Source: https://issuu.com/revistafirma/docs/abril17_firma
Timestamp: 2017-12-16 07:57:57
Document Index: 367525905

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'in fine', 'Artículo 3', 'artículo 51', 'artículo 33', 'artículo 36']

Firma ABRIL 2017 by Revista FIRMA - issuu
Abril 2017 En portada: Edgar y Harry Zurcher Entrevista en la página 24. Fotografía: Etzia Granera
Resumen Entérese de lo último a nivel regional e internacional.
APPS Organice sus ideas y presente mejores currículos con nuestras recomendaciones.
LAWxury La tecnología como un aliado de su trabajo.
Tecnología La nueva era del ‘fintech’.
Movilidad colaborativa Un proyecto de ley pretende regular esta nueva forma de transporte.
Arbitraje Dos destacados juristas estuvieron compartiendo sus conocimientos sobre el tema en nuestro país.
Derecho aeronáutico Alina Nassar nos dejó sus reflexiones sobre la materia en suelo patrio.
Para el mundo Dentons Muñoz abre sus puertas en Costa Rica.
‘Game of Drones’ La reglas del juego en las alturas.
Turismo de negocios La nación explora nuevas opciones para atraer turistas.
Trabajador autónomo económicamente dependiente Las plataformas digitales como empleadores.
Brazaletes electrónicos ¿Solución a la prisión preventiva?
Viajes Déjese seducir por la ‘Ciudad del Pecado’. FIRMA 5
editorial Manos arriba con la tecnología No cabe duda de que la tecnología ha venido a revolucionar la forma en la que interactuamos, trabajamos y hasta viajamos. Plataformas tecnológicas como Airbnb, Uber, Facebook, Skype y más nos dan una oportunidad de oro para presentar propuestas que regulen su funcionamiento en nuestro país, pero solo se necesita un componente para esta receta: voluntad política. Como lo menciona una columna en esta edición, los procesos de deslocalización que realizan “las empresas se alejan del esquema tradicional, pasando a ser una composición casi etérea, sin oficinas ni horarios de trabajo claramente definidos”. Esto es un gran reto que debe ser tomado con seriedad por nuestras autoridades con miras a la evolución que tendrán estas relaciones laborales más flexibles y más informales. A pesar de las presiones que suponen diferentes grupos, lo cierto es que estas plataformas ponen sobre la mesa temas para los que la sociedad necesita una solución. Es verdad que las figuras tradicionales tienen que sentirse representadas y defendidas, pero también, es una realidad que las personas no dejarán de usar los servicios que, con solo un clic en un dispositivo móvil, facilitan la vida de cientos.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa, se encuentra un proyecto que pretende regular parte de esta nueva forma de crear relaciones laborales. En este caso, con relación al transporte colaborativo, que se ha posicionado en este país de una forma tan fuerte que hasta ha teñido de violencia las calles de la nación. La guerra no es contra estas empresas, contra los usuarios ni contra las personas que forman parte de la comunidad. La guerra real es contra la falta de regulación y consenso para que todas las partes puedan trabajar de una forma pacífica, justa y con las debidas responsabilidades que eso conlleva. Esperamos que los análisis que traemos este mes sirvan como una perspectiva alternativa para conocer lo que piensan las partes involucradas y ver las posibles soluciones. Al fin y al cabo, como dijo Eduardo Juan Couture: “El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado”. De ahí, la importancia de promover esa evolución del derecho y formar parte de ella. Andrés Corrales Periodista y Abogado Director
STAFF Lic. Andrés Corrales
MSc. Margarita Guzmán Gerente General Natalia Chavarría Alejandro Ramírez Cindy Regidor Redactores Alessandra De Franco Correctora de estilo Carlos Cisneros Asistente editorial Noelia León
FIRMA es una marca registrada de Pitch Media S.A. Fecha de publicación: abril 2017. Edición 14, año 01. Pitch Media investiga sobre la seriedad de los anunciantes, pero no es responsable de las promociones de los mismos. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Más seguridad • El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela presentó la nueva Fuerza Policial de Tarea Conjunta en temas de criminalidad. Esta fuerza que empezó a operar recientemente está compuesta por agentes de distintos estamentos, como la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval
(SENAN), el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Servicio de Protección Institucional (SPI), entre otros. Esta fuerza está compuesta por 300 oficiales de esas instituciones quienes comenzarán a vigilar las zonas de Colón y Ciudad de Panamá. Según el presidente Varela,
durante su mandato se han reducido los homicidios en un 31.7%, los femicidios en un 60% y se han desmantelado 15 redes de trata de personas. Aunque los números son positivos, Varela insiste en que cada día hay más retos en materia de Seguridad a los que se les debe de prestar especial atención.
Sindicatos a la calle • Miembros de diferentes sindicatos salvadoreños se tiraron a las calles de ese país con cacerolas para mostrar su descontento por recortes a subsidios a la electricidad y al gas licuado que, según los dirigentes, fueron ordenados por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Según Sonia Viñerta, portavoz de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), estas medidas contribuyen a la precarización en las condiciones de vida de los trabajadores. De acuerdo a los dirigentes de la
marcha, los recortes suponen un “retroceso” al incremento al salario mínimo, mientras que el FMI manifestó en 2016 que “existe un margen para una mayor racionalización de los subsidios en gas licuado de petróleo y electricidad”.
Demanda contra Honduras • Los familiares y representantes legales de Ángel Pacheco, un candidato a diputado en Honduras que fue asesinado en 2001, denunciaron la inacción del gobierno hondureño para esclarecer el caso ante los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), en Ciudad de Guatemala. Pacheco fue asesinado un día antes de las elecciones nacionales y era el primer candidato a diputado por el opositor Partido Nacional (PN). Según la familia del candidato, se habían recibido amenazas por su labor política
por lo que esperan que se encuentren los responsables materiales e intelectuales. El gobierno de Honduras detuvo a tres personas por el hecho; sin embargo, debió dejarlas en libertad al considerar que no existían “méritos suficientes en su contra”.
• Costa Rica fue la sede de la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla, que contó con la participación de cinco de los diez Jefes de Estado que la conforman. Bajo el lema “Mesoamérica nos une”, la reunión pretende fomentar el
avance de diferentes proyectos de desarrollo para la región. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís insistió en el acto inaugural de los desafíos que enfrentan los países en cuanto a la migración y respecto a los derechos humanos, así como en
material ambiental y la lucha contra el crimen organizado. Sobre el tema migratorio, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, insistió en reforzar los mecanismos de diálogo especialmente con su vecino del Norte.
Impacto en infraestructura • El director regional de Infraestructura de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Lucio Cácerles, manifestó que el escándalo por sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, por el que la constructora ha sido vetada de varios países de América Latina, supone un reto muy importante para el sector en la región en el campo de la infraestructura así como también representa un desafío para la competitividad de la empresa privada en general en este campo.
Cara factura • Según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la desigualdad ha crecido de manera sostenida en Costa Rica en los últimos años, ubicándolo en el puesto 66 a nivel mundial y noveno entre Latinoamérica y el Caribe. Este estudio ubicó a El Salvador en el puesto 117, Nicaragua en el 124, Guatemala en el 125 y Honduras en el puesto 130. Panamá se ubica de líder en la región en el puesto 60. Según el estudio, la calidad de los servicios públicos podría estar influyendo en esta medición.
Si usted es de los profesionales ‘multitask’ que necesita estar en varias cosas a la vez, esta aplicación puede ser su mejor aliada, ya que le permite manejar diferentes pantallas dentro de la misma pantalla de su computadora para
DOO Para los más dispersos, esta herramienta es ideal, pues funciona como un organizador de tareas por medio de tarjetas que llevarán un registro de cada acción que se deba realizar. A través de alertas y notificaciones de seguimiento, Doo se encarga de que usted salga de sus pendientes o que pueda posponerlos para que se los recuerde más
tarde. Se puede sincronizar con diferentes servicios de almacenamiento en la nube y cuenta con una plataforma de uso sencillo, que es amigable para el usuario.
poder trabajar en distintas tareas a la vez. Ello es gracias a una interfaz fácil de usar y personalizar. Admite el uso de accesos directos a través del teclado y funciona tanto para PC como para computadoras Apple.
RESUME LAB FOR PAGES Tener un currículo bien presentado es clave para llamar la atención a la hora de aplicar a un puesto de trabajo. Por eso, esta aplicación tiene diferentes plantillas para crear
una hoja de vida completa y atractiva con el fin de que las personas se identifiquen más con el candidato. Las plantillas, también, se pueden personalizar según
la experiencia y gusto del usuario y ofrecen la opción de incluir imágenes para complementar la experiencia laboral.
MAS EFICIENTES La marca de tecnología Samsung presentó, en nuestro país, su nueva serie de teléfonos celulares Galaxy A, con un diseño mejorado, potente rendimiento y máxima comodidad. Tanto el A7 como el A5 son resistentes al agua y al polvo, lo que los hace invulnerables a la lluvia, al sudor, a la arena y al polvo. Estos dos nuevos modelos se unen a la línea de alta gama de la marca con cámaras trasera y delantera de 16 megapíxeles cada una, lo que ofrece imágenes más estables, incluso, en condiciones de poca luz. Brinda mayor capacidad de almacenamiento y aumenta sus mecanismos de seguridad con detector de huella digital y Samsung Cloud, un servicio de almacenamiento en la nube que permite separar los datos privados y mantener los contenidos seguros.
SIN DESORDEN Los profesionales que viajan suelen encontrarse indeseadas sorpresas por accidentes de derrame de líquidos o cremas dentro de su maleta. Para evitar este trago amargo, Würkin
Stiffs presenta este neceser de silicona con el que evitará la fuga de líquidos al resto de los artículos personales o ropa dentro de la maleta. El material es tan resistente al agua, que
funciona para tenerlo a mano durante una ducha. Se limpia fácilmente y puede resultar un regalo ideal y moderno. Se consigue en wurkinstiffs.com.
SIN PERDER DETALLE Las empresas de tecnología han logrado posicionar con éxito las cámaras de 360 grados, que permiten documentar todo lo que sucede alrededor de ellas con posibilidades de compartir en redes sociales o visualizarlas con dispositivos de realidad virtual. Esta cámara de 360 Fly
garantiza imágenes en calidad 4k y tiene funciones de video y fotografía. Su novedoso diseño se complementa perfectamente con la interfaz fácil de usar para brindar experiencias novedosas y a la vanguardia para cualquier amante de la tecnología y la fotografía.
TV VERSATIL No cabe duda de que las pantallas se han convertido en algo indispensable para todos los profesionales de hoy, ya que, gracias a ellas, se puede presentar contenido a grupos de trabajo en diferentes reuniones y realizar
videoconferencias. Hello es un dispositivo que viene a complementar las funciones de una pantalla de TV en una plataforma de contenidos multimedia con comandos de voz, duplicación de pantalla con otros dispositivos,
transmisiones en vivo, detección de movimiento y más. Hello admite, también, la conexión a través de plataformas sociales como Skype, Facebook Messenger, Google Talk, entre otros.
Para las personas que suelen perder sus llaves, la billetera y otros artículos de importancia, TrackR se puede convertir en ese aliado especial, pues solo deben adherirlo al artículo que no desean olvidar y podrán mantener un rastreo
con geolocalización con GPS mediante sus dispositivos inteligentes o computadora desde cualquier parte del mundo. Asimismo, TrackR tiene la opción de emitir sonidos para encontrar sus pertenencias más fácilmente.
Filosofía del derecho (Manrique Jiménez Meza) El material comprende una amplia cantidad de estudios donde se interrelacionan el derecho y la filosofía. Así, se incorporan las escuelas que enfatizan en la lógica y el desenvolvimiento metodológico, pasando por el sociologismo sin exclusión de las corrientes de corte axiológico. También, están presentes perspectivas ontológicas y existencialistas. Se consigue en Expolibros.
La venta de servicios jurídicos ( Jordi Estalella del Pino)
Derecho romano: historia jurídica de Occidente (Walter Antillón Montealegre)
En esta obra, se invita a los socios de las firmas y a los profesionales del negocio jurídico a reflexionar sobre los elementos que componen el servicio que prestan y, a la vez, describe un proceso de venta que les ayudará a elegir los medios de atracción adecuados y convencer a los clientes de las capacidades de su despacho. A la venta en Expolibros.
Este libro constituye una antología, tanto de los capítulos redactados por el autor como algunos que son cosecha de estudiantes de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante los años 2015 y 2016, de los cursos de Derecho Romano e Historia del Derecho, impartidos por Walter Antillón. Además, se agregaron casos, ensayos y capítulos de autores clásicos y contemporáneos.
La nueva era del ‘fintech’: un despertar en el derecho tradicional Por: Cristina Salas Trejos Abogada Ilustración: Shutterstock
El mundo tecnológico está evolucionando a un ritmo extremadamente ágil y rápido. A medida que descubrimos la siguiente invención, en algún lugar del mundo, la misma invención está siendo actualizada o reemplazada por una nueva. Adoptando un enfoque proactivo, algunas firmas, como Lexincorp Costa Rica, han decidido proporcionar una rama nueva de servicios legales y asesoramiento en materia de tecnología financiera debido a que los clientes creativos de la firma así lo están demandando. Para entender este concepto y tendencia, en términos técnicos, ‘fintech’ es un sector económico compuesto por empresas que utilizan la tecnología p a r a
hacer que los servicios financieros sean más eficientes. Las empresas nuevas (‘startups’) de tecnología financiera son generalmente aceleradoras, tratando de ‘desintermediar’ sistemas financieros ya establecidos y desafiar a las empresas tradicionales que son menos dependientes de software. El hecho en cuestión es que necesitamos actualizar nuestros conocimientos diariamente. ¿Pero qué sucede cuando tenemos que materializar un proyecto del cliente y nos encontramos con que la ley representa la primera restricción para su correcto funcionamiento? Una ley que entorpece estos nuevos proyectos innovadores es una ley inútil. De modo que, al no haber una próxima parada en este tren tecnológico, tenemos que adaptar nuestras leyes de una
manera tal que permitan tanto el control, la regulación y la supervisión de dicha tecnología y, lo más importante, que le permita a este progreso convertirse en una realidad. En la experiencia propia, hemos trabajado con clientes con grandes ideas y empresarios que ven el ‘fintech’ como una puerta a sistemas más eficientes, rápidos, actualizados y competentes, en los que el dinero ya no será tangible, lo que resulta en un proceso más ingenioso. Esto, sin duda, beneficia al consumidor. En los últimos meses, nos hemos reunido con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y otras instituciones afines, quienes son conscientes de que esta tendencia va a cambiar la estructura de las transacciones monetarias en todo el mundo, como ya ha sucedido en lugares como Canadá, EE.UU., China, África e India. A raíz de estas investigaciones, tuvimos el honor de participar en lo que fue el lanzamiento de la plataforma Masterzon, primera plataforma de ‘fintech’ en Costa Rica. Con la presencia de representantes de las cámaras de comercio, asociaciones solidaristas, cooperativas, universidades y empresarios de diferentes sectores, se realizó el evento denominado Apertura Fintech - Costa Rica.
No solo nos complació formar parte de ese movimiento innovador e interesante, sino que nos enorgullece que la plataforma Masterzon haya sido pionera en esta materia y que haya abierto las puertas a un mercado de ‘fintech’ con servicios más amplios, viendo el potencial en nuestro país. Esta tendencia viene a suplir la necesidad de un cambio en el comportamiento de los consumidores que demandan servicios financieros con mayor transparencia y eficiencia a través de plataformas tecnológicas seguras, así como accesos permanentes al dinero. Elio Rojas, gerente general de Masterzon CR, manifestó: “Los servicios financieros, tal y como los conocemos hoy día, deberán evolucionar para adaptarse a la tendencia ‘fintech’ que se está desarrollando en los mercados financieros internacionales”. Durante el lanzamiento, se presentó en vivo la primera transacción ‘fintech’ de Costa Rica, una operación de ‘factoreo’ directo con la participación de una empresa del sector de la construcción e inversionistas privados. La factura y otros derechos de crédito y cobro presentes o futuros podrán ser transmitidos en las formas previstas por la Ley de Garantías Mobiliarias y sus reformas, Ley N.° 9246, del 20 de mayo de 2014,
para la cesión y endosados de conformidad con el Código de Comercio, según sea la configuración jurídica del derecho a transmitir. Tradicionalmente, quienes demandan capital de trabajo se dirigen a una institución financiera para descontar su factura. Ahora, a través de la plataforma, se podrán aproximar a muchos inversionistas interesados en descontarles la factura, lo cual rebosará en excelentes condiciones para las partes y mayor eficiencia y celeridad. Con el propósito de garantizar la transparencia de las operaciones, ATA Trust Company llevará a cabo la liquidación de las operaciones garantizando a las partes el buen término de dichas operaciones. Entre los beneficios económicos de esta estructura está la capacidad de capturar y procesar datos en tiempo real. En su mayoría, se beneficiará a las pequeñas y medianas empresas, proporcionándoles un mejor acceso a una mayor variedad de oportunidades de financiación, tales como préstamos del mercado, así como ‘peer-to-peer’, ‘e-commerce’, financiación de las facturas, financiación de la cadena de suministro en línea y la financiación del comercio en línea, lo cual, en última instancia, beneficia directamente al consumidor.
Edgar y Harry, ademĂĄs de llevar la misma sangre, son dos de los socios fundadores de la firma Zurcher Odio & Raven. Ellos nos compartieron detalles de su larga e importante trayectoria, sus opiniones sobre la realidad del paĂ­s de cara a las prĂłximas elecciones presidenciales y un poco de sus vidas fuera de las horas de despacho Por: Cindy Regidor Fotos: Etzia Granera
Los hermanos bromean entre sí muy a menudo. La camaradería y el cariño siempre están ahí, en medio de la seriedad de los pasillos de la oficina, sus elegantes trajes y el ajetreo del personal. Son colegas, son socios, pero primero que todo, son hermanos. “Nosotros siempre hemos mantenido nuestra relación familiar, especialmente, Edgar y yo. Todo nos lo consultamos”, afirmó Harry, ante el asentimiento de Edgar. Edgar y Harry Zurcher llevan consigo el honor de una impecable trayectoria iniciada por su padre, quien fundó su firma en 1936. La llevan con
mucho orgullo y, también, con dedicación y entrega. ¿Cuál es el origen de su firma? Harry Zurcher (HZ): “La firma la constituyó nuestro padre hace casi 80 años. Es la primera firma de Costa Rica como bufete integrado. Mi papá se había asociado con otros dos abogados, Raúl Gurdián y Robert Smith. Se llamaba Gurdián Zurcher Smith en ese momento. Después, quedó solo Zurcher Smith y, luego, quedó solo papá. En ese entonces, había muy pocos abogados que hablaran inglés, de modo que nosotros nos posicionamos, más que todo en la rama de
dar asesoría legal a compañías extranjeras, especialmente, norteamericanas. Ahí, fue donde iniciamos la trayectoria en derecho corporativo. Por un buen tiempo, prevaleció la firma Zurcher Montoya Zurcher, hasta que llegamos en 2004 a fusionarnos con Odio Raven y ya, más tarde, se consolidó como Zurcher Odio Raven. Nosotros, tanto Edgar como yo, siempre nos hemos inclinado más al aspecto corporativo, al aspecto de derecho mercantil, dándoles asesoría a las empresas, muy intensamente como abogados, pero también, como empresarios”.
Su fortaleza, desde los inicios, ha sido trabajar con inversión extranjera. ¿Cómo sienten que la firma, al ser una de las más antiguas, ha aportado al desarrollo y crecimiento económico de Costa Rica? HZ: “El primer contacto de una empresa es con sus abogados. Cuando venía Citibank o venía Holcim, cualquiera de esas multinacionales, lo primero que hacía era contactar al abogado. Entonces, el abogado es una guía para decidir si invierte o no invierte en ese país. Al tener nuestro consejo, pues han venido montones de compañías multinacionales y eso tiene un gran impacto en Costa Rica”. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer negocios en Costa Rica según han presenciado a través de los años? Edgar Zurcher (EZ): “Desde luego que el país es muchísimo más grande, es un país mucho más organizado e institucional, pero la forma de hacer negocios siempre ha sido muy similar. Este ha sido un país basado en el orden, en la ley y veo que no hay mucha diferencia. Lo que hay es más tamaño y más institucionalidad, más leyes, es más complejo. Los trámites sí se han complicado muchísimo. Es una queja usual”. Y en cuanto a las políticas extranjeras, ¿cómo impactan las inversiones en Costa Rica? Justo, ahora, hay temor de que se vayan los centros de llamadas de suelo nacional
ante la posible aprobación de una ley en Estados Unidos que empuje a esas compañías a volver a ese país... EZ: “Sí. Hay una incertidumbre. Hace muchos años, eso no afectaba… Nos afectaba muy poco. Hoy, como la economía está tan entrelazada, todos los países estamos peleando, tratando de mejorar las economías… En ese hacer, perjudican a unos y benefician a otros. Tenemos que ser sumamente competitivos y tener una buena educación. Esa ha sido la clave del país históricamente… El país se preparó para competir. Con estas nuevas leyes, (los países) están tratando de cerrar las fronteras y volverse más nacionalistas. Nosotros tenemos que cambiar, buscar relaciones con otros países”. HZ: “No vemos, en Costa Rica, una amenaza muy grande, porque las compañías extranjeras que están buscando mano de obra acá, buscan mano de obra especializada y no volumen”. ¿Qué hay de la firma en ese sentido? ¿Están buscando también alianzas y relaciones en otros países? EZ: “Tenemos interés de conocer nuevos mercados, los mercados de Oriente. Si uno no se renueva constantemente, se tiende a morir. El reto más grande es la renovación. Las mismas compañías hacen un muro de protección a lo ya establecido y hay que luchar
contra esa estabilidad para poder lograr los cambios. Cuando una compañía se instala en un nicho de mercado que domina en el mundo y no se prepara para el cambio, comienza a morir. Lo mismo pasa con las firmas de abogados en todo el mundo. Si nosotros no luchamos contra nuestra propia estabilidad, no nos vamos a ajustar bien a los cambios que se vengan. Hay que luchar contra la comodidad”. ¿Cuál es el punto fuerte de la firma? EZ: “La fortaleza de la firma es la unión entre los abogados. Funcionamos como una firma, no como bufetes independientes, eso nos permite tener una buena comunicación y no necesariamente se considera perder el tiempo una consulta entre colegas, sino que es una colaboración para el mismo cliente que pertenece a la firma”. ¿Y qué hay de los nichos más fuertes? ¿Cuáles son? HZ: “El nicho bancario es uno de nuestros principales; el derecho de propiedad intelectual, el administrativo, el litigio… Todos son nichos muy fuertes dentro de la firma. Y el corporativo, desde luego”. ¿Resulta dedicarse a todo? ¿Cómo les ha funcionado ser una firma integral que ofrece sus servicios en todas las áreas? EZ: “Con el crecimiento del país, con el crecimiento de las leyes y de la institucionalidad, las especialidades se han vuelto cada vez más complejas
Édgar Zurcher, socio director de Zurcher Odio Raven
y más necesarias. No es que nos dedicamos a todo todos, sino que hay departamentos. Tenemos muchas compañías a las que les damos la asesoría corporativa, pero también, tienen trabajadores o colaborares y necesitan de derecho laboral, entonces, hay un departamento especializado en derecho laboral... Está la especialización en casi todo, sí, pero es que tenemos cincuenta y tantos abogados, y trabajo hay para todos”.
En año preelectoral, ¿cómo se agita la parte legal y el negocio de los abogados? EZ: “Este país es bastante estructurado desde el punto de vista legal, entonces, el cambio de Gobierno no implica grandes diferencias. Aunque la gente en la política sí hace diferencias en los matices, en la parte legal, las leyes siguen siendo las mismas y el rumbo del país varía muy poco. No es que estamos eligiendo grandes cambios. El país se mantiene
en un rumbo muy definido desde hace muchísimos años. ¿Que cuándo hay más trabajo en una firma de abogados? Hay trabajo en los cierres de los años fiscales, cuando hay fusiones o adquisiciones… Pero, por ejemplo, aquí, está cerrándose una adquisición justo ahora de una compañía muy grande, en un año preelectoral. Eso, en otros países, lo afecta tremendamente, por la incertidumbre que puede haber, pero este es un país en que la institucionalidad le permite pasar con tranquilidad”. HZ: “Hay cierta tranquilidad jurídica que no la vemos amenazada con ninguno de los precandidatos que vemos en estos momentos. Ni siquiera con los candidatos de extrema izquierda o derecha. No se podría; no tienen los instrumentos para modificar las leyes”. ¿Cuál sería la propuesta o la petición del gremio de abogados para un nuevo Gobierno el año entrante? EZ: “Agilidad en los trámites de contratación administrativa; todo lo que es infraestructura, poder agilizar. Eso traería un gran empuje a la economía y eso sí sería un gran cambio. Poder hacer infraestructura, que el país pudiera abrir las sociedades público-privadas o que permitiera un poco más la apertura, la agilidad y las licitaciones. Las leyes están, pero es quizá un poco de voluntad (lo que hace falta)”.
De cerca · Harry Zurcher es abogado y notario público especializado en derecho corporativo, bienes raíces e inversión extranjera. Se graduó como licenciado en Derecho y es notario público de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad de Harvard en 1997. Mucha de su trayectoria y de su reconocimiento están ligados a la gran experiencia que ha acumulado en derecho bancario. Recientemente, recibió un reconocimiento como mentor por parte de la Asociación Profesional de Propiedad Intelectual en Costa Rica. Edgar Zurcher es abogado corporativo y notario público. Se graduó de la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1977. Fue representante de Costa Rica ante la Delegación de las Naciones Unidas entre 1978 y 1979. Laboró en Estados Unidos por un tiempo para Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, en la ciudad de Nueva York. Es presidente del Consejo de Administración de Banco Promerica y miembro del consejo de este grupo financiero a través de sus bancos en Centroamérica y República Dominicana. ¿Qué hacen los hermanos Zurcher cuando no están en su papel de abogados? Harry Zurcher es propietario de tres hoteles en Costa Rica: Punta Islita, El Silencio Lodge
Harry Zurcher, socio director de Zurcher Odio Raven.
y está por abrir Isla Chiquita, en Nicoya. Por mucho tiempo, pilotó su nave para transportarse hacia sus hoteles los fines de semana. También, jugó tenis. Ahora, se dedica al golf. Está casado y tiene dos hijas y cinco nietos. Edgar Zurcher nos dijo que el fútbol no es su mayor pasión y nos contó que acabó como
codueño del Deportivo Saprissa porque vio una oportunidad de negocio. “Ya me está empezando a gustar… En el fútbol, lo que veo es la parte financiera” y agregó que lo que sí le apasiona son los caballos. Asimismo, es cofundador de Grupo Promerica y dedica mucho tiempo a la Fundación Saprissa. Está divorciado y tiene tres hijos.
En el mundo del arbitraje internacional
FIRMA conversó con dos duchos en la materia: Ank Santens y Felipe Nazar, ambos de la firma internacional White & Case, quienes compartieron las claves de su éxito en este particular campo Texto y fotos: Cindy Regidor
Desde la atolondrada ciudad de Nueva York (EE.UU.), llegaron a San José los abogados Ank Santens y Felipe Nazar, del despacho White & Case. Gracias a la iniciativa de la firma Batalla Salto Luna, ellos estuvieron aquí para compartir sobre su especialidad: la planificación estratégica para resolver controversias arbitrales. Santens, quien ha trabajado casos en todos los continentes, fue nombrada futura líder de la comunidad del arbitraje internacional en 2017 por el sitio Who’s Who Legal, y Nazar es dueño de una envidiable experiencia en casos en América Latina e invitado constante de publicaciones y encuentros sobre el tema.
Trabajar en el campo del arbitraje internacional significa, muchas veces, no estar en el brindis y la alegría del cierre exitoso de un gran contrato, para solo llegar cuando la fiesta ha terminado y las partes se encuentran enfrentadas por alguna razón. Encima, la tarea puede complicarse si hay algún error o problemas de redacción en las cláusulas de arbitraje del contrato -algo que sucede a menudo, revela Santens-. “La gente siempre quiere poner más valor. Se concentran en algo específico y quieren redactar una cláusula que trata ese asunto, que es el del día, pero (curiosamente), el asunto del día en que se redacta el contrato no
será normalmente el asunto de la controversia. La verdad, cuando yo abro un contrato, en un 50% (de los casos) hay un problema con la cláusula de arbitraje”, comentó la profesional. Por su parte, Nazar hizo un llamado de atención hacia la importancia de prever posibles problemas antes del brindis e indicó que no estaría mal incluir a los especialistas en arbitraje antes de firmar el contrato y destapar el champán. Frecuentemente, al momento del cierre, “nadie piensa en la controversia. Ahí, todos son amigos, están celebrando. Pero creo que el valor agregado que tenemos los abogados de resolución de disputas es que tenemos la capacidad de ver cuáles son las fuentes más probables de conflicto por la experiencia de casos anteriores; por lo tanto, podría haber un valor en un estudio más adecuado y más acabado de las cláusulas arbitrales y de las posibles fuentes de disputa”, explicó. Pero ¿qué tan común es ir a arbitraje? Si bien no hay cifras, sí se puede hablar sobre cuáles son las industrias donde es más frecuente hallar contratos que incluyen cláusulas de este tipo. “Hay sectores en los cuales casi todos los contratos tienen una cláusula arbitral… Por ejemplo, en petróleo y gas y en construcción, se suele utilizar el arbitraje como modo de resolución de disputas. También,
en seguros comerciales”, agregó Santens. En materia de arbitraje, Santens y Nazar recalcaron que en la redacción del contenido de las cláusulas es vital considerar la legislación a aplicar, la sede del arbitraje y la elección del reglamento (institucional o ad hoc). Sobre este último detalle, ambos expertos coincidieron en que, si las partes se decantan por el arbitraje institucional, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) es la institución de arbitraje de preferencia. Habiendo llevado casos en tantos países alrededor del mundo, los entrevistados señalaron que, a pesar de que una de las ventajas del proceso del arbitraje internacional es su neutralidad, en la práctica, se ven algunas diferencias, sobre todo porque influye la cultura doméstica de litigio de los abogados. Otra diferenciación es el enfoque y la forma en que las cortes locales se aproximan al arbitraje. Aunque el arbitraje es independiente de las cortes locales, datalló Nazar, muchas veces, se necesita del apoyo de la corte local, ya sea para que no anule el laudo arbitral o para que preste apoyo para ejecutar el laudo. “Dependiendo de la cultura arbitral de cada país, del grado de evolución del arbitraje en cada país, también, los resultados pueden ser diferentes”, añadió. En ese sentido, respecto a la cultura de arbitraje en Costa Rica, Nazar consideró que, a nivel doméstico,
el país ha hecho un esfuerzo importante en esta área y que “a nivel centroamericano, junto con Panamá, es el lugar donde el arbitraje va mejor encaminado”. Una lista de casos resueltos exitosos no se consigue fácil. Ambos abogados estuvieron de acuerdo en que el arbitraje internacional necesita creatividad intelectual, trabajo a profundidad, sensibilidad cultural y, por supuesto, mucho trabajo duro. “Siempre hay hechos y aspectos jurídicos a favor y en contra, así que intento mostrar a los árbitros una vía para que decidan en las cuestiones difíciles a favor. Es algo importante y creo que hay muchos abogados que no lo hacen, que se enfocan solo en lo positivo e intentan esconder lo negativo. Creo que no es una buena estrategia, que es mejor reconocer las dificultades, pero explicar a los árbitros por qué, aun de ese modo, hay que ganar”, reflexionó Santens. Y agregando, Nazar concluyó: “Son casos muy complejos que envuelven una multiplicidad de culturas y aspectos jurídicos, por lo tanto, requieren flexibilidad, creatividad y que seas buenos. Después, el trabajo duro es el que hace la diferencia entre el que triunfa y alguien que no lo hace”. DE CERCA Ank Santens tiene 43 años y es originaria de Bélgica. Llegó a Estados Unidos hace 20 años. Está casada y tiene dos hijas. “
Para mí es muy importante estar abierta a diferentes culturas, idiomas”, dice en un muy fluido español. Practica triatlón, navegación a vela y esquí en la nieve. En White & Case, de dos mil abogados, solo un 15% son mujeres. Santens es una de ellas y está muy consciente de la brecha de género en la sociedad y en su ámbito profesional. Por ello, decidió involucrarse activamente en la lucha de género, ocupando puestos destacados en organizaciones de mujeres abogadas. Felipe Nazar tiene 33 años y es chileno. Creció y vivió allí hasta los 27 años, seis de los cuales ejerció como abogado. Se mudó a Nueva York para estudiar su maestría en la Universidad de Nueva York (NYU). Nazar compartió su experiencia como profesional migrante: “Recuerdo cuando estaba buscando trabajo, todavía haciendo el máster y, después, incluso, cuando estaba tomando el examen de la barra de Nueva York, que siempre sentía que, incluso cuando pasas el examen, eres visto muchas veces como un abogado latinoamericano; que, quizá, eres bueno, que pasaste el examen, pero no eres un abogado neoyorquino, no eres igual que un ‘americano’”. Empero, al llegar a White & Case, la experiencia fue otra, pues se trataba de una firma con un personal cuya mayoría es migrante.
Las firmas globales llegan a Costa Rica
La demanda de más y mayores servicios trasfronterizos exige que las firmas legales adecúen sus grupos de trabajo y estructura para satisfacer las necesidades de los clientes. En el país, el despacho Muñoz Global completó el proceso de incorporación a Dentons, un bufete de alcance mundial, con el que pretenden seguir esa línea que el orbe requiere de los abogados de hoy Por Andrés Corrales Fotografía: Cortesía
En un mundo globalizado, los servicios legales trasnacionales no se pueden quedar atrás. Cada día, son más las empresas que buscan centralizar sus
necesidades en este campo y firmas con presencia internacional -o global- van acaparando una gran parte del pastel corporativo con ramas
que se basan en el derecho comparado para ofrecer soluciones más exactas a las necesidades de cada cliente. Siguiendo con esta visión de
negocio, en Costa Rica, la firma Dentons Muñoz (antes conocida como Muñoz Global), se posicionó como el primer despacho con alcance global en nuestro país con una forma de visión ante los retos que supone la demanda de los servicios. No en vano, un estudio realizado por la consultora internacional Deloitte, que se dio a conocer en la edición de agosto de Firma, señaló que un 26% de personas o empresas que buscan los servicios de firmas legales manifestó que considera importante que los bufetes tengan un conocimiento más global del derecho para satisfacer sus necesidades. Este panorama no solo motivó a José Antonio Muñoz y a su firma a iniciar el proceso de incorporación a Dentons -un grupo que reúne a firmas en 156 localidades de 57 países del planeta-, sino que también, supuso alinearse con esta tendencia para abarcar nuevos mercados y fortalecer las ramas que siempre los han caracterizado: el derecho corporativo, propiedad intelectual, prácticas de anticorrupción, tecnología de la información y más. Sobre este proceso y las proyecciones hablamos con él. ¿Cómo ha sido el proceso de cambiar de Muñoz Global a Dentons Muñoz? “El acompañamiento de la transición ha sido fantástico. Para ilustrar con dos ejemplos,
uno es el proceso del ‘branding’: uno cuenta con unos expertos en manejo de marca de altísimo nivel global. Y, por otro lado, hemos tenido acceso a un equipo de tecnología de la información de un nivel, para mí, sin precedentes, que estuvieron apoyando a nuestra gente local, tanto presencialmente como virtualmente, sin parar, porque entraba el equipo de apoyo de Pekín, seguía el equipo de apoyo de la costa oeste de Estados Unidos, entraba el equipo de apoyo de Chicago, el de Nueva York, el de Londres, el de Polonia, y de vuelta a comenzar; o sea, alrededor del mundo, 24 horas al día”. ¿Cómo comenzó el proceso? “El primer proceso fue el chequeo de antecedentes de los abogados que entramos a la organización, que es sumamente exhaustivo. Un chequeo de valores, ético y legal muy profundo. Luego, entró el proceso de que nos conociéramos ambas organizaciones, cómo operamos, cuáles son los principios. Y una vez logrado el acuerdo, en el cual participó mucho la química y los valores compartidos, compartir una visión de que el mundo debe llegar a cada una de las comunidades y que en las comunidades debe ejercerse la asesoría del derecho y los negocios conforme a las prácticas locales, pero también, con una visión internacional. Así, pues, las necesidades de la clientela local y regional
se complementaron con las redes de Dentons, no solo de conocimiento legal internacional, sino de intereses comerciales complementarios, posibilidades de financiamiento, acceso a tecnologías, etc.”. ¿Siguen siendo una firma autónoma con proyectos que ya manejaban como Muñoz Global o todo el trabajo de la firma es absorbido por Dentons? “El otro principio de Dentons es que local y regionalmente seguimos operando con base a nuestros conocimientos, prácticas y estándares locales. El músculo de Dentons al tener ocho mil abogados permite ser pioneros en manejo del conocimiento, en las plataformas de IT, en establecimientos de áreas de práctica, y trabajamos muy integrados”. Se dice que esta tendencia de formar grandes organizaciones representa una amenaza para las firmas pequeñas o las que se quedan con un pensamiento local, especialmente, pensando en que la clientela busca centralizar sus necesidades… “Yo no creo que signifique una amenaza. Lo que sí significa es una manera de ejemplificar como está cambiando el mundo y el ejercicio de la profesión. Yo no creo que Dentons ni Dentons Muñoz sea amenaza para nadie, pero lo que sí implica es que todos tenemos que adaptarnos a la realidad del ejercicio profesional en el siglo XXI y en un mundo globalizado”.
Franklin Corella: “Movilidad colaborativa es más que Uber” El impacto de plataformas tecnológicas que brindan servicios de transporte privado ha supuesto un cambio en la manera en que las personas viajan y presenta un reto a nivel jurídico para regularlo. Por ello, actualmente, en la Asamblea Legislativa, existe un proyecto de ley que pretende fijar un marco legal Por Natalia Chavarría Ilustración: Mark Ramírez
Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa por el diputado Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pretende regular la movilidad colaborativa en el país, servicio que actualmente opera libremente y se rige solo por la oferta y demanda. La propuesta intenta fomentar un transporte de personas más moderno, eficiente y accesible, que permita el fortalecimiento de la integración de la ciudadanía y, a su vez, sea una forma combatir el problema del congestionamiento vial que se vive a diario. Además, procura facilitar un
marco jurídico que consienta y promueva la innovación bajo un esquema de competencia justa, que garantice el cumplimiento de responsabilidades jurídicas, la seguridad ciudadana y los derechos de las personas que integren este nuevo tipo de iniciativas, como lo indica el texto que inició su camino legislativo en la Comisión de Gobierno y Administración desde el pasado 2 de noviembre de 2016. Según Corella, la propuesta es un hecho debido a que las realidades políticas han dado giros. “Hace un año, las posibilidades de que se discutiera (la movilidad
colaborativa) eran muy pocas, pero el contexto ha cambiado por la incertidumbre que vive el país y el tipo de enfrentamientos entre Uber y los taxistas. Esto ha generado que los actores políticos tengan mayor apertura hacia la ruta de la regulación”. El legislador aclaró que movilidad colaborativa es más que Uber: es una forma de transporte que viene a complementar las demás existentes y que sería irresponsable por parte del Estado, así como del Poder Ejecutivo y Legislativo, obviar la necesidad de la regulación. “Lo verdaderamente responsable es ir hacia un marco regulatorio que le dé seguridad a todas las partes y que, también, venga a modernizar el transporte de personas”. El proyecto de ley Antes de ahondar en los principales aspectos que señala la propuesta, es importante entender que la movilidad colaborativa es la modalidad de transporte terrestre que no está sujeta a precios fijos, horarios, itinerarios, rutas ni frecuencias de paso, brindado por personas físicas que ponen a disposición, mediante plataformas tecnológicas, vehículos propios o ajenos, para satisfacer las necesidades de movilización de otras personas mediante un acuerdo previo. De aprobarse la ley, el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC) sería la autoridad competente para interpretar, ejercer, observar y aplicar las atribuciones y obligaciones previstas, así como sus reglamentos. A su vez, se crearía una Oficina de Movilidad Colaborativa (OMC) del MEIC, adscrita al Viceministerio de Comercio. Su función sería la de administrar los registros relativos a movilidad colaborativa y crear y gestionar política pública en materia de su competencia. El proyecto de ley propone dos tipos de movilidad colaborativa: cerrada y abierta. En la cerrada, no habría un cobro por la prestación del servicio, sino un acuerdo previo entre las partes para compartir gastos asociados al viaje. En esta modalidad, aplicaría el ‘carpooling’ y se establecería para quienes compartieran una relación institucional, en el caso de centros de enseñanza, y laboral, es decir, en empresas e instituciones. El MEIC convocaría y aprobaría la creación de programas institucionales de movilidad colaborativa cerrada. Estos serían sin fines de lucro y dirigidos a facilitar y mejorar la movilidad urbana. Además, los choferes y vehículos colaborativos voluntarios que participen en estos programas recibirían una serie de incentivos de carácter económico y uso en circulación, como por ejemplo, acceso a
parqueos colaborativos de forma gratuita, exoneración del pago de parquímetros, exención de la restricción vehicular, exención del pago de peajes nacionales, entre otros. Por su parte, en la abierta, se gestionaría o no un cobro, y estaría al alcance de cualquier persona que cuente con la aplicación tecnológica para tal efecto. El servicio iniciaría a través de la solicitud en la plataforma habilitada y concluiría hasta que el servicio haya sido completado, como lo hace Uber. Las empresas que brinden el servicio de movilidad colaborativa remunerado deberán inscribirse en el Registro de Empresas de Redes de Transporte, administrado por el MEIC, para lo cual deberán aportar información general de la empresa, información del funcionamiento de la plataforma tecnológica, acreditación de choferes colaborativos, certificación como contribuyente tributario, certificación de las cuentas y transacciones bancarias nacionales supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), entre otros. Una vez inscritos, los requisitos de funcionamiento serían los siguientes: un registro actualizado de los choferes y vehículos colaborativos acreditados en la plataforma tecnológica y remitir esta
información bimestralmente a la OMC, generar al cliente un comprobante del servicio brindado, entregar a la OMC un informe de las operaciones hechas en el país cada año, aportar un 3% del precio final cobrado en cada servicio -el cual será designado a un Fondo Nacional de Movilidad Sostenible-, asignar un distintivo utilizado por los vehículos colaboradores y una identificación para los choferes colaborativos, vigilar periódicamente que las pólizas de seguros estén vigentes y mantener todas sus cuentas y transacciones bancarias en una institución del sistema bancario nacional. En cuanto a la forma de pago, tanto clientes como choferes colaborativos tendrían el derecho de conocer previamente el monto a cobrar, y la remuneración por el servicio no podrá realizarse con dinero en efectivo. El capítulo 5 del proyecto de ley amplía sobre la creación del Fondo Nacional de Movilidad Sostenible como patrimonio fiduciario autónomo y administrado por el MEIC. Este fondo se financiaría con las cuotas del registro de inscripción y el aporte del 3% de cada servicio de movilidad colaborativa abierta. El dinero sería distribuido de la siguiente manera: 20% para constituir el presupuesto de OMC, 20% designado al desarrollo de plataformas
tecnológicas para transporte público y 60% destinado a la aplicación ‘concursable’ de proyectos municipales. Otro de los puntos que establece el texto es que las empresas que ya estén operando al momento de entrar en vigencia la ley, como el caso de Uber, deberán registrarse ante el MEIC en un plazo de dos meses. Opiniones encontradas Ante la posible entrada en vigencia del proyecto de ley, las opiniones entre los principales competidores del transporte de personas en el país son totalmente diversas. “Uber es una realidad de funcionamiento en el país, esto implica tomar decisiones como Estado. Si materialmente es imposible identificar quién da el servicio, lo cierto es que ya hay más de medio millón de usuarios, miles de colaboradores y es una actividad económica que le está generando ingresos a una empresa internacional que, inclusive hoy por hoy, no está pagando los impuestos que deberían. Tampoco hay un marco regulatorio que le dé seguridad jurídica al funcionamiento de la empresa, ni a los que están utilizando el vehículo para ese servicio y tampoco para los usuarios”, señaló el diputado oficialista. Empero, Humberto Pacheco, gerente general de Uber en América Central, comunicó no solo la necesidad de una
discusión de la regulación de la movilidad colaborativa, sino que tiene claro que esta no solo se trata de la compañía que representa. “Esto no es un tema de Uber en Costa Rica, ni Uber en Centroamérica, ni Uber en Latinoamérica, sino del futuro de la movilidad colaborativa”. Consultado sobre la posición de la empresa ante una posible regulación, Pacheco indicó que “lo importante es que haya diálogos sobre el futuro de la movilidad en Costa Rica. Al final de cuentas, este en un proyecto de don Franklin (Corella), y lo que está haciendo excelentemente es trayendo la atención de la Asamblea, trayendo la atención del (Poder) Ejecutivo al proyecto y abriendo una discusión a la cual nosotros hemos llamado, que es la decisión de cómo queremos que sea el futuro de la movilidad en el país. Entonces, en ese sentido, que él haya hecho eso es muy positivo”. “Como país, creo que lo que hace falta es que el Poder Ejecutivo se presente para liderar estas discusiones, porque estas discusiones no las deberíamos estar liderando nosotros, habiendo escuchado a los costarricenses hablar claramente con respecto a cómo se sienten con la movilidad colaborativa”, finalizó Pacheco. El gremio de taxistas formó parte de las discusiones previas a la elaboración del proyecto de ley en un marco
en el que Corella afirmó que la intención del proyecto no es la de legalizar Uber, sino generar un marco jurídico para regular el transporte de personas bajo la sombrilla de la movilidad colaborativa. Según el diputado, la ley vendría a beneficiar al gremio de taxistas por varias razones, entre ellas: la movilidad colaborativa vendría a complementar al transporte público, no existiría la competencia desleal que actualmente hay, regularía el modo de pago en efectivo que solo los taxistas podrían utilizar, se podrían establecer algunas normas como horarios a los servicios de movilidad colaborativa, se podría sancionar e impedir el funcionamiento a las empresas que no cumplan con lo estipulado por ley como sucede hoy, optimizaría el transporte privado, etc. Sin embargo, Rubén Vargas, representante de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), mediante una posición escrita y compartida con FIRMA, señaló la propuesta como “nefasta”, argumentando que “verdaderamente, no sabemos qué intereses mueven realmente el proyecto de ley que comentamos por este medio, pero de lo que sí tenemos certeza es que con el mismo se busca dañar alevosamente a los taxistas de Costa Rica y a otros operadores del transporte remunerado de personas en sus diversas modalidades”.
La UTC selló de “absurdo” el artículo sobre la división de las modalidades de los servicios de movilidad colaborativa abierta y cerrada, ya que “habla por una parte de servicios sin fines de lucro y hasta de gratuidad y, de inmediato, se contradice, pues se enuncian la gestión de pagos y de cobro de gastos”. Otro de los puntos señalados es el de la definición de choferes colaboradores voluntarios y de vehículos voluntarios, indicando que “lo cierto es que media un cobro a la libre, sin regulación, y que no se trata de una situación altruista o sin fines de lucro, sino de una actividad comercial, lucrativa”. También, el sindicato denunció que se excluye a los órganos competentes en materia de transporte público, a saber: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), del tema en cuestión e, impropiamente, se le da al MEIC una atribución ajena a su marco de competencias y de “expertiz”. Además, indicaron que se deja a la libre la prestación del transporte remunerado de personas en condiciones no reguladas y abiertas a favor de los “movilizadores colaborativos”, insertando, así, evidente y flagrante competencia ruinosa y desleal, así como “dumping”. Continuó diciendo que los incentivos como la exoneración
de parquímetros, peajes y restricción vehicular es otra manera de afectar al gremio de los taxistas, estableció la declaración. Por lo anterior, la UTC opinó que, de aprobarse dicha ley, se vendría a “sellar la tumba de los taxistas, ya forjada por los ‘piratas’, ‘porteadores’, ‘ubers’ y otros, con la complicidad del Estado costarricense, todo en perjuicio de los taxistas”. “Nos oponemos en todo -y absolutamente- al proyecto de ley referido, el cual es del todo impropio, ajustado a intereses particulares y privados; del todo inoportuno, inconveniente, improcedente y, por demasía, injusto”, finalizó el escrito. ¿Cuál sería el accionar de la Fuerza Roja si se aprobara la ley? Vargas manifestó: “Nosotros, de ninguna manera, vamos a permitir que esa ley se apruebe. Nosotros conseguiríamos uno, dos, tres diputados que metieran mil, dos mil, tres mil, cinco mil mociones. Nosotros sabemos que estamos en la capacidad de buscar diputados amigos que nos ayuden a bloquear esto”. En los primeros meses de 2017, el número de socios colaboradores de Uber creció en más de 25%, mientras que el crecimiento de los miembros usuarios aumentó en más de 50 mil, lo que significa un incremento de 10%.
Alina Nassar:
“El marco jurídico costarricense está obsoleto” Ella es especialista en derecho aeronáutico y la primera abogada de Latinoamérica en lograr la presidencia de la Asociación Internacional de Mujeres en Aviación (IAWA, por sus siglas en inglés). En esta entrevista, nos comparte un poco sobre los retos en esta materia en nuestro país Por Cindy Regidor Fotografía: Cortesía “Desde que era estudiante de Derecho, tuve la oportunidad de participar en conferencias y foros internacionales de transporte aéreo, en los cuales, usualmente, era la más joven y de las pocas mujeres, que no llegábamos a 20 en eventos de cientos de personas. Hoy, me alegra ver que, poco a poco, esas cifras han
ido aumentando, pese a que falta bastante camino aún”, nos dijo la abogada en derecho aeronáutico Alina Nassar. Sin embargo, no se llama a sí misma feminista, pues le parece que “es un término muy satanizado y que más bien tiende a crear divisiones”. Ser presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres en
Aviación (IAWA, por sus siglas en inglés) significa responsabilidad y compromiso. “El nombramiento representa el fruto del esfuerzo de muchos años de trabajo procurando una industria con mayores oportunidades y equidad”, expresó, al mismo tiempo que aclaró que la organización “no
se enfoca en la lucha de géneros, sino en promover el avance y posicionamiento de la mujer en la industria”, y que su misión será consolidar el crecimiento de IAWA en Latinoamérica y establecer de forma permanente un círculo de mentoras, un programa de pasantías y una beca latinoamericana que complemente las becas que ya se otorgan anualmente. En esta entrevista, Nassar comentó su visión sobre la industria en la región y el país en la actualidad. Como especialista en el área, ¿cómo valora el marco jurídico existente en el país y la región? ¿Es beneficioso para las empresas más que para los usuarios o viceversa? ¿Qué falta por mejorar? “El marco jurídico costarricense está obsoleto. Tenemos una ley de los años 70 que refleja una realidad de industria y política muy distinta de la que vivimos en la actualidad. Nuevas tecnologías, la globalización, el desarrollo comercial y las alianzas entre aerolíneas, así como la seguridad y el medio ambiente, han impactado la industria, que ya de por sí es cambiante, exigiendo nuevas formas de regulación. La experiencia de otros países de Centroamérica no es muy distinta. Sin embargo, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua sí han tratado de modernizar sus regulaciones promulgando nuevas leyes
de aviación civil en tiempos recientes. Yo no diría que la regulación existente beneficia a uno u otro sector, porque es claro que, con una legislación obsoleta, ninguna de las partes gana. Tenemos otro gran problema y es una desconexión entre las distintas instituciones que tienen que ver con a la industria. La tarea pendiente es importante y en muchos frentes: modernizar la legislación y las instituciones, promover una mejor coordinación de las distintas autoridades involucradas, tener una mayor difusión de las particularidades del derecho aeronáutico. Asimismo, más allá del marco legal, se debe mejorar la infraestructura aeroportuaria en general y promover la capacitación en las nuevas tecnologías y en los retos que representa la aviación”. ¿Cuál es la causa de la reciente llegada de aerolíneas de bajo costo a la región? “Las aerolíneas de bajo costo han identificado oportunidades comerciales en la región: la existencia de demanda desatendida que representa un nicho para sus operaciones y las condiciones de mercado adecuadas para su negocio. Si bien es cierto que Costa Rica tiene una política muy agresiva de atracción de aerolíneas internacionales a través de las autoridades de turismo, esta política no necesariamente está enfocada en operadores de bajo costo. El otro aspecto
que ha favorecido a la aviación comercial, en general, es que los países de la región han adoptado una política de apertura aerocomercial de cielos abiertos, minimizando restricciones en cantidad de operadores extranjeros, frecuencias y capacidad”. ¿Cómo viene a cambiar el panorama del derecho aeronáutico el aumento de la competencia en Centroamérica? ¿Cómo impacta a las empresas y cómo impacta al usuario? “La competencia beneficia a los pasajeros porque permite mejores precios y fomenta que las aerolíneas innoven en servicios y en los beneficios que ofrecen. Sin embargo, en algunos casos, el tener un marco jurídico inadecuado, con una estructura de decisión que impide al regulador responder en los tiempos que exige la industria, hace el proceso excesivamente burocrático para el operador, aumentando el costo regulatorio que, a la postre, impide mayores beneficios para los pasajeros y afecta la eficiencia de la empresa. Por ejemplo, hoy día, en Costa Rica, y por disposición de la Ley General de Aviación Civil, el Consejo Técnico de Aviación Civil debe invertir tiempo en resolver asuntos de poca trascendencia, como un cambio de itinerarios o un registro de tarifas de una aerolínea, cuando, en realidad, son situaciones que podrían resolverse en plazos más cortos”.
‘Game of Drones’: entre la seguridad y la innovación Mauricio París
Socio en Expertis Legal Ilustración: Marc Ramírez
Se estima que el mercado de drones recreacionales llegará a los cuatro mil millones de dólares entre los próximos cinco y 10 años. El aumento del uso de drones con fines recreacionales y comerciales se debe, en buena medida, a su comercialización masiva y precio relativamente accesible, factores que han permitido que empresas, organizaciones y particulares se interesen en esta tecnología para usos muy variados: vigilancia,
comunicación, construcción, atención de desastres, investigación científica, topografía, agricultura, entretenimiento, entre muchos otros. Como en otros casos que se encuentran en la intersección entre la tecnología y el derecho, los drones han tomado a los abogados y a los reguladores por sorpresa a nivel mundial. Las regulaciones que tímidamente comienzan a surgir en distintas
jurisdicciones lo hacen tiempo después de que los drones circularan por nuestros cielos y dejaran en evidencia la falta de coordinación e intereses contrapuestos entre los innovadores tecnológicos y los operadores del derecho que elaboran las regulaciones a este fenómeno. En Costa Rica, el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) emitió, en febrero de 2017, una muy esperada directiva operacional sobre el uso de drones. Pero si bien la directiva representa un esfuerzo regulatorio importante y no prohíbe el uso de los drones, establece unos requisitos y costos tales que desalientan su cumplimiento y probablemente harán que la operación de estos artefactos apegada la legalidad sea la excepción, sobre todo si se toma en consideración que solo durante el mes de diciembre de 2015 se importaron tres mil 571 drones. Además de reglas de seguridad necesarias que procuran que los drones se operen lejos de personas, edificios y aeropuertos, la directiva establece que quien opere un dron promedio (menos de 25 kg) debe haber concluido la secundaria, certificarse como piloto ante un certificador previamente autorizado, gestionar una licencia de piloto, tomar un curso para tal efecto, contar con un dictamen
médico, obtener un seguro de responsabilidad civil, rotular el dron con una placa que permita la identificación de su propietario y cumplir un proceso de homologación de las bandas de uso libre ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Tomando en consideración que un dron de este tipo se puede comprar en Internet desde los 600 dólares y recibirlo en un par de semanas, pareciera que el tiempo y el costo regulatorio no guarda ninguna proporción con la oferta del mercado y surgen serias dudas de cómo las autoridades podrán fiscalizar su cumplimiento y los esfuerzos y recursos administrativos que tendrían que destinarse para ello. El hecho de que los drones vuelen es solo una parte de los retos que su regulación trae aparejada. El problema es que, aparte de volar, graban audio y video, pueden ser equipados con tecnología de reconocimiento facial, pueden rastrear personas u objetos, pueden reconocer matrículas de vehículos y pueden contener equipos de radiofrecuencia, sensores ópticos, escáneres infrarrojos y, en general, tecnología de punta cada día más accesible que pone en riesgo la privacidad de las personas. Conjuntamente, por su tamaño, suelen ser difícilmente detectados y, de
hacerlo, no se sabe quién los está operando, lo que trae un problema de trasparencia con su utilización. No obstante lo anterior, la directiva contiene escasísimas normas en materia de privacidad y protección de datos que evidencian la inexistente coordinación entre el CETAC y la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), órgano competente para conocer cualquier violación relacionada con el mal uso de los datos personales, dentro de los que se incluye la imagen. Pese al título de este artículo, los drones no son un juego. Si bien una regulación laxa puede conllevar usos abusivos, su regulación excesiva, también, puede convertirse en una barrera para el apego a la legalidad y para la innovación, por lo que debe encontrarse un equilibrio regulatorio adecuado. No estamos en capacidad, hoy día, de visualizar todos los usos que los drones podrían tener en el futuro, ni todos los retos legales que podrían conllevar, pero lo cierto es que si los abogados queremos aportar respuestas reales a los retos de la tecnología, debemos comenzar por proponer soluciones frescas y flexibles. De otra forma, los drones volarán tan alto que las regulaciones no los podrán alcanzar.
Industria de reuniones: la renovación del turismo en Costa Rica Mauricio Ventura Aragón Ministro de Turismo Ilustración: Marc Ramírez
Costa Rica posee una imagen consolidada a nivel mundial gracias al desarrollo de la actividad turística, y las cifras lo respaldan así. Nuestro país es un destino que recibe casi tres millones de visitantes anuales, genera 600 mil empleos entre directos e indirectos y contabiliza poco menos de 4 mil millones de dólares en divisas. Más allá de su belleza escénica y la abundancia de sus recursos naturales, el éxito del sector turístico se atribuye a la
‘visión país’, al implementar, hace dos décadas, un modelo de desarrollo turístico que impulsa la sostenibilidad integral en tres ejes de acción: social, ambiental y económico. Pero Costa Rica, que es reconocido como destino turístico, compite con el mundo por cautivar la atención de esos turistas que buscan una experiencia auténtica de viaje. Es por esto que decidimos aprovechar el potencial de
Costa Rica y reforzar nuestro posicionamiento en el turismo de reuniones. Precisamente, el 6 de abril, se celebró el Día Mundial de Turismo de Reuniones, una industria que representa el 22% del turismo a nivel mundial. Se estima que se realizan 120 mil reuniones, congresos y convenciones internacionales por año en todo el mundo y participan 120 millones de personas, según el International Congress and Convention Association (ICCA).
Esto convierte al turismo de reuniones en una industria poderosa que genera 11 mil 500 millones de dólares anuales y que, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), ofrece innumerables beneficios a las economías locales. Dicho turismo permite romper con la estacionalidad que enfrenta el sector turístico, ya que los meses de mayor auge para la industria de reuniones son precisamente los de temporada baja en nuestro país. Además, demanda la realización de ‘pre-tours’ y ‘post-tours’, atrayendo a un turista cuyo gasto promedio diario es hasta cinco veces mayor al que nos visita por motivos de ocio o placer; es decir, se logra atraer a un turista con un alto poder adquisitivo, cuyo gasto diario es mayor durante su estadía, que viene en temporada baja y que consume diversos productos turísticos. De esta forma, resulta en un dinamizador de la actividad turística. Como país (sector público y privado), se han realizado una serie de acciones para competir fuertemente por este importante mercado y que se complementan con las ventajas competitivas que Costa Rica posee, como su ubicación estratégica, el clima favorable, la estabilidad social y política,
una oferta turística robusta, la reputación como destino turístico, la conectividad aérea que hemos reforzado, entre muchas otras virtudes. Por ello, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) creó una División de Turismo de Reuniones, conformado por profesionales que se han venido especializando para atender esta importante industria. Así, desde 2015, hemos impulsado una agresiva estrategia para competir en el mundo por la industria de reuniones, que contempla la participación en ferias turísticas especializadas, la realización de alianzas estratégicas con importantes organismos nacionales e internacionales, el desarrollo de un plan promocional para incursionar en este nicho, la contratación de asesores expertos de calidad mundial, entre otros aspectos. Nuestro objetivo es allanar el terreno y competir con nuestro Centro Nacional de Congresos y Convenciones como cabeza visible en la industria mundial de turismo de reuniones, un ‘proyecto país’ que, después de años de espera, inició su construcción este 2017 y será inaugurado en el primer trimestre de 2018. Los beneficios de dicho inmueble permearán en todo el suelo nacional al proporcionar empleo, promover el desarrollo inmobiliario y
ayudar con la generación de encadenamientos productivos y el mejoramiento sustancial de la imagen del país como un destino consolidado en materia turística. Asimismo, este año, lanzamos el Programa de Embajadores de Turismo de Reuniones de Costa Rica, con el propósito de involucrar a instituciones y asociaciones en la captación de eventos mundiales al país. Se estima que más de mil 200 congresos latinoamericanos e internacionales con una asistencia superior a 500 participantes se realizan y Costa Rica nunca ha tenido esa oportunidad, de acuerdo con la empresa MICE Consulting, por lo que con este programa se busca implementar un esfuerzo permanente para que el país sea una opción prioritaria como sede de estos importantes eventos. El objetivo es acreditar este año a al menos 100 representantes de diversas asociaciones como embajadores en turismo de reuniones de Costa Rica. De esta forma y en el marco del Año Internacional de Turismo Sostenible, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, estamos fortaleciendo nuestra hoja de ruta, que busca la diversificación de la oferta para amplificar el potencial del turismo como fuente de empleo, generador de proceso y bienestar social y como motor de la economía nacional.
Cibercrimen y pruebas electrónicas
M.C. J. Federico Campos C.
Magíster en Ciencias Penales (Universidad de Costa Rica) y socio en LexPenal Abogados Ilustración: Shutterstock
El desarrollo tecnológico ha afectado -para bien y para mal- todos los ámbitos de la sociedad, que se han visto -y se verán- influenciados siempre con el desarrollo constante e incansable del mundo digital, planteándose un futuro sin fin -y sin freno- en el surgimiento de cambios y de transformaciones tecnológicas. Precisamente, al generarse cada vez más relaciones virtuales tecnológicas entre las personas, ello ha dado pie a que multiplicidad de situaciones de la vida en sociedad (comunicaciones, negocios, acuerdos, etc.) se lleven a cabo utilizándose estos medios electrónicos y, evidentemente, todos los conflictos y problemas que surgen se han visto afectados por este mundo digital que toca casi todas las áreas de la vida cotidiana en sociedad. Por esta razón, no es de extrañar que las distintas controversias de cualquier naturaleza que se denuncian día a día ante los tribunales de justicia, en mayor o menor medida, tengan en medio de la discusión algún hecho o medio de prueba de naturaleza digital o electrónica. Ante este panorama de realidad, podrían presentarse discusiones o cuestionamientos relacionados con la forma en cómo dichas evidencias electrónicas se obtuvieron de previo, lo cual debe ser tomado en consideración a la hora de analizar su admisibilidad o no en el proceso y, posteriormente,
al momento de la valoración en relación con la confiabilidad y fuerza probatoria que estas posean. Y si sumamos que en el mundo contemporáneo se promueve la ‘mano dura’ contra la criminalidad por diversos grupos de presión social (que fomentan una imposición de penas máximas por parte de los jueces en los diferentes casos penales), se comprende fácilmente por qué los discursos populistas encuentran un asidero fértil en la propuesta de debilitamiento de los derechos y garantías procesales como un aspecto esencial para lograr sus objetivos, tornándose vulnerables dichas garantías ante la relativización de los ideales de rigurosidad probatoria que deberían prevalecer en un Estado de derecho. Esta ‘estrategia’de debilitamiento de los aspectos formales que garantizan un debido proceso ha venido a facilitar las condenatorias de ciudadanos en los procesos penales y, de paso, saciar el frenesí punitivista que prevalece en nuestra sociedad. Pero, tratándose de casos de cibercrimen, el nivel de rigurosidad y de confiabilidad que se requiere para tomar una decisión tiene que ser muy alto y blindarse a toda costa porque también pervivimos en un mundo digital donde las pruebas de naturaleza electrónica podrían fabricarse, manipularse o destruirse fácilmente, razón de
sobra para establecer métodos que garanticen su autenticidad y su credibilidad. Las pruebas (en general) consisten o configuran ‘las patas de la silla’ que la sostienen. En un caso penal en el que está en discusión cuál es la verdad formal (la que se deriva de las pruebas), para llegar a dicha ‘verdad’ de forma confiable, se requiere de ‘patas fuertes’ que estén bien construidas con materiales sólidos que garanticen que esas ‘patas de la silla’ soporten cualquier peso. De lo contrario, si son débiles, la ‘verdad’ obtenida y que descansa sobre la silla se puede desmoronar tarde o temprano. Evidentemente, una ‘verdad’ que se pueda desmoronar en cualquier momento porque se llegó a esta conclusión por medio pruebas electrónicas que no son confiables conlleva a una justicia débil e insegura que no permite considerar ese sistema de justicia penal como propio de un Estado de derecho auténticamente respetuoso de los derechos fundamentales. Empero, el presente y el futuro nos desafían como sociedad democrática para adaptar responsablemente el sistema judicial al incremento cada vez mayor de pruebas electrónicas en los procesos penales como fundamento de las investigaciones que se realizan, lo que obliga a garantizar una justicia con estándares de alta calidad.
Los ‘papeles hablan’ en la relación obrero-patronal (parte II)
Lic. Kendall David Ruiz Jiménez
Socio Director de Corporación Jurídica ASELECOM Tel: (506) 2225-71-84/ 2225-7197 www.aselecom.com Ilustración: Shutterstock
La materia laboral está en boca de todos en los últimos meses, y esto se debe a la reforma procesal laboral que dará inicio en julio del presente año y que trae consigo una serie de cambios significativos en el ordenamiento laboral costarricense. Pero hay aspectos que son esenciales que deben primero tener claro tanto patronos como trabajadores para el fin de tener mayor claridad en la relación que los une y es, aquí, donde los ‘papeles hablan’. El ordenamiento jurídico costarricense y la misma jurisprudencia de nuestros tribunales han brindado la protección al trabajador, entendiendo que se crea una relación laboral sin necesidad de que exista un contrato por escrito. Ahora bien, para que se tenga entendido que hay una relación
laboral, hay cuatro elementos que nuestros tribunales siempre revisan, los cuales son: uno, la prestación personal de un servicio; dos, el pago de una remuneración (salario); tres, la subordinación; y cuatro, la jornada de trabajo (hay otros elementos que pueden entrar a revisarse, no obstante, sobre eso me referiré posteriormente en futuras publicaciones). A partir de esto, arrancamos con una breve explicación de la importancia de que los contratos de trabajo queden por escrito. Esto viene a ser una herramienta para que ‘las reglas del juego’ queden claras para el trabajador y el patrono durante la relación laboral, puesto que como se explicó en la primera parte de este artículo en la edición de febrero, este tipo de documentación se
convierte en una herramienta para poder establecer los parámetros que regulan la relación obreropatronal, que si no existe un contrato de trabajo, tendrá que regirse ÚNICAMENTE por lo que el Código de Trabajo indica y por la jurisprudencia. Es por ello que lo ideal es crear ciertos parámetros importantes para la armonía y el buen desarrollo de la relación obrero-patronal, fijando las reglas que debe de cumplir el trabajador en el desempeño de sus funciones y aclarando dudas de su actuar teniendo claro sus deberes y obligaciones, así como su tipo de contrato, salario y beneficios (si los hubiera). Dentro de estos contratos, podemos establecer aspectos como: • Vigencia: si es por tiempo definido o tiempo indefinido. • Salario: modalidad de pago (diaria, semanal o mensual); la manera en cómo se pagará (efectivo, cheque o transferencia); modalidad de incremento salarial; comisiones, si las hubiera; etc. • Jornada laboral, horario, referirnos sobre el día de descanso semanal. • Obligaciones del trabajador: por ejemplo, el cuido del equipo que el patrono le otorgue para trabajar, justificación para llegadas tardías o ausencias, uso de uniforme, etc. • Prohibiciones del trabajador: por ejemplo, prohibición del uso del celular o de redes sociales, sobrepasar los límites
de los descansos entre jornadas destinadas a tomar refrigerio y almuerzo, etc. • Sanciones por incumplimiento a las obligaciones o prohibiciones. • Mecanismo de solicitud de permiso o vacaciones o, bien, aviso de incapacidad. • Beneficios del trabajador: alimentación, transporte, uniformes, etc. • Aspectos de viáticos y kilometraje: es importante tener en cuenta que estos rubros deben liquidarse contra facturas o recibos según el gasto y que no sea un monto fijo mensual o semanal para que no sea considerado salario. • Cláusula de confidencialidad: es vital para que no se divulgue información importante y clasificada de la empresa. Todo lo anterior podría trabajarse en una política de empresa o en un reglamento interno de trabajo (este requiere aprobación del Ministerio de Trabajo y debe cumplir con los requisitos que el ordenamiento establece para su aprobación) y hacer un modelo de contrato que sea específico para cada colaborador y se dé una inducción a los nuevos colaboradores sobre el reglamento o política para que, posteriormente, firmen la declaración de haber sido capacitados, además de haber recibido y comprendido las políticas o reglamento, esto por cuanto el trabajador así conoce sus derechos, obligaciones y prohibiciones. Al mismo tiempo,
es carga probatoria tanto para la parte patronal como la obrera en caso de un proceso laboral en que se enfrasquen ambas partes, esto debido a que los tribunales laborales han sido claros que no basta con tener las políticas o reglamentos: debe demostrarse que el colaborador las conocía y las aceptó. Es importante tener claro que en caso de modificación del contrato por alguna razón, hay dos modalidades que pueden usarse: adenda al contrato firmado por las partes (patrono y trabajador) o la acción de personal firmada por patrono y por trabajador. Es trascendental que estas modificaciones puedan hacerse siempre y cuando no haya ius variandi abusivo. Adicional a esto, es relevante manifestar que con la reforma procesal laboral se viene a regular un aspecto que la jurisprudencia tiene muchos años estableciendo y es que en caso de terminación de la relación obrero-patronal, la carta de despido debe ser clara, detallada y establecer las razones por las cuales se da el despido. De ahí la importancia de tener contratos o políticas que ‘hablen’, pues, de este modo, se puede determinar de mejor manera si hay un incumplimiento por parte de los colaboradores y establecer la razón por la cual se está decidiendo dar por concluida la relación-obrero patronal. Como un comentario agregado, se debe tener claro que sobre el pago de los extremos laborales,
al momento de terminar la relación, no hay norma que indique que es un mes como muchos lo han pensado. Se debería de pagar al momento en que se da la terminación, casi de inmediato. Se ha dado un ‘margen de tolerancia’ de un mes en la práctica por temas de flujos de caja y pagos de planillas, pero debería pagarse de inmediato. Es por ello que la carta debería indicar, también, la fecha en que se ha de efectuar el pago. Por último, los salarios, aguinaldos, adelantos de cesantía, pago de vacaciones y la liquidación anticipada o por terminación de la relación deberían detallarse claramente por escrito: TODOS los extremos que se están pagando al colaborador, e IDEALMENTE, que estén firmados y aceptados por el colaborador. Sea pago por cheque o transferencia o efectivo, SIEMPRE hay que hacer un documento por escrito que constate ese pago recibido por el colaborador. Todo esto es parte de los elementos de prueba en un eventual juicio. Sin lugar a dudas, los ‘papeles hablan’ más de lo que creemos en materia laboral, siendo que es una de las materias en las cuales la prueba documental es vital para dar claridad de la situación del conflicto a nuestros jueces, pero no basta que los papeles ‘hablen’, hay que lograr que lo hagan clara, veraz y oportunamente.
La economía colaborativa y el trabajador autónomo económicamente dependiente
Actualmente, las empresas experimentan procesos de deslocalización, alejándose, así, del esquema tradicional o ‘fordista’, pasando a ser una composición casi que etérea, sin un espacio físico para la prestación de los servicios y con un número menor de trabajadores directos, pero con un mayor enfoque en rentabilidad y presencia en el mercado. Esta nueva modalidad, para algunos tratadistas laborales, ha generado una ‘carrera a la baja’, ya que, para muchos, el derecho laboral es considerado un sistema rígido que ‘impide’ la productividad de los negocios en razón de las garantías que ostentan los trabajadores -para unos, ‘excesivas’- y, por ende y según ellos, se deben orientar los esfuerzos a sistemas más flexibles de relaciones laborales. Como bien advierte el doctor Adrián Todolí Signes en su estudio sobre la economía colaborativa que señala la importancia de regular esta nueva forma de empleo para
evitar los efectos dañinos que la no regularización puede generar a la sociedad. La novedad en las formas no debe ser un impedimento para brindar el resguardo necesario a los trabajadores, cuanto estamos en presencia de derechos irrenunciables de conformidad con lo establecido en los artículos 74 de la Constitución y 11 del Código de Trabajo. En igual sentido advierte Raymond Sanguinetti, al señalar que las nuevas tecnologías y los procesos de desarrollo de globalización exigen de gran manera a los Estados, los cuales, en aras de contar con mejores y mayores de niveles de productividad, se decantan por procesos de ‘desconstrucción del derecho laboral’, por lo que de seguirse por dicho camino, donde la desrregularización impere, el efecto último será el establecimiento de sociedades cada vez más débiles y empobrecidas, todo en la búsqueda de una meta de competitividad irreal.
De modo que resulta de especial consideración el intento de regularizar esta nueva figura de empleo que realiza Colombia con el Proyecto de Ley 110 de 2015, por medio del cual se regula el trabajo autónomo económicamente: “Artículo 3°: Definición de trabajador autónomo económicamente dependiente. Serán trabajadores autónomos económicamente dependientes (TAED) las personas naturales que realicen de forma habitual, personal, directa y sin subordinación y en el ámbito de dirección y organización de una plataforma de economía colaborativa, una actividad económica o profesional a título lucrativo y que represente para el trabajador por lo menos un ingreso mensual de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Esta actividad podrá realizarse de forma independiente y sin subordinación, a tiempo completo o a tiempo parcial, exceptuándose las profesiones liberales. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes son una parte integral del modelo económico de las plataformas móviles de economía colaborativa” (el resaltado es de quien escribe). Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe sobre el empleo atípico de noviembre de 2016, define esta modalidad de empleo: “(…) es el del empleo por
cuenta propia económicamente dependiente, según el cual los trabajadores prestan servicios a una empresa en virtud de un contrato comercial, pero sus ingresos dependen de uno o unos cuantos clientes, de quienes reciben instrucciones directas sobre la forma en que deben realizar el trabajo. Por lo general, estos trabajadores no están cubiertos por las disposiciones de la legislación laboral o la seguridad social basada en el empleo, aunque algunos países han adoptado disposiciones específicas para garantizarles algunas protecciones”. En la figura del trabajador económicamente dependiente, la subordinación cambia, pero no desaparece del todo, ya que la persona trabajadora continúa recibiendo órdenes, pero ya no de forma ‘directa’, contando con libertad para escoger las horas en las cuales ejecutará sus labores y aportando bienes que le son propios para la ejecución de las laborales. Esta figura conserva elementos laborales, pero desde la óptica de un sistema de empresa moderno, el cual se aleja de los sistemas tradicionales de empleo, como bien indicaron los autores antes mencionados. Observemos que las partes involucradas, la plataforma y el colaborador no se encuentran en una situación de paridad, todo lo contrario, el colaborador debe someterse a las políticas de la primera para poder ejecutar sus labores a los clientes
de esta, debe respetar la marca e imagen de la plataforma, así como los estándares de servicios que la misma tenga. De igual manera, la plataforma puede negarse a aceptar a determinado colaborador o excluirlo de su sistema si este no se ajusta o incumple sus políticas, de ahí que el colaborador no tenga plena libertad para ejecutar los servicios, como sí los tiene un trabajador autónomo real. Además, el colaborador no fija el precio de los servicios que presta, sino que es la plataforma la que los establece. Otro punto importante es en cuanto al costo de la plataforma, en el cual el colaborador no toma parte, siendo el sistema digital el activo más importante de la empresa y el cual le permite brindar sus servicios; es decir, constituye las instalaciones y herramientas (en este caso digital) que la empresa da al colaborador para que ejecute sus labores en el horario que este estime conveniente. Resulta importante hacer ver que la supervisión inmediata de este tipo de colaboradores puede ser mayor a la que vive un trabajador en una empresa tradicional, ya que a través de estas plataformas, se puede conocer la hora de ingreso y egreso, el número de clientes atendidos, las rutas seguidas, la ubicación del colaborador, así como las evaluaciones que hacen los usuarios de la plataforma, por lo que a diferencia de un trabajador tradicional, el escrutinio de las
laborales de estos colaboradores podría ser mayor. Entendido todo, la gran pregunta gira en torno a cómo se regula este tipo de figura en la práctica, ya que si bien se pueden crear las normas donde se conceptualiza esta modalidad de empleo, el cómo fiscalizar estas plataformas es la gran duda y entenderíamos que es necesaria la modernización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las herramientas que utilizan sus inspectores, por lo que una integración de este ministerio con el de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones podría ser de gran ayuda, así como traer a esta área una especie de oficial de cumplimiento ‘laboral’, como ocurre en las instituciones financieras, las cuales por mandato legal, deben contar con funcionarios encargados de vigilar los procesos internos y las transacciones que se realizan. Está información no solo permitiría conocer el número de colaboradores de la plataforma y los ingresos que perciben, sino que permitiría a la Dirección General de Tributación y a la Caja Costarricense de Seguro Social captar de mejor manera los recursos que a través de estas plataformas se generan: en el estado actual de las cosas, ambas instituciones sufren por la no regulación y el no reporte de estos individuos, pues despliegan sus actividades en otro plano comercial que no han podido, a la fecha, supervisar.
¿Brazaletes?
Abogado y profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica www.uescuelalibre.cr /Tel.: 2283-5533
No existe en la criminología, ni en ninguna otra ciencia cercana, precisión tal que permita derivar niveles diferenciados de peligrosidad en los individuos. Así que, decidir quién será más o menos peligroso para asignarle un ‘lindo’ brazalete será siempre una propuesta hija de la discrecionalidad y un acto de fe. Un brazalete no hará que alguien sea más o menos
peligroso, un brazalete no evitará un homicidio ni el peligro de reiteración delictiva. Si alguien sometido a un proceso o condenado merece un brazalete a juicio de un juez, es porque muy posiblemente no lo necesite para vivir en sociedad. Es decir, si creemos un poco en la discrecionalidad y en las selecciones del sistema punitivo, con un brazalete para complacencia de la innovación tecnológica y del
esnobismo punitivo, se estaría marcando -estigmatizando- a alguien que no lo requiere o que por proporcionalidad no lo merece. Ante la falacia del control de la ciencia y la tecnología -la misma que alumbró París en la Exposición Universal en 1878-, si no nos instalamos un aparato nuevo de vez en cuando, nos sentimos profundamente inseguros, torpes y obsoletos y, entonces, como neandertales
temerosos en nuestras cuevas, entregamos nuestra existencia y nuestra fe a la engañosa y efímera luz de una fogata. Tenemos ‘brazaletes’ para hablar a distancia, para ver la hora, para jugar ‘Pokémon’, para ver pornografía, para compartir información o para colocar manitas de ‘me gusta’ (como nuevo verificador de conciencia moral, por cierto). El ‘brazalete’ controla el azúcar, el ritmo cardiaco y las calorías y abre puertas y convoca multitudes. ¿Por qué, entonces, no va a prevenir el delito y someter al infractor? Ya, en Texas (EE. UU.), tenemos brazaletes para ‘malvados’ inmigrantes y, en algunos lugares del mundo, se discute y se habla de algunas tecnologías de brazaletes que permiten escuchar las conversaciones privadas de aquellos ‘peligrosos’ que los portan y se reúnen con unos ‘seres oscuros’ que se llaman abogados defensores. Habrá quienes digan que un brazalete es contrario al fin rehabilitador de la pena del artículo 51 del Código Penal. Habrá quienes aseguren que es mejor estar en libertad con brazalete que preso sin brazalete y, también, quienes afirmen que dichos dispositivos violentan la dignidad humana y la norma del artículo 33 de nuestra agredida Constitución Política. Y habrá, asimismo, quien licite y lo vea como
un buen negocio o como la carta política de presentación para instalar en la gente la necesidad de las eficientes y tecnológicas cárceles privadas. En el año 1991, siendo muchos de los actuales líderes políticos del mundo postadolecentes fascinados por las últimas manifestaciones del cine de violencia -todavía, algunos ven a Steven Seagal y a su jiu-jitsu avejentado como la solución a la criminalidad-, asistimos a un mundo de palomitas, gaseosas y explosiones, que presentaba como novedad una película con un tema central fascinante: un sistema carcelario que utilizaba unos modernos collares plateados alrededor del cuello de los prisioneros para evitar que escaparan. Aquella cárcel no tenía ni muros, ni alambradas, sino que, el propio preso, en libertad, decidía no fugarse porque, si lo hacía, el collar emitiría una alarma cuyo volumen iría en aumento hasta que se activara un explosivo y se produjera una estrepitosa decapitación por la que hubiesen llorado lágrimas de emoción los buenos ciudadanos de la Francia revolucionaria. La película se llamaba Deadlock, en inglés, y la conocimos como Peligrosamente unidos en español; el género al que pertenecía era la ciencia ficción y los protagonistas eran el rubio y famoso Rutger Hauer y la hermosa Mimi Rogers.
Así que la idea actual de los brazaletes puede ser un buen pretexto para disminuir los escandalosos índices de prisión preventiva -que hemos decidido obviar, para no aceptar la triste violación al principio de justicia pronta y cumplida que afecta a imputados y a víctimas- o, para, al menos, para quienes gustan de la adrenalina y las emociones fuertes, tener la esperanza de que podemos revivir las películas de acción de los sangrientos años 90, topándonos en la calle a sicarios y a narcotraficantes matando gente y vendiendo drogas en las escuelas, luciendo unos hermosos brazaletes que hasta podrían ser de distintos colores y con diseños personalizados -como los estuches de los celulares-, para respetar el derecho humano a lucir marcado, pero muy cool. Veremos con tristeza, también, sin lugar a dudas, noticias de infractores golpeando a sus parejas, con la contundencia punitiva de su brazalete y hasta que llegue la policía mucho tiempo después. Reduciendo la abusiva y perversa mora judicial, se solucionan muchas de las problemáticas que afectan a víctimas y a victimarios y nos llevan a buscar la magia en una fogata en una caverna o en un brazalete en una muñeca.
El derecho a vivienda para jóvenes de clase media
Licda. Natalia Núñez H.
Directiva del Consejo de la Persona Joven (CPJ) y del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) Ilustración: Shutterstock
El acceso a vivienda es uno de los pilares fundamentales del Estado social democrático de derecho. He conocido personas con muy buena disposición y mística para ayudar, pero también, es cierto que existen trabas burocráticas. El Programa de Financiamiento de Vivienda para Jóvenes (Profivijo) es un esfuerzo normativo importante, pero no fue dotado con herramientas para procurar una solución real a las necesidades de la juventud. El segmento con más dificultades de acceso al bono es la juventud de clase media porque la prioridad del sistema es la población con mayor vulnerabilidad socioeconómica. La persona joven de clase media no cumple con los requisitos que la mayoría de las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) solicitan para un crédito y tampoco existe suficiente divulgación de programas al que podrían acceder ni existe una tasa diferencial en relación con el sector comercial. Por ello, durante el último año de gestión, se han remitido informes semanales a partir del 2 de febrero de 2016 al despacho del Viceministerio de Juventud en seguimiento de las actividades que se han venido desarrollando. Se ha dado
énfasis al acceso de personas jóvenes respecto al Fondo de Subsidios para Vivienda (Fosuvi) y el Fondo Nacional para Vivienda (Fonavi). Los datos arrojan que más de un 45% del fondo para personas de más escasos recursos son personas jóvenes, por lo que se está dando por satisfecha esta área. Hay diagnósticos y planteamientos de posibles soluciones en el campo de vivienda para personas jóvenes, pero no existe una sistematización y análisis que nos permita concretar un camino para la aplicación real de la ley N.° 9151 (Profivijo). Pero vienen mejoras. Desde el Consejo de la Persona Joven (CPJ) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), hemos promovido un sondeo para conocer la realidad nacional en temas de vivienda para personas jóvenes de clase media, disponible en la página www.banhvi.go.cr o, también, accediendo al link https:// e s . s u r v e y m o n k e y. c o m / r / juventudviviendacr, con cierre el 22 de febrero de 2017. Las estrategias de información dirigidas a hacer accesible los instrumentos financieros requieren de este tipo de estudios cualitativos, que, además, permitan dar un panorama más claro a los desarrolladores y estimular un
mercado de vivienda afín a las necesidades de las juventudes. El Banhvi, dentro de sus objetivos principales, tiene como prioridad la erradicación de precarios, lo cual hemos venido ejecutando con mucho esfuerzo, sin embargo, el sistema debe mejorar y dinamizarse, actualizar sus enfoques y cumplir con la Política Pública de la Persona Joven que, en su numeral 98 y 99, establece la obligación de programas, servicios e información de crédito para la tenencia de vivienda. Esa es la razón por la que se requiere urgentemente de un fondo que dé sustento al Profivijo. Las principales necesidades que puede arrojar el sondeo están relacionadas con la disponibilidad de fondos para dar una prima, la cual se podría lograr con una aseguradora a través de un seguro de caución con mensualidades accesibles. Igualmente, el problema de la mensualidad se podría solucionar con la aplicación de un bono especial para la persona joven. Y claro, es necesario dar el impulso para crear condiciones de acceso y requisitos para ser sujeto de crédito, que no existen todavía. Todo lo anterior no requiere de reformas legales.
Un cambio de paradigma en el Instituto Nacional de Aprendizaje: la Directriz Presidencial 25-P
Lic. Marco Antonio Vega Garnier
Contralor de Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y miembro de la Comisión de Diversidad Sexual del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Ilustración: Shutterstock
A pesar de la resistencia que existe a nivel legislativo para el reconocimiento de los derechos humanos de las personas sexualmente diversas, el Gobierno de la República, el 12 de mayo de 2015, como parte de la conmemoración del Día Contra la Diversofobia y en un afán de cumplir con los compromisos de campaña hacia esta población, tomó la iniciativa de dictar la Directriz Presidencial 25-P, aplicable a los entes descentralizados. Esta directriz es homóloga
al Decreto Ejecutivo 38999, aplicable a los ministerios de Gobierno, e instruye a dichos entes a declararse instituciones libres de discriminación hacia la población sexualmente diversa. Dicha directriz conmina a los entes descentralizados a crear la denominada Comisión Institucional para la Igualdad y la No Discriminación hacia la Población Sexualmente Diversa, a la cual se le encarga garantizar el cumplimiento de lo establecido en ella.
En el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), esta normativa tiene alcance no solo para las personas funcionarias, sino que además, involucra al público y a la población participante en los servicios de capacitación y formación profesional que imparte esta institución en todo el territorio nacional. Así, pues, las dependencias institucionales que en el INA forman parte de la comisión son la Presidencia Ejecutiva -quien la coordina-, la Unidad
de Recursos Humanos, la Unidad de Planificación y Evaluación Institucional y el Departamento de Asesoría Legal. Por disposición de la Presidencia Ejecutiva, se invitó a integrar la Comisión a la Unidad de Servicio al Usuario, la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género, la Asesoría de Comunicación y la Contraloría de Servicios. La comisión del INA, según lo establece la mencionada directriz, ha diseñado un plan de acción, el cual será ejecutado en el tiempo que resta a la presente Administración y que en su parte medular establece: 1. Integrar la comisión por las dependencias indicadas arriba y, además, por personas funcionarias quienes, sin representar a ninguna dependencia institucional en particular, trabajen para el INA y formen parte de la población sexualmente diversa. 2. Nombrar personas denominadas ‘enlaces’ entre la comisión y cada una de las nueve Unidades Regionales del INA. Estas personas-enlace son responsables de divulgar y ejecutar los acuerdos y las acciones de la comisión. Ellas, en coordinación con la comisión, deberán desarrollar actividades planeadas en el seno de la comisión y relacionadas con la temática en las Unidades Regionales y en los Centros de Formación Profesional que las conforman.
3. Revisar la normativa institucional a fin de determinar si en esta documentación legal existen disposiciones, términos o frases que de alguna forma pudieran considerarse como discriminatorias en contra de la población de interés y señalarlas a las dependencias competentes para su debida corrección. 4. Modificar tres reglamentos institucionales que tienen que ver directamente con la población funcionaria y la población estudiantil: Reglamento Autónomo de Servicios, Reglamento de Ayudas Económicas y Reglamento para las Personas Participantes en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje. 5. Revisar, al igual que se hizo con la reglamentación indicada en el punto anterior, la totalidad de los procedimientos, instrucciones y formularios inscritos en el Sistema de Gestión de la Calidad. Esta obligación surge del hecho de que el INA cuenta con la certificación de calidad ISO9001-2015. Esta labor estuvo a cargo de cada una de las dependencias dueñas de estos documentos. 6. Establecer procesos de capacitación dirigidos hacia las personas servidoras sobre derechos humanos de la población sexualmente diversa. En cumplimiento de este
requerimiento, la comisión ha venido trabajando arduamente en la creación de un módulo de capacitación de 14 horas de duración dirigido a las tres mil 200 personas funcionarias, el cual iniciará en su ejecución el mes de mayo de 2017 y finalizará aproximadamente en un plazo de dos años. 7. Capacitar a la población estudiantil en temas relacionados con los derechos humanos de la población sexualmente diversa. Esta labor está a cargo de las personas funcionarias responsables de Bienestar Estudiantil, quienes, en los procesos de inducción, serán las encargadas de brindar información y formación a la población estudiantil. Para terminar, es importante mencionar que, durante el año 2016, la Presidencia de la República, con la colaboración y el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, impartió una serie de capacitaciones a las personas que forman parte de las comisiones a nivel nacional, experiencia en la que esta comisión tuvo amplia participación, lo que redundó en un importante insumo para motivar el despegue de un accionar en pro de la inclusión y que esta se mantenga en el tiempo, para beneficio de la formación integral de la institución, tanto en su recurso humano como en la calidad de los servicios que ofrece a su clientela.
La gĂŠnesis del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR)
Mediador del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica direccioncam@abogados.or.cr Ilustración: Shutterstock
Es innegable que el comercio entre los Estados ha aumentado y que continuará creciendo. Esa realidad tendrá el efecto no deseado, pero imposible de evitar, de que aumentarán los conflictos también. Para resolverlos, se acude generalmente a los tribunales de los países. Aunque el anhelo de la ‘justicia pronta y cumplida’ es común a todas las naciones, la realidad desafía ese ideal: la masificación de la justicia ha causado que, a menudo, la calidad de los jueces no sea la óptima y que los procesos sean muy largos. Por esas razones, hace varios años, se comenzaron a consolidar los métodos alternativos de solución de conflictos, especialmente, el arbitraje. En el mundo, existen muchas instituciones de arbitraje, la mayoría, sumamente prestigiosas y de excelente calidad. Sin embargo, los costos de los arbitrajes que ellas administran se han vuelto cada vez más altos. Además, algunos de los árbitros que intervienen en esos procesos están muy ocupados, lo que demora la solución de los conflictos. Ante este panorama, un grupo de estadistas, empresarios y juristas de Iberoamérica percibió la necesidad de crear un centro eficiente y acreditado que administrara los arbitrajes que, en condiciones óptimas y con un costo menor que el de
otras instituciones, resolvería los conflictos que surgieran en esta región. Esa es la génesis del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), que pretende alcanzar esos ideales basado en la existencia de una cultura jurídica común. Para ello, designará árbitros de absoluta integridad, con una excelente formación jurídica y, asimismo, contribuirá a fortalecer los nexos entre los países de Iberoamérica, unidos durante siglos por fuertes lazos históricos, culturales, idiomáticos y económicos. Por ser tan evidentes las circunstancias que propiciaron su creación y tan fuertes las razones que demandan su pronto funcionamiento, la creación y consolidación del CIAR ha avanzado de forma rápida, pero con plena conciencia de que se debe proceder con sumo cuidado al crear la normativa que lo regirá y al escoger a los árbitros que prestarán sus servicios a quienes acudan al CIAR. Las etapas iniciales ya se cumplieron. Los que hemos participado en este proceso esperamos ver pronto al Centro Iberoamericano de Arbitraje en pleno funcionamiento, satisfaciendo las necesidades de los empresarios de Iberoamérica que propiciaron su creación y los anhelos de los juristas que lo concibieron y lo hicieron nacer.
Aunque la Constitución Política (Cpo) no regula específicamente el derecho a la salud, la Sala Constitucional ha referido que este se deriva del derecho a la vida, con inviolabilidad absoluta (art. 21, Cpo). El derecho a la salud, dentro del orbe laboral, es reconocido como parte de la seguridad social, es decir, aquella que vela por el respeto y la garantía de las condiciones ambientales, sociales y físicas de sus ciudadanos, entre los que destacan los servicios preventivos y curativos de salud, incapacidades, jubilación, etc. En torno a la seguridad social, el país, desde el siglo pasado, ha venido progresando en la atención de la ciudadanía utilizando un sistema de ‘reparto’ contributivo solidario, en donde patrono, trabajador y Estado participan de la misma mediante distintos aportes (26,67%, 9,17%, aproximadamente), los cuales pretenden sostenerlo y robustecerlo con el fin de la obtención, en primera instancia, de un régimen
oportuno de prevención, tratamiento y curación de las enfermedades, siendo el Estado el llamado a la tutela incondicional en la defensa del mismo, de conformidad con los diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Sin embargo, en algunos casos, no se cumple a tiempo con dicho deber y sucede, por ejemplo, que el patrono, por encontrarse moroso en el pago de su aporte, la orden patronal que consta en línea de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en la parte correspondiente a ‘avisos importantes’, procede a indicar: “patrono moroso”, “facturas pendientes”. Si bien, el ente de la seguridad social tiene claro que bajo el principio de universalidad no se puede negar la debida
atención -según lo dispone el actual artículo 36 de la Ley Constitutiva de la CCSS-, ha sucedido que se ha optado dentro de estos servicios pretender cobrar los mismos, para lo cual se hace una factura en la que debe firmar el propio trabajador para recibir el servicio. Esta práctica ha sido censurada y cuestionada. Así, según voto constitucional, N.° 05615-02, no puede obligarse al trabajador a firmar una factura, ni mucho menos es viable el condicionarle la prestación del servicio médico a la firma y suscripción de una factura cobratoria que va dirigida al patrono. Lo que no obsta para que la CCSS pueda tramitar el cobro debido del servicio a través del mecanismo legalmente más conveniente al moroso. Una vez más, se viene a acoger un equilibrio social en constante progresividad de los derechos, en aras de la obtención de la satisfacción social, para la cual fue creado precisamente el Estado democrático y de derecho, como el nacional.
Los pecados de un viaje a
Las Vegas Las Vegas es mundialmente conocida como la ‘Ciudad del Pecado’, y más famosa, aún, por la frase cliché “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, con su artículo propio omitido en el original en el inglés. La reputación que le precede podría ahuyentar al viajero promedio que no tiene como fin principal ir a pecar en sus vacaciones, pero, aquí, descubrimos otras tentaciones no tan pecaminosas en las cuales sí puede caer sin culpa alguna Por Alejandro Ramírez Periodista de viajes
Fotografías: Shutterstock & Cortesía
El ‘Skywalk’ sobre el Gran Cañón es uno de las principales atracciones para disfrutar de la vista. A la derecha: El tradicional rótulo que da la bienvenida a la ciudad de Las Vegas.
Las Vegas, en Estados Unidos, no solo es una ciudad de estereotipos: usted puede aprovechar su visita y descubrir otras variadas opciones de entretenimiento y recreación. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de los ‘límites morales’ de la persona promedio, imaginándonos que tal parámetro pudiera existir. Pero hablemos de sus estereotipos primero. En Las Vegas, los excesos son la constante -aunque, claro, esto no es necesariamente una característica exclusiva de la ciudad-. Quienes van a jugar a los casinos pueden pasar en esos establecimientos durante largas jornadas, amparados a la iluminación artificial y a la ausencia de ventanas, que impiden, sin un reloj en la
mano y plena conciencia del tiempo, saber si es de día o es de noche. Para los visitantes que juegan o apuestan su dinero, las bebidas y comida son gratis y, mientras más giren las máquinas tragamonedas, más tragos puede tomar. Según la cantidad de la apuesta y el número de veces que se hagan, las mismas máquinas emiten cupones automáticos que pueden ser canjeados en el bar. La ebriedad y la gula están presentes cada día. Fumar dentro de los casinos está permitido, por lo que junto al juego y las bebidas, viene una fuerte nube de humo de cigarrillo. Incluso, una rápida experiencia probando su suerte hará que el olor a nicotina lo acompañe hasta
La famosa represa Hoover, cuyo nivel de agua ha disminuido considerablemente en años recientes. En la página derecha: Las máquinas tragamonedas son una de las principales atracciones de juego en los casinos.
su habitación. Y esa no es la única compañía permitida, el control de visitantes a las habitaciones es poco o nada controlado, por lo que la prostitución es un servicio ofrecido con volantes mientras anda por las populares calles de la ciudad. La lujuria camina por ellas. El recorrido más famoso es en Las Vegas Boulevard, una calle de poco más de seis kilómetros de longitud que alberga los más famosos hoteles y establecimientos de la urbe. Y debido a que la ciudad se promociona como un destino para el desenfreno, no es prohibido, como en muchas otras ciudades de Estados Unidos, tomar alcohol en la
vía pública. Lamentablemente, esa prerrogativa viene acompañada de mucha gente ebria caminando por las calles y muchos rincones llenos de malos olores a causa de la acción diurética del alcohol. No es que sea una zona sucia. Tal vez, se pueda decir que es una zona difícil de mantener limpia. Y al respecto, hay una gran diferencia de cuadra a cuadra, de acuerdo con el tipo de comercio que haya en cada una. Los grandes hoteles mantienen sus aceras bastante limpias. Los bares y las tiendas de descuento, por su parte, están más interesados en vender tanto como sea posible. La avaricia, también, vive en la ciudad.
Pero espere, sería un gran pecado que juzgue a la ciudad antes de darse la oportunidad de conocerla y ser tentado por su gran oferta de conciertos y espectáculos en anfiteatros con muchas más comodidades que los estadios a los que se debe asistir para ver a los artistas durante sus giras. Artistas de gran trayectoria han hecho de Las Vegas el lugar para sus temporadas de presentaciones. Esto permite más variedad de fechas y facilidad para elegir la época apropiada para viajar. Si no le gustan los conciertos o cantantes, aproveche más bien su viaje para ver los afamados espectáculos del Cirque du
Soleil. Puede elegir entre media docena de presentaciones que tienen lugar dos veces al día en los hoteles más reconocidos. Los precios varían, como es usual, según la ubicación del asiento elegido, pero si puede, no escatime en el gasto. La indulgencia le dará la oportunidad de apreciar más detalles de los asombrosos trajes de los artistas. Las Vegas no es una ciudad amigable para los menores de edad y, aunque la mayoría de espectáculos no tienen restricción de edad para ser visto por niños, es definitivamente un lugar para ser disfrutado por adultos. Sería un pecado de omisión olvidar mencionar una de las grandes atracciones cercanas. Se trata del Gran Cañón del Colorado, al que puede llegar en aproximadamente tres horas de viaje por tierra. Aunque se vea tentado por realizar la visita en helicóptero, la mejor manera de disfrutarla, si es su primera vez, no es por aire. El recorrido en automóvil le permitirá hacer una parada en la reconocida represa Hoover, desde donde además de apreciar la impresionante obra, se ve la notable baja en el caudal del agua, que ya alarma a las autoridades. La zona del cañón más cercana a Las Vegas es el borde oeste, donde se puede caminar en diferentes puntos turísticos a los que se puede llegar por un
servicio de autobús dentro del parque. Pero si finalmente le gana la tentación el helicóptero, ahí, también, puede realizar un sobrevuelo de 20 minutos, o por un poco más de dinero, pagar por un vuelo de 45 minutos que incluye un aterrizaje en la zona baja del cañón. Una de las grandes obras construidas dentro del parque es el Sky Walk, una sobrevalorada pasarela con piso de cristal que puede recorrer en menos de cinco minutos y en la que no le permitirán tomar sus propias fotografías. La espera para realizar la caminata puede sobrepasar fácilmente la media hora y básicamente apreciará las mismas vistas desde cualquier punto de observación cercano sin ningún cargo adicional. Si prefiere no manejar, contrate una excursión de las llamadas ‘privadas’, conocidas también como ‘VIP’, y viajar con cinco personas reduce el tiempo de 16 horas requerido en un viaje en autobús junto a decenas de turistas a poco menos de la mitad de ese lapso. Y le repito, asegúrese de escoger el borde oeste y no el sur.
No hay una mala temporada para ir a Las Vegas, pero dado a que se ubica en una zona desértica, el clima es un factor con grandes variaciones según la estación del año. El verano eleva las temperaturas, por lo que es común escuchar o leer que no es la mejor época para realizar una visita. Pero obviamente, todos los hoteles, restaurantes y comercios tienen aire acondicionado. Y tal vez el calor sea sofocante solamente si planea pasar todo el día en la piscina, aunque ese sería otro pecado, así que no lleve traje de baño: la piscina es un lugar muy común para pasar su tiempo en una de ellas. Sería una pena desperdiciar su día a causa de la pereza. Los pecados de Las Vegas pueden ser cometidos en cualquier otro lugar, así que no tenga prejuicios. Un viaje a esta maravillosa ciudad no necesariamente lo convertirá automáticamente en un pecador, solo le hará tener una visión más amplia de lo que conocemos como el ‘libre albedrío’ del ser humano, esa libertad individual que requiere reflexión y elección consiente.
En los detalles está la diferencia, sobre todo cuando hablamos de reuniones importantes. Rafael Reyes, galardonado ‘bartender’ a nivel mundial, compartió sobre cómo el éxito de una velada fuera de la oficina va de la mano con la elección correcta de esos elementos que acompañan las interacciones entre los invitados, y más cuando de las bebidas se trata. Por Cindy Regidor /Fotografías: Cortesía
Y es que las reuniones, citas y eventos fuera de la oficina son casi tan importantes como los que se llevan a cabo dentro de ella. Después de una larga jornada laboral, en muchas ocasiones, al final del día, aguardan estas actividades a las que no se puede dejar de asistir. El espacio y la ambientación serán la clave siempre, pero el verdadero protagonista es aquello destinado a satisfacer el paladar. Las bebidas de todo tipo son necesarias. Y si son bebidas que contribuyen a crear experiencias, es aún mejor. Rafael Reyes, finalista y juez de la competencia más prestigiosa del orbe en el ramo, la Diageo World Class, en 2011 y en 2017, respectivamente, y la cual busca al mejor ‘bartender’ de cada país, explicó que el trabajo de un buen anfitrión es dar a sus invitados una experiencia inolvidable. Eso lo ha aprendido a través de los años en que ha cosechado amplia práctica en los Países Bajos y en Panamá. Reyes consideró que algo de cierta es la frase que dice que los tragos y los cocteles son un lubricante social porque agilizan la interacción entre las personas (por supuesto, aclaró que, ante todo, debe existir siempre el consumo responsable, independientemente de si es un evento de trabajo o uno personal).
“Si estamos en un mundo corporativo, a veces, en la interacción, nos estamos midiendo mucho, estamos un poco secos. Yo creo que a la hora de negociar y de acercarse más a las personas, cuando estamos en ese ámbito de negocio, es bueno hacerlo de una forma un poco más relajada, compartiendo una buena cena, un buen vino, un buen trago, que ayuden a agilizar esa ‘relación’ entre las personas. Si se está buscando construir una buena relación de negocios, es importante entenderse y relajarse acompañados de un buen coctel, una buena bebida, una buena comida; esa es la ocasión ideal”, detalló, y agregó que esas son las ocasiones idóneas para hacer ‘networking’. Sin duda alguna, las bebidas a ofrecer en un evento corporativo irán de acuerdo con la hora y el concepto del mismo. Las bebidas no alcohólicas son imprescindibles, tales como el agua con y sin gas, jugos y bebidas carbonatadas. Sin embargo, nuestro entrevistado recalcó que las bebidas alcohólicas presentan una oportunidad para lucirse. Es en la selección de esas bebidas en que el anfitrión puede brillar porque se imprime un sello propio. El vino es y será siempre una excelente carta de presentación. Es importante recordar que, si es servido a la par de la cena o bocadillos, se
debe escoger el tipo adecuado según los alimentos servidos. Se pueden considerar todos los tipos, incluyendo los espumosos. Además del vino, el resto de las opciones dependerá del gusto de las personas. “Si vamos a hacer un evento con un tipo de público o clientela de gustos refinados y conocedores, usamos un coctel que sea para ese público. Evitamos cocteles muy afrutados, muy coloridos o llamativos y buscamos algunos un poco más sobrios, más sofisticados, más simples. Al final, si es un evento de negocios, no creo que se vea tan bien el tener una sombrilla en el trago”, expresó, riendo. “Sí se utiliza mucho en este tipo de eventos la ginebra y el güisqui, así como cocteles como el martini”, señaló. Respecto a la cerveza, bebida preferida de muchos, Reyes aclaró que no es la bebida de elección para reuniones de trabajo, pues se asocia a eventos más
casuales, vacaciones o eventos deportivos. Por último, este profesional de la barra destacó que en la selección de bebidas se debe tomar en cuenta el clima del lugar donde se lleve a cabo la actividad. “Los cocteles tienen que ir acorde con el tipo de evento y, también, el tipo de clima. Si está en un lugar tropical, caluroso, con humedad, evite ofrecer cocteles que se sirven calientes, porque no refrescan”, ejemplificó. La temporada del año debe tomarse en cuenta igualmente. “Imagínese a ‘James Bond’ con un martini, con su traje. Ambos elementos proyectan cierta imagen del personaje”. Reyes suele usar esta analogía para destacar cómo los tragos y las bebidas son parte de esa proyección y ayudan a la otra persona a interpretar qué tipo de carácter y personalidad tiene ese anfitrión. Precisamente, de ahí que en esos detalles esté la diferencia.
nuevo ‘discovery’ Motores Británicos, representante en Costa Rica de Land Rover, presentó el nuevo Discovery que viene reforzado con lo último en tecnología para satisfacer a los conductores más exigentes. Este vehículo llega a nuestro país en versión diésel y Gasolina 3.0. Luis Camacho, CEO de Motores Británicos y Ricardo Valverde.
Firma ABRIL 2017