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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 53', 'artículo116', 'artículo 157', 'artículo 158', 'artículo 9']

CONSTITUCION WEB: Discurso de investidura de Adolfo Suarez (1979)
Discurso de investidura de Adolfo Suarez (1979)
[30 de Marzo de 1979]
Y tenemos voluntad, fortaleza y experiencia política para serlo. La oportunidad histórica para lograrlo se conjuga ciertamente con una serie de dificultades económicas y sociales que podrían tratar de impedirlo. Más lo que importa es elegir correctamente y apostar por la justicia y la equidad con tenacidad y con eficacia en vez de turbarnos por el verbalismo y la frivolidad.
El artículo 1º de la Constitución instaura un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y a partir de esta proclamación todo el texto constitucional es en gran medida, en sí mismo, un verdadero programa legislativo destinado a transformar de raíz no sólo la mayor parte de las leyes que integran nuestro ordenamiento jurídico, sino sus fundamentos mismos.
Por consiguiente, las garantías a que se refiere el apartado 2º del artículo 53 de la Constitución están provisionalmente establecidas y queda pendiente de elaboración definitiva el procedimiento a que se refiere dicho precepto, mediante un proyecto de ley de próxima remisión a esta Cámara que deberá coordinarse con las reformas de las leyes procesales a fin de lograr una justicia más rápida y eficaz.
En lo que afecta al Gobierno en sentido estricto, se remitirán al Congreso de los Diputados las normas legislativas reguladoras de su régimen jurídico, así como del Estatuto e incompatibilidades de sus miembros. La figura del Secretario de Estado, que adquirirá carta de naturaleza como miembro del Gobierno, será claramente perfilada para que pueda desplegar todas sus virtualidades políticas y funcionales.
El Gobierno presentará, asimismo, el proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Estado que regule su composición y competencia como supremo órgano consultivo del Gobierno.
En lo que se refiere a la Administración pública será preciso actuar legislativamente sobre varios ejes:
Primero. Actualizar la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, para plasmar y desarrollar operativamente los principios de legalidad en la actuación administrativa, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de responsabilidad administrativa del Estado y de sus autoridades y funcionarios y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Segundo. Reformar la Ley de Procedimiento Administrativo para simplificar y hacer más eficaz el régimen de recursos, así como para asegurar la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten y el principio de publicidad de los archivos y registros administrativos, salvo los supuestos excluidos por la propia Constitución.
Y tercero. Regular la función pública mediante un Estatuto que regule el acceso al funcionariado de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a la sindicación, el sistema de incompatibilidades a que han de quedar sujetos, su plena profesionalización, las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y un régimen retributivo justo y diferenciado que se acompañe con la existencia de una auténtica carrera administrativa.
En suma, todo ello supone una auténtica y profunda reforma de la Administración Pública, que se impone no sólo por virtud de mandato constitucional, sino también por la necesidad de articular la Administración Pública, que demanda un Estado moderno, una Administración Pública en la que los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación no sean bienintencionados propósitos legales desvirtuados por múltiples mecanismos indirectos o por el anquilosamiento de la rutina.
Por último, la Administración Pública Local, en sus esferas provincial y municipal, sufrirá también profunda reforma. El principio de autonomía de la vida local que la Constitución garantiza, exige nuevas normas reguladoras de su funcionamiento, de su régimen jurídico, económico y financiero y de su capacidad de decidir en el ámbito que le es propio sin controles legales artificiosos ejercidos desde la Administración Central o desde las futuras Comunidades Autónomas, en cuyos Estatutos de Autonomía habrá de dedicarse particular atención también a la vida pública local no sólo para evitar su asfixia por un nuevo centralismo, sino, por el contrario, para potenciar su desarrollo en una vía de autenticidad.
Sería excesivamente prolijo proceder a enumerar todas y cada una de las leyes de desarrollo que la Constitución prevé para hacer efectiva su propia aplicación. Querría, no obstante, referirme, fundamentalmente, a una de ellas que por su significación en un Estado de Derecho es preciso abordar: un proyecto de Ley Orgánica que articule los estados de alarma, de excepción y de sitio concebidos para hacer frente a situaciones extraordinarias en defensa del orden constitucional mismo. El Estado de Derecho es en realidad un Estado totalmente normativizado. De ahí que el Estado de Derecho lleve en su propia dialéctica la necesidad de un derecho excepcional, es decir, de prever la excepción y de normativizar la excepción misma.
Así lo hace nuestra Constitución, cuyo artículo116 establece los postulados básicos de unas medidas excepcionales que la citada Ley Orgánica habrá de desarrollar dentro de los principios del imperio de la ley y de la delimitación de competencias que caracterizan al Estado de Derecho.
El gran reto que nuestra Constitución plantea es el de institucionalizar políticamente la diversidad real de España mediante una distribución territorial del poder estatal. El programa electoral que Unión de Centro Democrático presentó en las pasadas elecciones asumía una política de autonomías inspirada en los siguientes criterios sintéticamente formulados:
La articulación jurídica y política del reconocimiento de las singularidades de los distintos pueblos de España en el marco de la indisoluble unidad de la Nación española.
El acercamiento de la Administración a los ciudadanos como condición de eficacia y abaratamiento de los costes de la gestión administrativa.
La desburocratización de las diferentes instancias de decisión y la atribución a la gestión municipal, provincial y regional de los niveles de responsabilidad que mejor se ajusten a las conveniencias del interés ciudadano.
La participación del pueblo en las instituciones públicas a todos los niveles.
Al propio tiempo expresábamos la convicción de que la implantación racional del sistema autonómico previsto en la Constitución contribuiría a alcanzar los siguientes objetivos: A) Fortalecer la unidad profunda e irreversible de la Nación española; B) Mejorar los niveles de integración social; C), Fomentar la transparencia y el grado de eficacia de la organización política y administrativa, y D) Enriquecer la capacidad creadora de un pueblo cuya diversidad cultural le otorga su mayor potencial para acometer grandes proyectos colectivos.
Y en este plano, concluíamos asumiendo el proceso autonómico sin prejuicios ni reticencias desde el estricto cumplimiento de las previsiones constitucionales.
Conviene ahora profundizar en esta perspectiva programática sin perder nunca de vista la trascendencia y la delicadeza del problema; problema profundo de raíz histórica que resurge recurrentemente cuantas veces se ha abierto en España un período de libertad.
Resolver la vieja cuestión de la estructura territorial del Estado español exige un previo análisis en profundidad. No es éste, quizá, el momento para ello. Baste decir ahora que es imprescindible admitir abiertamente dos postulados básicos: en primer término que España, como realidad histórica y presente, es una Nación que se vertebra en una diversidad real de pueblos. Asumir esta realidad, asumir a España como realmente es constituye el primer elemento de un planteamiento adecuado. Y en segundo lugar, que el Estado centralista experimenta en todos los países avanzados una aguda crisis por su creciente incapacidad para administrar racionalmente desde un único centro de decisión los asuntos de millones de personas que hoy reclaman del Estado la garantía de su seguridad en todos los órdenes de la vida. Es una delicada herencia la que recibimos y es que nuestro Estado, el Estado español, ha sufrido un doble proceso de centralización. De una parte, la centralización inherente a la formación del moderno Estado industrial e intervencionista. De otro lado, la centralización exigida por la prolongada vigencia de un sistema político de concentración de poder. La coincidencia temporal, en nuestro país, de ambos procesos de centralización han dado lugar a la existencia de un aparato estatal desconectado de la auténtica realidad española, escasamente funcional, excesivamente rígida e incapaz de atender adecuadamente las demandas sociales.
Tratamos de afrontar, pues, simultáneamente, un problema histórico, un problema político y un problema funcional a los que no cabe encontrar soluciones mágicas ni de eficacia resolutoria inmediata. En la Constitución hemos marcado el punto de partida de un largo camino y hemos trazado un esquema viable dentro del cual habremos de movernos.
Que nadie vea en esta comprensión del problema una intención solapada de frenar un proceso de transformación de la institución estatal que es ya necesariamente irreversible. Pero sí nos permitimos hacer una llamada a la responsabilidad y al rigor a la hora de adoptar posiciones ante tan delicada cuestión. La prudencia y el realismo son normas de comportamiento exigibles a todos cuando está en juego la propia viabilidad de la Constitución aprobada por el pueblo español y en la que se abre un horizonte de esperanza que no podemos frustrar.
Resulta innegable que la realidad misma se encarga a veces de imponernos prioridades y urgencias. Urgente y prioritariamente las atenderemos, pero sin perder nunca de vista los límites que no cabe sobrepasar. Nuestro comportamiento en este orden de cosas se inspirará en los siguientes criterios:
Respeto estricto de las previsiones constitucionales, valorado, en su caso, por el Tribunal Constitucional.
Aceptación de ritmos distintos en el acceso a la autonomía en función de circunstancias históricas, sociológicas y materiales, ajustando el contenido de inmediato de los estatutos de pronta tramitación a las posibilidades lógicas de desarrollo y aplicación de la Constitución.
Permítanme, Señorías, que incluya en este punto de mi intervención un breve, pero sentido mensaje de esperanza para el pueblo vasco. Queremos y esperamos sinceramente que la acción del Gobierno y del Parlamento puedan contribuir decisivamente al propósito, creo que por todos compartido, de pacificación del País Vasco, y a expresar nuestra voluntad de entendimiento de sus problemas. Y nos vamos a atener a este propósito con ánimo de concordia, porque es necesario en verdad superar ciento cincuenta años de inadecuada comprensión de la realidad vascongada, Es preciso, a tal fin, que sepamos mirar hacia el futuro, esforzarnos por conocernos y respetarnos y plantear con sentido de la responsabilidad soluciones viables y suficientes. Y a ello trataremos de contribuir desde el Gobierno, convencidos como estamos de que dentro de la irrenunciable unidad de España, y en el marco de la Constitución, cabe encontrar para el País Vasco unas fórmulas de autogobierno que vengan a satisfacer una vieja aspiración y respeten la tradición y el espíritu de libertad que ha presidido la historia de un pueblo que ha de encontrar en la solidaridad con los demás pueblos de España la justa garantía de sus derechos.
Gradualismo, rigor y responsabilidad en la conducción general del proceso autonómico y, en especial, en la transferencia de competencias mediante leyes orgánicas sucesivas, asegurando la efectividad del principio de solidaridad para que en ningún caso se agudicen las diferencias interregionales.
Y permitidme ahora unas breves consideraciones sobre este último punto. Porque si hay algo que habrá de singularizar nuestra acción de gobierno en los próximos años será una especial dedicación a las áreas deprimidas de nuestro país. Por eso queremos dejar bien claro, desde este mismo momento, que concebimos también el proceso autonómico como medio para conseguir una mejor distribución de la renta nacional, como instrumento para alcanzar un equilibrio territorial más adecuado y como uno de los caminos para corregir las insuficiencias distributivas e inversoras del sistema económico y frenar el excesivo trasvase de rentas que hoy se realiza, por puras razones de rentabilidad, desde las regiones subdesarrolladas hacia los ámbitos industrializados.
Para nosotros, el valor de la solidaridad, al que repetidamente alude la Constitución, no es una mera palabra vacía de contenido, una concesión a la retórica. Por eso utilizaremos con decisión todos los mecanismos constitucionales y todos los medios técnicos y económicos que la situación permita para proporcionar a las regiones más deprimidas posibilidades de superar el atraso económico y cultural en que se encuentran sumidas. Por eso, también nos oponemos con igual decisión a cualquier intento de perpetuar o agudizar las diferencias económicas que hoy injustamente separan a los distintos pueblos de España.
En este orden de cosas, asumimos como propósitos concretos, que trasciendan el mero alcance institucional del proceso autonómico, los siguientes:
La formulación de planes específicos de ámbito regional para las zonas más deprimidas de nuestro país.
La regionalización de ciertos capítulos de la inversión pública -en especial la construcción de viviendas y de las obras públicas de carácter local- como dimensión imprescindible de una política económica ágil y con capacidad de respuesta a las necesidades de ocupación de mano de obra.
La adecuación de la política fiscal y de gasto público a las necesidades de financiación previstas en el artículo 157 de la Constitución.
La inmediata creación del Fondo de Compensación previsto en el artículo 158, 2, de la Constitución, con vistas a corregir los desequilibrios económicos interregionales y a hacer efectivo el principio de solidaridad entre todos los españoles.
Porque, en suma, o la configuración autonómica del Estado sirve también a este propósito de justicia y de solidaridad, o habremos frustrado una oportunidad histórica en la que centran sus esperanzas muchos millones de españoles, con el riesgo, nada despreciable, de perjudicar gravemente la estabilidad del propio sistema democrático.
Al comienzo de mi intervención me permití hacer una llamada a la necesaria clarificación de la vida pública española en el horizonte de los años venideros. Entiendo que la formulación de este extenso programa, junto a la concreción de otros objetivos y medidas más específicos insertos en nuestro programa electoral, enmarcan una compleja y extensa acción de gobierno durante la próxima Legislatura. Pero creo también que con ello contribuimos decisivamente a ese propósito de clarificación. Tanto el punto de partida como el de llegada quedan así fijados y delimitados. Desde la Constitución, y a través de la Constitución, perfilaremos un Estado de Derecho y una sociedad democrática y pluralista de tipo occidental, al tiempo que haremos frente con toda decisión al conjunto de problemas que hoy singularizan la situación de nuestro país.
El artículo 9º de la Constitución nos traza una línea de acción que abre, si el acierto preside nuestra política, esperanzadoras perspectivas de futuro, Confiere este precepto a los poderes públicos la atribución de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales; de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Podría decirse que tal declaración constitucional, formulada al tiempo que se afirma la vigencia de la economía social de mercado, sienta las bases para la consecución de una democracia social avanzada que, como la democracia política clásica, reposa sobre los derechos del hombre, pero entendidos como exigencias sociales, económicas o culturales y cuyo contenido se fija en función de unas necesidades que deben ser atendidas para que la libertad sea real. El objetivo de la democracia social es justamente la libertad real, la libertad que libera a las personas de las ataduras artificiales de una convivencia social injustamente articulada. Tal objetivo no es, desde luego, monopolio de nadie y fue enunciado, entre otros, el 6 de enero de 1941 por el Presidente Roosevelt en el mensaje sobre las cuatro libertades, en el que fijó el ideal del mundo libre. Es una meta que, ciertamente, puede asumirse desde diversas perspectivas ideológicas y hacia la que cabe aproximarse teóricamente por caminos distintos. Nosotros pretendemos ir hacia ella, pretendemos avanzar hacia la libertad real desde y a través de la propia libertad, respetando así los fundamentos sobre los que se erigen las sociedades libres y pluralistas del mundo occidental.
Desde este planteamiento es posible edificar un Estado y construir una sociedad y siempre por el camino de la reforma como método que singulariza la acción de gobierno de los partidos centristas.
Propiciaremos siempre el impulso responsable hacia adelante frente a las tentativas de inmovilismo; el avance frente al conservadurismo irracional y el progreso conforme al curso de la Historia frente a los planteamientos antihistóricos
Y todo ello con el designio final de contribuir decididamente a la construcción de un orden social dinámico, progresivo y solidario que, por favorecer la libertad plena y real de los seres humanos contemplados en sus concretas circunstancias vitales, sumerja a España plenamente en el proceso de la Historia, entendida como historia de la libertad de los hombres.
Señoras y señores Diputados, señor Presidente, solicito la confianza de la Cámara.
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