Source: https://vlex.com.pa/vid/proteccion-derechos-humanos-corte-650678693
Timestamp: 2019-01-22 16:33:16
Document Index: 345790424

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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Noviembre de 2014 (caso Protección de derechos humanos de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de 25 de noviembre de 2014) - Jurisprudencia - VLEX 650678693
El licenciado Manuel Enrique Bermúdez Ruidiaz, actuando en nombre y representación de DENIS ARCE MORALES, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de protección de los derechos humanos para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto 25 de 11 de noviembre de 2014, proferido por el Tribunal Electoral de Panamá, mediante el cual se convoca a elecciones parciales en el Circuito Electoral 4-1, en la provincia de Chiriquí para la elección de dos (2) Diputados (Principal y Suplente) para el domingo catorce (14) de diciembre de 2014, y se aprueba el Calendario Electoral.
Conjuntamente con las pretensiones de la demanda, la parte actora solicita la suspensión provisional de los efectos del acto acusado; sin embargo, por motivos de economía procesal, el Magistrado Sustanciador procede a revisar la demanda con el fin de verificar que cumple con los requisitos necesarios para ser admitida.
Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda, el Magistrado Sustanciador considera que la misma es inadmisible, toda vez que la misma evidencia que versa sobre materia de naturaleza eminentemente electoral, por lo que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia no es competente para conocer de la misma.
Es importante señalar que en nuestro país, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue creada gracias a la iniciativa del insigne jurista panameño José Dolores Moscote, y la misma fue consagrada en la Constitución de 1941, en atención a los artículos 190, 191 y 192. En cumplimiento a lo dispuesto en dicha Constitución Política, se expide la Ley 135 de 1943, reformada por la Ley 33 de 1946, que actualmente regula la materia contencioso administrativa patria.
La actual Carta Política Panameña, en su artículo 206, numeral 2, dispone:
La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia con audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los casos acusados de ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal."
Por su parte, el Código Judicial en su artículo 97, establece las atribuciones propias de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia:
"Artículo 97. A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.
De las disposiciones reproducidas, se destacan que en el Derecho Positivo Panameño, el control de la legalidad de los actos administrativos de la Administración Pública, es competencia privativa de la mencionada Sala de la Corte.
De esto se colige, que los actos administrativos dictados por el Órgano Legislativo, el Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Procuraduría de la Administración, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la Universidad de Panamá, la Caja de Seguro Social, los Municipios, así como todas las Entidades Autónomas y Semiautónomas, pueden ser demandados ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, cuando se estime que los mismos son violatorios de la Ley.
Es importante reiterar, que en nuestro ordenamiento jurídico, el único Tribunal competente para conocer de la legalidad de los actos administrativos, es la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En este aparte, es necesario destacar, la naturaleza jurídica del acto administrativo, el cual es definido en el artículo 201, numeral 1 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, como: "declaración emitida o acuerdo de voluntad celebrado, conforme a derecho, por una autoridad u organismo público en ejercicio de una función administrativa del Estado, para crear, modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica que en algún aspecto queda regida por el Derecho Administrativo".
La Constitución Política Panameña, instituye en su Título IV, Capítulo III, el Tribunal Electoral, señalando en su artículo 142, que es un Tribunal autónomo e independiente, y que tiene entre sus funciones principales, interpretar y aplicar privativamente la Ley Electoral. No obstante lo señalado, dicta actos administrativos sujetos a la revisión de su legalidad ante la Sala Tercera, por presuntas infracciones al ordenamiento jurídico, como por ejemplo: destituciones de sus funcionarios, de materia contractual y en fin, todo acto dictado a raíz de sus funciones de carácter netamente administrativas. En este sentido, la Sala Tercera se ha pronunciado sobre la legalidad de este tipo de actos, dictados en razón de sus funciones administrativas. Veamos:
Fallo de 22 de noviembre de 2007
"Luego de surtidas cada una de las fases del proceso y en atención a cada uno de los hechos que conforman la demanda en cuestión, podemos ver que la parte demandante, es decir, la señora NATALIA DULCINA DÍAZ DONADIO, con cédula de identidad personal Nº8-308-563 y Seguro Social Nº125-7025, por intermedio de su apoderado judicial, pretende que la SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA declare que es Nula por Ilegal la RESOLUCIÓN DE PERSONAL Nº312 de 14 de septiembre de 2005, dictada por el pleno de Magistrados que conforman y dirigen el TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ, con la cual se le destituyó del cargo de Revisora de Información Documental I, en Servicios de Cedulación, con funciones de Operadora de Computadora, en la Dirección General de Registro Civil, donde devengaba un salario mensual de Trescientos Balboas (B/.300.00), según posición Nº334.
Asimismo, que se le reintegre al puesto que ocupaba en dicha entidad y se le paguen los salarios y prestaciones dejados de percibir por todo el período que ha estado separada del cargo.
Además infiere el letrado que el acto administrativo impugnado ha sido violatorio de normas claramente establecidas las cuales fueron omitidas al tiempo de proferir la destitución de la señora NATALIA DULCINA DÍAZ DONADIO.
Ahora bien, estima esta Magistratura ante tales exposiciones que el acto administrativo que nos ocupa no resulta Ilegal, por ende, mal podría decretarse su nulidad, como explicaremos seguidamente.
Lo anterior tiene su asidero en el hecho de que la señora NATALIA DULCINA DÍAZ DONADIO, no ingresó a ostentar el aludido cargo del cual se le destituyó mediante un sistema de méritos que le permitiera gozar de estabilidad como ha pretendido según su libelo de demanda.
Si bien es cierto, ha argumentado el Licenciado Carrillo Gomila que la señora NATALIA DULCINA DÍAZ DONADIO que ha laborado para el TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ por cerca de ocho (8) años, no podemos escatimar lo que al respecto manifestó la entidad requerida, quien en su informe de conducta, fechado 20 de febrero de 2006 (a foja 22), señaló que:
... En cuanto a los cargos de no cumplirse con las disposiciones de la Ley de Carrera Administrativa sobre la insubsistencia, consideramos que los mismos no tienen asidero legal alguno, habida de que el Tribunal Electoral tiene facultad para nombrar y remover libremente al personal, toda vez que ningún funcionario está adscrito a la Ley de Carrera Administrativa ni a ninguna otra ley de carrera."
Lo anterior se reafirma en el Decreto 16 de 6 de noviembre de 2002, que subrogó el Decreto 76 de 5 de abril de 1979 y sus modificaciones, contentivo del Reglamento Interno del Tribunal Electoral, el cual dispone y faculta a la Sala de Acuerdos para adoptar las decisiones en materia de acciones de personal y situaciones internas de los funcionarios del Tribunal Electoral. (El subrayado, la cursiva y negrilla son de esta Sala).
Del extracto inmediatamente anterior, el cual ha sido transcrito parcial y literalmente podemos concluir que al no constar que el personal de esta Institución, es decir, del Tribunal Electoral de Panamá no ha sido adscrito a la Carrera Administrativa o carrera pública alguna, es motivo suficiente reconocer que le asiste la razón a la entidad demandada para disponer discrecionalmente de los cargos que ostente el personal a su cargo, pues, ellos se entienden de libre nombramiento y remoción y, por ende, no es posible reconocer a los funcionarios que para tal dependencia estatal laboren los derechos que consagra la ley que regule esta materia, salvo cuando hubiesen ingresado mediante un concurso de méritos, lo cual no ha sido probado en este proceso.
Vastas han sido las jurisprudencias de esta Sala que han señalado que quien no haya adquirido una posición o cargo mediante un concurso de méritos no puede tenerse como servidor público estable en el mismo, es decir, que esta expuesto a la discrecional remoción por parte del ente nominador. En el caso en estudio se ha podido determinar que el TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ no esta adscrito a la Carrera Administrativa o carrera pública alguna, lo que indudablemente hace imposible pretender ampararse en disposiciones de la Ley Nº9 de 20 de junio de 1994, reglamentada por el Decreto Ejecutivo Nº222 de 12 de septiembre de 1997.
Al respecto tenemos lo señalado por esta Sala en el Fallo de 08 de julio de 2002, correspondiente al Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, propuesto por GISELA AGUIRRE para que se declare Nula por Ilegal la Resolución Nº198 de 30 de mayo de 2000, expedida por el Administrador General de la Autoridad de la Región Interoceánica, sus actos confirmatorios.
El Administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica, invocó como fundamento de derecho para destituir a la recurrente a través de la Resolución Nº198, fechada el 30 de mayo de 2000, los artículos 302 de la Constitución de la República, 2 de la Ley 9 de 1994, sobre carrera administrativa, 18 de la Ley 5 de 1993 modificada sobre atribuciones del Administrador General, y el Reglamento Interno de Personal. Mientras que el acto confirmatorio de esa decisión proferido por el mismo Administrador, expone los motivos siguientes: a). En la destitución de la señora GISELA E. AGUIRRE G., se aplicó la facultad discrecional del Administrador General de remover al persona, sin mediar causa cuando estos no tienen estabilidad ni están amparados por la Carrera Administrativa.b) A la señora GISELA E. AGUIRRE G. no se le aplicó sanción disciplinaria alguna, simplemente se dispuso remover o despedir de su cargo al funcionario, en ejercicio del poder discrecional de remoción que tienen el Administrador General.c) Como la señora GISELA E. AGUIRRE G., no fue sancionada disciplinariamente no se requiere invocar causal de incumplimiento o de conducta prohibida. d) Que en la destitución de la señora GISELA E. AGUIRRE, se cumplieron todas la formalidades legales. (foja 6-7).
No obstante lo expresado, se sostiene ante este Tribunal, que la destitución de la señora GISELA AGUIRRE es ilegal, porque el funcionario demandado le aplicó la máxima sanción disciplinaria establecida en el Reglamento Interno de la institución, sin antes haber acreditado que la prenombrada había incurrido en alguna de las causales de remoción contenidas en dicho texto legal. Este proceder, a decir de la parte actora, no sólo infringe las normas reglamentarias de la Autoridad de la Región Interoceánica sino que también desconoce la estabilidad que el propio reglamento interno le otorgaba a GISELA AGUIRRE.
Expuesto lo anterior, esta Sala considera que no le asiste la razón a la demandante porque a través de numerosos fallos, la Sala ha señalado que los funcionarios públicos que no estén amparados por una Ley especial o por un régimen de carrera administrativa, están sujetos al principio de libre nombramiento y remoción de sus cargos. A manera de ejemplo, citamos un extracto de la Sentencia de 14 de junio de 2000, en la que se dijo lo siguiente:
A..los funcionarios públicos que no gozan de estabilidad, como es el caso del señor MONTENEGRO, pueden ser removidos de sus cargos discrecionalmente por parte de la autoridad nominadora o de quien en su momento tenga la atribución legal para ello. Tal decisión no tiene que ser necesariamente motivada y sólo vasta que se considere su conveniencia y oportunidad. Al respecto son consultables las Sentencias de 11 y 30 de agosto de 1999 (Registro Judicial, págs. 270-274 y 334-338, respectivamente) y de 24 de noviembre de 1998 (Registro Judicial, págs. 351-353), entre muchas otras.(Sentencia de 14 de junio de 2000. Caso: Narciso Montenegro Vs. Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Magistrada Ponente: Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera).
En virtud del citado principio, reiteramos que las acciones de remoción o destitución, son potestad discrecional de la respectiva autoridad nominadora, es decir, de aquella que tiene la competencia para nombrar o proveer el cargo.
Así las cosas, esta Sala advierte que en el presente asunto, el actor no ha demostrado que está protegido por un régimen de carrera o Ley especial que le conceda estabilidad y le exija a la autoridad nominadora el seguimiento de un previo procedimiento administrativo sancionador (disciplinario) contenido en la Ley o desarrollado por el Reglamento, que le brinde al funcionario las garantías procesales propias de la defensa, concretadas en la oportunidad de ser oído y redargüir los cargos que se le imputan aportando e interviniendo en la práctica de pruebas, a fin de que se dicte una decisión debidamente motivada sobre su causa, impugnable a través de los recursos establecidos en la vía gubernativa.
En consecuencia, a juicio de este Tribunal, le asiste razón a la entidad pública demandada, ya que su decisión de destituir al recurrente fue producto del ejercicio de una potestad discrecional o atribución que la Ley concede expresamente al Administrador General de la Institución en el numeral 6, artículo 18 de la Ley 5 de 1993, sin necesidad de que medie invocación de causal de destitución alguna. ...
En estas circunstancias, la Sala procede a desestimar los cargos de violación legal formulados en la demanda, siendo que las constancias procesales indican que la señora AGUIRRE era una funcionaria de libre nombramiento y remoción de la autoridad nominadora, que podía ser destituida por esta última sin necesidad de mediar causal disciplinaria. (El subrayado y la negrilla son de ésta Sala).
En fallo de 11 de octubre de 2002, correspondiente al Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, propuesto por MARCIAL FERNANDO MENDOZA ZULETA, para que se declare nulo por ilegal el Decreto de Personal Nº215 de 19 de octubre de 2000, expedido por el el MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, y para que se hagan otras; este Tribunal señaló que no es Ilegal la destitución de un servidor público que no forme parte de una carrera como lo es la administrativa y menos, cuando no conste adscrito a la misma mediante un concurso de mérito.
En otras palabras, al no estar debidamente integrado a tal carrera, tal funcionario pasa a ser de libre nombramiento y remoción, respecto de su cargo, como veremos a continuación en el precitado fallo -reiteramos.
... Tal como ha quedado expuesto, el señor MARCIAL MENDOZA ZULETA pretende que se declare la nulidad del Decreto de Personal Nº215 de 9 de octubre de 2000, por medio del cual se le destituye del cargo de Ingeniero Agrónomo I que ocupaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, alegando que gozaba de estabilidad en su puesto, por ser un profesional idóneo de las ciencias agrícolas.
Al respecto, y en cuanto a la violación del artículo 10 de la Ley 22 de 1961, la Sala se ha pronunciado en ocasiones anteriores indicando que A... si bien la ley 22 de 1961 establece las causales que pueden dar lugar a la remoción de un profesional de las ciencias agrícolas que presten servicio a las instituciones del Estado, dicha ley per se no confiere la estabilidad en el cargo a favor de dichos profesionales; toda vez que el tema concreto de la estabilidad de los servidores públicos se encuentra específicamente abordado en las disposiciones que adoptó la Ley 9 de 20 de junio de 1994, por la cual se instituyó la denominada Carrera Administrativa.... (Sentencia de 2 de mayo de 2000).
En atención a lo señalado anteriormente, y de un examen de la Ley 22, la Sala considera que la estabilidad alegada por quien demanda no ha sido conferida por dicha Ley, pues si bien la misma establece los requisitos para ser idóneo en el ejercicio de la profesión, ella no otorga de manera automática estabilidad a los profesionales de las ciencias agrícolas. En consecuencia, las disposiciones de la Ley de Carrera Administrativa le son aplicables de manera supletoria, tal y como lo dispone la misma Ley.
En ese orden de ideas, la Carrera Administrativa establece que para que un servidor público goce de estabilidad, es requisito sine qua non el ingreso a la función pública mediante el sistema de concurso o de mérito, requisito que no consta en el expediente haya sido cumplido por el demandante, por lo cual, a juicio de la Sala, y tal como lo expone la señora Procuradora en su Vista, su cargo se consideraba de libre nombramiento y remoción de la autoridad nominadora.
Por otra parte, y en cuanto a la violación de las normas de la Ley 9 de 1994 alegadas por el demandante, la Sala estima innecesario entrar en su análisis, toda vez que dichas disposiciones no le son aplicables al señor MENDOZA ZULETA en virtud de que como ya se ha dejado dicho, no era funcionario amparado por el régimen de carrera administrativa. ... (El subrayado y la negrilla son de ésta Sala).
De los fallos señalados y de la documentación que reposa en autos, podemos concluir, que por el solo hecho de la inexistencia de la debida adscripción de los funcionarios públicos al servicio del TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ al sistema de Carrera Administrativa o carrera pública alguna, mal pudiéramos decir que la hoy demandante pudiera ampararse de normas que dicha Ley contenga, pues, su cargo es de aquellos de libre nombramiento y remoción de los cuales discrecionalmente puede disponer el ente nominador.
Por otro lado, debemos advertir que si bien, el Licenciado CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA ha sido enfático en que la señora NATALIA DULCINA DÍAZ DONADIO, ha mostrado esmero, responsabilidad y demás en sus labores asignadas durante el tiempo que laboró para el TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ, lo que se hace disímil a su criterio sobre la posibilidad de que fuera destituida la misma del cargo ostentado; ésta Magistratura no comparte su criterio y disiente categóricamente de lo argumentado por el letrado, puesto que del caudal probatorio aducido en este proceso se desprende claramente que la señora DÍAZ DONADIO fue sancionada en diversas ocasiones por la adopción de conductas contrarias a las que debe mantener un buen servidor público en ejercicio de sus funciones. De ellas tenemos que en dos (2) ocasiones fue suspendida de sus labores sin derecho a salario, entre otras sanciones que le fueron aplicadas mientras formaba parte del grupo de servidores públicos que laboran para tal institución.
Es menester recordar que no es propio que se pretenda que por el solo hecho de ser contratado para ejercer un cargo y habiéndose laborado por determinada cantidad de años sea razón suficiente para que de manera automática se entienda adscrito a una carrera pública, tal como lo es la Carrera Administrativa, pues, es menester que se tenga en cuenta que es requisito ineludible el concurso de méritos entre otros requisitos esenciales que se deben cumplir para ocupar cada cargo en el sector público, por tanto, en el caso en estudio no cabe la posibilidad de tal pretensión, máxime cuando el Tribunal Electoral de Panamá ha sido categórico en señalar que ningún miembro de su personal forma parte de Carrera Pública alguna.
A lo anterior es preciso acotar que hemos observado que la señora NATALIA DULCINA DÍAZ DONADIO al momento de suscribir cada Acta de Toma de Posesión de los diversos cargos ostentados tuvo la oportunidad de leer lo anotado en las mismas, es decir, que "... "El Tribunal Electoral se reserva el derecho de rescindir el presente nombramiento cuando lo estime conveniente y para tal efecto, se le notificará al funcionario en su oportunidad. ...".
Finalmente y sin perjuicio de lo expuesto en líneas previas, ésta Sala, luego de haber revisado los antecedentes normativos legales promulgados, estima que carecen de sustento las supuestas violaciones a las normas invocadas de la Ley Nº38 de 31 de julio de 2000, modificada por la Ley Nº45 de 27 de noviembre de 2000 (Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales.), por cuanto que la entidad Estatal requerida -muy a pesar de que en la actualidad no consta que deba someter sus actuaciones administrativas y procedimentales al régimen de que trata la aludida Ley- no perdió de vista que se trata de una Ley de Orden Público que entre su cúmulo de disposiciones no escatimó en puntualizar en su artículo 37 que:
... Esta Ley se aplica a todos los procesos administrativos que se surtan en cualquier dependencia estatal, sea de la administración central, descentralizada o local, incluyendo las empresas estatales, salvo que exista una norma o ley especial que regule un procedimiento para casos o materias específicas. En este último supuesto, si tales leyes especiales contienen lagunas sobre aspectos básicos o trámites importantes contemplados en la presente Ley, tales vacíos deberán superarse mediante la aplicación de las normas de esta Ley. (El subrayado y la negrilla son de ésta Sala).
Siendo así, no cabe duda que el TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ muy a pesar de lo anotado en líneas ut supra ajustó su actuar en estricto apego a lo normado en dicha Ley; a saber:
Respecto a lo anotado por el artículo 36 de la Ley en cuestión, tenemos que decir que no se ha violado en forma alguna, puesto que el ente nominador actúo conforme a Derecho.
Es más, llama la atención que el apoderado judicial de la parte demandante recalque sobre el supuesto hecho de que a su representada no se le instauró un proceso disciplinario para destituírsele, cuando del cúmulo de elementos probatorios a la vista en éste proceso resalta el INFORME Nº027-DIAD-05 de 22 de junio de 2005, cuya razón de ser obedece a "Supuestas irregularidades cometidas por la funcionaria Natalia Díaz. Dirección Provincial de Registro Civil. ...", informe del cual no solo tienen conocimiento oportuno todas las partes involucradas en este caso; sino que se desprenden sendas razones para que el ente nominador optara por prescindir de los servicios de la hoy demandante.
En conclusión, ésta Corporación de Justicia más allá de no compartir las aseveraciones expuestas por el apoderado judicial de la parte demandante, considera que no es dable analizar el resto de las disposiciones legales supuestamente violadas, si ha quedado claro que el personal que labora para el TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ no forma parte de la Carrera Administrativa o de Carrera Pública alguna, como es el caso de la recurrente, quien no ingresó a dicho Tribunal a través de un concurso de méritos, motivo por el cual era facultad discrecional de la autoridad nominadora el decidir sobre su permanencia en el cargo.
Por lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la RESOLUCIÓN DE PERSONAL Nº312 de 14 de septiembre de 2005, dictada por el TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ por conducto del Pleno de Magistrados que lo preside y conforma, con la cual se destituyó a la señora NATALIA DULCINA DÍAZ DONADIO, con cédula de identidad personal Nº8-308-563 y Seguro Social Nº125-7025 del cargo de Revisora de Información Documental I, en Servicios de Cedulación, con funciones de Operadora de Computadora, en la Dirección General de Registro Civil, donde devengaba un salario mensual de Trescientos Balboas (B/.300.00), según posición Nº334 y código de cargo Nº0095050."
Fallo de 3 de octubre de 2008
"Se ha sostenido ante este Tribunal, que la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, de revocar en todas sus partes el Acuerdo 2 de Sala de Acuerdos 51 de 6 de septiembre de 2007, dictado por el Tribunal Electoral de Panamá, por la cual se declaró desierta la Licitación por Mejor Valor No. 2007-0-40-0-08-LV-000211 para el Proyecto de Nuevo Sistema de Identificación Ciudadana, y a su vez le adjudicó al proponente CONSORCIO SAGEM, la referida Licitación, infringe la normativa de contratación pública, por tres consideraciones básicas:
1- Porque el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas no le era dable conocer del recurso de impugnación contra la decisión del Tribunal Electoral de declarar desierta la licitación, toda vez que el referido recurso estaba diseñado (antes de su reforma en el año 2008), para la impugnación la adjudicación de actos públicos, y no así, cuando el referido acto se declara desierto;
2- En adición a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas decidió adjudicar el acto público a una empresa que no había cumplido con las especificaciones y exigencias del Pliego de Cargos, con lo que dicha adjudicación se hacían notoria y ostensiblemente contraria y lesivas a los intereses públicos; y
3- Porque en el curso del procedimiento seguido ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, de infringieron normas de la ley de contratación pública.
Una vez ponderados detenidamente los argumentos del demandante, la Sala estima que le asiste razón a la parte actora, en cuanto a que la actuación acusada infringe normas de la Ley 22 de 2006, tal y como se encontraba vigente al momento de producirse los hechos objeto de este análisis. El fundamento que sostiene la decisión de la Corte, es la siguiente:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 numeral 36 de la Ley 22 de 2006, sobre contratación pública, vigente al momento de los hechos, el recurso de impugnación es el aquel que pueden interponer personas naturales o jurídicas que se consideren agraviadas por una resolución que adjudique un acto de selección de contratista, en la cual se considere que se han cometido acciones u omisiones ilegales o arbitrarias.
Por su parte, el artículo 104 de la misma excerta legal, prevé que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas tendrá competencia privativa para conocer en única instancia, del recurso de impugnación contra cualquier acto de adjudicación relacionado con los procedimientos de selección de contratista.
Finalmente, los artículos 49 y 50 de la Ley 22 de 2006, establecían la posibilidad de adjudicar el acto público de selección de contratista, o declararlo desierto, conforme a los causales establecidas en dichas normas. Entre dichas causales se prevé, entre otras situaciones, que ninguna de las propuestas cumpla con los requisitos y las exigencias del pliego de cargos, o que las propuestas presentadas se consideren riesgosas, onerosas, gravosas o contrarias a los intereses públicos.
Al analizar el texto de las normas a que hemos hecho referencia, esta Superioridad no puede más que coincidir con los planteamientos del actor, sobre la manifiesta violación de dichas normas, toda vez que el recurso de impugnación que fuere presentado por el CONSORCIO SAGEM no estaba dirigido a enervar un acto de adjudicación del acto de Licitación, sino un acto que declaró desierto el acto de selección de contratista, que es cosa distinta.
La declaratoria de deserción es un mecanismo contemplado en la Ley 22 de 2006, con la finalidad expresar de permitir a la entidad contratante, no seleccionar a ninguno de los proponentes, cuando no estén dadas las condiciones para adjudicar el acto público, por concurrir alguna de las causales que prevé el mencionado artículo 50 de la Ley 22 de 2006.
No escapa a la percepción del Tribunal, que la Comisión Evaluadora de las propuestas para el acto público de Licitación por Mejor Valor, para la adquisición del Sistema de Identificación Ciudadana, había determinado que la única propuesta que cumplía con el Pliego de Cargos era la propuesta del CONSORCIO SAGEM. No obstante, al momento de decidir sobre la adjudicación, el Tribunal Electoral decidió declarar desierto el acto de Licitación, y realizóuna nueva convocatoria, toda vez que a juicio de la entidad contratante, ninguna de las propuestas había cumplido con las exigencias del Pliego de Cargos y sus Adendas.
En tal sentido, la documentación que obra en autos revela que según la estimación del Tribunal Electoral, el CONSORCIO SAGEM había incumplido uno de los requisitos fundamentales para que se le adjudicara el acto público, cual era el establecido en el Capítulo II, punto 9, Evaluación, numeral 10, que establece que el proponente debía tener instalado y en uso, en entidades de gobierno en América y/o algún país Ibérico, los productos biométricos ofrecidos.
En tal sentido se destaca, que el CONSORCIO SAGEM ofreció al Tribunal Electoral un producto denominado AFIS CIVIL MULTIBIOMÉTRICO, que utiliza una biometría de huellas dactilares y de reconocimiento facial. No obstante, dicho producto es diferente al producto de reconocimiento facial instalado en el IFE de México, que es un producto llamado Faceit de la empresa Identix.
Ya en el auto de suspensión provisional dictado por esta Sala, el 5 de diciembre de 2007, en un enjuiciamiento preliminar de la situación bajo análisis, y sólo para fines cautelares, esta Superioridad había externado su preocupación por la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, de adjudicar el acto público a una empresa que, a juicio de la entidad contratante, no cumplía con los requisitos necesarios para su selección, máxime tomando en consideración la complejidad y sensitividad de la materia licitada.
En el referido auto de suspensión provisional, la Sala razonó lo siguiente:
"En el mismo orden de ideas, esta Superioridad no puede soslayar que de conformidad con el articulado de la nueva Ley de Contratación Pública, su normativa está encaminada a la protección y servicio de los intereses públicos, estableciendo además la responsabilidad de los servidores públicos de procurar el cumplimiento de los fines de la contratación.
En tal sentido, resulta razonable para esta Corporación Judicial, que si en la estimación del Tribunal Electoral, como ente público contratante, las propuestas presentadas no cumplían con las exigencias del pliego de cargos, procediera a declarar desierta la licitación y a convocar a un nuevo acto público, en beneficio de los intereses públicos, máxime cuando el proyecto licitado evidentemente resulta de superlativa importancia para el país, como es el nuevo sistema de identificación ciudadana."
Todo el examen adelantado al material incorporado al dossier, y sus antecedentes, lleva a esta Corporación de Justicia a concluir que al haber considerado el Tribunal Electoral que las propuestas no cumplían con el Pliego de Cargos, estaba legalmente facultado, a tenor de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 22 de 2006, para declarar desierto el acto público, en la búsqueda de asegurar los intereses públicos.
Este acto de declaratoria de deserción no constituía un acto atacable mediante recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, a la luz de lo establecido en el texto vigente en ese momento, de la Ley 22 de 2006, toda vez que los artículos 2, 104, 49 y 50, eran claros al establecer que el recurso de impugnación podía interponerse contra la resolución que adjudicara un acto de selección de contratista, pero no se establecía la posibilidad de impugnar por ese medio, las resoluciones que declararan desierto el acto público.
Lo anterior se ve corroborado, al constatarse que en la reciente modificación introducida a la Ley 22 de 2006, mediante la Ley 41 de 2008, se realizaron importantes adiciones y variaciones al texto original de la ley de contratación pública, incluyendo ahora disposiciones que en forma expresa señalan que la resolución que declara la deserción de un acto público, puede ser objeto del recurso de impugnación, aspecto que no se había contemplado el texto de la Ley 22 de 2006, vigente al momento de expedirse el acto impugnado. La mención directa en torno a la declaratoria de desierto como acto atacable por vía del recurso de impugnación, se aprecia en las siguientes normas, citadas a sólo a título de ejemplo:
1- En el artículo 2 (Glosario) ahora se señala que el recurso de impugnación está diseñado para atacar el acto de adjudicación, o la declaratoria de deserción emitidos por las entidades en los procedimientos de selección de contratista;
2- El artículo 104, texto modificado, ahora señala que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas conocerá del recurso de impugnación contra cualquier acto de adjudicación o la declaratoria de deserción ;
3- El artículo 114 de la Ley 22 de 2006, ahora modificado, establece que el recurso de impugnación podrá ser utilizado por los proponentes que se consideren agraviados por una resolución que adjudique o declare desierto un acto de selección de contratista.
De todo lo expuesto se sigue, que al momento en que se emitió el acto censurado, el Tribunal de Contrataciones Públicas no podía conocer a través del recurso de impugnación, de la declaratoria de deserción de la Licitación Por mejor Valor convocada por el Tribunal Electoral, acto que en ese momento no adjudicaba la contratación, ni le ponía fin al proceso de selección del contratista para el Proyecto del Nuevo Sistema de Identificación Ciudadana, toda vez que al declararse desierto el acto público, se convoca nuevamente a la licitación.
Esta Superioridad debe concluir por lo anterior, que el acto acusado ha infringido los artículos 2, 104, 49 y 50 de la Ley 22 de 2006, como se encontraba vigente al momento de los hechos, por lo que es de lugar reconocer la pretensión contenida en la demanda, resultando innecesario por razones de economía procesal avanzar en el análisis de los restantes cargos de ilegalidad.
En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución No. 014-2007-Pleno/TadeCP del 8 de noviembre de 2007, emitida por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas."
No obstante, de acuerdo a nuestra Carta Política, específicamente en el artículo 143, se advierte que el Tribunal Electoral emite decisiones en materia electoral, las cuales son recurribles únicamente ante él mismo y, una vez cumplidos los trámites de Ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Y es específico al disponer, que "contra estas decisiones, sólo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad" ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto, esta Corporación de Justicia se ha pronunciado previamente, en diversos Fallos, sobre demandas de inconstitucionalidad sometidas a su análisis jurídico.
Fallo de 19 de enero de 2009
"Por la naturaleza y contenido de los actos impugnados en esta vía constitucional, el Pleno considera necesario establecer de manera preeliminar lo concerniente a la procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad frente a actos del Tribunal Electoral, determinar las normas aplicables y exponer algunas precisiones conceptuales y teóricas que permitirán una mejor comprensión de la decisión de fondo.
Procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad.
La relevancia constitucional de este aspecto surge de las restricciones que existen en materia de procesos constitucionales, respecto a los actos dictados por el Tribunal Electoral, en ejercicio de sus competencias electorales. En ese sentido, la norma constitucional indica que contra ellos sólo cabe el recurso de inconstitucionalidad, es decir, la acción directa de inconstitucionalidad, y no otros mecanismos que tienden al mismo resultado, toda vez que contra otros actos en materia electoral, la competencia es privativa de esa jurisdicción, de conformidad con el último párrafo del artículo 143 (antes 137) de la Constitución, por lo que resultan procedentes las iniciativas constitucionales planteadas.
Es de vital importancia dejar sentado que, para la decisión de esta causa constitucional se confrontarán los actos atacados con las disposiciones citadas de la Constitución vigente a la fecha de su expedición, esto es, la Constitución Política de 1972, reformada por los Actos Reformatorios de 1978, por el Acto Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos 1 de 1993 y 2 de 1994.
Ello es así, porque si bien mediante el Acto Legislativo N° 1 del 2004 se introdujeron reformas constitucionales que modificaron algunas de las disposiciones que se estiman infringidas en este proceso constitucional, el artículo 327 del capítulo 2° de las Disposiciones Transitorias del capítulo XV de la Constitución actual, establece de manera específica en su numeral 2 que "los cambios referidos al inicio y terminación de las legislaturas ordinarias, entrarán en vigencia a partir del primero de julio de 2009". Del mismo modo, preceptúa la referida norma en su numeral 5 que "Los funcionarios de elección popular electos para el período 2004-2009 concluirán su período el 30 de junio de 2009" y en su numeral 6 establece claramente que "La eliminación de los cargos de elección popular que se señalan en esta reforma constitucional tendrán vigencia a partir de las elecciones generales de 2009".
Como se observa, la propia Constitución mediante las reformas introducidas por el Acto Legislativo de 2004, determina la ultractividad de las normas de la Constitución de 1972 en lo relativo a las legislaturas ordinarias vigentes hasta el 2009 y el respeto a la voluntad popular, al no afectar los cargos obtenidos mediante elección popular en las elecciones de 2004.
Este aspecto toma especial relevancia cuando se observa que el Acto Legislativo de 15 de noviembre de 2004 elimina, entre otros, el numeral 6 del artículo 141 de la Constitución de 1972, vigente al momento de las elecciones del 2004, sobre el cual versa gran parte de la discusión sobre la constitucionalidad o no de los actos impugnados.
Lo anterior implica que, en lo relativo a los conflictos surgidos con relación a los comicios celebrados para escoger legisladores para el período 2004-2009, como es el caso que nos ocupa, deban aplicarse las disposiciones de la Constitución de 1972 y sus actos reformatorios en lugar de las disposiciones reformadas por el Acto Legislativo del 2004, ya que, por voluntad del Constituyente, dichas elecciones y legislaturas no se encuentran afectadas por las últimas reformas constitucionales y permanecen bajo el imperio de las disposiciones existentes al momento de la elección.
Las citas que se hacen del Código Electoral, salvo que se indique expresamente lo contrario, están referidas a la edición de 2003, realizada por el Tribunal Electoral, Texto Único, autorizado por el artículo 110 transitorio de la Ley 60 de 2002, antes de que fueran modificado por la Ley N° 60 de 29 de diciembre de 2006.
Lo propio ocurre para el resto de las disposiciones legales y reglamentarias que deban ser consideradas para la decisión de las demandas sub examine: Se aplicarán las vigentes al momento en que se dieron los actos impugnados.
Como bien señala KONRAD HESSE, "La Constitución fija los principios rectores con arreglo a los cuales se debe formar la unidad política y se deben asumir las tareas del Estado. Contiene los principios para resolver los conflictos en el interior de la comunidad. Regula la organización y el procedimiento de formación de la unidad política y la actuación estatal. Crea las bases y determina los principios del orden jurídico en su conjunto".(KONRAD HESSE, "Escritos de Derecho Constitucional" Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1983. p.16.) De allí que, entendida la función unificadora del ordenamiento jurídico y de la vida estatal que ejerce la Constitución así como el carácter político de los actos bajo análisis, mal puede pensarse siquiera en enjuiciar la constitucionalidad de tales actos que afectan la conformación política del Estado, aplicando normas distintas a las vigentes al tiempo en que fueron dictados, situación ésta perfectamente entendida por la Asamblea Nacional al dictar el Acto Legislativo N° 1 del 2004 y que no puede ser desconocida por esta Corporación de Justicia, al momento de resolver esta causa.
Resulta necesario puntualizar que, tomando en cuenta que en la sentencia se realizan consideraciones en torno al cuerpo electoral o electorado, la democracia y la democracia representativa, el "Estado de partidos", los métodos de escrutinio o sistemas electorales y el régimen electoral aplicable a las elecciones del 2004, conviene adelantar algunos conceptos sobre estos tópicos, que no tienen otra pretensión que la de servir de marco para la debida inteligencia de la argumentación jurídica de la decisión.
· El concepto de cuerpo electoral o electorado.
El Estado en el Siglo XIX era un Estado en el que parte reducida de la población participaba en el proceso político, en lo que se conoce como democracia censitaria. A comienzos del Siglo XX, luego de la primera Guerra Mundial, empieza la transición hacia una democracia de masas, basada en el concepto de sufragio universal.
De allí que, con la finalidad de validar el proceso de legitimación democrática fue necesario introducir mecanismos institucionales para que el derecho al sufragio no fuese un derecho ilusorio, pero que tampoco se pudiese realizar un ejercicio abusivo de este derecho.
La soberanía popular, base de todo proceso constituyente y la estructura del Estado, tenía que ser constituida y organizada jurídicamente. Para lograrlo, el instrumento técnico-jurídico fue la transformación del pueblo en cuerpo electoral. El "cuerpo electoral" no es más que el conjunto de los ciudadanos con derecho de sufragio activo, que en las democracias contemporáneas son todos los ciudadanos mayores de edad que no estén privados del ejercicio de sus derechos políticos mediante decisión judicial. (Cfr. JAVIER PÉREZ ROYO, "Curso de Derecho Constitucional", 4ª edición, Madrid, 1997.
En la actualidad, el concepto de cuerpo electoral presupone la afirmación del principio de igualdad y la consideración de todos los individuos como ciudadanos cuya voluntad no puede realizarse sino a través del ejercicio del derecho de sufragio de forma individualizada. Por lo tanto, el sufragio ha de ser universal, libre, igual, directo y secreto.
Democracia y Democracia representativa.
La democracia en la actualidad puede ser definida como el sistema de gobierno en el cual los gobernantes son electos por el cuerpo electoral o electorado mediante el sufragioy se encuentran sujetos a un orden constitucional y jurídico establecido con la finalidad de asegurar la realización de los derechos fundamentales que el orden normativo reconoce.
Por su parte la Carta Democrática del año 2001 indica con absoluta claridad en su artículo 2 que "El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos", e indica que la misma "se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional".
El mismo instrumento establece los siguientes elementos de toda democracia representativa en la actualidad: El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas mediante sufragio universal; la pluralidad de partidos y la separación de los poderes públicos. La referida disposición a la letra expresa:
Artículo 3. " Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.(El destacado es del Pleno)
En Panamá, las reformas constitucionales de 1983 modificaron de manera profunda la estructura y contenido de la Constitución Política, después de la modificación del Acto reformatorio de 1978, en su parte orgánica. Nuestro país se ha constituido en una democracia representativa, que sigue el esquema, grosso modo, del sistema presidencialista de los Estados Unidos de América, y que se caracteriza, entre otros aspectos, por el origen popular del poder político, como fuente de su legitimidad, constituye un gobierno unitario, republicano, democrático y representativo, por la función electoral que ejerce su electorado stricto sensu, a través del sufragio, y sus actuaciones públicas sujetas al principio que corresponde a un Estado de Derecho.
La pluralidad de partidos.
Desde la Segunda Mitad del Siglo XIX no se concibe el funcionamiento de la democracia sin pluralidad de partidos políticos, pero fue hasta la Primera Guerra Mundial que empezó a mirarse los partidos políticos como fuerzas políticas institucionalmente reconocidas y como órganos de intermediación para conformar la voluntad política de los ciudadanos dentro de los sistemas democráticos.
La importancia de los partidos políticos para darle eficacia a la democracia representativa ha sido objeto de miríadas de opiniones doctrinales y jurisprudenciales. Y es que la representación política para ser operativa, exige la presencia de unos instrumentos de "estructuración política de la sociedad" y de "racionalización del proceso electoral". Estos instrumentos de intermediación entre la sociedad y el Estado son los partidos políticos, sin los cuales la democracia representativa no puede funcionar.
Los partidos políticos ejercen las siguientes funciones: 1) Servir de ente comunicador entre el Estado y la ciudadanía; 2) Ser auxiliares del Estado y 3) Contribuir a la formación política de los ciudadanos.
El autor GONZÁLEZ CASANOVA se ha referido a la importancia de los partidos modernos en todo régimen democrático, englobado en lo que denomina "derecho fundamental a la participación", no solamente como finalidad fundamental de integrar los órganos fundamentales del Estado (elección del Presidente, así como los miembros del Órgano Legislativo y otros cargos de elección), sino otros fines. Indica que "Los partidos políticos son auxiliares del Estado en forma institucional y expresa en cuanto condicionan, en la práctica, los sistemas electorales, la composición de las cámaras parlamentarias, la elección del Jefe del Estado... y, por último, el tipo de relaciones estables entre los órganos constitucionales..." (J.A. GONZALEZ CASANOVA, "Teoría del Estado y derecho constitucional", 2ª edición revisada, Editorial Vicens-vives, Impreso en España, 1983, págs.321-322).
Existe por tanto una responsabilidad de los partidos políticos por mantener estructuras y funcionamientos apegados a los principios democráticos.
Para el proceso electoral del 2004 la elección de legisladores de conformidad con la normativa constitucional vigente situaba a nuestro país como un "Estado de partidos" con un alto grado de control de estos colectivos sobre las funciones y decisiones estatales.
El artículo 140 de la Constitución Nacional vigente para las elecciones de 2004 establecía que los miembros de la entonces "Asamblea Legislativa" serían elegidos mediante postulación partidista y votación popular directa, conforme a las disposiciones constitucionales. Esta situación se ha modificado ampliamente al reformarse el régimen constitucional de elecciones para conformar el órgano legislativo mediante la ahora llamada Asamblea Nacional cuyos miembros serán elegidos mediante postulación partidista o por libre postulación, lo cual denota la intención constitucional de encausarnos hacia una democracia cada vez más directa y alejarse del antes imperante concepto de democracia exclusivamente partidista.
· Métodos de escrutinio o sistemas electorales.
Para cumplir su función principal de integrar los cargos de Presidente de la República o Legisladores, los partidos políticos deben conformar su actuación político-jurídica al sistema electoral o método de escrutinio en vigencia entendiendo por sistema electoral un conjunto de técnicas que organizan el sufragio y la relación matemática que ha de existir, según cada sistema, entre los votos emitidos y el número de escaños parlamentarios a que éstos dan derecho. Estos métodos deben estar dirigidos a lograr la mejor representación del cuerpo electoral en los órganos representativos del Estado y pueden ser mayoritarios (si buscan la formación de una mayoría parlamentaria) o proporcionales (si buscan reflejar en el parlamento la estructura del electorado), o en algunos casos híbridos.
Régimen Electoral aplicable a las elecciones del 2004 de Panamá.
Los partidos políticos ubican los mecanismos para lograr su fundamental finalidad de obtener el control de los órganos representativos del Estado a través de las alianzas y las fusiones (véase Código Electoral, artículos105-108). Por ese conducto se postulan tanto al Presidente de la República como a los antes denominados legisladores (ahora "diputados", de conformidad con el Acto Legislativo de 2004).
Dicho lo anterior, resulta indispensable, antes de adentrarnos a las particularidades de las pretensiones constitucionales acumuladas en este proceso, analizar la legislación aplicable, referente a la proclamación de Legisladores en los Circuitos al que correspondan más de un Legislador, (plurinominales), y para la asignación constitucional de escaños.
En el primer supuesto, la proclamación se realizará por parte de las Juntas de Escrutinio de Circuito Electoral. De conformidad con el artículo 292 del Código Electoral, en el caso de la proclamación por residuo, ésta se hará a favor del candidato que haya obtenido mayor cantidad de votos de todas las listas que lo hayan postulado, pero este Legislador, así proclamado, será asignado al partido que haya aportado la mayor cantidad de votos al candidato (segundo párrafo del artículo 292 del Código Electoral).
Las proclamaciones para Presidente y Vicepresidentes se realizará por la corporación electoral denominada Junta Nacional de Escrutinios y la de Legisladores por la Junta de Escrutinios de Circuito (artículos 285, 287 y 289, todos del Código Electoral).
La otra asignación de escaños de legislador, la denominada en el argot "llanero solitario" o, asignación constitucional de escaños, está contenida en el numeral 6º del artículo 141 de la Constitución Política vigente antes de que fuera reformada por el Acto Legislativo del 2004.
Este caso también se encuentra previsto en el artículo 294 del Código Electoral, en relación con la norma constitucional que se deja citada que a la letra expresa:
Artículo 294. Cuando, en virtud del numeral 6 del artículo 141 de la Constitución Nacional, se tenga que adjudicar un puesto de Legislador a un partido que, habiendo recibido el número de votos suficientes para su subsistencia, no haya obtenido ningún escaño de Legislador, se adjudicará el mismo al candidato de ese partido que haya obtenido más votos en los circuitos electorales uninominales o, si fuere más votada, al que haya obtenido mayor cantidad de votos en la lista del partido en uno de los circuitos plurinominales.
En este último caso, no se señala en la Ley la corporación electoral a la que le corresponde realizar la proclamación, pero resulta con toda evidencia que le corresponde al Tribunal Electoral, en forma privativa y excluyente, como función residual ante el silencio del legislador. Esta conclusión se desprende, con toda naturalidad, de los artículos 137, numeral 3º de la Constitución Política, cuya reproducción deviene, en opinión del Pleno, indispensable, a lo que se procede:
"Artículo 137. El Tribunal Electoral tendrá además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones que ejercerá privativamente, excepto las consignadas en los numerales 5 y 7:
Reglamentar la Ley Electoral, interpretarla y aplicarla y conocer de las controversias que origine su aplicación...".
Esta potestad que la Constitución le asigna al Tribunal Electoral, conforme a la disposición constitucional contenida en el artículo 137, numeral 3º constitucional transcrito ut supra, incluye, entre otras, la potestad reglamentaria del Tribunal Electoral a la cual también nos referiremos más adelante.
DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTAS CONTRA EL DECRETO N° 19 DE 17 DE JUNIO DE 2003 DEL TRIBUNAL ELECTORAL Y ACUERDO N° 15 DE LA SALA DE AUCERDOS N° 41 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 21 DE JUNIO DE 2004 CONFIRMADO POR EL ACUERDO N° 7 DE LA SALA DE ACUERDOS N° 43 DE 29 DE JUNIO DE 2004 DEL TRIBUNAL ELECTORAL.
Dicho lo anterior, corresponde entonces pasar a la confrontación de rigor de los actos atacados como inconstitucionales frente a las normas de la Carta Fundamental.
ARTÍCULO 179, NUMERAL 14 DE LA CONSTITUCION.
Debe señalarse, primeramente, que el concepto de infracción de este artículo 179, numeral 14, sólo se desarrolla por el recurrente respecto al Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003, no así respecto a la demanda de inconstitucionalidad del acuerdo N° 15 de 21 de junio de 2004, donde sólo se menciona al final, al citar las disposiciones que sirven de fundamento a dicha iniciativa constitucional. No obstante, el criterio que pasamos a exponer es aplicable a ambos actos, los cuales, en virtud del principio de unidad del ordenamiento constitucional, es totalmente procedente.
Esta disposición establece la facultad que tiene el Presidente de la República de desarrollar y reglamentar las leyes que así lo requieran para su mejor cumplimiento.
El contenido de esta Norma no se aplica en materia electoral, pues la propia Constitución, dada la especialidad de la materia electoral, estatuyó que la facultad reglamentaria sea ejercida por le Tribunal Electoral, claro está sin desbordar las facultades inherentes a la potestad reglamentaria que rigen para todos los casos en que esta se requiera, conforme a la correcta interpretación de la Ley. Por lo tanto, no procede el concepto de infracción aludido.
ARTICULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN.
El artículo 46 de la Constitución Política se refiere a la primacía del interés público o social sobre el interés de los particulares.
Sobre este aspecto, hemos ya destacado que los partidos políticos, sin perjuicio de las facultades que tienen con arreglo a su organización interna, no persiguen intereses privados y sólo en cuanto a su formación se rigen por las normas aplicables a las asociaciones de derecho privado.
En ese orden de ideas, encontramos que los partidos políticos son entes de interés público, al punto que el ordenamiento Constitucional y Legal dedica un amplio espacio a regular y desarrollar su organización y asegurar su participación en el sistema institucional debido a sus indiscutibles funciones como expresión del pluralismo político y en la conformación de la voluntad popular.
Los partidos políticos son organizaciones puramente sociales de derecho privado, pero desempeñan una tarea pública de índole estatal, al hacer valer los principios democráticos mediante el pluralismo político y su cooperación en la formación y manifestación de la voluntad popular. ( Cfr. Rupert Scholtz, "Los partidos políticos en el sistema constitucional de la República Federal de Alemania. Fundamentos jurídico-constitucionales y realidad constitucional", Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Tomo I, Fundación Konrad Adenauer-Stiftung, México, 2006, p. 174). Así lo reconoce la Constitución vigente en su artículo 138.
De allí que el sistema de reglamentación legal de los partidos exige la compatibilidad de principios y de fines entre los partidos políticos y el régimen político, en este caso el régimen democrático.
Lo anterior acarrea el deber de estos colectivos de demostrar respeto a los principios del régimen democrático en todos sus asuntos externos o internos (v.g. respeto al gobierno de la mayoría, respeto a los derechos humanos, respeto a la pluralidad de ideas, competencia pacífica, alternabilidad en el gobierno).
Estima el Pleno que los actos denunciados como inconstitucionales (Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003 y Acuerdo N° 15 de 21 de junio de 2004) fueron dictados por el Tribunal Electoral bajo la convicción de que las consecuencias de la asignación de curules son de naturaleza estrcitamente privadas y no pública, privativa de los partidos políticos (véase alegatos en foja 89 del expediente).
En este sentido estimamos que asiste razón al ex fiscal Electoral al plantear que al dictarse el Decreto N° 19 en contraposición con lo dispuesto en el Código Electoral, favoreciendo el interés privado de los partidos políticos de la alianza Patria Nueva en detrimento del interés de los electores se vulneró el principio de preminencia del interés público sobre el interés particular.
Del mismo modo, al aplicarse este Decreto como fundamento de derecho del Acuerdo N° 41 de la Sala de Acuerdos N° 41 del 21 de junio de 2004 para resolver el recurso interpuesto por el ex fiscal Electoral se lesiona nuevamente el intéres público de la sociedad, al aplicar una norma que desconoce la primacía de la voluntad mayoritaria del electorado dando primacía al interés privado de los partidos, sobre el intéres público del cuerpo electoral.
Por lo anterior estima el Pleno que los actos atacados vulneran el artículo 46 de la Constitución Nacional.
ARTICULO 137, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN.
El artículo 137, numeral 3º constitucional se cita como infringido en las demadas de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003 y el Acuerdo N° 41 de 21 de junio de 2004.
Resulta necesario precisar que la potestad de desarrollar las leyes mediante reglamentos debe ser cónsona con el respeto al ordenamiento positivo existente. Mal puede ejercerse dicha potestad, de manera consistente con el ordenamiento constitucional, cuando el producto de ese ejercicio da como resultado actos contrarios al texto o espíritu de la propia Constitución. El ordenamiento jurídico, insistimos, debe entenderse como un todo, por lo que es imposible que un ente dotado de facultades reglamentarias pueda ejercer su función legítimamente, en abierta desatención del resto del ordenamiento.
Ahora bien , bajo el amparo de la potestad reglamentaria otorgada por el artículo 137 de la Constitución al Tribunal Electoral, este órgano estatal procedió a dictar el primer acto que se somete a control constitucional por esta vía, esto es, el Decreto Nº 19, de 17 de junio de 2003, debidamente promulgado en el Boletín del Tribunal Electoral, instrumento reglamentario que en su primer artículo, dispone lo siguiente:
Artículo 1º: Los partidos políticos que habiendo conformado alianzas, para postular candidatos por residuo (r), de conformidad con el Artículo 292 del Código Electoral, podrán renunciar en beneficio del partido aliado, al derecho de que se les adjudique la curul por el hecho de haber aportado la mayor cantidad de votos, siempre y cuando entreguen al Tribunal Electoral el acuerdo respectivo, debidamente suscrito por sus representantes legales y aprobado por los respectivos órganos partidarios competentes para ello, el cual deberá ser aprobado por el Tribunal Electoral en fecha previa a las elecciones de que se trate."
Como se observa de la lectura del artículo anterior, el reglamento es dictado para la ejecución del segundo párrafo del artículo 292 del Código Electoral), y regula la proclamación de legisladores por residuo.
El artículo 292 del Código Electoral que pretende desarrollar el Decreto 19 sub examine, a la letra expresa:
"Artículo 292. En los circuitos plurinominales, dos o más partidos podrán postular ciertos candidatos comunes a legislador, pero estos candidatos competirán sujeto a las siguientes reglas:
En su partido compiten para el cuociente, medio cuociente y residuo.
En el o los partidos aliados, compiten solamente para el residuo y serán identificados con la letra (r). A tal efecto, solamente se sumarán los votos obtenidos por los candidatos en los diferentes partidos para efectos del residuo.
Esta norma se aplicará para el caso de la postulación de concejales prevista en el artículo 224 de este Código."
El reglamento cuya inconstitucionalidad se discute, hace alusión en sus considerando a los artículos 93 y 219 del Código Electoral, indicando que el primero permite a los partidos políticos la formación de alianzas electorales, mientras que el segundo permite que "dos o más partidos puedan postular ciertos candidatos comunes a legislador, los que competirán sólo por el residuo (r) a objeto de facilitar las alianzas electorales".
Posteriormente, con fundamento en el referido Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003, el Tribunal Electoral dicta el Acuerdo N° 15 de la Sala de Acuerdos N° 41 de 21 de junio de 2004 (confirmado por conducto del Acuerdo N° 7 de 29 de junio de 2004), que rechaza de plano el recurso especial presentado por el Fiscal Electoral, mediante el cual solicitó subsanar el error por omisión cometido por la Junta de escrutinio del 8-8 y solicita se le adjudique la curul del Legislador electo Jorge Hernán Rubio al Partido Revolucionario Democrático en el Circuito 8-8, y que el escaño que corresponde al Partido Popular se otorgue a la legisladora Teresita de Arias, quien era candidata en el circuito 8-9.
La lectura de la documentación que consta en el cuadernillo de inconstitucionalidad, permite conocer que esta decisión obedece a la existencia de un acuerdo de alianza electoral, aprobado por el Tribunal Electoral, por medio del cual, con fundamento en el Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Popular (PP) celebraron una alianza para las elecciones y en su anexo "B" deciden postular legisladores para el residuo, con fundamento en el Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003 antes citado, bajo el criterio de que el PRD renunciaba a la curul que pudiera obtener por ese medio y la cedía para ser asignada al partido aliado (Partido Popular), con independencia de que la mayoría de votos obtenidos por el candidato hubiesen sido aportados por el PRD.
Como es sabido, uno de los candidatos postulados fue Rubén Arosemena, con sus respectivos suplentes, todos miembros del Partido Popular, quien obtuvo una curul por residuo en el circuito 8-8.
Con fundamento en el Decreto 19 de 17 de junio de 2003 y en el Acuerdo de Alianza entre el PRD y el PP, el Tribunal Electoral otorgó la curul de legislador obtenida por Rubén Arosemena y su suplente Jorge Hernán Rubio al Partido Popular, en lugar de dársela al PRD. Todo esto coincidió con que el Partido Popular no obtuvo otro legislador en otros circuitos electorales y que, además, obtuvo la cantidad mínima de votos para subsistir como partido, lo cual como veremos es trascendental para la decisión del presente caso.
El Tribunal Electoral en los considerando del referido Acuerdo N° 15 expone:
"Que el acuerdo suscrito entre el PRD y Partido Popular, obliga a las partes para todo el período legislativo 2004-2009.
Que la curul de legislador que prevé el numeral 6 del Artículo 141 de la Constitución Política, reglamentado por el artículo 294 del Código Electoral, es para cuando un partido político que subsiste no logra un escaño o curul.
Que tal circunstancia no se ha dado con el Partido Popular en las elecciones generales del pasado 2 de mayo porque al tenor de lo que antecede, dicho partido tiene una curul en el circuito 8-8, la cual será ejercida por el Honorable Legislador Electo Jorge Hernán Rubio y su suplente, con lo que queda garantizada su representación en el Órgano Legislativo".
Ocurre, que este hecho generó además otra situación jurídica, debido a que esta conclusión del Tribunal Electoral al aplicar una norma reglamentaria contraria a la Ley (Artículo 292 del Código Electoral) afectó además la conformación de la entonces Asamblea Legislativa.
Y es que en el ejercicio de las potestades constitucionales o legales, no existen límites o discrecionalidad absoluta. En los casos que nos ocupan, nos encontramos frente a una potestad discrecional que al ejercerse, afecta la eficacia de la voluntad popular reflejada en las votaciones en cargos de elección popular y que implica a su vez el reconocimiento o aceptación de una renuncia de derechos que vulnera el régimen de la democracia representativa, sobre lo cual ya ha hablado este Pleno anteriormente.
Por lo anterior se estima que, al dictar el Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003 en contraposición al contenido del artículo 141, numeral 6 de la Constitución y 292 y 294 de la Ley Electoral, el Tribunal Electoral desbordó la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 137, numeral 3 al Tribunal Electoral. De allí que este Pleno considere que existe la infracción constitucional denunciada del referido Decreto.
Con relación al Acuerdo N° 15 de la Sala de Acuerdos N° 41 de 21 de junio de 2004, no se observa la transgresión que expone el recurrente por cuanto al expedir el mismo no se ejercita una labor reglamentaria y la interpretación que se hace, es de la legislación aplicable, sin perjuicio de la conformidad de la legislación a derecho, lo que es objeto de discusión respecto a la constitucionalidad de otras disposiciones dentro de esta Sentencia.
ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCION .
El artículo 18 regula las causas de la responsabilidad, tanto de los particulares, como de las autoridades, que trae su origen de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Se denuncia en este caso, la extralimitación en el ejercicio de las funciones, enfocada hacia el contenido de los actos dictados por el Tribunal Electoral que son objeto de control constitucional.
No obstante, debe advertirse, que este artículo 18, establece, respecto a los servidores públicos, dos situaciones diferentes, a saber: 1)La extralimitación de funciones, entendida como falta de competencia del funcionario para emitir un acto o el ejercicio abusivo de una función pública a él atribuida; 2) Laomisión de funciones, consistente en no realizar un acto esperado (infracción de un deber) teniendo el deber jurídico de obrar.
En ese sentido, es oportuno precisar que no se trata de un precepto programático, dependiente de otra norma para tener eficacia jurídica, sino de una norma completa, de la cual se derivan derechos y obligaciones perfectamente exigibles de manera directa y capaz de sostener, por sí sola, un juicio de constitucionalidad, si fuera el caso.
En ese sentido estima la Corte que, al dictar el Decreto N° 19 de 17 de julio de 2003 mediante un ejercicio de la potestad reglamentaria que excede el rango constitucionalmente permitido, el Tribunal Electoral infringe el referido artículo 18.
Como hemos visto, el Tribunal Electoral se encuentra facultado, en virtud del artículo 137, numeral 3 de la Constitución, para "reglamentar la Ley Electoral, interpretarla y aplicarla y conocer de las controversias que originen su aplicación", pero dentro de los límites que le impone la propia Constitución y las leyes conforme al ordenamiento constitucional. De allí que, ante el desconocimiento de tales normas positivas, prospera el cargo de inconstitucionalidad por violación al artículo 18 constitucional que se endilga al Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003, bajo examen.
No ocurre lo mismo con el Acuerdo N° 15 de 21 de junio de 2004, por iguales motivos que los expuestos en el aparte dedicado al artículo 137, numeral 3 de la Norma Fundamental, en cuyo caso no observa el Pleno el vicio constitucional que denuncia el recurrente.
ARTÍCULO 141, NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN.
El artículo 141, numeral 6 de la Constitución Política que, como se ha dicho, establece la "asignación constitucional de escaños", se cita como infringido en las demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003, no así en la demanda contra el Acuerdo N° 41 del 21 de junio de 2004, pero en función del principio de unidad de la Constitución, antes expuesto, procederemos a confrontar ambos actos con la disposición constitucional en comento.
Sobre el particular, el Pleno encuentra que el Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003 vulnera el artículo 141, numeral 6 de la Constitución, pues creó la posibilidad de que efectivamente, en una elección de legisladores, exista una alianza electoral y el partido menos votado sea favorecido con una curul por declinación o renuncia previa del partido más votado, rebasando la letra y espíritu del texto constitucional bajo examen. En el caso que nos ocupa, al asignar la curul por residuo al Partido Popular en lugar de al PRD como corresponde, se omitió la recta aplicación de lo dispuesto en el artículo 141, numeral 6 de la Constitución, ya que se dejó de asignar la curul de legislador al Partido Popular, colectivo este que no obtuvo legisladores, pero subsistió como partido.
Como consecuencia, resulta igualmente inconstitucional el Acuerdo N° 15 de la Sala de Acuerdos N° 41 de 21 de junio de 2004, ratificada por el Acuerdo N° 7 de la Sala de Acuerdos 43 del 29 de junio de 2004 que, aplicando el criterio inconstitucional plasmado en el Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003, adjudicó el escaño de legislador alcanzado por residuo en el circuito 8-8 al Partido Popular, cuando el mismo le correspondía al Partido Revolucionario Democrático, que fue el partido que más votos aportó a la candidatura del candidato Rubén Arosemena.
Al asignar la curul por residuo al Partido Popular en lugar de al PRD como corresponde, se omitió la recta aplicación de lo dispuesto en el artículo 141, numeral 6 de la Constitución, ya que se dejó de asignar la curul de legislador al Partido Popular, colectivo que no obtuvo legisladores pero subsistió como partido. Y es que en virtud del artículo 141, numeral 6, al Partido Popular le correspondía un escaño en la Asamblea Nacional, el cual debió ser llenado por ellegislador más votado.
El artículo 2º constitucional se refiere al principio de soberanía popular, al tipo de gobierno de la República de Panamá, y a la naturaleza de democracia representativa que lo caracteriza. Establece también una fórmula política cónsona con el principio de legalidadcontemplado en el artículo 18 del Texto Constitucional que ordena que las atribuciones constitucionales se ejerzan en la forma prevista por la Constitución, y las leyes que son conforme a ella.
En el caso que nos ocupa, encontramos que el artículo 2 de la Constitución obliga al Tribunal Electoral a ejercer sus funciones relativas a la asignación de curules de legisladores conforme lo establecido en dicho cuerpo normativo.
De allí que resulte inconstitucional el Decreto N°19 de 17 de junio de 2003, puesto que el mismo desconoció el contenido del artículo 141, numeral 6 de la Constitución y el artículo 292 del Código Electoral, que como se ha dicho fue omitido al asignar la curul de legislador al Partido Popular, colectivo este que no obtuvo legisladores, pero subsistió como partido.
Del mismo modo, al dictar el Acuerdo N° 41 de 21 de junio de 2004 en contravención del contenido del artículo 141, numeral 6, aplicando un Decreto que desconoce la letra y espíritu de dicha norma y del artículo 292 del Código Electoral, se afectó la conformación del Órgano Legislativo y, consecuentemente, el deber establecido al Tribunal Electoral en el artículo 2 de la Norma Fundamental.
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCION .
En las demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 19 de 17 de junio de 2003 y el Acuerdo N° 15 de la Sala de Acuerdos N° 41 de 21 de junio de 2004 del Tribunal Electoral, se cita como violado en concepto de violación directa por omisión, el artículo 17 de la Constitución.
Sobre dicha norma, es necesario puntualizar que no sólo establece la obligación que tienen las autoridades de proteger en su vida, honra y bienes a quienes se encuentren bajo su jurisdicción, sino el deber que tienen las autoridades de sujetarse al orden jurídico (constitucional y legal) y de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales. Se trata de un precepto de contenido normativo y, por ende, no requiere de un desarrollo ulterior para tener eficacia, tal y como lo corrobora el hecho de que en el texto no se aprecia ninguna cláusula de reserva legal.
En cuanto al Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003, el Pleno estima que viola el artículo 17 de la Constitución ya que el Tribunal Electoral soslayó su misión de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país al emitir el Decreto No. 19 de 17 de junio de 2003 excediendo el tenor del artículo 292 del Código Electoral, el cual como se ha dicho en líneas anteriores, es una norma legal conforme a la Constitución.
En lo que respecta al Acuerdo N° 15 de la Sala de Acuerdos N° 41 de 21 de junio de 2004, confirmado por el Acuerdo N° 7 de la Sala de Acuerdos N° 43 del Tribunal Electoral, se produce la violación constitucional por el desconocimiento claro y evidente del Contenido de la Constitución (artículo 141, numeral 6) y la Ley (artículos 292 y 294 del Código Electoral) en que incurre el Tribunal Electoral al fundar su decisión plasmada en este Acuerdo en el contenido de un Decreto que contraría su texto y espíritu, en detrimento de la obligación que tiene, como autoridad, de someterse al orden jurídico (constitucional y legal) y garantizar la vigencia de los derechos contenidos en la Norma Fundamental.
ARTICULO 136 DE LA CONSTITUCIÓN.
En virtud del principio de unidad de la Constitución antes citado, este Pleno estima que tanto el Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003 como el Acuerdo N° 15 de la Sala de Acuerdos N° 41 de 21 de junio de 2004, infringen el artículo 136 de la Constitución Política. Este artículo, ubicado en el Capítulo 3º del Título 4º de la Constitución, le asigna al Tribunal Electoral la función de garantizar la voluntad de honradez y eficacia del sufragio popular, entendiendo por esta última la realización de la voluntad del ordenamiento jurídico por sus destinatarios, y determinar las consecuencias jurídicas de su desatención, su nulidad, su reparación o su sanción, según corresponda.
Recuérdese que, de acuerdo con la dogmática constitucional electoral, éste, a más de ser un derecho subjetivo del ciudadano, constituye una función constitucional, recogida en la tesis del sufragio-función.
En ese sentido, debe tenerse presente lo expuesto por el connotado constitucionalista ALLAN BREWER CARIAS, al indicar que:
"el reto constitucional de nuestros países , en el futuro, está en diseñar un esquema efectivo de representación popular y superar aquellos sistemas políticos en los cuales los partidos políticos monopolizaron toda la representación, desligándose del pueblo. Los partidos políticos, en una democracia, son instrumentos esenciales de intermediación entre el pueblo y el gobierno del Estado; pero no por ello deben confiscar la propia soberanía y asumir el monopolio de la representación, muchas veces de espaldas al propio pueblo. (BREWER CARÍAS,"Retos constitucionales Hacia el Siglo XXI", El Salvador, 200 , p .8).
Al momento de que el Tribunal Electoral, dictó un Decreto que desconoce la intención del voto ciudadano y que por intermedio de la corporación electoral correspondiente, desconoció la asignación del legislador por residuo al partido que más votos había obtenido en la elección correspondiente, restó eficacia al derecho que ejerce el ciudadano al momento de consignar su voto, bajo la premisa o entendimiento de que al consignar el mismo, en la papeleta de elección suministrada por el Tribunal Electoral, le ha asignado su voto al partido de la alianza de su preferencia.
La posibilidad de ser electo Legislador está sujeta, desde luego, a la elección que hagan los electores y cuya provisión ha de realizarse con fundamento en las normas que gobiernan la asignación de curules legislativas previstas en la ley electoral. Esta asignación de legisladores por residuo en el caso de postulaciones comunes en alianza, señala la Ley (artículo 292 del Código Electoral), ha debido hacerse al partido aliado que más votos haya recibido, por parte del electorado, en la votación para legislador.
Como es sabido, la Constitución es una norma cualitativamente distinta de las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores que constituyen el sustrato político del Estado e informa todo el ordenamiento jurídico. Su naturaleza de Ley Superior implica que todo el ordenamiento debe interpretarse conforme a ella. De allí que, aunque se haga una separación entre la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, la realidad indica que componen una estructura inescindible y se encuentran interrelacionados hasta formar una sólida unidad normativa.
Como sostiene EDUARDO GARCIA DE ENTERRÍA, "La Constitución constituye el contexto necesario de todas y cada una de las Leyes, Reglamentos y normas del ordenamiento a efectos de su interpretación. (Cfr. GARCIA DE ENTERRÍA, EDUARDO. " La Constitución Como Norma y el Tribunal Constitucional", Editorial Civitas, Madrid, 1994, p.102). El citado autor expone además que la interpretación conforme a la Constitución de toda y cualquier norma del ordenamiento tiene una correlación lógica en la prohibición, que hay que estimar implícita, de cualquier construcción que concluya en un resultado directa o indirectamente contradictorio con los valores constitucionales.
De allí que, las normas legales dictadas de conformidad a dicho ordenamiento forman parte de la unidad constitucional y así debe entenderse a efectos de confrontar la constitucionalidad de cualquier acto o norma. En el caso que nos ocupa, debe el Pleno puntualizar, primeramente, que no existe contradicción alguna entre el contenido del artículo 292 del Código Electoral y las disposiciones constitucionales, por lo que debe entenderse en virtud del principio de unidad del ordenamiento, que se trata de una norma de rango legal "conforme a la Constitución". Así las cosas, al dictarse el Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003, por medio del cual se desconoce abiertamente el contenido normativo del artículo 292 del Código Electoral ocurre una ruptura de la unidad del orden constitucional existente, ya que el referido Decreto rebasa el texto y espíritu de la Ley conforme a la Constitución, impidiendo a su vez la aplicación de lo dispuesto en el artículo 294 del Código Electoral, norma cuyo texto y espíritu coincide plenamente con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 141 de la Norma Fundamental.
En ese orden de ideas, encontramos que el Decreto sometido a control constitucional permite la asignación de la curul de legislador obtenida por un partido, a favor de un partido aliado menos votado, lo que contraviene de manera directa el precepto constitucional consagrado en el artículo 136 de la constitución, el cual tutela el ejercicio y honradez del sufragio libremente emitido, que tuvo particularmente en cuenta el elector al emitir su voto.
La norma cuya constitucionalidad se confronta, ubica a la postulación de legisladores (función de los partidos políticos, de acuerdo a la Constitución vigente a la fecha de su expedición), en una suerte de autonomía de la voluntad renunciable por los partidos políticos en alianzas electorales que, de admitirse, en gracia de discusión, no sería admisible por contravenir la categoría del orden público constitucional.
Por esa razón, estima el Pleno que el Tribunal Electoral violó el artículo constitucional citado, tanto al dictar un decreto que desconoce la voluntad del electorado, por encima de las disposiciones constitucionales y al no asignar la curul por residuo al Partido Democrático Revolucionario, y asignarla al Partido Popular, privando así a este colectivo de curul correspondiente en franco desconocimiento de lo preceptuado en el artículo 141, numeral 6º constitucional y el artículo 294 del Código Electoral.
RESOLUCION N°. 008 DEL 20 DE FEBRERO DE 2004 DEL TRIBUNAL ELECTORAL.
Como se ha manifestado, la demandante estima como disposiciones infringidas por la Resolución de 20 de febrero de 2004, los artículos 17 y 32 de la Norma Fundamental.
En lo que respecta a la garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32, es conocido que la misma tiene una consolidada existencia en nuestro Estado de Derecho, como institución fundamental garantizadora de los derechos fundamentales y consiste, como ha puntualizado el Magistrado ARTURO HOYOS, en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por el contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos" (ARTURO, Hoyos, "El Debido Proceso", Editorial Temis, S. A.. Santa Fé de Bogotá-Colombia, 1996, pág.54).
Ahora bien, como viene expuesto, la actora centra el cargo de inconstitucionalidad por vulneración del debido proceso legal en la falta de publicación de la Resolución 008 de 20 de febrero de 2004 en el Boletín Oficial del Tribunal Electoral, publicación que considera obligatoria en virtud de normado por el artículo 32 del Código Electoral.
No obstante, este Pleno no encuentra que la misma implique una vulneración de los deberes de las autoridades de sujetarse al orden jurídico o un desconocimiento de la tutela efectiva de derechos que entrañe una vulneración al debido proceso legal.
Ello es así, porque no se trata de una resolución que requería, forzosamente, ser publicada para garantizar la eficacia del sufragio. En este aspecto es importante resaltar que, si bien el enunciado con el que se identifica la resolución da a entender que es la que aprueba la alianza electoral entre el PRD y el Partido Popular, esto no corresponde a su contenido real.
Sobre ese particular, es importante destacar lo expuesto por el Tribunal Electoral al presentar sus alegatos dentro de esta acción de inconstitucionalidad, al explicar el procedimiento a seguir cuando a dicha entidad le es comunicada la formación de una alianza entre partidos de conformidad con el artículo 106 del Código Electoral y el criterio utilizado por esta entidad para determinar que la Resolución 008 de 20 de febrero de 2004 no requería ser publicada en el Boletín del Tribunal Electoral.
En ese sentido, expone que una vez presentado el memorial comunicando la conformación de una alianza, el Tribunal Electoral emite una resolución en la que ordena que se hagan las anotaciones pertinentes en el Libro de Registro de Partidos Políticos, y esa resolución debe ser publicada tanto en el Boletín Electoral como en un periódico de circulación nacional.
Continúa indicando que:
"En el caso que nos ocupa, y de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Código Electoral, una vez fue recibido el memorial presentado por los apoderados legales del Partido Revolucionario Democrático y del Partido Popular, comunicando su decisión de conformar la Alianza "PATRIA NUEVA", el Tribunal Electoral expidió la Resolución 002 de 23 de enero de 2004, mediante la cual reconoció la formación de dicha alianza electoral. La precitada Resolución fue publicada en el Boletín del Tribunal Electoral número 1,803 de 24 de enero de 2004, y en el diario La Estrella de Panamá el día domingo 25 de enero de 2004, copia de cuyas publicaciones adjuntamos. Respecto a este hecho, es importante resaltar, que la Resolución 002 no fue impugnada por ningún ciudadano ni partido político, y consecuentemente, dicha decisión interna de los referidos partidos políticos se encontraba en firme para el 2 de mayo de 2004, con los trámites de ley cumplidos, y anotados en el Libro de Registro de Partidos Políticos. En otras palabras, el Tribunal Electoral dio fiel cumplimiento al trámite de reconocimiento y publicación del Acuerdo de la Alianza "PATRIA NUEVA", señalado en el artículo 106 del Código Electoral".(Las subrayas y el destacado son del Pleno).
La Resolución 008 de 20 de febrero de 2004, aprueba (por segunda ocasión) uno de los temas acordados en la precitada alianza, y que tiene que ver con la postulación de legisladores por residuo en ciertos circuitos plurinominales. Este tema del acuerdo interpartidario, fue detallado en el Anexo "B" del Acuerdo de alianza como un solo documento.
En ese sentido, encuentra el Pleno que la Resolución 008 de 20 de febrero de 2004 es en realidad un acto redundante, en el que se publica parte del contenido de la Alianza "Patria Nueva" que, como se ha visto, ya había sido aprobada por el Tribunal Electoral y publicada la Resolución correspondiente en el Boletín Electoral 1803 de 24 de enero de 2004, en cumplimiento del mandato contendido en el artículo 106 del Código Electoral.
De todo lo anterior se concluye que la Resolución que reconoció la formación de la alianza "PATRIA NUEVA" para las elecciones del 2004 fue la 002 de 23 de enero de 2004, la cual fue debidamente publicada en el órgano designado por Ley para ese propósito como lo es el Boletín del Tribunal Electoral. De lo anterior, se concluye que no existen las violaciones al artículos 32 de la Constitución alegada por la accionante.
No obstante, el principio de Unidad de la Constitución obliga a este Tribunal a confrontar la norma o acto impugnado, que lo fue en su totalidad, con la totalidad del ordenamiento constitucional, y en ese sentido, encuentra el Pleno que la resolución sub examine, deviene en inconstitucional, por estar fundada en un Decreto que, como ya se ha dicho, es a todas luces, inconstitucional. Y es que, si se observa el contenido de la resolución 008 de 20 de febrero de 2004, puede constatarse que la misma en su parte resolutiva "aprueba el acuerdo de alianza electoral entre el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Popular, respecto a la adjudicación de legisladores por residuo para las elecciones generales de 2 de mayo de 2004, de conformidad con el Decreto 19 de 17 de junio de 2003".
En los considerandos, el Tribunal Electoral expone con absoluta claridad que en el referido acuerdo ..."el PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO y el PARTIDO POPULAR renuncian en beneficio del partido aliado, al derecho de que se les adjudique la curul por el hecho de que puedan llegar a aportar una mayor cantidad de votos".(Véase f. 22 del cuadernillo).
Como se observa, esta resolución impide de igual modo que el Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003, la materialización de la norma constitucional contemplada en el artículo 141, numeral 6 de la Constitución en el supuesto que aprueba, por lo cual deviene en inconstitucional por estar en abierta contraposición al contenido del referido artículo. De igual modo desconoce el artículo 136 de la excerta fundamental al impedir la eficacia del sufragio, pues el acuerdo acerca de la renuncia de una curul en beneficio de un partido que obtuvo menor cantidad de votos, desconoce, sin lugar a dudas, la voluntad expresada en las urnas por el electorado, por lo que resulta insostenible a la luz de la constitucionalidad, cualquier pacto en ese sentido.
Finalmente hemos de señalar que la Resolución sub examine viola, aunque por motivos distintos a los denunciados por la demandante, el artículo 17 de la Constitución explicado en líneas superiores, al exceder el tenor de los artículos 292 y 294 del Código Electoral (que como se ha dicho son normas legales conforme a la Constitución) y 141, numeral 6 , el 136 de la Norma Fundamental.
Como consecuencia de lo anterior y por ser contraria al artículo 141, numeral 6, 136 y 17 de la Norma Fundamental la Resolución 008 de 20 de febrero de 2004 es inconstitucional.
Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE SON INCONSTITUCIONALES EL DECRETO N° 17 DE 19 DE JUNIO DE 2003 DEL TRIBUNAL ELECTORAL, que reglamenta el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 292 del Código Electoral, LA RESOLUCIÓN N° 008 DE 20 DE FEBRERO DE 2004 DEL TRIBUNAL ELECTORAL y el ACUERDO N°. 15 DE SALA DE ACUERDOS N°. 41 DEL 21 DE JUNIO DE 2004, CONFIRMADO POR CONDUCTO DEL ACUERDO 7 DE SALA DE ACUERDOS 43 DE 29 DE JUNIO DE 2004, expedidos por el Tribunal Electoral de Panamá."
Así las cosas, esta Judicatura ha dictado variada jurisprudencia sobre la competencia privativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en materia eminentemente electoral, a través de Demandas de Inconstitucionalidad y que refuerzan el criterio aquí señalado. En este orden, traemos a colación las Resoluciones de 10 de febrero de 2009 y 18 de febrero de 2009, dictados por esta Sala los cuales versan sobre lo advertido:
Resolución de 10 de febrero de 2009
"El Licenciado Aurelio Robles, en representación de Javier Víquez, Olmedo Beluche, Antonio Méndez y Raúl González, ha interpuesto formal Demanda Contenciosa Administrativa de Protección de los Derechos Humanos, para que se declare nuloporilegal y violatorio el Acuerdo No. 7 de la Sala de Acuerdos No. 84 del 16 de diciembre de 2008, emitido por el Tribunal Electoral.
Mediante el Acuerdo No. 7 de la Sala de Acuerdos No. 84 del 16 de diciembre de 2008,se acordó lo siguiente:
RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE E INADMISIBLE la solicitud impetrada el 18 de noviembre de 2008 por los Licenciados Rafael Benavides y Aurelio Robles, actuando en sus propios nombres y en representación de los señores Javier Orlando Víquez, Olmedo Ernesto Beluche Velásquez, Euclides Antonio Méndez Rodríguez, Raúl González Rodríguez, Tomás Edelberto Méndez Rodríguez y Ediades Espino, con la finalidad de solicitar se le autorizara a iniciar los trámites correspondientes para llevar a cabo sus candidaturas al cargo de Diputados (Principales y Suplentes) al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por la libre postulación, con miras al próximo evento electoral del 3 de mayo de 2009.
Asimismo, consta a foja 30 solicitud de previo y especial pronunciamiento de suspensión del acto impugnado.
Esta Sala procede a examinar, por razones de economía procesal, si la demanda presentada cumple con los requisitos mínimos que le permitan ser admitida; sin embargo, este Despacho se percata que no procede su admisión. En virtud que el acto impugnado no es susceptible de un proceso de protección de derechos humanos.
Si bien la facultad para el conocimiento de procesos de protección de derechos humanos le corresponde a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, tal y como queda establecido en el artículo 97, numeral 15 del Código Judicial, es pertinente indicar que este tipo de demandas debe otorgarse garantizando un proceso judicial en el cual se incorporen los principios procesales necesarios para impartir justicia.
La protección de derechos humanos demandada es una acción de tutela, una especie de amparo legal, que se limita a revocar la orden violatoria del derecho y restablecer la libertad y el derecho violado a su estado natural, es decir, a la situación existente antes de la violación, a fin de que goce de la libertad y el derecho que la ley consagra.
Previas las consideraciones que preceden, el Magistrado Sustanciador observa que en el caso en estudio el acto demandado es de naturaleza electoral, toda vez que el Acuerdo No. 7 de la Sala de Acuerdos No. 84 de 16 de diciembre de 2008, ha sido emitido por los Magistrados del Tribunal Electoral, Corporación que tiene competencia privativa sobre esta materia. Esta cuestión, señalada en la Constitución Política de la República de Panamá, es responsabilidad del Tribunal Electoral y es ante él que sus decisiones son recurribles, siendo, solamente admitido el recurso de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, frente a tales decisiones.
Para una mejor comprensión del tema, en esta oportunidad nos permitimos transcribir parcialmente el contenido que la Constitución Política de la República de Panamá, establece respecto al tema en estudio:
"Artículo 142: Con el objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, se establece un tribunal autónomo e independiente, denominado Tribunal Electoral, al que se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Este Tribunal interpretará y aplicará privativamente la Ley Electoral, dirigirá, vigilará y fiscalizará la inscripción de hechos vitales, defunciones, naturalización y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas; la expedición de la cédula de identidad personal y las fases del proceso electoral. (el resaltado es nuestro).
Artículo 143: El Tribunal Electoral tendrá, además de las que le confiere la Ley, las siguientes atribuciones que ejercerá privativamente, excepto las consignadas en los numerales 5, 7 y 10:
Las decisiones en material electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y, una vez cumplidos los trámites de Ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias.
Contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad." (El resaltado es nuestro).
Por otra parte el artículo 2554 del Código Judicial señala, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87, numeral 1, literal a, del mismo Código y en el artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá, en cuanto a las facultades de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:
"Artículo 2554. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le corresponderá privativamente conocer y decidir de manera definitiva y en una sola instancia:
De la inconstitucionalidad de todas las leyes, decretos de gabinete, decretos leyes, reglamentos, estatutos, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de autoridad impugnados por razones de fondo o de forma." (el resaltado es nuestro).
Ante los hechos expuestos, a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo no le está permitida entrar a conocer respecto de la interpretación y aplicación de la materia electoral; correspondiendo, como hemos señalado, a la Corte Suprema de Justicia en Pleno, la facultad para conocer en cuanto a la inconstitucionalidad de los actos.
Al respecto de lo anterior, el Dr. Edgardo Molino Mola, explica la finalidad de la demanda de inconstitucionalidad a propósito de los actos que son susceptibles de aplicación de este recurso, reiterando con ello la facultad exclusiva del Pleno de esta Corporación Judicial, en el conocimiento de acciones tendientes al control constitucional:
"La demanda de inconstitucionalidad tiene por objeto conseguir la declaración de la Corte Suprema de Justicia, en pleno, que la disposición legal o acto que se considera contrario a la Constitución, ya sea por razones de forma o de fondo, sea considerado conforme o no con la Constitución de la República.
Casi todas las autoridades pueden expedir acuerdos. Los más conocidos son los acuerdos municipales, que es la forma natural en que los concejos municipales expiden su legislación... También son notorios los acuerdos que expiden las universidades y las instituciones autónomas. Tanto la Constitución como el Código Judicial los contemplan como susceptibles del control constitucional"
F. Demás actos provenientes de autoridad
Aquí pueden incluirse los actos electorales, los políticos, contratos celebrados por el Estado entre órganos del mismo, ya sean autónomos o semiautónomos, nacionales o municipales o con los particulares con entidades estatales, municipales o autónomas; actos legislativos, actos administrativos y actos jurisdiccionales con excepción de los de la Corte, y los tratados y Convenios Internacionales. En todos estos casos la Corte ha conocido las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado y emitido el respectivo pronunciamiento sobre la conformidad o inconformidad del acto impugnado con la Constitución". (La Jurisdicción Constitucional en Panamá, en un estudio de derecho comparado. Edgardo Molino Mola. Biblioteca Jurídica Diké. 1998. págs. 423, 442 y 444).
Por ello lo propio era el ensayo de un recurso de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte y no de protección de derechos humanos, en virtud de la naturaleza evidentemente electoral del acto acusado de ilegal.
La Sala, en previos pronunciamientos ha señalado en cuanto al procedimiento que corresponde ante las decisiones del Tribunal Electoral el siguiente criterio:
Resolución de 14 de mayo de 2004:
"Respecto de la posibilidad de atacar normas adjetivas o procesales mediante advertencias de inconstitucionalidad, la Corte, en los últimos años, ha adoptado un criterio más amplio, sosteniendo que, ante este supuesto, es viable recurrir al mencionado mecanismo de control cuando la norma procesal a aplicar pone fin al proceso o impide su continuación, efecto o consecuencia que tampoco tiene la aplicación de la norma que se tacha de inconstitucional.
En nuestro sistema de "jurisdicción de la libertad" como le gusta llamarlo a MAURO CAPPELLETTI, nuestro ordenamiento constitucional ha sido generoso tanto en sus presupuestos procesales (requisitos de procedabilidad) como su legitimación, siendo por lo tanto viable contra cualquier acto de autoridad con excepción de los actos de naturaleza electoral, que solo permite la acción directa de inconstitucional, no así ni la consulta (directa del tribunal o a instancia de parte: la advertencia), ni tampoco la tutela de los derechos fundamentales por medio del amparo de garantías constitucionales, ya que con la excepción antes dicha (que habrá de interpretar restrictivamente) el constituyente ha querido reseñar al Tribunal Electoral lo relativo al ejercicio de los derechos electorales.
De conformidad con los razonamientos esgrimidos, procede negar curso legal al presente negocio." (Advertencia de Inconstitucionalidad. Teofilo Pineda, contra el artículo 192 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996. Ponente: Rogelio A. Fábrega Z. Resolución de 14 de mayo de2004.) (El resaltado es nuestro).
Resolución de 30 de marzo de 1995:
"La Constitución Política de la República de Panamá consagra en sus artículos 136 y 137, que el Tribunal Electoral tiene jurisdicción en toda la República y le otorga competencia privativa para reglamentar la ley electoral, interpretarla y aplicarla y conocer las controversias que origine su aplicación; además señala que las decisiones del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante el mismo y una vez cumplidos los trámites de Ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Agrega la norma citada que se exceptúa lo referente al recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, contra las decisiones del Tribunal Electoral sólo procede demandar su inconstitucionalidad.
En virtud de lo expresado en las líneas precedentes se concluye que los actos recurridos no son susceptibles de ser impugnados por la vía contencioso administrativa, lo que imposibilita darle el curso de Ley a la presente demanda y no debe admitirse." (el Contralor General de la República, para que se declaren nulos por ilegales, el nombramiento por vía de elección popular de Juan Magdaleno Valerín, como Alcalde del Distrito de Remedios, Provincia de Chiriquí, el acto administrativo de 17 de mayo de 1994, emitido por el Tribunal Electoral de Panamá, y el acta de toma de posesión de 1 de septiembre de 1994. Magistrada Ponente: Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera. Resolución de 30 de marzo de 1995.) (El resaltado es nuestro).
De igual manera se constata a foja 25 que dentro de las disposiciones enunciadas como violatorias, el actor procedió a señalar y explicar normas de carácter constitucional, materia que no le es dable conocer a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
En virtud de los planteamientos que anteceden que inhiben a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de conocer la materia electoral, mal podría ésta entrar a conocer respecto de la suspensión provisional del acto demandado.
Ante las circunstancias descritas, y conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, lo procedente es no admitir la demanda bajo estudio.
En razón y mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE, la Demanda Contencioso Administrativa de Protección de Derechos Humanos incoada por el Licenciado Aurelio Robles, en representación de Javier Víquez, Olmedo Beluche, Antonio Méndez y Raúl González."
"Al examinar la demanda para determinar si cumple con los requisitos legales para su admisión, se observa que la misma ha sido dirigida contra un Acuerdo que se origina de la interpretación y aplicación de la Ley Electoral vigente en el país, específicamente, de los artículos 233, 234, 244 y 493 del Código Electoral.
En cuanto a la facultad de interpretación y aplicación de la Ley Electoral, advertimos que constitucionalmente, se le ha atribuido de manera privativa al Tribunal Electoral. Específicamente, el artículo 142 de la Constitucional Política de la República de Panamá, dice así:
"Artículo 142. Con el objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, se establece un tribunal autónomo e independiente, denominado Tribunal Electoral, al que se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Este Tribunal interpretará y aplicará privativamente la Ley Electoral, dirigirá, vigilará y fiscalizará ... las fases del proceso electoral.
Del citado texto, se infiere que los actos que emita el Tribunal Electoral, por razón del proceso electoral que se esté llevando a cabo en el territorio nacional, son de carácter jurisdiccional. Esto es así, porque tienen su origen en un procedimiento especial regulado por la legislación electoral, que sólo le corresponde interpretar y aplicar a dicho Tribunal. Consecuentemente, no pueden revisarse ni impugnarse ante la jurisdicción contencioso administrativa por el sólo hecho de haber sido dictados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones.
Dentro de este contexto, resulta oportuno señalar que el artículo 97 del Código Judicial establece que la Sala Tercera conocerá de los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos, sean generales o individuales, en materia administrativa, que se acusen de ilegalidad.
Determinado que el acto acusado de ilegal recae sobre una actuación jurisdiccional y no administrativa del Tribunal Electoral, se procede a negarle el curso legal a la presente demanda, no sin antes señalarle al recurrente, que el estudio de la vulneración o no de normas constitucionales a que se refiere en el libelo, le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no a la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Por consiguiente, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de protección a los derechos humanos interpuesta por el licenciado Rafael Benavides en representación de JUAN ANTONIO JOVANÉ DE PUY, para que se declare nulo por ilegal, el Acuerdo N° 6 de la Sala de Acuerdos 84 del 16 de diciembre de 2008 emitida por el Tribunal Electoral."
Como el demandante omitió los requisitos mencionados, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.
En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de protección de los derechos humanos, interpuesta por el licenciado Manuel Enrique Bermúdez Ruidiaz, actuando en nombre y representación de DENIS ARCE MORALES, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto 25 de 11 de noviembre de 2014, proferido por el Tribunal Electoral de Panamá, mediante el cual se convoca a elecciones parciales en el Circuito Electoral 4-1, en la provincia de Chiriquí para la elección de dos (2) Diputados (Principal y Suplente) para el domingo catorce (14) de diciembre de 2014, y se aprueba el Calendario Electoral.
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 12 de Septiembre de 2014 (caso Divorcio de la Corte Suprema de Justicia - Sala Cuarta de Negocios Generales, de 12 de septiembre de 2014)
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 14 de Enero de 2010 (caso Acción de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia - Sala Pleno, de 14 de Enero de 2010)