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Timestamp: 2020-06-04 11:52:12
Document Index: 62508085

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 29', 'artículo 51', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 63', 'Artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 69', 'artículo 2']

Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se Adoptan Medidas urgentes Complementarias en el Ámbito Social y Económico para hacer frente al COVID-19
Publicado en BOC núm. 87 de 08 de Mayo de 2020
Artículo 1 Nuevo programa de ayudas al alquiler
Artículo 2 Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual
Artículo 3 Supresión y sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual
Artículo 4 Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables
Artículo 5 Modificación del Programa Fomento del Parque de Vivienda en alquiler regulado en el Título IV capítulo 1 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021
Disposición adicional primera Colectivo preferente
Disposición adicional segunda Aplicación del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021
Disposición transitoria única Régimen transitorio aplicable al programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de la vivienda
El pasado 1 de abril se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se Adoptan Medidas Urgentes Complementarias en el Ámbito Social y Económico para hacer frente al COVID-19. Este Real Decreto Ley incorpora, entre otras, determinadas medidas para atender la problemática de aquellos arrendatarios que como consecuencia del impacto social y económico del COVID-19 tengan problemas para atender el pago del alquiler de su vivienda habitual.
Así, plantea medidas como la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la moratoria de la deuda hipotecaria en determinados supuestos y la modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento.
Adicionalmente, el Real Decreto Ley permite la aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19, y en relación directa con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, los artículos 10, 11 y 12 mandatan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mediante orden ministerial a: Incorporar un nuevo programa de ayudas denominado "programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual; sustituir el "programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual" por un nuevo "programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables"; y modifica el "programa de fomento del parque de vivienda en alquiler".
En cumplimiento de dicho mandato, la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se Adoptan Medidas Urgentes Complementarias en el Ámbito Social y Económico para hacer frente al COVID-19 (Boletín Oficial del Estado número 101, de 11 de abril).
Una línea fundamental de la acción del Gobierno de Cantabria, dentro de las políticas sociales, es facilitar el acceso a una vivienda digna, apostando por retomar la senda de una política social de vivienda, pensada para favorecer una demanda de primera necesidad, que contribuya a la cohesión social y permita avanzar hacia la efectividad del derecho irrenunciable a una vivienda digna, asequible y sostenible, a las personas que no pueden disponer de ella en el mercado libre, en especial aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida como consecuencia de la emergencia de salud pública ocasionada por la expansión del COVID-19 que, tras la paralización de gran parte de la actividad económica, han visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares.
El impacto que está teniendo esta situación de excepcionalidad, aconseja una reacción del Gobierno de Cantabria, en el ámbito de sus competencias, para la incorporación, sustitución y modificación en la normativa autonómica de ayudas en materia de vivienda, de las medidas económicas y sociales adoptadas por el Estado en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, tendentes a atenuar los efectos que está sufriendo nuestra sociedad por la brusca disminución de ingresos de las personas más vulnerables, fruto de la rápida parálisis de la actividad económica como consecuencia del COVID 19 y del Estado de Alarma.
La experiencia, adquirida en la tramitación de subvenciones de los diferentes decretos de ayudas de vivienda, ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el procedimiento de concesión en la consecución de los principios de eficacia y eficiencia en la gestión, tanto de las ayudas como de los créditos presupuestarios que las financian.
El procedimiento de otorgamiento del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual y del programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables de este decreto, será el de concesión directa, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.c) y 28 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 22.3.c) de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, en relación con su artículo 29.2, al concurrir razones de interés público, económico y social. En concreto, el carácter singular de estas ayudas deriva de la naturaleza excepcional, única e imprevisible de los acontecimientos que la motiva.
De acuerdo a lo expuesto y debido a estas circunstancias extraordinarias que no se han podio prever, se acuerda en Consejo de Gobierno de fecha 23 de abril de 2020 la tramitación urgente del presente Decreto por el que se incorpora, sustituye y modifica determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19.
El presente Decreto, por las razones de urgencia derivadas de la emergencia creada por la evolución y expansión del coronavirus, y motivada, en especial, por graves razones de interés público, prescinde de los trámites de consulta, audiencia e información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Todo ello, en el marco de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el Estado de Alarma, el cual dispone que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del Estado de Alarma.
En su virtud, a propuesta de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 2 de mayo de 2020,
Se incorpora al Decreto 4/2019, de 7 de febrero, el nuevo "programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual".
Específicamente, el programa incluye en su objeto la concesión de ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, y contraídas por los arrendatarios de vivienda habitual, a cuya devolución no pudieran hacer frente.
Las ayudas tendrán carácter finalista, y por tanto no podrán aplicarse a otro destino que el pago de la renta del alquiler, o la cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.
1. Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida presentando problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.
2. Los supuestos de vulnerabilidad económica y social a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 requerirán la concurrencia conjunta, a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, de los siguientes requisitos:
a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda:
b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por "gastos y suministros básicos" el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.
3. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
4. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, a los efectos de obtener ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.
5. El beneficiario deberá acreditar estar al corriente en el pago del alquiler de los meses de enero, febrero y marzo.
3. Acreditación de las condiciones subjetivas.
1. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 2.2 anterior se acreditará por la persona arrendataria mediante la presentación de los siguientes documentos:
b) En caso de estar afectado por un ERTE, mediante certificado de empresa, en el que acredite que la persona solicitante de la ayuda está incluida en un ERTE.
c) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado
f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 2.2, así como de los exigidos en los dos siguientes apartados g) y h).
g) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada no tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona que tenga la condición de arrendador de la vivienda.
h) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada no sea socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora.
2. Si el solicitante no pudiese aportar alguno de estos documentos requeridos en el momento de la solicitud, deberá presentarlo en el plazo máximo de 30 días desde que finalice el Estado de Alarma decretado por Gobierno de España.
3. Cuando el titular de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual cambie su domicilio a otro ubicado en la Comunidad Autónoma, sobre el que suscriba un nuevo contrato, quedará obligado a comunicar dicho cambio a la Dirección General competente en materia de vivienda en el plazo máximo de quince días hábiles desde la firma del nuevo contrato de arrendamiento y solicitar la modificación de la resolución de concesión y pago. Sólo será admisible un cambio de domicilio a lo largo del período para el que se concedió la ayuda y en estos casos se procederá a dictar una nueva resolución de concesión y pago para el segundo contrato de arrendamiento, siempre que se cumplan los requisitos, límites y condiciones establecidos en este Decreto y que el nuevo contrato de arrendamiento de vivienda se formalice sin interrupción temporal con el anterior. En caso contrario se denegará y declarará la caducidad de la resolución de concesión y pago de la ayuda con reintegro por el beneficiario de las ayudas percibidas.
En ningún caso la nueva resolución de concesión y pago podrá suponer una ampliación del plazo máximo por el que se hubiera concedido la primera resolución.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las personas beneficiarias de las ayudas de este programa estarán obligadas a comunicar a la Dirección General competente en materia de vivienda, en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde que se produzca cualquier modificación de las condiciones o requisitos que motivaron tal reconocimiento. En el supuesto de que el órgano competente resuelva que la modificación es causa de la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda, limitará en su resolución el plazo de concesión de la misma hasta la fecha en que se considere efectiva dicha pérdida, con reintegro por el beneficiario de las ayudas percibidas hasta la fecha de pérdida efectiva.
5. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
4. Financiación de la actuación.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y al participar de la naturaleza de una disposición de carácter general, en el expediente administrativo de gasto que se tramite una vez publicado el mismo, deberá constar la referencia a la partida presupuestaria a la que se imputen la ayuda que se vaya concediendo.
2. Las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual reguladas en el presente Decreto que se concedan por la Comunidad Autónoma de Cantabria se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020.
3. Las subvenciones de las anualidades sucesivas a las que se extiendan la vigencia y efectos de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, se imputarán a las aplicaciones presupuestarias que a tal efecto se habiliten en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4. Las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, previstas en este Decreto, se financiaran por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con recursos procedentes del "PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021", o de aquellos que, en su caso, los modifiquen, prorroguen o sustituyan, hasta el porcentaje en ellos establecido, cuando dichas actuaciones y sus beneficiarios cumplan los requisitos y condiciones establecidas para ello por su propia normativa reguladora.
5. Igualmente se podrán financiar y cofinanciar, con cuantos otros recursos directos o indirectos estén afectados al cumplimiento de las políticas que, en materia de vivienda, le son propias a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
6. En todo caso, la resolución de concesión está condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para ello.
5. Solicitud de la ayuda.
1. La ayuda habrá de ser solicitada por la persona arrendataria a la Dirección General competente en materia de vivienda, como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020.
2. La solicitud se formulará, en el modelo oficial que figura como anexo a este Decreto; debidamente sellada y firmada por la persona interesada o su representante legal, en su caso; y acompañada de la documentación requerida en el artículo 2 punto 3 de este Decreto.
Asimismo, la solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de la siguiente documentación:
a) Copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio, forma de pago a la persona arrendadora, así como la acreditación del pago de las mensualidades de enero, febrero y marzo, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato. Esta documentación ha de ser suficiente para que, en su caso, la ayuda pueda ser pagada de forma directa al arrendador por cuenta del arrendatario.
b) Justificante mediante recibo bancario o pago por transferencia bancaria del último pago actualizado de los gastos y suministros básicos, definidos estos como: electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicio de telecomunicación fija y móvil y cuotas de comunidad de propietarios. Solo se aceptarán recibos o facturas del pago al contado de los gastos de gas butano y gasoil para calefacción.
c) Si la persona beneficiaria ha accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto Ley 11/2020, deberá aportarse certificado bancario del acreedor en el que conste un número de cuenta en el que realizar el pago de la ayuda para cancelación total o parcial del préstamo.
d) Ficha de Terceros del Gobierno de Cantabria debidamente cumplimentada con el número de cuenta de la persona arrendadora o, en su caso, de la entidad bancaria acreedora que haya efectuado un préstamo para las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.
3. Dicho modelo podrá obtenerse en la página web: http://www.viviendadecantabria.es, o en el portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a la Ciudadanía 012", "Ayudas y Subvenciones" http://www.cantabria.es/ web/atencion-a-la-ciudadania/ ayudas-y-subvenciones.
4. No será preceptiva la presentación de aquellos documentos que ya se encuentren en poder de esta Administración, siempre que no hayan sido modificados, y que se haga constar la fecha, el órgano y la dependencia en la que fueron presentados, y siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento.
5. Debido a que, en aplicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de Alarma y Decreto 18/2020, de 15 de marzo, por el que se establecen los servicios esenciales del Gobierno de Cantabria y se fijan las instrucciones para la prestación de los servicios por parte de los empleados públicos durante el Estado de Alarma declarado por el Gobierno de la Nación el 14 de marzo de 2020, se ha suspendido de forma temporal la atención en modo presencial a la ciudadanía, estas solicitudes sólo se pueden presentar durante la vigencia de la declaración del Estado de Alarma por vía telemática.
Finalizada la vigencia de la declaración del Estado de Alarma, las solicitudes se podrán presentar tanto en el Registro Electrónico Común https://rec.cantabria.es/rec/bienvenida.htm, como en el Registro Delegado de la Dirección General competente en materia de vivienda (calle Alta, no 5, 39008, Santander) o en cualquier otro registro o en las demás formas a que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Si en uso de este derecho el expediente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el empleado de Correos y Telégrafos, S. A., antes de que éste proceda a su certificación.
7. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación incondicionada de las presentes bases reguladoras.
6. Cuantía y duración de las ayudas.
1. La ayuda podrá alcanzar el 100% de la renta mensual con un máximo de 500 euros al mes y se podrá conceder por un plazo máximo de seis meses pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020.
2. El importe de la ayuda se calculará tomando como referencia la renta de alquiler que conste en el contrato de arrendamiento, en relación con los ingresos declarados, de acuerdo con lo expuesto en la siguiente tabla:
Ingresos de la Unidad de Convivencia según IPREM % Ayuda (máx. 500 euros)
Hasta 1,5 IPREM 90%
Hasta 2 IPREM 80%
Hasta 2,5 IPREM 70%
Hasta 3 IPREM 60%
Hasta 4 IPREM 50%
Hasta 5 IPREM 40%
3. En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 3.500 euros con la que se satisfará total o parcialmente el pago de la renta de la vivienda habitual, calculándose la ayuda en los términos señalados con anterioridad.
4. La concesión de la ayuda determinará el levantamiento de la moratoria en el pago de la renta arrendaticia regulada en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas preestablecido, en la primera mensualidad de renta en la que dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su pago.
7. Procedimiento de concesión y pago.
1. Una vez recibida la solicitud de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, con la documentación que acrediten las condiciones y requisitos para su obtención, el servicio correspondiente de la Dirección General competente en materia de vivienda, verificará el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos y condiciones para la concesión y pago de la ayuda o, en su caso, para su denegación. Para ello, se podrá practicar el correspondiente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en especial, si resultara alguna discrepancia entre los datos comprobados de oficio y los datos declarados o comunicados por la persona interesada, o fuera procedente aclarar algún aspecto de los mismos.
2. Una vez comprobado el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos y condiciones exigibles, el servicio correspondiente elevará informe a la persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda quien formulará propuesta de concesión y pago de la ayuda, que estará condicionada al mantenimiento del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en este Decreto durante todo el periodo de duración para el que se conceda; o, en su caso, de denegación o de no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida, y la persona titular de la Consejería con competencias en materia de vivienda resolverá lo procedente.
3. La propuesta de resolución de concesión y pago incluirá, además de los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes extremos:
a) El período máximo de duración de la misma, que en ningún caso podrá superar los seis (6) meses de alquiler, los correspondientes desde abril a septiembre de 2020 incluidos.
b) La cuantía máxima total y mensual de la ayuda.
c) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda.
4. El pago de la ayuda se efectuará directamente al arrendador por cuenta del arrendatario y en su caso a la entidad bancaria acreedora que haya efectuado un préstamo para las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, en virtud de lo previsto en los apartados 3 y 6 del artículo 2 de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril.
No obstante, se abonará directamente al solicitante de la ayuda aquellas mensualidades correspondientes entre el periodo de abril a septiembre de 2020 inclusive, de las que ya haya satisfecho la renta al arrendador.
En todo caso, cuando se haya concedido un préstamo mediante las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, la cuantía de la ayuda concedida deberá destinarse a la amortización del préstamo. Únicamente cuando se haya cancelado la totalidad del préstamo, siendo el importe de éste inferior al de la ayuda concedida en aplicación de este programa, podrá destinarse a cubrir el pago de nuevas mensualidades de renta o de importes superiores de la misma hasta alcanzar el total de la ayuda recibida.
5. La resolución de concesión y pago masivo será única para todos los solicitantes de ese mes y contendrá una relación individualizada de los beneficiarios y de las cuantías concedidas. Será publicada, de conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el Boletín Oficial de Cantabria, así como, de forma complementaria, en el Tablón de Anuncios de la página web de la Dirección General competente en materia de vivienda http://viviendadecantabria.es/tablonanuncios, sustituyendo, dichas publicaciones a la notificación personal. La ayuda se pagará de una sola vez y con carácter anticipado.
6. La resolución de denegación de la concesión y pago será igualmente única para todos los solicitantes de ese mes y contendrá una relación individualizada de los solicitantes y de las causas que han motivado tal denegación o la no concesión, por desistimiento, por renuncia del beneficiario, por pérdida sobrevenida del derecho o su imposibilidad material sobrevenida. Será publicada, de conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el Boletín Oficial de Cantabria, así como, de forma complementaria, en el Tablón de Anuncios de la página web de la Dirección General competente en materia de vivienda http://viviendadecantabria.es/tablonanuncios, sustituyendo, dichas publicaciones a la notificación personal.
7. Serán causas de denegación de la concesión y pago de estas ayudas el incumplimiento de alguno de los requisitos y condiciones establecidos para la obtención de la presente ayuda.
8. Frente a la resolución de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de vivienda, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación. Sin perjuicio de ello, cabrá igualmente interponer, bien directamente, bien frente a la resolución expresa o presunta del recurso de reposición, recurso contencioso–administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso–administrativa, en los plazos indicados en la legislación reguladora de dicha jurisdicción.
8. Consecuencias de la aplicación indebida por la persona arrendataria de la ayuda pública para vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica y social a causa del COVID-19.
1. La persona o personas que se hayan beneficiado de ayudas públicas para atender al pago de la misma sin reunir los requisitos previstos en el artículo 2, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de esta medida excepcional, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.
2. El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por la persona arrendataria por la aplicación de la norma, la cual incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de la ayuda regulada por este decreto.
3. Procederá la revocación de las ayudas y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, con la exigencia de los intereses de demora correspondientes, desde el momento del pago de la subvención, hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los fondos percibidos o se acuerde por la Administración la procedencia del reintegro, en los supuestos previstos en el artículo 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
La pérdida a la concesión y pago de la ayuda impedirá, a su titular, la posibilidad de solicitar y obtener una nueva ayuda al amparo de la misma.
4. Frente a la resolución de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de vivienda, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación. Sin perjuicio de ello, cabrá igualmente interponer, bien directamente, bien frente a la resolución expresa o presunta del recurso de reposición, recurso contencioso–administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso–administrativa, en los plazos indicados en la legislación reguladora de dicha jurisdicción.
La ayuda de este programa, con independencia de que se haya suscrito o no un préstamo mediante las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto- Ley 11/2020, de 31 de marzo, es compatible con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere percibiendo la persona arrendataria, incluso si fuera con cargo al propio Decreto 4/2019, de 7 de febrero, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100% del importe del alquiler del mismo periodo. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente a este programa fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.
Se suprime el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual regulado en el capítulo lll del título ll del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de vivienda de Cantabria 2018-2021 y se sustituye por el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables regulado en artículo siguiente.
LE0000637986_20200509
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa las personas víctimas de violencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; y por cuenta de las mismas, las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a aquéllas personas.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas especialmente vulnerables aquellas que ostenten dicha consideración por los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de las administraciones locales correspondientes.
3. No podrán ser beneficiarias aquellas personas que dispongan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar tras la acreditación de la condición de víctima de violencia de género, o el desahucio de su vivienda habitual o la consideración de especialmente vulnerable y cuya ocupación sea compatible con dichas situaciones.
1. La Comunidad Autónoma de Cantabria pondrá a disposición de la persona beneficiaria una vivienda del parque público de vivienda en alquiler, o que le haya sido cedida para su uso en alquiler, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser habitada en régimen de alquiler con una cuota adecuada a sus ingresos.
2. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser habitada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes.
1. La cuantía de estas ayudas, dentro de los límites de este programa y atendiendo a las circunstancias personales de la persona beneficiaria, podrá alcanzar los siguientes importes:
a) Hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble establecido, con un límite de 300 euros.
En supuestos debidamente justificados por el órgano concedente de la ayuda, podrá alcanzar hasta 500 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación, establecido.
b) Hasta 100 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
2. La determinación de la cuantía deberá contar con el informe favorable de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de la administración local correspondiente.
Las ayudas referidas en el punto anterior se concederán a los beneficiarios a lo largo del periodo establecido en la calificación habitacional, sin que en ningún caso pueda superar el 31 de diciembre de 2021, pudiendo acumularse, con efectos retroactivos, la cuantía necesaria para atender al pago del alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de los seis meses anteriores a la solicitud de concesión de la calificación habitacional a los que la persona beneficiaria, en su caso, no hubiera podido hacer frente.
6. Presentación de la solicitud y documentación necesaria.
1. La solicitud se formulará, en el modelo oficial que figura como anexo a este Decreto; debidamente sellada y firmada por la persona interesada o su representante legal, en su caso, a partir del día siguiente al de la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de Cantabria.
a) Copia completa del contrato de arrendamiento, de cesión de uso, o de cualquier régimen de habitabilidad temporal admitido en derecho en vigor, con inclusión expresa del medio, forma de pago a la persona arrendadora, así como la acreditación del pago de las tres últimas mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato.
b) Declaración responsable que acredite el importe de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de la vivienda y, en su caso, el pago de los mismos.
c) Informe favorable de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de la administración local correspondiente en el que conste la determinación de la cuantía de la ayuda.
d) Informe de los servicios sociales autonómicos o locales correspondientes donde conste la valoración de las circunstancias personales, económicas y sociales que aconsejen la concesión y pago de la ayuda.
e) Acreditación de la condición de víctima de violencia de género, del desahucio o lanzamiento, inminente o ya realizado, de la vivienda habitual, de la condición de persona sin hogar o de la condición de persona especialmente vulnerable.
f) Acreditación de la condición de entidad sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, sin ánimo de lucro.
3. Dicho modelo de solicitud podrá obtenerse en la página web: http://www.viviendadecantabria.es, o en el portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a la Ciudadanía 012", "Ayudas y Subvenciones" http://www.cantabria.es/ web/atencion-a-laciudadania/ayudas-y-subvenciones.
5. La solicitud se podrá presentar en el Registro Electrónico Común https://rec.cantabria. es/rec/bienvenida.htm, en el Registro Delegado de la Dirección General competente en materia de vivienda (calle Alta, no 5, 39008, Santander) o en cualquier otro registro o en las demás formas a que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Debido a que, en aplicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de Alarma y Decreto 18/2020, de 15 de marzo, por el que se establecen los servicios esenciales del Gobierno de Cantabria y se fijan las instrucciones para la prestación de los servicios por parte de los empleados públicos durante el Estado de Alarma declarado por el Gobierno de la Nación el 14 de marzo de 2020, se ha suspendido de forma temporal la atención en modo presencial a la ciudadanía estas solicitudes sólo se pueden presentar por vía telemática.
No obstante, en el caso de que no se dispongan de los medios necesarios para realizar una solicitud telemática y teniendo presente la temporalidad de la suspensión del servicio de atención presencial, desde la página Web se pueden descargar los modelos de solicitud presencial y cumplimentarlos para entregar, cuando la atención a la ciudadanía en modo presencial haya sido reestablecida.
7. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación incondicionada de las condiciones y requisitos para la concesión de la ayuda.
7. Excepción cumplimiento de determinados requisitos.
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas, dadas las circunstancias de especial necesidad a las que se destina la ayuda, las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias:
a) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de derecho público de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
8. Financiación de la actuación.
2. Las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables reguladas en el presente Decreto que se concedan por la Comunidad Autónoma de Cantabria se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020.
3. Las subvenciones de las anualidades sucesivas a las que se extiendan la vigencia y efectos de las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, se imputarán a las aplicaciones presupuestarias que a tal efecto se habiliten en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4. Las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, previstas en este Decreto, se financiaran por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con recursos procedentes del "PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021", o de aquellos que, en su caso, los modifiquen, prorroguen o sustituyan, hasta el porcentaje en ellos establecido, cuando dichas actuaciones y sus beneficiarios cumplan los requisitos y condiciones establecidas para ello por su propia normativa reguladora.
9. Requisitos y condiciones para la obtención de la calificación habitacional.
1. Las solicitudes de calificación habitacional se deberán presentar por el titular del contrato de arrendamiento, de cesión de uso o del negocio jurídico que permita un régimen de habitabilidad temporal, a partir del día siguiente al de la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de Cantabria, en el modelo oficial que se apruebe.
2. La Comunidad Autónoma de Cantabria procederá a la calificación habitacional de estas ayudas de forma inmediata a las personas beneficiarias o por cuenta de estas a las administraciones, empresas o entidades referidas en el punto 2 de este artículo, con la sola acreditación de la condición de víctima de violencia de género, del desahucio o lanzamiento, inminente o ya realizado, de la vivienda habitual, de la condición de persona sin hogar o de la condición de persona especialmente vulnerable.
A tal efecto se adjuntará un informe de los servicios sociales autonómicos o locales correspondientes, en el que se atiendan y valoren las circunstancias personales, económicas y sociales que aconsejen la concesión y pago de la ayuda.
3. Una vez recibida la solicitud de calificación habitacional y comprobado el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos y condiciones exigibles, el servicio correspondiente formulará propuesta para la calificación habitacional o, en su caso, para su denegación a la persona titular de la Dirección General con competencia en materia de vivienda, que resolverá lo que proceda.
Se podrá practicar el correspondiente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en especial, si resultara alguna discrepancia entre los datos comprobados de oficio y los datos declarados o comunicados por la persona interesada, o fuera procedente aclarar algún aspecto de los mismos o del informe de los servicios sociales.
4. La resolución de calificación habitacional, en su caso, estará condicionada, al mantenimiento del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en este Decreto durante todo el periodo de duración para el que se conceda la misma e incluirá, además de los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes extremos:
a) El período máximo de duración de la misma, que en ningún caso podrá superar el 31 de diciembre de 2021.
c) La cuantía para atender al pago del alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de los seis meses anteriores a la solicitud de concesión de calificación habitacional a los que la persona beneficiaria, en su caso, no hubiera podido hacer frente.
d) La advertencia a su titular de que la obtención de calificación habitacional no supone el derecho a obtener las ayudas, sino tan sólo a poder solicitarlas mientras ésta se mantenga vigente.
e) La obligación de su titular de solicitar la concesión y pago de la ayuda antes del día 10 del mes siguiente al que se notifique la resolución de calificación habitacional y durante todo el periodo de duración de la calificación, con indicación de que excepcionalmente esa primera solicitud de concesión y pago se incluirá el pago del alquiler o precio de la ocupación y, en su caso, los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de los seis meses anteriores a la solicitud de concesión de la resolución de calificación habitacional a los que la persona beneficiaria, en su caso, no hubiera podido hacer frente.
5. La resolución de denegación de la calificación habitacional incluirá, en su caso, la motivación expresa de tal resolución, así como, en su caso, la no concesión por desistimiento o renuncia de su solicitante o imposibilidad material sobrevenida, puesta de manifiesto en la tramitación del expediente.
6. Frente a la resolución de la persona titular de la Dirección General con competencia en materia de vivienda, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.
7. Idéntico procedimiento se seguirá cuando se solicite por su titular la modificación de una calificación habitacional previamente concedida.
8. Cuando el titular de la calificación cambie su domicilio a otro ubicado en la Comunidad Autónoma, sobre el que suscriba un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda, de cesión de uso, o de cualquier régimen de habitabilidad temporal admitido en derecho, quedará obligado a comunicar dicho cambio a la Dirección General competente en materia de vivienda en el plazo máximo de quince días hábiles desde la firma del nuevo contrato o negocio jurídico y solicitar la modificación de la resolución de calificación. La nueva calificación podrá suponer la reducción de la cuantía máxima de la ayuda que podrá solicitar el titular de la misma, pero en ningún caso podrá suponer su incremento, una ampliación del plazo máximo por el que se hubiera concedido la primera calificación.
9. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los solicitantes de la calificación habitacional estarán obligados a comunicar a la Dirección General competente en materia de vivienda, en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde que se produzca, cualquier modificación de las condiciones, incluso durante la tramitación de la solicitud, que pudiera motivar la denegación de tal concesión o que pudiera determinar, como condición resolutoria, la pérdida de la calificación habitacional. La no comunicación de estas modificaciones, detectada con posterioridad, será causa suficiente para el inicio de un expediente de declaración de incumplimiento de la condición resolutoria y consiguiente pérdida de la calificación habitacional concedida y de la revocación de las posibles ayudas que pudieran haberse concedido al amparo de la misma, así como, en su caso, al reintegro de las cantidades que pudieran haberse percibido indebidamente.
10. Pago de las ayudas mensuales. Plazo y documentación necesaria.
1. Las solicitudes de concesión y pago mensual de las ayudas deberán presentarse, antes del día 10 de cada mes, en los términos establecidos en el artículo 3 punto 6 de este Decreto, en el modelo oficial correspondiente, en el que constará una declaración responsable del solicitante.
a) Justificante del pago de la renta del alquiler, del alojamiento o dotación residencial susceptible de ser habitada del mes anterior, mediante imposición o transferencia, a través de una entidad bancaria, realizado a favor de la persona propietaria de la vivienda. El justificante será original y si es fotocopia o se presenta de forma telemática a través del portal institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a la Ciudadanía 012", "Ayudas y Subvenciones" (www.cantabria.es), deberá ir sellado por la entidad financiera. En cualquier caso, en dicho justificante figurará necesariamente:
I. Como concepto de pago, el de la renta del alquiler de la vivienda o abono del alojamiento o dotación residencial que figure en el contrato.
II. El mes al que se refiere el pago o abono.
III. La persona que realiza el pago y la persona que lo recibe, que necesariamente coincidirán con los titulares del contrato suscrito.
La Administración podrá eximir de la justificación de presentación del justificante, si mediante medios telemáticos pudiera obtener dicha confirmación de las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares sin ánimo de lucro.
b) Declaración responsable que acredite el pago de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de la vivienda.
3. La primera solicitud de concesión y pago deberá realizarse antes del día 10 del mes siguiente al que se notifique la resolución de la calificación habitacional y excepcionalmente podrá incluir el pago del alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de los seis meses anteriores a la solicitud de concesión de calificación habitacional a los que la persona beneficiaria, en su caso, no hubiera podido hacer frente. Asimismo, podrá incluir todas las mensualidades de renta o precio pagadas comprendidas entre el mes siguiente al de la fecha de solicitud de concesión de la calificación habitacional y el de su notificación, ambos incluidos.
4. Igualmente, cuando se produzca la modificación a que se refiere el artículo 4, punto 9 apartados 8 y 9 primera solicitud de concesión y pago con posterioridad a la nueva calificación habitacional podrá comprender todas las mensualidades de renta de alquiler o abono del alojamiento o dotación residencial y, en su caso, de los gastos pagados, entre la comunicación de modificación y la notificación de la modificación de la calificación habitacional.
11. Causas y efectos del incumplimiento de las condiciones y requisitos.
Los efectos del incumplimiento sobrevenido de los requisitos y condiciones para su obtención, serán los mismos que los establecidos para el programa de ayudas al pago del alquiler regulado en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021.
12. Compatibilidad de la ayuda.
La ayuda de este programa es incompatible con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere percibiendo la persona beneficiaria.
1. Se añade un nuevo apartado al artículo 60 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021.
«4. Asimismo, podrán obtener financiación con cargo a las ayudas de este programa las viviendas que, de forma individualizada o en bloque, sean adquiridas por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con objeto de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso»
2. Se añade el siguiente párrafo al artículo 61.1 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021.
« En el supuesto de adquisición de viviendas para incrementar el parque de vivienda pública y social destinada al alquiler o cesión en uso podrán ser beneficiarios: las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro»
3. Se añade un tercer apartado en el artículo 61 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021.
«3. Con carácter previo al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento, la Dirección General competente en materia de vivienda del Gobierno de Cantabria deberá remitir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las previsiones de las actuaciones o adquisiciones acompañadas de una memoria-programa, que defina cada actuación o adquisición en todos sus extremos y justifique su viabilidad económica».
4. Se añade un apartado 4 al artículo 62 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021.
«4. Los adquirentes de viviendas, para incrementar el parque público y social de vivienda destinado al alquiler o cesión en uso, podrán obtener una subvención proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 400 euros por metro cuadrado de superficie útil. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 60% del precio o coste de adquisición incluidos impuestos, tasas, tributos, gastos de notaría y registro y cualquier otro gasto inherente a la adquisición. Esta subvención es compatible con cualquiera otra subvención concedida por otras Administraciones Públicas para el mismo objeto, siempre que el importe total de las ayudas recibidas no supere el coste total de las actuaciones».
5. Se modifica el título del artículo 63 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, siendo el nuevo título: "Artículo 63. Requisitos de las promociones o adquisiciones", añadiéndose, además, el siguiente apartado:
«6. La adquisición de viviendas habrá de ser formalizada en el plazo máximo de seis meses desde el reconocimiento de la ayuda y de tres meses desde el pago condicionado de la misma»
6. Se añade dos apartados 5 y 6 al artículo 64 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021 conforme sigue:
«5. El precio del alquiler o de la cesión en uso de las viviendas públicas y sociales destinadas al alquiler adquiridas con ayudas de este programa habrá de ser limitado a 5,5 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más en su caso, un 60% de dicha cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda sin inclusión, en ningún caso, de superficies de elementos comunes. La actualización anual de este precio máximo será determinada por la Consejería con competencias en materia de vivienda con la periodicidad que considere y de conformidad con la normativa estatal y autonómica de aplicación»
«6. Las viviendas públicas y sociales cuya adquisición ha sido financiada con cargo a las ayudas de este programa solo podrán ser alquiladas o cedidas en uso a personas cuyos ingresos, incluyendo los de todas las personas que constituyen la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM. Este umbral será de cuatro veces el IPREM si se trata una familia numerosa de categoría general o de personas con discapacidad y de cinco veces el IPREM cuando se trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% o ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%. La actualización de esta limitación de ingresos será determinada por la Consejería con competencias en materia de vivienda con la periodicidad que consideren y de conformidad con la normativa estatal y autonómica de aplicación»
7. Se añade un apartado 5 al artículo 69 del del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021.
«5. En el supuesto de adquisición de vivienda para incrementar el parque público y social de vivienda destinado al alquiler o cesión en uso la ayuda se podrá conceder mediante adjudicación directa y se pagará al beneficiario con carácter previo a la formalización de la escritura pública de compraventa, estando el pago expresamente condicionado a la efectiva formalización de la compraventa»
Se añade al artículo 2 e) del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, dos nuevos colectivos preferentes merecedores de una especial protección e intensidad en la ayuda:
16º Personas especialmente vulnerables que ostenten dicha consideración por los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de las administraciones locales correspondientes.
17º Jóvenes beneficiarios del servicio de apoyo a jóvenes en proceso de autonomía del Gobierno de Cantabria.
Los nuevos programas de ayudas que se relacionan en este decreto, ya sean por incorporación, sustitución o modificación, les serán de aplicación las disposiciones que, con carácter general, se regulan en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, salvo las salvedades específicas reguladas en el presente decreto.
Las ayudas reconocidas al amparo del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual mantienen sus efectos por el plazo total y la cuantía total por las que fueron reconocidas. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto que desarrolle el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables no se admitirán nuevas calificaciones de ayudas al amparo del programa ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, pudiendo las mismas acceder a las ayudas reguladas al amparo del programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
1. Se faculta al titular de la Consejería con competencias en materia de vivienda para dictar, en el marco de sus competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Decreto.
2. En particular se faculta para modificar o adaptar, en su caso, los diferentes modelos oficiales de solicitud y sus correspondientes anexos, para todos y cada uno de los programas de ayudas regulados en este Decreto.