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Timestamp: 2017-05-26 05:33:07
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Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 86', 'artículo 2', 'Artículo 11', 'Artículo 60', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 36']

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[Sentencia T-0494-13] – Pensión de vejez
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Sentencia T-494/13
PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y VIA EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR PENSION DE VEJEZ-Tesis sobre la vida probable
Sin detrimento de la idoneidad y eficacia general de los mecanismos judiciales ordinarios, que tienen por objeto asegurar el derecho a la pensión, las particulares y excepcionales circunstancias que rodean este caso hacen indispensable la intervención del juez de tutela, puesto que el actor es una persona de 76 años, y por tanto, se encuentra por encima de la expectativa de vida de los hombres colombianos de 72.1 años; por tal motivo, la eventual duración del proceso laboral podría restringir de manera significativa el disfrute y goce de su derecho, máxime cuando se reprocha la negligencia de la entidad demandada en la administración de la información que reposa en sus bases de datos. ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia cuando afecta mínimo vital y demás derechos de personas de la tercera edad
La Sala evidencia que los únicos ingresos económicos del peticionario provienen de la colaboración que le prestan sus hijos, los cuales no son suficientes para atender las necesidades básicas de su núcleo familiar, integrado por él y su esposa de 69 años. Además, la Corte observa que el accionante agotó la vía gubernativa, al instaurar el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución que le negó la pensión, sin haber obtenido respuesta, a pesar de haberse vencido los términos legales para ello. PENSION DE VEJEZ-Reglas jurisprudenciales para la procedencia de tutela
Es posible reconocer una pensión de vejez a través de acción de tutela siempre que (i) se cumplan los requisitos de procedibilidad del recurso de amparo, (ii) dicha pretensión haya sido denegada por la administradora de pensiones, (iii) el accionante logre demostrar que tal circunstancia se debió a errores en su historia laboral que reposa en la entidad y (iv) acredite los presupuestos legales para acceder a la misma. HABEAS DATA-Posibilidad de ejercerlo cuando se presenta inexactitud en historia laboral para solicitar pensión de vejez
Este Tribunal ha explicado que cuando una entidad administradora de pensiones desatiende los requerimientos del afiliado en los que advierte sobre la inexactitud de su historia laboral, no desplegando las actuaciones pertinentes que conduzcan a resolver el desacuerdo del usuario sobre la veracidad o la integridad de los datos consignados en sus bases de datos, vulnera el hábeas data, pues le niega la posibilidad de que sean corregidos o complementados, pasando por alto su obligación de registrar información veraz y completa que corresponda a la realidad de la afiliación. DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Vulneración por cuanto no se ha dado una respuesta de fondo y definitiva respecto de la solicitud de reconocimiento de pensión de vejez
Cuando se ponen en conocimiento de la entidad administradora, hechos que tienen relevancia o incidencia directa en el reconocimiento de la prestación económica y no son atendidos diligentemente, a pesar de tratarse de situaciones que la entidad misma está en la posibilidad y en el deber de verificar, como lo es la existencia de semanas cotizadas en periodos determinados, se produce una vulneración al derecho de petición, en cuanto se incumple el deber de las autoridades de responder de fondo y oportunamente las solicitudes de los afiliados. DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL Y DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración por ISS al no resolver solicitudes de revocatoria directa y recursos presentados en vía gubernativa
Ha establecido esta Corporación que el derecho de petición no sólo se desarrolla con la solicitud inicial elevada ante la administración, sino que incluye los recursos que en la vía gubernativa se interpongan y las solicitudes de revocatoria directa. En ese sentido, desde sus inicios esta Corporación ha señalado que estos son una forma de ejercer dicho derecho, por cuanto “a través de ellos, el administrado eleva ante la autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto.” Así, cuando la administración omite resolver las solicitudes de revocatoria directa y los recursos presentados en vía gubernativa desconoce no solo el derecho de petición, sino de contera el derecho al debido proceso administrativo, ya que uno de sus componentes fundamentales es la posibilidad de interponer recursos y realizar solicitudes, y obtener respuesta eficaz de los mismos, independientemente del sentido de la misma. Lo anterior tiene especial relevancia cuando se trata de procesos administrativos mediante los cuales se decide el reconocimiento de prestaciones económicas concernientes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, ya que la respuesta oportuna tiene una incidencia directa en el cabal ejercicio de algunos derechos fundamentales del afiliado, quien al momento de solicitar el reconocimiento de derechos laborales y prestaciones sociales de las que puede derivar los ingresos necesarios para su subsistencia, dependerá de rapidez y eficacia de la administradora de pensiones para atender a sus requerimientos.
Resulta clara la trascendencia del adecuado manejo de la información, por medio de la cual se constata el cumplimiento paulatino de requisitos, pues dicha información será la fuente de conocimiento de la que se servirán el afiliado y la entidad administradora, para solicitar o evaluar, respectivamente, el reconocimiento de las prestaciones económicas dispuestas en el sistema. Ahora bien, en casos en los que debido a inconsistencias en la historia laboral se ha denegado el reconocimiento de pensiones de vejez, esta Corporación reiteradamente ha considerado que las administradoras de pensiones tienen la obligación de custodia, conservación y guarda de la información y de los documentos que soportan las cotizaciones de un afiliado, así como el deber de organizarlos y sistematizarlos; por consiguiente, el incumplimiento de aquellas desde el punto de vista operacional, no puede traducirse en una denegación del derecho a la seguridad social del ciudadano que tiene la expectativa legitima de pensionarse. PENSION DE VEJEZ-Caso en que ISS niega reconocimiento y pago basado en inconsistencias presentadas en historia laboral respecto al periodo y número de semanas cotizadas
PENSION DE VEJEZ Y MINIMO VITAL-Orden a Colpensiones corrija la historia laboral del accionante y proceda a liquidar y pagar pensión de vejez conforme al Decreto 758/90
Referencia: expediente T-3.849.686.
Acción de tutela instaurada por Vitalino Rengifo Valencia contra el Instituto de Seguros Sociales. Magistrado Ponente:
En el proceso de revisión de los fallos dados por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, el 18 de septiembre de 2012, y por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad, el 12 de diciembre de 2012, en el proceso de tutela de la referencia. I. ANTECEDENTES 1. Hechos
1. El señor Vitalino Rengifo Valencia nació el 14 de octubre de 1936 y contrajo matrimonio con Gabriela Pareja Pérez el 28 de julio de 1963.
2. El 30 de octubre de 2009, el actor solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) el reconocimiento de la pensión de vejez, teniendo en cuenta su edad, y que había cotizado más de 1300 semanas. 3. Mediante Resolución No. 886 de 2011, el ISS denegó la petición al considerar que el demandante sólo acreditaba la cotización de 581 semanas, no cumpliendo con los requisitos establecidos en las leyes 33 de 1985, 100 de 1993 y 797 de 2003. En esa oportunidad, la entidad tuvo en cuenta los siguientes tiempos de trabajo: Empleador
Período laborado
01/02/1960 a 30/01/1969
01/09/1996 a 30/09/1999
Total de semanas laboradas
4. El 6 de abril de 2011, el accionante interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra dicho acto administrativo, argumentando que para tomar la decisión no se tuvieron en cuenta las cotizaciones realizadas durante su vinculación a Bancolombia y a Bancomercio entre los años 1967 y 1984. Además, arguyó que cumple los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, y que por tanto en su caso es aplicable el Decreto 758 de 1990. 5. A la fecha de la presentación de la acción de tutela, el ISS no ha resuelto los recursos instaurados por el actor. 2. Demanda y pretensiones
A partir de los anteriores hechos, Vitalino Rengifo Valencia presentó acción de tutela en contra del ISS, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso administrativo y al habeas data, presuntamente desconocidos por la entidad al no reconocerle la pensión de vejez, a pesar de que cumple los requisitos legales para acceder a la misma. En efecto, explicó que acumuló 462.8 semanas de cotización a portadas a entidades del Estado a través del Ministerio de Educación y 892.57 por intermedio del ISS, para un total de 1355,37, tiempo suficiente para obtener la prestación pensional mencionada. Al respecto, el accionante afirmó que el ISS desconoce los aportes realizados durante su relación laboral con Bancolombia y con el Bancomercio entre los años 1967 y 1984. Dicha afirmación es respalda con certificaciones laborales de Bancolombia y con copia de un reporte de semanas cotizadas expedido por la demandada en el año 2009. Adicionalmente, el actor indicó que no ha obtenido respuesta a los requerimientos realizados ante el ISS con el fin de subsanar dicha anomalía en el cómputo de las semanas. De otro lado, para sostener la procedencia del amparo, el peticionario señaló que es una persona de 75 años, que convive con su esposa de 69, encontrándose en una difícil situación económica, pues no cuenta con los medios para sufragar sus necesidades básicas, sobreviviendo con la ayuda que le brindan sus hijos. Además, explica que agotó la vía gubernativa sin haber obtenido respuesta a los recursos instaurados. Por lo anterior, solicita que se tutelen sus derechos y se le reconozca la pensión de vejez desde el 1 de octubre de 1999, momento en que se realizó la última cotización. 3. Contestación de la accionada
El Instituto de Seguros Sociales no se pronunció. II. TRÁMITE PROCESAL 1. Sentencia de primera instancia
A través de providencia del 18 de septiembre de 2012, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali denegó el amparo solicitado, considerando que existen otros mecanismos judiciales para resolver el conflicto jurídico planteado y que no se ha agotado la vía gubernativa con el objetivo de cuestionar la resolución que negó la pensión de vejez pretendida. En efecto, explicó que el accionante puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral y obtener la pensión solicitada, máxime cuando de las pruebas aportadas no se desprende que existe un perjuicio irremediable. Además, que contra la resolución proferida por el ISS proceden recursos, los cuales no se han utilizado. 2. Impugnación
El 26 de septiembre de 2012, el peticionario impugnó el fallo, sosteniendo que el juez de primer grado realizó un análisis estricto del presupuesto de subsidiariedad, sin tener en cuenta que es una persona de 75 años, y que no es obligatorio agotar la vía gubernativa para que proceda la acción de tutela.
Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2012, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali confirmó la providencia de primera instancia, reiterando las consideraciones expuestas en la misma. No obstante, aclaró que si bien el actor afirma haber instaurado una reclamación en contra de la resolución que le negó el derecho pensional, no aporto al proceso prueba de ello. 4. Actuaciones en sede de revisión
4.1. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro, mediante Auto del 15 de abril de 2013.
4.2. Mediante Auto del 30 de mayo de 2013, el magistrado sustanciador decretó una serie de pruebas con el fin de: (i) establecer las diligencias administrativas adelantadas por el actor en busca del reconocimiento pensional; (ii) obtener mayores elementos de juicio que permitieran inferir la existencia y duración de la relación laboral entre el accionante y Bancolombia S.A.; (iii) conocer la historia laboral del peticionario.
Igualmente, al constatarse que se omitió vincular al proceso a Bancolombia S.A. y a Colpensiones, se procedió a hacerlo. 4.3.1. En respuesta al anterior proveído, Bancolombia informó que ha resuelto los derechos de petición instaurados por el accionante, certificando los tiempos laborados para la empresa y las cotizaciones realizadas. Además, manifestó que desconoce las solicitudes pretendidas en la presente oportunidad. Sin embargo, anexa al proceso copia de las respuestas dadas al actor en virtud de los múltiples requerimientos que ha realizado. 4.3.2. A la par, el demandante allegó al proceso copias del derecho de petición mediante el cual solicitó la pensión de vejez, del recurso de apelación presentado en contra de la resolución del ISS que le negó su pretensión y del carnet de afiliación a pensiones. 4.3.3. A su vez, el ISS solicitó ser desvinculado del proceso, ya que según el Artículo 3° del Decreto 2013 de 2012, corresponde a Colpensiones cumplir los fallos de tutela relacionados con la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, y porque el expediente administrativo del accionante fue remitido a la segunda entidad mencionada el día 27 de diciembre de 2012. 4.3.4. Por su parte, Colpensiones no atendió el requerimiento realizado. III. PRUEBAS
1. Copia de la cédula de ciudadanía de Vitalino Rengifo Valencia.
2. Copia de la partida de bautismo de Vitalino Rengifo Valencia.
3. Copia de la cédula de ciudadanía de Gabriela Pareja de Rengifo. 4. Copia de registro civil de matrimonio entre Vitalino Rengifo Valencia y Gabriela Pareja Pérez.
5. Copia del reporte de semanas cotizadas en pensiones del año 2009, impreso en el Centro Verde del ISS.
6. Declaraciones extrajuicio, en las que constan apreciaciones sobre las condiciones de vida del actor y de su familia. 7. Copia de la Resolución No. 886 de 2011 proferida por el ISS, mediante la cual se le deniega la pensión de vejez solicitada. 8. Copia del carnet de afiliación del accionante al ISS.
9. Copia del derecho de petición elevado ante Bancolombia el 10 de junio de 2011.
10. Copia de las certificaciones de salario base para liquidación y emisión de bonos pensionales expedido por el Ministerio de Educación Nacional. 11. Certificaciones laborales del actor expedidas por Bancolombia. 12. Copia del recurso de reposición y en subsidio de apelación instaurado en contra de la Resolución No. 886 de 2011.
2.1. Legitimación por activa Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1° del Decreto 2591 de 1991, el ciudadano Vitalicio Rengifo Valencia instauró de manera personal la acción como titular de los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso administrativo y al habeas data. 2.2. Legitimación por pasiva El amparo se dirige contra el Instituto de Seguros Sociales, como administradora del Régimen Pensional de Prima Media con Prestación Definida. Sin embargo, a partir del 28 de septiembre de 2012 dicha gestión fue asumida por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Ambas entidades son empresas industriales y comerciales del Estado, que intervienen en la prestación del servicio público de seguridad social, y por ello son demandables a través de acción de tutela, al ser autoridades públicas. 2.3. Inmediatez 2.3.1. El Artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela está prevista para la “protección inmediata” de los derechos constitucionales que se consideren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos previstos en la ley. De esta manera, el ordenamiento constitucional busca asegurar que el amparo constitucional sea utilizado para atender vulneraciones que de manera urgente requieren de la intervención del juez de tutela.
2.3.2. En el presente caso, comoquiera que a la fecha de la presentación del amparo no se le ha dado respuesta a los recursos de reposición y apelación instaurados en contra de la Resolución No.886 de 2011 proferida por el ISS, y no se le ha reconocido la pensión de vejez al accionante (derecho imprescriptible), la posible vulneración es actual, cumpliéndose de esta manera el presupuesto de inmediatez. 2.4. Subsidiariedad 2.4.1. La Corte ha señalado que, por regla general, los conflictos relacionados con el reconocimiento y pago de prestaciones sociales deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria laboral o por la contenciosa administrativa, por lo cual la acción de tutela no es el mecanismo judicial apropiado para ello, salvo que dichas vías sean ineficaces, inexistentes o se configure un perjuicio irremediable. 2.4.2. Asimismo, esta Corporación ha determinado que dicho perjuicio se configura cuando existe el riesgo de que un bien de alta significación objetiva protegido por el orden jurídico o un derecho constitucional fundamental sufra un menoscabo. En ese sentido, el riesgo de daño debe ser inminente, grave y debe requerir medidas urgentes e impostergables. De tal manera que la gravedad de los hechos exige la inmediatez de la medida de protección.
2.4.5. Descendiendo al caso estudiado, la Sala encuentra que el actor pretende que se ordene al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de vejez que aduce tener derecho. Dado que la acción de tutela está dirigida a cuestionar la resolución administrativa que denegó sus solicitudes, en principio, el amparo sería improcedente, porque tal determinación puede ser controvertida ante la jurisdicción ordinaria. 2.4.6. En efecto, el Numeral 4° del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le otorga a la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. 2.4.7. A la par, el Artículo 11 del dicho cuerpo normativo le asigna competencia al juez laboral del circuito para conocer de las controversias que se sigan en contra de entidades que conforman el sistema de seguridad social. De igual forma los artículos 70 y siguientes contemplan el proceso ordinario, en el cual los interesados tienen la oportunidad de manifestar sus inconformidades frente a las decisiones adoptadas por las administradoras de pensiones, conciliar, presentar alegatos, solicitar o controvertir pruebas si lo consideran necesario e interponer los recursos ordinarios y extraordinarios correspondientes. 2.4.8. Ahora bien, podría pensarse que el hecho de que los procesos ordinarios revisten de un mayor grado de complejidad y formalismo, o que su trámite se extienda en el tiempo, los torna ineficaces y elimina per se su nota de idoneidad. Sobre el particular, la Corte considera que la mayor complejidad de tales mecanismos judiciales se explica por la naturaleza de los asuntos que deben resolver. En materia pensional, por ejemplo, la dificultad está dada no solo por el alto nivel de dispersión normativa, sino también por el material probatorio que debe ser allegado y valorado para adoptar una decisión, por lo que evidentemente el proceso puede llegar a ser relativamente dispendioso.
2.4.11. No obstante, sin detrimento de la idoneidad y eficacia general de los mecanismos judiciales ordinarios, que tienen por objeto asegurar el derecho a la pensión, las particulares y excepcionales circunstancias que rodean este caso hacen indispensable la intervención del juez de tutela, puesto que el actor es una persona de 76 años, y por tanto, se encuentra por encima de la expectativa de vida de los hombres colombianos de 72.1 años; por tal motivo, la eventual duración del proceso laboral podría restringir de manera significativa el disfrute y goce de su derecho, máxime cuando se reprocha la negligencia de la entidad demandada en la administración de la información que reposa en sus bases de datos. 2.4.12. Adicionalmente, la Sala evidencia que los únicos ingresos económicos del peticionario provienen de la colaboración que le prestan sus hijos, los cuales no son suficientes para atender las necesidades básicas de su núcleo familiar, integrado por él y su esposa de 69 años. Además, la Corte observa que el accionante agotó la vía gubernativa, al instaurar el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución que le negó la pensión, sin haber obtenido respuesta, a pesar de haberse vencido los términos legales para ello. 2.4.13. De lo anterior se desprende que, si bien existen otras vías procesales para lograr la satisfacción de las pretensiones propuestas en sede constitucional, en este caso concurren una serie de circunstancias relevantes que permiten inferir que tales mecanismos judiciales no son adecuados para proteger los derechos al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas del accionante, por lo cual la Corte considera pertinente analizar las cuestiones planteadas de fondo. 3. Problema jurídico constitucional Corresponde a la Sala decidir sobre el amparo propuesto por Vitalino Rengifo Valencia en busca de la protección de sus derechos fundamentales. Con tal propósito, deberá resolverse si el inadecuado manejo de la información por parte de las administradoras de pensiones y la omisión de dar respuesta oportuna a los requerimientos presentados por sus afiliados en busca de la corrección las inconsistencias de sus historias laborales para acceder a la pensión de vejez, habilita al juez de tutela para ordenar el reconocimiento de dicha prestación, siempre y cuando se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad. 4. Regla Jurisprudencial: es posible reconocer una pensión de vejez a través de acción de tutela siempre que (i) se cumplan los requisitos de procedibilidad del recurso de amparo, (ii) dicha pretensión haya sido denegada por la administradora de pensiones, (iii) el accionante logre demostrar que tal circunstancia se debió a errores en su historia laboral que reposa en la entidad y (iv) acredite los presupuestos legales para acceder a la misma. 4.1. La Corte Constitucional ha establecido una serie de escenarios de protección ante las inconsistencias en el cómputo de semanas cotizadas al Sistema de Seguridad Social en pensiones, con miras de acceder a la pensión de vejez. En primer lugar, este Tribunal ha explicado que cuando una entidad administradora de pensiones desatiende los requerimientos del afiliado en los que advierte sobre la inexactitud de su historia laboral, no desplegando las actuaciones pertinentes que conduzcan a resolver el desacuerdo del usuario sobre la veracidad o la integridad de los datos consignados en sus bases de datos, vulnera el hábeas data, pues le niega la posibilidad de que sean corregidos o complementados, pasando por alto su obligación de registrar información veraz y completa que corresponda a la realidad de la afiliación. 4.2. En segundo lugar, esta Corporación ha sostenido que cuando se ponen en conocimiento de la entidad administradora, hechos que tienen relevancia o incidencia directa en el reconocimiento de la prestación económica y no son atendidos diligentemente, a pesar de tratarse de situaciones que la entidad misma está en la posibilidad y en el deber de verificar, como lo es la existencia de semanas cotizadas en periodos determinados, se produce una vulneración al derecho de petición, en cuanto se incumple el deber de las autoridades de responder de fondo y oportunamente las solicitudes de los afiliados. 4.3. Ahora bien, también se ha establecido que el derecho de petición no sólo se desarrolla con la solicitud inicial elevada ante la administración, sino que incluye los recursos que en la vía gubernativa se interpongan y las solicitudes de revocatoria directa. En ese sentido, desde sus inicios esta Corporación ha señalado que estos son una forma de ejercer dicho derecho, por cuanto “a través de ellos, el administrado eleva ante la autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto.”
4.4. Así, cuando la administración omite resolver las solicitudes de revocatoria directa y los recursos presentados en vía gubernativa desconoce no solo el derecho de petición, sino de contera el derecho al debido proceso administrativo, ya que uno de sus componentes fundamentales es la posibilidad de interponer recursos y realizar solicitudes, y obtener respuesta eficaz de los mismos, independientemente del sentido de la misma. 4.5. Lo anterior tiene especial relevancia cuando se trata de procesos administrativos mediante los cuales se decide el reconocimiento de prestaciones económicas concernientes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, ya que la respuesta oportuna tiene una incidencia directa en el cabal ejercicio de algunos derechos fundamentales del afiliado, quien al momento de solicitar el reconocimiento de derechos laborales y prestaciones sociales de las que puede derivar los ingresos necesarios para su subsistencia, dependerá de rapidez y eficacia de la administradora de pensiones para atender a sus requerimientos.
4.6. En tercer lugar, la Corte ha indicado que el derecho a la seguridad social, entre otras prerrogativas, comprende la facultad de acceder a los medios de protección dispuestos por la ley para la cobertura de los riesgos que atentan contra la capacidad y oportunidad de los individuos y sus familias de generar los ingresos suficientes para llevar una subsistencia digna, lo cual implica la posibilidad de estar vinculados al sistema que se haya creado para tal efecto, de forma que se pueda garantizar el cubrimiento de las contingencias a las que el ser humano se haya expuesto y que pueden repercutir en su calidad de vida y en su capacidad laboral.
4.7. Por lo anterior, el reconocimiento de las prestaciones económicas que establece el Sistema de Seguridad Social para el cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, está supeditado al lleno de unos requisitos, por lo que no puede operar de manera improvisada o desmedida, sino consultando los criterios propios de la buena administración, con el fin de hacer posible su permanencia y la progresión continúa del derecho a la seguridad social. De esta manera, la titularidad de un derecho pensional implica el lleno de los presupuestos preestablecidos.
4.8. En este orden de ideas, resulta clara la trascendencia del adecuado manejo de la información, por medio de la cual se constata el cumplimiento paulatino de tales requisitos, pues dicha información será la fuente de conocimiento de la que se servirán el afiliado y la entidad administradora, para solicitar o evaluar, respectivamente, el reconocimiento de las prestaciones económicas dispuestas en el sistema.
4.9. Ahora bien, en casos en los que debido a inconsistencias en la historia laboral se ha denegado el reconocimiento de pensiones de vejez, esta Corporación reiteradamente ha considerado que las administradoras de pensiones tienen la obligación de custodia, conservación y guarda de la información y de los documentos que soportan las cotizaciones de un afiliado, así como el deber de organizarlos y sistematizarlos; por consiguiente, el incumplimiento de aquellas desde el punto de vista operacional, no puede traducirse en una denegación del derecho a la seguridad social del ciudadano que tiene la expectativa legitima de pensionarse. 4.10. Así, ante la evidencia de inadecuados manejos de la información de los afiliados al Sistema de pensiones, la Corte ha adoptado diferentes decisiones para proteger los derechos fundamentales de las personas. Parta ilustrar, cuando se evidencia que las administradoras han omitido dar respuesta a los requerimientos de sus usuarios sobre los errores en las historias laborales, este Tribunal ha ordenado dar respuesta inmediata a los mismos. 4.11. A su vez, en casos en los que se han denegado pensiones de vejez y el accionante ha logrado, en sede constitucional, demostrar que esto se debió a datos errados en su historia laboral, la Corte ha dejado sin efecto las resoluciones que denegaron la prestación, decretado la corrección de las inexactitudes en la información, y cuando se encuentran acreditados de manera clara e inequívoca el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión, ha ordenado su reconocimiento. 4.12. En suma, el inadecuado manejo de la información por parte de las administradoras de pensiones y la omisión de dar respuesta oportuna a los requerimientos presentados por sus afiliados, en busca de la corrección de las inconsistencias existentes en sus historias laborales con el fin de acceder a la pensión de vejez, afectan los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso administrativo y al habeas data de los afectados. Así, al evidenciarse la ocurrencia de dichas circunstancias, el juez de tutela puede ordenar, previo estudio de la procedibilidad del amparo, la corrección de la historia laboral, la contestación de los requerimientos ignorados o si es pertinente reconocer la prestación pensional. 5. Caso concreto
5.1. El accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales, argumentando que la entidad demandada denegó su pensión de vejez erradamente, debido a que no tuvo en cuenta las semanas cotizadas entre 1967 y 1984, durante los períodos que laboró para Bancolombia y Bancomercio. Además, sostiene que a pesar de haber puesto en conocimiento de esta circunstancia a la entidad, a través de los recursos instaurados en contra de la resolución que no accedió a su solicitud, ésta no se ha pronunciado. 5.2. Así las cosas, para determinar si es posible acceder a ordenar el reconocimiento de la pensión de vejez del accionante se aplicará la regla jurisprudencial citada. En ese orden, en primer lugar, como quedo señalado anteriormente el presente recurso de amparo es procedente, ya que si bien existen otros mecanismos judiciales para acceder a las pretensiones del actor, del estudio de los elementos probatorios se evidenció que no eran idóneos y eficaces debido a las particularidades que rodean el presente caso. 5.3. En segundo lugar, la Corte observa que mediante Resolución No. 886 de 2011, el ISS denegó la solicitud de pensión al considerar que el actor sólo acreditaba haber cotizado 581 semanas, no cumpliendo con los requisitos establecidos en las leyes 33 de 1985, 100 de 1993 y 797 de 2003. Asimismo, encuentra probado que el 6 de abril de 2011, el accionante instauró el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra dicho acto administrativo, argumentando que para tomar la decisión no se tuvieron en cuenta las cotizaciones realizadas durante su vinculación a Bancolombia y a Bancomercio entre los años 1967 y 1984. Sin embargo, a la fecha el ISS no ha resuelto los requerimientos del peticionario. 5.4. De lo anterior, la Sala deduce que el ISS ha vulnerado el derecho al debido proceso administrativo, ya que a pesar de haberse vencido los términos para resolver los recursos no lo ha hecho. En efecto, según la jurisprudencia que interpretaba el Artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época en que se instauraron, el tiempo para dar respuesta a los mismos es de 2 meses, término que ha sido ampliamente superado si se tiene en cuenta que los recursos se instauraron el 6 de abril de 2011 y la acción de tutela fue presentada el 4 de septiembre de 2012.
5.5. En tercer lugar, este Tribunal encuentra que existen inconsistencias en la historia laboral del peticionario, pues en diferentes momentos la entidad demandada ha generado disimiles informes de semanas cotizadas. Así, en el año 2009 el ISS certificó que el ciudadano Vitalino Rengifo Valencia había cotizado 829.57 semanas, distribuidas de la siguiente manera: Empleador
01/01/1967 a 31/12/1982
04/04/1984 a 03/07/1984
5.6. Posteriormente, en la Resolución No. 886 de 2011, el ISS deniega la pretensión de reconocimiento de pensión de vejez, argumentando que las 118.4 semanas que el actor cotizó como independiente, aún sumadas con las 462.8 correspondientes al tiempo que laboró en entidades vinculadas al Ministerio de Educación, no eran suficientes para reconocer la prestación solicitada. Es decir, en aquella oportunidad, la entidad accionada tuvo en cuenta esta información pensional:
5.7. Por último, esta Corporación al consultar la historia laboral del accionante en la página web oficial de Colpensiones, observa que aparecen como total de semanas cotizadas 519, discriminadas como a continuación se señala: Empleador
HDA Lucerna
01/01/1967 a 04/09/1974
5.8. De lo expuesto, la Corte infiere que existen serias inconsistencias entre los empleadores registrados, los períodos de aportes y el número de semanas cotizadas, de lo cual se deprende que el ISS y Colpensiones han incumplido sus obligaciones de custodia, conservación y guarda de la información, así como el deber de organizarla y sistematizarla, por lo que los derechos fundamentales del accionante, en especial su derecho a la seguridad social y al habeas data, están siendo vulnerados, pues las inexactitudes de su historia laboral han generado que no sea posible el reconocimiento de su pensión de vejez. 5.9. En suma, al verificarse que el ISS y Colpensiones no han cumplido a cabalidad con sus deberes relacionados con la guarda y actualización de la información de la historia laboral del peticionario, la Sala examinará si el actor cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez que solicita. Para ello, en primer lugar deberá establecerse el régimen pensional aplicable al caso, y posteriormente el cumplimiento de los requisitos consagrados en el mismo, por parte del señor Vitalino Rengifo Valencia.
5.10. En ese orden, esta Colegiatura encuentra que el demandante nació el 14 de octubre de 1936, por lo que contaba con 57 años de edad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. Además, la Sala resalta que al 1° de abril de 1994, el actor se encontraba afiliado al ISS, puesto que empezó a realizar cotizaciones desde el año 1967. Así las cosas, en virtud del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el accionante es beneficiario del régimen de transición. Ahora bien, teniendo en cuenta que el peticionario afirmó, al momento de interponer los recursos en contra de la Resolución No. 886 de 2011, tener derecho a la pensión de vejez conforme a lo previsto en el Decreto 758 de 1990, se procederá a determinar si le asiste o no razón a la reclamación planteada. 5.11. El Decreto 758 de 1990 establecía como requisitos para acceder a la pensión de vejez los siguientes:
5.12. Entonces, de acuerdo con este precepto tendrán derecho a la pensión de vejez los hombres que tengan 60 o más años de edad y un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o que acrediten un total de 1000 semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. Así, en principio, el decreto en mención no contempla la posibilidad de acumular los tiempos de servicio laborados ante empleadores públicos y privados, y las cotizaciones hechas a cajas de previsión públicas y al ISS. Sin embargo, esta Corporación ha considerado que es procedente contabilizarlos conjuntamente, para de esta forma reunir el número de semanas necesarias con el fin de obtener la pensión de vejez, en atención al principio constitucional de favorabilidad y en la aplicación del régimen de transición consagrado en el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
5.13. Establecida la normatividad aplicable al caso, desciende este Tribunal a determinar el cumplimiento de los presupuestos legales por parte del actor. En primer lugar, de los elementos de juicio presentes en el plenario, la Corte encuentra que según las certificaciones de tiempos laborados expedidas por el Ministerio de Educación, el demandante trabajó para entidades educativas del Estado desde el 1 de febrero de 1960 al 30 de enero de 1969. No obstante, en relación con el período entre el 1 de enero de 1967 y el 30 de enero de 1969, existen documentos que señalan que el Señor Vitalino Rengifo Valencia prestó sus servicios para Bancolombia. En ese orden, la Sala sólo tendrá como tiempo laborado para la administración 351 semanas, pues frente a las demás existe controversia, la cual no puede ser esclarecida del examen de los elementos de juicios obrantes en el expediente.
5.14. De igual manera, esta Corporación observa que de las certificaciones laborales allegadas por el accionante y por Bancolombia, se desprende que Vitalino Rengifo Valencia laboró para la entidad financiera del 1 de enero de 1967 al 31 de diciembre de 1982, realizándose aportes para pensiones ante el ISS con los siguientes números patronales 1006200073, 11066200089, 1306200679 y 18016200015. Sin embargo, como se señaló no existe certeza sobre el período trabajado entre el 1 de enero de 1967 y el 30 de enero de 1969, por lo que sólo se tendrán como acreditadas 726 semanas cotizadas.
5.15. Por otra parte, esta Colegiatura evidencia que si bien no existe certeza sobre el número de cotizaciones realizadas como independiente por el accionante, los cálculos de las partes sobre el tiempo de aportes no difieren en gran manera, en tanto el ISS reconoce 118.4 y el actor afirma haber cotizado 6 semanas más, por lo que la Corte tomará como base las 118.4 semanas por concordar con el reporte actual consultado en sede de revisión. 5.16. Finalmente, en relación con los tiempos presuntamente laborados para Bancomercio y para HDA Lucerna, este Tribunal no halla elementos de juicio que le permitan establecer la existencia de cotizaciones relacionadas, por lo que no serán contabilizados en esta oportunidad. 5.17. De lo anterior, la Sala advierte que en el expediente se encuentra acreditado que el accionante laboró más de 1189 semanas, distribuidas de la siguiente manera: Empleador
01/02/1960 a 31/12/1966
5.18. Así las cosas, la Corte considera que el actor acredita el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez pretendida conforme al Decreto 758 de 1990. En efecto, el señor Vitalino Rengifo Valencia en la actualidad tiene 76 años, y laboró más de 1000 semanas. Ahora bien, corresponde a esta Corporación establecer desde cuando se causó el derecho y el momento a partir del cual se deberán pagar las mesadas no cobradas. 5.19. Al respecto, la Corte estima que si bien el derecho a la pensión surgió al momento de cumplirse la edad y haber laborado 1000 semanas, para este caso deberá considerarse que se causó desde el momento en que se realizó la última cotización al sistema, es decir, el 1 de octubre de 1999, ya que conforme a los artículos 19 y siguientes del Decreto 758 de 1990, el monto de la pensión acrece en tanto se hayan efectuado más aportes. Sin embargo, esta Corporación ha señalado que aunque el derecho pensional resulta imprescriptible, este fenómeno jurídico si afecta las mesadas causadas no reclamadas dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad, por tanto sólo se ordenará el pago del retroactivo desde los tres años anteriores contados a partir de la presente providencia. 5.20. En ese orden, este Tribunal teniendo en cuenta que la administradora de pensiones demandada ha incumplido sus obligaciones de custodia, conservación y guarda de la información, desconociendo los derechos a la seguridad social, al habeas data y al debido proceso administrativo del peticionario, revocará las providencias de instancia y tutelará los derechos del accionante. 5.21. A la par, la Sala le ordenará a Colpensiones, teniendo en cuenta que es su responsabilidad la administración del régimen de prima media, que corrija la historia laboral del demandante dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, incorporando las cotizaciones realizadas por Bancolombia, estableciendo la existencia o no de aportes realizados por Bancomercio y HDA Lucerna, y aclarando los tiempos de servicios presuntamente laborados simultáneamente para Bancolombia y el Estado. 5.22. De igual forma, la Corte dejará sin efectos la Resolución No. 886 de 2011 proferida por el ISS y le ordenará a Colpensiones que una vez corregida la historia laboral, dentro de los 10 días siguientes, proceda a reconocer, liquidar y pagar la pensión de vejez a la que tiene derecho el señor Vitalino Rengifo Valencia conforme al régimen previsto en el Decreto 758 de 1990. No obstante, esta Corporación sólo ordenará el pago del retroactivo de las mesadas pensionales causadas dentro de los tres años previos a la fecha de la presente sentencia, por lo cual si el actor considera que le asiste el derecho a las anteriores, puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral y pretender su pago. V. DECISIÓN
PRIMERO.- REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, el 18 de septiembre de 2012, y por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad, el 12 de diciembre de 2012, en el proceso de tutela de la referencia; y en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social, al habeas data y al debido proceso administrativo del accionante. SEGUNDO.- DECLARAR sin valor, ni efecto jurídico la Resolución No. 886 del 27 de enero de 2011, expedida por el Instituto de Seguro Sociales. TERCERO.- ORDENAR al representante legal de Colpensiones que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, efectúe la corrección y actualización de la historia laboral de Vitalino Rengifo Valencia, incorporando las cotizaciones realizadas por Bancolombia, estableciendo la existencia o no de aportes realizados por Bancomercio y HDA Lucerna, y aclarando los tiempos de servicios presuntamente laborados simultáneamente para Bancolombia y el Estado. CUARTO.- ORDENAR al representante legal de Colpensiones que, dentro de los diez (10) días siguientes al cumplimiento de la anterior orden, proceda a reconocer, liquidar y pagar la pensión de vejez a la que tiene derecho el señor Vitalino Rengifo Valencia conforme al régimen previsto en el Decreto 758 de 1990. No obstante, sólo deberá pagarse el retroactivo de las mesadas pensionales causadas dentro de los tres años previos a la fecha de la presente providencia. QUINTO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.