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Timestamp: 2019-03-26 10:22:15
Document Index: 205499734

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 105', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 72', 'artículo 90', 'artículo 202', 'artículo 194', 'artículo 90', 'artículo 35', 'artículo 14', 'artículo 35', 'artículo 90', 'artículo 36', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 100', 'artículo 91', 'artículo 90']

2. Evolución legislativa, penal y penitenciaria
Texto Regulación CP 1870
Ley de 23 de julio de 1914
Exposición de Motivos del CP de 1932
Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) de 1979
Anteproyecto del CP de 1983
Anteproyecto del CP de 1994
2.1. Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo
4. Ámbitos de aplicación de la libertad condicional
5. Concesión de la libertad condicional 5.1. Requisitos
5.2. Sistema y procedimiento 5.2.1. Órgano que decide
5.2.2. Inicio, trámite y resolución del expediente
5.3. Supuestos de suspensión de la ejecución de la pena y concesión de libertad condicional 5.3.1. Libertad condicional básica
La libertad condicional es una institución que, a pesar de ser una de las que garantiza una mayor reinserción y resocialización de la persona interna en un centro penitenciario, no destaca por su aplicación en el sistema penitenciario español. Para poder hacer un exhaustivo análisis del tema, el trabajo empieza explicando cuál fue el inicio de la libertad condicional, así como su evolución legislativa. A continuación, se hace una pequeña explicación sobre los ámbitos en los cuales se puede aplicar, juntamente con el tema de la concesión. Por último, se verá la tendencia de concesión de esta institución en el sistema español y, finalmente, presenta una explicación de la ejecución y revocación de la libertad condicional. A lo largo de todo el trabajo, podremos ver cuáles son los puntos débiles de cada uno de las partes en las que se divide la libertad condicional, para así darnos cuenta de la necesidad de la creación de propuestas de mejora a partir de las críticas realizadas por diferentes doctrinas y de estudios realizados a esta institución.
Palabras clave: sistema progresivo, suspensión de la pena, reglamento penitenciario, juez de vigilancia penitenciaria, reglas de conducta.ÍNDICE
1.1. Surgimiento de la libertad condicional 1
2. Evolución legislativa, penal y penitenciaria 5
2.1. Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo 8
3. Naturaleza jurídica 10
4. Ámbitos de aplicación 12
5. Concesión de la libertad condicional 14
5.1. Requisitos 14
5.2. Sistema y procedimiento 16
5.2.1. Órgano que decide 16
5.2.2. Inicio, trámite y resolución del expediente 17
5.3. Supuestos de suspensión de la ejecución de la pena y
concesión de libertad condicional 18
5.3.1. Libertad condicional básica 18
5.3.2. Libertad condicional extraordinaria, adelantada y
cualificada 18
5.3.3. Libertad condicional a internos primarios 19
5.3.4. Libertad condicional a septuagenarios y/o a enfermos
muy graves con padecimientos incurables 19
5.3.5. Libertad condicional a los condenados a la nueva pena
de prisión permanente revisable 21
5.3.6. Libertad condicional a extranjeros y a españoles
residentes en el extranjero 22
5.3.7. Libertad condicional a terroristas o pertenecientes
al seno de organizaciones criminales 23
5.4. La libertad condicional en el sistema español 26
5.4.1. Disminución de su concesión 26
5.4.2. Variables influyentes en su obtención 27
5.4.3. Problemas en nuestro sistema de liberación condicional 28
6. Ejecución de la libertad condicional 29
6.1. Seguimiento del proceso del interno liberado condicional 29
6.2. Reglas de conducta y medidas de seguridad 30
6.2.1. Con finalidad terapéutica 30
6.2.2. Con finalidad de asegurar 31
7. Revocación de la libertad condicional 33
7.1. Supuestos de revocación, suspensión y ampliación 34
8. Conclusiones 36
llevado al son los siguientes.Ahan estado cp. Además, a al adentrarme
profundizarla libertad condicionalsu y,,
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El primer antecedente español de esta institución fue establecido en el código penal (CP) de 18226. Sin embargo, no fue considerado como tal, ya que, por mucho que favoreciera la buena conducta y la corrección del condenado, si en el momento de su ejecución se cometía algún acto delictivo o considerado como negativo, no se preveía revocación.
Es en 1835 cuando se aplica por primera vez el sistema progresivo en España, concretamente en el presidio de San Agustín de Valencia con el coronel Manuel Montesinos7 como director del centro. Este se basó en la Ordenanza General de los presidios del Reino de 14 de abril de 18348 para crear su propio sistema penitenciario progresivo mediante diferentes ideas innovadoras como, por ejemplo, la finalidad reformadora de la pena de prisión9, el trato igualitario de los presos y el respeto de la dignidad del condenado.
El sistema del coronel Manuel Montesinos también constaba de tres grados: el de los hierros, el del trabajo y el de la libertad intermedia10.
Otro de los autores referente es Crofton, el cual, a partir de las ideas aportadas por Maconochie11, aplicó su sistema progresivo el año 1853 en Irlanda. Este autor defendía que el interno tenía que ganarse, mediante una muestra diaria de buena conducta y el trabajo, las condiciones de su condena. Su sistema penitenciario se dividía en cuatro períodos: el régimen celular, el trabajo en común, la prisión intermedia12 y la libertad condicional, cumpliéndose cada uno de ellos en una prisión distinta. De esta manera, el interno iba ascendiendo de grado en función de los vales que iba consiguiendo. El hecho de no conseguir los vales que tenía que obtener en un límite de tiempo, comportaba el descenso de grado en el que se encontraba.
Así, este sistema se hizo muy conocido, aparte de por su aplicación en el centro penitenciario de Valencia, por ser aplicado también en la colonia penitenciaria de Ceuta, donde se vieron obligados a dejar salir a los presos a trabajar en el exterior por faltas de mano de obra. Este centro penitenciario, por su parte, constaba de cuatro periodos regulados en el Real Decreto de 23 de diciembre de 1889: el celular, el instructivo, el intermedio y el de circulación libre13.
En 1901 se instauró de forma generalizada el sistema progresivo en España, pero sin incluir el periodo de libertad condicional, ya que no es hasta el año 1914 que se implanta esta institución. Asimismo, es con la reforma del año 1968 que este método pasa de ser llamado sistema progresivo a ser el actual sistema de individualización científica.
La legislación ha ido cambiando en sus respectivos CP y en los llamados Reglamentos de Servicio de Prisiones (RSP). Mediante la siguiente tabla cronológica podremos ver las transformaciones por las que ha pasado en diferentes textos legislativos.
Fue el primero en legalizar el sistema progresivo, creando importantes cambios en los sistemas penitenciarios.
Se institucionaliza definitivamente la libertad condicional en España, permitiendo el acceso a esta a aquellos internos que cumplieran una pena.
Es el primer texto punitivo que regula expresamente esta institución en su artículo 174, introduciendo su adelantamiento a partir de la mitad o las dos terceras partes de la condena mediante unos bonos14. Para su concesión, exigía haber sido condenado a penas de reclusión en prisión la extinción de las partes proporcionales que estableciese el reglamento y el ofrecimiento de garantías de que el interno iba a hacer una vida honrada, pacífica y laboriosa.
Se aprueba la ejecución de la pena conforme con el sistema progresivo, vuelve a introducirse el requisito de acceso de haber estado condenado a más de un año de prisión y se elimina la posibilidad de adelantar esta institución15.
CP de 1944
Se modifican dos aspectos del art. 98:
- Desaparece el requisito de tener que evidenciar una intachable conducta, lo cual es un paso hacia delante, ya que al interno se le pedía que demostrara una conducta superior a la de cualquier ciudadano, lo cual era desproporcional. “La eliminación de este requisito permite entender que la intachable conducta del Penado se puede admitir incluso manteniendo éste una conducta pasiva carente de conflictividad” (Renart, 2003, p. 45).
tener que llevar una
Esto demuestracoordinaciónel en mientras encp
Aparte, en su artículo 56 se excluyen las penas de arresto, pero no las de presidio y prisión entre seis meses y un día y un año de duración. Este hecho, permitía que las penas inferiores a un año se beneficiasen con la liberad condicional, “hecho que fue criticado por la Fiscalía del TS” (Renart, 2003, p.49).
Finalmente, sustituye el requisito de la intachable conducta y el hecho de tener que demostrar una vida honrada en libertad por un informe realizado por el equipo de tratamiento donde consten los factores que den a entender que el interno está reinsertado socialmente.
Supuso una remisión al art. 98 del CP de 1944. El interno tiene acceso a la libertad condicional cumpliendo los criterios del art. 98 del CP.
Hubo un retroceso conforme enfrente a la reforma del artículo 56 del RSP de 1956, ya que volvieron se volvieron a anadirañadir los dos requisitos eliminados.
CP de 1980
Añade la facultad de que el juzgado de vigilancia penitenciaria (JVP) pudieses pueda imponer al interno el cumplimiento de ciertas reglas de conducta en el cumplimiento dedurante la ejecución de la su libertad condicional, así como disponer y de poder disponer de ayuda asistencial de las iInstituciones pPenitenciarias.
Determina que se pueda establecer la libertad condicional a las penas de prisión de cualquier durada.
RP de 1981
En el aArt. 256: vuelve a aparecer el adelantamiento de la libertad condicional hasta cuatro meses por cada año de cumplimiento si el interno tenía demuestra buena conducta , actividad laboral normal y participación en actividades.
Determina que la libertad condicional deberá ser considerada como una suspensión de la pena, regulándola junto a la suspensión del resto de las penas temporales.
Anteproyecto y pProyecto de 1992
Le dedica un apartado junto al que habla de las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privatibasprivativas de libertad. En el artículo que habla de los criterios de concesión16 vuelve a aparecer la exigencia de la buena conducta, lo que supone un gran cambio de criterio por su “valoración más propia del sistema progresivo” (Renart, 2003, p. 58).
En su art. 90 añade la posibilidad de adelantamiento.
En el aArt. 91 se: remarcaba remarca que el JVP tenía tenga la posibilidad de conceder la libertad condicional a aquellas que hubieran hayan extinguido las dos terceras partes.
Proyecto del CP de 1994
Se prevé la aplicación de la libertad condicional no solo a las penas de prisión, sino también a otro tipo de penas privativas de libertad que no tengan que ser cumplidas necesariamente en un centro penitenciario.
Se añade la facultad del JVP de poder imponer alguna de las reglas de conducta, previstas ya en el artículo 105 del pProyecto.
En su art. 94 sobre, de las causas de revocación, relaciona la mala conducta con la in-observancia de las rreglas de conducta impuestas, dejando así de lado la gran incertidumbre que siempre había habido por laacerca de la indeterminación de la expresión “mala conducta”.
La aprobación de la ley orgánica (LO) 1/2015 de 30 marzo ha dado pie a muchos cambios, sobretodo en el código penal, el cuál cual ha sido actualizado y revisado en todos sus ámbitos. Nos centraremos en una de las principales reformas que han introducido:; la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional de los artículos 90-92 del CP. El nuevo régimen jurídico de la libertad condicional implica un importante cambio en su procedimiento (Yuste, 2015, p. 9), así como y en su aspecto formal y material.
El primera cambio que ha habido ha sidopresenta es el paso de ser considerada como ella cuarto grado de cumplimiento de una pena privativa de libertad a ser una modalidad de suspensión de pena de prisión pendiente de cumplir17.
Como sabemos, la suspensión lo que intenta es evitar el ingreso de una persona en prisión. En cambio, la libertad condicional intenta anticipar la ex-carcelación de un interno que ha sido penado con pena privativa de libertad. El cCódigo pPenal ha introducido un único régimen de suspensión de la pena en el que hay diferentes alternativas y donde una de ellas es la libertad condicional., Por lo tanto, podemos ver que la libertad condicional ha pasado de ser una institución autónoma a una modalidad de la suspensión condicional de la pena. , Ees decir, que ha dejado de ser una forma específica de cumplimiento de la pena privativa de libertad (Yuste, 2015, pp. 4-5).
Uno de los problemas con el que nos ns encontramos con elfrente al primero de los cambios es que, a pesar de la renovación de esta institución en el cCódigo pPenal, si nos vamos al art. 72.1 de la LOGP, podemos ver que no ha habido ninguna reforma, ya que este sigue clasificado clasificando a la libertad condicional como el último grado de cumplimiento de la pena privativa de libertad.
El segundo cambio es se refiere a la eliminación del requisito del artículo 90.1 c) , el cual pedía un pronóostico individualizando individual favorable de reinserción social del interno. Este pasa, pasando a ser el artículo 90.1 del CP, el cual dice dictamina que el JVP será el quequien valorará losa diferentes ítems para su concesión.
El tercer cambio ha sido la introducción de dos nuevas clases de libertad condicional: la aplicada a internos primarios con el requisito de que la pena no supere los tres años de duración y aquella que afecta a los condenados a la nueva pena de la prisión permanente revisable.
El cuarto cambio y el más importante, está relacionado con la revocación de la libertad condicional. Ante todo, hay que decir que se ha añadido una nueva causa de revocación, aparte de las que ya había, lo que ha dificultadodificulta aun más el disfrute y la no revocación de esta institución.
Anteriormente, cuando ésta era revocada, el tiempo que se pasaba fuera de prisión se abonaba al resto de la pena que quedaba por cumplir. Sin embargo,, pero con la introducción de la nueva lLey oOrgánica, el tiempo transcurrido en libertad condicional no podrá computarse como tiempo de cumplimiento o extinción de condena.
En este caso, podemopodemos ver coómo ha habido un gran retroceso respecto a la LO 7/2003, de 30 de junio. En ésta, se preveía el abono del tiempo pasado en libertad condicional si se daba su revocación, a excepción de los internos que estubiesenestuviesen cumpliendo la pena privativa de libertad por delito de terrorismo, los cuaáles, en casos de revocación, no se computabacomputaban el tiempo pasado en libertad y habían de cumplirlo en prisión. Por lo tanto, ahora podemos ver como ahora un interno que no ha cometido un delito de terrorismo, sino de otro tipo, es revocado con las mismas condiciones con las que se hacíaque se aplica a los terroristas. Se generaliza para toda la población penitenciaria (Ucelay, 2015, p. 1).
Todas estas reformas introducidas por la LO 1/2015 están generando muchas dudas por su corto periodo de suspensión temporal de la entrada en vigor de la ley18. , Aparteademás de por su poca preparación y planificación a nivel penitenciario y judicial, de la cantidad de medidas de la legislación penitenciaria que han quedado afectadas y otras que no se han modificado19, sumamos los y de los problemas de la interpretación sistemática, sobre todo por parte de los centros penitenciarios en tramitación del expediente de la libertad condicional (Ucelay, 2015, p.1).
A pesar de todos estos cambios, también han habido otras cosas que han mantenido, como son los requisitos para su la concesión de la libertad condicional, la importancia del pago de la responsabilidad civil resultada del delito, y las causas de revocación.
“La concreción de la naturaleza jurídica de la libertad condicional constituye uno de los aspectos más espinosos y complejos en el análisis de esta institución” (Renart, 2003, p. 73) debido a la ausencia de un criterio homogéneo que desprendae del análisis de la legislación vigente.
La primera de las contradicciones es la que nos encontramos en su clasificación. En los artículos 90-92 del CP esta , está regulada junto la sustitución y/o suspensión de las penas privativas de libertad, considerándola como tal cual. En cambio, en el artículo 72.1 de la LOGP, la libertad condicional se clasificalo caracteriza como el último grado de la ejecución penitenciaria, no teniendo nada que ver con una sustitución de la pena.
Hay autores que se han mostradomuestran a favor de la posicionposición en la que se defiendeque defiende que la libertad condicional debe ser introduidaintroducida dentro de la sustitución de la pena. Estos, argumentando argumentan que al dejar salir al preso a fuera de la prisión no se considerano debe considerarse una pena privativa de libertad, ya que al seguuirseguir estando debajo delbajo el control penal por no haber acabado la condena, se entiende que es una sustitución de la pena que se le había aplicado.
Con la LO 15/2003, de 25 de noviembre, hubo un camiocambio en el título del cCódigo pPenal antes nombrado, y se acabó añadiendo la libertad condicional, viendo demostrando, de esta manera, la posición del legislador a favor de la consideración de esta institución como una forma distinta a la sustitución de la pena. Aún así, con la LO 1/2015, volvió a ser considerada como una forma de sustitución de la pena, como se puede ver en el artículo 90.1 del CP.
Otra de las contradicciones que nosa la que nos enfrentamos encontrarewmos es que tiene que ver con su configuración, ya que se discute si la libertad condicional es un beneficio penitenciario o un derecho del penado. En el artículo 202 del RP aparece la figrafigura del beneficio penitenciario, entendiendo como a tal “aquellas medidas que permiten al reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme o la del tiempo efectivo de internamiento (…) constituyen, por tanto, beneficios penitenciarios el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular”. Aquí no se incluye la libertad condicional básica, ya que en el título VIII del mismo reglamento se diferencia entre los beneficios penitenciarios y la libertad condicional, dando a entender que se trata de cosas totalmente distintas. En cambio, en el artículo 194 del mismo, se refiere a esta institución como beneficio penitenciario20.
Por lo tanto, podemos ver que estamos ante una contradicción en el reglamento penitenciario, lo cual demuestra que no se tiene del todo claro la naturaleza de la libertad condicional. Así mismo, el art. 76.2 b y c de la LOGP corrobora que no se trata de ningún beneficio, al atribuir al JVP la resolución de la propuesta de libertad condicional y la aprobación de los beneficios penitenciarios, dando a entender que se trata de dos instituciones diferentes.
“El artículo 90 del CP establece la libertad condicional en la pena privativa de libertad” (Tébar, 2004, pp. 123-124), las cuales son “la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad penal subsidiaria por pagoimpago de multa”, tal y como apunta el artículo 35 del CP.
Respecto a la localización permanente, se descarta la posibilidad de poder aplicar la libertad condicional, ya que su cumplimiento no implica la entrada en un centro penitenciario y su duración máxima es de 12 días. En este caso, solo se podría aplicar esta institución si la localización permanente se tuviera que cumplir en un centro penitenciario y hubiera una concurrencia con otras penas privativas de libertad, donde habría una refundición de condenas.
Con el CP de 1995 se eliminó la restricción de su aplicación en las penas inferiores a un año y se excluyó el requisito de tener que estar en prisión para su acceso. La finalidad de estas eliminaciones fue respetar el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, que dictamina que es “necesario que operen los principios de reeducación y reinserción social” (Tébar, 2004, p. 125).
El problema surgió con la LO 7/2003, la cual dio la oportunidad de restringir el acceso a la libertad condicional en las penas de prisión de larga duración. Además, endureció su acceso en los casos especiales y modificó la regulación de acceso al tercer grado, lo cual retrasó el proceso de concesión21.
Aún así, la prisión “es la pena que plantea menos problemas prácticos en la concesión de la libertad condicional” (Tébar, 2004, p. 126). La única dificultad que puede plantear es la duración de la pena, ya que estas oscilan entre los 3 meses y hasta los 40 años. De esta manera, existe una mayor dificultad de poder acceder a la libertad condicional cuando la pena de prisión es muy breve – sobre todo en penas inferiores a un año -, debido al tiempo que lleva tramitar y resolver el expediente.
Respeto a la responsabilidad subsidiaria por impago de multa, podemos encontrar contradicciones entre autores. Tal y cómo dicen Manzanares Samaniego y Serrano Butragueño (citado por Tébar, 2004) esta pena no tiene una finalidad resocializadora ni priva la libertad del penado, aparte de poder pagarse cuando la persona quiera y/o pueda. Por lo tanto, no se podría considerar un ámbito en el que se pudiera aplicar la libertad condicional, ya que no es una pena resocializadora. En cambio, si nos concentramos en Vega Alocén o Sánchez Yllera (citado por Tébar, 2004) vemos la postura a favor de su aplicación y lo exponen a través de los siguientes motivos. En el artículo 35 del CP se reconoce la responsabilidad subsidiaria como pena privativa de libertad22. Por lo tanto, al ser considerada como tal, la libertad condicional tendría que poder ser también aplicada. Por otro lado, Sánchez Yllera argumenta que todas las penas de multa tendrían que ir acompañadas de una medida resocializadora.
Aparte, “no incluir la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa en la aplicación de la libertad condicional podría plantear problemas” prácticos23 (Tébar, 2004, p. 127).
Por lo tanto, se tiene que incluir la responsabilidad personal subsidiaria como ámbito donde poder aplicar la libertad condicional. En primer lugar, por su riesgo de des-socialización - debido a la corta duración de la pena – y, en segundo lugar, debido a la gran desproporcionalidad con su severidad si no se aplicara. Aún así, sigue existiendo el problema de su corta duración, hecho que dificulta su concesión debido al poco tiempo para poder realizar los trámites.
5. Concesión de la libertad condicional
Los requisitos que hacen posible el acceso a la libertad condicional están regulados en el artículo 90 del CP, los cuales son:
a) Que se encuentre clasificado en tercer grado24
Empezó a estar presente entre los CP de 1928 y 1973, los cuales exigían que el interno se encontrará en el último periodo de la condena25. Es el requisito más básico, ya que esta presente en todas las modalidades de esta institución. Fue la que más reformas sufrió con la LO 7/2003 en los requisitos para su acceso.
El centro directivo del centro penitenciario es el encargado de resolver las propuestas de clasificación del grado de cumplimiento26. Si el interno no está de acuerdo con ésta, tiene la posibilidad de presentar un recurso de reforma ante el JVP contra resolución27.
Es importante hacer referencia al período de seguridad. En el texto original de la LO 10/1995 de 23 de noviembre, en su artículo 36, se prevé la posibilidad de poder clasificar inicialmente al interno en tercer grado. Sin embargo, con la modificación del día 01.07.03 se añadió el apartado dos, el cual eliminó cualquier posibilidad de poder clasificar inicialmente al interno en este supuesto. Posteriormente, solo fue obligatorio este supuesto si el juez o el tribunal decidía. Si, por el contrario, no decía nada, no hacia falta que el preso hubiera cumplido la mitad de la pena para poder ser clasificado en tercer grado. Finalmente, con la modificación del día 31.05.15, se siguió manteniendo la posibilidad de poder clasificarlo desde un principio en tercer grado si el tribunal o el juez lo pedía. Asimismo, se añadió la obligatoriedad del cumplimiento de la mitad de la condena a aquellos internos que hubiesen llevado a cabo un delito de tipo terrorista o cometido en el seno de organizaciones.
b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta 28
Empezó a estar presente desde la Ley de 1914 y hasta ahora. El requisito del periodo mínimo de cumplimiento aparece en todas las modalidades de libertad condicional y varia en función del tipo de libertad condicional.
c) Que haya observado buena conducta29
Ha estado presente desde la Ley de 1914 y hasta ahora. Con el código penal pasó de ser la demostración de una intachable conducta a la observancia de buena conducta. Éste supuesto plantea algún problema en relación a su concreción.
Por ejemplo, la buena conducta ha estado relacionada con la ausencia de expedientes disciplinarios muy graves o graves vigentes en el expediente penitenciario (Tébar, 2004, p. 154), cuando realmente son cosas muy distintas. Tal y como dice Navarro Villanueva (citado por Tébar, 2004), “se puede estar totalmente reinsertado y, por el contrario, no soportar estoicamente el régimen de prisión” (p. ). Aparte, este mismo criterio ha sido acogido a nivel jurisprudencial en el auto del JVP de Sevilla de 17 de febrero de 1989, el cual dice que “incluso delante la comisión de determinadas faltas disciplinarias un estudio individualizado del interno puede aconsejar la concesión de la libertad condicional” (p. ).
Finalmente, aparte de estos tres requisitos, se sigue exigiendo y dándole mucha importancia al pago de la responsabilidad civil por el daño causado con el delito cometido30.
5.2. Sistema y procedimiento
5.2.1. Órgano que decide
En España, el sistema de concesión que predomina es el denominado discrecional31, el cual presenta ciertos problemas que podremos ver posteriormente. El órgano que decide la concesión de la libertad condicional es el llamado judicial, el cual tiene un juez especializado en el ámbito de la ejecución penal, denominado JVP, que realiza las funciones de las que antiguamente se encargaba la administración. Aún así, la administración del centro penitenciario también puede intervenir en este proceso, compartiendo su decisión con el poder judicial y pudiendo influir en el resultado final; ya que es el encargado de iniciar y tramitar el expediente de libertad condicional.
La regulación del expediente de libertad condicional (Anexo 1) se encuentra entre los artículos 194 y 198 del RP. Una de las innovaciones que se introdujeron con la LO 1/2015 de 30 de marzo es la posibilidad de iniciación del expediente por iniciativa del interno32; cuando antes era la administración penitenciaria quien tenía este poder de decisión.
La Junta de Tratamiento es, a su vez, la encargada de incoar el expediente a todos aquellos internos que cumplan los requisitos objetivos. Estarán obligados a hacerlo con suficiente antelación para que haya el menor retraso posible. De lo contrario, tendrán que realizar un informe al JVP explicando el motivo por el cual no han iniciado el expediente33. Si una vez realizado el expediente se contempla un pronóstico favorable, se elevará al JVP, el cual tendrá el poder de decidir si lo otorgará o lo desestimará, de acuerdo con los motivos del artículo 90.4 del CP.
Este proceso se dará en todos los tipos de libertad condicional, a excepción de internos que hayan cometido delitos de terrorismo o en el seno de organizaciones; en ambos casos, el órgano decisoria será el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP). De la misma manera, en todos los casos se informará al interno de su derecho a impugnar ante el JVP.
“Su resolución por parte del JVP o el JCVP reviste la forma de auto al ser una resolución distinta a la sentencia y que requiere motivación” (Tébar, 2004, p. 193).
5.3. Supuestos de suspensión de la ejecución de la pena y concesión de libertad condicional
5.3.1. Libertad condicional básica
Es la que hemos estado viendo en el punto anterior, regulada en el artículo 90.1 del CP.
5.3.2. Libertad condicional extraordinaria: adelantada y cualificada
Regulado en el artículo 90.2 del CP, es aplicable a internos que hayan: desarrollado actividades de forma continuada, participado en programas formativos con una participación efectiva y favorable, demostrado un mejoramiento a nivel personal y con el cumplimiento del resto de requisitos básicos a excepción del segundo, ya que este se conceder cuando el interno ha cumplido las dos terceras partes de la condena. Sin embargo, esto no podrá ser aplicado a internos que hayan cometido delitos de terrorismo y/o en el seno de organizaciones.
Como consecuencia de esta reducción del periodo temporal, se dio un solapamiento entre ésta y el antiguo instituto de la redención de penas por trabajo del artículo 100 del CP de 1973, habiendo esta última que ser eliminada.
Con el CP de 1995 se formalizó el nuevo tipo de libertad condicional adelantada, regulada en su artículo 91. Con la reforma de la LO 7/2003 se introduce la libertad condicional cualificada, en la que aparte de pedir los requisitos que se pedían anteriormente, se introdujo el adelantamiento de las dos terceras partes una vez extinguida la mitad de la condena, hasta 90 días por cada año de cumplimiento efectivo. Finalmente, con la LO 1/2015, pasan a estar regulados en el artículo 90.2.
Al ser un nuevo tipo de libertad condicional, su naturaleza jurídica debe ser discutida ya que “se le han atribuido (…) finalidades distintas a las que tiene la libertad condicional ordinaria” (Tébar, 2004, p. 167), siendo considerada un beneficio penitenciario34. Según Mapelli Caffarena (citado por Renart, 2003) no es aconsejable que la libertad condicional adelantada se considerade un beneficio, ya que no tiene nada que ver con el carácter científico de la individualización de esta institución.
Finalmente, otro de los problemas con el que nos hemos encontrado es la expresión “que hayan desarrollado actividades de forma continuada” (X), ya que hay momentos en los que no depende del interno el hecho de que pueda estar desempeñando una actividad dentro del centro, sino que depende de la oferta del establecimiento. Es decir, muchas veces se deja en manos de la administración el poder o no acceder a este tipo de libertad condicional. Aparte, no hay criterio para poder valorar si el interno ha tenido un mejoramiento personal.