Source: http://derecho.isipedia.com/optativas/derecho-contable/09-las-cuentas-anuales-i
Timestamp: 2018-02-23 12:18:36
Document Index: 1222685

Matched Legal Cases: ['Artículo 133', 'Artículo 150', 'Artículo 112', 'Artículo 212', 'Artículo 51', 'Artículo 86']

09. Las cuentas anuales (I) - Juspedia
09. Las cuentas anuales (I)
1 Contenido. Función y finalidad
2 La imagen fiel
3 Formulación y aprobación
Contenido. Función y finalidad
Todo empresario debe formular, al cierre del ejercicio, las cuentas anuales de su empresa. Dichas cuentas comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (art. 34 Código de Comercio).
Además, en determinadas sociedades, debe formularse el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.
Estos documentos forman una unidad, es decir, facilitan la información de la actividad del empresario referidas a un ejercicio económico (pérdidas y ganancias), de la situación financiero-patrimonial (balance) y de todos aquellos extremos relacionados con los anteriores relevantes, para facilitar una información unitaria de la empresa, tanto para el propio empresario, como para los socios (en caso de sociedades), como para terceros. Es decir, las cuentas anuales sintetizan la contabilidad, de la que son parte integrante.
El Tribunal Supremo ha matizado el alcance de la unidad, posiblemente, atendiendo implícitamente a la función de cada documento, lo que es objeto de debate doctrinal. A ello se hará referencia al tratar del principio de imagen fiel.
Sin embargo, también tiene reconocido, el Tribunal Supremo, que las posibles irregularidades de alguno de los documentos contables de la sociedad pueden resultar subsanadas en otros (libros de contabilidad, cuentas anuales, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria anual, etc.).
A) El art. 34 Código de Comercio exige que “ las cuentas anuales deben ser redactadas con claridad, con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.
Si la aplicación de las disposiciones legales no es suficiente para mostrar la imagen fiel, se han de suministrar todas las informaciones complementarias precisas para alcanzar ese resultado.
En casos excepcionales, cuando la aplicación de una norma o disposición legal en materia de contabilidad, fuese incompatible con el reflejo de la imagen fiel, dicha norma no será aplicable, debiendo señalarse en la memoria tal hecho, motivándose suficientemente, con explicación de la influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa”
El Tribunal Supremo, sin embargo, ha matizado dicha excepción, en el sentido de que la “ normativa fiscal proyectada hacia el exterior no puede afectar al régimen jurídico legal de las sociedades anónimas, pues sus normas tienen carácter imperativo y, así sucede con las que disciplinan la confección correcta de los balances” .
La distinta finalidad entre normas mercantiles y fiscales, y la primacía de aquéllas, en términos de derecho contable, tal como hoy se concibe, cuando de impugnación de cuentas anuales se trata, tiene un reflejo en las sentencias de 3 y 14 de noviembre de 2001 y 30 de septiembre de 2002, del Tribunal Supremo (Sala 1ª), recogidas en la reciente STS, contencioso- administrativo, de 12 de mayo de 2004. La cuestión resuelta era la siguiente: la Hacienda Pública, con la finalidad de aflorar determinados activos en las cuentas de las sociedades, estableció un sistema mediante el cual se emitía una Deuda Pública Especial (Ley 18/1991 de I.R.P.F., de 6 de junio, DA 13ª), que permitía la adquisición de títulos de la referida Deuda Pública en condiciones de confidencialidad de los adquirentes, sin que las entidades gestoras y demás intermediarios que interviniesen en la suscripción de estos activos estuviesen obligados a informar a la Administración Tributaria de la identidad de los suscriptores, cuyos datos identificativos se mantendrían preservados hasta que se produjese la amortización ordinaria o anticipada.
Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que para que las cuentas anuales reflejaran el principio de imagen fiel debían figurar en el balance de la sociedad, sin ser suficiente la mención de su existencia en la Memoria.
B) La trascendencia del concepto se agrava si se le incorpora en los términos del art. 290 Código Penal, las posibles consecuencias penales de su falseamiento:
Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior
C) Para conseguir la imagen fiel de las cuentas anuales es necesario que la valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas se realice atendiendo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las demás normas y reglas que establece los arts. 38 y 39 Código de comercio (criterio de empresa en funcionamiento, continuidad en la aplicación de los principios, prudencia valorativa....)
La imagen fiel, en estos términos, no resulta siempre aplicable. Así, cuando se utilizan conceptos como los de valor contable (que resulta de la contabilidad), valor real (que puede no resultar de valores que aparecen en los asientos contables, art. 239.1 LSA) y, últimamente valor razonable. En primer lugar, tales valores (pues, existen otros, de realización, de reposición) tienen normativamente un ámbito concreto, es decir, se aplican para situaciones patrimoniales concretas y, en su caso, elementos específicos.
Ello nos conduce a que tales valores son convencionales, no en el sentido de que dependan de la libre voluntad de cada sujeto, sino de la normativa que los fija.
La imagen fiel es, pues, un concepto jurídico y por lo mismo no subjetivo, sino objetivo y derivado de una conjunta interpretación de las normas.
La elaboración de las cuentas anuales responde a un proceso que requiere, al menos, la intervención de los sujetos y fases que siguen: los que las redactan inicialmente; en su caso, los que las revisan y los que las aprueban.
A) La formación de las cuentas anuales constituye tarea exclusiva del empresario individual, y cuando existe, entra además dentro de los deberes del factor.
B) En el caso de empresarios sociales el procedimiento de elaboración es más complejo:
a) Comprende lo que se ha denominado “ proyecto de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria” que requiere un control por los órganos sociales y un control de auditoria, en aquellas sociedades obligadas por ley o que se someten a tal control voluntariamente. Los administradores formularan dichas cuentas anuales en el plazo de tres meses a partir del cierre del ejercicio.
La formulación de las cuentas anuales, en los casos de declaración de concurso y durante la tramitación del mismo, corresponderá al deudor bajo la supervisión de los administradores concursales, en caso de intervención o a los propios administradores concursales en caso de suspensión de las facultades del deudor.
b) El procedimiento una vez iniciado con la formulación de las cuentas por los administradores se prosigue con un derecho de información por los socios que tiene un período temporal según el tipo societario:
Sociedades colectivas: Artículo 133 Código de comercio
Sociedades comanditarias simples: Artículo 150 Código de comercio
Sociedades anónimas: Artículo 112 LSA. Derecho de información
4. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social
Artículo 212.2 LSA.
Artículo 51 LSRL. Derecho de información:
Artículo 86 LSRL. Derecho de examen de la contabilidad
c) Cumplidos en su caso los deberes de información y de auditoria (en aquellos casos exigidos por la ley o cuando las sociedades la realización voluntariamente), las cuentas anuales deben de ser aprobadas. En el caso de sociedad colectiva debe de ser aprobadas por todos los socios; tratándose de sociedades comanditarias, resulta dudoso que los socios comanditarios concurran a la aprobación del balance, aunque me inclino por la afirmativa. En el caso de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada se aprobará las cuentas anuales en Junta general, por los socios que tengan derecho de voto.
La opinión mayoritaria aun reconociendo sus dificultades prácticas se inclina por reconocer a la junta la posibilidad de modificar las cuentas anuales.
El acuerdo de aprobación de las cuentas anuales -que repercute en la cuestión de la eficacia de éstas respecto de terceros- puede tener, según la opinión que estimo preferible un doble contenido, a saber, declaración de ciencia y declaración de voluntad. Normalmente debe de tratarse de lo primero.
Las cuentas anuales aprobadas, fundándose en razones jurídicas, podrán ser impugnadas por los accionistas, administradores o terceros que tengan interés legítimo, si los acuerdos adoptados son susceptibles de nulidad o anulabilidad.
A) La obligación de firma me parece personalísima y no puede llevarse a cabo por representante, aunque éste sea permanente y de hecho haya formado las cuentas anuales. Debe de admitirse en todo caso la excepción de fuerza mayor.
B) Las cuentas anuales deberán ser firmadas, indicando en la antefirma la fecha de la formulación de las cuentas:
- Por el propio empresario, persona individual
- En el caso de sociedades colectivas y comanditarias, deberán firmar todos los socios colectivos, si la administración no se ha reservado a alguno de ellos. Si existe esta reserva, firmarán los administradores.
- En el caso de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada firmarán todos los administradores pues en materia de formulación de cuentas anuales y rendición de cuentas no cabe la delegación de facultades.
C) El Código de Comercio exige que cuando falte la firma de algún socio o de algún administrador se ha de señalar expresamente en el documento en que falte, con indicación de la causa por la cual falta dicha firma.
Se plantea la duda para la firma del administrador ausente o que vota en contra o pone reservas a la inicial aprobación del proyecto de balance por el órgano administrativo. La primera cuestión creemos que puede ser resuelta de acuerdo con nuestro derecho histórico en el sentido de exigir la firma de “ todos los interesados que se hallen presentes a la formación” (Código de comercio, de 1829, art. 36). Para los restantes casos y dado que aquella conducta debe de haber quedado reflejada en acta, creemos que cabe también exigir la firma.
En ocasiones, la práctica o alguna disposición reglamentaria muestra la concurrencia en la firma del jefe de contabilidad o de otra persona interviniente de modo principal en la formación de las cuentas anuales.
D) En la actualidad, la firma supone la asunción de responsabilidad por el firmante en la medida en que le corresponde. Quiere decir ello que tratándose de empresario individual, como único interviniente que es en la formación, responde del contenido de las cuentas anuales. En cambio tratándose de administradores sociales, su firma supone la asunción de responsabilidad por el deber que les incumbe de que se elaboren y formen aquellos documentos correctamente. Es pues la firma garantía de que se ha seguido el procedimiento establecido. Mas la responsabilidad por el contenido de las cuentas anuales, si bien es en primer término de los administradores podría en casos-límite ser afectada por el papel que la Junta haya tenido en la determinación de dicho contenido, del mismo modo que puede nacer responsabilidad para los auditores de cuenta. La firma, en todo caso, garantiza la autenticidad del documento.