Source: https://www.scribd.com/document/308019687/2004-JTS-178
Timestamp: 2018-10-16 04:06:29
Document Index: 246235138

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo\n3', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

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[PAG. 373]
Manuel R. ("Manny") Suárez, et al., Demandante-Peticionarios
Comisión Estatal de Elecciones, et al., Demandados-Recurridos
Núm. CT-2004-0004
Certificación procedente del Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan
[PAG. 374]
San Juan, Puerto Rico, a 20 de noviembre de 2004
CITESE 2004 JTS 178
Abogada de la Parte Peticionaria: María Soledad Piñeiro. Abogados de la Parte
Recurrida: Pedro Delgado, Luis Estrella, Gerardo de Jesús Annoni, Juan Dalmau, Thomas
Rivera Shatz & Pedro Ortiz Alvarez.
Derecho Electoral: Voto Mixto.
Mediante Opinión Per Curiam y en recurso de certificación, el Tribunal Supremo
resuelve que son válidas las papeletas estatales emitidas en la elección general de 2 de
noviembre de 2000, en las que el elector votó bajo la insignia del P.I.P. y, además, votó
bajo candidatos a Gobernador y a Comisionado Residente de otros partidos. El Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión de Conformidad. Los Jueces Asociados
señores Rebollo López, Corrada del Río y Rivera Pérez --a pesar de tener preparadas y
listas para ser certificadas sendas Opiniones Disidentes, en forma individual--, no
intervienen y no publican sus ponencias, en esta etapa de los procedimientos, en vista de
que en el presente caso se ha radicado una solicitud de remoción ("Notice of Removal")
por una de las partes ante la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico,
solicitud de remoción que por mandato expreso de un estatuto federal aplicable a Puerto
Rico, a saber: 28 U.S.C.A. 1446(d), ordena la paralización automática de los
procedimientos judiciales a nivel local o estatal y priva de jurisdicción al foro local. La
actuación de la mayoría resulta inútil, inoficiosa y no vinculante. Los Jueces Asociados
señor Rebollo López, Corrada del Río y señor Rivera Pérez, sin embargo, se reservan el
derecho a publicar su Opiniones Disidentes individuales, una vez la solicitud de remoción
sea resuelta en forma definitiva.
RESUMEN NORMATIVO *
1. Derecho Apelativo, Recurso de Certificación al Tribunal Supremo. Conforme al
Artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura de 2003, el Tribunal Supremo tiene jurisdicción
para intervenir, mediante auto de certificación, en asuntos pendientes ante el Tribunal de
Primera Instancia o ante el Tribunal de Apelaciones, cuando se planteen cuestiones
noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluya cualquier
cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos.
2. Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derecho al Voto, Jurisdicción Federal,
Jurisdicción del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo tiene la
obligación constitucional de resolver una controversia en la que está involucrado el
derecho fundamental al sufragio a la luz de un ordenamiento totalmente estatal. El
ejercicio de esta obligación no se afecta porque paralelamente se esté ventilando la
misma controversia en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico, siempre que la decisión del Tribunal Supremo esté amparada
exclusivamente en la Constitución, Leyes y disposiciones reglamentarias del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, sobre todo si la actuación federal carece de toda base
jurídica a la luz de la propia jurisprudencia federal aplicable. [PAG. 375]
3. Procedimiento Civil, Sentencia Declaratoria. La sentencia declaratoria -Regla 59.1 de
Procedimiento Civil-, es aquélla que se dicta en un proceso en el cual los hechos alegados
demuestran que existe una controversia sustancial entre partes que tienen intereses
legales adversos, sin que medie lesión previa de los mismos con el propósito de disipar la
incertidumbre jurídica y contribuir a la paz social. El objetivo es proveer al ciudadano un
mecanismo procesal de carácter remedial mediante el cual se dilucide ante los tribunales
los méritos de cualquier reclamación que en forma latente entrañe un peligro potencial en
4. Id. El mecanismo de sentencia declaratoria es el adecuado para adjudicar controversias
de índole constitucional, y debe utilizarse cuando permite finalizar situaciones de
incertidumbre o inseguridad en cuanto a derechos.
5. Id., Derecho Electoral, Controversia Sobre Validez de Voto. La sentencia declaratoria
es adecuada para aclarar la incertidumbre jurídica con relación a los derechos de electores
que votaron en una elección general, de una forma particular y que corren el riesgo de
que sus votos no sean contados, pues a pesar de una decisión del Presidente de la
Comisión Estatal de Elecciones de contar esos votos, rige una situación de incertidumbre
sobre la corrección de esa determinación.
6. Derecho Electoral, Determinación de Validez del Voto, Intervención del Tribunal
Supremo. La determinación de la validez de una forma particular de votación en una
elección general, a la luz de los estatutos de Puerto Rico, compete exclusivamente a los
tribunales de Puerto Rico. Para dar certeza y finalidad a la incertidumbre sobre la validez
de esos votos, se requiere la intervención del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
7. Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derecho al Voto. En el ordenamiento
jurídico de Puerto Rico, el sufragio, como expresión individual y colectiva, ocupa un
sitial de primerísimo orden que obliga a los tribunales a conferirle la máxima protección.
Ante cualquier posible vaguedad o laguna en las disposiciones estatutarias o
reglamentarias que regulan el ejercicio del voto, la interpretación adoptada debe dar
primacía a la máxima protección de la expresión electoral.
8. Id., Intención del Elector. Cuando se evalúa la validez de un voto en una elección
general, debe ser norma irreducible la de evaluarlo con el mayor respeto a la voluntad del
elector y con el óptimo esfuerzo por salvar su intención si ésta encuentra apoyo en la
intención aplicada al examen de la papeleta, obviando inobservancias de índole formal
que en el ejercicio de entendimiento razonable no ocultan ni enredan en confusión la
verdadera intención del votante.
9. Derecho Electoral, Voto Íntegro, Voto Mixto. El Art. 5.028 de la Ley Electoral de
Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, et seq. (Ley Electoral de Puerto
Rico), establece que antes de la elección general de 2004, la Comisión Estatal de
Elecciones de Puerto Rico debía establecer, mediante reglamento, la forma en que los
electores marcarían sus papeletas con el propósito de consignar en ellas su voto. Según la
ley, este método para marcar la papeleta debía ser el más sencillo posible que se ajustara
al diseño de la papeleta, y permitiese que se pudiese emitir el voto por una candidatura
íntegra o mixta.
10. Derecho Electoral, Voto Mixto. De conformidad con la Regla 50 del Reglamento Para
las Elecciones Generales y el Escrutinio General de [PAG. 376] 2004, los electores
podían emitir un voto mixto, así definido: Cuando el (la) elector(a) ennegrece el óvalo,
hace una marca o cruz de cualquier dimensión o forma dentro del cuadrante de la insignia
del partido político de su preferencia, y hace, además, una cruz o marca individual dentro
del cuadrante donde aparece el nombre de uno o más candidatos en las columnas de otros
partidos políticos, o candidatos independientes, o escribe nombres de personas que no
figuren como candidatos en la columna de Nominación Directa.
11. Id. Bajo el derecho electoral de Puerto Rico, una "papeleta mixta" es aquélla en la que
el elector vota marcando en la papeleta electoral, individualmente o en combinación con
una marca por la insignia de un partido, cualquier combinación de candidatos, sean o no
del mismo partido o independientes, o mediante la inclusión de nombres no encasillados
en la papeleta. Art. 1.003 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 20 de
12. Id. La reglamentación electoral para las elecciones generales de 2 de noviembre de
2004, permite el voto en el cual el elector confiere un voto en la insignia de un partido
político y, además, vota por un candidato a Gobernador y por un candidato a
Comisionado Residente en la papeleta estatal. De ahí que sea válida una papeleta en la
que el elector votó bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño y, además,
otorgó un voto a favor de uno de los candidatos a Gobernador y un voto a favor de uno de
los candidatos a Comisionado Residente. Este voto refleja la intención del elector de que
el partido político (P.I.P.) quede inscrito, independientemente de sus candidatos a
Gobernador y Comisionado Residente.
13. Id. El voto bajo la insignia de un partido en la papeleta estatal tiene un valor
independiente que no está vinculado con la elección de un candidato a Gobernador o a
Comisionado Residente, que es la inscripción del partido, de conformidad con el Artículo
3.001 (1) de la Ley Electoral.
14. Id. En las elecciones celebradas el 2 de noviembre de 2004, es válida la papeleta
estatal en la que el elector emitió un voto bajo la insignia del P.I.P. y, además, le otorgó un
voto a Gobernador y un voto a Comisionado Residente a candidatos de otros partidos. De
esa forma, el partido (P.I.P.) gana un voto para fines de la inscripción (Artículo 3.001 (1)
de la Ley Electoral), aunque pierden el voto los candidatos nominados por ese partido a
los puestos de Gobernador y Comisionado Residente.
TEXTO COMPLETO DE LA OPINIÓN
Nos corresponde determinar si son válidas aquellas papeletas estatales de los comicios
electorales del 2 de noviembre de 2004 en las que los electores emitieron su voto
realizando una marca bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño (en
adelante P.I.P), otra a favor del Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá como candidato a Gobernador
por el Partido Popular Democrático (en adelante P.P.D) y otra a favor del Lcdo. Roberto
Prats Palerm como candidato a Comisionado Residente de esta última colectividad
Los hechos medulares no están en controversia. El pasado 2 de noviembre de 2004, se
celebraron en Puerto Rico las elecciones generales. Tras el conteo inicial, y a tenor con el
mandato establecido en el Art. 6.007 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de
20 de diciembre de 1977, 16 L.P.R.A. sec. 301 et seq. (en adelante Ley Electoral de
Puerto Rico), la Comisión Estatal de Elecciones certificó preliminarmente como
Gobernador [PAG. 377] electo al Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá, candidato del P.P.D. En
aras de certificar oficialmente a los candidatos electos en los pasados comicios electores,
el 12 de noviembre de 2004, la C.E.E. comenzó el escrutinio general.
Comenzado dicho procedimiento, el Comisionado Electoral del P.N.P, Lcdo. Thomas
Rivera Schatz, objetó la validez de todas aquellas papeletas en las cuales los electores
votaron bajo la insignia del P.I.P y, a su vez, brindaron su voto al Lcdo. Aníbal Acevedo
Vilá como candidato a Gobernador y al Lcdo. Roberto Prats Palerm como candidato a
Comisionado Residente. A juicio del Lcdo. Rivera Schatz, en estas circunstancias, dichos
votos son nulos, por lo cual no hay forma de determinar la intención del elector.
El Comisionado Electoral del P.P.D, Lcdo. Gerardo Cruz Maldonado, se opuso a esta
solicitud. Entendió éste que el voto impugnado se debe considerar como un voto mixto.
Eventualmente, y con la oposición del Comisionado Electoral del P.N.P., el Presidente de
la C.E.E., Lcdo. Aurelio Gracia Morales, determinó que se trataba de una papeleta de
voto mixto y que procedía adjudicarse como tal.
Posteriormente, el Sr. Manuel R. ("Manny") Suárez Jiménez y un grupo de electores que
emitió el tipo de voto en controversia (en adelante el señor Suárez Jiménez), acudieron
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, mediante una solicitud
de sentencia declartoria e "injunction" solicitando, en esencia, que dicho foro decretara la
validez de sus votos. En oposición, el Comisionado Electoral del P.N.P, Lcdo. Thomas
Rivera Schatz, solicitó la desestimación de la demanda por entender que el tribunal
carecía de jurisdicción por no existir una controversia genuina, ya que la C.E.E. había
resuelto que los votos mixtos objeto de controversia eran válidos. Atendidos los
planteamientos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia ordenó en sala la
desestimación del pleito sin perjuicio. [1]
Inconforme, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 3.003 (e) de la Ley de la Judicatura de
2003, Ley Num. 201 de 22 de agosto del 2003, y de la Regla 23 del Reglamento del
Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A Ap. XXI-A, el señor Suárez Jiménez acudió
ante este Tribunal el 17 de noviembre de 2004 mediante recurso de certificación. En
síntesis, sostiene que el foro de instancia incidió al no conceder los remedios
provisionales para garantizar el voto de aquellos electores que como él emitieron un voto
bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño y, a su vez, otorgaron un voto
a Aníbal Acevedo Vilá como candidato a Gobernador y a favor de Roberto Prats Palerm
como candidato a Comisionado Residente. Tras la presentación del recurso de
certificación, emitimos una Resolución en la que le concedimos un término a las partes
para que se expresaran en torno a si procedía nuestra intervención y sobre los méritos de
las alegaciones de los peticionarios. En vista de ello, y con el beneficio de la
comparecencia de las partes, resolvemos.
Conforme al Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, este Tribunal tiene
jurisdicción para intervenir mediante auto de certificación en asuntos pendientes ante el
Tribunal de Primera Instancia o ante el Tribunal de Apelaciones "cuando [...] se planteen
cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que
incluya cualquier cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos". 4
L.P.R.A. sec. 24(s)(e). Véase, además, Regla 23 del Reglamento de este Tribunal, supra.
En el presente caso, el recurso, de certificación nos fue presentado luego de que el foro de
instancia adelantara una decisión en corte abierta. El asunto estaba pendiente ante dicho
tribunal cuando el peticionario acudió directamente ante nos solicitando la certificación
del caso. Considerando la importancia del asunto y el interés público de que este Tribunal
intervenga directamente en la adjudicación de un asunto de derecho, procede la
certificación. [PAG. 378]
541 (1980). en la que está involucrado el derecho fundamental al sufragio a la luz de un ordenamiento totalmente estatal.1.R. Aunque somos conscientes de que en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico se está ventilando un caso que involucra una controversia sobre el proceso electoral del 2 de noviembre de 2004. González..] cuyos derechos [.E.P. 32 L. Ap. la cual regula lo relativo a las sentencias declaratorias. Asociación de Periodistas v.P. el señor Suárez Jiménez presentó una solicitud de sentencia declaratoria al amparo de la Regla 59. Pueblo. R. estados u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se deriven.. Ed. 59. nuestra decisión se ampara exclusivamente en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en las disposiciones estatutarias y reglamentarias de nuestra jurisdicción.. C. que: "[t]oda persona [. y conforme a la doctrina .1 de Procedimiento Civil. sin que medie lesión previa de los mismos con el propósito de disipar la incertidumbre jurídica y contribuir a la paz social".] fuesen afectados por un estatuto [. 448.R. 653 (1980).R. a la pág. Michie de Puerto Rico.. 538. 1997. El objetivo de la Regla 59 de Procedimiento Civil.P. no abdicaremos nuestra obligación constitucional.P. Ap. 32 L. aunque se inste o pueda instarse otro remedio". 127 D.R.E. Como se sabe.A. P." Por tanto..P. 704 (1991). hemos expresado que el mecanismo de sentencia declaratoria es el adecuado para adjudicar controversias de índole constitucional. estados y otras relaciones jurídicas.. en lo pertinente. Hernández Colón.2.. Charana v.. "la sentencia declaratoria es aquélla que se dicta en un proceso en el cual los hechos alegados demuestran que existe una controversia sustancial entre partes que tienen intereses legales adversos. III.Al adjudicar este recurso partimos de la premisa de que este Tribunal tiene la obligación constitucional de resolver una controversia como la de autos. en variadas ocasiones.A.P.) De igual modo. Regla 59. 641. supra. Id. R. es proveer al ciudadano un mecanismo procesal de carácter remedial mediante el cual se dilucide ante los tribunales los méritos de cualquier reclamación que en forma latente entrañe un peligro potencial en su contra.] podrá solicitar una decisión sobre cualquier divergencia en la interpretación o validez de dichos estatutos [.] y además que se dicte una declaración de los derechos. R. 109 D. Derecho Procesal Civil.R.2 de las de Procedimiento Civil. 110 D. (Énfasis suplido. Como custodios e intérpretes máximos de nuestro ordenamiento jurídico.. v.. Asimismo. dispone.) III A Ante el foro de instancia. III. 59.S. ("Este Tribunal Supremo no puede abdicar sus funciones constitucionales ante actuaciones carentes de toda base jurídica a la luz de la propia jurisprudencia federal aplicable". esta regla dispone que "[e]l Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar derechos.
P.E. obviando inobservancias de índole formal que en el ejercicio de entendimiento razonable no ocultan ni enredan en confusión la verdadera intención del votante. La presente controversia. Santos v. requiere nuestra pronta atención para dar certeza y finalidad a la incertidumbre que al respecto impera: "Esta certeza y finalidad solamente se la puede dar el Tribunal Supremo de Puerto Rico". pues. . PSP v. tomamos conocimiento judicial de que permea una sensación de incertidumbre sobre la corrección de esa determinación. and controversy giving rise to the proceeding. Ed. insecurity. En este sentido reafirmamos los principios de interpretación estatutaria que en materia electoral expresamos en P. C. 400 (1980). 379] particular y que corren el riesgo de que sus votos no sean contados.E.prevaleciente.P.. 110 D.S. el sufragio.P. ocupa un sitial de primerísimo orden que obliga a los tribunales a conferirle la máxima protección. 260 (1981). partimos de dos premisas ineludibles. 400 (1980). v. repasemos los principios estatutarios y jurisprudenciales que gobiernan el asunto. como se sabe. 123 D. PNP v. 460. res. ante cualquier posible vaguedad o laguna en las disposiciones estatutarias o reglamentarias que regulan el ejercicio del voto.. CEE. 199. Barreto. Siendo ello así. Rodríguez Estrada.R. el 2 de noviembre de 2000. 1 (1988).R: 351 (1981). 110 D.R. 123 D. West. además.P. 111 D. Federal Practice and Procedure. compete exclusivamente a los tribunales de Puerto Rico.[al evaluar un voto] debe ser norma irreducible la de evaluarlo con el mayor respeto a la voluntad del elector y con el óptimo esfuerzo por salvar su intención si ésta encuentra apoyo en la intención aplicada al examen de la papeleta. (Énfasis suplido)." Wright and Miller. de contar dichos votos. Rodríguez Estrada I. Primero. pues a pesar de la decisión del Presidente de la C. como expresión individual y colectiva. El presente pleito requiere. una gestión adjudicativa en torno a la validez de una forma particular de votación a la luz de los estatutos de Puerto Rico. de la siguiente manera: ".P." Id. pág. 111 D.E.. debe utilizarse cuando permite finalizar situaciones de incertidumbre o inseguridad en cuanto a derechos.E. CEE.P.R. Aclarado ello. no albergamos dudas de que en el presente caso procedía la intervención del foro de instancia para aclarar la incertidumbre jurídica con relación a los derechos de electores que votaron de una forma en [PAG.P. Véase también Granados Navedo v. Comisión Estatal de Elecciones. 2000 JTS 173. a la pág. (énfasis suplido). Báez Galib v. Se ha indicado al respecto que: "The two principal criteria guiding the policy in favor of rendering declaratory judgments are: (1) when the judgment will serve a useful purpose in claryfing and settling the legal relations in issue. en nuestro ordenamiento jurídico.1998. PPD v.R. Y segundo. 1 (1988).R. 543. asunto que.. la interpretación adoptada debe dar primacía a la máxima protección de la expresión electoral. and (2) when it will terminate and afford relief from uncertainty. B Al considerar los méritos del presente caso.
y en lo pertinente al asunto ante nuestra consideración. en lo pertinente. se incluyó una marca a favor del Lcdo. y hace." (Énfasis suplido. En particular.E. Art.P. a saber: "Voto Mixto: . se tiene derecho a votar por un candidato a Gobernador o un candidato a Comisionado Residente.Aclarado lo anterior.P. y además. se ha cuestionado por parte del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista. 380] A tenor con ello. 5.. la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico debía establecer. (en adelante Ley Electoral de Puerto Rico) establece que antes de la elección general de 2004. Thomas Rivera Schatz.N. el 2 de julio de 2004. y en distintos foros. Lcdo. entregada a los electores el día 2 de noviembre de 2004. o candidatos(as) independientes. o escribe nombres de personas que no figuren como candidatos(as) en la columna de Nominación Directa. o mediante la inclusión de nombres no encasillados en la papeleta. Aníbal Acevedo Vilá como candidato a Gobernador y otra a favor de Roberto Prats Palerm como candidato a Comisionado Residente. Señala que el Comisionado Electoral del P. además.) Es decir. y permitiese que se pudiese emitir el voto por una candidatura íntegra o mixta.028 de la Ley Electoral de Puerto Rico.003 de la Ley Electoral de Puerto Rico. hace una marca o cruz de cualquier dimensión o forma dentro del cuadrante de la insignia del partido político de su preferencia. la Regla 50 de dicho reglamento establece. 4 de 20 de diciembre de 1977. una "Papeleta Mixta" es aquélla en la que el elector vota marcando en la papeleta electoral individualmente o en combinación con una marca por la insignia de un partido. [PAG. este método para marcar la papeleta debía ser el más sencillo posible que se ajustara al diseño de la papeleta. Ley Núm. la validez de aquellas papeletas estatales que contienen una marca bajo la insignia del P. aprobó el Reglamento para las Elecciones Generales y el Escrutinio General de 2004 (en adelante Reglamento para las Elecciones Generales). expresa. 1. Ley Num. et seq. examinemos la controversia planteada ante nuestra consideración. que para votar mixto en dicha papeleta: . una cruz o marca individual dentro del cuadrante donde aparece el nombre de uno(a) o más candidatos(as) en las columnas de otros partidos políticos. El Art. mediante reglamento. las instrucciones sobre cómo votar mixto contenidas en la Papeleta Electoral Estatal. los electores podían votar de cualquiera de las siguientes formas. ha alegado que dichas papeletas son nulas. 4 de 20 de diciembre de 1977.I.Cuando el (la) elector(a) ennegrece el óvalo. Según la ley. y en las que. en lo pertinente. la forma en que los electores marcarían sus papeletas con el propósito de consignar en ellas su voto. que en las elecciones generales del martes 2 de noviembre de 2004. sean o no del mismo partido o independientes. en días recientes. C El señor Suárez Jiménez sostiene que. Por otro lado. pues el voto mixto es aquél en el cual se vota bajo la insignia de un partido político. la C. además. cualquier combinación de candidatos.E.
381] En vista de ello. www."[s]e hace una marca (X) válida debajo de la insignia del partido de su preferencia y se hace una marca al lado de otro candidato fuera de la columna de su partido. o por un candidato independiente.P. excepto para Senadores de Distrito. o escribe el nombre de otra persona de su preferencia bajo el cargo correspondiente. De lo anterior podemos colegir que el voto mixto en esta papeleta está concebido de tal forma que permite aquel voto en el cual el elector confiere un voto en la insignia de un partido político. anulas el voto para esa posición. que: "CÓMO VOTO MIXTO? Si además de votar bajo la insignia de un partido. incluyendo un sólo candidato a Representante y Senador por Acumulación. que puedes votar por dos (2) candidatos.001. Ten en cuenta que sólo puedes votar por un candidato para cada cargo." (En énfasis. en la última columna de Nominación Directa." (Énfasis suplido). establece que: .I.org) se orientó a los electores respecto a que este tipo de voto era totalmente válido. en los periódicos de circulación general del país. el voto bajo la insignia de un partido político en la papeleta estatal tiene un valor independiente que no está vinculado con la elección de ningún candidato.) [PAG. 3. radio. y además. televisión. Tenga en cuenta que sólo puede votar por un (1) candidato a Gobernador y por un (1) candidato a Comisionado Residente. en lo medios de comunicación del país (periódicos. porque son dos (2) cargos en cada distrito. el anuncio modelo publicado por la C. supra. en lo pertinente.E. También puedes votar por otras personas de tu preferencia que no aparezcan como candidatos. Reglamentos y las instrucciones en la Papeleta Electoral Estatal así lo permiten. vota por un candidato a Gobernador y por un candidato a Comisionado Residente. y otorgó un voto a favor de Aníbal Acevedo Vilá como candidato a Gobernador y un voto a favor de Roberto Prats Palerm como candidato a Comisionado Residente. Es decir. no nos cabe la menor duda de la validez de aquel voto mixto en el cual el elector emitió un voto bajo la insignia del P. A manera de ejemplo. establecía. podrás hacer una marca válida en el espacio en blanco que aparece al lado izquierdo del nombre del candidato que prefieras fuera de la columna de tu partido. .ceepur.E. El voto mixto. del cual tomamos conocimiento judicial.. [2] De hecho.E. El Art. Si votas por más del número de candidatos a que tienes derecho para cada posición. La Ley Electoral. en circunstancias como la de autos. y en la página de internet de la C. de la Ley Electoral de Puerto Rico. custodia los intereses de aquellos electores que desean que el partido político al que pertenecen quede inscrito con independencia de si sus candidatos a puestos electivos resultan electos o no. Cada voto expresamente marcado contará solamente para el candidato marcado y no para el candidato al mismo cargo del partido bajo el cual votas. inciso 1.E. escribiendo su nombre bajo el cargo correspondiente en la columna de "Nominación Directa". tienes preferencia por uno o más candidatos de otros partidos para uno o más cargos.
. o papeleta íntegra que. pierde un voto."(1) Se considerará "Partido Principal" todo aquél no coligado que obtuviera en el encasillado correspondiente a su insignia en la papeleta para Gobernador y Comisionado Residente.. en la elección general precedente una cantidad de votos no menor de siete (7) por ciento del total de votos depositados para todas las insignias de partidos.) Ciertamente. [PAG. el procedimiento para la adjudicación de papeletas mixtas contemplado en la Regla 64 del Reglamento para las Elecciones Generales establece que: ". antes señalados. la determinación de la condición de partido principal se hará individualmente para cada uno de los que componen la coligación requiriéndole la obtención del número de votos. En este sentido.. el (la) candidato(a) a gobernador(a) directamente marcado o escrito gana un voto y el (la) candidato(a) a gobernador(a) que está debajo de la insignia para el cual votó. lo que aquí resolvemos sobre el voto mixto es cónsono con las disposiciones de la Ley Electoral y con los criterios para adjudicar este tipo de voto dispuestos en Regla 81 del Reglamento para las Elecciones Generales. hubiere ocupado en la papeleta electoral. o cuyo candidato a Gobernador obtuviere en la elección general precedente una cantidad no menor de cinco (5) por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos a dicho cargo." Este mismo criterio aplica para cuando la marca es para un(a) candidato(a) a Comisionado(a) Residente diferente al que aparece debajo de la insignia bajo la cual votó.. o escribe un nombre en la columna de nominación directa para gobernador(a)." (Énfasis suplido. se establece en la mencionada disposición legal que: "Cuando un(a) elector(a) que vota mixto hace una marca dentro del cuadrante del nombre de un(a) candidato(a) a Gobernador(a) en una columna diferente a la que hizo la marca bajo la insignia del partido político. Dichos votos los ganan candidatos(as) de otros partidos políticos. Las papeletas mixtas de un partido político tienen el efecto de restarle votos a uno o más candidatos(as) del propio partido político. 382] . marcados para su candidato a Gobernador. o que obtuviera en la papeleta para Gobernador y Comisionado Residente en la elección precedente una cantidad no menor del tres (3) por ciento del total de papeletas íntegras depositadas para todos los partidos. De igual forma. En el caso de partidos coligados. para su insignia.. o independientes o candidatos(as) incluidos por el (la) elector(a) bajo Nominación Directa. También pueden ganarlos candidatos(as) del mismo partido político en los cargos por acumulación cuando es marcada una posición distinta al (a la) primera de dichos(as) legisladores(as). como partido aparte y separado de los otros.
Elecciones Generales de 2004. en este caso. ni que se hayan negado a proveer las medidas cautelares para la seguridad y limpieza del . Optaron por otra alternativa vislumbrada en la propia ley con la intención de mantener inscrito el P. entiéndase. según dispone la Ley Electoral de Puerto Rico. Este análisis revela claramente el propósito del elector de evitar el efecto automático dispuesto en la ley para las marcas debajo de las insignias. votar por unos candidatos de otro partido. y mixtas recusadas o protestadas. Edwin Irizarry Mora. anotando un palito ("tally"). el Lcdo. Tan pronto proceda a sumarle un (1) voto al (a la) candidato(a) que lo gana.I. gana un voto para cuantificar como partido principal bajo la fórmula del 7% "del total de votos depositados para todas las insignias de partidos". y además le otorgó un voto a favor de Aníbal Acevedo Vilá como candidato a Gobernador y un voto a favor de Roberto Prats Palerm como candidato a Comisionado Residente--. podemos concluir que en la papeleta en controversia --donde el elector emitió un voto bajo la insignia del P.I.P. que aparece en el Informe de Colegio con un símbolo de "más" (+)." A la luz de lo antes expuesto.P. Este mecanismo está predicado en el principio de que todas las papeletas que estén igualmente situadas habrán de recibir el mismo trato y se adjudicarán de la misma manera. recusadas. garantizando así el derecho al voto del elector.002 de la Ley Electoral de Puerto Rico. Dichos votos se le suman a los candidatos del P. al (a la) candidato(a) del partido político bajo el cual se votó.D.I. De esta forma se evita toda posibilidad de arbitrariedad y de la existencia de estándares divergentes al momento del escrutinio o del recuento. simultáneamente.P.P. lo pierden sus candidatos a Gobernador y a Comisionado Residente. deberá restarle un (1) voto al (a la) candidato(a) que lo perdió. el P. en el encasillado de los votos perdidos. 1.D. que es el que aparece con un símbolo de "menos" (-) en el Acta de Escrutinio. en el encasillado de los votos ganados para dicho(a) candidato(a). Esta resta se hará anotando un palito ("tally"). a fin de que éste finalice dentro de un período razonable antes de la fecha de ley en que los candidatos electos para los distintos cargos habrán de tomar posesión. Rubén Berrios Martínez y el Dr. Art. mixtas. tanto el Reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones como el Manual de Procedimientos. han establecido un mecanismo uniforme para adjudicar los votos en el escrutinio como en el recuento y cómo tratar las papeletas íntegras. y. del P.P. o sea. Sin embargo. El esquema descrito pone de manifiesto cómo. IV Aunque no se nos ha planteado directamente por las personas afectadas que los organismos administrativos se hayan negado a tomar las medidas necesarias para acelerar el escrutinio general papeleta por papeleta de los votos totales depositados en las elecciones. a las referidas posiciones.Se deberá proceder a sumarle un voto a cada candidato(a) que lo gane. Soslayar esa intención sería contrario al esquema electoral puertorriqueño que claramente aspira a "contar cada voto en la forma y manera en que fue emitido".
Aurelio Gracia Morales. A los fines de traer alguna tranquilidad al Pueblo de Puerto Rico. que comience de inmediato el recuento electoral. comiencen de inmediato con el recuento de éstos. Lcdo. y en ausencia de otras circunstancias. supra. bajo este mandato. Aurelio Gracia Morales.D. conjuntamente con el escrutinio de los votos.. reafirmamos nuestros pronunciamientos de hace aproximadamente dos décadas atrás. a los Comisionados Electorales y a todos sus funcionarios. éstas deben ser separadas y debidamente resguardadas a todos los fines legales pertinentes. Lcdo. Una vez adjudicada las mismas. Hacemos un llamado al país para mantener en toda ocasión la máxima tranquilidad y mesura. 387.) V Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede. se ordena a la C. a su Presidente. a los Comisionados Electorales y a todos sus funcionarios.E." (Énfasis suplido. cuando en P. Se dictará la Sentencia correspondiente.. SENTENCIA . a que cuenten y adjudiquen como válidas todas las papeletas marcadas de esa forma por los electores. Al tomar este curso de acción. en la pág. organismo oficial integrado por su Presidente y un Comisionado Electoral en representación de cada uno de los partidos políticos principales. Barreto Pérez. intranquilidad y desasosiego entre los ciudadanos que se preocupan justificadamente por la integridad del voto depositado por cada elector. Lo vital es que triunfe el pueblo entero de Puerto Rico.E. señalamos que: [PAG. que no se reduzca la calidad de su democracia ni se mancille la limpieza de sus procesos electorales. a su Presidente. podemos percibir que existe inseguridad. este Tribunal ordena a la Comisión Estatal de Elecciones. se ordena a la C. se expide el auto de certificación y resolvemos que es válido aquel voto emitido en la papeleta estatal que contiene una cruz bajo una de las insignias de los partidos y una cruz en cada uno de los encasillados correspondientes a los candidatos a los puestos de Gobernador y de Comisionado Residente de otros partidos políticos.E. 383] "El país está atravesando momentos de gran dificultad y tensión. En estas trabajosas circunstancias. Resolver lo contrario implicaría contravenir el ordenamiento electoral de Puerto Rico en menoscabo al derecho constitucional al sufragio.proceso de recuento.P. Además. es imprescindible que se actúe con serenidad y sensatez. De conformidad con lo anterior. v. para que. que se respeten escrupulosamente nuestra Constitución y nuestras leyes.E.
C. Aurelio Gracia Morales." Patricia Otón Olivieri. éstas deben ser separadas y debidamente resguardadas a todos los fines legales pertinentes.S.E.Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede. De haber sido otra la intención de los miembros de la C. "Los Jueces Asociados señores Rebollo López. y a todos sus funcionarios. De conformidad con lo anterior. en forma individual. Secretaria del Tribunal Supremo ESCOLIOS 2004 JTS 178 1. a su Presidente. Corrada del Río y Rivera Pérez --a pesar de tener preparadas y listas para ser certificadas sendas Opiniones Disidentes. a los Comisionados Electorales de los partidos políticos. que comiencen de inmediato el recuento electoral. se reservan el derecho a publicar su Opiniones Disidentes individuales. Lcdo. Aurelio Gracia Morales. Además.. se hubiese dispuesto como advertencia al elector en la papeleta lo siguiente: "Tenga en cuenta que sólo puede votar por un (1) candidato a Gobernador o por un (1) candidato a Comisionado Residente". a que cuenten y adjudiquen como válidas todas las papeletas marcadas de esa forma por los electores. se expide el auto de certificación y resolvemos que es válido aquel voto emitido en la papeleta estatal que contiene una cruz bajo una de las insignias de los partidos y una cruz en cada uno de los encasillados correspondientes a los candidatos a los puestos de Gobernador y de Comisionado Residente correspondientes a otros partido políticos. a su Presidente. Posteriormente. y a todos sus funcionarios. Corrada del Río y señor Rivera Pérez.E.A. --no intervienen y no publican sus ponencias. a saber: 28 U. se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones. 2. sin embargo. 384] ante la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. bajo este mandato. Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. una vez la solicitud de remoción sea resuelta en forma definitiva. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión de Conformidad. Los Jueces Asociados señor Rebollo López. y en ausencia de otras circunstancias. . 1446(d). La actuación de la mayoría resulta inútil. en esta etapa de los procedimientos. Una vez adjudicadas las mismas. Notifíquese personalmente y por la vía ordinaria a todas las partes. a solicitud de los demandantes y habiéndose presentado el recurso de certificación. en vista de que en el presente caso se ha radicado una solicitud de remoción ("Notice of Removal") por una de las partes [PAG. se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones. ordena la paralización automática de los procedimientos judiciales a nivel local o estatal y priva de jurisdicción al foro local. Lcdo. a los Comisionados Electorales de los partidos políticos. el foro de instancia emitió su sentencia por escrito. solicitud de remoción que por mandato expreso de un estatuto federal aplicable a Puerto Rico. inoficiosa y no vinculante.
por estar en cuestión el más fundamental derecho de una democracia.OPINIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR FUSTER BERLINGERI . 3. [PAG. a 20 de noviembre de 2004 I En el caso de autos comparecen ante nos un grupo de electores que alegan que sus votos mixtos. Coincido con la parte peticionaria de que el presente caso está revestido del más alto interés público. Sala Superior de San Juan. bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y a favor de los candidatos a la Gobernación y a Comisionado Residente del Partido Popular Democrático (PPD). 201 del 22 de agosto del 2003 y de la Regla 23 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. II Es de conocimiento público la fundamental controversia que se ha suscitado en la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto a la validez de los votos mixtos en los cuales un número de electores del país ha votado a la vez bajo la insignia del PIP y para las . Dejó pendiente dictar la sentencia por escrito en ese momento. procede que el Tribunal atienda el asunto que se nos ha planteado. solicitando de ese foro una sentencia declaratoria a su favor. El tribunal de instancia escuchó los planteamientos de las partes peticionarias al igual que los puntos de vista del Comisionado Electoral del PNP.2004 JTS 178 San Juan. Los electores referidos acudieron ante el Tribunal de Primera Instancia. los peticionarios acudieron ante nos en la tarde del 18 de noviembre de 2004 mediante un recurso de Certificación. a fin de darle una mayor oportunidad aun para contestar la Certificación referida. al amparo de lo dispuesto en el Art. ampliamos el término referido a solicitud de algunas de las partes. comparecieron ante nos y expusieron sus criterios. Dicho Tribunal le dio la razón al Comisionado Electoral del PNP y procedió a desestimar el caso de autos sin perjuicio. junto a la Comisión Estatal de Elecciones de por sí. En la mañana del 19 de noviembre de 2004. Ley Núm. Aducen que el Partido Nuevo Progresista (PNP) y su Comisionado Electoral han objetado a la validez de las papeletas de electores como ellos y que anticipan que se declare que los votos referidos son nulos. el derecho al voto. le concedimos un término abreviado a todas las partes recurridas para reaccionar al recurso de Certificación aludido. 385] Al mediodía del 20 de noviembre de 2004. y los comisionados electorales del PPD y del PNP. por lo cual no puedan adjudicarse. En la tarde de ese mismo día. En vista de ello. Puerto Rico. a la brevedad posible. En virtud de lo anterior.002 (e) de la Ley de la Judicatura de 2003. corren el peligro real e inminente de no ser adjudicados. la parte peticionaria.
al amparo de la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. v.S.candidaturas a Gobernador y Comisionado Residente del PPD.N. Comisión Estatal de Elecciones II. para ser adjudicados de forma final y decisiva posteriormente.'" Bonas v.P.I. Véase.P.S.R. 265 F.D.P.S. 400.D. y P. . Comisión Estatal de Elecciones. pues.P.R. Es claramente aplicable aquí lo resuelto recientemente por el Tribunal de Circuito de Apelaciones precisamente del Circuito a que pertenece Puerto Rico: "[A] federal court may not inject itself into the midst of every local electoral dispute. v. chocan entre sí al margen de lo que dispone el ordenamiento jurídico. 376 (1980).P. 386] 110 D. [PAG. Tal como señaláramos ya una vez en otra ocasión similar. 2001).P. Báez Galib v. obstáculos y contratiempos. un estado de incertidumbre sobre la validez y efectividad de los referidos votos mixtos. P. que según las propias decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. 248 (1980). 371 (1999). P. 3d 69. Por todo lo anterior y por lo que señalamos más adelante. Existe. Consequently. [W]ith only a few narrow and well-defined exceptions. they normally may not superintend the step-by-step conduct of local electoral contests or undertake the regulation of 'garden-variety election irregularities. Se trata estrictamente de una controversia de derecho. Election law.P.P. La grave intranquilidad que se siente en el país no surge meramente porque no se conozca aún con certeza quién resultó electo gobernador en los comicios de la pasada semana. que debe resolverse de manera definitiva a la brevedad posible. P. además. 538 (1980). Sobre todo en tal momento. Rosselló González y Otros I. le corresponde a este Tribunal la misión de velar por el fiel acatamiento de la Constitución y las leyes. En derecho es claro e incuestionable que el Tribunal Supremo de Puerto Rico es el intérprete máximo de la Constitución del Estado Libre Asociado y de las leyes de Puerto Rico. 74 (1st Cir.R.P.. P. 429 (1980). Town of North Smithfield. federal courts are not authorized to meddle in local elections. P. P. 147 D. La controversia referida.R.P. as it pertains to state and local lections.R. Barreto Pérez. se ha estado dilucidando por tres días ya ante el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico. 110 D. sino sobre todo porque el proceso mismo de contar los votos ha estado plagado de incertidumbre. Ello incluye evidentemente la interpretación y aplicación de las normas electorales de nuestra Constitución y de nuestras leyes. le compete decidir con finalidad sólo al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Romero Barceló.P. [1] III Puerto Rico sufre actualmente un lamentable estado de gran desasosiego y tensión por razón de los acontecimientos que suceden a diario en la Comisión Estatal de Elecciones. v. Igualmente se conoce la decisión tomada en dicho organismo de guardar dichos votos en sobres separados. nos compete asumir jurisdicción sobre este asunto para resolverlo final y definitivamente. además. 110 D.P. Tribunal . v. . 110 D. v. nuestro sistema de vida democrático sufre cuando los irreconciliables criterios partidistas de los que comparten en determinado momento la función de conducir a los procesos electorales. is for the most part a preserve that lies within the exclusive competence of the state courts.
Ley Núm.R. . tal y como afirmáramos antes en una situación similar: "este Tribunal no puede abstraerse de la confusión general que han generado los cerrados resultados preliminares de las elecciones generales celebradas en Puerto Rico.. de Estado. teniendo el nombre de cada candidato a su izquierda. con espacio suficiente para que el elector haga su marca bajo dicha insignia y. claramente vislumbra el voto mixto para candidatos a Gobernador y a Comisionado Residente.. (2) los partidos .S. v. secciones 3001 et seq.011 que en toda elección general habrá una papeleta para los candidatos a Gobernador y a Comisionado Residente.P.003 de dicha Ley se define el término "papeleta mixta" de la siguiente manera: "Significará aquélla en que el elector vota marcando en la papeleta electoral. la lista de los candidatos. El voto bajo la insignia se cuenta para decidir si un partido político de Puerto Rico es o no un "partido principal". el ordenamiento jurídico reconoce dos tipos de partidos oficiales.. Sobre todo. claramente le otorga un efecto importantísimo al voto mismo bajo la insignia de un partido.. Más aún. 3101. IV Voto Mixto para Gobernador y Comisionado Residente La Ley Electoral de Puerto Rico.D. Art. a la pág. v.P. sec.. 3211.. 83 D. Srio. Es decir.A sec." 16 L.P. Dicha Ley Electoral. P. sean o no del mismo partido o independientes . pág.R. En estos momentos de gran dificultad que atraviesa el país por la incertidumbre sobre los resultados de la contienda electoral. 186 (1960). 104 D. y Dávila v.R.P. Procede ahora examinar concretamente los asuntos ante la consideración de este Tribunal. Comisión Estatal de Elecciones.A. 386. supra.P. que son aquéllos que figuran oficialmente al quedar inscritos mediante determinadas peticiones al efecto.R.P.P. 16 L.. es imprescindible que se proteja lo que antes hemos llamado "el postulado mayor" de nuestra Constitución.. 5. .. cualquier combinación de candidatos. en nuestro país. Barreto Pérez. además. a saber: (1) los partidos por petición. supra. según enmendada. 4 de 20 de diciembre de 1977.A. espacio suficiente para cualquier marca electoral válida. 16 L. individualmente o en combinación con una marca bajo la insignia de un partido. 741 (1976). 3.Electoral. en la cual aparecerá : "la divisa de cada partido.. que "es el carácter democrático de nuestra sociedad donde el poder político emana del Pueblo y se ejerce con arreglo a la voluntad manifiesta en las urnas".001. en el Art 1.R.. al disponer en su Art." P. 405.".
81. En efecto.principales.R.. tres efectos y así debe contarse en el escrutinio.A. En lo pertinente. Dicho Reglamento. 16 L. ordena lo siguiente en lo pertinente: "R. independiente de su significado con respecto a los candidatos a puestos públicos cuyos nombres también aparecen en la papeleta electoral.81. en los mismos términos que ya hemos señalado. pues.P. Con arreglo a lo anterior. Tal voto mixto tiene. el Reglamento para las Elecciones Generales y Escrutinio General de 2004.. se hace una marca (X) válida debajo de la insignia del partido de su preferencia y se hace una marca al lado de otro candidato fuera de la columna de su partido. en su R. expresa y claramente dispone que el voto mixto referido ha de adjudicarse tal y como lo hemos indicado en el párrafo anterior de esta Opinión." Este mismo criterio aplica para cuando la marca es para un(a) candidato(a) a Comisionado(a) Residente diferente al que aparece debajo de la insignia bajo la cual votó. El voto bajo una insignia. Id. la instrucción era la siguiente: "COMO VOTAR MIXTO Para votar mixto. un voto en la papeleta electoral estatal bajo la insignia de un partido y a la vez a la izquierda del nombre de un candidato a Gobernador de otro partido y a la izquierda del nombre de un candidato a [PAG. debe tenerse en cuenta que la propia Comisión Estatal de Elecciones. el (la) candidato(a) a gobernador(a) directamente marcado gana un voto y el (la) candidato(a) a gobernador(a) que está debajo de la insignia para el cual votó. pues.. como parte de su extensa orientación a los votantes del país en todos los medios de comunicación.. 387] Comisionado Residente de otro partido. las instrucciones sobre cómo votar que aparecía en la propia papeleta electoral estatal le indicaban al votante como emitir un voto mixto. a favor de la inscripción del partido cuya insignia se votó y a favor también de los candidatos a Gobernador y a Comisionado Residente favorecidos." Finalmente. 3101. pierde un voto. Criterio para Adjudicar Votos Mixtos en la Papeleta Estatal Cuando un(a) elector(a) que vota mixto hace una marca dentro del cuadrante del nombre de un(a) candidato(a) a Gobernador(a) en una columna diferente a la que hizo la marca bajo la insignia del partido político. divulgó lo siguiente sobre el voto mixto: . sec. Tenga en cuenta que sólo puede votar por un (1) candidato a Gobernador y por un (1) candidato a Comisionado Residente. Más aun. que son aquéllos que figuran oficialmente por haber recibido determinado número de votos para su insignia en la elección general precedente. es un voto mixto válido y efectivo. tiene un valor y un efecto propio.
También puedes votar por otras personas. El recuento electoral es una necesidad constitucional ineludible. cuando el país encaró una situación similar. . intranquilidad y desasosiego entre los ciudadanos que se preocupan justificadamente por la integridad del voto depositado por cada elector. en los comicios del 2 de noviembre de 2004. 388] V El recuento electoral Los peticionarios nos piden también que sus votos mixtos se adjudiquen inmediatamente durante el escrutinio general que realiza la Comisión Estatal de Elecciones y antes del posible recuento electoral. A la luz de todo lo anterior.". De esa forma no sólo acatamos las claras disposiciones estatutarias y reglamentarias de Puerto Rico sobre el particular."CÓMO VOTO MIXTO? Si además de votar bajo la insignia de un partido. tienes preferencia por uno o más candidatos de otros partidos para uno o más cargos. supra. con resultados muy cerrados para la candidatura a Gobernador.P. existe hoy "inseguridad. Ningún escrutinio. al igual que en elecciones anteriores. . [PAG. Por ello. haciendo una cruz bajo la insignia del partido de su preferencia y votando también por los candidatos a Gobernador y a Comisionado Residente de otros partidos. Las circunstancias de los comicios del 2004. .D. los electores del país tenían la opción de votar mixto en la llamada papeleta estatal. Es de conocimiento público de que algunos sectores políticos quisieran evitar que ocurra un recuento electoral. Pero ello no podrá tener el efecto de soslayar el recuento electoral. de unas elecciones muy disputadas. a la pág. Al igual que en 1980. conocidos como los "pivazos". es incuestionable también que son enteramente válidos y deben adjudicarse los votos mixtos que están en cuestión en este caso.podrás hacer una marca válida en el espacio en blanco que aparece al lado izquierdo del nombre del candidato que prefieras fuera de la columna de tu partido. Los votos mixtos en cuestión deben adjudicarse a la brevedad posible. . Barreto Pérez. por bueno que sea. v. sino que también honramos la preeminente voluntad de los electores en cuestión. cuyos derechos electorales son del más alto rango en nuestro ordenamiento jurídico. conjurará las dudas y la incertidumbre sobre quién resultó electo. y de lograr la restauración de la confianza pública en el sistema electoral. . 387. ha dado lugar a una situación en la que cunden las sospechas y las recriminaciones de lado y lado.05% de los votos emitidos para la candidatura a Gobernador. por lo que confían que durante el escrutinio el candidato del PPD para Gobernador obtenga votos suficientes como para que no entre en vigor la disposición de ley que requiere el recuento si el candidato aludido tiene una ventaja de menos de . es incuestionable que." P. por lo que el recuento es el único medio capaz de lograr una relativa paz en el país después de la contienda electoral.
Barreto Pérez. supra. 389] ESCOLIO OPINIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR FUSTER BERLINGERI . Servs. Rural Community Ins. En la tarde del 20 de noviembre de 2004. Finalmente. que es la mayor consideración de orden constitucional relativa a las elecciones. el 2 de enero de 2005. VI Por los fundamentos expuestos. Romero Barceló. ésta no serviría de modo alguno para autorizar dicho traslado. aun asumiendo que el peticionario del traslado tuviese a su favor una defensa federal. ni que se ponga aun en más riesgo nuestro sistema de vida democrático. sino que se crearía otra crítica situación de irregularidad que engendraría más disputas. Oklahoma Tax Comm'n v. la posposición del recuento hasta que haya terminado el escrutinio general que con tantos tropiezos se realiza ahora. De materializarse tal riesgo. el Comisionado Electoral del PNP presentó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico una solicitud para el traslado al Tribunal Federal de Puerto Rico del recurso de Certificación ante nos. tal como lo hicimos antes en 1980. Por todo lo anterior. Más aún. no sólo se menoscaba el esquema ordinario de la Constitución para la instalación del nuevo Gobernador. v. P. agravando la ominosa intranquilidad existente. no hay duda alguna que el recuento es el medio más seguro para garantizar que prevalezca la voluntad mayoritaria de los votantes. Graham. JAIME B. y se le ordena a que comience de inmediato el recuento electoral. y según lo ha resuelto reiteradamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos. No podemos permitir que todo ello ocurra. 489 US 838 (1989). como lo ordena nuestra Constitución. FUSTER BERLINGERI. 748 F 2d 1 (1984). y desbaratando aún más la confianza pública en el sistema de Derecho y los procesos políticos.Por otro lado. . tratándose de un asunto que surge exclusivamente al amparo de la Constitución y las leyes de Puerto Rico. crea el riesgo real de que no se pueda terminar el recuento a tiempo para la inauguración del nuevo Gobernador. Hernández Agosto v. Juez Asociado [PAG. 903 F. estoy conforme con la Opinión Per Curiam y la Sentencia del Tribunal en el caso de autos mediante la cual se instruye a la Comisión Estatal de Elecciones que proceda sin dilación a adjudicar según corresponda los votos mixtos en cuestión en el caso de autos.D. y más desasosiego en el país. conforme a lo dispuesto expresamente en el estatuto federal sobre traslado.Supp..P. 1502 (1995).2004 JTS 178 1. Horn v. procede que ordenemos que la Comisión Estatal de Elecciones comience de inmediato el recuento electoral. El peticionario del traslado no lo solicitó ante el foro de instancia inicialmente y ahora pretende hacerlo tardíamente cuando el caso ya está sometido ante nuestra jurisdicción.
dichos tribunales federales tenían un rol en tales casos de "muñecos de ventrílocuo". Rodríguez v. Texas Company.P. conforme a los dispuesto en la Regla 5(b) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre casos en que ya se ha emitido una decisión. Este principio de derecho federal ha sido pronunciado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en docenas de ocasiones y es uno de los puntales fundamentales del federalismo. Comisión Estatal de Elecciones II.VOTO SUPLEMENTARIO DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR FUSTER BERLINGERI 2004 JTS 178 San Juan. para ampliar lo que señalé el 20 de noviembre de 2004 en una nota al calce de mi opinión de conformidad sobre el asunto de la solicitud de traslado de este caso al foro federal. además. 390] En el asunto de los votos mixtos que dio lugar al caso de autos. sino que tiene que proceder exactamente como lo hubiera hecho el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esto es lo que se conoce como certificar el asunto al Tribunal Supremo de Puerto Rico. El punto de partida para la consideración seria de este asunto es el hecho incontestable de que la autoridad máxima para interpretar las leyes electorales del país es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ello. El tribunal federal no puede hacer su propia interpretación de dichas normas de Puerto Rico. P. es de conocimiento público que al menos una de las partes le solicitó al tribunal federal que certificase dicho .P. Esta incuestionable autoridad nuestra ha sido expresamente reconocida por el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos. Véase. 538 (1980).S. 110 D. Puerto Rico. incluso se decía por los comentaristas que como en cuanto a las normas de derecho estatales.R.. Todo esto es bien conocido por aquellos que han estudiado cabalmente lo referente a la jurisdicción federal. los tribunales federales estaban obligados a actuar como si fueran sólo otro tribunal estatal. presentado por el Comisionado Electoral de Partido Nuevo Progresista (PNP). el tribunal federal debe abstenerse de interpretar la ley y debe entonces referírsela al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que sea éste quien la interprete. v. Bonet v. a 23 de noviembre de 2004 I Aprovecho la ocasión de que el Juez Asociado señor Rivera Pérez ha formulado su posición en el caso de autos. En una época. de haber tenido éste el caso ante su consideración. Una de las consecuencias del hecho jurisdiccional señalado en el párrafo anterior es que cuando un tribunal federal tiene ante sí algún caso que le requiere considerar alguna ley o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ese tribunal federal viene obligado a seguir las interpretaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre tal ley o reglamento. Inc. Popular Democratic Party. ¿Qué sucede entonces si el tribunal federal tiene ante sí una ley de Puerto Rico que no ha sido interpretada antes por el Tribunal Supremo de Puerto Rico? ¿Qué debe hacer en esa situación el tribunal federal? La respuesta más propia a esta interrogante es que si la ley de Puerto Rico trata sobre asuntos de alto interés público. [PAG. 457 US 1 (1982). 308 US 463 (1940).
con una solicitud de traslado a todas luces ilegal e improcedente. v. Otra vez se intentaba impedirle a este Foro cumplir con su función constitucional esencial y exclusiva. para sorpresa de muchos. entonces. No existiría tal Regla si fuese cierto que no nos interesa atender tales certificaciones. y si nosotros no la aceptábamos. y sólo entonces. Gableman v. La moción de traslado referida contiene los siguientes defectos fundamentales. Uno sólo de ellos no puede hacerlo por su cuenta. El tribunal federal fue quien actuó primero en un insólito intento por impedirle al Tribunal Supremo de Puerto Rico cumplir con su función esencial y exclusiva de ser el interprete final de las leyes de Puerto Rico. En este caso no solicitaron el traslado en cuestión ni la Comisión Estatal de Elecciones. pues. Cualquier estudiante de primer año de derecho sabe que las mociones de traslado para ser válidas tienen que ser solicitadas por todos los demandados de un caso. Hace sólo unos meses atrás. Martin. Chicago R. Véase. ni los comisionados electorales del Partido Popular Democrático y del Partido Independentista Puertorriqueño. el traslado. Nuestra postura. la excusa es enteramente contraria a acciones recientes de ese tribunal. como era procedente. el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobó en un caso que el Tribunal Supremo del estado de Kansas denegara una petición de traslado porque no se unieron todos los demandados a la solicitud. 179 US 335 (1900). que eran también partes demandadas en el caso. podía decir con razón que el Tribunal Supremo no le interesaba hacer la interpretación de la Ley Electoral de Puerto Rico. En efecto. además. tal como sucedió en el caso de autos. y nosotros aceptamos la certificación. Es con este trasfondo que debe examinarse a fondo ahora el asunto del traslado en el caso de autos. Dicho caso viene a nos precisamente porque el tribunal federal se negó a cumplir con su deber de referirnos el asunto del voto mixto para nuestra interpretación. Más aún. La endeble excusa que dio para no cumplir con su claro deber de certificar el asunto al Tribunal Supremo de Puerto Rico fue que al Tribunal Supremo no le gustaba que le certificaran tales casos!!! Tal excusa es insostenible. I. Peoria. En primer lugar. en primer lugar. la moción de traslado en cuestión no fue suscrita por todos los demandados en el caso de autos. pues. cuando el caso de autos viene ante nos. Como si lo anterior no fuese ya suficientemente grave. el tribunal federal se negó a hacer la certificación debida. que el propio Reglamento del Tribunal Supremo dispone como atender las certificaciones de los tribunales federales. 178 US 245 (1900). el Comisionado Electoral del PNP intentó entonces privarnos de nuestra jurisdicción en ese caso.asunto al Tribunal Supremo de Puerto Rico. No procedía. La Regla 25 de nuestro Reglamento establece un procedimiento especial para las certificaciones interjurisdiccionales. Sin embargo. esta vez con una burda moción de traslado que no cumple con los más elementales requisitos del derecho federal. véase. Es por lo anterior que el tribunal federal debió cumplir con su deber y certificarnos la cuestión de los votos mixtos. Así ha sucedido varias veces en el pasado. Nótese. Sila Calderón. está avalada por el propio Tribunal Supremo federal. CT-2003-2. el tribunal federal le certificó al Tribunal Supremo unas cuestiones sobre las leyes de Puerto Rico en el caso de Guzmán Vargas v. .
324 (1989). desestimara la demanda en su contra. Franchise Tax Bd. En resumen. y continúa participando en el mismo en el tribunal estatal. la jurisprudencia federal es meridianamente clara en que si un demandado no pide el traslado de un caso a tiempo. Supp. Cigna Fire Underwriters. la solicitud de traslado del caso de autos no tenía fundamento válido alguno. que la propia jurisprudencia federal ha repudiado. y también del mismo modo hasta el mismo tribunal federal de Puerto Rico. Supp. 489 US 838 (1989). 463 US 1 (1983). sino a un fin ilícito. 533 (1984). pues. Co. 727 Fed. Custom Blending v. que son los promoventes de la acción. Sala Superior de San Juan. Gully v. En el caso de autos.. Finalmente. 299 US 109 (1936). Oklahoma Tax Comm'n v. No era válida. Zbranek v. En vista de ello. ese demandado renuncia a su derecho a solicitar el traslado. Graham. los profesores Wright. en una etapa de los procedimientos que la hacía totalmente inválida.. Kam Hon v." 14B Federal Practice And Procedure. Great Republic Ins. pág. Y los renombrados comentaristas sobre el derecho relativo a la jurisdicción federal. Hernández Agosto v.En segundo lugar. No podía este Tribunal faltarse el respeto a sí mismo y darle curso a una solicitud tan . Thorp Fin. Dupont. Supp. Corp. 958 F. Los tribunales federales consideran tales solicitudes de traslado como "patently improper" Ibid. Zilinge v. Construction Laborers. First Nat. 183 US 185 (1901). La petición de traslado referido no respondía al propósito legítimo de tales peticiones. Aun asumiendo que los demandados tuviesen una defensa federal que presentar a la acción de los demandantes. Hofheinz. Romero Barceló. 288 (1997). E. Carpenter v. renunció a su derecho a pedir el traslado. es decir. era una solicitud nula. Wichita Falls Independent School Dist. Bank. v. 175 F2d 385 (1949). Kansas. 391] múltiples ocasiones. 933 F. Co. pues. por sus actos. Co. Standard Ins. v. pues. 872 F2d 1249 (1989). 3 d 362 (1995). los demandantes. la moción de traslado. Cantrell v. Allied Am Ins. Dicha moción se presentó tardíamente. 307 (1998). Supp. la moción de traslado del Comisionado del Partido Nuevo Progresista en el caso de autos tenía otro defecto fatal. el Comisionado del Partido Nuevo Progresista participó en el pleito activamente hasta que logró precisamente lo que había solicitado: que el tribunal de instancia. la petición de traslado en cuestión era fatalmente defectuosa porque en el caso de autos. Véase. presentada obviamente en un intento burdo de evitar nuestra jurisdicción. base alguna que le diera jurisdicción al tribunal federal. 148 (1997).. En efecto. es un principio básico harto conocido que las defensas federales no pueden dar jurisdicción a un tribunal federal en casos de traslado. Texas Wool & Mohair v. Lehrer. 957 F. 1060 (1996). No había. Estaba absolutamente impedido de hacerlo. Arkansas v. se ampararon solamente en las leyes de Puerto Rico. Miller y Cooper han señalado que: "A case may not be removed from a state to a federal court after the state court enters a final judgment that terminates the litigation. Supp. 748 F2d 1 (1984). participó desde el comienzo hasta el final del procedimiento en el foro de instancia. 587 F.I. Lo ha resuelto así el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos en [PAG.. No existía ninguna cuestión federal planteada por ellos. 44 F.
la Mayoría incurre en la emisión --prohibida por nuestra Constitución-. nos designa como el interprete máximo de sus disposiciones-. Se trataba. en la que este Tribunal tenía que actuar como lo hicimos: en vista de su nulidad. La razón resulta ser sorprendentemente sencilla: esa misma Constitución --la cual. sec. 392] OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ .C.lo prohíbe. Sólo procuró defender la integridad de este Tribunal y su jurisdicción. la dimos como no presentada.obviamente improcedente. repetimos. Ello no significa. Puerto Rico. reservándonos el derecho a publicarla posteriormente. La cuestión no es si dicha moción tuviera méritos o no.este Tribunal no podía continuar adelante con los procedimientos hasta que la Corte de Distrito Federal pase juicio sobre la procedencia de dicha solicitud de remoción.S. Nuestra actuación no pretendió menoscabar de modo alguno la legítima autoridad del foro federal. En primer lugar.A.2004 JTS 178 San Juan. es el interprete máximo de la Constitución y de las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. que sólo pretendía obstruir la jurisdicción constitucional de este Foro. sólo existía una moción de traslado nula. el recurso presentado ante nuestra consideración no presenta un "caso o controversia" sobre el cual este Tribunal deba expresarse. ello en vista de la clara disposición a esos efectos de 28 U. por las razones ya explicadas. Pero en el caso de autos. pues. Juez Asociado [PAG. JAIME B. [1] Acorde con lo anteriormente expresado. 1446(d).de una "opinión consultiva". Disentimos de la Opinión emitida por una mayoría de los integrantes del Tribunal por dos razones. Dicho estatuto nos obliga sin lugar a duda alguna. de una situación sui generis. Al así hacerlo. tal y como lo ordenamos en nuestro dictamen. sino que era nula de toda nulidad. disentimos por cuanto en el presente caso --al radicarse una solicitud de remoción ("notice of removal") ante la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico con relación al caso ante nuestra consideración y al haber sido notificados de ello-. conforme así lo establece la Regla 5 de nuestro Reglamento. que tengamos el poder y la facultad para actuar en forma arbitraria y a destiempo. Los tribunales de Puerto Rico han respetado siempre las disposiciones del estatuto federal sobre traslado y deben continuar haciéndolo. no hay duda. En el día de hoy y obligados por las disposiciones de la citada disposición reglamentaria --la cual nos concede únicamente el . pospusimos la certificación de la presente Opinión disidente. a 30 de noviembre de 2004 Este Tribunal. sin embargo. Procede que se cuenten y adjudiquen los votos mixtos en cuestión. En segundo lugar. FUSTER BERLINGERI.
procedemos a certificar la presente Opinión disidente. Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.R. sec.A.003 de la Ley Electoral. Tras el conteo inicial. Sala Superior de San Juan. según enmendada. la Comisión Estatal de Elecciones --a tenor con lo dispuesto en el Artículo 6. 393] Por otro lado.P. habían solicitado. 3003. el Partido Nuevo Progresista --por conducto del Lcdo. El 9 de noviembre de 2004 comenzó el escrutinio general de todas las papeletas a tenor con lo dispuesto en el Artículo 6. sec. 3267-. [3] aprobado el 2 de julio de 2004. 16 L. 16 L.R.P.A. 16 L. resolvió que las papeletas en controversia eran válidas y que serían adjudicadas como votos mixtos. [2] y la Regla 78 del Reglamento para las Elecciones Generales y el Escrutinio General de 2004. otra en el encasillado provisto para el candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático y otra en el encasillado correspondiente al candidato a comisionado residente del Partido Popular Democrático. Ninguna de estas resoluciones fueron revisadas dentro del término legal establecido. Aníbal Acevedo Vilá.A.informó que de acuerdo a los resultados preliminares el candidato a gobernador que más votos había acumulado hasta ese momento era el Lcdo. En específico.011 de la Ley Electoral. 3271. sec. por lo que las mismas advinieron finales y firmes luego de los diez días siguientes a su notificación. argumentó que estas papeletas eran nulas ya que no había forma de determinar la verdadera intención del elector. Gracia Morales citó el Inciso 33 del Artículo 1.P. una demanda sobre sentencia declaratoria en la cual alegaron que el 12 de noviembre de 2004 los co-demandados Pedro Rosselló González y Thomas Rivera Schatz. Durante este proceso. sec." [5] Asimismo. Aurelio Gracia Morales. contado el mismo a partir de la fecha de reserva-. Veamos. Comisionado Electoral del mencionado Partido-.008 de la Ley Electoral. entre otras cosas. Así las cosas. I El 2 de noviembre de 2004 se celebraron elecciones generales en Puerto Rico. 16 L.P. mediante una acción instada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. y de todos aquellos que como ellos votaron.007 de la Ley Electoral de Puerto Rico. el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones emitió otra resolución donde reiteró su determinación a los efectos de que procedía realizar un escrutinio general previo al recuento de votos dispuesto en el Artículo 6. 4 de 20 de diciembre de 1977. Ley Núm. el 8 de noviembre de 2004. [PAG.R.objetó la validez de ciertas papeletas estatales en las que los electores hicieron tres marcas. que se declararan nulas las papeletas estatales en las que aparecieran las referidas tres marcas.término de diez días para publicar la ponencia.A. Al fundamentar su decisión.R. el 12 de noviembre de 2004 el Lcdo. Mediante resolución a esos efectos. una bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño. [4] Argumentaron que con dicha acción los codemandados "pretend[ían] que la CEE anul[ara] el voto de los demandantes. 3268. el 16 de noviembre de 2004 los aquí peticionarios presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia. Thomas Rivera Schatz. adujeron que "[t]al privación .
de manera final y firme. lo que equivale a impedirles que ejerzan su derecho constitucional al derecho al voto. Inconformes con dicha determinación. la Mayoría ignoró por completo el hecho de que en el presente caso no existía una controversia justiciable." En vista de lo anterior.constituiría un daño irreparable a los demandantes pues sus votos no serían contados.solicitaron del foro de instancia que emitiera una sentencia declarando la validez de estas papeletas.. pues el asunto aquí planteado quedó resuelto." El 19 de noviembre de 2004.. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda presentada al concluir que el pleito no era justiciable. cualquier expresión que tenga a bien hacer el Honorable Tribunal Supremo es solo una opinión consultiva. [6] Al fundamentar su determinación. pues ya la Comisión había tomado una decisión la cual era favorable a los demandados. esto es.ignoró la realidad fáctica de que. no conceder remedios provisionales para garantizar los votos de los electores que votaron el las elecciones del 2 de noviembre del 2004. amparándose en la alegada importancia de certificar el presente caso y no "abdicar nuestra obligación constitucional" decidió asumir jurisdicción y emitió una Sentencia revocatoria de la decisión emitida por el Tribunal de Primera Instancia. razón por la cual. . los votos que intentaban "proteger" los peticionarios no sólo se estaban contabilizando como votos válidos. los demandantes acudieron ante este Tribunal mediante un recurso de certificación. desestimar el caso de epígrafe aduciendo que el mismo no era justiciable. en su resolución de 12 de noviembre de 2004. alegando que el Tribunal de Primera Instancia incidió al: ". el referido foro llamó la atención hacia el hecho de que el 12 de noviembre de 2004 el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones había emitido una resolución en la cual determinó que las papeletas en controversia debían ser adjudicadas y contabilizadas como "papeletas de voto mixto".. sino . el Tribunal le concedió a las partes recurridas hasta el medio día del 20 de noviembre de 2004 para que expusieran su posición. En esa ocasión el Juez suscribiente hizo constar que "proveería no ha lugar a la Solicitud de Certificación por entender que no hay caso o controversia. Asimismo. 394] emitido por el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.. mediante el dictamen [PAG. solicitaron que el referido foro emitiera un interdicto permanente ordenándole a la Comisión Estatal de Elecciones que contara dichos votos. los peticionarios --aun cuando admitieron que estos votos habían sido declarados válidos por la Comisión Estatal de Elecciones y estaban siendo contados y adjudicados como votos mixtos-. La Mayoría --sin brindar explicación razonable alguna-. en virtud de la resolución de la Comisión Estatal de Elecciones. Al así actuar." El 20 de noviembre de 2004 una mayoría de los integrantes de este Tribunal. el Tribunal de Primera Instancia entendió que el pleito presentado por los demandantes era académico.
El Juez Asociado señor Rebollo López se reserva el derecho a publicar su Opinión una vez la solicitud de remoción sea resuelta en forma definitiva. (ii) en aquellos casos en que una de las partes no tiene [legitimación activa] para promover el pleito. En esa ocasión. Cohen. el 28 de junio de 2002. ordena la paralización automática de los procedimientos judiciales a nivel local o estatal y priva de jurisdicción al foro local. 121 D.T. además. III de dicha Constitución.S. 109 D.(énfasis suplido).R. Comisión de Asuntos de la Mujer v. (iii) cuando después de comenzado el pleito.S.L. 123 (1988). La doctrina es autoimpuesta. hechos posteriores lo convierten en académico.. 720. A esos efectos. 392 U. 83 (1968).A. ante. expresamos: "El concepto justiciabilidad tiene su génesis en la jurisdicción norteamericana como derivado del Art. en vista de que en el presente caso se ha radicado una solicitud de remoción ("Notice of removal") por una de las partes ante la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico.P. Secretario de Justicia.P. Noriega v. Es el término artístico empleado para expresar una doble limitación impuesta sobre los tribunales. Secretario. En virtud de ella los propios tribunales se preguntan y evalúan si es o no apropiado entender en determinado caso tomando en cuenta diversos factores y circunstancias mediante un análisis que les permite ejercer su discreción en cuanto al límite de su poder constitucional. a saber: (1) que sólo pueden decidir 'cuestiones presentadas en un contexto adversativo y en una forma históricamente visualizada como capaz de ser resueltas a través del proceso judicial' y (2) la restricción que surge del papel asignado a la judicatura en una distribución tripartita de poderes. 80 D. Véase: Sánchez v. solicitud de remoción que por mandato expreso de un estatuto federal aplicable a Puerto Rico. Hernández Colón.R. se estaban adjudicando como "votos mixtos" a favor del Partido Independentista Puertorriqueño y los candidatos del Partido Popular Democrático. no interviene y no publica su ponencia. Aguayo. a la pág. La actuación de la Mayoría resulta inútil. 15 (1980).S. v. en Comisión v." II En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que los tribunales de justicia existen para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tengan un interés real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas. Requiere la existencia de un caso y controversia real para el ejercicio válido del poder judicial federal.A. 422-21 (1994). . res. (iv) siempre que las partes buscan obtener una "opinión consultiva". El Vocero v.P. Hemos resuelto que un asunto no es justiciable: (i) cuando se trata de resolver una cuestión política. inoficiosa y no vinculante. Secretario de Justicia.que.R. 105. 115. hicimos constar en la Sentencia que se emitió que el Juez suscribiente "a pesar de tener preparada y lista para ser certificada una Opinión disidente. E." Ibíd. 1446(d). diseñada para asegurar que no intervendrá en áreas sometidas al criterio de otras ramas del gobierno. 406. en esta etapa de los procedimientos.P. 135 D. Junta de Planificación. 2002 J. o cuando se promueve un pleito que no está maduro.C. 552 (1958). a saber: 28 U.R. Flast v.
y la controversia se torna académica para un miembro de la clase pero no para el representante de la misma.A. y (iii) cuando la situación de hechos ha sido cambiada voluntariamente por el demandado. San Antonio Maritime v.E. 32 L. naturalmente.. 135 D.Estas doctrinas de autolimitación están fundamentadas en consideraciones derivadas de la prudencia y en las limitaciones constitucionales que prohíben al foro judicial emitir opiniones consultivas. 395] ante. a las págs.L. 64.actuar como asesores o consejeros. A tono con lo anterior. III.P. Éstas son: (i) cuando se presenta una cuestión recurrente o repetitiva del asunto planteado. Empresas Puertorriqueñas v. 2001 J. 437-439 (1994). v. a los fines de determinar la justiciabilidad de un caso. Véase: Rexach v.P.R. Misión Industrial de Puerto Rico v. res.T. 134 D.S.P. 562. H. 927.T. 127 D. res.P.R. una serie de excepciones a la aplicación de la doctrina de academicidad.E. Los fundamentos en que se apoya dicha doctrina son: (i) evitar el uso innecesario de los recursos judiciales. Existen. Ibíd. v. Junta. 124-125. y en los casos que aparentan ser académicos pero en realidad no lo son por sus consecuencias colaterales. Véase: El Vocero v. 150 D. aun cumplidos todos los demás requisitos de justiciabilidad.L. Aguayo.E. Ibíd. 717 y ss. a la pág. Hemos sido enfáticos al expresar que no es función de los tribunales --ni éstos pueden-. ante. 935-36 (1993). 103. 936 (2000).A. P. 704. los tribunales tienen el deber de desestimar el recurso presentado sin considerar el mérito de sus planteamientos.T. 558-560. Véase: Comisión de la Mujer v.S. pero que no tiene visos de permanencia. de Periodistas v. Noriega v. Hernández Colón. Jarabo.P. 924.I.R.A. Aguayo. E. 675-78 (1995). El concepto de academicidad recoge la situación en que. Ramírez Vélez. Véase. a la pág.E. Junta de Planificación. Asoc. de Estado. a las págs. 146 D. además. (ii) asegurar la existencia de suficiente contienda adversativa sobre las controversia para que sean competentes y vigorosamente presentadas a ambas partes.L. 81 (1998). Depto. el 15 de junio de 2004. 139 D. [PAG.D. III . E. (1991). por lo que las opiniones consultivas le están vedadas a los tribunales en nuestra jurisdicción. el 16 de febrero de 2001. 721. 507-08 (1994).P. los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de una controversia tornan en académica o ficticia su solución. González. Gobernador I. Noriega Rodríguez v. 20. De igual manera se plantea una excepción en los casos en que el tribunal certifica una "clase" de conformidad con la Regla 20 de Procedimiento Civil de 1979. C. Secretario.R. Ap. ante. v.R. 406. hemos sido enfáticos al expresar que si luego de la debida investigación se comprueba que no existe una controversia genuina --por no estar presente ninguna de las excepciones antes mencionadas--.P.R. Uno de los factores que debe tomarse en consideración.R. (ii) en aquellos casos en que la propia demandante termina voluntariamente su conducta ilegal. es si el mismo se ha tornado o no académico. y (iii) evitar un precedente innecesario. 497. Puerto Rican Cement. 136 D.R. v.P. 643.P. 2004 J.
Esto es. procediendo a conceder unos remedios para lo cual no tenía jurisdicción. Cuando no existe una controversia viva o genuina. a saber: evitar el uso innecesario de los recursos judiciales. El hecho de que el asunto planteado esté revestido un gran interés público que incluya una cuestión constitucional --sin más-. Ello no obstante. . se empeñó en discutir el asunto del recuento electoral. Como vemos. además. sino que. los peticionarios admiten en este mismo escrito que la Comisión Estatal de Elecciones ya resolvió esta controversia a su favor. [7] Es por ello que no identificamos razón alguna por la cual este Tribunal debía expedir el recurso solicitado otorgándole a los peticionarios un remedio que ya les había sido concedido como parte de una controversia ya adjudicada. "que los votos de los demandantes son votos mixtos válidos. Actuar de otro modo --como lo hizo la Mayoría-. La controversia que alegadamente "resolvió" este Tribunal al emitir su opinión había sido ya atendida. a todas luces. no sólo emitió una opinión consultiva respecto a la validez de las papeletas de marras. constituye la emisión de una mera opinión consultiva. al emitir su Opinión la mayoría de este Tribunal alegadamente amparados "en la importancia del asunto y el interés público de que este Tribunal intervenga directamente en la adjudicación de un asunto de derecho".constituye un patente acto de imprudencia judicial y. Es evidente que bajo estas circunstancias la actuación de la Mayoría no podía tener efectos prácticos ulteriores.no es suficiente para concederle jurisdicción a este Tribunal si no existe controversia real que resolver. El deseo de expresarse sobre un asunto novel para proteger el "sufragio" no puede de forma alguna ser suficiente para abrir las puertas de este Tribunal para emitir dictámenes que no pasan de ser meras consultas legales. la Mayoría. y resuelta. por la Comisión Estatal de Elecciones y advino final y firme mucho antes de que este Tribunal se empeñara en asumir jurisdicción en este caso. Como vemos. Asimismo. admiten que el dictamen de la Comisión Estatal de Elecciones advino final y firme por no haber sido solicitada su revisión dentro del término legal dispuesto para ello. este Tribunal tiene el deber de desestimar el recurso planteado sin entrar a considerar los méritos de sus planteamientos. incluso en cuanto a la forma en que estos votos debían ser adjudicados. precisamente. asegurar la existencia de suficiente contienda adversativa sobre las controversias y evitar precedentes innecesarios. asumiendo jurisdicción en un caso en el cual no existía controversia real alguna. lo que se persigue con la doctrina de academicidad. mediante sentencia declaratoria. [PAG. [8] De este modo. 396] Ya hemos señalado que el dictamen de la Comisión Estatal de Elecciones advino final y firme y que las papeletas aquí en controversia se estaban contabilizando tal y como exigían ante nos los peticionarios. ordenando que las papeletas estatales impugnadas fueran contabilizadas por tratarse de votos mixtos válidos y adjudicables. se abrogó un poder que no tenía. el dictamen final y firme de la Comisión Estatal de Elecciones coincide perfectamente con la contención de los peticionarios. los cuales le serán adjudicados a la insignia del PIP y a los candidatos a la gobernación y a comisionado residente del PPD".En su escrito ante nos la parte peticionaria solicitó de este Tribunal que resolviera.
la improcedente y hasta sorprendente acción de la Mayoría al certificar la Opinión mayoritaria no obstante haber sido formalmente notificado el Tribunal de la radicación de una solicitud de remoción ante la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. [PAG. [12] Somos los primeros en aceptar que que no resulta "simpática" la situación de que un estatuto federal. de la petición será de la exclusiva incumbencia del foro federal [11]. no son suficientes para concederle jurisdicción a este Tribunal cuando no la tiene. no invalida la misma ya que ello no es un requisito o defecto jurisdiccional [10].S. la actuación de la Mayoría en el presente caso ha resultado ser sorprendente. sec. intrepretativa de 28 U.cuando no reconoció el carácter final y firme de las resoluciones emitidas por la Comisión. nos prive de nuestra responsabilidad constitucional de interpretar nuestras leyes y nuestra Constitución y de nuestra función rectora de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante nosotros amparados en nuestra Constitución. Vivimos bajo un sistema federalista de gobierno. desafortunadamente. afecta la credibilidad y prestigio de este Tribunal. claramente establece que una vez se presenta la petición de remoción ante la Corte de Distrito Federal. cabe preguntarnos si la misma en algo ayudó a contrarrestar el alegado estado de incertidumbre al que tanto alude la Mayoría o si. por último. Es por ello que no alcanzamos a comprender el porqué de esta apresurada e improcedente actuación. aun cuando brevemente. por el contrario. o no. éste último no podrá continuar adelante con los procedimientos [9]. errónea y lamentable. que cualquier sentencia. en las circunstancias particulares del presente caso. La jurisprudencia federal. V En resumen. IV No podemos terminar sin discutir. La misma. se notifica de dicha radicación a todas las partes adversas y se presenta una copia de la petición ante el tribunal estatal. del tribunal estatal. 397] Nuestros deseos y creencias personales. o actuación. .C. que el hecho de que todos los demandados no sean parte en la petición. No cabe duda que el mejor y más correcto curso de acción en este caso hubiese sido reconocer y reiterar el poder del Presidente de la Comisión para resolver este tipo de asunto y darle completa validez a su decisión final y firme que éste había emitido.Finalmente. será nula ab initio. y. con posterioridad a la petición de remoción. sin embargo. sistema en el cual los estatutos federales prevalecen sobre los locales. ello sucede no solo en Puerto Rico sino que también en los cincuenta Estados de la Unión Americana. tuvo el efecto de aumentar el mismo. Ante esta actuación mayoritaria. nos parece importante resaltar el hecho de que con su actuación la Mayoría le restó autoridad a las instituciones locales --en particular a la Comisión Estatal de Elecciones-. que la determinación sobre la validez.A. 1446(d).
No debemos pasar por alto el hecho de que para emitir una sentencia declaratoria es necesario que exista "una controversia sustancial entre partes que tienen intereses legales adversos". 8. sean o no del mismo partido o independientes." 4. individualmente o en combinación con una marca bajo la insignia de un partido. sean o no del mismo partido político o independientes.FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ." (Énfasis suplido. Comisión Estatal de Elecciones. Sala Superior de San Juan. o mediante la inclusión de nombres no encasillados en la papeleta. El referido Inciso dispone: "Papeleta mixta. Este Inciso dispone lo siguiente: "Promptly after the filing of such notice of removal of a civil action the defendant or defendants shall give written notice thereof to all adverse parties and shall file a copy of the notice with the clerk of such State court. ("Manny") Suárez Jiménez. Juez Asociado ESCOLIOS OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ . . En esta demanda se solicitó. cualquier combinación de candidatos. et al. El Tribunal de Primera Instancia adelantó su decisión en corte abierta y el 18 de noviembre de 2004 dictó la sentencia por escrito." 3. individualmente o en combinación con una marca por la insignia de un partido político. El Inciso 2 de esta Regla dispone: "Papeleta Mixta.-Significará aquella en que el elector vota marcando en la papeleta electoral.) 2. 7. en el caso Manuel R. cualquier combinación de candidatos. 6. o mediante ka inclusión de nombres no encasillados en la papeleta. 5. que dichos votos deben ser adjudicados tanto a favor del Partido Independentista Puertorriqueño como a favor de los candidatos del Partido Popular Democrático. Véase página 3 de la Demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia.Aquélla en la que el (la) elector(a) vota marcando en la papeleta electoral..011 de la Ley Electoral de forma simultánea con el escrutinio general. Núm. además. KPE 04-3568.2004 JTS 178 1. v. Esto es. which shall effect the removal and the State court shall proceed no further unless and until the case is remanded. et al. que dicho tribunal federal le ordenara a la Comisión Estatal de Elecciones que procediera a realizar el recuento de votos dispuesto en el Artículo 6.
OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR CORRADA DEL RÍO .P. 1989). 864 F. § 3721. 2d 422 (5to Cir. 3d 1407 (11mo Cir.) y votos por el candidato a gobernador.. Por las razones que expondremos a continuación. 106 U. Yarnevic v. 10. El Comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (P.P.Resolution Trust Corporation.. Wright & Miller. Matter of Amoco Petroleum Activities Co. Sobre ese mismo asunto.P. 1988). Balazik v. el T. 1994). y los candidatos del P. según la ley.. 2d 706 (7mo Cir. Puerto Rico.A. In re: Diet Drugs. 972 F.D.) impugnó la validez de ciertos votos (conocidos comúnmente como "pivazos") ante la Comisión Estatal de Elecciones (C. In re: Bethesda Memorial Hospital. Tugman. 2d 196 (8vo Cir. ante..E. 1998). así como el candidato a Comisionado Residente del Partido Popular Democrático (P. Ward v.P.P. Federal Practice & Procedure § 3737 (3ra. 2002).. 770 F. entre otras cosas. Resulta útil esbozar. 1990). toda vez que el 12 de noviembre de 2004 el presidente de la CEE determinó que las papeletas en controversia constituían un voto . 1992). organismo que ostenta jurisdicción primaria para atender y adjudicar asuntos sobre materia electoral. 118 (1881). 102 F. 2d 40 (5to Cir. National S. 1971). 398] Murray v.I.) en la papeleta estatal.. Aníbal Acevedo Vilá y Roberto Prats. Resolution Trust Corp.2004 JTS 178 San Juan. 3d 1230 (9no Cir. Johnson v. determinó que el pleito no era uno justiciable. Inc. C. 892 F. Ante dicha solicitud. 3d 1 (1er Cir. 1996). La Comisión adjudicó la controversia ante sí. 839 F. Considerado dicho recurso. Co.P.N. 16 F.. 1994). v. son válidos. 2d 461 (5to Cir. 19995). constituía un voto mixto válido y que como tal. 1992).) solicitando.P. determinando que un voto bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño (P.P. v. han de ser satisfechos para que tal recurso proceda.I. South Carolina v. 123 F. 2d 837 (1er Cir. los peticionarios ante nos acudieron ante el Tribunal de Primera Instancia (T. Wright & Miller. Resolution Trust Corp.3d 220 (3er Cir. L.I. 12. a 30 de noviembre de 2004 La parte peticionaria comparece ante nos mediante la presentación de un recurso de Certificación. la mayoría ha procedido a entrar en los méritos del mismo a pesar de que no están presentes los requisitos que. Connolly.S. 3d 209 (3er Cir. Moore. 11. 1997). ante. v. Connolly. [PAG. 964 F. que se emitiera una sentencia declaratoria a los efectos de que el voto mixto bajo la insignia del P. 2d 1067 (4to Cir. 282 F. 447 F.P.9. Ed. 44 F. en apretada síntesis. County of Dauphin.D. ed 753 (4to Cir.S.E. 1985). procedía ser contabilizado.I. L. 43 F. Inc. Hemerich & Payn. el trasfondo procesal que ha precedido el recurso ante nuestra consideración.). Hyde Park Partners. Odeco Oil & Gas Co. Inc.. Hyde Park Partners. Ford Motor Co. Johnson v. Brink's. Sweeney v. Bayside Developers. disentimos de la Opinión emitida por la mayoría de este Tribunal. v.
Secretario de Justicia..E. ni para examinar serias cuestiones legales y constitucionales implicadas en este asunto. el resultado neto de tal determinación fue mantener en efecto la Resolución emitida por la C. Por otra parte. el 18 de noviembre de 2004. 824.S. En todo caso. a considerar dicho asunto motu proprio". Por lo cual. Res. el Tribunal llega a unas conclusiones sobre el alegado voto mixto (los llamados "pivazos") sin que ante nos exista un récord con prueba adecuada sobre esta materia para aplicar el derecho.R.P.I. 129 D. supra. curso proscrito por nuestro ordenamiento jurídico. Uno de los principios básicos de nuestro derecho constitucional expone que para que un Tribunal pueda adjudicar un asunto. A tono con lo anterior. mediante el cual solicitó que se emita sentencia declaratoria reiterando que los llamados "pivazos" son votos mixtos válidos y que deben ser adjudicados durante el escrutinio general. Determinó el tribunal de instancia que de entrar a discutir los méritos del caso. 552.P. se presentó una notificación de traslado ("Notice of Removal") al amparo de la sección 1146(d) del Título 28 de U. y en abierta contravención al referido estatuto federal. nace de una doble realidad: en que los tribunales sólo pueden decidir controversias dentro de un contexto adversativo. estando obligados. incluso. Hernández Torres v. Nuestra autoridad para analizar aspectos relacionados con la justiciabilidad de los pleitos.. Secretario de Justicia. ELA v. capaz de . que emerge de la constitución y/o la jurisprudencia. De entrada. a las 11:48 de la mañana del día 20 de noviembre de 2004. el 28 de junio de 2002. hemos establecido reiteradamente que "los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. [PAG. Hemos establecido además. Posteriormente. se negó a interceder en el recurso por las razones que ya hemos expuesto. No obstante.R. A esos fines. 399] No obstante lo anterior. 20 de noviembre de 2004.T. Gobernador. Inconforme con dicho dictamen. Aguayo. la mayoría de este tribunal expidió el auto de certificación y resolvió que los referidos votos ante su consideración eran válidos y deberían adjudicarse como tal.C. la parte peticionaria presentó ante nos recurso de certificación. la mayoría concedió a las partes recurridas hasta el medio día del 20 de noviembre de noviembre para que se expresaran. un curso más apropiado hubiera sido devolver el caso al Tribunal de Instancia para que celebre las vistas correspondientes que le permitan formular las conclusiones de hecho y de derecho pertinentes. Sánchez v. deriva "del elemental principio de que los tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas". en horas de la noche del sábado. es menester expresar que discrepamos y consideramos errados los pronunciamientos esbozados por la mayoría al resolver la controversia en sus méritos.P. la controversia ventilada ante su consideración debe tratarse de una justiciable. Sánchez v. que "esta limitación al Poder Judicial.mixto válido y que procedía que se adjudicaran como tal. estaría emitiendo una opinión consultiva. el T. si ficticios. académicos o colusorios.E. Así las cosas. no procede expresar nuestro criterio al respecto en esta etapa debido a que precisamente constituiría una opinión consultiva. 105. 2002 J.S. 80 D.
Ortiz Rivera v. Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. supra. Secretario de Justicia. hechos posteriores lo convierten en académico. supra. Vol.T. Serrano Geyls. 135 D. y consultivos". 116 (1986)." La doctrina de opinión consultiva intenta evitar que se produzcan decisiones en el vacío. y de la división tripartita de Gobierno republicano. supra. y cuyo resultado. Hernández Colón. (2) el referido daño es real. Com. por tanto.A. que es de estirpe constitucional. E. del 8 de octubre de 2001. 327. forzoso es concluir que la parte que comparece ante nos. cuando las partes buscan obtener una 'opinión consultiva'. 109 D. de la Mujer v. La jurisprudencia reitera que "un asunto no es justiciable. cuando una de las partes no tiene capacidad jurídica para promover el pleito.I. 406 (1995).S. sino que por el contrario. (3) existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada. 2001 J. pág.. y (4) la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de una ley". 331. es necesario cumplir con todos ellos.R. es caer irremediablemente en pronunciamientos abstractos. Noriega v. La doctrina de opinión consultiva es integral al concepto constitucional de 'justiciabilidad' que rige en nuestra jurisdicción. 80 D. Según lo anterior. R. como lo establecimos anteriormente en Sánchez v. firmemente desarrollada y férreamente arraigada en nuestra jurisprudencia. o bajo hipótesis de índole especulativa ya que no es función de los tribunales actuar como asesores o consejeros.resolver por medio de un proceso judicial. Sánchez v. Al resolver la controversia ante nuestra consideración.P. se define como la ponencia legal emitida por un tribunal cuando no tiene ante sí un caso o una controversia justiciable. 137. A. Panel sobre el F. Noriega v. no satisface los requisitos necesarios para adquirir legitimación . Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico. de Justicia. Srio. en que "[a]partarnos de esta norma. 721 (1980). En fin. 552. en el abstracto. cuando: se trata de resolver una cuestión política.P. I. no es obligatorio. Black's Law Dictionary.R. cuando después de comenzado el pleito. que asegura que la rama judicial no intervendrá en áreas sometidas al criterio de otros poderes de gobierno". Peritos Elec.P. el cual establece como requisito la existencia de un caso o controversia real para el ejercicio válido del poder judicial.E. pág. 400] Nos reafirmamos. Más aún. Secretario de Justicia. v. Col. Ante lo requerido por la doctrina antes expuesta.P.R. [PAG. a los tribunales les está vedado emitir opiniones consultivas sujetas a revisión e interpretación por las otras ramas de gobierno. es menester aplicar la doctrina de legitimación activa.E.L.R. establecimos que: "El concepto de opinión consultiva. inmediato y preciso y no abstracto o hipotético. especulativos. 1119 (7ma edición 1999). 150 D. Hernández Colón. Aguayo. Res. para ostentar legitimación activa. en Ortiz v.. 558-560 (1958). no basta con satisfacer algunos de estos requisitos. 715. v. cuando se promueve un pleito que no está maduro".E. Ésta establece que "[e]l promovente de una acción debe demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable.
S. como lo es el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. ya estando en efecto la paralización automática que establece el mencionado estatuto. nos reiteramos en que este Tribunal carece de jurisdicción para considerar este caso en esta etapa. Ausente un fallo en su contra. y que esto era necesario para que el mismo fuera válido. no logramos entender cuál es el daño sufrido por la peticionaria. Resulta extraño e inusitado que este Tribunal resuelva un asunto tan trascendental sin un récord en el Tribunal de Instancia y a pesar de que la C. de distinta jurisdicción. La razón de la paralización que ocasiona la notificación de la . que repetimos es automática. Dado que el organismo con jurisdicción primaria para intervenir en el asunto. En lo pertinente al asunto ante nuestra consideración. De esa manera. éstos pudieran reclamar legitimación activa. National S. 1 S. Los tribunales estatales no son los llamados a pasar juicio sobre la validez o corrección de dicha solicitud. resolvió el asunto favorablemente a los peticionarios. La mayoría expresa que la razón por la que no obedecieron la paralización según establecido en 28 U.C. 401] mayoría de este Tribunal fue adjudicar sobre la validez de un recurso presentado ante otro tribunal. adjudicó la controversia a favor de la parte que hoy comparece ante nos. y de que se había notificado la misma a este Tribunal. Disentimos de la interpretación y aplicación que hace la mayoría de este Tribunal en lo relacionado al mecanismo de remoción radicado ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. La jurisprudencia federal ha ido más allá al establecer que cualquier acción tomada con posterioridad a esta paralización. De esa manera.activa. es porque la solicitud de traslado presentada ante el Tribunal de Distrito Federal no había sido radicada por todas las partes. which shall effect the removal and the State court shall proceed no further unless and until the case is remanded. lo que hizo la [PAG. Este es otro ejemplo de un activismo judicial que hace daño a nuestra forma democrática de vida. la mayoría actuó.Ct. Sin duda. opera una paralización automática de los procedimientos ante el Tribunal Estatal. es el propio Tribunal Federal ante quien la solicitud fue presentada." El citado estatuto es sumamente claro en establecer que una vez radicada la solicitud de traslado ante el Tribunal Federal. Es decir. 58. v. el estatuto federal que regula dicho mecanismo establece lo siguiente: "(d) Promptly after the filing of such notice of removal of a civil action the defendant or defendants shall give written notice thereof to all adverse parties and shall file a copy of the notice with the clerk of such State court.E. Tugman. No obstante lo anterior. 59-60 (1882). quien está llamado a adjudicar la validez de una solicitud de traslado presentada ante ellos. y se notifica oportunamente al Tribunal Estatal con copia de la misma. será nula. tampoco podemos atisbar a base de qué.S. su actuación constituye una clara violación a lo establecido en el estatuto federal. Co. La mayoría certificó su opinión luego de que se había radicado la solicitud de traslado ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. 1446(d). emitiendo y certificando su Opinión.E.
Juez Asociado OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA PÉREZ . resolución o sentencia emitida por un tribunal estatal en un caso civil es nula ab initio después de ser presentado un "Notice of Removal" ante el tribunal federal. como cuestión de umbral. sec. debidamente notificado a este Tribunal. 1446(d). o sea del 20 de noviembre de 2004. resolución o sentencia dictada por un tribunal estatal en un caso civil. Toda orden. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. La notificación de traslado de un caso pendiente ante el foro judicial local queda sujeta al foro judicial federal y no al local.A. A pesar de que entiendo que este Tribunal no tiene jurisdicción. por imperativo de la Regla 5(b) de nuestro Reglamento. [2] Quiero hacer claro. a pesar de haber sido presentado el 20 de noviembre de 2004 a las once y cuarenta y ocho minutos de la mañana (11:48 a.solicitud de traslado es precisamente esa. estatuto federal que regula dichos procedimientos [1].C. pasar juicio sobre la validez del recurso y determinar cual será finalmente el organismo con jurisdicción para atender la controversia.m. a tenor con el mencionado estatuto federal. abrogándose la facultad del foro federal en cuando a la procedencia del "Notice of Removal". presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que tuvo el propósito de trasladar el presente caso de este Tribunal y depositarlo en la jurisdicción del foro federal. me veo en la obligación de vertir mi criterio sobre los méritos de lo aquí planteado.) ante este Tribunal notificación sobre "Notice of Removal".S. a 23 de noviembre de 2004 La Mayoría expidió el recurso de certificación solicitado y asumió jurisdicción en este asunto y certificó Opinión Per Curiam y Sentencia el 20 de noviembre de 2004. en horas de la noche. sec. estatuto federal que regula los referidos procedimientos.2004 JTS 178 San Juan. aunque eventualmente el foro federal declare como improcedente el referido traslado. este Tribunal carece de jurisdicción para entender en esta etapa en este caso. en vista de que estoy limitado por un término de diez (10) días para expresarme con relación a la Opinión Per Curiam y Sentencia ya certificada a partir del día de su certificación. BALTASAR CORRADA DEL RÍO. Puerto Rico. La Mayoría actuó en claro menosprecio de los dispuesto en 28 U. 1446(d).C. Por ello. ha resuelto que cualquier orden. y que dispone sobre una paralización automática de los procedimientos estatales una vez radicada la notificación de traslado en el tribunal federal y sea debidamente notificada al foro estatal. a tenor con 28 U. La Mayoría actuó sin jurisdicción. es nula cuando la misma ha sido certificada después que el asunto ha sido trasladado al tribunal federal. [3] . debidamente notificado al tribunal estatal. que DISIENTO de lo actuado por la Mayoría porque entiendo que la jurisdicción sobre el presente asunto la tiene el tribunal federal desde que se presentó el "Notice of Removal" ante ese foro.A.S. Primer Circuito de Boston.
el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista solicitó una prorroga para expresarse sobre el recurso de certificación solicitado ante nos. en los asuntos relacionados con el proceso de escrutinio en San Juan. hasta las tres de la tarde (3:00 p. el Hon. La Mayoría revocó al Tribunal de Primera Instancia que. se encontraban participando activamente en los procedimientos en los asuntos relacionados con el proceso de escrutinio en San Juan y en una vista evidenciaria pautada para los mismos días y hora en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Es una garantía real y tiene que protegerse en forma efectiva. Solicitó hasta el sábado 20 de noviembre de 2004 a las tres de la tarde (3:00 p.) para comparecer por escrito. del día feriado. [5] Algunas de las partes demandadas de autos y aquí recurridas.m) para presentar su escrito. por ende.m.m. le resultaba imposible cumplir con el término original pautado por este Tribunal (3:00 p.m. [4] El 19 de noviembre de 2004. sin contar con copia escrita de la sentencia emitida por ese tribunal para evaluar los fundamentos que lo llevaron a concluir sobre la .) del viernes 19 de noviembre de 2004. aquí recurridos. a las dos y treinta y nueve minutos de la tarde (2:39 p.m. El derecho constitucional a un debido proceso de ley no es una mera formalidad. Solicitó hasta el próximo lunes 22 de noviembre de 2004 a las cinco de la tarde (5:00 p. el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones presentó moción de prórroga para expresarse sobre el referido recurso. para expresarse sobre la "Solicitud de Certificación y Moción de Remedios Urgentes en Auxilio de Jurisdicción".) del sábado 20 de noviembre de 2004 a la Comisión Estatal de Elecciones y al Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista para expresarse por escrito. desestimó la demanda de autos.m. según afirmó. presentada por los peticionarios ante este Tribunal el 18 de noviembre de 2004 a la una y cincuenta y siete de la tarde (1:57 p.No contamos en nuestro expediente con copia de una sentencia escrita. El abogado del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista alega haber estado participando activa y extensamente asesorando a su cliente durante el día feriado.m. El 19 de noviembre de 2004. a las tres y treinta y nueve de la tarde (3:39 p.).m. viernes 19 de noviembre de 2004. Por ello alega que la preparación del escrito para comparecer ante este Tribunal y expresarse se complica aún más.).) y recibida por el que subscribe a las tres y veinte de la tarde (3:20 p. emitida por el Tribunal de Primera Instancia ni con copia de los emplazamientos diligenciados sobre las personas de todos los demandados de autos. Aurelio Gracia estaba testificando en la vista evidenciaria que se está celebrando ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y. [PAG. Sala del Honorable Daniel Domínguez. Concluimos que dadas las circunstancias presentes.). los términos concedidos a las partes recurridas para comparecer ante este Tribunal fueron irrazonables e insuficientes para que esas partes pudieran expresarse en forma informada y responsable a este Tribunal.).m. Arguye que a las tres de la tarde (3:00 p. durante el trámite que se estaba realizando en este tribunal los días viernes 19 y sábado 20 de noviembre de 2004. pero no se le proveyó copia del referido recurso. La Mayoría le concedió una prórroga hasta las doce del medio día (12:00 p. La Mayoría actuó en forma atropellante con esas partes. 402] El 19 de noviembre de 2004. Que se le notificó copia de la Orden de este Tribunal. viernes 19 de noviembre de 2004). la Mayoría le concedió a los recurridos ante nos. Juez.m. Arguyó que no contaba con copia del recurso de certificación. escasamente tres (3) horas.
Todo el testimonio giró en torno a la interpretación de este testigo individual sobre qué es lo que dicen la ley y el reglamento electorales. y urgen a la corte a que adopte la interpretación que ellos proponen. argumentan que la interpretación que la Comisión ha hecho de la ley y de sus reglamentos es incorrecta. sin embargo. los demandantes federales pretenden circunvalar la autoridad de este foro para interpretar la ley local. Evaluó los méritos de lo planteado por los demandantes de autos al tribunal a quo y no lo que era procedente. la decisión recurrida de desestimar la demanda. Dicha parte expresa en su escrito. múltiple prueba de referencia al admitir testimonio de este testigo a los efectos de que a . Actuó sin contar con un récord. función que le corresponde a las cortes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. debido a su experiencia. ha resuelto que esos votos son y serán contados como votos mixtos. de su faz. específicamente qué derechos son los que tienen los electores en Puerto Rico bajo la ley electoral puertorriqueña.m. Este testimonio.). Más grave aún es que el tribunal federal ha permitido. para sostener sus alegaciones. aunque carente de fundamento en el Reglamento y en la Ley electoral. la entidad que el Estado Libre Asociado ha investido con el poder de interpretar e implementar la ley electoral. por estar ventilándose un entredicho provisional. El 19 de noviembre de 2004. se presentó como el testimonio de un "experto". Concluimos que todo este curso de acción tomado por la Mayoría resulta improcedente como cuestión de derecho y es crasamente violatorio a la garantía de los recurridos a un debido proceso de ley. a pesar de que el testigo admitió que nunca había visto este tipo de votos antes de estas elecciones. 04-2251 (DRD) así lo demuestran. bajo la Ley Llectoral de Puerto Rico. El fundamento de su posición de que estos votos son nulos es exclusivamente su propia interpretación sobre la ley y los reglamentos electorales. puesto que reflejan la intención del votante de votar por el PIP para propósitos de la inscripción del partido y. votar por los candidatos del PPD para las posiciones de Gobernador y Comisionado. Durante el primer día de vista en el tribunal federal. ni con la presentación por la parte demandante de prueba admitida por el Tribunal de Primera Instancia. el testigo presentado por los demandantes en el caso federal ha testificado que los llamados "pivazos" son nulos y que. que resultaría en la anulación de miles de votos y tendría como consecuencia práctica el haberle negado el derecho al voto a los electores que confiaron en la ley. Los demandantes federales. los reglamentos y los anuncios emitidos por la Comisión sobre cómo votar mixto. a las cuatro y treinta y nueve de la tarde (4:39 p. a su vez. el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático presentó ante nos escrito titulado "Comparecencia del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático". no pueden ser contados. lo siguiente: [PAG. al amparo de la Constitución de los Estados Unidos y de Puerto Rico.desestimación de la demanda de autos. [6] Dicha parte alega que los demandantes de autos han sido víctimas de argumentos frívolos e injustificados que contradicen principios básicos del derecho electoral puertorriqueño. No devolvió el caso al foro primario para el inicio de los procedimientos de primera instancia y la eventual celebración de una vista evidenciaria. 403] "Los demandantes federales reconocen que la CEE. Afirma que las comparecencias en la Corte Federal en el caso federal núm. Al solicitarle al tribunal federal que adopte su interpretación.
Más aún. Una situación similar surgió en las elecciones del 1980 ante la intervención de la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico sobre asuntos del derecho electoral puertorriqueño.). en ausencia de consenso entre los Comisionados Electorales. En lo esencial. Cumple con los criterios estatutarios y constitucionales aplicables. 404] ordenamiento. lo está llevando a cabo conforme a la ley. Los peticionarios son electores que votaron en las elecciones generales del 2 de noviembre de 2004. unos como votos íntegros para PIP. que acompañamos (Apéndice. pág. . [7] Así lo expresó la CEE mediante Resolución (Apéndice. una categoría de voto reconocida en el [PAG. le indicaron que en el escrutinio efectuado en los colegios electorales la noche de las elecciones. otros como votos íntegros para el PPD. pág. le corresponde a esta Alta Superioridad evaluar las comparecencias y proceder conforme a derecho. existen un estatuto y un reglamento. Aníbal Acevedo y del Lcdo. 11). pág. El 20 de noviembre de 2004. 38). 04-2251 (DRD) (Apéndice del recurso.m. esos votos se contaron de maneras distintas. La CEE reconoce dicho voto como un voto mixto. copia del escrito que sometimos en dicho caso (Apéndice. Civil No. pág. En este momento. 4. adoptamos por referencia el trasfondo procesal y fáctico que exponen los peticionarios en el recurso. la CEE procedió con el escrutinio general. se pide que ejerza la función de fiscalizar y supervisar nuestro proceso electoral. Con este trasfondo. Para asegurar uniformidad de adjudicación en las papeletas. lo siguiente: "." (Énfasis suplido). en su escrito. 60). quienes trabajan los centros y mesas de votación y de escrutinio). a quienes otro supervisor que había recibido información de personas que fungieron como funcionarios de colegio. [8] en este momento. . Roberto Prats. y otros como votos mixtos.él. Entretanto. Expresan haber votado bajo la insignia del PIP y por las candidaturas del Lcdo. preparó y distribuyó un manual.. El derecho al sufragio es fundamental. la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico está ejerciendo jurisdicción en un caso en el que se plantean cuestiones similares y en el que se insiste en que sea ese tribunal el que interprete normas básicas de nuestro ordenamiento electoral. a las once y cuarenta de la mañana (11:40 a. La CEE así lo reconoce. 2. se presentó un pleito ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Ayer en la tarde. Luego de las elecciones generales. el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones presentó escrito ante nos titulado "Comparecencia en Cumplimiento de Orden". Incluimos con esta comparecencia. Para asistir a los funcionarios electorales (de los partidos políticos. el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico expidió una Orden. 3.. No debe . . supervisores no identificados. 1). Expresa. Adoptamos por referencia lo allí expuesto.
a los demandantes y todos los otros miles de electores que efectuaron ese tipo de voto. lo que equivale a una impugnación en el tribunal de los votos de los electores demandantes en este caso. siguiendo los reglamentos y los anuncios presentados por la CEE en la prensa (ver Anejo 2." (Énfasis suplido). as it pertains to state and local elections. en su escrito. 2. el Foro Federal intervendrá en este asunto sólo si su dictamen dispondría del resultado electoral. Esa impugnación -aunque en el tribunal federal-. no pareció considerar la demanda federal radicada por varios electores del PNP. que cuando un estatuto expresamente dispone que se autoriza a un ciudadano a acudir a los tribunales para hacer valer los principios fundamentales contenidos en ese estatuto." Durante la tarde de ayer. Election law. que ha negado la intervención de ellos en ese proceso. la doctrina apunta hacia la apertura y liberalización del acceso a los tribunales. Ver PPD v. Este Foro ha reconocido ya. 111 DPR 199 (1981). la [PAG. en Salas Soler v. Bajo esta doctrina. De una lectura de las alegaciones de la demanda y de los documentos sometidos en ese caso. En otras palabras. a las once y cuarenta y tres de la mañana (11:43 a. se les habrán negado de facto los derechos que la Ley electoral les garantiza. El tribunal de instancia desestimó el caso sobre la premisa de que los electores demandantes no han sufrido daño alguno porque la CEE ya determinó que va a adjudicar sus votos. si este foro no revoca la decisión del tribunal de instancia y expide la certificación. la Corte de Distrito dictó una Orden disponiendo la apertura de todos los maletines de votación y la segregación de los votos mixtos en disputa. erró el tribunal de instancia al cerrar sus puertas a los demandantes cuyos votos están en evidente peligro de ser anulados por un tribunal federal. El tribunal. 127 DPR 1 (1990). en la que cuestionan el derecho de los electores demandantes en este caso a expresar su intención electoral con las marcas que hicieron en sus papeletas. Expresa dicha parte. 102 DPR 716 (1974). el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático presentó ante nos escrito titulado "Moción para Suplementar Comparecencia del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático". "cómo votar mixto"). Es la intención de los demandantes federales que el tribunal federal declare esos votos nulos. lo siguiente: "Los electores demandantes emitieron un voto. resulta evidente que la médula de la controversia es la adjudicación de los votos mixtos que contienen tres marcas. [9] Esa oportunidad no la tienen los demandantes en el foro federal. requiere que a esos electores se les permita defender su voto. Secretario de Agricultura. pág. ejerciendo su derecho.m. El 20 de noviembre de 2004.). 405] Corte de Distrito ha ignorado el mandato del Primer Circuito a los efectos de que: "[A] federal court may not inject itself into the midst of every local electoral dispute. Barreto. Es menester resaltar que a tenor con la Orden en cuestión. el Foro federal se prepara para. sin embargo. de manera mixta. is for the most part a preserve that . Sin duda. de tratarse de un número sustancial de papeletas. supuestamente en aras de evaluar si debe o no dicho foro asumir jurisdicción. Granados Navedo v. Ver Anejo 1. hacer una determinación sobre la validez del voto en cuestión a tenor con las disposiciones de nuestra Ley Electoral.privarse de protección a los electores que votaron. Rodríguez Estrada. Por consiguiente.
Evidentemente. habrá de detener las serias disrupciones antes mencionadas.000). De hecho. Thus. . 570 F. licenciado Manuel ("Manny") Suárez Jiménez y del co-demandado de autos y aquí recurrido Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático. Burns. Expresó. Consequently. y de su faz crea un grave riesgo de irregularidades. 3d 69. la Orden del Foro Federal tiene el efecto de detener el escrutinio general de actas. they normally may not superintend the step-by-step conduct of local electoral contests or undertake the regulation of "garden-variety election irregularities. en su escrito. El 20 de noviembre de 2004. . Consequently. entendemos que sólo una determinación oportuna por parte de este Ilustrado Foro.) "Notificación de Traslado" del presente caso al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. En adición de crear las dificultades antes mencionadas. resaltamos el hecho de que en el caso federal Rosselló et al v. . . 265 F. Acompañó dicho escrito con documento presentado ante el foro primario federal titulado "Notice of Removal". 74 (1st Cir.2d 1065.m. compareció ante nos la co-demandante de autos y aquí peticionaria. Adoptó como suyos los argumentos del co-demandante. ordenó expresamente la paralización indefinida de cualquier certificación final de un ganador en la contienda para la gobernación. 2001) (citando a Griffin v. ella rehúsa comparecer ante ese foro porque como independista. (Énfasis suplido). they normally may not authorized to meddle in local elections. lo siguiente: ". De entrada. en torno a la validez de los votos en cuestión.lies within the exclusive competence of the state courts. no hay un sólo elector como parte que votó como votaron los demandantes en este caso. El 20 de noviembre de 2004. a tenor con la sección 1446(d) del titulo 28 U. La compareciente le informa a esta Curia que por lo menos en cuanto a ella se refiere. ya que dispone la apertura de todos los maletines (los cueles exceden 7. sin tener el asunto ante su consideración.C. mediante escrito titulado "Moción de la parte Interventora en Cumplimiento de Orden". 1076 (1st Cir. federal courts are not authorized to meddle in local elections. no le reconoce jurisdicción en Puerto Rico. . en un término de 48 horas (sábado y domingo) sin hacer un inventario completo y sustrayendo un número indeterminado de papeletas. la Corte de Distrito. a las doce y treinta y tres del medio día (12:33 m. el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista presentó a las once y cuarenta y ocho de la mañana (11:48 a. señora Marta Font.). . Sila Calderón. with only a few narrow and well-defined exceptions.S. se solicita que se tome conocimiento judicial de que el Partido Independentista Puertorriqueño y sus . Respetuosamente. 1978)) (Énfasis nuestro). et al. 4. Town of North Smithfield. Civil 2004-2251 (DRD)." Bonas v.A.
).000 los votos mixtos como lo que están aquí en controversia. E. el resultado sería que no habría foro donde estos electores pudieran solicitar amparo ante el ataque colateral que está realizando al presente el Partido Nuevo Progresista contra estos electores en el Tribunal Federal. Partiendo de la premisa de que el Presidente de la CEE. . y resuelva que los votos objeto de esta controversia son válidos. Efraím Cintrón García para que se le incluyera como parte de los demandantes de autos y "se le permita comparecer como su propia representación legal en su propia defensa y gozar de su derecho a presentar prueba a su favor y carearse y contrainterrogar a la parte demandada recurrida". y de ser necesario. de manera que para el inicio de la sesión legislativa. 80 D. a la una y cuarenta y cinco de la tarde (1:45 p. Solicitó sumarse a las alegaciones de los demandantes de autos. 9." (Énfasis suplido). a los efectos de que su intención al votar bajo la insignia del PIP era la de mantener la franquicia electoral de este partido. haga la certificación del ganador para la gobernación que corresponda. la cual crea el caso y controversia requerido para que se emita la sentencia declaratoria solicitada ante el TPI. 406] 6.seguidores. Se solicita además que se le ordene a la CEE que termine el escrutinio. y puede ser resuelta por esta Curia sin tener que devolver el caso al TPI. Aguayo. la compareciente hace eco de la posición esbozada por los demandantes en su Petición de Certificación. La compareciente entiende que la controversia ante el Tribunal es estrictamente una de derecho. 5. v. se solicita que una vez concluya con esta gestión..A.m. [PAG. El 20 de noviembre de 2004. el recuento para el 22 de diciembre de 2004. continuamente han expresado que no le reconocen jurisdicción en Puerto Rico al Tribunal Federal. se le ha dado oportunidad a ser oído a los demandados-recurridos. 8. estima en 28. Por último. si este Honorable Tribunal no asume jurisdicción. Hon. . como lo son los demandantes y la compareciente. mientras votaba a favor de Aníbal Acevedo Vilá para gobernador. y tiene copia de la demanda enmendada que se está ventilando ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Por tanto. ya el gobernador electo esté juramentado. La demanda tiene como anejos copia del voto mixto en controversia. se presentó ante nos "Moción de Intervención" por el Lcdo.L. y Roberto Prats para Comisionado Residente. 552 (1958) De igual forma.P. muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que expida el auto solicitado. POR TODO LO CUAL.R. La consecuencia lógica de esta situación es que este es el único foro donde estos electores pueden recurrir para proteger el voto que emitieron el pasado 2 de noviembre.. De igual forma. no hay impedimento legal o constitucional para que esta Curia resuelva la controversia planteada de si son o no son válidos los votos mixtos aquí en controversia. Aurelio Gracia.
y que era por esta razón que no comparecían al Tribunal Federal para vindicar sus derechos al voto. es totalmente falso que la demanda en el caso de autos trate de derechos federales bajo la Constitución de los Estados Unidos y/o leyes federales. presentó ante nos otro escrito la demandante recurrida. en particular. había presentado una "Notificación de Traslado" del caso de marras al Tribunal Federal. es igualmente capciosa e intencionada a inducir a error al tribunal federal. para obtener jurisdicción sobre la materia. ya que en el ¶8 de su petición. Por medio de este escrito. por las razones que informamos a continuación. porque para dilucidar [PAG. como se alega en el ¶ 7 de la petición. Como vemos.). a las cuatro y diez y seis minutos de la tarde (4:16 p. 407] esta controversia. a . el Comisionado Rivera Schatz se ve obligado a presentar alegaciones falsas ante el Tribunal Federal para que ejerza una jurisdicción que no existe. Vease. los demandantes y la interventora hicieron claro." [Enfasis suplido. recibimos notificación de que el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista. esta Curia resuelva la controversia de autos a la brevedad posible. Las alegaciones de Rivera Schatz en su Notificación de Traslado.L. titulado "Moción Solicitando Adjudicación Urgente del Caso".El 20 de noviembre de 2004.A. however. el Primer Circuito en Boston.] 5. the Jiménez [10] protest a violation of their constitutional right to vote. y la Ley Electoral del E. lo siguiente: "1. The Jimenez artful pleading. en presencia de los abogados que firmaron la Moción de Traslado que se ha presentado en autos. De entrada. 2. deliberadamente se ha invocado sola y exclusivamente derechos bajos la Constitución del E. señora Marta Font. En la tarde de hoy. Argumentó. Resaltamos el hecho de que el Comisionado Rivera Schatz reconoce la falsedad de sus alegaciones jurisdiccionales falsas en su petición de traslado. cuando reza "[I]n their Complaint. ninguno de los demandantes reconoce la jurisdicción sobre la materia del Tribunal Federal. y que se de como no presentada la petición de traslado. Thomas Rivera Schatz. por vía de su exhibit. y para ello. a la página 2. Aunque no debería sorprendernos las alegaciones jurisdiccionales falsas del Comisionado y compañero abogado Rivera Schatz.L. en verdad dice día. solicitamos que a pesar de que se ha presentado esta petición a todas luces frívola al Tribunal Federal. en su escrito. 6. 3. siendo independentistas los demandantes y la interventora. han resuelto que cuestiones electorales deben resolverse primero en los tribunales estatales. 4.m. cannot conceal the essentially federal nature of thei claims. por omitir convenientemente que los Tribunales Federales apelativos. que los demandantes y la compareciente no le reconocían la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico. la Notificación de traslado que presentó en el Tribunal Federal. reconoce que las alegaciones de la demanda son estrictamente estatales. página 2.A. a right the attempt to base entirely on the due process ritht and equal protection clauses of the Puerto Rico Constitution. Al contrario. tenemos que informarle a esta Curia que precisamente ante el TPI. recurre a re-escribir las alegaciones de la demanda y decir que donde dice noche.
74 (1st Cir. 110 DPR 400 (1980). entre otras cosas. Véase. De igual forma. además. entendemos que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción sobre la materia para pedir que proceda el traslado del caso de marras a dicho foro. 1998) (citando otros casos). Griffin v. sobre la base del derecho puertorriqueño. nace del elemental principio de que los tribunales existen únicamente para resolver "casos y controversias" genuinos surgidos entre partes opuestas.P. El análisis de este principio es. dentro del sistema republicano de gobierno contenido en la Constitución de Puerto Rico. y que lo que pretende el Comisionado Rivera Schatz con dicho traslado es tornar académico esta controversia amarrando el caso en el Tribunal Federal hasta el 2 de enero. 140 F 3rd 1218. los casos citados federales citados en PSP v. 7. Acevedo. habiendo optado el Comisionado Electoral Rivera Schatz a presentar su oposición a la Petición de Certificación con su Moción de traslado al Tribunal Federal. CEE." [PAG. Supp. 1978). y resuelva la controversia aquí planteada. De esta forma.A. 570 F. A la luz de lo anterior. muy respetuosamente se solicita de este Tribunal que determine que al haber ausencia de jurisdicción sobre la materia del Tribunal Federal. 170.. IV. y prosiga con los procedimientos conforme derecho. Las limitaciones que surgen del mismo imponen un mínimo de condiciones para el . Town of North Smithfiel. La autoridad para evaluar y analizar los aspectos relacionados a la justiciabilidad de las causas. observar y garantizar el justo balance que se requiere de las distintas ramas de gobierno en la administración de la cosa pública. de academicidad y de revisión judicial. POR TODO LO CUAL.L. 703 S.R. o en la alternativa. se solicita que se considere cumplida la obligación de este Honorable Curia a darle oportunidad a dicha parte a ser oído. Granados Navedo v. posponer la resolución de la controversia aquí planteada para que la Asamblea Legislativa pueda invocar el Art.). y de esta forma. Este asunto es inherente al ejercicio de los poderes conferidos al Poder Judicial. por ser esta controversia estrictamente fundamentada bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus leyes. 1226 (9th Cir. que tienen interés real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas. Burns. ser la legislatura quien seleccione el gobernador. 265 F 3rd 69. debemos analizar lo planteado ante el Tribunal de Primera Instancia y este Tribunal a la luz del principio de justiciabilidad. 1988). Bennet v. 1076 (1sr Cir. fecha en que debe juramentar el gobernador electo. [11] Los tribunales nos imponemos las limitaciones que emanan de estas doctrinas para.manera de ejemplo. §9 de la Constitución del E. se le da oportunidad al Tribunal Federal a invalidar los votos mixtos objeto de esta controversia. por lo tanto. un imperativo necesario dentro de nuestro sistema de separación de poderes. Yhoshina. los casos Bonas v. 2d 1065. no hay razón legal ni jurisdiccional que impida que esta Honorable Curia expida el auto de Certificación. 175 D. en cuanto a las doctrinas de legitimación activa. 408] JUSTICIABILIDAD Como paso previo a cualquier análisis de los méritos del presente recurso de certificación.
particularmente con relación a las controversias que se le presentan. tiene "acción legitimada" en un pleito específico. la parte interesada deberá demostrar que tiene un "interés legítimo". [15] La doctrina mediante la cual se ausculta la legitimación activa de un reclamante ha sido sostenida por nuestra jurisdicción como uno de los ingredientes necesarios para establecer la jurisdicción de los tribunales. Se requiere legitimación activa para ser demandante y pasiva para ser demandado. y cuyo resultado. [13] La persona que pretende ser parte ha de tener una capacidad individualizada y concreta en su reclamación ante los tribunales. no todo el que tiene "capacidad para demandar". que es de estirpe constitucional. el cual establece como requisito la existencia de un caso o controversia real para el ejercicio válido del poder judicial.I. al amparo de los derechos que garantiza nuestra Constitución y la democracia que instrumenta. por tanto. 1119 (7ma edición 1999). [12] La aplicación de las diversas doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad determinan la jurisdicción de los tribunales. .E.. además de "capacidad para demandar". en consideración a principios de justiciabilidad. (4) la causa de acción debe surgir al amparo de la Constitución o de alguna ley. [14] La legitimación activa es un instrumento de autolimitación y de prudencia judicial que tiene su génesis en la doctrina de la justiciabilidad de las controversias.ejercicio discreto y tolerable de un poder que. F. [16] OPINIÓN CONSULTIVA En Ortiz Rivera v. LEGITIMACIÓN ACTIVA La capacidad de una parte para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y comparecer como demandante o demandado. constituiría una clara amenaza para la calidad democrática del sistema. 409] "El concepto de "opinión consultiva". no es obligatorio. pág. pues. La doctrina de opinión consultiva es integral al concepto constitucional de "justiciabilidad" que rige en nuestra jurisdicción. (3) debe existir una relación causal razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado. de una cuestión de umbral que debemos analizar ante el asunto que nos ocupa. inmediato y preciso. No obstante. Black's Law Dictionary. o en representación de cualquiera de ellos. se define como la ponencia legal emitida por un tribunal cuando no tiene ante sí un caso o una controversia justiciable. Tiene legitimación activa una parte que cumple con los siguientes requisitos: (1) la parte que reclama debe haber sufrido un daño claro y palpable: (2) el daño debe ser real. de otro modo. En cada pleito. se conoce propiamente como "legitimación en causa". [17] expresamos lo siguiente: [PAG. Se trata. no abstracto o hipotético. Para que haya "acción legitimada" tiene siempre que existir la "capacidad para demandar".
Vol. preciso y concreto sufrido por ellos. 721 (1980). Ponce & Guayama Railroad Co. en el abstracto. 1100. está cobijada bajo la presunción de legalidad y corrección y le es favorable a los aquí peticionarios. imprimiéndole el valor y significado a todas las marcas. y acerca de interrogantes jurídicas que.R.P. éstas no sientan precedente jurídico alguno.A.P. op. propiamente. La Comisión Estatal de Elecciones tomó una determinación favorable a los aquí peticionarios a los efectos de que se contaran sus votos como mixtos." (Énfasis suplido). Por lo que éstos no tienen "caso y controversia" alguno que presentar ante el Tribunal de Primera Instancia mediante demanda de sentencia declaratoria. Com.. 7 (1938). 80 D. no se trataba propiamente de un "caso" o una "controversia". por lo que no tienen legitimación activa para presentar una acción de sentencia declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia. no le han sido planteadas. pues dicho organismo le imprimió el significado pretendido por los aquí peticionarios. De las alegaciones de los demandantes ante el Tribunal de Primera Instancia y aquí peticionarios se desprende en forma diáfanamente clara que no exponen la existencia de un daño inmediato. Dicha determinación de la Comisión Estatal de Elecciones como organismo con autoridad. 352 (1911). R. procede desestimar.La doctrina de opinión consultiva intenta evitar que se produzcan decisiones en el vacío. claro. cit. El referido daño no puede ser abstracto. De lo contrario. la doctrina constitucional de "opinión consultiva" es de aplicación sólo cuando el asunto sobre el cual un tribunal se expresó no cumplía con el requisito constitucional de "justiciabilidad". a los tribunales les está vedado emitir opiniones consultivas sujetas a revisión e interpretación por las otras ramas de gobierno. El Tribunal de Primera Instancia y este Tribunal no tienen un asunto justiciable. v. En fin. 17 D. 54 D. pues no han sido afectados por la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones ni tampoco existe un estado de derecho que delimitar a través de ese recurso procesal. 558-560 (1968). hicieron en la papeleta. Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico. de la Mujer v. pág. Tratándose de expresiones no directamente relacionadas con la controversia planteada. Martínez v. la validez de su voto podría verse afectada por una decisión de ese . Black's Law Dictionary. 715. hipotético o especulativo. pág. En cambio. Srio de Justicia. Registrador. el concepto de obiter dictum aplica cuando un tribunal emite expresiones innecesarias en un caso o una controversia ante sí." Los peticionarios alegan ante nos que estando pendiente ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una acción donde se cuestiona la validez constitucional de las normas y su aplicación sobre el valor y significado de determinados votos mixtos. que éstos admiten en su escrito ante este Tribunal. competencia y jurisdicción sobre ese asunto. Serrano Geyls. 552. ya que no es función de los tribunales actuar como asesores o consejeros. Aguayo. Antonetti. 116 (1986). sin mayor explicación. pues no ha sido presentado por los demandantes de autos y aquí peticionarios un "caso y controversia. sobre el alcance y valor de su voto emitido el pasado 2 de noviembre de 2004. real. 109 D.R.L.P. E. Por sus propios términos. v.R. o bajo hipótesis de índole especulativa. es decir.P.R. Los tribunales deben estar atentos de que los asuntos ante su consideración sean justiciables. palpable. I.
El Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático pretende de este Tribunal. en primera instancia y en jurisdicción original. de la presencia de una colusión entre ellos para intentar afectar la jurisdicción federal sobre el asunto allí sometido y tratar de someterlo a la atención de este Tribunal. que les favorece en cuanto al valor y significado de sus votos. Concluimos que si los peticionarios entienden que el tribunal federal podría afectar la presunción de legalidad y corrección que cobija la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones. porque el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico podría asumir jurisdicción sobre la base de la declaración de un testigo presentado por la parte allí demandante durante la celebración de una vista evidenciaria y podría interpretar la Ley Electoral de Puerto Rico y su Reglamento. Este Tribunal. constitutivo de un acto de desobediencia civil. no es uno justiciable bajo el derecho puertorriqueño. en desafío al derecho constitucional puertorriqueño y al derecho estatutario y constitucional de Estados Unidos. tiene jurisdicción para resolver lo que nunca se le ha planteado por esas partes adversamente afectadas como resultado del [PAG. porque los demandantes de autos. el único recurso con que cuentan es intervenir en el proceso pendiente ante ese foro. a pesar de su nombre (Tribunal Supremo). ignora y soslaya los principios de derecho constitucional puertorriqueño relacionados con los principios de justicialidad de los asuntos sometidos a los tribunales de Puerto Rico de legitimación activa y de revisión judicial. aquí peticionarios. No existe para el que suscribe duda alguna al examinar los escritos presentados por algunos demandantes de autos y aquí peticionarios y los presentados por algunos demandados de autos. a tenor con el ordenamiento estatutario federal. Estos principios contenidos en la Constitución de Puerto Rico regulan la intervención y jurisdicción del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.Tribunal. No obstante. 410] procedimiento celebrado ante la Comisión Estatal de Elecciones y la decisión de su Presidente. no tienen legitimación activa para promover su pleito y no han presentado un "caso y controversia" ante el Tribunal de Primera Instancia . aquí recurridos. El Tribunal de Primera Instancia y este Tribunal sólo pueden emitir decisiones vinculantes para las partes que acuden ante sí cuando se le presenta un "caso y controversia" y tiene jurisdicción para así hacerlo. foros donde no se ha rebatido en forma alguna la presunción de legalidad y corrección de la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones por las partes adversamente afectadas. Al acoger la Mayoría tal pretensión y tomar tal curso de acción. Por ello entienden y efectivamente alegan que el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y este Tribunal. No constituye fundamento de derecho válido para intentar privar de jurisdicción al foro judicial federal y para que este Tribunal asuma jurisdicción sobre un asunto planteado inicialmente ante el primero que alguna de las partes tenga como posición o criterio ideológico no reconocer la autoridad y jurisdicción de los tribunales federales sobre algún asunto o controversia trabado entre ciudadanos de Estados Unidos residentes en Puerto Rico y su gobierno. y así efectiva y expresamente solicita su intervención. Tampoco puede abrogarse la jurisdicción del tribunal federal. Concluimos que el asunto ante nos. incluso de este Tribunal. participan en la gestación de un monstruoso engendro. no tiene autoridad para imprimirle a sus facultades una dimensión que la Constitución de Puerto Rico no le ha otorgado.
EFRAIN E. Este Tribunal carece de jurisdicción para actuar bajo el derecho estatutario federal y el derecho constitucional puertorriqueño. 30 F. no resulta vinculante su decisión. La actuación altamente irregular y apresurada de la Mayoría en este asunto priva de legitimidad a este Tribunal. Los(as) otros(as) Jueces tendrán un término adicional de cinco (5) días para expresar su posición sobre la ponencia descrita anteriormente..P. Ese día. a lo cual ha accedido la Mayoría en completo y absoluto menosprecio a los principios constitucionales puertorriqueños y de Estados Unidos. (1994). por la naturaleza del asunto implicado. antes mencionados. La Regla 5(b). 5. No pudimos evaluarla antes a los efectos de emitir nuestro criterio sobre la misma. 839 F. el sistema electrónico de investigación jurídica que tenemos disponibles los Jueces Asociados en nuestra oficinas no estaba funcionando. (1988). Juez Asociado [PAG. 3. Mass. 16 F. 2. viernes 18 de noviembre de 2004.1. 2d 837 C.2004 JTS 178 1. Hyde Park Partners.). expresamos que le hubiéramos concedido al Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista hasta el lunes 22 de noviembre de 2004 a las cinco de la tarde (5:00 p.y este Tribunal.3d 1 C.). pues a tenor con el derecho estatutario federal y nuestro derecho constitucional. además. además." 4. supra. Hernández López v. desde ese momento. Mass. dispone lo siguiente: "Los(as) Jueces sólo podrán reservarse el derecho a emitir una ponencia luego de que se haya certificado una decisión del Tribunal cuando. DISIENTO vehemente y desde lo más profundo de mi ánimo y espíritu de lo actuado por la Mayoría en este asunto.A. éste ultimo resuelto por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos por el Distrito de Puerto Rico. no se certificará ninguna otra ponencia o expresión sobre el caso. la mayoría del Tribunal haya decidido acortar los términos aquí establecidos.m. Simultáneamente concluidos estos términos. Sweeney v. de restarle confiabilidad y credibilidad ante la ciudadanía. el(la) Juez que se haya reservado este derecho deberá circular su ponencia dentro del término de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se haya notificado dicha reserva. 2d 205. se certificarán todas las ponencias o expresiones y. Nos enteramos de que se había certificado tal Resolución. v. RIVERA PÉREZ. y de la . en lo pertinente. Por todo lo antes expuesto. Concluimos. L.1. En estas circunstancias. La moción de prórroga del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones se nos entregó después de certificada la Resolución de la Mayoría concediéndole a ambos hasta el sábado 20 de noviembre de 2004 a las doce del mediodía (12:00 m. Resolution Trust Corporation. que los peticionarios pretenden de este Tribunal la emisión de una opinión consultiva que les favorezca.R. Supp.A. 411] ESCOLIOS OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA PÉREZ . Disentimos de tal curso de acción. Connolly. Commonwealth of P.
por lo tanto. es evidente que cuando un elector si tiene derecho al voto.L.P.). los demandantes alegan que la CEE incidió al no efectuar el escrutinio general simultáneamente con un recuento según dispone la Regla 118 (8) del Reglamento para las Elecciones Generales. y el hecho de que al menos cuando no existe consenso. [PAG. un reglamento electoral en conflicto con el estatuto no puede prevalecer. El Artículo 6. Los demandantes en el pleito en trámite en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. (Énfasis suplido). Han expresado que la CEE debió actuar a base de P.P. 6. el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista no acudió en revisión ante el Tribunal de Primera Instancia.2 del "Manual de Procedimientos. Aguayo. Barreto Pérez hubo consenso entre los comisionados electorales. A esos fines.m. 7. Aunque estos casos tratan sobre la impugnación de un voto ilegal. ya que se hace el mismo error que cometen usualmente los norteamericanos. Nótese que la notificación usa el apellido Jiménez en vez de Suárez o Suárez Jiménez. 110 D. No operan como "numerus clausus". López Feliciano v. que sepamos. porque no aparece ilustrado en alguno de los ejemplos incluidos en dicho manual. Cuestionamos que el bufete Martínez. Cf.R. urgencia y celeridad a que fue sometido este proceso por la Mayoría. 80 D. cuando confunden el apellido de la madre con el del padre. confirmado en KLCE-2000-1076. KPE 00-2255 (904). v. En el pleito federal. 78 y 81 del "Reglamento para las Elecciones Generales y el Escrutinio General de 2004". . 412] 10.A. Sin embargo. 8. Por otro lado. no se aplicó a la entrega de copia de ese documento a este Juez el día 20 de noviembre de 2004 que estuvo en su oficina hasta horas de la noche.016 de la Ley Electoral. y las Secciones 58 y 59. 9. Odel & Calabria sea quien redactó esta Notificación de traslado. v. al menos. "ejemplos". Barreto Pérez.P. su derecho tiene que garantizarse aún más y. véanse el Artículo 1. y menos tratándose del sufragio. v. en vista de la urgencia impartida. Melecio. 11. las Reglas 50. debía de así expresarse en. E. 558-559 (1958).033(33) de la Ley Electoral. según se provee en el Artículo 1.011 de la Ley Electoral es claro al requerir un escrutinio general como paso previo a un recuento.D. tiene que tener alguna manera para defender ese voto en los tribunales. 376 (1980). o sea cuando se alega que el elector no tenía derecho al voto.D.R. dichos demandantes pasan por alto que en P. Para que así fuera. por no decir en la ley en sí.P. Los ejemplos son sólo eso. La premura. y disponible en su residencia posteriormente para atender cualquier asunto relacionado. el manual y el reglamento. Copia de dicho documento se nos entregó el 20 de noviembre de 2004 a las nueve y cuarenta y tres minutos de la mañana (9:43 a.existencia de la referida moción del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones por los medios de comunicación que difundieron una conferencia de prensa ofrecida por uno de los miembros de este Tribunal. 552. parecen haber adoptado la teoría de que el voto de los peticionarios en el caso de epígrafe es nulo. Elecciones Generales de 2004".
14. Íd. Serrano Geyls. 13. supra. Ópticos v. Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.S. 597.P. E. 139 D. v.C. 132: Col. Ribó Durán.D. res. 532 (1997). 643 (1995). García Oyola v. P.P. J. pág. Vani Visual Center. .. Íd. 15. 2001 J. L. Barcelona.. 364. ___ (2001). 16. E. Diccionario de Derecho. 142 D..R. cit.R. el 8 de octubre de 2001. Ortiz v.12.T. a la pág.P.A.P. Ed.. pág.E. 17.R. 137. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. Bosch. Panel F. v. 155 D.I..A. Rosselló González. supra.L. op. 1987. Aguayo.
según la ley. han de ser satisfechos para que tal recurso proceda. 449] Manuel R. el trasfondo procesal que ha precedido el recurso ante nuestra consideración. organismo que ostenta jurisdicción primaria para atender y adjudicar asuntos sobre materia electoral. en apretada síntesis. Juan Dalmau. José A. ("Manny") Suárez Jiménez y Otros. a 30 de noviembre de 2004 CITESE 2004 JTS 187 Certificación OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR CORRADA DEL RÍO Abogada de la Parte Peticionaria: María Soledad Piñeiro. José E. Resulta útil esbozar. disentimos de la Opinión emitida por la mayoría de este Tribunal.E. Por las razones que expondremos a continuación. POR NO HABER OPINIÓN DEL TRIBUNAL NO HAY RESUMEN NORMATIVO * TEXTO COMPLETO DE LA OPINION DISIDENTE ENMENDADA NUNC PRO TUNC La parte peticionaria comparece ante nos mediante la presentación de un recurso de Certificación.E. Ortiz Álvarez.P. Gina R. Jr. Meléndez Ortiz. & Alberto Rodríguez Ramos. Gerardo de Jesús Annoni. Thomas Rivera Schatz. La Comisión adjudicó la controversia ante sí. Méndez Miró.2004 JTS 187 [PAG. CT-2004-4 Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan San Juan. Estrella Martínez. la mayoría ha procedido a entrar en los méritos del mismo a pesar de que no están presentes los requisitos que.) impugnó la validez de ciertos votos (conocidos comúnmente como "pivazos") ante la Comisión Estatal de Elecciones (C. Puerto Rico. Comisión Estatal de Elecciones y Otros. Luis F. Recurridos Núm. Considerado dicho recurso. El Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (P. Emmanuelli Huertas. Abogados de la Parte Recurrida: Pedro Delgado.). Peticionarios v. determinando que un voto bajo la insignia del .N. Pedro E. Johanna M. Carlo Rodríguez.
D. Ante dicha solicitud. como tal. debido a que precisamente constituiría una opinión consultiva.C. el T. determinó que el pleito no era uno justiciable. Inconforme con dicho dictamen. es menester expresar que discrepamos y consideramos errados los pronunciamientos esbozados por la mayoría al resolver la controversia en sus méritos. la .P. constituia un voto mixto válido y que.P. la mayoría concedió a las partes recurridas hasta el medio día del 20 de noviembre de noviembre para que se expresaran. 20 de noviembre de 2004. En todo caso. No obstante. un curso más apropiado hubiera sido devolver el caso al Tribunal de Instancia para que celebre las vistas correspondientes que le permitan formular las conclusiones de hechos y de derecho pertinentes. el T. toda vez que el 12 de noviembre de 2004.P.D. el presidente de la CEE determinó que las papeletas en controversia constituian un voto mixto válido y que procedía que se adjudicaran como tal. No obstante lo anterior.) y votos por el candidato a gobernador.S. a las 11:48 de la mañana del día 20 de noviembre de 2004. estaría emitiendo una opinión consultiva.I.P.P. mediante el cual solicitó que se emita sentencia declaratoria reiterando que los llamados "pivazos" son votos mixtos válidos y que deben ser adjudicados durante el escrutinio general. que se emitiera una sentencia declaratoria a los efectos de que el voto mixto bajo la insignia del P. la mayoría de este Tribunal expidió el auto de certificación y resolvió que los referidos votos ante su consideración eran válidos y deberían adjudicarse como tal. y los candidatos del P. el Tribunal llega a unas conclusiones sobre el alegado voto mixto (los llamados "pivazos") sin que ante nos exista un récord con prueba adecuada sobre esta materia para aplicar el derecho. Aníbal Acevedo Vilá y Roberto Prats. la parte peticionaria presentó ante nos recurso de certificación. A tono con lo anterior.. se negó a interceder en el recurso por las razones que ya hemos expuesto. no procede expresar nuestro criterio al respecto en esta etapa.. Por otra parte. Por lo cual.I. ni para examinar serias cuestiones legales y constitucionales implicadas en este asunto. son válidos.) en la papeleta estatal. el 18 de noviembre de 2004. Posteriormente. en horas de la noche del sábado.P. Disentimos de la Opinión de la mayoría de este Tribunal por entender que no estamos ante un caso o controversia justiciable. entre otras cosas. se presentó una notificación de traslado ("Notice of Removal") al amparo de la sección 1146(d) del Título 28 de U.I.I. Así las cosas.E. Uno de los principios básicos de nuestro derecho constitucional expone que para que un Tribunal pueda adjudicar un asunto.E.I. 450] Sobre ese mismo asunto. [PAG. procedía ser contabilizado.P.Partido Independentista Puertorriqueño (P. los peticionarios ante nos acudieron ante el Tribunal de Primera Instancia (T. y en abierta contravención al referido estatuto federal. Determinó el tribunal de instancia que de entrar a discutir los méritos del caso. el resultado neto de tal determinación fue mantener en efecto la Resolución emitida por la C.) solicitando. así como el candidato a Comisionado Residente del Partido Popular Democrático (P. De entrada. curso proscrito por nuestro ordenamiento jurídico.
Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico. Vol. Hernández Colón. Aguayo. en que "[a]partarnos de esta norma. E. de Justicia.R. Nuestra autoridad para analizar aspectos relacionados con la justiciabilidad de los pleitos. Hernández Colón. pág. I. Secretario de Justicia. Hernández Torres v. cuando se promueve un pleito que no está maduro". I. Black's Law Dictionary." La doctrina de opinión consultiva intenta evitar que se produzcan decisiones en el vacío. 135 D. supra. capaz de resolver por medio de un proceso judicial. Más aún. Res. especulativos. E. supra. Panel F. 129 D. supra. Secretario de Justicia. Serrano Geyls.R. 109 D. 116 (1986). 824.S. Secretario de Justicia. o bajo hipótesis de índole especulativa. pág. ELA v. no es obligatorio. Sánchez v. establecimos que: "El concepto de opinión consultiva.. cuando: se trata de resolver una cuestión política. cuando las partes buscan obtener una 'opinión consultiva'.A. es caer irremediablemente en pronunciamientos abstractos. a los tribunales les está vedado emitir opiniones consultivas sujetas a revisión e interpretación por las otras ramas de gobierno. cuando una de las partes no tiene capacidad jurídica para promover el pleito. que "esta limitación al Poder Judicial. Sánchez v.. que asegura que la rama judicial no intervendrá en áreas sometidas al criterio de otros poderes de gobierno". en el abstracto. deriva "del elemental principio de que los tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas". se define como la ponencia legal emitida por un tribunal cuando no tiene ante sí un caso o una controversia justiciable.E. Hemos establecido además. incluso. estando obligados.T. nace de una doble realidad: en que los tribunales sólo pueden decidir controversias dentro de un contexto adversativo. R. que emerge de la constitución y/o la jurisprudencia. 552.P. 558-560 (1958). 2002 J. Sánchez v.P. si ficticios. 80 D. A esos fines. ya que no es función de los tribunales actuar como asesores o consejeros. Aguayo.R. el 28 de junio de 2002. cuando después de comenzado [PAG. 451] el pleito. Res.P.R. Nos reafirmamos. y consultivos". 1119 (7ma edición 1999). 715. del 8 de octubre de 2001. Noriega v. Srio. Noriega v. 137.S. Panel F.L. 721 (1980). En fin.T.I. por tanto. La jurisprudencia reitera que "un asunto no es justiciable. 552. . 80 D. hemos establecido reiteradamente que "los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Ortiz Rivera v. como lo establecimos anteriormente en Sánchez v. Com. en Ortiz v. 105. firmemente desarrollada y férreamente arraigada en nuestra jurisprudencia.R. y de la división tripartita de Gobierno republicano. que es de estirpe constitucional. y cuyo resultado.P. el cual establece como requisito la existencia de un caso o controversia real para el ejercicio válido del poder judicial. La doctrina de opinión consultiva es integral al concepto constitucional de 'justiciabilidad' que rige en nuestra jurisdicción. Secretario de Justicia. académicos o colusorios. de la Mujer v. v. supra. hechos posteriores lo convierten en académico. Gobernador.controversia ventilada ante su consideración debe tratarse de una justiciable. 406 (1995). a considerar dicho asunto motu proprio". 2001 J.P.
no basta con satisfacer algunos de estos requisitos.R. A. Secretario de Justicia. 327. 76 D. De manera que para que el Tribunal pueda emitir una sentencia declaratoria es menester aplicar la doctrina de legitimación activa. No es meritorio poner en marcha la maquinaria judicial en busca de un remedio cuando no existe tal daño". inmediato y preciso y no abstracto o hipotético.E. será tarea difícil para los abogados del país [PAG. Secretario de Justicia. forzoso es concluir que la parte que comparece ante nos. éstos pudieran reclamar legitimación activa. es necesario cumplir con todos ellos. Pueblo.R.E. Resulta extraño e inusitado que este Tribunal resuelva un asunto tan trascendental sin un récord en el Tribunal de Instancia y a pesar de que la C. Sánchez v. para ostentar legitimación activa. ha sido definida como "un mecanismo remedial y profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los tribunales. 452. Sánchez v. pues adolece de falta de claridad y uniformidad en la aplicación de dicho mecanismo. 653 (1980).P. no satisface los requisitos necesarios para adquirir legitimación activa.S. supra. donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que "es esencial establecer una controversia justiciable bajo la ley de sentencias declaratorias". Thompson. adjudicó la controversia a favor de la parte que hoy comparece ante nos. no logramos entender cuál es el daño sufrido por la peticionaria.P. Charana v. por el contrario. remedio solicitado por la parte compareciente. Según lo anterior. Peritos Elec. La manera particularmente laxa en que la mayoría aplica el mecanismo de la sentencia declaratoria en el caso ante nuestra consideración. y creará confusión ante la comunidad jurídica de nuestro país.E. luego de la determinación en este caso. (3) existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada. 415 U. 331. resolvió el asunto . Ausente un fallo en su contra. 109 D. los criterios para la aplicación de dicho mecanismo han sido distorsionados. Ante esto. 481 (1954).. se rige por los mismos parámetros y normas de la doctrina de legitimación activa: la existencia de un creíble daño real no imaginario o hipotético. Rivera. supra.De otra parte. 452] determinar qué recursos pueden ser objeto de la aplicación del mecanismo de la sentencia declaratoria. Secretario de Justicia. En ese mismo caso. Ante este precedente establecido por la mayoría. tampoco podemos atisbar a base de qué. 641. contornos y postulados jurídicos". sino que. que "el ejercicio de esa facultad no es ilimitado y conlleva el uso de una balanceada discreción del Tribunal dentro de ciertas fronteras. fuimos sumamente enfáticos en establecer que "la legitimación activa de quien pretende utilizar dicho mecanismo [sentencia declaratoria]. y (4) la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de una ley". Ante lo requerido por la doctrina antes expuesta. Dado que el organismo con jurisdicción primaria para intervenir en el asunto. (2) el referido daño es real. Añadimos además en Moscoso v.R. contrasta drásticamente de la posición que con tanta firmeza asumimos en Sánchez v. Esto sin duda crea una crasa inconsistencia en las Opiniones emitidas por este Tribunal. Col. supra. debemos recordar que tan recientemente como en el año 2002. 150 D. pues sin duda.E. siempre y cuando exista un peligro potencial contra el promovente". la sentencia declaratoria. v. (1973).P. citamos con aprobación a Steffel v. Ésta establece que "[e]l promovente de una acción debe demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable.
59-60. bond is posted. 439." (Énfasis suplido. section 1446(e) automatically stays state proceedings when removal is effected. v. Así lo ha dispuesto el Tribunal Supremo de Estados Unidos en National S. and a copy of the petition is sent to the clerk of the relevant state court. el estatuto federal que regula dicho mecanismo establece lo siguiente: "(d) Promptly after the filing of such notice of removal of a civil action. Galbreath Cattle Co.S. ya que éstas tienen el efecto automático de paralizar los procesos en el foro estatal: "In addition. of the petition and bond. Este es otro ejemplo de un activismo judicial que hace daño a nuestra forma democrática de vida. 46 S. No obstante lo anterior.. again without the action by the district court: [PAG.C.Ct. Tugman y su progenie: "Upon the filing. unless its jurisdiction was actually restored. notice is sent to adverse parties. Second. shall give written notice thereof to all adverse parties and shall file a copy of . therefore. nos reiteramos en que este Tribunal carece de jurisdicción para considerar este caso en esta etapa. removal under 28 U. the defendant or defendants shall give written notice thereof to all adverse parties and shall file a copy of the notice with the clerk of such State court. v.--the jurisdiction of the state court absolutely ceased. Co. Véase además. Co. En lo pertinente al asunto ante nuestra consideración. 58. which shall effect the removal and the State court shall proceed no further unless and until the case is remanded. 453] 'Promptly after the filing of [the] petition for the removal of a civil action and bond. the defendant . § 1446(e) is automatically "effect[ed]" when the removal petition is filed. and that of the circuit court of the United States immediately attached.S. Every order thereafter made in that court was coram non judice [before one who is not a proper judge]. y se notifica oportunamente al Tribunal Estatal con copia de la misma. además de reiterar lo anterior. será nula. Removal thus occurs without any action by the district court.favorablemente a los peticionarios. Más aún.Ct. Disentimos de la interpretación y aplicación que hace la mayoría de este Tribunal en lo relacionado al mecanismo de traslado [removal] radicado ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico.. el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito ha precisado que los tribunales estatales no se pueden abrogar la potestad de pasar juicio sobre la validez o corrección de las solicitudes de traslado.) 1 S. 440." El citado estatuto es sumamente claro en establecer que una vez radicada la solicitud de traslado [removal] ante el Tribunal Federal.--the suit being removable under the statute. Great Northern Ry. The duty of the state court was to proceed no further in the cause. La jurisprudencia federal ha ido más allá al establecer que cualquier acción tomada con posterioridad a esta paralización. opera una paralización automática de los procedimientos ante el Tribunal Estatal. que repetimos es automática.
with or without the order against further proceedings. The district court's order thus deprived Polyplastics of nothing. 10. su actuación constituye una clara violación a lo establecido en el estatuto federal. 125.S.the petition with the clerk of such State court which shall effect the removal and the State court shall proceed not further unless and until the case is remanded. 122 S. v. 129-130. Systems Corp. 1446(d).1980). 674 F.S. Board of Regents of the Univ.. [1] Véase 28 U. Es decir.Ed. 1374. ya estando en efecto la paralización automática que establece el mencionado estatuto. . Se ha establecido reiteradamente que "in cases involving multiple defendants.2d 806 (2002)). 613. Moore.N.168[3. emitiendo y certificando su Opinión. the statute has been held to render post-removal proceedings in state court in the removed case void ab initio.S. it was essentially declaratory of the statute. Sys. 1983).C.' (Emphasis added.1982). 266 F. all defendants who have been served must join or assent in the removal petition". generalmente todos los demandados deben consentir o ser incluidos como parte en la petición de traslado. 1640. §1441(c). Soslayando dicha jurisprudencia reiterada.. because any action taken by the Puerto Rico court after removal was effected was a nullity anyway. véase además. 927 F. 1A J. De esa manera. Guzman Travel Advisers Corp. Arango v.. 620. 260 (D. A tenor con el requisito de unanimidad o "Rule of Unanimity".2d 875. Algunos sostienen que la razón por la que no aplica la paralización según establecido en 28 U. E. Transconex.P. es porque la solicitud de traslado [removal] radicada ante el Tribunal de Distrito Federal no había sido radicada por todas las partes. El consentimiento de todos los demandados no es requerido cuando exista un reclamo separado e independiente contra uno o más de los demandados y cuando un examen de los intereses reales de un demandado revelan una acumulación indebida de las partes. 152 L. Véase Montana v. 621 F. 880.D.2d 453.2003) citando Lapides v. y que esto era necesario para que el mismo fuera válido.C. Finally. DeBuono. como ocurre en el caso de marras donde los intereses del Comisionado Electoral del P. se han reconocido excepciones a esta norma. la mayoría actuó. Still v. Supp. (1er Cir. v. Southwestern Bell Telephone.Mass.2d 1371.) Insofar as the district court's order referred to removal and a stay of local proceedings. merely repeating what the statute itself had already automatically effected.) Polyplastics. Inc. Inc. No obstante.-8--4] at 632 & n. of Ga.Supp. 535 U. 458 (5th Cir.Ct. la mayoría certificó su Opinión luego de efectuarse la presentación de la solicitud de traslado [removal] ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico y luego de que ésta hubiera sido notificada a este Tribunal. 713 F. 1375 (5th Cir.2d 250. son distintos e independientes a los de todos los demás demandados. Moore's Federal Practice ¶ 0." (Énfasis suplido. Abbot Labs.
N. el Presidente de esa Comisión. Los demás demandados son: la Comisión Estatal de Elecciones. Aníbal Acevedo Vilá. quien está llamado a adjudicar la validez de una solicitud de traslado [removal] presentada ante ellos. el Comisionado Electoral del P. contrario al reclamo del P.P. Sin duda. Por ello. . Todos estos demandados favorecen que se adjudiquen los votos en controversia a favor del Lcdo. Roberto Prats respectivamente. que es a los efectos de que estos votos se declaren nulos. 454] BALTASAR CORRADA DEL RÍO.P.De esa manera. [PAG. y el Lcdo.I. este Tribunal carece de jurisdicción para entender en esta etapa en este caso. La razón de la paralización que ocasiona la notificación de la solicitud de traslado [removal] es precisamente esa. Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Aurelio Gracia. y. es el propio Tribunal Federal ante quien la solicitud fue presentada. el Comisionado Electoral del P. pasar juicio sobre la validez del recurso y determinar cuál será finalmente el organismo con jurisdicción para atender la controversia.D. como lo es el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. lo que hizo la mayoría de este Tribunal fue adjudicar sobre la validez de un recurso presentado ante otro tribunal. Juez Asociado ESCOLIOS 2004 JTS 187 1.. de distinta jurisdicción.P. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
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