Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.cl/vid/aspillaga-rodriguez-fernando-sauvageot-691772393
Timestamp: 2020-05-27 08:07:14
Document Index: 358765288

Matched Legal Cases: ['artículo 781', 'artículo 2329', 'artículo 425', 'artículo 45', 'artículo 425', 'artículo 299', 'artículo 45', 'artículo 2330', 'artículo 2317', 'artículo 358', 'artículo 144']

Causa nº 10373/2017 (Casación). Resolución nº 12 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 21 de Agosto de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 691772393
Rol de Ingreso: 10373/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 3631-2016 - C.A. de Santiago
Rol de Ingreso en Primer Instancia: C-40173-2009 - 30º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
Que en estos autos caratulados “A.R., F. con S.T., H. y otros”, Rol Ingreso de esta Corte N°10.373-2017, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en el fondo deducidos por los demandados C.S.T., Sociedad Agrícola Dos mil Uno S.A. y Municipalidad de Lo Barnechea, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, confirmando el fallo de primer grado, los condena solidariamente al pago de un total de $200.000.000 (doscientos millones de pesos) por concepto de daño moral.
Que el primer arbitrio de nulidad sustancial es aquel presentado conjuntamente por los demandados C.S.T. y Sociedad Dos Mil Uno S.A., denunciando la infracción del artículo 2329 del Código Civil. Exponen que el fallo recurrido acepta la interpretación del tribunal de primera instancia, que concluye que los demandados tuvieron un actuar negligente, en circunstancias que se encuentra acreditado que ellos fueron declarados inocentes en los juicios criminales que se siguieron por los mismos hechos y que, además, las obras construidas sólo aportaron una fracción insignificante al aluvión que causó los daños sufridos por el actor. Agregan 2
que los sentenciadores del grado reproducen de manera incompleta el Informe Técnico Complementario emitido por la Dirección General de Aguas que contiene las características del terraplén construido por su parte y de acuerdo al cual la obra sólo tenía 29 metros cúbicos de volumen, resultando imposible que pueda considerarse que fue la causa directa de la ocurrencia de los hechos.
Que, a continuación, se dan por infringidas las leyes reguladoras de la prueba, citando al efecto los artículos 342, 346 y 425 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que estiman transgredidas en tanto el fallo establece el fallecimiento de la hija del demandante, sin que tal hecho conste en autos a través del correspondiente certificado de defunción o la sentencia de muerte presunta.
En segundo lugar, la sentencia incurre en error cuando habla de un aluvión, mientras que todos los informes agregados en la causa establecen que en la misma fecha se verificaron un mínimo de tres aluviones.
Que, además, se da por vulnerado el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la sentencia no obedece a la lógica más elemental, como tampoco a los principios científicos, infringiendo así las reglas de la sana crítica. En efecto, se señala en la decisión que 29 metros cúbicos de agua fueron la causa directa de que una casa fuera arrastrada a un río y consecuencialmente fallecieran dos personas, lo que 3
constituye una afirmación que carece de asidero, puesto que los hechos científicos se encuentran en el peritaje rendido en la causa, que establece la inocencia de su parte en ellos, puesto que el desvío del caudal no se produjo por la existencia de obras en el predio de los demandados.
Que, finalmente, se estimó vulnerado el artículo 45 del Código Civil, por cuanto los demandados no podían prever que el Camino a F. desviaría el aluvión y tampoco podían mitigar la influencia de este caudal. En consecuencia, nada pudieron hacer para evitar las consecuencias que ocurrieron, debido a que el desvío se produjo por una obra pública, sin que sus construcciones alteraran de manera significativa el volumen de las aguas.
Que, afirman los demandados, las infracciones anteriores han tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. Sin embargo, el libelo no consigna un detalle de la forma en que ello ocurrió.
Que, a continuación, deduce recurso de casación en el fondo la Municipalidad de Lo Barnechea, reprochando la transgresión del artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que los sentenciadores para resolver se fundan en la declaración de testigos tachados y en una prueba de peritos que va en contra de las propias apreciaciones efectuadas por el fallo. Asevera que en la decisión se señala, por un lado, que el terraplén construido por los dueños del predio vecino al actor fue el 4
que causó el alud, para luego afirmar que la construcción no es la única causa, puesto que concurren junto a ella los deslizamientos que venían de la parte superior, producto de aguas cuyo caudal era superior al normal. Sin perjuicio de ello, sin razón jurídica aparente, se prefiere el peritaje rendido por el actor y se desecha el resto de los informes emanados de distintas entidades públicas, vulnerando así el valor probatorio que se debe dar a los informes periciales.
Que, además, se acusa la infracción de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en relación a los artículos 3 y 4 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y 299 letra c) del Código de Aguas.
Afirma la recurrente que estas normas, que establecen las facultades de las municipalidades, no contemplan una obligación de supervigilancia o policía respecto de los cursos de aguas, de manera que hacerla responsable por actuaciones o abstenciones en relación a ellos resulta contrario al texto expreso de la ley, puesto que el artículo 299 del Código de Aguas es claro en disponer que tal función le corresponde a la Dirección General de Aguas.
Que, agrega, el fallo recurrido resuelve contra el texto del artículo 45 del Código Civil, en tanto dos o tres aluviones resultan hechos imposibles de resistir y, en autos, existen a lo menos tres peritajes de diversas instituciones que aseguran que los aluviones tenían una 5
fuerza inusitada, pudiendo concluirse que el dique construido por los otros demandados no fue su causa. Por tanto, se configura una fuerza mayor que la sentencia impugnada desconoce, incurriendo en el yerro jurídico denunciado.
Que, además, afirma que se falló en transgresión al artículo 2330 del Código Civil, esto es, sin considerar que el actor y su grupo familiar se expusieron imprudentemente al mal causado, al construir su casa habitación de material ligero, en la caja del Río Mapocho, circunstancia de la cual la decisión no se hace cargo y que debió ser tomada en cuenta para aminorar el quantum de la condena por la exposición imprudente al daño.
Que, como consecuencia de todas las infracciones anteriores, se ha transgredido el artículo 2317 del Código Civil, puesto que no existe en autos prueba alguna de que la Municipalidad de Lo Barnechea haya cometido delito o cuasidelito alguno. A pesar de ello, se le condena solidariamente por una falta de servicio en circunstancias que no ha cometido delito civil ni penal.
Que, finalmente, acusa la demandada la vulneración del artículo 358 Nº7 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se rechazó la tacha de su parte contra uno de los testigos presentados por el actor, deponente cuyas declaraciones permiten dar por acreditada una amistad que lo inhabilita para declarar. Por otro lado, 6
el municipio también fue condenado en costas, contrariando lo dispuesto en el artículo 144 del mismo cuerpo legal, puesto que de la parte resolutiva de la decisión fluye que no se accedió al total de los daños demandados.
Que las infracciones anteriores, en concepto del ente edilicio, tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto la correcta aplicación de las señaladas normas habría permitido el rechazo de la demanda, el acogimiento de la tacha deducida por su parte, la rebaja de la indemnización por una exposición imprudente al daño y el rechazo de la solidaridad pedida, sin condenar en costas a la demandada.
Que los antecedentes se inician con la demanda deducida por F.A.R. en contra de C.S.T., Sociedad Agrícola Dos Mil Uno S.A., el Fisco de Chile, la Dirección General de Aguas y la Municipalidad de Lo Barnechea, en razón de los hechos ocurridos el día 6 de septiembre del año 2009 en el sector de Farellones, fecha en la cual un alud de lodo y rocas destruyó completamente la casa del actor ubicada en Camino a...