Source: http://nodulo.org/ec/2019/n189p12.htm
Timestamp: 2020-02-27 20:17:14
Document Index: 133213337

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 1']

Enrique Prado Cueva, La segunda guerra civil española, El Catoblepas 189:12, 2019
El Catoblepas · número 189 · otoño 2019 · página 12
Análisis crítico de la Proposición de Ley para la reforma de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura
¿Es posible que un maestro, un profesor de secundaria o de universidad puedan ser expedientados y perder por ello su trabajo al no comulgar con ciertas ideas? La respuesta es que sí podría ocurrir si se aprobara la Proposición de Ley para la reforma de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Esta ley fue propuesta por el grupo socialista en el Congreso con la finalidad última de proporcionar un procedimiento sancionador para quien no cumpla con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, más conocida como la Ley de la Memoria Histórica.
El espacio educativo es para el PSOE un lugar de confrontación en el que le conviene introducir los mitos oscurantistas que sustentan su ideología. Pero esto no es bueno para la educación porque la convierte en un campo de batalla ideológico, repleto, como veremos, de disparates nada inocuos.
En su disposición adicional segunda, esta proposición de ley modifica el Código Penal, imponiendo pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente. Y esto puede ocurrir para “Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo, o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil española o del franquismo por su condición como tales, o a quienes hayan participado en su ejecución”.
El problema estriba en determinar lo que signifique “justificar el franquismo” porque puede ocurrir que el no comulgar con las causas de la Guerra Civil española –defendidas por los ponentes de esta ley– se convierta en una justificación del franquismo susceptible de ser punible. Puede ocurrir, también, que un profesor o un maestro entienda que el franquismo es un período histórico que tendrá que ser analizado con sus luces y sus sombras, con aclaración historiográfica de las causas y causantes que llevaron a él, llegando, por esta vía, a conclusiones diametralmente opuestas a las defendidas por la Comisión de la Verdad. Esta comisión es creada por esta ley para que el grupo de expertos que la conformen determine sobre lo que se puede y no se puede pensar o sobre lo que es o no es lícito decir respecto a la Guerra Civil española. Tal y como establece la disposición adicional segunda, cualquier celoso intérprete de esta norma puede considerar “justificación del franquismo” cualquiera cosa que se le antoje que no esté dentro de lo considerado como políticamente correcto. Se inicia, de este modo, el camino hacia la no libertad.
Imagínese por un momento que en su trabajo o que en una facultad de historia de una universidad cualquiera se creara una comisión de la verdad. ¿Qué pensaría usted de ella? Para empezar se preguntaría cuál es la verdad que administra; luego trataría de averiguar qué consecuencias administrativas, civiles o penales conllevaría el no estar en la onda de “esa verdad” o, por el contrario, intentaría conocer qué ventajas conlleva adecuarse a la verdad “oficial”, el ser simpatizante de la verdad que se administrara en ese sancta santorum.
¿Por qué ha de resultar aceptable que el Estado cree una comisión de la verdad pero, en cambio, parece en todo punto absurdo eso mismo hecho por una facultad universitaria? Los mismos historiadores que formaran parte de esa comisión, postulada por esta proposición del ley, difícilmente querrían ser parte de esa otra que se constituyese en su universidad. ¿Por qué? Porque la historia no es una ciencia y su saber no da para tanta certidumbre y porque la imagen que daría sería la de un historiador en posesión de la verdad absoluta contra el criterio de otros colegas que no comparten ni sus métodos ni su visión de los problemas planteados. Es claro que el prestigio de una universidad no puede cimentarse sobre una ocurrencia como esta.
Sin embargo, y es triste decirlo, hay una diferencia importante que hace que una y otra comisión sean diferentes. En el caso de la propugnada por la ley, sus miembros tendrían la certeza psicológica de disponer de un respaldo social amplio –aun no siendo esto cierto– que sería, en última instancia, el único y definitivo argumento para justificarla y aceptar ser uno de sus miembros. Pero, además, las consecuencias de sus decisiones afectarían penalmente a aquellos que, no pensando de igual modo, se atrevieran a proclamar ideas contrarias o inconvenientes según el libérrimo criterio del grupo inquisitorial que formare la Comisión de la Verdad; seguramente muchos por miedo y prudencia tomarían la decisión de callarse. No es así como avanzan ni los derechos democráticos ni tampoco el conocimiento de nuestro pasado más reciente. Si la transición en nuestro país fue ejemplar, lo fue porque se renunció a que media España pidiera cuentas a la otra media por lo acontecido del año 36 en adelante, descartando, en todo caso, una vía como la contemplada en esta proposición de ley. Fruto de ese consenso es nuestra Constitución actual.
La Comisión de la Verdad tendría los siguientes objetivos (art. 6.2):
Para conseguir todo esto la propuesta de ley propone incidir directamente sobre el currículo y la metodología educativa. En el artículo 32 se pide al Ministerio de Educación que tome las medidas necesarias para garantizar:
a) La inclusión en los programas educativos de todos los niveles de la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas.
b) La inclusión en los planes de formación del profesorado la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas.
c) La incentivación de elaboración de material didáctico sobre la historia de España para el periodo de la Guerra Civil Española y la represión franquista. Los contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica.
d) La inclusión de la memoria democrática en el currículo de la educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y educación permanente para personas adultas. Asimismo, impulsará, en colaboración con las universidades, la incorporación de la memoria democrática en los estudios universitarios de Grado y Máster.
e) La promoción de investigaciones orientadas a profundizar sobre la represión padecida por las mujeres durante la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista, contemplando la violencia física, psicológica y política ejercida contra ellas por razón de género, así como las estrategias de resistencia por ellas desplegadas.
Según esto, los currículos actuales de primaria y secundaria no son suficientes o son defectuosos para explicar la Guerra Civil española. Un adelanto de lo que nos espera, de llevarse a cabo la reforma curricular que se pretende, podemos verlo en el libro de Akal ¿Qué fue la Segunda República? Nuestra historia explicada a los jóvenes, cuyos autores son Carlos Fernández Liria y Silvia Casado Arenas. Si uno lee uno de sus capítulos, por ejemplo el titulado “La revolución de 1934”, un joven lector se encontrará con las siguientes falsedades, medias verdades y clamorosos silencios:
1. Se cuenta de Lluis Companys –en realidad un irresponsable y a la sazón presidente de la Generalidad con un gobierno controlado por Esquerra Republicana– que “apoyó la revolución y proclamó el «Estado Catalán dentro la República Federal Española»” pero nada dicen de que se sumó a la revolución para dar un golpe de Estado contra la Segunda República y aprovechar la debilidad del gobierno republicano para proclamar la República Catalana. Este acto no es calificado en ningún momento de golpe de Estado que es lo que fue en realidad.
2. Se dice que Franco fue el encargado de la represión desde Madrid para sofocar la insurrección de Companys. Sin embargo, fue el general Batet y no Franco el que dirigió las operaciones contra el levantamiento catalán. Lo hizo bajo el mando directo del Ministro de la Guerra, republicano, Diego Hidalgo Durán, cuyas órdenes Batet suavizó al utilizar balas de cañón sin el explosivo armado en ellas para que los estragos que produjeran fueran debidos exclusivamente a su fuerza cinética.
3. Nada dicen de la violencia ejercida por los insurrectos del 34 en Asturias, ni de los asesinatos que cometieron, ni de las iglesias que quemaron, ni de los cuarteles que arrasaron con los guardias civiles dentro, de todo esto ni una palabra. Solo se centran en la “represión” ejercida por Franco junto con el general Goded sin explicar, en ningún momento, que fueron llamados por el gobierno republicano de Lerroux para sofocar la rebelión en Asturias y que actuaban bajo sus órdenes. Tampoco dicen –para qué iban a mencionarlo– que la revolución del 34 fue un levantamiento, un intento de golpe de Estado contra la Segunda República, organizado por las izquierdas que aglutinaban a anarquistas, socialistas, comunistas, el Bloque Obrero Campesino, la UGT y el comité asturiano de la CNT que al grito de “Uníos, Hermanos Proletarios” (UHP) cometieron las mayores barbaridades que uno pueda imaginarse.
4. Concluyen el capítulo afirmando que la izquierda “aprendió” la lección de que sólo por medios pacíficos sería posible la vuelta al poder; en tanto que la derecha sacó la conclusión de que el uso de las fuerzas armadas era “la mejor manera para cualquier reforma”. Estamos ante una afirmación que produce verdadero vértigo histórico por faltar, sin sonrojo, a la verdad. “Olvidan” contar que tras el alzamiento de octubre del 34 fueron recuperadas más de 120.000 armas de todo tipo –se incluyen armas largas, ametralladoras y cañones– así como 96.257 explosivos, sobre todo dinamita. No informan de que fue una revolución con instrucciones elaboradas por el PSOE y la UGT. Son estas algunas de ellas, que se conservan en la Fundación Pablo Iglesias:
35.[Los grupos de acción] se encargarán de facilitar a la junta local los nombres y domicilios de las personas que más se han significado como enemigos de nuestra causa o que puedan ser más temibles como elemento contrarrevolucionario. Estas personas deben ser tomadas en rehenes al producirse el movimiento o suprimidas si se resisten.
49. Las casas cuarteles de la Guardia Civil deben incendiarse si previamente no se entregan. Son depósitos que convienen suprimir.
54. Nadie espere triunfar en un día en un movimiento que tiene todos los caracteres de una guerra civil.
Ocultan, a sabiendas, las verdaderas intenciones de los socialistas: una revolución sangrienta de la que el levantamiento del 34 solo era el comienzo. El socialista Araquistáin –el principal ideólogo de la facción de los marxistas revolucionarios comandados por Largo Caballero, el que fuera dirigente del PSOE y líder de la revolución de octubre del 34– en el primer número de su revista revolucionaria mensual, Leviatán (mayo de 1934), decía:
La República es un accidente (…) el socialismo reformista está fracasado (…) No fiemos únicamente en la democracia parlamentaria, incluso si una vez el socialismo logra una mayoría: si no emplea la violencia, el capitalismo le derrotará en otros frentes con sus formidables armas económicas.
Por cierto, todo lo que se cuenta en este capítulo del libro de Akal es un refrito sacado –con frases literales, sin entrecomillado alguno– del libro de Paul Preston La Guerra Civil española: reacción, revolución y venganza.
Este libro para jóvenes distorsiona y falsifica por completo la historia de la Segunda República y pretende, además, convencerles de que había unos tipos buenos que eran los revolucionarios de izquierdas y unas personas malvadas que fueron los contrarrevolucionarios de derechas. Esto puede ser un buen ejemplo de lo que esta proposición de ley pretende que se incluya en el currículo educativo. De hecho, he podido leer en alguna revista escolar como algunos maestros enseñan a sus alumnos –siguiendo esta simplista ideología– que en Cataluña la policía nacional golpeó a unos pacíficos ciudadanos que querían ejercer su derecho al voto en un referéndum. Pero olvidan explicarles que tal referéndum era ilegal y que el gobierno de la Generalidad, que lo propició, se alzó –mediante un golpe de Estado– contra el gobierno legítimo de nuestra nación –con la ayuda inestimable de ciudadanos no tan pacíficos– poniendo en grave peligro la convivencia y los acuerdos a los que los españoles habíamos llegado en la transición del 78 para iniciar un camino juntos por y hacia la democracia. De nuevo, los buenos son los golpistas de la Generalidad y los malos los representantes del Estado español por represor de las libertades democráticas. El mundo al revés.
En esta proposición de ley se define como memoria democrática todo lo que se vincule a la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de estado de julio de 1936 (art. 34.1), dejando de lado las causas que lo motivaron. Se apela, entonces, a la memoria, pero no a la Historia. Por este camino, el currículo debe ser construido sobre la memoria, sobre un acercamiento a las víctimas, pero, por desgracia, no a todas. O memoria o Historia, dice José Antonio Marina en un artículo de El Mundo (26 de mayo de 2019):
La popular expresión “memoria histórica” es contradictoria. “Memoria” es una experiencia subjetiva, el modo en cómo una persona recuerda un acontecimiento vivido. La Historia intenta contar objetivamente ese mismo suceso. Teóricamente, no podemos coincidir en nuestras memorias, pero sí en la Historia, punto de encuentro. Resulta grave negar la posibilidad de un conocimiento objetivo de los hechos, porque eso impide el entendimiento. Es cosa de pseudohistoriadores desaprensivos y perezosos.
La memoria colectiva es una entelequia, un mito, que solo puede mantener una existencia precaria con la ayuda de una ideología contumaz. Quisiera recordar aquí las palabras de un político socialista, dedicadas a la Transición de 1978, que curiosamente pueden aplicarse, mutatis mutandis, al tema que nos ocupa:
A veces la explicación no pretende la búsqueda de la verdad de lo sucedido sino que es un argumento más que apoye la posición política de los que la exponen. Se hace historia con la “Transición de 1978” [cámbiese por “Guerra Civil”] utilizando razones políticas de “2018” [sea “2019”], aunque para ello haya que echar arena en el proceso y en los ojos de los que la estudian. Y en esta tarea aparece siempre el intento de atribuir el protagonismo a unos o a otros, en algunos casos para repartir medallas, en otros para culparles por su actuación.
Esto es lo que dice Alfonso Guerra en su libro La España en la que creo. En defensa de la Constitución. Si no se supera la ideología, ocurre, ciertamente, lo que nos dice el político socialista: perdemos la perspectiva necesaria para comprender el pasado al usar como espejo distorsionador la ideología que profesamos. Se trata, el de Alfonso Guerra, de un libro que merece la pena leer, aunque, al final, su leve resumen de lo que fue la República resulte excesivamente partidista y pobre; por lo demás, el libro defiende la unidad de España con una claridad y contundencia ciertamente nada habitual en un socialista.
La “memoria democrática”, a la que apela esta proposición de ley, busca aplicarse a un período en el que no hubo democracia alguna, lo que supone proyectar sobre el pasado banderas ideológicas del presente, ondeadas, en este caso, por un único partido que quiere, por ley, decirnos que podemos o no podemos pensar e indicarnos, con la amenaza de penas severas, que podemos o no podemos decir. Si queremos recordar lo que no fue democracia en nuestra historia, podemos empezar por traer a colación lo que Miguel Platón nos cuenta en su libro Segunda República: de la esperanza al fracaso (2017) cuando en el número de marzo de 1936 de la revista Leviatán, Luis Araquistáin escribió que la concordia nacional era un “afán mítico” y que no había alternativa a la revolución: “La paz y la concordia son quiméricas y no menos quimérica una política de conciliación... A un bando o a otro, a la revolución o a la contrarrevolución... No hay término medio, y quien sueñe en términos medios... se expone a ser abrasado en dos fuegos”. Buena parte de los socialistas –junto con los anarquistas, sindicalistas, comunistas y no pocos de los fascistas– creían, con firmeza, –tal y como apunta José Castillejo en Democracias destronadas– que las reformas aceptadas por voluntad propia no tenían la capacidad transformadora de la que era capaz la violencia, pues solo ella tendría “la misteriosa virtud de la fecundidad”.
Con propuestas de ley como esta que propugna el PSOE actual se fomenta la ideología pero no la Historia con mayúsculas. Se apela a la memoria sentimental como si esta constituyera el núcleo esencial del currículo cuando, en realidad, no es así. La comprensión racional de los procesos históricos sí forma parte de los objetivos de la enseñanza, descartando, de este modo, toda vinculación del alumno con los contenidos curriculares por la vía de la emotividad que es un recurso fácil, en ausencia de metodología alguna, para manipular a niños y adolescentes.
La propia proposición de ley es criticable porque en el preámbulo se habla de un golpe de estado con el apoyo de Alemania e Italia, pero se obvia el apoyo recibido, durante la guerra civil, por los socialistas y comunistas por parte de la antigua URSS, dando la impresión de que se pasan por alto las atrocidades cometidas por estos últimos. También se establece un período temporal para el reconocimiento de las personas que sufrieron incautaciones de bienes y sanciones económicas entre 1936 y 1945, olvidando todas las medidas arbitrarias, al respecto, que se tomaron bajo el gobierno de la República antes del 36 que fueron guiadas por principios generales marxistas-leninistas y una serie de utopías sin base real que iban minando la eficacia y la cohesión de las propias fuerzas productivas, tanto en el campo como en la industria.
Ya en fecha tan temprana como el 12 de diciembre de 1936 en el diario La Bandera Roja de Alicante se prevenía a los trabajadores para que no hicieran experimentos inoportunos de apropiación y/o socialización de fábricas. Cada vez que esto ocurría disminuía dramáticamente la producción. Se ve que aun no sabían cómo lograr lo que tanto pregonaban y por lo que justificaban su revolución: un régimen eficaz de producción socialista alternativo al capitalismo de mercado.
Esta idea de socialización de la producción estaba muy arraigada en la ideología socialista y era vista como la única solución posible sin ninguna otra componenda, previa toma violenta del poder por las masas trabajadoras. Lo uno iba con lo otro. Puede comprobarse esto que digo en el discurso de Largo Caballero a los jóvenes socialistas en el V Congreso de las FJS (El Socialista, Madrid, sábado 21 de abril de 1934; http://www.filosofia.org/hem/dep/soc/9340421a.htm):
No es menos significativo el que esta proposición de ley presente a la Segunda República como un paraíso democrático, sin tener presente ni los abusos cometidos durante el tiempo en que duró ni la ley en defensa de la República del 22 de octubre de 1931 que permitió declarar el estado de alarma casi permanentemente y facultó el secuestro habitual de periódicos, contraviniendo así, de continuo, la libertad de prensa.
Además, ¿qué ley o norma administrativa que exija reparaciones declara, como hace ésta en su artículo 5.5, que las reparaciones no supondrán responsabilidad patrimonial del Estado?:
Cuando hay reparación, necesariamente tiene que existir indemnización. Pero en este caso no la hay, ¿por qué? Porque se trata de una “declaración de reparación y reconocimiento personal” en el ámbito moral, que no es el propio de una ley positiva. La indemnización por estos supuestos supondría un quebranto patrimonial para el Estado imposible de asumir por la imposibilidad de cuantificar el daño moral. Se trataría de una petición de reparación muy similar a la de la ocurrencia del presidente de México López Obrador que pidió que España pidiera perdón por la Conquista española de las Américas. Lo extraño, en este disparate, es que no demandara indemnizaciones.
Las indemnizaciones pecuniarias aparecen en el artículo 26, aplicadas a bienes muebles e inmuebles, así como a sanciones económicas:
26. Reconocimiento en favor de las personas que sufrieron incautaciones de bienes y sanciones económicas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1945.
1. Quienes como resultado de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista hubieren sufrido incautación y expropiación de bienes, y/o sanciones económicas no reparadas, podrán solicitar su compensación pecuniaria a los órganos judiciales competentes. De haber fallecido, también podrán solicitarlo quienes fueran sus herederos.
2. Para ello, se procederá a la elaboración, con carácter autonómico, y en el plazo que establezca la Comisión Técnica de Memoria Histórica, de un catálogo de incautación de bienes muebles o inmuebles y/o sanciones económicas, cuyas incorporaciones se realizarán de oficio por el órgano autonómico, o a requerimiento de los familiares de víctimas, aportando documentación al respecto.
3. La valoración y tasación de los bienes se realizará al valor de mercado que a la entrada en vigor de esta ley tendrían los citados bienes y derechos de haber seguido perteneciendo a las personas a quienes fueron incautadas.
La Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical acumulado, en su Disposición Adicional Cuarta, ya obligaba al Estado a la restitución de bienes incautados a las centrales sindicales. Más adelante, el Real Decreto Ley 13/2005 trató de subsanar las dificultades legales con las que se encontraban para la restitución de bienes por falta objetiva de acreditación de titularidad. Pero este Real Decreto fue anulado por el Tribunal Constitucional en STC 125/2016, de 7 de julio (BOE de 10 de agosto de 2016). Sin embargo, y a pesar de todo esto, el artículo 26 de esta proposición de ley amplía el derecho a la indemnización a cualquiera que hubiera sufrido incautación y expropiación de bienes y/o sanciones económicas durante la Guerra Civil.
Sin embargo, el Estado no podría asumir la totalidad de las indemnizaciones que se derivarían del espíritu de la propia proposición de ley si a esta se le dejara libre y desbocada en sus demandas de reparación:
A. Porque el derecho a la indemnización debería de abarcar, al menos, el período completo de la Segunda República española. (¬A1) No hay razón alguna para reducir el ejercicio de ese derecho al período de la Guerra Civil y de la dictadura. (A2) Se trata de una acotación temporal arbitraria. (¬A3) No hay razón alguna para reducir el ejercicio de este derecho solo a bienes muebles e inmuebles, dejando al margen propiedades y valores (artículo 26).
Ocurre, además, que la aplicación sería para uno de los bandos, el de los nacionales, pero no de aplicación al bando de los republicanos, anarquistas, socialistas y comunistas. En el decreto de 4 de octubre de 1936, el ministro de hacienda Juan Negrín sancionó la apropiación del oro a un precio oficial nominal y habla de incautación de oro para quien no lo entregue (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/278/B00125-00126.pdf). ¿Entrarían las incautaciones de este decreto dentro de las posibles indemnizaciones a que deba enfrentarse el Estado actual? La respuesta es que no, dado que la proposición de ley, en su artículo 26, solo contempla la indemnización por incautación de bienes muebles o inmuebles y/o sanciones económicas, dejando de lado la apropiación del oro y de los valores en bolsa. Lo mismo ocurre con la confiscación, por parte de la CNT, de casas en Madrid y de las rentas que generaban. En este experimento de socialización competía con los anarcosindicalistas los comunistas y socialistas. ¿A dónde iba el dinero que “recaudaban”? Vaya usted a saber.
B. (¬B1) Porque no es posible comprometer la hacienda pública basándose en aseveraciones y juicios de valor (¬B2) sobre los que no es posible alcanzar una verdad plena de certidumbre acerca de vidas y haciendas.
C. (¬C3) Porque no hay un Estado español que pueda ser dividido en partes en las que unas sean más legítimas que otras, dado que, por su naturaleza y esencia, (C1) un Estado se conforma históricamente y (¬C2) su despliegue no se realiza bajo parámetros morales por muy inmorales que puedan reputarse algunos de sus actos.
D. (¬D1) Porque un Estado no puede pretender demandar de sí mismo una reparación por todo lo acontecido para su conformación, es decir, (¬D2) la nación española no puede pedir cuentas a la propia nación por el puro hecho de que su acontecer histórico no sea del gusto de algunos. Tan absurdo es esto como lo sería la ocurrencia de demandar a nuestros padres, por la vía civil o penal, por daños y perjuicios si consideramos por tales el haber nacido en una familia pobre, menesterosa y con escasa proyección social o el haber nacido con una minusvalía incapacitante y hereditaria.
Si negamos cada una de estas premisas nos encontraremos con la ideología implícita en la proposición de ley:
a. (A1) Hay razones para reducir el ejercicio de ese derecho al período de la Guerra Civil y la dictadura. (¬A2) No se trata de una acotación temporal arbitraria. (A3) hay razones para reducir el ejercicio de este derecho solo a bienes muebles e inmuebles, dejando al margen propiedades y valores.
b. (B1) Es posible comprometer la hacienda pública basándose en aseveraciones y juicios de valor (B2) sobre los que es posible alcanzar una verdad plena de certidumbre acerca de vidas y haciendas.
c. (C3) Hay un Estado español que pueda ser dividido en partes en las que unas sean más legítimas que otras, dado que, por su naturaleza y esencia, (¬C1) un Estado no se conforma históricamente y (C2) su despliegue se realiza bajo parámetros morales por muy inmorales que puedan reputarse algunos de sus actos.
d. (D1) Un Estado puede pretender demandar de sí mismo una reparación por todo lo acontecido para su conformación, es decir, (D2) la nación española puede pedir cuentas a la propia nación por el puro hecho de que su acontecer histórico no sea del gusto de algunos.
Al llevar a cabo la negación de cada una de ellas, comprobaremos también su absurdo. Estamos ante un texto antijurídico que toma la forma de ley sin serlo materialmente, pues no basta la estructura formal para que una ley alcance legitimidad. Si la norma legisla sobre contenidos no positivos y sobre disposiciones morales, entonces entra en el terreno de la filosofía política y de los fundamentos políticos del Estado que, en todo caso, deben dirimirse en otros ámbitos. Pero dilucidar esto último no es misión de una ley ni su finalidad ni tampoco su función instrumental.
La ley queda comprometida en dos planos diferentes pero muy vinculados. Las proposiciones A, a, B, b afectan al contenido material y a la imposibilidad o extrema dificultad de sancionar o indemnizar sobre casos ocurridos hace más de ochenta años. En tanto que las proposiciones C, c, D, d, afectan a la esencia o definición de lo que se entiende por Estado. Todo ello hace que esta proposición de ley sea un engendro ideológico al que se le quiere dar valor normativo mediante la forma jurídica de una ley. Estamos ante un total despropósito.
La confrontación de las proposiciones a, b, c y d –que son negación de las A, B, C y D– implica una lectura crítica en un plano no ya ideológico sino puramente dialéctico y, por consiguiente, filosófico que implica a las ideas de unidad e identidad aplicadas a la nación española. El plano ideológico se basa en el mito difuso y muy extendido que considera que la segunda República fue un período democrático en el que las fuerzas que en ella actuaban eran genuinamente democráticas cuando, en realidad, no lo eran. En este ambiente de mentiras y medias verdades se explica el gesto de Gerardo Pisarello Prados, secretario primero de la mesa del congreso (G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia), que lo primero que hizo al ocupar su despacho fue retirar el retrato del rey que lo presidía y cambiarlo por una mujer sentada representando a la Segunda República. Con independencia de la ignorancia calculada que le llevó a este acto simbólico, sucede que bajo esta puesta en escena se libra una batalla soterrada (aunque ahora ya no tanto después del claro posicionamiento antidemocrático, por golpista, del separatismo en el llamado “procés” o “proceso de (in)determinación” en Cataluña) en la que se ponen en juego dialéctico las ideas de unidad e identidad de la nación Española, como bien explica Gustavo Bueno en su libro recientemente reeditado España frente a Europa.
Fue muy habitual la confusión republicana entre el derecho público y el privado. Bien lo explica José Castillejo en relación a la reforma agraria de la República:
Hubo casos aislados de violencia, pero el triunfo popular en las elecciones de febrero de 1936 se interpretó como una condena a los propietarios reticentes; los trabajadores quedaron fuera de control y comenzaron a invadir y dividir fincas. El Gobierno aún intentó controlar la situación y, en algunos casos, redactó documentos con posterioridad para revestir de apariencia legal la usurpación.
En lo que se refiere al derecho de propiedad, el Decreto Uribe de 7 de octubre de 1936 (Gaceta de Madrid, número 282, de fecha 8 de octubre de 1936) facultó a autoridades locales, partidos del Frente Popular y sindicatos para que hicieran una lista de propietarios de tierra que se consideraban eran “directa o indirectamente” enemigos del régimen –es decir, que habían participado en el movimiento insurreccional– de manera que el ministro de Agricultura podía decidir expropiar sus tierras sin indemnización alguna.
En lo tocante a los derechos individuales, las “checas”, en el lado republicano, eran tribunales que, sin garantía procesal alguna, decidían quién era ejecutado, quién liberado y quién encarcelado. Es decir, determinaban quiénes eran los enemigos del pueblo con las consabidas consecuencias para sus vidas y haciendas. El decreto republicano del 10 de octubre de 1936 calificaba como criminal “cualquier acto que por sus circunstancias o consecuencias pudiera ser estimado dañino para los intereses del Gobierno, la comunidad o la República”. Tras este decreto vinieron otros que ampliaban la lista de delitos, permitiendo la retroactividad de las normas legales.
La prevalencia del derecho público sobre el privado tenía sus antecedentes en el código penal de la URSS. Con él en la mano, los chequistas del régimen estalinista mandaron a millones de rusos al Gulag sin otra causa que la de ser enemigos del pueblo.
Como bien apunta José Castillejo, en Democracias destronadas, es difícil creer que “en media España el espíritu de justicia hubiese, súbitamente, pasado a morar en los corazones de los trabajadores, mientras en la otra mitad se hubiese vestido con uniformes militares y camisas azules”. ¿Es posible entonces, es moral, intentar promulgar una ley como la que estamos analizando, bajo los claros presupuestos de una injusticia generalizada que abarcaba a ambos bandos de la contienda? ¿Qué sentido, qué propósito tiene inmiscuirse en la Historia, una Historia a la que no es posible torcer o reformar desde ideologías presentes?
¿Alguien que esté bien informado es capaz de creerse que la Transición del 78 era el punto final al que aspiraba el socialismo revolucionario en el 36, incluida la Segunda República? Es claro que no y por esto esta proposición de ley resulta tan profundamente hipócrita porque toma el parlamentarismo democrático de nuestra democracia actual como punto de referencia y anclaje para dar satisfacción a quienes, en su día, no lo contemplaron en absoluto como una solución de consenso, es más, lo consideraban como un medio o un instrumento para alcanzar –como decía Largo Caballero en el texto anteriormente citado– un fin más noble: la toma del poder por la masa de trabajadores, con exclusión del resto de la población que no comulgara con sus ideas, es decir, que, como poco, quedaban fuera del juego político la mitad de los españoles: obreros, trabajadores cualificados, campesinos y una numerosa clase media que no tuvo manera de replicar a los abusos a los que se vio sometida.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se inventó, con su Ley de la Memoria Histórica, una segunda Guerra Civil que generó una profunda división en el cuerpo electoral. Pero de esto precisamente se trataba: marcar la identidad de un partido, el PSOE, con proclamas guerra civilistas que dieran lustre a las siglas. Esto junto con el no levantarse de modo respetuoso al paso de la bandera americana, el exacerbado feminismo y la promesa de un nuevo estatuto catalán imposible de cumplir –salvo que se llevare por delante la soberanía del pueblo español– son algunas de las conspicuas herencias que nos ha dejado el filocomunista de Zapatero. Sin olvidar que hubo de abandonar el poder porque no supo gestionar la crisis económica en la que, en ese momento, estábamos inmersos y luego de llevar a cabo un recorte considerable en sueldos e inversiones sociales.
El progresismo coyuntural de Zapatero se apoyó sobre una falsificación sistemática de la historia de España como único modo de construir una historia autista que no dependiera de situaciones tan calamitosas como la crisis económica que atravesaba nuestro país que en el 2011 acabó con su gobierno y que cercenó uno de los pilares del socialismo español: el dispendio del mal llamado gasto social. El mito histórico que pretende vertebrar se basa en la idea de una República que los republicanos izquierdistas de Manuel Azaña nunca identificaron con un proceso democrático sino, como dice Payne (¿Por qué la Republica perdió la guerra?, 2010:23), con un proyecto de reforma radical que pretendía culminar en el socialismo y que, entre tanto, tendría como objetivo más importante, e inmediato, la exclusión permanente de los intereses católicos y conservadores en el Gobierno.
Que nadie se engañe sobre la motivación de la Ley de la Memoria Histórica: trata de identificar a la derecha con el fascismo, creando una tensión ideológica, en el seno de la sociedad y en los medios de comunicación, que supla la falta de coherencia doctrinal del propio partido socialista.
La sociedad española dispone de mecanismos legales para reconocer ciertos derechos sin la necesidad de una ley ex profeso como la que dio a la luz Zapatero. Me refiero a otro importante aspecto de la proposición de ley que afecta a la recuperación de los cadáveres de familiares muertos. La ley de jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, arts. 64 y siguientes) –puramente positiva y sin atisbo ideológico alguno– permite que las víctimas se puedan acoger a la jurisdicción civil para identificar y dar sepultura digna a los restos de sus familiares, sin necesidad de poner en ejercicio una comisión de la verdad con un sesgo ideológico tan marcado e inquisitorial.
La Iglesia, por ejemplo, tiene su propio camino de reparación mediante la beatificación de sacerdotes y monjas asesinadas durante la Guerra Civil o por medio de la calificación de mártires –entre los que contabiliza hasta el momento 1.915– para quienes padecieron persecución y muerte por el simple hecho de profesar su fe (https://www.abc.es/sociedad/abci-monjas-fueron-fusiladas-odio-no-desaparecieron-sin-mas-201906300142_noticia.html). Llama mucho la atención, al respecto, la reflexión de Gerald Brenan en la introducción de su libro El laberinto español:
Una iglesia nacional, incluso cuando ha caído muy por debajo de la misión que de ella se espera, tiene recursos distintos de los de un partido político. No se la ha de juzgar, tal como los anglosajones nos inclinamos a hacerlo, como una especie de sociedad ética de origen divino, cuya salud y cuya fuerza dependen exclusivamente del espíritu religioso de sus miembros. Aun en sus momentos de mayor decadencia, ocupa una posición clave en la estructura social del país, y no es fácil arrebatarle esa posición, especialmente en las sociedades rurales. Además, cuando se trata de una Iglesia Católica, tiene una cierta capacidad insospechada de resurgimiento y expansión, porque puede dar algo que la gente busca con afán en tiempos difíciles. Esto es especialmente cierto en España, donde una mentalidad destructiva y escéptica va unida, a menudo en la misma persona, a un ansia profunda de fe y certeza.
La izquierda nunca entendió que la Iglesia no es ni fue una institución como las demás. Dispone de un carácter salvífico que jamás tendrá ni un partido político ni una ideología, sea cual sea. No entendió esto ni antes ni durante la Guerra Civil española y dudo mucho que lo entiendan ahora. La justicia reparadora de la Iglesia, la verdad que la ilumina, no queda, ni mucho menos, contenida ni resarcida en el artículo 1 de esta proposición de ley. De nuevo nos encontramos ante una pretendida norma que no es capaz de entender el vínculo indisoluble que une a un católico con la ceremonia de la eucaristía. Poco importa que algunos crean que esto es superstición porque la eficacia de este sacramento para congregar a una ekklesia es mucho más poderosa, y más funcional, que la ideología que sustenta a quienes propiciaron esta proposición de ley. Y para que se me entienda mejor: el final de la vida es la insoslayable muerte, tras la cual no hay república alguna en la que se asienten las ideas políticas adquiridas para ser vividas como acendrado fruto. En el postrer momento, el ser humano está mucho más cerca de la incertidumbre y, al tiempo, de esa certeza que le hace no querer morirse del todo.
De la retirada de los símbolos del franquismo que la Ley de Memoria Histórica impulsa poco queda por decir, si acaso que tan símbolo es la estatua ecuestre del general Franco, en su ciudad natal del Ferrol, como lo son los embalses construidos en el río Noguera Ribagorzana, solo que a una es fácil quitarla de la vista pública y a los otros ni es posible ni conviene. Quiero remitirme para esto último al libro de Lino Camprubí Los ingenieros de Franco. Ciencia, catolicismo y guerra fría en el estado franquista que explica con detalle la importancia de los ingenieros en el régimen franquista en lo relativo a la economía política, al manejo del territorio y a la defensa del mismo. Por esta vía explica el autor que, por ejemplo, los planes hidráulicos en España tengan su desarrollo, sin solución de continuidad, desde la dictadura de Primo de Rivera, pasando por la Segunda República y el franquismo hasta llegar a la democracia actual. La ruptura con el pasado que pretende empezar de cero, como si todo lo anterior al 78 no hubiera existido o estuviera contaminado –sometiéndolo a una damnatio memoriae–, se produce en el ámbito de la ideología pero no en el devenir histórico de un Estado.
Han pasado ochenta años desde el final de la Guerra Civil española y el PSOE pretende revivir lo sucedido entonces apelando a la memoria para convencernos de que lo que se recuerda no vuelve a repetirse. Falaz argumento. Nada de lo que vaya a suceder es remedo de lo antiguo. Lo que pase habrá de pasar por su propio fuero sin las ataduras del pasado porque así es como devienen los asuntos humanos: nacen de las pasiones y egoísmos presentes que son mucho más montaraces y desbocados que los recuerdos de antaño que son agua incapaz de mover molino. Las condiciones de aquel entonces no son las de ahora. El socialismo del PSOE ha sido domesticado por el capitalismo y ya no ve en la revolución su razón de ser. Muchas cosas han cambiado, una de ellas, y no la menos importante, es que a partir de los años 60 hasta nuestros días son varias las generaciones no permeadas por el franquismo ni tampoco por la tramoya que esta propuesta de ley quiere seguir escenificando.
Para acabar, cito a Stanley G. Payne que dice lo siguiente sobre lo que traerá esta ley si se aprueba:
La nueva propuesta socialista es bastante peor que su antecesora [se refiere a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero], que pretendía establecer una interpretación de la Historia a través de la acción del Estado, porque pretende criminalizar el juicio y las opiniones de los historiadores, al estilo soviético. Busca crear una checa historiográfica mediante la creación de una Comisión de la Verdad, que tendrá la capacidad de decretar los términos de discusión de la Historia española contemporánea. Para los que infringen tal norma arbitraria se prescriben castigos directos: encarcelamiento de uno a cuatro años, multas de hasta 150.000 euros y, para profesores y maestros, la inhabilitación para la docencia. La aprobación de una norma de este calado significaría el comienzo del fin del Estado liberal y democrático de derecho creado en 1977-1978.