Source: https://www.scribd.com/document/350936475/La-Suspension-Condicional-Del-Procedimiento
Timestamp: 2018-09-26 02:03:25
Document Index: 362888482

Matched Legal Cases: ['artículo 153', 'artículo 231', 'artículo 153', 'artículo 237', 'artículo 237', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 238', 'artículo 238', 'artículo 238', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 246']

Historia de La Medicion de La Pena
COOP 2013
COPP-19-03-2013
Apuntes de Derecho Procesal Penal Venezolano 15
Código Procesal Penal 2012
La suspensión condicional del procedimiento (Art.
237 A 240)1+
La suspensión condicional del procedimiento es una institución completamente
novedosa en el sistema procesal penal chileno, aunque se trata de un mecanismo que en
la actualidad se encuentra regulado en múltiples sistemas comparados. Sus orígenes, en
opinión de algunos autores, se asocian a instituciones existentes en los sistemas penales
de Estados Unidos e Inglaterra, específicamente a los mecanismos denominados como
“probation” y “diversion”, y a las derivaciones de éstos recogidas por otros sistemas
europeos continentales. Algunos han sostenido que su regulación, en el caso de nuestro
Código, hace que se asemeje bastante al procedimiento abreviado; sin embargo, nos
parece que en su regulación definitiva dichas similitudes no son suficientemente
relevantes como para identificarlas como instituciones similares.
En lo que se refiere a su regulación en el Código chileno, sus fuentes directas son la
Ordenanza Procesal Penal alemana y el Código Procesal Penal Modelo para
Iberoamérica. El artículo 153a de la OPP alemana establece el “archivo del proceso en
caso de cumplimiento de condiciones y mandatos”60 o más sintéticamente “el archivo
condicional del procedimiento”. El artículo 231 del Código Modelo regula, por su parte,
la aplicación procesal de la “suspensión del proceso a prueba”, explicándose en una nota
extensa a dicho artículo que, en opinión de los redactores del Código Modelo, tal
institución debiera estar regulada en la legislación penal sustantiva, para la cual también
se acompaña una propuesta de redacción de los aspectos fundamentales que ésta debiera
Los fundamentos y objetivos de ambas instituciones se asemejan bastante a los
considerados en la elaboración de nuestro Código, de los cuales quedó constancia en la
historia de su redacción. En el caso alemán, la doctrina mayoritaria de ese país distingue
que la introducción del actual artículo 153a, que sólo se produjo el año 1974, tuvo los
– Constituir un mecanismo de aceleración de los procesos penales; – Contrarrestar el
previsible incremento de la criminalidad leve y mediana frente a algunos cambios
legislativos realizados en forma paralela;
– Constituir un instrumento de las tendencias de ultima ratio del sistema penal,
intentando evitar al máximo la utilización de la sanción penal y sus perjudiciales
consecuencias, y
– Ser un mecanismo de descarga de la administración de justicia de los casos de poca o
mediana gravedad para poder concentrar su eficacia en la lucha contra la criminalidad
más grave.61
en cuanto a su procedencia. a dos presupuestos básicos: a) que el delito y la persona imputada reúnan ciertas características y b) que exista un acuerdo entre el fiscal y el imputado. En la versión del Código aprobada por la Cámara de Diputados se agregaba. además. la procedencia de la suspensión condicional fue concebida para una categoría de delitos que podrían catalogarse como de escasa o mediana gravedad y para imputados que cuentan con un bajo compromiso delictual. Además de los objetivos anteriores.. junto con otras. en otros ordenamientos que han consagrado tal institución. sin duda. 237 letra b). 237 letra a). estas ideas son tomadas por la regulación de la suspensión condicional que realiza nuestro Código. la suspensión condicional procede cuando: – La pena privativa de libertad que pudiera imponerse al imputado en el evento de dictarse sentencia condenatoria no excediere de tres años (art. y – El imputado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito (art. prescindibles según las valoraciones sociales. Afortunadamente este requisito fue eliminado en la versión definitiva del Código 2 .1. analizaremos los componentes centrales de esta regulación. deben ser procesados por él”. 2. un tercer requisito que exigía que los antecedentes del caso debían dar cuenta de que se trataba de personas que no volverían a delinquir en el futuro si se beneficiaban con la respectiva medida. la forma de diversificar los modos de solucionar ciertos conflictos sociales para los que hoy se receta una pena. constituye una de las piezas indispensables para descargar la administración de aquellos casos de menor importancia. Concretamente. A continuación revisaremos por separado cada uno de estos requisitos: Que el Delito y la Persona Imputada Reúnan Ciertas Características En general.. es decir. el mensaje del Código Modelo señala que la suspensión del proceso a prueba es una herramienta que “.a la par de constituir.Por su parte. Requisitos de Procedencia de la Suspensión Condicional La suspensión condicional del procedimiento se encuentra limitada. se encuentra clara la idea de que ella es aplicable a criminalidad leve o mediana. respecto de la criminalidad grave no tendría mayor utilización. En lo que sigue. de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237 del Código. que ésta sería una forma de satisfacer los intereses concretos de la víctima del delito. lo que podemos denominar como prognosis de peligrosidad. Cabe destacar que en el diseño de esta institución en los ordenamientos estudiados precedentemente. se suele agregar. con el fin de ingresar al sistema aquellos que. En general. cumpliéndose así con esta nueva finalidad del proceso penal.
por ejemplo. la redacción resultaba altamente contradictoria con la presunción de inocencia. convendría sólo acordar un procedimiento abreviado al concluir la investigación. en el proyecto original presentado por el Ejecutivo se establecía que para la procedencia de esta medida era necesario que el fiscal estimare que. cosa que no puede hacerse en abstracto. no obstante que ellos quedan claramente comprendidos dentro de los objetivos tenidos en vista en el diseño de esta institución. que cubre los primeros siete meses de funcionamiento de la reforma. Un estudio empírico realizado en el tribunal de garantía de la ciudad de Temuco. que harían que ciertos delitos de mediana gravedad no pudieran ser objeto de la suspensión condicional del procedimiento si es que su marco penal fuera considerado en abstracto. al igual a lo que se haría en la sentencia. da cuenta que de todos los casos en que se decretó la 3 . introducía una suerte de prognosis peligrosista muy similar a la contemplada a propósito de las medidas alternativas reguladas en la Ley Nº 18. Esto pone de manifiesto un grave problema en nuestra legislación penal sustantiva. Complementa lo anterior una razón de fondo. Por otra parte. que requerirá reformas para encontrar una solución de fondo. ya que era fuertemente criticado al menos en dos sentidos. en los cuales. Esto marca una gran diferencia con el texto definitivo del Código. habría que tomar en cuenta. ya que muchos casos que podrían quedar fuera del sistema tendrían que seguir siendo tramitados. ya que mientras en el proyecto del Ejecutivo la suspensión podía decretarse en los casos en que el imputado pudiera ser objeto de una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años. las atenuantes. este límite de tres años ¿se refiere al marco penal abstracto señalado por el legislador a la respectiva figura o a la pena en concreto que podría aplicarse a ese imputado en el evento que fuera condenado? En la redacción final del Código parece que esta no es una cuestión discutible. en caso de condenarse al imputado. En efecto. especialmente respecto de los delitos contra la propiedad. la que ha sido severamente criticada por la doctrina nacional por su excesiva subjetividad y arbitrariedad. Dichas instrucciones. Además.216. pena de crimen. De una parte. Ahora bien. al asumir que el imputado podía “volver” a delinquir aun antes de determinarse si efectivamente había sido responsable por el delito imputado en el caso que daba origen a la suspensión. se decía. sino que sólo atendiendo a las circunstancias del caso concreto. aminorando el efecto de esta institución como mecanismo de descompresión del sistema. una interpretación distinta implicaría un límite a la capacidad de administrar la carga de trabajo del Ministerio Público. Es por estas mismas razones que las pautas de actuación contenidas en el Instructivo Nº 36 de la Fiscalía nos parecían problemáticas en este punto. se estaban reflejando en la baja utilización práctica de esta salida alternativa. al parecer. le fuere aplicable una medida alternativa a la pena privativa de libertad de las contempladas en la Ley Nº 18. Junto con lo anterior. en ellas se recomendaba que sólo se utilizara la suspensión condicional respecto de delitos que no tuviesen asignada. Ésta se refiere a que nuestro sistema de penas muestra graves desproporciones. ya que claramente se recoge la tesis de que debe tratarse de la pena en concreto al referirse a la “pena que pudiera imponerse en el evento de dictarse sentencia condenatoria”.Procesal Penal. Es decir. en abstracto. en el estado actual se limita la suspensión condicional a casos en los que el imputado pueda ser objeto de una pena no superior a los tres años.216.
En este sentido. evita que los imputados tengan un contacto con el sistema penitenciario por medio de la prisión preventiva. La Cámara de Diputados había 4 . con algunas diferencias sí.51% al delito de hurto simple y un 12. Un último cambio relevante de la versión definitiva del Código Procesal Penal. los requisitos de procedencia de la suspensión condicional repiten. otras figuras como lesiones leves y robo con fuerza.suspensión condicional. conducción en estado de ebriedad. un 14. en el entendido que éste disminuirá sus posibilidades reales de integración a la comunidad. Consideraciones similares fueron tenidas en cuenta en la redacción del Código Procesal Penal. con un porcentaje muy bajo.03% en delitos contra la ley de propiedad intelectual y..06% de los casos en hurto simple y 15. luego. señala que la suspensión condicional se ocupó en 24. Sin embargo. autoría como participación criminal y el grado del desarrollo del delito. consiguientemente. con porcentajes bajos. avanza en cuanto a considerar tanto atenuantes como agravantes.). que abarcó los primeros seis meses de funcionamiento de la reforma en la ciudad de Santiago. lesiones leves y distintos tipos de robos. un 58% correspondió a conducción en estado de ebriedad. el Código establece un requisito adicional que se vincula al sujeto beneficiario de la medida. de plantear la suspensión condicional”. Otro estudio realizado en la Fiscalía Regional Metropolitana Zona Centro Norte. una persona que no cuenta con condenas anteriores por otros delitos. un 16. de todos los casos en que se decretó la suspensión condicional. es decir. pero que por aplicación de las rebajas de pena derivadas del grado de desarrollo y de participación y del juego de circunstancias modificatorias de responsabilidad. se refiere a la regulación de casos de improcedencia absoluta de la suspensión.. elementos significativos para la determinación de la pena en concreto para el caso específico. deberá evaluarse la procedencia y conveniencia. la Fiscalía precisó su criterio al indicar que “respecto a delitos que tengan asignada pena abstracta de crimen.93% correspondió a manejo en estado de ebriedad. en relación al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Baste para ello recordar que el mensaje del proyecto destaca que una de las ventajas de la suspensión condicional del procedimiento es que. cuenta con altas posibilidades de reinserción social. Junto con este primer requisito vinculado a la gravedad de la pena aplicable.216 para decretar una medida alternativa a las penas privativas o restrictivas de libertad. otras figuras como amenazas de atentados contra personas y propiedades. la pena probable para el imputado en el caso concreto bajare a pena privativa de presidio menor (. Es así como un estudio realizado en el juzgado de garantía de Antofagasta detectó un cambio en la práctica. Esto se debe a que la política criminal expresada por nuestro legislador al dictar la misma fue claramente la de evitar que personas que cometen delitos de escasa o mediana gravedad y que tienen altas posibilidades de reinserción social tomen contacto con el sistema penitenciario. luego. que en el fondo trasunta la idea de que éste debe ser un sujeto con bajo compromiso delictual y que. al poder decretarse en una etapa temprana del mismo. Se trata del requisito que exige que el beneficiario sea primerizo. En efecto.09% al delito de robo con fuerza. Si bien sigue refiriéndose a la pena abstracta. según las particularidades del caso concreto. las exigencias contenidas en la Ley Nº 18. un 9% al delito de hurto y.
lesiones gravísimas. se podría haber llegado al marco penal que autorizara su procedencia. Ella era muy criticable. considerados especialmente graves por los legisladores. por su alta penalidad. que impedía que en ciertas categorías de delitos. Por una parte. violación. tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos sobre conductas terroristas. en términos de solicitar al juez de garantía que la decrete (art. la versión definitiva del Código vuelve a la propuesta original del Ejecutivo en esta materia y elimina esta cláusula limitadora de la suspensión. en donde existe consentimiento del imputado. sí era esperable que en una cantidad importante de casos concretos. lo que no podría haber ocurrido por la existencia de la cláusula de improcedencia absoluta. el fiscal. da cuenta de que ella corresponde a una decisión. que el caso sea llevado hasta las últimas consecuencias (el juicio eventualmente).72 Estos delitos eran: aborto. en el sentido de que éste no se verá sujeto a ninguna medida de control social en su contra. no puede imponerse en contra del imputado ninguna privación o restricción a sus derechos que no esté basada en una sentencia dictada como consecuencia de un juicio oral. distinta a la pena. Sobre este punto es necesario recordar que. ello sólo podría justificarse en casos excepcionales. En el fondo. ya que si bien era posible pensar que muchos de esos delitos no darían lugar a la suspensión condicional. representa una garantía para el imputado. en principio. por el contrario. en definitiva. aun cuando se cumplieran las demás condiciones. basada en consideraciones político-criminales. Afortunadamente. secuestro. una reprochabilidad disminuida o concurrieran una o más atenuantes calificadas. cuando se tuviera en ellos un grado de participación accesoria. si no se cuenta previamente con su voluntad. Acuerdo entre el Fiscal y el Imputado Un segundo requisito para la procedencia de la suspensión es la existencia de un acuerdo entre el fiscal y el imputado. El fiscal puede proponer al imputado la posibilidad de solicitar la suspensión condicional del procedimiento ante el juez de garantía. Un peligro que puede estar presente en el uso práctico de esta institución es que los acuerdos 5 . se pronuncie acerca de su absolución o condena. 237 inciso primero). el imputado siempre tiene la posibilidad de negarse a tal proposición y requerir. mutilación. Por lo mismo. que el legislador entrega al encargado de la persecución penal. constituyen la garantía final para el imputado de que la suspensión condicional no será un mecanismo de control social que vulnere el principio de inocencia y el resto de sus derechos a contar con un debido proceso. lo que manifiesta a través del acuerdo con el fiscal. como por ejemplo. público y contradictorio. se pudiera decretar la medida. en donde el órgano jurisdiccional será el que. la voluntariedad del imputado para lograr el acuerdo con el fiscal y la posibilidad siempre existente de llegar a un juicio oral dotado de todos los resguardos requeridos por el debido proceso. Este acuerdo es una parte fundamental de la institución. Por otra parte.agregado al proyecto del ejecutivo una causal absoluta de improcedencia. homicidio. para no seguir adelante con un caso concreto. sin embargo.
75 En ella.se logren con algún nivel de coacción psicológica para el imputado. que al no requerirse aceptación de culpabilidad ni de su declaración por parte del juez. Sin embargo. cuando se cumplen adecuadamente con las condiciones en el plazo estipulado. se evita el riesgo de utilización del acuerdo en caso de su revocación y. reconocimiento de responsabilidad. Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Como ya hemos señalado. se incentiva su utilización. Esta fórmula representaba una solución de consenso frente al proyecto original. es la de entender que la aceptación del imputado no importa nada más que la manifestación de su voluntad de acceder a la salida alternativa. que pensaban que el acuerdo debía importar aceptación de la culpabilidad por parte del imputado. Una primera opción era considerar que el acuerdo del imputado significaba su admisión de responsabilidad o culpabilidad en los hechos. está aceptando. las condiciones y plazos que determine el juez de garantía. el mensaje destaca como ventaja del diseño propuesto. que establecía que el acuerdo no importaba ni aceptación de hechos ni menos de culpabilidad. el acuerdo no significa. ex ante. a los plazos y condiciones que fije el juez de garantía para su ejecución. y a una propuesta sustentada por algunos miembros de la Comisión de Constitución. Para el imputado. también estimamos 6 . de ninguna manera. el acuerdo significa para el fiscal la manifestación de su voluntad de no continuar con la persecución penal en contra de una determinada persona. la aceptación del imputado importa admitir la veracidad de los hechos que se le imputan y de los antecedentes de la instrucción que los fundan. Una tercera opción. consiguientemente.74 Una segunda opción era la que se propone en el Código Procesal Penal Modelo y que fue adoptada en la Cámara de Diputados durante la tramitación legislativa del Código. sin que pese sobre su futuro el antecedente de una condena penal. especialmente si el fiscal solicita al juez la aplicación de condiciones y plazos que previamente han sido discutidos con el imputado. derivado de la amenaza que significa la persecución penal.73 Ésta fue rechazada completamente por considerarse contradictoria con los fines de esta salida alternativa. creemos correcto afirmar que cuando el imputado concurre al acuerdo con el fiscal. eventualmente. En principio. esto es. Frente a este último tema. el imputado se reincorporará plenamente a la vida social. varias fueron las opciones posibles disponibles que se encuentran reguladas a nivel de derecho comparado. para que en caso de revocación de la medida se pudiera proceder de conformidad al procedimiento abreviado. basada en consideraciones de índole político-criminal. Otro problema vinculado a la extensión del acuerdo prestado por el imputado tiene que ver con la aceptación del plazo y las condiciones que el juez de garantía puede imponerle. el acuerdo importa su aceptación a la procedencia de esta salida alternativa y. seguida en la redacción del proyecto original y adoptada en la redacción definitiva del Código Procesal Penal. evitar la estigmatización del imputado y propender a su reinserción social. lo que debe ser evitado al máximo para impedir la desnaturalización de esta institución. De hecho. Sin embargo. Con esto.
En este punto. 7 . Dicho en otras palabras. existe un argumento de lógica. Uno inicial. Seguramente el imputado alegará. en un primer momento. un problema no abordado por el Código. la exigencia de acuerdo (voluntariedad) respecto de las condiciones y plazos fijados por el juez se constituye en una garantía adicional para el imputado. como es natural. ¿Qué haría el imputado en esta posición? Seguramente no cumpliría con las condiciones impuestas. el imputado siempre debiera tener la posibilidad de retractarse de su acuerdo por circunstancias vinculadas a la gravosidad de la medida. al momento de imponérsele las condiciones y fijarse el plazo de cumplimiento de las mismas por parte del juez con el objetivo de reafirmar su voluntad de aceptar la suspensión con esas condiciones y plazos específicos. Autorización Judicial Cumplidos los requisitos de procedencia de la suspensión condicional del procedimiento. ya no prestará su consentimiento. que sostiene que el imputado no puede retractarse.76 Además. 237 inciso cuarto). fundamentando tal apreciación en la posibilidad que éste tiene de apelar. es el nivel o intensidad de voluntariedad exigido por la ley para que el juez esté en condiciones de aprobar la suspensión. y otro posterior. que se agrega. 2. representa algún riesgo en cuanto a la posibilidad de imponer condiciones sin que se haya establecido responsabilidad del mismo o con una voluntariedad menguada. Piénsese ahora que el tribunal superior negó dicha apelación. ofreciéndole la condición de acudir al tribunal cada 30 días a firmar en el plazo de un año. ya que sabe que si no lo hace se revocará la suspensión condicional y el proceso seguirá hasta el juicio oral y público que él quiere.2. c y d del art. nuevamente discrepamos con el Instructivo Nº 36 de la fiscalía. Toda vez que esta institución representa una renuncia del imputado al juicio (derecho fundamental de un proceso) y que ella. la necesidad de la presencia del defensor del imputado en la misma (art.correcto que el imputado puede retirar su voluntad en caso de que considere que las condiciones o el plazo fijado por el juez de garantía resultan gravosos en demasía. Este tema será abordado a propósito del punto que sigue. en el que manifiesta su voluntad de acceder a la suspensión. aun cuando. 238 durante 2 años. el imputado debiera prestar su acuerdo para la suspensión en dos momentos. De esta forma. pero en la audiencia el juez ha resuelto que las condiciones que deberá cumplir son las letras b. quien siempre tendrá la posibilidad de rechazar la suspensión condicional y optar por el curso normal del procedimiento. Este requisito se impone como garantía para el imputado de que. al contar con defensa técnica en dicha audiencia. el imputado deberá cumplir las condiciones y plazos impuestos por el juez. Piénsese en el caso en que el fiscal propone al imputado suspender condicionalmente el procedimiento. como requisito de validez de la audiencia en que se ventila la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Resulta tan relevante en el diseño del Código el acuerdo voluntario del imputado. Ahora bien. podrá comprender bien los alcances jurídicos de su voluntad y de las condiciones a las que quedará sometido por el plazo que determine el juez de garantía respectivo. a la vez. apelará esta resolución. se haya manifestado de acuerdo con su procedencia ante el fiscal. se requiere contar con autorización judicial.
hasta qué punto la voluntad del juez puede significar un impedimento para la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento. En todo caso. el que sólo estaría llamado a realizar un control de legalidad acerca de su procedencia. si éste compareciere a la audiencia antes de admitirla. al menos. que se trate de un imputado sin antecedentes penales anteriores y que el acuerdo sea voluntario. entendiendo que el contexto de la norma que establece tal obligación del juez indica que ella sólo podría tener influencia para la determinación de los plazos y condiciones de la suspensión condicional y que. si cumpliéndose los requisitos de procedencia es posible que rechace la solicitud del fiscal por considerarla inconveniente. por tanto. a saber. 237 inciso quinto). en la cual el titular y único responsable de la persecución penal pública es el fiscal. Dicho de otra forma. quien es el encargado de decretarla. Acerca de un posible argumento sobre la posibilidad del juez de decidir la procedencia de la salida alternativa derivado de su obligación de escuchar al querellante o a la víctima. además de fijar las condiciones y el plazo de la misma. Pareciera del todo claro que el juez de garantía tiene. es decir. Los problemas surgen al preguntarse si el juez. inclinándose la doctrina por la interpretación que hemos señalado como la más adecuada sobre las facultades del juez de garantía. quien no es el titular de la acción penal y menos el responsable frente a la comunidad de su adecuado ejercicio o no. Un problema que plantea la autorización judicial es determinar los alcances de ésta. la del juez de garantía a cargo del caso respectivo. tiene facultades para revisar el mérito de la salida alternativa. La adecuada solución a este problema debe buscarse en una interpretación acorde con el contexto general de la reforma. 8 . creemos que dicha interpretación debe ser matizada. la posibilidad de controlar que el caso cumpla con los requisitos de procedencia. Este mismo problema se ha planteado en otros países de la región que han introducido la suspensión condicional del procedimiento en sus procesos penales. antes de resolver. debieran ser los elementos decisorios para la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento. no podría afectar la procedencia de la misma más allá del control de legalidad mínimo que le corresponde al juez. sólo el fiscal debiera ser el llamado a decidir el mérito de aplicar o no una salida alternativa y nunca el juez de garantía. que el delito permita la aplicación de una pena igual o inferior a los tres años. Esta situación indica que lo lógico es que la voluntad del fiscal. es decir. sino que también requiere la concurrencia de una tercera voluntad. sin que esa responsabilidad se traspase al órgano jurisdiccional. sumada a la del imputado que se beneficia con la salida. En consecuencia. el juez deberá escuchar al querellante o a la víctima si es que éstos asistieren a la audiencia (art. junto con lo anterior.La suspensión condicional no sólo es un acuerdo entre el fiscal y el imputado. resulta problemático determinar cuáles son las facultades del juez para decidir acerca de una solicitud de suspensión condicional del procedimiento presentada por el fiscal.
El tema que se plantea aquí es el nivel o intensidad de libertad o voluntariedad exigido al imputado para acceder a la medida. sino que al rol del Ministerio Público en la decisión del ejercicio de la acción penal. Esto porque deberá pasar un filtro adicional para su decreto. debiera rechazar la solicitud. En caso que el juez detectare que el imputado está dispuesto a acceder a la suspensión por desconocimiento de sus derechos o porque ha sido coaccionado para ello. ello podría ser muy peligroso. se puede poner en peligro la efectiva utilización de la suspensión condicional. ya que uno de los objetivos básicos del proceso penal es generar una separación clara entre las funciones jurisdiccionales y las de persecución penal y si se interpreta equivocadamente el rol del juez en la concesión de esta salida alternativa. Fuera de esos casos. En principio. que los llevarán a privilegiar o desperfilar diversos intereses para la toma de decisiones. en el sentido de decidir acceder a la medida completamente libre de presiones o consideraciones estratégicas. preste su consentimiento para acceder a la suspensión condicional. En otras palabras. Establecido lo anterior. Otro problema acerca del rol del juez en la aprobación de la suspensión dice relación con el estándar con el que el juez debe revisar el cumplimiento de los requisitos que exigen valoración jurídica de ciertos hechos. Concordamos con Jorge Mera. por ejemplo. evidentemente se producirá una natural limitación a su aplicación.Nos interesa subrayar que el problema en estudio no sólo tiene connotaciones dogmático-procesales. se producirá una confusión relevante de los roles asignados por el sistema a los distintos actores. Como consecuencia para el sistema. si los jueces optan por una posición extrema de exigencia respecto a la voluntariedad. en la medida que se acepte. uno de los temas centrales en el rol del juez de garantía es verificar cuidadosamente que el imputado. se trata de saber si es verdaderamente voluntaria la decisión del imputado cuando éste acepta la suspensión como forma de evitar consecuencias perjudiciales del proceso en su contra. no resulta razonable exigir un 100% de voluntariedad al imputado. la voluntad del juez. quien sostiene que sólo corresponde al juez de garantía verificar la razonabilidad jurídica que el fiscal ha efectuado respecto de los hechos. pareciera conveniente tener una actitud relativamente flexible en cuanto a su aprobación. es decir. en la que se van a producir espacios de negociación entre fiscales y defensores. de controlar su plausibilidad dogmática. nos parece que los jueces de garantía no debieran aprobar la suspensión por falta de voluntad real del imputado sólo en los casos en los que detecten que detrás del acuerdo existe un vicio importante y claramente identificado. por lo que resulta necesario que los jueces tengan presente esta característica al momento de decidir la procedencia o no de la suspensión. cuando un imputado está dispuesto a acceder a la suspensión porque significa poner término a la prisión preventiva que sufre en ese momento. sino que. En nuestra opinión. Se trata de un tema bastante delicado en el que. en forma voluntaria y con pleno conocimiento de sus derechos. que el juez de garantía cuenta con amplias facultades para decidir la procedencia de la suspensión condicional. No se trata de 9 . lo que en definitiva puede afectar no sólo al uso de la institución. La suspensión condicional es una institución que es fundamentalmente estratégica para los litigantes. erróneamente como se ha sostenido. La situación problemática se presenta en los casos en que el juez detecte que hay elementos que presionen al imputado a aceptar una suspensión que en circunstancias diferentes no estaría dispuesto a aceptar.
pero especialmente en atención a la víctima del mismo (un niño).un control de legalidad. concluyendo que del conjunto de estos antecedentes se advierte la conveniencia de resolver de esta manera esta investigación. El fiscal invoca los informes de los profesionales que atienden a la Unidad de Víctimas y Testigos. rechazando la solicitud cuando ésta sea manifiestamente errónea o muy dudosa. no se exige que se exteriorice por parte del juez de garantía una opinión respecto de la calificación jurídica que ha hecho el fiscal. Un ejemplo que grafica la complejidad de situaciones que se presentan a diario en el sistema lo constituye un caso presentado en la ciudad de Villarrica. el juez de garantía consulta dónde queda el interés superior del niño que podía ser vulnerado por una decisión de esta naturaleza. es decir. desarrollo del mismo. siendo esto posible cuando las calificaciones jurídicas contenidas en la solicitud del fiscal sean plausibles. Sin embargo. Por otra parte. Si es posible que el asunto sea fallado por el tribunal. Lo interesante de este caso es el hecho que por la naturaleza del delito involucrado. se efectuó una evaluación a la víctima. En torno a esto. una niña de 11 años fue abusada sexualmente. el elemento era claramente circunstancial sin proyección dentro de su situación de desarrollo personal. el mismo autor señala que el juez de garantía debe considerar si es posible que el tribunal del juicio oral condene al imputado a una pena que no exceda el máximo legal. Si se aceptara esta interpretación. hay que determinar cuál es la función del juez de garantía. ya que sabía se trataba de una solución delicada. ya que los requisitos legales establecidos por el artículo 237 del Código se cumplían sin problemas. ya que aparece como conveniente para la víctima la circunstancia de no seguir adelante con la investigación y un eventual juicio oral. cuando la ley se refiere a la pena probable. Así las cosas. Algo similar ocurre respecto al requisito de que la pena que pudiere imponerse al imputado. Lo que el juez de garantía debe verificar es la razonabilidad y plausibilidad de la calificación jurídica de los hechos que efectuó el fiscal. en el evento de dictarse sentencia condenatoria. La fiscalía contaba con bastante información técnica y antecedentes para demostrar que esta era una buena solución. estimando que sería lo mejor para su hija. grado de participación del imputado y existencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad. los padres de la menor fueron debidamente informados respecto de los alcances de este tipo de procedimiento. El fiscal solicita la procedencia de la suspensión condicional. La determinación de la pena probable proviene del cálculo derivado de la pena asignada al delito. En otras palabras. la suspensión condicional se rechazaría por la sola circunstancia de que el juez de garantía no comparte la calificación jurídica de los hechos que ha efectuado el fiscal. En éste. evitando así una doble victimización. no exceda de tres años de privación de libertad. fijando además un sistema de condiciones adecuadas para proteger a la víctima. como lo era conjugar esta salida alternativa con la protección concreta de los derechos de la víctima. La práctica del sistema ha ido generando casos conflictivos en donde se presentan otros problemas en relación al rol del juez de garantía en la aprobación de la suspensión condicional. atendido el estrés y posible daño psicológico que ello le produciría. el juez hace jugar adecuadamente la existencia de un valor adicional a los cautelados por el CPP para decidir aprobar la suspensión. no los advertía con una proyección futura. la cual determinó que no obstante que aparecía la menor interiorizada de los hechos en los que participó. 10 . el acuerdo debe ser aprobado. quienes manifestaron su aquiescencia con su aprobación. Además. Nuevamente concordamos con esta posición. el juez resuelve decretar la suspensión condicional tomando especialmente en cuenta el interés superior del niño. sólo se refiere a que ello sea posible jurídicamente. así como informes policiales de la brigada especializada de delitos sexuales de menores de la Policía de Investigaciones.
el estudio ya citado realizado en el juzgado de garantía de Antofagasta indica que la mayor cantidad de casos. 238 letras a) y b)). los plazos varían entre un mínimo de un año y un máximo de cinco. En el caso chileno. oficio. dependiendo de las condiciones que el tribunal imponga. otras que implican un control permanente del Estado sobre su persona (acudir periódicamente al tribunal y acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas. no es de extrañarse las grandes diferencias entre la OPP alemana y el Código Modelo. contempladas en el art. al juez de garantía le corresponde la determinación de los plazos y condiciones que deberán ser cumplidos por el imputado para cumplir exitosamente la salida alternativa. Estos plazos representan una variación tanto respecto del artículo 153a de la OPP alemana. el Código establece que el juez no puede establecer un plazo inferior a un año ni superior a tres (art. En general. pueden distinguirse condiciones que importan una restricción a la libertad ambulatoria del imputado (residir o no residir en un lugar determinado y abstención de frecuentar determinados lugares o personas. Plazos y Condiciones Una vez superados todos los requisitos de procedencia y acordada la suspensión condicional del procedimiento. En el Código Modelo. En la práctica. En lo que respecta a la determinación de las condiciones a cumplir durante la suspensión del proceso. se estimó que un plazo máximo de cinco años podía ser excesivo y podría transformar a la suspensión condicional en una salida poco atractiva para el imputado. se optó por establecer un máximo de tres años. psicológicos o de otra naturaleza. En razón a lo anterior. tener o ejercer algún trabajo. entre los seis meses y el año. Por lo mismo. contenidas en el art. un 99%.2. 238 letra e)). además de otras restricciones de diversa índole (obligación de someterse a tratamientos médicos. Así. contenidas en el art. En el primero de estos textos.216. las que en general se caracterizan por ser restricciones o limitaciones a los derechos del imputado (art. 11 . En materia de plazos.3. 238 f) y g)). como de la proposición contenida en el Código Procesal Penal Modelo. fijar domicilio e informar al tribunal de cualquier cambio de las mismas. tiende a concentrarse en la mitad inferior del plazo (un año y medio o menos) y que sólo un 0. 238). el plazo de suspensión varía. contenida en el art. equivalente al que se establece para la remisión condicional de la pena y la reclusión nocturna en la Ley Nº 18. establecidas en beneficio de la víctima (pagarle una suma de dinero determinada en calidad de indemnización de perjuicios. otras. el Código le entrega al juez un catálogo de condiciones a imponer.26% de los mismos se ubica en el límite superior. 238 letras c y d)). 237 inciso sexto). profesión o empleo o asistir a algún programa educacional o de capacitación. estos plazos se vinculan a la magnitud de las penas que en cada ordenamiento podrían haberse aplicado al caso específico de no existir la posibilidad de la suspensión del proceso.
o de protección a las víctimas. por el Ministerio Público. está constituido por el hecho de que esta salida alternativa es completamente voluntaria para el imputado.La Ley Nº 20. También se tuvo en consideración las condiciones y mandatos establecidos en el artículo 153a de la OPP alemana. por regla general. Además. considerando las alegaciones de la víctima y el querellante. con lo cual la discusión de si las condiciones eran o no taxativas ya se superó. no debiera apartarse de las solicitudes de los fiscales. público y contradictorio. quien siempre tiene la posibilidad de que su caso sea llevado a juicio para que el órgano jurisdiccional determine en definitiva su absolución o condena. fundadamente. salvo pequeñas diferencias. ellas representan una limitación o restricción de los derechos del imputado. el proyecto original del Código siguió bastante de cerca la proposición contenida en el Código Procesal Penal Modelo. y se abre un abanico de posibilidades para la creatividad en cuanto a la proposición de condiciones de calidad. eventualmente. El juez. la que. sin establecimiento de la culpabilidad del imputado y sin un juicio previo que las fundamente. el juez deberá velar por que las condiciones a imponer siempre sean idóneas para el tipo de imputado a quien se imponen. en términos que eventualmente ellas podrían significar una infracción a la presunción de inocencia o constituirse en una verdadera pena anticipada. Con todo. El carácter limitativo que suponen las condiciones de la suspensión del proceso a los derechos del imputado es uno de los temas de mayor polémica en relación a esta salida alternativa. Por la misma razón. en general. La regla general es que el juez de garantía debiera decidir las condiciones sobre la base de una proposición concreta del Ministerio Público y. ya que serán ellos los que normalmente conocen mejor el caso y las necesidades o situación específica del imputado. El principal argumento que se da para contrarrestar las críticas orientadas en este sentido. sí será una función importante del juez chequear que las condiciones solicitadas sean razonables. es respecto al tipo de condiciones que deben ser impuestas por el juez en cada caso. aquéllas con las que ya se cuenta con el requisito de voluntariedad de acceder a la suspensión. Cualesquiera sean las condiciones que fije el juez. si es que éstas existen. Un tema en el cual el Código no establece criterios normativos. resulta 12 .074 incorporó al catálogo de condiciones la letra h). Ya hemos señalado que de acuerdo a la ideología del nuevo sistema procesal penal. normalmente las condiciones que solicite el fiscal serán aquéllas preacordadas con el imputado y. esto es. cualquier otra condición que resulte adecuada en consideración con las circunstancias del caso concreto de que se trate y sea propuesta. tengan alguna explicación o sustento y puedan ser efectivamente cumplidas por el imputado. Debe evitarse decretar condiciones que no pueden ser cumplidas o que no se relacionan con necesidades concretas de resocialización o inserción social del imputado. Es por esto que adquiere tanta relevancia la voluntariedad del imputado y por qué resulta necesario establecer mecanismos procesales que aseguren que efectivamente el imputado concurre voluntariamente a su cumplimiento. por lo mismo. En el establecimiento de estas condiciones. resulta muy similar. un principio básico es que ninguna privación o restricción de libertad derivada de una imputación penal puede decretarse sin que previamente haya sido realizado un juicio oral. Por otra parte.
Es un problema serio para la legitimidad del sistema que la suspensión se utilice como un sistema de pura descongestión y controles formales. Con todo. los fiscales y jueces tendrán menos alternativas para proponer y decretar condiciones para la suspensión. no se ha profundizado en avances que reflejen un sistema más sofisticado de control y que sea un real apoyo para la toma de decisiones por parte de los fiscales. Como último aspecto general a abordar respecto a las condiciones. Consideramos que es necesario que se inicie un proceso a través del cual se implementen mecanismos que permitan hacer efectivas dichas condiciones y. eventualmente. En efecto. Con esta norma pretende dársele flexibilidad a la salida alternativa. Incluso.5% de los casos en que se aplica el artículo 153a. 13 . en recientes legislaciones. Si bien hoy existen algunos esfuerzos por contar con este tipo de mecanismos. evitando así el fracaso de la salida alternativa por una rigidez en su determinación inicial. No nos detendremos en el análisis específico de cada una de las condiciones. con lo cual se afecta un uso más intenso de esta salida por falta de sistemas de control. particularmente respecto de imputados más débiles. el ofrecimiento del imputado de reparar los daños causados a la víctima aparece como un requisito central para decretar la procedencia de la suspensión del proceso a prueba. Otro problema grave respecto a las condiciones de la suspensión tiene que ver con las dificultades prácticas para implementarlas y controlarlas. las condiciones reguladas en el Código suponen el establecimiento de mecanismos eficientes de control y seguimiento. así. cabe señalar que el juez de garantía. de manera de ir adecuando en el camino las condiciones que pueden transformarse en excesivamente laxas o en imposibles de ser cumplidas razonablemente con el transcurso del tiempo. puede prestarse para algunos abusos por parte del poder de persecución penal. cuestión que no parece necesaria por ser bastante autoexplicativas cada una de ellas. la reparación de la víctima no aparece como un componente necesario para la procedencia o cumplimiento de esta salida alternativa. Costa Rica. Mientras ello no ocurra. las transformen en auténticas alternativas al momento de decidir la procedencia de esta institución. Es decir. Sí nos interesa marcar un aspecto que resulta interesante a la luz del desarrollo de recientes legislaciones comparadas en la materia. en el caso alemán existen estadísticas que indican que la obligación de proporcionar determinada prestación para la reparación de los daños causados por el hecho sólo forma parte de las condiciones y mandatos que imponen los tribunales en cerca de un 0. público y contradictorio para el imputado. la indemnización a la víctima se considera sólo como una posible condición a imponer por parte del tribunal. con acuerdo del fiscal y del imputado. como la de Argentina. puede modificar una o más de las condiciones originalmente impuestas durante el período de la suspensión (art. En el caso chileno. Paraguay y en la propuesta del Código Procesal Penal Modelo. que. A diferencia de esto. 238 inciso final). siguiendo de esta forma al artículo 153a de la OPP alemana.necesario que la suspensión condicional del procedimiento esté contemplada en ordenamientos que cuentan con la garantía final del juicio oral. será necesario tener presente que aquí existe un núcleo problemático muy serio en relación al uso de esta medida.
En un 72.7% de los casos. en un 14. es posible apreciar que en un 57. Efectos Inmediatos – Se suspende la persecución penal contra el imputado respecto al delito por el cual fue formalizado mientras ejecute las condiciones exigidas en el plazo que le hayan señalado. grave o reiteradamente. cuatro.55% se decretó la condición de la letra f) del artículo 238.44% de los casos. 237 inciso 6º. oficio.41% de los casos se decretó la condición de acudir periódicamente al Ministerio Público. con un 32. tres. El resto de las condiciones ocupan porcentajes iguales o inferiores al 22%.89% de los casos. los efectos pueden distinguirse en inmediatos y mediatos. Efectos Una vez decretada la suspensión condicional del procedimiento.Para finalizar el análisis de las condiciones.7%. En un 8. nos parece útil tener una visión empírica acerca de su uso. pagar una determinada suma a título de indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su pago. la de la letra g) del artículo 238.8%. la de la letra d).73% de los casos se impuso la condición de fijar domicilio e informar al Ministerio Público cualquier cambio. En seguida. En relación a las condiciones específicas impuestas. En el estudio ya citado del juzgado de garantía de Antofagasta. o asistir a algún programa educacional o de capacitación y. En un 28%. – El imputado queda sometido inmediatamente a la o las condiciones en el plazo determinado por el juez de garantía y si no lo hiciere. tener o ejecutar un trabajo. En un 18. oficio. – Se suspende el curso de la prescripción de la acción penal (art. o si al imputado lo han formalizado de la investigación nuevamente por hechos distintos. en donde en un 76. se han impuesto dos condiciones del artículo 238. fijar domicilio e informar al Ministerio Público de cualquier cambio al mismo. procederá la revocación de la medida si las condiciones se incumplen sin justificación. – Se suspende el plazo legal de dos años para el cierre de la investigación por parte del fiscal (art. 247 inciso final CPP). 237 inciso 6º in fine en relación con el art.4. profesión o empleo.42% de los casos. tener o ejercer un trabajo.88 Estas cifras son similares a las contenidas en el estudio empírico efectuado en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. es decir. por último. en un 76. 14 . 2. En un 75% de los casos.6% de los casos. En un 10. una y en un 3. la de abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas. segunda parte CPP). o asistir a algún programa educacional o de capacitación. profesión o empleo. es decir. acudir periódicamente ante el Ministerio Público y acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
394 in fine CPP). 240 inciso 1º CPP). a saber. Es importante tener presente que para que los fines de la suspensión sean cumplidos a cabalidad. En este sentido. y. si la víctima recibe pagos en virtud de que el imputado cumple la condición de pagar una determinada suma a título de indemnización.Efectos Mediatos – Se extingue la acción penal siempre y cuando haya transcurrido el plazo impuesto por el juez para el otorgamiento de la suspensión condicional del procedimiento. – Las acciones civiles de la víctima o terceros no se extinguen (art.5. 237 inciso final CPP). 240 inciso final CPP). Más específicamente. Esto significa que al imputado no se le podrá iniciar o continuar un proceso por los hechos materia de suspensión condicional. audiencia de formalización de la investigación (art. Tampoco imposibilita el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias que son consecuencia del mismo hecho (art. no es necesario que la iniciativa nazca del fiscal a cargo del caso. 245 inciso 2º CPP). que les manifieste a las partes la conveniencia o posibilidad de que en ese caso se solicite una suspensión condicional del procedimiento. de oficio o a petición de parte. Desde este punto de vista. Oportunidad y Procedimiento La suspensión condicional del procedimiento puede ser decretada a partir de la audiencia en que se formaliza la investigación y hasta la realización de la audiencia de preparación del juicio oral. sin que haya sido revocada. audiencia citada específicamente para el evento siempre y cuando el período de investigación no se haya cerrado (art. audiencia de preparación del juicio oral (art. 245 inciso 1º CPP). se requiere que el Ministerio Público se decida desde momentos muy iniciales de la persecución penal a solicitar la suspensión condicional del procedimiento. audiencia de procedimiento simplificado (art. El tribunal. lo óptimo es que el Ministerio Público y el imputado soliciten la suspensión al juez de garantía a continuación de la formalización de la investigación en la mayor cantidad de casos en que ello sea posible. Esto abre la necesidad a fiscales y defensores de buscar espacios de negociación de esta salida desde momentos muy tempranos en el proceso. Tanto para efectos de racionalizar de la persecución penal como para el logro de los objetivos de reinserción perseguidos por esta salida alternativa. dictará el sobreseimiento definitivo (art. podrá ocurrir también que sea el propio imputado o su defensor quienes exploren con el Ministerio Público la posibilidad de solicitar una suspensión o el propio juez de garantía. parece evidente que la posición adoptada en un primer momento por el Ministerio Público atentaba contra una pronta salida al proceso. 240 inciso 1º CPP). mediante el Instructivo Nº 36 señalaba que era prematuro tomar esta decisión en la audiencia de formalización. se imputará dicha suma a la indemnización de perjuicios que le pudiere corresponder civilmente a la víctima (art. 15 . No obstante. En efecto. 245 inciso primero in fine CPP). 2. en audiencias como la de formalización de la investigación. por último. existen cuatro audiencias en que es posible solicitar una suspensión condicional del procedimiento.
IV. Ahora se indica que los fiscales “deberán evaluar el caso e instar. en los que efectivamente se disponía de buena parte de los antecedentes en momentos muy iniciales de la persecución penal. La presencia del defensor del imputado a esta audiencia es un requisito de validez de la misma.6. III. En efecto. Con la implementación del sistema procesal penal en las regiones II. se ahorra tramitar toda una investigación y un proceso que bien puede tener una salida alternativa desde que se formaliza la investigación”.. al querellante o a la víctima. como ejemplo más típico.91 entendiendo por fin que resulta infructuoso y poco productivo tramitar toda una investigación –por los costos en que deriva–. Con todo. los cuales se encuentran presentes con mayor intensidad en etapas más tempranas del proceso. si éstos comparecieren a la audiencia. siempre y en todo caso. Revocación Como hemos visto. si durante el período de suspensión el imputado da cumplimiento a las condiciones impuestas por el juez de garantía. éste supone. se produce la extinción de la acción penal y la consiguiente terminación del respectivo proceso. primero. luego. como hemos mencionado. Retrasar en ellos la discusión o aprobación de la suspensión condicional significaba alargar injustificadamente el proceso y generar una carga de trabajo innecesaria para los distintos actores. previamente a su pronunciamiento. ya que hacía desaparecer buena parte de los incentivos del imputado de acceder a ella. Respecto a este punto. la audiencia de formalización de la investigación. el estudio empírico realizado en la ciudad de Antofagasta indicaba la inclinación a solicitar la suspensión condicional del procedimiento en momentos anticipados de investigación. una solicitud del Ministerio Público en ese sentido y. 2.. sea para que el proceso no se eternice innecesariamente. por regla general. disminuía fuertemente las posibilidades que se utilizase esta salida alternativa en forma amplia. VII y IX la Fiscalía Nacional detectó bajos niveles porcentuales en la aplicación de esta herramienta tendiendo a matizar el criterio impuesto por el antedicho instructivo. la realización de una audiencia oral a la que deben comparecer todos a quienes puede afectar su procedencia. en un 22. también puede darse la suspensión en el contexto de audiencias judiciales originalmente fijadas con otros propósitos. 16 . en el estudio se da cuenta que en un 75. para que tal planteamiento se formule lo antes posible. el retraso en el momento de discutir o acordar la suspensión condicional. incluso hasta la audiencia de preparación del juicio.88% en audiencia de juicio simplificado. Por otra parte. En relación al procedimiento para decretar la suspensión condicional.En nuestra opinión. sea para no exponer al imputado a mayores perjuicios. se prefiere adoptar una suspensión condicional del procedimiento en momentos muy tempranos de la investigación.8% la suspensión se decretó en la audiencia de formalización. dichas orientaciones resultaban contradictorias con la dinámica práctica de la investigación criminal en la mayoría de los casos de mediana o baja gravedad. sea para racionalizar los recursos.92 En conclusión. debiendo el juez escuchar. con posterioridad a la formalización (. siendo que es posible llegar a una suspensión condicional del procedimiento desde momentos tempranos.04% en audiencia especial y en un 1.) De esta manera.
A pesar de la aparente contundencia de este argumento. En ese sentido. es decir. ya que allí se exigía que los requisitos fueran copulativos. al extraer de la formalización consecuencias negativas para el imputado. nos parece que aquí hay un problema de enfoque. 239). Ante eso. está seguro que el imputado ha cometido un nuevo delito. ya que el 17 . suspender condicionadamente el proceso para favorecer una serie de objetivos estimados como valiosos (tanto para el sistema como para el caso individual). además. se requiere que ese delito sea objeto de una persecución penal formal que se traduzca en una formulación de cargos en su contra. La defensa apeló de esta resolución. público y contradictorio. por el contrario. es decir. consecuentemente. Para que proceda la revocación no basta que el imputado esté siendo investigado por la comisión de un nuevo delito. sobre la base de los antecedentes que dispone. Un imputado se encontraba cumpliendo una suspensión condicional del procedimiento. el juez debe revocar la suspensión y reiniciar el curso del proceso suspendido de acuerdo a las reglas generales (art. El argumento consistiría en señalar que la formalización de la investigación es una actividad unilateral del Ministerio Público que no constituye una sentencia judicial por medio de la cual se establezca la efectiva responsabilidad del imputado en el nuevo delito. La primera de ellas supone que el imputado. es decir. sin justificación. según sea la situación. la determinación o no de responsabilidad del imputado en un juicio oral. Se trata de dos causales diferentes de revocación. reiterado e injustificado. no parece ser problemático que pueda retractar su voluntad originaria y devolver el primer caso a su statu quo original. En el origen de la suspensión condicional se encuentra una decisión político-criminal del Ministerio Público de optar por una excepción al principio de legalidad y. grave o reiteradamente las condiciones impuestas o fuere objeto de una nueva formalización de la investigación por hechos distintos. indicando que no existía la causal de revocación que indica la ley. que se tratara de un incumplimiento grave. sin causa que lo justifique. al punto de formalizar la investigación en su contra. pero con posterioridad el Ministerio Público le formuló un requerimiento en juicio simplificado por la comisión de otro delito. según las cuales ella implicaría una suerte de contradicción con la presunción de inocencia. Existen algunas críticas a esta segunda causal de revocación.Si. en forma relevante o alejándose en forma extrema de sus fines. se atentaría contra su estatus de presunto inocente en ese nuevo caso. si el propio Ministerio Público. no da cumplimiento a las condiciones impuestas de forma sistemática o no da cumplimiento en forma grave. el imputado incumpliere. el Ministerio Público solicitó la revocación de la suspensión condicional. sino que devolver el caso originalmente suspendido a la situación normal. reabrir la etapa de investigación o preparación del juicio oral. sino que. En consecuencia. resolviendo de esa manera el juez de garantía. La segunda causal de revocación de la suspensión condicional del procedimiento es que el imputado sea objeto de una nueva formalización de la investigación por un hecho diferente al que dio lugar al proceso suspendido. se argumenta. Un problema interesante que se ha planteado en esta materia puede apreciarse en un caso resuelto por la Corte de Apelaciones de La Serena. Recordemos que no se trata de que en virtud de esto se le condene injustamente al imputado. Esta misma causal era formulada en términos más estrictos en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. es decir. con todas las garantías del debido proceso.
por lo mismo. No disponemos de evidencia empírica consolidada respecto al porcentaje de casos en los que se revoca la medida. la suspensión del procedimiento no podrá ser invocada en el juicio como reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado. La decisión del juez podrá ser apelada (art. Como consecuencia de la audiencia. 390 y 391 del Código Procesal Penal. Este criterio nos parece errado. La Corte de Apelaciones aceptó este argumento. hay que considerar que el estudio abarca los seis primeros meses de funcionamiento de la reforma en la Región Metropolitana y por eso los resultados debieran ser distintos. hay razones de la historia del texto legal que dan cuenta que esta causal de revocación cubría la nueva persecución penal en simples delitos que en el Código luego pasaron a ser tramitados en procedimientos simplificados. En cualquier evento. Es decir. y que el legislador se preocupó de diferenciarlos a través de los artículos 229. en caso de ser condenado. De otra parte. Un indicador lo constituye el estudio citado de la Fiscalía Regional Centro Norte.31% de los casos ocurrió esto. cambiar algunas condiciones de cumplimiento o revocarla. Finalmente. 239. la revocación de la suspensión deberá ser discutida en una audiencia convocada por el juez de garantía a petición del fiscal o de la víctima.94 18 . quienes expondrán los hechos que dan lugar al incumplimiento de las condiciones y acompañarán los antecedentes en que éstos se fundamenten. Es muy importante destacar que la revocación de la suspensión no afectará la posibilidad que tiene el imputado de ser beneficiario de alguna de las medidas alternativas contempladas en la Ley Nº 18. 335). el juez podría mantener la salida alternativa. Cualquiera sea la causal. Lo que el legislador ha pretendido a través de este mecanismo es evitar el abuso de estas instituciones y.216. quienes podrán exponer sus argumentos ante el juez. 239 inciso final). indicando que la ley excluye la posibilidad de hacer términos sinónimos dichos actos procesales.imputado no había sido objeto de una nueva formalización como lo exige el art. en el cual sólo en un 1. no puede ser utilizada para perjudicar al imputado en el transcurso del proceso reiniciado después de su revocación (art. dar la posibilidad de revocación en casos en que durante el período de suspensión se inicia una nueva persecución penal en contra del imputado. A dicha audiencia tendrá derecho de comparecer el sujeto beneficiario de la salida alternativa con su defensor. sino que sólo se le formuló un requerimiento en juicio simplificado. Con todo. el efecto de la revocación es la reiniciación de la persecución penal en contra del imputado de acuerdo a las normas generales.
074. su rol no es decisivo en el otorgamiento de la medida. lo que atentaría claramente con los fines de esta salida alternativa. No obstante la reserva. tema que revisaremos en lo que sigue.2. toda vez que su reparación se regula como un requisito de procedencia de la misma. En el caso del Código Procesal Penal chileno. La institución que recoge preponderantemente los intereses de la víctima es la del acuerdo reparatorio. El Rol de la Víctima y los Fundamentos de la Suspensión Si bien ya se ha delineado en las páginas anteriores cuál es el rol que le corresponde a la víctima en esta institución. En este diseño. en el caso del Código chileno el rol de la víctima no es trascendental dentro del diseño de esta institución.8. En los modelos comparados aludidos es posible señalar que la satisfacción de la víctima forma parte central de la institución. 19 .7.316 de Argentina y en el Código Procesal Penal de Costa Rica. en el Código Procesal Penal del Paraguay. Se trata de un registro de carácter reservado que tiene por objeto que el Ministerio Público lleve un control en el cumplimiento de las condiciones de la suspensión o pueda revisar si se cumplen con los requisitos necesarios para acoger a un imputado a suspensiones futuras. A diferencia de la suspensión del proceso a prueba regulada en el Código Procesal Penal Modelo. es común que se le entregue a ella una participación relevante en el debate que se genera para su otorgamiento. la cual ha sido reforzada por la Ley Nº 20. 2. Es decir. en la Ley Nº 24. uno de los principales fundamentos para justificar su introducción es relevar los intereses de la víctima dentro del proceso. Esto hace que dicho registro no pueda ser utilizado para temas tales como postulaciones laborales u otras por el estilo. como hemos visto. Además. Registro de la Suspensión Condicional del Procedimiento De acuerdo a lo que dispone el artículo 246 del Código Procesal Penal. entre otros. Si bien es cierto la víctima tiene alguna participación. Ésta podría ser perfectamente decretada por el juez en contra de su voluntad y sin que se imponga la obligación de indemnizarla como una condición para el imputado. la víctima tiene la posibilidad de conocer la información contenida en el registro (art. el Ministerio Público debe llevar un registro en el cual se debe dejar constancia de los casos en los que se decrete la suspensión condicional del procedimiento. 246 inciso final). hemos estimado conveniente desarrollar brevemente este tema a propósito de los elementos centrales de la suspensión condicional del procedimiento y los fundamentos de ésta tenidos en consideración para su introducción en nuestro país. No se trata de reproducir un prontuario de antecedentes con este registro. esta afirmación debe ser matizada. se trata de fines propios de la salida alternativa y del trabajo del Ministerio Público en relación a la misma.
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Miguel Angel Rodriguez Blanco