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Timestamp: 2019-01-21 20:58:04
Document Index: 13424054

Matched Legal Cases: ['artículo 213', 'artículo 205', 'artículo 206', 'artículo 216', 'artículo 51', 'artículo 59']

SENTENCIA SP8776-2016 DE 29 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:SUSTENTACIÓN PARA EL FALSO JUICIO DE IDENTIDAD. EL FALSO JUICIO DE IDENTIDAD ES UN ERROR DE HECHO CONSISTENTE EN QUE EL JUEZ, AL VALORAR UNA DETERMINADA PRUEBA, DESCONOCE SU GENUINO CONTENIDO PORQUE LO TERGIVERSA, O LO ADICIONA O LO CERCENA. EN ESE ORDEN, LA SUSTENTACIÓN ADECUADA DE UN VICIO DE TAL NATURALEZA IMPLICA (I) LA IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE CONOCIMIENTO INDEBIDAMENTE VALORADO(II) LA EXPOSICIÓN DE SU CONTENIDO OBJETIVO Y SU DISCORDANCIA CON EL DECLARADO JUDICIALMENTE, SEA POR DISTORSIÓN, ADICIÓN O SUPRESIÓN(III) EL SEÑALAMIENTO DE LAS NORMAS PROBATORIAS (MEDIO) Y SUSTANTIVAS (FIN) VULNERADASY, POR ÚLTIMO, (IV) LA ACREDITACIÓN DE LA EVIDENCIA Y DE LA TRASCENDENCIA DEL ERROR.
TEMAS ESPECÍFICOS:HOMICIDIO DE PERSONA PROTEGIDA, DELITO DE SECUESTRO SIMPLE, JUICIO DE IDENTIDAD, FALSO JUICIO DE IDENTIDAD, FALSO JUICIO DE IDENTIDAD POR CERCENAMIENTO, FALSO JUICIO DE IDENTIDAD POR TERGIVERSACIÓN
Sentencia SP8776-2016/47977 de junio 29 de 2016
SP8776-2016
Rad.: 47977
Aprobado Acta Nº 194
Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.
I. De conformidad con lo previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal de 2000 (en adelante CPP/2000), la Corte pasa a examinar la demanda de casación instaurada por la delegada de la fiscalía con el objeto de determinar si es admisible o no, lo cual dependerá de la legitimidad de la recurrente y del cumplimiento de los demás requisitos exigidos por la ley procesal, entre los que se destacan “la enunciación de la causal y la formulación del cargo, indicando en forma clara y precisa sus fundamentos y las normas que el demandante estime infringidas”.
II. Naturaleza de la decisión impugnada. Tal y como lo dispone el artículo 205, inciso 1º, del CPP/2000, el recurso extraordinario de casación —por regla general— es procedente contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito judicial —y por el tribunal penal militar—, en los procesos adelantados por delitos cuya pena sea de prisión con un límite máximo imponible que exceda de 8 años. Entonces, si la sentencia cuestionada en el evento bajo examen decidió la responsabilidad penal por las conductas de secuestro simple y de homicidio en persona protegida que son sancionadas con penas privativas de la libertad cuyos máximos son muy superiores a aquél monto(2), es evidente que la demanda cumple con este primer requisito de procedencia.
III. Interés para recurrir. La demandante se encuentra legitimada para recurrir en casación (art. 209 CPP/2000) dado que ostenta la condición de sujeto procesal y la sentencia que impugna, en lo que respecta a los delitos de secuestro simple y de homicidio en persona protegida, es contraria a sus intereses como agencia estatal acusadora. Además, en lo que respecta al primero de tales comportamientos, los argumentos de inconformidad ya habían sido expuestos en la sustentación del recurso de apelación que promovió en contra de la sentencia del juzgado 10 penal del circuito especializado de Bogotá, mientras que en lo que hace al ilícito concurrente la absolución que censura la fiscalía fue decretada en segunda instancia. Así, le asiste pleno interés para acudir a esta sede procesal extraordinaria.
IV. Finalidad del recurso. Según el artículo 206 del estatuto procesal, la casación debe perseguir la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la unificación de la jurisprudencia y la reparación de los agravios inferidos a las partes. En el asunto analizado, la demandante, más allá de mencionarlos al finalizar la sustentación del primero de los cargos que formula, no justificó la necesidad de la casación a partir de esos taxativos fines, por lo que, de entrada, se puede evidenciar que la sustentación del recurso es insuficiente. Tal conclusión se reafirma al examinar cada una de las censuras propuestas, pues, como se verá, ninguna reúne las condiciones mínimas de admisibilidad para su estudio en la sede procesal extraordinaria.
V. Examen de admisibilidad de los cargos:
Cargo Nº 1 (principal): Falso juicio de identidad
El falso juicio de identidad es un error de hecho consistente en que el juez, al valorar una determinada prueba, desconoce su genuino contenido porque lo tergiversa, o lo adiciona o lo cercena. En ese orden, la sustentación adecuada de un vicio de tal naturaleza implica (i) la identificación del medio de conocimiento indebidamente valorado; (ii) la exposición de su contenido objetivo y su discordancia con el declarado judicialmente, sea por distorsión, adición o supresión; (iii) el señalamiento de las normas probatorias (medio) y sustantivas (fin) vulneradas; y, por último, (iv) la acreditación de la evidencia y de la trascendencia del error.
Sea lo primero indicar que, bajo un mismo cargo de falso juicio de identidad, la demandante cuestiona la apreciación de los testimonios rendidos por Cxxx Gxxx Cxxx Axxx y por Mxxx Exxx Nxxx Jxxx, cuando frente a cada uno de ellos debió formular censuras por separado. Por si fuera poco, aun cuando inicialmente señala esas pruebas, en el desarrollo de la sustentación también dirige sus críticas contra otras declaraciones juradas como fueron las rendidas por Fxxx Rxxx Pxxx Gxxx, Axxx Sxxx Oxxx, Rxxx Nxxx. Esa falta de rigurosidad en la identificación del objeto del error permite vislumbrar desde ya un desacuerdo generalizado con las conclusiones de la sentencia y no la exposición de auténticos y específicos errores de juicio.
i. En relación con el testimonio de Cxxx Gxxx Cxxx Axxx, en primer lugar, sostiene la recurrente que fue trastocado porque en la sentencia se afirmó que cuando aquél señaló a Mxxx Axxx Mxxx Pxxx como uno de los paramilitares que estuvo presente en el lugar del cautiverio de Vxxx Exxx Jxxx Bxxx, ello obedeció a que lo confundió con Wxxx Dxxx Qxxx. De esa manera, continúa, se habrían distorsionado las diversas declaraciones en las que el testigo manifestó que conocía al acusado desde hacía mucho tiempo y que ya antes de esa ocasión lo había visto en el campamento del grupo ilegal. En segundo lugar, se advierte que la referida prueba testimonial se habría cercenado, a más de los aspectos que se acaban de enunciar, en cuanto a la vinculación de Mxxx Pxxx al grupo armado ilegal y a las funciones que en el mismo cumplía.
El planteamiento de la recurrente es contradictorio porque en relación a unos mismos contenidos probatorios denuncia, en un inicio, que fueron trastocados y, luego, que fueron omitidos, de manera tal que resulta incierta la específica censura que se formula en relación a los citados aspectos del testimonio de Cxxx Gxxx Cxxx Axxx: si fue que el juzgador los ignoró o si, por el contrario, los contempló, pero de manera distorsionada. En todo caso, la misma demanda desvirtúa la existencia de cualquiera de esos vicios porque deja ver con claridad que lo cuestionado no es la contemplación objetiva de la prueba testimonial sino el (des)valor que le asignó cuando señaló a Mxxx Axxx Mxxx Pxxx como una de las personas que visitó el campamento paramilitar el día en que allí fue conducida la enfermera Vxxx Exxx Jxxx Bxxx.
En efecto, la demandante transliteró la parte de la sentencia en la que se afirmó que los miembros del grupo armado ilegal conocidos con los alias “Cxxx” y “Dxxx” declararon que entre el acusado y Wxxx Dxxx Qxxx existía un parecido y que este último fue el que estuvo en Pxxx Nxxx durante el referido secuestro, siendo ese el fundamento a partir del cual el tribunal concluyó que Cxxx Gxxx Cxxx Axxx confundió la identidad del paramilitar que visitó el sitio en que permaneció retenida Vxxx Exxx Jxxx Bxxx. Obsérvese la trascripción realizada cuyo contenido corresponde fielmente a fragmentos de las páginas 24 y 25 de la decisión judicial impugnada, con el objeto de demostrar lo antes expuesto:
“Cxxx”, Axxx Sxxx, ejecutor del secuestro y homicidio por órdenes de “Dxxx”, confirma que hay algún parecido entre Wxxx y Mxxx, y que quien se encontraba en Pxxx Nxxx para cuando el secuestro de la enfermera fue Wxxx, circunstancia que igualmente fue refrendada por alias Dxxx.
Finalmente, Dxxx, en su condición de jefe del frente, fue enfático en afirmar que quien le suministró la información sobre Vxxx y cuadró la cita para que los contrataran para el supuesto secuestro que planeaba la enfermera fue Wxxx Dxxx, quien sabía que la intención era quitarle la vida porque ella “se estaba prestando para dar información y secuestros a la guerrilla”. (…).
Con base en esta descripción de los hechos, emerge sin duda alguna que Mxxx, contrario a lo informado por Pxxx en su indagatoria, no fue la persona que detectó a Vxxx como colaboradora de la guerrilla. Tampoco estuvo presente Mxxx en el momento del plagio en el Kiosko, sino que fue Wxxx Dxxx.
También quedó registrado que Mxxx en su condición de miembro de la organización subía a Pxxx Nxxx, donde Cxxx pudo verlo. Así, pierde contundencia en este aspecto la versión del testigo-víctima Cxxx Axxx, de que Mxxx participó en el secuestro de la enfermera y que subió ese día al campamento mientras él se encontraba cautivo junto con Vxxx y Yxxx, sino que lo lógico y acorde con el relato es que el directamente involucrado e interesado en la operación de ese día fue Wxxx Dxxx. Se recuerda que, según afirmaron Dxxx y Cxxx, Mxxx y Wxxx tienen parecido físico, y si según Cxxx aparentemente Mxxx cubrió en parte su rostro para no dejarse ver de la enfermera, quiere decir que no pudo apreciarlo bien, y podría ser en efecto Wxxx quien estaba allí.
Así las cosas, la crítica de la recurrente se dirigió, en realidad, no al proceso de contemplación objetiva del testimonio rendido por Cxxx Gxxx Cxxx Axxx sino al inferencial que determinó el mérito que se le asignó. En ese orden, salvo la ocurrencia de un falso raciocinio por violación a las reglas de la sana crítica (principios de la lógica, máximas de la experiencia o leyes científicas) que no se sustentó en la demanda ni tampoco se observa implícito en sus razonamientos, la censura no trasciende al desacuerdo general con los resultados de la labor de apreciación probatoria efectuada por el sentenciador. Tan es así que la sustentación se extiende a invocar pruebas que se considera fundan la pretensión casacional (testimonio de Mxxx Exxx Nxxx Jxxx y el informe policial del 17 de septiembre de 2007, p. ej.) y a menospreciar las que se le oponen (testimonios de Fxxx Rxxx Pxxx Gxxx y Axxx Sxxx Oxxx), sin acreditar un vicio en la valoración de las mismas.
Por último, la demanda contraría el principio de corrección material cuando afirma que la sentencia ignoró como hecho probado la vinculación de Mxxx Axxx Mxxx Pxxx al Frente Héctor Julio Peinado Becerra adscrito a las autodefensas campesinas de Santander y sur del Cesar, en el que cumplía funciones de “colaborador, informante y el enlace … con las autoridades”. En efecto, se desatiende la realidad procesal que enseña que ese supuesto fáctico constituyó el fundamento de la condena que se profirió contra el acusado por el delito de concierto para delinquir. Sin embargo, olvida la recurrente que ese solo hecho no era suficiente para tener por demostrada la autoría o participación de aquél en uno de los concretos delitos cometidos por la organización paramilitar, con lo cual también se faltó a una adecuada acreditación de la trascendencia del cargo.
ii. En relación al testimonio de Mxxx Exxx Nxxx Jxxx, se denuncia que en una parte fue adicionado y en otra cercenado. Lo primero, porque aquella nunca relató una semejanza física entre Mxxx Axxx Mxxx Pxxx y Wxxx Dxxx Qxxx, ni tampoco que Rxxx Nxxx fue quien le contó que uno de los ocupantes del vehículo en que fue raptada Vxxx Exxx Jxxx Bxxx, era el primero de aquéllos. Y lo segundo, porque se ignoró que la testigo manifestó lo que Cxxx Gxxx Cxxx Axxx le narró sobre la intervención del acusado en el secuestro y posterior muerte de su progenitora.
Conforme antes se explicó, es falsa la afirmación según la cual el tribunal extrajo el parecido físico tantas veces referido del testimonio de Mxxx Exxx Nxxx Jxxx, menos aún de una falsificación de su contenido. Reitérese que ese hecho se tuvo acreditado con las declaraciones de Fxxx Rxxx Pxxx Gxxx, alias “Dxxx” o “Chxxx”, y Axxx Sxxx Oxxx, alias “Cxxx”, y a partir de ellas se infirió en la sentencia que el señalamiento en contra del acusado podía obedecer a que lo confundían con Wxxx Dxxx Qxxx. En el siguiente apartado de la decisión tal aserto puede evidenciarse:
Por su parte Mxxx, hija de Vxxx, relata que a ella le dijeron que Mxxx iba en el vehículo donde fue secuestrada su mamá. Eso se lo habría informado el médico Rxxx Nxxx, quien pasaba en un taxi por el sector del kiosko cuando le pareció ver que a su mamá la metían a la fuerza en un carro. Su posible confusión se explica también por el mencionado parecido entre Wxxx y Mxxx, atrás relatado.(3)
Ahora, aun cuando el tribunal se hubiese equivocado al atribuir a Rxxx Nxxx la autoría del comentario recibido por Mxxx Exxx Nxxx Jxxx, lo cierto es que ese error sería absolutamente intrascendente porque, con independencia de la fuente del dato transmitido, esa corporación judicial descartó cualquier participación del acusado en el delito de secuestro incluyendo, por supuesto, cualquiera que hubiese tenido lugar en la etapa previa al traslado de la víctima al campamento paramilitar. Obsérvese la parte pertinente de la sentencia:
Ahora, si como dijo “Pxxx”, fue Mxxx quien “detectó” a la enfermera, esa afirmación significa que Mxxx habría sido la persona que Vxxx contactó para el pretendido plagio de la dueña de la panadería; si eso hubiera sido así, y Mxxx se hubiera encontrado en la cita en el kiosko, no tendría sentido que buscara cubrirse el rostro en presencia de Vxxx cuando llegó al sitio de cautiverio en Pxxx Nxxx, porque en todo caso, ya Vxxx tendría por establecido en ese momento, que él estaba implicado en su secuestro. (…).
“Pxxx” afirmó que Mxxx le señaló a Dxxx quien era Vxxx, la casa donde vivía, etc. Esto se podría tomar como unos primeros actos preparatorios necesarios para el secuestro. Sin embargo, está claro que Mxxx se parece a Wxxx —quien si delató y entregó a Vxxx— y que para retener y secuestrar a esta víctima no fue necesario hacer ese estudio de sitios o movimientos y seguimientos previos, pues en el momento final ella recibió una llamada telefónica en su casa cuando se disponía a almorzar, salió por su voluntad precipitadamente a cumplir una cita en el kiosko de la 1º de Mayo, se reunió allí con su amigo Wxxx Dxxx y un extraño, el supuesto guerrillero “Rxxx”, y allí fue sometida por Dxxx, Dxxx y Cxxx, quienes se la llevaron en el vehículo que conducía Cxxx.
Por último, tampoco es cierto que se haya omitido la información que obtuvo Mxxx Exxx Nxxx Jxxx de Cxxx Gxxx Cxxx Axxx, sobre la participación de Mxxx Axxx Mxxx Pxxx en los comportamientos criminales realizados en contra de Vxxx Exxx Jxxx Bxxx. En efecto, antes se vio que el tribunal valoró el señalamiento que hiciera aquel declarante, por lo que, sin olvidar la menor eficacia del testimonio de oídas frente al que se funda en la percepción directa, es claro que el contenido probatorio que se denuncia como omitido, en realidad no lo fue. De esa manera, la petición de que se revoque la decisión absolutoria por los referidos delitos contra la vida y la libertad con base en la versión analizada y en la de otros declarantes como Jxxx Axxx Cxxx Axxx y Axxx Pxxx Axxx, sin acreditar un error de juicio, no pasa de ser una mera aspiración de la fiscalía conforme a sus intereses de parte.
De conformidad con las razones expuestas, los supuestos de un falso juicio de identidad son inexistentes y, en todo caso, intrascendentes, por lo que la recurrente no cumplió con la carga de una debida sustentación del cargo.
Cargo Nº 2 (primero subsidiario): falso raciocinio
Según la recurrente, en la valoración de los testimonios de Fxxx Rxxx Pxxx Gxxx y de Axxx Sxxx Oxxx se incurrió en “inexacta observación de las reglas de la sana crítica”, lo cual determinó que se tuviera por cierta una semejanza entre Mxxx Axxx Mxxx Pxxx y Wxxx Dxxx Qxxx, para concluir que fue éste y no aquél quien estuvo presente en el campamento de Pxxx Nxxx el día en que fue secuestrada Vxxx Exxx Jxxx Bxxx. Al respecto, asegura que los testigos carecen de credibilidad porque intentaron favorecer al acusado negando su vinculación con el grupo criminal y contrariando así lo relatado por Axxx Pxxx Axxx, Axxx Gxxx Txxx, Jxxx Axxx Cxxx Axxx, Jxxx Axxx Hxxx Vxxx, Exxx Cxxx Axxx y Lxxx Axxx Jxxx Gxxx —este último, además, controvirtió la tesis del parecido físico—. Así, finaliza, una valoración conjunta de las pruebas implicaba otorgarle credibilidad a Cxxx Gxxx Cxxx Axxx.
De entrada, se observa que la sustentación de un falso raciocinio es deficiente porque no se postula una clara violación a las reglas de la sana crítica en la labor de apreciación probatoria, sino la falta de rigurosidad en su observancia, lo cual indica que aquéllas sí se habrían respetado aunque su aplicación no fue perfectamente adecuada. Así planteada, tal aserción implica un grado de indeterminación tal que impide vislumbrar la importancia o trascendencia del defecto en la decisión absolutoria impugnada. Además, nunca se señaló el específico parámetro de la sana crítica que, en alguna medida, habría sido desconocido, esto es si un principio de la lógica, si una máxima de la experiencia o si una ley de las ciencias; con lo que el vicio denunciado, prácticamente, carece de sustentación.
Entonces, es claro que el tribunal confirió credibilidad a las afirmaciones realizadas por Fxxx Rxxx Pxxx Gxxx y de Axxx Sxxx Oxxx en cuanto a que el acusado se parecía a otro paramilitar de nombre Wxxx Dxxx Qxxx, para inferir que el testigo Cxxx Gxxx Cxxx Axxx pudo haberlos confundido y ello generaría una duda insuperable sobre si aquél fue quien estuvo en el lugar en que se mantuvo cautiva a Vxxx Exxx Jxxx Bxxx. Ese proceso inferencial fue cuestionado por la demandante no a partir de la acreditación de su discordancia con una regla de la sana crítica, sino de los resultados que, según ella, debió arrojar la estimación conjunta de la prueba, siendo manifiesta así una mera divergencia con el criterio valorativo del juzgador.
Es más, la censura en todo caso sería intrascendente porque ignoró que la sentencia admitió la duda con base en otros contenidos probatorios que no fueron cuestionados, por lo que permanecen incólumes. Estos son: a) Que Axxx Pxxx Axxx, alias “Rxxx”, manifestó que “Mxxx no era de los que iban en el carro cuando se llevó a cabo el secuestro y que éste no participó en ese hecho”(4). b) Que Axxx Jxxx, alias “Pxxx”, señaló al acusado como el que “detectó a Vxxx dio la información a Dxxx, ubicó la casa,…”, más dejó ver cierta inseguridad y, en todo caso, refirió que “Rxxx” y “Cxxx” eran los que tenían la información precisa(5); por su parte, éstos no incriminaron a aquél y, por el contrario, junto con “Dxxx”, identificó a Wxxx Dxxx como el encargado de las labores que “Pxxx” atribuyó a “Mxxx”(6). Y, por último, c) Que el mismo Cxxx Gxxx Cxxx Axxx dice que el día en que el acusado visitó el campamento paramilitar estando allí la otra secuestrada, éste se cubrió parte del rostro, por lo que “no pudo apreciarlo bien, y podía ser en efecto Wxxx quien estaba allí”(7).
Ante la evidente falta de sustentación de un falso raciocinio, la censura que se examina también será inadmitida.
Cargo Nº 3 (segundo subsidiario): Falso juicio de existencia
En desarrollo del último cargo se plantea que la sentencia omitió una serie de indicios de responsabilidad, todos los cuales funda en las mentiras en que habría incurrido el acusado sobre los siguientes aspectos: (i) que militaba en el grupo de autodefensas cumpliendo funciones de informante y de coordinador de relaciones con autoridades públicas, (ii) que Mxxx Exxx Nxxx Jxxx lo buscó el día en que ocurrió el secuestro de su progenitora, (iii) que ayudó a escapar a Jxxx Axxx Hxxx Vxxx, alias Jxxx, cuando estuvo capturado en una clínica, y (iv) que visitó el campamento ilegal en Pxxx Nxxx el día que allí fue trasladada Vxxx Exxx Jxxx Bxxx.
Las premisas probatorias (i) y (iii) constituyeron fundamento expreso de la decisión de condenar a Mxxx Axxx Mxxx Pxxx por el delito de concierto para delinquir agravado, tal y como puede observarse en las páginas 20 a 23 de la sentencia, de allí que resulte manifiestamente falsa la afirmación según la cual esos supuestos fácticos o los indicios de incriminación que de ellos pudieran desprenderse hayan sido ignorados. De otra parte, en lo que respecta a la situación descrita en el numeral (iv), no es más que la repetición, bajo un ropaje distinto, de la denuncia formulada en los cargos anteriores y que, como ya se dijo, resultó inadmisible porque no acreditaba la existencia de un vicio sino la postura divergente de la fiscalía frente a las conclusiones judiciales del proceso de apreciación de la prueba.
Por último, que el procesado haya sostenido que Mxxx Exxx Nxxx Jxxx no fue a buscarlo el día en que ocurrió el secuestro de su progenitora, contrariando lo afirmando por ésta y por Dxxx Lxxx Jxxx Sxxx; es una afirmación que, de entrada, no puede calificarse de mentirosa porque pudo obedecer al desconocimiento que del hecho tenía Mxxx Pxxx, lo cual sería razonable si se tiene en cuenta que la misma declarante refirió que éste no se encontraba en la vivienda a la que llegó a buscarlo. Ahora, si en gracia de discusión pudiera tenerse tal afirmación como una mentira consciente del acusado, a partir de la misma no puede construirse ningún indicio serio de responsabilidad porque nada diría sobre su participación en los delitos de secuestro y de homicidio que se juzgan.
Así las cosas, este tercer cargo (segundo subsidiario) será inadmitido.
VI. Conclusión. Se inadmitirá la demanda instaurada por la delegada de la fiscalía teniendo en cuenta que omitió justificar la necesidad de un fallo de casación y que no sustentó la existencia de los vicios in iudicando que alegó.
VII. Casación oficiosa
La Corte observa que la sentencia de segunda instancia violó garantías fundamentales del condenado en la dosificación de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por lo que oficiosamente, conforme a lo establecido en el artículo 216 del CPP/2000, procederá a casarla en el sentido que a continuación se explicará.
Recuérdese que el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, revocó la condena proferida contra Mxxx Axxx Mxxx Pxxx por el delito de secuestro simple y, en consecuencia, procedió a individualizar las penas a imponer por el concierto para delinquir agravado, las cuales fijó así: 80 meses de prisión, 3.000 smlmv de multa y 104 meses de inhabilitación de derechos y funciones públicas.
Como se puede observar, el fallador impuso una cantidad de la pena que accede a la de prisión por mandato legal en todos los casos (C.P., art. 52), que supera la de esta última, sin que haya expuesto la más mínima motivación para justificar el exceso(8). Si bien es cierto el inciso 3º del precitado artículo establece un ámbito de movilidad que va del término de la prisión y hasta una tercera parte más, “sin exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio del a excepción a la que alude el inciso 2º del artículo 51”, también lo es que cualquier adición al mínimo prefijado por el legislador implica la correlativa justificación en la sentencia, tal y como lo ordena el artículo 59 sustantivo.
Así las cosas, la inobservancia del deber de motivar las penas por el juzgador conllevó que la fijación de una accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas en cuantía superior a la privativa de la libertad, sea arbitraria. En consecuencia, se casará la sentencia exclusivamente para revocar el monto establecido para aquélla (104 meses) y, en su lugar, establecerla en el mismo término que el de la prisión, es decir, en 80 meses(9).
1. INADMITIR la demanda de casación presentada por la delegada de la fiscalía.
2. CASAR DE OFICIO Y PARCIALMENTE la sentencia condenatoria proferida contra Mxxx Axxx Mxxx Pxxx por el delito de concierto para delinquir agravado, para disponer que el término de la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas es de ochenta (80) meses.
(2) En efecto, la pena de prisión imponible para el secuestro simple es de 12 a 20 años (C.P., art. 168), mientras que para el homicidio en persona protegida va de 30 a 40 años (C.P., art. 135).
(3) Página 26 de la sentencia de segunda instancia.
(4) Página 24 ibídem.
(5) Página 22 ibídem.
(6) Páginas 25 y 26 ibídem.
(7) Página 25 ibídem.
(8) En el folio 174 del cuaderno original del tribunal, página 32 de la sentencia, se limitó a afirmar: “Así mismo, se le impondrá la pena accesoria de ciento cuatro (104) meses de interdicción de derechos y funciones públicas...”.
(9) En similar sentido se procedió en la Sentencia SP14216-2015, oct. 14, rad. 46312.