Source: http://docplayer.es/1608286-Republica-dominicana-tribunal-constitucional-en-nombre-de-la-republica.html
Timestamp: 2018-10-17 00:11:26
Document Index: 377983745

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 39', 'Artículo 44', 'Artículo 49', 'Artículo 51', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 149', 'artículo 41', 'artículo 185', 'artículo 37', 'artículo 185', 'artículo 109', 'artículo 7']

Gustavo Correa Alcaraz
1 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0190/14 Referencia: Expediente núm. TC , relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por Ángel Lockward Mella contra el Oficio núm , emitido por la Oficina del Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte el veintisiete (27) de agosto de dos mil trece (2013). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil catorce (2014). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, presidente en funciones; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos185.4 y 277 de la Constitución, 53 y 54 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Página 1 de 14
2 I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la norma jurídica impugnada La norma jurídica atacada en inconstitucionalidad fue dictada por la oficina del abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte el veintisiete (27) de agosto de dos mil trece (2013), y tiene el dispositivo siguiente: Por este medio se le comunica que se ha dispuesto la inmediata paralización provisional de todo tipo de labores contra el señor Angel Lockuard y/o todo aquel que la esté realizando en la parcela de referencia. Al mismo tiempo citarlo para comparecer por ente (sic) esta oficina el día viernes 13 de septiembre del 2003, a las 10:00 a.m. para asuntos relacionados con el expediente que se trata. 2. Pretensiones del accionante Breve descripción del caso La acción directa de inconstitucionalidad fue incoada por Ángel Lockward Mella, en fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil trece (2013), contra el Oficio núm , emitido por la oficina del abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte, el veintisiete (27) de agosto de dos mil trece (2013), porque mediante el mismo se le prohíbe realizar labores en todas sus, porque mediante el mismo se le prohíbe realizar labores en todas sus propiedades dentro de la parcela 1 del Distrito Catastral núm. 5, del municipio Puerto Plata, sin haber sido oído, lo que, a su juicio, le causa un gravísimo daño. Página 2 de 14
3 El accionante pretende que se declare no conforme con la Constitución de la República el preindicado oficio por ser contrario a los artículos 4, 39, 44, 49, 51, 68, 69 y 149 de la Carta Magna Infracciones constitucionales alegadas. Artículo 4. Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. Artículo 39. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: [ ] Artículo 44. Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto: Página 3 de 14
4 [ ] Artículo 49. Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. [ ] Artículo 51. Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. [ ] Artículo 68. Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley. Artículo 69. Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: Página 4 de 14
5 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo; 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Artículo 149. Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes. Párrafo I. La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, enderecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo Página 5 de 14
6 ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Párrafo II. Los tribunales no ejercerán más funciones que las que les atribuyan la Constitución y las leyes. Párrafo III. Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes. 3. Hechos y argumentos jurídicos del accionante El cuatro (4) de febrero de dos mil catorce (2014), el accionante Ángel Lockward Mella depositó una instancia ante este tribunal con la cual presenta formalmente su desistimiento de la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta el cuatro (4) de septiembre de dos mil trece (2013). En su instancia, el señor Ángel Lockward concluye solicitando: UNICO, DESISTIMOS de la Acción Directa de Inconstitucionalidad marcada con el numero SGTC por carecer la misma de objeto en la presente fecha. 4. Intervención oficial En la especie, solo intervino el procurador general de la República de la forma que más adelante se expresa. Página 6 de 14
7 4.1. Opinión del Procurador General de la República El procurador general de la República, representado ante el Tribunal Constitucional, por el Lic. Ricardo José Tavera Cepeda, en su opinión afirma que si bien la disposición impugnada forma parte de las señaladas por el art de la Constitución, no tiene una naturaleza normativa de carácter general, habida cuenta su contenido material referido al propósito concreto de suspender cualquier trabajo que se esté realizando sobre la parcela No, 1 del Distrito Catastral No. 05 del municipio de Puerto Plata, dispuesto por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte en ejercicio de las facultades que le acuerda la ley en ocasión de cualquier contestación o litigio sobre terrenos registrados. Por tales motivos, el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional es de opinión: Único: Que procede declarar inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Lic. Ángel Lockward Mella contra la Ordenanza No , dictada en fecha 27de agosto de 2013 por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte. 5. Pruebas documentales 5.1. El documento más relevante depositado es la instancia de desistimiento de acción dirigida al presidente del Tribunal Constitucional y recibida el cuatro (4) de febrero de dos mil catorce (2014). 6. Celebración de audiencia pública Este tribunal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos mil once (2011), que prescribe la celebración de una audiencia pública para conocer de las acciones Página 7 de 14
8 directas de inconstitucionalidad, procedió a celebrarla el diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014). Compareció el representante del Procurador General de la República y quedó el expediente en estado de fallo. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 7. Síntesis del acto de desistimiento 7.1. El Tribunal Constitucional fue apoderado de una acción directa de inconstitucionalidad. Posteriormente el accionante depositó una instancia desistiendo de dicho recurso pura y simplemente por la carencia de objeto, en virtud de que con posterioridad a la presentación de su acción contra el Oficio núm del abogado del Estado, dicha oficina tomó otras medidas. Además, la Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras de Puerto Plata dispuso en referimiento que el abogado del Estado se abstuviera de tomar medidas administrativas como la anunciada en el oficio precitado, la cual, al no haber sido apelada, se convirtió en sentencia firme en relación con la orden evacuada. En virtud de lo anteriormente indicado, la acción directa de inconstitucionalidad prevista para conocerse el diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014) carece de objeto. 8. Legitimación activa o calidad del accionante 8.1. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezcan la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, numeral 1, de la Constitución dispone que: Página 8 de 14
9 El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido ( ) En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece: La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte delos miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido En ese sentido, el accionante resulta afectado por los alcances del Oficio núm , emitido por la Oficina del Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte el veintisiete (27) de agosto de dos mil trece (2013), porque le prohíbe realizar labores en todas sus propiedades dentro de la Parcela 1 del Distrito Catastral núm. 5, del municipio Puerto Plata. En tal virtud, ostenta, en la especie, la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, al estar revestido de un interés jurídico y legítimamente protegido, de conformidad con el referido artículo de la Constitución. 9. Competencia El Tribunal Constitucional es competente para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad, en virtud de lo que establece el artículo 185, numeral 1, de la Constitución de 2010 y los artículos 9 y 36 de la Ley núm , Página 9 de 14
10 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011). 10. Cuestión previa. Rechazo del desistimiento El accionante, señor Ángel Lockward, en uso de sus derechos y calidad, apoderó al Tribunal Constitucional de una acción directa de inconstitucionalidad sobre la cual depositó una instancia desistiendo pura y simplemente de su acción por alegada carencia de objeto. Sin embargo, este tribunal ha sostenido, en precedente fijado en la Sentencia TC/0062/12, del 29 de noviembre de 2012, página 6, párrafo 7.3, que: La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control normativo abstracto de la constitucionalidad que se realiza con independencia de la aplicación concreta en la realidad, en los casos particulares, de la norma sujeta a examen, con lo cual este modo de control se diferencia del que es propio del amparo dado que en este último se verifica la substanciación de un juicio en que se dicta una sentencia que surte efectos exclusivamente en la esfera jurídica de quien participa en ese juicio. En cambio, en un proceso de acción directa en inconstitucionalidad el Tribunal se pronuncia en abstracto y con efectos generales sobre si la norma impugnada es o no compatible con la Constitución De lo anterior se infiere que en estos procesos no se atiende a la lesión particular que pueda invocar el accionante, sino a un interés superior al individual, que es la supremacía constitucional. Este tribunal constitucional, una vez apoderado, es el guardián de la acción de que se trata, razón por la cual no es posible desistir En este sentido, la pretensión del desistimiento sugerida por el accionante debe ser rechazada porque, a pesar de que se trata de una acción contra un acto Página 10 de 14
11 administrativo de carácter particular, no se beneficia del artículo 109 de Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales porque su aplicabilidad está reservada para las cuestiones relativas al amparo, no así para las acciones directas de inconstitucionalidad. 11. Inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad La acción directa de inconstitucionalidad, como proceso constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos actos señalados en los artículos de la Constitución de la República y 36 de la Ley núm (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas), es decir, aquellos actos estatales de carácter normativo y alcance general. Por tanto, si consideramos que la presente acción directa de inconstitucionalidad fue incoada contra el Oficio núm , emitido por la oficina del abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte el veintisiete (27) de agosto de dos mil trece (2013),, mediante el cual se le prohíbe al accionante realizar labores en todas sus propiedades dentro de la Parcela 1 del Distrito Catastral núm. 5, del municipio Puerto Plata, se infiere, obviamente, que no se trata de una resolución u ordenanza normativa de alcance general, sino de un simple acto administrativo de efectos particulares y concretos Los actos administrativos de efectos particulares y que solo inciden en situaciones concretas, deben ser tutelados mediante la acción en amparo si se violan derechos fundamentales (Art. 75 de la Ley núm. l37-11) o por la jurisdicción contenciosa-administrativa en caso de violarse situaciones jurídicas o derechos no fundamentales dentro del ámbito administrativo. La decisión final está sujeta a un recurso de revisión constitucional de sentencias (Art. 53 de la Ley núm ), por lo que no escapa en ningún caso al control de la justicia constitucional. Página 11 de 14
12 11.3. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional dominicana, en precedente señalado en la Sentencia TC/0051/12, del 19 de octubre de 2012, página 11, párrafo 8.2, ha asumido como propia la jurisprudencia comparada que: Ha considerado que el objeto de la acción directa en inconstitucionalidad está orientado a garantizar la supremacía de la Constitución de la República respecto de otras normas estatales de carácter infraconstitucional, pero no puede constituirse en un instrumento para reivindicar situaciones particulares y concretas, las cuales deben encaminarse por ante las jurisdicción contenciosaadministrativa: La acción pública de inconstitucionalidad no es un mecanismo establecido para impugnar decisiones de la administración ni para resolver situaciones jurídicas concretas. El ordenamiento jurídico prevé otro tipo de acciones - ante la jurisdicción contencioso administrativa - para juzgar la legalidad de la convocatoria a un concurso por parte de la administración (Sent.C-568/95 del 30 de noviembre de 1995 de la Corte Constitucional de Colombia) En el caso ocurrente, el accionante pretendía originalmente que se declare no conforme a la Constitución de la República el preindicado oficio por ser contrario a los artículos 4, 39, 44, 49, 51, 68, 69 y 149 de la Constitución y luego depositó un acto en el que solicitó desestimar la petición elevada por la carencia de objeto. Como se ve, el acto impugnado tiene efectos particulares, que no es sujeto a un control de constitucionalidad. Para esos casos, la competencia corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo de la Ley Sustantiva. Esta circunstancia procesal supone la inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad, de conformidad con el precedente constitucional establecido por este mismo tribunal en un caso análogo y decidido mediante la Sentencia TC/0013/12, del 10 de mayo de Página 12 de 14
13 Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera Sustituta; y Jottin Cury David, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: RECHAZAR el acto de desistimiento y DECLARAR inadmisible la presente acción directa de inconstitucionalidad incoada por Ángel Lockward Mella, el cuatro (4) de septiembre de dos mil trece (2013), contra el Oficio núm , emitido por la oficina del abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte el veintisiete (27) de agosto de dos mil trece (2013), por tratarse de un acto administrativo particular referido a un caso específico y no de una normativa de alcance general. SEGUNDO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, por Secretaría, al accionante y al procurador general de la República, para los fines que correspondan. TERCERO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto, Presidente en funciones; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Página 13 de 14
14 Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 14 de 14