Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/37504
Timestamp: 2019-10-18 19:32:22
Document Index: 220240465

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 233', 'ARTÍCULO 194', 'artículo 71', 'ARTÍCULO 233', 'ARTÍCULO 194', 'artículo 21', 'artículo 233', 'Artículo 233', 'artículo 194', 'artículo 233']

Gaceta: LXII/1PPO-32/37504
Propone crear un tipo penal en el que se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de trescientos a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente de la autorización para ejercer la profesión, a los licenciados en derecho que en el ejercicio de la función de correduría pública, hagan constar o den fe de actos o hechos jurídicos por los que se creen, transfieran, modifiquen o extingan obligaciones de naturaleza mercantil, a sabiendas de que no sean ciertos y que les genere un beneficio económico o de cualquier índole directamente o indirectamente o a un tercero.
Se aumentarán hasta en una mitad las penas arriba citadas, si la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos o hechos jurídicos de naturaleza mercantil de los que se de fe y que resulten falsos, se encuentran relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.
Este delito se considerará como grave, por tal se inserta en el catalogo de delitos graves establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA UN ARTÍCULO 233 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMA EL INCISO 17 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
La suscrita MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la República por el Estado de Nuevo León ante la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 233 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMA EL INCISO 17 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, mismo que se hace al tenor siguiente:
Derivado de la convivencia humana, se volvió necesario dejar constancia de todo aquello que produjera una modificación de las cosas o en el mundo exterior, por ello, los actos de la voluntad se empezaron a contener en instrumentos con los que se pudieran constatar la existencia de dichos actos frente a todas las personas.
Al darse la evolución de las distintas civilizaciones, se fue adquiriendo la costumbre de dejar constancia de la generación de actos y hechos jurídicos, con los que se podía demostrar su existencia.
De la necesidad de hacer constar los actos y hechos jurídicos para tenerse por ciertos, surge la Fe Pública, que pude entenderse como una presunción legal de verdad y como prueba documental pública, es decir que es un imperativo jurídico impuesto por el Estado y es una relación de verdad entre el hecho o acto y lo manifestado en el instrumento en que se consigna, es una forma de seguridad que el estado brinda que afirma que un acto o un hecho es verdadero con los correspondientes efectos contra terceros.
Las funciones de los escribas, logógrafos y personas que realizaban transcripciones empezaron a ser reguladas en cuerpos normativos de casi todas las culturas, ya que dichas personas contaban con cierta potestad que los asimilaba con miembros de las cortes o funcionarios de reyes o emperadores que desempeñaban funciones públicas, incluso, en muchas culturas desempeñaban este papel los sacerdotes o guías espirituales.
La presente iniciativa trata sobre la institución de la Correduría Pública, por lo que dicha función desde la antigüedad fue ejercida por un representante del Rey o Emperador y se le consideraba como un mediador y un perito valuador legal, por lo que se tienen nociones de él desde las civilizaciones egipcia, fenicia, griega y romana, ya que este realizaba funciones de mediación o corretaje, por lo que debía de ser un experto en mercaderías y se encargaba de poner en contacto a vendedores y compradores, contaba con el ejercicio de la fe pública al autenticar o hacer constar en tabletas de arcilla o de papiro los inventarios de mercaderías y las transacciones en las que intervenía y determinaba el valor de las mercaderías en las operaciones comerciales.
Los Corredores Públicos desde la antigüedad vigilaban los mercados y a los mercaderes, cuidaban la buena marcha de las operaciones mercantiles y gozaban de autoridad en cuestiones de calidad, pesas y medidas, se constituían en auxiliares de la fiscalía local, investigaban fraudes y ejecutaban embargos, podríamos decir que el oficio de Corredor Público se instituyó en el año de 1527, bajo el reinado de Carlos V en su Real Cédula y dicha función se reglamentó mediante la Cédula Real de 23 de abril de 1764, ya que mediante la misma se expedía el Reglamento de Corredores en donde se encuentra el antecedente de la organización del Colegio de Corredores.
En México, la figura del Corredor Público surgió por las Ordenanzas de Bilbao, mismas que tenían aplicación en España y por lo tanto sus efectos se extendieron a la Nueva España a través de órdenes que datan de 1792 y de 1801, después de la independencia de México, se siguieron utilizando esas directrices hasta el año de 1884, en donde nuevamente se reglamentó con ciertas limitaciones la profesión de Corredor Público, pero es hasta el año de 1841 que al crearse las Juntas de Comercio y Tribunales Mercantiles, a estas se les dio la atribución de nombrar a los Corredores, en el año de 1842, se expidieron un nuevo Reglamento y los aranceles que podía cobrar dicho fedatario y se establecieron diversos ramos de la Correduría.
La figura del Corredor Público fue cobrando mayor fuerza en nuestro país, ya que se hacen referencias de él en el Código Mercantil de 1854 y en ese mismo año se expidió el Reglamento y Arancel que estuvo vigente hasta la promulgación del Código de Comercio de 1884.
En el Código de Comercio actual que data del año 1889, se faculto al Ministerio de Fomento para que pudiera expedir los títulos de habilitación de Corredor Público y en nuestros días, con la expedición de la Ley Federal de Correduría Pública que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1992, actualmente en vigor desde el 28 de enero de 1993 y con su Reglamento que fue expedido el 4 de junio de 1993, se derogaron las disposiciones que en materia de Correduría Pública regulaba el Código de Comercio, ampliando y renovando la función de la Correduría Pública con carácter federal.
El Corredor Público es un auxiliar del comercio y fedatario público, por lo que le compete al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, aplicar la ley que regula dicha labor.
En el desempeño de su función, los Corredores Públicos deben de cuidar siempre la seguridad jurídica de los actos en que intervienen, por lo que por disposición de la ley, deben de ser personasdotadas de alta calidad profesional y reconocida honorabilidad.
Los corredores públicos pueden ejercer sus funciones fuera de la plaza respectiva, con la limitante de que cuando actúen como fedatarios, lo podrán hacer únicamente dentro de la plaza para la que fueron habilitados, aunque los actos que se celebren ante su fe se podrán referir a cualquier otro lugar.
Al Corredor Público le compete entre otras cosas, actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil, además de fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de alguna autoridad competente.
De igual forma, el Corredor Público puede asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio, también pude actuar como árbitro, previa solicitud de las partes, para solucionar controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores.
En su función de fedatario público, puede hacer constar contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto cuando de traten de bienes inmuebles, así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor, de igual manera, puede hacer constar hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, así como y hechos de naturaleza mercantil.
También el Corredor Público puede actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica, cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorgadas ante él, así como de los documentos sobre contabilidad mercantil y correspondencia de los comerciantes.
Vale la pena señalar que sólo podrán ostentarse como corredores públicos, las personas habilitadas por la Secretaría de Economía y como requisito para ser corredor entre otros, se le exige que cuente con título profesional de licenciado en derecho y la cédula correspondiente, además de no haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoriada, por delito intencional que merezca pena corporal.
Los Corredores Públicos para ejercer de función deben contar con sello y libro de registro debidamente autorizados por la Secretaría de Economía, por lo que deberá de registrar su sello y su firma ante dicha Secretaría y en el Registro Público de Comercio de la plaza que le corresponda.
El Corredor Público sabe que la ley le exige que ejerza personalmente su función, con probidad, rectitud y eficiencia, además de que tiene la obligación de no retrasar indebidamente la conclusión de los asuntos que se le planteen, pero sobre todo, debe de proponer los negocios con exactitud, claridad y precisión, además de que debe asegurarse de la identidad de las partes que contraten, convengan o ratifiquen ante su fe, así como de su capacidad legal para contratar y obligarse.
La Ley Federal de Correduría Pública, prevé la exigencia para dichos profesionistas, de que deben orientar y explicar a las partes o comparecientes el valor y las consecuencias legales de los actos de naturaleza mercantil que realizarán ante él, por lo que deberá de guardar secreto profesional en lo relativo al ejercicio de sus funciones y, cuando actúe con el carácter de mediador, no podrá revelar, mientras no se concluya el acto, convenio o contrato, los nombres de los contratantes ni los datos o informes sobre el acto, a menos de que así lo exija la ley o la naturaleza de la operación, o por que las partes den su consentimiento para ello.
Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son considerados como instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos, salvo prueba en contrario.
Por la importancia de los efectos jurídicos que se pueden derivar de los actos y hechos de naturaleza mercantil en los que interviene el Corredor Público, dicho fedatario debe hacer constar que se aseguró de la identidad de las partes contratantes o que ratifican los actos y que, a su juicio, tienen capacidad legal, de igual forma debe de hacer constar que les leyó el instrumento en que se consignan los actos o hechos mercantiles a las partes, testigos, incluso hasta intérpretes que intervinieron en los mismos, o dejar constancia de que la leyeron ellos mismos, de igual manera deben de hacer constar, que han explicado a las partes el valor y las consecuencias legales del contenido del instrumento.
Otra obligación importante que tiene el Corredor Público es la de que debe hacer constar en el acta o póliza que las partes dieron su conformidad para firmar el instrumento, o, en su caso, hacer constar que no lo firmaron por haber declarado no saber o no poder hacerlo, en cuyo caso firmará una tercera persona que elija dicha parte, sin que el corredor pueda influir en la elección de la persona y otra obligación importante que tiene a su cargo consiste en que debe hacer constar los hechos que presencie y que sean integrantes del acto de que se trate, así como la entrega de dinero o títulos, es aquí donde reviste vital importancia el hecho de que los corredores públicos deben de ejercer su función de la manera más imparcial y recta posible, pero desgraciadamente, en la actualidad se han dado algunos casos en que dichos fedatarios públicos se han prestado para dar fe de hechos y actos jurídicos de naturaleza mercantil viciados.
Aunque han sido pocos los casos en que se han señalado a Corredores Públicos como coparticipes de personas que se dicen comerciantes y que han obligado a sus deudores a realizar actos jurídicos en contra de su voluntad, o bajo amenaza o valiéndose de violencia física o psicológica para realizar reconocimientos de deudas que en muchas ocasiones no son por el monto que realmente se debe o incluso pueden ser hasta inexistentes, por lo que dichos actos por el simple hecho de no contar con la voluntad de una de las partes ya se encuentran viciados de origen.
De igual manera, se han relacionado a Fedatarios Públicos, no solo a Corredores, sino también a Notarios, con la emisión de instrumentos en los que se insertan hechos falaces o en los que se simulan actos jurídicos que han causado afectación y perjuicio económico a las partes que son obligadas por terceros a participar en los mismos, también se han tenido noticias difundidas en diversos medios de comunicación, de casos en que integrantes de la delincuencia organizada en contubernio con fedatarios públicos carentes de escrúpulos, han hecho aparecer en escrituras y testimonios públicos, sesiones de derechos, traslaciones de dominio o de propiedad y declaraciones unilaterales de voluntad en los que se coacciona a las personas al amenazarlas con causarles daño en su integridad y hasta con la perdida de la vida, por lo que a dichas personas afectadas, no les queda más que realizar actos en contra de su voluntad y en perjuicio de sus intereses y derechos.
Hago notar que la Ley Federal de Correduría Pública prevé en el inciso b) de la fracción IV del artículo 21, que el corredor será sancionado por la Secretaría de Economía con la cancelación definitiva de la habilitación, cuando sea condenado por delito intencional mediante sentencia ejecutoriada que amerite pena corporal.
Es por esto, que la suscrita considera necesario que se sancione el mal ejercicio de la fe pública, de los Corredores Públicos que se presten en el ejercicio de su función, a hacer constar o de dar fe pública de actos o hechos jurídicos de naturaleza mercantil por los que se creen, transfieran, modifiquen o extingan obligaciones que no sean ciertos y que le generen un beneficio económico para sí o a un tercero.
Por ello, se propone que los elementos citados en el párrafo que antecede sean recogidos en una descripción típica que se integre al Código Penal Federal por la que se castiguen dichas conductas y que la penalidad se aumente cuando las personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos de naturaleza económica de los que se de fe y que resulten falsos, se encuentren relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud,secuestro, extorsión o amenazas, derivado de la agravación de la pena por la circunstanciada señalada, se considera pertinente que dicho ilícito sea considerado como delito grave, por lo que también se propone la reforma que corresponde aplicar al Código Federal de Procedimientos Penales.
No omito manifestar que con las reformas propuestas por la suscrita, se pretende proteger el buen desempeño de la función de fedatario público desempeñada por los Corredores Públicos, ya que se estima que con la inserción de dicha medida en el Código Penal Federal, nuestro sistema jurídico contará con un inhibidor para aquellos corredores de pocos escrúpulos que pretendan aliarse con comerciantes abusivos o con delincuentes para afectar los intereses de personas que intervienen en actos o hechos de naturaleza mercantil que sean competencia de dicho profesionista.
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un artículo 233 Bis al Capítulo II del Título Décimo Segundo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 233 Bis.-Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de trescientos a dos mil días desalario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente de la autorización para ejercer la profesión, a los licenciados en derecho que en el ejercicio de la función de correduría pública, hagan constar o den fe de actos o hechos jurídicos por los que se creen, transfieran, modifiquen o extingan obligaciones de naturaleza mercantil, a sabiendas de que no sean ciertos y que les genere un beneficio económico o de cualquier índole directamente o indirectamente o a un tercero.
Se impondrán las penas previstas en el párrafo que antecede, siempre y cuando se acredite que el Corredor Público tenía pleno conocimiento de que se generaría un delito al dar fe pública del acto o hecho jurídico de naturaleza mercantil en el que haya intervenido.
Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el primer párrafo del presente artículo, si la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos o hechos jurídicos de naturaleza mercantil de los que se de fe y que resulten falsos, se encuentran relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud,secuestro, extorsión o amenazas.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el inciso marcado con el número 17 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
1) a 16) …
17) El previsto en el artículo 233 Bis, tercer párrafo, así como la Falsificación y alteración de moneda, previsto en los artículos 234, 236 y 237;
18) a 36) …
II. … a XVIII. …
Dado en el Senado de la República a los nueve días de octubre del año dos mil doce.