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Timestamp: 2020-06-06 03:53:18
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 20', 'artículo 20', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 27', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 123', 'artículo 123', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 123', 'artículo 570', 'artículo 2']

ARTÍCULO 2. DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Directriz 3
ARTÍCULO 3. IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO Directrices 6 y 7
ARTÍCULOS 4 Y 5. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES AL PACTO. Directriz 8
ARTÍCULO 6. DERECHO AL TRABAJO Directriz 9a
ARTÍCULO 7. CONDICIONES PROPICIAS EN EL TRABAJO Directriz 13
Directriz 13b
ARTÍCULO 1. DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN
El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas está reconocido en el artículo 2 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que establece la autonomía de los pueblos indígenas para decidir sus formas internas de convivencia, aplicar sus sistemas normativos en la solución de conflictos internos, elegir a sus autoridades y representantes, preservar su identidad, enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura, acceder y conservar sus tierras, y acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
Se han llevado a cabo acciones para armonizar la legislación, garantizar los derechos individuales y colectivos de las personas, comunidades y pueblos indígenas en las 32 entidades federativas del país, conforme al artículo 2 de la CPEUM.2 A la fecha 233 de las 32 entidades tienen en sus constituciones con algún grado de armonización en la materia, y 24 entidades4 cuentan con leyes locales. Dichas acciones tienen origen en un proceso de consulta y participación indígena, para garantizar su derecho a la libre determinación.
El artículo 2 apartado A de la CPEUM, está sujeto al artículo 27 de la propia CPEUM5 y a las leyes reglamentarias que conforman el régimen jurídico de la propiedad. El artículo 27 establece acciones que brindan certeza jurídica para la tenencia de la tierra mediante programas de certificación, y reconoce y protege los derechos individuales y colectivos de los indígenas en los núcleos agrarios.
Se cuenta con un marco institucional sólido para hacer valer la regulación en torno a la propiedad de la tierra, entre estos se encuentran la Procuraduría Agraria, los tribunales Agrarios, el Registro Agrario Nacional y el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, cuyas funciones se describen en el Anexo II.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),6 diseña y opera en el marco de su Consejo Consultivo, un sistema de consulta y participación indígena para la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo, así como en iniciativas del Ejecutivo Federal que promuevan reformas jurídicas y actos administrativos o proyectos que impacten su entorno.
En el Sistema de Consulta Indígena en el que participan 146 consejeros7 de los 68 pueblos indígenas, cuya pluralidad fomenta la operación de consultas diferenciadas favoreciendo la adopción de acuerdos bajo el consentimiento libre, previo e informado. En febrero de 2013, el pleno de la Asamblea del Consejo Consultivo aprobó el Protocolo para la realización de consultas a los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.8
El artículo 20, párrafo 3 de la Ley de Planeación dispone que las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. El artículo 20 Bis de la citada Ley indica que en los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las comunidades indígenas para que estas emitan la opinión correspondiente.
La reforma constitucional en materia energética de 2013 contempla el derecho a la consulta previa de comunidades y pueblos indígenas.9 En el anexo IV se describen algunos procedimientos de consulta previa llevados a cabo a partir de dicha reforma.
ARTÍCULO 2. DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
En 2011 se publicó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) que sienta las bases para la cooperación que el Estado Mexicano recibe y otorga La LCID se creó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), que coordina, promueve y evalúa las acciones y programas de cooperación internacional que México realiza en distintas modalidades, como oferente y receptor. México participa en los distintos esquemas de cooperación) con diferentes papeles y mediante distintas modalidades (ver anexo V).
México es parte del Proyecto Mesoamérica, mecanismo de integración y desarrollo que potencia la cooperación entre los países de la región, a fin de ampliar y mejorar sus capacidades y hacer efectiva la instrumentación de proyectos. En su eje social se realizan proyectos de salud, medio ambiente, vivienda y seguridad alimentaria y nutricional.10
En 2016, México instrumentará proyectos de cooperación con la UE relacionados con los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU, que tendrán por objeto o promover entre el sector privado derechos entre los que se encuentran, derecho al medio ambiente sano, a la salud, al trabajo, entre otros..
El CONAPRED ha llevado a cabo diversos estudios, destaca la Encuesta Nacional de Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010, anexo VI)11 y el Reporte sobre la discriminación en México 201212 que identifica la situación de discriminación en el ejercicio de derechos como la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y el acceso al crédito. Asimismo, elaboró la colección “Legislar sin Discriminación” que expone un diagnóstico y arroja propuestas normativas en materias de trabajo del hogar, educación inclusiva, matrimonio y familias.13 Además publicó el tomo “Catálogo de Medidas para la Igualdad”14, el cual explica y reúne ejemplos de medidas en favor de grupos en situación de discriminación.
Para garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto por parte de los no nacionales, la Ley de Migración reconoce los derechos de los migrantes independientemente de su condición migratoria. Asimismo, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LRPCAP) establece las bases para la atención y asistencia a los refugiados que se encuentran en territorio nacional.15 El Programa Especial de Migración 2014-2018, constituye la base para la instrumentación de la política de Estado en materia migratoria.16.
La Ley de Migración establece que “todos los extranjeros tendrán los derechos reconocidos en los convenios internacionales de los cuales sea Parte el Estado mexicano”. Sin embargo, en el caso del derecho al trabajo es necesario gestionar un permiso para trabajar por oferta de empleo.
En cuanto al tema de propiedad, la Constitución establece en su Artículo 27 que sólo los mexicanos por nacimiento, naturalización o sociedades mexicanas pueden adquirir el dominio de las tierras y su explotación en territorio nacional. Sin embargo, el Estado Mexicano puede otorgarle este derecho a los extranjeros que deseen adquirir bienes raíces en México mediante un convenio en el que renuncian a la posibilidad de invocar la protección de su Gobierno con respecto de los bienes adquiridos.
Si el terreno se encuentra dentro de la llamada “zona restringida”, la cual es la franja de terreno que se encuentra a 100 kilómetros a lo largo de las fronteras terrestres o a 50 kilómetros de las playas, únicamente podrá ser adquirido por medio de un fideicomiso bancario.
ARTÍCULO 3. IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
Directrices 6 y 7
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), incluye como uno de sus ejes transversales la perspectiva de género como el centro de la política social, económica y educativa en el país.
El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece un conjunto orgánico y articulado de estructuras y procedimientos para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Actualmente, se cuenta con 32 Leyes de Igualdad en las entidades federativas y se han instalado 28 Sistemas estatales para la igualdad entre mujeres y hombres.17
El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 18 establece políticas orientadas a reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Busca alcanzar la igualdad sustantiva en un marco de respeto a los derechos de las mujeres y las niñas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con la Subdirección General de Igualdad de Género para promover la institucionalización de la perspectiva de género tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo. Asimismo, publicó el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Haciendo realidad el Derecho a la Igualdad”, para facilitar a las y los juzgadores, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.19
En 2014, el Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) realizó el análisis de la legislación penal y civil para detectar preceptos discriminatorios que vulneren los derechos humanos de las mujeres con el objetivo de conjuntar una agenda legislativa que permita reformar dichos preceptos. A la fecha se han reformado o adicionado 75 temas penales y 34 civiles o familiares. En 2015 se realizó un análisis de la legislación laboral para identificar preceptos discriminatorios, las recomendaciones derivadas de dicho trabajo se presentaron al Congreso.
Para superar los estereotipos culturales que afectan el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por hombres y mujeres, el CONEVAL desarrolló un sistema de 30 indicadores sobre pobreza y género, que reflejan diferencias de género en cuatro ejes analíticos principales: acceso a recursos; cargas de trabajo; arreglos domésticos; y las etapas del curso de vida. Este sistema se actualiza conforme se dispone de nueva información para la medición de pobreza.20
ARTÍCULOS 4 Y 5. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES AL PACTO.
La CPEUM señala en su artículo 1 que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte y que su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Los derechos contenidos en el Pacto no han sido objeto de restricciones, limitaciones o suspensiones.
Directriz 9a
Promover la generación de empleos formales y más productivos es un objetivo prioritario del Gobierno. En 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT)21 para establecer las bases de la generación de empleos con la implementación de nuevas modalidades de contratación y atender las circunstancias que privan en el mercado de trabajo, como los contratos de capacitación inicial, periodos de prueba y trabajos de temporada.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 11 que la STPS promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral.
El Servicio Nacional de Empleo (SNE) lleva a cabo actividades encaminadas a vincular la oferta y demanda de empleo. Orienta a buscadores de trabajo y apoyo a la población desempleada y subempleada, está integrado por tres componentes base: el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral (PASCL) y los Servicios de Vinculación Laboral, así como el portal “Abriendo espacios”, destinado a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Asimismo, se destaca que actualmente opera un Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNTEPD). Para las personas adultas mayores se implementan programas que promueven el empleo remunerado, conforme a sus antecedentes laborales, habilidades, capacidades e intereses. El INAPAM brinda apoyo a este grupo poblacional a través del programa de vinculación laboral con empresas para su contratación, con las que se tiene convenios de concertación con el objetivo de fomentar su autonomía e independencia.
Del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015, el SNE atendió a 15,423,574 personas; 4,245, 222 de las cuales se colocaron en un empleo. Estas cifras son superiores a las del mismo periodo del año anterior por 5,905, 820 atendidos (62.1%) y 1,819,606 colocados ( 75%). Del total de personas colocadas en un empleo por todos los programas que opera el SNE, el 75.9 % fue mediante los Servicios de Vinculación y el 24.1 % mediante el Programa de Apoyo el Empleo (PAE) y el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral (PASCL); del total de atenciones, el 91.3% se proporcionó en los Servicios de Vinculación y el 8.7% en el PAE y el PASCL.
Los Servicios de Vinculación Laboral buscan reducir tiempos y costos de colocación para buscadores de empleo y de contratación para las empresas mediante esquemas de atención gratuita, dirigidos a proveer información y asistencia técnica para la búsqueda de un empleo. Los Programas mencionados y los Servicios de vinculación laboral se describen en el anexo VIII.
Directriz 9b
El Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral (PASCL) busca recuperar la actividad económica, promover condiciones para impulsar la ocupación y evitar la disminución o pérdida de ingresos de las personas en donde se determine una situación de contingencia laboral, mediante la aplicación de estrategias de apoyo económico de carácter temporal y focalizado a la problemática específica que enfrenta la población establecida en dichos espacios geográficos.
De 2010 a 2013 la proporción de población que labora en condiciones de informalidad ha representado entre el 60% y 59%. El 31% de los ocupados informales trabaja por cuenta propia y sin apoyo de otros trabajadores, casi el 50% trabaja en establecimientos de hasta cinco personas. El número de trabajadores informales que labora en establecimientos de más de 15 personas es del 10%, mientras que el 15% de los trabajadores formales laboran solos o en micro negocios de hasta cinco personas.22
Uno de los sectores en la economía no estructurada en el que predomina la mano de obra femenina es el trabajo del hogar. El INEGI y el CONAPRED han realizado estudios23 para identificar las características y restricciones que enfrenta este sector. Asimismo, se ha entablado un diálogo con los expertos internacionales en la materia para avanzar en el reconocimiento y garantía de los derechos de las y los trabajadores del hogar.
Para visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo y particularmente en el informal, el INMUJERES ha realizado estudios para abordar los vínculos entre el empleo informal, las brechas de género y la pobreza, y el acceso a un servicio de cuidado infantil.24
El artículo 123, apartado A de la CPEUM, y la LFT establecen un conjunto integral de normas jurídicas que protegen los intereses de los trabajadores. Las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje que atienden los conflictos laborales se integran de manera tripartita: un representante de los trabajadores, otro de los patrones y un representante del gobierno; y se encuentran reguladas en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXI. Igualmente, operan Juntas Locales encargadas de atender los conflictos derivados de una incorrecta aplicación de la legislación laboral en cada entidad federativa.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), brinda asesoría y representa gratuitamente a los trabajadores en juicio, además de proponer soluciones conciliatorias a los trabajadores y patrones. En caso de que el patrón despida injustificadamente a un trabajador, deberá indemnizarlo reinstalándolo o pagándole tres meses de salario, las prestaciones laborales a que se hubiera hecho acreedor y el pago de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo correspondiente.
Actualmente se trabaja en la implementación de un seguro de desempleo para que los trabajadores tengan una red de protección social que evite el deterioro de su nivel de vida y el de sus familias al tiempo de incentivar su pronta reinserción al mercado laboral.
Además de los procedimientos jurídicos laborales aplicables, el CONAPRED tiene la facultad de recibir quejas por actos cometidos en el ámbito laboral y que pudieron haber derivado en un despido. Si bien el proceso es conciliatorio, a raíz de la reforma a la LFPED, se establecieron medidas administrativas y de reparación.
El Programa Formación de Agentes Multiplicadores25 es un programa de capacitación para formar instructores que generen un efecto multiplicador de capacitación en sus centros de trabajo.
El Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores (PROCADIST) opera mediante el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación para facilitar el desarrollo de capacidades y habilidades en el sector productivo. El PROCADIST cuenta con un Aula Virtual accesible a personas con discapacidad.26
La Red Nacional de Vinculación Laboral (RNVL), compuesta por 32 redes estatales, 31 municipales y una sindicatura, es un aparato de coordinación interinstitucional para impulsar la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad en condiciones de trabajo decente e igualdad de oportunidades y de trato.27
El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018, tiene como uno de sus objetivos favorecer condiciones que permitan el acceso de las personas con discapacidad a la formación, capacitación y adiestramiento para el trabajo.
ARTÍCULO 7. CONDICIONES PROPICIAS EN EL TRABAJO
De acuerdo con el artículo 123 constitucional, los salarios mínimos se fijarán por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).28 A partir del 1 de octubre de 2015 entró en vigor una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. De este modo, el salario mínimo que deben recibir los trabajadores por jornada ordinaria de trabajo diario es de 70.10 pesos. El procedimiento para fijar este salario y los salarios mínimos profesionales vigentes a partir del 1 de octubre de 2015 se enlistan en el anexo X.
En México todos los trabajadores tienen derecho a ser retribuidos por la prestación de sus servicios, de conformidad con lo previsto en la CPEUM. El salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, descuento o compensación.
Directriz 13a
Los salarios mínimos, en términos de lo establecido en el artículo 570 de la LFT, se fijan anualmente y entran en vigor el primero de enero de cada año. Podrán revisarse en cualquier momento siempre que existan circunstancias que lo justifiquen, cumpliendo con el procedimiento establecido.
La Dirección Técnica realiza un balance de los principales indicadores de precios de la economía nacional y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios mínimos e integra un informe con el análisis de las condiciones generales de economía, incluyendo: comercio exterior; política energética; crisis financiera mundial; economía internacional; perspectiva para el año siguiente; asalariados cotizantes y empleo; salarios; negociaciones laborales; política social, seguridad social y temas de población; programas de apoyo al empleo y a la capacitación; y evolución de los precios (Índice Nacional de Precios al Consumidor, Índice de Precios de la Canasta Básica e Índice de Precios para Trabajadores de hasta un salario mínimo).
Directriz 13b (No aplica)
La CPEUM establece que la jornada laboral máxima es de ocho horas diarias. En la LFT los artículos 58, 59, 60, 65, 66, 67 y 68 establecen las distintas modalidades de jornadas laborales como la diurna (8 horas); la nocturna (7 horas) y la mixta (7.5 horas), que no pueden rebasar el máximo legal establecido en la CPEUM. La LFT establece el pago de tiempo extraordinario al 100% cuando se rebase el máximo legal, sin exceder de nueve horas adicionales, en caso contrario, se deberá pagar con un 200% del salario normal. La jornada de trabajo únicamente puede prolongarse por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias, ni de tres veces en una semana y los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido.
Los artículos 386 a 404 y 422 al 425 de la LFT prevén la existencia del reglamento interior de trabajo y de los contratos colectivos en los que se establecen condiciones laborales favorables para los trabajadores como los permisos y licencias con o sin goce de sueldo, horarios, días de descanso, vacaciones, entre otras, para fomentar la convivencia familiar y la conservación de la salud de los trabajadores.
La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación29, que tiene por objeto establecer los requisitos para que los centros de trabajo en todo el país de los sectores público, privado y social de cualquier actividad y tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Tras la reforma laboral de 2012, se ha fomentado la igualdad laboral y la no discriminación al implantarse en el artículo 2 de la LFT el concepto de trabajo digno o decente que se describe como “aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil”; y de tutelar la igualdad sustantiva30 o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.