Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651945
Timestamp: 2019-07-22 12:29:33
Document Index: 368411084

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 62', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 127', 'e contrario', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 17', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'artículo 134', 'Artículo 2', 'artículo 155', 'artículo 18', 'Artículo 1', 'Artículo 2']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 34
COMPETENCIA EN MATERIA DE TENENCIA O PORTE DE BOMBAS O ARTEFACTOS INCENDIARIOS Y DE COMPRA Y VENTA IRREGULAR DE MUNICIONES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
CREACIÓN DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO
CREACIÓN Y REGULACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE REVISORES INDEPENDIENTES DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ARANCIBIA, BOENINGER, LARRAÍN, PROKURICA Y SILVA, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE BENEFICIOS A CONDENADOS Y PROCESADOS POR DELITOS QUE INDICA (3983-07)
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR STANGE, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE RETENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR (3984-15)
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR STANGE, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN PERÍODO QUE INDICA (3985-07)
Sesión 34ª, en miércoles 7 de septiembre de 2005
(De 16:3 a 18:4)
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos (3885-07) (se aprueba su informe)¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que regulariza situación de ocupaciones irregulares en borde costero que indica y modifica el DL. Nº 1.939, de 1977 (3689-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles derivados del Petróleo (3978-05) (se aprueba en general y particular) ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea y regula Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación (3964-14) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior; de Hacienda; Secretario General de la Presidencia, y de Justicia subrogante.
--Se abrió la sesión a las 16:3, en presencia de 32 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 29ª, ordinaria, en 30 de agosto; 30ª, especial, y 31ª, ordinaria, ambas en 31 de agosto, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorios de los siguientes instrumentos internacionales.
1) Acuerdos celebrados entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, que se indican:
1.- Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002;
2.- Acuerdo Complementario, y su anexo, al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Brasilia el 5 de diciembre de 2002, y
3.- Acuerdo de enmienda del Acuerdo Complementario mencionado en el número anterior, suscrito en Asunción el 6 de junio de 2003 (boletín Nº 3.897-10).
2) "Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de nivel primario y medio no técnico entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile", suscrito en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002 (boletín Nº 3.898-10).
3) "Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile", suscrito en Buenos Aires el 5 de julio de 2002 (boletín Nº 3.907-10).
De la Honorable Cámara de Diputados, por medio del cual informa que ha dado su aprobación al proyecto que restablece la bonificación fiscal para enfermedades catastróficas establecida en la ley Nº 19.779 (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 3.960-11).
Del señor Subgerente General del Servicio de Cooperación Técnica, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, sobre asesorías a la comunidad de Lonquimay para el desarrollo del turismo.
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Larraín y Gazmuri, sobre acceso a la información pública (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 3773-06).
Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín Nº 3978-05).
De la Comisión de Hacienda, mediante la cual solicita que, en forma previa al despacho de su informe, el proyecto de ley que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, correspondiente al boletín Nº 3.224-04, sea devuelto a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y que se fije un plazo especial para que el Ejecutivo presente una indicación sobre las materias reservadas a su iniciativa exclusiva consideradas en el texto propuesto por dicha Comisión.
--Se accede a lo solicitado, y se fija como plazo para presentar la indicación del Ejecutivo el lunes 12 del presente.
De los Senadores señores Arancibia, Boeninger, Larraín, Prokurica y Silva, mediante la cual inician un proyecto de ley que concede beneficios a condenados y procesados por los delitos que indica (boletín Nº 3983-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Dos del Senador señor Stange, con las que da inicio a las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley sobre retención de licencias de conducir (boletín Nº 3984-15).
2) Proyecto de ley sobre declaración de muerte presunta de personas desaparecidas en período que indica (boletín Nº 3985-07).
Moción de los Senadores señores Horvath, Núñez, Orpis, Prokurica y Vega, mediante la cual presentan un proyecto que incorpora nuevos beneficiarios al régimen de prestaciones de salud establecido en la ley Nº 18.469.
--Se declara inadmisible por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme a lo dispuesto en el número 6º del artículo 62 de la Constitución Política de la República.
Del señor Nelson Hugo Binimelis Ruiz, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía (boletín Nº S 826-4).
Señor Presidente , solicito que se pida el patrocinio del Ejecutivo para la iniciativa, recién declarada inadmisible, que incorpora nuevos beneficiarios al régimen de prestaciones de salud establecido en la ley Nº 18.469, que presentamos en conjunto con los Senadores señores Horvath, Núñez, Orpis y Vega.
Se enviará el oficio pertinente en nombre de los autores del proyecto.
En nombre del Senado, señor Presidente.
Si le pareciera a la Sala, se remitiría en nombre de la Corporación.
Corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En trámite de Comisión Mixta, sesión 18ª, en 19 de julio de 2005.
Constitución, sesión 13ª, en 12 de julio de 2005.
Mixta, sesión 34ª, en 7 de septiembre de 2005
Sesión 14ª, en 12 de julio de 2005 (se rechaza en general)
La controversia entre ambas Cámaras se originó en el rechazo por el Senado, en el segundo trámite constitucional, de la totalidad del proyecto.
El informe de la Comisión Mixta formula la proposición destinada a resolver las divergencias, la que fue acordada por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Espina y Prokurica, y Diputados señora Guzmán y señores Burgos y Bustos), con excepción del reemplazo del inciso primero del artículo 18 de la Ley sobre Control de Armas, que contó con el voto en contra del Honorable señor Coloma.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe los artículos pertinentes del cuerpo legal que se modifica; la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y rechazada por el Senado, y la propuesta de la Comisión Mixta.
Cabe hacer presente que el numeral 1) del artículo único es de quórum calificado, y el numeral 3), de carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación requieren el voto conforme de 25 y 27 señores Senadores, respectivamente.
La Cámara Baja, en sesión de ayer, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
Señor Presidente , quiero solicitar a la Sala que apruebe el informe de la Comisión Mixta acerca de este proyecto, que regula adecuadamente la ubicación que deben tener las bombas molotov, o bombas incendiarias, en la Ley sobre Control de Armas. Con ello se corrige una imperfección de ésta, sobre lo cual hubo absoluto acuerdo.
Es preciso recordar que las bombas incendiarias, o bombas molotov, quedaron clasificadas en la legislación vigente en dos categorías distintas e incompatibles entre sí: por un lado, como armas sometidas al control de la autoridad, y, por otro, como armas prohibidas. Esto creaba problemas para determinar la penalidad aplicable, y resultaba evidente que debía rectificarse. Y el Gobierno hizo lo correcto, pues las incluyó entre las prohibidas.
Finalmente, la Comisión Mixta aprobó en forma unánime el criterio de fijar al respecto la misma sanción establecida para todas las armas prohibidas, sin excepción.
Además, se hizo un cambio de competencia en la materia, acordado por amplísima mayoría: el delito de porte de bombas molotov o incendiarias será conocido, de acuerdo a la reforma procesal penal, por un fiscal y un juez de garantía, y no por la justicia militar, como consigna la ley actual.
Distinto es cuando alguien usa una bomba molotov para atentar contra un miembro de las Fuerzas Armadas o un policía, caso en el cual se aplican las normas de competencia ordinaria que dicen relación al delito militar de violencia innecesaria con resultado de muerte o de lesiones, que, obviamente, va a conocimiento de la fiscalía respectiva.
Reitero la petición de que se apruebe el informe, que fue consensuado entre Diputados, Senadores y autoridades de Gobierno interesadas en él.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer la disposición que tuvo el señor Ministro del Interior en orden a buscar los acuerdos que permitieran zanjar rápidamente las discrepancias.
Si le pareciera a la Sala, se aprobaría el informe, registrándose el quórum.
--Por unanimidad, se aprueba el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia de que se pronunciaron favorablemente 27 señores Senadores, con lo cual se cumple con los quórum constitucionales exigidos.
De conformidad con lo resuelto en la sesión precedente, corresponde tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional, que regulariza la situación de ocupaciones irregulares en el borde costero de sectores que indica y modifica el decreto ley Nº 1.939, de 1977.
En tercer trámite, sesión 34ª, en 7 de septiembre de 2005.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales (complementario de segundo), sesión 50ª, en 10 de mayo de 2005.
Sesiones 22ª, en 15 de diciembre de 2004 (se aprueba en general); 39ª y 41ª, en 23 de marzo y 5 de abril de 2005 (queda pendiente su discusión particular); 42ª, en 6 de abril de 2005 (vuelve a Comisión de Medio Ambiente); 51ª, en 11 de mayo de 2005 (se aprueba en particular).
En el segundo trámite constitucional, la Honorable Cámara de Diputados efectuó tres modificaciones al texto aprobado por el Senado. Una, de carácter formal, al artículo 1º, destinada a ordenar las localidades, caletas y playas que en él se mencionan, de acuerdo a su ubicación geográfica, de norte a sur; y otra para agregar un artículo transitorio que expresa lo siguiente:
"El Ministerio de Bienes Nacionales elaborará, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación de esta ley, un informe en conjunto con el Ministerio de Defensa que determine e identifique todos los sectores costeros, caletas u otros, que sean susceptibles de regularizar de acuerdo a los procedimientos y normas de esta ley.".
Existe un boletín comparado -se acaba de distribuir-, en el cual se transcriben el artículo 6º del decreto ley Nº 1.939, de 1977; el texto aprobado por el Senado, y las enmiendas efectuadas durante el segundo trámite constitucional.
El señor Secretario ha hecho una perfecta relación de los cambios introducidos por la Cámara Baja. Ésta sólo realizó -como se dijo- un ordenamiento de norte a sur en el artículo 1º y agregó una norma transitoria muy sencilla, que faculta al Ministerio de Bienes Nacionales para elaborar, en un plazo de 180 días a partir de la publicación de la ley en proyecto, un informe en conjunto con el Ministerio de Defensa que determine e identifique todos los sectores costeros, caletas u otros que sean susceptibles de regularizar de acuerdo con los procedimientos y normas contenidos en esta iniciativa.
Lo demás quedó igual como lo despachó el Senado.
Por lo tanto, creo que deberíamos aprobar las enmiendas señaladas.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
--Se aprueban y queda despachado el proyecto en este trámite.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, con certificado de la Comisión de Hacienda, informe verbal de ésta y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3978-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 33ª, en 7 de septiembre de 2005.
Certificado de Hacienda, sesión 34ª, en 7 de septiembre de 2005.
El objetivo principal de la iniciativa es crear un Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles derivados del Petróleo, que regirá hasta el 30 de junio de 2006 y operará para la gasolina, el diésel y el querosene doméstico.
Dicho Fondo se constituirá con 10 millones de dólares que el Ministro de Hacienda transferirá de los recursos que se especifican en el artículo 5º del proyecto.
La Comisión de Hacienda aprobó en general y en particular el proyecto por cuatro votos a favor (Honorables señores Boeninger, Ominami, Orpis y Sabag) y uno en contra (Senador señor García), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa debe ser discutida en general y en particular a la vez, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata", de conformidad con lo preceptuado por el artículo 127 del Reglamento.
Está a disposición de Sus Señorías el certificado correspondiente, evacuado por el Secretario de la Comisión de Hacienda , donde constan los antecedentes que se someten a consideración de la Sala.
Señor Presidente, la iniciativa en debate tiene dos partes.
En la primera se busca evitar que el país sufra el aumento de los costos de la gasolina derivado del incremento de los costos de refinación del petróleo ocasionado por la paralización, con motivo del huracán Katrina , de 13 ó 14 refinerías instaladas en el golfo de México.
No se trata, en consecuencia, de una medida que vaya a significar gasto fiscal. Más bien implicará que la Empresa Nacional del Petróleo, al utilizar un precio de referencia distinto del precio de referencia del golfo de México, deje de percibir lo que habría recibido si hubiese mantenido la política anterior, situación a todas luces inconveniente, porque eso habría sido bueno para la ENAP pero malo para el conjunto del país.
En la segunda parte se procura generar un mecanismo, no de subsidio, sino de estabilización del precio del crudo en torno a un valor de referencia de 69 dólares el barril.
La aplicación del presente proyecto contempla el siguiente financiamiento.
Un aporte inicial de 10 millones de dólares, que corresponde a los ingresos financieros de los recursos del Fondo de Compensación de los Ingresos del Cobre que no estaban contemplados en la revisión a junio contenida en el documento "Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2004, y actualización de las proyecciones para 2005", que fue presentado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional y que consideraba un precio del cobre de 139 centavos de dólar la libra.
Durante el período comprendido entre enero y agosto de 2005, dicho Fondo ha percibido un ingreso de 200 millones de dólares por concepto de esa diferencia, adicionales a los obtenidos en el escenario de 139 centavos de dólar la libra de cobre, que, junto al saldo inicial del Fondo, de 207,8 millones de dólares, y a las alzas en las tasas internacionales de referencia, han permitido acumular este excedente.
Los saldos acumulados a agosto seguirán aportando, en lo que queda del año, unos 0,7 millones de dólares al mes, que corresponden a los ingresos financieros del mismo saldo. Para diciembre se estima un aporte adicional de 0,8 millones de dólares.
Adicionalmente, se incorporarán a dicho saldo los ingresos financieros por los nuevos aportes extraordinarios al Fondo, producto de los eventuales aumentos en el precio del cobre por sobre 139 centavos de dólar la libra durante el 2005 y por el supuesto de precio promedio anual que se considere en la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos para el 2006.
Por otra parte, la aplicación de la ley en proyecto contempla los siguientes costos fiscales.
Se estima un costo fiscal total de la aplicación del mecanismo, hasta el 30 de junio del 2006, de 24 millones de dólares, que supone un precio de referencia asociado a un crudo estable en torno a 67,6 dólares el barril. De ellos, 13,6 millones de dólares estarán financiados por el mayor precio durante el 2005.
Dichos costos incluyen sólo el aporte necesario por las importaciones privadas, las que se estiman en 10 por ciento del total del consumo nacional.
Adicionalmente, en consecuencia, hay un mecanismo de compensación a la Empresa Nacional del Petróleo, la cual se efectuará a través de un procedimiento contable, consistente en la acumulación de los eventuales pagos por crédito fiscal en una cuenta del activo y en la deducción del saldo de dicha cuenta contable de los posibles impuestos en beneficio del Fondo que la ENAP recaude. El efecto fiscal de este tratamiento implicará menores traspasos de excedentes o pagos de impuestos futuros por parte de la ENAP al aplicar el saldo positivo de la cuenta antes señalada.
En todo caso, la idea es mantener los 100 millones de dólares establecidos para -entiendo- financiar el presupuesto de inversión de la Empresa Nacional del Petróleo.
Finalmente, se estima que por cada dólar por barril que subsidie este Fondo al mes se imputará en la cuenta de ENAP un equivalente a 3 millones de dólares, mientras que el Fondo desembolsará 0,3 millones, lo que se financiará de manera parcial con mayores intereses de la inversión de recursos del Fondo de Compensación de los Ingresos del Cobre, en la medida en que se mantenga la correlación positiva que históricamente se ha observado en los precios internacionales de ambos productos ante una expansión de la demanda.
Señor Presidente , es importante destacar que, más que financiar el Fondo de Estabilización con los mayores recursos que se han generado por el aumento de los precios del cobre, la idea básica es financiar su funcionamiento con los intereses que devenga el excedente producido por el mayor precio del metal rojo.
Señor Presidente , hace una semana, con motivo del huracán Katrina , se informó que el precio de la gasolina podría llegar durante los días de Fiestas Patrias a 750 pesos el litro.
En el marco de ese hecho, el Gobierno hizo dos anuncios.
El primero, que, a raíz de que ese fenómeno natural inhabilitó o destruyó 10 a 15 por ciento de la capacidad de refinación que tiene Estados Unidos, la ENAP podría haber tomado el mayor costo de refinación que se está registrando -principalmente en el golfo de México-, asumido como propio e incorporado a precio, caso en el cual el valor de la bencina habría llegado a los 750 pesos que ya señalé, no por el alza de los costos de refinación de ENAP a 40 dólares, sino porque dicha Empresa podría haber usado ese hecho para incrementar los precios internos y ponerse a nivel de los internacionales.
En mi opinión, si tal hubiese ocurrido, la ENAP habría hecho mal uso del desastre provocado por un fenómeno natural. Porque si su costo de refinación es de 15 dólares, no veo por qué va a subirlo a 40 por la sola circunstancia de haber mediado una situación extraordinaria, como lo fue el huracán que afectó a Estados Unidos.
El Presidente de la República dijo que, en primer lugar, la ENAP iba a refinar el cien por ciento del petróleo. Esa medida, en mi opinión, es sumamente correcta, sana. Y la decisión de que dicha Empresa no traspase a público el mayor costo de refinación que ocurre en otro lugar del mundo -no en Chile- me parece, en términos económicos, extremadamente correcta.
Por lo tanto, lo primero que quiero despejar es que en Chile no habrá aumento del precio de los combustibles por efecto del huracán Katrina , pues la ENAP no traspasará a precio el mayor costo internacional de la refinación.
Sin embargo, junto con ello, el Gobierno anuncia la vuelta a un sistema que ya en el pasado demostró no ser efectivo para estabilizar el precio de los combustibles: el del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
Debo recordar que, cuando el precio del barril de crudo se hallaba en 28 dólares, se nos dijo que podía llegar a 30, a 35, a 40, y que, en cualquiera de esas condiciones, sería un verdadero desastre, una hecatombe, no sólo de la economía nacional, sino también de la internacional.
Hoy día el precio del barril bordea los 70 dólares. No sabemos si seguirá subiendo. Pero, en la medida en que esto ocurra, el mecanismo planteado va a fracasar, como ya lo hizo anteriormente. Para el Fisco, intentar mantener bajo el valor de los combustibles por determinado período tuvo un costo de 800 millones de dólares. Cuando se acabó la plata, hubo que volver a la realidad. Y la triste realidad es que debemos asumir el precio internacional del crudo, producto cada vez más caro.
No obstante, se insiste en un instrumento de la misma naturaleza, cuyo costo final exacto se ignora, pero que puede superar los 200 millones de dólares. El Fondo parte con 10 millones -¡10 millones de dólares!-, que pueden aumentar a 24 millones. Porque se van a utilizar -y en esto tengo que reconocer la prudencia del señor Ministro de Hacienda - sólo los intereses de una parte del stock de reservas o ahorros generados por el mayor precio del cobre, que suman 24 millones de dólares. Eso es lo que finalmente se estaría destinando, de aquí a junio del próximo año, al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
Pero estabilizar los precios del crudo no costará únicamente esos 24 millones de dólares: habrá que poner 200 millones adicionales, aproximadamente, para pasarlos a la ENAP y evitarle pérdidas y situarla en un plano de igualdad con el sector privado.
Una medida de esa índole implicará, hasta el 30 de junio del próximo año, un desembolso de 200 millones a 250 millones de dólares, recursos que perfectamente podrían tener usos alternativos mucho más eficientes y focalizados en los sectores de mayor pobreza y en los de clase media.
Por ejemplo, sería tremendamente conveniente elevar los ingresos de la clase media por la vía de aumentar el monto de las asignaciones familiares. Hoy, para un porcentaje importante de ese sector, la asignación familiar es cero; para otro grupo, de 1.200 pesos, y para los más pobres, de 3 mil 700. Entonces, bien podríamos ocupar tales recursos en incrementar en forma significativa el valor de la asignación familiar.
También podríamos hacer otra cosa: bajar los impuestos específicos a los combustibles, medida que, a mi juicio, sería de bastante mayor eficacia para lograr una estabilización más prolongada en el tiempo.
La pregunta es qué va a pasar después del 30 de junio. No lo sabemos. Incluso, es posible que el resultado de la ley en proyecto sea cero costo fiscal si el precio del crudo no sube más allá de 69 dólares el barril. En tal caso este instrumento no va a ser necesario. Pero si el precio supera los 75 dólares o los 80, el Fondo se agotará muy pronto y de nuevo deberemos volver a la realidad y traspasar al público todo el mayor costo del petróleo.
En el pasado ya se aplicó el mismo mecanismo. Creo que en dos oportunidades, por cifras -si no recuerdo mal- del orden de los 400 millones de dólares, sacamos recursos de la libreta de ahorros del cobre para trasladarlos al Fondo. Todos ellos se consumieron y no logramos lo que deseábamos: estabilizar el precio. Finalmente, hubo que asumir la realidad y pagar el mayor costo internacional del crudo.
Mis colegas me han dicho que sería impopular votar en contra de este proyecto. Probablemente lo sea. Como la cotización del cobre ha estado alta, es posible que la opinión pública esté pensando en echar mano a los recursos adicionales obtenidos por el metal rojo para subsidiar el consumo de gasolina, con lo cual, entre otras cosas, estaremos subsidiando en mayor medida a los sectores de más elevados ingresos, que son lo que más emplean combustible.
Para mí, mejor habría sido establecer un impuesto específico que bajara cuando el precio del petróleo estuviera más alto y se mantuviera cuando el nivel del crudo disminuyera, de tal forma que incluso desde el punto de vista de las arcas fiscales no se produjera ningún perjuicio.
Sin embargo, se optó por un sistema cuyo costo -insisto- no son los 24 millones de dólares que señala el informe financiero, sino más de 200 millones. Dicho informe sólo refleja el subsidio a las empresas privadas que importen petróleo refinado, pero no el 90 por ciento de lo que habría que traspasar a la ENAP, que es la gran proveedora de combustible en el país.
Por otro lado, quiero expresar mi preocupación porque en la retina de la opinión pública ha quedado la impresión -no muy cierta al final, pues los fondos para la ENAP van a salir de la caja fiscal y no necesariamente de los ahorros del cobre- de que, como el precio de nuestro principal producto se halla alto y ha dado lugar a ahorros significativos, hay que echar mano de tales recursos para subsidiar la gasolina.
Debo puntualizar que eso abre una puerta bastante complicada tanto para el Gobierno cuanto para nosotros, como legisladores.
En un par de semanas vamos a tener que resolver aquí el proyecto de ley sobre daño previsional. Ya me he reunido con los gremios, que consideran que dicha iniciativa resulta insuficiente para solucionar ese problema. Y lo primero que señalan...
No hay ningún proyecto sobre daño previsional, señor Senador.
Está anunciado, Su Señoría.
No es una iniciativa sobre daño previsional.
Continúa con la palabra el Honorable señor García.
Como decía, señor Presidente , me reuní con gremios que no están de acuerdo con el proyecto o con el anunciado proyecto sobre daño previsional, el cual, según se ha expresado, ingresará al Congreso esta semana. Ellos plantean: "Así como se saca plata del cobre para subsidiar la gasolina, ¿no será posible extraer de allí un poco de recursos para que nos arreglen lo del bono?".
Y lo mismo ocurre con el sector educación, que sugiere emplear el ahorro generado por el metal rojo para mejorar la calidad de la enseñanza y elevar la subvención educacional.
Otros preguntan: "¿No se podrá orientar parte de las mayores utilidades obtenidas por concepto de mayor precio del cobre para optimizar la atención en salud?".
Así caemos en un sinfín de peticiones, todas ellas legítimas, todas ellas prioritarias. Y eso ocurre básicamente porque se genera la idea de que hay abundantes reservas por la mejor cotización de la libra de cobre y se da la señal de que pueden ocuparse, por ejemplo, para subsidiar el precio del combustible.
Señor Presidente -y con esto termino-, creo que, aunque sea impopular, hay que asumir la realidad. Y la realidad es que, si el precio internacional del crudo está alto, desgraciadamente, tenemos que pagarlo aquí, en Chile. Cualquier otra cosa significará una torcida de mano al mercado mundial, y más temprano que tarde deberemos vivir la realidad.
Por eso, anuncio mi voto contrario al proyecto. Estimo que había otras soluciones.
Señor Presidente, el Senador señor Enrique Zurita, por su intermedio, me pide una interrupción.
Se la concedo, con mucho gusto.
Deseo consultar al Honorable señor García lo siguiente: ¿Cuándo cree que se agotarán los 10 millones y los 24 millones de dólares? ¿Antes o después de fin de año, en diciembre o antes de este mes?
Señor Presidente , en los 40 segundos que me restan, debo señalar que el agotamiento de esos recursos depende del precio internacional. Si sube muy rápido, se acabarán muy pronto.
En todo caso, no serán sólo los 24 millones de dólares -repito-, porque esa suma corresponde al 10 por ciento. Con el 90 por ciento restante hay que subsidiar a la ENAP, lo cual no figura en el informe financiero que nos entregó la Dirección de Presupuestos.
Solicito el asentimiento de la Sala para que el proyecto sobre responsabilidad penal juvenil sea tratado en el primer lugar de la tabla de la sesión del martes próximo, porque se corre el riesgo de que ahora no se reúna el quórum de aprobación necesario. De paso, así liberamos al señor Ministro de Justicia de su permanencia en la Sala.
¿Y el que regula el consumo del tabaco?
Lo veremos ahora.
Si nos queda tiempo en esta sesión, retomaremos el debate.
Señor Presidente , me alegro de que hoy día estemos discutiendo esta materia, porque durante cuatro años distintos Parlamentarios planteamos a las autoridades de Gobierno que se debía intervenir frente a una realidad tan dramática que impone, a diferencia de lo que algunos piensan, una carga muy grande a la gente más modesta.
A los que tienen dinero -los ricos de que se habla aquí- no les importa que suba el precio de los combustibles, porque pueden pagarlo. Pero el que cuenta con recursos reducidos le quita una papa a su comida cada vez que debe echar bencina a su vehículo, a su transporte escolar, a su colectivo o a su taxi.
Me alegro de esta discusión, porque había escuchado decir a un señor Ministro que el problema se solucionaba andando en bicicleta. Yo creo que no.
Siendo una reacción tardía, el proyecto pone un cable a tierra en una situación que debe resolverse. Sin embargo, es una solución no permanente para un problema que sí lo será. Todo el mundo sabe, y los economistas también -yo, humildemente, apenas soy abogado-, que los precios de los combustibles -lo dicen las revistas especializadas- seguirán subiendo. A nadie se le podría ocurrir que van a bajar. ¿Por qué? Por la demanda de China, por el crecimiento, porque cada día el petróleo es más escaso. Por lo tanto, las propuestas como ésta, si bien son buenas, constituyen soluciones transitorias para un problema que será permanente y que vamos a heredar al próximo Gobierno.
Chile es el país con los impuestos a los combustibles más altos del Continente. Después de Uruguay, pagamos los precios más caros. Al lado, en Argentina, valen la mitad. La carga impositiva de los combustibles corresponde al 44 por ciento de su valor total. O sea, casi a la mitad.
¿Más IVA, señor Senador ?
IVA más impuesto específico.
Además de este problema, y como si fuera poco, una empresa, la ENAP, abusa de su condición monopólica. Así, como consecuencia del alza de precios, ganan dos instituciones...
¿Puedo hacerle una consulta, señor Senador ?
Yo no sé si el Honorable señor Prokurica puede informarme respecto de cuál es la carga tributaria real que existe en Chile. Su Señoría ha planteado que seríamos uno de los países con mayores impuestos a los combustibles y a otros rubros. Según los antecedentes de que dispongo, en materia de carga impositiva total y plena no estaríamos en ese nivel.
Ésa es mi consulta. Ojalá me la aclare.
Me referí al Continente . Chile aplica a los combustibles los impuestos más elevados de América, al igual que sus precios, después de Uruguay. Pero no aludí a la carga tributaria completa.
En cuanto al proyecto, afirmé que constituía una solución transitoria para un problema permanente, consistente en la mantención del impuesto específico y en el abuso de la condición de monopolio natural de la ENAP.
Pruebas al canto: como precio de referencia recurre al del golfo de México y compra el 80 por ciento del crudo en Argentina. ¿Por qué? Porque es un monopolio.
¿Por qué otras empresas no vienen a vendernos combustibles? ¿Somos un país pequeño respecto del cual no hay interesados en vendernos combustibles?
Además, disposiciones legales generan barreras que hoy no permiten una verdadera competencia.
Algunos dirán: "Bueno, están los distribuidores". ¡Pero si éstos se arreglan con la ENAP: les pasa bencina, reciben petróleo. Es decir, de alguna forma eso se conversa. Todos ganan, menos los consumidores. Y el que más gana es el Fisco: ¡Más de mil millones de dólares por concepto de recaudación! El año pasado, sólo por el mayor valor del precio internacional ingresaron a arcas fiscales 40 millones de dólares extra, cantidad que, si los precios se mantienen, aumentará a 67 millones de dólares, según una proyección que me hizo el Instituto Libertad y Desarrollo.
¿Es una solución lo que ahora se nos propone? ¡No, señor Presidente ! La solución va por la vía de fijar cargas tributaria lógicas y más prudentes.
No podemos seguir abusando con un impuesto específico a los combustibles que ha perdido legitimidad. Se creó para construir carreteras, y resulta que el Estado hoy día no las construye. Es más: en la Región de Atacama, que represento, se quiere licitar la carretera y cobrarnos peaje por una vía.
¡Si en este país ya no se puede circular por ninguna parte sin pagar!
Desde cierto punto de vista, me alegro de que haya mejor infraestructura. Eso es bueno y se debe pagar. ¡Pero, por favor, el impuesto específico se estableció para construir carreteras, y sucede que hoy día el Estado no las construye!
Me parece más lógico, como una solución permanente, primero, rebajar el impuesto a los combustibles, y segundo, terminar con los abusos del monopolio de la ENAP, o bien -como lo explicaba recién el Senador señor García -, traspasar a los consumidores los beneficios que obtiene esa Empresa por su condición monopólica en el mercado.
Ésa sería una solución definitiva, sin que el problema lo heredara el próximo Gobierno.
Quiero hacer una pregunta, porque no me quedó claro a cuánto asciende exactamente el impuesto específico más el IVA.
Del precio actual, 181 pesos. Su Señoría conoce el porcentaje del IVA; y el impuesto específico es fijo.
¿Es 42 por ciento?
Algunos dicen 42 por ciento; otros, 44 por ciento.
Recupera la palabra el Honorable señor Prokurica.
Debo insistir en que, por lo menos desde el punto de vista de esta Mesa, las interrupciones, de acuerdo con el significado de "interrumpir", se otorgan durante las intervenciones, no al final. La semana anterior ya di lectura a la acepción de ese verbo según el Diccionario de la Lengua Española, así que no voy a repetirla. Por lo tanto, sólo las autorizaré durante las exposiciones.
Señor Presidente , no obstante mis diferencias de criterio acerca de cómo aproximarnos al tema, voté favorablemente el proyecto en la Comisión y ahora continuaré prestándole mi aprobación.
Desde un punto de vista administrativo -como se mencionó-, se corrigen las distorsiones originadas por la disminución de la capacidad de refinación de los combustibles derivados del petróleo, ocurridas por fenómenos climáticos en el golfo de México. De modo que la solución radica en la vía administrativa, con cargo al Tesoro Público, desde donde, dependiendo de los precios, habría traspasos a la ENAP. Pero se subsidian los aumentos del precio del petróleo según si se supera el máximo de la banda, es decir, 69 dólares el barril.
Ahora, quisiera hacerme cargo de las cuestiones de fondo planteadas en torno a esta discusión.
Hemos visto dos posturas. Primero, la que planteó el Senador señor García , quien no es partidario de que se opere con el mecanismo del subsidio ante el aumento de los precios del petróleo, sino de traspasarlo todo a público. Una posición distinta sostiene el Honorable señor Prokurica , quien es partidario de abordar los aumentos de precio del petróleo.
Algunos países, como Francia -se mencionó en la Comisión de Hacienda-, traspasaron íntegramente a los consumidores los incrementos. En cambio, otros han intervenido.
¿Qué ha ocurrido en Chile, y en particular con este proyecto?
Se ha optado por un camino intermedio y transitorio. Intermedio, porque se subsidia a partir de determinado precio. Transitorio -esto quiero aclararlo-, porque del debate he podido apreciar que lo establecido en la ley en proyecto duraría hasta junio del próximo año. Y no necesariamente es así, puesto que depende del valor. Si se acaban los recursos fijados en la ley en proyecto, puede durar menos. Aquí no hay fecha ni plazo fijos. De ahí el carácter transitorio.
Yo soy partidario de intervenir directamente en el alza que afecta a los combustibles, en particular al petróleo. El impacto es demasiado fuerte sobre la ciudadanía cuando el precio supera determinado monto.
Por lo tanto, más que una norma transitoria, aquí se requiere una discusión de fondo, la que no se ha dado. Porque si hay algo cierto en el último tiempo, es la volatilidad registrada en los precios de los combustibles. El Senador señor García señaló cómo, de 30 dólares el barril, se pasó prácticamente a 70 dólares. Y nada indica que habrá una baja fuerte.
En consecuencia, se trata de una cuestión que debemos asumir. Y soy partidario de hacerlo, no en función de una ley transitoria e incierta en el tiempo, sino conforme a una normativa permanente y sobre la base de determinados parámetros.
La pregunta que tendría que surgir a continuación es cuándo se debe intervenir. Porque, evidentemente, aquí existe un impacto fiscal. Deberíamos reflexionar acerca de si estamos dispuestos a que ese impacto indefinido termine provocando efectos tremendamente negativos en las arcas fiscales respecto de diversos programas.
Al menos en el debate de la Comisión de Hacienda se sentó un precedente que me parece de gran importancia. Y quisiera rescatarlo. Pero tendría que ser un parámetro propio de ley permanente y no de una preceptiva transitoria.
Primero, se debe intervenir cuando los precios superen determinados límites. Y segundo, tiene que mantenerse alto el precio del cobre, a fin de contar con un stock de capital que permita generar intereses. Porque si subiera el precio de los combustibles pero paralelamente cayera el del metal rojo, no habría ninguna posibilidad de intervenir, porque el efecto fiscal sería muy severo.
Esas dos variables deberían mantenerse absolutamente en línea para proceder a la intervención.
Finalmente, creo que este tipo de debate, dada la volatilidad de los precios del combustible, no puede llevarse a cabo con motivo de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata". Deberíamos haber abordado el tema a fondo. La razón reside en que el mandato presidencial está por expirar. Por lo tanto, no se quiere dejar hipotecados a los futuros Gobiernos con este problema. Yo habría sido partidario de discutirlo ahora, por las condiciones que se están dando, sin perjuicio de reconocer que cualquier futuro Primer Mandatario tendrá la posibilidad de modificar los proyectos de ley.
En materias de inversión, son vitales la certeza y la seguridad. El impacto sobre miles de personas requiere cierta certeza respecto del comportamiento de los precios de los combustibles en el mediano y largo plazos.
Señor Presidente , si la ENAP no fuese una empresa pública, sería otro el debate. Estaríamos discutiendo acerca de cómo conseguir suficientes recursos para compensar al privado por los menores ingresos que le implicara la congelación del precio de que sería objeto.
Por supuesto, nos veríamos traspasados por el reclamo furibundo de la representación política empresarial, en orden a que el Gobierno comete la imprudencia de alterar el libre juego del mercado. La "mano invisible", según esos discursos, necesariamente tendría que ser la que regulara las cosas, conforme a la naturaleza del modelo que nos rige.
Felizmente, con medidas gubernamentales, es posible manejar estas contingencias. De ahí que una de las lecciones que ha de dejar este episodio es que bajo ninguna circunstancia el país puede permitirse el lujo de seguir con esa ola privatizadora irreductible, que en determinado momento asoló el patrimonio público.
En virtud de la suspensión de la política de precios de paridad de importación para la gasolina y el querosene, la ENAP deja de ganar 25 dólares por cada barril refinado.
Señor Presidente , ¿podría pedirle a la Senadora señora Matthei que deje de conversar en medio de una sesión?
Ruego a los señores Senadores respetar el derecho de los oradores.
¡No es primera vez que se conversa en una sesión!
¡Y no sólo dando la espalda a estas bancadas...!
¡Es lo mejor que tengo!
¡Discutible, en todo caso...!
¿Me encuentra muy bonita de cara?
Evitemos los diálogos de este carácter, señores Senadores .
Me agrada, en todo caso, señor Presidente , ver a la señora Senadora de buen humor. ¡Creo que le hizo bien quedarse en la Cuarta Región...!
¡En la Décima igual habría estado de buen humor!
El Senador señor Ávila recupera la palabra.
Señor Presidente , aprovecho, después de esta anécdota, de formular una pregunta al señor Ministro de Hacienda , a quien veo tomando notas. ..
¡Se fue! ¡No está!
Corrijo, señor Presidente , pues entonces empleé mal el verbo: lo "veía" tomando notas. Pero me dicen que está escuchando afuera.
¡Estaba poniendo toda mi atención en el debate...!
La pregunta que deseo formular es la siguiente: ¿por qué hasta ahora la ENAP no refinaba el cien por ciento de los combustibles usados en el país?
El subsidio que representa todo esto alcanzará a unos 105 millones de dólares, monto que beneficiará a los propietarios de los casi dos millones 300 mil vehículos existentes en Chile.
Sumados los bonos de las leyes Nºs. 20.012 y 20.056, se obtiene una cifra cercana a los 108 millones de dólares.
Los principales favorecidos por la estabilización de precios de la gasolina y por la cuantía de los recursos que implica esta iniciativa, según palabras del propio Ministro de Hacienda , son el 20 por ciento más rico de la población.
Nuestra estructura social -según me informan, muestra todo su dramatismo en la prensa nacional de hoy- hace que esta clase de medidas económicas sigan siendo aprovechadas -como siempre ocurre- por los sectores de mayores ingresos. Porque allí es donde se concentran los dueños del más alto número de vehículos particulares.
Entonces, atendida esa realidad, creo que los subsidios deberían estar focalizados siempre hacia los sectores más vulnerables, como fruto de la estrategia de desarrollo en que se ha embarcado nuestro país.
Por eso, señor Presidente, echo de menos medidas complementarias destinadas a reducir el consumo.
La intervención del Senador señor García resulta coherente desde el punto de vista político que él representa. Su Señoría no se ha apartado un ápice de esa concepción filosófica. En efecto, señaló que, dado que Chile funciona con una economía de mercado, debiera ser éste el que regule aspectos como los que hoy estamos discutiendo.
En ese sentido, tiene razón. Pero no considera algo absolutamente esencial: en una economía de tales características es indispensable fortalecer al máximo al Estado en su rol regulador. Las instituciones llamadas a cautelar la denominada "libre competencia" -que, por supuesto, para nada es libre- deben tener las facultades legales correspondientes; estar dotadas del personal calificado que necesitan, y hacer cumplir las leyes que apruebe el Parlamento.
Y, por cierto, se deben gestar muchas otras iniciativas que hacen falta para, de alguna manera, conducir la economía y provocar los menores estragos posibles en los sectores que hoy se encuentran absolutamente desprotegidos desde el punto de vista de sus derechos fundamentales.
Señalaré un ejemplo para que se perciba hasta qué punto también en este campo se producen abusos irritantes: una distribuidora de combustible, que en los rankings empresariales aparece como la compañía más admirada, condena a quienes se desempeñan en sus gasolineras a enterar de su propio peculio los cheques rechazados correspondientes al pago de combustible por parte de los usuarios.
En esos casos no hay nadie que corrija tan flagrante injusticia, tan intolerable aberración y abuso, porque 80 por ciento de la economía se halla en manos del sector privado, y esta desproporción se expresa con fuerza en la capacidad de influir en todos los ámbitos de la Administración estatal.
Por ello, es muy difícil que desde el Congreso salgan aprobadas leyes que efectivamente apunten a reparar en plenitud todos estos vacíos. Por el contrario, las disposiciones legales muchas veces toman en cuenta en forma desmedida intereses que no van en la línea del bien común.
Consideraba pertinente realizar esta disquisición, Señor Presidente .
Para finalizar, debo decir que la situación internacional del petróleo es muy preocupante, no sólo por el fenómeno natural lamentable que ha afectado en estos días a numerosas refinadoras, sino también porque el "gendarme" de la globalización está siempre dispuesto, según lo manifiesta de manera expresa, a intervenir en todos los países productores que no se alineen con la visión económica que sustenta. Es así como incluso ya hay amenazas veladas para el Presidente Chávez , en Venezuela, y también para Estados productores, en el Medio Oriente.
Lo anterior, sin dejar de considerar la circunstancia inaudita de que, sobre la base de una mentira que ya se ha hecho patente en todos los ámbitos, se intervino militarmente en Iraq, causándose una devastación terrible, no sólo para sus habitantes, sino también para el mundo entero, por la alta cuota de producción petrolera que tenía ese país, la cual se sume hoy en la incertidumbre en cuanto a las posibilidades de mantenerse en el futuro.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero manifestar mi satisfacción porque finalmente el Ejecutivo se allanó a oír la voz de los que pedían una solución. La gente más humilde, la gente de los sectores medios, estaba sufriendo el impacto del mayor costo de la bencina, y ésa es una situación compleja para los bolsillos de quienes no ven subir sus ingresos en la misma proporción. Por ello, había que hacer algo, y es bueno que así haya procedido finalmente el Gobierno.
Respecto de las fórmulas propuestas, no quiero entrar en su detalle, pero sí manifestar una inquietud. Porque me parece que el foco de nuestra atención debe centrarse en uno de los factores que también incide en dicho mayor costo. Me refiero al aspecto tributario involucrado en cada litro de bencina que paga un ciudadano.
Todos sabemos que 42 por ciento del precio corresponde a los impuestos al valor agregado y específico a los combustibles. Estimo racional y coherente traspasar a los consumidores el mayor valor que debe enterarse en el exterior, cuestión absolutamente explicable, porque no producimos petróleo y hay que comprarlo al precio a que se vende. Pero, al mismo tiempo, el Fisco se está beneficiando con ello -en particular, por el IVA, que es proporcional, a diferencia del impuesto específico, que es fijo- al incorporar a sus arcas un mayor flujo de recursos que los normalmente estimados en la Ley de Presupuestos.
Entonces, se produce el hecho de que se paga al proveedor de petróleo el precio que cobra, pero el consumidor también aporta más al Fisco, en la proporción que le corresponde. Este último, por lo tanto, se ve favorecido, entre comillas, porque se enriquece por el mayor valor en el exterior, lo que ciertamente nos parece a todas luces injusto, improcedente.
Por lo mismo, considero que lo sensato debe ser amarrar cualquier solución a ese concepto y no ligarla a otros elementos, como el mayor precio del cobre, o los intereses que de ello deriven, o cualquier factor ajeno a esta realidad, y que, por lo demás, es esencialmente temporal.
En consecuencia, mi inquietud es por qué se sigue el camino que se está propiciando y no uno vinculado al impuesto específico a los combustibles o a los mayores ingresos tributarios que se generan.
Al respecto, me interesa conocer del Ministerio de Hacienda cuál es la mayor recaudación esperada para el presente año por el concepto a que hago referencia, ya que podría contribuir a explicar parte de la cuestión. Desconozco lo que ha representado o representará en la recaudación tributaria el mayor ingreso por el alza del precio del petróleo, para, así, poder entender por qué no se utilizan esos recursos.
Creo, señor Presidente , que un impuesto "flotante", por así decirlo, que mantenga constantes el nivel de ingresos del Fisco y el precio al consumidor -esto es, que suba el impuesto específico a los combustibles cuando baje el precio del petróleo, y a la inversa- pareciera ser algo razonable. Ello permitiría resolver estas inquietudes y conservar fijos los ingresos fiscales, sin que tuviera lugar un enriquecimiento al registrarse una situación económica muy compleja en el exterior que hiciese subir el precio del petróleo, o un empobrecimiento, si ocurriera lo contrario. Y se presentaría una situación estable desde el punto de vista del consumidor.
La verdad es que el festival que tenemos los lunes, cuando sube o baja el valor de los combustibles, pareciera desordenar toda economía razonable. Ello tal vez se puede regularizar.
De no ser ése el camino, otra idea que hemos propuesto, que tampoco ha sido atendida, apunta a focalizar los subsidios, para evitar que los sectores de ingresos más altos, que sí pueden asumir el mayor costo, se vean beneficiados.
También propiciamos la alternativa de un subsidio que favorezca a quienes utilizan, como medio de trabajo, vehículos o elementos que requieren bencina. Es el caso de los taxistas, los colectiveros y otros -suman alrededor de 120 mil-, que son los más directamente afectados, porque el mayor costo no pueden traspasarlo a sus clientes.
En consecuencia, en vez de la fórmula de "descansar" en el precio del cobre, se podría haber optado por una solución más de fondo, más permanente, vinculada a los mayores ingresos que puede generar la recaudación tributaria por concepto de los combustibles. Ello habría sido un camino más razonable y habría ligado una cosa con otra. Por lo demás, no creo que sea un mecanismo tan complejo de estructurar y de establecer.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda, quien tiene preferencia para usar de ella.
Señor Presidente , era mi intención esperar hasta el final de las exposiciones, pero se ha acumulado mucho material. Y, en beneficio del debate, puedo aclarar lo expresado en algunas buenas intervenciones, no obstante ciertas inexactitudes de que adolecen.
En primer lugar, es cierto lo del "festival" de todos los lunes, como dice el Senador señor Larraín . No obstante, nosotros no ponemos la música, que viene dada por un mercado que está turbulento.
Por desgracia, el "festival" se celebra en todas las economías serias del mundo que no son productoras de petróleo, e incluso en algunas que, siéndolo, deciden tener una política económica de precios internacionales. Su Señoría puede ver que hoy día, como recordaba el Honorable señor Orpis , el litro de gasolina ha llegado en Francia a dos dólares y que en Estados Unidos pasó de tres dólares el galón, en circunstancias de que hace poco éste costaba 80 centavos.
Como puede apreciarse, se trata de un fenómeno de carácter internacional, y, lamentablemente, Chile no es un compartimento estanco.
En seguida, se repite hasta el cansancio que el Fisco se está beneficiando producto del alza del petróleo y de los mayores tributos que recauda. Eso es claramente inexacto, en primer lugar, porque el impuesto específico a los combustibles es fijo, no dependiente del precio.
Segundo, durante la Administración del Presidente Lagos los impuestos ad valórem han disminuido. Siendo inicialmente el IVA de 18 por ciento y el arancel de importación de 6 por ciento, lo que suma 24, hoy día, en cambio, el primero es de 19 por ciento, y el segundo, de cero por ciento, lo que suma 19.
En tercer término -y éste es un tema técnicamente un poco más difícil, pero no por eso menos importante-, el Senador señor Larraín argumenta, con razón, que al ser el IVA un impuesto ad valórem de 19 por ciento, cuanto más alta la base, más se recauda. Y eso es cierto, pero no para la economía en su conjunto. ¿Por qué? Porque, cuando diseñamos el Presupuesto, lo que hacemos es estimar la recaudación de dicho tributo de acuerdo con la inflación promedio de la economía, sobre la base de que lo paga la inmensa mayoría de los bienes de consumo finales. Por consiguiente, en la medida que esa estimación de inflación -de 3 por ciento promedio para este año, ratificada por el Banco Central- sea la que contemplamos en el Presupuesto, necesariamente lo que se ha ganado por el bien cuyo precio subió está compensado, en alguna otra parte de la economía, en algún bien cuyo precio bajó. Por ejemplo, si hay bajas en el vestuario, obviamente se recauda menos IVA por tal concepto; y si se producen alzas en el petróleo, más.
En consecuencia, lo que es cierto en una parcialidad constituye una falacia de composición en el agregado.
Sólo recaudaríamos más IVA en la medida en que los supuestos de inflación del presupuesto relacionados con el conjunto de los bienes que pagan ese gravamen estuviesen por debajo de la inflación materializada. Pero no es éste el caso.
Entonces -como he dicho-, lo que recaudamos de modo adicional debido al petróleo por concepto del IVA ha sido compensado en un sentido exactamente contrario por bienes cuyo precio ha subido menos que el promedio de la economía.
En cuanto a algunos planteamientos vertidos...
Señor Ministro , ¿le concedería una interrupción a la señora Senadora?
El señor EYZAGUIRRE ( Ministerio de Hacienda ).-
Sólo quiero manifestar que el argumento esgrimido por el Senador señor Larraín es perfectamente correcto. Porque cuando uno efectúa análisis en economía, lo hace considerando el ceteris paribus. ¿O no? Por lo tanto, si hubiesen bajado otros bienes, habría ocurrido lo mismo con alza del petróleo o sin ella.
Por consiguiente, el efecto particular del precio del crudo es exactamente el indicado por el Honorable colega.
Señor Presidente , no pretendo tener una discusión sobre economía con la Senadora señora Matthei , pero debo decir que su planteamiento es incorrecto. Ella está distinguiendo entre una categoría analítica, que es el ceteris paribus, y una característica de la realidad, cual es que todas las cosas se mueven, debiendo finalmente observarse si, en promedio, se han movido más o menos de lo que se presupuestaba.
Podría argumentar por lo demás que, si el petróleo no hubiese subido en la forma que hemos visto, se habrían materializado otras recaudaciones. Sin embargo, éstas no se han concretado debido a que el precio del crudo ha ido en alza.
Por tanto, su análisis también es incorrecto. Pero, en fin, eso lo podemos discutir después.
Sin efectos secundarios, como usted lo señaló.
Solicito evitar los diálogos y no interrumpir.
Señor Presidente , como la señora Senadora es muy instruida -y con esto no quiero generar diálogos-, le voy a recomendar la lectura llamada "La falacia del teorema de la envolvente".
Con gran facilidad se ha dicho acá -lo destacó quien me antecedió en el uso de la palabra- que era lógico que la ENAP no traspasara a los consumidores el incremento de los precios de refinación internacional, los cuales, a raíz del huracán Katrina , han subido de 15 a 40 dólares en el caso de la gasolina.
¡Dudosa lógica!
Si debido a una huelga en Zambia el precio del cobre se elevase, la CODELCO y todas las empresas privadas, hasta donde entiendo, se beneficiarían de ese nuevo valor.
Si se produjera una inundación importante en campos trigueros de Argentina y el precio internacional del trigo subiera, no creo que los agricultores chilenos fueran a dejar de ajustar el precio doméstico del grano al internacional.
En consecuencia, lo lógico no está en función de cómo suceden las cosas todos los días de la vida.
Aquí hubo una decisión de política pública, la cual tuvo que ver con no seguir la ley de la oferta y la demanda -podríamos haberlo hecho-, porque estimamos que los 25 dólares adicionales del precio internacional de refinación del crudo -que subió de 15 a 40 dólares en la costa del Golfo- habrían provocado un shock macroeconómico. Y no estábamos pensando en las personas que, como yo, bajan a trabajar todos los días desde el sector alto al centro de la Capital, sino en que un incremento en el precio de los combustibles -que no es privativo de la parafina, sino de todos los refinados- podía haber producido una contracción de expectativas, una alteración en la confianza de los consumidores, que a su vez podía haber generado efectos macroeconómicos de un valor y una dimensión superiores a los que, conforme a una visión parcial, se hubiese ganado con la ENAP.
Por tal motivo se tomó esa decisión.
Como se ha señalado, respecto de gobiernos corporativos de las empresas públicas, el Fisco tiene la posibilidad de hacer operaciones cuasifiscales, siempre que sean transparentes. Y se los digo con toda honestidad: la ENAP podría haber ganado mucho más dinero. Pero después del balance que hicimos, sobre la base de lo que podía obtener dicha Empresa, arriesgándonos a que se produjera un shock de expectativas, concluimos que lo más sensato era absorber y dejar de recibir esos recursos extra.
Sin embargo, ello no condice con lo que un señor Senador nos pretendía demostrar en su intervención: que la ENAP sería un monopolio que obtiene sus rentas de los consumidores.
Al respecto, debo manifestar que en Chile existe libertad para importar combustibles. Por lo tanto, si esa Empresa...
Señor Senador, cuando termine de exponer esta idea se la puedo conceder, porque a lo mejor no tenemos tanto desacuerdo. Pero déjeme desarrollar el punto.
Si en forma arbitraria la ENAP tomara como referente el precio que existe en la costa del Golfo y éste fuese excesivo en relación con las alternativas de importación vinculadas, por ejemplo, al costo del crudo en Argentina o este costo más el de refinación, que también está presente en los países vecinos, los privados podrían perfectamente arbitrar en contra de esa empresa e importar en forma directa un combustible más barato.
Pero ocurre que muchas veces se comparan combustibles de distinta calidad. En este sentido, es posible decir que la evidencia sólida -puedo enviar los antecedentes que hay al respecto- apunta a que el mercado de referencia más profundo y barato para Chile es precisamente el de la costa del Golfo. Sin embargo, esto no se ha dado ahora a raíz del huracán Katrina .
En consecuencia, no es efectivo que la ENAP esté usando una categoría de monopolio. Por lo demás, existe una forma muy directa de probarlo: bastaría ver sus márgenes de rentabilidad versus los que se aprecian en otros sectores de la economía para darse cuenta de que no hay una extracción monopólica de excedentes. Esta situación lo demuestra fehacientemente.
En cualquier caso -y esto va para el mismo señor Senador-, el Ministro que habla jamás ha recomendado el uso de la bicicleta. Eso lo hizo un periodista. Así que, por favor, no me atribuyan cuestiones que no he señalado.
Señor Presidente , considero que la intervención del Senador señor García fue de gran peso, por cuanto se refirió al fondo del asunto.
A pesar de existir consenso en la Sala en orden a que ha sido una buena política pública el no haber transferido los márgenes excesivos de refinación que se estaban produciendo en la costa del Golfo y haber continuado con los márgenes competitivos habituales -15 dólares en el caso de la gasolina-, se observa que el consenso es menor respecto de la posibilidad de estabilizar el crudo a futuro.
No hay duda alguna -y el Senador señor García lo planteó con mucha exactitud en la Comisión- de que el costo de esto, en el extremo, alcanza a los 24 millones de dólares, que se acumularían en un fondo especial, más los 240 millones dólares en pérdidas de la ENAP, las cuales habría que compensar. Estamos hablando de una magnitud no despreciable.
Por cierto, es una discusión enteramente legítima lo relativo a si el mejor uso de esos 260 millones de dólares -en caso de que se requiera usarlos- da o no estabilidad al precio de los combustibles.
En primer término, debo decir lo siguiente.
Se ha reconocido que ésta es una política prudente. Puede ser discutible, pero es prudente. La diferencia entre los 99 centavos, que es el valor de referencia que nos da una comisión independiente respecto del precio del cobre a largo plazo...
Señor Ministro , debo advertirle que, como su intervención también esta sujeta a límite, le quedan 2 minutos 18 segundos, que los aumentaré con cargo a mi tiempo.
La diferencia entre los 99 centavos y un dólar 56 centavos produce un stock que está íntegramente ahorrado. El fondo del cobre no se toca. Los intereses de ese Fondo fueron destinados a financiar más gasto social en una proporción de 70 por ciento. Lo único que estamos usando son los intereses del exceso por sobre un dólar 39 centavos. Es una cantidad acotada. Y si el sistema no es solventable, se autoderrota. Sólo seremos capaces de sostener el precio del petróleo en la medida en que eventuales alzas futuras del valor del crudo vayan acompañadas de un alto precio del cobre. Si tal combustible subiese y el mineral rojo bajara, tal operación se autoderrotaría. Y no es lógico subsidiar el crudo si la economía se está empobreciendo como consecuencia de la baja de nuestro principal producto de exportación.
Señor Presidente , ante todo, quiero presentar mis excusas al Honorable señor García por haberlo interrumpido mientras intervenía. Lo hice porque Su Señoría se estaba remitiendo a un proyecto de ley que efectivamente inició ayer su trámite en la Cámara de Diputados. Pero no se refiere al daño previsional, sino que se trata de una iniciativa más que dispone incentivos para el retiro, con el propósito de hacer una burda verónica a las demandas de reparación del daño previsional que tantas veces hemos planteado en la Sala.
Por otra parte, quiero hacer presente que, desde nuestro punto de vista, el proyecto en discusión recoge planteamientos que también hemos escuchado, en particular a los Senadores señores Ominami y Foxley , en reiteradas oportunidades. Ellos advirtieron sobre los efectos que venía produciendo el alza del precio del crudo y promovieron la vuelta al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo que se creó a comienzos de los 90.
En este punto, quiero hacerme cargo principalmente de dos o tres afirmaciones escuchadas durante el debate. La primera es que, en vez de operar a través de un Fondo de Estabilización de la manera en que se nos propone, es preferible actuar a través de los impuestos específicos que establece nuestra legislación.
Yo no comparto ese argumento. Los gravámenes específicos -como ya fue aclarado en la reciente intervención del señor Ministro - tienen características especiales, pero también fines extrafiscales, que son extraordinariamente importantes. En la recaudación tributaria del Estado representan un porcentaje menor, del orden del 3,5 por ciento. Sin embargo, se hacen cargo del efecto contaminante que tiene el uso intensivo de este tipo de recursos y buscan desincentivar el consumo, con lo que además están reconociendo una realidad nacional relevante.
No soy partidario de actuar a través de la supresión o rebaja de tal tipo de tributos, porque, además, no se ofrece compensación al Estado por la recaudación que de ellos deja de tener.
El Honorable Senador Ávila hizo referencia al informe entregado ayer por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, destacado en las primeras páginas de la prensa de hoy, porque nuevamente Chile alcanza un nivel más alto en el concierto de las naciones del mundo desde el punto de vista del desarrollo humano. Nuestro país ocupa en este momento el trigésimo séptimo lugar a nivel mundial, lo que evidentemente origina satisfacción. Pero si algo le resta puntaje con particular fuerza es la pésima distribución del ingreso a que se refiere reiteradamente dicho informe, la que, como es sabido, es una de las más malas.
Ello me lleva, entonces, a preguntar por qué se optó esta vez -acogiendo el llamado hecho en la Sala- por un Fondo de Estabilización y se dejó de lado el camino ensayado hace sólo algunos meses por la vía de la ley. El propio señor Ministro vino aquí a defender el proyecto que establecía un bono compensatorio a los sectores más duramente afectados y desprotegidos frente a las alzas del petróleo, y a instarnos a darle nuestra aprobación.
Se opta por un Fondo de Estabilización en un horizonte de poco menos de un año. Y no cabe duda de que la operatoria de ese Fondo no va a romper la tendencia a la concentración del ingreso, tan marcada en nuestro medio.
Por cierto, para nosotros resulta muchísimo más atractivo el otro tipo de instrumento.
Tal vez lo que se busca a través de la estabilización del precio es evitar impactos inflacionarios, que evidentemente llegarían también a esos sectores y que son altamente peligrosos en un país donde las políticas de reajuste de salarios han sido de suyo restrictivas y en que la negociación colectiva en el sector privado es escasa y se da en el marco de sindicatos extraordinariamente débiles, en los que, por desgracia, las prácticas antisindicales son bastante recurrentes.
Desearía saber, señor Presidente , cuáles son las razones que llevaron a optar por este tipo de mecanismos en lugar de uno de compensación focalizada. Porque los recursos extraordinarios originados por el alto precio internacional del cobre son de todos los chilenos. En ese sentido, hizo muy bien el Honorable señor García al mencionar sectores que están reclamando esfuerzos que en justicia merecen y que, desde el punto de vista de la estructura y del desarrollo social de la nación, serían altamente deseables.
Por esa razón, no es bueno que los recursos se desvíen hacia sectores que tienen frente a las alzas de precios muchísimo mayor capacidad de autodefensa y autoprotección.
Señor Presidente , como bien dijo el Senador señor Ávila , el Fondo que se nos propone es posible no sólo gracias a que la ENAP sigue siendo empresa pública: es posible gracias a la existencia de la CODELCO, nuestra principal empresa.
De ahí que no puede perderse nunca de vista que las empresas públicas no son una empresa más son homologables a la empresa privada.
Los proyectos de ley que se nos han presentado -por ejemplo, en materia de gobiernos corporativos-, ¿recogen en gran medida la inspiración de la experiencia que se da en el sector privado y apuntan en una dirección tecnocrática? ¡No! Las empresas públicas son instrumentos de política económica y el Estado no puede prescindir de ellos para velar eficazmente por el bien común.
Por esa razón, el proyecto de ley relativo a gobiernos corporativos, a estructura de las empresas públicas y al rol del sistema de empresas públicas -hoy día un simple comité de la CORFO- debe ser examinado con particular rigor en esta Corporación, y procuraremos contribuir a ese propósito.
Señor Presidente , con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Honorable señor Vásquez...
Señor Presidente , debo concordar con la opinión de los Senadores señores Parra y Ávila en el sentido de que, gracias a que la ENAP y la CODELCO son empresas estatales, hoy estamos en presencia de este proyecto. Y lo señalo porque es un llamado de atención al debido cuidado que, desde el punto de vista incluso de la seguridad nacional, significa mantener estas empresas donde están y no bajo la teoría de que, de acuerdo con sus flujos, tienen que venderse, porque el Estado los podría aprovechar para otros fines.
En tal sentido, recuerdo que el actual precio del cobre nos da un valor presente de la CODELCO muy distinto del existente en los tiempos en que se discutió latamente por ciertos sectores del país sobre la eventualidad de vender dicha empresa. Hoy, sin duda alguna, la CODELCO debe tener un valor no inferior al doble de aquel a que se habría vendido en la oportunidad en que se proponía aquello como solución a la crisis económica.
Éste es un llamado de atención que el Senado de la República, en virtud de sus atribuciones y deberes, tiene que considerar.
En segundo lugar, aquí se ha hablado del problema del impuesto específico a los combustibles. Sin embargo, no me parece haber escuchado con claridad -porque se ha dicho, pero en forma tangencial- que uno de los pilares en que se fundamenta el valor de la estabilización del precio del petróleo en este Fondo es precisamente un juego de balancín que se hace con el impuesto específico. Porque en la medida en que sube el valor del petróleo baja el impuesto específico para mantenerlo en cierto precio flat al valor de venta de los combustibles.
En consecuencia, no es real que no se esté atacando hoy el problema del impuesto específico. Es cuestión de leer con cuidado la iniciativa para apreciar que uno de los fundamentos de la estabilización es justamente la alteración del mecanismo en el sistema del impuesto específico como un impuesto al volumen y no un impuesto ad valórem.
Hago esta aclaración porque creo que, en caso contrario, algunos señores Senadores habrían quedado con la sensación de que el problema del impuesto específico a los combustibles no ha sido considerado en este proyecto.
Muchas gracias por concederme la interrupción, Honorable señor Parra .
Quedan dos oradores inscritos.
Señor Presidente , ante todo, deseo señalar que el proyecto que hoy estamos tratando es una intervención generada por la acumulación de dos factores que en su conjunto habrían producido, a partir de las próximas semanas, un impacto extremadamente alto: el precio de refinación en la Costa del Golfo a causa de la paralización de las refinerías y la tendencia al alza del petróleo crudo a raíz de un cúmulo de circunstancias internacionales.
Entonces, esa intervención tiene un doble aspecto. Por un lado, mantiene el precio de refinación en 15 dólares para la gasolina, 14 para el querosene y 9,5 para el petróleo diésel; es decir, tiende a conservar el precio de refinación de mercado existente en la Costa del Golfo antes del huracán Katrina . Y por otro, crean un mecanismo de estabilización.
Porque la suma de ambos factores habría producido lo que señalaba el señor Ministro y que yo deseo recoger, en el sentido de que el impacto negativo respecto de las expectativas de la economía, en especial por el efecto micro sobre el desempeño macroeconómico del país, podría haber sido extremadamente perjudicial.
En tal virtud, se optó, no por la vía del subsidio a través de un bono para los más necesitados -que sería lo lógico en términos normales-, sino por un sistema que exige compensar a todos, y no sólo a las personas de escasos recursos, porque la lógica es otra.
Por eso se prefirió seguir el doble camino a que me he referido.
En segundo término, ha quedado claro que no se están tomando los ingresos del cobre. Porque lo que ha ocurrido aquí es todo lo contrario: hubo una reevaluación de tales recursos a partir de que el precio inicial en la Ley de Presupuestos era de 93 centavos de dólar y se subió a un dólar 39 centavos. Y la diferencia se ha destinado íntegramente a gasto fiscal con objetivo social.
Por lo tanto, lo que excede de un dólar 39 centavos -en este momento se halla en un dólar 55 centavos- constituye la base del Fondo de Estabilización para subsidiar la importación de petróleo crudo por parte del sector privado. Y eso es inamovible, porque las disposiciones del proyecto plantean que la cantidad del subsidio se puede ir modificando mediante los mecanismos que en él se establecen para evitar que el Fondo se agote. Pero si a pesar de eso se agotara, dejaría de operar el subsidio, con lo cual, automáticamente, se produciría la transferencia de precios al consumidor, lo cual hoy día se trata de evitar.
Es interesante entender que el valor del crudo, que en un principio se fija en 69 dólares por barril, se ajusta en forma gradual con una fórmula de promedio móvil que considera, también inicialmente, 26 semanas hacia atrás y seis meses hacia delante, de manera tal que el cambio del promedio móvil tenga una mayor suavidad que aquel que pudiera producirse por efecto de variaciones bruscas, día a día o semana a semana, en los precios internacionales.
Lo importante radica en que este mecanismo es diferente del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo que conocimos. Y lo es, primero, porque tiene cotas. Se trata de un Fondo que, en caso de ocurrir lo que establece el articulado del proyecto, se agota o se hace agotar, y termina el subsidio. Y segundo, por un factor de transitoriedad -lo anterior, obviamente, lo hace transitorio en potencia-, pues se está legislando hasta junio del próximo año, por la simple razón, que ya se ha dado: la de que la nueva Administración, que tendrá unos meses de huelga para estudiar el tema, deberá proceder a fijar una política de largo plazo, si las condiciones internacionales se mantienen como hoy; porque perfectamente puede ocurrir que a mediados del próximo año las perspectivas sean distintas de las que estamos vislumbrando en este instante.
En definitiva, se está creando un Fondo limitado.
Ahora bien, lo que se subsidia es la importación de petróleo por entes privados; y para eso están los intereses que se acumulan por el mayor precio del cobre.
Respecto de la ENAP, entiendo que el sistema propuesto por el proyecto es ingenioso. Cualquier impuesto que se quisiera bajar para evitar el impacto sobre el consumidor no tendría efecto, tal cual sucede con los específicos, que en este caso son de volumen. Pero, independiente de esa situación, si hubiera un impacto sobre el Fisco, se manifestaría con cualquier tributo que se bajara, porque disminuirían, correspondientemente, los ingresos fiscales.
En consecuencia, lo que se propone tiene el mérito de que la ENAP acumula un crédito, una especie de cuenta del activo ante el Fisco.
Según el artículo 8º, "Los créditos que obtenga la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en virtud de la presente ley y durante su vigencia," -o sea, hasta junio de 2006- "se acumularán en una cuenta del activo de la referida empresa. Los impuestos que ENAP deba pagar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 6º podrán ser imputados a los créditos fiscales acumulados.".
Y más adelante se señala: "si al 30 de junio de 2006 la cuenta referida en el inciso primero registra un saldo a favor de ENAP, la empresa tendrá derecho a imputar dicho saldo a partir del 1 de julio de 2007 en la forma dispuesta en el decreto supremo referido en el inciso anterior.".
Es decir, se trata de una operación financiera que permite al Fisco diferir el pago a la Empresa Nacional del Petróleo de los créditos acumulados. No significa que aquél deba subsidiar en forma indefinida a la ENAP o que ésta renuncie definitivamente a tales recursos, sino que se trata de un mecanismo que permite alargar en el tiempo el período de devolución de los referidos créditos.
Por lo tanto, es fundamentalmente un instrumento financiero y no un mecanismo de subsidio vía presupuesto.
Esas dos características hacen que el proyecto sea extremadamente prudente y contenga una fórmula muy ingeniosa de enfrentar un impacto que ha desmentido la política habitual de que los precios deben ser traspasados al mercado. En este caso, se ha estimado con mucha razón que esas dos circunstancias acumuladas no hacían aconsejable dicho traspaso.
Señor Senador, le recuerdo que estamos en votación electrónica.
Señor Presidente , he intervenido varias veces en la Sala y en la Comisión de Hacienda sobre el tema del impuesto específico a los combustibles.
En general, se habla de su elevado porcentaje. Pero lo que más me preocupa es lo diferente que son los que gravan a la gasolina y al diésel.
El impuesto a la gasolina es de 6 UTM por metro cúbico, y el que grava al diésel, de sólo 1,5; es decir, la cuarta parte. Esta distorsión artificial de precios que se introduce por la vía de un impuesto discriminatorio a bienes que compiten entre ellos -porque la gente puede tener un auto a gasolina o a diésel-, en el fondo, provoca graves daños en la economía.
Por ejemplo, se está verificando un cambio en el stock automotriz. Cada vez hay menos vehículos que usan gasolina, porque ha habido un cambio hacia el diésel, lo cual significa que la recaudación del impuesto disminuye.
Asimismo, numerosos taxistas reemplazan el motor a gasolina por uno a diésel, porque de lo contrario, obviamente, no pueden competir. Sin embargo, cuando llevan sus vehículos a la revisión técnica, se dan cuenta, luego de haber vendido el motor original, de que no está permitido realizar dicho cambio. En fin, en mi Región han quedado numerosos taxis sin trabajar, porque, por un problema de distorsión en los precios de los combustibles totalmente artificial, debido a los impuestos, sus dueños se vieron forzados a reemplazar los motores y luego no pudieron obtener la revisión técnica.
Además, existe otra distorsión.
Las industrias no pagan el impuesto específico al diésel, y el transporte, sí. No obstante, los propietarios de buses interurbanos y de camiones pueden recuperar parte de dicho tributo a través de distintas formas; en cambio, los particulares, no. Hoy se observa que muchas industrias se integran verticalmente; es decir, adquieren una flota de transporte y traspasan a ésta el diésel que compran sin impuesto.
En consecuencia, las empresas netamente de transporte no pueden competir con las que tienen algún tipo de contrato o de integración vertical con industrias que no pagan el impuesto al petróleo.
Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos se ha negado a que las empresas nacionales recuperen el impuesto cuando hacen transportes internacionales. Y eso ha significado que del 40 por ciento del mercado, que aproximadamente tenían en la zona del MERCOSUR, hoy no cubran más allá del 10 por ciento.
Entonces, la distorsión feroz que existe entre el impuesto específico a la gasolina y el que grava al diésel está provocando muchos problemas en la economía.
Creo que ésta era la oportunidad -espero que venga en el futuro- de lograr alguna baja por lo menos en el impuesto específico a la gasolina; es decir, un emparejamiento de ambos.
¿Subiendo el que grava al diésel?
¡No! Pienso que debe bajar el impuesto a la gasolina y no subir el del diésel. Porque los problemas que genera esta distorsión artificial de precios son muy graves.
Por otra parte, el impuesto específico a los combustibles se fijó originalmente como una forma de pagar por el uso de las carreteras y de las calles construidas por el Estado. Con posterioridad se ha ido pagando cada vez más en peajes, se han concesionado carreteras y, ahora, también calles. Por lo tanto, ese fundamento ha perdido un poco de validez.
Se ha señalado que existe otro elemento que justificaría el impuesto a los combustibles: la contaminación. Y es cierto: su uso produce contaminación. Sin embargo, ésta se observa en Santiago, en Temuco, quizás en Concepción; pero puedo asegurar que no hay ningún problema de contaminación en Combarbalá, en Andacollo o en Monte Patria. Y sucede que las personas que viven en localidades muy lejanas, para hacer cualquier trámite -gestionar una pensión o una boleta del Servicio de Impuestos Internos, efectuar un pago, etcétera-, tienen que ir a La Serena, a Coquimbo o a Illapel. Y ese tipo de gravamen les encarece muy fuertemente la vida cotidiana.
Entonces, si se trata de un impuesto a la contaminación, apliquémoslo donde ésta exista. Porque en este momento los habitantes de localidades pequeñas y alejadas de los grandes centros urbanos deben pagar un costo por una situación ajena a ellos, que les hace más cara la vida, por las grandes distancias que tienen que recorrer para trasladarse de un lugar a otro.
Por lo tanto, quiero hacer hincapié en que ya es hora de empezar a preocuparnos por la diferencia tan brutal que existe entre los impuestos específicos que se aplican a la gasolina y al diésel, lo cual conlleva efectos muy graves para la microeconomía del país.
Otro asunto que deseo tocar es qué pasa con las políticas de compras y de ventas a futuro. La mayoría de las veces, el precio del petróleo sube por la existencia de algún tipo de acuerdo monopólico de los productores para restringir la producción.
Oligopólico.
Así es: oligopólico.
Decía, señor Presidente , que en este caso, en cambio, se debe más bien a un aumento de la demanda básicamente de dos países muy grandes que están creciendo mucho: China y la India.
Ahora, esto ya era bastante evidente hace un año. Por lo tanto, pudo haberse previsto.
Yo tengo claro que se trata de temas complicados, donde tomar decisiones resulta complejo, pues uno puede equivocarse, ya que es factible que haya otros shocks. Sin embargo, creo que deberíamos avanzar en cuanto a contar con una política, aceptada por todo el mundo, para saber en qué momento es bueno empezar a comprar a futuro y en cuál comenzar a vender a futuro.
Lo mismo ocurre con el cobre. Cuando uno tiene precios altos, quizás debería arriesgarse y vender a futuro, tal vez a un precio menor, pero asegurando una mayor estabilidad.
La estabilidad tanto en la compra de petróleo como en el precio del cobre constituye algo que debemos abordar como país.
No estoy reclamando porque no se hayan hecho compras de petróleo a futuro, pues tengo claro que es una decisión riesgosa, que requiere una política cuidadosa. Pero sí estoy señalando que se trata de un asunto que debemos abordar. En el fondo, podríamos evitar muchas inestabilidades en nuestra economía sabiendo que en algunas ocasiones vamos a ganar y en otras a perder. Pero lo que ganemos en estabilidad valdrá la pena.
--Se aprueba en general el proyecto; por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular, y su discusión, concluida en este trámite (28 votos contra 2).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Canessa, Chadwick, Coloma, Flores, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Parra, Pizarro, Prokurica, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Vásquez, Vega y Viera-Gallo.
Votaron por la negativa los señores García y Stange.
Faltan ocho minutos para el término del Orden del Día.
Se me pidió consultar a la Sala sobre la posibilidad de, si no hubiera inconveniente y dado que todavía tenemos quórum, tratar de inmediato el proyecto que crea el Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación, que fue despachado por unanimidad en la Comisión de Vivienda.
Si le pareciera a la Sala, podríamos aprobarlo en general y, de no pedirse plazo para formular indicaciones, también en particular.
Este sector lo aprueba, señor Presidente.
Conforme a lo acordado, nos ocuparemos del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea y regula el Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación , con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3964-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 29ª, en 30 de agosto de 2005.
Vivienda, sesión 32ª, en 6 de septiembre de 2005.
El objetivo principal de esta iniciativa es crear y regular el Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación, que será administrado desconcentradamente a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo fue autorizada por la Sala, en sesión de 30 de agosto último, para discutir el proyecto en general y en particular a la vez en el primer informe, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento.
El referido órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Naranjo, Ruiz-Esquide y Sabag.
En cuanto a la discusión particular, aprobó los 16 artículos permanentes y la disposición transitoria que conforman la iniciativa por la unanimidad precedentemente señalada.
--Se aprueba en general el proyecto; no habiéndose formulado indicaciones, queda aprobado también en particular, y su discusión, concluida en este trámite.
Señor Presidente , ¿alcanzamos a analizar en general el proyecto que devuelve la calidad universitaria a una serie de carreras? Lo planteo porque tengo la impresión de que las jóvenes que están con delantal en las tribunas vinieron por él.
No hay acuerdo, y ya no tenemos quórum.
Lo siento mucho. Yo lo habría aprobado con el mayor gusto, pero no existe quórum para tomar acuerdos.
Al señor Ministro de Defensa Nacional , consultándole sobre POSIBILIDAD DE TRANSPORTE AÉREO FACH PARA ALUMNOS DE LICEO LAS ARAUCARIAS, DE CURACAUTÍN, EN GIRA A ISLA DE PASCUA.
Al señor Subsecretario del Interior , solicitándole FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA BOMBEROS DE VICTORIA.
Al señor Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y a los señores Directores de Vialidad, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, del Servicio Agrícola y Ganadero y Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Novena Región, solicitándoles información sobre EVENTUALES EFECTOS DE INSTALACIÓN DE CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS SAN JOSÉ EN COMUNA DE VILCÚN (todos de la Región de La Araucanía).
A los señores Ministro de Educación y Secretario Regional Ministerial de la Undécima Región , pidiéndoles solución para CONFLICTO EN ESCUELA DE LA JUNTA, EN COMUNA DE CISNES. Al señor Ministro de Agricultura , solicitándole MEDIDAS PARA SUSPENSIÓN O PROHIBICIÓN DE CAPTURA Y ELIMINACIÓN DE CASTORES MEDIANTE TRAMPAS EN REGIÓN DE AISÉN.
A los señores Ministro de Agricultura e Intendente de la Undécima Región , requiriéndoles detalles SOBRE AYUDA A POBLADORES AISLADOS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LOCALIDADES DE UNDÉCIMA REGIÓN.
A los señores Ministro de Agricultura , Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal , Secretario Regional Ministerial de Agricultura y Director de la Corporación Nacional Forestal de la Undécima Región, requiriéndoles información acerca de PROCEDIMIENTOS PARA DETENCIÓN DE PLAGAS EN ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN REGIÓN DE AÍSEN.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole información en cuanto a SOLICITUD DE INTERVENCIÓN MINISTERIAL PARA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS BÁSICAS EN LOTEO AGUADA UNO, DE ILLAPEL (Cuarta Región).
Al señor Presidente del Consejo Directivo del BancoEstado , reiterándole solicitud de estudio para APERTURA DE SUCURSAL PERMANENTE EN HORNOPIRÉN (Décima Región).
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Mixto (Partido Por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata), Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Socialista, Institucionales 2 e Institucionales 1, ningún señor Senador interviene.
--Se levantó a las 18:4.
Habiendo transcurrido más de treinta años desde la crisis institucional que terminó con el derrumbe del régimen de gobierno imperante, constituye un imperativo avanzar en el proceso de reencuentro de todos los chilenos, cualesquiera que hayan sido las causas que lo produjeron y quienes intervinieron en la misma.
Los resultados de dicho quiebre fueron de tal magnitud, que hoy resulta indispensable superarlo mediante un gran acuerdo nacional destinado a lograr que los chilenos enfrentemos unidos los inmensos desafíos que nos impone el bien común y el desarrollo de nuestro país. La paz social y la reconciliación entre los chilenos así lo demandan.
En este sentido, se han promovido diversas iniciativas que, inspiradas en razones humanitarias, han beneficiado a un conjunto de personas condenadas y procesadas por delitos cometidos – incluso bajo la vigencia del régimen democrático – contra personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.
Por ello resulta de toda justicia que dicho propósito se extienda a aquellas personas que tendrían responsabilidades penales por hechos originados en la misma situación política, cumpliendo, de esta forma, con el derecho constitucionalmente garantizado de igualdad ante la ley y avanzando en el camino de superar un trágico pasado para todos los chilenos, surgido en un escenario político e ideológico que durante la segunda mitad del siglo XX dividió a la humanidad entera.
En cuanto a los beneficiados por el proyecto que proponemos, es necesario hacer hincapié en que podrán acceder a sus disposiciones los agentes del Estado que hayan cometido los delitos que se individualizan, dentro de un período determinado. En tal sentido, si bien el concepto de “agente del Estado” es desconocido para nuestra legislación, existen algunos precedentes internacionales que permiten precisarlo.
Así, de acuerdo con el artículo 2º de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, se considera tal “la privación de libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”.
Por otra parte, según con el artículo 1º de la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de Naciones Unidas, el agente o victimario es “un funcionario público u otra persona instigada por un funcionario”.
El proyecto propone dos clases de beneficios para las personas que reúnan las características señaladas. En primer lugar, se establece una pena única de diez años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, quedando sujetos a arraigo y al régimen de libertad vigilada por el resto de la condena original.
Adicionalmente, se establece que los sentenciados que, durante el cumplimiento de la condena, cumplieren la edad de setenta años y aquellos que sufrieren una enfermedad grave o incurable, tendrán derecho a la remisión condicional de la pena, siempre que hayan cumplido la mitad de ésta.
Ambas medidas se encuentran condicionadas a que los beneficiarios no reincidan en la comisión de hechos delictivos como los que han dado lugar a la condena y a la suscripción previa de un compromiso de renuncia al uso de la violencia en el accionar político.
Por todas estas consideraciones y en mérito de lo expuesto, venimos en someter a la consideración de este Honorable Senado el siguiente:
Artículo 1º.- Las personas que hayan sido condenadas o que se encuentren procesadas actualmente por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica o la libertad personal cometidos por agentes del Estado entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990, cumplirán una pena única de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, salvo que la pena impuesta por los tribunales fuese inferior a ésta.
Se exceptúan de los beneficios de esta ley quienes hubieren desempeñado cargos directivos superiores en los organismos de seguridad.
Artículo 2º.- Si varios tribunales hubieren dictado las condenas o intervenido en los respectivos procesos, sólo conocerá la solicitud a que de lugar la aplicación del artículo 1º, aquel que hubiere dictado la última sentencia definitiva o el que estuviere actualmente a cargo del respectivo proceso.
El Tribunal resolverá dentro de los treinta días contados desde que se formule la petición.
Artículo 3º.- Los beneficiados por esta ley quedarán sujetos a arraigo y al régimen de libertad vigilada contemplado en la ley 18.216, por el plazo de la condena original.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º, sólo se podrá disponer como condición previa para la aplicación del citado régimen alternativo, aquella señalada en la letra b) del artículo 17 de dicha ley.
Artículo 4º.- Los sentenciados que, durante la pena impuesta, alcanzaren la edad de setenta años o que sufrieren una enfermedad grave o incurable, tendrán derecho al beneficio de la remisión condicional establecido en la ley 18.216 siempre que hayan cumplido la mitad de aquella. En el caso de enfermedad grave o incurable se practicarán las pericias médicas necesarias para acreditar la condición.
Artículo 5º.- Los beneficios que concede esta ley se encuentran sujetos a la condición de que sus beneficiarios no reincidan en la comisión de hechos delictivos de la naturaleza de aquellos por los que hubieren sido condenados, durante el tiempo que restare para el cumplimiento de sus primitivas condenas. En caso contrario, se agregará a la condena que les correspondiere por este nuevo delito, el tiempo en que aquellas se hubieren reducido de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.
Artículo 6º.- Para obtener los beneficios de esta ley, los interesados deberán suscribir una solicitud dirigida al Ministerio de Justicia que contenga un compromiso inequívoco de renuncia al uso de la violencia como método de acción política.
(Fdo.): Jorge Arancibia Reyes, Edgardo Boeninger Kausel, Hernán Larraín Fernández, Baldo Prokurica Prokurica, Enrique Silva Cimma
Es de pública notoriedad, la ordinaria ocurrencia de accidentes de tránsito, con secuelas de muerte, lesiones o daños en los bienes y que esos accidentes, se deben en una gran medida al manejo inadecuado, aún de conductores, llamados profesionales, los que no se allanan a un adecuado respeto a la normativa vigente. Del mismo modo, conductores ocasionales demuestran su inexperiencia al tener participación en siniestros en vías de reciente diseño y de aparente seguridad.
Un modo de desalentar a los conductores irresponsables, es hacer saber y experimentar que la licencia para conducir, puede ser cancelada en caso de condena o suspendida mediante resolución judicial de término. Pero, durante la sustanciación del Juicio Penal Oral, no hay norma que justifique una retención de licencia y su reemplazo por un permiso provisorio, cuando más lo requiere el individuo en cuanto a un reproche social por su actuar negligente.
Consecuentemente, vengo en presentar a consideración del H. Senado el Proyecto de Ley que autoriza a las Policías a retener ese documento y al Juzgado Competente también para retenerlo, pero otorgando un documento de reemplazo en conformidad a las normas generales.
En mérito de las consideraciones expuestas vengo en someter a la decisión del H. Senado el siguiente:
Artículo 1º: En el inciso segundo del artículo 134 del Párrafo tercero del Código Procesal Penal, agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la frase siguiente: “Del mismo modo podrá retener la licencia de competencia del conductor, que hubiere participado en un accidente de tránsito con resultado de muerte, lesiones o daños o simple conducción en estado de ebriedad, drogas o estupefacientes.”
Artículo 2º:En el artículo 155, agrégase una letra h) que diga: “La retención de la licencia de competencia, para el conductor que hubiere participado en un accidente del tránsito con resultado de muerte, lesiones o daños o simple conducción en estado de ebriedad, drogas o estupefacientes. El Tribunal podrá otorgar un permiso provisorio en conformidad a la ley.”
(Fdo.): Rodolfo Stange Oelckers
Es de todos conocido la crisis Institucional que vivió el País y que culminó con la irrupción del Gobierno Militar y durante el cual fue clausurado el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo fue ejercido por la autoridad castrense, sin intervención eleccionaria de la ciudadanía.
También es sabido, que durante ese período de excepción, que comprende desde el 11 de septiembre de 1973 y hasta el 11 de septiembre de 1990, se cometieron delitos por parte de algunos Agentes del Estado, que vulneraron el derecho a la vida y a la libertad personal por cuanto se consideró que esos sujetos eran sustentadores o autores en hechos que atentaban contra la estabilidad del Gobierno vigente. La mayoría de esos Agentes están encausados por Tribunales de la República.
Por otra parte, resulta de toda conveniencia el poner término a la situación de incertidumbre en que se encuentran muchos de nuestros compatriotas, algunos de ellos cumpliendo penas privativas de libertad y otros ligados a procesos Penales de larga data.
Además, del efecto deseado y que se alude en el párrafo anterior, el presente proyecto pretende que los familiares o sucesores de las personas desaparecidas regularicen las situaciones administrativas o patrimoniales que pudieren empecerles, acogiéndose a la declaración de desaparecimiento que tendría todos los efectos legales penales y administrativos.
Recientemente, el Supremo Gobierno, en un gesto emblemático procedió a indultar a un ex Integrante de la Fuerzas Armadas haciendo caso omiso a las críticas que aluden a la ilegalidad del indulto, dado su anacronismo o que es un ingerencia del Ejecutivo en el accionar del Poder Judicial. Se ha señalado que de este modo no se estaría dando cumplimiento a Tratados, Pactos o Convenios a los cuales el Estado de Chile estaría sujeto. Todas esas argumentaciones fueron superadas por el Ejecutivo en el caso reciente a que se alude en atención a la existencia de un fin superior.
El proyecto que se somete a consideración del H. Senado, pretende utilizar Instituciones o Herramientas Jurídicas de existentes en nuestra Legislación Positiva, tales como la presunción de muerte por desaparecimiento de los artículos 80 y siguientes del Código Civil, el título de las penas del artículo 18 del Código Penal y las Normas Pertinentes sobre sobreseimiento definitivo, haciendo extensivas a la situación jurídica y anómala, que inspira la presente moción.
En mérito de las argumentaciones expuestas, vengo en someter a la consideración del H. Senado el siguiente:
Artículo 1º: Se presume muerto para todos los efectos legales, penales y administrativos el individuo que hubiere desaparecido entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990
Artículo 2º: Los Tribunales Ordinarios o especiales, que actualmente conocieren de causas sobre desaparecidos deberán de Oficio o a petición de Parte declarar la prescripción de la acción penal y los sobreseimientos a que haya lugar.
Del mismo modo, los Tribunales de primera instancia que hubieren dictado o no sentencia, deberán conformar su accionar con la legislación actualmente en vigor.