Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=683564
Timestamp: 2019-07-21 07:19:50
Document Index: 353994154

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°120
PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
SALUDO A EMBAJADORA DE TURQUÍA EN CHILE
AMPLIACIÓN DE LÍMITE DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR PLANILLA PARA COOPERATIVAS EN FAVOR DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11199-03)
INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA BÁSICA EN ENSEÑANZA MEDIA (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 10034-04)
OBLIGATORIEDAD A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA DE SOLVENTAR RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMPALME Y MEDIDOR EN CASO DE INUTILIZACIÓN DE INSTALACIONES POR FUERZA MAYOR (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10331-08)
RECOLECCIÓN, REUTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS GRISES (PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 9452-09)
Sesión 120ª, en jueves 25 de enero de 2018
(Ordinaria, de 10.39 a 12.05 horas)
Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel, y Ojeda Uribe, don Sergio.
PERMISO CONSTITUCIONAL 18
ACUERDOS DE LOS COMITÉS 18
SALUDO A EMBAJADORA DE TURQUÍA EN CHILE 19
AMPLIACIÓN DE LÍMITE DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR PLANILLA PARA COOPERATIVAS EN FAVOR DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES (SEGUNDO TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11199-03) 20
INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA BÁSICA EN
ENSEÑANZA MEDIA (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10034-04) 26
OBLIGATORIEDAD A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA DE SOLVENTAR RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMPALME Y MEDIDOR EN CASO DE INUTILIZACIÓN DE INSTALACIONES POR FUERZA MAYOR (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
BOLETÍN N° 10331-08) 37
RECOLECCIÓN, REUTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS GRISES
(PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 9452-09) 38
1.- Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Modifica diversos cuerpos legales para modernizar la gestión pública e incentivar la productividad de la actividad económica”. Boletín N° 11598-03. (388-365).
2.- Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual hace presente la urgencia “Suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica la ley General de Educación para incorporar en el nivel de enseñanza media contenidos de educación financiera básica.”. Boletín N° 10034-04. (1117-365).
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en mensaje, que “Modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile.”. Boletín N° 6191-19. (48/SEC/18).
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en moción, que “Norma el servicio de recolección, reutilización y disposición de aguas grises.”. Se adjunta informe de la Comisión Mixta. Boletín N° 9452-09(SEN). (53/SEC/18).
5.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en primer trámite constitucional, el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “suma”, que “Modifica la ley N° 20.416, que Fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas.”. Boletín N° 10785-03(SEN). (54/SEC/18).
6.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en primer trámite constitucional, el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica Código del Trabajo, en materia de discriminación e igualdad de remuneraciones, de hombres y mujeres.”. Boletín N° 9322-13(SEN). (55/SEC/13).
7.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que “Otorga incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial, según se indica”. Boletín N° 11467-07. (51/SEC/18).
8.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.”. Boletín N° 11101-19 (SEN). En Tabla.
9.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rincón, Ceroni, Chahin, Farcas, Flores, Lorenzini, Monckeberg, don Cristián; Sabag, Soto y Squella, que “Modifica el Código de Procedimiento Civil con el objeto de establecer nuevas formas de conferir patrocinio y poder para la comparecencia en juicio”. Boletín N° 11589-07.
10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Letelier, Alvarado, Campos, Farcas, Flores y Soto, y de las diputadas señoras Girardi, Hernando y Sepúlveda, que “Modifica la Carta Fundamental para exigir a los candidatos al cargo de diputado tener domicilio en la región a que pertenece el distrito correspondiente”. Boletín N° 11590-07.
11.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Núñez, don Marco Antonio; Alvarado, Farcas, Monsalve y Torres, y de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Rubilar, que “Modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta, administración y uso, por parte del afiliado, de los excedentes de cotización en Isapres”. Boletín N° 11591-11.
12.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Letelier, Alvarado, Campos, Espejo, Farcas y Flores, y de las diputadas señoras Girardi, Hernando y Sepúlveda, que “Modifica la ley N° 18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, para permitir el ingreso de extranjeros con permanencia definitiva en el país, a las plantas municipales”. Boletín N° 11592-06.
13.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Letelier, Alvarado, Campos, Espejo, Farcas, Flores y Soto, y de las diputadas señoras Girardi, Hernando y Sepúlveda, que “Modifica la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, para sancionar con la pérdida del cargo e inhabilidades que indica, al candidato que exceda el límite de gastos electorales”. Boletín N° 11593-06.
14 - Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urrutia, don Osvaldo; Espejo, García, Hasbún, Hernández, Norambuena, Pérez, don Leopoldo, Pilowsky y Sabag, y de la diputada señora Molina, que “Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en materia de cumplimiento y fiscalización del requisito de no ser consumidor de drogas o sustancias prohibidas, para la obtención de licencia profesional de conducir”. Boletín N° 11594-15.
15.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rincón y Flores, que “Sanciona penalmente la organización y participación en carreras clandestinas de vehículos”. Boletín N° 11595-15.
16.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Melo, Andrade; Espinoza, don Fidel; Lemus, Rocafull, Saldívar y Urízar, y de las diputadas señoras Cicardini, Pacheco y Pascal, que “Modifica el Código del Trabajo, para extender la duración del permiso postnatal masculino”. Boletín N° 11596-13.
17.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Melo; Espinoza, don Fidel; Lemus y Saldívar, y de las diputadas señoras Carvajal, Cicardini, Girardi, Pacheco y Vallejo, que “Modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares”. Boletín N° 11597-12.
18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3780-17-INA.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rechazado). Rol 3825-17-INA.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rechazado). Rol 3845-17-INA.
21.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rechazado). Rol 3855-17-INA.
22.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3878-17-INA.
23.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rechazado). Rol 3879-17-INA.
24.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rechazado). Rol 3880-17-INA.
25.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3905-17-INA.
26.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3959-17-INA.
27.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3971-17-INA.
28.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3980-17-INA.
29.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3983-17-INA.
30.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3985-17-INA.
31.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rechazado). Rol 3991-17-INA.
32 - Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3992-17-INA.
33.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3993-17-INA.
Del diputado señor Silva quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso constitucional para ausentarse del país, a contar de hoy, 25 de enero de 2018, para dirigirse a Estados Unidos.
Del diputado señor Lorenzini por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 4 de febrero de 2018, para dirigirse a Londres y París.
Del diputado señor Monckeberg , don Cristián
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 24 de enero de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas en esa fecha.
2.- Licencia médica:
Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la diputada señora Cicardini quien debió permanecer en reposo por un plazo de tres días, a contar del 21 de enero de 2018.
Del diputado señor Kast, don Felipe quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la sesión especial celebrada el 24 de enero de 2018.
Del diputado señor Álvarez-Salamanca quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el día de hoy, 25 de enero de 2018.
De la diputada señora Turres
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la sesión de hoy, 25 de enero de 2018.
Del diputado señor Bellolio
por la cual justifica su inasistencia a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios celebrada el 24 de enero de 2018.
Del diputado señor Barros
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones que se celebrarán el día de hoy, 25 de enero de 2018.
Contraloría GeneralDiputado Santana, don Alejandro . Reitera el oficio Nº 22.192 de fecha 25 de julio de 2016, en el que solicita informar sobre la posibilidad de instruir una investigación especial respecto a la correcta recepción, ejecución y rendición de los recursos relacionados con el pago del aporte solidario entregado personas directamente afectadas por el fenómeno de marea roja. (2034 al 2427).
Diputado Santana, don Alejandro . Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se acompañan, se sirva disponer una investigación especial respecto a la correcta recepción, ejecución y rendición de los recursos relacionados con el “pago de aporte solidario pro marea roja”, considerando los procesos para su correcto otorgamiento. (2034 al 22192).
Diputado Berger, don Bernardo . Informe a esta Cámara, disponiendo una investigación, sobre las responsabilidades administrativas que pudieran caberle a la dirección del Hospital Regional de Valdivia y a las autoridades sectoriales de las cuales depende, por la falta de ascensores en dicho recinto asistencial y cuyo mal estado habría sido una de las variables que habrían ocasionado la muerte de un paciente el pasado viernes 18 de marzo. (2040 al 17643).
Diputado Robles, don Alberto . Medidas adoptadas para proteger la salud de los menores de la localidad de Chollay, comuna de Alto del Carmen, quienes deben asistir al jardín infantil de la Fundación Integra que se ubica en La Pampa, Valle del Tránsito, donde serían afectados por las fumigaciones de parronales que realiza la empresa Santa Mónica . (49 al 35342).
Diputado Castro, don Juan Luis . Solicita informe de los cambios efectuados en las contrataciones y funciones efectuado en el Servicio de Salud O'Higgins, desde el 1° de noviembre del año en curso hasta la fecha, particularmente la corrección del procedimiento en el nombramiento de Director subrogante. (159 al 37945).
Diputada Turres , doña Marisol . Solicita informar es el nombre de la empresa que está realizando trabajos en la población Carlos Condell de la comuna de Calbuco, cuyas obras habrían producido daños en las cañerías de suministro de agua potable para el sector de Punta Llahuecha. Asimismo se solicita una fiscalización en terreno, para determinar los daños y hacer efectivas las responsabilidades que correspondan, informando los resultados de este control. (254 al 26061).
Fuerzas Armadas Diputada Sabat, doña Marcela . Número de procedimientos realizados sobre control de armas en la población La Legua, comuna San Joaquín , durante el presente año, indicando los resultados de dichas diligencias. (73 al 37544).
Diputada Cariola, doña Karol . Cambio de administración del Centro de Medicina Mapuche Ñi Lawentewum de la comuna de Nueva Imperial, el que facilita el acceso a la salud con pertinencia cultural, tanto a usuarios mapuches y no mapuches, en los términos que requiere. (114 al 37458).
Diputado Verdugo, don Germán . Requiere informe del monto asignado a ese municipio, para el año 2016, correspondiente a la Subvención Escolar Preferencial, indicando la cantidad utilizada de los recursos asignados. (1179 al 36447).
Diputado Berger, don Bernardo . Solicita que se sirva disponer una fiscalización por aquellas eventuales responsabilidades que pudieran existir por parte del ex alcalde de la Municipalidad de Mariquina del señor Erwin Pacheco Ayala , a raíz del incumplimiento en las obligaciones de rendiciones financieras de proyectos entre los años 2013 y 2016, en los términos que señala. (2038 al 2952).
Diputado Kast, don José Antonio . Total de litros de agua que se repartieron mensualmente a través de camiones aljibes y el número de camiones especializados comprados, durante los años 2015 y 2016, remitiendo copia de todos los contratos que se celebraron en relación con la entrega de agua en este tipo de vehículos durante los mismos años. (26 al 30965). (26 al 30965).
Diputado Kast, don José Antonio . Reitera el oficio N° 30965 de esta Corporación, de fecha 31 de mayo de 2017, cuya copia se acompaña. (26 al 36869).
Diputado Rocafull, don Luis . Número de funcionarios y trabajadores auxiliares, técnicos y administrativos de la salud primaria regidos por el artículo 5° de la ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, indicando el número de funcionarios y trabajadores cuyas rentas sean inferiores al nuevo piso mínimo remuneracional que impone el artículo 18 del proyecto de Ley de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, Boletín N° 11.519-06, aprobado por el Congreso Nacional, en tramite de promulgación presidencial. (34 al 37099).
Diputado Espinoza, don Fidel . Antecedentes acerca de la capacitación a los funcionarios de los hospitales interculturales de Quilacahuín y Misión San Juan , en el marco del curso “Base de Atención de Salud con Enfoque en Salud Familiar, Análisis Territorial con Pertinencia Intercultural”, indicando si se han desarrollado capacitaciones similares en recintos asistenciales de otras comunas o localidades de la provincia de Osorno. (392 al 37987).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (42 al 37762).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (65 al 37699).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Planificación y preparación desarrollada por su institución en la región para enfrentar los incendios durante la época estival. (9 al 37612).
Diputado Gahona, don Sergio . Posibilidad de disponer obras de mejoramiento del camino Medialuna-Manquehua en la comuna de Combarbalá, indicando los proyectos considerados, las fechas y los plazos de su ejecución, en los términos que requiere. (38610de 23/01/2018). A Dirección de Vialidad.
Diputado Gahona, don Sergio . Posibilidad de disponer obras de mejoramiento del camino Medialuna-Manquehua en la comuna de Combarbalá, indicando los proyectos considerados, las fechas y los plazos de su ejecución, en los términos que requiere. (38611de 23/01/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Coquimbo.
Diputado Gahona, don Sergio . Posibilidad de adoptar las medidas que permitan superar el problema ambiental que afecta a los vecinos de las comunas de Combarbalá y Punitaqui, debido a la nube de polvo que se genera por la circulación de vehículos en el tramo del camino que une Manquehua con Majada Blanca , informando los proyectos dispuestos y sus fechas y plazos de ejecución, en los términos que requiere. (38612 de 23/01/2018). A Dirección de Vialidad.
Diputado Gahona, don Sergio . Posibilidad de adoptar las medidas que permitan superar el problema ambiental que afecta a los vecinos de las comunas de Combarbalá y Punitaqui, debido a la nube de polvo que se genera por la circulación de vehículos en el tramo del camino que une Manquehua con Majada Blanca , informando los proyectos dispuestos y sus fechas y plazos de ejecución, en los términos que requiere. (38613 de 23/01/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Coquimbo.
Diputado Gahona, don Sergio . Factibilidad de disponer obras de reparación en la Ruta D-605 que conecta La Serena y Combarbalá vía Punitaqui, especialmente desde el sector Cuesta Los Mantos hasta Manquehua , indicando los proyectos existentes, las fechas y los plazos de su ejecución, en los términos que requiere. (38614de 23/01/2018). A Dirección de Vialidad.
Diputado Gahona, don Sergio . Factibilidad de disponer obras de reparación en la Ruta D-605 que conecta La Serena y Combarbalá vía Punitaqui, especialmente desde el sector Cuesta Los Mantos hasta Manquehua , indicando los proyectos existentes, las fechas y los plazos de su ejecución, en los términos que requiere. (38615de 23/01/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas De Coquimbo.
Diputado Gahona, don Sergio . Futuro del llamado “Parque El Culebrón” de la comuna de Coquimbo, indicando si existen proyectos en diseño o ejecución y el estado de tramitación del proyecto “Construcción Parque El Culebrón de Coquimbo”, IDI 20171144-0. (38616 de 23/01/2018). A Municipalidad de Coquimbo.
Diputado Gahona, don Sergio . Futuro del llamado “Parque El Culebrón”, de la comuna de Coquimbo, remitiendo las actas de la Mesa de Trabajo Interinstitucional y Ciudadana Cuenca El Culebrón, los resultados obtenidos durante su labor y el listado de asistencia a cada una de sus sesiones, en los términos que requiere. (38617 de 23/01/2018). A Intendencia de la Región de Coquimbo.
Diputado Gahona, don Sergio . Calendario de entrega de equipos de buceo a los pescadores artesanales de La Higuera, en los términos que plantea. (38618 de 23/01/2018).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Factibilidad de iniciar un programa de reparación del camino que une la localidad de Quino en la Comuna de Victoria, con la Ruta 5 Sur, indicando el plazo para su ejecución. (38619 de 23/01/2018). A Dirección de Vialidad.
Diputado Rathgeb, don Jorge . Solicita informe de la factibilidad de iniciar un programa de reparación del camino que une la localidad de Quino, en la Comuna de Victoria, con la Ruta 5 Sur, indicando el plazo en que dicho plan se concretará. (38620 de 23/01/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía.
Diputado Rathgeb, don Jorge . Solicita informe de los motivos que habrían permitido el cierre de la antigua Ruta Vegas Blancas , en la comuna de Angol, indicando las medidas que se adoptarán para solucionar los problemas que se describen en documento anexo. (38621 de 23/01/2018). A Dirección de Vialidad.
Diputado Lavín, don Joaquín . Propietario del terreno ubicado entre las avenidas Serrano , Federico Errázuriz , Ruta 68 y Claudio Arrau , indicando las medidas de mitigación adoptadas para la limpieza y fin del vertedero clandestino que se ubica en el lugar y precisando si existe algún plan para cerrar dicho terreno o planes para dar mayor seguridad a los vecinos de su entorno. (38622 de 24/01/2018). A Municipalidad de Pudahuel.
Diputado Rathgeb, don Jorge . Gestión que debe efectuar el señor Juan de Dios Herrera Castillo para regularizar la situación que le afecta tras haber obtenido un subsidio de vivienda en la comuna de Traiguén, que nunca ocupó, en los términos que requiere. (38623 de 24/01/2018). A Servicio de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía.
Diputado Rathgeb, don Jorge . Integración del comité de redacción de bases y del comité de selección de los llamados a concurso para Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Jefe del Departamento de Gestión de Proyectos y Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, remitiendo copia de las actas de constitución y nombramiento, en los términos que requiere. (38624 de 24/01/2018). A Servicio de Salud Araucanía Norte.
Diputada Hernando , doña Marcela . Solicita informe de la factibilidad de presentar un proyecto de reubicación de la Armería y el Almacén, que actualmente se ubican en el sitio de Memoria Providencia, en la comuna de Antofagasta, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional antes del 10 de febrero del año en curso, gestionando además una solicitud ante el Ministerio de Bienes Nacionales para la modificación del decreto de asignación de terrenos. (38625 de 24/01/2018). A Carabineros de Chile.
-Asistieron 109 señores diputados, de los 119 en ejercicio.
El acta de la sesión 110ª se declara aprobada. El acta de la sesión 111ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Ofrezco la palabra sobre la Cuenta. Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .
El señor JACKSON .- Señor Presidente, solicito reunión de Comités, sin suspensión de la sesión.
Cito a reunión de Comités, sin suspensión de la sesión.
El señor ORTIZ .- Señor Presidente, quiero hacer una solicitud que dice relación con la tramitación del proyecto de incentivo al retiro para los funcionarios del Congreso Nacional.
Las tres asociaciones de funcionarios del Senado, las dos de la Biblioteca del Congreso Nacional y las tres de la Cámara de Diputados conformaron una federación, y a través de ella negociaron y llegaron a un acuerdo definitivo con el Ejecutivo, representado por la subsecretaria de Hacienda, señorita Macarena Lobos . En dicha negociación participaron además el Secretario General de esta Corporación, señor Miguel Landeros , el Presidente del Senado y el director de la Biblioteca del Congreso Nacional.
El acuerdo mencionado se tradujo en un proyecto de ley que inició su trámite legislativo en el Senado, cuya Comisión de Hacienda lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, al igual como ocurrió con posterioridad en la Sala de dicha Corporación.
Ayer, cuando recibí el proyecto, en mi condición de Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados hice uso de mi atribución de citar a sesión, con cuatro horas de anticipación, para debatir la iniciativa entre las 9.20 horas y las 10.20 horas de hoy. Sin embargo, no alcanzamos a completar su tratamiento.
Por ello, señor Presidente, sin las cuatro horas de anticipación que requiere la citación, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Hacienda continúe con dicha sesión a contar de las 11 de la mañana.
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado José Miguel Ortiz ?
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por el diputado señor Ernesto Silva , quien. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 25 de enero de 2018, para dirigirse a Estados Unidos de América.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
El señor Prosecretario informará sobre los acuerdos de los Comités.
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Jorge Sabag , con la asistencia de las diputadas Loreto Carvajal , Marcela Hernando , Claudia Nogueira , Denise Pascal , Alejandra Sepúlveda y Camila Vallejo , y de los diputados señores Andrade , Gahona , Jackson , Kort , León , Daniel Núñez , Paulsen , Leopoldo Pérez , Saffirio e Ignacio Urrutia , acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Votar sin discusión las modificaciones introducidas al proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor (boletín N° 1033108).
2. Votar sin discusión el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que norma el servicio de recolección, reutilización y disposición de aguas grises (boletín N° 9452-09).
3. Adelantar la hora de inicio de la sesión especial convocada para analizar el contenido y alcance del reciente acuerdo al que llegaron los representantes de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y SQM en relación con el arbitraje que sostenían por contratos y proyectos relacionados con la explotación del mineral de litio desde el Salar de Atacama para las 12.05 horas.
4. Dar por rechazadas todas aquellas indicaciones presentadas al proyecto de reforma del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el fin de adecuarlo al aumento del número de diputados y al cambio del sistema electoral establecido en la ley N° 20.840, y de introducirle modificaciones en otras materias (boletín N° 11565-07), respecto de las cuales la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no se pronunció.
Hago presente a las señoras y a los señores diputados que la Comisión de Deportes y Recreación sesionará en forma simultánea con la Sala, de 10.45 a 12.00 horas.
Saludo la presencia en las tribunas de la excelentísima embajadora de Turquía en nuestro país, señora Gülin Dinç , quien fue invitada por el Grupo Interparlamentario Chileno-Turco, encabezado por el diputado Alberto Robles .
La acompaña nuestro excolega Enrique Accorsi , por quien tenemos un gran aprecio.
Deseamos que la señora embajadora tenga mucho éxito en la labor que desarrollará en nuestro país.
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 54 bis de la Ley General de Cooperativas, en lo relativo al límite de descuentos voluntarios en favor de cooperativas.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Sergio Espejo .
-Proyecto del Senado, sesión 45ª de la presente legislatura, en 12 de julio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 113ª de la presente legislatura, en 16 de enero de 2017. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor ESPEJO (de pie).-
Señor Presidente, dado que esta es mi última intervención en este período como diputado, quiero agradecer a todo el personal de la Cámara de Diputados, que trabaja con tanto entusiasmo y amabilidad para respaldar nuestras labores, y, especialmente, a mi equipo más cercano: las señoras Julita Beltrán , Macarena Rivas y Geissi González , y el señor Manuel Zúñiga .
En nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción de la honorable senadora señora Lily Pérez y del honorable senador señor Eugenio Tuma , con urgencia calificada de suma, que modifica el artículo 54 bis de la Ley General de Cooperativas, en lo relativo al límite de descuentos voluntarios en favor de cooperativas.
Quiero hacer presente que esta moción que recibimos del Senado es prácticamente idéntica a una originada en la Cámara de Diputados, cuyos autores son Rodrigo González , Germán Verdugo , Guillermo Ceroni , Tucapel Jiménez , Yasna Provoste , Víctor Torres , Christian Urízar y Felipe Letelier .
Por razones de trámite legislativo, la moción que finalmente aprobamos y despachamos en la Comisión de Economía es la que provenía del Senado; pero, como comisión, quisimos hacer presente que esta misma materia había sido abordada por colegas diputados.
El objetivo de la iniciativa es aumentar, respecto de los funcionarios municipales que se rigen por el estatuto administrativo y para funcionarios municipales contenidos en la ley N° 18.883, el tope máximo del descuento voluntario por planilla en favor de las cooperativas de las que el funcionario sea socio, de 15 por ciento a 25 por ciento.
Lo anterior se debe a que tales funcionarios no quedaron expresamente contemplados en una modificación de 2016 a la Ley General de Cooperativas, que concedió el aumento en el porcentaje indicado solo a los funcionarios públicos que se rigen por el estatuto administrativo, contenido en el decreto con fuerza de ley N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre estatuto administrativo.
La comisión contó en sus debates con la asistencia de las señoras Natalia Piergentili , subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño; Alejandra Vallejos , asesora de esa subsecretaría, y del señor Andrés Pennycook , asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo .
Concurrió además el presidente nacional de la Confederación Nacional “Unión de Funcionarios Municipales de Chile” (Ufemuch), señor Víctor Hugo Mora , acompañado por los directores señores Hugo Cárdenas y Christian Gajardo , y por el tesorero, señor Jaime Olate .
En los antecedentes del proyecto se hace presente que en la modificación del año 2016 a la Ley General de Cooperativas, se incorporó, en el artículo 54 bis, un aumento en el porcentaje límite para los descuentos voluntarios por planilla, establecido en el artículo 96 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de 15 por ciento a 25 por ciento, cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de las que el funcionario sea socio.
Como se ha indicado, la modificación referida no abarcó a todos los funcionarios del sector público, excluyéndose de este beneficio a los funcionarios municipales que se rigen por el estatuto administrativo respectivo.
Esta exclusión del beneficio descrito implicaría que cerca de 175.000 funcionarios municipales no pueden acceder a dicha forma de descuento.
Por eso, se hace necesaria una modificación legal que expresamente establezca que este nuevo porcentaje límite de descuentos permitido de las remuneraciones se hará extensivo al sector municipal, sin que sea necesaria una interpretación de la Contrataría General de la República sobre el asunto. Es más, mantener la redacción actual del artículo 54 bis de la Ley General de Cooperativas representa una discriminación legal arbitraria sobre el trato que el Estado debe a sus funcionarios, sea cual sea el sector en particular donde desarrollen sus funciones.
La señora subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño señaló que el proyecto es importante para el ministerio, no solo porque su acción se centra en generar adhesión al modelo cooperativo, sino porque además uno de los ejes fundantes de este modelo dice relación con la igualdad de trato y de definiciones de parte de los socios. Lo mismo señaló el señor Víctor Hugo Mora , presidente nacional de la Confederación Nacional “Unión de Funcionarios Municipales de Chile” (Ufemuch), a propósito de la iniciativa.
Puesto en votación el proyecto en general y en particular a la vez, fue aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, en la sesión del 9 de enero de 2018.
Finalmente, agradezco al equipo de taquígrafos y de redactores, que se encuentran ubicados delante de la testera, quienes cumplen una función tan importante en la Redacción de Sesiones, de la cual formó parte mi padre, Gilberto Espejo .
Señor Presidente, quienes propiciamos el cooperativismo en este país, queremos más beneficios para las personas asociadas a las cooperativas. Sin embargo, tengo ciertas aprensiones respecto del proyecto, el cual tuvo su origen en una moción de los excolegas diputados y actuales senadores Lily Pérez y Eugenio Tuma , a quienes respeto mucho, la que es muy similar a la presentada por los colegas Rodrigo González y Germán Verdugo , al punto de que ha sido reproducida casi textualmente. Quiero pensar que ello fue debido al esfuerzo de los funcionarios municipales, que presentaron la idea tanto a senadores como a diputados, y no porque el proyecto haya sido plagiado.
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde que los funcionarios municipales tengan la misma posibilidad que otros funcionarios públicos de aumentar de 15 a 25 por ciento el tope de descuentos voluntarios por planilla para deudas contraídas con cooperativas. Sin embargo, no deja de preocuparme que el nivel de endeudamiento de los funcionarios del Estado esté aumentando y que destinen una buena parte de sus sueldos a pagar deudas con distintas instituciones crediticias, lo que significa que su mayor esfuerzo laboral esté concentrado en el cumplimiento de esos compromisos.
El espíritu de las cooperativas ha sido siempre entregar mayor bienestar y beneficios a sus cooperados. Sin embargo, hoy vemos que una gran parte de esas instituciones -he tenido serias discusiones sobre este temase han convertido en entidades financieras, que más que buscar el bienestar de sus afiliados, buscan transformarlos en clientes de las mismas, y con ello obtener grandes ganancias, que rara vez se transforman en oportunidades para sus cooperados, quienes debieran ser sus beneficiarios.
Por lo tanto, este proyecto, que puede verse como un beneficio para los funcionarios municipales, puede transformarse en un peligro si ellos se endeudan con esas instituciones más allá de lo recomendable.
No sé si existe algún estudio respecto del nivel de endeudamiento por planilla de los funcionarios del sector público, incluidos los funcionarios de nuestra Corporación; tampoco sé si ello fue tomado en cuenta al momento de estudiar este proyecto.
La iniciativa conlleva beneficios; sin embargo, se debe tener cuidado respecto de instituciones que bajo el título del cooperativismo esconden verdaderas financieras.
No obstante las consideraciones expresadas, anuncio que voy a entregar mi aprobación al proyecto.
Señor Presidente, este proyecto, que fue aprobado por amplia mayoría en la Comisión de Economía, debería concitar un alto grado de aceptación en la Sala.
Las cooperativas de ahorro y crédito tienen una función fundamental en el apoyo hacia las pequeñas empresas y microempresas. Entidades como Coopeuch y otras cumplen un rol fundamental para que miles de pymes se puedan desarrollar, por lo que este proyecto es muy importante para estas entidades.
Asimismo, la iniciativa es una aspiración de los funcionarios municipales, quienes por mucho tiempo y con muchas ansias han esperado poder ejercer un derecho que tienen los trabajadores públicos. En ese sentido, como muy bien señaló el diputado informante, Sergio Espejo , a quien saludo en su despedida, los trabajadores municipales han sido discriminados respecto de los funcionarios públicos, porque estos tienen asegurado por ley el derecho de solicitar créditos contra descuento por planilla por hasta el 25 por ciento de su sueldo, recursos que pueden destinar al pago de créditos contraídos con cooperativas de las cuales ellos son socios.
Cuando se dictó la legislación vigente en esta materia, los funcionarios municipales quedaron excluidos de la posibilidad de que aumentara el porcentaje de su sueldo que puede ser descontado por planilla. Se trata de una oportunidad extremadamente útil para esos funcionarios, miles de los cuales son socios de cooperativas de ahorro y crédito.
Por otro lado, es importante destacar que un grupo de diputados presentamos una iniciativa similar, pero no tuvimos la agilidad necesaria para tramitarla en el momento oportuno. Después, ocurrió que alguien la vio en el Senado, y un año y medio después fue presentada exactamente en los mismos términos, prácticamente un copy and paste.
Esta situación se hizo presente en la comisión, cuyo secretario dirigió un oficio al Senado para que situaciones de este tipo no se repitan. En el trabajo parlamentario nos debemos respeto entre diputados y senadores, más aun cuando se trata de un asunto tan importante como la autoría de proyectos.
Quiero pedir a todas y todos los diputados presentes que aprobemos con el mayor entusiasmo este proyecto, porque apoyar al movimiento cooperativo es apoyar la economía social, a fin de evitar que el alto grado de concentración económica siga incrementándose.
Chile es uno de los países de más alto nivel de concentración económica, y justamente el desarrollo del movimiento cooperativo permite democratizar la economía.
Quienes se organizan en cooperativas sin fines de lucro lo hacen para beneficio de sus propios asociados. Por lo tanto, espero que estas entidades tengan un gran desarrollo, tal como sucede en países en los que el movimiento cooperativo ha sido un ancla y un soporte de economías desarrolladas. En ellas, el 25 o el 30 por ciento del producto interno bruto corresponde al movimiento cooperativo.
Ojalá que desde el Congreso Nacional podamos seguir apoyando, con proyectos como el que conocemos hoy, al movimiento cooperativo, que es esencialmente neutral y apolítico.
Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma .
Señor Presidente, no podemos dejar de decir algunas palabras en relación con este proyecto, pues toca un elemento vital para quienes han propuesto resolver un vacío que existe sobre los descuentos por planilla de los funcionarios municipales socios de cooperativas.
En efecto, el proyecto aumenta de 15 por ciento a 25 por ciento el tope máximo del descuento voluntario por planilla en favor de las cooperativas de las que el funcionario municipal sea socio. Ello hace justicia a dichos funcionarios en relación con quienes se rigen por el estatuto administrativo, quienes sí impetran ese beneficio.
Aprovechando el tema planteado en la iniciativa, quiero referirme a lo que sucede en mi región.
Existe falta de organización de las comunidades indígenas, particularmente en su productivo. Por ello, es muy importante avanzar en el fortalecimiento de las cooperativas, único medio mediante el cual sus integrantes pueden enfrentar el mercado de manera organizada.
Es cierto que existen recursos y programas en el Sercotec y en el Indap para apoyar a estas organizaciones; sin embargo, el accionar del Estado ha sido muy débil, pues no las ha incentivado de buena manera y con un gran programa para resolver el problema productivo en la Región de La Araucanía.
Anuncio que votaré favorablemente el proyecto. Sin embargo, quería abordar el punto sobre lo que significan las cooperativas en Chile, en especial en mi Región de La Araucanía.
Señor Presidente, hace poco se realizaron las elecciones presidenciales y parlamentarias. ¡Cuánto nos habría gustado que la economía social solidaria hubiese aparecido en los programas presentados! Lo digo porque en todas las candidaturas el tema estuvo ausente.
Hay quienes creemos firmemente en que la economía social solidaria puede ser una alternativa a este modelo económico salvaje, como lo calificó en su oportunidad el papa Juan Pablo II .
Sin duda, Chile tiene una deuda pendiente con las cooperativas. A estas alturas, las cooperativas en Chile podrían haber sido muy importantes, como lo son en Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica , Panamá y en tantos otros países de América. En Estados Unidos de América hay 650 cooperativas solamente en el rubro de las compañías eléctricas.
En Chile, a partir del bando Nº 3, sabemos cuál fue la suerte que corrieron las cooperativas, en particular sus dirigentes.
Hoy los llamo a que pongamos la mirada en este modelo, en este sistema. La diferencia con otros es que no persigue fines de lucro; por el contrario, aquí los remanentes se reinvierten en la cooperativa.
Este proyecto pone la mirada en los funcionarios municipales. Cuánto nos gustaría que pudiéramos avanzar más allá. Hay cooperativas en los sectores de la salud, de la vivienda, etcétera, pero nos gustaría que estas fueran de verdad, y no negocios disfrazados de cooperativas.
Saludo la presentación de esta iniciativa. Ojalá esta Corporación, en la próxima legislatura que se inicia en marzo, continúe desarrollando este modelo en Chile.
Agradezco al Primer Vicepresidente, señor Enrique Jaramillo , por darme la posibilidad de presidir la sesión.
Hace trece años ocupé un lugar en la testera, como Segundo Vicepresidente, de manera que me emociona mucho estar sentado aquí por última vez.
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 54 bis de la Ley General de Cooperativas, en lo relativo al límite de descuentos voluntarios en favor de las cooperativas.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular, con la misma votación.
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Educación para incorporar en el nivel de enseñanza media contenidos de educación financiera básica.
Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Mario Venegas .
-Proyecto del Senado, sesión 71ª de la legislatura 346ª, en 14 de septiembre 2016. Documentos de la Cuenta N° 10.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 100ª de la presente legislatura, en 12 de diciembre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.
En reemplazo del diputado Mario Venegas , rendirá el informe de la Comisión de Educación la diputada Yasna Provoste .
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Educación, me corresponde informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica la Ley General de Educación para incorporar en el nivel de enseñanza media contenidos de educación financiera básica.
La iniciativa legal consiste en implementar contenidos de educación financiera en la educación media para contribuir a la formación integral de las personas en la comprensión de riesgos y prevención del sobreendeudamiento.
El proyecto de ley en estudio se originó en una moción del senador señor Coloma , de la senadora señora Jacqueline van Rysselberghe , y de los senadores señores Lagos , Montes e Ignacio Walker , el cual señala que el artículo 19, número 10º, de la Constitución Política, reconoce el derecho a la educación, la cual tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, por lo que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la misma.
Por su parte, el número 11º del mismo cuerpo normativo dispone que será una ley orgánica constitucional la que establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de enseñanza básica y media.
Añade la iniciativa que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha reconocido que “el proceso por el cual los consumidores e inversores financieros mejoran su entendimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros es mediante la información, instrucción y asesoramiento en el cumplimiento de objetivos, desarrollando las habilidades y la confianza para llegar a ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, ejecutando elecciones informadas y saber dónde dirigirse en caso de requerir ayuda y adoptar otras acciones efectivas para mejorar su bienestar financiero”. Como esta también es mi última rendición de informe como diputada, aclaro que prefiero que a la gente se la denomine como ciudadanos y no consumidores.
De acuerdo con lo anterior, la educación financiera incluye temas transversales en los currículos escolares que pueden ser incorporados en diversas asignaturas, lo que implica un esfuerzo común para lograr una enseñanza que atraviese todas las áreas del conocimiento y no solo un ramo dedicado a este asunto, para lo cual es necesario capacitar a los profesores y crear el material de apoyo necesario.
Agrega la moción que, según una encuesta del Instituto Nacional de la Juventud dada a conocer en 2014, un 37 por ciento de los jóvenes entre 18 y 29 años tiene deudas, créditos o préstamos a su nombre. La cifra se eleva a 47 por ciento entre jóvenes de 24 a 29 años. De ese grupo, el 43 por ciento menciona hacerlo debido a un crédito universitario, el 39 por ciento por endeudamiento con tarjetas de casas comerciales o de crédito y el 30 por ciento menciona deudas a través de un crédito de consumo de la banca o el retail. La misma encuesta sostiene que el 24 por ciento de los jóvenes ha dejado alguna vez de pagar sus deudas, el 23 por ciento las ha repactado y el 20 por ciento está en Dicom.
Gracias a otra pregunta, la encuesta sostiene que el 45 por ciento de los jóvenes no cree que dejará de estar endeudado en los próximos doce meses. A modo de ejemplo de los conocimientos financieros, consultados sobre qué entienden por el CAE, el 38 por ciento sostuvo que es el valor de cada cuota del crédito, el 31 por ciento que es el valor total del producto o servicio y el 31 por ciento no sabe o no responde.
A mayor abundamiento, según los datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras correspondientes a junio de 2014, los jóvenes menores de 25 años y los adultos mayores de 65 años presentan las tasas de morosidad más altas. En el mismo orden de ideas, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras ha sostenido que el país exhibe un bajo conocimiento en materias de contenido financiero. Lo mismo ocurre ante preguntas relativas a la inflación, tasas de interés y diversificación de riesgo, que en Chile alcanza solo el 8 por ciento, bajo el 53 por ciento de Alemania, el 45 por ciento de Holanda y el 39 por ciento de Estados Unidos.
De acuerdo con la moción, es importante mencionar, para efectos de acentuar la importancia de la educación financiera en el país, que de acuerdo a la Federación Latinoamericana de Bancos, Chile es el país más bancarizado de Sudamérica, jugando un rol importante en esta expansión la adquisición de tarjetas de créditos vinculadas al retail.
Según los datos enunciados precedentemente, otro documento de la OCDE afirma que la falta de educación financiera implica que los individuos y sus familias sean más proclives al endeudamiento, por lo que implementarla como una política pública es un elemento importante en la transición de la niñez a la edad adulta y en la formación de ciudadanos financieramente responsables. En los últimos años, los países desarrollados y emergentes muestran mayor preocupación por la educación financiera de sus ciudadanos. Por esta razón, PISA, estudio internacional de la OCDE sobre los conocimientos y habilidades de los estudiantes de 15 años, evaluará al país desde el 2015 sobre la formación financiera de los jóvenes.
El estudio citado anteriormente, basándose en los contenidos de las mallas curriculares y la evaluación del examen PISA 2012, señala como áreas comunes de la educación financiera en estos países, y que parece acertado recoger, las siguientes: 1) dinero y transacciones; 2) planificación y gestión; 3) riesgo y diversificación, y 4) perspectivas financieras.
Finalmente, la moción destaca que el mayor acceso al crédito ha permitido a la clase media optar a una mayor cantidad de bienes y servicios, lo que, sin embargo, en reiteradas ocasiones provoca un sobreendeudamiento, que se traduce en problemas personales, familiares y sociales.
A juicio de los autores, el problema no es el crédito, sino las herramientas con las que se cuenta al momento de adoptar decisiones en materia financiera, por lo que la implementación de una política pública desde la educación permitirá la formación de ciudadanos más responsables y conscientes en el manejo de sus recursos.
La comisión aprobó el proyecto en los mismos términos en que lo hizo el Senado.
1) El artículo único del proyecto de ley tiene el carácter de norma orgánica constitucional. El proyecto no contempla normas de quorum calificado.
2) El proyecto de ley aprobado por la comisión no debió ser conocido por la Comisión de Hacienda.
3) El proyecto fue aprobado, en general y particular, por unanimidad de votos. Es todo cuanto puedo informar.
Reitero mi agradecimiento a todos los funcionarios y trabajadores de la Cámara de Diputados que me han acompañado durante estos cuatro años, en los que esperamos haber contribuido al desarrollo legislativo de nuestro país.
En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .
Señor Presidente, me parece una mala práctica que por la vía de los proyectos de ley incidamos en la definición del currículum escolar, que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, es un tema privativo de los especialistas, esto es, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, que debe aprobar los cambios curriculares, entendiéndose por currículum, de manera sucinta, la selección de los contenidos culturales que queremos transmitir a las generaciones más jóvenes.
Sin embargo, los senadores autores del proyecto parten del hecho real de que los ciudadanos -como la diputada Yasna Provoste quiere que llamemos a nuestros compatriotasmuestran un desconocimiento importante en materia de educación financiera, que se expresa, entre otras conductas negativas, en el sobreendeudamiento -está en los fundamentos del proyecto y creen que por la vía de incorporarlo entre los objetivos educacionales de la enseñanza media se va a resolver el problema.
Dudo de la utilidad y del efecto práctico de la propuesta. Además, como dije, al utilizar esta vía nos entrometemos en una materia tan seria como es la definición del currículum.
A mayor abundamiento, el proyecto -como me hacía ver la diputada Yasna Provostees marcadamente neoliberal, y por eso ella hizo reparos cuando se habla de “consumidores” para referirse a las personas. Y en un sistema económico marcado por la exacerbación del mercado y de los instrumentos tecnológicos utilizados como medios de pago, como las tarjetas de crédito, las posibilidades de acceder al crédito en las cadenas de retail, etcétera, es evidente que estamos ante un problema.
Hay estudios que demuestran que las familias chilenas, en promedio, tienen un nivel de sobreendeudamiento enorme respecto de su nivel de ingresos. Esto es particularmente preocupante, pues se trata de un problema que comienza a manifestarse a temprana edad entre los jóvenes, como lo demostró un estudio elaborado por el Instituto Nacional de la Juventud.
Sin embargo, quienes conocemos algo de educación sabemos que el porcentaje de incidencia que tiene la educación formal en los conocimientos, aptitudes y habilidades de los alumnos es muy bajo. La principal incidencia está dada por el hogar, por la familia. Lo que uno enseña especialmente con su conducta es más importante para los hijos a temprana edad que la educación formal, sobre todo si queremos cambiar determinadas conductas.
A mayor abundamiento, los actuales planes y programas de enseñanza media contemplan la enseñanza de una asignatura de economía durante un año. Se trata de un curso de economía en el que debieran impartirse los conceptos básicos sobre la materia.
Si bien existe un problema real en materia de educación financiera, el cual debemos abordar con la finalidad de que los ciudadanos tengan mayor formación en ese ámbito, dudo de que un proyecto de ley como el que estamos discutiendo, a través del que cual se propone la incorporación en el currículum de la enseñanza media de contenidos de educación financiera básica, se logre un impacto real para lograr el cambio de conductas que esperamos.
No obstante esa aprensión, en especial en lo referido a usar proyectos de ley de esta envergadura para incidir sobre el currículum de la enseñanza media, procedimiento que considero peligroso e inconveniente porque creo que es una materia demasiado importante como para dejarla supeditada a este mecanismo, la iniciativa en debate tiene la virtud de dejar en evidencia y de hacer un llamado de atención sobre un problema real: la debilidad que existe en materia de formación financiera.
No me convence mucho el proyecto; nunca me convenció mucho. Entiendo la buena intención que puede haber detrás de él, pero dudo que pueda contribuir a cambiar conductas, que por cierto son preocupantes, como el sobreendeudamiento y el desconocimiento acerca de cómo operan los nuevos instrumentos financieros que nuestro modelo económico y nuestra economía moderna nos obligan a usar.
Es cuanto puedo señalar -lo que manifesté fueron más bien mis aprensiones respecto de esta iniciativa.
Señor Presidente, cuando hablamos de proyectos de ley que se refieren al ámbito de la educación, en particular cuando proponen la incorporación en el currículum de formación de los estudiantes algún contenido, por cierto que es importante pensar que los jóvenes de Chile, nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas del futuro, necesariamente requieren tener una formación integral.
Sin embargo, uno de los déficit que tenemos en Chile en general en el ámbito de la educación es que el currículum que contiene la ley que vamos a reformar, al ser llevado a la práctica no cumple con el objetivo que todos pretendemos.
A modo de ejemplo, existen diversas materias respecto de las cuales debería existir formación, pues inciden desde el punto de vista social, pero que en la práctica no son abordadas, principalmente porque el currículum está destinado a contenidos relacionados con aquellas asignaturas que se miden normalmente en las pruebas de control, como lenguaje y matemáticas. De hecho, las comunidades académicas realizan esfuerzos para que los jóvenes rindan bien los exámenes en dichas asignaturas. Sin embargo, respecto de todas aquellas materias que inciden en la formación integral del individuo, en términos de su desarrollo cognitivo y emocional y de las habilidades que requiere para enfrentar la vida, nuestro currículum deja mucho que desear.
Quiero dar solo dos ejemplos. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Chile en materia de salud es la obesidad, la cual afecta a gran parte de nuestros jóvenes y niños. Si no es principalmente en la escuela donde debe educarse a nuestra juventud respecto de los hábitos saludables que hay que adoptar en materia de alimentación y actividad física, cabe preguntar dónde podría ser. Creo que estamos fallando.
También estamos fallando en relación con el aumento que ha tenido en nuestra comunidad el embarazo de adolescentes. Ello muestra una deficiencia seria de la educación, del currículum y de la formación que se está brindando a nuestros jóvenes, por lo menos en el sentido de la información y del conocimiento que estos requieren para ejercer una paternidad o maternidad responsables.
Por supuesto que es deseable la incorporación en el currículum de enseñanza media de contenidos sobre educación financiera básica. Por cierto que es importante y deseable que toda la comunidad tenga información básica sobre cómo administrar sus finanzas y ser capaces de manejarse en la vida cotidiana desde el punto de vista económico. Es importantísimo tener esas capacidades para desenvolverse en la vida. Pero para que eso sea realidad no basta con la incorporación de determinadas materias en la ley general de Educación.
Podemos votar a favor el proyecto de ley en discusión, pero será letra muerta en la medida en que lo que establece no se incorpore en la praxis de las escuelas y los colegios. Para ello, el Ministerio de Educación debe ser capaz de establecer un currículum integral, que incorpore habilidades de todo tipo para nuestros jóvenes, desde las financieras, respecto de lo cual hoy estamos legislando, hasta las sanitarias, lo que me parece relevante en la vida de cada persona, pues de esa forma podrá determinar qué le produce daño a su propio organismo, como el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo, entre otras cosas.
Lo anterior evitará que nos transformemos en una sociedad en la que solo se establezcan prohibiciones, como la que restringe la venta de cigarrillos a menos de cien metros de los colegios, lo cual, por lo demás, no resuelve el problema del tabaquismo. Este problema se soluciona en la medida en que los jóvenes, a través de la educación, sean capaces de tomar decisiones libres y soberanas, como la de dejar el cigarrillo o no incorporarse al tabaquismo. Del mismo modo, a través de la educación, pueden decidir no avanzar en el alcoholismo o no consumir drogas, y cuidar su organismo mediante una alimentación saludable u otro tipo de medidas, o adoptar la decisión, por ejemplo, de adquirir educación financiera básica. En suma, es la educación integral la que puede resolver aquello, pero –reitero esta debe incorporarse en la praxis de los colegios.
Perdónenme que sea tan franco, pero lo que propone este proyecto será un saludo a la bandera mientras el Ministerio de Educación no sea capaz de desarrollar un currículum integral que pueda ser bajado a las escuelas en forma efectiva, a fin de que los profesores puedan educar integralmente a nuestros jóvenes y a nuestros niños. De lo contrario, la educación financiera básica será solo un ramo más -si es que llega a serloo una materia que se impartirá en un par de clases en el ramo de educación cívica, asignatura sobre la que también hemos legislado y que en la actualidad tampoco entrega mayores resultados.
Por eso, me parece muy importante que podamos tener efectivamente una educación plural, abierta, laica y con acento en la formación integral de los jóvenes, porque, al final del día, ello permitirá que se produzcan cambios sociales. La educación es la única que puede impulsar los cambios que necesita la sociedad chilena. No sacamos nada con declarar buenas intenciones si ello no se verifica en la práctica, en la formación diaria de nuestros alumnos, desde la educación parvularia en adelante.
Voy repetir algo que he dicho permanentemente durante mis 16 años como diputado, en especial en los últimos cuatro años: no habrá cambios en la educación si no nos preocupamos de la formación temprana, esto es de la educación que se imparte hasta los seis años de edad.
Hemos avanzado bastante en materia de salud para la infancia temprana gracias a la creación por la Presidenta Bachelet del programa Chile Crece Contigo. Sin embargo, la educación preescolar se ha quedado atrás y no hemos avanzado respecto de ella con la misma fuerza.
La Presidenta Bachelet inauguró una cantidad importante de jardines infantiles y salas cuna; pero, así y todo, siguen siendo insuficientes. Mientras no tengamos un solo sistema que dé formación integral a todos nuestros niños de entre 0 y 6 años, sin exclusión, la probabilidad de que tengamos un salto cualitativo en educación será escasa.
El niño que ingresa a la educación parvularia o preescolar se encuentra en una posición de ventaja considerable respecto del desarrollo que podrá alcanzar en el resto de su vida. Según la neurociencia, gran parte de las capacidades cognitivas y también emocionales, es decir, la inteligencia emocional del individuo en el futuro, se plasman principalmente entre los 0 y los 5 años de edad. Incluso hay quienes dicen que eso sucede antes.
Por lo tanto, si el país no se preocupa prioritariamente, con todos sus recursos, de esa etapa de la formación de las personas, es difícil que podamos dar un salto cualitativo importante hacia el desarrollo.
Durante la discusión de los proyectos sobre educación que se han tramitado durante este período, he planteado que habría preferido que los recursos entregados a la educación superior para la gratuidad los hubiésemos destinado a la educación de los infantes de entre cero y seis años, a fin de que ninguno deje de tener educación gratuita en ese nivel, que es en el que efectivamente se puede hacer un cambio cualitativo para la vida de una persona.
En lo que respecta a este proyecto de ley, considero que la educación financiera también puede ser enseñada a través de juegos, de lo lúdico, a los niños de hasta seis años de edad. Es una buena forma de acercar a los niños al mundo de lo financiero.
Finalmente, agradezco la posibilidad que me han dado de participar en este último debate -tal vez sea el último discurso que pronuncie en este hemiciclo-, después de haber servido 16 años como diputado a mi región, a la que agradezco el honor que me confirió.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero explicar que este proyecto, de artículo único, tiene una aspiración bastante sencilla, por lo cual fue aprobado por unanimidad tanto en el Senado como en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
El proyecto no busca que se establezca una asignatura de educación financiera. Su objetivo es agregar en el artículo pertinente de la Ley General de Educación una letra m) que dispone que será parte de los objetivos generales de la educación media “Conocer y aplicar conceptos y técnicas financieras básicas, así como desarrollar actitudes, conductas y prácticas que favorezcan la toma de decisiones ciudadanas y le permitan ejercer acciones eficaces para mejorar su bienestar económico personal y familiar.”.”.
En la actualidad son millones los ciudadanos que acceden no solo a tarjetas de crédito, sino a préstamos y a otros productos financieros, y que a veces se ven en serias dificultades para comprender exactamente cómo se calcula, por ejemplo, el interés compuesto de un crédito; si le conviene o no comprar a crédito o en efectivo; qué tipo de crédito es el que más le conviene y cómo calcularlo.
Ese tipo de cosas, que para quienes están aquí pueden parecer muy sencillas, para otros pueden no serlo, pues para hacer esas operaciones se requieren habilidades matemáticas, conceptuales y de aquellas que se denominan de “educación financiera”.
Creo que dicha educación es estrictamente necesaria para evitar que alguien pretenda engañar con letra chica a un ciudadano de nuestro país que, por desconocimiento, no sepa cómo funciona una ecuación matemática.
Como bien ha dicho el diputado Alberto Robles , la educación permite entregar esos conocimientos necesarios para desenvolverse en el mundo actual. Es decir, permite formar hombres y mujeres libres y sacar el máximo talento de cada uno de nuestros niños y niñas en un aspecto de la vida que forma parte de la realidad que todos debemos enfrentar a diario.
Espero que este proyecto sea aprobado. Como mencioné, es una iniciativa muy sencilla. Simplemente incorpora una letra m) en el artículo 30 de la Ley General de Educación. Este artículo dispone: “La educación media tendrá como objetivos generales, sin que esto implique que cada objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:”. A continuación, el artículo enumera las conductas que se busca desarrollar, a las cuales se agregan las señaladas en la nueva letra m), a las que ya di lectura.
Cabe aclarar lo anterior, porque la incorporación de una asignatura en el currículum escolar no es algo que sea materia de esta futura ley. Nosotros ya hemos optado por un modelo según el cual, si alguien quiere que se cree una asignatura nueva, debe planteárselo al Consejo Nacional de Educación. Por tanto, no se trata de obligar a incorporar materias que deban ser incluidas en mallas curriculares, sino de entregar una herramienta para que nuestros estudiantes puedan desenvolverse mejor en el mundo que les toca vivir.
Con algunas excepciones, como las de las diputadas Karol Cariola y Paulina Núñez -las menciono porque seguramente estudiaron en forma muy distinta a la nuestra, dado lo jóvenes que son el resto de los colegas, mientras fuimos estudiantes, en más de alguna ocasión nos vimos en la necesidad de ir a la biblioteca y pedir prestada la enciclopedia Hispánica y, con suerte, la Británica y comparar esas dos fuentes para hacer nuestras tareas.
Cuando uno les menciona a los jóvenes la forma en que estudiábamos, se ríen en nuestra cara. No entienden y se preguntan cómo es posible que no hubiese existido Google desde siempre.
Lo que nosotros hacíamos en su momento era buscar la información en algunas pocas fuentes y compararlas. En cambio, como Google entrega millones de respuestas, lo que hoy hacen nuestros niños es tener que discriminar entre dichas respuestas.
Les pegunto, ¿qué es más difícil? Por supuesto que es más difícil lo que deben hacer los niños en la actualidad, pues requiere ciertas habilidades fundamentales para el mundo actual y para el del futuro, las que deben adquirirse en los primeros años de educación.
Algunos piensan que es la tecnología lo que revolucionará al mundo, pero no es así. Es la forma como uno utiliza la tecnología lo que puede hacer una revolución en materia de educación. De hecho, si uno ve una foto de una sala de clases de la actualidad y otra de hace 100 años, comprobará que, lamentablemente, son muy parecidas. Sin embargo, nuestros jóvenes son dramáticamente distintos.
Por lo tanto, parte de los contenidos y la forma en que se entregan también deben modificarse. Para ello deben utilizarse las nuevas tecnologías. Ahora, no se trata de que las nuevas tecnologías por sí solas nos vayan a entregar los nuevos contenidos. Solo si sabemos utilizar las nuevas tecnologías podremos encontrar los contenidos. Ello es parte de los desafíos que debemos enfrentar.
Junto a los diputados Giorgio Jackson , Vlado Mirosevic y el resto de los que conformamos una especie de “bancada tecnológica” queremos que también se incorpore en la formación de los niños la educación en el lenguaje de programación. Algunos de nuestros países vecinos ya lo han hecho. ¿Por qué lo consideramos tan importante? Seguramente muchos de los que están aquí deben sorprenderse con los conocimientos de sus hijos, nietos o sobrinos en este ámbito. De hecho, causa sorpresa que un niño de dos o tres años sea capaz de manipular un teléfono y de hacer prácticamente de todo con él, incluso de “customizarlo” para buscar lo que necesita. En el fondo, lo programa para su propio uso.
El lenguaje de programación es clave, fundamental para el futuro. Por eso, algunos países lo están incluyendo como parte de su malla curricular clásica, porque reúne una serie de características esenciales del aprendizaje, como la matemática, el razonamiento lógico, el pensamiento holístico, la solución de problemas, cosas que son estrictamente necesarias.
En ningún caso estoy planteando que la tecnología vaya a reemplazar algo estrictamente humano como es la educación.
Los profesores normalistas sabían que la enseñanza de ciertas virtudes y de ciertos valores era clave, razón por la cual aprendían a tocar un instrumento musical, no para que fueran más o menos afinados, sino porque para hacerlo debían tener concentración, disciplina, resiliencia, conceptos estrictamente necesarios en el mundo actual.
Por lo tanto, si la tecnología nos ayuda a que los contenidos sean entregados de manera más sencilla, podremos concentrarnos en esos otros aspectos que son fundamentales, pero que no son educables, no se pueden instruir mediante un libro, un PowerPoint o YouTube. Me refiero al contacto humano, que es clave.
Pido a los señores diputados que piensen no solo en este proyecto, que incorpora una simple letra m), con el objeto de que los alumnos conozcan y apliquen términos financieros, el que, como dije, fue aprobado en forma unánime en el Senado y en la Comisión de Educación de la Cámara, sino también en esos otros aspectos que son la esencia de la educación, pero respecto de los cuales no nos damos el tiempo para su discusión.
Anunciamos nuestra aprobación al proyecto.
Señor Presidente, resolví que no hablaría, pero la intervención del diputado Jaime Bellolio me obliga a hacerlo.
En la etapa tecnológica del desarrollo que estamos viviendo, en las salas de clases debe existir apoyo tecnológico y una mirada del siglo XXI; pero también debemos reconocer que en los años 50 la educación tenía una característica importante que se ha perdido: el trabajo colectivo y la solidaridad entre los alumnos. Solo podíamos hacer algunos trabajos en conjunto. No bastaba con ir a la biblioteca del colegio, ya que no tenía todos los libros que se necesitaban para desarrollar el trabajo, lo que nos obligaba a ir también a bibliotecas públicas.
No viví esa experiencia con mis hijos, ya que tuvieron que educarse en diversos países debido a la situación política que existía en Chile, pero sí veo que en el caso de mis nietos, que usan mucha tecnología, no están obligados a ir a bibliotecas. El problema es que eso va creando cada día más individualismo en cada uno de ellos, ya que buscan solos el material para realizar sus tareas en Google. Además, en el sitio web Rincón del Vago pueden encontrar resúmenes de los libros que nosotros tuvimos que leer en algún momento.
Repito: eso lleva a que los niños sean cada día más individualistas, en circunstancias de que solo lo colectivo, la solidaridad y el trabajo en conjunto les permitirán desarrollarse en la sociedad y en la vida.
Incluso más, aquí mismo, en el Parlamento, si algún diputado no concurre a una comisión y no “interlocuta” en ella las diferentes indicaciones, termina trabajando solo, lo que muchas veces lo puede llevar a cometer errores.
Creo importante agregar esa letra “m)” al numeral 2) del artículo 30 de la ley N° 20.370, porque permitirá conocer y aplicar conceptos y técnicas financieras básicas.
Considero valioso el uso de la tecnología; pero me alegro mucho cuando visito colegios de mi zona, especialmente públicos y rurales, que son chiquititos, lo que obliga a los escolares a trabajar en conjunto, porque no tienen otra manera hacerlo, lo que va creando una conciencia distinta.
Creo que a nuestros educandos y a nuestros educadores les falta trabajar en conjunto en las aulas. Es una modalidad de trabajo que se ha perdido, por lo que es necesario recuperarla. Otra cosa que se ha perdido es el incentivo a la cultura. Podemos tener muy buena educación, muy buenos conocimientos, pero cuando en un país se van perdiendo las tradiciones y la cultura, se termina por arruinar el alma, con la cual tenemos que vivir y defender a nuestra patria.
Por lo tanto, por intermedio del señor Presidente digo al diputado Bellolio que agradezco haber estudiado en los años 50 del siglo pasado, porque eso me ayudó a respetar y a ser solidaria con el resto de mis compañeros. Le debo decir que en esa época no solo no había computador, tampoco había televisión, por lo que aprendimos a jugar en la calle, lo que también se ha olvidado en la actualidad.
Señor Presidente, argumentaré a favor del proyecto de ley.
Creo que la incorporación de distintos factores que afectan y condicionan muchas veces la vida de millones de personas en nuestro país, no pueden quedar exentos del proceso de transmisión cultural, que hemos denominado como proceso educativo. Me refiero a la transmisión, de generación en generación, de las mejores herramientas, que permitan a las nuevas generaciones desempeñarse con mayor libertad en sus vidas.
El artículo 30 de la Ley General de Educación establece ciertos objetivos no solo para el ámbito personal y social, sino también para el conocimiento y la cultura.
El ámbito del conocimiento y la cultura aborda muchos temas. En ese sentido, la materia financiera interesa a muchas familias que se ven precarizadas por caer en lógicas de sobreconsumo en relación con sus ingresos, lo que al final las ata a lo que muchos han denominado una forma de esclavitud moderna. Esto tiene que ver con el amarre al crédito y a los intereses usureros que existen en las instituciones financieras, que se aprovechan de la asimetría de la información, del desconocimiento y de la ignorancia de las personas en materia financiera para establecer normas totalmente atentatorias contra el bienestar de la población.
Hace poco discutimos normas relacionadas con los bancos, ocasión en que nos dimos cuenta de que estos no incorporan el sello Sernac , porque saben que cuentan con una asimetría de información muy importante, y que el usuario no considera muchos aspectos a la hora de firmar un contrato con entidades financieras.
En consecuencia, la iniciativa en estudio viene a nivelar esa información para proteger a las personas que están envueltas en el mundo financiero, con el objeto de que tengan mejores herramientas para que no sean despojadas de sus ingresos y no caigan en la denominada esclavitud moderna, es decir, ser víctima del cobro de intereses excesivos por parte de las instituciones financieras.
Creo que es importantísimo que los educandos puedan acceder a este tipo de contenidos como parte de su formación académica en la enseñanza media.
Ahora bien, quiero llamar la atención sobre otro tema que me preocupa -formaría parte de otro proyecto de ley; ya lo solicitamos vía un proyecto de resolución-, que es la incorporación de la enseñanza de la programación en computación. Si bien en la letra e) del número 2) del artículo 30 de la Ley General de Educación se señala: “Usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla, procesarla y comunicarla.”, ello no responde a las necesidades del siglo XXI. En efecto, hoy necesitamos entender las tecnologías, no solo ocupar un aparato que parece una caja negra mágica. Necesitamos conocer reflexivamente qué ocurre al interior de cada una de esas máquinas, y así ser más libres; de lo contrario, quedaremos nuevamente prisioneros de un sistema que no entendemos, pero que utilizamos diariamente, así como sucede en la actualidad con el sistema financiero.
Apoyaré con entusiasmo esta iniciativa para que, ojalá, podamos revertir el abuso que en que incurren las instituciones financieras. Espero que en los próximos meses discutamos una iniciativa legal sobre la incorporación de la programación como parte fundamental de la formación de los niños, niñas y adolescentes que cursan la enseñanza media en nuestro país.
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Educación para incorporar en el nivel de enseñanza media contenidos de educación financiera básica, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 66 señoras y señores diputados en ejercicio.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
De conformidad con el acuerdo adoptado por los Comités Parlamentarios, corresponde votar sin discusión las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.
-Modificaciones del Senado, sesión 115ª de la presente legislatura, en 18 de enero 2018.
Documentos de la Cuenta N° 12.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
De conformidad con el acuerdo adoptado por los Comités Parlamentarios, corresponde votar sin discusión el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que norma el servicio de recolección, reutilización y disposición de aguas grises.
-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Se levantó la sesión a las 12.05 horas.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rincón, Ceroni, Chahin, Farcas, Flores, Lorenzini, Monckeberg, don Cristián; Sabag, Soto y Squella, que Modifica el Código de Procedimiento Civil con el objeto de establecer nuevas formas de conferir patrocinio y poder para la comparecencia en juicio Boletín N°11589-07
1)	La Ley N ° 20.886 publicada el 18 de diciembre de 2015, establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales, terminando con la materialidad de los procesos, modificando el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil. Se estableció una nueva manera de tramitar las causas en todos los tribunales que forman parte del Poder Judicial, terminando con la materialidad del proceso al requerir que el ingreso de las demandas y de todos los escritos se realice de forma electrónica, así como también las resoluciones y actuaciones del tribunal, las que además contarán con firma electrónica avanzada.
2)	El fundamento de la norma radica en que la administración de justicia no puede estar exenta de los avances tecnológicos, y aun cuando el Poder Judicial había implementado múltiples mejoras orientadas a la tramitación electrónica en los últimos 15 años, era necesario un marco normativo que entregase mayor certeza y regulación, especialmente en aquellas materias e instancias en que el papel seguía siendo el medio válido para registrar los procesos judiciales.
3)	Los principales beneficios de esta ley son los siguientes:
·	Mejora y facilita el acceso a la justicia.
·	Contribuye a la preservación del medio ambiente, con un importante ahorro en el uso de papel y tinta.
·	Disminuye los costos de la litigación para todos los involucrados.
·	Permite ahorrar tiempo al no tener que trasladarse las personas al tribunal para cada trámite.
·	Aumentan los estándares de seguridad, transparencia y disponibilidad de las causas. La carpeta electrónica se puede ver desde cualquier parte y en todo momento, sin el riesgo que se pierda o se dañe.
4)	El ingreso de las demandas y de todos los escritos se hace por vía electrónica a través del sistema de tramitación del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos establecidos en el Acta 37-2016 de la Corte Suprema. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 5° de la Ley N ° 20.886 y el Acta señalada anteriormente, para hacer uso de los servicios de la Oficina Judicial Virtual, entre los que se encuentran la presentación de demandas, escritos y documentos, los usuarios deberán utilizar la Clave Única del Estado, proporcionada y administrada por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Las presentaciones efectuadas a través de la Oficina se entenderán suscritas por el usuario que las remite, sin necesidad de contener su firma manuscrita, entendiéndose la Clave Única del Estado como firma electrónica simple. En caso que el documento tenga firma electrónica avanzada, la Clave Única no la reemplazará, siendo válida aquella como firma del documento.
5)	Sin embargo, las normas sobre patrocinio y poder no se derogaron. Esta Ley lo único que se hizo es reconocer la validez de la firma electrónica avanzada en el caso del patrocinio, y además, establece una nueva forma de constitución de mandato judicial que se suma a las ya existentes. Según el articulo 7 de la Ley N 20.886, el mandato judicial podrá constituirse, además de las formas tradicionales establecidas en la Ley, mediante la firma electrónica avanzada del mandante, sin que se requiera su comparecencia personal para autorizar su representación judicial. La calidad de abogado patrocinante del mandatario la hace el sistema informático de forma
automática contrastando el RUT del profesional con la base de datos de la oficina de títulos de la Corte Suprema. Adicionalmente, el sistema alertará oportunamente respecto de los abogados se encuentren suspendidos.
6)	Sin embargo, las normas para constituir la delegación de poder, se mantuvo del mismo modo como actualmente se hace, salvo en el nuevo caso contemplado por la Ley N ° 20.886, esto es, mandato judicial con firma electrónica avanzada del mandante. El texto actualmente vigente del artículo 6° en comento señala:
"El que comparezca en juicio a nombre de otro, en desempeño de un mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento, deberá exhibir el titulo que acredite su representación.
Para obrar como mandatario se considerará poder suficiente: I° El constituido por escritura pública otorgada ante notario o ante oficial del Registro Civil a quien la ley confiera esta facultad; 2° el que conste de un acta extendida ante un juez de letras o ante un juez árbitro, y subscrita por todos los otorgantes; y 3° el que conste de una declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa'.
7)	Como resulta evidente, los numerales 2 y 3 se refieren a actos de constitución del poder que requieren de la asistencia de mandantes y mandatarios a los Tribunales de Justicia y esperar ser atendidos por los jueces o secretarios. La posibilidad que concede el numeral 1 es la única que permite acompañar vía electrónica el documento de constitución, pero exige que éste sea una escritura pública.
8)	Ello ha motivado a jueces y secretarios de los juzgados civiles a rechazar, con estricto apego a la legalidad, los poderes constituidos en un instrumento privado pero cuyas firmas se autorizan ante notario, práctica profesional arraigada en nuestra cultura jurídico- judicial y que constituía costumbre inveterada en tribunales.
9)	Ello no se condice con los objetivos con los que esta ley fue concebida y promulgada, y que constituyen los máximos beneficios que la misma representa: mejorar y facilitar el acceso a la justicia; contribuir a la preservación del medio ambiente, con un importante ahorro en el uso de papel y tinta; disminuir los costos de la litigación para todos los involucrados, y permitir ahorrar tiempo al no tener que trasladarse al tribunal para cada trámite.
10)	Por otro lado, la Ley N ° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, en su artículo 35 señala: 'Los Oficiales Civiles titulares de Oficinas ubicadas en circunscripciones en que no exista Notario, estarán facultados para intervenir como ministros de fi en la autorización de firmas que se estampen en su presencia, en documentos privados, siempre que conste en ellos la identidad de los comparecientes y la fecha en que se .firman". De modo que, lo que estrictamente la ley confiere como facultad a los Oficiales de Registro Civil no es la facultad para otorgar o autorizar escrituras públicas como pareciese desprenderse del tenor de la norma en comento, sino la facultad de autorizar las firmas que se estampen en su presencia en documentos privados, y sólo en aquellas circunscripciones en que no exista Notario.
11)	Por lo tanto, resulta urgente modificar el numeral 1 del artículo 6° del Código de Procedimiento Civil de forma tal que el poderdante pueda ampliar sus posibilidades a bajo costo y no tener que desplazarse a los Tribunales de Justicia de autorizar el poder que entrega a un abogado para su representación judicial, sobre todo cuando aquéllos se encuentran muy alejados de su domicilio. Y con el objeto, también de adecuar la norma existente en lo relativo a las verdaderas facultades que tiene los Oficiales de Registro Civil al respecto, clarificándola para su mayor eficacia.
Por todo lo anterior, el suscrito viene en presentar la siguiente moción:
Modifíquese el numeral 1° del inciso segundo del artículo 6° del Código de Procedimiento Civil del siguiente modo:
1.	Elimínese la frase "o ante oficial del Registro Civil a quien la ley confiera esta facultad".
2.	Agréguese un nuevo numeral 2 del siguiente tenor, pasando los actuales 2 y 3 a ser 3 y 4 respectivamente:
"el conferido mediante instrumento privado firmado ante notario o cuyas firmas sean autorizadas por oficial de Registro Civil de acuerdo con la facultad que les otorga el artículo 35 de la ley N ° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación."
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Letelier, Alvarado, Campos, Farcas, Flores y Soto, y de las diputadas señoras Girardi, Hernando y Sepúlveda, que Modifica la Carta Fundamental para exigir a los candidatos al cargo de diputado tener domicilio en la región a que pertenece el distrito correspondiente Boletín N°11590-07
1.- Nuestro sistema eleccionario ha experimentado, en los últimos años, una serie de modificaciones que apuntan, en principio, a perfeccionar nuestra democracia, con el fin de hacerla más justa y representativa. Así, por ejemplo, hemos dejado atrás el sistema binominal gracias a la aprobación de la ley 20.840, y hemos ampliado nuestros horizontes, llegando a ciudadanos más allá de nuestras fronteras gracias a la ley 20.960, que regula el ansiado derecho a sufragio de los compatriotas que residen en el extranjero.
2.- Consideramos que dichos avances, si bien son sumamente valorables, no son suficientes para asegurar a los ciudadanos un país más democrático, en donde los candidatos a cargos públicos, como el caso de los Diputados, cumplan con la normativa vigente sin defraudar la fe pública.
3.-Así, por ejemplo, el artículo 48 de nuestra Carta Fundamental contiene los requisitos habilitantes que necesariamente debe cumplir un ciudadano para poder ser elegido al cargo de Diputado. En dicho artículo se establece que “para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos veintiún años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente, y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección”.
4.- Es en este último requisito donde hemos observado anomalías en cuanto a que los candidatos a Diputados no dan cumplimiento cabal de la norma, ya que muchos de ellos postulan a un escaño dentro de un distrito absolutamente ajeno al lugar donde se ubica su domicilio o residencia. Incluso, ha habido casos donde algunos candidatos no poseen ningún vínculo con el Distrito al cual pretenden representar, lo cual nos parece inaceptable desde el punto de vista del espíritu de la ley.
5.- Si nos vamos a la historia de esta norma constitucional, es posible encontrar antecedentes sobre este requisito, en las Actas sobre Estudios para la nueva Constitución Chilena, que se transformaría en la Constitución del año 1980 y que nos rige hasta hoy. Precisamente, en la sesión número 346, uno de sus miembros, don Jaime Guzmán Errázuriz, indicó que con este requisito se pretende: “que el diputado tenga un arraigo efectivo, no necesariamente en la agrupación o distrito que represente, sino en la Región, y, por ende, evitar que los candidatos cambien de circunscripción de modo arbitrario”. Se busca así, además, impedir que las candidaturas surjan de las decisiones de directivas centrales que redunden a favor de ciudadanos que desconozcan las características del electorado que los exalta a la función parlamentaria (lo cual sucede en la práctica y en esta lista en mención) [1].
6.- Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no ha acogido las reclamaciones de nulidad hechas contra elecciones de Diputados, basadas en el requisito de la residencia. Así, por ejemplo, en la causa rol 227-2009 contra el Diputado Nicolás Monckeberg Díaz. Esta situación se da debido a la ambigüedad del término “residencia” utilizado en la norma, ya que en el ordenamiento jurídico chileno no existe una definición legal sobre lo que ha de entenderse por “residencia”. Caso contrario ocurre con el concepto “domicilio”, debidamente definido en nuestro código civil, en su artículo 59, inciso primero: “El domicilio consiste en la residencia, acompañada real y presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”.
7.- Consideramos que el cambio en la terminología, que pretende llevar a cabo esta reforma constitucional, consolida de manera clara la real intención de nuestra carta fundamental, que es el necesario arraigo que debe tener una persona sujeto o individuo, candidato a Diputado, con el lugar al cual pretende representar. Con ello, buscamos acabar con aquellos que, por conveniencias políticas pasan por alto las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico, instalándose de la noche a la mañana en lugares donde escasamente han estado, sin importarles la fe pública del ciudadano que ejerce su derecho a voto por quien debe defender de manera fiel sus intereses locales.
8.- Esperamos así que, en lo venidero, se logre confeccionar listas de candidatos al cargo de Diputados con ciudadanos que hayan mantenido un histórico arraigo a la comunidad o distrito que pretenden representar, con el fin de cumplir de manera cabal con el espíritu inicial de esta norma constitucional y evitar que las maquinarias políticas posicionen candidatos que en nada se relacionan con el territorio y las personas que representan.
Por estos motivos, tengo el honor de someter al conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
PROEYCTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único. –
“Modifíquese el artículo 48 en el siguiente sentido: Reemplazase la palabra “residencia” por “domicilio”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Núñez, don Marco Antonio; Alvarado, Farcas, Monsalve y Torres, y de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Rubilar, que Modifica el decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta, administración y uso, por parte del afiliado, de los excedentes de cotización en Isapres Boletín N°11591-11
1.	En el mes de noviembre de 2017, se canceló el registro de la Institución de Salud Previsional (en adelante la ISAPRE) MASVIDA;
2.	Como es de público conocimiento, ya desde el año 2016, 1SAPRE MASVIDA enfrentó problemas de solvencia y liquidez respecto al cumplimiento de sus obligaciones económicas y financieras - .
3.	Con motivo de lo anterior, ISAPRE MASVIDA fue objeto de un Régimen Especial de Supervigilancia y Control, por parte de la Superintendencia de Salud, derivando posteriormente en la designación de administrador provisional.
4.	En el proceso de auditoria efectuado a la Isapre se constató que no existe una clara aplicación de los excedentes por parte del sector y que los usuarios que tienen excedentes no los pueden asignar libremente dentro del listado que contempla el artículo 188 de la ley de Isapres.
5.	Que una forma de remediar esta situación y de empoderar adecuadamente al usuario que goza de excedentes, es que las Isapres adecuen sus sistemas tanto informáticos como de información a sus afiliados para que ellos puedan libremente y de manera automática en línea decidir en qué ocupar sus excedentes dentro del listado del propio artículo 188.
Artículo único.- Modifíquese el artículo 188 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del Ministerio de Salud; Subsecretaria de Salud Pública, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, en el sentido de agregar en el inciso 5° a continuación del punto aparte que precede la frase "de acuerdo al inciso precedente" el que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:
"Para ello, cada Institución de Salud Previsional deberá habilitar un sistema en línea que permita a los afiliados, verificar sus excedentes y determinar su uso y destino libremente entre todas las alternativas descritas precedentemente en este artículo. Con todo, cada afiliado siempre podrá optar libremente por el prestador en el cual hacer uso de sus excedentes, sin que la Isapre pueda limitar o restringir esa decisión. Los prestadores, tendrán derecho a recibir en línea el pago de estas prestaciones, con cargo al saldo disponible que cada afiliado posea en su cuenta individual de excedentes.
Artículo transitorio.- Las Instituciones de Salud Previsional que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no tuvieren establecido un sistema en línea para el uso de excedentes de sus afiliados y/o teniendo éste lo tienen restringido para ciertos prestadores, deberán ajustarse a la norma dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Letelier, Alvarado, Campos, Espejo, Farcas y Flores, y de las diputadas señoras Girardi, Hernando y Sepúlveda, que Modifica la ley N°18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, para permitir el ingreso de extranjeros con permanencia definitiva en el país, a las plantas municipales Boletín N°11592-06
1.- Para nadie es un misterio que en la última década, nuestro país ha experimentado un explosivo aumento de la población inmigrante. Basta con recorrer las calles de nuestras ciudades para percatarnos de la presencia de personas provenientes de distintas latitudes, quienes, motivados por encontrar una mejor calidad de vida a la que tenían en su lugar de origen, han optado por Chile para emprender y desarrollar nuevos sueños.
2.- Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), del año 2015, que por lo demás es uno de los últimos estudios oficiales al respecto, el número y porcentaje de población migrante [1] en Chile corresponde a 465.319 personas, es decir, un 2,7% de la población total. Cabe hacer presente que dichas cifras corresponden a una fotografía social de hace dos años atrás, tiempo durante el cual hemos notado que el fenómeno ha ido creciendo notoriamente, transformándose en un tema país del cual, nuestra administración no ha estado ajena y se ha hecho cargo al enviar al parlamento un proyecto que consagra una nueva ley de inmigración.
3.- Bajo este prisma, nuestro país y la sociedad toda ha debido de acomodarse a nuestros nuevos habitantes, situación que no ha estado exenta de lamentables sucesos de xenofobia por parte de nuestros nacionales e incluso de algunas autoridades y candidatos a cargos de elección popular, lo cual resulta absolutamente censurable.
4.- Frente a esta realidad, resulta fundamental que el Estado chileno adecue su legislación vigente, orientándola al estricto respeto de los derechos humanos consagrados en los principios fundantes de nuestra Carta Fundamental, como también a los diversos Tratados Internacionales suscritos por nuestro país.
5.- Es por ello que la presente moción busca modificar la ley 18.883, la cual contiene el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, específicamente en su artículo 10°, donde se consagran los requisitos que debe reunir una persona para ingresar a trabajar a cualquier Municipio del país. Dentro de los requisitos, el literal a) señala que se debe ser ciudadano. En ese sentido y según lo establecido por la Contraloría General de la República en su dictamen número 046569N04 de septiembre de 2004, debemos entender por “ciudadano” de conformidad a lo que prescribe el artículo 13° de nuestra Constitución Política, a saber:
Artículo 13.- “Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.
Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2º y 4º del artículo 10, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año”.
La norma constitucional citada hace mención en su inciso final a los chilenos a que se refieren los numerales 2° y 4° del artículo 10° de la Constitución, esto es, a los hijos de padre o madre chilenos nacidos fuera de Chile y a los extranjeros que hayan obtenido carta de nacionalización. Respecto de estos últimos, es decir, los naturalizados chilenos, el artículo 14° de la constitución se refiere de la siguiente forma:
Artículo 14.- “Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley.
6.- En síntesis, sólo se consideran ciudadanos a los chilenos, cualquiera sea el origen como haya obtenido la nacionalidad. De esta manera, si un extranjero avecindado en nuestro país y que detente permanencia definitiva en el país, no se encuentra permitido por ley para trabajar como funcionario municipal, al no cumplir con el requisito de la ciudadanía.
7.- Esta situación nos parece discriminatoria por parte de la Administración del Estado, toda vez que un extranjero con permanencia definitiva puede ejercer cualquier tipo de trabajo en Chile, pero solamente si ejerce sus funciones en el sector privado, ya que en el ámbito público, específicamente en lo que respecta a esta moción, dentro de las Municipalidades, la ley establece el mencionado impedimento. En este sentido, nos parece que dicha norma vulnera abiertamente el principio de igualdad ante la ley, consagrado en nuestra legislación y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo primero señala: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
8.- Sumado a ello, si centramos nuestra mirada en la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, podemos hacer presente que en ella se consagran principios tales como la No Discriminación, la Protección de los Derechos civiles y políticos, como también los deberes del Estado para asegurar la protección de los debidos derechos. Así, en su artículo 7°, se incluye explícitamente la nacionalidad entre los motivos prohibidos de discriminación hacia el trabajador migrante.
9.- Con todo, consideramos que los desafíos en materia migratoria son enormes, basados en los principios aquí señalados. Sin embargo, con la presente moción, consideramos que se aporta para lograr disminuir las discriminaciones actuales, y así, equiparar el resguardo de los derechos de las personas, sobre todo en materia laboral, siendo el Estado el principal obligado para dar cumplimiento a los Tratados Internacionales suscritos.
Modifíquese la letra a) del artículo 10º de la ley 18.883 en el siguiente sentido:
a.- Reemplazase el punto y coma (;) por la conjunción “o”.
b.- A continuación del punto y coma, que ahora se reemplaza por la conjunción “o”, agréguese lo siguiente: “o ser extranjero con permanencia definitiva en el país”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Letelier, Alvarado, Campos, Espejo, Farcas, Flores y Soto, y de las diputadas señoras Girardi, Hernando y Sepúlveda, que Modifica la ley N°19.884, orgánica constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, para sancionar con la pérdida del cargo e inhabilidades que indica, al candidato que exceda el límite de gastos electorales Boletín N°11593-06
1.- Desde el retorno a la democracia, en el año 1990, Chile ha desarrollado sus procesos eleccionarios sin interrupciones ni sobresaltos. Incluso, nuestra institucionalidad y ciudadanos se han adaptado de buena forma a las diversas reformas que ha experimentado la normativa electoral chilena, como el fin del sistema electoral con la aprobación de la ley 20.840, y con elementos de fortalecimiento y transparencia de la democracia, promulgados en la ley 20.900.
2.- Como vemos, en comparación a los inicios de la década de los años noventa, nuestra legislación electoral ha evolucionado de manera positiva, siendo hoy más inclusiva, moderna y democrática desde todos los puntos de vista. Incluso, la ley 19.884 Orgánica Constitucional sobre transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral ha experimentado numerosas reformas en aras a perfeccionar las reglas sobre las cuales se rigen los candidatos a cargos de elección popular, en directa relación con el gasto autorizado para las campañas electorales.
3.- Sin embargo, como Diputado de la República, y con experiencia en campañas políticas y procesos eleccionarios, he sido testigo directo de que la legislación actual no es lo suficientemente persuasiva para evitar que los candidatos cometan infracciones de este tipo. Si bien hoy existe un pseudo control que es superior a lo que estábamos acostumbrados a ver antaño, aún no podemos hablar de un control pleno donde opere eficientemente la ley y los servicios competentes.
4.- Actualmente la ley N° 19.884 Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se contiene en el Decreto con Fuerza de Ley número 3 del año 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sólo impone multas a aquellos candidatos que cometan inobservancia a la norma. Así, el artículo 6, a saber:
“El candidato o partido político que exceda el límite de gastos electorales, calculado de conformidad con lo dispuesto en los artículos precedentes, será sancionado con multa a beneficio fiscal, de acuerdo a la siguiente escala:
La multa será aplicada por el Director del Servicio Electoral”.
Por su parte, el artículo 29 del mismo cuerpo legal regula las sanciones establecidas por la ley en general, sin perjuicio del artículo 6 ya señalado:
“Sin perjuicio de las sanciones específicas establecidas para cada caso, las infracciones a las normas de los párrafos 1º, 3º y 4º del presente título, cometidas tanto por particulares o entidades aportantes como por candidatos o partidos políticos, serán sancionadas con multa a beneficio fiscal, de acuerdo con la siguiente escala:
Tratándose de personas jurídicas, serán sancionadas con multa equivalente al triple del monto ilegalmente aportado”.
5.- Consideramos que no es prudente la sanción estipulada por la norma, toda vez que no es lo suficientemente persuasiva para los candidatos que sobrepasan el límite de gasto establecido por ley de acuerdo al cargo al cual postulan, sea Diputado, Senador, alcalde, Consejero Regional, etc. En tiempos de elecciones, hemos padecido el poder patrimonial de ciertos candidatos, quienes sin escrúpulos vulneran de manera impune la ley, a vista y paciencia de todos los ciudadanos y demás candidatos. El Servicio Electoral, por su parte, realiza una fiscalización de tipo primaria, que se agradece en cuanto a su funcionalidad, pero que no resulta suficiente. Como vemos, la aplicación de una multa puede incluso ser contemplada inicialmente como parte del presupuesto para la campaña, por parte de los candidatos, ya que no existe otro tipo de sanción en dichos casos.
6.- Es nuestro sentir, y creemos representar a la ciudadanía en general, que no es justo ni se acerca a los principios democráticos, el hecho de que quien cuente con mayores recursos económicos tenga siempre las mayores posibilidades de acceder a un escaño, por contar con mayor presencia y visibilidad a costa de su capacidad de gasto, en desmedro de aquel ciudadano común que no cuenta con recursos suficientes. No es posible que, aquel que comete irregularidades y defrauda la fe pública, obtenga un cargo de elección popular simplemente pagando una multa que no afecte en demasía sus pretensiones.
7.- Pensamos que, como fórmula eficiente para desincentivar la inobservancia de la ley de gasto electoral, el candidato que obtenga un cargo de elección popular a costa de infringir la normativa vigente debe ser sancionado con la pérdida del cargo e incluso, la imposibilidad de ejercer de por vida cualquier tipo de función de esta naturaleza. De esta manera, los candidatos meditarán con mayor profundidad si vale la pena vulnerar la ley de gasto electoral, ya que hoy en día, da la impresión de que su incumplimiento no representa un mayor riesgo para los candidatos que no se someten a las reglas establecidas.
8.- Sólo de esta manera, con sanciones realmente persuasivas, estaremos en frente de normas que gocen de la eficacia necesaria y deseable para los fines requeridos por la ciudadanía. La sensación de impunidad existente por parte de la ciudadanía respecto de sus representantes debe acabar, y para ello debemos dotarnos de reglas claras con sanciones explícitas y ejemplificadoras en caso de comportamientos irregulares. Sólo así comenzaremos a dar señales concretas a los electores de que la democracia y nuestro sistema electoral sirve a los ciudadanos, como herramienta de representatividad efectiva a las demandas sociales, y que ella no es funcional a quienes, por intermedio de mayores y aplastantes recursos económicos, logran pasar por encima de nuestro ordenamiento jurídico y posicionar sus intereses por sobre el bien común.
Incorpórese al artículo 29 el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto y así sucesivamente:
“Además, si un candidato resulta electo y es sancionado de conformidad a las letras b) y c) del presente artículo, sufrirá la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos, debiendo ser reemplazado de conformidad a la normativa vigente”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urrutia, don Osvaldo; Espejo, García, Hasbún, Hernández, Norambuena, Pérez, don Leopoldo, Pilowsky y Sabag, y de la diputada señora Molina, que Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, en materia de cumplimiento y fiscalización del requisito de no ser consumidor de drogas o sustancias prohibidas, para la obtención de licencia profesional de conducir Boletín N°11594-15
El otorgamiento de licencias de conducir debe garantizar un estándar que asegure que los titulares de este instrumento público, poseen las competencias básicas para conducir vehículos motorizados en condiciones de seguridad.
En relación a lo anterior, el artículo 13 de la Ley N° 18.290 de Tránsito establece los requisitos generales para la obtención de este instrumento, indicando la norma que el solicitante deberá:
1. Acreditar idoneidad moral, física y psíquica;
2. Acreditar conocimientos teóricos y prácticos de conducción, así como de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al tránsito público;
3. Poseer cédula nacional de identidad o de extranjería vigentes,
4. Acreditar, mediante declaración jurada, que no es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas, conforme a las disposiciones contenidas en la ley Nº 19.366 y su Reglamento.
Respecto al último requisito, si bien el espíritu de la norma es evitar que personas dependientes de estas substancias puedan obtener una licencia de conducir, la observancia de esta exigencia sólo a través de una declaración jurada, no lo garantiza. Adicionalmente respecto a este requisito, las Direcciones de Tránsito otorgan formularios pre llenados que ya indican que el solicitante no es dependiente de estas substancias, por lo cual claramente no se cumple el objetivo del legislador en este ámbito.
A mayor abundamiento, según la información proporcionada por CONASET, entre los años 2010 a 2016 los accidentes de tránsito donde la causa directa y acreditada del respectivo siniestro fue la conducción bajo el efecto de drogas o estupefacientes, ha experimentado un crecimiento de más de un 50% respecto del periodo comprendido entre los años 2000 al 2009 [1].
Así las cosas, es necesario adoptar medidas para hacer frente a una situación que va en un sostenido aumento y que compromete la integridad, seguridad y vida de los conductores, pasajeros y peatones.
Por lo anterior, proponemos en este proyecto de ley la incorporación de un requisito adicional para la obtención de una licencia de conducir y, complementariamente, mejorar las medidas de fiscalización del cumplimiento del mismo. En particular, proponemos para acreditar el cumplimiento del requisito vigente que exige para la obtención de una licencia de conducir la circunstancia de no ser consumidor de drogas o estupefacientes, se acompañe por el solicitante a la respectiva Dirección de Tránsito los resultados de un examen de drogas que descarte la presencia de estas substancias en su organismo al formular su solicitud.
En un primer momento, consideramos oportuno establecer esta exigencia sólo para los solicitantes de licencias de conducir profesionales, en aplicación de un criterio de gradualidad, el mayor interés público comprometido que existe en el otorgamiento de esta clase de licencias, como también para exista una evaluación en el tiempo de los efectos del nuevo requisito propuesto, antes de hacerlo extensivo a toda clase de licencias. Adicionalmente, es importante mencionar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley en comento, las licencias profesionales o clase A, habilitan para conducir vehículos de transporte de pasajeros, vehículos de carga, ambulancias y carros bomba. De este modo, considerando que un accidente protagonizado por un conductor de estos vehículos puede tener consecuencia mucho mayores que en un vehículo para el transporte particular de personas, estimamos que se justifica aún más esta nueva exigencia que proponemos.
Finalmente, para asegurar el cumplimiento de la norma y otorgarle un carácter disuasivo, proponemos mejorar la fiscalización de este requisito, precisando algunos aspectos que ya contempla la Ley N° 18.290 de Tránsito.
El número 4 del artículo 13 de esta ley dispone que la fiscalización del cumplimiento del requisito que exige no ser consumidor de drogas y estupefacientes, se hará de conformidad a los artículos 189 y 190. Estos artículos principalmente facultan a Carabineros de Chile a practicar pruebas respiratorias o de otra naturaleza para detectar la presencia de alcohol o drogas en los conductores, en el contexto de un control de tránsito.
Sin perjuicio de la importancia de la labor policial en este ámbito, es necesario ampliar los métodos para asegurar el cumplimiento de esta norma. Por lo anterior, proponemos que los Jueces de Policía Local efectúen una selección aleatoria entre los conductores de licencias profesionales que solicitaron este instrumento en el municipio respectivo, para que una vez seleccionados, se practique un examen de drogas que descarte la presencia de estupefacientes en su organismo.
Por consiguiente, someto a su consideración el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO: Incorporase las siguientes modificaciones a la Ley N° 18.290 de Tránsito:
1.	Agregase el siguiente numeral 3 nuevo a la letra A) del artículo 14:
“3. La circunstancia de no ser consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas, con los resultados de un examen practicado en un laboratorio clínico acreditado que descarte la presencia de estas substancias.”
2.	Intercálese en el inciso segundo del artículo 20 entre las frases “conducción de un vehículo” y “el director de tránsito”, la frase “y en el caso de detectarse la presencia de drogas o estupefacientes en el organismo del conductor de acuerdo a lo que dispone el artículo 189 bis”.
3.	Agregase el siguiente artículo 189 bis nuevo:
“El Director de Tránsito dentro de los primeros cinco días de cada mes, practicará en audiencia pública un sorteo para seleccionar a diez conductores que hayan obtenido una licencia profesional en la municipalidad respectiva, para que comparezcan a practicarse un examen de pelo para detectar la presencia de drogas o estupefacientes.
La municipalidad respetiva podrá encomendar en comisión de servicio a un profesional de los servicios de salud de atención primaria para que tome la respectiva muestra y la remita a un laboratorio clínico acreditado. El conductor seleccionado deberá pagar los costos del examen.”
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rincón y Flores, que SANCIONA PENALMENTE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CARRERAS CLANDESTINAS DE VEHÍCULOS BOLETÍN N°11595-15
1. Las carreras clandestinas son un fenómeno que hace varios años se hace cada vez más popular en nuestro país, en las diversas capas sociales y una gran cantidad de ciudades. Se desarrollan en diversas modalidades de acuerdo a la extensión de la carrera, por ejemplo, el denominado cuarto de milla, que se realiza por un tramo de 400 metros de distancia, y al tipo de vehículo que corre, pues compiten no solo de automóviles, sino también motocicletas, que representan un riesgo aún mayor considerando que estas pueden alcanzar velocidades superiores a los 200 km/h.
2. Estas carreras se desarrollan en diversos sectores de las ciudades, en días y horarios prestablecidos.
3. En efecto, en Santiago una de las rutas escogidas para llevar a cabo estos verdaderos eventos clandestinos es la Costanera Norte entre el enlace Huechuraba y La Pirámide, hasta la Rotonda Lo Curro, reuniéndose previamente los competidores en los servi-centros bencineros COPEC que hay a lo largo de la referida ruta.
4. Mientras que en Santiago, en la autopista Costanera Norte, estas carreras son realizadas semanalmente, principalmente los días jueves, en otras ciudades del país, como en Iquique, se realizan una vez al mes para evitar la fiscalización constante de carabineros.
5. Otro conocido sector de Santiago en que se realizan estas carreras es en la comuna de San Bernardo, en la Avenida Los Morros.
6. El único control ejercido sobre estas carreras es la detección, mediante pistolas de velocidad, por parte de carabineros de la velocidad a la que circulan los competidores y el posterior envío de multas empadronadas. La autoridad policial asegura no poder seguir en el mismo acto a los sujetos involucrados pues esto sería poner en riesgo la vida no tan solo de los mismos sino que también de los otros usuarios de las pistas, así como también las del personal de carabineros.
7. Son causa de muertes, accidentes y permanente riesgo toda vez que en su realización no se prevé medida de seguridad alguna, ni para los competidores o sus vehículos, que pueden llegar a los mil quinientos vehículos por evento, ni para los espectadores, que son cada vez más, llegando a estimarse hasta 8 mil personas por convocatoria en los sectores más populares como San Bernardo, incrementando el riesgo de sufrir algún tipo de perjuicio, a lo que se agrega el hecho que una gran cantidad de los asistentes a estos eventos concurre a los mismos bajo los efectos del alcohol y las drogas e incluso los mismos competidores corren sus vehículos influenciados por dichos efectos, lo que ciertamente incrementa enormemente las posibilidades de que ocurran consecuencias lamentables. A este respecto cabe destacar el hecho que, a pesar de lo que podría pensarse, la mayor cantidad de colisiones no se produce durante el desarrollo de las carreras mismas, sino que se verifican en el momento de huida de las redadas policiales que intentan impedir el desarrollo de esta actividad ilícita.
8. Se trata de eventos organizados, teniendo verdaderas estructuras organizacionales compuestas por presidentes de agrupaciones (por ejemplo, “Clandestino SNBK Racing Club”), además de definirse cargos con funciones claramente establecidas como los denominados “centinelas” que se encargan de sondear los lugares en que se efectúan las competencias estando atentos a la presencia de personal policial para dar pronta información a los participantes ante la necesidad de huir para no ser infraccionados.
9. Son convocadas abierta y públicamente, no obstante su ilegalidad, por diversos medios cibernéticos como eventos de Facebook o Twitter.
10. Los organizadores del evento prohíben la participación de conductores que se encuentren bajo los efectos del alcohol u otro tipo de drogas (es el caso de la agrupación que hemos expuesto como ejemplo anteriormente).
II. ANTECEDENTES JURÍDICOS:
1. Regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico:
Actualmente no existe una sanción específica para este tipo de conductas, por lo que quienes incurren en las mismas, solo pueden llegar a ser sancionados, conforme a la Ley 18.290 de Tránsito, con multas por exceso de velocidad, que dependiendo de la cantidad de kilómetros por sobre el máximo permitido a los que circule el infractor, pueden ir desde 1,5 UTM hasta un máximo de 3 UTM, dependiendo de la conducta, que puede ser constitutiva de una falta menos grave hasta una falta gravísima.
2. Forma en que la legislación comparada ha tratado el tema:
La legislación comparada, de países como Estados Unidos y Canadá, ha creado rigurosas y precisas regulaciones para sancionar las denominadas carreras clandestinas. [1]
En Canadá, a propósito de una serie de fatalidades vinculadas a estas competiciones, se modificó la legislación, pasando a considerarse las “carreras callejeras” (Street Racing), como se denominan en ese país, como un factor agravante en la determinación de la pena a aplicar en la sentencia que condene a una persona por conducir un vehículo motorizado de manera temeraria o negligente. [2]
En Estados Unidos, por otra parte, se sanciona una serie de conductas que se vinculan con el concepto de “carrera callejera” y con el de “trucos” (Stunting). [3]
Así, se entiende como carrera callejera a la conducta por la que un conductor intenta llegar a un destino antes de que otro vehículo de motor, o intenta evitar que uno o más de otros vehículos de motor pase. Por otra parte se entiende por truco o acrobacia a aquellas acciones como el levantamiento de los neumáticos de un vehículo de motor de la carretera, perdiendo intencionalmente tracción, girar el vehículo a alta velocidad en 360 grados, conducir en contra del tráfico evitando el paso de otros vehículos de motor, o conducir demasiado cerca de otros vehículos. [4]
Así, de acuerdo a la legislación norteamericana, se entiende que se incurre en estas conductas cuando, entre otras, se: conduce a exceso de velocidad, se conduce ocasionando peligro, se hace sin el debido cuidado y atención, se viola el control de tráfico y se produce ruido excesivo con los vehículos. [5]
Por incurrir en dichas conductas los infractores pueden someterse a multas, indemnizaciones por los daños causados además de la confiscación inmediata del vehículo con el que se cometió la falta, a cargo del propietario mismo o de un depósito municipal, según sea el caso, y por un plazo que dependiendo de la gravedad de la infracción puede ir desde los 30 hasta los 240 días. A lo anterior se agrega la sanción de suspensión de la licencia del conductor que puede llegar hasta 24 meses según sea el caso. [6]
3. Afectaciones a diversos bienes jurídicos y perjuicios a la comunidad implicadas en esta actividad:
Las afectaciones provocadas por la realización de este tipo de actividades son las siguientes:
a) Choques de vehículos.
b) Muertes y lesiones a los conductores, pasajeros, curiosos o personas inocentes.
c) Daños a la propiedad pública y privada
d) Ruidos molestos de vehículos de carreras y las multitudes que afectan a los residentes en los lugares en que se realizan.
e) Vandalismo y la acumulación de basura en los lugares de competición.
f) Pérdida de ingresos comerciales si las multitudes de que reúnen las carreras obstruyen o intimidar a los clientes potenciales); y
g) Exceso de desgaste en la vía pública: demarcación de las calles, pasos peatonales, de calzadas, pistas, etc. frecuentemente son dañados por la quema del caucho de neumáticos de vehículos.
h) Delitos de represalia también pueden ocurrir, como cuando los ciudadanos tratan de lidiar con el problema por sí mismos mediante la colocación de clavos en el suelo donde los corredores se congregan, por ejemplo.
i) Participación de menores de edad – niños y/o adolescentes- sin supervisión en las diferentes actividades ilícitas que involucran las carreras.
j) Enfrentamientos entre diversos grupos que participan en las carreras callejeras.
k) Conformación de asociaciones u organizaciones ilícitas para su organización y desarrollo.
l) Participación y/o infiltración de bandas criminales en la organización de las mismas.
Asimismo, se agrega el hecho que se consideran como fenómenos asociados a la organización y realización de carreras clandestinas los siguientes:
Robo de piezas de automóviles
Apuestas y juegos de azar ilícitos
Ataques en represalia por falta de pago de las apuestas de carreras
Conducción en estado de ebriedad y/o conducir bajo la influencia de drogas.
Modificación ilegal del vehículo (por ejemplo, la alteración de control de smog)
Fraude de Seguros (en relación con los corredores de apuestas sobre los resultados) Por ejemplo, un corredor apuesta ruedas de su coche o fundas de los asientos personalizados y pierde; luego presenta una reclamación informe de la policía y el seguro indicando los artículos fueron robados el fin de obtener un nuevo conjunto; o, un corredor que sopla un motor abandonará el vehículo y luego reportarlo robado, para adquirir el dinero para un reemplazo (Sloan, 2004).
Acción de Pandillas y Vandalismo
Daños en la Propiedad Pública y Privada
Intoxicación pública / micción y otros delitos contra el orden público,
Quejas por Ruidos Molestos, etc.
III. IDEAS MATRICES DEL PROYECTO DE LEY:
El presente proyecto de ley persigue regular por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico penal el fenómeno de las carreras clandestinas, entendiendo como implicancias de este las siguientes situaciones de hecho:
Problemas relacionados de diversa índole, como los anteriormente expuestos.
Necesidad de capacitación especial de las policías.
Lo anterior con el objeto de desincentivar este tipo de prácticas, evitando la proliferación del fenómeno.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO LEY:
Para la regulación antes mencionada, el proyecto en primer lugar considera la tipificación de las conductas básicas a sancionar, que se refieren a las de carrera clandestina, trucos, concertación para la organización de eventos destinados a llevar a cabo dichas conductas, además de la de participación como espectador de dichos eventos.
La conducta de concertación para la organización de eventos destinados a llevar a efecto carreras o trucos de modo clandestino, antes mencionada, se entiende como una especie de asociación ilícita a los efectos de aplicar la sanción de confiscación, toda vez que dicha pena, en virtud del artículo 19 n° 7, l g) de la Constitución Política de la República, proscribe esta pena respecto de cualquier otro delito que no sea el de asociación ilícita.
Posteriormente el proyecto dispone las sanciones correlativas de cada una de dichas conductas previendo al efecto las penas de multa, suspensión de licencia de conducir y confiscación del vehiculo en el que se ha cometido el delito.
ARTÍCULO PRIMERO: Concepto de Carrera clandestina: “Se entenderá por carrera clandestina, toda aquella competición realizada en espacios públicos o privados no destinados al efecto, con o sin concertación previa, sin autorización de la autoridad administrativa que corresponda, en cualquier vehículo, ya sea de tracción animal o impulsado por uno o más motores de combustión interna o de energía eléctrica y cualquiera sea el número de participantes, en que estos intenten superarse los unos a los otros con el objeto de llegar en primer lugar a un destino determinado o mantenerse la mayor cantidad de tiempo en primer lugar por un tramo determinado o durante un lapso previamente establecido.”
ARTÍCULO SEGUNDO: Concepto de Truco: “Se entenderá por truco para los efectos de esta ley, toda actividad; realizada en cualquier vehículo, ya sea de tracción animal o impulsado por uno o más motores de combustión interna o de energía eléctrica, efectuada en espacios públicos o privados no destinados al efecto y sin previa autorización de la autoridad administrativa que corresponda; que consista en la ejecución de maniobras temerarias que vayan más allá del uso natural del vehículo.”
TÍTULO II: DE LAS CONDUCTAS TÍPICAS Y SUS PENAS
ARTÍCULO TERCERO: Se considerará como delito de asociación ilícita contenido en el artículo 292 del Código Penal, toda concertación entre dos o más sujetos destinada a la organización de eventos en que se lleven a cabo carreras clandestinas o trucos, o a la realización de dichas conductas, y serán sancionados los concertantes con la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de 5 a 20 Unidades Tributarias Mensuales y confiscación de 30 a 90 días de los vehículos en que hayan participado de alguna de las conductas mencionadas.
ARTÍCULO CUARTO: Todo aquel que participe como conductor en una carrera clandestina o efectúe maniobras constitutivas de truco, sin haberse concertado previamente en la realización de dichas conductas o en la organización del evento en que se llevan a cabo, será sancionado con multa de 2 a 10 Unidades Tributarias Mensuales y suspensión por seis meses de la licencia de conducir.
Si de la comisión de este delito resultare la muerte de una persona o resultare una persona con lesiones calificadas de graves de acuerdo a los numerales 1° y 2° del artículo 397 del Código Penal, el autor del mismo será sancionado con las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de 8 a 20 Unidades Tributarias Mensuales, además de la cancelación de la licencia de conducir.
Si de la comisión de las conductas antes referidas resulta una persona con lesiones menos graves de acuerdo al artículo 399 del Código Penal, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 4 a 12 Unidades Tributarias Mensuales, además de la suspensión de la licencia de conducir por uno o dos años.
Si de la ejecución de las conductas dispuestas en los incisos anteriores resulta una persona dañada con lesiones leves de las referidas en el numeral 5° del artículo 494 del Código Penal, será condenado el conductor a la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 2 a 10 Unidades de Tributarias Mensuales, además de la suspensión por seis meses de la licencia de conducir.
ARTÍCULO QUINTO: Todo aquel que concurra a un evento destinado a la realización de carreras clandestina o trucos, en cualquier calidad que no sea la de organizador del mismo o conductor de los vehículos en que se efectúan estas conductas, será sancionado con multa de 2 a 5 Unidades de Tributarias Mensuales.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Melo,Espinoza, don Fidel; Lemus y Saldívar, y de las diputadas señoras Carvajal, Cicardini, Girardi, Pacheco y Vallejo, que Modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares Boletín N°11597-12
I.	ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS
El derecho al agua y al saneamiento es un derecho humano. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas han reconocido la existencia de un derecho humano al agua potable y al saneamiento. Esto dice relación con el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y el reconocimiento de que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. [1]
Sin embargo, nuestro país aún se resiste a un reconocimiento expreso de lo anterior, tanto a nivel legal como institucional. Ejemplo de lo anterior, es la intrincada red de instituciones con competencias en materia de aguas, lo cual hace que en la práctica, las decisiones y políticas públicas carezcan de armonía y no se garantice un acceso igualitario al recurso vital.
Ante este escenario desfavorable, la situación se agrava cuando hablamos de proteger y preservar nuestros glaciares. En primera instancia, no poseemos ningún marco legal específico que reconozca las particularidades de éstos, y en cuanto a institucionalidad, nos limitamos a una “Unidad de Glaciología” dependiente de la Dirección General de Aguas, lo cual es del todo insuficiente si consideramos que nuestro país “cuenta con una de las mayores superficies englaciadas a nivel mundial, y la mayor del hemisferio sur (excluyendo Antártica) del que representa un 62% de la superficie glaciar. Lidera también las estadísticas en Sudamérica con un 76% de la superficie glaciar. A nivel mundial Chile representa el 3,8% de la superficie glaciar excluyendo Antártica y Groenlandia” [2]. Ante estos datos debemos decir que la decisión de proteger nuestros glaciares a través de una ley especial es una urgencia, puesto que la regulación actual ha demostrado ser insuficiente para frenar la pérdida de masa glaciar y su progresiva reducción consecuencia del cambio climático.
La falta de coherencia normativa entre el artículo 19º n° 24º inciso segundo de la Constitución Política de la República, el artículo 5° del Código de Aguas y el artículo 595º del Código Civil, es un asunto que complica cualquier avance en materia de derechos humanos.
Tanto así, que en nuestro ordenamiento jurídico ha primado el derecho de propiedad de las aguas por sobre el interés general de la nación y esta situación se encuentra fundada en que una norma de rango superior mandata que los derechos de los particulares sobre las aguas otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos. Dado lo anterior, es de la más alta relevancia modificar el artículo 5° del Código de Aguas, con el objeto de evitar que se materialice el derecho de propiedad privada sobre nuestros glaciares, a través de la prohibición de constituir derechos de aprovechamiento de aguas sobre ellos.
El Código de Aguas en el citado artículo 5° señala que las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas. Estamos frente a un silencio de la ley, puesto que no existe ninguna norma que prohíba constituir derecho de aprovechamiento de aguas sobre glaciares, es más, si consideramos que los glaciares son agua en estado sólido, podríamos llegar a entender que este artículo 5° es aplicable también a ellos.
Ante este silencio de la ley, lamentablemente el mercado del agua que rige en nuestro país ya está empezando a afectar nuestros glaciares. Así, han surgido silenciosamente empresas privadas que están aprovechando el recurso glaciar para obtener ganancias privadas. En un contexto de escasez hídrica, donde los glaciares juegan un rol esencial en la conservación del recurso, empresas como “Ice Swan” [3] embotellan agua proveniente de glaciares y ventisqueros de la Patagonia Chilena, específicamente del glaciar Queulat, en la Región de Aysén, vendiéndola como un artículo de lujo en el extranjero [4].
Si bien existen iniciativas legislativas que buscan proteger los glaciares de forma íntegra y más completa, donde además ha habido consenso en torno a que es necesario prohibir el otorgamiento de derecho de aprovechamiento de aguas sobre glaciares, tales como el boletín N° 9364-12 que establece una ley de protección y preservación de glaciares, o el boletín N° 7543-12 que reforma el Código de Aguas, no ha existido la voluntad política para convertir dichas iniciativas en leyes de la República y, por tanto, la presentación de este proyecto de ley viene a responder a la urgencia de proteger los glaciares y de plasmar en el Código de Aguas la clara prohibición de otorgar derecho de aprovechamiento de aguas sobre ellos.
Por todas las consideraciones anteriores, proponemos el siguiente:
Artículo único: Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo 5 del D.F.L. N° 1.122 que fija el Código de Aguas del siguiente tenor:
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Melo, Andrade; Espinoza, don Fidel; Lemus, Rocafull, Saldívar y Urízar, y de las diputadas señoras Cicardini, Pacheco y Pascal, que “Modifica el Código del Trabajo, para extender la duración del permiso postnatal masculino”. Boletín N° 11596-13.
A pesar de los avances observados en los últimos años en igualdad de género persiste en la sociedad actual una distribución de tareas segregadas entre hombres y mujeres. Los hombres dedican más tiempo al trabajo remunerado y perciben mejores salarios y las mujeres –según las encuestas de uso de tiempo- dedican en la región de dos a seis veces más tiempo al trabajo no remunerado [1]. Mientras que los hombres dedican cerca de una décima parte de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado las mujeres dedican entre un quinto y un tercio según el país [2]. De este modo todavía se tienen expectativas distintas sobre mujeres y hombres respecto de las tareas de cuidado, crianza y domésticas, acerca de las tareas de paternidad y maternidad. La sociedad “asigna espacios y jerarquías a mujeres y hombres. De ellas se espera que se vinculen principalmente a la esfera privada de la vida (es decir a lo doméstico y a tareas reproductivas). De los hombres se espera que se vinculen principalmente a la esfera pública de la vida (a lo productivo y político)” [3], adjudicando a la madre la responsabilidad de ser sostén de la crianza de los niños y niñas en el seno de los hogares, “…cuántas contradicciones y agobios, cuánta soledad para una tarea que todavía se considera terreno privativo de las mujeres… Es decir, no se ha democratizado el rol cuidador ni la atención inicial a pesar de los muchos cambios generacionales” [4].
En este contexto, los padres suelen estar alejados de las labores de crianza y acompañamiento de los recién nacidos en su primera etapa, haciendo caso omiso a la evidencia de que el apego, sobre todo en esa etapa, es sumamente importante para el desarrollo posterior de las personas. Esto se debe a razones culturales, a la necesidad de proveer económicamente y a la falta de políticas que favorezcan la conciliación trabajo familia como adecuadas licencias postnatales para el padre. Que exista la posibilidad del padre de compartir el cuidado de los hijos en la primera infancia es un avance social importante para la igualdad de género, así como es un gran beneficio para los niños y niñas. Permitiendo por un lado que los empleadores hagan menos distinción entre hombres y mujeres a la hora de contratar, ya que ambos podrían ausentarse por permisos posnatales y, por otro lado, otorgando a las nuevas generaciones más protección y cuidado, porque conforme a esta regla que se propone, la ardua labor de estar al cuidado de un hijo o hija no sería labor exclusiva de la mujer sino que una tarea compartida entre hombres y mujeres en el caso de las familias heterosexuales.
La OIT evidencia la búsqueda de las legislaciones actuales de un equilibrio familiar y laboral que favorezca la familia, esta es una realidad incipiente en Occidente, donde, si bien existen países muy avanzados, hay otros donde el permiso paterno es casi inexistente. En su revista Trabajo esgrime que “se ha intensificado la necesidad de adoptar medidas innovadoras en el terreno de la política social, así como de emprender una transformación radical de los vínculos entre el estado del bienestar, el mercado de trabajo y las familias” [5]. Esta es una necesidad, sobre todo para el recién nacido, de tener apego, cariño, atención y amor de parte de sus padres desde el primer momento.
Es en esta perspectiva, la importancia del apego en los recién nacidos es tal, que tiene influencia en todo el desarrollo de su vida, incluso se expresa en su etapa adulta, por ello podemos decir que si se fortalece las condiciones de apego en la más temprana edad, estamos potenciando a individuos más seguros, más saludables, más amables y menos violentos, “En la vida de un niño es de gran importancia la generación de relaciones de apego en su etapa temprana, ya que éstas establecen las bases para su desarrollo integral influyendo hasta la edad adulta… Los padres deben comprender que es tan importante asegurar el desarrollo de sus hijos en base a muestras de cariño y afecto, como satisfacer sus necesidades de alimento para asegurar su desarrollo en óptimas condiciones” [6]. Lo anterior, tiene precedentes en estudios científicos afirman que la falta de estimulación y de apego afecta negativamente el desarrollo y la salud de niños y niñas y por otra parte en consistente evidencia que muestra que un padre involucrado en el cuidado y la crianza de sus hijos y que más días de postnatal para el padre impactan positivamente el desarrollo de ese hijo/a en varias dimensiones tales como autoestima, habilidades socioemocionales y rendimiento académico. [7] [8] [9]
Otro efecto relevante de esta regulación es que una normativa que permita tanto al padre como la madre ejercer los cuidados de los recién nacidos, está configurando una regla clave contra la discriminación laboral y a favor de la igualdad de género, “Las normativas comparadas han tendido a equiparar los roles de los padres trabajadores. En el Reino Unido y en Alemania ya no existen tratos diversos en el mercado laboral y puede ser el hombre y la mujer indistintamente quienes se preocupen de la crianza de los hijos. Esto demuestra que el progenitor no está para reemplazar a la madre sino para asumir el rol que le corresponde, pues sólo de esta manera se crea un vínculo de igualdad entre hombres y mujeres” [10] . Es precisamente sobre la base de estos antecedentes que se justifica una revisión legislativa en la materia.
2. Historia legislativa y derecho comparado. En nuestro sistema la reforma introducida por la ley Núm. 20.545, dispuso en el art. 195 del Código del Trabajo la siguiente regla:
“El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de forma continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se encuentre en proceso de adopción, y se contará a partir de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor, en conformidad a los artículos 19 y 24 de la ley Nº19.620. Este derecho es irrenunciable.”.
Aunque el Código del Trabajo contempla 5 días hábiles como permiso para el padre, este hipotéticamente podría ampliar este permiso en caso que la madre está haciendo uso de su permiso posnatal parental, quién podría traspasar un máximo de seis semanas al padre a jornada completa, empero, si la madre decide tomarse 18 semanas a media jornada, puede traspasar un máximo de 12 semanas en media jornada. En ambos casos las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el periodo final del permiso, y le dan derecho a un subsidio en base a sus remuneraciones con tope de 73,2 UF” [11], tal como se desprende de la regla prevista en el art. 197 bis del Código del Trabajo:
“Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso postnatal parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que ésta indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso y darán derecho al subsidio establecido en este artículo, calculado en base a sus remuneraciones. Le será aplicable al trabajador lo dispuesto en el inciso quinto.”.
No obstante, al tratarse de un permiso que la madre tiene que traspasar al padre -es decir para que el padre goce del beneficio la madre debe renunciar a parte de su licencia de 5 meses y medio que suele coincidir con el período de lactancia materna- esto ha tenido como consecuencia que tan solo en 0,2% de los casos la madre le transfiera ese período al padre. En la evidencia comparada el uso del postnatal masculino es alto cuando su formato es intransferible, es decir se trata de un período exclusivo para el padre. [12] [13]
En el sector público el Estatuto Administrativo, trata los permisos por maternidad y paternidad, junto a otro tipo de permisos, ajustándose al Código del trabajo. Por ejemplo, en el inciso segundo del art. 111 del Estatuto Administrativo prescribe:
“Durante el período de permiso postnatal parental regulado en el artículo 197 bis del Código del Trabajo, los funcionarios que hagan uso de él también continuarán gozando del total de sus remuneraciones.”.
En el derecho comparado, el otorgamiento de permiso postnatal para los padres es una política enfocada en el recién nacido y la familia. La realidad de los permisos postnatal para el padre es muy diversa en distintos países; por ejemplo, en una revisión efectuada por la OCDE en 2014, tenemos por resultado notables diferencias en las semanas de postnatal para el padre, observando el siguiente número de semanas en distintos países:
Tabla de semanas de postnatal “Permiso específico para el padre con pago de remuneraciones”, en el grupo de países OCDE:
Fuente: Elaborado en base a datos expuestos por Word Economic Forum [14].
Chile está al final de la tabla y encontramos en esta realidad una necesidad de amparar el derecho de los recién nacidos de estar junto a sus padres en Chile bajo una norma que proteja el derecho de los niños a estar con sus padres en la primerísima etapa de su infancia y el derecho de la madre a compartir la labor de cuidados y preocupación. la OCDE pone a Chile como uno de los países donde menos semanas existen de permiso postnatal exclusivo para el padre.
3. Ideas matrices. En este sentido el presente proyecto, tiene por finalidad aumentar el plazo del permiso parental exclusivo respecto del padre establecido en cinco días hábiles aumentando su duración a quince días hábiles a fin de contribuir a establecer condiciones de igualdad en el trato laboral de hombres y mujeres, así como también promover un cambio cultural, donde exista una equivalencia en las responsabilidades en el cuidado de los niños, la crianza y las labores domésticas no en una temprana etapa, considerando las necesidades de apego –científicamente acreditadas-. En este sentido, la nueva regla en nada altera los alcances del previstos en el código respecto del permiso post natal introducido por la ley 20.545, empero hace necesaria la ampliación del permiso ex post nacimiento a objeto de contribuir en los cuidados iniciales del recién nacido, especialmente en el afianzamiento de los vínculos de apego y distribución corresponsable de tareas. Se establece como excepción a este beneficio aquellos padres condenados por violencia intrafamiliar con una sentencia firme.
Art. Único.- Modifíquese el Código del Trabajo en el siguiente sentido:
En el inciso segundo artículo 195 del Código del Trabajo para sustituir la expresión “cinco” por “quince”.