Source: http://freeofviolence.org/campaign-spanish/costa_rica.htm
Timestamp: 2019-02-22 10:49:17
Document Index: 98150330

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 2', 'artículo 177', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 81', 'artículo 5']

PNUD Contra Violencia: Leyes, Costa Rica
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La promoción social y la lucha por la igualdad de oportunidades para la mujer ha sido uno de los objetivos centrales de la presente Administración y muy especialmente de mi Despacho. No es posible sin embargo, pensar en un genuino desarrollo sostenible si no se trabaja por eliminar uno de los obstáculos que padecen muchas mujeres para su plena incorporación a la sociedad como es la violencia intrafamiliar.
Esta fue la razón que motivó la convocatoria conjunta que hiciéramos el Consejo Social del Gobierno, el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia y mi Despacho, en noviembre de 1994, para la preparación y puesta en práctica de un plan nacional dirigido a atender y prevenir la violencia en el seno de las familias. Producto de esta iniciativa y gracias al esfuerzo desinteresado y a la motivación de un grupo de profesionales del sector público y de ONG comprometidas, contamos hoy día con el PLAN NACIONAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PLANOVI).
La campaña POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA, que se trasmitió en la mayoría de los medios de comunicación, forma parte de las acciones de prevención de este plan ha contribuido a romper el silencio y a traer a la luz pública una problemática que durante años se mantuvo oculta tras las paredes de muchos costarricenses.
Con gran satisfacción hemos podido comprobar que esta iniciativa social ha logrado concertar los esfuerzos de muchos actores sociales: El Estado, la empresa privada, la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de comunicación social. Esta toma de conciencia de diversos sectores se refleja en la reciente aprobación de la LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA que contó con el apoyo indiscutible de todas las fracciones legislativas y de una amplia mayoría de legisladores.
Para mí es motivo de orgullo y satisfacción contribuir a la más amplia difusión de esta ley. Esperamos que la misma se convierta en manos de las mujeres, niños, niñas y demás personas víctimas de la violencia, en un apoyo efectivo para terminar con el dolor de la agresión. Estoy segura de que para los/las funcionarios (as) públicos, especialmente para los encargados de la administración de justicia, será un instrumento fundamental para hacer valer los derechos humanos largamente olvidados, de todas y todos quienes sufren maltrato.
Josette Altmann de Figueres
La violencia intrafamiliar es hoy en día en Costa Rica, por sus dimensiones e impacto en la población, un problema de salud pública. Y dentro del seno familiar, son las mujeres de todas las edades- las principales afectadas, junto a los niños y los adultos mayores.
Parte fundamental de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir la violencia intrafamiliar es la que tiene que ver con la proposición y aprobación de iniciativas jurídicas orientadas a proteger a las personas afectadas y sancionar los comportamientos ofensivos. En este sentido, la Asamblea Legislativa de nuestro país ha hecho realidad proyectos importantes en los últimos tiempos.
En primer lugar, debe mencionarse la aprobación en diciembre de 1994 de la LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA DOCENCIA Y EL EMPLEO que, como reza su artículo 2, tiene como objetivo: ... "prohibir y sancionar el acoso u hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de la mujer y del hombre en las relaciones laborales y de docencia".
Más adelante, en octubre de 1995, el Estado costarricense ratificó la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Convención de Belem-do-Pará). Desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos fundamentales, esta Convención interpela y obliga a los Estados firmantes a adoptar medidas urgentes y efectivas para proteger a las mujeres de mayores violaciones y atropellos. La LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA es un primer paso en esta dirección.
Esta Ley condena la violencia intrafamiliar como práctica social destructiva, constituye un fuerte llamado de atención a los ofensores y ratifica que, frente a la agresión, las personas afectadas cuentan con el respaldo del Estado y la justicia. La misma contempla 18 medidas de protección a las cuales pueden acudir las personas afectadas por la violencia intrafamiliar para interrumpir el ciclo de violencia y abrir un espacio de distensión en el seno familiar que permita redefinir las estrategias y condiciones para la convivencia futura.
Esta Ley que presentamos hoy con tanta satisfacción contiene claras directrices y otorga responsabilidades para el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia el cual a partir de su promulgación fungirá como ente responsable de desarrollar, coordinar y velar por la ejecución de políticas públicas dirigidas a la erradicación y prevención de la violencia intrafamiliar. Esta sabia previsión de la ley busca garantizar la continuidad de este esfuerzo a favor de las víctimas de la violencia intrafamiliar más allá de la coyuntura política que le diera origen y para que la lucha contra la violencia en la familia y en pos de una convivencia social más armoniosa y respetuosa se convierta efectivamente en política del Estado costarricense.
En tal sentido, el Centro Mujer y Familia, consciente del tratamiento de urgencia que hay que dar al problema de la violencia doméstica, ya se anticipó a este mandato de la Ley sobre el desarrollo de políticas en esta materia, y, en 1995, preparó el PLAN NACIONAL DE ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PLANOVI). Este Plan tiene como objetivo central coordinar los esfuerzos públicos que se realicen en este sentido y plantea un sistema global, que reune las acciones de todas las instituciones implicadas en cada uno de los cuatro componentes: detección, atención, reinserción y prevención.
Es la acción conjunta de los poderes públicos lo que permite no sólo sancionar la norma sino llevarla a la práctica en nuestra vida cotidiana. La ejecución del PLANOVI y el mantenimiento de su Sistema de Acción en el tiempo permitirá una actuación sostenida del Estado para erradicar este grave problema social. Con este esfuerzo quedamos comprometidos.
Ana Isabel García Q.
DIRECTORA EJECUTIVA, CMF
LEY No. 7586
ARTICULO 1. Fines
Los jueces deberán procurar que los agresores no utilicen contra las víctimas la presente ley, cuyo principio rector es el artículo 51 de la Constitución Política. Le corresponderá brindar protección especial a las madres, niños, personas de sesenta años o más y personas discapacitadas, tomando en cuenta las situaciones específicas de cada uno.
Violencia domésticaViolencia doméstica: Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aún cuando haya finalizado la relación que lo originó.
Violencia psicológica: Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un prejuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.
Violencia física: Violencia física: Acción u omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una persona.
Violencia sexual: Violencia sexual: Acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales, mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.
Violencia patrimonialViolencia patrimonial: Acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos y recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de alguna de las personas mencionadas en el inciso a) anterior.
ParentescoParentesco: Relación de adopción, afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, por vía ascendente, descendente o colateral, originada en un vínculo jurídico, biológico o de unión de hecho. El vínculo por afinidad subsistirá aún cuando haya finalizado la relación que lo originó.
ARTICULO 3. Medidas de protección ARTICULO 3. Medidas de protección
Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente del domicilio común. Si se resiste, se utilizará la Fuerza Pública.
Fijarle, a la persona agredida, un domicilio diferente del común, que la proteja de agresiones futuras, si así lo solicita.
Ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia doméstica, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. Esta medida se efectuará conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales.
Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación, cuando se utilicen para intimidad, amenazar o causar daño a alguna de las personas citadas en el inciso a) del artículo 2 de esta ley.
Decomisar las armas en posesión del presunto agresor.
Suspenderle provisionalmente, al presunto agresor, la guarda crianza y educación de sus hijos e hijas menores de edad.
Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, en cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas.
Suspenderle al presunto agresor el derechos de visitar a sus hijos e hijas, en caso de agresión sexual contra menores de edad.
Confiar la guarda protectora a quien la autoridad judicial considere idóneo para esa función, si tal guarda ha sido encargada al presunto agresor, cuando la víctima sea menor de edad, discapacitada física o mental o se trate de una persona de sesenta años o más, que no pueda valerse por sí misma.
Prohibir, al presunto agresor, que perturbe o intimide al cualquier integrante del grupo familiar.
Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio, permanente o temporal, de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio.
Fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con la Ley de Pensiones Alimenticias. Una vez fijada, de oficio se testimoniarán piezas y se remitirán a la autoridad judicial correspondiente.
Disponer el embargo preventivo de los bienes del presunto agresor, por un plazo no mayor de tres meses, contando a partir de la fecha en que se ejecute la resolución que lo ordene. Para aplicar esta medida, no será necesario ningún depósito de garantía ni el pago de honorarios ni de otros gastos.
A juicio de la autoridad judicial competente, el embargo recaerá sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la obligación alimentaria a favor de la persona agredida y los dependientes que correspondan, conforme a la ley.
Levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo habitacional, en particular el menaje de casa u otros quele sirvan como medio de trabajo a la persona agredida.
ñ) Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de casa a la
persona agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el
menaje amparado al régimen de patrimonio familiar.
Ordenar al presunto agresor, que se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona agredida. Cuando esta tenga sesenta años o más o sea discapacitada, el presunto agresor no deberá interferir en el uso y disfrute de instrumentos indispensables para que la víctima pueda valerse por sí misma o integrarse a la sociedad.
Ordenar, al presunto agresor, la reparación en dinero efectivo de los daños ocasionados a la persona agredida, o a los bienes que le sean indispensables para continuar a su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad, alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo en el mismo proceso, mediante el embargo y remate de los bienes necesarios para cubrir los daños ocasionados, a juicio de la autoridad judicial competente.
Emitir una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública de su vecindario. La víctima portará copia de esta orden para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio.
De incumplirse una o varias de estas medidas contraviniendo una orden emanada de la autoridad judicial competente, ésta podrá testimoniar piezas a la agencia fiscal correspondiente, para que se siga el juzgamiento por el delito de desobediencia a la autoridad.
ARTICULO 4. Duración
Las medidas de protección no podrán durar menos de un mes ni más de seis, excepto la consignada en el inciso c) del artículo anterior. Sin embargo, al vencer plazo y a solicitud de parte, la autoridad competente podrá ordenar prorrogarlo una sola vez, por igual período.
ARTICULO 5. Cese
ARTICULO 6. Competencia
ARTICULO 7. Solicitantes legítimos
Los mayores de doce años afectados por una situación de violencia doméstica. Cuando se trate de menores de doce años o de personas con discapacidad física o mental, la medida deberá ser solicitada por su representante legal, el Patronato Nacional de la Infancia, una autoridad de policía o un mayor de edad.
Las instituciones públicas o privadas que lleven a cabo programas de protección de los derechos humanos y la familia, cuando la persona agredida lo solicite, se encuentre grave o presente alguna discapacidad a que le impida solicitar la protección o tener conciencia de la agresión que se le inflige.
Los mayores de edad, cuando la persona agredida esté imposibilitada para solicitarlas por encontrarse grave como producto de una situación de violencia doméstica.
ARTICULO 8. Tramitación
ARTICULO 9. Requisitos de la solicitud
El solicitante de cualquiera de las medidas de protección señaladas en el ar´ticulo 3 de esta ley, deberá indicar:
El nombre, los apellidos, las calidades y el vecindario de la persona agredida y la persona agresora, si los conoce.
Los hechos en que se funda.
Las pruebas, si existen, en las que fundamenta los hechos expuestos en la solicitud. La falta de indicación de pruebas no impedirá que la autoridad judicial dé curso a la solicitud.
Las medidas de protección solicitadas.
El señalamiento de la casa o el lugar para recibir notificaciones.
ARTICULO 10. Aplicación de medidas
Planteada la solicitud, la autoridad competente ordenará, de inmediato, aplicar cualquiera de las medidas de protección solicitadas. Esta resolución deberá notificarse conforme con el artículo 177 del Código Procesal Civil y no habrá recurso alguno contra ella.
ARTICULO 11. Examen médico legal
Cuando lo estime necesario, la persona agredida o el solicitante de la medida, de conformidad con lo contemplado en el artículo 7 de la presente ley, podrá pedir a la autoridad competente que se le practique un examen médico y psicológico que permita valorar los daños físicos y psicológicos sufridos.
ARTICULO 12. Comparecencia
ARTICULO 13. Apreciación de la prueba
ARTICULO 14. Resolución
La autoridad judicial resolverá con base en las reglas de la sana crítica racional y, de oficio, regirá el impulso procesal: para eso ordenará las pruebas que considere necesarias a fin de establecer la verdad.
La aplicación e interpretación de esta ley se regirán por los principios fundamentales de la legislación de familia las disposiciones contenidas en el artículo 10 del Código de Civil.
ARTICULO 15. Apelación
ARTICULO 16. Resolución del recurso
ARTICULO 17. Ejecución de las medidas
ARTICULO 18. Denuncia
ARTICULO 19: Supletoridad
ARTICULO 20. Deberes
Socorrer a las personas agredidas aún cuando se encuentren dentro de su domicilio.
Detener a las personas agresoras y ponerlas a la orden de la autoridad judicial.
Levantar un acta sobre los hechos ocurridos, para lo cual deberán recoger información de familiares, vecinos u otras personas presentes y consignar sus nombres, calidades y lugar donde puedan localizarse para requerirlos en un posible proceso judicial.
Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar o agredir y ponerlos a la orden de la autoridad judicial respectiva.
Declarar como testigos en un posible proceso judicial.
ARTICULO 21. Ente rector
Corresponderá al Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, vigilar el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Con este fin, estará facultado para ser el ente rector de las políticas públicas en los programas de detección, atención, prevención e inserción laboral de las personas agredidas.
Para cumplir con las obligaciones encomendadas, el Centro desarrollará las funciones establecidas en la Convención mencionada, específicamente en los incisos a) y e) del artículo 7 y en los incisos a,b,c,e,g,h,i del artículo 8, en los siguientes términos:
Velará porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes de instituciones se comporten de conformidad con las obligaciones estipuladas en esa Convención.
Tomará las medidas apropiadas para fomentar la modificación de prácticas, jurídicas o consuetudinarias, que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las personas.
Fortalecerá el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y a que se le respeten y protejan sus derechos.
Promoverá la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, inclusive el diseño de programas de educación, formales e informales apropiados para todos los niveles del proceso educativo, con el fin de contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad de cualquiera de los géneros o en los estereotipos para el hombre y la mujer, que legitimen o exacerban la violencia contra las personas.
Fomentará la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y de otros funcionarios responsables de la aplicación de la ley, así como del personal encargado de aplicar las políticas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia doméstica.
Estimulará programas educativos, gubernamentales y del sector privado, tendientes a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia doméstica, los recursos legales y la reparación correspondiente.
Alentará a los medios de comunicación para que elaboren directrices adecuadas de difusión y contribuyan así a erradicar la violencia doméstica en todas sus formas y, en especial, a realizar el respeto de la dignidad de la mujer.
Garantizará la investigación y recopilación de estadísticas e información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia doméstica, con el fin de evaluar las medidas estatales.
Promoverá la cooperación internacional para intercambiar ideas y experiencias y ejecutar programas encaminados a proteger el derecho a una vida sin violencia.
ARTICULO 22. Plan Nacional
El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia deberá desarrollar un plan nacional que coordine, como un sistema unificado, las instituciones que puedan ofrecer servicios especiales a las personas agredidas por violencia de género o trabajar para prevenirla.
ARTICULO 23. Obligación de las instituciones
ARTICULO 24. Coordinación de políticas
ARTICULO 25. Derogaciones
ARTICULO 26. Vigencia
Asamblea Legislativa San José, a los veinticinco días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis.
Antonio Alvarez Desanti, Presidente  Alvaro Azofeifa Astúa, Primer Secretario, - Manuel Ant. Barrantes Rodríguez, Segundo Secretario.
Dado en la presidencia de la República.  San José, a los diez días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.
JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.  La Ministra de Justicia y Gracia, Lic. Maureen Clarke Clarke.  1 vez C-33500. (21527).
CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LA MUJER Y LA FAMILIA
EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA
La publicación de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia forma parte del proyecto de divulgación de la normativa jurídica relativa a la condición de la mujer que lleva adelante el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, de acuerdo con las atribuciones otorgadas por su Ley constitutiva.
La aprobación de esta Ley, en diciembre de 1994, es un hecho histórico en el camino hacia una sociedad costarricense libre de discriminación y violencia por razones de género. El acoso sexual en el trabajo y en los centros educativos ha sido y es una de las manifestaciones más generalizadas de ese tipo de agresión discriminatoria. Pero también es necesario consignar que se trata de una Ley propuesta por diputados de los dos partidos mayoritarios, que unieron sus esfuerzos, en la perspectiva de tratar el mejoramiento de la condición de la mujer como un asunto de Estado, es decir, una cuestión sobre la que existe un acuerdo nacional que convoca voluntades.
Ahora bien, para subsanar un problema social, la emisión de las leyes es una condición necesaria –habría que subrayar imprescindible- pero no suficiente. El tránsito desde la promulgación de una Ley hasta su puesta en ejercicio puede ser extremadamente prolongado, incluso interminable. Para que una Ley sea efectiva es necesario que se den una serie de condiciones que permitan la normal administración de la justicia. Contribuir al establecimiento de esas condiciones es una de las atribuciones fundamentales de Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia.
Una condición principal de esa efectividad se refiere a la necesidad de divulgar ampliamente la legislación que mejora la situación de las mujeres. Es por esta razón, que el Centro presenta a las ciudadanas y los ciudadanos costarricenses esta primera edición de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la Docencia, con la convicción de que su conocimiento permitirá a muchas personas contar con un instrumento jurídico y valórico para defenderse de esa práctica vejatoria, avanzando, de esa forma, hacia una Costa rica más justa y equitativa.
LEY NO.7476
ARTICULO 1° Principios regentes
ARTICULO 2°.- Objetivo
El objetivo de la presente Ley es prohibir y sancionar el acoso u hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón del sexo, contra la dignidad de la mujer y del hombre en las relaciones laborales y de docencia.
ARTICULO 3°.- Definiciones
Se entiende por acoso u hostigamiento sexual toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos:
Condiciones materiales de empleo o de docencia
Desempeño y cumplimiento laboral o educativo
Estado general de bienestar personal
ARTICULO 4°.- Manifestaciones del acoso sexual
El acoso sexual puede manifestarse por medio de los siguientes comportamientos:
Requerimientos de favores sexuales que impliquen:
Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien la reciba;
Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos a la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien la reciba;
Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo o el estudio.
Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba.
Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseados y ofensivos para quien los reciba.
ARTICULO 5.- Responsabilidades de prevención
Todo patrono o jerarca tendrá la responsabilidad de mantener, en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para quienes laboran ahí, por medio de una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual. Con este fin, deberán tomar medidas expresas en los reglamentos internos, los convenios colectivos, los arreglos directos o de otro tipo. Sin limitarse solo a ellas, incluirán las siguientes:
Comunicar, en forma escrita y oral, a los supervisores, los representantes, las empleadas, los empleados y los clientes la existencia de una política contra el hostigamiento sexual.
Establecer un procedimiento interno, adecuado y efectivo, para permitir las denuncias de hostigamiento sexual, garantizar la confidencialidad de las denuncias y sancionar a las personas hostigadoras cuando exista causa.
El procedimiento mencionado en el inciso anterior, en ningún caso, podrá exceder el plazo de tres meses, contados a partir de la interposición de la denuncia por hostigamiento sexual.
ARTICULO 6°.- Divulgación de la Ley
Todo patrono o jerarca tendrá la responsabilidad de divulgar el contenido de la presente Ley. La Defensoría de los Habitantes podrá coadyuvar en este proceso.
ARTICULO 7°.- Información sobre denuncias
Todo patrono estará obligado a informar sobre las denuncias de hostigamiento sexual que se reciban en su lugar de trabajo, así como el resultado del procedimiento que se realice, a la Defensoría de los Habitantes, si se trata de instituciones públicas, o a la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, si se trata de patronos privados.
Para efectos del sector público, se entiende por patrono al supervisor jerárquico de cada institución.
ARTICULO 8°.- Deber del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
La Dirección Nacional e Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deberá velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de esta Ley.
ARTICULO 9°.- Deber de los centros educativos
En todos los centros educativos, se deberá cumplir con lo establecido en los artículos 5°, 6° Y 8° de la presente Ley.
ARTICULO 10°.- Sanción por incumplimiento
El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores constituye una falta que se sancionará según su gravedad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 608 y siguientes del Código de Trabajo.
ARTICULO 11°.- Deber de los profesionales
Los colegios profesionales deberán establecer políticas preventivas y procedimientos de sanción para los agremiados que incurran en conductas de acoso u hostigamiento sexual.
ARTICULO 12°.- Responsabilidad del patrono
Todo patrono o jerarca que incurra en hostigamiento sexual será responsable, personalmente, por sus actuaciones. Asimismo, tendrá responsabilidad si, pese a haber recibido las quejas de la persona ofendida, no cumple con lo establecido en el artículo 5° de la presente Ley.
ARTICULO 13°.- Garantías en la docencia
En una relación de docencia, el estudiante o la estudiante que haya demostrado ser objeto de hostigamiento tendrá derecho a reclamar, al patrono o jerarca del profesor, la aplicación de las sanciones laborales previstas en esta Ley. De comprobarse un perjuicio en su situación educativa, como resultado del acoso, tendrá derecho a ser restituido en el estado anterior al hostigamiento.
ARTICULO 14°.- Garantía para el denunciante y los testigos
Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de hostigamiento sexual o haya comparecido como testigo de las partes, podrá sufrir, por ello, perjuicio personal alguno en su empleo ni en sus estudios.
ARTICULO 15°.- Causales de despido del denunciante
Quien haya formulado una denuncia de hostigamiento sexual, sólo podrá ser despedido por causa justificada, originada en falta grave a los deberes derivados del contrato laboral, conforme a las causales establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. De presentarse una de estas causales, el patrono tramitará el despido ante la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, donde deberá demostrar la existencia de causa justa para el despido. Esta Dirección podrá autorizar, excepcionalmente, la suspensión de la persona trabajadora, mientras se resuelve el despido.
El incumplimiento de estas disposiciones constituirá, por parte de la trabajadora o el trabajador, causa justa para terminar, con responsabilidad patronal, el contrato laboral.
ARTICULO 16°.- Denuncias falsas
Quien denuncie hostigamiento sexual falso podrá incurrir, cuando así se tipifique, en cualquiera de las conductas propias de la difamación, la injuria o la calumnia, según el Código Penal.
ARTICULO 17°.- Cese del contrato laboral
Si ocurre el hostigamiento sexual, pero en el lugar de trabajo no se ha establecido el procedimiento indicado en el artículo 5° de la presente Ley, o si se incumple, la persona trabajadora podrá dar por terminado el contrato de trabajo, con responsabilidad patronal.
PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
RTICULO 18°.- Competencia de los tribunales de jurisdicción laboral
Agotados los procedimientos establecidos en el centro de trabajo o si no se cumplen por motivos que no se le pueden imputar a la persona ofendida, las denuncias por hostigamiento sexual se podrán presentar ante los tribunales de jurisdicción laboral, los cuales serán competentes para conocerlas.
ARTICULO 19°.- Presentación de la demanda
Las personas ofendidas por hostigamiento sexual podrán demandar a quien las hostiga o al patrono o jerarca de éste, en los casos previstos en esta Ley, ante el juez correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en el Código de Trabajo.
ARTICULO 20°.- Demanda por hostigar a menores
Cuando la persona ofendida sea menor de edad, podrán interponer la demanda sus padres, sus representantes legales o el Patronato Nacional de la Infancia. No obstante, si se trata de una persona mayor de quince años pero menor de dieciocho, estará legitimada para presentar directamente la demanda.
ARTICULO 21°.- Marco legal de la demanda
Presentada la demanda, se procederá conforme a lo estipulado en los artículos 464 y 468 del Código de Trabajo, salvo a lo referente al plazo de la audiencia que el juez conferirá a la parte demandada, el cual será de tres a ocho días.
ARTICULO 22°.- Comparecencia de las partes
Cumplido el plazo para contestar la demanda, el juez convocará a las partes a una comparecencia de conciliación y de pruebas, según se establece en los artículos 474 a 489 del Código de Trabajo.
ARTICULO 23°.- Privacidad del juicio
El juez podrá resolver que el juicio se realice en forma privada, total o parcialmente, cuando estime que se pueda afectar la moral o el orden público o cuando perjudique irreparablemente la dignidad de las partes.
ARTICULO 24°.- Actuación del juez
Para apreciar la prueba y determinar si la conducta denunciada constituye hostigamiento sexual, el juez deberá considerar, de conformidad con las reglas de la sana crítica, todas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, sin incluir consideraciones relativas a los antecedentes del comportamiento sexual de la persona ofendida.
ARTICULO 25°.- Tipos de sanciones
Las sanciones por hostigamiento sexual se aplicarán según la gravedad del hecho y serán las siguientes: la amonestación escrita, la suspensión y el despido, sin perjuicio de que se acuda a la vía correspondiente, cuando las conductas también constituyan hechos punibles, según lo establecido en el Código Penal.
ARTICULO 26°.- Derechos de la persona cesante
Cuando la persona hostigada haya terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal o haya sido despedida por esa causa, tendrá derecho a:
Que se le cancelen las prestaciones correspondientes.
Pago de salarios caídos y demás extremos que el juez determine.
Regresar a su puesto, si expresamente lo solicita. Si e trata de un empleado público, podrá optar por la permuta.
ARTICULO 27°.- Despido del hostigador
Toda persona a quien se le compruebe haber incurrido en acoso sexual, podrá ser despedida sin responsabilidad patronal.
ARTICULO 28°.- Indemnización por daño moral
Cuando, mediante sentencia, se compruebe el hostigamiento, la persona ofendida tendrá derecho a una indemnización por daño moral, si ha sido acreditado, lo cual también será de conocimiento del Juez de Trabajo.
ARTICULO 29°.- Prescripción
El cómputo, la suspensión, la interrupción y los demás extremos relativos a la prescripción se regirán por lo que se estipula en el Título X del Código de Trabajo.
ARTICULO 30°.- Normas supletorias
Para todo lo que no se regula en la presente Ley, si no existe incompatibilidad con este texto, se aplicarán, supletoriamente, el Código de Trabajo y las leyes laborales conexas. Se aplicará el Código Civil cuando no existan normas reguladoras.
ARTICULO 31°.- Ambitos de aplicación de esta Ley
La presente Ley se aplicará a las relaciones obrero-patronales de los sectores público y privado.
ARTICULO 32°.- Vigencia
DISPOSICIONES TRANSITORIASTransitorio único.-
Lo dispuesto en los artículos 5° y 7° anteriores deberá cumplirse en un plazo de tres meses, contado a partir de la vigencia de la presente Ley.
Comisión Legislativa Plena Segunda.—Aprobado el anterior proyecto el día catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Antonio Alvarez Desanti, Presidente. –Gerardo Humberto Fuentes González, Secretario.
Asamblea Legislativa.--San José, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Alberto F. Cañas, Presidente.--Juan Luis Jiménez Succar, Primer Secretario. –Mario A. Alvarez G., Segundo Secretario.
Dado en la Presidencia de la República. --San José, a los tres días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
JOSE MARIA FIGUERES OLSEN. Los Ministros de Justicia y Gracia, Dr. Enrique Castillo Barrantes y de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Farid Ayales Esna. --1 vez. C-200 (6963)).
Publicada en La Gaceta no. 45 del 3 de marzo de 1995.