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Timestamp: 2019-11-20 09:18:51
Document Index: 377004862

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 32', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 45', 'artículo 13', 'Artículo 46', 'Artículo 46', 'artículo 13', 'Artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 43', 'artículo 47', 'artículo 47', 'Artículo 47', 'artículo 13', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 13', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 13', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'artículo 13', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'artículo 13', 'Artículo 60', 'Artículo 60', 'artículo 48', 'Artículo 60', 'artículo 13', 'Artículo 61', 'artículo 13', 'Artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 13', 'Artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 13', 'artículo 63', 'artículo 13', 'Artículo 63', 'artículo 13', 'Artículo 64', 'Artículo 64', 'artículo 13', 'artículo 65', 'artículo 45']

Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. TÍTULO III. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Vigencia desde 07 de Septiembre de 2005. Revisión vigente desde 02 de Abril de 2017 hasta 31 de Enero de 2018
La potestad reglamentaria se ejercerá por los órganos que la tienen reconocida de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la legislación reguladora en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Capítulo I del título III redactado por el número nueve del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
Artículo 30 Concepto y forma que adoptarán
1. A los efectos de esta Ley, se entiende por reglamentos las disposiciones de carácter general de rango inferior a la Ley, dictadas por los órganos que tienen atribuida expresamente competencia para ello.
2. No tendrán la consideración de disposiciones de carácter general:
a) Los actos administrativos generales que tengan como destinatarios una pluralidad indeterminada de destinatarios y su contenido se agote con su sola aplicación o requieran actos de ejecución cuyo contenido esté predeterminado por aquellos, que adoptarán la forma de resolución.
B) Los actos administrativos generales mediante los que se haga público a los interesados el inicio de los plazos para presentar solicitudes en procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva que adoptarán, igualmente, la forma de resolución.
3. Los reglamentos adoptarán la forma de Decreto si son aprobados por el Consejo de Gobierno, y de Orden, si son aprobadas por los Consejeros.
4. Los Decretos serán firmados por el Presidente del Gobierno. Las Órdenes serán firmadas por el Consejero competente.
Artículo 31 Principio de jerarquía e inderogabilidad singular de los reglamentos
1. Los reglamentos se ajustarán a la siguiente jerarquía normativa:
a) Decretos, aprobados por el Consejo de Gobierno.
B) Órdenes de los Consejeros.
2. Los reglamentos no podrán contener preceptos opuestos a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, ni regular materias reservadas a la Ley, ni establecer la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
3. Son nulos de pleno derecho los reglamentos que infrinjan lo establecido en el apartado anterior.
4. Los actos administrativos no podrán vulnerar lo establecido en un reglamento, aunque procedan de un órgano de igual o superior rango a aquel que dictó el reglamento.
Artículo 32 Publicidad y control
1. Los reglamentos habrán de publicarse en el Boletín Oficial de La Rioja para que produzcan efectos jurídicos. Entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación, salvo que en ellos se establezca otro plazo distinto.
2. Los reglamentos, sea cual fuere el órgano del que emanen, agotan la vía administrativa y contra ellos no procede ningún recurso administrativo, siendo susceptibles de recurso contencioso administrativo de acuerdo con la legislación procesal aplicable.
Procedimiento para la elaboración de reglamentos
Artículo 33 Órgano competente para la iniciación
1. El procedimiento para la elaboración de los reglamentos se iniciará mediante resolución del órgano administrativo competente por razón de la materia.
2. La resolución de inicio expresará sucintamente el objeto y finalidad de la norma, las normas legales que en su caso deba desarrollar, así como el fundamento jurídico relativo a la competencia ejercida.
Artículo 34 Elaboración del borrador inicial
1. El órgano del que emane la resolución de inicio elaborará un borrador inicial integrado por un preámbulo y por el texto articulado del reglamento que incluirá, en su caso, una disposición derogatoria de las normas anteriores que resulten afectadas.
2. El borrador inicial irá acompañado de una memoria justificativa acerca de la necesidad de la aprobación de la nueva norma, de su adecuación al objeto y finalidad fijados en la resolución de inicio, la incidencia que habrá de tener en el marco normativo en que se inserte, una relación de las disposiciones afectadas y la tabla de vigencias de las disposiciones anteriores sobre la misma materia, así como una valoración de los efectos previsibles que puedan seguirse de su aplicación. Finalmente, incluirá, en su caso, también los estudios e informes previos que le sirvan de fundamento, así como una relación de aquellos informes o trámites que se consideren necesarios en la tramitación del expediente.
3. En los casos de creación de nuevos servicios o de modificación de los existentes, o aquellos en los que de la aplicación del reglamento se prevea que van a derivar derechos y obligaciones de carácter económico, deberá adjuntarse al expediente un estudio del coste y financiación.
Artículo 35 Anteproyecto de reglamento
1. Una vez elaborado el borrador inicial, así como la documentación complementaria a que se refiere el artículo anterior, el expediente se remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería, cuyo titular, a la vista de su contenido declarará, en su caso, formado el expediente de anteproyecto y acordará la continuación del procedimiento por la propia Secretaría General Técnica.
2. Por la Secretaría General Técnica de la Consejería se determinarán los trámites e informes que resulten necesarios para garantizar el acierto y legalidad del reglamento.
3. Cuando se observaran defectos en la formación del expediente por el órgano administrativo que dictó la resolución de inicio el mismo podrá ser devuelto al citado centro a efectos de que se proceda a su subsanación.
Artículo 36 Trámite de audiencia
1. El anteproyecto deberá someterse a la audiencia de los interesados, directamente o por medio de las entidades reconocidas por la Ley que los agrupen o los representen, en los siguientes casos:
B) Cuando la disposición afecte a derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.
2. No será exigible el trámite previsto en el punto anterior respecto de las entidades citadas si han sido consultadas en el procedimiento de elaboración o si han intervenido en él mediante la emisión de informes o participación en órganos colegiados.
3. La audiencia no será exigible en relación con los proyectos de disposiciones que regulen la organización del Gobierno, de la Administración General de la Comunidad Autónoma o de los entes integrantes de su Sector Público, salvo que en alguno de estos casos se regule la participación de los ciudadanos o de sus organizaciones y asociaciones representativas en el ejercicio de sus funciones u órganos. Tampoco será exige el trámite de audiencia en relación a aquellas disposiciones que tengan por objeto exclusivo la regulación de los tributos o ingresos de derecho público.
4. El plazo de la audiencia debe ser adecuado a la naturaleza de la disposición, y no inferior a quince días. Por razones justificadas, y mediante acuerdo o resolución debidamente motivado, este plazo podrá reducirse a siete días.
Artículo 37 Información pública y participación
Cuando lo exija la naturaleza de la disposición y lo decida el Consejo de Gobierno o el Consejero competente, el proyecto será sometido a información pública.
La información pública tendrá por objeto facilitar la más amplia participación de los ciudadanos. En su comunicación y desarrollo se procurará el uso de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos que contribuyan a facilitar la efectiva participación.
El plazo de la información pública será adecuado a la naturaleza de la disposición, y en ningún caso inferior a veinte días. La determinación del plazo corresponderá al órgano que decida su procedencia.
Artículo 38 Intervención de los Entes Locales
El órgano responsable de la tramitación adoptará las medidas que hagan posible la participación de los Entes Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el procedimiento cuando el anteproyecto de disposición afecte a las competencias de éstos.
Artículo 39 Informes y dictámenes preceptivos
1. Los informes preceptivos y los dictámenes de los órganos consultivos se solicitarán en el momento y en la forma que determinen sus disposiciones reguladoras. El plazo para su emisión será el previsto en ellas, y a falta de previsión expresa, el de diez días.
2. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la tramitación del reglamento, en cuyo caso podrá interrumpirse la misma en tanto no se emitan e incorporen al expediente. El plazo de espera no podrá exceder en ningún caso de tres meses, salvo disposición legal que determine un plazo menor o establezca otros efectos ante la falta de emisión.
3. El anteproyecto de reglamento será informado por la Dirección General de los Servicios Jurídicos una vez cumplimentados todos los trámites y previamente a la emisión de los dictámenes que, en su caso, resulten procedentes.
Artículo 40 Integración del expediente y memoria final del anteproyecto
1. Concluidas las actuaciones de instrucción y con carácter previo a la emisión del dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja que en su caso deba emitirse, la Secretaría General Técnica encargada de la tramitación elaborará una memoria sucinta de todo el procedimiento, en la que se reseñarán los antecedentes, los trámites practicados y su resultado, las modificaciones introducidas en el texto del anteproyecto como consecuencia del contenido de los documentos e informes resultantes de los trámites de audiencia, información pública e informes preceptivos, así como una exposición motivada de aquellas que hayan sido rechazadas. La memoria deberá recoger expresamente una declaración motivada de la adecuación al ordenamiento jurídico del texto del anteproyecto.
2. El expediente de elaboración del reglamento se ordenará a partir de la resolución de inicio seguido del anteproyecto y documentación correspondiente, así como de los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones practicadas.
3. En aquellos casos en que proceda la emisión de dictámenes por el Consejo Consultivo, y una vez recibido el mismo, se procederá a introducir las modificaciones que procedan en el texto del anteproyecto formulándose por la Secretaría General Técnica correspondiente la memoria final del anteproyecto, en aquellos casos en que la misma resulte necesaria, que precederá en todo caso a la formalización del proyecto de reglamento.
Artículo 41 Redacción y aprobación del proyecto de Reglamento
1. Una vez incorporada la memoria final del anteproyecto por la Secretaría General Técnica e integrado definitivamente el expediente tramitado, se redactará el proyecto de reglamento que contendrá la redacción definitiva de la norma propuesta.
2. La aprobación del proyecto corresponderá al titular de la Consejería encargada de la tramitación del expediente en aquellos casos en que la norma deba adoptar la forma de Decreto, y a la Secretaría General Técnica a quien correspondió la tramitación en los restantes casos.
Artículo 42 Aprobación del reglamento y publicación
1. Concluido el procedimiento establecido, los proyectos de reglamento serán sometidos a la aprobación del Consejo de Gobierno o de los Consejeros, adoptando el reglamento desde el momento de su aprobación la forma de Decreto o la de Orden, respectivamente.
2. Una vez aprobados los reglamentos serán publicados en los términos previstos en el artículo 32 de esta Ley, entrando en vigor de acuerdo con las normas allí recogidas.
Artículo 43 Actos administrativos
1. Los actos administrativos se producirán por el órgano que tenga atribuida la competencia y de acuerdo con el procedimiento establecido.
2. Los actos administrativos que pongan fin al procedimiento adoptarán la forma de Resolución cuando se dicten por órganos unipersonales o la de Acuerdos cuando se adopten por órganos colegiados.
Artículo 44 Actos de trámite cualificados
Tendrán la consideración de actos de trámite cualificados aquellos que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
Artículo 45 Actos que ponen fin a la vía administrativa
1. Ponen fin a la vía administrativa los actos siguientes:
a) Los del Presidente del Gobierno.
B) Los del Consejo de Gobierno.
C) Los de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
D) Los de los Vicepresidentes.
E) Los de los Consejeros, salvo que por Ley se otorgue expresamente recurso ante el Consejo de Gobierno.
F) Los de los órganos de las Consejerías, en los casos en que resuelvan por delegación de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
G) Los resolutorios de un recurso de alzada, cualquiera que sea el órgano que los resuelva.
H) Los resolutorios de los procedimientos de reclamación a que se refiere la Sección 4ª del Capítulo III de este Título.
I) Los dictados por los Secretarios Generales Técnicos en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
j) Los de cualquier otro órgano, cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria.
2. En los Organismos Públicos ponen fin a la vía administrativa los actos emanados de los máximos órganos de dirección, unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que su Ley de creación establezca otra cosa.
Artículo 45 redactado por el número diez del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
Artículo 46 Finalidad del Registro
1. Para la debida constancia de las solicitudes, escritos y comunicaciones oficiales que los particulares presenten o se reciban en los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos existirá un Registro único.
2. Dicho Registro anotará también las salidas de las solicitudes, escritos y comunicaciones que los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos dirijan a otras Administraciones Públicas o particulares.
3. El Registro se gestionará en soporte informático y será único para toda la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos. Reglamentariamente se regulará la creación de Oficinas de Registro.
4. El Registro deberá permitir la recepción y salida telemática de solicitudes, escritos y comunicaciones de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.
Artículo 46 redactado por el número once del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
Artículo 47 Funcionamiento del Registro
1. Los interesados podrán presentar solicitudes, escritos y comunicaciones así como los documentos que los acompañen, en cualquiera de las Oficinas de Registro. Se anotará como fecha de entrada la de su presentación o recepción en cualquiera de ellos.
Número 2 del artículo 47 suprimido por el número primero del artículo 43 de la Ley [LA RIOJA] 6/2009, 15 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010 («B.O.L.R.» 23 diciembre), con efectos desde el 27 de diciembre de 2009.Vigencia: 27 diciembre 2009 Efectos / Aplicación: 27 diciembre 2009
3. La Consejería competente en materia de Administraciones Públicas podrá celebrar convenios con las entidades que integran la Administración Local para que reciban escritos, solicitudes o documentos dirigidos a la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos.
4. Asimismo podrá celebrar convenios con entidades o instituciones públicas o privadas para facilitar a los ciudadanos la realización de trámites administrativos o el cumplimiento de obligaciones legales.
5. Las oficinas de registro recepcionarán los escritos, solicitudes y comunicaciones que se presenten y los documentos que los acompañen. Salvo que los documentos originales deban obrar en el procedimiento, los ciudadanos tendrán derecho a aportar copias de los mismos cuya fidelidad quedará garantizada mediante la aportación de declaración responsable del interesado, sin perjuicio de la posterior facultad de comprobación por parte de la Administración
Número 5 del artículo 47 introducido por el número segundo del artículo 47 de la Ley [LA RIOJA] 6/2009, 15 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010 («B.O.L.R.» 23 diciembre), con efectos desde el 27 de diciembre de 2009.Vigencia: 27 diciembre 2009 Efectos / Aplicación: 27 diciembre 2009
Artículo 47 redactado por el número doce del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
DE LA REVISIÓN DE LOS REGLAMENTOS Y DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA
Revisión de reglamentos y de actos administrativos
Artículo 48 Revisión de oficio de reglamentos y actos nulos
1. La revisión de oficio de los actos administrativos y reglamentos se realizará en los supuestos previstos en la legislación del procedimiento común de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Los procedimientos de revisión de actos nulos se iniciarán por el órgano autor del acto o a solicitud de persona interesada. En el caso de reglamentos, la revisión se iniciará por el órgano autor de los mismos.
B) Cuando se trate de actos nulos, la declaración de nulidad se efectuará por:
- Los Consejeros, previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de La Rioja, si se trata de actos provenientes de órganos inferiores, así como los dictados por los órganos interiores de los organismos públicos.
- El Consejo de Gobierno, en el caso de que se trate de actos provenientes del Consejo de Gobierno, de los Consejeros o de actos dictados por el máximo órgano rector de los organismos públicos.
Asimismo, en cualquier momento, el Consejo de Gobierno o los Consejeros, previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de La Rioja, podrán declarar la nulidad de los reglamentos que hayan aprobado en los supuestos previstos en la legislación del procedimiento común.
2. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo Consultivo, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
Artículo 49 Declaración de lesividad de actos anulables
1. La Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
2. La declaración de lesividad se efectuará mediante Resolución del Consejero titular de la Consejería de la que emane el acto o al que esté adscrito el organismo público que lo haya dictado o, en su caso, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno cuando el acto provenga de este último o del titular de la Consejería.
3. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.
Artículo 50 Revocación de actos administrativos
1. La Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos podrán revocar en cualquier momento sus actos, expresos o presuntos, desfavorables o de gravamen, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
Número 1 del artículo 50 redactado por el número trece del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
2. El órgano competente para la revocación será el que dictó el acto que se pretenda revocar.
Artículo 51 Rectificación de errores materiales o aritméticos
Los órganos competentes para instruir o resolver en los procedimientos administrativos podrán, en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos que se hayan producido.
La rectificación señalada en el párrafo anterior deberá ser objeto de publicación o notificación en los mismos términos que los actos que hayan sido objeto de rectificación.
Artículo 52 Recursos contra actos que no agotan la vía administrativa
1. Contra los actos de los órganos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa y contra los actos de trámite cualificados podrá interponerse por los interesados el recurso de alzada regulado en la legislación del procedimiento común.
3. El órgano competente para resolver el recurso de alzada será el superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido.
Artículo 53 Recurso de reposición
1. Los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, conforme a lo establecido en la legislación del procedimiento común.
2. Tratándose de actos dictados por delegación y salvo que en ésta se disponga otra cosa, el recurso de reposición se resolverá por el órgano delegado.
Número 2 del artículo 53 redactado por el número catorce del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
Artículo 54 Recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, en los supuestos y plazos previstos en la legislación del procedimiento común, ante el Consejero competente por razón de la materia, a quien corresponderá su resolución, incluidos los que se interpongan contra actos de organismos públicos dependientes o adscritos a su Consejería, salvo que se trate de actos del Consejo de Gobierno, en cuyo caso será éste el competente para resolverlos.
Reclamaciones administrativas previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales
Artículo 55 Reclamación administrativa previa a la vía judicial civil
1. La reclamación administrativa previa al ejercicio de acciones fundadas en Derecho Privado se presentará ante el Consejero competente por razón de la materia y a quien corresponda su resolución.
2. En los organismos públicos la reclamación se resolverá por su máximo órgano rector.
3. Se considerará desestimada la reclamación si no se notifica la resolución expresa en el plazo de tres meses.
Sección 3.ª del Capítulo IV del Título III, integrada por los artículos 55 y 56, suprimida por el número quince del artículo 13 y la disposición derogatoria de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
Artículo 56 Reclamación administrativa previa a la vía judicial laboral
1. La reclamación administrativa previa al ejercicio de acciones ante la jurisdicción social serán resueltas por el Consejero del que dependa el órgano que hubiera dictado el acto objeto de la reclamación.
Cuando el contenido de la reclamación sea en materia de personal deberá dirigirse al Consejero del que dependa el centro de trabajo en relación al cual se reclame, quien la remitirá debidamente informada a la Consejería competente en materia de Función Pública para su resolución.
2. En los organismos públicos la reclamación será resuelta por su máximo órgano rector.
3. Se considerará desestimada la reclamación si no se notifica la resolución expresa en el plazo de un mes.
Artículo 57 Criterios generales
1. El recurso de alzada o el de reposición podrán ser sustituidos por una reclamación que resolverán comisiones técnicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, de acuerdo con lo establecido en la legislación del procedimiento común.
2. La comisión, una vez conocido el contenido de la reclamación y el expediente administrativo, resolverá lo que en Derecho proceda.
3. El procedimiento administrativo de actuación de estas comisiones deberá respetar los principios, las garantías y los plazos que la legislación básica reconoce a los interesados en todo procedimiento administrativo.
4. En todo caso, la reclamación deberá presentarse dentro del mismo plazo establecido para la interposición de los correspondientes recursos administrativos, junto con los documentos requeridos por el ordenamiento jurídico para dicha interposición.
Competencia para sancionar
Artículo 58 Ejercicio de la potestad sancionadora
1. La potestad sancionadora de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de sus organismos públicos se ejercerá de acuerdo con los principios de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y respeto de los plazos de prescripción y no duplicidad de sanciones, establecidos en la legislación del procedimiento común.
2. No podrán imponerse sanciones administrativas sino en virtud de previo procedimiento administrativo que garantizará el derecho de audiencia y de defensa de los interesados.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
2. La competencia para resolver los procedimientos sancionadores corresponde a los órganos que la tengan expresamente atribuida en las normas sancionadoras. Cuando dichas normas no atribuyan la competencia para ordenar el inicio del procedimiento ésta corresponderá al órgano competente para resolver.
3. Los órganos competentes para el inicio del procedimiento sancionador lo serán también para:
a) Ordenar la práctica de informaciones previas.
B) Designar instructor.
4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 136 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.
Rúbrica de la Sección 2.ª del Capítulo V del Título III redactada por el número dieciséis del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
Artículo 60 Procedimiento aplicable
El procedimiento sancionador regulado en la presente Ley será aplicable a las infracciones tanto en materias de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de La Rioja como en las de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado, sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse y de la aplicación supletoria de las normas estatales en materia de procedimiento común
Artículo 60 redactado por el artículo 48 de la L [LA RIOJA] 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2017 («B.O.L.R.» 1 abril). Vigencia: 2 abril 2017
Artículo 60 redactado por el número diecisiete del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del órgano competente para ello, dictado bien por iniciativa propia o como consecuencia de petición razonada de otros órganos o denuncia. Con anterioridad podrá acordar la instrucción de una información previa, con el objeto de disponer la iniciación del procedimiento o, en su caso, el archivo de las actuaciones.
2. La petición razonada de otros órganos no vincula al órgano titular de la potestad sancionadora, si bien deberá comunicar al que la hubiere realizado la decisión adoptada sobre la apertura o no del procedimiento.
3. La denuncia no convierte, por sí sola al denunciante en interesado en el procedimiento sancionador. Salvo que tenga la condición de interesado por otro concepto, el denunciante no tendrá más participación en el procedimiento que el derecho a recibir comunicación del órgano competente sobre la apertura o no del procedimiento.
D) Sanciones que, en su caso, pueden imponerse.
5. Los hechos constatados por funcionarios a los que se le reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento en el que se observen los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
Artículo 61 redactado por el número dieciocho del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
Artículo 62 Instrucción
1. El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se comunicará al instructor y se notificará a la persona presuntamente responsable y demás interesados, concediéndosele un plazo de quince días para que presente las alegaciones y documentos que considere convenientes a su defensa. En la notificación se advertirá que, si no presentaran alegaciones, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada y de la sanción que corresponda.
En el trámite de alegaciones, la persona presuntamente responsable y demás interesados podrán solicitar la práctica de las pruebas que considere necesarias.
2. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo establecido para ello, el instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba cuando lo haya solicitado cualquiera de los interesados o lo considere necesario para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las personas responsables, practicándose las que se consideren pertinentes en un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
3. Finalizado el período de prueba o, en su defecto, el plazo de alegaciones contra la resolución de iniciación del procedimiento se pondrá de manifiesto a la persona presuntamente responsable y demás interesados para que, en el plazo de diez días, presenten las alegaciones y documentos que estimen pertinentes.
4. Podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento o no sean tenidos en cuenta en la resolución del mismo, otros hechos, alegaciones y pruebas que las aportadas por los interesados.
Número 8 del artículo 62 introducido por el número diecinueve del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
Artículo 63 Actuaciones complementarias
2. Las actuaciones complementarias se llevarán a cabo por el instructor en el plazo de veinte días.
Número 2 del artículo 63 redactado por el número veinte del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
3. Realizadas las actuaciones complementarias se pondrá de manifiesto su resultado a la persona presuntamente responsable y demás interesados, a fin de que aleguen lo que consideren pertinente en el plazo de diez días.
Número 3 del artículo 63 redactado por el número veinte del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
Artículo 63 bis introducido por el número veintiuno del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
Artículo 64 Finalización
1. Remitida la propuesta de resolución, junto con la documentación que integre el expediente y practicadas, en su caso, las actuaciones complementarias a que se refiere el artículo anterior, el órgano competente dictará la resolución que ponga fin al procedimiento. La resolución habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el mismo, no pudiendo aceptar hechos distintos de los determinados en la instrucción del procedimiento.
3. La resolución decidirá sobre las medidas provisionales que hayan podido adoptarse en la instrucción y sobre las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.
4. El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores será de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, salvo que una norma con rango de Ley establezca otra cosa o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.
Artículo 64 redactado por el número veintidós del artículo 13 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
1. La responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja por los daños ocasionados a los particulares y entidades en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, se regirá por la legislación básica del Estado en la materia y por las disposiciones de desarrollo que la Comunidad Autónoma dicte en el ejercicio de sus propias competencias.
2. La competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial corresponderá al titular de la Consejería a cuya actividad se le impute el daño hasta el límite establecido para la contratación y al Consejo de Gobierno cuando excedan de esa cantidad o cuando una Ley expresamente lo prevea.
3. En el caso de los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja, serán órganos competentes para resolver los procedimientos, los que determine su Ley de creación. En su defecto, será competente el titular de la Consejería a la que estuvieren adscritos.
4. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de La Rioja se tramitarán de acuerdo con la normativa básica estatal en la materia, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la propia organización. La cuantía fijada para que los dictámenes del Consejo Consultivo de La Rioja resulten preceptivos será la que fije el Estado con carácter general en dicha normativa básica
Apartado 4 del artículo 65 redactado por el artículo 45 de la Ley [LA RIOJA] 7/2011, 22 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2012 («B.O.L.R.» 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2012
5. El órgano competente para resolver podrá declarar motivadamente la inadmisión de las reclamaciones formuladas por los interesados, sin necesidad de instrucción, cuando la competencia material para su resolución competa a otra Administración Pública, debiendo indicar en el acuerdo de inadmisión cuál es la Administración a la que ha de dirigir su reclamación.