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Timestamp: 2020-02-28 23:25:39
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Jornada de reflexión sobre el Perfil del Juez
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Sr. MODERADOR (Zuleta Puceiro).- Vamos a comenzar las tareas de esta primera mesa de las Jornadas de Reflexión sobre el Perfil del Juez. Como podrán apreciar todos ustedes, ésta es una reunión para ver y ser vistos. Hay una enorme cantidad de gente, lo cual nos va a obligar a una extraordinaria austeridad en la utilización del tiempo del que cada uno de los expositores dispone para hacer uso de la palabra.
El propósito de esta reunión es establecer una suerte de agenda notada con puntos de vista, enfoques, elementos empíricos, teóricos, metodológicos, etcétera, para mejorar el nivel de reflexión del Diálogo Argentino en la mesa de Justicia sobre el tema del perfil de un juez.
Sin duda, éste es un tema clave porque tiene que ver con las demandas de la sociedad con respecto a la reforma de la Justicia y viceversa, es decir, las posibilidades que una reforma de la Justicia tiene frente a la sociedad.
La temática del perfil del juez es muy desafiante. Es por ello que hemos preparado una mesa muy destacada, donde están presentes tanto catedráticos como jueces, abogados, legisladores, además de honrarnos con su presencia el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Ohio, el juez Thomas Moyer, a quien damos la bienvenida. Cada expositor dispondrá de diez minutos para hacer uso de la palabra.
Por otra parte, lo innovador de este método de trabajo es que también está en la mesa otro grupo de personalidades con una trayectoria muy importante, no sólo en el tema de la Justicia sino en el desarrollo de la sociedad civil en general. Ellos también van a contribuir al mejoramiento del producto final a través de sus comentarios, inquietudes y preguntas.
El señor juez Thomas Moyer es presidente de la Corte Suprema de Justicia del Estado de Ohio. Moyer tiene una muy vasta experiencia en la temática relacionada con grupos de ciudadanos, abogados y jueces para trabajar en la interacción entre la Justicia y la sociedad, desarrollando programas de educación. Asimismo, preside la Comisión de Sentencias del Tribunal, donde hubo cambios en las leyes juveniles y de delitos graves, y entre 1995 y 1996 ha presidido la Conferencia General de Presidentes de Cortes Supremas. Tiene una vasta actividad en las asociaciones profesionales de Estados Unidos. Ha recibido premios muy importantes, los cuales acreditan la presencia y el compromiso del juez Moyer en los proceso de reforma de los Estados Unidos.
El juez Moyer nos ha solicitado hacer uso de la palabra en último término, luego de escuchar las exposiciones de los otros panelistas.
Siguiendo el esquema que los organizadores tenían previsto, el orden de participación sería el siguiente: el doctor Alberto Balladini, el doctor Carlos Cárcova, el doctor Jorge Vanossi, la doctora Marcela Rodríguez y el doctor Guadalberto Sosa. A continuación tendrían lugar las preguntas o comentarios de las otras personalidades presentes en la mesa, y dejaríamos para el final la exposición del doctor Moyer.
Tiene la palabra el doctor Alberto Balladini, ex presidente del Tribunal de Río Negro y actual presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas.
Sr. Balladini.- En primer lugar, quiero rescatar las conclusiones del documento preliminar elaborado por la Mesa del Diálogo Argentino, donde se hacen reflexiones que resumen la exigencia que hoy tiene la ciudadanía con respecto a cómo se conforman los cuadros de uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial.
El documento presenta exigencias o idoneidades sobre el mecanismo de designación de jueces y también se refiere a los jueces en funciones. La pregunta es: ¿qué juez se pretende hoy?
En lo que respecta a las exigencias, ese documento presenta como imprescindible la independencia del juez y del Poder Judicial, exigencias deseables o convenientes sobre los comportamientos personales del juez. Ahora bien, esto se aplica a los jueces en ejercicio y se propone como elemento sustancial la conformación de los códigos de ética.
En cuanto a los jueces a designar se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: idoneidad técnico-jurídica, idoneidad físico-psicológica, idoneidad ética e idoneidad gerencial. Aconsejo tener en cuenta un documento en el que están definidos cada uno de los conceptos que he vertido.
Teniendo en cuenta el tiempo que se nos ha otorgado a cada uno de los expositores para hacer uso de la palabra, creo conveniente finalizar esta breve exposición con un concepto vertido en México, en el año 1977, por Paolo Barile. Él sostuvo que el juez es la expresión de la sociedad de su tiempo y por tanto es objeto de poderosas y determinantes influencias del ambiente, en modo especial de aquél que lo rodea más directamente, del cual proviene y del que también es parte integrante, pero también de la sociedad en la que vive.
Esta sociedad está hoy en una grave crisis y descarga sobre el juez toda su conflictividad. En este tiempo el juez desempeña un papel preponderante en la organización de las sociedades, del Estado y para garantizar los derechos individuales. En otros tiempos este rol preponderante dentro de las comunidades lo desarrolló el Poder Legislativo o el Parlamento, posteriormente el Poder Ejecutivo y creo que hoy en día indiscutiblemente lo tiene el Poder Judicial.
Ahora bien, los grandes problemas que actualmente tiene nuestra comunidad se relacionan con los derechos humanos, el terrorismo, la seguridad, el flagelo de la corrupción, situaciones que determinan una constante intervención del Poder Judicial a través de los jueces.
JORNADAS DE REFLEXION SOBRE PERFIL DE JUEZ
Pero debemos entender que los jueces no deben asumir la suma del poder público o de lo que podríamos denominar “el poder de los jueces”, sino que a través de sus sentencias y ante casos concretos se deben fijar principios rectores en la organización social a fin de que todos los que asumimos responsabilidades, además de las que nos competen como ciudadanos, nos sujetemos a ellos, evitando de esa manera las desviaciones, que tan nefastas han sido y que el presente de la Argentina así lo certifica.
Es necesario remarcar la necesidad de tener jueces independientes y no sumisos al poder político y económico y otros componentes como la prensa, los colegios de profesionales, etcétera.
Debo también señalar que es imprescindible, dentro de las cualidades que debe tener quien desempeña la función de juez, poseer una acentuada independencia personal. Porque muchas veces es dable advertir que las comunidades distinguen en algunos sectores de la ciudadanía o poderes públicos la presión que ejercen sobre los poderes judiciales. Pero yo, como integrante de un Poder Judicial, entiendo que en primer término debemos destacar que un juez debe sentirse independiente. Si se siente independiente seguramente no va a haber presión alguna que pueda menoscabar su función como juez frente a la sociedad. Y esto hay que rescatarlo, porque no pueden existir presiones importantes del resto de los factores de poder. sin embargo un juez puede llegar a no ser independiente.
Por esto es sumamente importante lo que destaca este documento que emite la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino a través de la Comisión sobre Perfil de Juez, por cuanto en la búsqueda de los componentes del Poder Judicial se deben tener en cuenta parámetros en la designación de nuevos jueces, precisamente para lograr afianzar la independencia de cada individuo que pasa a integrar el ámbito judicial.
Respecto de los que están, se debe tratar de lograr que a través de una concientización se logren imponer los códigos de ética para que los jueces se sujeten al único poder al cual deben someterse, que es la ley. Los jueces somos esclavos de la Constitución y de las leyes, y nada más. En los sistemas democráticos es responsabilidad del Poder Judicial lograr la plena vigencia del imperio de la ley, porque de los jueces dependen la vida, la libertad, el honor y el patrimonio de las personas. No basta que en la letra fría de la Ley Fundamental, que es la Constitución, se proclame el sistema democrático como forma de gobierno y sistema de vida. Debemos dar contenido a estas definiciones, y si fallan los restantes poderes del Estado cabe al Poder Judicial, a los jueces -que deben ser capaces, justos, resistentes a las presiones del poder político, económico y de los medios de comunicación-, actuar para que la democracia sea efectiva y no una mera declaración.
Y esto es lo que nos muestra la realidad de hoy en día en la Argentina, envuelta en una crisis que ha erosionado los cimientos del sistema, poniéndolo en peligro.
No basta con que la Constitución deba organizarse en tres poderes.
perfil de juez
No es suficiente que la voluntad popular elija a sus integrantes a través del sufragio para recuperar nuestra identidad y terminar con el hambre y la miseria. También resulta necesario que hagamos realidad los principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional, es decir, que los ciudadanos tengan acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna, que existan fuentes de trabajo y que ese trabajo tenga una remuneración justa. Para ello estamos los jueces, indicando los andariveles por donde se deben conducir quienes asumen responsabilidades en el Estado. De otro modo, todos estos principios son una mera utopía y cobran vigencia en vísperas de un acto eleccionario para después violarse en espera de otro nuevo acontecimiento electivo, todo lo cual va en desmedro del ciudadano común, que espera respuestas de quienes conducen al Estado a fin de poder cumplir con esos objetivos que tan bien consagra la Constitución y que lamentablemente para los argentinos se encuentran en un plano teórico.
La salida es posible, pero debe construirse a partir de valores comunes: la recuperación de la confianza como valoración del prójimo, la credibilidad ligada especialmente a la honestidad y a la transparencia de todos los actores, la solidaridad como expresión de una mayor justicia distributiva y de una austeridad compartida, la recuperación de la identidad nacional como la justa valoración del pasado y la vocación de construir una visión o proyecto de país ampliamente compartido.
Como bien decía el doctor Zuleta Puceiro, represento a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, que nuclea a los Poderes Judiciales y a la conducción de los Poderes Judiciales de las provincias argentinas, cuya responsabilidad hoy en día es la de tener a su cargo casi el 80 por ciento del servicio de justicia que se presta en el país. De allí la tremenda responsabilidad que nos cabe en esta hora.
Sr. MODERADOR (Zuleta Puceiro).- Tiene la palabra el doctor Carlos Cárcova, profesor de Filosofía del Derecho y de Teoría del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Lo más importante a los efectos de esta reunión es que además de presidir un instituto en la universidad pública, hasta hace poco fue miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente en la etapa de formación desde el comienzo de un nuevo sistema judicial. Sin duda la experiencia del doctor Cárcova requeriría mucho más tiempo de los diez minutos que dispone para hacer uso de la palabra, pero creo que seguramente por lo menos se referirá a los temas fundamentales de esa experiencia doble, tanto teórica como práctica, que ha tenido en la conformación de un nuevo Poder Judicial.
Sr. CÁRCOVA.- Agradezco la invitación que se me ha cursado y la posibilidad de participar en un panel con tan calificada presencia.
Al solo efecto comunicacional, voy a elegir una estrategia diferente de la de mi amigo Alberto Balladini: me voy a pelear cortés y educadamente con el documento de base para dar posibilidades de ampliar el debate.
Voy a partir de una afirmación que puede resultar polémica, pero de cuyas consecuencias me haré cargo en todo caso en las discusiones posteriores. Me parece que en las escuelas de derecho de este país y de todo el mundo la enseñanza de grado es fallida, porque en general se transmite una masa de conocimientos amortizados, y la respuesta a la complejidad epocal para el mundo del derecho, si está en algún lugar está en los postgrados, en las carreras de especialización, etcétera.
Este es un dato absolutamente crucial para tener en cuenta cuando reflexionamos acerca del perfil de juez que queremos porque debemos contar con que la formación que tuvieron quienes están en actividad y que poseen un título reciente que no se ha calificado con postgrados, etcétera, es una formación que tiene déficit para enfrentar, como dije, los problemas de la complejidad epocal.
En términos generales, si uno hiciera una gran encuesta nacional sobre el perfil de los jueces, frente al interrogante concreto de qué es lo que ellos hacen nos explicarían que reconocen un caso concreto que se presenta ante sus estrados y que subsumen las características del caso en una premisa general que está diseñada en una norma. Este es un mecanismo absolutamente ingenuo y no es lo que efectivamente hacen los jueces, aunque ellos crean que hacen eso. En realidad, desarrollan una tarea infinitamente más compleja, sólo que a veces, como el personaje de Borges, hablan en prosa sin saber que lo hacen.
En consecuencia –seré telegráfico en mis términos por razones de tiempo , considero que hay que calificar el nivel de formación que se brinda, tanto en las carreras de formación para la magistratura como en el reciclaje permanente de los miembros del Poder Judicial, lo cual debe darse a través de un proceso de formación permanente.
En este contexto, querría decir que en los documentos que en general se han elaborado en nuestro país se insiste en la necesidad y en el valor de la prognosis. Concuerdo con esta idea, pero lo cierto es que también hay que tener en cuenta una circunstancia especial, que es que el sistema jurisdiccional es interpelado erráticamente a expensas de un sistema político en proceso de turbulencia y labilidad institucional muy fuerte.
Por consiguiente, es difícil hacer pronósticos acerca de qué flujos potenciales de trabajo demandará la actividad de la jurisdicción. Bastaría poner como ejemplo la circunstancia crítica que ha atravesado el fuero contencioso administrativo federal frente a la enorme demanda de la sociedad en relación con los problemas vinculados con las leyes financieras, el corralito, etcétera.
En general, en este documento y en otros se suele levantar una cierta prevención respecto de cualquier discurso del tipo del que nos convoca, que tenga excesivo carácter teórico. Yo estaría de acuerdo con esa prevención, siempre y cuando esto implicara algo así como: argentinos a las cosas; pero no si esto implicara que no vamos a subrayar la importancia de la formación teórica y conceptual. Porque la cantidad de saberes, de capacidades y de actividades conductuales que el propio documento demanda como un perfil ideal de juez, por supuesto no se consigue a expensas de la intuición o del sentido común sino de la información, el pensamiento, el intercambio categorial, etcétera.
Por otra parte, también me parece importante señalar que sin recurrir a la teoría es poco factible enfrentar un proceso que es peculiar de nuestra época. Me refiero al grado de velocidad excepcional con el que los dispositivos cognitivos que ordinariamente están a nuestra disposición se amortizan, esto es, pierden utilidad. Ni hablemos de la ley positiva o los códigos y las leyes que los complementan, que antes se modificaban cada veinte o tres años, luego cada diez, luego cada cinco y que en la actualidad se modifican año a año.
Si en las escuelas de derecho se nos entrena fundamentalmente en el universo de la dogmática y se amortiza al desgastarse rápidamente, ¿cómo damos respuesta al problema? La única respuesta posible es conservar las categorías que permiten ordenar, procesar y metabolizar la novedad legislativa o de política institucional. Esto es, en términos más generales, precisamente a partir de contar con los esquemas conceptuales suficientemente enriquecidos y maleables como para adaptarse rápidamente a nuevas situaciones.
En realidad, las categorías para pensar el fenómeno de la legalidad permanecen como sustanciales en el universo conceptual del derecho. Por eso, como se mencionaba, mejorar la administración de justicia no es sólo cosa de buenas intenciones o cuestión de sentido común.
El documento distingue entre los jueces a designar y los jueces en funciones. Para los primeros propone formación y para los segundos, la sanción de un código de ética. Creo que es correcta la sanción de un código de ética pero a ambos jueces hay que darles formación y ponerlos en situación para reciclarla de manera permanente.
El documento establece que la función de los jueces es decir prudentemente el derecho en conflictos jurídicos concretos. Y de aquí se sigue que, por tal razón, no es cuestión de exigirle a los jueces que sean académicos o juristas notables. Es probable que no tengan que ser juristas notables ni académicos pero digamos que para adquirir el tipo de información calificada no se necesita ser profesor de la Facultad de Derecho, se pueden hacer postgrados, escribir libros, ir a reuniones, conferencias y talleres, realizar investigaciones, es decir desplegar una actividad de formación que no importa necesariamente ser un académico, si es que está tan mal ser un académico. Pero al mismo tiempo y en el mismo apartado se recomienda al juez que advierta las indiscutibles dimensiones culturales, económicas y políticas, los haberes y las tecnologías que la función le demanda, además de las consecuencias que derivan de sus decisiones en casos particulares.
En consecuencia, con acierto el documento reconoce que la importancia estratégica de la función judicial no es sólo la de resolver un conflicto entre particulares sino la de ejemplarizar y hacer trascender una receta social a partir de la resolución de ese conflicto entre particulares. Pero ¿qué sucede cuando los jueces hacen esto? Hacen política. Establecen, seleccionan y dirigen la consecución de finalidades sociales, y esto significa hacer política y no clientelismo. Lo otro es la perversión de la política.
En este sentido, paradigmáticamente creo que la función judicial es propia de un poder del Estado de naturaleza política, que reconoce la naturaleza política de la función jurisdiccional cuando ello implica selección de finalidades sociales. Me parece que esta cuestión también es absolutamente estratégica para definir el grado de responsabilidad y de ciudadanía que queremos reclamarle a este señor que va a ser un operador fundamental del sistema político.
Mucho se ha escrito sobre la naturaleza jurídica de la función judicial y hay algunos libros clásicos al respecto. En los últimos tiempos Carlos Guarnieri ha venido con mucha frecuencia al país invitado por la sede local de la Universidad de Bologna, y junto con Susana Pedersoli han escrito un libro clásico sobre este punto.
JORNADA DE REFLEXION SOBRE PERFIL DE JUEZ
El documento dice que los saberes que el juez debe tener a su disposición deben hacer de él un hombre justo, equitativo, preocupado por el bien común, con cultura general, bien formado en derecho constitucional, que maneje bien la cuestión de los derechos humanos, los principios generales del derecho, la materia propia de su competencia, las técnicas argumentativas, el razonamiento lógico, el lenguaje oral y escrito, la doctrina y la jurisprudencia, etcétera. Es decir, debe poseer conocimientos muy complejos, los cuales no se sustentan sino en conceptos, entramados teóricos y categorías de análisis.
Cuando se habla de los exámenes el documento dice que ellos deben apuntar a la solución de casos concretos y no tanto a los conocimientos teóricos. Por favor, inventemos casos que reclamen que el señor que da examen tenga que poner en juego sus conocimientos teóricos y saber resolver además un caso particular; es lo que se puede hacer. Esto lo digo por experiencia, y es parte de la que hemos hecho en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la Justicia en lo Contencioso-Administrativo y Tributario de la ciudad, que tiene un perfil de juez muy claro y decididamente activista. Tan activista es que al gobierno de la ciudad, que ha prohijado la constitución de un poder judicial progresista y activista, le resultan molestos estos jueces que a las tres de la mañana van al hospital para ver si hay médicos y los remedios están disponibles, que van a las escuelas para ver si tienen los recursos que deben que tener, etcétera.
El documento habla también de la importancia de las entrevistas con los candidatos. Quiero dejar simplemente subrayado -si es necesario después lo ampliamos- que en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires incorporamos como una etapa más del proceso de selección una entrevista psiquiátrico-psicológica en la que cada candidato mantiene, en efecto, una entrevista con un psiquiatra y además realiza tres o cuatro test de naturaleza proyectiva con psicólogos, todos del equipo de Salud de la ciudad de Buenos Aires.
Y luego está el problema de la idoneidad ética. Comparto muchas de las cosas que ha dicho el doctor Balladini. Simplemente voy a dar alguna receta. Me parece que hay que quebrar de una buena vez esta lógica monádica que tiene que ver con el trabajo de los jueces. En general los jueces andan por ahí solitos como mónadas. Digo que para reflexionar acerca de los problemas de la ética hay que convocar a todos los jueces, sentarlos para reflexionar juntos e institucionalizar talleres de reflexión que pueden trabajar sobre la base de casos hipotéticos, con participación interdisciplinaria, debiendo incorporar también en algún momento a los otros operadores del sistema, a los abogados y a los propios justiciables.
Por último, en relación con la idoneidad gerencial, me parece que esto es muy importante. Pero esto es fácil de aprender; es un manual de técnicas.
Sr. MODERADOR (Zuleta Puceiro).- A continuación hará uso de la palabra el doctor Gualberto Sosa, quien es profesor de derecho internacional privado de la Universidad Nacional de La Plata y tiene una vasta experiencia en la magistratura, en las diversas instancias en el ejercicio de la cátedra y en la doctrina.
Sr. SOSA.- Me siento muy honrado de poder estar junto a tan prestigiosos juristas. Simplemente vengo como un juez que viene transitando desde hace muchos años los pasillos judiciales.
En relación con el perfil de juez que ha quedado trasuntado en el documento, no me voy a detener en especial sobre el particular, señalando simplemente, como lo han hecho los colegas preopinantes, que estamos frente a un documento muy serio, muy bien fundado, que cabe compartir en su esencia.
Dicho esto, nos permitimos señalar algo que ya se ha insinuado. Al margen de si concurrió a escuelas judiciales, de si fue designado en virtud de un concurso de oposición o de si hizo o no una carrera judicial, el juez es una persona que debe tener una vena, una vocación muy especial para ejercer la función más delicada que existe dentro del sistema institucional, como es la de administrar justicia. En consecuencia, ese juez imprescindiblemente debe estudiar, porque cada día que no lo haga –como decía Couture , será cada vez menos juez.
Piensen ustedes, como ya ha sido puesto de relieve, la enorme trascendencia que tiene el derecho constitucional tradicional. Es menester que ese perfil de juez se contemple teniendo siempre como punto de vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos en función del papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, desde luego, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por otro lado, siempre desde la perspectiva del derecho constitucional, ustedes advertirán que el perfil del juez ha sido logrado paulatinamente en etapas sucesivas a través del recurso extraordinario federal previsto en el artículo 14 de la ley 48. Cada vez que leo esa norma pienso en la creatividad que han tenido los jueces que han integrado la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de asegurar la defensa en juicio prevista en el artículo 18, el derecho de propiedad en función de la perspectiva del artículo 17 de la Constitución Nacional con el debido proceso efectivo, el derecho del trabajo, regulado en el artículo 14 bis, donde los procesos sociales tienen una radicación enorme y donde hay que considerar siempre a los matices sociales y solidaristas frente al interés público.
Voy a mencionar algo que podría parecer redundante y a lo que se han referido los constitucionalistas como el doctor Vanossi, aquí presente, o por ejemplo Carrió, quien viene a mi memoria. Me refiero a que los instrumentos que han venido modelando el perfil del juez han sido las sentencias, que bajo el rótulo de la arbitrariedad, ha venido pronunciando la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde luego que ha pasado mucho tiempo desde que hubo un leading case, que fue el caso Rey versus Rocha.
Porque la Corte Suprema no orientó a resolver el caso desde el punto de vista que se lo solicitaba, ya que descartó que en esa situación estuviéramos frente a una sentencia que no fuera derivada del derecho en función de las circunstancias comprobadas.
Sin embargo, tiempo después y a partir de 1939, nos encontramos con celebérrimos casos que no vamos a enumerar. Simplemente mencionaré el caso Storani de Boidanich que en 1939, frente a una cuestión de derecho y de hecho común –ya que se trataba de la indemnización de la viuda y tres hijos menores , la Corte realizó una labor creativa en virtud de la cual tuvo en consideración los principios fundamentales inherentes a la mejor y correcta administración de justicia.
En esa ocasión, a la luz del derecho constitucional, nos encontramos con que en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en función del servicio de Justicia, dejó de lado los principios tradicionales acuñados al calor del artículo 14 de la ley 48, y se ocupó de las normas procesales –consideradas de segunda categoría- y de las del derecho común, cuando todos los profesores de derecho constitucional dicen que es otro el linaje, el nivel o jerarquía que tiene un recurso extraordinario ante un tribunal constitucional, pues esas cuestiones de normas procesales o de derecho común son propias de los jueces ordinarios pero no de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
He aquí donde se puntualiza lo que todos conocemos, en el sentido de que es menester fulminar a un pronunciamiento arbitrario y carente de todo fundamento porque, en tal caso, no hay una sentencia, y porque en tal supuesto se está violando la garantía de la defensa en juicio desde el vértice del artículo 18 de la Constitución Nacional, y con una franca transgresión al adecuado servicio de la justicia.
En función de síntesis, me limito a decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, modelando el perfil del juez, nos dice que la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, con olvido de la efectiva y eficaz realización del derecho. Para ello, debe tender antes que a un criterio formalizado, a la vigencia de los principios que ampara la Constitución y que surgen de la necesidad de proveer el bien común, considerado como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible, tanto a la comunidad como a todos sus miembros, el logro más pleno y más fácil de la prestación de Justicia.
Dentro de ese perfil no debemos dejar de poner de relieve que los jueces son los servidores del derecho y para la realización de la justicia no pueden prescindir de las normas afectables al caso que consagran su versión técnicamente elaborada y adecuada. Por supuesto la ambición de soluciones notablemente injustas no resultan compatibles con el bien común tanto de la tarea legislativa como la de la judicial.
Tratando de sintetizar al máximo el perfil de juez, acuñado a la luz de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sucede que aquel juez que quería ser absolutamente imparcial y colocarse en una torre de marfil para simplemente observar cómo se realizaba la esgrima en la tramitación del proceso y recién entrar a conocer cuando estaba consentido el auto trascendente, una vez que se inicia el proceso como director del proceso, el juez tiene el deber y la responsabilidad de inmiscuirse en la diligencia de esa tramitación. Sucede que el juez no es un mero mediador sino que debe garantizar y asegurar el funcionamiento de la Justicia. Como correlato de ello hay que acordar primacía a la verdad jurídica objetiva o impedir el ocultamiento ritual como exigencia del adecuado ser.
Voy a mencionar lo que todos ustedes saben: el caso de la inconstitucionalidad de las normas que establecía la ley 2.393 sobre la indisolubilidad del vínculo. Me refiero al pronunciamiento cuando la Corte declara inconstitucional una norma a la que yo, a través de mis años de experiencia de ese entonces, no consideraba como tal. Pero la Corte, atenta a las adecuaciones y urgencias del tiempo, realizó lo que el legislador, con todo respeto, nunca pudo llevar a cabo. De ahí que muchos veces se dice que el legislador llega tarde porque asume su función de plasmar la solución judicial en una norma cuando ya esa cuestión había sido resuelta por la judicatura y, básicamente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pensemos en la labor que ha cumplido la Corte Suprema de Justicia de la Nación moderando ese perfil de juez, por ejemplo en materia del derecho a la información, libertad de prensa, tenencia personal de drogas o recurso extraordinario per saltum en un caso famoso, en una situación límite como el caso Penjerek.
Desde luego que el juez debe demostrar que ha de estar precedido de sensibilidad para cumplir con la exigencia de la sociedad en que vivimos.
Ha de ser sostén de valores éticos, políticos y judiciales. Y en definitiva ha de ejercer el protagonismo en la afirmación de una concreta legalidad. Eso hace básicamente al perfil del juez. Y ese perfil debe lograrse a través de un conjunto de situaciones concurrentes: lo relacionado con las escuelas judiciales, lo que hace al Consejo de la Magistratura y lo que se refiere a la carrera judicial. Estas son circunstancias que contribuyen a formar el perfil de justicia, el cual no se realizará si es que todos no nos ponemos a afianzar esa tarea.
Sr. MODERADOR (Zuleta Puzeiro).- A continuación hará uso de la palabra el doctor Jorge Vanossi, quien posee una altísima trayectoria en el mundo de la doctrina y la jurisprudencia. Asimismo, ha sido presidente del Comité Interamericano de la OEA, ministro, varias veces diputado, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y tratadista. Además, en un momento muy decisivo de este proceso de rearmado de la Justicia, en los últimos años le tocó impulsar desde el Ministerio muchos de los trabajos que hoy estamos concretando en estas Jornadas.
Sr. VANOSSI.- Como coincido plenamente con la exposición del doctor Cárcova voy a evitar incurrir en redundancias y voy a aprovechar el escaso tiempo disponible para explayarme sobre otros aspectos.
Lo primero que me llama la atención y quiero resaltar es que en momentos en que la vida del país transcurre en el tramo final de una campaña electoral en la cual están ausentes del debate concreto, positivo y constructivo las propuestas para los grandes temas que interesan a la Nación, en este recinto se haga el enorme esfuerzo de asumir esa responsabilidad, que no se observa en otros ámbitos. Y esto por sí sólo merece realmente no sólo una felicitación sino una expresión de gratitud, porque lo que está en juego detrás del tema aparentemente inocente del perfil del juez es cómo mejorar la calidad de vida institucional de los justiciables, en particular y del pueblo en general, porque todo el pueblo es potencialmente un justiciable.
Esto no es poca cosa y debería ser parte de un tema que abrazaran, como el de la educación y otras cuestiones que están ausentes, las fuerzas cuyos candidatos se disputan el acceso al poder.
Creo que el ser o no ser de la Justicia consiste fundamentalmente en asumir o no su condición de uno de los poderes del Estado. Y allí está el meollo de la cuestión. Desgraciadamente, hasta el lenguaje nos ha llevado subconscientemente a subestimar esta enorme importancia que tiene la selección del juez y la búsqueda del perfil del magistrado que debe ser seleccionado. Durante mucho tiempo se habló de la administración de justicia, siguiendo un lenguaje europeo ajeno a la tradición americana, donde el Poder Judicial se inició como un órgano que aplicaba la ley de manera distinta, pero como también lo hacía el Poder Ejecutivo. El juez podía ser independiente, pero no necesariamente era parte de un poder del Estado revestido de todo lo que ello implica.
También, por desgracia, la reforma constitucional de 1994, probablemente contagiándose de los administrativistas, incurrió en la grosería de hablar del “servicio de justicia”, lo que implica colocar a la Justicia, que por ser uno de los poderes del Estado cumple una función, en el mismo nivel que el servicio de barrido y limpieza, es decir, como cualquier otro servicio que en forma directa o indirecta, propia o impropia, se prestan en las sociedades contemporáneas.
De modo que el tema debe ser puesto en otro ángulo. ¿Por qué? Porque elegir a un juez implica buscar el perfil de alguien que va a tomar una decisión final respecto de temas que conciernen a la vida, la libertad, el honor, los derechos, la propiedad, las garantías, la seguridad y la dignidad de las personas.
Esto es fundamental, no es algo menor. En nuestro sistema el juez tiene esas atribuciones, como sucede en general en las democracias constitucionales cuando actúa independientemente. Además, en nuestro sistema tiene el carácter de control difuso; este poder enorme consiste en verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas. Esto significa que al pensar en el perfil de un juez también haya que tener en cuenta quién está dotado de la preparación suficiente a efectos de ejercer acertadamente esa función.
Asimismo, tiene otro control paralelo al de la constitucionalidad que en el Estado moderno reviste una enorme importancia. Se trata del control de la operatividad de las normas: el juez puede inutilizarlas o potenciarlas al declarar que una norma es de por sí autosuficiente, que puede aplicarse, o bien puede lavarse las manos y decir que hace falta otra reglamentación que la implemente y la pormenorice y hasta entonces no va a reparar el derecho lesionado, con lo cual entra en vía muerta la necesidad urgente de reparar el derecho lesionado o amenazado. Estos dos poderes potencian más aún la función primigenia que tiene la justicia entre nosotros.
Por eso lo que la sociedad reclama en lo que respecta al perfil del juez son condiciones que tienen que ver con la eficiencia, la independencia, la dignidad y la honorabilidad. Pero todo esto presume además que la etapa previa al desempeño del juez venga abonada con los ingredientes que hagan al menos potencialmente factible el cumplimiento de estos requisitos.
Por ello, retomo lo que decía el doctor Cárcova respecto de la capacitación de nuestra Facultad de Derecho en el grado o en el postgrado, y lo resumiría de la siguiente manera: “Dime cómo es la fábrica y te diré cómo es el producto”. Esto es así porque los jueces salen de las facultades de derecho, y por añadidura tienen una experiencia según la orientación profesional que hayan tomado, ya sea desde el llano, en la carrera judicial o en otra de las tantas variedades que hoy en día tiene esta profesión.
La carrera judicial no asegura de por sí la reunión prístina de estos requisitos que estoy mencionando. Si bien es importante, considero un error dar un potenciamiento cuantitativo a la medición de los antecedentes, que prácticamente lleve a que la selección de la mayor parte de los magistrados se realice casi mediante un sistema de cooptación, es decir, dentro de la misma magistratura. Quiero aclarar que no tengo absolutamente ningún prejuicio en contra de la magistratura, pero también cabe señalar que el derecho comparado tal como lo señaló Couture hace muchas décadas nos da el dato de países de Europa –ya que la investigación de Couture fue fundamentalmente europea que tenían un Poder Judicial numerosísimo en cuanto a sus competentes, pero muy ineficaz desde el punto de vista de la expectativa de la sociedad respecto de la prestación de esa función judicial. También señalaba que había otros países en Europa con un escaso número de jueces que no provenían de un ascenso burocrático o de un cursus honorum aritmético, es decir, casi automático, sino que eran extraídos de la profesión y de otras manifestaciones de experiencia profesional, a quienes la sociedad reconocía como jueces que prestaban su función con niveles ampliamente satisfactorios.
Creo que si queremos establecer un sistema de igualdad de oportunidades –a lo cual nos obliga la Constitución y de libertad de acceso, no podemos fijar cotos de caza, sino que debemos crear una mayor porosidad a efectos de que lleguen los mejores, vengan de donde fuere.
En segundo lugar, quiero señalar que el tema de la independencia no debe ser confundido con asepsia. No existe el juez aséptico, un juez absolutamente desconectado de un sistema de valores o de una ideología en la cual ha creído, de un conjunto de ideas o, si ustedes prefieren, de ideales que se expresan a través de metas o fines que pretende alcanzar en el momento en que hace o dicta el acto de justicia. Ese tipo de juez no existe, y sería penoso que existiera porque realmente estaríamos frente a un autómata; volveríamos a la teoría del siglo V; no cumpliría ni siquiera la función interpretativa, mucho menos la función integrativa y creadora que cumple el juez a través del dictado de las sentencias.
Por “independencia” debemos entender dos cosas. En primer lugar, la independencia de las lealtades partidarias existentes, que las puede haber tenido y es respetabilísimo que así sea, pero que debe abandonar en el momento de acceso al poder. También debe abandonar la falsa noción de que por haber sido designado por alguien tiene un deber de gratitud permanente de halagar o complacer a ese alguien.
En la Argentina hay ejemplos de todo tipo, pero también existen ejemplos de gente que fue muy criticada al momento de su designación porque venía de una pertenencia partidaria, incluso de la integración de un gabinete, como es el caso de Antonio Sagarra, quien siendo juez de la Corte desde el día siguiente de la asunción del cargo actuó con total independencia respecto del partido al cual había pertenecido, así como del presidente y del Senado que lo habían nombrado. Pero no es la regla.
Esto quiere decir, entonces, que el juez debe tener un perfil que apunte a la no dependencia del gobernante de turno, ni a ser un prisionero de la partidocracia; no sólo lo primero sino también lo segundo.
Existe un viejo pleito entre partidocracia y judicatura: se desconfían recíprocamente pero el conflicto no se suele resolver por vía de la sumisión de una a la otra –en cualquier sentido direccional que sea- sino cumpliendo cada uno la función que le corresponde, que son diferentes y ambas necesarias para la atención de lo que nos debe interesar, que es el bien común, es decir, el interés general.
En cuanto a la selección, creo que hay que introducir cambios en el régimen vigente en el orden nacional. La ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura, con la experiencia que lleva ya adolece de desenfoques. Es así que los propios miembros del Consejo de la Magistratura propiciaron autónomamente –no por imposición heterónoma sino por propio esfuerzo autogestionario la propuesta de la reforma que su misma experiencia les indicaba.
Por supuesto, también creo que en una eventual reforma de la Constitución hay que pulir la norma pertinente, porque más que un Consejo de la Magistratura lo que se ha querido hacer es una desvertebración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no llegó hasta sus últimas consecuencias porque se impidió que se creara una corte constitucional que hubiera implicado el vaciamiento total de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en nuestro país es el intérprete de la Constitución y el verdadero tribunal de garantía constitucional, de acuerdo al modelo americano, y que hubiéramos pervertido con un injerto innecesario, porque nosotros no tenemos el defecto que han tenido los europeos, de no haber reconocido a la Justicia el carácter de poder del Estado. Como nosotros sí se lo reconocimos, no necesitamos crear un órgano de esa naturaleza.
Pero que el Consejo de la Magistratura tenga tanto poder político, reglamentario, sancionatorio, económico, administrativo, etcétera, en definitiva lo convierte en un coto de caza para que en el imaginario del político se acrecienten los espacios de poder, y lleve indefectiblemente a que su labor quede desenfocada con respecto al objetivo fundamental, que es la selección, promoción y remoción –por vía del juri de enjuiciamiento de los magistrados, para que alguna vez en la Argentina funcione la instancia anterior al control, que es la responsabilidad. De nada sirve el control si se agota en sí mismo. Lo que el pueblo quiere es que recaiga en responsabilidades, es decir, que funcionen los mecanismos necesarios para que la consecuencia del control se visualice y produzca efectos que vayan incluso más allá de lo significativo, como puede ser la inhabilitación, que no es una pena accesoria sino una tan principal como la destitución, tal como lo establecía el viejo artículo 45 de la Constitución- , de forma tal de mejorar la situación de este Poder Judicial.
En pocas palabras, quiero decir que también en la selección de recursos humanos se debe apuntar al tema de la dedicación y que, dentro de lo razonable hay que ser más estrictos en el área de las incompatibilidades. Hubo una ley que no se aplicó, que incluso se derogó, no puede ser que la función judicial sea una tarea más entre otras.
Es bueno que el juez sea docente o investigador pero no es bueno que se disperse a través de un cúmulo de tareas, algunas serias y otras frívolas, que detraen tiempo y dedicación.
Los recursos también son un tema fundamental, no podemos pretender justicia eficiente si no hay recursos suficientes. Aquello que Gorostiaga decía con respecto a que no hay poder sin recursos y no hay Estado sin Tesoro, vale también para la Justicia. La Justicia no puede depender de la dádiva para que se cumpla la doble idoneidad, es decir la profesional con el reciclaje al cual apuntaba el doctor Cárcova- y la moral, que es la independencia y el no depender de tentaciones, favores o intereses creados, para lo cual se requiere de una remuneración digna.
Por lo expuesto, voy a finalizar diciendo que debemos buscar en los mecanismos que tenemos que perfeccionar, a fin de alcanzar el perfil adecuado, una instancia para verificar esa doble idoneidad y no estructuras de convalidación para el reparto. Es perversa la teoría del paraguas que protege de que nadie quede a la intemperie y que la Justicia es un refugio para que dentro del reparto todos queden satisfechos y, al mismo tiempo, me parece que es patológicamente dañina porque destruye a todo el sistema.
En definitiva, dime qué jueces tienes y te diré qué Estado de Derecho hay. Dime cuál es el perfil de esos jueces y te diré qué grado y qué profundidad de control tenemos. Desde luego que esto conduce al orden de las conductas y como todo se resuelve en un problema cultural. Es un problema cultural el perfil de juez.
Sr. MODERADOR (Zuleta Puceiro