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Timestamp: 2019-12-09 11:26:01
Document Index: 236704411

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 45', 'artículo 209', 'artículo 42', 'artículo 212', 'artículo 319', 'artículo 107', 'artículo 9', 'artículo 4']

Órgano AGENCIA GALLEGA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES
Publicado en DOG núm. 70 de 10 de Abril de 2014
ANEXO . Plan de inspección urbanística para el año 2014
Artículo 3 Objetivos principales
Artículo 4 Actuaciones prioritarias
Artículo 5 Vigilancia e inspección del territorio
Artículo 7 Investigación de infracciones urbanísticas
Artículo 8 Tramitación de expedientes de reposición de la legalidad urbanística
Artículo 9 Ejecución de órdenes de demolición
Artículo 10 Tramitación de expedientes sancionadores
Artículo 11 Impugnación de licencias ilegales
Artículo 12 Investigación de infracciones de la Ley de costas
Artículo 13 Tramitación de expedientes sancionadores
Artículo 14 Ejecución de órdenes de demolición
Artículo 15 Ejecución del plan
Artículo 16 Colaboración con las administraciones públicas
Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Ejecutivo de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística en su reunión de 26 de marzo de 2014, por el que se aprobó el Plan de inspección urbanística para el año 2014, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.f) de los estatutos de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, aprobados por el Decreto 213/2007, de 31 de octubre, dispongo su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Plan de inspección urbanística para el año 2014
Este plan de inspección estará vigente durante el año 2014 y hasta la entrada en vigor del siguiente plan de inspección anual.
1º. Promover el derecho de los ciudadanos a un medio urbano y rural adecuado para el desarrollo de la persona, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución, en la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (LOUG), y en la Ley 22/1988, de costas.
2º. Evitar que se lleven a cabo, sin la preceptiva licencia urbanística municipal o sin la autorización autonómica exigida en la LOUG o en la Ley de costas, obras de construcción de nuevas edificaciones o de reconstrucción, rehabilitación o ampliación de las existentes.
Desarrollar operaciones de vigilancia e inspección del territorio para detectar, dentro del terreno competencial propio de la Agencia, obras sin la preceptiva licencia urbanística municipal o sin la preceptiva autorización autonómica exigida en la LOUG o en la Ley de costas, que consistan en nuevas construcciones e instalaciones o en la reconstrucción, rehabilitación o ampliación de las edificaciones existentes, excepto las de escasa entidad.
Las operaciones de vigilancia e inspección serán realizadas por orden de la dirección de la Agencia, y prestarán especial atención a los siguientes territorios:
Para llevar a cabo estas actuaciones de inspección por la jefatura de servicio provincial correspondiente se elaborará trimestralmente un cuadro resumen de los ayuntamientos a inspeccionar que, al margen de las inspecciones periódicas realizadas como consecuencia de la tramitación de los expedientes de reposición en curso, recoja el listado de ayuntamientos a inspeccionar teniendo en cuenta lo siguiente:
• Para los ayuntamientos adheridos se seguirá el orden cronológico de incorporación a la Agencia referenciado en la fecha de publicación del correspondiente convenio en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
• Para los ayuntamientos no adheridos se elaborará una tabla resumen de los ayuntamientos existentes en la provincia que se comenzará por los ayuntamientos que cumplan las prioridades b) y c), se continuará por los que cumplan con la prioridad b) y a continuación, por los que cumplan con la prioridad c). El resto de los ayuntamientos se recogerá por orden decreciente de población, toda vez que presuponemos que los de menor población disponen de menor capacidad para realizar cometidos de inspección propia.
Las actuaciones de inspección serán coordinadas debidamente con los representantes municipales.
2. Unidad responsable: la Subdirección de la Agencia.
Desarrollar las investigaciones necesarias para determinar los hechos constitutivos de la infracción urbanística, identificar los presuntos responsables y determinar las demás circunstancias que resulten relevantes para el ejercicio de las potestades de reposición de la legalidad y sancionadoras previstas en la LOUG.
Deberán desarrollarse con carácter prioritario y urgente las investigaciones sobre las obras en curso de ejecución sin la preceptiva licencia urbanística municipal o sin la preceptiva autorización autonómica exigida en la LOUG, que consistan en la realización de nuevas construcciones o instalaciones o en la reconstrucción, rehabilitación o ampliación de las existentes, respecto de las cuales la competencia para la reposición de la legalidad urbanística corresponda directamente a la Agencia o hayan sido delegadas por los ayuntamientos integrados en ella, excepto las de escasa entidad.
Las investigaciones de carácter prioritario y urgente deberán finalizarse en el plazo de tres meses, prorrogable por otros tres meses como máximo, por acuerdo de la Dirección de la Agencia, tras la petición de la jefatura del servicio provincial.
Deberán paralizarse y/o incoarse con carácter prioritario y urgente las obras en curso de ejecución sin la preceptiva licencia urbanística o sin la preceptiva autorización autonómica exigida por la LOUG, excepto las de escasa entidad.
3. Unidades responsables: los servicios provinciales y los servicios de inspección urbanística de la Agencia.
Ejecutar las órdenes de demolición y de reposición de los bienes al estado anterior a la actuación ilegal, conforme a lo dispuesto en el artículo 209.6 de la LOUG.
La ejecución de la orden de demolición deberá realizarse por la persona obligada en el plazo fijado al efecto en la resolución del expediente de reposición de la legalidad.
La persona obligada a demoler podrá solicitar la ampliación del plazo para ejecutar la orden de demolición, por razones ampliamente justificadas.
En todo caso, deberá quedar suficientemente garantizada la ejecución de la demolición dentro del plazo que fije la Agencia, que en ningún caso podrá ser superior a seis meses desde la resolución de la ampliación correspondiente, y como máximo un año contado desde la fecha en la que la resolución que ordena la demolición sea ejecutiva.
A estos efectos, la persona interesada presentará la solicitud acompañada de la siguiente documentación:
d) Resguardo del depósito del aval bancario en la Caja General de Depósitos de la Consellería de Hacienda, a favor de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, por importe suficiente para cubrir los gastos de ejecución de las obras de demolición y restauración.
e) Declaración responsable de la persona obligada, comprometiéndose a ejecutar a su cargo las obras de demolición, de acuerdo con el proyecto técnico y el programa de ejecución aprobados por la Agencia.
En el caso de incumplimiento de alguno de los plazos parciales o del plazo final se acordará la ejecución subsidiaria por la Agencia a cuenta de la persona obligada, y la incautación inmediata del aval, sin perjuicio de la liquidación definitiva del importe de los gastos de demolición.
Finalizado el plazo para ejecutar la orden de demolición en período voluntario, se acordará la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas que serán reiteradas de forma periódica cada 3 meses hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado.
Transcurrido un año desde la fecha en la que la resolución que ordena la demolición adquiera firmeza en vía administrativa o, en su caso, en vía contencioso-administrativa, la Agencia acordará la ejecución subsidiaria con cargo al sujeto obligado, atendiendo a la siguiente orden de prioridades:
1º. Las resolución firmes en vía administrativa y, en su caso, en la contencioso-administrativa, que ordenan la demolición de edificaciones en suelo rústico de especial protección de costas, excepto las de escasa entidad.
2º. Las órdenes de demolición respecto de las cuales las personas interesadas se comprometieron a ejecutar a su cargo la demolición en el plazo y condiciones aceptados por la Agencia, en el supuesto de que hayan incumplido cualquiera de los plazos parciales o el plazo final establecidos para la ejecución de la orden de demolición.
3º. Las restantes órdenes de demolición según la importancia de la infracción y la antigüedad de las obras.
Dentro de estas prioridades se acordará la ejecución en primer lugar de las construcciones e instalaciones que no estén siendo utilizadas para el fin al que pretendan ser destinadas.
3. Unidades responsables: el servicio técnico y los servicios de inspección urbanística de la Agencia.
Deberá incoarse el expediente sancionador inmediatamente después de que sea firme en vía administrativa la resolución dictada en el expediente de reposición de la legalidad urbanística.
No obstante, en el supuesto de que los hechos puedan ser constitutivos de delito urbanístico, se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio.
3. Unidades responsables: los servicios de inspección urbanística de la Agencia.
Se velará por el cumplimiento, por las entidades locales, del deber de revisar licencias contrarias al ordenamiento urbanístico que establece el artículo 212.2 de la LOUG. Este control se ejercerá requiriendo el cumplimiento del referido deber y acudiendo a los órganos judiciales en el caso de que se rechace el requerimiento o ante la falta de respuesta.
2. Unidad responsable: los servicios de inspección urbanística, los servicios provinciales y la Subdirección de la Agencia.
Actuaciones para restaurar la legalidad vulnerada por infracciones de la Ley de costas
Desarrollar las investigaciones necesarias para determinar los hechos constitutivos de infracción de la Ley de costas, identificar los presuntos responsables y determinar las demás circunstancias que resulten relevantes para el ejercicio de las potestades sancionadora y de reposición de la legalidad previstas en la Ley de costas.
Deberán desarrollarse con carácter prioritario y urgente las investigaciones sobre las obras en curso de ejecución dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, que consistan en la realización de nuevas construcciones o instalaciones o en la reconstrucción, rehabilitación o ampliación de las existentes, excepto las de escasa entidad.
Deberán incoarse y tramitarse con carácter prioritario y urgente los expedientes sancionadores en relación con las obras en curso de ejecución dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, sin la preceptiva autorización autonómica exigida en la Ley de costas.
3º. En el supuesto de que los hechos declarados probados puedan ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 319 del Código penal, se dará traslado de la resolución del expediente al Ministerio Fiscal, y se suspenderá la ejecución de la sanción en tanto la autoridad judicial no se pronuncie, sin perjuicio de la ejecución de la orden de reposición y restitución de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción.
4º. Unidad responsable: los servicios provinciales y de inspección urbanística de la Agencia.
Ejecutar las órdenes de demolición y de reposición de los bienes al estado anterior a la actuación ilegal, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de costas.
La persona obligada que tiene que demoler podrá solicitar la ampliación del plazo para ejecutar la orden de demolición, en los términos y condiciones que se establecen en el apartado 2 del artículo 9 de este plan de inspección.
Los expedientes tramitados dentro de la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre que afecten a terrenos que puedan acogerse a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, la ejecución forzosa quedará en suspenso siempre y cuando la Administración municipal acredite el cumplimiento de los requisitos y que ha solicitado el informe señalado en los apartados segundo y tercero de la citada disposición.
La suspensión se alzará si existiese resolución definitiva y desfavorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La acreditación municipal de haber solicitado el citado informe se realizará mediante certificado de la secretaría municipal.
4. Unidad responsable: el servicio técnico y los servicios de inspección urbanística de la Agencia.
1. La Agencia colaborará activamente con todas las administraciones públicas con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del urbanismo, la ordenación del territorio y el litoral, en los términos establecidos en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. En particular, la Agencia coordinará su actuación con los municipios integrados en ella, así como con la unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia.