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Timestamp: 2020-07-04 18:05:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 135', 'artículo 116']

DS. Senado, Comisiones, núm. 222, de 30/10/2013
Sesión celebrada el miércoles, 30 de octubre de 2013
– Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
(Núm. exp. 621/000049)
Se abre la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días a todos. Antes de dar comienzo al primer punto del orden del día de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas ruego al señor letrado que compruebe la asistencia de los miembros de la comisión.
A continuación, se va a proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de octubre de 2013.
¿Puede considerarse aprobada por unanimidad? (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: designar ponencia para informar el Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Vamos a nombrar a los miembros de la ponencia.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto?
La señora CAPELLA I FARRÉ: No hay ninguna propuesta.
El señor VÁZQUEZ GARCÍA: El senador Lerma y yo mismo.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?
La señora ANGULO MARTINEZ: Los senadores don Juan Antonio de las Heras Muela y don Angel Pintado.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Queda constituida la ponencia.
A este proyecto de ley se han presentado 7 vetos y 145 enmiendas. El veto número 1 ha sido presentado por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 2, por la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 3, por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 4, por el Grupo Parlamentario Socialista; el veto número 5, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; el veto número 6, por los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borrás y Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y el veto número 7 ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.
Las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas números 1 a 21, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto —21 enmiendas—; las números 22 a 25, de los senadores Eza Goyeneche, Salanueva Murguialday y Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto —4 enmiendas—; las números 26 a 78, del Grupo Entesa —53 enmiendas—; las números 79 a 105, del Grupo Socialista —27 enmiendas—; las números 106 a 120, del Grupo Parlamentario Vasco —14 enmiendas—; números 121 a 124, del Grupo Parlamentario Popular —4 enmiendas—, y las números 125 a 145, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió —21 enmiendas—.
Señorías, se suspende la sesión por 10 minutos, para que se reuna la ponencia. (Pausa.)
¿Cuál es el informe de la ponencia, señor De las Heras?
El señor DE LAS HERAS MUELA: El informe de la ponencia es incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados las cuatro enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y subsumir una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, concretamente la 114, porque, salvo un error material que puede explicar directamente la portavoz de dicho Grupo, que es un corta y pega que no procede, es idéntica a la número 144, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De las Heras.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, dictaminar el Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Empezamos debatiendo en primer lugar los vetos.
Para defender el veto número 1, que presentaron los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Capella i Farré por tiempo de diez minutos.
Básicamente, reitero lo ya manifestado en el veto presentado y, en todo caso, dar por reproducido el contenido del mismo.
Respecto al veto número 2, tiene de nuevo la palabra.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Únicamente quiero insistir en lo ya manifestado por escrito e indicar que con esta ley ustedes culminan el proceso iniciado con la última reforma constitucional y que la creación de su autoridad independiente de responsabilidad fiscal supone la defunción definitiva de la mínima autonomía financiera de las comunidades autónomas, sustrayendo el ámbito de decisión política de las mismas y depositándolo en un órgano cuyos miembros serán nombrados por el propio Gobierno del Estado.
Por este motivo y por muchos más que expondremos en el Pleno, nosotros presentamos este veto.
Para defender el veto número 3, que presentaron los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa, tiene la palabra el señor Montilla.
El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.
Para defender el veto número 6, que presentaron los señores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Entesa, tiene la palabra el señor Montilla.
De manera muy breve, porque ciertamente todos los grupos tienen en común que rechazan, obviamente, el texto que nos propone la mayoría, pero unos lo hacen porque creen que esta autoridad independiente de responsabilidad fiscal es un organismo innecesario y otros lo hacemos porque no estamos de acuerdo con el modelo que se nos propone en el texto que se somete a debate. Obviamente, este texto tiene su origen en la legislación comunitaria, en la Directiva 2011/85/CE, en el Memorándum de Entendimiento firmado por España que posibilitó el rescate del sector financiero, y todo ello obliga a la creación de esta autoridad fiscal independiente. No somos tampoco un país pionero a este respecto: países de la Unión Europea, de la OCDE y otros ya la tienen; la más reciente, de los vecinos portugueses.
La autoridad fiscal independiente se basa en la propuesta del artículo 135. 5 de la Constitución, dándole configuración de ley orgánica. El problema es que, desde nuestro punto de vista, no es creíble ni su autoridad ni su independencia. Solo hay que hay que ver cómo ha sido saludada por la prensa e incluso por organismos de análisis económico, como Fedea, esta figura: como una autoridad sin autoridad, como un mayordomo para Montoro o como una solemne chapuza, porque no es independiente.
Nosotros presentamos un veto porque pensamos que el modelo que se nos propone no es el adecuado. No nos parece creíble la independencia de una autoridad reguladora adscrita al Ministerio de Hacienda, nombrada por el ministro, y que tendrá acceso a la información que el ministerio decida, con un reglamento aprobado por el Consejo de Ministros y con un presupuesto que acabarán financiando las administraciones territoriales también, tal y como se configura. Nos parece que su configuración difícilmente será creíble y no podrá cumplir los fines para los que se crea. Por eso proponemos un conjunto de enmiendas que, obviamente, defenderemos en el Plenario, tendentes a la creación y configuración de un órgano de carácter más colegiado, un consejo independiente de finanzas públicas, no un órgano presidencialista, que pueda tener acceso a toda la información y no solo a una parte de ella, con posibilidad de que las Cortes Generales le puedan encargar estudios y que esté adscrito a dicho organismo para garantizar efectivamente su independencia. Un órgano que pueda aprobar por sí mismo su estatuto orgánico y al que se le garantice, por supuesto, disponibilidad de medios económicos y humanos para el desarrollo de su función, con unos miembros nombrados por el Consejo de Ministros en este caso, pero con el aval de una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados y con posibilidad, evidentemente, de emitir informes sobre temas reglados como aparece en nuestras enmiendas, especialmente en las números 65 y 66. De hecho, todas las enmiendas configuran un texto alternativo.
Por estas razones mantenemos el veto y las enmiendas, y votaremos en contra del texto que se nos propone.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montilla.
Para defender el veto número 5 tiene la palabra la señora Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Vasco.
Mi grupo parlamentario ha presentado un veto con una justificación muy sencilla y clara que todos ustedes van a entender perfectamente, más que nada porque venimos repitiéndola casi en todos los proyectos de ley del ámbito de Hacienda que llegan aquí. Y es que una vez más no se hace ningún tipo de referencia a las haciendas forales, en este caso ni a la de la Comunidad Autónoma del País Vasco ni a la de la Comunidad Foral de Navarra. Se olvida reiteradamente que en el Estado español coexisten cinco haciendas distintas. Por tanto, un proyecto de ley que habla de la creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, entendemos que vulnera el marco jurídico establecido por el concierto económico y por los órganos bilaterales que a tal efecto existen. Esto justifica sobradamente que nosotros pidamos la devolución del texto al Gobierno.
Más adelante me extenderé en el contenido de las enmiendas.
Para defender el veto número 7, que presenta el Grupo de Convergència, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
Nosotros ampliaremos nuestros argumentos en el Pleno, pero en todo caso queremos fijar nuestra posición inicial.
Nosotros no estamos en contra de la posibilidad de crear una autoridad fiscal como las que se han creado en otros Estados. Compartimos el objetivo final, pero lo que no compartimos es el redactado de la propuesta que nos llega para su discusión porque consideramos que se crearía un organismo que no sería independiente, que no va a mantener autoridad ni tampoco va a cumplir los objetivos que inicialmente podríamos compartir. La no independencia es quizá el aspecto que nos causa más estupor, y es que crear una autoridad independiente en la que su presidente y todo el comité directivo sean nombrados a propuesta del Ministerio de Hacienda y dependan de él, es algo que carece totalmente de independencia. Y aún hay más; es que aparte de que el proceso de nombramiento es simplemente una cuestión de trámite, en algunos casos se obvia absolutamente esta Cámara. De hecho, una parte importante de nuestras enmiendas se encamina a que esa autoridad tendría que depender de las Cortes, como es evidente, pero especialmente del Senado dado el papel que tiene en relación con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales.
Por tanto, nuestro veto se centra en estos aspectos. Entendemos que lo que al final se pretende es controlar desde el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, pero para eso ya hay suficientes mecanismos en este momento. Tampoco compartimos el papel que se le atribuye en el momento de asignar los objetivos de déficit entre las diferentes comunidades autónomas. Por eso presentamos un veto y apoyamos los que se han presentado.
En cuanto a las enmiendas, las damos todas por defendidas. Las argumentaremos todas en el Pleno.
Para defender el veto número 4, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.
Como todos ustedes saben, esta es una ley orgánica complementaria de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera. Son siete los vetos que se han presentado a un proyecto de ley que tiene que ser un compromiso de todos para tener credibilidad, lo que me lleva a pensar que el Gobierno debería reconsiderar su posición aparte de que se trata de una ley muy compleja.
Durante todos estos meses de crisis, ya una larga crisis, el Gobierno ha estado dando la imagen de que la responsabilidad del descuadre de las cuentas públicas correspondía fundamentalmente a las comunidades autónomas, y en esto basa el refuerzo de esa idea global. Esa es la imagen que da el Gobierno de que puede controlar los desfases presupuestarios de las administraciones territoriales y especialmente de las comunidades autónomas, pensando que con eso gana una importante credibilidad de cara a los mercados internacionales. Lo cierto es que durante todo este período de intentos de contención del déficit público las comunidades autónomas han hecho un gran esfuerzo, el Estado ha hecho un esfuerzo menor, y este ha sido el que ha fijado el reparto de la contención del déficit en unas y otras administraciones, evidentemente con un grado de consenso muy pequeño. Pero en este caso concreto se trata casi de reformar la autonomía financiera de las comunidades autónomas a través de esta ley. Por tanto, creo que esto requiere un grado de consenso, no ya mucho mayor, sino total, porque esta autoridad independiente es la que va a justificar —incluso en la presentación el ministro lo decía— la acción punitiva contra las comunidades autónomas o contra las administraciones en general, pero pensando siempre en que las comunidades autónomas no respeten los acuerdos de estabilidad financiera. Pero para que un dictamen de una autoridad tenga autoridad verdaderamente se requiere que esta sea absolutamente independiente del Gobierno, que es quien está interesado en demostrar que los responsables del déficit son los otros.
Por tanto, creo que no solo no está garantizada la independencia de esta autoridad en el planteamiento que hace el Gobierno, es que, además, aunque no lo ha dicho nadie y quizá algunas comunidades autónomas no le hayan dado a esto la suficiente importancia, creo que debería preverse un mecanismo de participación de las comunidades autónomas en esta autoridad. Por ejemplo, las autonomías han demostrado una y otra vez su voluntad en el tema de la corresponsabilidad fiscal y muchas de ellas han planteado la necesidad de que la Agencia Tributaria participase también en las comunidades autónomas. A mí eso me parecería un avance muy importante ya que sería un compromiso global en la lucha contra
el fraude y habría una mayor colaboración. En este caso concreto me parece que una autoridad que tiene que ser inapelable debería tener un compromiso mayor por parte de las comunidades autónomas en su elección. Esto se garantizaría con las enmiendas que nosotros proponemos. Sería un consejo mucho más plural que una única autoridad nombrada por el Gobierno y dependiente a su vez de ella. Creo que debería hacerse el esfuerzo, sin ninguna duda; lo contrario sería decir, como hasta ahora, que el Ministerio de Hacienda es el que le dicta a este responsable lo que tiene que decir para poder actuar, a su vez, demostrando que controla las finanzas públicas españolas.
Es una autoridad mal hecha, que no sigue las recomendaciones de la OCDE —están en su memoria de creación—. Y, desde el punto de vista del derecho comparado, —la memoria de creación lo explica perfectamente—, la mayoría de las agencias que funcionan adecuadamente no le dan la razón al planteamiento que el Gobierno hace en esta ley. Es una ley que, por encima del número de votos que precise una ley orgánica, requiere, para tener credibilidad ante las instituciones a las que va a disciplinar, un consenso muchísimo mayor del que el Gobierno ha conseguido en este caso, que es, por cierto, ninguno: ha conseguido el consenso de todos los demás para decir que no; salvo lo que digan el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra que, por su propia excepción, no se ven afectados por la situación; ya veremos lo que dicen. No obstante, esto tampoco debería ser así porque, si el Gobierno vasco o el Gobierno navarro incumplieran las normas, España se vería afectada en su conjunto y tendríamos un problema de difícil solución.
Lo cierto es que ni se garantiza la independencia ni se garantiza la credibilidad de una institución que tiene que disciplinar a unas administraciones que no van a estar representadas en ella. Me parece que, razonablemente, este proyecto de ley debería retirarse, en beneficio de otro consensuado que diera realmente fuerza y credibilidad a la institución que vamos a crear, que es necesaria, desde nuestro punto de vista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lerma.
¿Algún grupo quiere hacer uso del turno en contra? (El señor De las Heras Muela pide la palabra.)
Buenos días a todos, señorías.
Siete vetos son los que han presentado los grupos parlamentarios a este Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Aunque nominativamente parecen muchos, podríamos agruparlos en tres grupos: aquellos que discuten la constitucionalidad del artículo 135 de la Constitución; aquellos que claman por la independencia de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal; y aquellos otros que claman por la posible vulneración de la autonomía financiera del régimen foral, del concierto económico, etcétera.
A la vista del proyecto de ley que presenta el Gobierno y que el Grupo Parlamentario Popular defiende, al que se han añadido además alguna de las cuestiones que planteaban sus señorías en ciertas enmiendas —como ampliar el plazo de duración del mandato a seis años—, e independientemente de la tramitación que en el Pleno siga este proyecto de ley, sus vetos y sus enmiendas, me gustaría significar dos o tres cosas respecto de estos vetos que, como decía, se podrían agrupar en tres bloques.
Hay una cuestión básica, que es la independencia de esta autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que está garantizada en el proyecto de ley. Me remito al artículo 7 y, como dirían en otros ámbitos, abro comillas: «La autoridad independiente de responsabilidad fiscal actuará en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional. Ni su presidente ni los miembros de los órganos ni el resto del personal de la autoridad podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada» —cierro comillas—. Eso se llama independencia.
Por otra parte, la cuestión de fondo, señorías, no es tanto la supuesta violación o defunción —como le gusta denominarla a alguno de los miembros de esta Cámara— de la autonomía financiera, como el control riguroso e independiente de las finanzas públicas; de todas: las del Estado, las de las comunidades autónomas y las de los entes locales. Señora Martínez, con concierto o sin él. Señor Bel Accensi, con competencias específicas o sin ellas; con régimen foral o sin él; con realidades heterogéneas o sin ellas. En el barco de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del que hablaba el senador Lerma estamos todos; todos: todas las administraciones. Y todos juntos debemos remar en un único sentido para salir de la crisis, o todos juntos —ayuntamientos, comunidades autónomas y el propio
Estado— nos veremos abocados al fracaso más estrepitoso y a no salir definitivamente de la crisis que atenaza a este país.
Seguramente, como apuntaba algún miembro de esta Cámara, se trate más de una cuestión europea; lo digo porque nos encontramos ante un proceso de recentralización —como le gusta decirlo a alguno de los miembros de esta Cámara—. En cualquier caso, se trata de un proceso europeo; un proceso europeo necesario del que España no puede quedar al margen. Los gobiernos sucesivos de España han adquirido responsabilidades con sus socios europeos y nos hemos dotado de los mecanismos adecuados para cumplirlas. Ni nos hemos quedado un paso atrás, ni nos hemos saltado el cumplimiento de la ley, ni hemos vulnerado la Constitución con este proyecto de ley orgánica, ni tampoco vulneramos los tratados o acuerdos como socios de un club, la Unión Europea, del que formamos parte.
En definitiva, se trata de darle el control fiscal a una entidad independiente; un control fiscal que, repito, no empece en absoluto los fundamentos de nuestra democracia: no empaña la tarea del Parlamento, ni la del Congreso de los Diputados ni la de esta Cámara; no ensombrece ni pone en duda la responsabilidad política del Gobierno a la hora de aprobar esta ley o cualquier otra. Su diseño no se contrapone al marco constitucional que nos hemos dado, ni siquiera lo obstaculiza: no vulnera los derechos de las comunidades autónomas, históricas o menos históricas, pero comunidades autónomas todas, y tampoco los de las haciendas forales; es compatible con nuestra diversa realidad autonómica y con la autonomía municipal plena, que el proyecto de ley protege y auspicia. Se trata, en definitiva, señorías, de crear una autoridad independiente que extienda su ámbito de supervisión a todas las administraciones públicas.
Con este proyecto de ley —que, evidentemente, nuestro grupo va a apoyar, rechazando los vetos— vamos a dar cumplimiento en España a las exigencias de pertenencia a un club; esas mismas exigencias que se derivan de nuestra pertenencia al mismo, que están promoviendo, entre otras cosas, que nuestro país recupere el crédito y la confianza. Y eso, señorías, por mucho que le duela a alguno, lo estamos viendo día a día en la recuperación de la confianza de los mercados financieros y en los órganos europeos e internacionales que nos supervisan.
Por todo esto y por otras cuestiones que surgirán en el debate de esta comisión y del Pleno, nuestro grupo va a rechazar todos y cada uno de los vetos.
Pasamos a continuación al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿la senadora Capella quiere hacer uso de la palabra? (Denegaciones.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Intervengo para dar por defendidas todas las enmiendas y reiterar lo que ha adelantado mi compañero, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular: que en la enmienda 114 se ha hecho una corrección durante la ponencia, porque había un error de mecanografía, de transcripción. Esta enmienda nuestra será finalmente transaccionada con el Grupo Popular, porque es idéntica a otra de este grupo.
Doy por defendidas las demás enmiendas. Casi todas tienen un tinte competencial, y su justificación se deriva del argumento que señalé en la defensa del veto.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Montilla.
El señor MONTILLA AGUILERA: Intervengo brevemente para dar por defendidas las enmiendas 47 a 78 y 26 a 46 —en total, enmiendas 26 a 78—, enmiendas de los senadores Saura y Guillot y del resto de senadores socialistas del grupo parlamentario.
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, ¿señor Bel Accensi? (Denegaciones.)
El señor LERMA BLASCO: Bueno, se trata de una cuestión que recomienda la OCDE, aparte de ser un mandato de Bruselas. La primera recomendación de la OCDE es precisamente que este tipo de consejos, que están para ayudar fundamentalmente, han de tener una gran credibilidad. Y eso significa que han de ser absolutamente consensuados y, desde luego, absolutamente profesionalizados y despolitizados; lo contrario de lo que hace este proyecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lerma.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De las Heras.
El señor DE LAS HERAS MUELA: Intervendré muy brevemente para concretar lo que he dicho en el turno de portavoces: la enmienda 114 del Grupo Parlamentario Vasco coincide literalmente con la 123 presentada por el Grupo Parlamentario Popular y forma parte del informe de la ponencia, salvo la pequeña corrección, aceptada por la Mesa, lógicamente.
Una referencia a lo manifestado por el senador Lerma: la independencia no la garantiza el consenso, la independencia la garantizará el hecho de que sea independiente; no nos pongamos la venda antes de que la autoridad independiente de la responsabilidad fiscal empiece a andar. Seamos consecuentes con el mandato constitucional de una ley orgánica que en su artículo 7 fija lo que fija; además, este grupo político y el Gobierno velarán por su absoluta independencia, evidentemente.
Pasamos a votar los vetos. En primer lugar, votamos el veto número 1, que presentaron los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos el veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos el veto número 3, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos el veto número 6, de los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos el veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco.
Votamos el último veto, el número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos al debate de las enmiendas. Enmiendas 1 a 21, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Las doy por defendidas en su totalidad.
Enmiendas números 22 a 25, también del Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Capella, tiene la palabra.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Las doy por defendidas también en su totalidad.
Enmiendas 106 a 120, con la corrección que ha hecho la senadora Martínez, del Grupo Parlamentario Vasco.
Señora Martínez, tiene la palabra.
La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Las doy por defendidas.
Enmiendas números 26 a 78, presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa.
Señor Montilla, tiene la palabra.
El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, las doy por defendidas.
Enmiendas 125 a 145, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió. Señor Bel Accensi, tiene la palabra.
Como he manifestado anteriormente, quedan defendidas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel Accensi.
Enmiendas 79 a 105, que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Lerma, tiene la palabra.
El señor LERMA BLASCO: Sí, señor presidente.
En el Congreso presentamos un texto alternativo, porque realmente creemos en la necesidad de un consejo como ese. Y en este caso hemos presentado, por medio de las enmiendas, el texto alternativo al que el Gobierno ha presentado y con el que se ha quedado solo.
Es evidente que no es un órgano independiente, porque no está garantizada la profesionalidad, en principio. No es independiente, porque el nombramiento depende del Gobierno. No es independiente, porque su presupuesto depende también del Gobierno, porque no elabora su propio reglamento y, encima, es un órgano unipersonal, lo que quiere decir que su independencia es muy dudosa.
Al mismo tiempo, es un órgano redundante, si se plantea como ya se ha hecho. La independencia de la Intervención General del Estado está garantizada, pero es obvio que cumple una función diferente de la que se pretende que cumpla este órgano. Sería, insisto, un órgano redundante. Yo creo que están bastante claras la independencia y la profesionalidad de la Intervención General del Estado, que podría hacer esta función perfectamente, si no fuera porque se le encomienda otra diferente.
Esto es lo que hemos intentado plantear con todas estas enmiendas, que contribuirían a mejorar mucho este órgano. En cualquier caso, insisto una vez más en que una de las razones de la credibilidad de la institución reside básicamente en el consenso, situación esta de la que el Gobierno no puede escapar. No se trata de crear un órgano indispensable, sino de crear un órgano indispensable con credibilidad. Y eso significa, una vez más, el consenso que no ha intentado el Gobierno en esta ocasión, como en tantas otras.
¿Algún grupo quiere hacer uso del turno en contra? (El señor Pintado Barbanoj pide la palabra.)
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.
Tan solo quiero anunciar que las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Popular han quedado ya incorporadas en la ponencia. Y, respecto a las explicaciones que acaban de dar el señor Lerma acerca de sus enmiendas —la réplica al resto de los grupos la daremos, lógicamente, en el Pleno— creo que hay una contradicción in terminis en su última exposición con relación a la que hizo anteriormente. Por un lado, ha criticado en la defensa del veto la independencia de este órgano, de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, y, sin embargo, acaba de decir que es innecesario crear esta autoridad.
Como usted bien sabe, todo esto viene como consecuencia del verano del año 2011, cuando el Gobierno, en aquel entonces del Partido Socialista, tuvo que presentar por la vía de urgencia una reforma constitucional del artículo 135.5 para subsumir el principio de estabilidad financiera y de suficiencia o sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria. A partir de ahí, han ido viniendo una serie de reformas en cascada que ha propuesto el Gobierno; reformas que se derivan del Tratado de la Unión Europea, de la directiva a la que usted hacía referencia anteriormente, la 85/2011. Y el modelo, la adscripción de esta autoridad independiente a un órgano u otro, no merma en absoluto su independencia. Tenemos casos así en España; por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística. No sé si alguien entiende que tiene alguna dependencia orgánica política dirigista; y, en cambio, está adscrito a un ministerio, como todos sabemos.
Acaba de decir que la profesionalidad no está garantizada. El proyecto de ley especifica claramente que tendrán que ser profesionales de prestigio, con diez años dedicados a la función pública, y que habrá una propuesta por parte del presidente, que, a su vez —y no se ha dicho aquí— tendrá que ser convalidado por mayoría absoluta por la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
Ustedes hablan de la adscripción de esta autoridad independiente de responsabilidad fiscal al Congreso de los Diputados, al Senado… Sabemos que hay distintas fórmulas en el ámbito internacional; esta figura no es novedosa en el derecho internacional, varios países de nuestro entorno han establecido este tipo de figura. Por nuestra parte, entendemos que nuestra responsabilidad está en el ámbito internacional, sobre todo en el tema que nos ocupa, que es la garantía del principio de estabilidad presupuestaria, a que nos hemos comprometido por ser miembros de la Unión Europea y cuyas directivas nos obligan, como bien sabemos. Creemos que este órgano va a dar realmente eficacia al control de las cuentas, y al que quiera ver más allá de la acción política de un Gobierno determinado solo puedo decirle que ya estamos acostumbrados en este país, gracias a Dios, a la alternancia política. Históricamente, cuando se ha creado este tipo de órganos —y no me refiero a la estabilidad presupuestaria, que se aborda por primera vez—, el Gobierno siguiente no los cambia. Quiero decir con esto que, al final, la vía de los hechos demostrará su independencia. En cualquier caso, entendemos que la regulación que establece el proyecto de ley le da suficiente autonomía, tanto desde el punto de vista de la independencia como en cuanto al funcionamiento, por la garantía de financiación a través de las tasas y —como prevé el proyecto de ley— por la posibilidad de dotarlo en los Presupuestos Generales del Estado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pintado.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno de portavoces? (Denegaciones.)
De acuerdo con el artículo 116 del Reglamento, vamos a votar el texto propuesto por la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 10.
En consecuencia, queda dictaminado por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas el Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Entiende la Presidencia que delegan en este presidente la presentación del dictamen ante el Pleno. ¿Es así? (Asentimiento.)
Muchísimas gracias por la confianza.