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Timestamp: 2019-07-16 08:31:39
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Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 189', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 95', 'artículo 22']

﻿ DECRETO 1428 DE 2000
DECRETO 1428 DE 26 DE JULIO DE 2000
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SECTOR NOTARIADO Y REGISTRO. FUNCIÓN REGISTRAL. SE FIJAN LAS TARIFAS DE DERECHOS POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1150 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2000, PG.324
“Por el cual se fijan los derechos por concepto de la función registral y se dictan otras disposiciones”.
(Nota: Derogado por el Decreto 2280 de 2008 artículo 24 del Ministerio del Interior y de Justicia)
en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y oída la propuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro, según lo dispuesto en el artículo 2º, numerales 10 y 9º, numeral 8º del Decreto 2158 de 1992, y
Que corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa proveer los mecanismos y acciones indispensables para la administración y prestación de los servicios públicos que le competen a la administración pública del Estado, a fin de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política para asegurar el cumplimiento de los fines sociales del Estado y de los particulares;
Que de conformidad con las facultades constitucionales, legales y estatutarias básicas, en especial las de notariado y registro, y en cumplimiento de los objetivos de la política fiscal, corresponde al Gobierno Nacional adoptar decisiones racionales y eficaces que contribuyan a la redistribución del ingreso y la riqueza a través de la ampliación y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos de competencia exclusiva de los organismos estatales;
Que el Decreto 1708 de 1989 estableció los derechos y tarifas que se deben cobrar, las cuales no han sido actualizadas desde la expedición de dicho decreto;
Que los decretos-leyes 960 y 1250 de 1970 facultan al Gobierno Nacional para actualizar periódicamente el costo de las tarifas por concepto de los citados servicios;
Que con el propósito de racionalizar el servicio público de registro de instrumentos públicos se hace necesario la actualización de las tarifas y derechos que se deben cobrar por la prestación del servicio,
a) La suma de ocho mil pesos ($ 8.000) por cada uno de los actos que por su naturaleza carezcan de cuantía en el documento objeto de inscripción. Salvo los casos previstos en este decreto, también deberá cancelarse la suma de un mil pesos ($ 1.000) por cada folio de matrícula adicional donde deba inscribirse el documento;
b) En los actos o negocios jurídicos que por su naturaleza tienen cuantía, se aplicará la tarifa del cinco por mil (5 x 1.000); en todo caso, el valor mínimo a recaudar por derechos registrales será la suma de ocho mil pesos ($ 8.000).
c) La suma de un mil pesos ($ 1.000) por cada matrícula que deba abrirse, y
d) La suma de ocho mil pesos ($ 8.000) por la inscripción o revocatoria de testamentos.
PAR. 1º—Los derechos de registro a que se refiere el presente artículo se causarán separadamente por cada uno de los actos o contratos, aun cuando éstos aparezcan contenidos en el mismo instrumento o documento.
PAR. 2º—Para determinar la base de la liquidación del contrato en la transferencia de derechos de cuota a cualquier título o de una porción segregada de otro inmueble, se tendrá en cuenta el porcentaje del derecho o del área enajenada que se consigne en el instrumento, según el caso, siguiendo lo previsto en el literal b) del presente artículo. Si el porcentaje del derecho o el área enajenados no se señalan, los derechos de registro se liquidarán sobre el ciento por ciento (100%) del avalúo catastral.
PAR. 4º—Los derechos de registro en los instrumentos públicos contentivos de la declaración de mejoras o de construcción, así como los de transferencia de la nuda propiedad, se liquidarán con base en el valor consignado en el documento y a falta de éste, por el avalúo o autoavalúo catastral del inmueble y no se aplicará lo previsto en el inciso 2º del literal b) del artículo 1º de este decreto.
PAR. 5º—La base de la liquidación de los derechos de registro en la constitución de servidumbres voluntarias o legales, corresponderá al valor fijado por las partes en el negocio jurídico, a falta de éste los derechos se fijarán con base en el avalúo o autoavalúo catastral del inmueble, o en el que presente el mayor valor si la servidumbre recae sobre dos o más predios.
ART. 2º—Sucesiones y/o liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial de hecho. En la inscripción del proceso judicial de sucesión y/o la liquidación de la sociedad conyugal, o de la sociedad patrimonial de hecho, o cuando éstos se tramiten por la vía notarial, los derechos registrales se liquidarán en la forma prevista en el artículo primero de este decreto, salvo en los siguientes casos que se tomarán como acto sin cuantía:
b) Cuando siendo ambos cónyuges titulares de derechos sobre el inmueble(s) de que se trate, en la liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial de hecho no haya transferencia de derechos de un cónyuge, o compañero(a) al otro;
ART. 3º—Permuta. La liquidación de los derechos registrales en las escrituras públicas que contienen el negocio jurídico de permuta, se efectuará tomando como base el mayor valor existente entre el fijado por las partes en el contrato y el del avalúo catastral o autoavalúo del inmueble que supere dicho valor.
Cuando cada uno de los contratantes permute más de un inmueble, para determinar la base de la liquidación de los derechos de registro, se tomará el mayor valor resultante de la sumatoria de los avalúos catastrales o autoavalúos de los bienes que cada parte transfiere, siempre que dicho valor sea superior al fijado por las partes en el contrato.
PAR. 1º—(Nota: Adicionado por el Decreto 1660 de 2007 artículo 7º del Departamento Administrativo del Servicio Civil)
ART. 4º—Donación. Para la liquidación de los derechos de registro del instrumento público que contiene la donación, se tomará como base el avalúo catastral de los bienes donados.
Si lo donado es una parte de un inmueble, la liquidación se hará a prorrata del área transferida. Si ésta no se señala, los derechos de registro se liquidarán sobre el ciento por ciento (100%) del avalúo catastral del bien.
Cuando los bienes donados provengan de organismos internacionales, cuyo objetivo comporte fines de utilidad pública o de interés social, los derechos de registro se liquidarán como acto sin cuantía.
ART. 5º—Fideicomiso civil. En la inscripción de escrituras públicas que incluyen la transferencia de la propiedad inmueble a un tercero a título de fideicomiso, los derechos de registro se liquidarán con base en el valor estipulado en el acto y no se tendrá en cuenta lo previsto en el inciso 2º del literal b) del artículo 1º del presente decreto.
ART. 6º—Constitución de garantías. Salvo situaciones especiales previstas por el legislador, cuando se constituyan hipotecas abiertas en donde se fijen las cuantías máximas de la obligación que garantiza el gravamen o la ampliación de éstas, los derechos registrales se liquidarán tomando como base dicha cuantía.
No se cobrarán derechos por el registro de la hipoteca cuando en el mismo acto de venta aquélla se constituya entre las mismas partes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de los actos o contratos celebrados.
Las escrituras públicas de constitución de hipoteca originadas en la sustitución de garantía real, otorgadas entre las mismas partes y por el mismo crédito, de lo cual se dejará expresa constancia en el documento, se liquidarán como acto sin cuantía, siempre que en el mismo instrumento se cancele la hipoteca constituida sobre el inmueble objeto de sustitución. Esta última también se liquidará como acto sin cuantía.
La cancelación y liberación de gravámenes hipotecarios se liquidarán por el mismo valor de su constitución, o por el valor a prorrata de la parte liberada, conforme a lo previsto en el litera b) del artículo 1º del presente decreto.
ART. 7º—Actos sin cuantía. Se consideran actos sin cuantía para efectos de la liquidación de los derechos registrales, entre otros, la constitución o cancelación de: el comodato, el reglamento de propiedad horizontal, el régimen de copropiedad, la partición o división material, el englobe, el desenglobe, el loteo o reloteo, la constitución de la administración anticrética, de la condición resolutoria expresa, del patrimonio de familia, de la afectación a vivienda familiar, del usufructo, las escrituras que versen sobre corrección de errores, aclaraciones, adiciones y, en general, todos aquellos actos o negocios jurídicos que por su naturaleza carezcan de cuantía, salvo las situaciones especiales, previstas en el presente decreto.
ART. 8º—Cancelaciones. Salvo lo previsto para la cancelación y liberación de gravámenes hipotecarios y demás exenciones contempladas en este decreto, la cancelación de inscripciones en el registro se liquidarán como acto sin cuantía. En este último evento, además, se cobrará la suma de mil pesos ($ 1.000) por cada folio de matrícula adicional donde deba registrarse el documento. Este valor se recaudará inclusive, cuando se trate de la cancelación de inscripciones trasladadas de un predio de mayor extensión a los folios de matrícula segregados de éste.
PAR.—La base de la liquidación de los derechos registrales en la inscripción de los instrumentos públicos relacionados con la resolución, rescisión o resciliación contractual, será la que corresponda al mismo valor que se consignó en el documento que contiene el negocio jurídico objeto de resolución, rescisión o resciliación.
ART. 9º—Constancia de inscripción. La constancia de inscripción que de acuerdo con la ley debe reproducir el registrador sobre la copia auténtica o autenticada que del documento inscrito le presente el interesado, causará derechos por la suma de cinco mil pesos ($ 5.000).
No causará derecho alguno la constancia de registro que se imponga en las copias de los documentos con destino al archivo de las oficinas de registro de instrumentos públicos y catastro.
a) De documentos almacenados en medio óptico o microfilmado, la suma de quinientos pesos ($ 500) por cada página reproducida;
b) De documentos que reposen en los archivos físicos de la respectiva oficina de registro, la suma de doscientos ($ 200) por cada página fotocopiada.
ART. 11.—Certificados. Los certificados de libertad y tradición que según la ley corresponde expedir a los registradores de instrumentos públicos, causarán derechos por la suma de siete mil pesos ($ 7.000) cada uno.
Las certificaciones que según la ley corresponde expedir a los registradores de instrumentos públicos para adelantar procesos de pertenencia o de adjudicación de bienes baldíos ante el Incora, y los contentivos de ampliación a la tradición de un inmueble por un lapso superior a los veinte años, causarán derechos por la suma de quince mil pesos ($ 15.000) cada uno.
Las constancias que requieran los particulares para obtener el número de matrícula inmobiliaria con base en el nombre del propietario, el número de identificación o dirección del inmueble, cuyos datos reposen en los archivos de la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos causarán derechos registrales por la suma de quinientos pesos ($ 500) por cada inmueble o persona que comprenda la consulta.
Este servicio se prestará de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la Superintendencia de Notariado y Registro.
ART. 12.—Incentivo registral. La inscripción de aquellos títulos constitutivos de transferencia del dominio otorgados o ejecutoriados con anterioridad al 31 de diciembre de 1990, causarán derechos registrales por valor de ocho mil pesos ($ 8.000).
ART. 13.—Vivienda de interés social y reforma agraria. En los negocios jurídicos de adquisición, hipoteca, constitución de patrimonio de familia y/o afectación a vivienda familiar, bien sea que consten en un mismo instrumento o en instrumentos separados, referidos a la adquisición de vivienda nueva de interés social, en las que intervengan entidades públicas o, personas particulares, se causarán derechos registrales equivalentes a la mitad de los ordinarios señalados en literal b) del artículo 1º de este decreto, siempre que el bien se encuentre comprendido hasta el rango de estratificación tres (3), lo cual se acreditará ante la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos.
En los contratos de compraventa e hipoteca que consten en un mismo instrumento o en instrumentos separados relacionados con la adquisición de inmuebles mediante negociación voluntaria de tierras entre campesinos y propietarios para desarrollar unidades agrícolas familiares con subsidios otorgados por el Incora, o en la negociación directa de tierras o mejoras por parte de dicho organismo, en cumplimiento de los fines de interés social y utilidad pública consagrados en la ley de reforma agraria, se causarán derechos registrales equivalentes a la mitad de los ordinarios señalados en la tarifa.
PAR.—La expedición del certificado de tradición solicitado por la inscripción de alguno de los títulos a que se refiere el presente artículo causará derechos registrales equivalentes a la mitad de los ordinarios señalados en el inciso 1º del artículo 14 de este decreto.
ART. 14.—Identificación de inmuebles con planos prediales catastrales. La inscripción de los documentos en los cuales se emplee el procedimiento de identificación predial previsto en el Decreto 2157 de 1995, causará derechos registrales por la suma de un mil pesos ($ 1.000), siempre que:
PAR.—La expedición del certificado de tradición solicitado con ocasión del registro de estos documentos, causará derechos registrales por la suma de un mil pesos ($ 1.000).
ART. 15.—Cesión de bienes fiscales. En los instrumentos públicos de cesión o transferencia a título gratuito de bienes fiscales inmuebles, que otorguen o expidan las entidades públicas en los términos de los artículos 58 de la Ley 9ª de 1989, modificado por el artículo 95 de la Ley 388 de 1997 y reglamentado por el Decreto 540 de 1998, se aplicará la tarifa única de un mil pesos ($ 1.000).
ART. 16.—Sistema especializado de financiación de vivienda. La inscripción de los actos y contratos que se otorguen en los términos prescritos por los artículos 23 y 31 de la Ley 546 de 1999, causarán los derechos en ellos previstos, a saber:
b) Los derechos de registro que se causen con ocasión de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios a favor de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual de interés social no subsidiable, se liquidarán al cuarenta por ciento (40%) de la tarifa ordinaria aplicable;
d) Para los efectos de los derechos de registro, la constitución del patrimonio de familia de que trata el artículo 22 de la Ley 546 de 1999, en todos los casos se considerará como un acto sin cuantía, y
e) La cancelación de gravámenes hipotecarios a que se refiere el presente artículo, serán considerados como un acto sin cuantía.
PAR.—En los actos de inscripción, certificación o cancelación de documentos en que intervengan las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, los derechos registrales a su cargo se liquidarán con base en el porcentaje de participación de éstas, el que se acreditará para tales efectos con el documento legal pertinente. Los particulares, personas naturales o jurídicas que contraten con estas empresas asumirán el pago por el excedente;
b) Cuando las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o su cancelación, así como la expedición de copias de los instrumentos que reposan en el archivo de la oficina de registro, provengan de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los tribunales, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, las superintendencias, la Dirección Nacional de Estupefacientes, los jueces penales, la Policía Judicial, los defensores de familia, los juzgados de familia en asuntos relacionados con menores, el personero municipal, los funcionarios de ejecuciones fiscales, o cualquier otro organismo que ejerza funciones similares, originadas en desarrollo de investigaciones que les corresponda adelantar, de intervención y toma de posesión de bienes, o que se requieran para aportar a procesos en que actúen en calidad de demandados o demandantes, independientemente de que afecten o beneficien a un particular, persona natural o jurídica;
c) Cuando los organismos y entidades de que trata el parágrafo de este artículo requieran certificados o copias de documentos o instrumentos públicos que reposen en los archivos de la oficina de registro de instrumentos públicos, siempre que en dichos instrumentos la entidad solicitante figure como titular de un derecho real;
d) Cuando las copias de documentos públicos sean requeridos por las autoridades o entidades públicas facultadas legalmente para adelantar cobros coactivos;
Sin embargo, cuando los particulares contraten con gobiernos extranjeros, en los términos previstos en el presente literal, o con alguna de las entidades estatales a que se refiere el parágrafo de este artículo, aquéllos pagarán los derechos de registro sobre el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa normal vigente, y
PAR.—Para los efectos del presente decreto son entidades estatales, entre otras:
La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, los distritos capital y especiales, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas, las asociaciones de municipios, los municipios, los establecimientos públicos, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, la Dirección Nacional de Estupefacientes y las unidades administrativas especiales y en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
Cuando la inscripción del documento deba realizarse en diferentes círculos registrales, la totalidad de los derechos que se causen podrá cancelarse en la oficina en donde se haya solicitado el primer servicio, razón por la que ésta expedirá certificación con destino a cada una de las oficinas donde deba presentarse el documento.
ART. 19.—Aproximación al múltiplo más cercano. Para facilitar el recaudo y contabilización de los valores resultantes de la liquidación de los derechos de registro, éstos se aproximarán a la centena más cercana.
ART. 20.—Recaudo del mayor valor en los derechos de registro y expedición de certificados. Cuando la suma cobrada por el registro del documento fuere inferior a la tarifa prevista en el presente decreto, el registrador de instrumentos públicos ordenará el recaudo del mayor valor liquidado, en la forma que establezca el reglamento que para tal fin expida la Superintendencia de Notariado y Registro. En todo caso, el registrador dispondrá la suspensión de la inscripción del instrumento hasta tanto el interesado cancele los derechos correspondientes.
Cuando la solicitud se refiera a la expedición de un certificado de tradición, el registrador se abstendrá de suscribirlo o autorizar su entrega hasta tanto el peticionario cancele el mayor valor adeudado.
En tratándose de la no expedición de certificados, el término para solicitar el reintegro de los dineros será de un (1) mes, contado a partir de la fecha de desanotación de la solicitud.
PAR.—Dicha tarifa incluye la expedición de copias para el interesado y los archivos de las oficinas de registro y catastro, así como la del certificado de libertad y tradición, cuando fuere el caso.
ART. 22.—Vigencia. El presente decreto rige a partir del 16 de agosto de 2000, deroga el Decreto 1708 de 1989 y demás disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C. a 26 de julio de 2000.