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Timestamp: 2019-09-19 17:21:32
Document Index: 356765150

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 200', 'artículo 195', 'artículo 195', 'artículo 145', 'artículo 200', 'artículo 195']

﻿ SENTENCIA SL14096-2017/52939 DE SEPTIEMBRE 5 DE 2017
SENTENCIA SL14096-2017 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:APLICACIÓN DE NORMAS ANÁLOGAS EN EL PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO. SE HA ESTABLECIDO POR PARTE DEL ALTO TRIBUNAL QUE PARA QUE LA CONFESIÓN SEA VÁLIDA DEBE REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: I) QUE EL CONFESANTE TENGA CAPACIDAD PARA HACERLA Y PODER DISPOSITIVO SOBRE EL DERECHO QUE RESULTE DE LO CONFESADOII) QUE VERSE SOBRE HECHOS QUE PRODUZCAN CONSECUENCIAS JURÍDICAS ADVERSAS AL CONFESANTE O QUE FAVOREZCAN A LA PARTE CONTRARIAIII) QUE RECAIGA SOBRE HECHOS, RESPECTO DE LOS CUALES LA LEY NO EXIJA OTRO MEDIO DE PRUEBAIV) QUE SEA EXPRESA, CONSCIENTE Y LIBREY V) QUE VERSE SOBRE HECHOS PERSONALES DEL CONFESANTE O DE QUE TENGA CONOCIMIENTO. ADEMÁS, LA CONFESIÓN DEBERÁ ACEPTARSE CON LA MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y EXPLICACIONES QUE COMPETAN AL HECHO CONFESADO, CONFORME SEÑALA EL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL TRABAJO, ACTIVIDAD JURÍDICA, TRABAJADOR, PRUEBA, CONFESIÓN
Sentencia SL14096-2017/52939 de septiembre 5 de 2017
SL14096-2017
Radicación 52939
Interpuesto por Sofía Lopera de Vanegas, concedido por el tribunal (fls. 95 a 97, cdno. ppal.) y admitido por la Corte, se procede a resolver.
El tribunal fundamentó su decisión en que no se encuentra acreditada la dependencia económica alegada por la accionante, toda vez que al absolverse interrogatorio de parte, la actora confesó que para la fecha de deceso de su hijo, era beneficiaria en salud de su hija Luz Estela; tenía la propiedad de un inmueble que, posteriormente, vendió a su otra hija, y es en el que vive actualmente; recibió el canon de arrendamiento de un inmueble de propiedad del de cujus, el cual fue vendido en vida por este; obtuvo ayuda económica de sus tres hijos; y al contestar cómo el causante invertía su dinero, no manifestó que lo hiciera para su subsistencia; confesiones que no fueron desvirtuadas por los testigos (fls. 86 a 93, cdno. ppal.).
La censura radica su inconformidad en que, el ad quem, erró al interpretar equívocamente, o de forma incompleta, el interrogatorio de partir que rindió la accionante, pues tuvo como confesión de la falta de dependencia económica, lo siguiente:
1. Que la afiliación de la recurrente en seguridad social en salud como beneficiaria de su hija Luz Estela, es confesión de que dependía económicamente de ella.
2. Que la propiedad de la actora sobre un bien inmueble, el cual vendió para cubrir deudas, denota la existencia de medios económicos propios.
3. Que la demandante gozara del canon de arrendamiento de un inmueble del causante, que este disfrutó y enajenó en vida. Aseveración que contraría la esencia misma de la confesión.
4. Que recibía apoyo económico de sus tres hijos. Lo que no constituye confesión, toda vez que afirmó que el aporte de sus hijas era lo menos y el mayor valor lo recibida de su hijo causante, monto de donde derivaba el sustento.
5. Que la calidad de “bon vivant” del de cujus, permitía desvirtuar la dependencia económica de la demandante respecto de aquel.
En tal virtud, el problema jurídico a resolver es si erró el tribunal al no dar por acreditada la dependencia económica de Sofía Lopera de Vanegas respecto de su hijo fallecido, para establecer si se debe casar o no la sentencia atacada, y, en consecuencia, en sede de instancia, condenar a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes deprecada.
Corresponde advertir, que el interrogatorio de parte “(...) en sí mismo considerado no es un medio hábil en la casación del trabajo, salvo que, en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, contenga la confesión de algún hecho” (CSJ SL, 29 jul. 2008, rad. 32044, reiterada en sentencia SL14420-2014).
En ese orden, de conformidad con el artículo 195 del CPC, norma aplicable para la época en que ocurrieron los hechos objeto de estudio, por mandato del artículo 145 del CPTSS, para que la confesión sea válida debe reunir los siguientes requisitos: i) que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; ii) que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria; iii) que recaiga sobre hechos, respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba; iv) que sea expresa, consciente y libre; y v) que verse sobre hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento. Además, la confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones que competan al hecho confesado, tal como lo dispone el artículo 200 del CPC.
Estima la Sala que, del interrogatorio rendido por la demandante se desprende una confesión como lo anotó el tribunal, en tanto que lo dicho genera consecuencias adversas a la recurrente. Por ello, tal aseveración no implica que se encuentre acreditada la dependencia económica de la actora respecto del causante, pues, del medio de prueba que la actora indica como erróneamente apreciado por el tribunal, resulta objetivamente lo siguiente:
1. En interrogatorio de parte que rindió Sofía Lopera de Vanegas ante el operador judicial de primera instancia, el 15 de mayo de 2009, que reposa a folios 53 y 54 del cuaderno 1, cuando se le indagó si “es cierto o no que para la época del fallecimiento del señor Gonzalo Vanegas usted se encontraba afiliada a la EPS Susalud como beneficiaria de su hija Estela Vanegas” (pregunta 1), contestó de forma afirmativa; aseveración que lo único que acredita es que la recurrente se encontraban afiliada al sistema de seguridad social en salud, pero no certifica la dependencia económica de la señora Lopera de Vanegas respecto de su hija Stela Vanegas, ni la independencia respecto de Gonzalo Vanegas.
En caso similar, esta Sala se pronunció indicando que:
(...) en el interrogatorio de parte rendido por la demandante (fls. 106 y 107), si bien esta admite ser beneficiaria del servicio de salud del pensionado Zapata Sánchez, tal circunstancia no la convierte per se en una persona dependiente económicamente de su cónyuge, e independiente en ese mismo plano de su hijo, como para que pueda asegurarse que la ausencia de mención del mismo en la sentencia de segundo grado configura un desatino fáctico (CSJ, SL, 11 may. 2016, rad. 47113).
2. En el referido interrogatorio de parte, se le preguntó a la recurrente “Es cierto o no que para la época del fallecimiento del señor Gonzalo Vanegas y en la actualidad usted es propietario (sic) de un inmueble” (pregunta 2) (fl. 53, cdno. 1), a lo que manifestó que “para esa época sí es cierto, pero ya no porque tuve que vender la propiedad que tenía que era este apartamento, era la única propiedad que tenía” (ib.).
Lo anterior, permite identificar que la recurrente fue propietaria de un inmueble, mas no aporta elemento de convicción alguno que permita inferir la sumisión económica de la actora en relación con el causante, o que tal propiedad brindará ingresos suficientes para consolidar una autonomía financiera.
Frente a ello, indicó la Sala de Casación Laboral de esta corporación en Sentencia CSJ SL1263-2015 que “(...) aun cuando es cierto que los demandantes admitieron ser los propietarios de la casa donde residían con su fallecido hijo, esa sola circunstancia no es prueba de confesión para considerar que aquellos fuesen autosuficientes”, toda vez que la dependencia económica exigida para que los padres ostenten la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no es aquella que comporte un estado de indigencia o mendicidad. En tal virtud, “(...) el simple hecho de ser titular de un bien inmueble donde se resida no significa que se tenga autonomía económica (...)” (CSJ SL1263-2015).
Aunado a ello, según lo dicho por la actora, la propiedad se vendió para pagar deudas pendientes, afirmación frente a la cual no erró el ad quem en su valoración, toda vez que, de conformidad con la Sentencia CSJ SL6233-2016, la dependencia económica de los padres se debe establecer al momento del fallecimiento del afiliado, por lo tanto, el ingreso de la venta de dicho inmueble no puede ser tenido en cuenta, pues ocurrió después del deceso de Gonzalo Vanegas.
3. En el interrogatorio de parte, la señora Sofía Lopera de Vanegas manifestó que recibió un canon de arrendamiento mensual de un bien inmueble de propiedad de su hijo fallecido, pero al interrogarle sobre si “en la actualidad usted sigue recibiendo dicho canon de arrendamiento”, contestó que “no, ya no recibo porque esa propiedad el (sic) la vendió estando vivo, entonces yo ya no tenia (sic) nada que recibir” (fl. 53, cdno. 1).
Lo anterior, no produce consecuencias jurídicas adversas a la recurrente, ni mucho menos favorece a la entidad demandada, como lo exige el artículo 195 del CPC, pues no se encuentra acreditado si tal aporte económico con el que el causante colaboraba presuntamente a su progenitora, tuviese tal incidencia en los gastos de la recurrente, que ante su ausencia la actora no fuera autosuficiente; máxime que la demandante no reconoció en su interrogatorio que dicho ingreso era necesario para su manutención, pues solo aseveró, al precisar que tipo de ayudas recibida de sus hijos, que el de cujus le brindaba el grueso.
Al respecto, corresponde rememorar que la dependencia económica de los padres respecto de sus hijos fallecidos no tiene que ser total y absoluta; pues, si bien es cierto debe existir una relación de sujeción de aquellos en relación con la ayuda pecuniaria del hijo, también lo es que tal situación no excluye que puedan percibir rentas o ingresos adicionales, siempre que estos no sean suficientes para garantizar su independencia económica. Así se manifestó en Sentencia CSJ SL10256-2017, al precisar que:
Ha señalado esta corporación que la dependencia económica que para estos efectos se le debe exigir a los padres no es total ni absoluta, lo cual “no descarta que aquellos puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad siempre y cuando este no los convierta en autosuficientes económicamente” (CSJ SL, 15 de abril de 2004, rad. 21664). Por ello, en cada caso específico debe analizarse si la contribución del causante era un factor determinante para la conservación y sostenimiento en condiciones de vida digna (CSJ SL, 28 de abril de 2009, rad. 36691). Debe pues evidenciarse que el ingreso que significa la pensión de sobrevivencia permite que se mantengan las condiciones básicas que ofrecía el causante en vida (CSJ SL6690-2014, en igual sentido CSJ SL16128-2014).
En ese orden, es necesario demostrar que el aporte proveniente del de cujus era significativo y proporcionalmente representativo en relación con los otros ingresos que percibe la madre supérstite, tal como lo ha reiterado la Sala de Casación Laboral en sentencias CSJ SL14923-2014, SL15116-2014 y SL14539-2016, al señalar que:
(...) la dependencia económica requerida por la ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: i) debe ser cierta y no presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres; ii) la participación económica debe ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacia el presunto beneficiario; iii) las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.
4. Ahora bien, la demandante reconoció que, para la data de fallecimiento del afiliado, sus hijas Luz Estela y Sonia le contribuían económicamente con los gastos de su manutención (respuesta pregunta 5), precisando a renglón seguido que “la ayuda económica era proporcional al salario que recibían y me daban a mí un poquito para los gastos de la casa, las dos hijos (sic) y el que daba el grueso era el hijo que era el soltero” (fl. 54, cdno. 1).
De lo expuesto, no es posible concluir que la demandante reconoció, o informó un hecho con robustez suficiente, que permitiera al juzgador de segunda instancia aseverar que ella era dependiente económica de su hijo fallecido; máxime que cuando se le preguntó a la recurrente sí tenía conocimiento en qué o cómo invertía el causante su salario, manifestó que lo destinaba “en un apartamentico que tenia (sic) aca (sic) y en vivir bueno. Vivir buen para el (sic) era parrandear pareja con serenatas, con amigos, eso era, tomar traguito, pero también era generoso con sus hermanas, no solo tomar trago y parrandear, porque en una familia tan numeroso hay mucho a quien colaborarle”, sin manifestar que de su ingreso dispusiera aporte alguno para su subsistencia.
Ahora, ha estimado la jurisprudencia de la Sala Laboral de esta corporación que “la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a los padres-demandantes y, al demandado, el deber de desvirtuar esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los padres para solventar sus necesidades básicas” (CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 36026, reitera en providencia SL6390-2016).
En el sub judice, la demandante no acreditó su dependencia económica respecto a los recursos de su hijo, toda vez que, si bien es cierto en su interrogatorio de parte afirmó que recibía un aporte económico del causante, en tanto disfrutaba de un canon de arrendamiento de un bien inmueble de propiedad del de cujus, también lo es que al analizar en conjunto todas las circunstancias referidas en el interrogatorio de parte, a saber: el inmueble que fue de su propiedad, la ayuda económica de sus tres hijos, afiliación a la EPS como beneficiaria de su hija Stela, así como la documental que reposa en el expediente, esto es, comunicación expedida por ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. el 20 de marzo de 2007, en donde se indica, que de la investigación que se adelantó para validar los beneficiarios, se identificó que “la madre del afiliado (...) heredó de su hijo (...) un inmueble que actualmente se encuentra arrendado y convive desde antes del fallecimiento de Gonzalo, con su hija Sonia quien trabaja en la Gobernación de Antioquia (...), es titular además de una cuenta de ahorros y una tarjeta de crédito del Banco de Colombia” (fl. 25, cdno. ppal.), no existen pruebas sólidas que respalden la dependencia económica aludida.
En tal virtud, no hay evidencia de las contribuciones que el señor Gonzalo Vanegas Lopera hizo en vida para satisfacer las distintas necesidades de la recurrente, como su alimentación, vivienda, salud, recreación, servicios públicos esenciales, entre otros.
En consecuencia, el tribunal no se equivocó de manera ostensible en su valoración, comoquiera que el interrogatorio aportó elementos que lo llevaron a la convicción de que Sofía López de Vanegas, no estuvo subordinada económicamente a su hijo fallecido para su propia subsistencia.
Es de aclarar que la Sala se encuentra relevada de estudiar los testimonios, toda vez que solo es posible cuando previamente se demuestre error de hecho en alguna de las pruebas calificadas en casación, supuesto que no ocurrió en el examine.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 13 de abril de 2011, por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Sofía Lopera de Vanegas contra Seguros de Vida Colpatria S.A.