Source: https://www.slideshare.net/yomonitoreo/cadenas-nacionales-alianza-regional-por-la-libre-expresin-e-informacin
Timestamp: 2019-01-22 23:23:33
Document Index: 364633067

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Cadenas Nacionales: Informe sobre Herramientas del Estado para Control de la Información (Mayo 2014, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información)
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1. Informe sobre Herramientas del Estado para el Control de la Información: Cadenas Nacionales
2. 1 Herramientas del Estado para el Control de la Información: Cadenas Nacionales de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
3. 2 Índice de contenido i. Presentación…………………………………….………………………………….3 ii. Introducción y metodología..........................................................................5 iii. Informes de países……………………………………………………………….7 1. Cadenas nacionales en Argentina………………….………………………..8 2. Cadenas nacionales en Bolivia…………………………………………..…11 3. Cadenas nacionales en Brasil………………………………………………14 4. Cadenas nacionales en Chile……………………………………………….18 5. Cadenas nacionales en Colombia………………………………….………22 6. Cadenas nacionales en Costa Rica…………………………………..……25 7. Cadenas nacionales en Ecuador…………………………………….……..26 8. Cadenas nacionales en El Salvador…………………………………...…..33 9. Cadenas nacionales en Guatemala………………………………….…….37 10.Cadenas nacionales en Honduras……………………………………...….40 11.Cadenas nacionales en México…………………………………………….44 12.Cadenas nacionales en Nicaragua…………………………………………48 13.Cadenas nacionales en Paraguay…………………………………….……54 14.Cadenas nacionales en Perú…………………………………………….....57 15.Cadenas nacionales en Uruguay…………………………………………..59 16.Cadenas nacionales en Venezuela……………………………………...…62 Iv. Formato de Cuestionario………………………………………………………69
4. 3 i. Presentación Moisés Sánchez Alianza Regional por la Libre Expresión e Información Secretario Ejecutivo Artículo XIII es una colección de informes regionales de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Su primera versión sobre “Regulación de Medios en Latinoamérica”, que fue elaborado bajo el impulso y gestión de Karina Banfi en la Secretaría Ejecutiva, representó un importante aporte para la reflexión sobre este tema en las Américas. En esta ocasión, presentamos su segunda versión sobre “Herramientas del estado para el Control de la Información: Cadenas Nacionales”, que pretende dar continuidad a este esfuerzo, generando aportes desde las realidades locales para este debate esencial para la Libertad de Expresión en nuestra región, y que se presenta este 3 de mayo, en el marco del “Día Mundial de la Libertad de Prensa”. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información es una red no gubernamental, conformada por 23 organizaciones pertenecientes a 19 países de las Américas, que busca fortalecer las capacidades y conocimientos de sus organizaciones miembros para la promoción y fortalecimiento de sus intervenciones en pro de mejorar las condiciones de libertad de expresión y el acceso a la información en sus países. Además, es una instancia de coordinación, apoyo mutuo y de intercambio de experiencia entre las mismas organizaciones que la componen. Esta red se creó como un mecanismo de interrelación entre la sociedad civil, los organismos internacionales y los gobiernos latinoamericanos. La Alianza Regional se constituyó como un foro de la sociedad civil para debatir los logros y los obstáculos en la libertad de la expresión y el acceso a la información pública. Hoy es un punto de encuentro para analizar las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas, a fin de proponer y recomendar estrategias y metodologías comunes para investigar, y defender y promover la libertad de la expresión e información en la región. El tema del presente informe fue seleccionado por las mismas organizaciones, que consideraron relevante abordar esta problemática que se está extendiendo de manera preocupante en la región. El tema central del presente informe está relacionado a las denominadas "cadenas nacionales" de medios audiovisuales, y como éstas se han constituido en una herramienta a través de la cual el Estado ejerce control sobre la información pública. Los contenidos expuestos son resultado del esfuerzo conjunto de investigación y recolección de datos que cada miembro de la Alianza Regional ha desarrollado sobre el papel que tienen las cadenas nacionales en sus respectivos países, tanto desde la perspectiva de la normativa existente, como
5. 4 de su aplicación práctica.. De la misma manera, se incluyen análisis relacionados a la forma en la cual son utilizadas por los gobiernos, su contenido, periodicidad y alcances. El origen de la mayoría de las normas que regulan las cadenas nacionales en la región se enraízan históricamente en las prácticas políticas y comunicacionales forjadas en períodos de gobiernos ejercidos por regímenes militares. Pese a que en principio las cadenas nacionales tienen su justificación teórica en razones de utilidad pública, al amparo de reformas a los sistemas jurídicos desarrolladas en muchos de los países de la región en los últimos años, las cadenas nacionales han terminado siendo instrumentalizadas para transformarse –en la práctica-, en una poderosa forma de publicidad y promoción de políticas gubernamentales, así como de injerencia y control estatal, todo lo cual dista enormemente de la original razón de ser de dichas cadenas. De esta modo, este Informe Artículo XIII intenta proveer de una valiosa información con perspectiva regional, con el fin de dar contenido al debate relacionado a los impactos que dichas cadenas nacionales tienen en la labor informativa desarrollada al interior de cada país y en la región. Los análisis por país fueron desarrollados por cada una de las organizaciones que integran la Alianza Regional, y en ellos se encontrarán la información y puntos de vista que cada una de ellas consideró relevante para la comprensión de su problemática local. Por último, este Artículo XIII fue posible gracias al trabajo conjunto de las organizaciones de la Alianza Regional, es por ello que queremos agradecer a cada uno de los miembros por la participación y el tiempo dedicado a este proyecto. De manera especial queremos agradecer el compromiso y el esfuerzo dedicado por parte de los integrantes del Peer Review, miembros de la Alianza Regional: Juan León Cornejo, de la Asociación Nacional de la Prensa ANP de Bolivia; Alejandro Delgado del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX de Costa Rica; y Carlos Correa de Espacio Público de Venezuela, los cuales estuvieron a cargo de la revisión de este Informe aportando toda su experiencia en el tema. Miembros de la Alianza Regional: http://www.alianzaregional.net/miembros/
6. 5 ii. Introducción y Metodología Tomás Vial Solar Abogado y docente, especialista en temas de libertad de expresión y acceso a la información La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia pero a la vez una necesidad para el desarrollo de las personas, las organizaciones y la sociedad entera. Junto con ser un derecho, cumple también una especial función social, al permitir las comunicaciones entre todas ellas. En el caso de los medios de comunicación de masas esa responsabilidad es mayor, por su impacto en la forma en que la sociedad y la democracia se organizan y entienden. La responsabilidad de los medios de comunicación de masas, en particular la televisión y la radio, se materializa en la cargas que las legislaciones imponen de entregar información de campañas públicas, como puede ser información de salud. Es también habitual que dentro de esas cargas se incluya la información necesaria para el ejercicio de un voto libre e informado. Desde el punto de vista de la libertad de expresión y sus obligaciones la cuestión es cómo establecer el balance adecuado entre libertad y responsabilidad social. Al respecto, es necesario recordar que toda limitación a la libertad de expresión, de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos debe ser impuesta por ley. Sobre esto tanto la Relatoría de la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en su informe correspondiente al año 2010, en su apartado sobre Venezuela “han reconocido la potestad del Presidente de la República y de las altas autoridades del Estado para utilizar los medios de comunicación con el propósito de informar a la población sobre aquellas cuestiones que revistan un interés público preponderante y que requieren ser informadas de manera urgente a través de los medios de comunicación independientes. En efecto, tal como ha señalado la Corte Interamericana, “no sólo es legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público”1 . Agregando que “El ejercicio de esta facultad, sin embargo, no es absoluto. La información que el primer mandatario transmite a la ciudadanía a través de las 1 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 131; CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual 2008 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III: Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión, párr. 202. OEA/Ser.L/V/II.134. Doc. 5 rev. 1. 25 febrero 2009. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/ INFORME%20ANUAL%20RELE%202008.pdf
7. 6 cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público y durante el tiempo estrictamente necesario para trasmitir dicha información. En este sentido, tanto la CIDH y su Relatoría Especial2 , como algunos órganos nacionales de Estados parte de la Convención Americana, aplicando estándares internacionales, han indicado que “no es cualquier información la que legitima al Presidente de la República la interrupción de la programación habitual, sino aquélla que pueda revertir interés de la colectividad en el conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y, que sean realmente necesarios para la real participación de los ciudadanos en la vida colectiva. El principio 5 de la Declaración de Principios establece explícitamente que, “[l]as restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”. A fin de determinar cuál es el marco normativo existente entre los diversos países a los que pertenecen las organizaciones miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y cuáles son las prácticas existentes, se confeccionó un cuestionario, que se reproduce en la sección iv), el cual fue enviado a los miembros. En la sección siguiente están las respuestas ordenadas de ellas y editadas. 2 CIDH. Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 30 de diciembre de 2009, Capítulo IV, párr. 411.
8. 7 iii. Informe de países
9. 8 1. Cadenas nacionales en Argentina Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Director Ejecutivo: Torcuato Sozio Directora Ejecutiva Adjunta: Eleonora Rabinovich Director de AIP y Privacidad: Ramiro Álvarez Ugarte Marco normativo En el caso de Argentina el marco normativo para las cadenas naciones está contemplado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, No. 26.522 y el decreto reglamentario No. 1225/103 . El artículo preciso que las regula es el artículo 75, que dispone: “Artículo 75. — Cadena nacional o provincial. El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios.”. También son relevantes los artículos 74 y 76: el primero regula la cesión de espacios a partidos políticos durante las campañas electorales (de conformidad con la normativa electoral) y el 76 establece la posibilidad de que la autoridad de aplicación de la ley disponga la transmisión de mensajes de interés público. Se trata entonces, de una ley del Congreso de la Nación. El decreto reglamentario es sublegal pero complementa a la ley. En cuanto al alcance, a ley 26.522 se aplica a todos los servicios de comunicación audiovisual. El artículo 75 habla de “integración de la cadena de radiodifusión” por lo que cabe interpretar que se trata de los medios de “radiodifusión”, entendida —por el artículo 4 de la ley como “[l]a forma de radiocomunicación destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por el público en general, o determinable.” Ello implica que tanto la televisión abierta como las radios están alcanzadas por la obligación de transmitir cadenas. De todas formas, el decreto 1225/10, que reglamenta la ley, ofreció más precisiones y estableció que debe considerarse “incluidos en la obligación de difusión de la cadena nacional a las señales nacionales inscriptas como de género Periodísticas/Noticias, en los Registros…”. Se refiere al Registro Público de Señales y Productoras, regulado por el artículo 58 de la ley en el que deberán inscribirse las productoras de contenidos y las empresas 3 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171306/norma.htm.
10. 9 generadoras y comercializadoras de señales o derechos de exhibición para distribución de contenidos y programas por los servicios regulados por la ley. En cuanto a los medios escritos el artículo 76 de la ley 26.522 dispone en su parte pertinente: “Avisos oficiales y de interés público. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá disponer la emisión de mensajes de interés público. Los titulares de licencias de radiodifusión deberán emitir, sin cargo, estos mensajes según la frecuencia horaria determinada y conforme a la reglamentación. (…) Para los servicios por suscripción esta obligación se referirá únicamente a la señal de producción propia. El presente artículo no será de aplicación cuando los mensajes formen parte de campañas publicitarias oficiales a las cuales se les apliquen fondos presupuestarios para sostenerlas o se difundan en otros medios de comunicación social a los que se les apliquen fondos públicos para sostenerlos.”. Como se ve, el artículo 76 claramente distingue estos mensajes de interés público de la publicidad oficial. En cuanto a la duración no existe regulación de las mismas. Procedimiento para su imposición De acuerdo a la normativa el Poder Ejecutivo nacional puede imponerla. Los poderes ejecutivos provinciales pueden establecer cadenas “provinciales” pero —hasta donde sabemos— ello no ha ocurrido hasta el momento. No se informa que ellas hayan sido impuestas por autoridades ajenas a lo que contempla la normativa. La práctica de las cadenas nacionales en el período 2013-2014 Todos los medios alcanzados por la regulación deben enlazarse en la cadena. Si bien es posible sostener que en los últimos tiempos el uso de la cadena ha crecido, no contamos con datos cuantitativos precisos sobre su utilización. En la Argentina las cadenas se imponen de manera igualitaria a todos los medios de comunicación alcanzados por la ley 26.522 y su reglamentación. No ha habido justificaciones precisas para las cadenas nacionales, aunque si ha habido críticas a un uso de las mismas que es contrario a los supuestos de excepción previstos en la ley. En efecto, en muchas ocasiones la cadena nacional se ha establecido para anuncios públicos de poca importancia que no parecen ingresar dentro de los supuestos de “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.
11. 10 Expertos en la materia han manifestado esta opinión de forma pública.4 Hasta donde se sabe, no existe información oficial sobre esta cuestión ni tampoco reportes privados que hayan realizado un análisis cuantitativo de la cantidad o duración de las cadenas. Sanciones, defensas y recursos El régimen sancionatorio de la ley está previsto en el título VI y establece sanciones de distinto tipo para faltas leves y graves. Si bien el apartamiento de la obligación prevista en el artículo 75 de la ley no parece tener un reflejo preciso en el régimen de sanciones, cabe suponer que podría ingresar dentro del apartado ‘d’ del artículo 104 que dispone que corresponde sanciones de llamado de atención, apercibimiento y/o multa (falta leve) ante el “incumplimiento de las normas previstas para la transmisión en red”. La instrucción inicial y la aplicación de sanciones por violación a disposiciones de la presente ley serán realizadas por la autoridad de aplicación, es decir, la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). En caso de reclamo contra una sanción se aplican los procedimientos administrativos vigentes en la administración pública nacional regulados en la Ley de Procedimientos Administrativos No. 19.549. De todas formas, el artículo 112 de la ley 26.522 establece precisamente que “[u]na vez agotada la vía administrativa, las sanciones aplicadas podrán ser recurridas ante los Tribunales Federales de Primera Instancia con competencia en materia contencioso-administrativa, correspondientes al domicilio de la emisora.”. Respecto a si ha habido reclamos se señala que no ha habido ni medios de comunicación que no se hayan sumado a una cadena nacional, por lo que tampoco ha habido ni sanciones ni procedimientos administrativos y judiciales al respecto. Costos y compensaciones No hay información sobre este punto. 4 http://chequeado.com/el-explicador/657-la-cadena-nacional-la-ley-y-el-uso.html
12. 11 2. Cadenas nacionales en Bolivia Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Director Ejecutivo: Juan León Cornejo Jefe de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Expresión: Franz Chávez Marco normativo En Bolivia, desde el 8 de agosto de 2011, rige la norma que impone a los medios de televisión y radioemisoras la transmisión de dos discursos presidenciales por año en una cadena que es dirigida por los medios estatales Radio Illimani, de la Red Patria Nueva, y Bolivia Tv, administrados por el Ministerio de Comunicación. La cadena radial y de televisión vigente en el país, está regida por la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación promulgada por el presidente Evo Morales el 8 de agosto de 2011. La cadena radial anterior a la referida, data del periodo julio de 1980 y agosto de 1981, durante el gobierno dictatorial del general Luis García Meza. En ese trágico episodio histórico se impuso a las emisoras a retransmitir el noticiero elaborado y leído en el Gran Cuartel de Miraflores, el centro del mando militar de la dictadura. La sucesión de obligaciones contra los medios independientes, desde octubre de 2010, surgieron de leyes postuladas, analizadas y aprobadas en dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional donde el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), posee amplia mayoría. El artículo 112 de la Ley 164 señala a los “operadores de radiodifusión de señales de audio y video (radio y televisión abierta) y distribución de señales de audio y video” la obligatoriedad de “realizar dos transmisiones en cadena al año, sin pago alguno, de los mensajes oficiales de la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional dirigidos a todas las personas del país”. El artículo destinado a la aplicación de la cadena no hace discriminación entre emisoras privadas y estatales. En cuanto a los medios impresos desde octubre de 2010 a la fecha, el gobierno ha promulgado seis leyes que obligan a los medios impresos a publicar avisos obligatorios, en diferentes dimensiones y periódicamente, y este hecho representa un atropello a la libertad de empresa y al derecho al trabajo reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE). La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), una de las pocas organizaciones bolivianas que se mantiene firme en la defensa de la libertad de expresión,
13. 12 denunció la imposición de estas publicaciones como un plan orientado a asfixiar las finanzas de los medios escritos independientes. Las seis leyes que imponen la publicación de avisos gratuitos son: Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación; Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas; Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una vida segura”; Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas; Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y Ley General para Personas con Discapacidad. Las extensiones de espacios obligados van desde cintillos al pie de páginas, hasta páginas completas y al menos en dos ocasiones por mes. Los decretos reglamentarios eligieron a las contratapas como espacio de difusión de mensajes gratuitos, y el impacto en los periódicos es grande porque esta sección tiene mayor valor comercial. Los medios audiovisuales también están comprendidos en la obligatoriedad de difundir mensajes gratuitos relacionados a los ámbitos legislados por las seis normas. No existe en la normativa exigencia de límite en cuanto al número y frecuencia de las cadenas. Procedimiento para su imposición La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, conocida por su sigla ATT, es la encargada de emitir las resoluciones que obligan a emisoras de radio y canales de televisión a realizar transmisiones obligatorias. La práctica de las cadenas nacionales en el período 2013-2014 La legislación que impone las cadenas de radio y televisión se aplicó en cuatro oportunidades en los años 2012 y 2013. En 2014, se aplicó el pasado 22 de enero, en ocasión de declararse la celebración del Cuarto Aniversario de Creación del Estado Plurinacional. Hasta la fecha sólo la Autoridad de Regulación y Fiscalización Telecomunicaciones y Transportes, asumió el control y cumplimiento de la norma. En cuanto a la duración de las cadenas, los discursos del presidente Evo Morales tienen una duración aproximada de tres horas, tiempo en que están enlazadas las emisoras de radio y Tv. Sanciones, defensas y recursos De acuerdo a reglamentos específicos, las sanciones comprenden multas en dinero, la suspensión de las licencias y hasta el cierre de los medios que incumplan con la legislación.
14. 13 Costos y compensaciones La norma no incluye una compensación por el servicio gratuito y por el contrario, el gobierno aplica una vertical sanción al negar la publicidad estatal a los medios privados independientes y privilegia con estos ingresos a las radioemisoras, canales de televisión y periódicos que están alineados a las políticas gubernamentales. Por el momento no existe un cálculo de las pérdidas en que incurren las radioemisoras y canales de TV. A diferencia de la ANP que agrupa a los principales medios escritos de Bolivia, las radioemisoras y canales de Tv no tienen una organización que los represente.
15. 14 3. Cadenas nacionales en Brasil Artículo 19 Coordinadora Artículo 19 Brasil: Paula Martins Abogada: Karina Quintanilha Marco normativo No existe una ley única que se ocupa exclusivamente de las cadenas nacionales en Brasil, la regulación se encuentra dispersa en varias leyes. La Constitución establece los principios generales de Radiodifusión (Artículo 21, XXI; articulo 220; articulo 37 y articulo 139), pero no habla específicamente de las cadenas nacionales. La Ley N° 9.096/95 (que se ocupa de los partidos políticos) prevé la transmisión por cadenas nacionales en el artículo 46. Sin embargo, esta ley fue reformada por la Resolución N ° 20.034/97, que viene a actualizar la regulación acerca de los partidos políticos y las elecciones libres, razón por la cual también se refiere a las cadenas nacionales en el artículo 2°. En los años de elecciones, como la de 2014, el Tribunal Supremo Electoral es responsable por regular las fechas y el tiempo de televisión para cada partido en el año. Podemos decir que las cadenas nacionales en Brasil, tienen carácter predominantemente político partidario5 . Hay una otra normativa que data de 1979, Decreto 84.181, que estipula la posibilidad de transmisión por cadenas nacionales hechos de importancia relevante para la seguridad del Estado y el interés público. El Decreto 84.181 de 1979 estipula la posibilidad de las máximas autoridades del poder Ejecutivo, Legislativo y Judiciario de solicitar al Presidente de la República cadenas nacionales en casos de utilidad pública. El Poder Ejecutivo Federal tiene competencia para convocar cadenas en estos casos por intermedio de la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República. En períodos electorales, la publicidad de utilidad pública tiene que ser sometida anticipadamente al Tribunal Supremo Electoral, que solo autorizará las demandas no partidarias de interés público6 . De esta forma los medios de comunicación que están obligados a transmitir cadenas nacionales en Brasil son la televisión y el radio, según el Capítulo 2, título 4, Lei nº 9.096/95: “do acesso gratuito ao rádio e à televisão”, actualizado por la Resolução nº 20.034/97), y así como el artículo 87 del Decreto n 84.181 de 1979 en caso de transmisión de asuntos de relevante interés público. En cuanto a los medios escritos los informes y propaganda oficiales tienen que ser obligatoriamente pagados. 5 http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-propaganda-partidaria-2014-rede-nacional 6 http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/in-02-publicidade-2009.pdf
16. 15 Como mencionamos en el artículo 3° de la Resolución 20.034/97, las cadenas pueden tener frecuencia semestral o anual con duración variable entre 5 y 20 minutos. Procedimiento para su imposición La autoridad responsable durante los períodos electorales es el Tribunal Supremo Electoral según el artículo 46 de la Ley Nº 9.096, de 19 de septiembre de 1995. En otros períodos, la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República es responsable por recibir los pedidos de las autoridades del Ejecutivo La práctica de las cadenas nacionales en el período 2013-2014 Desde enero de 2013 hasta el abril de 2014 tuvimos el total de 88 transmisiones por cadena nacional en el radio y televisión al mismo tiempo. La cadena nacional es utilizada predominantemente por la propaganda electoral gratuita (un total de 79 de 88). Los otros 9 pronunciamientos fueron hechos por el gobierno federal, con una duración promedio de 10 minutos cada uno. En 2014, ocurrieron 22 cadenas nacionales, de las cuales 21 son publicidades partidarias y solamente una de la Presidenta de la República en celebración al Día Internacional de la Mujer7 . En 2013, hubo aproximadamente 66 cadenas nacionales, 58 de ellos, según el Tribunal Superior Electoral, fueron propagandas electorales. Las otras 8 fueron: ° 23/01/2013, discurso de la Presidente de la República. Tema: la reducción de la tarifa eléctrica8 . ° 08/03/13, Presidente de la República. Asunto: Día Internacional de la Mujer9 . ° 01/05/2013, Presidente de la República. Asunto: Día del Trabajo10 . ° 21/06/13, Presidente de la República. Asunto: protestas en todo el país, con una promesa de reforma política11 . ° 07/09/2013, Presidente de la República. Asunto: Día de la Independencia Nacional12 . 7 http://oglobo.globo.com/pais/dilma-usa-cadeia-nacional-para-festejar-dia-das-mulheres- 11827370 8 http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/12/29/leia-a-integra-do- pronunciamento-de-dilma-rousseff-na-tv.htm 9 http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da- presidenta/pronunciamento-a-nacao-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-em-cadeia- nacional-de-radio-e-tv-por-ocasiao-do-dia-internacional-da-mulher-1 10 http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da- presidenta/pronunciamento-a-nacao-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-em-cadeia- nacional-de-radio-e-tv-sobre-o-dia-do-trabalho-1 11 http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/21/em-pronunciamento- dilma-diz-que-chamara-prefeitos-e-governadores-para-discutir-mobilidade-urbana.htm 12 http://www.brasil.gov.br/governo/2013/09
17. 16 ° 21/10/2013, Presidente de la República. Asunto: Libra Campo subasta13 . ° 23/12/2013, presidente de la (Renan) Congreso Nacional. Asunto: impacto de las protestas en el marco legislativo, que sería acorde con la sociedad14 . ° 29/12/2013, Presidente de la República. Asunto: declaración de fin de año15 . De acuerdo con una investigación publicada en la prensa, desde el principio del gobierno de Dilma, ella ya apareció 17 veces en cadena nacional, con un promedio de aproximadamente 5 enunciados por año, superando la media del 2 de su predecesor, Lula. Sanciones, defensas y recursos Hay sanciones en los casos de publicidad electoral. En caso de incumplimiento de la obligación de transmitir la propaganda electoral gratuita por parte del emisor, regula el artículo 56 de la Ley N ° 9.504/97 que: Artículo 56. A petición de partido, coalición o candidato, el Tribunal Electoral podrá ordenar la suspensión durante veinticuatro horas, la estación de programación normal que no cumpla con las disposiciones de esta Ley de la propaganda. § 1 En el período de suspensión a que se refiere el presente artículo, el Tribunal Electoral servirá mensaje de guía para el votante, intercalados cada quince (15) minutos. (Modificado por la Ley N º 12.891, de 2013) § 2 En cada repetición de la conducta, se duplicará el período de suspensión. Sin embargo, "esta sanción no excluye la aplicación de la pena de multa por el acto específico cometido por el emisor, que dependen del examen del caso. Lo que dice es que, en teoría, la emisora puede ser multada y se retira del aire, ya que ambas penas son requeridos por deterioro y siempre que la práctica ilegal justifica ambas penas "(PROPAGANDA ELECTORAL - Alberto Teoría y Práctica Rollo, Juan Fernando Lopes de Carvalho, Alberto Luis Mendonca Rollo, Rollo Alexandre Luis Mendonça, Luis Arturo Mendonça Rollo)16 . La autoridad competente para imponer estas sanciones es la Corte Electoral. Si la cadena nacional no está regulada y autorizada previamente, la estación de radio o televisión no está obligada a transmitirla, si no voluntariamente. 13 http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-bate-recorde-de- pronunciamentos,1088572,0.htm 14 http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2013/12/discurso-de-calheiros-na- tv-e-contrariado-pela-pratica-1586.html 15 http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/dilma-confirma-reducao-na-conta-de-luz- e-critica-pessimistas.html 16 http://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?pagina=1&idarea=45&idmodelo=12064
18. 17 Es posible recurrir de una decisión que impone la transmisión de la cadena nacional. El plazo para apelación en la Corte Electoral es de 24horas. En el último año no hay tenido este tipo de recurso para impedir la transmisión en cadena nacional. Algunos recursos se refieren a los partidos políticos que buscan una reparación por el uso inadecuado de la cadena nacional por otros partidos políticos17 o autoridades públicas18 . Costos y compensaciones En las leyes nacionales la compensación económica en los casos de publicidades electorales está prohibida. No tenemos conocimiento de los costos a los medios. Solamente conocemos un estudio reciente sobre los gastos del Gobierno Federal con los anuncios de la elección que data de 2012, y las cifras son estimaciones realizadas por la ONG Cuentas Abiertas. Según la encuesta, aquel año el costo fue de 606 millones de reales, cerca de 280 dólares19 . 17 “Propaganda eleitoral antecipada. Não-configuração no caso concreto. Discurso do presidente da República em rede nacional de rádio e televisão. A prestação de contas, levada a efeito pelo chefe do Poder Executivo em discurso proferido em cadeia de rádio e televisão, não configura propaganda eleitoral, especialmente quando não há referência a candidatura, eleições, ou comparação com governo anterior. [...]” NE: Trecho do parecer do Ministério Público adotado pelo relator: “[...] as realizações do atual governo são postas em destaque. Não há, contudo, comparação entre o atual governo e qualquer outro específico. Ressaltou-se a melhoria, no entender do presidente, de determinadas condições da população. Isto teria ocorrido no atual governo, segundo se afirma. Não houve, contudo, comparação entre este e outro governo. A divulgação de atos governamentais supostamente favoráveis ao povo brasileiro não constitui, per si, propaganda eleitoral. Trata-se, a meu ver, de lícita prestação de contas.”(Ac. de 25.5.2006 no ARP nº 914, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 18 http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/propaganda-eleitoral 19 http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/em-10-anos-horario-eleitoral-custou-r-4-bilhoes-a- uniao.
19. 18 4. Cadenas nacionales en Chile Fundación Pro Acceso Presidente: Federico Allendes Directora Ejecutiva: María José Poblete Director de Estudios: Felipe Ibarra Marco normativo En Chile, salvo las cadenas relacionadas a propaganda electoral de la Ley 18.700, las cadenas de televisión no son obligatorias. No obstante, las cadenas voluntarias transmitidas por los canales de ANATEL para la Presidencia de la República son organizadas por el Ministerio Secretaria General de Gobierno, que es el organismo encargado de ser vocero del Gobierno del Gobierno de Chile. Independiente de la transmisión televisiva de la cadena, la producción televisiva de la cadena (cámaras, iluminación, sonido) la realiza el Ministerio, comprando los servicios a canales de televisión o productoras, de acuerdo a las normas de la Ley de Compras Públicas N° 19.886, por licitación pública. Actualmente el servicio lo presta la productora privada ENDEMOL, el proveedor anterior del servicio era el canal de televisión estatal Televisión Nacional de Chile, que también se lo había adjudicado en licitación. Existe normativa, referida a cadenas nacionales de TV sobre publicidad obligatoria de las campañas electorales de Presidente de la República, congresistas (senadores y diputados) y en el caso eventual de referéndums o plebiscitos20 . Se le denomina como “Franja Electoral”. La Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios N° 18.700 de 198821 tiene rango legal, aunque toda vez que se trata de una “Ley Orgánica Constitucional” es una ley de quórum especial. De acuerdo a la Constitución Política de Chile de 1980, las Leyes Orgánicas Constitucionales, requieren de quórum de 4/7 de los votos del total de los parlamentarios en ejercicio, para su aprobación, modificación o derogación. Como se aprecia solo la televisión abierta está obligada, no así la televisión pagada o a radios. En cuanto a los medios escritos no existe norma sobre ellos. 20 Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, solo se ha realizado un referéndum en 1988 sobre la continuidad del gobierno del General Augusto Pinochet, en la cual triunfo la opción “No”. 21 Congreso de Chile. Ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30082.
20. 19 Procedimiento para su imposición La Ley 18.700 (artículos 19 y 31 bis) establece que la autoridad encargada de distribuir los tiempos dentro de la Franja Electoral es el Consejo Nacional de Televisión, en relación a las listas de candidatos válidamente inscritos para las elecciones proporcionada por el Servicio de Registro Electoral. La práctica de las cadenas nacionales en el período 2013-2014 La única cadena obligatoria por Ley que se aplicó en el último año, fue la denominada “Franja Electoral” realizada el mes anterior a las elecciones generales de noviembre de 2013 (Parlamentarias y Presidenciales) y el mes de diciembre antes de la elección de la Segunda Vuelta Presidencial. La Franja Electoral fue obligatoria para todos los canales de televisión abierta, sin excepciones (fuera de la Franja Electoral, la Ley 18.700 prohíbe expresamente a los canales de televisión exhibir cualquier tipo de propaganda electoral. No fue obligatoria para los canales de televisión pagada radios, medios escritos ni digitales. El trasfondo de esta norma tiene que ver con mantener el pluralismo y trato equitativo en la televisión, dada la enorme prevalencia de este medio en Chile, por sobre los demás medios de comunicación (de acuerdo al gremio de los canales de televisión, el 99,3% de los hogares chilenos tiene televisión en su hogar, con un promedio de 2,4 televisiones por hogar, y el 91% declara que utiliza la televisión como el principal medio para informarse)22 . En el resto de los casos, las cadenas nacionales de televisión son de carácter voluntario, aunque la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) -gremio de los canales de televisión que transmiten por la señal abierta- tiene por práctica transmitir de manera conjunta y voluntaria los mensajes de televisión de la Presidencia de la República, así como ciertos actos anuales, tales como el discurso del Presidente del 21 de mayo (rendición de cuentas del Presidente al Congreso e inicio del año legislativo), el Te Deum Ecuménico del 18 de septiembre (ceremonia religiosa conjunta de los principales cultos del país en el aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810- Fiesta de la Independencia de Chile), la Parada Militar del 19 de septiembre (Desfile militar en el “Día de las Glorias del Ejército”), y otros eventos como las ceremonias de entrega del mando presidencial (cada 4 años de acuerdo a la Constitución vigente). De manera voluntaria, algunas radios se suman a dichas transmisiones. Año 2013:  1 de mayo de 2013. Saludo del Presidente Sebastián Piñera por el Día del Trabajo (cadena voluntaria) - 10 min aproximadamente23 . 22 Asociación Nacional de Televisión (ANATEL). 2013. Televisión Chilena, primer reporte anual. P. 10-11 http://www.anatel.cl/pdf/informe_anatel.pdf 23 http://www.youtube.com/watch?v=uOsw-K_oehg
21. 20  21 de mayo 2013. Día de Inauguración del Año Legislativo y Discurso de cuenta pública del Presidente de la República ante el Congreso Pleno (cadena voluntaria) – 2 horas y 10 min aproximadamente24 .  18 de septiembre 2013. Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias (ceremonia religiosa donde participan las diferentes religiones) en la Catedral de Santiago, en el aniversario N° 203 de la Primera Junta Nacional de Gobierno (cadena voluntaria).  19 de septiembre 2013. Transmisión de la “Parada Militar” en el Día de las Glorias del Ejército de Chile (cadena voluntaria) – 2 horas 30 min aproximadamente25 .  Franja electoral Primera Vuelta Presidencia y de Elecciones Parlamentarias (cadena obligatoria) 40 minutos diarios, desde el 15 de octubre al 17 de noviembre 2013 – 27 horas aproximadamente26 .  Franja electoral Segunda Vuelta Presidencial (cadena obligatoria) 10 minutos diarios, desde el 1 al 12 de diciembre de 2013- 2 horas aproximadamente27 .  23 de diciembre 2013. Mensaje navideño y de fin de año del Presidente de la República Sebastián Piñera (cadena voluntaria) – 10 min aproximadamente. Año 2014:  27 de enero 2014. Mensaje del Presidente Sebastián Piñera para explicar implicancias del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) en el caso “Diferendo marítimo Chile- Perú”. (cadena voluntaria) - 13 min aproximadamente28 .  8 de marzo 2014. Mensaje de despedida del Presidente Sebastián Piñera (cadena voluntaria) - 14 min aproximadamente29 .  10 de marzo 2014. Transmisión de la ceremonia de cambio de mando presidencial, de Sebastián Piñera a Michelle Bachelet, 24 http://radio.uchile.cl/2013/05/27/discurso-21-de-mayo-discapacidad-igualitaria 25 http://www.youtube.com/watch?v=r-lO84vUblM 26 http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/elecciones/como-sera-la-franja- presidencial-y-parlamentaria/2013-08-22/064624.html 27 http://www.biobiochile.cl/2013/11/21/franja-electoral-para-segunda-vuelta-ya-tiene- fecha-y-horario.shtml 28 http://www.youtube.com/watch?v=lBpOb0YuIUw 29 http://www.youtube.com/watch?v=e0sRB31JFp8
22. 21 incluyendo discurso de la presidenta recién asumida (cadena voluntaria) - 40 min aproximadamente.  1 abril 2014. Mensaje de la presidenta Michelle Bachelet, con motivo del envío al Congreso del “Proyecto de Ley sobre Reforma Tributaria” (cadena voluntaria) – 13 min aproximadamente30 . Sanciones, defensas y recursos Los artículos 124 y 144 de la Ley 18.700 contemplan multas contra el Director del medio de comunicación, así como también, en contra de la empresa propietaria de la señal, en el rango de 20 a 100 Unidades Tributarias Mensuales (USD 1.600- USD 8.000 aprox.) a cada uno de ellos. El artículo 144 contempla que la sanción la debe imponer el Juez de Policía Local del Municipio donde se hubiere cometido la infracción, esto es, en la comuna donde el medio tenga su domicilio. El artículo 144 establece que las multas se tramitarán de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 18.287 que establece el Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. Esta última norma contempla en su artículo 32 la posibilidad de recurrir mediante recurso de “apelación” la resolución de los Juzgados de Policía Local, ante la Corte de Apelaciones. El artículo 38 prohíbe el recurso de “casación”, por lo cual no puede recurrirse ante la Corte Suprema. Costos y compensaciones. El artículo 31 de la Ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios no contempla mecanismos de compensación para los canales de televisión, señalando expresamente que esta será de carácter gratuito. El resto de las cadenas son voluntarias y, por tanto, no hay mecanismos de compensación contemplados. No existen datos sobre los costos. 30 http://www.youtube.com/watch?v=INy5Ai8fme4
23. 22 5. Cadenas nacionales en Colombia Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) Director Ejecutivo: Pedro Vaca Coordinador legal: Emmanuel Vargas Penagos Transparencia por Colombia Directora Ejecutiva: Elisabeth Ungar *Documento elaborado por FLIP y revisado por Transparencia por Colombia. Marco normativo La normativa que establece la posibilidad de que el presidente haga uso de los canales de televisión para emitir sus mensajes se encuentra en el artículo 32 de la ley 182 de 1995. Dicha norma establece que: “El Presidente de la República podrá utilizar, para dirigirse al país, los servicios de televisión, en cualquier momento y sin ninguna limitación.31 El Vicepresidente, los Ministros del Despacho y otros funcionarios públicos podrán utilizar con autorización del Presidente de la República, el Canal de Interés Público. Igualmente el Congreso de la República, la Rama Judicial y organismos de control, conforme a la reglamentación que expida para tal efecto la Comisión Nacional de Televisión.” En adición a lo anterior, el artículo 8 de la ley 1341, o ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TICS establece que “En casos de atención de emergencia, conmoción interna y externa, desastres, o calamidad pública, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán poner a disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios y darán prelación a dichas autoridades en la transmisión de las comunicaciones que aquellas requieran.” Por otro lado, el numeral 10 del artículo 4 de la misma norma establece que el Estado puede intervenir en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de “Imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones obligaciones de provisión de los servicios y uso de su infraestructura, por razones de defensa nacional, atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública.”. En adición a lo anterior, se debe resaltar que no existe norma alguna que obligue a los medios escritos a publicar en forma gratuita informes o propaganda oficial. 31 El aparte tachado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por la sentencia C11772, de 2001.
24. 23 De la anterior normatividad se desprende que los medios de televisión deben estar en disposición para que el Presidente pueda hacer envío de mensajes relacionados con su gestión. Por otro lado, los medios que usan el espectro electromagnético, como las emisoras de radio, deberán permitir el uso de sus redes y servicios cuando haya casos de calamidad nacional. Además de lo anterior, se debe entender que las situaciones que se enmarcan dentro de la calamidad nacional están restringidas por la constitución en los artículos 212 a 215, que hacen referencia a los estados de excepción. Estos, en general, pueden ser decretados por el presidente con la firma de todos los Ministros. Los estados de excepción en los casos de grave perturbación del orden público no podrán durar más de 90 días. Esto podrá prorrogarse por dos periodos más bajo concepto previo y favorable del Senado de la República. En casos diferentes a estos o al estado de guerra, los estados de excepción podrán decretarse por periodos de máximo treinta días sin que al sumarse superen los noventa. Con respecto al uso de las facultades de intervención del espectro electromagnético, el caso más reciente del que se tiene conocimiento fue en el 2010, cuando el fenómeno de la niña afectó varias regiones del país. No hay registro de si esta práctica fue desmedida o discriminatoria. No se han registrado casos de autoridades que no estén facultadas para hacerlo impongan cadenas a los medios de comunicación. Tal y como se ha explicado, los casos son muy limitados y la facultad para establecerlos también es reducida. No existe ninguna regulación específica sobre la duración de las cadenas nacionales. El artículo 32 de la ley 182 de 1995 establecía que el presidente podía hacer uso del servicio de televisión “en cualquier momento y sin ninguna limitación.” No obstante, el último aparte de “ninguna limitación” fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C 1172 de 2001. Dentro de los argumentos de dicha decisión se encuentra que “el primer mandatario de la Nación tiene el deber de realizar informes periódicos de su gestión, de manera concreta, sin abusos ni extralimitación alguna, lo cual impone que la naturaleza de la información y su necesidad marquen los linderos de orden temporal dentro de los que resulta lícita la intervención presidencial por los canales de televisión del Estado.”. Procedimiento para su imposición Por decisión de la Presidencia. La práctica de las cadenas nacionales en el período 2013-2014 En Colombia, la imposición de cadenas nacionales no ha sido identificada como un problema grave para la libertad de expresión. Es poco frecuente que se haga uso de este tipo de medidas y lo más parecido que hay son los
25. 24 mensajes del presidente que son conocidos como alocuciones presidenciales que si bien es un mecanismo que se usa, cuando se acude a él se hace de manera esporádica, espaciada en el tiempo y sobre asuntos que reportan un interés nacional de gran impacto. No obstante, debe destacarse que durante el desarrollo de los diálogos de paz del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se ha llegado a acuerdos parciales relacionados con la democratización de los medios y que pueden relacionarse con los alcances de los medios públicos. El contenido concreto de lo acordado no es conocido actualmente y de todos modos implicará un debate más amplio en el futuro. Durante el periodo 2013 y 2014 se ha hecho un uso normal de la facultad que tiene el presidente de usar los servicios de televisión. Estos mensajes han estado relacionados con asuntos de coyuntura nacional y su duración ha sido proporcional a la importancia del mensaje. No obstante, no existen informes o estudios que indiquen si esto se hizo de forma igualitaria o discriminatoria. Sanciones, defensas y recursos La normativa nacional no contempla una sanción específica para el caso en que un medio de comunicación se niegue a transmitir una cadena. No obstante, se podrían imponer sanciones bajo la definición genérica del incumplimiento de la ley. De acuerdo a esto, por ejemplo, para los canales de televisión abierta con cubrimiento nacional, regional o local con ánimo de lucro podrá haber sanciones de multa hasta por 1500 salarios mínimos; en el caso de los canales locales sin ánimo de lucro las sanciones podrán ser de hasta por quinientos 500 salarios mínimos legales, la suspensión del título habilitante hasta por seis meses y la revocatoria de la licencia32 . De acuerdo a la normativa nacional la entidad facultada para imponer este tipo de sanciones es la Autoridad Nacional de Televisión. Como no existe un procedimiento específico se aplica el procedimiento administrativo sancionatorio del Código Contencioso Administrativo. Las decisiones sancionatorias de dicho proceso no contemplan recursos en su contra. Costos y compensaciones La normativa vigente no contempla algún tipo de compensación económica para los medios que hayan tenido que transmitir cadenas nacionales. Los costos que este tipo de prácticas implican para los medios de comunicación no son conocidos, pero podrían conocerse mediante solicitudes de información, toda vez que no existe reserva legal específica. 32 Acuerdo 2 de 2003 de la Comisión Nacional de Televisión y Acuerdo 3 de 2012 de la Autoridad Nacional de Televisión.
26. 25 6. Cadenas nacionales en Costa Rica Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) Presidente: Alejandro Delgado Faith Secretario de la Junta Directiva: Raúl Silesky Marco normativo Se señala que no existe normativa sobre cadenas nacionales. Lo que existe a nivel jurídico es en la ley de radio y televisión Nº 1758, del 19 junio de 1954, en la que se establece que los operadores de Radio y TV brindaran al ministerio de Educación tiempos aire para brindar información cultural o educativa. Como dato relevante, encontramos que en periodo electoral la práctica de gobierno es que dicho tiempo se le otorga al Tribunal Supremo de Elecciones para la difusión de información electoral. Asimismo, de conformidad con el reglamento de uso de torres de transmisión en aéreas protegidas, se posibilita al operador que el pago de canon por dicho arrendamiento, se pague en tiempo aire para campaña de educación ambiental por parte del Ministerio de Energía y Ambiente. De conformidad con el presupuesto nacional de la república, corresponde al Ministerio de la presidencia la partida presupuestaria en la cual se dispone de los recursos para divulgación e información. Tampoco existe normativa sobre medios escritos. La práctica de las cadenas nacionales en el período 2013-2014 A ningún medio se le ha impuesto cadenas. Todos los domingos a las 7 p.m. los medios de radio y televisión transmiten gratuitamente un mensaje de la Presidenta o una capsula informativa elaborada por Casa Presidencial que dura entre 5 minutos33 . Sanciones, defensas y recursos Al no estar establecidas legalmente y solo haber cadenas voluntarias no existe normativa al respecto. Costos y compensaciones Las cadenas son gratuitas y no hay estimación de costos. 33 http://www.presidencia.go.cr/prensa/centro-multimedia/videos
27. 26 7. Cadenas nacionales en Ecuador Fundamedios Director Ejecutivo: César Ricaurte Director de Proyectos: Mauricio Alarcón Salvador Asistente de Proyectos: Marcelo Espinel Monitoreo: Paola Aguilar Marco normativo Del 15 de febrero de 1972 al 11 de enero de 1976 gobernó Ecuador el General Guillermo Rodríguez Lara, quien asumió el poder de facto a través de un golpe de Estado. El 2 de abril de 1975, a través de Decreto Supremo No. 256-A, promulgó la denominada Ley de Radiodifusión y Televisión. Con ella entró formalmente en vigencia normativa oficial que regulaba el establecimiento de cadenas nacionales. En el capítulo V de esta Ley, se establecía las obligaciones sociales de los medios de comunicación, en particular la prestación de denominados “servicios sociales gratuitos”. En su artículo 59, que fuera reformado en el año 1995, consagraba que: “Toda estación está obligada a prestar los siguientes servicios sociales gratuitos: a. Transmisión en cadena de los mensajes o informes del Presidente de la República, del Presidente del Congreso Nacional, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Presidente del Tribunal supremo Electoral y de los Ministros de Estado o funcionarios gubernamentales que tengan este rango. En el Reglamento General de esta ley se regulará el uso de estos espacios, su tiempo de duración, la frecuencia de cada uno de ellos y su transmisión en horarios compatibles con la programación regular de las estaciones de radiodifusión y televisión, salvo el caso de emergencia constitucionalmente declarada. Estos espacios serán usados exclusivamente para la información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos. Los funcionarios que transgredan esta disposición serán sancionados de acuerdo a la Ley. b. Transmisión en cadena de informativos, partes o mensajes de emergencia del Presidente de la República, Consejo de Seguridad Nacional, Miembros de Gabinete, Gobernadores de Provincia, Comandantes de Zonas Militares y Autoridades de salud. c. Transmisión individual de la estación de los mensajes, informes o partes de los mismos funcionarios y en los casos designados en los numerales anteriores, cuando sea el único medio de comunicación disponible.
28. 27 d. Destinación de hasta una hora diaria, de lunes a sábado, no acumulables, para programas oficiales de tele - educación y salubridad, elaborados por el Ministerio de Educación y Salud Pública. e. Convocatoria a los ciudadanos para el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio o cualquier otro asunto relacionado con las obligaciones cívicas.”34 . Este artículo fue expresamente derogado el 25 de junio de 2013 con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación. Esta vez, bajo el título de “Obligaciones de los medios audiovisuales”, el artículo 74 mantiene la figura de las cadenas nacionales de la siguiente manera: “Art. 74.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general: 1. Transmitir en cadena nacional o local, en todos o en varios medios de comunicación social, los mensajes de interés general que disponga el Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva que reciba esta competencia. Los titulares de las demás funciones del Estado coordinarán con esta entidad de la Función Ejecutiva para hacer uso de este espacio destinado a realizar las cadenas establecidas en este numeral. Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público. Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior serán responsables por el uso inadecuado de esta potestad; 2. Transmitir en cadena nacional o local, para los casos de estado de excepción previstos en la Constitución de la República, los mensajes que dispongan la o el Presidente de la República o las autoridades designadas para tal fin; y, 3. Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de tele-educación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o Secretarías con competencia en estas materias.”35 Sin embargo, la Ley Orgánica de Comunicación amplía la obligación de prestar gratuitamente los servicios sociales de información de interés general a los sistemas de audio y video por suscripción, es decir, por ejemplo, los 34 Ley de Radiodifusión y Televisión. Decreto Supremo No. 256-A Registro Oficial No. 785 de 18 de abril de 1975. 35 Ley Orgánica de Comunicación. Registro Oficial Suplemento No. 22 de 25 de junio de 2013.
29. 28 operadores de televisión por cable. En el artículo 75 de la mencionada Ley se señala: “Art. 75.- Obligaciones de los sistemas de audio y video por suscripción.- Los sistemas de audio y video por suscripción suspenderán su programación para enlazarse gratuitamente en cadena nacional o local, para transmitir los mensajes que dispongan la o el Presidente de la República o las autoridades designadas para tal fin, en los casos de estado de excepción previstos en la Constitución.” La Ley no establece frecuencia alguna para las cadenas nacionales. De hecho, Fundamedios ha llegado a contabilizar la emisión de varias cadenas durante un mismo día. En cuanto a su duración, ni la Ley Orgánica de Comunicación ni su Reglamento General, la regulan. La Ley de Radiodifusión y Televisión de 1975 sí establecía que en el Reglamento General “se regulará el uso de estos espacios, su tiempo de duración, la frecuencia de cada uno de ellos y su transmisión en horarios compatibles con la programación regular de las estaciones de radiodifusión y televisión, salvo el caso de emergencia constitucionalmente declarada.” Dicho reglamento señalaba que los distintos funcionarios tenían derecho a solicitar cadenas de radio y televisión, una vez al mes como máximo, y sin exceder los 10 minutos, a excepción del Presidente de la República para el que no regirá ninguna de estas dos limitaciones. Al haberse derogado la Ley de 1975, tácitamente se ha derogado su Reglamento General por lo que estas disposiciones ya no se encuentran en vigencia. Sólo los medios audiovisuales de señal abierta (estaciones de radio y estaciones de televisión) y los sistemas de audio y video por suscripción, están obligados a transmitir este tipo de informes o propaganda oficial. Los medios escritos no están obligados a publicar gratuitamente informes o propaganda oficial, esto según lo establecido en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de Comunicación. Procedimiento para su imposición Según la Ley Orgánica de Comunicación, sólo el Presidente de la República tiene la potestad directa de disponer la transmisión de cadenas nacionales o locales. Sin embargo, esta atribución o competencia puede ser delegada a una entidad de la Función Ejecutiva. La delegación recae en la Secretaría de Comunicación, que además, es la encargada de coordinar y ordenar las cadenas nacionales de las demás Funciones del Estado. La práctica de las cadenas nacionales en el período 2013-2014 A inicios del 2014, Fundamedios publicó su informe anual “El Silencio Asfixiante”, cuyo capítulo IX estuvo dedicado a las cadenas nacionales. En este análisis, la organización registró, de enero a agosto del 2013, un incremento
30. 29 del 400% en la utilización de esta herramienta propagandística. En el mismo período del 2012 hubo 158 enlaces. Con este aumento casi exponencial del uso de este servicio, gratuito para el Gobierno, se deja en evidencia que el Ecuador se convirtió en el Estado de la “propaganda gubernamental”. Desde el 2007 hasta este el 2013 se han transmitido 2.181 cadenas nacionales dispuestas por el gobierno nacional en los medios televisivos y radiales del país. Estos enlaces representaran en tiempo 19 días a los que un ciudadano estaría obligado, durante 24 horas, a escuchar y ver la propaganda oficial. Puede sonar a ficción, pero esta exposición alcanza un total 15.621 minutos al aire. Durante el 2013, 663 cadenas fueron transmitidas por televisión nacional, 3 por cable y 151 por radio. El mes en el que el Gobierno utilizó más estos espacios fue junio con un total de 401 enlaces. En los últimos meses han sido innumerables los medios de comunicación a los que se las ha impuesto cadenas nacionales. Los ecuatorianos han visto y escuchado cadenas en varios estaciones de radio y canales de televisión, de manera simultánea o diferida. Es frecuente que un noticiero, un programa de opinión o la telenovela en horario estelar, sea interrumpido por un “espacio ordenado por la Secretaría de Comunicación”. Sin embargo, pocos de ellos han sido para transmitir un mensaje de interés general. La gran mayoría son utilizados para atacar a entrevistadores y entrevistados, presentar versiones oficiales “en honor a la verdad”, e incluso para la transmisión de discursos o publicitar eventos públicos oficiales. En el 2013 Fundamedios registró 26 enlaces obligatorios, de este tipo. Mientras que desde el 2008 hasta el 2014 se han registrado 77 casos de cadenas dirigidas a atacar una voz distinta. En el caso ecuatoriano las cifras hablan por sí solas. En su último reporte anual (2013) Fundamedios reportó los siguientes datos (desde 2007 a agosto de 2012, agosto de 2013):  Total de cadenas en todo el período: 2181.  Total de minutos en todo el período: 15.621.  Total de horas en todo el período: 464,55.  Total de días en todo el período: 19,18. Las órdenes de cadenas nacionales provenientes de la Secretaría de Comunicación generalmente vienen justificadas como “mensaje de interés general” o “informe sobre acontecimientos de interés general de la ciudadanía”. Sin embargo, esto ha servido de excusa, como ya se ha señalado, para la transmisión de todo tipo de mensajes, sean estos político-partidistas, de publicidad de eventos oficiales, pero sobre todo, para atacar y estigmatizar a quienes manifiestan su opinión crítica al gobierno nacional. En su informe anual 2013, hasta el mes de agosto, Fundamedios había contabilizado un total de 817 cadenas nacionales, 666 de televisión y 151 de radio. El total de minutos de duración era de aproximadamente 4309, lo que equivale a cerca de 72 horas de mensajes, es decir, equivaldría a 3 días
31. 30 completos de difusión de mensajes oficiales. Se reportó un incremento del 400% de uso de esta herramienta propagandística comparado con las cifras del 2012. Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado sobre el uso excesivo y discrecional de las cadenas nacionales. En particular, ha hecho referencia a que la excesiva frecuencia de tales mecanismos conlleva, en la práctica, a que los medios de comunicación que deban interrumpir su programación para dar paso al enlace nacional, se vean impedidos de ejercer su derecho a difundir la información que deseen en el marco de su ejercicio a la libre expresión. Además ha indicado que “este mecanismo, utilizado en forma discrecional y con fines ajenos al interés público puede constituir una forma de censura”. En su informe 2013, capítulo Ecuador, la Relatoría Especial reconoce la potestad del Presidente de la República y otros funcionarios públicos para utilizar los medios de comunicación con el propósito de informar a la población sobre aquellas cuestiones de interés público, sin embargo sostiene que el ejercicio de esta facultad no es absoluta. La Relatoría sostiene que la información que los gobiernos transmiten a través de los enlaces obligatorios debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público, y durante el tiempo estrictamente necesario para trasmitir dicha información. En este sentido, la Relatoría afirma en el informe que “no es cualquier información la que legitima al Presidente de la República la interrupción de la programación habitual, sino aquélla que pueda revertir interés de la colectividad en el conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y, que sean realmente necesarios para la real participación de los ciudadanos en la vida colectiva”. Por otro lado, el principio 5 de la Declaración de Principios de la CIDH señala que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”. Los órganos del Sistema Interamericano han señalado, en ocasiones anteriores, que una cadena nacional pierde su calidad de interés público cuando es empleada para menoscabar derechos de terceros, o cuando es utilizada como un mecanismo de injerencia en otras funciones del Estado. Así, cuando las autoridades emplean estos espacios para hostigar, atacar, insultar y estigmatizar a personas o grupos, no solo existe un ejercicio abusivo de las cadenas, sino que en ello se configuran actos de violación contra derechos fundamentales. Igualmente han señalado que los funcionarios públicos (en
32. 31 particular el Ejecutivo) que utilicen estos espacios, no deben hacerlo para amedrentar, influenciar, o afectar el debido curso de procesos judiciales en curso, pues ello constituye una amenaza al derecho de independencia e imparcial del que gozan quienes ejercer la función judicial. Sanciones, defensas y recursos La Ley Orgánica de Comunicación no contempla sanciones en caso de que un medio de comunicación se niegue a transmitir una cadena. Simplemente, como hemos visto, se consagra como una obligación de prestación gratuita de un servicio social de información de interés general. En los hechos, no se ha conocido casos en que los medios de comunicación se nieguen a cumplir una orden de cadena nacional. Sin embargo, la enorme subjetividad y ambigüedad del articulado abre la posibilidad de que en algún momento un medio de comunicación sea sancionado por no acatar la orden de transmitir una cadena nacional. Si esto ocurriere, la Superintendencia de la Información y Comunicación es “el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria (…) que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación.”36 . El artículo 56 de la Ley Orgánica de Comunicación señala, entre las atribuciones de esta Superintendencia, las de “Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación” y “Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la regulación que emita la autoridad reguladora”.37 . La normativa nacional no contempla recursos judiciales o administrativos específicos que un concesionario de radio o televisión pueda llegar adelante contra la imposición de una cadena nacional. Sin embargo, por la naturaleza de los hechos, y en aplicación directa de la Constitución cabría la presentación de la denominada “acción de protección” cuyo objeto es el “amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.”38 . Esta acción constitucional se encuentra ampliamente desarrollada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 36 Artículo 55 de la Ley Orgánica de Comunicación. Registro Oficial Suplemento No. 22 de 25 de junio de 2013. 37 Ley Orgánica de Comunicación. Registro Oficial Suplemento No. 22 de 25 de junio de 2013. 38 Artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.
33. 32 Ahora bien, con base en lo señalado en párrafos anteriores, si es que la Superintendencia de la Información y Comunicación llega a sancionar a un medio, lo haría a través de una resolución. Al respecto, se debe tener en cuenta un artículo de la Ley Orgánica de Comunicación que claramente vulnera el derecho constitucional a un debido proceso. El artículo 58 señala que “las resoluciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación son vinculantes y su contenido debe ser acatado y cumplido en los plazos establecidos en la ley o en dichas resoluciones. En caso de que los administrados impugnen judicialmente la resolución de la Superintendencia, tal resolución continuará aplicándose hasta que un juez competente la suspenda o la revoque definitivamente.”39 Costos y compensaciones Ni la normativa ni la práctica contemplan compensación económica alguna para los medios que han transmitido cadenas nacionales. El artículo 74 de la Ley Orgánica de Comunicación es claro al señalar que se trata de una obligación de prestar “gratuitamente” los servicios sociales de información de interés general. Al momento no hay una estimación del costo económica que implica para los medios de comunicación transmitir las cadenas nacionales en las cantidades señaladas a lo largo de este texto. Una estimación de este tipo sería posible, cuantificando los minutos en función del costo comercial de cada medio de comunicación, en base a sus tarifarios. Sin embargo en la práctica no sería calcular cuánto le cuesta al medio, sino cuánto deja de percibir por la emisión de las cadenas nacionales o locales. 39 Ley Orgánica de Comunicación. Registro Oficial Suplemento No. 22 de 25 de junio de 2013.
34. 33 8. Cadenas nacionales en El Salvador. Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) Presidente: José Luis Benítez Fundación Salvadoreña para El Desarrollo Económico y Social (FUSADES) Director - Depto. de Estudios Legales: Javier Castro De León Asesora: Carmina Castro de Villamariona Marco normativo Las cadenas nacionales se regulan en la Ley de Telecomunicaciones, el Código Electoral y en el Reglamento para la Propaganda Electoral. Ley de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo No. 142 del 6 de noviembre de 1997, publicado en el Diario Oficial No. 218, Tomo No. 337 del 21 de noviembre de 1997), dispone: El Presidente de la República tendrá derecho a convocar a todas las estaciones de radio y televisión del país a cadena nacional de radio y televisión por razones de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad, graves perturbaciones del orden público o un mensaje de interés nacional. El Tribunal Supremo Electoral podrá hacerlo en los casos establecidos en el Código Electoral. Los concesionarios estarán obligados a transmitir, a la hora solicitada, la señal piloto de la Presidencia de la República, sin recortes, ni modificaciones de ninguna naturaleza. Si por razones técnicas algún concesionario no pudiere transmitir lo solicitado, dejará de transmitir su programación regular mientras dure la cadena nacional. Salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, la negativa de un concesionario de transmitir la cadena nacional, le hará acreedor a una multa equivalente al valor de tres veces la cuota de la contribución especial para la primera y segunda vez; y seis veces para la tercera vez o más. Y el Código Electoral (Decreto Legislativo 413, del 3 de julio de 2013, publicado en el Diario Oficial No.138 Tomo No. 400, del 26 de julio de 2013), dispone: Artículo 288.- Cadena nacional de radio y televisión Durante el proceso electoral y especialmente el día de las elecciones, únicamente el Tribunal impartirá instrucciones a nivel nacional, a través de cadena nacional de radio y televisión, que para la difusión de sus mensajes debe integrarse obligatoriamente, por el medio que el Tribunal
35. 34 determine. Dicha cadena de difusión deberá estar a plena disposición del Tribunal. El Reglamento para la Propaganda Electoral (Publicado en el Diario Oficial No. 212, Tomo No. 385, del 12 de noviembre de 2009), dispone: Artículo 40.- Durante el proceso electoral y particularmente el día de la elección, solamente el Tribunal Supremo Electoral impartirá instrucciones a nivel nacional a través de la cadena nacional de radio y televisión, la cual se integrará obligatoriamente y estará a disposición del Tribunal Supremo Electoral. No existe regulación relativa a medios escritos. No se regulan aspectos sobre la frecuencia o duración de las cadenas nacionales. Procedimiento de imposición Las autoridades con potestad de convocar a cadena nacional son el Presidente de la República y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La práctica de las cadenas nacionales en el período 2013-2014 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a 9 cadenas nacionales de radio y televisión. El llamado a cadena fue general a todos estos medios de comunicación. Por su parte, el Presidente de la República convocó a 13 cadenas nacionales. El llamado fue general a los medios de radio y televisión, incluyendo concesionarios de televisión por cable. En el caso del Presidente de la República los motivos fueron variados, basándose sobre todo en que se trataba de un mensaje de interés general. A continuación una tabla con la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Fecha Materia Motivo 24/03/2013 Aniversario de muerte de Monseñor Romero Mensaje de interés nacional 01/05/2013 Día Internacional del trabajo. Mensaje de interés nacional 01/06/2013 Informe del Sr. Presidente ante la Asamblea Legislativa por su cuarto año de gestión. Mensaje de interés nacional 01/06/2013 Mensaje del Sr. Presidente ante la Asamblea Legislativa por su cuarto año de gestión. Mensaje de interés nacional
36. 35 13/09/2013 Canto del Himno Nacional por mes de la independencia Mensaje de interés nacional 15/09/2013 Mensaje del Sr. Presidente con motivo de la independencia Mensaje de interés nacional 25/09/2013 Informe del Sr. Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas Mensaje de interés nacional 29/12/2013 Mensaje del Sr. Presidente por la situación de emergencia a raíz de la erupción del Volcán Chaparrastique Catástrofe nacional 30/12/2013 Mensaje por la situación de emergencia por la erupción del Volcán Chaparrastique Catástrofe nacional 01/01/2014 Mensaje de Fin de Año Mensaje de interés nacional 23/01/2014 Conferencia de Prensa sobre el tema de seguridad en el país. Mensaje de interés nacional 01/02/2014 Llamado del Sr. Presidente para ejercer el derecho al voto Mensaje de interés nacional 07/03/2014 Conferencia de Prensa sobre el tema de seguridad en el país. Mensaje de interés nacional Sanciones, defensas y recursos Según dispone el art. 127 de la Ley de Telecomunicaciones, “la negativa de un concesionario de transmitir la cadena nacional, le hará acreedor a una multa equivalente al valor de tres veces la cuota de la contribución especial para la primera y segunda vez; y seis veces para la tercera vez o más.”. No se contempla en la normativa nacional un recurso judicial o administrativo contra la imposición de una cadena nacional de manera preventiva40 . Contra la imposición de sanciones en caso de negativa sí se admite el recurso de revocatoria ante la misma Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y también se podrá recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. 40 Al no haber un recurso ordinario contra la imposición de una cadena nacional, si se considera que se está vulnerando un derecho constitucional se podría acudir al recurso extraordinario del amparo. Sin embargo, como no se establece en la ley con cuanto tiempo de antelación debe convocarse la cadena nacional, no creo que sea un recurso efectivo en la mayor parte de casos.
37. 36 Costos y compensaciones. No se contempla ningún tipo de compensación económica para los medios en la normativa ni existe una estimación al respecto.
38. 37 9. Cadenas nacionales en Guatemala Acción Ciudadana Presidente Junta Directiva: Manfredo Marroquín Director General: Oscar Vásquez Consultor: Marvin Pol Marco normativo La historia del país ha demostrado la grave confusión entre legalidad y poder, el cual se ejerce sobre la ciudadanía de distintas formas, un ejemplo de ello es una de las normas que entra en vigencia el diez de marzo de mil novecientos sesenta y seis en el gobierno de Enrique Peralta Azurdía cuando se promulgó el Decreto Ley número 433, Ley de Radiocomunicaciones (aún vigente) que en su artículo 32 establece “Los concesionarios de radio o de televisión, están obligados a encadenar su emisora a la estación piloto que designe la Dirección General de Radio y Televisión, cuando se transmitan informaciones de trascendencia para la Nación. Ordinariamente tienen obligación de colaborar con el Gobierno difundiendo programas de información, educativos, culturales o de interés social, en tiempo cedido sin costo alguno que no podrá ser mayor de quince (15) minutos diarios por las estaciones de televisión y treinta (30) minutos diarios por las estaciones de radiodifusión. La dirección General de Radio y Televisión, en todo caso, deberá proporcionar todo el material necesario y convenir de común acuerdo con los empresarios o su representante, la hora de estos programas. La norma anterior fue reformada en 2 ocasiones, hasta que el 26 de agosto de 2004 se declara inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 62-2004. Es interesante el análisis que se realiza dentro del expediente de inconstitucionalidad que deja sin efecto las normas citadas, ya que la Corte de Constitucionalidad se pronunció diciendo que “las normativa impugnada contiene una limitación al derecho constitucional de informar y ser informado – establecido en el artículo 35 del texto supremo- y recibir información de manera voluntaria, sin que la limitación esté comprendida en aquellas situaciones contempladas en el primer párrafo del artículo 138 constitucional, que son las que constitucionalmente autorizan la limitación del ejercicio del derecho antes mencionado.” Al respecto habrá que citar el artículo 138 de la Constitución que establece “Limitación a los derechos fundamentales. Es obligación del Estado y de las autoridades, mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículo 5º, 6º, 9º, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116”
39. 38 Para el efecto el artículo 35 está relacionado con la libertad de libre emisión del pensamiento que podría cesarse cuando se den las circunstancias mencionadas en el artículo citado. En otra normativa, el decreto 41-92, Ley Reguladora del Uso Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable, en su artículo 9, inciso k, dispone que los concesionarios de estaciones terrenas comerciales tienen, entre otras, las siguientes obligaciones: “k) Cuando el gobierno de Guatemala encadene la radio y televisión abierta, los concesionarios de estaciones terrenas comerciales deberán incluir dos estaciones de televisión nacional mientras dure la cadena, suspendiéndose la retransmisión de los canales restantes.” Se puede concluir entonces que no existe una norma que regule el establecimiento de cadenas nacionales en Guatemala, exceptuando la suspensión del derecho de libertad de expresión en situaciones especiales como el caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública. Y que con buen atino la Corte de Constitucionalidad declara inconstitucional la normativa relativa a cadenas nacionales, que desde un punto de ejercicio del poder, son una herramienta para ejercer un control sobre los medios de comunicación y sobre las personas, produciendo restricción informativa, es decir “cautiverio informativo”41 , obligando a escuchar e invadiendo la privacidad de cada una de las personas, además de una confiscación de tiempo para las transmisoras, tiempo que el mismo Estado ha concedido previamente y que se encuentra prohibida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El caso de situaciones especiales se encuentra regulado en el artículo 138 de la constitución de la república (norma ya citada), que en síntesis describe que en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia del derecho de libre emisión del pensamiento contenido en el primer párrafo del artículo 35 constitucional, situaciones que son desarrolladas por otra ley de rango constitucional como lo es la Ley de Orden Público. No hay norma relativa a medios escritos. Procedimiento de imposición. Por no haber normativa esto no aplica al caso de Guatemala. Cuando la norma se encontraba vigente la autoridad encargada de establecer la misma era la Dirección General de Radio y Televisión dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 41 Frase Citada de la Tesis de Mario Federico Valderramos Valladares, “ANALISIS JURIDICO-DOCTRINARIO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL USO DE LAS CADENAS DE RADIO Y TELEVISION POR LOS GOBIERNOS DE TURNO”, de la Univerdiad de San Carlos de Guatemala, mayo de 2008. Que puede ser consultada en el siguiente link: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7325.pdf.
40. 39 La práctica de las cadenas nacionales en el período 2013-2014 No aplica, ya que desde el año 2004 se deja sin efecto la norma que regulaba lo relativo a cadenas nacionales42 . Sanciones, defensas y recursos Por las mismas razones anteriores esto no aplica a Guatemala. Costos y compensaciones. Por las mismas razones anteriores esto no aplica a Guatemala. 42 Para corroborar esta información se contactó a la Dirección General de Radio y Televisión, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quienes confirmaron que desde esa época no recibieron órdenes por parte de la Secretaria de Comunicación de la Presidencia y no han enlazado en cadena nacional ninguna comunicación oficial.
41. 40 10. Cadenas nacionales en Honduras Comité Por La Libre Expresión (C-Libre) Director Ejecutivo: Héctor Becerra Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF) Director Ejecutivo: José León Aguilar Voluntaria: Melissa Elvir Chávez Marco normativo En Honduras existe normativa que regula el establecimiento de cadenas nacionales, la cuales se establece desde la Constitución de la República de Honduras, a través de la garantía de la libertad de emisión de pensamiento, de la cual se deriva la Ley especial denominada, Ley del Sector de Telecomunicaciones y su Reglamento; sin embargo, las cadenas nacionales se regulan por el Reglamento de Transmisión de Cadena Nacional de Difusión. Es importante mencionar que los medios de comunicación eran regidos por la Ley Orgánica de la Empresa Hondureña de Telecomunicación, (HONDUTEL), sin embargo, en el año 1995 entra en vigencia la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, bajo el decreto No. 185-95, en la cual se creó con el fin de establecer las normas para regular en el territorio nacional los servicios de telecomunicaciones, comprendiéndose entre estos toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes en movimiento, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por medio de transmisión eléctrica por hilos, radioelectricidad, medio ópticos, combinación de ellos o cualesquiera otros sistemas electromagnéticos. En la misma, se creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la cual regula y fiscaliza la explotación y operación de las telecomunicaciones que realicen la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), sus asociados y los particulares43 . En el Reglamento de dicha ley, emitido mediante Acuerdo No. 141-2002, en el Título VI, en su Artículo 221, se específica que a solicitud de CONATEL, todos los permisionarios de servicios radiodifusión sonora y de televisión están obligados a otorgar espacios para cadena nacional para difundir mensajes de los presidentes de los tres Poderes del Estado y para casos de emergencia nacional y de interés nacional, cultural y cívico. En casos de emergencia nacional esta obligación será extensiva a los permisionarios de los servicios de televisión por suscripción por cable y televisión por suscripción por medios inalámbricos. CONATEL aprobará un reglamento específico en el que se regulará esta materia. 43 Es importante aclarar que en el año 1995, HONDUTEL era la única empresa estatal que brinda servicios en el rubro de las comunicaciones y hasta el 15 de septiembre de 1996 inició sus de manera oficial la Compañía CELTEL, con la misión de ofrecer al pueblo hondureño la nueva y moderna tecnología de Comunicación Móvil.
42. 41 Así mismo, en su artículo 8, indica los casos en los que se aprobarán las solicitudes de transmisión de Cadena Nacional, entre ellas se mencionan: a. Mensajes de los Presidentes de los Tres Poderes del Estado b. Desastres naturales, asuntos de emergencia nacional o cualquier otra calamidad general c. Para garantizar la seguridad ciudadana d. En asuntos vinculados con las atribuciones de CONATEL; y e. Para asuntos de interés nacional, cultural y cívico de su importancia, los cuales deberán ser calificados. Dichas cadenas nacionales, de acuerdo al Artículo 10 del Reglamento de Transmisión de Cadena Nacional de Difusión, tendrá un tiempo de duración hasta de siete minutos. Fuera de ese tiempo las emisoras de radio de difusión sonora y de radiodifusión por televisión no están obligadas a la transmisión de Cadena Nacional, excepto en los casos, que CONATEL califique que el mensaje a transmitir requiere más tiempo (lo cual suele ser común en cada una de ellas). De acuerdo al Reglamento de Transmisión de Cadena Nacional de Difusión, en su artículo 3, expresa que la Comisión indicará a los titulares de los servicios de radio difusión sonora, radiodifusión de televisión y televisión por suscripción por cable, en cada oportunidad, las instrucciones relacionadas para prestar espacios para Cadena Nacional, considerando las horas de más audiencia, así como la actividad comercial de los prestatarios. Hasta la fecha nos existe obligatoriedad alguna para los medios de comunicación escrita, que deba publicar en forma gratuita informes o propaganda oficial, pero si se ha criticado fuertemente al gobierno por los onerosos gastos que realizan bajo la línea de publicaciones en diarios de mayor circulación. Procedimiento de imposición De acuerdo al artículo 10 de la Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones, LMT, las estaciones de radio, televisión y otros servicios de difusión estarán obligadas cuando CONATEL lo solicite, a otorgar espacios para cadena nacional para difundir mensajes de los Presidentes de los tres Poderes del Estado y para casos de emergencia nacional y de interés nacional, cultural y cívico que se consignarán en el reglamento respectivo. También está autorizado el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Electoral, según el artículo 7 del Reglamento de Trasmisión de Cadena Nacional, para realizar 1. Convocatoria de Elecciones, 2. El resultado de las Elecciones y 3. La Declaratoria del Presidente Electo, así como los demás de elección directa.
43. 42 La normativa no contempla ninguna frecuencia de las cadenas nacionales, queda a discreción de los funcionarios autorizados el decidir cuándo emitir una cadena nacional, previa autorización de CONATEL. La práctica de las cadenas nacionales en el período 2013-2014 En el último año (2013-2014), se han impuesto cadenas nacionales a todos los medios de comunicación radiales y televisivos impuesta de forma igualitaria, incluyendo a los permisionarios de los servicios de televisión por suscripción por cable y televisión por suscripción por medios inalámbricos, sin tener datos exactos de los comunicados emitidos por parte de la Presidencia del Poder Ejecutivo y Legislativo o la frecuencia de los mismos. De este modo en el transcurso del año 2013, se impusieron cadenas nacionales informativas por parte de la Presidencia del Poder Ejecutivo, a fin de dar a conocer al pueblo hondureño los logros realizados en el período de gobierno 2010 – 2014, en muchas ocasiones repetitivos de los mismos temas; y el Presidente del Congreso Nacional a fin de dar a conocer las leyes y/o reformas a las leyes vigentes creadas en el Poder Legislativo en los temas de seguridad nacional; sin embargo en muchas ocasiones también emitió cadenas nacionales para dar a conocer las actividades realizadas con el Programa de Vida Mejor, considerando que dichas transmisiones fueron muy oportunas para el Proceso Electoral Primario o Interno realizado en el mes de noviembre del año 2012 y Elecciones Generales de noviembre de 2013, en el cual era candidato a la Presidencia del Poder Legislativo. La toma de posesión del nuevo presidente duró aproximadamente 5 horas y fue trasmitida en cadena nacional el 25 de enero de 2014. Sanciones, defensas y recursos El artículo 39 de Ley Marco de Sector Telecomunicaciones establece que “se reputará como infracción toda acción u omisión que contravenga los preceptos de la presente Ley. Las infracciones podrán realizarse por acción o por omisión y se configurarán independientemente de la existencia de culpa, dolo o de perjuicio fiscal. La investigación, combate y sanciones de las infracciones a la presente Ley corresponderá a CONATEL y al Ministerio Público. La sanción de las infracciones constitutivas de delito corresponderá exclusivamente a los juzgados y tribunales de justicia. Según el artículo 14 del Reglamento de Trasmisión de Cadena Nacional, el medio que no de cumplimiento a la orden emanada de CONATEL para trasmitir la cadena nacional serán calificadas como infracciones leves, graves y muy graves. El artículo 19 del Reglamento de Trasmisión de Cadena Nacional establece que las infracciones graves y muy graves serán sancionadas de conformidad al Artículo 43 reformado de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación escrita.
44. 43 Según el artículo 43 de la Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones “las infracciones se sancionarán de la manera siguiente: Las infracciones muy graves con una multa de hasta Lps. 500,000.00 (quinientos mil Lempiras) por cada infracción; y, Las infracciones graves con una multa de hasta Lps. 99,000.00 (noventa y nueve mil Lempiras] por cada infracción. Su vez, el artículo 246 del Reglamento de la LMT, expone “las sanciones previstas en la Ley Marco y en este Reglamento se impondrán cuando resulte acreditada la responsabilidad del infractor, escuchándolo previamente y respetando su derecho a presentar pruebas, formular alegaciones o interponer los recursos que estime pertinentes”. De manera directa no contempla ningún tipo de recurso contra la imposición de la cadena nacional. Al contrario se considera una infracción el no hacerla, el inciso C2 del artículo 249 del reglamento de la LMT, considera una infracción grave el “negarse a transmitir la programación de las cadenas nacionales, sin causa justificada”. En ese sentido el artículo 15 dice que “las sanciones previstas en este Reglamento se impondrán una vez visto por la Comisión el informe correspondiente, previo haber escuchado al infractor”. Costos y compensaciones La normativa no contempla ninguna compensación económica, al contrario el Artículo 223 del Reglamento de la LMT, establece que “las transmisiones en cadena nacional son gratuitas y con la misma calidad de transmisión que habitualmente tienen los servicios de difusión”.
45. 44 11. Cadenas nacionales en México Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. Coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas: Haydeé Pérez Garrido Investigadora del Área de Transparencia y Rendición de Cuentas: Justine Dupuy Marco normativo El marco normativo es de rango legal y sub legal. La Ley Federal de Radio y Televisión44 establece en el artículo 62 que “todas las estaciones de radio y televisión en el país, estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación”. El artículo 60 de esta misma ley define las obligaciones de retransmitir mensajes gubernamentales “relacionados con la seguridad o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público, o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier calamidad pública; o relacionados con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio”. No se puede evocar las cadenas nacionales en México sin hablar de la Hora Nacional y de los tiempos oficiales. A diferencia de los tiempos oficiales que están muy regulados, la Hora Nacional no cuenta con un marco normativo. La Secretaría de Gobernación es responsable de coordinar la producción y transmisión de la Hora Nacional45 . La Hora Nacional se transmitió por primera vez el 25 de julio de 1937 a través de la estación XEDT, emisora del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad dependiente del Ejecutivo Federal. “Desde su origen, la Hora Nacional fue concebida como un medio del gobierno federal para estrechar la comunicación con la sociedad y fortalecer la integración nacional a través del idioma, la cultura, las tradiciones y la creación artística. Con el paso del tiempo, el objetivo se ha ampliado a ámbitos como la orientación de los servicios públicos y las campañas de interés social y cultural, entre otros. La Hora Nacional ha pasado por diversas etapas. Por un tiempo, difundió música clásica, en otra época música popular y, en algunas ocasiones, realizó controles remotos desde diversos puntos de la República.”46 . Hoy en día, la Hora Nacional ya no se retransmite en vivo, se difunde en cadena nacional en todas las estaciones de radio a las 10 de la noche el domingo y tiene un perfil de radio-revista. Los primeros 30 minutos son 44 Ley Federal de Radio y Televisión disponible en el siguiente link: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/114.pdf 45 De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, Artículo 34, fracción XXIV, publicado el 2 de abril de 2013, corresponde a la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía, coordinar la producción y transmisión de los programas de La Hora Nacional. 46 Según información del sitio internet de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación disponible en (http://www.rtc.gob.mx/).
46. 45 dedicados al mensaje del Gobierno federal con cobertura nacional, y los 30 restantes a los mensajes de cada una de las entidades de la federación, transmitidos en cadena local. Los tiempos oficiales47 en radio y televisión están muy regulados. Son tiempos gratuitos de los cuales disponen el gobierno. “Los Tiempos Oficiales son los espacios con que cuenta el Estado Mexicano en las estaciones de radio y canales de televisión abierta para difundir sus mensajes a la población. Están constituidos por tiempo del Estado y tiempo fiscal.”48 El gobierno usa estos tiempos para la publicidad oficial en su mayoría. En tiempos electorales, los tiempos oficiales sirven para difundir las campañas de los partidos políticos ya que estos tienen prohibido contratar e adquirir tiempo en radio y televisión (artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Salvo la Hora Nacional, que solo se transmite en radio, las otras obligaciones aplican para ambos medios: cadena de televisión y estación de radio. En cuanto a los medios escritos no existe obligaciones de publicar información oficial, salvo lo que se considera dentro del derecho de réplica. En la Ley sobre Delitos de Imprenta, el artículo 27 establece una “obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportazgo o entrevistas (…)”.49 . Procedimiento de imposición La Secretaría de Gobernación es la autoridad que tiene la potestad para establecer una cadena nacional como lo indica su reglamento. Hay que tomar 47 Para más información sobre este tema recomendamos Los tiempos Oficiales y su normatividad, Irene Emilia Trejo Hernández, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2654/16.pdf 48 http://www.rtc.gob.mx/ 49 Artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta: “Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportazgo o entrevistas, siempre que la respuesta se dé dentro de los ocho días siguientes a la publicación que no sea mayor su extensión del triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de particulares; que no se usen injurias o expresiones contrarias al decoro del periodista, que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa alguna infracción de la presente ley. Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el exceso al precio que fije en su tarifa de anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará previamente. La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades con que se hizo la publicación del artículo, párrafo o entrevista a que la rectificación o respuesta se refiere. La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en que se reciba, si se tratare de publicación diaria o en el número inmediato, si se tratare de otras publicaciones periódicas. Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el tiro no pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente. La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal”.
Trabajo de radio sobre la ley resorte completo
Cuadro comparativo ley resorte
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA TODOS EN VENEZUELA: UNA PROPUESTA