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Timestamp: 2019-07-20 09:32:51
Document Index: 122974798

Matched Legal Cases: ['artículo163', 'artículo163', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo163', 'artículo 89', 'artículo 88', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 88', 'artículo 88']

Resolución Vinculante de DGT, V0486-19, 06-03-2019 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0486-19 de 06 de Marzo de 2019
Núm. Resolución: V0486-19
Ley 37/1992 arts. 4, 5, 78- Tres- 1º
Tributación de los servicios prestados por la consultante en el Impuesto sobre le Valor Añadido.
La entidad consultante, sociedad de servicios jurídicos, factura a un cliente los honorarios correspondientes a la representación en un recurso contencioso administrativo contra el impago por parte de un tercero.
Por otra parte, la consultante aplica el régimen del criterio de caja.
3.- Según la doctrina de este Centro directivo, se debe considerar destinatario de las operaciones aquél para quien el empresario o profesional realiza la entrega de bienes o prestación de servicios gravada por el Impuesto y que ocupa la posición de acreedor en la obligación (relación jurídica) en la que el referido empresario o profesional es deudor y de la que la citada entrega o servicio constituye la prestación.
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, en el caso de que el importe de la tasación en costas tenga por causa una actuación profesional de defensa jurídica prestada a la persona que ha ganado el pleito, será la citada persona la destinataria de dichos servicios. En ningún caso será destinatario del servicio de defensa jurídica el obligado al pago de las costas, puesto que dichos servicios profesionales no se le prestaron al mismo, sino a la parte ganadora.
Por otra parte, la misma contestación a la consulta, de 31 de marzo de 2014, de referencia V0888-14, establece en cuanto a la fijación de las costas judiciales que:
“De acuerdo con lo expuesto, dado que las prestaciones de servicios profesionales contratadas por la parte ganadora en un procedimiento judicial habrán estado sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, el importe de las costas judiciales debería incluir las cuotas devengadas por dicho Impuesto. En todo caso, a los efectos de dicha cuantificación podrá tenerse en cuenta la deducción del Impuesto soportado por quien recibe la indemnización por las costas judiciales inicialmente satisfechas, es el órgano judicial a quien compete la fijación de las mismas”.
En virtud de lo expuesto, los servicios jurídicos prestados por la entidad consultante a su cliente deberán ser facturados al mismo con el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido, sin necesidad de rectificación posterior, con independencia de que, finalmente, acaben siéndole abonados materialmente por la parte perdedora en el proceso como consecuencia de la condena en costas.
4.- En otro orden de cosas, estando la entidad consultante sujeta al régimen especial del criterio de caja, le resultará aplicable lo dispuesto en el apartado uno del artículo163 terdecies de la Ley 37/1992 según el cual “En las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial, el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o si este no se ha producido, el devengo se producirá el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.
Por consiguiente, el devengo de los servicios jurídicos prestados por la entidad consultante a su cliente se producirá a medida que se cobren los mismos en los términos señalados en el artículo163 terdecies anteriormente transcrito.
5.- En relación con la base imponible, como ya se expuso en el apartado dos de esta contestación, estará constituida por las cantidades totales recibidas por la realización de la operación gravada tanto del destinatario de la misma como de terceros, sin perjuicio de las partidas que, conforme a lo dispuesto en el apartado tres del artículo 78 de la Ley del Impuesto, no se incluyen en la base imponible y no obstante la adición de las partidas reguladas en el apartado dos de dicho precepto.
En este sentido, el mencionado artículo 78, apartado dos, numero 1º preceptúa lo siguiente:
“Dos. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestación:
1.º Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones anticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste el servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma.”.
En consecuencia, este importe extra a percibir por la entidad consultante por el éxito de la operación constituye base imponible de los servicios jurídicos prestados a su cliente por el que se devengará la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente conforme a lo señalado en el apartado uno del artículo163 terdecies de la Ley 37/1992. En cuanto a la cuestión sobre si en dicha contraprestación pactada por las partes se encuentra o no incluido el referido Impuesto, se regirá por las cláusulas de los contratos suscritos entre ambos.
En este sentido, debe hacerse referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de noviembre de 2013, asuntos acumulados C-249/12 y C-250/12 y, en aplicación de la misma, a la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 20 de julio de 2017, relativas a la determinación del importe total de la operación gravada por el Impuesto sobre el Valor Añadido cuando las partes no han dispuesto nada en la celebración del contrato sobre si en la contraprestación fijada en el mismo debe entenderse que incluye también el Impuesto sobre el Valor Añadido que se devenga con la referida operación.
De la lectura conjunta de ambas, partiéndose del principio básico de que el Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto sobre el consumo que debe soportar el consumidor final siendo el sujeto pasivo un mero intermediario entre la Administración Tributaria y dicho consumidor a efectos de la recaudación del mencionado tributo, se llega a la conclusión que, en los casos en que las partes no hayan acordado expresamente que el precio pactado por una operación gravada por el Impuesto sobre el Valor Añadido incluya la cuota devengada por el mismo, con carácter general debe entenderse que dicha cuota no se encuentra incluida en el mencionado precio cuando el sujeto pasivo pueda repercutir conforme a derecho (ex artículo 89 de la Ley 37/1992) la cuota impositiva al destinatario de la operación.
6.- En relación con el plazo para la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, el artículo 88 de la Ley 37/1992 dispone lo siguiente:
Seis. Las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión del Impuesto, tanto respecto a la procedencia como a la cuantía de la misma, se considerarán de naturaleza tributaria a efectos de las correspondientes reclamaciones en la vía económico-administrativa.”.
Por otra parte, el artículo 89 de la Ley del Impuesto regula la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas, estableciendo lo siguiente:
Por consiguiente, en aquellos casos en los que no se expidió inicialmente factura por las operaciones gravadas en el plazo de un año posterior al devengo de las mismas, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 37/1992 en relación con la rectificación de cuotas impositivas repercutidas, sino lo previsto en el artículo 88 de la misma Ley en relación con la repercusión inicial de las cuotas devengadas y, en particular, lo previsto en el apartado cuatro de dicho artículo 88, que establece la pérdida del derecho a la repercusión inicial cuando haya transcurrido un año desde la fecha del devengo.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que el destinatario de las operaciones no estuviera obligado a soportar la repercusión, por haber caducado el derecho del sujeto pasivo a repercutir el mismo, no se impide que aquel pueda aceptar voluntariamente soportar la repercusión extemporánea del Impuesto. En este sentido, señala el Tribunal Supremo, en la citada sentencia de 18 de marzo de 2009, lo siguiente:
Sin embargo, la ley, en modo alguno, establece la prohibición de soportar una vez transcurrido el plazo del año, sino sólo que se perderá el derecho a repercutir, por lo que no puede entenderse que si se soporta voluntariamente el impuesto, aunque sea repercutido extemporáneamente, el repercutido está incumpliendo una obligación.
Resolución Vinculante de DGT, V2958-18, 14-11-2018
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 14/11/2018 Núm. Resolución: V2958-18
Resolución Vinculante de DGT, V0345-17, 08-02-2017
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 08/02/2017 Núm. Resolución: V0345-17
Resolución Vinculante de DGT, V2221-18, 25-07-2018
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 25/07/2018 Núm. Resolución: V2221-18
Resolución Vinculante de DGT, V0947-16, 10-03-2016
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 10/03/2016 Núm. Resolución: V0947-16
Resolución Vinculante de DGT, V0002-11, 03-01-2011