Source: http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngin/publications/spanish99/binv_epy.asp
Timestamp: 2017-11-20 02:18:40
Document Index: 237101883

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 11', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8']

ALCA FTAA ZLEA Acuerdos sobre Inversión en el Hemisferio Occidental | Convenio Ecuador-Paraguay
Convenio entre la República del Paraguay y la República del Ecuador sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 28 de enero de 1994.
El término "inversión" designa todo tipo de activo definido de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión. Esta definición general incluye, aunque no exclusivamente, cinco grupos de derechos específicos, incluidos los derechos de propiedad tradicionales, los derechos en sociedades, acreencias monetarias y derechos a prestaciones, los derechos de propiedad intelectual y concesiones y derechos similares. (Artículo 1 (1)).
"Nacional" designa a toda persona física que sea nacional de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación. (Artículo 1 (2)).
"Nacional" de una Parte designa a toda persona jurídica constituida de conformidad con las leyes y reglamentos de una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante, independientemente de que su actividad tenga fines de lucro. (Artículo 1 (2) (b)).
Fecha de la firma: 28 de enero de 1994.
Entrada en vigor: 18 de setiembre de 1995.
Cada Parte Contratante promoverá en su territorio, en la medida de lo posible, las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y admitirá tales inversiones conforme a sus leyes y reglamentos. (Artículo 3 (1)).
El presente Convenio no impedirá que cualquiera de las Partes prescriba formalidades especiales con respecto al establecimiento de inversiones, pero tales formalidades no menoscabarán la esencia de cualquiera de los derechos que se enuncian en el presente Convenio. (Artículo 11 (2)).
Sí. Cada Parte Contratante garantizará en su territorio un tratamiento justo y equitativo para las inversiones de la otra Parte Contratante (Artículo 4 (2)).
Cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones efectuadas según sus leyes y reglamentaciones por los inversionistas de la otra Parte Contratante (Artículo 4 (1)).
Sí. Cada Parte Contratante no obstaculizará, con medidas indebidas o discriminatorias la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la expansión, la venta y la liquidación, de dichas inversiones. Cada Parte Contratante otorgará los permisos mencionados en el Artículo 3, numeral 2 de este Convenio (Artículo 4 (1)).
Sí. Cada Parte Contratante garantizará en su territorio un tratamiento justo y equitativo para las inversiones de la otra Parte Contratante. Este tratamiento no será menos favorable que el acordado por Cada Parte Contratante a las inversiones efectuadas en su territorio por sus propios inversionistas nacionales o de inversionistas de terceros Estados (Artículo 4 (2)).
El tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que una Parte Contratante acuerde a los inversionistas de un tercer Estado en virtud de su participación o asociación en una zona de libre comercio, una unión aduanera o un mercado común (Artículo 4 (3)).
El trato acordado en el presente artículo no se refiere a las ventajas que cada una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados como consecuencia de un Acuerdo para evitar la doble imposición o de otros Acuerdos sobre asuntos tributarios (Articulo 4 (4)).
La Parte Contratante que haya admitido una inversión en su territorio, otorgará, de conformidad con su legislación los permisos necesarios en relación a dicha inversión, de la misma manera que para la ejecución de contratos de licencia y contratos de asistencia técnica, comercial o administrativa. Cada Parte Contratante facilitará, cuando así se requiera, los permisos necesarios para las actividades de consultores o de otras personas calificadas de nacionalidad extranjera (Artículo 3 (2)).
Los nacionales o las sociedades de una de las Partes Contratantes que sufran perdidas en sus inversiones de capital en el territorio de la otra Parte Contratante a consecuencia de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, rebelión, insurrección o motín en el territorio de la otra Parte Contratante, no serán tratados por ésta menos favorablemente que sus propios nacionales y sociedades o los nacionales o las sociedades de cualquier tercer Estado en lo referente a restituciones, indemnizaciones, ajustes u otros pagos. Los pagos correspondientes serán transferibles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 (Artículo 6 (3)).
Sí. Cada Parte Contratante, en cuyo territorio inversionistas de la otra Parte Contratante hayan efectuado inversiones, garantizará a estos la libre transferencia de los pagos relacionados con esas inversiones, particularmente de:
amortización de préstamos;
importes destinados a cubrir los gastos relativos a la administración de las inversiones;
regalías y otros ingresos (enumerados en el artículo 1 (c), (d), y (e));
la contribución adicional de capital necesario para el mantenimiento o desarrollo de las inversiones;
el producto de la venta o de la liquidación parcial o total de una inversión, incluyendo plusvalías eventuales. (Artículo 5 (1)).
Sí (Artículo 5 (1) (f)).
Sí (Artículo 5 (1) (c), (d), (e)).
La transferencia se efectuará en una moneda libremente transferible, sin restricción o demora (Artículo 5 (2)).
Sin demora (Artículo 5 (2)).
Expropiación, nacionalización o medidas de la misma naturaleza o efecto (Artículo 6 (1)).
Sí. "Utilidad pública o interés social" (Artículo 6 (1))
Sí (Artículo 6 (1)). El Acuerdo no incluye un requisito independiente de que las expropiaciones estén sujetas a revisión judicial. Sin embargo, se argumenta que la norma internacional de proceso legal incluye dicha exigencia.
"Compensación justa"
corresponderá al valor comercial que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de que la medida fuera de dominio público;
incluirá intereses hasta la fecha de pago a la tasa comercial normal;
deberá pagarse sin demora;
ser realizable y libremente transferible (Artículo 6 (2)).
Cualquier controversia entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación o aplicación del Acuerdo, deberán ser resueltas por la vía diplomática. (Artículo 9 (1) (2)).
Si no pudiere ser dirimida de esa manera dentro de un plazo de doce meses, será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes a un tribunal arbitral, para su resolución (Artículo 9 (1) (2)).
Dentro de los dos meses de la recepción del pedido de arbitraje, cada Parte designará un miembro del tribunal. Estos dos miembros, dentro de un plazo de dos meses, elegirán a un nacional de un tercer Estado para actuar como Presidente del tribunal. Si, dentro de los plazos establecidos, una de las Partes no ha designado su miembro o no se ha llegado a un acuerdo sobre la elección del Presidente, cualquiera de las Partes Contratantes podría invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios. Contiene disposiciones adicionales para el caso de que el Presidente fuere nacional de una de las Partes o se hallare, por cualquier razón, impedido de desempeñar dicha función (Artículo 9 (2) (3) (4) (5)).
El tribunal arbitral determinará su propio procedimiento. La decisión será obligatoria para ambas Partes (Artículo 9 (6) (7)).
Las controversias que surjan entre un inversionista de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante en el ámbito de este Convenio deberán ser solucionadas, en la medida de lo posible, por medio de consultas amistosas. (Artículo 8 (1)).
a arbitraje internacional (Artículo 8 (2)).
En caso de recurrirse a la jurisdicción nacional, el inversionista no puede apelar al arbitraje internacional a menos que:
hayan transcurrido 18 meses sin que el tribunal haya pronunciado sentencia; y
ambas Partes decidan, de común acuerdo, someter la controversia al arbitraje internacional (Artículo 8 (3)).
En caso de recurso al arbitraje internacional, el inversionista podrá someterla:
a un tribunal arbitral ad hoc establecido conforme a las reglas de arbitraje de la CNUDMI (Artículo 8 (2)).
El tribunal arbitral decidirá en base a las disposiciones de este Convenio, al derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia, a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión así como también a los principios del derecho internacional (Artículo 8 (5)).