de febrero ,
240/2012, de 23 de abril , 243/2012 , de 27 de abril -. La influencia de los cambios imprevistos sobre la posibilidad de la
resolución del vínculo o, especialmente, la modificación equitativa de su contenido,
resulta también admitida en ordenamientos cercanos.
En alguno, respecto de los contratos de ejecución continuada, periódica o
diferida, para el caso de que la prestación de cualquiera de las partes " è
divenutaeccessivamente onerosa " - artículos 1467LEG 1889\27 y 1468LEG
) italiano -; en otros, simplemente, en el supuesto de que las circunstancias
en que las partes fundaron la decisión de contratar " tiverem sofrido
uma alteraçâo anormal " - artículo 437LEG
1889\27 del Código Civil portugués -. Por lo demás, cualquier previsión sobre el futuro de tales instrumentos no
puede prescindir de que hoy gozan de reconocimiento en los principales textos
de armonización y actualización en materia de interpretación y eficacia de los
contratos, como son los Principios Unidroit sobre los contratos comerciales
internacionales -artículo 6.2.2 -, los Principios de Derecho europeo de
contratos - artículo 6.111- o los trabajos para la modernización del Derecho de
obligaciones y contratos - artículo 1213 -.
Pese a lo expuesto hay que insistir en que la doctrina mencionada no
constituyó la " ratio " o fundamento de la decisión recurrida
y en que, tampoco, la demanda de los compradores contiene alegación alguna
sobre un cambio de circunstancias existentes al contratar, así como en que la
mera referencia en el escrito de contestación a la regla " rebús sic
stantibus " no basta para justificar un pronunciamiento específico
sobre ella. En último caso, el segundo de los argumentos que seguidamente exponemos para
estimar el primero de los motivos del recurso de casación de Hogar y Jardín, SA
- atinente más que a la previsibilidad del impedimento, a la realidad de una
efectiva previsión del mismo en el contrato -, determinaría la inaplicación de
la regla de que se trata - por todas, sentencia 1654/1989, de 8 de julio -. A
lo que expondremos con más detalle nos remitimos. SEXTO Enunciado y fundamentos del primero de los motivos del recurso de
Como se indicó, el Tribunal de apelación declaró resuelta la relación
jurídica nacida del contrato de compraventa que perfeccionaron las partes
litigantes, por entender que los compradores habían demostrado que les
resultaba imposible cumplir, a causa de haberles negado dos entidades financieras
la concesión de crédito.
Por esa razón Hogar y Jardín, SA denuncia, en el primer motivo de su
recurso, la infracción, por aplicación indebida, de los artículos 1182LEG 1889\27 , 1183LEG
Código Civil ( LEG 1889\27 ) , que
establecen la liberación del deudor en los casos de imposibilidad sobrevenida
de cumplir las prestaciones debidas con causa en los contratos. Alega la recurrente que no cabe hablar de imposibilidad sobrevenida en
sentido propio, ya que la alegada en la demanda y afirmada en la sentencia
objeto del recurso no tiene la condición de definitiva, pues sólo es
coyuntural; ni la de imprevisible, entre otras razones, porque de la firma del
contrato - el veintitrés de abril de dos mil ocho - al requerimiento para
escriturarlo - el veintinueve de julio del mismo año - sólo transcurrieron tres
meses y desde aquella fecha a la de la notificación de la voluntad de resolver
- el veintinueve de noviembre también de dos mil ocho -, seis.
Añade que, en abril de dos mil ocho, ya había cambiado la situación
económica en el mercado inmobiliario y se había producido la crisis económica
generalizada y que, aun así, los compradores no dudaron en contratar.
SÉPTIMO Ámbito del recurso de casación en relación con las cuestiones planteadas
Los hechos están necesitados de prueba para que puedan ser considerados en
el proceso como efectivamente acaecidos. Pero no hay que olvidar que
constituyen el enunciado de las normas jurídicas que, sobre la base que
representan, se quiere aplicar.
Por dicha razón, además de reconstruidos o fijados en el proceso, tienen que
ser puestos en relación con el precepto al que sirven de supuesto, para lo que
se ha de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, determinar si
reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de
Además, en numerosas ocasiones el enunciado de la norma está integrado, no
sólo por hechos, sino por reglas, por términos o por conceptos o nociones
necesitados de una definición previa, la cual se convierte en imprescindible
para poder averiguar el sentido de aquella. Consecuentemente, un enjuiciamiento
sobre el fondo puede exigir, en la operación que se ha denominado
descriptivamente como un incesante ir y venir de los hechos a la norma y a la
inversa, además de la fijación de los que son relevantes para afirmar o negar
la consecuencia jurídica pretendida, la práctica de otras operaciones lógicas
que, ajenas a lo que se conoce como valoración de la prueba, generan juicios de
valor que aportan criterios adecuados para la identificación del completo
enunciado del precepto sustantivo.
Estas operaciones son propias de la interpretación o integración de la norma
y para revisarlas puede servir el recurso de casación.
Entre los referidos juicios de valor que aportan pautas o criterios
adecuados para la subsunción de los hechos probados en el concepto jurídico de
que se trate - cuyo control, como se ha expuesto, no queda fuera de la casación
- se encuentra el referido a si una prestación, consistente en la entrega a la
vendedora del precio de una compraventa, ha devenido, con posterioridad a la
perfección del contrato, imposible y, por tal, si la imposibilidad tiene los
contornos necesarios para producir efectos liberatorios de los deudores.
OCTAVO Inexistencia de una sobrevenida imposibilidad de cumplir como
causa de liberación de los deudores del precio de la venta.
La regla según la que nadie queda obligado a lo imposible - " ad
impossibilia nemo tenetur ": Digesto 50.17.185 - se refleja, cuando el
impedimento acontece después de perfeccionado el contrato - al respecto,
sentencia de 16 de marzo de 1979 -, en la liberación del deudor que no pueda
realizar la conducta de prestación que hubiera prometido. Esa imposibilidad de cumplir se regula, con el nombre de pérdida o
destrucción - para las obligaciones consistente en la entrega de una cosa - y
con el de imposibilidad legal o física - para las de hacer -, en la sección
segunda del capítulo IV del título I del libro IV del Código Civil ( LEG 1889\27 ) , específicamente, en los artículos
1182 , 1183 y 1184 . Se trata de normas que hay que poner en relación con la
del artículo 1156, referida a las causas de extinción de las obligaciones. También en los textos mencionados en el fundamento de derecho quinto la
imposibilidad de cumplir libera al deudor.
Los artículos 1256 y siguientes del Código Civil italiano establecen esa
causa de extinción de la obligación, como regla, cuando la imposibilidad sea
definitiva y total, con tal de que no resulte " imputabile al debitore
". Los artículos 790 y siguientes del Código Civil portugués sancionan la misma
consecuencia liberatoria si la imposibilidad no es " imputável ao
devedor " y si, además, tiene una naturaleza objetiva - si es
subjetiva el efecto se produce cuando el deudor " nâo puder fazer-se
substituir por terceiro " en el cumplimiento -. En los Principios Unidroit -artículo 7.1.7 - y en los de Derecho europeo de
contratos - artículo 8:108 (1) - la liberación del deudor se condiciona a la
prueba de que el impedimento estuvo fuera de su control si, además, no se puede
razonablemente entender que hubiera debido tenerse en cuenta en el momento de
celebrar el contrato o debido evitar o superar dicho impedimento o sus
Esta es, en lo sustancial, la previsión contenida en el artículo 79 de la
En nuestro vigente ordenamiento para que la liberación del deudor se
produzca por imposibilidad de cumplir la prestación es necesario que ésta reúna
determinadas condiciones. De ellas interesan destacar, a los fines de resolver
el recurso, dos:
1ª) La consistente en que la prestación imposible sea la diseñada a cargo
del deudor en el acto constitutivo del vínculo y no otra.
A la vista de dicho requisito hay que admitir que asiste la razón a la
recurrente cuando afirma que el Tribunal de apelación no deslindó
suficientemente la imposibilidad de cumplir la prestación de pagar el precio de
compra - que fue la asumida por los compradores - de la de obtener financiación
Es cierto - y ello priva al argumento de la consideración de razón
suficiente - que el pago del precio de las viviendas se suele efectuar gracias
al crédito bancario y que el Tribunal de apelación, dando a ese dato
generalidad y teniendo por notorio su conocimiento - aunque, sin considerar que
caben otras alternativas ni que la negativa de dos entidades a prestar puede
deberse a la escasa solvencia de los solicitantes o que el riesgo de financiación
lo asumen en nuestro sistema, como regla, los deudores - derivó de la prueba
practicada la conclusión de que la imposibilidad del medio repercutió, en el
supuesto enjuiciado, en la del fin.
En todo caso, no cabe desconocer que, en la cláusula tercera del denominado
" pliego de condiciones particulares " del litigioso contrato,
lo que aparece convenido es que los compradores podrían pagar la parte adeudada
del precio de compra en los términos previstos en el artículo 118RCL 1946\886 de la Ley Hipotecaria ( RCL 1946\886 ) ; esto es, subrogándose en una
supuesta obligación de la vendedora, como prestataria, garantizada con
hipoteca. Y es de señalar que, en la demanda y en la sentencia recurrida, la
imposibilidad de obtener financiación fue afirmada sin distinguir los medios de
obtenerla ni mencionar la modalidad específicamente prevista en el contrato, de
la que no nos han llegado noticias. 2ª) La consistente en que la imposibilidad liberatoria ha de ser posterior a
Como consecuencia, no cabe atribuir efectos extintivos a los impedimentos
sobrevenidos que fueron tomados en consideración por las partes al contratar o
que, razonablemente, deberían haberlo sido, ya para evitarlos o superarlos, ya
para evitar o superar sus consecuencias.
En relación con tal exigencia, la sentencia 433/1997, de 20 de mayo ,
precisó que " la imposibilidad del cumplimiento de la prestación que
admite restrictivamente la jurisprudencia no puede venir referida a unas
circunstancias como las de autos en las que influyó decisivamente el
comportamiento del deudor, puesto que es meridiano, que existían más entidades
de crédito para la concesión del préstamo hipotecario y que [...] la posible
dificultad que hubiese habido en la obtención de dicho préstamo para financiar
la construcción de la vivienda era cuestión razonablemente previsible a la
celebración del contrato, sin perjuicio de que la mayor o menor dificultad de cumplimiento
de una obligación nunca puede equivaler a la imposibilidad que establece la
norma legal que se denuncia como infringida ". Este es el argumento determinante de la estimación del motivo y se
identifica, por tanto, con la ausencia del antes mencionado requisito.
En efecto, en la cláusula 3.3.1, incorporada al contrato y, por lo tanto,
aceptada por los compradores, se regulan las consecuencias de que éstos no
obtuvieran financiación para pagar el precio - mediante el mecanismo
subrogatorio antes mencionado o cualquier otro -. Y esas consecuencias
consistieron, precisamente, en la previsión del cumplimiento de dicha
obligación en determinadas condiciones, que allí quedaron pactadas.
Procede, por lo expuesto, estimar el recurso de casación, dejar sin efecto
la sentencia de apelación y declarar correcta la decisión del conflicto recaída
en la primera instancia.
NOVENO Referencia a los demás motivos del recurso de casación.
La estimación del recurso de casación, como consecuencia de haberlo sido el
primero de sus motivos, convierte en innecesario el examen de los otros dos: el
segundo - en el que se denuncia la infracción, por aplicación indebida, del
artículo 1303LEG 1889\27 del Código
Civil ( LEG 1889\27 ) - y el tercero -
en el que se acusa la falta de aplicación de los artículos 1254LEG 1889\27 , 1089LEG
1124LEG 1889\27 , 1255LEG 1889\27 , 1258LEG
1889\27 del Código Civil -. Este último reproduce, desde otro punto
de vista - y con la confusa invocación de preceptos heterogéneos -, la misma
cuestión que ya ha sido decidida. Aquel se formuló, claramente, sólo para el
caso de desestimación del motivo primero. DÉCIMO Régimen de las costas.
En aplicación de los artículos 394RCL 2000\34
y 398RCL 2000\34 de la Ley de
y RCL 2001, 1892) procede, en cuanto a las costas: No formular pronunciamiento condenatorio respecto de las causadas con el
recurso de casación, que hemos estimado.
Adoptar la misma decisión en cuanto a las costas del recurso extraordinario
por infracción procesal, pese a su desestimación, ya que los argumentos de la
sentencia recurrida sobre el grado de prueba exigible para demostrar la
imposibilidad eran altamente discutibles.
Mantener el pronunciamiento del Juzgado de Primera Instancia sobre las
costas del primer grado.
Imponer las costas de la apelación a la parte demandante y reconvenida, ya
que su recurso debía haber sido desestimado.
pueblo español y su Constitución.
Declaramos no haber lugar al recurso extraordinario por infracción procesal
interpuesto por Hogar y Jardín, SA, contra la sentencia dictada, en fecha siete
de abril de dos mil once, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de
Castellón . Sobre las costas de dicho recurso no formulamos pronunciamiento de condena.
Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por Hogar y Jardín,
SA contra la referida sentencia de fecha siete de abril de dos mil once, por la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón . En consecuencia, dejamos sin efecto dicha sentencia y, en su lugar, hacemos
nuestro el fallo de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Uno de
Castellón, de nueve de junio de dos mil diez , recaída en el juicio ordinario
número 1064/2009, del que dimana el recurso, a cuyo tenor "debo desestimar
y desestimo, como desestimo, la demanda interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales doña Eva María Pesudo Arenós, en representación procesal de doña
Benita y don Isidro , contra la mercantil Hogar y Jardín, SA y debo absolver,
como absuelvo, a la indicada mercantil demandada de todas las peticiones habidas
en su contra. Y estimando la reconvención formulada por la mercantil Hogar y
Jardín, SA contra los actores, debo declarar y declaro conforme a derecho la
opción elegida por Hogar y Jardín, SA de exigir el cumplimiento del contrato,
debo condenar y condeno a doña Benita y don Isidro al abono de las cantidades
pendientes de pago que ascienden a la cuantía de ciento noventa y nueve mil
seiscientos euros, con ochenta y siete céntimos (199.600,87 €), más trece mil
sobre el valor añadido, más los intereses establecidos en el fundamento de
derecho sexto. Se imponen las costas de la demanda y la reconvención a la parte
actora". Sobre las costas del recurso de casación no procede especial pronunciamiento.
Las costas del recurso de apelación las imponemos a los demandantes
reconvenidos.
Devuélvase el depósito constituido para interponer el recurso de casación a
la parte recurrente, que en cambio perderá el constituido para interponer el
.- Juan Antonio Xiol Rios.-Francisco Marin Castan.-Jose Ramon Ferrandiz
Gabriel.-Jose Antonio Seijas Quintana.-Antonio Salas Carceller.-Francisco
Javier Arroyo Fiestas.-Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco Javier Orduña
Moreno.-Rafael Saraza Jimena.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Rafael Gimeno-Bayon
Cobos.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la
anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente
que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia
Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como
Secretario de la misma, certifico. " />
Portada > Información Jurídica > Jurisprudencia > Civil	El Supremo obliga a una pareja a cumplir un contrato de compra de una casa de 200.000 euros
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a una pareja y a la que obliga a abonar más de 200.000 euros por la compra de una vivienda por la que firmaron un contrato que pretendían rescindir alegando no haber conseguido la hipoteca.
Marginal: PROV\2013\83241
Recurso de casación núm. 1318/2011
SENTENCIA En la Villa de Madrid, a dieciocho de Enero de dos mil trece.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres.
Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por
infracción procesal y de casación interpuestos por Hogar y Jardín, SA
representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Borrell Espinosa,
contra la sentencia dictada el siete de abril de dos mil once, por la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón , que resolvió el recurso de
apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de
Primera Instancia número Uno de Castellón. Ante esta Sala compareció el
Procurador de los Tribunales don Fernando Pérez Cruz, en representación de
Hogar y Jardín, SA, en concepto de parte recurrente. Son partes recurridas don
Isidro y doña Benita , representados por la Procurador de los Tribunales doña
Isabel Sánchez Ridao. ANTECEDENTES DE HECHO