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Timestamp: 2018-07-20 17:26:38
Document Index: 134704082

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 35', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 11']

Antecedentes. A la vista de estos antecedentes, hemos considerado oportuno elaborar esta resolución, en conformidad con las siguientes: - PDF
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Gregorio Torregrosa Franco
1 Resolución del Ararteko de 15 de mayo de 2013,, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Sestao que reconozca la competencia de los decoradores y diseñadores de interior para la redacción y dirección de determinados proyectos. Antecedentes 1. El Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interior de Bizkaia (en adelante el Colegio), presentó una queja en esta institución por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sestao sobre la competencia de los decoradores/diseñadores de interior para realizar un proyecto para la instalación de trasteros. El Colegio expresa su honda preocupación por la falta de respuesta y el silencio del ayuntamiento a las comunicaciones, adjuntando un dossier sobre la problemática, reclamaciones, intentos de contacto para tratar el tema con técnicos municipales, etc., defendiendo la competencia profesional de sus colegiados para suscribir los proyectos relativos a la instalación de trasteros. Todo ello, de conformidad con diversos escritos enviados al ayuntamiento, entre otros: el 24 de enero de 2011; de 4 de febrero de 2011 (solicitud de ); de 18 de mayo de 2011, de 3 de agosto de 2011; de 5 de marzo de 2012, además de faxes y correos diversos. Además de las cuestiones formales que se inferían de la queja, con respecto al fondo del asunto, entre otros argumentos, el Colegio aportó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 28 de octubre de 2009, relativa a las competencias de estos profesionales para redactar un proyecto de reforma integral de una vivienda que implica la alteración de las condiciones de habitabilidad y el correspondiente Estudio de Seguridad. 2. El Ayuntamiento de Sestao contestó a nuestra solicitud de información aportando el informe emitido por la Jefa de la Sección de Urbanismo, Obras y Servicios. Este informe, de conformidad con los argumentos que indica y que valoraremos en el siguiente apartado, concluye que atendiendo estrictamente a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación el ayuntamiento considera que no cabe que los decoradores justifiquen dicho CTE. A la vista de estos antecedentes, hemos considerado oportuno elaborar esta resolución, en conformidad con las siguientes: Consideraciones 1. En primer lugar, debemos subrayar la obligación de toda administración de responder a las solicitudes ciudadanas que se le formulen (artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
2 Por otra parte, el artículo 35 g) de la Ley citada, establece como derecho de los ciudadanos el de obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. En consecuencia, la falta de respuesta a las alegaciones formuladas sobre el derecho de los profesionales asociados a realizar determinados proyectos y la falta de información sobre los fundamentos jurídicos que avalaban la postura municipal supone un claro incumplimiento de las obligaciones municipales, que ha colocado al Colegio reclamante en una situación de indefensión frente a la actuación administrativa. En este sentido, no resulta suficiente la apreciación de que si bien no se ha contestado formalmente al Colegio Oficial de Decoradores, de todo lo expuesto se ha dado cumplida información en diversas conversaciones mantenidas con la interesada, porque toda solicitud formulada por escrito requiere de respuesta motivada que contenga los requisitos formales que el procedimiento administrativo exige. 2. Sobre el tema de fondo, la queja plantea las limitaciones que el ayuntamiento establece a los decoradores y diseñadores de interior para la redacción de proyectos y, entre otros, para redactar un proyecto para la instalación de trasteros. El informe municipal aportado indica, en primer lugar, que el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (con las diversas modificaciones introducidas en diversos documentos básicos relativos a la protección contra el ruido, la accesibilidad, seguridad estructural, ) en su artículo , señala que Serán responsables de la aplicación del CTE los agentes que participan en el proceso de la edificación, según lo establecido en el Capítulo III de la LOE. En segundo lugar, se refiere a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), que en su capítulo III, artículos 9 y siguientes, define a los agentes que participan en la edificación. En concreto, cita el artículo 10 de la LOE que dispone que el proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Entre otras obligaciones, el proyectista deberá estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. Tanto la CTE como la LOE que cita el informe se refieren a la edificación n. Por tanto resulta necesario analizar como define la Ley este concepto. El artículo 2.1 de la LOE determina que la Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente. El apartado 2º, del mismo artículo precisa el concepto,
3 indicando que tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: b) Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica del edificio, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. En suma, en el ámbito de aplicación de esta Ley no tendrán la consideración de edificación aquellas obras que no alteren la configuración arquitectónica del edificio, por no suponer una intervención total ni una intervención parcial sin variación esencial en la composición exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural. En consecuencia, las titulaciones profesionales que se les exige a los proyectistas en el artículo 10 de la LOE, lo son para aquellos supuestos en los que las obras proyectadas son para una edificación según queda está definida en el artículo 2. Por su parte, las facultades y atribuciones de los decoradores y diseñadores de interior vienen legalmente determinadas en el Real Decreto 902/1977, de 1 de abril, regulador de sus facultades profesionales. Esta norma reglamentaria establece en su artículo 1 que los decoradores tendrán las siguientes atribuciones: a) Formular y redactar, con eficacia jurídica y plena responsabilidad proyectos de decoración que no afecten a elementos estructurales resistentes, a la configuración de la edificación ni a las instalaciones de servicio común de la obra principal determinadas en el proyecto aprobado y objeto de las preceptivas licencias administrativas. b) Dirigir los trabajos de decoración dentro de los límites del apartado anterior, coordinando todos los elementos que intervengan en los mismos y detallando soluciones adecuadas: programar, controlar y certificar su ejecución. c) Concebir diseños de elementos de aplicación a toda decoración. d) Controlar y valorar la calidad de los materiales y elementos que intervengan en dichas realizaciones de decoración. e) Realizar valoraciones, peritajes, informes y dictámenes sobre proyectos y realizaciones de decoración. A su vez, el artículo 2 define lo que es un proyecto de decoración, que está formado por el conjunto de planos y documentos en los que se detallen la instalación o trabajo a realizar. Comprenderá, al menos, una memoria descriptiva,
4 con especificación técnica de materiales y elementos a emplear, un presupuesto de realización y los planos de estado actual, de situación de planta, de alzados y de sección necesarios para su eficaz ejecución». A nuestro entender por tanto no hay contradicción entre una y otra norma. Así lo indica expresamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 28 de octubre de 2009, que aportaba el Colegio al indicar que: Pues bien, entiende la Sala que las competencias que el artículo 1.a) del RD 902/1977, atribuye a los decoradores no resultan cuestionadas por las anteriores disposiciones de la Ley 38/1999, ya que las obras de reforma que contemplan y para las que exigen que el proyectista ostente la condición de arquitecto, ingeniero, o arquitecto técnico o ingeniero técnico son las que alteran la configuración arquitectónica de los edificios, que produzcan una variación esencial en su composición general exterior, volumetría, o el sistema estructural, o bien que tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 3. Por otra parte, el informe municipal indica que la sentencia aportada se refiere a la reforma de una vivienda y no a la instalación de una actividad (en este caso se trata de unos trasteros), con ejecución de obras, que son los casos en los que el ayuntamiento considera que no cabe que los decoradores justifiquen el Código Técnico de la Edificación con sus documentos básicos de protección contra incendios, protección contra el ruido, accesibilidad, seguridad estructural, etc. En línea con la argumentación expuesta en el apartado anterior y lo expresamente indicado por la sentencia, salvo que se trate del supuesto del cambio de los usos característicos del edificio, la habilitación de un local con uso característico de actividad comercial, no estaría sujeto a las exigencias del proyectista. Estos profesionales tendrían la competencia para la redacción de proyectos de actividad que impliquen obras de adaptación o de redistribución del espacio interior en un edificio ya construido pudiendo el decorador autor del proyecto definir el nuevo uso al que se destina el local mediante su decoración interior siempre que se trate de intervenciones que no afecten a elementos estructurales, a la configuración de la edificación, ni a las instalaciones de servicio común de la obra principal, según vienen detalladas en el artículo 2.2 de la LOE, que antes hemos valorado. De hecho, la propia sentencia menciona al analizar el tema las atribuciones y facultades de los decoradores o profesionales de las artes plásticas. Específicamente, al referirse al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, indica que se comprenden entre los conocimientos impartidos con carácter de mínimos, los de tecnología que sean soporte de la posterior ejecución de proyectos, incluyendo varios módulos al respecto, en cuyos contenidos se incluyen el manejo de normas tecnológicas de la edificación, diseño de instalaciones de alumbrado en interiores,
5 acondicionamiento ambiental, aislamiento térmico, aislamiento acústico, protección de incendios, etc. Con respecto a que los trasteros tengan la consideración de instalaciones sujetas a la obtención de una licencia de actividad, el ayuntamiento debería realizar la correspondiente valoración jurídica de la calificación que los espacios bajo cubierta u otros locales distintos a los que tienen el uso específico comercial tienen en el planeamiento general del municipio, ya que aunque desconozcamos la específica regulación en el municipio de Sestao, los espacios destinados a trasteros habitualmente están vinculados al uso residencial y por tanto en principio no debieran tener la consideración de actividad. Un elemento que pudiera servir como referencia para contrastar esta cuestión es si el ayuntamiento, con motivo de la licencia de obras para la construcción de un nuevo edificio de viviendas, en el que se incluye el uso de trastero, exige, al igual que sucede con los garajes, el correspondiente proyecto específico de la actividad. Aun así, a nuestro entender, en los términos antes expuestos, no cabría denegar la tramitación de la licencia de obras para la adecuación de trasteros, alegando la falta de competencia de los profesionales del Colegio para redactar el proyecto y dirigir la obra. Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la siguiente RECOMENDACIÓN 1. Que establezca los protocolos necesarios para garantizar el derecho de los interesados a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 2. Que se reconozca a los Decoradores y Diseñadores de Interior la competencia para la redacción de proyectos de actividad que pueden implicar obras de adaptación o de redistribución del espacio interior en un edificio ya construido, definiendo el nuevo uso, incluidos los trasteros, siempre que estas intervenciones no afecten a elementos estructurales, a la configuración de la edificación, al cambio del uso característico del edificio, ni a las instalaciones de servicio común de la obra principal. 3. Que, en aras a la seguridad jurídica, a través de los procedimientos o protocolos internos que tenga establecidos el ayuntamiento, traslade debidamente a todos los empleados del ayuntamiento implicados en la información o tramitación de proyectos los criterios expuestos, con fundamento en la normativa vigente y en la interpretación jurisprudencial.
6 4. Que, en los supuestos específicos en los que se plantee una discrepancia sobre el alcance de un proyecto concreto y la competencia del profesional que lo suscribe, previos los informes técnicos y jurídicos que motiven la posición municipal, se adopte en todos los casos, la debida resolución expresa.