Source: https://vlex.com.pa/vid/apelaciones-procesos-maritimos-primera-31812530
Timestamp: 2019-11-18 22:23:05
Document Index: 202883924

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 628', 'Artículo 628', 'artículo 2032', 'artículo 61', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 482', 'artículo 61', 'artículo 663', 'artículo 663', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 19']

Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 21 de Mayo de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 31812530
Las firmas forenses RITTER, DIAZ Y ASOCIADOS y MORGAN & MORGAN, en carácter de apoderados judiciales de MITSUI OSK LINES y DIAMOND CAMELLIA, S.A., respectivamente, promovieron apelación contra las resoluciones de 11 y 13 de abril de 2000 dictadas por el Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del proceso marítimo ordinario que les sigue LUZ MARINA REYES Y OTROS, en virtud de las cuales se NIEGAN los Incidentes de Declinatoria de Competencia por Litispendencia; por Sumisión Jurisdiccional y por "Forum Non Conveniens".
La Sala estima prudente hacer un resumen sobre las resoluciones impugnadas y constatar las razones jurídicas en que se basó el juzgador de la instancia, para arribar a la conclusión que hoy es objeto de apelación, por las partes afectadas.
RESOLUCION DE 11 DE ABRIL DE 2000
Sobre el pronunciamiento del juzgador en relación a los incidentes de Litispendencia formulado por MORGAN & MORGAN, en representación de DIAMOND CAMELLIA, S.A., obrante de fojas 727 a 732; y a la incidencia de incompetencia por litispendencia presentado por la firma forense RITTER, DIAZ Y ASOCIADOS, en representación de MITSUI O.S.K. LINES, visibles de fojas 1306 a 1309, haremos un resumen.
Dentro del análisis, el juzgador tomó en cuenta lo externado por los representantes legales de DIAMOND CAMELLIA, S.A., quienes manifestaron que celebraron en Filipinas un contrato de transacción con las empresas MMS CO. LTD., MITOYO SHIPPING Co., KIKUYO MARITIME CO. LTD. y MAGSAYSAY MARITIME CORPORATION y presentaron ante el "Regional Trial Court" de Manila, Filipina, con la finalidad de obtener la aprobación judicial del contrato de transacción, el cual involucraba a menores de edad, y lograr una sentencia declarativa que estableciera: "mediante dicha aprobación, los demandantes de las causas de pedir Primera a Décima del presente proceso-excepto R.C.- quedaban sujetos a los términos de dichos contratos, no pudiendo así entablar procesos contra ninguna de las personas mencionadas en los mismos". Que de acuerdo al incidentista, el proceso respectivo ha seguido su curso normal, dentro de los parámetros de la legislación filipina. Se refiere también a los supuestos daños y perjuicios causados por la culpa o negligencia que alegan los incidentistas, con respecto a DIAMOND, referente al hundimiento de la M/N "SEA PROSPECT". Resalta el juzgador los puntos medulares de las incidencias formuladas, en el sentido de que:
"1) todos los demandantes sujetos a litispendencia son filipinos; 2) que la corte donde hay un proceso pendiente sobre esos mismos puntos es filipina; 3) que la ley aplicable para interpretar y determinar la validez de los contratos de transacción es la ley sustantiva filipina; 4) que un J. filipino y subsiguientes magistrados filipinos, al ser aplicada la ley filipina pueden dar una interpretación más acertada de los contratos de transacción que lo podría hacer un juez panameño; 5) finalmente, reconociendo el Tribunal Marítimo la litispendencia existente se evitarían posibles fallos contradictorios sobre los mismos puntos." (f.1848)
El juzgador hace referencia al incidente presentado por la firma forense RITTER, DIAZ Y ASOCIADOS, visible de fojas 1306 a 1309, en él se señala que a raíz del hundimiento de la M/N "SEA PROSPECT", los sucesores de los fallecidos, recibieron la indemnización establecida en la convención colectiva de Filipinas en el año 1998, de acuerdo con las disposiciones de la "Philippine Overseas Employment Administration" (f.1849). Que las empresas DIAMOND CAMELLIA, S.A.; MMS Co. Ltd., MITOYO SHIPPING CO. LTD., KIKUYO MARITIME LTD. y MAGSAYSAY MARITIME CORPORATION, promovieron demanda civil en un tribunal de la República de Filipinas, pidiendo desagravio declarativo y/o aprobación de la transacción y liquidación, siendo los demandados LUZ MARINA REYES, H.D. y otros, considerando el representante judicial de MITSUI OSK LINES que, a pesar de no ser parte en el proceso ventilado en Filipinas, la decisión que dicte el Tribunal Marítimo de la República de Panamá, queda procesalmente afectado con la que dicte el Tribunal de Filipina.
En cuanto a la parte opositora a los incidentes mencionados, -CARREIRA-PITTI P.C. ABOGADOS. se refiere el juzgador que en escrito visible a fojas 1330-1337, éstos señalan que no es cierto que el proceso iniciado en Filipinas, estén involucrados las mismas partes, hechos y objeto que se ventila en la legislación panameña, lo que resulta requisito indispensable para determinar la existencia de litispendencia. Señalando, además, que "Los planteamientos formulados por las partes en el debate procesal en Filipinas y las propias decisiones adoptadas por el juzgador filipino, determinan sustanciales diferencias en los procesos, lo que impide el reconocimiento de la excepción" (f.1850), advirtiendo que el segundo incidentista no es parte del proceso filipino, por tanto mal puede cobijarse en una litispendencia "sobre la base de un proceso en el que ni siquiera la misma aparece" (f.1850)
Parte el juzgador de que el proceso que se sigue en el Tribunal Marítimo, persigue una condena en concepto de indemnización de daños y perjuicios, proveniente de una acción culposa o negligente que, inclusive, observa el juzgador que se están presentando pretensiones "posiblemente contenidas dentro del marco de la legislación laboral". (f.1850)
Considera también el juzgador que la pretensión objeto de análisis, aparentemente proviene de hechos relativos a la navegación y, de acuerdo a las imputaciones de los demandantes, los propietarios de la nave, los armadores y las personas encargadas de explotar la misma, incurrieron en culpa o negligencia.
Advierte el juzgador que al efectuar un examen de los hechos argumentados por las partes dentro de los incidentes, se colige que en Filipinas se discute una transacción comercial, de conformidad con las leyes de dicho país, en cambio en la legislación panameña se persigue una acción indemnizatoria fundada en los hechos negligentes ilícitos, por lo cual se busca el resarcimiento. Por tal motivo, estima el juzgador que, la causa de pedir y los hechos de donde emana la misma, así como las partes involucradas en ambos procesos, (Filipina y Panamá), no son los mismos. Adiciona que la empresa MITSUI O.S.K. LINES no tiene fundamento para solicitar la litispendencia, porque la misma no es parte en el juicio ventilado paralelamente a éste, en Filipinas.
Con respecto a DIAMOND CAMELLIA, S.A., considera el juzgador que no se ha demostrado que el caso ventilado en Filipinas comparte la misma esencia y elementos principales del que se ventila en Panamá, lo que es indispensable para considerar que hay litispendencia. Inclusive, que con respecto a la demanda en reconvención propuesta en Filipinas tampoco existe litispendencia, porque si no la hay con el proceso principal, tampoco puede haber con aquella, ya que la demanda en reconvención es accesoria a la principal.
En consecuencia, el J.M. negó los incidentes de incompetencia por litispendencia formulados por MITSUI OSK LINES y DIAMOND CAMELLIA, S. A.
RESOLUCION DE 13 DE ABRIL DE 2001
Al estudiar los escritos de apelación suscritos por MORGAN & MORGAN y RITTER, DIAZ Y ASOCIADOS, observa la Sala que en los mismos se recurre contra las dos resoluciones, por tanto, se hará un breve resumen sobre el contenido de esta última resolución.
Señala el juzgador que ambas firmas solicitaron la Declinatoria de Competencia con base a la doctrina del Forum Non Conveniens. Así se refiere que a fojas 658 a 660 consta el escrito de la firma forense MORGAN & MORGAN, representante de DIAMOND CAMELLIA, S.A., en el cual se dice que resulta muy oneroso ventilar el negocio en Panamá, debido a que los testigos son filipinos, lo que acarrearía gastos de traslado, hospedaje, alimento, mientras duren las audiencias y, una vez concluídas las mismas, el costo de retorno a su país de origen. De igual manera ocurriría con los peritos, que resultaría más ventajoso el foro filipino porque existe un proceso pendiente de decisión en dicho país, sobre la validez de los contratos de transacción.
Al referirse al incidente formulado por la firma forense RITTER, DIAZ Y ASOCIADOS, éstos indican que la causa objeto de litigio surgió fuera del territorio de la República de Panamá y los elementos que lo caracterizan hacen que este tribunal no sea el foro adecuado, reiterando que todos los fallecidos son de nacionalidad filipina y los familiares residen en dicho país. Además que no hay constancia de orden público que impida al Tribunal Marítimo de Panamá, reconocer que, con fundamento en la doctrina del "forum non conveniens", decline el conocimiento de la controversia, a objeto de que la misma "resulte más adecuada para el interés superior de la justicia, que es la búsqueda de la verdad, tramitándose y se desate en los Tribunales competentes de la República de Filipinas". (f.1867)
Por su parte el oposicionista C.P. P.C. ABOGADOS señaló que por tratarse de un hecho ocurrido a bordo de una nave con bandera panameña, en el que perecieron varias personas y que "existen indicios que comprometen la seguridad de la navegación" (f.1868), son razones para que el Estado panameño, a través de los tribunales, descubran que fue lo que ocurrió. Que, además, el ejercicio de la jurisdicción marítima nada tiene que ver con las distancia geográficas en las ocurran los siniestros. Por tanto, estima el oposicionista que corresponde la carga de la prueba al solicitante de la declinatoria, que la incidentista no ha probado con una inspección judicial sea necesaria y que la misma resulte en exceso onerosa.
La apreciación del tribunal se hace en relación a la nacionalidad de la nave, cuyo accidente generó el negocio bajo examen, y que a la luz del Derecho Internacional Público, todas las naves deben encontrarse registradas en un estado determinado. Que es precisamente, la obligación del Estado de registro, ejercer un control en los aspectos de higiene, salubridad, protección a los trabajadores del mar.
Otro punto relevante que consideró la resolución objeto de análisis, es que nuestro país es signatario de la Convención Internacional sobre Derecho del Mar de 1982 (Montego Bay), que fue ratificada en el año 1996, y por el cual el país está obligado a cooperar porque se cumpla con las normas de seguridad de la navegación, en el ámbito nacional e internacional, con prevención de los accidentes en el mar. Por ello, estima el Juez, que ante los siniestros que afecten las naves, el tribunal no puede adoptar una postura general, de deshacerse del conocimiento de un negocio "en que se persigue una responsabilidad eventualmente negligente, temeraria o descuidada por parte de los operadores y navieros, declinando la competencia de dicha causa, para ante un árbitro, que en criterio de este juzgador y salvo prueba en contrario, atiende asuntos eminentemente laborales..." (f.1870)
Más adelante señala que se ha presentado en el Tribunal Marítimo, una demanda exigiendo indemnización por responsaiblidad civil tortuosa y extracontractual. Los demandados en este proceso no son necesariamente los empleadores de los marinos fallecidos, toda vez que los empleadores, desde un punto de vista eminentemente contractual y de conformidad con las leyes filipinas del trabajo y civiles, fueron compañías establecidas en ese país, que celebraron con los trabajadores los contratos de enrolamiento o enganche. Que a su vez, los demandados en este proceso son las compañías que representan el "poder económico que está detrás de quienes los contrataron como trabajadores". (f.1871) Por tanto, considera el juzgador que una cosa es el aspecto contractual relativo al contrato mismo y lo otro es el aspecto extracontractual relativa a la demanda de carácter civil por negligencia contra el buque y/o propietarios o armadores del mismo.
El tribunal es consciente de que el artículo 19 de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982, de Procedimiento Marítimo, permite que de manera discrecional este tribunal determine el foro más conveniente para que se resuelva el litigio y que, por el contrario existen otros tribunales extranjeros donde se puedan lograr mejor los fines de administración de justicia.
APELACION DE LA FIRMA RITTER, DIAZ Y ASOCIADOS
Solicitan los apelantes que se revoque la resolución de 13 de abril de 2000 y en su defecto, se declare que se encuentran probados los incidentes de declinatoria de competencia por Litispendencia, por sumisión jurisdiccional y por forum "non conveniens", interpuesto por MITSUI OSK LINES. La Sala se referirá a las mismas, por separado, como así lo ha expuesto el apelante-incidentista.
INCIDENTE DE DECLINATORIA DE COMPETENCIA POR SUMISION JURISDICCIONAL:
La declinatoria de competencia se solicita por razones de sumisión jurisdiccional, con fundamento a la existencia de una contratación laboral que vinculó a los tripulantes fallecidos, "con un conjunto de disposiciones regulatorias de la relación laboral surgida para el cumplimiento de las tareas de mar pactadas" (f.2050). De acuerdo al apelante, esta contratación fue celebrada con la aprobación de la Philipine Overseas Employment Administration (POEA), el cual es un organismo de carácter público especializado en las materias relativas a contratación de trabajadores filipinos para la realización de tareas fuera de la República Filipina.
Que la contratación contiene una cláusula procesal especial que determina el foro que debe conocer las controversias surgidas con motivo o como consecuencia del contrato suscrito. Al respecto indica que a foja 687 del expediente, se lee el Capítulo VII del denominado P.S.F., en su Sección 28 sobre jurisdicción, lo siguiente.
SECTION 28-JURISDICTION
The Phillipine Overseas Employment Administration (POEA), or the National Labor Relations Commision (NRLC), shall have original and exclusive jurisdiction over any and all disputes of controversies arising out or by virtue of this contract.
Indica el apelante que la demanda ordinaria marítima interpuesta por LUZ MARINA REYES y otros, ante la jurisdicción panameña, es en condición de sucesores de los tripulantes que desaparecieron con motivo del hundimiento de la M/N SEA PROSPECT, por tanto, su condición de demandante sólo es jurídicamente posible en virtud de la existencia del contrato que vinculaba a sus causantes con el armador de la nave SEA PROSPECT. Estima el apelante que el hecho de que no hayan sido las mismas personas de los demandantes quienes suscribieron el contrato que les permitió enrolarse, no les exime de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de dicho contrato, lo que así se deriva del artículo 628 del Código Civil de la República de Panamá, que transcribe así:
"Artículo 628. La sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive a la cual la ley o el testador llama para recibirla.
L. heredero al que sucede a título universal y legatario al que sucede a título singular."
Otras de las consideraciones relevantes del apelante, consisten en que en Filipinas, los arbitros especializados en el trabajo en el mar, están facultados para condenar por reclamaciones que sobrepasen el contenido estricto de la norma laboral, advirtiendo, además que tales reclamaciones corresponden al foro que escogieron las partes de este proceso, por tanto no habrá indefensión para los que se han constituído en reclamantes en el Tribunal Marítimo de Panamá, reiterando que poderán reclamar por culpa o negligencia derivada, según su juicio, de responsabilidad extracontractual.
Sobre la sumisión jurisdiccional, cita parte medular de sentencias de 17 de febrero de 1998 y de 3 de mayo de 1999 (fs.2060 y 2061).
INCIDENTE DE DECLINATORIA DE COMPETENCIA POR LITISPENDENCIA.
Si bien reconoce el apelante que la empresa MITSUI OSK LINES no es parte en el juicio que se sigue en Filipinas, la misma es demandada ante el Tribunal Marítimo de Panamá, ya que está vinculada con la nave accidentada M/N PROSPECT, del cual era el fletador a tiempo y se verá afectada por los fallos que se dicten. Además, reitera que el hecho que origina los juicios entablados en Filipinas y Panamá, son los mismos, es decir, el hundimiento de la nave, la pérdida de vidas humanas, los herederos-demandantes recibieron la indemnización que les correspondía, debidamente asistidos por profesionales adscritos al Overseas Workers Welfare Administration, cual es una institución oficial de la República de Filipinas, creada para asegurar el debido cumplimiento de las normas de los ciudadanos filipinos que laboran fuera de las fronteras.
INCIDENTE DE DECLINATORIA DE COMPETENCIA POR FORUM NON CONVENIENS.
Disiente de los argumentos esgrimidos por el juzgador para la negativa de esta incidencia. Señala que, sin entrar en consideración de a quién le correspondería la carga de la prueba para demostrar si los tribunales filipinos conocen de asuntos que no sean laborales, manifiesta que los argumentos sostenidos en las otras incidencias, "por las constancias que existen en el expediente se establece claramente que los tribunales filipinos van mucho más allá de las prestaciones laborales y deciden incluso sobre daños morales". (f.2066). Además, que en el foro más conveniente, juega un papel muy importante donde residen los testigos y lo oneroso que puede resultarle a las partes la práctica de pruebas.
SUSTENTACION DE APELACION DE LA FIRMA
FORENSE MORGAN & MORGAN
La firma forense MORGAN & MORGAN, inicia el escrito de apelación con los antecedentes que originaron el proceso motivo de estudio, indicando que el hundimiento de la M/N "SEA PROSPECT" se dió el 26 de agosto de 1996, durante un viaje de Gebe, Indonesia a Hoshoshima, Japón, desapareciendo 10 de los 21 tripulantes filipinos.
Que L.M.R. y otros alegaron que el accidente se originó a causa de negligencia en la estiba de la carga y al mal tiempo cuando ocurrió el infortunio.
Que la demandada, DIAMOND CAMELLIA, S.A. pagó, a través de sus agentes, a los familiares de los desaparecidos, la suma de US$907,234.31, quienes a su vez, suscribieron un contrato de transacción en las oficinas de Overseas Workers Administration en Manila, siendo asesorados por una abogada de la referida institución y que: "Las transacciones fueron suscritas por dicha abogada, además de por testigos y notarios (ver fojas 1099 a 1230)" (f.2069).
Manifiestan que, a pesar de haberse pagado la indemnización y suscrito los contratos de transacción, los representantes de los armadores fueron contactados por abogados filipinos quienes reclamaban el pago de US$250.000.00 para cada familia y que, de lo contrario, instaurarían un proceso legal contra los armadores, en Panamá. "sin previo aviso" (f.2070). Ante tal amenaza, sus clientes iniciaron un proceso judicial en Manilas, Filipinas, con la finalidad de obtener la aprobación judicial de las transacciones suscritas en representación de menores de edad, por sus madres, tal como lo prevé el artículo 2032 del Código Civil de Filipinas. Dicha demanda fue notificada a los demandantes, excepto a R.C., quienes respondieron a la demanda declarativa, presentando, a su vez, demanda de reconvención, por lo daños y perjuicios que alegan haber sufrido por la desaparición de los marinos, causada por culpa o negligencia de la demandada.
Se refiere el apelante, que el 26 de agosto de 1998 iniciaron los demandantes un proceso ante el Tribunal Marítimo de Panamá, contra MITSUI OSK LINES como fletadora por tiempo de la M/N "SEA PROSPECT", solicitando el secuestro de la M/N "BIG SKY", presentándose ante dicho tribunal las incidencias motivo de apelación.
En el orden respectivo, tenemos de fojas 2072, en adelante, lo relativo a LITISPENDENCIA alegada, estimando el apelante que el juzgador erró en derecho al determinar que el proceso instaurado ante las autoridades filipinas, es meramente para ver si "una determinada transacción se celebro" (f.2074). Consideran que se ha demostrado ampliamente que los demandantes, excepto R.C., en Panamá, son los mismos que los del proceso que se ventila en Las Filipinas, ya que éste versa exactamente sobre los mismos hechos y se persiguen las mismas pretensiones, constando en el expediente la opinión del abogado filipino A.P., que demuestra la reciprocidad requerida en el artículo 61 del Código de Procedimiento Marítimo.
Adicionan los apelantes que la demanda en reconvención instaurada en Filipinas, se basa igualmente en los hechos de la demanda iniciada posteriormente ante el Tribunal Marítimo de Panamá, en la que se alegan los daños y perjuicios causados por culpa o negligencia de los demandados, en el hundimiento de la M/N "SEA PROSPECT". Se indica, además, que no se está en presencia de demandas conexas, que surgen de los mismos hechos entre las mismas partes, pero, que tienen pretensiones distintas. SUMISION JURISDICCIONAL (Art.19 (3).
Difiere el apelante de la posición del juzgador al no acceder a la declaratoria de competencia en base a la cláusula prevista en el contrato de trabajo de la "Philippine Overseas Employment Administration" (POEA), basándose, entre otras cosas en que:
-Los trabajadores filipinos no pueden reclamar a compañías foráneas en Las Filipinas.
-La cláusula de sumisión jurisdiccional solamente se refiere a reclamaciones laborales, no así, los reclamos por daños y perjuicios por culpa o negligencia y el NLRC, atiende solamente casos laborales. (Affidavit de Enilio Gancayco).
-Además, que el juzgador consideró que el "Amicus Curiae Brief" del Procurador de la Administración de Las Filipinas indica que "el tribunal que primero tenga conocimiento del caso lo hace, con la exclusión de los demás tribunales extranjeros y domésticos". (f.2080).
Con respecto a las evaluaciones del juzgador, señalan los apelantes que han aportado 4 fallos de la NLRC, en los cuales se han demandado a empresas foráneas, por responsabilidad extracontractual por culpa o negligencia, aplicando normas del Código Civil de Las Filipinas y en los cuales se ha dictado condena contra las empresas foráneas al pago de lucro cesante, daño emergente, daño moral y hasta daños punitivos. Inclusive, se ha demandado directamente a los Clubes de Protección de Indemnización del "International Club", por parte de los trabajadores. Por ello, desestima la opinión legal del abogado E.V., en que se basó el juzgador, cosiderando que los fallos de NLRC, constituyen fuente formal del derecho filipino.
Adicional a lo anterior, manifiestan los apelantes que:
"B. En este caso en particular existían dos contratos que regulaban las relaciones laborales de los marinos a bordo de la M/N "SEA PROSPECT". El Contrato Estandard de la POEA y el contrato colectivo complementario de la ITF correspondiente a "All Japan Seament´s Union" y "Associated Marine Officers & Seamen´s Union of the Philippines". El primero es un contrato colectivo negociado entre las agencias de navieros y los sindicatos de marinos de Las Filipinas bajo la tutela del Gobierno de Las Filipinas. Como tal es un contrato de orden público que tiene rango de ley en Las Filipinas. El mismo tiene una cláusula de sumisión jurisdiccional clara y precisa, que el mismo J.M. citó en su resolución, a favor del NLRC. con respecto a todos los reclamos pecuniarios por cualquier tipo de daño que tengan los marinos o sus familiares o sea que se deriven de la relación de trabajo. El Contrato Colectivo adicional arriba mencionado no reemplaza al Contrato de la POEA, sin (sic) que es supletorio al mismo y no tiene cláusula jurisdiccional que elimine a la del POEA Contract". (f.2082)
Resaltan el aspecto sobre el "Amicus Curiae Brief", que tomó en cuenta el juzgador, en la opinión del Procurador de la Administración sobre la "regla muy bien establecida de que el tribunal que primero tenga conocimiento del caso lo hace, con la exclusión de los demás tribunales, extranjeros o domésticos", señalando que dicha opinión refuerza el argumento de declinatoria, ya que fue el tribunal filipino quien primero aprehendió el conocimiento de esta causa y que, inclusive, se encuentra pendiente de fallo en dicho tribunal. Por último, que el "Amicus Curiae Brief", como opinión de un abogado filipino, no tiene preponderancia sobre las consideraciones de orden público panameño, bajo las cuales el Tribunal Marítimo si puede declinar competencia, cuando las circunstancias así lo ameriten.
FORUM NON CONVENIENS (Art. 19 (1) y (2),
Sobre este tópico, indican los apelantes que:
-Todos los apelantes son filipinos, residentes en Las Filipinas.
-Que suscribieron contrato de transacción, y de acuerdo al Código de B., se rige por la Ley Filipina.
-Que todos los testigos del hundimiento de la M/N "SEA PROSPECT", son ciudadanos filipinos,
-Que los testigos sobre la condición de la carga y la estiba de la M/N "SEA PROSPECT", son filipinos los marinos y los estibadores de Indonesia, que se encuentra cercana a Las Filipinas, y "en zonas de tiempos similares", (f.2085)
-Que la demandada está domiciliada en Japón, y en dicho país estaban los operadores de la M/N "SEA PROSPECT" (NNS Corporation).
-Que la M/N "SEA PROSPECT" estaba de viaje desde Indonesia a Japón al momento del hundimiento.
-Que a pesar de que la M/N "SEA PROSPECT" tenía registro panameño, asi como la demandada está registrada en Panamá, los demandantes secuestraron un buque hermano para "adscribir competencia" (f.2085), por tanto, el único vínculo que tiene es el mero secuestro de un buque hermano de la M/N "SEA PROSPECT",
Por último, reitera que las mismas controversias han sido sometidas a un tribunal filipino y están pendientes de decisión.
ESCRITO DE OPOSICION DE LA FIRMA FORENSE
CARREIRA-PITTI P.C. ABOGADOS
El opositor solicita la no admisión de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de 11 y 13 de abril de 2000, todas ellas niegan solicitud de Declinatoria de Competencia, en base al artículo 19 de la Ley 8 de 1982.
Argumenta la firma forense CARREIRA-PITTI P.C. ABOGADOS que los demandados han anunciado "indebidamente" (f.5089) recurso de apelación contra las tres resoluciones, cuando contra las mismas sólo procede el recurso de reconsideración.
A continuación indica que la Ley 8 de 1982, en su artículo 17, señala los requisitos de competencia del Tribunal Marítimo de Panamá, quedando claramente establecido en la Audiencia Especial, que este tribunal es competente para conocer del caso motivo de conflicto. Que, además, la solicitud de declinatoria solicitada por los apelantes, en base a un juicio pendiente en Las Filipinas, no quedó debidamente probado ante el juzgador, pues a su criterio "es en realidad enteramente distinta desde el punto de vista de la causa de pedir y también de los hechos que la genera" (f.2089).
Que, asimismo se discutió sobre la procedencia de declinatoria en virtud de una cláusula de sumisión jurisdiccional y en virtud de la Doctrina de Forum non Conveniens, pudiéndose constatar la improcedencia de las mismas, en base a la facultad discrecional que le otorga la ley al juzgador.
Analizan los opositores el artículo 19 de la Ley 8 de 1982, señalando que el mismo establece dos consideraciones importantes:
La existencia de una cláusula atributiva de jurisdicción y el resto de los numerales no excluye al Tribunal Marítimo de conocer una causa marítima que cumpla con los requisitos del artículo 17, complementado en este caso, con las reglas relativas a secuestro.
Frente a una cláusula atributiva de jurisdicción el Tribunal Marítimo decidirá discrecionalmente si se abstiene de conocer el caso o por el contrario decide DECLINAR SU COMPETENCIA". (f.2090)
Estiman los apelantes que la doctrina del Forum non Conveniens sirvió de inspiración en la formación del artículo aludido. Además, se refiere a que se ha debatido recientemente si la doctrina era aplicable a todos los numerales del artículo 19, tal como se había manejado desde un principio el Tribunal Marítimo. Pero, en conclusiones recientes de dicho tribunal, se favorece que en todos los numerales puede ser aplicada, pero, que en los numerales 1 y 2 es más acentuado por su estricto apego a las reglas de dicha doctrina, en tanto que los numerales 3 y 4, será aplicable atendiendo a un análisis de caso por caso, en la medida que sea necesario determinar el foro más conveniente para las partes.
Sustentan los opositores que en fallos recientes se ha confirmado, que la resolución por la cual se niega la declinatoria de competencia, no es apelable. Citando al respecto, varios fallos, en la cual se dice que la declinatoria de competencia (Forum no conveniens), no está contemplada en el artículo 482 del Código de Procedimiento Marítimo, como apelable. (fs.2091-2092)
Con respecto a esta materia, cita el opositor, las Reglas Federales de Procedimiento Civil de los Estados Unidos, de las cuales se derivan los principios del proceso marítimo panameña, que señalan como regla general, "que las decisiones que emanen de un ejercicio discrecional del juzgador NO SON APELABLES". (f.2092)
Concluye el opositor que en este tipo de materia procesal, la única norma llamada a resolver cualquier controversia es la Ley de Procedimiento Marítimo (Ley 8 de 1982).
Ante de analizar las incidencias formuladas, estima la Sala conveniente aclarar sobre la recurribilidad de las mismas, ya que así ha sido objetado por el opositor, advirtiendo que las mismas prosperan, como ha sido reiterativa la Sala, en la concesión de dicho recurso.
Sobre este tópico, se permite la Sala citar lo expresado en fallo de 1 de diciembre de 1998 (Registro Judicial, 1998, p.191), así:
En resolución dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá, el 18 de septiembre de 1997 (fs.449-4598) (sic), se negó la peticiòn de declinatoria de competencia alegada por el incidentista, adviertiendo el juzgador que esta decisión no pone término al proceso, por tanto es apelable en el efecto devolutivo, como en efecto lo hizo el apoderado judicial de M/N EL REY.
Al analizar la Sala las incidencias formuladas, tanto por la firma forense RITTER, DIAZ Y ASOCIADOS, como también por la firma forense MORGAN & MORGAN, en carácter de apoderados judiciales de MITSUI OSK LINES y DIAMOND CAMELLIA, S.A., estima prudente referirse a cada una de ellas, por separado, haciendo el estudio comparativo de las mismas con las constancias que reposan en autos sobre el proceso ordinario marítimo, propuesto por la firma forense CARREIRA-PITTI P.C. ABOGADOS, en representación de LUZ MARINA REYES Y OTROS, que le siguen a MITSUI O.S.K. LINES y DIAMOND CAMELLIA, S.A., ante el Tribunal Marítimo de Panamá.
El artículo 61 del Código de Procedimiento Marítimo, que guarda relación con el artículo 663 del Código Judicial, señala taxativamente lo siguiente:
"ARTICULO 61: Propuesta una demanda, no podrá iniciarse un nuevo juicio entre las mismas partes sobre el mismo objeto y los mismos hechos, cualquiera sea la vía que se elija, y, mientras esté pendiente la primera.
La litis pendencia, fundada en juicio instaurado en tribunal extranjero, podrá alegarse en los tribunales marítimos de Panamá, cuando concurran las circunstancias mencionadas en el primer párrafo de este artículo, si las leyes del país donde esté pendiente el juicio reconocen la defensa de litis pendencia a juicios pendientes en tribunales panameños, y se haya dado cumplimiento a las medidas de protección, dictadas por el Tribunal Marítimo, conforme lo establecido en esta Ley.
El Juez también podrá ordenar, de oficio, el rechazo de la segunda demanda comprobada la existencia de las circunstancias indicadas en los párrafos anteriores".
De igual forma, el artículo 663 del Código Judicial, establece en forma expresa que cuando se inicia un proceso sobre la misma pretensión, los mismos hechos y por las mismas partes, no podrá iniciarse otro, cualquiera que sea la vía que se elija. Agrega que el Juez de oficio o a petición de parte, una vez se comprueba que se ha dado la existencia de otra demanda anterior, ordenará el rechazo de la demanda. La finalidad primordial de esta norma es evitar la existencia de juicios paralelos que puedan producir sentencias contradictorias.
Sobre esta materia, en fallo de 16 de junio de 1998, bajo la ponencia del Magistrado E.A.S., se dijo lo siguiente:
"Doctrinalmente hablando, la noción de litis pendencia se ha elaborado a partir del principio de que toda acción se extingue mediante su ejecución. Es así que no cabe concebir, por una parte, que puedan existir al mismo tiempo dos juicios fundados en la misma acción, ni que puedan haber dos pronunciamientos distintos respecto a la misma acción, o sea, al derecho que se tiene de pedir alguna cosa en juicio.
Para impedir que sean celebrados dos juicios fundados en la misma acción se cuenta con la excepción de litis pendencia (o de juicio pendiente), consideración hecha y aceptada de que la acción que se promueva en el segundo juicio ya ha sido entablada en el primero. Para evitar decisiones discrepantes que pudiesen surgir de una misma acción en dos juicios diferentes y para no provocar la incertidumbre jurídica, se tiene prevista la excepción de cosa juzgada. La resultante común que se desprende como consecuencia del reconocimiento en un litigio de cualquiera de estas dos excepciones es que en ambos casos el juicio iniciado posteriormente debe quedar sin efecto".
"Como regla admitida sin discusión se acepta que, para oponer o para que se reconozca la excepción de litis pendencia, la acción que se haya entablado en el segundo juicio debe ser idéntica a la otra ya promovida con anterioridad. Esa identificación de ambas acciones para que sea cierta e irrebatible ha de correspoder y comprobarse mediante la concurrencia de los mismos sujetos en igual carácter como partes en los dos procesos, quienes con base en una misma causa han de perseguir el mismo objeto".
(R.J. Junio 1998, págs. 240-243).
Del examen de las constancias en autos, con respecto al Incidente de Litis Pendencia, se colige que la acción judicial iniciada ante el "Regional Trial Court" de Manilas, Filipinas, siendo la parte demandante las empresas DIAMOND CAMELLIA, S.A., MMS CO. LTD., MITOYO SHIPPING CO., KIKUYO MARITIME CO. LTD. y MAGSAYSAY MARITIME CORPORATION y los demandados siguientes: H.J.D., T.P.D., EVERLISTA T. LARIBA, MAGDALINA F. MARPAGA, A.C.M., E.C.N., R.T.S., L.E.T. y LUZ MARINA V. REYES (fs.733-734 del Tomo 2), tiene como finalidad, obtener la aprobación judicial del contrato de transacción suscrito con los representantes de los tripulantes fallecidos, con motivo de la relación laboral que éstos mantenían, al momento del hundimiento de la nave "SEA PROSPECT", al serles pagadas las indemnizaciones correspondientes, y que, a su vez, existe en dicho tribunal demanda en reconvención, encontrándose pendiente de decisión en el tribunal extranjero, como así lo han manifestado los incidentistas, en los escritos sobre los cuales nos referimos con anterioridad.
Al analizar la demanda promovida ante el Tribunal Marítimo de Panamá, se observa que las partes en el proceso lo constituyen como demandantes: LUZ MARINA REYES, A.M., M.M.M., E.N., T.D., HIPOLITO Y FE DALEN, EVERLISTA LARIBA, L.T., R.S., E.C., F.L., F.M., T.R., E.G., E.C., M.M.. Como demandados figuran las empresas MITSUI O.S.K. LINES, Fletador y DIAMOND CAMELLIA, S.A., Propietario de la M.N. SEA PROSPECT (Hundida), INDIVIDUAL O SOLIDARIAMENTE. Valga la pena aclarar que la fletadora de la nave, MITSUI O.S.K. LINES, no ha sido demandada en el proceso ventilado ante las autoridades de Las Filipinas, sino únicamente ante el Tribunal Marítimo de Panamá.
En cuanto al objeto perseguido es la condena de las empresas demandadas, individual o solidariamente, al pago de la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 (US$6,692.328.00), en concepto de daños y perjuicios, proveniente de una acción culposa y/o negligente por responsabilidad extracontractual, como Fletador y Propietario de la nave hundida, respectivamente, cuyo abanderamiento es panameño. Significa, pues, que no concurren los elementos para que se de la litispendencia en el negocio en estudio, ya que no se trata de las mismas partes, así como tampoco el objeto perseguido es el mismo, ni la misma pretensión, no obstante que, ambas reclamaciones tienen un origen común, este es, es, el hundimiento de la nave "SEA PROSPECT".
INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR SUMISION JURISDICCIONAL
La segunda causa pedida para declinar el conocimiento, es la existencia de una cláusula de sumisión a la jurisdicción, sea a la jurisdicción arbitral o laboral de otro país, en este caso, la legislación filipina, como así ha sido formulado por la firma forense RITTER, DIAZ Y ASOCIADOS.
La sumisión jurisdiccional responde al principio de la autonomía, de la voluntad en que las partes pueden establecer los términos y condiciones que estimen pertinentes. Si bien, en el negocio en estudio se ha acreditado en los contratos de trabajo aportados, visibles de fojas 665 a 674, en el idioma inglés, una cláusula que dice:
"All claims, complaints or controversies relative to the implementation of the oversears employment contract shall be resolved through the estabilshed Grievance Machinery in the Revised Emplayment contract for Seafarers. If result of the procedure is unsatisfactory to any parties, it may be appealed to the management of the company or with the Philippine Labor Attache or consular officer oversears. This procedure shall be without prejudice to any action that the parties may take before the appropriote authority".
"Todo reclamo demanda o controversias relativas a la implementación de los contratos de los trabajadores extranjeros, se resolverán a través de la maquinaria para arreglo de controversias establecida en el contrato revisado de empleo para extranjeros. Si resultare el procedimiento insatisfactorio para algunas de las partes ésta puede apelar a la administración de la compañía o también al Philipine Labor Comission o funcionario consular en el extranjero. Este procedimiento será sin perjuicio de cualquier acción que las partes puedan tromar antes las autoridades apropiadas".
Aunado a las consideraciones vertidas, la Sala ha asumido una postura sobre esta problemática, en la forma que nos permitimos transcribir:
"En el caso bajo estudio, por lo tanto, es la tesis de esta S., que el tribunal Marítimo debió acceder a la petición de declinatoria de competencia, por conducto de una incidencia de incompetencia, aunque evidentemente lo mismo hubiese ocurrido si hubiese esgrimido la existencia de dicha cláusula como una defensa, es decir, como una excepción, y el Tribunal, que en este campo no tiene una discrecionalidad tan amplia como la que tiene en los casos de forum non conveniens (sin que, sea entiende; sea absoluta ) en que, es la voluntad de las partes la que, por medio de un negocio jurídico bilateral, han convenido en la jurisdicción que ha de ventilar todas las controversias que se susciten, y tal voluntad ha de ser respetada por el Tribunal Marítimo, salvo que medien circunstancias extraordinarias o de orden público o que la Ley en un determinado supuesto, prohíba la declinatoria, circunstancias que no se aprecian en la controversia que ocupa a la Sala."
(R.J.D., 1998, p.196).
Advierte la SALA que la sumisión jurisdiccional se origina con la celebración del contrato de trabajo suscrito entre los tripulantes de la M/N "SEA PROSPECT" con las empresas contratantes en la República de Filipinas, por tanto, estima la Sala que le asiste razón a los incidentistas, en cuanto a que deberá ser reconocida la suminisón jurisdiccional a que alude la cláusula transcrita (inserta en el contrato de trabajo); y, por tanto, debió el Juez Marítimo acceder a la presente incidencia.
INCIDENTE DE FORUM NON CONVENIENS.
Con respecto a este tema, vale la pena citar fallo dictado por esta Corporación de Justicia, en el sentido de que:
"El forum non conveniens, que, como es sobradamente conocido, es una institución procesal proveniente del sistema legal anglosajón, y concretamente, de los Estados Unidos de América, permite el cambio del foro jurisdiccional en donde se ventila una controversia. En nuestro ordenamiento, dicha institución ha sido incorporada, para poderse aplicar, por determinación del Tribunal Marítimo, cuando se acredita la existencia de dificultades en la práctica de determinadas pruebas, o porque se ha acreditado que resulta indispensable para una mejor administración de justicia, en el caso concreto, La declinatoria, en este caso, la analiza y decide el juez, al ponderar la existencia de los supuestos que se encuentran tasados en la ley ritual para desasirse del conocimiento de un asunto para el cual tiene la necesaria competencia.
Los estudiosos patrios en la materia, llegan a la conclusión de que la regla conocida como forum non conveniens se encuentra recogida en los dos primeros numerales del artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo. Así, por ejemplo, A.B. ("El secuestro de naves en los procesos especiales de créditos marítimos privilegiados en Panamá", Panamá, 1999, pág. 47), y A.B.K.S., "El secuestro de naves en el derecho procesal marítimo", Panamá, 1994, pág. 63. El último autor citado ha expresado lo que quizá resulte pertinente transcribir:
El artículo 19 de la Ley 8 de 1982 expresa en sus dos primeros numerales:
Artículo 19: Los Tribunales marítimos podrán abstenerse, a insistencia de parte, de conocer o de continuar conociendo de un proceso por causa que surjan fuera del territorio de la República de Panamá, en cualquiera de los siguientes casos:
Estos numerales consagran la doctrina internacionalmente reconocida del forum nom conveniens. La misma consiste en que a pesar que se den los requisitos para darle competencia a una corte, ésta puede decidir no ejercer la misma, al considerar que en el foro en el cual se interpuso la acción es un lugar poco conveniente para resolver el conflicto y existe otro foro legal más apropiado. Un ejemplo claro es que el único vínculo con el Tribunal sea que éste haya adquirido competencia por ser el "forum arresti", o sea que un secuestro sea la base de la misma. En cambio en el país donde acontecieron los hechos que fundamentan la demanda, están los testigos y pruebas indispensables. Entonces el tribunal a instancia de la parte afectada, puede abstenerse de continuar conociendo el proceso. El Tribunal Marítimo explico en 1983:
Finalmente es preciso hacer un comentario a la doctrina del " forum nom conveniens " establecida en el artículo 19 de la Ley 82, el cual aduce la excepcionante como base legal para su acción. Tal y como lo establece este artículo, el Tribunal tiene la facultad para rechazar o declinar el conocimiento de procesos en su jurisdicción aún cuando dicho conocimiento esté bien fundamentado legalmente. Esto es con el fin de darle jurisdicción a otro foro donde además de encontrarse con una base legal apropiada para adscribir dicha jurisdicción , se protejan los intereses de la justicia, la conveniencia de los litigantes y se facilite la recepción de facultad discrecional del Tribunal en que se considerará tal y como se hace en este proceso, el relativo acceso a la fuentes probatorias y los costos que ello representa, asì como también la facilidad y rápida tramitación del proceso:" R.J.D., 1998, pág. 195.