Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-40585-de-febrero-27-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_dc3be7e708f302aee0430a01015102ae&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-22 15:44:46
Document Index: 406849763

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 5', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 305']

﻿ SENTENCIA 40585 DE FEBRERO 27 DE 2013
SENTENCIA 40585 DE 27 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. SEGÚN EL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO 4588 DEL 2006, LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO (CTA) DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, TRANSPORTE, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y EDUCACIÓN DEBERÁN SER ESPECIALIZADAS EN LA RESPECTIVA RAMA DE LA ACTIVIDAD. LA NORMA PRETENDE QUE ESOS SERVICIOS QUE IMPLICAN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ESTATAL SEAN EJECUTADOS POR TRABAJADORES ASOCIADOS IDÓNEOS EN LAS MATERIAS CONTRATADAS. ASÍ LAS COSAS, MIENTRAS SE TRATE DE OTRAS ÁREAS DISTINTAS A LAS MENCIONADAS, LAS CTA PUEDEN SER O NO ESPECIALIZADAS, PORQUE ESTO NO AFECTA EL BIEN COMÚN.
TEMAS ESPECÍFICOS:COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, ARP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Sentencia 40585 de febrero 27 de 2013
Rad. 40585
EXTRACTOS: « Se Considera
En el desarrollo de la acusación se controvierten dos conclusiones del juzgador de segundo grado, referentes, la primera, a que si bien aparentemente Agriser es una cooperativa de trabajo asociado a lo que realmente se dedica, según el tribunal, es a suministrar trabajadores en misión exclusivamente para el Ingenio Risaralda, como si se tratara de una Empresa de Servicios Temporales, por lo que se debe considerar al supuesto usuario como un verdadero empleador y, la segunda, que la entidad solidaria demandante es una cooperativa especializada en el corte de la caña de azúcar, sin que tenga trascendencia el que esa actividad se cumpla de manera manual o eventualmente de forma tecnificada, a la hora de asignarle esa calificación.
En cuanto a lo primero, la cooperativa actúa como una empresa de servicios temporales, es imperativo remitirse a piezas del proceso y a posibles medios de prueba, lo que no es factible hacer, como lo resalta la réplica, en razón a que viene orientado el caso por la vía directa, a través de la cual solo es viable la denuncia de errores jurídicos del sentenciador, con abstracción de los hechos establecidos por él, que deriven de un error de juicio sobre la existencia, validez, alcance o interpretación de una norma de derecho sustancial del orden nacional.
En cuanto al segundo fundamento de la decisión, controvertido en el cargo, referente a que la cooperativa demandante es especializada en el corte de la caña de azúcar y que por tanto no existe ninguna razón para variar la clasificación en la clase de riesgo en que la ubicó la administradora de riesgos profesionales convocada al proceso, se tiene que son hechos no controvertidos, que la actividad económica de Agriser es la del corte de caña de azúcar, servicio que contrata para ingenios azucareros, el cual viene cumpliendo de manera exclusiva para el Ingenio Risaralda, empresa en la que se destaca la producción especializada de caña de azúcar.
Conocidas las circunstancias anotadas, se advierte que la actividad económica de la cooperativa accionante forma parte del proceso de producción de caña de azúcar, que en este caso es renglón esencial de la orientación productiva del Ingenio Risaralda, de manera que no se equivocó el Tribunal al estimar que, para efectos de los aportes al sistema general de riesgos profesionales, la Cooperativa De Trabajo Asociado Agriser debía estar situada en el nivel IV, código 4011401, de la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgos profesionales establecido en el Decreto 1607 de 2002, previsto para las “empresas dedicadas a la producción especializada de caña de azúcar”.
Esto por cuanto es claro que la razón de ser de un ingenio azucarero es la producción de caña de azúcar, de por si especializada, de la que se obtiene la materia prima básica para la obtención industrializada de diversos productos, como también lo es que las diferentes fases que se cumplen en este cultivo conservan su carácter especializado pues se trata de una cadena de producción en la que sus eslabones se deben dar en su totalidad para llegar con éxito al último, la cosecha, que se cumple con el corte que puede ser a mano o mecánica, sin que implique en el primer evento la pérdida de su especialización por el empleo masivo del recurso humano, pues se trata, en todo caso, de un manejo propio de su especialización, por lo que no resulta lógico deslindar la etapa de corte para asimilarla a una actividad agrícola primaria, para efectos de una disminución en los aportes al sistema general de riesgos profesionales (actualmente sistema general de riesgos laborales), con una clasificación en una categoría de riesgo menor.
Por otro lado, en la categoría que la parte demandante pretende que se le clasifique, la correspondiente a la clase de riesgo 2, código 0119 01, no tienen cabida las empresas especializadas y en particular aquellas clasificadas en clase de riesgo específico, como es el caso de las empresas dedicadas a la producción especializada de caña de azúcar, para una de las cuales, presta en este asunto, sus servicios la cooperativa demandante en el corte de caña, que están ubicadas, como ya se había anotado en la clase de riesgo IV, con el código 0114 01.
Esto quiere decir que no es admisible la postura de la demandante, en cuanto pretende que se clasifique la actividad económica que ella desarrolla en el nivel de riesgo II, en el código 0119 01, habida consideración que en ésta se ubican las empresas dedicadas a la producción agrícola en unidades no especializadas, en las que se incluyen la agricultura no mecanizada ni contemplada en otras empresas dedicadas a actividades de siembra, cultivo y recolección. Esto por cuanto que la cooperativa accionante tiene una actividad económica especializada y fundamentalmente porque presta sus servicios para una empresa dedicada a la producción especializada de caña de azúcar, que se ubica en otra clase de riesgo.
Es obvio entonces que al dedicarse exclusivamente una cooperativa de trabajo asociado a una labor de aquellas que se encuentran comprendidas dentro del proceso de producción de caña de azúcar, los trabajadores comprometidos en tal actividad deban ser clasificados en la categoría IV, en el código 4 011401.
Es oportuno señalar que la preceptiva contenida en el parágrafo del artículo 5º del Decreto 4588 de 2006, según la cual cuando se trate de la prestación de servicios a los sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad privada y educación, las cooperativas deberán ser especializadas en la respectiva rama de la actividad, no implica que no puedan existir cooperativas de trabajo asociado que se dediquen de manera exclusiva en actividades diferentes a las mencionadas, como lo sugiere la acusación, pues lo que quiere garantizar la norma citada es que ciertos servicios que implican cierta responsabilidad social y estatal sean prestados por trabajadores asociados idóneos en las materias que tienen que ver con la actividad contratada, de manera que tratándose de otras áreas, que no tengan la trascendencia de las mencionadas, las cooperativas pueden ser o no especializadas, pues ello no afecta el bien común.
En lo concerniente a la clasificación para la afiliación del empleador al sistema general de riesgos profesionales dispone el artículo 24 del Decreto 1295 de 1994 que esa categorización se determinará por el empleador y la entidad administradora correspondiente, pero obviamente respetando la tabla de clasificación de actividades económicas prevista legalmente. La administradora, de todas maneras, podrá modificar la clasificación que ha servido de base para la afiliación, cuando ella no consulte la realidad, conforme al artículo 29 del mismo decreto, de manera que no se trata de una decisión que debía hacerse de todas formas de manera mancomunada.
El cargo, conforme a lo expuesto, no prospera.
Acusa la sentencia recurrida de haber aplicado indebidamente los artículos 3º, 11 y 70 de la Ley 79 de 1988; 77 y 82 de la Ley 50 de 1990; 1º del Decreto 468 de 1990, los artículos 24 y 28 del Decreto Ley 1295 de 1994; 9 del Decreto 1772 de 1994; 19 de la Ley 776 de 2002; 2 del Decreto 1607 de 2002; y 5 del Decreto 4588 de 2006.
Quebranto normativo que dice tuvo origen en los siguientes yerros manifiestos de hecho, que se atribuyen al juzgador de segundo grado:
“a. No haber dado por probado, estándolo, que al hacer el pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, la Compañía Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros de Vida Suratep no afirmó que la Cooperativa de Trabajo Asociado Agriser se dedica “a suministrar trabajadores en misión exclusivamente para el Ingenio Risaralda como si se tratase de una empresa de servicios temporales” (fl. 29);
“b. no haber dado por probado, estándolo, que en ninguna de las excepciones propuestas la Compañía Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros de Vida Suratep alegó que la Cooperativa de Trabajo Asociado Agriser se dedica “a suministrar trabajadores en misión exclusivamente para el Ingenio Risaralda como si se tratase de una empresa de servicios temporales” (fl. 29);
“c. no haber dado por probado, estándolo, que no fue un hecho materia del litigio determinar si la Cooperativa de Trabajo Asociado Agriser se dedica “a suministrar trabajadores en misión exclusivamente para el Ingenio Risaralda como si se tratase de una empresa de servicios temporales” (fl. 29);
“d. no haber dado por probado, estándolo, que no fue un hecho materia del litigio determinar que el Ingenio Risaralda es el “verdadero empleador” (fl. 29) de los trabajadores asociados de la Cooperativa de Trabajo Asociado Agriser; y
“e. haber dado por probado, sin estarlo, que la actividad económica de la Cooperativa de Trabajo Asociado Agriser, y la labor que realizan los trabajadores asociados a ella, es la de producción especializada de caña de azúcar porque “el corte es la parte final# (fl. 24)”.
Dice que la infracción legal denunciada se originó en la apreciación equivocada de la demanda inicial (fls. 2 a 7), la respuesta a la misma (fls. 81 a 86), el manual de corte de caña (fls. 50 a 59), la inspección judicial practicada por el Juez Promiscuo del Circuito de la Virginia Risaralda el 19 de octubre de 2007 (fls. 196 a 197), la fotocopia de la respuesta a una solicitud realizada a la ARP Instituto de Seguros Sociales (fl. 170), las fotografías aportadas a folios 171 a 173, el interrogatorio de parte absuelto por Carlos Arturo Serna Uribe (fls. 150, 151 y 174) y los testimonios de Luz Marina Osorio Díaz (fls. 174 a 178) y Freddy Alexander Montes Atehortúa (folios 178 a 180).
Con la demostración señala el censor que, por mandato del artículo 29 de la Constitución Nacional, toda persona tiene derecho a que su juicio se celebre “con observancia de la plenitud de las formas propias” para que así quede garantizado su derecho fundamental al debido proceso; y que precisamente la congruencia es una de las formas propias de un juicio en que se ventile algún asunto referente al sistema de la seguridad social integral, conforme a lo previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en el procedimiento del trabajo; que debido al desconocimiento de la norma constitucional, el tribunal tomó como fundamento de su decisión un hecho totalmente extraño a los aducidos por la cooperativa demandante y la administradora convocada al proceso, según el cual la cooperativa no era el verdadero empleador de los trabajadores asociados, sino que lo es el Ingenio Risaralda, por lo que aquella actuaba como una irregular empresa de servicios temporales al dedicarse a suministrar trabajadores en misión exclusivamente para esa empresa; que ni en la demanda inicial ni en su respuesta se expresó algo que permitiera entender que el verdadero empleador de los trabajadores asociados de Agriser fuera el Ingenio Risaralda; que tampoco se puede extraer del documento denominado “Manual Corte de Caña”, dado que en este no se hace ninguna manifestación de la que pueda desprenderse, que en efecto, tales circunstancias hayan tenido lugar. En ese mismo sentido se refiere a las demás pruebas citadas en el cargo, para reiterar que la conclusión fáctica del juzgador de segundo grado que se crítica no tiene asidero en ellas.
Estima que, de acuerdo con las reglas que orientan el recurso de casación, los reparos que hace el cargo debieron formularse a través de la violación medio de normas procesales, pero que el ataque optó inapropiadamente por otro sendero, que a más de no ser idóneo es inane.
Aduce, de otro lado, que en la sentencia recurrida no se apreciaron incorrectamente la demanda y su respuesta, dado que de estas no se dedujo nada diferente de lo que de ellas se desprende y, menos, se infirió que el Ingenio Risaralda fuera el verdadero empleador.
El examen de la demanda inicial y su respuesta arrojan que, tal como lo sostiene la acusación, las partes en ningún momento hicieron manifestación alguna que fuera objeto de discusión en el proceso que Agriser se haya dedicado a suministrar trabajadores en misión exclusivamente para el Ingenio Risaralda, ni, tampoco, aparece que en las respuestas dadas por el representante legal de la demandante, al absolver el interrogatorio que a instancia de parte se practicó en el proceso, se haya tocado ese aspecto.
Así mismo, puede decirse que en el denominado “Manual Corte de Caña” no aparece ninguna alusión relativa a que la destinataria de los servicios de Agriser fuere la empresa Ingenio Risaralda y, menos, que le enviara trabajadores en misión, lo que corrobora que el juzgador de segundo grado incurrió en un desacierto fáctico al concluir que la accionante se había comportado como una empresa de servicios temporales. La diligencia de inspección judicial, practicada en el desarrollo del proceso, tampoco informa que aparezca elemento alguno indicativo de que la Cooperativa suministrara trabajadores en misión para empresa alguna.
Surge entonces de lo expuesto que la acusación demuestra que el tribunal se equivocó al establecer que Agriser suministraba trabajadores en misión para el Ingenio Risaralda. Dislate fáctico que se corrobora, con las declaraciones de terceros de los señores Luz Marina Osorio Díaz y Freddy Alexander Montes Atehortúa, pues estas personas, que son trabajadores asociados de la cooperativa demandante, dejan ver claramente que los cooperados no eran enviados como trabajadores en misión para la empresa Ingenio Risaralda.
A pesar de lo anterior se encuentra que el cargo no está llamado a prosperar pues el mencionado aserto del tribunal, apenas constituye un fundamento adicional de la decisión recurrida, de modo que de su sola información no se derivaría la casación de la sentencia toda vez que ésta continua soportada en su argumento principal atacado sin efectividad en el cargo primero.
Es por lo anterior que se ha dicho con insistencia por la jurisprudencia de la Sala, que es deber del recurrente, si quiere salir avante en su acusación, derruir todos los soportes en que se asienta la decisión pues sí alguno de ellos se mantiene y es suficiente por sí solo para soportarla, ella permanecerá incólume bajo la presunción de legalidad que la cobija, tal como ocurre en este caso
En consecuencia aunque el cargo es fundado, no tiene vocación de prosperidad.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 19 de marzo de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por la Cooperativa de Trabajo Asociado Agriser contra la Compañía Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros de Vida Suratep S.A.