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Timestamp: 2017-09-26 16:16:01
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Un articulo sobre Derecho Constitucional - El blog de Samanamud
Publicado en 12 diciembre 2009 por Samanamud&Acosta_abogados
LOS SISTEMAS PRESIDENCIALISTAS EN BOLIVIA Y PERÚ
Podemos definir al presidencialismo como el sistema de organización política en que el presidente de la república es también jefe del poder ejecutivo, es unipersonal, aunque se auxilia de organismos para cumplir sus diversas funciones, tanto en la administración pública como en la gobernabilidad. Es peculiar de la mayoría de países latinoamericanos.
Así, la Real Academia de la Lengua Española define al Presidencialismo como un “sistema de organización política en que el Presidente de la República es también Jefe del Gobierno, sin depender de la confianza de las Cámaras”[1].
A esto agregamos lo planteado en el Glosario de Conceptos Políticos Usuales de Eumed.net que desarrolla un concepto más amplio: “… el Presidente, que designa y hace renunciar a su arbitrio a los ministros, miembros del Gabinete, que aparecen como ejecutores de su política. El Presidente es elegido directamente, o por medio de electores, por el pueblo, y encarna en sí mismo el Poder Ejecutivo. Es, desde luego, la figura política protagónica del gobierno, y aunque formalmente las constituciones responden al principio de la separación y equilibrio de los poderes, puede reconocerse (aún en la normativa) cierta preeminencia del Ejecutivo respecto de los otros poderes del Estado, situación que se acrecienta más todavía en la vida política práctica”[2].
2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PRESIDENCIALISMO EN BOLIVIA Y PERÚ.
El Perú y Bolivia, guardan muchas similitudes y tienen un origen común, ambos países comparten la Meseta altiplánica y el Lago Titicaca, donde se desarrolló la cultura Tiahuanaco, zona luego ocupada por los aymaras y que finalmente es incorporada al imperio cuzqueño de los incas. Durante el virreinato, ambos territorios fueron parte del virreinato del Perú, tan es así que la actual Bolivia era conocida como “Alto Perú”. El presidencialismo en el Perú y Bolivia debe ser comprendido como parte del fenómeno presidencialista latinoamericano. Mencionaremos a continuación algunos de los más importantes antecedentes comunes:
2.1. La Tradición Monárquica Española.
Si bien la mayoría de especialistas en la materia constitucional coincide, en que las nacientes repúblicas latinoamericanas copiaron a su manera la institución de la Presidencia de la Constitución de los Estados Unidos de América. Es también muy cierto, que la implantación de este sistema obedeció a una tradición de formas autoritarias ejercidas en casi tres siglos de la dominación española en tierras americanas.
La fuerza de la tradición monárquica fue un importante factor, pues ella va moldear una idiosincrasia autoritaria en nuestros países. Sobre esto anota acertadamente Pareja Paz Soldán[3] que, la tradición monárquica española se proyectó en los Libertadores y en los Presidentes, herederos de los Virreyes y de los Capitanes Generales. Al respecto, evoca las palabras de quien fuera Presidente de Venezuela, el General Soublette, quien decía que sus paisanos “no acaban de convencerse que el Presidente de la República no es un Capitán General”. Esto tiene su fundamento en que el monarca español ejercía su poder político a través de instituciones dotadas por la misma corona con poderes absolutos como los virreyes, los capitanes generales y en la parte final aparece la figura de los intendentes.
2.2. La Constitución Vitalicia (1826).
La creación de la República de Bolívar se produjo el 6 de Agosto de 1825 con el acta de independencia, redactada por el presidente del Congreso, José Mariano Serrano en la histórica ciudad de Chuquisaca (luego rebautizada como Sucre), un mes después los diputados altoperuanos, obviamente influenciados por Sucre, envían una carta a Simón Bolívar, pidiéndole que se encargara de redactar el proyecto de su Constitución Política, tarea en la cual se aboca durante su estadía en el Alto Perú y logra culminarla, en esas circunstancias el Libertador, recibe sugerencias de confederar las repúblicas que habían sido liberadas con ayuda de su espada, es allí que él decide conformar la Federación de los Andes que agruparía a La Gran Colombia, Perú y Bolivia y que estaría regida bajo la Carta Constitucional que acababa de elaborar, dicho texto es aprobado por los colegios electorales del Perú.
Paniagua reseña al respecto “Informado de que su planteamiento de una liga federal americana estaba condenada al fracaso, por las noticias inquietantes que obtuvo Pando (que había regresado del Istmo y le había propuesto la formación de un imperio para contrarrestar las amenazas existentes), Bolívar decidió crear, más bien, una federación efectiva de las tres repúblicas hermanas. Una federación que supla a la general americana, “nominal y aérea”, al decir de Pando, bajo su presidencia y regida por una sola Constitución: la Constitución que iba a presentar a la Asamblea de la república que llevaba su nombre”[4].
En la Constitución de Bolívar, su propio autor, puso mucho acento en establecer un ejecutivo fuerte, pues consideraba esto como condición necesaria para llevar adelante su proyecto confederativo, en ella las “atribuciones del Presidente de la República son:
Expedir, a nombre de la República, los títulos o nombramientos a todos los empleados”[5].
Pese a la notoria concentración del poder en el Presidente vitalicio se salvaron algunas restricciones: “Son restricciones del Presidente de la República:
No podrá ausentarse del territorio de la República, ni tampoco de la capital, sin permiso del Cuerpo Legislativo”[6].
En el Perú, pese a haber sido aprobada, la Constitución Vitalicia prácticamente no tuvo vigencia, puesto que al ausentarse Bolívar del Perú en febrero de 1827, el Cabildo de Lima, a instancias de los liberales y nacionalistas toma por acuerdo su abrogación. Donde si tuvo aplicación fue en Bolivia, al respecto citamos la opinión de Paniagua quien explica su fracaso, así como el de la Constitución Santacrucina, por ir a contracorriente del pensamiento liberal y nacionalista, inspirador de la lucha independentista:
“La Constitución vitalicia no rigió nunca en el Perú y tampoco influyó en su constitucionalismo. Inspiró, en cambio, al constitucionalismo boliviano y al de la Confederación Perú-boliviana. El Tratado de Tacna (1837), en efecto, impuso un cesarismo decenal, con reelección inmediata, y con poderes omnímodos. Este régimen, como el bolivariano, fue efímero. Es explicable. Contradecían la más acusada y expresa tendencia de la emancipación y de la república”[7]
Consideramos que las causas del fracaso bolivariano van más allá de ser meramente ideológicas, habría que agregar la tendencia centrifuga de muchos caudillos, quienes querían trasplantar ideas liberales para organizar el Estado en la medida que estas no colisionaran con el régimen cuasi feudal de propiedad sobre la tierra, heredado del virreinato.
2.3. Ley Fundamental de la Confederación Perú Boliviana (1837)
El General Santa Cruz como muchos otros personajes de los inicios republicanos del Perú y Bolivia, pensaban que la partición territorial en dos países, bajo la cobertura de la libre determinación, era un error y propugnaba la reunificación de ambos en un solo Estado, lo cual logra a cambio de sofocar las rebeliones militares en contra del presidente peruano José Luis Orbegoso. Se establece luego de las asambleas de sus tres Estados integrantes, las cuales enviaran al Congreso de Tacna sus respectivos representantes, en dicho Congreso se aprueba la Ley Fundamental, en la cual se establece como máxima autoridad del Ejecutivo, el cargo de Supremo Protector:
“Son atribuciones del Protector:
· Sancionar, publicar y mandar ejecutar las leyes de la confederación
· Conservar la integridad del territorio de la confederación y de cada una de las tres repúblicas, cuidar del orden interior y de la seguridad exterior de la confederación y sostener el puntual cumplimiento del presente pacto fundamental
· Nombrar los Agentes Diplomáticos y Cónsules de la confederación, cerca de los otros gobiernos y recibir los que por ellos fueren acreditados cerca del gobierno general
· Dirigir las relaciones exteriores de la confederación
· Concluir por sí solo los tratados con otras potencias y ratificarlos con aprobación del Senado
· Declarar la guerra previa aprobación del Congreso General
· Nombrar los senadores del Congreso General
· Nombrar y remover á los Ministros de Estado de la confederación y a los demás empleados del gobierno general
· Proveer todos los empleos del ejército y marina
· Arreglar todo lo concerniente al comercio exterior con otras naciones, establecer y dirigir las aduanas generales y la administración general de correos y nombrar los empleados de ambas oficinas
· Nombrar los Ministros de las Cortes Supremas de las tres repúblicas de entre los propuestos en terna por sus respectivos Senados
· Presentar á la Silla Apostólica los Arzobispos y Obispos de las tres repúblicas, a propuesta en terna de los mismos Senados; conceder o negar el pase a las bulas, breves y rescriptos Pontificios concernientes a la institución y consagración de los Arzobispos y Obispos de las tres repúblicas, previo consentimiento del Senado: en receso de éste, con dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la república a que corresponda el agraciado
· Elegir a los Presidentes de las repúblicas confederadas de la terna de individuos que proponga el Congreso de cada una de ellas, de entre los propuestos con mayor número de sufragios por los Colegios Electorales en los periodos que señale la Constitución respectiva
· Ejercer el poder ejecutivo de la república en que se hallare, en conformidad con sus leyes propias
· Instalar el Congreso General y manifestarle por medio de un mensaje el estado, los progresos y las necesidades de la confederación, con presencia de los mensajes particulares que cada uno de los Presidentes de las repúblicas le pasará con este objeto
· Promover la inmigración extranjera por medio de franquicias y asignaciones de terrenos baldíos en las tres repúblicas
· Dirigir y reglamentar los Colegios militares y de marina y nombrar sus empleados
· Iniciar ante las legislaturas de las repúblicas confederadas proyectos de ley relativos a la educación pública y mejoras en la administración de justicia
· Iniciar ante las cámaras del Congreso general todos los proyectos de ley que por el presente tratado son de las atribuciones respectivas de las cámaras.
· Conceder cartas de naturaleza y ciudadanía y privilegios exclusivos a los inventores o introductores al territorio de la confederación, de máquinas útiles a las ciencias y las artes, y a los que establecieren la navegación por vapor en las costas, lagos y ríos de las repúblicas confederadas
· Levantar empréstitos, previa aprobación del Congreso General
· Disolver el Congreso General en la época de sus sesiones, cuando manifiesta e indudablemente se apodere de las cámaras un espíritu de desorden que amenace la paz interior de la confederación. En tal caso, se harán nuevas elecciones de representantes, y el nuevo Congreso se reunirá cinco meses después de la disolución, sobre la que informará fundadamente el Protector en el mensaje de su apertura
· El Protector creará los Ministerios de Estado que juzgue necesarios para el servicio de la confederación”[8].
2.4. La necesidad de excluir a los sectores mayoritarios de la población.
Como un antecedente y que es a la vez una causa fundamental, debe señalarse que luego de las guerras de independencia se presenta como necesidad del momento, cimentar las nuevas repúblicas, construidas por sectores minoritarios y acomodados de criollos y algunos mestizos, siendo puestos al margen amplios sectores como los indígenas (que eran la mayoría) y los esclavos (que eran una minoría importante).
La necesidad de excluir a los sectores mayoritarios de la población de la participación en el proceso de conformación de las nuevas repúblicas, como un factor importante para optar por el sistema presidencialista, cobra quizá una especial relevancia en países como Bolivia y Perú, por la presencia de una importante masa poblacional de indígenas, que ya se contaba por millones cuando las huestes del imperio español ponen pie en tierras andinas a inicios del siglo XVI.
3.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PRESIDENCIALISTA.
El presidencialismo latinoamericano es un fenómeno distinto del sistema presidencial de Estados Unidos, del sistema parlamentario de ciertos países europeos, e incluso del llamado por algunos semipresidencialismo francés. Consideramos que tiene caracteres propios, respecto a lo cual transcribimos lo planteado por Javier SANÍN FONNEGRA[9]:
“Someramente, el presidencialismo latinoamericano, tiene las siguientes características:
Interrelaciones entre poderes que favorecen al ejecutivo. Aunque en las constituciones la separación de poderes esté escrita, en la letra menuda y en la práctica prima el ejecutivo.
Inexistencia del federalismo, por lo que no hay separación ni equilibrio horizontal y vertical del poder. El centralismo significa primacía del ejecutivo presidencial en todas las relaciones de poder.
Elección popular directa del presidente, independiente de la elección del parlamento – aunque las elecciones sean simultáneas, lo que evita vinculación política entre el legislativo y el ejecutivo.
Posibilidad de reelección en varios países, lo que mantendría el caudillismo tradicional, la permanencia de las élites políticas y entrabaría la renovación política.
Inamovilidad política del presidente durante su periodo de gobierno, imposible de variar porque ni el congreso puede cambiar al gobierno ni este disolver al congreso, lo que produce parálisis institucional.
Representación únicamente de intereses y regiones en el congreso, imposibilidad de formar bancadas decisorias e indisciplina partidista. Partidos débiles, fragmentados e indisciplinados, dependientes del ejecutivo, sin jerarquización ni estructura interna.
Iniciativa presidencial predominante en la presentación de proyectos de ley y exclusivismo en ciertas materias como presupuesto e impuestos. Amplias facultades del presidente para determinar el desarrollo económico, la política fiscal, las obras públicas, las políticas sociales, las empresas públicas y la planificación.
Irresponsabilidad política del presidente y sus ministros ante el parlamento.
El bicameralismo favorece al presidente por la dificultad que impone para el trámite legislativo y porque los senadores se convierten en los electores del presidente y éste en su promotor electoral.
El bicameralismo produciría un bloqueo mutuo entre el legislativo y el ejecutivo, el cual se superaría por arreglos entre ambos donde el ejecutivo tiene las de ganar.
Frecuentemente el presidente tiene facultad para intervenir en el nombramiento de los jueces, lo que reduce la competencia de la judicatura en el proceso político. El papel de la Suprema Corte norteamericana de juzgar de la constitucionalidad y de los actos presidenciales y de imponer su decisión a los otros poderes, no se presenta en América Latina, donde la inconstitucionalidad es un proceso engorroso y juzgar al presidente una excepción.
Dependencia exagerada de la carrera administrativa del poder político y, por ende del presidente, lo que aunado al clientelismo ancestral produce gobiernos y burocracias ineficientes, corrupción y desajuste fiscal.
Fácil recurso a la legislación de estados de excepción, con limitaciones al parlamento y a los derechos fundamentales.”
A esta muy importante y certera caracterización del presidencialismo, quisiéramos agregar algunas que consideramos también son parte de ello:
- El Presidente designa y hace renunciar a su arbitrio a los ministros, miembros del Gabinete, que aparecen como ejecutores de su política.
- El Presidente es, desde luego, la figura política protagónica del gobierno, y aunque formalmente las constituciones responden al principio de la separación y equilibrio de los poderes, puede reconocerse (aún en la normativa) cierta preeminencia del Ejecutivo respecto de los otros poderes del Estado, situación que se acrecienta más todavía en la vida política práctica.
4.- ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRESIDENCIALISMO EN LAS ACTUALES CONSTITUCIONES DE BOLIVIA Y PERÚ.
4.1. Definición de la forma de gobierno:
La Constitución peruana de 1993 plantea este asunto en el primer párrafo de su artículo 43:
“Artículo 43º
La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible.”
Al respecto la Constitución boliviana en su artículo 11, define de manera más extensa e intenta incluir otras formas comunales indígenas como parte de la democracia:
I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
4.2. Interrelación de Poderes:
Respecto a la tan invocada separación de poderes, la Constitución del Perú la plantea en el segundo párrafo de su artículo 43 que declara:
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.”
En tanto que la Constitución boliviana de reciente promulgación (2008), en el doceavo artículo es más explícita al respecto:
I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.
II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.
4.3. Sobre la elección del Presidente:
La Constitución peruana establece al respecto lo siguiente:
“Artículo 111º
El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan.
Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes”.
La Constitución de Bolivia plantea sobre la forma de elección del Presidente:
“Artículo 166.
I. La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos diez por ciento en relación con la segunda candidatura.
II. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de sesenta días computables a partir de la votación anterior. Será proclamada a la
Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos”.
4.4. Sobre la posibilidad de la reelección presidencial.
En el Perú de las últimas décadas, este fue un problema muy polémico, puesto que el Presidente electo en 1990, Alberto Fujimori, siguió toda una bien planificada estrategia para imponer una reestructuración estatal que le permitiera un gobierno prolongado, este plan se inicia el 5 de abril de 1992, con la ruptura del régimen constitucional y la posterior elaboración de una nueva Constitución (1993), dicha Carta en su artículo 112, autorizaba la reelección presidencial inmediata por una sola vez. En efecto, el artículo 112 de la Constitución de 1993 señalaba:
"El mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones".
Como se sabe, la anterior Constitución de 1979 no la permitía, y a esa limitación estuvieron sujetos Fernando Belaunde (1980-1985) y Alan García (1985-1990). Posteriormente, en 1994, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la tacha presentada contra la segunda postulación del mencionado ex-mandatario, pues consideró que si bien había sido elegido en 1990 con la Carta de 1979, podía postular a la reelección, pues así lo permitía la Constitución de 1993. Años después, en 1996, nació la "ley de interpretación auténtica" (Ley 26657), según la cual la primera reelección se contaba sólo a partir del 2000.
El mencionado artículo que le permitió a Fujimori tener en realidad dos nuevas elecciones fue modificado durante el denominado Gobierno de Transición del Dr. Valentín Paniagua como parte de una serié de modificaciones constitucionales que se iniciaran a partir de ese momento, por Ley Nº 27.365 del 5 de noviembre de 2000, quedando el texto como sigue:
“Artículo 112º
El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones”.
En el caso boliviano, la nueva constitución consagra la reelección presidencial para un solo periodo continuo, como aplicación de esto acaba de producirse la reelección del Presidente Evo Morales, el texto constitucional establece:
“Artículo 168. El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.
4.5. Posibilidad de remover al Presidente
En el caso peruano se plantea la vacancia presidencial:
“Artículo 113º
La Presidencia de la República vaca por:
5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el Artículo 117 de la Constitución”.
En cambio, la carta Boliviana establece la cesación del mandato:
“Artículo 170. La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato”.
Observemos que si bien, en ambas se contempla la posibilidad de presentar una renuncia ante el Poder Legislativo, en el caso peruano esa renuncia tendría que ser aprobada por el parlamento, en cambió en el de Bolivia, no se menciona exigencia alguna con respecto a que la renuncia sea aceptada, de lo que se puede deducir que bastaría con la sola manifestación de voluntad de renuncia por parte del mandatario boliviano para que surtan los efectos de cesación del cargo.
4.6. Iniciativa legislativa.
En la Constitución peruana de 1993, esta cuestión es sumamente evidente, pues a través de determinados artículos, se le da mayores prerrogativas legislativas, al Ejecutivo, no solo en desmedro del Legislativo, sino además desnaturalizando su papel que es precisamente legislar, convertido actualmente y en la práctica, en persecutor permanente de escándalos y presuntos actos ilícitos, plagado de comisiones investigadoras, cual si fuera un Ministerio Público paralelo al establecido constitucionalmente. Así tenemos los artículos 104 y 107, así lo evidencian:
“Artículo 104º
El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo”.
“Artículo 107º
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley”.
La Constitución boliviana no es tan insistente en el tema como su similar peruana, pero de manera muy sutil esta contemplada esta prerrogativa en el inciso 2 del parrafo I del artículo 162 donde se menciona “El Órgano Ejecutivo”:
“Artículo 162.
I. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional:
1. Las ciudadanas y los ciudadanos.
2. Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus Cámaras.
3. El Órgano Ejecutivo.
4. El Tribunal Supremo, en el caso de iniciativas relacionadas con la administración de justicia.
5. Los gobiernos autónomos de las entidades territoriales.
II. La ley y los reglamentos de cada Cámara desarrollarán los procedimientos y requisitos para ejercer la facultad de iniciativa legislativa”.
4.7. Responsabilidad política y penal del Presidente y los ministros.
En el ámbito peruano, la Constitución establece al respecto una inmunidad presidencial, con muy escasas excepciones:
“Artículo 117º
El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el Artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
En la Carta boliviana, si bien se habla en su artículo 170 de la “sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal”, como una causal de la cesación del mandato, no se específica si el Presidente cuenta con algún tipo de inmunidad o no.
4.8. Legislación de estados de excepción.
Respecto a este asunto la Constitución peruana es bastante extensa y faculta al Presidente de la República que, con el respaldo de sus ministros, pueda decretar el Estado de Emergencia si a su personal criterio exista “perturbación de la paz o del orden interno”:
“Artículo 137º
1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del Artículo 2º y en el inciso 24, apartado f del mismo Artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso”.
La nueva constitución boliviana coloca este asunto lacónicamente y como parte de la larga lista de atribuciones del Presidente de la República, consignadas en su artículo 172:
“Artículo 172.
Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley:
26. Declarar el estado de excepción”.
El presidencialismo es un sistema de organización política, propio de los países latinoamericanos, en el cual la figura del Presidente de la República concentra en una sola persona la jefatura del Estado y del gobierno, ejerciendo tal poder en detrimento de los demás poderes.
Los sistemas presidencialistas de Bolivia y el Perú deben ser analizados como parte del fenómeno presidencialista en América Latina, pero a la vez teniendo en cuenta el origen y pasado común de ambas naciones.
Podemos señalar como antecedentes comunes del Presidencialismo en el Perú y Bolivia a la tradición monárquica española y sus instituciones, la Constitución Vitalicia de 1826, la Ley Fundamental de la Confederación Perú-Boliviana de 1837 y como un factor a ser tenido en cuenta la marginación de los sectores indígenas en ambos países.
Las características del sistema presidencialista son: interrelación de poderes favorable al ejecutivo, elección del Presidente por voto popular y directo, la posibilidad de la reelección presidencial, remotas posibilidades de remoción presidencial, iniciativa legislativa presidencial, inmunidad ante acusaciones políticas o penales, facultad de decretar estados de excepción, designación y destitución de ministros a su libre albedrío.
En cuanto a la definición del Estado, ambas constituciones coinciden en su carácter social, solo la constitución peruana remarca la unidad e indivisibilidad del Estado, la novedad en Bolivia es la inclusión de formas comunales como parte del Estado.
Mientras la constitución peruana simplemente se reafirma en el principio de “separación de poderes”, en el caso boliviano se agrega además de la separación tres cuestiones: independencia, coordinación y cooperación.
En ambos casos el Presidente es elegido por sufragio directo y se exige haber alcanzado más del 50% de los votos validos, una salvedad en Bolivia es si el ganador alcanza el 40% y a la vez supera al segundo lugar por una diferencia de 10%.
La reelección presidencial continua, por una sola vez, contemplada en la actual Constitución de Bolivia, estaba permitida originalmente en la Constitución peruana del 93, pero este artículo fue modificado el año 20, prohibiéndola de plano hasta la actualidad.
Las posibilidades de conclusión del mandato por condenas políticas o penales son remotas en ambos casos, la mayor posibilidad de cesación del cargo es por muerte o por renuncia expresa que en el caso boliviano no exige siquiera la aprobación congresal.
Tanto en Bolivia como en el Perú, el Presidente tiene iniciativa legislativa. En el Perú es un asunto más marcado a tal punto que se encuentra desnaturalizada la función legislativa, abdicando a su carácter esencial.
La Constitución del Perú establece expresamente una inmunidad presidencial, la cual no se encuentra en la Constitución boliviana.
Ambas constituciones le franquean al Presidente a decretar estados de excepciòn por decisión unipersonal.
Tanto en Bolivia como en el Perú, el Presidente designa y a la vez puede destituir a sus ministros a su libre parecer.
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Edición, Madrid, 1984, tomo II.
EDUMED: Sitio web www.eumed.net. Diccionarios (mantenido por el grupo de investigación eumed.net de la Universidad de Málaga, con el apoyo de la Fundación Universitaria Andaluza Inca gracilazo).
PAREJA PAZ SOLDÁN, José. Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979. Tercera Edición, Ediciones Justo Valenzuela, Lima, 1984.
PANIAGUA CORAZAO, Valentín:
- El Proceso Constituyente y la Constitución Vitalicia (Bolivariana) de 1826. (I). Artículo escrito para la revista “Historia Constitucional” el año 2006 y publicada póstumamente en Revista Electrónica de Historia Constitucional Número 8 - Septiembre 2007.
- El Proceso Constituyente y la Constitución Vitalicia (Bolivariana) de 1826. (II). Artículo publicado en Historia Constitucional (revista electrónica), n. 9, 2008. http://hc.rediris.es/09/index.html.
GARCÌA BELAUNDE, Domingo. Las Constituciones del Perú. Segunda edición revisada, corregida y aumentada. Lima, 2005. En www.garciabelaunde.com/biblioteca/LasConstitucionesdelPeru.pdf.
Artículo “FORMAS DE GOBIERNO”, Noviembre 2005. Publicado en www.iidh.ed.cr/.../formas%20de%20gobierno.htm.
Wilfredo Robles Rivera
[1] . REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Edición, Madrid, 1984, tomo II, p. 1100.
[2] . Sitio web www.eumed.net › Diccionarios (mantenido por el grupo de investigación eumed.net de la Universidad de Málaga, con el apoyo de
la Fundación Universitaria Andaluza Inca gracilazo).
[3] . PAREJA PAZ SOLDÁN, José. Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979. Tercera
Edición, Ediciones Justo Valenzuela, Lima, 1984, p. 195.
[4] . Paniagua Corazao, Valentín. El Proceso Constituyente y la Constitución Vitalicia (Bolivariana) de 1826. (I). Artículo escrito para la revista “Historia Constitucional” el año 2006 y publicada póstumamente en Revista Electrónica de Historia Constitucional Número 8 - Septiembre 2007
[5] . García Belaunde, Domingo. Las Constituciones del Perú. Segunda edición revisada, corregida y aumentada. Lima, 2005. En www.garciabelaunde.com/biblioteca/LasConstitucionesdelPeru.pdf.
[6] . García Belaunde, Domingo. Las Constituciones del Perú.
[7] . Paniagua Corazao, Valentín. El Proceso Constituyente y la Constitución Vitalicia (Bolivariana) de 1826. (II). Artículo publicado en Historia Constitucional (revista electrónica), n. 9, 2008. http://hc.rediris.es/09/index.html.
[8] . García Belaunde, Domingo. Op cit.
[9] . Del artículo “FORMAS DE GOBIERNO”, Noviembre 2005. Publicado en www.iidh.ed.cr/.../formas%20de%20gobierno.htm
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