Source: http://hispanidad.info/estatut2006h.htm
Timestamp: 2018-01-19 05:23:28
Document Index: 263820141

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........Artur Mas, zapatero....Elecciones autonómicas en Cataluña....HISTORIA DE ESPAÑA.......INDEX.
El Estatuto de autonomía de Cataluña del 8 de septiembre de 2006
En las elecciones del 17 de octubre de 1999, la lista encabezada por Pasqual Maragall fue la más votada, superando a la de Jordi Pujol, pero este al frente de Convergencia i Unió obtuvo más escaños y Pujol fue reelegido presidente de la Generalidad de Cataluña con el apoyo del Partido Popular y la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya.
En las elecciones del 16 de noviembre de 2003, la lista encabezada por Pasqual Maragall volvió a ser la más votada, pero Convergencia i Unió de nuevo obtuvo más escaños en el parlamento de Cataluña. Convergència i Unió obtuvo 46 escaños; el PSC, 42; Esquerra, 23; PPC, 15 e Iniciativa, 9. La caída de CiU le impedía conseguir la mayoría absoluta con la colaboración del PPC, por lo que el PP pasaba a tener nula influencia en el Parlament a diferencia de las dos anteriores legislaturas.
Desde el principio, gracias a su espectacular subida, ERC apareció como el árbitro de la situación. Después de verse rechazada su propuesta de un Gobierno de concentración anti PP con todos los partidos excluyendo al PPC (antagónico a ERC por su condición de antinacionalista y de derechas), se le presentaban dos posibilidades: un gobierno catalanista con CiU, o bien un Gobierno progresista con socialistas PSC y ecomarxistas ICV-EUiA. Después de negociar tanto con Convergència i Unió como con el Partit dels Socialistes sobre una nueva financiación autonómica y un nuevo Estatuto de autonomía, la fórmula de elegida fue la segunda.
Por primera vez desde 1980, las formaciones de izquierda sumadas tenían la mayoría.
Primer Gobierno del Tripartito en Cataluña 20 de diciembre de 2003 - 11 de mayo de 2006
Y con la firma del Pacto del Tinell el 14 de diciembre de 2003 por el PSC, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y la coalición de comunistas y verdes ICV-EUiA pudo Pasqual Maragall ser investido presidente de la Generalidad. Estos tres partidos políticos sostuvieron, en virtud de dicho acuerdo, el Gobierno del Tripartito catalanista y de izquierdas encabezado por el socialista Pasqual Maragall entre el 20 de diciembre de 2003 y el 11 de mayo de 2006.
Pasqual Maragall tomó posesión como Presidente de la Generalidad de Cataluña el 20 de diciembre de 2003. Dos días después, tomaban posesión los dieciséis consejeros del nuevo Gobierno catalán. Ocho del PSC, cinco de ERC y dos de ICV-EUiA, con su jefe, Joan Saura, como consejero de Relaciones Institucionales y Participación y número tres del Gobierno. Y con Josep Lluís Carod-Rovira jefe de ERC como Conseller en cap, en sustitución del convergente Artur Mas.
La primera crisis fue por la reunión en Perpiñán el 4 de enero de 2004 de Josep-Lluís Carod-Rovira con representantes de la ETA
El 26 de enero de 2004 el diario ABC publicó la información. Carod se defendió diciendo que había ido a intentar avanzar hacia la paz por medio del diálogo, pero tuvo que admitir haberse equivocado en las formas y presentó su dimisión al Presidente de la Generalidad, que éste aceptó tras la presión del candidato a la presidencia del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Asimismo, Carod-Rovira anunció que encabezaría la candidatura de ERC en las elecciones a Cortes Generales para el Congreso de los Diputados de 14 de marzo de 2004, en las que ERC superó sus resultados de las elecciones catalanas. Al poco tiempo, el también republicano de ERC Josep Bargalló fue nombrado como nuevo consejero jefe de la Generalidad.
Hundimiento en el Carmelo
Durante la realización de las obras de ampliación de la Línea 5 del Metro de Barcelona, se agrietaron varias edificios y los vecinos de los inmuebles cercanos tuvieron que ser desalojados. Posteriormente varios edificios fueron demolidos ante el peligro de derrumbamiento. Un centenar de los más de 1.200 vecinos del barrio barcelonés del Carmelo fueron desalojados a raíz del hundimiento y fueron realojados en alojamientos nuevos e indemnizados por los efectos personales perdidos.
La crisis del tres por ciento el 24 de febrero de 2005
La crisis del tres por ciento estuvo a punto de echar por tierra todos los esfuerzos para aprobar un nuevo Estatuto: tras una insinuación del President de la Generalitat en el Parlamento sobre la corrupción de CiU, se produjo una airada reacción por parte de Artur Mas, que acusó a Pasqual Maragall de haber malbaratado la legislatura. Más adelante, Maragall enfrió el enfrentamiento y siguieron.
En el Pleno extraordinario del congreso catalán celebrado el 24 de febrero de 2005, a causa del derrumbamiento en el barrio del Carmelo, Maragall se dirigió al jefe de la oposición, Artur Mas de CiU y le dijo:
"Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu tres per cent"
("Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama tres por ciento"),
refiriéndose a supuestos cobros de comisiones en la adjudicación de obras.
Esta célebre frase de Maragall cobró sentido diez años y medio después, cuando el 1 de septiembre de 2015 la Guardia Civil intervino CatDem, la fundación de Convergencia, por el cobro de comisiones fraudulentas del 3% ó de lo que haya sido.
El nuevo Estatuto, cuya modificación llevaban en su programa electoral todas las fuerzas excepto el PP, fue el gran objetivo de legislatura del Gobierno del Tripartito. Aspectos como la inconstitucionalidad del nuevo Estatuto o la solidaridad interterritorial supusieron controversias. El Parlamento de Cataluña también aprobó el deber de conocer las dos lenguas oficiales catalán y castellano y dividir Cataluña en siete veguerías.
La proposición del nuevo Estatuto fue aprobada el 30 de septiembre de 2005 tras un acuerdo in extremis en financiación y enseñanza entre el Tripartito y CiU por 120 votos a favor y la única oposición de los 15 diputados del PPC. El presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, lo entregó al Congreso de los Diputados.
Con la aprobación de la reforma del Estatuto en las Cortes Generales, donde se modificó el contenido del mismo limitando el término nación al preámbulo, entre otras modificaciones, ERC decidió pedir el no en el referendúm previsto para la aprobación del texto.
Esto provocó el cese de los consejeros de ERC, que fueron sustituidos por Maragall por otros del PSC, y la promesa de Pasqual Maragall de convocar elecciones al Parlamento de Cataluña antes de finalizar el año 2006.
Ante esta situación, CiU prometió garantizar la estabilidad del Gobierno catalán hasta que se celebraran los comicios.
Era el final de la primera etapa del Tripartito el 11 de mayo de 2006.
El Referéndum sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña se celebró en este territorio, con carácter vinculante, el 18 de junio de 2006, para decidir acerca de la entrada en vigor o no del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña aprobado por las Cortes Generales de España, en sesión del Senado, el 10 de mayo de 2006. El resultado fue, con una participación del 48,85%, de 73,90% votos a favor, 20,76% en contra y 5,34% votos en blanco.
El referéndum de ratificación fue convocado por el presidente de Cataluña, Pasqual Maragall, el 18 de mayo de 2006, pocos días después del cese de los consejeros de Esquerra Republicana de Catalunya del Gobierno, bajo la pregunta: "¿Aprueba el proyecto de Estatuto de autonomía de Cataluña?" redactada en las dos lenguas oficiales del territorio.
Esta era la tercera vez en 75 años que los ciudadanos de Cataluña fueron llamados a las urnas para pronunciarse sobre una propuesta de Estatuto de autonomía. La primera fue el 2 de agosto de 1931, cuando la propuesta de Estatuto de Núria fue aprobada con un 99,49% de votos favorables y una participación del 75,13%, para ser después debatida por el Congreso de los Diputados y definitivamente aprobada en el año 1932.
La segunda fue el 25 de octubre de 1979, acerca el texto surgido de las Cortes Generales tras la presentación de la propuesta de Estatuto de Sau, aprobada por la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña.
En esta ocasión, con una participación del 59,3%, el 88,15% de los votos fue a favor y un 7,76% lo fue en contra, habiendo un 3,55% de votos en blanco.
Es, junto con el Estatuto de Castilla-La Mancha, el único Estatuto de Autonomía aprobado sin una mayoría de al menos 3/5 en las Cortes Generales.
Los seis partidos parlamentarios catalanes discreparon en su posicionamiento respecto al referéndum del Estatuto. Tres partidos hicieron campaña a favor del "Sí" (el Partido de los Socialistas de Cataluña, Convergència i Unió e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa), y 3 a favor del "No" (Ciutadans (C's), Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Popular de Cataluña).
Convergència i Unió, liderado por Artur Mas, pidió el "sí". Pese a no formar parte del gobierno de la Generalidad, y ser el principal partido de la oposición, participó activamente en el redactado final del Estatuto, incorporando propuestas propias. Además, el presidente de CiU, Artur Mas, pactó con el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero la versión definitiva del texto, y declaró haber conseguido las máximas contrapartidas para Cataluña, de manera que el texto final era el mejor que se podía conseguir. CiU hizo una campaña electoral comparando imágenes del año 1979 (año del que databa el Estatuto vigente) con imágenes del 2006 para ilustrar las diferencias entre las carencias del pasado y las virtudes del presente. El eslogan de la campaña fue "Sí al futur a Catalunya!" (en castellano, "Sí al futuro en Cataluña").
El Partido de los Socialistas de Cataluña, liderado por Pasqual Maragall, pidió el "sí" a la ciudadanía. Era el partido que ostentaba el gobierno que había impulsado el nuevo Estatuto, e hizo campaña con el eslogan "Sí: guanya Catalunya. No: guanya el PP" (en castellano, "Sí: gana Cataluña. No: gana el PP").
Esquerra Republicana de Catalunya, liderada por Josep Lluís Carod-Rovira, pidió el "no" a la ciudadanía, no sin antes una gran controversia interna. ERC, como miembro del gobierno de la Generalidad presidido por Pasqual Maragall, había sido uno de los partidos más activos en la redacción del nuevo estatuto. Sin embargo, ERC consideró que el proyecto final de Estatuto aprobado en el Congreso de los Diputados español estaba demasiado recortado respecto al aprobado por el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005. Por ello, la postura de ERC respecto al proyecto final de estatuto fue cambiando a medida que se acercó la fecha del referéndum. ERC votó "no" en la votación inicial del Congreso de los Diputados, se abstuvo en su paso por el Senado. La dirección de ERC entendió que no podía votar a favor del proyecto final de Estatuto porque se quedaba corto: las razones fundamentales esgrimidas por la dirección del partido eran que no se explicitaba de forma clara que Cataluña era una nación, que el capítulo relativo a la financiación no era suficientemente positivo para Cataluña, y que no se cedía a la Generalidad la gestión de infraestructuras como el aeropuerto de Barcelona. Tras un amplio debate entre sus dirigentes, finalmente la dirección de ERC propuso a sus militantes que el partido postulara el voto nulo en la campaña por el referéndum, pero los militantes forzaron que el partido se posicionara por el "no". Así, ERC pidió el "No" en la campaña electoral. El eslogan de su campaña fue «Ara toca no: Catalunya mereix més» (en castellano, «Ahora toca no: Cataluña merece más»), en clara alusión a la cita de Pujol «Ara no toca» (en castellano, «Ahora no toca»).
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, liderada por Joan Saura, pidió el "sí" a la ciudadanía. Como miembro del gobierno de la Generalidad de Cataluña, participó en el redactado del texto del Estatuto, que consideraba un gran avance respecto al Estatuto vigente desde 1979. El eslogan de la campaña fue escueto: "Sí a l'Estatut" (en castellano, "Sí al Estatuto"). La mayoría de medios de comunicación coincidieron en señalar que ICV-EUiA fue el partido que hizo una campaña electoral más constructiva, centrada en explicar a los ciudadanos las diferencias entre el nuevo Estatuto y el anterior. Es significativo apuntar que el líder de la formación, Saura, dio el sí al texto pactado entre Zapatero y Más antes de tener oportunidad de leerlo.
Votantes: 2.570.478 (49,41%)
Abstención: 2.631.813 (50,59%)
Válidos: 2.547.432 (99,10%)
A opciones: 2.411.371 (93,81%)
Sí: 1.882.650 (73,90%)
No: 528.721 (20,76%)
En blanco: 136.061 (5,34%)
Nulos: 23.046 (0,90%)
La reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 fue una propuesta que los partidos políticos progresistas catalanes empezaron a desarrollar durante la última legislatura de Gobierno de Convergència i Unió (1999-2003). Sin embargo, según algunas versiones, la idea surgió antes, concretamente durante un almuerzo del presidente del PSC Pasqual Maragall con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña Josep Lluís Carod Rovira que tuvo lugar el 21 de octubre de 1998, en el que Maragall convenció a Carod de la necesidad de "añadir" al Estatuto nuevas cuestiones como la inmigración, la presencia de la Generalitat ante la Unión Europea o una Carta de Derechos Sociales.
La iniciativa de la reforma se concretó en el año 2000 cuando el presidente de la Generalitat Jordi Pujol rechazó la oferta de pacto que le hizo Esquerra Republicana de Cataluña, por lo que la formación republicana e independentista encabezada por Josep Lluís Carod Rovira aceptó la oferta de Pasqual Maragall de formar una coalición de izquierdas, que también incluiría a Iniciativa per Catalunya Verds, para intentar conseguir la mayoría absoluta en las elecciones catalanas de 2003 y cuyo punto estrella sería el nuevo Estatuto. De esta forma pretendían poner fin a veintitrés años de gobierno de Jordi Pujol, líder de Convergencia i Unió, quien tras las elecciones catalanas de 1999 había optado por pactar con el Partido Popular para ser investido presidente de la Generalitat (acuerdo que incluía que CiU renunciaba a reformar el Estatuto del 79 por una legislatura y que tampoco reclamaría el concierto económico como sistema de financiación).
Durante los meses anteriores a la celebración de las elecciones catalanas de noviembre de 2003 el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Convergencia i Unió (CiU) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) dieron a conocer sus respectivos proyectos de reforma del Estatuto. El de los socialistas catalanes fue presentado en marzo por su presidente Pasqual Maragall, quien declaró que su objetivo era «dar un paso adelante en el autogobierno». En el preámbulo del documento del PSC se afirmaba que «Cataluña es una nación» que «forma parte de la España plural reconocida por la Constitución» y que pretende «profundizar en el carácter federal, plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado español». Por su parte, el proyecto de reforma de CiU proponía que se aplicara a Cataluña la cláusula de la Constitución sobre los «derechos históricos» reconocidos al País Vasco y a Navarra; y el de ERC la proclamación de Cataluña como un Estado libre asociado al Reino de España.
En este marco de propuestas de reforma del Estatuto de 1979, el líder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, entonces en la oposición, prometió en un mitin de las elecciones catalanas celebrado el 13 de noviembre en Barcelona: «Respetaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña».
CiU fue el partido más votado en las elecciones de 2003 pero no logró la mayoría absoluta (ni siquiera contando con el apoyo de los diputados del Partido Popular). Por eso CiU, encabezado ahora por Artur Mas, pasó a la oposición, mientras que el PSC, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) formaban un gobierno "tripartito" de izquierdas presidido por el socialista Pasqual Maragall. El 14 de diciembre los líderes del "tripartito" (Pasqual Maragall, por el PSC; Josep Lluís Carod Rovira, por ERC; y Joan Saura por ICV) firmaron en el Salón del Tinell el Acuerdo para un gobierno catalanista de izquierdas, cuya prioridad era la reforma del Estatuto de 1979 y la adopción de un nuevo sistema de financiación autonómica que se incluiría en el mismo, todo ello con la finalidad de lograr un «encaje diferente de Cataluña en el Estado», según declaró Joan Saura. Al día siguiente, en el discurso de investidura ante el Parlamento de Cataluña Maragall afirmó:
El Estatuto que queremos ha de ser una renovación del pacto con todos los pueblos de España. [] Esta nueva relación con España sólo se puede desarrollar bajo un lema, el de unión y libertad. El nuevo Estatuto debe ser la propuesta catalana para España porque el Estatuto debe ir de acuerdo con una reforma constitucional que ya es inaplazable.[]
Sin voluntad de condicionar el resultado final de la propuesta de mejora del autogobierno que pueda salir de esta Cámara, creo obligado avanzar las líneas maestras compartidas por las fuerzas de la mayoría: consideración constitucional de la Generalitat como Estado no como un Estado-, redefinición del ámbito competencial de la Generalitat, presencia de la Generalitat en la Unión Europea y en los organismos internacionales, colaboración entre la Generalitat y los gobiernos locales y mejora, evidentemente, de la financiación autonómica. [] Cataluña quiere una España plural que defienda y promueva como riqueza irrenunciable, todas las lenguas y culturas Lo que queremos es lo que pasa en Suiza, que todo el país sepa que tiene cuatro idiomas.[]
El proceso de elaboración y aprobación del nuevo Estatuto
La tramitación en el Parlamento de Cataluña (2004-2006)
En febrero de 2004 se constituyó en el Parlamento catalán la ponencia que iba a redactar el borrador del nuevo Estatuto, a la que el Partido Popular se sumó más tarde.Al mes siguiente, las elecciones generales españolas de 2004 dieron la victoria al Partido Socialista Obrero Español y su líder, José Luis Rodríguez Zapatero formó gobierno, obligado por la promesa hecha durante la campaña de las elecciones catalanas de que apoyaría la reforma del Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña. Sin embargo, cuando se conoció el borrador sobre el que estaba trabajando la comisión parlamentaria encargada de redactar el anteproyecto del nuevo Estatuto, el gobierno socialista hizo saber al presidente de la Generalitat Pasqual Maragall cuáles serían los límites que no se deberían traspasar: que no supusiera la modificación de leyes orgánicas, como la del Poder Judicial, que son competencia de las Cortes Generales; que no incluyera un régimen de financiación como el del concierto económico del País Vasco; que no se extendieran las competencias de la Generalitat a todas aquellas no atribuidas expresamente al Estado en la Constitución; y que no se estableciera el deber de conocer el catalán (una obligación que la Constitución sólo otorga al castellano). Estas condiciones, así como la preocupación del gobierno sobre la pretensión de definir Cataluña como una nación, fueron expuestas en nombre del gobierno por el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla al president Pasqual Maragall durante la entrevista que mantuvieron en Barcelona el 12 de febrero de 2005. «No todo cabe en el Estatuto, a riesgo de hacerlo inabarcable», dijo el ministro en una conferencia que pronunció ese mismo día por la tarde ante el Círculo de Empresarios de Barcelona con el título Una visión de la España plural, y en la que identificó nacionalidades" con "naciones sin Estado".
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy en un artículo que publicó en el diario ABC el 6 de febrero de 2005 con el título «Una cierta idea de España» acusó al presidente del gobierno Rodríguez Zapatero de dejarse «arrastrar» por «la voluntad de quienes no quieren saber nada de España» y manifestó su oposición a la concepción de España como «un Estado plurinacional, plurisoberano, federal, o cualquier otra variedad de estado menguante»:
Yo creo en España, como la inmensa mayoría de los españoles, y voy a poner toda mi voluntad y toda la energía de mi partido en defender que España sea y que siendo lo que es. []
El expresidente del gobierno Felipe González también se sumó a las críticas del proceso del nuevo Estatuto. El 18 de marzo de 2005 deslizó un ataque velado a su compañero socialista Pasqual Maragall en el discurso que pronunció con motivo de la concesión a Jordi Pujol del Premio de la Concordia que otorga la Fundación Abril Martorell. Lo que dijo fue lo siguiente: «Al hablar de Jordi Pujol no podemos sino expresar añoranza, ¿me entiendes bien, Jordi? Algo tan serio como Cataluña no se inventa. Cataluña ya está inventada y cuando quiere construise algo sólido debe hacerse respetando los cimientos».
Pasqual Maragall le respondió el 30 de marzo mediante un correo electrónico cuyo contenido no se conocería hasta principios de 2014. Maragall comenzaba aludiendo a las palabras de González «He leído que Catalunya no se puede reinventar. Estoy de acuerdo. Catalunya, como Castilla, es más vieja que España. Hace tiempo que está inventada» para luego hacer referencia a la idea de la «España plural» cuyo precursos había sido un viejo militante socialista, Anselmo Carretero y que Felipe González no había aplicado cuando estuvo en el gobierno al PSOE entonces sólo le «Interesaba la España del Estado de las autonomías sin distinciones» y le asustaba «la deriva hacia una España plural», en contraste con la política que estaba llevando a cabo Rodríguez Zapatero:
[...] Cuando llegó Zapatero tras el severo correctivo de 8 años de Aznar, que no había votado la Constitución precisamente por lo de las nacionalidades y regiones, se abrió la etapa de la España plural. La bautizamos en Santillana del Mar en el verano de 2003. [...] Zapatero tardó más de la cuenta en cumplir la promesa, pero cumplió, planteó el tema de la pluralidad de España.[...]
Zapatero entendió desde el principio que había que recuperar la franqueza inicial, que España era y es una unión de identidades diversas y de lenguas diversas, que era y es una nación plural o nación de naciones.
Voy a tratar de decirlo claro: no estamos inventando una nueva Catalunya para nada. Estamos inventando una nueva España en la que de una puñetera vez la vieja Catalunya, la vieja Castilla, la vieja Esukadi y la vieja Andalucía tendrán un lugar honorable y donde Madrid, que ya es una capital internacional de primerísima línea, no necesitará confundirse con España, como necesitaba hasta hace poco para ser más de lo que era.[...]
No se trata de catalanizar España sino de federalizar España más abiertamente.[...]
El 13 de mayo, Joan Saura, conseller de Relaciones Institucionales y Participación y líder del ICV, uno de los tres partidos coaligados en el gobierno "tripartito", escribió un artículo en el diario El País con el título ¿Qué quiere Cataluña?:
Nuestra propuesta no es soberanista ni rupturista sino plenamente constitucional e inspirada en la filosofía y los modelos federales. Se trata de un proyecto que pretende abordar el gran problema histórico de la relación entre Cataluña y España, y el de la plena aceptación de la unidad en la diversidad nacional, cultural y lingüística del Estado. [] Proponemos un salto adelante en el autogobierno, una reforma a fondo del pacto entre el Estado y la Generalitat, con unas reglas de juego más acorde con la realidad de un Estado plural. El gran reto es que España se reconozca a sí misma como una realidad plurinacional.
En cuanto a los objetivos concretos del Estatuto Joan Saura decía que eran cinco:
Clarificar y mejorar las competencias; incorporar un título de derechos y deberes y de principios rectores de las políticas públicas; avanzar en la definición y protección de elementos fundamentales de la identidad de Cataluña; garantizar la participación de la Generalitat en órganos decisivos del Estado y en la Unión Europea; y mejorar la financiación.
Pese a que hubo un rápido acuerdo entre los tres partidos que formaban el Gobierno de Cataluña y Convergència i Unió en asuntos tales como la definición de Cataluña como nación, el deber de conocer las dos lenguas oficiales (catalán y español) o la creación de una circunscripción catalana en las elecciones al Parlamento Europeo, otros asuntos tales como la financiación de la Generalidad, la laicidad en la enseñanza o la amplitud de la actualización de los derechos históricos produjo profundas divisiones que hicieron temer por la aprobación de la reforma y que no fueron solventadas hasta el último momento.
El 8 de julio de 2005 la ponencia del Parlamento de Cataluña dio por concluido su trabajo y ese mismo día el Partido Popular anunció que no suscribía el proyecto. Veinte días después supera el trámite en comisión del Parlamento de Cataluña, pero sin alcanzar los dos tercios necesarios porque CiU se opone al modelo de financiación propuesto y defiende el concierto económico. CiU no rebaja sus exigencias hasta que su líder Artur Mas se entrevista en Madrid el 19 de septiembre con el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
Hasta el día anterior de la votación final en el Parlament, que se celebró el 30 de septiembre de 2005, el "tripartito" y CIU estuvieron negociando hasta que ese día Pasqual Maragall y el jefe de la oposición de Cataluña, Artur Mas cerraran un acuerdo in extremis sobre la financiación de la Generalidad y la laicidad en la enseñanza. Ese día y el anterior se habían votado los Títulos del Estatuto y en algunas de las votaciones no contaron con el apoyo de los 42 diputados del PSC, que dudaban de la constitucionalidad de algunos de los artículos (por lo que varios Títulos de la propuesta contaron sólo con los votos favorables de CiU y de ERC, ya que ellos solos detentaban la mayoría absoluta en el Parlament, o de CiU, ERC e ICV), pero en la votación final del día 30 el Estatuto fue aprobado con los votos favorables del PSC, ERC, ICV, y CiU, sumando 120 de los 135 diputados del Parlament. Los 15 diputados del Partido Popular votaron en contra porque, según el líder del PP en Cataluña Josep Piqué, el nuevo Estatuto «modifica la naturaleza del Estado» y busca «alejar Cataluña de España», mientras que el líder del partido independentista ERC Josep Lluís Carod Rovira lo presentó como una «mano extendida a España». Por su parte el presidente Maragall volvió a incidir en la definición de España como «nación de naciones» y a considerar el Estatuto como una apuesta por la España «federal, diversa o plural».
Nada más conocerse la aprobación del Estatuto por el Parlamento de Cataluña, la portavoz del gobierno María Teresa Fernández de la Vega manifestó en Madrid: "Hay que garantizar que el texto final sea acorde con la Constitución de la A a la Z, con el interés general y el de todos los ciudadanos".
El proyecto de Estatuto en las Cortes Generales (2005-2006)
Cuando el proyecto de estatuto se presentó ante el Congreso de los Diputados, diversas instituciones estatales y sociales, desde el Consejo General del Poder Judicial o el Banco de España hasta la Iglesia Católica, la patronal o los sindicatos, mostraron su radical oposición al mismo. El Partido Popular, por su parte, reclamó la celebración de un referéndum en toda España sobre el Estatuto, y comenzó una recogida de firmas para que el Congreso de los Diputados no admitiera a trámite el proyecto.
El 2 de noviembre de 2005, después de que la Mesa del Congreso de los Diputados admitiera a trámite la proposición, en contra del criterio del Partido Popular, el Pleno del mismo celebró el debate de toma en consideración, en que intervinieron, en representación del Parlamento de Cataluña, el convergente Artur Mas, la socialista Manuela de Madre y el republicano Josep-Lluís Carod-Rovira. Intervino, asimismo, el Presidente del Gobierno de España para expresar la posición favorable de éste a la toma en consideración. Así, el Congreso de los Diputados decidió tomar en consideración la proposición por 197 votos a favor, 146 votos en contra, todos ellos del PP, y una abstención.
Desde entonces comenzó su tramitación en la Comisión Constitucional del Congreso, presidida por el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que encargó a una ponencia paritaria entre representantes de la citada Comisión y del Parlamento de Cataluña el acordar un dictamen para ser elevado posteriormente al Pleno. Desde un primer momento no hubo unidad de acción entre los cuatro partidos que habían aprobado el texto en Cataluña, lo que llevó a una negociación bilateral de cada uno con el PSOE.
Pronto quedó claro cuáles eran los temas más conflictivos de la propuesta presentada por el Parlamento de Cataluña: la definición de Cataluña como "nación"; el "deber" de conocer el catalán, lo que lo equiparaba con el castellano en Cataluña; la creación del Consejo de Justicia de Cataluña; el nuevo sistema de financiación; y el blindaje de las competencias de la Generalitat
El 3 de diciembre el PP convocó una concentración en la Puerta del Sol de Madrid en la que su líder Mariano Rajoy pronunció un discurso en el que las frases «no formamos una nación de naciones» y «no hay más que una nación, la española», fueron las más aplaudidas, y vitoreadas con gritos de "¡España, España!", por las decenas de miles de personas asistentes al mítin (200.000 según la Comunidad de Madrid).
La tensión política y social que estaba provocando el Estatuto fuera de Cataluña también alcanzó al partido del gobierno, el PSOE, y así en la mañana del sábado 21 de enero de 2006 el comité federal del PSOE instó a su secretario general y presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a que cerrara de una vez el debate sobre el Estatuto o que liquidara el proceso. Por la tarde de ese mismo día Zapatero convocó en el palacio de La Moncloa al líder de CiU Artur Mas y después de seis horas de debate, al filo de la medianoche, alcanzaron un acuerdo sobre dos de los temas más conflictivos: la definición de "Cataluña es una nación" y la financiación. En cuanto a la primera cuestión, pactaron sacar del articulado la proclamación de Cataluña como "nación" y llevarla al preámbulo donde no tendría fuerza jurídica, mientras que el artículo 1 seguiría definiendo a Cataluña como una "nacionalidad". La segunda cuestión, la de la financiación, fue resuelta mediante el aumento de la participación de la Generalitat en los impuestos del Estado (del 33% al 50% del IRPF; del 40% al 58% de los impuestos especiales; y del 35% al 50% del IVA), aunque serían recaudados por la Agencia Tributaria Estatal, además del compromiso del Gobierno de invertir en Cataluña una cantidad equivalente al peso de la economía catalana en el conjunto de España (el 18,5% del PIB), y de que Cataluña no perdería posiciones en la clasificación de las comunidades autónomas por renta per cápita a causa de sus aportaciones al fondo de solidaridad interterritorial (el llamado principio de ordinalidad que se aplica en los estados federales, como Alemania[cita requerida]).
Al día siguiente, domingo 22 de enero, Zapatero almorzó en La Moncloa con los líderes de Esquerra Republicana de Cataluña Josep Lluís Carod Rovira y Joan Puigcercós para intentar convencerles de que se sumaran al acuerdo alcanzado con Mas, pero no lo consiguió. Los dos líderes independentistas insistieron en que la definición "Cataluña es una nación" debía figurar en el articulado y en que el nuevo sistema de financiación debía concretarse en cifras.
El acuerdo Mas-Zapatero agilizó la tramitación del proyecto en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en la que participaba una delegación del Parlamento de Cataluña, y el 30 de marzo de 2006 el pleno aprobó el proyecto con los votos a favor del PSOE, CiU e ICV (al que se sumaron Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Bloque Nacionalista Galego), y el voto en contra, aunque por razones opuestas, del Partido Popular y de Esquerra Republicana de Cataluña (al que se sumó Eusko Alkartasuna; Nafarroa Bai y Chunta Aragonesista se abstuvieron). El 10 de mayo el proyecto llegaba al Senado que lo aprobó sin ninguna modificación. En esta Cámara el PP volvió a votar en contra, pero en esta ocasión ERC se abstuvo.
Crisis del "tripartito", referéndum, renuncia de Maragall, recurso de inconstitucionalidad del PP, elecciones catalanas y reedición del "tripartito" (mayo-noviembre 2006)
El 11 de mayo de 2006, como consecuencia de la falta de apoyo de ERC al Estatuto aprobado por el Congreso de Diputados, fueron "expulsados" del gobierno "tripartito" de Cataluña los seis consellers republicanos. Sus puestos fueron asumidos por miembros del PSC.
El domingo 18 de junio de 2006 se celebró en Cataluña el referéndum sobre el Estatuto en el que ganó el SÍ, defendido por el PSC e ICV, con un 73,90% de los votos, mientras que el NO, apoyado por ERC y el PP, se quedó en el 20,76%, aunque la abstención fue del 50,59% (hubo un 5,3% de votos en blanco). Tras conocerse los resultados el presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, después de afirmar «queridos catalanes: tenemos Estatuto», instó a ERC y al PP a «sumarse al consenso» para desarrollar el Estatuto. El líder de ERC Josep Lluís Carod Rovira acató el «veredicto del pueblo catalán», pero señaló que la aprobación del nuevo Estatuto no significaba que «se ponga fin a las aspiraciones nacionales de Cataluña», mientras que el líder del PP Mariano Rajoy consideró el resultado del referéndum como un «fracaso» del «proyecto personal de Zapatero», como llamó al Estatuto, ya que «dos de cada tres catalanes no [lo] respaldan», añadiendo a continuación: «Lo que exige un mínimo de patriotismo y de sentido común es paralizar esta operación de liquidación de la nación española».
La aprobación del Estatuto se convirtió en una "amarga victoria" para Pasqual Maragall ya que pocos días después de la celebración del referéndum anunció que no volvería a ser el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, al parecer presionado por su propio partido, el PSC. «Me marcho con los objetivos cumplidos y para dar paso a una nueva generación», declaró Maragall. Su sustituto iba a ser José Montilla, primer secretario del PSC y ministro de Industria del gobierno de Rodríguez Zapatero.
El 31 de julio de 2006 el Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña, en el que se recurrían 114 de los 223 artículos y 12 disposiciones del mismo. Tres días antes Mariano Rajoy había enumerado los ocho elementos principales de inconstitucionalidad que veía su partido en el Estatuto: que Cataluña sea una nación, ya que «desde el punto de vista constitucional, no hay más nación que la nación española, titular de la soberanía», y a esa nación «no pueden equipararse las nacionalidades y regiones que integran su indisoluble unidad» y cuyos estatutos son «un poder derivado de la Constitución»; el trato «privilegiado» a la lengua catalana derivado de considerar su conocimiento como un deber y de «la consideración exclusiva del catalán como lengua de la enseñanza», lo que por otro lado, va en contra «del derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos»; que haya «derechos y deberes distintos» para los catalanes que para el resto de los españoles, porque ello «va en contra de la igualdad de todos los españoles»; el Poder Judicial para Cataluña, porque «rompe con la unidad judicial de España»; la distribución de competencias entre Cataluña y el Estado; el principio de bilateralidad «que privilegia a Cataluña y sienta las bases de un modelo confederal asimétrico» y supone «una desigualdad inadmisible en la Constitución»; las relaciones internacionales de Cataluña, y su sistema de financiación propio cuando éste debe pactarse entre todas las autonomías.
Las reacciones críticas de los partidos catalanes a la presentación del recurso fueron inmediatas. El PSC acusó al PP de actuar con «falta de respeto hacia los catalanes» que habían aprobado el nuevo Estatuto en referéndum y de «menospreciar» la idea de la «España plural». Por su parte ERC advirtió que si el Tribunal Constitucional aprobaba el recurso, el nuevo Estatuto «quedará todavía más lejos de satisfacer las necesidades de Cataluña y evidenciará que es necesario otro marco constitucional que respete nuestros derechos». CiU calificó la iniciativa del PP como «agresión contra Cataluña», aunque reconoció que era una decisión «legítima y respetable», mientras que ICV vaticinó un fracaso del Partido Popular en las próximas elecciones catalanas.
La propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña atribuía a la Agencia Tributaria de Cataluña el cobro de todos los impuestos que se pagaban en Cataluña, y después la Generalitat aportaría al Estado una cantidad en concepto de los servicios que presta en Cataluña y en concepto de solidaridad con el resto de comunidades autónomas. Esa cantidad sería determinada por una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. Además la Generalitat tendría capacidad normativa sobre todos los tributos recaudados en Cataluña y participaría en la fijación de los tipos impositivos y las exenciones, y las reducciones y las deducciones sobre la cuota. El nuevo modelo de financiación se "blindaba" al establecer el principio de subsidiariedad, según el cual en caso de conflicto entre lo establecido en el Estatuto y las normas estatales prevalecería el primero.
Cuando el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña llegó al Congreso de los Diputados, el nuevo modelo de financiación se convirtió en uno de los principales obstáculos para alcanzar un consenso. Fue el pacto alcanzado en La Moncloa entre el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero y el líder de CiU Artur Mas lo que permitió desbloquear este tema. El acuerdo, que sería llevado al Estatuto, consistió en el aumento de la participación de la Generalitat en los impuestos del Estado (del 33% al 50% del IRPF; del 40% al 58% de los impuestos especiales; y del 35% al 50% del IVA), a cambio de la renuncia a que la Agencia Tributaria Catalana los recaudara. Además el Gobierno español se comprometió a invertir en Cataluña una cantidad equivalente al peso de su economía en el conjunto de España (el 18,5% del PIB), y a que Cataluña no perdería posiciones en la clasificación de las comunidades autónomas por renta per cápita a causa de sus aportaciones al fondo de solidaridad interterritorial (el llamado principio de ordinalidad que se aplica en los estados federales, como Alemania).
Así pues las diferencias entre la propuesta inicial del Parlamento de Cataluña y la que finalmente aprobaron las Cortes Españolas fueron de calado, pues la Agencia Tributaria catalana sólo gestionaría "los tributos propios de la Generalitat" y no "todos los impuestos soportados en Cataluña" como se proponía inicialmente. Los impuestos cedidos serán recaudados por la Agencia tributaria estatal, aunque se dejaba abierta la posibilidad de la creación de un consorcio "en el que participarían de forma paritaria" las dos agencias. Otro punto importante fue la supresión de la afirmación de que el mayor esfuerzo fiscal llevado a cabo por los catalanes "debe traducirse en una mayor capacidad financiera y mayores ingresos para la Generalitat".
Este Título (que en la propuesta del Parlamento de Cataluña se llamaba De la financiación de la Generalitat y la aportación catalana a las finanzas del Estado) consta del capítulo I (La hacienda de la Generalitat, denominado inicialmente Las finanzas de la Generalitat; artículos 201 al 210), II (El presupuesto de la Generalitat; artículos 211 al 217 ) y III (Las haciendas de los gobiernos locales, denominada inicialmente Las finanzas de los gobiernos locales; artículos 218 al 222 ). Las diferencias entre la propuesta del Parlamento de Cataluña y la aprobada por las Cortes Generales son las siguientes (en negrita los cambios; tachados los incisos de los artículos 206 y 218 que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 2010):
Este Título consta de dos artículos (222 y 223). La única diferencia entre la propuesta del Parlamento de Cataluña y la redacción final aprobada por las Cortes Generales fue la siguiente (en negrita el cambio):
La propuesta del Parlamento de Cataluña constaba de 11 disposiciones adicionales, pero las Cortes Generales suprimieron cinco y añadieron nueve, por lo que finalmente son 15 las que aparecen en el Estatuto. En cuanto al resto de disposiciones propuestas por el Parlamento de Cataluña las Cortes Generales suprimieron la tercera disposición transitoria (manteniendo las otras dos), mantuvieron la disposición derogatoria y suprimieron una disposición final (manteniendo las otras cuatro).
Resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular
Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006
Tras entrar en vigor el 18 de junio de 2006, el Estatuto fue recurrido por considerarlo inconstitucional en siete ocasiones por siete instancias distintas: el Partido Popular a través de la firma de sus diputados y senadores contra 187 artículos y disposiciones; el Defensor del Pueblo contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales, y cinco comunidades autónomas (Comunidad de Murcia, contra el artículo 117, La Rioja contra 12 artículos y siete disposiciones adicionales, Gobierno de Aragón contra una disposición adicional, Generalidad Valenciana contra ocho artículos y cuatro disposiciones transitorias, Gobierno de las Islas Baleares contra lo que establece el Estatuto sobre el Archivo de la Corona de Aragón).
El 28 de junio de 2010, mediante la Sentencia 31/2010, el Tribunal Constitucional, ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Popular, resolvió por 6 votos a favor y cuatro en contra la constitucionalidad de la mayor parte del texto, haciendo observar la "ineficacia jurídica" del Preámbulo (donde constaba el término nación al referirse a Cataluña) aunque el fallo mantiene la definición de Cataluña como nación, y declaró 14 artículos inconstitucionales.
La ponencia fue redactada finalmente por la Presidenta, María Emilia Casas, y la votación se realizó por bloques: el primero respecto al Preámbulo, en la que se resolvió por 6 votos a favor y 4 en contra mantener el término nación, si bien se advirtió de su falta de eficacia jurídica interpretativa, ya que no forma parte del texto normativo; el segundo bloque afectó a los artículos a declarar inconstitucionales, siendo una mayoría de 8 magistrados contra 2 los que votaron por la inconstitucionalidad de 14 de ellos; los otros dos bloques, que eran los preceptos ajustados a la Constitución y la interpretación de los artículos sobre los que existía conformidad, fueron avalados por 6 votos a cuatro.Cuatro de los magistrados presentaron un voto particular: Ramón Rodríguez Arribas, Jorge Rodríguez-Zapata, Vicente Conde y Javier Delgado.
Reacciones: Manifestación del 10-J 2010: «Som una nació. Nosaltres decidim»
El 10 de julio del 2010 hubo una manifestación en Barcelona, con el lema "Som una nació, nosaltres decidim", en contra de la resolución del Tribunal Constitucional, con el apoyo de todos los partidos políticos del Parlamento de Cataluña menos del PPC y de Ciutadans. La asistencia fue de un millón y medio según los organizadores y de un millón cien mil personas según la Guardia Urbana.
En la cabecera estuvieron presentes los seis presidentes y expresidentes de la Generalidad y del Parlamento: José Montilla, Ernest Benach, Pasqual Maragall, Jordi Pujol, Joan Rigol y Heribert Barrera. Al final de la manifestación, hubo un intento de agresión a José Montilla, que tuvo que abandonar la marcha protegido.
14 artículos inconstitucionales
El Tribunal Constitucional declaró 14 artículos inconstitucionales el artículo 6 sobre lengua y nombres cooficiales, el 76 sobre el carácter vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias, el 78 sobre algunas funciones del Síndico de Agravios de Cataluña, el 95.5 sobre el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 97, 98, 99, 100 y 101 sobre el Consejo de Justicia de Cataluña, el 111 sobre las competencias compartidas entre el Estado y la Generalidad de Cataluña, el 120.2 sobre competencias de la Generalidad en cajas de ahorro, el 126.2 sobre competencia compartida en materia de crédito, banca, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de seguridad social y el 206.3 sobre el nivel y cálculo de la participación de Cataluña en el rendimiento de los tributos estatales y mecanismos de nivelación y solidaridad.
Artículos sometidos a la interpretación dada por el Tribunal Constitucional
Aquellos artículos que señaló la sentencia para su interpretación, deben serlo precisamente según el criterio del propio Tribunal, lo que se denomina "fundamento jurídico conclusivo":
el artículo 5 sobre derechos históricos no puede argumentarse como equivalente a la disposición adicional primera de la Constitución, y no constituye un fundamento jurídico válido para justificar el autogobierno catalán distinto a la propia Constitución;
el artículo 8 sobre símbolos nacionales de Cataluña, el término nación no tiene otro significado que el recogido para nacionalidad por la Constitución, reconocido en el artículo 2 de la Carta Magna y sin que pueda cuestionar la "indisoluble unidad de la Nación española";
el artículo 34 sobre la "disponibilidad" lingüística de los comercios y negocios, no puede en ningún caso obligar al uso de una sola de las lenguas cooficiales: catalán o español;
el artículo 50.2, sobre el fomento del catalán, señala que eso no puede confundirse con la posibilidad de prohibir el uso del "castellano" en cualquier caso y situación;
el artículo 95.2, que señala la competencia del Tribunal Supremo para unificar doctrina, aclara el Constitucional que esa capacidad no limita la facultad de regularse por la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular la función jurisdiccional que en cada momento histórico le corresponde al Tribunal Supremo, y por lo tanto lo señalado en el estatuto no es limitativo;
el artículo 110, donde se señalan "competencias exclusivas de la Generalidad" las potestades legislativas, ejecutivas y reglamentarias, tienen como límite el artículo 149 de la Constitución en un sentido amplio, esto es, no son exclusivas si concurren con las del Estado, bien en el espacio físico, bien en el objeto jurídico;
el artículo 129 sobre el derecho civil catalán, se debe entender la competencia limitada "a la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil especial de Cataluña", sin que limite la capacidad legal de legislación civil del Estado y la regulación general civil contenida en el artículo 149.1.8 de la Constitución;
el artículo 183.1 sobre la Comisión bilateral Estado-Comunidad Autónoma para tratar competencias exclusivas del Estado, no limita la capacidad de este para su ejercicio ni la condiciona;
el artículo 206.5 sobre los mecanismos de nivelación de las aportaciones económicas estatales a través de los tributos, el Constitucional aclara que solo se podrá argumentar cuando la alteración de la situación de Cataluña se deba a la aplicación estricta de los mecanismos de nivelación y no a otras causas;
sobre la Disposición adicional tercera, apartado 1, sobre infraestructuras del Estado, no menoscaba la capacidad de legislar de las Cortes ni del gobierno para fijar sus inversiones presupuestarias;
y las Disposiciones adicionales sobre cesión de IRPF, IVA y otros impuestos, sólo es posible mediante acuerdo del órgano correspondiente y de las Cortes Generales.
Final de la etapa de Pasqual Maragall
El 21 de junio de 2006 el presidente Pasqual Maragall anunció que no se volvería a presentar como candidato a la presidencia, dejando de este modo el camino expedito para que el 26 de junio de 2006 la comisión ejecutiva de los socialistas catalanes propusiera a su secretario general, José Montilla, que, desde abril de 2004, ocupaba el cargo de ministro de Industria en el Gobierno general de España, como candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. José Montilla había nacido en 1956 en El Remolino, localidad del municipio de Iznájar, en la provincia de Córdoba.
Montilla como ministro
Como ministro de Industria y Comercio, Montilla habia impuso el canon digital, cediendo a las presiones de la Sociedad General de Autores (SGAE). Mediante la nueva Ley de Propiedad Intelectual aprobada el 22 de junio de 2006, el canon fue impuesto sobre los soportes que fueran idóneos para grabar y reproducir archivos, como CD, DVD, reproductores MP3, tarjetas de memoria, móviles, impresoras y cámaras digitales, ampliando los soportes inicialmente previstos.
A finales de 2005, cuando la OPA hostil lanzada por la empresa Gas Natural contra Endesa. El periódico El Mundo desveló que la caja de ahorros La Caixa, máxima accionista de Gas Natural, había condonado al PSC (partido del que Montilla era secretario general) 6,3 millones de euros correspondientes a los intereses de demora de un préstamo vencido en 1994 y que suponían el 45% de la deuda total, y acordado que devolviese el importe principal, 7,81 millones, a un tipo de interés del 3% en 15 años. Según desveló también El Mundo, las condiciones del acuerdo entre el PSC y La Caixa no fueron comunicadas al Tribunal de Cuentas.
Montilla era ahora desde el 26 de junio de 2006 el candidato del PSC a la presidencia de la Generalidad de Cataluña en las elecciones al Parlamento de Cataluña del 1 de noviembre de 2006.
Segunda etapa del Tripartito
En las Elecciones al Parlamento de Cataluña de 2006, el resultado fue muy similar a 2003. De nuevo CiU era el partido más votado (obtenía 48 escaños, dos más que en 2003), pero PSC, ERC y ICV-EUiA revalidaban la mayoría absoluta (37 diputados el PSC, 21 ERC y 12 ICV-EUiA) y la coalición de izquierdas del Tripartito se reconstruyó, volviendo a acordar formar gobierno, con el nombre de Govern d'Entesa (Gobierno de Entendimiento o Pacto), presidido ahora por el nuevo jefe del PSC, José Montilla y con el republicano independentista Josep Lluís Carod Rovira como vicepresidente. La única novedad fue la entrada en el Parlamento catalán con tres diputados del nuevo partido Ciutadans, que como el PP (14 diputados) se oponía frontalmente al nuevo Estatuto.
A pesar de obtener once escaños menos que Convergència i Unió y cinco menos que Maragall en las anteriores elecciones, José Montillavfue investido presidente el 24 de noviembre de 2006 con 70 votos a favor del Partido de los Socialistas de Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds y 65 en contra en contra de Convergència i Unió, Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
En el discurso que pronunció a continuación Montilla ofreció a la oposición (CiU, PP y Ciutadans) un pacto para desarrollar el Estatuto y otros grandes temas «de país».
José Montilla tomó posesión del cargo cuatro días después.
Después de la salida del Gobierno, Maragall dejó la presidencia del PSC el 11 de junio de 2007 para trabajar en el proyecto del Partido Demócrata Europeo, según afirmó; así, en 1998 registró el Partit Català d'Europa. Además continuó haciendo declaraciones sobre política española, entre ellas, que tanto esfuerzo para reformar el Estatut "no valía la pena" o publicando una Carta a los amigos donde opinó sobre diferentes asuntos: la España y la Europa federales, la recuperación del gobierno metropolitano de Barcelona o el futuro de los partidos políticos en Europa.
En octubre de 2007 declaró en un programa de Cataluña Radio que había abandonado el Partido de los Socialistas de Cataluña, al tiempo que manifestaba que había sido un error confiar en el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Dijo sentirse abandonado por Zapatero en esta legislatura. Declaró que el exministro de Defensa, José Bono, era el máximo favorito para la candidatura del PSOE, pero que entre él y Alfonso Guerra consiguieron que ganara Zapatero, pero consideró que Zapatero se había transformado en un presidente débil, y un "felipista", al ejercer un gobierno centralista. A su vez aseguró que el entonces presidente de la Generalidad, José Montilla, había apoyado a José Bono en la lucha por la candidatura a la Secretaría General socialista.
El 24 de octubre de 2010, en un discurso pronunciado durante un acto de precampaña en el Gran Teatro del Liceo, el presidente Montilla anunció que los socialistas catalanes no reeditarían el tripartito tras las siguientes elecciones «aunque sumemos».
En las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2010 el PSC obtuvo uno de los peores resultados electorales de su historia. Debido a ello, José Montilla manifestó su voluntad de renunciar a su acta de diputado en el Parlamento de Cataluña. Renunció, asímismo, a seguir liderando el PSC, relevo que se formalizó el 17 de diciembre de 2011, en el marco del XII congreso del partido, en el que Pere Navarro fue elegido primer secretario.