Source: https://www.slideshare.net/elogarruiz/cdigo-de-procedimientos-penales-modelo-q-roo
Timestamp: 2017-03-30 02:19:00
Document Index: 225589499

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 68', 'artículo 20', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 330', 'Artículo 330', 'artículo 34', 'artículo 20', 'artículo 335', 'Artículo 335', 'artículo 336', 'artículo 20', 'artículo 236', 'artículo 243', 'artículo 339', 'artículo 20', 'artículo 333', 'artículo 21', 'Artículo 117', 'artículo 118', 'artículo 119', 'artículo 21', 'artículo 125', 'artículo 131', 'artículo 143', 'artículo 147', 'Artículo 147', 'artículo 20', 'artículo 144', 'artículo 161', 'artículo 168', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 331', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 477', 'artículo 21', 'artículo 17', 'artículo 209', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 295', 'artículo 20', 'artículo 352', 'Artículo 352', 'artículo 20', 'Artículo 296', 'artículo 20', 'artículo 267', 'artículo 20', 'artículo 349', 'artículo 454', 'artículo 460', 'artículo 473', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49']

Delitios dieguito lombana
by diegoalejandrolom...
Querella Derecho Procesal Penal I
Eloisa Ruiz, Subdirectora
HONORABLE XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONALDEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.PRESENTE.LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DELESTADO DE QUINTANA ROO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ELARTÍCULO 68, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE QUINTANA ROO, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LA PRESENTEINICIATIVA DE CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEQUINTANA ROO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I. ANTECEDENTES.La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008diseñó un modelo procesal penal de carácter acusatorio, basado en la oralidad y latransparencia de las actuaciones. El constituyente buscó modificar el proceso penal que, conligeras variantes, se aplicaba a lo largo y ancho del país. Ambas Cámaras del Congreso de laUnión fueron coincidentes en señalar, en sus respectivos dictámenes, que el sistema penalvigente al momento de la reforma era preponderantemente inquisitivo, en el que el indiciadoes considerado culpable hasta que no se demuestre lo contrario 1. La reforma tuvo por objetomodificar ese sistema y proponer otro, en el que se respeten los derechos de la víctima y delimputado. Se reformaron diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanospara sentar las bases del nuevo modelo procesal y del sistema nacional de seguridad pública.Dada la complejidad que conlleva instrumentar los cambios propuestos, los artículostransitorios del decreto de reforma regulan la vacatio legis necesaria para que las entidadesfederativas y la federación lleven a cabo las adecuaciones legales e institucionales querequiere el nuevo modelo procesal. En particular, el artículo segundo transitorio del decreto dereforma prevé que el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos1 Ver el Dictamen de la Cámara de Senadores de 13 de diciembre de 2007 y el Dictamen de la Cámara deDiputados de 26 de febrero de 2008. 1 2.
segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, dela Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundariacorrespondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de lapublicación del mencionado Decreto. Para aquellas entidades federativas que al tiempo depublicación del Decreto ya hubieran instrumentado el sistema procesal penal acusatorio, lareforma entró en vigencia, en su totalidad, a partir del día siguiente de su publicación 2. El Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo está consciente de la importancia deinstrumentar el sistema procesal penal en nuestro Estado, no sólo por la obligaciónconstitucional que se deriva de la mencionada reforma, sino por la necesidad de modificar elsistema vigente, en el que se abusa de la escrituración, se propician trámites burocráticos quedilatan los procedimientos y sobrecargan la actividad jurisdiccional, y, lo que es peor, sepresume la culpabilidad y se solapa la impunidad. En acatamiento a lo previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto de 18 de juniode 2008 ya mencionado, el Ejecutivo a mi cargo, presentó ante ese H. Congreso, iniciativasde reforma a la Constitución Política, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código deProcedimientos Civiles estatales, con el propósito de iniciar la implementación del nuevomodelo procesal en Quintana Roo. La presente iniciativa se inscribe en este proceso dereforma, representa su etapa más significativa. El Proyecto de Código Procesal Penal para elEstado Libre y Soberano de Quintana Roo que se presenta a la consideración de esta H.Legislatura, se apega a los lineamientos señalados en la Ley Fundamental de la Nación ysienta las bases de un nuevo sistema penal acorde a un estado democrático. Para la elaboración de esta iniciativa se analizaron sistemas de justicia extranjeros ynacionales que han incorporado el modelo acusatorio. Se consultaron, entre otras, laslegislaciones de Chile y de Colombia, en el ámbito internacional, y de los Estados deChihuahua, Oaxaca y Zacatecas, en el nacional. También se tomó en consideración el CódigoModelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, elaborado por laComisión Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos(CONATRIB).2 Las entidades federativas que ya habían instrumentado el sistema acusatorio al momento de la reformaconstitucional eran Chihuahua y Oaxaca. Actualmente, cuentan con legislación procesal peal de carácteracusatorio, además de los dos mencionados, Morelos, Estado de México, Durango, Baja California, Zacatecas,Nuevo León, Veracruz y Guanajuato. 2 3.
Con el propósito de que el nuevo cuerpo legislativo satisfaga las necesidades del pueblode Quintana Roo, en su elaboración se ha tenido en consideración la diversidad étnica de lapoblación del Estado, así como todas aquellas particularidades propias de una región en laque el turismo constituye una de las principales actividades socioeconómicas. Con el cambio en el modelo procesal penal se pretende recobrar la confianza en elsistema de procuración e impartición de justica y generar una cultura de la legalidad queredunde, en definitiva, en solucionar satisfactoriamente las demandas ciudadanas. Entre losbeneficios que conlleva el sistema procesal acusatorio destacan los siguientes: • Garantiza el debido proceso. • Inclusión de estándares internacionales de protección a los derechos humanos. • Mayor respeto y garantía de los derechos de las víctimas. • Agilidad procesal. • Medios alternativos de solución de conflictos, descongestionando con ello el sistema judicial. • Fortalecimiento del principio de presunción de inocencia. • Disminución de la prisión preventiva a través del privilegio de otras medidas cautelares. • Mayor transparencia, a partir de la publicidad de las actuaciones. • Participación más activa de la víctima como coadyuvante del Ministerio Público y a través del ejercicio de la acción penal privada, en las legislaciones que así lo contemplan. Estos cometidos se lograrán mediante la transformación radical del proceso penal que nosrige en la actualidad. El nuevo código, siguiendo los lineamientos de la Constitución Federal yatendiendo a las experiencias en los países y en los estados de la República mencionados,contiene instituciones novedosas, que requerirán de su estudio y análisis por parte de losoperados del sistema para que el cambio arroje los resultados esperados. Los aspectos másnotables de esta reforma se mencionarán a continuación. 3 4.
II. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL ACUSATORIOEl texto reformado del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosestablece que el proceso penal será acusatorio y oral, y que se regirá por los principios depublicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La presente iniciativa recoge esos principios constitucionales, expresamente, en elartículo 3: Artículo 3. Principios rectores En el proceso penal se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, en las formas que este Código determine. Los principios, derechos y garantías previstos por este Código serán observados en todo proceso del cual pueda resultar una sanción penal, medida de seguridad o cualquier otra resolución que afecte los derechos de las personas. Estos principios son reiterados en el artículo 330 de la iniciativa, que regula enparticular la etapa del juicio. Artículo 330. Principios. El juicio es la etapa esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación y asegurará la concreción de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, contradicción y continuidad. La doctrina procesal se ha ocupado de definir en detalle cada uno de los principiosmencionados.1. Oralidad. Es una de las reglas básicas del nuevo modelo procesal. La palabra es el mediode comunicación tanto entre las partes, como entre éstas y el juez o tribunal.Las resolucionesserán pronunciadas y fundamentadas verbalmente por juez, quien no admitirá la presentaciónde argumentos por escrito. Todas las peticiones formuladas por las partes al funcionariojudicial se fundarán y decidirán en forma oral. Prevalece la oralidad a lo largo de todo elprocedimiento. Con ello se busca evitar el anquilosamiento que producen los sistemas escritos, agilizandolos alegatos e indirectamente, especializándoles en la medida en que la confrontación oralexige mejores argumentos. Este principio redundará también en la agilización de lassentencias y eventualmente permitirá la creación de documentos más breves y claros. La iniciativa prevé en el artículo 34 que los actos procesales deberán documentarse porescrito, por video, audio o cualquier otro medio que garantice su reproducción. 4 5.
2. Publicidad. El proceso acusatorio es público; debe existir publicidad y transparencia parainstruir y juzgar a la vista de la sociedad y bajo su control. Este principio se refleja en variosaspectos, entre los que destacan:a) El órgano acusador debe señalar, al momento de la acusación, todas las pruebas, sinreservarse o esconder ninguna, yb) La prueba se practica de manera integral en una audiencia pública 3. El principio de publicidad no es absoluto, debe ceder ante la necesidad de proteger laintimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio yde evitar la divulgación de secretos protegidos por la ley. La fracción V del Apartado B, delartículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que lapublicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razonesde seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores,cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunalestime que existen razones fundadas que lo justificasen. En el mismo sentido, el artículo 335de la iniciativa, señala las excepciones a la publicidad: Artículo 335. Publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver excepcionalmente, aun de oficio, que se desarrolle, total o parcialmente, a puertas cerradas, cuando: I. Pueda afectar el pudor, la integridad física o la intimidad de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en él; II. El orden público o la seguridad del Estado puedan verse gravemente afectados; III. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible; o IV. El tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo; o V. Esté previsto específicamente en este Código o en otra ley. … El artículo 336 del Proyecto de Código Procesal Penal para el Estado Libre ySoberano de Quintana Roo privilegia la asistencia a las audiencias de los representantesde los medios de información, pero condiciona la transmisión simultánea, oral o audiovisual,de la audiencia o su grabación con esos fines, a la autorización previa del tribunal y alconsentimiento del imputado y de la víctima, si estuviere presente3 Solórzano Garavito, Carlos Roberto, Sistema acusatorio y técnicas del juicio oral, tercera edición, EdicionesNueva Jurídica, Bogotá, 2010, pp. 115-116. Baytelman A., Andrés y Mauricio Duce J., Litigación penal; Juiciooral y prueba, Fondo de Cultura Económica, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2005, p. 19. 5 6.
3. Contradicción. En virtud del principio de contradicción ─que va aparejado con la igualdadentre las partes─ se articula un proceso dialéctico de valoración de la prueba, para conocer laverdad de los hechos a partir de la presentación de las pruebas y argumentos de maneraequilibrada, en igualdad de circunstancias, entre la defensa y el Ministerio Público 4. Las partesdeben tener acceso a todas las pruebas; participar en la práctica de ellas y controvertirlas. El principio de contradicción se ve reforzado por lo dispuesto en la fracción III delApartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queestablece que para efectos de la sentencia sólo podrá considerarse como prueba la que sehaya desahogado en la audiencia de juicio oral. Esto permite a la contraparte conocer ydebatir ─a través del contrainterrogatorio o de otras técnicas o medios probatorios─ laspruebas del adversario. En la presente iniciativa, el artículo 236 estable que la información recabada durante lainvestigación no podrá ser presentada como prueba en juicio sin que el imputado hayapodido ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. El artículo 243, por su parte,establece que las actuaciones realizadas durante la averiguación carecen de valor probatoriopara efectos de la sentencia, con excepción de aquellas realizadas de conformidad con lasreglas previstas para la prueba anticipada o de las que se autorice su incorporación mediantelectura. Asimismo, en los artículos 378 a 399, que regulan la audiencia de debate, quedaclaro que las partes podrán examinar y debatir las pruebas desahogadas por su contraria.Con ello se cumple con la contradicción propia del modelo acusatorio.4. Concentración. Este principio alude a la necesidad de concentrar la práctica de la pruebaen la audiencia pública, también denominada audiencia de juicio oral o audiencia de debate, loque ayuda a desahogar los procesos con agilidad y eficacia 5. La iniciativa prevé que el desahogo de la prueba se lleve a cabo en su totalidad en unaúnica audiencia, denominada audiencia de debate, que está regulada en los artículos 378 a379. En ella declararán los testigos, los peritos y se incorporará la prueba documental.5. Continuidad. Este principio es complemento del de concentración. Se refiere a que eldebate no sea interrumpido. La audiencia debe desarrollarse en forma continua y, de sernecesario, prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. En derecho comparado seconsideran sesiones sucesivas aquellas que tuvieren lugar en el día siguiente o subsiguientede funcionamiento ordinario del tribunal 6.4 Baytelman, A. et al. Op. cit., p. 19.5 Solórzano Garavito, C. R., Op. cit, p. 118.6 Horvitz Lennon, María Inés y Julián López Masle, Derecho procesal penal chileno, Tomo I, Editorial Jurídica deChile, Santiago de Chile, 2002, p. 98. 6 7.
El artículo 339 de la iniciativa dice que el presidente del tribunal ordenará losaplazamientos que se requieran, indicando la hora en que continuará el debate. Seráconsiderado un aplazamiento el descanso de fin de semana o el día feriado o de asueto,siempre que el debate continúe al día hábil siguiente. Excepcionalmente, se prevén casos enque la audiencia pueda ser suspendida por un máximo de diez días corridos.6. Inmediación. Radica en el conocimiento directo que debe tener el juez, como director delproceso, de todas las actuaciones que se realicen. El juzgador sólo puede emitir su sentenciacon base en las impresiones personales que obtenga del acusado y del examen de losmedios de prueba. No puede tener en cuenta un medio de prueba que no ha sido rendidodirectamente ante él. Este principio tiene dos aspectos:a) Inmediación formal: El tribunal que dicta la sentencia debe haber observado por sí mismo larecepción de la prueba, yb) Inmediación material: El tribunal debe extraer los hechos de la fuente por sí mismo, sin quepueda recurrir a equivalentes probatorios. Se funda en el valor que se le reconoce al juicio oralcomo instrumento para poner a prueba la confiabilidad de la información que recibe eltribunal7. El principio de inmediación, en sus aspectos formal y material, está reconocido en lafracción II del Apartado A, del artículo 20 de la Constitución Mexicana, que obliga al juez aestar presente en las audiencias y le prohíbe delegar el desahogo y la valoración de laprueba. El Proyecto de Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Rooprevé que la autoridad judicial atienda personalmente cada una de las diligencias que tienenencomendadas. El artículo 333 de la iniciativa, establece expresamente que el debate serealizará con la presencia ininterrumpida de los miembros del tribunal y de las demás parteslegítimamente constituidas en el proceso, de sus defensores y de sus representantes. III. SUJETOS PROCESALESSe denominan sujetos procesales a las personas que intervienen regularmente a lo largo delprocedimiento, representando al Estado, o bien a los diferentes intereses particulares7 Horvitz Lennon, María Inés y Julián López Masle, Op. cit., pp. 96-97. 7 8.
comprometidos en la definición del mismo 8. El concepto de sujeto procesal es más amplio queel de parte. Es parte quien ha solicitado al juez una decisión relativa a la imputación y aquélcontra la cual la decisión ha sido solicitada 9. En el modelo acusatorio estos sujetos adquierendimensiones y atribuciones específicas, diversas a las que se les reconocían en el modeloinquisitivo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene regulacionesaplicables a los sujetos procesales. El Proyecto de Código Procesal Penal para el EstadoLibre y Soberano de Quintana Roo, atendiendo al mandato constitucional, dedica el títuloquinto a los sujetos procesales. La iniciativa considera a los siguientes sujetos: Ministerio Público, cuerpos de seguridady Policía Ministerial, víctima, imputado, defensores y representantes legales, y auxiliares. a) Ministerio Público: El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos le encomienda la investigación de los delitos. Asimismo, en tanto órgano acusador,dicha Constitución hace recaer en él la carga de la prueba. En el nuevo modelo, lasdiligencias practicadas durante la investigación estarán sujetas al control judicial. A su vez, alMinisterio Público le corresponderá dirigir y controlar las actuaciones de la policía en lainvestigación de los delitos. Estas atribuciones han quedado debidamente plasmadas en lainiciativa en el siguiente artículo: Artículo 117. Funciones del Ministerio Público El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo. Dirigirá la investigación, bajo control jurisdiccional en los actos que lo requieran. En el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público vigilará que la policía cumpla con los requisitos de la legalidad de los actos de investigación que lleva a cabo. El artículo 118 de la iniciativa atribuye al Ministerio Público la carga de la prueba. Elartículo 119 le impone el deber de objetividad en la investigación de los delitos, obligándolo arecabar tanto los elementos de cargo como de descargo, y el de lealtad, por el cual deberáhacer del conocimiento de los interesados aquellos datos que los favorezcan. Al Ministerio Público se le permite ejercer el criterio de oportunidad en la investigación ypersecución de los delitos. Esta figura, nueva en el sistema procesal penal mexicano, se8 Botero C., Martín Eduardo, El sistema procesal penal acusatorio; El justo proceso, Ediciones Jurídicas AndrésMorales, Bogotá, 2008, p. 129.9 Paolo Tonini, citados por Botero en Op. cit, p. 131. 8 9.
analizará al estudiarse los medios alternativos de solución de controversias, Sin embargo,cabe aquí destacar que ella representa una modificación trascendente en la actuación delMinisterio Público. b) Cuerpos de seguridad y Policía Ministerial: El artículo 21 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos establece que las policías actuarán bajo el mando y laconducción del Ministerio Público en la investigación de los delitos. El artículo 125 de lainiciativa que ahora se presenta impone esta obligación, en primer lugar, a la PolicíaMinisterial, y, en segundo término, a los demás cuerpos de seguridad pública del Estado, losque deberán auxiliar al Ministerio Público en la investigación de los delitos y resguardar loselementos de convicción que pudieran acreditar la existencia de un hecho señalado por la leycomo delito. Esta disposición cumple con el mandato constitucional y es acorde con la LeyGeneral del Sistema Nacional de Seguridad Pública 10. La iniciativa regula con precisión, en los artículos 17 a 130, la relación entre elMinisterio Público y las policías durante la etapa de investigación 11. c) Víctima: En la iniciativa se entiende por víctima, en los términos del artículo 131,tanto al directamente afectado por el delito (sujeto pasivo), como a aquellos queindirectamente sufren sus consecuencias. El concepto de víctima comprende al ofendido. En concordancia con el mandato constitucional, los tratados internacionales, y lasnuevas corrientes doctrinales que han incidido en el derecho comparado, la víctima adquiereun rol activo en el modelo procesal acusatorio, de mayor trascendencia al que tenía asignadoen el sistema inquisitivo. Atendiendo a los nuevos bienes jurídicos que protege el derecho penal sustantivo, lainiciativa incluye como víctimas a las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitosque afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vinculedirectamente con esos intereses, y a las comunidades indígenas, en los hechos punibles queimpliquen discriminación o genocidio respecto de los miembros de la etnia o generenregresión demográfica, depredación de su hábitat, contaminación ambiental, explotacióneconómica o alienación cultural.10 Los artículos 76 y 77 de la citada ley hacen referencia a las atribuciones de los cuerpos de seguridad públicapara investigar delitos, preservar los lugares de investigación y recabar los elementos de convicción quepermitan establecer la comisión de conductas señaladas por la ley como delitos.11 Moisés Moreno Hernández resalta, especialmente, la necesidad de que las legislaciones secundarias precisenlas relaciones que deban darse entre Ministerio Público y policías. Ver, Moreno Hernández, Moisés, Retos de laimplementación de la reforma constitucional en materia de justicia penal (2008), Colección Jurídica Posiciones,Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Cepolcrim, Cade, México, 201, p.22. 9 10.
Se le reconocen a la víctima un conjunto de derechos entre los que destacan el dedemandar a los terceros civilmente obligados a la reparación del daño, a apelar delsobreseimiento, a solicitar las medidas de coerción y providencias necesarias para laprotección y restitución de sus derechos y a constituirse como parte coadyuvante.d) Imputado: El imputado es aquel contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado. Enel modelo anterior se le designaba con diferentes nombres: indiciado, acusado, procesado.Siguiendo la terminología utilizada por el constituyente, y para evitar cualquier imprecisión, el134 de la iniciativa establece que se denominará genéricamente imputado a quien, mediantecualquier acto del proceso, sea señalado como posible autor de un hecho punible o partícipeen él, y que se denominará condenado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia decondena firme. En el modelo acusatorio se entiende que el imputado puede hacer valer sus derechos ygarantías constitucionales y legales desde el momento mismo en que se le atribuyaparticipación en un hecho punible. En el Proyecto de Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de QuintanaRoo se le reconocen al imputado todos y cada uno de los derechos y garantías que lasconstituciones nacional y local otorgan a las personas a quienes se les atribuye la comisión deun delito. Obliga a la policía, al Ministerio Público o al juez, según corresponda, a hacerlesaber de manera inmediata y comprensible, en el primer acto en que participe, sus derechosconstitucionales y procesales. El respeto de los derechos y garantías de toda persona de quien se sospecha haintervenido en la comisión de un hecho delictivo, es unos de los pilares fundamentales de todoestado de derecho. Principalmente, el derecho a la presunción de inocencia, que ha sidoreconocido explícitamente en el texto de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos. El artículo 143 establece que la declaración del imputado sólo tendrá validez si es prestadavoluntariamente ante un juez y es realizada en presencia y con la asistencia previa de unlicenciado en derecho defensor. Lo anterior resta cualquier posible valor probatorio a lo que elimputado exprese ante la policía o el Ministerio público. Con esta disposición se evitarácualquier práctica intimidatoria con la que se pretenda coaccionar al imputado a declarar enun sentido determinado. Para reforzar esta disposición, el artículo 147 prevé.Artículo 147. Restricciones policialesLa policía no podrá recibirle declaración al imputado. En caso de que manifieste su deseo dedeclarar, deberá comunicar ese hecho al Ministerio Público para que éste solicite al juez que lereciba su declaración con las formalidades previstas por la ley. 10 11.
… e) Defensores y representantes legales: Entre los derechos reconocidos al imputadodestaca el de tener derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá librementeincluso desde el momento de su detención. En caso de que no lo hiciere, el juez le designaráun defensor público. En el nuevo modelo se reconoce el derecho a una defensa material y técnica. Ladefensa material alude a todos aquellos que puede realizar para hacer valer su posiciones,(no declarar consultar el expediente de investigación antes de hacerlos, etcétera). El derechoa la defensa técnica se refiera a ser defendido por un especialista en derecho. La exigencia de que el defensor sea un profesional del derecho está establecida en elApartado B del artículo 20 constitucional y ha sido reiterada en el artículo 144 de la presenteiniciativa. Se elimina la posibilidad de que la defensa esté a cargo de una persona deconfianza, situación que respondía a una realidad histórica distinta a la actual. Queda comprendido en la iniciativa el derecho a comunicarse con su defensor antes deformular cualquier tipo de declaración. Es novedosa la disposición contenida en el artículo 161 de la iniciativa: Articulo 161. Auxilio a la defensa En los casos en que existan documentos, objetos o informes en poder de un tercero que se niega a entregarlos, que resulten necesarios para la defensa del imputado, el juez de control, en vista de lo que aleguen el poseedor y la defensa, resolverán audiencia si debe hacerse la exhibición o rendirse el informe. Si a pesar de haberse ordenado la exhibición de aquellos, la persona se negara a entregarlo o retardara la entrega, el juez podrá aplicar medidas de apremio o decretar la entrega forzosa para efectos de asegurarlos y exhibirlos. Con esto se pretende favorecer la igualdad entre las partes. La mayoría de las veces losimputados carecen de los recursos necesarios para poder defenderse activamente de lasacusaciones que obren en su contra. En el modelo inquisitivo, al Ministerio Público se leautorizaba a solicitarle al juez la práctica de ciertas diligencias, pero este derecho no se lereconocía al imputado. Este artículo busca revertir esa situación. 11 12.
Para que el derecho a la defensa sea efectivo, el artículo 168 prohíbe el decomiso decosas relacionadas con la defensa, la intercepción de las comunicaciones del imputado consus defensores, técnicos y auxiliares y la intercepción de las comunicaciones entre losdefensores, consultores, técnicos y auxiliares y las personas que les brindan asistencia. El debido proceso, propio de un estado de derecho exige que se adopten las medidasnecesarias para que las partes tengan igualdad de oportunidad para hacer valer susderechos y demostrar sus afirmaciones. f) Auxiliares: Se prevé la designación de asistentes que cumplan tareas accesorias enauxilio de las partes. No podrán sustituir a quienes auxilian, pero se les permitirá suasistencia a las audiencias en calidad de asistentes. Asimismo, se prevé que las partes puedan solicitar al juez la asistencia de consultorestécnicos, que son especialistas en una ciencia arte o técnica, quienes podrán presenciarlas operaciones periciales, participar como especialistas en el juicio y acompañar en lasaudiencias a la parte con quien colabora para apoyarla técnicamente en los interrogatoriosa los expertos ofrecidos por las otras partes en el proceso. La iniciativa prevé la existencia de estos auxiliares toda vez que los procesos penalesson complejos y requieren de conocimientos específicos que los abogados no tienen enrazón de su profesión. El nuevo modelo descansa en la prueba pericial y técnica, tal comose desprende de las disposiciones de las nuevas legislaciones procesales y de la LeyGeneral del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El proyecto no menciona al juez, porque no es propiamente un sujeto procesal. El párrafodecimocuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosintroduce la figura del juez de control, quien tiene la encomienda de controlar la investigacióndel Ministerio Público, analizar y autorizar, en su caso, las solicitudes que éste le plantee demedidas cautelares u otras diligencias que pueden afectar derechos de indiciados o de lasvíctimas o de los ofendidos. A su vez, la fracción IV del Apartado A del artículo 20 prevé queel juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. Estadisposición justifica que la imputación, el auto de vinculación, la declaración de apertura dejuicio oral y la recepción de las pruebas haya sido encomendada por la iniciativa al de control. 12 13.
En el mismo sentido, el artículo 331 de la presente iniciativa establece que los jueces queen el mismo asunto hayan intervenido en las etapas anteriores a la del juicio oral, no podránintegrar el tribunal del debate. Se prevé, asimismo, el control jurisdiccional de la etapa de ejecución, en cumplimiento conlo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos. Al regular la etapa de ejecución, se establece que el Ministerio Público, laparte coadyuvante, el condenado y su defensor podrán plantear, ante el juez competente parala ejecución de la pena, incidentes relativos a la ejecución, sustitución, modificación oextinción de la pena o de las medidas de seguridad. IV. ETAPAS PROCESALES El modelo acusatorio ha sido estructurado en etapas diferentes a las que conformaban elantiguo proceso inquisitivo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos noregula dichas etapas, ya que en su calidad de Ley Fundamental no le corresponde hacerlo.Los diversos códigos procesales que ya han sido aprobados en el país, el Código Modeloelaborado por la CONATRIB y los códigos extranjeros consultados como referencia, todosellos, coinciden en distinguir cuatro fases: la investigación o etapa preliminar, la etapaintermedia, el juicio oral y la etapa de ejecución. a) La etapa preliminar: es la que corresponde a la investigación de los delitos. Está a cargodel Ministerio Público, quien se auxiliará de las policías. Lo novedoso en relación con elrégimen anterior es que esta etapa se divide en dos partes: la investigación desformalizada,que se inicia con la denuncia o querella y culmina con la formulación de la imputación y laemisión, por parte del juez de la vinculación a proceso; y la investigación formalizada que seinicia a partir de la vinculación a proceso y culmina con la formulación de la acusación, lasolicitud de aplicación del proceso abreviado, la solicitud de la suspensión del proceso aprueba, la solicitud de sobreseimiento, la solicitud de la conciliación o la aplicación delprincipio de oportunidad. En el tramo de la investigación no formalizada, el Ministerio Público practicará diversasdiligencias, con el auxilio de la policía, tendentes a investigar la comisión de un hechoseñalado en la ley como delito. Ciertas diligencias, como el cateo, requerirán la autorizacióndel juez de control. Si se aportan datos suficientes sobre la realización de un hecho señalado por la ley comodelito y de la participación del imputado en el mismo, el juez decretará la vinculación a 13 14.
proceso. En la misma audiencia, de oficio o a solicitud de parte, fijará un plazo para el cierrede la investigación, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidadde la investigación, sin que pueda ser mayor a dos meses en caso de que el delito merezcapena máxima que no exceda de dos años de prisión, o de seis meses si la pena excediere deese tiempo. Transcurrido el plazo para la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla, si es queno lo hizo antes. Si el Ministerio Público no cierra la investigación en el plazo establecido, eljuez declarará extinguida la acción penal y decretará el sobreseimiento. Unos de los aspectos más interesantes del nuevo modelo lo constituyen la diversasposibilidades de resolución del conflicto, de las cuales, el juicio oral es una más, sin que sepretenda que sea la más socorrida. El reconocimiento del principio de oportunidad en la actuación del Ministerio Público facilitala solución concertada entre las partes en un gran número de casos. El proceso abreviadopodrá tener lugar en aquellos casos en que el imputado reconozca su participación en loshechos y consienta someterse a este procedimiento para alcanzar una solución más expeditay una reducción, en su caso, de la penalidad aplicable. b) Etapa intermedia: La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión depruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio.Comienza con la acusación formulada por el Ministerio Público y culmina con el auto deapertura de juicio oral, si es que durante el desarrollo de la audiencia no se decidió otra formade de culminación del proceso (conciliación, proceso abreviado, etcétera). Esta etapa es demayor trascendencia porque durante el desarrollo de la audiencia se discuten las pruebasofrecidas para ser desahogadas durante el juicio oral. Se establecen, en su caso, losacuerdos probatorios, es decir, aquellos puntos sobre los que no hay contradicción y, por lotanto, no será necesario desahogar pruebas en el juicio oral para darlos por ciertos. Las partes denunciarán aquellas pruebas obtenidas por medios ilícitos. El juez, después deoír a la contraparte, resolverá al respecto. c) Juicio oral: Se denomina así a la etapa en la que se desahogan las pruebas en unaaudiencia pública y oral, ante la presencia del tribunal que la valorará y, en consecuencia,dictará la sentencia. 14 15.
El juicio debe celebrarse ante un juez que no haya conocido del caso previamente. Lapresentación de los argumentos y los elementos probatorios debe desarrollarse de manerapública, contradictoria y oral (fracción IV del Apartado A del artículo 20). El juez debe recibir ypercibir en forma directa y personal la prueba; la recepción y percepción debe obtenerse apartir de fuentes directas. Los testigos y los peritos deben comparecer personalmente al juiciopara declarar y ser examinados y contraexaminados por las partes, sin que se permita lareproducción de sus declaraciones anteriores por medio de su lectura 12. La sentencia debedictarse sobre la base de lo actuado en el juicio oral. La iniciativa regula la etapa de juicio oral, precisando, en detalles el modo en que se llevaráa cabo la audiencia y, en particular, lo relativo al desahogo de las pruebas. Prevé que sea untribunal colegiado ante quien se desarrolle la audiencia Clausurado el debate, los jueces pasarán a deliberar para establecer el veredicto. Ladeliberación no podrá durar más de veinticuatro horas. Así, el nuevo modelo favorece lajusticia expedita. Una vez pronunciado el veredicto el tribunal cuento con cinco días corridos para celebrar laaudiencia de lectura de sentencia. d) Etapa de ejecución: El artículo 477 del Proyecto de Código Procesal Penal, estableceque el condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, los derechos y las facultadesque las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos le otorgan. Formulará losplanteamientos por sí mismo o a través de su defensor ante el tribunal que corresponda. Tal como se mencionó, el párrafo tercer del artículo 21 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos prevé que a imposición de las penas, su modificación y duraciónson propias y exclusivas de la autoridad judicial. En consecuencia, la iniciativa prevé que elMinisterio Público, la parte coadyuvante, si la hubiere, el condenado y su defensor podránplantear, ante el juez competente para la ejecución de la pena, incidentes relativos a laejecución, sustitución, modificación o extinción de la pena o de las medidas de seguridad.Para la resolución de estos incidentes se aplicará lo dispuesto en la Ley de Ejecución dePenas y Medidas de Seguridad del Estado. De esta manera el código procesal penal que se propone, regula en detalle cada unade las etapas procesales, estableciendo con precisión los derechos y las obligaciones de los12 Baytelman A., Andrés et al, Op. cit., p. 43 15 16.
sujetos que intervienen en ellas. Con esto se garantiza la seguridad jurídica y la transparenciade las actuaciones. V. MEDIOS SIMPLIFICADOS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO El modelo de proceso acusatorio “adversarial” que se ha incorporado a la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, incluye, necesariamente, un conjunto de “válvulasde escape” que filtran los casos, de manera que lleguen a la etapa de juicio oral un númeroreducido del total de investigaciones iniciadas 13. Es común que existan diversas opciones desolución de controversias penales. La amplia variedad de procedimientos alternativos implicaun poder de decisión asignado a las partes, coherente al sistema acusatorio que es unsistema de partes 14. Los mecanismos alternativos son indispensables para despresurizar el sistema. Uno de losfactores que ha impulsado el nuevo modelo, es la necesidad de reducir la exagerada carga detrabajo de las procuradurías y tribunales, de combatir la burocratización y el excesivoformalismo de sus actuaciones. De no adoptarse mecanismos alternativos, el nuevo modelocorre el riesgo de colapsar; es prácticamente imposible que el Estado pueda sostener elnúmero de jueces que se requeriría para cumplir adecuadamente con los principios deconcentración, continuidad e inmediación. El párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos menciona expresamente mecanismos alternativos de solución de controversias enmateria penal: … Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. … En atención a la disposición constitucional es que en el Proyecto de Código ProcesalPenal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se prevén distintas salidas13 González R., Samuel, et al, El sistema de justicia penal y su reforma, Fontamara – Cepolcrim – Aquesta Terra,México, p. 473.14 Botero C., M. E., Op. cit., p. 494. 16 17.
alternativas al juicio oral, para la solución de los conflictos: conciliación, criterios deoportunidad y suspensión del proceso a prueba. a) Conciliación: Consiste en el acuerdo celebrado entre las partes que da solución alconflicto. Procede en los casos de delitos culposos, de delitos perseguibles por querella, dedelitos de contenido patrimonial que se hayan cometido sin violencia sobre las personas, y entodos aquellos delitos que admitan presumiblemente la substitución de sanciones o lacondena condicional. La conciliación tendrá lugar antes de que se dicte el auto de apertura dejuicio oral. b) Criterios de oportunidad: El principio el Ministerio Público, ante la noticia de un hechopunible o, inclusive, ante la existencia de prueba completa de la perpetración de un delito,está autorizado para no iniciar, suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de lapersecución penal, cuando así lo aconsejen motivos de utilidad social o razones político-criminales15. Este principio se articula con los medios de justicia alternativa. La posibilidad deresolver conflictos penales por vías no jurisdiccionales sólo es factible si se autoriza alMinisterio Público y, en su caso, a los jueces, a no actuar con estricto apego a la legalidad enel ejercicio de la acción penal y en la potestad de juzgar los delitos y sancionar a sus autores. La iniciativa prevé, en el artículo 209, que el Ministerio Público pueda prescindir, total oparcialmente de la persecución penal cuando se trate de un hecho insignificante (delitos debagatela); cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o psíquicograve que torne desproporcionada la aplicación de una pena, y cuando la pena o medida deseguridad que haya de imponerse por el hecho de cuya persecución se prescinde, carezca deimportancia en relación con una pena ya impuesta, o a la que se espera imponer por hechosrestantes. La aplicación de criterios de oportunidad contrasta con el régimen de estricta legalidada que está sometido, en el proceso actual, el Ministerio Público. Estos criterios dan mayorflexibilidad a la actuación del Estado en aras de lograr una mejor resolución de los conflictossociales. c) Suspensión del proceso a prueba: Esta nueva figura permite suspendercondicionalmente el proceso a prueba, a petición del imputado o del Ministerio Público,cuando el delito de que se trate esté sancionado con pena máxima de hasta cinco años deprisión, y siempre que el imputado no haya sido condenado por delito doloso, o se encuentre15 Horvitz Lennon, M. I. et al, Op cit., tomo I, p. 48. 17 18.
gozando de éste beneficio en proceso diverso. La suspensión del proceso no podrá serinferior a un año ni superior a tres. Para el otorgamiento de la suspensión será condición indispensable que el imputadoadmita el hecho que se le atribuye y existan datos de la investigación que permitan corroborarsu existencia. Si durante ese tiempo el sujeto cumple con las reglas que se le impusieron y no serevoca la suspensión, se extinguirá la acción penal en su contra. La víctima siempre tendrá la oportunidad de inconformarse con la aplicación de solucionesalternas ante el juez de control. La aplicación de estas medidas favorecerá la solución racional y expedita de conflictos,además de que redundarán en beneficio de la justicia restaurativa. En muchos delitos,especialmente en los patrimoniales, la víctima se siente satisfecha cuando se le repara eldaño causado y no, precisamente, por el encarcelamiento del autor, que es la solución mássocorrida por el modelo inquisitorial. VII. MEDIDAS CAUTELARES O DE COERCIÓNEn todos los sistemas procesales se autoriza la utilización de herramientas para que quienesintervienen en el proceso cumplan con su deber de sancionar al autor del delito y garantizarque se impongan y ejecuten las penas previstas en la ley. Se denominan medidas cautelaresa aquellas resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional, que pueden adoptarse contra elpresunto responsable de la acción delictuosa, por las que se limita provisionalmente la libertado la libre disposición de los bienes con el fin de garantizar los efectos, penales y civiles, de lasentencia 16. Las medidas cautelares pueden ser personales o reales. En el modelo inquisitivo la medida cautelar por excelencia es la prisión preventiva.Actualmente, son muy pocos los casos en que el probable responsable tiene derecho apermanecer en libertad durante el proceso. El modelo acusatorio parte de la libertad comoregla y la prisión preventiva como excepción.16 Horvitz Lenon, María Inés y Julián López Masle, Op. cit.; Tomo I, p. 343. 18 19.
La iniciativa establece como principio que el imputado se encuentre libre durante elprocedimiento, por lo que en esas condiciones deberá acudir ante el juez de control desde laprimera audiencia que se ha instrumentado para dar curso ordinario al procedimiento penal,que es, la de vinculación a proceso. Sólo en casos de flagrancia, urgencia u orden de aprehensión será presentado al juezen calidad de detenido. En los dos primeros supuestos, el Ministerio Público deberá contarcon datos que le hagan presumir que el órgano jurisdiccional, a la postre, accederá a decretarla prisión preventiva; mientras que en el último, el juez velará no sólo porque se reúnan losrequisitos de fondo a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, sino también, porque se actualice un efectivo riesgo de retardo, esto es,que de no acceder al mandamiento aprehensivo resultaría difícil obtener la presentaciónvoluntaria del imputado. De esto resulta que las medidas cautelares de urgencia, flagrancia y orden deaprehensión tienen como fin iniciar el procedimiento judicializado 17, cesan una vez que se haformulado imputación 18 y sólo proceden cuando de no mediar se podría retardar elprocedimiento 19. Bajo el mismo orden de ideas, cuando ya se ha formulado imputación y en cualquieretapa del procedimiento, el Ministerio Público, al advertir que para el éxito de la investigación,la protección de personas o bienes jurídicos, o para evitar que el imputado se sustraiga a laacción de la justicia (principio de instrumentalidad), es necesario restringir la libertad de éste,deberán solicitarlo al juez 20, quien (en audiencia pública, de manera oral y brindandooportunidad de contradicción a la defensa) deberá determinar, con base en los argumentos ydatos de prueba que se le expongan, si en realidad existe tal riesgo (necesidad de cautela) y,en su caso, aplicará una o varias de las medidas cautelares que establece el Proyecto deCódigo de Procedimientos Penales (principio de legalidad), que resulten suficientes y17 Esto es el reflejo del principio de instrumentalidad, pues las medidas cautelares, por sí mismas, no tienenuna finalidad, sino que son un instrumento para lograr los fines del procedimiento penal.18 Así es como se consagra el principio de temporalidad o provisionalidad, en virtud del cual las medidascautelares subsisten sólo hasta que se cumple el fin para el que se instrumentaron.19 En virtud del principio de excepcionalidad las medidas cautelares sólo se imponen cuando resultannecesarias para asegurar los fines del procedimiento.20 De acuerdo al principio de jurisdiccionalidad las medidas cautelares deben ser impuestas por el órganojurisdiccional, las excepciones son los casos de urgencia, flagrancia y garantía económica previa a la audienciade vinculación a proceso. Esto no implica que el juez o tribunal las ordene de oficio, ya que el interés jurídico desu aplicación reside en el ministerio público. 19 20.
proporcionales para evitarlo, tomando también en cuenta la posible pena a imponer yestableciendo el plazo máximo de su vigencia (principio de temporalidad o provisionalidad),que en ningún caso podrá ser superior al del procedimiento mismo. La iniciativa denomina a estas medidas de coerción personal o de coerción real. Acordecon los nuevos criterios prevé una serie de medidas de coerción personales. En primer lugarlas de aprehensión, detención y presentación. En segundo término, aquellas que el MinisterioPúblico puede solicitar al juez y éste decreta luego de escuchar las razones del imputado,como son: la presentación de una garantía económica suficiente (Garantía); la prohibición desalir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije eljuez; la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institucióndeterminada, que informe regularmente al Juez; la obligación de presentarse periódicamenteante el juez o ante la autoridad que él designe, la colocación de localizadores electrónicos,sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado, y laprisión preventiva, entre otras. La prisión preventiva deberá ser la última opción a considerar, salvo los casos deaplicación oficiosa que responden a lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos. Como medida de coerción real se prevé el embargo precautorio. VII. VINCULACIÓN A PROCESO En atención a la redacción del artículo 19 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá excederdel plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sinque se justifique con un auto de vinculación a proceso, la iniciativa regula esta nueva figuraque se incorpora al proceso penal mexicano. Esta figura ha sido especialmente cuestionada, sobre todo porque para su imposición seexigen estándares probatorios menores a los del auto de formal prisión. Para dictar el auto deformal prisión se debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, paravincular al sujeto a proceso deben existir datos que establezcan que se ha cometido un hechoque la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 20 21.
participó en su comisión. Estos últimos requisitos entrañan un grado de comprobación de loshechos y de la responsabilidad del sujeto mucho menor. El auto de vinculación a proceso no es el equivalente al actual auto de formal prisión. Lavinculación a proceso no pone término a la investigación, sólo la formaliza. El auto de formalprisión va de la mano con la prisión preventiva; el de vinculación a proceso es independientede la medida cautelar que, en su caso, decida imponer el juez21. El Proyecto, siguiendo al Código Modelo elaborado por la CONATRIB, permite reunir, enuna sola audiencia, el control de detención, si el imputado hubiera sido detenido por orden deaprehensión o en flagrancia o por caso urgente; la imputación formal de los hechos; lasolicitud y resolución sobre medidas cautelares de carácter real y personal; el otorgamientode derechos del imputado, tales como el nombramiento de abogado defensor; guardarsilencio u otorgar su declaración preparatoria y que pueda ofrecer medios de prueba encontra de los datos de prueba y registros de la investigación presentados por el MinisterioPúblico. Es el momento en que el imputado, en su primer contacto con el juez en audienciapública, además de conocer los hechos punibles que se le atribuyen puede contestar a loscargos; la oportunidad de declarar en el proceso forma parte integral del derecho de ladefensa. La declaración del imputado es un derecho a reaccionar frente la acusación, y no esuna obligación para proporcionar información, no implica un “derecho” del tribunal arequerirla. El auto de vinculación incluya tres aspectos mínimos: la decisión sobre las medidascautelares en el caso en que se hayan solicitado; en segundo lugar, la determinación de loshechos, decisión que no puede tener el mismo grado de firmeza derivado de la etapa procesalde investigación que no ha concluido y, finalmente, la decisión sobre la continuación delproceso, en lo que en estricto sentido constituye la vinculación a proceso. El artículo 295 del proyecto establece que el auto de vinculación a proceso produce lossiguientes efectos: interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal; comienza acorrer el plazo previsto para el cierre de la investigación; fija el hecho o los hechosdelictuosos sobre los cuales se continuará el proceso de investigación en la etapa preliminar yque servirán, en las demás etapas del proceso, para determinar las formas anticipadas determinación del proceso, el procedimiento abreviado, la apertura a juicio o el sobreseimiento, yhace que el Ministerio Público pierda la facultad de archivar temporalmente el proceso.21 Al respecto, ver la Exposición de motivos del Código Modelo elaborado por la CONATRIB. 21 22.
VIII. RÉGIMEN PROBATORIOEl Proyecto de Código Procesal Penal para el estado Libre y Soberano de Quintana Roosienta las bases de un régimen probatorio distinto al actual, tal como se desprende laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para comprenderlo es preciso abordarlos siguientes aspectos: a) Valoración de la prueba. La fracción II del Aparatado A, de del artículo 20 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a la valoración libre ylógica. El texto establece el sistema de valoración de la prueba denominado de libreconvicción o sana crítica; ésta se caracteriza por la inexistencia de toda norma legal tendientea regular el valor probatorio que el juez debe asignar a cada evidencia, pero impone laobligación de fundamentar su decisión, haciendo explícita las razones que la han motivado,las que no pueden contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y losconocimientos científicamente afianzados. Esta regla deja sin efecto cualquier disposiciónsecundaria que aluda a la prueba tasada, propia de los sistemas inquisitivos, que obligaban aljuez a adoptar las reglas de valoración fijadas en la ley. La iniciativa que se presenta recoge esta disposición en el artículo 352, en el que sesientan las bases de la valoración de la prueba: Artículo 352. Valoración. El Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. El tribunal apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; sólo serán valorables y sometidos a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos por un proceso permitido e incorporados al debate conforme a las disposiciones de la ley. El Tribunal deberá hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. Sólo se podrá condenar al imputado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Como se desprende del precepto citado, la exigencia de valoración de la prueba tiene, en elnuevo modelo, estándares más alto que en el proceso actual. b) Prueba para efectos de la sentencia. La regla general prevista en la fracción III delApartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 22 23.
que para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayansido desahogadas en la audiencia de juicio. Esta disposición excluye el material probatorioque haya recabado el Ministerio Público en la etapa preliminar y que no haya sidodebidamente introducido en la audiencia de juicio oral. La iniciativa actual prevé, al respecto, lo siguiente: Artículo 296. Valor probatorio. Los elementos de convicción que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas de coerción, carecen de valor probatorio por sí mismos para fundar la sentencia, sin perjuicio de ser introducidos como prueba en la etapa intermedia y sean admitidos como tales para ser incorporados en el juicio y salvo las excepciones expresas previstas por la ley. Las partes están obligadas a introducir por los medios procesales pertinentes─declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, informes de investigadores─ el materialprobatorio, de lo contrario carecerá de valor y el juez no podrá tenerlo en cuenta para motivarsu fallo. El cambio en las reglas de producción de pruebas constituye uno de los aspectosmás trascendente de la reforma desde la perspectiva de las garantías individuales. c) Prueba anticipada. La fracción III del Apartado A, del artículo 20 prevé que: …La leyestablecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, quepor su naturaleza requiera desahogo previo. En ocasiones, las circunstancias hacennecesario que la prueba se desahogue con anterioridad a la audiencia, de lo contrario corre elriesgo de perderse 22. La iniciativa que se presenta al H. Congreso del Estado establece que si durante lainvestigación o después de haberla cerrado, existan bases razonables para estimar comoprobable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de debate del juicio oral, por viviren el extranjero, o por haber sido amenazado o coaccionado en cualquier sentido o por existirmotivo que hiciere temer su muerte, su incapacidad física o mental que le impidiese declarar,o algún otro obstáculo semejante, las partes podrán solicitar al Juez o, en su caso, al tribunalde juicio oral, que se reciba su declaración anticipadamente. Excepcionalmente el anticipo deprueba podrá realizarse antes de la audiencia de vinculación a proceso, en los supuestos22 El artículo 267 del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, por ejemplo, contempla casos como losde aquellos testigos que manifiesten la imposibilidad de concurrir a la audiencia, ya que tienen, por ejemplo,necesidad de ausentarse del país, o cuando existieren motivos que hagan temer su muerte o que sobrevengauna incapacidad física o mental o esté en riesgo y no haya otra forma de darle protección. 23 24.
establecidos en el párrafo anterior, cuando ello resulte indispensable para la preservación dela prueba. c) Prueba ilícita. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales seránula, dispone la fracción IX del Aparatado A, del artículo 20 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos. En un Estado de derecho democrático el sistema procesal penalestá orientado a averiguar la verdad; no a cualquier precio. El respeto a los derechosfundamentales prevalece sobre la obtención de la verdad. En los sistemas inquisitivos, en losque la búsqueda de la verdad material es el objetivo central del procedimiento, se hanconsiderado admisibles y válidas las pruebas obtenidas con violación de los derechosfundamentales. El artículo 349 de la iniciativa de código procesal penal que se presenta, establece que loselementos de prueba no tendrán valor si han sido obtenidos por un medio ilícito, o si no fueronincorporados al proceso conforme a las disposiciones del propio código, ni las pruebas quesean consecuencia directa de aquéllas, salvo si se ha podido obtener otra información lícitaque arroje el mismo resultado. La prueba ilícita no tiene valor en ninguna etapa del proceso, no puede justificar medidascautelares ni la sentencia. IX. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Una de las características esenciales del sistema acusatorio es la limitación de los mediosde impugnación, especialmente contra la sentencia, ya que se trata de revalorar y fortalecer lapostura del juez de primera instancia 23. No obstante lo anterior, el código propuesto permite, en las etapas preliminar e intermedialos recursos de apelación y revocación; y con la emisión de la sentencia se produce elderecho de impugnar, mediante los recursos de casación y revisión. Pero estos recursos tienen una lógica de tramitación y de causales distinta al sistemainquisitivo.23 Cfr. Exposición de motivos del Código Modelo de la CONATRIB. 24 25.
a) Revocación: procede contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámitedel proceso, a fin de que el mismo juzgador que los dictó examine nuevamente la cuestión ydicte la resolución que corresponda. Este recurso se deducirá oralmente en las audiencias, y,en su defecto, por escrito, dentro de los tres días siguientes de notificada la resolución. b) Apelación: procede contra las resoluciones dictadas por el juez en las etapas preliminare intermedia, siempre que éstas causen un agravio irreparable a los intereses y derechos dealguna de las partes, pongan fin a la acción o imposibiliten que ésta continúe. La iniciativa enumera las resoluciones apelables en el artículo 454. Menciona, entre otras,las que pusieren término al proceso, hicieren imposible su prosecución o lo suspendiere pormás de treinta días; las que revoquen la suspensión del proceso a prueba; la sentenciadictada en el procedimiento abreviado ;la negativa de orden de aprehensión; las resolucionesdictadas por los Jueces de ejecución de penas. La apelación se interpone por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución y se remite,previo emplazamiento de las partes, al tribunal competente. El tribunal que resuelva el recursocitará a una audiencia para fallarlo en definitiva, convocando al efecto a todas las partesinteresadas. c) Casación: procede contra la sentencia y resoluciones de sobreseimiento dictadas por eltribunal de juicio oral, siempre que no se haya observado un precepto legal o éste haya sidoaplicado erróneamente. En principio, la casación sólo procede por lo que hace al derecho y noal elemento fáctico, sin embargo, en esta iniciativa se prevé la posibilidad de esa revisióncuando ella sea fundamental para el análisis del agravio planteado. Este carácter excepcional se debe a la necesidad de preservar, a la vez, el principio deinmediación y el derecho referente a la posibilidad de recurrir el fallo ante un tribunal superior,y de que ello sea hecho de forma integral. Así lo ha interpretado la Corte Interamericana deDerechos Humanos. El artículo 460 de la iniciativa establece que el recurso de casación procede contra lasentencia pronunciada en audiencia de debate y contra el sobreseimiento dictado por eltribunal de juicio oral en la audiencia de debate. La iniciativa establece que si el tribunal de casación estima fundado el recurso, anulará,total o parcialmente, la resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio o de la 25 26.
resolución. Cuando la anulación sea parcial, indicará el objeto concreto del nuevo juicio oresolución. En los demás casos, enmendará el vicio y resolverá lo que corresponda. Al igual que en el resto de los casos, este recurso se desahogará oralmente cuando así loestime conveniente el presidente del tribunal. d) Revisión: la iniciativa reconoce dos supuestos de revisión de la sentencia: elreconocimiento de inocencia y la anulación de la sentencia y reposición del juicio. El reconocimiento de inocencia procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo, yúnicamente a favor del imputado, cuando: los hechos tenidos como fundamento de lasentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal firme; lasentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonial cuya falsedad sehaya declarado en fallo posterior firme o resulte evidente aunque no exista un procesoposterior; la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de cohecho,violencia o en cualquiera de las hipótesis a que se refiere el Código Penal en lo relativo a losdelitos contra la administración de justicia u otra argumentación fraudulenta, cuya existenciase haya declarado en fallo posterior firme; después de la sentencia sobrevengan hechosnuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, haganevidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido noes punible o corresponda aplicar una norma más favorable; o cuando corresponda aplicar unaley más benigna, o una amnistía o se produzca un cambio en la jurisprudencia que favorezcaal condenado. El artículo 473 de la iniciativa prevé que el tribunal competente podrá anular la sentencia,remitiendo a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciar directamente la sentencia,cuando resulte una absolución o la extinción de la acción o la pena, o sea evidente que no esnecesario un nuevo juicio. La instrumentación del nuevo modelo no será fácil. Requerirá la formación y capacitaciónde los operadores del sistema y de la adecuación de los espacios físicos en los que sedesarrollarán las audiencias. Por ello, en los artículos transitorios se prevé que su entrada envigencia sea de manera escalonada, por Distritos Judiciales. A pesar de las dificultades que implica la puesta en marcha del sistema procesalacusatorio, no cabe duda que la iniciativa de Código Procesal Penal para el Estado Libre y 26 27.
Soberano de Quintana Roo que se acompaña representa un avance en materia de derechosfundamentales y seguridad jurídica.Por lo antes expuesto, tengo a bien someter a la consideración del Poder Reformador delEstado, por conducto de esa Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVADE DECRETO DE CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA, ROO. TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO Sección Única PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍASArtículo 1. Finalidad del procesoEl proceso penal será acusatorio y tiene por objeto establecer la verdad procesal, garantizar lajusticia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia deldelito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, en un marco derespeto irrestricto a los derechos de las personas reconocidos en las Constituciones Federal yLocal, en los tratados internacionales ratificados por el Senado de la República y en las leyes.Artículo 2. Juicio previo y debido procesoNadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad sino despuésde una sentencia firme obtenida luego de un proceso expedito, tramitado con arreglo a esteCódigo y con observancia estricta de las garantías y derechos previstos para las personas enlas Constituciones Federal y Local, en los tratados internacionales ratificados por el Senadode la República y en las leyes.Artículo 3. Principios rectores 27 28.
En el proceso penal se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad,inmediación, contradicción, continuidad y concentración, en las formas que este Códigodetermine.Los principios, derechos y garantías previstos por este Código serán observados en todoproceso del cual pueda resultar una sanción penal, medida de seguridad o cualquier otraresolución que afecte los derechos de las personas.Artículo 4. Regla de interpretaciónDeberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten o restrinjan decualquier forma, incluso cautelarmente, la libertad personal, limiten el ejercicio de un derechoconferido a los sujetos del proceso, establezcan sanciones procesales o exclusionesprobatorias. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva, como la analogía y lamayoría de razón, mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de unafacultad conferida a quienes intervienen.Artículo 5. Presunción de inocenciaEl imputado será considerado y tratado como inocente en todas las etapas del proceso y en laaplicación de la ley penal, mientras no se declare su culpabilidad por sentencia firme,conforme a las reglas establecidas en este Código.En caso de duda, se estará a lo más favorable para el imputado.Ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindarinformación sobre ella en ese sentido hasta la sentencia condenatoria.En los casos de quienes se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, se admitirá lapublicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.El juez o el tribunal limitará por auto fundado y motivado la intervención de los medios decomunicación masiva cuando la difusión pueda perjudicar el normal desarrollo del proceso oexceda los límites del derecho a recibir información.Artículo 6. Inviolabilidad de la defensaLa defensa es un derecho inviolable en toda etapa del proceso y corresponde a los órganosjurisdiccionales y al ministerio publico garantizarla sin preferencias ni desigualdades.Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales del proceso deberá velar porque elimputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén lasConstituciones Federal y Local, los tratados internacionales ratificados por el Senado de la 28 29.
República y las leyes.Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho a intervenirpersonalmente en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular laspeticiones y observaciones que considere oportunas.Cuando el imputado esté privado de su libertad, el encargado de custodiarlo comunicará aljuez o tribunal, en forma inmediata, las peticiones u observaciones que aquél formule, y leasegurará la comunicación con su defensor. La falta de esta comunicación se sancionará porlas leyes respectivas.Artículo 7. Defensa técnica y adecuada.Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de lasentencia el imputado deberá ser asistido y defendido por un licenciado en derecho,debidamente titulado, con cedula profesional que además tenga dominio del sistemaacusatorio adversarial previsto en este código con independencia, en su caso, de que quieradefenderse por sí mismo.Para tales efectos, podrá elegir a un defensor particular; de no hacerlo, se le asignará undefensor público.El derecho a la defensa técnica y adecuada es irrenunciable y su violación producirá lanulidad absoluta de las actuaciones que se realicen a partir de ese momento.Integra el derecho a la defensa, el derecho del imputado a comunicarse libre y privadamentecon su defensor y a disponer del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa.Las comunicaciones entre el imputado y su defensor son inviolables, y no podrá alegarse,para restringir este derecho, la seguridad de los centros penitenciarios, el orden público ocualquier otro motivo.Los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor,salvo aquellos de carácter personal o cuando exista una limitación a la representación legal oprohibición en la ley.Cuando se impute la comisión de un delito a miembros de pueblos o comunidades indígenasse procurará que el defensor tenga conocimiento de su lengua y cultura.Artículo 8. Derecho a recurrir.El imputado y la víctima u ofendido, en su caso, tendrán derecho a impugnar ante un tribunal 29 30.
distinto del que emitió la decisión, en los supuestos previstos por este Código.Artículo 9. Medidas de coerción.Las medidas de coerción durante el proceso, restrictivas de la libertad personal o de otrosderechos previstas en esta ley, tienen carácter excepcional y su aplicación debe serproporcional al peligro que tratan de resguardar y a la pena o medida de seguridad quepudiera llegar a imponerse, con las salvedades que la Constitución Federal, la Local, una leyde orden general y este Código establecen.Artículo 10. Dignidad de la persona.Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad física,psíquica y moral. Nadie puede ser sometido a torturas ni a otros tratos crueles, inhumanos odegradantes.Artículo 11. Protección de la intimidad.Se respetará el derecho a la intimidad del imputado y de cualquier otra persona, en especial lalibertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles y objetos, así como lascomunicaciones privadas. El cateo, incautación o intervención sobre cualesquiera de ellos,sólo podrá realizarse con autorización de juez competente.Articulo 12. Deber de protección a la víctima u ofendido.El ministerio publico estará obligado a velar por la protección de la victima u ofendido deldelito y de los testigos en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el juez otribunal garantizara conforme a la ley la vigencia de sus derechos durante el procedimiento.El ministerio público deberá velar por la aplicación del principio de justicia restaurativa duranteel curso del procedimiento, u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado ala victima u ofendido.Así mismo, el ministerio público, el juez o tribunal, la policía y los demás organismos auxiliaresdeberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima u ofendido, procurando facilitaral máximo su participación en los trámites en que deba intervenir.Artículo 13. Prohibición de la incomunicación y del secreto (Artículo 12)Queda prohibida la incomunicación del imputado así como el secreto del proceso. 30 31.
Sólo en los casos y por los motivos autorizados por este Código se podrá disponer la reservade alguna actuación y hasta que concluya la ejecución de las diligencias ordenadas o elmotivo que justificó esa decisión.Artículo 14. Justicia prontaToda persona tendrá derecho a ser juzgada y a que se le resuelva en forma definitiva acercade la imputación que recae sobre ella, dentro de los plazos que establece la constituciónfederal y este código. Se reconoce al imputado y a la víctima u ofendido el derecho a exigirpronto despacho frente a la inactividad de la autoridad.Artículo 15. Igualdad ante la leyTodas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismasreglas. Las autoridades deberán tomar en cuenta las condiciones particulares de las personasy del caso, pero no pueden fundar sus decisiones sobre la base de la nacionalidad, género,origen étnico, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o socialu otra condición con implicaciones discriminatorias negativas.Artículo 16. Igualdad entre las partesSe garantiza a las partes el pleno e irrestricto ejercicio de las facultades y derechos previstosen las Constituciones Federal y Local, los tratados internacionales y en este Código.Corresponde a los jueces preservar el principio de igualdad procesal y despejar los obstáculosque impidan su vigencia o la debiliten; por lo tanto no podrán mantener, directa oindirectamente, comunicación con alguna de las partes o sus defensores sobre los asuntossometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas, a menos que la leydisponga lo contrario. La contravención a este precepto será sancionada en los términos queestablezcan las leyesArtículo 17. Juzgamiento únicoLa persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído por sentenciaejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo proceso penal por los mismos hechos.No se podrán reabrir los procesos concluidos, salvo el procedimiento de reconocimiento deinocencia a favor del condenado, según las reglas previstas por este Código. 31 32.
Artículo 18. Juez naturalNadie podrá ser juzgado por jueces o tribunales designados especialmente para el caso.La potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a tribunales constituidos conforme a lasleyes vigentes antes del hecho que motivó el proceso.Artículo 19. Independencia judicialEn su función de juzgar los jueces son independientes de los demás integrantes del PoderJudicial, de los otros poderes del Estado y de la ciudadanía en general.Todas las autoridades están obligadas a prestar la colaboración que los jueces requieran en elejercicio de sus funciones y deberán cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por ellos.Por ningún motivo y en ningún caso los órganos del Estado podrán interferir en el desarrollode las etapas del proceso.En caso de interferencia en el ejercicio de su función, proveniente de otro Poder del Estado,de la ciudadanía o del propio Poder Judicial, el juez competente deberá informar sobre loshechos que afecten su independencia al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.En estos casos la autoridad respectiva deberá adoptar las medidas necesarias para que cesela interferencia, independientemente de las sanciones administrativas, civiles y penales a quehaya lugar.Artículo 20. Objetividad y deber de decidirLos jueces competentes deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a suconocimiento y no podrán abstenerse de decidir, bajo ningún pretexto, aun cuando sea el desilencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, niretardar indebidamente alguna decisión. Para tal efecto, presidirán y presenciarán en suintegridad el desarrollo de las audiencias, y por ningún motivo podrán delegar sus funciones.Desde el inicio del proceso y a lo largo de su desarrollo, las autoridades administrativas yjudiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no sólo lascircunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las favorables a él.Artículo 21. Fundamentación y motivación de las decisionesLos jueces están obligados a fundar y motivar sus decisiones en los términos de lasconstituciones federal y local. La simple relación de los elementos de convicción recabados enla investigación o de las pruebas producidas ante el juez o tribunal, la mención de los 32 33.
requerimientos, argumentos o pretensiones de las partes o de afirmaciones dogmáticas ofórmulas genéricas o rituales no constituyen en caso alguno fundamentación ni motivación. Elincumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme a loprevisto en este Código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.No existe motivación cuando se haya inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto apruebas o elementos de convicción de valor decisivo.Los autos y las sentencias sin fundamentación o motivación serán nulos.Artículo 22. Legalidad de la pruebaLos elementos de convicción y las pruebas sólo tendrán valor si han sido obtenidos yproducidos por medios lícitos e incorporados al proceso del modo que autoriza este Código.No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas o violación de los derechosfundamentales de las personas, ni la obtenida a partir de información originada en unprocedimiento o medio ilícito.Artículo 23. Libre valoración de la pruebaLas pruebas serán valoradas por los jueces según la sana crítica, observando las reglas de lalógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.Artículo 24. Nulidad de los actos procesalesLos actos procesales serán nulos cuando no se observen las formalidades establecidas en laConstitución Federal, Tratados Internacionales, en la Constitución Local y en este código.Artículo 25. Aplicación de garantías del imputadoLa inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no podráhacerse valer en su perjuicio.Tampoco se podrá retrotraer el proceso a etapas anteriores, sobre la base de la violación deun principio o garantía previsto a favor del imputado, salvo cuando él lo consientaexpresamente previa consulta con su defensor o se trate de reposición del procedimiento.Artículo 26. Derecho a indemnizaciónToda persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de error judicial, conforme a esta ley. 33 34.
Artículo 27. Justicia restaurativaSe entenderá por justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima u ofendido y elimputado o condenado participan conjuntamente de forma activa en la resolución decuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin laparticipación de un facilitador.Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades yresponsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de lavíctima u ofendido y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y elservicio a la comunidad. TÍTULO SEGUNDO ACTOS PROCESALES CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Sección 1 FORMALIDADESArtículo 28. IdiomaLos actos procesales deberán realizarse en español.Cuando una persona no comprenda o no se exprese con facilidad en español, se le brindarála ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma.Deberá proveerse traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que nocomprendan el español, a quienes se les permitirá hacer uso de su propia lengua, así como aquienes tengan algún impedimento para darse a entender.Si se trata de un mudo, se le harán oralmente las preguntas y las responderá por escrito; sifuere un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas nosupieren leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos o, a falta de él, aalguien que sepa comunicarse con el interrogado.En el caso de los miembros de grupos indígenas se les nombrará intérprete si lo solicitan, auncuando hablen español. 34 35.
El incumplimiento de las disposiciones anteriores, será causa de nulidad de todo lo actuado.Los documentos y las grabaciones en una lengua distinta del español deberán ser traducidos.En todos los casos, deberá protestarse al traductor o interprete para que se conduzca converdadArtículo 29. Declaraciones e interrogatorios con intérpretesLas personas serán también interrogadas en español o mediante la asistencia de un traductoro intérprete, cuando corresponda. El juez o tribunal podrán permitir, expresamente, elinterrogatorio directo y contrainterrogatorio en otra lengua o forma de comunicación; pero, ental caso, la traducción o la interpretación precederán a las respuestas.Artículo 30. LugarEl juez de control o tribunal, cuando lo consideren necesario para la adecuada apreciación dedeterminadas circunstancias relevantes del caso, podrán constituirse en un lugar distinto de lasala de audiencias, manteniendo todas las formalidades inherentes a la audiencia de que setrate.El debate de juicio oral se llevará a cabo y la sentencia se dictará en el distrito judicial en elque es competente el tribunal, excepto si ello puede provocar una grave alteración del ordenpúblico, no garantiza la defensa de alguno de los intereses comprometidos en el juicio uobstaculiza seriamente su realización.Artículo 31. TiempoSalvo disposición legal en contrario, los actos procesales podrán practicarse en cualquier díay a cualquier hora. Se consignarán el lugar y la fecha en que se lleven a cabo. La omisión deestos datos no tornará ineficaz el acto, salvo que no pueda determinarse, de acuerdo con losdatos del registro u otros conexos, la fecha en que se realizó.Artículo 32. Protesta de decir verdadToda persona que deba prestar declaración judicial lo hará bajo protesta de decir verdadrespecto de todo cuanto sepa y se le pregunte, después de ser instruido sobre las penas quela ley establece para los que se conducen con falsedad o se niegan a declarar, salvo lasexcepciones señaladas en este Código.En el caso de menores de dieciocho años de edad, sólo se les exhortará para que seconduzcan con verdad. 35 36.
Artículo 33. InterrogatorioLas personas que sean interrogadas deberán responder directamente y sin consultar notas nidocumentos, con excepción de los peritos.Artículo 34. Registro de los actos procesalesLos actos procesales se deberán documentar por escrito, por video, audio o cualquier otromedio que garantice su reproducción.Artículo 35. ResguardosCuando se pretenda utilizar registros de video o audio en el juicio, se deberá reservar eloriginal en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta que la sentencia causeejecutoria, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines delproceso. CAPÍTULO II ACTOS Y RESOLUCIONES JUDICIALESArtículo 36. Poder coercitivoPara hacer cumplir las determinaciones que ordenen en el ejercicio de sus funciones, losjueces podrán emplear cualquiera de las siguientes medidas:a) Multa de diez a cien salarios mínimos. Tratándose de jornaleros obreros y trabajadores, nopodrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día; tratándosede trabajadores no salariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su salario;b) auxilio de la fuerza pública; oc) arresto hasta por treinta y seis horas.El ministerio público podrá solicitar al juez de control las medidas señaladas en este artículopara hacer cumplir los actos que ordene en el ejercicio de sus funciones.Artículo 37. Restablecimiento de las cosas a estado previoEn cualquier estado de la causa y a solicitud de la víctima, el juez de control o el tribunal dejuicio oral podrán ordenar, previa garantía si lo considera conveniente y como medidaprovisional, el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre 36 37.
que sus derechos estén legalmente justificados.Artículo 38. IncidentesTodas las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia,deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán como incidentes,previstos en este código.Los incidentes se deducirán oralmente en las audiencias y por escrito en los demás casos,debiendo ofrecerse la prueba que justifica los hechos en que se basan. En todos los casos sedará traslado a la contraparte; si se dedujo por escrito, el traslado será por tres días.Siempre que pueda resultar más adecuado, el juez convocará a audiencia para producir laprueba y debatir la cuestión planteada.Artículo 39. ResolucionesLos jueces de control y tribunales dictarán sus resoluciones en forma de decretos, autos ysentencias.Dictarán sentencia para poner fin al proceso; decretos, cuando ordenen actos de merotrámite; y autos, en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán señalar ellugar y la fecha en que se dictaron.Los actos procesales de órganos unipersonales deberán ser dictados por subtitular. En losórganos colegiados los decretos serán dictados solo por el ponente o presidente. Los autos ysentencias serán sustanciados y resueltos por todos los jueces integrantes por unanimidad omayoría de votos. El juez disidente extenderá y firmara su voto particular.Artículo 40. FirmaSin perjuicio de disposiciones especiales, las resoluciones serán firmadas por los jueces.La falta de firma de algún juez después de haber participado en la deliberación y votación,provocará la nulidad del acto, salvo que el juez no haya podido firmar por un impedimentoinvencible surgido luego del debate.No invalidará la resolución el hecho de que el juez no la haya firmado oportunamente, siempreque la falta sea suplida y no exista ninguna duda sobre su participación en el acto que debiósuscribir, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria.Artículo 41. Precisión y adición 37 38.
Dentro de los tres días posteriores a la notificación, las partes podrán solicitar, por escrito overbalmente la precisión o aclaración de las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias enque estén redactadas las resoluciones o que se adicione su contenido, si el juez o tribunalhubiere omitido resolver algún punto controversial, siempre que tales actos no impliquen unamodificación del sentido de lo resuelto y no conlleven vulneración de derechos fundamentales.La solicitud interrumpirá el plazo para interponer los recursos que procedan y se tramitarácomo incidente.Artículo 42. Resolución firmeEn cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales quedarán firmes yserán ejecutables, sin necesidad de declaración alguna.Artículo 43. Copia auténticaCuando por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de lassentencias o de otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá el valor deaquéllos.Para tal fin, el juez o tribunal ordenarán, a quien tenga la copia, que se la entregue, sinperjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.La reposición también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos deljuzgado o tribunal.Artículo 44. Restitución y renovaciónSi no existe copia de los documentos, el juez o tribunal ordenarán que se repongan, para locual recibirán las pruebas que evidencien su preexistencia y su contenido. Cuando ello seaimposible, dispondrán la renovación, prescribiendo el modo de realizarla.Artículo 45. Copias, informes o certificacionesSi el estado del proceso no lo impide, ni obstaculiza su normal sustanciación, el tribunal podráordenar la expedición de copias, informes o certificaciones que hayan sido pedidos por unaautoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos. 38 39.
CAPÍTULO III COLABORACIÓN ENTRE AUTORIDADESArtículo 46. Reglas generalesCuando un acto procesal deba ejecutarse por medio de otra autoridad, el juez de control, eltribunal o el Ministerio Público podrán encomendarle su cumplimiento.Esas encomiendas podrán realizarse con aplicación de cualquier medio que garantice suautenticidad.La autoridad requerida colaborará con los jueces, el Ministerio Público y la policía, y tramitarásin demora los requerimientos que reciban de ellos. La desobediencia a estas instruccionesserá sancionada administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal quecorresponda.Artículo 47. Exhortos a autoridades extranjerasLos requerimientos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos yse tramitarán en la forma establecida por los tratados vigentes en el país y las leyes federales.No obstante, en casos de urgencia podrán dirigirse comunicaciones a cualquier autoridadjudicial o administrativa extranjera, anticipando el exhorto o la contestación a unrequerimiento, sin perjuicio de que, con posterioridad, se formalice la gestión, según loprevisto en el párrafo anterior.Artículo 48. Exhortos de otras jurisdiccionesLos exhortos de otras jurisdicciones serán diligenciados, sin retardo, siempre que noperjudiquen la jurisdicción del tribunal y se encuentren ajustados a derecho.Artículo 49. Retardo o rechazoCuando el diligenciamiento de un requerimiento de cualquier naturaleza fuere demorado orechazado injustificadamente, la autoridad requirente podrá dirigirse al superior jerárquico o aquien ejerza el control disciplinario de quien deba cumplimentar dicho requerimiento, según elcaso, a fin de que, si procede, ordene o gestione la tramitación.Si se trata de una autoridad administrativa o legislativa, el mismo juez de control o MinisterioPúblico, si procediere, ordenará la diligencia al superior jerárquico en el servicio, sin perjuiciode aplicar las sanciones que la ley autorice. 39 Recommended
diegoalejandrolombana
Nike Air Max TN&#1078;&#1077;&#1085;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; NN7647