Source: https://www.scribd.com/document/29340449/TEMA5-PODER-CIUDADANO
Timestamp: 2018-10-23 23:57:08
Document Index: 41125338

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 236', 'artículo 236', 'artículo 337', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 27', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 4', 'artículo 337', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 337', 'artículo 265', 'artículo 236', 'artículo 276', 'artículo 286', 'artículo 285', 'artículo 290', 'artículo 9', 'artículo 291', 'artículo 293', 'artículo 293', 'artículo 174', 'artículo 447', 'artículo 293', 'artículo 72', 'artículo 141', 'artículo 12']

Acta Reunión 057, Asamblea Nacional 22 de octubre de 2009
De acuerdo al texto constitucional 50 el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra conformado por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros, la Procuraduría General de la República y el Consejo de Estado. De esta conformación, podemos destacar, dentro de la estructura constitucional de 1999, el nacimiento de dos nuevos órganos, a saber: el Vicepresidente Ejecutivo y el Consejo de Estado, sin que ello implique un cambio en el sistema presidencialista venezolano, que lejos de atenuarse en la Constitución de 1999 pareciera haber salido mucho más reforzado. Esta conformación descrita anteriormente se visualiza en el gráfico III.11. y se describen seguidamente.
Gráfico III.11. Estructura del Poder Ejecutivo Nacional.
El Presidente de la República, como en todo sistema presidencialista, detenta la titularidad de Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno. 51 El candidato presidencial debe ser elegido con ciertos requisitos de elegibilidad, esto se ara a través del proceso de votación universal, directo y secreto, luego de ser elegido tomará posesión del cargo de Presidente, por un lapso de tiempo, este deberá cumplir con ciertas obligaciones y responsabilidades de no cumplir estas, existen estipuladas en la ley forma de terminación del mandato presidencial. Estos aspectos referidos anteriormente se describen minuciosamente a continuación:
3.1.1. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Presidente de la República
Los requisitos de elegibilidad son 52 los siguientes: 1. Ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. 2. Ser mayor de treinta años y de estado seglar. 3. No estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme y no estar sometido a interdicción civil. 4. No encontrarse ejerciendo el cargo de Vicepresidente Ejecutivo, Ministro, Gobernador o Alcalde, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección 53. 5. Cumplir con los demás requisitos que establece la Constitución y la ley.
3.1.2. Elección
La elección del Presidente de la República, se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Proclamándose electo al candidato que obtuvo la mayoría de votos válidos 54, pudiendo ser reelegido de inmediato, y por una sola vez, para un nuevo período 55. Lamentablemente los constituyentes dejaron pasar la oportunidad de consagrar el requisito de la obtención de la mayoría absoluta para ser electo Presidente de la República y posibilidad de la segunda vuelta.
3.1.3. Duración del período presidencial
El periodo de duración presidencial es de seis años y el candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia 56.
3.1.4. Obligaciones y Responsabilidades
El Presidente de la República está obligado: A procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República, siendo responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo 57.
3.1.5. Forma de Terminación del Mandato
El mandato presidencial puede terminar por vencimiento del mandato constitucional, sea porque no opta por la reelección, porque culmina su segundo mandato o porque fue derrotado en su segunda candidatura. El mandato presidencial también puede terminar por falta absoluta del Presidente de la República. Son faltas absolutas 58 las siguientes:
Su muerte. Su renuncia. Lo que implica una separación voluntaria del cargo. Su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Esta causa es una innovación en la Constitución de 1999. Sin embrago, el texto constitucional no contempla ni las causas de destitución ni la iniciativa para hincar un procedimiento en este sentido, por lo que tendrá que ser la ley la que regule dichas circunstancias, garantizando en todo caso el derecho a la defensa del Presidente de la República. Su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional. Circunstancia que se da cuando una falta temporal se traduce en una de carácter absoluta en virtud del transcurso del tiempo sin que el Presidente de la República se incorpore a sus labores. La revocación popular de su mandato. Para ello deben cumplirse con las exigencias determinadas en el artículo 72 de la Constitución Nacional. A saber: que haya transcurrido la mitad del período para el cual fue electo; presentación de la solicitud de revocatoria por parte de un número de electores igual o superior al veinte por ciento de los inscritos en el registro electoral; que un número igual o superior de electores que eligieron al Presidente de la República vote a favor de su revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores igual o superior al veinticinco por ciento de los electores inscritos en el registro electoral.
Las consecuencias de las faltas absolutas del Presidente de la República varían de acuerdo al momento en que ocurra. Así, si produce antes de tomar posesión o durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes y mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente, se encargará de la Presidencia de la República en el primer supuesto el Presidente de la Asamblea Nacional y en el segundo caso el Vicepresidente Ejecutivo. En estos casos, el nuevo Presidente completará el período constitucional correspondiente. Por el contrario, si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período. También existen las denominadas faltas temporales del Presidente de la República, que no generan la terminación de su mandato y que serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más. Sin embargo, si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta 59, caso en el cual se generará la culminación del mandato presidencial, con las consecuencias antes determinadas. Un ejemplo de esta circunstancia, que puede devenir en el hecho de que una falta temporal pueda ser declarada por la Asamblea Nacional como absoluta, por el transcurso del tiempo, es el enjuiciamiento penal del Presidente de la República, enfermedad, entre otros. Por otra parte, en cuanto a la ausencia del territorio y presentación de memoria y cuenta, expresa lo siguiente: La ausencia del territorio nacional por parte del Presidente de la República no requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada cuando su duración sea igual o inferior a cinco días consecutivos 60. Por último, el Presidente de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea Nacional, dentro de los diez primeros días siguientes a su instalación en sesiones ordinarias, un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior 61. 3.1.6. Las atribuciones del Presidente de la República Las atribuciones del Presidente de la República, se encuentran enumeradas en el artículo 236 de la Constitución Nacional. Dichas atribuciones pueden ser clasificadas en políticas, legislativas y administrativas, las cuales se visualizan en el gráfico siguiente:
Atribuciones Políticas: El Presidente de conformidad con las atribuciones políticas puede dictar los denominados actos de gobierno, que poseen un rango igual al de las leyes, definidos como aquellos actos dictados por el Presidente de
la República, en ejecución directa e inmediata de la Constitución, en ejercicio de la función de gobierno" 62. Siguiendo un mismo orden de ideas, dentro de las atribuciones determinadas en el artículo 236 de la Constitución Nacional, podemos señalar como políticas las siguientes:
Atribuciones Legislativas: Son aquellas facultades cuya finalidad es la determinación de normas, ya sea con carácter legal, como es el caso de los Decretos-leyes y el Decreto de estado de excepción, o con carácter subleva, como por ejemplo los reglamentos. Así, podemos ubicar como atribuciones legislativas las siguientes:
1. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. (numeral 8) 2. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón. (numeral 10) 3. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente Ley Orgánica. (numeral 20) 4. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución. (numeral 7).
Por otra parte, en relación con la facultad para dictar decretos con fuerza de ley, éstos, se encuentran sometidos al cumplimiento de las finalidades, directrices y plazo para el ejercicio de la habilitación determinadas en la ley habilitante, estando sometidos al control de la constitucionalidad por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 63. Así mismo, el hecho de que el Presidente de la República haya sido habilitado para ejercer la función legislativa propia de la Asamblea Nacional, no lo excluye de la obligación determinada en la Constitución Nacional de la consulta como mecanismo de participación de la población en el proceso de elaboración de las leyes 64. En concordancia con ello y con la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Presidente de la República promoverá la participación ciudadana en la gestión pública; y cuando el Presidente de la República proponga la adopción de normas legales, deberán remitir el anteproyecto para su consulta a las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales inscritas en el registro llevado por la Presidencia de la República, pudiendo además cualquier persona presentar por escrito sus
observaciones y comentarios sobre el correspondiente anteproyecto, sin necesidad de estar inscrito en el registro antes indicado 65.
Por último, los decretos leyes pueden ser sometidos a referendo abrogatorio, cuando fuere solicitado por un número no menor del 5% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, y para su validez será indispensable la concurrencia de, por lo menos, el 40% de los electores inscritos en el registro civil y electoral 66.
Dentro de las facultades legislativas del Presidente de la República encontramos la de declarar los estados de excepción y la restricción de garantías constitucionales de conformidad con la Constitución. En ese sentido, los estados de excepción, de acuerdo al artículo 337 de la Constitución, son las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afectan gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos.
La consecuencia de la declaratoria de un estado de excepción es la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de 1999, salvo:
El derecho a la vida. La prohibición de incomunicación o tortura. El derecho al debido proceso. El derecho a la información. En cuanto a este derecho, que se encuentra consagrado en un artículo distinto al derecho a la libertad de expresión, es importante tener presente que no es más que una de las dimensiones del segundo de los nombrados.
Efectivamente, la libertad de expresión tiene una doble dimensión las cuales son: de carácter individual y social, las cuales se describen en el cuadro III.1.
Cuadro III.1. Doble Dimensión Doble dimensión Carácter individual Carácter social Descripción Se refleja en el derecho de poder expresar libremente los pensamientos, ideas e informaciones No es más que el derecho que tenemos todos de recibir información de la más variable índole por parte de otros.
Esta doble dimensión se encuentra establecida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo rango es constitucional, cuando reconoce el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es decir, que la libertad de expresión; es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas, el cual comprende su derecho a tratar de comunicar a otros su punto de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer las opiniones, relatos y noticias.67
Por lo que, el respeto del derecho a la libertad de expresión conlleva el respeto del derecho a la información y viceversa. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención" 68. En razón de ello, se puede afirmar que al no poder restringirse el derecho a la información, por disposición constitucional, no se podría restringir el derecho a la libertad de expresión, cuando el respeto de ambos va de la mano, no pudiendo garantizarse la información plenamente si el derecho a expresarla se encontrara restringido, como los siguientes:
Los demás derechos humanos intangibles. Es decir aquellos que bajo ninguna circunstancia su goce y ejercicio pueden ser modificados por actos del Estado. Adicionalmente, tampoco pueden ser restringidos aquellos derechos consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, cuya suspensión se encuentre prohibida por ellos. En ese sentido, no pueden ser restringidos durante un estado de excepción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los siguientes:
Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica (Artículo 3) Derecho a la Integridad Personal (Artículo 5) Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre(Artículo 6) Principio de Legalidad y de Retroactividad (Artículo 9) Libertad de Conciencia y de Religión (Artículo 12) Protección a la Familia (Artículo 17) Derecho al Nombre (Artículo 18) Derechos del Niño (Artículo 19) Derecho a la Nacionalidad (Artículo 20) Los Derechos Políticos (Artículo 23) Garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Ni tampoco los determinados en el Artículo 4.2 Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Es importante tener presente que el texto de la Constitución de 1999 sólo autoriza, en casos de estados de excepción, a restringir los derechos humanos reconocidos por el Estado venezolano, salvo las excepciones antes apuntadas, a diferencia de los dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el país, donde se faculta la suspensión de los mismos. Tal circunstancia plantea un choque o contradicción entre la norma constitucional determinada en el artículo 337 de la Constitución Nacional y las normas establecidas en los tratados internacionales, como serían el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Dicha contradicción se resuelve, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Nacional, aplicando la norma más favorable, que prevalece en el orden interno venezolano y que en este caso es la contemplada en el artículo 337 de la Constitución, ya que la restricción conlleva la posibilidad del ejercicio de los derechos humanos condicionado al cumplimiento de las pautas determinadas en el propio decreto de estado de excepción, en cambio la suspensión impide el ejercicio de los mismos durante el lapso de duración del referido decreto. La Constitución de 1999 clasifica los estados de excepción en los siguientes, los cuales se describen en cuadro III.2. Cuadro III.2. Estados de excepción. Estados de Excepción Estado de alarma Descripción Se decretará, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación. Estado de emergencia económica Se puede declarar cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Estado de conmoción interior Ocurre en caso de conflicto interno o externo, que exterior ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones.69
Siguiendo con un mismo orden de ideas, los estados de excepción se rigen por los principios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y publicidad. Dichos principios han sido desarrollados por la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
En ese sentido, los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos. Por lo que, si el Estado cuenta con medios distintos para poder solucionar dichas situaciones, no podría declarar un estado de excepción, ya que no habría necesidad para ello 70, es decir, el decreto que declare los estados de excepción será dictado en caso de estricta necesidad para solventar la situación de anormalidad, ampliando las facultades del Ejecutivo Nacional, con la restricción temporal de las garantías constitucionales permitidas.71
Por otro lado, toda medida de excepción debe ser proporcional a la situación que se quiere afrontar en lo que respecta a gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación 72. Lo cual implica que sólo se pueden restringir aquellos derechos humanos que realmente permitan lograr el objetivo buscado a través de la medida de excepción, que no es otra que restaurar el orden normal de las cosas y estrictamente circunscrito al ámbito espacial requerido para ello. Igualmente, toda medida de excepción debe tener una duración limitada a las exigencias de la situación que se quiere afrontar, sin que tal medida pierda su carácter excepcional o de no permanencia 73, es decir, tienen un carácter temporal, regido por la necesidad y proporcionalidad de la medida. En ese sentido, si se trata de un estado de alarma sólo puede durar hasta treinta días, prorrogable por treinta días más. Si se refiere a un estado de emergencia económica puede declararse hasta por sesenta días, prorrogable por un plazo igual, y si estamos en presencia de un estado de conmoción interior o exterior la medida puede acordarse hasta por noventa días, siendo prorrogable por noventa días más; y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron 74.
El Decreto que declare el estado de excepción tendrá rango y fuerza de Ley y suspende temporalmente, en las leyes vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto y entrará en vigencia una vez haya sido publicado en la Gaceta Oficial de la República, debiendo ser difundido en el más breve plazo por todos los medios de comunicación social, si fuere posible 75. El estado de excepción regulará el ejercicio del derecho o derechos cuya garantía se restringe, y será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación.
Así mismo, la solicitud de prórroga o aumento del número de garantías restringidas, será aprobado por la mayoría absoluta de los diputados presentes en sesión especial que se realizará sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto. Si por caso fortuito o fuerza mayor la Asamblea Nacional no se pronunciare dentro de los ocho días continuos siguientes a la recepción del decreto,
éste se entenderá aprobado. El acuerdo dictado por la Asamblea Nacional entrará en vigencia una vez publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el cual deberá ser difundido en el más breve plazo, por todos los medios de comunicación social, al día siguiente en que haya sido dictado, si fuere posible. Para el caso que se presente ante la Comisión Delgada, ésta convocará, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haberse hecho público el decreto de estado de excepción, una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional a los fines de que se pronuncia al respecto. Sólo si le es imposible realizar dicha convocatoria es que estará facultada para pronunciarse sobre la aprobación del decreto de estado de excepción, la solicitud de prorroga o aumento de derechos restringidos.
También el decreto que declare el estado de excepción, su prórroga o aumento del número de garantías restringidas, será remitido por el Presidente de la República dentro de los ocho días continuos siguientes a aquél en que haya sido dictado, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que ésta se pronuncie sobre su constitucionalidad. En el mismo término, el Presidente de la Asamblea Nacional enviará a la Sala Constitucional el Acuerdo mediante el cual se apruebe el estado de excepción. Si ello no se cumpliera, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará de oficio 76.
En el lapso de diez días continuos, contados a partir del recibo de la comunicación del Presidente de la República o del Presidente de la Asamblea Nacional, o del vencimiento del lapso de ocho días continuos sin haber recibido tales comunicaciones, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidirá sobre la constitucionalidad del decreto. El no hacerlo o hacerlo fuera del lapso señalado, conlleva responsabilidad disciplinaria para los magistrados de dicha Sala, pudiendo ser removidos de sus cargos de conformidad con lo establecido en el artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 77. Para el caso de que la Asamblea Nacional, o la Comisión Delegada, desaprobaran el decreto de estado de excepción o denegare su prórroga, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento 78.
También, todos los jueces de la República, en el ámbito de su competencia de Amparo Constitucional, están facultados para controlar la justificación y proporcionalidad de las medidas adoptadas con base al estado de excepción 79.
El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no interrumpiendo el funcionamiento de los órganos del Poder Público. Por lo que, entre otras cosas, el Ejecutivo Nacional tiene la obligación de informar inmediatamente a los Estados Partes de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por conducto del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, de los derechos restringidos, de las causas que motivaron tal restricción y de la fecha en que se haya revocado el decreto 80 y de igual manera informar de tales circunstancias a los Estados que forman partes del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, a través del Secretario General de las Naciones Unidas 81.
Para finalizar, el Presidente de la República también ejerce funciones de colegislador, como serían las determinadas en el artículo 236 de la Constitución Nacional es los siguientes numerales:
1. Celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. (numeral 4) 2. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional. (numeral 18).
Las atribuciones determinadas en los numerales 7, 8, 10, 18 y 20 las ejerce el Presidente de la República en Consejo de Ministros.
Atribuciones administrativas: Dentro de las atribuciones administrativas del Presidente de la República, se encuentran:
1. Administrar la Hacienda Pública Nacional. (numeral 11) 2. Negociar los empréstitos nacionales. (numeral 12) 3. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada. (numeral 13) 4. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a la Constitución y la ley. (numeral 14) 5. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo, informes o mensajes especiales. (numeral 17).
3.2. El Vicepresidente Ejecutivo
El Vicepresidente Ejecutivo, uno de los órganos de nueva creación por la Constitución de 1999, es el órgano directo y colaborador inmediato del Presidente de la República en su condición de Jefe del Ejecutivo Nacional 82. Este, cumple con una serie de condiciones y atribuciones, el mismo podrá ser removido a través de la aprobación de una moción de censura. Estos supuestos se describen minuciosamente a continuación:
3.2.1. Condiciones
Para poder ser designado Vicepresidente Ejecutivo se requiere cumplir con las siguientes condiciones:
Ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. Ser mayor de treinta años y de estado seglar. No estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme y no estar sometido a interdicción civil. No tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad con el Presidente de la República. Cumplir con los demás exigencias determinadas en la Constitución y la ley para aspirar al cargo de Presidente de la República.
3.2.2. Atribuciones
Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 83:
Colaborar con el Presidente de la República en la dirección de la acción del Gobierno. Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las instrucciones del Presidente de la República. Proponer al Presidente de la República el nombramiento y la remoción de los Ministros. Proposición que no ostenta ningún carácter vinculante para el Presidente. Presidir, previa autorización del Presidente de la República, el Consejo de Ministros. Sin embargo, dicha autorización para presidir el Consejo de Ministros no legitima las decisiones tomadas, ya que las mismas, para tener validez, deben ser ratificadas por el Presidente de la República 84. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. Presidir el Consejo Federal de Gobierno. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o funcionarias nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad. Suplir las faltas temporales del Presidente de la República. En caso de falta absoluta asumir el cargo del Presidente de la República por 30 días si la falta se produce durante los primeros cuatro años del mandato, mientras se elige un nuevo Presidente de la República, y hasta finalizar el período presidencial si se produce la falta durante los dos últimos años del mandato 85. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente de la República. Las demás que le señalen esta Constitución y la ley. Dentro de las cuales se encuentra presidir el Consejo de Estado 86.
El Vicepresidente Ejecutivo es responsable de sus actos de conformidad con la Constitución y la ley 87.
3.2.3. Moción de Censura
La Asamblea Nacional tiene la atribución de remover de su cargo al Vicepresidente Ejecutivo a través de la aprobación de una moción de censura, por una votación no menor de las tres quintas partes de sus integrantes. En ese caso, el funcionario removido no podrá optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo, o de Ministro por el resto del período presidencial 88.
Ahora bien, la remoción del Vicepresidente Ejecutivo en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional, salvo que la tercera remoción del Vicepresidente Ejecutivo se efectúe en el último año del período constitucional de la Asamblea Nacional, caso en el cual no podrá ser disuelta. En todo caso, el decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución.
3.3. Los Ministros
Los Ministros, son órganos directos del Presidente de la República, siendo responsables de sus actos de conformidad con la Constitución y con la ley 89. Los Ministros son los titulares de los Despachos Ministeriales. No obstante, el Presidente de la República podrá nombrar Ministros de Estado, los cuales, además de participar en el Consejo de Ministros, asesorarán al Presidente de la República y al Vicepresidente Ejecutivo Ejecutiva en los asuntos que le fueren asignados 90. Para ser ministro se requiere poseer algunos requisitos, luego de haber cumplidos estos y seguidamente ser elegidos, se integran en el consejo de ministros. Estos podrán ser también removidos de sus cargos por la aprobación de una moción de censura, estos supuestos se describen detalladamente a continuación.
Poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco años, con las excepciones establecidas en esta Constitución. En el caso de los Ministros de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación deben ser venezolanos por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
3.3.2. Consejo de Ministros
Los Ministros reunidos conjuntamente con el Presidente de la República y con el Vicepresidente Ejecutivo, integran el Consejo de Ministros. El cual será presidido en sus reuniones, por el Presidente de la República 91. Sin embargo, el Presidente de la República podrá autorizar al Vicepresidente Ejecutivo para suplirlo y presidir las reuniones del Consejo de Ministro, caso en el cual se requerirá la ratificación por parte del Presidente de la República de las decisiones tomadas para que puedan tener validez.
De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso o negativo. Al Consejo de Ministros debe asistir el Procurador General de la República, únicamente con derecho a voz 92.
3.3.3. Derecho de palabra ante la Asamblea Nacional, la presentación de su memoria y la moción de censura
Los Ministros deben presentar ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley. Igualmente, los Ministros tienen derecho de palabra en la Asamblea Nacional y en sus comisiones, pudiendo tomar parte en los debates de la Asamblea Nacional, sin derecho al voto 93. Por último, la aprobación de una moción de censura a un Ministro por una votación no menor de las tres quintas partes de los integrantes presentes de la Asamblea Nacional, conlleva su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de Ministro, de Vicepresidente Ejecutivo por el resto del período presidencial.
3.4. La Procuraduría General de la República
La Procuraduría General de la República, es el órgano encargado de asesorar, defender y representar judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, y será consultada para la aprobación de los contratos de interés público nacional 94. Dicha consulta es de carácter obligatorio dada la forma como esta redactada la norma constitucional. En otras palabras, la Procuraduría General de la República se constituye en el abogado del Estado venezolano, siendo de su competencia exclusiva asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional y ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República 95. Su organización, competencia y funcionamiento se encuentran determinados en el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Esta, se encuentra a cargo y bajo la dirección del Procurador General de la República, con la colaboración de los demás funcionarios o funcionarias que determina su Ley Orgánica 96. El Procurador General de la República, será nombrado por el Presidente de la República con la autorización de la Asamblea Nacional, debiendo reunir las siguientes condiciones 97: (Dra. Gladys Gutierrez)
1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. 2. Ser ciudadano de reconocida honorabilidad. 3. Ser jurista de reconocida competencia. 4. Gozar de buena reputación. 5. Haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica. 6. Haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor titular. 7. Ser o haber sido juez superior, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. 8. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley.
El Consejo de Estado, es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional. Tiene atribuida la competencia de recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión 98. De lo anterior se puede apreciar o concluir que la recomendación que exprese el Consejo de Estado no
tiene carácter vinculante para el Presidente de la República, ya que su consulta es potestativa de éste.
Este órgano se encuentra presidido por el Vicepresidente Ejecutivo y estará conformado, además, por cinco personas designadas por el Presidente; un representante designado por la Asamblea Nacional; un representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado por el conjunto de mandatarios estadales 99, los cuales se visualizan en el siguiente gráfico:
Gráfico III.13. Consejo del Estado.
Tema 5. El Poder Ciudadano
En la Constitución de 1999 abandona la tradicional clasificación tripartita del Poder Público, y consagra una clasificación pentapartita conformada por: el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano. El Poder Ciudadano, se inspira, en parte, en el Poder Moral propuesto por el Libertador en su proyecto de Constitución presentado ante el Congreso de Angostura el 15 de Enero de 1819. El Libertador concibió el Poder Moral como la institución que tendría a su cargo la conciencia nacional, velando por la formación de ciudadanos a fin de que pudiera purificarse lo que se haya corrompido en la República, que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos 1.
5.1. Composición del Poder Ciudadano y Funciones en común de los Órganos que lo Integran
El Poder ciudadano se ejerce, a través del denominado Consejo Moral Republicano, que se encuentra compuesto por tres órganos, dos de los cuales tradicionalmente han tenido rango constitucional en Venezuela, como lo son: la Fiscalía del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, y otro de nueva creación en nuestro ordenamiento constitucional como lo es la Defensoría del Pueblo, que sigue la orientación general de organismos similares existentes en los distintas constituciones latinoamericanas 2. La división de este poder se visualiza en el gráfico III.17:
Gráfico III.17. Poder Ciudadano.
Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen tiene en común, de conformidad con la Constitución y la ley, las siguientes atribuciones:
1. Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. 2. Velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. 3. Igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo 3.
5.2. Funciones del Poder Ciudadano
Las funciones del Poder Ciudadano, consagradas en los artículos 275 y 278 de la Constitución Nacional, han sido desarrolladas por la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, estableciendo lo siguiente:
Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público. Velar por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la actividad administrativa del Estado. Promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como las actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al amor a la patria, a las virtudes cívicas y democráticas, a los valores trascendentales de la República, y a la observancia y respeto de los derechos humanos. Promover la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. Efectuar la segunda preselección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la cual será presentada a la Asamblea Nacional. Postular ante la Asamblea Nacional a un miembro principal del Consejo Nacional Electoral y a sus dos suplentes. Calificar las faltas graves que hubieren cometido los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Intentar por órgano del Ministerio Público las acciones a que haya lugar, para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos o funcionarias públicas que hayan sido objeto, en ejecución del control parlamentario, de declaración de responsabilidad política por la Asamblea Nacional. Solicitar de los funcionarios públicos o funcionarias públicas la colaboración que requiera para el desempeño de sus funciones, los cuales estarán obligados a prestarla con carácter preferente y urgente, y a suministrar los documentos e informaciones que le sean requeridos, incluidos aquellos que hayan sido clasificados como confidenciales o secretos de acuerdo con la ley. Formular a las autoridades y funcionarios o funcionarias de la Administración Pública las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones. Imponer a las autoridades y funcionarios o funcionarias de la Administración Pública las sanciones establecidas en la presente Ley. Remitir a los órganos competentes del Estado las denuncias, solicitudes y actuaciones cuyo conocimiento les corresponda, sin perjuicio de la actuación que pudiera tener el Consejo Moral Republicano. Convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Capítulo II del Título II de esta Ley. Elegir a su Presidente o Presidenta dentro de los diez (10) días siguientes a la instalación del Consejo. Para los siguientes períodos, dicha elección se realizará al finalizar cada año de gestión. Designar al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva, demás funcionarios o funcionarias y empleados o empleadas de la Secretaría del Consejo Moral Republicano, así como a los asesores y asesoras ad honores que requiera para el mejor desempeño de sus funciones. Dictar las decisiones con ocasión de los procedimientos sancionatorios previstos en esta Ley.
Dictar el ordenamiento jurídico interno del Consejo Moral Republicano que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Aprobar los planes y programas de prevención y promoción educativa elaborados por la Secretaría Permanente del Consejo Moral Republicano.
Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 276 de la Constitución el Presidente del Consejo Moral Republicano y los(as) titulares de los órganos del Poder Ciudadano presentarán un informe anual ante la Asamblea Nacional en sesión plenaria. Así mismo, presentarán los informes que en cualquier momento les sean solicitados por la Asamblea Nacional. Dicho informe anual, presentado por el Consejo Moral Republicano se hará dentro de los primeros noventa (90) días de cada año 4.Tanto los informes ordinarios como los extraordinarios se publicarán.
5.3. Obligación de colaborar con el Poder Ciudadano
Según en el texto constitucional todos los funcionarios de la Administración Pública están obligados, bajo las sanciones que establezcan la ley, a colaborar con carácter preferente y urgente con los o las representantes del Consejo Moral Republicano en sus investigaciones 5. Pudiendo el Consejo Moral Republicano solicitar las declaraciones y documentos que consideren necesarios para el desarrollo de sus funciones, incluidos aquellos que hayan sido clasificados o catalogados con carácter confidencial o secreto de acuerdo con la ley. En todo caso, el Poder Ciudadano sólo podrá suministrar la información contenida en documentos confidenciales o secretos mediante los procedimientos que establezca la ley. 5.4. Nombramiento y remoción de los órganos del Poder Ciudadano Al efecto del nombramiento del titular de cualquiera de los órganos del Poder Ciudadano, el Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones, el cual estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad, quienes deberán ser venezolanos por nacimiento, y en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en un número no mayor de veinticinco (25) integrantes. En relación a otros requisitos para ser miembro del Comité de Evoluciones, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano delega su determinación en la normativa interna que al efecto dicte el Consejo Moral Republicano.
El Comité de Evaluación de Postulaciones tendrá la función de:
1. Adelantar un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional.
Luego de presentada la terna por parte del Comité de Evaluación, la Asamblea Nacional, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos, al titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular. En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano sesenta días antes del vencimiento del período para el cual fueron designados los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días continuos, a la designación del titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente. Los integrantes del Poder Ciudadano serán removidos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes casos:
Por manifiesta incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, con la aprobación de la Asamblea Nacional. Por abandono del cargo, declarado por el Tribunal Supremo de Justicia. Por no cumplir con las obligaciones que les imponen los artículos 274, 275 y 278 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como integrantes del Consejo Moral Republicano, y las demás obligaciones que les impone la ley, por su condición de tal. Por incumplimiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes. Cuando sus actos públicos atenten contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano y de los órganos que representan, y cometan hechos graves que, sin constituir delitos, pongan en peligro su credibilidad e imparcialidad comprometiendo la dignidad del cargo. Cuando ejerzan influencia directa en la designación de quienes cumplan funciones públicas. Cuando incurran en abuso o exceso de autoridad. Cuando en sus decisiones administrativas incurran en grave e inexcusable error, reconocido en sentencia. Cuando en sus decisiones administrativas hagan constar hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron. Cuando infrinjan alguna de las prohibiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
5.5. De los órganos que conforman el Poder Ciudadano individualmente considerados
Cabe destacar que el Poder Ciudadano es independiente, y es por ello que los órganos que lo componen son: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República; estas gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, que dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual variable. De allí la necesidad de estudiar cada uno de ellos en forma individual, para conocer su estructura y funciones propias.
5.5.1. La Defensoría del Pueblo
La Constitución de 1999 al consagrar al Defensor del Pueblo lo que hace es recoger "una institución que nace en los países escandinavos y que ha tenido auge en Europa y en gran parte de América Latina. La Defensoría del Pueblo representa la institución del Poder Público más vinculada y cercana a los ciudadanos, cuyas funciones son esenciales para controlar los excesos del poder y garantizar que el sistema democrático no sólo sea una proyección constitucional, sino una forma de vida en sociedad con eficacia y realidad concreta, donde los derechos e intereses de los ciudadanos sean respetados" 6. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos, de los ciudadanos y ciudadanas, y su organización funcionamiento en el ámbito municipal, estadal y nacional se encuentra determinada en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor o Defensora del Pueblo, quien será designado por un único período de siete años por la Asamblea Nacional con el voto favorable de sus dos terceras partes. Para ser Defensor del Pueblo se requiere poseer algunos requisitos, los cuales son: 1. Ser venezolano y sin otra nacionalidad. 2. Mayor de treinta años, con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley. 3. No podrá ser Defensor o Defensora del Pueblo quien haya sido condenado o condenada penalmente por sentencia judicial definitivamente firme. El cargo de Defensor o Defensora del Pueblo, es de dedicación exclusiva, por lo que su ejercicio es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo o actividad de carácter político, partidista, sindical, gremial o asociativo; con el ejercicio de cualquier cargo público remunerado, con el ejercicio privado de la profesión, ni siquiera a título de consulta; con la participación en la gestión y administración ordinaria de actividades privadas lucrativas, ni por sí ni por interpuesta persona, a excepción de las actividades docentes y la afiliación a las corporaciones gremiales nacionales o internacionales propias de la institución de la Defensoría del Pueblo 7.
El Defensor del Pueblo gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones 8, desde su designación hasta la conclusión de su mandato, y, por lo tanto, no podrá ser perseguido o perseguida, detenido o detenida, ni enjuiciado o enjuiciada por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En los casos de presunta comisión de un delito, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención y continuar su enjuiciamiento 9. En caso de delito flagrante, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y lo comunicará de inmediato al Tribunal Supremo de Justicia.
El Defensor del Pueblo cuenta con el Director Ejecutivo, como colaborador inmediato en la definición de políticas, estrategias, directrices, planes y programas relacionados con los derechos humanos. Dicho cargo es de libre nombramiento y remoción del Defensor del Pueblo. Las faltas absolutas o temporales del Defensor o Defensora del Pueblo serán cubiertas de por el Director Ejecutivo de la Defensoría del Pueblo 10.
Por lo tanto son atribuciones del Defensor del Pueblo las siguientes:
Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones señaladas en los numerales anteriores, cuando fuere procedente de conformidad con la ley. Instar al Fiscal o a la Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto de los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables por la violación o menoscabo de los derechos humanos. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos del público consumidor y usuario, de conformidad con la ley.
Presentar ante los órganos legislativos municipales, estadales o nacionales, proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva protección. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos. Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias para la eficaz protección de los derechos humanos, en virtud de lo cual desarrollará mecanismos de comunicación permanente con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, de protección y defensa de los derechos humanos. Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
5.5.2. El Ministerio Público
El Ministerio Público es un órgano del Poder Ciudadano que tiene por objetivo actuar en representación del interés general y es responsable del respeto a los derechos y garantías constitucionales a fin de preservar el Estado, democrático y social de derecho y de justicia 11; y se encuentra bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias que determine la ley.
Para ser Fiscal General de la República se requiere:
1. Ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. 2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. 3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
El Fiscal General de la República será designado para un período de siete años 12. El Fiscal General de la República será juramentado por la Asamblea Nacional dentro de los diez días siguientes a su designación 13. Todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Ministerio Público, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 286 de la Constitución Nacional, se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, publicada en Gaceta Oficial No. 38.647 del 19 de marzo de 2007. El Ministerio Público es un órgano del Poder Público Nacional independiente de todos los demás Poderes Públicos, y goza de autonomía funcional, organizativa, presupuestaria, financiera y administrativa. En consecuencia, no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus atribuciones por ninguna autoridad 14. Dentro del ministerio público se encuentran las siguientes atribuciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 285 de la Constitución Nacional las siguientes: Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. 1. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. 2. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. 3. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley. 4. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones. 5. Las demás que establezcan la Constitución y la ley.
El ejercicio de dichas atribuciones por parte del Ministerio Público no menoscaba el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los particulares o a otros funcionarios de acuerdo con la Constitución y la ley.
5.5.3. La Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y
organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control 15. La Contraloría, en el ejercicio de sus funciones, verificará la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control 16. La organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 de la Constitución, se encuentra determinada en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República está bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General de la República, quien debe cumplir con ciertos requisitos los cuales son:
Ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad. Mayor de treinta años y con probada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo.
El Contralor General de la República será designado para un período de siete años. Teniendo como atribuciones las siguientes 17:
Velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás Leyes relacionadas con esta materia. Se entiende por Sistema Nacional de Control Fiscal, el conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que, integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, interactúan coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos entes y organismos sujetos a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, así como también al buen funcionamiento de la Administración Pública. Dictar las normas reglamentarias sobre la estructura, organización, competencia y funcionamiento de las Direcciones y demás dependencias de la Contraloría. Dictar el Estatuto de Personal de la Contraloría de conformidad con lo previsto en esta Ley, y nombrar, remover, destituir y jubilar al personal conforme a dicho Estatuto y demás normas aplicables. Ejercer la administración de personal y la potestad jerárquica. La administración y disposición de los bienes nacionales adscritos a la Contraloría. Representar a la Contraloría en el Consejo Moral Republicano. Colaborar con todos los órganos de la Administración Pública, a fin de coadyuvar al logro de sus objetivos generales. Dirigir la actuación de la Contraloría, con preferencia hacia las áreas de mayor importancia económica e interés estratégico nacional.
Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal. Presentar cada año el proyecto de Presupuesto de Gastos de la Contraloría. Fomentar el carácter profesional y técnico en el ejercicio del control fiscal. Presentar un informe anual ante la Asamblea Nacional, en sesión plenaria, y los informes que en cualquier momento le sean solicitados por la Asamblea Nacional.
Por otra parte, las atribuciones que le competen a la Contraloría General de la República son las siguientes: 1. Ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley. 2. Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley. 3. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley. 4. Instar al Fiscal o a la Fiscal de la República a que ejerzan las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones. 5. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes. 6. Las demás que establezcan esta Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Así mismo la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su artículo 9, dispone que se encuentren bajo el control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la República lo siguiente:
Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos.
Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales. El Banco Central de Venezuela. Las universidades públicas. Las demás personas de Derecho Público nacionales, estadales, distritales y municipales. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas. Las fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos, o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto. Las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualesquiera de los organismos o entidades mencionadas en los numerales anteriores o que reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos públicos.
Aunando a lo antes expuestos, la Constitución Nacional consagra en su artículo 291 una Contraloría General de la Fuerza Armada como parte integrante del sistema nacional de control. Teniendo a su cargo la vigilancia, control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos afectos a la Fuerza Armada Nacional y sus órganos adscritos, sin menoscabo del alcance y competencia de la Contraloría General de la República.
Su organización y funcionamiento se encuentra determinada en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional y está bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General de la Fuerza Armada Nacional, quien será nombrado por un Comité de Evaluación de Postulaciones que estará conformado por el Presidente de la República y el Alto Mando Militar, el cual dictará las condiciones que han de regir el concurso y determinará cuál de los postulados ha obtenido la mayor calificación, correspondiendo al Presidente de la República su designación 18.
El Contralor General de la Fuerza Armada Nacional debe ser militar en servicio activo, con el grado de General o su equivalente en la Armada, y haber obtenido la máxima
calificación resultante del concurso de oposición. Permanecerá en el desempeño de su cargo por un período de tres años, pudiendo optar a su reelección en nuevo concurso. Son atribuciones y obligaciones del Contralor General de la Fuerza Armada Nacional 19 son las siguientes:
Ejercer la administración de su personal y la potestad disciplinaria y jerárquica del mismo. Dirigir la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional. Dictar los instrumentos jurídicos sobre la estructura, organización, competencia y funcionamiento de la dependencia de la Contraloría. Presentar cada año el proyecto de presupuesto de gasto de la Contraloría. Dictar el Estatuto del Personal Civil de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, contentivo de las disposiciones sobre derechos, deberes, ingresos, nombramientos, remuneraciones, remociones, destituciones y jubilaciones. Dictar los actos administrativos que le correspondan dentro del ámbito de sus atribuciones. Ordenar la realización de auditorias, inspecciones, fiscalizaciones y demás controles cuando lo considere pertinente. Ordenar la apertura de las averiguaciones administrativas y decidir sobre los resultados de las mismas, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Ley y el Reglamento respectivo. Colaborar con todas las unidades de la Fuerza Armada Nacional, sus órganos y dependencias adscritas, a fin de coadyuvar al logro de sus objetivos generales. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.
Las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, son supletorias de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional y su Reglamento, en los casos no previstos. Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen en común, de conformidad con la Constitución y la ley, las siguientes atribuciones:
1. Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. 2. Velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. 3. Igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo 20.
Tema 6. El Poder Electoral
Como se ha afirmado anteriormente, una de las innovaciones de la Constitución de 1999 es haber consagrado dentro de su texto como órgano del Poder Público Nacional al Poder Electoral, el cual se rige por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios 1.
De acuerdo a la exposición de motivos la consagración de este nuevo poder es producto de la expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica 2.
El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y, son organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil, la Comisión Electoral, la Comisión de Participación Política y Financiamiento. 3. Estos organismos se visualizan en el siguiente gráfico:
Gráfico III.18. Estructura del poder electoral.
El objetivo esencial de los distintos órganos que conforman el Poder Electoral es garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional 4.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 293 de la Constitución Nacional el Poder Electoral tiene las siguientes atribuciones:
Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan. Dichas leyes y reglamentos no podrán modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma 5.
Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y administrará autónomamente. Dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad políticoelectorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral. Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y velar porque éstas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecidas en la Constitución y en la ley. En especial, decidirá sobre las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de organizaciones con fines políticos, la determinación de sus autoridades legítimas y sus denominaciones provisionales, colores y símbolos. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos. Las demás que determine la ley.
En relación con las facultades antes transcritas, vale la pena comentar la establecida en el numeral 7 relativa al mantenimiento, organización y supervisión del Registro Civil y Electoral, y la determinada en el numeral 6 sobre la organización de las elecciones de organismos de la sociedad civil, los cuales se describen a continuación:
a. El registro civil (numeral 7 del artículo 293 de la Constitución): La competencia que corresponde al Poder Electoral para mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral no excluye la competencia que otros órganos tengan al respecto. Así la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 2651 del 2 de octubre de 2003, determinó que la competencia en la materia debe distribuirse de la siguiente forma:
"Todo lo relativo al manejo de libros y realización de los asientos corresponderá a las autoridades que determine el Código Civil, sea la primera autoridad civil o aquéllas que, por excepción, hagan sus veces. Quedan excluidos de poder en esta materia los Concejos Municipales, salvo en el aspecto ya indicado en el fallo, y los Registradores Principales.
En la oportunidad en que corresponda según el Código, las autoridades competentes para llevar los libros deberán remitirlos a los Jueces de Primera Instancia en lo Civil, en cumplimento estricto de las formas que ordena ese Código. Cumplida la labor judicial, esos mismos libros deben ir a la Comisión del Registro Civil y Electoral, parte del Poder Electoral, único con competencia para llevar el registro central. En ejercicio de esa competencia, además, dicha Comisión puede ejercer las facultades que establece la Ley Orgánica del Poder Electoral y los Alcaldes, como primeras autoridades civiles de los Municipios, deben mantener permanentemente informados a la Comisión, para que ésta pueda efectivamente cumplir con su cometido constitucional. El resto de los órganos con competencia en materia de registro civil y electoral a los que se refiere la Ley Orgánica del Poder Electoral cumplirán las funciones que ese texto les atribuye".
Por otro lado, en la misma sentencia la Sala llega a las siguientes conclusiones:
A partir de la Constitución de 1999, el Registro Civil y Electoral, como registro único, es competencia del Poder Electoral, a través de la Comisión de Registro Civil y Electoral, a tenor de lo dispuesto en sus artículos 292 y 293, numeral 7. Ahora bien, sin eliminar esa atribución, reconocida de manera expresa por el Texto Fundamental, que no la concede a ningún otro órgano, el legislador puede válidamente regular la manera como se llevará efectivamente ese Registro, es decir, la forma como se harán los asientos correspondientes a los diferentes aspectos de relevancia sobre el estado de las personas. Para ello, bien puede mantener el sistema tradicional o instaurar uno nuevo. Actualmente ha escogido lo primero, según se ha indicado, por lo que los libros del Registro Civil corresponde llevarlos a la primera autoridad civil de los Municipios, quien deberá actuar de conformidad con el Código Civil y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Como la primera autoridad civil de un Municipio es el Alcalde, de acuerdo con el artículo 174 de la Constitución, es él quien debe llevar los registros correspondientes, y ya no los Prefectos ni Jefes Civiles, antiguas primeras autoridades de Municipios y parroquias. Ello, sin perjuicio de las reglas para casos especiales que fijó el Código Civil. Esa primera autoridad civil de los municipios, si bien anteriormente tenía el control total del Registro Civil, ahora debe actuar sólo como colaborador con el órgano que constitucionalmente tiene el poder de centralización del Registro: la Comisión de Registro Civil y Electoral, por lo que debe atenerse a lo que, al respecto, dispone la Ley Orgánica del Poder Electoral.
En consecuencia, los Estados, quienes los llevaban por medio de Prefectos y Jefes Civiles el Registro Civil, deben entregar los Libros respectivos, aquéllos que regula el Código Civil, a los Alcaldes, quienes en lo sucesivo, actuarán de la manera como antes los hacían Prefectos y Jefes Civiles. Ello no excluye, según lo indicado, la competencia para que otros funcionarios, en los casos expresamente ordenados por la ley, lleven libros especiales, tales como: los de matrimonios en Concejos Municipales o ante otros funcionarios habilitados para presenciar esos actos. En todo caso, todos esos Libros pasan a ser centralizados por el Poder Electoral, y no deben ser entregados a los Registros Principales, pues las disposiciones al respecto se encuentran derogadas por la Constitución. Está parcialmente derogado el artículo 447 del Código Civil, en lo que se refiere al establecimiento de un poder a cargo de los Concejos Municipales respecto del control de los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones. De esta manera, no son los Concejos Municipales los que entregarán ahora a los Alcaldes los Libros respectivos. Además, esos Libros no necesitan ir firmados por el Presidente del Concejo Municipal, que no es otro que el propio Alcalde. En la actualidad los libros deben provenir de la Comisión de Registro Civil y Electoral y estar firmados por su Director. Por supuesto, ello no incluye el caso de los libros que ya están iniciados, preparados conforme a la normativa previa. Los Alcaldes, recibirán los actuales libros entregados por el Estado, una vez recuperados los Prefectos y Jefes Civiles, deberán de inmediato poner en conocimiento a la Comisión de Registro Civil y Electoral de toda la información contenida en ellos. Esa información deberá ser procesada por la referida Comisión y mantenerse continuamente actualizada, de manera de que no haya disparidad entre la información que reposa en los Libros que llevan los Alcaldes y la que mantiene la Comisión de Registro Civil y Electoral.
b. La organización de las elecciones de organismos de la sociedad civil. (numeral 6 del artículo 293 de la Constitución): Haciendo una interpretación de esta normativa constitucional la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha afirmado que pueden ser catalogados como organismos de la sociedad civil, y por ende facultados para pedir la colaboración del Consejo Nacional Electoral en la realización de las elecciones internas para designar a sus autoridades las asociaciones de vecinos 6, los Clubes Sociales 7, y las Cámaras de comercio o industriales 8. En fin, "el Poder Electoral asume no sólo las funciones que eran ejercidas por el anterior Consejo Nacional Electoral, extendidas o ampliadas a la organización y realización de los actos electorales destinados a la elección de cargos públicos, sino también las atinentes al régimen refrendario, elecciones de sindicatos, gremios profesionales y asociaciones con fines políticos. Igualmente, se extiende la posibilidad de su participación en las elecciones de otras organizaciones de la sociedad civil" 9 .
6.2. El Consejo Nacional Electoral
El Consejo Nacional Electoral está integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos serán postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno por el Poder Ciudadano. Los tres integrantes postulados por la sociedad civil tendrán seis suplentes en secuencia ordinal, y cada designado por las universidades y el Poder Ciudadano tendrá dos suplentes, esta descripción se visualiza en el gráfico III.19.
Gráfico III.19. Consejo Nacional Electoral.
Siguiendo con lo antes expuesto, la Constitución Nacional consagra el Comité de Postulaciones Electorales de candidatos a integrantes del Consejo Nacional Electoral, el cual estará integrado: por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley. En ese sentido, se pude decir, que la Asamblea Nacional, burlando la letra de la Constitución, determinó, en la Ley Orgánica del Poder Electoral, que dicho Comité está integrado por: veintiún (21) miembros, de los cuales once (11) son Diputadas designados por la plenaria de la Asamblea Nacional con las dos terceras (2/3) partes de los presentes, y diez (10) serán postuladas o postulados por los otros sectores de la sociedad.
De esta forma se confiscó el derecho a la participación política de los diversos sectores de la sociedad civil de integrar de forma exclusa el Comité de Postulaciones. Al contrario, violándose la norma constitucional, se conformó un 'Comité' con mayoría de diputados los cuales por ser parte del Poder Legislativo, no son parte de la sociedad civil” 10.
Dicho Comité tiene, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Electoral, las siguientes atribuciones: 1. Recibir las postulaciones para cargos de Rectoras Electorales como: principales y suplentes. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para ser Rector Electoral. 3. Elaborar y presentar ante la Asamblea Nacional las listas de los elegibles conforme al procedimiento establecido en la Ley.
Los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, en forma separada: los tres postulados por la sociedad civil al inicio de cada período de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo; pudiendo ser removidos por la propia Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Para el funcionamiento y toma de decisiones el Consejo Nacional Electoral requiere de un mínimo de tres (3) Rectoras. Sus decisiones se tomarán con el voto favorable de por lo menos tres (3) de sus miembros, salvo en los casos en que la ley exija cuatro (4) votos.
Para finalizar, la propia constitución consagra una jurisdicción contenciosa administrativa especial, otorgada a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley, que tiene por finalidad controlar jurisdiccionalmente los actos, omisiones, vías de hecho emanados del Poder Electoral, a propósito de los procesos comiciales referidos y a su funcionamiento 11. Es ese orden de ideas, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia otorga competencia a la Sala Electoral para conocer: 1. Los recursos que se ejerzan contra actos, actuaciones y omisiones relacionados con la constitución, denominación, funcionamiento y cancelación de las organizaciones políticas con la designación de miembros de organismos
electorales, con el Registro Electoral Permanente, con la postulación y elección de candidatos a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional. 2. Conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales con competencia en materia electoral, que aún cuando no fueran recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala Electoral.
Tema 8. El Poder Público Municipal
De acuerdo a la normativa constitucional se define el Municipio como la unidad política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley.
La autonomía municipal se define como la facultad que tiene el Municipio para elegir sus autoridades, gestionar las materias de su competencia, crear, recaudar e invertir sus ingresos, dictar el ordenamiento jurídico municipal, así como organizarse con la finalidad de impulsar el desarrollo social, cultural y económico sustentable de las comunidades locales, y los fines del Estado.
En el ejercicio de su autonomía corresponde al Municipio las siguientes facultades:
Elegir sus autoridades. Crear parroquias y otras entidades locales. Crear instancias, mecanismos y sujetos de descentralización, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Asociarse en mancomunidades y demás formas asociativas intergubernamentales para fines de interés público determinados. Legislar en materia de su competencia, y sobre la organización y funcionamiento de los distintos órganos del Municipio. Gestionar las materias de su competencia. Crear, recaudar e invertir sus ingresos. Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones relativas a los mismos. Impulsar y promover la participación ciudadana, en el ejercicio de sus actuaciones. Las demás actuaciones relativas a los asuntos propios de la vida local conforme a su naturaleza.
Ahora bien, las actividades propias de las competencias del Municipio se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna.
8.1. Competencia de los Municipios
Las competencias del Municipio son: propias, concurrentes, descentralizadas y delegadas, las cuales explican en el cuadro III.4.
Cuadro III.4. Competencia de los Municipios. Competencias de los Municipios Propias Concurrentes Descentralizadas Descripción Corresponden exclusivamente al Municipio. Son aquellas que el Municipio comparte con el Poder Nacional o Estadal. Le corresponden en virtud de un proceso de descentralización del poder y que se traducen en la transferencia que el Poder Estadal o Nacional realiza de alguna de sus competencias al Municipio. Son aquellas que el Poder Estadal o Nacional comisiona para ser ejercidas por el Municipio en los términos determinados en el acto de delegación.
Ahora bien, son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigna la Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:
Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos municipales. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servicios de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas; servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios. Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable. Las demás que le atribuyan esta Constitución y la ley.
Las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se definan en la ley conforme a la Constitución. Por otra parte, el Municipio ejerce sus competencias a través de los instrumentos jurídicos de: ordenanzas, acuerdos, reglamentos, decretos, resoluciones y otros instrumentos jurídicos, los cuales se describen en el cuadro III.5.
Cuadro III.5. Instrumentos Jurídicos. Instrumentos Jurídicos Descripción Ordenanzas Son los actos que sanciona el Concejo Municipal para establecer normas con carácter de ley municipal, de aplicación general sobre asuntos específicos de interés local. Acuerdos Son los actos que dictados por los Concejos Municipales sobre asuntos de efecto particular. Estos acuerdos serán publicados en la Gaceta Municipal cuando afecten la Hacienda Pública Municipal. Reglamentos Son los actos del Concejo Municipal para establecer su propio régimen, así como el de sus órganos, servicios y dependencias. Decretos Son los actos administrativos de efectos generales, dictados por el Alcalde y deberán ser publicados en la
Resoluciones Otros instrumentos jurídicos
Gaceta Municipal o Distrital. El alcalde reglamentará las ordenanzas mediante decreto, sin alterar su espíritu, propósito o razón y, en todo caso, deberán ser publicados en la Gaceta Municipal o Distrital. Son actos administrativos de efectos particulares, dictados por el alcalde, el Contralor Municipal y demás funcionarios competentes. Son de uso corriente en la práctica administrativa, ajustados a las previsiones que las leyes señalen.
8.2. Organización municipal, administración y gobierno municipal
El Poder Público Municipal, se ejerce a través de cuatro funciones: la función ejecutiva, función deliberante, función de control y la función de planificación, las cuales se describen en el siguiente cuadro:
Cuadro III.6. Funciones del Poder Público Municipal. Funciones del Poder Publico Municipal Función ejecutiva Función deliberante Función de control Función de planificación Descripción Es desarrollada por el Alcalde a quien corresponde el gobierno y la administración. Corresponde al Concejo Municipal, integrado por concejales. Corresponderá a la Contraloría Municipal, en los términos establecidos en la ley y su ordenanza. Será ejercida en corresponsabilidad con el Consejo Local de Planificación Pública.
Cada Municipio mediante ordenanza, dictará el Estatuto de la Función Pública Municipal que regulará el ingreso por concurso, ascenso por evaluación de méritos, seguridad social, traslado, estabilidad, régimen disciplinario y demás situaciones administrativas. Asimismo, los requerimientos de formación profesional, los planes de capacitación y carrera de los funcionarios al servicio de la administración pública municipal, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
8.2.1. La función ejecutiva: El Alcalde
En cada Municipio se elegirá un alcalde por votación universal, directa y secreta, con sujeción a lo dispuesto en la legislación electoral. El alcalde es la primera autoridad civil y política en la jurisdicción municipal, jefe del ejecutivo del Municipio, primera autoridad de la policía municipal y representante legal de la entidad municipal. Tendrá carácter de funcionario público.
Durará en el ejercicio de sus funciones cuatro años, pudiente ser reelegido de inmediato y por una sola vez para un nuevo período. La elección de los alcaldes será necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Nacional; cuando pudiera plantearse la coincidencia, aquélla quedará diferida por un lapso no menor de seis meses ni mayor de un año, según la decisión que tome el órgano electoral nacional.
Para aspirar al cargo de Alcalde se requiere ser venezolano, mayor de veinticinco años de edad, de estado seglar y tener su residencia en el Municipio durante al menos, los tres últimos años previos a su elección. En caso de ser venezolano por naturalización, requiere tener residencia ininterrumpida en el país durante al menos los quince años previos al ejercicio. Además la persona no puede estar sujeta a interdicción civil o inhabilitación política, no puede estar ejecutando, por sí o interpuesta persona, contrato o prestando servicio público por cuenta del Municipio, fundación o empresa con participación de la entidad municipal; o tener acciones, participaciones o derechos en empresas que tengan contratos con el Municipio. Igualmente la persona no debe ser deudor moroso en cualquier entidad municipal o al tesoro nacional. Para el caso de los municipios
fronterizos el aspirante deberá ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
Los candidatos a alcalde deberán someter de manera pública a la consideración de los electores, los lineamientos de su programa de gobierno que presentará al momento de la inscripción de la candidatura para su registro en el organismo electoral respectivo, que lo difundirá a través de su portal electrónico u otro medio idóneo. Debiendo, de resultar electo, incorporar los lineamientos generales del programa presentado para la gestión, en la propuesta del respectivo plan municipal de desarrollo.
El alcalde electo tomará posesión del cargo, mediante juramento ante el Concejo Municipal, en la primera sesión de cada año del período municipal o en la primera sesión del mes siguiente a su elección. Si por cualquier motivo sobrevenido el alcalde no pudiese tomar posesión ante el Concejo Municipal, lo hará ante un juez de la circunscripción judicial donde se encuentre el respectivo Municipio.
El Alcalde como autoridad electa del Poder Público Municipal se encuentra sujeto al referendo revocatorio en los términos establecidos en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El alcalde tiene las siguientes atribuciones y obligacione 1:
Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la constitución del estado, leyes nacionales, estadales, ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales. Dirigir el gobierno y la administración municipal, velando por la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos dentro del ámbito de su competencia, y ejercer la representación del Municipio. Dictar reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos en la entidad local. Proteger y conservar los bienes de la entidad, para lo cual deberá hacer la actualización del inventario correspondiente; y solicitar a la autoridad competente el establecimiento de las responsabilidades a que haya lugar para quienes los tengan a su cargo, cuidado o custodia. Ejecutar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales. Suscribir contratos que celebre la entidad, con previsión de la disposición de los gastos que generen, y ordenar sus pagos de conformidad con lo establecido en las leyes y ordenanzas que rigen la materia.
Ejercer la máxima autoridad en materia de administración de personal y, en tal carácter, ingresar, nombrar, remover, destituir y egresar, conforme a los procedimientos administrativos establecidos en la ordenanza que rige la materia, con excepción del personal asignado al Concejo Municipal. Presidir el Consejo Local de Planificación Pública, conforme al ordenamiento jurídico. Formular y someter a consideración del Consejo Local de Planificación Pública, el Plan Municipal de Desarrollo con los lineamientos del programa de gestión presentado a los electores, de conformidad con las disposiciones nacionales y municipales aplicables. Someter a consideración del Concejo Municipal los planes de desarrollo urbano local, conforme a las normas y procedimientos establecidos en los instrumentos normativos nacionales. Elaborar y presentar el proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal siguiente. Presentar a consideración del Concejo Municipal, proyectos de ordenanzas con sus respectivas exposiciones de motivos, así como promulgar las ordenanzas sancionadas por el Concejo Municipal y objetar las que considere inconvenientes o contrarias al ordenamiento legal, de conformidad con el procedimiento previsto en la ordenanza sobre instrumentos jurídicos municipales. Designar los apoderados judiciales o extrajudiciales que asuman la representación de la entidad para determinados asuntos, previa consulta al síndico procurador municipal. Realizar las atribuciones que en materia del Registro Civil del Municipio le asigne el Poder Electoral. Ejercer la autoridad sobre la policía municipal, a través del funcionario de alta dirección que designe. Conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las leyes y ordenanzas. Informar al Concejo Municipal sobre asuntos de su competencia, cuando le sea requerido, o cuando lo estime conveniente. Presentar al Concejo Municipal, en el segundo mes siguiente a la finalización de cada ejercicio económico-financiero de su mandato, el informe de su gestión y a la Contraloría Municipal la cuenta de la misma, en la cual incluirá informe detallado de las obligaciones impagadas o morosas de los contribuyentes. Presentar dentro del primer trimestre del año, de manera organizada y pública a la comunidad respectiva convocada previamente, la rendición de cuentas de la gestión política y administrativa del año económico financiero precedente, relacionando los logros con las metas del plan municipal de desarrollo y el programa presentado como candidato. Promover la participación ciudadana y la educación para la participación. Ejercer las atribuciones relativas a la competencia municipal, cuando no estén expresamente asignadas a otro órgano. Mantener la observancia rigurosa del ciudadano en la preservación del ambiente, así como hacer cumplir toda la legislación establecida en materia ambiental.
Revisar y resolver los recursos jerárquicos y demás actos administrativos dictados por las distintas dependencias del Municipio. Las que atribuyan otras leyes.
En el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, el alcalde debe llevar relaciones de cooperación y armonización con los poderes públicos nacionales y estadales, así como con las otras entidades locales y órganos del Municipio, y cooperar con ellos para el mejor cumplimiento de sus fines. Asimismo, deberá mantener informada a la comunidad del Municipio, acerca de la marcha de la gestión e interesarla para su incorporación a los propósitos del desarrollo local.
8.2.2. La función deliberante: El Consejo Municipal
La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo Municipal integrado por los concejales electos en la forma determinada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley respectiva. También ejercerá el control político sobre los órganos ejecutivos del Poder Público Municipal.
Para ser concejal se requiere ser venezolano, mayor de veintiún años de edad, y tener residencia en el Municipio durante, al menos, los tres últimos años previos a su elección. En el caso de los municipios fronterizos, los venezolanos por naturalización deben tener más de diez años de residencia en el Municipio. El número de concejales o concejalas que integra el Concejo Municipal es proporcional a la población del Municipio, de acuerdo con las siguientes escalas:
1. Municipios de hasta quince mil habitantes, cinco concejales o concejalas. 2. Municipios de quince mil un habitantes a cien mil habitantes, siete concejales o concejalas. 3. Municipios de cien mil un habitantes a trescientos mil habitantes, nueve concejales o concejalas. 4. Municipios de trescientos mil un habitantes a seiscientos mil habitantes, once concejales o concejalas. 5. Municipios de seiscientos mil un habitantes y más, trece concejales o concejalas.
El Concejo Municipal y sus comisiones, sesionarán con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes, y tomarán sus decisiones con la mayoría relativa de los miembros presentes, salvo disposición legal expresa. El Concejo Municipal o sus comisiones podrán realizar las investigaciones que estimen conveniente en las materias de su competencia. A estos fines, podrán citar al alcalde, y a los funcionarios o empleados municipales para que comparezcan ante ellos, y les suministren las informaciones y documentos que fueren necesarios. Los particulares podrán comparecer voluntariamente o previa citación.
Son deberes y atribuciones del Concejo Municipal las siguientes 2:
Iniciar, consultar a las comunidades y sus organizaciones, discutir y sancionar los proyectos de ordenanzas incluida la relativa a su Reglamento Interior y de Debates, a fin de proveer a la organización de sus funciones, para sancionar las reglas de orden aplicables a sus deliberaciones. Dictar y aprobar su Reglamento Interior y de Debates. En tal Reglamento deberá preverse la persona y el mecanismo para suplir las ausencias temporales o absolutas del Presidente. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística, según lo dispuesto en la legislación respectiva. Ejercer la potestad normativa tributaria del Municipio. Aprobar el presupuesto de gastos que soporte su plan legislativo anual, tomando en cuenta las limitaciones financieras del Municipio. Acordar la participación del Municipio en organizaciones intermunicipales y autorizar la creación, modificación o supresión de órganos desconcentrados o descentralizados, de conformidad con esta Ley. Aprobar el cambio de nombre del Municipio, previa consulta con la población del mismo y de conformidad con las leyes aplicables. Aceptar, previa solicitud motivada del alcalde la delegación o transferencia de competencias que le hagan al Municipio. Elegir en la primera sesión de cada año del período municipal o en la sesión más inmediata siguiente, al Presidente dentro de su seno, y al Secretario fuera de su seno, así como a cualquier otro directivo o funcionario auxiliar que determine su Reglamento Interno. Aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público, y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del alcalde o alcaldesa. Aprobar la escala de remuneraciones de empleados y obreros al servicio del Municipio, y la de los altos funcionarios, de conformidad con las condiciones y límites establecidos en la legislación que regula sus asignaciones. Ejercer la autoridad en materia del sistema de administración de recursos humanos, y, en tal carácter, podrá nombrar, promover, remover y destituir, de conformidad con los procedimientos establecidos en la
ordenanza que rija la materia, con excepción del personal de otros órganos del Poder Público Municipal. Promover los mecanismos que legalmente le estén conferidos y que contribuyan a garantizar en forma eficiente, suficiente y oportuna la participación ciudadana en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública municipal. Autorizar al alcalde, oída la opinión del síndico municipal, para desistir de acciones y recursos, convenir, transigir y comprometer en árbitros. Nombrar el personal de las oficinas del Concejo Municipal, de la Secretaría y del Cronista del Municipio. Imponer, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, las sanciones de suspensión e inhabilitación para el desempeño del cargo de concejal. Aprobar el Plan de Inversión Municipal, contenido en el proyecto de Ordenanza del Presupuesto presentado por el Consejo Local de Planificación Pública, conforme al mecanismo presentado en la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Autorizar al alcalde para ausentarse por más de quince días de la Alcaldía. Autorizar créditos adicionales al presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero del Municipio. Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública municipal, en los términos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en esta Ley. Los concejales deberán presentar dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal respectivo, de manera organizada y pública a los electores de la jurisdicción correspondiente, la rendición de su gestión legislativa y política del año inmediatamente anterior, en caso contrario, se le suspenderá la dieta hasta su presentación. Organizar toda la normativa referente a la justicia de paz en el Municipio. Las demás que le confieran las leyes, ordenanzas y otros instrumentos jurídicos aplicables.
8.2.3. La función de control: La Contraloría Municipal.
En cada Municipio existirá un contralor municipal, que ejercerá de conformidad con las leyes y la ordenanza respectiva, el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como de las operaciones relativas a los mismos.
La Contraloría Municipal gozará de autonomía orgánica, funcional y administrativa, dentro de los términos establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la ordenanza respectiva.
La Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del contralor municipal, quien deberá:
Ser de nacionalidad venezolana. Mayor de veinticinco años. No estar inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función pública. No tener parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni sociedad de intereses con las máximas autoridades jerárquicas u otros directivos del Ejecutivo Municipal o Distrital, ni con los miembros del Concejo Municipal o del Cabildo. Poseer título de abogado, economista, administrador comercial, contador público o en ciencias fiscales, expedido por una universidad venezolana o extranjera, reconocido o revalidado e inscrito en el respectivo colegio profesional. Poseer no menos de tres años de experiencia en materia de control fiscal. Ser de reconocida solvencia moral.
El contralor municipal será designado por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de la toma de posesión, y cesará en su cargo una vez juramentado el nuevo o la nueva titular. Podrá ser reelegido para un nuevo período mediante concurso público.
Son atribuciones del contralor municipal:
El control posterior de los organismos y entes descentralizados. El control y las inspecciones en los entes públicos, dependencias y organismos administrativos de la entidad, con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones. El control perceptivo que sea necesario con el fin de verificar las operaciones de los entes municipales o distritales, sujetos a control que, de alguna manera, se relacionen con la liquidación y recaudación de ingresos, el manejo y el empleo de los fondos, la administración de bienes, su adquisición y enajenación, así como la ejecución de contratos. La verificación a que se refiere el presente numeral tendrá por objeto, no sólo la comprobación de la sinceridad de los hechos en cuanto a su existencia y efectiva realización, sino también, examinar si los registros o sistemas contables respectivos se ajustan a las disposiciones legales y técnicas prescritas.
El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los bancos auxiliares de la Tesorería Municipal. Elaborar el código de cuentas de todas las dependencias sometidas a su control, que administren, custodien o manejen fondos u otros bienes del Municipio o del Distrito; velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de contabilidad y resolver las consultas que al respecto formulen. Ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad de los entes sujetos a su control, conforme al sistema contable fiscal de la República, los cuales estarán obligados a incorporar en el lapso que se les fije, salvo que demuestren la improcedencia de los mismos. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación de las cuentas, en la forma y oportunidad que determine la Contraloría General de la República. El control de los resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que operan las entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y control. La vigilancia para que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por la República u organismos públicos al Municipio o a sus dependencias, entidades descentralizadas y mancomunidades, o los que hiciere el Concejo Municipal a otras entidades públicas privadas, sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuadas. A tal efecto, la Contraloría podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estime convenientes. Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde hacer al alcalde o alcaldesa, conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República. Elaborar el proyecto de presupuesto de gastos de la Contraloría, el cual remitirá al alcalde o alcaldesa, quien deberá incluirlo sin modificaciones en el proyecto de presupuesto que presentará al Concejo Municipal. La Contraloría está facultada para ejecutar los créditos de su respectivo presupuesto, con sujeción a las leyes, reglamentos y ordenanzas respectivas. Las demás que establezca las leyes u ordenanzas municipales.
8.2.4. La función de planificación: El Consejo Local de Planificación Pública
El Concejo Local de Planificación Pública es el órgano encargado de integrar al gobierno municipal y a las comunidades organizadas en el proceso de planificación e instrumentación del desarrollo del Municipio.
Una vez elegido el alcalde deberá presentar ante el Consejo Local de Planificación Pública, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su toma de
posesión, las líneas maestras de su plan de gobierno y para dar cabida a criterios de los ciudadanos con el propósito de enriquecer el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la normativa de planificación correspondiente.
8.3. Principios de la Administración Pública
La administración pública municipal se regirá por principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes respectivas. Cada Municipio mediante ordenanza, desarrollará esos principios para la organización y funcionamiento de los órganos del nivel local, central, descentralizado o desconcentrado, con el fin de alcanzar mayores niveles de desempeño, atención y participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión, racionalidad de costos y continuidad en el ejercicio de la función pública. Los órganos que la componen colaborarán entre sí para el cumplimiento de los fines del Municipio.
El propósito de este punto es analizar los principios de carácter constitucional y legal que rigen a la Administración Pública, para poder tener una mejor noción de ésta y de su forma de actuar a nivel municipal, teniendo presente que dichos principios son aplicables a la Administración Pública en general, es decir en sus distintos niveles, tanto nacional, estadal como municipal. Entre los principios se encuentran: Principios rectores de la Administración Pública, Principios Fundamentales relativos a la Administración Pública, Principios relativos a la actividad de la Administración Pública, Principio de publicidad normativa y Principio de lealtad institucional, los cuales se visualizan en el gráfico III. 22.
Gráfico III.22. Principios de la Administración Pública.
Siguiendo con la idea del gráfico III. 22 se describen los principios de la administración pública, mencionados en el mismo.
Principios rectores de la Administración Pública: Dentro de estos principios encontramos:
 La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos 3. Ello encuentra su razón en el hecho de que "la función ejercida por la Administración Pública está sujeta al servicio público o interés general, por ende debe estar al servicio de la ciudadanía sin ningún tipo de distinciones, de privilegios o discriminaciones"4.  El deber de informar a los ciudadanos oportuna y verazmente sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular 5.  El deber de permitir a los ciudadanos el acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la
intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto 6. Es importante recordar que mientras no se dicte la ley la Administración Pública no puede establecer límites al acceso a sus archivos y registros.  La Administración Pública no puede imponer ningún tipo de censura a los funcionarios públicos para que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad 7.
Principios Fundamentales relativos a la Administración Pública: Dentro de estos principios fundamentales, que son comunes a todos los órganos que ejercen el Poder Público, podemos destacar: el principio de la legalidad, el principio de finalidad de la administración pública y el principio de la responsabilidad de los funcionarios públicos, los cuales se describen a continuación:
a. El principio de legalidad: Toda la actividad de la Administración Pública, y la de la totalidad de los órganos que ejercen el Poder Público, se debe realizar con sometimiento pleno a la ley y al derecho 8, es decir a la Constitución y a las leyes.
b. El principio de finalidad de la Administración Pública: implica que la Administración Pública en su actuar debe asegurar a los particulares la efectividad de sus derechos cuando se relacionen con ella. Además, tendrá entre sus objetivos la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas y teniendo en cuenta los recursos disponibles 9.
c. El principio de la responsabilidad de los funcionarios: según el cual el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley 10. Es así como, y sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, los particulares cuyos derechos humanos hayan sido violados o menoscabados por un acto u orden de un funcionario público, podrán, directamente o a través de su representante, acudir ante el Ministerio Público para que éste ejerza las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que haya incurrido dicho funcionario. Igualmente, podrán acudir ante la Defensoría del Pueblo para que ésta inste al Ministerio Público a ejercer dichas acciones y, además, para que la Defensoría del Pueblo solicite ante el Consejo Moral Republicano que
adopte las medidas a que hubiere lugar con respecto a tales funcionarios, de conformidad con la ley 11.
Principios relativos a la actividad de la Administración Pública: En ese sentido, la Constitución Nacional, en su artículo 141, expresa que la actividad de la Administración Pública se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas. Dichos principios también son determinados por el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública cuando dispone que la actividad de la Administración Pública se informe por los principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza. Principio de jerarquía.
Principio de cooperación y coordinación: A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos anteriormente, cada órgano y ente de la Administración Pública deberá establecer y mantener una página en la Internet, que contendrá, entre otra información que se considere relevante, los datos correspondientes a su misión, organización, procedimientos, normativa que lo regula, servicios que presta, documentos de interés para las personas, así como un mecanismo de comunicación electrónica con dichos órganos y entes disponible para todas las personas vía Internet 12. Por otro lado, la simplificación de los trámites administrativos será tarea permanente de los órganos y entes de la Administración Pública, así como la supresión de los que fueren innecesarios. La actividad de los órganos y entes de la Administración Pública perseguirá el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por el Presidente o Presidenta de la República, por el gobernador y el alcalde según el caso 13. La organización de la Administración Pública perseguirá la simplicidad institucional y la transparencia en su estructura organizativa, asignación de competencias, adscripciones administrativas y relaciones interorgánicas, previéndose en su estructura organizativa la comprensión, acceso, cercanía y participación de los particulares de manera que les permitan resolver sus asuntos, ser auxiliadas y recibir la información que requieran por cualquier medio 14.
Principio de publicidad normativa: De acuerdo a los reglamentos, resoluciones y actos administrativos de carácter general dictados por la Administración Pública deberán ser publicados sin excepción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o, según el caso, en el medio de publicación oficial del estado, distrito metropolitano o municipio correspondiente para que surtan efectos 15. Principio de lealtad institucional: La Administración Pública Nacional, estadal, municipal y la de los distritos metropolitanos, en su actuar y relaciones, deben 16:
Respetar el ejercicio legítimo de sus competencias por parte de las otras administraciones. Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras administraciones. Facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras administraciones pudieran requerir para el ejercicio de sus competencias.
Principio de Cooperación y Coordinación: Este principio implica que la Administración Pública Nacional de los estados, de los distritos metropolitanos y la de los municipios debe colaborar entre sí y con las otras ramas del Poderes Público en la realización de los fines del Estado 17. Por lo que las actividades que desarrollen estarán orientadas al logro de dichos fines, teniendo para ello que coordinar su actuación bajo el principio de unidad orgánica 18.
Principio de jerarquía: De conformidad con este principio los órganos de la Administración Pública se encuentran jerárquicamente ordenados y relacionados de conformidad con la distribución vertical de atribuciones en niveles organizativos.
Así, los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la dirección, supervisión y control de los órganos superiores de la Administración Pública con
competencia en la materia respectiva. Por lo que, el incumplimiento por parte de un órgano inferior de las órdenes e instrucciones de su superior jerárquico inmediato obliga a la intervención de éste y acarrea la responsabilidad de los funcionarios a quienes sea imputable dicho incumplimiento, salvo cuando dicha orden sea contraria a los derechos humanos reconocidos y garantizados por las normas constitucionales venezolanas 19.
8.4. La Participación de la Comunidad
Los medios de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, son aquellos a través de los cuales los ciudadanos pueden, en forma individual o colectiva, manifestar su aprobación, rechazo, observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, denuncias y, en general, expresar su voluntad respecto a asuntos de interés colectivo. Los medios de participación son los siguientes:
Cabildos abiertos. 2. Asambleas ciudadanas. 3. Consultas públicas. 4. Iniciativa popular. 5. Presupuesto participativo. 6. Control social. 7. Referendos. 8. Iniciativa legislativa.
Por lo tanto, estando los municipios obligados a legislar acerca de los requisitos exigibles para demostrar el interés legítimo local de aquellos interesados en el ejercicio de alguno de estos medios de participación, sin menoscabo de los derechos y limitaciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación aplicable.
8.4.1. Los Cabildos Abiertos
Son la sesión del Concejo Municipal con la participación de los ciudadanos del Municipio. La iniciativa para convocarlos corresponde al Concejo Municipal, a las Juntas Parroquiales por acuerdo de la mayoría de sus integrantes; al alcalde y a los ciudadanos, de conformidad con lo establecido en la respectiva ordenanza. Las decisiones adoptadas en cabildos abiertos serán válidas con la aprobación de la mayoría de los presentes, siempre y cuando sean sobre asuntos atinentes a su ámbito espacial y sin perjuicio de lo establecido en la legislación respectiva.
8.4.2. Asambleas de Ciudadanos
La Asamblea de Ciudadanos es un medio de participación en el ámbito local de carácter deliberativo, en la que todos los ciudadanos tienen derecho a participar por sí mismos, y cuyas decisiones serán de carácter vinculante. La misma estará referida a las materias que establece la ley correspondiente, debe ser convocada de manera expresa, anticipada y pública. Sus decisiones tienen carácter vinculante para las autoridades, deben contribuir a fortalecer la gobernabilidad, impulsar la planificación, la descentralización de servicios y recursos, pero nunca contrarias a la legislación y los fines e intereses de la comunidad y del estado.
8.4.3. Consultas Públicas
Este medio de participación conlleva la obligación para el Concejo Municipal de abrir espacios de discusión e intercambios de opiniones a los ciudadanos para considerar materias de interés local. Estas materias serán inscritas en el orden del día y en dicha sesión, el público asistente podrá formular preguntas, emitir opiniones y hacer proposiciones. Este deberá dar a los vecinos respuesta oportuna y razones a sus planteamientos y solicitudes. En todo caso, para la celebración de esta reunión, se convocará, entre otras, a organizaciones vecinales, gremiales, sociales, culturales, educativas y deportivas de la comunidad. En la ordenanza correspondiente se regulará, según la especificidad y diversidad municipal, las formas y procedimientos para hacer efectivo el ejercicio de este deber legal.
Igualmente, conlleva el deber del Concejo Municipal de consultar a los ciudadanos y a la sociedad organizada, durante el proceso de discusión y aprobación de los proyectos de ordenanzas, a los fines de promover la incorporación de sus propuestas. Esta consulta se hará a través de diversas modalidades de participación, que garanticen una consulta abierta a los efectos de aprobar su contenido, todo de acuerdo con lo establecido en su Reglamento Interior y de Debates, y demás normativas relativas a la materia de participación. El incumplimiento de este requisito será causal para la nulidad del respectivo instrumento jurídico. Por último, Los actos de efectos generales que afecten el desarrollo urbano y la conservación ambiental del Municipio o de la parroquia, deberán ser consultados previamente por las autoridades municipales entre las organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada. En caso contrario, estarán viciados de nulidad absoluta.
8.4.4. Iniciativa Popular
Se traduce en la posibilidad de que los ciudadanos cooperen con el municipio en labores de asesoramiento en comisiones permanentes del propio Concejo Municipal y comisiones de vecinos encargadas de vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos y cualesquiera otras de la competencia prestacional del Municipio.
8.4.5. Presupuesto Participativo
Es el resultado de la utilización de los procesos mediante los cuales los ciudadanos del Municipio proponen, deliberan y deciden en la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de inversión anual municipal. Todo ello, con el propósito de materializarlo en proyectos que permitan el desarrollo del Municipio, atendiendo a las necesidades y propuestas de las comunidades y sus organizaciones en el Concejo Local de Planificación Pública.
8.4.6. Control Social
El control social es un mecanismo a través del cual todo ciudadano, individual o colectivamente participa en la vigilancia y control de la gestión pública municipal, en la ejecución de programas, planes y proyectos, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como en la conducta de los funcionarios públicos, para prevenir, racionalizar y promover correctivos.
8.4.7. Referendo
Consiste en la posibilidad de solicitar la realización de referendos consultivos, revocatorios, abrogatorios o aprobatorios, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación electoral; y tendrá que hacerse ante el Consejo Nacional Electoral quien organizará, administrará, dirigirá y vigilará todos los actos relativos a los referendos. La convocatoria a referendos sobre un proyecto de ordenanza o
cualquier materia objeto de consulta, sólo podrá hacerse una sola vez, en el mismo período constitucional.
8.4.8. Iniciativa legislativa
Los ciudadanos, en un porcentaje no menor al cero coma uno por ciento (0,1%) de los electores del Municipio, podrán presentar proyectos de ordenanzas o de modificación de las ya vigentes. Estos proyectos de ordenanzas deberán ser sometidos a la consideración del Concejo Municipal para su admisión o rechazo; previamente, el Concejo Municipal deberá fijar una reunión con los presentadores de la iniciativa legislativa a fin de discutir su contenido. Una vez examinado el proyecto, el Concejo Municipal deberá pronunciarse sobre su admisión o rechazo dentro de los treinta días siguientes a su presentación. Admitido el proyecto, el debate del mismo deberá iniciarse en un lapso de treinta días siguientes. Si el debate no se inicia dentro del lapso antes señalado, el proyecto se someterá a consulta popular de conformidad con lo establecido en la legislación electoral. El Concejo Municipal deberá motivar el rechazo a la iniciativa cuando sea el caso.
8.4.9. De la participación ciudadana a través de las juntas parroquiales
Los ciudadanos de la parroquia tienen el derecho y el deber de:
Participar con la junta parroquial en la gestión y fiscalización del mantenimiento y conservación de las plazas, parques, vías públicas y aceras, instalaciones deportivas y recreacionales, asistenciales y cualesquiera otras instalaciones municipales ubicadas en la jurisdicción de la parroquia. Acompañar a la junta parroquial en la promoción y gestión ante las direcciones de la alcaldía, de todo tipo de actividades culturales, recreacionales, deportivas, turísticas, de saneamiento y limpieza ambiental. Participar con las juntas parroquiales en la promoción y en la fiscalización de la ejecución de obras y servicios públicos municipales en sus respectivas jurisdicciones, y solicitar toda la información sobre las obras públicas para proponer reformas y mejoras en la ejecución de dichas obras.
Informar a las juntas parroquiales las deficiencias en la prestación de los servicios públicos para la gestión de reclamos ante las autoridades municipales de su jurisdicción. Pedir toda la información necesaria para la organización y formación de las asociaciones vecinales y otras organizaciones comunitarias.
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