Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-535-de-julio-12-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992042204bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-22 05:18:15
Document Index: 25055102

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 384', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 13', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 384', 'artículo 13', 'artículo 384', 'artículo 3', 'artículo 376', 'artículo 67', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 375', 'artículo 376', 'artículo 377', 'artículo 378', 'artículo 379', 'artículo 380', 'artículo 381', 'artículo 382', 'artículo 383', 'artículo 384', 'artículo 362', 'artículo 363', 'artículo 376', 'artículo 369', 'artículo 382', 'artículo 364', 'artículo 369', 'artículo 382', 'artículo 371', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 60', 'artículo 384', 'artículo 60', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 376', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 241', 'artículo 3', 'artículo 3']

﻿ SENTENCIA C-535 DE JULIO 12 DE 2006
SENTENCIA C-535 DE 12 DE JULIO DE 2006
CONTENIDO:AGRAVACIÓN DE LA PENA POR EL PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CENTROS EDUCACIONALES. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "CENTROS EDUCACIONALES" CONTENIDA EN EL LITERAL B), DEL NUMERAL 1, DEL ARTÍCULO 384 DE LA LEY 599 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:PORTE ILEGAL DE DROGAS EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA, DELITO CON DROGAS ILEGALES, TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS
Sentencia C-535 de julio 12 de 2006
Sentencia C-535 de 2006
Ref.: Expediente D-6110
Demanda de inconstitucionalidad contra el literal b), parcial, del numeral 1º, del artículo 384 de la Ley 599 de 2000.
Actora: María Ángela Torres Pérez
Bogotá D.C., doce de julio de dos mil seis.
Se transcribe a continuación el texto del literal b), numeral 1º, del artículo 384 de la Ley 599 de 2000, subrayando los apartes acusados:
ART. 384.—Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
La Corte debe examinar si las expresiones acusadas “centros educacionales” prevista como circunstancia de agravación punitiva viola el derecho a la igualdad (artículo 13 de la Constitución), ya que en opinión de la actora al constituir el porte de estupefacientes, en cuantía que excede a la dosis personal (1) , una conducta autónoma que no interfiere el ámbito de libertad de las demás personas resulta irrelevante el lugar donde el portador se encuentre, por lo que agravar la pena genera una discriminación entre los portadores de estupefacientes que se hallen en un centro educacional y quienes estén por fuera de dicho lugar. Además, se crea una desproporción al duplicar la pena mínima aplicable, pues, rompe la simetría con el grado de afectación del bien jurídico protegido que continúa siendo el mismo.
El Ministerio del Interior y de Justicia considera exequible el aparte acusado al diferenciar de una parte la conducta realizada en un centro educativo donde profesores y alumnos están en franca comunión con las ciencias, artes, conocimiento y capacitación, y de otro lado la ejecutada por fuera de dicho establecimiento.
De igual forma, la intervención de la Fiscalía General de la Nación coincide en solicitar la constitucionalidad de la expresión acusada bajo el argumento principal que el legislador pretende proteger el bien jurídico de la salud pública que resulta aún más desconocida cuando la conducta se realiza en lugares de formación educativa permanente. Anota que se está ante supuestos de hecho desiguales que justifican una diferenciación. Tampoco se rompe la simetría con el grado de afectación del bien jurídico puesto que a mayor peligro sobre el bien protegido mayor debe ser la punibilidad. Subsidiariamente solicita la inhibición bajo la consideración de la ausencia de cargos.
En cambio, para quién actúa a nombre de la Comisión Colombiana de Juristas resulta inexequible el artículo demandado compartiendo la argumentación expuesta por la accionante. Adicionalmente, considera que los apartes acusados vulneran otras disposiciones constitucionales como son los principios de legalidad y tipicidad solicitando conformar la unidad normativa para declarar la inconstitucionalidad de toda la disposición.
Para el Procurador General de la Nación los apartes acusados no violan el derecho a la igualdad ya que la agravación de las penas corresponde al diseño de la política criminal dirigida a prevenir en los establecimientos educativos las perversas consecuencias del porte de estupefacientes. Así mismo, indica que se persigue disuadir la comisión de dicha conducta en aquellos espacios donde el Estado además del deber de ejercer la inspección y vigilancia de la calidad y fines de la educación, debe procurar una mayor formación moral, intelectual y física de los educandos. Considera que con las expresiones acusadas se tienen en cuenta valores fundamentales frente a los menores quienes por encontrarse en proceso de formación intelectual, física y psicológica son más vulnerables a los peligros que se ciernen alrededor de las actividades que involucren estupefacientes. Anota que la norma legal se fundamenta en la protección de la vida, integridad física, salud y salubridad pública de los niños y adolescentes. En relación con la presunta desproporcionalidad de la norma legal indica que carece de todo sustento constitucional dicha afirmación y en nada demuestra la violación del derecho a la igualdad.
3. Asuntos preliminares. Ausencia de cosa juzgada y demanda en forma.
La Corte, previamente al análisis de los cargos formulados por la actora, estima pertinente precisar que respecto a la norma legal acusada no se ha configurado la cosa juzgada constitucional. Ello, por cuanto si bien en la Sentencia C-420 de 2002 (2) se examinó la constitucionalidad, entre otras disposiciones, de una norma similar a la hoy parcialmente acusada, artículo 38 (3) de la Ley 30 de 1986 (4) , que fue declarada exequible, cabe recordar que en esa decisión la Corte señaló que: (i) efectuaba el control de constitucionalidad de dicho artículo 38, a pesar de haber sido derogado por la Ley 599 de 2000, al encontrarse produciendo efectos jurídicos, y, (ii) que no integraba la unidad normativa con las nuevas disposiciones del Código Penal (L. 599/2000) que tipifican las conductas de tráfico de estupefacientes (para el caso el artículo 384 acusado), “como quiera que cuando se modifica la sanción se varía la estructura de la norma jurídico penal, no puede decirse que existe identidad entre una norma penal y otra posterior en la que, si bien se ha mantenido el mismo supuesto de hecho, se ha alterado la naturaleza o intensidad de la pena”. Al no ser, entonces, los mismos contenidos normativos no puede considerarse la existencia de una cosa juzgada material (5) . Además, en dicha oportunidad la Corte estudió el cargo global propuesto contra varias disposiciones legales relacionadas con el tráfico de estupefacientes, y por ello el problema de fondo que estudio la Corte consistió en establecer si la tipificación de las conductas punibles relacionadas con esta clase de delitos vulnera la Carta Política.
Igualmente deben desecharse las solicitudes de inhibición propuesta por la Fiscalía General de la Nación, por cuanto se han presentado cargos que de manera suficiente plantean la vulneración del derecho a la igualdad, así como la de integración de la unidad normativa solicitada por la Comisión Colombiana de Juristas, en el sentido de emitir un pronunciamiento de inexequibilidad sobre todo el literal acusado.
En consecuencia, la Corte procederá a resolver el problema jurídico planteados, solo en relación con la norma acusada, consistentes en establecer si viola el derecho a la igualdad agravar la pena para el porte de estupefacientes, en cantidad superior a la dosis personal, en establecimientos educacionales y si es desproporcionado en este caso duplicar el mínimo de la pena.
4. Análisis de constitucionalidad de la norma acusada.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 150 de la Constitución, corresponde al Congreso de la República en virtud de la cláusula general de competencia normativa establecer el diseño de la política criminal del Estado. De este modo, el legislador cuenta con un amplio margen de libertad para “crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado… Quien expide la ley debe gozar de atribuciones suficientes —que a la vez comprometen su responsabilidad— para adecuar razonablemente las penas, según los diversos elementos que inciden en las conductas proscritas” (6) .
Así lo ha reiterado esta corporación (7) , al indicar también la libertad de configuración que le asiste al legislador para establecer las circunstancias de agravación punitiva. Potestad legislativa que no es absoluta sino sujeta a los valores, principios y derechos contenidos en la Carta Política. Al respecto, la Corte a considerado, que “el legislador cuenta con un margen de libertad para el diseño de la política criminal del Estado... Sin embargo, es evidente que no se trata de una potestad ilimitada, pues, como se sabe, en el constitucionalismo no existen poderes absolutos. En el caso de la política criminal, no obstante contar el legislador con un margen de maniobra, es claro que no podrán concebirse mecanismos que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Esto es así por cuanto el diseño de la política criminal del Estado implica ejercicio de poder público y no existe un solo espacio de este que se halle sustraído al efecto vinculante del texto fundamental. Entonces, el único supuesto en el que el criterio político-criminal del legislador sería susceptible de controvertirse ante el juez constitucional se presentaría cuando ha conducido a la emisión de normas que controvierten el texto fundamental” (8) .
Bajo dichos límites constitucionales, corresponde al legislador determinar las conductas punibles y establecer el quantum de las penas correspondientes, de acuerdo con la valoración que haga de las diferentes conductas en el marco de la política criminal, así como es él quien puede señalar los casos en los que, dadas determinadas circunstancias, aquellas pueden disminuirse o aumentarse y los procedimientos para el efecto (9) , todo ello dentro del marco de la Constitución, y bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad (10) . Por ello, como la dosimetría penal es una materia que corresponde al diseño legislativo, ella adquiere importancia constitucional únicamente cuando el legislador incurre en un exceso punitivo proscrito por la Constitución (11) .
También ha señala la jurisprudencia de manera reiterada, que igualmente corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones fácticas que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles (12) , a fin de respetar en materia punitiva el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, por lo que, un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable.
En efecto, la Corte ha establecido que un trato diferenciado para que se pueda considerar constitucionalmente legítimo, debe reunir las siguientes condiciones: (i) que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; (ii) que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad; (iii) que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; (iv) que el supuesto de hecho —esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga— sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; y, (v)que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican (13) .
Respecto de la primera condición, la Corte ha precisado que el derecho a la igualdad que consagra la Constitución es objetivo y no formal, puesto que se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales, concepción ésta que supera así la noción de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente reglamentación a supuestos distintos (14) .
Desde esta perspectiva solamente resulta posible establecer la posible vulneración del principio de igualdad cuando las situaciones de hecho que se comparan atienden a dichos presupuestos (15) .
Al respecto cabe precisar que en materia penal la Corte ha hecho énfasis en la imposibilidad de establecer la vulneración del principio de igualdad a partir de la comparación de tipos penales que protegen bienes jurídicos diferentes y que contienen elementos jurídicos igualmente diferentes (16) .
En el caso concreto, el artículo 384 de la Ley 599 de 2000, que consagra las circunstancias de agravación punitiva, establece que el mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos: 1. cuando la conducta se realice: …b) En centros educacionales… Las normas anteriores a las que se refiere la disposición acusada, hacen referencia a los delitos contra la salud pública, específicamente del tráfico de estupefacientes y otras infracciones, a saber: conservación y financiación de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, suministro o formulación ilegal, suministro o formulación ilegal a deportistas, suministro a menor, tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, y porte de sustancias como la escopolamina.
Al respecto de este tipo de delitos, entre los que se encuentra el porte de estupefacientes que es al que se refiere la demanda que nos ocupa, ha considerado esta corporación que interfieren una amplia gama de derechos y no solamente el relacionado con el libre desarrollo de la personalidad, y su tipificación se orienta a proteger no solo la salud pública sino la seguridad pública y el orden económico y social, dado que su alta rentabilidad ha permitido se convierta en la alternativa de financiación de delincuencia organizada, armados y jerarquizados que desvirtúan la premisa del monopolio estatal de la fuerza como presupuesto de convivencia. Y además, por cuanto en el tráfico de estupefacientes confluye cada vez más un desmedido ánimo de lucro, dispuesto a vencer todas las barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y de generar inconmensurables riquezas que alteran dramáticamente las fuerzas económicas de los países afectados por ella. De allí que en el narcotráfico no sólo se advierta menoscabo de bienes jurídicos que remiten a derechos ajenos, sino que confluyan también, de un lado, una indiferencia total por el daño causado a los titulares de tales derechos y, por otro, una capacidad corruptora que ha permitido incluso el cuestionamiento de los ámbitos de poder político interferidos por ella (17) .
Ha considerado la Corte además, que la tipificación de conductas relacionadas con el narcotráfico, corresponde a los compromisos internacionales que obligan al Estado colombiano a combatirlo, y que se encuentran acordes con los mandatos constitucionales de protección de la vida de todas las personas residentes en Colombia, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Cabe recordar, que el Estado colombiano a través de la Ley 67 de 23 de agosto de 1993, aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988. Instrumento internacional que fue objeto en su oportunidad de control de constitucionalidad mediante la Sentencia C-176 de 1994 (18) , el cual previó que cada uno de los estados debe adoptar las medidas indispensables en su legislación interna para tipificar delitos penales relacionados con el tráfico de estupefacientes y que dispongan lo necesario para que las autoridades judiciales puedan tener en cuenta las circunstancias de hecho que den particular gravedad a la comisión de tales delitos. En efecto, se contemplo en el literal g), numeral 5º, del artículo 3º, a fin de que cada Estado adopte las medidas necesarias, lo relacionado con el hecho de que el delito se hayas cometido, entre otros, en una institución educativa, veamos:
“ART. 3º—Delitos y sanciones.
g) El hecho de que el delito se haya cometido en establecimientos penitenciarios, en una institución educativa o en un centro asistencial o en sus inmediaciones o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas y sociales, y…”.
Es decir, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, previó que los estados puedan definir conforme a su legislación interna los delitos y las circunstancias de agravación punitiva, contemplando como causal de aumento de la pena la realización de la conducta en una institución educativa o inmediaciones o en otros lugares a los que escolares y estudiantes asistan para efectuar actividades educativas. Causal que de contenerse de manera concreta en la legislación del Estado parte habrá de sujetarse a la Carta Política y, por consiguiente, objeto también de la acción de inconstitucionalidad conforme al tipo penal establecido (19) .
En el caso concreto, considera la Corte que la agravación de la pena por el porte de estupefacientes en centros educacionales no viola el derecho a la igualdad por las razones que pasan a expresarse.
La actora plantea una inconstitucionalidad por violación del derecho a la igualdad al considerar que se agrava sin justificación alguna la situación de quienes portan estupefacientes en cantidad superior a la dosis personal en los establecimiento educativos, que deberían ser tratados en la misma forma de quienes ejecutan la conducta por fuera de dicho plantel.
Para la Corte la norma legal acusada hace parte del margen de configuración normativa que le asiste al legislador para diseñar la política criminal del Estado en materia de narcotráfico y concretamente para establecer las circunstancias de agravación punitiva en delitos como el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes previsto en el artículo 376 del Código Penal.
Agravación punitiva para quienes portan estupefacientes en establecimientos educativos, en cantidad superior a la dosis personal, que se encuentra plenamente justificada pues obedece al reconocimiento por el legislador de una situación diversa que amerita por consiguiente una sanción diferenciable. No puede ser vista ni evaluada de la misma manera la ejecución de la conducta de porte de estupefacientes que excede la dosis personal en un centro educativo, es decir en su interior, que realizarla por fuera de los mismos.
Cabe recordar, que los establecimientos educativos son epicentros de procesos de formación y desarrollo integral, y por lo tanto los educandos deben gozar de un entorno libre de interferencias ajenas a estos propósitos.
En efecto, es innegable la importancia que reviste para la persona, la familia y la sociedad la función que cumplen los establecimientos educativos por su labor formadora y de desarrollo integral de los educandos, y que sin duda tiene relevancia constitucional. Existe un compromiso del Estado, para cumplir sus fines esenciales, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Además, el artículo 67 de la Constitución, consagra la educación bajo una doble connotación: (i) como un derecho de la persona, y (ii) como un servicio público que tiene una función social. Se busca así “el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” y la formación en el “respeto de los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. Disposición constitucional que establece como responsables de la educación al Estado, la sociedad y la familia.
Ahora bien, son los educandos el objetivo principal y final del proceso educativo. Y no puede olvidarse, que entre otros sujetos, son los niños y adolescentes quienes de marea principal y en mayor medida ingresan a los centros educativos, y que como tales gozan de una protección constitucional especial, al tenor de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Constitución.
En efecto, según los previsto por el artículo 44 superior, la educación es un derecho fundamental para los niños, y que tanto el Estado como la sociedad y la familia tienen la obligación de “asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, pudiendo cualquier persona exigir de la autoridad su cumplimiento y la sanción de los infractores. Por su parte, el artículo 45 de la Carta, reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y formación integral. Derecho de protección de los menores que les garantiza que el Estado adopte medidas de carácter fáctico y normativo para protegerlos, dada su vulnerabilidad, entre las cuales, aparecen como fundamentales aquellas orientadas a permitir su desarrollo integral, es decir, en las diversas dimensiones de la persona (intelectual, afectiva, deportiva, social, cultural) mediante una educación adecuada, para lo cual el Estado debe crear las condiciones necesarias.
Puede concluirse, que el tráfico o porte de estupefacientes es una conducta punible que tiene repercusiones nefastas sobre la familia y la sociedad y por lo tanto, es más censurable realizarla al interior de centros educativos, lo que implica un mayor reproche penal y por ende una mayor sanción, pues son conductas que trascienden el fuero interno de la persona y se proyectan sobre los derechos ajenos, no siendo por tanto el libre desarrollo de la personalidad un límite que pueda impedir la tipificación de tales conductas penales (20) .
Por tanto, para la Corte resulta razonable y proporcionado que el literal b) del numeral primero del artículo 384 de la Ley 599 de 2000 señale de manera particular que son circunstancias que agravan punitiva del delito de porte de estupefacientes, entre otros, cuando la conducta se realice en centros educativo, pues atiende a un fin constitucional valioso como lo es el garantizar el desarrollo libre, armónico e integral de los educandos, máxime cuando en la mayoría de los casos en dichos centros educativos se encuentran niños y adolescentes, que por su situación de fragilidad y vulnerabilidad resulta imperativo protegerles en sus derechos.
Además, en relación con la desproporcionalidad de la norma legal acusada, debe reiterarse lo señalado en la Sentencia C-1080 de 2002 (21) , donde la Corte declaró exequible, por el cargo analizado, el inciso primero del artículo acusado, es decir, las expresiones “el mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos”, bajo el entendido que en ningún caso podrá ser aplicada una pena que supere el máximo fijado en la ley para cada delito, exhortando al Congreso “para que expida una ley que enmiende la incongruencia advertida en esta sentencia con relación a las penas mínimas y máximas que puedan aplicarse en los supuestos de agravación punitiva a que alude el artículo 384 de la Ley 599 de 2000”. En dicha sentencia se sostuvo:
“2. Materia sujeta a examen.
Para el actor la expresión “El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:” contenida en el artículo 384 de la Ley 599 de 2000 desconoce el principio de legalidad de la pena (C.P., art. 29) en tanto al modificar solamente el mínimo de las penas a que ella alude genera una situación en la que para algunas conductas (22) la pena mínima aplicable será igual y en algunos casos superior al máximo establecido por el legislador, impidiendo así la tasación en concreto de la misma, con lo que la sanción penal a imponer no se encontraría señalada en forma clara precisa y sin lugar a equívocos, generando así inseguridad jurídica y desconociendo los principios que orientan la imposición de las penas en el Estado social de derecho (C.P., arts 1º, 2 º y 4º)
La jurisprudencia de la Corte ha sido constante en afirmar la potestad de configuración del Legislador en materia penal (23) . Es a él a quien corresponde establecer la política criminal del Estado y en este sentido es a él a quien la Constitución le confiere la competencia para determinar cuáles conductas constituyen delitos y señalar las respectivas sanciones.
Esta competencia, si bien es amplia, se encuentra necesariamente limitada por los principios constitucionales, y en particular por los principios de racionalidad y proporcionalidad a los que se ha referido igualmente de manera reiterada la jurisprudencia de esta corporación (24) .
Respetando dichos límites, es al Legislador a quien compete establecer el quantum de las penas, de acuerdo con la valoración que haga de las diferentes conductas en el marco de la política criminal.
En el mismo sentido la corporación ha dicho que la “dosimetría penal” es un asunto librado a la competencia del Legislador que tiene relevancia constitucional únicamente cuando el legislador incurre en un exceso punitivo proscrito por la Constitución.
Solamente entonces “en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad” (25) , correspondería al juez constitucional declarar la inexequibilidad de las disposiciones normativas sometidas a su examen.
3.3. El principio de legalidad de las penas.
La predeterminación por el legislador constituye entonces la esencia del respeto del principio de legalidad en materia de fijación de las penas, dado que el Legislador está en la obligación no solamente de estructurar claramente los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes que deben ser objeto de tutela por el ordenamiento jurídico-penal, e imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales (26) , sino que debe establecer con idéntica claridad las penas que deben aplicarse en cada caso.
En esas circunstancias entonces el mínimo de la pena principal prevista en los artículos 375 a 383 de la Ley 599 de 2000 será respectivamente de 12 años de prisión en las circunstancias previstas en el primer inciso del artículo 375 ibídem (27) , de 8 años de prisión en el caso del segundo inciso del mismo artículo; de 16 años de prisión en el caso del primer inciso del artículo 376 ibídem (28) , de 8 años de prisión en el caso del segundo inciso del mismo artículo y de 12 años de prisión en el caso del tercer inciso del artículo aludido; de 12 años de prisión en el caso del artículo 377 ibídem (29) ; de 6 años de prisión en el caso del artículo 378 (30) ; de 6 años de prisión en el caso del artículo 379 (31) ; de 2 años de prisión en el caso del artículo 380 (32) ; de 12 años de prisión en el caso del artículo 381 (33) ; de 12 años de prisión en el caso del artículo 382 (34) y de 2 años de prisión en el caso del artículo 383 (35) .
Así las cosas, la Corte constata que en algunos casos la aplicación del artículo 384 de la Ley 599 de 2000 implica que la pena mínima a imponer iguale (arts. 375 —primer inciso—, 377, 381 y 383 ibídem), o supere (arts. 375 —segundo inciso—, 376 —segundo y tercer inciso—, y 382 —primero y segundo inciso— ibídem) la pena máxima prevista en los artículos respectivos. En otros casos (arts. 376 —primer inciso—, 378, 379 y 380 ibídem) dicha circunstancia no se presenta, pues al doblarse la pena mínima establecida, la pena resultante es inferior a la pena máxima señalada en el respectivo artículo.
En el primer debate en el Senado de la República en el que se acogió la ponencia presentada por los senadores Claudia Blum de Barberi, Jesús Ángel Carrizosa Franco, Rodrigo Rivera Salazar, Y Oswaldo Darío Martínez Betancourt, “Las penas para los delitos consagrados en los artículos 362, 363, 369 y 372 se aumentaron en los mínimos, con el objeto de fortalecer la lucha contra el narcotráfico” (36) .
Así las cosas las penas mínimas previstas en dichos artículos pasaron de 4 a 6 años de prisión en el caso del inciso primero del artículo 362 del Proyecto (L. 599/ 2000, art. 375) y de 1 a 4 años de prisión en el caso del segundo inciso del mismo artículo (37) ; de 6 a 8 años de prisión en el caso del primer inciso del artículo 363 del proyecto (actual artículo 376 ibídem), de 1 a 4 en el caso del segundo inciso (38) , y de 4 a 6 en el caso del tercer inciso del mismo artículo; de 3 a 5 años en el caso del primer inciso del artículo 369 del proyecto (actual artículo 382 ibídem) y de 2 a 4 años de prisión en el caso del segundo inciso del mismo artículo (39) .
El Senado de la República en el segundo debate al proyecto que se convertiría en la Ley 599 de 2000 decidió modificar el texto de los artículos 364 y 369 de dicho proyecto en el sentido de aumentar, en el caso del artículo 364 referido, de 4 a 6 años la pena mínima para el delito de destinación ilícita de muebles o inmuebles (L. 599/2000, art. 377), manteniendo la pena máxima en 12 años, mientras que en el caso del primer inciso del artículo 369 del proyecto, referente al tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos (actual artículo 382 ibídem), se estableció que la pena mínima pasaría de 5 a 6 años, manteniendo la pena máxima aplicable en 10 años de prisión.
Esta decisión del Senado de la República acogió el informe de una comisión accidental que “con el aval de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de Justicia” propuso modificar, entre otros (40) , los artículos referidos “con el objeto de incrementar sus penas a fin de evitar, en algunos casos, que delincuentes condenados por tales conductas pudieran acceder a la prisión domiciliaria, y en otros, con el objeto de imponer una sanción acorde a la gravedad de la conducta” (41) .
En la medida en que en relación con el artículo 371 del Proyecto 040 de 1998 Senado, que se convertiría en el artículo 384 de la Ley 599 de 2000, no se produjo ninguna modificación en el enunciado del mismo en el que se señalaba que “El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos”, dichas modificaciones implicaron entonces que, como ya se señaló, además del caso de los artículos 368 y 370 del citado proyecto, convertidos luego en los artículos 381 y 383 de la Ley 599 de 2000, al duplicarse la pena mínima conforme lo ordena el artículo 384 ibídem, el mínimo de la pena resultante sea igual al máximo establecido en el caso de los artículos, 375 —primer inciso—, 377, 381 y 383 de la Ley 599 de 2000, mientras que en el caso de los artículos 375 —segundo inciso—, 376 —segundo y tercer inciso—, y 382 —primero y segundo inciso de la misma ley— el resultado de doblar la pena mínima señalada en ellos supere el monto de la pena máxima establecida en los mismos textos. Lo que precisamente el actor considera violatoria de la Constitución y en particular del principio de legalidad (C.P., art. 29).
Por lo demás cabe señalar que incluso, como lo explicó la honorable Corte Suprema de Justicia, el juzgador en estas circunstancias tampoco podría acudir a dicho artículo 60 pues contrariaría el principio de legalidad. Al respecto expresó esa corporación al resolver un asunto que involucraba la aplicación del artículo 384 de la Ley 599 de 2000:
“Debe entenderse que, por no estar expresamente previsto y resultar más gravoso para el acusado, no es aplicable el numeral 1º del artículo 60 del Código Penal vigente, que prevé: “Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, ésta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica”, dado que el artículo 384 sólo dispone la duplicación del mínimo y ninguna alusión efectúa al máximo, que no puede ser modificado sin contrariar el principio de legalidad de la pena” (42) .
No escapa a la Corte que esta corporación ha señalado que el juicio de proporcionalidad es necesariamente individual (43) y el castigo impuesto debe guardar simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al que se imputa (44) , circunstancia que exigiría que exista una franja —mínima y máxima— en la que pueda moverse el juzgador para adecuar la pena en cada caso.
Así, téngase en cuenta que la agravación punitiva se produce cuando la conducta se realiza bien sea valiéndose de la actividad de un menor, o de quien padezca trastorno mental, o de persona habituada, bien sea en centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores, o por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud, o en un inmueble que se tenga a título de tutor o curador, o cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse, o cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola, circunstancias todas en las que es la conducta específica de la persona a la que se aplica la norma la que es tomada en cuenta por el legislador para señalar que en esos casos la pena a imponer no podrá ser inferior al doble de la pena mínima señalada en la ley, lo que en algunos casos se traduce en la aplicación del máximo establecido por el legislador, como ya se explicó.
La Corte debe hacer énfasis, en este punto, sobre el hecho de que el juicio de proporcionalidad ha de ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (C.P., art. 230) y que el examen individual de la conducta se desenvuelve en el campo de la pura legalidad (45) , es decir dentro del ámbito de configuración del legislador, que bien puede optar, como lo hace en este caso, por fijar directamente la pena a imponer en determinadas situaciones.
(A)lguna de las circunstancias específicas de agravación contempladas en el citado artículo 384, llevarían a que, de conformidad con esa agravación, el “mínimo” y el “máximo” de pena coincidan.
Ello viene a implicar, de hecho, una pena única, al duplicarse la mínima inicial, sin ser legal omitirla, ni salirse de ella, ni variar el máximo (…).
Tal situación evidentemente impide el establecimiento de un marco punitivo, entre cuyos extremos sea individualizada la pena por el juzgador, observando las correspondientes circunstancias, fundamentos y parámetros, establecidos al efecto. Pero esa es la consecuencia de que el legislador hubiese sido improvidente y produjere esa anormalidad, muy excepcional y asistemática, que sin embargo no conlleva el quebrantamiento de ningún precepto superior, como sí ocurriría si el sentenciador crea una norma que le permitiese superar el defecto, pues allí estaría fatalmente conculcando el principio inalienable de la legalidad de la pena (46) ” .
Por lo anterior, la norma parcialmente acusada no vulnera el derecho a la igualdad al encontrar una justificación objetiva y razonable al trato diferenciado otorgado, resultando además proporcionada al fin constitucional perseguido.
Se declarará, entonces, la exequibilidad de los apartes acusados “centros educacionales”, por los cargos examinados.
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, la expresión “centros educacionales” contenida en el literal b), del numeral 1º, del artículo 384 de la Ley 599 de 2000.
(1) La actora al acusar el literal b), parcial, del numeral 1º, del artículo 384 del Código Penal, predica la circunstancia de agravación punitiva exclusivamente del tipo penal contenido en el artículo 376, inciso 1º, consistente en el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por lo que a ello se circunscribirá el examen de los cargos de inconstitucionalidad.
(2) M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta decisión la Corte declaró exequibles los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37 en lo demandado, 38, 42 y 43 de la Ley 30 de 1986 y el artículo 6º del Decreto 1856 de 1989.
(3) ART. 38.—El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
(4) Estatuto Nacional de Estupefacientes. Disposición que fue declarada exequible.
(5) Téngase además en cuenta la Sentencia C-689 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, donde la Corte señaló la ausencia de cosa juzgada material en relación con los verbos rectores y los modelos descriptivos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 382 acusados.
(7) Ver entre otras las sentencias C-038 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-689 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-1080 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-1116 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(8) Sentencia C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Confróntese con la Sentencia C-1404 de 2004, donde se indicó: “Es decir, se trata de una potestad suficientemente amplia, pero no por ello ilimitada; y en materia penal y penitenciaria, estos límites son particularmente claros, por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores. Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del legislador en estas áreas, se encuentra aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir esto, que en desarrollo de sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la Sentencia C-592/98, …“el legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros”.
(9) Sentencias C-1080 de 2002 y C-013 de 1997.
(10) Sentencias C-1116 de 2003, C-1080 de 2002, C-689 de 2002, C-1404 de 2000 y C-013 de 1997.
(11) Sentencias C-1080 de 2002, C-070 de 1996 y C-591 de 1993.
(12) Ver, entre otras, las sentencias T-02 de 1992 y T-230 de 1994, entre muchas otras.
(13) Dichos elementos fueron establecidos en la Sentencia C-530/1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero y reiterados en numerosas ocasiones. Sobre ese tema puede encontrarse un completo recuento en la Sentencia C-093 de 2001. Ver así mismo, entre otras las Sentencias (sic). Y C-031/03 A.V. Alfredo Beltrán Sierra
(14) Corte Constitucional. Sentencia C-221/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(15) Ver Sentencia C-1063/2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(16) Ver entre otras la Sentencia C-1116 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis
(17) Sentencia C-689 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(18) La Corte resolvió: “Primero: Declarar EXEQUIBLE por no ser contraria a la Constitución ni en su fondo ni en su trámite de expedición la Ley 67 de 1993, por medio de la cual se aprueba la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas” suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, salvo los siguientes apartes:
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988”, teniendo en cuenta que las obligaciones internacionales derivadas del artículo 3º numeral 1º literal c) y numeral 2º así como del artículo 11º se contraen a de manera condicionada al respeto de los principios constitucionales colombianos, y con base en las reservas 1º, 3º y 4º, así como en las 9 declaraciones formuladas por el Congreso, con las precisiones efectuadas por la Corte, que hacen compatible la Convención con el ordenamiento constitucional colombiano, y que el Gobierno de Colombia formulará al depositar el respectivo instrumento de ratificación de la Convención,
Tercero: Comuníquese al Gobierno Nacional —Presidencia de la República y Ministerio de Relaciones Exteriores— para los fines contemplados en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución”.
(19) En dicha Sentencia C-176 de 1994, M.P., la Corte señaló: “De otro lado, la propia convención, al definir los delitos en su artículo 3º, señala en el numeral 11 del mismo que “ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará el principio de que la tipificación de los delitos a que se refiere o de las excepciones alegables en relación con éstos queda reservada al derecho interno de las partes y de que esos delitos han de ser enjuiciados y sancionados con arreglo a los previsto en ese derecho”. Esta disposición armoniza plenamente con la Constitución colombiana que establece la estricta legalidad de los delitos y penas (C.P., art. 29), y es fundamental para interpretar el alcance de la exequibilidad de las disposiciones de la convención relativas a la obligación de tipificar ciertos delitos. En efecto, para la Corte es claro que la Convención de Viena como tal no consagra ningún delito sino que establece la obligación de los Estados de definirlos, conforme a su derecho interno. Por eso, esta sentencia declara la constitucionalidad de la obligación internacional adquirida por Colombia de tipificar como punibles ciertas conductas. Pero es obvio que al definir en concreto los delitos, el Estado colombiano deberá respetar el principio de legalidad, en particular cuando se establezcan las sanciones previstas por los literales b y c del numeral 4º de este artículo. Por consiguiente y por la misma razón, la declaratoria de constitucionalidad de la posibilidad de tipificar los delitos que la Corte efectúa con respecto a los numerales y literales anteriormente señalados del artículo 3º no obsta para que en un futuro, cuando el Estado colombiano efectivamente defina tales delitos, esta Corte pueda revisar la conformidad de los mismos frente a la Constitución, si tales normas son eventualmente acusadas ante esta Corporación”.
(20) Sentencia C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(22) Específicamente a las que se refieren los artículos 375, 376 inciso 2º y 3º, 377, 381, 382 y 383 de la Ley 599 de 2000.
(23) Ver entre otras las sentencias C-070/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-592/98, M.P. Fabio Morón Díaz, C-420/02, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C- /02, M.P. Eduardo Montealegre Lynett (exp. R.E. 119), C-551/01 y C-689/02, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(24) En relación con el principio de proporcionalidad ver entre otras las sentencias C-591/93, C-070/96 y C-118/96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(25) Sentencia C-013/97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(26) Sentencia C-1144/00, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(27) ART. 375.—Conservación o financiación de plantaciones. El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y en multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(28) ART. 376.—Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(29) ART. 377.—Destinación ilícita de muebles o inmuebles. El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376, y/o autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(30) ART. 378.—Estímulo al uso ilícito. El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(31) ART. 379.—Suministro o formulación ilegal. El profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas profesiones auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio de cinco (5) a diez (10) años.
(32) ART. 380.—Suministro o formulación ilegal a deportistas. El que, sin tener las calidades de que trata el artículo anterior, suministre ilícitamente a un deportista profesional o aficionado, alguna droga o medicamento que produzca dependencia, o lo induzca a su consumo, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.
(33) ART. 381.—Suministro a menor. El que suministre, administre o facilite a un menor droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.
(34) ART. 382.—Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(35) ART. 383.—Porte de sustancias. El que en lugar público o abierto al público y sin justificación porte escopolamina o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor
(36) Ponencia para primer debate en el Senado de la República al Proyecto de Ley 040 de 1998 Senado. Gaceta del Congreso viernes 20 de noviembre de 1998, N. 280, pág. 71.
(37) En este caso igualmente se aumento la pena máxima aplicable que paso de 3 a 6 años de prisión.
(38) En este caso igualmente se aumento la pena máxima aplicable que paso de 3 a 6 años de prisión.
(39) En este caso igualmente se aumentó la pena máxima que pasó de 5 a 6 años de prisión.
(40) La propuesta incluyó modificaciones a los artículos 101,115,124,137, 182ª, 211, 212, 232, 233, 240, 265, 277, 278, 350, 353, 354,364, 369,372, 392, 393, 394, 396, 419, 437, 442, 448, del proyecto discutido. Gaceta del Congreso 126, jueves 27 de mayo, pág. 1 y 2.
(41) Ver Gaceta del Congreso 126, jueves 27 de mayo, pág. 1 y 2
(42) Corte Suprema de Justicia Proceso 12579, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. S.V. magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón. A.I.V. magistrados Fernando E. Arboleda Ripoll y Jorge Aníbal Gómez Gallego.
(43) Así ha dicho la Corte que “(E)l principio de proporcionalidad de la pena exige que haya una adecuación entre la conducta delictiva y el daño social causado con ella, habidas las circunstancias que la agraven o la atenúen, lo que supone de suyo que la proporcionalidad traza los límites de la pena y la medida concreta de la misma, asunto que corresponde establecer al legislador e individualizar al juez dentro de los límites mínimos y máximos señalados por aquel, analizadas las circunstancias concretas de modo, de tiempo y de lugar, así como las particulares en que se sitúe el agente del delito, todo lo cual constituye el amplio campo donde se desarrolla la dosimetría penal” Sentencia C-647/01, M.P. Alfredo Beltrán Sierra S.V. Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra A.V. de los Magistrados Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa.
(44) Sentencia C- 070/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz .
(45) Ver Sentencia C-591/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz , en la que se señala “La relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer es una cuestión que debe resolver en cada caso el juzgador. En esa tarea resulta obligado aplicar la pena consagrada en la ley de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad —que debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (C.P., art. 230)— es necesariamente individual. A la luz de sus criterios podrá estimarse si el castigo impuesto guarda simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al cual se imputa. El actor, desde luego, no puede referirse a este examen individual de la sanción disciplinaria que se desenvuelve en el campo de la pura legalidad”.
(46) Corte Suprema de Justicia Proceso 12579, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. S.V. magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón. A.I.V. magistrados Fernando E. Arboleda Ripoll y Jorge Aníbal Gómez Gallego.