Source: https://juri-dileyc.com/actualidad-europea-25/
Timestamp: 2018-08-22 01:07:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 238', 'artículo 16', 'artículo 238', 'artículo 238', 'artículo 238', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 291', 'artículo 11', 'artículo 291', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 238']

Juridi-NEWS: Actualidad europea n.° 25 - JURI-DILEYC
Posted by Juridi-NEWS | Feb 27, 2017 | Juridi-News | 0 |
Control del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión
Propuesta de Reforma: COM/2017/085 final (Propuesta de Reglamento que modifica el Reglamento (UE) n.º 182/2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión)
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Reglamento (UE) n° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión
La comitología
Art. 17.1 TUE: La Comisión promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos. Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas. Ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en los Tratados. Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. Adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales.
PUNTOS ESENCIALES DEL REGLAMENTO
Selección del procedimiento (art. 2)
a) actos de ejecución de alcance general;
b) otros actos de ejecución relacionados con:
i) programas con implicaciones importantes,
ii) la política agrícola común y la política pesquera común,
iii) el medio ambiente, la seguridad o la protección de la salud o la seguridad de las personas, los animales y las plantas,
iv) la política comercial común,
v) la fiscalidad.
Disposiciones comunes (art. 3)
Procedimiento consultivo (art. 4)
Procedimiento de examen (art. 5)
a) dicho acto se refiera a la fiscalidad, los servicios financieros, la protección de la salud o la seguridad de las personas, los animales o las plantas, o medidas de salvaguardia multilaterales definitivas;
b) el acto de base establezca que el proyecto de acto de ejecución no podrá ser adoptado si no se ha emitido un dictamen, o
c) se oponga a ello una mayoría simple de los miembros que componen el comité.
Remisión al comité de apelación (art. 6)
Adopción de actos de ejecución en casos excepcionales (art. 7)
Actos de ejecución inmediatamente aplicables (art. 8)
Reglamento interno (art. 9)
Información sobre las deliberaciones de los comités (art. 10)
a) una lista de los comités;
b) los órdenes del día de las reuniones de los comités;
c) las actas resumidas, junto con las listas de las autoridades y organizaciones a las que pertenezcan las personas designadas por los Estados miembros para representarlos;
d) los proyectos de actos de ejecución sobre los que se solicita el dictamen de los comités;
e) los resultados de las votaciones;
f) los proyectos finales de los actos de ejecución conforme al dictamen de los comités;
g) información sobre la adopción por la Comisión de los proyectos finales de los actos de ejecución, y
h) datos estadísticos sobre el trabajo de los comités.
Derecho de control del Parlamento Europeo y del Consejo (art. 11)
La iniciativa responde a una declaración del presidente de la Comisión en su discurso sobre el estado de la Unión pronunciado ante el Parlamento Europeo en septiembre de 2016, en la que afirmaba: «No es justo que, cuando los países de la UE no logran ponerse de acuerdo sobre si se debe prohibir el uso del glifosato en los herbicidas, el Parlamento y el Consejo obliguen a la Comisión a tomar una decisión. Así que cambiaremos esas normas, ya que eso no es democracia».
Aspectos jurídicos de la Propuesta:
Modificación de las normas de votación del comité de apelación
Nueva remisión al comité de apelación a nivel ministerial
Publicidad de los votos de los representantes de los Estados miembros en el seno del comité de apelación
Posibilidad de remitir la cuestión al Consejo para dictamen
En el marco del procedimiento de examen, los comités, incluido el comité de apelación, emiten sus dictámenes de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 182/2011 por la mayoría prevista en el artículo 16, apartados 4 y 5, del Tratado UE, y en su caso en el artículo 238, apartado 3, del TFUE. El artículo 16, apartado 4, del TUE y el artículo 238, apartado 3, del TFUE establecen una doble mayoría. De conformidad con estos artículos, se alcanza la mayoría cualificada si la mayoría:
1) abarca al menos el 55 % de los Estados miembros; esto significa que la mayoría cualificada debe abarcar al menos a 16 Estados miembros;
2) representa a Estados miembros que reúnen como mínimo al 65 % de la población de la Unión.
En los casos en que no todos los Estados miembros participan en la votación, el artículo 238, apartado 3, letra a), del TFUE fija la mayoría cualificada en un mínimo del 55 % de los Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65 % de la población de dichos Estados. En tales casos, una minoría de bloqueo debe incluir al menos un número mínimo de Estados miembros que representen más del 35 % de la población de los Estados miembros participantes, más un Estado miembro, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada.
Con arreglo a las normas actuales, las abstenciones o los Estados miembros que no están presentes o representados no se tienen en cuenta para alcanzar una mayoría cualificada a favor o en contra de un proyecto, pero no se deducen de las cifras globales sobre cuya base se calcula el 55 % de los Estados miembros y el 65 % de la población de la Unión. En la práctica, esto significa que las abstenciones expresadas en las votaciones y las ausencias de los Estados miembros que decidan no estar presentes o representados aumentan la probabilidad de que se produzca una ausencia de dictamen y la decisión vuelva a la Comisión. Las normas actuales no animan a los Estados miembros a votar a favor o en contra del proyecto de acto de ejecución, y por lo tanto no permiten que el comité de apelación desempeñe su papel.
Por esta razón, se propone modificar las normas de votación del comité de apelación para reducir el riesgo de ausencia de dictamen y aclarar las posiciones de los Estados miembros, de forma que los Estados miembros ausentes o que se abstengan sean considerados «Estados miembros no participantes» para el cálculo de la mayoría cualificada. Esto significa que la doble mayoría (55 % de los Estados miembros que representen el 65 % de la población) se calculará únicamente sobre la base de los Estados miembros que participen en la votación, es decir, que voten a favor o en contra del proyecto, de conformidad con el artículo 238, apartado 3, letra a), del TFUE. La minoría de bloqueo también se calculará conforme a esta disposición del Tratado.
A fin de garantizar que la votación sea representativa, es conveniente introducir en el Reglamento de comitología un quórum que prevea que una votación solo puede considerarse válida si una mayoría simple de los Estados miembros participa en la votación a nivel del comité de apelación. Los cambios en cuestión se introducirán en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Como ya ocurre actualmente, para evitar que el proceso se bloquee por falta de quórum, cuando expira el plazo de que dispone el comité de apelación para emitir un dictamen, se considera que el comité de apelación no ha emitido ningún dictamen.
El comité de apelación no ha conseguido hasta la fecha, generalmente, impedir que se produzcan situaciones de ausencia de dictamen, ni contribuir a aclarar la posición de los Estados miembros. El Reglamento (UE) n.º 182/2011 hace referencia a un nivel adecuado de representación 17 y el Reglamento interno del comité de apelación, adoptado por los Estados miembros, precisa que, como norma general, la representación en el seno del comité no debe estar por debajo del nivel de miembros del Comité de Representantes Permanentes. La experiencia muestra que, hasta la fecha, los Estados miembros han estado representados por sus Representaciones Permanentes en la mayoría de los casos.
A fin de reforzar el papel del comité de apelación en casos especialmente sensibles, se propone prever la posibilidad de una nueva consulta del comité de apelación cuando no se haya emitido un dictamen. Esto permitirá examinar las cuestiones problemáticas de nuevo al nivel político adecuado. Con este propósito, se propone que el presidente podrá decidir organizar una nueva reunión del comité de apelación indicando que el nivel de representación más adecuado para esta reunión es el nivel ministerial. Para permitir la organización de esta reunión adicional, el plazo total de que dispone el comité de apelación para emitir un dictamen debe prorrogarse un mes, quedando así fijado en tres meses a partir de la consulta inicial. Los cambios en cuestión se introducirán en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
Los votos de los representantes de los Estados miembros en el comité de apelación están protegidos actualmente por las normas de confidencialidad establecidas en el Reglamento interno del comité de apelación, al igual que las votaciones de los comités de examen y los comités consultivos. El artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 regula la información sobre las deliberaciones de los comités que puede hacerse pública, y por lo que respecta a las votaciones, hace referencia a los «resultados de la votaciones», es decir, únicamente a los resultados globales y no a los votos de los distintos Estados miembros. La Comisión considera que es necesaria una mayor transparencia en lo que respecta a las posiciones de los representantes de los Estados miembros en el comité de apelación. La propuesta de hacer públicos los votos de los representantes de los Estados miembros pretende aumentar la claridad sobre la posición de los Estados miembros. La disposición correspondiente para hacer públicos los votos de los representantes de los Estados miembros en el comité de apelación se incluirá en el artículo 10, apartado 1, letra e), y en el artículo 10, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
En virtud del artículo 291 del TFUE, la Comisión está facultada por el legislador para adoptar actos de ejecución bajo el control de los Estados miembros. Por lo tanto, el Parlamento Europeo y el Consejo no participan en modo alguno en el proceso de toma de decisiones y su papel se limita al ejercicio del derecho de control previsto en el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
De conformidad con el artículo 291, apartado 1, del TFUE, los Estados miembros son responsables de aplicar los actos de la Unión y de controlar a la Comisión con respecto a las competencias de ejecución que se le atribuyen. En los casos en que los Estados miembros no consiguen emitir un dictamen claro en el marco de este proceso de control, debe existir la posibilidad de someter la cuestión al Consejo, que es la institución de la Unión en la que los Gobiernos de los Estados miembros están representados a nivel ministerial y que tiene una visión de conjunto de todas las políticas de la Unión. Por consiguiente, se propone que la Comisión pueda remitir formalmente al Consejo aquellos casos específicos en que se haya producido una ausencia de dictamen en el comité de apelación, para que este emita un dictamen no vinculante, a fin de recabar su apreciación política sobre las consecuencias de la ausencia de dictamen, incluidas las implicaciones institucionales, jurídicas, políticas e internacionales. La Comisión deberá tener en cuenta la posición expresada por el Consejo dentro de los tres meses siguientes a la remisión. En casos debidamente justificados, la Comisión podrá fijar un plazo más corto.
Art. 3 (nuevo)
Cuando el comité de apelación no emita ningún dictamen con arreglo al artículo 6, apartado 3, párrafo segundo, el presidente podrá decidir que se convoque una nueva reunión del mismo a nivel ministerial. En tal caso, el comité de apelación emitirá su dictamen en un plazo de tres meses a partir de la fecha inicial de la remisión.
Art. 6 (nuevo)
No obstante, únicamente los miembros del comité de apelación que estén presentes o representados en la votación y que no se abstengan de votar se considerarán miembros participantes del comité de apelación. La mayoría contemplada en el artículo 5, apartado 1, será la mayoría cualificada contemplada en el artículo 238, apartado 3, letra a), del TFUE. Una votación solo se considerará válida si los miembros participantes constituyen una mayoría simple de los Estados miembros.
3 bis. Cuando el comité de apelación no emita ningún dictamen, la Comisión podrá remitir el asunto al Consejo para dictamen, con vistas a recabar su opinión y apreciación sobre las consecuencias más generales de una ausencia de dictamen, incluidas las implicaciones institucionales, jurídicas, políticas e internacionales. La Comisión tendrá en cuenta las posiciones expresadas por el Consejo dentro de los tres meses siguientes a la remisión. En casos debidamente justificados, la Comisión podrá fijar un plazo más corto.
Art. 10 (nuevo)
e) los resultados de las votaciones, incluidos, en el caso del comité de apelación, los votos emitidos por el representante de cada Estado miembro;
5. Se harán públicas en el registro las referencias de todos los documentos mencionados en el apartado 1, letras a) a d), f) y g), así como la información mencionada en el apartado 1, letras e) y h).
21 de febrero de 2017: L 043; C 054; C 054 A; C 055
22 de febrero de 2017: L 044; C 056; C 057
23 de febrero de 2017: L 045; L 046; C 058; C 059
24 de febrero de 2017: L 047; L 048; C 060; C 061
25 de febrero de 2017: L 049; C 062
27 de febrero de 2017: C 063
EQUIPOS MARINOS. Reglamento de Ejecución (UE) 2017/306 de la Comisión, de 6 de febrero de 2017, por el que se indican los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y las normas de ensayo para equipos marinos (DOUE L 48, 24 de febrero de 2017)
RED NATURA 2000. Informe Especial n.° 1/2017 — «Es necesario dedicar más esfuerzo a la plena implantación de la Red Natura 2000» (DOUE C 58, 23 de febrero de 2017)
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el Consejo, sobre la inclusión en la diversidad para conseguir una educación de alta calidad para todos (DOUE C 62, 25 de febrero de 2017)
Reglamento (UE) 2017/310 de la Comisión, de 22 de febrero de 2017, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.° 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), en lo referente a la lista de variables objetivo secundarias relativas a las privaciones materiales, el bienestar y las dificultades relacionadas con el alojamiento en 2018 (DOUE L 45, 23 de febrero de 2017)
Conclusiones del Consejo sobre la inversión en la juventud europea, especialmente en relación con el Cuerpo Europeo de Solidaridad (DOUE C 62, 25 de febrero de 2017)
Decisión del Comité Permanente de los Estados de la AELC n.° 2/2016/CP, de 2 de junio de 2016, por la que se modifica la Decisión del Comité Permanente n.° 4/2004/CP, por la que se establece un Comité del Mecanismo Financiero [2017/313] (DOUE L 45, 23 de febrero de 2017)
Decisión del Comité Permanente de los Estados de la AELC n.° 5/2016/CP, de 22 de septiembre de 2016, relativa a la auditoría de los programas y proyectos en el marco del Mecanismo Financiero (2014-2021) [2017/315] (DOUE L 45, 23 de febrero de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/295 de la Comisión, de 20 de febrero de 2017, sobre medidas excepcionales de apoyo del mercado en el sector de la carne de aves de corral en Francia (DOUE L 43, 21 de febrero de 2017)
Corrección de errores de las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 202 de 7.6.2016) (DOUE C 59, 23 de febrero de 2017)
MARCA DE LA UNIÓN. Al declarar en el apartado 35 de la sentencia recurrida que, según el punto de vista plasmado en el punto V de la Comunicación n.º 2/12, procedía interpretar el concepto «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática», correspondiente a los productos mencionados en el título de la clase 12 del Arreglo de Niza, que figuraba en la solicitud de marca LAMBRETTA en el sentido de que pretendía proteger esa marca para la totalidad de los productos que figuraban en la lista alfabética de esa clase 12, el Tribunal General no cometió ningún error de Derecho que pueda justificar la anulación de la sentencia recurrida (TJUE, Brandconcern BV contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Scooters India Ltd, 16 de febrero de 2017, C‑577/14 P).
MARCA DE LA UNIÓN. Por razones de seguridad jurídica y, precisamente, de buena administración, el examen de toda solicitud de registro debe ser estricto y completo, a fin de evitar que se registren marcas de manera indebida. Este examen debe tener lugar en cada caso concreto. En efecto, el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables en las circunstancias fácticas del caso concreto, destinados a comprobar si el signo en cuestión incurre en alguno de los motivos de denegación (Tribunal General, Antrax It Srl contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 16 de febrero de 2017, T‑828/14 y T‑829/14).
Resumen del libro: El Corredor Mediterráneo, como proyecto de eje ferroviario, constituye un elemento clave de la planificación española y europea. Además de tener un papel de infraestructura de transporte, también cristaliza en cuestiones económicas y políticas a distintos niveles territoriales. Representa un cambio en la lógica de ordenación del territorio, al reforzar el eje litoral en detrimento de los enlaces radiales con la capital. En este libro se propone entender cómo el Corredor viene a ser un patente factor que incita a revisar el papel de los distintos actores implicados -políticos, económicos, institucionales…-, así como a reinterpretar los paradigmas de la ordenación del territorio e interrogar la dialéctica entre las cuestiones propias de las distintas escalas territoriales. El Corredor Mediterráneo, además de tener un papel de infraestructura de transporte, también cristaliza en cuestiones económicas y políticas a distintos niveles territoriales. En este libro se propone entender cómo el Corredor viene a ser un patente factor que incita a revisar el papel de los distintos actores implicados – así como a reinterpretar los paradigmas de la ordenación del territorio.
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