Source: https://societarioycambiario.blogspot.com/2016/04/segunda-clase-2016.html
Timestamp: 2019-08-17 13:22:09
Document Index: 188015208

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 94', 'artículo 299', 'artículo 299', 'artículo 970', 'artículo 958', 'artículo 22', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 127', 'artículo 131', 'artículo 17', 'artículo 490', 'artículo 1753', 'artículo 1757', 'artículo 23', 'artículo 1719', 'artículo 26', 'artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 91', 'artículo 13', 'artículo 100', 'artículo 26', 'Artículo 26', 'artículo 299', 'Artículo 284', 'artículo 299', 'Artículo 958', 'Artículo 141', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 131', 'Artículo 490', 'artículo 26', 'Artículo 91']

Derecho Societario de Julio Rougès: SEGUNDA CLASE 2016
SEGUNDA CLASE 2016
La ley 26.994, “Código Civil y Comercial de la Nación” (sancionada el 1-10-2014, promulgada el 7-10-2014 y publicada el 8-10-2014, que entrará en vigencia el 1º de agosto de 2015, según el artículo 7 del referido cuerpo normativo sustituido por el art. 1° de la ley 27.077, publicada en el Boletín Oficial el 19-12-2014) en su Anexo II, punto 2., introduce modificaciones a la ley 19.550, cambia su denominación –pasa a llamarse “Ley General de Sociedades” (en adelante, LGS)- y sustituye el texto legal vigente ordenado según el decreto n° 841/84, por un esquema normativo parcialmente disímil. Para diferenciarla del régimen nuevo, denominaré “LSC” a la ley de sociedades comerciales.
El anterior art. 1° conceptualizaba no a la sociedad como ente creado por un contrato, sino al contrato que da nacimiento a aquél, al acto constitutivo (artículos 4, 5, 11, 16, 17, 36). En su nueva formulación, se acentúa el aspecto organizacional, mirando a la sociedad no sólo desde la perspectiva contractual –la sociedad puede nacer de un acto jurídico unilateral- sino fundamentalmente teniendo como eje a organización creada por dicho acto. Esa organización no necesariamente tiene que ser empresaria; dentro del amplio campo trazado por la ley, quedan comprendidas las todas las sociedades, incluso las que antes llamábamos sociedades civiles. Para no rebuscar ejemplos ajenos a nuestro diario quehacer, se hallan incluidas las sociedades de abogados.
Es obvio que en las sociedades en comandita –simple o por acciones- y de capital e industria, la reducción a uno del número de socios afecta uno de los elementos esenciales de esos tipos, que es la pluralidad y diversidad de clases de socios (no pueden subsistir una sociedad en comandita, sin al menos un comanditado o un comanditario, ni una sociedad de capital e industria sin un socio capitalista o un socio industrial[3]).
La unipersonalidad va ligada inescindiblemente con el sub-tipo sociedad anónima unipersonal; cualquier otra solución sería forzada. Imaginemos si no, una sociedad colectiva o una sociedad de responsabilidad limitada, que subsistan sin disolverse y sin transformarse, con un solo socio. Mediante una vía indirecta y no querida por el legislador, estaríamos admitiendo la pervivencia de sociedades unipersonales que no sean anónimas[4], lo que es contrario a la voluntad del legislador.
* En todos los tipos sociales –aun en las sociedades en comandita simple o por acciones y de capital e industria- cuando la sociedad devenga en unipersonal, el socio único puede optar por la disolución o la incorporación de nuevos socios. La transformación de pleno derecho opera como mecanismo de subsistencia de la sociedad, pero no es un imperativo para el socio único continuarla. Puede disolverla, por voluntad unilateral (artículo 94, inciso 1, LS).
Una lectura apresurada de la ley nos sugeriría que a los tres meses y un día desde la reducción a uno del número de socios, el socio único no podría mantener el tipo original, incorporando un nuevo socio (comanditario, comanditado, capitalista o industrial); o se daría la paradoja de que para permanecer en el tipo una vez vencido el plazo trimestral –pero reconstituida la pluralidad- debería transformarse, de sociedad anónima unipersonal (en la que devino ministerio legis) nuevamente en sociedad en comandita o de capital e industria. A todas luces esas supuestas soluciones serían artificiales, complicadas, disvaliosas, y marcharían a contramano de la intención del legislador, de ampliar el campo de la autonomía privada: el socio que devino único por razones eventualmente ajenas a su voluntad estaría compelido a adecuarse a un tipo y someterse a una fiscalización estatal permanente (art. 299, inciso 7, LGS) que puede no desear y es altamente probable que no desee. Como lo desarrollaremos infra, creemos que salvo las grandes sociedades, nadie querrá tal fiscalización gubernamental continua, con sindicatura y directorio plurales (artículos 255[7] y 284[8], LGS), si se interpretare que esa pluralidad orgánica es una consecuencia necesaria de la aplicación del artículo 299, inciso 7, y el sometimiento de la sociedad al régimen de la fiscalización estatal permanente.
Son indudables las buenas intenciones del legislador de prevenir el fraude[9]. Pero más indubitablemente aún, esa inclusión en un régimen de control gubernamental continuo sólo será indiferente a las sociedades que ya de todos modos estén comprendidas en otros incisos del artículo 299, y ello determinará que muy excepcionalmente se constituyan sociedades unipersonales; las más de las veces, querrán fundarse o mantenerse como formalmente pluripersonales –aunque el socio minoritario sea un prestanombre- para evitar la fiscalización estatal permanente.
Si además de convivir con la fiscalización, tienen que incorporar al menos tres directores y tres síndicos –lo que se agrava si la unimembresía es sobreviniente- los empresarios huirán como de la peste de la novísima figura: por todos los medios procurarán la pluralidad originaria o posterior a la reducción a la unidad.
Se legisla así sobre la sociedad simple o residual; y ya el cambio de nombre –en el que se desecha la palabra irregular- comporta una toma de posición acerca de dichas sociedades; máxime teniendo en cuenta que calificar de “no constituida regularmente” –como lo hizo la ley 19.550 antes de la reforma de la ley 26.994- a una sociedad no es neutro: significa la simple tolerancia de una situación que se reputa poco amparada por el derecho –con “personalidad jurídica precaria”, dice la Exposición de Motivos- y llena de connotaciones indebidamente negativas. Las palabras en el derecho suelen tener una carga emotiva tanto para el emisor como para el destinatario del mensaje[10], por lo que no es de extrañar que si para el legislador de 1972 la tipicidad (artículos 1; 17, etcétera) y la inscripción (art. 7)[11] eran tan relevantes, se desalentase la formación y el funcionamiento de sociedades de hecho, y se sancionara la no inscripción y el abandono del iter constitutivo, con la ininivocabilidad de derechos y defensas nacidos del contrato social.
En el derecho privado campea el principio de libertad de configuración de las formas de los actos jurídicos, y en tal sentido, dispone el art. 974 del Código Civil (ley 340): “Cuando para este Código, o por las leyes especiales no se designe forma para algún acto jurídico, los interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenientes”. En idéntica dirección se alinea el art. 1020 del mismo cuerpo normativo[12], y no vemos un motivo válido para no aplicar esos principios al ordenamiento societario
Los contratos pueden ser innominados (art. 1143 del Código Civil; artículo 970 del Código Civil y Comercial), y esa carencia de tipicidad no afecta su validez; por el contrario, en principio las estipulaciones negociales son ley para las partes (art. 1197 del Código Civil; el artículo 958 del Código Civil y Comercial –complementado por los arts. 959 y 960- consagra, de modo semejante, la libertad de contratación)[13]. En materia de sociedades civiles –un ejemplo destacado es la sociedad de abogados o contadores- el contrato podía ser hecho verbalmente (art. 1662). Vélez Sarsfield dijo en la nota a dicho precepto:
Influidos como estaban por el Código Civil Italiano los redactores del anteproyecto convertido en ley 19.550, no era de extrañar que adoptaran la sanción de nulidad para la atipicidad (art. 17)[14]. Sin embargo, fueron más lejos que el modelo inspirador, pues a diferencia de éste, no contemplaron la figura de la “simple sociedad”, no sometida a inscripción ni formas especiales[15]. Además, dentro del sistema de las sociedades –conforme al Código Civil italiano de 1942- la sociedad colectiva ocupa la posición de tipo genérico de sociedad comercial, siendo superflua una manifestación explícita de los contratantes[16]; a la vez, la sociedad colectiva está regulada, en parte, por la remisión a las normas de la sociedad simple[17], y puede ser irregular, si no está inscripta[18]; sin embargo, tanto la sociedad colectiva regular, como la sociedad colectiva irregular están sometidas a un mismo régimen en lo que se refiere a las relaciones internas entre los socios[19]; ambas son variantes de un mismo tipo de sociedad[20].
Más aformalista es el derecho anglosajón, al que durante mucho tiempo los juristas formados en la estructura y conceptos del derecho continental, han mirado con un desprecio a veces no disimulado. Sin pretensiones conceptualistas, en los Estados Unidos y Reino Unido[21], la partnership –algo así como nuestra sociedad colectiva, aunque existen Limited Liability Partnerships que tienen alguna semejanza con nuestra SRL- es la relación que existe entre personas que realizan un negocio en común para obtener utilidad, siempre que tal relación no se encuentre registrada como una corporation, o no esté sujeta a leyes especiales[22]. En el derecho inglés, la partnership no es calificada como un contrato, sino como una relación[23]; en Estados Unidos, la partnership es una asociación de dos o más personas para conducir como condóminos un negocio para obtener utilidad[24]. En ambos casos, no se exige el cumplimiento de ninguna formalidad especial, rigiéndose los derechos de las partes por las estipulaciones contractuales.
Cuando distintas legislaciones de países avanzados imponen menor cantidad de exigencias formales, y no establecen nulidades derivadas de aquéllas; cuando la propia legislación vernácula del siglo XIX era menos rigurosa, es hora de pensar si el legislador –cuyos inspiradores fueron destacados juristas- no ha extraviado el camino. En palabras de CABANELLAS DE LAS CUEVAS[25] que hacemos nuestras, “no hay ningún interés visible –salvo el estético y dogmático del legislador- en causar tamaños perjuicios a los particulares que no forman una sociedad típica, particularmente teniendo en cuenta que el vacío legal que podría originarse en tal caso puede fácilmente solucionarse creando un conjunto de normas que, siéndolo en general, no lo sean de ningún tipo en particular...El régimen de tipicidad de la LSC, con sus sanciones excesivas y con la inflexibilidad de sus normas...forma parte de un amplio esfuerzo, subyacente a la LSC, de sujetar los contratos societarios a un régimen estricto de registro y control formal. Este sistema es inútil, en la práctica, para tutelar los intereses de socios y acreedores...”.
El sistema se apartaba en forma manifiesta de la realidad. Cotidianamente sociedades irregulares o de hecho producen bienes y servicios, pagan en mayor o menor medida impuestos –las sociedades de hecho se encuentran inscriptas como tales para el pago de tributos nacionales y provinciales- y cumplen una función social útil, con prescindencia de que se encuentren o no constituidas por escrito, conforme a algún tipo social, o no estén inscriptas. Algunos de los casos más graves de defraudación a los acreedores, al fisco y al régimen sucesorio y de bienes en el matrimonio han sido consumados por sociedades impecablemente típicas y regulares, lo que rara vez ocurría -dada la responsabilidad solidaria de los socios- en el caso de las sociedades no regularmente constituidas.
Antes de la ley 26.994 –que eliminó la sociedad civil- las sociedades civiles de hecho están regidas por las mismas reglas que las sociedades civiles constituidas por escritura pública. La circunstancia de ser sociedades de hecho no tornaba aplicable el severo régimen de la ley 19.550, que se limitaba –en lo que a las “sociedades de hecho” atañe- a las que tenían objeto comercial (art. 21)[26]. Las diferencias entre ambas eran sustantivas:
* tercero, y derivado de lo anterior, la quiebra de la sociedad civil de hecho no comportaba la quiebra de los socios[27].
La mayoría de los autores opinaba que sociedades de hecho eran únicamente las carentes de toda instrumentación; las sociedades atípicas serían simplemente nulas[28]. Una doctrina minoritaria -con la que concordamos- sostenía que la sociedad con objeto comercial constituida por instrumento público o privado, sin sujetarse a ningún tipo, se regía por la normativa de la sociedad de hecho[29].
Rechazamos una comprensión del ordenamiento jurídico que admite la inconsecuencia. Más allá de la intención psicológica del legislador, las leyes y los cuerpos normativos deben inteligirse como dotados de una racionalidad intrínseca que permita al intérprete superar sus eventuales deficiencias, insuficiencias o contradicciones. Son principios reconocidos desde antaño por la Corte Suprema de la Nación que la inconsecuencia no se supone en el legislador, y por ello las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto[30]; que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema del que forma parte, es la consideración de sus consecuencias[31].
1) Se ha dicho que una S.R.L. sin gerente es una sociedad atípica[32].
La ley 16.060 uruguaya, pese a haberse inspirado en la nuestra, es más flexible que la LSC. En su art. 37 dispone que "ni la sociedad ni los socios podrán invocar respecto de cualquier tercero, derechos o defensas fundados en el contrato social"; pero no se niega a los socios la posibilidad de invocar inter partes lo que en aquel contrato se hubiese estipulado.
* que no resulta admisible la transformación que contempla el art. 74, pues la sociedad transformada no es regular ni típica[33].
* que no era posible la rescisión parcial o el retiro de uno de los socios[34].
La ley 19.550 fue criticada en este aspecto por la doctrina autoral, que propició su modificación[35]. Haciéndose eco de los cuestionamientos, la ley 22.903 reformó parcialmente el régimen anterior, posibilitando la regularización (artículo 22).
Cabe agregar que la sociedad –aun en su texto anterior a la ley 26.994- no sólo podía ejercer derechos de índole contractual ("emergentes de los contratos….", rezaba el texto legal), sino todos los que hubieran nacido de relaciones o situaciones jurídicas de cualquier índole, puesto que es un sujeto de derecho (artículo 30 del Código Civil; artículos 141 y 142 del Código Civil y Comercial[36]).
A título meramente ejemplificativo, la ley 24.977 de monotributo (artículo 2°) considera pequeños contribuyentes a las sociedades de hecho y comerciales irregulares (Capítulo I, Sección IV, de la ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificaciones), en la medida que tengan un máximo de tres (3) socios; la ley 11.683 considera sujetos pasivos de derechos tributarios –y correlativamente, de los derechos y garantías que esa ley reconoce- a "las personas jurídicas del Código Civil y las sociedades, asociaciones y entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho" (art. 5, inciso b), por lo que las sociedades de hecho o irregulares revisten ese carácter[37].
Imaginemos una sociedad colectiva, en la que se estatuya un directorio colegiado –porque así lo hayan previsto los socios, al regular el régimen de la administración (artículo 127)- o que la participación social se represente en títulos libremente negociables, entendiendo los socios que la exigencia de consentimiento unánime para la transferencia de la parte (artículo 131) es una estipulación natural, pero no imperativa[38]. No entraremos a analizar si tales cláusulas son válidas o no; daremos por sentado que no lo sean, y que ambas previsiones contractuales resulten incompatibles con el tipo regulado en los artículos 125 a 133 de la LGS. Tampoco evaluaremos las alternativas de que la autoridad a cargo del Registro decida hacer lugar a la inscripción o no. Lo cierto es que los fundadores quisieron constituir una sociedad colectiva, con cláusulas en principio extrañas al tipo pero que no violan ninguna norma de orden público, y quedan sujetas a un régimen jurídico distinto, aun en la hipótesis de que el Registro haya inscripto a la sociedad, sin observaciones.
* la que, por instrumento escrito, no se constituya conforme a algunos de los tipos de la parte especial de la ley;[39]
En segundo término, los que el artículo 17 de la LSC, antes de la reforma, denominaba “requisitos esenciales no tipificantes”: el plazo de duración, el objeto social, el domicilio, la denominación, el capital social, la falta de previsión de los órganos de administración, fiscalización y gobierno[40].
Aunque el Código Civil y Comercial ha unificado la regulación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, no puede evitar que ontológicamente sean distintas, y producto de esa disimilitud es la alusión a esta última que se desliza en el artículo 490, inciso e del nuevo ordenamiento[41].
Nos situemos en la hipótesis de que un daño es provocado por un dependiente (artículo 1753 del CCyC)[42], o por un vicio o riesgo de la cosa de propiedad o sujeta a la guarda de la sociedad simple o residual (artículo 1757 del CCyC)[43]. Salvo situaciones excepcionales, el tercero no conoce al momento del hecho el contrato que liga a los socios de aquélla. ¿Por qué motivo la sociedad no puede invocar el contrato social, si éste consta en un instrumento no inscripto pero auténtico, con fecha cierta, y se prueba que el tercero lo conoció aunque sea posteriormente al nacimiento de la relación jurídica obligatoria?
Las estipulaciones concernientes a la representación[44] pueden ser invocadas entre los socios (artículo 23), como en general todo el contenido contractual (art. 22).
* Si el contrato no otorga la representación a todos, y el tercero lo conoció al momento del nacimiento de la relación jurídica, la sociedad puede oponerle ese conocimiento efectivo de las limitaciones contractuales. Es una solución semejante a la del artículo 1719 del Código Civil (ley 340).[45]
Conforme a la interpretación predominante, el anterior artículo 26 de la LSC excluía la posibilidad de que la sociedad no regularmente constituida fuese titular de bienes registrables[46]; se fundaba la disposición en la inoponibilidad del contrato social a terceros que consagraba el artículo 23 de dicho ordenamiento[47].
A tal efecto, deberá practicarse un balance especial[48], cuyos criterios de valuación deben ser distintos a los de un balance de ejercicio, a fin de evitar la vulneración del derecho de propiedad y de la directiva trazada por el artículo 13, inciso 5 de la ley 19.550. A tal efecto, es insoslayable el cómputo del valor llave y una adecuada valuación de los bienes inmateriales y de uso.
Resulta medianamente comprensible que en las hipótesis de exclusión imputable al excluido –y haciendo la salvedad de que no siempre le es imputable; claramente no lo es en los casos de incapacidad, inhabilitación o quiebra (artículo 91, LSC y LGS)[49]- el expulsado por una razón atribuible a una conducta culpable o dolosa no pueda exigir la restitución del bien que aportó en uso y goce[50]. Pero lo que nos parece francamente inaceptable es que el recedente “dominus” de un bien, se vea privado de su propiedad, por el hecho absolutamente legítimo de pretender retirarse de una sociedad “subsanada” a la que no quiere pertenecer en esos términos.
Como señala HORACIO P. FARGOSI[51], “no puede ignorarse que el campo de los objetos de derecho se ha ampliado en forma inusitada alterando las bases en que se inspiró la llamada propiedad quiritaria, esto es así toda vez que a los bienes corporales que tradicionalmente han sido su destino se han agregado una serie, en constante creación de bienes no corporales… tan es ello así que se reconoce derecho de propiedad sobre valores abstractos como la clientela o el llamado valor llave…”.
* El precepto –que literalmente se refiere al contrato social- rige a fortiori en la etapa no ya genética, sino funcional del contrato. Sería incongruente que estén peor tratados los disidentes y los ausentes que los que prestaron su expresa anuencia a una estipulación nula. Como puntualiza RAFAEL MARIANO MANÓVIL, la regla del artículo 13, inciso 5 de la ley de sociedades proyecta sus efectos hacia toda la vida del ente empresario:[52] no puede pagarse al socio que se retira un valor ostensiblemente inferior al valor real.
Se ha mantenido, con algunas variantes, la potestad de cualquiera de los socios de requerir la disolución en todo momento –salvo cuando se hubiese previsto un plazo de duración- mediante la notificación fehaciente a los restantes socios[53]; pero otorgando a éstos o algunos de ellos la posibilidad de evitar la disolución, continuar en la sociedad, y abonar a los que se retiran el valor de sus partes. Se trata una aplicación particular adaptada a las sociedades simples, de la regla de continuidad de la sociedad y la posibilidad de remover las causales de disolución que contempla el nuevo artículo 100.
2.13.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley Nº 19.550, T.O. 1984, por el siguiente:
“Relaciones entre los acreedores sociales y los particulares de los socios.
Artículo 26.- Las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, aun en caso de quiebra, se juzgarán como si se tratara de una sociedad de los tipos previstos en el Capítulo II, incluso con respecto a los bienes registrables.”
[7] Art. 255, 2° párrafo: “En las sociedades anónimas del artículo 299 se integrará (el directorio) por lo menos con tres directores.”
[8] Artículo 284, 2° párrafo: “En las sociedades anónimas del artículo 299 se integrará por lo menos con tres directores.”
[9] Fraudes que son arquetípicos de las sociedades anónimas plurimembres; en las sociedades unipersonales al menos no hay socios a quienes oprimir.
[10] GENARO CARRIÓ, “Notas sobre derecho y lenguaje”, Ed. Abeledo-Perrot, 4ª edición, 1994, págs. 22-25.
[11] Según DANIEL DANIEL ROQUE VÍTOLO (“Derecho transitorio aplicable a las sociedades”) La Ley, 10-6-2015, págs. 1 siguientes, “la ley 26.994 no ha eliminado del régimen legal a las sociedades irregulares, en la medida en que mantiene incólume la redacción original asignada al art. 7 de la ley 19.550, que establece que la sociedad sólo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Registro Público de Comercio”; por lo que a “contrario sensu, cualquier sociedad constituida que no se encuentre inscripta en el Registro Público será una sociedad irregular. Lo que ocurre es que el legislador de la ley 26.994 ha eliminado el régimen sancionatorio asignado originariamente por la ley 19.550 a las sociedades irregulares en los arts. 21 y siguientes; pero no ha eliminado la irregularidad.”
[12] “Para los actos bajo firma privada no hay forma alguna especial. Las partes pueden formarlos en el idioma y con las solemnidades que juzguen más convenientes” (art. 1020, C.C.).
[13] Artículo 958. “Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.”
[14] El art. 2249 del Código Civil italiano de 1942 consagró esa solución.
[15] Art. 2251; ver FRANCESCO GALGANO, “Derecho Comercial. Volumen II. Sociedades”, Ed. Temis, 1999, pág. 80
[16] GALGANO, obra y tomo citados, págs. 158-159.
[17] GALGANO, obra y tomo citados, p. 161.
[18] GALGANO, obra y tomo citados, p. 161.
[19] Autor, obra y tomo citados, p. 161.
[20] Autor, obra y tomo citados, pág. 164.
[21] Esos grandes países, líderes no sólo por sus niveles de ingreso per capita y por las dimensiones de sus economías, sino por la calidad de sus instituciones educativas, no desdeñan la teoría en las cuestiones que realmente lo justifican, pero son reacios a las macroconstrucciones dogmáticas propias de la filosofía y el derecho continentales.
[22] SERGIO LE PERA, “Joint Venture y sociedad”, 2ª reimpresión, Ed. Astrea, 1992, pág. 46.
[23] LE PERA, obra citada, pág. 46.
[24] Uniform Partnership Act, cf. LE PERA, obra citada, pág. 51-52.
[25] GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “Derecho Societario. Tomo 6: Sociedades nulas, irregulares y de hecho”, Ed. Heliasta, 1997, págs. 266-267.
[26] Si la sociedad tenía objeto civil, siendo de hecho, quedaba regida por el régimen del Código Civil (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “Derecho Societario” –Parte General- Tomo 2, Ed. Heliasta, 1994, pág. 377; Tomo 5, págs. 393, y ss.).
[27] ADOLFO ROUILLON, “Reformas al régimen de los concursos”, Ed. Astrea, 1986, pág. 219 y ss., señala que “en la sociedad civil, regular o irregularmente constituida, los socios no están obligados solidariamente por las deudas sociales, si expresamente no lo estipularon así (art. 1747, Código Civil)...y por ende, es improcedente extender la quiebra de la sociedad civil a sus socios”. En igual sentido, QUINTANA FERREYRA-ALBERTI (“Concursos. Ley 19.551 comentada”, Ed. Astrea, 1990, Tomo 3, pág. 21), dicen: “...el...art. 1747 del Código Civil prescribe que los socios no están obligados solidariamente por las deudas sociales; de modo que tampoco serían responsables ilimitados, lo cual parece ser un grado de extensión supina de la calidad de deudor solidario”, concluyendo que “la quiebra de la sociedad civil no importa de la de sus socios” (pág. 21). VICTOR LUIS MONTESI (“Extensión de la quiebra”), Ed. Astrea, 1985, pág. 27 opinaba en forma coincidente: “En principio, la quiebra de la sociedad civil no importa la de sus socios porque éstos contraen responsabilidad limitada a una porción viril (art. 1747 del Código Civil)”.
[28] RICARDO NISSEN, "Ley de sociedades comerciales", Ed. Abaco, segunda edición, 1993, T.I, pág. 221; GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, "Introducción al derecho societario", pág. 363, Ed. Heliasta S.R.L., 1993; JOSÉ IGNACIO ROMERO, "Las sociedades irregulares y la reforma de la ley 22.903", Ed. Depalma, 1984, separata de la R.D.C.O., nºs 95 a 98, pág. 43.
[29] JULIO CESAR RIVERA, citado por LÓPEZ DE ZAVALIA en su "Teoría de los contratos", Zavalía Editor, 1995, T. 5, Parte Especial (4), pág. 505. También parece ser la opinión de JULIO CÉSAR OTAEGUI (“Invalidez de actos societarios”, págs. 185 y ss.): “La constitución de una sociedad de los tipos no autorizados por la ley es nula...sea por la inclusión de cláusulas repugnantes al tipo, o por la omisión de un requisito esencial tipificante. Esto significa que el vicio no es convalidable, pero no que el acto no produce efecto alguno. La norma en correlación con la LS, art. 7, 21 y ss., presente las siguientes facetas: 1. La invalidez de las sociedades atípicas, solución extendida en derecho comparado ante los inconvenientes planteados por la admisibilidad de las mismas...2. La producción de ciertos efectos, no obstante la invalidez, lo que hemos denominado un supuesto de ineficacia por inoponibilidad, con ciertas salvedades, conduce a la conversión del negocio jurídico...3. Los efectos son los que corresponden al régimen de la sociedad irregular...”
[30] CSN, Rieffolo Basilotta, Fausto", sent. del 5 de febrero de 1987, publ. en La Ley, 1987-D, pág. 719, Nº 214; CSN, 21 de Abril de 1992, “Parada, Aidée c. Norambuena, Luis E., La Ley, 1992-D, 30; Fallos, 307:518 -La Ley, 1985-C, 630 y sus notas.
[31] CSN, "Morcillo de Hermelo, Elena c/ Gobierno Nacional", sent. del 12 de Febrero de 1987, publ. en La Ley, 1987-D, pág. 719, Nº 215
[32] GERVASIO COLOMBRES, “Curso de derecho societario”, p. 62 y ss.
[33] Primer Congreso de Derecho Societario, libro de ponencias, Ed. Depalma; ponencias de los Dres. HECTOR CAMARA, IGNACIO ESCUTI, HORACIO ROITMAN, EFRAIN HUGO RICHARD, JOSE IGNACIO ROMERO y JUAN CARLOS PALMERO, "Regularización de sociedades de hecho", T.I., pág. 474; JOSE MARIA CRISTIA (h), T.I., pág. 559; etcétera.
[34] En sentido contrario, HÉCTOR ALEGRÍA y ANÍBAL M. REYES ORIBE, "Admisibilidad legal de la rescisión parcial en las sociedades irregulares, en caso de acuerdo unánime", ponencias, T.I., págs. 569-577; HÉCTOR CÁMARA, JOSÉ IGNACIO ROMERO y EFRAÍN HUGO RICHARD, "Limitaciones al derecho individual de requerir la disolución de la sociedad irregular o de hecho", ponencias, T.I., pág. 593.
[35] JOSE MARIA CRISTIÁ, "Regulación de las sociedades no constituidas regularmente", ponencias, pág. 559; HÉCTOR ALEGRÍA, "Necesidad de legislar posibilitando el saneamiento de la irregularidad societaria", ponencias, págs. 561-567, etcétera.
[36] Artículo 141.- Definición. “Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.”
[37] Según la Resolución General N° 2337/2007, del 14/11/2007 - (B. O. 15/11/2007): Artículo 1º- “Las sociedades -incluidas las no constituidas regularmente y las de hecho-, asociaciones y las demás personas jurídicas y sujetos indicados en los incisos b) y c) del Artículo 5º de la Ley Nº11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, siempre que no se encuentren alcanzados por el procedimiento dispuesto en la Resolución General Nº2325 (AFIP) y Resolución General Nº5/07 (IGJ), a los fines de solicitar la inscripción ante esta Administración Federal, deberán observar en sustitución de lo previsto en la Resolución General Nº10, sus modificatorias y complementarias, las disposiciones que se establecen por la presente resolución general.”
[38] El artículo 131 de marras contempla la posibilidad del “pacto en contrario”, que puede recaer no solamente sobre la mayoría exigible para autorizar la cesión, sino sobre la libre cesibilidad.
[39] Verbi gratia, aunque no necesariamente, por no existir la intención de desarrollar una actividad empresaria, sino profesional.
[40] RICARDO NISSEN, “Ley de Sociedades Comerciales”, Editorial Ábaco, 2ª edición, 1994, Tomo 1, pág. 206.
[41] Artículo 490.- “Obligaciones personales. Son obligaciones personales de los cónyuges...e) las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales.”
[42] Articulo 1753.- “Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas.”
[43] Articulo 1757.- “Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.”
[44] Además de las atinentes a la administración, organización y gobierno (arts. 22 y 23).
[45] Art. 1719 CC: “Presúmese la buena fe en los acreedores, si el exceso o la cesación del mandato, o la privación de ejercerlo, resultaren de estipulaciones que no pudiesen ser conocidas por los acreedores, a no ser que se probase que ellos tuvieron conocimiento oportuno de tales estipulaciones.”
[46] El artículo 26 preceptuaba: “Las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, inclusive en caso de quiebra, se juzgarán como i se tratare de una sociedad regular, excepto respecto de los bienes cuyo dominio requiere registración.”
[47] RICARDO NISSEN, “Ley de Sociedades Comerciales”, Editorial Abaco, 2ª edición, 1994, Tomo 1, pág. 279 y la jurisprudencia allí citada.
[48] ALBERTO VÍCTOR VERÓN, "Los Balances. Tratado sobre los Estados Contables", Ed. Errepar, 1997, Tomo 2, págs. 1077 y siguientes; aunque disentimos que el único criterio apto de valuación sea el que surge de un balance de ejercicio, como lo afirma dicho prestigioso autor (págs. 1078-1079); citando, no obstante, la doctrina que a nuestro entender es la correcta (págs. 1083-1086).
[49] Artículo 91. “Habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones. También existirá en los supuestos de incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra o concurso civil, salvo en las sociedades de responsabilidad limitada:”
[50] Decimos “medianamente”, porque aún en esos supuestos, nada autoriza a privar al excluido de aquello cuya propiedad quiso retener al constituir la sociedad o al incorporarse a ella.
[51] “Empresa, mercado y derecho comercial”, La Ley, 21-11-2013, pág. 1.
[52] RAFAEL MARIANO MANÓVIL, “El derecho a la integridad de la participación del socio”, Segundo Congreso de Derecho Societario (Mar del Plata 1979), Comisión II: “La sociedad anónima y el accionista. La sociedad socia”, organizado por la Cámara de Sociedades Anónimas, EDIGRAF, 1980, págs. 227-229.
[53] El artículo
Publicado por Julio Rougès en 11:43